Bienvenida
El Presidente.
Señorías, antes de comenzar nuestro trabajo, quiero dar la bienvenida al anterior Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Söderman, quien presenciará la sesión de hoy desde la tribuna oficial.

Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias por el compromiso, la formalidad y la profesionalidad demostrada durante los años que desempeñó ese cargo. Estoy seguro de que el nuevo Defensor del Pueblo, el Sr. Diamandouros, a quien doy igualmente una calurosa bienvenida, seguirá su ejemplo.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0229/2003) de Lord Stockton, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 2002 [C5-0271/2003 - 2003/2068(INI)].
El Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Diamandouros, tiene la palabra.

Diamandouros
Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a esta Cámara por primera vez como Defensor del Pueblo Europeo y de presentar el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2002. El informe abarca la totalidad del último año del mandato del primer Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Söderman, que está presente hoy aquí y que se jubiló en marzo de 2003. Me gustaría rendir tributo a sus muchos logros en nombre de los ciudadanos europeos.
El principal logro del Sr. Söderman es el asentamiento de la institución del Defensor del Pueblo Europeo como una institución eficaz y conocida, que promueve la apertura, la responsabilidad y la buena administración. Entre sus importantes logros también se cuentan el código de buena conducta administrativa aprobado mediante una resolución de esta Cámara en 2001, un código de procedimiento para reclamaciones en virtud del procedimiento de infracción del artículo 226 adoptado por la Comisión el pasado año y la abolición de los límites de edad en el reclutamiento de personal para instituciones y órganos. Como observador en la convención que redactó el borrador de la Carta de los Derechos Fundamentales, el Sr. Söderman propuso con éxito que la Carta incluyera el derecho a la buena administración. En su calidad de observador de la Convención Europea, consiguió que el borrador de Constitución mencione debidamente al Defensor del Pueblo Europeo, establezca unos fundamentos jurídicos para una ley sobre buena administración e informe a los ciudadanos de su derecho a recurrir a los tribunales nacionales. También me aconsejó y me prestó un apoyo fundamental para el establecimiento de la institución del Defensor del Pueblo en Grecia. Intentaré estar a la altura de las expectativas generadas por sus logros y continuar su trabajo manteniendo y desarrollando aún más la capacidad de la institución para servir a todos los ciudadanos de la Unión con la mayor eficiencia y eficacia posibles.
El Informe anual de 2002 registra los progresos que se han realizado en la tramitación de las reclamaciones, en la promoción de la buena administración y en los esfuerzos para que los ciudadanos conozcan mejor la institución. En 2002 el número total de reclamaciones se incrementó hasta alcanzar las 2 211, siendo el primer año de la historia del Defensor del Pueblo Europeo en que la cifra total superaba las 2 000 reclamaciones. La proporción de reclamaciones enviadas a través del sitio web y por correo electrónico siguió aumentando. Aproximadamente la mitad de las reclamaciones recibidas en 2002 se enviaron mediante esos sistemas. Asimismo, se recibieron más de 3 700 solicitudes electrónicas de información, que fueron debidamente respondidas.
El Defensor del Pueblo Europeo inició más investigaciones en 2002 que en ningún otro año -un 8% más que en 2001, incluyendo dos investigaciones de oficio- y las resolvió con mayor eficacia. Me complace poder informarles de que, al final del año, todas las investigaciones con la excepción de cuatro se habían cerrado dentro del plazo previsto de un año. Mi compromiso es mantener y mejorar nuestro servicio a los ciudadanos utilizando los recursos con la mayor eficacia posible y, cuando sea necesario, intentando conseguir un nivel adicional de recursos realista.
El Defensor del Pueblo Europeo también precisa la cooperación de otras instituciones para responder a las reclamaciones de una forma rápida, completa y correcta. El Informe de 2002 contiene muchos ejemplos de casos en los que las instituciones y los órganos tomaron medidas inmediatas para solucionar el problema una vez presentada la reclamación o reaccionaron positivamente a las propuestas y recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo también trabajó mucho en 2002 para incrementar la concienciación pública sobre el derecho de los ciudadanos a presentar reclamaciones, y a hacerlo por vías que suponían una diferencia. Elaboramos una «Guía para los ciudadanos» publicada en 11 idiomas. Emitimos un comunicado de prensa cada 10 días en promedio y se llevaron a cabo numerosas presentaciones sobre el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo en seminarios y reuniones en los Estados miembros.
Como antiguo Defensor del Pueblo de mi país, puedo atestiguar que el Defensor del Pueblo Europeo está, sin duda alguna, entre las instituciones de Defensores del Pueblo más conocidas del mundo, y que probablemente es incluso la más conocida. Por ejemplo, más de 3.000 sitios web contienen un enlace activo con el sitio del Defensor del Pueblo Europeo.
A lo largo de 2002, el Defensor del Pueblo Europeo ha llevado a cabo también los preparativos esenciales para la próxima ampliación de la Unión y se ha convertido en una de las primeras instituciones de la UE que llega a los ciudadanos en los idiomas de los países candidatos, tanto por escrito como electrónicamente.
En estos momentos estamos intensificando los preparativos para gestionar la transición con el fin de tramitar las reclamaciones de los 25 Estados miembros con los menos contratiempos posibles. Los preparativos incluyen el reclutamiento de personal jurídico de los nuevos Estados miembros, así como la introducción de una base de datos mejorada para colaborar en la gestión de reclamaciones.
En los 10 países que pasarán a formar parte de la Unión el año que viene existen ya instituciones de Defensores del Pueblo, que están plenamente integradas en la red de cooperación entre el Defensor del Pueblo Europeo y los Defensores del Pueblo y organismos similares de los Estados miembros. La colaboración a través de la red se ha mejorado para todos los miembros, tanto los antiguos como los nuevos. Los recursos en línea de la red incluyen ya, por ejemplo, un servicio de noticias diario del Defensor del Pueblo llamado «Ombudsman Daily News» y un activo foro de Internet para el intercambio de información e ideas.
El objetivo fundamental de la institución del Defensor del Pueblo Europeo, tal y como yo la veo, es contribuir a reforzar la vida democrática de la Unión promoviendo el Estado de derecho, la buena administración y el respeto por los derechos humanos en los Estados miembros actuales y futuros de la Unión Europea.
Además de reaccionar ante las reclamaciones que se reciben, el Defensor del Pueblo Europeo también debe tomar la iniciativa en la promoción de los valores democráticos, en la capacitación de los ciudadanos y en la ampliación de su abanico de opciones.
Tomando como base lo que ya se ha conseguido y utilizando plenamente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, tengo la intención de trabajar en estrecho contacto con la red de Defensores del Pueblo nacionales y regionales para reforzar el papel de las vías extrajudiciales, incrementar la presencia institucional del Defensor del Pueblo Europeo y llegar a todos los ciudadanos de la Unión Europea, viejos y nuevos, para informarles de sus derechos de acuerdo con la normativa legal de la Unión y de la manera en que pueden ejercer y defender esos derechos. La resolución adoptada por esta Cámara ayer sobre el informe Gil-Robles/Tsatsos será de gran ayuda para esos esfuerzos, cosa que agradezco.
Que la Constitución incluyera también una referencia al sistema de recursos extrajudiciales sería un logro real y tangible para los ciudadanos, a quienes con demasiada frecuencia parece que se les deja al margen de la integración europea. Me comprometo a luchar incansablemente para conseguir ese objetivo.
Quisiera dar las gracias a Lord Stockton por su excelente informe y por las constructivas propuestas que contiene. También quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Peticiones, el Sr. Gemelli, los ánimos y el apoyo que la comisión ha dado y sigue dando al Defensor del Pueblo Europeo en su trabajo. Desde que tomé posesión, he sido testigo de la disposición de muchos órganos e instituciones europeos para colaborar con el Defensor del Pueblo Europeo. Quisiera mencionar sobre todo el positivo enfoque mostrado por el Presidente de esta Cámara, el Sr. Cox, y por la Comisaria responsable, la Sra. De Palacio.
Espero continuar esa estrecha colaboración con todas las instituciones y todos los órganos con el fin de mejorar la calidad de la administración de la Unión Europea y de llegar a los ciudadanos.
Por último, permítanme dar las gracias a todos los diputados de esta ilustre Cámara por su confianza y ofrecerles mi plena colaboración en el trabajo, con frecuencia no reconocido, que llevan a cabo para ayudar a los ciudadanos que tienen problemas.

Stockton (PPE-DE).
Señor Presidente, en Inglaterra hay un dicho que viene a decir: «¡mejóralo si puedes!». El Defensor del Pueblo Europeo ha abordado mi informe con tanto detalle como yo mismo podría haberlo hecho. Sin embargo, hay una o dos cosas que quisiera comentar. Es un gran placer ver al anterior Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Söderman, en la tribuna oficial. El Sr. Söderman me prestó una enorme ayuda en la elaboración de mi informe, al igual que su sucesor. Algunas de las recomendaciones que hago al final, en el subapartado «¿Hacia dónde vamos desde aquí?» se elaboraron destilando su sabiduría y quizás mi temple.
El anterior Defensor del Pueblo ha conseguido el notable logro de asentar esta institución en la conciencia y en el mapa de la administración. Me complace saber que, tras repetidas solicitudes tanto de la Comisión de Peticiones como de otros, la Comisión está sopesando seriamente la firma del Código de buena conducta administrativa. El Sr. Diamandouros ya me ha informado de que parece que se está ganando impulso y es posible que se consiga algo para 2005. Sin duda, ha estado fustigando a la Comisión con insistencia.
Sin embargo, hay uno o dos puntos más que me gustaría tratar. La función investigadora del Defensor del Pueblo Europeo, conjuntamente con el Parlamento, es muy importante. A menudo surgen cuestiones que no se derivan solo de una reclamación o, en algunos casos, de una petición a la Comisión de Peticiones, sino que son aspectos más generales los que deben examinarse. Me gustaría que se ampliaran las facultades del Defensor del Pueblo Europeo, así como la colaboración, no solo con la Comisión de Peticiones, sino también con otros ámbitos del Parlamento Europeo.
También resulta alentador que el Defensor del Pueblo Europeo haya iniciado el establecimiento de Defensores del Pueblo nacionales y regionales, y siga trabajando con ellos. Si no recuerdo mal, celebrará una conferencia durante los próximos años, en la que se tratarán conjuntamente diversos aspectos, con el fin de que los ciudadanos europeos dispongan de un enfoque más o menos común sobre los Defensores del Pueblo, ya sea a escala regional, nacional o europea. Le rogaría que, si es posible, al menos un miembro de la Comisión de Peticiones pueda asistir a esa conferencia, con el fin de que haya una continuidad, un enfoque sin fisuras. Todos sabemos con cuánta facilidad los asuntos que importan a ciudadanos concretos caen en el vacío existente entre departamentos, comisiones o direcciones. Una de las tareas que este Parlamento debe llevar a cabo conjuntamente con el Defensor del Pueblo Europeo es garantizar que esos vacíos sean tan pequeños como sea posible y que caiga en ellos el menor número de asuntos posible.
También ha sido importante para el desarrollo de la relación con los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. Quizás nos olvidamos de cuán familiares nos son, como ciudadanos, muchas de las instituciones y algunos de los mecanismos. Las cifras mencionadas por el Defensor del Pueblo Europeo demuestran que el ciudadano europeo conoce muy bien las instituciones. Sin embargo, eso no es siempre así en el caso de los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, quizás deberíamos concentrar nuestros recursos y nuestros esfuerzos en conseguir que su nivel de conciencia y comprensión alcance al del resto de los ciudadanos europeos.
Una vez más, quiero dar las gracias al Sr. Söderman. Siempre se ha mostrado cortés conmigo y, en más de una ocasión, me ha demostrado no solo un gran conocimiento de lo que hablaba, sino también quizás un sentido del humor algo atípico cuando se enfrentaba a los resultados. Quisiera recomendar a la Cámara que vote a favor de este informe y dar las gracias al actual Defensor del Pueblo Europeo por sus amables palabras.
El Presidente.
Ese comentario sobre el sentido de humor del Sr. Söderman es todo un cumplido viniendo de un inglés.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señor Defensor del Pueblo, Sr. Soderman, Señorías, este debate se sitúa en un momento clave, puesto que se refiere a un informe de actividades redactado y presentado por el anterior Defensor del Pueblo, puesto que el Sr. Diamandouros ha asumido sus funciones en el mes de abril de 2003.
La Comisión ya tuvo ocasión de reunirse con el nuevo Defensor del Pueblo a principios de abril y de felicitarle por su elección, así como de desearle la mejor cooperación y colaboración y los mejores éxitos en su trabajo. Entre otras cosas, porque su predecesor le ha dejado el listón muy alto. Cuando le dejan a uno el listón muy alto, eso reclama un esfuerzo suplementario, pero estoy segura de que el Sr. Diamandouros va a salir airoso de este reto.
En el anterior debate sobre las actividades del Defensor del Pueblo en 2001, la Comisión también tuvo la ocasión de felicitar al Sr. Soderman, esta vez por su papel de pionero en la instauración del sistema de mediación europea, y no dudo de que vamos a seguir adelante con esa capacidad, esa iniciativa y ese impulso con el Sr. Diamandouros.
Como su ponente, la Comisión no puede sino alegrarse de la instauración de las redes de Defensores del Pueblo nacionales y regionales, de las mejoras constatadas en el tratamiento rápido de las denuncias, del papel desempeñado en la Convención y de la preparación activa de la ampliación, que ha desarrollado el Defensor del Pueblo.
Respecto a la gestión de los expedientes de denuncia, la Comisión celebra la Decisión del Parlamento según la cual, en numerosos casos, las autoridades europeas adoptaron las medidas convenientes para encontrar una solución en cuanto se hubiera informado del problema en cuestión y, en otros casos, se obtuvo una solución de mutuo acuerdo.
La Comisión siempre se ha esforzado en cooperar al máximo con el Defensor del Pueblo en la gestión cotidiana de las denuncias individuales, en interés de los ciudadanos, que es la razón de nuestra presencia aquí. Es cierto, sin embargo, que, a veces, hay divergencias de opinión. Pero es lógico, y siempre hay una discusión abierta y constructiva.
Respecto al código de buena conducta administrativa, al cual se ha referido claramente el ponente, Lord Stockton -al cual agradezco su trabajo tan positivo-, la Comisión está trabajando en ello, pero hay que calcular bien los tiempos. El código de la Comisión, que corresponde globalmente y de manera esencial a lo que, en su momento, discutimos y hablamos con el Sr. Soderman, y que el Parlamento asumió, entró en vigor en noviembre de 2001. El primer informe de aplicación se redactó, y no ha pasado todavía tiempo suficiente para tener perfecta y acabada idea del funcionamiento del actual Reglamento y, por lo tanto, de sus posibles mejoras.
Además, hay una segunda cuestión. Si el segundo informe de aplicación está en preparación para el conjunto de las instituciones -informe que deberá permitir determinar una común orientación de todas ellas-, hay que recordar que en este momento estamos con una Conferencia Intergubernamental abierta. Si el texto adoptado por la Convención en este punto es asumido por la Conferencia Intergubernamental, podríamos tener un fundamento jurídico para lanzar la iniciativa de un código común a todas las instituciones, en un procedimiento de codecisión con participación plena de este Parlamento, mientras que para la situación actual -que les recuerdo se basa en el artículo 308 del Tratado- no hay nada más que un simple dictamen del Parlamento Europeo y, además, la unanimidad. En ese sentido, sería importante ver el resultado final de la Conferencia Intergubernamental antes de dar pasos definitivos en esta cuestión.
En cuanto al acceso a documentos en materia de procedimientos de infracción, no hay que perder de vista que el procedimiento de infracción es una herramienta esencial a disposición de la Comisión, cuyo objetivo es hacer respetar el Derecho comunitario. Es imprescindible que la Comisión pueda realizar sus investigaciones y dialogar con los Estados con absoluta autonomía. Es necesario dejarle todo el margen de maniobra necesario para el ejercicio de este poder. Por tanto, es una cuestión de equilibrio entre las exigencias de transparencia y la necesaria confidencialidad del diálogo entre la Comisión y los Estados miembros. Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal ha dado un marco jurídico a la materia, que no se puede ignorar. No obstante, para los procedimientos de infracción cerrados, la Comisión ha revisado su práctica y los documentos pueden ser accesibles, en principio, conforme al Reglamento (CE) nº 1049/2001.
Señorías, quiero reiterar mi agradecimiento al ponente, Lord Stockton, felicitarle públicamente, darle todos los ánimos y garantizar el apoyo desde la Comisión al nuevo Defensor del Pueblo, Sr. Diamandouros, como lo hicimos con su predecesor, pero no puedo concluir mi intervención sin decir algo que creo que es de justicia. El Sr. Diamandouros acaba de decir que la principal razón de ser de la institución del Defensor del Pueblo es ayudar a reforzar la vida democrática en la Unión, promoviendo el Estado de Derecho, la buena administración y el respeto de los derechos humanos.
En ese sentido, todos debemos agradecer al Sr. Soderman su actuación y su trabajo a lo largo de todos estos años, porque, al frente de la institución del Defensor del Pueblo, ha trabajado y ha conseguido esa mejora y ese reforzamiento del Estado de Derecho, la buena administración y el respeto de los derechos humanos en toda la Unión Europea e, incluso, en los nuevos países candidatos, que pronto serán también miembros de nuestra Unión.
Gemelli (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, quiero igualmente dar las gracias al Sr. Söderman por desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo Europeo cuando éste se instauró y por haberle dotado de un peso específico cada vez mayor.
Doy la bienvenida al nuevo Defensor del Pueblo, quien recibe esa valiosa herencia. Tal como ha comentado acertadamente la Sra. de Palacio, le va a resultar difícil superar el listón de su predecesor, de manera que tenemos que seguir mejorando la posición jurídica y cultural y, sobre todo, dar a conocer mejor la figura del Defensor del Pueblo a los ciudadanos.
He de decir que esto último ha quedado patente en la elección del nuevo Defensor del Pueblo, con el elevado número de candidatos que se han presentado al Parlamento Europeo. El Parlamento ha elegido al Sr. Diamandouros, el cual contará con todo nuestro apoyo en el proceso de desarrollo y consolidación del papel del Defensor del Pueblo. Tenemos que potenciar esta figura en los Estados miembros -en mi país, y en muchos otros, no existe la figura del defensor nacional del pueblo, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados- y en los países candidatos.
Estamos considerando también la posibilidad de dar nuestro apoyo a la iniciativa del foro, propuesta por el Defensor del Pueblo Europeo y mencionada por el ponente, Lord Stockton. Debemos establecer un foro a todos los niveles -local, regional y nacional- que se convierta en una excelente oportunidad para la comunicación y el intercambio de opiniones sobre el funcionamiento de la institución.
Me complace enormemente que el Defensor del Pueblo Europeo haya realizado otra propuesta, la de incluir entre sus responsabilidades la mejora del sistema de vías no judiciales de recurso, con el fin de cimentar las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Lo que debemos hacer ahora, tal y como volveré a explicar más adelante, puesto que intervengo hoy en tres ocasiones, es reforzar los organismos dedicados a la defensa y la protección de los derechos de los ciudadanos. Opino que el Sr. Diamandouros podrá llevar a cabo esta tarea. Ha dado muestras de buena voluntad y su experiencia previa como defensor nacional del pueblo le resultará muy útil. Por consiguiente, quiero expresarle nuestro agradecimiento y nuestro apoyo en el desempeño de su futuro cargo.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, le doy las gracias al Sr. Söderman por encontrarse hoy aquí entre nosotros y por la labor que ha realizado, así como por la felicidad que desprende allá donde va. Me alegra que Lord Stockton haya hecho también un comentario al respecto.
Hemos estudiado el informe anual correspondiente al año 2002. Se trata de un informe excelente basado en un trabajo sólido y serio. El tono es ligero, tal y como todos esperamos. No obstante, permítanme decir, con franqueza escandinava, que no cabe duda de que existen algunos problemas en las relaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Defensor del Pueblo. Uno de estos problemas es que la Comisión no ha contestado a varios de los informes que hemos redactado en respuesta a los informes especiales del Defensor del Pueblo. Existe una laguna respecto a la cual tenemos que hacer algo.
Otro problema que debemos solucionar una vez finalizada la Conferencia Intergubernamental es el hecho de que la propuesta de modificación de la Carta del Defensor del Pueblo ha quedado de algún modo estancada. Esta propuesta no ha avanzado, ni hemos obtenido las garantías necesarias con respecto al acceso del Defensor del Pueblo a todos los documentos. Es preciso que cobremos nuevas fuerzas cuando concluya la Conferencia Intergubernamental. Aunque es cierto que se menciona este cargo en el proyecto de Constitución, creo que muchos de nosotros habríamos querido una posición aún más importante para el Defensor del Pueblo como institución.
En cierto modo, resulta una ironía del destino que nos encontremos hoy debatiendo el informe del Defensor del Pueblo, cuya tarea es la de luchar contra una administración inadecuada, cuando en el resto de la Cámara circulan numerosos rumores sobre la mala administración y Eurostat. Por supuesto, no hay motivos para adoptar una postura legal respecto a Eurostat y lo que ha sucedido, pero cabe la posibilidad de preguntarse si las relaciones administrativas entre los distintos organismos supervisores europeos son las adecuadas. ¿Cómo es posible que el Tribunal de Cuentas no haya detectado errores en Eurostat? ¿Cómo es posible que el carácter de las comunicaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) al Secretario General de la Comisión sea tan secreto que ni los Comisarios las han llegado a recibir? El asunto Eurostat plantea numerosas cuestiones relacionadas con el flujo de información. Considero muy conveniente que el nuevo Defensor del Pueblo pueda investigar las relaciones entre los organismos supervisores y los auditores, para comprobar si cumplen los requisitos de una buena administración y una transparencia adecuada.
Respeto totalmente la independencia del Defensor del Pueblo pero creo, no obstante, que su Oficina debe tener presente esta idea cuando lleve a cabo su trabajo. Felicito al recién elegido Defensor del Pueblo por su trabajo. Sabemos que ya ha influido positivamente en nuestra administración.

Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a mi colega, Lord Stockton, por su informe, que cuenta con todo el apoyo de mi grupo. Cuando se habla sobre el futuro de Europa y la futura Constitución, se utiliza en ocasiones el símil de una balanza. Por un lado, la Unión debe ser democrática y abierta y, por otro, ha de ser eficiente y funcional. Es preciso que nosotros, desde el Parlamento, controlemos esta balanza y nos aseguremos de que no se incline en perjuicio del aperturismo. Felicito asimismo al primer Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Söderman, cuyo último informe se somete hoy a debate, y le doy las gracias una vez más, en nombre de mi grupo, por la labor que ha realizado durante muchos años. En ningún momento ha dejado de insistir en que la transparencia y la apertura son los medios más económicos para garantizar una buena administración y luchar contra el fraude. No entraré ahora a discutir la cuestión de Eurostat: acabaríamos yéndonos por las ramas.
Además, los informes anuales elaborados por el Defensor del Pueblo han demostrado que las reclamaciones de los ciudadanos por una mala administración pueden servir para introducir mejoras tangibles en el funcionamiento de las instituciones. En la mayoría de los casos, las instituciones han reaccionado de forma positiva ante los comentarios del Defensor del Pueblo y se han encontrado soluciones para las reclamaciones. Pero, en algunas ocasiones, la institución afectada se muestra reacia a modificar las prácticas y normas incorrectas. Siendo así las cosas, el Defensor puede dirigirse al Parlamento con un informe especial.
Actualmente nos enfrentamos a dos asuntos de este tipo. Es preciso establecer un Código de Buena Conducta Administrativa común para todas las instituciones. El Parlamento ha tomado una decisión al respecto basándose en el informe Perry. Aún sigo sin entender dónde está el problema, especialmente para la Comisión, que son precisamente los que deben dar un buen ejemplo en esto. ¿Por qué esperar a la Conferencia Intergubernamental cuando nosotros mismos podemos tomar la iniciativa?
El otro informe, cuya ponente ha sido mi colega, la Sra. Lambert, tiene que ver con la protección de datos y su aplicación con la intención de exigir confidencialidad en asuntos que, en realidad, deben ser de dominio público. Dos derechos fundamentales se contraponen en este punto: el derecho a la información, por un lado, y el derecho a la protección de los datos personales, por el otro. Quiero preguntar a la Comisión, a este respecto, cómo pretende resolver la cuestión y los problemas existentes entre nuestras instituciones.

