

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Cornillet, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2005 [2005/2104(INI)] (A6-0063/2006). 
Thierry Cornillet (ALDE ),
   . – Señor Presidente, el informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en 2005 está inscrito en efecto en el orden del día. No entraré en los detalles del informe, sino que me limitaré a hacer referencia a dos sesiones, la de Bamako en abril de 2005 y la de Edimburgo en noviembre de 2005, sin olvidar la próxima sesión, que tendrá lugar en Viena en junio de 2006. Quisiera resaltar a este respecto en esta Cámara hasta qué punto vale la pena que las sesiones organizadas en Europa se celebren, como sucedió este año, en el país que ostenta la Presidencia. En efecto, parece del todo lógico mantener y perpetuar este sistema, adoptado hace dos años.
Quisiera destacar asimismo la gran participación de nuestros colegas de los países ACP, y debemos felicitarlos por ello. Paralelamente, hemos llevado a cabo seis misiones conjuntas, y permítanme insistir por primera vez –pero no por última– en el adjetivo «conjunto». En efecto, es esencial que tanto la Asamblea Permanente como las misiones compartan una visión conjunta de las cosas. Lo contrario no tendría ningún sentido. Quisiera señalar también que se han celebrado votaciones transversales cada vez más numerosas entre los países ACP y la representación de la Unión Europea. En mi opinión, la práctica de las cámaras separadas debe utilizarse lo menos posible sin por ello suprimirla de nuestro Reglamento. Dicho esto, es cierto que el objetivo a largo plazo sería organizar cada vez más votaciones que permitieran asegurar una mayoría ACP-UE.
Por otra parte, parece que nuestros colegas de los países ACP se implican menos en lo yo llamaría un plano «intelectual». Con esto quiero decir que hemos convenido con ellos que lo que para nosotros es un gasto –en realidad, el gasto de la UE, que constituye el presupuesto de la ACP–, representa para ellos un ingreso. Por lo demás, tienen cada vez más clara la necesidad de un control parlamentario en estos dos niveles. A este fin, nosotros mismos pedimos la inclusión del FED en el presupuesto, con objeto de garantizar un control parlamentario sobre el empleo de ese gasto comunitario, pero, paralelamente, es necesario que los Parlamentos de los países ACP también sometan a control parlamentario lo que consideran un ingreso. Debemos lidiar una batalla conjunta para que se reconozca la necesidad vital de un control parlamentario.
Por lo que respecta al futuro de la ACP, celebro la modificación introducida en el Acuerdo de Cotonú. El presupuesto del décimo FED asciende ahora a 22 682 millones de euros. En esta Cámara ya nos hemos quejado de este importe, que no responde a nuestras expectativas de 24 000 millones de euros. La Presidencia austriaca nos ha respondido. Y no dudo que mis colegas, dentro de un momento, volverán a abordar el tema para pedir un reajuste. No se trata de repetir indefinidamente las mismas cosas, pero esperamos respuestas más enérgicas que las que se nos han dado.
También el excedente del FED representa un problema. Asciende a día de hoy a casi 11 000 millones de euros, lo que plantea naturalmente cuestiones relacionadas con el procedimiento y la ambición de los proyectos tratados, porque es imperdonable que no se hayan gastado 11 000 millones de euros en países con necesidades tan clamorosamente evidentes.
¿Cuál es el futuro del FED? Si cumplimos nuestros compromisos políticos en 2010 y conseguimos consagrar el 0,56 % de nuestro PIB a la ayuda al desarrollo, la Unión Europea concederá 50 000 millones de euros más al año a este presupuesto, aun cuando se había comprometido políticamente a consagrar solo la mitad de ese importe a África, es decir, 25 000 millones de euros. Está claro que si esta política se respeta, la ayuda adicional disponible equivaldrá de hecho a un presupuesto anual del FED. Sin embargo, si estudiáramos cómo se gasta ese presupuesto, solo se plantearían preguntas.
Por otra parte, me pregunto por la parte de la ayuda a los países en desarrollo que será gestionada por la Unión Europea y que será del orden del 20 %. En este caso, aunque la palabra sea quizás un poco fuerte, el FED quedará relegado al rango de instrumento menor de la ayuda. Se plantea pues de forma más acusada aún el problema de su inclusión en el presupuesto, absolutamente necesaria y en el plazo más breve posible, así como el de su «fungibilidad», es decir, la posibilidad de conceder a proyectos regionales muy ambiciosos, como las infraestructuras ferroviarias, un lugar en el dispositivo general de acción de la Unión Europea. Esto permitiría garantizar la coordinación entre los países miembros y la Unión Europea. El FED puede convertirse en esa palanca de coordinación y la Asamblea Parlamentaria Paritaria en un elemento de control específico, sabiendo que todos los países menos avanzados del mundo son miembros de la Asamblea Parlamentaria Paritaria.
Por último se plantea ante todo el problema de la comprensión de la acción de la Unión Europea. Lo que calificaba hace un momento de gastos comunitarios asignados a la ayuda al desarrollo, son aportados por nuestros contribuyentes. A este respecto, la acción debe ser clara, porque no conviene que los populistas se apoderen de las cifras que les he anunciado para exclamar: «¿Pero qué diantres hacen ustedes con todo ese dinero?» Necesitamos, por tanto, que este asunto se vea y se entienda desde una perspectiva política.
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, el ponente ha presentado un excelente informe sobre el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Ha resumido muy bien las recientes actuaciones de la Asamblea. De hecho, se está convirtiendo en un pilar parlamentario cada vez más sólido de la cooperación ACP-UE. La creación de las comisiones permanentes y la elaboración conjunta de informes por parte de los diputados a la Asamblea de los países ACP y de la UE han ocasionado contactos más frecuentes e intensos entre parlamentarios.
La Asamblea se ha convertido en un foro maduro en el que las cuestiones que preocupan a los parlamentarios de los países ACP y de la UE se abordan en un debate abierto en que surge un amplio consenso respecto a muchas cuestiones de desarrollo y en que las votaciones por cámaras separadas han pasado a ser una rara excepción. Este marco ha permitido que la Asamblea debata y logre acuerdos en una amplia gama de cuestiones, que incluyen la gobernanza, las finanzas y el comercio.
Esta resolución solicita que la Asamblea organice reuniones entre diputados de la UE y los países ACP en el ámbito regional o subregional para reforzar la integración regional y fomentar la cooperación entre Parlamentos nacionales. La Comisión está dispuesta a contribuir al éxito de dichos acuerdos.
En conclusión, quisiera subrayar que la Comisión comparte su opinión sobre el papel de la Asamblea como modelo de cooperación. Mi colega el señor Michel ha participado en todas las Asambleas celebradas desde que asumió su cargo. El Comisario Michel también espera asistir a la próxima Asamblea, que se celebrará en Viena el mes de junio de este año. 
Michael Gahler,
   . – Señor Presidente, para empezar permítame expresar mi más sincero agradecimiento al señor Cornillet por su exhaustivo informe sobre nuestras actividades durante el año pasado, en muchas de las cuales he participado por supuesto como primer Vicepresidente europeo de la Asamblea. También quisiera expresar mi agradecimiento a nuestras dos copresidentas –la copresidenta europea, señora Kinnock, que hoy está aquí con nosotros y, aunque esté ausente, la señora Hay-Webster– por su gran dedicación durante el último año, que ha sido ejemplar. Esperamos que continúen con su trabajo. El principal objetivo de la Asamblea Parlamentaria es reforzar la dimensión parlamentaria del Acuerdo de Cotonú. Las numerosas cosas que hacemos juntos tienen por objeto ayudar a nuestros homólogos a adquirir influencia en sus propios países y ganar la misma confianza en sí mismos que nosotros hemos conseguido con los años a la hora de tratar con nuestros Gobiernos y el poder ejecutivo.
Nuestras experiencias comunes y nuestros viajes juntos a diversos lugares han hecho que compartamos conclusiones, por ejemplo respecto a la reforma de la organización del mercado del azúcar. Es muy positivo que la Comisaria de Agricultura esté hoy aquí con nosotros, ya que conoce las cifras al dedillo y sabe qué estamos haciendo en Europa por paliar el efecto de la reforma de la organización del mercado del azúcar y, en comparación con ello, lo poco que está disponible para los países implicados. Es evidente que nuestra reforma afecta directamente a estos países, dos de los cuales –Guyana y Jamaica– he visitado personalmente. En Guyana podemos contribuir sin quererlo a la desestabilización de todo un país si no paliamos el efecto de nuestra reforma pagando una compensación suficiente a este país.
Hay otro aspecto importante que me gustaría destacar. Solicitamos a la Comisión que dedique una parte adecuada de los fondos europeos de financiación del desarrollo a la educación política de los parlamentarios y otras personas que ocupan puestos de liderazgo, ayudando a desarrollar en estos países el tipo de cultura política que reforzará a largo plazo la gobernanza responsable.
En conclusión, quisiera mencionar el contacto oficial que establecimos con el Parlamento Panafricano a finales del pasado año, cuando pude mantener consultas, en nombre de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, con la señora Hay-Webster, y desde entonces he asumido el cargo de presidente de esta delegación . Es importante que fomentemos en África la conciencia de que el continente comparte un destino común, así como del importante papel que puede desempeñar el Parlamento en este sentido. 
Marie-Arlette Carlotti,
   . – Señor Presidente, el informe de mi colega, el señor Cornillet, ilustra la calidad del trabajo efectuado por la Asamblea Parlamentaria Paritaria en 2005.
La APP es un espacio de diálogo político permanente que tiende a convertirse en instrumento de prevención, resolución de conflictos y apoyo al proceso democrático. La función de la APP es, pues, muy valiosa en el marco de los Acuerdos de Cotonú. Es un instrumento único para el diálogo entre el Norte y el Sur. Y en el futuro debe trabajar más eficazmente, en particular en las situaciones de crisis grave, como en Darfur, a condición de que se le den los medios. Este aspecto es, en primer lugar, responsabilidad de la Unión Europea, que debe dar prioridad política a esta cooperación con los países ACP, respetando sus compromisos en las negociaciones en curso sobre el importe del décimo FED y dejando por fin de quitar con una mano lo que da con la otra, como ilustra la reforma del azúcar.
Concediendo por fin a la APP el respeto político que merece, inscribimos definitivamente en la práctica lo que se menciona en el Acuerdo de Cotonú, es decir, que la Asamblea debe reunirse en Europa en el país que presida la Unión. No recibamos a nuestros socios ACP con desgana, pues daríamos una muy mala señal política. Pero también es responsabilidad de la propia APP. Esta debe avanzar en su reforma y en sus métodos de trabajo, y el próximo paso podría concretarse en las conferencias regionales. Podríamos fijarnos este objetivo de aquí a principios de 2007.
Por último, nosotros, los miembros de la APP, tenemos también una responsabilidad política, absteniéndonos por ejemplo de recurrir a la votación por cámaras separadas, que no solo es una negación del carácter paritario, sino también un modo utilizado con demasiada frecuencia para desbaratar el resultado de una votación. Encuentro todo esto en el informe Cornillet y considero por tanto que constituye, para nosotros, un plan de trabajo para 2006. 
Gerard Batten,
   . – Señor Presidente, el modo de ayudar a los países de África y otras zonas del mundo en desarrollo es un factor clave para asegurar un mundo más próspero y por lo tanto más estable.
Lo que África necesita en concreto es respeto del Estado de Derecho, respeto del Derecho contractual y protección de la propiedad privada. En estas circunstancias habrá desarrollo económico y prosperidad. Esto es muy difícil de lograr cuando muchos Gobiernos son socialistas o casi socialistas o simplemente cleptocracias. Lamentablemente, la historia de la ayuda internacional a estos países es una historia de despilfarro, malversación y corrupción.
Si la UE realmente quiere ayudar a estos países, no debería contribuir a consolidar sistemas corruptos con más ayuda. Lo que debería hacer es practicar el libre comercio y reducir los aranceles y las barreras comerciales, o mejor dicho, eliminar los aranceles y las barreras comerciales que frenan el desarrollo económico de estos países. 
Koenraad Dillen (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, el Acuerdo de Cotonú de 2000 se estableció con la buena intención de prestar ayuda comunitaria a los Estados ACP para salir de la miseria. Aunque hoy por hoy su continuidad es probablemente una conclusión conocida de antemano, sigue habiendo una serie de aspectos que están mal, y voy a señalar algunos de ellos.
Entre los Estados ACP sigue haciendo seis dictaduras: Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Sudán, Suazilandia, Cuba y Eritrea. Es un hecho que los dictadores de estos países constituyen un obstáculo para su desarrollo económico. La Asamblea Parlamentaria Paritaria, y en particular su Comisión de Asuntos Políticos, deben dedicarse prioritariamente a llevar una verdadera democracia a estos países. Al mismo tiempo, entre los Estados ACP también figuran una serie de países en los que las prácticas religiosas siguen prevaleciendo sobre el Estado de Derecho. La tragedia humanitaria de Darfur es una consecuencia directa de ello, entre otros aspectos. En algunos de ellos, los derechos de las mujeres no cuentan para nada y su mutilación –pese a lo que ya se ha hecho para combatirla– sigue siendo un hecho cotidiano.
Fue el Acuerdo de Cotonú el que reconoció por primera vez que la corrupción era un obstáculo para el desarrollo. Esta sigue existiendo; todavía no se ha acabado con ella y constituye un serio obstáculo para aliviar las necesidades de las personas menos favorecidas de estos países. Para concluir, permítanme citar al premio Nobel de economía indio, Amartya Sen: «nunca ha habido hambre en un país democrático». De ello se deduce entonces que además del principio de «ayuda al comercio», tenemos que considerar también la idea de «ayuda a la democracia». 
Maria Martens (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, creo que podemos analizar el año pasado con satisfacción, como también los acuerdos de Bamako y Edimburgo alcanzados por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Se han aprobado buenos informes y se ha mejorado aún más la capacidad para afrontar tareas onerosas, además de la calidad del diálogo político. Esto es importante si queremos ayudar a instaurar la estabilidad política, que es lo que conseguimos reforzando los Parlamentos.
Sin embargo, en última instancia lo que importa en la cooperación para el desarrollo en los Estados ACP es el concepto de responsabilización, y esto es lo que tomaremos como punto de partida para nuestro trabajo. Siguen siendo los propios países los que asumen la responsabilidad primaria de su propio desarrollo. A través del diálogo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE esperamos promover aún mas la gobernanza, la democracia y la protección de los derechos humanos, y añadiría que también me complace que se haya designado esta semana la delegación en el Parlamento Panafricano –a la que ya se ha hecho referencia–, que puede servir de instrumento adicional.
Hoy quisiera pedir que se preste especial atención a dos proyectos que han venido desarrollándose durante el año pasado y que continuarán el año que viene: los acuerdos de asociación económica y la reforma del mercado del azúcar, que tendrán un importante impacto sobre Europa y los Estados ACP. Debemos ocuparnos de que ambos ayuden a situar a los Estados ACP en una posición económica reforzada, y en este sentido tendrá una importancia crucial la fluidez de la consulta con ellos, que debe implicar asimismo a sus Parlamentos. 
Esta Asamblea otorga especial importancia a la cooperación ente los Estados ACP y la UE, ya que implica a una Asamblea Parlamentaria Paritaria formada por 77 diputados a esta Asamblea y 77 diputados a los Parlamentos de dichos Estados. Debatimos conjuntamente y aprobamos resoluciones conjuntas en lo que constituye un sistema único y valioso. Lo que hace falta para que haya paz y estabilidad económica y política en estos países no es solo inversión financiera por nuestra parte, sino también inversión en contactos dedicados a la deliberación y el diálogo, con el fin de conocernos y entendernos mejor unos a otros. En eso nunca podremos invertir lo suficiente.
Espero con interés la 11ª reunión que tendrá lugar en Viena en junio de este año, y espero que sea exitosa. Doy las gracias al ponente por su excelente informe y por el placer de trabajar con él. 
Glenys Kinnock (PSE ).
   – Señor Presidente, doy las gracias al señor Cornillet por su excelente y amplio informe, que abarca todos los puntos planteados en el debate esta mañana.
Cualquiera que haya observado nuestra Asamblea Parlamentaria Paritaria a lo largo de una serie de años, como he hecho yo durante unos 12 años, habrá comprobado un aumento muy alentador de la confianza, la madurez y, de hecho, la participación activa en cuestiones relacionadas con el comercio y el diálogo político, al que concedemos gran importancia.
Alguien ha dicho que todo en África es terrible y que las cosas no mejoran. No creo que podamos decir eso. Hay limitaciones, pero estamos allí, trabajando con los parlamentarios de un modo excepcional al amparo del Acuerdo de Asociación de Cotonú. No existe otra asamblea parlamentaria norte-sur como la nuestra, que tenga esta oportunidad de presionar a favor de la gobernanza, la democracia y los derechos humanos, y eso es lo que hacemos.
Respecto al FED, por decirlo brevemente, nos preocupa y hace algunas semanas celebramos un debate en la el periodo parcial de sesiones de Bruselas. A muchos de nosotros nos preocupa la situación de los países y territorios de ultramar en relación con el FED. Nos preocupa que no se haya considerado la entrada de Timor Oriental en la relación ACP-UE, y tenemos algunas otras preocupaciones. Siempre nos deja perplejos el 3 % o 4 % de gastos administrativos. No sé por qué la Comisión tiene que poner dinero para pagarse a sí misma por el trabajo que está realizando. Lo encuentro bastante raro.
Permítanme hablar brevemente del azúcar, cuestión en la que la Comisaria ha participado directamente. Este fin de semana voy a África –Suazilandia– y Mauricio para examinar de nuevo las cuestiones relacionadas con el azúcar allí. La Comisaria debe ser consciente de que las cifras que tenemos ahora en la línea presupuestaria, que van de 130 millones de euros hasta 170 millones de euros para 2013, son mucho menores que lo que la Comisaria y otros habían prometido, que eran 190 millones de euros. Mi Gobierno habló de 230 millones de euros. Van a conseguir 1 100 millones de euros a finales del año 2013 y además la financiación se concentrará en los últimos años. ¿Cómo puede ser sensato? Instamos a la Comisaria a que estudie esto e intente que sea más práctico. Pongan fin a esta concentración de la financiación en los últimos años e incrementen los importes de las líneas presupuestarias para estos países.
Esta cuestión no se reduce al empleo en el sector azucarero, como debe saber la Comisaria –porque hemos hecho bastante ruido al respecto en Europa–, sino también a las demás aspectos que dependen de esta fuente de empleo y crecen alrededor de ella. Miles y miles de vidas están en juego en estos 18 países del Protocolo del Azúcar. Pueden confiar en que en la Asamblea Parlamentaria Paritaria seguiremos planteando esta cuestión.
Estamos trabajando en ello. Nuestras comisiones están trabajando bien y creo que podemos decir honestamente que la Asamblea Parlamentaria Paritaria no hará más que reforzarse en los próximos años. Seguiremos luchando en torno al FED, al comercio y a otras preocupaciones y prioridades que compartimos con nuestros colegas parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Eija-Riitta Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hay numerosos aspectos en el informe de la delegación ACP que, como diputada, quisiera resaltar. Por lo tanto, no me refiero ahora tanto a la situación relativa a los Estados ACP, como a la labor de la delegación.
En primer lugar, agradezco a la Mesa del Parlamento Europeo su decisión de autorizar que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se celebrase en Edimburgo. La reunión fue un éxito, y Gran Bretaña, país que ostentaba la Presidencia en ese momento, así como la Ciudad de Edimburgo, merecen elogio por haber organizado tan bien el evento. Espero que en el futuro también sea posible organizar la Asamblea Parlamentaria Paritaria en el país que ostente la Presidencia, ya que el lugar en el que se celebran las reuniones aporta un verdadero valor añadido, al igual que el hecho de que las reuniones se celebren por rotación en los Estados ACP-UE.
También fue una experiencia excelente que los representantes de los países ACP y de la UE pudiesen participar en el Consejo de Ministros informal de cooperación al desarrollo, organizado por la Presidencia británica en octubre. Es de esperar que esta práctica se mantenga cuando mi país, Finlandia, asuma la Presidencia en julio.
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE desempeña un importante papel en la realización del diálogo político que se establece en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. El objetivo es reforzar la democracia, la gobernanza y el respeto de los derechos humanos. Es un poco un fastidio que nuestras reuniones siempre coincidan parcialmente con la semana de las comisiones. Para mí esto ha significado que nunca he podido estar presente en una reunión desde el comienzo hasta el final. No sé si otros diputados comparten esta opinión, pero creo que sería mucho más fácil salir en la semana en que celebran sus reuniones los Grupos políticos del Parlamento . Quizás merece la pena probar esta opción.
También me complace que se hayan creado comisiones permanentes. Estas han mejorado la cooperación entre el Parlamento Europeo y los diputados ACP desde una fase más temprana del proceso. Yo misma me he dado cuenta de la viabilidad del sistema al elaborar un informe. 
Ana Gomes (PSE ).
   – Para empezar quisiera felicitar al señor Cornillet por su informe, así como a la copresidenta de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE por sus denodados esfuerzos y su dedicación a las actividades de la Asamblea.
También quisiera llamar la atención sobre las conclusiones del Foro de las Mujeres celebrado al margen de la Asamblea, durante la última sesión en Edimburgo en el mes de noviembre. El debate trató el tema del tráfico de mujeres y niñas procedentes de países en desarrollo y de las regiones más pobres de Europa hacia las zonas más ricas de Europa Occidental. Cada año, entre 600 000 y 800 000 mujeres son víctimas del tráfico transfronterizo, una cifra que supera el número de habitantes de algunos Estados ACP, como Cabo Verde, Yibuti y las Comoras.
El Foro de las Mujeres tendió un puente entre los países de origen y de destino. El debate fue animado, con una importante participación del contingente de los Estados ACP. En las conclusiones finales, las participantes pidieron a la Asamblea Parlamentaria Paritaria que elabore un informe para determinar las medidas necesarias para combatir este azote en todos los Estados ACP, incluidos los países europeos, africanos y del Caribe.
Cabe señalar que el Foro se organizó al margen de la Asamblea Parlamentaria Paritaria y que no hay recursos disponibles para su organización. Por eso solicito a los servicios del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes que estudien la posibilidad de reservar fondos para una organización tan positiva y orientada a los resultados. En términos más generales, el año pasado la Asamblea Parlamentaria Paritaria debatió la situación en Darfur y en África Occidental, pero no abordó la quiebra del Estado de derecho y del proceso electoral ni las graves violaciones de los derechos humanos en países de gran significado simbólico como Etiopía, donde tiene su sede la Unión Africana.
Sin embargo, se han producido importantes avances en la lucha contra la impunidad en África; por ejemplo, el dictador Charles Taylor ha sido arrestado y llevado ante la justicia. Otros dictadores como Hissène Habré y el ex dictador etíope Mengistu, que actualmente residen en Estados ACP como Zimbabue y Senegal, también deben comparecer ante la justicia. Estos son otros casos en los que la Asamblea puede desempeñar un papel clave en el fin de la impunidad en África.
En esta materia debo decir que sería importante que los debates fueran más auténticos. En ocasiones hay países ACP que actúan más como embajadores de sus Gobiernos y menos como críticos de la situación en sus países. Considero que como diputados al PE tenemos la obligación de encontrar la manera de respaldar a nuestros homólogos de los Estados ACP que están dispuestos a decir la verdad y de animarles a que tomen medidas para realizar el cambio y mejorar la gobernanza en sus países. 
John Bowis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, creo que estamos viendo madurar bien la relación con los países ACP, lo cual puede sonar a la descripción de una amante estable, pero es verdad que nos conocemos, nos entendemos, a veces nos emocionamos, a veces vemos nuestros defectos, pero ambos aprendemos a apreciar las cualidades del otro.
Mi mensaje a los países ACP es que en principio seguimos queriendo que los delegados ACP sean exclusivamente diputados al Parlamento y no embajadores, y preferiblemente de los partidos del Gobierno y de la oposición, lo cual reflejaría mejor el equilibrio de la delegación del Parlamento Europeo. No estoy seguro de si un día el PE se reunirá con el PA –el Parlamento Africano, incluidos, sin duda, el Caribe y el Pacífico–, pero sin duda debemos cumplir nuestra función sosteniendo y desarrollando ese concepto de Parlamento Africano.
