
El Presidente.
   Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 27 de octubre de 2005.
El Presidente.
   Quiero, a continuación, efectuar una declaración, con ocasión de la apertura de esta sesión plenaria, relativa a los atentados de Ammán.
Señores colegas, queridos diputados, como ustedes saben, el pasado 9 de noviembre, el terrorismo volvió a actuar, desplegando toda su capacidad de horror, esta vez en Jordania.
En nombre de todos nosotros –en nombre del Parlamento Europeo–, comuniqué inmediatamente a las autoridades jordanas toda la emoción que ese atentado nos producía y les pedí que transmitieran nuestro pésame a las familias de las víctimas.
Tendremos ocasión de debatir sobre el fenómeno del terrorismo y la manera más eficaz de hacerle frente durante las próximas reuniones que celebraremos con motivo del 10º aniversario de la Declaración de Barcelona.
En efecto, el terrorismo es hoy un problema que no solo afecta a Europa. Los atentados terroristas también se producen en Casablanca y en Jordania. Es, pues, una amenaza para las dos orillas del Mediterráneo y las dos orillas tienen que hacerle frente de forma conjunta.
Este tema estará sin duda en el orden del día y en los debates que celebraremos en Rabat los próximos 20 y 21 de noviembre, en la reunión extraordinaria de la APEM, y también en Barcelona, los días 27 y 28, con ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
Pero, ahora, creo que debemos dejar bien claro que para nosotros estos actos bárbaros demuestran hasta qué punto no se trata de atentar contra el que tiene una religión diferente o un color de piel diferente; nada tiene que ver esto con la fúnebre estrategia de los terroristas. Es urgente que Europa colabore para avanzar en la «Alianza de civilizaciones», que nos permita evitar el «choque de civilizaciones».
Por todo ello, les ruego que, de pie, mantengamos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de Ammán.
El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día del presente periodo parcial de sesiones y del periodo parcial de sesiones de noviembre II, de acuerdo con lo establecido por la Conferencia de Presidentes el pasado día 10 de noviembre, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento.
Se ha presentado una pequeña propuesta de modificación. El Consejo me ha pedido que se invierta el orden de los dos puntos programados para el miércoles por la mañana. Se trata de que en primer lugar celebremos el debate sobre la situación en Iraq, en presencia de Lord Bach, y después, el debate conjunto sobre el cambio climático. Este cambio en el orden permitiría que estuviera presente en el Pleno la señora Beckett, Ministra responsable de este tema.
El Presidente.
   Entramos a continuación en el turno de intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PPE-DE ).
     Señor Presidente, quiero expresar mi preocupación por los comentarios realizados recientemente por el Comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, respecto a las negociaciones que tendrán lugar bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio.
Considero que uno de estos comentarios, que hizo durante una reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE celebrada el 18 de octubre de 2005 en Luxemburgo, sonó especialmente a mal augurio. Entre otras cosas, el Comisario Mandelson dijo en esa reunión que la Unión Europea debe hacer concesiones a otros países durante las negociaciones de la OMC, dado que, haciendo balance, la Unión Europea ganaría más a partir de la exportación de bienes industriales de lo que perdería a partir de la reducción de la protección agrícola.
Esto puede significar que la Comisión desea sacrificar los intereses de la agricultura de la UE en la cumbre de diciembre en Hong Kong a cambio de vagas ganancias en otros campos. Considero que, con este comentario, el Comisario se ha excedido claramente de sus competencias. Si sus ideas se pusieran en práctica, podrían perderse cerca de 1,2 millones de puestos de trabajo en la UE en el sector agrícola y otros sectores asociados.
Insto al Presidente del Parlamento Europeo a que transmita estas inquietudes al señor Barroso, el Presidente de la Comisión Europea. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor KuŸmiuk. Así lo haré en la primera ocasión que tenga de encontrarme con él.
Nikolaos Sifunakis (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera mencionar brevemente los recientes disturbios protagonizados por jóvenes en suburbios franceses, una cuestión que a mi juicio preocupa a todos los países europeos.
Vimos a niños de diez a veinte años de edad atacar ciegos de ira a sus conciudadanos y volverse en contra de los símbolos materiales de una sociedad que creemos organizada y próspera.
¿Así pues, es correcto que rechacemos a estos niños calificándolos de marginados de la sociedad y los dejemos en manos de cualquier tipo de represión? Los niños son el futuro de nuestras sociedades, y es lógico que preguntemos por qué estos jóvenes están siendo abandonados. Fundamentalmente, esto está creando confusión en torno a respecto a las perspectivas futuras de Europa.
Todos tenemos la obligación de conceder a todo el mundo la oportunidad de vivir con dignidad. Deberíamos asegurar, especialmente para los niños, el acceso a la educación y al empleo, así como unas condiciones de vida humanas en las que nuestros Gobiernos no intervengan con ánimo de castigar, sino para ayudar al desarrollo.
Eugenijus Gentvilas (ALDE ).
   – Quisiera destacar que el 26 de abril del año que viene se celebra el vigésimo aniversario de la infame catástrofe ocurrida en la central nuclear de Chernóbil. Fue una catástrofe devastadora para la región y representó una amenaza inconmensurable tanto para Europa como para las vidas y la salud de los europeos. Decenas de miles de jóvenes de la antigua Unión Soviética participaron en las operaciones de salvamento que tenían por objetivo eliminar cualquier efecto dañino en el medio ambiente tan pronto como fuera posible.
Entre ellos había ciudadanos de Lituania, Letonia y Estonia, hoy países independientes y Estados miembros de la Unión Europea. Quisiera instar a los Gobiernos de estos tres Estados a que presten mayor atención a las víctimas del accidente de Chernóbil, muchas de las cuales están muriendo, sufriendo enfermedades y enfrentándose a numerosos problemas.
Hablando de la nueva política de vecindad, señor Presidente, le invito a dirigirse a los Gobiernos de Ucrania, Rusia, Moldova y Belarús y les inste a que desarrollen programas especiales para las víctimas de Chernóbil, es decir, las personas que contribuyeron significativamente a garantizar la seguridad de Europa. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ).
   – El 7 de noviembre se vino abajo una estructura metálica de 100 toneladas que apoyaba otra estructura de hormigón, provocando la muerte de seis trabajadores portugueses y uno gallego. Este accidente laboral tuvo lugar en el sur de España, durante la construcción de un paso elevado de la autopista del Mediterráneo. En Portugal, en mi región del distrito de Oporto, esta tragedia se sintió muy profundamente. Ha dejado a familias sin padre, marido o hijo, el hombre que garantizaba el sustento de la familia, además en una época de fuerte desempleo en el norte de Portugal. Así pues, señor Presidente, le solicito que garantice que las expresiones de condolencia y solidaridad con las familias vayan acompañadas de un apoyo económico adecuado. Además, deben tomarse medidas para mejorar la seguridad laboral, un asunto tan importante en España como en los demás países de la UE, de forma que las tragedias de este tipo puedan evitarse en el futuro. 
Bruno Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, hablaré del mismo asunto que el abordado por otro diputado, el señor Sifunakis, hace un momento, pero de un modo algo distinto. No tenemos necesariamente la misma visión de los sucesos de Francia, pero lo extraordinario es que no sea posible hablar de ellos en este Parlamento. Si esos sucesos se produjeran en América Latina, en África o en Asia, se elaborarían resoluciones al respecto. Ahora bien, desde que comenzaron estos sucesos, se han producido 9 000 incendios intencionados, se han quemado autobuses, cocheras, colegios, guarderías, parvularios, bibliotecas, centros deportivos, casas de la juventud, ambulatorios, centros sociales e incluso iglesias. Se ha atacado a policías, pero también a bomberos que arriesgan su vida, conductores de autobús y conductores de metro, por no hablar de los dos muertos inocentes, ciudadanos franceses respetables que fueron linchados ante los ojos de sus familias. Mientras tanto, el Parlamento Europeo se niega a que hablemos del asunto.
Jamás se ha visto semejante «ley del silencio» en una asamblea que se autodenomina Asamblea Parlamentaria y en la que deben poder expresarse libremente los puntos de vista, aunque sean muy diferentes e incluso antagónicos, como se expresan respecto de otros países de todo el mundo.
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, uno de los lados más oscuros de Europa es la cuestión de la pedofilia. Se ha extendido por toda Europa. Lo que puede encontrarse en Internet es repugnante. Hay un vacío legislativo, por lo menos en mi país, y el material puede circular libremente por Internet de una persona a otra.
Hace unos días, veinte personas fueron detenidas por comercializar material pedófilo puro y duro –niños de dos, cuatro, cinco y seis años, bestialidad y cosas abyectas por el estilo– y no se ha publicado el nombre de ninguno de ellos. No se permitió que se dieran a conocer sus nombres por televisión. Los protegemos bajo la bandera de los derechos individuales. ¿Qué derechos individuales puede tener una persona que sodomiza a un niño de tres, cuatro o cinco años?
Cuando se detiene a un ladrón, todos sus datos personales se publican inmediatamente. Un pedófilo es detenido y se le protege al amparo del principio de la protección de los derechos individuales. No podemos mirar para otro lado: lo vivimos aquí en Bélgica y ahora lo estamos viviendo en Grecia. Ha llegado el momento de que protejamos a los niños de los pedófilos. 
Hélène Flautre (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, el pasado fin de semana le escribí para comunicarle los acontecimientos recientes en materia de violaciones de los derechos humanos en Túnez, pero mi carta ya está caduca: decididamente, una tiene que estar preparada para esperar de ese país cualquier cosa.
En vísperas de la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, activistas políticos que apoyaban a importantes personalidades sociales y políticas que defienden el derecho fundamental a la libertad de expresión y mantienen una huelga de hambre, fueron violentamente golpeados. Entre ellos se encontraba Mojtar Trifi, presidente de la Ligua Tunecina de Derechos Humanos, a quien sus Señorías conocen y que asistió a nuestro último periodo parcial de sesiones. El pasado sábado, un periodista de fue apuñalado después de haber publicado información sobre las violaciones de derechos en Túnez.
La situación es por tanto trágica y creo que, aunque nuestra delegación está perfectamente al tanto de la situación y se dispone a apoyar tanto la cumbre alternativa como a la sociedad civil en Túnez, quizás también deberíamos hacer que el Consejo despertara y tomara nota de la situación en Túnez, pidiéndole en particular que reúna con toda urgencia un Consejo de Asociación para evaluar el acuerdo que nos vincula con este país, que, sin lugar a dudas, es cada día más decepcionante.
Zdzisław Zbigniew Podkañski (PPE-DE ).
      Señor Presidente, el anuncio por parte de Rusia de su decisión de prohibir la importación de carne y de algunos productos cárnicos de Polonia a partir del 10 de noviembre y de prohibir la importación de productos vegetales a partir del 14 de noviembre, es una fuente de gran preocupación para los agricultores y productores de alimentos polacos.
Polonia es uno de los principales países productores de carne, en particular de carne de cerdo, y tiene graves problemas con sus excedentes de cereales. El mercado ruso es inmenso, y su pérdida abocará a muchos agricultores a la quiebra. Desde que Polonia ingresó en la Unión Europea, los agricultores polacos prácticamente solo han sufrido pérdidas. Ya no les resulta tan lucrativo cultivar productos como cereales, frutas, hortalizas, patatas y cultivos industriales, y se les ha dicho que deberán reducir la superficie cultivada y el precio de la remolacha azucarera.
Los agricultores polacos han aguantado mucho, pero ya no están dispuestos a sufrir demoras o injusticias por parte de la UE por lo que respecta al bloqueo ruso. La cuestión fundamental que debe plantearse a estas alturas es si la UE pretende beneficiar a todos o solo a unos pocos elegidos. Si lo cierto es lo primero, entonces quisiera preguntar qué medidas se tomarán para proteger la agricultura polaca, que es una parte esencial del mercado agrícola del conjunto de la UE.
Catherine Stihler (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero darle las gracias por su visita al Parlamento escocés la semana pasada. Sus palabras fueron muy apreciadas.
Sin embargo, hay una cuestión que preocupa cada vez más a muchos de mis electores escoceses y es la situación de las víctimas del terremoto de Pakistán. Ya han muerto 80 000 personas y otros 3 millones han quedado sin hogar. La OMS está preocupada acerca de la salud y los brotes de diarrea y, al acercarse el invierno, se añade la preocupación de cómo mantener calientes a las personas.
La ONU necesita 550 millones de dólares estadounidenses para poder realizar su labor como es debido y solo dispone de 135 millones. Aunque la UE ha dado 93,6 millones en un paquete de ayuda, necesitamos hacer más. Espero que esta Cámara me apoye a la hora de pedir que se emprendan más acciones para ayudar a los supervivientes del terremoto de Pakistán a rehacer sus vidas. El tiempo apremia. Urge que actuemos antes de que mueran más personas debido a la llegada del invierno. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señora Stihler. He remitido dos cartas a las autoridades pakistaníes al respecto de las cuestiones que usted plantea en su intervención.
Ashley Mote (NI ).
   – Señor Presidente, quiero informar a la Cámara, y también a la Comisión, de que el nuevo embajador de los Estados Unidos de América ante la Unión Europea, el señor Boyden Gray, es un abogado con un especial interés en las finanzas públicas. Se le ha informado plenamente acerca del nivel de fraude y corrupción que tenemos aquí y ahora está totalmente al corriente de muchos de los datos publicados el mes pasado en . En un momento en que la responsabilidad pública y no solo en relación con la gestión financiera es un tema importante a ambos lados del Atlántico, hemos de aplaudir su llegada y su nombramiento.
Ahora que estoy aquí quiero señalar que hasta ahora no se ha puesto en duda ni refutado ni una sola palabra de lo que se ha publicado en el último mes sobre el fraude y la corrupción en la UE. 
Edit Bauer (PPE-DE ).
   – En su período de sesiones de octubre, el Parlamento discutió el informe de la señora Klamt acerca del enfoque por parte de la UE de la gestión de la inmigración económica. El Parlamento votó en contra de una propuesta de enmienda por la que el Parlamento Europeo se defendía la idea de que no se podían adoptar medidas relacionadas con la inmigración económica hasta que no se hubieran garantizado los mismos derechos a la libre de circulación a todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, esto significa que el mercado laboral europeo será más accesible a los inmigrantes de terceros países, quienes disfrutarán de una posición más favorable que la suya. Esta decisión parlamentaria ha topado con una respuesta sumamente negativa en los nuevos Estados miembros.
Todos los estudios disponibles indican que los trabajadores de los nuevos Estados miembros no han saturado los mercados laborales, y que todos los efectos económicos se han producido en la vertiente positiva. Sin embargo, en lugar de reducir los periodos de transición, el Parlamento ha tomado una decisión que considero sumamente preocupante, puesto que agrava la discriminación contra los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Véronique De Keyser (PSE ).
   – Señor Presidente, estoy muy preocupada por la suerte del señor Labuani, que acaba de ser detenido en Damasco al bajar del avión a su regreso de un viaje a Europa y los Estados Unidos. El señor Labuani es una figura emblemática en Siria. Fue encarcelado tras la «Primavera de Damasco» en 2001. Cumplió toda la condena, tres años de prisión. Denunció la corrupción en los procedimientos de adjudicación de contratos de telefonía móvil. Fundó un partido liberal y laico. He dicho bien, laico, pues la oposición en Siria se alía hoy a menudo con los Hermanos Musulmanes.
Vi al señor Labuani hace tres semanas, cuando marchaba para Washington. Le comenté entonces mi preocupación por su libertad de palabra y de expresión. Me respondió que no tenía miedo porque el Derecho estaba de su lado. Y he aquí que, a su vuelta, ha sido detenido. Por consiguiente, desearía, señor Presidente, que, por consideración con este tipo de oposición democrática en Siria, el Parlamento se alinease detrás de él y escribiese una carta, por ejemplo a las autoridades sirias, para manifestar nuestra preocupación y nuestro desacuerdo.
El Presidente.
   Muchas gracias, señora De Keyser. Así lo haremos tan pronto como estudiemos los hechos a los que usted hace referencia.
Vytautas Landsbergis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hay Estados o supuestos Estados calificados de «no democracias» o dictaduras con regímenes no autorizados por la libre voluntad de las personas. Por tanto, han sido impuestos de forma ilegal por usurpadores de los derechos humanos fundamentales. Cabría llamar «ilegales» a estos regímenes si los consideramos a la luz de los valores compartidos por las naciones libres en las democracias.
No obstante, aceptamos que una ley aprobada por un dictador siga llamándose ley. Un tribunal subordinado a la voluntad de los usurpadores sigue llamándose tribunal. A pesar de haber sido escrito por una mano manchada de sangre, un código penal o procesal sigue llamándose código. Incluso las dictaduras ya son tratadas como democracias de una categoría especial, y en algunas ocasiones se las llama «democracias reales» aunque sean diferentes de las formales.
Conocemos las consecuencias de las grandes tiranías europeas del siglo pasado. Hoy en día, las tiranías también existen en Cuba, Irán y Belarús. En este último país, vecino de Rusia, se sigue aceptando las iniciativas emprendidas por un Estado cada vez más autoritario contra sus ciudadanos como si hubiesen sido decididas por un tribunal de justicia. 
Józef Pinior (PSE ).
    –  Señor Presidente, la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha estado marcada por acontecimientos singulares que han cimentado a la unidad europea y que hoy forman parte de los fundamentos morales y políticos en que se basa la Unión. Entre estos se halla la carta enviada por los obispos polacos a sus homólogos alemanes en otoño de 1965, en la que los primeros, a través de los obispos católicos romanos de Alemania, se dirigieron al pueblo alemán con la famosa frase: «Perdonamos y pedimos perdón.» Hubo que hacer gala de un gran valor moral para escribir esta frase veinte años después de la guerra, cuando el sufrimiento que había padecido Polonia bajo la ocupación nazi todavía estaba presente en las mentes de las personas. La carta contribuyó a la reconciliación entre Polonia y Alemania y fue uno de los factores que llevaron a la conclusión del histórico tratado fronterizo entre los dos países, que Willy Brandt firmó cinco años después en Varsovia.
Al hablar hoy ante la Cámara, quisiera rendir homenaje a los obispos polacos. También quisiera rendir homenaje al autor de la carta, el arzobispo de Wroc³aw, Boles³aw Kominek, quien era silesio, patriota polaco y gran europeo. 
Ryszard Czarnecki (NI ).
    –  Señor Presidente, el Presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, ha ofrecido a Francia una ayuda inmediata de 50 millones de euros para llevar a cabo la reparación del daño causado por los disturbios del país, que se han sucedido durante varios días. El dinero debe destinarse a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Aunque pienso que las intenciones del Presidente Barroso son buenas, considero lamentable que ni Polonia ni Eslovaquia hayan recibido nunca sumas de dinero tan extraordinarias para la creación de empleo, a pesar de contar con los índices de desempleo más elevados de la Unión Europea. El señor Barroso ha manifestado que Francia podría llegar a recibir 1 000 millones de euros adicionales para tal fin.
¿Deberían Polonia y Eslovaquia, o los demás nuevos Estados miembros de la UE, organizar disturbios de escala similar para asegurarse una ayuda parecida para la creación de empleo? La otra posibilidad es, sin duda, que se trate de nuevo de otro ejemplo de la forma en que la Unión Europea se divide en una Europa de primera clase y más acomodada, que recibe más subsidios, y una Europa de segunda clase y menos acomodada y que recibe menos subsidios. Tal como yo lo veo, el Presidente Barroso está alentando efectivamente a Polonia, Eslovaquia, Hungría y los Estados bálticos a instigar disturbios de este tipo para lograr ayuda financiera adicional de Bruselas.
Katalin Lévai (PSE ).
   – Señor Presidente, los coches en llamas en Francia han hecho las veces de antorcha arrojando luz sobre la presencia de discriminación y exclusión social. Y nuestras esperanzas de alcanzar una solución rápida e inmediata al complejo problema social que ha desencadenado el comportamiento descontrolado en los suburbios marginados de las ciudades francesas también se han convertido en cenizas junto a los miles de vehículos calcinados.
Aquellos que se limitan a lamentar las pérdidas materiales atestiguan su absoluta incapacidad de comprender lo que está sucediendo y ver la relación entre causa y efecto. Los ciudadanos de mentalidad racional se verán impelidos a hacerse muchas preguntas, no solo a raíz de las amenazas para su seguridad material. Tendrán razón al sentir que el equilibrio social ha sido socavado y que se ha interrumpido todo tipo de comunicación o intercambio entre los diferentes sectores de la sociedad y los distintos grupos étnicos. Además, esto no constituye ni de lejos una cuestión de orden público o de seguridad pública, y por eso no puede subsanarse mediante el uso de los instrumentos habituales para asegurar el orden público. La crisis es el resultado de malas decisiones tomadas en el marco de una mala política. Los inmigrantes de tercera generación, apartados a los márgenes de la sociedad, no se sienten como en casa en su tierra natal, no tienen trabajo ni objetivos a los que aspirar; no pueden divisar ningún futuro. 
Proinsias de Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, «los que mueren son afortunados»: estas fueron las palabras de una mujer palestina que conocí la semana pasada en Gaza y que durante 20 años trabajó por la paz y por los derechos de la mujer en aquella zona. Sus esperanzas se han visto truncadas por la continua intransigencia de Israel al negarse a permitir el desarrollo de Gaza a través de la libre circulación de personas y mercancías a Egipto desde la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah y la negativa a permitir la construcción de un aeropuerto o de un puerto.
La mitad de la población de Gaza es menor de 25 años y en la zona el desempleo se sitúa en el 60 %. Europa ha de persuadir a Israel de que negar el desarrollo económico de Gaza es contraproducente para la propia seguridad de Israel; asimismo, desde mi punto de vista, sería contraproducente para las relaciones comerciales de Israel con Europa.
Es preciso poner fin a la reclusión de la población de Gaza detrás de muros y vallas de alambre de espino si se quiere evitar un desastre político y de seguridad para la población palestina. La situación es desalentadora y urge actuar. Quiero pedirle que convenza a la Comisión y al Consejo de que persuadan a Israel de levantar su veto sobre el desarrollo de la Franja de Gaza. 
Milan Gaľa (PPE-DE ).
   – En su Tratado de Adhesión, la República Eslovaca se comprometió a desmantelar –y destaco la palabra – dos reactores de la central nuclear V1 de Jaslovske Bohunice. Ello comportará una disminución del 19 % de la producción eléctrica para la economía eslovaca, lo que también afectará a otros sectores de la economía.
Para ayudar a Eslovaquia a hacer frente a esta difícil tarea, la Unión Europea prometió prestar una ayuda financiera adecuada. Para el período presupuestario 2007-2013, la Comisión propuso una aportación de 237 millones de euros. Los costes del desmantelamiento se calcularon sobre la base de los datos del año 2000, según los cuales se esperaba que los costes reales alcanzaran los 750 millones de euros. Los 237 millones de euros propuestos por la Comisión, además de los 180 millones de euros que ya se han pagado, representan menos de un tercio de los costes reales.
Insto a mis estimados colegas a que consideren este asunto cuidadosamente y que presten su apoyo votando a favor de la suma de 400 millones de euros propuesta por la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
Mojca Drčar Murko (ALDE ).
   – Señor Presidente, hay una necesidad urgente de garantizar los derechos constitucionales para 18 305 ciudadanos de la antigua Yugoslavia, que fueron borrados ilícitamente del registro de habitantes de la recién independizada Eslovenia en 1992.
Quiero informar del caso insólito de una de estas personas «borradas», el señor Ali Berisha, perteneciente a la comunidad romaní de Kosovo, que llegó a Eslovenia de joven en 1985 y hasta 1991 estuvo empleado legalmente y tenía su residencia permanente en este país. Cuando perdió sus derechos de residencia en Eslovenia, se estableció en Alemania, donde ha vivido y trabajado durante 12 años. Se casó y tuvo cuatro hijos. Debido a la regularización de la situación, las autoridades alemanas lo deportaron recientemente a Kosovo, un país que dejó hace 20 años. La familia regresó a Eslovenia, de donde quieren deportar a los padres y los cuatro hijos a Alemania el 18 de noviembre.
Pido al Gobierno esloveno que no ejecute el decreto de deportación en el caso de la familia Berisha hasta que el Tribunal de Justicia Esloveno haya dictado sentencia sobre la reclamación. 
Richard Corbett (PSE ).
   – Señor Presidente, tomo la palabra en relación con el Séptimo Programa Marco de Investigación que en estos momentos están estudiando las instituciones. La investigación es por supuesto un ámbito en el que tiene sentido que todos nuestros Estados miembros junten sus recursos: tener un programa común es mucho más eficaz.
Parte del programa tiene que ver con la salud pública. El programa ha sido cuestionado por quienes afirman que no cumple las prioridades de la competitividad económica definidas en la Agenda de Lisboa. Quiero refutar este argumento y hacer un llamamiento a los que pretenden rechazar este programa. 
La investigación sobre la salud no solo merece la pena por propio derecho. También merece la pena en relación con sus méritos económicos, en especial la investigación sobre la salud respiratoria, que actualmente no se incluye en el programa. Los problemas de salud respiratoria son la segunda causa de muerte en Europa y son responsables de una de cada cuatro muertes. Esto cuesta a nuestros sistemas sanitarios 102 millones de euros al año y es la principal causa de absentismo laboral. Hemos de asegurarnos de que este ámbito de la investigación se incluya en el programa. 
Koenraad Dillen (NI ).
   – Señor Presidente, mi país, Flandes, también ha sido escenario del terror en las calles durante las últimas semanas, con bandas de inmigrantes norteafricanos dando rienda suelta a su odio contra nuestra sociedad occidental y descargándolo contra la propiedad pública y privada. Aunque el alcance de la violencia fue más limitado que en Francia, donde varias personas fueron asesinadas, la izquierda políticamente correcta todavía nos impide usar el término chusma o escoria – en francés– y preferiría matar al mensajero a abordar el problema en un entorno sin tabúes. Estos problemas están ante todo anclados en una política de inmigración que ha descarrilado, en la formación de guetos, la negativa a integrarse y un fundamentalismo islámico agresivo en los suburbios.