Diamandouros
Señor Presidente, quisiera responder muy brevemente. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Comisaria, al Presidente de la Comisión de Peticiones y a los diputados a este Parlamento por sus comentarios, y sobre todo por sus cálidas palabras para Jacob Söderman y por la función que él construyó y nos legó.
Permítanme que diga muy rápidamente, en respuesta a Lord Stockton, que el Defensor del Pueblo Europeo siempre ha incluido en sus invitaciones a los diputados y que siempre ha mantenido una serie de reuniones con los Defensores del Pueblo nacionales. Tuvimos una reunión el pasado mes de abril en Atenas y tendremos otra reunión de Defensores del Pueblo nacionales en La Haya en 2005. Por lo tanto, se están celebrando reuniones con carácter bienal. 
A la reunión de Atenas fue invitado, y asistió, el Presidente de la Comisión de Peticiones, el Sr. Gemelli, que hizo una valiosa contribución. Tenemos la intención de seguir actuando así en el futuro. También estoy de acuerdo en que es esencial que las personas tengan la sensación de que se está haciendo algo para luchar por ellos y tenemos la intención de hacerlo y de seguir haciéndolo, como lo hemos hecho en el pasado.
En lo que respecta a los comentarios de la Sra. Comisaria, quisiera agradecerle sus amables palabras. Como Defensor del Pueblo Europeo, estoy plenamente dispuesto a trabajar estrechamente con la Comisión para intentar promover la adopción de lo que yo llamaría «un derecho administrativo europeo». Sé que eso va a llevar tiempo para que el resultado sea aplicable y la mejor práctica. Quisiera rogar a la Comisión que lo haga tan rápidamente como sea posible. Está claro que la CIG es importante, podemos empezar a hacer varios preparativos, con el fin de poder terminar esta tarea, que sería una tarea muy bienvenida. También cerraría el proceso completo de creación de un derecho administrativo uniforme lo antes posible.
Agradezco de nuevo al Sr. Gemelli sus comentarios, de los que me quedo con la necesidad de cooperación en todos los niveles. Desde luego, tengo la intención de trabajar con los niveles regionales y locales. Ya he visitado el país del Sr. Gemelli, me he reunido también con el Defensor del Pueblo y con las comisiones de peticiones originales de la República Federal de Alemania. También estuve en España la semana pasada. Por lo tanto, he visitado tres de los seis países en los que hay un gran número de Defensores del Pueblo regionales y locales, y pretendo seguir haciéndolo.
Asimismo, agradezco el firme apoyo dado por el Sr. Gemelli a la idea de que la CIG podría considerar recomendable incluir en la Parte III del borrador de Constitución un reconocimiento explícito de las vías extrajudiciales para complementar las vías judiciales que ya están reconocidas explícitamente, como es lógico, en ese documento.
Permítanme decir también, respecto a la importante cuestión abordada por la Sra. Thors -y quiero volver a darle las gracias por sus comentarios-, que estoy de acuerdo en que hay un vacío legal y que debe ser analizado. Espero poder trabajar con la Comisión de Peticiones para mejorar esto.
También es preciso volver a estudiar el Estatuto tras la CIG y me aseguraré de que se haga. Siempre estoy buscando campos en los que el Defensor del Pueblo Europeo pueda tomar iniciativas para defender los derechos de los ciudadanos. También deseo estudiar cuidadosamente este tipo de asunto; sobre todo, no deseo competir con el Parlamento en asuntos que son de su propia competencia política y sobre los que debe decidir.
Aparte de eso, estoy muy ilusionado por la posibilidad de trabajar con el Parlamento para tomar iniciativas destinadas a reforzar los derechos de los ciudadanos en toda la Unión.
Muchas gracias por estas sugerencias.
El Presidente.
Gracias, señor Söderman.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0239/2003) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2002-2003 [2003/2069(INI)].

Gemelli (PPE-DE)
. (IT) Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. González Álvarez, por todas sus aportaciones a la Comisión de Peticiones y por la gran comprensión demostrada al tratar con todos los diputados y conmigo personalmente, durante su trabajo en nuestra comisión. Ahora ha decidido aceptar el cargo de consejera en el gobierno autonómico de Asturias. La felicitamos por ese nombramiento y le deseamos mucho éxito en su labor, aunque estamos seguros que la desempeñará con su habitual sensibilidad.
Quiero también rendir homenaje a la Sra. de Palacio, y a la Comisión en general, por la normalización y regularización gradual de las relaciones entre los funcionarios de la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones. La participación de los miembros de esta última en los asuntos de la Comisión ha ido en aumento, y los funcionarios que trabajan en cuestiones planteadas por los ciudadanos han dejado de utilizar un lenguaje burocrático.
Eso es testimonio del desarrollo de la institución de peticiones, de la mayor concienciación de los ciudadanos a la hora de acercarse a este organismo para dar a conocer sus problemas; en otras palabras, de la mayor conciencia de ciudadanía europea y de una dimensión europea que va, poco a poco, calando en los ciudadanos.
Las estadísticas y los datos aportados por la Sra. González Álvarez indican que el número de peticiones, y el número de personas que las subscriben, se ha elevado de manera espectacular. El aumento del número de peticiones y de firmantes es prueba de las garantías cada vez mayores que ofrece esta Cámara y las instituciones europeas en lo que respecta a los problemas de los ciudadanos. El ciudadano se siente insignificante ante el carácter titánico de las instituciones y de la globalización. Opino que, sin duda alguna, debemos hacer realidad el derecho de petición y asegurar un uso adecuado de la institución del Defensor del Pueblo y de cualquier otro mecanismo que permita reforzar la posición de los ciudadanos ante las grandes empresas actuales y futuras.
También hemos llevado a cabo una misión en Italia -el país que ocupa actualmente la Presidencia del Consejo- con el propósito de fortalecer este organismo, especialmente en el marco del programa general de la Presidencia Europea. Nos reunimos con el ministro, el Sr. Buttiglione, los viceministros, el Sr. Caldoro y el Sr. Nucara, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el Sr. Fiori. Pero, lo que es aún más importante, nos entrevistamos con los cuatro presidentes de los organismos que, de algún modo, realizan la función del defensor nacional del pueblo: el Profesor Rasi para la privacidad, el Profesor Ranci para la energía, el Profesor Tesauro para la competencia y el Profesor Cheli para las comunicaciones. Les pedimos que se centraran en los problemas de los ciudadanos en sus respectivos ámbitos de competencia, en lugar de preocuparse por resolver los conflictos existentes entre compañías y entre instituciones. De hecho, con bastante frecuencia, estas instituciones se ven distraídas por la necesidad de solucionar conflictos entre poderes. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que resolver un asunto más relevante que el conflicto entre poderes: garantizar que estas instituciones sean auténticamente representativas de los ciudadanos. Para lo cual, tiene que haber un control continuo para vigilar que las instituciones cumplan con el mandato que les han conferido los ciudadanos. Y eso solo será posible si logramos reforzar el papel de estos organismos concebidos para proteger a los ciudadanos.
Muy brevemente, quiero añadir que la Comisión de Peticiones tiene que crear un sistema orgánico en el seno del Parlamento para procesos de consulta con otras Comisiones, y esto probablemente pueda conseguirse a través de un reglamento parlamentario interno. Además, debemos evitar los conflictos de competencias y limitarnos a trabajar y cooperar entre nosotros.
En lo que respecta a los informes de propia iniciativa, quiero decir sucintamente que quizá debamos enmendar el Reglamento también en ese ámbito. Es preciso que este tipo de informes decididos por la Conferencia de Presidentes lleguen realmente a las sesiones plenarias, una vez procesados en la comisión correspondiente con la designación de ponentes, la redacción del informe, etc., sin que puedan ser bloqueados por ningún órgano. En caso de que sea necesario establecer un filtro, creo que debería aplicarse desde el momento de plantear la propuesta de elaboración de un informe de este tipo.
El tercer y último punto tiene que ver con la reestructuración de la Comisión de Peticiones. No estoy a favor del nominalismo. Si la Comisión de Peticiones no va a seguir como hasta ahora, sino que se va a ocupar de otras tareas diferentes, es absolutamente necesario reestructurar su secretaría; de lo contrario, ese cambio no será posible. Si se conserva la secretaría actual, con la misma estructura, la Comisión de Peticiones no podrá asumir ninguna otra labor.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, la Comisión examinó con gran interés el informe de actividades de la Comisión de Peticiones para el año 2002/2003. Además del examen de las numerosas peticiones que se le transmitieron, su comisión tuvo que ocuparse de la elección del nuevo Defensor del Pueblo comunitario y pudo desempeñar sus funciones, organizando las audiencias de los candidatos, con rigor y con eficacia.
Por otra parte, se redactaron una serie de informes de iniciativa sobre cuestiones de principio, como los informes Perry y Kessler sobre el derecho de petición a las puertas del siglo XXI, el informe del Sr. Gemelli sobre el refuerzo del derecho de petición orientado a una revisión del Tratado de la CEE y el informe del Sr. De Rossa que llevaba la contribución de su comisión a la Convención.
La Comisión -quiero reiterar una vez más Señorías- es especialmente consciente de la importancia de las peticiones para medir las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos en Europa. Su Comisión de Peticiones es, desde este punto de vista, irremplazable, puesto que es el lugar ideal en el que pueden establecerse relaciones directas entre los ciudadanos y el Parlamento.
La ampliación la llevará, por otra parte, de una manera privilegiada, a medir los progresos de la integración europea. Entiendo por ello su deseo de reforzar la capacidad administrativa de su comisión con el fin de gestionar lo mejor posible la previsible afluencia de gran número de peticiones nuevas que vendrán de los ciudadanos de los Estados miembros. En ese sentido, no puedo sino reconocer y apoyar lo que acaba de decir el Sr. Gemelli.
La Comisión está dispuesta, por su parte, a mejorar sus propios procedimientos y, como lo declaró en varias ocasiones, está dispuesta a discutir con el Parlamento y el Consejo acerca de una posible modificación del intercambio de cartas de1989 sobre el tratamiento de peticiones. 
Quiero agradecer el informe que ha preparado la Sra. González Álvarez, que hoy no participa en el debate y a la que deseo suerte y el mayor acierto posible en sus nuevas responsabilidades. Quiero reconocer el papel que las nuevas peticiones juegan en la información de los servicios que tratan de la aplicación de Derecho comunitario y haremos todo lo posible para coordinar adecuadamente la acción de los servicios de la Comisión con la Comisión de Peticiones.
Quiero agradecer al Sr. Gemelli que haya reconocido que en estos últimos años ha habido una mejora clara en cuanto a la respuesta por parte de la Comisión en su conjunto y muy especialmente de los funcionarios de la misma. Lo agradezco en nombre de todos los funcionarios de la Comisión, que hacen una labor magnífica y a quienes transmitiré las palabras del Sr. Gemelli, porque creo que es de justicia. 
Me parecen apreciables los buenos vínculos de trabajo que hemos logrado tejer entre Comisión, Defensor del Pueblo y Comisión de Peticiones.
Señor Presidente, es necesario que el papel que desempeña la Comisión de Peticiones sea mejor conocido por los ciudadanos. En ese sentido, desde la Comisión seguiremos apoyando sus esfuerzo y espero que en el futuro podamos, como hoy, felicitarnos porque vamos dando pasos adelante, vamos avanzando y vamos consiguiendo lo que ha dicho el Sr. Gemelli: que el ciudadano en este mundo cada día más complejo, más globalizado, se vaya, no empequeñeciendo, sino, al contrario, vaya ganando en dignidad, en capacidad, creciendo como ser humano.
Descamps (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe González Álvarez, dedicado a las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el ejercicio parlamentario 2002-2003, no plantea un problema nuevo, pues se trata de hecho de hacer un balance de la actividad de esta comisión parlamentaria y reafirmar su papel. Las enmiendas que presenté en nombre del Grupo del PPE y que fueron aprobadas aportan sin embargo algunas mejoras de los métodos de trabajo, insistiendo especialmente en dar a conocer más ampliamente la labor de esta comisión. Hemos de concentrar también nuestros esfuerzos en una mayor rapidez de las respuestas a las peticiones. 
Como destaca el informe de la Sra. González Álvarez, la Comisión de Peticiones, por su naturaleza, es una especie de pasarela entre el Parlamento y los ciudadanos de Europa. Dada la proximidad que mantiene con los ciudadanos, adquiere una importancia creciente. A medida que se acerca la ampliación, debe continuar con su labor, que debe intensificarse y reforzarse. Además, la eficacia de la comisión debe ser irreprochable. 
Para conseguirlo, debemos hacer, ante todo, que la Comisión de Peticiones se dé a conocer mejor. En efecto, en el apartado 23, el Parlamento Europeo pide que, habida cuenta de la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea, se refuercen las medidas encaminadas a garantizar que los nuevos ciudadanos europeos conozcan la existencia del derecho de petición ante el Parlamento, la Comisión y el Defensor del Pueblo, en virtud de los artículos 21 y 194 del Tratado. 
Con esta perspectiva, es conveniente que nuestra comisión mejore su imagen entre los ciudadanos a la vista de los importantes desafíos a que se enfrenta la Unión. El principal objetivo de este informe, aparte de la constatación que hace, es pues ayudar a la Comisión de Peticiones a desarrollarse de forma satisfactoria y a cumplir concretamente su objetivo: ser el instrumento práctico que permite el ejercicio de la ciudadanía de una Europa ampliada y, de hecho, acercar Europa al ciudadano.
Thors (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, deseo igualmente expresar mi más sincero agradecimiento a la Sra. González Álvarez por su amistad y por el excelente trabajo que ha realizado. Ya la echamos de menos en el Parlamento. Asimismo, doy las gracias a la secretaría de la Comisión de Peticiones por la ardua y satisfactoria labor realizada. Con pocos recursos más, se ha hecho mucho más trabajo y hemos tenido un papel bastante destacado.
Opino que ha sido un año positivo. Desde nuestro último debate, el informe del Sr. Perry ha pasado a ser de actualidad. Hemos tenido el informe de Lord Stockton sobre el reverendo Owen y el informe de la Sra. Fourtou, que ha obtenido resultados en lo que respecta a los implantes mamarios de silicona. También someteremos a debate las cuestiones de la carne de animales silvestres y la esclerosis múltiple. Por desgracia, no conseguimos avanzar en lo que se refiere al plan hidrológico español.
Aún así, todos estamos de acuerdo en que, antes de la ampliación, tenemos que progresar en el ámbito de las peticiones, especialmente al comienzo del trabajo, y aprovechar la oferta de cooperación lanzada hace un año por el Defensor del Pueblo. Creo que esto es importante, sobre todo de cara a la ampliación.
Me preocupan los casos en que las reclamaciones elevadas a la Comisión, en virtud del artículo 226, y las peticiones dirigidas a la Comisión de Peticiones, tienen que ver con las mismas circunstancias. Debería existir un código de honor para que la Comisión pueda hacer públicas expresamente para la Comisión de Peticiones sus respuestas a las cuestiones.
Por último, quiero decir que nuestras peticiones funcionan como una especie de iniciativas de los ciudadanos que formarán parte de la nueva Constitución.

Aaltonen (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ha sido estupendo iniciar la jornada viendo cómo mis colegas tratan de superarse los unos a los otros prodigando sentidos elogios a mi compatriota, Jacob Söderman. Les deseo todo lo mejor a los que continuarán con ese trabajo.
Como miembro prácticamente nuevo de la Comisión de Peticiones, me ha resultado especialmente interesante la tarea de ponerme al corriente de su trabajo y familiarizarme con su informe anual. Precisamente ahora que se debate el futuro de la Comisión de Peticiones, sería estupendo contar con un informe que, una vez leído, nos hiciera darnos cuenta de que no se puede poner suficientemente de relieve la posición especial que ocupa esta Comisión de Peticiones en el conjunto de las comisiones.
Pero es importante que se promulgue una legislación apropiada a escala comunitaria, especialmente en ámbitos tales como la protección del medio ambiente, donde los problemas no conocen fronteras internacionales. ¿Pero cómo nos vamos a beneficiar nosotros o el medio ambiente si los Estados miembros aplican la legislación europea solo cuando no entra en conflicto con otros intereses? Aunque las autoridades nacionales y, en última instancia, los tribunales, tienen como principal obligación supervisar el cumplimiento de la legislación comunitaria, tiene que existir además una vía europea de recurso para los ciudadanos que no cumplan sus obligaciones. Puesto que un ciudadano común no se encuentra generalmente en posición de elevar un caso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste lo juzgue, las opciones que le quedan son básicamente la de plantear una reclamación a la Comisión o realizar una petición al Parlamento Europeo. Sin duda, la tarea de vigilar la aplicación de la legislación comunitaria en nombre de la Unión Europea corresponde principalmente a la Comisión. Pero tampoco aquí parece muy impaciente por interferir en los asuntos de los Estados miembros.
Las peticiones presentadas por nosotros, los finlandeses, o por los ciudadanos de los demás países nórdicos, no son muy numerosas. Un caso aislado, que amenaza la diversidad de la naturaleza en Finlandia, es el del Proyecto del Puerto de Vuosaari en Helsinki. Este proyecto se sometió a control comunitario tras pasar por todo el proceso de petición, un esfuerzo que las autoridades finlandesas han considerado inútil. Vuosaari es un ejemplo de un caso en el que la Comisión ha sido, por una u otra razón, incapaz de intervenir.
No obstante, al leer el informe de Laura González Álvarez, se puede afirmar que la Comisión de Peticiones ha demostrado ser un medio excelente para garantizar una democracia transparente y obtener unos resultados concretos.

El Presidente.
Desde luego Sra. Aaltonen, con el ejemplo que nos ha puesto, todos los puntos de vista son comprensibles. Si hubiera estado presente en la Cámara cuando se debatió un asunto «nacional» muy importante -la conocida situación de una empresa francesa- habría sabido que la Comisión no se ocupa de ese tipo de cuestiones. No obstante, es cierto que se dirigieron al Comisario Monti numerosas frases que generalmente no se escuchan en los debates parlamentarios. Digo esto para demostrar que, en algunas ocasiones y cuando se considera necesario, los problemas nacionales reciben una gran atención por parte de la Comisión Europea.

Perry, Roy (PPE-DE).
Señor Presidente, como sus Señorías saben, es costumbre felicitar en nuestros discursos al ponente de un informe. Lo hago con sumo gusto en este caso, pero, al igual que el Sr. Gemelli, el presidente de la comisión, quisiera ir más allá de lo convencional y hacer constar en acta mi reconocimiento por el trabajo realizado durante muchos años por la Sra. González en la Comisión de Peticiones. Ella y yo procedemos de puntos bastante distantes en el espectro político, pero en la Comisión de Peticiones todos sentimos que compartimos un interés común, con independencia de la nacionalidad o de la política, que es la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin duda alguna, la Sra. González ha sido una valiente luchadora por los ciudadanos españoles y sobre todo por el medio ambiente de su amado país.
Con frecuencia se acusa a la Unión Europea de tener un déficit democrático. En ocasiones, se trata de una crítica justa, en ocasiones quizás es exagerada, pero la Comisión de Peticiones es una vía muy real por la que los ciudadanos pueden hacer llegar sus reclamaciones a este Parlamento y conseguir que se aborden debida y plenamente.
A veces digo que en la Comisión de Peticiones «está toda la vida humana». Voy a poner unos ejemplos de mi propio país, el Reino Unido. Algunos pensionistas británicos se van a España cuando se jubilan -¡y quién va a culparles por eso!-, pero el Gobierno británico no quería darles la asignación de combustible para el invierno que han pagado durante toda su vida. No consiguieron esa asignación hasta que presentaron una petición ante este Parlamento. En estos momentos hay un ciudadano alemán viviendo en mi circunscripción que pensaba que tenía derecho a una pensión del Gobierno alemán, que se negaba a pagársela. Realizó una petición ante este Parlamento y el Gobierno alemán accedió a pagar. Asimismo, le abonaron retroactivamente la pensión desde 1995, una cantidad añadida a su pensión que desde luego es muy bienvenida.
Los servicios aduaneros británicos intentaron evitar que los ciudadanos del Reino Unido hicieran uso de su derecho de ir a Francia a comprar los buenos vinos por los que ese país tiene una merecida reputación. A raíz de varias peticiones, esas limitaciones se han suprimido y se ha dicho a Aduanas del Reino Unido que debe dejar de confiscar, no solo el vino, sino también los coches de ciudadanos británicos.
La presentación de peticiones es una forma de conseguir que se debatan en esta Cámara diversos asuntos. Más tarde debatiremos sobre las peticiones relativas a Lloyd's de Londres. También quiero felicitar al personal y a los funcionarios de la Comisión, por sus buenas respuestas a nuestras solicitudes.
Por desgracia, el Consejo no es tan agradable. Miro las sillas vacías que hay allí y veo que aparentemente al Consejo no le interesa ni el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo ni el trabajo de la Comisión de Peticiones. Es una vergüenza. No es culpa de la Presidencia italiana; es un problema permanente de todos los consejos.
Antes de ponernos a felicitar a diestro y siniestro, quisiera llamar su atención sobre el problema del código de buena conducta administrativa. He oído lo que ha dicho la Comisaria De Palacio. Estoy seguro de que tiene buenas intenciones, pero ya es hora de que tengamos un código de conducta administrativa que sea vinculante para las instituciones, no voluntario, y además uniforme para todas ellas. No creo que el año 2005 sea una fecha adecuada, ni mucho menos. Hemos esperado demasiado para tener este código y, si la Comisión lo adoptara, estoy seguro de que muchos de los problemas a los que se enfrentan las instituciones se resolverían.
Agradezco su trabajo a la Sra. González. Es posible que esta comisión no sea la mayor del Parlamento, pero en lo que respecta a la protección de los ciudadanos es la mejor.

