
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas. Es un placer para mí dar la bienvenida de nuevo a esta Cámara al Presidente del Tribunal y antiguo colega nuestro, el Sr. Fabra Vallés. 
Fabra Vallés,
   . Señor Presidente, es para mí una satisfacción y un orgullo estar una vez más en esta Sala, como es normal acompañado por los madrugadores, pero que guarda las mejores esencias de todas las reuniones y horas de trabajo que hemos mantenido.
Honorable Presidente, honorables miembros del Parlamento, señora Comisaria de Presupuestos, queridos colegas del Tribunal del Cuenta, señoras y señores, el pasado 17 de noviembre presenté en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente al ejercicio 2002. En esa ocasión tuve la oportunidad de darles cuenta detallada de las observaciones y conclusiones contenidas en nuestro informe.
Hoy quisiera llamar su atención sobre las conclusiones relativas a tres áreas: la declaración de fiabilidad, la gestión presupuestaria, y el proceso de reforma de la Comisión. 
El capítulo primero del Informe del Tribunal contiene la declaración de fiabilidad (la DAS) que se publicará en el Diario Oficial junto con las cuentas consolidadas de la Comunidad. Es una buena práctica que aportará más transparencia.
El Tribunal está adaptando su metodología DAS para adecuarla al proceso de reforma del control financiero de la Comisión. Pretendemos, tal y como viene solicitando el Consejo y el Parlamento, suministrar información más precisa sobre la localización y el origen de las deficiencias constatadas.
Para ello, nuestras observaciones y conclusiones están apoyadas en cuatro elementos principales. Primero, en la calidad de los sistemas de control de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros. Hemos realizado nuestra evaluación en función de varios indicadores. Igualmente hemos analizado el grado de seguimiento dado por la Comisión a nuestras observaciones anteriores. El segundo elemento de apoyo ha consistido en el examen de una muestra de compromisos y pagos en cada área de gasto. 
En tercer lugar, se han analizado las declaraciones anuales de los Directores Generales de la Comisión. Y, en cuarto lugar, se ha examinado el trabajo realizado por otros auditores.
Como resultado de este trabajo de auditoría, el Tribunal opina que las cuentas anuales del 2002 presentadas por la Comisión han sido establecidas de acuerdo al Reglamento financiero. Las cuentas reflejan fielmente los ingresos y los gastos del ejercicio, así como la situación financiera de la Comunidad.
No obstante, como en años anteriores, el Tribunal ha formulado una serie de reservas relacionadas con el sistema contable de la Comisión. Conviene destacar que la Comisión adoptó el pasado diciembre un plan de acción para la modernización de la Contabilidad; se prevé su entrada en funcionamiento en el año 2005. Creo que conviene pedir un poco de prudencia en cuanto al calendario, ya que una prisa excesiva no debe poner en peligro el alcance y calidad de las reformas necesarias.
En relación a los ingresos, los compromisos, los gastos administrativos y las ayudas de preadhesión, el Tribunal opina que las operaciones son legales y regulares, si bien en el último caso los controles deben reforzarse.
En el caso del FEOGA-Garantía, consideramos que el número de operaciones erróneas es todavía excesivo. Los errores se cometen con mayor frecuencia a nivel del beneficiario final de las ayudas.
Hemos identificado un riesgo mayor en aquellas medidas no administradas por el Sistema Integrado de Gestión y Control, como las ayudas a la producción, al desarrollo rural y a la restitución a la exportación.
El Tribunal ha constatado una mejora en los controles relativos a las acciones estructurales, sobre todo a nivel de la Comisión. A pesar de ello, los errores son similares a los de años anteriores y se producen mayoritariamente en la gestión realizada por los Estados miembros.
Como ven, el Informe del Tribunal presenta un balance contrastado. Para mejorarlo será necesario continuar reforzando los sistemas de gestión de la Comisión y de los Estados miembros; éste es el requisito básico para lograr una declaración de fiabilidad totalmente satisfactoria en el futuro.
Veamos ahora las observaciones relativas a la gestión presupuestaria contenidas en el capítulo 2 del Informe. En primer lugar, se observa un rápido cambio en la estructura de ingresos. Respecto al año anterior, los recursos propios tradicionales (adunas, exacciones agrícolas, etc.) se han reducido en un 23%, mientras que los ingresos provenientes del PNB han aumentado en un 32%.
En segundo lugar, constatamos que el excedente presupuestario se ha reducido sensiblemente, pasando de 15 000 a 7 000 millones de euros. La cifra sigue siendo elevada y denota la existencia de problemas de carácter sistemático que deberán ser corregidos.
Una de las causas principales del excedente es la diferencia entre gastos previstos y reales. En el ejercicio 2002 los Estados miembros sobrestimaron los gastos en los fondos estructurales en casi 5 mil millones de euros. Como consecuencia, está partida cerró el ejercicio con más de 66 mil millones de euros en compromisos pendientes de liquidación (los "RAL"), casi 10 000 millones más que en el año anterior.
La Comisión debería adoptar una política más activa y proceder a modificaciones presupuestarias para mantener en equilibrio ingresos y gastos previstos.
Como aspecto positivo podemos mencionar la mejora general en la tasa de pagos. Una notable excepción es el programa de desarrollo rural en los países candidatos a la adhesión -el SAPARD-; después de tres años de funcionamiento únicamente se ha transferido a los beneficiarios finales un 2% de los fondos disponibles.
Por último, quisiera destacar que, siguiendo las recomendaciones del Tribunal, la Comisión ha mejorado su informe relativo a la gestión presupuestaria y financiera. Este informe será de gran utilidad a lo largo de todo el ciclo presupuestario.
En relación con la gestión presupuestaria de los Fondos Europeos de Desarrollo, la Comisión ha acelerado la toma de decisiones de financiación de programas. No obstante, el ritmo de ejecución continua siendo lento: al cierre del ejercicio 2002, el remanente disponible ascendía a casi 3 000 millones de euros y los compromisos pendientes de liquidación sumaban más de 8 000 millones. El Tribunal considera que la integración del FED en el Presupuesto General podría contribuir a mejorar la gestión.
Pasemos ahora al estado de la reforma administrativa. El Tribunal ha prestado una atención especial a analizar el grado de introducción de los standards de control interno. El balance es equilibrado. A pesar de los avances realizados en todas las Direcciones Generales, a finales del 2002 los standards no habían aún alcanzado todos los niveles exigidos. Lograr rápidamente estos niveles debe ser una cuestión prioritaria.
Una de las principales dificultades a las que se enfrenta la Comisión reside en el control de las acciones realizadas bajo el régimen de gestión compartida con los Estado miembros (principalmente FEOGA-Garantía y Fondos Estructurales). Aunque el artículo 274 del Tratado confiere a la Comisión la entera responsabilidad de la gestión, en la práctica, la Comisión se encuentra condicionada por la actuación de las administraciones nacionales. Mejorar la gestión de los fondos europeos requiere un control más riguroso por parte de los Estados miembros.
Los planes de gestión por actividades de las Direcciones Generales han mejorado. No obstante, sería recomendable que se precisaran los objetivos y que se introdujeran indicadores para poder medir y comparar resultados.
Los informes de actividad y las declaraciones de los Directores Generales han registrado también progresos. La mayoría de las medidas enunciadas por la Comisión a raíz de la síntesis de los informes del ejercicio 2001 han sido aplicadas. De acuerdo con las recomendaciones hechas por el Tribunal, la Comisión ha mejorado el procedimiento de elaboración de los informes. Sin embargo, los Directores Generales deberían definir con más precisión el contenido de sus reservas acerca del funcionamiento de los controles, así como describir mejor las deficiencias constatadas.
Finalmente, en aras a una mayor transparencia y a fin de facilitar el seguimiento de la reforma, el Tribunal recomienda actualizar el Libro Blanco 2000 y revisar el calendario previsto.
En conclusión, la reforma ha progresado durante el 2002. La Comisión ha sido capaz de aplicar con diligencia las nuevas disposiciones del Reglamento Financiero y se han registrado avances en todas las áreas. Pero, tal y como reconoce la propia Comisión, queda todavía mucho por hacer.
Creo que el plan de reforma de la Comisión es suficientemente completo y coherente. El plan requerirá, sin duda, adaptaciones y ajustes, pero en este momento sería un error desecharlo o lanzar una arriesgada "reforma de la reforma". El plan contiene ya las medidas adecuadas para mejorar la gestión y el control, ahora se trata de realizar un esfuerzo sostenido para asegurar que estas medidas se aplican con decisión en todos los servicios de la Comisión. Esta es la principal responsabilidad de la Comisión -y de todas las instituciones-, lanzar planes no es suficiente, hay que asegurar que se ponen en práctica. Desde mi punto de vista, ésta es una de las lecciones del caso Eurostat.
Antes de poner punto final a mi intervención me van a permitir que me salga un poco del orden del día. Quisiera hacer una referencia a la Conferencia Intergubernamental y al proyecto de Constitución europea.
El Tribunal ha manifestado su preocupación porque su nombre no aparece en el cuadro institucional junto al Parlamento, Consejo, Comisión y Tribunal de Justicia. La institución encargada del control externo de las finanzas públicas europeas no debe ser situada en ningún caso a un nivel inferior o dependiente de las instituciones que debe controlar. De lo contrario carecería de la independencia necesaria para cumplir sus funciones. Esta preocupación ha sido comunicada a todos los participantes en la Conferencia Intergubernamental, confío en que sea tenida en cuenta.
Muchas gracias, señoras y señores, por la atención que me han prestado.
Schreyer,
   . Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señores miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, el Tribunal ha estado firme en su apoyo a las reformas de la Comisión, y reconoce en su informe de 2002 que estas han realizado un gran progreso. No solo por eso, sino también por la profundidad y amplitud de su trabajo, como también por sus claras recomendaciones de futuras acciones concretas, hay que dar las gracias a todos los miembros del Tribunal de Cuentas.
En cuanto al Presupuesto, no cabe duda de que los aspectos principales de 2002 fueron la redacción del Reglamento Financiero y la conclusión de las negociaciones financieras con los países candidatos, mediante las cuales se situó la ampliación sobre una base financiera sólida. Estas dos cosas eran objetivos que me había fijado yo personalmente y a la Comisión. Porque estamos en la antesala de la ampliación me complace que el Tribunal de Cuentas pueda afirmar, en su informe anual de 2002, que no se habían cometido errores significativos en la gestión de la ayuda de preadhesión. El esfuerzo realizado no solo por los países candidatos, sino también por todas las instituciones europeas, para apoyar unos controles financieros más amplios y funcionales en los países candidatos está dando su fruto. Esto adquiere más importancia por el hecho de que la aplicación de la ayuda de preadhesión está por fin cogiendo ritmo y, a partir del año que viene, los diez Estados participarán en todos los programas de ayuda financiados con cargo al Presupuesto Europeo.
El Tribunal de Cuentas tiene la función de comprobar los libros de la Unión Europea, es decir, de examinar el modo en que lleva sus cuentas. Es nuestro contable. Y, de nuevo, ha expresado una opinión favorable acerca de la exactitud de las cuentas: la contabilidad de la Unión Europea refleja fielmente los ingresos y gastos de 2002, y el balance financiero presenta una imagen fiel de los activos de la Unión Europea a final de año.
Quisiera añadir que los gastos de 2002 ascienden a 85 000 millones de euros, en lugar de los 100 000 millones de euros que siempre se citan en los medios de comunicación, y esta diferencia entre 100 000 millones de euros y 85 000 millones de euros es algo más que marginal no solo para una Comisaria encargada del Presupuesto. Los comentarios del Tribunal de Cuentas sobre el balance financiero de 2002 también demuestran que los derechos y obligaciones de la Unión Europea no están grabados en piedra, sino que varían en función de las tareas: el ejemplo que pondría es nuestra participación en Galileo, que representa un reto no solo para la tecnología, sino también en términos de auditoría y de balance financiero. El Tribunal de Cuentas también emite una declaración de fiabilidad positiva respecto a los ingresos, examinando la imposición de aranceles aduaneros y el cómputo de los ingresos por IVA de la Unión Europea y las contribuciones nacionales basadas en la renta nacional bruta que –a pesar de los varios rumores engañosos relativos al asunto Eurostat– declaran los Estados miembros, y no Eurostat.
A pesar de que el Tribunal da fe de la fiabilidad de los créditos comprometidos y del gasto administrativo, no lo hace respecto a otros gastos. Esto demuestra claramente dónde están las nuevas prioridades para mejorar la gestión financiera en la Comisión y en los Estados miembros. Subrayo que el Tribunal reconoce que la Comisión ejerce controles más estrictos, y resalta los problemas que conlleva la gestión conjunta, que se aplica al 80% del gasto.
El presupuesto agrícola requería que el Tribunal realizara la auditoría de 64 agencias de pago, y durante este proceso descubrió tres en las que aparecían errores con tanta frecuencia que no podían declararse fiables. Una de ellas estaba en Portugal, y las otras dos están en Alemania, una en Baden-Württemberg y la otra en Baviera. El Tribunal ha vuelto a formular críticas acerca de los Fondos Estructurales, en el sentido de que, mientras no se espera que los fondos se utilicen plenamente, el excedente no se devolverá a los Estados miembros el año que viene, sino en un presupuesto suplementario en el año en curso. Este año hemos tenido en cuenta esta crítica y hemos presentado un presupuesto suplementario de un total de 5 000 millones de euros, y esta Cámara probablemente lo aprobará el 18 de diciembre.
Puede que el hecho de que haya debates cada año acerca de la gestión de las finanzas de la UE dé la impresión de que no se progresa. Sin embargo, es el Tribunal de Cuentas el que subraya la naturaleza fundamental y amplia de las reformas financieras de la Comisión, que es precisamente lo que el Tribunal había reclamado. El núcleo de estas reformas es la adaptación de la gestión financiera a las realidades de un presupuesto que, durante el próximo año, se acercará a la marca de los 100 000 millones de euros e incluirá más de un millón de transacciones de pagos cada año, repartidas en 35 Direcciones Generales y 15 –pronto 25– Estados miembros, y administradas por organizaciones internacionales y no gubernamentales. La responsabilidad del control previo de las transacciones financieras se ha transferido a los departamentos operativos, y cualquier intento de revocar esto –incluso la petición de que las comprobaciones previas las realice el contable– no tiene en cuenta las necesidades de la gestión financiera del sector público moderno. Las comprobaciones no son menos exhaustivas desde el fin del control presupuestario centralizado, que en cualquier caso solo era capaz de realizar comprobaciones limitadas sobre el terreno. En cada una de las direcciones generales, los nuevos circuitos financieros, que deben incluir expertos financieros formados en todos los servicios y controles a posteriori por parte de los auditores, reforzados todos por la adición de recursos humanos en este ámbito y por un nivel de gasto no observado hasta ahora en formación inicial y continua en auditoría, permiten que cada Director General proporcione a la Comisión un informe regular sobre la gestión de las finanzas. Si también se tienen en cuenta las auditorías realizadas por el servicio de auditoría interna, la evaluación regular del examen de los sistemas de control por parte del Servicio Financiero Central, las investigaciones de la OLAF y, sin duda, las auditorías cada vez más amplias por parte de los auditores externos de la Comisión, entonces parece claro que existe una estructura extensiva para realizar un seguimiento del presupuesto europeo, a la que debemos añadir las comprobaciones realizadas en los Estados miembros respecto del 80% del Presupuesto.
Según los Estados miembros, 16 000 personas se dedican a la auditoría de los fondos agrícolas y 6 700 a la de los Fondos Estructurales. Estoy de acuerdo con el Tribunal de Cuentas en que aquí es donde tiene que haber una mayor convergencia para que estos controles sean eficientes. Los controles requieren reglas, para las que se crearon las condiciones cuando entró en vigor, el 1 de enero, el nuevo Reglamento Financiero completamente refundido. Lo que hay detrás de esto lo ilustra el ejemplo del apoyo financiero otorgado a las instituciones, que, aun siendo un instrumento central de gasto comunitario, no estaban sujetas a ningún tipo de regla antes del primer Vademecum de la Comisión en 1999. Ahora existen reglas detalladas y vinculantes para ellas en el nuevo Reglamento Financiero y en la legislación secundaria, y los nuevos instrumentos jurídicos necesarios para estos subsidios serán aprobados en breve por esta Cámara.
Además, las reformas constituyen, sin duda, un proceso en el que la Comisión aprende constantemente de la experiencia práctica y que el Tribunal de Cuentas y el Parlamento recomiendan. Tanto es así que se han realizado nuevas mejoras sustanciales del proceso de elaboración de los informes de las Direcciones Generales, especialmente en aras de una mayor comparabilidad. El Presidente del Tribunal de Cuentas acaba de mencionar la aplicación de las normas de auditoría interna, que ha calificado de modo muy acertado de elementos centrales y cruciales de la reforma, con los que estamos avanzando ahora con cierto empuje, especialmente respecto a la rotación de funcionarios en posiciones delicadas, y, en los casos en que esto no se ha llevado a cabo todavía, se han fijado plazos precisos al respecto.
Estamos aprendiendo la lección de la experiencia de Eurostat, ante todo, sin duda, dentro de la propia Eurostat, pero también respecto a la OLAF y a la relación entre las Direcciones Generales y el ámbito político. Lo ocurrido en Eurostat en los años anteriores a 1999 no es una prueba del fracaso de la reforma; al contrario, es la prueba de lo necesaria que era la reforma y de que los pasos que dimos eran los acertados. Donde se ha hecho patente la existencia de insuficiencias, las estamos subsanando.
Permítanme destacar de nuevo el gran alcance de estas reformas. Lo que de hecho hacen es introducir, por fin, unas reglas y normas uniformes en todos los ámbitos de gestión de esta autoridad internacional. Eso equivale a una revolución cultural, en que las distintas culturas estaban unidas previamente por muy distintas reglas, la mayoría de las cuales no estaban escritas. En el futuro, si me permiten citar al Sr. Fabra Vallés, no habrá más «principados», sino una administración que debe cumplir –y lo hará– normas exigentes en todos los ámbitos y rendir cuentas respecto del modo en que lo hace. La presentación del informe anual del Tribunal marca el principio del procedimiento de aprobación del presupuesto. La Comisión espera que haya una buena cooperación con el ponente, el Sr. Bayona de Perogordo, y con la Comisión de Control Presupuestario en su conjunto.
Cualquier presupuesto público dedicado en gran parte a la concesión de subsidios, y en lo que ahora somos 15 Estados miembros y en breve seremos 25, siempre tendrá que defender sus intereses financieros con uñas y dientes. La Comisión se ha comprometido con el objetivo de hacerlo; lejos de dejarse desanimar por los contratiempos, redoblaremos nuestros esfuerzos, y el Tribunal de Cuentas nos da nuevos alientos en pos de este objetivo.
Theato (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, señora Comisaria, señores miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, quiero darle las gracias, señor Fabra Vallés, por su presentación del informe anual del Tribunal de 2002, y más todavía por haber presentado este importante documento a la Comisión de Control Presupuestario hace quince días. Hoy podemos arrojar más luz sobre ciertos aspectos del informe anual y debatirlos con usted, y con esto empieza nuestro trabajo sobre la aprobación de la gestión de 2002, sobre la base del informe del Tribunal.
Al considerar los puntos que usted mismo ha planteado, permítame comenzar con la declaración de fiabilidad. Usted ha descrito el modo en que el Tribunal ha refinado todavía más sus técnicas de auditoría, y esto es algo que acogemos con gran satisfacción. Sin embargo, la realidad es que, debido a un porcentaje de errores que por mucho que difiera del año anterior todavía es demasiado alto, no puede emitirse una declaración de fiabilidad positiva respecto a 2002 en su conjunto. En los ámbitos de la agricultura, los Fondos Estructurales y las políticas interiores y exteriores, solo se han certificado los ingresos, y tan solo otorga un certificado de buena salud al gasto administrativo.
Se gastó tan poco en ayuda de preadhesión para los países candidatos que una declaración de fiabilidad positiva tampoco dice mucho. En general, diría que este es un resultado totalmente deplorable en cuanto a la calidad de la aplicación del Presupuesto por parte de la Comisión, aunque buena parte de la culpa la tengan los Estados miembros. Estos aspectos se reflejarán sin duda en el informe de aprobación de la gestión por parte del Parlamento.
En segundo lugar, es motivo de gratitud que el Tribunal haya hecho lo que el Parlamento quería y haya introducido un capítulo que resume la aplicación del Presupuesto y refleja una visión general de los ingresos y de los gastos. ¿Por qué, nos preguntamos, hay todavía unos excedentes tan grandes en el Presupuesto de 2002? Puede que sean solo la mitad de los del año pasado, pero considero que 7 000 millones de euros de dinero no utilizado no son un ahorro, sino un déficit que resulta de las acciones no realizadas, y por tanto, un incumplimiento de los objetivos fijados. Si año tras año los Estados miembros sobreestiman los fondos necesarios en las medidas gestionadas conjuntamente por ellos mismos y por la Comisión, esta tiene que ser todavía más decidida al tomar contramedidas, cosa que ya hace, aunque en grado insuficiente, pero podría, por ejemplo, presentar presupuestos rectificativos y suplementarios. La defensa abierta por parte del Tribunal de la idea de que la administración del Fondo de Desarrollo debería mejorarse incluyéndola en el presupuesto general es exactamente lo que el Parlamento lleva pidiendo desde hace varios años.
En tercer lugar, señor Fabra Vallés, usted ha hablado de la reforma administrativa y las auditorías internas, en las que, a la luz del asunto Eurostat, esta Cámara tiene un interés especial. Lo que usted dice suena muy positivo, pero nos preguntamos si estas reformas están teniendo algún efecto en realidad. Veamos el lema «descentralizar el modo en que funciona la Comisión», que, como tal, acojo con satisfacción. Los informes de actividad y las garantías ofrecidas por los Directores Generales de modo individual representan una mejora, pero ¿no deberían estar firmados también por la oficina responsable de las finanzas y el personal? ¿No debería haber una línea divisoria más clara entre el contable y el ordenador? ¿Debería estar también el auditor interno, a través de sus informes, en estrecho contacto con el servicio de auditoría interna? El Tribunal ha prestado atención a los informes de auditoría, pero ¿va a echar también un vistazo a los procesos administrativos en su conjunto? La Comisión de Control Presupuestario tendrá otras preguntas acerca de la reforma del sistema contable.
En las próximas semanas, nuestra comisión tendrá mucho que hacer para preparar la aprobación de la gestión de 2002. Le estamos muy agradecidos por proporcionar la documentación e información necesarias y por la franqueza con la que usted y todos los miembros del Tribunal de Cuentas han cooperado con nosotros. Permítame un breve comentario en respuesta a sus últimas observaciones sobre la Conferencia Intergubernamental. Sabrá que el Parlamento –y en este caso, también la Comisión de Control Presupuestario– considera que es sumamente importante que el Tribunal de Cuentas se sitúe en pie de igualdad con las demás instituciones. Por ese motivo verá en los documentos que, como ponente, solicité a la Conferencia Intergubernamental que añadiera el Tribunal de Cuentas a la lista de las distintas instituciones, garantizando así el lugar adecuado para el Tribunal y asegurando que el público pueda ver que disponemos de los instrumentos y organismos necesarios para vigilar el modo en que se maneja el dinero de los contribuyentes.
Kuhne (PSE ).
   – Señor Presidente, permítame, en nombre de mi Grupo, dar las gracias al Presidente del Tribunal de Cuentas por su informe, aunque lo que tengo que decir está destinado a la Comisión. Después de nueve años de diputado al Parlamento Europeo –de ellos, cuatro y medio en la Comisión de Control Presupuestario–, uno se imagina que ya no quedan experiencias ilustrativas. Mi creencia de que esto era así se ha desvanecido esta semana; se me encendieron las luces hace exactamente dos días cuando, en la Comisión de Control Presupuestario, un Comisario que ya estaba bajo presión se encontró en una situación en que el aparato de la Comisión todavía no había respondido a cuatro preguntas formuladas por otro diputado sobre el caso Eurostat, aunque esas respuestas tenían que haberse dado a mediados de octubre. Lo que encontré ilustrativo fue que, por primera vez y durante apenas cinco minutos, tuve que apreciar el gran logro que esto suponía por parte del aparato de la Comisión y lo que dice sobre la profundidad de su lealtad para con un Comisario. Le planteo mi problema político no a usted personalmente, señora Comisaria, sino, por decirlo así, a la Comisión como colegio de Comisarios. He comenzado a sentirme tentado de dejar de dirigir críticas políticas a los Comisarios y empezar a sentir pena por ellos. Si en los meses que les restan de mandato no pueden proporcionar a su aparato algún tipo de estructura, para que sus funcionarios teman a sus jefes y sientan un mínimo de lealtad hacia sus líderes políticos, entonces nos espera mucha diversión en los próximos meses. Si la Comisión actual no recibe de una vez este mensaje, entonces que el cielo ayude a sus sucesores en la próxima Comisión. Si no cambia este estado de cosas, entonces tampoco cambiará ni un ápice la percepción que tiene el público de la Comisión; en todo caso empeorará. Ha llegado la hora de decirlo en voz alta, y creo que es necesario hacerlo.
Mulder (ELDR ).
   – Señor Presidente, yo también quiero expresar mi gratitud al Tribunal de Cuentas por redactar el informe anual que he leído, como siempre, con gran interés.
Nos encontramos en vísperas de nuevas elecciones, y solo me queda mirar hacia atrás al debate que tuvimos aquí hace cuatro o cinco años cuando estábamos en plena discusión sobre las dificultades financieras que atravesaba la Comisión Santer en ese momento. Prometí al electorado que se reforzaría notablemente el control financiero en la nueva Comisión Europea. Ahora han pasado cuatro años y lo que más nos sorprende es que –ni siquiera al cabo de nueve años trabajando en declaraciones de fiabilidad– el Tribunal de Cuentas todavía no haya conseguido emitir una declaración de fiabilidad positiva. Eso está bastante claro para todos los ciudadanos de Europa, y la falta de resultados a este respecto es muy lamentable. Esto se compensa con el hecho de que el Tribunal de Cuentas ha concluido que la Comisión va por buen camino, y si me permiten citar al Presidente: «El plan de reforma es concreto y coherente, y debe ser apoyado». Por tanto, las cosas están avanzando en la buena dirección, pero la gran pregunta es cuánto más podemos esperar, especialmente cuando la ampliación es inminente y será muy difícil decir a esos países qué tienen que hacer si ni siquiera nosotros mismos sabemos aplicarlo en nuestros antiguos Estados miembros. Este es, en mi opinión, el meollo de la discusión. Ya se ha dicho antes que el principal centro de gravedad se halla en los propios Estados miembros, pero la responsable es siempre la Comisión.
A principios de este año, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas presentó una propuesta de iniciativa sobre el gasto agrícola, que este año se enfrenta de nuevo a fuertes críticas. Esta propuesta afirmaba que si se da el caso de que un Estado miembro sigue gestionando mal los fondos agrícolas, la Comisión debería dejar de pagar anticipos a dichos Estados miembros. En nuestra opinión, esto funcionaba. Ese informe ha recibido el apoyo unánime del Parlamento, y según el Sr. Fischler, también ha sido apoyado por la Comisión. En respuesta a una pregunta escrita realizada por mí, los Estados miembros lo han rechazado. ¿Qué instrumentos de poder le quedan a este Parlamento?
Por último, incluso después de este informe, no sabemos cuántas cosas han cambiado para bien o para mal. Según el Tribunal de Cuentas, las cosas están mejorando. La palabra «indicadores» se ha puesto muy de moda. ¿Es posible desarrollar indicadores? El Tribunal de Cuentas ha dicho que ellos no pueden, y que son los Directores Generales los que deberían hacerlo. ¿Piensa la Comisión en empezar con esto? ¿Podemos decir que las cosas mejoran cierto porcentaje cada año, hasta que se alcance el 100%, esperemos que más pronto que tarde? 
Sjöstedt (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, quiero dar las gracias al Tribunal de Cuentas y a su Presidente por este valioso informe.
Nos vemos obligados, una vez más, a observar que el Tribunal de Cuentas critica abiertamente el modo en que la Comisión llevó sus asuntos durante el anterior ejercicio presupuestario. Hay tantas sombras y tantos errores importantes que, en la práctica, el Tribunal de Cuentas censura aspectos cruciales del presupuesto de la UE.
El problema es que resulta difícil juzgar si la tendencia es positiva o negativa. Hubiese sido deseable que, como en años anteriores, el Tribunal de Cuentas hubiera podido expresar un porcentaje de los fondos que considera que han sido malgastados. Ahora que ya no se nos proporciona este porcentaje, es difícil decidir si la tendencia apunta en la buena dirección, como se mantiene a menudo.
De nuevo, el Tribunal de Cuentas formula una reserva general con respecto al propio sistema contable, que es, sin duda, el punto más grave sobre el que tenemos que adoptar una postura. Esto significa que existen dudas con respecto a muchas de las cifras. No sabemos si podemos confiar plenamente en ellas.
Se nos ha prometido una profunda reforma para 2005, pero hoy hemos oído de nuevo que el Tribunal de Cuentas duda de si será posible llevar a cabo esta reforma de modo suficiente en 2005. Por tanto, todavía hay peligro de nuevos escándalos, porque sin duda la Comisión carece de una visión general del modo en que se ejecuta el presupuesto. Eso se ve con toda la claridad que uno quisiera en el escándalo de Eurostat, en particular.
También quería decir unas palabras sobre el Fondo Europeo de Desarrollo, del que seré ponente cuando toque aprobar su gestión este año. Resulta que los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo han sido mal utilizados por las mismas empresas involucradas en el escándalo Eurostat. Se ha utilizado dinero del Fondo Europeo de Desarrollo para financiar contratos entre Comesa (Mercado Común del África Austral y Oriental) y CESD, la empresa que defraudó a Eurostat como mínimo 3 millones de euros. El servicio de auditoría interna concluye que existe un grave riesgo de haber cometido errores, de que haya habido dobles pagos y de la existencia de conflictos de intereses, etc. La Dirección General de Desarrollo incluso suscribió un contrato con esta empresa en abril de 2001, con una vigencia de 33 meses. Quisiera preguntar a la Comisión si este contrato ha sido rescindido.
Una de las principales propuestas por parte del Tribunal de Cuentas en cuanto al Fondo Europeo de Desarrollo es que se incorpore al presupuesto ordinario. Estoy plenamente convencido de que dicha medida facilitaría la reforma y favorecería el control en este ámbito, en el que actualmente muchas cosas no están claras, especialmente cuando se trata, por ejemplo, del control de la ayuda presupuestaria directa a diferentes países. 
Rühle (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, hoy quiero expresar mi gratitud hacia el Tribunal de Cuentas por la excelente calidad y el notable volumen de su trabajo. Sus numerosos informes individuales, y ahora su exhaustivo informe anual nos proporcionan una imagen clara de los defectos y virtudes de la Unión Europea, de sus problemas y de los intentos de resolverlos. Siendo este el año anterior a las elecciones europeas, quiero volver a afirmar que la labor del Tribunal puede ayudar a calificar la amplia sospecha que se cierne sobre las instituciones europeas. Los errores cometidos deben sacarse a la luz y corregirse. El caso Eurostat, en particular, demuestra la necesidad que tenemos de una mayor transparencia y de menos burocracia en las instituciones europeas, pero su informe va más allá, citando asuntos importantes para mostrar los retos a que se enfrenta la Unión Europea. La ampliación es un ejemplo. Los programas de ampliación como Sapard tienen por objeto ayudar a asegurar el buen funcionamiento, tras la ampliación, de los programas agrarios, los programas estructurales y las estructuras administrativas. Es lamentable que persistan los retrasos; por ejemplo, la tasa de aplicación de Sapard fue mayor que el año anterior, pero un 2% es todavía una cifra lamentablemente baja.
Sin embargo, señor Fabra Vallés, su informe también hace referencia a los problemas estructurales y a los errores en las políticas de la Unión Europea. Permítame tomar la política agrícola común como ejemplo y citar lo que dice su informe, que me asombra por lo instructivo que es. Sobre el tema de hacer más ecológica la política agrícola común, el Tribunal llegó a la conclusión de que los métodos de producción agrícola más intensivos habían causado problemas medioambientales que eran motivo de preocupación. De hecho, eso es lo contrario de lo que teníamos que lograr con el uso de nuestros recursos. Hay muchos defectos por eliminar –en la Directiva del Consejo y en los criterios medioambientales–, porque los contribuyentes tienen todo el derecho a esperar no solo la imposibilidad del fraude sino la sabia inversión de su dinero. La responsabilidad de esto no solo recae en la Comisión y el Parlamento, sino principalmente en el Consejo. Quisiera referirme a un ejemplo que ha mencionado y que me sorprende por lo ilustrativo que es, y es la cuestión de los piensos animales secados artificialmente. Dijo usted que el porcentaje de ayuda que se paga por el pienso secado artificialmente es casi el doble del que se paga por el pienso secado al sol. Esto animó a los productores a abandonar el secado al sol y a producir pienso secado artificialmente al máximo posible. La producción de la UE ha seguido aumentando desde 1995 y la CMG se ha superado desde 1998/99. Creo que es un escándalo que hay que airear, y debemos hacer algo para asegurar que la postura cambie.
Otro ejemplo, que considero igualmente importante, es el del algodón. En términos generales, los mecanismos de ayuda a los productores de algodón tienen por objeto apoyar la producción de algodón y permitir que sus productores disfruten de un nivel de vida suficiente. Aunque este es un objetivo correcto que podemos apoyar, en mi opinión constituiría un mal uso de los fondos si el resultado fuera un aumento de la producción de algodón sin controlar al mismo tiempo sus efectos en el medio ambiente.
No solo tenemos que considerar el fraude y las irregularidades, sino también el uso adecuado de nuestro dinero. Permítanme poner otro ejemplo, el de los reembolsos a la exportación que, en 2002, ascendieron a unos 3 622 millones de euros, un dinero que no creo que se haya usado de modo adecuado, porque llega a nuestros oídos diariamente cómo los reembolsos a las exportaciones ocasionan irregularidades y fraude, y, aparte de eso, dichos reembolsos a las exportaciones también son injustos, porque destruyen mercados en el mundo en desarrollo.
Soy de la opinión de que, si queremos que el contribuyente europeo siga aportando de buena gana su contribución a la Unión Europea, las políticas de la UE han de discutirse con mayor profundidad. Esto no solo conlleva luchar contra el fraude y las irregularidades, sino que esta Cámara plantee sin rodeos la cuestión de qué servicios recibimos a cambio del dinero que invertimos. Tenemos que redefinir nuestros objetivos, y tenemos que ahondar mucho más con el fin de evaluar lo que se está haciendo con estos fondos en la Unión Europea. 
Camre (UEN ).
   – Señor Presidente, yo también quiero extender mi gratitud al Tribunal de Cuentas por un informe excelente, y al mismo tiempo agradecerle los muchos y excelentes elementos informativos que recibimos del Tribunal de Cuentas a lo largo del año.
Sin duda, no hace falta repetir en esta Cámara todas las opiniones expresadas de forma tan excelente por otros diputados. Me contentaré con decir que nos enfrentamos a dos problemas. El primero es el número imposible de sistemas administrativos, y el segundo es la baja moral de la administración. Como ha dicho el Sr. Sjöstedt en esta Cámara, sin duda es verdad que la firma repetida de contratos con empresas que se han comportado de forma nada aceptable es inadmisible y que la Comisión simplemente debería haber evitado cualquier relación con tales empresas. Igual que el diputado Sr. Kuhne, también yo he de decir que el sentimiento más fuerte es la simpatía por la Comisión. Cuando una y otra vez escucho a los Comisarios en la Comisión de Control Presupuestario, pienso en un hombre armado únicamente con un permiso de conducir, sentado solo a seis millas de altitud en la cabina de un Boeing 767 y sin idea de cómo aterrizar.
Cuando consideramos los problemas a los que nos enfrentamos, ahora que la UE tiene 46 años de existencia, no podemos sino observar que todo el problema está en el intento de resolver problemas que simplemente no deberían resolverse. La política agrícola en los 15 países es bastante perjudicial, además de superflua. Los 15 países son tan ricos que nosotros mismos podríamos proporcionarnos fácilmente las subvenciones necesarias. Lo mismo vale para la política de fondos estructurales, y como ha dicho recientemente el Primer Ministro sueco, en realidad no tiene sentido para los países de elevada presión fiscal cobrar impuestos al hombre de la calle cuando hay países que no gravan a sus ciudadanos, ni siquiera a los más ricos, y que luego redistribuyen estos fondos a través de la UE. Por cada euro que enviamos a la UE nos devuelven por tanto, en promedio, el 80%. Sin duda, es una política totalmente absurda que podemos revisar de pies a cabeza. Podríamos cumplir todas las tareas de la UE con el 10% del presupuesto, por lo que solo deberíamos tener un 10% del fraude que observamos hoy. 
Avilés Perea (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, quiero iniciar mi intervención agradeciéndole el excelente informe que nos ha presentado, así como los trabajos que normalmente realiza el Tribunal y que son fundamentales para el desarrollo de nuestra labor en la Comisión de Control Presupuestario.
Para nosotros es un instrumento de enorme utilidad el poder analizar y estudiar los informes que el Tribunal de Cuentas nos pasa y, en particular, el informe anual que hoy se presenta ante esta Cámara.
De él quiero destacar, en particular, algunos asuntos. Entre ellos, la reforma de la Comisión, la responsabilidad de los ordenadores delegados, el control interno y la introducción de un servicio de auditoría interna. A mí me parece que éstos son unos asuntos clave para un mejor funcionamiento de la Comisión Europea y de la ejecución del presupuesto de la Comisión Europea.
Entre ellos, creo que es fundamental el control interno y el seguimiento de la reforma, de la que hablaré más adelante. También creo que es muy importante todo el análisis que se hace sobre la ampliación, las deficiencias que todavía hay en las estructuras y en la aplicación del acervo comunitario -aunque se haya mejorado-, así como en la ejecución de los instrumentos de preadhesión, que aunque realmente ha mejorado algo, sigue siendo muy insuficiente, de hecho, muchas de las deficiencias y carencias con las que nos encontramos ahora en esos países, habrían podido quizás solucionarse si se hubiera puesto un mayor interés o énfasis en que esos instrumentos funcionaran mejor.
En cuanto a la gestión presupuestaria, continúa habiendo un excedente significativo, y aunque ha disminuido, lo que representa un pequeño avance, sigue siendo bastante grave el que exista un excedente tan grande por ejecutar. Esto puede ser -como se ha dicho aquí- responsabilidad de los Estados miembros, pero desde la Comisión Europea debería haber un control mayor para que no se diera una situación como ésta, que nos impide realizar los programas comunitarios de una manera más efectiva.
Esto está en relación con uno de los puntos que analiza el informe del Tribunal este año en mayor amplitud, como es la gestión compartida con los Estados miembros y, en particular, el FEOGA y los Fondos Estructurales, donde esta falta de ejecución se da de una manera más acusada. Creo que es un asunto en el que hay que insistir y espero que a lo largo de este año y en la aprobación de la gestión de este año 2002, que estamos analizando, se siga insistiendo en ello. Los controles de los Estados miembros tienen que mejorar y tiene que mejorar el porcentaje del gasto, como repetidamente venimos diciendo.
Insisto también en la necesidad de analizar más exhaustivamente la reforma, la situación en la que se encuentra, sus posibles deficiencias y, en el caso de que fuera necesario, los cambios que hubiera que realizar. La reforma es fundamental para una mayor agilidad en la gestión de la Comisión Europea. Hay deficiencias importantes que proceden de una cultura antigua dentro de la propia casa. Hay una mentalidad entre los funcionarios -como aquí se ha puesto de manifiesto- que hace que, a veces, sean los comisarios los que tienen que asumir la responsabilidad, pero, efectivamente, los comisarios terminan su mandato y vienen otros con buenas ideas, buenos propósitos… Pero si la estructura interna no se ha modificado, si la reforma no se ha aplicado hasta sus últimas consecuencias, esa buena voluntad y buena intención de los comisarios no puede llevarse a cabo.
Para terminar, señor Presidente, quiero también señalar que la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en el control y en la gestión de la Comisión, así como en el control presupuestario por parte de nuestra comisión, sería muy importante.
Van Hulten (PSE ).
   – Señor Presidente, como ponente para la aprobación de la gestión de 2002 por el Parlamento Europeo, me satisface comprobar que el Tribunal de Cuentas ha tratado algunos de los puntos de interés planteados en el Parlamento.
El informe pone de manifiesto que sigue habiendo problemas. Las normas sobre las dietas de secretariado todavía contienen lagunas, lo que significa que el dinero no se gasta siempre en el personal, tal y como se debería. A pesar de las anteriores advertencias del Tribunal de Justicia, las normas sobre la financiación de los Grupos políticos siguen presentado deficiencias. Prueba de ello ha sido un informe de la OLAF de esta semana, que demuestra que un antiguo Grupo político de este Parlamento había malversado fondos. Finalmente, el fondo de pensiones sigue careciendo de una base legal apropiada y ni siquiera cuenta con los fondos suficientes para cubrir todas sus obligaciones.
El Parlamento Europeo, como todos sabemos, siempre es muy bueno criticando a otras instituciones, como hemos hecho hoy, pero también tenemos que poner orden en nuestra propia Cámara. Ayer, una coalición de egoístas, ingenuos y codiciosos bloqueó una vez más una propuesta de reforma del sistema de pago y de gastos de los diputados al Parlamento Europeo, lo que habría solucionado este problema de una vez por todas. La oposición a esta propuesta estaba dirigida por el Sr. Schulz y el Sr. Nassauer. Son las mismas personas que le escribieron a usted, señor Presidente, pidiendo una reforma del sistema de gastos de viaje, porque un periódico alemán publicó sus fotografías y les obligaron a actuar por vergüenza. La Mesa, según tengo entendido, pospuso ese debate. Espero que la propuesta alemana sea aceptada, a pesar de que el SPD, CDU y CSU –no los Verdes– han puesto de manifiesto, en privado, que esperan que no sea aceptada.
La prueba más evidente de esta hipocresía se produjo la pasada noche, cuando la Mesa debatió la reforma de las dietas de secretariado, tal y como había ordenado el Tribunal de Cuentas. ¡Me han dicho que la primera reacción del Sr. Friedrich fue preguntar si los diputados podrían seguir contratando a sus familiares si se aprobaban las nuevas normas! No estoy en contra del hecho en sí de que los diputados contraten a familiares, cuando se haga de una manera honesta y transparente, aunque personalmente no creo que sea una acción inteligente. Sin embargo, la reacción del Sr. Friedrich demuestra que, desgraciadamente, para algunos diputados de ambos lados de la Cámara, el único propósito de su cargo de diputados en este Parlamento es el enriquecimiento y el engaño.
Afortunadamente, hay muchos diputados, incluidos colegas como el Sr. Kuhne, que quieren reformar nuestro sistema de gastos. Esta cuestión será un aspecto central de mi informe sobre la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo para el ejercicio 2002. El año 2004 es un año de elecciones; no nos podemos permitir celebrar estas elecciones con el sistema actual, que es moralmente corrupto. Si es necesario, debemos avergonzar públicamente a nuestra Cámara para que actúe.
Sørensen (ELDR ).
   – Señor Presidente, escucho con cierta satisfacción los elogios del Tribunal de Cuentas por los esfuerzos de reforma de la Comisión. Al mismo tiempo, es bueno que, por primera vez, el Tribunal de Cuentas no haya descubierto errores sustanciales en la aplicación de la ayuda de preadhesión a los países candidatos. Por último, también vale la pena observar que el Tribunal de Cuentas ha aprobado la contabilidad de 2002 del Fondo Europeo de Desarrollo, aunque haya observaciones críticas relativas a su inspección. Quiero subrayar que los miembros del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoyamos plenamente la propuesta del Tribunal de Cuentas de que el Fondo Europeo de Desarrollo se integre en el presupuesto general.
Al mismo tiempo, es muy preocupante que el Tribunal de Cuentas de nuevo no pueda aprobar las grandes líneas presupuestarias como el gasto de ayuda agrícola, los fondos estructurales y las políticas internas, es decir, líneas que constituyen aproximadamente el 80% del presupuesto de la UE. En este terreno debemos ser conscientes del hecho de que los propios Estados miembros se encargan, en gran medida, de la administración y el control de esos presupuestos. También existen partidas presupuestarias que, año tras año, no llegan ni de lejos al tope en términos presupuestarios. Este año, el total no utilizado asciende a 7 400 millones de euros, y eso es sumamente insatisfactorio. Se trata de dinero que debería y podría haber sido utilizado para cumplir objetivos políticos y, al no utilizarse para esos propósitos, se podría haber utilizado en otros ámbitos presupuestarios de la UE, como por ejemplo en investigación y desarrollo.
Creo que estos problemas deberían hacernos reflexionar sobre las estructuras de control en el ámbito presupuestario, con competencias compartidas entre la Comisión y los Estados miembros. En primer lugar, creo que deberían realizarse esfuerzos por coordinar y mejorar el control de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros. Se podría establecer un grupo de trabajo que estuviera compuesto por representantes de los respectivos organismos de control de los Estados miembros. Por supuesto, el Tribunal de Cuentas debe formar parte del el grupo de trabajo, y el objetivo debe ser desarrollar una norma de control uniforme sobre el modelo de la «mejor práctica». A largo plazo debería considerarse si el incentivo para el control eficiente de los fondos de la UE es simplemente demasiado débil en los Estados miembros. Si ese es el caso, debería darse prioridad al establecimiento de una fiscalía común europea. 
En conclusión, tengo una pregunta práctica para el Sr. Fabra Vallés. En relación con la publicación del informe, y también hoy en esta Cámara, ha dicho que el plazo límite para la reforma del sistema contable por parte de la Comisión, es decir, enero de 2005, es muy optimista. Quisiera preguntar en qué se basa esta declaración, porque he observado que el Tribunal de Cuentas no ha evaluado las reformas contables en el informe. 

