Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Janssen van Raay
Sólo 30 segundos, señora Presidenta, puedo hacer mi intervención en francés.
El Consejo no responde a mis preguntas del 15 de agosto y tampoco a las preguntas de la Sra. Van Bladel. Ayúdenos, por favor, para que el Consejo nos responda.

El Presidente
Señor Janssen van Raay, estoy totalmente de acuerdo con esta solicitud. Desgraciadamente, el Consejo no está presente para oírle. Naturalmente, le transmitiremos sus observaciones.

Hager
Señora Presidenta, sólo quería decir, con el fin de establecer cierta compensación, que es usted mi presidenta favorita.

El Presidente
Creo que no se trata en absoluto de una cuestión de orden ni tampoco del Acta, pero su intervención me ha agradado mucho.
¿Hay más observaciones?
(El Acta queda aprobada)

Votaciones
Rosado Fernandes
Señora Presidenta, aunque creo que es un poco tarde, mi Grupo me ha pedido que le proponga, que proponga a la Asamblea, el aplazamiento de la votación hasta el próximo período parcial de sesiones. Pienso que muchos diputados no estarán de acuerdo, y, en estas condiciones, la votación de este importante informe se celebrará en presencia de un número limitado de diputados.

El Presidente
Señor Rosado Fernandes, ya se ha celebrado un debate sobre esta cuestión. Las circunstancias han querido que ahora estemos procediendo a la votación. Además, compruebo con mucha satisfacción que, a pesar de todo, los diputados presentes para votar este informe -muy importante, en efecto- son muy numerosos.
Sobre la enmienda 2
Bontempi
Señora Presidenta, deseo presentar una enmienda oral con objeto de tener en cuenta el debate y las observaciones que se hicieron. Deseo proponer que después de la palabra «figura» se añada la frase «una especie de juez europeo». Esto modera la propuesta que quizás, como justamente muchos de ustedes apuntaron, debe estudiarse y ensayarse. Por eso, propongo que después de la palabra «figura» se añada la frase «una especie de juez europeo». Ésta es la enmienda oral que, por otra parte, es el resultado del debate que llevamos a cabo.

El Presidente
¿Hay alguna objeción a esta ligera modificación?
(La Asamblea expresa su acuerdo para la presentación de esta enmienda)
(El Parlamento aprueba la resolución) Felicito al Sr. Bontempi y le doy las gracias por su comprensión respecto a este debate y a esta votación, que desgraciadamente se han desarrollado con algunas interrupciones. Les aseguro que haremos todo lo posible para que esto no vuelva a reproducirse.

Tillich
Señora Presidenta, en la tarde de ayer y en la mañana de hoy hemos asistido a numerosas votaciones nominales. Hay una nueva norma de la Mesa según la cual sólo serán contabilizadas las votaciones nominales efectuadas antes del mediodía del jueves. ¿Puedo por ello presumir que los colegas que hayan participado en las votaciones nominales ayer tarde y hoy por la mañana lo verán debidamente reflejado en una cuenta especial?

El Presidente
La Mesa examinará con seriedad su propuesta, Sr. Tillich. Pero le señalo que los grupos políticos llevan una contabilidad muy precisa por lo que respecta a las asistencias. Es muy importante que esto se haga con seriedad, sobre todo con miras a las próximas elecciones.

Falconer
Tomo la palabra para advertir al Sr. Tillich que está en un error: las instrucciones de la Mesa decían martes, miércoles y jueves, sin límite de hora para el jueves. Por consiguiente, las votaciones de anoche eran válidas.

El Presidente
El Sr. Tillich lo había entendido perfectamente. Por eso hace esta propuesta complementaria.

Martens
Solamente para señalarle que hoy el sistema no es aplicable.

El Presidente
Sí, en efecto.

Falconer
Señora Presidenta, una cuestión de orden. He considerado la excelente observación del Sr. Tillich. Quizá la Mesa pueda investigar si algunos de los que estuvimos aquí desde el lunes hasta el viernes podremos cobrar algunas bonificaciones que no se pagaron a los que no participaron en las votaciones del martes, miércoles y jueves. Sería una muy buena manera de motivar a los diputados para que asistan a las sesiones de los viernes.

Andersson
Quiero agradecer al ponente por este inteligente informe. Considero que la lucha contra la delincuencia internacional es un asunto importante que merece mayor atención en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, quiero destacar la importancia de que las decisiones de armonización en materia judicial se hagan con el mayor respeto por las diferencias existentes entre los diferentes países miembros, originadas en culturas y tradiciones jurídicas distintas. Por este motivo, me cuesta dar mi voto a una propuesta de establecer una fiscalía europea, de acuerdo con el llamado Corpus Juris.

Van Bladel
Los códigos penales y la persecución criminal de los Estados miembros varían considerablemente de uno a otro, y esto constituye el principal obstáculo para establecer la persecución penal fuera de las fronteras nacionales. Otro obstáculo que impide la armonización del derecho penal y de la persecución criminal son las reformas internas que se producen dentro de los aparatos judiciales de los Estados miembros. De esta forma, durante un largo período de tiempo, en los Países Bajos, no se ha adoptado ninguna acción, por medio de una orden de busca y captura, contra el antiguo jefe del ejército surinamés, Desi Bouterse, acusado de traficar a gran escala con cocaína. Bouterse ha sabido construir una red en los Países Bajos: conoce a través de informadores los pasos que el fiscal se propone adoptar y, de esta manera, puede estar, cada vez, un paso por delante de éste. Este tipo de organizaciones criminales que realizan actividades que rebasan las fronteras constituyen una amenaza para nuestro Estado de derecho.
La intensificación de la colaboración entre los aparatos judiciales de los Estados miembros tiene lugar mediante el intercambio de funcionarios. Estos intercambios solamente logran progresos en la colaboración con grandes esfuerzos. Otro aspecto del lento desarrollo en el ámbito de la cooperación es que la formación de los funcionarios de justicia es deficiente en algunos Estados miembros.
Por último, quisiera apuntar en el marco de este informe que, para intensificar las relaciones con países fuera de la UE, es importante firmar tratados tanto multilaterales como bilaterales, como el tratado WOTS y, así, perfeccionar la cooperación en el ámbito judicial también con esos países que no pertenecen a la Unión.

Caudron
Regularmente, tenemos que pronunciarnos sobre problemas de justicia y de policía. Hasta ahora todos estos informes han sido notables. Este último no es una excepción a la regla, como no podía ser de otra manera por tratarse de nuestro colega Bontempi.
Apruebo las orientaciones que se nos proponen. Deseo simplemente completar el contenido del texto por el hecho de que, para que las autoridades judiciales puedan adaptarse a las nuevas formas de delincuencia, es imperioso ajustar los márgenes financieros con respecto al coste de estos instrumentos, necesarios para la buena marcha de la justicia.
Apruebo plenamente el deseo de Rinaldo Bontempi en cuanto a la aceleración de los procedimientos de ratificación de los convenios en el seno de la Unión.
Por otro lado, considero que debemos profundizar, o iniciar, estas mismas relaciones con los países exteriores a la Unión. La delincuencia, en todas sus formas, se mundializa. La justicia, para luchar contra ella, no puede quedarse atrás.
Finalmente, la corrupción que afecta al ejercicio de una función pública constituye a la vez una plaga y una amenaza, ya que lanza un anatema contra la inmensa mayoría de las personas que tienen estas responsabilidades y las ejercen con pasión y honestidad.
Queridos colegas, luchar contra la corrupción significa arrojar fuera de nuestras Asambleas a la extrema derecha, otra gangrena de nuestras sociedades.

Cushnahan
En el último decenio, hemos visto un significativo debilitamiento de nuestras fronteras en la UE, y el Acuerdo de Schengen ha abierto las fronteras internas del continente. Añádase a esto la naturaleza transfronteriza de Internet, y comprenderemos con cuánta facilidad las personas, los bienes y la información pueden moverse dentro de la UE. De este modo la vida de los ciudadanos de la UE se ha vuelto más fácil, pero a la vez también resulta más fácil para la delincuencia y los delincuentes entrar en la UE y salir de ella a placer.
Por desgracia, la capacidad de la Unión en cuanto a combatir la delincuencia internacional no ha sido bastante como para operar de una manera similar. Como el Sr. Bontempi señala en su informe, el Tratado de Amsterdam proporciona recursos más vigorosos a la Unión, pero nosotros debemos asegurar que nuestros organismos encargados de la aplicación de la ley puedan hacer frente a la delincuencia.
Apoyo la llamada del ponente para que se establezca mayor comunicación entre los organismos policiales y judiciales de los Estados miembros. También apoyo su idea de permitir que las autoridades judiciales se comuniquen sin pasar por el protocolo diplomático.
Hemos eliminado la burocracia en los casos de la delincuencia internacional. Es tiempo de que eliminemos la burocracia que paraliza a los que tratan de evitar el crimen.

Lindqvist (ELDR), Eriksson (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Sandbæk (I-EDN)
Queremos dejar en claro que somos partidarios de toda clase de colaboraciones, incluso en el ámbito judicial, si se llevan a efecto en el plano interestatal y no limitan ni pisotean la soberanía nacional ni la democracia nacional.
El objetivo general del informe es el establecimiento de un sector judicial común. Esto requiere, entre otras cosas, armonización del derecho penal, lo que significaría la terminación del gobierno soberano nacional.
Para realizar sus objetivos, se proponen también, por ejemplo, definiciones análogas de delitos, posibilidad de usar avanzados métodos de vigilancia, por ejemplo, vía satélite y escuchas, reconocimiento del papel del tribunal y consideraciones sobre el establecimiento de una fiscalía europea, lo cual rechazamos enérgicamente.
La base jurídica más importante es una interpretación que se hace del Tratado de Amsterdam que aún no se ha ratificado ni entrado en vigor, lo que es, a todas luces, una insólita base jurídica.
La mejor manera de combatir la delincuencia organizada es por medio de una cooperación internacional, en el ámbito interestatal, y con avanzada colaboración con Interpol.
Por todos los motivos expuestos, hemos votado desfavorablemente el informe.

Sindal
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de una mayor eficacia en la cooperación penal en la UE. Estamos obligados a mejorar la cooperación para acabar en la UE con la delincuencia organizada y transfronteriza. Con todo pensamos que deben tomarse como base los instrumentos existentes en el pilar 3. Es un buen punto de partida para la cooperación futura. Con el Tratado de Amsterdam hemos precisado y mejorado la cooperación jurídica y no hay razón para armonizar más. Estamos en contra de la estandarización por la estandarización en sí. Deben respetarse la cultura, tradición y sistema de cada país y las diferencias en penas y en la práctica de las pruebas entre los países miembros no son necesariamente algo malo.
Debemos procurar que los criminales no se escapen y la mejor forma para ello es mejorar la cooperación práctica entre los países miembros. Disponemos ya de una óptima cooperación penal en la UE que podemos utilizar en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

Ribeiro
Compartimos lo esencial de las preocupaciones manifestadas por el ponente, así como la afirmación de que presenciamos un recrudecimiento de la criminalidad, sobre todo en su vertiente más organizada.
En la Unión Europea, como en el resto del mundo, adquieren cada vez mayor gravedad los tráficos de seres humanos, armas y substancias nucleares, así como la gran corrupción, los fraudes y la criminalidad económica y financiera, que tantas veces van asociados con el tráfico de drogas.
A nuestro juicio, más que la introducción de nuevas medidas, como propone el autor, es necesario ante todo volver eficaces y prácticas las medidas y los mecanismos de control de las legislaciones ya existentes, junto con otras medidas que se deben ponderar entre los Estados miembros, algunas de ellas propuestas por el autor.
La aplicación de las medidas existentes y de otras que resulten necesarias para completarlas -como las que deberán desprenderse de la próxima introducción del euro que, como subrayó recientemente un organismo de la OCDE, »va a abrir las puertas al blanqueo de dinero»- deberá ser asumida por los Estados miembros e incentivada ante los demás países, pues sólo con la adopción de medidas eficaces y valerosas se llegará a la eliminación de los paraísos fiscales y de otros privilegios de que ha gozado la criminalidad organizada.
Ahora bien, respecto de la forma o del espacio de realización de esos proyectos nos distanciamos de lo propuesto en el informe. Su necesaria materialización se debe hacer en el ámbito de una cooperación judicial efectiva entre los Estados miembros de la Unión Europea. Se puede y se debe estimular y profundizar en el nivel de la cooperación intergubernamental, en particular con una simplificación de procedimientos e incluso mediante una aproximación de las legislaciones en materia penal, de los conceptos legislativos, sin que necesariamente propicie una homogeneización o armonización jurídica.
Por eso, no podemos convenir con la insistencia en la supresión de las declaraciones y reservas presentadas por algunos países en relación con los convenios internacionales, pues ese derecho asegura a cualquier país, en última instancia, la salvaguarda de especificidades y la defensa de su soberanía.
Informe Robles Piquer (A4-0080/98)
Gillis
Respaldo en su totalidad el informe del Sr. Robles Piquer y, en particular, el llamamiento que en él se hace para sancionar a los países en vías de desarrollo que malgastan las ayudas invirtiendo enormes cantidades de dinero en sus presupuestos militares.
Como primer paso, debemos asegurar que la ayuda europea al desarrollo, la principal fuente de ingresos y el mayor apoyo en cuanto a modelo para muchos países en vías de desarrollo, no se desvíe ni utilice con fines militares.
Además, debemos reducir o cancelar la ayuda europea a los países que se nieguen a reducir los gastos militares y sigan usando más del 1 % de su renta anual en armamento y en el ejército.
Las guerras civiles en distintos puntos de África, alimentadas por las inmensas inversiones en armas, están destruyendo el efecto de la ayuda al desarrollo, lo que lleva a la indigencia a millones de personas y genera el problema de las enormes masas de refugiados.
Ha llegado el momento, creo, de informar a los receptores de nuestra ayuda al desarrollo de que los excesos en los gastos en presupuesto militar redundarán directamente en la reducción de esta ayuda.
Por supuesto que no habrá que reducir la ayuda alimentaria en los casos en que haya hambre o exista la amenaza de que se llegue a ello.

Schörling
Los Verdes del Parlamento Europeo apoyamos el informe de Robles Piquer sobre el trabajo paritario de ACP-UE durante el año 1997. También hemos votado favorablemente la propuesta para dar una base para que los representantes de los Parlamentos en ULT (países y territorios no europeos) puedan participar en las reuniones paritarias de ACP-UE, como observadores permanentes.
Estamos muy conformes porque se ha dado carácter de observadores a organizaciones no estatales (ONG) tanto de ACP como de la UE. Creemos que especialmente las ONG de ACP tienen un papel muy importante en los esfuerzos para acrecentar la democracia, derechos humanos básicos y participación de los ciudadanos en el trabajo de desarrollo.