Mathieu (EDD).
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Peticiones, a menudo honrada en los debates de nuestra Asamblea, a veces amenazada de desaparición, merece sin embargo toda nuestra atención.
Quisiera aprovechar, por tanto, este último balance para insistir en que esta comisión es el mejor revelador de una serie de dificultades encontradas por los ciudadanos, de sus preguntas, de sus expectativas y, por desgracia, también a veces de sus decepciones con respecto a la Unión Europea. La inmensa mayoría de las peticiones proceden de ciudadanos que creen en la construcción europea y en las esperanzas de que es portadora.
No les haré la afrenta de recordarles los múltiples objetivos inscritos en los Tratados actuales y en curso de elaboración. Este informe es muy bueno, porque trata de aportar respuestas prácticas y políticas. La Comisión de Peticiones y sus miembros demuestran un apego evidente a la democracia directa, y se la toman en serio, asumiendo la función de representación de los ciudadanos.
La Comisión de Peticiones, sus miembros y su secretaría dan ejemplo, hasta en sus esfuerzos constantes por mejorar su organización interna con el fin de servir a los peticionarios. Todo el mundo sabe aquí que ni yo ni mi Grupo tratamos con miramientos a la Comisión Europea ni damos muestras de indulgencia hacia ella, pero quisiera resaltar la calidad del trabajo realizado por sus funcionarios en el marco de la Comisión de Peticiones, para aportar respuestas concisas, sin énfasis ni grandilocuencia. Sería deseable que esas cualidades: humildad y responsabilidad, guiasen todos los trabajos del Colegio de Comisarios y de sus servicios.
Por supuesto, hay divergencias y discrepancias, pero, sin negarlas, la Comisión de Peticiones ha demostrado que es capaz de superarlas para encontrar verdaderas respuestas. Por ejemplo, con ocasión del examen del informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, la Comisión de Peticiones fue la que, por dos veces, pidió a la Comisión Europea, que busque soluciones políticas y, en particular, que considere muy seriamente la necesidad de formular propuestas de revisión de las normas comunitarias, que son objeto de los casos más numerosos de mala aplicación o de conflicto recurrente.
Permítanme encomendarles la propuesta que acabo de parafrasear. Es mucho más relevante para hacer progresar el Derecho que la multiplicación de diligencias jurídicas, que, cuando persiste la incomprensión, no conducen más que a una inflación estéril del contencioso. Los ciudadanos quieren ser escuchados en una Europa que respete la democracia y las diversidades que se expresan en ella y no ser víctimas de una Europa de los jueces y los procedimientos. La Comisión de Peticiones, al igual que los defensores del pueblo, son instrumentos que se infravaloran demasiado.
De Palacio
. (ES) Señor Presidente, en lo referente a un código aplicable al funcionamiento de las tres instituciones, la Comisión está totalmente de acuerdo, pero insisto en que conviene que esperemos a conocer el resultado de la Conferencia Intergubernamental, lo cual va a facilitar enormemente la discusión y la adopción de un código semejante por parte de las tres instituciones y, sobre todo, con la participación plena de este Parlamento. En la actualidad, y con la base del artículo 308 del Tratado, se encuentra únicamente con una capacidad de opinión y de informe, pero no con una capacidad de codecisión. Insisto en la necesidad de posponer momentáneamente esta cuestión, como he dicho hace un momento.
Paso a la siguiente cuestión. Quiero decir a la Sra. Thors -me parece que ha sido ella quien me lo ha planteado- que, desde la Comisión, estamos abiertos a una modificación del actual Acuerdo Interinstitucional. Más que acuerdo interinstitucional, habría que hablar de intercambio de cartas, que es lo que de verdad hay desde el año 1989, sobre el funcionamiento de las peticiones. Pero, le recuerdo a su Señoría que, en realidad, son los servicios del Parlamento los que tendrían que tomar la iniciativa de una revisión de este Acuerdo y que, por lo tanto, estamos esperando a que éstos nos hagan una propuesta, que vamos a estudiar con el máximo interés y con el espíritu constructivo que creo que hemos demostrado en los últimos tiempos y que ha sido reconocido por varias de sus Señorías en sus intervenciones, como es el caso de la Sra. Mathieu y el Sr. Gemelli, Presidente de la Comisión de Peticiones. Estoy completamente de acuerdo con lo que ambos han dicho, porque este tipo de instrumentos con los que cuenta el sistema democrático para permitir a los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos y reclamar en algunos casos, cuando aquéllos se ven dañados, sin necesidad de utilizar sistemáticamente la vía judicial, sino utilizando unos sistemas más sencillos, que pueden ser, en algunas ocasiones, más efectivos, me parece clave para garantizar una democracia activa y efectiva en Europa.
Agradezco a todas sus Señorías el trabajo que hacen.
El Presidente.
 Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0203/2003) del Sr. Perry , en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la petición admitida a trámite sobre las peticiones relativas a Lloyd's (peticiones 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 y 127/2002)
(2002/2208(INI)).
Perry, Roy (PPE-DE)
Señor Presidente, en 1997 una señora inglesa, que tiene tanto miedo que todavía tenemos que llamarla señora X, presentó una petición ante este Parlamento. Lo único que hizo fue preguntar si el Gobierno británico supervisaba debidamente a Lloyd's de Londres de conformidad con la Directiva sobre seguros de la UE, la Directiva 73/239. La misma pregunta o alegación se ha hecho posteriormente en otras peticiones, algunas firmadas por cientos de «names» y varias firmadas por miles.
Cuando fui nombrado ponente conocí a la señora X, quien me ha contado su historia. She recognised that by investing with Lloyd's and becoming a 'Name' - I should explain, for non-Anglophone listeners, that means a passive external investor whose affairs were managed by Lloyd's as approved agents - she recognised that she was exposing herself to unlimited liability. Pero me dijo que la única razón por la que asumió ese riesgo es que creía que Lloyd's se regía por las normas británicas y europeas.
Este mismo año, Sir Nigel Sheinwald, el Representante Permanente del Reino Unido ante la UE, envió una carta con un tono ciertamente enérgico al Sr. Gemelli, el Presidente de la Comisión de Peticiones, con la que pretendía bloquear el derecho de este Parlamento a abordar los hechos. Me complace que nuestros propios servicios jurídicos -que dicen que el Parlamento debe tener mucho cuidado ante los intentos de limitar nuestras facultades por parte de representantes de otras instituciones- han confirmado que no hay nada en las normas que pueda evitar que realicemos una investigación parlamentaria, mientras los términos de referencia sean distintos de cualquier cuestión que esté tramitándose ante los tribunales de un Estado miembro.
El Comisario Bolkestein va a hablar hoy aquí, pero lo que ha dicho a la Comisión de Peticiones, así como sus acciones, indican claramente que está preocupado por el régimen de Lloyd's. Ha enviado largos cuestionarios y ha recibido respuestas. Desgraciadamente, esas cartas y sus respuestas nunca se han hecho públicas ni se han puesto a disposición de la Comisión de Peticiones o del Parlamento.
La pregunta clave que hacen los peticionarios es la siguiente: ¿dispone Lloyd's de las reservas necesarias para cubrir su pasivo, tal y como exige la Directiva 73/239/CEE? Para responder a esa pregunta es preciso disponer de una cuenta auditada de las reservas y una estimación razonable del pasivo. Quizás el Comisario pueda darnos las cifras, sobre todo en lo que respecta al pasivo antiguo de Lloyd's que intentaron separar en el plan conocido como Equitas.
Los peticionarios no preguntan a este Parlamento sobre el régimen actual, que el Comisario considera que puede ser satisfactorio. Nos han preguntado por el período que va desde 1978, cuando la Directiva debía haber entrado en vigor, hasta 2000, cuando presentaron sus peticiones (en 1997, en el caso de la señora X). ¿Se aplicó la Directiva en ese período? Hasta ahora, la Comisión intenta no decir nada sobre ese período, un período en el que los activos de los peticionarios se embargaron y algunos se vieron abocados a la quiebra, en el que los titulares de pólizas estaban en una situación de riesgo si no había reservas y en el que otras empresas de seguros europeas tuvieron que cumplir lo dispuesto en la Directiva, un período en el que los tribunales ingleses dijeron, en varias sentencias, que Lloyd's no contaba con un sistema para constituir las reservas necesarias. En 2000 el juez Cresswell dijo que el catálogo de incumplimientos e incompetencias en los años ochenta por parte de aseguradores, agentes gestores, agentes de socios y otras personas es increíble, y una vergüenza para uno de los grandes mercados de la City.
No pido al Comisario que tome medidas contra el Gobierno británico por los incumplimientos de ese período. Su obligación es hacer que un Estado miembro cumpla la normativa. Solo le pido una respuesta autorizada; sí o no. Entre 1978 y 2000, ¿aplicó correctamente el Gobierno británico la Directiva 73/239/CEE de la UE sobre seguros? Respeto al Comisario, sé que es un hombre sincero. Espero que podamos conseguir una respuesta directa.
El Gobierno británico ha presionado mucho, pero ese no debe ser un argumento para permitir que un gran país se salga con la suya. Si la Comisión puede asegurarnos y explicarnos cómo respetaba el régimen la Directiva, esa es una respuesta que podemos dar a los peticionarios. Sin embargo, si la Comisión cree que, antes de la adopción de la Financial Services Act, el Gobierno británico no cumplía la Directiva, debe decirlo. Tenemos que saber la verdad de lo que ocurrió y por qué se arruinaron miles de personas.
Espero que la Comisión dé respuestas formales. No debería ser necesaria una comisión de investigación. Por eso he presentado una enmienda, para conceder a la Comisión seis semanas para dar una respuesta completa, autorizada y escrita a esta Cámara. Sin embargo, si esa respuesta no se produce, el Parlamento ha de reservarse su derecho a realizar una investigación completa sobre este lamentable caso.

Bolkestein
Señor Presidente, quiero darle las gracias por esta nueva invitación a dirigirme a la Cámara y a facilitarles el último informe sobre los progresos de las investigaciones de la Comisión sobre este complejo y muy sensible expediente.
Como sabrán muchas de sus Señorías, esta es en realidad la cuarta vez en que yo personalmente he tenido la oportunidad de debatir el caso con diputados al Parlamento Europeo y, más concretamente, con miembros de la Comisión de Peticiones. Además de mis propias comparecencias ante el Parlamento, hemos mantenido al Parlamento plenamente informado sobre la evolución de los acontecimientos mediante informes periódicos, complementados por presentaciones orales realizadas por mi personal en reuniones con la Comisión de Peticiones. Asimismo, he respondido a un gran volumen de correspondencia de algunos diputados sobre este tema. La Comisión ha intentado, de esta forma, mantener plenamente informado al Parlamento en la medida en que era posible teniendo en cuenta los procedimientos.
Dados estos amplios antecedentes, no tengo la intención de repasar los antecedentes de este caso. En lugar de eso, propondría centrarme en los acontecimientos ocurridos desde la última vez que me dirigí a este Parlamento, en la audiencia de la Comisión de Peticiones del 22 de enero de 2003.
Mediante carta del 24 de marzo de 2003, la Comisión recibió una exhaustiva respuesta de las autoridades del Reino Unido a la carta complementaria de notificación formal enviada por la Comisión el 23 de enero de 2003, en la que se expresaban algunas preocupaciones pendientes sobre el nuevo régimen regulador para Lloyd's establecido en virtud de la FSMA (Financial Services and Markets Act 2000). Tras analizar esa respuesta, así como otras aclaraciones orales y escritas facilitadas por las autoridades del Reino Unido, los servicios de la Comisión consideran que el nuevo sistema normativo es compatible con los requisitos de la Directiva 73/239/CEE, es decir, la Primera Directiva sobre seguros distintos del segundo de vida, modificada. Estos requisitos estaban relacionados fundamentalmente con la verificación de la solvencia, los sistemas de auditoría, la suficiencia de los procedimientos administrativos y contables y los mecanismos de control internos.
Con el fin de respetar los derechos procedimentales de los demandantes, en la segunda quincena de julio mis servicios escribieron a todos los demandantes, así como a los peticionarios que no habían presentado una reclamación formal, explicándoles los resultados de este análisis preliminar e indicándoles la intención de los servicios de proponer el cierre del caso a la Comisión. Mis servicios están terminando ahora su análisis de las respuestas recibidas de los demandantes antes de elaborar una propuesta de decisión definitiva sobre el caso por parte del Colegio de Comisarios. De acuerdo con el deseo del Parlamento, intentaremos tomar esa decisión tan pronto como sea posible, antes del final del mes de octubre del 2003.
La mayoría de los comentarios recibidos hacen referencia a la situación anterior, antes de la introducción de la FSMA 2000. Como ya he explicado a este Parlamento y a los demandantes, el objetivo de los procedimientos de infracción del derecho comunitario es garantizar o restaurar la compatibilidad del derecho nacional con el comunitario, no decidir sobre la compatibilidad o incompatibilidad del régimen anterior. Eso -y se lo digo especialmente al Sr. Perry- deben resolverlo los tribunales nacionales. Desde el principio de nuestras investigaciones sobre este complejo y sensible expediente, hemos dejado claro a los demandantes en repetidas ocasiones que cualquier demanda por daños y perjuicios debería presentarse ante los tribunales nacionales. De hecho, creo que actualmente un grupo de demandantes ha presentado una demanda de ese tipo ante los tribunales del Reino Unido.
Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia, la tarea de la Comisión es analizar la compatibilidad del nuevo régimen con los requisitos de las Directivas sobre seguros.
Durante nuestras investigaciones, el acceso al expediente ha sido un tema que ha suscitado intensos debates. Espero que sus Señorías reconozcan, tal y como he dicho en mis comentarios iniciales, que, durante el curso de sus investigaciones, la Comisión siempre ha intentado mantener plenamente informado al Parlamento en la medida de lo posible.
Como reconoce el informe de la Comisión de Peticiones, la Comisión está obligada por el punto 1.5 del Anexo III al Acuerdo Marco entre el Parlamento y la Comisión, que estipula que la información sobre procedimientos de infracción sigue siendo confidencial hasta que la Comisión haya tomado su decisión definitiva.
Sin duda, tras la decisión definitiva, la Comisión pondrá los documentos a disposición del Parlamento, sin perjuicio de las demás obligaciones de confidencialidad.
Suponiendo que la decisión del Colegio de Comisarios sea cerrar el caso, la Comisión facilitará, en respuesta a una petición formal del Parlamento, el acceso al expediente de conformidad con el Acuerdo Marco sin perjuicio del respeto de cualquier requisito de confidencialidad impuesto por el Reino Unido sobre los documentos que ha elaborado. Asimismo, el acceso del público en general al expediente se permitirá de acuerdo con los términos del Reglamento (CE) 1049/2001. 
Por último, me gustaría mencionar brevemente una cuestión que, en vista de los amplios contactos que he mantenido con el Parlamento, esperaba que no hubiera sido necesaria. Hay personas que dicen que, en el curso de sus investigaciones, la Comisión se ha expuesto a acusaciones de mala administración y demoras innecesarias. Lo diré claramente: a pesar de la complejidad y sensibilidad del caso y del considerable volumen de correspondencia recibida, la Comisión siempre ha intentado llevar a cabo sus investigaciones tan rápidamente como era posible realizando una investigación exhaustiva y siguiendo el proceso necesario, a pesar de estar sujeta a verdaderas limitaciones en cuanto a los recursos. La petición 318/2000 ocupa siete archivadores de palanca en formato A4. La Comisión ha examinado atentamente las reclamaciones y ha mantenido comunicaciones sustanciales y constantes con los demandantes. Se hicieron públicas dos notas de prensa, que también se enviaron a todos los demandantes y peticionarios.
Asimismo, como acabo de decir, de conformidad con las salvaguardas procedimentales que corresponden a los demandantes, los servicios de la Comisión han escrito a todos ellos informándoles de los resultados del análisis previo de la Comisión y solicitándoles sus opiniones. Por último, el Sr. Diamandouros, el Defensor del Pueblo Europeo, ha examinado recientemente una acusación de mala administración contra la Comisión, y la ha rechazado. En concreto, quisiera recordar respetuosamente al Parlamento que el Sr. Diamandouros estudió concretamente las acusaciones de mala administración de la Comisión en relación con el acceso a los expedientes y el examen del actual régimen regulador, y no el anterior, el régimen anterior a la FSMA. En ambos casos, el Sr. Diamandouros decidió que no se había producido una mala administración.
He hablado algo más de lo que hubiera querido, pero, dada la importancia del caso y las trágicas historias que lo rodean, quería ser perfectamente claro en mi declaración ante este Parlamento.
Para terminar, permítame volver a garantizarle, señor Presidente, que la Comisión está dispuesta a cooperar plenamente con el Parlamento. Pero esta cooperación debe encuadrarse siempre dentro de los límites legales que le vienen impuestos a la Comisión. Como en ocasiones anteriores, estaré encantado de intentar responder a cualquier otra pregunta que tengan.

Gemelli (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Bolkestein, para quien no tengo ninguna pregunta.
Solo quiero volver sobre nuestros pasos en este debate hasta el momento en que, hablando de peticiones y de las titánicas empresas resultantes de la globalización, he realizado una analogía: el ciudadano y el gigante. Existe una enorme discrepancia entre el ciudadano y el gigante. El Parlamento debe plantearse qué es lo que puede hacer para proteger los derechos de los ciudadanos.
Se trata de una situación - tal y como ha dejado muy claro el Sr. Perry al mencionar un caso concreto - que afecta a numerosos ciudadanos que se han arruinado. Este asunto ha motivado un gran número de demandas ante los tribunales en los Estados Unidos y algunas también en Europa, sobre todo en el Reino Unido. ¿Cómo es posible que no hallemos la solución para esta situación ni sepamos cómo se desarrollará? ¿Por qué no podemos preguntar al Parlamento, por qué no podemos preguntarnos a nosotros mismos lo que debemos hacer para resolver esta situación?
Lloyd's of London es una gran institución que aún disfruta de credibilidad mundial. Pero no cabe duda de que en algún momento sucedió algo, se produjo algún error, porque de lo contrario no se habría producido esta proliferación de casos denunciados por los ciudadanos. Ahora hay algunos que exigen la creación de una comisión de investigación y otros que se oponen a esta idea. Pero no se trata de un problema que tenga que resolverse en los tribunales, especialmente porque no deseamos iniciar procedimientos judiciales, ya que no estamos cualificados para ello, y porque no queremos que haya partes enfrentadas en este tema. Todo lo que pretendemos es dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, porque ese es nuestro mandato: un mandato de representación que hemos de cumplir plenamente actuando en nombre de los ciudadanos y de las instituciones como Lloyd's of London. No tengo intención, por tanto, de perseguir a nadie.
Más bien quiero comprender por qué existe esta situación. Si la respuesta de la Comisión, cuando llegue, no es exhaustiva, solo una investigación llevada a cabo sin presiones podrá revelar el quid de la cuestión, el vacío, el agujero a través del cual este gran error, que ha causado tanto daño, se ha logrado escapar.

Cashman (PSE).
Señor Presidente, es muy fácil reaccionar ante las emociones, pero esta Cámara no debería reaccionar ante las emociones, sino ante los hechos. Por este motivo voy a votar en contra del informe. Creo que es muy selectivo y profundamente defectuoso. No hace una valoración equilibrada. Las citas utilizadas en el informe son muy selectivas y están sacadas de contexto y, por lo tanto, no resumen fielmente la situación jurídica.
Hay errores de hecho, por ejemplo en relación con el sistema contable de Lloyd's. Las cuentas cerradas no vuelven a la vida, como se sugiere en el informe, sino que, como ocurre con todos los seguros, se hacen reclamaciones contra una póliza una vez que ha vencido. El informe afirma que las Directivas no se han aplicado. Esa es una opinión, no un hecho probado. Asimismo, el informe no detalla los importantes esfuerzos realizados por Lloyd's para reducir las pérdidas de los Names. Pero también hubo problemas dentro de la Comisión de peticiones. Señalé en repetidas ocasiones que la forma en que el Sr. Perry estaba intentando crear una comisión de investigación no era la correcta, era contraria al Reglamento y también a los Tratados.
Sir Nigel Sheinwald no intentó bloquear una investigación, sino que indicó, con bastante razón, que cualquier investigación debía cumplir lo dispuesto en el Reglamento y también en nuestros Tratados. Permítanme citar la parte relevante de su carta. Cree que «no permiten que se constituya una comisión de investigación cuando los hechos alegados están siendo examinados ante un tribunal y mientras el caso siga estando sujeto a procedimientos judiciales». Como ha dicho el Comisario, en estos momentos hay un caso ante el Tribunal de Apelación del Reino Unido y por lo tanto debemos tener mucho cuidado y consideración antes de crear una comisión de investigación. También en este caso el Sr. Perry ha utilizado comentarios y citas del caso Jaffrey en el Tribunal de Apelación de forma selectiva.
Podría seguir indefinidamente, pero permítanme tranquilizar al Sr. Perry. El Grupo del PSE va a votar a favor de sus enmiendas. Creo que esas enmiendas solucionarán algunos de los problemas con los que hemos estado enfrentándonos. Por supuesto, estoy satisfecho de que, atendiendo a mi sugerencia, los servicios del Parlamento hayan solicitado otros cambios y, en concreto, la supresión de la insistencia del Sr. Perry en que el apartado 5 de su exposición de motivos se incorporara a la resolución.
Estos son solo algunos ejemplos concretos de los cambios que han debido hacerse en un informe que contiene muchos errores. Termino con este tema. Si en este Parlamento creamos ante los ciudadanos y los peticionarios expectativas que no podemos cumplir, lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. Todo el proceso seguido por el Sr. Perry ha sido sincero, pero creo que está creando expectativas que no podemos cumplir. Exige documentos que sabe que no se le pueden entregar. Soy el autor del Reglamento 1049/2001. El Sr. Perry exige a la Comisión una investigación que sabe que la Comisión no puede llevar a cabo.
Por último, el Grupo del PSE va a apoyar esto, pero debo decir al Parlamento con toda sinceridad, con la mano en el corazón, que no puedo apoyar este informe y, por lo tanto, no voy a votar a favor del mismo.

Wallis (ELDR).
Señor Presidente, al igual que muchos diputados británicos de esta Cámara, he recibido un gran número de cartas personales de personas de mi circunscripción que son peticionarios en este caso. Agradezco el tenaz trabajo del Sr. Perry en nombre de esos peticionarios, y confirmo que mi Grupo votará a favor del informe.
Sin embargo, hay una cuestión más amplia en juego, que afecta al buen funcionamiento del derecho comunitario. Durante los dos últimos años, he sido ponente de los informes sobre la aplicación y el seguimiento del derecho comunitario. Como Parlamento, luego solicitamos a la Comisión que mejore sus procedimientos de infracción y su trato con los demandantes, pidiendo especialmente que la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros esté disponible.
Ese es el aspecto que debería, y puede, investigar cualquier comisión de investigación: el desempeño, por parte de la Comisión, de su obligación de supervisión de la aplicación del derecho comunitario. Eso no tiene por qué tener algo que ver con los actuales procedimientos en el Tribunal Superior inglés. Se trata de conseguir una respuesta para nuestros ciudadanos.
Cualquier comisión de investigación debería abordar esta cuestión central sobre la eficacia de los procedimientos de infracción. Es preciso decir que esta historia data ya de 1997. Con el mayor respeto por el Comisario -y respeto al máximo su trabajo- decir que ahora todo está en orden no es enteramente satisfactorio. Si la Comisión no puede llevar a cabo su función de guardiana de los Tratados, estamos ante un problema muy grave y todo el marco jurídico de la Unión puede quedar desacreditado y en entredicho. Tenemos que dar respuestas a nuestros ciudadanos.

Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, mi grupo apoya el informe del Sr. Perry. Los Tratados de la Unión Europea reconocen que puede resultar necesario someter determinadas cuestiones comunitarias al control parlamentario. Con esta postura, no se pretende poner en duda el trabajo de la Comisión en lo que respecta a la vigilancia de la correcta aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. Pero, en ocasiones, la Comisión prefiere no molestar a los gobiernos de algunos de esos Estados.
Lo que me preocupa es que a veces tengo la misma sensación con respecto a nuestro propio Parlamento, por ejemplo, en el caso del Prestige. ¿Por qué debemos renunciar a nuestro derecho de denunciar la aplicación incorrecta de la legislación comunitaria por parte de las autoridades y los gobiernos de los Estados miembros?
La lectura del informe sobre las peticiones relativas a Lloyd's me ha dejado, en primer lugar, con la impresión de que algunos asuntos tienen que aclararse más. En segundo lugar, creo que ni el Gobierno del Reino Unido ni la Comisión Europea desean analizar más a fondo este tema, a pesar de su propuesta. Tenemos curiosidad. En tercer lugar, parece que algunos diputados tienen más interés en proteger a sus propios gobiernos que en adoptar una actitud responsable hacia los ciudadanos y demostrar que la ley es la misma para todos.