Dell'Alba (NI ).
   – Señora Presidenta, Señorías, tras el discurso de mi amigo el Sr. Van Hulten, ya no estoy seguro de si estamos hablando del informe del Tribunal de Cuentas o del informe de la reunión de la Mesa. Si estamos hablando del informe del Tribunal de Cuentas, no hay problema, porque este es el debate al que me apunté.
En primer lugar, quisiera elogiar el trabajo del Presidente del Tribunal de Cuentas, el Sr. Fabra Vallés, y el trabajo del Tribunal en su conjunto. Creo que, una vez más, el Tribunal de Cuentas nos ha presentado un documento que merece y requiere toda nuestra atención. Lamentablemente, no creo que este documento sea ampliamente leído fuera de nuestra institución, por ejemplo, por parte de los Gobiernos nacionales, por la gente del Consejo y en el Consejo Ecofin, que piensan que lo suyo es quitar poder al Parlamento Europeo, cuando lo que deberían hacer en primer lugar es examinar y comprobar sus cuentas y tomarse en serio la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas.
El Sr. Van Hulten tenía razón cuando dijo que el Tribunal de Cuentas ha llamado la atención sobre una serie de cosas que esta Cámara también necesita poner en orden. Es lamentable que a veces tendamos a mirarnos demasiado el ombligo. Podemos ver claramente las cosas que no funcionan bien en el Parlamento, y con razón deberíamos arreglarlas, y de hecho, el Tribunal de Cuentas nos ha dicho durante años que el 80% de nuestros gastos, que está controlado por los Estados miembros, encierran un número improbable de errores, falsas asignaciones y problemas que el propio Tribunal no ha podido identificar de modo específico.
Así que me pregunto cuándo vamos a aclarar las cosas y a poner en orden este sistema. Es nuestro deber ser quisquillosos y mirar con lupa lo que hace la Comisión y las demás instituciones. Como saben, señora Schreyer y señor Fabra Vallés, en la Comisión de Control Presupuestario hemos formulado doscientas preguntas a la Comisión –quizá incluso más–, basadas en el informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, lamentablemente, no hemos realizado ninguna a los Estados miembros, porque no podemos hacerlo. Creo que este es un problema real. Debemos encontrar un modo de hallar una solución, y de hacer vinculante el informe del Tribunal de Cuentas no solo para la Comisión, a la que se pedirá que rinda cuentas, sino también respecto a las cuentas de los Estados miembros.
El otro problema es cómo realizar un seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Durante años, el Tribunal de Cuentas no ha realizado auditorías o revisiones específicas, por ejemplo, de Eurostat. Y durante años ha destacado una serie de problemas que nunca se han tomado en serio. Por ejemplo, en la cuestión de reembolsos a la exportación, el Tribunal de Cuentas ha identificado durante años un problema que nunca se había tomado en serio, y el resultado de esto fue que acabamos con el escándalo que todos bien sabemos.
Para que este ejercicio tenga sentido, creo que hay que darle un contenido más específico, en todo caso con respecto a estos dos puntos: el modo en que las medidas de seguimiento se organizan en cada Estado miembro y la razón por la que la Comisión, y nosotros mismos, no tenemos suficientemente en cuenta las conclusiones del informe. 
Bayona de Perogordo (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, quisiera empezar agradeciendo al Presidente del Tribunal de Cuentas su presencia y su presentación, y me alegro de que vaya acompañado por algunos de los magistrados de este Tribunal para felicitarles por el trabajo realizado.
No me resisto a destacar una vez más el esfuerzo pedagógico que contiene el informe que nos ocupa. Es un informe en el que aparecen definiciones iniciales de cada una de las figuras, una historia de las observaciones anteriores, las observaciones propuestas, las respuestas de la Comisión; todo ello lo convierte, en definitiva, en una especie de enciclopedia de la gestión financiera comunitaria, que va a ser muy útil a todos aquellos que tengan el gusto de leerla y de estudiarla.
Junto a esta característica, yo destacaría también que se trata de un informe de transición, en el sentido de que se inserta en el curso de una reforma de la Comisión, de una reforma administrativa importante, y me complace comprobar que, en todos los momentos en que se alude a esa reforma, el Tribunal de Cuentas destaca que la Comisión ha mejorado, ha iniciado, ha presentado algún plan, y, por tanto, está en el camino de una reforma seria.
Sería absurdo, por otra parte, que la Comisión se resistiera a hacer su propia reforma, cuando ésta surge de una iniciativa propia.
Por lo tanto, quedan muchas cosas por hacer, es cierto, pero se está en el camino de la colaboración. Por eso me parece oportuno lo que ha destacado el Presidente del Tribunal en el sentido de solicitar una reforma del calendario, porque a lo mejor los cálculos son optimistas.
En cuanto a la fiabilidad de las cuentas, destacaría que las reservas mencionadas son concretas y subsanables. No son reservas básicas, no son reservas de fondo: son reservas importantes, pero subsanables.
Y por otra parte, el informe contiene algunos aspectos como la infrautilización, la gestión compartida, el proceso de la reforma, que serán objeto de tratamiento en el informe sobre la aprobación de la gestión del año 2002.
Casaca (PSE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente del Tribunal de Cuentas y otros miembros del Tribunal, permítanme sumarme a la felicitación al Tribunal por el excelente trabajo que nos ha presentado, pero permítanme también destacar dos informes especiales sobre reembolsos a la exportación que son ejemplares y expresan ampliamente la calidad del trabajo que el Tribunal de Cuentas ha realizado en los últimos años.
Están escritos en un lenguaje claro, que no da lugar a la hipérbole o a la metafísica burocrática que lamentablemente todavía encontramos en algunos de los textos del Tribunal, y repiten un diagnóstico realizado originalmente en 1990. El sistema de reembolso a las exportaciones es sumamente complejo y muy propenso al fraude, y no sigue las reglas más elementales de transparencia. En trece años nada ha cambiado esencialmente en el modo en que se dirige este programa; abarca muy pocos intereses y empresas, que la Comisión se niega a nombrar. Los Comisarios van y vienen, las reformas pasan, pero los reembolsos a las exportaciones todavía están ahí y representan un reto para todo y para todos. Tres años después de que se descubriera la red que falsificó decenas de miles de toneladas de mantequilla en Europa, y después de que la llamaran a proteger los intereses financieros de Europa y los derechos de los ciudadanos y de los ganaderos, la Comisión todavía se niega a tomar medidas en contra de cualquiera de los infractores, y de hecho se permite dar un trato privilegiado a las grandes empresas de productos lácteos involucradas en este escándalo en comparación con el trato que otorga a los ganaderos cuya producción de leche supera su cuota.
Estas son las prácticas y realidades que es esencial combatir, y es útil ver que se examinan de modo efectivo y diligente, como ha sucedido con estos informes del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones a la exportación. Por tanto, mis felicitaciones más sinceras, una vez más, al Tribunal de Cuentas por el trabajo realizado. 
Bösch (PSE ).
   – Señora Presidenta, quizás pueda dar al Sr. Fabra Vallés, Presidente del Tribunal de Cuentas, un consejo sobre cómo su institución puede ser más apreciada por las demás instituciones, porque –como usted, señor Fabra Vallés, ha dicho, y yo comparto su opinión– es lo que hace falta actualmente. Quizás sus informes deberían ser un poco más claros. Quizás podría afirmar simplemente que no hay declaración de fiabilidad o que no cree que las reformas se apliquen en el plazo prometido, o quizás podría simplemente afirmar que, en lo que respecta a la agricultura, no ha habido preparación alguna para la ampliación.
Si se puede decir que solo un 2% de los fondos llegan a su beneficiario previsto, entonces esta política ha demostrado ser un fracaso. Este es el simple punto de vista que han tomado nuestros conciudadanos. No veo ningún modo de maquillar estas cosas. Si la cuestión es la reforma, entonces tenemos nuestros propios indicadores. No estoy hablando del período previo a 1999, sino de la actualidad, cuando digo esto, cuando una Comisión nos dice que el informe se presentará un año después, contraviniendo la ley que debe guardar y hacer guardar, entonces algo no ha ocurrido, y ese algo es un proceso de aprendizaje en el seno de la Comisión. Cuando hay que esperar meses para obtener una respuesta a preguntas relacionadas con lo que está ocurriendo en Eurostat –es decir, preguntas relacionadas no con el pasado distante, sino con los errores que se están cometiendo ahora mismo y con el continuo derroche del dinero de los contribuyentes–, entonces no ha pasado nada. Cuando nos dicen que si queremos reformas y propuestas legislativas para finales de diciembre, las tendremos en enero, entonces, de nuevo, alguien no ha aprendido nada. Son estos los criterios que utilizamos para juzgar si una reforma ha tenido lugar y ha dado resultado. Como habrá comprobado hasta ahora, somos bastante escépticos. 
Morgan (PSE ).
   – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su informe. Estamos estudiando la reforma de una administración multinacional potente y no va a ser fácil cambiarla de un día para otro. Sin embargo, en el informe del Tribunal se reconoce que las cosas marchan en la dirección correcta, lo que nos llena de satisfacción. Sigue habiendo importantes problemas con las cuentas y queremos que esos esfuerzos se redoblen en la Comisión.
Desde la publicación de este informe, en el Reino Unido hemos sido objeto de grandes titulares sobre el fraude existente dentro de la Unión Europea. Es la novena vez que el Tribunal de Cuentas no confirma la corrección de las cifras en los principales capítulos de gasto. Debemos recordar siempre que el 80% del dinero se gasta dentro de los Estados miembros y, hasta que no haya una mayor responsabilidad por parte de los Estados, la Comisión posiblemente no podrá responder por todos y cada uno de los euros.
La cuestión en la que me gustaría centrarme es la ingente suma invertida en pensiones de invalidez para el personal de las instituciones. Cada año se gastan 74 000 millones de euros en personas enfermas que pertenecen a las instituciones. Por supuesto, tenemos la responsabilidad de cuidar de las personas que están enfermas, pero los esfuerzos realizados para ayudar al personal a regresar al trabajo son absolutamente penosos, especialmente en el caso de los afectados por problemas psicológicos. El 50% del personal afirmó de que no se había examinado su estado de salud ni la posibilidad de que regresase al trabajo mientras estaba de baja por enfermedad. En las categorías C y D, el 62% de las personas se jubiló con pensiones de invalidez y el 21% con pensiones de jubilación. 
Quiero preguntar tanto al Tribunal de Justicia como al Tribunal de Cuentas si presionará a los Estados miembros para que firmen declaraciones de garantía –tanto para los Fondos Estructurales como en el ámbito agrícola– en las futuras reformas. Hasta que no lo consigamos, no podremos asistir a una mejora de toda la cuestión de la contabilidad, de los Fondos Estructurales ni de los responsables. Si nos mantenemos firmes con respecto a esta cuestión, intentaremos detener el proceso en el Parlamento Europeo hasta que los Estados miembros comiencen a asumir su responsabilidad. ¿Van a presionar ustedes para que los Estados miembros firmen declaraciones de garantía? 
Fabra Vallés,
   . Señora Presidenta, antes que nada, ya que no ha habido ninguna pregunta concreta, pero sí varias intervenciones que han rozado el tema, me gustaría hacer una aclaración sobre Eurostat.
Como ya informamos a la Cocobu en repetidas ocasiones, el Tribunal no ha realizado ninguna auditoría completa sobre la Oficina de Estadística, sobre Eurostat. Sin embargo, el Tribunal sí ha examinado algunos programas ejecutados por Eurostat en el marco de otras auditorías. Los resultados de estas auditorías fueron incluidos en nuestros informes anuales de 1993, 1998 y 1999, este último publicado en noviembre de 2000.
Nuestras observaciones sobre la gestión de Eurostat se refieren a los procedimientos deficientes para la adjudicación de algunos contratos y a la mala utilización de las oficinas de asistencia técnica, los llamados BAT. Conviene señalar que el Tribunal ya había realizado observaciones sobre los BAT como resultado de otras auditorías. Como seguimiento a estas observaciones, en 1999 la Comisión revisó los procedimientos de adjudicación de contratos y utilización de los BAT. La Comisión introdujo nuevas normas de gestión y control en estos dos ámbitos. También a mediados de 2000, la OLAF lanzó una investigación interna sobre Eurostat. Teniendo en cuenta estos elementos, nuevas normas e investigación de la OLAF, no hubiera sido oportuno lanzar una auditoría sobre Eurostat en ese momento.
Quiero subrayar que, en principio, el Tribunal se abstiene de efectuar auditorías en los departamentos y áreas donde la OLAF procede a sus investigaciones. Queremos evitar con ello toda interferencia o actuación que pueda perjudicar la investigación antifraude.
El Tribunal tendrá en cuenta las enseñanzas de Eurostat cuando efectúe sus análisis de riesgo para el año próximo.
Por otro lado, el Sr. Kuhne ha hecho un comentario que le agradezco, pero creo que no había ninguna pregunta dirigida al Tribunal de Cuentas.
El Sr. Mulder dice que vamos por el buen camino, pero que hasta cuándo. Yo creo que, si vamos por el buen camino, hay que mantenerlo. ¿Hasta cuándo? Pues todo depende de la organización, de la institución, de si es más o menos complicada, o más o menos extensa. La Comisión, dado su tamaño y su extensión geográfica -sin duda que no es ella sola y que cada uno de los cambios que hace tiene una repercusión nacional y, por tanto, tiene que estar en contacto continuo con los diferentes Estados miembros, y no siempre  puede mantener la velocidad de crucero que en un momento dado se pueda marcar-, tampoco está haciendo reformas para los próximos cinco años, sino que creemos que es algo que va mucho más lejos.
Yo creo que estamos en la buena dirección, y para eso además está el Parlamento, para estar continuamente pinchando a la Comisión para que no se duerma, y que esta reforma sea continua y continuada. La verdad es que, desde 1994, se está dando una DAS positiva a pesar de que hay una serie de deficiencias en el sistema contable.
Por esta razón, en diciembre de 2002, la Comisión decidió hacer una reforma contable con el objetivo de que entrara en funcionamiento en el año 2005. Yo sigo creyendo que la fecha es optimista, y lo digo no por discutir con la Comisión, sino a efectos de que ustedes no se desanimen si llega el año 2005 y no está terminada la reforma al cien por cien. En el Tribunal de Cuentas creemos que el plazo es corto. Creemos que es mejor dar cada paso de una forma segura, que no con prisas, para que las decisiones tomadas aguanten y que las reformas no sean un eterno "penelopismo" de hacer y deshacer.
Por otro lado, ya que hablamos de reforma, creo también que es importante que este golpe que hemos recibido todos los europeos con el caso de Eurostat, cuando creíamos que se habían terminado los BAT y ciertas situaciones, no debe echar abajo la reforma. Lo que precisamente esta situación deja muy claro es la urgencia de continuar la reforma y de acabarla lo antes posible. Ésta es la situación.
El problema está en cifrar la mejora. Ustedes saben que el Tribunal nunca ha sido amigo de hablar de tasa de error. ¿Por qué? Porque induce a error y, por lo tanto, no ganamos nada. Y sin embargo, está trabajando con los estándares. Yo estoy seguro de que, a través de los estándares presentados este año, podremos incrementar los estándares para los próximos años, y con un acuerdo entre a qué llamamos pan y a qué llamamos vino dentro de la Comisión, del Parlamento y del Tribunal de Cuentas, que es la mejor forma de entenderse.
El Sr. Sjöstedt dice que hablamos de una mejora general. Pero, ¿hay mejora o no hay mejora? ¿Y en cuánto? Por eso hablamos de los estándares, para que ustedes lo puedan comparar. Yo le digo que sí, que hay mejora.
La Sra. Rühle hablaba de disipar la desconfianza y aumentar la transparencia, y de más democracia. Y luego hablaba también de agricultura -y ahí voy a contestar también al Sr. Sørensen-: el problema de la agricultura es que sigue habiendo excesivos pagos erróneos. Éste es el problema. Y hemos encontrado que aumentan los errores en los pagos que están fuera del sistema integrado de gestión y control.
Claro, hablar de esto no es hablar de una pequeña parte del presupuesto. ¡Estamos hablando de más del 40% del presupuesto! Y quizás para el beneficiario final sea una pequeña cantidad respecto a toda la parte de agricultura, pero hablar del 40% del presupuesto es mucho presupuesto, y por tanto no hay que dejar pasar esos pequeños errores.
No hay que olvidar tampoco que el 80% del presupuesto comunitario pasa por los presupuestos nacionales. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la mejora de la Comisión si no contamos con la ayuda del control de los Estados miembros? Lo que sí les puedo decir es que durante todo el año organizamos seminarios a los que invitamos ya a parlamentarios, a otras instituciones, a miembros de los Tribunales de Cuentas nacionales. Les hacemos pasar por Luxemburgo, les invitamos a venir, y es una forma de mantener una buena relación con ellos, de darles información, de que vayamos armonizando poco a poco los procedimientos, porque no todos trabajamos con los mismos sistemas. Está el sistema sajón y el sistema europeo y nosotros hacemos esa labor de armonización.
Por otro lado, recuerdo una frase bíblica: "Id y predicad". Bueno, pues la verdad es que los miembros del Tribunal vamos y predicamos. Cada uno de nosotros estos días ha estado en su propio país haciendo un trabajo de explicación. La misma función que hacemos aquí la hacemos en los Estados nacionales, en el Parlamento y en el Tribunal de Cuentas, y todo ello en aras de que los Estados miembros puedan ver la importancia que tiene para nosotros su ayuda y su colaboración a la hora de controlar los fondos comunitarios.
Para no prolongar más esta intervención, a los Sres. Camre, Avilés, Bayona, Van Hulten, Dell'Alba, Casaca, Bösch y Morgan les contestaré por escrito.
Muchísimas gracias, y ya saben que, como siempre, nos tienen a su entera disposición.
La Presidenta
   . – Gracias por ser tan comprensivo, señor Fabra Vallés. Tenemos que atenernos a horarios muy estrictos.
El debate queda cerrado. 
La Presidenta
   . – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0399/2003) de la Sra. Jensen, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº1408/71, en lo que se refiere a la armonización de los derechos y la simplificación de los procedimientos [COM(2003) 378 – C5-0290/2003 – 2003/0138(COD)]. 
Diamantopoulou,
   .  Señora Presidenta, Señorías, hoy tengo el placer de anunciar un verdadero éxito para nuestro debate.
Tras dos años y medio de negociaciones y cinco Presidencias que han prestado una gran atención al asunto, se ha alcanzado un acuerdo en el Consejo sobre el Reglamento nº 1408/1971, un Reglamento especialmente importante porque tiene que ver con los derechos de los trabajadores en la Unión Europea.
El informe de la Sra. Jensen tiene que ver precisamente con la postura del Parlamento sobre la armonización de los derechos y la simplificación de los procedimientos relativos a los trabajadores de la Unión Europea que trabajan y viven en lugares distintos, y hoy tenemos la primera lectura.
Este Reglamento reviste una importancia excepcional para los derechos de los asegurados. La propuesta presentada por la Comisión en junio refuerza esencialmente los derechos de los asegurados –todas las personas aseguradas que viven temporalmente en otro Estado miembro tendrán los mismos derechos sanitarios–, pero también simplifica el procedimiento para garantizar la atención sanitaria durante la residencia temporal.
Así que tenemos un instrumento muy concreto de las instituciones europeas que es comprensible, claro y tiene un efecto inmediato sobre la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. Esencialmente afecta a dos cuestiones fundamentales en la Unión Europea: el concepto de ciudadano europeo, por una parte, y el derecho a la libre circulación de los trabajadores, por otra.
Sin embargo, además y por encima del funcionamiento independiente y significativo del Reglamento y la simplificación y el refuerzo de los derechos de los trabajadores, favorecerá la introducción de la tarjeta europea del seguro de enfermedad que, como saben, estará lista el 1 de junio de 2004 y facilitará significativamente la libre circulación en Europa.
Debo felicitar a la Sra. Jensen, que con un profundo conocimiento del tema y con una flexibilidad creativa, ha conseguido formular la postura del Parlamento en relación con esta propuesta en un período de tiempo relativamente corto, diría que en un período de tiempo excepcionalmente corto. Con la cooperación tan creativa que ha habido entre la Comisión y el Parlamento, quizás nos encontremos hoy ante una decisión que se tomará en un tiempo récord, quizás en la primera lectura si hay acuerdo, y tendremos un acuerdo final entre las tres instituciones sobre el Reglamento y su funcionamiento tan pronto como sea posible. Quiero recordar a la Cámara que en el plazo de seis meses, desde junio hasta hoy, ha habido esfuerzos muy importantes, una colaboración excepcionalmente creativa, y estoy muy satisfecha de que la Comisión pueda aceptar la mayoría de las enmiendas propuestas por el Parlamento, porque la aprobación de estas enmiendas permitirá al Consejo proceder a su aprobación final, tras la lectura del Parlamento.
Señorías, muy a menudo, y también a causa de la naturaleza de las instituciones y la forma en que funcionan, nos preocupamos muchísimo por los procedimientos, que son complicados. Hoy, con el fin de los procedimientos, con el acuerdo de las instituciones, tenemos delante de nosotros esencialmente una decisión que tiene repercusiones muy específicas y tangibles en la vida de los ciudadanos europeos, todavía más en una Europa de 25, en la que la circulación de los trabajadores y la cooperación entre Estados miembros tendrán que simplificarse y estar sujetas a procedimientos mucho más sencillos y claros. 
Jensen (ELDR ),
   – Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar dándoles las gracias por la cooperación que hemos mantenido respecto a la tarjeta europea del seguro de enfermedad, porque lo que dice usted es cierto, señora Comisaria. Es una verdadera historia de éxito, a resultas de la cual, con muy pocos cambios y una reforma bastante modesta, obtendremos beneficios muy importantes para el ciudadano individual. Además, me complace que el Parlamento haya apoyado nuestra insistencia en finalizar el trabajo rápidamente para que la gente pueda tener la tarjeta en sus manos el 1 de julio de 2004. Creo que tendrá un valor simbólico grandísimo.
No ha sido tan sencillo, puesto que sin ir más lejos el viernes pasado fue cuando el Consejo aprobó el texto que tenemos ante nosotros. Debo dar las gracias a los ponentes alternativos de los otros partidos por haber sido tan flexibles y haber confiado tanto en el trabajo en torno a esta tarjeta y habernos apoyado en la búsqueda de una solución tan pronto como hoy, cuando también espero que podamos sentar las bases para alcanzar un acuerdo en primera lectura, pudiendo así llevar a cabo la propuesta en tan solo seis meses.
Lo que aprobamos hoy significa que una serie de formularios que tenemos actualmente serán sustituidos por una tarjeta. Inicialmente se sustituirá un simple formulario llamado E111. Después le seguirán una serie de otros formularios, que normalmente se rellenan cuando alguien se traslada de un país a otro o necesita un seguro de enfermedad –pagado por su país de origen– cuando reside en el extranjero de forma temporal. Simplificará la cuestión y facilitará las cosas a las personas, incluidos los que viajan, de muchas maneras prácticas. Entonces no solo serán los estudiantes y los jubilados que residen temporalmente o trabajan en otro país, sino también la gente que viaja la que sin duda hará más uso de la nueva tarjeta del seguro de enfermedad, porque ya no tendrá que ponerse en contacto con las autoridades sociales, sino que tendrá la tarjeta y podrá ir directamente al médico.
Sin embargo, si somos capaces de diseñar una tarjeta para todos, todo el mundo necesita que se le concedan los mismos derechos, y esto ha significado que a algunos ciudadanos se les concedan más derechos. En el futuro, todos tendrán derecho a todo el tratamiento médico necesario mientras hasta ahora algunos solo tenían derecho a un tratamiento médico de urgencia. En el futuro, será lo mismo para todos, y esto significa, por ejemplo, que alguien que sufre enfermedades crónicas, como enfermedades del riñón, en el futuro podrá llegar a un acuerdo con un hospital del país al que viaja y estar seguro de recibir diálisis. Por lo tanto, esta propuesta supondrá una mejora y les facilitará las cosas.
Las reglas más concretas para la tarjeta del seguro de enfermedad las establecerá un comité administrativo en que estarán representados todos los Estados miembros. El contenido de las reglas y la lista de enfermedades para las que se admitirá, en términos puramente prácticos, obtener un tratamiento serán especificados por representantes de los Estados miembros. Lo que estamos creando aquí es una situación en la que se concede a todos los mismos derechos y en la que es posible ir directamente al médico sin tener que pasar antes por las autoridades sociales.
También vale la pena mencionar que será más fácil rembolsar los gastos. Esto puede simplificarse y agilizarse. Actualmente, puede pasar mucho tiempo hasta que se reembolsen los gastos. Esto se simplificará. Se simplificará para el individuo, pero de hecho también se simplificará para los médicos y el personal sanitario, al igual que se simplificará para las autoridades. Por lo tanto, la situación puede complacer a todos y hacer que se alegren por lo que está ocurriendo, porque de hecho, todos nos beneficiaremos de ella.
Por último, quiero insistir en lo importante que es afirmar que lo que estamos preparando en este caso es una tarjeta de seguro y no una tarjeta que proporciona información sanitaria en el sentido general del término. La única información que aparecerá en la tarjeta será el nombre de la persona y los detalles del seguro, pero no información sanitaria. En el contexto del programa e-Europe se está trabajando en una tarjeta que contendrá información sanitaria, pero no estamos hablando de eso hoy. Por lo tanto, no hay problemas de protección de datos, porque los datos que van a intercambiarse por medio de esta tarjeta del seguro de enfermedad son exclusivamente los mismos datos que intercambiamos con los formularios. Se trata de una reforma pequeña, pero que creo que será muy efectiva en la práctica. 
Pérez Álvarez (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, señora Comisaria, me sumo a las felicitaciones a la Sra. Jensen, no sólo por el trabajo realizado, sino por su capacidad y sus esfuerzos para lograr el consenso entre todos los colegas de la Comisión de Empleo.
La Comisión Europea había lanzado oficialmente la idea de crear una tarjeta sanitaria europea al comienzo de la Presidencia española de la Unión Europea, de enero a junio de 2002, en la reunión informal de Ministros de Empleo y Política Social, celebrada en Burgos los días 18 y 19 de enero de 2002. Esa propuesta fue apoyada por el entonces Ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de Empleo y Política Social, D. Juan Carlos Aparicio Pérez, que es por cierto hoy alcalde de esa hermosa ciudad castellana.
Luego, el Consejo de Barcelona de marzo de 2002 decidió crear la tarjeta de seguro de enfermedad europea, tarjeta que sustituirá a los actuales formularios en papel que necesitan para poder obtener asistencia sanitaria en otros Estados miembros los ciudadanos europeos.
Cuando se realizan desplazamientos de los ciudadanos comunitarios entre los Estados miembros pueden producirse y, de hecho, se producen incomodidades y restricciones a su libre circulación intracomunitaria. La posibilidad -en realidad inmediata, después de escuchar a la Sra. Comisaria-, de una tarjeta sanitaria europea ha de contribuir a la eliminación y a la superación de estas dificultades y, además, va a facilitar a los europeos comunitarios el ejercicio de sus derechos.
La situación era muy distinta en el momento inicial, ya que se partía de una situación diferente en cada Estado miembro. Sin embargo, las ventajas de esta tarjeta sanitaria europea son evidentes. Para mi país, que recibe más de 40 millones de ciudadanos europeos cada año y en el que, además, muchos ciudadanos comunitarios fijan su residencia, es muy importante. Los habitantes de países fuertemente regionalizados tendrán también ventajas especiales.
La tarjeta para todos los europeos comunitarios viene a simplificar los trámites necesarios en la actualidad para acceder a la asistencia en el país de estancia temporal, garantizando también a los organismos que financian dicha asistencia el reembolso de los gastos por el país de procedencia del beneficiario-usuario.
