Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la última sesión ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Janssen van Raay
Señora Presidenta, lamento que tenga que tomar de nuevo la palabra con motivo del Acta y con respecto al incidente del bolso, ya que, Sr. De Vries, comprendo su impaciencia al leer el Acta -que es errónea. En la misma consta que la víctima de la disputa me dirigió una queja, cuando en realidad la queja fue dirigida al Presidente del Parlamento, el Sr. Hänsch. La imprecisión se debe al hecho de que no quise citar ningún nombre, lo hice a propósito, es decir, no pronunciar nombre alguno que apareciese en el Acta. De ahí la confusión. O sea que el Acta contiene un error; según el documento fue ante mí que se presentó una queja. Esto es incierto. Deseo expresar de nuevo la esperanza de que el Presidente Hänsch convoque a las señoras interesadas con el objeto de encontrar una solución amistosa al incidente. Pido pues que se corrija el Acta y quede claro que la queja fue dirigida al Presidente Hänsch y no a mí por supuesto. Es cierto que fui ponente sobre el asunto en cuestión - y estoy dispuesto a asumir de nuevo esa función fuera de la sesión, aunque prefiero que el asunto se resuelva de manera amistosa contando con la alta autoridad del Presidente.

El Presidente
Muchas gracias, tomamos nota de ello.

Kinnock, Glenys
Señora Presidenta, desearía que el Presidente dirigiera una protesta urgente al Gobierno de Rangún teniendo en cuenta la categórica resolución del Parlamento. Hay rumores muy convincentes procedentes de Birmania de que 2.000 de los desalmados que atacaron el coche en el que se encontraba Aung San Suu Kyi la semana pasada están planeando asaltar este fin de semana su recinto y la casa en la que vive.
Invito al Presidente a que manifieste inmediatamente al Gobierno de Rangún la protesta contra el hecho de que pueda tener lugar una acción así.

El Presidente
Transmitiremos esto al Presidente, pero nos encontramos aún en la aprobación del Acta.

Ephremidis
Señora Presidenta, estuve presente en la sesión de ayer, pero no consta en el Acta. Solicito que se corrija.
(El Parlamento aprueba el Acta.)

Eisma
Desearía sólo preguntar lo siguiente. El lunes, en el tren especial que nos traía de Bruselas, a más de 200 diputados y colaboradores, tuvimos media hora de retraso ya que el personal del tren no se ponía de acuerdo sobre si en un día de fiesta nacional debería funcionar o no un coche restaurante. Es decir que, con el tren especial de Bruselas, llegamos aquí con mucho retraso y para colmo sedientos. ¿Desearía usted dirigirse por escrito a los ferrocarriles belgas a fin de que no se repitan tales incidentes pues temo profundamente que de lo contrario las personas en esta situación se sientan incitadas a tomar de nuevo el coche para venir aquí?

El Presidente
Señor Eisma, quisiera pedirle que en esta cuestión se dirija por escrito a la Mesa, pues no se trata de una cuestión relativa al Reglamento.

Cornelissen
Señor Presidente, me parece que en la vida hay que ser sincero. Respondiendo al colega Eisma, puedo decirle que el lunes vine de Bruselas también en el tren. Es cierto que hubo un retraso de media hora, lo que es bastante lástima, aunque pude comer estupendamente en el coche restaurante. No hubo problema ninguno, la comida era buenísima y el servicio excelente.

El Presidente
Por favor, señoras y señores, tenemos ante nosotros un orden del día muy amplio y una votación complicada y no deberíamos perder tiempo alguno.

Comercio internacional
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0320/96 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC); -A4-0321/96 del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre el informe del Grupo de expertos relativo a la política de competencia en el nuevo orden comercial: fortalecimiento de la cooperación y las normas internacionales (COM(95)0359 - C4-0352/95); -A4-0319/96 del Sr. Kreissl-Dörfler, en nombre de la Comisión de Relaciones económicas Exteriores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (COM(95)0054 - C4-0158/96) y al Parlamento Europeo sobre comercio y medio ambiente, -A4-0327/96 del Sr. Moniz, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (COM(95)0447 - C4-0460/95), al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la repercusión de la evolución de la situación internacional en el sector textil y de la confección en la Comunidad; -pregunta oral (B4-1216/96-0-0168/96) del Sr. Sonneveld y otros, en nombre de la Comisión e Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión sobre la aplicación por parte de la UE de los acuerdos de la OMC referentes a las disposiciones restrictivas frente a las restituciones a la exportación para los diferentes productos agrícolas.
Kittelmann
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, cada uno de estos informes que estamos discutiendo ahora de manera conjunta posee relevancia propia y sería susceptible de ser debatido específicamente. Celebro poder hacer una breve introducción a dos informes.
Está próxima la Conferencia de Ministros de los Estados de la OMC en Singapur, en la que se tratará de hacer una primera revisión de un acontecimiento histórico, es decir, de la Conferencia del GATT. Como Parlamento Europeo tendremos la tarea de asesorar y acompañar a la Comisión y al Consejo en el análisis de los éxitos que se hayan logrado hasta ahora y de la dirección que adopte la OMC en el futuro.
En este momento nos encontramos en una situación en la que se va a hacer especialmente patente para cada cual la importancia que revisten los éxitos de esta conferencia. Quien vea lo que estamos viviendo actualmente en Africa y la incapacidad con que estamos reaccionando, quien vea cómo aumentan también los conflictos comerciales entre los países industriales, y quien vea cómo se agudizan los problemas en muchas regiones de Asia y de la India, quien lea el informe de la OIT sobre los cientos de millones de niños que en parte han de trabajar en condiciones de esclavitud, comprenderá la progresiva importancia que cobra la OMC a la hora de actuar eliminando conflictos y de dar a las personas de este mundo la sensación de que existen marcos y regímenes jurídicos por los que merece la pena movilizarse. Aquí reside la enorme responsabilidad de los estados de la OMC. La conferencia tiene la tarea de realizar una revisión y de trazar cuidadosamente el desarrollo futuro. Hemos de tener claro, y esto vale también para nosotros como Parlamento Europeo, que cualquier sobrecarga impuesta de nuevos temas no genera por sí misma soluciones sino que las dificulta, aunque en casos particulares lamentemos esto. Sin embargo, esto no nos puede impedir que formulemos actitudes esperanzadoras y presentemos propuestas constructivas y adecuadas.
Mi informe intenta dirigir la mirada no sólo al futuro donde se están perfilando en el horizonte nuevos temas, como las cláusulas de medio ambiente y las cláusulas sociales o las normas sobre inversiones o sobre la competencia. Más bien, en el primer plano del informe debería figurar también el trabajo cotidiano de la Organización Mundial del Comercio. Aquí se trata esencialmente de la puesta en práctica de los resultados que se hayan logrado ya en las negociaciones de la OMC. Si se vuelve la mirada al decurso de la Ronda Uruguay, junto a muchos otros problemas hubo, sobre todo en dos ámbitos, grandes dificultades de llegar a un acuerdo. Por un lado, estaba el comercio agrícola en el que los frentes discurrían a través de los almacenes de los estados industriales y, en especial, entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Por otro lado, el comercio de productos textiles ocupaba desde hacía tiempo el primer plano de las negociaciones en las que se enfrentaban los intereses de los estados industriales y de los países en vías de desarrollo. Muchas discusiones se produjeron en el marco de las amplias negociaciones en el sector de los servicios, en el que deben reanudarse necesariamente las conversaciones sobre la prestación de servicios financieros, sobre el transporte marítimo y sobre las telecomunicaciones. Existe el peligro de que el tema, potencialmente reñido, de las comunicaciones pase a ocupar el punto central de los debates y de los informes. Lamento que en este punto los EE. UU. y la Unión Europea se encuentren desde hace tiempo en una vía de confrontación y nosotros hemos dicho aquí con frecuencia, Sir Leon Brittan, que usted, por su actitud, tendrá el apoyo incondicional del Parlamento Europeo. Hay que decir, ante todo, que en muchos ámbitos los EE.UU. buscan más la vía de la confrontación que la del acuerdo en la OMC, y nosotros esperamos que Singapur sea un ejemplo de que en los EE. UU. se produce también una cierta reconsideración.
Para terminar quisiera comentar algunos puntos acerca de mi primer informe. Todos los socios comerciales están de acuerdo en que el nuevo procedimiento único de resolución de conflictos en la OMC significa una mejora institucional decisiva del sistema multilateral de comercio. La gran importancia de este procedimiento la vemos también ahora en nuestro procedimiento contra las leyes norteamericanas Helms-Burton y D'Amato . Es así y lo voy a repetir una vez más aquí: para nosotros estas leyes son contrarias al Derecho internacional y animamos a la Unión Europea y, sobre todo, a la Comisión, a que procedan enérgica y duramente en este punto. Tras las elecciones presidenciales norteamericanas no vamos a poder abandonarnos a la ilusión de que con una constelación de un Congreso de mayoría republicana, por un lado, y de un Presidente de la otra tendencia, por otro, las cosas vayan a ser más fáciles para el Presidente Clinton.
Considero también acertado que en esta cuestión el Parlamento Europeo inicie contactos con el Congreso norteamericano y que instituyamos una ronda de conversaciones en la que se produzca un intercambio de ideas acerca de cuál es la concepción del mercado mundial liberal que reina en el Congreso norteamericano y entre nosotros. La reordenación de la política comercial es importante. Tres o cuatro temas van a figurar en primer término: la obstaculización y reducción de la distorsión de la competencia, la consecución de primeros resultados en los ámbitos del comercio y del medio ambiente, el mejoramiento del acceso al mercado para los países en vías de desarrollo y el programa de actividad para el futuro próximo. En lo que respecta a la reordenación del ámbito de la competencia, el objetivo es la constitución de un grupo de trabajo en la Conferencia, al que se le encargará a partir de 1997 la elaboración de un marco multilateral de condiciones de competencia.
Hemos de decir también que los acuerdos bilaterales entre trusts y grandes empresas influyen cada vez más en el régimen de competencia y que a nivel internacional es preciso encontrar soluciones para regularlos. Condición previa para un nuevo régimen de competencia es el compromiso de todos los miembros de la OMC de adoptar amplias normativas nacionales sobre la competencia y de ponerlas en práctica. Para la consecución de una plataforma conjunta de cooperación de las autoridades nacionales en materia de competencia tiene una gran importancia la existencia de unos estándares mínimos sobre regulación de la competencia que gocen de validez general. Hemos de acostumbrarnos a que en las grandes formas organizativas y en las regiones en crecimiento no siempre se puede lograr lo máximo, sino que hemos de contentarnos y hemos de aspirar a difundir primero los criterios mínimos. También hay que lamentar extraordinariamente, y me permito destacarlo aquí una vez más, que continúe sin ser posible que Taiwan sea miembro de la OMC. En el futuro es simplemente intolerable que la República Popular China, que por razones sustanciales no puede ser todavía miembro de la OMC, cierre el camino hacia la OMC al gran país industrial de Taiwan o -formulándolo quizá de otra manera- que la mojigatería de los grandes países del mundo frente a China permita aquí una desigualdad de trato. Sería deseable que la República Popular China y, sobre todo, Rusia, pudieran ser miembros de la OMC lo más rápidamente posible. En el caso de Rusia nos encontramos en el buen camino con la ayuda económica. China debe hacer mucho para satisfacer las condiciones.
Permítanme afirmar que de cara a las demás facultades de la OMC hemos de procurar siempre que la Unión Europea se decida a hablar en la misma con una sola voz, y el Parlamento es partidario de que esa única voz sea representada por la Comisión y no por el eco de un coro de muchas voces. La economía exterior es un ámbito en el que podemos y debemos aparecer conjuntamente de forma unitaria.
Para terminar, permítanme que en relación con los problemas que tenemos en el fortalecimiento de la cooperación internacional y de la competitividad diga lo siguiente sobre mi otro informe: queremos que para las actividades globales de las empresas se encuentre cada vez más un marco jurídico comparable al de la OMC. También en este punto celebramos, Sir Leon, la iniciativa de usted de pasar a la acción, y espero que en Singapur sea posible dar los primeros pasos para instituir en la OMC un grupo de trabajo con este objetivo. Tampoco aquí se producirán conflictos con el tercer Mundo como en otros marcos semejantes, pues los intereses en este ámbito coinciden con los del Tercer Mundo y, en la medida que puedo afirmarlo, en la industria hay también un gran interés en que alcancemos aquí éxitos conjuntos.

Kreissl-Dörfler
Señora Presidenta, estimados colegas, hace cuatro años -en la Conferencia de Medio Ambiente de Río- los hombres de estado del mundo y a la cabeza de todos el Canciller Federal Kohl, prometieron pasar, por fin, a la acción y no cerrar por más tiempo los ojos ante peligros globales como el agujero de ozono, el efecto invernadero y los cambios climáticos.
Hace dos años -en la fundación de la OMC en Ginebra- sólo se hablaba de desarrollo sostenible en el preámbulo. En la parte donde el Tratado OMC se vuelve concreto, se trata solamente del dictado del libre comercio y de la ideología del crecimiento. Ahora en la Conferencia de Ministros de Singapur se va a presentar el primer informe de la Comisión de la OMC para el Comercio y el Medio Ambiente. Hasta ahora no existe la más mínima alusión al hecho de que el crecimiento del comercio mundial debe ser sostenible, es decir, adecuado al medio ambiente y socialmente equilibrado. Peor aún, incluso la exigencia de una estructura económica mundial con capacidad de futuro se plantea públicamente cada vez con menos frecuencia. Hace dos semanas el Consejo, con Helmut Kohl a la cabeza, aprobó, por ejemplo, no solicitar en Singapur ningún grupo de trabajo de la OCM sobre estándares sociales. Si los gobiernos europeos muestran un compromiso semejante en el tema de la protección del medio ambiente, entonces hay que temer que Singapur se convertirá en un Waterloo de la ecología.
La mayoría de los gobiernos europeos cree en el libre mercado como los niños creen en Santa Claus. Renuncian voluntariamente a sus derechos democráticos y dejan la economía al libre juego de los grandes trusts transnacionales. Presentan la globalización como una tendencia natural sin mencionar su papel dirigente en la fundación de la OMC. Con la fundación de la OMC se perdió una ocasión de dar al mercado mundial unas normas sociales y ecológicas. Ahora es mucho más difícil una reforma y una complementación de la OMC. Pero incluso a esto no está dispuesto todavía el Consejo. Nosotros, el Parlamento Europeo, hemos de instar hoy a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión a que pasen de una vez a la acción y luchen en Singapur por nuestro planteamiento.
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha instado en esta semana a la Comisaria de Medio Ambiente, Sra. Bjerregaard, a que haga sus deberes o dimita. En prácticamente ninguno de los ámbitos de problemas va a poder lograr la Comisión sus propios objetivos de reducción antes del año 2000. Por consiguiente, la Comisión se encuentra muy lejos de desempeñar un papel de precursor en el ámbito del medio ambiente.
En lo que respecta a su papel en el seno de la OMC, ha publicado al menos un amplio documento sobre el ámbito del comercio y el medio ambiente y esto es digno de celebrarse. Si bien nosotros no estamos de acuerdo con una serie de estimaciones y de propuestas de la Comisión, ha constituido un documento de buena voluntad especialmente para la Dirección General del Sir Leon Brittan. Lamentablemente, las propuestas mismas de la Comisión han sido aceptadas sólo de manera muy cautelosa por el Consejo. Por consiguiente, los que frenan un comercio mundial de carácter socio-ecológico no sólo se hallan en Bruselas, sino de manera mucho más fuerte en las capitales de los Estados miembros. Por tanto, es muy importante que en el Parlamento Europeo pidamos ahora de la Conferencia de Singapur una amplia reforma ecológica de la OMC.
Mi informe, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, contiene, por ejemplo, la exigencia de que se introduzcan expertos medioambientales en los procedimientos de panel de la OMC. Es preciso modificar en su totalidad el artículo 20 del GATT para que se pueda ejercer más presión en pro de un apoyo económico de la producción ecológica. Si exigimos prohibiciones a la importación, no lo hacemos para obstaculizar las importaciones procedentes del Tercer Mundo. Más bien queremos facilitar a los países en vías de desarrollo ayudas adicionales a través de nuevos recursos financieros, de transferencia de tecnología y a través de contingentes adicionales y facilidades aduaneras para todos los productos procedentes de un comercio leal. Sin embargo, las prohibiciones a la importación deberían ser solamente un último medio de legítima defensa. La protección global del medio ambiente sólo es posible a través de una acción multilateral. Por consiguiente, pedimos una protección incondicionada de permanencia para todos los acuerdos multilaterales de medio ambiente.
Tal como pudo verse en las últimas semanas en el ejemplo de las exportaciones de residuos tóxicos, es urgente un control más estricto de estos acuerdos. Somos absolutamente partidarios del empleo y desarrollo de instrumentos de autoobligación, de un código de conducta para los trusts transnacionales o de una ecoetiqueta. Sin embargo, una ecoetiqueta tiene sentido solamente si se entiende como una distinción, como un premio a los productos ecológicos punteros y si es controlada de una manera independiente. La función principal de una reforma socio-ecológica de la OMC es la de someter a ésta a un control democrático. La transparencia y la participación de ONGs, de sindicatos y de asociaciones de consumidores han sido hasta hoy totalmente insuficientes o no se han dado todavía, en absoluto. Si la OMC se mostrase no reformable, si no se abriese más a objetivos sociales y ecológicos, habría que reflexionar acerca de una nueva estructura del comercio mundial en el marco de la ONU. La Unión Europea es la mayor potencia comercial del mundo. Debe poner todo su peso en el platillo de la balanza para que se produzca con éxito tal reforma. Sin embargo, algunos astutos en esta Asamblea siguen pensando que el comercio mundial tiene prioridad sobre el medio ambiente. Pero puedo decirles lo siguiente: quien destruya el medio ambiente, en el futuro no tendrá nada para comerciar.

Moniz
Señora Presidente, queridos colegas, en el momento en que la Unión Europea está reflexionando sobre una reforma de sus instituciones con vistas a luchar contra el desempleo de forma eficaz y en que el fortalecimiento de la cohesión económica y social es considerado tarea fundamental de la Unión y parte integrante del acervo comunitario, la posición de la Comisión, expresada en su comunicación relativa a la incidencia de la evolución internacional del sector de los textiles y de las prendas de vestir, ha resultado irrealista, de tendencia exclusivamente mercantilista, vencida y resignada frente a una visión fatalista para el sector. Semejante posición, que podría provocar una caída irreparable del importante segmento industrial con consecuencias dramáticas para millones de trabajadores, fue inevitablemente blanco de vehementes protestas y acaloradas críticas por parte de los interlocutores sociales y de todos aquellos que conocen la realidad y se identifican con las dificultades y preocupaciones del sector textil y de prendas de vestir europeo. Por eso, consideramos prudente una revisión de sus posiciones por parte de la Comisión, al proseguir la profundización del análisis relativo al sector, y esperamos propuestas más sólidas y positivas, articuladas en un verdadero plan de acción, que no se limiten a hablar de la disminución de la producción, del aumento de las importaciones y la pérdida de puestos de trabajo y de que la evolución futura seguirá inevitablemente la misma tendencia arrasadora, sino que, al contrario, reconozcan definitivamente que este sector representa 2, 3 millones de asalariados, el 8 % del empleo y más de 100.000 empresas, además de sus potencialidades reales, en particular su capacidad competitiva con importante contribución en la vía que se pretende proseguir del desarrollo sostenido en el actual marco de internacionalización y mundialización. Hemos de decir a ese respecto que la integración progresiva del sector textil y de prendas de vestir en el sistema central de las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, además de las repercusiones de los nuevos acuerdos de libre comercio con los PECO, de la Unión Aduanera con Turquía y también los acuerdos bilaterales con el Paquistán, la India y la China van a modificar substancialmente el marco de actuación de la industria textil comunitaria, que se verá obligada a hacer nuevos esfuerzos de adaptación estructural para afrontar, con garantías de éxito, la competencia internacional. El acuerdo sobre el comercio de productos textiles y prendas de vestir ha creado el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de sus miembros. La Unión Europea ha aceptado la eliminación gradual de las restricciones del Acuerdo Multifibras con la condición expresa de que se produzca dentro de ese sector la armonización y la igualación de las condiciones de competencia internacional, o sea, que los intercambios comerciales de productos textiles se rijan por las normas y disciplinas reforzadas del sistema de la Organización Mundial del Comercio. En cambio, la apertura de los mercados textiles de los terceros países, ya se trate de nuestros interlocutores comerciales e industrializados o -sobre todo- de ciertos países en desarrollo, no ha avanzado en la medida deseada.
De ese modo, el acuerdo textil del GATT 94 debería también plasmarse en nuevas oportunidades de mercado para las empresas comunitarias, en particular por lo que se refiere a los productos textiles y a las prendas de vestir de primera calidad.
En vísperas de la Conferencia Ministerial de Singapur, es imprescindible que la Unión Europea adopte una firme posición común respecto de la aplicación del acuerdo de liberalización del sector textil. Es necesario mantener el calendario fijado para la liberalización e integración con el objetivo de que la industria comunitaria pueda concluir, en condiciones de certeza, el proceso en curso de reestructuración y de adaptación a las nuevas condiciones internacionales, reduciendo al mínimo los costos sociales y regionales resultantes, afrontando con garantías de éxito la mayor competencia exterior que se concentrará en la aplicación de la última fase prevista para el año 2005. También es necesario que la Unión Europea haga subordinar el avance de la integración al respeto de normas y disciplinas que impidan el dumping , el fraude y el desvío del comercio y la apertura de mercados de terceros países, en particular al establecer los productos que se deben incluir en el sistema de la OMC, al tiempo que se vigila el proceso de adaptación a éste de las restricciones que afectan a las exportaciones comunitarias.
Por otro lado, la Unión debería adoptar las iniciativas necesarias para que en Singapur se inicie un diálogo serio sobre la vinculación entre el respeto de un código de normas sociales mínimas y el comercio internacional. Con el convencimiento de que, si no se respetan escrupulosamente los principios esenciales, como los convenios de la OIT sobre el trabajo de menores, los trabajos forzados y la libertad sindical o las exigencias relativas a la protección del medio ambiente, ello constituirá también un grave atentado y un elemento importante de distorsión de la competencia. Así, pues, admitiremos que también en el sector textil la mundialización de la economía en sí no es algo malo, sino que es indispensable una reglamentación política en el nivel adecuado a fin de corregir su rumbo y efectos negativos, tarea que en esta fase exigimos que la OMC pase también a desempeñar con la eficacia deseada. Para que la idea económica y social europea no se pierda en el proceso de liberalización o en la creación de un ambiente que sitúe a los ciudadanos en segundo plano.

Sonneveld
Señora Presidenta, en esta parte del debate nos concentramos en las experiencias registradas durante más de un año de aplicación del Acuerdo del GATT para los productos agrícolas. A tales efectos hemos escuchado a aquéllos que deben funcionar respetando dicho acuerdo, es decir la empresa privada. Para buena parte de ella los resultados fueron decepcionantes. La crítica más violenta procedía de la industria láctea y de empresas de procesamiento de productos animales como carne de ave y huevos. Todos ellos productos con un valor añadido relativamente elevado. El volumen de sus exportaciones reviste gran importancia para el nivel de precios internos del sector primario. La fuerte disminución de las exportaciones comunitarias de queso constituye una de las principales causas del bajo nivel de precios para la leche en la Comunidad. Y ahora resulta que el regimen concertado de subvenciones a la exportación en el sector lácteo tiene efectos sumamente negativos. Queda enteramente justificada pues la necesidad de sacar el mayor partido de dicho régimen de limitación. A través del óptimo aprovechamiento de las limitadas posibilidades de exportación se hace necesaria una gestión atenta, creativa y no burocrática de las subvenciones a la exportación. A este respecto, juega la Comisión un papel primordial en el funcionamiento del comité de gestión.
¿Es acaso la intención manifiesta de la Comisión, y en particular de los Comisarios Brittan y Fischler, basándose en el régimen acordado, por ejemplo, alcanzar un nivel pujante, el mayor volumen posible, para las exportaciones lácteas hacia el creciente mercado mundial? En realidad, las experiencias registradas durante el primer año de aplicación demuestran todo lo contrario. De la supresión obligatoria de los subsidios en metálico hicimos en sólo un año lo que podíamos hacer en seis años. Desde el punto de vista del presupuesto esto puede parecer atractivo, pero como instrumento orientado a asegurar un nivel adecuado de ingresos agrícolas ha resultado un fracaso. La peor dificultad estriba en la limitación del volumen. No estoy seguro que la Comisión haya de conceder la suficiente prioridad a las subvenciones a la exportación. El régimen que hemos concertado es de seis años. No podemos comprometer su utilización porque al Comisario se le ocurra asistir a la próxima ronda de negociaciones. La actitud del Comisario Brittan es bastante precipitada, si damos crédito a la prensa, al expresar públicamente que está a favor de la supresión total de los subsidios agrícolas, haciendo caso omiso completamente de los objetivos del Tratado de Roma, en particular su artículo 19. No podemos considerar en modo alguno la posibilidad de que ahora tengamos que discutir sobre nuevas concesiones en el sector agrícola.
Lo que se plantea es el cumplimiento adecuado de las obligaciones que contraímos hace aproximadamente un año y que deberemos seguir aplicando aún durante casi cinco años. Es en ese ámbito que la Unión Europea deberá fortalecer al máximo su posición. Deliberadamente se escogió un desmantelamiento parcial y progresivo, evitándose así el abandono brusco de posiciones de exportación alcanzadas con sumos esfuerzos. La política desplegada hasta la fecha da la impresión, sin embargo, de haber caído en manos de especuladores, perjudicando así seriamente la solidez de la UE en cuanto abastecedor concienzudo y fiable de productos alimenticios de alta calidad. Y todo deja indicar que precisamente era eso lo que buscaban nuestros competidores. ¿No fue acaso extremadamente ingenua la Unión Europea al aceptar nosotros en el Acuerdo Blairhouse la inadmisible limitación del volumen? ¿Y no nos damos cuenta acaso ahora que lo que ha logrado Estados Unidos mediante la nueva ley agrícola es posicionarse de manera extremadamente expansionista a través de un sistema estimulante de las exportaciones sutilmente formulado en beneficio de los productores norteamericanos en el momento en que la demanda en el mercado mundial sea la mayor? El fomento de las exportaciones equivale a aprovechar las oportunidades que se ofrecen a las autoridades y a la industria. En el proyecto de resolución común la Comisión solicita para junio de 1997 la realización de un análisis por sectores de los problemas que afectan a los operadores en los diversos sectores agrícolas por efecto de la aplicación del Acuerdo del GATT. ¿Está dispuesta a ello la Comisión? De lo que se trata es de saber de qué manera es posible obtener un sano desarrollo del comercio mundial, reconociendo además la necesidad y la efectividad de que los gobiernos se ocupen, presumiblemente por siempre, del bienestar social y económico del sector agrario. Los autores de la estrategia de la Comisión no parecen tener la mínima idea de la gravedad del desafío que representa el comercio internacional para toda la humanidad. En un documento de 22 páginas se dedican apenas siete renglones a la agricultura. Esta falta de atención parece concordar enteramente con el deseo del Comisario Brittan, si otra vez damos crédito a las afirmaciones de la prensa, de que la agricultura debe considerarse como un simple sector económico, como otro cualquiera. ¿Piensa esto también el Comisario de Agricultura o bien pasó desapercibida para él la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de exportación de la Unión Europea? Es posible que a la larga nos veamos obligados a un sistema de ayuda completamente separado. Pero incluso cuando fuera éste el caso, digamos dentro de seis años, el deber de cada uno de los que hoy son responsables de la aplicación de las normas de comercio será impedir el derrumbe de las exportaciones capaces de producirse en esta nueva situación con el régimen actual.

Görlach
Señora Presidenta, estimados colegas, si recordamos la Ronda Uruguay, siempre sucedía como si la agricultura fuera la piedra de tropiezo o el niño problemático de toda la negociación. Sabemos también que el sector industrial de la UE consideraba molesto que se hubiera de discutir tanto tiempo sobre política agrícola. Si esta vez no logramos -y esto comienza en Singapur- que la Unión Europea elabore criterios claros para todos los sectores de la industria de cara a las negociaciones que darán comienzo en 1999, perderemos en la próxima ronda.
Yo no considero importante -ni los políticos agrícolas tampoco tienen que considerarlo así- emprender con los demás socios una carrera por participaciones mundiales a base de una exportación subvencionada. Perderemos esta lucha y deberíamos empujar a los demás a que tampoco lo hagan. Esto es aplicable justamente a la agricultura. Soy partidario de la exportación, todos somos partidarios de la exportación, incluso de los productos agrícolas, pero no a costa del medio ambiente y de las personas, descuidando, como en el pasado, los criterios sociales y ecológicos. Si proseguimos esto, la próxima ronda sobre comercio mundial, y también Singapur, se convertirá en una catástrofe para la UE y para todo el mundo. Como Unión Europea deberíamos tener el coraje de empujar hacia un nuevo rumbo a los americanos y a los que hacen grupo con los americanos. Si no logramos esto es mejor que no vayamos siquiera allí.

Softwedel-Schäfer
Señora Presidenta, señoras y señores, el sector textil puede sintetizarse en unas pocas cuestiones y puntos, aunque lamentablemente, un minuto es demasiado poco para ello. Tiene que ver con la decisión y la preparación de Singapur en el ámbito social y en el de medio ambiente, tiene que ver con la cuestión del trabajo infantil, tiene que ver con los efectos del trabajo textil en el medio ambiente y, también, en los trabajadores, tiene que ver con la globalización. Tiene que ver también con las reglas políticas internacionales de juego en el futuro para establecer qué importancia tienen, y no sólo para Europa, los estándares sociales y ecológicos, es decir, la cuestión de si siguen cayendo hacia abajo en caída libre, incluso fuera de Europa, o si estos estándares internacionales van a encontrar, por fin, un anclaje en Singapur y también dentro de Europa como reglas de juego complementarias de un mercado interior libre.
Esta es una orientación política de la OMC y una cuestión de importancia decisiva para el futuro. En la unanimidad de los grupos en estos puntos esenciales vemos que existen opiniones generales que en su totalidad están orientadas de la misma manera hacia la salvaguardia de los estándares sociales y ecológicos en el ámbito textil.

Pimenta
Señora Presidenta, queridos colegas, dos años han pasado desde la reunión de Marraqués. En Marraqués, con ocasión de la firma de la Ronda Uruguay, se firmó un protocolo adicional por el que se creó la comisión de trade and environment y se le encomendó el mandato de diez puntos para trabajar hasta la reunión de Singapur, que se celebrará dentro de tres semanas.
Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Nada concreto. Las perspectivas son muy poco halagüeñas. Nada me hace suponer hoy que, en cualquiera de esos diez puntos del orden del día, se vaya a conseguir algún tipo de resolución operativa, ni en la esfera jurídica ni en la práctica. El Comisario Leon Brittan nos dijo ayer que había un pequeño acuerdo sobre uno de los puntos, que aún no he visto, y espero que tenga alguna substancia. Ahora bien, soy extraordinariamente pesimista sobre los resultados concretos, prácticos y jurídicos de Singapur.
De modo que ya me preocupa -y, como a mí, al ponente Kreissl-Dörfler y a la Comisión de Medio Ambiente- lo que se debe hacer después de Singapur. Y la primera respuesta a esa pregunta debe ser por parte de la Unión Europea la de aumentar su engagement politique , su orientación política, su empeño político, para que las otras regiones del mundo comprendan que la cuestión del trade and environment es para la Unión Europea tan importante como las telecomunicaciones, tan importante como los otros sectores que ha perseguido con tanto empeño.
En segundo lugar, hay que aumentar la transparencia y la democracia en los trabajos de la Organización Mundial del Comercio. Hay que aplicar, en particular, su artículo 5, que se acordó en Marraqués y que establece una mayor apertura a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de interés, a las otras organizaciones internacionales.
También hay que luchar por el mandato para que se inicien las negociaciones encaminadas a la revisión del artículo 20 de los estatutos del GATT con vistas a que se pueda hacer y aprobar en la próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en 1998.
Por último, quiero terminar con el asunto del animal welfare . Algo hay que hacer, señor Comisario. El Comisario procede de Inglaterra, país en el que la población tanto lucha por el animal welfare . No podemos conformarnos con la total ausencia de consideración de ese asunto por parte de la Organización Mundial del Comercio. No podemos aceptar que nuestra escasa legislación sea puesta en entredicho por los acuerdos del GATT.

Hughes
Señora Presidenta, sustituyo a Irene Crepaz, que era la ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, pero que dejó el Parlamento en las últimas elecciones austriacas.
Quisiera comenzar dando mis calurosas felicitaciones al Sr. Kittelmann por la elaboración de un excelente informe. Su resolución comienza afirmando que el comercio mundial debe contribuir a incrementar el nivel de vida, a garantizar el pleno empleo y a promover el bienestar, y no contribuir a una competencia ruinosa por los puestos de trabajo. Esto es absolutamente cierto, y un aspecto esencial de la posición adoptada por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo.
La Unión Europea desempeñará un papel importante en Singapur, tanto en defender que se introduzcan unas normas sociales y medioambientales en los acuerdos de comercio multilaterales como en garantizar que se dé preeminencia a la OIT en los esfuerzos por normalizar los requisitos de carácter social.
El párrafo 72 del informe del Sr. Kittelmann resume la postura principal tanto de la Comisión de Asuntos Sociales como de la de Medio Ambiente. Condenamos, en efecto, las distorsiones de competencia producidas por el dumping social y medioambiental y pedimos que se limite este dumping mediante la introducción de cláusulas medioambientales y sociales a través de una modificación del artículo 20 de la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Es absolutamente esencial. Creemos que hay que introducir unas normas laborales básicas derivadas de los convenios de la OIT en dicho punto del artículo 20 de la normativa de la OMC. Dichas normas laborales básicas serían: libertad de asociación y de negociación colectiva, eliminación de formas explotadoras de trabajo infantil, prohibición del trabajo forzado y ausencia de discriminación en el empleo. Creemos que son el mínimo absoluto que debemos intentar incorporar a los acuerdos de la OMC en este momento.
Desde luego, en esta postura contamos con el apoyo de varios gobiernos de la Unión Europea pero, desgraciadamente, otros siguen oponiéndose a la misma. Quizá no sea sorprendente, dada su postura en materia de política social dentro de la Unión Europea, que el Gobierno Británico figure entre los que se oponen a la propuesta.
A los que dicen que no es posible, les invito a que repasen el estudio de la OCDE, que se encargó en 1994 para analizar el comercio, el empleo y las condiciones de trabajo internacionalmente reconocidas. Este el informe que examinaron nuestros ministros en mayo de este año. En él se llega a la conclusión de que probablemente los efectos económicos de establecer unas normas básicas de trabajo -las que he enumerado- serían pequeños y que los beneficios reales se acumularían en los países en vías de desarrollo, sin ningún efecto negativo probable sobre las inversiones directas extranjeras. En otras palabras, con la incorporación de dichas normas básicas de trabajo al artículo 20 de la normativa de la OMC se obtendrían enormes ventajas para todos.
Espero que Sir Leon Brittan y la delegación de la UE hagan todo lo posible para garantizar que se incorporen esas normas sociales, laborales y medioambientales básicas.

Katiforis
Señora Presidenta, quisiera aprovechar el minuto que se me ha concedido para referirme brevemente a las normas internacionales de competencia.
Creo que se impone que la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio, prevista para diciembre de 1996, logre cierto progreso en esta dirección. Es fundamental, sobre todo, en el contexto de la internacionalización de la economía. En todo el mundo los gobiernos están reduciendo las tasas, con el resultado de que las restricciones no aduaneras como obstáculos para el comercio mundial están adquiriendo enorme importancia. Uno de estos obstáculos son las normas de competencia, sobre todo, la falta de armonización entre las mismas.
La Organización Mundial del Comercio debe proceder a la creación de un marco multilateral sobre las normas internacionales de cooperación y de política de competencia, teniendo en cuenta las experiencias obtenidas en recientes acuerdos bilaterales, como el celebrado entre la Unión Europea y EE.UU.
Quisiera añadir que también la Comisión debe intentar reforzar los acuerdos bilaterales existentes abriéndolos a las otras grandes potencias comerciales, teniendo siempre en consideración los legítimos intereses de las empresas respecto a la protección del secreto comercial.