Organización de pesca en el Atlántico Noroccidental (NAFO) - Control de la política 
común de pesca
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0086/98 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 3070/95 de 21 de diciembre de 1995 por el que se establece un proyecto piloto de seguimiento por satélite en la zona regulada por la NAFO; -A4-0019/98 del Sr. Teverson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión relativo al control de la Política Pesquera Común 1995 (COM(97)0226 - C4-0334/97).
Varela Suanzes-Carpegna
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, en el marco de la cooperación en el seno de NAFO, en septiembre de 1995 se aprobó un proyecto piloto de seguimiento por satélite de los barcos que faenan en la zona regulada por dicha organización por un período que, en principio, abarcaba del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997. Sin embargo, en diciembre pasado, se decidió prorrogar dicha experiencia piloto un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre del presente año.
La Comisión consulta al Parlamento sobre esta prórroga para la que, en principio, ya no hay alternativa al haber sido aprobada ya en el seno de NAFO y al haber transcurrido el tiempo preceptivo para ser objetada.
Nuestra posición será, por tanto, favorable. Pero creemos oportuno aprovechar esta ocasión para reflexionar acerca del mantenimiento de los diversos sistemas actuales de inspección y control en la zona NAFO, muchos de ellos nacidos con carácter experimental y cuyo funcionamiento real debe conocer a fondo el Parlamento Europeo en una zona que, como es sabido, se ha convertido en la más inspeccionada, en la más controlada del planeta.
Debe conocer, asimismo, cómo aplican el resto de las partes contratantes de NAFO las distintas medidas y si lo hacen en el mismo grado que la Unión Europea, a fin de que ésta pueda acudir a la reunión anual de NAFO, en septiembre, con una posición sólida apoyada por este Parlamento y que permita establecer un sistema coherente, único y definitivo de control de los buques que faenan en aguas de NAFO.
El sentido de la enmienda aprobada en la Comisión de Pesca del Parlamento es el de asociar a esta Asamblea a esa política de rigor y transparencia.
No está de más recordar que el Convenio NAFO regula la pesca en una zona internacional en alta mar, aunque adyacente a la zona económica exclusiva de Canadá, cuya vecindad ha marcado siempre las relaciones, tensiones y conflictos que se han producido en la zona.
Tras la llamada guerra del fletán, originada por el apresamiento ilegal por parte de Canadá del buque comunitario Estai en aguas internacionales, la Unión Europea y Canadá alcanzaron, no sin dificultad, diversos acuerdos bilaterales -luego multilateralizados en NAFO- acordándose también, posteriormente, la no aplicación de la legislación pesquera extraterritorial de Canadá a los buques comunitarios. Como consecuencia del conflicto se incrementaron también, a petición canadiense, las medidas de control y existe en la actualidad un amplio programa de inspección, que incluye el despliegue obligatorio de al menos un buque de inspección para las partes contratantes con diez o más buques faenando en la zona, además de la correspondiente inspección en puerto.
Es obligatorio, también, el llamado sistema Hail de transmisión y que todo buque lleve a bordo un observador. Se exige, asimismo, dotar a los buques con los mecanismos precisos para su seguimiento por satélite -experiencia piloto que ahora se prorroga y que, según consta en los informes de la Comisión, ha supuesto un importante esfuerzo para la Comisión y para los Estados miembros que asumen, parcialmente, los costes, que han ascendido a unos 500.000 ecus, habiéndose equipado 21 barcos con la tecnología necesaria-.
Parece llegado el momento, como decíamos, de replantearse la situación y buscar un sistema que no discrimine a ninguna flota, se aplique a todas por igual, sea operativo, no solape innecesariamente unos sistemas con otros, sea coherente y esté dotado de la estabilidad necesaria en el tiempo.
Ante esta situación, y en el cumplimiento habido y conocido por parte de la Unión Europea, cabe preguntarse también por el cumplimiento de las obligaciones bilaterales, multilaterales e internacionales por parte de las otras partes implicadas, especialmente de Canadá. La cooperación y la buena fe están reñidas con el mantenimiento de proyectos de ley extraterritoriales que tanto daño han hecho en el pasado reciente.
El mayor peligro para la pesca y para la paz en la zona NAFO, usted lo sabe bien, señora Comisaria, proviene de actitudes como las que ha tenido Canadá y de proyectos de ley, como el actual C-27, que siguen atentando contra el Derecho internacional en general y contra el Derecho del mar, en particular, haciendo interpretaciones torticeras del Convenio de Nueva York de especies transzonales, poniendo en entredicho la propia reglamentación y operatividad del Convenio NAFO y desafiando, imprudente e innecesariamente, la probada buena fe de la que ha hecho gala en todo momento la Unión Europea.
Pido, por ello, a la Comisión que tome cartas en este asunto.

Teverson
Señora Presidenta, la política común de pesca es, sin duda, el instrumento más importante para asegurar que tendremos poblaciones de peces sostenibles en las aguas de la Unión Europea. Como todos sabemos, el control de la pesca es una tarea sumamente difícil. Una parte del problema consiste en la seria desconfianza existente entre las distintas autoridades nacionales -y hasta me atrevería a decir que entre los parlamentarios aquí presentes-, además de la habitual en la industria, cuando se trata de saber qué y cómo está faenando una determinada flota, qué establece la política común de pesca y qué mecanismos de control se aplican.
Estos informes anuales al Parlamento -éste es el segundo- son una excelente idea. La primera vez que supe que se iban a elaborar, tuve la esperanza de que fuésemos capaces de pasar por encima de malentendidos y habladurías, para ocuparnos verdaderamente de la forma en que se ponía en práctica la política común de pesca. Debíamos comprobar si los controles estaban funcionando bien no sólo en la Unión como conjunto sino también entre los Estados miembros.
En cambio, por segunda vez tenemos un informe que está lleno de cuadros y de estadísticas que lo convierten en algo muy seco. Estas estadísticas no son comparables entre los distintos países y son difíciles de interpretar, lo que significa que no ha habido un aumento de la confianza ni de la comprensión entre los Estados miembros o en la industria en cuanto al buen control que se aplique a esta última. En rigor, estamos ante una prolija explicación de culpas y problemas y, de momento, en estos informes anuales, si es que hay alguno, son muy pocos los signos de progreso o de mejora a lo largo de ese periodo.
Pero no es sólo esto, pues además el informe tiene gran retraso. Se trata de datos de 1995, lo que significa que estamos lejos de todo esto. Los principales defectos de este informe son que las estadísticas no son comparables, que no existe un plan de acción para buscar soluciones a los problemas y no se señala ninguna responsabilidad en cuanto a la causa por la que la política común de pesca está como está. Cuando se ven las referencias al año citado, se advierte que no ha habido mejoras ni se han dimensionado los problemas. Todos sabemos que existe la pesca ilegal y que se desembarcan capturas ilegalmente. No obstante, no se intenta medir la proyección del asunto. Es decir que una vez más se nos presenta un informe sin nervio.
Una de las verdaderas preocupaciones de todos los que estamos comprometidos con la industria pesquera, en especial los parlamentarios aquí presentes, es una vez más la absoluta falta de voluntad política de los Estados miembros para hacer que esta política funcione. Si no conseguimos que funcione, no habrá posibilidad de políticas sostenibles ni de un sector pesquero estable para el futuro, algo por lo que este Parlamento tendría que estar muy preocupado. De hecho, el Reglamento pide que, tras cada uno de estos informes, los Estados miembros informen a su vez sobre lo que han puesto en práctica para que haya progresos en el tema. No hay ningún registro de que algún Estado miembro haya informado algo después del anterior informe. Ningún Estado miembro se ha tomado el trabajo de hacerlo y esto es motivo de grave preocupación. Yo diría a la Comisión: Sean valientes, esté donde esté, señalen la falta. Digan cuáles son los Estados miembros en los que no funciona la política. No seamos tímidos. Se supone que este informe da a conocer los problemas de la política común de pesca. Tenemos que hablar de ellos. La Comisión tiene sus propios inspectores, profesionales que comprenden lo que se juega y que tendrían que hacernos llegar algunos datos acerca de lo que pasa de verdad. No finjamos que estas estadísticas nos dicen algo. La verdad es que allí fuera hay muchos problemas.
Deseo que en el futuro los informes lleguen a tiempo, que sean claros para indicar dónde están los problemas y que se proyecten hacia adelante. Quiero ver un plan de acción nacido del informe y me complace decir que, después de la elaboración de este informe, la Comisión ha preparado uno. Se publicó en febrero y cuando llegue su turno vendrá al Parlamento. Sin embargo, aunque este informe no cuantifica todos los problemas que conocemos, espero que represente el comienzo de un capítulo nuevo. Este informe representa una oportunidad perdida, aunque espero que el plan de acción que el Parlamento aún tiene que discutir sea el inicio de una verdadera reforma.

Kindermann
Señora Presidenta, voy a hablar sobre el Informe Teverson. Quien hay leído el informe de la Comisión no puede más que adherirse a la posición del ponente. Pero nos debe causar cierta preocupación que desde la aparición hace un año del primer informe no se haya producido ninguna mejora de los controles y que, evidentemente, haya una falta de voluntad política por parte de los Estados miembros. También hay que lamentar que le informe de la Comisión sea tan escaso y tan poco elocuente. Prácticamente se tiene la impresión de que la Comisión se quiere deshacer de una penosa obligación. Es demasiado pasiva y titubeante en un asunto que requiere una gestión decidida.
Sería absolutamente necesario, por ejemplo, que la Comisión diera instrucciones precisas a los Estados miembros acerca de como deben proceder, de modo que reciban datos uniformes ya que sólo así pueden ser éstos comparados y puede elaborarse un informe que al final no arroje más preguntas que respuestas.
También sería necesario un plan de acción relativo a la mejora de los controles realizados por los estados miembros, un plan de acción que contemple todos los aspectos de la política común de pesca, también, por ejemplo, los canales de desperdicios. Uno de los objetivos fundamentales del plan de acción debería estimular no sólo la cooperación entre los Estados miembros sino también entre éstos y la Comisión.
La Comisión tampoco podrá evitar reflexionar seriamente sobre una armonización de las sanciones, ya que sólo la intimidación preserva de las violaciones y sólo con sanciones uniformes se puede contribuir a que las medidas de vigilancia adquieran mayor credibilidad entre los pescadores de los Estados miembros.
Esto también es el concepto clave de mi última consideración. Quisiera destacar especialmente una frase del informe del Sr. Teverson: "El informe anual de la Comisión sobre los controles de la Política Pesquera Común debería contribuir al mantenimiento de su credibilidad». Me temo que este informe de la Comisión no ha cumplido completamente sus obligaciones.

Langenhagen
Señora Presidenta, los conflictos sólo los podemos enfrentar de manera conjunta. Esto también lo expresa el Informe Varela. En el marco de las desavenencias entre la UE y Canadá, que alcanzaron su punto extremo en marzo de 1995 conduciendo a una violación del derecho internacional, la decisión actual de la NAFO debe ser enjuiciada de forma muy positiva. La prórroga del proyecto piloto de navegación por satélite de las naves del ámbito de la NAFO pone los cauces de un mar en paz en el marco de la política internacional de pesca. Probablemente también fue ésta el motivo de la prolongación del proyecto. Es desde luego positivo, porque así puede fortalecerse el actual estado de paz. Nuestro objetivo no puede ser otro que introducir en el área de jurisdicción de la NAFO la vigilancia por satélite de determinadas naves. Como control de las medidas de formación de un inventario esto parece absolutamente exigible.
En la Comisión de Transporte y Turismo votaremos la semana que viene sobre la primera comunicación de la Comisión sobre la introducción de un sistema europeo de navegación por satélite en el tráfico aéreo. No es sólo mi opinión que este sistema es necesario y convincente para Europa. Tres años son suficientes, en lo que respecta al ámbito NAFO, para tomar la decisión de aplicar la vigilancia por satélite. Esta decisión es apremiante, ya que en la próxima sesión anual de la NAFO en septiembre de este año, se debería aportar una línea común de la UE respecto de las medidas de control y ejecución en el ámbito pesquero. La Comisión de Pesca apoya por eso la enmienda n&#x015F; 1, ya que una uniformización de los sistemas de control en el ámbito NAFO supone un paso más hacia un futuro sin conflictos. Del mismo modo el informe de la Comisión sobre los controles efectuados nos debería situar a todos en disposición de poder extraer conclusiones. Al Parlamento y a la Comisión se le solicitan, por tanto, las acciones oportunas.
En relación con el Informe Teverson: es cierto que ha llegado la hora de alcanzar sólidos y eficaces métodos de control para el cumplimiento de la política de pesca común. ¿ De qué sirven las leyes y los acuerdos si luego no son socialmente eficaces? Muchas de las personas que me visitan se extraan de que se fume en el Parlamento, a pesar de que está prohibido y se recuerda por numerosos carteles. ¿Qué ocurre en los mares? Allí no hay carteles y las directivas de la política de pesca común las conocemos todos. Sin embargo son infringidas a menudo, no son controladas ni satisfactoriamente ejecutadas. La credibilidad de un sistema se pone en entredicho con comportamientos como éstos. El exceso de pesca sólo podrá ser evitado con una vigilancia muy estrecha de las actividades de captura y con un la introducción de un sistema sancionador eficaz o, mejor aun, tal y como dice la Comisión, con un apoyo, también financiero, para los estados que actúen responsablemente, y gracias a Dios su número se está incrementando.
Junto con este principio de elogio en lugar de sanción un plan de acción de la Comisión puede ser una aportación muy considerable. Aguardamos su elaboración.
De todos modos la Comisión elogia en su informe la cooperación entre los Estados miembros para posibilitar unos controles más eficaces. Algunos Estados, sin embargo, y este es un misterio abierto, no toman la correcta posición respecto de la política de pesca. Sin la colaboración de éstos nuestro trabajo pasará desapercibido, de forma parecida a los carteles de prohibición de fumar del Parlamento.

Virrankoski
Señora Presidenta, el informe de la Comisión sobre el control de la política común de pesca durante el año 1995 no es un texto de lectura especialmente agradable. El aprovechamiento de los recursos pesqueros comunes es egoísta. La mayor parte de los Estados miembros no respeta las reglas adoptadas por común acuerdo, sino que, entre otras infracciones, permite que se rebasen continuamente las cuotas de captura. En su informe, el Sr. Teverson aborda estos problemas sin tapujos y exige medidas severas. Desearía mostrar mi agradecimiento al Sr. Teverson por haber elaborado un informe tan valiente e imparcial y por haber acometido esta cuestión sin prejuicios de ningún tipo.
La pesca se diferencia del resto de las actividades profesionales en que es imposible incrementar los recursos pesqueros. Las medidas se centran únicamente en la gestión de los recursos existentes y en el control de su buen aprovechamiento. Así pues, los instrumentos de los que dispone la política común de pesca son prácticamente de carácter restrictivo, y no permiten incrementar en lo más mínimo los recursos existentes.
Habida cuenta de que las actividades pesqueras se desarrollan con frecuencia en alta mar y en pequeñas unidades, por lo general es difícil efectuar un control de las mismas. Sin embargo, estas dificultades se agravan aún más si los Estados miembros no se muestran dispuestos a aplicar dicho control. Las posibilidades de que dispone la propia UE son reducidas. Las disposiciones en vigor son complicadas y difícilmente controlables desde un punto de vista técnico. A pesar de que se ha desarrollado, y se sigue desarrollando, todo tipo de métodos de control, los resultados no son especialmente positivos.
El sector de la pesca se ve marcado particularmente por la desconfianza que existe entre los grandes países pesqueros. La evolución de los acontecimientos hasta el día de hoy demuestra que las complejas disposiciones que rigen el sector amenazan con conducirnos a un callejón sin salida. Por este motivo, y desde una perspectiva liberal, se deberían lograr unas disposiciones más simples y un control más fácil, económico y eficaz.
En el futuro, la política común de la pesca tendrá únicamente éxito si cuenta con el respaldo real de los Estados miembros. El número cada vez mayor de normas, el aumento de la burocracia y un control más exhaustivo no podrán nunca, de por sí, garantizar el éxito político. Por este motivo, el futuro de la política de pesca depende de nuestra voluntad real para desarrollarla o no.
Los recursos pesqueros constituyen una fuente de alimentos importante y, por su valor nutritivo, valiosísima. Por ello, debemos proteger estos recursos de la pesca abusiva, a fin de garantizar su conservación de cara a las generaciones venideras.

Seppänen
Señora Presidenta, el objetivo fundamental de la política común de pesca es la aplicación de un sistema de gestión sostenible de los recursos pesqueros. En el mar Mediterráneo se conocen los problemas ocasionados por la captura de atún con redes de enmalle de deriva. A esto se le llama explotación abusiva del medio natural.
En el norte tenemos un problema específico de carácter económico, ecológico y, también, lingüístico. Me estoy refiriendo a la pesca del salmón. El denominado salmón salvaje nace en determinadas zonas fluviales, vive en el mar Báltico y en sus golfos, y regresa para desovar a su río natal. Este salmón es denominado salvaje a causa de la peculiaridad de sus genes. De acuerdo con la clasificación de la UE, se trata de una especie protegida.
Los salmones salvajes conviven en el mar Báltico con salmones de vivero, que carecen del componente genético original tan valioso de los salmones salvajes. En las aguas meridionales del mar Báltico, estos salmones de vivero componen las capturas principales que se llevan a cabo por medio de redes de enmalle de deriva. No obstante, estas mismas redes atrapan también un número menor de salmones salvajes camino de la reproducción. Los salmones salvajes representan aproximadamente un 10 % de la población total de salmones del mar Báltico.
El Gobierno finlandés exige que se contemple una excepción para el mar Báltico por lo que respecta a la prohibición de utilizar redes de enmalle de deriva que está sacando adelante la Comisión. De este modo, pretende dirigir las capturas finlandesas de salmón a treinta o cuarenta tripulaciones, mayoritariamente procedentes de las islas Åland, a pesar de que esto significaría la perdida del genoma del salmón salvaje y de las condiciones para desarrollar una pesca mucho más productiva en los ríos natales de esta especie. Cuando consiguen llegar a sus aguas fluviales para reproducirse, los salmones salvajes pesan aproximadamente el doble que los que son víctimas de capturas secundarias junto a los salmones de vivero en alta mar.
El Reino Unido, que ejerce en la actualidad la presidencia comunitaria, deberá propugnar con determinación en la reunión de ministros de pesca que se celebrará a finales de mes una estrategia que consiga prohibir la utilización de la pesca con redes de enmalle de deriva. A continuación, deberá incluir esta medida en los informes sobre el control de la política común de pesca. Habida cuenta de que la política en materia de pesca constituye una cuestión comunitaria, la Comisión debe ceñirse al principio comunitario incluso cuando los Gobiernos, como es el caso ahora del finlandés, están equivocados.