Me parece, pues, que las ventajas entre otras son, desde luego, la correcta aplicación de la coordinación comunitaria en materia de asistencia sanitaria; crear confianza en la ciudadanía europea en cuanto al cuidado de su salud cuando se desplazan por el territorio comunitario; facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a una asistencia sanitaria mediante la simplificación de la documentación requerida, concretándola en una simple tarjeta, en una única tarjeta para asegurar la asistencia sanitaria, con un uso integrado de tarjetas y terminales; y, por último, la contemplación del mecanismo de sustitución en casos excepcionales, entiéndase pérdida o robo de la tarjeta.
Con esta tarjeta que, en principio, va a reemplazar al formulario actual E-111, utilizado en estancias cortas, y como dijo en su momento la Sra. Comisaria, tendremos, después del euro, otro trocito de Europa en nuestros bolsillos. 
Simplemente, volviendo a la Presidencia española de la Unión Europea y a su eslogan, con esta tarjeta tendremos "más Europa". En cualquier caso, "más Europa" creo que significa una Europa más próxima, más cercana a los ciudadanos europeos, que la van a percibir mejor y, sin duda -y termino, señora Presidenta–, un paso más en la construcción europea como habrían dicho los precursores.
Van Lancker (PSE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria, gracias por este importante Reglamento. También quiero agradecer a la ponente su trabajo rápido y flexible y, sobre todo, la excelente cooperación mantenida con los Grupos políticos. También estoy en deuda con el Consejo por su positiva actitud en este asunto. Señora Comisaria, estamos siendo testigos de un verdadero pequeño milagro: un Reglamento que tiene que ser aprobado unánimemente por el Consejo en codecisión con el Parlamento, cuya tramitación se completa en el espacio de una lectura. Creo que esto no ha pasado nunca en este Parlamento. Y el Reglamento que estamos debatiendo hoy es muy importante, puesto que refuerza de modo considerable, de dos maneras, los derechos de los ciudadanos que hacen uso de la libertad de circulación de las personas.
En primer lugar, a partir de ahora, todos disfrutarán de los mismos derechos a la atención médica esencial, lo cual es una mejora enorme para muchísima gente. Hasta ahora, los estudiantes y los jubilados han tenido derecho a la atención médica en los Estados miembros en los que residen, si la necesitan, mientras que los trabajadores y sus familias solo pueden obtener tratamientos esenciales en estos países. Por tanto, esta discriminación ya ha sido subsanada.
En segundo lugar, los procedimientos también se simplificarán para el público. Actualmente, las personas que residen en un Estado miembro diferente llevan sus formularios E111 al seguro de enfermedad local, donde obtienen nuevos formularios y solo entonces pueden visitar al médico o al dentista. Esto es desesperadamente complicado. Por lo menos ahora pueden ir al facultativo directamente. Eso también es una gran mejora.
Señora Comisaria, también me complace que el Consejo y la Comisión hayan acordado el principio de que los Estados miembros tengan que informar a sus ciudadanos sobre sus derechos a la asistencia sanitaria, porque naturalmente estos no son ilimitados.
Por último, señora Comisaria, comparto la esperanza de mis colegas eurodiputados de que este Reglamento será, sin duda, un nuevo paso importante hacia la introducción de una tarjeta europea general del seguro de enfermedad que proporcionará un acceso directo a la asistencia sanitaria en toda Europa para todos los asegurados europeos que posean derechos de residencia. 
André-Léonard (ELDR ).
   – Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, pero también como antiguo comisario gubernamental para la simplificación administrativa en mi país, no me queda sino acoger con satisfacción la aprobación unánime, por parte de nuestra comisión, del informe de la Sra. Jensen.
En efecto, la introducción de una tarjeta europea del seguro de enfermedad, que sustituirá a los impresos actuales necesarios para obtener tratamiento médico en otro Estado miembro, constituye un avance considerable para los europeos. Creo que todos deberíamos ser conscientes de esto. La armonización de los procedimientos llevará a un bienestar mayor, evitará que la gente se enfrente al papeleo interminable, pero sobre todo proporcionará una movilidad real a los ciudadanos europeos. Este paso es un excelente ejemplo de la eficacia que puede resultar de una reorganización de procedimientos. Así, el famoso formulario E111, tan familiar para los turistas y necesario para estancias cortas, será el primero en desaparecer.
La tarjeta europea simplificará las vidas de nuestros conciudadanos sin cambiar los derechos y obligaciones existentes. Esto es algo en lo que todos insistimos. Este acto práctico y muy visible incrementará nuestro sentido de pertenencia a la Unión Europea, del mismo modo que reforzará la ciudadanía europea. Está claro que tendremos que proseguir rápidamente con nuestros esfuerzos y ampliar la esfera de acción de la tarjeta para que incluya datos de emergencia médica e información sobre la salud del titular.
Por ahora, demos la bienvenida a esta nueva cultura administrativa que, sin ninguna duda, será apreciada por los ciudadanos de Europa, que han quedado desilusionados con demasiada frecuencia por la naturaleza lenta y engorrosa de nuestros procedimientos. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, las medidas que favorecen la simplificación de los procedimientos y de las formalidades son siempre positivas, y en este caso particular de prestación de asistencia sanitaria todavía son más importantes porque ayudarán a facilitar la libre circulación de las personas. Estos derechos tienen que extenderse al mayor número posible de personas, y por tanto es un paso positivo que se haya creado con éxito la tarjeta europea del seguro para todos los que viajan, estudian o trabajan –y también para los miembros de sus familias– en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sustituyendo así los formularios que existen actualmente, pero sin contener datos que puedan poner en juego su privacidad. También considero un paso positivo proporcionar a todos los ciudadanos información sobre los derechos que tienen en este ámbito en los distintos Estados miembros, y esto debería estar garantizado. Por ello, felicito a la Sra. Jensen por el trabajo que ha realizado. Espero que los ciudadanos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea ganen acceso directo a un tratamiento sanitario completo y que esto ocurra tan pronto como sea posible, según un calendario establecido. También espero que la votación de hoy ayude a asegurar que este plazo se respete y que la tarjeta sanitaria se haga realidad durante el próximo año. 
Ahern (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, yo también acojo con satisfacción la decisión de introducir una tarjeta sanitaria europea y felicito a la ponente por su claridad y perseverancia. En efecto, se trata de un gran paso adelante para nuestros ciudadanos y un ejemplo concreto de la forma en la que la Unión Europea puede beneficiarles directamente. Por ejemplo, en lugar de tener que recoger un formulario E111 antes de viajar y después realizar diversos trámites burocráticos antes de recibir atención, podrán, a través de la tarjeta, tener acceso inmediato a la atención que necesiten.
Los Estados miembros son los responsables de la sanidad y existe, sin duda, una gran diversidad de planteamientos en este ámbito. Sin embargo, finalmente ha sido posible alcanzar un acuerdo en el Consejo. Felicito a todos los implicados por alcanzar ese acuerdo, de modo que la tarjeta pueda utilizarse efectivamente antes del 1 de junio de 2004.
Sin embargo, la ponente tiene razón al señalar que el Parlamento Europeo debe ser consultado de nuevo si se propone una ampliación de la tarjeta para incluir los datos médicos personales, como de hecho ya se ha propuesto, dado que la debida protección de los datos personales –especialmente los de naturaleza médica– nos preocupa sobremanera. 
Crowley (UEN ).
   – Señora Presidenta, yo también quiero, al igual que mis colegas, felicitar tanto a la Comisaria como a la ponente por su trabajo en esta cuestión.
Por un lado, ayuda a promover el ideal de integración de la Unión Europea y una mayor movilidad entre los Estados miembros cuando, en nuestra opinión, hace poco tiempo teníamos dificultades para acordar un formato común para el pasaporte. Teníamos incluso mayores dificultades para acordar algún tipo de formato común con respecto a un diseño de una moneda o un billete cuando apareció el euro.
Sin embargo, durante muchos años, a través del formulario E111 y otros impresos, hemos llegado a un acuerdo con respecto a la capacidad de ofrecer servicios a las personas que se sienten mal y están lejos de sus Estados miembros de origen. La mayor dificultad con el formato del formulario era que resultaba demasiado burocrático y no había seguridad o garantía de que uno conseguiría el nivel de atención necesario –o incluso de que recibiría alguna atención– cuando sufría una enfermedad o cierta condición médica durante un viaje. Esta tarjeta única eliminará al menos muchas de esas dificultades.
En segundo lugar, los acuerdos entre los Estados miembros –relativos a los tipos de atención y a la gama y al nivel de los servicios disponibles para las personas– también ayudarán a aclarar la situación de muchas personas.
En tercer lugar, y por encima de todo, también dará una gran sensación de seguridad a las personas que se desplazan al extranjero, ya sea de vacaciones, por motivos de trabajo o por cualquier otra razón. Las cifras relativas a esta cuestión son interesantes. Desde 1970, el número de personas de los 15 Estados miembros que viven fuera de sus Estados miembros de origen ha aumentado un 61%. El número de personas de la Unión Europea que trabajan fuera de su Estado miembro de origen ha aumentado un 51% desde 1970. El número de estudiantes que estudian fuera de su Estado miembro de origen se ha incrementado un 71% desde 1970. Esto ilustra que la necesidad de prestación de servicios es todavía mayor.
Finalmente, para garantizar que los médicos de los Estados miembros entiendan qué significan estas tarjetas, debería ponerse en marcha un programa de formación o publicidad. 
Blokland (EDD ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria, señora Jensen, Señorías, apoyo las líneas generales de este informe. Es importante promover la libre circulación en la Unión Europea y crear las condiciones para ello. Si queremos promover la libre circulación de personas y deseamos alcanzar una integración mayor del mercado interior, también habrá que encontrar una solución para las cosas no tan placenteras, como acudir al médico en el extranjero. Esta solución está ya al alcance de la mano con la introducción de la tarjeta europea del seguro de enfermedad. Sin embargo, junto con las claras ventajas también veo algunas objeciones respecto a la introducción de una tarjeta de este tipo. En su informe, la Sra. Jensen menciona dos medidas necesarias para dicha tarjeta.
En primer lugar, la armonización de los derechos de todas las categorías de asegurados. Yo no comparto este deseo de armonización. El modo en que funcionan los sistemas de asistencia sanitaria es distinto en cada Estado miembro, y la financiación también varía desde las primas hasta el pago con cargo a los impuestos. Además, no considero que el valor simbólico de dicha tarjeta tenga una importancia vital. Después de todo, cuando alguien enferma en el extranjero, necesita tratamiento, no un símbolo. Pronto podrán recibir el tratamiento con una tarjeta. Sinceramente no descubro ningún sentimiento europeo en esta cuestión.
Sin embargo, apruebo la segunda medida, que debería llevar a la simplificación de las formalidades. Los procedimientos administrativos y las formalidades deben reducirse al mínimo. El hecho de que el aumento de la movilidad entre los ciudadanos lleve a que soliciten tratamiento médico en otro Estado miembro no debería penalizarse con la burocracia.
Quisiera finalizar mi intervención con una pregunta a la Comisaria Diamantopoulou. La tarjeta que se va a introducir ¿también deberá ser introducida y emitida por nuevos organismos oficiales o se podrá prescindir de nuevos organismos o personal adicional? 
Bastos (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea no puede ser simplemente una zona de libre circulación de capitales, productos y servicios; también debe ser una Europa de libre circulación de ciudadanos sin perjuicio de sus derechos. La entrada en vigor de la tarjeta europea del seguro de enfermedad será un gran paso hacia la consecución de este objetivo fundamental. En las conclusiones de Barcelona de marzo de 2002 se había acordado crear una tarjeta sanitaria europea para eliminar las barreras a la movilidad geográfica. Por tanto, facilitar la libre circulación de las personas en la Unión Europea es el objetivo. El apoyo a este informe ahora es condición necesaria para que todos nos beneficiemos de este paso adelante para la Comunidad en 2004. Felicito a la Sra. Jensen, la ponente, por el buen trabajo que ha realizado. También aplaudo a la Comisión por su diligencia y compromiso al poner en práctica esta ambición, al igual que la colaboración tan positiva del Consejo.
La entrada en vigor de la tarjeta europea del seguro de enfermedad tendrá supondrá la armonización de los derechos de los asegurados y de sus familiares que estén de viaje, estudiando, trabajando o buscando trabajo o sean camioneros de transporte internacional. Todos los ciudadanos tendrán derecho a prestaciones en especie cuando soliciten tratamiento médico durante su estancia en un Estado miembro, y evitarán el complicado proceso burocrático que actualmente implica la intervención de varios organismos diferentes.
Con el fin de crear las condiciones necesarias para la adopción de esta tarjeta, primero deben modificarse los Reglamentos de ejecución de los sistemas de seguridad social, es decir, los Reglamentos nº 1408/71 y nº 572/72. Me complace observar el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre la revisión del Reglamento nº 1408/71. Con la adopción de este documento individual, personalizado, se eliminarán los distintos formularios que están en uso actualmente, se armonizarán los derechos de los asegurados y se simplificarán las formalidades. Sin embargo, la eliminación de los formularios existentes se realizará en fases. Dichos cambios significan que el asegurado debe estar debidamente informado de sus derechos y obligaciones que se derivan de la nueva legislación, y será tarea de los Estados miembros garantizar que sus ciudadanos dispongan de esta información. Por lo tanto, la creación de la tarjeta europea del seguro de enfermedad es una ambición que se ha hecho realidad, pero también es un símbolo de Europa y una herramienta que refuerza el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. 
Van den Burg (PSE ).
    Señora Presidenta, quisiera hacerme eco de aquellos que han felicitado a la ponente, a los ponentes alternativos y también a la Comisaria por su trabajo dinámico, cuyo resultado permite concluir este asunto en una sola lectura. ¡Estupendo! No obstante, quisiera aprovechar esta oportunidad para realizar algunas observaciones. Sin duda, es estupendo que vayamos a tener este permiso el año que viene, pero creo que estas cosas a veces se hacen demasiado rápido. El tratamiento médico no es un mero producto comercial o un servicio con el que se comercia en el mercado libre. No se puede considerar simples consumidores a quienes hacen uso del tratamiento médico, y a quienes prestan el tratamiento simples empresas y autónomos que realizan su trabajo en el mercado «con o sin ánimo de lucro».
Los sistemas de los Estados miembros para tratar los costes sanitarios dentro de los sistemas de seguridad social que están financiados en su mayoría colectivamente y sobre la base de la solidaridad entre los que tienen una salud delicada y los que gozan de buena salud, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres y, hasta cierto punto, ricos y pobres. Estos sistemas se encuentran actualmente sometidos a fuertes presiones debido a una población que envejece, a las posibilidades médicas que aumentan, a la privatización y otras tendencias, y yo pediría a la Comisión que le preste más atención a todas ellas. Es totalmente insuficiente regular únicamente la libre circulación del tratamiento médico para titulares de la tarjeta y tratar de que Europa intervenga en el tratamiento sanitario solo mediante sentencias del Tribunal de Justicia y a través de la nueva directiva sobre la libre circulación de servicios que está elaborando la DG Mercado. No debemos permitir que el elemento solidario se vea mermado. No es nuestra intención animar a los ciudadanos calculadores que pueden permitírselo a que vayan por ahí de compras de tratamiento médico, mientras en su país se recorta dicho tratamiento. No puedo entrar en detalles sobre todo esto en los dos minutos que se me han asignado, pero quisiera alertarles al respecto y añadir que, por mucho éxito que tenga la tarjeta del seguro de enfermedad, existe una necesidad urgente de que el llamado proceso de reflexión de alto nivel que inició el Consejo el año pasado culmine en la coordinación firme y bien estructurada del tratamiento sanitario en la que la solidaridad y los aspectos de calidad ocupen un lugar central. 
Patakis (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, los acuerdos propuestos para la tarjeta del seguro puede que eliminen algunos procedimientos burocráticos, pero en la práctica cualquier punto positivo lo anula la política de reducción del gasto y los beneficios sociales, de acuerdo con los criterios de Maastricht, so pretexto de un déficit excesivo del sector público, y la política de comercialización de los sistemas sanitarios.
Estos ajustes ayudarán a acelerar la aplicación de la política de la Unión Europea, de las reformas capitalistas en los Estados miembros, so pretexto de armonizar los sistemas sanitarios, por lo que queremos decir equilibrar los beneficios sociales a la baja, eliminar la naturaleza pública y privatizar y comercializar la sanidad y los sistemas de seguridad social, reduciendo las pensiones y aumentando las contribuciones de los trabajadores a los fondos de seguros. Todo esto anuncia un ataque a los trabajadores.
¿Qué bien podrá hacer la tarjeta cuando el acceso al sistema sanitario nacional se está haciendo cada vez más problemático y el privilegio del derecho a la asistencia lo siguen teniendo los que pueden permitirse pagar, dado que incluso los hospitales nacionales funcionan con criterios de empresa? Los fondos de seguro están en números rojos porque el Estado está sacando recursos de los fondos de seguridad social a fin de financiar los mercados de dinero y ayudar a los empresarios reduciendo sus contribuciones.
Las medidas propuestas probablemente agravarán la situación financiera de los fondos de seguro. Cuando la seguridad social esté privatizada, ¿qué clase de seguro habrá para el 20% de la población de la Unión Europea que vive por debajo de la línea de pobreza y el 8,8% de parados, según el reciente estudio de Eurostat?
Así que los trabajadores no tienen nada que esperar de la tarjeta de seguro tan anunciada. Por el contrario, pueden esperar una mayor inseguridad, pobreza y aumento de los pagos con el fin de tener protección y cuidados sanitarios preventivos. Estamos seguros de que lucharán para darle la vuelta a estas políticas. Nosotros, el Partido Comunista de Grecia, estamos a su lado. 
Sacrédeus (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, los Demócrata-Cristianos de este Parlamento Europeo y, por supuesto, también el Partido Demócrata-Cristiano sueco, acogemos con satisfacción la clara y significativa simplificación administrativa que conlleva la tarjeta europea del seguro de enfermedad. A partir de 2004, esta tarjeta también será electrónica, y será posible leer datos de ella.
La introducción de la tarjeta del seguro de enfermedad debe acogerse, sin duda, con la mayor satisfacción. Simplificará significativamente la salvaguardia de los derechos sociales de las personas de los distintos Estados miembros de la Unión Europea sin molestias administrativas. Los distintos formularios desaparecerán, primero el E111 y después también los demás: E110, E119 y E128.
Al mismo tiempo, es importante subrayar que esta nueva tarjeta europea del seguro de enfermedad no proporciona ningún derecho social nuevo. Es solo una simplificación administrativa. También en el futuro, sobre una base puramente constitucional, serán los Estados miembros los responsables de la asistencia sanitaria en la Unión Europea. La responsabilidad del pago también recae en los Estados miembros. Es importante en el debate europeo que veamos los derechos sociales asociados a cuestiones de solidaridad y responsabilidad de pago.
También quiero subrayar que hoy en muchos Estados miembros de la UE hay una crisis económica en los sistemas de seguridad social y de seguro de enfermedad. El objetivo de la armonización, o de la creación de un catálogo europeo de derechos sociales sin relacionar esto con la financiación por parte de los Estados miembros, es muy dudoso. Debemos facilitar los asuntos desde un punto de vista administrativo, pero también debemos permitir que sean los propios Estados miembros los que aborden estas cuestiones en el futuro. 
Cercas (PSE ).
    Señora Presidenta, efectivamente, las felicitaciones rituales que hacemos en estos momentos a los ponentes y a la Comisaria, están hoy plenamente justificadas, porque hoy sí, hoy realmente este Parlamento, junto con la Comisión y el Consejo, da un paso importante para hacer coincidir nuestra agenda con la agenda de los ciudadanos y simplificar su vida y, aunque no se les conceda nuevos derechos, sí se les facilita por lo menos el ejercicio de los que ya tienen reconocidos.
Es muy importante la simplificación administrativa, como ya han subrayado otros colegas, pero yo aprovecharía también para decir que por primera vez modificamos el viejo Reglamento (CEE) nº 1408/71 y empezamos a hablar, no sólo de la libre circulación de los trabajadores en Europa, sino también de la libre circulación de los ciudadanos, y empezamos a ordenar un discurso y una práctica política donde el derecho a la ciudadanía empieza a ser una realidad en elementos tan fundamentales como el derecho a la salud. Es, por tanto, un primer paso importantísimo de carácter estratégico.
También diría, señora Presidenta, que estos éxitos y esta felicitación que todos nos hacemos no debe llevarnos a la autocomplacencia: tenemos que seguir siendo exigentes porque esto no es más que un primer paso. Ni siquiera tenemos una tarjeta europea. Se trata de una simplificación de formularios; la tarjeta aún no es una tarjeta inteligente, aún quedan muchos pasos para que verdaderamente el derecho a la salud de los europeos quede garantizado, coordinado y justificado desde una instancia comunitaria.
Por eso, señora Comisaria, creo que tenemos que seguir avanzando; éste es el primer paso, como digo, de una larga batalla hasta conseguir que la Europa social sea una realidad más simple administrativamente, pero también más profunda y más seria en nuestro estatuto de ciudadanía.
Fatuzzo (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, Señorías, quiero felicitar sinceramente a la Comisión y a la Comisaria Diamantopoulou por este excelente documento, así como a la ponente, la Sra. Jensen, y a todos los diputados que han acudido multitudinariamente a esta Cámara para escuchar mis palabras, dado que no cabe duda de que no han venido a votar. Quiero darles las gracias porque nunca se habían reunido aquí tantos diputados para escucharme como hoy. Les estoy enormemente agradecido.
Debo decirles que he soñado que el Sr. Berlusconi venía a esta Cámara a finales de diciembre para informar sobre el trabajo realizado durante este mandato en Europa. En mi sueño, el Sr. Schultz se levantaba una vez más y, girándose hacia el Sr. Berlusconi, decía: «Señor Berlusconi, ¿qué haría usted si cayese enfermo durante un viaje por Europa, por ejemplo, aquí en Francia?» Al escuchar esto, el Sr. Berlusconi se agarraba sus genitales –como solemos hacer en Italia– para evitar el peligro y afirmaba: «Mi querido señor Schultz, yo iré mucho más allá que esta Carta de la Comisión, que ya es importante. Cuando Italia ocupe la Presidencia del Consejo y yo sea de nuevo Presidente en ejercicio, dentro de trece años y medio, me esforzaré por garantizar que todos los ciudadanos puedan viajar por toda Europa para recibir tratamiento para todas las enfermedades. Así pues, no olvide votar a favor de este documento y mostrar mi satisfacción por esta magnífica Carta sanitaria.» 
De Rossa (PSE ).
   – Señora Presidenta, es fantástico que estemos hablando sobre esta tarjeta sanitaria europea en primera lectura. Deberíamos tener en cuenta, como ha señalado la Comisaria, que hemos necesitado dos años y medio para llegar a este punto, a través de las negociaciones con cinco Presidencias. Sin embargo, se trata de una realidad tangible para los ciudadanos europeos. Es una forma palpable de acercar Europa a los ciudadanos y apoyo la opinión de que esta tarjeta debería, de hecho, tener un logotipo europeo y estar muy claramente identificada como un beneficio europeo para los ciudadanos.
Los formularios a los que sustituye –E111, E128, E110 y E119– suenan más a aditivo alimentario que a pasaporte sanitario, pero me satisface que esta tarjeta vaya a sustituirlos ahora oportunamente.
También tenemos que insistir –en lugar de simplemente recomendar– que los Estados miembros se aseguren de que la gente sepa que esta tarjeta está disponible, que sepa cómo solicitarla, cómo utilizarla y qué derechos le confiere. 
Moraes (PSE ).
   – Señora Presidenta, tengo una audiencia aún mayor que el Sr. Fatuzzo, así que permítame ser positivo y decir que, tras la introspección del debate del Tribunal de Cuentas y las críticas que hemos escuchado, resulta verdaderamente agradable celebrar un debate sobre algo tan poco criticado, algo tan positivo para los ciudadanos europeos.
Quiero subrayar lo que ha dicho la Sra. Comisaria: Se trata de un beneficio tangible que hace que la libre circulación se convierta en una realidad para los ciudadanos europeos de a pie. Al mismo tiempo que felicito a la ponente, también quiero pedir –si queremos que esta tarjeta sea una realidad– a la Comisión y a todos los diputados que insistan a los Gobiernos de los Estados miembros en que no deben considerar esto como un simple adelanto técnico. La publicidad es necesaria y, como ha dicho el Sr. Crowley, también lo es una formación adecuada de los médicos, para que acepten la tarjeta sanitaria y aseguren que se perciba realmente como la historia de éxito que sin duda es.
Hay muy pocas críticas aquí. Vayamos y difundamos a los cuatro vientos el hecho de que la tarjeta sanitaria es un beneficio que hace de la libre circulación, establecida en los Tratados, una realidad. 
Diamantopoulou,
   .  Señora Presidenta, me ha impresionado el consenso de todas las tendencias del Parlamento. Se ha alcanzado un acuerdo y todos creemos que tenemos ante nosotros una historia de éxito.
Hemos intentado simplificar los procedimientos, por lo que me gustaría asegurarles que no habrá ninguna nueva institución responsable de emitir la tarjeta, ni nuevos servicios o nuevo personal. Las mismas personas de la Comisión continuarán encargándose de esta cuestión y los Estados miembros continuarán con los mismos procedimientos.
Por lo que respecta a la tarjeta, me gustaría aclarar que la tarjeta sanitaria europea no es una tarjeta sanitaria como otras que conocemos en ciertos Estados miembros. No contiene información relativa al estado de salud del titular.
Es interesante que ahora contemos con un Reglamento claro, simple y que facilite la vida diaria de los trabajadores en la Unión Europea. La amplitud de las diferencias existentes entre los sistemas sanitarios de los Estados miembros ha hecho que no sea fácil ponerse de acuerdo, pero finalmente –gracias al consenso y a la voluntad política de los Estados miembros– hemos alcanzado un acuerdo con respecto a este Reglamento.
Mi segundo comentario tiene que ver con los procedimientos. Creo que este acuerdo responde a algunas de esas voces a nivel europeo que afirman que Europa se está volviendo cada vez más complicada. Afirman que es muy difícil ponerse de acuerdo con respecto a cuestiones sociales complicadas, pero aquí, los 15 Estados miembros con sistemas de protección social diferentes han alcanzado un acuerdo y ahora tenemos un Reglamento único común.
Mi tercer comentario hace referencia no solo a la sustancia, sino también al simbolismo de la tarjeta europea. Como muchos diputados al Parlamento ya han comentado, los ciudadanos europeos tendrán el euro en un bolsillo y la tarjeta sanitaria europea en el otro: un verdadero símbolo de una Europa social.
La Sra. Jensen ha hecho un excelente trabajo y quiero felicitarla de nuevo. No ha sido fácil conseguir un equilibrio y alcanzar un acuerdo de todas las tendencias del Parlamento. La Comisión acepta las enmiendas 8 a 34. A la luz del acuerdo, las enmiendas 1 a 7 ya no son aplicables.
Creo que ahora, tras la primera lectura en el Parlamento, será posible aprobar el Reglamento antes de que finalice la Presidencia italiana.