Randzio-Plath
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la Conferencia de Comercio Mundial de Singapur, que está próxima, no debe convertirse solamente en una conferencia de ejecución y de revisión, sino que debe abarcar los nuevos temas que tratamos justificadamente ya en este Parlamento Europeo al final de la Ronda Uruguay.
Cabe afirmar que el libre comercio ha aumentado. Así lo destacan las tasas de crecimiento de 1994 a 1995 y también las de 1995 a 1996 en los informes de la Organización Mundial de Comercio. Al mismo tiempo, hemos de decir que estamos muy lejos de un comercio mundial leal. Al contrario, tenemos situaciones de dumping, no sólo de dumping de precios por parte de las empresas, sino auténticas situaciones de dumping, incluso en lo que se refiere a las condiciones del comercio.
Por consiguiente, ahora ha llegado la hora en Singapur. Debemos adoptar posiciones y establecer reglas sobre el tema, ya mencionado, del comercio y el medio ambiente, es decir, es preciso establecer un comercio que sea compatible con el medio ambiente. También debe reimplantarse el grupo de trabajo para que llegue a resultados concretos.
Pero también va a ser especialmente importante establecer en esta conferencia un grupo de trabajo sobre los derechos sociales fundamentales y los estándares sociales mínimos en el ámbito del comercio. Este grupo de trabajo no sólo ha de identificar y analizar los problemas -y, evidentemente, hay que enlazar aquí con la internacionalmente vigente convención de la OIT sobre el trabajo infantil, con la prohibición del trabajo forzado, con las libertades fundamentales de asociación-; también es preciso hablar aquí sobre las posibilidades de sanción en el marco del comercio y -algo que es mucho más importante- sobre un sistema de medidas positivas, sobre un sistema de estímulos positivos, para que estos estándares mínimos puedan ser llevados a la práctica tanto en el ámbito del medio ambiente como en el ámbito social. Precisamente esto no es proteccionismo desde el punto de vista de los países industriales, sino un intento de lograr condiciones, humanamente dignas, de producción y de comercio en todos los países del mundo, pues el GATT fue fundado -y lo mismo cabe decir de la OMC- para mejorar el nivel de vida, garantizar el pleno empleo, facilitar el crecimiento constante de las rentas reales y de la demanda efectiva, desarrollar el aprovechamiento pleno de los recursos mundiales y extender la producción y el intercambio de mercancías. Hay que mantener este objetivo del GATT y de la OMC. Afecta a los intereses europeos.
Sin embargo, todavía hay que tener en cuenta otra cosa. En último término, el libre mercado mundial no sólo ha conducido a una globalización de los mercados, del transporte y de las comunicaciones, hecho que ha conducido a enormes problemas de seguridad, los cuales, por fin, han de ser tratados también como un tema nuevo, sino que ha conducido también a que cada vez más empresas transnacionales puedan repartirse el mundo -por decirlo así- entre ellas en trusts territoriales y de precios, en acuerdos, en oligopolios y en posiciones monopolistas. Es preciso evitar esto.
Necesitamos un orden internacional de la competencia. Los acuerdos bilaterales como entre la Unión Europea y los EE.UU. son, seguramente, útiles, pero no constituyen una solución porque no se trata solamente de la cuestión de las informaciones sino también de planteamientos estratégicos de acción. Por esta razón, hemos de impedir la formación de cárteles y hemos de imponer también a nivel internacional el control de las fusiones, una especie de ley anti trust , y proceder de acuerdo con el modelo del mercado interior europeo, el cual tampoco se ha limitado al libre comercio, a la apertura de fronteras y al libre acceso al mercado, sino que al mismo tiempo ha introducido también reglas encaminadas a la libre competencia y ha contribuido con ello a una parte de la política estatal de ordenación. Esta política debe ser recuperada urgentemente en el plano internacional, para que precisamente, como se ha dicho, no tengan la última palabra las cien mayores empresas transnacionales que disponen hoy de más de una tercera parte del bienestar de este mundo.
En el marco de la Conferencia de la OMC hay una exigencia del Parlamento Europeo que es más importante que nunca: necesitamos no sólo la participación parlamentaria en todos los ámbitos, sino que, sobre todo, la UE debe hablar con una sola voz si quiere un comercio leal. En este sentido las modificaciones del Tratado y el protagonismo único de la Comisión Europea en las negociaciones en el marco de la Conferencia Intergubernamental de 1996 se cuentan entre los elementos de una cura de acondicionamiento de la Unión Europea, el mayor socio comercial del mundo, en materia de política comercial.

Pex
Señora Presidenta, la producción se globaliza y con ella se internacionaliza igualmente el sector textil. Es indudable que la adaptación de este sector a esta nueva época de internalización no está exenta de problemas. Solamente a través de una restrucuración y de una innovación efectivas podrá ajustarse el sector textil en la Unión Europea a las nuevas reglas de juego del comercio mundial. Las empresas que no procedan a esta restructuración, a esta innovación o a esta adaptación se verán expuestas al impacto de esta liberalización. Esto no tiene por qué forzar a la industria a abusar de las normas vigentes en materia de contingentes y de medidas antidumping. Esto da lugar a menudo a quejas infundadas, lo cual me parece injusto.
La gestión y ejecución de las cuotas y de las medidas antidumping crean dificultades a los importadores y al comercio en general. La internalización funcionará correctamente sólo a través de un buen funcionamiento del comercio. Hay mercancías retenidas en los puertos por la incapacidad de despacho. Ya anteriormente he litigado con Sir Leon Brittan en cuanto a la manera en que se lleva a cabo la política antidumping y la manera en que se procede a la gestión de las cuotas. El funcionamiento de esta gestión deja que desear. Esto no depende sólo de la Comisión sino también del hecho de que las cuotas constituyen un trasto, inútil resultando imposible una adecuada gestión de las mismas. Pero lo que me parece más inaceptable es que esto perjudique fuertemente a los importadores.
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial hemos podido emitir una opinión bien equilibrada, a mi juicio, gracias al excelente informe presentado por el Sr. Moniz. En dicha opinión invocamos la adopción de medidas que hagan posible la liberalización del mercado conforme al proceso gradual que estipula el Acuerdo GATT/OMC. En nuestro documento se hace bastante hincapié en la necesidad de celebrar acuerdos multilaterales.
Mi grupo político se ha esforzado por hacer recalcar algunas enmiendas la globalización del comercio puesto que un análisis más detallado revela que esta cuestión no ha sido aún puesta de relieve como merece.

Malerba
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en vísperas de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio de Singapur, el excelente informe del Sr. Kittelmann contiene innumerables recomendaciones dirigidas a los Gobiernos, antiguos temas todavía pendientes y nuevas y valientes propuestas como son las reglas sobre la competencia multilateral o la compatibilidad entre comercio y medio ambiente. Sin embargo, me parece que la expectativa política más importante es una indicación respecto a la propuesta de un modelo de sociedad del próximo milenio para Europa, que la globalización de los intercambios nos obliga a definir. Me parece que la sociedad americana, con las últimas elecciones presidenciales, hizo frente a este reto: la globalización no puede eludirse y no es una amenaza contra el bienestar alcanzado por los países ricos, como deseaba la derecha reaccionaria. Cada uno de nosotros, por el contrario, debe tratar de buscar los estímulos necesarios para garantizar su propio futuro; el Estado garantiza las libertades individuales y no un poder intrusivo. Al contrario, la manifestación de un millón de moderados, pertenecientes en su mayor parte a las clases medias, que se celebró el pasado sábado en Roma, demuestra una preocupación a la que los gobernantes europeos no han sabido ofrecer todavía una respuesta. Como dice Barbara Spinelli en su editorial de «La Stampa» de Turín, titulado es «La burguesía extraviada», el ciudadano europeo se pregunta acerca del futuro, se rebela contra el impuesto para Europa, no porque de pronto se sienta antieuropeo, sino porque sabe que los sacrificios los causa la competencia mundial y quiere un proyecto de desarrollo, pide que se salve la experiencia de un siglo que intentó hallar un equilibrio entre solidaridad y libertad individual. Europa pide a sus líderes que diseñen un proyecto de sociedad que concilie pleno empleo con niveles de protección social elevados. Confiamos en que la Conferencia de Singapur sea una ocasión de reflexión que no hay que desaprovechar.

De Clercq
Señora Presidenta, desearía hacer hincapié en la importancia del informe de nuestro colega Kittelmann, que ha logrado abarcar en una visión homogénea una gran diversidad de temas. En efecto, la Conferencia de Singapur habrá de abordar no sólo los llamados temas tradicionales sino además todos los aspectos de nuestra vida económica y de las relaciones comerciales internacionales. Las conclusiones de esta conferencia serán pues de importancia crucial para el mantenimiento de un sistema multilateral de libre comercio así como para las negociaciones en curso o que se realizarán en el futuro. Desde un punto de vista institucional corresponden las cuestiones abordadas en Singapur en parte a la exclusiva competencia de la Unión y de otra parte a las competencias que compartimos con los Estados miembros. Esto da lugar a una situación engorrosa habida cuenta que tras la supresión del antiguo Artículo 116 del Tratado los Estados miembros han dejado de estar obligados a armonizar sus políticas en aquellos ámbitos que siguen siguen siendo de su competencia.
No obstante, los Estados miembros quedan obligados, en el marco de la política exterior y de seguridad comunitaria, a coordinar su actuación en organizaciones internacionales y a defender en las mismas puntos de vista comunes. A su vez y tal como estipula el artículo J7 del Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo debe ser consultado de manera adecuada por el Consejo. Esto reviste aún una mayor significación si consideramos que las conclusiones de la Conferencia de Singapur no constituirán acuerdos vinculantes sino textos conteniendo un compromiso político en el cual el procedimiento Luns-Westerterp no resulta de aplicación ni a nivel de una consultación formal del Parlamento ni tampoco a nivel del Consejo. a la luz de esta situación que deberá considerarse nuestra enmienda nº 27. No se trata en este caso por supuesto de poner en discusión las competencias de la Unión en materia de una política comercial común, sino de recordar a los Estados miembros sus obligaciones, concretamente sus deberes con respecto al Parlamento Europeo, incluso en ámbitos en los cuales los Estados miembros conservan sus competencias. A través de esta enmienda hemos querido sencillamente reafirmar y recalcar el derecho a la información que tiene nuestro Parlamento.
En la perspectiva de la CIG revelan estas dificultades institucionales la necesidad de dotar a la Unión de una política exterior eficaz y coherente. Esto supone una más clara repartición de las competencias, la existencia de mecanismos institucionales que permitan a la Unión Europea expresarse internacionalmente con una sola voz y fortalecer sus actuaciones y su posición. Me toca el honor, señora Presidenta, de encabezar la delegación de nuestro Parlamento a esta organización de comercio internacional y no dejaré por consiguiente de prestar mis mayores esfuerzos por velar que en la fijación de los objetivos de la Unión se tome en su debida consideración el parecer de nuestra institución.

Novo
Señora Presidenta, señores diputados, señor Comisario, el Parlamento Europeo formula hoy posiciones políticas sobre la Organización Mundial del Comercio y sobre algunos de sus aspectos sectoriales. El documento de la Comisión sobre el textil y las prendas de vestir resulta muy inferior a lo que se exigía y esperaba. Se basa en estudios limitados, elaborados con hipótesis optimistas, aporta paliativos para acompañar la posible decadencia de la industria textil comunitaria en lugar de formular un plan concreto y coherente para su defensa.
Este documento es, para nosotros, muy, pero que muy , preocupante. Así -y me ha gustado mucho la intervención de mi colega-, el informe Moniz debe subrayar esas insuficiencias y omisiones, por lo que, además de las enmiendas que le hemos introducido en la Comisión REX, proponemos ahora una nueva enmienda que vuelva más claro el dictamen de este Parlamento sobre el documento de la Comisión.
En este marco claudicante, no nos extraña la reciente propuesta de los productos que liberalizar en la segunda fase de la integración de los textiles en la Organización Mundial del Comercio. Figuran en ella productos delicados, cuando habría sido posible proponer un conjunto totalmente exento de productos de ese tipo. Por eso, esperamos que el Consejo de Ministros rechace la lista aprobada por la Comisión y elimine de ella, porque es posible, todo y cualquier producto delicado para la industria textil comunitaria.
En otro plano, apreciamos las gestiones del Sr. Kittelman al establecer reglas para que haya alguna transparencia en el comercio mundial. Ahora bien, estamos convencidos de que dichas reglas son manifiestamente insuficientes y no pueden pretender substituir, o hacer olvidar, el respeto obligatorio de las reglas sociales y medioambientales ni pueden pretender, de forma directa o encubierta, la disminución de los niveles sociales actuales ya alcanzados por las sociedades más desarrolladas.
El informe Kreissl-Dörfer, al proponer, y muy bien, un conjunto de normas medioambientales para el comercio mundial, lo hace, sin embargo, de forma, en nuestra opinión, tal vez excesivamente desligada del componente social. Es que, para nosotros, el desarrollo sostenible exige una articulación permanente entre desarrollo humano y preservación medioambiental.
El informe sobre la materia de fondo de la Organización Mundial del Comercio resulta muy inferior a lo necesario y deseable. No analiza el estado actual del proceso de liberalización y mundialización en el marco de la OMC, no permite juicio alguno sobre las consecuencias de las actuales orientaciones de las economías nacionales, casi desprecia el papel que la OIT debe desempeñar. Al contrario de lo que afirma el GATT y la OMC, esas orientaciones no han promovido la prosperidad ni el empleo. Los dieciocho millones de desempleados existentes en la Unión Europea o el informe de las Naciones Unidas sobre la agravación del foso entre países pobres y países ricos constituyen el mejor desmentido de esa profesión de fe.
Así, pues, este informe va encaminado a continuar y profundizar las orientaciones en vigor y se niega a buscar opciones substitutivas. De modo que no es de extrañar que recomiende avanzar en la liberalización agrícola, con la pretensión de que se revise en función de intereses terceros y que se abandone la preferencia comunitaria, no asombra que procure subvertir la transición preconizada en el propio informe Moniz, no sorprende que defienda la liberalización total de los servicios, de las telecomunicaciones, de las inversiones.
En vez del control democrático, con intervención de los parlamentos nacionales o del Parlamento Europeo, propone lo que para nosotros es inadmisible, es decir, que los Estados miembros dejen de estar presentes en la OMC y pasen a estar representados sólo por la Comisión.
Por último, el Consejo de Ministros del 29 de octubre consideró -según tengo entendido- inoportuno abordar en Singapur la introducción de las normas sociales en la OMC. Ni siquiera el rechazo del trabajo esclavo o el rechazo del trabajo infantil organizado. Eso expresa claramente los intereses y la hipocresía que, de hecho, predominan en la Organización Mundial del Comercio.

Lannoye
Señora Presidenta, creo que nadie en esta Asamblea cuestiona el hecho de que se precisan reglas reconocidas internacionalmente en materia de comercio. La OMC y el principio mismo de su constitución son positivos. Una vez dicho esto, los principios que fundamentan el funcionamiento de la OMC son otra cosa. En efecto, se comprueba, en el texto mismo del acuerdo, que la jerarquía de los valores es la siguiente: primero, el incremento de la producción y el comercio de mercancías y servicios. Esta es la prioridad absoluta que prima sobre cualquier otra consideración. Por tanto, el objetivo de desarrollo sostenible es subsidiario y la Conferencia de Río queda en el olvido. La protección del medio ambiente, el respeto de los derechos sociales y los derechos de la persona también están ausentes. Vista la ausencia de instituciones planetarias de la misma naturaleza dotadas de un poder supranacional real, tales como la OMC, creo que no se cambiará gran cosa.
¿Qué hay, en efecto, en estos acuerdos de la OMC, además de lo que acaba de decirse hoy? Hay un artículo 16 que dice que cada Estado deberá garantizar la conformidad de sus leyes, reglamentaciones y procedimientos administrativos con sus obligaciones tal como se enuncian en los acuerdos. ¿Cuál es el resultado? Da como resultado una lógica de desmantelamiento de toda la legislación social y la legislación medioambiental en los países denominados desarrollados. Nosotros lo comprobamos ya en la Unión Europea. Una serie de legislaciones internas en la Unión Europea están amenazadas. Puedo citarlas en orden: los cepos, el acuerdo sobre el BST, las hormonas en la carne, el chocolate, el plátano y ahora, en último lugar, la legislación en preparación sobre los nuevos alimentos. Todo ello se ve amenazado de regresar debido al acuerdo de la OMC que, lamentablemente, lo afirmo, aceptamos hace dos años.
Por tanto, me alegro de las propuestas concretas en los diferentes informes tratados hoy, pero no tengo muchas esperanzas en relación con Singapur, sobre todo después de haber escuchado a Sir Leon Brittan ayer. No siento una voluntad política de cambio. Es posible que me equivoque, lo espero. Ya lo veremos después de Singapur, pero debo decir sinceramente que no lo creo.

Vandemeulebroucke
Señora Presidenta, Señorías, este informe se basa en su mayor parte en el poderío absoluto del comercio libre. Todo lo demás queda supeditado a él. A mi juicio nos vemos confrontados a una creciente e inquietante globalización, a un incremento de las empresas transnacionales y a una mayor extensión de las concentraciones. El informe expresa con convicción que en realidad toda la cuestión de la Organización Mundial de Comercio debe ser considerada en gran medida y únicamente en función de la creciente globalización.
El informe revela una atención secundaria por ejemplo a cuestiones como el lugar y el grado de participación de los países en desarrollo cuyos niveles de crecimiento deberán alejarse progresivamente unos de otros. Resulta igualmente muy escasa la atención a normas complementarias que no pueden desligarse de aspectos tales como crecimiento sostenible, normas medioambientales, regulaciones sociales e internacionales, lucha contra el trabajo de menores, trabajo forzado, igualdad de derechos para ambos sexos, libertad de asociación. Todos estos puntos deberán figurar también en nuestras discusiones en el ámbito de la OMC. A ese respecto, no funcionamos todavía como un todo, existiendo incluso disensiones en el seno de la Unión Europea.
Las mayores empresas internacionales están colonizando en realidad a las organizaciones internacionales ignorando completamente la posibilidad de un control democrático legítimo. En este contexto nos hallamos ante una crucial alternativa entre dos concepciones divergentes del mundo. O bien concedemos la prioridad absoluta a una mayor racionalización, a una mayor productividad, a una mayor flexibilidad, a un mayor grado de deslocalizaciones o bien propugnamos otros valores fundamentales que Europa debería y podría defender en la nueva dimensión mundial. Entre estos valores figuran el respeto del carácter finito de los recursos humanos; la idea de que debemos fomentar y desarrollar modelos socioeconómicos orientados hacia el futuro. El GATT y la OMC han escogido el viejo patrón, un modelo que incluso contraviene acuerdos y obligaciones contraídos previamente como por ejemplo el Acuerdo de Río. El texto definitivo de la OMC consta de 22 000 páginas de apéndices. Y no quedaba otra posibilidad que aceptar o rechazar el texto en su totalidad. Citaré sólo un ejemplo entre tantos otros.
En las medidas fitosanitarias del capítulo agrícola debemos basarnos en el codex-alimentarius, documento sometido completamente al arbitrio de gigantes industriales como Cargil, Nestlé, Unilever, Coca Cola. Algunos de los cien gigantes que controlan enteramente las cadenas mundiales de alimentación. ¡Y osan hablar de democracia!
En el informe Kittelmann no figura esta consideración. Y hay aún mucho por discutir. Espero que esto constituya el inicio de un amplio debate comunitario que nos permita incluso hacer valer nuestras responsabilidades sociales y ecológicas en los tratados que más adelante se habrán de establecer.

Martínez
Señora Presidenta, con la Organización Mundial de Comercio tenemos una nueva organización internacional en un mundo que ya tiene unas que son muy eficaces, como todos los zairenses en Goma lo saben. El Sr. Kittelman es, por su parte, sumamente optimista, de un optimismo yo diría «ricardiano» o «lordbrittaniano». La Organización Mundial de Comercio va a moralizar, va a imponer un código de buena conducta. Claro está, no se hablará de Pakistán y la India, de la explotación económica de los niños ni tampoco de las fluctuaciones monetarias.
Cuando el dólar valía cinco francos, Estados Unidos detentaba el 40 % de las partes mundiales de mercado de los cereales, pero cuando el dólar valía nueve francos, los Estados Unidos no detentaban más que el 25 % de las partes mundiales de mercado. Todo ello es secundario. Lo esencial es tener una solución a las discrepancias, por lo demás, todo el mundo sabe que esto funciona para las carnes con hormonas y el plátano.
Habrá mesas redondas con tres miembros, elegidos en una lista de quince árbitros y esos árbitros serán tan libres de contrariar a los Estados Unidos como el Sr. Boutros Boutros Gali. Habrá un órgano de apelación de siete miembros con los Estados Unidos y sus esclavos, Nueva Zelandia, Filipinas, Uruguay, Egipto e incluso Alemania, de la que se sabe que ha sido totalmente libre con Chiquita, que financia al partido socialista y al partido liberal en lo relativo al expediente del plátano.
Y para terminar, señora Presidenta, el Banco Mundial hizo un informe diciendo que se ganarían 500.000 millones de dólares. El premio Nobel de economía, Maurice Allais, pudo concluir que este informe carecía de todo valor científico.

Fantuzzi
Señora Presidenta, nuestro Grupo, incluso en su componente agrícola, no perdió el tiempo en oponerse antes de hora a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Así va el mundo y la agricultura no puede permitirse el lujo de ir en contra del mundo. Por otra parte, y tras un año de aplicación, hay que reconocer que no hubo esa catástrofe que algunos presagiaban, incluso por lo que respecta al sector agrícola. Sin embargo, y tal como dijeron otros oradores, no cabe duda de que hubieron problemas.
El Sr. Sonneveld se refirió a algunos sectores agrícolas y yo deseo mencionar otros, es decir los que abarcan los productos mediterráneos que gozaban de menores defensas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), que tuvieron más problemas en el ámbito de la aplicación de los acuerdos del GATT y, en algunos casos, originaron la reforma propiamente dicha de estas organizaciones comunes de mercado. Los problemas surgieron cuando la Unión Europea gestionó dichos acuerdos a la defensiva y en un tono algo apocado. Yo estuve en Cork, en la Conferencia organizada por la Comisión Europea sobre el futuro de la política rural. Fue muy interesante, sin embargo, creo que el banco de pruebas será, sin dudas, una reforma de la política comercial en el sector agrícola que tenga en cuenta seriamente las problemáticas medioambientales y de la política rural. Desde este punto de vista, la nueva negociación que comenzará en 1999 y, por lo tanto, dentro de un plazo no tan lejano, con el reto de las ayudas desligadas de la producción, será el verdadero banco de pruebas para la reforma de la política comercial de la Unión Europea. Los americanos ya lo hicieron con su farm bill y, sobre todo, nos están proponiendo una estrategia agresiva con respecto a la exportación de los productos agroalimentarios no subvencionados. Creo que debemos atesorar estas experiencias.
En estos días se está celebrando en Roma la Cumbre de la FAO: ésta debería ser una ocasión para reflexionar acerca de la reforma de la PAC, sin embargo, creo que debemos sacar provecho de las oportunidades que actualmente nos ofrece la OMC en el ámbito fitosanitario y de las normas de origen de los productos agroalimentarios.

Valdivielso de Cué
Señora Presidenta, con mucho gusto participo en este debate conjunto sobre tres temas de la Comisión REX que están interrelacionados: la ecosociología del colega Kreissl-Dörfler, el sector textil del Sr. Moniz y, por supuesto la Organización Mundial de Comercio, del Sr. Kittelmann, informe al que deseo referirme principalmente.
El informe del Sr. Kittelmann -a pesar de las divergencias de opinión sobre el mismo- yo creo que tiene muchas ventajas. En primer lugar, establece un marco jurídico claro frente al derecho del más fuerte, es decir: mediante el respeto exigible de unas reglas jurídicas adoptadas de común acuerdo, reglas que también ha invocado el Sr. Moniz, especialmente en lo relativo al tema de los textiles. Además, lo destaca en el punto 6 el informe del Sr. Kittelmann: él habla del principio de solidaridad que prescribe el pleno acceso al mercado para los países en desarrollo más pobres sin obligarles a abrir plenamente sus mercados , instando, además, a que se establezca un plan de ayudas para los mismos. Y finalmente, este informe destaca que la OMC no debe ejercer una labor distorsionadora mediante la adopción de medidas unilaterales: un claro aviso al derecho del más fuerte, fenómeno que estamos viendo, y estamos tratando de evitar, en el tema Estados Unidos-Cuba, con la ley Helms-Burton.
En general, yo entiendo que es muy positiva su petición de que las empresas de la Unión Europea tengan una mejor información en cuanto a instrumentos de política comercial. Creo, por tanto, que los tres informes que estamos tratando tienen un sentido enormemente positivo, y concretamente el informe generalista del Sr. Kittelmann, respecto a la Organización Mundial de Comercio.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente Moniz por el trabajo que ha hecho y, naturalmente, por haber señalado con cierto equilibrio la situación real de los textiles de mi país. Todos sabíamos, aun no estando contra la mundialización, que ésta, llevada hasta el extremo a que se ha llevado, con el imperio evidente de la economía americana y de sus transnacionales, tendría las consecuencias que está teniendo en la economía europea. En unos casos porque la economía europea está habituada al Estadoprovidencia, en otros porque está infectada por el atraso, como ocurre en mi país. La verdad es que dentro de la desigualdad que reina en el mundo, unos aprovechan la pobreza de algunos, otros la tecnología avanzada de otros.
Es difícil lograr el concierto de las naciones en lo que se refiere al mantenimiento de un nivel de dignidad humana en las poblaciones que trabajan. No es necesario ni ser de izquierdas ni ser de derechas: basta con tener sentido común y alguna inteligencia para analizar las cosas, para ver que las medidas que se adoptaron en la profunda derrota que sufrió Europa en las negociaciones del GATT iban a tener consecuencias negativas en países pobres como el mío. No se negociaron cláusulas, no hubo valor para defender economías pobres contra economías pujantes o contra economías explotadas, como son algunas economías asiáticas. El resultado está a la vista: la cuestión es sólo política, no es una cuestión para economistas, es una cuestión para quien pueda comprender el destino de los hombres y sepa defender a los hombres de quienes abusan de ellos.

Gasòliba i Böhm
Señora Presidenta, Señorías, desearía hacer una referencia específica, dentro de este debate, al informe de nuestro colega Moniz, celebrando que haya habido una atención especial sobre la situación internacional en el sector textil y de la confección en la Unión Europea porque, realmente, es una industria importante por su producción, por sus intercambios exteriores y por su nivel de ocupación, que requiere, asimismo, una atención especial. Y celebro que el enfoque del Sr. Moniz sea un enfoque adecuado, en el sentido de que no pide una intervención directa ni hace un planteamiento proteccionista, sino que pide unas condiciones equitativas que no distorsionen su capacidad de intervenir, de estar presente, en los mercados internacionales y, por otra parte, que no se vea sometida a distorsiones o discriminaciones que pueden afectar muy negativamente a su necesaria reconversión y adaptación al mercado internacional, que se rige ahora por los acuerdos de la Ronda Uruguay y que administra la Organización Mundial de Comercio.
En conclusión, ruego que se examinen específicamente aquellos puntos en los que se pide una competencia leal, el poder aplicar medidas frente aquellas normas que distorsionan el acceso o que se ven afectadas por el fraude o bien que supongan de hecho una discriminación de carácter social, laboral o comercial que perjudicaría -insistogravemente a la industria textil y sus posibilidades en la Unión Europea.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, comerciar quieren siempre aquellos que están en la posición más fuerte y dictan a los demás sus condiciones. No se comercia para hacer ricos a los pobres ni para saciar a los hambrientos, sino para hacer dinero con el comercio. Hay poco que decir en contra, pero habría que liberar de este mito al comercio. Si discutimos sobre el hecho de que se realizan transportes de animales hasta el Norte de Africa y nos irritamos acerca de las condiciones, lo hacemos con razón, pero el auténtico problema reside en que enviamos animales allí, aunque allí hay suficientes animales. Burkina, Faso, Mali, Niger, las ciudades más pobres del mundo viven tradicionalmente de la cría de ganado. No están ya en condiciones de comercializar sus ganados, porque nosotros vamos allí con animales vivos subvencionados, que incluso son torturados, y les quitamos el mercado.
Entonces, nuestro Ministro de Agricultura, Borchert, que ahora se encuentra en la Conferencia Mundial de Alimentación, dice lo siguiente: hemos de hacer esto porque, de lo contrario, estos mercados serán copados por Nueva Zelanda y Australia, y en este caso los animales vendrán aún de más lejos. No se trata pues de quitar el hambre, sino que se trata de mercados. ¿Qué hacen los animales procedentes de Nueva Zelanda en el norte de Africa si aquí hay suficientes animales? Esto significa que hemos de asegurar el derecho fundamental a la alimentación. En todos los tratados internacionales debemos incluir la disposición de que todos los pueblos tienen el derecho fundamental a mantener y asegurar sus fuentes alimenticias, y nosotros hemos de adoptar acuerdos acerca de que el comercio no debe realizarse solamente con arreglo a las condiciones de los fuertes, ni debe conducir al endeudamiento y al empobrecimiento de los pobres, sino que debe redundar en su provecho, si deseamos introducir realmente un ethos en el comercio internacional.

Van der Waal
Señora Presidenta, la conclusión de la Ronda Uruguay, bajo la supervisión de la OMC, representó un importante paso hacia una mayor liberalización del comercio mundial. Resulta necesario que la Conferencia de Singapur prosiga por el camino emprendido, aunque dentro de marcos precisos de una política responsable en materia de protección del medio ambiente, política social y cooperación al desarrollo.
En interés de los países pobres deberá darse cumplimiento a las promesas efectuadas por los países ricos en anteriores acuerdos comerciales. Deberá lucharse igualmente por una mayor reducción de los aranceles de importación para los países menos desarrollados. Deberá establecerse una nueva política en materia social que combata abusos tales como el trabajo forzado y la explotación de menores, aunque resulta también oportuna una reserva en lo referente al contexto cultural y a los riesgos de un proteccionismo encubierto.
Por lo que respecta por último a las relaciones entre comercio y medio ambiente, podemos estar de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe Kreissl-Dörfler relativas a la integración en el ámbito de la OMC de acuerdos ambientales multilaterales y a la prohibición de exportaciones de productos nocivos para el medio ambiente.

Smith
Quisiera elogiar al Sr. Moniz por su excelente informe. En efecto, el Sr. Moniz destaca, con mucha razón, la descorazonadora tendencia descendente del empleo en la industria textil, una tendencia que por desgracia parece que va a continuar. Está bastante claro que parte de la responsabilidad de esta tendencia descendente recae en los fabricantes y minoristas, que trasladan al extranjero los medios de producción y transformación, aprovechándose a veces de las ínfimas condiciones sociales y medioambientales y, para su vergüenza, explotando a trabajadores que tienen pocos derechos y ninguna influencia.
Si queremos idear una estrategia para hacer frente a la situación, creo entonces que necesitamos también una transparencia por parte de la propia industria. Necesitamos saber si los fabricantes y minoristas se están abasteciendo en el extranjero, cuáles son sus estrategias de inversión y a qué mercados se pretende que sirvan tales inversiones. La Comisión mantiene encuentros regulares con representantes de la industria textil y quisiéramos solicitarle que nos transmita cuanta información reciba como resultado de esos encuentros, particularmente en lo referente a tendencias y estrategias de inversión. Quizás la Comisión podría incluso elaborar un informe acerca de las tendencias que presenta el traslado de empresas de la Unión Europea al extranjero.
La otra parte del informe del Sr. Moniz que considero sumamente adecuada es la petición de una investigación sobre el trabajo infantil en la Unión Europea. Creo que debiéramos ir más lejos y analizar las prácticas laborales en general en la Unión Europea. El Financial Times publicó hace poco un informe que mostraba la extensión de pésimas prácticas laborales y de pagas sumamente bajas, y esto tan sólo en el Reino Unido. Así pues, pediría a la Comisión que se lo tomara muy en serio y examinara dichas prácticas.

de Melo
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, dentro de la Comunidad Europea hay intereses divergentes y, a veces, contradictorios entre Estados esencialmente productores de bienes de equipo y Estados tradicionalmente productores de bienes de consumo. El sector textil y de prendas de vestir ha sido -y sigue siendo- víctima de esa política económica que permite una mal reglamentada y a veces fraudulenta importación de textiles como moneda de cambio para la exportación de equipo.
Todos sabemos que después de prolongadas y difíciles negociaciones, la Comunidad se adhirió al acuerdo sobre textiles y prendas de vestir en el acto final de la Ronda Uruguay. En ese acuerdo se reconocieron los necesarios ajustes estructurales de la industria textil europea a las nuevas condiciones de producción y comercialización mundiales de productos textiles. Así, se acordó una integración progresiva, por fases y a lo largo de diez años. Una política de otros intereses, por muy meritorios y legítimos que sean, no puede modificar ese acuerdo internacional. Compete al Parlamento, señora Presidenta, la fiscalización del cumplimiento de ese acuerdo, acuerdo internacional, repito, denunciando los reflejos negativos en la economía del sector textil y los graves problemas sociales que resultan de su incumplimiento. El informe de nuestro colega Moniz, un buen informe, va orientado en ese sentido y trata exhaustivamente de este asunto. Por eso, merece, en mi opinión, nuestro apoyo.

Garosci
Señora Presidenta, en tan poco tiempo no hay casi espacio para referirse a un concepto fundamental para todos los temas que hoy abordamos, es decir el del ámbito internacional e interior que tiene el comercio: comercio entendido como base de un triángulo que lo convierte en protagonista del mercado junto con otros dos elementos, que son la industria y los consumidores. En consecuencia, el comercio mundial y el comercio interior basan su eficacia en la validez del sistema distributivo y creo que es en esta dirección que debemos orientar nuestros esfuerzos con el fin de lograr mejorar las relaciones entre los países.
Sabemos que un viejo dicho dice: »Donde no llegan los soldados, llegan las mercancías». Pues bien, nuestros esfuerzos orientados en especial a los sectores que hoy abordamos -el textil, ante todo, pero también muchos otros, por ejemplo, el alimentario- deben dirigirse, ante todo, hacia las pequeñas y medianas empresas que, lo reiteramos una vez más, son el motor fundamental del funcionamiento de la economía de la Comunidad Europea.

Muscardini
Señora Presidenta, la trágica situación que atraviesa el sector textil y de la confección en Europa, nos obliga a no abordar el tema de forma burocrática o retórica. Los 850.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector y la perspectiva que en la próxima década la actividad laboral y productiva siga bajando, obligan a la Unión a no transigir respecto a la aplicación de las normas de la Organización Mundial del Comercio, dirigidas a crear las condiciones reales para una competencia justa y a garantizar el efectivo acceso de las empresas europeas a los mercados mundiales.
Los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y los terceros países -Turquía, los países del Este, antigua URSS, India, Pakistán y China- deben salvaguardar las condiciones mínimas de equilibrio para el sector textil y obligar a la Comisión a denunciar y rechazar acuerdos allí donde existan situaciones que fomentan la producción a través de prácticas inusuales respecto a las reglas económicas y democráticas internacionales, así como a rechazar, por ejemplo, los productos fabricados por menores, sin que haya un control sobre el respeto de los derechos humanos fundamentales de éstos.
Deseo llamar la atención de la Comisión respecto al problema del reconocimiento de la lana como producto agrícola y ello a fin de evitar que además del sector textil entre en crisis rápidamente también el de la producción de lana que está perdiendo mercado y que precisa una serie de medidas para frenar la crisis con el fin de evitar que desaparezcan del territorio comunitario las ovejas.

Ettl
Señora Presidenta, respecto del informe relativo a la OMC quisiera destacar especialmente, en mi condición de nuevo eurodiputado, que las exigencias de la Comisión de Asuntos Sociales en pro de la creación de un grupo de trabajo sobre cuestiones de los estándares sociales mínimos han sido aceptadas por la Comisión en su comunicación al Consejo. Esto ha sido así porque los sindicatos en Europa vienen apoyando intensivamente desde hace más de veinte años la salvaguardia de los derechos de los trabajadores incluso en los tratados comerciales internacionales, y esto, especialmente, en vista de las interconexiones económicas que cada vez son más fuertes.
A este respecto no se trata, en absoluto, de un nuevo proteccionismo. La división internacional del trabajo va a seguir funcionando y los países en vías de desarrollo seguirán teniendo suficientes grandes ventajas en la producción. Es sabido que en este sentido el mundo está cambiando con gran lentitud. De ahí nuestra exigencia a los representantes de la Comisión: la posición que se ha establecido ya debe mantenerse en Singapur de forma clara y tenaz sin supresión alguna.