McKenna
Señora Presidenta, apoyamos el informe del Sr. Teverson y las conclusiones a las que ha llegado. Refrendamos la resolución, en especial los comentarios acerca de la falta de un análisis global, y las críticas de la Comisión a los Estados miembros y a la ausencia de un avance en la vigilancia de los circuitos de comercialización. Como descubrí en 1994, cuando fui ponente del informe sobre este mismo tema, el nivel de vigilancia y de control de los barcos de la UE varía mucho de un país a otro, pero en ningún caso es satisfactorio. Los Estados miembros, al parecer, no tienen la voluntad política de cumplir con sus obligaciones. Este problema es capital. Si los Estados miembros no pueden hacer lo que se supone que deben hacer, la Comisión tendría que ponerse dura con ellos y considerar por medio de qué vías legales debería obligarlos a actuar. Al final del día quizá podríamos considerar si la vigilancia habría de ser ejercida por la Comunidad, porque en la actualidad los Estados miembros no están cumpliendo con esta obligación. Está muy claro que en esto hay una falta de voluntad política, y es preciso hacer algo al respecto.

Weber
Señora Presidenta, hoy nuevamente nos vemos ante el serio problema de la gestión de los recursos naturales. La disputa entre Canadá y la UE surgió en 1995 cuando los bancos de peces se salieron de las 200 millas náuticas de la zona de soberanía canadiense, y los canadienses decidieron proteger esos bancos de peces en aguas extraterritoriales. A diferencia de la mayoría de los colegas de este Parlamento, en esa ocasión estuve por completo de acuerdo con las medidas aplicadas por Canadá. Todavía creo que los canadienses tenían razón, porque los peces no se dan cuenta de dónde termina la zona de las 200 millas y empiezan las aguas internacionales.
Hoy me felicito de que ese conflicto se resolviera sobre una mesa de negociación. Canadá aceptó la no aplicación de la legislación pesquera extraterritorial en aguas internacionales de la NAFO. También hubo acuerdo sobre varias medidas de control, entre ellas, un acuerdo por el que se establece que cada barco vaya equipado con un sistema de seguimiento por satélite. Esto es lo que hoy discutimos.
Mi grupo aprueba por completo el proyecto piloto de seguimiento por satélite. Pensamos que este sistema es una medida de control seria para evitar los excesos en las capturas. Por consiguiente, apoyamos en su totalidad las recomendaciones del Sr. Varela Suanzes-Carpegna y del Sr. Teverson, a quienes felicitamos por haber logrado la unanimidad en la Comisión de Pesca.

Van Dam
Señora Presidenta, la credibilidad de la política pesquera europea está o pasa por una buena política de control en todos los Estados miembros. El informe anual de la Comisión relativo a las actividades de control en los Estados miembros cumple, por tanto, una función útil. Sin embargo, a fin de lograr una buen imagen del control e intensidad en cada uno de los Estados miembros, los registros deberán mejorarse considerablemente. El informe del año 1995, realmente no es nada más que una interesante panorámica de las diferentes actividades de inspección efectuadas en los Estados miembros.
No es posible comparar la eficacia entre los Estados miembros a partir de este informe. Los sistemas de control son demasiado diversos para ello y el registro de los resultados en el informe de la Comisión es demasiado limitado.
El registro relativo a las infracciones es incluso particularmente conciso. Tales datos son sumamente esenciales para lograr una buena imagen de la dimensión de este problema. Algunos Estados miembros no suministran, incluso, ninguna información sobre las infracciones, mientras que otros se limitan a mencionar el número de las mismas, sin señalar su naturaleza. La mayoría de los Estados miembros omite toda la información relativa a las penas y multas impuestas.
Sin abogar por un derecho penal europeo, quiero indicar la necesidad de que las sanciones sean coordinadas cuanto antes entre los Estados miembros. El efecto disuasorio debe ser comparable en toda la Unión.
Por último, la problemática de las capturas ilegales. Es preciso que se aborde mejor esta cuestión. Existen serias sospechas de que en algunos Estados miembros se llevan ilegalmente a puerto grandes cantidades de pescado con las que se dobla la cuota. La BBC informó a finales de 1996 de que en el Reino Unido un cuarto del pescado se desembarca ilegalmente. Hasta ahora, la Comisión no ha confirmado ni desmentido esa información. Sin embargo, también en otros muchos países son necesarios los controles sistemáticos de las capturas en combinación con la obligación de presentación. En los Estados miembros que tienen muchos puertos, esto seguramente genera problemas respecto de la organización necesaria. Sin embargo, la problemática es lo suficientemente seria como para intensificar considerablemente los controles.

Medina Ortega
Señora Presidenta, con respecto al informe del Sr. Teverson sobre el informe de la Comisión sobre el control de la política pesquera común, yo querría señalar 5 puntos a la señora Comisaria.
En primer lugar, el tiempo: es decir, el informe es del año 1995 y estamos en marzo de 1998. La pregunta que le hago a la Comisión es si no sería posible tener el informe, por ejemplo, para 1999 y unir 1996, 1997 y 1998 en un solo informe de forma que podamos ver las cosas con mayor rapidez.
En segundo lugar, señora Comisaria, el informe nos ha sabido a muy poco porque, en definitiva, lo que ha hecho la Comisión, o lo que han hecho los servicios de la Comisión, -que es lo que figura ahora en las páginas 10 a 59, es coger los informes nacionales, ponerlos en una carpeta y traerlos. La Comisión sólo ha hecho las páginas 3 a 8 -que son 5 páginas- y luego unos cuadros muy elementales. Y los cuadros son tan elementales que por darle un ejemplo -que espero no considere odioso-, en uno de ellos se dice: »El número de inspectores en España es de 30». Y, en una nota a pie de página -la nº 4-. se añade: »A esta cifra, que corresponde a los inspectores nacionales radicados en Madrid, deben añadirse 232 inspectores que actúan al servicio de las autoridades de las comunidades autónomas -es decir, que no hay 30, sino 252 inspectores. Y, por otro lado, con respecto a Italia, se afirma: »En teoría, unas 5.200 personas se dedican a algún tipo de inspección de la pesca». Teniendo en cuenta que la pesca en Italia no es una actividad muy importante, da la impresión de que cada pez es inspeccionado por algún italiano -lo que no creo que sea verdad-. Por tanto, yo le pediría a la Comisión que el próximo informe sea más uniforme, por lo menos que se elaboren un poco más los datos.
En tercer lugar, falta de controles comunitarios. Y lo que me preocupa no es sólo que no haya controles comunitarios, sino que todas las conclusiones, que figuran en la última página del informe, van dirigidas a la cooperación entre Estados; es decir, todo se apoya en el control por parte de los Estados. Y esto, encomendar a los Estados pescadores que controlen a sus propios pescadores, es como pedirle a las organizaciones de cazadores que controlen a los propios cazadores. Esto no será posible. Es algo en lo que estamos insistiendo.
En cuarto lugar, poca financiación. Y esto lo reconoce, con valor, el propio informe de la Comisión cuando dice: »Como consecuencia de los fraudes se pierden entre 7.000 y 8.000 millones de ecus al año», y nos estamos gastando 300 millones en control, es decir, que si gastáramos más, ahorraríamos dinero. La pregunta es si no es posible aumentar los medios financieros para mantener ese control -sé que la Comisaria me va a decir que la facultad presupuestaria corresponde al Parlamento.
Y para acabar con una nota positiva, señora Comisaria, lo positivo son los nuevos sistemas, los sistemas de control por satélite e, incluso, el sistema de control NAFO, del cual nos ha hablado el Sr. Varela. Discrepo en una cosa con el Sr. Varela, y es que el Sr. Varela pide otro informe sobre la NAFO. La pregunta es: ¿no sería posible que pronto nos presentaran un informe conjunto de forma que, en vez de tener diferentes informes, tengamos uno solo que incluya la NAFO y los nuevos sistemas?

McCartin
Señora Presidenta, considero que el informe del Sr. Teverson es un esfuerzo muy honesto por dejar claramente establecida la opinión de la Comisión de Pesca. He escuchado con mucha atención a la Sra. McKenna. Me interesa señalar que mientras ella se opone habitualmente a la existencia de la Unión Europea, esta mañana quiere otorgarle más competencias como policía de los mares. Estoy de acuerdo, por supuesto.
Como persona interesada en la imagen de la Unión Europea, a veces querría yo que no tuviéramos la responsabilidad de una política pesquera común. Podríamos haberla convertido en algo útil para la Unión Europea. Podría haber sido una pequeña joya de perfección. Todo lo que podemos decir, supongo, es que los pescadores de la Unión Europea no han hundido los barcos de otros pescadores, ni se han matado peleando en los caladeros, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Pero aparte de esto, ha sido un fracaso inmenso.
Hay que hacer dos consideraciones. Una es medioambiental: la salud de los mares. La otra es económica. Podríamos haber mejorado el medio marino notablemente y, al mismo tiempo, podríamos haber preparado para el futuro, al menos, un modo de vida mejor y más beneficios para los pescadores. Pero al parecer hemos ignorado todas las señales de advertencia. Cuando venimos aquí y nos quejamos del fraude en el campo de los gastos de la Comunidad, se nos dan explicaciones, cifras y una acción, pero jamás en el ámbito de la pesca. No hago responsable a la Comisión, pues todo se debe sólo a la falta de voluntad política en los Estados miembros y a la falta de confianza que existe entre los pescadores y los Gobiernos. Tenemos que trabajar con mucho mayor empeño dentro de la Unión Europea, si queremos convencer a todo el mundo. Si se encuentra un pez muerto en un río, lago o cualquier curso de agua de cualquier punto de la UE, se produce una guerra, se lleva a alguien ante un tribunal y la gente tiene que comparecer ante la justicia. Miles de toneladas de pequeños pescados se arrojan anualmente al mar. Nadie presta atención al asunto.
Quiero formular una queja específica. Yo tengo que ocuparme de estas cosas en mi propio distrito: los pescadores de la costa occidental de Irlanda se quejan de las capturas excesivas que hacen los barcos neerlandeses debidamente registrados. Aseguran que esos pescados se descargan en Las Palmas y que no hay allí vigilancia ni control. No quiero mostrarme como un nacionalista. Creo que todos los pescadores tienen una parte de culpa. Pero me gustaría que al menos las quejas concretas se registraran, comentaran y solucionaran.

Hardstaff
Señora Presidenta, también yo quiero felicitar a los ponentes por sus informes. Es común a ambos documentos, el del Sr. Varela Suanzes-Carpegna y el del Sr. Teverson, la preocupación por la necesidad de una vigilancia eficaz y el refuerzo de los acuerdos de pesca internacionales y comunitarios. Como ya se ha dicho, debemos asegurarnos de que todas las medidas estipuladas en esos acuerdos se apliquen, para que las poblaciones de peces se mantengan en un nivel sostenible.
Como todos sabemos, las comunidades pesqueras europeas albergan la honda sospecha de que los pescadores de otros países se burlan de la normativa y, por lo tanto, no comprenden por qué ellas tendrían que respetarla. Éste es el motivo primordial de la ira y el resentimiento que suscita la política común de pesca. El hecho de que en marzo de 1998 discutamos el informe que la Comisión ha elaborado sobre la política común de pesca durante el año 1995 nos indica con cuánta lentitud se adoptan decisiones sobre la acción coercitiva.
Por consiguiente, apoyo la propuesta de la Comisión de ampliar la aplicación del proyecto piloto de barcos dotados del sistema de seguimiento por satélite en la zona regulada por la NAFO hasta el 31 de diciembre de 1998. Por supuesto que esperamos que esto no se limite a ser un proyecto piloto que llegue a su término al final de este año, sino que se convierta en la base de un sistema amplio de seguimiento por satélite, aplicado en adelante a un área mucho mayor, incluido el Mediterráneo, donde los barcos comunitarios estén sujetos a cuotas y controles.
Necesitamos dar noticia de la efectividad del proyecto piloto antes del fin de este año, para que se puedan hacer las enmiendas y ampliaciones necesarias del conjunto, si resulta ser el valioso apoyo a la conservación de las poblaciones de peces que todos queremos alcanzar.

Imaz San Miguel
Señora Presidenta, yo quería empezar felicitando a los ponentes, Sr. Varela y Sr. Teverson.
La verdad es que el control pesquero, estamos todos de acuerdo, presenta numerosas deficiencias -y este informe así lo recoge. Por un lado, como ya decía el Sr. Medina, por la falta de medios de la propia Comisión en esta materia, en la cual, como Parlamento y como autoridad presupuestaria, también tenemos alguna responsabilidad y, por otro, por la falta de voluntad política de muchos Estados miembros. Y esto es un error porque, si no se controla adecuadamente la pesca, estamos haciendo una débil política en la medida en que estamos atacando a los recursos de los cuales depende la subsistencia futura de la pesca.
Pero, además, también hay flotas legales. Hay flotas que están actuando cumpliendo todas las medidas técnicas. Con lo cual, en la medida en que el control es deficiente, estamos haciendo poco competitivo al que respeta la reglamentación. Y en la medida en que incrementamos las exigencias de las medidas técnicas, estamos incrementando la descompensación en competitividad de las flotas que cumplen todas las medidas técnicas. Por lo tanto, este es un problema que exige una solución. Y algunas medidas en este sentido se apuntan en el informe, por lo cual quiero felicitar a los ponentes.
Pero, además, este informe dice otra cosa bastante importante: que el control no debe aplicarse únicamente en la fase de extracción; también debe hacerse hincapié en el control en los mercados y en la comercialización. Y se pide también a la Comisión que investigue determinados fraudes que se pueden estar produciendo. El fraude, por ejemplo, en el sistema de preferencias generalizadas con los países de la droga, en el tema de los lomos de atún.
Usted, señora Comisaria, escribió ayer un artículo muy bonito sobre el tema de la droga y sobre las barbaridades que en algunas ocasiones se están cometiendo. Yo creo que la pesca también es una fuente de fraude y, además, ..., no es falta de solidaridad en este tema, pero la solidaridad de la Unión Europea la tienen que soportar todos sus sectores económicos, y no fundamentalmente el sector pesquero.
Y hay otro aspecto del fraude que también me gustaría subrayar y que se denuncia en este informe. Es el posible fraude en el bacalao que puede estar entrando, vía Noruega, de cuotas de otros países. O sea, de las 800.000 toneladas de bacalao del Ártico, de las cuales Rusia tiene prácticamente el 50 % de la cuota, existen fundadas sospechas de que parte puede estar introduciéndose en los mercados comunitarios vía Noruega. Por tanto, este informe también subraya que se profundice en las medidas de control, y yo animo a la Comisaria a que, con el coraje que le caracteriza y con las conclusiones de este informe y, por supuesto, las políticas que la Comisión lleva a cabo, profundice en el camino del control de la política pesquera porque éste será, sin duda, un aspecto importante para tener una pesca sostenible en el futuro.

von Habsburg
Señora presidenta, el Informe Teverson al que me voy a referir es un de los más deprimentes que se hayan podido leer. Porque los que se acuerden como yo de que antes nos decían que el mar era el futuro, que los recursos eran ilimitados, que todo estaba a nuestra disposición y que ahora, algunos años después, tenemos que leer lo que el Sr. Teverson ha dicho, no podemos sino encontrarnos ante un panorama desolador. Por otro lado hay que decir que hay algunos motivos para sentirse optimistas, no sólo por el hecho de que tengamos un extraordinario comisario de pesca que ha conseguido llevar adelante de forma enérgica numerosos asuntos. Sin embargo también es un hecho que seguimos dependiendo de los gobiernos nacionales, que no tiene ninguna voluntad. Son demasiado débiles, tanto en las cuestiones de seguridad como de política. La debilidad de nuestros gobiernos es la debilidad de Europa, por ello afecta que nuestro continente desempeñe un papel tan triste en este sector, teniendo en cuenta además que sólo se discute sobre los europeos. Los verdaderos delincuentes del mar son los rusos, los americanos y los japoneses con sus grandes industrias, que de hecho destrozan el lugar por donde pasan. Sólo hay que ver las costas de Sudamérica para comprobar lo que allí ocurre.
Creo que el Informe Teverson es una señal para que, lo antes posible, volvamos a solicitar de nuestras administraciones una actuación más enérgica porque sino todavía consiguen hundir Europa.