Mi mensaje al Parlamento Europeo es que REACH nos ha demostrado lo mucho que afecta el trabajo de cada uno de nosotros al trabajo del otro. Hemos celebrado debates muy útiles en Bamako y Edimburgo, y estoy seguro de que este Parlamento tendrá en cuenta las opiniones de los países ACP. No obstante, a menudo legislamos por muchos motivos justificados en el Parlamento Europeo pero no oímos las preocupaciones de los países ACP porque no escuchamos. Por esa razón le digo a la Comisaria que los países ACP no son un asunto exclusivo de nuestro buen amigo el señor Michel: interesan a todos los Comisarios del Colegio.
Me complace que esta Cámara se impusiera a la Presidencia del Parlamento respecto a la cuestión de dónde debería tener lugar la última APP en la Unión Europea. Era correcto que la situáramos en el país que tenía la Presidencia, del mismo modo que rotamos nuestras reuniones en la APP entre los países ACP. Eso brinda a los diputados ACP una oportunidad de ver distintos aspectos de distintas políticas en Europa, por ejemplo la investigación sobre la vacuna contra la malaria en Edimburgo. Del mismo modo, hemos aprendido muchas cosas viendo la desertización de Níger o la aplicación del fondo para la vacunación sobre el terreno en Malí, donde pudimos ver a las personas más afectadas beneficiarse del trabajo que se está llevando a cabo. La amenaza de pandemia de gripe y la realidad de la pandemia de gripe aviar muestran lo importante que es que sigamos trabajando juntos estrechamente –Europa y los países ACP– en nuestro beneficio muto.
Karin Scheele (PSE ).
   – Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al ponente, el señor Cornillet, que con su informe nos da una excelente visión general del buen trabajo realizado por la Asamblea Parlamentaria Paritaria.
Numerosos oradores han mencionado el Foro de las Mujeres que se celebra con motivo de cada reunión de la Asamblea Paritaria, y yo quisiera hacer lo mismo, ya que el debate en profundidad de los problemas económicos y políticos específicos de las mujeres de los Estados ACP es muy útil, no solo para las propias mujeres del foro, sino también para los subsiguientes debates en el pleno de la Asamblea. No hay más que recordar a la Asamblea el interesantísimo debate sobre la mutilación genital celebrado en Bamako (Mali) –país en el que esta práctica todavía no está proscrita por ley– cuando la discusión se prolongó durante horas e incluso conseguimos que se retransmitiese por radio.
A continuación quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el trabajo realizado por las comisiones, que ha tenido el efecto de mejorar considerablemente el trabajo de la Asamblea ACP-UE, consiguiendo que se presenten menos enmiendas en el pleno, y cuanto mayor sea el grado de confianza entre los diputados al PE y los representantes de los Estados ACP, tanto más a menudo se alcanzarán compromisos. Sin embargo, quisiera reiterar algo que ya se ha dicho, a saber, que es importante pensar en la programación de las reuniones europeas de las comisiones, que se celebran en Bruselas. En ocasiones es realmente una vergüenza que debamos participar en votaciones en nuestras comisiones especializadas, que pueden prolongarse durante horas, y por lo tanto no podamos participar en los interesantes e importantes debates de las comisiones ACP-UE, lo cual se considera –erróneamente– una muestra de falta de interés. 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, estoy de acuerdo con los oradores en que la Asamblea Parlamentaria Paritaria se ha convertido en un foro de diálogo aceptado y respetado. Las resoluciones aprobadas por esta Asamblea a veces incluso generan debates que van más allá de ese foro. El señor Bowis ha mencionado la resolución sobre REACH, aprobada aquí en noviembre del año pasado, que dio pie a un debate mucho más centrado sobre el impacto de REACH en los países en vías de desarrollo.
La próxima Asamblea Parlamentaria Paritaria también promete ser interesante. Tratará cuestiones tan importantes como el papel de la integración regional en la promoción de la paz y la seguridad, la cuestión problemática de la energía en los países ACP y los aspectos sociales y ambientales de la pesca en los países en vías de desarrollo. Sé por mi colega, el señor Michel, que espera ansiosamente asistir a esas reuniones.
Respecto a la cuestión del azúcar, estoy familiarizada con la cuestión de la financiación para los países del Protocolo del Azúcar. Ya hemos tenido este debate anteriormente. Solo quiero reiterar que hay 40 millones de euros disponibles en 2006. Lo más importante es que no olvidemos que el impacto de la caída de precios acordada en el seno de la Unión Europea no tendrá ningún efecto en los países ACP hasta 2008. Tienen otros dos años para intentar adaptar su producción con el dinero disponible de la Unión Europea. Saben que habrá fondos considerables disponibles desde 2007 hasta 2013.
En la Unión Europea hemos demostrado que también somos responsables con aquellos países que se verán afectados por la legislación interna respecto a la necesidad –que estoy segura que todo el mundo siente– de adaptar nuestra política agrícola a un comercio más global. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Alyn Smith (Verts/ALE ).
   – La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha realizado un trabajo excelente profundizando nuestros lazos con los países ACP y les permite establecer un vínculo crucial con nuestras deliberaciones, especialmente cuando por fin abordamos nuestras políticas comerciales, que con demasiada frecuencia obstaculizan el desarrollo en lugar de favorecerlo. Escocia se situó al frente de los llamamientos al cambio en 2005, con la marcha en pro de «Hacer de la pobreza historia» en Edimburgo y la cumbre del G8 en Gleneagles en verano, y por supuesto tuvimos el placer de acoger la reunión ACP-UE en Edimburgo. Lo que ahora necesitamos ver es cómo los Gobiernos de nuestros Estados miembros transforman nuestras bonitas palabras en acciones y cómo hacen de la política de desarrollo no solo una cuestión de reparto de ayuda, sino de cooperación con los países en desarrollo en torno al comercio justo, en beneficio de todos. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Van den Berg, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la eficacia de la ayuda y corrupción en los países en desarrollo [2005/2141(INI)] (A6-0048/2006). 
Margrietus van den Berg (PSE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, me complace que hoy celebremos en esta Asamblea un debate serio sobre una cuestión que no siempre es fácil de tratar en el contexto de un debate sobre cooperación al desarrollo. Desde el punto de vista cuantitativo, Europa es el mayor donante del mundo, pero en los últimos años ha aumentado la conciencia global del hecho de que el modo en que se hace llegar la ayuda es tan importante como su cuantía.
La Declaración de París del año pasado sobre Eficacia de la Ayuda constituye una importante referencia para la acción en este frente y la Comisión ha respondido recientemente a la misma mediante un paquete de medidas sobre la eficacia de la ayuda que pronto trataremos en la Comisión de Desarrollo.
Mi informe de propia iniciativa, sobre el que votaremos hoy, hace algunas recomendaciones serias sobre el modo de lograr que la ayuda sea más eficaz. La eficacia de la ayuda depende en gran medida de la gobernanza libre de corrupción, ya que no solo ocurre que se desvía el dinero de la ayuda, sino que la corrupción constituye también un obstáculo para el desarrollo y tiene un efecto desproporcionado sobre los miembros más pobres de la sociedad. Hace que el acceso a los servicios esenciales, como la educación básica y la atención sanitaria, sea más difícil y en ocasiones imposible.
La corrupción es un enorme problema a escala mundial. Según cálculos del Banco Mundial, en un año se pagan más de un billón de dólares estadounidenses –es decir, un millón de millones– en sobornos. En África, el continente más pobre del mundo, la suma que de acuerdo con los cálculos que se pierde –148 000 millones de dólares estadounidenses– equivale más o menos al 25 % del PIB del continente, y la corrupción está presente en todos los niveles de la sociedad y prácticamente todas las personas se ven afectadas por ella: políticos, funcionarios, medios de comunicación, empresas multinacionales y la comunidad internacional de donantes. La responsabilidad de la gobernanza y la ayuda eficaz la comparten la comunidad de donantes y los propios países en desarrollo; «hacen falta dos para bailar un tango». Por lo tanto, mis propuestas tienen que ver con lo que nosotros –la Unión Europea, la Comisión y los Estados miembros– podemos hacer en la práctica, a ser posible junto con la comunidad internacional. 
Mi propuesta principal se refiere a la elaboración de una lista negra de regímenes corruptos que no deberían recibir nuevos préstamos de los bancos u otras entidades financieras. Quienes prestaran dinero a los Gobiernos incluidos en dicha lista se expondrían al riesgo de la deuda y no podrían pedir a la comunidad intencional que los sacara del apuro. Esto impediría que la población se convirtiese en la víctima final de personas como Marcos, Kabila, Abacha o cualquiera de sus sucesores.
Además, propongo que un pequeño porcentaje –el 0,5 %– de la suma pagada directamente al Gobierno de un país se abone a modo de apoyo presupuestario para los órganos de control de la sociedad civil. Estos grupos, pertenecientes a la sociedad civil organizada, participan en el control público de los ingresos y gastos del Gobierno desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo. También es necesario prestar apoyo –pagado con cargo a la misma suma– a los Parlamentos nacionales de modo que puedan ejercer mejor su labor de seguimiento junto con los órganos de control.
Otra propuesta consiste en que las empresas de las que se conozca su implicación en actos de corrupción relacionados con proyectos en países en desarrollo deberían quedar excluidas a partir de entonces de las convocatorias europeas. En este caso propongo también la elaboración de una lista negra de estas empresas. Sin embargo, aquellas que demuestren que ha habido una mejora –por ejemplo, un cambio de la dirección– tendrían una segunda oportunidad y podrían ser tachadas de la lista.
Por último, los Estados miembros de la UE no deben retrasar más la ratificación del tratado contra la corrupción de las Naciones Unidas, que data de 2003. En la actualidad solo lo han ratificado dos países: Francia y Hungría. Esto no puede seguir así. Este tratado es el primer acuerdo internacional que prevé el uso del Derecho internacional para combatir la corrupción, por ejemplo mediante la prevención y la penalización del blanqueo de dinero, la inmediata congelación de los activos financieros en bancos extranjeros y la confiscación de dichos activos en los casos en que se haya demostrado que existe corrupción.
Estas son algunas de las propuestas que he planteado en mi informe. Por supuesto, solamente constituyen algunos pasos que puede adoptar Europa para afrontar el enorme problema que representa la corrupción para la sociedad, pero si la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros les damos carácter prioritario, dejaremos de limitarnos a señalar con el dedo a los países en desarrollo y confesaremos también nuestros propios pecados. Me interesa conocer la respuesta de la Comisión a estas propuestas prácticas, ya que, recuerden, «hacen falta dos para bailar el tango». 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al ponente su excelente informe. La Comisión está especialmente interesada en garantizar que la ayuda que gestiona favorezca los objetivos de combatir y en última instancia erradicar la pobreza, y a ese respecto la gestión de los recursos financieros es crucial. De ahí la decisión de hacer de la gobernanza en general un tema horizontal y central en la programación del 10º FED, porque la lucha contra la corrupción solo puede dar resultado si se integra en un plan más amplio de desarrollo de capacidades.
En este contexto, compartimos la opinión del ponente, el señor Van den Berg, sobre la importancia y la magnitud del problema. La corrupción es, sin duda, un obstáculo importante para el desarrollo. Afecta más a los ciudadanos más pobres de los países en vías de desarrollo. Es responsable de la inestabilidad política y la violación de los derechos humanos y reduce la cuantía de los recursos disponibles para financiar el desarrollo.
En segundo lugar, estamos de acuerdo en que la corrupción es un fenómeno muy complejo que ha de abordarse con una serie de medidas distintas. Los acuerdos internacionales son importantes y el informe indica que el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción todavía ha de ser ratificado por varios de nuestros Estados miembros. Tenemos que cooperar con organizaciones del sector privado y necesitamos guardianes de la sociedad civil.
En nuestros programas de ayuda contemplamos distintas medidas de apoyo a la gobernanza, como las reformas del ordenamiento jurídico, el apoyo a Entidades Fiscalizadoras Superiores, ayuda a la sociedad civil y apoyo a los Parlamentos nacionales, que ha sido objeto de un debate en la reciente Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Ya apoyamos a supervisores de la sociedad civil, como por ejemplo los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en algunos países.
En tercer lugar, respecto al apoyo presupuestario, el señor Van den Berg presta especial atención al mismo, y con mucha razón, no porque sea especialmente proclive a la corrupción, sino porque es parte de la solución. Su gran ventaja es que aborda de manera directa una fuente importante de corrupción en muchos países, especialmente la débil gestión de las finanzas públicas.
Nuestro apoyo presupuestario va a parar únicamente a aquellos países que muestran la clara voluntad de reformar su sistema financiero público y, al reforzar aspectos sensibles como la contratación pública, contribuye de manera significativa a la lucha contra la corrupción. Por otra parte, la asistencia en forma de proyectos se basa en gran medida en la contratación pública, pero no puede abordar la debilidad del sistema.
Son ustedes conscientes del informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las finanzas públicas en el marco del apoyo presupuestario a los países ACP, que apoya el enfoque adoptado por la Comisión. También quiero subrayar la importancia del plan de armonización, que fue el tema central del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en París el pasado mes de marzo y destaca la importancia de reforzar los sistemas de países beneficiarios de la gestión y el control financiero, que es justamente una de las cosas que estamos haciendo. No obstante, una nota de cautela: el apoyo presupuestario no está destinado a un sector específico, pero las medidas y objetivos específicos de reforma sectorial pueden fijar las condiciones de los fondos que por supuesto se ingresan en el presupuesto general.
En cuarto lugar, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda también subraya la importancia de mejorar la transparencia de los procesos de contratación pública en nuestros países socios. A menudo estos procedimientos son fuente de corrupción.
Mi último punto tiene que ver con nuestros colegas sobre el terreno. Uno de los objetivos clave del proceso de delegación es garantizar una supervisión más detallada de la ayuda sobre el terreno y el máximo aprovechamiento del conocimiento local detallado de nuestro personal «del interior». Las delegaciones pueden comprobar el uso adecuado de la ayuda. Además, para algunos tipos de contrato exigimos ahora auditorías externas antes de realizar el pago final, y en 2003 se introdujo un sistema exhaustivo de programación de auditorías externas que incluía las auditorías que tenían que realizar las sedes centrales y delegaciones.
Resumiendo, compartimos en gran medida el análisis del señor Van den Berg. Creemos que se podría prestar más atención a las cuestiones de contratación pública y que algunas de las medidas concretas propuestas deben revisarse y seguir debatiéndose. 
Nirj Deva,
   . – Señor Presidente, quiero empezar felicitando a mi colega el señor Van den Berg por un informe excelente y muy útil. Sin lugar a dudas, la corrupción en la distribución de la ayuda al desarrollo es uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos en el intento de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Mientras crece la inquietud ante la falta de financiación de los ODM, debemos garantizar que se facilite ayuda a los países en vías de desarrollo y que dicha ayuda se distribuya de manera eficaz. A medida que aumentan las cuantías de ayuda cunde la preocupación de que políticos y funcionarios puedan hacer un mal uso del dinero destinado a los pobres del mundo. Como ha dicho el señor Van den Berg, la corrupción está extendida y afecta a todos los sectores y a la burocracia.
Sin embargo, debemos recordar que de ninguna manera es exclusivamente un problema de los países en desarrollo. Un alegato común es que la ayuda no debería canalizarse a través del gobierno. No obstante, incrementamos el apoyo presupuestario y me complace escuchar lo que ha dicho la Comisaria sobre el refuerzo de las instituciones para eliminar la corrupción mediante el apoyo presupuestario y la reforma del sector público.
Es necesaria una reestructuración a fondo de la administración pública y de la gestión financiera del Estado. A menudo estas reformas son responsabilidad exclusiva de unos pocos funcionarios seleccionados. Los funcionarios de países en vías de desarrollo, que perciben salarios bajos, típicos del sector público, luchan por que sus familias no caigan en la pobreza. Son objeto de chantajes y a menudo tienen que recurrir al pluriempleo para complementar sus ingresos. ¿Cómo podemos esperar que las personas apliquen las reformas necesarias si no se les paga como es debido?
Propongo a la Comisaria que reconozcamos a unos 200 funcionarios de cada país en desarrollo como agentes clave del proceso de toma de decisiones y los incluyamos en el apoyo presupuestario. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Singapur y ofrecemos unos ingresos adicionales a estos funcionarios, similares a nuestros criterios, para que no sientan la tentación de aceptar chantajes a fin de mantener con sus familias en el tren de vida al que se han acostumbrado?
También tenemos que desregular. La regulación es la madre de la corrupción. El poder del papel empuja a la gente a pedir permisos y los permisos se buscan y se compran mediante la corrupción. Si desregulamos al máximo en los países en vías de desarrollo, tendremos una oportunidad de abordar este problema. Después de todo, la regulación se utilizó como instrumento colonial: el poder del papel en vez del soldado en la aldea para hacer cumplir los deseos del soberano imperial. Cuando llegó la independencia, estos países mantuvieron estos controles. No desregularon los controles imperiales y por esta razón la corrupción se ha hecho endémica, porque se ha ido apilando regulación sobre regulación. Es preciso que los Parlamentos nacionales de los países en vías de desarrollo tengan amplias facultades de investigación para indagar en la corrupción en esas administraciones.
Vamos por buen camino. Felicito al señor Van den Berg por un excelente informe y me complace escuchar lo que ha dicho la Comisaria. 
Ana Gomes,
   . – Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al señor Van den Berg por su excelente, oportuno e importante informe. La UE y sus Estados miembros aportan más de la mitad del total de la ayuda oficial al desarrollo. Según se decidió en el Consejo Europeo de la primavera de 2005 y en la Cumbre del G8 en Gleneagles, la ayuda internacional deberá incrementarse sustancialmente a lo largo de los próximos diez años.
En este contexto, si queremos cumplir debidamente los Objetivos del Milenio, es preciso introducir mecanismos de transparencia para garantizar que la ayuda al desarrollo llegue realmente a las personas sobre el terreno a las que se pretende ayudar. Tal como afirma el informe Van den Berg, la gestión adecuada de la ayuda al desarrollo es esencial para la gobernanza de los países beneficiarios. Quisiera poner el ejemplo de Etiopía, donde, a pesar de ser el mayor receptor de ayuda exterior –que representa casi el 25 % del presupuesto público del país–, ha habido graves fracturas del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Conforme a los artículos 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú revisado, los casos graves de corrupción pueden dar pie a consultas políticas. La UE no debería abstenerse de usar esta herramienta. Naturalmente, a medio y largo plazo es esencial promover una sociedad civil dinámica con una prensa libre y equilibrada. Este es el único modo en que los ciudadanos de los países en desarrollo podrán denunciar a los Gobiernos corruptos y librarse de ellos. En un plano más práctico, la UE debe presionar a los Parlamentos y Gobiernos de los países en desarrollo para que refuercen el control de los gastos militares.
Los presupuestos secretos y paralelos constituyen de por sí una forma de corrupción que afecta directamente a la seguridad interior, regional e incluso mundial. La falta de transparencia en este terreno constituye un claro ejemplo del vínculo entre los países corruptos y arruinados y la seguridad. Dicho de otro modo, cuando hablamos de corrupción también estamos hablando de guerra y paz, ya que, como tal, el problema no se limita a los países en desarrollo, ya que nuestros Gobiernos de la UE y occidentales en general tienen su parte de responsabilidad. Los países del G8, por ejemplo, son responsables de más del 80 % de las exportaciones mundiales de armas.
Celebro los esfuerzos realizados por los Estados miembros de la UE para garantizar la compatibilidad de las exportaciones de armas de la Unión con la capacidad técnica y económica de los países importadores conforme al código de conducta de la UE sobre exportaciones de armas. Es esencial garantizar que el dinero destinado al desarrollo no se desvíe a la compra de armas. Lamentablemente, seguimos a la espera de recibir informes detallados de los Estados miembros sobre la aplicación de las normas de este código.
En este turbio tema de las armas, la corrupción y la violencia, Europa tiene la responsabilidad de garantizar que las armas vendidas por empresas y Gobiernos europeos lleguen a sus receptores legales, y solamente a estos, y no caigan en manos de delincuentes, milicias y Gobiernos represivos. La aplicación parcial de la posición común del Consejo Europeo de 2003 por parte de los Estados miembros, incluido mi país, significa que en Europa sigue habiendo lagunas jurídicas en este terreno. A menos que empecemos a ser más rigurosos con el control de las armas dentro de nuestras fronteras, será difícil luchar contra la corrupción en este terreno en los países en desarrollo. 
Marios Matsakis,
   . – Señor Presidente, quiero felicitar al señor Van den Berg por su excelente informe. La plaga de la corrupción no es nueva ni extraña. Acompaña la actividad humana desde tiempos antiguos y está extendida entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados; la única diferencia estriba en que en los países desarrollados se practica de manera más profesional y elegante, con lo cual es más difícil reconocerla.
Así que, con una corrupción tan común y amplia, ¿qué eficacia han tenido los intentos de atajarla realizados a escala internacional? Me temo que no mucha. La cantidad estimada de un billón de dólares pagada en chantajes hoy en día no es menor que la cantidad correspondiente de años anteriores; de hecho, es mayor. La razón es sencilla: la corrupción no puede controlarse solo firmando convenios y declaraciones, sino aplicando estrictamente dichos convenios y declaraciones por parte de los implicados. A ese respecto, en el mundo desarrollado debemos dar buen ejemplo.
Mientras juzgamos la corrupción en el mundo en vías de desarrollo, mirémonos a nosotros mismos. Miremos también con ojo crítico nuestra propia situación y analicémonos preguntándonos algunas cosas sencillas. ¿En qué medida está libre de corrupción un sistema que permite a funcionarios de máximo nivel del Gobierno de los Estados Unidos –pienso en nombres como Cheney y Rumsfeld– participar y tener supuestamente intereses personales en empresas a las que se conceden contratos multimillonarios en Iraq y Afganistán? ¿En qué medida está libre de corrupción un país en que, como ocurre el Gran Bretaña, la mujer del Primer Ministro, la señora Blair, trabaja para una gran firma de abogados y acepta casos políticamente delicados que implican directamente y se ven afectados por decisiones políticas que toma su marido? ¿No debería aplicarse en este caso el proverbio romano de que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo? ¿En qué medida está libre de corrupción un sistema que permite que haya funcionarios de las Naciones Unidas y otras personas asociadas, incluido el hijo del Secretario General de las Naciones Unidas, acusados de estar implicados en escándalos relacionados con el programa de petróleo por alimentos?
Más cerca de casa, ¿en qué medida puede considerarse que el sistema está libre de corrupción cuando los diputados al Parlamento Europeo o los miembros de otras instituciones de la UE implicados en tareas legislativas, o sus familiares cercanos, son al mismo tiempo miembros de consejos de administración o accionistas de empresas que se benefician enormemente de esa legislación? ¿Es realmente suficiente una simple declaración de intereses?
Por último, permítanme llamar su atención sobre dos enmiendas del señor Kristovskis, relativas al considerando N y al apartado 22. Estas enmiendas corrigen un error cometido en el informe original en el considerando N, en el que Chipre fue omitido de la lista de Estados miembros de la UE que todavía no han ratificado el Convenio de la OCDE de 1997. De hecho, Chipre ha intentado en repetidas ocasiones participar en la OCDE, pero Turquía, por motivos políticos que no están relacionados con el tema, ha bloqueado dicha participación. Votando a favor de estas dos enmiendas, haremos posible que Malta, Lituania, Letonia y Chipre ratifiquen el Convenio de la OCDE. 
Marie-Hélène Aubert,
   . – Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias al señor Van den Berg por su excelente informe. Va a verse cubierto de laureles, lo que ya es algo. Está claro que la lucha contra la corrupción es absolutamente esencial no solo para la eficacia de la ayuda europea, sino también para su credibilidad. En efecto, ¿cómo convencer a nuestros conciudadanos o a los Estados miembros de que den más si la corrupción sigue siendo endémica? Es también la condición para la viabilidad de un Estado de Derecho y de una economía. Es, pues, un combate esencial que debemos librar de forma permanente y que se ha hecho algo más complejo con la globalización económica, debido a la facilidad con que circulan los capitales y también debido al nuevo proceso de ayuda presupuestaria en la Unión Europea.
El ponente destaca bien todos los problemas que plantea el nuevo sistema de ayuda presupuestaria en materia de lucha contra la corrupción, así como las mayores dificultades existentes en el contexto actual, debido a la creciente presión ejercida sobre las materias primas y, en particular, sobre los escasos suministros de petróleo. Cabe temer por tanto un resurgimiento de los intentos de corrupción a fin de acceder a los últimos yacimientos de energía fósil, así como una escalada de los conflictos relacionados con el comercio y el tráfico de armas. Las armas y el petróleo son los dos grandes sectores, en la macroeconomía, en que se desarrolla un alto grado de corrupción.