Chanterie
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Conferencia de Singapur habrá de fijar los nuevos temas del comercio mundial e indudablemente se discutirá en la misma sobre las relaciones entre comercio y medio ambiente, aunque nuestro deseo es que se aborde igualmente el tema del comercio mundial y la dimensión social. Esperamos de parte de la Comisión Europea y del Consejo que no sólo defiendan el libre comercio sino que también propugnen el concepto de un comercio justo y que hagan hincapié en el mismo. En el caso del sector textil y de la confección se presentan dos puntos neurálgicos.
En primer lugar, las normas sociales mínimas. Proponemos la aplicación de cinco convenciones básicas establecidas por la OMC. No se trata de proteccionismo, señor Comisario, sino de los denominados derechos colectivos, por ejemplo el derecho a la libertad de asociación, la protección de menores frente a la explotación que representa el trabajo infantil. No se trata de medidas proteccionistas. Es bastante lamentable que el Consejo de Ministros no haya establecido ninguna disposición con vistas a la creación de un grupo de trabajo encargado de la reglamentación social, a causa de las trabas impuestas por algunos Estados miembros. Sin embargo, ¿cómo podremos explicar esto a la industria textil europea? Se halla empeñado aquí el interés tanto de los trabajadores como de los empresarios.
Segunda dificultad, la transición a la segunda fase del Acuerdo Multifibras conforme a las normas de la OMC. En la Ronda Uruguay se efectuaron convenios precisos y se estipularon condiciones? ¿Se han satisfecho dichas condiciones? Desearía que el señor Comisario brindase información suficiente a ese respecto. Me temo que una vez más nos estemos encaminando a lo que considero una liberalización ingenua del comercio. Se halla en juego el porvenir de la industria europea de textiles y de la confección. Esto significa, de manera inmediata, la supresión de dos millones y medio de puestos de trabajo, e indirectamente de otros dos millones de empleos. Es esto claramente lo que se halla en juego en esta cuestión. Que nos sirva de inspiración la postura de Estados Unidos que no vacila en proteger su propia industria.

Lang, Carl
Señora Presidenta, tanto en el sector textil como en muchos otros, la dura realidad ha acabado por imponerse y ha dado al traste con las ilusiones de una Organización Mundial de Comercio presentada, de manera engañosa y demagógica, como equitable y benéfica para todos.
El culto del comercio, el credo del libre cambio y el dogma de la globalización proceden al sacrificio deliberado de cientos de miles de empleos en Europa. La política de apertura a la competencia mundial, ya iniciada en el sector textil, provoca la hemorragia de nuestro tejido industrial y social y deja en la calle a miles de asalariados.
La liberalización aún mayor del comercio, tal como ha sido programada, hará que la hemorragia sea mortal. Ni la investigación, ni la modernización de las técnicas de producción salvarán los puestos laborales condenados a desaparecer a causa de la competencia mundial salvaje. La furiosa búsqueda de la competitividad, consecuencia de la apertura de las fronteras, conmina nuestras empresas al despido, la deslocalización, incluso a recurrir a la mano de obra clandestina. Esta lógica y esta mecánica son socialmente criminales y económicamente perjudiciales para la Unión.

Caudron
Señora Presidenta, tengo un minuto, y es muy corto, para decir tres cosas sobre el textil, sin olvidar felicitar a nuestro compañero Moniz por su informe.
En primer lugar, en mi calidad de diputado del norte de Francia, región que ha perdido decenas de miles de empleos en el textil, quiero expresar la profunda angustia que han experimentado los trabajadores de este sector ante el anuncio de nuevos despidos. Luego, en tanto que francés, afirmo que nuestro textil todavía tiene un porvenir si aprovechamos nuestras ventajas tecnológicas y cualitativas, así como los circuitos y métodos nuevos en el ámbito de la confección. Por último, en tanto que europeo, interpelo de nuevo a la Comisión y al Consejo en relación con la indispensable instauración de cláusulas sociales.
Cuando se ve la desestructuración de este sector en los países en vías de desarrollo, es imposible aferrarse a la cláusula de la nación más favorecida del GATT para prohibirse tomar medidas, sanas para todos, de defensa de nuestras industrias textiles. ¡Esperemos que, esta vez, por fin se nos escuche!

Porto
Señora Presidenta, también yo felicito a mi colega de la Comisión REX, Fernando Moniz, por el informe elaborado, y está justificado que cuente con nuestro apoyo la propuesta de resolución que se presenta a votación en esta Asamblea.
Por tratarse de un sector con problemas, reviste importancia primordial que subrayemos que se trata de un sector con buenas perspectivas y con gran interés para Europa. Además de su importancia económica directa, en particular para el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en la industria y en actividades complementarias de ella, la colocación de los productos textiles y de confecciones en mercados de terceros países dependerá del reconocimiento de los méritos de la moda europea, vinculada con valores culturales que son un elemento distinto de nuestra presencia en el mundo.
La promoción de ese sector exige, no obstante, una actitud muy firme de nuestros dirigentes, haciendo hincapié en particular, como ha subrayado mi colega Eurico de Melo, en el respeto de los plazos acordados en la Ronda Uruguay, que corresponden a la perspectiva y a la programación necesaria para la adaptación de nuestras empresas, siendo exigentes también, a su vez, en relación con la apertura de los demás mercados, liberalizando simultáneamente sus importaciones y no castigando las exportaciones de las materias primas que nos son necesarias.
Por otro lado, en consonancia con el programa de reestructuración de la industria textil y de confección conseguido hace tres años por las autoridades portuguesas, conviene que se refuercen las medidas de apoyo directo al sector, preparándolo para competir con ventaja en el mercado abierto, con respeto de las normas del comercio internacional, y, además, es necesario que, en la medida en que la modernización del sector conduce a la liberalización de alguna mano de obra, se promuevan sectores substitutivos aptos para darle empleo en mejores condiciones.
En esa política conviene que las iniciativas que promover se adopten en las regiones textiles actuales manteniendo las poblaciones como las condiciones sociales ya existentes y evitando que, al contrario, una nueva concentración de inversiones en las zonas metropolitanas, ya congestionadas, resulte ser un factor, suplementario de malestar y de desperdicio de recursos.

Torres Marques
Señora Presidenta, en vísperas de la Conferencia Ministerial de Singapur sobre la Organización Mundial del Comercio, es imprescindible que la Unión Europea mantenga una posición común firme respecto de la aplicación del acuerdo de liberalización del comercio y, en particular, en relación con el sector textil.
El excelente informe de mi colega Fernando Moniz ha demostrado de forma clara y completa la importancia que la industria textil ha tenido, tiene y debería seguir teniendo en la economía de la Unión Europea. Así, pues, no se podrían tolerar por parte de la Unión Europea negociaciones que afecten a calendarios y compromisos subscritos en los acuerdos y que pongan en entredicho el desarrollo y el empleo en regiones en las que el textil ocupa una posición decisiva.
Europa debe y puede seguir siendo una gran productor y exportador de textiles de calidad. La Organización Mundial del Comercio tiene la obligación de proteger un comercio justo y los Estados Unidos de América han demostrado de sobra que, siempre que sus intereses están en juego, hay que regularizar convenientemente la liberalización.
Ése es también el papel y el cometido de la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo debe exigir el cumplimiento estricto de las normas sociales, medioambientales y contra el fraude a que se comprometieron todos los países que firmaron el acuerdo de Marraqués.

Brittan, Sir Leon
Sra. Presidenta, estoy agradecido por el completo informe del Sr. Kittelmann y recibo con satisfacción el apoyo que él se manifiesta a nuestra estrategia de acceso a los mercados. Ya se han logrado muchos progresos en su puesta en práctica, en concreto con la creación de una base de datos sobre obstáculos al comercio a la que se puede acceder a través de Internet desde ayer. Me satisface, asimismo, la clarísima postura adoptada por el Parlamento, por ejemplo por el Sr. Kittelmann y la Sra. Randzio-Plath, sobre el tema de reforzar el artículo 113 del Tratado en el marco de la CIG.
El informe del Sr. Kittelmann abarca todos los temas importantes de los que se va a hablar en Singapur, y la Comisión está presionando activamente para obtener allí resultados sustanciales. Comprendo totalmente el interés del Sr. De Clerq por que el Parlamento participe en el proceso y me alegro mucho de que vaya a estar presente en Singapur una delegación del mismo.
El informe respalda en muchos sentidos las posturas que hemos adoptado al prepararnos para Singapur, en particular las razones que apoyan la necesidad de avanzar en la liberalización de los servicios completando las negociaciones sobre servicios básicos de telecomunicaciones para febrero de 1997, así como suscribiendo un nuevo acuerdo multilateral sobre servicios financieros una vez expire el acuerdo provisional a finales de 1997. Existe también una gran convergencia entre los puntos de vista desarrollados en el informe y nuestras posturas sobre temas como la compatibilidad de los acuerdos regionales, las normas de la OMC y las condiciones de ingreso en ésta.
Compartimos el punto de vista de que la OMC será evaluada no sólo por su capacidad para garantizar una adecuada aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay y cumplir las tareas incluidas en la agenda de trabajo incorporada, sino también por irse adaptando al nuevo entorno comercial, como ha destacado acertadamente la Sra. Randzio-Plath. En este contexto, la clara postura del Parlamento a favor de unas normas internacionales en materia de inversiones resulta de mucha ayuda.
En lo que respecta a la relación entre comercio y normas laborales, a la que se han referido el Sr. Hughes y varios diputados más, acojo con satisfacción que el Consejo se haya pronunciado a favor de un debate sobre el tema en la OMC. Trabajaremos mucho en pos de este objetivo junto con los Estados Unidos y otros países, pero, dada la oposición que encontramos en este tema por parte del mundo en desarrollo, no estoy seguro de hasta dónde pueda llegar la conferencia de Singapur. Debemos asegurarnos de que quede claro que nuestro enfoque no está inspirado por propósitos proteccionistas, tal y como han señalado acertadamente los Sres. Ettl y Chanterie.
Pasando al informe sobre la política de competencia del Sr. Kittelmann, el apoyo del Parlamento Europeo a las posturas de la Comisión sobre las normas internacionales de competencia también es muy bien recibido. Desde la publicación del informe del grupo de expertos, la Comisión ha publicado una comunicación en la que se pide un marco internacional de normas de competencia y también ha presentado en Ginebra un proyecto de decisión destinado a Singapur con miras a que se inicien trabajos en la OMC sobre este tema. Los principales elementos del informe del Sr. Kittelmann están absolutamente de acuerdo con nuestra postura. En efecto, después de los progresos realizados en la liberalización del comercio multilateral, las prácticas empresariales opuestas a la competencia pueden tener una repercusión económica mayor. Por lo tanto, ha llegado la hora de ocuparse de ellas en la OMC. El trabajo analítico que ya se ha llevado a cabo en otras organizaciones significa que ahora es posible tratar este tema en la OMC, que es la organización más indicada para acordar un marco de normas de competencia internacionales. Intentaremos que en Singapur los ministros tomen la decisión de iniciar trabajos en esa dirección.
En lo que respecta al entorno comercial, aprecio el intenso trabajo realizado por varias comisiones del Parlamento Europeo, muy especialmente por el Sr. Kreissl-Dörfler y su comisión. La atención ahora debe centrarse en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CTE) de la OMC. Hemos llevado la iniciativa en los debates del comité en los dos últimos años y creo que el Sr. Pimenta admitirá que es así. Hemos hecho una propuesta sobre la relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y las normas de la OMC y agradezco el apoyo de ustedes a la misma. Hemos hecho presión para que las normas comerciales reconozcan los planes voluntarios de etiquetado ecológico basados en análisis de los ciclos de vida. Por otra parte, nos hemos mostrado flexibles sobre temas de interés para otros países, en especial países en desarrollo, por ejemplo sobre productos prohibidos a escala nacional.
El comité acordó finalmente la semana pasada unas conclusiones que se presentarán en Singapur. Éstas no se corresponden con lo esperado inicialmente por la Unión Europea. No hemos conseguido aún que se acepte nuestra postura acerca de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y, por lo tanto, habrá quienes digan que esto demuestra que el proceso ha sido un fracaso. Yo no lo creo así. Veamos qué ha conseguido el comité y qué puede conseguir. No olvidemos que muchos otros miembros de la OMC partieron de una postura que estaba muy alejada de la nuestra. El trabajo del CTE ha ayudado a aclarar los problemas y a acortar distancias. Por ejemplo, las conclusiones apoyan soluciones multilaterales para los problemas internacionales o mundiales. Reconocen que pueden necesitarse disposiciones comerciales para conseguir objetivos de medio ambiente y que debiera conservarse la cabida que tienen actualmente dichos instrumentos dentro de las normas de la OMC. Hemos protegido nuestra postura de cara a las conversaciones que continuarán después de Singapur. En los temas más importantes: los acuerdos multilaterales de medio ambiente y el etiquetado ecológico, hemos puesto los cimientos sobre los que construir. El proceso de debate ha contribuido mucho a comprender mejor este tema tan complejo y a sentar las bases del progreso futuro. El amplio trabajo analítico desarrollado en el CTE ha permitido obtener una comprensión mucho mayor de lo compleja que es la relación entre la política comercial y la política de medio ambiente, algo que es importante. El primer fruto de dicha comprensión es la mayor coordinación política entre estos dos ámbitos diferentes en muchas administraciones, tanto al desarrollar acuerdos multilaterales de medio ambiente como en la legislación interna. Con ello disminuirán las posibilidades de que se produzcan conflictos perjudiciales e innecesarios.
En la comunidad internacional se comprende mejor la importancia de responder a los intereses del desarrollo, tal como ha puesto acertadamente de manifiesto el Sr. van der Waal. En muchos países en vías de desarrollo hay un temor real de que se pasen por alto sus necesidades; de que, después de producirse la liberalización de los mercados, intentemos imponer ahora nuevas formas de proteccionismo o imponerles nuestras criterios. Estos temores, sean reales o imaginados, han de tenerse en cuenta. El medio ambiente mundial es demasiado importante como para permitir que esto degenere en otra división Norte/Sur. Las conversaciones han dejado claro que no hay arreglos rápidos y sencillos para el delicado equilibrio entre las necesidades medioambientales, de desarrollo y comerciales de un mundo que se transforma rápidamente.
Preferiría estar diciéndoles hoy que ya tenemos resultados importantes en nuestro haber. Pero debemos ser pragmáticos. Como dice el Sr. Kreissl-Dörfler en su informe, la conferencia de Singapur es sólo una escala en el proceso. La cuestión es cómo llevar adelante el debate en beneficio de todos. Ahora necesitamos construir sobre la base de mejor comprensión conseguida en el CTE. Este comité debería establecerse de forma permanente, renovándose su ámbito de competencia y su mandato, para que sirviera de sólida plataforma a conversaciones posteriores sobre temas concretos. Después necesitamos atraer a los países hacia un enfoque consensuado, basado en el trabajo realizado hasta el momento y en una clara comprensión de las ventajas que supondrá para todos que las políticas de comercio y medio ambiente se apoyen entre sí. Ésta es la dirección en la que trabajaremos.
Quisiera agradecer al Sr. Moniz y a la Comisión REX el informe relativo a nuestra comunicación sobre la repercusión de la evolución de la situación internacional en el sector textil y de la confección de la Comunidad. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Pex sobre el informe.
La comunicación de la Comisión se hizo en respuesta a la petición del Consejo. Este sector, por supuesto, ha tenido muchas dificultades para su desarrollo en los diez últimos años. Hemos escuchado a varios diputados portugueses, por ejemplo, que han hablado de forma muy tajante y expresiva sobre el tema. Pero sigue siendo un importante sector para nuestra economía, con una reputación mundial de experiencia, creatividad, rendimiento y calidad.
La respuesta a los problemas actuales ha de encontrarse en dos cosas: el desarrollo de nuestras ventajas comparativas y la apertura de mercados en todo el mundo. Me alegro de que ustedes hayan dado prioridad a la continua liberalización de los mercados textiles y a la creación de unas condiciones justas para el comercio internacional de estos productos. Hemos de continuar nuestros esfuerzos por crear un entorno competitivo en los mercados mundiales, reforzar nuestros instrumentos para facilitar la comercialización en terceros países. Tenemos que ofrecer un marco adecuado para los continuos esfuerzos de adaptación de la industria europea, y tenemos que reforzar nuestros instrumentos contra el fraude y la falsificación.
La repercusión de la Ronda Uruguay no puede aislarse de otros factores económicos que son determinantes para el futuro de esta industria. Creo que los resultados de los acuerdos internacionales no tienen porqué provocar una ruptura importante en el desarrollo esperado del sector. En el marco de la progresiva liberalización del mercado textil y de la confección, el acceso a los mercados de terceros países debe ser una de nuestras prioridades. Por otro lado, el propio sector debe ser capaz de reforzar sus ventajas competitivas desarrollando la innovación y utilizando tecnologías de la información más incluso que en el pasado.
Recientemente hemos señalado la necesidad de un papel más dinámico en el comercio internacional. La creciente mundialización, que no puede evitarse y que ya se está produciendo, exige esfuerzos equilibrados para abrir mercados. Ésta es la respuesta realista ante lo que está sucediendo en el mundo. Para las empresas de la UE es algo especialmente importante, ya que el consumo en la UE se está estancando y los mercados de Asia y Latinoamérica, con altas tasas de crecimiento, ofrecen un considerable potencial de nuevos clientes.
Entre las iniciativas recientes quisiera destacar la creación de una base de datos, que ya he mencionado, sobre obstáculos al comercio, que nos servirá de marco global regularmente actualizado para respaldar nuestras peticiones a terceros países. La iniciativa de acceso a los mercados es quizás la más importante innovación en las relaciones económicas exteriores desde la finalización de la Ronda Uruguay. En este contexto, la Comisión ha pedido que se aumenten los fondos disponibles para promocionar la industria de la Unión Europea en terceros países. Estoy agradecido al Sr. Moniz por sugerir que se incremente esta línea presupuestaria.
Igualmente, concedemos gran importancia a la lucha contra el fraude y la falsificación. La iniciativa contra el fraude en el sector textil puede tener aquí una importancia decisiva. La legislación sobre protección legal de los diseños y modelos también será de ayuda en cuanto entre en vigor y, al mismo tiempo, proseguimos nuestros esfuerzos por aumentar la protección de la propiedad intelectual en terceros países.
Finalmente, a la hora de ejecutar nuestra política de fondos estructurales, la Comisión reconoce que las dificultades que supone adaptarse a las nuevas condiciones no se perciben en la misma medida en distintas regiones. Esta industria tiene un futuro. Nuestras políticas pretenden garantizar un marco adecuado para su desarrollo. Hemos tomado la iniciativa de invitar a los interlocutores sociales de los Estados miembros a dialogar acerca de las medidas adoptadas por todas las partes interesadas y a estudiar posibles iniciativas complementarias. Este diálogo se ha desarrollado en tres grupos de trabajo. Creo que los resultados a los que lleguen estos grupos nos permitirán orientar nuestras actuaciones incluso mejor que en el pasado.

Fischler
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, las cuestiones que han planteado los señores Sønnefeld, Kofoed y Jacob se refieren, ante todo, a los productos agrícolas. Quisiera decir que tratar cada producto en particular requeriría ahora una enorme exposición técnica. Deseo ahorrarles esto y, por consiguiente, propongo exponer yo mismo ahora los elementos básicos centrales de los que se trata, facilitar solamente algunos ejemplos para productos particulares.
Permítanme que les recuerde, en primer lugar, que desde el 1 de julio de 1995 debe aplicarse en la mayoría de los productos agrícolas -en algunos un poco más tarde como, por ejemplo, en el aceite de oliva y en el arroz- la nueva regulación para el cumplimiento de los compromisos de la OMC. Entre estos compromisos figura la limitación anual de las exportaciones subvencionadas, esto se refiere tanto a las cantidades como a los gastos presupuestarios necesarios para ello. El elemento clave de esta regulación fue la exigencia de que había que extender licencias de exportación para todos los productos agrícolas. Para algunos productos como, por ejemplo, las frutas y las verduras, las licencias eran nuevas, pero para otros como, por ejemplo, los cereales, las licencias existían ya.
La adaptación de las exportaciones agrícolas de la CE se logra mediante una combinación de tres diferentes medidas: en primer lugar, mediante una reducción adecuada de la producción teniendo en cuenta las previsiones del mercado; en segundo lugar, mediante la exportación sin restituciones hasta donde sea posible y sostenible y, en tercer lugar, mediante la inspección de las exportaciones subvencionadas a lo largo del ejercicio económico con ayuda de la distribución de las licencias de exportación. Se ha recurrido a estas tres posibilidades básicas en cada producto individual, aunque de manera diversa y en un grado diferente.
Respecto de la primera cuestión quisiera aclarar que hay que contar seguramente con un retroceso de las exportaciones agrícolas, pues, efectivamente, la carta final de la Ronda Uruguay exige en el período de seis años, desde el 1995 al 2000, una reducción del 21 % de las cantidades de exportación subvencionadas y exige también al mismo tiempo una elevación del acceso mínimo al mercado. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no todos los productos agrícolas se verán afectados de la misma manera. Por ejemplo, en las aves y en los quesos las limitaciones cuantitativas van a tener efectos más severos; por el contrario, las cantidades de exportación en el caso del azúcar apenas se verán modificadas, de manera no sustancial, por las limitaciones cuantitativas.
Respecto de la cuestión relativa al nivel de las restituciones quisiera notar que el monto de las restituciones depende fuertemente de la situación que reine en los mercados agrícolas, dicho con más exactitud, de la situación respectiva tanto en el mercado interior como en el mercado mundial. Los cereales, por ejemplo, ofrecen aquí un ejemplo muy ilustrativo. Puesto que los precios de la Comunidad han estado incluso por debajo de los precios mundiales en un determinado período, hemos tenido que gravar con impuestos nuestras exportaciones para poder asegurar el abastecimiento de la Comunidad. El problema residía aquí en la situación del mercado y no en el ámbito del presupuesto. Por lo demás, lógicamente, las restituciones deben recortarse en cada caso, cuando el número de licencias de exportación sea tan amplio que no sea posible mantener los compromisos cuantitativos anuales.
Se trata aquí, en total, en los más diversos productos agrícolas, de una cuestión relativamente compleja, y la valoración de cada producto particular requiere un análisis específico. Si algunos diputados están interesados en el tratamiento de determinados productos agrícolas, estoy dispuesto a presentar por escrito semejante análisis específico para tales productos. Por lo demás, quisiera referirme a que en cualquier caso en la línea de realización del Consejo está previsto que antes del 30 de junio de 1997 debe presentarse un informe general sobre la puesta en práctica de las nuevas normas del GATT y sobre los efectos de su puesta en práctica, de suerte que por ejemplo, en primavera, pueda tener lugar un debate general sobre estas cuestiones.

El Presidente
De conformidad con el artículo 40, apartado 5, del Reglamento, he recibido cinco propuestas de resolución
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar al mediodía.

Debate de actualidad y urgencia
(primera parte)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de los problemas de actualidad, urgentes y de especial importancia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en el Este del Zaire.

Mitchell
Señora Presidenta, en nombre del Consejo agradezco esta oportunidad de debatir con el Parlamento la grave y apremiante situación en el este del Zaire. Al hacerlo, deseo rendir homenaje a la forma en que el Parlamento continúa insistiendo en la importancia de los temas humanitarios y de derechos humanos internacionales para la Unión.
El deterioro de la situación en el Zaire oriental ha vuelto a traer a primer plano la herencia amenazante de genocidio y división étnica en la región de los Grandes Lagos. Una vez más, la comunidad internacional se enfrenta al reto desalentador de facilitar la constitución de un marco eficaz y definitivo para resolver los problemas fundamentales sin resolver de la región de los Grandes Lagos. La comunidad internacional tiene aún una oportunidad de impedir un mayor deterioro de la situación desde el punto de vista humanitario. Esta oportunidad no puede desperdiciarse limitándose a restablecer el statu quo anterior del Zaire oriental. Es una oportunidad que hay que aprovechar.
Creo que la generosidad de la ayuda humanitaria internacional en el pasado debe emparejarse ahora con un compromiso político decisivo y significativo y medidas de seguimiento.
Nuestros actuales esfuerzos por solucionar las necesidades humanitarias inmediatas de la zona deben seguir adelante acompañadas del compromiso de solucionar las tensiones y problemas políticos que están presentes en la región de los Grandes Lagos.
Contra este telón de fondo, la Presidencia y nuestros socios de la Unión Europea proseguimos nuestros intensos esfuerzos por ayudar a prevenir nuevas tragedias humanas en el este del Zaire y a evitar un desastre humanitario de consecuencias potencialmente catastróficas en la región africana de los Grandes Lagos.
En nuestros esfuerzos continuados, trabajamos en estrecha cooperación con el enviado especial de la UE a la región de los Grandes Lagos, el Sr. Aldo Aiello, con el representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, con la Organización de la Unidad Africana, con los líderes regionales y con otros miembros interesados de la comunidad internacional.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatieron la situación del este del Zaire en los días 28 y 29 de octubre e hicieron un llamamiento a todas las partes para que ejercieran la moderación y tuvieran en cuenta la seguridad de la población civil. Como primer paso hacia la prevención de una nueva escalada de la violencia y el desorden, invitaron a que se pusiera en marcha un alto el fuego inmediato y reiteraron la firme convicción de la Unión Europea de que los complejos problemas en juego sólo pueden resolverse mediante un diálogo precoz y en profundidad. Se instó a todas las partes interesadas, y en particular a las autoridades tanto de Zaire como de Ruanda, a que iniciaran dicho proceso lo antes posible.
El Consejo solicitó asimismo a la Comisión Europea que informara urgentemente sobre la situación y que hiciera propuestas de actuación de la Unión Europea para ayudar activamente en el proceso de proporcionar suministros a los necesitados. La Presidencia y nuestros socios europeos albergamos la esperanza de que el alto el fuego unilateral recientemente declarado por los tutsis en el este del Zaire pueda llegar a formar parte de un alto el fuego plenamente consensuado y sostenible entre todas las partes del conflicto. Esto facilitaría tanto la entrega inmediata de ayuda humanitaria como el inicio del diálogo político para resolver la crisis.
La Unión Europea encomendó expresamente a su propio enviado que regresara a la región de los Grandes Lagos, donde, en las últimas dos semanas, ha estado ocupado en nuevas y amplias consultas con los gobiernos de Ruanda y Burundi, con las Naciones Unidas, con la Organización de la Unidad Africana y con otras partes interesadas. El Sr. Aiello también asistió, en nombre de la Unión Europea, a la cumbre de líderes regionales dedicada a la crisis en el este del Zaire, celebrada en Nairobi el 5 de noviembre.
La Unión Europea ha acogido favorablemente el resultado de la cumbre de Nairobi del 5 de noviembre como otro paso positivo hacia la consecución de una comunidad, de un marco en el que pueda resolverse la crisis del Zaire oriental de manera pacífica y humanitaria.
La cumbre regional prestó un firme apoyo a los llamamientos realizados por la UE y otros miembros de la comunidad internacional en favor de alto el fuego completo e inmediato que permita intensificar los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz duradera. La cumbre también apoyó rotundamente la idea de establecer, junto con las respectivas Secretarías Generales de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, corredores seguros y áreas santuario dentro del Zaire, con una fuerza de protección adecuada a fin de facilitar la asistencia humanitaria y la repatriación voluntaria y segura de los refugiados. La Unión Europea está alentando estas propuestas positivas dentro de su continuo apoyo a los esfuerzos de los líderes regionales y de la Organización de la Unidad Africana, cuyo papel esencial la Unión reconoce y apoya, para que se logre una resolución pacífica del conflicto.
La Unión Europea reconoce que hay una importante interrelación entre los aspectos humanitarios y políticos de la crisis y que ambas dimensiones deben abordarse conjuntamente de manera global. Por ello, la Unión seguirá instando a que se creen las condiciones necesarias para desarrollar cuanto antes las labores humanitarias básicas y para que avance el proceso de diálogo.
Como parte de este enfoque, mi colega, el secretario de Estado John Burton TD, presidió en Bruselas el 7 de noviembre un encuentro especial de ministros responsables en materia de desarrollo y ayuda humanitaria de la Unión Europea. La reunión confirmó el profundo interés de la Unión por la situación en el Zaire oriental y por la amenaza que se cierne sobre la paz y la estabilidad en toda la zona de los Grandes Lagos. También reiteró la determinación y el compromiso de la Unión de hacer cuanto esté en su mano para ayudar y asistir inmediatamente a las personas vulnerables, refugiadas y desplazadas en el este del Zaire, prevenir una mayor tragedia humana y evitar un desastre humanitario de consecuencias potencialmente catastróficas en aquella zona.
Los ministros recordaron el compromiso de la Unión de favorecer el regreso voluntario de los refugiados a sus países de origen e hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar corredores humanitarios seguros y protegidos para facilitar el suministro inmediato de los contingentes de ayuda a las víctimas de la crisis allá donde se encuentren, así como el regreso voluntario, seguro y digno de los refugiados a sus países de origen.
Se mencionó también la necesidad de apoyar los esfuerzos para el desarrollo, así como de fortalecer el sistema jurídico, sobre todo en Ruanda, para facilitar la integración de los refugiados que regresen.
Los ministros destacaron asimismo la importancia de apoyar el proceso democrático en el Zaire.
Los ministros convinieron en la necesidad de trabajar coordinadamente con los organismos humanitarios internacionales y ONG a fin de garantizar una respuesta humanitaria eficaz a la crisis.
Desde el comienzo de la crisis, la Comunidad Europea y los Estados miembros han proporcionado unos 755 millones de ecus en ayuda humanitaria. Tomaron nota de las necesidades de recursos de los organismos humanitarios y estuvieron de acuerdo en la importancia de garantizar que los recursos que se empleen en la ayuda se pongan urgentemente a disposición según prioridades acordadas.
Igualmente, la reunión hizo un llamamiento a todas las partes en la región para que garantizaran la seguridad y la libertad de movimientos de todo el personal de ayuda humanitaria internacional. En la reunión se acordó enviar inmediatamente una delegación especial de ministros de desarrollo de Irlanda, Países Bajos e Italia para que evaluara la situación humanitaria y determinara las formas y medios de acelerar la ayuda. El secretario de Estado Burton, acompañado por los ministros Pronk, de los Países Bajos, y Serri, de Italia, visitó Zaire y Ruanda entre los días 9 y 12 de noviembre. La comisaria Bonino también acompañó a la delegación.
En conversaciones con el primer ministro Kengo y con otros ministros del Gobierno zaireño, la delegación de la UE hizo comprender a los ministros la importancia que concede la Unión a que se adopten pronto medidas en la región que adelanten la reconciliación y medidas que faciliten la prestación de asistencia humanitaria inmediata a aquéllos que se encuentran en situación de necesidad extrema. La delegación de la UE destacó la importancia que otorga la Unión a que se abran corredores humanitarios seguros y protegidos para facilitar la distribución de los suministros de emergencia, así como la importancia de facilitar el regreso voluntario y seguro de los refugiados a sus países de origen.
Por su parte, los zaireños expresaron a la delegación de la UE la opinión de que los refugiados que se encuentran en Zaire deben regresar a sus países de origen y comunicaron la opinión del Gobierno de que la existencia de los campos de refugiados es un importante factor que crea inestabilidad en la región. La delegación de la UE visitó Kigali los días 11 y 12 de noviembre y mantuvo largas conversaciones con el presidente Bizimungo, el vicepresidente Kagame y otros ministros. El lado ruandés señaló que en los últimos días había estado trabajando con agencias de la ONU y con ONG para facilitar el envío de ayuda humanitaria al este del Zaire.
La delegación de la UE se reunió asimismo el 11 de noviembre con el enviado especial de las Naciones Unidas Raymond Chrétien. El Sr. embajador explicó las conversaciones que había mantenido hasta la fecha en la región acerca de las posibles fórmulas para enviar una fuerza de intervención con un mandato de la ONU que facilitara los suministros humanitarios por corredores seguros y estables y permitiera el regreso de refugiados así como el desarme de las milicias armadas mezcladas con la población de refugiados. He de señalar que la situación humanitaria en el este del Zaire sigue siendo sumamente precaria. En la actualidad hay más de 1 millón de refugiados hutus y más de 160.000 zaireños desplazados que precisan urgentemente comida y asistencia médica. Aunque hasta la fecha los problemas de seguridad han impedido a las agencias humanitarias intervenir en la región, ha habido algunos avances esperanzadores en los últimos días, por ejemplo la entrega de algunos suministros humanitarios a Goma, aunque estos suministros aún no han sido distribuidos.
El Gobierno ruandés ha acordado esta misma semana permitir que entren en Zaire ocho agencias humanitarias y ONG para que puedan prestar asistencia humanitaria y preparar un plan de actuación sobre el tema de los refugiados. Dichas organizaciones cruzaron la frontera con Ruanda el lunes y han comenzado a evaluar las necesidades concretas de la zona. Se espera que a esto siga el abastecimiento de otros suministros en los próximos días así como el acceso a Bukavu.
Todos sabemos que los grupos de ayuda internacional están preparados para entregar de inmediato comida, medicamentos y resguardo a los que más lo necesitan. Esto no puede hacerse sin apoyo para realizarlo con seguridad. Por esta razón, en su reunión de Bruselas del 7 de noviembre, los ministros europeos de desarrollo acogieron con satisfacción el llamamiento de los jefes de estado regionales para que se establecieran inmediatamente corredores seguros y santuarios temporales dentro del Zaire a fin de facilitar la asistencia humanitaria y la repatriación de los refugiados, y señalaron su petición a este respecto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que desplegara una fuerza neutral. También observaron que se necesitan urgentemente medidas especiales a corto plazo para garantizar una situación de seguridad estable en el Zaire oriental y señalaron los esfuerzos desarrollados en este sentido por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Como sabrán los Sres. diputados, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 9 de noviembre la resolución de autorización nº 1.078, que insta enérgicamente a los estados miembros a que preparen de forma urgente y transitoria, en cooperación con la Secretaría General de la Organización de la Unidad Africana y previa consulta a los estados interesados, los acuerdos necesarios para permitir el regreso inmediato de las organizaciones humanitarias y la entrega segura de ayuda humanitaria a los desplazados, refugiados y civiles en peligro en el este del Zaire y crear las condiciones necesarias para la repatriación voluntaria y segura de los refugiados.
La resolución nº 1.078 pide además a la Secretaría General que para el 20 de noviembre notifique al Consejo de Seguridad un esquema de operaciones y un marco para los grupos de trabajo humanitarios, con ayuda militar si es necesario. Los Estados miembros de la Unión Europea están estudiando ahora de qué modo pueden ayudar mejor a la pronta aplicación de la resolución nº 1.078 como base para que se autorice una intervención humanitaria multinacional, teniendo en cuenta su mandato en perspectiva y las aportaciones que pueden hacer otros socios: la Organización de la Unidad Africana, los estados africanos, Estados Unidos, Canadá y otros.
La Unión seguirá haciendo todo lo posible por que se resuelva la actual crisis humanitaria y el conflicto que existe en el este del Zaire mediante éste y otros medios adecuados. En una reunión extraordinaria en Addis Abeba el 11 de noviembre, en la que la Unión estuvo representada por el enviado especial Aiello, el órgano central del mecanismo para la prevención de conflictos de la Organización de la Unidad Africana aprobó la postura adoptada en la cumbre regional del 5 de noviembre respecto al establecimiento de una fuerza de intervención neutral. También destacó la importancia de una efectiva aportación africana a dicha fuerza e invitó al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a que creara un mecanismo que lo garantice. A los ministros de Exteriores de Camerún, Etiopía y Zimbabwe se les ha encargado que supervisen la aplicación de los resultados de la cumbre de Addis Abeba en cooperación con la Secretaría General de la OUA. La Unión Europea acoge con satisfacción el resultado de la reunión extraordinaria así como nueva confirmación del compromiso de los países africanos para contribuir eficazmente a la resolución de la crisis en la región de los Grandes Lagos.
En relación con la necesidad de dar un enfoque global a los problemas complejos e interconectados que están en juego en la región de los Grandes Lagos, la Unión Europea continúa respaldando la convocatoria de una conferencia internacional bajo los auspicios conjuntos de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, con vistas a abordar con un enfoque global las causas profundas de la crisis y garantizar que se cumplan los compromisos. Creemos que una conferencia así puede desempeñar un papel primordial en el establecimiento de una solución global y duradera. La situación en la región de los Grandes Lagos es un reto para toda la comunidad internacional. Es esencial que la Unión Europea cumpla plenamente la función que le corresponde respondiendo a sus responsabilidades, buscando nuevas vías de avance y atendiendo a las necesidades humanitarias urgentes. Puedo asegurar al Parlamento que esto es lo que nos proponemos.
Para finalizar, el tema pone una vez más de relieve la necesidad de que esta Unión refuerce a través de la Conferencia Intergubernamental su capacidad de actuar a escala internacional para tratar situaciones de este tipo.

