Defensor del Pueblo Europeo (2001) Deliberaciones de la Comisión de Peticiones 2001-2002
La Presidenta.
Se procede al debate conjunto sobre los siguientes informes:
el informe (A5-0267/2002) del Sr. Wyn, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 2001 [C5-0296/2002 - 2002/2086(COS)], y
el informe (A5-0271/2002) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2001-2002 [2002/2019(INI)].
El Sr. Söderman, Defensor del Pueblo Europeo, tiene la palabra.

Söderman
Señora Presidenta, la oficina del Defensor del Pueblo inició su andadura el 1 de septiembre de 1995. Desde entonces y hasta el 15 de septiembre del 2002, la oficina ha recibido 10.535 reclamaciones, de las cuales se han estudiado 10.437. 
Hemos llevado a cabo 1.385 investigaciones completas, de las cuales 19 han sido de oficio. De estos casos, 1.149 implicaban a la Comisión, 137 concernían a la administración del Parlamento Europeo, 53 al Consejo y 12 al Banco Europeo de Inversiones.
Si examinamos los resultados, 345 casos han sido resueltos por la propia institución implicada, después de que el Defensor del Pueblo le informara de la reclamación. 
En 206 casos se realizó un comentario crítico, en 48 casos la investigación dio como resultado un proyecto o propuesta para llegar a una solución amistosa. La mayor parte de los casos se resolvieron para satisfacción del demandante. 
En seis casos se realizó un informe especial para el Parlamento Europeo, y en cuatro de ellos el Parlamento apoyó las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Todavía quedan pendientes dos casos.
En 659 casos, tras una investigación minuciosa, el Defensor del Pueblo no encontró defectos de administración en las actividades de la institución. 
Cuando los casos se sitúan fuera del mandato del Defensor del Pueblo, siempre intentamos remitir al demandante a otro organismo que pueda hacerse cargo del asunto. Hemos aconsejado al demandante que acuda al Defensor del Pueblo nacional o regional o que dirija una instancia al Parlamento nacional o regional en 2.293 casos, que dirija una instancia al Parlamento Europeo en 884 casos y que se dirija a la Comisión en 913 casos.
Durante estos años se han levantado voces críticas afirmando que la figura del Defensor del Pueblo no se conoce suficientemente, y que los resultados son insuficientes para los ciudadanos porque las instituciones no cooperan ni respetan su obligación de buena administración. Algunas voces críticas también han sugerido que el mandato resulta demasiado restringido, y que el Defensor del Pueblo Europeo debería ocuparse de las reclamaciones referentes a la legislación Comunitaria allí donde ésta se aplique, o que incluso debería convertirse en una Tribuna Popular, siempre dispuesta a condenar la injusticia dondequiera que se produzca.
No cabe duda de que el Defensor del Pueblo Europeo es uno de los defensores del pueblo más conocidos del mundo. Nuestra campaña de información se realiza en 12 lenguas comunitarias y se dirige a 350 millones de ciudadanos y residentes de 15 Estados miembros. Hemos visitado todos los Estados miembros, emitido comunicados de prensa, publicado folletos informativos y dado varias conferencias y seminarios para dar publicidad a nuestra labor. 
Una de las maneras más eficaces de comunicarnos con una vasta audiencia es a través de Internet. Cerca de 2.500 páginas web contienen vínculos activos con el sitio del Defensor del Pueblo Europeo, y casi un 42% de las reclamaciones se envían por vía electrónica, utilizando el formulario electrónico de reclamación.
El aumento constante del número de reclamaciones constituye la mejor prueba de que el Defensor del Pueblo es cada vez más conocido. Cada mes nos llegan 200 nuevas reclamaciones, lo que supone casi un 300% de aumento respecto al primer año de cooperación en 1996.
Los resultados del trabajo del Defensor del Pueblo para los ciudadanos europeos también son impresionantes. Además de obtener satisfacción en casos individuales, hemos conseguido importantes mejoras en el funcionamiento general de la institución. Tres de ellas merecen una mención especial. 
En primer lugar, hemos convencido a las instituciones y a algunos órganos comunitarios, incluidos el Banco Central Europeo y Europol, de que mejoren el acceso público a sus documentos. 
En segundo lugar, una investigación de oficio dio lugar a que 17 instituciones y órganos comunitarios adoptasen códigos de buena administración, basados en un borrador propuesto por nosotros. Tras un informe especial, el Parlamento Europeo adoptó el pasado año una versión revisada del Código de Buena Conducta Administrativa. Hemos distribuido esta versión mejorada del Código a todas las instituciones y a ciudadanos europeos, cuyo derecho a la buena administración está expresado en el Código. Tal y como instruye el Parlamento Europeo, aplicamos el Código al decidir si existe o no mala administración.
El tercer logro se refiere a la Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada en Niza en el mes de diciembre del 2000. El Defensor del Pueblo propuso la idea de que la Carta incluyese el derecho a la buena administración. Esto se incluyó en el artículo 41 de la Carta.
El Defensor del Pueblo también ha promovido la plena y correcta aplicación de la Carta. Las instituciones de la Unión proclaman con solemnidad que la Carta expresa los derechos fundamentales de los ciudadanos.. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo considera que una mala administración se produce cuando las instituciones fracasan en el respeto de estos derechos durante el ejercicio de sus propias actividades.
Además, las propuestas del Defensor del Pueblo a la Convención Europea incluyen la idea de que la Carta debe ser de obligatoriedad jurídica dondequiera que se aplique la legislación Comunitaria.
En contra de lo que afirman las voces críticas, las instituciones y órganos comunitarios se merecen un reconocimiento por su actitud cooperativa con el Defensor del Pueblo. En general, han respondido con rapidez y de manera adecuada a las investigaciones del Defensor del Pueblo, y han aceptado las soluciones amistosas y los proyectos de recomendaciones del mismo.
Sólo han surgido problemas en un pequeño número de casos. En un caso referente al acceso a la información, la Comisión rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo y no actuó sobre una resolución del Parlamento Europeo que apoyaba al Defensor del Pueblo. Lamento que este caso forme parte de una tendencia más general hacia el mal uso de las normas de protección de datos para detener o dar marcha atrás a nuestro compromiso de transparencia.
La mayoría de las instituciones y órganos comunitarios también han adoptado un código de buena conducta administrativa. Aún no entiendo por qué no se ha dado curso a la resolución del Parlamento de septiembre del 2001, en la cual se pedía una legislación administrativa europea.
En mi opinión, la aplicación de un conjunto uniforme de normas para todas las instituciones y órganos comunitarios aumentaría las relaciones de la Unión con sus ciudadanos.
También lamento que el Reglamento del personal mantenga el anticuado requisito de la previa aprobación de publicaciones por parte de los funcionarios. 
Reconozco que el mandato del Defensor del Pueblo Europeo es limitado. Siempre he opinado que se necesita una red de defensores del pueblo y comisiones de peticiones para supervisar la aplicación de la legislación comunitaria por los Estados miembros. Nosotros hemos desarrollado esta red con el fin de compartir información, aconsejar y asegurar que las reclamaciones se dirijan al organismo más competente.
Un mayor desarrollo de esta red ayudaría a la Comisión, en su papel de guardiana de los Tratados, a centrar sus recursos en los asuntos de principio más importantes. 
Los ciudadanos nunca confiarán plenamente en la Unión Europea a menos que la legislación comunitaria no se respete en todos los niveles de la Unión.
En una legislación comunitaria futura, los Estados miembros deberían incluir la Carta de los Derechos Fundamentales. La red de defensores del pueblo de los Estados miembros también debería desempeñar un papel esencial en la supervisión de la aplicación de la Carta.
El Defensor del Pueblo Europeo estaría dispuesto a aceptar la responsabilidad de referir casos fundamentales al Tribunal de Justicia, si no se encontrase solución en una investigación normal del defensor del pueblo.
Espero que los representantes del Parlamento en la Convención Europea apoyen estas propuestas.
Finalmente, me gustaría dar las gracias a todas las instituciones y órganos comunitarios, y en especial a la Comisión Europea, quien ha cooperado de manera eficaz con el Defensor del Pueblo en beneficio de los ciudadanos europeos.
También quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo y a su Comisión de Peticiones por sus consejos y apoyo. Quiero dar las gracias especialmente al presidente de la Comisión, Sr. Gemelli, y al ponente que este año se ha encargado del Informe Anual del Defensor del Pueblo, Sr. Wyn. Muchas gracias. Agradezco sus propuestas para alcanzar una mayor cooperación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones, y espero que dichas propuestas den un resultado concreto en beneficio de los ciudadanos europeos.

Wyn (Verts/ALE)
. (EN) Señora Presidenta, es para mí un placer ratificar el informe anual del año 2001 presentado por el Defensor del Pueblo, que representa una visión general amplia y detallada de las actividades durante el año y, en particular, de todos los casos tramitados.
Después de siete años, el papel del Defensor del Pueblo Europeo -mejorar la transparencia y la responsabilidad democrática en la toma de decisiones y la administración de la Unión Europea- es bien conocido. En su empeño por abordar la mala administración en las instituciones y órganos comunitarios, el papel del Defensor del Pueblo ha realizado una importante contribución al logro de una Unión en la que las decisiones se tomen realmente de la manera más transparente y cercana posible al ciudadano. El hecho de que el número de reclamaciones directas aún esté aumentando en el año 2001 demuestra claramente que el Defensor del Pueblo llega a un mayor número de personas en el curso de sus actividades.
El actual Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, a quien ya hemos escuchado, se ha convertido en una figura reconocida y respetada en la Unión Europea, y la recepción de premios como el Alexis de Tocqueville así lo demuestra. Incluso ha visitado mi propio país, Gales, demostrando así su compromiso y dedicación de visitar algunos de los lugares más importantes del mundo.
Durante su mandato ha hecho hincapié en el estado de derecho, tomándose en serio los derechos fundamentales y aplicando principios básicos de buena administración, tales como transparencia, responsabilidad y respeto a los ciudadanos. Esto se ha llevado a cabo en 15 Estados miembros y utilizando 12 lenguas comunitarias. ¡Se ha ganado la jubilación!
El informe agradece que las autoridades europeas estén actuando cada vez más para solucionar una reclamación una vez que son conscientes del problema en cuestión y de que, en otros casos, se haya llegado a una solución amistosa. 
También debemos felicitar al Defensor del Pueblo por sus esfuerzos por informar a un mayor número de ciudadanos de su derecho a reclamar. La Comisión de Peticiones es plenamente consciente de esta cuestión. Esto significa que la labor del Defensor del Pueblo tiene que incluir la actualización continua de su página web con el fin de dar a conocer su papel a un público cada vez más amplio, y de establecer una red de vínculos con defensores del pueblo regionales.
A este respecto, el Defensor del Pueblo se enfrenta, por un lado, al deseo de informar al mayor número de personas posible de su derecho a reclamar y, por otro, al hecho de que su cometido se ciñe a las instituciones comunitarias. Desde el Parlamento tenemos algo que decir al respecto, y debemos asegurarnos de que seguimos siendo concientes del papel del Defensor del Pueblo e informamos a los ciudadanos de este derecho.
Sin embargo, durante este período el trabajo del Defensor del Pueblo ha tropezado con varios obstáculos. En el ámbito de la buena administración, el pasado mes de septiembre el Parlamento Europeo adoptó unánimemente el Código de Buena Conducta Administrativa, e invitó a la Comisión a que propusiera un reglamento al respecto. Agradezco la decisión del Defensor del Pueblo de aplicar en sus actividades los principios enunciados en el código. Sin embargo, me gustaría expresar mi decepción porque la Comisión todavía no ha respondido a esta importante petición. El informe invita al Parlamento a que redacte un informe de iniciativa legislativa sobre la base de este código modelo conforme al artículo 192 del Tratado y el artículo 59 del Reglamento.
En relación con la transparencia y la buena conducta administrativa, este informe observa que algunas instituciones han intentado utilizar las normas de protección de datos recientemente adoptados para imponer confidencialidad en sus actividades. Hay que dejar claro que las normas de protección de datos se refieren principalmente a la protección de la vida privada y familiar, y que no deben en modo alguno restringir la información disponible a los ciudadanos sobre las actividades de las instituciones de la Unión Europea. 
Respecto del procedimiento por incumplimiento, el artículo 226, en el cual la Comisión investiga las reclamaciones sobre el incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros, y que continúa siendo tema de reclamaciones al Defensor del Pueblo -y esto es algo que conocemos muy bien en la Comisión de Peticiones-, el informe constata que, a pesar de algunas mejoras recientes, el procedimiento es secreto, y que el demandante todavía no está reconocido como un participante. Se producen retrasos porque la Comisión tiene que ocuparse de demasiados casos.
El Defensor del Pueblo criticó públicamente el trato que dio la Comisión a una reciente reclamación de Grecia, en la cual las autoridades griegas habían incumplido la legislación comunitaria sobre medio ambiente. Las investigaciones revelaron que se había ocultado toda una serie de información, se había aplicado la Directiva incorrecta y no se había tratado el caso de forma imparcial. Aunque apreciamos el duro trabajo llevado a cabo por la Comisión, el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones dependen de la efectividad de sus investigaciones, y debemos confiar en que estos casos se traten de forma correcta. 
Finalmente, agradezco la oferta del Defensor del Pueblo de desarrollar actividades conjuntas con la Comisión de Peticiones a fin de reforzar los contactos y el intercambio de experiencias con los defensores del pueblo nacionales y regionales y las comisiones de peticiones. La cooperación estrecha entre la oficina del Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones tiene una importancia vital. Nuestro trabajo está interrelacionado, y hemos tenido excelentes ejemplos sobre la forma de colaborar más estrechamente cuando el Defensor del Pueblo se dirigió a la Comisión de Peticiones en el mes de abril. Felicito al Defensor del Pueblo por este informe y le deseo una muy feliz jubilación.

Koukiadis (PSE)
Señora Presidenta, el informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones en el año 2001-2002, del cual soy ponente, y el informe anual paralelo sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo, que se debaten hoy de forma conjunta, no deben considerarse dos informes rutinarios. Existen razones muy concretas para ello. Estos informes hacen referencia a dos derechos fundamentales de los ciudadanos europeos: el derecho de petición y el derecho de reclamación. Estos derechos están unidos de forma inextricable a su nacionalidad, y constituyen la manera principal que tiene el Parlamento Europeo de consolidar el control político acerca de dónde y cómo se aplica el derecho comunitario por parte de las instituciones comunitarias y los Estados miembros.
Estas peticiones y reclamaciones nos proporcionan una idea muy concreta del grado de cumplimiento de las expectativas de los ciudadanos europeos con respecto a Europa. Si desarrollamos de forma adecuada las instituciones de petición y reclamación, podremos dar una expresión real al objetivo de acercar Europa a sus ciudadanos, reforzar las credenciales democráticas de la Unión Europea y, en concreto, del Parlamento Europeo, y conseguir el tan cacareado objetivo de mayor transparencia.
Por tanto, me gustaría invitar a Sus Señorías a que estudien cuidadosamente estos informes y las propuestas, concebidas todas para incrementar la fiabilidad de las instituciones comunitarias y para asegurar que las medidas adoptadas se implementen de forma más eficaz. Muchas de estas propuestas se pueden implementar en el marco de los Tratados vigentes. Otras necesitan que se revisen los Tratados. En este sentido, resulta interesante el informe redactado por el Sr. De Rossa, en nombre de la Comisión de Peticiones, para el presidente de la Convención sobre el futuro de Europa. En ambos casos, estos asuntos deberían ser prioritarios en la agenda de los grupos políticos.
En cuanto a las propuestas contenidas en mi informe, que la Comisión de Peticiones aprobó por unanimidad, me gustaría comentar una que a mi entender tiene un valor tanto simbólico como práctico. El Parlamento examina tres informes cada año. El primero es el informe de la Comisión de Peticiones, que examina las peticiones de los ciudadanos europeos sobre deficiencias en la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros. El segundo, el informe del Defensor del Pueblo, examina las reclamaciones sobre el incumplimiento del derecho comunitario por parte de las instituciones de la Comunidad. El tercero, presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, se refiere a la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros. En otras palabras, estos tres informes están directamente relacionados y tienen objetivos comunes, y no está justificado que se estudien por separado. Deberían tratarse de manera conjunta en un período parcial de sesiones con la mayor publicidad posible.
Al mismo tiempo, en vista de que, de una forma u otra, los tres informes implican a autoridades nacionales, tales como parlamentos nacionales, juzgados nacionales y departamentos administrativos nacionales, y muchos de los asuntos tratados en ellos dependen de su grado de compromiso y control, creo que debería estudiarse la posibilidad de que estos informes se debatan en el Parlamento Europeo en presencia de representantes de las autoridades nacionales. De esta manera se mejorará la cooperación, en especial con los parlamentos nacionales, y el debate obtendrá la máxima publicidad y despertará el interés de los ciudadanos europeos.
Otro punto que emerge del estudio es el creciente número de peticiones y reclamaciones, que puede considerarse positivo porque demuestra que los ciudadanos se involucran en el ejercicio de estos derechos. Sin embargo, a partir de un cierto punto, se crean problemas prácticos que necesitan una solución. Es obvio que estos problemas aumentarán tras la ampliación. Por lo tanto, tarde o temprano tendremos que constituir estas instituciones sobre una base diferente. Para ser más precisos, tenemos que estudiar la posibilidad de descentralizar los servicios con ayuda de los defensores del pueblo nacionales o las comisiones de peticiones y, posiblemente, de las oficinas del Parlamento Europeo en las capitales de los varios Estados miembros.
Hay otras propuestas que merecen consideración, pero dispongo de poco tiempo para comentarlas. Me limitaré a hacer algunos comentarios sobre el contenido del informe. Los asuntos sociales han sido el área más delicada en el año que estamos analizando. Se han producido problemas relacionados con el libre movimiento, tales como violación del derecho de residencia, doble imposición, fracaso en el intento de salvaguardar los derechos de seguros, asuntos medioambientales y el reconocimiento de diplomas y cualificaciones. Resulta alentador que, en numerosos casos, cuando se contactó con las autoridades nacionales relevantes, se hizo justicia a los peticionarios. También es alentador el incremento del número de peticiones colectivas, es decir, peticiones con más de mil firmas. El potencial de las peticiones colectivas es algo que deberíamos analizar, porque también concierne a las organizaciones no gubernamentales.
Para concluir, sería un enorme descuido por mi parte, en vista de la inminente partida del Defensor del Pueblo, Sr.Söderman, si no le felicitase y expresase mi admiración por la labor que ha desempeñado, labor que justifica la institución del defensor del pueblo a los ojos de los ciudadanos de Europa, y que deja una importante herencia que hay que salvaguardar y reforzar en el futuro.

Liikanen
. (EN) Señora Presidenta, el debate anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo Europeo centra nuestra atención en la relación entre los ciudadanos y las instituciones. Esta relación es fundamental, y forma la base de todas nuestras políticas, puesto que, en última instancia, se dirigen a los ciudadanos. Por lo tanto, es importante que una vez al año el Parlamento, el Defensor del Pueblo y la Comisión evalúen la manera en que esta dimensión se tiene en cuenta en sus actividades regulares y cotidianas. 
Sin embargo, este año el debate es diferente por dos razones.
En primer lugar, la Convención está trabajando a marchas forzadas. Planificará en detalle el futuro de Europa, y tanto la Comisión de Peticiones como el Defensor del Pueblo han remitido a este órgano comunitario el tema de los derechos de los ciudadanos a través de propuestas relativas, por una parte, al derecho de petición y, por otra, a la Carta de los Derechos Fundamentales, que constituye una legislación administrativa y un recurso de apelación.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, ha afirmado que desea retirarse a finales de marzo del año 2003. Por lo tanto, ésta será la última vez que presente su informe anual a esta Asamblea. Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Sr. Söderman, en nombre de la Comisión, por el trabajo que ha llevado a cabo desde su nombramiento en julio de 1995. 
En calidad de primer Defensor del Pueblo Europeo, ha desempeñado un papel pionero, ayudando a crear un verdadero cambio de cultura en el seno de la Comisión. Estoy seguro de que esto también es aplicable a otras instituciones y órganos comunitarios. Además, sus investigaciones de oficio también han tenido consecuencias directas, y han dado pie a reformas administrativas positivas.
Me gustaría mencionar algunas de ellas. En primer lugar, el Código de Buena Conducta Administrativa, que fue el resultado de una iniciativa del Parlamento cuando se adoptó el informe Perry sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 1996. En el ámbito del reclutamiento, primero se ha eliminado, en dos etapas, el límite de edad y, segundo, el Defensor del Pueblo ha conseguido el derecho de todo participante en unas oposiciones a tener acceso a sus exámenes corregidos. Ambas cosas requieren un gran cambio en la administración y la tradición de las instituciones. Por último, sus esfuerzos nos han alentado a organizar relaciones más estructuradas entre los demandantes y la Comisión en los procedimientos por incumplimiento.
En estos ámbitos, las relaciones institucionales entre el Defensor del Pueblo -apoyado a menudo por el Parlamento- y la Comisión han progresado de forma significativa.
Me gustaría retomar brevemente el tema del Código de Buena Conducta Administrativa, porque los informes del Sr. Wyn y del Sr.Koukiadis plantean este asunto.
Hay que señalar que la Comisión ha sido receptiva al Parlamento y al Defensor del Pueblo desde el principio. Ha redactado varios borradores desde 1998 y, en la actualidad, en la Comisión actual, ha redactado y adoptado su propio Código de Conducta dirigido al ciudadano, de carácter vinculante y que se corresponde en muchos puntos con el Código de Conducta redactado por el propio Defensor del Pueblo. Este importante trabajo llevó a la Comisión a corregir su propio Reglamento en octubre del 2000. No todas las instituciones han actuado del mismo modo. Por supuesto, existen algunas diferencias con respecto a este último código, tal como han señalado el Defensor del Pueblo, el Sr. Perry y ahora el Sr. Koukiadis y el Sr. Wyn.
Sea como fuere, el código de la Comisión representa un progreso real. De todos los códigos adoptados por las instituciones, es el que más se corresponde con las propuestas del Defensor del Pueblo. Entró en vigor en el mes de noviembre del 2000, y se acaba de ultimar un primer informe de evaluación. En breve se pondrá en circulación. La Comisión es consciente de que, a pesar de todos sus esfuerzos, el Defensor del Pueblo Europeo desearía ir más lejos. Ha hecho referencia a esta cuestión en el Parlamento en un informe especial, con el resultado de que, hace un año, el Parlamento se expresó a favor de un código único para todas las instituciones. En la actualidad, el Sr. Wyn y el Sr. Koukiadis aún mantienen esta posición. 
La Comisión comprende que, en la actualidad, la situación no es totalmente satisfactoria porque los ciudadanos europeos tienen que hacer frente a diferentes normas de buena administración según de la institución con que se pongan en contacto. Sin embargo, en este momento la Comisión no se encuentra en condiciones de lanzar una iniciativa legislativa. Como sin duda observarán, el primer informe sobre la aplicación del código de la Comisión sólo abarca unos pocos casos, y no sabemos nada con respecto a la forma en que las demás instituciones están implementando sus códigos. Además, como ya he mencionado antes, en la Convención se está discutiendo la adopción de una legislación administrativa, por lo que deberíamos esperar los resultados. La propuesta hecha por el Defensor del Pueblo a la Convención estipula la adopción de dicha legislación en el plazo de un año tras la entrada en vigor del Tratado. Creo que esto nos deja un margen de maniobra.
Por último, aunque es cierto que un enfoque interinstitucional encaminado a la adopción de un código único y una única legislación resulta útil, la realidad es que la situación de cada institución es específica, y se necesita cierto grado de flexibilidad.
No voy a examinar todos los puntos mencionados en los informes del Sr. Koukiadis y del Sr.Wyn, pero debo decir que, aunque las relaciones entre el Defensor del Pueblo y la Comisión son cordiales y muy productivas, en alguna ocasión pueden dar lugar a desacuerdos en el contexto de las relaciones institucionales. Aunque la Comisión elogia el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, el hecho es que aún existen diferencias de opinión en algunos puntos. En primer lugar, está la cuestión de la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 1049/2001 a los expedientes por incumplimiento y cómo se interpreta la Directiva de protección de datos. Sin embargo, no repetiré aquí la posición expresada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión con respecto a este último punto, o la opinión expresada por la Comisión en relación con la propuesta de corregir el reglamento del Defensor del Pueblo. Tanto el Parlamento como el Defensor del Pueblo conocen perfectamente estas posiciones.
No obstante, me gustaría retomar un instante el informe del Sr. Koukiadis sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones. La Comisión comparte la principal preocupación del ponente de organizar unas condiciones de trabajo y cooperación más eficaces entre la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones. Incidentemente, como ya sabrá el Presidente y algunos diputados, tengo experiencia personal en la cooperación muy bien organizada con la comisión en un caso específico.
Volviendo al texto, la perspectiva de ampliación debería alentarnos a mejorar todavía más nuestro procedimiento. Quisiera reiterar el deseo de la Comisión de debatir una revisión del acuerdo interinstitucional con el Consejo y el Parlamento respecto del examen de las peticiones. La Comisión también está de acuerdo con el ponente acerca de la cooperación con los parlamentos y las administraciones nacionales en el marco de los esfuerzos por encontrar soluciones a los problemas planteados en las peticiones. 
Permítanme concluir con algunos puntos que deben mencionarse en esta ocasión de deliberaciones institucionales. Uno de los objetivos de la Convención es acercar las instituciones a los ciudadanos. En este contexto, no se pueden reducir las posibilidades de ejercer el derecho a petición, sino que hay consolidarlas o proporcionarles un marco adecuado. Además, es muy importante, en el marco de la clarificación del sistema institucional, que los ciudadanos sean conscientes de las diferentes formas de recurso disponibles en los diferentes niveles de la maquinaria institucional. Por lo tanto, la Comisión agradece las contribuciones del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones, y se compromete a examinarlas de manera constructiva. Además, al adoptar un enfoque de diálogo constructivo, la Comisión, el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo contribuirán de la mejor manera posible a defender los intereses de los ciudadanos europeos.