Collins (UEN).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias sinceramente a nuestro ponente, el Sr. Perry, por su informe sobre las peticiones acerca de Lloyd's que datan de 1997. Los problemas, que tuvieron su origen en pérdidas de miles de millones de euros en los años ochenta y noventa, muchas relacionadas con el amianto, solo pueden solucionarse satisfactoriamente mediante la creación de una comisión de investigación. Este problema no va a desaparecer por sí solo. Es obvio que hace tiempo que deberíamos tener una solución y que la cuestión de las compensaciones no puede dejarse de lado. En el centro del asunto está la falta de aplicación correcta de la Primera Directiva de seguros no de vida de 1973 y las posteriores directivas relevantes.
Muchos inversores quebraron, algunos se suicidaron y tenemos que saber por qué, quién incumplió las normas y por qué se produjo una demora en la aplicación del derecho de la Unión Europea. Los peticionarios y demandantes invirtieron en lo que pensaron era un mercado debidamente regulado de conformidad con la legislación británica y europea. ¿Habrían invertido si hubieran conocido el pasivo oculto? Debemos tomarnos en serio las alegaciones de que no se realizó una auditoría de las empresas. Si se hubiera hecho, se podría haber descubierto el alcance de las posibles pérdidas. Se podrían haber evitado las enormes pérdidas y el innecesario sufrimiento humano.
Los peticionarios en el caso de Lloyd's no solo proceden del Reino Unido: también los hay de mi país, Irlanda, y también de Dinamarca y Alemania, por no hablar de los inversores que presentaron denuncias ante los tribunales de los Estados Unidos. Todavía no hay una solución del problema a escala comunitaria, todavía la Comisión prefiere ver los toros desde la barrera y hablar sobre la complejidad del problema. Sea o no complejo, los peticionarios tienen derecho a saber por qué no se han aplicado correctamente las normas comunitarias para la regulación de Lloyd's. Es preciso realizar una investigación exhaustiva para responder a todas esas preguntas; después de todo, estamos tratando con inversores que, si se produce una catástrofe, tienen que pagar y pagar hasta el punto de que pueden llegar a perder sus negocios y sus hogares.

Stockton (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario por su cuidadoso, preciso y detallado análisis de este caso. Aunque ahora estoy razonablemente satisfecho con el resultado del informe del Sr. Perry, debo, en aras del equilibrio, hacer algunos comentarios.
La exposición de motivos del Sr. Perry no relata de forma justa y equilibrada las circunstancias que rodearon a las pérdidas de las suscripciones de miembros de Lloyd's en los años ochenta. Quisiera mencionar en concreto su selectivo uso del material y el hecho de que no refleja todas las conclusiones del Tribunal de Apelación del Reino Unido en el caso Jaffrey, incluida su opinión de que solo ahora, una vez transcurridos varios años, sabemos que eran insuficientes las reservas establecidas por las compañías sindicadas para cubrir el pasivo relacionado con el amianto en los años ochenta, dada la forma imprevista en que se desarrolló ese pasivo.
Por supuesto, siento una enorme simpatía por los Names que sufrieron esas pérdidas de aseguramiento, entre los que se encuentran varios amigos míos, incluidos los padrinos de uno de mis hijos. Sin embargo, desde que comencé a trabajar en este caso, he sido objeto de un torrente de injurias, incluidas llamadas telefónicas anónimas injuriosas a mi domicilio acusándome de ser un agente pagado de Lloyd's. Dado que el 97% de los Names de Lloyd's han aceptado el plan de renovación de 1996 y han podido reducir su pasivo en importes significativos, en general esta cuestión se ha cubierto plenamente.
Como dicen todos los anuncios: los beneficios del pasado no son garantía de ganancias futuras.
El enfoque del informe del Sr. Perry y la acusación real de los peticionarios es, si lo entiendo bien, que el Gobierno británico no aplicó correctamente las cláusulas del derecho comunitario sobre seguros en su supervisión de Lloyd's. El Gobierno del Reino Unido rechaza esa acusación. Por lo tanto, el lugar correcto para decidir quién tiene razón es un tribunal de justicia. Eso es exactamente lo que está pasando, ya que ahora hay un caso ante el Tribunal Superior inglés.
Estamos tratando complejos asuntos jurídicos. El Parlamento debería permitir que el proceso judicial siguiera su curso y que el tribunal tomara una decisión.
Mientras tanto, animo a la Comisión a que reaccione ante los problemas expuestos en este informe y a que responda tan ampliamente como sea posible. Aunque necesitamos respuestas tan pronto como sea razonable, quisiera advertir del peligro de emitir un juicio apresurado.
En conclusión, solicito a esta Cámara que apoye el informe modificado del Sr. Perry y que, hasta que el proceso judicial haya concluido, no vaya más allá.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, el Sr. Perry ha redactado un informe y nos ha presentado algunos elementos del caso Lloyd. El Comisario nos ha dado hoy una serie de esclarecedoras explicaciones de indudable valor. Y el Sr. Cashman refuta la información del Sr. Perry. ¿Qué surge de todo esto? Que nuestra preocupación en este preciso momento no se centra en el fondo de la cuestión y que no somos un tribunal. Lo que ahora nos preocupa es esto, y solo esto: tras cinco años de informes, queremos mantener la credibilidad de nuestra comisión y, en consecuencia, nuestro problema es si recibiremos una respuesta definitiva en lo que respecta a si se aplicó o no la Directiva. Esa es nuestra única preocupación.
Aprovecho esta oportunidad para generalizar esta preocupación, ya que hoy se han debatido los informes del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones. El asunto Lloyd's llegó a la Comisión de Peticiones a través de las reclamaciones de los ciudadanos. Como bien ha dicho el Comisario, el Defensor del Pueblo también estaba implicado en la cuestión de hasta qué punto realizó correctamente su trabajo la Comisión. Y, por supuesto, se trata de una cuestión de aplicación del derecho comunitario.
¿Qué surge de todo esto? Que los dos derechos, el de acusación y el de petición, están unidos y que, por tanto, no se deberían debatir por separado. En segundo lugar, con estos dos informes se plantea toda la cuestión de la correcta aplicación del derecho comunitario; en otras palabras, se plantea en qué medida se debe someter hoy este informe a un debate conjunto. Por consiguiente, propongo al Parlamento, a la Comisión y a sus Señorías que tengamos en cuenta la posibilidad de estudiar estos informes de forma conjunta porque, materialmente, son los únicos informes que tratan directamente sobre los problemas de los ciudadanos europeos. Puesto que a todos nos interesa reforzar la participación de los ciudadanos europeos, opino que debemos conceder especial importancia a este debate e incluso propongo que se proclame el día de su debate en el Parlamento como día del ciudadano europeo. De este modo podremos mantener nuestra credibilidad y afirmar que velamos realmente por sus derechos. 
Ahora, después de cinco años, lo que pedimos es, cuanto menos, una imagen clara de lo que está sucediendo. Lo que queremos es obtener esa imagen clara en un breve espacio de tiempo, ya que puede que el Sr. Cashman no se equivoque. De momento no sabemos quien está en lo cierto. Y, sin duda, la actitud de la Comisión ha sido negligente. Por lo tanto, plantearé una preocupación más general. La Comisión de Peticiones suele retrasar sus conclusiones finales porque el procedimiento de la Comisión con respecto a las peticiones es muy lento. ¿No se podría acortar ese procedimiento de modo que también resultemos más creíbles para los ciudadanos europeos que se acercan a nosotros y nos dicen que llevan dieciocho meses esperando una respuesta? Estas son las preocupaciones más generales manifestadas en el debate de hoy y considero que se trata de una oportunidad de oro que debemos aprovechar en beneficio, naturalmente, de la Unión Europea, pero también, y más importante, para demostrar a los ciudadanos europeos que cuentan con nuestro apoyo.

Marinos (PPE-DE).
Señor Presidente, apoyo las propuestas contenidas en el informe Perry, pero antes quiero decir que el Comisario Bolkestein ha dado, en efecto, muchas más explicaciones y datos recientes sobre la materia. Ahora bien, tal y como ha resaltado mi colega el Sr. Koukiadis de forma tan acertada y constructiva, aún nos enfrentamos al problema de no disponer de respuestas claras a lo siguiente: la transposición a la legislación nacional, por parte del gobierno británico, de la Directiva que debería haberse aplicado en Gran Bretaña en materia de seguros privados, y que daría cobertura al caso Lloyd's, ha sufrido un claro retraso. También existen dudas sobre si dicha transposición ha sido correcta, si se está aplicando debidamente y si su cumplimiento se garantiza de forma sistemática.
Una larga lista de nombres que son y eran los accionistas - se trata de un régimen muy especial - se vieron obligados, porque no se les informó o porque se les ocultó información debido a las omisiones del Gobierno británico a las que me he referido antes, a utilizar todos sus fondos para pagar indemnizaciones por riesgos asegurados que, según ellos, desconocían. Así, muchos de ellos se arruinaron, ya que hablamos de enormes cantidades, mientras que otros se suicidaron empujados por la desesperación. Algunas de las víctimas eran compatriotas míos, ciudadanos griegos, cuyas dramáticas protestas se habían ido acumulando desde hacía ya dos o tres años en mi despacho y en la Comisión de Peticiones, a la que también tengo el honor de pertenecer.
Los esfuerzos realizados por esta Comisión de Peticiones para que la Comisión y el Gobierno británico aclaren completamente este trágico asunto - hemos celebrado una reunión a puerta cerrada - no están dando ningún fruto, al menos no en lo que respecta a informarnos a nosotros. No nos ofrecen respuestas suficientes a las preguntas que hemos formulado repetidas veces. Este silencio por parte del Gobierno británico, que se niega a comunicar sus respuestas a la Comisión de Peticiones, ha sido apoyado por la Comisión. Por tanto, no podemos formarnos una imagen clara y detallada acerca de la situación de este complejo asunto y de hasta qué punto el Gobierno británico es responsable, por negligencia o abuso, del retraso, la transposición incorrecta o la aplicación errónea de las directivas sobre los seguros privados.
Los comentarios anteriores, que pueden ser injustos para el Gobierno británico y la Comisión Europea, no parecen haber afectado a ninguna de esas dos instituciones hasta la fecha. Los ciudadanos europeos creen que su voz debe ser escuchada. Esta es una oportunidad para restaurar la credibilidad y la validez de la Unión Europea y de nuestra institución ante los ciudadanos. Si actuamos sin transparencia y sin tener en cuenta a los ciudadanos, fracasaremos en nuestro papel como institución comunitaria en un momento decisivo del desarrollo global.

Keßler (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a los tres ponentes por su excelente trabajo, y en especial a la Sra. Laura González Álvarez, a la que echamos mucho de menos en la comisión.
La función de la Comisión de Peticiones consiste en averiguar si las autoridades nacionales y locales están incorporando y aplicando correctamente las directivas comunitarias. Por eso nos vemos constantemente obligados a entrar en conflicto con los ministerios o los gobiernos nacionales y, en ocasiones, la Comisión Europea también pone en marcha procedimientos de infracción. Obviamente, esto no favorece al gobierno implicado, pero nosotros estamos aquí -y así es como yo entiendo mi labor en la comisión- para proteger a los ciudadanos. Estas peticiones relativas a Lloyd's resultan desagradables, no solo para el Gobierno británico actual y el anterior, sino también para la Comisión Europea, que ya en 1978 dudó a la hora de adoptar medidas en contra del Reino Unido. Las circunstancias que rodean el intercambio entre la Comisión y el Gobierno británico en el caso Lloyd's resultan muy curiosas.
¿Pero en qué consiste el llamado escándalo Lloyd's? Lloyd's había captado como socios a varias personas sin avisarles de que tenía que hacer frente a enormes pérdidas por el pago de seguros, principalmente debido a las sentencias dictadas en los Estados Unidos sobre casos relacionados con el amianto. La administración de Lloyd's hizo responsable a esas personas del pago de tales pérdidas. Como resultado, muchas de ellas vieron desaparecer sus fondos y, con ellos, los únicos ahorros que habían guardado para su jubilación. No solo se vieron perjudicados ciudadanos británicos, sino también belgas y alemanes. Algunos llegaron a suicidarse. Ahora podríamos decir con frialdad: «¡Mala suerte!». Pero no puede ser así, esa gente confiaba en que el mercado de seguros estaba regulado y creía que se respetaría el derecho británico y comunitario.
Me encuentro entre dos colegas británicos de gran reputación, Roy Perry y Michael Cashman. Aunque celebro enormemente que se haya alcanzado un compromiso, lamento profundamente el hecho de que este informe haya causado tanta agitación política. Celebro este compromiso y espero nos permita acercar la justicia a los peticionarios y ayudar a garantizar que no vuelva a suceder una tragedia de este tipo.

Bolkestein
Señor Presidente, voy a intentar ser breve en mi respuesta a sus Señorías y sus preguntas.
La Sra. Wallis ha preguntado si la Comisión es realmente la guardiana de los Tratados en este caso. Quiero contestarle, tanto a ella como a otros diputados, que sí, que lo somos, y que esa es la razón por la que la Comisión ha enviado dos cartas de notificación formal. La Comisión no las ha enviado porque sí, sino que tenía razones para hacerlo. El Gobierno del Reino Unido ha respondido y ahora, como ya he dicho antes, la legislación respeta el derecho europeo. Es la obligación de la Comisión asegurarse de que así sea.
En el centro de este debate está la cuestión del papel de la Comisión. El papel de la Comisión, como he dicho multitud de veces, es comprobar que la actual legislación está en consonancia con el derecho comunitario. Voy a poner otro ejemplo que también afecta al Reino Unido. El Reino Unido ha dado instrucciones a sus autoridades aduaneras para que confisquen las cantidades de alcohol y cigarrillos que superen lo que considera razonable para el consumo personal. La Comisión ha decidido que esas acciones son desproporcionadas para el fin que persiguen. Por lo tanto, la Comisión ha enviado dos cartas de notificación formal a las autoridades del Reino Unido, con las que ha comenzado el proceso de negociación y discusión, y las autoridades del Reino Unido han cambiado sus instrucciones, que ahora respetan lo que la Comisión cree que debe hacerse. Sin embargo, las personas cuyos coches han sido confiscados todavía no han recibido ninguna compensación por la pérdida sufrida.
El Sr. Perry y la Sra. Wallis pueden decir que la Comisión debe hacer algo al respecto, conseguir que los que han visto confiscados sus coches reciban una compensación por su pérdida. Mi respuesta a esas preguntas sería la misma que mi respuesta en este caso: eso no es tarea de la Comisión. Por lo tanto, la cuestión de la compensación por pérdidas previas debe quedar en manos de las autoridades judiciales nacionales y, como ya se ha recalcado esta mañana, en estos momentos hay un pleito ante el Tribunal Superior en Londres.
Por lo tanto, a pesar de toda la simpatía que siento por las personas que han sufrido estas trágicas circunstancias, algunas de las cuales se han quitado la vida, no puedo ir más allá de lo que me permite la ley. Así que no es verdad que, como ha dicho el Sr. Collins, la Comisión esté mirando los toros desde la barrera. La Comisión no está viendo los toros desde la barrera, pero no puede traspasar los límites de lo que está autorizada a hacer.
Eso es lo que quiero decir. No se trata de una lucha de David contra Goliat, como ha dicho el Sr. Gemelli, sino de los límites legales de la Comisión. El Defensor del Pueblo Europeo ha estudiado la cuestión de la transparencia y no tengo nada más que añadir, aparte de decir que la cuestión de la comisión de investigación es algo que debo dejar al Parlamento. No me corresponde a mí juzgar si se dan las circunstancias para que se cree una comisión de investigación, ni si el proceso hasta ahora ha sido correcto. Eso debo dejarlo en las manos del Parlamento: respetaré el resultado de sus deliberaciones.

Perry, Roy (PPE-DE).
Señor Presidente, el Sr. Cashman ha hecho varias acusaciones bastante graves en su intervención. Admito que ha sido coherente en todo momento al intentar bloquear este informe por todos los medios y a cada paso. Solo quiero pedirle a usted que confirme que la acción de la Cámara al recibir este informe es plenamente conforme con el Reglamento y que es aceptable.
En lo que respecta al apartado 5 sobre la exposición de motivos que acompaña al informe, estoy más que dispuesto a presentar una enmienda oral a mi informe para que esa exposición de motivos, de conformidad con la práctica habitual, no sea incluida en el informe. Lo que importa es el informe, pero le agradecería que me confirmara ese punto.

El Presidente.
 Señor Perry, puedo confirmarle que los Servicios han examinado cuidadosamente la admisibilidad del informe y han llegado a la conclusión de que, efectivamente, es admisible.
Tiene la palabra el Sr. Cashman.
Cashman (PSE).
Señor Presidente, estoy de acuerdo en que el informe, en su versión actual, es admisible, pero eso se debe a que se realizaron los cambios que tanto yo como los servicios del Parlamento solicitamos y que esos servicios defendieron.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 11.59, se reanuda a las 12.00 horas)
El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede a la votación.

Villiers (PPE-DE)
Señor Presidente, tras las discusiones entre el Grupo del PSE y el Grupo del PPE-DE, quisiera presentar la siguiente enmienda oral a la enmienda 152: «La Comisión evaluará la necesidad de establecer definiciones a nivel europeo de los sistemas de contraparte central, compensación y liquidación. La Comisión presentará una propuesta, basada en esta evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.»
El Presidente.
Es un gran placer para mí dar la bienvenida en la tribuna oficial a una Delegación de la Asamblea Federal Rusa, encabezada por el Vicepresidente de la Duma Estatal y Copresidente de la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Federación Rusa, el Sr. Vladimir Lukin, así como al Sr. Alexander Evstifeyev, del Consejo de la Federación.
La delegación ha asistido a la sexta reunión de la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Federación Rusa en Estrasburgo.
El Presidente.
 Seguimos con la votación.
Informe (A5-0292/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en las pinturas decorativas y los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE (COM(2002) 750 - C5-0632/2002 - 2002/0301(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Propuesta de resolución conjunta

Imbeni (PSE).
Señor Presidente, la enmienda oral propone la sustitución de casi todo el apartado 22. La totalidad de la primera parte se sustituirá por el siguiente texto: El Parlamento Europeo «se compromete a organizar, a principios de 2004, en colaboración con la Unión Interparlamentaria, una nueva conferencia parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio con el fin de debatir?». El resto se mantiene sin cambios. Considero que esta redacción resulta más clara y espero que todos los diputados puedan aceptarla.

Turco (NI).
Señor Presidente, antes de pasar al informe Cashman, quiero decir que hemos recibido una fe de erratas que, en realidad, no es tal cosa. Hace una corrección al informe Cashman relacionada con el apoyo del Parlamento al recurso T-84/03 contra el Consejo por razones de transparencia. En la fe de erratas se utiliza la frase «que estudie la posible participación del Parlamento Europeo», mientras que en el texto original se habla de «apoyar» esa participación. No entiendo cómo se ha producido esa corrección, puesto que, en lo que a nosotros respecta, prevalece el texto original.

El Presidente.
Este asunto ha sido sometido a nuestro servicio jurídico y al Presidente para que tomen una decisión. La decisión del Presidente es que la redacción en la fe de erratas cumple lo dispuesto en el Reglamento y, por lo tanto, es admisible. Sin embargo, la redacción original no es admisible.
(Exclamación del Sr. Pannella)
Antes de que el Sr. Pannella se anime demasiado -y siempre me gusta ver al Sr. Pannella animado porque es muy entretenido-, no tiene sentido debatir esto porque el Presidente ha examinado la cuestión muy exhaustivamente. Ha tomado su propia decisión, a la que me uno. Pueden protestar todo lo que quieran, pero mantendré la misma posición.
(El Parlamento aprueba la resolución)
(Protestas del Sr. Pannella)
El Presidente. ¡Podemos discutirlo más tarde, Sr. Pannella! Ahora ya está aprobado.

Propuesta de resolución (B5-0403/2003) presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la contribución de la UE al Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0229/2003) de Lord Stockton, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 2002 (C5-0271/2003-2003/2068 (INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0239/2003) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2002-2003 (2003/2069(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0203/2003) del Sr. Perry, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la petición admitida a trámite sobre las peticiones relativas a Lloyd's (peticiones nº 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 y 127/2002) (2002/2208(INI)) 
Antes de la votación sobre el conjunto de la resolución:

Cashman (PSE).
Señor Presidente, antes de que votemos sobre el conjunto de la resolución, ¿podría confirmarnos que el Presidente del Parlamento ha decidido que pueden eliminarse las palabras «y la exposición de motivos que la acompaña» en el apartado 5?

El Presidente.
Eso es lo que se ha acordado. La versión definitiva del informe no incluirá esas palabras. Reitero que el Presidente analizó exhaustivamente la cuestión de la admisibilidad de este informe antes de la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)

El Presidente. Con esto concluye la votación.
EXPLICACIONES DE VOTO

Figueiredo (GUE/NGL)
Representa un avance positivo el hecho de que, en la segunda lectura de este proyecto de Directiva, se haya reconocido que la práctica tradicional en los organismos públicos respecto al uso de la información sobre el sector público ha evolucionado de forma muy dispar, un hecho que debe tenerse en cuenta. Asimismo, constituye un avance positivo el reconocimiento del derecho de todo ciudadano, de cualquier persona natural o legal residente en un Estado miembro, a obtener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
No obstante, a la hora de aprobar normas en el ámbito de la reutilización comercial de dichos documentos, es preciso evitar que el mercado establezca los precios. Si se permite que el mercado fije los precios, se logra que estos no suban demasiado, lo cual resulta positivo; pero también significa que algunas partes interesadas pueden tener dificultades de acceso a la información.
Por lo tanto, es importante que los Estados miembros encuentren formas de proporcionar la información básica sin coste alguno, garantizando su accesibilidad para todos, sobre todo a través de Internet y otros medios accesibles, y prestando especial atención a las personas con discapacidad.

Auroi (Verts/ALE)
. (FR) He apoyado el informe de la Sra. Read, que ha hecho un trabajo muy loable sobre el programa Modinis. Este programa contribuirá a mejorar la seguridad de las redes informáticas y a difundir buenas prácticas en la sociedad de la información dentro de la Unión Europea.
Tengo interés en precisar que el uso de estándares abiertos es capital para la seguridad informática, y es importante que programas basados en dichas normas participen en Modinis, cuyo presupuesto asciende a unos 25 millones de euros.
Marques (PPE-DE)
Reitero mi apoyo a la enmienda propuesta por la Sra. Read a la posición común del Consejo para la adopción de una decisión por parte del Parlamento Europeo y el Consejo sobre el programa plurianual (2003-2005) para la supervisión de eEurope, la difusión de las prácticas más adecuadas y la mejora de la seguridad de las redes y la información (MODINIS). Su intención es garantizar una cantidad mínima de 21 millones de euros para este programa.
Al Parlamento le interesa contar con iniciativas válidas que dispongan al menos de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. A pesar de las limitaciones presupuestarias a las que nos vemos sometidos, tenemos que garantizar la eficiencia y la efectividad de las medidas que queremos implantar.

Bourlanges (PPE-DE)
Señor Presidente, el texto adoptado en primera lectura en el informe de la Sra. Villiers no supone una mejora significativa del texto de la Comisión. Sin embargo, es un compromiso aceptable y lo habríamos votado con sumo gusto si no se hubiera aprobado la segunda parte de la enmienda 86. Es lamentable que, en un asunto tan importante, se haya exonerado de hecho a las empresas de inversión de practicar realmente los precios que anuncian. Es un atentado contra la transparencia. Destacaré únicamente que, tanto en lo concerniente a la enmienda 86 como al texto final, en esta Asamblea no ha habido una mayoría sustancial de miembros en apoyo de este texto. Espero que la Sra. Villiers lo tenga en cuenta y que, en segunda lectura, cuando el Consejo devuelva este texto al Parlamento, esta Cámara llegue a un compromiso aceptable para más diputados.
Figueiredo (GUE/NGL)
La Comisión pretende actualizar la legislación que ha regulado los mercados financieros desde 1993, un elemento estructural básico en la creación de un mercado de capitales europeo, el objetivo final del plan de acción de los servicios financieros establecido en la «Estrategia de Lisboa».
El informe apoya las líneas generales de esta Directiva, a pesar de las diferencias existentes en el modelo de Directiva de servicios de inversión defendido por los grupos de presión que representan a los capitales de inversión - entre un modelo conocido como el «anglosajón», según el cual las empresas inversoras compiten duramente con las bolsas, respaldando a la Bolsa de Londres y abriendo las puertas a los inversores estadounidenses, y un sistema conocido como el «continental», más basado en las bolsas y más atractivo para los inversores franceses.
Lo que está en juego es el dominio del mercado por parte de los capitales de inversión de un país u otro, mientras aumenta el grado de liberalización de dichos capitales y de sus operadores, obteniendo enormes cantidades de dinero a través de fondos de pensiones y la privatización de la seguridad social. Al mismo tiempo, las normas más elementales de prudencia y la transparencia de las operaciones están en juego debido a su coste. Se supone que este objetivo, que nosotros rechazamos, es eficiente, pero ha contribuido a aumentar la inestabilidad y la volatilidad de los mercados financieros, lo cual afecta a la economía real y tiene consecuencias para el crecimiento económico y el empleo.