Sin embargo, determinados medios de comunicación prefieren calificar la escoria que vertió gasolina sobre una señora discapacitada para prenderle fuego únicamente de granujas. Por lo visto, también son granujas inocentes los sinvergüenzas que en Noisy-le-Grand sacaron a dos mujeres de su coche y las llevaron a rastras por las calles tirándoles del cabello. No hay duda de que también fueron jóvenes desfavorecidos quienes patearon hasta la muerte a Jean-Jacques Lechenadec, pero el policía que protegió a los ciudadanos y a la propiedad de los saqueadores se arriesga a que lo encarcelen. No obstante, aquellos a los que el señor Sarkozy califica correctamente de escoria pueden disponer de subsidios y de un tratamiento a cuerpo de rey. Me compadezco de Europa y de Francia. 
Ana Maria Gomes (PSE ).
   – El 15 de mayo se celebraron elecciones generales en Etiopía. Una de las razones por las que la gente votó fue que confiaban en los observadores internacionales, que incluían a observadores de la UE. Desde el día de las elecciones se han sucedido masacres –por ejemplo, el 8 de junio– y, sin embargo, el Primer Ministro etiope fue recibido por el G8 y participó en la Comisión de África.
Hace poco, el 1 de noviembre, se sucedieron en Etiopía terribles episodios de violencia y represión, y todos los líderes opositores fueron detenidos. En este mismo instante hay decenas de miles de personas encarceladas, y docenas han muerto. Aún así, el Primer Ministro etiope ha sido recibido en Alemania.
Señor Presidente, el 13 de julio el Parlamento aprobó una resolución muy clara respecto a la situación en Etiopía. Le insto a que escriba al Gobierno etiope y a los Gobiernos europeos y llame su atención sobre el hecho de que es imposible seguir actuando como si no ocurriera nada con un país que sufre la represión y en el que se encarcela a líderes opositores elegidos por el pueblo. 
Carl Schlyter (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la Comisión Europea ha escrito al Gobierno sueco y le ha pedido que intervenga en la labor del Tribunal Supremo. El principio básico que sustenta una democracia es la división de poderes. Es constitucionalmente imposible que el Gobierno sueco intervenga en la labor del Tribunal Supremo. Pienso que se trata de un grave ataque a nuestro principio constitucional. Por lo tanto, sería conveniente que el Parlamento pudiera explicar a la Comisión que ella también debe atenerse a las normas básicas de cada país. El Tribunal Supremo es el órgano independiente de mayor rango en Suecia. No contamos con ningún tribunal constitucional ni con otros posibles órganos de control del poder del Gobierno. Si ahora la Comisión pide a nuestro Gobierno que influya en el Tribunal Supremo, ello sería perjudicial para nuestra Constitución y el funcionamiento de nuestro país y nuestra democracia. Sería lamentable que volviera a formularse semejante petición. 
Mary Lou McDonald (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, quiero hablar de los planes de la compañía naviera Irish Ferries de reemplazar a más de 500 empleados por mano de obra esclava y mal pagada suministrada por trabajadores subcontratados, muchos de ellos de fuera de la Unión Europea. Esta práctica de dúmping social es totalmente inaceptable y la Unión Europea tiene la responsabilidad de proteger los derechos de todos los trabajadores, incluidos los marinos que trabajan en aguas europeas.
Los salarios y las ventajas secundarias que perciben los marinos han de coincidir con los que rigen en los respectivos Estados miembros. Irish Ferries debe cumplir sus acuerdos con los trabajadores y los sindicatos en la empresa. No hay motivo para romper estos acuerdos. Necesitamos una directiva europea de transbordadores que garantice que Irish Ferries y otras empresas similares no puedan pisotear los derechos de los trabajadores actuales y futuros.
Este Parlamento ha de oponerse activamente al planteamiento de «carrera a la baja» del empleo y las condiciones laborales que abunda ahora en la Unión Europea. 
Mairead McGuinness (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, los desahucios son una cuestión muy emotiva en Irlanda, dada nuestra larga y dolorosa historia, y por ello lamento que se haya vuelto a plantear la cuestión recientemente, en concreto la semana pasada en las calles de Dublín. Este cartel dice «Detened los desahucios de Mandelson» y representa la voz de 5 000 agricultores la semana pasada. Un colega se ha referido a ello anteriormente. Existe un miedo real de que lo que está sucediendo en la OMC signifique el golpe de gracia para muchos agricultores, no solo en Irlanda, sino en toda la Unión Europea.
Tengo tres mensajes para la Comisión en relación con la OMC. No se puede cerrar un acuerdo sobre agricultura a cualquier precio: tiene que ser equilibrado y justo. Cuando hay un mayor acceso al mercado hemos de prestar mucha atención a algunos productos; si se van a desestabilizar los mercados hemos de incluir mecanismos que controlen esa desestabilización. Y quiero sugerir que la UE solo debería importar alimentos producidos de acuerdo con las normas que exige a sus propios productores, y no debería aceptar normas inferiores en relación con el bienestar de los animales, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. 
Catherine Guy-Quint (PSE ).
   – Señor Presidente, le agradezco mucho el tiempo de palabra que se me ha concedido, pero ¿son ustedes conscientes que desde 1999 cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino están encarcelados en Libia? Fueron condenados a muerte en 2004 porque 400 niños y adolescentes libios se habían contaminado del virus del sida en el hospital de Bengasi. Todo el mundo sabe que esa contaminación no fue culpa ni de las enfermeras búlgaras ni del médico palestino, pero a pesar de ello los mantienen como rehenes y desde marzo de 2004 están condenados a muerte. Mañana sabrán si sus recursos de apelación han sido aceptados o no.
Hemos evocado a menudo este problema en el Parlamento Europeo, pero realmente es necesario que participemos en todas las gestiones posibles para liberar a estas personas, víctimas de una política que no pueden ni nosotros podemos entender, al igual que debemos intentar ayudar a los niños libios contaminados.
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, la semana pasada se celebró el 16º aniversario del final de la división de Alemania. Este año se cumple el 31º aniversario de la división de Chipre; casi la mitad de Chipre está ocupada por Turquía.
Hasta hace 16 años, Alemania estaba dividida por el comunismo ruso. Hoy en día, Chipre está dividida por el fascismo turco, y la ocupación turca se está reforzando más y más. Recientemente, después de amenazar a observadores de la ONU, las fuerzas turcas ampliaron su control en la zona de separación de la ONU en la zona situada al este de Nicosia.
He conseguido arriar la bandera turca de un nuevo puesto militar que se está construyendo en esa zona y la he traído hoy para recordarles una vez más, Señorías, que un Estado miembro de la UE está siendo ocupado por un país candidato y la UE parece extrañamente dispuesta a tolerar esta absurda situación.
Quiero entregarle esta bandera, señor Presidente, y pedirle que se la envíe al Primer Ministro turco diciéndole que se está agotando nuestra paciencia y que sin más demora ni excusas ha de retirar sus tropas de ocupación del suelo de la Unión Europea chipriota. 
El Presidente.
   Gracias, señor Matsakis, pero convendrá usted que no le voy a mandar la bandera al Primer Ministro turco. Puede usted hacerlo directamente si lo desea.
James Hugh Allister (NI ).
   – Señor Presidente, esta Cámara ha levantado su voz a menudo para apoyar a las víctimas del terrorismo. Le invito a hacerlo de nuevo.
Después de décadas de terrorismo del IRA y de otro terrorismo en Irlanda del Norte, tenemos cientos de asesinatos no resueltos, y muchos de quienes los perpetraron han huido de la jurisdicción. Ahora, en una pésima iniciativa legislativa, el Gobierno británico, cumpliendo un sórdido trato con el IRA, propone conceder la amnistía y el asilo a esos terroristas huidos. Con ello se niega descaradamente el derecho de sus víctimas a que se haga justicia, mientras que se monta un proceso absurdo en el que los terroristas ni siquiera tienen que comparecer ante el tribunal, no tendrán que permanecer ni un solo día en la cárcel y nunca serán interrogados de nuevo sobre sus abominables crímenes.
Esta legislación es una gran ofensa a la justicia y a los derechos humanos de las víctimas; es un ejemplo nauseabundo de cómo los Gobiernos pueden rebajarse cuando quieren aplacar al terrorismo. Pido a esta Cámara y al Comisario de Justicia que se manifiesten en contra de esta horrible legislación. 
Justas Vincas Paleckis (PSE ).
   – Durante el último año, la población de algunos nuevos Estados de la UE ha disminuido hasta un extremo alarmante, sobre todo en Estonia, Letonia y Lituania, debido a la emigración a los antiguos Estados de la UE. 
La libre circulación de personas es uno de los logros fundamentales de la UE. Sin embargo, los nuevos Estados de la UE están perdiendo lamentablemente a sus habitantes de más talento y mejor educados en beneficio de Estados con un mayor índice de envejecimiento y más ricos.
En Lituania, la educación de un estudiante cuesta en promedio 7 000 euros, la de un estudiante de medicina alcanza los 26 000 euros y la de un piloto los 60 000 euros.
Sin duda, atraer a especialistas de los nuevos países es menos caro y más conveniente que formarlos localmente. Pero más bien parece como si los países más pobres estuvieran haciendo caridad con los más prósperos. Las prohibiciones y las restricciones no ayudarán. Debemos desarrollar un sistema para el registro de los jóvenes especialistas que trabajen de forma permanente en otros Estados de la UE y establecer «reglas de juego» justas. Necesitamos un fondo especial para paliar las dolorosas consecuencias de la «fuga de cerebros» en nombre de la solidaridad, la esencia de la Unión Europea. 
El Presidente.
   Damos por terminado el turno de intervenciones.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, vamos a proceder al debate del informe de Mihael Brejc, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la dimensión global de la mundialización (2005/2061(INI)) (A6-0308/2005).
Vladimír Špidla,
   . Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al ponente, el señor Brejc, por su informe, cuya importancia es fundamental. Los debates sobre la mundialización y su repercusión ocupan un lugar destacado en el programa de trabajo, tanto en la Unión Europea como a escala mundial. El informe contiene muchas propuestas, que la Comisión se propone examinar en detalle. Sin embargo, quisiera formular un par de comentarios preliminares sobre varias de las demandas y propuestas del informe. Estoy encantado de que el Parlamento haya prestado su apoyo a las iniciativas propuestas por la Comisión y desarrolladas en vistas al refuerzo de la dimensión social de la mundialización. La Comisión ha decidido tomar la iniciativa con el fin de ayudar a asegurar que los beneficios de la mundialización sean compartidos más ampliamente, y para invertir sus efectos negativos.
La Comisión Europea apoyó las conversaciones mantenidas por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, creada por la Organización Internacional del Trabajo. La Comunicación de 18 de mayo de 2004 contiene las propuestas originales de la Comisión Europea y expresa un apoyo claro a la implementación del informe final de la Comisión Mundial. Desde entonces, estas propuestas se han granjeado un amplio apoyo, sobre todo de los miembros del Consejo Europeo, del Consejo de Ministros, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones. Su informe y propuesta de resolución contienen mucha información que es fundamental para la Comisión.
Si la dimensión social de la mundialización debe promoverse en la Unión Europea y en otros lugares, se necesitan medidas coordinadas que cuenten con un amplio apoyo. La Comisión acoge con satisfacción el resultado de la cumbre de la ONU celebrada en septiembre. Deseo recordar a la Cámara que la Comisión desempeñó un papel en los preparativos de esta cumbre, en especial en su función de coordinadora a escala de la UE, y mediante el uso que hizo de sus contactos dentro de la ONU y de sus organismos especializados, tales como la Organización Internacional del Trabajo. La declaración final de la cumbre de la ONU hace referencia expresa a una mundialización justa y a un trabajo decente sobre la base de los derechos sociales fundamentales. Además de establecer principios, la declaración también destaca que la promoción del trabajo decente y de la mundialización justa debe incorporarse a las estrategias de desarrollo a escala mundial y nacional. El apoyo de la ONU reviste una importancia fundamental para la acción exterior de la Unión Europea en todos los ámbitos, ya sea en términos de mejora de nuestra cooperación con la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones internacionales, o en términos de cooperación bilateral con otras regiones y países. 
Poul Nyrup Rasmussen (PSE ),
   Señor Presidente, muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que aprecio enormemente el discurso pronunciado hoy ante esta Cámara por el Comisario Špidla. El mayor desafío a que nos enfrentamos en nuestro futuro común es saber cómo nosotros, en Europa, podemos ayudar a convertir la mundialización en una oportunidad real para el progreso social en los países en desarrollo.
Acabo de regresar de China y les ruego me permitan contarles lo mucho que sus habitantes se sienten preocupados por el futuro de Europa. Dije a todos aquellos con los que hablé en China que yo también estaba muy preocupado. Me preocupa que no podamos mantenernos unidos y trabajar por el objetivo de hacer una contribución al mundo con la que poder mantener un equilibrio. Me preocupa que no podamos mantenernos unidos en el mundo con el fin de luchar por la justicia social y el progreso social en los países en desarrollo. Además, temo por la India, África y China, y por todos los países en desarrollo si no somos capaces de mantenernos unidos con el fin de alcanzar este objetivo, ya que si no logramos cumplir el objetivo de un mayor progreso y justicia sociales, el mundo entero, incluida Europa, saldrá perdiendo. Por lo tanto, es fundamental reforzar los derechos básicos de los trabajadores, tal y como acordó la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Como ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores, apoyo plenamente esta conclusión y sé que mi colega, el señor Christensen, ponente alternativo del PSE en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, también apoya esta conclusión.
Me he centrado en mi discurso en tres aspectos principales. En primer lugar, no podemos promover mayor flexibilidad sin proporcionar a cambio a nuestros trabajadores, niños y mujeres una mayor protección social. En segundo lugar, Europa no debe competir en términos de dúmping social. Europa debe competir en las mejores y no en las peores condiciones. Europa tampoco debería exportar dúmping social. En tercer lugar, Europa debe desempeñar la función de la conciencia social del mundo en relación con el desarrollo, el medio ambiente y los derechos de los empleados. Sé que eso es algo en lo que también estamos de acuerdo con el señor Christensen. Mañana informaré sobre las opiniones extraídas del programa de crecimiento social del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 

Anna Záborská,
   . – Señora Presidenta, señor Comisario, deberíamos dar las gracias a la Comisión Europea por haber acometido el desafío de la dimensión social de la mundialización. No obstante, me gustaría que también las instituciones europeas y las autoridades nacionales emprendieran su propia reflexión tomando las condiciones reales en los Estados miembros como punto de partida. La dimensión social de la mundialización nos exige adaptar las estructuras de la sociedad a los compromisos adquiridos, sin sacrificar por ello sus fundamentos.
En primer lugar, quisiera abordar la dimensión social de la mundialización desde la perspectiva de la ciudadanía. Nada paraliza más a la ciudadanía que el sentimiento de inferioridad generado por los ataques cotidianos de la pobreza, la subordinación y la dependencia. Por consiguiente, todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en que todos aquellos y aquellas que están hoy excluidos del progreso debido a una mundialización mal controlada puedan mantener o recuperar su dignidad.
Una segunda observación se refiere a uno de los mayores desafíos de la mundialización: la pobreza. El mes pasado, el 17 de octubre, conmemoramos el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Dijimos que para combatir la pobreza debíamos asociarnos estrechamente con los más pobres. Por desgracia, la Comisión Europea todavía no ha oído esas peticiones. Por ello, hago votos por que las instituciones europeas y nacionales se tomen en serio las aportaciones de las familias y los ciudadanos más pobres. Son los auténticos expertos a la hora de entender la dimensión social de la mundialización.
Mi tercer punto se refiere a la aportación de las mujeres a este debate. La Estrategia de Lisboa prevé que al menos el 60 % de las mujeres participen en el mercado de trabajo en 2010. Estoy convencida de que ese objetivo se ha alcanzado ya. No hace falta más que reconocer todo el trabajo realizado por mujeres que actualmente no es oficialmente reconocido por las autoridades nacionales ni europeas. ¿Qué sabemos realmente del compromiso de las mujeres cuando lideran las redes intergeneracionales de apoyo y otras formas de trabajo informal? Toda la sociedad se beneficia de ello.
Aliento a los servicios de la Comisión Europea y a los Estados miembros a que reconozcan el trabajo de las mujeres que todavía no está oficialmente reconocido, al margen de la condición social de estas mujeres. También esto forma parte de las respuestas al desafío social de la mundialización.
Ole Christensen,
   . – Señora Presidenta, gracias por darme la palabra. Quiero empezar dando las gracias al ponente, el señor Brejc, por su trabajo en torno al informe sobre la dimensión social de la mundialización y por cooperar con nosotros de forma tan constructiva al respecto. La mundialización ha supuesto para mucha gente en el mundo ventajas considerables. Lo único que ocurre es que las ventajas no se distribuyen equitativamente en todos los países y en todos los grupos sociales. La UE debe hacer claramente algo al respecto. Así pues, me siento satisfecho de que el informe se centre en el aspecto social de la mundialización y dé pie a un debate sobre el mismo.
Todos tenemos la responsabilidad de encontrar nuevas respuestas a los desafíos. Debemos garantizar que los ciudadanos europeos no asocien únicamente mundialización con empresas que trasladan sus operaciones al extranjero, con espantosas condiciones de trabajo y despidos masivos. En cambio, la mundialización debe asociarse con más y mejores puestos de trabajo, más oportunidades y un aumento de la prosperidad para todos. Debemos acabar con las consecuencias perjudiciales de la mundialización y asegurar que sus aspectos positivos se repartan de forma más equitativa.
Es precisamente en este terreno donde la UE puede desempeñar un papel importante. Hay que garantizar que cree buenas condiciones para los ciudadanos de la UE, de forma que puedan enfrentarse con éxito a la competencia internacional. No solo debe centrarse en la economía de mercado y el juego libre de las fuerzas del mercado, sino que también debe invertir en las personas. Si todo el mundo va a tener que estar en condiciones de enfrentarse con éxito a la competencia mundial, junto a una política activa del mercado laboral se necesitará una mayor y mejor educación. Si todo el mundo debe ser capaz de dar lo mejor de sí mismo frente al desafío de la competencia mundial, es necesario un aprendizaje permanente y el desarrollo de las aptitudes personales.
La segunda respuesta a los retos de la mundialización es que la UE debe incrementar y promover el uso del diálogo social tanto en su interior como en el resto del mundo. Una estrecha cooperación entre ambas partes de la industria puede facilitar la reestructuración, del mismo modo que un aumento de la información puede reducir el miedo a la mundialización. En el resto del mundo, el diálogo social significará una mejora de las condiciones del mercado laboral, dado que la UE también tiene una obligación de propagar el progreso social por todo el mundo. La mundialización no solo debe beneficiar a los ciudadanos de la UE. En este sentido, también quiero dar las gracias a mi colega, el señor Rasmussen, quien ha realizado una labor constructiva como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, consiguiendo que el informe también se centre en las políticas exteriores de la UE. 
Jan Jerzy Kułakowski,
   .  Señora Presidenta, considero que dotar a la mundialización de una dimensión social es uno de los retos fundamentales que plantea este proceso. Estoy encantado de que el Comisario, en nombre de la Comisión Europea, haya expresado un punto de vista similar, y espero que esta opinión también sea compartida por el Consejo de Ministros, aunque los asientos reservados para el Consejo estén, por lo que veo, vacíos. Desde nuestro punto de vista, es fundamental que el Parlamento Europeo siga adelante con este asunto, y debemos dar las gracias al ponente por la propuesta de resolución que ha presentado. Aunque existen muchos aspectos distintos respecto a esta cuestión, quiero destacar dos que considero especialmente importantes.
En primer lugar, la importancia que se concede a la dimensión social de la mundialización depende en gran medida, por no decir de forma decisiva, del surgimiento y la consolidación de una sociedad civil en todos los países. Ello es especialmente cierto en el caso de aquellos países con un progreso insuficiente tanto en el plano democrático como en el económico. La Unión Europea debe apoyar la consolidación de la sociedad civil en todos los países con los que coopera, sobre todo en los países en desarrollo.
La segunda cuestión que deseo destacar es el papel que debe desempeñar la Unión Europea en el seguimiento de la mundialización y la promoción de su dimensión social. La mundialización es inevitable, y se trata de un proceso necesario, por no decir indispensable. Sin embargo, al mismo tiempo, todos somos conscientes del importante riesgo social que comporta. En consecuencia, la mundialización debe controlarse de una forma en la que se asegure que cualquier efecto negativo se reducirá al mínimo.
Tal vez este sea el cimiento sobre el que se basa la dimensión social de la mundialización, y creo que la Unión Europea puede y debe desempeñar una función clave al respecto. 
Sepp Kusstatscher,
   . – Señora Presidenta, este informe menciona muchos aspectos de la política social y es de esperar que el sector empresarial asuma estos excelentes principios y que, de hecho, los ponga en práctica en mayor medida que hasta ahora. Si no lo hace, el proverbio burlón según el cual «el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones» sin duda tendría que reformularse en una versión para la UE, que diría lo siguiente: «el camino a la mundialización neocapitalista está pavimentado con las bonitas palabras de la UE sobre política social». El informe todavía es demasiado vago sobre la correlación entre la pobreza, las empresas y la destrucción del medio ambiente; por poner un ejemplo, en el número de 2005 de World Energy Outlook, la Agencia Internacional de la Energía describe un panorama aterrador de las emisiones mundiales de CO2, que se incrementarán un 52 % de aquí al año 2030.
Está claro que existe un conflicto de intereses entre la destrucción del medio ambiente y la reducción de la pobreza, y los que sufren por encima de todo son los pobres. Una de las funciones de la política consiste en fijar límites claros para las empresas; las grandes multinacionales deben asumir una mayor responsabilidad social y ambiental, y el llamado enfoque de la triple suma es un ejemplo de cómo pueden hacerlo. De esta forma, puede guiarse a la opinión pública hacia formas más responsables de consumo, y la etiqueta ecológica es una manera de hacerlo. Los consumidores tienen el derecho a ser informados de si un producto ha sido fabricado de forma justa y de acuerdo con las normas de la OIT, y no mediante la explotación.
Permítanme decir algo más acerca de la OMC. Me siento molesto por el respeto excesivo que se le tiene a la organización. Las actitudes de muchos políticos hacia la misma sugieren que la consideran una especie de fuerza natural. La OMC debe ser más democrática. Sus objetivos deben ser redefinidos por instituciones elegidas, que deben supervisar sus actividades. Se trata de otro ámbito en que la UE debe ejercer mayor influencia. 
Ilda Figueiredo,
   . – Todos somos conscientes de que el proceso de mundialización neoliberal está contribuyendo a agravar las desigualdades económicas y sociales y a ampliar la brecha entre ricos y pobres. También está exacerbando los desequilibrios ambientales, tanto entre países distintos como en el interior de los mismos, como demuestran las cifras y los informes de la ONU.
Los altos índices de desempleo, las desigualdades en la distribución de la riqueza, la pobreza y la exclusión social también están provocando un aumento de la tensión social, cosas a la que no somos inmunes en la UE. Por lo tanto, no basta simplemente con observar la situación actual; lo que necesitamos es una ruptura con las políticas económicas, monetarias y de comercio internacional que han llevado a esta situación, tanto a escala mundial como de la UE, con el fin de que puedan alcanzarse los objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible y aumentarse los niveles de vida en todo el mundo.
Las enmiendas que hemos propuesto pretenden destacar la importancia de modificar urgentemente algunas de estas políticas, de forma que se dé la debida importancia a la dimensión social. Urge tomar medidas prácticas para combatir la especulación financiera en los mercados mundiales de capitales, por ejemplo mediante un impuesto sobre los movimientos de capitales y las ganancias de capital en Bolsa. De este modo, se reduciría la volatilidad de los mercados de capitales y el riesgo de crisis financiera, se estimularía la inversión y la creación de riqueza en la economía real, y así se fomentaría la inclusión social y se aseguraría el respeto de los derechos humanos. Es además sumamente importante que se sustituya la Estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por una estrategia europea de solidaridad real y de desarrollo sostenible, con el objetivo de promover la igualdad de derechos y la protección social para todos, la erradicación de la pobreza y la exclusión social, la resolución de los problemas del empleo precario y el refuerzo de los derechos sociales de los trabajadores, los desempleados, los ancianos y los niños. El acceso universal a servicios públicos de alta calidad en ámbitos como el suministro de agua, la sanidad, la educación y la vivienda tienen una importancia fundamental. En consecuencia, la UE, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio y del GATT, no debe dar preferencia a la liberalización de los servicios. 
Georgios Karatzaferis,
   . – Señora Presidenta, el concepto de mundialización no es nuevo, no es de cuño reciente. Partió de Roma a modo de ecumenismo, el siglo pasado los comunistas intentaron imponerlo en forma de internacionalización y, hoy día, la mundialización es la respuesta del capitalismo.
Quiero preguntar a cualquier europeo, al comerciante de Colonia, al artesano de Marsella, al agricultor de Grecia: ¿están contentos con los resultados de la mundialización?
Los únicos que están satisfechos son los chinos, con un 12 % de crecimiento. ¿Qué es lo que conseguimos? ¿Qué está yendo bien en Europa? Los países con una economía fuerte, como Alemania, están ahora experimentando un déficit. ¿Qué es lo que conseguimos? El desempleo aumenta y no podemos mantenerlo bajo control. ¿Qué es lo que conseguimos? Todo viene de China. ¿No es cierto que todo viene de China? ¿No es cierto que, ahora que el caballo se ha desbocado, estamos intentando encontrar una forma de detener que toda China llegue aquí? Esta es la realidad. Terceros países se han hecho con nuestras fábricas y nosotros recibimos a sus habitantes.