Pinheiro
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, son ustedes testigos, día a día, a través de las informaciones cada vez más inquietantes que difunden los medios de comunicación, de una verdadera catástrofe humanitaria.
Sin duda alguna, mi colega Emma Bonino, que precisamente acaba de regresar de la región de los Grandes Lagos, nos recordará la tragedia que viven las poblaciones afectadas, refugiados y desplazados, así como la imposibilidad en la que nos encontramos, hasta ahora, de ayudar a aquellos que lo necesitan y que corren el riesgo de perecer a falta de alimentos, agua potable y atención médica. Sin embargo, todo está preparado para iniciar una acción humanitaria inmediata.
Los acontecimientos de estas últimas semanas -es preciso decirlo claramente- no podían dejar de preverse en el contexto regional tal como lo conocemos desde hace varios años, a saber, el de la crisis de la región de los Grandes Lagos. En efecto, los acontecimientos diarios que podemos observar en Kivu, al Este del Zaire, son actualmente la manifestación más violenta y más dramática de una constelación regional especialmente compleja que implica no solamente al Zaire, Rwanda y Burundi, sino también a Uganda y Tanzania. La problemática regional, de una extrema gravedad en el plano humanitario, resulta explosiva en el plano militar y político.
La situación actual tiene sus raíces en la Historia, hasta la época precolonial, pero no nos hemos reunido aquí para analizar la evolución histórica que ha desembocado en el conflicto armado actual en Kivu, ni para atribuir la responsabilidad de los acontecimientos a unos u otros. La opinión pública europea espera de nosotros una acción rápida para parar una evolución que no es una fatalidad: poner fin a los combates y llevar ayuda a aquellos la necesitan con una imperiosa urgencia. Asimismo, espera de nosotros que la Unión Europea contribuya eficazmente a la definición y puesta en práctica de una solución política global, que garantice la paz y la estabilidad en la región.
Señoras y señores Diputados, toda acción en favor de una solución política global implica el retorno de los refugiados a su país de origen. Tal iniciativa implica la aplicación de la decisión tomada desde 1994 destinada a separar de la masa de refugiados a los militares, milicianos y otros intimidadores. Por tanto, se plantea claramente el problema del envío de una fuerza internacional neutral, con el acuerdo del Consejo de Seguridad de la OUA y de los países de la región, con el fin de separar a los militares y a los milicianos armados de la masa de refugiados y desplazados.
Si no se separan los elementos armados, no podremos resolver el problema del regreso de la masa de refugiados de Rwanda y Burundi, lo que sigue siendo un objetivo prioritario para solucionar la crisis. Los gobiernos de los países de origen deben, por su parte, crear las condiciones necesarias al retorno, con la ayuda de la comunidad internacional.
Por otra parte, y se trata de un elemento absolutamente esencial, será preciso implicar de una manera óptima a los Estados de la región en la búsqueda de una solución política global. Sin su cooperación permanente y efectiva, no habrá solución viable. Esta debería orientarse hacia una política pragmática de estabilización y seguridad regional, coordinada por un mecanismo apropiado, tal como el de Arusha.
La Cumbre regional de Nairobi, el 5 de noviembre, demostró que los Estados de la región son conscientes de los elementos que están en juego en el conflicto actual y están dispuestos a asumir sus responsabilidades en la búsqueda de una solución política global, pragmática y viable. Tal solución, lo reiteramos, debería ser elaborada por la Conferencia internacional para la paz, la seguridad y la estabilidad que deberá organizarse bajo la égida de las Naciones Unidas y la OUA. Los elementos de esta Conferencia también fueron puestos de relieve en Nairobi, el 5 de noviembre.
Estas son, señor Presidente, algunas de las reflexiones que quisiera hacer esta mañana sobre el conflicto de Kivu y más generalmente sobre la región de los Grandes Lagos. Sin embargo, creo que tenemos el honor y la ventaja de tener entre nosotros a Emma Bonino que, con su propia voz, ha apelado a conciencias que estaban un poco dormidas tanto en Europa como en el resto del mundo.
Emma acaba de regresar. Creo que ella podrá decirnos, a su manera, lo que ha visto sobre el terreno y les aseguro que no es nada agradable.

Bonino
Señora Presidenta, señoras y señores parlamentarios, después de las palabras del Consejo y la Comisión que han enmarcado, por así decirlo, el contexto histórico, incluso político, de esta crisis, me toca darles quizás algunos elementos nuevos que he traído conmigo esta mañana temprano.
El primer elemento que me parece importante es confirmarles que en todas mis entrevistas, con todo el mundo, a todos los niveles, ya sea en Kinshasa, en Kigali o en Gysenyi, con todas las agencias humanitarias, todas las ONG, la unanimidad es total para decir que, sin una fuerza multinacional sobre el terreno y sin una protección militar, no hay ninguna esperanza -insisto, ninguna esperanza- de que pueda efectivamente salvarse la vida de cientos de miles de personas.
Me parece que es un elemento de unanimidad, de consenso, muy importante. Segundo elemento: resulta que, por una vez, Europa ha hablado y sigue hablando al unísono. Por una vez, si quiere buscarse cuáles son los obstáculos que han impedido, y quizás impiden todavía, el envío de esta fuerza, más bien debe mirarse al otro lado del Atlántico.
Tercer elemento: debo decirles que ayer, en la frontera, en Gysenyi, de una manera un poco improvisada, nos ofrecieron, me ofrecieron, atravesar la frontera de Rwanda para ir a Goma.
Voy a decirles, en dos palabras, por qué no acepté. Ante todo, porque conozco Goma, por haber estado allí en varias ocasiones, y no es allí donde se encuentran los refugiados. Los refugiados jamás han estado en la ciudad de Goma. Los refugiados, como todo el mundo lo sabe, se encuentran en los campos de Katake, de Mugunga, de Kahindo, de Kibumba, a 10, 15, 20 km de la ciudad.
Efectivamente, es evidente que hubiera encontrado en Goma al líder, al jefe autoproclamado de los rebeldes, me imagino, el Sr. Kabila. En primer lugar, consideré que no podía ver nada y, en segundo, que el «peaje» político que debía pagar hubiera sido demasiado alto como para exponernos a pagarlo. Los ministros con los que estaba compartieron mi opinión y, todos juntos, tomamos esta decisión. Por lo demás, ustedes se enteraron de lo que pasó, porque la prensa dio cuenta de ello.
Al final, al cabo de interminables negociaciones y en condiciones, francamente, muy difíciles de soportar, se autorizó a algunas agencias de la Naciones Unidas y algunas ONG a llevar 20 toneladas de alimentos al interior de Goma. Por tanto, de ningún modo se trata de refugiados, sino quizás de desplazados zairenses, y bastante más, quizás, de rebeldes banyamulenges. Se les obligó a dejar esas toneladas de víveres en el estadio. Esas toneladas de víveres están todavía ahí, me imagino, y nadie las ha distribuido a ningún tipo de persona. Sin embargo, el VHA , al volver, nos confirmó efectivamente que en Goma no parecía haber personas realmente en peligro o «in need ». Además, incluso pudimos comprobar que el Sr. Kabila declaró primero a la prensa que los alimentos no eran tan importantes ni adecuados y, segundo, que había solamente galletas. Se preguntaba dónde estaba el arroz, el pescado, la carne, que necesitaba.
Considero francamente que, ante tales declaraciones, es preciso no darse por vencido y comprendo la frustración del personal humanitario que trabaja sobre el terreno, que trata por todos los medios posibles de hacer algo y de intervenir. No obstante, también me corresponde advertir que estas iniciativas, lejos de ser eficaces para llegar a las poblaciones, plantean muchos problemas de principio, incluso políticos. Por todas estas razones, espero y esperamos, que esta fuerza multinacional, que dará acceso a los corredores humanitarios para asegurar la distribución directa de víveres a las poblaciones en peligro, pueda llegar lo más pronto posible.
Por el momento, también hay otro mensaje importante. Se trata de la cuestión del mandato de esta fuerza multinacional. En primer lugar, este acceso y estos corredores humanitarios deben ser efectivamente, en nuestro ánimo, de «two ways » es decir, destinadas a facilitar el retorno, insisto, a facilitar el retorno voluntario, tal como está escrito en todos los convenios que atañen a los refugiados y en las leyes humanitarias; en segundo lugar, a hacer llegar los víveres; en tercero, a proteger a los propios refugiados, al material, al personal humanitario.
En cuarto lugar, de ninguna manera se trata, y quiero tranquilizar aquí al Parlamento, de igual manera que se tranquilizó a las autoridades de las capitales y a nuestras ONG, de ninguna manera se trata de volver al statu quo anterior, es decir en los antiguos campos. Es preciso instituir zonas provisionales, porque no se puede ayudar a la gente que se encuentra en movimiento. Es preciso reunirlas en algún lado. Sin embargo, espero que ustedes hagan todo lo que esté a su alcance para que el mandato de esta fuerza tenga también como tarea desarmar a los refugiados. De lo contrario, nos encontraremos con zonas provisionales que pueden abrigar a unos miles de refugiados armados, lo que nos llevará de nuevo a la situación que nosotros, los humanitarios, conocemos desde hace dos años.
Por tanto, espero que podamos pedir, todos juntos, que en su mandato, esta fuerza tenga también la posibilidad de desarmar a los refugiados, para permitir, y no obligar, el retorno -quiero ser muy clara sobre este punto- es decir, para obligar a elegir, para dar a los refugiados la posibilidad de decidir lo que quieren hacer. Si se quiere emplear la palabra «obligar» que oigo por aquí y por allá, en las torpezas un poco ambiguas, y me preocupan mucho, lo que debe obtenerse más bien es obligar a elegir. De ningún modo se trata de obligar el retorno.
Una última cosa, señores y señoras Diputados: esta intervención militar es la condición previa, lo repito una vez más, para tratar de salvar vidas. Me siento bastante frustrada de no haber podido hasta ahora -he tratado, pero no lo logré- hacer llegar el mensaje de la urgencia, porque cada instante cuenta, cada hora cuenta. Ahora, aparentemente, ya no se trata de saber si se requiere una fuerza multinacional, sino cuando.
¿Cuándo? Se trata de la esencia misma de esta misión, ya que si esta misión llega en tres semanas, tendrá mucho trabajo enterrando cadáveres, pero no tendrá mucho más que hacer.
(Aplausos) Por tanto, espero que, incluso si he empleado a veces un lenguaje un poco diplomático, puedan ustedes comprender la cólera, la frustración, e incluso la vergüenza, digo bien, la vergüenza que todos nosotros, todos nosotros...
(Aplausos) ... tendremos que sentir y soportar en esta crisis. Y creo que, por una vez, Europa ha demostrado que, para ella, la dignidad, la vida humana, la solidaridad concreta, no son palabras vanas, son palabras que tienen un sentido.
En lo que a mi respecta, espero que podamos continuar hablando al unísono y tratando de ser eficaces. No nos corresponde a nosotros tomar la decisión relativa a las tropas, pero sin duda alguna nos corresponde hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que puedan salvarse esas vidas.
(Aplausos)
Kouchner
Señora Presidenta, si usted me lo permite, se trata de una moción de procedimiento de orden moral y sentimental, pase por una vez. Representamos mal, creo -por el número, mas no por la calidadel conjunto del Parlamento para agradecer lo que acaba de decirse, para agradecer a la Comisión, al Consejo, y especialmente, expresar nuestra admiración y nuestro reconocimiento a Emma Bonino por la manera en que se ha comportado antes, durante y ahora ante esta situación. Este viaje era necesario y le agradecemos, señora Comisaria, las vías no diplomáticas que señaló usted.

Aelvoet
Señora Presidenta, en la espléndida región de los Grandes Lagos se ha consumado una vez más el ciclo de un brutal y sangriento ajuste de cuentas. El régimen de Kigali se cobra en la piel de los refugiados los horrores del abominable y hasta ahora impune genocidio de 1994, a través de expulsiones forzosas, hambre, sed, cólera. Todos sabían bien que resultaba imposible retener a los refugiados en los campos situados en la frontera, en los cuales por lo demás, se escondían culpables del genocidio y que nunca se llegaría a identificarlos. A este respecto la responsabilidad de la inconsistente y escurridiza comunidad internacional es enorme.
Pero la política de Kigali no era capaz en momento alguno de inspirar confianza a los refugiados para que regresaran. Baste citar la situación en las prisiones de Ruanda en las cuales impera el arbitrio absoluto de la muerte; cárceles en las que todo aquél que no tenga una resistencia de acero perece, sin proceso alguno además.
Y luego no nos hemos referido a la cuestión de Kibeho, ni a otras situaciones que igualmente quedaron impunes. Pero los cientos de millares que ahora se han dado a la fuga no tienen ningún interés en ponerse a hacer declaraciones por el estilo de «estaba previsto» ni a lamentarse por oportunidades realmente desaprovechadas. En este momento lo que hay que suministrarles es agua potable, alimentos, medicamentos, y no mañana o la semana próxima porque ya debíamos haberlo hecho la semana pasada, sino a más tardar en el día de hoy.
Y todos aquéllos que se hallan en el lugar saben que la situación de seguridad es tan inestable que la ayuda humanitaria deberá ir acompañada por una fuerza de intervención, de lo contrario la ayuda no llegará a quienes la necesitan. La Organización de la Unidad Africana ha planteado una cuestión bien precisa. Existe una decisión de principio a nivel del Consejo de Seguridad, de ahí que me pregunte por qué motivo se posterga la entrada en acción.
Oponerse de esta manera a ello equivale a desacreditar la intervención. Todo aquél que ponga trabas ahora a la ayuda, y esto está sucediendo, ya sea el gobierno de Kigali o las milicias, se hace reo del delito de la muerte de millares de personas. Todo aquél que ahora no brinde protección a los envíos, se hace igualmente cómplice de ello. Aunque nada cambiará fundamentalmente si no se establece un diálogo político, en primer lugar en el propio Ruanda, entre representantes de la comunidad hutu, que no sean responsables del genocidio y los hay en realidad. De no ponerse en marcha este diálogo, respaldado en un marco regional, y contando con apoyo internacional, dentro de cuatro semanas tendremos que inscribir de nuevo en el orden del día la cuestión de Burundi. Porque en la actualidad no se habla de Burundi, pero la situación no deja de degradarse en ese país.

André-Léonard
Señora Presidenta, desde hace más de dos semanas se desarrolla ante nuestros ojos y ante el mundo entero un nuevo drama humanitario y, una vez más, la comunidad internacional ha demostrado su incompetencia para actuar e impedir esta terrible tragedia.
Señora Presidenta, tengo vergüenza y me duele, ya que esta catástrofe era previsible y no se avisoró ninguna solución al problema causado, desde 1994, por el flujo de miles de refugiados hutus y rwandeses, en el Kivu zairense ya sobrepoblado. Los campos de refugiados se benefician de la ayuda humanitaria desde hace dos años y medio, cuando se sabe y el HCR sabía que estaban infiltrados por los responsables del genocidio rwandés y que amparaban al ejército del antiguo régimen de Rwanda y a los milicianos extremistas hutus.
Reconozcamos en favor del Zaire, que el gobierno Kengo reclamaba la expulsión de esos refugiados, refugiados cada día mejor armados. ¿Por quién? Formulo la pregunta, pero temo conocer la respuesta. Todos tenemos una parte de responsabilidad, mi país -Bélgica- que renunció a su política africana, sin duda alguna justifica con ello su silencio, aunque los lazos históricos que nos unen a la región de los Grandes Lagos habrían debido llevar al Primer Ministro a desempeñar un papel de mediador.
Sin embargo, todos lo decimos aquí, ya no es hora de dilaciones, sino de acción. Insistimos, pues, para que se establezca inmediatamente una fuerza internacional. Añadiré que sería deseable que la UEO participe en esta fuerza internacional. Actualmente, el hecho nuevo es que Canadá haya aceptado el mando de esta fuerza internacional. Unos 10 000 hombres podrían permitir el envío de la ayuda humanitaria a Kivu, pero también empujar a los refugiados a volver a Rwanda. Esperemos que finalmente el Consejo de Seguridad adopte, en la urgencia esta vez, una resolución que permita el despliegue de hombres y el desbloqueo de unas 80 000 toneladas de víveres ya dispuestas en la región.
Señora Presidenta, aún es tiempo de evitar el apocalipsis y lanzar un llamamiento de cese el fuego inmediato, con el fin de permitir el indispensable diálogo entre todas las partes interesadas. La OUA debe ayudar a promover una solución política para el conjunto de la región y Sudáfrica debe asumir sus responsabilidades, incluso si entre sus prioridades no se encuentra la de apagar las hogueras que asolan Africa central, de lo contrario todo el continente negro podría ser pasto de las llamas. Juntos tenemos los medios para actuar. Demostremos que tenemos la voluntad de hacerlo.

Tindemans
Señora Presidenta, estimados colegas, en mi intervención utilizaré dos veces la palabra «vergüenza». La Comisaria Bonino, en su declaración tras la última reunión del Consejo de Seguridad no vaciló en utilizar ese término, afirmando que era una vergüenza que no se hubiese llegado a ninguna decisión concreta sobre la tragedia en Africa Central. De esta manera supo salvar el honor de la Comisión. Deseo felicitarla por ese pronunciamiento. Deseo igualmente expresar mi agradecimiento al Sr. Pinheiro por su positiva postura asumida en estos difíciles tiempos. Constituye también algo vergonzoso la falta de unidad en la Unión Europea en el seno mismo del Consejo de Seguridad. ¿Dónde se halla la fuerza de nuestra indignación que nos permita desplegar una acción común en este momento? Todos afirmamos la necesidad de brindar una ayuda humanitaria inmediata a los refugiados en territorio zaireño, y que sin acompañamiento militar dicha ayuda no llegará a su destino. Somos también partidarios de que se celebre una conferencia sobre la región de los Grandes Lagos encaminada a allanar los enfrentamientos. De esta manera queda expuesto el problema de la propia Africa, bien que Henry Kissinger llegó a calificar la región «continente en crsis». El menosprecio de la vida humana, la intolerancia, el racismo a la africana, son características lamentablemente de la sociedad en ese continente. Lo que importa saber es si los Estados miembros de la Unión Europea desean aplicar una política como la imperante en el siglo pasado, o si bien si se hallan dispuestos a contribuir a una política digna del siglo venidero. ¿Somos realmente sinceros al invocar una mayor democracia, los derechos humanos y la necesidad de Estados de derecho también en Africa? ¿No tiene Europa acaso una responsabilidad especial de participar de manera enérgica en esta región? Se ha hablado a veces de Euroafrica, de Europa-Africa, designando así una estrategia, una política especial entre Europa y Africa? ¿Cuál es la situación actual? A diario escuchamos voces que desean el abandono del continente africano a su triste suerte de autodestrucción. ¿No pueden hacer nada las Naciones Unidas? La actual situación es un verdadero desastre. ¿Qué es lo que puede hacerse? ¿No podría acaso reexaminarse la vieja propuesta, es decir considerar la posibilidad de asignar al Consejo de Tutela un nuevo copetido consistente en poner en relación, en determinadas situaciones, factores como la democracia, la tolerancia y la coexistencia pacífica? Sé muy bien cuán delicada es la cuestión, pero ¿de qué manera podremos en lo adelante poner coto a las matanzas?
De lo que se trata en este caso es de hacer de la sociedad africana una comunidad no sangrienta, aunque en realidad también de salvar la reputación de organizaciones de naciones como las Naciones Unidas.¿No han sido acaso creadas dichas organizaciones con el fin de preservar o de restablecer la paz? Así consta en el texto que constituye el fundamento de las Naciones Unidas. En este momento se trata igualmente - y digámoslo claramente en este Parlamento Europeo - de la difusión de la influencia, de una presencia positiva por supuesto, de la Unión Europea. ¿Qué estamos haciendo a ese respecto?

Baldi
La tragedia del Zaire y el conflicto de toda la región de los Grandes Lagos precisa una intervención rápida e inmediata con el fin de frenar los crímenes que siguen perpetrándose. La Unión Europea debe hacer todo lo que esté en su mano para lograr una solución política y llevar a cabo una acción global que ponga fin a esta situación que podía prevenirse, tal como nos acaba de manifestar la Comisión de forma muy transparente. En repetidas ocasiones, aquí, en el Parlamento y en las demás Instituciones europeas, hablamos de prevención de los conflictos en Burundi, Ruanda y en toda la región de los Grandes Lagos, sin embargo, de nada ha servido.
Por desgracia, se interviene sólo cuando se deteriora la situación y se llega a la crisis. El drama de los refugiados exhaustos, asustados y desfallecidos por el cansancio del largo camino que los conduce quién sabe dónde, nos sitúa ante una tragedia humana que nos encuentra impotentes, puesto que no conseguimos hacerles llegar ni tan siquiera las ayudas humanitarias que, hoy por hoy, no somos capaces de distribuir.
Los corredores humanitarios deben organizarse cuanto antes y si el Consejo de Seguridad de la ONU no adopta una decisión, a pesar de que Canadá haya promovido una acción, Europa deberá actuar de inmediato y de acuerdo con la Organización para la Unidad Africana y sin más titubeos.
El único objetivo que la fuerza de intervención multinacional debe tener es el de socorrer a las víctimas para poner fin a este largo calvario.
El Parlamento Europeo no debe permanecer al margen y debe enviar cuanto antes una delegación conjunta formada por los miembros de las Comisiones de Desarrollo y de Asuntos Exteriores y por los representantes de los países ACP, apoyada por la Comisión Europea y el Consejo, para definir las acciones que deben emprenderse para detener este horrible crimen contra la humanidad.
Así y todo, reitero que la tragedia se podía prevenir y no se hizo nada. Por consiguiente, siento vergüenza por haber llevado adelante acciones que no alcanzaron un resultado y pido una coordinación entre las Instituciones europeas para acabar con esta crisis.

Carnero González
Señora Presidenta, nuestro Grupo cree que es preciso que la Unión Europea se ponga a la cabeza de una intervención internacional para detener la catástrofe humanitaria en el Este del Zaire que contemplamos, entre horrorizados e impotentes, desde hace ya varias semanas.
Desde nuestro punto de vista, esa intervención internacional debe realizarse en y desde el marco de las Naciones Unidas, bajo el paraguas de una resolución correspondiente del Consejo de Seguridad, utilizando todos los medios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y teniendo claramente un carácter neutro, es decir, no favoreciendo en ningún caso los intereses de ninguna de las partes en conflicto.
Los objetivos de esa intervención internacional deben ser tres, desde nuestro punto de vista. En primer lugar, la creación de pasillos o corredores por los que proceder a distribuir la ayuda alimentaria y médica que está llegando en gran cantidad, pero que se encuentra almacenada sin llegar a sus destinatarios. En segundo lugar, el establecimiento de lugares seguros para el asentamiento de los refugiados, donde estén a salvo de presentes o futuros enfrentamientos. Y, en tercer lugar, conseguir la separación entre los elementos armados que fueron responsables del genocidio de 1994 y el conjunto de los refugiados.
Esa intervención internacional debe además marcarse como un fin la convocatoria de una conferencia internacional a través de la que encontrar soluciones duraderas a los problemas de fondo de la región de los Grandes Lagos. Esas soluciones de fondo deben contemplar la cooperación entre todos los países de la región, el retorno voluntario, libre y seguro de los refugiados a sus hogares, la puesta en marcha de programas de desarrollo sostenible para la zona, empezando por la reconstrucción material inmediata, la recuperación de la convivencia pacífica entre las diferentes etnias en cada Estado y el establecimiento de la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos en todos los países de la zona.
Es preciso denunciar que esta crisis, como la de 1994 en Rwanda, tiene su origen en la persistencia de las lacras del colonialismo y la persistencia también de espurias e inaceptables estrategias de potencias extraregionales que tratan de mantener zonas de hegemonía e influencia en la región. Hay que castigar a los responsables directos de los genocidios y establecer un embargo total de armas en la zona, pero sin olvidar, señora Presidenta, que hay gobiernos, como el francés o el estadounidense, que deberían explicar cuáles han sido y son sus tácticas y actuaciones en esa zona.
Sin duda alguna, tampoco podemos olvidar que la dictadura de Mobutu Sese Seko ha estado presente en esta crisis y utilizado la ayuda alimentaria como un instrumento de presión. Además, sigue siendo apoyada por algunos países de manera inaceptable. Hay que estar a la altura de la exigencia de las opiniones públicas y, como ayer en España, a través de multitudinarias manifestaciones convocadas por las ONG, pedir una acción inmediata y efectiva en el marco de la diplomacia preventiva.

Hory
Señora Presidenta, quisiera agradecer al Consejo y a la Comisión por su comunicación y felicitar a mi vez, de manera muy especial, a la señora Comisaria y a la Acción Humanitaria, que ha expresado y demostrado a lo largo de todas estas dolorosas semanas, ante el silencio de la comunidad internacional, ante la pusilanimidad americana, lo que podía ser la lucidez, la determinación y el valor. Gracias a la Sra. Bonino por haber escuchado una gran voz europea.
No obstante, desde hace dos años, las autoridades de Kigali nos lo habían advertido. La existencia de campos de refugiados, mantenidos como rehenes y despojados por las antiguas fuerzas armadas rwandesas antes de ser utilizados en una primera etapa como caución y escudo político por el régimen zairense, constituye una verdadera bomba de relojería para toda la región.
Hoy, el drama se ha desatado y, únicamente, una voluntad política fuerte del Consejo de Seguridad puede detenerlo. También se precisarán medios militares, pero debemos insistir en la estricta neutralidad de una fuerza internacional de intervención, cuyo único mandato será el de permitir llevar la ayuda humanitaria y el retorno voluntario a Rwanda y a Burundi de los refugiados, en donde serán bienvenidos. En lo que respecta a aquellos que quieren quedarse en Zaire -lamentablemente todos sabemos por qué quieren quedarse- pues, ¡que se queden!
Pero no renovemos las ambigüedades de la operación Turquesa. La fuerza internacional no debe tener como misión salvar un régimen zairense corrupto y descalificado, proteger un ejército reducido a pillar su propio país, ¡o permitir la reconstitución de las fuerzas militares de los autores del genocidio rwandés de 1994!
Si queremos que la intervención conjunta de los países occidentales y africanos siga siendo la mera traducción política de nuestro deber de solidaridad respecto a las poblaciones civiles, ¡será oportuno apartar de esta intervención a los países que durante demasiado tiempo se han distinguido por el apoyo interesado que han prestado al antiguo poder de Kigali y a lo que queda de poder en Kinshasa! La futura credibilidad de la Unión Europea en la región tiene como precio esta neutralidad. Por lo demás, la Sra. Bonino nos ha señalado el camino del humanismo y de la dignidad. ¡No tenemos mas que seguirlo y seguirlo rápidamente!

Sauquillo Pérez del Arco
Señora Presidenta, en primer lugar felicito a la Comisaria Bonino por la premura con que se ha desplazado a la región de los Grandes Lagos, por su sensibilidad -no sólo política- ante la situación, por su determinación respecto a la necesidad de llevar a cabo una intervención humanitaria y por la ayuda de ECHO a esa zona. Todos estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, este consenso, que a veces es lo más difícil de conseguir en política, no significa -como debería- el paso previo a la acción, y corre el riesgo de convertirse en un motivo de frustración que pone de manifiesto ante nosotros mismos y ante el resto del mundo la esterilidad de nuestros esfuerzos.
No voy a hacer otra crónica sangrienta del Zaire. Me limitaré a hacer algunas reflexiones y propuestas. El conflicto del Zaire no puede sorprendernos porque es la apoteosis final de la crisis de los Grandes Lagos que se viene desarrollando con precisión minuciosa desde 1993. Pero tampoco podemos resignarnos a certificar la muerte anunciada de miles de personas, sino que, aunque tarde, tiene que conducirnos a protagonizar soluciones.
La UE y sus Estados miembros tienen capacidad diplomática y logística para encabezar una intervención humanitaria, para promover en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una decisión de protección militar de la misma y para llevarla a cabo. La pregunta que se hace la población civil, las ONG y sobre todo las víctimas de la guerra, y que yo traslado al Consejo, es: ¿por qué no se utiliza esta capacidad? ¿Por qué vamos a remolque de los Estados Unidos, del Canadá o de quien se tercie en cada momento? Ayer mismo, en toda España, se produjeron concentraciones exigiendo la rápida intervención del mundo occidental para la solución del conflicto y, en este mismo sentido, se pronunció, por unanimidad, el Parlamento español.
Hay un problema de cobardía en la actuación de la UE, que puede proponer en el marco de la PESC la participación de la UEO en misiones humanitarias y no lo hace. Hay un problema de hipocresía -o a veces de esquizofrenia- entre las declaraciones de los Estados miembros y su voluntad real de participar en la solución, tanto inmediata como a largo plazo.
Dicho esto, el problema más inmediato es resolver el drama humano, y la fórmula para ello es la ayuda humanitaria, que únicamente puede asegurarse con la protección militar, como demuestran ya experiencias como la de Bosnia y la del Iraq donde únicamente fue posible subvenir a las necesidades de la población cuando se decretaron zonas de exclusión.
Por ello, nos felicitaremos cuando se cree esta fuerza multinacional para proteger los envíos de ayuda humanitaria, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la supervivencia de un pueblo amenazado por la barbarie. Pero que se cree y se envíe, porque, de lo contrario, estaremos llegando tarde. Y también esta fuerza deberá ser útil para el retorno de los refugiados que, voluntariamente, quieran volver a la zona. Y los que vuelvan que estén desarmados, porque en esta zona hay muchas armas y muchas muertes.

Kinnock, Glenys
Creo que es una ironía bastante cruel que hoy se inaugure en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación mientras aquí en el Parlamento Europeo estamos reflexionando sobre el hecho de que millones de personas corren el peligro de morir de hambre en África Central. Las evasivas, los retrasos, desde luego no admiten disculpas, como han dicho ambos comisarios. Los refugiados desplazados están sufriendo, muriéndose de hambre, mientras continua el vacío político internacional, sólo salpicado ocasionalmente de buenas palabras, aunque no todavía de una intervención real. Los Estados miembros de las Naciones Unidas deben declarar su voluntad actual de desplegar, equipar y financiar una fuerza internacional dirigida por los canadienses. He defendido con gran contundencia que dicha fuerza debería recibir el mandato claro de desarmar al antiguo ejército ruandés, el Interahamwe. No tiene sentido sugerir que es posible prestar auxilio mientras esas milicias armadas sigan intimidando a los refugiados. Se debe hacer una criba, y retener a todos los que no sean refugiados auténticos. Ello no sólo facilitará la entrega de la ayuda humanitaria, sino que, por supuesto, contribuirá además a todo el proceso de edificar una solución a largo plazo para Ruanda y otros lugares.
Pase lo que pase con la crisis actual, no debemos perder de vista la necesidad de una estrategia política para una solución de escala regional después de que la crisis se haya resuelto. Como han dicho ambos comisarios, hemos observado una parálisis, una insensible indiferencia, y hemos visto la falta de liderazgo moral o político en el mundo. Espero que esto deje de ser un rasgo dominante en nuestro futuro trato con la región.

Günther
Señora Presidenta, tras las palabras introductorias he de decir que no sólo tenemos un Consejo, sino que afortunadamente tenemos también una Comisión, pues lo que hemos escuchado aquí de la Comisión ha sido mucho más concreto. Nos hallamos en este punto y decimos que en parte ya hemos previsto esto, lo hemos visto venir. Quisiera limitar un poco este «nosotros», pues en el último año y medio el Parlamento se ha referido repetidas veces a esto y ha pedido que se intervenga para quitar tensión a la situación en la zona de los grandes lagos.
Me refiero a que hemos hecho un llamamiento al Zaire para que suspenda en los campos de refugiados el apoyo logístico, militar y de cualquier otra clase a los rebeldes. Otra exigencia nuestra ha sido también el establecimiento de zonas de seguridad y de protección. No obstante, quiero afirmar con una cierta tranquilidad lo siguiente: cada vez se afianza más la convicción de que la mera ayuda humanitaria no es posible sin un simultáneo aseguramiento, incluso mediante medidas militares de flanqueo. Cada vez gana más cuerpo un consenso sobre esto en esta Asamblea. En definitiva, de nada sirve realmente convocar mesas redondas y conversaciones y reunir a los dirigentes de los rebeldes para que conversen entre sí durante un día, mientras los otros se siguen disparando mutuamente.
Otro problema es, sin duda, el regreso de los refugiados. Pido urgentemente que de la evolución que estamos lamentando precisamente en la zona de los grandes lagos aprendamos a no instalar necesariamente campos de refugiados en las fronteras, donde se encontrarán expuestos enseguida a nuevas presiones. Por lo demás, es preciso establecer también criterios más severos para garantizar rápidamente el regreso.

Andrews
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, sé que no es competencia suya, pero he de decir que en su intervención de hoy ha faltado un compromiso de hacer algo sobre la grave situación en el Zaire. Lamento tener que decirlo.
Quiero decir al Sr. Pinheiro que su contribución ha sido muy bien acogida. Quiero elogiar en especial a la comisaria Bonino que, durante el fin de semana, hizo declaraciones tan incisivas y transparentes que los ciudadanos de Europa -estoy seguro de ello- vieron por primera vez cómo un comisario daba la cara y decía exactamente qué había que hacer; decía exactamente lo que los ciudadanos de Europa querían oír.
Zaire, como sabemos, es sinónimo de explotación y pillaje. Tenemos en la Unión Europea al Sr. Mobutu, dado en llamar presidente Mobutu, a quien se le está dando refugio en su palacio del sur de Francia. Creo, con toda franqueza, que el Sr. Mobutu debiera ser arrestado por genocidio y crímenes de guerra contra su propio pueblo. Creo que Mobutu y su camarilla de desalmados y gángsters que están dirigiendo el país, bebiendo champán rosado mientras los 44 millones de habitantes de su país carecen de educación, de escuelas, de salud, de hospitales, son una vergüenza. La Unión Europea tiene una tremenda responsabilidad a este respecto.
Por último, el 80 % de las armas son exportadas por los cinco grandes de las Naciones Unidas. Los cinco grandes han tardado mucho en reaccionar ante esta crisis del Zaire y la región de los grandes lagos. Creo que los medios de comunicación deberían investigar de donde proceden las armas que están usando ahora los hutus. Hace un par de meses se les desarmó y ahora están armados de nuevo con armas que proceden de la Unión Europea...
(La Presidenta interrumpe al orador)

El Presidente
De conformidad con el artículo 37, apartado 2 del Reglamento, he recibido siete propuestas de resolución.

Muscardini
Señora Presidenta, en la historia más reciente de los países de la región de los Grandes Lagos encontramos en estado embrionario la génesis del genocidio: los tutsis que tomaron el poder en Ruanda, los que están en el poder en Burundi y los que viven en la cercana región de Kiwu, de hecho, están creando una federación tutsi de los Grandes Lagos.
Para hacer esto, están llevando a cabo una limpieza étnica propiamente dicha que está vaciando la región de los hutus que la habitan. Esto ya sucedió, a la inversa, en 1994 en Ruanda, cuando los hutus fueron los responsables de la masacre de más de 500.000 tutsis. Y es lo que sucedió en Burundi a raíz del asesinato de varios Presidentes pertenecientes a la etnia hutu y de su sustitución con Presidentes tutsis. Y es lo que viene sucediendo en la región de Kiwu desde cuando los rebeldes banyamulenges, ayudados por los tutsis ruandeses, persiguen y masacran a los refugiados hutus.
Mientras que se consolida el poder tutsi, los hutus son aniquilados por el hambre, las enfermedades y los disparos de los morteros. La convivencia parece lejana e imposible y el odio ancestral que ánima a las dos etnias es insaciable.
Por consiguiente, ¿cuáles son las soluciones para estabilizar la región y evitar la hecatombe de miles de refugiados?
El Consejo de Seguridad de la ONU titubea, titubea de forma consciente, dividido en el juego del ajedrez de la diplomacia y de los cálculos de la realpolitik. Sin su apoyo militar, los corredores humanitarios que ya están preparados, seguirán cerrados, lo que implica continuas muertes. De todos modos, deseo agradecer a la Comisaria Sra. Bonino su trabajo y abnegación.
Imaginar un territorio hutu en Burundi y Ruanda, fronterizo con otro asignado a los tutsis, significaría olvidar que estos representan el 15 % de la población. La solución sería crear una confederación entre un país hutu y otro tutsi, es decir crear un cuarto país definiendo las fronteras existentes y teniendo en cuenta los asentamientos étnicos: modificar las fronteras de tres países para crear un cuarto país. ¿Sería posible intervenir respecto al dogma de la intangibilidad de las fronteras?

El Presidente
A estas alturas del debate, cada Grupo ha intervenido. Sé que todavía quedan intervenciones por aproximadamente un cuarto de hora de tiempo de uso de la palabra. A las doce, tenemos nuestra sesión de votaciones. Vista la importancia de este debate, no puedo asumir la responsabilidad de interrumpirlo. Por tanto, sobre la base del artículo 130, consulto a la Asamblea.
¿Desean cerrar el debate y que comencemos las votaciones, o que continuemos el debate unos quince minutos más?