Meijer (GUE/NGL)
Hoy, más que nunca, circulan por todo el mundo ingentes cantidades de dinero: dinero perteneciente a ahorradores particulares, pequeñas entidades bancarias, compañías aseguradoras y fondos de pensiones. Las empresas que operan en los mercados internacionales y que ofrecen una elevada rentabilidad han acaparado una gran parte de ese dinero, con el que han llegado a controlar también los fondos de pensiones. Este tipo de empresa no produce nada, pero ha logrado una posición dominante al tender un puente entre los que desean recibir intereses o dividendos y los que necesitan fondos para sus actividades. Se trata principalmente de empresas estadounidenses con una sucursal en Londres. Hace diez años se aprobó una directiva sobre este tipo de servicios de inversión, que ahora tiene que actualizarse. La pregunta es cuál es el propósito de esta modernización. ¿Logrará una mayor protección para los ahorradores y los fondos de pensiones frente a las sociedades financieras o, por el contrario, otorgará una mayor libertad a quienes administran tales cantidades de dinero? La ponente desea reducir los trámites burocráticos y los costes, y crea una serie de exenciones a la transparencia que acepta con dificultad. La obligación de buscar las mejores operaciones para los clientes, así como de reducir el coste de las transacciones y ofrecer a cada cliente el producto de inversión que más le convenga, queda relegada a un segundo plano. Los grandes grupos están divididos por intereses nacionales y, de este modo, las empresas inversoras salen ganando.

Ribeiro e Castro (UEN)
La propuesta de Directiva de la Comisión pretende proteger a los inversores (mediante el establecimiento de unos requisitos armonizados que regulen las actividades de los intermediarios autorizados) y ayudar a las empresas inversoras a operar a escala europea.
Puesto que se trata de una Directiva marco, se limita a definir las obligaciones generales de alto nivel que deben cumplir las autoridades de los Estados miembros. No trata de imponer una estructura de mercado específica, sino que se muestra lo suficientemente flexible como para dar cabida a la diversidad de estructuras de mercado de los diferentes países, al tiempo que facilita y fomenta la innovación en un entorno de cooperación entre las autoridades nacionales. Clarifica y completa la lista de instrumentos financieros que se pueden negociar en los mercados regulados y entre las empresas inversoras; actualiza y armoniza las condiciones reguladoras que deben respetar dichas empresas, durante la autorización inicial y posteriormente; y mejora el uso práctico del «pasaporte único» para las empresas inversoras, reafirmando y ampliando el principio en virtud del cual las empresas deben poder operar en toda la Unión Europea si cuentan con la autorización y la supervisión de las autoridades competentes en sus correspondientes Estados miembros. La propuesta abordaba - y aborda - cuestiones delicadas y conflictivas, como ya quedó claro durante los debates celebrados en la comisión competente. Sin embargo, en vista del equilibrado compromiso propuesto por la ponente, Theresa Villiers, a quien felicito calurosamente, he votado a favor de ella.

Goodwill (PPE-DE).
Los conservadores británicos hemos votado en contra de este informe porque, aunque estamos a favor de buena parte de su contenido -nos complace especialmente ver que los vehículos clásicos y antiguos quedarán exentos-, nos preocupa el principio de sustitución. Eso significa que se podría prohibir un producto si se demuestra que otro producto es más seguro y más respetuoso con el medio ambiente. El problema es que, en ocasiones, esas decisiones son marginales.
Asimismo, representa una gran amenaza para la investigación y el desarrollo. Las empresas no introducirán productos en el mercado si creen que su producto será retirado del mercado de un plumazo.
Por último, es muy peligroso para los consumidores, ya que creará una situación de monopolio en el mercado de productos, con las consiguientes subidas de precios. Hemos votado en contra para que conste nuestro descontento con este aspecto concreto, un aspecto sobre el que también tendremos que luchar mucho en la próxima Directiva sobre productos químicos.

Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
- (FR) El informe Lisi sobre los disolventes utilizados en las pinturas y barnices decorativos, al reducir sus efectos nefastos, persigue garantizar un aire puro para los ciudadanos europeos.
En efecto, la fabricación de los disolventes provoca, en particular, emisiones de ozono de efectos nocivos para los seres humanos y la naturaleza. Se trata de proponer a las industrias interesadas modos de producción más respetuosos con la salud pública, también en el lugar de trabajo, y con el medio ambiente, limitando la utilización de dichos disolventes. Estas medidas se aplican ya en algunos países europeos y el ponente aboga por una armonización en el nivel más alto y no en el más bajo.
La intención es buena, pero los únicos beneficiarios serán los ciudadanos europeos. De acuerdo con una enmienda contra la que nosotros que hemos votado, en nombre de la competitividad de las empresas europeas no se toman en consideración los revestimientos destinados a la exportación a terceros países. 
Para ser claros, la Unión Europea quiere garantizar aire puro tan solo a los ciudadanos europeos. En cuanto a los demás, y concretamente a los habitantes de países del Tercer Mundo, pueden resultar intoxicados, o incluso morir, pero la Unión Europea se lava las manos. Este texto revela sin disimulos lo poco que le preocupa a la Unión la suerte de las poblaciones de los países subdesarrollados.
Moreira da Silva (PPE-DE)
Felicito al ponente por el excelente trabajo realizado. Me opongo a la enmienda que pretende elevar el punto de ebullición máximo para un compuesto orgánico volátil de 250°C a 280°C. Puesto que eso no supone prácticamente ninguna ventaja para el medio ambiente, y puesto que existe incluso la duda de si cumple con las normas de etiquetado ecológico, esta enmienda puede tener repercusiones muy negativas para las PYME fabricantes de pinturas.

Ribeiro e Castro (UEN)
Felicito al Sr. Lisi por su excelente informe.
El alto nivel de protección de la salud pública al que aspira la Unión Europea exige una gran precaución a la hora de lanzar al mercado y/o distribuir productos que contengan sustancias peligrosas para la salud humana. Por otro lado, este tipo de propuesta promueve los compromisos relacionados con el desarrollo sostenible, la introducción de límites de emisiones nacionales y la adopción de ideas de «conformidad cruzada» (para concienciar más al sector industrial de los problemas del medio ambiente). Celebro especialmente que los representantes de las industrias afectadas hayan seguido el desarrollo de este expediente, tan bien llevado por el Sr. Lisi, un acuerdo esencial si queremos que los operadores sean plenamente conscientes, que participen y que asuman sus responsabilidades; después de todo, la propuesta puede afectar a unas 50.000 fábricas en la Comunidad. Estoy también de acuerdo con el proceso en dos fases que se propone para reducir el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) en las pinturas y los barnices decorativos según contempla esta Directiva, ya que deja un tiempo de adaptación suficiente a los sectores afectados. También constituye un avance positivo, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que los Estados miembros puedan establecer e implantar sus propios mecanismos de control de mercado. No obstante, la aprobación por parte del Parlamento de algunas enmiendas contrarias a las ideas del ponente me ha llevado a abstenerme en la votación final, aunque he votado a favor de la resolución legislativa.

Coelho (PPE-DE)
El análisis del informe relativo al primer año de aplicación del reglamento es relativamente positivo, habiendo realizado las instituciones europeas grandes avances. Celebro que haya aumentado el número de documentos puestos a disposición del público, que se hayan creado registros y que los ciudadanos sean cada vez más conscientes de su derecho de acceso a los documentos.
Este reglamento resulta importante porque establece nuevos derechos de acceso público a los documentos de las instituciones comunitarias. Al mismo tiempo, representa un avance fundamental hacia una mayor apertura y transparencia en lo que respecta a las actividades de dichas instituciones, reforzando así el principio democrático en el que se basa la Unión Europea.
Siguen existiendo innumerables problemas, el principal de los cuales es el porcentaje relativamente alto de documentos denegados, ya que el acceso a algunos documentos se niega sistemáticamente. Resulta lamentable que en un 38% de los casos la Comisión justificara ese rechazo argumentando que se trataba de una «excepción sin especificar».
Es preciso que se adopten las medidas oportunas para lograr un cumplimiento absoluto en lo que respecta a la aplicación del reglamento y para garantizar una transparencia total, así como el derecho que los ciudadanos tienen a acceder a los documentos.
Este derecho de acceso ha sido ratificado en el proyecto de Tratado Constitucional, que amplía la obligación de transparencia a todas las instituciones, las agencias y los organismos.

Ribeiro e Castro (UEN)
Soy uno de los que considera que el acceso público a los documentos de las instituciones de la Unión Europea conlleva grandes ventajas y, por consiguiente, apoyo las sugerencias del ponente en general, porque pretenden perfeccionar los medios que permiten dicho acceso en la práctica. Por lo tanto, me complace comprobar que el análisis de los resultados del primer año de plena aplicación del reglamento sobre el acceso público a los documentos indica que las instituciones europeas han aumentado el número de documentos disponibles al público.
El acceso público a los documentos acorta la distancia entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos de los Estados miembros, fomentando así un mayor interés y conocimiento de los asuntos tratados, al tiempo que confiere más transparencia al trabajo realizado por dichas instituciones.
No obstante, soy consciente de que, debido al carácter individual de las instituciones comunitarias, el grado de disponibilidad pública de los documentos no es, ni puede ser, el mismo en todas las instituciones. Para darse cuenta de eso, basta comparar la naturaleza del Consejo, por ejemplo, con la del Parlamento.
Por este motivo, y a pesar de que, tal como he dicho antes, considero que el acceso público a los documentos es de suma importancia, he votado en contra de la propuesta. Creo que el ponente se olvida de mi reserva cuando propone un tratamiento equivalente para todas las instituciones, sin tener en cuenta algunos detalles específicos relevantes.

Turco (NI)
En relación con la petición realizada por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de «apoyar la participación del Parlamento Europeo» en el recurso T-84/03 contra el Consejo, el Servicio Jurídico, con el consenso de los líderes políticos del Parlamento Europeo, ha presentado para su aprobación un texto cuyo objetivo consiste en «debatir la participación del Parlamento Europeo» a través de una fe de erratas.
El recurso que he instigado contra el Consejo tiene que ver con problemas de transparencia, como la confidencialidad de los dictámenes jurídicos. Dicho recurso concierne no solo a los derechos de los ciudadanos a acceder a los documentos para someter a escrutinio democrático la conducta de las instituciones, según les corresponde, sino también los derechos de los diputados. El enésimo engaño de los Servicios Jurídicos, con la connivencia de los líderes políticos del Parlamento Europeo, ha consistido en anular las decisiones adoptadas por una comisión parlamentaria que debían someterse a votación en sesión plenaria.
Los Servicios Jurídicos de las Instituciones Europeas constituyen una corporación que disfruta de total libertad de acción y cuyas iniciativas se ven exentas de todo control. La impunidad de la que gozan los Servicios Jurídicos resulta perjudicial para los derechos de las instituciones, del Parlamento, de los diputados y de los ciudadanos, mientras que la forma de actuar de los líderes políticos del Parlamento es la típica de un grupo de compadres que buscan protección.

Berthu (NI)
. (FR) La Resolución que acaba de votar el Parlamento Europeo tras el fracaso de la conferencia de la OMC en Cancún no aporta ningún diagnóstico de fondo, ni ninguna orientación clara para el futuro. En particular, no dice que:
este fracaso es fruto de un rechazo cada vez más amplio del librecambismo y que, ahora, hay que trabajar por la adopción de normas más equitativas para el comercio internacional; 
que la Unión Europea, que se ha instituido en celoso servidor del librecambio, insistiendo en particular en la inclusión en la negociación de las cuestiones de Singapur (normas relativas a las inversiones, a los contratos públicos, etc.) que los países en desarrollo no querían, ha contribuido en gran medida a este fracaso; 
que la Comisión es también responsable en gran medida, ya que en estas negociaciones internacionales utilizó el mismo método que utiliza internamente con quienes defienden una política que a ella no le gusta: se niega a comunicarse con ellos;
y que la reforma de la Política Agrícola Común, que se preparó antes de la cumbre de Cancún, ahora es en gran medida obsoleta. He de señalar que nosotros nos opusimos a ella desde el principio. La Unión Europea debe tomar nota de los nuevos datos y preparar otra reforma, más apta para proteger nuestro modelo agrícola.
Caudron (GUE/NGL)
Al contrario que la mayoría de diputados europeos, soy de los que se alegran del fracaso de Cancún, no porque esté en contra de la mundialización por principio. En realidad estoy a favor de la teoría de la libertad de circulación de las ideas y las personas. Sin embargo, estoy en contra de una mundialización sin reglas o más bien en contra de una mundialización gobernada por un sistema rígido de reglas económicas y financieras impuestas por la ley del más fuerte.
Añadiré que esta cumbre ha demostrado que los defensores de un orden mundial alternativo han conseguido pasar de la fase del mero rechazo a la de presentar propuestas verdaderamente alternativas.
De ahí mi negativa a asociarme a una Resolución que lamenta demasiado este fracaso. Hacía falta esta nueva señal de alarma para que los líderes del mundo comprendan por fin que nunca tendrán plena y absoluta libertad para imponer sus ideas y sus prácticas al resto del mundo.
Díez González (PSE)
. (ES) La delegación española del PSE emite su voto en contra de la enmienda n. 7 al apartado 11.
La mención en el texto de un producto agrícola -el algodón- y la recomendación de revisar y restringir las ayudas al sector no es aceptable para esta delegación. Afectaría directamente a más de 10.000 productores y familias en España y generaría un problema económico y social imposible de asumir y de justificar.
Figueiredo (GUE/NGL)
Es un avance positivo que se intenten alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, entre los que se incluyen los siguientes: erradicar el hambre y la pobreza extrema; garantizar una educación primaria universal; promover la igualdad de género y la participación de las mujeres; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud de las mujeres gestantes; combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades; asegurar la sostenibilidad medioambiental; y promover las alianzas mundiales para el desarrollo. Es un avance positivo que se recalque la importancia de los nuevos compromisos establecidos en Johanesburgo, a pesar de su carácter tan limitado.
Pero no hay que olvidar que el fracaso de las negociaciones de la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Cancún se debió a la negativa de los países más desarrollados a buscar soluciones justas para los países en vías de desarrollo. Siguen ignorando la necesidad de perdonar las deudas a esos países, y anteponen sus propias prioridades, en especial los asuntos de Singapur, a la existencia de un comercio justo y un desarrollo sostenible.
Por lo tanto, instamos a la Unión Europea a que no vuelva a retomar los asuntos de Singapur y a que retire inmediatamente todos los requisitos impuestos sobre los demás países durante las negociaciones relativas a los servicios, en particular la liberalización del agua y otros servicios de interés público.

Meijer (GUE/NGL)
En el pasado, la costa oeste de Europa se enriqueció a costa de las conquistas coloniales y del control de la economía del Tercer Mundo. En lugar de procurar su autosuficiencia agrícola, minera e industrial, los países del Tercer Mundo se vieron obligados a orientar su producción hacia una economía exportadora. El Tercer Mundo tenía que suministrar materias primas baratas y, posteriormente, comprar a Europa costosos productos industriales. Esta es la fórmula que mantuvo a esos países en la pobreza. Desde entonces, han logrado su independencia política: los países latinoamericanos hace casi dos siglos, y los del sur de Asia y África hace medio siglo. Ahora están en posición de ofrecer algo de resistencia. Ya lo intentaron en la década de 1960 con el Movimiento de los No Alineados. Tras un largo intervalo, han vuelto a intentarlo durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Cancún. No comparto en absoluto la indignación manifestada en esta Cámara por sus actos. La Comisión Europea y una gran parte de este Parlamento siguen pensando que las protestas de los países del Tercer Mundo lo único que han logrado es retrasar un avance inevitable hacia el comercio libre internacional y la protección de las inversiones extranjeras, y que todavía tiene que cumplirse los deseos de Europa y de los Estados Unidos. Mientras tanto, mantenemos las subvenciones a la exportación para nuestros excedentes agrícolas y para el tabaco cultivado exclusivamente para su exportación. Es hora de que demos cabida a otro modelo de desarrollo económico. Por los motivos expuestos, he votado en contra.

Pasqua (UEN)
El fracaso de esta quinta Conferencia de la OMC ofrece una oportunidad singular para repensar la política comercial de la Unión: ya que las buenas intenciones y los esfuerzos de la delegación europea son indiscutibles, quizás sea hora de reconocer que la causa de esta ineficacia es hoy el propio marco de este tipo de organización y su pliego de condiciones.
Por injusto que pueda parecer, este castigo proporciona a la Unión Europea los medios para poner fin a su dogmatismo en la materia, y considerar de nuevo el comercio exterior como un objeto de negociación entre Estados soberanos, y no como una nueva etapa en la marcha triunfal del todo comunitario. Debería estar claro que el rechazo por parte de los PMA era la única manifestación posible de su libertad. Debería estar claro que la excesivamente compleja negociación global, que siempre postulamos antes de cada nuevo ciclo, deja poco margen de maniobra a determinadas naciones. Estas se ven forzadas a avalar los acuerdos entre Europa y los Estados Unidos o a cargar con la responsabilidad de un fracaso.
No habrá milagros si, por toda respuesta se hacen retoques cosméticos a la OMC. No hace falta encarrilarla de nuevo, sino cambiar de dirección.
Moreira da Silva (PPE-DE)
Ningún liderazgo puede mantenerse si no resulta creíble. Así, un año después de la Cumbre de Johanesburgo, nuestra credibilidad depende ante todo de que los objetivos y los calendarios del plan de aplicación acordados en dicha cumbre se logren mediante la adopción de medidas internas. Lo cierto es que, un año después, son pocos los Estados miembros de la Unión Europea que han iniciado la incorporación de los compromisos de Johanesburgo a sus políticas nacionales. En segundo lugar, el apoyo a los compromisos de Johanesburgo con unos métodos de supervisión, evaluación y aplicación que sean transparentes y vinculantes depende de nuestra actuación en el extranjero. La transparencia y los compromisos son las dos caras de la misma moneda. En tercer lugar, es preciso lanzar un debate internacional sobre la reforma de las instituciones. Nos enfrentamos a nuevos objetivos y nuevos plazos regidos por viejas instituciones. Si deseamos regular la globalización, es fundamental que se reformen algunas de las instituciones actuales - como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y las Naciones Unidas - dotándolas de la ambición social y medioambiental de la que carecen actualmente. Asimismo, es preciso crear nuevas instituciones, como una Organización Mundial del Medio Ambiente y un Tribunal Internacional para los Delitos Medioambientales.

Marques (PPE-DE)
Felicito a Lord Stockton por su excelente informe sobre el informe anual del Defensor del Pueblo para el año 2002, a quien doy mi apoyo, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de que todas las instituciones de la Unión, especialmente la Comisión, aprueben el Código de Buena Conducta Administrativa.
En este contexto, quiero destacar la importancia del Defensor del Pueblo en el proceso democrático de Europa para garantizar que todos los ciudadanos disfruten del derecho a que las instituciones y los organismos de la Unión gestionen sus asuntos de forma imparcial, justa y dentro de un plazo de tiempo razonable; el acceso de todos los ciudadanos a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión; y el derecho a notificar los casos de mala administración en las actividades de las instituciones u organismos comunitarios (a excepción de la actuación del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus respectivas funciones judiciales).
Asimismo, felicito al Sr. Söderman al término de su mandato, que con tanto acierto ha desempeñado para reforzar el papel del Defensor del Pueblo Europeo en el proceso de integración europea.

Newton Dunn (ELDR).
Señor Presidente, no puedo apoyar el informe Perry. Estamos antes una disputa interna de los británicos. No deberíamos gastar los impuestos de los ciudadanos del continente para intentar solucionar esto cuando un tribunal británico está ya trabajando en ello. Me sorprende mucho ver que los conservadores británicos atacan a una institución británica cuando no creo que los franceses, los españoles o los alemanes hicieran lo mismo con sus propias instituciones nacionales. Deberían avergonzarse.
En segundo lugar, todo esto es fachada para engatusar a los Names -que admito que no están nada satisfechos con esto- haciéndoles creer que pueden obtener algo de todo esto, cuando no es así. Esto va a quedar en agua de borrajas. Sería mucho más justo para ellos decirles -como he hecho cuando he contestado a las cartas que he recibido- que lo sentimos mucho, pero que no podemos ayudarles. No deberíamos estar dando tantas vueltas y haciendo como que sí podemos ayudarles.

Cashman (PSE)
Los diputados del EPLP nos hemos abstenido en la votación del informe Perry porque no creemos que el informe constituya una evaluación equilibrada de los hechos. El informe contiene también errores de hecho.

El Presidente.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 12,50 horas, se reanuda a las 15 horas)
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0244/2003) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Cuarto informe anual con arreglo a la disposición operativa nº 8 del código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (2003/2010(INI)).
Von Wogau (PPE-DE)
Señor Presidente, ante todo debemos preguntarnos por qué se debaten en el Parlamento Europeo, en esta Cámara, la cual no está especialmente llena, asuntos relacionados con la defensa europea. Me complace especialmente el hecho de que el Comisario Barnier se encuentre aquí hoy, ya que él fue uno de los que planteó el tema de la defensa europea en la Convención.
Para empezar, quiero explicar brevemente el motivo por el que se abordan cuestiones de defensa en este Parlamento. En 1999, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron crear una fuerza de intervención europea en casos de crisis formada por 50 000 a 60 000 soldados. Desde entonces, esta fuerza, que era en realidad una fuerza virtual y no un ejército profesional de la Unión Europea, se ha desplegado en dos ocasiones: primero en una pequeña operación en Macedonia, y después en el Congo bajo un mando principalmente francés.
Vuelvo ahora al Parlamento Europeo: el día 10 de abril de este año, sobre la base del informe Morillon, el Parlamento Europeo expuso sus opiniones sobre la política de defensa y, concretamente, propuso un plan en dos fases. Por aquel entonces nos estábamos preguntando qué lecciones podíamos aprender de Maastricht. De Maastricht aprendimos, ante todo, que solo se pueden obtener avances en Europa si se establecen objetivos claros y se fijan plazos para su consecución. Se dijo que para el año 2009 tendríamos que haber avanzado lo suficiente como para llevar a cabo una operación de la intensidad y dificultad del conflicto de Kosovo por nuestra cuenta, de forma independiente, o en colaboración con nuestros aliados.
Como primera medida, el informe Morillon, con el posterior respaldo de una importante mayoría en el Parlamento Europeo, solicitaba la creación de una fuerza de intervención para casos de crisis de 50 000 soldados antes del año 2004, una fuerza permanente que estaría permanentemente disponible para llevar a cabo operaciones de rescate y labores humanitarias. Esto es, por tanto, lo que solicita el Parlamento Europeo.
No obstante, pasaré ahora al tema de la política de armamento: tras las operaciones efectuadas en los Balcanes, la parte norteamericana nos comentó repetidamente que Europa solo gastaba en defensa el 50% del presupuesto americano en defensa, lo cual, medido en términos de eficiencia, representaba solo un 10%. ¿Por qué? En los Estados Unidos existe un único comprador de armamento, el Pentágono. En la Unión Europea no existe un solo comprador, sino quince, los cuales compran más o menos las mismas cosas, pero siguiendo diferentes criterios y utilizando métodos distintos. La cooperación en este sector deja mucho que desear.
Por lo tanto, no contamos en la Unión con un mercado armamentístico común, sino que disponemos de quince submercados. Si queremos avanzar y gastar de forma más eficaz el dinero de los contribuyentes europeos en defensa, nuestro objetivo debe consistir ahora en establecer realmente un mercado común. Eso implica derribar todas las barreras comerciales que existen también en este sector entre los Estados miembros. Pero si pretendemos acabar con estas barreras al comercio, tenemos que asegurar previamente no solo la existencia de una normativa común sobre la exportación de armamento, sino también la aplicación uniforme de dichas normas por parte de los quince Estados miembros. De lo contrario, las exportaciones dentro de la Unión Europea se dirigirán primero a los países con disposiciones menos estrictas, y eso es algo que tenemos que evitar. El Código europeo de conducta sobre la exportación de armas constituye, sin duda alguna, nuestro instrumento jurídico más desarrollado. Pero se trata solo de un código que solo algunos países han incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales. La primera propuesta de mi informe es que el código pase a ser legalmente vinculante. Esta es la primera cuestión. Los quince Estados miembros pueden declarar también de forma unilateral que estas disposiciones son legalmente vinculantes. Inmediatamente después de esto, tenemos que asegurarnos de que las autoridades de los 15 Estados miembros apliquen dichas disposiciones exactamente del mismo modo, ya que ese es la primera y principal condición para el éxito.
En segundo lugar, el informe solicita una mayor regulación de la intermediación en el comercio de armas. En este sentido, existe una zona gris en la que se realizan negocios con intermediarios que seguramente no tendrían que tomar parte en esta actividad. Por eso proponemos la creación de un registro de todos los intermediarios y consideramos necesaria la introducción de un sistema de licencias europeo que regule esta actividad.
En tercer lugar, señalamos que resulta relativamente sencillo saber quién fabrica armas, lo cual permite saber también a menudo quién es el propietario. Sin embargo, no está claro el modo en que pasan de uno a otro. Por eso demandamos la creación de un sistema internacional que permita saber quién es el intermediario que ha proporcionado las armas a los usuarios finales. Ya existe una propuesta francesa sobre este asunto. Nosotros pedimos que se utilice esa propuesta como base para garantizar un seguimiento completo del recorrido de las armas hasta llegar a los usuarios finales, ya que esa información tiene una importancia decisiva para la seguridad.