Por este motivo han estallado esos incidentes en Francia, con aquellos a los que el señor Sarkozi llama «escoria»; y desde luego que no estoy de acuerdo con el término empleado por el Ministro de Interior francés. Sin embargo, estas personas no tienen trabajo porque la fábrica donde trabajaban se ha trasladado al norte de África o a los Balcanes.
Así pues, la mundialización no nos beneficia a los europeos, a pesar de ser tan sagaces. Introdujimos nuestra moneda y la revalorizamos un 50 % respecto al dólar. ¿Cómo podemos competir con un euro tan fuerte? ¿Cómo seremos capaces de enfrentarnos a la mundialización? ¿Cómo podemos asegurar la viabilidad de las pensiones? ¿Saben ustedes a cuánto asciende la pensión media en Grecia? Es igual a las dietas de un diputado al Parlamento Europeo. Los 270 euros que recibimos hoy superan el importe percibido por un agricultor griego en un mes. ¿Podemos garantizar la viabilidad del sistema de pensiones europeo? ¿Podemos garantizar el empleo para todos los europeos? ¿Podemos proteger el algodón, que se encuentra en almacenes griegos y que Europa no compra, porque así puede comprar algodón de terceros países? ¿Podemos proteger el aceite español, que Europa no compra, porque así puede comprar el aceite de Túnez?
Esta es la realidad. ¿De qué mundialización estamos hablando? ¿Cuáles son los resultados? Repito, ¿qué es lo que Europa consigue? ¿Qué es lo que estamos protegiendo para los ciudadanos europeos? Hemos jugado al juego de los Estados Unidos de América, para que los grandes negocios puedan cosechar los beneficios.
Los únicos que están satisfechos son Carrefour y Lidl, ¿y cómo lo han conseguido? Explotando a la gente. He ido a Lidl aquí en Estrasburgo y he comprado un par de cosas. Las mismas cosas en mi país son tres veces más caras. El mismo producto, el mismo nombre, la misma cantidad. ¿Cómo pueden sobrevivir los pequeños comerciantes? ¿Cómo pueden sobrevivir los artesanos? Esta es la razón por la que nos estamos adentrando en una economía menguante, en un problema al que tendremos que enfrentarnos. Tengan cuidado, no sé si esta ampliación irresponsable de Europa será su perdición, pero su mayor problema será la economía. La mundialización perjudicará gravemente el futuro de Europa.
Brian Crowley,
   – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente por su trabajo. Con demasiada frecuencia, cuando hablamos de mundialización, nuestros comentarios y preocupaciones se centran solamente en el comercio, en lugar de tratar otros aspectos sociales de la mundialización. De hecho, la Unión Europea puede desempeñar un papel significativo a la hora de difundir las mejores prácticas a través de lo que hemos conseguido dentro de la propia Unión.
A pesar de los errores que existen en el sistema europeo, también hay cosas muy buenas y positivas. Quiero dar un ejemplo de ello. Hace dos semanas estuve en Nairobi. En uno de los barrios bajos visité una escuela en la que había 1 690 alumnos y 22 profesores. El director de dicha escuela ganaba el equivalente a 150 euros al mes. La única razón de que tantos niños fueran a la escuela era que allí les daban comida donada por la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos. Se les alentaba a aprender, pero también se les alimentaba. Ello me recuerda al dicho: «dad un pescado a un hombre y le alimentaréis durante un día, pero enseñadle a pescar y le alimentaréis durante toda su vida».
Uno de los principales componentes del aspecto social de la mundialización es la educación, porque no importa cuántas cuestiones se traten o cuántos acuerdos comerciales preferenciales de concedan a los países en desarrollo, las personas en dichos países nunca serán capaces de salir del pozo de la pobreza en el que se encuentran muchas de ellas si no se les da un acceso adecuado a la educación y la atención sanitaria y una comprensión de cómo funcionan los sistemas. Nuestra función, nuestra obligación y nuestra responsabilidad, ya sea en el comercio mundial o en las Naciones Unidas, o incluso en nuestras acciones de ayuda al desarrollo, debería consistir en garantizar, ante todo, que cuando hablemos de mundialización situemos a las personas en el centro del debate. No se trata únicamente de bloques comerciales. No se trata únicamente de rendimientos económicos. Se trata de asegurar que el mundo sea un lugar mejor para las generaciones futuras. Y esto solo puede lograrse invirtiendo en las propias personas.
Carl Lang (NI ).
   – Señora Presidenta, está escrito en este informe que la Unión Europea puede aportar una contribución significativa al proceso de mundialización mediante el reconocimiento y la promoción de su modelo social en todo el mundo. Pero con veinte millones de parados en Europa, ¿de qué modelo social habla usted? ¿Del proceso de Lisboa, que es un fracaso? ¿Del endeudamiento de los Estados miembros que están al borde de la quiebra? ¿De la precariedad social, la fiscalidad aplastante y la nueva pobreza del cuarto mundo europeo? ¿Cree usted que todo esto podría constituir un modelo social que podemos exportar?
Si quiere tener una visión concreta de la dimensión social de la mundialización, le invito a hacer turismo por las 300 ciudades francesas que, desde hace 18 días, son escenario de revueltas sociales, disturbios étnicos y odio antifrancés, con coches quemados, escuelas, guarderías, gimnasios y hospitales destruidos, por no hablar de las agresiones sistemáticas y generalizadas a bomberos y fuerzas del orden. Así medirá las consecuencias concretas y visibles de la política económica ultraliberal, ultrainternacionalista y ultrainmigracionista seguida desde hace 25 años por las instituciones europeas y los Estados miembros, con Francia a la cabeza.
Su modelo social de integración es, de hecho, un perfecto modelo de desintegración: desintegración económica e industrial, desintegración social, desintegración cultural y desintegración institucional. A las deslocalizaciones de empresas a los países de bajos costes sociales vinculados a la producción se suman las deslocalizaciones de poblaciones de los países pobres a los países con un alto nivel de protección social. El dúmping social generalizado que ha traído la mundialización es justo lo que se necesitaba económicamente para traer el declive social. Su mundialización económica es, de hecho, la mundialización del dúmping social y la mundialización migratoria. Poblaciones extranjeras entran masivamente en Europa, mientras las empresas salen masivamente de Europa. Hoy tenemos que soportar no solo a los alborotadores de nuestros suburbios, sino también a los saqueadores económicos que roban nuestras industrias, a los que se suman los bandidos políticos e institucionales que nos arrebatan nuestras identidades nacionales, nuestras unidades nacionales, nuestras soberanías y nuestros valores de civilización. La mundialización económica y migratoria forzada va a acabar por imponer a los pueblos de Europa una sociedad multicomunitaria y multiétnica, la discriminación positiva, la mezcla racial obligatoria y un nivel de protección social como el de la China comunista. Este modelo no es evidentemente el nuestro, y hoy es crucial desactivar esta bomba de relojería.
Mihael Brejc (PPE-DE ),
   . – En primer lugar, quiero disculparme ante ustedes por haber llegado tarde, debido al retraso del vuelo y a los atascos de tráfico en Estrasburgo.
El informe que hoy se discute incluye una explicación de las medidas relacionadas con la dimensión social de la mundialización. El informe también constituye una primera respuesta de la Comisión y del Parlamento Europeo a las distintas dimensiones de la mundialización y, por supuesto, al informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, creada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Existen varias definiciones de la mundialización. La idea básica subyacente es la progresiva integración de las economías y las sociedades. Está guiada por nuevas tecnologías, nuevas relaciones económicas y políticas exteriores nacionales de diversas entidades, que abarcan desde Gobiernos hasta sociedades civiles. La mundialización es un proceso sin contenido ideológico, ni de la izquierda ni de la derecha, ni liberal ni verde. Es un proceso que conlleva consecuencias tanto positivas como negativas. Por eso podemos considerarlo desde varios puntos de vista, económico, financiero, tecnológico, medioambiental, etc.
La dimensión social de la mundialización es el tema del presente informe. La Comunicación de la Comisión subraya la dimensión social de las relaciones bilaterales y regionales dentro de Europa, que engloba acuerdos bilaterales y regionales, diálogo político a escala regional, la política de vecindad de la Unión Europea, el respeto de los derechos humanos y la democratización en terceros países, el desarrollo de la inmigración, etc.
También quiero mencionar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que, entre otras cosas, hacen hincapié en la política de cooperación, en garantizar que la política comercial respalde plenamente el progreso social, facilitando a los países en desarrollo el acceso a los mercados de los países desarrollados, y en el apoyo a una iniciativa específica para el progreso social y la transposición de buenas prácticas.
En mi informe, he intentado destacar especialmente los siguientes aspectos: debemos reforzar los factores de la mundialización que actúan de forma positiva y crear condiciones para reducir las repercusiones negativas de la mundialización. Los Estados miembros de la UE pueden establecer las buenas prácticas que han desarrollado como un ejemplo a seguir en otros lugares del mundo y deben intentar convertir por todos los medios la revisada Estrategia de Lisboa en un éxito.
Debemos fomentar un clima de apoyo a las empresas, a la inversión y al progreso social. Sin embargo, necesitamos un mercado laboral más flexible, menos burocracia y una mayor responsabilidad personal. Con el fin de mantener la competitividad de la economía europea y el progreso social, necesitamos grandes inversiones en recursos humanos y, por esta razón, acojo con satisfacción los esfuerzos de la Comisión en esta dirección.
El Parlamento Europeo debe apoyar las llamadas normas fundamentales del trabajo y la agenda de trabajo decente de la OIT. Debemos tratar de obtener la categoría de observadores para la OIT en la Organización Mundial del Comercio, en vistas a la mejora de la calidad del diálogo interinstitucional. Debemos hacer hincapié en la importancia de un frente unido dentro de las instituciones internacionales, desarrollar la responsabilidad social de las empresas e instar a las empresas a que empleen medidas apropiadas y buenas prácticas. En este contexto, quisiera mencionar las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. También debemos subrayar el importante papel de las instituciones educativas y de los medios de comunicación en el proceso de mantener a la opinión pública bien informada sobre las repercusiones de la mundialización.
Es más, he tomado nota con interés de la idea del establecimiento de un Grupo parlamentario encargado de supervisar la coherencia entre las políticas económicas, sociales y ambientales globales y de proporcionar una perspectiva general de conjunto de las principales organizaciones internacionales.
La fase consultiva de la comunicación de la Comisión y mi informe han dado pie a una base fructífera para una serie de enmiendas, ninguna de las cuales está relacionada con la dimensión social de la mundialización. Aunque quiero instarles a limitar esta fase consultiva a la dimensión social de la mundialización, entiendo que mis colegas deseen destacar otros aspectos dentro de este contexto.
A raíz de ello, hemos recibido enmiendas relativas a la Política Agrícola Común, a aspectos ambientales, al comercio de gas y petróleo, etc. Algunas de las enmiendas están muy alejadas de la realidad y estarían mejor en el cubo de basura de la historia del socialismo que en el contexto del Estado del bienestar moderno y, por lo tanto, no puedo darles mi apoyo.
Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Comisión por redactar una Comunicación excelente, así como a todos mis colegas que han contribuido de modo importante a la elaboración del informe del Parlamento Europeo sobre la dimensión social de la mundialización.
Thomas Mann (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me complace poder intervenir inmediatamente después del ponente.
No cabe duda de que la mundialización genera un mayor rendimiento económico, además de reducir los costes y las diferencias entre las culturas empresariales. Este es su aspecto positivo. Sin embargo, también genera una competitividad mucho mayor, lo que puede implicar graves pérdidas de puestos de trabajo y generar gran ansiedad entre los trabajadores.
El señor Christensen está en lo cierto al decir que los beneficios de la mundialización no están equitativamente distribuidos, pero esta trae consigo el progreso, y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos está a favor de emplear ese progreso y hacer frente a la resolución de los problemas estructurales. Si queremos mirar adelante y competir –como es nuestro deber–, entonces debe haber reformas, pero al mismo tiempo debemos encontrar formas innovadoras de responder a los retos sociales.
En junio, mi colega el señor Brejc elaboró un excelente informe, suficientemente ecuánime, que se concentró en los aspectos básicos y planteó soluciones claras, pero sus 17 compactos apartados se convirtieron repentinamente en 39 por el deseo de determinados diputados de izquierdas de esta Cámara de introducir en él una nueva dimensión, la cual consideraban necesaria. Debo decir que no estoy de acuerdo con ellos. En un santiamén, convierten las instituciones efectivas en instrumentos de regulación; casi se puede sentir a los burócratas respirándole a uno en el cuello. Estos instan a la Comisión a que controle la compatibilidad de los acuerdos de asociación pesqueros con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destacan la importancia de aspectos como la amenaza de la ecodestrucción y la pérdida de biodiversidad.
Si el tema en cuestión fuese la «dimensión ecológica de la mundialización», todo esto estaría muy bien y podríamos hablar sobre ello, pero el informe trata de la «dimensión social de la mundialización». Hay ocasiones en las que uno debe concentrarse en el tema que se está tratando si no quiere acabar con importantes dificultades. Es grotesco que deban demandarse cosas como medidas destinadas a disuadir a las empresas de que se trasladen para obtener subvenciones comunitarias. El lugar en que ubicar una empresa no se decide con poca antelación y teniendo en mente los pagos de Bruselas; se trata de un proceso a largo plazo que implica importantes transacciones financieras y la toma de decisiones a largo plazo por parte de la dirección.
Ahorrémonos la cada vez mayor verborrea repetitiva, las cuestiones irrelevantes y las poses ideológicas altisonantes; de hecho, lo que solicitaba el informe estaba perfectamente claro: una extensa inversión en capital humano, la mejora de los sistemas educativos de los países, la promoción de los conocimientos profesionales especializados –lo cual se necesita con más urgencia que nunca– y la creación de empleos de gran calidad de acuerdo con la Estrategia de Lisboa.
¿Qué pasa entonces con la OIT? Estoy de acuerdo con el ponente, y con algunas de las personas que ya han intervenido, en que la OIT debe concentrarse más en las condiciones de trabajo humanas. Debemos de seguir esforzándonos por impedir la exclusión social, eliminar el trabajo infantil y ganar la guerra a la pobreza. Lo que necesita la OIT es el estatus de observador en la OMC, y nos gustaría que se celebrase un foro institucional entre las múltiples partes interesadas sobre la responsabilidad social de las empresas. Las pequeñas y medianas empresas deben interconectarse mejor si quieren poder participar activamente en una economía mundializada y que se creen nuevos puestos de trabajo, y los interlocutores sociales deben de implicarse en todos los procesos de toma de decisiones si se quiere reforzar la dimensión social. 
Harald Ettl (PSE ). –
   Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a mi amigo el señor Mann por demostrar que una vez más volvemos a llevar el paso. La sexta Conferencia de Ministros de la OMC se celebrará en Hong Kong este diciembre, y una vez más será del tipo en que no habrá debate sobre la prohibición del trabajo infantil o la abolición del trabajo forzado, sin mencionar la libertad de asociación o el derecho a crear sindicatos.
Los ejemplos que acabo de mencionar son normas laborales básicas y sin ellos no puede existir un comercio justo. La comunicación de la Comisión que estamos debatiendo hoy establece las cosas que puede hacer la Comunidad para conseguir que el proceso de la mundialización sea más justo para todos y, con esto en mente, quisiera llamar la atención de la Cámara sobre un mandato de negociación para la Conferencia de Ministros de la OMC de Seattle, que expresó el deseo de la UE de celebrar una conferencia a nivel ministerial sobre los temas del comercio, el empleo y las normas laborales básicas.
En aquel momento, la Comisión –y es a los miembros de la Comisión a quienes quisiera recordar esto– se comprometió a celebrar dicha conferencia en 2001. Si ustedes, los Miembros de la Comisión, desean tomar medidas, entonces les sugiero que empiecen por hacer aquello a lo que se comprometieron hace años. No espero otra cosa de ustedes, que celebren finalmente esta conferencia, ya que el comercio justo es un tema más actual que nunca, si –tal como deberían– se toman en serio la dimensión social de la mundialización. 
Alfonso Andria (ALDE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, me parece muy eficaz el enfoque que ha dado el señor Brejc a un tema con ramificaciones muy delicadas: las consecuencias sociales de la mundialización. Es un tema de plena actualidad, que también fue objeto de un importante debate en la reciente Cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el pasado 28 de octubre en Hampton Court.
La mundialización es un proceso complejo, que representa una fuente de oportunidades pero también de desafíos y que, por tanto, debe gestionarse de forma adecuada para aprovechar todas las ventajas que puede ofrecernos y, al mismo tiempo, minimizar los desequilibrios económicos y sociales que la acompañan. 
A tal fin, la Unión puede aportar una contribución eficaz promoviendo su modelo de desarrollo a escala internacional. Comparto, pues, la propuesta del ponente de relanzar y reforzar la Estrategia de Lisboa, que pone de manifiesto la interdependencia entre las dimensiones económica, social y ambiental. 
Estoy de acuerdo asimismo con él en el papel fundamental que desempeñan las inversiones en recursos humanos, en formación profesional, en investigación y en innovación, como vehículos de un desarrollo orientado hacia la justicia social. 
Pero eso por sí solo no basta. Como demuestran los sucesos de estos días en los suburbios franceses, también en los países más industrializados de la Unión existen grandes desequilibrios sociales por cuya causa sectores enteros de la población se sienten marginados.
Para resolver estos problemas no basta con la gobernanza mundial, también hay que interpretar mejor las necesidades del país. Para sobrevivir y prosperar, una economía mundial debe tener unos fundamentos más sólidos, promover acciones sociales más amplias e integradoras y ser compatible con las exigencias locales. Por esta razón, hay que pensar en términos globales y actuar a escala local. « es, a mi entender, la palabra clave. 
El modelo europeo necesita, pues, una revisión general que, sin poner en peligro las importantes conquistas sociales del siglo XX, responda mejor, acercándose a los ciudadanos, a las exigencias de una sociedad en continua transformación y de una economía a escala planetaria. Europa debe mirar con valentía al futuro y no puede permitirse fallar en la prueba de la mundialización.
Georgios Toussas (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, el proceso de la denominada mundialización pone de manifiesto la barbaridad del desarrollo capitalista y la imposición imperialista de las opciones de las grandes empresas, con terribles consecuencias para las clases trabajadoras, la sociedad popular y el medio ambiente.
La mundialización es la ideología central de los oportunistas movimientos ideológicos urbanos y pequeñoburgueses de diversas tendencias, pero con la ambición común de tratar de camuflar el capitalismo y su estructura de clases.
La comunicación de la Comisión Europea sobre la dimensión social de la mundialización analiza el fenómeno desde el punto de vista de los intereses de las grandes empresas y trata de ocultar los verdaderos motivos de los problemas modernos. Al mismo tiempo, para la nueva realidad económica y social que se está formando, propone como estrategia en el ámbito regional e internacional la supuesta necesidad de aceptar y reformar las uniones imperialistas.
Las reestructuraciones capitalistas son la respuesta de la Unión Europea, con la promoción de la competitividad como característica principal. La Estrategia de Lisboa y el éxito de su expresión actualizada son el parámetro básico de las elecciones de la Comisión y las propuestas en la contribución de la Unión Europea al proceso de la mundialización. Una evaluación de todos los datos demuestra que el término «mundialización» es poco apropiado. Abarca la naturaleza del sistema y la crisis en el mismo. La era en la que vivimos no es una era de mundialización; es una era de imperialismo. Las clases trabajadoras y los trabajadores en general rechazan el proceso reaccionario y el curso de la denominada mundialización y están luchando para que se produzcan cambios radicales y una prosperidad de base. 
Guntars Krasts (UEN ). –
   Señora Presidenta, este informe se ha preparado en un momento en el que los residentes de los Estados miembros de la Unión Europea albergan cada vez mayores preocupaciones respecto a los procesos ocasionados por la mundialización o atribuidos a esta. El hecho de que los retos relativos al desarrollo de la Unión Europea con frecuencia sean percibidos por los ciudadanos como un proceso de mundialización es muy preocupante y, sin embargo, es otro argumento clave que demanda que formulemos políticas adecuadas para que dotemos a los procesos de mundialización de una dimensión social.
El proceso de la mundialización, tal como se destaca con acierto en el informe, comporta importantes beneficios positivos, pero también puede que no se consigan los resultados positivos de la mundialización, la cual, objetivamente, es esencial en todo el mundo, si no se presta atención en su debido tiempo a los aspectos sociales. El resultado del proceso de mundialización dependerá de la capacidad de sus participantes para adaptarse a las circunstancias rápidamente cambiantes, y por este motivo debería respaldarse la importancia de aplicar la Estrategia de Lisboa, tal como destaca el informe en varias ocasiones, de forma que la Unión Europea pueda obtener el máximo beneficio del proceso de mundialización y conseguir la aceptación pública de este proceso en los Estados miembros.
Sin embargo, en mi opinión, el informe ha partido en este caso de la realidad actual de la Unión Europea. Los interminables debates sobre la reforma de la política agrícola común demuestran que, por el momento, la Unión Europea solo puede estar de acuerdo sobre una estructura presupuestaria que cubra las necesidades del siglo XIX. Somos testigos de los esfuerzos del Parlamento Europeo en relación con la Directiva sobre servicios. Conocemos la importancia que tiene esta Directiva para la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea: es uno de los pilares de esta. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es realmente aquí, en el ámbito de nuestra buena voluntad, donde se ocultan las mayores amenazas de la mundialización, ya que la opinión pública de un número cada vez mayor de Estados miembros de la Unión Europea no está preparada para los retos de la competencia, incluso dentro de la propia Unión Europea. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ).
      Señora Presidenta, la mundialización es irreversible. Sin embargo, afortunadamente también representa una gran oportunidad para la gente de todos los continentes, países y regiones. Solo hace falta mirar a la floreciente economía china para ver una prueba de ello.
Sin embargo, de igual modo que el socialismo fue necesario para suavizar el capitalismo del siglo XIX, la mundialización de hoy en día necesita una dimensión social, sin la que no será más que una oportunidad malgastada para la humanidad.
En un momento en que la UE debe hablar con una sola voz a favor de la mundialización con rostro humano, es dolorosamente obvio que la propia UE carece de integración, de una política exterior común, de un presupuesto sólido y de una Directiva de servicios capaz de impulsar las economías de los nuevos Estados miembros. Los trabajadores no tienen libertad de circulación en la UE, a diferencia del capital, y la Política Agrícola Común es injusta.
Tantos más elogios y reconocimiento merece el ponente, ya que ha pasado por alto temporalmente la injusta división entre viejos y nuevos Estados miembros, abogando en su lugar por una división justa de los bienes a nivel global. El modelo social europeo, tal como se establece en la Estrategia de Lisboa, debería convertirse en nuestra tarjeta de visita y nuestra principal exportación.
La acumulación de bienes ha alcanzado ahora tal nivel que la tarea más importante a la que se enfrenta el mundo es la decisión de dividir justamente estos bienes, al tiempo que garantiza que todo el mundo pueda vivir y trabajar con dignidad. La externalización de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores deben ir pisándole los talones a la externalización de capital. Deberíamos establecer instituciones que respalden el trabajo de la OMC y que se esfuercen por aportar una dimensión social a la mundialización, como el Consejo de desarrollo humano que se menciona en el informe. 
Gunnar Hökmark (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi colega, el señor Brejc, por su trabajo en este informe y sus esfuerzos por dirigirlo hacia los aspectos verdaderamente importantes. Sin embargo, debo decir que, si no se producen cambios en este, será difícil respaldar el informe en la forma en que se ha redactado tras su lectura por parte de la comisión. En su formato actual, el informe afirma que la mundialización provoca brechas y desequilibrios entre países y dentro de las sociedades. Rotundamente, eso no es así. Si hay algo que ha traído consigo la mundialización es bienestar y prosperidad para las regiones pobres del mundo. Hoy podemos ver cómo se ha luchado contra la pobreza en gran parte de Asia. Podemos ver como la gente de Taiwán, China, la India y cada vez más países, consiguen lenta y progresivamente una mayor dignidad y prosperidad. La mundialización ha contribuido a eliminar la pobreza de una clase que ha caracterizado, durante siglos, a grandes zonas del mundo en las que en la actualidad aumenta la riqueza y el bienestar, además del respeto por la persona. Es importante dejar claro que, al contrario de lo que indica el informe, de hecho es precisamente en aquellas partes del mundo a las que no ha llegado la mundialización en las que existe estancamiento y pobreza, por ejemplo en aquellas partes de África y Asia en las que no se practica el comercio libre y abierto y en las que la gente está excluida de la mundialización.
Es la falta de mundialización y participación en la economía mundial la que genera indigentes, una mala condición de vida y entornos de trabajo poco dignos. También es fácil ver que así sucede, ya que ¿dónde encontramos los peores entornos de trabajo y las peores condiciones sociales? No es en los países en desarrollo, sino en aquellos que pertenecen al mundo perdido y que están excluidos de la economía global.
También puede que merezca la pena que nos preguntemos si estaríamos mejor si las partes pobres del mundo no se desarrollasen. ¿Sería mejor que la economía china o india no se hubiesen desarrollado? Por supuesto, por varios motivos, la respuesta a esta pregunta es «no», en parte debido a que es positivo que la vida mejore progresivamente en estos países y en parte porque estos mismos países componen nuestros mercados en crecimiento. Europa es un continente al que la mundialización le favorece al máximo. Nuestro bienestar, prosperidad y nuestros elevados salarios dependen de que tengamos empresas que puedan operar y desarrollarse en todo el mundo ofreciendo productos y servicios de gran calidad.
Si tratamos de poner freno a la mundialización, nosotros mismos nos veremos afectados. Si tratamos de imponer nuestras normas a otros países, estos, por su parte, se verán entonces afectados. Es el comercio libre el que, tanto en la historia como en la actualidad, crea cada vez más bienestar y respeto por la gente. Esta es la base sobre la que debemos trabajar a la hora de elaborar la política. 