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, estimo que si tenemos cuenta de la presencia en esta Asamblea, estoy segura que todos los colegas están aquí desde hace casi un cuarto de hora para proceder a la votación. Sabemos que la votación tendrá lugar también a continuación por lo cual desearía pedir que se concluyera el debate en este momento.(La Asamblea aprueba la propuesta de cerrar el debate)

El Presidente
El debate queda cerrado.
(Reacciones diversas) Se procederá a la votación dentro de un instante.
Intervenciones por escrito de oradores inscritos para el debate sobre la situación en el Zaire

Vecchi
Señora Presidenta, en estos días en la zona oriental del Zaire está ocurriendo una de las más horribles tragedias humanitarias: más de un millón de personas corre hoy el peligro de morir a causa del hambre y las enfermedades y muchos miles de desplazados pagaron con sus vidas la reanudación de los combates en la región.
Como siempre, sin embargo, toda tragedia humanitaria es, también y ante todo, una tragedia política o, mejor dicho, un crimen político.
De este crimen son responsables, ante todo, las fuerzas ruandesas, tanto las milicias del antiguo régimen como las que dependen del nuevo Gobierno de Kigali, que en estos años no hicieron nada para promover un nuevo acuerdo nacional, sino que, por el contrario, fomentaron de forma deliberada el odio étnico y político que hoy, inevitablemente, desemboca en un conflicto armado.
Sin embargo, de dicho crimen son responsables también los miembros de la llamada comunidad internacional que, una vez más, dejaron pudrir la situación.
Hoy, al igual que en 1994, quienes pagan todo esto son las poblaciones civiles, los niños, las mujeres, los sectores más desfavorecidos de la población. Ya es demasiado tarde, pero es preciso evitar lo peor.
Todos sabemos que, para ayudar a los desplazados, es necesaria una intervención militar, política y humanitaria que restablezca las mínimas condiciones de seguridad para los civiles y para los operadores internacionales.
Dicha intervención, que debe concretarse en las próximas horas, deberá llevarse a cabo bajo la égida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque requiere la voluntad y la disponibilidad de los principales países africanos, así como de Estados Unidos.
Tenemos que crear corredores humanitarios en seguida. En la actualidad, la solución duradera de los conflictos en la región depende de este primer acto. Habría costado mucho menos, tanto en vidas humanas como en recursos financieros, haberlo hecho hace algunas semanas, como fue solicitado.
Hagámoslo ahora y que nos sirva de duro escarmiento para el futuro.

Votaciones
Lannoye
Señor Presidente, lamentablemente como de costumbre, el debate sobre este informe tuvo lugar a las 23.30 horas de ayer, y pudimos registrar un determinado número de elementos importantes, especialmente la toma de posición de la Sra. Bjerregaard y de la Comisión sobre algunas enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.
Simplemente quisiera tener en cuenta que las enmiendas que yo y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor consideramos importantes, las enmiendas 35 y 36, son plenamente apoyadas por la Comisión y que las enmiendas 12, 16, 38 y 41, son apoyadas parcialmente por la Comisión.
Quiero hacer esta precisión a todo el conjunto de los diputados del Parlamento para que la votación se haga en la transparencia. Sabemos que son necesarios 314 votos y que la posición de la Comisión es determinante para la modificación eventual de la posición común.
Sobre la enmienda nº 24

Lannoye
Para evitar toda confusión, señor Presidente, la votación de esta enmienda 24 implica la modificación del anexo 2, puesto que tratamos aquí del anexo 1. Si el tipo de proyecto, objeto de la enmienda, se retoma en el anexo 1, forzosamente ya no figura en el anexo 2. Por tanto, creo que es preciso deducir una supresión en el anexo 2, incluso si no hay una enmienda que lo pida explícitamente.
Sobre la enmienda nº 39

Lannoye
Señor Presidente, se trata de una enmienda sumamente importante. Se refiere a la cría industrial. El voto que obtuvo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, se refiere al número de unidades animales que sería de 100, pero otra enmienda presentada por la Sra. Barthet-Mayer y algunos compañeros, propone 200. Yo no tengo mucha esperanza en obtener 314 votos sobre la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, pero apoyo la enmienda de la Sra. Barthet-Mayer.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)

Pradier
Señor Presidente, me gustaría proponer una enmienda oral. Cuando se menciona, en el apartado 10, el retorno de los refugiados, a mi juicio convendría indicar que se trata de un retorno voluntario. En efecto, el retorno obligado daría pie a todas las desviaciones posibles. Por tanto, propongo que se añada la palabra «retorno voluntario».
El Parlamento acepta la enmienda oral
(El Parlamento aprueba la resolución)

Kouchner
Señor Presidente, incluso después de que hemos aprobado esta resolución sobre el Zaire, protesto con vehemencia por la manera en la que se cerró este debate. Cuando el mundo entero tiene los ojos puestos en los acontecimientos del Zaire, me parece escandaloso que no hayamos dedicado diez minutos más a un problema que concierne al mundo entero.

El Presidente
He de señalar que la mitad de los que aplauden votaron por abreviar el debate.

Collins, Kenneth
Quiero tomar la palabra antes de que iniciemos la votación sobre el informe Dybkjær acerca de la revisión del Quinto Programa de medio ambiente. Ni yo ni los demás diputados de la Asamblea somos ajenos al debate y la controversia políticos y el hecho es que las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea a veces implican desacuerdos. Ese es el orden natural de las cosas, pero es importante que los desacuerdos se desarrollen en un clima de mutuo respeto. Cuando leo en la prensa danesa palabras como «indigna de confianza» aplicadas a una comisión del Parlamento Europeo, empiezo a tener dudas sobre el alcance de dicho respeto.
Las palabras, como la contaminación, no conocen fronteras y cuando en los periódicos aparecen titulares diciendo que la propia Comisaria está atacando a la Comisión de Medio Ambiente, no tengo otro remedio que preguntarme si sigue en pie el espíritu de confianza mutua y de cooperación que nosotros, por nuestra parte, hemos intentado establecer y construir. Por consiguiente, me gustaría invitar a la propia Comisaria a que diga al Parlamento esta mañana que, aunque siempre habrá ocasiones en que entre ella y yo y la comisión parlamentaria y nuestro ponente puedan surgir diferencias de opinión, no tiene motivos de queja ni sobre el nivel de cooperación y ayuda que recibe de la comisión parlamentaria, ni sobre la competencia de ésta, ni sobre la forma en que hemos decidido trabajar. ¿Va a asegurar esto al Parlamento Europeo y lamentar tanto como yo que a las relaciones les pueda perjudicar el uso imprudente de una prensa que no siempre es responsable?

Bjerregaard
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Collins por su pregunta. Es evidente que lo que estamos tratando ahora es uno de los temas más importantes para las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, es decir, por un lado, nuestra cooperación y, por el otro lado, toda la evolución democrática. Creo que en realidad lo que interesa más a la Comisión y al Parlamento es garantizar el mejor debate público posible, la participación de los ciudadanos y unos buenos resultados. Este proceso es, a veces, complicado en los sistemas democráticos. No siempre estamos todos de acuerdo. Puede haber diferencias de opinión sobre el contenido de las propuestas, como veremos un poco más tarde en la votación, y es posible que haya desacuerdo en lo referente a las diferentes enmiendas, pero, con todo, es posible obtener resultados.
Quiero subrayar que en algún momento he criticado la existencia de más de 100 enmiendas al Quinto Programa de Acción. Este hecho no beneficia al público. El procedimiento tampoco me ha parecido adecuado. El lunes se redujo el número a 50, la noche del martes mantuvimos un debate sobre este tema, y hoy lo sometemos a votación. Creo que, grosso modo , estamos de acuerdo. Creo que todos deseamos las mejores condiciones posibles para la participación del público en este debate. Esto no quita que debamos respetar el trabajo de los demás. Ha sido un placer para mí cooperar con la Comisión de Medio Ambiente, con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y con los ponentes, como se ha podido comprobar en relación con el informe presentado por el Sr. Lannoye y como se verá más tarde, en el día de hoy, en relación con el informe del Sr. Rübig. Unas palabras duras no alteran en la esencia la cooperación. Estoy dispuesta a continuarla y espero que sea posible alcanzar un resultado positivo.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Wilson
Señor Presidente, por una cuestión de orden. Sabiendo que una votación nominal cuesta unos 1.500 ecus, y teniendo 50 votaciones, calculo que nos habrá costado unos 75.000 ecus.

Anastassopoulos
Señor Presidente, le rogaría que dirija al Parlamento la pregunta de si desea proseguir con las votaciones. Hemos sido informados esta mañana de que habría muchas votaciones y de que se requeriría algo más de tiempo. Es la 1.30 ya, y creo que hemos llegado al límite de nuestra paciencia. Solicitamos a la Presidencia que, cuando se presenten votaciones así, se inicien a las 11.30 horas para no emplear todo el tiempo del mediodía en las votaciones.
Quisiera, por lo tanto, que se pregunte a la Asamblea si deberíamos interrumpir.

(El Parlamento decide proseguir la votación)

Watson
Seguramente el factor menos móvil aquí no es la mano de obra, sino el Nuevo Laborismo.

El Presidente
Puesto que hace ya un buen rato que es hora de comer, no voy a reprenderle por hacer chistes malos.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Díez de Rivera Icaza
Como ya manifesté en la primera lectura, todos los ambientalistas de este Parlamento en este tema clave y casi todos en el lado izquierdo del hemiciclo, nos congratulamos de que estemos modificando y ampliando la directiva sobre la evaluación de impactos ambientales de todo proyecto público o privado. Modificación ya reclamada en el Vº programa de acción y que resulta crucial para poder dar cumplimiento al concepto de integración contenido en los artículos 2 y 130R2 del Tratado de la Unión y que configuran la política ambiental comunitaria.
La ampliación del campo de aplicación a sectores como la agricultura o el turismo; la exigencia de que el anexo II tenga igual peso que el anexo I y las nuevas disposiciones para la información, vigilancia y control de los procedimientos de evaluación, son pasos necesarios para dar cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible incluido en el Tratado de la Unión Europea, a pesar del voto tan negativo efectuado por la derecha.
Por lo ya expuesto en el debate anterior, mi voto será positivo.
Muchas gracias.
Informe Cabrol
Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Los firmantes votamos en contra del informe en su totalidad. La Comisión carece de competencia para los trabajos de vigilancia en torno a la salud que el informe propone. La propuesta del informe crea un nivel medio innecesario, y que menoscabaría la eficacia en la cooperación internacional en materia de política de salud. Por el contrario, debería existir una línea directa y consecuente entre la OMS y los responsables de la salud a nivel estatal, así como entre estos últimos.

Wibe
El objetivo que se persigue es naturalmente digno de elogio, consiste en establecer un centro para el control de las enfermedades infecciosas. No obstante, soy muy escéptico en cuanto al valor de que se creen nuovos centros de investigación a «nivel comunitario». Suecia ya ha desarrollado unas redes para cumplir con este objetivo en colaboración con la OMS. El problema es que estas nuevas instituciones de la UE reguieren unos medios que es necessario extraer de otros objetivos. Cualquier decisión positiva en torno a la creación de una institución de la UE exige seguramente -sobre todo teniendo en cuenta la opinión poco favorable a los impuestos dentro de la Unión- unas decisiones negativas a nível nacional o global.
Además, tengo mis reservas en cuanto a que el Parlamento dé nombre a estos nuevos órganos de control (ver la emmienda nº 8). El hecho de que precisamente se denomine «Eurocentros» a los órganos nacionales no mejora las cosas.
Informe Dybjær
Ahlqvist, Andersson, Lööw, Theorin, Waidelich y Wibe
Se han añadido a este informe una larga serie de enmiendas, muchas de ellas evidentes y de gran calidad. En nuestro tratamiento del Programa, nos hemos ceñido a la idea de que lo que había de realizarse era una revisión del Programa de acción actual, y no un nuevo Programa de acción. Esta idea se refleja en nuestro modo de votar, y por eso no apoyamos muchas de las propuestas presentadas.
Pensamos además que el mayor reto al que ahora se enfrenta la UE es el de cumplir con los requisitos que se ha fijado. Se trata también de encontrar una solución para la normativa de transición que existe actualmente para Suecia, por ejemplo, en el ámbito de los fertilizantes. La UE debe, a través de unas acciones concretas, demostrar que toma en serio las cuestiones ambientales, y que las afirmaciones solemnes también van a tener repercusiones en el proceso decisorio.

Amadeo
El informe Dybkjær, según el texto de la Comisión de Medio Ambiente, se expresa de forma muy crítica respecto al trabajo de revisión llevado a cabo por la Comisión Europea sobre los avances en la actuación del Vº Programa. Compartimos plenamente este punto de vista. Los objetivos del programa no se alcanzarán, al menos en muchos y muy importantes sectores, si no se envía una señal clara a los Estados miembros para que tomen en cuenta seriamente y concedan la máxima prioridad al compromiso adquirido en materia de desarrollo sostenible.
Habida cuenta de que la propuesta de decisión de la Comisión Europea no reflejaba esta urgencia, la comisión parlamentaria se hizo cargo del trabajo que aquella debía llevar a cabo, señalando asimismo las carencias más graves del Vº Programa, tales como la falta de objetivos definidos y de plazos, y sugiriendo las primeras indicaciones para el próximo VIº Programa de acción.
La revisión forma parte del procedimiento de codecisión y, por consiguiente, ofrece al Parlamento la oportunidad de un profundo debate con la Comisión y los Estados miembros sobre el desarrollo sostenible en Europa, la inmediata incorporación de las cuestiones medioambientales en las demás políticas, la necesidad de establecer indicadores que permitan evaluar el avance hacia la sostenibilidad y establecer los objetivos y el calendario para los próximos años.

Bernardini
El programa que hoy nos ocupa es, desde 1973, el quinto presentado por la Comisión. Esta es la prueba de que el medio ambiente se ha convertido en un elemento indispensable a la hora de establecer las diferentes políticas comunitarias.
Esta propuesta de decisión se basa en dos nuevos documentos, el informe de la Comisión sobre los progresos y el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre la situación del medio ambiente en Europa.
A mi juicio, los esfuerzos actuales son insuficientes para cumplir con los objetivos de este quinto programa de acción.
Por tanto, deseo que nuestra Asamblea dé muestras de mayor voluntad.

Díez de Rivera Icaza
Las explicaciones dadas en el debate de anoche por la Comisaria Bjerregaard y su anuncio de un sexto programa de acción en materia de medio ambiente, cuando aún estamos en la penosa revisión del 5º programa, me parecieron fuera de lugar. Manifestaciones como ésta además de dañar la credibilidad de la política ambiental de la Unión, resultan extravagantes.
Todo el mundo sabe que tras el Tratado de la Unión un nuevo programa global resulta inadecuado y contradictorio con el propio Tratado. De ahí que mi voto refleje esta contradicción.

Lindqvist
El quinto programa de acción para el medio ambiente se aprobó en 1992, y es válido hasta el año 2000. La revisión de la Comisión en este momento en que estamos en el «segundo tiempo» es una catástrofe para el medio ambiente: ninguna propuesta concreta, ningún calendario, ninguna garantía de que la UE cumpla con las salvaguardias suecas de cuatro años de duración y, con ello, gran riesgo de que Suecia no pueda conservar sus requisitos ambientales más estrictos cuando expire este periodo. La totalidad del programa es un gran paso atrás para el medio ambiente, y demuestra claramente que éste no es un ámbito prioritario para la UE.
La propuesta tenía que haberse rechazado. Tampoco tenemos garantías de que una nueva propuesta de la Comisión vaya a resultar mejor. Una nueva propuesta retrasaría aun más la marcha de los trabajos en torno al medio ambiente. Por consiguiente, he decidido votar a favor, pero al mismo tiempo apoyar la mayor parte posible de las enmiendas presentadas con vistas a darle una mayor rigurosidad al programa. También he votado a favor de las propuestas suplementarias de agricultura ecológica, de reducción del uso de pesticidas, de menor consumo energético, del impuesto sobre este tipo de consumo, y sobre el dióxido de carbono.
Informe Rübig
Amadeo
La Comisión propuso dotar de una base jurídica al apoyo financiero para los gastos de gestión de las organizaciones que se ocupan de las políticas medioambientales en Europa. La propuesta de la Comisión es más bien restrictiva y no supone todavía un apoyo real a la existencia de un movimiento medioambiental fuerte y bien coordinado que, por el contrario, sería necesario para fomentar y apoyar el desarrollo sostenible en esta parte del mundo. El informe Rübig, según lo acordado con la Comisión de Medio Ambiente, significa una respuesta a la propuesta de la Comisión. El mismo define claramente qué organizaciones deben ser apoyadas y respeta la necesidad de que las mismas establezcan por sí mismas sus prioridades y actividades. Asimismo, subraya la necesidad de que el apoyo financiero para su trabajo de coordinación proceda también de otras fuentes, pero evita establecer su cuantía, al no considerarla un requisito indispensable para el apoyo de la Unión Europea.
Se trata de un enfoque correcto, habida cuenta de que coordinarse a escala europea es costoso y, con arreglo al principio de subsidiariedad, las autoridades europeas deberían ser las primeras en asumir la responsabilidad de contribuir a que los ciudadanos y sus organizaciones participen en los avances de la política europea, más que recurrir a financiaciones nacionales o incluso locales. Asimismo, es un hecho de dominio público que en muchos países europeos las organizaciones medioambientales no pueden hallar más que recursos muy limitados y, de cualquier modo, ligados a la actuación de proyectos de protección medioambiental muy específicos y de ámbito nacional o local. Salvo casos excepcionales, no se prevén líneas presupuestarias destinadas a un trabajo de coordinación y representación europea. Por lo tanto, es sumamente difícil de llevar a cabo la actividad internacional de las organizaciones sin el adecuado apoyo de la Unión Europea.
Informe Rapkay (A4-332/96)
Berthu
En la resolución sobre la política de competencia que acaba de votarse, el Parlamento Europeo se opuso «categóricamente» (esta es la palabra que utilizó) a la propuesta alemana destinada a crear, a escala europea, una Agencia Independiente encargada de arbitrar los litigios de competencia. No obstante, las motivaciones de nuestra Asamblea no son muy claras.
En efecto, el texto de la resolución critica esta idea porque tendería a sustraer la agencia «a todo control democrático». Paralelamente, la exposición de motivos presenta una crítica igualmente violenta, pero por una razón exactamente inversa: la agencia correría el riesgo de ser un «órgano altamente politizado», porque estaría «bajo la vigilancia del Consejo», órgano que reúne a los Gobiernos de los Estados miembros. Así, no queda muy claro si el Parlamento se opone a esta agencia porque sería insuficientemente democrática o, por el contrario, porque lo sería demasiado. Sin embargo, por ello mismo se comprende que exista, sin duda alguna, otra razón para esta oposición feroz; en realidad, la mayoría de esta Asamblea está descontenta de que alguien pueda prever reducir los poderes de la Comisión, sobre ese punto o sobre cualquier otro, en el curso de la Conferencia Intergubernamental.
A esta contradicción, el ponente consideró hábil añadir un argumento que, en realidad, se vuelve en contra suya; la creación de una agencia distinta a la Comisión correría el riesgo, a su juicio, de provocar «una falta de coordinación perjudicial entre la política de competencia de Europa y los demás objetivos esenciales del Tratado». Esta declaración equivale, lamentablemente para su autor, reconocer de manera bastante transparente que la Comisión aprovecha sus múltiples mandatos para mezclar los géneros, con el riesgo de poner la política de la competencia al servicio de otros objetivos, que ella habrá decretado ser los del Tratado.
Este caso de confusión de género no es el único. Ya tuve la ocasión de denunciar esta mañana otra confusión del mismo orden en las misiones de la Comisión, unas veces distribuidora de ayudas comunitarias que pueden cuestionarse, otras veces juez severo respecto a las ayudas que distribuyen los Estados. Sería oportuno aprovechar la ocasión de la Conferencia Intergubernamental para esclarecer todo esto y volverlo a poner en orden.
Para lograrlo, es preciso volver a centrar a la Comisión en su misión primera consistente en la preparación de las reglamentaciones. Por tanto, no debe encargarse ni de la distribución de ayudas eventuales (tarea que toca a los Estados), ni del arbitraje de los litigios de competencia, tarea que debe incumbir a un organismo especializado, bajo el alto control político del Consejo, tal como figura en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado.
Informe Kuckelkorn
Ahlqvist, Theorin y Wibe
El objetivo de las garantías sobre préstamos para las inversiones de las pequeñas empresas a nivel de la UE tiene las intenciones correctas. Pero nosotros pensamos que estas cuestiones se pueden administrar mejor a nivel nacional y regional, más cerca de la empresa. En nuestra opinión, es mejor abstenerse de tener un programa dedicado a esta actividad, y en su lugar reducir las contribuciones de los Estados miembros a la UE, para que así dispongan de unos mayores recursos económicos con que apoyar a las pequeñas empresas a nivel nacional y regional. De este modo habrá menos burocracia, un mejor control y valoración de la ayuda que hay que conceder a las pequeñas empresas.
Votamos a favor de este informe, pero reiteramos nuestro deseo de que en el futuro existan unas ayudas dentro de la UE organizadas de conformidad con las líneas expuestas.

Theonas
Apoyamos cualquier esfuerzo que pueda contribuir, aunque sea parcialmente, a combatir la trágica situación en la que se encuentran actualmente las PYME. Denunciamos la comedia que se hace en torno a la cuestión de a quién le corresponde la elaboración de una política para la PYME. El Consejo pasa la patata caliente a los Estados miembros, mientras que los gobiernos nacionales remiten a la Unión Europea. Nosotros somos de la opinión de que la Unión Europea debe asumir sus responsabilidades procediendo a la adopción de una política global de apoyo y mejora del entorno, tanto financiero, como más general, en el que operan las PYME, y, especialmente, las más pequeñas entre ellas. Además, las medidas de liberalización y desregulación de los mercados, las restricciones de acceso al sistema de créditos, la política comercial y la política de la Unión Europea en general tienen un efecto catalizador con respecto a las opciones y la viabilidad de las PYME, conduciendo a miles de PYME a la ruina y el cierre.
Consideramos que la iniciativa ELISE, bajo determinadas condiciones, podría ser una ayuda para las PYME. Sin embargo, tenemos que llamar la atención sobre la inaceptable demora en la toma de decisión y la negación del Consejo de prorrogar el programa especial para la subvención de los tipos de interés a favor las PYME (la concesión de préstamos en favor de las PYME). Desaprobamos, igualmente, que los créditos destinados a acciones en favor de las PYME en el proyecto de presupuesto de la Unión Europea de 1997 hayan sido, prácticamente suprimidos, hecho que demuestra la contradicción e hipocresía de los órganos institucionales de la Unión Europea, al referirse a las PYME como fuente potencial básica de empleo. Es característico que, mientras que en el presupuesto de 1996 se destinaban 57, 75 millones de ecus a acciones en favor de las PYME (línea B5-322, »Empleo y desarrollo para Europa»), para 1997 sólo están previstos 25 millones de ecus, los cuales corresponden al presupuesto de ELISE y se habían asignado inicialmente al fondo de reserva.
En concreto, referente a ELISE, consideramos que las garantías de créditos, en un marco regulador específico y favorable para el beneficiario, pueden facilitar el acceso de las PYME a la financiación reduciendo el nivel de los tipos de interés. No obstante, debe haber garantías y criterios que aseguren que el porcentaje garantizado del importe del préstamo y el importe máximo garantizado del préstamo dependan del número de los puestos de trabajo creados. Dado que el problema de financiación exterior es más acentuado en las PYME más pequeñas, (que emplean a menos de 10 trabajadores) las rúbricas deben dirigirse a éstas. ¡Que se proponga como criterio de selección la garantía del carácter real y permanente de los puestos de trabajo creados! ¡Que se garantice la transparencia en la selección de los beneficiarios, para impedir los fraudes!
Informe García Arias
Konrad
Señor Presidente, estimados colegas, también el Grupo del Partido Popular Europeo presentará una explicación de voto por escrito, pero en este momento quisiera añadir de palabra que por primera vez desde hace 25 años -desde hace tanto tiempo se están discutiendo en esta Asamblea informes sobre la competencia- el Grupo del PPE ha rechazado un informe. El Grupo del PPE celebra expresamente el informe presentado por la Comisión y rechaza el informe de nuestra colega, la Sra. García Arias, porque se opone en ámbitos muy importantes a una política que se caracteriza por la competencia y por la integración. He querido añadir esto verbalmente y presentaré adicionalmente unadeclaración por escrito.

Ahlqvist, Theorin y Wibe
Consideramos que el informe es de gran calidad en líneas generales, y que contiene observaciones en relación con el informe de la Comisión sobre política de competencia. No obstante, hay que admitir que en nuestra opinión el informe contiene manifestaciones demasiado positivas sobre la necesidad de reducir la ayuda estatal, de desreglamentar, etc. No estamos de acuerdo con la redacción del apartado 30, donde se dice que deben armonizarse los niveles de apoyo nacionales, o que los servicios postales deben verse expuestos a la competencia (apartado 40).
No compartimos, en pocas palabras, la opinión en extremo positiva del ponente sobre la desreglamentación y el aumento de la competencia, pero a pesar de ello votamos a favor del informe, ya que contiene una serie de indicaciones excelentes.

Andersson, Lööw y Waidelich
Apoyamos el informe del ponente sobre el estudio de la Comisión sobre política de competencia. Además, deseamos señalar que la desregulación del sector energético y de los servicios postales no tiene por qué conllevar una privatización. Las empresas fuertes con conciencia social, que disfrutan de la confianza de los consumidores, soportan bien la competencia.
No obstante, no debe suceder que las empresas con conciencia social sean las únicas que asuman su responsabilidad para con las personas de las zonas despobladas, mientras las privadas se concentran exclusivamente en las regiones donde son mayores las ganancias económicas.
Un ejemplo de esto es la empresa privada Citymail en Suecia, que concentra su actividad en la capital, y la empresa Posten, más concienciada en cuanto a su responsabilidad, caso en el que se ha prohibido que ésta última compita en pie de igualdad con Citymail.
Debe darse a las empresas responsables desde el punto de vista social las mismas condiciones para la competencia que tienen las privadas.

Bernardini
Tenemos que tomar una decisión respecto al XXV informe anual sobre la política de la competencia, presentado por la Comisión.
El año de 1995, nos dice la Dirección General de la competencia (DG IV), mostró un fuerte incremento en el número de casos que se presentaron para su examen. Este fenómeno se explica por el hecho de la adhesión de tres nuevos Estados miembros. Esta sobrecarga de trabajo demuestra la dificultad de las empresas a aprehender los límites de la política de competencia.
Más allá del primer elemento, lo que me preocupa es la utilización del apartado 2 del artículo 90 del Tratado. En efecto, la privatización o la lógica mercantil no debe comprometer la existencia de los servicios de interés general. Cada vez se hacen sentir más inquietudes respecto a estos servicios. Están la electricidad, las telecomunicaciones, el expediente postal. Cada día, el enfoque adoptado por la Comisión invocando este artículo, vacía estos servicios de su substancia. En tanto que socialista, yo no puedo admitir esta política.

Berthu
El 25º informe de la Comisión Europea sobre la política de la competencia debería brindar la ocasión de reflexionar en las ayudas públicas al empleo, que ya han sido objeto, estos últimos tiempos de numerosas controversias. Se ha visto, por ejemplo, a la Comisión Europea, en aplicación de las competencias casi exclusivas que le confieren los artículos del 92 al 94 del Tratado, criticar el plan textil francés que preveía un aligeramiento de las cargas sociales en ese sector, aceptando como contrapartida compromisos precisos de las empresas para salvaguardar el empleo, la contratación de los jóvenes o la distribución del tiempo de trabajo. Por lo demás, Francia no ha sido el único país objeto de tales decisiones en el período reciente: Italia también, por su ayuda al empleo en el sector del calzado, Alemania, por el apoyo de un Land a Volkswagen, y muchos otros países más.
Esta situación debe llevar, en todo caso, a plantearse una serie de preguntas. Efectivamente, las ayudas públicas sectoriales llevan a menudo a falsear la competencia, a retrasar los ajustes estructurales necesarios y hacer pesar sobre las empresas sanas, a través del impuesto, el coste de ayudas inútiles a empresas sin futuro. Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco hay que perder de vista que, en la tormenta económica y social actual, los Estados tienen el deber de tratar de preservar la cohesión de sus sociedades.
Parecerá extraño que esta misión de cohesión sea denegada, o parcamente reconocida a los Estados miembros cuando, gracias a su proximidad, son los más indicados para ejercerla con discernimiento y son también, en aplicación del principio de subsidiariedad, los primeros responsables de la política del empleo. Parecerá aún más extraño que la Comisión, negándose a aplicar ella misma los principios que aplica a los demás, distribuya a través de los Fondos estructurales ayudas comunitarias que falsean la competencia y contribuyen a provocar deslocalizaciones artificiales, como acabamos de presenciar en Francia con la empresa japonesa JVC.
Por tanto, deseamos, por una parte, que las ayudas distribuidas desde Bruselas sean suprimidas, ya que son demasiado ciegas, por otra, que el juicio sobre las ayudas públicas nacionales sea un poco más moderado en consideración de la misión de cohesión. Con este propósito, y para reducir las incoherencias de la Comisión, nos parece que sería necesario facilitar el uso, por parte del Consejo, del poder de regulación último que le reconoce el apartado 2 del artículo 93, pero que parece no haber servido nunca.

Le Gallou
¡Para la Unión Europea y el Parlamento Europeo una contradicción más no significa mucho! En octubre, se vota en favor del reparto del tiempo de trabajo, en noviembre, se decanta por una competencia cada vez mayor. Sin embargo, mientras más se acentúa la competencia, el trabajo se concentra todavía más.
Hoy día, en la Europa de los Quince, hay, por un lado, los que tienen trabajo y, bajo la presión de la competencia, trabajan cada vez más y más tiempo y cada vez más y más intensamente y, por otro, están los rechazados por el mercado del empleo y que permanecen parados cada vez más tiempo. Este mecanismo de explotación, por un lado, la exclusión por el otro, es el producto de una competencia cada vez más fuerte.
La competencia es económicamente necesaria. Convertirla en un dogma es una aberración social y humana.

Theonas
Una vez más, con ocasión del informe anual sobre la política de competencia, la Comisión y la ponente nos preparan para una liberalización más amplia del mercado y una aceleración de los trámites de liberalización y privatización, para un control más estricto de las ayudas estatales, la ampliación de los controles respectivos y el refuerzo de las sanciones. Por lo visto, la UE no está dispuesta a aprender de la realidad y su evolución y de las trágicas consecuencias de su política. Se niega a admitir que el empleo ha sido la primera víctima de la política de competencia. Se niega a admitir, en nombre de la «libre» competencia, que han desaparecido cientos de miles de PYME y ramas enteras de la industria están siendo desmanteladas.
Sin embargo, la realidad es dolorosa, también desde el punto de vista institucional, el de la posibilidad de ejercer un control democrático. La realidad nos enseña que la privatización de sectores de importancia estratégica, con el pretexto de que distorsionan la competencia, conduce a la entrega de estos sectores al control de un número reducido de grupos multinacionales muy poderosos. Se trata de una concentración de poder escandalosa que, como asociaciones de lucro multinacionales, tienen en sus manos la economía de países enteros, y esto en sectores de importancia estratégica, debido a su carácter de interés público. Son representativos, en este sentido, los últimos acontecimientos en el sector de las telecomunicaciones, con la decisión de fusionar British Telecom con MCI, la segunda compañía más grande de telefonía de los Estados Unidos. Se tratará de un complejo que abarcará 72 países, mientras el volumen de negocio de las dos compañías asciende a 43 mil millones de dolares. Instamos a la Comisión a que nos diga si este proyecto es compatible, y de qué manera, con la aclamada legislación sobre la competencia. ¿No cree que se trata no ya del abuso de una posición dominante, sino de la práctica eliminación de la competencia y la creación de un oligopolio a escala mundial? Lo mismo está a punto de ocurrir con la privatización y fusión de France Telecom y Deutsche Telecom, que llevará a la creación de un monopolio privado gigantesco.
Es positivo que la ponente llame la atención sobre este problema, aunque no propone ninguna solución para hacer frente a la concentración del poder económico en manos de oligopolios a escala mundial. No propone, tampoco, ninguna medida para luchar contra la creciente interdependencia de las entidades de créditos, junto a otros inversores institucionales y los servicios públicos privatizados, como, por ejemplo, en el sector de la energía. No condena el fenómeno, que ella misma reconoce, de la privatización de empresas públicas lucrativas y de importancia estratégica por un precio simbólico, como los astilleros griegos o Thomson en Francia.
Por el contrario, el informe solicita un refuerzo de los trámites de liberalización para el sector de la energía y los servicios de correos, cuando los datos demuestran que esto conduciría a la desaparición del servicio universal, al abandono de las regiones más apartadas, y, sobre todo, de las regiones insulares y montañosas. Además, solicita un endurecimiento de la política que se practica en este sector.
Nosotros no votaremos a favor del informe, no porque rechacemos la necesidad de que existan ciertas reglas de competencia que, bajo determinadas circunstancias, pudiesen proteger a los pueblos y a las economías, sino porque condenamos la filosofía que defiende la Unión en esta materia, rematada con las trágicas consecuencias que tiene para los trabajadores y para nuestra economía nacional.
Informe Secchi
Ahlqvist y Theorin
Pensamos que el informe contiene en su mayor parte unos puntos centrales, pero algunas de sus opiniones hacen que no podamos votar en su favor en la ronda final.
En varios apartados se menciona la necesidad de una profunda armonización fiscal. Pensamos que esta competencia debe seguir estando en los Parlamentos nacionales elegidos democráticamente. La población sueca debe conservar su derecho ancestral a «fiscalizarse a sí misma».
Pensamos que el compromiso total con la economía de libre mercado y la exigencia de una moneda común son las causas esenciales del alto nivel de paro y, con ello, del bajo crecimiento en Europa.
Pensamos que la eliminación total de controles de pasaportes que se debate en el apartado 6 podría contribuir a que se extendiera con mayor facilidad por la Unión el tráfico de estupefacientes y otras formas de criminalidad. Encontramos dudoso que vaya a contribuir al bienestar de los ciudadanos el hecho de que no tengan que mostrar su pasaporte.

Andersson, Lööw y Waidelich
Un mercado interno que funcione constituye una de las piedras angulares de la UE. La correcta realización de dicho mercado constituye una parte importante en los trabajos por conseguir una mayor eficacia y, con ello, un mayor bienestar y más empleo. Si queremos que este mercado funciones realmente, es necesario que se complete con unas medidas, como el fortalecimiento de la protección del consumidor y una política social sostenible com unas normas mínimas comunes.
El informe Secchi plantea la mayoría de problemas que nos quedan antes de que puedan cristalizar las cuatro libertades fndamentales. No obstante, nos oponemos a los apartados del informe que tratan de la armonización absoluta de los impuestos directos.