Perry (PPE-DE).
Señora Presidenta, estamos debatiendo el último informe anual que será presentado por Jacob Söderman. Hoy no es el momento de las despedidas, sino de apreciar el trabajo que Jacob Söderman ha realizado y sus esfuerzos en nuestro nombre y, sobre todo, en los intereses de Europa.
Las instituciones de la Unión Europea constituyen, de manera inevitable, una burocracia amplia y compleja y, por supuesto, habrá equivocaciones y errores administrativos. Las instituciones intentan minimizar dichos errores, y deben estar dispuestas a aceptar consejos sobre la forma de conseguirlo. Como todos sabemos, el objetivo del Defensor del Pueblo es actuar como árbitro de forma justa y objetiva. Creo que la Comisión debería reflexionar largamente antes de rechazar cualquiera de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Me ha horrorizado encontrar ejemplos en los que la Comisión ha rechazado descaradamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Sin entrar en detalles, tengo aquí una carta del Sr. Prodi a uno de mis colegas. El Defensor del Pueblo detectó mala administración, y la Comisión se negó de forma terminante a cambiar la situación. El Sr. Prodi escribe: «Estoy convencido de que la solución que ofrecemos es la más conveniente a la luz de la especificidad del caso, y me decepciona que su elector no opine de la misma manera.» No resulta sorprendente que el diputado interesado haya escrito a la Comisión de Peticiones para decirme que la respuesta del Presidente de la Comisión es ridícula. Es imposible defender esto frente a los ciudadanos.
En cierto modo, siento que sea el Comisario Liikanen quien esté aquí esta mañana. Siempre agradezco sus palabras y reconozco las buenas relaciones entre su departamento y la Comisión de Peticiones. Esta mañana, sus palabras sobre la disposición de la Comisión a estudiar el acuerdo interinstitucional me han infundido ánimo. Es cierto que se está acercando el momento de llevarlo a cabo.
Quiero puntualizar algunas cosas sobre el código de Buena Conducta Administrativa. El pasado mes de diciembre, el Comisario Kinnock prometió a esta Cámara que recibiríamos un análisis del funcionamiento del Código voluntario. Aunque hemos oído que llegará pronto, todavía estamos esperando. En mi opinión, ya lleva un año de retraso.
Un código debe ser vinculante, no voluntario, y también tiene que ser coherente. Los ciudadanos europeos no distinguen entre las instituciones de la Unión Europea. Para ellos, Bruselas es un lugar, y Estrasburgo otro. Quieren un código coherente para todas las instituciones. He analizado el código voluntario de la Comisión y lo he comparado con el propuesto por el Defensor del Pueblo. En más del 70% de los artículos existen diferencias. Algunas son mínimas, pero otras son muy grandes. El código de la Comisión no reconoce de forma explícita la necesidad de cortesía. No se encuentra estipulada la disculpa o la corrección de errores. El código de la Comisión es muy poco convincente en cuanto al acceso a los documentos y la discriminación. No reconoce que la discriminación pueda estar basada en el idioma, la pertenencia a una minoría nacional o incluso en la apariencia. El código de la Comisión afirma que el personal no debe guiarse por interés personal. El código del Defensor del Pueblo afirma que los funcionarios no deben participar en una decisión en la que un miembro de su familia tenga interés financiero. Quisiera instar a la Comisión a que sea más flexible, atienda al código propuesto por el Defensor del Pueblo y ratificado por esta Cámara, y lo acepte. Debería liderar al resto de instituciones, en lugar de decir: «Bueno, ninguna otra institución lo ha hecho.» Sé que las cosas son así. Sin embargo, la Comisión tiene el control en este asunto y debería aceptar el consejo de sus amigos, lo que le permitiría enfrentarse a los ciudadanos europeos con mayor confianza.
Estoy encantado de poder decir que la Comisión de Peticiones ha mantenido una reunión reciente con la Presidencia danesa, en la cual ésta ha expresado su deseo de estudiar el nuevo acuerdo interinstitucional. Ya disponemos de la comunicación de la Comisión sobre reclamaciones y peticiones, y ahora también de las propuestas del Sr. Liikanen. Ha llegado el momento de que nos dotemos del nuevo acuerdo interinstitucional.

Bösch (PSE).
Señora Presidenta, Señorías, en nombre del Grupo Socialista me uno a Roy Perry al afirmar que no debemos dejar pasar esta ocasión sin expresar nuestra gratitud por la labor de Jacob Söderman, el primer Defensor del Pueblo de la Unión Europea, y por el éxito que ha cosechado.
También me gustaría decir que podemos felicitarnos por haber tenido el valor, en 1995, de confiar esta gran empresa a un representante bastante desconocido -si se me permite decirlo- de un nuevo Estado miembro. Me gustaría felicitar a Jacob Söderman por haber centrado nuestra atención en asuntos esenciales, es decir, la reforma total de las instituciones europeas, en las cuales las relaciones de secretismo de todo tipo han dado paso al principio de transparencia y franqueza.
Ante todo, agradezco al Defensor del Pueblo su manera tranquila y calmada, pero también decidida de llevar a cabo su trabajo. Todos conocemos los ejemplos, y sabemos que podríamos tomar un camino más fácil, pero los éxitos conseguidos por las administraciones de los países del norte de la Unión Europea -Finlandia, Suecia y Dinamarca, que tienen el índice de corrupción más bajo- nos confirman que no existe tal alternativa. Comparto la desilusión expresada anteriormente sobre el espectáculo de indecisión manifestado por la llamada burocracia de Bruselas.
Tenemos que avanzar en este terreno. La opacidad y la incapacidad para identificar lo que estaba ocurriendo también contribuyeron a derribar la última Comisión de la Unión Europea. El Sr. Söderman ha actuado de forma correcta al tratar asuntos delicados. Recordemos el tema de los pagos atrasados. La Comisión es uno de los peores órganos de Europa a la hora de pagar lo que debe. Sin embargo, observen la seguridad con que dicta normas para todos los agentes económicos, ¡mientras ella misma es incapaz de realizar los pagos de forma correcta! Dicho de la forma más sencilla, se trata de acercar la administración a los ciudadanos. Todos hemos oído, en numerosas ocasiones, a la gente de nuestro país hablar sobre la burocracia de Bruselas. Nosotros sabemos que es muy pequeña, pero parece muy grande.
Tengo que decir, en calidad de ponente del Presupuesto, que estoy un poco avergonzado -aunque soy consciente de que esto en su mayoría culpa de los Ministros de Hacienda de los quince Estados miembros- por nuestra incapacidad manifiesta para dotar la oficina del Defensor del Pueblo Europeo del personal necesario por su importancia. En el Parlamento estamos haciendo todo cuanto está en nuestras manos, y encontraremos una solución, pero los Ministros de Hacienda piensan que la ampliación no está cerca y que el Defensor del Pueblo no necesitará más personal. Esto me entristece, y es algo que debo decir en presencia de un numeroso público.
Se ha recalcado la buena cooperación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones. El liderazgo de Jacob Söderman nos ha proporcionado la moderna institución del Defensor del Pueblo Europeo. Ahora es responsabilidad nuestra, de la Comisión de Peticiones y del conjunto del Parlamento, llevar a cabo nuestras actividades con un nivel de calidad similar.

Thors (ELDR).
Señora Presidenta, Comisario, Defensor del Pueblo, estoy encantada, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, de aprovechar este momento histórico para agradecer al Sr. Söderman su trabajo en la promoción de los valores que apreciamos. Al igual que los demás, pienso en particular en la transparencia y la buena administración.
Ayer, el Defensor del Pueblo señaló, una vez más, el mal uso de la protección de datos, es decir, de las leyes sobre los datos personales, para impedir la transparencia que todos deseamos. Espero que los diputados sean conscientes de que, en este caso, el Defensor del Pueblo no sólo está señalando a la Comisión, sino también al Parlamento. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos cuando reflexionamos acerca de la manera en que trabajamos. Asimismo, observo que la Sra. Hautala, quien es una de las ponentes en este ámbito, se halla presente en la Cámara. Hoy en el Parlamento también estamos siendo deshonestos. Resulta interesante observar que en el procedimiento de consulta en curso sobre protección de datos, al menos cuatro Estados miembros han propuesto cambios significativos. Espero que en el Parlamento apoyemos estos cambios cuando nos lleguen.
En cuanto al Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, debo admitir que no entiendo el planteamiento del Comisario Liikanen, cuya consecuencia es que la Comisión ahora no puede hacer nada. Al igual que muchos Estados miembros, observamos que la discusión sobre la buena administración había abierto nuevas posibilidades. En el Parlamento hemos pasado mucho tiempo estudiando la base legal para la propuesta presentada, y no tenemos dudas acerca de las posibilidades legales en este asunto. ¿Por qué perdemos el tiempo si se trata de hacer algo que beneficiará a la gente?
Aunque ahora existe mayor cooperación, personalmente estoy muy disgustada con la respuesta de la Comisión a nuestra iniciativa respecto del estatuto del Defensor del Pueblo. Los cambios que presentamos eran muy modestos y en absoluto extensos. Por lo tanto, espero que la Presidencia danesa pueda tener éxito en este terreno. El Defensor del Pueblo tiene que poder desempeñar su trabajo de forma totalmente satisfactoria.
El lunes, la Sra. Corbey planteó una cuestión en el Parlamento relativa a la forma en que la Comisión ayuda a la gente a resolver asuntos y a solucionar problemas en relación con la aplicación del derecho comunitario. Me parece que la Comisión no sabe qué hacer en relación con este tema. Se ha introducido el sistema Solvit, que se presentará en breve en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, mientras que Eurojust, al cual se ha referido la Sra. Corbey, no se mantiene. Citizens Direct está en proceso de lanzamiento, pero sin ningún éxito real. Aún nos queda mucho por hacer en este terreno. No está nada clara la forma en que la Comisión utilizará los recursos.
Por último, me gustaría que el Parlamento reflexionara acerca de la manera en que tratamos las reclamaciones que nos llegan. Prepararemos la legislación sobre el reconocimiento de los exámenes durante este otoño. Hemos recibido un gran número de propuestas en este ámbito. Sin embargo, parece que mucha gente prefiere ignorar estas propuestas, apoyar la legislación nacional y no aceptar las señales que nos llegan de los ciudadanos.
Desde mi punto de vista, lo que resulta más gratificante respecto de este debate es el hecho de que la Comisión se haya declarado dispuesta a estudiar el acuerdo interinstitucional y la forma en que trata las reclamaciones, lo cual, tal y como ha mencionado el Sr. Perry, la Presidencia danesa también está dispuesta a hacer. Este otoño habrá una oportunidad para ello. Tenemos que usar esta oportunidad para mejorar la posición de nuestros ciudadanos y no esperar a que la Comisión tome la iniciativa. También tenemos que estudiar la propuesta de Convención del Defensor del Pueblo, porque se refiere, por ejemplo, a los recursos al Tribunal de Justicia de la UE. Hay algunos asuntos problemáticos en los que el conflicto no se ha solucionado entre la Comisión por una parte y el Defensor del Pueblo y el Parlamento por otra.
Para terminar, quiero dar las gracias al Sr. Söderman, quien habla el mismo tipo de sueco que yo, hermoso y fácilmente comprensible.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señora Presidenta, creo que nadie duda hoy, en esta Asamblea, o no debiera de dudar, de que la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo contribuyen a dos principios fundamentales de la construcción europea: la aplicación del Derecho comunitario y también el conocimiento, por parte de las instituciones, de los ciudadanos. Sin embargo, creo que hay que mejorar en algunas cuestiones para evitar que la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo tengan dificultades a la hora de realizar su trabajo diario.
En primer lugar, como cuestión muy práctica, creo que deberían reforzarse los servicios del Defensor del Pueblo, los servicios de nuestra propia Secretaría y los servicios de la Comisión Europea que trabajan estrechamente con nosotros, señor Comisario, porque a veces tienen dificultades para informar sobre las peticiones que les enviamos.
En segundo lugar, la presencia del Consejo -a veces- en nuestra Comisión de Peticiones debería ser imprescindible y no aparece nunca. Creo que deberían acortarse los plazos o perderemos credibilidad. Deberíamos denunciar a aquellos Estados miembros que obstruyen el trabajo de la Comisión de Peticiones, que los hay y todos los conocemos. Deberíamos poder suspender los proyectos que vulneran el Derecho comunitario y afectan a espacios naturales y a espacios culturales de Europa.
Creo, señora Presidenta, que el método del informe conjunto de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo Europeo debería usarse también con el informe conjunto anual del respeto y la aplicación Derecho comunitario, porque ahí podríamos ver cómo el trabajo del Defensor del Pueblo y el trabajo de la Comisión de Peticiones son imprescindibles para valorar la aplicación del Derecho comunitario.
Para terminar, yo querría, señora Presidenta, agradecer al Defensor del Pueblo Europeo su trabajo en favor de la transparencia y la eficacia de las instituciones y, además, su independencia, que ha estado clara para todos nosotros en este tiempo.

Lambert (Verts/ALE).
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a los ponentes por su concienzudo trabajo, así como al Defensor del Pueblo y a su equipo por su duro trabajo en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el ejercicio de la buena práctica, aunque ésta no siempre se consiga. Asimismo, apreciamos la labor del Defensor del Pueblo para desarrollar una red de defensores del pueblo en toda Europa y otros países. Esto deja una sólida base para su sucesor, y mi grupo también quisiera sumarse al agradecimiento por su trabajo.
Me gustaría llamar la atención sobre las conclusiones 9 y 16 del informe del Sr. Wyn sobre el trabajo del Defensor del Pueblo y la falta de progreso en un caso particular. Algunas personas ya se han referido a esto, y yo era ponente del Parlamento. Este caso plantea temas muy serios con respecto a lo que ocurre cuando el Parlamento apoya el punto de vista del Defensor del Pueblo en un caso, como el de la protección de datos y el acceso a la información, y la Comisión no está de acuerdo. Plantea cuestiones de equilibrio constitucional, así como asuntos relativos a la propia aplicación de la protección de datos. Hasta el momento, la falta de una conclusión supone que el demandante se quede en el limbo, sin entender lo que significa que los diputados electos lleguen a una conclusión y la Comisión a otra. ¿Cuál es la salida? 
Tenemos que analizar esto, así como considerar el papel futuro del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones, en particular con el desarrollo de las competencias en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores y también con la ampliación. Mientras estamos analizando el papel de las instituciones, quisiera reforzar la conclusión 11 del informe del Sr. Koukiadis, que menciona la «falta de entusiasmo» del Consejo -dicho con mucho tacto- con respecto a la Comisión de Peticiones. 
La Sra. Thors ya ha mencionado algunos asuntos sobre el mutuo reconocimiento de requisitos. Otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos para progresar en ciertos casos, en especial aquellos que se refieren al medio ambiente -tales como el vertido de residuos, la calidad del agua, etc.- son los retrasos en el ámbito nacional para proporcionar información a la Comisión. A pesar de algunas de las críticas de la Comisión, en el ámbito de la Comisión de Peticiones solemos cooperar muy bien. 
Esto nos lleva a la conclusión 18 del informe Koukiadis, que ya ha mencionado la Sra. González Álvarez, y que trata de la posibilidad de introducir medidas protectoras interinas para suspender acciones. No queremos hacer afirmaciones a la ligera, pero a veces tenemos la impresión de que los Estados miembros y las autoridades ponen en práctica tácticas retardatarias para permitir que los proyectos se detengan. Esto requiere un examen muy serio en el futuro.

Hyland (UEN).
Señora Presidenta, los órganos gemelos de la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo constituyen un instrumento clave para acercar la Unión Europea a la población. Se ha escrito mucho acerca del déficit democrático y la alienación de los votantes en la Unión Europea. En calidad de representante del pueblo elegido directamente, creo que podríamos ofrecer una cara más humana de las instituciones de la Unión Europea si promoviéramos con éxito el trabajo de estos órganos comunitarios entre nuestros electores.
El pasado año se obtuvieron grandes logros a través de la cooperación entre el Defensor del Pueblo y la comisión. Me gustaría dar la enhorabuena al Sr. Söderman por su excelente singladura. Llegó a Estrasburgo con considerable experiencia en la defensa de los derechos de los ciudadanos en su propio país. En efecto, la noción de un defensor del pueblo es de origen nórdico. No cabe duda de que en áreas como la franqueza, la transparencia y la creación de un servicio público que realmente sirva a la gente, la Unión Europea se ha beneficiado ampliamente de la perspectiva nórdica.
El Sr. Söderman nos comunicó hace algún tiempo que se retiraría a principios del próximo año. Como primera persona en ocupar este importante cargo, ha desempeñado una excelente labor en el establecimiento del papel y la función del Defensor del Pueblo. Informar a los ciudadanos acerca de esta importante oficina requiere tiempo y recursos, y es cierto que aún queda trabajo por hacer para acrecentar el perfil del Defensor del Pueblo Europeo.
Quienquiera que sustituya al Sr. Söderman, y somos plenamente conscientes de que el proceso de selección ya está en marcha, deberá demostrar un nivel muy elevado. El Sr. Söderman ha sido muy diligente cumpliendo su mandato en nombre de los ciudadanos de Europa. No ha dudado en atacar a las instituciones de la Unión Europea del más alto nivel cuando ha creído conveniente revocar una decisión debida a una mala administración.
Le deseo todo lo mejor en su jubilación y quisiera asegurarle que, si alguna vez se siente deprimido durante los largos y fríos inviernos finlandeses, está invitado a visitar la soleada Irlanda.

Kronberger (NI).
Señora Presidenta, se ha elogiado mucho al Sr. Söderman y también a los dos ponentes, Sr. Wyn y Sr. Koukiadis. Es una cuestión de principio que yo reitere estos elogios, tras haber leído el gran tomo que se edita anualmente y haber visto la gran cantidad de cosas que ha conseguido. Resulta lamentable que la Comisión de Peticiones no pueda desempeñar el papel que le corresponde a causa de la insuficiencia de los recursos de que está dotada. La Comisión de Peticiones debe ser un punto de contacto real para los ciudadanos, pero el Consejo también debería tenerlo en cuenta. El Tratado de Niza establece que la Unión Europea tiene que acercarse a los ciudadanos. Esto puede representar una buena oportunidad de llevarlo a cabo, y es muy importante que el Defensor del Pueblo haya ofrecido desarrollar actividades conjuntas con defensores del pueblo locales y regionales y con comisiones de peticiones. Siempre resultará difícil que los Estados miembros reconozcan que la Unión Europea debe estar al servicio de la gente.
En particular, hay que prestar mayor atención a los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales. En este punto es donde resulta tan importante que la Carta sea de legalmente vinculante y se incorpore a los Tratados. Si no conseguimos que esto se apruebe, resultará muy difícil defender la credibilidad de la Unión Europea.