Así, el ponente insiste con razón en dos cuestiones: la transparencia y la responsabilidad. La transparencia es, en efecto, un elemento esencial si nos queremos hacer una idea precisa y clara de los presupuestos que se utilizan. En este ámbito, debemos apoyar mucho más enérgicamente una serie de iniciativas como «Publica lo que pagas» o la iniciativa de las industrias extractivas, que no obstante presentan el inconveniente de basarse únicamente en la participación voluntaria. Necesitamos hacer progresos en el ámbito legislativo en vez de contentarnos con la buena voluntad de los agentes económicos o políticos para publicar, si lo desean, los fondos a los préstamos que conceden a los Gobiernos afectados.
La inclusión en el presupuesto de los ingresos petroleros y mineros es también un aspecto esencial de la transparencia presupuestaria y, por lo que respecta a la Unión Europea, debe ser una condición, de modo que no se pueda pagar una ayuda presupuestaria a un Gobierno que no publique claramente los beneficios que obtiene de las industrias petroleras, mineras o forestales. La opinión pública no puede entender que la Unión Europea siga ayudando a países que, normalmente, deberían disponer de un presupuesto sólido y capaz de financiar el buen funcionamiento de un Estado.
Por último, en el informe se indica que hay que publicar también los gastos militares de un Gobierno. Es absolutamente necesario reforzar el papel de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil, también desde el punto de vista financiero, prestándoles un mayor apoyo que permita tanto a los Parlamentos como a la sociedad civil desempeñar el papel que les corresponde en este ámbito.
Mi último punto se refiere a la transparencia con respecto a los donantes. Los Gobiernos de estos países reciben ayuda también de ciudades, regiones o Estados, en todos los niveles, y carecemos de una base de datos que indique lo que paga realmente un determinado país a un determinado Estado, región o ciudad. Hoy no disponemos de esos datos, y esto también alimenta la corrupción.
Para terminar, pienso pues que debemos barrer delante de nuestra puerta, como se ha dicho, y que los asuntos de corrupción forman parte también de la actualidad de la Unión Europea. La cuestión del ejercicio del poder y de la financiación de la vida política se plantea tanto en el Norte como en el Sur.

Luisa Morgantini,
   . – Señor Presidente, Señorías, creo que el señor Van den Berg ha pronunciado un discurso excelente. No cabe duda de que acabar con la corrupción es un objetivo capital si se quiere garantizar la eficacia de la ayuda, y el señor Van den Berg ha explicado los instrumentos necesarios para que eso sea posible: transparencia, participación y responsabilidad.
El papel de los Parlamentos y la sociedad civil es fundamental y unos procedimientos más transparentes y la difusión de la información son cruciales. Se exige además una mayor presencia de todos los agentes sociales en el proceso de definición de las estrategias de lucha contra la pobreza, que aún atraen escasa participación, incluso a escala nacional. Por último, es necesaria una financiación específica para el seguimiento de las medidas de cooperación.
Creo que no se puede hablar de corrupción en los países en desarrollo sin ver la otra cara de la moneda: ¿en qué medida somos responsables, nosotros los países desarrollados, de su corrupción y qué ganamos con ello? El señor Matsakis ha puesto ejemplos muy precisos; esto no significa en absoluto disminuir la presión sobre la corrupción efectiva de muchos dirigentes y Gobiernos de países en desarrollo y a veces también de ONG.
La lucha contra la corrupción en los países beneficiarios debe ampliarse también a las empresas corruptoras pertenecientes a los países industrializados, y la lucha contra los «corruptores corruptos» debería llevarse a cabo en el marco de una cooperación eficaz y transparente. Las instituciones de los países donantes presentes en los países beneficiarios deben comprometerse a combatir el fenómeno sobre el terreno mediante la identificación de las empresas corruptoras y su destierro al país que pertenezcan, cualquiera que este sea, como ha dicho asimismo el señor Van den Berg, y han de tener el valor de actuar también cuando la corrupción anide en nuestras propias instituciones sobre el terreno. Además de ser un asunto moral, la corrupción tiene un coste para todos, incluidos los contribuyentes europeos.
Desvincular las ayudas es otro aspecto crucial de la relación entre corrupción y eficacia de la ayuda. La ayuda desvinculada –necesaria por motivos éticos– garantiza una mayor transparencia de procedimiento en la adjudicación y gestión de los concursos, y aumentaría también el valor de las ayudas. Las cifras hablan claro: la ayuda vinculada determina un aumento medio de los costes de bienes y servicios del 15 al 30 %, llegando incluso al 40 % en el caso de la ayuda alimentaria. 
Sería deseable también llegar a una correcta definición de la AOD. Creo que la ayuda oficial al desarrollo, a menudo inflada con importantes sumas destinadas a la cancelación de la deuda, a acciones de mantenimiento de la paz, de cumplimiento de la paz y prevención de conflictos, repatriación de emigrantes y control de fronteras, no debe modificarse. 
En un escenario de este tipo, las ayudas presupuestarias pueden ser un importante canal de apoyo a los países más pobres y más endeudados, a efectos de la lucha contra la pobreza y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, creo que es crucial –como por lo demás se afirma en el documento tripartito sobre el consenso europeo para las políticas de desarrollo– que los Gobiernos de los Estados miembros y las instituciones europeas traten de coordinarse y armonizar sus políticas, incluso en las instituciones financieras internacionales, para conseguir ser no solo los principales donantes del mundo, sino también los donantes más responsables y más incisivos a la hora de elaborar políticas que pongan fin a la espiral de crecimiento de la deuda externa en el Sur del mundo, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y, si puedo decirlo así, también a eliminar un poco de injusticia y quizás incluso guerras.
Hélène Goudin,
   – Señor Presidente, la solidaridad internacional y, a través de esta, la capacidad para ayudar a las personas de los países en desarrollo, es una cuestión muy importante para mí. Creo que la ayuda es una herramienta importante en esta lucha por un mundo mejor. La política de ayuda de la Unión Europea es en sí misma muy deficiente. Además se ve socavada por otros ámbitos políticos. En primer lugar, la UE tiene una política agrícola en la que se prestan subsidios absurdos a agricultores relativamente ricos. Esto, junto con los derechos que impone la UE a los productos agrícolas de países pobres, conduce a una situación en la que la política agrícola contrarresta activamente la ayuda.
En segundo lugar, la política comercial de la UE hace que los países pobres se vean privados de la capacidad de entrar en nuestro mercado con sus productos competitivos. Un ejemplo actual e instructivo de este tipo de proteccionismo perjudicial es la reciente imposición por parte de la UE de derechos de importación sobre el calzado procedente, digamos, de Vietnam. En tercer y último lugar, creo que la cooperación para el desarrollo debería correr a cargo de los Estados miembros. Si la ayuda pretende ser lo más eficaz posible, por supuesto siempre es muy importante que los esfuerzos se coordinen.
Sin embargo, esta coordinación debería producirse en el seno de las Naciones Unidas, donde los donantes de todo el mundo, no solo de la UE, trabajan conjuntamente para prestar una ayuda eficaz, que en la práctica comporta una reducción de la pobreza. Este proceso haría que los países más pobres del mundo recibiesen un trato mejor, resultado que debería ser el principal propósito de la ayuda. 
Eoin Ryan,
   . – Señor Presidente, acojo con gran satisfacción el informe del señor Van den Berg sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo y quiero felicitarle por ello.
La corrupción es el mayor obstáculo singular para la distribución de la ayuda a los pobres. Debemos preguntarnos por qué la Unión Europea sigue enviando ayuda a regímenes corruptos. ¿Cómo podemos contemplar sin hacer nada la muerte por inanición en muchos países africanos mientras sus líderes están cargados de signos de riqueza excepcional? La Unión Europea debe adoptar una postura firme frente a los Gobiernos que ejercen métodos de gobernanza manifiestamente corruptos.
Es necesaria una mayor transparencia. La UE es la mayor donante de ayuda en el mundo. La UE tiene la responsabilidad de controlar y aprobar la ejecución de la ayuda. Una mayor proporción de la ayuda debe canalizarse directamente a través de proyectos específicos en lugar de entregarla a las arcas nacionales de los países beneficiarios, de forma que quede absolutamente claro en qué se gasta el dinero. Hay que considerar seriamente la posibilidad de contar con órganos de control de la sociedad civil de los países en desarrollo y pido a la Comisión que aporte el porcentaje adecuado de ayuda presupuestaria para tales órganos de control.
Es preciso mejorar la educación y la formación y debe aumentar el número de mujeres que acceden a un nivel superior de educación con el fin de que puedan participar más en la vida política. Cualquiera que haya visitado África conoce la importante función que desempeñan las mujeres allí. Podrían desempeñar un papel aún más importante si se les permitiera hacerlo, por tanto es un hecho que debe examinarse y promoverse.
Uno de los asuntos más graves a los que se enfrentan los países en desarrollo es la adquisición ilícita de fondos públicos por parte de funcionarios gubernamentales que acumulan dichos fondos en cuentas extraterritoriales. Pido a las entidades financieras que albergan estos fondos robados que congelen o confisquen dichas cuentas. Conocen la procedencia de ese dinero. Si ingreso 10 000 euros en mi cuenta bancaria en Irlanda, el director del banco está obligado a preguntarme de dónde viene ese dinero. En esos países ingresan millones y nadie les pregunta nada.
Pido que se ponga en una lista negra a los países o individuos corruptos de forma que no puedan pedir prestadas grandes sumas de dinero a los países ricos. Solo deberán borrarse de la lista si dan pasos significativos hacia la democracia.
También debemos hacer nuestro propio examen de conciencia. Tomemos el caso de Kenia y el escándalo de Anglo Leasing. El señor Githongo, el zar de la lucha contra la corrupción, tuvo que abandonar el país después de sus hallazgos y ha pedido que se investigue a ciudadanos británicos en relación con dicho escándalo.
Hay gente en Europa implicada en empresas fantasma que prestan y dan dinero a África y a cuyas actividades hay que poner fin. Hace unos años hubo una campaña en todos los países europeos. En Irlanda aprobamos una ley por la que se podía inculpar en el país de origen a personas implicadas en abusos sexuales en países del Tercer Mundo. Se podría introducir el mismo tipo de legislación en Europa en materia de corrupción, de forma que cualquier persona implicada en casos de corrupción o soborno de funcionarios en África u otro país del Tercer Mundo pueda y deba ser inculpada de acuerdo con la legislación de su país de origen.
Esas son las cuestiones que debemos considerar si queremos acabar con la corrupción. No podemos limitarnos a echar la culpa a los pueblos africanos. Debemos mirarnos a nosotros mismos y considerar nuestra participación en este tipo de mecanismos. 
Koenraad Dillen (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, prácticamente todos los Estados ACP se encuentran entre los últimos puestos en la última edición del «Índice de Percepción de la Corrupción», la muy utilizada vara de medir que elabora Transparency International, y ello no debería sorprendernos. Lo que es realmente decepcionante es ver el lugar que ocupaban estos Estados en el índice en el pasado y el que ocupan actualmente, ya que prácticamente no ha habido ninguna mejora en los últimos cinco años.
Se trata de un buen informe y deja claro que la erradicación de la corrupción podría producir un notable aumento del producto interior bruto africano. Cuando se considera el hecho de que la corrupción afecta principalmente a los más pobres, se deduce que, para muchos africanos, esta marca la diferencia entre la vida y la muerte, así que afrontar la corrupción con recursos suficientes es una cuestión de vida o muerte, en vez de suponer que solamente una serie de personalidades destacadas están implicadas en ella y que por lo tanto su importancia es secundaria.
Lo que es igualmente importante es que el apoyo presupuestario directo debe manejarse con precaución, ya que existe el riesgo de que la UE emita cheques en blanco a organismos extranjeros sobre los que no ejerce ningún control. Demos prioridad a la ayuda a los proyectos de las ONG que no solo son capaces de conseguir resultados palpables, sino que también estén en condiciones de garantizarlos y apliquen normas de calidad.
Michael Gahler (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me uno a los anteriores oradores para felicitar al señor Van den Berg por su excelente informe, que deja claro las muchas y diversas condiciones que pueden hacer que nuestra ayuda pierda eficacia mientras florecen las estructuras corruptas.
Por supuesto, son principalmente las personas que viven rodeadas de lujo en estos países quienes se dedican al crimen, pero pronto salta a la vista que los fondos malversados tienen que depositarse en algún lugar, y es entonces cuando nosotros los europeos entramos rápidamente en escena. A menudo son nuestros bancos los que ofrecen cuentas a los dictadores en las que pueden esconder su dinero y muchas veces son empresas europeas las que actúan en connivencia con estructuras de sus países en detrimento de sus habitantes.
Asegurémonos pues de comprobar cuidadosamente a qué se destina la ayuda presupuestaria; tengo mis dudas de si en la UE realmente podemos prestar ayuda presupuestaria a 28 países y si las estructuras de estos nos permiten hacerlo con confianza. Utilicemos los medios legales de que disponemos para investigar a los bancos con el fin de averiguar adónde ha ido a parar el dinero negro y, por el bien de quienes viven en estos países, asegurémonos de que regrese a ellos. Modifiquemos nuestra legislación para impedir que las empresas deduzcan sobornos de los impuestos como gastos de explotación, y denunciemos públicamente a aquellas que lo hacen en Europa, ya que la denuncia pública es un buen modo de erradicar la corrupción Utilicemos asimismo el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú para tomar medidas contra los regímenes notoriamente corruptos. Quisiera subrayar lo que ha dicho la señora Gomes sobre el tema. Me gustaría ver cómo a todas estas personas –y también a sus cónyuges– se les deniega el visado para viajar a Europa y hacer sus compras, gastándose el dinero que roban a su propio pueblo. 
Karin Scheele (PSE ).
   – Señor Presidente, la eficacia de la ayuda y la lucha contra la corrupción son temas que aparecen como un hilo rojo en numerosos debates, pero especialmente en los que mantenemos desde ayer por la tarde. Hoy el orden de los trabajos recoge el informe del señor Van den Berg sobre la eficacia de la ayuda y sobre la lucha contra la corrupción en los países en desarrollo, y quisiera unirme también a las felicitaciones y agradecimientos que se han expresado; su informe y lo que ha dicho en la introducción demuestra claramente la necesidad de combatir la corrupción e impedir que siga frenando el desarrollo.
En un momento en que necesitamos hacernos a la idea de que hace falta aumentar significativamente el gasto en cooperación para el desarrollo, hay que hablar en serio de la lucha contra la corrupción, de forma que no pueda servir más de excusa fácil.
La corrupción, como fenómeno, es mundial y compleja; sus causas no solo deben buscarse en los países en desarrollo. El Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros, de la OCDE, constituye un medio importante para abordar las conexiones entre la corrupción en nuestros países y la corrupción en el mundo en desarrollo. Creo que nosotros –es decir, la Unión Europea– debemos hacer todo lo posible por conseguir que Letonia, Lituania y Malta, que son Estados miembros de la UE, ratifiquen este convenio lo antes posible.
Me gustaría decir algo más sobre el apoyo presupuestario directo. Existe una tendencia creciente en la Unión Europea a optar por el apoyo presupuestario directo en lugar de financiar proyectos y, pese a lo comprensible que pueda ser esto, existen numerosas dudas al respecto, que de hecho se han manifestado hoy. Existen dudas de si disponemos de la capacidad y el personal suficiente para garantizar el control exhaustivo que será necesario. 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al señor Van den Berg por su informe, en el que le ha tocado coger una patata caliente –una de las que más queman– que hay en el ámbito de la cooperación al desarrollo. La necesidad de tomar medidas frente a ello queda reflejada en el cálculo que ha hecho la Unión Africana, según el cual la corrupción roba a las economías nacionales africanas unos 150 000 millones de dólares estadounidenses al año, el equivalente a un cuarto de su producto interior bruto.
Quisiera comenzar con el mismo aspecto al que se ha referido el señor Gahler: destacar la necesidad de tomar medidas, aunque seamos nosotros los más duramente afectados. Cada año se pagan del orden de mil millones en sobornos; ¿quién los paga? ¿Quién considera que el pago de este dinero es una inversión y lo remite a cuentas celosamente guardadas a la espera de obtener beneficios aún mayores? Pese a lo importante que es instar a nuestros socios a que luchen contra la corrupción y respaldarles en ello, nuestra tarea primordial debería consistir en poner fuera de juego a aquellos que, en nuestros propios países, son capaces de pagar sumas tan ingentes en sobornos y utilizarlas para arruinar a África y otras partes del mundo.
Quisiera destacar de forma explícita el artículo 15 del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conforme al cual los Estados miembros de la Unión Europea deben calificar el soborno de delito penal. En mi país, Alemania, hasta hace poco se daba el caso de que los sobornos podían deducirse de los impuestos, y la gente sigue sin ser castigada por pagarlos. 
En esta Asamblea deberíamos barrer primero esta mugre apestosa de nuestra propia fachada. Al igual que ustedes y todos los miembros de la Comisión de Desarrollo, apoyo la campaña de «publica lo que pagas» y llegaría incluso a exigir que las empresas multinacionales fuesen obligadas a publicar información sobre los pagos que hacen a los Gobiernos.
Entre los que se benefician de los sobornos y a cuyas actividades debemos poner fin se encuentran los bancos que ofrecen servicios para llevar a cabo este tipo de transacciones y se regocijan con las cuentas desbordantes de sobornos. Esto no puede permitirse en la UE, y por ello debemos solicitar a esta y a sus Estados miembros que corten los canales de dinero destinado a sobornos también fuera de sus fronteras. Una vez criminalizado el soborno aquí en casa, cuando nuestro nivel de vida no se financie ni siquiera en parte con los beneficios de la corrupción, cuando dejemos de hacer elogios de nuestros bancos por obtener beneficios de la gestión de la corrupción y cuando equipemos a nuestras agencias investigadoras con los medios para perseguir a los que pagan sobornos, entonces podremos llevar la cabeza bien alta ante nuestros socios y pedirles que contribuyan de la misma manera a la lucha contra la corrupción. 
Bastiaan Belder (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, apoyo plenamente el informe del señor Van den Berg. La corrupción impide que la ayuda sea todo lo eficaz que podría ser, por lo que es aconsejable que se siga persiguiendo, y este informe ofrece instrumentos concretos y racionales para fortalecer la maquinaria de control, con lo que mejoraría el marco jurídico para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el marco jurídico no es el único factor. El rechazo de la corrupción como fenómeno social tiene que ver también con los valores que prevalecen en una sociedad. Por tanto, hay que incitar a las organizaciones de la sociedad civil, y en particular a los líderes religiosos, a que desempeñen su papel en la promoción de la gobernanza y la lucha contra la corrupción. 
Lo que hace falta es que este debate deje de ser puramente teórico. En cualquier caso, tanto los países como las organizaciones que prestan ayuda deben poder confiar en que su dinero se emplee eficazmente y para el fin al que está destinado. Un experto a quien consulté con respecto al informe Van den Berg me dijo anteayer que se trataba de un informe excelente y que esperaba que el Gobierno neerlandés lo aprobase sin ningún cambio. Creo que no podría hacer un cumplido mejor al señor Van den Berg. 
Marek Aleksander Czarnecki (NI ).
   – Señor Presidente, el Banco Mundial estima que cada año se gastan mil millones de dólares estadounidenses en sobornos en todo el mundo. La Unión Africana calcula que la corrupción cuesta a la economía africana más del 25 % de su PIB al año.
Sin embargo, a la hora de debatir sobre la corrupción en los países en desarrollo, no deberíamos olvidar la vergonzosa práctica seguida hasta hace poco por países como los Estados Unidos, Dinamarca o Alemania, que permiten que las empresas utilicen sobornos y los contabilicen como gastos fiscalmente deducibles. Esta práctica también se utilizaba en los países de Europa Central y Oriental, incluida Polonia.
La corrupción constituye una grave amenaza para el desarrollo. A fin de comprender el problema y encontrar una solución efectiva, es esencial tomar medidas contundentes, como la creación de una lista negra que impediría a los bancos conceder fondos en forma de préstamos a Gobiernos corruptos o a sus representantes. 
Mairead McGuinness (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, anoche la palabra «corrupción» se mencionó varias veces durante nuestro debate sobre el Día Mundial de la Salud. Hoy estamos debatiendo su alcance y extensión. Felicito al ponente por este excelente informe.
Algunos diputados se han referido al problema global de la corrupción. Pienso que nos autoengañamos si decimos que es un problema que afecta solamente al mundo en desarrollo. Yo diría incluso que este ha aprendido del mundo desarrollado: para gran deshonra nuestra, les hemos enseñado algunos trucos. Por tanto, es nuestro deber para con ellos y con nosotros barrer nuestro propio patio. Estoy de acuerdo con mi colega, el señor Ryan, cuando dice que los bancos y las entidades financieras deben ser controlados en todo este proceso, ya que si no hubiera ningún lugar donde colocar el dinero, quizás no habría tanta corrupción.
Esta mañana he hablado con algunas agencias de ayuda que tienen una larga experiencia en este ámbito. Su principal mensaje es que debemos desarrollar capacidades dentro de los sistemas y servicios públicos del mundo en desarrollo y luego incorporarlo a todos nuestros programas de ayuda. También dijeron que se trata de un proceso a largo plazo y que no obtendremos resultados de la noche a la mañana. Pienso que gran parte de las medidas relativas a la corrupción deben tomarse en primer lugar dentro del mundo desarrollado, para quizás después contribuir a la erradicación de la corrupción en los países en desarrollo.
Hagamos lo que hagamos, no debemos penalizar a los que más necesitan nuestra ayuda, nuestro dinero y nuestro apoyo. Siempre tengo la sensación, cuando hablamos de hacer frente a la corrupción, de que una vez más serán ellos los que sufran. Esa es una parte del mensaje. Debemos incorporarlo a nuestros programas, pero a la vez garantizar que nuestra labor de ayuda se mantenga y llegue a la gente que la precisa y se alivie así su sufrimiento. 
Robert Evans (PSE ).
   – Señor Presidente, en su introducción, el señor Van den Berg, como han hecho también otros, se ha referido a las grandes sumas de dinero de las que estamos hablando. En este Parlamento debemos mostrarnos realistas en cuanto a nuestras posibilidades. El informe examina algunos aspectos en los que podemos marcar la diferencia. Quiero centrarme en la función de los Parlamentos.
El Parlamento Europeo ha establecido vínculos con Parlamentos de muchos países de todo el mundo, los países de los que estamos hablando. En ocasiones el problema son los Parlamentos. Lo acepto. Pero en otros casos, como ha señalado el orador anterior, los Parlamentos nacionales pueden verse excluidos; pueden verse obviados en el proceso mientras funcionarios corruptos se apoderan de la ayuda sin que intervenga el Gobierno. Por tanto, pienso que debemos apoyar en mayor medida a los Gobiernos elegidos democráticamente, ayudarles a reforzar los mecanismos de reparto de la ayuda en sus países y garantizar que el dinero donado se utilice ampliamente.
El señor Ryan se ha referido a un punto muy interesante del informe: está demostrado que la corrupción decrece a medida que aumenta el número de escaños parlamentarios ocupado por mujeres. Podemos fomentar ese fenómeno. En las democracias podemos hacer más por que un número cada vez mayor de mujeres salgan elegidas. Me he sentido muy orgulloso de formar parte de la delegación del Parlamento Europeo en Afganistán para apoyar sus primeras elecciones parlamentarias. Allí vimos cómo mujeres votaban a otras mujeres. Cuanto más hagamos por ayudar a las mujeres y contribuir al desarrollo de los Parlamentos, mejor. 
Tunne Kelam (PPE-DE ). –
   La corrupción es el producto derivado de un sistema de gobierno débil, pero también se deriva de la ausencia de valores categóricos. Por lo tanto, tiene una gran importancia práctica que una sociedad pueda contar con un marco ético y con buenas prácticas para resolver este problema.
Los principios morales débiles facilitan las transacciones en beneficio propio y su ocultación. Los que proporcionan ayuda se ven tentados a creer que su dinero se utiliza para el fin correcto. Los que reciben la ayuda consiguen a menudo hacernos creer que es así. La corrupción que acompaña a la concesión de ayuda es especialmente grave porque la gente que realmente vive en la miseria sufre por partida doble. No solo pierden la ayuda material que podrían haber recibido, sino que también les roban la esperanza de mejorar sus vidas y la esperanza de solidaridad.
Por lo tanto, tenemos la obligación de denunciar sistemáticamente la corrupción y sobre todo impedirla, junto con la credulidad que la acompaña. En opinión del Tribunal de Cuentas, los programas de ayuda de la Comisión Europea no tienen suficientemente en cuenta los riesgos de la corrupción.