Bonino
Señora Presidenta, señoras y señores, me felicito por estos dos informes porque no sólo aportan respuestas muy precisas sobre diferentes cuestiones, sino que, además, brindan la oportunidad de abrir un debate muy importante sobre las medidas de control y el reparto de las responsabilidades. Así pues, conviene establecer las responsabilidades de cada uno en materia de política común, ya se trate de la pesca o de la agricultura, poco importa, puesto que desde el punto de vista jurídico se trata del mismo sistema.
Primeramente, me permitiré hacer dos reflexiones. Como ustedes saben, yo soy muy pro europea, y espero mucho de las múltiples intervenciones que he oído hoy, ya que incluso la mayoría de los diputados que tienen una actitud más reservada con respecto al control de la pesca han pedido más poderes para la Comisión. Me congratulo por ello porque, precisamente, se trata de uno de los elementos que hacen que, en materia de control, ya sea en el ámbito pesquero o en otros ámbitos políticos, la situación no sea satisfactoria.
La segunda reflexión se refiere a los dos informes que discutimos conjuntamente. El primero de ellos, el informe del Sr. Varela, sugiere en grandes líneas -si el Sr. Varela me permite- que la Comisión admite controles demasiado rígidos. Es lo que me ha parecido entender. Subrayo, por otra parte, que la Comisión aceptaría considerar, e incluso desearía hacerlo, como el Sr. Varela ha sugerido, un análisis más complejo de todos los sistemas y medidas de control. En cuanto a sentar todo esto por escrito, no seríamos tan propensos a ello, por razones evidentes de confidencialidad, que el Sr. Varela puede comprender, con respecto no sólo a las partes contratantes, sino también a los terceros. Pienso que podemos atenernos a un enfoque bastante pragmático.
El segundo informe, el informe Teverson, sugiere evidentemente que la Comisión no es lo suficientemente severa en materia de control. De acuerdo, pero considero que es importante precisar diversos aspectos. Para ello me apoyaré quizá en el esquema que me ha esbozado el Sr. Medina, al formularme sus cinco preguntas.
En primer término, los plazos. Estamos en marzo de 1998, y examinamos un informe que se refiere a 1995. Ustedes saben cómo se elaboran estos informes, conocen muy bien el procedimiento. Son los estados miembros los que elaboran informes nacionales, provisionales. La Comisión, señor Medina, no se contenta luego con colocar una palabra tras otra, sino que tiene que organizar debates bilaterales sobre los informes provisionales, ya que los Estados miembros tienen el perfecto derecho de volver a discutir con los servicios de la Comisión antes que se publique nada, y responder a todas las preguntas. Y para ello la Comisión dispone de veintidós inspectores; quizá habría que hacer constar en el acta que en el ámbito de la política pesquera común, la Comisión dispone de "veintidós inspectores», y que, en definitiva, los controles son, en primer término, responsabilidad de los Estados miembros. Eso es lo que el Tratado y el Reglamento disponen. ¿No piensan acaso, como yo, que esta forma de construir Europa no es satisfactoria? Lo cierto es que, por el momento, el control es ante todo responsabilidad de los Estados miembros. De ahí ciertas carencias en el plano jurídico y en el plano de los recursos humanos y de los medios financieros. Por consiguiente, es difícil, señor Medina, saber incluso de cuántos inspectores disponemos. Nosotros recogemos, por tanto, los datos que nos proporcionan los Estados miembros.
Y quizá este sea el momento y el lugar para volver a leerles el contenido del apartado 3 del artículo 32 del Reglamento de control, que dispone: "Cuando funcionarios de la Comisión -es decir, veintidós para quince Estados miembros, en alta mar, mercados y puertos- participan en una investigación o inspección, esta investigación la realizan siempre los funcionarios del Estado miembro. Los funcionarios de la Comisión no pueden, por propia iniciativa, ejercer los poderes de inspección otorgados a los funcionarios nacionales». Podría continuar. Cualquier inspección debe ser confiada a inspectores nacionales, que, en teoría, corresponden -por ejemplo en Italia- a un número "x» por pescado. Pero sería interesante saber cuántos son, por ejemplo, en España, si este estado miembro, como otros, pudiese darnos no sólo el número de inspectores de la capital, sino también el de las regiones autónomas.
Por lo tanto, la Comisión no tiene una policía secreta, sino que desempeña simplemente un papel de coordinación de los controles que dependen, precisamente, de las prioridades de los Estados miembros. Dicho esto, hay que deplorar una falta de homogeneidad de los datos. Sí, es cierto, y en cada Consejo la Comisión recuerda a los Estados miembros los retrasos en que han incurrido, así como los compromisos asumidos. Esta es la situación. Quizá se podría hacer algo, como ha dicho el Sr. McCartin. Pero tendríamos que saber qué. En suma, ¿cuál es el problema en este caso? Desde 1995 la Comisión y el Parlamento han votado nuevas disposiciones de control, sobre todo de control por satélite, que justamente pronto entrarán en vigor. Considero que las nuevas disposiciones legislativas nos ayudarán a efectuar un control más satisfactorio; pero considero, también, que quizá tendría que existir una sinergia entre la Comisión, el Parlamento Europeo y, si es posible, los Parlamentos nacionales, para ejercer la presión deseada precisamente allí donde es necesario. Es una tarea ardua, señor Teverson, y concluyo aquí; usted ha pedido a la Comisión: "Be brave, don´t be shy, name the Member States» . Lo siento, no es posible.
En efecto, el servicio jurídico, con razón, no acepta que se mencionen los Estados a falta de pruebas jurídicamente admisibles. Habida cuenta de la falta de autonomía en materia de investigación, es imposible obtener pruebas jurídicamente admisibles.
Por eso es simplemente imposible, en el estado actual del reparto de responsabilidades respecto al control y a cualquier política común, obtener pruebas jurídicamente admisibles sobre lo que todo el mundo sabe, black landing , etcétera.
Señoras y señores, la Comisión podrá, naturalmente, sacar provecho de la voluntad de la Presidencia inglesa de mejorar el sistema de control. Nosotros pensamos concretamente en modificar el Reglamento de control de 1993, y esperamos que con la utilización de las nuevas técnicas, satélites y demás, estaremos en condiciones de mejorar la situación. Pero es indudable que sin la presión y la voluntad de los Estados miembros, nos encontraremos, nosotros y ustedes, en situaciones bastante frustrantes en relación con los plazos, la armonización de los datos, el monitoring y la aplicación directa.

El Presidente
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
En primer lugar, la votación del informe Varela Suanzes-Carpegna (A4-0086/98).
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) Se procede a la votación del informe Teverson (A4-0019/98).
(El Parlamento aprueba la resolución)
Programas de orientación para las flotas pesqueras
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0046/98) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe anual al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 1996 (COM(97)0352 - C4-0393/97).

Cunha
Señora Presidenta, a comienzos del decenio de 1980 la sobreexplotación de recursos practicada por una flota comunitaria de dimensiones desorbitadas comenzó a alcanzar proporciones inquietantes. Ante la gravedad de la situación, la Comisión presentó en 1983 un primer programa de orientación plurianual -el POP- destinado a reducir el esfuerzo de pesca y en el que se establecían, como parámetros fundamentales, el tonelaje y la potencia de los buques.
A ese POP-I sucedieron el POP-II y el POP-III, que abarcaron el período 1992-1996 y que acabó estableciendo metas diferenciadas de reducción del esfuerzo de pesca: 20 % para las especies demersales y 15 % para las especies bentónicas. La reducción global de la flota dependía, así, de su estructura, de las especies pescadas y de las artes utilizadas. El resultado conseguido por el POP-III, que estamos analizando ahora, fue una reducción de la capacidad de la flota en un 15 %, si la medimos en tonelaje, y de un 9, 25 %, si la medimos en potencia.
Como se puede observar por lo que consta en el informe, no todos los países alcanzaron homogéneamente los resultados previstos en el nivel global. Así, países como Dinamarca, Alemania y, en particular, España o Portugal redujeron la capacidad y la potencia de sus flotas. Portugal y España superaron incluso los objetivos fijados. Pero en otros casos no se cumplieron los objetivos e incluso algunos Estados miembros aumentaron la capacidad que ya tenían.
Ante esta situación, conviene hacer algunas observaciones. Las observaciones que figuran en la comunicación de la Comisión muestran que casi todos los Estados miembros tropezaron con dificultades técnicas para cumplir los plazos previstos para la armonización de las unidades de medición del tonelaje de los navíos. Es de esperar que ahora se resuelvan esos problemas técnicos con el POP-IV.
En cuanto a la potencia, la situación es más preocupante, ya que cada Estado miembro tiene un sistema de cálculo diferente. La Comisión debe presentar urgentemente propuestas que faciliten el establecimiento de criterios para su cálculo. Ésa es la única forma como se pueden realizar análisis comparativos en los diferentes Estados miembros y evaluar el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos.
Más grave aún es la impresión que transmite el informe de la Comisión de la escasa voluntad de algunas administraciones nacionales a la hora de comunicar a la Comisión datos fiables sobre el estado de sus flotas y del poco interés que parecen demostrar a la hora de adoptar medidas adecuadas para una reducción de la capacidad de conformidad con los objetivos previstos en los POP.
Así, los incumplimientos de los programas anteriores son aplazados para los siguientes que, a su vez, olvidan lo que quedó atrás. Es preocupante que los objetivos previstos en los programas de orientación plurianual dependan, de hecho, de la buena voluntad de los Estados miembros. Los instrumentos de que dispone la Comisión para obligar a su cumplimiento son de eficacia dudosa y no incentivan la adopción por los Estados miembros de las disposiciones adecuadas para la reducción del esfuerzo de pesca de sus flotas dentro de los límites programados.
Ante esta situación, y dado que la reconversión equilibrada de las flotas nacionales es indispensable para garantizar la conservación de los recursos y el futuro de una pesca comunitaria rentable y competitiva, resulta imprescindible que el Consejo y, por tanto, los Estados miembros asuman sus responsabilidades y, en ese sentido, dispongan medidas coercitivas, dotadas de eficacia real, en caso de que no se cumplan los objetivos fijados en los programas plurianuales.
En la situación actual sería conveniente examinar la posibilidad de inscribir entre esas sanciones la reducción de las cuotas de los Estados miembros, siempre que no se alcancen los objetivos previstos y haya una manifiesta intención dolosa.
Para concluir, quiero felicitar a la Comisión por la calidad de su informe e instar al Consejo a que asuma sus responsabilidades y adopte un régimen que entrañe medidas eficaces en casos de incumplimiento doloso de los objetivos previstos. De lo contrario, estaremos engañándonos unos a otros y, en ese caso, es preferible acabar con la fachada en que en ese caso se transformarán los planes de orientación plurianual.

Kindermann
Seora Presidenta, Seora Comisaria, los Programas plurianuales de ajuste I, II y III desde 1983 hasta finales de 1996 no han podido resolver la desproporción existente entre una flota sobredimensionada de la Unión Europea y el estado crítico del banco pesquero. Para ello hay diversos motivos. Por una parte, en opinión del ponente, fueron las diversas bases de medición de los Estados miembros en el proceso de ejecución de los programas plurianuales de ajuste y por otra la actitud de los Estados miembros en la aplicación de las indicaciones.
Es evidente que ya en la aplicación en los Estados miembros han aparecido grandes diferencias. Con toda la buena voluntad de la Comisión, lo que también atribuyo a los Estados miembros, existe aun una considerable necesidad de recuperación en la aplicación de las indicaciones. Hay que celebrar que de 1992 a 1996 se hayan dado pasos significativos. La flota de la UE se pudo reducir tanto en su tonelaje como en su rendimiento. Pero en el punto crítico de las capturas realizadas esto ha cambiado poco. Por ello es dudoso que se el MAP IV pueda ejercer una mejora significativa.
Esto ya evidenció la oposición de algún Estado miembro a las primeras indicaciones del MAP IV. Las prescripciones finalmente acordadas son en mi opinión un tanto débiles. Si el MAP IV quiere tener el éxito deseado entonces, y en esto coincido con el ponente, la Comisión tiene que adoptar instrumentos que tengan eficacia y no solo dependan de la buena voluntad de los Estados miembros.
Hay un punto que no quisiera que pasase desapercibido: los efectos socioeconómicos sobre los mismos pescadores y también sobre toda la región costera. Creo que aquí residen las mayores dificultades para los Estados miembros en el futuro y espero que la pesca no sea discutida en los debates sobre los fondos estructurales de forma marginal.

Fraga Estévez
Señora Presidenta, lo más interesante del informe del Sr. Cunha -a quien felicito- es que, cuando se han finalizado tres planes plurianuales, aún tenemos que seguir alertando sobre el incumplimiento de algunos Estados miembros, postura egoísta que es la máxima responsable de que no puedan cumplirse los objetivos de conservación y que, además, provoca una competencia desleal con los Estados miembros cumplidores.
Como dice el Sr. Cunha en el considerando C de su informe, la consecución de los objetivos de los POPs constituye un requisito necesario para asegurar un desarrollo sostenible del sector. Compartir esta afirmación -como es mi caso- significa reconocer con frustración que el incumplimiento de algunos Estados impide dicho desarrollo sostenible a toda la flota comunitaria. Y esto es una muestra de insolidaridad inaceptable.
Con la aprobación del POP IV, hemos tenido ocasión de comprobar que se han llevado a cabo ciertos progresos. Particularmente, parece haber quedado claro un mayor compromiso de la Comisión para que esta nueva generación de POPs llegue a término en condiciones equitativas y no discriminatorias para las flotas de los distintos Estados miembros.
Pero me gustaría ir más allá y pedir actuaciones decididas. Por eso, la petición del Sr. Cunha de establecer un sistema de sanciones eficaces, que puedan llegar hasta la reducción de las cuotas de pesca, nos parece adecuada y es una de las razones por las que apoyamos su informe.
Éste, por otra parte, da también un toque de atención sobre la falta de homogeneidad en los sistemas de mediciones, por lo que me gustaría resaltar la necesidad de centrar los esfuerzos en la búsqueda de un sistema homogéneo de equivalencias y un camino que obligue a todos los Estados miembros a presentar datos, y datos ciertos.
Sólo así, señora Presidenta, sabremos verdaderamente las medidas que corresponde tomar para lograr el mencionado desarrollo sostenible de las flotas comunitarias o, como me gustaría mejor decir, de la flota comunitaria.

d´Aboville
Mis respetos, señora Presidenta.
En su evaluación de los resultados del tercer programa de orientación, el ponente se preocupa por el escaso interés manifestado por algunos Estados con respecto a la adopción de medidas tendentes a reducir su flota. Esta negligencia es lamentable, aunque no nos sorprende. Hay que recordar que algunos puertos se han convertido literalmente en esqueletos. Si se rebasa el punto de equilibrio se pone en peligro todo un tejido socioeconómico: la venta de pescado en los puertos, los astilleros, los abastecedores, etcétera. No habría que subestimar las dificultades, infinitamente mayores, relativas a la reducción de potencia que atraviesan algunos países en los que se utilizan más las redes de arrastre que las fijas.
Finalmente, los cálculos tendrían que tener en cuenta esos buques, en cierto modo, apátridas, o con nacionalidad falsa, que se contabilizan como si pertenecieran a un determinado pabellón -cuando es sabido que pertenecen a un pabellón distintotanto con respecto a las cuotas como a los kilovatios.
El ponente insiste en el hecho de que sólo la aplicación de un sistema de sanciones eficaces hará que los organismos nacionales respeten los objetivos establecidos. Entre estas medidas, propone la reducción automática de las cuotas. Personalmente, no creo que sea una buena solución, ya que esta idea sólo sería aplicable si una determinada flota pescara solamente una determinada especie. ¿Qué se hace en el caso de la pesca polivalente y sobre todo con los buques en que el 50 % de sus capturas afectan a especies no incluidas en las cuotas?
Considero, por otro lado, que la suspensión de las ayudas a la construcción es de por sí una medida extremadamente coercitiva, incluso excesiva, puesto que puede perjudicar la seguridad o la mejora de las condiciones de trabajo. Agradezco al ponente por haber tenido en cuenta esta reflexión e incluirla entre los considerandos de su informe.