Kader Arif (PSE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias a nuestro colega, el señor Brejc, por su informe. Llega en el momento justo, a pocas semanas de la apertura de la Reunión Ministerial de la OMC en Hong Kong.
La forma de mundialización que hoy conocemos siempre se nos ha presentado como un fenómeno positivo que genera riqueza. Tiene sin duda sus ganadores, pero –plagiando al ex Primer Ministro francés– la mundialización es una nueva aristocracia del dinero y del poder que hoy acumula beneficios y deja de lado a una mayoría de perdedores. No solo observamos un aumento de las desigualdades en las relaciones Norte-Sur, sino que descubrimos cómo esas desigualdades se reflejan hoy en las relaciones Sur-Sur y en el seno mismo de la sociedad occidental, donde la distancia entre los más ricos y los más pobres se ha ensanchado de forma dramática en los últimos años.
La búsqueda de la mundialización social lleva a poner en peligro los derechos sociales, a unas prácticas laborales indignas y a desequilibrios peligrosos. Esta nueva situación nos exige no mirar nunca más el mundo con el mismo desapego. Debemos tomar nota de que este proceso de mundialización liberal, no transparente y no controlado preocupa a nuestros conciudadanos.
Pero ¿quién puede reprocharles que teman por su empleo, por su futuro, por su democracia y por el medio ambiente del planeta en el que viven? Nadie. Porque ¿qué hemos hecho para responder a estas angustias legítimas? Por poner el ejemplo más reciente, el de la última Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, sus resultados fueron decepcionantes. Decepcionantes tanto por la falta de compromisos concretos para con los países más pobres como en cuanto a la reforma de las instituciones internacionales. Europa debe actuar de forma coherente y creíble. Hacerlo en el plano multilateral es un comportamiento ejemplar. Por ello, es prioritaria la integración de normas sociales y ambientales estrictas en las normas de comercio, así como la comprobación de su observancia en los acuerdos bilaterales que firmamos.
Europa también debe predicar con el ejemplo internamente. Para ello, debe mejorar su modelo, implantar un sistema de armonización social al alza, frenar el desmantelamiento de los servicios públicos y rechazar una Europa de mercado. Europa brinda una oportunidad y una esperanza. Debe ser la protagonista de una forma diferente de mundialización.
Helmuth Markov (GUE/NGL ). –
   Señora Presidenta, señor Comisario, a pesar de que estoy de acuerdo con muchos de los puntos de vista expresados en el informe por el diputado esloveno, el señor Brejc, no lo estoy con todos ellos.
Usted afirma que la Agenda de Lisboa nos permitirá afrontar los retos de la mundialización al aunar los componentes sociales. ¡De ninguna manera! Estamos en 2005; la mitad del período ya ha transcurrido. Hemos realizado un examen intermedio y hemos criticado que estos métodos no funcionarán por sí solos. En gran parte, la mundialización ha contribuido a crear riqueza, pero –y me dirijo al señor Hökmark– también ha contribuido a una mayor pobreza, más exclusión y a una mayor división social, que de hecho no contribuye a la igualdad y la justicia para todos.
En segundo lugar, deberíamos tener más que decir sobre la Cumbre de Gotemburgo, ya que ahí es donde se consolidó la tríada económica, social y ecológica –a la que me gustaría que se añadiese la protección del consumidor–, ya que, de hecho, esta es nuestra preocupación fundamental. Por definición, el comercio debe ser libre, pero la liberalización por sí sola no nos hará avanzar, ya que necesitamos estándares medioambientales, laborales y sociales, y solamente si los incluimos y los incorporamos realmente tendremos una oportunidad de hacer que el comercio sea justo en todo el mundo. Este es un mundo alejado de su planteamiento, y por este motivo Hong Kong lamentablemente repetirá lo que ya hemos visto antes. Si nos aferramos al comercio y no tenemos en cuenta los restantes componentes sociales, no llegaremos a ninguna parte.
Creo que tendríamos una oportunidad, si aplicásemos las normas globales ya existentes y limitásemos las importaciones a la Unión Europea a aquellos artículos fabricados conforme a estas. Esto nos ayudaría e invertiría la tendencia. 
Seán Ó Neachtain (UEN ).
   – Señora Presidenta, vivimos en un entorno mundial y muchos de nuestros problemas políticos se abordan en un marco multilateral. Por ello, esta es sin duda la estructura que deberíamos utilizar al abordar problemas mundiales como la pobreza.
Aplaudo como hacen la mayoría de las personas la reciente iniciativa del G8 de seguir aplicando el proceso de reducción de la deuda del Tercer Mundo. Eso es lo que hay que hacer, dado que actualmente la deuda está paralizando a muchos países del Tercer Mundo. La Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados dio algún resultado a la hora de abordar la reducción de la deuda de los 42 países más pobres del mundo, pero no fue más que un esfuerzo inicial por parte del mundo desarrollado para abordar el problema de la reducción de la deuda en sí. La Unión Europea es el mayor contribuyente de ayuda al desarrollo del mundo y por ello ha de seguir demostrando un liderazgo real a la hora de abordar los problemas humanitarios y de ayuda al desarrollo en el mundo.
Asimismo creo que la OMC es la mejor estructura para abrir a la competencia los servicios industriales y los sectores comerciales. En interés de todos hay que establecer un marco multilateral que regule las relaciones comerciales de los 150 diferentes miembros de la OMC en este momento.
Por ello es evidente que tendrán que tomarse decisiones difíciles si se quiere alcanzar un acuerdo a tiempo para la ronda ministerial de Hong Kong del mes que viene. No quiero que se repita la ronda de Cancún de negociaciones de la OMC, que fue una oportunidad perdida y, de hecho, en este sentido retrasó el progreso al menos dos años. 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, la mundialización es una realidad incuestionable y un proceso en marcha.
Quisiera felicitar a la Comisión porque ha contribuido al establecimiento y al trabajo de la comisión que redactó el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, ya que expresó la intención de hacer una contribución eficaz al control de su trabajo.
La comunicación de la Comisión para el informe de la Comisión Mundial abarca gran variedad de aspectos relativos a las política interior y exterior de la Unión Europea, cuando opera en el contexto global.
El ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el señor Brejc, se merece nuestros elogios, ya que al comentar esta comunicación, ha elaborado un informe básico que se ha convertido en una amplia lista de deseos y admoniciones para destacar el objetivo básico de los dos textos anteriores. Por supuesto, el objetivo es la distribución más justa de los beneficios de la mundialización entre los pueblos de este planeta y una mejor previsión de los costes con frecuencia relacionados con los repentinos cambios globales. Esta amplia lista de deseos, incluida en la comunicación y en el informe de la Comisión, deben incorporarla los Estados miembros de forma cotidiana, tanto en su trabajo legislativo como ejecutivo.
Ésta destaca con acierto que la todo el espectro educativo en los países en desarrollo es el medio básico para crear empleos de calidad que salvaguarden una vida mejor para las personas en su país de nacimiento, ya que, además de la pobreza, el empleo infantil y el exceso de trabajo de las mujeres, otro problema es la preocupación que se expresa sobre la fuga de cerebros de los países en desarrollo, especialmente en las profesiones en el ámbito sanitario.
Permítannos, como instituciones europeas, contribuir a crear los medios para supervisar el sistema multilateral de la economía global y tratar la cohesión y la coherencia entre las políticas económica, social y medioambiental. En este caso también adoptamos un punto de vista positivo con respecto a la acción global de las organizaciones sociales con el fin de promover la gobernanza social honrada y, lo que es más importante, con relación a las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, que respalda la Comisión.
El espacio mundial tiene un nombre familiar en griego; se denomina «ecumene», una palabra de la que deriva el término ecología, cuidado del medio ambiente, en numerosas lenguas. Sin embargo, su principal significado original es el concepto del espacio poblado por el hombre y nos recuerda nuestra obligación de asociar la mundialización con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la necesidad de que las normas laborales básicas de la Organización Internacional del Trabajo sean obligatorias. En la Unión Europea tenemos cinco años para alcanzar la Estrategia de Lisboa, para hacer que Europa sea la primera potencia en la economía del conocimiento, con respeto por el medio ambiente y la promoción de un nuevo modelo social que podamos proponer globalmente. 
Emine Bozkurt (PSE ). –
   Señora Presidenta, a la gente de negocios le gusta hablar sobre una situación beneficiosa para ambas partes, en la que todos salen ganando. Sin embargo, la mundialización no lo es para millones de personas de Europa y de todo el mundo. Algunos se benefician mientras otros sufren sus efectos contrarios, es decir, una situación en que una parte sale ganando y otra perdiendo. Aunque puede que los críticos cuestionen esto, creo que debemos tratar de convertir la mundialización en una situación beneficiosa para ambas partes.
El informe del señor Brejc contiene una serie de propuestas interesantes destinadas a conseguir esto. Apoyo su apelación para emplear los fondos de la UE para aliviar los efectos adversos de la mundialización. Debería quedar claro qué se quiere decir con esto. No debemos trasvasar los fondos innecesariamente ni debemos mantener a todo coste aquellas industrias que están condenadas a morir en cualquier caso. En su lugar, deberíamos liberar fondos para garantizar que las personas que pierden sus empleos debido a la mundialización reciben la oportunidad de encontrar un empleo en otro sector.
De ahí se deduce que los fondos deberían emplearse para crear nuevas oportunidades, en lugar de prolongar innecesariamente el sufrimiento de los sectores insolventes. Dado que eso es lo que se pretende hacer, me complace la propuesta de la Comisión de establecer un fondo sobre la mundialización. Esto no implicará necesariamente nuevos fondos. Podríamos examinar cómo se pueden reorientar los ya existentes para poner en marcha este fondo de mundialización. Es obvio que hay que hacer algo. Si no hacemos nada por las personas que pierden sus trabajos a causa de la mundialización, en esta situación ambas partes saldrán perdiendo.
Estoy en deuda con el señor Brejc por su informe, que creo que nos hará pasar a la acción. Debemos predicar con el ejemplo. 
Philip Bushill-Matthews (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, la mundialización ha venido para quedarse y aportar ventajas. La tarea de los legisladores no es oponerse a la mundialización, sino garantizar que sus ventajas sean lo más amplias y profundas posible. En este sentido, hemos de reconocer y aplaudir el papel activo de la Comisión a la hora de apoyar las conclusiones de las Naciones Unidas.
Al igual que el señor Ku³akowski, lamento que la Presidencia del Consejo por lo visto no considere que el debate de hoy sea lo bastante importante como para asegurar la presencia de un Ministro. La dimensión social de la mundialización es sumamente importante, porque la mundialización conlleva cambios y todo cambio supone un reto. Nuestra tarea es sin duda ayudar a nuestra sociedad a pertrecharse y adaptarse para asumir ese reto con más fuerza. Como ha dicho el señor Crowley tan elocuentemente esta tarde: todo es cuestión de personas.
El informe Brejc original abordaba el tema de forma sensible y sensata. Por desgracia, como sucede a menudo en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ahora incorpora enmiendas que son menos sensibles y sin duda menos sensatas. Por ello hemos de molestar a la Cámara a votar mañana para acercarnos al informe original y eliminar la mayoría de estas enmiendas, ¡excepto la mía, por supuesto!
No podemos apoyar la repentina propuesta de declarar obligatoria la responsabilidad social de las empresas. No podemos apoyar los llamamientos a exportar el modelo social de la UE como una condición para abrir el comercio mundial. No podemos apoyar los llamamientos a incrementar el presupuesto de la UE. Por ello, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado diversas enmiendas para retirar estos y otros mensajes farragosos.
Espero de todo corazón que la Cámara apoye estas revisiones. De lo contrario, la delegación conservadora del Reino Unido coincidirá con el señor Hökmark y con muchos otros colegas y votará de mala gana en contra de este informe en su versión actual. Queremos volver a un informe sobre la dimensión social, y no solo sobre la dimensión socialista. 
Joseph Muscat (PSE ).
   – Lo siento por mi colega, pero va a oír hablar más veces de la dimensión socialista, ya que esto es lo que queremos ver, que las personas se conviertan en el centro de atención. En Malta, mis colegas trabajadores están experimentando cambios desastrosos. Cada día se enfrentan a la falta de trabajo y ahora, de repente, hemos sabido que una fábrica que emplea a ochocientas cincuenta personas para la producción de vaqueros va a marcharse para comenzar a fabricar fuera de la Unión Europea. Esto significa que en un pequeño país como el nuestro, el 0,5 % de nuestra población activa se ha quedado de golpe sin empleo en un solo día. Hace aproximadamente dos años estas personas habían leído en folletos que, si entrábamos en la Unión Europea, Dios mediante, resolveríamos todos los problemas relacionados con el reto de la mundialización, les prometieron lo que denominaban una «nueva primavera». Quizás nosotros no éramos tan populares porque les decíamos la verdad, que deberíamos trabajar día a día para ser competitivos. Sin embargo, ahora que somos miembros de la UE, tenemos que ver que anteponemos las personas a los beneficios, que las personas van antes que las directivas. Algunos dirían que esto no puede hacerse debido a nuestras normas; en ese caso, señor Comisario, debemos cambiar las normas.
Vladimír Špidla,
   .   Señorías, este debate nos ha recordado la complejidad y la diversidad de facetas de la mundialización, además de la dificultad para encontrar soluciones sin ambages a este problema. Creo que el debate también ha confirmado de forma clara algo que de hecho todos sospechábamos, que la mundialización lleva relativamente mucho tiempo en marcha, en otras palabras, al menos 300-400 años. También es evidente que este proceso continuará a un ritmo acelerado y que un mundo interconectado cuyos habitantes están en estrecho contacto los unos con los otros se ha convertido en parte de nuestras vidas. Por lo tanto, existe la necesidad urgente de dar a la mundialización una cara humana y una dimensión social.
Tampoco se puede obviar el hecho de que es imposible encontrar una solución simple o una única iniciativa que pueda resolver por completo el problema. Sin embargo, creo que es muy importante que la Unión Europea haya decidido centrar su atención en la dimensión social de la mundialización y promoverla en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y concretamente con la Organización Internacional del Trabajo. Este planteamiento es capaz de proporcionar resultados, y creo que es el que se debe adoptar, incluso aunque los resultados solamente sean incompletos en algunos casos. He escuchado este debate con un gran interés y también me interesará mucho seguir los acontecimientos relativos al informe que se ha elaborado y la estructura de las enmiendas que se adoptarán. 

 – El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Katalin Lévai (PSE ). –
   La mundialización –la red de relaciones en expansión y la interdependencia cada vez mayor entre los pueblos del mundo moderno– está teniendo el efecto de acercar más al mundo debido al rápido desarrollo de la tecnología, el transporte, las telecomunicaciones y la informática. La gente afirma que el mundo se está haciendo más pequeño y que pronto se convertirá en una aldea, aunque otros creen que sería más acertado decir que una parte muy pequeña de la elite social del mundo está acortando distancias entre sí, mientras que la mayoría cada vez está más excluida de las oportunidades. Es discutible si lo que estamos presenciando es la mundialización o una división cada vez mayor entre las partes más ricas y más pobres de la sociedad en una escala mundial.
Puede hacerse un buen o un mal uso de la mundialización.
Sin embargo, un análisis detallado de los procesos económicos revela que los pueblos más pobres del mundo son aquellos que están excluidos del proceso de la mundialización, mientras que los países que reclaman su parte de la división internacional del trabajo han observado un aumento en su renta nacional. Dado que dos de los países más poblados del mundo, China y la India están entre estos últimos, la mundialización ha ayudado de hecho a la mayoría de los pobres del mundo a conseguir un mejor nivel de vida.
Todos los indicios sugieren que el aislamiento de la mundialización conlleva mayores riesgos en lo que a las consecuencias de la pobreza se refiere que si un país participa en la mundialización.
La mundialización debe beneficiar a todos. Para que esto suceda, es necesario que haya instituciones internacionales sólidas que garanticen el desarrollo sostenible.
Lo que hace falta en Europa y en todo el mundo es establecer roles claros asociados a fechas límites claras.
Las políticas exterior e interior de la UE, su modelo social y su desarrollo en el ámbito internacional también podrían servir a otras regiones del mundo como modelo de mundialización étnica con un impacto positivo. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0083/2005 - B6-0333/2005), formulada por el señor Chichester y la señora Barsi-Pataky, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la conversión al sistema digital.
Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE )
   , . Señor Presidente, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha seguido muy de cerca el proceso de conversión de la radiodifusión analógica terrestre a la radiodifusión digital en Europa. Como recurso de vital importancia, el espectro de frecuencias debe utilizarse de forma eficiente. Europa no debe quedarse rezagada en este sentido. Dicho de otro modo, si queremos alcanzar los objetivos de Lisboa y formar parte de la innovación también en este terreno, entonces no debemos quedarnos rezagados en el proceso de conversión.
Por lo tanto, respaldamos el hecho de que la Comisión haya propuesto 2012 como el año objetivo para poner fin a la radiodifusión analógica en toda Europa. Por ello, el Parlamento Europeo solicita a los Estados miembros que apoyen plenamente este calendario e intenten al mismo tiempo que el periodo de transición de radiodifusión simultánea sea lo más breve posible.
La conversión digital será un éxito si se realiza de forma coordinada. Por lo tanto, proponemos que la Comisión establezca un grupo de trabajo digital europeo –quizás integrado en las estructuras existentes– con la idea de garantizar que la conversión se realice de la forma más coordinada posible. Proponemos que este grupo de trabajo tenga la labor de controlar el avance de los Estados miembros y coordinar sus objetivos y regulaciones. Este debería iniciar el debate y la consulta entre los Estados miembros y los agentes del mercado. El Parlamento Europeo cree que la conversión digital conllevará beneficios tangibles si el espectro adicional de frecuencias liberadas a raíz del cambio de tecnología se reasigna de forma flexible y a escala europea.
Necesitamos comenzar oportunamente la labor de determinar cómo hacer el mejor uso del dividendo del espectro de frecuencias. En este contexto, también me refiero al potencial que ofrece a los nuevos servicios paneuropeos, como es el caso del sector del transporte, por mencionar solamente uno de muchos ejemplos. El mencionado grupo de trabajo proporcionaría un marco adecuado para esto.
Para garantizar que la conversión tenga los resultados deseados, es imposible exagerar la necesidad de neutralidad e interoperabilidad tecnológica, que constituye uno de los pilares de la innovación europea en este campo. También solicitamos a los Estados miembros que garanticen que el proceso de conversión y la reasignación del dividendo del espectro sean imparciales, transparentes, proporcionados y no discriminatorios. 
El Parlamento Europeo cree que la transición será un éxito si los ciudadanos europeos tienen acceso a la tecnología más avanzada para recibir las emisiones digitales, por ejemplo la tecnología que incluye una plataforma doméstica multimedia o un (EPI). Esto impedirá que haya cuellos de botella verticales. Con el fin de garantizar el acceso a estas tecnologías para todos los ciudadanos europeos, será necesario prestar ayudas a las mismas en el contexto nacional, conforme a la legislación comunitaria. Debemos garantizar que no se permita el desarrollo de una brecha digital entre las distintas regiones de Europa. De hecho, debemos garantizar que suceda lo contrario.
Solicitamos a la Comisión que publique y presente modelos de buenas prácticas relativos a los aspectos de financiación. La conversión no solo aportará dividendos económicos, sino también servicios mejores y más sofisticados para los ciudadanos europeos, si se cumplen los retos sociales y culturales relativos al mismo. Por ejemplo, las plataformas de servicios públicos podrían ser las abanderadas de la conversión digital.
Proponemos que la posición común que necesitamos para llegar a un acuerdo en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006 (RRC06F) incluya una disposición que haga que el período de transición para terceros países sea lo más corto posible. El Parlamento Europeo confía en que la reunión de diciembre del Consejo tenga en cuenta los puntos de vista del Parlamento para tomar una decisión sobre las tareas que quedan por delante. 
Vladimír Špidla,
   .   Señorías, la Comisión se ha comprometido a acelerar la transición a la radiodifusión digital en el ámbito de la UE y a estructurar este proceso de tal forma que no se produzca una distorsión en la competencia. El objetivo es apagar las señales analógicas como muy tarde a principios de 2012 y garantizar que el espectro liberado gracias a este apagón se utilice de tal forma que la sociedad obtenga los máximos beneficios posibles. Asimismo, la Comisión pretende garantizar que la sociedad pueda comenzar a utilizar este espectro para los servicios híbridos de telecomunicaciones y televisión, o para los servicios que no están relacionados con la difusión de radio o televisión.
La transición a la radiodifusión digital está tomando cuerpo en la Unión Europea. Recientemente, España ha adelantado dos años la fecha del apagón de las señales de televisión analógica terrestre, de 2012 a 2010, mientras que Alemania la ha adelantado tres años, de 2010 a 2007. Diez Estados miembros han establecido la fecha de 2010 o antes para el apagón, mientras que otros 10 han establecido 2012 como fecha. Cinco Estados miembros, además de Bulgaria y Rumanía, todavía no han decidido una fecha para el apagón, y Polonia, Irlanda y Bulgaria han indicado ahora que puede que les sea difícil conseguir materializar el apagón en 2012. Basándonos en esta información, la Comisión espera que la transición en la Unión Europea en conjunto esté muy avanzada a principios de 2010, y que la gran mayoría de los Estados miembros haya apagado las señales de televisión analógica terrestre para 2012.
Con respecto a la prevención de interferencias de los sistemas analógicos ubicados fuera de Europa, la Comisión está a favor de alcanzar un acuerdo internacional para abolir la protección legal del uso del espectro de radiodifusión analógico para 2015. Esta acción sin demora debería estimular a los países que no pertenecen a la Unión Europea para que apaguen sus sistemas analógicos o, como mínimo, reabran las negociaciones con los Estados miembros vecinos con el fin de minimizar las interferencias con los sistemas digitales.
El planteamiento futuro de la comunidad internacional respecto a la planificación debería garantizar que los nuevos servicios de radiodifusión y que no son de radiodifusión puedan operar en las mismas bandas. Desde el principio, la Comisión ha solicitado una máxima flexibilidad técnica y que se considere la posibilidad de hacer que parte de cualquier dividendo del espectro esté disponible sobre una base paneuropea para nuevos servicios innovadores.
Europa respalda plenamente la investigación y el desarrollo a través de sus programas marco IST, que financian la investigación en las nuevas tecnologías de apoyo que facilitarán la aplicación de los servicios de convergencia. Por poner un ejemplo de un servicio de nueva aplicación, la Comunidad ha financiado una serie de proyectos de investigación y desarrollo sobre televisión interactiva. Esta se ha utilizado como base para proporcionar servicios de información administrativa a los ciudadanos italianos. Además, el desarrollo de la radio digital se produjo gracias a un consorcio creado bajo los auspicios de un programa de investigación de la UE. Las señales de radio digital pueden emitir ahora en todas las bandas del espectro analógico, y varias estaciones digitales pueden emitir en calidad de alta fidelidad en el mismo espectro que antes se utilizaba para una única estación analógica.
Si fuera posible, quisiera comentar brevemente la propuesta de resolución. La Comisión celebra el hecho de que el Parlamento esté a favor de acelerar la transición y de fijar a principios de 2012 la fecha para la que la radiodifusión analógica esté apagada en todos los Estados miembros, tal como ha propuesto la Comisión. Dado el hecho de que ustedes van a aprobar hoy esta resolución, no puedo responder directamente ahora a todas las cuestiones tratadas en detalle en este extenso documento. La Comisión Europea examinará detenidamente el ámbito de competencia con respecto a la formulación de la política sobre servicios nuevos e innovadores que se operarán en las bandas de espectro originalmente utilizadas para los servicios analógicos. En la actualidad, la mayoría de los servicios altamente innovadores en este campo todavía se encuentran en la fase de investigación y desarrollo, y como tal se respaldan a través de los programas de investigación de la Comisión. A largo plazo habrá una considerable necesidad de realizar evaluaciones de la viabilidad técnica y comercial de estos servicios.
Las cuestiones relacionadas con el espectro serán un punto clave en el trabajo de la Comisión en este campo. Estas cuestiones también serán objeto de un profundo debate con los Estados miembros en el marco de los trabajos en curso del Comité Europeo de Radiocomunicaciones, sus subgrupos para la radiodifusión de radio y televisión, el Comité del espectro radioeléctrico y el Grupo de política del especto radioeléctrico. Los problemas relativos a la integración vertical y al importante poder de mercado se tratan dentro del marco regulador. El mercado mayorista para la transmisión de señales de radio y televisión se ha traducido en una lista de mercados relevantes, y se están tomando medidas reguladoras adecuadas para afrontar los problemas con SMP.
La Comisión está elaborando actualmente una comunicación sobre la interoperabilidad de la televisión interactiva, que pretende adoptar antes de final de año. Dentro del marco de sus decisiones sobre las ayudas estatales, la Comisión también proporciona directrices sobre determinados aspectos de la financiación de la transición a la radiodifusión digital. La legislación de la UE hace una distinción clara entre la regulación de las transmisiones electrónicas y la regulación de su contenido. El Parlamento cree que debería mantenerse esta clara distinción y la Comisión considera que este planteamiento es extremadamente útil. 
Ivo Belet,
   . Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, espero que me permitan, en el poco tiempo de que dispongo, llamar su atención sobre dos aspectos de esta conversión al sistema digital, empezando por los estándares abiertos, a los que, evidentemente, ya se ha referido la señora Barsi-Pataky. Quisiera recordar al señor Comisario que la propia Comisión decidió en marzo que los Gobiernos nacionales deberían asumir el coste de los proyectos piloto, por ejemplo, pero también de la adquisición de receptores digitales externos para los consumidores individuales. Me pregunto si la Comisión no debería dar a esto un carácter más específico en el sentido de que es necesario indicar que dicha ayuda o apoyo financiero solamente es posible para los receptores digitales externos con un estándar denominado abierto, principalmente para evitar dos cosas.