Camisón Asensio (PPE-DE).
Señora Presidenta, me voy a referir al informe Koukiadis.
No ha pasado ni siquiera un año desde que debatimos aquí el informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones correspondientes al año 2001 -del que fui ponente- y me complace comprobar que el derecho de petición potencia cada vez más el control político que el Parlamento Europeo puede ejercer sobre los excesos en los casos de violación del Derecho comunitario. Ello permite asimismo valorar el estado de aplicación de tal derecho dentro de la Unión y el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a las instituciones comunitarias, aspectos de gran transcendencia en una Unión tan amplia, tan variopinta y, a veces, tan desvinculada de aquellas instituciones.
Todo esto queda recogido magistralmente en el informe del Sr. Koukiadis que, por otra parte, llega en el momento histórico de la Convención, que no debiera soslayar -sería un gran error- el refuerzo del derecho de petición y la ampliación de un código uniforme de buena conducta administrativa. Por todo ello, felicitamos al ponente, Sr. Koukiadis.
Sin embargo, lamentamos nuevamente -y ese aspecto también se recoge en el informe que debatimos- la ligereza con la que el Consejo sigue tratando este inalienable e irrenunciable derecho de los ciudadanos europeos, ya que el Consejo sigue ausente en todo el proceso, y lo hace en un momento en que intenta ser potenciado, en detrimento del Parlamento y de la Comisión.
Por otra parte, nos parece de perlas que se intente introducir medidas preventivas para evitar atropellos al patrimonio cultural o medioambiental -que, por cierto, son asuntos que van en cabeza de las preocupaciones de los ciudadanos europeos.
Asimismo, y para terminar, insisto en la conveniencia de que se investiguen los procedimientos orientados a remediar, de manera eficaz, la escasa disposición de las autoridades nacionales a cooperar con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Debemos estudiarlos y ponerlos en práctica lo antes posible. Basta ya de posturas tibias del Consejo y de los Gobiernos nacionales. Como sugiere el ponente y ya se ha propuesto en informes correspondientes a años precedentes, deberíamos llegar incluso a denunciar en conferencias de prensa el obstruccionismo o las reticencias que las resoluciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento encuentran por parte de los Gobiernos.
Yo también quiero desearle lo mejor a Jacob Söderman en su retiro ibérico.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, el informe presentado por el Defensor del Pueblo demuestra que este es un cargo importante y necesario. Tenemos que salvaguardar los recursos financieros de la oficina del Defensor del Pueblo. Esto no siempre se toma demasiado en serio en la Comisión de Presupuestos del Parlamento. Utilizaré el mismo símil que utilizó el ex Ministro de Asuntos Exteriores Andrei Gromyko, de la antigua Unión Soviética, cuando se refirió al actual presidente del Partido Popular Socialdemócrata Ruso, Mijaíl Gorbachov. El Defensor del Pueblo ha de tener los dientes de hierro.
Con respecto a la gestión de los recursos humanos en la UE, los miembros de la Comisión actúan tanto de fiscales como de jueces. Esto se demuestra una vez más en el caso de Martha Andreasen. También sería conveniente que el imparcial Defensor del Pueblo investigara el castigo de esta persona. El sistema actual no proporciona protección legal. También valdría la pena que el Defensor del Pueblo emprendiera una investigación de oficio e informara sobre las prácticas administrativas del Banco Central Europeo. La franqueza y transparencia de este banco respecto de su administración representa el nivel más bajo en la UE.
Resulta lamentable que en su informe anual el Defensor del Pueblo tenga que declarar que las instituciones de la UE han fracasado en la puesta en práctica de la Carta de los Derechos Fundamentales y en la aplicación de la decisión sobre la buena conducta administrativa del Parlamento Europeo. Los comentarios sobre discriminación administrativa por razones de edad o sexo son particularmente lamentables.
En el informe anual hay 21 fotografías del Defensor del Pueblo, y en su mayoría aparece con una expresión amable en su rostro. En cuestiones incumplimiento de la buena práctica administrativa, su amable aspecto exterior no debería llamar a engaño a nadie. Nuestro Defensor del Pueblo actúa de forma audaz, igual que Jaakko Ilkka en la guerra finlandesa de los garrotes contra la tiranía de la nobleza administrativa.

Hautala (Verts/ALE).
Señor Presidente, no utilizaré mis dos minutos para dar las gracias al Defensor del Pueblo -lo cual sería perfectamente posible-, sino que centraré mi atención en un asunto planteado en el informe del Sr.Wyn. El Defensor del Pueblo ha pedido a la Convención que en algunos casos debería poder referir las violaciones de los derechos fundamentales al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta idea debe tomarse muy en serio, porque el Defensor del Pueblo parece ser la única institución europea que está realmente basada en los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales. Las demás instituciones parecen estar incumpliendo sus exigencias, a pesar de que deberían ser ellas mismas quienes se vinculasen a estas exigencias.
En segundo lugar, me gustaría mencionar un punto del informe presentado por el Sr. Koukiadis, que es crucial con respecto al comentario del Sr. Kronberger sobre el refuerzo de poderes de la Comisión de Peticiones, para que pudiese representar y defender los derechos de los ciudadanos. El apartado 5 del informe del Sr. Koukiadis afirma que los Tratados deberían dar a los ciudadanos la posibilidad de iniciar una reforma del derecho comunitario mediante una petición al Parlamento Europeo.
Apoyo esta visión y creo firmemente que, puesto que estamos discutiendo sobre las oportunidades de los ciudadanos de ejercer influencia, deberíamos incluir a los ciudadanos como participantes en el proceso de toma de decisiones, y no sólo como temas de este proceso. Podríamos tomar como ejemplo un país como Suiza, donde la gente puede iniciar el proceso legislativo. Creo que necesitamos estas iniciativas si queremos que el público acepte que la Unión Europea tenga jurisdicción sobre sus vidas.

Gemelli (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Söderman, al Comisario Liikanen y a los ponentes de los dos grandes informes presentados en nombre de la Comisión de Peticiones. En particular, me gustaría dar las gracias al Defensor del Pueblo Europeo, con quien hemos sido testigos en la Comisión de Peticiones de un encuentro experimental provechoso entre diferentes tradiciones legales. Se ha progresado hacia la consecución de grandes objetivos respecto al desarrollo de procedimientos para implementar el derecho de petición y hacerlo realidad, con reflejo en el Acuerdo Interinstitucional y, lo que es más importante, por lo que respecta al Defensor del Pueblo, con el desarrollo de la red, con la realización, por parte de las regiones de Europa de la naturaleza esencial de la relación con los ciudadanos, la cual se establece a través de los defensores del pueblo regionales.
Creo que esta labor debe continuar, porque el derecho de petición está relacionado con la conciencia de los ciudadanos de su ciudadanía europea. Cuanto más conscientes sean los ciudadanos de su ciudadanía europea -y están siendo conscientes de ello-, mayor será el diálogo que establezcan con las instituciones europeas. Mientras que muchos diputados se han centrado en la manera en que las peticiones pueden contribuir a la supervisión de las instituciones europeas, me gustaría recalcar la relación de confianza creada entre los ciudadanos y las instituciones europeas a través del derecho de petición, y por tanto, el reconocimiento de estas instituciones, cuya competencia es más amplia que la de los órganos de distrito, provinciales, regionales o de Estado. En la Comisión de Peticiones estamos continuando este proceso para permitir que el derecho de petición sea eficaz y efectivo, y asociamos la iniciativa con el informe Perry-Kessler, que fue fundamental para nosotros y en el que establecimos puntos que estamos procurando implementar.
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En este momento estamos intentando crear una relación entre las comisiones parlamentarias, porque tienen que saber qué dicen los ciudadanos en sus peticiones, para así ser capaces de decidir si cubren un vacío legislativo o si enmiendan o reinterpretan una directiva. Por esta razón, nosotros pedimos y recibimos informes de propia iniciativa, para ilustrar los problemas de los ciudadanos.
Para concluir, me gustaría señalar que la Convención sobre el futuro de Europa está en marcha, y que trabaja para preparar un tratado constitucional. En vista de ello, esta es una gran oportunidad, en particular para asegurar que se otorgue mayor importancia a la opinión de los ciudadanos europeos.

Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, la tarea del Defensor del Pueblo requiere gran paciencia y considerable optimismo a fin de conseguir que las instituciones de la UE cumplan las exigencias básicas que atañen al Estado de derecho y la responsabilidad democrática. El Sr. Söderman ha desempeñado esta labor con paciencia infinita, en particular respecto a la Comisión, la cual no ha mostrado ninguna comprensión de la cultura administrativa elemental. Sin embargo, resulta difícil mantener el optimismo. No quiero decir que el Sr.Söderman se haya dado por vencido, pero el hecho de que el competente y paciente Defensor del Pueblo de la UE haya decidido retirarse pronto es una señal de que el poder absoluto de la Comisión resulta demasiado aplastante. El poder absoluto no sólo da como resultado la pasividad, sino que también se revela en la oposición activa a los esfuerzos del Defensor del Pueblo por introducir la cultura administrativa de los países nórdicos en las instituciones de la UE. Un par de ejemplos: la libertad de expresión se ejerce en forma de libertad para dedicar varios cientos de millones de euros en difundir la propaganda de la UE conjuntamente con la censura implacable de las voces críticas. Uno sólo tiene que leer acerca de la última víctima de la arrogancia de poder. Su nombre es Marta Andreasen. La protección de datos no se utiliza para proteger las vidas privadas de los ciudadanos, sino para asegurar el monopolio del conocimiento de la Comisión. 
La Comisión ha saboteado el derecho del Defensor del Pueblo a recabar información no censurada. Me tomaré la libertad de mencionar la brillante respuesta del Defensor del Pueblo a la escandalosa declaración de la Comisión el 6 de marzo de este año, declaración caracterizada por el Defensor del Pueblo en términos de los puntos de vista negativos y falsas suposiciones que contenía. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Con su último informe, el Sr. Söderman se merece toda nuestra gratitud por haber intentado hacer el camino más corto, pero su partida vuelve a poner de actualidad la pregunta de si llegaremos al final del camino o sólo nos quedaremos en el comienzo. ¿Se caracteriza el sistema de la UE por un poder absoluto, resistente al Estado de derecho y a la responsabilidad democrática? Hay un número muy grande de testigos que responderían afirmativamente a esta pregunta.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, Estrasburgo simboliza no sólo la paz, sino también los derechos humanos, las libertades civiles y el gobierno parlamentario. Fue aquí, hace cincuenta años, donde se constituyó el Consejo de Europa, y donde aún se tiene una preocupación especial por los derechos humanos. Fue aquí, hace cincuenta años, donde se adoptó la Convención Europea de Derechos Humanos, de la cual es fruto nuestro vecino, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue aquí, hace cincuenta años, donde se reunió por vez primera el Parlamento Europeo. Esta semana celebramos su cincuenta aniversario. También fue aquí donde celebramos nuestra primera sesión conjunta con la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, la cual quizás ha resultado bastante difícil en términos técnicos, pero debo decir que los responsables vencieron las dificultades de forma brillante. También fue una oportunidad largamente esperada para construir vínculos más sólidos entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo.
Estrasburgo también es la sede del Defensor del Pueblo Europeo, quien expresa nuestra visión de una Europa de los ciudadanos, una Europa de derechos humanos.
Se ha dicho con frecuencia que Bruselas, al ser la sede del Consejo y de la Comisión, es cada vez más un sinónimo de mala práctica administrativa. Considero que esta afirmación es bastante injusta, y tengo que decirlo, porque Bruselas es el lugar donde la administración del Consejo y de la Comisión hace muchas cosas ejemplares. En efecto, la presente Comisión -y durante muchos años he sido considerado uno de los mayores críticos de la Comisión- y también el Sr. Liikanen han hecho muchos esfuerzos por mejorar de forma sistemática sus prácticas administrativas. 
A pesar de ello, todavía hay que realizar una gran cantidad de cosas. A diferencia de la Sra. Hautala, yo no creo que la introducción de una democracia más directa persuada al público de la necesidad de una integración europea. Lo que funciona excepcionalmente bien en una pequeña estructura democrática como el cantón de Appenzell, no funcionará del mismo modo en una Comunidad de quinientos millones de habitantes. El resultado final sería una sociedad gobernada por la histeria, en la cual la política sería administrada por demagogos en las cadenas de televisión. Lo que necesitamos es descentralización y Estado de derecho.
Hoy se ha hablado mucho acerca de la cultura nórdica. Y lo agradezco. El Defensor del Pueblo es un invento nórdico, pero nosotros no somos la comunidad nórdica, somos la Comunidad Europea. El concepto de derecho supranacional es un logro romano. Por esta razón me ha alegrado escuchar algo que ha dicho el Sr. Gemelli. «Es decisivo que la gente sea consciente de su ciudadanía europea». También se puede expresar igual de bien en latín: «Civis europaeis sum». La unificación de Europa sólo se conseguirá cuando la gente pueda decir esta frase. Por esta razón necesitamos una buena administración, principios de derechos humanos claros, y Europa como una Comunidad basada en el Estado de derecho.

Frahm (GUE/NGL).
) Señor Presidente, yo también quiero aplaudir el espléndido trabajo realizado por el Sr. Söderman en su calidad de Defensor del Pueblo Europeo. Sin embargo, quiero recalcar asimismo que el Sr. Posselt y el Sr. Liikanen han dicho algo importante. Necesitamos instituciones que luchen por los derechos de los ciudadanos en la UE. Necesitamos colegas que demuestren que están a favor de defender los derechos de los ciudadanos, pero esto no es suficiente. Nuestra labor es asegurar que los ciudadanos también dispongan de los recursos para luchar por sus propios derechos. Nuestra labor también es garantizar que el individuo no se encuentre indefenso ante las instituciones de la UE. Además, este es precisamente el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. Por lo tanto, nuestra labor en el Parlamento Europeo también es asegurar que el Defensor del Pueblo disponga de oportunidades y herramientas que favorezcan unas condiciones de trabajo adecuadas, incluido el acceso a los documentos y la oportunidad de hablar con los empleados y de obtener respuestas claras. Insto a la Presidencia danesa a que haga esfuerzos en esta dirección para asegurar que el Defensor del Pueblo Europeo pueda trabajar como desea.

Marinos (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también quiero comenzar felicitando al Defensor del Pueblo Europeo por su valiosa y excelente labor, antes de comentar el excelente informe de mi honorable amigo Sr. Koukiadis, y de llamar la atención de la Cámara sobre dos puntos que, en mi opinión, deberían incluirse en los Tratados con ocasión de la Convención.
El primero se refiere al punto 17, que pide que se busquen maneras de persuadir a las autoridades nacionales de que respondan a las peticiones de los ciudadanos y a las preguntas formuladas por la Comisión de Peticiones y la Comisión Europea. A menudo nos encontramos con la indiferencia o tenemos que hacer frente al obstruccionismo. El ponente y la Comisión de Peticiones han adoptado de forma unánime la siguiente propuesta, que tengo el honor de presentar: «En caso de indiferencia u obstruccionismo por parte de las autoridades nacionales, los medios de comunicación nacionales deben ser informados de esta actitud negativa y del contenido de la reclamación del demandante». Como todos sabemos, nada afecta más a las autoridades nacionales y locales que se expongan públicamente sus actos ilegales u omisiones, o incluso su indiferencia hacia sus ciudadanos. Esta publicidad podría conseguirse mediante la edición de comunicados de prensa en el idioma del país en cuestión, y mediante la organización de conferencias de prensa en las cuales podrían participar diputados nacionales en el Parlamento Europeo, en especial miembros de la Comisión de Peticiones.
En segundo lugar, me gustaría señalar que la Comisión de Peticiones recibe un número enorme de peticiones quejándose de obras proyectadas o ya iniciadas, o de conductas por parte de autoridades nacionales que violan la normativa preceptiva de la Comunidad, lo cual a menudo comporta un daño irreparable del medio ambiente o del patrimonio cultural europeo. Los procedimientos que dan pie a condenas por parte del Tribunal Europeo tardan tanto tiempo que resultan inútiles, porque el daño ya se ha hecho y no se puede reparar.
Por esta razón creo que deberíamos encontrar maneras de prevenir el daño mientras el Tribunal Europeo llega a una decisión final sobre una petición al respecto. Como ustedes saben, se pueden dictar medidas cautelares de prohibición u obligación de conformidad con la legislación nacional, impidiendo que se inicien o prosigan actividades dañinas hasta que se toma una decisión sobre si son o no legales. Esta propuesta va en este sentido y deberíamos apoyarla con fervor. De lo contrario, ¿qué ocurrirá si se destruye, por ejemplo, un hábitat natural? No se podrá recuperar.

Ebner (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar señalando que la protección de los ciudadanos y de sus derechos constituye uno de los principios fundamentales de nuestras democracias. Creo firmemente que si salvaguardamos los derechos de nuestros ciudadanos y les proporcionamos suficiente protección, también podremos pedirles que cumplan con sus responsabilidades. En mi opinión, esta debería ser la consideración principal. En consecuencia, debemos consolidar estos derechos, y la manera de conseguirlo pasa por el derecho de petición, que da al ciudadano la posibilidad de apelar a un órgano que puede entonces realizar controles, ya sea la Comisión de Peticiones o el Defensor del Pueblo Europeo.
Agradezco mucho la cooperación entre las dos instituciones, lo cual considero un desarrollo muy positivo. La red está en marcha y mejora continuamente, y, por lo tanto, creo que el acceso debe facilitarse aún más. La mejora ha sido posible gracias al uso de nuevas tecnologías, pero creo que el acceso se facilita cuando la información sobre accesibilidad se distribuye lo más ampliamente posible. Por lo tanto, todavía necesitamos hacer mucho más en cuanto a la diseminación de información. Por ejemplo, sería útil que todas las publicaciones editadas por las instituciones europeas que puede leer el público contuvieran en el futuro un apartado con información para entrar en contacto con el Defensor del Pueblo Europeo y con la Comisión de Peticiones, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de recibir ayuda cuando consideren que las administraciones públicas no hacen lo que deben y cuando se hayan infringido sus derechos, y para asegurar de que conocen la existencia de esta posibilidad. Esto nos ayudaría a mejorar nuestras estructuras porque, de hecho, si somos conscientes de que existen funcionamientos deficientes reales o supuestos, seremos capaces de tomar las medidas adecuadas para subsanarlos.
Terminaré con un apunte muy personal. Señor Söderman, en 1995 no voté por usted, sino por el Sr. Siegbert Alber para que fuera el ocupante de la oficina contigua a la mía. Tanto más convencido le doy las gracias sinceramente por su labor y sus esfuerzos en nombre de los ciudadanos. Gracias, y mucha suerte para el resto de su mandato.

Söderman
Señor Presidente, quisiera concluir hablando en mi propio idioma. Finlandia es un país bilingüe en el cual la minoría lingüística disfruta de un alto nivel de protección, tal y como me gustaría demostrar. La protección segura para las minorías es algo que ciertamente podríamos exportar a muchos rincones del mundo.
En el debate del Parlamento de hoy, casi todo el mundo ha apoyado los mismos valores. En consecuencia, no queda mucho que decir sobre este debate, pero me gustaría expresar mi gratitud por todas las amables palabras dichas en mi honor. Comprenderán que esas palabras también se aplican a todos aquellos que han participado en el mismo proceso, incluidos, por supuesto, todos los diputados que se han interesado por el trabajo del Defensor del Pueblo y que nos han alentado con su consejo y su crítica. También se aplican a las instituciones representadas hoy por el Sr. Liikanen y por los funcionarios, Sr. Massangioli y Sr. Godts, quienes han trabajado mucho conjuntamente con sus colegas para responder al Defensor del Pueblo y para asegurar que se resuelven los asuntos. 
Además, el Defensor del Pueblo no hace más que encabezar el trabajo. También me gustaría dar las gracias a mi personal por el buen trabajo realizado y por el alto nivel de motivación que han mostrado en su deseo de ayudar a todos los ciudadanos europeos. Por último, sólo espero que a mi sucesor y, como ya saben, hay muchos buenos candidatos le den la misma acogida estimulante y seria que me dieron a mí. De esta manera, los ciudadanos de Europa prosperarán después de mi jubilación. Sin duda, aceptaré la invitación de visitar la soleada Irlanda.

El Presidente.
También a mí me gustaría dar las gracias al Sr. Söderman por toda su labor durante los últimos años.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0278/2002) de la Sra. Boudjenah, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión con respecto a la negociación de acuerdos de asociación económica con los países y las regiones ACP [2002/2097(INI)].