Novo
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, el informe anual de la Comisión sobre los resultados finales de los POP-III constituye un documento que contribuye de forma decisiva al esclarecimiento de la forma como ha evolucionado la flota comunitaria y sobre el papel que han desempeñado los diferentes gobiernos nacionales en esa evolución.
Del informe resulta evidente, por ejemplo, que mi país ha sido el que más ha avanzado en la aplicación de los POP-III por lo que se refiere a la cuestión fundamental de la reducción de la capacidad de la flota en sus diferentes componentes y segmentos, pues incluso ha superado -de forma que, ante los datos disponibles en el informe, no puedo por menos de considerar incomprensible- los valores propuestos. Y no puedo abstenerme de dejar aquí una nota de incomprensión ante esa actitud de «buen alumno», pues, mientras eso sucedía, otros Estados miembros han fortalecido de forma cínica -podríamos decir- la capacidad de su flota en tonelaje y en potencia o en ambas cosas.
El conocimiento pormenorizado de los datos de este informe debería haber influido más decisivamente en los valores y las estrategias decididas para los actuales POP-IV, que están en vigor entre 1997 y 2001. Tanto la Comisión -en la formulación de las propuestas para los POP-IV- como el Consejo -en las decisiones adoptadas de no insistir en nuevas reducciones de capacidad por parte de los Estados miembros que han cumplido e incluso superado, en cierta medida, los programas de los POP-III- deberían haber tenido más en cuenta esos datos.
La Comisión tiene también algunas responsabilidades a ese respecto, ya que ha demostrado su incapacidad para llevar a la práctica las decisiones de armonizar la medición de los tonelajes de las diferentes flotas, como también ha revelado incapacidad para avanzar en el marco normativo necesario con vistas a armonizar las mediciones de las potencias y también de las productividades de las diferentes flotas.
Sin esos elementos fundamentales para establecer comparaciones y controles fiables, sin el cumplimiento del POP por muchos de quienes disponen de las flotas con las capacidades y productividades más elevadas en la Unión Europea, es difícil convencer a muchos pescadores de la corrección, la transparencia y la equidad con que la Comisión y ciertos Estados miembros abogan, en teoría, por estrategias comunitarias, natural y evidentemente necesarias, de adecuación de la capacidad de la flota comunitaria a los recursos existentes.
La total ausencia de medidas claras contra los prevaricadores, que deberían consistir -como propugna atinadamente el ponente, a quien aprovecho para felicitar-, por ejemplo, en la retirada o la disminución de las respectivas cuotas, y la falta de consideración para con quienes han asumido e incluso exagerado sus responsabilidades, no puede continuar en un futuro próximo.
Permítanme, Señorías, que en nombre de los pescadores y de las organizaciones de productores portugueses, muy castigadas en los últimos años, deje aquí este llamamiento, que es también una reclamación para un futuro próximo.

McKenna
La Comisión y el Sr. Cunha han hecho un buen análisis de los resultados del año final del POP III. Tanto el informe Cunha como el informe Teverson aluden a cosas que son, esencialmente, responsabilidad de los Estados miembros; me refiero al control y a la vigilancia, por un lado, y a la envergadura de las flotas pesqueras nacionales por otro. Ambos informes muestran con claridad que los Estados miembros no se toman en serio sus responsabilidades. Sólo cuatro de los quince países han cumplido con sus objetivos en la etapa del POP III. Todos los demás están por encima de los límites, ya sea en tonelaje o en el número de barcos, al menos en uno de los sectores de sus respectivas flotas. Los cuatro países que han cumplido sus objetivos son España, Portugal, Dinamarca y Finlandia.
El informe de la Comisión es muy amplio, pues aporta datos de hasta qué punto los distintos Estados miembros han cumplido con sus obligaciones pero, para mejorar la calidad del informe, sugiero que se dé cierta idea de cómo cumplieron España y Portugal con sus objetivos, por ejemplo, de lo que ocurrió con los barcos que se eliminaron de los registros, sobre cuántos de ellos se desguazaron, cuántos se vendieron como chatarra, cuántos se hundieron y demás posibilidades. Incluso, cuántos se pasaron sencillamente a otra bandera: cuántos barcos continúan pescando en la Comunidad o en otros lugares bajo lo que en ciertos casos es en realidad un pabellón de conveniencia.
El acuerdo pesquero firmado con Argentina subvenciona el paso a la bandera argentina. ¿Hasta qué punto la reducción de la capacidad pesquera de los Estados miembros ha ido a dar allá y qué efecto tendrá esto en los recursos de aquella región? No podemos hablar sólo de retocar las cifras y quitar barcos del registro nacional para ponerlos en algún otro sitio: debemos mirar adónde van, qué pasa con ellos. Ningún Estado miembro puede darse palmaditas en la espalda a sí mismo si no sabemos con exactitud el resultado de lo que está haciendo. Necesitamos esta información para analizar a fondo lo que está ocurriendo.

Macartney
Señora Presidenta, este debate es muy útil y una gran cantidad de cosas han salido a la luz en su transcurso, lo que no sucede en todos los casos.
Por supuesto, existen razones históricas, y no es la menos importante la actitud del último Gobierno conservador del Reino Unido, por las que no se otorgan fondos para el desmantelamiento sino que se aplica el principio de subsidiariedad y de días en el mar. Es decir que de inmediato nos enfrentamos con un verdadero problema, pues históricamente ciertos Gobiernos, con legitimidad, aplican distintas medidas, con lo que no estoy de acuerdo, pero sé que se hace. No se puede ocultar el polvo bajo la alfombra e ignorarlo por completo. Éste es uno de los problemas fundamentales. Hay otros, a los que se ha referido la Sra. McKenna, acerca de qué es exactamente lo que se mide cuando se habla de la reducción de las flotas.
Al ponente y a todos los que sin empacho hablan de eliminar cuotas, les digo que están jugando con fuego en este tema. Me inquieta descubrir que el apoyo dado por el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica parece estar condicionado por la reducción automática de las cuotas. Este tipo de comentarios es el que alarma a los pescadores y debería alarmar a los Gobiernos de Europa, si la gente piensa que ellos simplemente pueden aplicar una medida así y decir que el Parlamento Europeo está a favor de ella. Debemos preocuparnos un poco más por el Estado y ser más responsables. Me alegra que la Comisaria esté aquí, escuchando este debate. El lunes me sorprendió, cuando propuse que no se votara este tan importante y delicado asunto en día viernes, encontrarme dentro de una pequeña minoría. Los grandes grupos dijeron que no se trataba de un tema controversial. Pocas cosas puedo encontrar más controversiales que la amenaza al principio fundamental de una estabilidad relativa, inserto en la política común de pesca.
Tenemos que mirar todo esto de un modo distinto, y sigo afirmando que debemos elaborar un enfoque más racional del tema. Me consuela el hecho de que se trate de un informe elaborado por iniciativa propia, que no tiene fuerza legislativa, porque si la tuviera, causaría toda clase de estragos en esta industria.

El Presidente
Gracias, señor Macartney.
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones y por el tiempo de dos minutos y medio, el Sr. van Dam.

Van Dam
Señor Presidente, huelga decir que todos los Estados miembros deben cumplir los preceptos de la política pesquera comunitaria. Cuando estos preceptos traen sin cuidado a los Estados miembros deben imponerse sanciones eficaces. Sobre esta cuestión estoy de acuerdo con el ponente. Sin embargo, no considero adecuado vincular la imposición de sanciones exclusivamente con el tamaño de la flota. Los datos sobre el número de barcos y la potencia aportan una información muy incompleta sobre la presión real sobre los recursos pesqueros, especialmente porque los datos se basan en mediciones no fiables y no armonizadas en los Estados miembros, tal como sucede en el informe de 1996. A fin de obtener una imagen exacta de la medida en que los Estados miembros han cumplido las metas de la política pesquera comunitaria, debe prestarse atención a más asuntos. Por ello, pienso en la política de cuotas de la Unión, de hecho, la columna vertebral de la política europea de la conservación de los recursos pesqueros. Los programas de orientación plurianuales están íntimamente relacionados con ello. Con ese instrumento se favorece, después de todo, que los Estados miembros ajusten la capacidad de su flota a la cuota disponible. Hubiera sido apropiado en ese contexto que el ponente, además de dar una visión general del tonelaje y de la potencia en los diversos Estados miembros, también hubiera dado una visión general de la medida en que se ha respetado la cuota. Entonces mis estimados colegas y también el ponente habrían podido ver, por ejemplo, que en los Países Bajos se han respetado completamente las cuotas, a pesar de que la flota no se ha, o casi no, reducido.
Con ello quiero señalar, estimado colega Cunha, que la reducción de la flota no es la única posibilidad para disminuir la presión sobre los recursos pesqueros. El Reino de los Países Bajos ha podido respetar la cuota al limitar la actividad de la flota, el número de días que la flota puede pescar. Debe evaluarse este tipo de arreglos para la gestión del esfuerzo pesquero en los resultados de los programas de orientación plurianuales.
Así mismo, los métodos de pesca influyen en la presión sobre los recursos pesqueros. Así, en los Países Bajos, la longitud de las redes de arrastre de fondo de vara ha disminuido de los 14 a los 12 metros. Según los expertos, con ello, la presión sobre los recursos pesqueros se ha rebajado en un diez por ciento. En el informe anual sobre 1996, eso no se ha tenido todavía en cuenta.
Resumiendo, suscribo la defensa del ponente del endurecimiento de las sanciones, tal como una disminución de la cuota cuando se produce una infracción. No obstante, entonces no se debe evaluar a los Estados miembros por un único aspecto de la política pesquera comunitaria, sino por toda la política en su conjunto. Eso significa que también debe tenerse en cuenta la actividad de la flota y el cumplimiento o incumplimiento de la cuota. He presentado un par de enmiendas con esa intención, 7 y 8, y espero que el ponente esté de acuerdo con ellas.

Medina Ortega
Señor Presidente, siento que no esté la Comisaria porque, realmente, sin la Comisaria este debate pierde algo de su interés, porque yo quería, en primer lugar, felicitar a la Comisión por el informe que ha hecho y, al no estar la señora Comisaria, me quedo con las ganas de darle esta satisfacción; pero, por lo menos, tenemos al ponente, que ha hecho un magnífico informe, y a quien también quiero felicitar. El ponente es una persona que conoce muy bien la situación, y querría destacar que el informe del Sr. Cunha es sobrio y correcto y que, por tanto, aparte de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca, parece difícil aceptar otras enmiendas que puedan estropear el contenido de esa enmienda.
Quisiera destacar lo que destacó antes la Sra. McKenna, pero con una pequeña corrección. La Sra. McKenna dijo que sólo había cuatro países que habían cumplido los objetivos del POM 3 y no son cuatro, sino sólo tres porque, si lee la página 49 del informe de la Comisión con detenimiento, verá que la Comisión pone algunas objeciones con respecto a Finlandia. Así que, en definitiva, sólo España, Portugal y Dinamarca cumplen plenamente los objetivos del POM 3. Esto quiere decir que son los países que dependen relativamente más de la pesca los más interesados en cumplir los objetivos.
El informe del Sr. Cunha señala una serie de puntos con los que estamos de acuerdo: la necesidad de seguir estableciendo criterios armónicos, la capacidad de la flota, la potencia de los buques, etc. y, sobre todo, la necesidad de introducir un sistema de sanciones. La Comunidad ha empezado a introducir sanciones en materia de competencia y, más recientemente, en materia de convergencia.
Lo que propone el Sr. Cunha es algo perfectamente razonable: que se reduzca la capacidad de captura de los Estados que no cumplan los requisitos comunitarios.
Pero también es importante lo que señala el Sr. Cunha en el Considerando B: que el objetivo de la Política Común de Pesca no consiste, necesariamente, en la reducción de la pesca. El objetivo de la Política Común de Pesca consiste en establecer un sistema de pesca equilibrado porque, en el mar, la regla general es que el pez grande se come al chico y se ha establecido un cierto equilibrio biológico en virtud del cual el factor humano (la actividad pesquera) forma parte de ese equilibrio biológico. La adopción de medidas que vayan simplemente dirigidas a reducir el esfuerzo de pesca sin tener en cuenta ese equilibrio biológico pueden, curiosamente, producir efectos negativos porque, por ejemplo, si no seguimos pescando especies depredadoras, los peces que son depredados por esas especies depredadoras van a ver reducido su número.
Creo que, en definitiva, la Comisión va por el buen camino, que el informe Cunha es un magnífico informe y que podemos felicitar a la Comisión y al Sr. Cunha por sus informes.

Langenhagen
Señor Presidente desde comienzos de los años ochenta conocemos las consecuencias negativas de la sobrepesca en los mares de la UE. Como contramedida se introdujeron los programas plurianuales que hoy se han debatido, los llamados MAPs. Este año se trata, por ejemplo, de los de cuarta generación, el MAP IV. Lo absurdo es que no haya unos criterios de valoración uniformes, &#x017C; es que se frena la uniformización a propósito o como es que no podemos a unos resultados satisfactorios a escala europea en función del tonelaje o el rendimiento? Esto debería haberse solucionado ya hace mucho tiempo. También el registro de buques de pesca de la Comunidad presenta fallos que merman su eficacia. Este problema también debería ser resuelto. Para todo ello es un requisito imprescindible la voluntad de aplicar con mayor voluntad las directivas. Los intereses nacionales no deben pesar más que la regulación superior de la política pesquera comunitaria. Además el incumplimiento de los objetivos conducirá a la destrucción de muchas explotaciones pesqueras en tierra, como tarde cuando los bancos pesqueros estén más degenerados.
La compensación de la capacidad común que afecta especialmente a ciertos países obligados a ello no debe impedir que veamos las deficiencias que se producen en el mismo sector en otros países. No nos podemos permitir la resignación que les queda a los países cumplidores. Antes que nada esto debería ser un estímulo para aquéllos que estén más retrasados ya que en el caso contrario no podremos seguir progresando.
Parece que no existen suficientes estímulos para alcanzar los objetivos marcados. El excedente que se produce con los MAPs no parece ser suficientemente motivador. El respeto de las cantidades límite debe ser obligatorio aunque no haya actualmente ninguna sanción eficaz como elemento de ejecución, tal y como ya he descrito.
Una restricción en la cuota también podría ser eficaz, como ha propuesto el ponente. Aunque más importante aun, lo recalco de nuevo, sería la perspectiva de los Estados miembros. Porque los Estados miembros son los portadores de la responsabilidad. Aprovechando la ocasión quisiera agradecerle a usted, Sra. Bonino y a la DG XIV su importante intervención de esta semana relativa a la Agenda 2000 y por sus consiguientes proyectos legislativos en el sector de la pesca. Fue una buena intervención y celebro por ello la futura cooperación.

El Presidente
Gracias, señora Langenhagen.
Señorías, con la intervención de la Sra. Langenhagen hemos finalizado el turno de intervenciones de los miembros de la Asamblea y, antes de darle la palabra a la Sra. Bonino, quiero informarle de que en su breve y justificada ausencia, el Sr. Medina Ortega ha deseado felicitarla por el buen trabajo de la Comisión. Por lo tanto, esta Presidencia quiere recoger las palabras del Sr. Medina Ortega, al mismo tiempo que entiende perfectamente que la Comisaria deba ausentarse brevemente del hemiciclo y, como siempre, le da la palabra con mucho gusto.
Tiene usted la palabra señora Bonino.