Berthu
El informe de la Comisión sobre el mercado único en 1995 quedará como un monumento de visión unilateral.
No cabe duda de que el mercado único ha procurado ventajas ciertas, enumeradas por el texto, por ejemplo, de 300.000 a 900.000 puestos laborales suplementarios. Sin embargo, en primer lugar, las ventajas constatadas no están a la altura de las promesas (5 millones de empleos prometidos). Y, sobre todo, sería preciso preguntarse por qué, en el terreno, la creación de empleo de las que se enorgullece se traducen en millones de desempleados suplementarios. Este aspecto de la cuestión no se examina de ningún modo en el informe de la Comisión, que se basa totalmente en la idea simplista de que los progresos registrados provienen de los efectos benéficos del mercado único, pero que las regresiones deben proceder de otro lado -sin que se nos diga precisamente de dónde.
La explicación se lee entre líneas en el texto, donde en cada página se transparenta la obsesión de transformar el mercado único en máquina de guerra para unificarlo todo y construir un Superestado europeo.
Por ejemplo, el informe de la Comisión, al mismo tiempo que lamenta que todavía existan controles de personas en las fronteras internas de la Unión, se felicita de que los Estados miembros de Schengen las hayan abolido entre ellos «de manera irrevocable» y anuncie su determinación a extender este sistema a toda Europa. El informe insiste mucho: »en el espíritu de la Comisión, el mercado interior debe funcionar en las mismas condiciones que el mercado nacional, y los viajes intracomunitarios desarrollarse de la misma manera que un viaje entre regiones y provincias en el interior de un Estado miembro», es decir, tanto para los nacionales comunitarios como para las personas procedentes de países terceros.
Aquí puede observarse bien de dónde provienen los efectos negativos del mercado único: de la visión ideológica que anima a sus promotores. Dado que la supresión de controles en las fronteras internas impondrá, para satisfacer a los doctrinarios del federalismo, a los diversos países miembros, y por tanto a sus economías, costes considerables, tales como los de la inmigración clandestina, la multiplicación de la circulación y el aumento de la inseguridad.
Esta voluntad de fusionarlo todo, que pervierte la visión moderada que podía tenerse del mercado único en su origen, está presente en cada página del informe. Sobre la moneda única, por ejemplo, la exposición de motivos del Parlamento Europeo sostiene que es preciso llegar a la unificación completa de las economías, por tanto, de las sociedades, para que la unión monetaria pueda funcionar realmente. Por lo demás, el razonamiento parece de una lógica impecable; mientras persistan «diferencias importantes de las variables económicas reales, los mecanismos de amortiguamiento de los choques exteriores acabarían inevitablemente en procesos divergentes de ajuste, lo que acarrearía consecuencias graves para el proceso de cohabitación monetaria». Dicho de otro modo, vamos a hacer una moneda única sin que exista previamente la zona monetaria óptima que debería sostenerla; por tanto, ¡démonos prisa en unificarlo todo para fabricar lo más rápido posible esta zona monetaria óptima!
¿Cuánto va a costar esta reunificación furiosa y, por tanto, esta rigidez nueva, en términos de empleo? Esperemos el informe de la Comisión sobre el mercado único en 2002 que, si la unión monetaria se lleva a cabo, nos explicará sin duda alguna imperturbablemente que -¡victoria!- hemos creado 500.000 empleos nuevos, pero que, desgraciadamente, el número de desempleados ha aumentado a 10 millones.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Los firmantes, que votamos en contra del informe Secchi en su totalidad, queremos advertir sobre la realización de los objetivos del apartado 37. Una política impositiva común nos llevará al caos sustancial y al empeoramiento de la crisis social en los países miembros. La exigencia del apartado 37 es un ataque contra la soberanía nacional y contra la democracia parlamentaria de los países miembros. Si se pone en marcha este requisito, se precipitará la crisis en la Unión.

Gahrton, Holm y Schörling
No estamos de acuerdo en que la puesta en marcha del mercado interno solucione los problemas de desempleo que tienen los Estados miembros. Por el contrario, la armonización en todos los ámbitos sólo creará distorsiones, dado que las regiones de la UE son distintas, entre otras cosas en cuestiones relacionadas con los ramos empresariales y en aspectos culturales, históricos y lingüísticos. Un mercado interno completamente libre, que no tenga en cuenta el medio ambiente, la protección de los animales y la diversidad regional no promoverá el crecimiento a largo plazo ni el bienestar de los ciudadanos. Además, la armonización de la normativa fiscal llevará a unos mayores problemas de empleo cuanto más se reduzca la flexibilidad financiera en los países miembros.
Además, pensamos que sería excelente que no se eliminasen por completo los controles en las fronteras internas. Es necesaria una protección fronteriza dentro del propio mercado interno para evitar el tráfico de drogas. Lamentablemente, la adhesión ya ha significado para Suecia un deterioro de dichos controles, lo cual nos ha traído un aumento de la entrada de estupefacientes en el país.
Está muy bien que el ponente no quiera «alejarse» del principio de subsidiariedad, pero la propuesta de resolución más bien tiende a axfisiarla. Aumenta la distancia entre los que adoptan las decisiones y los que se ven afectados por ellas, y se transfiere poder de los diversos Estados miembros a Bruselas. Esta tendencia debe cambiar.

Jensen, Kirsten
Los socialdemócratas daneses están en contra de las propuestas sobre armonización fiscal, ya que, en nuestra opinión, tal armonización no es requisito indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior.

Titley
He apoyado hoy este informe porque en él se destaca, acertadamente, la importancia de que esas normas del mercado único que hemos acordado se apliquen en cada uno de los Estados miembros. Con demasiada frecuencia, nuestros ciudadanos reciben la impresión de que sólo en su propio país se hacen cumplir las normas, mientras que los ciudadanos y empresas de otros Estados miembros obtienen una ventaja competitiva desleal gracias a una aplicación menos estricta de las normas de la UE. Esto, evidentemente, produce desilusión con Europa, así que cualquier medida para resolver el problema es bien recibida.
La más importante tarea a la que se enfrenta hoy en día la UE es la de consolidar el mercado único, a fin de garantizar que las empresas europeas puedan operar eficazmente y, por lo tanto, crear puestos de trabajo.

Wibe
El informe tiene muchos méritos, pero hay tres cuestiones que hacen que no pueda votar en su favor en la ronda final:
1.En el considerando B se habla de «avances más rápidos hacia la plena realización del mercado interior para... la ya próxima introducción de la moneda única», y en el considerando C de «un mercado interior que funcione correctamente como factor fundamental de crecimiento económico».No puedo de ningún modo votar a favor, ya que estoy convencido de que el mercado interno, con su adscripción total a la economía de libre mercado, así como al requisito de la moneda única, es una de las causas principales del alto nivel de paro y, con ello, del bajo crecimiento que tenemos en Europa.
2.En varios apartados se menciona la necesidad de una profunda armonización fiscal. Como ya he desarrollado en mi intervención, no creo que esto vaya a favorecer la causa de un objetivo económico razonable. El único objetivo que va a impulsar será el del fortalecimiento de la desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión.3.En el apartado 6 se habla de la conveniencia de la eliminación total de los controles personales en las fronteras. No creo que esto aumente el bienestar del ciudadano; no le causa ningún problema mostrar su pasaporte. Lo que va a ocurrir en cambio es que les resultará más fácil a los traficantes de drogas y otros delincuentes extenderse por la Unión.- Informe Hautala
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Se dicen muchas cosas positivas en el informe, por ejemplo sobre la necesidad de una legislación marco en materia social o sobre la de un impuesto sobre la especulación monetaria. No obstante, también se extraen unas conclusiones muy dudosas. No estamos en absoluto de acuerdo con las afirmaciones positivas que se hacen en varios apartados del informe relativas a la introducción de la moneda única. No creeemos en absoluto que la UEM vaya a solucionar el problema de la especulación monetaria o del empleo.
En el apartado 5 se solicita a la Comisión que adopte unas medidas para suprimir los obstáculos existentes para que los trabajadores puedan beneficiarse del mercado interior. Como ejemplo se menciona la falta de una armonización fiscal. No compartimos este punto de vista. Las divergencias fiscales que existen tienen unas repercusiones negativas ínfimas (eso si las tienen) sobre la economía. Por el contrario, de momento sirve a la causa democrática que los pueblos de Europa tengan derecho a «fiscalizarse a sí mismos».
Con estas reservas votamos, no obstante, a favor del informe en su totalidad.

Cassidy
Mi grupo tiene profundas reservas sobre este informe, que en muchos aspectos se opone abiertamente a algunas de nuestras más firmes convicciones. En particular:
rechazamos los aspectos del mismo que podrían poner en peligro el mercado único; -lamentamos que parezca no tener en cuenta la distinción entre los traslados de empresas dentro de la Comunidad y fuera de ella; -omite reconocer la importancia de las inversiones extranjeras directas en la creación de puestos de trabajo.Creemos, además, que el informe se desvía hacia algunas áreas que competen a otras comisiones. Menciona la «caza de subvenciones» que trae consigo la asignación de las ayudas de los fondos estructurales (sin, por cierto, hacer alusión al mismo fenómeno en relación con los fondos de cohesión). Sea como fuere, estas reflexiones corresponden más bien al ámbito de competencia de nuestra Comisión de Política Regional.
En el informe se hacen numerosas sugerencias acerca del papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ésta ha sido objeto de tres informes separados de la Comisión REX esta misma semana (los dos informes Kittelmann y el informe Kreissl-Dörfler).
Por estas razones, mi grupo no se siente capaz de dar su apoyo a la resolución.

Gahrton, Holm y Schörling
Hemos votado en favor del informe, a pesar de que contiene una serie de argumentos federalistas bien conocidos, por ejemplo sobre la unión monetaria, a la que somos contrarios. A pesar de estas carencias, el informe constituye un intento de hacer frente a uno de los problemas más graves de nuestro tiempo: el de la globalización de la economía y el traspaso de poder de los órganos democráticos a un espacio de manipulación ocupado por las empresas transnacionales.

González Álvarez
Nuestro Grupo ha votado a favor del informe de la Sra. Hautala porque, en líneas generales, expresa nuestras inquietudes, no sólo sobre la escasa creación de puestos de trabajo, sino también sobre la continua destrucción de empleo que produce el fenómeno creciente de la deslocalización de empresas.
Como dice la ponente, esos traslados de empresas suelen ser perjudiciales para el mercado de trabajo y para las condiciones de vida, tanto de las regiones de partida como de destino.
Es necesaria la elaboración de un marco de legislación social europea mediante la toma de decisión por mayoría cualificada; compartimos también la opinión de la ponente en cuanto a la necesidad de armonización fiscal y la articulación de una verdadera política industrial europea.
En mi propio país, España, se están produciendo innumerables deslocalizaciones, por ejemplo en el sector textil, que se traslada a Marruecos para reducir costes de trabajo.
La empresa transnacional Alcatel Alsthom está rescindiendo los contratos de miles de trabajadores en sus filiales de España, Francia, Italia y Portugal (concretamente, 1.338 trabajadores en Alcatel-España).
Por todo ello, es imprescindible que se garantice la transparencia, la información y la consulta de los trabajadores afectados por reestructuraciones y deslocalizaciones, en caso de que sean inevitables.

Schroedter
En contra de la masiva resistencia de los círculos conservadores el Informe Hautala de este Parlamento ha puesto en marcha una importante y trascendental discusión que ojalá se prosiga con éxito desde ahora.
Los problemas de las deslocalizaciones constituyen fenómenos que en principio fueron valorados como una intervención positiva de instrumentos en el mercado, por ejemplo, como subvención positiva para regiones desfavorecidas por parte de los Fondos estructurales. Sin embargo, se descuidó una compensación de la competencia en el sentido de una responsabilidad a largo plazo de las empresas privilegiadas. Las grandes empresas encontraron enseguida este agujero en el conjunto normativo y se regodearon en un progresivo subsidy shopping con el resultado de que los incentivos se hicieron cada vez más caros sin que tuvieran, en absoluto, una posibilidad los desarrollos regionales a largo plazo. Distorsiones fiscales, como la excesiva fiscalidad de la fuerza humana de trabajo, pusieron de manifiesto mediante un análisis detenido el dilema de una libre economía de mercado falsamente entendida.
La actual OMC, que hasta ahora no es transparente ni está obligada a rendir cuentas a nadie, no cumple, en absoluto, su función específica de proporcionar al comercio de la economía mundial una base real, creando estándares medioambientales y estándares sociales y autorizando, allí donde la economía real lo haga necesario, excepciones que proporcionen a los países menos desarrollados una posibilidad de que las instalaciones industriales se sientan también responsables de las tareas de desarrollo estructural.
Ahora hay que tomar de la Comisión la pelota que le lanzó el PE y establecer una compensación mediante instrumentos próximos a la competencia, como, por ejemplo, los impuestos, y las ventajas en subvenciones, tanto en el desarrollo estructural interno como en sus relaciones exteriores.
Informe Kittelmann (A4-320/96)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Aunque votamos en favor del informe en su totalidad, no podemos apoyar los apartados 29-31.
Actualmente, la UE no tiene competencias para actuar en todos los ámbitos cubiertos por el acuerdo con la OMC. Una cierta parte de las competencias recae totalmente sobre los Estados miembros. Incluso en todas las cuestiones donde la competencia es compartida, todo Estado miembro puede actuar de acuerdo con sus principios. Esta posibilidad la confirma el Tratado de Roma a través de su artículo 113. Este es un derecho fundamental que tiene cada Estado dentro de las organizaciones internacionales.
Nuestro punto de partida es que todo Estado miembro debe disponer del derecho a voto, libre e independiente, en toda modalidad de cooperación internacional en que participe.
Eliminar sus competencias equivale a menoscabar la soberanía de los Estados miembros. La UE es una cooperación interestatal entre Estados libres, y en eso radican las competencias para actuar libremente dentro de toda cooperación que se desarrolle en el marco de otras organizaciones internacionales.

Berthu
El informe Kittelmann que el Parlamento Europeo acaba de votar la víspera de la primera reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Singapur, constituye para nuestra Asamblea un gran paso en la dirección correcta.
En efecto, desarrolla ideas que sin duda alguna hubiera sido mejor hacer prevalecer en el momento de la ratificación de la Ronda de Uruguay, pero que de todas maneras nos alegra escuchar hoy. ¡Más vale tarde que nunca! Por ejemplo, el Parlamento Europeo pide que «se relacione por fin las cuestiones comerciales con las cuestiones medioambientales, sociales y culturales»; aprueba la idea según la cual, en esta época «el precio de los bienes y servicios no refleja plenamente los costes medioambientales que aquellos conllevan»; »condena las distorsiones de la competencia producidas por el dumping social y medioambiental».
Lamentablemente, esta toma de conciencia llega bastante tarde, e incluso un poco demasiado tarde. Hubiéramos preferido no encontrarnos con un número de solamente 65 diputados de 405 a rechazar el GATT, en 1994, precisamente por estas mismas razones. En efecto, queda de manifiesto que la reunión de Singapur no va a satisfacer las demandas del Parlamento Europeo, especialmente en los relativo a la discusión de una «cláusula social» cuya observancia deba ser respetada en el comercio internacional, va ser despachada, y reducida, en el mejor de los casos, a algunas normas sociales mínimas que en modo alguno responderán a la magnitud del problema.
Aquí caemos en la cuenta del error estratégico que ha constituido para Europa la adopción de la Ronda de Uruguay. Consentimos la reducción de las tarifas aduaneras sin verificar suficientemente que aplicábamos un sistema equilibrado. Y ahora, nos encontramos atrapados, ya que es prácticamente imposible hacer enmiendas que serían indispensables.
Evidentemente, apoyaremos al Parlamento Europeo, si se decide por fin a defender posiciones que son vitales para la supervivencia de nuestras sociedades. Aunque aún sería necesario que no se recomenzarán por segunda vez los errores que ya tan caros nos han costado.
A este respecto, sólo puede despertar inquietud cuando se ve que nuestra Asamblea presiona a la Conferencia Intergubernamental para que conceda más poderes a la Comisión en relación con las negociaciones futuras. ¿No se sabe todavía suficientemente que la Comisión está dispuesta a ceder a todas las sirenas del libre comercio? Si la Unión la convirtiera en su negociador único, correría el riesgo de multiplicar este inconveniente y favorecería la obscuridad de la negociación, de la que tanto sufrimos en Blair House.
No solamente la noción de negociador único puede resultar en un debilitamiento del control ejercido por los Estados miembros sobre la Comisión, sino que también puede, reduciendo el número de nuestros vetos de 15 a 1, reducir nuestro margen de maniobra diplomática.
Por tanto, pedimos a la Conferencia Intergubernamental que adopte desde hoy los medios institucionales que nos eviten hacernos dictar nuestras condiciones por los demás, como se produjo en el momento de la Ronda de Uruguay. Sería conveniente, sobre todo, reformar los artículos 113 y 228 para establecer la transparencia de las negociaciones y el control del Consejo sobre la Comisión y para evitar que los Estados miembros no vuelvan a encontrarse nunca ante el hecho consumado.

Kreissl-Dörfler
Por primera vez desde la fundación de la OMC, hace dos años, se ofrece en diciembre de este año en la Conferencia de Ministros de Singapur la posibilidad de realizar un balance del trabajo de la Organización Mundial del Comercio, de hacer correcciones en su rumbo y de asignar nuevas tareas a la OMC. Justamente por esto es tan importante esta conferencia y por esta razón es imprescindible establecersentar señales acertadas y claras.
El informe que ha presentado nuestro colega, Peter Kittelmann, ha sido, sin duda, un paso adelante en la dirección correcta. Efectivamente, hay que dar instrucciones claras a la Delegación de la UE respecto de su actividad en la Conferencia de Singapur. Esto es tan importante porque la UE no es un miembro cualquiera en el juego de fuerzas de los miembros de la OMC, sino porque la UE es una de las voces más importantes y fuertes en este organismo.
Por esta razón, los Verdes celebramos el intento de implicarnos como diputados y diputadas en el proceso de Singapur. Sin embargo, hoy estamos experimentando una decepción doble. En los últimos meses y semanas hemos tenido que contemplar ya cómo el programa oficial de Singapur ha sido mermado de manera continuada en todas sus partes. Al final 140 Ministros se darán la mano en Singapur y se alegrarán de estar allí. Más no. Casi más decepcionante es que en esta Asamblea circule igualmente la divisa de no ser demasiado concretos, de que no hay que sobrecargar demasiado con exigencias a una conferencia de este tipo. De esta manera hoy deberán volver a desaparecer, uno tras otro, los buenos planteamientos que hemos elaborado en la Comisión REX y que hemos establecido en el informe.
¿Se trata sólo, no extrañarse, de no proporcionar a determinados gobiernos ningún pretexto para la tan temida, como falsa, acusación de proteccionismo? ¿No están más bien todos los defensores del libre comercio con la mirada clavada en la Conferencia de la OMC, como el conejo en la serpiente? Con la mirada fija en que ésta no se mueve. Lo mejor es que no pase nada, pues de lo contrario todas las bellas ilusiones de que «el mercado ya lo regulará» explotarán como pompas de jabón.
En efecto, sabemos desde hace tiempo que el mercado no regula. Más bien, abandonado a sí mismo, produce un montón de cosas que ya no son reparables. Hasta ahora no existe ningún estudio que pueda demostrar cualesquiera mejoras sustanciales a través de la OMC para los países en vías de desarrollo. Al contrario, cada vez se hunden más mercados locales, cada vez más empresas pasan a manos extranjeras, cada vez se ejerce menos control de los trusts transnacionales, cada vez más personas trabajan en condiciones indignas para que sus jefes puedan resistir la tensión de la competencia, cada vez es menos posible un abastecimiento regional autorregulado, cada vez se destruyen más sistemas ecológicos.
Precisamente estos temas deberían haber formado parte del orden del día en Singapur. Pero, probablemente, de la conferencia no se ha de esperar otra cosa que un acuerdo acerca de una forma más severa de proceder en orden a una más amplia liberalización de los mercados en beneficio de las multinacionales y sin medidas sociales ni ecológicas de flanqueo. En contra de anteriores aseveraciones verbales, el propio Consejo, debido a la presión de Inglaterra y también, sobre todo, de Alemania, ha anunciado en la últimas semanas su renuncia a incluir en el orden del día un debate sobre estándares sociales. No hay que pensar, en absoluto, en un debate sobre el control democrático de la institución, en extremo no democrática, de la OMC. Las ONG seguirán esperando a la puerta mientras los expertos en economía, enviados por los gobiernos, adoptan decisiones que nos afectan. Como lo ha puesto de manifiesto recientemente el conflicto de los plátanos, los pequeños países que no disponen del presupuesto necesario para mantener una representación permanente en Ginebra permanecen también excluidos de la toma de decisiones de la OMC a pesar de su condición formal de miembros.
A la hora de su votación en comisión el Informe REX había sido provisto de los correspondientes anexos en todos estos temas. Esto fue bueno, aunque no fue suficiente. El informe quedó demasiado apresado por el fetiche del crecimiento económico que es absolutamente incomprensible desde el punto de vista ecológico. Sin embargo, el hecho de que merced a una serie de enmiendas se haya iniciado ahora el intento de aguar la versión, relativamente defendible, de la REX, constituye un certificado de pobreza para un Parlamento que no sólo debería servir de canalizador de los intereses de los más poderosos. Si conceptos como dumping social y duming ecológico no deben aparecer más; si no se debe financiar más estudios que demuestren las consecuencias de la liberalización de la OMC para los países en vías de desarrollo, si no se puede mencionar más que las mujeres se ven afectadas con especial dureza por la explotación, si incluso la mención de del subgrupo de trabajo «Derechos humanos sociales» significa decir demasiado, entonces lo que figura en el informe dice demasiado poco.
Aunque el informe no responde en todos los puntos a nuestra concepción, le damos nuestra conformidad.

Lang, Carl
Si el libre comercio mundial no engendrara tantos dramas personales, industriales o sociales en la Unión Europea, el informe del Sr. Kittelmann podría hacer sonreír en la medida en que aparece más como un acto de fe, un credo, que como un verdadero informe político.
¿Quién puede creer hoy todavía que el comercio mundial representa la elevación del nivel de vida, la realización del pleno empleo y la prosperidad, como lamentablemente puede leerse en el considerando B del informe? ¡Vayan a decirle eso a los que han sido despedidos porque su empresa cierra definitivamente, o se deslocaliza a un país con salarios bajos! ¡Atrévanse a negar, después de lo que fue dicho en Davos por los principales interesados en el comercio mundial, que la globalización tiene como consecuencia directa, y esta tendencia aumentará en el futuro, una regresión social en los países industrializados! ¡Miren lo que ocurre actualmente en los Estados Unidos, con la precarización del empleo y la baja global de los salarios! ¡Tomen conciencia de las dificultades que los países europeos experimentan en este momento para mantener su nivel de protección social!
Sus cláusulas social y medioambiental, incluso si son una buena idea en sí, sólo tienen valor si se aplican. Por tanto, ¡comiencen por imponerlas en los acuerdos criminales que la Comisión firma con todos los países del mundo y por hacerlas respetar! ¡Doten a la Unión de una verdadera legislación de retorción, calcándola si es necesario de la ley americana! ¡Tengan por fin el valor de demostrar al resto del mundo que la Unión Europa es la primera potencia económica y comercial del planeta, que debe comportarse como un conquistador y no como una víctima consintiente! ¡Cesen de sacrificar el empleo de los europeos, nuestras industrias y nuestra agricultura, nuestro nivel de vida y nuestra prosperidad ya relativa, a los dogmas del libre comercio y de la competencia! Si la Unión Europea no lo hace, entonces será preciso que cada una de las naciones que la componen deduzca las consecuencias y restablezca en sus propias fronteras las barreras protectoras necesarias, garantías de su supervivencia.

Lindqvist
No puedo aceptar que se modifique el Tratado de Roma de modo que en el futuro sólo sea la UE exclusivamente la que figure como miembro de la OMC. Todo Estado nacional debe naturalmente decidir por sí mismo cómo va a actuar.

Rovsing
El presente informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores es un excelente resumen de la evolución de la nueva Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la aplicación de los resultados de la Ronda de Uruguay.
Tanto el ponente como la comisión son dignos de elogio por el repaso sistemático de los resultados de las negociaciones en curso, incluidos los nuevos ámbitos de la OMC, de los cuales destaco, sobre todo, los de intercambio comercial y de medio ambiente y los niveles sociales mínimos. La comisión subraya con razón que la UE debe afirmarse en su rechazo al trabajo infantil forzado y organizado en la industria.

Theonas
Han pasado tres años desde la clausura de la Ronda Uruguay que llevó a la creación de la OMC. Sin embargo, según se desprende de la decisión del Consejo de Ministros con respecto a la línea que debe seguir la Unión Europea en la inminente Conferencia Ministerial en Singapur, hoy se propone la mayor liberalización de los servicios y, en concreto, la liberalización de las telecomunicaciones y demás tecnologías relacionadas con la sociedad de la información, así como el cumplimiento estricto del calendario de liberalización y de apertura de los mercados.
Destaca la ausencia de referencia alguna a la necesidad de renegociar los acuerdos del sector agrario. La Unión Europea, aunque conoce las desastrosas consecuencias que han tenido para la economía agraria la reducción de las cuotas, las subvenciones a la exportación y las tasas de importación, y cuyas primeras víctimas fueron los productos agrícolas mediterráneos, llegando prácticamente a esquilmar el mundo agrícola en países como el mío, evita conscientemente solicitar nuevas negociaciones o, al menos, ciertas medidas compensatorias.
El Consejo no ha tomado ninguna decisión referente a la necesidad de incluir una cláusula social en las normas de la OMC y de ejercer presión sobre los países que practican el dumping social. Al mismo tiempo, aprovechando este mismo hecho, fomenta la supresión de derechos sociales de los trabajadores legítimamente, precisamente, con el pretexto del alto coste y de asegurar la competitividad de la industria europea.
Nosotros consideramos que la Unión Europea, como miembro de la OMC, debe ponerse al frente de una reorientación y redefinición de los principios que determinan el comercio mundial. Las normas que rigen las relaciones económicas internacionales deben compaginar el desarrollo de las operaciones comerciales con el respeto de los derechos sociales fundamentales, como se definen en los tratados básicos de la OIT, con respecto al derecho de asociación y de libre negociación de convenios colectivos, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso y la prohibición de la discriminación. Hay que incluir requisitos mínimos medioambientales en las normas del comercio internacional. Hay que modificar los estatutos de la OMC, de modo que la aplicación de cláusulas sociales y medioambientales constituya una condición previa para la aplicación del principio de la nación más favorecida, mientras que su infracción constituiría la base legal para movilizar las excepciones de las normas de la organización.
Los acuerdos internacionales multilaterales deben tomar en consideración los intereses de los países menos desarrollados, fomentar las ventajas comparativas de cada país en el marco de una distribución internacional y de un proceso de especialización, creando así las condiciones necesarias para el desarrollo de todos los pueblos.
Nosotros no daremos nuestro voto favorable al informe del Sr. Kittelmann. Aunque contiene algunas propuestas positivas, apoya, entre otros, los acuerdos sobre los productos agrícolas y propone además una nueva revisión de la PAC, en el sentido de los acuerdos del GATT y de las nuevas negociaciones previstas dentro de dos años, cuyo criterio básico son las restricciones «socioeconómicas». Exige la aplicación del calendario de liberalización del comercio de productos textiles, a pesar de conocer las desastrosas consecuencias que ésta tiene para la industria textil europea. Exige la aceleración de la liberalización de los servicios y llama a una inmediata conclusión de las negociaciones sobre la liberalización de las telecomunicaciones mientras exige nuevas negociaciones para la liberalización de los mercados del transporte marítimo o de las inversiones internacionales directas. Es evidente que tales posiciones se oponen frontalmente a nuestro punto de vista sobre el comercio internacional, pasando por alto las graves consecuencias que tienen para los pueblos y las economías de los países menos desarrollados los acuerdos de Marrakesh y que pueden resultar especialmente peligrosos para los trabajadores a escala mundial.

El Presidente
Con esto queda cerrada la votación.
(La sesión, interrumpida a las 14.10 horas, se reanuda a las 16.00 horas)

Proceso de paz en el Oriente Próximo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0351/96) del Sr. Colajanni, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la evolución del proceso de paz en el Oriente Próximo.

Colajanni
Señor Presidente, en los últimos años el Parlamento Europeo ha venido siguiendo, continua y atentamente el comienzo, antes, y los progresos, después, del proceso de paz. Lo ha hecho siempre en pro de la paz, de la negociación y del acuerdo. Creo que éste es el dossier que el Parlamento Europeo ha seguido con más participación. El Parlamento apoyó el prioritario compromiso de la Unión Europea encaminado a garantizar la existencia de una Autoridad Palestina, no dudó en criticar al Gobierno de Israel, cuando parecía que obstaculizaba las ayudas, así como a los palestinos, cuando parecía que no actuaban con la suficiente contundencia contra los grupos terroristas. El Parlamento Europeo garantizó el control de las elecciones en Palestina y recibió la felicitación tanto de los palestinos como del entonces Gobierno israelí. Podría seguir mencionando los compromisos, la atención deparada y las constructivas posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo.
Lo que quiero decir es que el Parlamento Europeo maduró en su seno una posición y una actitud meditadas y ampliamente comunes y esta posición, creo, es la que hoy ha quedado reflejada en la resolución. Se trata de una resolución que demuestra la voluntad del Parlamento de apoyar el proceso de paz en un momento difícil, mejor dicho, muy difícil, y confirma su confianza en la estrategia llamada «tierra a cambio de la paz», así como su convencimiento de que los Acuerdos de Oslo se tienen que aplicar.
Si no se sigue este camino, no vemos otras alternativas que nuevos lutos para los pueblos de Israel y Palestina. No hace falta que siga comentado un texto que habla por sí solo. La resolución examina también, y debo decirlo, otros conflictos o temas pendientes en la región, relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina.
Precisamente porque existe, según mi punto de vista, un consolidado sentimiento común, la mayoría de las enmiendas presentadas a mi informe por los diferentes Grupos aportan mejoras y precisiones y las considero casi todas aceptables. Voy a manifestarme en contra de una u otra enmienda, sólo en el caso de que se proponga o ya exista una fórmula mejor.
Deseo añadir que nuestras preocupaciones no son únicamente nuestras. Según una reciente encuesta, publicada por los periódicos israelís hace pocos días, resulta que el 48 % de las personas encuestadas en Israel manifestó que Israel no lleva buen camino, mientras que el 37 % opinó lo contrario o no se pronunció. No era así hace algunos meses. Por consiguiente, la preocupación existe también en el pueblo de Israel.
Esto debe ser motivo de reflexión para todo el mundo y, en el fondo, es al pueblo de Israel al que nos dirigimos para que indique a sus gobernantes el camino correcto que no es otro que el de la negociación, el acuerdo y el respeto de los acuerdos firmados en Oslo, que es el único modo de luchar contra el terrorismo que existe en uno y otro lado, y de apoyar a todos los que desde todas partes desean la paz.
Acojo con satisfacción la tarea de la troika en la región. Sé que sus contactos fueron importantes y fructíferos y de ello nos va hablar el Comisario.
Creo que es importante que se haya reanudado la fase de negociación respecto a Hebrón, si he comprendido el alcance de las informaciones que me fueron facilitadas en la Embajada estadounidense de Tel Aviv, aunque me preocupa el hecho de que el Gobierno israelí parece dispuesto a negociar respecto a Hebrón y no parece dispuesto a adquirir compromisos en cuanto a las siguientes fases de aplicación del Acuerdo de Oslo. No cabe duda de que esto nos inquieta y creo que debe considerarse con preocupación la actitud general de distanciamiento de las perspectivas que tiene lugar en Siria, Jordania y Egipto, a pesar de que los líderes de estos países apoyaron y propiciaron y algunos se comprometieron de forma políticamente prioritaria con respecto a estas perspectivas, que son las del proceso de paz.
Es necesario restablecer la confianza en el proceso de paz y espero que el Parlamento contribuya a esta tarea al votar mayoritariamente esta resolución.

Mitchell
Señor Presidente, en los últimos días el Viceprimer Ministro y ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Sr. Dick Spring, ha presidido una troika ministerial en la región, visitando Siria, Jordania, Gaza y Egipto. La visita culminó en la inauguración de la Conferencia Económica de Oriente Medio y Norte de África en el Cairo, donde la troika tuvo además un encuentro con el ministro israelí de Asuntos Exteriores Sr. Levi.
Una de los principales tareas de la troika, aparte de demostrar el compromiso de la Unión Europea con el proceso de paz, era explicar a las diversas partes de la región las razones que han llevado a la Unión Europea a nombrar un enviado especial y hablar con ellos sobre la ejecución de su mandato.
La violencia que estalló en Jerusalén a finales de Septiembre puso de manifiesto una vez más que la continuación del proceso de paz del Oriente Medio no se puede dar por sentada. Como dijo el Sr. Spring en la Conferencia, la Unión Europea es un amigo tanto para los malos como para los buenos tiempos y nuestro compromiso con el proceso de paz es para mucho tiempo, tanto como sea necesario para que se establezca una paz justa, global y duradera en Oriente Medio.
La troika comenzó visitando Siria, donde se reunió con el presidente Assad y con el ministro sirio de Asuntos Exteriores. El presidente Assad confirmó la decisión estratégica de Siria a favor de la paz y su deseo de reanudar las negociaciones con Israel. Agradeció y resaltó el papel de la UE y el nombramiento del enviado especial. Se mostró de acuerdo con la opinión de la Unión Europea de que los esfuerzos de ésta deben ser complementarios de los de Estados Unidos.
En Jordania, la troika se reunió con el rey Hussein y con el príncipe heredero Hassan, quienes expresaron una grave preocupación por el futuro del proceso de paz y recibieron con gran satisfacción los esfuerzos de la UE por desempeñar en él un papel más destacado. El Rey subrayó además la necesidad de intensificar los esfuerzos regionales que pudieran consolidar el proceso de paz, particularmente el proceso de Barcelona y el camino multilateral del proceso de paz.
En Gaza, la troika se reunió con el presidente Arafat. El Presidente sostuvo que, aunque las negociaciones sobre Hebrón y otros temas conexos no habían progresado desde su visita a Dublín en los días 29 y 30 de octubre, continuaban de forma muy intensa. Hizo un llamamiento a la Unión Europea, como cosignataria del acuerdo provisional, para que interviniera en un arbitraje entre los israelíes y los palestinos. La troika aseguró al Sr. Arafat que la Unión Europea estaba decidida a que se aplicaran plena e inmediatamente los Acuerdos de Oslo.
En relación con la propuesta del presidente Arafat sobre el arbitraje, sólo quisiera comentar que el mandato del enviado de las Naciones Unidas contempla que pueda contribuir, cuando se le solicite, a la aplicación de los acuerdos internacionales alcanzados entre las partes y tratar con ellas diplomáticamente en el caso de que se incumplan las condiciones de los acuerdos y de que la UE pueda intervenir en el futuro a este respecto.
En Egipto, la troika se reunió con el presidente Mubarak, con el ministro de Asuntos Exteriores Amr Musa, con el secretario general de la Liga Árabe, Sr. Meguid, y con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Sr. Levi, quien también asistió a la Conferencia. El presidente Mubarak manifestó estar muy preocupado por el deterioro del proceso de paz y el peligro de que aumente el extremismo en la región en conjunto. Tanto el presidente Mubarak como el ministro de Asuntos Exteriores Amr Musa acogieron favorablemente el deseo de la Unión de desempeñar un papel más destacado en el proceso de paz, que consideraban complementario del de Estados Unidos. El secretario general Meguid puso de relieve que los estados árabes se han comprometido estratégicamente con la paz.
Me alegra comunicar que la troika mantuvo asimismo en el Cairo una reunión provechosa y constructiva con el Sr. Levi, aunque, lamentablemente, no fuera posible una visita a Israel debido a la postura del Gobierno israelí en relación con la política de la UE acerca de Jerusalén, que queda patente por nuestra costumbre de visitar la Casa de Oriente.
Al reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores Levi antes de la Conferencia de Oriente Medio y Norte de África, la troika subrayó la necesidad de que se progresara pronto en las negociaciones. Hizo hincapié en la voluntad de la Unión Europea de trabajar en estrecha colaboración con Israel y las demás partes a fin de superar las dificultades surgidas en el proceso de paz.
La troika hizo asimismo hincapié en la importancia del progreso económico de los palestinos, dado el efecto devastador que está teniendo el cierre de fronteras en la economía palestina.
El Sr. Levi confirmó el compromiso de Israel de respetar los Acuerdos de Oslo. Acogió favorablemente el nombramiento del enviado de la UE y subrayó su deseo de trabajar en estrecha colaboración con el Embajador Moratinos, siempre que la Unión no intentara invadir las negociaciones entre las partes.
Al final de la visita, el Sr. Spring dijo unas palabras en la Conferencia de Oriente Medio y Norte de África, cuyo propósito es afianzar y apoyar la cooperación regional y el proceso de paz. En su discurso hizo un llamamiento a las partes para que rescataran el espíritu de Madrid y Oslo y continuaran dirigiéndose hacia la meta común de una paz justa, duradera y global para toda la región, basada en todas las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad y en el principio de «paz a cambio de territorios».
En conjunto, la Unión tiene buenas razones para alegrarse por los resultados de la visita de la troika . Todas las partes se mostraron a favor de un mayor papel europeo y del nombramiento de un enviado de la UE. Esperamos que la visita de la troika y el enviado de la UE ayuden a que el proceso de paz recupere el impulso que necesita urgentemente.
El nombramiento del enviado especial de la UE constituye otro avance muy significativo. El Consejo Europeo informal de Dublín del 5 de octubre estudió la propuesta y, el 28 de octubre, el Consejo de Asuntos Generales confirmó el mandato del enviado y nombró para el puesto al embajador Moratinos, español. De acuerdo con lo establecido en el mandato, lo primero que tiene que hacer es entablar y mantener un estrecho contacto con todas las partes implicadas a fin de trabajar con ellas en el fortalecimiento del proceso de paz. También trabajará con otros países de la región, con Estados Unidos y con otras partes interesadas, así como con organizaciones internacionales. Se le ha encomendado observar las negociaciones de paz entre las partes y que esté preparado para ofrecer el asesoramiento y los buenos oficios de la UE en caso de que las partes así lo pidieran. De la misma manera, vigilará las actuaciones de ambas partes que pudieran causar algún perjuicio al resultado de las negociaciones de carácter permanente.
Asimismo, el enviado hará todo lo que esté en su poder para promover la observancia de las normas básicas de la democracia, incluido el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. Se supone que el enviado estará especialmente bien situado para informar a la Unión sobre las posibilidades de intervención de la UE en el proceso de paz y sobre el mejor modo de desarrollar las iniciativas de la UE y las actividades en marcha relacionadas con el proceso de paz en Oriente Medio, incluidos los aspectos políticos de proyectos de desarrollo de la UE que vengan al caso.
Al principio de que Irlanda ocupara la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, declaramos que el proceso de paz del Oriente Medio debía ser una de las principales prioridades de la Unión. No nos hemos arredrado ante esa obligación y me alegra comunicar que se han hecho algunos progresos al respecto.