Boudjenah (GUE/NGL)
Señor Presidente, el objetivo principal de cualquier acuerdo entre los países ACP y la Unión Europea debería ser fomentar formas de desarrollo sostenible que contribuyan a reducir la pobreza y sirvan de base para la integración de los países ACP en la economía mundial. Esta frase, extraída de la Declaración de Ciudad del Cabo, resume bastante bien el espíritu con el que la Comisión de Desarrollo y Cooperación elaboró el informe que hoy les presento.
Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas que contribuyeron a su elaboración con la presentación de numerosas enmiendas o mediante su participación activa en las audiencias que organizamos, una con el Comisario Lamy y otra con la Secretaría del Grupo ACP y dos representantes de ONG africanas y europeas. También deseo dar las gracias a los numerosos interlocutores, personalidades destacadas, ONG y sindicatos con quienes he procurado tomar en consideración todos los problemas planteados.
Las negociaciones de los acuerdos de asociación se celebrarán, por lo tanto, mañana en Bruselas. Se trata de un acontecimiento importante que marca el final de una etapa, pero también el comienzo de otra, en la que cada cual deberá hacer oír su voz. Con el Acuerdo de Cotonú, que promete un nuevo enfoque participativo, ha llegado el momento de innovar. Un amplio debate público, acompañado de unas negociaciones abiertas y transparentes, sería un buen punto de partida. El objetivo de dichas negociaciones coincide directamente con el debate ya en curso sobre la correlación entre comercio y desarrollo. La dimensión del desarrollo es cada vez más importante en nuestra política comercial, como manifestó el Comisario Lamy, y tomamos debida nota de ello. Sin embargo, todavía nos preocupa que el desarrollo vaya quedando reducido así, progresivamente, a una mera dimensión accesoria de la liberalización del comercio, cuando se requieren políticas específicas en este ámbito. Desde luego, deberíamos preguntarnos cuáles son los méritos intrínsecos de la apertura de los mercados. Ésta no frenará, por ejemplo, el deterioro de las relaciones de intercambio de los países pobres, a pesar de que éste es uno de los obstáculos principales que se oponen a su desarrollo y, lo que es más importante, a su supervivencia.
¿Necesita el mundo, en realidad, una dosis adicional de libre comercio o un nuevo enfoque en materia de desarrollo? ¿Se puede reducir al comercio la erradicación de la pobreza en los países ACP? ¿No debería ser éste, en primer lugar y por encima de todo, un instrumento para el desarrollo, para satisfacer las necesidades de la población? ¿No deberíamos abordar primero las causas estructurales de la pobreza? Creemos que éstas residen sobre todo en las insuficiencias de unas estructuras de producción y comercialización centradas en la exportación inmediata de materias primas, en vez de transformarlas in situ y fomentar el comercio Sur-Sur. Las barreras no arancelarias también constituyen importantes obstáculos para el acceso a los mercados de la Unión Europea. Por lo que respecta a los sistemas de precios garantizados, ¿no han adolecido tal vez de una ausencia de los medios necesarios para evitar que unas circunstancias desfavorables echen por tierra los esfuerzos de los países en desarrollo? Finalmente, la introducción de criterios de condicionalidad a los ajustes estructurales, bajo la égida del FMI y del Banco Mundial, y el peso del reembolso de la deuda entran ciertamente dentro de la categoría de los fracasos de la cooperación UE-ACP. Aun así, deberíamos escuchar a los países ACP cuando se afanan por conservar los mejores aspectos del Convenio de Lomé, que se apoya mucho en el principio de no reciprocidad.
La propuesta de unas nuevas relaciones comerciales podría resultar, por lo tanto, contraproducente si consiste en la oferta de ventajas que a su vez son obstáculos que es preciso superar. Un experto africano lo ilustró con el siguiente ejemplo: podemos exportar ordenadores, coches deportivos y equipamiento para centrales nucleares sin pagar derechos de aduana; el único problema es que no fabricamos nada de eso. 
Resulta conmovedor saber que podemos exportar sorgo y mandioca a Europa, pero lamentablemente los consumidores europeos no los quieren. En estas circunstancias, ¿es necesario alcanzar acuerdos de libre comercio o más bien habría que invertir en instrumentos de producción y flexibilizar las condiciones para la concesión de patentes de fabricación? Estos aspectos son objeto de negociaciones paralelas que se están desarrollando en el marco de la OMC. La Unión Europea y los países ACP constituyen conjuntamente una parte considerable de los miembros de la OMC; en otras palabras: una mayoría, una fuerza capaz de influir en las negociaciones hasta 2005 y que debe hacerlo y asegurar así el reconocimiento de los derechos de los países en desarrollo. Estos países sufren una debilidad de sus estructuras económicas, que justifica un trato especial que permita hacer frente a las causas de la desigualdad en el mundo. Lo que se requiere es un trato especial y diferenciado que permita afrontar nuevos retos y que, a la vez, incorpore medidas tecnológicas, económicas y comerciales a largo plazo, encaminadas a construir capacidades duraderas en todos los sectores en los que existe desigualdad entre los países.
Antes de acabar, permítame que plantee algunas preguntas concretas. ¿Qué repercusión es probable que tengan las zonas de libre cambio sobre la situación social, económica y medioambiental de los países ACP? El Sr. Lamy anunció que se elaborará un estudio detallado, que abarcará un período de cuatro años, para acompañar al proceso. De acuerdo. Pero ¿cómo va a ser posible formular opiniones pertinentes sobre las directrices propuestas si no se dispone cuanto antes de esa información esencial? Además, ¿podría indicarnos la Comisión qué criterios se emplearon para elaborar el estudio y con qué medios contarán los países ACP para llevar a cabo su propia evaluación? ¿Qué coherencia existe entre el conjunto de los acuerdos de libre comercio que está firmando la Unión Europea con diversos socios? ¿Qué sentido tiene, por lo tanto, que los países ACP firmen dichos acuerdos?
Pasemos a considerar ahora la organización de las negociaciones. ¿Están dispuestos la Comisión y el Consejo a aceptar la propuesta del Grupo ACP de que se prevea una primera fase lo bastante larga como para poder aclarar, como destacó el Sr. Goulongana, Secretario General del Grupo, el objetivo de los AAE, sus principios, sus normas básicas, etc.? Por nuestra parte, estamos convencidos de que es preciso hacer cuanto esté en nuestras manos para mantener la cohesión del grupo ACP. Otro tanto puede decirse del proceso de integración y unidad actualmente en curso en África.
En lo que se refiere a los servicios, consideraremos cualquier propuesta de liberalización, excepto en los ámbitos de la educación, la sanidad, el agua, la energía y los transportes. Por eso, estoy dispuesta a aceptar la enmienda 2 presentada por el Grupo PPE-DE, pero como complemento. Los servicios públicos son factores esenciales del modelo social?
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Liikanen
. (EN) Señora Presidenta, la Comisión aprecia y agradece el gran interés del Parlamento Europeo por las negociaciones del acuerdo de asociación económica UE-ACP, según refleja el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación a cargo de la Sra. Boudjenah y la opinión de la Comisión de Industria y Comercio a cargo del Sr. Titley. Deseo agradecer a Sus Señorías su trabajo. El Parlamento Europeo también ha demostrado tener un perfecto sentido de la planificación al presentar este informe justo antes del comienzo de las negociaciones de los acuerdos de asociación económica entre la UE y los Estados ACP de mañana.
Desde el punto de vista de la Comisión, el principal punto fuerte del informe es situar el desarrollo de los países ACP en el centro de las negociaciones de los AAE. Aquí es donde la Comisión desea estar exactamente. Los AAE deberán ser una herramienta para la integración suave y gradual de los países ACP en la economía mundial, promocionando así el desarrollo sostenible y contribuyendo a la erradicación de la pobreza.
Llegados a este punto, los países ACP y la UE acordaron negociar con espíritu de asociación, la eliminación gradual de barreras comerciales entre ellos. Los acuerdos adoptados se extenderán a todas las áreas relacionadas con el comercio, en particular en lo que se refiere a medidas indirectas. Los AAE también deben ser compatibles con la OMC y basarse en las iniciativas de integración regional de los países ACP como principales instrumentos para la integración de los países ACP en la economía mundial. Esto es en pocas palabras lo que se estableció en el Acuerdo de Cotonú entre la UE y los Estados ACP firmado en junio de 2000 y ratificado por el Parlamento Europeo.
En Cotonú, los países ACP y la UE acordaron entablar negociaciones para AAE y establecer objetivos, principios y modalidades para estos acuerdos. Por consiguiente, algunas de las cuestiones planteadas en el informe ya se habían resuelto en el momento del Acuerdo de Cotonú. La Comisión se refiere, por ejemplo, a aquellas secciones del informe que exigen la continuación de preferencias arancelarias no recíprocas para los países ACP. Las preferencias no recíprocas no han logrado ni pueden lograr una mayor integración de los países ACP en la economía mundial.
Es preciso un planteamiento más exhaustivo destinado a mejorar la capacidad comercial y de oferta y de captación de inversiones de los países ACP. Esta fue la conclusión conjunta de los Estados ACP y la UE en la negociación del Acuerdo de Cotonú, y por ello decidieron firmar acuerdos comerciales compatibles con la OMC para la eliminación gradual de todas las barreras comerciales entre ellos.
La liberalización del comercio por ambas partes es un factor indispensable de este compromiso, siempre que no se siga ciegamente sino con flexibilidad. A corto plazo, nuestro objetivo común es emplear el comercio para el desarrollo. Asimismo, el mantenimiento, consolidación y posible ampliación de los protocolos sobre mercancías no están en consonancia con el Acuerdo de Cotonú, que establece que revisaremos estos protocolos. La Comisión opina que no debemos prejuzgar esta revisión. Por último, toda decisión sobre alternativas de los AAE en el marco del Acuerdo de Cotonú se adoptará en 2004 si las negociaciones de los AAE demuestran que estos no ofrecen soluciones adecuadas para casos específicos en los países afectados.
La Comisión reconoce la necesidad, destacada en el informe, de análisis y evaluación del impacto de los AAE en el desarrollo sostenible. Ello exigirá un esfuerzo a fondo y sostenido durante las negociaciones. La evaluación del impacto de sostenibilidad prevista en paralelo con las negociaciones ha sido diseñada de manera a alcanzar esta meta. Permitirá el análisis sistemático del impacto de las diferentes alternativas políticas consideradas en el curso de las negociaciones de los AAE según vayan desarrollándose, e inspirarán la elección de los negociadores. Sus resultados en curso mantendrán las negociaciones al día hacia un desarrollo sostenible legítimo.
La Comisión también respalda a los países ACP que deseen emprender sus propios estudios. Nos hemos cerciorado para que importantes sumas de dinero estén disponibles para planes regionales, nacionales y otros de los países ACP, no sólo para la realización de estudios sino para el comercio relacionado con un mayor desarrollo de la capacidad y asistencia. Mientras tanto la Comisión sigue avanzando en la evaluación del impacto de la sostenibilidad y lo haremos con plena transparencia respecto al Parlamento Europeo.

Titley (PSE)
. (EN) Señor Presidente, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía agradece en general la Comunicación de la Comisión, puesto que los AAE entre la UE y las diferentes regiones pueden reforzar la cooperación económica entre los países ACP y fomentar su desarrollo económico. Por consiguiente, agradecemos en especial la propuesta de la Comisión de que, antes de que se liberalice el comercio con la UE, el tratamiento dado a la UE se amplíe a todos los socios ACP con los que se han celebrado AAE. Este punto tiene especial importancia.
No va a resultar fácil, y ya se han esbozado algunas de las razones. Debemos proceder con cautela y flexibilidad. No debemos presionar a los países ACP para que entren en negociaciones que consideran que no son las adecuadas y debemos salvaguardar y respetar los derechos de los países menos desarrollados a las preferencias arancelarias no recíprocas. Sin embargo, necesitamos estimular la asistencia técnica para lograr el establecimiento institucional, que permitirá obtener resultados equilibrados. Es necesario que nos aseguremos que tomamos en cuenta las limitaciones de capacidad de los países ACP y buscamos establecerlas como parte del proceso.
Es preciso que tengamos en cuenta que la abolición de los aranceles podría causar una pérdida de recursos públicos lo que conllevaría problemas de tipo presupuestario. No debemos perder de vista nuestro objetivo de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible en el marco del Acuerdo de Cotonú.
Por lo tanto, la posición de la Comisión de Industria está a favor de apoyar el punto de vista de la Comisión, agradece que las negociaciones comiencen mañana y su única petición es de que procedamos con sensibilidad y cautela.

Schwaiger (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el acuerdo de asociación económica con las regiones ACP responde a un intento de la Unión Europea de asentar la futura cooperación al desarrollo con estos Estados sobre una nueva base, con mejores perspectivas y mayores probabilidades de éxito, Su intención es que el incremento de los intercambios económicos permita combatir la pobreza a largo plazo y contribuir a mejorar con el tiempo las posibilidades de ingresos de la población de los Estados ACP.
Se espera conseguir que los Estados ACP estén en condiciones de desarrollar, por medio de la cooperación regional entre ellos, sus propios mercados operativos, que son necesarios para incrementar los intercambios comerciales con nosotros, tanto de bienes como de servicios. La apertura recíproca de los mercados, en particular la apertura del gran mercado interior europeo, responde al propósito de permitirles mejorar las ventas de sus productos en este mercado ?y quizá también de otros artículos de mayor calidad que todavía están por elaborarse?, y poner así los cimientos para el desarrollo de sus economías nacionales.
Como parte de este esfuerzo, la UE prevé aportar una generosa ayuda técnica encaminada a equipar a los agentes económicos y administrativos mejor capacitados. Las negociaciones que se van a iniciar ahora deberían centrarse, por lo tanto, en la transformación de los Estados ACP en socios económicos con una mayor capacidad de actuar, lo que también permitiría dar mayor impulso al desarrollo social y cultural. Habría que mejorar sustancialmente el informe de propia iniciativa de la Sra. Boudjenah -siento tener que decirlo-, con la incorporación de diversas enmiendas, de manera que la Unión Europea pueda negociar desde una posición más sólida, en vez de que ésta se vea debilitada, como sucede ahora.
A largo plazo, debemos intentar llegar a un acuerdo razonable que respete los intereses de los Estados ACP. Todo esto tiene muy poco sentido si implica lo que se vislumbra en diversos puntos del informe, a saber, intentos de lanzar acusaciones contra la Comisión, que en los últimos meses ha intensificado el diálogo con los Estados ACP y les ha hecho propuestas relacionadas con su desarrollo sostenible que incluyen ayuda técnica. Lo importante es que la Comisión siga adelante, con nuestra ayuda, con la creación de un nuevo espacio económico ACP. Se debe sustituir el sistema desfasado e ineficaz de preferencias para determinadas importaciones por otro más adecuado.
Se deben aplicar las normas de la OMC y también las del Acuerdo de Cotonú, pero con flexibilidad y sin tergiversar sus objetivos. La opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía -el Informe Titley- coincide en lo esencial con nuestros planteamientos al respecto, pero nosotros pedimos que la apertura de los mercados se concentre en los bienes y servicios, tal como prevén las normas de la OMC y el Acuerdo de Cotonú. Por ejemplo, Europa y África no comparten un mercado interior común y por eso tampoco puede existir una libre circulación generalizada de trabajadores.
Pedimos que se promueva la liberalización de manera flexible, con períodos transitorios, pero que no se descarte la liberalización de sectores económicos importantes. Asimismo opinamos que es necesaria una buena protección de las inversiones, con el fin de evitar que ello conduzca a un estancamiento y un declive económicos, como se puede apreciar actualmente en las políticas de Zimbabwe y otros países. No nos oponemos en absoluto a que la UE ofrezca ayuda técnica para evaluar el impacto de la creación de zonas regionales de libre comercio en África, pero rechazamos rotundamente que el inicio de las negociaciones se condicione a ello, lo cual podría mantener bloqueada durante largo tiempo la reforma de las relaciones entre la UE y los Estados ACP. No queremos que se establezcan unas normas alternativas para nuestras relaciones con los Estados ACP; debemos respetar las normas de la OMC y de nuestro propio Acuerdo de Cotonú, aplicándolas con flexibilidad y con unos períodos transitorios.
Por eso hemos presentado varias enmiendas, cuya aceptación nos permitiría apoyar el informe; de lo contrario, votaremos en contra o nos abstendremos.

Howitt (PSE).
Señor Presidente, desearía felicitar a la Sra. Boudjenah por la oportunidad de este informe. En el Grupo PSE, estamos totalmente de acuerdo con la ponente respecto a que el comercio es un medio y no un fin, no un fin en sí mismo. El fin es el desarrollo de las economías de los países ACP y la disminución de la pobreza para las personas más pobres en estos países.
Una piedra de toque de la Comisión -creo que el Sr. Liikanen no fue sincero en lo que dijo esta mañana- es si de verdad se está abierto a posibles alternativas. Nunca formó parte del Acuerdo de Cotonú que la propuesta para alternativas a los AAE se retrasaría a 2004 y espero que retire este punto cuando finalice el debate.
También deseamos hacer constar que estamos totalmente de acuerdo con lo que la Sra. Boudjenah ha expuesto sobre la necesidad de adelantar las evaluaciones de impacto para que podamos ver realmente el impacto de estas negociaciones. Una vez más y con relación a la industria azucarera y las propuestas del «todo menos armas» de hace uno o dos años, la Comisión no ha obtenido un historial demasiado a fondo respecto a evaluaciones de impacto imparciales y asuntos comerciales.
He sido seleccionado como candidato a la presidencia de la Comisión de Comercio en la Asamblea Parlamentaria Paritaria entre la UE y los países ACP. Esperamos firmemente desempeñar un papel activo en la supervisión de estas negociaciones comerciales y fomentar su transparencia. El Comisario estará de acuerdo en que la Declaración de Ciudad del Cabo aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria a principios de este año ofrece una gran oportunidad, tanto a los parlamentarios como a la sociedad civil de modo más general, de tener un papel mucho más relevante que el que conllevan estas negociaciones cruciales.
Deseamos que se delibere la reforma de la PAC. La Comisión se equivoca en este punto. A los países ACP se les plantean dificultades si la Comisión impone la agenda. También a la UE se le plantean dificultades y ¿qué derecho tenemos a impedir que se discuta?
Por último, en lo que se refiere a cuestiones de mayor amplitud de los países ACP, estos desean establecer algunos principios en un solo bloque. No desean estar supeditados a dividir y gobernar, y quedar relegados a la discusión de asuntos con sus grupos regionales. Si creemos en la asociación en el desarrollo, debemos respetar sus deseos.

Miranda (GUE/NGL).
Señor Presidente, permítame que felicite, en primer lugar, a la ponente, Yasmine Boudjenah, por su meticuloso y oportuno trabajo, que nos permite disponer hoy, en la víspera de la apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica, de un informe de incuestionable valor sobre un tema particularmente importante y de actualidad.
El contenido del informe -y quiero destacar que éste fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, en contraste con lo que parece insinuar el Sr. Schwaiger- y las palabras de presentación de la propia ponente harán más sencilla mi intervención.
Voy a limitarme, por lo tanto, a comentar unos pocos aspectos de esta compleja cuestión. En primer lugar, quiero manifestar que es preciso no minimizar, para acomodarse a la OMC, la importancia de una asociación que cuenta con décadas de existencia y que yo creo que debe mantenerse y concentrarse sobre todo en un objetivo fundamental: el desarrollo de nuestros más de 70 países asociados y la satisfacción de las necesidades básicas de sus pueblos. Esto pone de relieve la importancia de otra cuestión: los acuerdos de asociación económica previstos en el Acuerdo de Cotonú y la dimensión comercial del acuerdo en su conjunto no pueden prevalecer sobre, ni mucho menos sustituir, una forma de cooperación que debe abarcar varios otros aspectos y que, a mi parecer, se tiene que ampliar y debe procurar obtener mejores resultados que en el pasado.
En segundo lugar, quiero destacar que considero fundamental garantizar que se respeten plenamente las formas, el calendario y los medios de integración regional adoptados por dichos países -que, como sabemos, no siempre son sencillos o ni siquiera evidentes-, así como que es necesario prestar una atención especial al nuevo acontecimiento que supone la reciente constitución de la Unión Africana. Y fundamentalmente creo que es crucial garantizar que no se deteriore la situación positiva que representa el Grupo ACP actual.
En tercer lugar, y en vista de la disparidad entre los niveles de desarrollo de ambas partes negociantes y las conocidas limitaciones en lo que respecta a las capacidades de los países ACP, en particular, quiero señalar que es preciso elaborar estudios sobre las repercusiones previsibles de los nuevos acuerdos en sus diversas formas posibles y en los diversos ámbitos, o presentarlos cuanto antes si ya se han elaborado, sin olvidar que esas limitaciones mismas indican que es fundamental asegurarse de que estos países reciban un trato especial y diferenciado que garantice unos niveles de protección capaces de asegurar su desarrollo.
En cuarto lugar, quiero aludir, no obstante, a un aspecto más específico que considero importante y que ya ha mencionado el Sr. Titley. Me refiero al hecho de que los ingresos por derechos de aduana constituyen una fuente de financiación muy importante y, a veces, casi exclusiva de los presupuestos de los países ACP: es decir, que las medidas de liberalización del comercio que se adopten deberán tener en cuenta este hecho de suma importancia.

Lannoye (Verts/ALE).
Señor Presidente, la votación de hoy es importante y se ajusta muy bien a nuestro calendario de trabajo, puesto que mañana empiezan las negociaciones de los acuerdos de asociación con los países ACP. Es importante, por lo tanto, que el Parlamento transmita a la Comisión un mensaje firme y claro con respecto a dichas negociaciones, a través de las recomendaciones que formulamos.
Por mi parte, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la ponente, así como felicitarla. El informe de la Sra. Boudjenah se aprobó por unanimidad en comisión, lo cual es muy positivo. Nosotros compartimos plenamente su punto de vista sobre la materia y la apoyamos.
En este sentido, me ha dolido escuchar las declaraciones del Sr. Schwaiger, que podrían dividir al Parlamento en relación con este asunto, en un momento del todo inoportuno. No obstante, es posible que el Grupo PPE-DE no comparta por completo la opinión del Sr. Schwaiger.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por el PPE-DE, no creo que éstas mejoren el informe, sino que su finalidad es más bien diluirlo o edulcorarlo. Desde un punto de vista político, no tiene ningún sentido presentar una posición débil o edulcorada ante la Comisión.
En el fondo, cuando se habla de acuerdos de asociación, esta última palabra tiene una connotación muy agradable, en eso coincidimos todos, puesto que remite a una relación entre iguales, o socios, con los países ACP. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar que no somos iguales a los países ACP. Éstos tienen economías débiles y frágiles. Suscribir el concepto de liberalización absoluta del comercio, sin evaluar primero sus consecuencias para la situación social, medioambiental y económica de estos países, es como adentrarse en un túnel sin luz. Por ello, consideramos que primero se debería realizar una evaluación de las repercusiones. Dos años después de Cotonú, ésta sería muy de agradecer.
Debemos asimismo suprimir las barreras estructurales y comerciales que impiden que estos países puedan beneficiarse plenamente de las actuales preferencias no recíprocas. Sería suicida mantenerlas. ¿Cuáles son estas barreras? Aunque la ponente ya ha abordado esta cuestión, quisiera resaltar un factor que se ha criticado repetidamente: me refiero al problema de las subvenciones a las exportaciones de la Unión Europea, en particular las del sector agrícola.
Además, la falta de oportunidades para transformar localmente los productos es una de las grandes debilidades de dichas economías. Voy a dejarlo aquí, pues veo que he rebasado mi tiempo de uso de la palabra y usted se está mostrando inflexible hoy, Señor Presidente. El problema de la transformación, que crea valor añadido en el ámbito local, es fundamental, sin duda, y la ponente ha destacado con razón este aspecto.

Hyland (UEN).
Señor Presidente, me es grato participar en este debate sobre los acuerdos de asociación económica con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico. Deseo elogiar el excelente trabajo de la ponente.
Es importante que estos acuerdos de asociación económica contribuyan a situar a los países ACP en una posición desde la que puedan integrarse de forma gradual en la economía mundial. El desarrollo de capacidades en los sectores público y privado, la mejora de la producción y el cumplimiento de las disposiciones de la OMC deberían conducir a una mayor inversión en los países en desarrollo, en particular inversión externa y economías en expansión. Todos deseamos que las negociaciones lleguen a buen término, que deben comenzar a nivel de todos los países ACP dentro de próximos días.
Respecto a la cuestión principal del acceso al mercado, debemos avanzar hacia un mejor acceso a los mercados de la UE de las exportaciones de los países en desarrollo, para garantizar que las propuestas de negociación tomen en cuenta los intereses económicos de todas las partes involucradas. Ruego a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto de todas las propuestas. También pido encarecidamente a la Comisión que en sus negociaciones promueva enérgicamente la importancia de una mayor asistencia para la creación de capacidades comerciales.
Sin embargo, discrepo de la insistencia de la ponente en que una reforma de una política agrícola común es parte necesaria del proceso de integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio mundial. Las cuestiones relacionadas con los efectos externos de la PAC se tratarán en el contexto de la Ronda de Doha dentro de las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio. Los agricultores europeos han experimentado unos años de gran turbulencia, en relación con la EEB y la fiebre aftosa. En ocasión de la Agenda 2000, hubo una gran reforma de la PAC y ahora nos enfrentamos con propuestas de revisión que afectarán gravemente nuestra producción y nuestros mercados si se llevan a cabo. Se requiere estabilidad y las sugerencias sobre la necesidad de una nueva reforma sólo aportarán mayor incertidumbre.

Sandbæk (EDD).
Señor Presidente, quiero felicitar, en primer lugar, a la Sra. Boudjenah por su acertado informe, que destaca como un hecho positivo que la Comisión desee crear una zona de libre cambio entre la UE y los países ACP. Las barreras arancelarias no son, sin embargo, el problema más importante para los países ACP, sino, como ya han señalado también varios colegas, las exportaciones agrícolas fuertemente subvencionadas de la UE. Por citar sólo un ejemplo sencillo, a Europa le cuesta casi 700 euros producir una tonelada de azúcar, mientras que en muchos países africanos su producción sólo cuesta algo menos de 300 euros. La simple teoría económica nos indica, por lo tanto, que la posición de los países africanos en los mercados del azúcar debería ser superior a la nuestra y que su liberalización debería constituir una vía para de crecimiento. Sin embargo, debido a las ayudas a la exportación de la UE, esto no es así, puesto que la UE brinda un apoyo a las exportaciones por un montante de 1 104 millones de euros, de manera que los agricultores europeos pueden vender su azúcar a un precio mucho más barato que los países en desarrollo. Evidentemente, el desarrollo de mercados interiores en los países ACP tampoco modificará esta situación. Ya se ha dicho, pero nunca lo repetiremos suficientemente: la UE no será un socio creíble, mientras mantengamos las ayudas agrícolas. Éstas constituyen un obstáculo para cualquier forma de desarrollo y de lucha contra la pobreza.