Quiero poner dos ejemplos. En primer lugar, la ayuda de la Unión Europea a la Autoridad Palestina. Actualmente debemos admitir que uno de los principales motivos por los que el movimiento extremista Hamás llegó al poder fue la corrupción profundamente arraigada del anterior Gobierno. En segundo lugar, la Comisión envía ayuda humanitaria a Chechenia. ¿Qué se ha hecho para determinar si estos fondos llegan realmente a los habitantes locales que sufren la corrupción oficial?
Finalmente, quisiera destacar varios puntos importantes de este excelente informe. Los Estados miembros deben ratificar el convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas. En segundo lugar, la ayuda presupuestaria solo debe concederse a los Gobiernos que se esfuercen claramente por mejorar la administración de las finanzas públicas. Me complace que el representante respalde esta idea. Determinado porcentaje de la ayuda otorgada debería asignarse al apoyo a organizaciones que supervisan la sociedad civil.
Por último, el principal problema, que es presionar a los países que albergan centros financieros que congelen y repatríen los fondos ilegales depositados en ellos por gobernantes corruptos. Es un planteamiento muy difícil, pero su aplicación es una piedra de toque que demostrará si somos o no serios en la prevención de la corrupción. 
Panagiotis Beglitis (PSE ).
   – Señor Presidente, la lucha contra la corrupción es de hecho una lucha por la paz y la democracia, una lucha contra la pobreza y una lucha por consolidar la sociedad civil en los países en desarrollo; las relaciones entre la democracia y el desarrollo económico en los países en desarrollo han demostrado que es así y Amartya Sen, importante intelectual y ganador del premio Nobel de ciencias económicas, lo ha confirmado en su trabajo mejor que nadie.
Es realmente sorprendente que, a menudo tanto en la comunidad internacional como en la Unión Europea, la cuestión de la lucha contra la corrupción haya sido un tabú. Esto se debe a que la conveniencia política, el interés de los Estados miembros por ejercer su influencia y las relaciones con clientes internacionales eran más importantes.
La evaluación de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio indica que es un fracaso. Sin embargo, nadie ha mencionado el papel que ha desempeñado la corrupción en este fracaso. Creo que la comunidad internacional debería establecer un nuevo objetivo de desarrollo: la gobernanza democrática y la lucha contra la corrupción.
Para concluir, quisiera añadir que la Unión Europea, y sobre todo la Comisión Europea, deben establecer estrictos mecanismos de condicionalidad en la nueva estrategia de desarrollo formulada para África. La Unión Europea necesita colaborar con las Naciones Unidas, las organizaciones financieras internacionales y con organizaciones no gubernamentales, de forma que podamos luchar conjuntamente contra este fenómeno, poniendo el acento en la consolidación de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE ).
   – Señor Presidente, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial, cada año se gastan mil millones de dólares estadounidenses en sobornos. Imagínese cuántas iniciativas excelentes podrían financiarse con esa cantidad de dinero. Cada año podrían gastarse mil millones de dólares estadounidenses y emplearse para ayudar a aquellas personas que realmente necesitan ayuda.
La corrupción limita el acceso de los pobres a los bienes. Reduce la eficacia de los servicios públicos y, sobre todo, hace que los ciudadanos pierdan la confianza en los centros de poder. La Unión Europea, como principal donante de ayuda a los países en desarrollo, debería desempeñar un papel especialmente activo para garantizar la transparencia de los programas de ayuda financiados con cargo al presupuesto comunitario.
Por lo tanto, no basta con crear una «lista negra» internacional de Gobiernos corruptos. Políticos, funcionarios, ONG, corporaciones internacionales y medios de comunicación deberían implicarse en la lucha contra la corrupción. Solamente si se coordinan las actividades de los donantes internacionales podrá gastarse esta ayuda con mayor eficacia, impidiendo así el mal uso o la apropiación de dinero destinado a la ayuda por parte de funcionarios corruptos.
Por este motivo es tan importante y oportuno el informe elaborado por el señor Van den Berg. Quisiera felicitarle por un texto excelente. 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, acojo con satisfacción el debate que hemos tenido hoy en esta Cámara. Pienso que es importante subrayar que el problema del fraude nunca puede considerarse resuelto. Se requiere una vigilancia constante en todos los niveles y en todas las circunstancias en el terreno de alto riesgo de las acciones exteriores. Estas acciones se llevan a cabo en Estados cuyos Gobiernos son débiles, donde faltan poderes y capacidades en la sociedad civil que puedan servir de contrapeso.
Puesto que la corrupción no puede separarse del programa de gobernanza, el enfoque de la Comisión en lo que respecta a su prevención y eliminación tiene dos vertientes. Consiste, por una parte, en incorporar la gobernanza a todos los programas y proyectos financiados por la UE y, por otra, en la ejecución de intervenciones específicas de cada programa.
Los documentos estratégicos de cada país y los programas indicativos nacionales entre la Unión Europea y los países beneficiarios incluyen en general intervenciones específicas en los ámbitos de la legislación, democratización, reforma de la administración pública, gestión de las finanzas públicas y refuerzo de la sociedad civil.
Comentaré ahora brevemente algunos de los temas que se han planteado hoy. En lo que se refiere a las empresas, debemos garantizar que estas no se beneficien de la corrupción. Debemos actuar lo mejor que podamos. Podemos excluir empresas de nuestras licitaciones si se ha demostrado que son culpables de fraude o corrupción. También podemos suspender un proyecto financiado si descubrimos fraude o corrupción en alguna de sus fases. Hicimos uso de esta opción en una ocasión con un proyecto en Zimbabue.
En lo que respecta al apoyo a los Parlamentos nacionales, la Comisión considera que el refuerzo de la función supervisora de estos es un instrumento importante para tratar de mejorar la eficacia y los resultados globales de nuestro esfuerzo por el desarrollo en esos países. Por ejemplo, a través del FED y de la línea presupuestaria para el África Meridional se han reforzado las capacidades de los Parlamentos nacionales de unos 11 países ACP hasta alcanzar una cantidad de 35 millones de euros desde el año 2000.
En lo que concierne a los órganos de control, es cierto que trabajamos con organizaciones del sector privado. Estaríamos aún peor si no tuviéramos a estos órganos de control.
Varios diputados han planteado el tema de la transparencia, que es un asunto clave. Es la razón por la que apoyamos varios programas en el ámbito de las funciones de supervisión presupuestaria. El fomento de la eficacia y la transparencia de las políticas presupuestarias y del gasto público está en el corazón de nuestros programas de apoyo presupuestario.
Por último, mediante un diálogo permanente con los Gobiernos asociados y las diversas regiones, la Comisión alienta a las instituciones a participar de la manera más amplia posible y en todos los niveles, en particular en el ámbito parlamentario. He tomado nota de la opinión sobre la influencia positiva de la participación de las mujeres. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en breve, a las 12.00 horas.
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, observo que hoy hemos terminado 20 minutos antes. Quizás me permita sugerir que en el futuro el Presidente disponga de la opción, si se termina tan temprano, de continuar el debate sobre la base de solicitudes incidentales de intervención, para hacer así un uso más eficiente del tiempo de que dispone el Parlamento. 
El Presidente.
   – Con mucho gusto transmitiré la sugerencia que acaba usted de hacer. Sin duda puede ser una forma razonable de utilizar nuestro tiempo de trabajo.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

Avril Doyle (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, ayer, a la luz de una declaración unilateral presentada formalmente por la Comisión durante el debate de la sesión plenaria del martes por la noche sobre la regulación de algunos gases fluorados, cuyo texto no se introdujo durante la conciliación, contradiciendo así el espíritu del acuerdo de conciliación y haciendo gala de una gran falta de respeto y consideración hacia el deseo explícito del Parlamento y del Consejo, ayer, por tanto, solicité que se pospusiera la votación sobre los dos informes relativos a los gases fluorados, al menos hasta hoy, para tener tiempo a fin de estudiar con los colegas de todos los Grupos políticos las graves implicaciones para nosotros los legisladores de lo que consideramos ha sido un abuso del Parlamento debido a una batalla interna entre dos Direcciones Generales de la Comisión.
Esta Cámara respeta plenamente la función de la Comisión como guardiana de los Tratados y su capacidad de iniciativa legislativa y no hace falta reiterarlo constantemente. De la misma manera, nosotros los legisladores exigimos pleno respeto de nuestra función por parte de todos los servicios y departamentos de la Comisión.
Las horas dedicadas a debatir sobre la necesidad de legislar mejor y mejorar las relaciones entre la Comisión y el Parlamento Europeo no sirven de nada si la Comisión y sus representantes no las tienen en cuenta en esta Cámara.
Quisiera que constara en acta una carta dirigida al Presidente Barroso, escrita ayer por el profesor Trakatellis, Presidente del Comité de Conciliación, y por mí en mi calidad de ponente.
«Por la presente expresamos nuestra decepción con respecto al contenido de la declaración sobre el texto definitivo del Reglamento relativo a los gases fluorados, realizada unilateralmente por la Comisión en el transcurso de la sesión plenaria del 4 de abril de 2006.
Como usted sabe, el Reglamento constituye un paso importante hacia la consecución de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto y de acuerdo con el Programa de Acción Europeo sobre el Cambio Climático. Tememos que la declaración de la Comisión sea un intento de comprometer el difícil acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo con el apoyo de la Comisión.
El 31 de enero, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo mostraron una clara voluntad de encontrar una solución política al problema de las medidas nacionales que ya habían aprobado algunos Estados miembros a fin de reducir las emisiones de gases fluorados. La declaración tuvo lugar en el último momento y no puede considerarse un paso positivo en el proceso de aprobación de la legislación comunitaria. Esperamos sinceramente que la Comisión piense cuidadosamente sus próximos pasos, no solo desde un punto de vista puramente jurídico, sino también de acuerdo con el espíritu del acuerdo alcanzado en la Conciliación.»
La carta está firmada por mi colega el profesor Trakatellis y por mí.
Anoche, el Comisario Verheugen, Comisario de Empresa e Industria y Vicepresidente de la Comisión, me garantizó personalmente –y le cito con su permiso– lo siguiente: «Si el nuevo Reglamento entra en vigor, propondré a la Comisión que retire los procedimientos de infracción contra Austria y Dinamarca.»
De buena fe pido al Comisario Kyprianou, que está hoy aquí para representar a la Comisión, que conteste en nombre de la Comisión a las serias preocupaciones generadas por el texto de la declaración del martes por la noche.
El Presidente.
   Como pueden ver, Señorías, esta es una cuestión importante. Ahora estamos esperando una declaración de la Comisión –es decir, del Comisario Kyprianou– y entonces podremos decidir cómo proceder. 
Markos Kyprianou,
   . Señor Presidente, tomo nota de los asuntos planteados por la señora Doyle. En nombre de la Comisión, quiero tranquilizar a la Cámara diciendo que la Comisión está evaluando los procedimientos de infracción pendientes con respecto al uso de los gases fluorados en Dinamarca y Austria, de acuerdo con el espíritu del acuerdo final alcanzado durante la conciliación. Esta votación puede por tanto celebrarse hoy. 
El Presidente.
   Como veo que la ponente está satisfecha con las declaraciones de los Comisarios Verheugen y Kyprianou, podemos proceder a la votación. 

El Presidente.
   Ahora pasamos a las elecciones en Belarús o la Rusia Blanca. Con el permiso de la Asamblea, quisiera brindar una cálida acogida al candidato que participó en estas elecciones y luchó por la democracia en este país, el señor Milinkevich, que se encuentra en la tribuna. Sea usted bienvenido.
Como puede ver, señor Milinkevich, todos nosotros, de cualquier partido, queremos que haya democracia en nuestra vecina Belarús. Le deseamos todo lo mejor en su país. 

Charles Tannock (PPE-DE ).
   – El martes por la noche, todos los Grupos políticos acordaron cambiar la palabra «integración» del apartado 8 por «perspectiva», para que concuerde con el informe sobre la Política Europea de Vecindad, del que fui ponente, y con el informe del señor Brok sobre la ampliación. Por alguna razón misteriosa, los servicios de la sesión tomaron la iniciativa, quizás sin darse cuenta de la sensibilidad de la cuestión, de poner en su lugar la palabra «aspiraciones», sin consultar a los Grupos políticos. ¿Podemos modificar el texto conjunto para que aparezca la palabra acordada, «perspectiva»?

Bruno Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, seré muy breve. Acabamos de votar resoluciones sobre las elecciones en Belarús y en Ucrania. Creo que este Parlamento debería inscribir en su orden del día una resolución sobre las elecciones presidenciales en Francia. En efecto, las últimas elecciones de 2002 dieron lugar a presiones sobre la opinión y manifestaciones violentas.
El Presidente.
   Con esto concluye la votación. 
Carlos Coelho (PPE-DE ),
   . Conforme a la normativa vigente, los permisos de residencia emitidos por Suiza y Liechtenstein no pueden reconocerse a efectos de tránsito o de una corta estancia en el espacio de Schengen.
Esto significa que los nacionales de terceros países obligados a tener un visado para entrar en el territorio de Schengen, aunque cuenten con dicho permiso de residencia, deben solicitar un visado.
Dada la movilidad estacional de los trabajadores migrantes y sus familias, especialmente en períodos de vacaciones –aproximadamente medio millón de personas de Suiza en 2003–, los consulados de determinados Estados miembros se encuentra desbordados, al tiempo que estas personas se enfrentan a interminables esperas y onerosas formalidades.
Por lo tanto, respaldo en primer lugar la creación de un régimen simplificado para el tránsito de estas personas, ya que no constituyen ningún riesgo de inmigración ilegal ni una amenaza para la seguridad, ya que se sometieron al control de las autoridades de Suiza y Liechtenstein cuando se autorizaron los permisos de residencia. También lo respaldo basándome en la reciprocidad, ya que desde 2000 existe una exención similar por parte de estos países para los titulares de permisos de residencia emitidos por los Estados miembros de la UE. 
Jörg Leichtfried (PSE ),
   . Con esta explicación de voto quisiera manifestar mi respaldo a esta propuesta, que creo que permite introducir una mejora sustancial en este proceso. La consecuencia de la situación actual es que existe una enorme cantidad de trabajo por hacer por parte de los consulados de los Estados miembros en Suiza y Liechtenstein y que los nacionales de terceros países incurren en gastos. Se trata de una situación insatisfactoria que es preciso cambiar.
A la hora de emitir permisos de residencia, tanto Suiza como Liechtenstein realizan las mismas comprobaciones y consultas, además de prestar especial atención a la seguridad. Asimismo quisiera señalar que tanto Suiza como Liechtenstein aplican en cada caso los mismos niveles de seguridad con criterios de alta calidad que los demás Estados, que pertenecen a la UE.
Para mi es importante que esta explicación de voto respalde a Suiza y a aquellos que trabajan por su incorporación a la Unión Europea. En caso de que este país se incorpore a la UE, cosa que yo acogería con sumo agrado, dado que Suiza es sinónimo de alta calidad y se distingue, entre otras cosas, por una política de transporte que muchos Estados miembros deberían tomar como ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. 
Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE ),
   . Observamos que los países que tienen una legislación sólida en materia protección de los animales a fin de garantizar el bienestar de los mismos, reducir el riesgo de propagación de infecciones y, por tanto, reducir también el riesgo de daños para la salud de los ciudadanos, no han sufrido una caída de las ventas de carne de pollo.
Por tanto, hacemos hincapié en la necesidad de fortalecer la protección de los animales y la seguridad alimentaria, de modo que los productores de alimentos puedan ganarse legítimamente la confianza de los consumidores. Por ello, la UE debería tomar medidas para conseguir que esto suceda.
Pero lo que no deseamos, en esta situación de emergencia, es que por miedo a verse afectados económicamente, los criadores oculten la infección o agraven de alguna otra manera el riesgo de que esta se propague. En estas circunstancias estamos por tanto a favor de permitir el pago de una compensación económica a los criadores afectados. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Nos sentimos decepcionados por el rechazo de nuestras propuestas, que abogaban por fijar en el 100 % toda la financiación comunitaria destinada a la compensación de medidas de mercado, como fue el caso con la fiebre aftosa y la encefalopatía espongiforme bovina, dada la gravedad de la situación socioeconómica en algunos países y la dificultad de garantizar la cofinanciación.
De todas formas, hemos votado a favor de las enmiendas, ya que proponen apoyar a los productores y, aunque proponen el una cofinanciación comunitaria del 50 % para las restricciones de la libre circulación que pudieran derivarse de la aplicación de medidas encaminadas a luchar contra la propagación de epizootias, proponen el 100 % de financiación comunitaria para las alteraciones graves del mercado relacionadas directamente con la pérdida de confianza del consumidor debido a riesgos para la salud pública o animal.
En consecuencia, se ha mantenido una parte fundamental de lo que proponíamos, por lo que esperamos que la Comisión y el Consejo respalden la decisión del Parlamento. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   Votamos en contra de las enmiendas del Parlamento Europeo. Opinamos que es demasiado pronto para adoptar una postura sobre la gravedad del efecto que tendría una pandemia de gripe aviar en el sector avícola. Es típico de este Parlamento que tan pronto sucede algo inesperado se formulan peticiones de ayuda financiera con vistas a mantener las existencias, a pagar compensaciones financieras por la destrucción de alimentos y la financiación de campañas informativas destinadas a recuperar la confianza de los consumidores. No vemos motivo en estos momentos para satisfacer estas exigencias.
¿Durante cuánto tiempo debemos permitir que se mantenga la economía planificada en el sector alimentario? Los consumidores no pueden quedarse sin comer y, si no pueden comer carne de ave, otros productores de alimentos sacarán provecho. Consideramos que el mercado puede ajustarse perfectamente a la situación actual. El sector avícola tendrá menos motivos para tomar medidas preventivas si reciben promesas de compensación por adelantado. 
Richard Seeber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en nombre de la delegación del Partido Popular austriaco quisiera dar una explicación de voto en relación con el informe Doyle. El apoyo de la delegación austriaca al informe está sujeto expresamente a la condición señalada por la señora Doyle sobre la base de la declaración del Comisario Kyprianou. Denunciamos enérgicamente la declaración unilateral efectuada por la Comisión una vez alcanzado el compromiso entre el Consejo y el Parlamento. A la luz de las declaraciones realizadas hoy suponemos que en virtud de la nueva legislación se suspenderán los procedimientos de infracción contra Dinamarca y Austria. 
Paul Rübig (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, sobre el informe Doyle diré que es muy importante para todos nosotros cumplir los objetivos de Kyoto. 
Edite Estrela (PSE ),
   He votado a favor del informe Doyle sobre el texto conjunto del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados gases fluorados de efecto invernadero, porque establece un marco legislativo para tales gases con niveles de emisión elevados, algunos de los cuales son más nocivos que el CO2 y pueden permanecer en la atmósfera durante 50 000 años.
Para cumplir los objetivos de Kyoto y proteger el medio ambiente, este Reglamento garantizará el reciclado, la regeneración o destrucción de aparatos que utilizan gases fluorados y una información más completa a los consumidores europeos sobre el potencial de calentamiento planetario de dichos gases. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   . El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación es sumamente satisfactorio y comporta mejoras notables en lo que respecta a las emisiones de gases a la atmósfera.
El doble fundamento jurídico previsto es pertinente para este tipo de reglamento, ya que permite que algunos Estados miembros mantengan una legislación ambiental más estricta sin alterar el equilibrio del mercado interior en Europa. La contención de las emisiones y fugas me parece la mejor manera de cumplir el objetivo de reducir las emisiones de gases fluorados a la atmósfera.
La obligación de notificar cada año a la Comisión la certificación del personal responsable y la política de recuperación para el reciclado o de recuperación de equipos son medidas que acojo con agrado.
Por todo ello, apoyo la decisión tomada por el Comité de Conciliación. 
Karin Scheele (PSE ),
   En nombre de la delegación del SPÖ y en mi condición de representante suyo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, manifiesto que Austria y Dinamarca han establecido la prohibición general de utilizar gases fluorados de efecto invernadero. Esta legislación debe garantizar la posibilidad de establecer normas más estrictas.
El proyecto presentado por el Comité de Conciliación establece que los Estados miembros pueden mantener requisitos nacionales más estrictos hasta finales del año 2012. Este paso es posible en virtud del apartado 10 del artículo 95 del Tratado y garantiza que Austria y Dinamarca puedan mantener temporalmente sus medidas más estrictas. Significa asimismo que no es necesario presentar las pruebas científicas contempladas en el apartado 4 del artículo 94. Hay que rechazar toda interpretación restrictiva de la cláusula de salvaguardia, ya que bajo ningún concepto se debe mermar el poder discrecional de los Estados miembros. 
Kathy Sinnott (IND/DEM ),
   . En el mes de enero abrió en Cork una nueva instalación de reciclado. Me pasé por allí el sábado por la noche y comprobé que en menos de 10 semanas ya se habían acumulado un número impresionante de frigoríficos. En cada población de la UE, se están oxidando montañas de viejos frigoríficos y, en los climas más cálidos, de aparatos de aire acondicionado.
Hace tiempo ya que precisamos una legislación terminante sobre los gases fluorados para rectificar los errores del pasado y proteger nuestro clima en el futuro. Felicito a todas las partes que han intervenido en el proceso que ha llevado al acuerdo de proteger las legislaciones más estrictas de países como Dinamarca, así como en las cuestiones de etiquetado. Si bien tomo nota de que la Comisión tenía segundas intenciones, opino que debemos cogerle la palabra. Espero con impaciencia el día en que la Unión Europea cumpla sus obligaciones con respecto al Protocolo de Kyoto en materia de gases fluorados. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   . El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación es satisfactorio y ofrece mejoras notables con respecto a las emisiones de gases a la atmósfera.
La restricción del uso de HFC-134a y otros gases de fuerte efecto invernadero en los vehículos nuevos que se comercialicen a partir de 2011 y su extensión a todos los vehículos a partir de 2017 son medidas que provocarán una reducción significativa de las emisiones.
Puesto que las alternativas a este gas están aún en fase de desarrollo, el permiso para utilizar HFC-152a es pertinente a condición de que esto forme parte de una eliminación gradual.
Por todo ello, apoyo la decisión tomada por el Comité de Conciliación. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, nos sentimos anonadados por las informaciones sobre tragedias sufridas por refugiados y por los testimonios de las víctimas de bandas de traficantes sin escrúpulos. Numerosas personas no tienen nada que perder más que la propia vida, que muchas de ellas pierden en el camino hacia Europa, que para ellas es una tierra de promisión. Incluso si llegan a su destino, están obligadas a trabajar sin descanso –para pagar las deudas a los traficantes– en condiciones intolerables y, entre otras cosas, dedicándose a la prostitución. La única forma de romper este círculo vicioso pasa por una política común de inmigración que sea restrictiva.
Para ello, evidentemente seguimos necesitando campos de refugiados fuera de Europa, ya que los de dentro están a menudo abarrotados, con graves problemas de violencia entre los ocupantes de los mismos, provenientes de distintas culturas. Por estos motivos, entre otros, y también para que los refugiados no tengan la ilusión de que pueden entrar en la UE de forma ilegal, he votado en contra de esta resolución. 
Romano Maria La Russa (UEN ).
   – Señor Presidente, Señorías, sin duda es positivo que el Parlamento se haya expresado su veredicto sobre el tema de los centros de inmigración de Malta y además unos pocos días después de la visita de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en la que pude participar como delegado. 
La resolución adoptada, fruto de la valiosa contribución de todos los Grupos, expone la gravedad de la situación de los refugiados, que viven en condiciones inhumanas y casi sin servicios sanitarios básicos y de atención personal. La resolución, sin embargo, da a entender claramente que Europa tiene una gran responsabilidad en lo que se sucede en Malta. Ni que decir tiene que las visitas de la delegación a los centros de acogida de toda Europa no tienen por objeto clasificar los centros en buenos o malos. Pero la situación de Malta, aunque no sea comparable ni de lejos con la de Lampedusa por lo que respecta a las condiciones de vida de los ocupantes, recuerda en cambio a la de la isla italiana por sus dimensiones y su capacidad de acogida. 