El objetivo debería ser evitar que los consumidores se vean expuestos a un fuerte gasto en dos ocasiones, además de que uno u otro agente industrial ideen deliberadamente cuellos de botella, ya que si algo está claro, señor Comisario, es que este nuevo modo de ver la televisión digitalmente aumentará el coste para el consumidor. Por este motivo es esencial que estemos de acuerdo en un paquete básico de canales que serán accesibles a todo el mundo, tanto ahora como en el futuro. Entiendo que usted comparte nuestro punto de vista de que, en el futuro, deberá requerirse a los proveedores que ofrezcan a sus clientes los canales básicos de las estaciones nacionales. Lo que se conoce como obligatorio no debería bloquear la conversión al sistema digital, sino al contrario. Desde nuestro punto de vista constituye una garantía de máxima distribución.
En segundo lugar, con respecto al pluralismo y la diversidad, tal como usted mencionó hace un momento, existe el riesgo de que la conversión a la tecnología digital provoque que los nuevos mercados estén controlados por agentes dominantes. Por ese motivo, en el proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía, le pedimos explícitamente que garantizase que el nuevo mercado digital no quedaría bajo el control exclusivo de una u otra multinacional. El texto, dice lo siguiente: «la mayoría, o una parte adecuada de las nuevas posibilidades de radiodifusión y de mas emisoras no deberían estar bajo el control exclusivo ni la influencia decisiva de los organismos internacionales de comunicación». Esta debería convertirse en una de las prioridades de la Comisión en todo este proceso de cambio.
No hay necesidad de plantear la relación con la Directiva sobre televisión sin fronteras, ya que trataremos este tema antes de finales de año o a principios del año próximo. También en este terreno es importante garantizar que los mercados nacionales no caigan en manos de un agente dominante de forma desproporcionada y por lo tanto poco saludable. En este debate, señor Comisario Špidla, la Comisión debe ponerse del lado del consumidor. Realmente espero que no recurra al argumento de la subsidiariedad con demasiada facilidad para evitar su responsabilidad, ya que este argumento es totalmente inadecuado desde mi punto de vista. 
Norbert Glante,
   . Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi Grupo respalda esta propuesta de propia iniciativa y también la pregunta a la Comisión, a la que ha dado una respuesta clara, y espero que esta estrategia común nos permita seguir adelante.
Soy diputado a esta Cámara desde hace bastante tiempo y puedo recordar que se han hecho muchos intentos a este respecto. También puedo recordar los problemas a los que se acaba de referir el señor Belet. La neutralidad tecnológica es un aspecto muy importante en lo que respecta a la competencia. Tuvimos este problema hace varios años. Que las interferencias de frecuencias desempeñan un papel importante en la retransmisión analógica y que incluso pueden llegar a obstaculizar nuestro desarrollo es un hecho que ha sido reconocido y abordado. Creo que debemos estar muy atentos para evitar que esto ocurra.
Para mí y para mi Grupo es muy importante reiterar la importancia de informar a los consumidores, los ciudadanos en la Unión Europea, de forma transparente, franca y adecuada, y a su debido tiempo, porque son ellos los que, cuando llegue el caso, comprarán y utilizarán esta tecnología, y son sus temores los que tienen que ser aliviados y su reticencia vencida.
Si uno va, como hago yo a veces, a las tiendas adecuadas, se pude ver lo que ofrecen los fabricantes, porque ya se pueden encontrar los equipos de televisión digital. Los consumidores les echan un vistazo; ven un DVD en formato digital y se entusiasman con la calidad de la imagen, y luego ven un programa de televisión analógico en la misma pantalla y se sorprenden por la gran diferencia. Si informamos a los ciudadanos de las ventajas y les damos detalles de cuándo se va a producir este cambio, y si la industria, con vistas a la penetración en el mercado, pone a estos aparatos un precio equilibrado, creo que podemos ser optimistas y que, de aquí a 2010, alcanzaremos a nuestros competidores en este sector en otras partes del mundo. Lo que para mí es importante, no obstante, es que debemos asegurarnos de que no perdemos el tren de hacer entrar a nuestros ciudadanos en la era digital.
Por otro lado, me gustaría dar las gracias a la señora Barsi-Pataky por su intensa y positiva cooperación. 
Nikolaos Vakalis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate se refiere a un sector oficial relacionado directamente con los objetivos de Lisboa.
Europa debe salvar las distancias que la separan de sus competidores. La propuesta de la Comisión de fijar un plazo común tiene precisamente este objetivo. No obstante, yo veo las siguientes dimensiones o problemas:
La primera dimensión, la dimensión transfronteriza, ya ha sido destacada por el Comisario. Dado que la transición digital en nuestros países vecinos afecta a la integración digital en Europa debido a los problemas de coordinación de frecuencias, mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas tiene previsto aplicar la Comisión y qué acuerdos pretende concluir a fin de ayudar a los países vecinos para que también ellos puedan llevar a cabo esta transición digital? De igual modo, en el marco de las negociaciones de adhesión con los países candidatos, ¿se someterá a examen la intención de estos países de adoptar las medidas, acuerdos y compromisos necesarios?
La segunda dimensión es la geográfica. La elección de la tecnología, el coste de la instalación y el plazo de operación e implementación también dependen en gran medida de la geografía de un país. Por ejemplo, la cobertura en las zonas montañosas e insulares entraña más dificultades que la cobertura en las zonas llanas. Por tanto, ¿considera la Comisión que es necesario fomentar acciones de cohesión digital para reducir la llamada brecha digital?
Mi última pregunta es esta. ¿Son justificables las subvenciones a determinadas tecnologías, como los terminales digitales, y no a otras tecnologías disponibles? ¿No contradice esto el principio de neutralidad tecnológica? 
Reino Paasilinna (PSE ). –
   Señor Comisario, Señorías, nos cuesta poner en duda estas ventajas, pero no debemos olvidarnos de los problemas. En especial, me quiero referir a los que afectan a las instituciones públicas. ¿Qué ocurrirá en nuestras escuelas y hospitales? ¿Qué ocurrirá en las residencias de la tercera edad? En algunos lugares habrá que cambiar miles de televisores o de terminales digitales. Asimismo, en el sector social siempre escasean los recursos.
Mi país habrá entrado en la era digital en 2007. Se trata de una ventaja considerable. En algunos países las grandes instituciones públicas están encontrando problemas a la hora de afrontar esta situación. Resulta impensable que los enfermos o los mayores tengan que renunciar a sus televisores como fuente de entretenimiento, aunque puede que no siempre necesiten nuevos servicios digitales.
También las escuelas tienen dificultades. Si estas no pueden estar tan adelantadas como para tener ancho de banda a través del cual recibir servicios digitales, tendrán problemas. En otras palabras, cuando llegue ese momento todas las escuelas tendrán que contar con tecnología digital.
El desarrollo tecnológico normalmente se ve como una ventaja económica y no como un beneficio de carácter social o cultural, algo con lo que personalmente tengo problemas. Nuestra sociedad ha cambiado. Si tomamos como ejemplo a los escolares, podemos ver que su mundo de juegos difiere en buena medida del que nosotros tuvimos. Si, por otro lado, consideramos a los jóvenes, sin lugar a dudas son interactivos, pero con el mundo, y no necesariamente con sus vecinos. Por tanto, nuestra economía basada en el conocimiento puede devenir una economía de la incomprensión, por nuestra culpa, no por la de los jóvenes y los niños. 
Ruth Hieronymi (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, en esta Cámara tenemos mucho que decir sobre las cuestiones relacionadas con la tecnología. No obstante, ahora estamos hablando de la radiodifusión. La radiodifusión no es solo una cuestión tecnológica, sino que también es fundamental para tres ámbitos de nuestra sociedad que deberían ser importantes para nosotros: la cultura, la cohesión social y el desarrollo de la democracia. Por este motivo, no basta con hablar solo de tecnología.
La tecnología es muy importante; siendo el motor de la revolución digital en el ámbito de la radiodifusión, también es el motor para la creación de puestos de trabajo con perspectivas de futuro, algo que necesitamos urgentemente. Por este motivo, no obstante, la radiodifusión es un activo tanto cultural como económico. Insto a la Comisión, con carácter de urgencia, a que se tome la ambivalencia y la dualidad de la radiodifusión más en serio de lo que lo ha hecho en sus documentos y comunicaciones anteriores. Por este motivo, acojo con satisfacción la resolución de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y espero que, en el futuro, seamos capaces de desarrollar la cooperación entre esta comisión y la Comisión de Cultura y Educación. La resolución constituye una muy buena base sobre la que trabajar e insto a la Comisión a que se la tome muy en serio, si realmente quiere llevar a cabo el cambio en los próximos años. Es de vital importancia fijar unos objetivos políticos sobre cómo llevar esto a cabo, no solo en lo que a la tecnología se refiere, sino también a la cooperación cultural, social y democrática. Si realmente queremos facultar a los Estados miembros para que hagan esto, habrá que resolver con carácter de urgencia las cuestiones de las subvenciones y de la ley de competencia europea.
Señor Comisario, es evidente que esta Cámara se toma esta resolución muy en serio e instamos a la Comisión a que haga lo mismo en aras del interés de los ciudadanos. 
Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, quisiera, en este debate, destacar lo que considero que es importante y todavía no se ha puesto de manifiesto: la Comisión Europea tiene que liderar las actividades de investigación y desarrollo de los nuevos servicios innovadores, para que podamos colocar a Europa en una posición de liderazgo tecnológico a escala paneuropea. Por eso, creo que es tan importante que se establezcan unos objetivos políticos que definan claramente las garantías, para que podamos tener una penetración lo más extensa posible de los servicios de los que estamos hablando, pero, sobre todo, en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores y, también, por supuesto, del desarrollo económico.
Por eso, es importante mantener la fecha de 2012 para el apagón analógico, para que Europa no se quede rezagada, porque nuestros competidores han fijado unas fechas mucho más adelantadas: Estados Unidos, el año 2009, Corea del Sur, el año 2010, y Japón, el año 2011. Ello exige que coordinemos nuestros esfuerzos para que los países se comprometan realmente. Como usted muy bien señalaba, España, mi país, ha adelantado la fecha, como algunos otros, pero hace falta que todos perseveremos en el mismo empeño, porque, cuanto más dure el periodo transitorio, más perjudicados resultarán los operadores de televisión, la industria de receptores, la industria de la fabricación y la comercialización, el sector de la distribución y, sobre todo, los propios ciudadanos.
Por último, quisiera destacar que, para que la conversión tenga resultados positivos, es muy importante que la Comisión y los Estados miembros velen principalmente por dos cosas: una, el cierre de la brecha digital, que en nuestra sociedad es muy relevante, y otra, la ausencia de monopolios, porque, si los hubiera, no sería posible esta transformación.
John Purvis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, mi hogar es un típico hogar europeo: tenemos un aparato de televisión en la sala de estar, otro en la cocina, otro en el dormitorio y otro para nuestros nietos cuando vienen a visitarnos. Estamos abonados a Sky Digital por satélite, que nos cuesta unas 40 libras esterlinas 60 euros al mes y pagamos nuestra licencia de televisión para los canales de televisión pública de la BBC.
Aunque hay cientos de canales digitales, solo podremos ver un canal digital a la vez porque solo disponemos de una tarjeta de visión. En estos momentos, mientras que mi esposa ve «Extreme Makeover» y nuestros nietos ven el canal de dibujos animados en digital, yo aún puedo ver las noticias de uno de los cinco canales analógicos. Después del cambio dentro de tan solo dos o tres años en el Reino Unido nos quedaremos con un único canal a la vez, salvo que paguemos descodificadores y tarjetas adicionales. Para responder a todas las demandas de un hogar típico, esto exigiría tener hasta cuatro o cinco tarjetas. El coste sería de 200 libras 300 euros al mes; 2 000 libras 3 000 euros al año además de la licencia.
Es esencial que la Comisión garantice que los proveedores de servicios digitales, como Sky, permitan la opción multicanal en cada hogar a un coste razonable y que no conviertan la elección múltiple que puede ofrecer la televisión digital en algo tan terriblemente caro que sea prohibitivo. Por ello pregunto al Comisario: ¿qué hará usted acerca de la disponibilidad y el coste de canales múltiples en cada hogar? ¿Qué hará usted para garantizar que las posiciones de monopolio no se exploten de forma poco razonable y qué hará para mitigar el coste del equipo básico para pasar de la televisión analógica a la digital para los menos favorecidos y los socialmente más vulnerables? 
Nikolaos Sifunakis (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, la televisión digital ofrece una serie de ventajas a los espectadores: mejor calidad de imagen, mejor sonido, mejor recepción de la imagen a través de dispositivos móviles y portátiles y servicios interactivos.
Al mismo tiempo, la televisión digital mejora el acceso de las personas con necesidades especiales, como las personas con discapacidades auditivas o de visión, mediante servicios auxiliares como unos mejores subtítulos y comentarios en forma de sonidos o señales.
Por este motivo urge realizar la transición a la televisión digital a más tardar en 2012, para no quedarse rezagados con respecto a nuestros competidores, los Estados Unidos y Japón, países que tienen previsto dejar de retransmitir a través de los canales analógicos en 2009 y 2011, respectivamente.
Sin embargo, aparte de esto, la transición a la televisión digital y el cese concomitante de la radiodifusión analógica se traducirán asimismo en la liberación de las frecuencias analógicas, que podrán utilizarse para servicios nuevos e innovadores. La liberación de bandas de frecuencias debe ir acompañada de políticas destinadas a fomentar el pluralismo, especialmente la diversidad cultural, en la retransmisión de producciones europeas e independientes. Nuestro objetivo deben ser los programas de televisión que destaquen de forma cualitativa la misión educativa, cultural e informativa de la televisión. 
Malcolm Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, aplaudo esta iniciativa del Parlamento y de nuestros colegas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. He solicitado hacer una breve declaración al final porque el pasado viernes tuve la oportunidad de participar en una conferencia organizada por el regulador británico de las telecomunicaciones, Ofcom, bajo los auspicios de la Presidencia. Una de las principales cuestiones del orden del día de la conferencia era la regulación y la gestión del espectro, concretamente en el contexto del llamado dividendo digital en la fraseología que algunos habrán utilizado esta tarde, que tiene que ver con la liberación de un espectro de radiofrecuencias de alta calidad gracias a la conversión al sistema digital.
El Parlamento tiene que prestar más atención a la cuestión de cómo se adjudicará y gestionará el espectro de radiodifusión en la Unión Europea, porque sin duda es importante que adaptemos los objetivos en cierta medida. Los Estados miembros ya están tomando decisiones acerca de cómo se debería gastar el dividendo digital.
Algunas personas, entre ellas el último orador, han hablado del hecho de que habrá una única conjunción de sucesos, en el sentido de que las mismas piezas del espectro estarán disponibles en todos los países europeos. A fin de crear un mercado más activo para el contenido digital y acabar con algunas de las limitaciones artificiales que tenemos en estos momentos en relación con las fronteras nacionales para el contenido digital, sin duda existen oportunidades que debemos aprovechar, pero para hacerlo hemos de generar ideas que alienten a los Estados miembros a aprovecharlas.
De momento no hemos visto aparecer muchas ideas. Creo que a este Parlamento le queda mucho trabajo por hacer. Por ello aplaudo la iniciativa de la señora Barsi-Pataky en la Comisión de Industria, pero espero que estará usted de acuerdo conmigo en que se trata tan solo del principio. En primer lugar tenemos que difundir la importancia de la implantación de la televisión digital; en segundo lugar, hemos de sensibilizar a nuestros colegas sobre su importancia económica fundamental, y en tercer lugar, hemos de empezar a abordar políticamente la cuestión de cómo enfocamos la asignación del espectro y el dividendo digital. 
Vladimír Špidla,
   .   Señorías, me gustaría agradecerles la oportunidad de este debate. La palabra «revolución» surgió en el mismo, y con bastante acierto en mi opinión, ya que la transición a la radiodifusión digital es una revolución en toda regla y cualquier transición técnica de importancia en una escala similar tiene consecuencias de gran alcance. El desarrollo de la civilización humana siempre ha estado vinculado a acontecimientos en el ámbito del procesamiento de la información. Tras las formas tradicionales de información vino la palabra escrita que, a su vez, vino seguida de la difusión masiva de información. La última fase de este proceso, a la que acabamos de llegar, es la difusión electrónica de la información, pero ya nos estamos moviendo hacia los próximos pasos, uno de los cuales será sin lugar a dudas la inteligencia artificial. Cada uno de estos pasos radicales ha tenido o tendrá muy diversas consecuencias y sus Señorías han planteado esta posibilidad desde distintos ángulos durante el debate.
Me gustaría destacar dos puntos. Primero, el enfoque adoptado por la Comisión se basa en el ámbito de sus competencias. El objetivo es, por tanto, encontrar una solución técnica y organizativa al problema que se nos plantea, en lugar de abordar la cuestión del contenido. Casi todos estamos de acuerdo en que esta solución aumentará las oportunidades y mejorará la calidad, al tiempo que se recortarán los costes. Espero, de hecho lo doy por seguro, que las distintas fases de este debate proseguirán hasta 2012. Valoramos enormemente este proceso, ya que resulta imposible adoptar una posición o encontrar una solución flexible para un cambio de esta magnitud sin celebrar un verdadero debate democrático. Por todo ello, creo que el mensaje fundamental de la Comisión, y que yo he hecho mío en mi primera intervención, sigue siendo válido, a saber, garantizar que el espectro provocado por el «cierre» de las radiodifusiones analógicas se emplee de tal forma que la sociedad obtenga los mayores beneficios posibles. 
El Presidente.
   – Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento.(1)
El debate queda cerrado.
La votación sobre esta propuesta de resolución tendrá lugar el miércoles.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los «Centros de detención secretos» en Europa.
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, en respuesta a las noticias publicadas por algunos prestigiosos diarios en relación con la existencia de cárceles secretas gestionadas por la CIA en algunos Estados miembros de la Unión Europea y algunos países candidatos a la adhesión, la Comisión quiere hacer constar que un número considerable de Estados miembros y países candidatos han hecho ya declaraciones públicas en las que desmienten categóricamente dichas acusaciones.
Hasta ahora, los hechos denunciados no han sido confirmados ni siquiera en términos de pruebas judiciales. Hechos de este tipo –hay que decirlo con absoluta claridad– constituirían, de haber sucedido realmente, una grave violación de los principios de la Unión Europea, por no hablar de la legislación, incluida la penal, de los Estados miembros, que prohíbe sucesos y hechos análogos a los relatados.
La Comisión quiere recordar, en efecto, que según el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Unión se fundó y actúa en virtud de los principios de democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como, por supuesto, del Estado de Derecho, principios que también son comunes a la legislación nacional de los Estados miembros, cuyas normas penales proscriben la violación de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.
Es evidente, pues, que los Estados miembros están obligados a respetar esos principios, pero están obligados también a respetar obligaciones legales internacionales, en especial las derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y las derivadas de la Convención contra la Tortura.
Es evidente además –como todos sabemos– que cuando concluye el proceso de ampliación de un Estado candidato, dicho Estado, para poder ser miembro de la Unión Europea, debe haber adquirido un nivel de estabilidad de sus instituciones que permita garantizar el pleno respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como la protección de todas las libertades fundamentales. Este es un principio establecido ya en 1993 por el Consejo Europeo de Copenhague y constituye por tanto un pilar del denominado acervo de Copenhague.
A la luz de estos principios, consideramos necesario, desde luego, que los Estados miembros y los países candidatos comprueben, con todos los instrumentos jurídicos a su disposición y en la forma pertinente, el fundamento de esas noticias periodísticas.
La Comisión acoge con satisfacción la reciente decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de examinar la denuncia relativa a la creación de cárceles secretas en Europa y hemos pedido ya a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que nos mantenga informados sobre la evolución futura de este asunto, que es extremadamente importante y delicado.
La Comisión continuará siguiendo de cerca estas acusaciones. Lo haremos a escala de los Estados miembros por lo que respecta a la observancia de la legislación europea, y a escala internacional, con especial referencia a las iniciativas que las autoridades de los Estados Unidos de América decidan poner en marcha, si procede, en este asunto.
En conclusión, puedo garantizar que, por mi parte y por parte de la Comisión, mantendremos una información y un diálogo permanentes con el Parlamento sobre la evolución de este asunto.
Carlos Coelho,
   . – Señorías, señor Frattini, he acogido con satisfacción su intervención y en particular las garantías que ha dado a esta Cámara de que ningún país de la Unión Europea está implicado en esta vergüenza. Pero comprenderá que no nos sentiremos seguros hasta que tengamos la certeza de que ningún país de la UE está implicado en la vergonzosa decisión de acoger centros de detención en los que los detenidos son sometidos a actos inhumanos de crueldad y tortura.
Que no haya dudas: todos somos solidarios con los países que han sufrido directamente la violencia de los actos terroristas, como los Estados Unidos, España, el Reino Unido o cualquier otro lugar. Compartimos la determinación de luchar contra el terrorismo internacional, pero consideramos que es esencial que cualquier medida que se tome respete los derechos humanos y la primacía del Estado de Derecho.
Al contrario de lo que algunos pueden pensar, esta no es una señal de nuestra debilidad, sino de nuestra fuerza, que confiere legitimidad internacional a la lucha contra el terrorismo, que nos distingue claramente de los terroristas, y es el respeto por la vida humana y por los derechos fundamentales de las personas.
El señor Frattini ha hecho referencia al eje internacional, con el que están comprometidos todos los países de la UE. Las normas internacionales en las convenciones internacionales son claras con respecto a las circunstancias de detención y de la obligación de asegurar a los detenidos un juicio justo, ante un tribunal competente, imparcial e independiente. Resulta perturbador que casi cuatro años después de que la ONU solicitara el acceso a la prisión de Guantánamo para investigar la situación de los derechos humanos, esto siga siendo rechazado por las autoridades estadounidenses o sometido a condiciones inaceptables, como las reiteradas por el señor Rumsfeld hace unos días.
Una vez más, tal como vimos que pasaba con el informe Echelon, hay una diferencia entre el comportamiento del Gobierno estadounidense y el Senado. El señor Frattini ha elogiado debidamente al Consejo y la iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos. En este punto, me gustaría referirme a dos iniciativas del Senado estadounidense que son muy positivas. La primera es la del senador John McCain, que refuerza los derechos de los prisioneros, y la segunda fue propuesta por el senador John Kerry para poner en marcha una investigación sobre la denuncia de las prisiones secretas en las que supuestamente se permitía la tortura, algo que no puede dejar de merecer nuestra más enérgica condena. 
Martine Roure,
   . – Señor Presidente, señor Frattini, algunos periódicos nacionales han abordado en efecto este asunto, incluido, en particular, , que recientemente ha denunciado en sus columnas la existencia de cárceles secretas, gestionadas por la CIA, en el territorio de la Unión Europea, para ser más exactos en Europa Oriental. El periódico no reveló los países en cuestión por razones de seguridad, pero una investigación de la organización indicaba que, en 2002, la CIA mantenía en efecto presos «fantasma».
Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos publicó asimismo un informe que se refería al empleo de prácticas discutibles por parte de los Estados Unidos en el traslado de presos a terceros países para poder emplear la tortura en los interrogatorios. Por otra parte, estamos muy alarmados ante las recientes alegaciones de que el Gobierno Bush desea que el Congreso estadounidense conceda a la CIA una exención sobre la prohibición del uso de malos tratos contra los detenidos.
Es preciso examinar de cerca estas revelaciones. Como usted ha dicho, es inaceptable que existan zonas sin ley en Europa y en el mundo. Por tanto, en esta Cámara siempre nos hemos opuesto a que se utilizara un vacío jurídico en relación con los tratos infligidos a los presos de Guantánamo. Por consiguiente, no podemos permitir en ningún caso que existan cárceles semejantes en Europa. Si se prueban los hechos, habrá que ponerles fin de inmediato. Si son falsos, habrá que reunir pruebas para acallar los rumores.
Pedimos, pues, a la Comisión que lleve a cabo una investigación sobre estas alegaciones, como por lo demás se comprometió usted recientemente a hacer ante la prensa, señor Frattini. Los resultados de esa investigación deberán presentarse a los diputados al Parlamento Europeo; pienso que estará usted de acuerdo con ello. ¿Que medidas tiene previsto tomar la Comisión para asegurar el debido respeto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, y en particular su artículo 4, en todo el territorio de la Unión Europea?
El mejor medio para combatir a los fanáticos y los terroristas, como ya hemos dicho –y no es inútil repetirlo– consiste en oponerles nuestros valores de libertad y protección de los derechos fundamentales.
Sarah Ludford,
   . – Señor Presidente, como recordó hace un año Human Rights Watch, las desapariciones fueron un sello distintivo de las dictaduras militares latinoamericanas en su guerra sucia contra la supuesta subversión. Ahora se han convertido en una táctica de los Estados Unidos para perseguir a Al Qaeda.
La detención ilegal sin cargos ni juicio en Guantánamo o en Iraq es ya de por sí nefasta, pero la detención secreta, donde se mantiene incomunicadas a las personas, sin acceso a un abogado y a merced de los malos tratos o la tortura, es el más negro de los agujeros negros. Ahora vemos que el Congreso de los Estados Unidos intenta bloquear las peticiones de y el Presidente Bush y sus secuaces intentan acallar la enmienda McCain que prohibiría el trato inhumano de los detenidos en ese país.