Bonino
Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo felicitar al Sr. Cunha por su informe, que me parece que ofrece un excelente análisis de los temas tratados. La Comisión considera que los programas de orientación plurianuales son, sin duda, instrumentos importantes y que, por lo tanto, la consecución de sus objetivos es un elemento fundamental para el futuro del sector. En este sentido, deseo recordar a este Pleno que los servicios de la Comisión están examinando la posibilidad de emprender acciones legales contra los Estados miembros que incumplieron sus obligaciones con respecto al POP III y que, en consecuencia, no alcanzaron los objetivos de los programas o no fueron actualizando los datos relativos a sus flotas en el fichero correspondiente a la flota comunitaria -esto para contestar también algunas observaciones de la Sra. McKenna- o que no volvieron a medir el tonelaje de las flotas en unidades de tonelaje bruto. En lo que concierne a estos aspectos, por lo tanto, los funcionarios de la Comisión están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra los Estados miembros que no aplicaron las disposiciones.
Y ahora, sólo dos observaciones en cuanto a algunas enmiendas propuestas y una ulterior puntualización en relación con la nueva medición del tonelaje de la flota. Esta última -como el Parlamento sabe perfectamente- se refiere precisamente a la solicitud de la Comisión de unidades homogéneas de cara a la medición de la capacidad de la flota. Éste fue un gran problema. La Comisión ha encargado a expertos externos la tarea de examinar la forma en que se mide el tonelaje de los barcos de cada Estado miembro, unos expertos que van a evaluar la calidad de las informaciones facilitadas por los propios Estados y que, seguidamente, presentarán a la Comisión recomendaciones en cuanto a la forma de acelerar este proceso de nueva medición. La Comisión asimismo está tratando de encontrar las fórmulas más adecuadas para armonizar la determinación y la medición de la potencia en toda la Comunidad y está recogiendo las informaciones disponibles para profundizar la cuestión.
En cuanto a las decisiones del POP IV, tomadas en el pasado mes de diciembre, la Comisión está estudiando la forma de contribuir a la reestructuración de la flota mediante disposiciones financieras o incentivos, como los llamó la Sra. Langenhagen, y dichas disposiciones se aplicarán junto con los porcentajes de barcos de pesca tanto entrantes como salientes.
Deseo asimismo recordar que, con respecto a los Estados miembros que no alcanzaron los objetivos del POP III, como el Parlamento sabe, este retraso se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el POP IV, es decir, la Comisión no ha aceptado que se hiciera tabla rasa. Para los Estados miembros incumplidores, aparte de las posibles acciones legales, se ha tenido en cuenta lo acontecido en el pasado para elaborar el POP IV.
Voy a añadir dos reflexiones más. Con relación a las sanciones, y a tenor de lo que propone una enmienda, debo manifestar que la Comisión no está de acuerdo con esta propuesta y ello por una serie de motivos: primero, porque la reducción automática de las cuotas para los Estados incumplidores pone en serio peligro el principio fundamental de la Política Común de Pesca que es el de la estabilidad relativa; segundo, porque si ponemos en marcha este tipo de procedimientos, es evidente que otros Estados miembros pedirán el mismo tipo de sanción quizás por el rebasamiento de los contingentes, la insuficiencia de los controles, el desembarque de pescado que no cumple con las medidas, etcétera. Por lo tanto, deseo pedir a este Parlamento que sea más prudente a la hora de proponer como sanción la reducción de las cuotas, porque podría producir estos efectos.
En lo referente a la suspensión de la ayuda financiera para la modernización y la construcción de barcos de pesca, se trata de una medida que ya está en vigor. Con respecto a la inclusión de la productividad en la medición de la capacidad, el Parlamento va a permitirme decir que no se trata de algo posible. La manera de medir la productividad es algo que, francamente, no entendemos y nos parece una medida inaceptable, en el sentido de que no es aplicable.
En cuanto a la medición del tonelaje y de la potencia, en cierta forma, ya me he referido a ellas. Únicamente, y a título de información, deseo añadir que la Comisión está a punto de celebrar un contrato con Seafish Industry Authority del Reino Unido, en cuya virtud, como ya he apuntado, se encargará a un grupo de expertos externos el cometido de reexaminar los procedimientos y los métodos utilizados en los Estados miembros para medir el tonelaje. En lo que atañe a la potencia, por el contrario, se trata de situaciones algo complejas. Así y todo, la Comisión reconoce plenamente la necesidad de armonizar más todavía, si cabe, la medición de la potencia, dado que éste es un elemento fundamental para elaborar los POP IV.

El Presidente
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
Sobre el apartado nº 3

Cunha
Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral, si Sus Señorías estuvieran de acuerdo, al punto nº 3, en la última línea. Se habla de «en su momento una reducción automática de las cuotas». Mi enmienda oral va encaminada a suprimir la palabra «automática».

El Presidente
¿Hay algún inconveniente a la enmienda oral del Sr. Cunha de suprimir la palabra «automática»?
El Sr. Macartney tiene la palabra.

Macartney
Reconozco con alegría que hay una mejora, pero eso no elimina el problema, de modo que no, que debemos insistir en la votación nominal para este apartado.
(El Parlamento aprueba la resolución)

El Presidente
Felicitamos al Sr. Cunha.

Andersson
Éste es un importante informe sobre una relevante materia para la conservación de los recursos pesqueros. A pesar de sus deficiencias, FUP es el instrumento más importante para conseguir la conservación consecuente de los recursos pesqueros. Al mismo tiempo, es de interés subrayar que la conservación de los recursos pesqueros tiene que entenderse como una parte de la política pesquera en su totalidad.
La conservación de los recursos pesqueros también tiene que tomar en cuenta la capacidad real de pesca de las flotas nacionales, la necesidad de una actitud seria en relación con algunas especies amenazadas y los efectos de los convenios que la Unión celebra con terceros países situados fuera de la comunidad. En relación con los convenios con terceros países, hay motivos para ser muy críticos de la política comunitaria. Como está la situación actualmente, la Unión no toma suficientemente en cuenta la necesidad de desarrollar el rol de la pesca para el abastecimiento global de alimentos, de fortalecer primordialmente la propia capacidad económica de los países en desarrollo en este sector y el hecho de que la ayuda comunitaria para acuerdos con terceros países que se da a la actividad pesquera de ciertos países miembros, constituye un mantenimiento de la capacidad pesquera nacional en una situación en que todo el sector pesquero europeo necesita importantes limitaciones. La evaluación de FUPIII demuestra que hay motivos para revisar la orientación de la política pesquera comunitaria desde los cimientos.

Macartney
Quiero hacer saber a la Comisaria Bonino que nos reconforta su afirmación de que la Comisión Europea no apoya la idea de sancionar con rebajas en las cuotas el no cumplimiento del POP.
También me anima que la Comisaria haya reiterado que, en la política común de pesca, tiene una importancia básica el principio fundamental de estabilidad relativa.

Conservación de los recursos pesqueros
en el Mediterráneo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0045/98) del Sr. McMahon, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la
propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 1626/94 por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo (COM(97)0459 - C4-0510/97-97/0237(CNS)) Tiene la palabra el Sr. McMahon por el tiempo de 6 minutos.

McMahon
Señor Presidente, tengo el honor de presentar en nombre de la Comisión de Pesca este informe por el que se establecen medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.
Existe un problema serio en el Mediterráneo. No se refiere tan sólo al atún rojo, que es el tema del informe. Pero este informe también versa sobre la manera en que se introdujo la reglamentación comunitaria en la Conferencia Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. El problema son las otras especies del Mediterráneo. A causa del empleo de redes de enmalle a la deriva en el Mediterráneo, nada menos que 8.000 ballenas y delfines mueren todos los años, por las actividades de pescadores de distintos países en la región del Mediterráneo.
La propuesta que consideramos va en parte por ese camino, a fin de enfrentar este serio problema para la vida marina en el Mediterráneo. La propuesta pide que se prohíban el uso de los helicópteros y las capturas durante los meses de junio y agosto, sobre todo durante la época del desove del atún rojo.
También hay que considerar las actividades de los terceros países. En la Comisión de Pesca estamos muy preocupados por la forma en que faenan barcos de países como Guatemala y Honduras, que utilizan redes de enmalle a la deriva en el Mediterráneo y capturan atunes, marsopas, delfines y ballenas. Están destruyendo el ecosistema del Mediterráneo. Con respecto a las capturas tradicionales y a la flota italiana que se dedica al pez espada, durante el debate sobre el informe Baldarelli, estuvimos de acuerdo en eliminar progresivamente el uso de las redes de enmalle a la deriva. En esa ocasión, es decir, en 1994, la Comisión acordó la entrega de 100 millones de ecus a los pescadores italianos a modo de apoyo para que pusieran fin a su actividad pesquera. Se ofreció compensación a unos 2.700 pescadores italianos. Lamento decir a esta Asamblea que sólo 42 aceptaron la oferta de vender sus licencias y pasar a otras actividades.
Es evidente que la actual política de fijar un límite de 2, 5 kilómetros para las redes de enmalle a la deriva no funciona. Es importante determinar una supresión progresiva de estas redes en el Mediterráneo durante un periodo de tiempo preciso. Me complace decir que la Presidencia británica, y en especial el Ministro de Pesca, Sr. Elliott, están muy interesados en este asunto. El Sr. Elliott y yo hemos mantenido discutido varias veces con profundidad la forma en que se puede avanzar en el tema, y el Ministro se ha comprometido a incluirlo en la agenda del próximo Consejo sobre la pesca.
Como diputados, queremos conservar y proteger la pesca comercial. Queremos salvaguardar a las comunidades que dependen de la pesca para ganarse la vida. Pero al mismo tiempo debemos tratar de proteger la variedad del ecosistema marino. Debemos esforzarnos por proteger, salvar y conservar a delfines, ballenas y focas. Si la vida marina se destruye, resultará afectada la cadena alimentaria. Eso significará que las generaciones futuras no sólo se encontrarán con la extinción de delfines y ballenas sino también con la de los atunes y de los peces pequeños. El problema es que corremos el peligro de agotar todos los recursos del mundo. Como parlamentarios, como europeos, dentro de la Unión Europea, en el momento de entrar en un nuevo milenio, nuestro deber es tomar las medidas adecuadas para mantener un equilibrio adecuado entre la explotación comercial de la pesca, la conservación de los peces y de la vida marina.
De esto trata este informe. Es un informe muy limitado, pues sólo se ocupa de las medidas que hay que tomar en el Mediterráneo. Pero este Parlamento debe adoptarlo como nuestro principio general para el futuro.

Provan
Señor Presidente, éste es un informe muy técnico y no es necesario entrar en muchos detalles, porque sólo se trata de que el Parlamento apruebe un instrumento para que la Comisión adopte ciertas medidas que mi grupo político comparte por entero.
Como ha señalado Hugh McMahon, el ponente, se trata en rigor de una medida ecologista, y este Parlamento querrá apoyar todo lo que la Comisión presente en el campo de las medidas de conservación.
Con respecto al Mediterráneo en sí mismo, digamos que tiene uno o dos importantes problemas. Debemos reconocer el hecho de que los recursos pesqueros del Mediterráneo tal vez no sean lo que tendrían que ser. En la actualidad se produce una explotación excesiva, tal como ocurrió en el Mar del Norte y en el Océano Atlántico.
Dicho esto, quiero tratar con el Sr. McMahon y quizá con la Comisión el tema de la enmienda nº 1, porque me parece que el ponente trata de estar a bien con el gobierno del Reino Unido. No es esto lo que tendría que verse en un informe ante el Parlamento Europeo. Estoy de acuerdo en que el Gobierno británico está a favor de la supresión progresiva de las redes de enmalle a la deriva y que la ha convertido en una prioridad, pero lo que quiero preguntar a la Comisión es si el Comisario considera que la posición del Consejo es la misma, porque el Consejo de Ministros está bastante dividido respecto a la supresión progresiva de las redes de enmalle a la deriva, lo que no refleja necesariamente la posición del Gobierno británico. Quiero señalar al ponente que la enmienda nº 1 trata de ser congratulatoria con uno de los Gobiernos que integran el Consejo, cuando tendríamos que estar considerando la posición global del Consejo y no la de uno de los Gobiernos individuales.
Señor Presidente, he terminado con mis observaciones, pero quiero añadir que apoyamos totalmente el empeño de la Comisión en este campo.

Seppänen
Señor Presidente, en la región mediterránea el atún es protegido con diversas prohibiciones y reglamentaciones. Ello muestra que la Comisión tiene a su disposición instrumentos administrativos para garantizar la población de peces. Pero, tal y como ha dicho la Comisaria Bonino, los Estados miembros son responsables en gran medida del control.
Entre los medios de índole administrativa de los que dispone la Comisión, figura la posibilidad de prohibir, de manera conjunta con los Gobiernos de los distintos países, la pesca abusiva con redes de enmalle de deriva. A esto ha hecho referencia también el ponente, el Sr. McMahon. De esta manera, es posible afrontar el hecho de que las técnicas pesqueras modernas representan una amenaza para la conservación de las poblaciones de peces en todos los mares.
En el mar Mediterráneo, el problema es el atún. En el norte, el problema económico y ecológico lo constituye el salmón noruego. Además del mar Mediterráneo, la UE debería prestar también atención a los problemas de la pesca en las regiones septentrionales.
Los noruegos crían salmones en las desembocaduras de sus ríos, donde también hay poblaciones de salmones salvajes. De esta manera, contaminan los mares y pueden llegar a propagar enfermedades, especialmente en la desembocadura del valle de Teno. Las prácticas de "dumping» de precios con el salmón noruego obligan a los pescadores de los demás países a intensificar sus capturas con métodos de pesca abusiva.

Ripa di Meana
Señor Presidente, adoptar, como propone la Comisión, sólo las recomendaciones ICCAT en lo referente a la gestión del atún rojo en el Mediterráneo, no es en absoluto suficiente. En apenas tres años, las capturas se han doblado, de 20.000 toneladas en 1992 se pasó a 40.000 toneladas en 1995, y todos sabemos que estos datos oficiales están muy por debajo de la realidad. Si se sigue esta escalada, dentro de poco en el Mediterráneo no habrán atunes.
Pedimos a la Comisión reglas más estrictas. Hay que conseguir que ICCAT presente un plan de recuperación real y de protección del atún rojo, excluyendo y prohibiendo, sin excepciones de clase alguna, la pesca de ejemplares cuyo peso sea inferior a los 7 kilogramos, y prohibiendo asimismo todas las actuales artes de pesca reservadas a los jóvenes ejemplares.
La Comisión, a nuestro entender, debe proponer el embargo de las importaciones de atún de Panamá, Honduras y Belice que proporcionan banderas de conveniencia a las flotas de pesca que, de esta forma, eluden cumplir cualesquiera reglas, dado que dichos países no forman parte de ICCAT. En muchos casos, por desgracia, detrás de estas banderas de conveniencia, se esconden propietarios, armadores y operadores económicos europeos. Esta forma de eludir las disposiciones, esta verdadera piratería pesquera, junto con la continua utilización de redes de enmalle a la deriva o de redes para peces espada, en particular por parte de las flotas italianas, reclama nuestra responsabilidad e impone a la Unión Europea una política mucho más severa y nuevas medidas restrictivas.

Fraga Estévez
Señor Presidente, felicito al Sr. McMahon, por su informe, porque apoya la propuesta de la Comisión de incluir en la normativa comunitaria las medidas de gestión sobre el atún rojo, recomendadas ya por ICCAT en 1996, lo que, dado el estado del recurso, reviste una indudable importancia -y desearía que el tema se centrase en estas medidas y no en otras que no afectan directamente a este debate.
Pero el informe merece también nuestro respaldo por la llamada de atención sobre otras decisiones tomadas en dicha reunión y que la Comisión todavía no ha incorporado a la normativa comunitaria. Me refiero a la prohibición de las importaciones de atún de Honduras y Belice por la absoluta resistencia de sus flotas a respetar las más mínimas medidas de pesca responsable.
Sabemos, señora Comisaria, que se ha iniciado el procedimiento escrito para su estudio por el comité 113, pero tememos que esta discusión pueda alargarse en exceso antes de llegar al Consejo y, puesto que según las diversas opiniones consultadas, dicho embargo no atentaría ni contra las reglas del GATT ni contra las de la OMC, debemos urgir a la Comisión y pedirle ayuda para que este comité emita su dictamen lo antes posible, con el fin de que se pueda aplicar el embargo.
Por otra parte, como usted sabe muy bien, ICCAT ha recomendado también un embargo similar para los buques con banderas de Panamá a partir del 1 de enero de este año. La Comisión no está preparando ninguna propuesta y se escuda en que ni Japón ni Estados Unidos están aplicando dicho embargo -lo que, por supuesto, no es un ejemplo a seguir.
La Comisión es miembro de ICCAT, los países que formamos la Unión Europea queremos cumplir todas las recomendaciones que este organismo nos impone. Por tanto, ruego a la Comisión, una vez más, que dé paso a estas medidas del embargo, que son de gran importancia para evitar que las partes contratantes no cumplan las recomendaciones hechas por ICCAT.