Marín
Señor Presidente, quisiera dar mi bienvenida a esta resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en el Oriente Próximo, basada, por otro lado, en el excelente y completo informe que ha sido elaborado por el Sr. Luigi Colajanni. Como ha señalado el Presidente del Consejo, el Sr. Mitchell, es cierto que en este debate y en esta resolución se abordan toda una serie de cuestiones fundamentales para el futuro de la región.
Me gustaría, en nombre de la Comisión, hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar, algunas consideraciones sobre el apoyo económico de la Unión Europea al proceso de paz. Como ustedes saben -y se señala en el informe-, el Consejo Europeo de Corfú, y posteriormente los de Essen y Cannes, fueron definiendo todo un conjunto de implicaciones políticas, económicas, financieras y comerciales que han hecho que, hoy día, el Mediterráneo y la frontera sur de la Unión Europea sean un elemento de mayor interés para la Unión, de modo y manera que, gracias a la relación estrecha que se ha ido creando, seamos capaces de garantizar la creación de una zona de paz y estabilidad en el Mediterráneo. Este proceso se confirmó definitivamente en la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995, donde se sentaron las bases de este futuro de cooperación en la frontera sur de la Unión.
La Comisión ha puesto en marcha todo este desarrollo político y, en estos momentos, les quiero anunciar que estamos negociando el acuerdo de asociación euromediterráneo con la Organización para la Liberación de Palestina, en beneficio de la Autoridad Palestina, lo cual va a hacer que pongamos a los palestinos en una situación similar a la de otros países que ya han concluido con nosotros acuerdos de asociación de este tipo. ¿Por qué hago esta precisión? Por la asistencia económica que estamos desarrollando en la región pues, como ustedes saben, la Unión Europea es, con mucho, el principal contribuyente: exactamente representamos un 53 % del total de la asistencia financiera a la región en los últimos años. Y la Unión Europea no solamente se ha comprometido a aportar ayuda sino que ha pagado efectivamente más del 80 % de dicha contribución, cosa que no está ocurriendo con otros socios financieros y políticos del proceso de paz.
Vuelvo, pues, a la función que puede desarrollar la Unión Europea, y no solamente como principal agente económico, financiero y comercial de la región sino también por su implicación, en la medida que podamos hacerlo, en buscar una conclusión satisfactoria del proceso de paz. Yo creo que se ha hecho un gran progreso y se han puesto en marcha últimamente, como señalaba el Presidente del Consejo, Sr. Mitchell, una serie de elementos políticos -cumbre de Florencia, posición del Consejo en Luxemburgo, resolución adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en Dublín- que, poco a poco, han ido centrando realmente la posición política de toda la Unión sobre la situación.
¿Cuál es la situación? Básicamente -lo han dicho los Sres. Mitchell y Colajanni-, el proceso de paz puede tener un alto riesgo para todas las partes en la medida en que no se respeten los acuerdos firmados en Oslo. Ésta es la clave del problema. Comprendemos perfectamente que el nuevo Gobierno israelí haya necesitado cierto tiempo para poder acomodarse a la nueva situación y aplicar unos acuerdos de paz que, cuando estaban en la oposición, criticó duramente. Pero pensamos que el tiempo de adaptación ya ha pasado suficientemente y que una cuestión de tiempo no se puede convertir en una cuestión de contenido. Los acuerdos de Oslo se tienen que aplicar. Los acuerdos de Oslo no se pueden renegociar. Pacta sunt servanda : esta es la clave fundamental para que el proceso de paz, efectivamente, se pueda desarrollar convenientemente.
Así pues, hay que intentar, a través del diálogo político -que es lo que se ha hecho con la troika presidida por el Presidente del Consejo, Sr. Dick Spring, de la cual yo también formaba parte- llevar al ánimo de las partes que hay que evitar la confrontación, la desconfianza, el elemento de sospecha, y que hay que intentar renovar el diálogo entre las partes, respetar lo acordado y, a partir del respeto de lo acordado, encontrar soluciones a los problemas.
Expresado en términos políticos, hay que decir a este respecto dos cosas para mantener la posición de la Unión, que, efectivamente, nos parece equilibrada: en primer lugar, la Unión Europea, la Comisión, el informe del Sr. Colajanni y las enmiendas que han sido presentadas, no dejan de afirmar, reafirmar y confirmar el derecho de Israel a su seguridad . Ahora bien, la seguridad no puede representar, en ningún caso, un elemento de colapso económico en Gaza y Cisjordania. La Comisión considera que un elemento añadido de la paz absolutamente fundamental es que el esquema económico que todavía no hemos podido aplicar -debido al cierre de las fronteras- se vaya resolviendo de modo y manera que se asegure la viabilidad económica del futuro de Palestina. Porque si no hay viabilidad económica en Palestina, será muy difícil que se pueda mantener este proceso de paz. Pensamos que hay que avanzar rápidamente cumpliendo plenamente los compromisos acordados porque, si no, se corre un riesgo mayor, a saber: que los extremistas de las dos partes -y hay extremistas del lado israelí y del lado palestino- sean finalmente los que consigan obtener beneficios a corto plazo a través de la violencia y el terrorismo, lo que pueda luego, eventualmente, ser utilizado como una excusa para no progresar rápidamente en el proceso de paz. Yo creo que ése es un riesgo real.
El Consejo decidió nombrar hace poco un enviado especial en la persona del Sr. Moratinos y dicho nombramiento nos produjo una enorme satisfacción en la Comisión por la categoría profesional de este embajador. Nos hemos puesto a sus órdenes y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que la misión del enviado especial tenga el éxito que se prevé.
Y, por ultimo, una cuestión que tiene que ver con la democracia y los derechos humanos en un lado y en otro. De nuevo, efectivamente, hay que guardar un plano de equilibrio y la troika le ha planteado al Presidente Arafat muy claramente el problema de la apertura democrática del sistema palestino. Se hicieron las primeras elecciones democráticas -el Sr. Colajanni lo sabe bien, junto con otros diputados que están aquí, porque fue uno de los observadores-, y fue un gran paso hacia adelante, pero hay que progresar en la democratización de la vida política palestina. Hay que respetar los derechos humanos en Palestina, sin ningún género de dudas. Pero en Israel, debido al comportamiento de elementos del ejército y de la policía israelí, también hay afrenta a los derechos humanos. En consecuencia, tenemos que mantener de nuevo el equilibrio y exigir a las dos partes que cumplan con los derechos humanos.
Yo creo que la Unión Europea está en condiciones de mantener una posición más neutral, más aséptica y más equilibrada en el conflicto entre las distintas partes a través de nuestro concurso económico. Con el acuerdo de asociación que tenemos ya firmado con Israel, y el que vamos a concluir en brevísimo plazo con los palestinos, será posible ir incardinando un diálogo político que puede ayudar enormemente al proceso de paz, pero con una condición: que se cumpla lo pactado. Ésa es la clave que nos puede permitir reanudar este diálogo, que ojalá se haga cuanto antes, porque, si no -insisto-, la situación podría ser «ganancia de pescadores», y no en el sentido bíblico sino en el peor de los sentidos. Es decir, ganancia de pescadores, ganancia de violentos, ganancia de extremistas. Y yo me pregunto si no es tiempo ya de que se pongan las dos partes a encontrar soluciones inmediatas a partir de algo que está escrito, está firmado y tiene que ser aceptado.

Barón Crespo
Señor Presidente, quiero apoyar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el informe Colajanni. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está profundamente implicada y comprometida en este proceso de paz del Oriente Próximo.
Ahora bien, me permitirán el señor Presidente del Consejo y el señor Comisario que, después de las explicaciones que nos han dado, exprese mi impresión de que, en este proceso de paz, seguimos siendo objeto de un veto -de facto - por parte del Gobierno israelí, y me gustaría saber si el ministro Levy ha rectificado su declaración de que la Unión Europea debe pagar y callarse en este proceso. No sólo tenemos que pagar, sino participar decisivamente, y voy a dar tres razones para ello.
La primera razón, histórico-moral, es que, para lo mejor y para lo peor, Europa está comprometida históricamente con israelíes y árabes, y bien lo sabemos los españoles, así como un historiador, Benjamín Netanyahu, que ha hecho uno de los mejores libros sobre la Inquisición en España, y que da la casualidad de que es el padre del actual Primer Ministro y, según Simón Peres, es el que le convenció de la absoluta soledad del pueblo judío.
Yo creo que, en ese sentido, nosotros tenemos que manifestarnos abiertamente a favor, como ha dicho el Comisario, de que haya un proceso de reconciliación, y nosotros mismos somos fruto de un proceso de reconciliación. Pero cuando reconocemos el derecho de Israel a existir dentro de fronteras seguras también tenemos que reconocer el derecho de los palestinos a tener una patria. No en vano el pueblo de Israel ha estado clamando 2.000 años por volver a su patria. Por eso, yo creo que hay que tener un planteamiento equilibrado, y ese es el que ha tratado de mantener la Unión Europea desde la lejana Declaración de Venecia hasta los dos acontecimientos básicos que han definido este proceso: la Conferencia de Madrid y los Acuerdos de Oslo.
Una segunda razón es la de la seguridad. No podemos pretender que el Mediterráneo sea un área de cooperación y seguridad mientras persista el conflicto entre árabes e israelíes. Y hay que recordar, en el primer aniversario de la Conferencia de Barcelona, que allí, por primera vez, se sentaron juntos para hablar de temas concretos israelíes, palestinos y sirios. Hay que continuar por esa vía, y yo invito al Comisario a que persevere en ella.
Y la tercera razón se refiere a que es cierto que damos más ayuda que nadie, que tenemos más comercio que los demás, pero también hay otro hecho, y es que Israel trata de tener con la Unión Europea una relación privilegiada como la de los países de la EFTA. Yo creo que eso también tendría que hacer considerar a Israel su posición en relación con nosotros, no sólo en el sentido de que se cumplan los pactos -yo estoy de acuerdo con el Comisario Marín en que pacta sunt servanda - sino también para hacer que un proceso en el que nos sentimos comprometidos, y del que somos parte, nos permita participar activamente para ayudar a que se consolide la paz.
Y yo creo que el nombramiento del Embajador Moratinos es una buena noticia. Le deseo a él y a ustedes mucha suerte.

Dimitrakopoulos
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, deseo felicitar al diputado, el Sr. Colajanni, por el excelente trabajo que ha presentado. También, deseo dar la bienvenida al Comisario, el Sr. Marín, y a todo lo positivo que nos ha expuesto sobre lo que la Comisión ha hecho por el proceso de paz. Lo mismo vale para el Presidente del Consejo, el Sr. Mitchell, porque de hecho, hoy, a diferencia de otras ocasiones, nos ha comentado muchas cosas interesantes, y creo que nadie duda de que el proceso de paz en Oriente Próximo es y debe ser la máxima prioridad de la política exterior de la Unión Europea, sobre la que tanto se debate.
Esta política debe dar sus frutos y para ello se deben cumplir, en nuestra opinión, ciertos requisitos.
El primer requisito es que el proceso de paz tenga una visión y un objetivo. Esta visión no puede ser otra que la de encontrar, por consenso, una solución justa y permanente al problema de Oriente Próximo, en la cual, naturalmente, esté incluido el concepto de una patria normal y real para los palestinos.
El segundo requisito es que dentro de este proceso se afronten determinados problemas concretos de manera positiva. ¿Cuál será, por ejemplo, el futuro régimen de Jerusalén? ¿Qué pasará con el tema de los colonos? ¿Qué pasará con el tema de los refugiados? ¿Qué haremos en Hebrón? Muchas informaciones apuntan a que pronto llegaremos a un acuerdo. ¡Ojalá sea así!
El tercer requisito es alcanzar un nivel aceptable en nuestras relaciones y nuestra política respecto a los países limítrofes, como, por ejemplo, Siria y el Líbano, sin dejar de lado Jordania.
Señor Presidente, Señorías, celebro que, por fin, el Consejo haya designado un intermediario europeo para Oriente Próximo. Doy la bienvenida a esta decisión, aunque no estoy de acuerdo con la forma en que fue tomada. Hay otras propuestas sobre el papel político de Europa, que es, en todo caso, un papel necesario e imprescindible; si hay algo que debemos hacer hoy es, más allá de dar nuestra aprobación al informe Colajanni, insistir en que se consolide el papel político de Europa en Oriente Próximo.

Carrère d'Encausse
Señor Presidente, Señorías, durante casi medio siglo, la vida internacional se ha visto nublada por el conflicto Este-Oeste y por la confrontación de los pueblos en el Oriente Próximo. Hoy día, la guerra fría ya no es más que un recuerdo y ha surgido la esperanza de ver el Oriente Próximo acceder a una paz real.
Los Acuerdos de Washington de diciembre de 1993 y la elaboración de un plan de paz dan testimonio de una voluntad profunda de acabar con un conflicto que se temía eterno. Esta es la razón por la que el proceso de paz iniciado es tan decisivo. No cabe duda de que no han faltado los retrasos, los estancamientos en el proceso de paz, y la crisis reciente que se desarrolló en Jerusalén suscita una inquietud legítima. Sin embargo, en un proceso de paz todavía tan frágil, es importante no dejarse llevar por las emociones y analizar con sangre fría la situación presente y los progresos llevados a cabo para tratar de descifrar mejor el porvenir.
Efectivamente, más allá de la crisis reciente, es la actitud de las nuevas autoridades israelíes lo que nutre nuestras interrogantes. Elegida tomando como base un programa de oposición a las concesiones hechas a los palestinos, la nueva mayoría y su dirigente han despertado con ellos los temores en Palestina y más extensamente en la comunidad internacional. Al insistir ante todo en la seguridad de las poblaciones de Israel, ¿el Sr. Netanyahou ha trastornado verdaderamente los elementos del problema? Responder afirmativamente, considerar que los Acuerdos de Oslo ya no son vigentes, es olvidar los fundamentos mismos de la acción de las naciones civilizadas. Para los Estados de derecho, el principio pacta sunt servanda es intangible y los acuerdos concluidos comprometen al Estado y no a uno u otro gobierno en particular.
El gobierno israelí puede, efectivamente, contemporizar un momento pero se sabe -y nadie tiene el derecho a sospechar que lo ignora- vinculado por los compromisos concluidos en nombre de Israel. Además, las esperanzas generadas por el proceso de paz están inscritas en todas las conciencias en Israel y del lado palestino. De ahora en adelante nutren las mentalidades pacíficas, volver atrás, arrojar de nuevo a los hombres al terrorismo, al odio ciego, ya no es concebible. Las conquistas de la paz son incuestionables. Son el fruto de pasos realizados por cada una de las partes implicadas en el conflicto, en dirección del adversario.
Se han precisado, de una como de otra parte, tanto valor y lucidez que las crisis circunstanciales no pueden ser suficientes para borrar. La primera conquista de este esfuerzo recíproco para dominar rencores y odios es el reconocimiento del otro. Si se añade la elección del consejo legislativo de Palestina, el Tratado de paz IsraelJordania y la retirada de las tropas israelíes de las principales ciudades de Cisjordania, sólo puede comprobarse la diferencia existente entre la situación anterior a los Acuerdos de Oslo y la que prevalece hoy día, a pesar de los desacuerdos y el desaceleramiento del proceso de paz.
No hay alternativa al principio adoptado «paz contra territorios» sino el retorno a una situación de terror y de guerra, que es impensable, puesto que los hombres han empezado, unos y otros a pensar en términos de paz y de seguridad recíproca. La hora del odio ha pasado, pero tampoco puede aceptarse la idea de una paz fría en la región, que estorbaría en la situación presente y haría de la paz real un sueño perdido y no una dinámica que, a pesar de las dificultades, dibuje el porvenir del Oriente Próximo.
Es preciso volver, lo más rápido posible, al diálogo entablado y proseguir en esta vía. No debemos olvidar que al cabo de unos diez años de conflicto, establecer la paz, hacer cohabitar a los pueblos es algo difícil. Es un proceso que puede ponerse, a cada instante, en tela de juicio y del que, sin embargo, cada conquista, cada progreso hacen más improbable la anulación, incluso si, durante un tiempo, la construcción de la paz sigue siendo frágil.
Por tanto cada una de las partes debe tratar de evitar las provocaciones que los extremistas de todo orden se ingenian en multiplicar. Porque la paz es difícil de alcanzar, las pasiones acompañan ese proceso y transgreden los progresos, es necesario recurrir a todas las buenas voluntades, a los buenos oficios de un mediador que goce de la confianza de las partes adversas. La Unión Europea está cualificada para participar activamente y más que antes en este proceso, pero, para hacerlo, debe ser imparcial, ajena a toda sospecha de que pueda estar de un lado u otro.
El texto que hoy nos ocupa no corresponde plenamente a esta exigencia. Que el Parlamento, a la hora de la votación, se esfuerce, con su sabiduría habitual, en aportar el equilibrio necesario mediante las enmiendas que el ponente parece aceptar de antemano y mi Grupo podría, entonces, adherirse a este informe.

Bertens
Señor Presidente, es difícil vaticinar la evolución de la situación en el Oriente Próximo. En un momento Jerusalén es presa de las llamas, y el momento siguiente vuelve a hablarse de la posibilidad de una solución con respecto a Hebrón. Es evidente que en todo momento es posible adaptar cualquier resolución de este Parlamento.
Deberá estimularse a ambas partes a que continúen el proceso de paz. Tras el arribo al poder del nuevo Primer Ministro israelí el proceso se ha visto paralizado durante un cierto tiempo y por el momento no se ve ninguna oportunidad de que se supere esta situación. En la actualidad se observan de nuevo señales que indican un movimiento en la dirección correcta. Sin embargo, la extensión de los asentamientos existentes de colonos sigue constituyendo una dificultad que exige solución.
El Parlamento Europeo no tiene por qué tratar de prescribir soluciones o normas a ninguna de las partes. Ni los diputados de este Parlamento, ni tampoco el ponente, nos hallamos sentados en torno a la mesa de las negociaciones. Lo único que podemos hacer es influir sobre las circunstancias reinantes. A tales efectos, el instrumento más adecuado lo constituye un informe bien equilibrado, aunque para alcanzar ese objetivo serán necesarias aún una serie de modificaciones y corregir algunos errores concretos sobre los hechos que figuran en el informe. Espero que logremos ese objetivo. Me siento altamente complacido con las declaraciones del Comisario Marín, considerando bien equilibradas sus palabras.
Espero que la Unión pueda desempeñar un papel en el proceso de paz. La conferencia de Barcelona constituye uno de los instrumentos que harán posible este cometido. Además de ello, la Unión deberá hacer los mayores esfuerzos posibles con vistas a adoptar una postura consistente y conforme. La reciente visita de la troika a las partes empeñadas en el proceso de paz ha resultado altamente fructífera.
Sigamos fomentando además esta posibilidad dirigiendo a ambas partes un mensaje equilibrado de este Parlamento.

Carnero González
Señor Presidente, los difíciles momentos de crisis por los que atraviesa el proceso de paz en el Oriente Próximo exigen una decidida actuación política, coordinada y homogénea de la Unión Europea, que contribuya a desbloquear la situación.
Una acción política de la Unión Europea que, desde nuestro punto de vista, debe estar basada en el convencimiento de que la paz en el Oriente Próximo sólo se alcanzará cuando la cuestión palestina sea resuelta de una manera justa y duradera, de acuerdo con las resoluciones internacionales y sobre la base del principio: paz a cambio de territorios.
Los acuerdos de Oslo son el mejor camino, hoy por hoy, para alcanzar y consolidar la paz en la región, y ello a pesar de sus evidentes insuficiencias y carencias. Por lo tanto, la Unión Europea debe instar al Gobierno israelí a cumplir estrictamente y en los términos y plazos establecidos los compromisos adquiridos en Oslo, abandonando la política provocadora y aventurera puesta en marcha, desde su elección, por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, principal responsable del punto crítico en el que se encuentra el proceso de paz y, desde luego, de acontecimientos sangrientos como los que tuvieron lugar a finales de septiembre.
La Unión debe exigir a las autoridades israelíes que anulen la política de ampliación de asentamientos y de ocupación ilegal de tierras. Debe exigir también al Gobierno israelí que se retire de Hebrón, que abra los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina, y que libere a todos y cada uno de los presos palestinos que, injustamente, y en contra del respeto de los derechos humanos, están hoy en las cárceles.
La Unión Europea debe presionar a Israel por la vía política pero también por la económica, porque en la negociación de Oslo ha habido y hay una parte fuerte y una parte débil, y equilibrar significa ayudar en la negociación también a la parte débil.
Por eso, pedimos al Consejo y a la Comisión que suspendan la aplicación del acuerdo provisional de comercio y las medidas de acompañamiento entre la Comunidad y el Estado de Israel que entraron en vigor el 1 de enero de 1996. Y también consideramos que los Parlamentos nacionales no deberían ratificar el acuerdo de asociación con Tel Aviv hasta que el Sr. Netanyahu no se avenga a cumplir los acuerdos de Oslo.
Nos alegramos del nombramiento del Embajador Moratinos como enviado especial de la Unión, y pensamos que la Unión Europea debe tener una política y una actuación propia en el Oriente Próximo, autónoma e independiente, aunque coopere con los Estados Unidos, pero en ningún caso subordinada. Ése es el camino de la Conferencia de Barcelona, ése es el camino de la paz que la Unión debe tratar de establecer en el Mediterráneo, una paz que sólo se alcanzará definitivamente cuando haya un Estado palestino con capital en Jerusalén Este, lo que será, seguramente, la mejor garantía para la seguridad de Israel. Pero no podemos olvidar otros temas, por ejemplo: que Israel ocupa ilegalmente una parte del Sur del Líbano, y que no aplica la Resolución 425 del Consejo de Seguridad; que también ocupa ilegalmente los Altos del Golán, y que es una potencia nuclear aunque no quiera reconocerlo.
Apoyemos a los pacifistas de todas las partes aislando a los extremistas pero, sin duda alguna, seamos conscientes de que aquí hay una parte responsable, que es el Gobierno israelí.

Gahrton
Señor Presidente, es encomiable que cada vez más Consejos Europeos hayan llegado al consenso en la crítica justa, dura y motivada de la actuación de Israel. Cuando comenzó nuestra crítica hace 1015 años, a una parte de los que la expresamos se nos acusó de hacer propaganda injusta antisemita. La crítica era muy motivada, pero ahora tenemos otro problema, el del respeto por la democracia en Palestina. Sin que haya democracia en Palestina no podrá existir tampoco un proceso de paz. Si Palestina se convierte, como teme el autor palestino Edward Said «en una combinación de dictadura iraní basada en el terror y una anarquía libanesa», no habrá nunca paz en el Oriente Medio. A causa de esta afirmación, Edward Said ha sido castigado haciendo que sus libros se prohibieran en toda la región administrada por los palestinos, lo cual demuestra que sus observaciones no son simples elucubraciones.
Por ello los Verdes mantenemos que es vital que, en conexión con las declaraciones y las tomas de posición relativas al proceso de paz, también dirijamos una crítica justa contra las infracciones cometidas por la Autoridad Palestina en cuanto a los derechos humanos y la libertad de expresión, y que han sido documentadas por Amnesty, Reporters sans frontières, periodistas acreditados y muchos otros. No debemos repetir los errores cometidos tantas veces con los movimientos de solidaridad y liberación, y hacer la vista gorda frente a los fallos del movimiento de solidaridad cuando se convierte en partido integrante de un gobierno. Somos nosotros, los que hemos sido simpatizantes, los primeros que tenemos que denunciarlos si no cumplen con nuestros ideales. Por ello nos felicitamos de que otros grupos también se unan a estas exigencias.
Fue catastrófico que la Comisión de Asuntos Exteriores rechazase nuestra condición; la idea que les inspiraba era que el informe no debía incluir críticas sobre la Autoridad palestina. Ahora los otros grupos también han despertado, y esperamos que se pueda corregir la grave infracción que empaña la perfección de dicha autoridad.

Lalumière
Señor Presidente, el proceso de paz en el Oriente Próximo suscita, una vez más, las más vivas inquietudes. ¡Una vez más vamos a afirmar nuestra adhesión al proceso de paz! ¿Qué más podemos hacer?
Primeramente, recordaré nuestra voluntad de ver a la Unión Europea desempeñar el papel que le corresponde en este proceso. Ya lo hace a través de ayudas económicas y financieras importantes. Debe continuar esta ayuda, que la convierte en el primer proveedor de fondos en esta región, pero también debe desempeñar un papel político. No podemos aceptar que el Primer Ministro de Israel, o el Gobierno de los Estados Unidos, pidan a Europa que no intervenga. Sin embargo, para hacerlo, la Unión Europea debe satisfacer varias condiciones.
En primer lugar, los Quince deben actuar concertadamente aproximando sus puntos de vista. Felizmente, la troïka decidió, por fin, ir a Siria, Jordania, los territorios autónomos palestinos y Egipto. Felizmente, la Unión Europea ha designado a un enviado especial al Oriente Próximo. Ya era hora. Pero esta mejor coordinación de los Quince debe ir emparejada a opciones estratégicas y tácticas hábiles. Desde este punto de vista, puede temerse que las maneras bastante enérgicas que fueron las del Presidente Chirac durante su viaje a esta región no hagan más difícil el papel de mediador imparcial que normalmente debe ser el de la Unión.
Efectivamente, hoy, las responsabilidades no se reparten de igual manera en el resurgimiento de las tensiones. El Sr. Netanyahou ha tomado iniciativas provocantes, que no podían sino suscitar reacciones violentas. Más grave aún, una parte de la población israelí parece apoyar estas acciones provocadoras. Es preciso reconocer que el fanatismo religioso y el fanatismo en sí mismo están resurgiendo y desfigurando la herencia democrática de los padres de Israel.
Mi última observación se refiere al porvenir. Deseo profundamente que la Unión Europa mantenga sus vínculos con todas las fuerzas de paz, las que existen con los palestinos, claro está, pero también con los israelíes. En ningún caso deberemos aislar a Israel, en ningún caso debemos medir nuestras fuerzas con las fuerzas democráticas y pacíficas de ese país. Más que nunca, sin duda, esos demócratas, respetuosos de los derechos humanos y de los hombres de paz, necesitan ser comprendidos y apoyados por la Unión Europea, amiga tanto de los palestinos como de los israelíes y decidida a aplicar una política realmente activa, que no excluye a la firmeza.

Antony
Señor Presidente, Señorías, »paga y cierra la boca», esta es, en sustancia, la respuesta de las autoridades israelíes a los representantes de nuestros países cuando osan emitir alguna crítica, incluso humilde, sobre el proceso de paz que nuestros contribuyentes financian.
Los israelíes están de acuerdo en recibir nuestro dinero, pero no nuestros consejos. Prefieren los de Clinton, consejero pero no financiador, salvo, es verdad, respecto al dinero que nunca debe faltar a la organización humanitaria llamada Isahal. Es por ello que dudo de la utilidad del informe de nuestro compañero Colajanni. Hay pocas oportunidades de que un parlamentario sea más escuchado de lo que ha sido el Jefe de Estado francés, bastante presuntuoso durante su último viaje en el Oriente Próximo y, por lo demás, inadmisiblemente insultado. Sin embargo, el Sr. Colajanni ha escrito cosas excelentes.
Si, el Gobierno israelí falta a su palabra. Los atentados a los Acuerdos de Oslo son numerosos: el mantenimiento de las tropas de ocupación en Hebrón, la implantación de extremistas israelíes en Cisjordania, la provocación de la apertura del túnel en Jerusalén, el bloqueo de los territorios palestinos y no menciono más.
Los Acuerdos de Oslo negociados bajo la égida americana y cuyo respeto exige el ponente, están lejos de constituir las bases de una paz durable. Mis amigos y yo mismo no compartimos el optimismo de esta Asamblea, que saludó su firma el 13 de diciembre de 1993. ¿Por qué? Porque una paz, para ser durable, debe ser justa. Ahora bien, los Acuerdos de Oslo no reparaban ninguna de las injusticias cometidas entre dos pueblos del Oriente Próximo: los palestinos arrojados de sus tierras en 1948 y en 1967, encerrados hoy en bantoustans más cerrados que aquellos que denunciaban ustedes en Sudáfrica, los libaneses sometidos desde hace veinte años a la doble ocupación de Israel y de Siria.
Una verdadera paz debe reposar sobre los principios siguientes: la creación de un Estado palestino, independiente y soberano sobre un territorio viable, la concesión de un estatuto internacional a Jerusalén, la recuperación de su soberanía por parte de Líbano, que deben abandonar los israelíes, sirios, palestinos e iraníes. Esas son las bases de la paz y yo añadiría las condiciones de la supervivencia de Israel, que entonces podría formar con los pueblos de la región que lo deseen una Confederación del Oriente Próximo, después de todo no más difícil de construir que la República Federal de Africa del Sur.

Rocard
Señor Presidente, señor Comisario, por razones que no son políticas, Israel es un poco mi segunda patria. Algunos de entre ustedes lo saben y tengo miedo. La resolución que hoy nos ocupa es esencial, me parece equilibrada y más bien justa. Deseo, no obstante, comentarla un poco a mi manera.
El Oriente Próximo es la más importante, pero no la única fractura no cicatrizada que ve enfrentarse pueblos musulmanes con el mundo occidental, cristianos y judíos incluidos. Fracturas que también sufren Argelia, Bosnia y Chechenia. Toda reapartura del conflicto entre Israel y el pueblo palestino, vecinos inmediatos de Estados dictatoriales o totalitarios tales como Irán, Irak o Siria, puede tener, por tanto, una resonancia incalculable. Por ello, las presiones en favor de la paz son absolutamente necesarias, pero ¿cómo? Europa no debe aparecer ridícula. Siempre he pensado y siempre he dicho que no se hace la paz sino a través de la negociación directa entre las partes interesadas. Por lo demás, fue precisa esta negociación directa para que se negociaran y firmaran los Acuerdos de Oslo, que merecen más que el comentario que acabamos de escuchar, que palestinos e israelíes se entrevisten en secreto escapando a la tutela generosa, pero estorbosa, incluso de los Estados Unidos, a través del proceso de Madrid.
Señor Presidente, señor Comisario, en Israel, alrededor del Sr. Netanyahou, se ríen de las pretensiones de Europa que quiere desempeñar un papel y a mi no me gusta mucho la diplomacia de subirnos al carro que practicamos a veces, especialmente, y sobre todo en mi propio país, Francia. No tenemos ni proceso de decisión mayoritaria ni diplomacia común ni fuerzas armadas comunes. No hagamos como si las tuviéramos. El actual gobierno de Israel hace correr a su pueblo y a la paz un riesgo desmesurado, pero es dogmático y no escucha a nadie.
Apenas creo que las amonestaciones y los alegatos puedan hacer algo en favor de la paz. El pueblo de Israel debe saber que queremos su seguridad por la paz, el gobierno de Israel debe saber que desaprobamos enérgicamente su política de último recurso. Sólo es sensible a la presión que inflige concretamente una penalidad. Nuestra influencia sólo puede ser económica, pero en ese sentido es fuerte. Más vale suspender la aplicación del acuerdo interino sobre el comercio entre la Unión Europea e Israel y aplazar la ratificación del acuerdo euromediterráneo entre la Unión Europea e Israel firmado el 20 de octubre de 1995, hasta que el gobierno israelí se haya conformado a los acuerdos concluidos entre Israel y la autoridad palestina.
Lo demás es palabrería. Israel y su actual gobierno se ríen de ello. Nuestro desacuerdo debe ser explícito, señor Presidente, y también debe ser eficaz.

Caligaris
Señor Presidente, la propuesta de resolución del Sr. Colajanni nos ofrece hoy la posibilidad de debatir un asunto que reviste una complejidad e importancia extraordinarias, como es el actual proceso de paz en el Oriente Próximo, y de evaluar la eficacia y utilidad de las resoluciones como instrumento político puesto a disposición del Parlamento Europeo. Con respecto al proceso de paz, su crisis es innegable. Mucho menos claras son, por el contrario, las causas de la crisis, pues no se sabe si se deben en su totalidad a la actitud del actual Gobierno israelí, si deben imputarse a una gestión demasiado permisiva del anterior Gobierno que conlleva la necesidad de restablecer un equilibrio entre cosas prometidas y cosas no realizadas, o a las acciones más o menos desestabilizadoras de agentes externos como Irán y Siria o, por último, a una no siempre adecuada respuesta al proceso por parte de los palestinos.
Creo que se puede concluir diciendo que todas las partes tienen un menor o mayor grado de responsabilidad, aunque muy importante en la crisis actual. Del mismo modo, estoy convencido de que este Parlamento no sólo no está capacitado para juzgar de forma imparcial un contencioso que va más allá de la comprensión y del control de las mismas partes del Oriente Próximo, sino que debe evitar de hacerlo en beneficio del proceso de paz, así como de la credibilidad de su acción política.
El propio Sr. Colajanni fue muy claro al hablar de sus intenciones. Las voy a citar textualmente: »El Parlamento europeo ha de manifestar de forma clara y decidida que toma partido, no por los palestinos o los israelís, sino por la paz». Pues bien, esto último es lo que la actual redacción del texto, después de nuestras enmiendas en el seno de la comisión, no está en situación de hacer ya que se inclina demasiado negativamente contra Israel. Lo demuestran doce puntos de un total de 24, casi intimidatorios, dirigidos al Gobierno israelí con una infundada imposición de las más dispares condiciones.
Dos benévolas -sólo dos- sugerencias dirigidas a los palestinos, así como dos edulcoradas invitaciones dirigidas a Siria e Irán, para que se comporten como es debido. A quien tiene sentido del humor, deseo leer el contenido de la invitación dirigida a Irán: »Se le ruega que haga uso de toda la influencia que pueda ejercer sobre los grupos fundamentalistas para que cooperen en el proceso de paz en lugar de obstaculizarlo». »No comment» dirían mis amigos anglosajones. Se añaden asimismo numerosos intentos de interferir arbitrariamente en el desarrollo del debate sobre la política interior israelí, estableciendo un parangón entre buenos, es decir los miembros del anterior Gobierno, y malos, o sea, los miembros del Gobierno actual. Es un camino arriesgado, y además, desacertado, porque pone en duda la imparcialidad de nuestro juicio. Hay que añadir asimismo que sobre lo dicho incide de forma negativa la ausencia de una política en materia de seguridad exterior de Europa, con el resultado de dejar el campo libre a las simpatías y antipatías de carácter nacional y de partido que, sin lugar a dudas, inciden e influyen en la forma y el fondo del texto.
En definitiva, si la intención era la de estimular la racionalidad y la cooperación entre las partes en conflicto, el presente texto, seguramente, tendrá el efecto contrario. Mi opinión se basa en el hecho de que, como dijo el mismo Sr. Colajanni, casi todas las enmiendas que han presentado hoy los distintos Grupos pretenden tener un efecto moderador. Por consiguiente, en el caso de ser acogidas, el texto volverá a alcanzar un equilibrio. De ser así, la resolución va a merecer nuestro voto.

Nordmann
Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no votará el texto del Sr. Colajanni tal como está. En efecto, a pesar de algunas precauciones oratorias, este texto es desequilibrado e injusto.
La objetividad del Sr. Colajanni es la vieja receta del pastel de alondras, medio caballo y media alondra, un caballo por una alondra. En el informe del Sr. Colajanni, hay un bueno, el Sr. Arafat, cualquiera que sea la manera en que administre la autoridad palestina, y hay un malo, el Sr. Netanyahou, cualesquiera que sean sus esfuerzos por acabar en Hebrón.
Esta falta de objetividad es sumamente nociva, ya que evidentemente, este tipo de texto resta autoridad a Europa para intervenir como mediadora, y si no se introducen importantes enmiendas en el texto del Sr. Colajanni, incluso aprobado, apostamos, señor Presidente, que no tardará en acabar en el cementerio sobrepoblado de las resoluciones muertas.