Bordes (GUE/NGL).
Señor Presidente, el informe destaca muy acertadamente que los resultados de la llamada asociación UE-ACP no concuerdan en absoluto con su pretensión de fomentar y acelerar el desarrollo económico. En vez de registrar un aumento de sus exportaciones a la Unión Europea, los países ACP las han visto reducirse casi a la mitad desde que se firmó el acuerdo. Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los países ACP se han deteriorado, en vez de mejorar. Dichos países se han empobrecido, en lugar de experimentar un desarrollo. La única conclusión que se puede extraer de ello es que los objetivos declarados en el Convenio de Lomé, el Acuerdo de Cotonú, etcétera, están muy alejados de la realidad. Los acuerdos se disfrazan como un sistema de preferencias, pero fomentan el expolio de los países pobres por los grandes inversores de los países europeos ricos. En el pasado colonial, el saqueo se llevaba a cabo de manera abierta y descarada. Ahora que las antiguas colonias son independientes, no se habla de dictados, sino de negociaciones, ni de explotación, sino de asociación, pero el sistema sigue siendo el mismo. Las relaciones comerciales entre los países imperialistas y los países pobres están diseñadas de manera que los primeros continúan enriqueciéndose a expensas de los segundos.
Nosotros compartimos la oposición de la ponente a la propuesta de la Comisión para crear zonas de libre cambio. Este tipo de libertad equivaldría a poner a un zorro al cuidado de las gallinas. Sin embargo, sería inútil intentar mejorar un sistema que falla por su base. La única salvación para los países pobres reside en una transformación radical del sistema económico mundial.

Lucas (Verts/ALE).
Señor Presidente, agradezco calurosamente este informe y felicito a la ponente por su trabajo excelente y, en particular, el haber expresado con tanta claridad la interpretación del Parlamento de que el comercio sólo es un medio para un fin, y este fin es el desarrollo sostenible. Demasiado a menudo, en estas instituciones, existe una incoherencia masiva entre la política comercial europea, por un lado, y la política de desarrollo europeo por otra, con intereses comerciales que con demasiada frecuencia debilitan los objetivos de desarrollo. 
Con este informe, el Parlamento envía un mensaje muy claro de que los objetivos de desarrollo deben tener prioridad. Deseo subrayar algunos puntos clave. El primero, la capacidad. Es simplemente increíble que algunos de los países ACP más pobres dispongan de los recursos financieros y técnicos necesarios para continuar con la Agenda de Doha de la OMC, la Agenda del GATT, la Agenda NEPAD o ALCA al mismo tiempo que la Agenda de asociaciones económicas de la UE; y, a la vez, continuar de alguna manera con sus propios procesos de integración regionales. Sin embargo, son estos mismísimos procesos de integración regional los que la Comisión manifiesta querer apoyar. Debemos alejarnos de calendarios impuestos externamente para los que los países necesitan adoptar nuevos acuerdos, y en su lugar permitirles que se vayan adaptando a su propio ritmo, según cuales sean sus propias necesidades de desarrollo, al igual que los países industrializados pudieron hacerlo en su día.
Por último, no está de más insistir en la importancia de esperar hasta que dispongamos de los resultados de las evaluaciones del impacto de estos acuerdos económicos propuestos. Deben llevarse a cabo con la plena participación de las personas locales y debemos obtener los resultados de estas evaluaciones de impacto antes de que comiencen las negociaciones. Si fuera necesario, debemos estar preparados para posponer las negociaciones hasta disponer de los mismos. Sólo así podremos tener la seguridad de que la iniciativa contribuirá realmente a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible.

Farage (EDD).
Señor Presidente, este informe es aparentemente bien intencionado y reconoce la necesidad de los países ACP de exportar sus productos. Hay frases que suenan muy bien tales como: «hay que poner remedio a la desigualdad en el mundo». Sin embargo, como siempre, es pura palabrería e idealismo simplista. De hecho, lo que realmente me sorprende aquí es la gran cantidad de auténtica hipocresía. Los productos agrícolas son una parte muy importante de las exportaciones de los países ACP. Sin embargo, a pesar de todas las buenas palabras, el régimen arancelario de la UE hace que sea un mercado difícil, en el que un 16% como precio de entrada para los productos ACP es bastante normal. También significa que en Europa los consumidores pagan un precio excesivo por los alimentos. Naturalmente, la solución a todo ello -una auténtica reforma de la política agrícola común- no es sino un espejismo.
¿Cómo podemos ni tan siquiera hablar de acuerdos de asociación con estos países, dado el interminable escándalo de los acuerdos de pesca de la Unión Europea? Este Parlamento sigue avalando por mayoría abrumadora acuerdos que suponen ingentes sumas de dinero de los contribuyentes que van directamente a parar a regímenes corruptos africanos: hasta 1.400 millones de euros tan sólo en los últimos años, de los cuales sólo un pequeño porcentaje o nada llega a las comunidades locales que lo necesitan. Debido a ello, cientos de pescadores negros indígenas africanos siguen muriendo. Ya he planteado antes este punto en este hemiciclo, y se me recibe con agresividad por parte de los españoles y con indiferencia por parte del Comisario Fischler. Para satisfacer la codicia de las grandes compañías en Europa, se hace la vista gorda ante un desastre humanitario.
No espero que haya muchas personas aquí que estén de acuerdo con mi punto de vista sobre la integración política en la Unión Europea. En este ámbito de los acuerdos de pesca, me gustaría que me sorprendieran y nos dejaran ver algún tipo de reforma dando a estas comunidades costeras africanas en apuros alguna oportunidad. Desde 1994 ha habido repetidas pruebas documentales de todo ello y ya es hora de que se haga algo al respecto.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

El Presidente.
Señorías, tengo el placer de dar la bienvenida a la tribuna de invitados a una delegación del Parlamento moldovo. Los miembros de la delegación han acudido a Estrasburgo para reunirse con sus homólogos del Parlamento Europeo, con ocasión de la quinta reunión de la Comisión Parlamentaria de Cooperación entre la UE y Moldova.

Al igual que todos mis colegas, confío en que esta reunión sea productiva y espero que los miembros de la delegación tengan una estancia agradable en Estrasburgo.

La delegación del Parlamento argelino, encabezada por el Sr. Bouzid Lazhari, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo de la Nación, visita hoy por sexta vez el Parlamento Europeo, en el contexto de las relaciones interparlamentarias.
(Aplausos)
Al darle la bienvenida a usted, señor Lazhari, y a los miembros de su delegación, quisiera destacar la importancia que otorgamos a estos encuentros, que nos brindan la oportunidad de reiterar nuestro compromiso con los valores y principios democráticos y con el respeto de los derechos fundamentales. El momento es oportuno, dado que en la actualidad estamos examinando el proyecto de acuerdo de asociación entre Argelia y la Unión Europea.
Señor Lazhari, espero que las reuniones que ha mantenido con los miembros de la delegación hayan resultado útiles y, en nombre de la Cámara, le reitero nuestra cordial bienvenida.

Sakellariou (PSE).
Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral al apartado 5, que en su última frase dice: «considers in consequence that signing such an agreement is incompatible with membership of the European Union». Desearía que se sustituyese el término signing por el de ratification. Éste es mucho más claro y también indica que los Estados que ya han firmado acuerdos todavía tienen la oportunidad de abstenerse de ratificarlos. Por ello, preferiría que se incluyese la palabra ratification, en lugar de signing.
Sakellariou (PSE).
Comprendo que pueda suscitar reservas por el hecho de tratarse de una enmienda oral, pero creo que, dada la situación en Oriente Medio, que ha sido el tema de nuestro debate de hoy, tenemos que demostrar la flexibilidad suficiente para poder aprobar una enmienda de estas características.
Brok (PPE-DE)
Señor Presidente, quisiera proponer la siguiente enmienda oral a la enmienda del Sr. von Wogau: «Deberá adoptar la forma de un protocolo anexo a la constitución, y la adhesión a éste será de la competencia soberana de cada Estado miembro».
Brok (PPE-DE)
Señor Presidente, dado que esta Asamblea tiene menos inclinaciones intergubernamentales, yo sustituiría en este contexto la palabra Consejo por Comisión. De paso, quisiera felicitar al Sr. Van Orden, gracias a cuya iniciativa se ha conseguido que la constitución incorpore el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea en su totalidad, sin ninguna excepción.
Ribeiro e Castro (UEN)
He votado a favor del informe, ante todo porque creo que el Defensor del Pueblo Europeo cumple un papel muy importante, especialmente en vista de la distancia cada vez mayor que existe entre los órganos institucionales de la UE y los ciudadanos de los Estados miembros, en los procesos de toma de decisiones. En segundo lugar, porque deseo rendir un homenaje a la extraordinaria labor realizada por el Defensor del Pueblo saliente, Jacob Söderman. En tercer lugar, porque apoyo algunas de sus directrices más llamativas, concretamente la petición de que se apliquen siempre los principios consagrados en el Código de buena conducta administrativa de la UE y de que las instituciones apliquen rigurosamente el Reglamento nº 1049/2001/EC relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones europeas.
No obstante, me siento obligado a criticar con dureza los intentos que de nuevo se han hecho, también aquí, para otorgar jurisdicción «por la fuerza» a la llamada Carta de Derechos Fundamentales, en un gesto que sólo se puede interpretar como un ataque contra la legalidad y la democracia europea; si la CIG, el único órgano competente en esta materia, no dio ese paso, porque no lo creyó oportuno, ningún órgano, tribunal u organismo comunitario está autorizado a hacerlo, so pena de infringir seriamente la ley.

Ribeiro e Castro (UEN)
He decidido apoyar el informe y la propuesta de resolución teniendo en cuenta, concretamente, algunos aspectos que quisiera destacar: su solicitud de que la Convención Europea también se ocupe de consolidar el derecho de petición; su invitación a que se incorporen nuevas herramientas de tratamiento de datos que permitan que los solicitantes puedan seguir la tramitación de sus peticiones y las de otras personas a través de Internet; su crítica a la falta de entusiasmo del Consejo, en lo que respecta a la cooperación con la Comisión de Peticiones; y también su solicitud de que las peticiones se examinen y se tramiten con mayor rapidez. Creo que las peticiones podrían llegar a ser un instrumento importante para el ejercicio de la ciudadanía y la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas y las instituciones, y me parece muy interesante la idea que plantea el ponente en cuanto a la posibilidad de que «los ciudadanos inicien la reforma de la legislación comunitaria mediante la presentación de peticiones al Parlamento Europeo».

Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, los conservadores británicos apoyan la idea central de esta Directiva. Nuevos motores de combustión de mezcla pobre o de tecnología de raíl común requieren combustibles bajos en sulfuro como habilitador tecnológico para que los convertidores catalíticos avanzados puedan funcionar. Sin embargo, es un error ampliarlo a la maquinaria móvil no de carretera, como los tractores y la maquinaria de construcción. Todavía no van equipados con convertidores catalíticos y, por lo tanto, no requieren este tipo de combustible. De hecho, se producirá más CO2 en el proceso de refinado por tratamiento adicional. Los costes del combustible se incrementarán un 10% como mínimo, lo que representará una nueva carga que añadir a los agricultores ya de por sí en apuros que deberán soportarla cuando menos pueden. Lamentamos profundamente que las enmiendas 10 y 13 hayan sido aprobadas por el Parlamento.

Bernié (EDD)
El informe de la Sra. Hautala sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo entraña graves consecuencias económicas para las explotaciones agrícolas y forestales.
En primer lugar, amplía a las máquinas móviles no de carretera (o sea, los tractores agrícolas y forestales) las normas de calidad de los combustibles aplicables a todos los vehículos de carretera. Nosotros consideramos que esta medida corresponde al ámbito de la Directiva sobre máquinas móviles no de carretera.
En segundo lugar, la reducción del contenido en azufre para las máquinas móviles no de carretera supondrá un incremento del 8 al 10% del precio por litro. Esta medida multiplicará la calidad del gasóleo en el mercado y generará considerables problemas logísticos, sin que suponga ningún valor añadido para el medioambiente.
Por último, la exigencia de la utilización de una nueva categoría de combustible en la agricultura obligará a cambiar los depósitos, con un coste medio de 5 000 euros por explotación. Esto representa un coste extra considerable para un sector como el de la agricultura, ya debilitado por las crisis sanitarias, y que está a la espera de las nuevas directrices de la PAC.
Con objeto de evitar la quiebra de este sector, preferiríamos que se excluyesen las máquinas móviles no de carretera y se respetase la posición común realista adoptada por el Consejo.
Thomas-Mauro (NI)
Queremos expresar nuestras reservas con respecto al informe Hautala. El objetivo de reducir el contenido de azufre de la gasolina y el gasóleo es, sin duda, elogiable, pero los considerables problemas logísticos que plantea la propuesta no parece que vayan a reportar ningún beneficio conocido para el medioambiente. Cuando la Comisión de Medio Ambiente examinó el informe, ni la ponente ni tampoco la Comisión pudieron pronunciarse sobre las diversas implicaciones de la iniciativa desde el punto de vista de la relación entre costes y beneficios.
Nosotros no apoyamos que se incluyan en la directiva a partir de 2005 los combustibles destinados a las máquinas no de carretera. Es una propuesta poco realista que podría debilitar todavía más al sector agrícola. Deberíamos revisar la cuestión de la completa equiparación de los vehículos en el momento de la revisión intermedia de 2005.
Nos oponemos asimismo a que se supriman las excepciones actuales relativas al contenido de azufre de la gasolina y el petróleo. El objetivo es poder seguir respondiendo a las restricciones asociadas con el abastecimiento de las regiones ultraperiféricas.
Finalmente, condenamos que no se reconozca la necesidad de modificar el límite de volatilidad de las mezclas de etanol y gasolina. Esta medida tiene por objeto permitir que los Estados miembros incluyan la gasolina con etanol incorporado, con el fin de cumplir así los objetivos establecidos en la propuesta de directiva sobre biocombustibles.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Piscarreta (PPE-DE)
Las embarcaciones de recreo son una realidad cotidiana en Portugal y, más concretamente, en la región turística del Algarve. Con este contexto en mente, quiero manifestar mi apoyo incondicional al ponente, el Sr. Callanan, y a la propuesta de la Comisión que tiene por objeto mejorar la adecuación de las embarcaciones de recreo a las normas de protección del medioambiente vigentes, en particular en lo que respecta a las emisiones de escape y al ruido de los motores, que son perjudiciales tanto para el medioambiente de la región como para el bienestar de quienes pasan sus vacaciones allí.
La adecuación de las embarcaciones existentes a la legislación supondrá unos costes considerables que no pueden ser desproporcionados para los propietarios de los barcos ni tampoco recaer exclusivamente sobre los astilleros. Por ello, considero innecesarias las inspecciones anuales obligatorias de las embarcaciones.

Sacrédeus, Wijkman (PPE-DE)
Los demócrata-cristianos suecos hemos votado hoy a favor del informe que establece límites europeos más rigurosos para las emisiones sonoras y de escape de las embarcaciones de recreo.
No obstante, rechazamos una armonización total de las normas, dado que las condiciones básicas varían mucho en los distintos Estados miembros. Se deberían adoptar, por contra, unos niveles mínimos que permitan a los Estados miembros establecer niveles más rigurosos por razones medioambientales.
Asimismo rechazamos que se establezcan unas exigencias comunes en materia de gases de escape más rigurosas para los lagos, puesto que muchas embarcaciones de recreo se utilizan indistintamente en el mar y en los lagos, sobre todo en Suecia y Finlandia. Una consecuencia posible de esta diferenciación es que no se sustituyan los motores antiguos más contaminantes por otros nuevos, porque éstos no cumplan las exigencias más rigurosas.
Las emisiones causan problemas de especial gravedad en los países donde el agua potable se obtiene de los lagos. También en estos casos, unas normas mínimas concederían a los Estados miembros libertad para imponer requisitos más rigurosos en materia de emisiones de gases de escape. Los Estados miembros también deberían tener la posibilidad de prohibir o limitar la circulación de embarcaciones de recreo en determinados lagos.
Finalmente, consideramos que sería un error introducir nuevas exigencias más estrictas con respecto a la emisión de gases de escape, apenas tres años después de la entrada en vigor de la directiva. Para la industria es importante contar con unas normas básicas claras. Unas normas mínimas son el instrumento más adecuado para fomentar el desarrollo. Éstas brindan a los fabricantes la oportunidad de adaptarse de manera voluntaria y de desarrollar tecnologías que se adecuen a las normas vigentes más estrictas, con objeto de poder vender en todos los Estados miembros.

Schleicher (PPE-DE)
El resultado de la votación me ha decepcionado profundamente, en mi calidad de diputada alemana y bávara del Parlamento Europeo. En nombre de mis estimados amigos de la CSU, con quienes he votado a favor de unos valores límite más rigurosos, debo manifestar firmemente que se ha desperdiciado, hasta dentro de muchos años, una oportunidad de limitar la contaminación de las aguas causada por las embarcaciones de recreo.
Por desgracia, tenemos la impresión de que los fabricantes de motores para embarcaciones de recreo están frenando deliberadamente los avances en ingeniería -tenemos un ejemplo de ello en Suiza-, con objeto de poder argumentar como lo ha hecho el ponente.
A todos los que apoyan el uso deportivo de embarcaciones a motor y de vela, conscientes de que cada vez son más numerosas las personas aficionadas a estos deportes y a estas actividades de ocio, debería preocuparles que se practiquen con el mayor respeto posible por el medioambiente.
El dudoso resultado del Pleno de hoy ciertamente no puede ser motivo de satisfacción.

Berthu (NI)
Hemos votado a favor de la resolución sobre los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johanesburgo porque demuestra -y esto es muy positivo- que los países europeos comparten, en gran medida, una visión común sobre estas cuestiones y que manifiestan un alto grado de sensibilidad con respecto a ellas. La Unión Europea y los Estados miembros pueden actuar a partir de esta base y convertirse en el futuro -así lo esperamos- en protagonistas destacados del respeto por el medio ambiente a escala mundial.
A pesar de que los resultados reales de Johanesburgo son insuficientes para responder a las necesidades (puesto que la enorme magnitud de los problemas medioambientales del mundo sólo puede describirse como espantosa), la Unión Europea pudo desempeñar un papel de catalizador; por ejemplo, mediante la puesta en marcha de acuerdos de asociación relativos al agua, la descontaminación y la energía.
Entre mis reservas particulares, quisiera destacar las tres siguientes:
la primera se refiere al excesivo protagonismo que la Unión Europea permitió que tuviera la OMC en lo que respecta a la conciliación entre las normas comerciales y las medioambientales;
en segundo lugar, la supresión gradual de las subvenciones a las exportaciones agrícolas es un objetivo deseable, pero desde luego no lo es la supresión de todas las ayudas interiores;
Finalmente, los diputados no participaron suficientemente en el trabajo de coordinación previo.

Boudjenah (GUE/NGL)
«La brecha cada vez más profunda entre el Norte y el Sur se debe convertir en nuestra nueva frontera, nuestro nuevo reto. En Europa derribamos un muro y no podemos aceptar que otro muro divida al mundo en dos.» Romano Prodi pronunció estas sugerentes palabras el 2 de septiembre en Johanesburgo, donde no vaciló en señalar la necesidad de «medidas concretas» y «calendarios obligatorios». Lamentablemente, ustedes ya saben tan bien como yo qué ocurrió luego.
Aunque no debemos infravalorar las ventajas que supone la ratificación del Proceso de Kioto y la iniciativa de reducir a la mitad hasta 2015 el número de personas que no tienen acceso a agua potable de calidad y a unas condiciones sanitarias adecuadas, la Cumbre de la Tierra no fue capaz de «devolver la esperanza a los más pobres», independientemente de lo que piense el Sr. Prodi.
«Asegurémonos de que el siglo XXI no aparezca, para las generaciones futuras, como un crimen contra la humanidad, contra la vida»? Ésta era, ni más ni menos, la tarea de la Cumbre Mundial de Johanesburgo. Por desgracia, la persona que pronunció estas palabras, el Presidente francés, como muchos otros jefes de Estado de las mayores potencias del mundo, ha prestado escasa atención al reto que se nos plantea: la supervivencia de la Tierra y de la humanidad.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Caudron (GUE/NGL)
En 1992, se celebró en Río la Cumbre de la Tierra, dedicada a tratar el tema del desarrollo sostenible.
Desde entonces se han celebrado numerosas conferencias. Johanesburgo debería haber sido la ocasión para traducir todas las buenas intenciones expresadas durante los últimos diez años en un plan de acción concreto, valiente y ambicioso.
Hoy me siento decepcionado por los pobres resultados conseguidos. No merece la pena repetir la lista de insuficiencias del plan de acción adoptado.
Sólo quiero destacar que en los debates sobre el desarrollo sostenible se prestó demasiada poca atención a la política de investigación.
Aun cuando el papel principal de la ciencia es vigilar el estado del medio ambiente e informar de él a los gobernantes y a la opinión pública, cabría esperar de ella que ofreciera soluciones a los problemas medioambientales.
Europa, que ha creado su espacio de investigación europeo, un espacio abierto al mundo, debe estar en condiciones de compartir con los países en desarrollo sus conocimientos científicos y los beneficios derivados de su experiencia. Dichos países tienen que resolver una difícil ecuación: la conciliación entre la necesidad de un crecimiento firme y rápido, y todo el daño que éste puede acarrear desde un punto de vista social y medioambiental.

Fiebiger (GUE/NGL)
La supresión de los incentivos a las exportaciones agrícolas y de las barreras a las exportaciones de alimentos de los países en desarrollo permitirá que los países del Sur ocupen el lugar que les corresponde dentro del comercio mundial.
Sin embargo, a menudo se exagera la interrelación entre comercio, contaminación medioambiental y desarrollo que se deriva de la política agraria de la UE. Las perturbaciones en los mercados agrícolas afectan a pocos productos y, por lo tanto, habría que examinar sus posibles repercusiones para un desarrollo duradero.
Tenemos que actuar e impulsar los llamados aspectos no relacionados con el comercio en el curso de las negociaciones en el marco de la OMC. Esta organización debe dejar de eludir las cuestiones referentes a la protección de los consumidores, el medio ambiente y las normas de protección de los animales. Esto incluye llevar a la práctica la labor a favor del desarrollo de los quince Estados miembros de la UE, tal como se ha formulado en más de una ocasión.
Se deben examinar de inmediato, de manera detallada, las decisiones adoptadas en Doha (sobre el comercio) y en Monterrey (sobre las finanzas).

Fitzsimons (UEN)
. (EN) Ahora que ha concluido la Cumbre, debe continuar el trabajo decisivo de garantizar el desarrollo sostenible. En Johanesburgo lo se logró todo, pero se han realizado auténticos progresos. Estoy seguro de que la Cumbre supondrá una diferencia significativa en ámbitos esenciales como el agua y la energía. 
La única manera de tratar estos asuntos pasa por una acción común a escala mundial. En la UE sabemos lo mucho que podemos lograr haciendo fondo común de nuestros recursos, con el establecimiento de normas comunes, abordando juntos los problemas ambientales que tienen implicaciones transfronterizas.
Podemos estar orgullosos de que la UE desempeñara un papel crucial en Johanesburgo al presentar una agenda sobre desarrollo sostenible muy ambiciosa. Sin los esfuerzos de la UE, no creo que la Cumbre hubiera realizado grandes progresos.
La Cumbre no fue capaz de lograr un resultado satisfactorio para el objetivo de incrementar la cuota de energía renovable en la producción de energía mundial. Ello es fundamental si todos debemos cumplir nuestros compromisos con el Protocolo de Kioto. Incluso si algunos países del mundo desarrollado no ponen nada de su parte en este sentido, creo que la UE y otros países con ideas afines deben, no obstante, bregar a favor de una actuación más ambiciosa en este terreno.