Por tanto, hay que urgir al Consejo a que adopte una posición clara y enérgica, para que –en línea, por supuesto, con el principio de solidaridad– se llegue lo antes posible a una política de inmigración común y equitativa, que impida que los costes de estas oleadas de inmigrantes clandestinos graven solamente los presupuestos de unos pocos Estados en la periferia de la Europa meridional, que no están en absoluto en condiciones de sostenerse financieramente. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   La Lista de Junio se opone a una política europea común en materia de asilo y refugiados. Por tanto, no creemos que se trate de un asunto que deba tratar el Parlamento Europeo. Consideramos que los propios Estados miembros deben tener la libertad de decidir sobre sus políticas de inmigración y asilo, siempre que estén de acuerdo con el Derecho internacional vigente. No deben violar los derechos humanos.
Defendemos una política humana con respecto a los refugiados y nos oponemos a que los solicitantes de asilo se envíen a campos de detención.
Votamos en contra de la resolución en su totalidad. 
Zita Pleštinská (PPE-DE ).
   El debate en el Pleno en presencia de Alexander Milinkevich ha puesto de manifiesto la solidaridad del Parlamento Europeo con el pueblo de Belarús en su lucha contra el totalitarismo y a favor de la libertad y un nuevo futuro. En su resolución, el Parlamento Europeo declara sin ambigüedades que las elecciones presidenciales han sido manipuladas. Suena la alarma sobre la represión armada del dictador de una manifestación pacífica de ciudadanos de Belarús. Estas personas han dejado de tener miedo, incluso aunque no saben lo que les espera.
La atención del Parlamento Europeo se centra en los líderes de la oposición arrestados, cuya liberación inmediata exigimos. La resolución reconoce el inmenso entusiasmo de los jóvenes, quienes han sido expulsados de las universidades. Son estos jóvenes los que necesitan ayuda, ya que ellos forjarán el futuro del país. Eslovaquia ya se ha unido a los países que han prometido ayudar a estos estudiantes, quienes ahora podrán completar sus estudios en Eslovaquia. Al votar a favor de esta resolución, mi deseo también era llamar la atención sobre la necesidad de nuevas elecciones en Belarús lo más pronto posible. Aunque Lukashenko ha ganado las elecciones amañando los votos, no ha derrotado a sus oponentes. El aislamiento de Lukashenko como persona propiciará su derrota.
En conclusión, manifiesto mi convicción de que se tendrá en cuenta la solicitud que he realizado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo –que encendamos una vela a las 16 horas del día 16 de cada mes para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Belarús–, y que todos lo harán con mucho gusto. Creo que la llama de la solidaridad nunca se apagará en el Parlamento Europeo. 
Esko Seppänen (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el punto 2 de la resolución nos ha obligado a votar sobre dos cuestiones separadas. No he tenido problemas en aprobar y apoyar la primera, pero la segunda me ha parecido problemática, por lo que me he abstenido.
En mi opinión, las elecciones de Belarús no fueron libres, pero no se falsificaron los resultados. Por otro lado, las elecciones presidenciales estadounidenses que precedieron a las más recientes –es decir, las penúltimas– fueron libres, pero en ese caso se falsificaron los resultados. El Parlamento no adoptó ninguna postura al respecto. Espero que el Parlamento tome también una posición acerca de las elecciones presidenciales en los países productores de petróleo –Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán–, así como en otros países que no son libres y en donde se han falsificado los resultados. 
Jean-Claude Martinez (NI ),
   . – Ucrania hizo la Revolución Naranja y la vida sigue siendo gris. Moscú hizo la revolución Blanca y el balance está ahí: hundimiento de la esperanza de vida en 10 años, descenso de la población, delincuencia, destrucción de los sistemas sanitarios y pillaje de los bienes nacionales en beneficio de los oligarcas. Un esfuerzo más y los crímenes del liberalismo igualarán a los crímenes del comunismo.
No debemos privar a Belarús de todas las venturas generadas por el mercado. También los belarusos tienen derecho a la libertad de la oligarquía mediático-militar-política, con su séquito de desempleo, eutanasia pasiva de la cuarta edad, envilecimiento cultural, estancamiento económico, individualismo salvaje y aislamiento social.
Se comprende que el Parlamento Europeo esté encantado con la democracia político-mediática de los magnates Berlusconi, Bouygues, Lagardère o Murdoch. También Belarús tiene derecho a la miseria liberal de las naciones y a la democracia degenerada dirigida por los medios de comunicación.
Erik Meijer (GUE/NGL ),
   . He representado a mi Grupo en las negociaciones sobre la resolución común relativa a Belarús. Al final, no se ha aceptado mi consejo de firmar conjuntamente esta resolución y, en mi opinión, la redacción de algunos pasajes de la misma tampoco es la ideal.
A pesar de esto, lo esencial sigue siendo que el mundo exterior no reconozca la reelección del Presidente Lukashenko, a la que se llegó mediante la intimidación y el engaño; que los movimientos y las publicaciones de la oposición merecen apoyo externo y que los estudiantes huidos del país deben tener la opción de estudiar en su propia lengua. He mantenido esta postura en esta Cámara con anterioridad, y fuera de ella en las manifestaciones. Por desgracia, mi Grupo parece incapaz de dar su respaldo unánime a una resolución en este sentido. Quienes se oponen a ella probablemente tienen razón por el momento cuando afirman que los trabajadores y los pensionistas de Belarús disfrutan de un mayor nivel de seguridad social que sus equivalentes en cualquiera de las antiguas repúblicas soviéticas. Sin embargo, esto solo puede ser así durante el tiempo que Rusia considere que puede absorber a dicho país suministrándole petróleo barato. Esta seguridad social no justifica dictaduras ni fraudes electorales. Mi partido, el Partido Socialista, detesta la dictadura. El socialismo solo tiene futuro como movimiento democrático, en abierta rivalidad con otras opiniones y bajo ningún concepto como una dictadura. Mantengo mi apoyo a la resolución. 
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ),
   . – El KKE vota en contra de la propuesta de resolución conjunta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Belarús.
Se trata de una intervención descarada en los asuntos internos de un país independiente, viola todos los conceptos del Derecho internacional y equivale a una declaración de guerra a las personas que se alzan contra la barbarie imperialista.
El Parlamento Europeo, elegido por el 30 % de los ciudadanos de la UE, pretende dar lecciones de democracia a un pueblo que ha participado en las elecciones en un 93 % y elegido al Presidente con el 80 % de los votos. El Consejo Europeo prohíbe la entrada al Presidente electo Lukashenko, el Parlamento Europeo protege y financia generosamente al señor Milinkevich, quien afirma que él representa al pueblo, a pesar de que la cantidad de dinero que recibió, alcanzó un «sorprendente» 6% en las elecciones y movilizó a 2 000 «manifestantes» pagados en las «impresionantes manifestaciones».
Las reacciones furiosas de los representantes políticos del imperialismo son comprensibles, puesto que la abundante financiación y las numerosas intervenciones no han bastado para generar una revolución «naranja», «rosa» o «verde y amarilla». Tras la orgullosa respuesta del pueblo de Belarús, están intentando aislar el país y a sus ciudadanos por medio del terrorismo, difamaciones y sanciones de tipo fascista.
Los trabajadores y el movimiento popular han de condenar los planes imperialistas y permanecer unidos en su lucha y en torno a su derecho a decidir su futuro y elegir su propio destino. 
Jonas Sjöstedt y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL ),
   La delegación del Partido de Izquierda en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica repudia enérgicamente el régimen de Lukashenko y sus delitos contrarios los derechos democráticos y humanos.
Creemos que las elecciones presidenciales en Belarús incumplieron algunos principios fundamentales que sustentan unas elecciones justas y democráticas. Por este motivo votamos a favor de la resolución.
Esto no significa que estamos de acuerdo con todos sus pasajes. A pesar de ello, nos parece esencial protestar contra las violaciones de los derechos humanos y democráticos en Belarús. 
Alyn Smith (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, la situación en Belarús empeora de día en día y debemos seguir con atención el curso de los acontecimientos. Si bien todo país tiene el derecho soberano de gobernarse como mejor le parezca, esto presupone que exista una sociedad justa y libre, y ese no es sin duda el caso de Belarús. Conviene que expresemos hoy nuestra preocupación y nuestro apoyo sostenido a la democracia y al diálogo en Belarús y debemos sopesar la posibilidad de tomar medidas más contundentes en el futuro si prosigue la represión. 
Zita Pleštinská (PPE-DE )
   Las elecciones parlamentarias en Ucrania han sentado un hito importante tras la consolidación que comenzó con la Revolución Naranja. Durante los elecciones, los ucranios han demostrado que aman la libertad que conquistaron tomando las calles. Han confirmado su deseo de formar parte de la Unión Europea, compartiendo sus criterios y principios fundamentales. Es digno de elogio que el Parlamento Europeo no se haya limitado a apoyar simplemente la Revolución Naranja sino que además haya supervisado constantemente los avances en Ucrania a través de sus observadores.
La democracia parlamentaria no se debe dar por sentada. Se debe establecer gradualmente y debe someterse a un seguimiento. Como vecina directa, Eslovaquia tiene un interés particular en el éxito de Ucrania. Eslovaquia ayudará a Ucrania a llegar adonde está su lugar, es decir, entre los Estados miembros de la UE. Por supuesto, esto no sucederá de la noche a la mañana, por lo que la Unión Europea debe ofrecer una forma de asociación que desarrollaría las expectativas europeas de Ucrania. La resolución conjunta demuestra la madurez política del Parlamento Europeo, que es capaz de alcanzar un acuerdo político sobre la base de un amplio consenso, además de enviar una señal clara al pueblo ucranio. Por este motivo he votado a favor de la resolución. 
Glyn Ford (PSE ),
   . Votaré a favor de esta resolución El día de San Esteban de 2004 me encontraba en Kiev en calidad de observador del Parlamento para las elecciones presidenciales que vieron el triunfo arrasador de la Revolución Naranja. Pero sus promesas no se han cumplido como es debido, ya que los antiguos aliados se pelean y la corrupción se encuentra entre aquellos que prometieron acabar con ella. No me queda más que esperar que estas nuevas elecciones enseñen a todos los políticos de Ucrania las lecciones necesarias para que este país pueda unirse a las naciones democráticas en su avance en asociación. 
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ),
   – Desdeña de modo insultante y no reconoce los resultados de las elecciones en Belarús, pero considera «democráticas» las elecciones en Ucrania, que se han celebrado en un ambiente de violencia y faslificación, específicamente contra el partido comunista de Ucrania. Los «observadores internacionales» y los representantes de la UE y el imperialismo no vieron los asesinatos de dos dirigentes del partido comunista, los ataques a sus oficinas, la supresión de 200 000 votantes en la región de Lugansk que no votaron y las falsificaciones en Crimea.
Evidentemente, esto no se produjo porque los informes sobre la «validez y democracia de las elecciones» se elaboraron antes de las elecciones. La UE y el Parlamento Europeo consideran democráticos los países sometidos al imperialismo y a Gobiernos ocupantes, como Iraq y Afganistán, así como a las fuerzas políticas que venden los intereses de sus trabajadores y países al capital. Por eso acogen con agrado los resultados de Ucrania, por mucho que su representante elegido saliera perdiendo.
La «operación democracia» promovida por los Estados Unidos y la UE a través de sus organizaciones transnacionales e internacionales supone básicamente la imposición del capitalismo y la adhesión de los países al carro imperialista.
Las fuerzas políticas que apoyan, consienten y toleran esta política son cómplices y responsables conjuntamente ante el pueblo. 
Alyn Smith (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, la Revolución Naranja fue un tiempo de grandes esperanzas, pero está claro que la transición hacia una democracia eficiente sigue siendo difícil para Ucrania. Nosotros, en esta Cámara, debemos hacer lo que nos corresponde, como hicimos durante la Revolución Naranja, y por ello debemos seguir apoyando a las fuerzas del progreso y la democracia en Ucrania. La Unión Europea ocupa un lugar ideal para desempeñar el papel de agente honesto, consejero e incluso amigo de los ucranios. Debemos seguir comprometidos con este proceso y me alegra apoyar hoy esta resolución. 
Bruno Gollnisch (NI ),
   . – Esta resolución plantea el gravísimo problema del pillaje de las elites formadas del tercer mundo por los países desarrollados, en especial en el sector médico.
En efecto, se está produciendo una situación totalmente aberrante. En mi país, Francia, una anticipación insuficiente de las necesidades sanitarias de una población que envejece, unas perspectivas de carrera mediocres y la aplicación de la jornada de 35 horas en los hospitales públicos han provocado la escasez de personal. Pero un sigue restringiendo el acceso a estas profesiones y contratamos a enfermeras y médicos en el extranjero. Al mismo tiempo, las poblaciones de los países en desarrollo no tienen acceso a la asistencia sanitaria y nosotros nos gastamos montones de dinero enviando misiones humanitarias, a menudo a zonas restringidas. Es una completa locura, en particular a la vista de que el acceso a la asistencia sanitaria se ha convertido en una de las causas de la inmigración clandestina masiva: la isla francesa de Mayotte, que se ve desbordada, es un ejemplo perfecto de ello.
Quiero denunciar aquí la ley sobre la inmigración «elegida» del señor Sarkozy, dirigida a organizar el pillaje de élites a gran escala, comprometiendo aún más el desarrollo de los países de origen de esas élites y agravando mecánicamente la emigración de las poblaciones, cuando un sistema educativo en quiebra ha renunciado a formar una juventud abocada al desempleo o a los pequeños trabajillos.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   La lucha mundial contra las enfermedades y la pobreza es una cuestión sumamente importante que exige un compromiso internacional a gran escala. No obstante, opinamos que este asunto no debe abordarse en el marco de la cooperación de la UE. Creemos que la lucha contra las enfermedades incumbe a cada Estado miembro de la UE en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Lista de Junio desea una cooperación limitada de la UE en este terreno y prefiere la renacionalización de la política de ayudas. Asimismo, nos oponemos a que la UE influya y amplíe sus competencias en asuntos que ya tratan otras organizaciones internacionales. Por lo tanto, votamos en contra de esta resolución. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   El informe trata un aspecto esencial en relación con la ayuda comunitaria, a saber, su ineficacia. La postura de la Lista de Junio es que la ayuda no debe prestarla la UE, sino cada Estado miembro.
Como señala el ponente, la ayuda de la UE no es eficaz. Mientras que se invierten sumas de dinero relativamente elevadas para gestionar una política de desarrollo organizada por la UE, se añaden nuevas barreras de la UE al comercio, con lo que se impide que los países pobres del mundo accedan al mercado de la UE con sus productos. Además, la política común de la UE sobre comercio y agricultura es extremadamente perjudicial, puesto que, con sus derechos y subvenciones, resta toda competitividad a los productos agrícolas de los países en desarrollo.
Si el informe hubiese tratado de la ayuda de cada Estado miembro, evidentemente habríamos votado a favor, ya que la ineficacia y la corrupción son dos grandes obstáculos a toda cooperación al desarrollo que sea constructiva y eficaz. Sin embargo, como en este asunto estamos preocupados especialmente por la ayuda organizada por la UE, hemos votado en contra del informe en su totalidad. 
David Martin (PSE ),
   . Acojo con satisfacción este informe sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo. La corrupción es un subproducto de la gobernanza débil. Como la corrupción supone a menudo una importante participación del Estado, a veces se califica de abuso del poder público en beneficio particular. Instituciones débiles y administraciones que no se sienten responsables permiten a menudo la malversación de bienes públicos por parte de políticos o funcionarios.
Pienso que es crucial reforzar la función de los Parlamentos para impulsar reformas de la gestión de las finanzas públicas y opino que convendría establecer y reforzar mecanismos parlamentarios que obliguen al Gobierno a rendir cuentas. 
Alyn Smith (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, me uno a las felicitaciones expresadas al ponente de este informe que trata un tema crucial para el programa de ayuda, aunque a menudo se pase por alto. El grado en que la financiación de la ayuda y del desarrollo, tan bienintencionada, fomenta la corrupción resulta a menudo muy desalentador y debemos seguir atentos a esta cuestión para garantizar un uso correcto del dinero a nuestros contribuyentes y a los ciudadanos de los países receptores. Estoy totalmente de acuerdo con las recomendaciones contenidas en este informe y me complace apoyarlo hoy. 
El Presidente.
   Con esto concluyen las explicaciones de voto. 


El Presidente.
   Procedemos a continuación a la declaración de la Comisión sobre la situación en el Sudeste de Turquía.
Markos Kyprianou,
   . Señor Presidente, la Comisión está preocupada por lo que está ocurriendo en el sudeste de Turquía y por los estallidos de violencia y ataques terroristas que se han extendido a otras ciudades del país. Seguimos de cerca la situación.
Según la información de que dispone la Comisión, hubo un estallido de violencia el 28 de marzo en la ciudad de Diyarbakir, en el sudeste del país, tras el funeral de miembros del PKK. Permítanme recordarles, Señorías, que el PKK está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.
Las primeras informaciones sobre víctimas aparecieron el 29 de marzo en Diyarbakir y en los días que siguieron se anunciaron otras muertes en toda la región. Durante el fin de semana, los disturbios se extendieron también a Estambul, donde alguien lanzó un «cóctel Molotov» contra un autobús urbano lleno de gente. Tres civiles resultaron muertos. Desde entonces se han registrado otras muertes, incluso miembros de las fuerzas de seguridad.
Debe quedar claro que la Unión Europea condena inequívocamente el terrorismo. El PKK es una organización terrorista. Nos preocupan profundamente sus recientes actividades en Turquía. Nos sentimos víctimas de estos actos terroristas. Pero a la vez deploramos profundamente las pérdidas humanas y pedimos a las autoridades turcas que esclarezcan los hechos a través de una investigación exhaustiva y que garanticen que las fuerzas de seguridad actúen con la energía necesaria frente a los manifestantes.
La población del sudeste de Turquía no necesita violencia y confrontación. Necesita paz, estabilidad y prosperidad. Instamos al Gobierno de Turquía a que se enfrente de manera global, y no solo desde el punto de vista de la seguridad, a los problemas de esta región y de sus gentes, que son en su mayoría de origen kurdo.
El Gobierno de Turquía debe tomar medidas para reforzar y garantizar las posibilidades económicas, sociales y culturales de todos los ciudadanos turcos. A este respecto, esperamos con impaciencia las consecuencias del discurso pronunciado por el Primer Ministro Erdogan en agosto de 2005. La Comisión recuerda y subraya que de conformidad con los criterios políticos de Copenhague, Turquía debe garantizar la diversidad cultural y fomentar los derechos culturales de todos sus ciudadanos tal y como se establece en la Asociación para la Adhesión revisada que adoptó el Consejo en enero de 2006.
También es importante que Turquía facilite el retorno a sus lugares de origen a las poblaciones desplazadas en el interior del país, que garantice indemnizaciones justas a todos aquellos que han sufrido daños y perjuicios debido a la situación de inseguridad y que aborde la abolición del sistema de guardia rural.
Seguiremos supervisando la situación en el sudeste. Plantearemos estos asuntos a las autoridades turcas en el marco de nuestro seguimiento regular de los criterios políticos. Espero asistir a un debate muy interesante. 
Camiel Eurlings,
   . – Señor Presidente, la situación que estamos debatiendo esta tarde es trágica y los recientes acontecimientos han sido dramáticos para Turquía y para los ciudadanos kurdos de Turquía.
Seamos claros: el PKK es una organización terrorista y nunca hay excusas para el terrorismo. Declaro como parlamentario que el Parlamento nacional de los Países Bajos libró una ardua batalla por conseguir que se incluyera al PKK en la lista de terroristas. Nunca puede haber excusas.
No obstante, al mismo tiempo debemos preguntarnos si todos quienes protestan apoyan realmente la violencia. Muchos analistas han llegado a una conclusión completamente diferente. Dicen que la mayor parte del pueblo kurdo no desea la violencia, solo desea un futuro próspero –con desarrollo económico, social y cultural– dentro del Estado de Turquía Necesitamos ahora más que nunca invertir en esas personas.
En el informe del Parlamento aprobado a finales de 2004 insistimos en el desarrollo de la región sudoriental y en que se otorgaran más derechos culturales al pueblo kurdo. Hay que decir que el Primer Ministro Erdogan ha pronunciado discursos contundentes desde entonces. No obstante, en estos tiempos difíciles, más que nunca es preciso que a las palabras les sigan los hechos. Debemos invertir tanto en la sociedad como en la economía, de modo que las familias tengan un futuro próspero y no deseen violencia para sus hijos. Debemos invertir en una mayor libertad cultural. Si la radio y la televisión turcas reservaran más tiempo de antena para los programas kurdos, entonces Roj TV de Dinamarca dejará de ser tan importante.
Es cierto que hay que abolir el sistema de guardia rural y ayudar a los desplazados a volver a su región de origen.
Ha llegado la hora de recurrir a la sabiduría en lugar de los grandes discursos. Es hora de que el Gobierno turco busque interlocutores modestos y deseosos de paz. Me refiero a los señores Baydemir y Türk, los dos líderes del DTP. Estas personas deben seguir pronunciándose en contra de la violencia, pero si lo siguen haciendo el Gobierno turco debería cooperar con ellos en lugar de amenazarles con llevarlos a juicio a través de su Ministro del Interior. Pienso que el camino es el de la cooperación, el de la sabiduría. Garanticemos que los ciudadanos kurdos se sientan como en casa dentro de un único Estado turco. Esa es la única solución. 
Emine Bozkurt,
   . Señor Presidente, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo siente un gran aprecio por Turquía, y por ello nos produce tanta angustia ver a este país sumido en la violencia. El Grupo del PSE pide el final de esta escalada de violencia y acogemos con agrado la indicación del Primer Ministro Erdogan de su intención de detener la ola de violencia por medio de más reformas económicas y democráticas.
Con ello ha tendido una mano a la comunidad kurda, que aún debe aceptar este gesto. El Grupo del PSE desea llamar asimismo su atención sobre la petición realizada por el alcalde de Diyarbakir a los kurdos que recurren a la violencia a fin de que abandonen esa estrategia, ya que mi Grupo rechaza rotundamente toda violencia excesiva. Si cesa la violencia, los tanques pueden y deben abandonar las calles de los pueblos y aldeas del sudeste. Los ciudadanos de Europa no quieren ver tanques en las calles cuando se plantean la posibilidad de que Turquía se adhiera a la Unión Europea. Quisiera recalcar que en Turquía todos, incluidos los kurdos, saldrán beneficiados si se mantiene el avance de este país hacía la adhesión a la UE. En efecto, la protección y el respeto de los derechos humanos de todos en Turquía son condiciones imprescindibles para formar parte de la UE.
No debemos permitir que los agitadores saboteen las negociaciones antes de que estas se encuentren verdaderamente bien encaminadas. Desgraciadamente, la violencia actual interrumpe un período de aproximación, pues ya se había avanzado un poco; por ejemplo, el Gobierno turco había permitido la televisión kurda. Los acuerdos concluidos antes de la reciente ola de violencia deben seguir desarrollándose y, sobre todo, aplicarse. Los compromisos sobre el papel deben convertirse en realidad.
Terminaré con unas palabras a favor de las víctimas, cuya muerte hay que lamentar y cuya memoria debemos guardar. No debe haber más víctimas. Insto a que conviertan este momento tan difícil en Turquía en una oportunidad para renovar la solidaridad en ese país, que es desesperadamente necesaria en el largo y difícil camino hacia la adhesión a la UE. 
Sarah Ludford,
   – Señor Presidente, sin duda existe una alianza impía –aunque no reconocida ni intencionada– entre las fuerzas de seguridad turcas, el PKK y los europeos que se oponen a la adhesión de Turquía. Cada uno de ellos contribuye a su manera a impedir el progreso de Turquía hacia la Unión Europea.
La policía y el ejército turcos no defienden los intereses del Gobierno turco con su uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Diyarbakir y otras ciudades. El aparato de Estado no está bajo el control democrático de ese Gobierno. El hecho es que los militares tienen un interés particular en que se prolongue la violencia porque esta refuerza su poder, su importancia y sus recursos.
El PKK emplea métodos terroristas y sin duda ha provocado e instigado algunos de los recientes acontecimientos violentos, pero su propósito de lograr el reconocimiento de la identidad cultural, lingüística y política del pueblo kurdo lo comparten muchos kurdos que no abogan por la violencia. En ese sentido, los miembros del PKK son considerados luchadores por la libertad. El desafío, ante el que las autoridades turcas se muestran incapaces, consiste en separar a los oponentes radicales y violentos de los que desean seguir un camino democrático en busca de una solución política.