En estas circunstancias, si un periódico acreditado y una ONG de derechos humanos digna de crédito afirman que en Europa Oriental existen cárceles secretas de la guerra contra el terrorismo, y en concreto en Polonia y Rumanía, ¿qué hacemos? Todos coincidimos en que sería demoledor para la reputación y la credibilidad de la UE que estas denuncias resultaran ser ciertas. Los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE consagran el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El Comisario Frattini dice que no hay pruebas, pero ¿qué ha hecho para intentar obtenerlas? Cuando las acusaciones salieron a la luz hace diez días, se nos dijo que se interrogaría informalmente a los Estados miembros, que expertos técnicos de la dirección competente estarían en contacto con sus interlocutores de los 25 Estados miembros y 4 países candidatos. Luego nos enteramos de que tal examen no supondría una investigación.
No estoy impugnando la buena fe del Gobierno polaco y rumano, pero sabemos que los servicios secretos a veces tienen sus propios planes de trabajo. Me queda una sensación de duda incómoda y residual cuando organizaciones respetadas han formulado acusaciones, pero no podemos decir honestamente que han sido investigadas a fondo. Todos nuestros mecanismos en la UE para asegurar que se respeten las normas de derechos humanos son francamente insuficientes: nada de evaluación por homólogos, ni supervisión ni control. La debilidad de nuestra Comisión, señor Frattini, se evidenció en sus observaciones. Los precedentes no son alentadores. La UE no ha logrado llegar a una posición común, por no hablar de iniciativas conjuntas, para presionar a los Estados Unidos para que liberen a nuestros ciudadanos de Guantánamo. Los Estados Unidos hicieron una gira por Europa Oriental y del Sur penalizando a los países con la pérdida de la ayuda militar si se negaban a firmar derogaciones de la Corte Penal Internacional para el personal estadounidense. La UE no ofreció pagar la diferencia.
Quiero insistir en que esta cuestión se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de la cumbre de diciembre. Es preciso abordar esta cuestión en el plano político para asegurar que se respeten plenamente las garantías que la UE pretende ofrecer. 
Hélène Flautre,
   . – Señor Presidente, creo que hemos hecho bien en provocar este debate, porque lo que nos ha dicho el Comisario Frattini es ligeramente distinto de las primeras noticias, y al menos reconoce usted que, si existen en efecto esos lugares de nombres misteriosos –agujeros negros, minas de sal que encierran a «presos fantasma», etc.–, entonces habría inobservancia del Tratado y de su artículo 6.
Es un primer paso. Creo que se le pedirán otros en este asunto. ¿Por qué? Porque es un asunto de enorme importancia. Se trata de personas que estarían detenidas sin haber sido juzgadas, por tiempo indefinido y sin ningún recurso y que, por tanto, serían sometidas más que probablemente a torturas y tratos inhumanos y degradantes. Tenemos por tanto violaciones potenciales de los artículos 3, 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como violaciones potenciales del Convenio para la Prevención de la Tortura y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La última noticia es que se dice que dos países, uno miembro de la Unión Europea y otro en curso de adhesión a la Unión Europea, habían albergado tales centros. Digo «habían» albergado porque esos países desmienten hoy los hechos que se les reprochan y los informes en cuestión datan de 2002 y 2003. Por consiguiente, podrían ser compatibles los desmentidos actuales y la realidad reflejada en los informes, en particular de , pero el hecho de reconocer que la posible existencia de tales centros puede constituir una violación del Tratado de la Unión Europea y su artículo 6 requiere algo más que emitir declaraciones, señor Comisario.
Dice usted que va a dejar el asunto en manos de los Estados miembros. Dice que va a examinar detenidamente la investigación ordenada por el Consejo de Europa; le diré, por cierto, que la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo ha decidido ya invitar al señor Marty tan pronto como entregue su trabajo. Dice usted que espera a ver qué deciden los propios Estados Unidos al respecto y ha expresado usted su deseo que se lleven a cabo investigaciones de orden técnico. Creo que todo esto está muy lejos de ser suficiente. Señor Comisario, lo que debe hacer pura y simplemente es ordenar una investigación para arrojar luz sobre esta situación, que daña los fundamentos de la Unión y su credibilidad en la escena internacional.
Vittorio Agnoletto,
   . – Señor Presidente, Señorías, el Vicepresidente Frattini me recuerda francamente –y no es un insulto– a esos famosos monos que no ven nada malo, no oyen nada malo y no dicen nada malo. Él ha hablado, pero no ha tenido siquiera la valentía de decir que no se está hablando en general de cárceles ocultas, sino de auténticos y verdaderos centros de tortura puestos a disposición de la CIA y de los Estados Unidos por parte de algunos países europeos.
Señor Frattini, niega usted la evidencia. Niega lo que han admitido incluso algunas fuentes autorizadas estadounidenses. Le pedimos que lleve a cabo una investigación, pero si no se quieren encontrar pruebas, no se encontrarán nunca.
Señor Comisario, quizás no sepa que el 17 de febrero de 2003, en Milán, fue secuestrado Abu Omar, antiguo imán de la mezquita de la calle Jenner, y que los magistrados de Milán encontraron pruebas indiscutibles de responsabilidades directas de la CIA y pidieron la extradición de 22 agentes de inteligencia estadounidenses. 
¿Qué posición adoptó la Comisión Europea ante esas pruebas? ¿Qué hizo en concreto ante esta violación del derecho de soberanía para forzar el respeto por parte de las autoridades estadounidenses de los convenios sobre derechos humanos y contra la tortura? La Comisión no hizo nada.
A la luz de esta experiencia, no me siento optimista con respecto a los resultados de cualquier acción futura que pueda emprender la Comisión Europea.

Ryszard Czarnecki (NI ).
      Señor Presidente, Señorías, la cuestión que estamos debatiendo también podría afectar a mi país, Polonia. El Gobierno polaco ha emitido un comunicado oficial en el que niega que haya prisiones de este tipo en Polonia. Sin embargo, es muy significativo que esta declaración no haga una referencia directa al pasado. Por tanto, es necesario seguir investigando esta cuestión.
El ex Ministro de Defensa Nacional ha negado la información de que haya terroristas de Al Qaeda detenidos en estas prisiones especiales en nuestro país, pero lo hizo durante una entrevista en la radio de un modo que solía gustar a la agencia de noticias soviética TASS. Todo lo que esta negaba se confirmaba después en la realidad.
Al mismo tiempo, sin embargo, quiero instar a los miembros de esta Cámara a que mantengan el sentido de la proporción durante este debate. La guerra contra el terrorismo es esencial y debemos ser implacables y decididos en su lucha, pero esta debe ser controlada por la opinión pública. Hay dos extremos que creo firmemente que debemos evitar. El primero es la actitud de que el fin justifica los medios y que incluso los valores democráticos y los derechos humanos deberían sacrificarse en pro de la lucha contra el terrorismo internacional. No debemos permitir que esto ocurra. No obstante, debemos asegurarnos de que el mundo occidental y los valores que defendemos no quedan abandonados en un estado de parálisis. Creo que deberíamos evitar estos dos extremos y que sería lamentable si alguno de ellos primara en el Parlamento Europeo o en cualquier institución de la UE.
Considero que esta Cámara es el lugar adecuado para decir sin rodeos, sin vacilaciones, que libraremos la guerra contra el terror con firmeza y sin descanso, pero que esta será guiada por la opinión pública. De este modo, contaremos con el mandato público y con la legitimidad de los ciudadanos del mundo occidental libre. 
Stefano Zappalà (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, a mi entender, una materia tan compleja y polifacética como el terrorismo no puede abordarse solo con un enfoque unidireccional. Los ciudadanos de uno o varios Estados soberanos tienen el derecho legítimo de vivir tranquilamente sus días, dedicándose a su trabajo, su familia y la vida que cada cual decida libremente vivir.
Las guerras han sido y siguen siendo pasajes cruciales de la vida social, trastocan todos los puntos de referencia, pero implican claras posiciones militares, campos de batalla concretos, adversarios visibles y reglas de intervención. El terrorismo, en cambio, no opera en el ámbito de una guerra declarada, no afecta solo a los militares y no opera en el campo de batalla. Se trata de un modo solapado de golpear a inocentes en sus casas, en los momentos y los lugares más impensables, sin una finalidad precisa, sin un propósito social y sin valores.
Es indiscutible que todos deben respetar las normas, las leyes y la soberanía de los Estados. Es indiscutible que todos deben respetar no solo los derechos humanos más elementales, sino también los principios en que se basa cualquier sociedad civil y cualquier relación entre naciones.
Sin embargo, antes de acusar a países que sin duda son democráticos, es necesario, a mi entender, conocer con exactitud los hechos y las circunstancias. Hay que pensar en las familias de las víctimas indefensas que el terrorismo ha masacrado en los últimos años, y en los millones de ciudadanos que siguen viviendo bajo la amenaza de atentados.
Para prevenir el terrorismo no podemos utilizar guantes de seda, pero tampoco podemos proferir acusaciones contra países democráticos sobre la mera base de conjeturas. Entre terrorismo y democracia, creo que todos nosotros elegimos la democracia. 
Señor Presidente, dejemos a los jueces hacer su trabajo, sin buscar elementos para culpabilizar a países que ciertamente no lo merecen. Comparto la posición del Comisario Frattini y espero que en esta Cámara solo tomemos decisiones al respecto cuando tengamos la certeza de que actuamos democráticamente.
Stavros Lambrinidis (PSE ).
   – Señor Presidente, la CIA mantiene una red de centros de detención secretos en todo el mundo. Al mismo tiempo, los Estados Unidos han aceptado el uso de una política de «secuestros» para poder llevar a personas, inclusive ciudadanos europeos, a lugares de cuya existencia no tenemos conocimiento con el objetivo de someterlos a interrogatorios.
El Presidente de los Estados Unidos ha amenazado con vetar la ley aprobada por el Senado estadounidense que tiene por objeto imponer lo que era obvio, al menos hasta hace unos pocos años; en otras palabras, el hecho de que la legislación internacional debe aplicarse a las personas detenidas por los Estados Unidos en todo el mundo. Todo esto en 2005, por un gran país, por un país con una larga tradición democrática, por un país que insiste cada año en publicar un informe sobre los derechos humanos y que arremete contra otros en el resto del mundo por violarlos.
La política estadounidense nos afecta a todos, independientemente de si estos centros se encuentran en territorio europeo o no. El argumento terrorista de la doble doctrina de las sociedades europeas es algo que ellos desean porque esto les permite reclutar nuevos terroristas y socavar nuestra política. ¿Debemos permitírselo? Debemos preguntarnos cuáles eran las cuestiones inconcebibles antes del descubrimiento de los centros de detención estadounidenses.
Una de las preguntas es: ¿hay actualmente Estados miembros de la Unión Europea o países candidatos que alberguen estos centros?
Segundo, ¿hay actualmente Estados miembros de la Unión Europea o países candidatos que envíen a sus detenidos a centros de detención estadounidenses? Supuestamente, ¿dónde se lavan las manos, al tiempo que utilizan esta red para sus detenidos? Hay que dar respuesta a estas preguntas.
Tercero, ¿han enviado los Estados Unidos personas detenidas desde Europa a estos centros de detención?
En la lucha contra el terrorismo, el objetivo no es santificar los medios. Los europeos debemos evitar crear un Frankenstein de inspiración europea que no podamos controlar y debemos impedir que otros países lo hagan. 
Ignasi Guardans Cambó (ALDE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, toda esta información es demasiado detallada y verosímil, y usted mismo confirma su verosimilitud, como para no creerla. Por eso, el compromiso que ya ha manifestado aquí de investigar esta situación es loable, pero no nos tranquiliza.
De la Comisión y del Consejo esperamos contundencia y que no se conformen solo con palabras hermosas o desmentidos de político pronunciados en un cóctel. Esperamos actuación e investigación reales.
Señor Comisario, la policía en la isla de Mallorca está investigando, por orden del ministerio público, el transporte ilegal de detenidos; le ha costado mucho hacerlo, y, sin embargo, todas las investigaciones policiales van exactamente en la misma línea de las investigaciones periodísticas previas. Todo ello sin ningún tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos.
Le pido que exija investigaciones equivalentes por parte de todos los países que presumiblemente pueden estar implicados en esta situación. Insisto, no bastan desmentidos políticos con palabras más o menos equívocas sobre el presente, que no dicen nada del pasado y que solo quieren eludir la responsabilidad. Queremos investigación real y el compromiso de una investigación policial y judicial que garantice con pruebas que nada en esas denuncias es cierto.
Nos provoca una repugnancia inmensa ver eso en un país aliado durante mucho tiempo. Verlo en suelo europeo, ver la renuncia a siglos de civilización y progreso moral en materia de lucha contra el crimen o, en este caso, contra el terrorismo, nos produce una profunda repugnancia. Y, además, señor Comisario –y se lo decía hace un momento otro de los oradores–, yo creo que efectivamente es verdad: los países deben tener presunción de inocencia.
Pero que tengan presunción de inocencia no le libera a usted de investigar. Lo que está en juego es la credibilidad misma de la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia. Como eso es su propia responsabilidad, usted no puede fiarse de las explicaciones que le den otros. Tiene usted que tomar las medidas oportunas y exigir también al Consejo que lo haga.
Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, para tratarse de un servicio secreto, la CIA aparece demasiado en las noticias. En Alemania e Italia están furiosos por los informes sobre el supuesto secuestro de imanes radicales y, como acaba de decir el diputado que me ha precedido, en España se ha puesto en marcha una investigación sobre el tránsito de sospechosos a través de Mallorca. Corren rumores de la existencia de campos secretos en Europa, en los que se retiene a los detenidos, privados de sus derechos.
En el primer caso, los países europeos implicados están enfurecidos, pero en el segundo caso, ellos tienen parte de la culpa. Usted lo ha dicho; usted ha declarado que se trata de una violación de los derechos humanos y del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero tengo mucha curiosidad por saber qué va a hacer realmente al respecto. Cuando el Consejo de Europa ponga en marcha una investigación, su respuesta será pedir que le mantengan informado. Me sorprende por tratarse de una interpretación tan limitada.
La Unión Europea, como comunidad de valores, no puede permitirse mirar a otro lado y quiero que usted participe de forma activa. Quiero que compruebe no solo con los Gobiernos, sino también con ONG y con los medios de comunicación, si estas declaraciones son ciertas. Quiero que se dirija a los diputados de este Parlamento y quiero oírle decir que, si estas declaraciones son ciertas, se habrá infringido el artículo 6, por lo que se supone que tendrá que aplicarse un procedimiento conforme al artículo 7. Quiero oírle decir que el artículo 7 es aplicable, si se demuestra que las afirmaciones son ciertas, ¡así de sencillo!
No se trata, sin embargo, de una cuestión meramente institucional. No es simplemente algo que la Comisión tenga que hacer, aunque pienso que debería desempeñar un papel bastante más activo. Es, sobre todo, una cuestión política. Hace unos meses, un diputado polaco de esta Cámara dijo oportunamente que estas cuestiones deberían abordarse a nivel nacional, y creo que todos nosotros deberíamos ponernos en contacto con nuestros partidos hermanos nacionales, porque esto es algo que debe tratarse también con ellos. No deberíamos cargar la responsabilidad únicamente sobre la Comisión, sino que, a través de nuestros partidos hermanos, deberíamos garantizar que todo esto se comprueba para averiguar si es cierto o no. 
Erik Meijer (GUE/NGL ). –
   Señor Presidente, no son solo las dictaduras amenazadas de extinción las que mantienen a personas detenidas de forma inaceptable. Desde que la base militar de la Bahía de Guantánamo se utiliza como prisión donde los no estadounidenses pueden ser retenidos sin juicio y sin asistencia letrada, sabemos que los derechos humanos son objeto de violación hasta ese punto por parte del Estado miembro más poderoso de la OTAN.
En Europa esperamos que prácticamente todo el mundo rechace estas prácticas, incluso si esto implica a personas que pensamos que constituyen una amenaza para nuestra vida en paz y democracia. Si las cárceles secretas se encuentran situadas en uno de los actuales Estados miembros de la UE o en Estados que se benefician de nuestra política de vecindad, esto constituye una mancha en las demandas europeas en aras del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos.
Por tanto, es necesario que la Comisión y el Consejo hagan todo lo posible para poner fin a la posible existencia de estas cárceles. Ahora, el Comisario Frattini nos comunica que los Estados miembros implicados niegan rotundamente su parte de responsabilidad y hace referencia al Consejo de Europa, que ya ha tomado cartas en el asunto. Si estas cárceles existen, la intención siempre ha sido mantener su existencia en secreto.
Su negación es el primer instrumento para proteger su secreto. Esta negación no me convence ni a mí ni seguramente a los que han llamado su atención al respecto. La Unión Europea debe comprobar por sí misma si existe una red estadounidense de prisiones secretas y si alguna de ellas se encuentra en Europa. Puedo apoyar los puntos de procedimiento mencionados por la señora Buitenweg. En lugar de negar sencillamente su existencia, es nuestra obligación llegar al fondo de este asunto. 
Barbara Kudrycka (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, el señor Czarnecki y el Comisario Frattini ya se han referido al hecho de que el Gobierno polaco ha negado las acusaciones sobre la existencia de los campos en Polonia. No puedo responder por la precisión de esta declaración, por supuesto, ya que no he inspeccionado los bosques alrededor de los que se sospecha que el avión aterrizó en Polonia. Incluso si un Boeing propiedad de la CIA hubiera aterrizado allí en 2003, no constituiría una prueba de que un campo de este tipo haya existido o siga existiendo en mi país.
No sabemos la razón por la que el avión tuvo que aterrizar. Puede que haya sido para recargar combustible, para realizar algún tipo de reparación o para que alguien subiera a bordo. No obstante, sí sabemos que este Boeing también aterrizó en la República Checa y en Suecia en 2003, y, más recientemente, en Palma, en la isla de Mallorca. Y nadie está acusando a estos países de albergar tales campos ni levantando sospechas al respecto. Uno solo puede preguntarse si esto se debe a que erróneamente se supone en Polonia no existe algo llamado libertad de expresión y que los periodistas siguen ávidamente la pista de esta noticia sensacionalista.
Hablando con lógica, me sorprendería que los Estados Unidos decidieran utilizar un Estado miembro de la UE con este fin, obligando de este modo al país en cuestión a violar los Tratados y la legislación de la Unión, en lugar de utilizar las bases militares estadounidenses o los países donde la libertad de los medios de comunicación realmente no existe o está limitada. Ejemplos de estos países son Egipto y Tailandia. Una posibilidad es que estemos siendo partícipes, a instancia nuestra, del lanzamiento deliberado de un globo sonda para tantear las reacciones de los nuevos Estados miembros de la UE, poniendo a prueba la solidez de la alianza transatlántica. También cabe la posibilidad de que alguien disfrute señalando nuevos objetivos para los ataques terroristas de Al Qaeda, asegurándose de que estos ataques se perpetren contra Polonia o Rumania.
Por tanto, creo que debemos actuar con gran cautela y que tenemos que evitar leer entre líneas, como hacen algunos. De este modo, no solo se las arreglan para dejar de lado los problemas reales de Europa, sino que también ponen en verdadero peligro de ataque terrorista al pueblo polaco. Me complace la idea de que el Consejo de Europa pueda llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre este problema, y cuanto antes lo haga mejor. En respuesta a la sugerencia de la señora Buitenweg, me gustaría decir que me sentiría mejor si se invitara a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a que investigue esta cuestión. 
Giovanni Claudio Fava (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, me temo que los desmentidos a que hacía referencia el Vicepresidente Frattini con respecto a los países implicados sean bastante formales y poco convincentes.
En los documentos altamente confidenciales de la CIA, de los que habla prácticamente toda la prensa europea, las cárceles clandestinas en Polonia y Rumanía, a que se refieren y , tienen por fin un nombre, se llaman «lugares negros». Son tierra de nadie, donde no es posible ni invocar la ley ni aplicar el . Estos hechos, de ser probados, son graves y nos sitúan en un punto crítico, es decir, en la necesidad de encontrar el difícil equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo. 
Quisiera recordar como una paradoja el hecho de que, dentro de unos minutos, en el marco de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el Parlamento abordará el tema de la retención de datos y de nuevo tratará, con un gran sentido de la responsabilidad, de hallar un terreno político y jurídico común para reconciliar los derechos y las situaciones de emergencia. Es necesario proteger los derechos de los ciudadanos y luchar con todos los instrumentos de que disponemos contra el terrorismo, justo en el momento en que descubrimos que países europeos se han convertido ya en el patio trasero de la CIA.
Señor Frattini, lo grave es que no tengamos siquiera derecho a sorprendernos. Hace dos años, como se desprende de las investigaciones judiciales en curso –que usted conoce bien–, ciudadanos comunitarios y extracomunitarios fueron secuestrados en países europeos por los servicios secretos estadounidenses. Sin embargo, una vez más parecemos apartar la vista.
Tomamos nota de su comentario final, a saber, que si los episodios que hoy discutimos se probasen, representarían graves violaciones de los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea. Creo que se trata de una afirmación importante que le pediríamos que desarrollara poniendo en marcha una investigación absolutamente escrupulosa y exhaustiva de los hechos que debatimos esta tarde.
Johannes Voggenhuber (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, a diferencia de la opinión expresada por nuestra compañera polaca, no hay en Europa dos doctrinas jurídicas por las que el fin justifique los medios. La ley es clara y vinculante. El terrorismo no debe combatirse con más terrorismo.
Esta cuestión no presenta problemas ni incertidumbres. La privación de la libertad, el secuestro, el transporte forzado, la tortura, el trato abusivo, el aislamiento y la negación de la presunción de inocencia son delitos y constituyen en sí mismos actos de terrorismo. Europa no actúa de este modo.
Señor Comisario, usted se refiere a comentarios aparecidos en revistas y dice que no tiene pruebas. Yo puedo asegurarle que este no es más que el primero de los numerosos debates que celebraremos hasta que se aclare esta cuestión y hasta que no haya ninguna duda al respecto.
Ahí los tiene: el número de vuelos, los aeropuertos implicados, los horarios de vuelo, las compañías y las empresas que operaron los vuelos, los destinos a los que volaban; tiene docenas de declaraciones de detenidos, pruebas de una docena de organizaciones internacionales, investigaciones de la propia CIA, aunque sobre la ruptura del secreto más que sobre los propios crímenes. Las autoridades militares austriacas están llevando a cabo investigaciones sobre los vuelos de los aviones de la CIA sobre espacio aéreo austriaco y la justicia en España, Italia y Alemania también ha emprendido sus propias investigaciones.
Le pido que se despierte, que haga su trabajo y que asuma su responsabilidad. 
Claude Moraes (PSE ).
   – Señor Presidente, el pasado viernes, Condoleezza Rice, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, ordenó una investigación de máximo nivel sobre las filtraciones al Washington Post y a Human Rights Watch. Es evidente que el Gobierno de los Estados Unidos cree que hay cierta veracidad en estas denuncias.
Hoy, el Comisario nos ha dicho que Rumanía podría haber violado los criterios de Copenhague y que Polonia podría haber violado el artículo 6, pero eso ya lo sabíamos. El Comisario ha venido hoy aquí y nos ha dicho que no hay pruebas de estas violaciones. Bien, tanto Polonia como Rumanía emitieron la semana pasada desmentidos oficiales de sus respectivos Gobiernos, así que ya lo sabíamos. Pedimos a la Comisión que investigara la filtración que preocupa a los Estados Unidos: la filtración de más alto nivel a la más creíble de las fuentes. El periódico y otras instancias se hacen eco de estas acusaciones. No se trata de periódicos radicales u organizaciones desacreditadas.
El señor Lambrinidis ha dicho que ya sabíamos que la CIA tenía lugares negros y centros de tortura en otras partes del mundo. Queremos saber si esto está sucediendo en la Unión Europea. Queremos saber si esto está sucediendo en los países candidatos. Como ha dicho usted, señor Comisario, es la violación más grave de las obligaciones del Tratado. Y no lo está investigando. Necesitamos una investigación que dé credibilidad a esta Cámara, para que podamos cerrar este debate sabiendo si es cierto o es falso. 
Bernat Joan i Marí (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, los europeos hemos de aclarar si existen centros de detención de la CIA en Europa, cuántos hay y dónde están situados, etc. Como ciudadano de las Islas Baleares esto me interesa especialmente. El fin no justifica los medios. Hemos de defender nuestros valores. Podemos luchar contra el terrorismo, pero no podemos hacerlo con armas que no son democráticas.
Comprendemos por qué se está protegiendo tanto a las organizaciones e instituciones estadounidenses, incluida la CIA, especialmente en Europa Oriental, donde muchas esperanzas de cambio han sido depositadas en los Estados Unidos. Sin embargo, no poner límites a los medios que empleamos supone una terrible contradicción, puesto que la democracia y la transparencia son fundamentales para el mantenimiento de la ley y el orden y para la propia democracia. Los derechos humanos son aplicables a todos los seres humanos, incluidos los terroristas y los presuntos terroristas. Por ello pido al Comisario que investigue esta cuestión. 
Panagiotis Beglitis (PSE ).
   – Señor Presidente, hace tiempo, la información condujo al descubrimiento de la barbarie cometida en las cámaras de tortura de la prisión de Abu Ghraib en Iraq y en la prisión de Guantánamo en Cuba. La información actual, aunque todavía no ha sido confirmada, tampoco ha sido negada por las autoridades estadounidenses.
Me preocupa que, en nombre de la lucha contra el terrorismo internacional, estemos al borde de una nueva Edad Media. Estamos al borde de una amenaza directa a la cultura democrática en Europa y, lo que es más importante, los Gobiernos y las instituciones europeos no pueden permanecer impasibles.
Me gustaría destacar en particular la respuesta directa de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Lamentablemente, no hemos visto esta respuesta inmediata del Consejo de Europa por parte de la Comisión Europea. Hoy, las garantías y las declaraciones aportadas por el Comisario responsable, el señor Frattini, no han sido, en mi opinión, tranquilizadoras. Lo que tienen que hacer la Comisión Europea, el señor Barroso, el señor Frattini y la señora Ferrero-Waldner, como Comisaria responsable de las relaciones transatlánticas, es emprender una investigación en todas las direcciones para discernir dónde, por quién, cómo y cuándo fueron organizados estos oscuros lugares.