Krivine (GUE/NGL)
Lejos de aprender las lecciones de la crisis ecológica y social que asola al planeta, la Cumbre de Johanesburgo ha demostrado la irresponsabilidad con que actúan los Estados. El Gobierno Bush es responsable, en gran parte, del estancamiento de las negociaciones. No obstante, la Unión Europea tampoco mostró mayor voluntad al atenerse rigurosamente a las decisiones inaceptables de Doha y Monterrey.
Si la UE quisiera apoyar realmente el desarrollo del Sur, anularía todas las ayudas a las exportaciones agrícolas, que ponen los productos en el mercado a unos precios que no admiten competencia. La Política Agrícola Común continúa basándose en el planteamiento productivista de la multiplicación de los excedentes. Debemos reorientar con urgencia las ayudas directas, con el objeto de fomentar la agricultura sostenible. Los países pobres tienen que estar en condiciones de proteger su agricultura frente a la apertura generalizada de las fronteras que propugna la OMC, estableciendo protecciones arancelarias que les permitan estabilizar los precios internos.
La necesidad de financiación para garantizar el acceso al agua potable, a la energía, a la salud y al transporte es enorme. Tenemos que acabar con el estrangulamiento de los presupuestos públicos como resultado de las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI, así como cancelar la deuda externa de los países del Sur. Los Estados nacionales deben recuperar su soberanía para definir sus prioridades en materia de desarrollo. La resolución presentada al Parlamento no tiene suficientemente en cuenta estos aspectos y por ello me he abstenido.

Patakis (GUE/NGL)
La UE puede hacer declaraciones grandilocuentes, pero los lamentables resultados de Johanesburgo confirman que no ha sido más que una reunión, impregnada de hipocresía y lágrimas de cocodrilo, entre los países del llamado mundo desarrollado para tratar de la miseria que sus intereses capitalistas han impuesto al Tercer Mundo. Lamentablemente, la resolución del Parlamento Europeo, pese a todas sus buenas intenciones y su «sensibilidad», sólo es portavoz de la misma hipocresía.
Resulta indignante oír afirmar que la globalización capitalista beneficiará a los países pobres, cuando las condiciones inflexibles en las que se desarrolla el comercio internacional capitalista no contribuyen a mejorar en absoluto la vida de la población del planeta. Ni una palabra sobre la deuda externa que mantiene arrodillados a los países en desarrollo o sobre las responsabilidades de las multinacionales: sólo una lamentable autocomplacencia hipócrita cuando se invita a las mismas multinacionales a que demuestren «sensibilidad».
La pretensión de que las subvenciones a la producción agrícola en la UE son la causa del subdesarrollo del Tercer Mundo y que, por lo tanto, se deberían suprimir progresivamente se ha aceptado sin matices, en un frenesí de hipocresía.
Los mismos buenos deseos, los mismos ruegos apelando a la «sensibilidad», mientras no se registra ningún progreso en la aplicación del Protocolo de Kioto, equivalen a volver provocadoramente la espalda a una catástrofe inminente.
Nosotros vamos a votar en contra de la resolución, en señal de protesta contra quienes están allanando el camino para una explotación aún mayor de las masas.

Thomas-Mauro (NI)
El concepto de desarrollo sostenible nace de una necesidad: la de responder, mediante una solidaridad atenta al futuro, a la sensación de complejidad y dependencia que caracteriza a la globalización.
¿Qué clase de comunidad mundial debemos proponer, no obstante, a las generaciones futuras? Se esgrimen «antídotos terminológicos» disfrazados de panaceas; el concepto de desarrollo sostenible es uno de ellos.
En el contexto de un discurso medioambiental en el que el principio de cautela se transforma en una política, y el buen gobierno, en un mito, resulta sencilla la autoalimentación y autojustificación de dicho concepto. En efecto, este vago principio, que propugna la transparencia de la toma de decisiones, es a veces muy opaco.
La resolución de hoy es un ejemplo característico de los textos que se nos presentan sobre esta materia. Apoyándose en declaraciones de intenciones que hacen inevitable la unanimidad, abren la puerta a elementos técnicos, a veces discutibles. Hoy se trata de una reforma de la PAC y de la política comercial comunitaria y, por lo tanto, implícitamente, de la política pesquera.
No es mi intención denigrar un concepto firme y estimulante, sino alertar contra el riesgo de instrumentalización que puede entrañar. Asimismo proponemos que se retome la interpretación del Informe Brundtland, que definía el desarrollo sostenible como una orientación para la acción. De esta manera, se volvería a confiar la actuación a los Estados nacionales, en el contexto de organizaciones internacionales o por medio de la cooperación bilateral.
Berthu (NI)
Resulta bastante desagradable leer la resolución del Parlamento Europeo sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y descubrir en cada línea una cierta arrogancia por parte de la Unión Europea, que quiere obligar a los Estados miembros, a los países candidatos y a terceros países a que suscriban los Estatutos de la Corte o se nieguen a firmar acuerdos bilaterales con los no signatarios. Es como si la Unión Europea tuviese la exclusiva de principios universales superiores que le indican que la Corte debe tener competencia universal. Sin embargo, no es así.
La CPI se basa en un tratado que sólo vincula a las partes firmantes. En consecuencia, los Estados Unidos tienen derecho a estipular que, si no lo firman, sus ciudadanos no podrán ser juzgados por la Corte sin su consentimiento. La Unión Europea se equivoca cuando piensa o finge pensar lo contrario, y esto complica innecesariamente las relaciones transatlánticas.
Además, ante esta arrogancia europea, los Estados Unidos parecen tener buenos motivos para desconfiar. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Europa? Debemos recordar que puede ser peligroso abandonar las normas tradicionales del orden internacional, en favor de un sistema de justicia mundial que carecerá de fundamento real si no cuenta con el consentimiento de todas las naciones.
Pasqua (UEN)
A propósito del carácter escandaloso de los comentarios realizados sobre los Estados Unidos, yo sólo quisiera señalar que el Parlamento comete un acto de burda interferencia en los asuntos internos de un Estado soberano, al condenar su negativa -perfectamente legal y legítima, dicho sea de paso- a suscribir el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
¿En nombre de qué lo hace? En nombre de un proyecto de derecho penal internacional que se pretende imponer, Dios sabe cómo y por qué, a los miembros de la «sociedad internacional». Salta a la vista que los moralistas del «pensamiento correcto» cosmopolita no han aprendido nada.
La CPI representará para los derechos humanos lo mismo que representó la Sociedad de Naciones para el mantenimiento de la paz: un cascarón vacío.
La eficacia de un ordenamiento jurídico no depende únicamente de la legislación que elabora, sino también de la capacidad para imponer su ley como resultado de su monopolio de la violencia legítima. El orden público requiere un poder público, un imperium capaz de ejercer la coerción. El juez no es nada sin el poder de la espada.
Si queremos que la CPI sea algo más que un mero artilugio, tendremos que instaurar una autoridad internacional y, por lo tanto, un gobierno mundial. Por mucho que este planteamiento imperialista pretenda representar al humanismo universal, nosotros lo rechazamos.

Patakis (GUE/NGL)
La postura agresiva que han adoptado los estadounidenses en relación con la Corte Penal Internacional es producto de sus planes belicosos e imperialistas. Es perfectamente coherente con su actitud general hacia la ONU, a la que ignoran por completo cuando tienen dificultades para conseguir que se pliegue a sus intereses. Así, después de aprobar un proyecto de ley que concede inmunidad al personal estadounidense, aunque haya cometido crímenes de guerra o genocidio, ahora están coaccionando a diversos países para que suscriban acuerdos bilaterales que contienen cláusulas de inmunidad.
¿Qué está haciendo exactamente la llamada comunidad internacional ante esta provocación humillante? La ONU se ha apresurado a complacer a los estadounidenses concediéndoles inmunidad por sus delitos durante un año, como mínimo, y excluyendo el delito de agresión de la jurisdicción de la CPI. La UE mantiene firmemente su posición proatlántica y se niega a pronunciarse sobre los planes precipitados de guerra contra Iraq: un Estado miembro (Inglaterra) participa activamente en los preparativos de guerra y otros tres Estados miembros se han manifestado públicamente a favor de la contienda, sin que la UE haya reaccionado en absoluto.
A la vista de lo anterior, en nuestra calidad de miembros del Partido Comunista de Grecia, consideramos que el interés de la UE por la CPI, tal como se expresa en la resolución votada, es hipócrita y sólo forma parte de un punto muerto entre las potencias imperialistas mientras se disputan los despojos, y no vamos a apoyar la resolución.

Queiró (UEN)
He votado en contra de la resolución exclusivamente porque no creo que el Parlamento Europeo, que no es signatario del Estatuto de Roma, sea competente para interpretar ninguna de sus disposiciones, en concreto la que ha permitido a los Estados Unidos entablar negociaciones y llegar a acuerdos con algunos de los Estados signatarios.
Estoy también profundamente decepcionado por la postura que ha adoptado esta Asamblea con la amenaza implícita a los países candidatos a la adhesión y a otros que se benefician de ayudas económicas en el marco de acuerdos y asociaciones con la UE, con el fin de que se abstengan de adoptar, en el contexto de sus políticas exteriores legítimas, posturas que no concuerden con la interpretación unilateral que hace el PE del artículo 98 del Estatuto constitutivo de la CPI.
La presente explicación de voto también tiene por objeto señalar que uno de los países incluidos en la resolución es Timor Oriental, que no habría sobrevivido como Estado independiente sin una gran ayuda militar externa frente al invasor, ayuda que dudamos que se hubiese ofrecido si, en aquel momento, hubiera prevalecido la postura adoptada en esta resolución.
Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
La resolución común, que une a la izquierda y a la derecha de la Asamblea en una conmovedora muestra de unanimidad y se ocupa de las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, el mercado común en el que participan cuatro países latinoamericanos, entre ellos el Brasil y la Argentina, tiene por objeto, entre otras cosas, «revisar y resolver el problema de la deuda externa de los cuatro países», en un momento en el que la bancarrota de la Argentina se está propagando al Uruguay y amenaza ahora al Brasil.
La resolución insta a la Unión Europea a que ofrezca apoyo financiero al Mercosur. Aun enmendada con vagas promesas de ayuda para diversas «iniciativas de solidaridad económica» que ha tenido que poner en marcha la población para poder sobrevivir, la resolución aboga, sobre todo, por que el Mercosur siga siendo una bendición para las empresas europeas que, en cinco años, han triplicado sus exportaciones y que son los socios principales de la organización. A las empresas europeas les encantaría mantener así su pequeña parcela en el patio trasero de los Estados Unidos.
No obstante, la aplicación de esta política depredadora, cada vez más favorable a los grupos capitalistas tanto estadounidenses como europeos, y de la que se han beneficiado las clases adineradas de América Latina, es justamente lo que ha sumido a la mayoría de la población en la miseria y el paro. Continuar esta política de saqueo sólo puede agravar su extrema pobreza. Por ello, hemos votado en contra de la resolución.
Krivine (GUE/NGL)
La resolución común afirma que «la UE es el principal socio comercial y el principal inversor en el Mercosur». Deberíamos considerar más atentamente esas inversiones. Éstas están directamente relacionadas con las políticas liberales de ajuste estructural. Por ejemplo, empresas francesas como EDF, Suez Lyonnaise o France Telecom se han aprovechado de la oleada de privatizaciones de servicios públicos para introducirse en estos «mercados», con la única finalidad de obtener beneficios. Esto se ha traducido en el despido de trabajadores y en el aumento de las tarifas para los usuarios. La gota que colma el vaso es que una empresa como Edenor en la Argentina, la filial principal de EDF, está pidiendo actualmente al gobierno la renegociación de su deuda, junto con un acuerdo para aumentar sus tarifas. Privatización de los beneficios y nacionalización de las pérdidas: ésta es la verdadera cara del «compromiso estratégico y solidario de la Unión con los países del Mercosur y con su proyecto de integración económica y política», que la resolución elogia.
Despidos masivos, inseguridad, paro, pobreza, desmantelamiento de los servicios públicos: éste es el resultado de la política del FMI que han aplicado los países del Mercosur.
Por nuestra parte, reafirmamos nuestra total solidaridad con los movimientos populares que están surgiendo en dichos países, en particular en la Argentina. La primera medida mínima que podría adoptar Europa es la cancelación total de la deuda de los países del Mercosur. Puesto que nada de todo esto figura en la resolución, he votado en contra.
van den Bos (ELDR).
Señor Presidente, mi grupo ha votado, por buenas razones, a favor de la totalidad de la enmienda 3 al Informe Brok, incluida la parte en que el Parlamento insta a Iraq a que aplique todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, a fin de evitar que se tenga que imponer su cumplimiento por la fuerza.
La resolución vincula esto último a una declaración del Consejo de Seguridad sobre el resultado de las inspecciones. Como destaqué en mi contribución al debate de ayer, el Grupo ELDR también opina que una acción militar requiere la autorización explícita del Consejo de Seguridad. El conjunto de la enmienda del Grupo ELDR debe interpretarse, de hecho, en este sentido.
Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén y Hans Karlsson (PSE)
El informe del Sr. Brok nos parece, en general, acertado. Sin embargo, no estamos de acuerdo con algunos de sus puntos.
Apartado 11: Por razones de eficacia, y con objeto de aumentar la probabilidad de que la UE hable con una sola voz, vemos con buenos ojos, igual que el informe, la fusión de las tareas del Alto Representante y del Comisario de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, no estamos preparados para decidir, en este momento, en cuál de las instituciones se debe inscribir dicho servicio fusionado. En cualquier caso, la Política Exterior y de Seguridad Común es un tema intergubernamental.
Apartado 14: Estamos a favor de la norma que permitiría actuar a los Estados miembros en el marco de una cooperación reforzada, pero creemos que no debería ser admisible su aplicación en los ámbitos de la política de seguridad y de defensa.
Apartado 20: El informe no debería animar a los Estados miembros a aumentar sus presupuestos de defensa.
Apartado 23: No estamos de acuerdo con que deba modificarse el artículo 28 del Tratado, con objeto de que los costes de las operaciones militares, en el marco de la política común de seguridad y de defensa, se puedan financiar con cargo al presupuesto comunitario.
Apartado 26: No nos oponemos a que se estrechen las relaciones institucionales entre la OTAN y la UE, como requisito previo para que la UE pueda emprender eficazmente operaciones militares relacionadas con la gestión de crisis, pero, aun así, quisiéramos dejar patente que, en nuestra opinión, cualquier intervención militar debe ir precedida de un mandato adecuado de las Naciones Unidas.

Berthu (NI)
El Informe Brok constituye una muestra característica de las posturas habituales del Parlamento Europeo, en relación con la organización institucional de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC): fuerza al máximo la comunitarización de la PESC, en particular cuando aboga a favor de «una diplomacia europea común, que no única» (apartado 12), a favor de la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo (apartado 14) y a favor del traslado a la Comisión del puesto de Alto Representante de la PESC (apartado 11).
Estas propuestas son fruto de un deseo de imponer a Europa una abstracción del concepto de Estado federal, y no el resultado de una comprensión meditada de las realidades prácticas. La Política Exterior y de Seguridad Común no puede basar su fortaleza en procedimientos comunitarios artificiales. Sólo podrá obtenerla, en caso necesario, gracias a la ayuda de las naciones. Por lo tanto, debe apoyarse en esas naciones, lo cual implica: mantener el papel de coordinación del Consejo, tomar las decisiones por unanimidad o bien sobre la base de una geometría variable, y que los instrumentos sean responsabilidad del Consejo y no de la Comisión.
La Convención, reunida bajo la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing, debe mantener su lucidez resistiéndose al bombardeo federalista, si desea ser eficaz.

Figueiredo (GUE/NGL)
El informe sobre la PESC se inscribe, en líneas generales, dentro del enfoque de la ampliación de la comunitarización y la militarización de la Unión Europea, mediante el desarrollo de una política común de seguridad y de defensa, concebida como el pilar europeo de la OTAN, en el marco de nuestra asociación con los Estados Unidos.
Entre los diversos aspectos preocupantes, me siento en la obligación de destacar la manera «ambigua» y supuestamente «neutral» en la que se está abordando la situación actual en Oriente Próximo, quitando importancia a la gran responsabilidad del Gobierno israelí por la situación intolerable que vive Palestina, debida a su política de terror y violencia contra el pueblo palestino y sus representantes, a su ocupación ilegal de los territorios palestinos y a su incumplimiento de las resoluciones de la ONU.
Igualmente negativa es la postura adoptada por la actual Presidencia danesa que, en el debate celebrado en este Pleno, no condenó al Gobierno israelí por el sitio inaceptable impuesto a la Autoridad Nacional Palestina y por el chantaje contra el presidente Yaser Arafat, y no reclamó su fin y la retirada inmediata del ejército israelí.
Me parece asimismo un error que no se hayan aceptado las enmiendas presentadas por mi grupo, que tenían por objeto rechazar cualquier agresión militar contra Iraq, el levantamiento del embargo contra dicho país y el impulso de negociaciones entre Iraq y la ONU, con el fin de buscar una solución para la presente situación.
Por eso hemos votado en contra.

Pasqua (UEN)
Este informe sobre los avances realizados en la aplicación de la PESC se presenta en un momento en que Europa se encuentra totalmente ausente de la escena internacional. ¡Qué paradoja!
Sin embargo, Europa continúa manifestando la misma voluntad obstinada de ignorar la realidad: que, en la actualidad, un Estado está utilizando su poder colosal para imponer su hegemonía.
Es cierto que la actitud de los Estados Unidos con respecto a Iraq, por ejemplo, es lamentable.
No obstante, es también la expresión de una constante de la geopolítica, a saber, que las relaciones internacionales las determinan primordialmente los Estados cuya actuación es resultado de una libre valoración de sus intereses vitales.
El problema de Europa es que se encuentra ante una nación que, además de ser ya desproporcionadamente poderosa, se está beneficiando de la desaparición de gran parte del cuerpo diplomático europeo. La integración europea, lejos de aportar un valor añadido, ha conducido a una nivelación por abajo del cuerpo diplomático que mantiene el desequilibrio entre las potencias.
La comunitarización de una PESC virtual sería, por lo tanto, un grave error histórico: coartaría todavía más a los Estados miembros, cuando la libertad de nuestras naciones, en el ámbito de la política exterior y también en el de otras políticas, es la fuente de la independencia de Europa; esto no excluye la cooperación entre países ni tampoco la coordinación libremente discutida y aceptada de sus políticas.
Patakis (GUE/NGL)
El informe sobre los avances relativos a la PESC se está debatiendo con el sonido de fondo de los tambores de guerra que están tocando en la otra orilla del Atlántico. Los Estados Unidos han manifestado que están decididos a seguir adelante con el ataque contra Iraq, cuyo objetivo es controlar el suministro de petróleo de la zona e imponer su supremacía.
El informe indica el camino que debe seguir la actuación de la UE: una colaboración más estrecha con los Estados Unidos y una consolidación de las relaciones transatlánticas; una mayor militarización de las instituciones de la UE, un incremento del gasto militar de los Estados miembros y acciones militares para la prevención y gestión de las crisis; alianzas bajo el paraguas de la OTAN y a las órdenes de los Estados Unidos, con objeto de silenciar a la población y a cualquiera que se interponga en el camino de sus intereses imperialistas.
La política imperialista de la UE ya asomó la cara en Bosnia, Serbia, el Afganistán y otros lugares. Las objeciones que hasta ahora ha presentado la UE a su participación en otro ataque contra Iraq son objeciones dictadas por intereses imperialistas y, por lo tanto, objeciones al carácter unilateral de la actuación de los Estados Unidos, más que a la guerra misma. Nos preocupa que la UE se muestre dispuesta a participar en esta sucia guerra imperialista si se le promete una parte de los despojos.
Nosotros decimos no a la guerra. Queremos la paz, la reducción de las tensiones y el desarme. Luchamos con la población de Europa para impedir que haya más guerras imperialistas. El Partido Comunista de Grecia va a votar en contra del Informe Brok.
Sacrédeus (PPE-DE)
En el informe sobre la Política Exterior y de Seguridad Común que se ha aprobado hoy, el Parlamento expresa una serie de opiniones con respecto a la dirección en la que desearía que se orientasen, en el futuro, las políticas de dicho ámbito. A la vista de varias de estas opiniones, me he sentido obligado a votar en contra del informe.
Hoy en día, en la UE, hay una serie de países que son neutrales, entre ellos Suecia e Irlanda. Con la aprobación de la enmienda 2, que aboga por que se incorporen a una futura constitución europea las obligaciones de asistencia mutua que establece el Tratado de la Unión Europea Occidental, el Parlamento declara que no respeta la postura de dichos países y que quiere obligarlos a renunciar a su neutralidad. Esto se contradice, por ejemplo, con los acuerdos de adhesión firmados por dichos países cuando pasaron a ser Estados miembros de la UE.
La mayoría del Parlamento también comparte la postura del considerando I de que la política exterior y de seguridad debe ser una política común. A la luz de posturas anteriores, esto se debe interpretar como indicativo de un deseo de que se aplique el método comunitario y de que se conceda poder de codecisión al Parlamento. Creo que esto no sería ni realista ni deseable.
En el apartado 19 se plantea, asimismo, la petición ?insuficientemente fundamentada, en mi opinión? de que se cree una agencia europea de armamento.

Theorin (PSE)
El informe aparece dominado por los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre y su influencia sobre la política exterior y de seguridad europea. Evidentemente, acojo con satisfacción la declaración de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE en la que se manifiestan en contra de operaciones militares en Iraq, y suscribo la afirmación de que es preciso hacer todo lo posible para que los inspectores de la ONU puedan volver sin condiciones.
Creo que es necesario que se respete el derecho internacional y que cualquier intervención militar esté sólidamente basada en una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.
El informe contiene una serie de propuestas que no puedo apoyar, incluida la propuesta del apartado 11 que propone la fusión del cargo de Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad del Consejo con el del comisario responsable de estos temas, y que este nuevo puesto quede integrado en la Comisión.
Tampoco puedo apoyar la propuesta del apartado 23, relativa a la financiación con cargo al presupuesto comunitario de los costes conjuntos de las operaciones militares en el marco de la Política Europea de Seguridad y de Defensa, ni el apartado 19, relativo a una agencia europea conjunta de armamento.
Como tampoco puedo apoyar el apartado 20, relativo al incremento de los presupuestos de defensa de los Estados miembros, ni la propuesta del apartado 14 de que se admita la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo, ni la norma sobre la cooperación reforzada que permitiría actuar a los Estados miembros que desearan, y pudieran, hacerlo, sin necesidad de haber llegado a una decisión conjunta. Finalmente, tampoco apoyo la propuesta del apartado 26 sobre el estrechamiento de las relaciones institucionales entre la OTAN y la UE, ni el apartado 12, relativo al cuerpo diplomático europeo.
Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
Como es natural, hemos votado en contra del informe, que tiene la ridícula pretensión de introducir una dimensión ética en el tráfico de armas. Nos oponemos al tráfico de armas, sea oficial, extraoficial o ilegal. Y resulta muy difícil distinguir entre estas tres categorías, dado el número de casos relacionados con el tráfico de armas en los que están implicados ministros, todavía en el cargo o no, o personalidades supuestamente «oficiales».
Sería preferible dedicar la capacidad productiva de la sociedad a fabricar otros productos en vez de armas. Y es francamente un crimen agravar el endeudamiento de países asolados por la pobreza con la venta, aunque sea legal, de armamento a sus dirigentes, para que luego éstos puedan seguir utilizándolo contra su propio pueblo.