Un fenómeno muy esperanzador de los últimos días han sido los llamamientos moderados realizados por personas como Ahmed Türk y Osman Baydemir, el alcalde de Diyarbakir, para que cese la violencia y se inicien conversaciones políticas. De alguna manera, lamento que la Comisión no haya dicho nada para recomendar al Gobierno turco que siga por ese camino, que no solo es el del progreso social y económico, sin duda necesario, no solo el del reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos, sino el del diálogo político real y de búsqueda de una solución política para la región kurda del sudeste de Turquía en la construcción del Estado turco.
La Comisión parece resistirse a recomendar esa vía al Gobierno turco. Debemos unirnos todos y alentar al Primer Ministro Erdogan a que siga el camino que pareció iniciar el pasado mes de agosto y donde se ha quedado parado, sin duda a causa del ejército. Entre todos debemos ayudarle a impulsar el diálogo político en pro de una solución. 
Cem Özdemir,
   . – Señor Presidente, agradezco al Comisario su discurso. Quisiera expresar, en nombre de mi Grupo, nuestra seria preocupación por la situación en Turquía que hemos visto en los medios de comunicación. Durante la última semana, al menos 15 personas han perdido la vida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad turcas en el sudeste y en ataques terroristas en Estambul. Condenamos enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en Diyarbakir y Kiziltepe.
Pero a la vez denunciamos firmemente las provocaciones del PKK, cuyos líderes instigan deliberadamente a la violencia y los disturbios. Después de que ardieran tres autobuses municipales en Estambul sin que hubiera pérdidas humanas, dos jóvenes hermanas fueron asesinadas el domingo por la noche durante el ataque a un autobús. Los kurdos que desean construir una vida decente en las ciudades o volver a sus pueblos, que son la mayoría, no deberían ser los rehenes de líderes cínicos asociados con el ala militar del PKK, que desea la escalada del conflicto, como también la desean algunos de los componentes del «aparato de Estado» de Turquía.
A la luz de los recientes acontecimientos tenemos la sensación de que algunos de nuestros colegas del Parlamento Europeo no han dicho toda la verdad en los mensajes de correo electrónico que han circulado recientemente. Dan a entender que la situación es clara y nítida: ningún turco quiere conceder más derechos a los kurdos y todos los kurdos son víctimas oprimidas. Por eso pienso que es importante llamar la atención de todos sobre el debate que está teniendo lugar actualmente en la sociedad civil de Turquía entre intelectuales de origen turco y kurdo.
Permítanme apuntar lo que han dicho: en primer lugar, el Estado turco debe reconocer por fin oficialmente la identidad kurda en Turquía; en segundo lugar, la política de asimilación de los kurdos ha sido un completo fracaso; en tercer lugar, el Estado turco debe tratar de recuperar la confianza de los kurdos y de todos los ciudadanos de Turquía; en cuarto lugar, no puede haber ninguna solución pacífica que insista en que el PKK es interlocutor oficial del Estado en las negociaciones, pues esto no es posible.
Termino citando a un ex alcalde de Diyarbakir, quien acaba de señalar lo siguiente: «Si queremos tener una paz auténtica, el PKK debe amoldarse a la nueva situación mundial. El Estado turco se está democratizando. El PKK debe hacer lo mismo. Debe abandonar la idea de la lucha armada e iniciar un diálogo respetuoso con los kurdos que piensan de otra manera. También tiene que renovar su liderazgo. Esta organización se construyó desde una mentalidad de guerra fría. Es preciso que evolucione.» 
Feleknas Uca,
   – Señor Presidente, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y en particular de mi colega el señor Agnoletto, quisiera expresar mi horror ante los enfrentamientos violentos en el sudeste de Turquía. Durante una semana hemos presenciado imágenes atroces y recibido informaciones horripilantes de un país con el que la UE entabló negociaciones de adhesión en octubre de 2005, que mis colegas y yo aprobamos en aquel entonces. Aunque desde el comienzo de las conversaciones de adhesión con la UE el Gobierno turco ha iniciado un proceso de reformas, este no será suficiente para resolver los conflictos y problemas sociales y políticos.
Hay un elemento que debe quedar claro para Turquía y para todos nosotros, y es que los déficit democráticos de Turquía estaban y están estrechamente unidos a la cuestión kurda. Mientras Turquía intente resolver este problema por medios militares, reprimiendo a la población civil y eliminando la libertad de expresión de opiniones e ideas, no habrá paz en el país y, por tanto, tampoco habrá una base para un Estado democrático. No se puede permitir que la grieta que divide a esta sociedad se haga aún más profunda, hasta el punto de resultar insalvable.
El Primer Ministro turco, el señor Erdogan, ha calificado los asesinatos de mujeres y niños de intervenciones necesarias para enfrentarse a instrumentos del terrorismo. Hasta la fecha, 15 personas han fallecido, incluidos tres niños, el más joven de los cuales tenía tan solo tres años de edad. De las 278 personas detenidas en Diyarbakir, 91 son menores de 18 años. Si las fuerzas de seguridad turcas siguen disparando contra civiles en Diyarbakir, Batman, Mardin y otras muchas ciudades kurdas, y si la cifra de muertes aumenta aún más, este abismo será mayor y la esperanza de una solución pacífica se alejará.
Es hora de que la Comisión y el Consejo empleen todos los medios a su disposición para presionar a Turquía a que ponga fin a la violencia. Hay que plantearse la posibilidad de suspender las negociaciones de adhesión si el Gobierno y el ejército turcos siguen haciendo caso omiso de los principios democráticos y violan los derechos humanos. Solicito que se envíe una delegación a Turquía para examinar a fondo lo que está ocurriendo allí. Insto a quienes están implicados en el conflicto a que abandonen la violencia de inmediato y pido al Gobierno turco que acepte como interlocutores a los representantes elegidos legalmente por los kurdos y que retiren las últimas acusaciones que pesan sobre ellos.
No se puede ni debe tolerar que 20 millones de kurdos se vean despojados de sus derechos culturales y políticos y de toda influencia en la configuración de su sociedad. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, la actitud de las autoridades turcas ante los sucesos que se producen en Diyarbakir y la gestión de la crisis en el sudeste de Turquía son inaceptables desde el punto de vista del Parlamento Europeo. Un país que no respeta a los 12 millones de kurdos que habitan en su territorio tampoco respetará las culturas y religiones de los países de la Comunidad Europea.
La seguridad del Primer Ministro turco, Recep Erdogan, roza la arrogancia. No permitan que piense que la Unión Europea tiene alguna obligación para con Turquía. De hecho, señor Comisario, opino que ocurre todo lo contrario. Estoy convencido de que sobre la base de la decisión de entablar negociaciones con Turquía, la Unión Europea tiene ahora el derecho de suspender dichas negociaciones. 
Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, lamento observar los estallidos de violencia en el sudeste de Turquía y me repugna ver cómo asesinan a soldados y civiles inocentes en ese país. No obstante, esto no nos puede llevar a la conclusión de que se trata de un problema que solo concierne a Turquía: existe un gran problema en conexión con los derechos de los kurdos, problema que no debemos omitir en el debate de hoy.
Turquía ha elegido su perspectiva. Ha elegido una perspectiva europea y gracias a esta hemos presenciado ciertos avances en los últimos años en lo que respecta a los derechos humanos de los kurdos, cuya existencia apenas era reconocida hace unos años.
Sin embargo, Turquía debe continuar por este camino. Las recientes intervenciones incontroladas del ejército no deben privar a los kurdos de los derechos de que deben gozar si Turquía desea adherirse a la Unión Europea. Me refiero a los mismos derechos que disfrutan los ciudadanos de los Estados miembros.
El Primer Ministro Erdogan ha anunciado recientemente que Turquía no se alejaría de su objetivo de democracia y desarrollo y que introduciría mayores libertades, más democracia, asistencia social, derechos sociales y justicia social. Este anuncio me parece muy bien, pero necesitamos algo más que palabras; hay que ponerlas en práctica.
Es preciso tomar medidas en tres niveles: primero, se necesitan derechos; segundo, se necesita una política económica y social; y tercero, es necesario limitar las competencias hoy ilimitadas del ejército. Si se introducen estas medidas, Turquía se habrá tomado en serio sus expectativas europeas y si Turquía cumple sus compromisos en este terreno y en todos los demás terrenos estipulados por la Unión Europea, ello beneficiará tanto a los kurdos como a todos los ciudadanos de ese país.
Por estos motivos, Turquía no debe dudar. A partir de ahora, las palabras del señor Erdogan deben ir acompañadas de medidas. 
Panagiotis Beglitis (PSE ).
   – Señor Presidente, estamos sumamente preocupados por la reanudación de la violencia y los actos de terrorismo por parte del ejército turco y el PKK. Creo que el mensaje resultante de nuestro debate de hoy debe ser un mensaje de condena de los actos de terrorismo contra civiles inocentes en Estambul y en otras localidades, además de condenar la violencia militar del ejército turco para reprimir a la población kurda.
Los poderes que fomentan la guerra y que el ejército permanezca en el poder a toda costa son responsables de la situación en el sudeste de Turquía. Los poderes fácticos y el ejército en Turquía encuentran en la acción del PKK una excusa perfecta para continuar interviniendo en la vida política e intentar definir los términos de la resolución del problema kurdo. Por otro lado, el PKK está sacando partido a los graves problemas socioeconómicos de subdesarrollo y pobreza para alimentar con sus acciones el ciclo de violencia y derramamiento de sangre.
Es un hecho, y sería un error político subestimarlo, que las expectativas europeas de Turquía han abierto el camino a las reformas por parte del Gobierno de Erdogan. No obstante, esas reformas se encuentran aún en una fase temprana, están incompletas y se ven influidas por el miedo histórico de los turcos contra los kurdos.
Debemos apoyar de forma coherente y firme los derechos culturales, lingüísticos y educativos de la comunidad kurda. Debemos apoyar los derechos políticos; debemos instar a que se enmiende la legislación electoral que prohíbe la representación democrática de la comunidad kurda en la vida política de Turquía.
El liderazgo político turco y el Gobierno de Erdogan tienen la responsabilidad de proceder con valentía y decisión a fin de completar las reformas y la pacífica integración política, económica y social del pueblo kurdo. Una estrategia de resolución pacífica depende del diálogo entre ambas partes. Presupone la renuncia, por ambas partes, a la filosofía del conflicto militar y a la solución. El problema kurdo no se resolverá mediante la represión y la violencia, sino a través del diálogo democrático, el desarrollo y la plenitud de los derechos del pueblo kurdo.
La Unión Europea tiene la responsabilidad política de formular una estrategia integrada para el problema kurdo en Turquía:
- Debe apoyar constante y coherentemente sus expectativas europeas, al tiempo que controla, sin concesiones ni oportunismos, el cumplimiento de las obligaciones por parte de Turquía.
- Debe confirmar su apoyo a la integridad territorial y la unidad del Estado turco, además de condenar los objetivos secesionistas de la estrategia sin salida del PKK.
- Debe tomar iniciativas para entablar el diálogo democrático en torno a una solución política del problema kurdo y a la salvaguardia del papel y los derechos de la comunidad kurda en las instituciones y la sociedad de Turquía.
Por último, la Unión Europea, en cooperación con agencias turcas y kurdas, debe ayudar a formular y aplicar programas de reconstrucción socioeconómica a fin de combatir la pobreza y el subdesarrollo, apoyar las instituciones y la sociedad civil, así como respaldar las fuerzas políticas moderadas y democráticas en la región sudoriental de Turquía. 
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, la situación en el sudeste de Turquía es realmente muy preocupante, pero a nadie debería extrañarle. Durante decenios se han cometido de vez en cuando en la región, en gran medida por parte del Estado turco, actos violentos y graves abusos de los derechos humanos, que se seguirán cometiendo durante muchos años a no ser que el Gobierno turco reconozca que el problema kurdo no se solucionará simplemente dan vía libre a los generales del ejército, que tratarán la cuestión de la única manera que conocen, es decir, con la fuerza bruta.
El Gobierno turco debe entender que hay que respetar plenamente los derechos humanos de los millones de kurdos que viven en la región. Deben tener el derecho a utilizar su propia lengua, el kurdo, y a mantener sus tradiciones y su cultura. Además, el Gobierno turco debe aceptar que el pueblo kurdo tiene derecho a un grado de autonomía. Si se negociara una posibilidad de este tipo, no tendría ninguna consecuencia negativa para el bienestar del pueblo turco; gracias a la estabilidad duradera aportaría a toda Turquía paz y prosperidad. Además, el Gobierno turco debe tomar la valiente iniciativa de acceder a la reciente petición del líder del Partido Democrático de Kurdistán, Masood Barzani, de aceptar la estructura federal de Iraq y declarar una amnistía general para los militantes del PKK.
El Gobierno del señor Erdogan ha dado señales de aspirar a realizar profundas reformas democráticas en Turquía. Sabemos que la jerarquía militar, muy atrincherada, se resiste firmemente a tales reformas. El pueblo turco debe entender que los que se resisten al cambio son en realidad los verdaderos enemigos de Turquía. El señor Erdogan está librando una batalla difícil, llena de peligros, con los generales del ejército. Debemos apoyarle y darle ánimos, puesto que si ganan los generales, los progresos de Turquía hacia la democratización y la adhesión a la Unión Europea se detendrán, de forma que el país se hundirá de nuevo en el retroceso del control militar totalitario. 
Alyn Smith (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, declaro un interés particular en este debate, ya que soy patrocinador de la campaña Paz en Kurdistán y miembro del consejo de administración de la Comisión Cívica UE-Turquía. Suscribo plenamente las observaciones realizadas por mi colega de Grupo, el señor Özdemir, acerca del diálogo y del hecho de que este proceso no es claro y nítido. Todas las partes tienen sus fallos y en esta Cámara debemos seguir animando siempre que sea necesario y criticando cuando sea preciso. Insisto en que debemos estar atentos a nuestra propia integridad y garantizar que las preocupaciones legítimas acerca del avance lento y doloroso del proceso de paz entre el Kurdistán y Turquía no se convierta en una excusa para los que, dentro de esta Cámara y dentro de la UE, están más en contra de la adhesión de Turquía que a favor de la democracia.
Los criterios de Copenhague marcan el rumbo. Los criterios de Copenhague sobre el reconocimiento de los derechos culturales, históricos y políticos son claros y ya están establecidos. En esta Cámara debemos mantener las manos limpias. La Unión Europea, como campeona del diálogo y de la democracia, debe asegurar que nunca olvidemos nuestros propios principios y nuestra función de mediador honesto e imparcial, capaz de ayudar y criticar cuando sea necesario. 
Frederika Brepoels (PPE-DE ).
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde que la Unión Europea entabló las negociaciones de adhesión con Turquía hemos recibido cada semana noticias de actos de violencia y violaciones graves de los derechos humanos, y esto es un hecho. Usted mismo nos ha dado una lista, pero me gustaría llamar su atención sobre el brutal asesinato de los ancianos padres del presidente del Instituto Kurdo en Bruselas, aunque por supuesto no podemos olvidar a las demás víctimas.
La primera respuesta del Comisario Rehn fue manifestar su confianza en el Gobierno turco, una actitud que me parece un poco extraña teniendo en cuenta que cada vez hay más pruebas que demuestran que esas mismas autoridades tienen algo que ver con esta situación. No sé si ha visto usted el informe de la organización de derechos humanos IHD sobre el asesinato del señor y la señora Ferho o la investigación judicial del atentado con bomba de Şemdinli. Ambos casos apuntan al ejército turco. Cuando hace unas pocas semanas un fiscal manifestó su deseo de investigar la implicación directa del número dos del ejército, que según lo previsto será nombrado también Jefe de Estado Mayor, el ejército vetó inmediatamente esa idea. Y estas son las autoridades en las que la Comisión Europea tiene confianza ciega.
Tengo que decir, señor Comisario, que estos incidentes son una prueba dolorosa de que Turquía no aspira de ninguna manera a una solución pacífica del conflicto con los kurdos. Turquía se niega simplemente a reconocer que los kurdos turcos tienen derechos culturales y democráticos de autodeterminación. Un país que deniega a 15 millones de ciudadanos todos los derechos políticos y culturales no es lo que yo llamaría una democracia. Tal y como yo lo veo, un país cuyas autoridades están activamente implicadas en graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional tampoco puede ser considerado un Estado constitucional. Ignorar esta realidad y no enviar un mensaje enérgico desde Europa nos convierte en cómplices.
Me gustaría saber realmente qué tiene previsto hacer la Comisión a este respecto. ¿Cumplirá finalmente el Comisario Rehn su promesa e incluirá la protección de las minorías en el acuerdo de asociación o no lo hará? Creo que una medida crucial podría ser que la Unión Europea hiciera lo que Turquía no hace, o se niega a hacer, y entablara un diálogo directo y estructural con representantes de la comunidad kurda de Turquía sobre esta cuestión. Me gustaría conocer su opinión al respecto. 
Geoffrey Van Orden (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en mi opinión el mejor servicio que se puede prestar a la población del sudeste de Turquía es que los grupos extremistas kurdos cesen su campaña de violencia y terrorismo. Una característica de las campañas terroristas es que sus víctimas son, en su mayoría, civiles de a pie que no desean otra cosa que tener la oportunidad de criar a sus hijos en una atmósfera de paz, estabilidad, libertad y creciente prosperidad. Nada de esto se puede lograr mientras los terroristas e insurgentes persigan sus propios fines egoístas, opriman, intimiden y movilicen a las comunidades kurdas de dentro y fuera del país e intenten inflamar a la opinión internacional en contra de las autoridades turcas. No creo que haya mucha libertad de opinión en las zonas dominadas por el PKK.
De vez en cuando, el PKK, una organización que tiene sus raíces en la guerra fría, ha declarado una tregua. La más reciente tuvo lugar el pasado mes de agosto y duró menos de un mes. Desde entonces ha continuado su campaña de violencia y asesinato. Desde el pasado fin de semana, como han mencionado el Comisario y otros oradores, unas 12 personas han muerto a consecuencia de la violencia terrorista. A lo largo de los años, las víctimas del terrorismo se cuentan por decenas de miles.
Las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE ya se han iniciado. Ese es en sí un factor en la campaña del PKK. Al PKK no le interesa una Turquía estable, próspera, democrática y orientada hacia Occidente. Preferiría su propio pequeño Estado marxista, viviendo en el pasado.
Por supuesto, queremos que haya reformas en Turquía, en el marco de un programa de modernización; por supuesto, queremos ver grandes mejoras económicas en el sudeste de Turquía. Siento una enorme compasión por las personas que viven en la pobreza y el miedo. Queremos que las reivindicaciones razonables de los kurdos se resuelvan de una forma justa a través de la negociación. Nada de eso se puede lograr en un contexto de violencia o de continua amenaza de violencia.
Los extremistas kurdos deben poner fin a su terrorismo. Las autoridades turcas podrán responder entonces con espíritu de buena voluntad. 
Markos Kyprianou,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados por este debate sumamente interesante. He escuchado con gran interés sus observaciones, de las que he tomado nota debidamente.
Pienso que todos podemos concluir que la situación en el sudeste de Turquía es grave y que, por tanto, todos esperamos que se aborde con firmeza, mediante una estrategia global que no solo tenga en cuenta los aspectos de seguridad, que son legítimos, sino también el desarrollo socioeconómico de la región así como el desarrollo de los derechos culturales.
Me gustaría referirme al discurso pronunciado por el Primer Ministro Erdogan en agosto de 2005, que ha mencionado antes, en el que hizo hincapié en la necesidad de resolver por medios democráticos lo que calificó de «la cuestión kurda». La Comisión recomendará al Gobierno de Turquía y a su Primer Ministro que tomen medidas basadas en el compromiso que contrajeron en el citado discurso de Diyarbakir.
La estabilidad de la región constituye un elemento clave para tratar adecuadamente estas cuestiones y la existencia de ataques terroristas representa una grave amenaza a este respecto. Al mismo tiempo es muy importante que las fuerzas de seguridad y las autoridades muestren moderación y no hagan un uso excesivo de la fuerza frente a los civiles.
Me gustaría comentar algunas de las cuestiones planteadas por algunos diputados. En lo que respecta a los incidentes de Semdinli, quiero subrayar que se están investigando los hechos tanto en la vertiente judicial como parlamentaria, que estamos a la espera del resultado de dichas investigaciones y que seguiremos al tanto de la situación.
He tomado nota del asunto relativo al progreso y señalo que alentamos continuamente al Gobierno turco a que siga adelante con las reformas y a que amplíe los derechos del pueblo kurdo Subrayo el hecho reciente, que supone un paso positivo, de autorizar, a ciertas horas, las difusiones por radio y televisión en lengua kurda. Esperamos que se tomen más medidas similares.
Puedo garantizar a los diputados que seguiremos controlando la situación en el sudeste. Plantearemos todos estos asuntos a las autoridades turcas en el marco de nuestro control regular de los criterios políticos. 
El Presidente.
   Se cierra el debate.
El Presidente.
   Procedemos ahora al debate sobre la base de seis propuestas de resolución referentes a Darfur(1).
Bernd Posselt (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, hemos tenido más de una ocasión de discutir la situación en Darfur, aunque desde hace algún tiempo no lo hemos hecho, a pesar de que las circunstancias allí han dado un lamentable y trágico vuelco que ha agravado el estado de cosas. Incluso en los pocos meses que han transcurrido desde que comienzos de año, según el señor Egeland, Vicesecretario General de las Naciones Unidas y responsable de la cuestión de Darfur, más de 200 000 personas han sido expulsadas de sus hogares y más de 96 poblados han sido pasto de las llamas; y todo esto más de un año después de emprenderse una acción internacional con vistas a poner fin a esta situación. Esto viene a demostrar lo poco convincente que resulta la comunidad internacional en lo que concierne a la cuestión de Darfur. Asimismo, el hecho de que se impidiera al Vicesecretario General de las Naciones Unidas viajar a la zona del conflicto prueba que el régimen de Jartum está desafiando abiertamente y haciendo caso omiso de la comunidad internacional y, por lo tanto, poniéndola en ridículo.
Por este motivo ya era hora que pusiéramos fin a nuestras reiteradas e inútiles protestas. En su lugar, es necesario que las Naciones Unidas, la OTAN, los Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana se reúnan en torno a una mesa para aplicar por fin una política concertada sobre Darfur que vaya más allá que las meras resoluciones formales. Lo que reclamamos, por tanto, es una intervención mucho más masiva que lo que hemos visto hasta ahora.
La Unión Africana es, por supuesto, la que más necesita hacer algo, pero nosotros tampoco podemos permanecer de brazos cruzados mientras se comete un genocidio de forma bastante descarada; así es como los Estados Unidos han calificado abiertamente los hechos, aunque no hayan extraído las conclusiones necesarias de ello. Está claro que lo que tratamos aquí no es otra cosa que genocidio. Actualmente estamos preparando tristes actos conmemorativos para recordar el comienzo del genocidio en Ruanda y Burundi, hechos ante los cuales también hicimos la vista gorda. Hoy todo el mundo coincide en que en aquel entonces deberíamos haber intervenido. Ahora nos encontramos ante una situación similar. Miramos a otro lado, no actuamos, no utilizamos los medios que tenemos a nuestro alcance –por muy débiles que sean– y, en su lugar, nos contentamos con protestas verbales.
Todo esto hace que Darfur no solo se haya convertido en una desgracia para el régimen sudanés sino también para las instituciones internacionales y europeas. Por este motivo, estoy muy contento de que en esta Cámara volvamos sobre esta cuestión. En pocas palabras, debemos tener muy claro que una relación normal o más o menos normal con Sudan solamente será posible si de una vez hace lo que ha prometido y permite a las instituciones internacionales hacer su trabajo allí. 
Fiona Hall (ALDE ),
   . – Señor Presidente, cuando una misión de la Comisión de Desarrollo visitó Darfur en septiembre de 2004, nos impresionó ver con nuestros propios ojos cómo había gente que buscaba abrigo bajo las ramas porque su aldea había sido bombardeada. En aquel momento ejercimos una gran presión para que se reforzara la misión de control de la Unión Africana, y, de hecho, en octubre de 2004 se amplió dicha misión para incluir la protección de la población civil que se encontrara bajo amenaza inminente.
Lo trágico es que, 18 meses después, los bombardeos, los ataques y las violaciones siguen ocurriendo a pesar de los muchos esfuerzos realizados por la Unión Africana en las conversaciones de paz y sobre el terreno en Darfur. Sencillamente no hay suficientes tropas de la Unión Africana para poder controlar el alto grado de violencia, en particular cerca de la frontera de Chad y en el corredor entre Tawila y Gaida. Por esta razón, las Naciones Unidas deben intervenir en Darfur con carácter de urgencia. Las Naciones Unidas deben respaldar a la Unión Africana durante el resto de su mandato y estar preparadas para tomar el relevo en octubre de 2006.