La Unión Europea tiene la obligación política y moral de cooperar con el Congreso de los Estados Unidos. Ya conocemos las dos iniciativas de los senadores John MacKein y John Kerry en este sentido. El Parlamento Europeo debe adoptar estas iniciativas.
El fomento de las relaciones transatlánticas es inseparable del respecto de los valores democráticos y los principios del derecho internacional. Este mensaje tiene que llegar alto y claro a las autoridades estadounidenses. 
Józef Pinior (PSE ).
      Señor Presidente, el 2 de noviembre se publicó en el un artículo de Dana Priest en el que se hablaba de la existencia de prisiones de la CIA en Europa del Este. Me gustaría hacer dos comentarios al respecto. Estas «prisiones secretas de la CIA» operan al margen de cualquier sistema judicial. No solo me refiero al que aplican las instituciones internacionales, sino también a los tribunales de los Estados Unidos, tanto civiles como militares. Esto solo ya constituye una violación de los valores democráticos y liberales fundamentales sobre los que se cimientan los Estados Unidos, la Unión Europea y la alianza transatlántica.
La opinión pública se opone en su mayoría a las cárceles secretas de la CIA y a los métodos de interrogatorio empleados en los centros de detención para sospechosos de terrorismo. Esta actitud la comparten muchos políticos republicanos en los Estados Unidos, tal como demuestra la iniciativa recientemente presentada por el senador John McCain para abolir el uso de la tortura o los métodos parecidos para torturar en dichos centros.
Mi segundo punto se refiere a la posibilidad de que los centros secretos de detención de la CIA se encuentren en Estados miembros de la UE o en países que se sumarán a la UE en un futuro próximo. Esta situación socava los principales fundamentales de los tratados de la UE. La Unión Europea tiene todo el derecho a exigir que sus Estados miembros, incluido mi país, Polonia, se tomen en serio estas acusaciones, que vuelvan a investigar esta situación y que examinen las circunstancias que rodean al aterrizaje en Polonia de un Boeing propiedad de la CIA con prisioneros a bordo. 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, Señorías, gracias a todos los que han intervenido. Puedo decir que todos en esta Cámara compartimos un mismo principio, un principio que yo mismo destaqué en la introducción.
Hay unanimidad en torno al principio básico de la Unión Europea, es decir, el respeto absoluto de la vida y la dignidad de toda persona. Por tanto, todos en esta Cámara compartimos la opinión de que si los hechos denunciados fueran ciertos, nos encontraríamos –como ya he dicho, pero es necesario repetirlo– ante una grave vulneración del Tratado de la Unión Europea, una vulneración que, como todos ustedes saben perfectamente, puede conducir, de ser confirmada y probada, a la aplicación de sanciones políticas graves contra un Estado miembro de la Unión Europea.
Este es el punto de partida, porque es evidente que, además de la violación grave –he llamado la atención sobre el artículo 7 del Tratado–, hay una segunda consideración: estos hechos, de ser ciertos, serían constitutivos de delito. Alguien lo ha dicho, muchos lo han destacado y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es evidente, pues, que los poderes legislativos nacionales de los Estados miembros tienen el deber de efectuar investigaciones sobre hechos de esta naturaleza.
En mi país, como todo el mundo sabe, está en curso una investigación sobre algunas acusaciones graves contra agentes de la CIA por actividades ilícitas cometidas en territorio italiano, que constituirían, de ser probadas, un grave delito.
Señorías, el problema es que los instrumentos jurídicos deben usarse si nos dan todas las oportunidades de alcanzar el resultado que todos nosotros, Comisión y Parlamento, queremos. Veamos pues cuáles son las acciones que la Comisión ha llevado a cabo, lleva a cabo y llevará a cabo. Muchos lo han preguntado y quizás en mi introducción no me expresé adecuadamente. 
Considero que el mejor modo de describirlo es como de una acción política de continuas peticiones a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. Me refiero a posibles actividades, como la confrontación y el diálogo con las ONG, que disponen evidentemente de algunos elementos que han facilitado a los medios de información, y que obviamente podrían facilitar también a la Comisión, el diálogo con las demás instituciones, que disponen de nuevos elementos, con organismos que pueden ofrecer información a la Comisión Europea, y por último un diálogo intenso y continuo con las autoridades. Me refiero en particular al Congreso y al Senado de los Estados Unidos de América, que han decidido poner en marcha indagaciones cuyos resultados podrían ser comunicados a la Comisión Europea.
Señorías, no me cuento entre los que se guardan las palabras y les pido que me perdonen si quizás soy demasiado franco. No obstante, considero que la indignación que todos nosotros sentimos con razón ante estos graves delitos –estas situaciones absolutamente vergonzosas– no basta para cambiar las normas de los Tratados. 
Cuando algunos de ustedes hablan de «investigación», no se refieren solo a lo que la Comisión piensa hacer y hará, es decir, una acción de indagación política, sino también a las inspecciones, los interrogatorios y la obtención de documentos, aunque dichos documentos no sean entregados espontáneamente. Aun cuando el Parlamento adoptase una decisión para pedir a la Comisión que ejerza dichos poderes de investigación, esta no podría hacerlo, porque los Tratados no le confieren esos poderes. 
Si empleamos el término «investigación», debemos emplearlo con todo su significado. ¿Tenemos poder para interrogar a los Ministros de Interior de los países candidatos y de los Estados miembros de la Unión Europea mencionados? No, no lo tenemos. ¿Tenemos poder para obtener documentos clasificados de la CIA si no se nos entregan? No, no lo tenemos. ¿Tenemos el poder del Consejo de Europa? No, no tenemos ese poder. Para ello, habría que cambiar los Tratados.
Sería muy feliz si la Constitución Europea hubiese entrado ya en vigor, porque otorga a la Comisión Europea más poderes de los que posee actualmente. Cuando se hace referencia a los poderes de los magistrados nacionales, hay quien podría pensar en esta Cámara que yo tengo el mismo poder que un fiscal o un juez instructor de un Estado miembro, pero en realidad no hay comparación posible entre el poder de un magistrado nacional y el poder de la Comisión Europea. Aunque no nos guste a ninguno, estas son las normas de los Tratados. Por tanto, al hablar de investigación, hay que usar el término con el significado que le otorgan las leyes y, ante todo, los Tratados.
En conclusión, quiero ejercer todos los poderes de investigación política, porque son admitidos por los Tratados. Nos está permitido preguntar, pero si un Estado miembro responde afirmando que en su territorio no ha habido nunca cárceles secretas, necesitaré una prueba, como la de Abu Ghraib –fotografías, pruebas y testimonios–. Por el momento, no disponemos de esos elementos: no digo que no los vayamos a tener nunca, pero no tengo poder para citar a nadie, ni organizar el interrogatorio de una persona que se niegue a hablar, porque esos poderes pertenecen a otros organismos.
Hablo, por tanto, de una investigación política, de una acción encaminada a obtener información y recoger pruebas si existen. Por supuesto, también podemos obtener importantes datos de los diputados al Parlamento, porque se trata de acciones políticas. No se trata de acciones jurídicas, sino de acciones que conducirían, de ser demostradas, a una sanción política. Este es el respeto de las normas al que me he atenido siempre, incluso cuando no me gustan. En este caso, no me gusta que los poderes sean limitados, pero son los que me dan los Tratados y son los poderes políticos de investigación que pretendo ejercer.
El Presidente.
   Señorías, quiero llamar su atención sobre el hecho de que tenemos entre nosotros a observadores tanto de Rumanía como de Bulgaria, a quienes doy la bienvenida. Dado que Rumanía ha sido mencionada a menudo durante este debate, uno de los observadores desearía hacer uso de la palabra. Le he señalado que eso no es posible, pero me ha pasado una nota en que expresa su preocupación acerca de algunos de los ataques contra Rumanía y afirma que las autoridades rumanas aceptarán cualquier investigación sobre las acusaciones formuladas en el Lo digo para que conste.
No quiero sentar precedentes, pero los observadores se encuentran entre nosotros y evidentemente se sienten muy afectados por estas cuestiones.
El debate queda cerrado. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el régimen de importación de plátanos. 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, quiero darle las gracias por brindarme esta oportunidad de compartir con ustedes nuestras ideas sobre el nuevo régimen de importación de plátanos. Ni que decir tiene que estamos muy decepcionados por el segundo laudo arbitral dictado el 22 de octubre de 2005.
El actual régimen de importación de plátanos se acordó en Doha en 2001. Sobre esta base obtuvimos una exención de nuestras obligaciones para con la OMC a fin de dar preferencia a nuestros socios de la ACP. Asimismo, en dicha ocasión se acordó que pasaríamos a un sistema de arancel único a más tardar el 1 de enero de 2006. A este fin abrimos negociaciones con nuestros principales socios comerciales para modificar las concesiones en nuestro programa sobre los plátanos y pasamos al arbitraje como se preveía en el anexo a la exención de Doha. El punto de referencia relevante fijado en el anexo a la exención de Doha es si la reforma de nuestro arancel sobre los plátanos mantiene el acceso al mercado de los proveedores de las naciones más favorecidas.
Después de un primer laudo negativo el 1 de agosto de 2005, el árbitro dictaminó en un segundo laudo del 27 de octubre que la Comunidad Europea no había rectificado la cuestión con su propuesta de establecer un nuevo tipo de arancel aplicado a las naciones más favorecidas en 187 euros por tonelada. Ha sido un resultado muy decepcionante. Nuestros cálculos se realizaron de una forma objetiva y transparente y los respaldamos con un análisis económico y jurídico exhaustivo.
El objetivo ha sido siempre garantizar una modificación neutral del régimen de importación con un arancel para las naciones más favorecidas que ofrezca unas condiciones de acceso al mercado equivalentes a los proveedores americanos como hace el actual régimen de cuotas y mantenga un nivel equivalente de preferencia de los países ACP. Durante este proceso mantuvimos consultas con nuestros socios comerciales, pero no hubo posiciones comunes por su parte que pudieran haber sentado las bases para una solución negociada.
¿Dónde nos deja esto ahora? El laudo arbitral no indica cuál podría ser el nivel arancelario adecuado. A la hora de decidir el régimen de importación de los plátanos es preciso tener en cuenta diversas consideraciones: la más importante es nuestra responsabilidad para con las diferentes partes interesadas. Hemos considerado los intereses de los productores comunitarios y la gestión de la organización del mercado común para los plátanos con miras a su futura reforma. En el acuerdo de Cotonú nos comprometimos con los socios ACP a mantener sus preferencias arancelarias.
A la luz de lo dicho anteriormente, el 1de enero de 2006 hemos de pasar a un sistema de arancel único y debemos hacerlo rápidamente, dado que nuestros operadores necesitan certidumbre jurídica. Al mismo tiempo, soy plenamente consciente de nuestras responsabilidades para con las partes interesadas, que nos tomamos muy en serio. Por ello, en breve la Comisión hará una propuesta sobre el nivel de los aranceles a partir del 1 de enero de 2006.
Fernando Fernández Martín,
   . Señor Presidente, señora Comisaria, he sido ponente de la Comisión de Desarrollo en las sucesivas reformas de la OCM del plátano, y he intervenido en todos los debates celebrados, por citar solo los últimos, el del 13 de abril de 2000, el del 13 de diciembre del mismo año y el del 4 de septiembre de 2003.
Antes de cesar en su cargo, el Comisario Lamy nos informó, el 21 de abril de 2004, que pensaba proponer un arancel de 230 euros por tonelada de plátano importado. Desde entonces, desde que tomó posesión la nueva Comisión, tanto usted y sus colaboradores como el Comisario de Comercio se han esforzado por encontrar un acuerdo.
Reconozca, señora Comisaria, que, con su declaración de esta noche, no aporta mucha luz sobre el camino que piensa tomar. Es evidente que debe tomar la decisión de aplicar un arancel a partir del 1 de enero y veremos cuál es la intensidad del mismo.
Pero usted sabe muy bien –la Comisión sabe muy bien– que esa decisión le garantiza un nuevo contencioso con los países productores del «área dólar» en el seno de la OMC con carácter casi inmediato, si ese arancel supera las expectativas que ellos tienen. Es decir, ganaremos unos meses de tiempo al precio de generar algunos riesgos para el grupo de países ACP y nuevas incertidumbres para nuestros productores europeos.
Al final, y siempre que de la inminente Cumbre de Hong Kong no surja algo imprevisible, la Comisión tendrá que buscar una solución negociada con los países latinoamericanos productores de bananas.
La pregunta que legítimamente me hago es por qué la Comisión renunció expresamente a la búsqueda de ese acuerdo durante los meses de marzo, abril y mayo últimos, cuando consta fehacientemente que, por diversos cauces diplomáticos, los productores latinoamericanos buscaban un acuerdo, aunque fuera de carácter transitorio, para lograr una prórroga temporal del sistema vigente que proporcionara un margen para la negociación de una solución más estable y duradera.
Señora Comisaria, creo que la Comisión no prestó ninguna atención a esos deseos porque, por entonces, confiaba en que el arbitraje en el seno de la Organización Mundial del Comercio pudiera ser favorable al establecimiento del arancel de 230 euros. Ahí recibimos el primer varapalo.
Luego propuso un nuevo arancel de 187 euros, con idéntico resultado. Usted ha confirmado aquí hoy que se siente muy decepcionada por el resultado del segundo arbitraje del 27 de octubre. En ese momento, las declaraciones de algunos funcionarios, y de usted misma, señora Comisaria, mostraron la misma perplejidad y decepción que usted ha confirmado hoy.
Entonces usted dijo que era necesario evitar que el contencioso platanero fuera incluido en la agenda de Hong Kong. En mi opinión, se trata de un nuevo error, señora Comisaria. Bastó que un país como Honduras, del que se pueden decir muchas cosas buenas menos que sea un gigante todopoderoso, pidiera la inclusión del contencioso platanero en el orden del día de la Cumbre de Hong Kong para lograr lo que la Comisión quería evitar a toda costa.
Para su tranquilidad, señora Comisaria, debe saber que, en este tramo último de la negociación, con tantos contratiempos y malas noticias para nuestros intereses, no ha estado sola. La han acompañado algunos Gobiernos nacionales, como el de mi propio país, y el Gobierno de algunas regiones productoras de plátanos. Incluso ha contado usted con la comprensión de algún representante de los productores plataneros europeos, que parecen resignados a la espera de una solución, que usted ha mencionado en su intervención, a través de una fórmula mágica, como la que alcanzaron en los llamados «Acuerdos de Madeira», que, por ahora, es solo una música con la cadencia de un fado portugués, que ya sabe usted, señora Comisaria, es más un canto a la nostalgia y a la tristeza que a la esperanza.
Erika Mann,
   . – Señora Comisaria, quiero señalarle algunos aspectos. Ha mostrado usted lo decepcionada que está, lo cual no es sorprendente después de un segundo laudo arbitral negativo. No es ningún placer, pero después de consultar la página web puedo decirle que la historia de los plátanos es interminable; así que no debería estar demasiado decepcionada. Estoy segura de que esta cuestión nos acompañará durante muchos años e incluso si se resuelve esta, aparecerá otra. Esto parece ser inherente en el caso de los plátanos.
Quizá podría ser usted un poco más precisa y explicar el calendario de actuaciones. No queda mucho tiempo, pero me gustaría saber en qué calendario está usted pensando. En segundo lugar, ¿cuáles son las diferentes hipótesis que está usted barajando? Para la Comisión de Comercio Internacional sería más que significativo saber qué tiene usted en mente.
Por último, como ha dicho mi colega, me pregunto si esto no va a ensombrecer a Hong Kong. Desearía saber cómo tiene previsto conseguir que una situación que no es sencilla dado que el azúcar y otras cuestiones difíciles están en el orden del día parezca un poco más positiva. 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf,
   . Señor Presidente, señora Comisaria, este debate es la muestra de la importancia de los criterios sociales y ambientales en el argumento sobre el comercio internacional y de la importancia de que la Comisión introduzca estos criterios de calidad en sus negociaciones con la OMC. Lo mismo puede decirse, añadiría yo, del azúcar, que es un buen ejemplo, aunque en Europa –con la posible excepción de las zonas periféricas– apenas producimos plátanos. La situación es, así pues, mejor de lo que era en el momento de la desintegración de la Unión Soviética y de la unificación alemana. Cuando los países de Europa central y oriental entraron en la Unión Europea, los antiguos proveedores de Alemania occidental –los productores de plátanos dólar– pensaron que podrían proveer al resto de la UE. Pensaron que con esta organización común de mercados, a la que antes no tenían acceso, habría libre comercio en el sector de los plátanos y que podrían descargar sus plátanos dólar en todo el territorio de la UE y dejar que los demás se las apañaran solos.
Esta Cámara, en ese momento, debatió esta cuestión en profundidad. En aquellos días, la Comisión estaba de nuestro lado y sacamos adelante una organización de mercado adecuada, que en estos momentos se está convirtiendo en tema recurrente de debate. No es que los plátanos dólar hayan cedido cuota de mercado y que los estadounidenses hagan menos negocios; al contrario, su cuota ha aumentado enormemente.
No obstante, si no hubiéramos introducido estos criterios y si no hubiera cuotas, los países ACP, con sus llamados plátanos enanos, se habrían visto fuera de juego hace años y cientos de miles, casi millones, de productores de plátanos enanos habrían perdido su sustento. No están exactamente fuera de todo peligro, pero al menos, con este debate hemos logrado contribuir a su salvación.
Lo que me gustaría oír de usted, señora Comisaria –y también en este caso pienso en el azúcar–, es que este debate debería seguir adelante en la Unión Europea, y que, en lugar de proponer sencillamente la liberalización como una solución cuantitativa al tiempo que se desatienden las cuestiones políticas, sociales y ambientales, la Comisión, como defensora de estos criterios de calidad, debería hablar alto y claro y garantizar que las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales cuenten en las relaciones comerciales mundiales y que se tengan en cuenta. Esto se aplica particularmente en el caso de las cuotas. 
Erik Meijer
   ,. Señor Presidente, los plátanos no solo se producen en plantaciones dirigidas por grandes y poderosas empresas internacionales que emplean a un gran número de trabajadores mal pagados; cada vez son más los pequeños agricultores que también lo hacen. Desde la década de 1980, las cooperativas de pequeños agricultores en el mundo en desarrollo y las organizaciones no comerciales de importación en Europa han mantenido buenas relaciones de trabajo.
Más de la mitad de los plátanos consumidos en Suiza son importados según el principio del comercio justo. El factor fundamental no es el país de origen, sino el método de producción que protege al ser humano y al medio ambiente. A diferencia de Suiza, el éxito del comercio justo en la UE se ve obstaculizado por una tradición de cuotas y gravámenes. Esto hace difícil importar plátanos de países que no sean de África, el Caribe o el Océano Pacífico, o, para decirlo con otras palabras, de países que fueron colonias de los Estados miembros hasta hace medio siglo, a menos que se trate de licencias de importación detentadas por varias grandes empresas en Europa y Estados Unidos.
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿creará la Comisión, después de este arbitraje, un espacio de transición al modelo suizo o las restricciones al volumen solo serán reemplazadas por aranceles de importación más elevados, lo que significa que poco cambiará, si es que algo cambia? En ese caso, los países de América Latina considerarán que Europa está incumpliendo sus acuerdos. 
Derek Roland Clark,
   . ¡Ya estamos de nuevo! Otro sistema europeo de aranceles a la importación ha fracasado: recientemente el azúcar, ahora los plátanos, y todo en pro de la armonía paneuropea. Este sistema se ha visto dificultado desde los orígenes de los Estados miembros, muchos de los cuales tienen antiguas colonias que producen plátanos y a las que con razón desean ayudar. Aunque complejo, el sistema de tres tarifas ayudó, con la cuota C reservada a los países ACP, a exportar a la UE hasta 750 000 toneladas al año a un tipo cero. De ahí el problema: porque ahora países no comunitarios, especialmente latinoamericanos, quieren la paridad.
Propongo dos soluciones. Podemos pasar al sistema de arancel único, como se propuso para 2006. En octubre de 2004 se sugirió un arancel de 230 euros por tonelada, pero eso era insuficiente para los países ACP y demasiado para los países del dólar. Aunque se establezca un arancel común, desfavorecerá a los países ACP, provocando la pérdida de producción y el desempleo. Las Islas de Barlovento ya informan de que 24 000 pequeños productores han quedado reducidos a 7 000 debido a la presión de los países del dólar.
En muchos países ACP los plátanos crecen en terreno no apto para otros cultivos, por lo cual el desempleo crece enormemente. ¿Emigrarán estas personas, algunas a Europa, uniéndose a nuestros 20 millones de desempleados, o pasarán a cultivos como la cocaína, que crecerán en las antiguas plantaciones de plátanos?
Propongo una solución alternativa, basada en las repetidas declaraciones según las cuales estamos en una UE que mantiene la categoría de Estado miembro individual. El señor Barroso afirmó recientemente que se podría recortar la normativa. Combinemos ambas cosas: deshagámonos del régimen de importación de plátanos y dejemos que los Estados miembros individuales lleguen a sus propios acuerdos. A fin de cuentas, somos democracias adultas. Los países de la UE podrían comprar en el mercado abierto o apoyar a sus antiguas colonias tal como desean, sin repercusiones en el mercado mundial. El Reino Unido utilizó la preferencia de la Commonwealth hasta 1972 sin grandes problemas. Quizás suene un poco nostálgico, pero ¿por qué no? Se lo debemos a estas antiguas colonias. ¿Qué hay de malo en un poco de humanidad al intentar mantener el empleo en el Tercer Mundo? Mejor eso que las áridas tachaduras de los burócratas de Bruselas. 
María Esther Herranz García (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, el acuerdo del año 2001 con los Estados Unidos y los países latinoamericanos, al que se refería la señora Comisaria antes, y con el que pensábamos que se podía acabar la guerra del banano, trae ahora consigo el cambio radical del régimen de importación comunitario a partir de enero de 2006, cambio que el sector europeo tendrá que afrontar con un elevado grado de incertidumbre.
En 1993, la Unión decidió establecer un régimen de importación propio y una organización común de mercado para el plátano completamente diferente de la organización común de mercado que rige el resto del sector de las frutas y hortalizas. La Unión entonces le daba un trato especial al sector del plátano, casi de favor, cuya razón de ser se encuentra todavía más que justificada hoy en día, porque este fruto se cultiva únicamente en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
Esas regiones –les recuerdo– tienen, por sus características de insularidad y de lejanía, una consideración distinta, necesaria, sobre todo, si queremos seguir manteniendo su actividad agrícola. Ya que mi Gobierno, el Gobierno de España, no se lo recuerda, y tampoco parece hacerlo el Gobierno de Canarias, le diré que el plátano juega un papel económico y social de primer orden y el nuevo régimen de importación podría poner en riesgo la supervivencia de producciones comunitarias, si la Unión Europea no dispone en un futuro de fondos suficientes para compensar una fuerte bajada de precios como consecuencia del eventual establecimiento de un arancel en frontera demasiado reducido.
El fondo del problema, en definitiva, es un ajuste contable del que depende el futuro del sector del plátano en la Unión Europea. Cuanto menor sea el arancel, mayor tendrá que ser el esfuerzo financiero para compensar a los productores europeos. Pero ese esfuerzo tiene un tope máximo y ese tope máximo debería determinar el margen de flexibilidad de la Unión Europea a la hora de ceder a presiones internacionales en negociaciones también internacionales.
La Unión ya ha sacrificado una parte bastante importante de sus producciones agrícolas en aras de la apertura al comercio internacional, sacrificio que siempre repercute desafortunadamente en los mismos, en los productores, y beneficia a unos pocos, en muy pocos países terceros.
En el caso del plátano, además, las grandes multinacionales serían las beneficiadas, mientras que el productor local apenas sentiría el cambio.

Glenys Kinnock (PSE ).
   – Señora Comisaria, en primer lugar permítame decir que es lamentable que la Comisión haya optado por la senda del litigio en lugar de la negociación, que probablemente habría ofrecido una solución mucho más práctica y podría haber dado un resultado más satisfactorio.
La realidad como han dicho otros es que, por ejemplo en las Islas de Barlovento, los plátanos dan empleo a más de un tercio de la población activa y representan entre el 50 y 70 % de los ingresos de la exportación. Sería sumamente grave que ello se pusiera en peligro. Como ha sugerido usted, señora Comisaria, las preferencias para países como las Islas de Barlovento no perjudican a nadie y no pretenden dañar el comercio de los exportadores latinoamericanos ni el de otros exportadores.
El mejor enfoque sería encontrar maneras de posponer el arancel único y negociar y acordar una solución justa que permita que todos los proveedores sigan comerciando. Es evidente que el arbitraje ha sido un fracaso, pero la Comisión ha de intentar asegurar que el comercio pueda seguir hasta que usted, junto con los Comisarios de Desarrollo y Comercio, encuentre una manera viable de garantizar que se encuentren otras fuentes de ingresos para los agricultores pobres de las Islas de Barlovento, de modo que sigan teniendo un futuro.
Por último, me temo que los plátanos y el azúcar seguirán estando en el orden del día en Hong Kong en lo que respecta a los países ACP. 
Manuel Medina Ortega (PSE ). –
   Señor Presidente, agradezco la exposición de la Comisaria de Agricultura. Quería recordar que, en este momento, la producción de bananas dentro de la Unión Europea es una producción importante, que hay miles de familias de la Unión Europea residentes en las regiones ultraperiféricas que viven de eso y que, si desapareciera la producción platanera, abandonaríamos a su suerte algunas de las islas europeas, que, aunque estén muy alejadas, son tan europeas como lo es este sitio desde el que estoy hablando ahora.