Ducarme (ELDR)
El Código de conducta de la Unión Europea es el sistema internacional de control de las exportaciones de armas más completo que existe.
La Unión Europea participa de manera positiva en la restricción y el control de las exportaciones de armas e intenta incorporar una dimensión ética al comercio de armamento.
Además de los procedimientos jurídicos y los tratados, se requieren acciones adicionales para limitar la proliferación de armamento. La prevención de conflictos no incluye sólo la restricción a las exportaciones de armas. Para que sea eficaz, debe ir acompañada del apoyo a la democracia y al sistema democrático liberal (protección de la población civil por el Estado, educación encaminada a crear una cultura de paz, creación de instituciones dedicadas a la resolución de conflictos a través de la negociación, etc.) en los países en desarrollo en cuestión. En este contexto, conviene destacar que no se puede impedir a un régimen democrático incipiente y frágil que se defienda contra una rebelión que aspire a derrocarlo.
Además, los países industrializados también deben apoyar programas de microdesarme, de retirada de minas, de formación de las fuerzas de seguridad y de apoyo jurídico en el contexto de sus proyectos de cooperación al desarrollo.
Meijer (GUE/NGL)
En los Países Bajos, mi partido, el Partido Socialista, apoya la iniciativa que han puesto en marcha un gran número de organizaciones a favor de la paz y del desarrollo, con vistas a imponer un embargo de armas a Israel mediante una orden conminatoria de carácter temporal. Esta iniciativa tiene como razón de ser las cada vez más numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército israelí en los territorios palestinos ocupados y la destrucción que está causando allí. La resolución del Parlamento sobre el tercer informe anual relativo al Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas parte del supuesto de que la política exterior de la UE se rige por los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos, y las exportaciones de armas no deben agravar la inestabilidad de la región. Además, una mayoría ha votado hoy a favor de la enmienda que condena las relaciones industriales de carácter militar con las partes en conflicto en Oriente Próximo. Mientras tanto, el aeropuerto neerlandés de Schiphol continúa siendo el punto de enlace y centro focal del comercio de armas entre los Estados Unidos e Israel. Es inevitable que esto cause un enorme resentimiento entre las víctimas, además de seguir incrementando la inestabilidad en la región. La opresión sistemática a los palestinos justifica plenamente el rechazo a conceder licencias de exportación de armas, en el marco del Código de conducta europeo. Insto a la Comisión a que contribuya a poner fin a la escalada de violencia y apoye con premura las acciones ciudadanas en contra de la violencia israelí en los territorios palestinos.
Poos (PSE)
. (FR) Cuatro años después de la aprobación del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, ya era hora de que el Parlamento Europeo manifestase a los Estados miembros su voluntad de dar carácter vinculante a los criterios comunes sobre exportación de armas.
Me congratulo de que se hayan aprobado las enmiendas en este sentido.
Todos los Estados miembros deberían incorporar a su legislación nacional las disposiciones del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, siguiendo el ejemplo del Gobierno belga.
El Presidente.
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, nos ha dejado absolutamente anonadados que la Comisión haya presentado una propuesta encaminada a suavizar los criterios de estabilidad, sin llegar primero a un acuerdo con el Parlamento Europeo en las comisiones pertinentes.
Quisiera solicitar que dicha propuesta de la Comisión se debata aquí en el Parlamento con la máxima rapidez y eficacia posibles, puesto que la presente posición no cuenta, creo yo, con el apoyo de esta Asamblea.

El Presidente.
Su propuesta se tendrá que comunicar, como es lógico, a la Conferencia de Presidentes, que lamentablemente se ha celebrado esta mañana, en lugar del jueves por la tarde, como suele ser habitual. Si hubiese presentado la propuesta esta mañana, tal vez habríamos podido persuadir a la Conferencia de Presidentes para que la hubiera examinado en la reunión de hoy pero, en cualquier caso, constará en el Acta y se examinará, con objeto de poder incluir este punto en el orden del día de uno de los próximos períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, tengo que salir en defensa de mi estimado amigo. No podría haber formulado la propuesta esta mañana porque el Acta no se aprueba hasta la tarde. Sin embargo, yo querría referirme a un asunto muy distinto. Como se puede comprobar en el Acta, ayer no se celebró el turno de preguntas y, aun así, la sesión se levantó a las 22.20 horas, o sea, bastante antes de lo previsto. Es decir, que habría quedado tiempo suficiente para el turno de preguntas.
Ya sé que probablemente me responderá que así lo decidió la Conferencia de Presidentes, pero es responsabilidad de la Mesa -y le ruego que así se lo transmita- velar por el cumplimiento del Reglamento. Y éste establece claramente que cada una de las doce sesiones plenarias de Estrasburgo debe incluir un turno de preguntas: al menos, así es como yo lo interpreto. Se trata de un derecho parlamentario y no es negociable. Por lo tanto, la supresión esta semana del turno de preguntas al Consejo y a la Comisión constituye, a mi parecer, una infracción de nuestros derechos parlamentarios fundamentales y también una infracción del Reglamento, a pesar de que quedaba tiempo suficiente.
Esta tarde sólo se celebrará un debate. Por consiguiente, podríamos haber celebrado, sin dificultad, esta tarde, un debate de actualidad, pero también se ha suspendido. Ha habido un golpe de Estado en Côte d'Ivoire. Está previsto que esto se debata el 9 de octubre, cuando ya habrá pasado a la historia.
Les ruego encarecidamente que organicen los trabajos parlamentarios de un modo distinto a como se ha hecho esta tarde y esta semana.
El Presidente.
Me parece que su comentario debería transmitirse al Presidente -voy a plantearle el asunto, antes de comunicarlo a la Conferencia de Presidentes-, con objeto de que pueda recibir la debida atención. Lo cierto es que habitualmente seguimos la práctica de celebrar un período parcial de sesiones al mes, tal como usted ha indicado, pero este mes se han celebrado dos. En cualquier caso, su comentario me parece bien fundado y creo que este asunto requiere una reflexión por parte de nuestro Presidente, en primer lugar.
(El Acta queda aprobada)
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (O-0040/02- B5-0254/02), presentada por el Sr. Rocard a la Comisión, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el seguimiento por la Comisión Europea del estándar MHP (Multimedia Home Platform).

Whitehead (PSE).
Señor Presidente, puede que el Sr. Posselt disponga de mucho tiempo, pero yo por mi parte debo marcharme, ya que mi vuelo sale de Frankfurt a las 15.30 horas. Mañana debo intervenir en una conferencia en Grecia sobre este mismo tema. Me disculpo de antemano ante el Comisario, y voy a ser mucho más breve de lo que hubiera sido el presidente de nuestra comisión de haber asistido a este hemiciclo.
Normalmente, hubiera sido sustituido por nuestra colega, la Sra. Junker, pero se ha encontrado indispuesta y ha sido hospitalizada. Estoy seguro de que la Cámara le desea una pronta recuperación.

Debo declarar que soy parte interesada en calidad de consejero de una compañía de televisión que, sin duda, participará en el campo de la radiodifusión digital y de las comunicaciones de banda ancha, aunque probablemente esto suceda mucho después de que yo haya dejado de tener relación con la misma.
¿Desea el Comisario que repita la pregunta del Sr. Rocard? ¿Y responderá el Comisario al debate en su conjunto al final del mismo?

El Presidente.
Está previsto que el Comisario intervenga inmediatamente después de su intervención, señor Whitehead.

Whitehead (PSE).
Señor Presidente, desearía decir algunas palabras sobre la razón de esta pregunta y su urgencia. Fundamentalmente tiene que ver con el ritmo con el que podremos abrir un debate pleno y apropiado sobre la normativa para una MHP única, si es que vamos a tener una. Creo que el Comisario informará en su réplica de hoy de cuándo se introducirá y publicará la normativa necesaria. 
El motivo de la urgencia es que este tema está también estrechamente relacionado con el debate en curso sobre la concentración de medios de comunicación y con el desarrollo en el campo de las comunicaciones de banda ancha, en particular en vista de lo que está ocurriendo actualmente en los campos de la televisión y la radiodifusión. En mi propio Estado miembro hemos tenido planes ambiciosos, cuyo objetivo era tener el sistema de radiodifusión más competitivo del mundo desarrollado en 2005. Sin embargo, nos hemos encontrado con toda una serie de obstáculos en el camino hacia la deseada creación de un mercado realmente competitivo para la radiodifusión digital y hacia un apagón analógico previsto con antelación. Esto sirve de advertencia a muchos de nosotros -sin duda para los integrantes de la Comisión de Cultura, que tienen la misma perspectiva que planteo- de que el consumidor y el ciudadano necesitan beneficiarse de un debate abierto y amplio, que tenga en cuenta, en cierta medida, los problemas que hemos tenido en anteriores intentos de regulación, así como aquellos a los que nos enfrentamos actualmente. 
Es necesario que existan indicadores claros sobre la forma en que se puede explotar un sistema de interconexión no discriminatorio y de supervisión de las pasarelas de radiodifusión de banda ancha y otros sistemas, en interés público. Soy plenamente consciente de que uno de los primeros intentos para el establecimiento de una normativa anticipada en materia de radiodifusión por satélite falló debido a que las emisoras más poderosas en aquellos momentos -y que siguen existiendo actualmente, pero todavía más fuertes y gozando de más poder- decidieron evitarlas deliberadamente y hacer lo que les pareciera. Con la utilización eficaz del mercado y de tecnología menos avanzada, pudieron acabar eficazmente con la primera tentativa de una normativa común. No queremos volver a cometer este mismo error, y creo que en esta situación deseamos conocer de qué forma vamos a proceder. 
Desearía solicitar al Comisario que indicara de qué forma la Unión Europea en su conjunto puede ejercer un papel activo para alentar y contribuir a que se reúnan los operadores de interfaces de programas de aplicaciones (API). Debe conocer los recelos que existen en este aspecto y dónde se generan exactamente. Es probable que las API repitan de alguna manera lo que sucedió en el debate sobre el acceso condicional y las pasarelas para la radiodifusión por satélite. Mucha gente, en particular en mi país, diría que no es preciso tener una norma única preceptiva, y que sería mejor alentar a las API para que se reúnan. Para los escépticos que creen que esto estaría profundamente en contra de algunos de sus intereses para que así se hiciera, y debe reconocerse que entonces estaríamos apostando todo a una estrategia con la que algunos de los grandes operadores, una vez más, no desearían colaborar. 
¿De qué modo el Comisario concilia la necesidad de competencia, garantía de pluralidad, con los avances técnicos -según los que los explotan y se benefician de ellos- que se generarán en un mercado no regulado? No creo que podamos proseguir con este asunto sin considerar adecuadamente no solamente el debate técnico sino también el modo en que los monopolios se están desarrollando actualmente. 
Espero que las preguntas del Sr. Rocard harán que el debate siga adelante y, al menos, podré escuchar al Comisario durante el tiempo del que dispongo. Me disculpo una vez más por tener que marcharme antes de que finalice este debate, en el cual participo, como pueden ver, avisando con muy poca antelación.

El Presidente.
Nos sumamos a sus deseos de que la Sra. Junker tenga una rápida recuperación, señor Whitehead.

Liikanen
Señor Presidente, la pregunta de Su Señoría se refiere a la interoperabilidad de los servicios de televisión interactiva y al papel que cumple la norma MHP. La pregunta incluía cinco puntos, que voy a contestar por separado.
En primer lugar, en lo que respecta al primer punto, reconozco que la adopción de la directiva marco en el sector de las comunicaciones constituye una clara señal, tanto para los operadores del mercado de la televisión digital como para los consumidores. Las directivas que se inscriban en este marco nos permitirán lograr tres objetivos importantes: primero, ofrecer a los organismos de radiodifusión acceso a las redes y equipos conexos, como las guías y programas electrónicos; segundo, evitar una reglamentación excesiva mediante la aplicación de soluciones de acceso proporcional; y tercero, favorecer al consumidor contribuyendo a poner a su disposición una amplia gama de servicios.
Conforme a la postura jurídica establecida en el artículo 18 de la Directiva relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros deben fomentar la apertura, en relación con la oferta de una interfaz de programas de aplicación (API). No se impondrá ninguna tecnología API en particular, ni una única API. La norma MHP satisface las necesidades de interoperabilidad y apertura en este campo. Por ello, estamos fomentando su aplicación voluntaria por parte del sector.
El segundo punto se refiere a la fecha de publicación de las normas aplicables en el campo de la MHP. Mi respuesta es que la lista de normas se publicará después de la reunión del 2 de octubre del comité competente en materia de comunicaciones.
Tercer punto: el uso de una tecnología API no normalizada puede conceder a una empresa poder en el mercado. La directiva en cuestión prevé soluciones específicas que los organismos reguladores nacionales podrán utilizar para controlar el poder de determinadas empresas en el mercado. La normalización, toda vez que garantiza la interoperabilidad y ofrece una mayor libertad de elección a los usuarios, contribuirá sin duda a evitar la aparición de monopolios. No obstante, la competencia no constituye en sí misma un indicador de competencia leal. Pueden aparecer empresas dominantes, aun en presencia de normas abiertas.
En cuanto al cuarto punto, los objetivos de la reglamentación son la apertura y la interoperabilidad, tal como he señalado en mi respuesta al primer punto de la pregunta La norma MHP satisface las necesidades de interoperabilidad y apertura en este campo. Por ello, estamos fomentando su aplicación voluntaria por parte del sector. No obstante, el sector también desea mantener un diálogo sobre la interoperabilidad, en particular en lo que respecta a la transición. Por consiguiente, hemos iniciado un debate y una investigación sectorial sobre la interoperabilidad.
Por lo que respecta al quinto punto, la Comisión se comprometió, en su declaración ante el Pleno del 12 de diciembre de 2001, a publicar una lista de las normas MHP pertinentes en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 17 de la directiva marco. Conforme a dicha directiva, los Estados miembros deberán fomentar la aplicación de las normas incluidas en la lista. En segundo lugar, la Comisión se ha comprometido a examinar, al cabo de un año de la entrada en vigor de la directiva, si la interoperabilidad y la libertad de elección de los usuarios han alcanzado un nivel satisfactorio en los Estados miembros. Si no fuera así, la Comisión podrá proponer que el uso de dichas normas pase a ser obligatorio. Cumpliendo nuestros compromisos, presentaremos una lista de normas, después de la reunión del 2 de octubre del comité competente, como ya he señalado. Está previsto que éstas se examinen antes de julio de 2004.
El artículo 18 de la directiva marco exige que los Estados miembros fomenten el uso de una API abierta. La Comisión establecerá, por lo tanto, un diálogo con los Estados miembros y los organismos reguladores nacionales, a través del procedimiento de comitología. La MHP será, sin duda, uno de los temas que se debatirán en el marco de dicho diálogo.
La adopción generalizada de la MHP parece ser el medio más claro para alcanzar la interoperabilidad. Las empresas deben tomar la iniciativa en lo que respecta al desarrollo de estrategias de transición, dado que ésta plantea muchos problemas técnicos y comerciales. Nos congratulamos de los esfuerzos continuados que está realizando el sector para resolver dichos problemas y alcanzar acuerdos, a escala nacional o europea, con vistas a la transición a la MHP.

Hieronymi (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por su detallada respuesta a la pregunta planteada por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que ha estado examinando las posibles maneras de garantizar el libre flujo de la información y la libertad de elección de los espectadores en la era digital. ¿Cómo podemos lograr este objetivo? No es necesario otro debate, pues ya celebramos el nuestro cuando aprobamos una resolución sobre el paquete de telecomunicaciones y, más concretamente, sobre la directiva marco.
Hoy deseábamos ?y por ello planteamos la pregunta? que la Comisión nos indicase qué puede hacer para impulsar la aplicación de las resoluciones que aprobamos entonces. Y yo me siento agradecida, pues creo que las declaraciones de la Comisión nos han indicado una vía constructiva que nos permitirá avanzar.
No obstante, quisiera reiterar que contamos con tres resoluciones fundamentales. En primer lugar, las interfaces abiertas, las llamadas API, no bastan; es necesario que éstas sean ampliamente accesibles, es decir, que sean interoperativas. Éste es el objetivo que marcamos conjuntamente en la directiva marco. En segundo lugar, decidimos que los Estados miembros debían fomentar la introducción de tecnologías interoperativas. En tercer lugar, decidimos que el plazo para la aplicación de este procedimiento voluntario se extendería hasta julio de 2004.
El Parlamento reclama que se adopten medidas para dar con una solución voluntaria y sencilla para el usuario, y que además garantice una verdadera libertad de elección, así como el pluralismo. Para ello, tal como ha declarado hoy usted, señor Comisario, necesitamos que se haga pública la tecnología, las normas que cumplen dichos requisitos. Existe una norma ya autorizada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, responsable de la emisión de normas, concretamente de la MHP, y por este motivo, la petición del Parlamento en la resolución que vamos a votar hoy está muy clara. Queremos promover la tecnología que cumple los requisitos de manera incontrovertible. Por ello, en la resolución se pide y se insta a los Estados miembros a que presenten lo más pronto posible ?nosotros proponemos que sea antes de finales de año? un plan de acción sobre cómo se proponen alcanzar dicho objetivo, de manera que, para julio de 2004, dispongamos de resultados tangibles.
De modo que, como pueden ver ?y quiero manifestar aquí mi agradecimiento a todos los distinguidos amigos de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que han contribuido con su ayuda?, nos remitimos a la resolución y a su aplicación voluntaria, pero en el plazo especificado y para el fin especificado. Ésta es la finalidad de la resolución.
Esperamos que cuente con la aprobación y el apoyo de la Comisión y de los Estados miembros, en interés de nuestros ciudadanos.
Echerer (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, le agradezco sus declaraciones de hoy; para nosotros representan un paso verdaderamente importante en el contexto del procedimiento voluntario común, tal como ha señalado Ruth Hieronymi. Aunque no hemos planteado el tema de la interoperabilidad completa en el marco de la directiva relativa a las telecomunicaciones, sabemos que es de enorme importancia para Europa, que es la que establece las normas en materia de política de medios de comunicación.
La Comisión y las autoridades reguladoras tal vez no mostraron suficiente decisión en un primer momento, al igual que el Parlamento Europeo. Pero ahora lo estamos haciendo, porque se empieza a agotar el tiempo. El verano de 2004 llegará antes de que nos demos cuenta. Digamos que se trata de unas orientaciones necesarias en el contexto del procedimiento voluntario, y lo que nuestras instituciones esperan y todos nosotros pedimos es un mensaje claro con respecto a la política de medios de comunicación.
Hemos hablado de una norma única. Hemos evitado, en todo momento, el uso de la palabra simple. No queremos precipitarnos. Pero esto no es precipitación, sino la manera lógica de proceder. Como ha manifestado mi estimada amiga, la Sra. Hieronymi, podríamos haber establecido una norma para la MHP que se expresara en este lenguaje común, en un lenguaje único. Son necesarias señales políticas más claras al respecto. En el caso de los teléfonos móviles, optamos por un sistema único y deberíamos hacer lo mismo, aquí y ahora, antes de que el sector invierta más y nos encontremos con varias API que no puedan comunicarse entre ellas como nosotros desearíamos, pues cuantas más realidades, cifras y datos económicos tengamos sobre la mesa, más difícil será que los políticos puedan intervenir directamente. Este procedimiento voluntario común requiere de nosotros señales claras. Además, hace poco leí, en una revista técnica, una cita suya en la que señalaba que la Comisión puede imponer unas normas europeas vinculantes si para 2004 no se han conseguido una libertad de elección y una interoperabilidad adecuadas para nuestros ciudadanos.
No creo que esto llegue a ocurrir. Tendríamos que ser capaces de encontrar una solución conjunta antes. Se tienen que hacer concesiones por ambas partes. Una gran mayoría de las partes implicadas está a favor de la MHP y deberíamos decirlo claramente. Creo que ésta es la respuesta que se espera de nosotros.
Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, es un gran placer para mí participar en este debate, no como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sino como uno de los ponentes sobre el paquete de comunicaciones electrónicas y miembro tanto de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía como de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Sólo deseo decir a los colegas de la Comisión de Cultura que se encuentran presentes de que éste no es un asunto que concierna sólo a esta comisión. Sería bueno que alentaran a que hubiera una mayor participación en su trabajo en el Parlamento. Esta cuestión se desarrolló totalmente en su comisión. Ha sido un placer haber podido trabajar con numerosos colegas y hacer una contribución.
Sin embargo, aquí hay un más amplio abanico de cuestiones que están en juego. En primer lugar, la percepción de que esta idea sobre una plataforma doméstica multimedia (MHP) es de alguna manera una bala de plata, un remedio mágico que, en un abrir y cerrar de ojos, creará accesibilidad universal para la televisión digital. La Sra. Echerer nos lo acaba de dar a entender. Esto está lejos de la realidad. No es como la telefonía móvil; no es como la introducción de una norma GSM, ya que ya disponemos de sistemas de televisión digital en el mercado, suministrando servicios que los consumidores desean con un elevado nivel de interactividad. En mi propio país, nueve millones de personas ya disponen de sistemas que funcionan de acuerdo con otras normas que la MHP. En efecto, la norma definitiva -la norma interactiva completa- para MHP todavía no ha sido publicada y en este mismo hemiciclo los colegas ya quieren adelantarse y regularla. Esto no es realista.
También encuentro que no es realista la idea de que de alguna manera deseamos imponer un determinado modelo de negocio en materia de radiodifusión. Esta resolución contiene un ataque más bien innecesario a la organización vertical y mi grupo, y espero que el Parlamento, rechazará este punto.
Tal como manifestó el Sr. Comisario anteriormente, se trata de un tema sobre el que tanto yo como otros diputados hemos estamos trabajando en relación con el paquete de comunicaciones electrónicas. Hemos implementado instrumentos competitivos para parar el abuso de los operadores verticales debido a su posición dominante en el mercado. También existen obligaciones que deben cumplirse obligatoriamente y que esperamos que los gobiernos miembro hagan cumplir. Lo primero que debemos decir a la Comisión es que queremos que se aseguren de su cumplimiento. Son de importancia fundamental. No nos corresponde a nosotros hacer que se cumpla un determinado modelo de negocio. No estamos aquí para esto.
En cuanto a la pregunta sobre interfaces de aplicación y la tecnología, la palabra clave es «interoperabilidad». No se trata de una norma única, y el simple hecho de tener una norma única no significa que se obtenga simple y automáticamente autoría o interoperabilidad. En el Reino Unido ya disponemos de tres medios de comunicación: cable, digital terrestre -un acceso potente para que la gente descubra el sistema digital- y el satélite. Cada uno de ellos tiene una interfaz diferente. La Comisión necesita fomentar lo que vengo en llamar un juego de herramientas para autores digitales. Esto permitiría a los autores digitales avanzar y disponer de una serie de principios común con los que desarrollar programas para cualquier plataforma. Esto es la clase de cosa práctica sobre la que la Comisión necesita trabajar. No hay duda de que es necesario que siga de cerca la forma en que se desarrolla MHP y ver si necesita un mayor estímulo. Sin embargo, ya hemos recorrido un largo camino hacia la revolución digital, y la clase de injerencia que algunos colegas insinúan aquí -me alegro de decir que no en la resolución- no va a ayudar a que se avance. Debemos ser realistas sobre lo que sucede en el mercado y sobre lo que los consumidores están adquiriendo ahora.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, en mi calidad de representante de un centro floreciente, pero también seriamente amenazado, del sector de los medios de comunicación ?concretamente, Munich?, acojo con satisfacción la pregunta de la Comisión de Cultura y el debate de hoy. Hay algo que debo dejar muy claro: el Parlamento Europeo cuenta con una larguísima tradición en materia de política de medios de comunicación, sobre todo en lo que se refiere a la televisión en Europa.
Esta tradición se remonta a principios de la década de los ochenta, con el informe sumamente profético sobre la televisión europea del ex Consejero de Cultura de Baden-Würtemberg, el profesor Hahn, que en aquel momento era eurodiputado por Heidelberg. El informe se anticipó mucho a su tiempo aunque, entre tanto, los acontecimientos han dejado desfasadas algunas de sus propuestas. No obstante, en los años transcurridos desde entonces, esta Asamblea se ha manifestado, de manera consecuente, a favor de la televisión europea, mediante la directiva relativa a las telecomunicaciones y la directiva sobre la televisión sin fronteras.
¿Cuáles han sido los dos elementos centrales? En primer lugar, hemos manifestado, con toda claridad, que queremos evitar el uso indebido de esta tecnología necesaria, adecuada e importante, por medio de la adopción de unas normas éticas inequívocas. Y en segundo lugar, hemos reiterado constantemente que es una cuestión de competencia, y no sólo de la competencia dentro de Europa, sino de la competitividad de Europa en sí. Actualmente, podemos observar que el mercado europeo está cada vez más amenazado por proveedores y monopolios no europeos.
Por ello, considero que debemos seguir el camino que hoy se propone, esto es, el de la convergencia y la armonización voluntarias, pero esto no se debe usar como excusa para no hacer nada. Por lo tanto, apoyo firmemente las palabras de la Sra. Hieronymi. En verdad, es necesario fijar un plazo. Sabemos que los Estados miembros -que actualmente son quince, pero pronto serán veinticinco o treinta- no son exactamente rápidos cuando se trata de desarrollar planes de acción.
Puesto que nos hemos manifestado a favor de la acción voluntaria, tendríamos que fijar, de hecho, ese plazo de finales de año para que los Estados miembros presenten sus planes de acción. De lo contrario, a principios del año próximo tendremos que buscar la manera de agilizar el proceso. Comparto la opinión que ha expresado la Sra. Echerer, en el sentido de que espera que no sea necesario que la Comisión intervenga con la adopción de propuestas y normas vinculantes, pero temo que pueda llegar a serlo.
Por consiguiente, quisiera instar, una vez más, a los Estados miembros a que presenten sus planes de acción antes de finales de año. Necesitamos dejar bien claro que nos preocupa tanto la competitividad de Europa en sí, como su diversidad cultural, la que hace de Europa lo que es, además del potencial de las pequeñas y medianas empresas -otro punto importante de la resolución-. Y son estas pequeñas y medianas empresas las que se enfrentan a un reto. En el Parlamento Europeo, nos consideramos paladines de las pequeñas y medianas empresas, que quizá siguen rehuyendo muchos aspectos de esta dimensión.
Señor Comisario, le agradezco su clara y detallada respuesta, pero permítame que manifieste, con toda claridad, que si los Estados miembros no presentan sus planes de acción antes de finales de año, tendremos que volver a reunirnos en enero para debatir qué camino debe seguir la Unión Europea.
Schulz (PSE).
Señor Presidente, Señorías, a diferencia del Sr. Posselt, yo no represento al centro amenazado del sector de los medios de comunicación de Munich, sino al centro de Colonia. Y aunque no procedo de la misma Colonia, el Sr. Posselt tampoco procede del propio Munich; no obstante, en mi calidad de renano, como la Sra. Hieronymi, mantengo una vinculación regional, exactamente igual que el Sr. Posselt.
Y el único motivo por el que he tomado la palabra para hablar de temas relacionados con la política cultural es que me he visto obligado a salir a la palestra para sustituir a mi estimada amiga Karin Junker, que está enferma y cuya afección es tan grave, que no le ha permitido estar hoy aquí. Por lo tanto, Señor Presidente, si me oye pronunciar un discurso completamente fuera de lugar contra mis amigos demócrata-cristianos, en el marco del habitual combate de principios entre la izquierda y la derecha, el motivo es que no soy tan experto en este campo concreto como creo serlo en otros ámbitos.