El Gobierno de Sudán dice que esto es colonialismo. No lo es. No es colonialismo. Es la triste constatación de que anteriores iniciativas para controlar la violencia han fracasado estrepitosamente. Hasta el esfuerzo humanitario en Darfur está actualmente amenazado, ya que se obstaculiza el paso de las organizaciones humanitarias. Con más de 3 500 000 de personas que dependen de la ayuda sanitaria y alimentaria, no podemos permanecer de brazos cruzados. Hay que poner fin a la violencia. 
Carl Schlyter (Verts/ALE ),
   Señor Presidente, desde que fui elegido por primera vez hemos venido debatiendo la situación en Sudán. ¿Qué está ocurriendo ahí? Imaginen que matan a un amigo, uno solo, y la magnitud de la tragedia y la desgracia que acarrearía esa muerte. Imaginen entonces que son 180 000 los amigos que han muerto hasta ahora en el conflicto. Imaginen que le queman la casa a un amigo, uno solo, y le obligan a dejar su hogar. ¿Cómo nos sentiríamos? Imaginen las lágrimas vertidas, multiplicadas por dos millones hoy en Darfur. Imaginen que nos violan a una familiar, una sola, y pensemos ahora que esto mismo está pasando con decenas de miles de personas. Esa es la magnitud de la tragedia humanitaria que azota Sudán.
¿Qué está haciendo el Gobierno? Resolución tras resolución hemos venido exigiendo que desarme a las guerrillas Janjaweed, pero no ocurre nada. Resolución tras resolución hemos venido exigiendo que coopere con la comunidad internacional para ayudar a su propia población, pero en realidad es muy poco lo que ocurre. Y a todo esto no beneficia el hecho de que al enviado de las Naciones Unidas, Jan Egeland, se le niegue el permiso para viajar a Darfur siempre que lo estime oportuno. La Comisión ya entrega actualmente 160 millones de euros y mi país 330 millones de coronas suecas en concepto de ayuda. Si este dinero ha de servir para algo, el régimen tiene que cooperar en lugar de intentar desbaratar nuestros esfuerzos. Creo que debemos imponer un embargo de armas, independientemente de lo que digan Rusia y China, y todos los países que lo apoyen deberán ayudarse entre sí e impedir que dicho embargo se incumpla.
Es más, encarcelar a las mujeres que se resisten a ser violadas es absurdo y las cuatro jóvenes en cuestión deberían ser liberadas inmediatamente, por supuesto. 
Margrietus van den Berg (PSE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, en Darfur hay millones de personas huidas. Los campos de refugiados están abarrotados debido a la amplia y caótica huida de personas necesitadas, atacadas por rebeldes y por la milicia Janjaweed, a menudo con historias de pillaje y violación que contar. Se trata de una situación desesperada, la Unión Africana es demasiado débil y parece que el Gobierno sudanés apoya a los Janjaweed y quiere desea dar una oportunidad al Derecho internacional, representado por la Unión Africana y las Naciones Unidas. Parece que cuenta con el respaldo de China y Rusia.
Ayer se supo que el señor Pronk, enviado especial de las Naciones Unidas en Darfur, va a dimitir de su puesto. Si incluso el señor Pronk, un buscavidas y optimista incorregible, ya no ve ninguna posibilidad para el proceso de paz, entonces de verdad es hora de que hagamos sonar la alarma. En Darfur se desarrolla un brutal conflicto sin precedentes, en que la Unión Europea tiene la oportunidad de demostrar cuál puede ser su papel fuera de Europa. Esta semana se ilustra aquí el genocidio de 100 días en Ruanda en una exposición fotográfica. Este acto resume el fracaso de toda la comunidad internacional.
Una vez más, estamos sometidos a prueba. Mientras que China y Rusia vetan toda acción, la Unión Africana aún intenta que el Gobierno sudanés colabore, pero eso es demasiado poco, viene demasiado tarde y se alarga durante demasiado tiempo. Ahora corresponde a la troika europea establecer, con dinero y apoyo a las fuerzas de paz de la Unión Africana, una presencia real con el objetivo de prestar apoyo logístico y garantizar el acceso a la ayuda alimentaria y la protección de las personas. Hay que poner fin a esta masacre caótica, que se caracteriza por un conflicto de intereses de una crueldad sin precedentes. El llamamiento de hoy de nuestra Cámara en forma de una magnífica resolución común da una clara orientación y un impulso al señor Solana, al Consejo, a la Comisión y también a nuestros Gobiernos. La credibilidad del papel de Europa en el mundo está en juego. 
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL ),
   . – Es extraño que apenas hablara de Darfur hasta que se encontró petróleo en el sur de Sudán. Los agricultores atendían sus campos, los ganaderos llevaban a pastar a sus animales. Es evidente que la región de Darfur ejerce una atracción especial en algunas personas. Los intentos de secesión por parte de regiones potencialmente ricas en África no son nada nuevo. No olvidemos Biafra, Katanga y otras zonas conflictivas de un continente rico en recursos naturales. Donde no hay tanta riqueza no se producen problemas tan masivos. Después de todo, no solo encontraremos armas rusas y chinas en la región. También en las bases militares extranjeras de la República de Chad encontraremos armas de otros países.
El aspecto interesante es que nos preocupa que no se haya permitido la visita del Secretario General de las Naciones Unidas a Darfur. Cuando hubo sucesos parecidos en Eritrea, el Parlamento aprobó ayuda humanitaria para el Gobierno. ¿Por qué nuestra resolución, en el apartado 7, no solicita que la UE, los Estados Unidos y otros ayuden a poner fin a la situación en Eritrea? Aunque el régimen sudanés sin duda no es un dechado de democracia, sería erróneo recurrir a la fuerza para resolver el conflicto. Acepto la resolución, aunque con estas reservas. 
Ari Vatanen,
   . – Señor Presidente, mis colegas ya han mencionado el hecho de que hemos tratado este asunto una y otra vez. Cuando hablamos de derechos humanos y de dignidad humana, nos enfrentamos a una cuestión de geometría variable: si los hechos tienen lugar cerca de nosotros, la vida humana parece importar, pero cuando ocurren lejos, ya no nos ponemos de acuerdo.
He estado a menudo en esa parte del mundo. Conozco esas tierras yermas; sé como viven –o mejor dicho sobreviven– esas personas en esas condiciones, aunque no haya conflicto. Están expuestas al hambre, a la escasez de alimentos y de agua potable. No se pueden imaginar ustedes lo dura que es su vida. Ahora, cientos de miles de esas personas están siendo torturadas y asesinadas y las demás han huido de sus casas, mientras nosotros aprobamos aquí otra resolución. Esto demuestra lo impotente que es la comunidad internacional ante el sufrimiento humano. Eso es todo lo que hay.
¿Cuántos conflictos necesitamos aún? También en los Balcanes reaccionamos demasiado tarde. Y ahora Darfur está demasiado lejos. China y Rusia están bloqueando cínicamente nuestros esfuerzos en las Naciones Unidas. El régimen podrido de Sudán –siento tener que usar un lenguaje nada diplomático– bloquea los esfuerzos de las Naciones Unidas, y somos impotentes.
Ante conflictos o problemas internacionales necesitamos gobernanza internacional. De lo contrario, las generaciones futuras nos dirán: «Teníais el problema entre vuestras manos. Visteis los nubarrones en el horizonte y no hicisteis nada». 
Ana Maria Gomes,
   . – En septiembre de 2004 visité Darfur con una delegación del Parlamento y vi la magnitud de la tragedia, como ya ha dicho antes la señora Hall. Más tarde, aquí en el Parlamento y en la UE, apoyamos el papel que quería desempeñar la Unión Africana en la resolución del conflicto. Pero este ya se alarga tres años y ha causado más de 200 000 muertes y 2 millones de desplazados o refugiados.
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) ha llegado lo más lejos posible y las conversaciones en Abuja no avanzan. El conflicto se ha agravado y se está expandiendo a la vecina Chad. La prohibición de la visita a Darfur de Jan Egeland constituye otra afrenta del régimen sudanés a las Naciones Unidas, por no hablar de los terribles crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por sus fuerzas, incluida la milicia Janjaweed. Las amenazas provocadoras de Jartum de convertir Darfur en un cementerio de tropas de las Naciones Unidas no deben intimidarnos.
La comunidad internacional no puede abdicar de su responsabilidad de proteger. Por ello, debe enviar inmediatamente, con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, una fuerza estabilizadora robusta y bien pertrechada, preparando con ello el terreno para una operación de paz de las Naciones Unidas de dimensiones apropiadas, ambas con una contribución europea significativa.
Todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben asumir sus responsabilidades, incluidos los países que han protegido el régimen dictatorial corrupto y criminal en Jartum, como China. Asimismo, solo habrá una solución duradera del conflicto si se pone fin a la impunidad de los autores de los crímenes de Darfur. En ese sentido, es crucial apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional y reforzar las sanciones contra Jartum, aplicando rigurosamente el embargo de armas y declarando un embargo de las exportaciones de petróleo. 
Kathy Sinnott,
   . – Señor Presidente, mis contactos que se comunican directamente con quienes se hallan sobre el terreno en el sur de Sudán me informan de que la situación que se está desarrollando allí merece nuestra atención urgente. Mientras el Gobierno de Jartum proclama que cumple los acuerdos de paz, que como sabemos no es cierto, financia al LRA –el Ejército de Resistencia del Señor– desde el norte de Uganda para que este prosiga el genocidio en su lugar.
El LRA asedia los pueblos del sur de Sudán: mata a los adultos y secuestra a los niños. Rapta chicas jóvenes y las convierte en esclavas laborales y sexuales o las vende o regala a los traficantes de armas del LRA. Aterroriza a chicos jóvenes hasta convertirlos prácticamente en esclavos que sirven de soldados y guardias. El LRA solo es una pequeña fuerza, pero se expande cada vez más porque utiliza a jóvenes secuestrados como combatientes.
Actualmente es la estación de siembra en el sur de Sudán. Los civiles deberían estar sembrando pero no pueden hacerlo debido a la amenaza del LRA, al que respalda su propio Gobierno. Si no se siembra nada, habrá hambruna. La situación es crítica, necesitan nuestra protección inmediatamente. Debemos preguntarnos lo siguiente: si Rusia y China pueden apoyar al Gobierno, ¿por qué no podemos apoyar nosotros al pueblo sudanés? 
Ryszard Czarnecki (NI ).
   – Señor Presidente, una vez más debatimos sobre Darfur aquí en el Parlamento Europeo. Parece una especie de «historia interminable».
Con tristeza debemos admitir que el Gobierno sudanés es totalmente responsable de que aún se esté luchando en esta región. El Gobierno de Jartum no respeta los acuerdos internacionales ni la autoridad de las Naciones Unidas y considera que la misión de paz más reciente de las Naciones Unidas era una vuelta al colonialismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Gobierno sudanés solamente se atreve a mostrar esta actitud porque no se encuentra aislado por la comunidad internacional. Como han manifestado otros oradores que me han precedido, países como Rusia suministran armas a este país.
Llamemos a las cosas por su nombre. En Darfur se está produciendo un genocidio que debe ser condenado por las Naciones Unidas de forma inequívoca. Está totalmente fuera de lugar que algunos países, como Rusia, bloqueen la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con este asunto. El Parlamento Europeo debe presionar a la opinión internacional de modo que Darfur pueda dejar de ser un símbolo de violencia y abuso. 
Karin Scheele (PSE ).
   – Señor Presidente, la guerra en Darfur, en la zona occidental de Sudán, perdura desde 2003, una guerra civil devastadora que se ha cobrado el estremecedor tributo de 200 000 muertes y 3 millones de refugiados y que los observadores califican de «Ruanda a cámara lenta».
La Unión Europea y los Estados Unidos han expresado su apoyo a la transferencia de la misión de la Unión Africana –cuyos 7 000 soldados son bastante insuficientes para la tarea– a tropas aportadas por las Naciones Unidas. El enviado especial de las Naciones Unidas, Jan Pronk, resume la situación con acritud, afirmando que los esfuerzos de las Naciones Unidas por llevar la paz a Darfur han acabado en fracaso y que se ha hecho demasiado poco y demasiado tarde. Algunos países tratan a Sudán con guantes de seda. Aunque los países difieran entre sí, la razón es casi siempre la misma: materias primas y petróleo.
Nuestra resolución hace un llamamiento enérgico al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se reúna y debata la violencia en Darfur y asuma su responsabilidad de proteger a los civiles. 
John Attard-Montalto (PSE ).
   – Señor Presidente, pienso que deberíamos sentirnos todos avergonzados por vivir en lo que denominamos una sociedad y civilización diplomáticas, supuestamente una de las civilizaciones más avanzadas de la historia de la humanidad. Sin embargo, miramos impotentes cómo hay víctimas –mujeres, niños, inocentes– que son exterminadas. Hablamos de ello, debatimos sobre ello y conseguimos engañarnos pensando que las Naciones Unidas están haciendo algo.
Las Naciones Unidas no pueden hacer nada. Nos damos cuenta de que las Naciones Unidas, cuando se enfrentan a un régimen dispuesto a cualquier cosa, tanto desarrollar armas nucleares en un país como cometer genocidio o casi de inocentes en otro país, no pueden ni siquiera visitar el lugar donde se están cometiendo las atrocidades. Por otra parte, somos testigos de cómo los militares de un país llevan a cabo una acción independiente, como ha sido el caso de Iraq. Ahora pedimos que los estadounidenses y los europeos salven a las personas inocentes de Darfur y al mismo tiempo condenamos a los estadounidenses por lo que ha ocurrido en Iraq, cuyo régimen no era de los mejores.
Concluiré diciendo que la situación es tan grave que en mi país, Malta, un tercio de los refugiados –hemos realizado un debate y una votación sobre el tema en este período parcial de sesiones– vienen de Darfur. Esto es una muestra de la gravedad de la situación. 
Markos Kyprianou,
   . Señor Presidente, la Comisión está sumamente preocupada por la situación en Darfur, el último conflicto abierto en el continente africano. Continúan estallando luchas periódicas entre los contendientes y la población civil. Y los primeros en sufrir esta violencia continuada, así como la persistente falta de seguridad, son en particular las mujeres y niños.
A pesar de que la rápida intervención de la Unión Africana ha contenido el peor de los panoramas posibles, el precario no podrá mantenerse por mucho tiempo. Casi tres millones de personas dependen de una ayuda humanitaria vital, pero las condiciones de acceso y seguridad para las organizaciones humanitarias son limitadas y se ven obstaculizadas por una violencia continua, incluso ataques directos contra las operaciones de ayuda.
En estos momentos, el conflicto se está extendiendo rápidamente a Chad y podría poner en peligro el frágil proceso de conciliación sudanés, iniciado con la firma del acuerdo integral de paz entre Jartum y el SPLM el 9 de enero de 2005. Existe consenso internacional en que la única solución es un acuerdo político en Darfur. La Comisión, los Estados miembros y la comunidad internacional apoyan plenamente el objetivo de la Unión Africana de alcanzar rápidamente un acuerdo de paz en las negociaciones de Abuja. Ello también podría facilitar una transición sin complicaciones de las responsabilidades militares actuales de la Unión Africana en Darfur a las Naciones Unidas. Es una iniciativa indispensable, concebido por la misma Unión Africana, pero a la que Sudán todavía se opone.
La Comisión considera llegado el momento de que las partes, bajo los auspicios de la Unión Africana y con el apoyo de la comunidad internacional, establezcan un plan de paz para Darfur y para la transición de la Unión Africana a las Naciones Unidas con hitos específicos y responsabilidades claramente asignadas. Ello permitiría a la comunidad internacional emplear todos los medios de presión diplomática, incluso sanciones, para forzar el avance de todo el proceso.
Sin embargo, para que la política de conciliación de Darfur sea sostenible, deberá basarse asimismo en las premisas de la justicia y el apoyo internacional a la reconstrucción de la región. En este contexto, es importante que Jartum y los rebeldes colaboren y participen en la labor de la Corte Penal Internacional respecto a Darfur, y que la comunidad de donantes esté dispuesta a proporcionar un dividendo de paz inmediato tan pronto como se alcance un resultado positivo en Abuja. 

 – El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar al final de los debates.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución relativas a Iraq: comunidad asiria, situación en las cárceles.(1)
Nicholson of Winterbourne (ALDE ),
   . – Señor Presidente, la propuesta que tenemos sobre la mesa se centra en dos cuestiones clave de los derechos humanos, en las que dos grupos especialmente vulnerables corren un grave peligro en el Iraq actual. La primera cuestión es la de las minorías religiosas; la segunda, la de los prisioneros.
Respecto a las minorías religiosas, recientemente se han producido agresiones importantes contra los cristianos, así como la consiguiente falta de ayuda para los refugiados que han huido –precisamente cristianos y asirios– a las vecinas Siria y Jordania.
Permítame puntualizar que la persecución religiosa es contraria al islam. El profeta Mahoma, la paz sea con él, declaró que los cristianos serían los mejores amigos de sus seguidores, los musulmanes. En el Sagrado Corán se afirma claramente el respeto de las demás confesiones. Los que llevan a cabo estas agresiones son anarquistas: hacen un mal uso del nombre del islam en beneficio de su objetivo anárquico de restaurar una dictadura con ellos en el poder.
¿Qué podemos hacer? Podemos instar, tal y como hacemos en nuestra firme y enérgica resolución, al Gobierno actual de Iraq en todos los niveles a que proteja a las minorías religiosas y, como en esta resolución, sobre todo a los cristianos asirios. Nosotros, en la Unión Europea, podríamos prestar apoyo e instar a que la comunidad internacional también prestara apoyo en favor de los refugiados que ahora, según tengo entendido, suman cientos de miles en países vecinos como Siria y Jordania. Les insto a que apoyen esta resolución.
Respecto a la segunda cuestión, la de los derechos de los prisioneros, recordemos a todo el mundo que el Estado de Derecho exige el respeto de la ley sobre los derechos de los prisioneros. Esto lo sabe toda la comunidad internacional, al igual que el nuevo Gobierno iraquí. Por lo tanto, exijamos el pleno respeto a los derechos de los prisioneros políticos y de los presos en general y hagamos que la Unión Europea apoye la implantación del Estado de Derecho de arriba abajo, un sistema judicial que respalde al Gobierno electo iraquí. 
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, desde la invasión de Iraq, en marzo de 2003, miles de personas han sido detenidas por tropas extranjeras, principalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido.
En muchos de estos casos ni siquiera se han establecido cargos concretos y se les ha impedido, incluso, contar con las garantías procesales y judiciales propias de un Estado de Derecho.
Según varias fuentes, alrededor de 15 000 personas se encuentran todavía en centros de detención norteamericanos en Iraq y un número indefinido de personas se encuentran incomunicadas y en lugares desconocidos, incluso para la Cruz Roja, lo que supone una clara y flagrante vulneración de la legalidad internacional. Son lo que a veces llamamos los «prisioneros fantasmas». Además, miles de esas personas detenidas, llevan en esta situación más de un año.
Las denuncias y pruebas de torturas, vejaciones y malos tratos no solamente crecen, sino que cada vez son más frecuentes y alarmantes.
A este hecho hay que añadir, ciertamente, la persecución que ciertos grupos sufren debido a su adscripción religiosa, como se ha dicho, y tal y como, acertadamente, entiendo que enfatiza esta Resolución.
Sin embargo, además de los asirios, especialmente mencionados en la Resolución, considero que también deberíamos tener en cuenta a otros grupos minoritarios no musulmanes, como los yazidíes o los turcomanos, por ejemplo.
En cualquier caso, quisiera hacer en este momento dos propuestas, que, aunque no están recogidas propiamente en la Resolución de compromiso, me parecen fundamentales.
En primer lugar, quiero hacer un llamamiento a las fuerzas multinacionales y a las autoridades iraquíes para que hagan públicos los nombres de las personas detenidas, les aseguren la asesoría legal necesaria y les permitan recibir las visitas de sus familiares, tal y como recientemente también reclamamos en el caso de Guantánamo.
En segundo lugar, creo que esta Cámara debería reclamar alto y fuerte que se juzgue a todos aquellos que han estado acusados de actos criminales según la legalidad internacional, tales como tortura, retención y detención ilegal.
Esto, estimados y estimadas colegas, tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos.
Glyn Ford (PSE ),
   . – Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, quisiera decir que todos somos conscientes de la terrible situación de las cárceles iraquíes. Todos sabemos lo que ocurrió en Abu Ghraib y otros lugares. Apoyamos plenamente la resolución por la que se solicita la aplicación de condiciones de detención que se ajusten a las normas internacionales. Votaremos a favor de la enmienda por la que se solicita que se den a conocer los nombres de los encarcelados, así como su derecho a recibir la visita de familiares. Asimismo, instamos al Parlamento iraquí a ratificar la Convención contra la tortura.
Deseo hablar principalmente sobre la cuestión de los asirios. Apoyo y recibo el apoyo de la campaña «Salvad a los asirios», cuyo presidente de honor es Lord Carey, ex arzobispo de Canterbury, así que tengo muy presentes a las personas olvidadas de Iraq. Oímos hablar de los suníes, los chiíes y los kurdos, ¿pero quién ha hablado de los cerca de 800 000 asirios que viven en Iraq? Representan el 8 % de la población, un porcentaje que sería mayor de no ser por el hecho de que, a causa de la persecución, muchos han huido a Jordania y Siria, donde viven en condiciones terribles.
Instamos a las autoridades iraquíes a condenar todos los actos de violencia contra asirios, caldeos, siriacos y demás minorías cristianas en Iraq. Instamos a las autoridades iraquíes y a la fuerza multinacional a encontrar a los autores de los crímenes contra ellos, facilitar el regreso y el reasentamiento de los asirios en entornos seguros, donde se respeten sus costumbres y su forma de vida, e instamos a la Comisión Constitucional del Consejo de Representantes iraquí a proteger los derechos culturales y religiosos de todas las comunidades iraquíes en sus propuestas de enmiendas constitucionales. 
Tobias Pflüger (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, según las últimas informaciones hay por lo menos 14 000 presos en Iraq que no han sido formalmente acusados. Amnistía Internacional no se anda con rodeos cuando afirma que, al mantenerlos en la cárcel, las fuerzas de ocupación –los Estados Unidos y el Reino Unido– están vulnerando directamente el Derecho internacional y no han aprendido nada de Abu Ghraib.
No cabe ninguna duda al respecto; estas prisiones en Iraq forman parte de la política de ocupación. El verdadero problema político es la ocupación de Iraq y debemos decirlo sin rodeos.
Toda una serie de Estados miembros están implicados directamente en esta ocupación, entre ellos el Reino Unido y Polonia. La propia UE ha aportado su granito de arena a lo que ocurre en Iraq, entre otras cosas por la forma del programa Eurojust-Lex, programa que considero que se debe revisar, ya que si juzgamos el sistema jurídico actual por el gran número de presos, difícilmente puede ser eficaz en ningún sentido real.
Por tanto, debemos exigir con claridad que se ponga fin a la ocupación de Iraq y las violaciones de los derechos humanos en sus cárceles. Corresponde al Parlamento Europeo formular esta exigencia con un lenguaje absolutamente claro. 
Bernd Posselt (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, primero debo expresar que considero un escándalo que el señor Pflüger no tenga nada que decir sobre la situación de los cristianos en Iraq, aunque es quizás comprensible si tenemos en cuenta que su partido aún vive del dinero de otro Estado en el que los cristianos fueron objeto de feroz persecución: la RDA.
De todas formas, debo decir que hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo con él. En su tiempo critiqué abiertamente, y lo sigo haciendo, la intervención en Iraq y opino que debemos evaluar muy objetivamente el resultado. La principal justificación de esta intervención que adujeron los que querían justificarla era la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos bajo el brutal régimen de Sadam Husein. Se han producido efectivamente algunas mejoras, pero debemos señalar que, por desgracia, algunas cosas también han empeorado.
Entre ellas cabe destacar el hecho de que la intervención trastornó el complejo equilibrio étnico en lo que era un Estado artificial creado por las potencias coloniales tras la Primera Guerra Mundial. Y nadie tiene ni idea de cómo crear un Estado como es debido en Iraq.
Los más perjudicados por todo esto son las poblaciones menos numerosas y especialmente las pequeñas minorías, como los asirios y otros pequeños grupos étnicos. Estoy consternado por el hecho de que tantos diputados a esta Cámara tengan tantas dificultades para defender los derechos de los cristianos y hablar en su favor. Se trata de una minoría perseguida por su fe cristiana. ¿Quién va a defender su causa si no es nuestra Europa, en la que el 85 % de los habitantes son cristianos?