Piha
Señor Presidente, las cuotas de captura del atún han aumentado de manera vertiginosa durante los últimos años, por lo que, si se quiere garantizar la conservación de esta especie en el futuro, se debe proceder urgentemente a restringir las capturas.
A nivel internacional, se dispone de las recomendaciones aprobadas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico sobre la gestión y las medidas de protección de los recursos de esta especie en el mar Mediterráneo. La culpa no hay que buscarla tanto en las medidas como en el incumplimiento de las mismas. Asimismo, la pesca con redes de enmalle de deriva da lugar continuamente a situaciones nada deseables por lo que respecta al resto del ecosistema, como las que sufren focas y delfines.
El Parlamento debe aceptar las propuestas de la Comisión, que se corresponden con las de la Comisión para la conservación del atún. Sin embargo, resulta imprescindible obtener el concurso en la elaboración de las medidas de todos los Estados que capturen esta especie en las mencionadas aguas, así como lograr un funcionamiento eficaz del control. Si las restricciones en las capturas atañen únicamente a los buques de pabellón comunitario, no será posible lograr ningún cambio real de la situación y se cometerá una injusticia con los pescadores. La Unión deberá ejercer también presiones para lograr alcanzar resultados.

Bonino
Señor Presidente, probablemente, el Parlamento recuerda que la Comunidad entró a formar parte de la Comisión Internacional de ICCAT el pasado mes de noviembre, así como que, actualmente, forma parte del Consejo General de Pesca en el Mediterráneo. En virtud del Derecho internacional, ya estaba obligada a cooperar con estas organizaciones, sin embargo, ahora que es miembro de ellas, evidentemente, no puede dejar de cumplir cuanto antes todas las recomendaciones en materia de gestión, formuladas por dichos organismos.
Deseo aclarar al Parlamento que la propuesta, que hoy se somete a examen, representa un paso en esta dirección en cuanto a dos recomendaciones solamente, mientras que las demás recomendaciones de ICCAT se están tratando en las sedes legislativas apropiadas, es decir, se incluirán en otras propuestas legislativas que se someterán al examen del Parlamento. Por ejemplo, compruebo que la Comisión de Pesca propone incluir en esta propuesta la prohibición del trasbordo desde o hacia barcos pertenecientes a países no cooperantes. Francamente, no considero que el Reglamento 1626, que ahora nos ocupa, sea el marco apropiado para este tipo de enmienda y de propuesta, habida cuenta de que el mismo se refiere casi exclusivamente a las medidas técnicas de conservación de los stock de pesca. La Comisión, por el contrario, quiere proponer un reglamento del Consejo relativo al control de los desembarques y los transbordos: esta propuesta ya se está elaborando y, según la Comisión, éste va a ser el marco más indicado.
Puedo hacer las mismas observaciones en relación con las enmiendas 3 y 5. Deseo informar al Parlamento que el día 30 de enero la Comisión remitió al Consejo la propuesta relativa al embargo de las importaciones de atunes procedentes de Belice y de Honduras. La Comisión, por lo tanto, ya formuló esta propuesta de embargo el 30 de enero, y ahora la propuesta está sobre la mesa del Consejo. En lo que se refiere a Panamá, que presenta algún aspecto jurídico más complejo, los servicios de la Comisión están examinando la cuestión y ya están elaborando una propuesta al respecto.
Por último, dos comentarios muy breves con relación a las enmiendas relativas a las redes de enmalle a la deriva. Conocemos la situación, así como la posición del Parlamento Europeo en cuanto a la propuesta de la Comisión. Como todos ustedes saben, las redes de enmalle a la deriva se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento relativo a las medidas técnicas, en un contexto más amplio y no especialmente referido al Mediterráneo. En consecuencia, no quiero entrar en el fondo de las enmiendas propuestas, aunque considero que las enmiendas relativas a las redes de enmalle a la deriva no guardan relación con el marco jurídico de esta propuesta y, por lo tanto, la Comisión no puede aceptarlas, porque las redes de enmalle a la deriva no afectan sólo al Mediterráneo. Por otra parte, como aquí ya se ha mencionado, por lo que respecta a las redes de arrastre, el Consejo, a raíz de una propuesta de compromiso de la Presidencia, debatirá este dossier el 24 de marzo en el Consejo de los Ministros.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bonino.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
Sobre la enmienda nº 1

Provan
Señor Presidente, creo que podría aceptar esa enmienda, pero pienso que habría que corregir ligeramente la formulación, para que diga: "mientras que las prioridades del Consejo tienen que ser la supresión progresiva».

El Presidente
Tiene la palabra el ponente, Sr. McMahon.

McMahon
Señor Presidente, como ponente tengo que defender la posición de la Comisión, pero dejo a la sabiduría de esta Asamblea decidir lo que se ha de hacer. Sé que el Sr. Provan ha hablado sobre esto en el debate y que su grupo ha votado por la enmienda en la Comisión cuando se la ha tratado. Tal vez una alusión al Consejo sea más oportuna que la que se hace a la Presidencia británica. Dejaré que la Asamblea decida al respecto si se ha de mencionar o no un Estado miembro en el Consejo.

El Presidente
Me pide ahora la palabra el Sr. Medina Ortega.

Medina Ortega
Señor Presidente, como usted conoce la lengua española, si lee el texto en español verá que no se plantea la cuestión que suscita el Sr. Provan, porque el texto en español dice «teniendo en cuenta las prioridades del Consejo con miras a la supresión progresiva de las redes de enmalle a la deriva». No hay ni «is» ni «should».
Propongo que se vote la versión española del texto, suprimiendo «de la Presidencia británica». La leo: »teniendo en cuenta las prioridades del Consejo con miras a la supresión progresiva de las redes de enmalle a la deriva», suprimiendo, así, el problema de si es «is» o «should».

El Presidente
Así lo haremos.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Andersson
Quiero dar las gracias al ponente por un informe muy bien hecho. El asunto de la conservación de los recursos pesqueros es de la mayor importancia. Por eso es conveniente apoyar las medidas que propone la Comisión en cuanto al atún. Quiero, sin embargo, sostener que el asunto de un eventual embargo contra Honduras, Belice y Panamá debe verse en una contexto más amplio que el de la conservación de los recursos pesqueros. El embargo a las importaciones contra esos países no debe ser entendido por algunos pescadores de la Unión Europea solamente como una medida proteccionista unilateral.

Reexamen de la Directiva 85/384/CEE
(títulos en el sector de la arquitectura)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0079) del Sr. Berger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el informe de la Comisión relativo al reexamen, a partir de la experiencia adquirida, de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, con arreglo a lo establecido en su artículo 30 (COM(97)0350 - C4-0487/97).
Tiene la palabra la ponente, Sra. Berger.

Berger
Señor Presidente, distinguidos colegas, la directiva sobre el reconocimiento recíproco de títulos en el sector de la arquitectura forma parte del reducido grupo de directivas con las que todos los interesados están satisfechos. Tanto el grupo profesional implicado como las autoridades nacionales y la Comisión han expresado según este informe de revisión que la directiva se ha desenvuelto muy bien en la práctica. Esta gran satisfacción y la ausencia de enmiendas - la Comisión presenta apenas dos enmiendas de poco impacto- son dignas de ser destacadas y apoyadas, aunque en opinión de la ponente del Parlamento Europeo quizá ésta no sea un ejercicio gratificante o que acarree prestigio.
Uno de los principales motivos del buen funcionamiento de esta directiva en la práctica reside en que esta directiva sectorial, al contrario que el primer sistema general de reconocimiento de títulos, prevé un reconocimiento automático y con ello se posibilita un ejercicio rápido desburocratizado de las libertades de establecimiento y prestación de servicios. Esta ventaja esencial debe conservarse y ser sacrificada en un erróneo compromiso de simplificación y homogenización.
Celebro que tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos como la Comisión de Cultura se hayan pronunciado en contra de que la directiva de arquitectura se integre en el marco de la Iniciativa SLIM en el primer sistema general, que no establece el reconocimiento automático y por ello, finalmente, no acaba de funcionar correctamente en la práctica.
En otro punto sin embargo no se pusieron de acuerdo las citadas comisiones de esta Asamblea. Se trata de la duración de estudios mínima establecida. La directiva prevé actualmente cuatro años de estudio completo. La Comisión de cultura ha propuesto un aumento a cinco años. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos que lleva el peso central de la cuestión, no ha seguido, según mis indicaciones, la propuesta formulada y por ello también recomiendo al pleno de esta Asamblea el rechazo de la enmienda 1, tal y como se plantea, ya que apunta en esa misma dirección.
Sé que hoy, en muchos Estados miembros, la duración media de la carrera de arquitectura sobrepasa con mucho la duración mínima prevista de cuatro años. Esto no significa sin embargo que los conocimientos necesarios no puedan ser impartidos y adquiridos en un tiempo menor, sino que tiene que ver, si acaso, con las universidades deficientemente dotadas, la falta de profesores universitarios y un plan de estudios malo. Estas deficiencias no deberían ser legitimadas y amparadas por la directiva de reconocimiento. Además una ampliación a cinco años automáticamente supondría el reconocimiento específico de los licenciados en escuelas técnicas superiores.
La duración excesiva de la carrera y el tardío ingreso en el mercado laboral son actualmente algunos de los mayores problemas de los arquitectos en Europa. Otro problema es que cada vez un número mayor de contratistas evita los esfuerzos tendentes a una competencia a escala europea y vuelven a los procedimientos restrictivos de concurso aun permitidos.
Esto perjudica a la mayoría de los jóvenes estudios de arquitectura respecto de los ya establecidos y, además, puede acabar teniendo un efecto negativo sobre la calidad de la arquitectura en Europa. La solución no puede residir, como dicen algunos colegios de arquitectos, en una limitación regional de la competencia. Antes que eso habría que pensar, en el marco de la reforma de la directiva de concesiones, qué podría hacerse, siempre a escala europea, para que la competencia se desarrollase mejor.
Quiero terminar solicitando a esta asamblea que apoye mi informe y pidiendo disculpas porque es posible que tenga que abandonar esta Asamblea antes de la votación. Mi tren parte a las 12: 00. No hay otro tren para Austria hasta 10 horas más tarde y solicito su comprensión. En este caso me representaría la Sra. Evelyne Gebhardt de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

El Presidente
Gracias, señora Berger. Entendemos perfectamente que lo que no debe hacerse en la vida es perder el tren y menos para ir a una ciudad tan hermosa como Viena. Por lo tanto, que tenga usted un buen viaje si nos abandona antes del momento de la votación.
Tiene ahora la palabra, como ponente de opinión por el tiempo de 5 minutos, la Sra. Baldi.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, la Directiva relativa a los arquitectos nos preocupa realmente, también por la actitud de algunos Estados miembros. Deseo recordar la posición de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, que fue bastante clara al respecto. Antes que nada, sin embargo, quiero dar las gracias a la señora ponente por haber tenido en cuenta los siguientes puntos planteados por nuestra comisión. En primer lugar, la necesidad de que la Comisión aproveche la ocasión que le brinda el reexamen de la Directiva relativa al reconocimiento de los títulos que permiten el acceso a la profesión de arquitecto, para poner el acento en el reconocimiento directo de los títulos por parte de las corporaciones profesionales y, en consecuencia, para facilitar los trámites burocráticos; en segundo lugar, el hecho de que se pida que la autoridad competente en el Estado de acogida sea designada claramente y que sea objeto de una comunicación sistemática a la Comisión; en tercer lugar, el hecho de que también la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se extrañe de que la Comisión prevea la posible inclusión de la arquitectura en el marco general de la Directiva 89/48/CEE, habida cuenta de que reconoce que la Directiva 85/384/CEE, en contra del régimen general, prevé un régimen específico de simples prestaciones de servicio más favorable a los arquitectos y que los resultados relativos a la movilidad de los arquitectos, conseguidos gracias al reconocimiento automático, puedan ponerse en tela de juicio.
Es indudable que estamos algo preocupados porque no se tomaron en cuenta conclusiones que consideramos prioritarias como, por ejemplo, el reforzamiento del comité consultivo, que no debe reducirse con un procedimiento de comitología. De hecho, gracias a su composición -tres expertos por Estado miembro, o sea, un arquitecto, un profesor y un representante de las autoridades competentes- y a su papel en la evaluación de los títulos, dicho comité pone de manifiesto la absoluta necesidad de una convergencia. Su tarea, por lo tanto, debería ampliarse otorgándole la facultad de formular recomendaciones y de elaborar estudios sobre la evaluación de las nuevas formaciones, más allá de los simples casos de consulta.
Y he aquí la nota triste: la duración de los estudios. Estamos realmente perplejos ante lo que está sucediendo. En la práctica, el comité consultivo se manifestó en 1992 y reconoció claramente que la duración de los estudios debía ser de cinco años, más dos años de prácticas. Como sabemos, el debate al respecto duró más de 18 años. En nuestra opinión, las profesiones, a escala europea, deben prever una formación de este tipo, de lo contrario, no podemos hablar de profesionales, sino de técnicos y, como Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, hicimos hincapié en esto. Para nosotros, la formación es muy importante, especialmente cuando las protagonistas principales son las profesiones que nos permiten desempeñar un papel en el resto del mundo.
Quizás olvidamos nuestro patrimonio cultural y arquitectónico -inmensamente valioso- y olvidamos que, para tener profesionales realmente capacitados, hay que ofrecerles la formación adecuada. Por eso, en nuestra opinión, la carrera no puede durar pocos años. La licenciatura no puede, en pocos años, permitirnos ejercer una profesión de forma competitiva, asentada en esa preparación básica que consideramos necesaria. La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación es extremadamente clara en este sentido. No alcanzamos a comprender por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos insiste, en cambio, en una formación que puede servir para identificar otro tipo de profesión.
Estamos preocupados porque, si prevaleciera esta posición, sin duda, podríamos hablar de técnicos, de aparejadores, mientras que algunos Estados miembros de la Unión Europea como Grecia, Francia e Italia ya elevaron la duración de los estudios a un número superior de años. En este Pleno, queremos adoptar la posición correcta, no quisiéramos compartir sólo la posición de un Estado miembro, cuyas necesidades son muy distintas.
Por lo tanto, consideramos fundamental que la profesión de arquitecto se reconozca realmente y que el arquitecto, en consecuencia, desempeñe un papel dentro de la Unión. Cuando se hace referencia a de movilidad, se está hablando de la posibilidad de cumplir unos objetivos, aunque en el ámbito de la formación hay que hablar también de normas muy claras, o sea, de deontología y de una preparación adecuada. Me sorprende, y aquí intervengo como arquitecto, que cuando, en el seno de la comisión, se abordan sectores específicos luego no se prevea la formación necesaria. Cuando se habla de urbanismo, de restauración, de los que son los sectores fundamentales de la arquitectura, qué duda cabe de que no bastan los pocos años que, por el contrario, señala la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos.
Pido una reflexión al respecto y asimismo pido a la Comisión de que tenga cuidado a la hora de expresar una determinada opinión.

Gebhardt
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha pensado concienzudamente lo que hace. Estimados colegas, María Berger ha elaborado un informe completo respecto a las experiencias de la llamada directiva de los arquitectos de 1985 y ha dicho todo lo necesario. No es preciso que añada nada a este sólido trabajo. Tenemos todas las razones para aprobar el informe y las conclusiones.
Pero debemos preguntarnos por qué tenemos este asunto en el orden del día con un retraso de ocho años. En la respuesta nos topamos con un oscuro capítulo de Europa, que nuestros ciudadanos nos recuerdan a menudo y con razón en una frase: de esta Europa ya tenemos suficiente. Es la Europa de la abulia y de la insoportable burocracia. La directiva de reconocimiento que debe conseguir la libertad de establecimiento profesional de los arquitectos en la Unión, es un ejemplo perfecto de esa lentitud. Los responsables de esta tragedia son los gobiernos, el Consejo y también la Comisión.
Primer acto de la tragedia: transcurrieron dieciocho años hasta que finalmente tuvimos la directiva en junio de 1985. Durante este periodo y conforme a la duración de la carrera, cuatro generaciones de arquitectos fueron excluidas de la libertad de establecimiento profesional. Al mismo tiempo la Comunidad Europea crecía más deprisa que la directiva de los arquitectos. Consecuentemente, con las ampliaciones de 1973 y 1981 se tuvieron que tener en cuenta cuatro ramas jurídicas en la ley general finalmente comprendida en diez páginas.
Segundo acto: en lugar de los 24 meses previstos para la transposición de la directiva fueron necesarios &#x02C7;10 años! Entre tanto la Comunidad Europea creció con la unificación alemana y la incorporación de tres nuevos países. En este período difícil sólo fue gracias al agotador ritmo de trabajo de la administración alemana la que posibilitó que una simple carta de la Comisión fuese contestada a los dos años.
Tercer acto, pero todavía no el último: en lugar de la fecha tope de 1990, la Comisión presenta su informe de evaluación ocho años después con la aprobación de los Estados miembros. Señor presidente, estimados colegas, estoy segura que nuestros conciudadanos no comprenden qué causa tanta negligencia.
Cuarto acto y punto culminante de esta obra tan grave: antes de que nos pudiéramos expresar respecto de las experiencias de la antigua directiva, aporta la Comisión una nueva redacción. Con ello ha ignorado el libremente elegido Parlamento Europeo y ha pisoteado sus derechos democráticos.
Quizá pueda añadir para terminar que el principio de que Europa es para los ciudadanos y no al revés debería ser verdaderamente mejor observado.