En segundo lugar, creo que hay que tener en cuenta que los paneles de la Organización Mundial del Comercio no pueden elegir de forma arbitraria. Los principios de la Carta de la Organización Mundial del Comercio imponen la búsqueda de un arancel equivalente, y ese arancel equivalente no es arbitrario; tiene que darnos, al menos, el mismo nivel de protección que teníamos con anterioridad. No sé en qué medida la Comisión está considerando este elemento.
En tercer lugar, se nos echa el tiempo encima. El 1 de enero está a la vuelta de la esquina y mucho me temo que, por el procedimiento de que están utilizando los paneles de la Organización Mundial del Comercio, el primero de enero no tengamos ningún arancel. ¿Cabe considerar la posibilidad de que, al menos, durante un periodo transitorio se pueda mantener el régimen vigente? ¿Puede la Comisión hacer algún tipo de negociación con los países terceros para suspender o interrumpir la negociación, con objeto de llegar a una solución razonable?
Por último, voy a hacer una observación sobre los comentarios de mis colegas del Partido Popular español que me han precedido. Hasta el año pasado, el Partido Popular estaba en el Gobierno de España y hasta hace unos meses, antes de su expulsión por el Jefe del Gobierno, estaba en el Gobierno de Canarias. La pregunta que quería hacer es si hasta esas fechas el Partido Popular hizo algún tipo de aportación diferente de la que están haciendo los actuales Gobiernos de España y de Canarias. 
En todo caso, señora Comisaria, espero que defienda los intereses de estos cientos de miles de ciudadanos europeos que dependen de usted para poder mantener su nivel de vida.
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, cuando vuelvo la vista atrás veo que la cuestión de los plátanos siempre ha despertado emociones. En 1992 oí hablar realmente por primera vez de este debate, que dura ya tantos años. Aún no hemos cerrado esta cuestión.
Abordando algunas de las observaciones hechas hoy aquí, en primer lugar, cuando iniciamos las discusiones justo después de que ocupara mi cargo el pasado mes de noviembre, para mí era prioritario alcanzar una conclusión negociada sobre esta cuestión. Ahora bien, pronto se vio que ni siquiera en los países latinoamericanos existe una posición común, por lo que no era posible llegar a una conclusión negociada sobre esta cuestión en enero. Una y otra vez lo intentamos para ver si era posible. No entraré en detalles acerca de las diversas grandes empresas de los países latinoamericanos que tienen puntos de vista diametralmente opuestos sobre cómo ha de acabar esto, pero no creo a los que dicen que no se han explorado las posibilidades de negociación.
Es cierto que Honduras incluido los plátanos en el orden del día de la conferencia ministerial de Hong Kong. Solo puedo decir que haremos todo lo que podamos para garantizar que esta cuestión no trastorne excesivamente todo el proceso. A este fin contamos con que nuestro enfoque es razonable, con nuestra continua disposición a debatir con nuestros socios y con el apoyo de los países ACP.
Con respecto al azúcar, que también se ha mencionado, tengo intención de alcanzar un compromiso político en el Consejo en la reunión previa a la conferencia de Hong Kong, así que este no será un problema.
En lo que respecta al plazo y a las diferentes hipótesis, actualmente hay una propuesta en el Consejo de pasar a un sistema de arancel único y esta será la base de los futuros debates. En esta fase no puedo entrar en detalles, porque esta cuestión se tratará y negociará con el Consejo antes de que presente todas las cifras e ideas al Parlamento.
Por supuesto, nuestro objetivo es establecer un comercio justo en esta cuestión de los plátanos. El hecho es que al final son los consumidores quienes deciden lo que se venderá en los supermercados, así que los que tienen un gran interés en esta cuestión deberían aprovechar la oportunidad para alentar a los consumidores a optar. Como han dicho diversos oradores, es evidente que hemos de encontrar un equilibrio sobre esta cuestión tan delicada. A la hora de decidir sobre el régimen de importación de los plátanos es preciso tener en cuenta diversas consideraciones y, sobre todo, como he dicho antes, nuestra responsabilidad para con todas las diferentes partes interesadas.
Asimismo hemos de considerar los intereses de los productores comunitarios y la gestión de la organización común del mercado de los plátanos con miras a la reforma que esperamos acordar con el Consejo durante la segunda mitad de 2006. Solo puedo asegurar a quienes tienen interés en esta cuestión difícil y duradera que haremos todo lo que esté en nuestras manos por llegar a un resultado positivo para que el sistema de arancel único entre en vigor el 1 de enero de 2006.
El Presidente.
   Se cierra el debate.
El Presidente.
   El siguiente punto es la pregunta oral a la Comisión sobre los «Motivos de la escasa aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo», formulada por Ieke van den Burg y Othmar Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (O-0094/2005 - B6-0338/2005).
Ieke van den Burg (PSE ),
   . – Señor Presidente, quisiera decir algunas palabras sobre las razones por las que he formulado esta pregunta oral.
Como explicamos en el texto, muchos Estados miembros no han aplicado esta directiva. Hay discusiones en curso entre la Comisión, los servicios implicados y los representantes de los Estados miembros, así como en el contexto de CEIOPS. Sin embargo, el Parlamento como colegislador también debería exigir un papel en las interpretaciones si realmente hay problemas con la directiva. Por ello le pedimos que viniera a debatir con nosotros, señor Comisario.
Leyendo entre líneas, también observará usted nuestra preocupación por el hecho de que los Estados miembros no se estén tomando en serio la aplicación de la directiva. Asimismo le pedimos que se tome en serio la Directiva relativa a los fondos de pensiones porque es una cuestión independiente que tiene que ver con los mercados financieros y la política social, sobre todo cuando está en juego el respecto de las leyes nacionales, sociales y laborales y cuando prevalecen las reglas de los países anfitriones sobre el principio del país de origen. Estamos deseosos de que se nos implique más de cerca en el resultado de la aplicación y las posibles interpretaciones,
Hemos planteado dos cuestiones más: la implicación del CEIOPS y la situación en relación con las normas prudenciales, así como posibles normas cuantitativas adicionales añadidas por los Estados miembros, pero no entraré en detalles a este respecto.
Un punto muy importante para mí, no solo como portavoz del Grupo del PSE, sino también como delegada neerlandesa, es mi preocupación por los cambios en los planes de pensiones ocupacionales debido no solo a la evolución de los mercados financieros, sino también a los cambios legislativos: hay una tendencia a pasar de una prestación definida a sistemas de contribución definida.
Se trata de un cambio muy rápido en el Reino Unido e Irlanda, donde en particular los nuevos participantes en los planes no reciben un sistema de prestaciones definido. Esto no es posible en los Países Bajos, porque en la mayoría de los casos tenemos sistemas colectivos y sistemas obligatorios, y estamos muy apegados a ellos.
No estoy de acuerdo en que el paso de las prestaciones definidas a la contribución definida sea necesario, y menos aún deseable, porque la calidad de los planes de pensiones es una baza importante del modelo social europeo. El primer pilar en los Países Bajos resultaría incompleto e insuficiente sin un segundo pilar de tan alta calidad. También es importante que esta tradición dé los mejores resultados globales. Por ello, estas fronteras borrosas son también una preocupación que compartimos y queremos pedirle que nos aclare su interpretación de estos cambios y cómo seguirá debatiendo esta cuestión con nosotros. 
Othmar Karas (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ha mencionado la señora van den Burg, estamos preocupados, preocupados por la falta de seriedad con la que esta Directiva se ha transpuesto desde su aprobación hace dos años.
Esta Directiva presenta dos aspectos: uno tiene que ver con el mercado interior, que la Directiva refuerza para todos los proveedores de servicios en el ámbito de los fondos de pensiones, y el otro está relacionado con la seguridad social de los trabajadores, con más diálogo entre los empresarios y los trabajadores a la hora de crear los fondos de pensiones y en el curso de su desarrollo.
Al embarcar esta mañana en el avión, me entregaron una revista. El titular en la primera página manifestaba que, en el futuro, no habrá escapatoria de los fondos de pensiones. Señor Comisario, como ya habrá leído en el acuerdo de trabajo del nuevo Gobierno alemán, hay dos apartados sustanciales dedicados a garantizar el antiguo régimen de pensiones. Con el paso de los años desde la elaboración y aprobación de la Directiva, este tema no ha perdido importancia.
En la Unión Europa sigue sin haber suficiente capital riesgo; en los Estados Unidos, como todos sabemos, los fondos de pensiones son sus principales generadores. El mercado interior y el sector de los servicios financieros continúan ofreciendo potencial. Los fondos de pensiones –las empresas que operan en el ámbito de la previsión para la jubilación– todavía no disfrutan de un mercado interior único completo.
Mucho se está hablando en la actualidad del modelo de vida en Europa y del modelo social europeo. La previsión para la jubilación, que implica más mercado al mismo tiempo que la seguridad social, constituye una condición esencial para garantizar la movilidad y la flexibilidad de los trabajadores, así como para asegurar nuestros sistemas de pensiones y para garantizar una jubilación placentera en una sociedad en la que las personas viven cada vez más.
Lo que esta Directiva también aclara es que existe un desequilibrio de poderes y responsabilidades, un desequilibrio entre la competencia del mercado único y los sistemas de seguridad social. Esto es algo que la Directiva intenta rectificar, pero también es la razón por la que planteamos esta cuestión, ya que son los Estados miembros los que están facultados para transponer esta Directiva y para tener en cuenta los aspectos que hemos abordado, pero que no están establecidos en la legislación; ellos son los responsables de hacerlo.
De sus intervenciones y de los hechos sabemos que, a fecha de hoy, solo seis Estados miembros han notificado sus medidas de transposición; seis más lo han hecho en parte y que faltan 13 por hacerlo. La situación a fecha de 23 de septiembre de 2005 era que 13 Estados no habían hecho lo que se supone que tenían que hacer.
Por eso, señor Comisario, le preguntamos qué medidas propone emprender si, a finales de año, no todos los Estados miembros han transpuesto esta Directiva. ¿Por qué les resulta tan difícil hacerlo? A menos que me equivoque, se mantuvieron reuniones entre los Estados miembros y la Comisión en octubre de 2004 y en abril de 2005, en las que se hizo patente que las disposiciones relativas a la seguridad social y a la legislación laboral eran la principal fuente de la mayoría de los problemas. Tenemos que afrontar la tensión que existe entre estos dos aspectos; uno no debe ser la excusa para bloquear el otro, ya sea en relación con el mercado único o con las medidas de seguridad necesarias que hemos tratado en nuestra Directiva. Así pues, también le preguntamos cuáles son las conclusiones que usted extrae de todo esto, si cree que harán falta medidas adicionales y qué consecuencias tendrán las disparidades en la legislación fiscal sobre la transposición de esta Directiva. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, los Estados miembros que no hayan comunicado las medidas de aplicación a la Comisión, o que solo lo hayan hecho parcialmente, serán objeto de expedientes de infracción por falta de notificación conforme al artículo 226 del Tratado CE. Conviene subrayar que tales expedientes solo se refieren a la comunicación de medidas nacionales y no a la calidad de la aplicación. Una vez recibidas las notificaciones completas, la Comisión examinará las medidas de aplicación nacionales, que en una fase posterior podrían dar pie a expedientes de infracción por aplicación incorrecta de la directiva.
La directiva no confiere poderes de comitología a la Comisión. No se trata de una directiva «Lamfalussy». Por tanto, ni se dan mandatos al Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) ni la Comisión adoptará ninguna medida de aplicación. Dado que aún no hay experiencia práctica con la directiva, es demasiado pronto para pronunciarse sobre la necesidad de la comitología y, por tanto, sobre el papel que el CESSPJ puede desempeñar en ella.
Sin embargo, el CESSPJ tiene que desempeñar una importante función en el contexto del apartado 2 del artículo 21 de la directiva, y los supervisores tienen el deber de «colaborar estrechamente para facilitar la supervisión de las actividades de los fondos de pensiones de empleo». A este respecto, el Comité de Pensiones de Jubilación del CESSPJ está desarrollando actualmente un protocolo multilateral de cooperación como el que ya existe para los seguros. Ahora hay un borrador listo para una segunda consulta abierta con los sectores interesados. Se espera que sea aprobada en la reunión de los miembros del CESSPJ en febrero de 2006.
En los últimos dos años, la Comisión ha organizado dos encuentros con Estados miembros para ayudarles en la aplicación de la directiva. A tal fin, los debates se han centrado en aspectos señalados por los Estados miembros, la Comisión y otros interesados, que pueden ser fuentes de dificultades para la transposición y que podrían dar lugar a interpretaciones discordantes entre los Estados miembros. Basándose en dichos encuentros, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, aunque algunos artículos parezcan ser fuente de problemas, no lo son para todos los Estados miembros. De ahí la dificultad de definir cuáles son las disposiciones especialmente problemáticas. Esto no sorprende, pues las estructuras y acuerdos sobre pensiones de los Estados miembros difieren significativamente. No obstante, hay motivos para creer que la aplicación del artículo 20 –actividades transfronterizas– causa problemas a muchos Estados miembros. Pero es aún pronto para valorar si el origen de esos problemas reside en la formulación de la propuesta legislativa tal como ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo o si radica en las diferentes interpretaciones de los Estados miembros.
En 2006 se celebrará una primera reunión para discutir más a fondo los asuntos que han sido calificados de problemáticos y esenciales durante el examen de las medidas nacionales de aplicación. El análisis profundo de las medidas de transposición de la directiva en cada país aún no ha comenzado. En este momento, el trabajo se centra en la calidad de las notificaciones totales y parciales. Solo cuando la mayor parte de los Estados miembros hayan remitido su notificación podrá darse alguna indicación de si se han aprobado normas de inversión cuantitativa adicional y elementos susceptibles de entorpecer el buen funcionamiento de la directiva. Dado que la Comisión espera que un gran número de Estados miembros comunique su legislación a la Comisión antes de que acabe este año, tal indicación solo podrá darse a lo largo de 2006.
Algunos sistemas de pensiones de prestación definida aprovecharon el mercado alcista de los años noventa para reducir el nivel de las contribuciones e incluso para otorgar vacaciones contributivas en vez de potenciar sus reservas financieras. Cuando sucedió el inevitable bajón del mercado, se vio que algunas de esas reservas eran insuficientes. En respuesta a ello, las empresas patrocinadoras y las autoridades supervisoras de los Estados miembros recurrieron a distintas soluciones: incrementar las contribuciones, poner límite a las prestaciones, reducir el índice de los derechos por pensiones, modificación de las normas que rigen los sistemas de pensiones y cierre de los sistemas a nuevos partícipes.
Al margen de los remedios aplicados, todos los interesados se dieron cuenta de nuevo de que un fondo de pensiones implica un compromiso a largo plazo con los trabajadores y los pensionistas. Este reconocimiento se ha visto reforzado por otros acontecimientos, como la aplicación de las normas IAS 19 a las empresas patrocinadoras y de normas más estrictas para la evaluación supervisora de disposiciones técnicas. Las empresas patrocinadoras se han dado cuenta de la necesidad de mejorar el control de los gastos y de estabilizar los rendimientos para cumplir sus compromisos de pensiones.
Sin duda se está observando un cambio de los sistemas tradicionales de prestación final definida a sistemas cuyo coste puede controlarse más fácilmente. Pero es evidente que este cambio no ha sido exclusivamente hacia sistemas puros de contribución individual definida. También existen sistemas híbridos que combinan elementos de prestación definida y de contribución definida. Los motivos de todos estos cambios son un mejor control del gasto y una mayor estabilidad de los beneficios para la empresa patrocinadora.
Existe una tendencia a la indefinición del límite entre los tres pilares de las pensiones, no solo entre el segundo pilar laboral y el tercer pilar individual, sino también entre el segundo y el primer pilar legal. Esto no supone un problema en la medida en que la estructura de pilares es solo un sistema genérico de clasificación, y los sistemas en que se destinan activos a las personas se pueden encontrar en los tres pilares. No es así en todos los Estados miembros, pues las pensiones reflejan situaciones culturales e históricas concretas. Así, aunque persistan las diferencias básicas entre cada uno de los tres pilares, las soluciones adoptadas pueden ser equivalentes.
En los veinticinco Estados miembros se ha optado por diversas soluciones en cuanto a la existencia, la magnitud y la financiación de los sistemas públicos, los regímenes laborales y los mecanismos individuales. No hay una respuesta de ámbito comunitario para los retos de la sociedad que envejece. Las soluciones deben adaptarse a los distintos sistemas de pensiones de los Estados miembros. Por eso, la responsabilidad última recae en ellos.
La Comisión podría asistir a los Estados miembros asegurando que el marco reglamentario europeo de servicios financieros favorezca la aparición de respuestas de financiación de la jubilación que sean seguras y estén impulsadas por el mercado. Deben eliminarse los cuellos de botella para que los activos destinados a la jubilación puedan gestionarse con la mayor eficiencia posible, permitiendo a los europeos gozar de las máximas prestaciones y pensiones vitalicias. La directiva cumple este objetivo. En la segunda mitad del año que viene, la Comisión presentará un libro blanco sobre los OICVM, que también cumplen una función en las pensiones.
Otras iniciativas encaminadas a mejorar la situación europea en este terreno son, por ejemplo, la recientemente aprobada propuesta de directiva sobre la mejora de la transferibilidad de los derechos de pensión complementaria y los actuales casos de infracción en el trato fiscal equitativo de las contribuciones al seguro de pensiones. 
Harald Ettl,
   . Señor Presidente, señor Comisario, hemos asistido a una descripción increíblemente técnica de algo que no lleva a ninguna parte. La demora en la transposición de la Directiva sobre los fondos de pensiones de empleo no es solo decepcionante, sino también –o así lo creo yo– negligente.
Los fondos de pensiones de empleo están floreciendo en la Unión Europea y la presente Directiva ofrece a los Estados suficiente margen de maniobra para organizarlos debidamente. Las estadísticas sobre población están cambiando drásticamente y muchos Estados están abandonando progresivamente, por motivos ideológicos, los fondos de pensiones y de asistencia sanitaria con la idea de que sea el sector privado el que colme este vacío. Si queremos asegurar las pensiones en el futuro, habrá que fomentar y gestionar con vigor otras áreas de los fondos de pensiones con capacidad de creación de capital.
Si queremos que los sistemas de pensiones sean medios estables para garantizar una prestación adicional para los pensionistas, debemos reducir realmente los riesgos de los trabajadores, porque ya corren el riesgo de perder su empleo y, por tanto, no deben ver amenazadas sus propias contribuciones voluntarias y las contribuciones realizadas por las empresas para las que trabajan.. Este es el motivo por que el que debe trazarse una distinción clara entre las empresas y las instituciones de jubilación profesional, para que, por ejemplo, los derechos adquiridos no se pierdan en caso de quiebra de la empresa o de que el empleado cambie de trabajo voluntariamente.
Un mercado único para los fondos de pensiones organizado a escala europea proporcionaría más estabilidad a los trabajadores, y esto es precisamente lo que quieren. Junto a la desvinculación del riesgo de perder el puesto de trabajo del riesgo de las demandas de capital acumulado de los trabajadores en caso de quiebra de la empresa, deben existir unas normas mínimas para las instituciones de jubilación profesional con derechos claros de información tanto para las autoridades de supervisión como para los trabajadores.
Tanto los que tienen derecho a prestaciones como los que actualmente disfrutan de ellas deben tener derecho a recibir información sobre el modo en que se invierte el capital de su fondo o la situación del mercado de valores. Si es posible, los trabajadores deberían tener el derecho a ser consultados por sus empresas a la hora de elegir estas instituciones. Si se logran los objetivos mencionados en los considerandos 18 a 23, los trabajadores no solo estarán en una situación más segura, sino que también contaremos con la supervisión moderna del mercado de valores que la Comunidad necesita. Ahora, señor Comisario, es hora de tomar medidas, medidas a las que usted nos tiene acostumbrados. 
Sharon Margaret Bowles,
   . – Señor Presidente, todos estamos de acuerdo con el Comisario en que es sumamente importante incrementar la suscripción de planes de pensiones, sobre todo los voluntarios, ya sea en virtud de esta directiva o por cualquier otro medio. No obstante, las iniciativas para la suscripción de planes de pensiones, como bien ha dicho, siguen siendo competencia de los Estados miembros, ya que pueden estar asociados a los sistemas fiscales y de seguridad social. No propongo cambiarlo en absoluto. Pero es importante compartir las mejores prácticas. Por tanto, ¿podría la Comisión indicar si ya está supervisando incentivos o si tiene intención de hacerlo? ¿Puede prever un mecanismo mediante el cual se compartan e impulsen las mejores prácticas?
En el contexto de las disposiciones transfronterizas, que deseamos animar para lograr un mercado de pensiones mejor y más dinámico, es fundamental la confianza del público en todos los reguladores y en las garantías subyacentes, y no solo en las del propio Estado. También es importante, especialmente para los sistemas que afectan a los autónomos, que se entienda que la información aportada por los diferentes países debe ser comparable. El articulo 9 de la directiva exige a los Estados miembros que den cumplida información sobre los riesgos. El artículo 10 exige que las cuentas anuales ofrezcan una imagen fiel, justa y completa. Otros artículos prevén que los miembros tengan acceso a esas cuentas. Sin embargo, esto plantea la pregunta de qué constituye «cumplida información», y si se tendrán en cuenta las diferencias entre las prácticas predominantes en los Estados miembros, o al menos si se avisará a los inversores potenciales de las diferencias que puede haber entre áreas que no se comparan cosas de la misma categoría.
Y también es muy importante que la solución que se acuerde no derive en una multiplicación de las normativas, y que el CESSPJ lo tenga en cuenta en todos los protocolos futuros. 
Graham Booth,
   . – Señor Presidente, quizá el señor Comisario pueda explicar qué quiere decir con «tercer pilar». A mí me suena más bien desagradable.
¿No es el auténtico problema de la directiva sobre sistemas de pensiones de jubilación que no exista voluntad política para aplicarla? En Europa Occidental hay un grave problema demográfico al envejecer la población, con una tasa de natalidad que decrece continuamente en los principales países industriales de la UE. Hay una gran crisis del sistema de pensiones que los Gobiernos nacionales sencillamente no están abordando. En el caso de los sistemas de salario final, como ocurre con las pensiones públicas, lo que sucede es que los jóvenes pagan por los mayores: una generación mantiene a otra.
No solo la demografía va en contra de las viejas economías de Europa Occidental, sino también el llamado modelo social. El tan loado modelo social parece consistir en un 40 % de desempleo juvenil, dependencia de los subsidios y ruptura de la familia tradicional. Gracias a estos rasgos económicamente absurdos, y también a los Gobiernos nacionales, no podemos seguir confiando en el sistema de apoyo generacional.
De hecho, en el Reino Unido, políticamente es aún peor: hay más de 800 000 millones de libras esterlinas de pensiones públicas sin financiar, con una contratación desbocada en el sector público. Los fondos de pensiones en el sector privado tributan desde 1977, con lo que cada año se detraen 5 500 millones de libras de los ahorros de los ciudadanos de a pie, mientras los políticos gozan de pensiones privilegiadas a expensas de los apurados contribuyentes. Es verdad que si una empresa pública deja ahora de reflejar sus compromisos de pensiones en sus cuentas, su director se enfrentará a penas de prisión, pero los Ministros de Hacienda de los Gobiernos nacionales desprecian la ley diariamente.
En mi circunscripción hay una empresa llamada Ballast Nedam que ha abandonado, sin más, a sus pensionistas de la forma más ruin y ha establecido una nueva sociedad para eludir sus responsabilidades. Esto es totalmente contrario a la directiva, que no ha sido aplicada.
No importa cuántas ganas tengan los Gobiernos de armonizar las calefacciones de los coches, los limpiaparabrisas y las botellas de licor, sino cuándo necesitan ayuda las personas de carne y hueso, que es cuando se suele echar de menos a la Unión Europea. 
Katerina Batzeli (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar hay que aclarar el marco operativo y las ventajas de los fondos de pensiones. Estos son instituciones de mercado financiero y resulta impensable concebir que puedan llegar a adquirir tal magnitud que prácticamente puedan reemplazar a los sistemas de seguridad social.
Los sistemas de seguridad social tienen que seguir garantizando la cobertura general de los trabajadores y deben seguir siendo públicos; en otras palabras, si el fondo de seguros no puede cubrir las prestaciones y responsabilidades por jubilación, el Estado debe asumir sus responsabilidades financieras.
Por el contrario, si los fondos de pensiones de empleo no pueden asumir sus responsabilidades, no habrá intervención financiera ni garantía alguna por parte del Estado.
Sin embargo, apoyo firmemente el hecho de que estos fondos son útiles como entidades de crédito destinadas a garantizar las pensiones auxiliares, en la medida en que estas se acuerdan en el marco de los convenios colectivos.
Por supuesto, cabe resaltar que solo constituyen una renta vitalicia en el caso de los trabajadores, creando cierto grado de discriminación frente a los que no tienen un trabajo estable o los trabajadores a tiempo parcial.
También hay que destacar que estas entidades crediticias, estos fondos, solo tienen facilidades para la cooperación transfronteriza con países en la actual zona del euro.
Teniendo en cuenta estas características y el desarrollo de la aplicación de la legislación en los Estados miembros, es aconsejable que la Directiva se fomente en todos los Estados miembros, pero que sea más flexible.
Lo que queremos es integrar la Directiva en las legislaciones nacionales y, lo que es más importante, que sea aceptada por los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores.
En este sentido, no parece lógico utilizar medias para determinar el grado de cobertura de los trabajadores que estos fondos ofrecen o su capitalización y sus reservas acumuladas como porcentaje del PIB o por asegurado.
Por el contrario, se antoja especialmente importante hacer hincapié en los factores que han contribuido al desarrollo de la institución en determinados países, en los que la confianza de la mano de obra obtiene una media del 45 %.
Es necesario suprimir los parámetros que contribuyen a la considerable disparidad en la aplicación de esta directiva en los Estados miembros. 
El Presidente.
   Se cierra el debate.