– El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar en breve.
Atkins (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, con respecto a la observancia del Reglamento. ¿Puede alguien explicarme quién toma la decisión de cambiar arbitrariamente la hora de la votación en este Parlamento sin pedir la venia? Se nos dice que la votación va a tener lugar a cierta hora y nunca parece ser el caso. Si es posible interrumpir una sesión para celebrar una sesión solemne fácilmente, ¿por qué no se puede votar en la hora en la que se anunció sin que resulte demasiado difícil?
Muchos diputados de esta Cámara están totalmente desquiciados con estos retrasos y quiero saber cuál es la respuesta.
El Presidente
   . ¡Si lo averiguo, se lo haré saber!
El Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre una solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia a la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las medidas transitorias que habrán de adoptarse con vistas a la reforma del Estatuto de los funcionarios, en particular, en lo que respecta a las retribuciones y pensiones [COM(2003) 612 - C5-0492/2003 2003/0241(CNS)]. 
Diamantopoulou,
   . La Comisión Europea quiere aprovechar la votación del Parlamento Europeo sobre la llamada solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia para la reforma del Estatuto de los funcionarios, para señalar que tiene la intención de cumplirla a pies juntillas, mediante su propuesta de reforma general del mencionado Estatuto.
Esta propuesta fue aprobada por la Comisión el 18 de noviembre. La propuesta en cuestión tiene en cuenta una serie de modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo y aceptadas por la Comisión, incluidas las disposiciones relativas a los funcionarios que trabajan para los Grupos políticos del Parlamento Europeo. 