Gracias por su amable muestra de asentimiento.
La Sra. Junker me ha pedido que diga lo siguiente en su nombre: el sector audiovisual es un mercado en expansión y un elemento económico de primera magnitud. El Sr. Harbour ha dejado perfectamente claro en su intervención que no es sólo una cuestión de configuración del mercado, sino de quién ejerce qué influencia y dónde. Por citar un dato estadístico, la facturación de este año, sólo para el sector audiovisual, asciende a un total estimado de 65 000 millones de euros, en términos de producto interior bruto. Además la industria audiovisual da empleo a 950 000 personas. Este sector regulará, en el futuro, el acceso a la información de la inmensa mayoría de la población.
Según me ha indicado Karin Junker, una persona ve 206 minutos de televisión al día y escucha 3,5 horas de radio, de promedio. No soy una persona promedio.
(Aplausos)
El objetivo que debemos procurar alcanzar, como han explicado varios oradores, es una API -o Interfaz de Programas de Aplicación, para designarla con propiedad- europea única. Es decir que, del mismo modo que tenemos un único sistema de telefonía móvil, el llamado sistema GSM, en la Unión Europea necesitamos una sola API y no quince. Si queremos que el mercado sea competitivo, necesitamos un sistema único. La diferencia que nos separa del Sr. Harbour se explica, por tanto, de manera sencilla, pues lo que él ha manifestado se corresponde justamente con la postura de una persona empeñada en que un aislacionismo de carácter insular obstaculizará la creación de esta API.
La MHP es la única norma abierta interoperativa que cumple los requisitos que se deben exigir al sistema. La Comisión Europea debería tomar rápidamente la iniciativa, como ya ha explicado en detalle el señor Comisario en su respuesta a las cinco preguntas planteadas por el Sr. Rocard, e introducir dicha norma. Comparto el punto de vista del Sr. Posselt: si los Estados miembros no dan un paso a tiempo en relación con este tema, tendremos que tomar la iniciativa.
El comentario de que la televisión es la primera fuente de información no se ajusta a la verdad para los espectadores de espacios electorales en vísperas de elecciones en la República Federal de Alemania; el acceso a la televisión, el acceso a este medio informativo democrático y plural es un derecho democrático fundamental de todos los ciudadanos europeos que debe estar enraizado en la pluralidad democrática. El acceso debe estar garantizado, independientemente de la forma en que se ofrezca la televisión en el futuro. Y si el futuro de la televisión es digital, el acceso a este sistema de televisión digital es una cuestión básica que concierne a los derechos democráticos, a la pluralidad y a la libertad de decisión de nuestros ciudadanos en materia de información.
Ésta es la única manera de garantizar en el futuro que, por un lado, los proveedores del mercado puedan presentar una oferta completa a todos los consumidores y que, por otro lado, nuestros ciudadanos, los consumidores, puedan hacer uso de lo que se les ofrece con la máxima libertad de elección posible. Los socialistas europeos de esta Cámara quisiéramos recordarle al señor Comisario Liikanen que prometió aplicar una norma única para 2004. Si el sector de los medios de comunicación no puede ponerse de acuerdo sobre un enfoque uniforme, tendremos que dar otro paso, tal como han señalado el Sr. Posselt y la Sra. Echerer.
Señor Comisario, los socialistas europeos de esta Cámara le instamos, por lo tanto, a que adopte medidas, lo más pronto posible, para que podamos realizar avances, en torno a uno de los temas fundamentales para el futuro de la sociedad europea de la información, todo lo rápido que sea posible, pero también de la manera más pluralista, más democrática y ?estimado señor Harbour? más uniforme posible.
(Aplausos)

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, viendo que hay tanto interés por este tema, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar la resolución que se va a votar.
Estoy totalmente de acuerdo con el Parlamento Europeo de que la televisión digital como tal, incluida la televisión interactiva, tiene un potencial enorme para extender el alcance de la sociedad de la información. La Comisión ya participa activamente en el impulso de la televisión digital y la promoción de la interoperabilidad. En concreto, desearía mencionar el plan de acción eEurope 2005. Se reconoce así el papel de la televisión digital en ayudar a alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa, por ejemplo, como plataforma alternativa para que los ciudadanos reciban servicios públicos en línea. Se pide a los Estados miembros que publiquen las intenciones de cambio a finales de 2003.
El año próximo, la Comisión tiene también intención de aprobar una comunicación sobre el cambio del sistema analógico al digital. Otra comunicación en la que estamos trabajando ahora y que será tema de debate en el Consejo Europeo de Copenhague al final de este año, analizará las barreras que quedan para abrir plataformas de televisión digital y comunicaciones móviles en 3D.
Las respuestas que acabo de dar a varias preguntas parlamentarias han resumido todos los pasos que estamos dando con respecto a la interoperabilidad en la televisión digital. Es importante que la interoperabilidad evolucione de la mano del desarrollo del mercado de la televisión interactiva.
Dado que la Directiva marco en materia de comunicaciones electrónicas contempla la interoperabilidad en el campo de la televisión interactiva, debemos evitar repetir reglamentos recogiéndolo en la Directiva de televisión sin fronteras. Junto a mi colega, la Sra. Viviane Reding, nos aseguraremos de que se mantenga la complementariedad y coherencia entre el paquete de comunicaciones electrónicas, que trata las cuestiones de transmisión y acceso, y la regulación de contenidos, para objetivos de interés general contemplados en la Directiva de televisión sin fronteras, que será objeto de revisión el año próximo.
En resumen, la Comisión agradece la resolución y pide que el desarrollo de la televisión digital y la disponibilidad de la misma para el público en general pase a formar parte como asunto prioritario de la agenda política.

El Presidente.
Se procede a la votación.
Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, deseo manifestar que iba a votar en contra. Quería decirlo públicamente.

El Presidente.
Está Su Señoría en su derecho, por supuesto, de informar a esta Asamblea del sentido de su voto, pero esto no cambia el resultado de la votación.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, soy consciente de que no altera el resultado, pero un gran número de diputados entró en la Cámara después de la votación. Quisiera sugerir que las votaciones volvieran a realizarse a una hora fija los jueves a media tarde, como solía ser la costumbre, sobre todo dado que la campana no se oye en todos los sitios. Por este motivo, pido que se modifique la programación del calendario de forma urgente para que los diputados sepan con certeza cuándo está teniendo lugar una votación.

El Presidente.
Señor Posselt, le agradezco su primer comentario, sobre todo en cuanto a que el resultado de la votación queda como está y no puede ser modificado.

Sommer (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera llevar el asunto un paso más allá que el Sr. Posselt. Me gustaría protestar por el hecho de que la votación se esté efectuando a esta hora. Según el orden del día, la votación debería realizarse a las 16.30 horas y puedo asegurarle que la campana no se oye arriba en las oficinas. No sé dónde se encuentra su oficina, ni si puede o no escuchar la campana desde allí. El hecho es que la votación está programada para las 16.30 horas y no es correcto comenzar la votación en este momento dado que no todo el mundo se encuentra en la Cámara.

El Presidente.
Señora Sommer, el orden del día especifica claramente que la votación tendrá lugar a las 16.30 horas o al término del debate. Mi oficina se encuentra en la 12ª planta y debo decir que la campana me resulta bastante molesta, ya que ha estado sonando durante 15 minutos seguidos el día de hoy. Esto es demasiado

Schulz (PSE).
Señor Presidente, en principio se ha anticipado a mi comentario. Sin embargo, el Sr. Posselt tiene razón: es necesario que discutamos acerca del orden del día del jueves por la tarde. No es mi intención contrariar a mi estimable colega, el Sr. Whitehead, quien afirmó al comienzo de este debate que contaba con el tiempo justo para pronunciar su discurso y partir para el aeropuerto, pero me resulta totalmente increíble que el Parlamento tenga que adaptar su orden del día a las conexiones de vuelo de los diputados.

El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos va a debatir este tema con expertos en el Reglamento interno del Parlamento, y aconsejamos que el resto de grupos actúen en consonancia, para que podamos volver al antiguo orden del día de los jueves por la tarde. Si no es así, podemos ahorrarnos el esfuerzo.
(Aplausos)

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, creo que hay preguntas más fundamentales que formular después de lo que ha dicho nuestro colega. Si mira la cantidad total de tiempo de debate que tuvimos en la primera y segunda sesiones de septiembre y el hecho de que estemos acabando ahora, la pregunta es ¿para qué necesitamos tener dos sesiones en septiembre? Simplemente no es necesario con el nuevo Reglamento.
Señor Presidente, desearía pedirle que la Mesa considerara que ya estamos viendo el tan deseado impacto del informe Corbett en los cambios del Reglamento. Necesitamos evaluar cuántas semanas necesitamos para trabajar aquí, ya que, Señor Presidente, en este Parlamento vamos desesperadamente cortos de tiempo de comisión. Disponemos de una ridícula cantidad de tiempo de comisión entre hoy y Navidad para tratar...
(Protestas del Sr. Posselt)
Es cierto, señor Posselt, y voy a mostrarle el orden del día de mi comisión. Disponemos de una ridícula cantidad de tiempo de comisión, y no deberíamos perder el tiempo sentados aquí esperando a que ocurra algo, cuando podríamos estar realizando un trabajo político serio en una comisión en Bruselas. Contrariamente a lo que está diciendo el Sr. Schulz, un verdadero Parlamento democrático daría un buen vistazo a su volumen de trabajo y -gracias por la interrupción, señor Posselt- creo que mucha gente está de acuerdo conmigo. Muchos ya se han marchado, ya que no desean perder su tiempo aquí el jueves por la tarde.

Chichester (PPE-DE).
Señor Presidente, en un plano más trivial, deseo dar mi apoyo a las personas que protestan por el cambio en el tiempo de votación en un aspecto. Cuando sonó la campana -la oí en mi despacho- miré la pantalla para ver qué es lo que ocurría. Y ¿qué es lo que vi? A mi estimado colega, el Sr. Harbour, hablando con gran autoridad sobre el asunto que nos ocupa sin que efectuara alusión alguna a que, a continuación, se daría paso a la votación. Por todo lo que sabía, podría haberse tratado de una señal de alarma de incendio o cualquier otra cosa. ¿Quizás las pantallas hubieran podido darnos una información mejor sobre lo que iba a suceder?

El Presidente.
En la pantalla se podía apreciar la hora de la votación con bastante claridad, señor Chichester. Quizás haya algún problema con su pantalla pero, en cualquier caso, la hora de la votación se podía ver bien.

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, puedo confirmar que la hora de la votación se veía con claridad en las pantallas y que, gracias a eso, supe que debía venir a la Cámara a votar.
Dicho esto, he pedido la palabra simplemente para decir a los diputados británicos que si creen estar perdiendo el tiempo aquí y que su trabajo aquí interfiere con su trabajo en las comisiones, sugiero que falten a las sesiones de Bruselas. De este modo, tendremos tiempo suficiente en Bruselas para trabajar en las comisiones y estaremos en condiciones de dedicarnos por completo a las sesiones plenarias de Estrasburgo hasta el viernes por la mañana. Creo que así evitaríamos que se produjeran más conflictos, ya que dejaremos de perder el tiempo y estaremos trabajando en condiciones excelentes.
El Presidente.
Veo que los ánimos se están caldeando, y me parece bien. Si no hay objeciones, cederé la palabra a otros dos diputados que la han solicitado y a continuación pararemos.

Mann, Thomas (PPE-DE).
Señor Presidente, estamos ante una discusión simplista por parte de aquellos que siempre se han opuesto a Estrasburgo. ¿Y qué se ha acordado? Más minisesiones plenarias para la siguiente sesión de Bruselas. Dicho de otro modo, algunos nunca dejan pasar una oportunidad para girarlo todo en contra de Estrasburgo.
Sin embargo, hay algo que considero mucho más grave: se nos comunicó que no podríamos mantener un debate de actualidad este jueves porque ya hubo uno de este tipo durante el primer período parcial de sesiones de septiembre. ¿De verdad piensan Sus Señorías que los asuntos de historia mundial, asuntos urgentes, deberían depender de si nosotros tenemos el honor de discutir sobre los temas de actualidad o no? En mi opinión, sería más importante que utilizáramos el tiempo del que disponemos esta tarde para tratar otros asuntos urgentes, que normalmente trata la Mesa dado que nosotros carecemos de tiempo. Hoy habríamos tenido tiempo para escuchar a cualquiera que hubiera sugerido uno de estos asuntos. Los diputados deberíamos poder debatir asuntos importantes cuando se nos presenta la ocasión. Hoy habría sido la oportunidad perfecta.
Por consiguiente, insto a que se asigne el tiempo necesario a los asuntos urgentes para garantizar que no se pasan por alto conflictos de derechos humanos tan sólo para que algunas personas puedan volver pronto a sus circunscripciones. Los diputados tienen todo el tiempo del mundo para estar allí, pero aquellos que quieren hablar porque piensan que es lo correcto deben tener la oportunidad de hacerlo, sobre todo los jueves. Las sesiones de los jueves deberían terminar a las 18.30, no a las 16 horas por culpa de determinados vuelos.
El Presidente.
Señor Mann, la cuestión que usted plantea acaba de ser expuesta por el Sr. Posselt con gran vehemencia. De hecho, con la misma vehemencia que ha mostrado usted.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera retomar los comentarios del Sr. Harbour. En primer lugar, estimado señor Harbour, ya que usted es de los que conceden gran valor al Tratado, permítame recordarle que este documento establece que el Parlamento celebra 12 sesiones plenarias ordinarias al año y que, en caso necesario, pueden organizarse sesiones plenarias adicionales en Bruselas. Si elimináramos esos seis días en otoño, tendríamos tiempo para comisiones, sesiones de consulta de una semana de duración y demás. Por el contrario, si los mantenemos podremos emplearlos productivamente en esta Cámara.
En segundo lugar, creo que la agenda de esta tarde debería haber incluido un debate de actualidad como, por ejemplo, el golpe de Estado de Côte d'Ivoire. Hoy se nos ha comunicado que este tema se debatirá el próximo 9 de octubre. En otras palabras, la Conferencia de Presidentes ha decidido que un asunto de tanta urgencia no se debatirá hasta el 9 de octubre, dentro de quince días, en lugar de hacerlo esta misma tarde y sin mayores preámbulos.
Por último, quisiera destacar que esta semana no ha habido turno de preguntas, ni al Consejo, ni a la Comisión. Como señalé anteriormente, éste es un derecho parlamentario fundamental y la ausencia de turno de preguntas va en contra del Reglamento interno. Estimado señor Harbour, me siento muy orgulloso del turno de preguntas y lo considero todo un logro que refleja una larga tradición parlamentaria del Reino Unido.

El Presidente. -
Toda esta línea de argumentación, que parece ser común a los distintos grupos políticos, es muy interesante

Schulz (PSE).
Señor Presidente, volviendo al tema de conversación y después de oír a los Sres. Harbour, Mann y Posselt, y a la Sra. Grossetête, comprendo por qué el presidente del grupo, el Sr. Poettering, siempre está tan pálido.

Las discusiones entre los miembros del Partido Popular Europeo resultan tan animadas que es todo un placer escucharlas. Me gustaría que un día nos invitaran a las reuniones de su grupo para que todos podamos disfrutar de ellas.
(Aplausos)
No obstante, creo que hay algo que todos deberíamos aprender de este debate. Concretamente, me dirijo al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Tal como podemos comprobar cada día en las votaciones a la hora del almuerzo, la reforma Corbett ha supuesto una considerable mejora. Hemos ganado tiempo. Sin embargo, ganar este tiempo y no emplearlo luego en asuntos parlamentarios me parece un error.
(Aplausos)
Por ello creo, como deberíamos pensar en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que tanto usted, señor Vicepresidente, en la Mesa, como los grupos en la Conferencia de Presidentes, deberían reconsiderar la cuestión de la agenda, ya que si lo de hoy se convierte en la norma, no podemos seguir así.
(Aplausos)

El Presidente.
Me dirijo a usted, señor Schultz, al señor Harbour y a los demás diputados que han mencionado la Mesa. Son sus jefes de grupo y nuestros presidentes de grupo de la Conferencia de Presidentes quienes elaboran la agenda. La Mesa no decide los contenidos de la misma, ya que tiene otras tareas menos relevantes. Por lo tanto, creo que deberían tratar este asunto en las reuniones internas de sus respectivos grupos parlamentarios para que los Presidentes puedan tomar nota de la situación que ha surgido esta tarde y que, dejando de lado los distintos puntos de vista, creo que todos consideramos bastante curiosa. De vuelta al debate, el Sr. Schultz ha planteado un problema y el Sr. Elles tiene la palabra para contestarle.

Elles (PPE-DE).
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, en primer lugar, como muy bien sabe el Sr. Schulz, puesto que conoce los animados debates de nuestro grupo que se celebran tanto en público como en privado, ya hemos captado a uno de sus miembros, el Sr. Balfe, que ahora es miembro de nuestro grupo. Invitamos a todos aquellos que lo deseen a que cambien de bando, ya que deseamos tener una mayoría general en este Parlamento, como ya tenemos entre los Cuestores.
En segundo lugar, el Sr. Schultz está en lo cierto cuando dice que es necesario que ocupemos el tiempo. Puede que ésta sea la razón por la que el Sr. Poettering está un poco pálido, quizás sea debido a un exceso de trabajo. En lo que al tiempo se refiere, mientras nos encontramos en Estrasburgo deberíamos emplearlo al máximo, de lo contrario no hace sino repercutir en el resto de sesiones parciales en las que debemos hacer cosas que no haríamos de otro modo.

El Presidente. -
Señorías, han conseguido prolongar la sesión hasta las 16 horas, lo que sin duda era su objetivo