Fontaine
Señor Presidente, Señorías, se trata de una de las directivas tendente a garantizar la libertad de establecimiento de los profesionales y, por lo tanto, que afecta a la Europa de los ciudadanos, a la Europa concreta; y la profesión que hoy nos ocupa, la de los arquitectos, es ciertamente la que plantea los problemas más delicados.
En efecto, en cuatro Estados miembros el ámbito de la arquitectura no está reglamentado; en los demás las formaciones conocen una particular disparidad. Finalmente, algunos Estados miembros no habían solicitado, en 1985, las excepciones de las que podían beneficiarse. Es el caso sobre todo de Irlanda y de Holanda, a pesar de que en estos países existen algunas formaciones muy antiguas.
A esto se añade el importante retraso de la transposición en el derecho interno de la directiva, y quizás por todas estas razones constatamos que, finalmente, sólo un número muy escaso de profesionales se ha beneficiado hasta ahora de la misma; 1.500 en ocho años. Como pueden ver, Señorías, es muy poco.
Se trata, por tanto, de volver a examinar la directiva a la luz de la experiencia adquirida, y desearía felicitar muy cálidamente a la Sra. Berger por su excelente informe. Al igual que nuestra ponente, deploramos que no se haya pedido el dictamen del Parlamento Europeo sobre las propuestas de modificación presentadas por la Comisión; en este sentido, aprobamos todas las sugerencias de nuestra ponente, en particular sobre la necesidad de generalizar la jurisprudencia "Vlassopoulou» para el reconocimiento automático de los diplomas.
Con respecto a los países que no han solicitado excepciones, la Comisión ejecutiva nos ha manifestado que el problema sería solucionado en el marco de la propuesta de directiva del 2 de diciembre, que revisará la directiva general, y nosotros tomamos positivamente nota, señora Comisaria, de este compromiso.
Finalmente, expresamos nuestras reservas en cuando a la perspectiva, prevista por la Comisión, de incorporar la profesión de arquitecto al régimen común. Como pueden ver, Señorías, nosotros habíamos considerado siempre que estas elecciones incumbían esencialmente a las profesiones afectadas, y hoy no creemos en absoluto que dicha incorporación corresponda al deseo de los arquitectos europeos.

Voggenhuber
Señor presidente, estimados colegas, cuando hablamos casi constantemente de la Europa del libre establecimiento y, a la vez, de la Europa de la diversidad, eso se traduce en la práctica, la mayoría de las veces, en la cuadratura del círculo y como mínimo en un artificio que caso por caso es difícil de solucionar. La aproximación de estos dos ideales sólo podría darse si la Europa del mercado interior, la Europa de la unidad toma como base del derecho común la correspondiente y más alta agitación cultural, el estado superior de desarrollo social y cultural de un país. En ese caso el reino de Europa se convertiría en el reino común.
La tarea se vuelve irresoluble en el caso en que ésta sea mal empleada y se desregularice, caso con el que ahora nos enfrentamos. Respecto a la situación de la arquitectura no hay discusión posible. Las peticiones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación son desoídas. No se trata de una cuestión de formación y universidades mal dotadas, sino de si reconocemos la arquitectura como arte, cultura o ciencia o si cedemos a la presión de la industria de la construcción y del mercado inmobiliario. Por este motivo solicito a esta Asamblea que adopte la cuidadosamente elaborada propuesta de compromiso de nuestro colega italiano, que al menos quiere proteger algo del valor cultural y social que tiene la arquitectura.

Malone
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente, porque en su informe señala la solución a un problema enfocado por la Comisión.
El informe de la Comisión originalmente estaba fijado para 1990 pero, por diversas razones, se demoró hasta el verano pasado. Fueran cuales fuesen los motivos del retraso, lo cierto es que en este informe de 1997 la Comisión lo citó como una causa para no haberse ocupado de los problemas que Irlanda tuvo con la directiva de 1985, a pesar de que, como he dicho, la demora fue responsabilidad exclusiva de la Comisión.
En 1985 el Gobierno irlandés no pudo obtener una derogación, como ha dicho la Sra. Fontaine, de las estrictas disposiciones de la directiva, relativas al reconocimiento de las calificaciones de los arquitectos. La derogación se habría aplicado a arquitectos experimentados y capaces, con un derecho bien establecido para el ejercicio de su profesión. Otras naciones, como los Países Bajos, obtuvieron una derogación para arquitectos de una condición similar.
El resultado concreto ha sido que un grupo de arquitectos irlandeses de gran talento quedó discriminado, y su actividad en el mercado interno se ha visto recortada. La Comisión debe reconocer ahora que estos arquitectos han de ser tratados como sus colegas europeos y como los que trabajan en otras profesiones con derecho a ejercer su actividad. Las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Educación irlandés, han reconocido la competencia de estos arquitectos.
Felicito a la ponente porque obliga a la Comisión a volver a considerar este punto. Espero que, siquiera con retraso, se devuelvan a estos arquitectos unos derechos que son suyos.

Heinisch
Señor Presidente, la Directiva para el reconocimiento de títulos en el sector de la arquitectura pertenece a esa serie de normas imprescindibles para completar nuestro mercado común europeo. Las libertades de circulación y de establecimiento son requisitos previos de un mercado común, que evidentemente sólo puede ser realizado cuando los títulos adquiridos en un estado miembro son reconocidos en los demás. A través de mi trabajo en la Comisión de Peticiones entro continuamente en contacto con solicitudes de ciudadanos de la UE, que piden el reconocimiento de títulos. Ahora hablo como miembro de la Comisión de Cultura, en cuyo seno hemos reflexionado mucho sobre esta cuestión. Tenemos absolutamente claro que se va a exigir mucho de nosotros cuando se trata de elaborar disposiciones para el reconocimiento recíproco de títulos.
En todos nuestros esfuerzos debemos tener presente que es muy importante no olvidar la grandeza cultural de cada Estado miembro y recordar que el reconocimiento recíproco de títulos no tiene que conducir a una homogeneidad de contenidos de la formación.
En Alemania, por ejemplo, tenemos junto a la clásica carrera de arquitectura, que es impartida en universidades, la carrera que se imparte en las llamadas escuelas técnicas superiores. No obstante la menor duración de la carrera nadie puede hablar de una menor cualificación. A la hora de concebir la carrera se manifestó el gran valor de la eficiencia y las prácticas, pero también del contenido cultural. A través de la protección de las características culturales de cada estado miembro debe conservarse la variedad cultural europea. A ello pertenece también la conservación de la variedad de sistemas educativos en los Estados de la UE.
Nos tenemos que concentrar en conseguir una similitud entre nuestros sistemas educativos. Si conseguimos recorrer ese camino real podremos elaborar más normas que propicien el reconocimiento recíproco de títulos y que nos acerquen aun más en nuestro camino hacia la unidad europea.(Aplausos)

Elchlepp
Señor Presidente, estimados colegas, coincido con la exposición de la Sra. Berger y la felicito por su informe. Quisiera, no obstante, hacer alguna observación. Todas las directivas de reconocimiento tienen la gran ventaja de conseguir que los individuos experimenten más lo que es Europa -esto lo intentamos siempre-, realizar fácticamente la libertad de establecimiento y, sobre todo, abrir nuevas oportunidades de empleo. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el reconocimiento recíproco de los títulos en la UE también es la consecuencia lógica de los programas de formación de la UE, del apoyo financiero al estudio en otros países y sólo por esta circunstancia solicito que se aumenten sensiblemente los medidos en el marco del programa ERASMUS y ECTS.
Además deberíamos hacer todo lo posible por desbaratar todas las iniciativas que obstaculizan el reconocimiento de títulos, como ocurre en ocasiones con los profesores, fundamentadas en razones nacionales egoístas. Esto daña la idea de Europa in situ y transmite a la prensa una imagen negativa. La directiva de los arquitectos a salido en su conjunto bastante bien parada, aunque hay que resaltar que otros programas más antiguos y que también tienen largos periodos de prácticas debieran ser equiparados en lo que se refiere al reconocimiento.
Para terminar abordo una cuestión importante, la petición de la Sra. Baldi, que surgió frente a los votos de mi grupo en la Comisión de Cultura, y que se refiere a la ampliación del periodo mínimo de estudio a cinco años para el reconocimiento recíproco. Este hecho es muy delicado porque, como se ha dicho, se puede con ello impedir de un golpe la movilidad de miles de estudiantes de arquitectura de escuelas técnicas superiores. Si no pudiéramos responder a esta cuestión supondría un verdadero paso atrás en la política europea.
Además, la propuesta en si misma no está justificada ya que la duración formal de la carrera no es representativa de la calidad de la formación, sino de las diferencias que existen en la duración de las carreras entre los Estados miembros y la distribución semestral de las horas lectivas. No quiero ahondar más en ello, solamente quiero decir que la enmienda número 1 relativa a la introducción de medidas compensatorias de los diferentes periodos de estudio es muy dudosa y por ello merece ser rechazada.

Bonino
Señor Presidente, la Comisión acoge favorablemente la equilibrada propuesta de resolución presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y, por ello, deseo felicitar a la ponente, Sra. Berger, por su trabajo. La Comisión considera que la Directiva ha demostrado su validez y merece conservar su lugar entre las directivas sectoriales. En lo que se refiere a los retrasos y a los plazos señalados, creo que algunas de las explicaciones se encuentran al principio del informe. Las frustraciones, por otra parte, las podemos, en cambio, compartir.
En consecuencia, se prevén sólo algunas modificaciones de escasa importancia que dejarán intacta la esencia de la Directiva. La Comisión comprueba, en efecto, que la propuesta de resolución permite mantener inalterado el fondo de la Directiva. En cuanto al futuro, todas las opciones son admisibles y creo que, desde este punto de vista, existe la posibilidad de una ulterior reflexión.
Dicho esto, se deduce que la Comisión no puede aceptar la enmienda presentada, porque la misma volvería a poner en tela de juicio el equilibrio en que se asienta la Directiva. Por otra parte, la Comisión prestará la debida atención al voto del Parlamento, sin embargo, hoy debemos constatar que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento llegó, según parece tras una amplia reflexión, a la conclusión de que no se justifica una modificación de la duración de la formación. Señorías, además de estos breves comentarios, sólo puedo manifestar que, obviamente, la Comisión prestará atención al voto del Parlamento, aunque me parece impensable adoptar una posición antes de entonces.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bonino.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Rübig
Señor Presidente, he rechazado el punto 8 porque para mí la calidad de la formación es prioritaria. La formación continuada es una de las bases para una carrera profesional exitosa. Estas exigencias cualificadas para acceso al trabajo se corresponden con la tendencia propagada por los EE.UU de conseguir un alto nivel para acceder a un empleo.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, me quiero adherir a lo que ha dicho mi colega Rübig, pero quisiera añadir que he rechazado la enmienda porque considero que atenta contra nuestro principio de subsidiariedad en la Unión Europea, y como este principio es válido para cualquier asunto, he tenido que rechazarla.

El Presidente
Me pide la palabra el Sr. Hallam para una cuestión de orden.

Hallam
Señor Presidente, una cuestión de orden. Este debate de hoy ha sido fascinante, de gran interés. El problema estriba en que las mañanas de los viernes son el único momento de nuestro trabajo que no se televisa para nuestros despachos ni se graba para archivar. Es hora de decir que, si nos tomáramos en serio las mañanas de los viernes -y hoy se ha mantenido un debate serio-, habría que televisarlas también. Le pido que lleve este asunto a la Mesa.

El Presidente
Muchas gracias, señor Hallam. Trasladaré sus palabras a la Mesa.
Tiene ahora la palabra el Sr. Ford.

Ford
Señor Presidente, una cuestión de orden. Estoy bastante de acuerdo con la intervención del Sr. Hallam, aunque debo decir que sin duda se deduce que no nos tomamos en serio las mañanas de los viernes. Ayer había más de 500 personas en la votación; esta mañana habrá unas 60. Resultaría difícil sostener que el Parlamento se toma en serio los viernes, pero quizá si nos televisaran cambiaría la actitud.

El Presidente
Señor Ford, tengo que decirle que los diputados y diputadas que estamos aquí sí nos tomamos en serio el viernes por la mañana.
Tiene la palabra el Sr. Habsburg-Lothringen para una cuestión de orden.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, tengo que decir sinceramente que es un problema del Sr. Ford si lo toma en serio o no. Es un hecho que los debates del viernes por la mañana la mayoría de las veces no versan sobre toda la población europea, sino un grupo determinado. Pero son igual de importantes que cualquier otra discusión. Por eso me quiero adherir a las manifestaciones del Sr. Hallam, en el sentido de que indudablemente ya es hora de que se haga una transferencia. Igual de importante sería debatir mejor las sesiones nocturnas. Los informes que recibimos sobre el desarrollo de las sesiones nocturnas no son como los que recibimos sobre las sesiones diurnas. Esto es igualmente una situación insostenible. Le rogaría encarecidamente, ya que sé que usted se toma las sesiones de los viernes así como algunas nocturnas muy en serio, tenga iniciativa en la Mesa y procure que sean tratadas equitativamente.

Posselt
Señor Presidente, he pedido la palabra para referirme al mismo asunto y quisiera decir que durante dieciocho años -desde las primeras elecciones europeas- ha ocurrido en esta Asamblea que siempre se ha informado sobre las sesiones nocturnas y las sesiones de los viernes, exactamente igual como sobre el resto de las sesiones. Sin embargo desde hace algún tiempo hay una regresión sistemática de la información. Sería lógico informar sobre en qué momentos posiblemente haya menos ponentes presentes, para que nuestros servicios de información lo pudieran compensar con las medidas apropiadas. Deberíamos poner el máximo interés en que la información sobre todos los debates de esta Asamblea sea exactamente igual sin importar cuando han tenido lugar.

Wieland
Señor Presidente, quisiera mencionarle un problema del reglamento. Esta mañana en la aprobación del acta no he querido pedir la palabra porque el orden del día de ayer me pareció correctamente reproducido. Ayer votamos sobre el Informe Fontaine y, en concreto, con una votación nominal en bloc sobre diez enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Precisamente la cuestión trata sobre la mayoría de votaciones nominales en el Acta. Entre tanto he tenido oportunidad de revisar los resultados de las votaciones nominales. Se presenta ese bloque de diez como una sola votación nominal. Con el fondo de las decisiones de la Conferencia de Presidentes quisiera que se me aclarase si la votación de ayer vale como diez votaciones nominales o sólo como una. Yo creo que se trata del primer caso.

El Presidente
Gracias, señor Wieland. Tomo nota de su observación y haré que la Mesa reflexione sobre esta cuestión.

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Señorías, ahora sí que llegamos al final de nuestros trabajos. Les advierto que el acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento a principio de la próxima sesión. Si no hay ninguna objeción se inicia sin demora la tramitación de las resoluciones que acaban de aprobarse a sus respectivos destinatarios.
Señorías, me corresponde de nuevo esta grata misión que tengo todos los viernes antes de cerrar la luz, esto es, la de agradecer a los servicios de la Asamblea su colaboración. Como ustedes saben, Señorías, sin el complemento de estos servicios sería imposible llevar a cabo nuestra tarea, pero permítanme que esta semana subraye especialmente el buen hacer de los miembros de los servicios que elaboran el Acta Literal de las sesiones, porque he tenido posibilidad personal de comprobar su diligencia y su exquisita atención.
Esta mañana, al iniciar nuestros trabajos, un diputado, haciendo uso como lo hacemos, generosamente, del artículo 126, manifestaba su valoración positiva de la Sra. Fontaine. Señorías, creo que somos muchos los que envidiamos -entre ellos me encuentro yo-, el buen hacer de la Sra. Fontaine y su capacidad, pero permítanme que yo también, aprovechando el artículo 19 con generosidad, les diga que gracias a ustedes, los viernes por la mañana son jornadas de trabajo fructíferas, tranquilas, serenas y positivas. Por tanto, permítanme que les diga que ustedes, para mí, son las mejores diputadas y los mejores diputados.
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 12.00 horas)