Barnier
Señor Presidente, Señorías, señor von Wogau, yo también me alegro de volver a encontrarme con usted. No he olvidado la calidad de nuestros intercambios en los distintos grupos parlamentarios o extraparlamentarios en que usted participó en cuestiones de defensa europea, en particular cuando yo me encontraba, en el marco de la Convención, a la cabeza del grupo encargado de la política europea de defensa.
Quisiera darle las gracias, señor von Wogau, por el excelente informe sobre el Cuarto informe anual relativo al Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas que acaba de presentar.
Uno de los méritos de este informe es que relanza el problema de las exportaciones de armas en un contexto más amplio, el de las políticas de la Unión Europea, en particular el desafío de la ampliación, que tenemos ahora ante nosotros, la política exterior y de seguridad común y, naturalmente, la política de defensa, así como el desarrollo necesario de una política de la Unión en materia de equipamiento y defensa. 
El Código de conducta de la Unión Europea, que fue adoptado en 1998, es políticamente vinculante para los Estados miembros. La responsabilidad última de las exportaciones de armas incumbe a los gobiernos nacionales. No obstante, algunos aspectos del comercio de armas dependen de la PESC, a la que la Comisión está plenamente asociada. La Comisión intenta poner todos los medios en los ámbitos que son competencia de la Comunidad y está dispuesta a colaborar con los Estados miembros en aquellos en que las responsabilidades son compartidas, como sucede con el cumplimiento del Reglamento sobre los bienes de doble uso.
La Comisión aprueba los progresos realizados por el Consejo el año pasado, bajo las Presidencias danesa y griega, en lo concerniente a la aplicación del Código y a la mejora de la transparencia. Quisiera citar, en particular, las mejoras relativas a los datos comunicados en el informe anual y la introducción del compendio de prácticas acordadas por los Estados miembros en el marco del Código de conducta, así como la adopción el pasado mes de junio de la posición común sobre el control de las actividades de mediación en el tráfico de armas. 
La Comisión es consciente del vivo interés que el Parlamento Europeo presta a este tema y, en particular, de la constructiva y ambiciosa toma de postura que testimonia su informe, señor von Wogau, que alienta al Consejo a proseguir y mejorar su trabajo en este ámbito. Compartimos en gran medida la evaluación que usted hace del cuarto año de aplicación de este Código. Apreciamos varias de las sugerencias que expone en su informe, tanto las que persiguen una mayor transparencia y un mayor rigor en los controles como las tendentes a una mayor armonización y a la adopción de disposiciones jurídicamente vinculantes. 
Somos favorables a su propuesta de recurrir con más frecuencia a las posibilidades ofrecidas por el Grupo sobre la exportación de armas convencionales y por los grupos de trabajo geográficos del Consejo para elaborar análisis comunes y definir un enfoque más multilateral. Esto puede representar una etapa importante en la vía de la armonización de las políticas de exportación de armamento de todos los Estados miembros. Hay que prestar más atención a los intentos de definición común del octavo criterio del Código, relativo a la compatibilidad entre las exportaciones de armamento y la capacidad técnica y económica del país destinatario.
Me parece muy importante también para la Unión que los países en vías de adhesión participen plenamente en el proceso del Código de conducta, en particular en materia de intercambio de datos y notificación de las autorizaciones denegadas. Además, la Unión debería alentar siempre a los países terceros a adherirse a los principios del Código y a seguir sosteniendo los esfuerzos, en particular en el marco del G8, encaminados a la creación de un instrumento internacional en este ámbito.
La Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento comunitario del Consejo relativa al comercio de determinados equipos y productos que puedan utilizarse con fines de tortura o para infligir la pena capital u otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Creo que es necesario hacer que se respete, sin excepciones, la política europea que prohíbe la pena de muerte y la tortura, observando al mismo tiempo las prescripciones de la OMC. Esta necesidad explica la relativa complejidad de esta iniciativa.
Por esta razón, la elaboración de nuestra propuesta, que ahora se somete al examen de las instancias del Consejo, se ha retrasado algo. Esperamos, no obstante, que pueda adoptarse muy pronto.
El informe del Parlamento Europeo y -como usted ha recordado, señor von Wogau- las importantísimas propuestas del general Morillon resaltan muy justamente el vínculo existente entre las medidas de control de las exportaciones y el desarrollo de una política de la Unión Europea en materia de equipos de defensa, tal como ha sido propuesta en la comunicación de la Comisión de marzo de 2003.
Existe, evidentemente, una vinculación entre el relajamiento de los controles relativos a la circulación de armas dentro de la Unión Europea, por una parte, y el endurecimiento y la armonización de las prácticas en materia de control de las exportaciones destinadas a terceros países, por otra.
A este respecto, hay que examinar detenidamente las propuestas relativas a un sistema común de control en el interior de la Unión Europea. A la luz de esta idea, en la que usted y yo trabajamos en el marco de la Convención, conviene estudiar la posibilidad de crear una agencia europea para el control de la exportación de armamento y, más en general, una agencia europea del armamento, el equipamiento y la investigación, que podría ser una de las herramientas para un mercado único del armamento, que como usted ha recordado, es una verdadera necesidad.
Esto es lo que quería decir en respuesta a las palabras del Sr. von Wogau. Señorías, muchas gracias por su atención.
Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe tan claro y equilibrado de mi colega, el Sr. von Wogau, merece mi más caluroso agradecimiento. Este informe analiza la situación actual y propone una serie de medidas coherentes para el futuro.
En este sentido es también importante tener en cuenta la ampliación de la Unión, ya que el mercado de armas convencionales sigue centrado en los países candidatos y en otros países con los que comparten fronteras. Conviene llevar a cabo sin demora una revisión y armonización de las prácticas de la Unión Europea, además de garantizar el cumplimiento del código de conducta de la Unión Europea en los países que van a convertirse en nuevos vecinos de la Unión y en aquellos con los que ya se ha firmado un acuerdo de estabilización y asociación.
El ponente ha dicho, con toda razón, que los Estados miembros actuales tienen la culpa de que se faciliten datos detallados sobre las exportaciones a países estables -a otros países de la Unión Europea y a los Estados Unidos de América- y, sin embargo, no se proporcione información alguna sobre las exportaciones a países menos estables. La solución propuesta en el informe, basada en una mayor transparencia y un enfoque más multilateral, es la única forma de corregir este problema y de evitar todo comercio de armas que represente una amenaza para los derechos humanos, la estabilidad regional y el desarrollo sostenible.
En materia de exportación de armamento, resulta esencial desarrollar y armonizar la legislación, así como crear un registro de transacciones y un sistema de licencias. La idea expuesta en el informe con relación a la creación de una agencia europea para el control de las exportaciones de armas debe ser seriamente considerada como una medida lógica para lograr una política europea común de comercio de armas y el establecimiento de un mercado común en este sector.
No obstante, hay que corregir algunos datos contenidos en la exposición de motivos del informe del Sr. von Wogau. La legislación vigente en Finlandia en materia de exportación de armamento cumple las recomendaciones establecidas en el Protocolo sobre armas de fuego de las Naciones Unidas y en el Documento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre armas pequeñas y ligeras. El control de las actividades de intermediación en el comercio de armamento en Finlandia pretende acabar con la trasgresión de las prohibiciones impuestas sobre la exportación de armas por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como por el Código europeo de conducta sobre la exportación de armas y otros compromisos y acuerdos internacionales relativos al control de las exportaciones. El objetivo consiste además en evitar la fabricación y el comercio ilegal de armas. Por consiguiente, podemos anunciar que mi país apoyará la política propuesta por mi colega, Karl von Wogau.

Leinen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya el informe del Sr. von Wogau. Yo, por mi parte, quiero dar las gracias al ponente por su acertado análisis sobre los logros y los fracasos de la Unión Europea en el control de las exportaciones de armamento.
En la Convención y en el proyecto de Constitución se ha dicho que Europa tiene que asumir una mayor responsabilidad en el mundo. Nuestra intención manifiesta es la de convertirnos no solo en un gran mercado, sino también en una unidad política que asuma responsabilidades más allá de las fronteras de la Unión Europea. Y el problema de las exportaciones de armas desempeña un papel clave en este terreno. Sabemos de algunos casos de comportamiento completamente irresponsable: se exportan armas a regiones en crisis, provocando con ello una escalada de los conflictos, en lugar de reducir o cesar esas exportaciones para tratar de apaciguar los enfrentamientos. El comercio de armas es una de las razones por las que los conflictos armados se suelen producir en las regiones más pobres del mundo y, como podemos ver, los ejércitos que se despliegan en esas zonas están formados casi siempre por niños.
El comercio de armas, al igual que ocurre con el tráfico de drogas y de seres humanos, constituye, como todos sabemos, un negocio de miles de millones. Los beneficios son enormes, razón por la cual este turbio mercado resulta tan atractivo para los operadores. A pesar de que el código de conducta ha demostrado su valía -se han logrado algunas mejoras-, en el informe se dice que aún se realizan exportaciones a las regiones en crisis que contravienen dicho código. Todavía no hemos logrado nuestro objetivo; aún no hemos conseguido controlar totalmente el problema.
Estoy también de acuerdo con el ponente en que si queremos una política de armamento común - lo cual implica que cada país deje de investigar o fabricar por su cuenta en este sector para emprender estas tareas de forma conjunta a escala comunitaria -, no solo necesitamos un mercado interior común de armas, sino también una política común de exportación de armamento. Del mismo modo que contamos con una política común para el comercio de productos normales, tenemos que adoptar una política común sobre la exportación de armas, y estoy de acuerdo con lo decimos en el apartado 3: los datos disponibles son insuficientes. Necesitamos datos como el tipo de armas que se distribuyen, el valor total de las exportaciones, el número de licencias rechazadas, e información más precisa sobre el país de destino y el usuario final. De lo contrario, no podremos controlar el mercado ni descubrir las posibles infracciones.
Los intermediarios en el mercado de las armas son agentes bastante especiales. Hemos conocido varios escándalos. Como ya he dicho, hay de por medio enormes sumas de dinero. Por eso celebro en especial nuestra propuesta de crear un registro de intermediarios en el comercio de armas y algún tipo de sistema de licencias. Es urgente que alcancemos una posición común en esta cuestión y por eso este Parlamento insta al Consejo a que propicie un acuerdo entre los Estado miembros. Además, quiero mencionar que la Unión Europea no puede asumir sola esta responsabilidad. Necesitamos la colaboración de nuestros vecinos, así como la de Rusia y los Estados Unidos de América. Nos congratularía que la iniciativa francesa tuviera éxito. Para favorecer la credibilidad de la política exterior de la Unión Europea, debemos respetar nuestros principios también en este sector, por lo que celebro enormemente el informe del Sr. von Wogau.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Leinen. Le deseamos un buen trabajo también en el Consejo de Europa.
Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo hace referencia a un problema de extrema importancia estratégica, política y económica. En efecto, la fabricación y el comercio de armas generan enormes beneficios para las grandes empresas multinacionales que, gracias a la privatización, controlan actualmente estos sectores. Aparte de eso, el suministro de armas asegura a los países productores el control político de los países compradores, tanto por las comisiones que las industrias armamentísticas pagan a los gobiernos de estos países como por el control de su equipamiento. Así pues, se están utilizando todos los medios posibles para favorecer la demanda y el consumo de armas, fomentando las tensiones, los conflictos armados, las masacres y las luchas internas entre pueblos. La demanda y el consumo de estos productos conciernen también a los países productores. De hecho, como sabemos, nuestros gobiernos están reforzando continuamente los mecanismos represivos utilizados para acabar con las crecientes manifestaciones de nuestros ciudadanos contra una política contraria a sus intereses, así como para la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la lucha contra el terrorismo. Es decir, para la intervención militar en todo el mundo.
Todo esto, que se traduce en la militarización constante de la Unión Europea, con una colaboración cada vez más estrecha con la OTAN, requiere enormes cantidades de armamento. Por este motivo, el Sr. Solana propone aumentar las fuerzas militares. Esta situación supone un grave peligro para los ciudadanos de la Unión Europea y para la humanidad en general en el marco de una rivalidad intra-imperialista. Pero satisface el ansia especuladora de la red política-militar-industrial que, especialmente desde el 11 de septiembre, dispone de un control absoluto sobre la política de los Estados Unidos y tiene una influencia cada vez mayor en los países de la Unión Europea.
El informe sometido a debate, por muy buena que sea la intención del ponente, no hace referencia a estas cuestiones o, más bien, las oculta. Como todos los informes anteriores, formula deseos y propuestas que nunca se pondrán en práctica. Por esta razón, lo que necesitamos no son códigos de conducta, cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad de los Estados miembros, sino la introducción de controles y normas de obligado cumplimiento, así como una reducción gradual de la fabricación, circulación y utilización de armas, hasta alcanzar su prohibición definitiva. Debemos convertir las industrias bélicas en industrias para la paz. Estas son las demandas del movimiento por la paz, que apoyamos y por las que votaremos a favor del informe.

Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que comparto la esperanza de que la aplicación a largo plazo del Código de conducta logre reducir la fabricación de armas, pese a que el Sr. von Wogau ha dado a entender en su intervención que el objetivo es reducir el gasto en fabricación de armamento. En segundo lugar, debo decir - y le pido al Presidente que envíe una nota al Consejo a este respecto - que esta cuestión está siendo debatida entre el Parlamento Europeo y el Consejo, lo cual significa que es a la Presidencia del Consejo a la que debemos dirigirnos en realidad, ya que ella es totalmente responsable de la aplicación del código. Lamento que no se encuentre representada aquí.
En tercer lugar, puesto que la Presidencia del Consejo no asume sus responsabilidades con seriedad, opino que sería razonable que la Comisión compartiera esa responsabilidad, concretamente en lo que respecta a los instrumentos integrados. De este modo, el Parlamento Europeo tendría una mayor oportunidad de contribuir a mejorar el código de conducta. Uno de los asuntos claves que tenemos que abordar es la creación de un registro europeo de armas con la participación de todos los Estados miembros. Sería un avance importante que se le encomendara a la Comisión estas tareas. 
El problema principal -que esto ya se ha dicho- es que el código no tiene carácter vinculante y, por tanto, no se puede aplicar de forma eficaz. En consecuencia, constituye otro problema fundamental que tiene que resolverse urgentemente. Además, nos enfrentamos al problema - y también esto se ha dicho ya - de que el código no basta para garantizar un control adecuado del comercio de armas. Por eso tiene que crearse urgentemente un registro, primero del producto, segundo de sus movimientos, y tercero de los usuarios finales.
Tenemos también que crear un registro del uso pretendido de las armas cuando alcanzan al usuario final y, para ello, necesitamos una oficina de vigilancia conjunta en la Unión Europea. Todavía mejor sería un servicio de arbitraje, un defensor del pueblo, que se ocupara de las preguntas y de las críticas de los ciudadanos, puesto que las armas pueden seguir llegando a destinos equivocados y porque las armas procedentes de la Unión Europea siguen, todavía hoy, provocando conflictos. Creo que ha quedado claro que el problema principal del código sobre el armamento radica en su aplicación. En este sentido, estamos todavía bastante lejos de cumplir la normativa vigente. Sabemos que las exportaciones de armas siguen provocando nuevos brotes de violencia en conflictos latentes, contribuyen a la violación de derechos humanos y conducen a situaciones bélicas en regiones donde posteriormente tenemos que invertir más dinero y personal para restaurar la paz. Por eso, uno de los principales cometidos de una política exterior y de seguridad común debe ser garantizar el seguimiento y la restricción de las exportaciones de armas, así como imponer las sanciones oportunas a los que violen el código.

Bordes (GUE/NGL).
El informe Von Wogau se propone, pues, regular y moralizar las exportaciones de armamento. Lo mismo sería intentar moralizar el asesinato, el pillaje o el rapto. El mero hecho de que las grandes potencias derrochen sumas colosales en armas de destrucción masiva es señal de que la organización actual de la sociedad es inhumana. Los Gobiernos de las grandes naciones, responsables de guerras criminales desde el Iraq hasta el Afganistán, cómplices del terrorismo de Estado en Palestina, bien quisieran apartar del acceso a las armas a cierto número de países más pequeños cuyo régimen les desagrada, organizaciones consideradas terroristas y delincuencia organizada. Pero hasta esto resulta imposible. 
En su economía, donde los comerciantes de armas están dispuestos a vender la cuerda para colgarles si ello les reporta un beneficio, ¿cómo impedir que eludan los controles administrativos? Y cuando el informe se congratula de la iniciativa francesa dirigida a proponer un código internacional sobre la transparencia, o cuando hace referencia al Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, lo ridículo se une a lo odioso, pues se trata de países que figuran entre los principales exportadores de armas del mundo y que periódicamente se ven agitados por escándalos politico-financieros en los que están implicados altos cargos políticos y traficantes de armas.
Ya solo el reciente nombramiento de uno de los principales traficantes de armas para un cargo ministerial en representación de un país en desarrollo ante la Unesco, muestra la inutilidad y el ridículo de su pretensión de moralizar el comercio de armas. Se han incoado procedimientos judiciales contra este individuo, pero ahora gozará de inmunidad diplomática. Rechazamos por supuesto este informe.
Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, la cosa está clara. Se ha hablado acerca de un código políticamente vinculante, pero imposible de aplicar. No somos capaces de sacudir las conciencias de nuestros gobiernos. Y eso es lamentable porque estamos hablando de armas, que no son artículos de uso cotidiano, pero que con demasiada frecuencia se utilizan como si lo fueran. En relación con el informe del Sr. von Wogau, opino que tiene razón al señalar que, en la cuarta oportunidad que hemos tenido de mostrar nuestra reacción ante el informe anual de Consejo, constatamos una vez más, sobre el papel, los avances realizados en los informes y la transparencia. Con respecto a la efectividad de los acuerdos, tengo la impresión de que estos se ocupan principalmente de prevenir la competencia injusta y evitar las molestias mutuas. Las actividades de intermediación se deben tratar con mayor seriedad.
He de decir que, en la práctica, no soy tan optimista. En lugar de disminuir, el número de exportaciones de armamento europeo va claramente en aumento. Muchos consideran que convendría incrementar el gasto militar; nosotros, por el contrario, nos inclinamos a pensar que este gasto debería reducirse. El complejo militar-industrial se está organizando para ejercer intensas presiones en Bruselas. Numerosas regiones del mundo se siguen viendo inundadas de armas que se utilizan no solo contra la población local, sino también contra nuestras propias fuerzas de mantenimiento de la paz. Hace tiempo vi un reportaje de la BBC en el que fuerzas de paz francesas en el Congo Oriental eran atacadas con armas suministradas con la complicidad expresa de Rwanda o Uganda. Viendo la lista de proveedores, compruebo que aún existen países europeos que suministran armas directamente o permiten la compra de armamento con ayuda presupuestaria, lo que viene a ser lo mismo.
Asimismo, quiero señalar que, en las últimas semanas, han llegado al Chad refugiados procedentes de Uganda. Las organizaciones no gubernamentales de la zona nos han informado de que la proliferación de armas pequeñas en la región ha sido la causa directa de que estallara el conflicto armado. Según leo aquí, se han llevado a cabo investigaciones sobre la forma de suministrar armamento con fines humanitarios. Creo que es demasiado pensar que eso pueda llegar a suceder. Yo no admito esa posibilidad.
En mi país, la ley sobre armamento era muy estricta y, por aquel entonces, se prohibía suministrar armas a las regiones en conflicto. No obstante, la gente descubrió una oportunidad para exportarlas a Nepal y ahora hasta hemos regionalizado el comercio de armas. En Europa puede que se haya aprobado el Código de conducta, pero existe un problema de interpretación y, como ya han apuntado nuestros colegas diputados, existe una amplia zona gris. Las regiones de algún modo inestables constituyen, sin duda, los mejores clientes para la exportación de armas, porque los compradores ansiosos no hacen discriminaciones. Con independencia de que un país sea rico o pobre, compran armas que aparentemente pagan, si es necesario, incluso con materias primas robadas al propio país, como sucede en el Congo Oriental.