En esta Cámara debemos mostrar nuestra solidaridad con todos los perseguidos, con todos aquellos cuyos derechos humanos son violados. Pero debería existir una especie de vinculación natural entre la Europa principalmente cristiana y las antiguas minorías cristianas en esta región, que tienen una historia muy agitada y sufren de forma particular las condiciones inestables que prevalecen actualmente. Se les persigue por ser cristianos y sus perseguidores son elementos extremistas que –como tan acertadamente ha apuntado la señora Nicholson– abusan del islam por motivos políticos a fin de someter y esclavizar a las minorías que no les agradan. Es un islam politizado el que persigue a estas minorías.
Tenemos todo el derecho a criticar la situación en las prisiones. Lo que debemos tener claro es que cuando que hemos derrocado una dictadura y nos dedicamos a construir una democracia y el Estado de Derecho –objetivo que apoyo y que necesita todo el respaldo de la UE–, debemos estar dispuestos a ser juzgados con criterios apropiados. Las condiciones en que se mantiene a los prisioneros y el sistema judicial son los primeros pasos en el camino a un Estado de Derecho operativo, especialmente en las prisiones gestionadas por otros que no son los propios iraquíes.
Teniendo en cuenta todo esto, manifiesto que los derechos humanos son indivisibles y que mirar a otro lado no es una forma eficaz de defenderlos. 
Michał Tomasz Kamiński (UEN ),
   . – Señor Presidente, mi partido y yo siempre hemos apoyado, y seguimos haciéndolo, la intervención en Iraq por parte de democracias occidentales en defensa de valores básicos y derechos humanos fundamentales. Desde el punto de vista de un defensor de la intervención en Iraq por parte de los Estados Unidos y otras potencias democráticas, debo admitir que me entristecen y preocupan las noticias sobre indicios de violaciones de los derechos humanos por parte de un Gobierno que se supone democrático y que debía haber traído la democracia a Iraq.
De hecho, nos encontramos en una situación desafortunada si, tras derribar la dictadura de Sadam Husein, seguimos presenciando violaciones de los derechos humanos en Iraq. Por este motivo, aunque no estoy de acuerdo con muchos de los oradores y discrepo del uso del término «invasión» para calificar lo que sucedió en Iraq, en este caso admito que debemos actuar juntos en esta Cámara y exigir con firmeza que las democracias occidentales y el nuevo Gobierno democrático de Iraq respeten los derechos humanos. Porque únicamente el respeto de los derechos humanos legitimará las acciones que mi país también apoyó, independientemente de quién gobernara entonces.
También quiero afirmar con toda claridad que me parece loable que la Cámara haya encontrado la fuerza para hablar en defensa de una minoría cristiana. Debemos reconocer también que los cristianos no solo son perseguidos en Iraq, sino en todo el mundo, y que nosotros, como europeos, debemos defender a la comunidad que ha mencionado el orador que me ha precedido.
Hoy en Europa, y en la Unión Europea en concreto, los derechos de las minorías están garantizados. También están garantizados los derechos de las minorías religiosas, los musulmanes y las demás minorías que uno se pueda imaginar y que existen en nuestro continente. Es la norma y forma parte del logro que representa la Unión Europea. También representa el estado actual de la civilización europea.
Precisamente por este motivo tenemos derecho a exigir que se respeten los derechos humanos de los cristianos. Los sucesos que están ocurriendo en Iraq afectan, y esto es especialmente importante, a un antiguo pueblo de esa región. Es un pueblo cuya fe cristiana y cuyas raíces étnicas, inextricablemente vinculadas al suelo iraquí, están profundamente arraigadas en la historia. No se trata de inmigrantes, no son invasores. Son habitantes autóctonos de esas tierras.
Como a menudo sucede en esta Cámara, esta resolución representa un compromiso que goza de apoyo multipartidista. Espero que en esta resolución seamos tan claros cuando pedimos al nuevo Gobierno democrático iraquí que respete los derechos humanos como cuando reclamamos que se garantice la libertad religiosa de todos los habitantes de Iraq. 
Józef Pinior,
   – Señor Presidente, durante los últimos meses hemos asistido en Iraq a un aumento de la violencia contra minorías religiosas. El 29 de enero, por ejemplo, fueron atacadas cuatro iglesias y el edificio de la embajada del Vaticano en Bagdad, además de dos iglesias en Kirkuk. Tres personas murieron, incluido un chico de 14 años, y hubo numerosos heridos. Esta violencia se ceba en particular en la comunidad asiria, así como en otras minorías cristianas. La comunidad asiria desciende de un antiguo pueblo que habitó estas tierras y está amenazada de desplazamientos masivos. A resultas de ello, la cultura mundial se enfrenta a la desaparición de la cultura asiria en Iraq.
El problema más importante relacionado con la reconstrucción de Iraq sigue siendo la garantía del Estado de Derecho. La situación política presenta muchos rasgos típicos de una guerra civil y no podemos permitir que degenere en guerra sucia, donde las fuerzas del orden utilicen constantemente la tortura, se tomen rehenes y la ilegalidad presida la lucha contra las fuerzas rebeldes. Iraq necesita más jueces, una policía profesional y un sistema penal que cumpla la norma internacional.
El Ministerio de Derechos Humanos iraquí y la Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho para Iraq, Eurojust Lex, deben desempeñar una función especialmente importante en el control de este problema. La Unión Europea debe decidir ahora ampliar el mandato de esta misión con respecto a la formación de las fuerzas del orden iraquíes y la medicina forense. 
Marios Matsakis,
   . – Señor Presidente, «casi tres años después de que Estados Unidos y las fuerzas aliadas invadieran Iraq y derrocaran al Gobierno de Sadam Husein, la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo muy grave». Esta es la frase introductoria del informe más reciente de Amnistía Internacional sobre la reclusión y tortura en Iraq. Informes bien documentados como este y muchos otros son una lectura muy deprimente, ya que narran ejemplos de detenciones arbitrarias, torturas generalizadas –con palizas brutales, fracturas de huesos, descargas eléctricas, arranque de uñas, personas encadenadas colgadas del techo, quemaduras, violaciones y humillaciones sexuales, ataques de perros–, asesinatos extrajudiciales y muchas cosas más.
Señorías, estos infames crímenes no ocurren en las siniestras cárceles de Sadam, sino en prisiones controladas y administradas por los Estados Unidos y el Reino Unido. Culpamos con toda la razón a Sadam Husein de lo que ocurrió hace más de tres años. ¿No debemos culpar ahora a Bush y a Blair y responsabilizar de esta flagrante falta de respeto a la vida y la dignidad humanas, que está teniendo lugar a día de hoy en las cárceles de Iraq? Al fin y al cabo, nosotros en Occidente debemos ocuparnos de establecer los criterios más estrictos y de no incurrir en malos tratos de seres humanos como nosotros, cuyas vidas están en nuestras manos. 
Erik Meijer
   ,. – Señor Presidente, durante mucho tiempo, Iraq estuvo sometida a un régimen terrible, terrible para sus oponentes, presos, minorías e incluso para la gran mayoría. Ahora sabemos de primera mano la respuesta a la pregunta de si una intervención externa puede mejorar realmente una situación así. Quizás sí para un puñado de grupos, como los kurdos en el norte, que se habían segregado de hecho de Iraq hace mucho tiempo, además de los oponentes políticos que habían huido del país.
Para la mayoría de las personas, Iraq no es un Estado que comparten, sino más bien un campo de batalla entre intereses externos y los intereses y opiniones de grupo muy divergentes: los chiíes, suníes, kurdos y las minorías cristianas existentes desde antes de la era islámica y que, a diferencia de otros grupos, no cuentan con su propio territorio como un posible Estado federal en una federación.
Aunque compartimos plenamente las preocupaciones del señor Posselt en torno a este grupo, nadie puede ofrecer una solución real en las circunstancias actuales. Los ocupantes extranjeros han dejado deteriorarse todavía más el sistema penitenciario, han permitido el restablecimiento de la pena de muerte y son incapaces de ofrecer un futuro a una gran mayoría de ciudadanos. Aunque la resolución propuesta acierta al señalar algunos errores, todavía es demasiado optimista y no contribuye realmente a una solución de los problemas. Es importante aprender la lección de que las intervenciones militares no resuelven nada. 
Urszula Krupa,
   . – Señor Presidente, el debate de hoy se refiere a la comunidad asiria en Iraq y el problema de la tortura en prisiones iraquíes. Mientras que soldados individuales que pertenecen a las fuerzas internacionales de ocupación de Iraq han sido condenados por vulnerar los derechos humanos de prisioneros, el aumento de la violencia contra los cristianos tiene su origen en los extremistas islámicos. Utilizan el chantaje y la extorsión, atacan las iglesias y realizan otros actos de abuso que amenazan la existencia de la comunidad asiria más antigua en estas tierras, una comunidad que habla el caldeo-arameo.
Las masacres del pueblo asirio no son nuevas, ya que se han registrado 33 desde el siglo III, aunque se han hecho más frecuentes en tiempos recientes. No obstante, la agresión y la violencia no son forma de resolver los complejos problemas en esta región. La violencia genera violencia, al igual que la agresión incuba agresión. La situación, por tanto, exige diálogo nacional y la aceptación de diferencias religiosas y, como declara la resolución, requiere que los responsables de la violencia sean identificados y llevados ante la justicia. Es necesario facilitar el regreso a sus hogares de los refugiados, además de prestar ayuda real a los iraquíes para que reconstruyan su país.
La violencia no es una solución buena o a largo plazo de los problemas en ninguna parte del mundo. Por este motivo, solicitamos el respeto de los derechos humanos y la dignidad. 
Marek Aleksander Czarnecki (NI ).
   – () Señor Presidente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que no se puede detener a nadie ilegalmente y que el encarcelamiento debe ser acorde con la letra de la ley. Eso es lo que dice la legislación, pero ¿cuál es la realidad?
De todos es sabido que las condiciones en las prisiones iraquíes quebrantan todas las normas humanitarias y sanitarias. Se utiliza la tortura, además de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las autoridades norteamericanas alardean de que investigan todos los informes sobre el trato inadecuado de prisioneros. El Pentágono afirma que en los últimos años se han emprendido acciones disciplinarias contra 200 soldados acusados de trato indebido de los prisioneros. Si queremos plantar las semillas de la democracia en ese país, está claro que no lo lograremos mientras nuestros representantes cometan delitos en lugar de prestar ayudas. 
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL ).
   – El desastre humanitario en Iraq es fruto de la agresión perpetrada por los Estados Unidos y la «coalición de voluntades». En caso de que no sepan a qué países me refiero, son el Reino Unido y Polonia, seguidos de una serie de otros países. Entre otras cosas, los representantes de dichos países han entrenado a los policías de Iraq y tengo la certeza de que habrán aprovechado esta oportunidad para instar a los policías a que cumplan las normas internacionales en el trato de los prisioneros. Tampoco me cabe duda de que los prisioneros habrán recibido información, de acuerdo con la letra b) del apartado 9 de esta resolución, de cómo pueden recurrir efectivamente ante los tribunales. Creo que los demás procedimientos a los que se refiere la propuesta de resolución también habrán sido comentados con ellos. Por desgracia, todavía no he visto policías en Iraq que protesten contra la situación de los prisioneros o el abuso de las minorías. Por tanto, debemos mostrar firmeza en estas cuestiones y aprobar esta propuesta de resolución en su forma enmendada. A su vez sería oportuno, por tanto, que los criterios contenidos en la resolución sirvan de base para las directrices relativas a futuras negociaciones sobre la ayuda para las fuerzas de ocupación actuales y el régimen marioneta. Apoyo la resolución. 
Markos Kyprianou,
   . Señor Presidente, cada vez estamos más preocupados por la violencia étnica y religiosa y su posible escalada en Iraq. La falta de respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Iraq son causa de honda preocupación para la comunidad internacional. Todas las comunidades étnicas y religiosas de Iraq, incluida la asiria, tienen derecho a la protección y el ejercicio de sus derechos étnicos, religiosos, políticos, administrativos y culturales.
La Unión Europea apoya el desarrollo de un Iraq seguro, estable y democrático, con un Parlamento y un Gobierno elegidos sobre la base de una constitución que garantice el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales del conjunto de la población iraquí. Este es uno de los objetivos clave de la Unión Europea establecidos en la estrategia a medio plazo de junio de 2004. Este objetivo es tan válido hoy como lo era entonces.
La Comisión insiste en la importancia de la protección efectiva y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y anima al Gobierno iraquí a adoptar las medidas oportunas. Ello también debería incluir la abolición de la pena de muerte que, para gran decepción de la Unión Europea, fue reintroducida en 2004 por las autoridades iraquíes.
Nos unimos a la comunidad internacional en la expresión de nuestra más profunda preocupación por los casos de presunta tortura y maltrato de prisioneros iraquíes. Condenamos cualquier acto de abuso de prisioneros en Iraq, tanto por parte de las fuerzas iraquíes como de las fuerzas multinacionales, contrario al Derecho humanitario internacional, y pedimos que se lleve ante la justicia a los responsables. Hemos tomado nota de que las autoridades del Reino Unido, los Estados Unidos e Iraq han puesto en marcha investigaciones para informar sobre dichos abusos, y algunos de los responsables de torturas y malos tratos ya han sido condenados. Hacemos hincapié en las obligaciones establecidas en las Convenciones de Ginebra, según las cuales recurrir a la tortura o al trato inhumano constituye una grave violación de dichas Convenciones.
Es crucial que Iraq y la comunidad internacional colaboren con el fin de reafirmar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y las normas humanitarias.
La Unión Europea se compromete a apoyar activamente la estabilización de Iraq. La Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea cooperan para reforzar el Estado de Derecho a través de una operación de la PESD –Política Europea de Seguridad y Defensa– llamada EUJUST LEX. Se trata de una Misión integrada «Estado de Derecho» que imparte formación en los Estados miembros de la UE en los ámbitos de la gestión y la investigación criminal para 770 altos funcionarios y personal ejecutivo de la judicatura, la policía y las cárceles iraquíes. Un elemento esencial de dicha operación es la formación en derechos humanos.
Además, apoyamos el fomento de los derechos humanos, haciendo hincapié en el componente relacionado con la prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas, y apoyamos los procesos electorales, así como el proceso constitucional, en colaboración con las Naciones Unidas. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar al final de los debates.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución relativas al caso Ayman Nour en Egipto.
Nicholson of Winterbourne (ALDE ),
   . – Señor Presidente, esta enérgica resolución llama la atención del Parlamento sobre el destino de un parlamentario perseguido, Ayman Nour, líder del partido Al Ghad, que está en la oposición, y solicita a las autoridades egipcias el respeto de nuestros puntos de vista.
Nosotros, en la Unión Europea, estamos con razón orgullosos de nuestra profunda relación con Egipto. En efecto, Egipto copreside la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y con este país hemos definido una Política de Vecindad Europea que refuerza el diálogo político y nos une a Egipto –el en la Liga Árabe– en el fomento de la paz y la estabilidad. Egipto nos ayuda en el desempeño de esta tarea.
En consecuencia, lamentamos con amargura que tras las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias en Egipto, en noviembre y diciembre del año pasado, el doctor Nour fuera detenido. Cuesta creer que las acusaciones por las que fue condenado a cinco años de prisión puedan ser ciertas. Ayman Nour tiene cientos, no, miles de seguidores. Es muy difícil comprender por qué habría necesitado o se habría tomado la molestia de falsificar algunas de las 50 firmas necesarias para que su candidatura se convirtiera en legalmente válida. Nos sentimos muy conmocionados por el deterioro de su salud, y profundamente preocupados por el hecho de que su recurso de apelación vaya a ser considerado por un juez del que entenderse que incurre en un importante conflicto de intereses. Además, deseamos recordar al Gobierno y a los tribunales egipcios que los derechos humanos constituyen una base fundamental del Acuerdo de Cooperación y Asociación entre la Unión Europea y Egipto que tanto apreciamos.
Además, queremos destacar que nuestro punto de vista se ajusta plenamente a la misma legislación egipcia, de forma que solicitamos al Gobierno egipcio que reconsidere esta situación y regule el marco legal de modo que los candidatos de la oposición puedan presentarse a las elecciones y tal vez incluso para que se replantee el juicio del doctor Nour. 
Alyn Smith (Verts/ALE ),
   . – Señor Presidente, tenemos que darnos cuenta de que esta es la tercera resolución relativa a los derechos humanos en Egipto y en particular a la situación del doctor Ayman Nour.
El doctor Ayman Nour fue condenado a cinco años de prisión por el presunto delito de falsificación de los documentos de registro de su partido político. Fue el segundo candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales y a día de hoy sigue en prisión, donde su salud continúa deteriorándose. Es positivo, por así decirlo, que este caso vaya a ser revisado por el Tribunal de Casación el 18 de mayo de 2006, pero debemos estar muy pendientes de este juicio. En el considerando I de la resolución nos comprometemos a constituir una delegación ad hoc que al menos intente visitarlo en caso de que el juicio prolongue su encarcelamiento. No obstante, está claro, por lo menos en opinión de mi Grupo, que debería ser liberado inmediatamente porque parece ser que los delitos de los que se le acusa y por los que de hecho ha sido condenado, no se corresponden con la realidad.
El Gobierno egipcio no debe tener ninguna duda de que estaremos pendientes del caso con interés. El doctor Ayman Nour es ejemplo de un problema más amplio que afecta a la situación general de los derechos humanos en Egipto y a este respecto la presente resolución da algunos pasos concretos adelante. En los apartados 7 y 8 de la resolución, que solicito sean comentados por el Comisario esta tarde, instamos a la Comisión a crear una subcomisión específica sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto. En este país existe un déficit de derechos humanos que debe abordarse. La creación de una comisión específica para hacer el seguimiento y proceder a la ejecución del plan de acción será una manera concreta de hacer efectivas las buenas palabras que esta Cámara formula demasiado a menudo.
Egipto es un socio apreciado de la UE y de esta Cámara en el proceso de paz de Oriente Próximo, un aliado en muchos aspectos y un colaborador para el desarrollo, pero debemos reconocer que no cumple nuestros criterios. Si es preciso deberemos utilizar deliberadamente el Acuerdo de Asociación para contribuir al desarrollo y la construcción de la sociedad civil egipcia en beneficio de la población egipcia y de un nivel más constructivo de cooperación entre la UE y Egipto. 
Carlos Carnero González (PSE ),
   . Señor Presidente, desde mi punto de vista, el punto más importante de esta propuesta de resolución es el penúltimo, cuando se dice que «Pide al Parlamento de la República de Egipto que inicie un proceso de democratización y de respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, para que pueda desempeñar un papel de primer orden en la región como un modelo de democracia parlamentaria en el futuro».
Egipto es fundamental en Oriente Próximo, es clave en el Mediterráneo y es, y debe seguir siendo, un socio privilegiado de la Unión Europea. Pero para todo ello es preciso que Egipto sea una democracia sin vuelta de hoja. Lamentablemente, comprobamos, con casos como el del señor Nour, que eso no es así todavía.
Conocí al señor Nour en la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, tras su creación en marzo de 2005, en El Cairo. Nuestra presión consiguió que se le pusiera en libertad. Estuve, junto con el señor McMillan-Scott y la señora Flautre, reunido con él. Es un demócrata y, desde mi punto de vista, lo único que puede decirse es que debe ser puesto en libertad.
Eso es lo que esperamos de ese Tribunal de Casación que se reunirá el próximo mes de mayo, como una señal clara de que Egipto va a permitir la libertad de expresión, de reunión y de conciencia y de que cada uno podrá presentar sus ideas libremente en los futuros procesos electorales.
Erik Meijer (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, la estabilidad de Egipto se ha basado, durante mucho tiempo, en un Estado de partido único. En la era posnasseriana, este partido ya no representa una ideología común, sino meramente el interés común que supone estar en el poder. En estos días se permite que determinadas personas ajenas participen en las elecciones al margen de este monopolio de poder del Estado, siempre que no constituyan una amenaza para los poderes establecidos. Por este motivo, los candidatos de la oposición corren constantemente el riesgo de ser acosados, intimidados o encerrados. Sobre todo, no se les da la oportunidad de rodearse de un movimiento permanente y sólidamente estructurado.
El estado de emergencia proclamado en 1981 es todavía un instrumento importante para sostener esta situación. Esta vez la víctima ha sido Ayman Nour, ex diputado y antiguo candidato presidencial. Debido a la contribución de Egipto a la estabilidad en Oriente Próximo, particularmente la coexistencia pacífica con el vecino Israel desde 1978, hay notablemente pocas críticas por parte de Europa en lo que respecta a esta situación. Más bien al contrario: la Unión Europea desea mantener buenas relaciones con todos los Estados ribereños del Mediterráneo. Mi Grupo apoya sin reservas la exigencia de una mayor democratización de Egipto, de que levante el estado de emergencia y no siga poniendo trabas a sus oponentes. 
Ari Vatanen (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral a fin de incluir un nuevo apartado 5 bis. El texto es el siguiente: «pide la liberación del doctor Ayman Nour».
Señor Presidente, esta mañana ha estado aquí al líder de la oposición belarusa, el señor Milinkevich. Él está libre, pero no así Ayman Nour, a pesar de que los dos hombres se encuentran en una tesitura similar en sus respectivos países. El señor Milinkevich ha dicho que cuando iba a un debate electoral tenía que llevarse su propia agua mineral. Pues bien, todos los seres humanos tienen la aspiración inherente de beber el agua limpia de la democracia; lo que hace el señor Milinkevich en Belarús lo intenta hacer también Ayman Nour en Egipto. Intenta transmitir esperanza al pueblo egipcio. Quiere infundir esperanza a aquellos que creen en un mañana libre.
En muchos aspectos, Egipto desempeña un papel fundamental en Oriente Próximo. Si no muestra el camino hacia la democratización al resto de la región, su futuro se verá condenado de antemano. Egipto desempeña una función importante respecto a su relación con los Estados Unidos y su acercamiento constructivo a Israel, pero debe profundizar su relación con la UE y avanzar hacia la democracia. El pueblo egipcio merece la democracia.
¿Por qué está Ayman Nour en prisión? Está allí debido a acusaciones endebles, está encarcelado por nada; está encarcelado porque se atrevió a enfrentarse al Presidente Mubarak. Si queremos que la democracia florezca en Egipto, debemos garantizar la liberación del doctor Ayman Nour. Cuando sea liberado, junto con él serán liberadas también las fuerzas democráticas en esa parte del mundo, una cuestión importante para la estabilidad futura en esa parte del mundo. 
Markos Kyprianou,
   . Señor Presidente, acojo con satisfacción el interés de los diputados al Parlamento Europeo por las cuestiones relacionada con los derechos humanos en países vecinos, particularmente en Egipto y en el caso del señor Nour.
La Comisión ha estado siguiendo de cerca el juicio del señor Nour, líder del partido de la oposición egipcia, Al Ghad, desde su primera detención en febrero de 2005. Como ya sabrán, en respuesta a la condena a cinco años de prisión impuesta al señor Nour el diciembre pasado, la Unión Europea destacó que el encarcelamiento transmitía una señal negativa sobre la reforma democrática en Egipto.
Opinamos que el caso debería inscribirse en el contexto del proceso de democratización en Egipto, además de estar relacionado con la independencia de la judicatura. La Comisión espera que el Tribunal de Casación considere el caso de conformidad con las normas procesales judiciales egipcias y con el Derecho internacional. La Comisión está dispuesta a comprometerse en un diálogo político y sobre derechos humanos con Egipto en el marco de la Política Europea de Vecindad. Las negociaciones para la conclusión de un plan de acción están muy avanzadas. Confiamos en lograr nuevos progresos en las próximas semanas y esperamos finalizar las negociaciones en los meses venideros.
Con el fin de supervisar la aplicación del plan de acción –para responder a la pregunta del señor Smith– se creará una estructura de subcomités en el marco del Acuerdo de Asociación. Los subcomités se ocuparán de las reformas políticas y en el ámbito de los derechos humanos en Egipto. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar al final de los debates, es decir, dentro de un momento.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

Ari Vatanen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral a fin de incluir un nuevo apartado 5 bis. El texto es el siguiente: «pide la liberación del doctor Ayman Nour».
Esta enmienda ha sido aprobada por los principales partidos políticos.

– Queda cerrado el Turno de votaciones.
El Presidente.
   – Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.