(1)

El Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Santini (PPE-DE ),
    Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los que van a apoyar la conclusión en primera lectura del debate sobre un reglamento que esperamos que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2004, tal y como estaba previsto.
Quiero dar las gracias a la ponente de opinión, la Sra. Sauquillo, a la Comisión, al Consejo y a todos aquellos que aceptarán mis enmiendas transaccionales, permitiendo así que el informe sea aprobado hoy, justo a tiempo para garantizar que el reglamento entre en vigor el 1 de enero del año próximo. Este es un informe extremadamente innovador que, por primera vez, ofrece recursos comunitarios a terceros países, para que puedan ayudarnos a combatir la inmigración ilegal en su territorio. 

Randzio-Plath (PSE ),
   . – Señor Presidente, como ponente me veo obligada a hacer un comentario y a recomentar el rechazo de las enmiendas que no procedan de la comisión parlamentaria que presido. Sin embargo, quiero decir antes de nada que, independientemente del Grupo político al que pertenezcamos, hemos trabajado muy bien juntos en este expediente, y esto es especialmente cierto en el caso de la Sra. Hermange –la ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales– y yo. A pesar de que ya no fuera posible que esa comisión elaborase una opinión y celebrase una votación sobre la misma, vamos a votar en el mismo sentido. Por otra parte, me gustaría dejar claro que hemos pasado por alto las fronteras políticas entre los Grupos a la hora de votar juntos con respecto a un punto sobre el que la Cámara ha tomado una decisión política, concretamente el tipo reducido de los impuestos aplicados a los servicios de gran intensidad de mano de obra, y que nos sentimos indignados al escuchar decir ayer por la tarde al Comisario Bolkestein que tiene previsto prorrogar esto solo seis meses, a pesar de que incluso el Consejo está pensando en plazos de dos años y nosotros en plazos de seis.
El Servicio Jurídico dijo a la comisión que la enmienda 22, que tenemos hoy ante nosotros, no era admisible, y la comisión la rechazó por ese motivo. Sin embargo, me temo que la enmienda 22 podría dar hoy, en términos políticos, un mensaje equivocado. Indudablemente, el Pleno puede ser más sabio que una comisión, por lo que recomiendo que apruebe la enmienda 22, manifestando así claramente que continuaremos aplicando el tipo reducido de IVA a los servicios de gran intensidad de mano de obra después del 31 de diciembre de 2003. Exactamente de la misma manera, mediante la enmienda 21, podemos hacer otro tanto con las películas. 

Lulling (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo. La Sra. Randzio-Plath ha hecho bien en corregir la lista de su Grupo. Nosotros presentamos la enmienda 22 para garantizar que el ensayo con los tipos reducidos de IVA para servicios de gran intensidad de mano de obra pudiese continuar después del 31 de diciembre del presente año. Eso es lo que quiere la ponente y todos nosotros.
La enmienda oral se refiere puramente a la redacción. En lugar de estipular que la fecha del 31 de diciembre es sustituida por la fecha mencionada en el artículo 2 de la nueva directiva, que hace referencia a la fecha de entrada en vigor de esa nueva directiva, lo hemos redactado de forma más clara, de forma que el 31 de diciembre de 2003 es sustituido por la fecha de entrada en vigor de la nueva directiva.
Así pues, es lo mismo, aunque nuestros expertos jurídicos piensan que era mejor redactarlo de este modo. Así pues, todo aquellos que deseen indicar que debería ser posible mantener los tipos reducidos de IVA si el Estado así lo desea, deberían votar a favor de nuestra enmienda corregida. 

(1)
(2)
Berès (PSE ).
   – Yo sólo quiero que la redacción sea más precisa, porque pienso que la redacción original no era fácil de entender. Al final de la enmienda propuesta por el Sr. Corbett, y con su consentimiento, propongo que la redacción de la enmienda sea la siguiente: «la introducción, en el apartado 2 del artículo 1, de la igualdad entre mujeres y hombres, que debería considerarse, sin embargo, un valor y no simplemente un principio». 