Barnier
Señor Presidente, he escuchado atentamente a cada uno de los que han hablado y he tomado buena nota de sus comentarios y críticas. Sobre un punto que usted abordó, señora Maes, quisiera recordarle simplemente que desde hace algunos años existe una acción común del Consejo que está encaminada -con resultados siempre desiguales- a limitar la proliferación de armas ligeras. Creo entender también que hay una serie de acciones concretas apoyadas por la Unión Europea para destruir en determinados países las reservas de estas armas de poco calibre o ligeras. 
Para responder a algunas intervenciones, en particular la de la Sra. Korhola, quisiera recordar que los nuevos Estados miembros de la Unión se han adherido ya al Código de buena conducta del que el Sr. von Wogau así como yo mismo hemos hablado hace un momento y que esos Estados participan en el intercambio de información en el Consejo.
Por último, quisiera precisar que la posición común sobre el control de las actividades de mediación en el tráfico de armas fue adoptada por el Consejo en el mes de junio pasado.
Estos son, señor Presidente, los tres puntos que quería plantear al término de este debate.
El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede a la Declaración de la Comisión sobre la Unión Europea y la lucha contra la tortura.
Tiene la palabra el Comisario, Sr. Barnier.
Barnier
Señor Presidente, por la acción que ha emprendido estos últimos años en los planos político, diplomático y financiero, la Unión Europea ha demostrado claramente su compromiso en la lucha contra la tortura en el mundo. La Unión, que plantea periódicamente esta cuestión en el marco de su diálogo político con terceros países, ocupa además un lugar de primera línea en la promoción del Protocolo facultativo del Convenio contra la tortura, que contempla la instauración de mecanismos de visita nacionales e internacionales con el fin de inspeccionar los lugares de detención.
Por otra parte, el Grupo de trabajo del Consejo sobre los derechos humanos está elaborando actualmente, para reforzar la acción de la Unión Europea en cierto número de terceros países, una estrategia encaminada a aplicar de forma más eficaz las orientaciones relativas a la tortura adoptadas por la Unión en 2001, al mismo tiempo que analiza la información sobre los casos de tortura comunicados por los jefes de misiones de la Unión Europea en distintas partes del mundo. 
A través de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, se conceden fondos importantes a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones internacionales para la prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas. Así, el año pasado, se asignaron 25 millones de euros a proyectos de este tipo en el marco de una convocatoria de propuestas para 2002 y 2003. 
El Parlamento desempeñó un importante papel en 1994 con la asignación de fondos, con cargo al presupuesto de la Unión Europea, para las víctimas de actos de tortura. Soy muy consciente de la viva preocupación que despierta en esta Cámara la decisión de reducir los fondos destinados a los centros de rehabilitación de las víctimas.
Quisiera, Señorías, exponer brevemente el origen de la política actual de la Comisión en materia de financiación de las acciones contra la tortura.
En 2001, la Comisión presentó una comunicación sobre los derechos humanos caracterizada por un cambio de orientación en materia de rehabilitación y de prevención, así como por el compromiso de «procurar centrarse todo lo posible en la prevención, por ejemplo, la formación de la policía y de otros posibles agentes de tortura en temas de derechos humanos». El documento de programación de la iniciativa europea para 2002-2004, que subraya que la financiación se reorientará hacia acciones de prevención a más largo plazo, se inscribe pues en esta lógica. Diré dentro de un momento algunas palabras sobre el modo en que se ha aplicado esta política. Pero primero quisiera exponer sus motivaciones.
Hacer hincapié en la prevención no significa que la Comisión no valore las acciones de rehabilitación de las víctimas, sino todo lo contrario. La asistencia jurídica, social y médica prestada por los centros de rehabilitación es, a nuestro entender, extremadamente importante. No obstante, como los fondos concedidos a la iniciativa europea se han limitado a unos 100 millones de euros al año para financiar cuatro grandes prioridades en materia de defensa de los derechos humanos, la Comisión se ha visto obligada a tomar decisiones rigurosas y difíciles. En la Comunicación que presentó en 2001 se indica claramente que el principio general que rige el limitado presupuesto de la iniciativa europea es concentrarse en los derechos civiles y políticos, y se presenta a la Unión Europea como artífice del cambio en el ámbito de los derechos humanos. 
Por lo que se refiere a la lucha contra la tortura, el principio considerado supone atajar los problemas en la fuente, en particular mediante la formación de las fuerzas de policía y del personal de vigilancia de las prisiones, mediante la investigación de las redes de comercialización de los instrumentos de tortura, mediante las acciones de sensibilización y apoyo sobre los grandes avances, como el Protocolo facultativo del Convenio contra la tortura.
En resumen, Señorías, supone tomar las medidas necesarias para evitar las víctimas de mañana. La decisión de reorientar cada vez más la acción de la Unión hacia la prevención va acompañada de medidas específicas tendentes a reducir de forma progresiva la dependencia de los centros de rehabilitación de los recursos comunitarios. Así, desde 2001, se concede una gran importancia a la cuestión de la perennidad de los proyectos durante el proceso de evaluación de las licitaciones. Por otra parte, las acciones encaminadas a reforzar las capacidades institucionales de los centros, en particular mediante el desarrollo de la capacidad para movilizar fondos, podían acogerse explícitamente a una financiación en 2001 y 2002. Quisiera recordar asimismo que, independientemente de los fondos comunitarios disponibles, jamás se ha garantizado que un centro concreto fuera a recibir una financiación en el curso de un año preciso y determinado. Todas las propuestas de financiación son evaluadas por expertos y reciben una calificación en función de criterios de selección transparentes y equitativos. Los fondos solo se conceden a las mejores propuestas. 
Este enfoque debe replantearse asimismo en el contexto de la vasta red de centros de rehabilitación existente hoy. El Consejo internacional para la rehabilitación de las víctimas de la tortura trabaja con unos 200 centros en todo el mundo. Es evidente, Señorías, que la Comisión no dispone de los recursos necesarios para cubrir estas necesidades y solo puede aportar su apoyo a un número reducido de centros cada año. Así, el año pasado, recibieron fondos comunitarios 13 proyectos elaborados dentro y fuera de la Unión y dirigidos a las víctimas de la tortura. Esta ayuda se suma a otras fuentes importantes de financiación a escala internacional, por ejemplo la financiación del Fondo de contribución voluntaria para las víctimas de la tortura, creado por las Naciones Unidas, y al que contribuyen varios Estados miembros. La Comisión está concluyendo la elaboración de la programación de la iniciativa europea para 2004, que dará la prioridad a la prevención de la tortura y la rehabilitación. Este documento se presentará oportunamente al Parlamento.
Para concluir quisiera, señor Presidente, reafirmar que la Comisión no quiere suprimir de un día para otro todas las financiaciones decididas para los centros de rehabilitación. La convocatoria de propuestas por un importe de 11,5 millones de euros, dirigida a los centros de rehabilitación de la Unión Europea, que se lanzó el 9 de agosto de 2003, es, creo, prueba y testimonio de ello. Esto es lo que quería decir sobre esta cuestión.
Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, nos enfrentamos a dos clases de tortura, cuya erradicación resulta igualmente importante. La primera de ellas se practica con la excusa de que es necesario obtener determinada información; por ejemplo en el caso de actividades terroristas peligrosas. La otra clase de tortura persigue claramente destruir y herir a la gente. Como es lógico, rechazamos ambos tipos de tortura en igual medida. Lamentablemente, mucha gente piensa que la tortura es una práctica sacada de la Edad Media y un problema que ya logramos erradicar en la época de la Ilustración. Sin embargo, fue precisamente durante el siglo XX cuando, de modo muy particular, se registraron crueles formas de tortura y surgieron los despiadados regímenes del comunismo y el nacionalsocialismo. Además, tenemos que admitir que, incluso a comienzos del siglo XXI, la tortura sigue siendo una desgraciada realidad en muchas partes del mundo.
En América Latina, afortunadamente, la tortura se ha reducido de forma considerable desde los decenios de 1970 y 1980. En África, apenas existe un país en el que no se practique la tortura. En Asia, suelen ser precisamente los socios comerciales de la Unión Europea - que se disfrazan ante nosotros de serios hombres de negocios - los que han perfeccionado las diferentes formas de tortura. Y, desgraciadamente, el problema sigue siendo relevante aquí en Europa. Hace solo unos años se produjeron casos especialmente violentos en Kosovo. O volvamos la mirada al este, por ejemplo: la situación en Europa Central ha mejorado - junto a mí se encuentra sentado mi colega Figel de Eslovaquia, un defensor de los derechos humanos -, desde que hace doce años estas naciones lograron felizmente derrocar a los crueles regímenes que practicaron la tortura en una revolución democrática. Pero en los Estados miembros del Consejo de Europa, que se reúne simultáneamente al otro lado del Ill, el problema aún existe. En Chechenia, por ejemplo, el ejército ruso sigue cometiendo brutales actos de tortura y nadie habla de ello. Mañana en el Consejo de Europa se decidirá si debemos adoptar medidas de vigilancia en Liechtenstein. Liechtenstein es una democracia ejemplar, mientras que en Rusia, en Chechenia, se sigue recurriendo a la tortura. No obstante, se trata de un país mucho más grande que Liechtenstein, y por ese motivo nadie se atreve a abordar el problema. Analicemos también el caso de Turquía, un país candidato: está resultando muy difícil acabar con el problema de la tortura, a pesar de que pertenece al Consejo de Europa y mantiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Es un problema no solo de países muy alejados de los nuestros o de períodos pasados de la historia; se trata de la realidad de nuestra política exterior. Por ello, señor Comisario, celebro que la Comisión conceda a esta cuestión la máxima prioridad. Celebro que esté decidida a abordar el tema a escala internacional, a ayudar activamente a las víctimas de la tortura, independientemente de su origen -todavía tenemos en Europa a muchas personas traumatizadas por haber sido víctimas de la tortura que proceden precisamente de los Balcanes- y, sobre todo, a trabajar en el terreno de la prevención. Apoyo firmemente esta iniciativa. Es preciso unir la política de comercio exterior y la de derechos humanos; y lo mismo puede decirse de nuestra política de desarrollo. La época en la que se incluían cláusulas decorativas sobre los derechos humanos en nuestros tratados ya se ha terminado; ahora ha llegado el momento de aplicar dichas cláusulas y de tomar medidas cuando realmente se infrinjan, porque las quejas, las lamentaciones y las críticas por sí solas no consiguen nada. Se deben adoptar medidas importantes, prácticas y muy sencillas, y considero que un país en el que se sigue practicando la tortura a diario con el fin de administrar justicia simplemente no puede ser un socio económico apropiado para una Europa democrática. Por ello, soy partidario de una política dinámica en este ámbito.

Junker (PSE).
Señor Presidente, Señorías, en vista de los últimos acontecimientos, quiero expresar la alegría que siento de que Amina Lawal, que había sido condenada a ser lapidada hasta morir en Nigeria por un delito de adulterio, haya ganado el recurso interpuesto y se haya librado de tal condena. Creo que la Unión Europea ha tenido algo que ver en este feliz desenlace, ya que ha lanzado una enérgica campaña para evitar que esta espeluznante práctica tuviera lugar. Eso me da motivos para mostrarme optimista en lo que respecta a la voluntad de que ahora se debata y discuta este problema con la asociación de países ACP pues, como saben, la tortura constituye una de las aberraciones con las que se tiene que vivir en esos países. Por supuesto, ya se ha recordado que la tortura también se ejerce claramente en África y que es preciso erradicar esta práctica. Lo que ha sucedido en Nigeria se puede interpretar como una victoria para la humanidad. Nuestra cooperación con los países ACP, que resulta sin lugar a dudas de vital importancia para los miembros de esta Cámara, ha contribuido a tal desenlace, al igual que la resolución del Parlamento Europeo. Todo esto viene a demostrar que nuestras políticas pueden lograr resultados reales.
Pero abordemos este problema desde un punto de vista general: el compromiso de la Unión Europea de velar por el respeto de los derechos humanos y garantizar la inviolabilidad de la dignidad humana es de todos conocido. Asimismo, destinamos cantidades astronómicas de dinero para tal fin, pero, desafortunadamente, todos los esfuerzos son pocos para la miseria que reina en el mundo. Es por ello que, en nombre de mi grupo, propongo que se cree una reserva adecuada para prevención y rehabilitación en el futuro. El mundo realmente espera que la Unión Europea siga actuando como hasta ahora y mantenga su compromiso, un compromiso que no cabe esperar de nadie más.
Es preciso que los centros de rehabilitación que se han mencionado aquí, tanto dentro como fuera de Europa, tengan la certeza de que su futuro está garantizado. No debemos permitir que se vean en una situación en la que tengan que subsistir de la caridad y preocuparse cada año de que tal vez no puedan continuar con su labor, una labor tremendamente importante para las víctimas. Quiero hacer hincapié en que no se trata solo de ofrecer a las víctimas un lugar donde refugiarse, un techo: me estoy refiriendo a algo mucho más concreto, a que tengan acceso a asistencia jurídica y a tratamiento psicológico.
Esto es especialmente importante para las mujeres que, como todos sabemos, son objeto de brutales prácticas de tortura. En Bosnia, aunque también en otros países, la opinión pública ha podido comprobar cómo las mujeres son víctimas de violaciones. En estas regiones ese delito se utiliza como un arma política y no supone solo un acto de humillación. Las mujeres quedan completamente destrozadas física y emocionalmente, y necesitan un apoyo fiable. Se nos pide que ofrezcamos a esta gente una seguridad real y, por tanto, que no solo sigamos la política de la Unión Europea, que sin lugar a dudas es bien acogida, sino que la desarrollemos más. Lo diré de forma explícita: esto se aplica a los dos ámbitos, a la prevención y a la rehabilitación. Está claro que algunos aspectos se solapan. Desde luego, es conveniente comprobar cómo se garantiza la cooperación de forma individual, pero no deberían existir dudas sobre el compromiso de la Unión Europea a proporcionar un refugio para las víctimas de la tortura.
Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero expresarles en nombre de mi Grupo mi más sincero agradecimiento -y también al Sr. Patten, que no ha podido asistir hoy, y a su equipo- por la excelente disposición de la que han hecho gala en el pasado y que siguen demostrando hoy al sumarse al debate del Parlamento sobre el grave problema que es la tortura.
Usted mismo ya ha destacado la importante distinción que se hace actualmente entre la rehabilitación de las víctimas, por un lado, y la prevención por otro. Es de vital importancia que sigamos comprometiéndonos de lleno con la rehabilitación de las víctimas; pero la partida presupuestaria correspondiente se ha reducido en un 45%. Queremos saber si nos puede garantizar que seguiremos contando con los fondos que están disponibles actualmente. De lo contrario, nos encontraremos en una desagradable situación, teniendo que competir por recursos presupuestarios los que desarrollan su labor en el ámbito de la rehabilitación con los que trabajan en la prevención, cuando está claro que esta tarea también es absolutamente necesaria.
Las violaciones sistemáticas como arma de guerra se han convertido, desgraciadamente, en una práctica generalizada. Asimismo, parece ser que la situación en que la policía considera normal la tortura para extraer cierta información sigue estando a la orden del día, incluso en países que solicitan su entrada en la Unión Europea, como es el caso de Turquía. Resulta inaceptable que la policía considere la tortura un medio normal para conseguir un fin. Creo que es especialmente positivo que prestemos parte de nuestra atención a la educación de la policía en este sentido. En todo momento, nuestro principio rector se debe basar en unos métodos adecuados, en los que la humanidad sea la principal consideración.
También quisiera llamar la atención sobre el hecho de que se esté utilizando a los hijos como un arma contra sus padres. Me estoy refiriendo al terrible problema de los niños soldados, niños alejados de sus hogares para ser utilizados posteriormente como un medio de opresión, como un arma contra su propio padre y su propia madre.
Señor Comisario, queremos unir nuestros esfuerzos para evitar esta clase de abominación. Esta colaboración es una herramienta importante en la prevención de conflictos, pero también seguimos instándole a que no nos deje perder de vista la rehabilitación de las víctimas

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, las prácticas de tortura que se dan en terceros países pueden condenarse tranquilamente en esta Cámara; el trato dado a las mujeres por los talibanes es el clásico ejemplo. Sin embargo, nadie puede negar que la verdadera prueba sería traducir nuestras palabras en acciones concretas para luchar contra las interminables torturas que se producen en uno de los Estados miembros, el Reino de España.
Durante los últimos cuatro años, he suscitado esta cuestión en varias ocasiones y nadie en esta Cámara ha reaccionado apoyando mis reclamaciones. Especialmente lamentable fue el comportamiento de nuestra anterior Presidenta, la Sra. Fontaine, primero en enero de 2001, cuando solicité una declaración contra el indulto de 15 policías torturadores que ya habían sido condenados en España. La Presidenta ordenó que se me retirara la palabra. Eso ocurrió dos veces en dos sesiones distintas de esta Cámara durante el mes de enero de 2001. El segundo ejemplo se produjo en diciembre de 2001, cuando mostré una fotografía tamaño póster de una mujer torturada y la Presidenta reaccionó de la misma forma.
Comisario, debemos asegurarnos de que la Unión Europea alza su voz y actúa para responder a cualquier demanda sobre torturas. Depende de la Comisión garantizar que los Estados miembros cumplan el derecho comunitario para conseguir credibilidad ante los ciudadanos europeos.
El realismo político ha llevado a las instituciones europeas a la conclusión de que en estos momentos no conviene hacer nada que pueda poner en peligro la arquitectura política de la Unión Europea. Sin embargo, estoy seguro de que la mayoría de los europeos no comparten esta tolerancia ante la tortura.
No deberíamos pretender que estamos haciendo algo serio para luchar contra la tortura mientras no establezcamos un compromiso más ambicioso, sobre todo denunciando por su nombre a los responsables de la tortura. Desgraciadamente, a ese respecto no ha cambiado nada en la Unión Europea a pesar de unos pocos informes valientes. Estamos a la espera de propuestas de la Comisión para redactar un texto legislativo sensato para reforzar la afirmación de que la tortura no puede tolerarse en ninguna circunstancia. Deben tomarse pronto medidas políticas y jurídicas, porque encontrar soluciones a la tortura es urgente.
Apoyo plenamente el énfasis de la declaración de la Comisión, aunque en general creo que muchas personas del País Vasco considerarían que no va lo suficientemente lejos para responder a sus preocupaciones.

Lage (PSE).
Señor Presidente, he pedido la palabra porque no puedo permanecer indiferente ante el discurso del diputado que acaba de intervenir, y creo que no hay ningún diputado español presente para responder. No puedo evitar sentirme indignado por lo que acabo de oír, y la mejor interpretación que puedo hacer de sus palabras es que quizá deseaba rendir un extraño homenaje a la virtud. Está claro, sin embargo, que no se trata de nada de eso. El diputado que acaba de intervenir no condena la tortura; no condena la violencia que desata en España la organización a la que defiende, que se dedica a secuestrar a personas y confinarlas en auténticos zulos, oprimirlas y tratarlas como meros objetos. Protesta ante los posibles actos de tortura cometidos por el Estado español. Señor Presidente, no cabe duda de que el Estado español será condenado si lleva a cabo algún acto de tortura. De hecho, ya se han emprendido las correspondientes acciones legales en España contra miembros de la policía y otras autoridades que utilizaron la tortura contra componentes de esa organización. Eso es la práctica correcta, una práctica democrática. No puedo dejar pasar las palabras de este diputado sin protestar porque, de hecho, lo que ha dicho es justo lo contrario de lo que realmente quiere decir.

El Presidente.
 Yo les ruego, señores diputados, que no entremos en un debate sobre este tema. Hay un diputado español que ha pedido la palabra. Yo también soy un diputado español y, en mi condición de Presidente, he procurado mantener la calma y la voy a mantener. He escuchado con atención al Sr. Gorostiaga durante más de tres minutos, sin interrumpirle, pero tengo que decirles que también yo he sentido herida mi sensibilidad porque, claro, nos consta que el Sr. Gorostiaga no condena estos atentados... -usted va a tener la palabra, señor Gorostiaga, no se preocupe- y, además, pertenecía a una organización que el Estado democrático y de Derecho, a través de la justicia, disolvió, digámoslo así, por sus conexiones con una organización terrorista.
Yo no voy a decir más, pero tiene que constar en Acta. Yo me hago responsable de mis palabras como diputado español. Le pido a mi colega, diputado español, que renuncie a la palabra, porque estamos en un debate de otro tipo y el Sr. Gorostiaga tiene quince o veinte segundos para decir lo que crea conveniente, aunque él ha mencionado a personas, que no están en la sala, como le ha parecido.
Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, en primer lugar, no puedo estar de acuerdo con el procedimiento seguido por el Presidente, por lo que protesto.
En segundo lugar, denuncio a todos los torturadores, sin excepciones, y me gustaría que nuestros colegas españoles hicieran lo mismo, es decir, denunciar el indulto dado a los torturadores que han sido condenados por torturas. El Gobierno español les ha indultado, así que pueden torturar impunemente en España.

El Presidente.
 Constarán en el Acta todas nuestras palabras. Saben ustedes que en esta sala -que se llama, a veces retóricamente, templo de la democracia- todo el mundo tiene derecho a hablar, según el Reglamento, y cada uno se hace responsable moralmente de sus palabras.
Gahler (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también digo lo que quiero decir. Por eso, en primer lugar, quiero dar expresamente las gracias al Sr. Posselt, no solo por criticar y condenar la tortura en teoría, sino por citar determinados Estados que fomentan esta práctica. Opino que éste es uno de los puntos políticos más importantes y no debería caer en el olvido. En nuestras relaciones con otros países también tendríamos que señalar a todos los que practiquen la tortura. El Sr. Posselt ha citado a Rusia y Turquía, y aunque yo soy ponente de Irán, eso no me impide reconocer que, lamentablemente, en Irán también se practica la tortura. Eso es algo que ya reconocimos públicamente, por ejemplo, en el diálogo sobre derechos humanos que se está manteniendo con Irán. Por este motivo, señor Comisario, creo que habría sido conveniente que además de haber sacado este tema a relucir en las conversaciones políticas privadas que se mantienen a puerta cerrada, hubiera dicho los nombres de los países que practican la tortura.
En este contexto, me parece muy importante que, cuando tengamos pruebas de que se practica la tortura en un país, le retiremos los privilegios que les hayamos concedido (por ejemplo, los privilegios comerciales que disfrutan varios países ACP en el marco del Acuerdo de Cotonou), de conformidad con las medidas cautelares establecidas en los tratados. A pesar de que contamos con los mecanismos necesarios para ello, en mi opinión no los estamos utilizando en lo que respecta a los 77 países ACP, excepto en el caso de Zimbabwe, donde las medidas que hemos tomado no dejan de ser poco contundentes.
Ha mencionado otro punto más, relacionado concretamente con los centros en los que se trata a las víctimas de tortura. Si no le he interpretado mal, ha dicho que tiene previsto retirar la financiación que reciben estos centros. Solo nos ha dejado entrever su intención diciendo «no será de un día para otro», pero la política que persigue está clara. También ha mencionado que existen otras posibles fuentes de financiación. Lo cual nos indica claramente que su intención, en realidad, es esa. Le ruego que lo reconsidere. Por cuestión de principios, las ayudas solo pueden retirarse si se nos informa de que las torturas han cesado o se han reducido, pero nunca sin contar con esos datos.
Por todo esto, apoyo la propuesta que, según tengo entendido, presenta el Grupo Socialista, para aumentar la partida presupuestaria B5-813 en un millón de euros. También estoy intentando conseguir el apoyo de mi propio grupo a esa propuesta. Por lo tanto, lo que pedimos es justo lo contrario a la abolición de la partida presupuestaria, lo que desafortunadamente en estos momentos supone un incremento de los fondos asignados. Insto a la Comisión a que actúe de común acuerdo con nuestra posición.
Karamanou (PSE).
Señor Presidente, yo también, como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo, celebro la liberación de Amina Lawal, la mujer nigeriana sentenciada a muerte, a una horrible muerte por lapidación, debido a los cargos de adulterio que se le imputaban. Asimismo, quiero felicitar a la Comisión y a mi comisión por luchar y por haber podido influir en el veredicto que se ha emitido hoy. Hemos ejercido la mayor presión posible. Ahora bien, esa mujer no dejará de simbolizar la lucha de todas las mujeres, a lo largo y ancho del planeta, que se esfuerzan por proteger sus libertades fundamentales y los derechos humanos.
En lo que respecta a la tortura, le felicito calurosamente, señor Comisario, por las iniciativas que ha adoptado, especialmente las relativas a la prevención de la tortura y a la financiación de los centros de rehabilitación para las víctimas. No obstante, confío en que me permita filosofear un poco sobre este tema. Ya hace dos mil quinientos años en Atenas, Aristóteles hizo especial hincapié en que las confesiones obtenidas por medio de la tortura no podían ser admitidas. Otro sabio y retórico griego, Antifonte, advirtió también que las personas sometidas a actos de tortura solo dicen aquello que complace a sus torturadores. Naturalmente, nuestra experiencia actual nos ha demostrado que con la tortura se puede obtener cualquier confesión. Las víctimas dicen lo que los magistrados encargados de la investigación quieren escuchar y firman lo que sea para acabar con el dolor y la tortura.
Es un hecho, aunque pueda parecer un tópico, que el 11 de septiembre representó un importante punto de inflexión en el ámbito de los derechos humanos. Los actos de violencia y terrorismo, el miedo y la inseguridad hasta entonces confinados a ciertas zonas del planeta, ha pasado a ser una realidad cotidiana en otras muchas, incluido el mundo occidental.
Señor Comisario, hace unos años emprendimos campañas contra la tortura utilizada por los regímenes dictatoriales y totalitarios. Estábamos convencidos de que en el mundo occidental no había lugar para esta práctica. Sin embargo, pronto comprendimos que nos habíamos equivocado. Nos dimos cuenta cuando vimos a los prisioneros afganos con vendas que le cubrían los ojos y las orejas encerrados entre rejas en la base norteamericana de Guantánamo en Cuba, en condiciones que se podrían calificar de tortura según la opinión de una experta, Maria Kalli, la presidenta griega del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura al que se ha referido anteriormente.
Al mismo tiempo, nos quedamos horrorizados al escuchar a personas supuestamente ilustradas argumentar que se debería utilizar la tortura en la lucha contra el terrorismo. En otras palabras, vamos a volver a debatir un problema que ha sido una realidad durante 2.500 años. Sin embargo, no hay duda de que la guerra contra el terrorismo genera incluso más terrorismo. Por desgracia, la guerra contra el terror se ha convertido en una guerra contra la libertad, la libertad de viajar con seguridad, de pasear por la calle, de quedar con la gente y de llevar una vida normal y corriente sin la sombra del miedo y el pánico. El ejemplo más representativo y reciente de cómo la violencia genera todavía más violencia ha sido el ataque de la sede de la ONU en Bagdad.
Hoy, las organizaciones humanitarias voluntarias y los defensores de los derechos humanos se encuentran en la línea de fuego, como si ellos fueran terroristas. A pesar de ello, Comisario, no deben cesar nuestros esfuerzos por combatir la violencia y proteger a las víctimas. Desde este punto de vista, le felicito por cualquier iniciativa que adopte.

Barnier
Señor Presidente, en primer lugar, unas palabras en respuesta a lo que acaba de decir la Sra. Karamanou y a lo que ha dicho algo antes la Sra. Junker. Creo que, en este hemiciclo, y en naturalmente fuera de él, todos nos hemos alegrado en especial por la absolución de Amina Lawal en Nigeria. Su absolución había sido deseada por todos aquellos que, en el mundo y en Europa, así como en la Comisión -el Presidente Prodi escribió a las autoridades nigerianas al respecto-, están apegados al respeto de los derechos humanos. Y sabemos bien que, al hablar de respeto de los derechos humanos, el lugar central de la lucha por el respeto de los derechos humanos está ocupado por la abolición de la pena de muerte. Ahora bien, en Europa la hemos abolido todos, lo que no sucede por desgracia en otras regiones del mundo. Me alegra pues unir mi voz, señoras, a lo que han dicho sobre este tema.
La Sra. Maes abordó la problemática rehabilitación/prevención que yo mismo había planteado. Expuse antes las razones por las que queremos dar hoy prioridad a la prevención. No obstante, señora Maes, la iniciativa europea no establece una distinción absoluta entre la prevención y la rehabilitación y no discute que los centros de rehabilitación puedan y deban desempeñan un papel en materia de prevención. 
Por otra parte, la convocatoria de propuestas para 2002 autorizaba expresamente a los centros a consagrar el 20% del presupuesto propuesto a actividades relacionadas con la prevención. Y a fin de alimentar nuestra reflexión sobre este tema, emprenderemos próximamente un estudio sobre el papel de los centros en este ámbito. Le doy las gracias, señora Maes, por haber resaltado usted misma -y yo se lo transmitiré- el compromiso y la disponibilidad de mi colega y amigo, Chris Patten, en este tema como en muchos otros, pero en especial en este tema. 
Quisiera tranquilizar igualmente a la Sra. Juncker y al Sr. Galler, que se han manifestado hace un momento sobre el apoyo que seguimos y seguiremos aportando a los centros de rehabilitación. En efecto, este punto forma parte de los compromisos de la Unión. Ya lo he indicado, la financiación de las acciones de rehabilitación no va a desaparecer en un futuro próximo. Hay que resaltar que la iniciativa europea no es, como he dicho, la única fuente de apoyo concedido por la Unión Europea a las víctimas de la tortura. En efecto, varios Estados miembros de la Unión aportan una participación importante en el marco de las Naciones Unidas al Fondo de contribución voluntaria para las víctimas de la tortura, que concede una ayuda anual a los centros de rehabilitación. Quería hacer esta precisión con respecto a las preocupaciones que ustedes han expresado.
El Presidente.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0276/2003) presentada por la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la situación alarmante del sector apícola europeo.

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, desde finales del decenio de 1980, este Parlamento intenta sensibilizar a la Comisión Europea sobre la situación cada vez más alarmante de la apicultura europea.
En 1997 conseguimos hacer que la Comisión se moviera un poco, lo que condujo a un Reglamento «descafeinado» a favor de la mejora de la producción y la comercialización de la miel, dotado para el conjunto de los quince Estados miembros con 15 ó 16 millones de euros, según los años. La Comisión nunca ha dado curso a las peticiones unánimes de este Parlamento de que se adopten medidas más adecuadas para salvar la apicultura europea, como la prima a la polinización.
Desde hace algunos años, la apicultura se enfrenta a nuevos problemas, en particular la pérdida de enjambres porque las abejas, después de libar en determinados cultivos, pierden el sentido de la orientación, lo que es tan peligroso, señor Comisario, como que los políticos pierdan el norte. Como la Comisión hace oídos sordos a nuestros reiterados gritos de alarma, a pesar de que el Consejo le pidió expresamente, el 18 de febrero de este año, que desarrollase su acción en este ámbito en el sentido de las reivindicaciones del Parlamento, la Comisión de Agricultura se ha visto obligada a solicitar la inscripción en el orden del día de esta pregunta oral con debate y resolución sobre las nuevas dificultades encontradas por la apicultura europea, resolución que votaremos el 9 de octubre. 
El 28 de abril de este año organizamos en la Comisión de Agricultura una audiencia sobre estas nuevas dificultades. En efecto, en varios Estados miembros, la apicultura se enfrenta a problemas de mortalidad masiva de las colonias de abejas, en particular en Francia, señor Barnier. Dicha mortalidad estaría asociada, entre otras cosas, a la utilización de determinados insecticidas sistémicos en el recubrimiento de las semillas de algunos grandes cultivos, principalmente el girasol y el maíz. Dado que el artículo 174 del Tratado sobre la Unión Europea relativo a la política de medio ambiente consagra el principio de cautela como principio fundamental, me parece que dicho principio debería respetarse cuando existen riesgos graves y simultáneamente incertidumbres. Como sabe, Einstein dijo que si la abeja desapareciera de la superficie del globo, dos años después desaparecería la humanidad.
Así pues, nos enfrentamos hoy a un gran problema, como he dicho. Los apicultores de muchas regiones de los distintos Estados miembros observan desde hace algunos años una mortalidad elevada de las abejas. Los síntomas son distintos de los asociados a las condiciones climáticas, por ejemplo, pero coinciden en cambio con la utilización de nuevas generaciones de sustancias activas sistémicas neurotóxicas en el recubrimiento de grandes cultivos vecinos a las colmenas. Y ahí reside la incertidumbre: tanto la audiencia que mantuvimos a finales de abril como las intervenciones y tomas de posición de mis colegas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural demuestran que los científicos no están de acuerdo.
Entonces, en vez de dar largas al asunto, creo que hay que afrontar el problema. Constituyamos un comité de expertos para salir de esta incertidumbre. Evidentemente, habrá que evitar usar dos varas de medir escudándonos en los intereses económicos, intereses que son enormes, sin duda: hay miles de millones en juego. Pero ni el mundo político ni el científico deberían estar sometidos a los intereses de los potentes grupos financieros que no cesan de acosarnos, en Bruselas y aquí, desde hace semanas. Es preciso que los expertos trabajen con total objetividad, con total transparencia, en un clima sereno, y que nos den respuestas fiables y objetivas.
No les ocultaré que esta semana recibí un informe muy interesante del Comité científico y técnico para el estudio multifactorial de los trastornos de las abejas, que está integrado por eminentes científicos. En este informe se afirma oficialmente la presencia en el polen de dosis de las sustancias que he mencionado antes. Se me ha informado que la propia empresa Bayer, por no citarla, estaba sorprendida con estas nuevas pruebas. Cito una: el Gaucho en el recubrimiento de semillas de girasol genera un riesgo significativo para las abejas de distintas edades. Por lo que se refiere al recubrimiento Gaucho en semillas de maíz, el informe de concentración resulta, como en el caso del girasol, preocupante desde el punto de vista del consumo de polen.
Dicho esto, señor Comisario, es urgente actuar para que sepamos cuáles son las verdaderas causas de la preocupante mortalidad de las abejas. Entre tanto, nuestros apicultores necesitan ayuda, más fondos para hacer frente a esta nueva crisis, cualquiera que sea su origen. Espero que esta vez la Comisión se mueva, que tome en serio nuestras reivindicaciones, que haga lo necesario para que se realicen estudios serios a fin de hacer toda la luz sobre esta crisis. En la espera, como he dicho, hay que tomar medidas para evitar que los apicultores desaparezcan, con todas las nefastas consecuencias ecológicas que se derivarían de ello. Por este motivo, señor Comisario, pedimos a la Comisión que tenga a bien responder claramente a las tres preguntas específicas que le hemos formulado en el marco de este debate.
Barnier
Señor Presidente, conozco bien y desde hace mucho su compromiso con este tema, señora Lulling, su competencia y su pasión. Usted ha recordado, dirigiéndose a mí, que en el país del que soy ciudadano existe un eco a estas preocupaciones. Resulta que en mis anteriores funciones, he tenido -y no lo olvido- que dialogar y actuar con los responsables de la apicultura, a menudo en el sentido que usted desea. Comprendo bien también, a través de las palabras que usted ha utilizado, su insatisfacción y su espera. De ahí a decir que queremos dar largas, que hacemos oídos sordos o que perdemos el norte, hay mucho. Por tanto, intentaré responder seria y lúcidamente a sus tres preguntas.
Por lo que se refiere, en primer lugar, a las decisiones del Parlamento relativas a la consideración del efecto de los insecticidas sistémicos remanentes sobre las abejas y la salud pública, hemos tomado buena nota de dichas decisiones. No obstante, la Comisión quiere destacar que su posible efecto se tiene ya en cuenta al efectuar la evaluación de los insecticidas prevista por la Directiva relativa a la comercialización de los productos fitofarmacéuticos. Los Estados miembros no pueden autorizar un producto fitosanitario si éste tiene un efecto inaceptable sobre los organismos que no son su blanco, como las abejas.
Además, una evaluación del posible efecto de los residuos sobre la salud pública es una condición previa a la fijación de contenidos máximos de residuos de pesticidas en los alimentos. 
La Comisión señala que la mayoría de las preocupaciones expresadas a este respecto hacen referencia a dos insecticidas que actualmente son objeto, señora Lulling, de una evaluación. En espera de los resultados de esa evaluación, todavía no se ha tomado ninguna decisión con respecto a esas sustancias a escala de la Comunidad, pero la Comisión tiene conocimiento de medidas de gestión del riesgo aplicadas en al menos un Estado miembro.
Por lo que respecta a las investigaciones sobre este tema, la directiva no prevé que los estudios deban ser realizados por la propia Comisión. En cambio, la Comisión está plenamente informada de los estudios necesarios para demostrar la aceptabilidad de determinadas sustancias. Se le ha remitido información sobre el declive de las poblaciones de abejas en determinados Estados miembros, como usted misma ha destacado con gravedad. Actualmente, no existe ninguna prueba científica, nos dicen, de que ese declive se deba a un único factor, como la utilización de pesticidas. 
La Comisión está informada asimismo de las investigaciones en curso realizadas por los Estados miembros, por la industria y por las asociaciones científicas bajo la atenta mirada de las asociaciones. La propia Comisión sigue muy de cerca este asunto. Por supuesto, continuará siguiendo su evolución y tomará las medidas pertinentes a su debido tiempo, si le parece necesario.
Por lo que se refiere, por último, señora Lulling, a las ayudas en el marco del Reglamento n° 1221/97 del Consejo, la Comisión cofinancia al 50% los programas nacionales para la mejora de la producción y la comercialización de la miel durante la campaña 1999/2000. El programa francés incluye, por ejemplo, un estudio de los efectos de los productos fitosanitarios sobre las abejas. Por otra parte, los programas para las campañas 2002-2003 y 2003-2004 prevén ayudas para la reconstitución de la cabaña apícola. Para concluir, quisiera indicar que, dentro de la dotación global, si un Estado miembro lo desea, la Comisión está dispuesta naturalmente a estudiar la posibilidad de aumentar los importes asignados a esta acción, pero ello es responsabilidad de las autoridades nacionales, a las que corresponde hacer esta petición.
Estos son los elementos más concretos y precisos que quería exponerles sobre los tres puntos que se mencionan en su pregunta oral.
Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, todos sabemos que la Sra. Lulling no solo es la reina del vino del Parlamento Europeo, sino también la abeja reina. Quisiera darle las gracias sinceramente por este compromiso, ya que no debemos olvidar que este asunto ha sido motivo de preocupación en el Parlamento Europeo durante décadas. Si nos remontamos al decenio de 1980, el diputado bávaro y paneuropeo, Heinrich Aigner, quien por desgracia ya no está con nosotros, reunió a cientos de apicultores bávaros para infundirles algo de entusiasmo con respecto a este tema. Hemos trabajado en este sector durante treinta años pero, desafortunadamente, no hemos hecho grandes progresos. Tengo que decir claramente, señor Comisario, que le estoy agradecido por sus respuestas tan acertadas y por tomarse tan en serio este importante problema, dado que el sector se está adentrando lentamente en una crisis ecológica. En Bavaria y Austria han perecido numerosas colonias de abejas, no solo por las heladas primaverales, sino también debido a los insecticidas y las enfermedades. Los efectos ecológicos se están dejando sentir muy claramente, por ejemplo en nuestra fruta. Por este motivo, estoy convencido de que ahora es el momento de impulsar una actividad que se encuentra seriamente amenazada, ya que está en juego su continuidad en la próxima generación. Muchos de los apicultores tienen una avanzada edad, ya que cada vez son menos los jóvenes que están dispuestos a asumir esta ardua tarea, necesaria desde un punto de vista ecológico, principalmente porque las compensaciones económicas son cada vez más escasas. Es por ello que quiero proponer claramente -al igual que la Sra. Lulling- la adopción de todas las medidas necesarias para apoyar la comercialización de la miel europea natural frente a la miel procedente de otros países o la miel artificial de bajo coste y sin declarar, con la que hemos tenido que competir repetidas veces. También quiero llamar la atención sobre un aspecto que suele ser objeto de burla, pero que reviste una gran relevancia ecológica. En concreto, me refiero a la prima por polinización para las colonias de abejas, de forma que logremos fomentar esta actividad aumentando las ayudas que reciben los apicultores.
En especial, señor Comisario, quiero agradecerle los ejemplos que nos ha dado de Francia, un país que desempeña un importante papel en este sector. Su país también tiene como presidente a un antiguo ministro de agricultura y es una nación que, gracias a Dios, se toma muy en serio la comida sana y la calidad de los alimentos. Creo que en Europa deberíamos abordar de una vez por todas este tema, motivo de risa para algunos, ya que representa principalmente un problema de salud y un requisito esencial para el equilibrio del sistema ecológico y el medio ambiente.

Berthu (NI).
Señor Presidente, al formular esta pregunta oral a la Comisión sobre el acuciante problema de la mortalidad masiva de las abejas, mis colegas el Sr. Souchet y la Sra. Lulling dan una vez más la voz de alarma, y me sumo a su iniciativa con firmeza. Hace varios años, desde 1995 exactamente, se observan en Francia problemas totalmente anormales de declive de las colonias de abejas. La situación de agrava de año en año, la extensión de las zonas afectadas aumenta sin cesar, al igual que el número de colmenas afectadas, y ahora puede decirse que son muchos los países de Europa afectados.
Los exámenes indican que esta mortalidad de las abejas no obedece a una patología clásica. Se han estudiado otras hipótesis, como el clima, la contaminación general o la utilización errónea de productos fitosanitarios. Pero si en ocasiones pueden tener parte de la responsabilidad, no explican en ningún caso el mal en toda su magnitud. Y en esto no estoy de acuerdo, señor Comisario, con la opinión que acaba de expresar. De hecho, según los expertos y los profesionales, una causa principal está bien identificada: el entorno de los colmenares cuando comprende campos de cultivos melíferos, colza, girasol, maíz, cuyas semillas han sido tratadas con insecticidas de tipo Gaucho o Regent.
Por supuesto, los fabricantes industriales responden que la relación no se ha establecido formalmente, pero la experiencia demuestra bien la plena concomitancia entre los trastornos de las abejas -pérdida del sentido de la orientación, temblores, incapacidad para libar y finalmente la muerte- y la presencia en las cercanías de cultivos procedentes de semillas tratadas con Gaucho o Regent. Cuanto más se multiplican las observaciones, más se confirman estas conclusiones. Sin embargo, nada decisivo han hecho aún los poderes públicos, aparte de pronunciar palabras de tranquilidad, lanzar estudios y adoptar algunas medidas puntuales, como en Francia la suspensión provisional de la autorización de Gaucho para el tratamiento de las semillas de girasol.
Por ello, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, a instancias también del Sr. Souchet y la Sra. Lulling, organizó una audiencia sobre este tema el pasado 18 de abril. Las enseñanzas que extrajimos son alarmantes, ya que el problema de las abejas muy bien podría ser solo la parte visible de un problema más vasto de los insectos polinizadores, la entomofauna y la fauna del suelo. En efecto, las moléculas de Gaucho y de Régent podrían ser nefastas no solo para las abejas sino también para un entorno mucho más amplio. 
Pero tampoco nos paremos aquí. Como las moléculas están presentes en los productos agrícolas utilizados en la alimentación humana o animal, hay que preocuparse también por nuestra propia salud. Por ello, ante este riesgo de envenenamiento difuso del ecosistema -y quizás de los seres humanos- exigimos la aplicación del principio de cautela. He oído las respuestas de la Comisión, hace un momento, a la pregunta oral del Sr. Souchet y de la Sra. Lulling. Me parece demasiado partidaria de mantenerse a la espera. El principio de cautela exige, a nuestro entender, prohibir la utilización de los productos en cuestión, al menos en todos los cultivos melíferos. También habrá que tomar medidas para que los apicultores sean indemnizados y puedan reconstituir sus colmenares.
Barnier
Señor Presidente, responderé brevemente a las observaciones que se han hecho. Sepan que la Comisión, contrariamente a lo que se ha podido decir, se toma muy en serio esta pregunta, que la Sra. Lulling ha defendido con vehemencia y competencia y que el Sr. Souchet formuló junto con ella. Francamente, si algunos de ustedes tienen la impresión de que no se ha efectuado ningún trabajo científico serio sobre los productos fitosanitarios y las consecuencias de dichos productos sobre las abejas, creo que se equivocan. El trabajo sobre las sustancias en cuestión está en curso desde hace varios años. La Comisión internacional de relaciones plantas-abejas, que se encarga justamente de estudiar los peligros que amenazan a las abejas, acaba de organizar un simposio internacional en Bolonia sobre este tema. Las conclusiones son que el deterioro de la salud de las abejas y el menor rendimiento de las colonias observados en algunos países no tienen con toda probabilidad una causa única y tan simple. Otras fuentes potenciales -algunas parasitosis, algunas prácticas agrícolas, las condiciones climatológicas- pueden tener, del mismo modo que los productos fitosanitarios y veterinarios, consecuencias negativas sobre la salud de las abejas. 
Usted, señor Berthu, ha hablado del ecosistema. Le recuerdo que tengo un compromiso antiguo a este respeto. Como fui ministro de Medio Ambiente en mi país, soy sensible a esta cuestión. En el simposio que he citado se acordó crear un grupo de trabajo encargado de estudiar el deterioro de la salud de las abejas. Este grupo de trabajo informará en el próximo simposio, previsto para 2005. Confirmo que la Comisión seguirá esos trabajos de cerca y sacará cierto número de conclusiones concretas. 
El Sr. Posselt, al que agradezco su opinión, ha lamentado que cada vez menos jóvenes se inicien en el bello oficio rural de la apicultura. Simplemente quiero confirmarle que los programas nacionales relativos a la miel prevén la financiación de una acción de asistencia técnica para alentar a los jóvenes a ser apicultores y mejorar sus resultados.
El Presidente.
Gracias, señor Comisario. La Sra. Lulling desea acertar con el aguijón.

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, el Comisario ha indicado que la Comisión no dispone de pruebas científicas de la relación entre la mortalidad de las abejas y el empleo de las nuevas generaciones de pesticidas. Quisiera decir al Comisario que tengo a su disposición el informe del Comité científico y técnico para el estudio multifactorial de los trastornos de las abejas, citado en mi introducción, y que demuestra dicha correlación. Señor Comisario, el informe está a su disposición, y nos volveremos a ver el 9 de octubre cuando debatamos el proyecto de resolución que la Comisión de Agricultura votará la semana que viene como conclusión de este debate.
El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el 9 de octubre de 2003.
El Presidente.
Deseo informar a la Cámara de que Lord Bethell me ha notificado su dimisión, con efecto a partir del 30 de septiembre de 2003. De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento, la Cámara toma nota de esta vacante.

Evans, Jonathan (PPE-DE).
Señor Presidente, no deseo quitar tiempo a la Cámara, pero no estaría bien no hacer ningún comentario sobre este anuncio concreto en nombre de toda la Cámara.
Lord Bethell ha sido un diputado trabajador y querido de esta Cámara durante muchos años. Sus servicios han recibido el reconocimiento de todos los sectores políticos del Parlamento. Recordamos su trabajo sobre los derechos humanos en la Unión Soviética cuando esta estaba en el cenit de su poder. Dio a conocer al público general las situaciones de Solzhenitsyn y Sajarov. Tuvo un papel protagonista en la institución del Premio Sajarov de este Parlamento. También tuvo un papel activo en la liberalización del transporte aéreo, así que ha tenido un efecto directo sobre los consumidores de toda la Unión Europea.
Creo que cualquier político quisiera estar en una posición en la que, a lo largo de su vida, pudiera marcar al menos alguna diferencia en nombre de sus votantes. Para el pueblo europeo, Lord Bethell puede afirmar que ha sido un político que ha marcado una diferencia. Se le echará mucho de menos en todos los sectores de la Cámara.
El Presidente.
También quiero informar a la Cámara de que la Sra. Maij-Weggen ha sido nombrada Comisaria Real para la Provincia de Brabante del Norte en los Países Bajos Me ha comunicado su dimisión con efecto al 1 de octubre de 2003. Me gustaría felicitarle por su nombramiento. De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento, la Cámara toma nota de esta vacante.

He sido informado por las autoridades competentes de Elovaquia de que Jozef Heriban ha sido nombrado observador en sustitución de Imrich Béres, con efecto a partir del 9 de septiembre de 2003.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede a la votación.
Informe (A5-0244/2003) del Sr. Von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Cuarto informe anual con arreglo a la disposición operativa nº 8 del código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (2003/2010(INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto)

El Presidente. Con esto concluye la votación.
EXPLICACIÓN DE VOTO

Bordes (GUE/NGL)
. (FR) El informe von Wogau se propone, pues, regular y moralizar las exportaciones de armas. Lo mismo sería intentar moralizar el asesinato, el pillaje o el rapto. El mero hecho de que las grandes potencias derrochen sumas colosales en armas de destrucción masiva es señal de que la organización actual de la sociedad es inhumana.
Los Gobiernos de las grandes naciones, responsables de guerras criminales desde el Iraq hasta el Afganistán, cómplices del terrorismo de Estado en Palestina, bien quisieran apartar del acceso a las armas a cierto número de países más pequeños cuyo régimen les desagrada, a las organizaciones consideradas terroristas y al mundo de la delincuencia organizada. Pero hasta esto resulta imposible. 
En su economía, donde los comerciantes de armas están dispuestos a vender la cuerda para colgarles si ello les reporta un beneficio, ¿cómo impedir que eludan los controles administrativos?
Y cuando el informe se congratula de la iniciativa francesa encaminada a proponer un código internacional sobre la transparencia, o cuando hace referencia al Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, lo ridículo se une a lo odioso, pues se trata de países que figuran entre los principales exportadores de armas del mundo y que periódicamente se ven agitados por escándalos politico-financieros en los que están implicados altos cargos políticos y traficantes de armas.
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
El Presidente.
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 16.40 horas)