El Presidente
   . Señorías, hemos esperado a que se llenara la Cámara, porque estoy seguro de que todos ustedes desean rendir tributo conmigo a los ciudadanos españoles asesinados en el Iraq el pasado sábado, 29 de noviembre de 2003. 
Dada la gravedad de la situación y puesto que todos nosotros queremos presentar nuestros respetos, tanto a los afectados como a sus familias, les ruego que se unan a mí ahora y guardemos un minuto de silencio en honor de los ciudadanos españoles asesinados en el Iraq.
Alyssandrakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, nosotros los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia aceptamos su propuesta de guardar un minuto de silencio en memoria de los siete españoles que perdieron la vida en el Iraq. Lamentamos profundamente la pérdida innecesaria de vidas humanas, incluso de agentes secretos que cumplen una oscura misión, y damos nuestro más sentido pésame a sus familias. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el Gobierno español que los envió allí es el único responsable de sus muertes. Sobre todo, lamentamos las decenas de miles de iraquíes asesinados por los invasores extranjeros y conquistadores de sus territorios, y condenamos amargamente el hecho de que usted no los haya mencionado, como si se tratase de una clase inferior de seres humanos. Esperamos que prevalezca el sentido común y que los invasores extranjeros se retiren del Iraq antes de que la resistencia del pueblo iraquí les obligue a batirse en retirada. 
El Presidente
   . –Ahora continuamos con la votación.
 – El debate queda cerrado.
Krivine y Vachetta (GUE/NGL ),
   .– A pesar de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no es un tribunal, la respuesta «normal» a los documentos aportados por el magistrado encargado del caso, el Sr. Courroye, relativos a Jean-Charles Marchiani, sería permitir que la justicia siguiese su curso, dado que los cargos que existen en su contra son extremadamente graves: concretamente, el diputado europeo está acusado de apropiación indebida de 5,5 millones de euros en el caso Falcone. Está acusado de participar en el tráfico de armas ilegales con Angola y en dos casos de corrupción vinculados con contratos públicos, en los que están implicados los tanques Leclerc y el Aeropuerto de Roissy. Su única defensa es confiar en el , es decir, la sospecha de que los procedimientos legales se han iniciado en primer lugar y principalmente con el fin de atacar a un político por el mero hecho de ser político. Sin embargo, por lo que respecta a las autoridades francesas, y a las autoridades fiscales en particular, pero también a los diputados de todos los partidos que componen la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, al parecer Jean-Charles Marchiani saca más provecho del . Se trata de una actitud inaceptable, que nos desacredita a todos nosotros. Renunciar a la inmunidad de Jean-Charles Marchiani sería rechazar un mundo dominado por los paraísos fiscales, los traficantes de armas y las compañías petroleras. Sería un rechazo del pacto entre Francia y África, que está corrompiendo el mundo político y que demuestra un absoluto desprecio por la justicia y por la soberanía de los pueblos de África. Por estas razones hemos votado a favor de la renuncia a la inmunidad. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   .– Este proyecto de presupuesto rectificativo propone recortar 5 000 millones de euros en créditos de pago para los Fondos Estructurales anteriores a 2000 y ratifica el acuerdo de principio que el Parlamento Europeo alcanzó con el Consejo en la conciliación presupuestaria del 24 de noviembre de 2003.
La Comisión justifica el recorte afirmando que se debe a dificultades en la tramitación de reclamaciones de pago y a la escasa aplicación de los presupuestos frente a las previsiones de reclamaciones de pago de los Estados miembros. Sin embargo, falta por ver cómo se aplicarán estos pagos en el futuro, teniendo en cuenta que en 2004 se han incluido menos de 1 000 millones de euros para los programas anteriores a 2000.
La cuestión es que, si hay casi 13 000 millones de euros en autorizaciones pendientes para los programas anteriores a 2000, estas autorizaciones deberían aplicarse plenamente y no canceladas, de acuerdo con el principio de la finalidad del gasto, para defender el principio de la cohesión económica y social. Más que estar relacionado con la aplicación, esto es un intento de responder a las limitaciones del Pacto de Estabilidad, reduciendo de este modo las contribuciones presupuestarias nacionales de la Unión Europea, y especialmente las de los países grandes como Alemania y Francia. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   .– El programa para la reconversión de la flota que operaba en el marco del acuerdo pesquero con Marruecos fue aprobado hace dos años, después de que no se renovase el acuerdo, poniendo 197 millones de euros a disposición de las flotas portuguesa y española, que eran las dos afectadas. En la opinión de la Comisión de Pesca que elaboré para el Presupuesto Comunitario de 2003, expresé mi preocupación acerca de la aplicación y financiación de este programa.
La propuesta de la Comisión pretende modificar el Reglamento de base para facilitar la aplicación del programa actual, concretamente ampliando los criterios necesarios para poder ser beneficiaros y los plazos para conceder pagos compensatorios individuales (en 12 meses). Esta flexibilidad, con la que estoy de acuerdo, debería extenderse también a la cofinanciación de los planes nacionales de jubilación anticipada y a los pagos compensatorios individuales vinculados a un plan de conversión social, como propuso la ponente y aprobó el Parlamento.
Me gustaría destacar la propuesta de incluir medidas similares a este Reglamento en el ámbito del Reglamento sobre ayuda estructural en el sector pesquero, siempre que se aprueben planes de recuperación de las poblaciones de peces o que no se renueven acuerdos pesqueros. Este podría ser un medio para aliviar las consecuencias socioeconómicas cuando se imponen severas restricciones sobre las oportunidades de pesca. 
Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR ),
    En lugar de realizar esfuerzos constructivos, la política pesquera actual todavía significa que la propia Unión Europea compra el derecho a abusar de los recursos naturales de los pobres. Se trata de una forma moderna de colonialismo. Es necesario realizar una verdadera reforma de la política pesquera y adquirir una visión totalmente distinta de nuestras relaciones con los países pobres. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de este informe en su totalidad. 
Piscarreta (PPE-DE ),
   .– El acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos finalizó en 1999. Desde entonces, las demandas marroquíes han provocado que sea imposible alcanzar otro acuerdo. Debido a esta falta de renovación, la flota comunitaria ha sido víctima de un gran número de restricciones. Esta situación ha afectado a 400 barcos y a 4 300 pescadores. Este era un sector que no necesitaba que esta situación alcanzase el grado de crisis, dado que los principales países afectados eran España y Portugal, especialmente el Algarve.
La flota comunitaria no debe ser la víctima silenciosa del callejón sin salida al que han llegado las negociaciones con Marruecos. La reconversión de la flota y las restricciones sobre la pesca no se produjeron por elección de los propios pescadores, sino que les fueron impuestas. Algunos de ellos se han visto forzados a abandonar sus barcos, mientras que otros han tenido que cambiar la orientación de su trabajo.
Por lo tanto, se necesitan medidas socioeconómicas complementarias sostenidas, para aliviar los graves efectos de esta falta de renovación del acuerdo con Marruecos. La Unión Europea tiene la de ayudar a salvar este sector en crisis.
Esta propuesta prevé precisamente una mayor flexibilidad, aumentando el plazo para la concesión de ayudas y eliminando ciertas restricciones. De este modo, los pescadores podrán percibir sus pagos, al margen de la destrucción o exportación del barco en el que trabajaban. El objetivo es tratar a todos los pescadores de manera justa e incluir a tantos pescadores de la flota comunitaria como sea posible. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   .– Esta propuesta de Reglamento pretende mantener el programa actual de apoyo a la comercialización de ciertos productos pesqueros de las regiones más alejadas, un programa que funciona con acierto desde 1992 y que forma parte de los objetivos de los programas POSEI. La propuesta pretende compensar los costes adicionales de desechar estos productos a través de una compensación financiera por la producción, el procesamiento y la comercialización, teniendo en cuenta los costes derivados de la insularidad, la lejanía del mercado, el pequeño tamaño de los mercados locales, la topografía y el clima.
En este sentido, estamos de acuerdo con la ponente, no solo por lo que respecta a su aprobación del programa actual, sino también a la sustitución del fundamento jurídico del artículo 37 por el apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, relativo a las características específicas de las regiones más remotas. También es necesario garantizar que este programa sea continuo, dado que los imperativos que afectan a estas regiones son permanentes.
Sin embargo, lamento el recorte presupuestario para el programa de 17 a 15 millones de euros anuales de 2003 a 2007, cuando debería aumentar.
La enmienda 3 propuesta por la ponente es discutible, considerando que la deseada flexibilidad en relación con la subutilización de los importes concedidos podría hipotecar la clave de su distribución entre los Estados miembros. 
Marques (PPE-DE ),
   .– Ofrezco todo mi apoyo al Reglamento que está sobre el tapete y que, teniendo en cuenta las características específicas de las regiones más alejadas, permitirá la continuidad del programa de compensación de los costes adicionales generados por su aislamiento en la producción, el procesamiento y la comercialización de productos pesqueros, asignando un presupuesto de 15 millones de euros anuales a las siete regiones más alejadas. Se trata de un intento de garantizar que los agentes económicos regionales que operan en el sector pesquero disfruten de unas condiciones de producción y competencia similares a las existentes en el mercado continental.
El Parlamento Europeo también apoya que este programa de compensación sea permanente, de acuerdo con la naturaleza permanente de los imperativos asociados a las características específicas de las regiones más alejadas. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– Ofrezco todo mi apoyo a esta propuesta de Reglamento.
Las dificultades especiales que afectan a las regiones más alejadas son bien conocidas, especialmente las relacionadas con la comercialización de sus productos fuera de sus propios territorios. Se enfrentan a costes adicionales, que incluyen los gastos de transporte en sí y los gastos de embalaje, seguro y energía relacionados con el transporte. También están sujetos a unos costes operativos superiores que en Europa continental (precios del combustible, falta de técnicos de reparaciones y mantenimiento cualificados para los barcos, retrasos y precios más altos en la entrega de piezas de repuesto procedentes del continente, e inactividad de los barcos debido a averías o tormentas). Esto hace que sus productos sean más caros y menos competitivos que los de los productores comunitarios de Europa continental o los productores de los países ACP.
Por lo tanto, considero que es totalmente justo promover medias de compensación para la comercialización de importantes productos pesqueros; además, mantienen el programa introducido por primera vez en 1992 y ponen en práctica los objetivos del apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Unión Europea. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   .– En el momento de la revisión de la política pesquera común, en diciembre de 2002, el Consejo consideró que las regiones más alejadas merecían un trato especial, específicamente por lo que respecta a la gestión de las flotas pesqueras comunitarias. Esta propuesta de la Comisión aparece en ese contexto, aunque se queda corta, a la vista de las verdaderas dificultades de las regiones en cuestión, que cuentan con flotas no industriales y pequeñas empresas, que han provocado un aprovechamiento insuficiente de la ayuda destinada a la modernización y renovación de la flota. Por lo tanto, es importante garantizar que este proceso de modernización y renovación pueda continuar sin limitaciones derivadas de la legislación comunitaria.
Las propuestas de la ponente mejoran la propuesta de la Comisión. En primer lugar, proponen un fundamento jurídico más adecuado, el apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, que reconoce las limitaciones especiales que afectan a la situación social y económica de las regiones más alejadas. Por otra parte, derogan la provisión de ayudas públicas para la renovación de la flota durante otros dos años, hasta el 31 de diciembre de 2006.
Finalmente, la ponente también propone la elaboración de un informe para evaluar la aplicación de estas medidas, con el fin de examinar si deberían continuar hasta 2006. Sin embargo, es lamentable que no se incluya el refuerzo necesario de la ayuda estructural del IFOP. 
Marques (PPE-DE ),
   .– A la vista de las características específicas de las regiones más alejadas en el sector pesquero (la naturaleza no industrial de su flota, el reducido tamaño de sus mercados y de sus empresas, y el retraso en la modernización y reestructuración de la flota), el reglamento que está sobre el tapete permitirá excepcionalmente, derogando normas recientemente aprobadas para toda la Unión Europea, la concesión de ayudas financieras a las regiones más alejadas para la modernización y renovación de las flotas pesqueras locales. Esta derogación es fundamental para las regiones más alejadas y será todavía más valiosa si el Consejo acepta las siguientes propuestas del Parlamento:
- la ayuda pública para la renovación de la flota debería concederse hasta finales de 2006, en vez de hasta diciembre de 2004;
- debería realizarse una evaluación de estas medidas, para poder estudiar si deberían mantenerse después de 2006;
- debería permitirse que los anticipos de la ayuda alcanzasen el 14%, en lugar del actual 7%.

Figueiredo (GUE/NGL ),
   .– Esta resolución no supone un gran avance con respecto a las posiciones que el Parlamento ha venido defendiendo con respecto a la llamada «gobernanza europea», un eufemismo utilizado por federalistas de todas las tendencias para el movimiento hacia la creación de un futuro gobierno europeo –«obviamente» la Comisión Europea– con interlocutores sociales «europeos», destinado a una llamada «opinión pública europea». Así, en el ámbito exterior, apunta hacia una representación de la Unión Europea en organizaciones internacionales, con el Ministro de Asuntos Exteriores propuesto a la cabeza de un servicio diplomático europeo común.
También es importante la consideración de que «el reciente fracaso de la Conferencia de la OMC de Cancún pone de manifiesto la necesidad de reformar las normas, los métodos de trabajo y los mecanismos de toma de decisiones de la OMC». En otras palabras, frente a otro tropiezo de la agenda neocapitalista liberal, sus representantes están intentando encontrar procedimientos que pasen por alto la posición adoptada por ciertos países para defender sus intereses nacionales frente a los principales poderes capitalistas, especialmente la Unión Europea.
Sin embargo, acojo con satisfacción la demanda de claridad y transparencia en el uso de expertos, así como de publicación de la composición de las comisiones y grupos de trabajo consultados por la Comisión para la elaboración de sus propuestas, lo que sin duda pondrá de manifiesto el papel desempeñado por UNICE, la confederación de grandes empresas europeas. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– Como ha venido sucediendo en anteriores informes, el primer elemento que se ha tenido en cuenta en este informe es un conjunto de medidas destinadas a simplificar y mejorar el marco regulador.
Subrayo la intención de reforzar los objetivos de transparencia y simplificación de los procesos legislativos, de toma de decisiones y de participación de los ciudadanos, que son fundamentales para que la legislación comunitaria resulte más accesible e inteligible.
La Comisión propone simplificar el contenido y la forma de la legislación vigente, mediante la reformulación de los actuales textos legislativos. Esto representaría un paso positivo, aunque el proceso debe ser controlado, para que no se pierda ningún elemento valioso del acervo comunitario y para garantizar que no se perjudique la legitimidad democrática.
El «criterio de los ciudadanos», que se utilizaría para evaluar el impacto de las propuestas sobre su vida cotidiana y podría conducir a medidas informativas o compensatorias, podría, por su parte, beneficiar a los pueblos y ayudar a incrementar su interés por las cuestiones comunitarias, como el aumento de los niveles de participación en la integración europea.
En mi opinión, igualmente importante es la creación de un único portal de Internet para todas las instituciones, a través del que los ciudadanos podrían seguir el proceso de toma de decisiones, de principio a fin, y el uso de expertos externos.
A pesar de los puntos positivos mencionados, me he abstenido porque creo que el informe ha adoptado un planteamiento «estatalista» y «federalista»...

Fitzsimons (UEN ),
   .  Apoyo totalmente las ideas de la comunicación de la Comisión. Creo que la Comunidad debe encabezar los esfuerzos internacionales para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima.
Esta estrategia contribuye al programa «Aire limpio para Europa», para el que fui ponente del Parlamento. Son objetivos y valores que todos compartimos, hecho que se desprende de la aprobación unánime del informe de la Sra. Lucas.
Sin duda, este tema está estrechamente relacionado con el mantenimiento de los controles más estrictos, para garantizar la protección de nuestros mares de los daños medioambientales de los buques. La directiva propuesta sobre la mejora de la calidad de los combustibles de los buques es importante, dado que armonizará la calidad de dichos combustibles con la de los combustibles del transporte por tierra. Actualmente existe demasiada contaminación en el aire, particularmente en los puertos y sus alrededores.
Confío en que se hagan progresos en esas áreas durante la próxima Presidencia irlandesa.
Finalmente, quiero hacer constar que rechazo firmemente las amenazas para el entorno marino alrededor de las costas irlandesas y otras costas del noroeste de Europa que suponen las llamadas «flotas fantasma» de barcos norteamericanos viejos que se envían a los desguaces británicos. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– Aplaudo a la Comisión por esta iniciativa de adoptar medidas para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos emitidos por los barcos. El transporte marítimo es el responsable de una parte importante de la contaminación en las regiones costeras y también contribuye al calentamiento global.
En contra de lo que mucha gente cree, los barcos pueden resultar uno de los medios de transporte más contaminantes, un hecho que se ha agravado a causa de la legislación cada vez más estricta sobre los combustibles para motores de vehículos de carretera. De ahí, la importancia de que se adopten estas medidas también para los motores de los barcos.
Sin embargo, considero que las medidas propuestas por la Comisión no alcanzan los objetivos que pretende conseguir esta iniciativa. Sin correr el riesgo de caer en un programa utópico, creo que podríamos ir un poco más allá, en la línea de lo que propone la ponente, hacia la creación de un plan más atrevido.
Como también se señala en el informe, la propuesta de la Comisión tampoco establece el vínculo necesario con el quinto y el sexto plan de acción en materia medioambiental de la Unión Europea. Así pues, es acertado mejorar el texto, siguiendo una línea coherente con la que ya existe en la legislación comunitaria relativa a esta materia.
He votado a favor del informe. 

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE ),
    Hoy hemos votado a favor de este informe. Hay que combatir la corrupción a todos los niveles: internacional, nacional, regional y local.
Sin embargo, creemos que la mejor manera de crear una cultura de oposición a la corrupción en la sociedad pasa por un planteamiento de «abajo arriba» y no es algo que se pueda promover a base de programas comunitarios. Del mismo modo, creemos que la supervisión de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales se garantiza mejor a través de los propios partidos y en la normativa nacional. 
Coelho (PPE-DE ),
    Apoyo este informe, destinado a dar un nuevo impulso a las medidas para combatir la corrupción, detallando lo que se ha hecho y lo que es preciso mejorar, e identificando las áreas en las que la Unión debe concentrar sus esfuerzos por lo que respecta a la lucha contra la corrupción.
La globalización, junto con otros factores, ha provocado un incremento del comercio transfronterizo. Por lo tanto, la corrupción en un Estado miembro ya no es solo un problema doméstico; se convierte en un problema transnacional, que se podría combatir de forma más efectiva mediante una acción conjunta de la Unión Europea.
La Unión debe demostrar determinación a la hora de introducir y ejecutar una cultura anticorrupción en todos los planos de la actividad política, en el sector público y en el privado, y tanto a nivel nacional como comunitario, porque la corrupción constituye una amenaza para la sociedad que cumple la ley, distorsiona la competencia y frena el desarrollo económico.
Quiero recordar, teniendo presente el reciente caso de Eurostat, que, además de la corrupción de representantes de las instituciones comunitarias, existe otro problema preocupante: la pérdida de confianza de los ciudadanos en el proceso de integración europea.
El papel de los organismos europeos responsables de fomentar la cooperación entre Estados miembros es crucial para eliminar la corrupción. Una acción coordinada de estos organismos (Eurojust, Europol, OLAF y la red judicial europea) reforzará las acciones emprendidas por las fuerzas policiales nacionales y facilitará las investigaciones transnacionales, compartiendo las capacidades de información de los Estados miembros. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Existen aspectos positivos en este informe, que expone interesantes planteamientos para prevenir, regular, controlar y supervisar la corrupción en diversos ámbitos, tales como la actividad política y administrativa, los contratos públicos y las relaciones internacionales, entre otras cosas.
Sin embargo, se puede criticar por:
- un grado de federalismo que no aprobamos y que se pone de manifiesto, por ejemplo, en su defensa de la orden de detención europea, del incremento de los poderes de Europol y Eurojust, e incluso de la creación poco definida, torpe e injustificada de la figura del fiscal europeo.
- cierta confusión entre medidas para la transparencia y medidas para la normalización (aduanas), prestando menos atención a los intereses de los pueblos y las naciones;
- una perspectiva muy federalista, burocrática y administrativa, no demasiado participativa y que ejercería un escaso control político sobre los principales poderes económicos y financieros, concretamente: sociedades de inversión extraterritoriales, banca, oficinas de compensación, es decir, auténticas instituciones de blanqueo de dinero.
Por este motivo, nos hemos abstenido en la votación. 
Kirkhope (PPE-DE ),
   . Los diputados conservadores creen que la corrupción es mala y que debe erradicarse a todos los niveles. Sin embargo, hay formas y maneras de hacerlo. En nuestra opinión, la orden de detención europea y el fiscal europeo intervienen innecesariamente en los sistemas legales de los Estados y son, por lo tanto, indeseables. Por esta razón nos hemos abstenido en la votación del informe Rutelli. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . A pesar de las preocupaciones del ponente, que incluyen el hecho de que estos créditos no se pueden utilizar para financiar políticas de repatriación, concretamente para pagar vuelos chárter que devuelvan a los inmigrantes «ilegales» a sus países de origen, así como la introducción de enmiendas destinadas a minimizar los efectos negativos del Reglamento, el hecho es que este Reglamento tiene por objeto «fomentar la firma de acuerdos de readmisión» con terceros países.
De hecho, como señala el ponente:
- «Resulta evidente que la intención de la Comisión es crear un instrumento que pueda constituir una contrapartida para los terceros países a cambio de la firma de acuerdos de readmisión»;
- «La promesa de ofrecer ayudas financieras y apoyo puede constituir un incentivo para que los terceros países firmen los acuerdos y para que la opinión pública los acepte, aunque, por el momento, dichos países obtienen muchos más ingresos procedentes de sus emigrantes en la Unión Europea que del conjunto de las ayudas correspondientes a los programas de apoyo financiero de la UE.»
En otras palabras, se trata de otro instrumento destinado a apoyar la política de inmigración de la Unión Europea, que da prioridad a una mentalidad represiva, intentando, en este caso, garantizar la compensación financiera de los países de origen de los inmigrantes «ilegales» por la firma de acuerdos de readmisión. 
Krivine y Vachetta (GUE/NGL ),
   .– De acuerdo con las conclusiones de las cumbres europeas de Tampere y Sevilla, la Unión Europea se ha comprometido a pagar 250 millones de euros a terceros países, en el período de 2004 a 2008, para ayudarlos a controlar la migración de sus nacionales a Europa. Este programa de ayuda técnica y financiera en materia de asilo y migración es simplemente la «externalización» de la gestión del flujo migratorio. En lugar de tener campos de refugiados en los Estados miembros, los tendremos a las puertas de la Fortaleza Europa, en las peores condiciones sanitarias y sociales, y sin ninguna garantía de respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, las cifras mínimas y los reglamentos europeos esconden las verdaderas razones de la migración: pobreza, desesperación social, subdesarrollo y situaciones insostenibles desde el punto de vista político y democrático. Estas son las razones por las que la Unión Europea debería luchar junto con los terceros países, garantizando al mismo tiempo a todos los seres humanos el derecho a trasladarse y a establecerse en el lugar que consideren oportuno. Para combatir la «inmigración ilegal», es necesario luchar contra el mercado negro laboral, regularizar la situación de los inmigrantes no registrados y concederles derechos políticos y sociales, empezando por el derecho de residencia para todos los inmigrantes que viven en Europa. En lugar de esto, la Unión Europea se degrada ordenando deportaciones colectivas. En lugar de votar a favor de este informe, invitamos a los diputados al Parlamento a firmar el llamamiento europeo contra las «cartas de humillación». 
Naranjo Escobar (PPE-DE ),
    La Unión se juega en gran medida su futuro en el acierto o fracaso de una política común de inmigración. Es un reto y una oportunidad. Este programa, dirigido a los países de emigración o tránsito para ayudarles a gestionar los flujos migratorios, es esencial y merece nuestro apoyo.
La gestión de los flujos migratorios afecta a la demografía, el equilibrio económico y social y la cohabitación armoniosa de los ciudadanos comunitarios. La política de inmigración común debe tenerlo en cuenta y asegurar un margen de maniobra a los Estados miembros para gestionar sus flujos migratorios.
Este programa contribuye a crear una cultura legal y administrativa común en el manejo del fenómeno de la migración basada en nuestros principios y valores de respeto a las personas. Sólo así se puede luchar eficazmente contra la marginación y el crimen organizado de tráfico de seres humanos, que tantas víctimas ocasiona anualmente.
Hay que fortalecer la política de inmigración europea con actuaciones concretas: repatriaciones conjuntas de inmigrantes ilegales, puesta en marcha de un banco europeo de visados o gestión común de las fronteras exteriores. Este último asunto, de responsabilidad compartida, debe extenderse a los países terceros, socios de la Unión, mediante la inclusión en los Acuerdos de una cláusula de cooperación en materia inmigratoria.

Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Acojo con plena satisfacción esta propuesta de la Comisión de aplicación de la decisión del Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en marzo de 2002, de introducir una tarjeta europea de seguro de enfermedad.
La tarjeta no modificará los derechos y obligaciones existentes y tiene por objeto simplificar el acceso al tratamiento en el país visitado y, al mismo tiempo, ofrecer una garantía a las instituciones que financian el sistema sanitario en ese país de que el paciente está totalmente asegurado en su país de origen y que, por lo tanto, las instituciones de su país de origen reembolsarán debidamente todos los costes.
Por lo tanto, creo que esta medida incluye uno de los principios más importantes que sustentan la Unión Europea: garantizar en todo el territorio comunitario un alto grado de protección sanitaria para todos los ciudadanos y contribuir a la libre circulación de la que todos deseamos disfrutar, eliminando barreras y obstáculos para la movilidad geográfica de los ciudadanos de la Unión Europea.
Finalmente, creo que es fundamental promover acciones que garanticen que los beneficiarios de los sistemas de seguros de enfermedad están suficientemente informados de sus derechos y obligaciones derivados de este Reglamento. Empezando por la necesidad de garantizar que los ciudadanos estén informados acerca de la introducción de esta tarjeta. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Esta propuesta de la Comisión de modificación del Reglamento sobre agricultura biológica pretende, en primer lugar, aclarar los problemas de terminología, en un momento en que este concepto está siendo utilizado de manera inapropiada por cadenas de supermercados y por algunas empresas agroalimentarias multinacionales. Otro de los objetivos de la propuesta es reforzar el control sobre todos los operadores en todas las fases de la producción.
Sin embargo, la propuesta no cumple las expectativas de este sector, que representa actualmente unas 150 000 explotaciones y el 4% de las tierras de cultivo de la Unión Europea. En este contexto, estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que los agricultores biológicos, que son los principales actores implicados en esta forma de producción, deben desempeñar un papel activo en este proceso de modificación del Reglamento. También estoy de acuerdo en que el etiquetado no debe contener ninguna ambigüedad con respecto a los nombres, y precisamente por esta razón las excepciones de las que disfrutan algunas marcas, como Danone por ejemplo, deberían anularse inmediatamente. Sin duda, el etiquetado y las normas también deben ser las mismas para los productos importados.
Estoy sumamente decepcionada por el hecho de que el informe no mencione el conjunto de cuestiones relativas a los OMG, incluido lo que se conoce por «coexistencia» o cuestiones de contaminación genética, y de que ignore también la ayuda y protección otorgadas a las semillas biológicas. La introducción de los OMG comprometerá la elección de los agricultores biológicos, dado que los riesgos económicos derivados de esta contaminación afectarán a sus posibilidades de acogerse a la ayuda existente y no hay una definición clara de las responsabilidades de quien contamina.
Fitzsimons (UEN ),
   . Acojo con satisfacción la propuesta de modificar el Reglamento vigente y aclarar la definición de «orgánico». Esto llega en un momento en el que la Comisión también propone un importante instrumento legislativo relacionado con la cuestión de las reclamaciones sanitarias de productos alimentarios. Es fundamental proteger los intereses del consumidor en estos ámbitos.
Los productos y cultivos orgánicos continúan adquiriendo importancia proporcional en nuestra producción y es necesario hacer todo lo posible por impulsar el sector. Procedente de Irlanda, que intenta venderse a sí misma como la «isla de los alimentos», creo que el marketing y el potencial de creación de empleo de los productos orgánicos es enorme. Quiero ver cambios particularmente en este ámbito, en vista del pilar de desarrollo rural recientemente relanzado. Las pequeñas industrias artesanales locales tienen grandes posibilidades de impulsar las economías locales.
Como siempre, la ponente, la Sra. Auroi, ha elaborado un buen informe para nuestra Comisión y muchas de sus enmiendas propuestas son acertadas mejoras del texto de la Comisión. Es importante, por ejemplo, que reconozcamos la lenguas de los nuevos Estados miembros.
También es importante dejar claro que los minoristas que importan productos ya envasados directamente de terceros países también están sujetos a la normativa de la Unión Europea.
Lulling (PPE-DE ),
   – A pesar de que no tengo grandes problemas con la mayor parte de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, he votado en contra de este informe, porque algunas enmiendas van más allá del ámbito de aplicación de esta Directiva. Un ejemplo de ello, en particular, es el considerando que propone un calendario para definir las que deberían ser las normas específicas que regulen a los viticultores «biológicos». La definición del producto que se propone es similar a la de una denominación de origen controlada.
Por supuesto, podemos reconocer la legitimidad del vino producido a partir de uvas cultivadas biológicamente. Sin embargo, de esto a intentar definir un vino «biológico», cuyo proceso de elaboración no sea diferente del proceso tradicional utilizado para producir un vino con una denominación de origen controlada, sería ignorar el hecho de que el concepto de la «denominación de origen controlada» se basa en zonas de terreno designadas de acuerdo con sus suelos y en condiciones de producción definidas según las costumbres locales, mientras que los vinos «biológicos» se puede producir utilizando uvas de viñedos que no estén autorizados para utilizar una denominación de origen controlada.
Por otra parte, aceptar la imagen de dos tipos de producción de vinos daría la sensación de que uno es mejor que el otro, ignorando así el hecho de que la viticultura tradicional ofrece todas las garantías de calidad necesarias para contar con la confianza del consumidor. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . He votado a favor, porque creo que es fundamental explicar a los consumidores qué son productos biológicos y qué productos son biológicos.
Dada la creciente demanda y el interés suscitado entre un gran número de agricultores por la aplicación de buenas prácticas, que sean saludables y respetuosas con el medio ambiente, la propuesta de la Comisión de modificación del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre el seguimiento del desarrollo de la agricultura biológica en la Comunidad Europea está totalmente justificada.
Estoy de acuerdo con las medidas planteadas por la ponente, en particular por lo que respecta a la eliminación de cualquier ambigüedad relativa a los nombres de los productos, lo que crearía confusión y un concepto falso de los productos biológicos entre los consumidores.
De hecho, existe una creciente necesidad de certidumbre con respecto a la terminología en las diversas lenguas comunitarias, identificando los métodos de producción biológica, que deberán contar con una etiqueta cuyo símbolo sea inmediatamente reconocible para todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión y que deberá ofrecer información precisa, independientemente del origen del producto.
Del mismo modo, deberá preservarse la biodiversidad, los cultivos y productos deberán estar protegidos y deberá evitarse cualquier tipo de contaminación de los cultivos biológicos por organismos modificados genéticamente (OMG). En este sentido, es importante proteger y apoyar las semillas biológicas. 
Souchet (NI ),
    – Hemos votado a favor del informe Auroi, porque estamos de acuerdo con la actitud de la ponente y con su temor a presenciar una proliferación de productos pseudobiológicos, que pueden crear confusión entre los consumidores si no se establecen unos controles suficientemente rigurosos y armonizados.
Por supuesto, estos controles deben realizarse en la fase de producción y, en este sentido, estamos de acuerdo con la postura de la ponente sobre el posible riesgo de contaminación derivado de los OMG.
Sin embargo, estos controles también deberían aplicarse en la fase de comercialización del producto y, por lo tanto, sobre los productos importados, con el fin de evitar los abusos y engaños en un mercado que atrae a más consumidores cada día. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Este informe aprueba el nuevo acuerdo pesquero con Mozambique, que estará en vigor durante tres años y prevé una cuota de pesca de 1 000 toneladas de camarones de alta mar, con otras 535 toneladas de capturas accidentales de otras especies y posibilidades de pesca para 35 atuneros cerqueros congeladores y 14 palangreros mecanizados. La principal beneficiaria de este acuerdo será la flota española. La compensación económica total ascenderá a más de cuatro millones de euros anuales. Queremos señalar que el primer acuerdo, firmado en 1988, fue denunciado por Mozambique en 1993, al evaluar la evolución de su propia industria pesquera.
Este informe merece mi apoyo en términos generales, aunque quiero expresar mis reservas con respecto a tres cuestiones. En primer lugar, Portugal solo obtendrá 150 toneladas de camarón (más 80 de capturas accidentales de otras especies) y permisos para cinco palangreros mecanizados, a pesar de las necesidades de su flota y de su tradición pesquera en aguas de Mozambique.
En segundo lugar, la flota debe comprometerse a una gestión sostenible de los esfuerzos pesqueros en aguas de Mozambique, cosa que, según el ponente, parece estar garantizado.
Finalmente, debemos apoyar el desarrollo del sector pesquero local, no solo en virtud de las disposiciones de este acuerdo, sino también en el contexto de nuestra política de desarrollo y cooperación con Mozambique. 
Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR ),
    En lugar de realizar esfuerzos constructivos, la política pesquera actual todavía significa que la propia Unión Europea compra el derecho a abusar de los recursos naturales de los pobres. Se trata de una forma moderna de colonialismo. Es necesario realizar una verdadera reforma de la política pesquera y adquirir una visión totalmente distinta de nuestras relaciones con los países pobres. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de este informe en su totalidad. 

Berthu (NI ),
    – Ayer por la tarde, al final del debate, nos quedamos sorprendidos al ver cómo la Comisión se quitaba la máscara y declaraba que no iba a proponer, en ningún caso, prorrogar el experimento de los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, aunque los Estados miembros lo solicitasen unánimemente (como sucedió el 25 de noviembre de 2003). Esto nos confirmó la naturaleza antidemocrática del derecho de iniciativa exclusivo y, al mismo tiempo, la arrogancia de la Comisión al utilizarlo para proteger sus intereses de poder.
Esto se debe a que realmente se trata de un caso de intereses de poder. La Comisión quiere llegar a un sistema de IVA basado en el «país de origen», lo que le daría un papel central y más poder. Por este motivo, propuso su llamado plan de racionalización, en el que la continuación de algunos impuestos reducidos tenía el único fin de servir de cebo.
De este modo, las profesiones, particularmente las de la restauración y construcción, están siendo utilizadas como meros instrumentos por la Comisión.
Esperamos que, en la labor de la Conferencia Intergubernamental, los Ministros tengan en cuenta estas consideraciones y sean rotundos al llamar la atención sobre las mismas. Mientras tanto, apoyamos el excelente informe de la Sra. Randzio-Plath, que supo entender lo que estaba en juego. 
Butel (EDD ),
   . – Coincido con nuestra ponente en que no creo que sea pertinente armonizar los tipos de IVA sin haber mejorado primero todo el sistema fiscal y económico de los Estados miembros. En el difícil período económico y social al que nos enfrentamos, se precisa al menos cierto grado de flexibilidad, dado el sistema económico defendido por la Comisión y la absoluta necesidad de respetar los criterios de Maastricht. Cada Estado debería contar con toda la panoplia de instrumentos económicos, financieros y monetarios para poder actuar de la forma más apropiada. Los impuestos directos e indirectos se encuentran entre estos instrumentos, que deberán poder utilizarse a discreción, porque cada economía sigue siendo diferente, aunque forme parte de un sistema globalizado. Dado que los problemas no son necesariamente los mismos para cada Estado, debería permitirse que las soluciones sean diferentes.
Por todas estas razones, yo y mis colegas de mi Grupo hemos solicitado, en nombre de Francia, una prórroga de los tipos reducidos de IVA del anexo H, en particular para los servicios de grabación de música, vivienda y restauración. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . La propuesta de racionalizar los tipos debe analizarse en el contexto del proceso que se está llevando a cabo para establecer un sistema de IVA definitivo, basado en la imposición en el país de origen y con un calendario armonizado, con el mínimo número de excepciones posible, para los tipos fiscales de los diferentes Estados miembros.
Esta idea, que ha sido planteada por los Estados miembros en vista de los posibles efectos sobre su política fiscal, goza del apoyo del Parlamento Europeo, aunque es extraño que, en este caso, el Parlamento haya adoptado una postura más realista, particularmente al opinar que no es el momento de una mayor armonización y apoyando las intenciones del Consejo de prorrogar la aplicación experimental de los tipos reducidos de IVA a ciertos servicios de gran intensidad de mano de obra. El Comisario Bolkestein se negó a presentar esta prórroga en la última reunión del Consejo Ecofin, del 25 de noviembre.
Sin embargo, con respecto a la cuestión de los tipos reducidos y teniendo en mente el concepto de la soberanía fiscal, cabe recordar que los Estados miembros deben mantener la flexibilidad necesaria para la aplicación de políticas sociales y culturales, en particular a la hora de establecer los tipos reducidos de IVA. Por tanto, dado que ya existe un tipo mínimo, los Estados miembros deben tener capacidad para establecer los tipos de acuerdo con sus opciones políticas, por lo que respecta a la redistribución fiscal y a la financiación de los presupuestos nacionales. 
Hermange (PPE-DE ),
    – Cuatro años de tipos reducidos de IVA no nos permiten comprobar todos los efectos de este experimento; es más, al saber que es provisional, algunos empresarios no lo han aplicado. Sin embargo, todos los sectores consultados afirman que los tipos reducidos de IVA tienen efectos económicos positivos muy importantes. De este modo, el número de asalariados empleados en el sector del mantenimiento de viviendas ha aumentado en Francia un 8,6% en dos años. Esta es la razón por la que debemos continuar por este camino. Como ponente de opinión, no puedo sino acoger con satisfacción el texto de la Comisión y, en particular, el anexo H, haciendo extensivo el anexo K a ciertos servicios, como la restauración. Dado que cada Estado miembro elige libremente la aplicación de un tipo reducido a una categoría incluida en el anexo H, todos los sectores que se han beneficiado del experimento deben estar incluidos ahora en el ámbito de aplicación de la Directiva.
Por este motivo, hemos votado a favor de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Por otra parte, las enmiendas 22 y 23 que he presentado junto con la Sra. Lulling para el período parcial de sesiones son extremadamente importantes; de hecho, permiten que el experimento se prorrogue hasta que entren en vigor los cambios en curso de la Directiva, lo que resulta absolutamente necesario para evitar consecuencias desastrosas en términos de puestos de trabajo. 
Meijer (GUE/NGL ),
   .– Las normas de la Unión Europea establecen los bienes y servicios a los que los Estados miembros pueden imponer tipos elevados de IVA y a los que, mediante una excepción, pueden aplicar los tipos reducidos. Esta excepción ya se aplicaba a los sectores de la alimentación y la ropa, aunque en 1999 los servicios de gran intensidad de mano de obra también pasaron a formar parte, de forma experimental, del grupo beneficiario de los tipos reducidos de IVA. Esto ha tenido un efecto positivo sobre el empleo. Según una reciente audiencia del Parlamento, la utilización de este instrumento ha creado 250 000 nuevos puestos de trabajo en toda la Unión Europea. También hay otros efectos positivos. Si el taller de reparación de bicicletas no es caro, esto promoverá el ciclismo. Es sorprendente que la Comisión quiera ahora poner freno a esto. La Comisión respalda su decisión con estudios deficientes e incompletos y no cuenta con pruebas suficientes para demostrar que el experimento ha dado resultados insatisfactorios. Si se interrumpe el experimento, en Europa desaparecerán numerosos puestos de trabajo, 8 500 de ellos en los Países Bajos. Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, considera que los impuestos son un instrumento útil para conseguir una seguridad social sólida y ofrecer servicios públicos, aunque denuncia esta forma de imponer las subidas de impuestos. Queremos mantener los tipos reducidos de IVA para los peluqueros, los mecánicos de bicicletas y los zapateros. Solicito que se ejecute el derecho de los Estados miembros a mantener los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, cuando esto esté justificado con argumentos sólidos desde el punto de vista social y del empleo. 
Skinner (PSE ),
   . Aunque este ámbito de los impuestos indirectos se revisa cada dos años, la delegación laborista del Reino Unido no ve ningún motivo para cambiar el actual anexo H. En nuestra opinión, esto debería ser responsabilidad de los Gobiernos nacionales, siempre que no distorsionen el comercio ni la industria. 
Souchet (NI ),
    – Tres sectores prioritarios deberán poder beneficiarse a largo plazo del tipo reducido de IVA en Francia: la construcción, la restauración y las grabaciones de música.
Dado que no afecta a la competencia, la decisión sobre esta cuestión debería corresponder exclusivamente a los Estados miembros y tomarse en función de sus prioridades. Las prioridades de Francia son: crear puestos de trabajo, reducir el pluriempleo y promover el desarrollo cultural.
Sin embargo, la Comisión Europea no escucha: en lugar de abandonar sus infructuosos intentos de armonizar el IVA y permitir que los Estados miembros recuperen su libertad, quiere, por el contrario, aumentar sus poderes, obligando a eliminar rápidamente las excepciones.
Ayer por la tarde, el Comisario Bolkestein afirmó con cinismo que, a pesar de que el Consejo solicita unánimemente que se mantengan los tipos reducidos para los servicios de gran intensidad de mano de obra, la Comisión no tiene intención de realizar una propuesta en ese sentido y que, por el contrario, iniciará acciones legales a partir del 1 de julio de 2004 contra los Estados miembros que mantengan esos tipos reducidos.
Esta bloqueo por parte de la Comisión, que secuestra a nuestros profesionales para incrementar su propio poder, es inaceptable y demuestra claramente que cualquier transferencia de competencias debe ser reversible. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Cabe señalar que esta resolución, firmada una vez más tanto por la derecha como por los socialdemócratas, supone un buen comienzo, al subrayar el actual estancamiento económico y los elevados niveles de desempleo en la Unión Europea.
Sin embargo, en lugar de avanzar hacia la tan necesaria modificación de las políticas capitalistas neoliberales causantes de la actual crisis social y económica, las reafirma. ¿Qué otra cosa se podría esperar de las fuerzas políticas que son responsables de esta situación? La resolución defiende que se mantenga el Pacto de Estabilidad, la aplicación de la «Estrategia de Lisboa», la apertura de los mercados (servicios postales, transporte de pasajeros, el cielo único europeo), la flexibilización de los mercados laborales, aunque señala ciertas «preocupaciones» por las consecuencias sociales de estas acciones.
La resolución también confirma una política que criminaliza y penaliza la inmigración, chantajea a los países de la ampliación en la medida en que, si no adopta la legislación comunitaria, se recortarán sus fondos, confirma su apoyo a la situación actual en el Iraq, que se encuentra bajo ocupación militar, así como a la militarización de la Unión Europea sin la implicación de la OTAN.
La resolución confirma también el deseo de conseguir un nuevo equilibrio en las relaciones con los Estados Unidos, que respondan a las «capacidades e intereses comunes reales de los socios», lo que podríamos considerar que se refiere a los principales grupos económicos y financieros. Estas prioridades políticas están muy alejadas de las necesidades reales y urgentes de los trabajadores y de nuestras comunidades. Por eso hemos votado en contra de la resolución. 
Krivine y Vachetta (GUE/NGL ),
    – La resolución común del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre la preparación del Consejo Europeo de Bruselas refleja la Europa liberal, militarista y antidemocrática que están construyendo. La petición de transferencia de la soberanía de las fuerzas ocupantes estadounidenses a los representantes iraquíes o incluso la petición de un juicio justo para los prisioneros de la Bahía de Guantánamo no basta para engañar a los ciudadanos con respecto a la verdadera naturaleza de Europa. En primer lugar, es esclava de la ideología liberal. La competencia, el crecimiento, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la liberalización del transporte y los servicios postales se han presentado como si no necesitasen justificación, aunque la población está sufriendo todo el impacto de esta política, empezando por el desempleo y la precariedad laboral. La gestión de los flujos migratorios y el control de las fronteras es la horrible respuesta a los desdichados pueblos de esta Tierra que están dispuestos a hacer lo que sea por escapar de la pobreza, del subdesarrollo, de las dictaduras y las guerras. Finalmente, la Conferencia Intergubernamental continúa celebrándose a puerta cerrada y está negociando la constitucionalización del liberalismo, pasando por encima de los 450 millones de europeos.
Esta es una Europa a la que no pertenecemos y por eso no podemos apoyar esta resolución. Somos «viejos europeos» que, junto con miles de personas más en el Foro Social Europeo de París/Saint-Denis, hemos propuesto una Europa diferente, basada en la paz, la democracia, los derechos sociales y los servicios públicos. 

Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   . – La Conferencia Intergubernamental de Nápoles no tuvo ningún problema en acordar una mayor militarización de la Unión Europea, dado que nadie planteó la más mínima objeción a que la Unión se convierta en un cuerpo de policía mundial paralelo al de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, quedó perfectamente claro que la famosa solidaridad, en caso de que un Estado miembro sea atacado, no solo no es obligatoria, sino que además quedaría claramente bajo el paraguas de la OTAN. Esto en respuesta a todos aquellos que mantienen que Grecia podría confiar en la Unión Europea en caso de ataque de Turquía.
No existe ni un mínimo de sensibilidad en la resolución del Parlamento Europeo por las consecuencias extremadamente negativas que tendrá, como hemos subrayado repetidamente, el nuevo Tratado «Constitucional» para los pueblos. Por el contrario, lo único que les preocupa es que no se modifique el texto elaborado por la «Convención» y que no se reduzca su papel en el marco de los mecanismos de la Unión Europea.
Por este motivo, nosotros, los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo, hemos votado en contra. Hacemos un llamamiento a los pueblos para que redoblen su lucha contra la Unión Europea y contra las obligaciones que está intentando imponernos a través de la Constitución europea. 
Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson y Sandberg-Fries (PSE ),
    Hemos votado «sí» en la votación final de la propuesta de resolución común sobre la Conferencia Intergubernamental, aunque queremos aprovechar esta oportunidad para subrayar nuestro desacuerdo con respecto a varias cuestiones.
En nuestra opinión, la Comisión debería tener un Comisario de pleno derecho (con derecho a voto) por cada Estado miembro.
Creemos que un posible procedimiento simplificado para modificar la Constitución en el futuro no debe significar que se hará caso omiso de la exigencia de ratificación por parte de todos los Parlamentos nacionales.
No creemos conveniente que la denominada cláusula «pasarela» sea aplicable con carácter general.
No creemos que deba ampliarse el voto por mayoría cualificada en el ámbito de la PESC.
No consideramos necesario exigir al Consejo que divida sus actividades entre un Consejo legislativo, por una parte, y otras constelaciones del Consejo, por otra. 
Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE ),
    Hoy hemos decidido votar en contra de la resolución del Parlamento sobre el progreso de la Conferencia Intergubernamental. Muchas partes de la resolución van más allá que las propuestas de la Convención. Un Tratado constitucional y consolidado para la Unión Europea es positivo en sí mismo, aunque deberá basarse en una demarcación clara del poder de los políticos y las competencias de la Unión Europea.
Estamos particularmente en desacuerdo con el apoyo de la resolución a la denominada cláusula «pasarela», por la que los Jefes de Estado o de Gobierno podrán eliminar el derecho de veto de los Estados miembros, sin necesidad de que esto sea ratificado por los Parlamentos nacionales. También nos oponemos a lo que dice la resolución acerca de reducir el número de Comisarios, lo que significaría que cada país perdería el derecho a nombrar un Comisario. Asimismo nos oponemos a que se conceda al Parlamento el pleno derecho de codecisión con respecto al presupuesto comunitario.
Finalmente, también es inaceptable que, como se propone en la resolución, sea posible modificar la Constitución sin que haya unanimidad y sin ratificación por parte de los Parlamentos de los Estados miembros. Esto afectaría al actual sistema por el que los Estados miembros son titulares de los Tratados.
También insistimos en nuestra oposición a que se nombre a un Presidente permanente del Consejo en lugar de la Presidencia rotativa. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . ¿Qué cabe esperar de una resolución sobre la CIG firmada por la derecha, los socialdemócratas y los Verdes?
¿Qué se puede decir acerca de una resolución que pretende imponer la inaceptable «Constitución europea» propuesta por la «Convención» a los Gobiernos, los Parlamentos nacionales y los ciudadanos de los distintos países que componen la Unión Europea y que defiende la ampliación del voto por mayoría cualificada y la simplificación de los procedimientos, para facilitar el paso de la toma de decisiones por unanimidad a la mayoría cualificada, comprometiendo el derecho de los países «pequeños» a defender sus intereses?
¿Qué se puede decir acerca de una resolución que, a propuesta del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) –al que pertenece el Partido Socialista portugués–, apoya la existencia de una Comisión Europea en la que no haya un Comisario por país con derecho a voto, eliminando el derecho de los países «pequeños» a estar representados en la única institución con iniciativa legislativa y que propone que sea posible modificar la parte III de la llamada «Constitución» a través de lo que se viene en llamar un procedimiento «ligero», en un intento de sortear la CIG y la ratificación de sus conclusiones por parte de los Parlamentos nacionales?
¿Qué se puede decir acerca de una resolución que, porque apoya la idea, no menciona ni condena la forma en que las bases del capitalismo neoliberal, el militarismo y el ataque a la soberanía de los Estados se han consolidado debido a una centralización del poder en las instituciones supranacionales de la Unión Europea?
¡Esto es sencillamente inaceptable! 
Marinho (PSE ),
   . He votado en contra en el primer caso y me he abstenido con respecto a la segunda parte del punto 9 porque:
- no está claro si del cónclave de Nápoles se derivará la idea de un Comisario por Estado miembro. De hecho, la alternativa a lo acordado en la Convención, basada en la exigencia de un Comisario por Estado, llevará nuevamente a imponer la exigencia de dos Comisarios para los Estados con mayor población, lo que no solo marca diferencias entre los Estados, dado que los Estados mayores contarán el doble que los demás, sino que además favorece la creación de concentraciones de poder en doce Comisarios de esos Estados en detrimento de los demás;
- la enmienda plantea una falsa idea de igualdad, que, en mi opinión se consigue más fácilmente con la igualdad rotativa, en la que cada Estado miembro pueda decidir si desea pertenecer al Colegio de Comisarios con o sin derecho de voto, alternándose de acuerdo con la composición específica de las sucesivas Comisiones. Esto concede a los países una igualdad de oportunidades en el tiempo, sin que ninguno tenga más derechos que otro. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . He votado en contra porque la resolución transaccional adolece de una grave falta de equilibrio. El Parlamento Europeo debería adoptar ahora una postura objetiva, realista e imparcial, en lugar de insistir en una postura no comprometida y en falsas «actitudes negociadoras»; el Parlamento no participa en ninguna negociación. Deberíamos contribuir responsablemente a un consenso visible, en lugar de insistir obstinadamente en un supuesto «consenso de la Convención», que todos sabemos que no existe.
Me ha molestado particularmente que las enmiendas 8 y 9, que presenté en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, no hayan sido aprobadas. Rechazar la opción del cónclave de Nápoles a favor de la solución de un Comisario por Estado miembro, en pie de igualdad y de pleno derecho, desde luego no contribuye al éxito de la CIG y revela una mentalidad reaccionaria inesperada por parte de la mayoría parlamentaria, máxime cuando, lamentablemente, en su lugar se pregona una verdadera sandez, como es la idea de que «nombrar a un Comisario por Estado miembro le daría un carácter intergubernamental» (¡?). Con respecto a la falta de apoyo al equilibrio por parte de la Presidencia italiana, dada su propuesta de superar las diferencias relativas al preámbulo, haciendo una referencia explícita al legado cristiano o judeocristiano de Europa, confirmando al mismo tiempo la naturaleza secular de las instituciones europeas, simplemente demuestra la intolerancia y el prejuicio que sustentan la resistencia política a la petición de cambio social, cada vez más generalizada, de millones de ciudadanos europeos. 
Sacrédeus (PPE-DE ),
    He votado en contra de la resolución (que, no obstante, ha sido aprobada por 346 votos a favor, 106 votos en contra y 58 abstenciones) porque, en puntos cruciales, no cumple las exigencias de los rasgos fundamentales de los Demócrata-Cristianos suecos y de nuestra labor por proteger los derechos de los pequeños países de la Unión.
Queremos ver una referencia al legado judeocristiano y bíblico en el preámbulo de una futura Constitución europea. Por lo tanto, acojo con satisfacción de la enmienda 7, que apoya los esfuerzos de la Presidencia por incorporar el legado judeocristiano de Europa. Esto ha sido rechazado por el pleno (por 213 votos a favor, 293 en contra y 17 abstenciones).
También he apoyado la enmienda 8, que exige una composición de la Comisión basada en la igualdad, con un Comisario con derecho a voto por cada Estado miembro. Sin embargo, el Parlamento votó en contra de esto (por 349 votos contra 147 y 49 abstenciones). Así pues, el apartado 8 afirma ahora, erróneamente, que la Comisión correría el riesgo de adquirir un carácter intergubernamental si se nombrase a un Comisario por cada Estado miembro.
Tampoco apoyamos el apartado 5, en el que el Parlamento aprueba la propuesta de una cláusula «pasarela» en la futura Constitución europea. La cláusula permitiría al Consejo Europeo conceder mayores poderes a sí mismo y a la Unión Europea, así como cambiar las normas de las votaciones a favor de la mayoría cualificada en lugar de la unanimidad, sin la aprobación de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
Wijkman (PPE-DE ),
    Me he abstenido en la votación de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre el progreso de la Conferencia Intergubernamental. En general, la resolución en sí contiene muchas opiniones y exigencias acertadas. Sin embargo, no puedo apoyar el apartado 8, porque afirma que no todos los países podrán nombrar a un Comisario. La resolución lo justifica afirmando que la Comisión correría el riesgo de adquirir un «carácter intergubernamental» si se nombrase a un Comisario por Estado miembro. Se trata de un curioso razonamiento, dado que ese principio ha funcionado tan bien hasta ahora y que, por lo que sé, nunca se ha acusado a la Comisión de tener un «carácter intergubernamental».
Se trata en el fondo de una cuestión de democracia. Es importante que cada país pueda estar representado en el más alto nivel de la Comisión. Esa es la explicación de la postura que he adoptado. 

Berthu (NI ),
    He votado en contra del informe MacCormick, por las razones explicadas en mi opinión minoritaria adjunta al mismo: los «contratos» o «convenios tripartitos basados en objetivos» no son más que un arma de la Comisión contra los Estados miembros, con el fin de pasar por encima de ellos estableciendo lazos directos entre Bruselas y las autoridades regionales.
Esta innovación aportará su granito de arena a la vasta empresa de «desmantelamiento» de los Estados miembros, dirigida por la Comisión y los grupos de presión federalistas.  Esta empresa pretende destruir sistemáticamente una vieja obra, cuyo menoscabo dejará indefensos en el futuro a los pueblos ante un poder europeo mal controlado. 
El informe del Parlamento Europeo, a pesar de sus errores, parece en ocasiones advertir los peligros del nuevo sistema y se alarma por ello. Solicita que los contratos tripartitos sigan siendo excepciones, con el fin de no «generar una complejidad extrema y vaciar de contenido concreto el objetivo normativo [de la administración del derecho]» (apartado 8), y para no favorecer que los Estados miembros eludan su responsabilidad (apartado 14).
Sin embargo, para evitar más eficazmente esos peligros, habría sido preferible que el Parlamento Europeo no hubiese aprobado sus causas. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Estoy de acuerdo con quienes han señalado que la creación de programas piloto para «contratos y convenios tripartitos entre la Comunidad, los Estados y las autoridades regionales y locales» solo puede interpretarse correctamente si tenemos en cuenta las intenciones que justifican esta acción.
De hecho, dado que el objetivo que se propone –mediante «acciones coordinadas oficialmente», capaces de «mejorar la aplicación de las políticas», es decir, de establecer normas comunitarias que solo se puedan aplicar con convenios particulares, teniendo en cuenta realidades existentes muy diferentes y específicas– ya aparece en los Tratados, concretamente con la aplicación del principio de subsidiariedad y mediante un proceso mucho más directo y apropiado, consistente en fijar los objetivos a conseguir y dejar en manos de los Estados miembros el modo de conseguirlo mediante una directiva.
Así pues, lo que esconde esta iniciativa no es la necesidad crucial de combatir los procedimientos excesivamente burocráticos o centralizados ni del aumento real del poder de las autoridades locales para gestionar su propio dominio, sino simplemente elevar a las autoridades locales al nivel de socios directos de las instituciones europeas en la aplicación de sus orientaciones, en un intento de sortear a los Estados como interlocutores nacionales. De ahí el apoyo y las sinceras felicitaciones de la ultrafederalista Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Me he abstenido en la votación de este informe porque creo que las razones que da el ponente para «lamentar la falta de unas relaciones plenamente eficaces entre las instituciones europeas, especialmente la Comisión, y las entidades territoriales de los Estados miembros de carácter nacional interno, regional o local» no bastan para justificar la celebración de «acuerdos y convenios tripartitos por objetivos».
De hecho, al igual que el Sr. Berthu, creo que el sistema jurídico comunitario ya cuenta con un mecanismo que nos permite perseguir el mismo resultado con diferentes medios, que es la directiva.
Así pues, este instrumento legal, que está estrechamente relacionado con el principio de subsidiariedad (aunque solo por lo que respecta a la aplicación de medios), podría ser una opción para las áreas que se sugieren, que son el desarrollo económico, la política medioambiental, el transporte, la agricultura y la pesca, manteniendo al propio Estado como interlocutor directo y exclusivo de las instituciones europeas.
Creo que la medida recomendada de elevar a las autoridades locales a la categoría de interlocutores directos de las instituciones europeas forma parte del conocido proceso de centralización europea y de pasar por encima de los Estados. Yo creo que si se extiende la práctica de celebrar estos contratos, la complejidad de las relaciones interinstitucionales aumentará desproporcionadamente, al igual que la burocracia asociada. Esto llevará al caos.
Reconozco la prudencia de la Comisión al proponer la adopción de programas piloto experimentales, sujetos a la futura presentación de un informe de evaluación. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . De acuerdo con el Tratado de la CE, la Comunidad y los Estados miembros están obligados a aprobar medidas para combatir el fraude y proteger los intereses económicos de la Comunidad.
Solo en 2002 se perdieron unos 2 000 millones de euros debido a irregularidades y fraudes, en detrimento de la Comunidad, y esta suma puede que solo sea la punta del iceberg –con repercusiones económicas claras–, resaltando la necesidad de redoblar la lucha contra la corrupción.
Comparto muchas de las críticas y preocupaciones del ponente acerca de la evaluación de las actividades de la OLAF. Como afirma el ponente, «el caso Eurostat ha puesto de manifiesto deficiencias en las actividades de investigación de la Oficina», en particular el hecho de que la investigación se ha alargado durante años y que las reglas de protección de los investigados no se han cumplido. Por consiguiente, también estoy de acuerdo con la necesidad de conceder a la OLAF una mayor autonomía y más medios, particularmente para aumentar el número de investigadores.
Sin embargo, hay cuestiones fundamentales que es preciso abordar y que provocan muchos casos de irregularidades y fraudes, particularmente con respecto a la contratación externa de servicios de la Comisión.
Por otra parte, tengo serias dudas con respecto a la necesidad de un fiscal europeo, un paso en el proceso de creación de una fiscalía europea, respaldada por Europol, Eurojust y la OLAF. 
Meijer (GUE/NGL ),
   .– Para la opinión pública, la Unión Europea es sobre todo una vasta organización muy alejada del ciudadano y un buen caldo de cultivo del fraude. El fraude lo cometen directores, Comisarios de la Unión Europea y sus gabinetes, implicando a empresas privadas y ofreciendo un beneficio sin esperar nada a cambio. Existen fraudes para llenar los bolsillos propios, fraudes para comprar amigos y fraudes para asegurar el futuro del propio puesto de trabajo, independientemente de la planificación empresarial. Para combatir este tipo de fraude, se ha establecido un creciente número de normas de control burocrático, así como diferentes servicios de control que trabajan paralelamente, cada uno dedicado a su propio ámbito de actividad. La existencia de la OLAF y anteriormente de la UCLAF no hizo nada por detener el fraude en el pasado, incluido el escándalo de Eurostat que se ha conocido recientemente. El planteamiento hasta ahora se ha caracterizado por incrementar el control interno en lugar de aumentar la transparencia, que permitiría juzgar a la opinión pública. Los investigadores intervienen en cuestiones que tienen que mantener en secreto, por miedo a cruzar el umbral de los procedimientos judiciales La función de la OLAF sería mucho más útil si se centrase también en eliminar los caldos de cultivo del fraude y en sacar a la luz los delitos. Sin embargo, para ello puede que necesitemos una investigación parlamentaria. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . La transparencia de los procesos de toma de decisiones, por la que siempre hemos luchado, no puede desaparecer cuando se trata de aprobar instrumentos legislativos. La creciente complejidad y el número de competencias concedidas a las instituciones y organismos de la Unión Europea exigen una vigilancia más estrecha de la idoneidad, por una parte, y la legitimidad, por otra, del uso que se hace del patrimonio de los ciudadanos europeos, representado por el presupuesto. Por lo tanto, acojo con satisfacción el informe de evaluación de la Comisión sobre las actividades de esta organización.
Debemos seguir algunos de los planteamientos propuestos por el ponente, como una coordinación más estrecha entre las diversas estructuras de control de las instituciones, una mejor definición de las normas operativas de la OLAF y la definición de una política clara sobre la prioridad de las investigaciones.
También cabe destacar un aspecto al que a menudo no se da mucha importancia –con enormes consecuencias para el éxito de la OLAF–, que es la receptividad de las instituciones y organismos con respecto a las advertencias e informes emitidos por esta organización. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Actualmente no hay ninguna disposición que defina una forma estándar para repatriar los restos mortales de personas que han fallecido en otro Estado miembro. Dada la falta de este tipo de disposiciones, el transporte transfronterizo de restos mortales se rige por dos instrumentos legales internacionales: el Acuerdo de Berlín de 1937 y el Acuerdo de Estrasburgo de 1973, celebrados bajo los auspicios del Consejo de Europa, a los que solo se han adherido algunos Estados miembros y que, en opinión del ponente, son totalmente obsoletos.
El ponente opina que, según estos acuerdos, en caso de que un ciudadano de un Estado miembro fallezca en otro Estado miembro, los trámites son más complejos, el tiempo transcurrido hasta el entierro o la incineración es mayor y los costes son superiores que si la muerte se hubiera producido en el país de origen del fallecido.
Por este motivo y dado que existen grandes comunidades de inmigrantes en algunos Estados miembros procedentes de otros Estados miembros, como Portugal, debemos reforzar el peso de medidas que puedan satisfacer las necesidades específicas de esas comunidades, especialmente con respecto al conjunto de problemas mencionado en el informe. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Las diferencias jurídicas existentes entre los sistemas legales nacionales de los diversos Estados miembros de la Unión Europea ponen a los parientes de las personas que han fallecido en un Estado miembro diferente del suyo en una situación particularmente angustiosa. Los trámites precisos, que son inevitablemente más complejos en estos casos, el tiempo adicional necesario y los costes superiores que soportan las familias de las víctimas hacen que un momento tan doloroso y delicado resulte todavía más triste. Por otra parte, los instrumentos legales internacionales que se aplican a estas situaciones son inadecuados, dado el actual nivel de movilidad de los ciudadanos, un aspecto que adquiere más importancia para la libertad de circulación de las personas en el territorio intracomunitario y que hace que las posibilidades de que se den estas situaciones aumenten.
Estoy especialmente de acuerdo con el ponente cuando afirma que la libertad de circulación se ve empañada por este marco legal, especialmente porque no existe una plena igualdad de trato entre los ciudadanos comunitarios y los nacionales.
Dado que, en mi opinión, las sugerencias del ponente apuntan en la dirección correcta, previendo la adopción práctica de medidas y poniendo fin a la inactividad de la Comisión Europea a este respecto, he votado a favor. 
Rovsing (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quiero añadir algo a lo que ya se ha dicho con respecto a la forma en la que organizamos estas reuniones. Creo que es escandalosa la forma en la que concluimos las cuestiones sin respetar la manera establecida y la forma en que tratamos a nuestros Comisarios. Esto último lo digo por el momento en el que el Presidente ha dicho que íbamos a votar: es completamente inaceptable que el Parlamento trate así a nuestros Comisarios. He visto que no ha podido realizar ningún comentario en respuesta al diputado británico que ha planteado la cuestión. Sin embargo, me gustaría pedir que se debata la cuestión en una Conferencia de Presidentes y se encuentre una solución, porque creo que la dignidad del Parlamento está muy deteriorada por la forma en la que todos nosotros nos comportamos. 
El Presidente
   . Transmitiré sus comentarios al Presidente del Parlamento, que planteará la cuestión en la Conferencia de Presidentes.(1)

El Presidente
   . Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