Elmalan
Señor Presidente, al recibir a una delegación de parlamentarios comunistas franceses en octubre pasado en Gaza, Yasser Arafat lanzaba un llamamiento apremiante a Europa. Decía: »necesitamos de ustedes hoy, hoy más que ayer, el proceso de paz está bloqueado», y añadía, »esta situación ha alcanzado un umbral de peligrosidad intolerable y pone en gran peligro a toda la región».
Desde entonces, la situación no ha cambiado esencialmente. El gobierno israelí continua negando sus compromisos y persiste en su negativa de aplicar los Acuerdos de Oslo, si embargo, ratificados por la Knesset.
Todavía no se han aplicado los treinta y cuatro puntos de los acuerdos. Las provocaciones hacia los palestinos se multiplican, continuando con la construcción de colonias en los territorios, el acordonamiento de los territorios que agravan las dificultades de la población palestina, el mantenimiento de la presencia militar en Hebrón y las violaciones del estatuto de Jerusalén-Este.
Pongámonos a la altura de este llamamiento para salvaguardar la paz. Nuestro objetivo esencial debe ser llevar a Israel a respetar los Acuerdos de Oslo en su integridad y cesar toda provocación.
Para alcanzar este objetivo, es preciso darse los medios. La experiencia lo demuestra, las declaraciones y las resoluciones, todo lo enérgicas que sean, siguen siendo letra muerta. Ante una situación tan crítica, se imponen actos políticos fuertes que vinculen más estrechamente el respeto del proceso de paz a la aplicación del acuerdo de asociación con Israel.
Ya lo han dicho otros parlamentarios; pienso que en esta óptica, el acuerdo interino CEE-Israel que entró en vigor el 1 de enero de 1996 debe ser suspendido. Ello representa, de alguna manera, renovar nuestra decisión tomada en la época del gobierno Shamir, con la suspensión durante dos años de la cooperación con Israel.
Asimismo, hacemos un llamamiento a los parlamentos nacionales para que suspendan la ratificación del acuerdo mientras el Gobierno israelí no respete los Acuerdos de Oslo y no haya verdaderas negociaciones con la autoridad palestina.
La Unión Europea debe responder a la expectativa de los palestinos y los pacifistas israelíes y tomar una parte activa en el proceso de paz sin esperar la autorización de Estados Unidos.

Amadeo
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, desde hace tiempo, el tablero del Próximo Oriente ha sido el banco de pruebas de la diplomacia europea que no consigue desempeñar un papel político unitario. El proceso de paz que, a pesar de muchas dificultades, se estaba llevando a cabo entre palestinos y israelís, está atravesando una profunda crisis que si, por una parte, parece la lógica consecuencia del cambio de rumbo impuesto por el Gobierno del Sr. Netanyahu respecto a los acuerdos firmados por el Gobierno anterior, por otra, demuestran lo forzada que fue la voluntad política que los originó y lo necesaria que es hoy una presencia más decidida de la Unión Europea.
Hoy, el ejército israelí que permanece en Hebrón, el incremento de los asentamientos de los colonos en el territorio palestino y la apertura del túnel bajo la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este son claras señales de las dificultades en las que se debate el intento de paz y demuestran el poco peso que tuvieron las varias misiones de las troikas ministeriales europeas.
La última en orden de tiempo, es decir la formada por Italia, Irlanda y los Países Bajos, que visitó la región en vísperas de la Conferencia sobre el desarrollo económico que se está celebrando en la actualidad en El Cairo, vio rechazar el permiso para visitar al Primer Ministro y al ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Levy, precisamente porque, obedeciendo una decisión comunitaria de julio de 1996, tenía programada una visita a la Casa de Oriente, sede de la representación oficial de la OLP en la Jerusalén ocupada.
Consideramos que la Unión Europea no puede aceptar ninguna clase de chantaje, sino que debe desempeñar su propio papel en el proceso de paz sin ser tratada sólo como contribuyente de fondos y dinero. Pedimos una iniciativa política de la Unión que sirva para instar al Gobierno israelí a cumplir los acuerdos firmados, que sirva como fundamento para el acuerdo de cooperación económica y comercial con Palestina, que erija a la Unión Europea en juez cualificado de un proceso de paz en la región que no se limite a pocos aspectos, sino que sea global y incluya la necesaria reanudación del diálogo con Siria y Jordania, que evalúe la posibilidad de liberar al Líbano de las fuerzas extranjeras que lo ocupan, que inste a Irán a ejercer su influencia sobre los grupos fundamentalistas, a fin de que la vía del diálogo pueda restablecer en la región la paz y la prosperidad de sus poblaciones.

Caudron
Señorías, sin duda alguna, era necesario que el Parlamento Europeo tomara una posición clara e hiciera propuestas precisas para una reactivación del proceso de paz en el Oriente Próximo, y quiero saludar a este respecto el trabajo de nuestro compañero Colajanni.
Puede discutirse si era preciso hacerlo hoy, teniendo en cuenta el estado y la naturaleza de las negociaciones en curso. Sin embargo, en esta etapa de nuestra discusión, quiero decir claramente tres cosas, en mi calidad de presidente de la delegación «Europa-Israel».
Ante todo, estamos, y yo también lo estoy, por una paz justa entre los israelíes y los palestinos y, por tanto, en favor del espíritu y la letra de los Acuerdos de Oslo que es preciso aplicar. En segundo lugar, lamentamos, y yo también lamento, los retrasos actuales así como las declaraciones y los actos del nuevo Primer Ministro israelí, entre los que algunos pueden aparecer como provocaciones peligrosas para la continuación del proceso de paz. En tercer lugar, pedimos, y por tanto yo pido, que se respeten los acuerdos firmados y que las discusiones continúen para solucionar los numerosos problemas que se encuentran en suspenso de acuerdo con el calendario previsto.
Una vez dicho esto, la eficacia de nuestra diligencia supone que la Unión Europea no se sustituye a los negociadores, que no tome partido por uno u otro campo, que no anticipe las discusiones futuras, cuyo calendario ha sido fijado por los Acuerdos de Oslo; ejemplo, el estatuto definitivo de Jerusalén. Ni, sobre todo, que parezca una forma de chantaje cuestionando los acuerdos concluidos entre el Estado de Israel y la Unión Europea.
Los adversarios de ayer y de hoy, en el Oriente Próximo, necesitan, para convertirse rápidamente en socios, de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. A semejanza de una gran parte del pueblo israelí que lucha por ello amparada en el recuerdo de Itzhak Rabin, necesitan de nuestro apoyo y de nuestra comprensión. No necesitan de alguien que les dé lecciones, sean cuales fueren.
Si queremos la paz, es preciso saber que depende primero de aquellos que viven en esta región y que no tienen especialmente ganas de morir en la guerra. Quieren sencillamente vivir en paz en un marco de seguridad. A nosotros nos corresponde ayudarles.

Robles Piquer
Señor Presidente, un importante político español ya fallecido, D. José Mª Gil-Robles, a cuyo hijo mi Grupo acaba de votar como candidato a la futura presidencia de nuestro Parlamento, escribió una vez un libro terrible titulado No fue posible la paz , que se refería a la tremenda guerra civil española. Se hubiera podido también referir a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera o a tantas otras como han azotado la superficie del planeta.
Señor Presidente, cabe preguntarse si será posible la paz en el Medio Oriente; nosotros debemos aspirar a que sea posible y, para ello, sin duda, debe desempeñar la Unión Europea un papel mucho más activo y decisivo que el que ha desempeñado hasta ahora. En ese sentido, no cabe sino congratularse de que en esta ocasión la presidencia del Consejo, la troika y la Comisión hayan ejercido con más decisión sus poderes y sus facultades.
Debemos congratularnos de que haya sido nombrado, por fin, un mediador para representarnos -y me complace que sea en la persona de mi amigo y compañero de oficio y compatriota, el Embajador Moratinos-, y de que podamos aprobar, con el informe Colajanni, un documento en el que, seguramente, podremos introducir todavía algunas mejoras mediante algunas de las enmiendas presentadas. Pero, en conjunto, me parece un documento equilibrado y un buen reflejo de los deseos que tiene nuestro Parlamento, que consisten, también, en no quedar al margen del proceso, en sentirse involucrado en él, y en poder participar en algo más que en aportar nuestros recursos financieros a una zona del mundo en la que si es posible la paz, será también una zona en la que se desarrollará una prosperidad común y compartida para los pueblos que la habitan.

Van Bladel
Señor Presidente, aprecio la aclaración por parte del Consejo y de la Comisión. No obstante, el momento en que estamos debatiendo sobre esta resolución relativa al Oriente Próximo me parece decididamente inoportuno. En primer lugar la troika no nos ha entregado aún ningún informe con relación a su visita a la región. Por el momento se está celebrando en El Cairo una conferencia económica sobre la región; el gobierno israelí ha abierto además una parte de sus fronteras a los palestinos para que éstos trabajen en su propio territorio y ha detenido a colonos extremistas en Hebron. Continúan asimismo las negociaciones entre Israel y los palestinos, referentes a la reanudación del proceso de paz, en particular en Hebron, si bien no al ritmo y con los resultados que desearíamos.
Por todos estos motivos preferiría que se aplazase este debate un mes más, pero bueno, lo acepto. Me referiré ahora a la resolución tal como ésta se nos presenta. Pues bien, estimo que esta resolución sobre el Oriente Próximo es extremadamente desequilibrada e incluso partidista. Esta parcialidad me sorprende aún más si pienso que hasta este momento había considerado al colega Colajanni como uno de observadores más ponderados de la situación en el Oriente Próximo. Al mismo tiempo estimo que un enfoque semejante de una situación tan compleja como la reinante en el Próximo Oriente descalifica absolutamente a la Unión Europea como un intermediario fiable en esa región. Mientras la Unión no cuente con una política exterior común y se sigan efectuando esfuerzos inútiles por imponerse como mediador, basándose para ello en la ayuda financiera, no dejará de aumentar nuestro desengaño y seguiremos estando excluidos del juego durante mucho más tiempo. Habida cuenta la historia de Israel, este país no puede permitirse la existencia de un mediador con caras diferentes, mientras que los palestinos tal vez esperen - y digo tal vez, porque también ellos tienen el grado suficiente de sentido de la realidad - provisionalmente su salvación de parte de Europa. Cuestiones tales como el túnel y la Orient Hose constituyen, a mi juicio, temas que deben ser resueltos por los propios palestinos y los propios israelíes entre sí. No tenemos que inmiscuirnos en esta fase. Tanto la Unión como el Parlamento Europeo despliegan sus mayores esfuerzos con vistas a fomentar los principios democráticos en toda la región del Oriente Próximo - y pienso también en Siria, Egipto y El Líbano. Al abordar de este modo la cuestión lograremos, a largo plazo, jugar el papel al que aspiramos en dicha región. Figuran igualmente algunas positivas enmiendas presentadas por los Sres. Dimitrakopoulos, Caligaris, Bertens y Sakellariou, que pueden aportar un equilibrio a la resolución. De lo contrario, no podré apoyar esta resolución.

La Malfa
Señor Presidente, deseo manifestar que la Unión Europea quiere desempeñar un papel en el proceso de paz en el Oriente Próximo, a fin de respaldarlo y fomentarlo. Creo que esta posición de la Unión Europea es acertada, sin embargo, si se quiere desempeñar este papel hace falta adoptar una posición de gran equilibrio entre las partes y hay que mantener un diálogo con ambas partes para participar en este esfuerzo con alguna posibilidad de éxito.
A través del texto objeto de examen, tras las enmiendas aportadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, el Parlamento Europeo se sitúa al margen de este planteamiento; el mismo prefiere expresar un juicio político-moral, ya sea acertado o equivocado -en mi opinión fundamentalmente equivocado, tal como está formulado- pero políticamente, ante todo, prefiere no contar. El informe original del Sr. Colajanni era más equilibrado. Si no fuera posible enmendar el texto para devolverle un mayor equilibrio, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no podrá votar favorablemente. Por consiguiente, confío en que mañana sea posible restablecer dicho equilibrio.

Van der Waal
Señor Presidente, la tensión existente entre Israel y la autoridad palestina, tras la toma de poder del gobierno de Netanyahu, en lugar de cesar no ha hecho más que aumentar. Aunque a pesar del alto grado de desconfianza entre ambas partes, las conversaciones han podido reanudarse gracias a los esfuerzos mediadores de Estados Unidos. Resulta evidente que el gobierno israelí necesita tiempo con vistas a delinear su postura en el proceso de paz.
Ante tales circunstancias, lo más beneficioso son las conversaciones, siempre con un grado mínimo de injerencia exterior, de modo que pueda negociarse de una manera lo bastante discreta. El modo en que se desenvolvieron los acuerdos de Oslo demuestra que es ésta la solución que brinda el mayor grado de oportunidades de éxito. A nuestro juicio, el papel que se atribuye a sí misma nuestra Unión no contribuye en nada al proceso de paz. Es indudable que desde un punto de vista económico constituye la Unión el principal socio de la región. Aunque con respecto a la injerencia diplomática europea en el proceso de de paz tanto Israel como Estados Unidos han dejado indicar que resulta innecesaria. Cabe preguntarse pues cuál es el valor añadido de las recientes iniciativas diplomáticas de la Unión con respecto a los esfuerzos de paz desplegados por Estados Unidos.
Además de ello, cabe preguntarse igualmente qué grado de credibilidad ofrece aún la Unión Europea para servir de mediador imparcial. Las conversaciones con Arafat, la declaración del Consejo del 1 de octubre, visitas anteriores al Orient House, aunque también la reciente visita del Presidente Chirac, no han beneficiado en nada a la posición de la Unión Europea como agente pacificador. Tampoco la resolución del ponente Colajanni mejora en nada la posición de la Unión al emitir declaraciones demasiado trascendentales sobre Jerusalén Este y el estatuto de las regiones palestinas, y esto en el momento en que deben iniciarse las conversaciones sobre temas tan delicados y de importancia tan crucial. Entre tanto la Unión ha designado un enviado especial para el Oriente Próximo. La cuestión es de saber sin embargo si la labor de este enviado no se verá obstruida seriamente por la marcada postura de la Unión.
Estamos convencidos que todas las partes interesadas en el Oriente Próximo, incluyendo al gobierno israelí, se hallan empeñados en la búsqueda de una solución pacífica duradera. Es necesario concederles sin embargo el tiempo oportuno y la posibilidad de actuar con independencia, sin que la Unión Europea tome partido o que dicte sus condiciones. La parcial resolución del ponente Colajanni pasa por alto esta premisa. Tal como se presenta la resolución no habremos de apoyarla.

Titley
Señor Presidente, de lo que aquí estamos hablando no es simplemente de resolver una disputa entre Israel y los palestinos. Estamos hablando de paz y estabilidad en toda la región de Oriente Medio; una paz y una estabilidad que nos afectan directamente porque, si perdemos el control de la situación, nos veremos arrastrados por la crisis. También nos afecta porque todos hemos sido víctimas de actividades terroristas derivadas del conflicto de Oriente Medio.
Por estas razones, rechazo las voces que se han alzado en las últimas semanas diciendo que la Unión Europea no tiene ningún papel que desempeñar, ni debiera interferir, en el proceso de paz de Oriente Medio. Acojo con satisfacción el trabajo de la Presidencia irlandesa, especialmente del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Spring, en su intento de tomar la iniciativa de desarrollar el papel de la UE en relación con el proceso de paz de Oriente Medio.
Todos nos hemos sentido muy frustrados por lo que ha ocurrido, sobre todo por la actuación del Gobierno israelí que, después de salir elegido, no parecía sentirse comprometido con el proceso de paz. Pero, como han dicho algunos compañeros diputados, debiéramos adoptar un enfoque imparcial y recordar además a las autoridades palestinas, concretamente, que su policía no tendría que estar utilizando las armas para atacar a las fuerzas de seguridad israelíes.
Al mismo tiempo, debiéramos estar utilizando nuestra influencia con otros estados del Oriente Medio, sobre todo Irán y Siria, para conseguir que ejerzan su propia influencia con los grupos fundamentalistas de Oriente Medio para que apoyen el proceso de paz y no lo socaven porque, en última instancia, las víctimas de cualquier esfuerzo por malograr el proceso de paz serán los palestinos.
Tal como ha señalado el comisario Marín, el camino hacia la paz pasa en definitiva tanto por el desarrollo económico como por la diplomacia internacional. La tremenda pobreza de los palestinos debe ser paliada y nosotros tendríamos que estar ocupándonos de fomentar proyectos de cooperación económica que vinculen a los palestinos con los israelíes para, a la larga, cimentar el proceso de paz. En particular, yo subrayaría una vez más la importancia de los proyectos destinados a asegurar el abastecimiento de agua a todo el mundo a largo plazo.
Acojo con satisfacción el informe del Sr. Colajanni. Felicito a la Presidencia irlandesa por su trabajo y espero que podamos continuar nuestros esfuerzos por llevar la paz a Oriente Medio.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, iba a leer una intervención de dos minutos pero, a estas alturas, como no voy a ser original y, además, comparto lo que ha dicho especialmente en nombre del Grupo Socialista el Sr. Barón, quisiera referirles una pequeña y breve anécdota que nos sucedió a un grupo de diputados, algunos de ellos aquí presentes. Nos despertamos el día siguiente de las elecciones celebradas en Israel, en Damasco, y aquel día, a las 9 en punto de la mañana, la primera reunión que tuvimos fue con el Ministro de Asuntos Exteriores sirio. Se pueden imaginar que fue una reunión tensa y complicada. Nadie -creo- con más vehemencia que un grupo de representantes de esta Asamblea podía defender la democracia israelí y podía defender que aquélla no era una historia de buenos y malos ante un interlocutor del que lo mínimo que se puede decir es que estaba realmente preocupado. Lo que no podíamos saber ninguno de nosotros es que, tan poco tiempo después, la situación iba a deteriorarse de la manera en que se ha deteriorado. Cuando pienso en las palabras que dijimos allí, no puedo creer que fuésemos tan optimistas y que estuviésemos tan lejos, en realidad, de lo que fue pasando después.
Por ello, quiero decir que no me parece que ésta sea una resolución desequilibrada. Es la situación la que se ha desequilibrado. La resolución del Sr. Colajanni apela a quien tiene ahora la pelota en su campo: el Sr. Netanyahu. Nosotros pedimos que siga el proceso de Oslo y, en este momento, hay una parte que ha puesto más palos en las ruedas que la otra.
Creo que las gestiones que han hecho hasta ahora la Comisión y el Consejo son positivas. Me felicito, al igual que han hecho muchos de mis colegas, del nombramiento del Sr. Moratinos, y defiendo y creo que es buena la resolución del Sr. Colajanni e -insisto- no es ésta una resolución desequilibrada, sino una resolución que apela a quien debe apelarse en este momento para que continúe el proceso de Oslo.

Provan
Señor Presidente, lamento que el proceso de paz no haya avanzado y reconozco la frustración y la erosión de confianza que se han producido. Pero creo que debemos reconocer que en Israel hay un nuevo gobierno. Creo que debemos reconocer que un nuevo gobierno puede adoptar una postura diferente que el gobierno anterior y, nos guste o no, a eso se le llama «democracia».
Entre Europa y Oriente Medio existen fuertes vínculos políticos y comerciales. Va en nuestro interés que el proceso de paz continúe y, desde luego, que se acelere, porque a nadie le gustan las frustraciones del momento actual. La desestabilización es otra cosa más que está ocurriendo allí, ya proceda de Irán o de Irak. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es presionar para que haya una retirada militar de Hebrón. Esa debe ser nuestra máxima prioridad. Es un tema de vital importancia para el futuro del proceso de paz. Una solución duradera deberá reconocer asimismo los derechos de los palestinos. De esto no cabe duda. Los palestinos, sin embargo, deberán reconocer que Israel tiene algunos derechos y, según creo yo, todos quieren vivir en paz y con seguridad.
La Unión Europea es el principal contribuidor financiero de los palestinos. Pienso que la paz necesita ser recompensada. Los amigos tanto de Israel como de Palestina quieren que ambos vivan cómodamente uno al lado del otro, pero para conseguirlo se precisa diplomacia y no beligerancia. Muestro mis respetos al Rey Hussein, muestro mis respetos al presidente Mubarak de Egipto. Espero que la Unión Europea y los Estados Unidos de América puedan trabajar estrechamente unidos para conseguir lo que todos queremos: el desarrollo, la continuación y -esperemos- la conclusión del movimiento de paz.

Lüttge
Señor Presidente, igual que cuando se produjo el asesinato del Jefe de Gobierno, Isaac Rabin, ahora con ocasión del primer aniversario de su muerte se ha producido de nuevo una oleada de participación y, también, de reflexión por parte de la mayoría de la población israelí y de la comunidad internacional. Lamentablemente, también en esta ocasión se hallaba al margen una vez más una gran parte de la sociedad israelí, la parte que en este momento determina de manera notable la política y que está imbuida esencialmente por el fanatismo religioso y, a veces, por el fanatismo político.
Queremos decir resignadamente que los auténticos ganadores del asesinato de Rabin han sido el autor del atentado, Yigal Amir, los grupos terroristas de Hamas y, precisamente, esta parte del espectro político del país israelí. Sin embargo, con ocasión de este debate quisiera referirme a un aspecto que frecuentemente es ignorado por los expectadores, en concreto, a la complejidad de toda la situación. La seguridad, ante todo la seguridad, ocupa el lugar supremo para la población israelí, y esto hay que tenerlo en cuenta, incluso en lo que la Unión Europea pueda aportar en su actuación política concreta.
Cuando una colega mío pide aquí de forma irreflexiva la retirada del sur del Líbano, debe saber que con ello, naturalmente, está prediciendo la penetración de los grupos terroristas, de Hezbolah, y los disparos de katiutskas sobre la población del norte de Israel. Creo que tenemos que comprender que esto no debe ocurrir y que la retirada puede tener lugar solamente en el contexto general de una solución global de paz para todo el cercano oriente.
El papel de la Unión Europea debe ser un papel decente, ésta debe permanecer en segundo plano. Nuestro papel no debe ser como el que ha mostrado el Presidente Chirac. Su presencia en Israel fue un auténtico desastre. Creo que nosotros, los de la Unión Europea, deberíamos mantener una postura discreta allí e intentar hacer política desde un segundo plano.
El Rey Hussein dijo al pie de la tumba de Isaac Rabin lo siguiente: »Todos hemos de morir, pero si ha de ser así, entonces merece la pena morir por una causa, en este caso, por la paz». Y también dijo: »Mi amigo, el jefe de Gobierno Isaac Rabin, ha muerto por la paz». Esperemos que esta afirmación reciba un contenido concreto y que el proceso de paz pueda volver a ser llevado adelante.

De Esteban Martín
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar permítanme felicitar al ponente Sr. Colajanni por su magnífico informe sobre el proceso de paz en el Oriente Próximo.
Lamentablemente, los recientes acontecimientos han producido un bloqueo de este proceso de paz, que está atravesando un momento delicado y difícil. Nuestra principal preocupación desde el Parlamento Europeo -como hemos venido manifestando reiteradamente en esta Asamblea- debe ser, y ha sido siempre, la consecución para la zona de una paz duradera y estable.
Para que se consiga la paz en la zona es condición sine qua non que se apliquen con rigor los acuerdos de Oslo, ya que el diálogo es la única forma de conseguir la paz. El diálogo posibilita convertir la guerra en soluciones que se alejen de la dominación de un pueblo sobre otro, así como de los actos terroristas y de las presiones que sólo conllevarán desgracias e infortunios a todos. Como fruto de este diálogo hemos conseguido que ahora exista una Autoridad Palestina autónoma y reconocida, y será este mismo diálogo -y no otro tipo de medidas- el que posibilite la resolución de los conflictos con el especial apoyo de la Unión Europea, que debe desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de este diálogo y está obligada a ello.
La Unión debe ejercer un impulso diplomático que posibilite el avance en las negociaciones entre israelíes y palestinos, adquiriendo el protagonismo que le corresponde junto con otros mediadores como Estados Unidos. No sólo la economía puede ayudar a reestructurar el equilibrio de la región sino que también deben acompañar a esta cooperación económica iniciativas políticas.
La violencia reciente nos avisa peligrosamente de que es urgente alcanzar acuerdos concretos lo antes posible. Cualquier solución que no desemboque en la constitución de un verdadero Estado palestino intensificará el conflicto. Los principios de no violencia y reciprocidad son la única vía que permitirá encontrar soluciones y progresar en las negociaciones.
Señorías, hay que progresar urgentemente. Permítame para terminar, señor Presidente, apoyar el lema que ha circulado en las calles de Tel Aviv: sólo la paz detendrá la guerra.

Barros Moura
Señor Presidente, el Gobierno del Sr. Netanyahu ha lanzado un conjunto de acciones que violan ostensiblemente los acuerdos de paz. Acciones que van encaminadas a restituir situaciones de facto anteriores a los acuerdos y a desencadenar nuevos enfrentamientos entre las poblaciones palestina e israelí, que darían fuerza a los extremistas de ambos bandos y harían inviables la paz y la reconciliación. Considero que la tarea que se nos plantea es la de obstaculizar esa espiral.
Ya se ha dicho: nosotros tenemos que ser equilibrados; tenemos que estar contra los extremismos de los dos lados; tenemos que exigir el respeto de los derechos humanos en los dos lados; tenemos que incitar a que se hagan gestiones en pro de la reanudación de las negociaciones para volver a encarrilar el proceso de paz. Pero no debemos ocultar, ni blanquear, la responsabilidad determinante del nuevo Gobierno de Israel.
Creo que el informe Colajanni no es un informe desequilibrado. Considero muy lograda la fórmula de Ana Terrón, cuando ha dicho que «Es la situación la que se ha desequilibrado, por la que la Unión Europea debería intervenir para restituir los equilibrios perdidos en esa región». Tiene la obligación de hacerlo. La Unión no tiene -y debería tener- una política exterior y de seguridad común, pero tiene principios. Tiene principios que hacer valer.
La Unión tiene una presencia económica, financiera y humanitaria en el Oriente Medio muy superior a su efectividad y relieve político. Así, pues, es necesario que haga valer esos instrumentos políticos, económicos y financieros para dos cosas: impulsar el regreso del Gobierno de Israel al respeto de los acuerdos y al proceso de paz y apoyar a la población, la economía y a las autoridades palestinas y, por último, ejercer, con una sola voz, el papel que le compete en la región, con la que nos ligan tantos vínculos, de vecindad, de historia, de cultura y de solidaridad humana, por no hablar aquí del peligro de que no sólo se encienda la región, sino que, además, resulte desestabilizado todo el mundo islámico.
Considero que en este sentido el informe Colajanni aporta una base equilibrada para la intervención de la Unión Euopea.

Bernard-Reymond
Señor Presidente, el cambio de cabo de la política israelí, después de las elecciones que se desarrollaron en ese país, nos inquieta sobremanera. Nos inquieta por la paz en Medio Oriente. Nos inquieta, en un determinado plazo, por la seguridad de Israel.
De Madrid a Oslo, nos habíamos dedicado a creer que la frágil rama de la paz había finalmente echado raíces en tierra Palestina. Se había fijado un objetivo, se había trazado un camino, se había aprobado un calendario, había nacido una esperanza, según parece, la intransigencia está de vuelta. La reanudación de la colonización, la estructura altamente simbólica del statu quo en Jerusalén, las expulsiones, las rutas reservadas, los acordonamientos, pueden aparecer como algunos elementos que refuerzan la seguridad de Israel. En realidad, la fragilizan. Esas intervenciones crean un clima que hace el diálogo más difícil, incluso imposible y ofrecen a los extremistas, a todos los extremistas, las coartadas de su política. Por tanto, se necesita de una y otra parte, una gran sangre fría y mucha moderación para retomar el camino de la paz y de la cooperación.
Europa, que es el primer proveedor de fondos de la región y posee en su seno Estados que tienen una larga experiencia de esta región, que han demostrado que se preocupaban tanto de la seguridad de Israel como de la existencia del Estado palestino, le habría gustado contribuir aún más a la reanudación del proceso de paz. Los Estados Unidos hacen de ello un monopolio, como de muchas otras cuestiones. Es un papel a priori muy tentador, pero llega el día en que esta actitud puede volverse muy peligrosa y pesada, incluso para la primera y la única potencia mundial.
Hoy día, es verdad que no podemos hacer otra cosa sino advertir, dar nuestra opinión, eventualmente participar. Sin embargo, estoy seguro que, mañana, Europa existirá, entonces podremos aportar una contribución esencial a la solución de tales conflictos. Lo haremos con el deseo de lograr una cooperación internacional más amplia.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas dirigidas al Consejo (B4-1218/96).
Pregunta nº 1 del Sr. Camisón Asensio (H-0851/96):
Asunto: Directiva relativa a la limitación de explotación de aviones
¿Cuándo se propone el Consejo aprobar su propuesta de directiva modificando la Directiva 92/14 relativa a la limitación de la explotación de aviones?

Mitchell
El 4 de septiembre de 1996 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/14/CEE, relativa la limitación del uso de aviones objeto del Anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988). Con esta modificación se pretende: (a) actualizar el anexo de la directiva, incluida la lista de aviones de países en desarrollo que están exentos de la norma de no explotación hasta el 1 de abril del 2002; (b) dar a los Estados miembros que administran un sistema de aeropuertos la posibilidad de limitar o excluir el uso de algunos tipos de aviones más ruidosos en uno o más aeropuertos del sistema; y (c) introducir definiciones y otras modificaciones de redacción que intenten aclarar los objetivos de la Directiva 92/14/CEE a fin de facilitar una interpretación uniforme en la Comunidad.
La presente propuesta de directiva del Consejo será examinada por las instancias de éste último en un futuro próximo. Creo que el Parlamento está también examinando la propuesta y la aprobación por parte del Consejo, como usted sabrá, debe esperar al dictamen del Parlamento sobre la materia. Puesto que el examen por parte de las instancias del Consejo se encuentra en una primera etapa, no estoy en situación de dar a su Señoría información más precisa sobre cuándo podría el Consejo aprobar la propuesta.

Camisón Asensio
El problema que nos ha movido a plantear esta pregunta al Consejo es el que vienen sufriendo muchos ciudadanos europeos en bastantes ciudades de la Unión, a causa de los ruidos perturbadores que emanan de determinados aviones, generalmente anticuados, que producen molestias insufribles a muchas personas que habitan en las inmediaciones de los aeropuertos. Que se lo pregunten, si no, a los vecinos de Coslada, en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas en Madrid.
Estamos, Señorías, sencillamente ante un problema sanitario que afecta generalmente al sistema nervioso, y que tiene solución. ¿Cuál es? Limitar la explotación de ciertos tipos de aviones que, a estas alturas, todavía producen niveles de ruido superiores a los permitidos en la legislación comunitaria.
Nos congratula oír al Consejo que la solución está más cerca. La verdad es que ha dicho que «en un futuro próximo». Nos hubiera gustado que hubiera sido un poco más preciso pero, en fin, por lo menos vemos la sensibilidad del Consejo para buscar una solución rápidamente.

Mitchell
Sé que a todos nos preocupan las cuestiones que plantea Su Señoría. Desde luego me ocuparé en lo que pueda de que las preocupaciones que ha manifestado sean tenidas en cuenta. Estoy seguro de que él hará las gestiones pertinentes para que el Parlamento así lo haga al examinar el tema. Al mismo tiempo, desearía señalar que, al hacerlo, debemos tener especialmente en cuenta los intereses de los países en desarrollo, que quizá no sean capaces de cumplir los requisitos en el mismo intervalo de tiempo. Valoro la intención de la pregunta y estoy seguro de que todos la compartimos.

Elliot
Como diputado al Parlamento cuya circunscripción electoral está contigua al aeropuerto de Heathrow -el aeropuerto internacional con más tráfico del mundo- y en calidad de presidente del consorcio de administraciones locales que se oponen al ruido provocado por los aviones, el tema me preocupa profundamente.
¿Se incluyen en la propuesta los aviones privados de ejecutivos que proliferan cada vez más? En segundo lugar, aunque me complace mucho lo que se nos ha dicho y a pesar de que hemos hecho muchos progresos en eliminar los aviones más ruidosos, todos los aviones producen ruido en cierta medida, especialmente a determinadas horas del día. Muchos aeropuertos de la Unión Europea aplican prohibiciones nocturnas, aunque no todos lo hacen. ¿No opina el Consejo que es hora de que empezáramos a intentar armonizar las restricciones nocturnas a los aviones que vuelan por la Unión Europea a fin de conseguir una uniformidad y proteger la salud y calidad de vida de las personas que viven cerca de estos enormes aeropuertos?

Mitchell
No estoy seguro de que la directiva abarque los aviones privados, aunque creo que sí. En caso contrario, se lo comunicaré al Sr. diputado. En relación con la segunda pregunta de Su Señoría: creo que es algo en lo que hay que pensar y, desde luego, transmitiré sus comentarios a la Presidencia y al Consejo cuando se estén estudiando estas cuestiones.

El Presidente
Pregunta nº 2 de la Sra. McIntosh (H-0854/96):
Asunto: Intentos por atajar el problema de la EEB
¿No opina también el Consejo que la crisis de la EEB ha puesto de relieve la necesidad de un sistema más global de marcado y detectabilidad del ganado en toda la Unión Europea, lo que mejoraría el control de la enfermedad y aumentaría la confianza de los consumidores?
¿Tiene intención el Consejo de adoptar en un futuro próximo medidas tales como, por ejemplo, un sistema de doble etiquetado?
También es de vital importancia para el sector de la carne de vacuno del Reino Unido que se ponga en práctica un sistema eficaz de ayudas a la renta y al mercado. ¿Puede indicar el Consejo cómo se ha propuesto repartir la considerable suma en cuestión entre la Unión Europea y el Reino Unido?

Mitchell
El Consejo ha subrayado ya en numerosas ocasiones, la última de ellas en el Consejo informal de Killarney, la importancia primordial de aumentar la información al consumidor sobre la identificación y calidad de la carne de bovino. La Directiva 92/102/CEE, relativa a la identificación y al registro de animales, introdujo sistemas para identificar al ganado vacuno, ovino y porcino. La crisis de la EEB ha demostrado que los sistemas de identificación y registro de los ejemplares de raza bovina necesitan perfeccionarse. A principios de octubre el Consejo recibió propuestas de la Comisión cuyo fin era introducir un conjunto de medidas relativas a la identificación de las reses y al etiquetado de la carne. El propósito de las propuestas es facilitar la detectabilidad de los animales y la carne y contribuir además a restablecer la confianza de los consumidores. Las propuestas reforzarán las disposiciones de la actual directiva acerca de una base de datos central informatizada, un pasaporte para cada animal, un sistema de doble marcado en las orejas para identificar a cada animal y registros de las reses en cada explotación ganadera.
En respuesta a la crisis que ha experimentado el mercado de la carne de vacuno este año, la Comisión sacó a la luz una serie de propuestas que incluían: medidas para reducir la producción de carne de vacuno a corto y medio plazo, restaurando con ello el equilibrio de mercado después de la gran caída del consumo; la consecución de ahorros dentro de la Sección «Garantía» del FEOGA mediante la reducción de los pagos compensatorios por cultivos herbáceos a fin de resolver los problemas del sector de la carne de vacuno y ternero; y la introducción de modificaciones en el Reglamento 2328/91 relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. Un primer examen minucioso de estas propuestas en el Consejo de Agricultura del 16 y 17 de septiembre puso de manifiesto una gran divergencia de opiniones sobre cada una de las propuestas de la Comisión. En particular, preocupaba la propuesta de reducir las ayudas en el sector de los cultivos herbáceos y había reticencias sobre la propuesta de hacer obligatoria la prima por sacrificado de terneros. El Consejo de Ministros de Agricultura reunido en los días 28, 29 y 30 de octubre llegó a un acuerdo político sobre los principales elementos de la propuesta de la Comisión para modificar el reglamento básico que regula el mercado de la carne de vacuno y ternero. Las medidas acordadas están concebidas para restaurar el equilibrio del mercado de la carne de vacuno a corto o medio plazo e incluyen regímenes de primas por el sacrificado de terneros, ajustes de los límites máximos regionales de derechos a primas, ajustes de las normas de intervención, un mayor apoyo a la producción extensiva y el reconocimiento de que es necesaria una campaña de promoción.
En lo que respecta a los terneros, el Consejo decidió que los Estados miembros deberían disponer de varias posibilidades para reducir las cifras globales. Por lo tanto, en virtud del conjunto de medidas acordado en octubre, los Estados miembros pueden elegir entre una prima por procesamiento para los terneros machos, tal como propuso inicialmente la Comisión, una prima por comercialización temprana de los terneros o una combinación de ambas. Con estas medidas, que estarán en vigor por un período de dos años a partir del 1 de diciembre de 1996, se pretende alcanzar una reducción de como mínimo 1 millón de terneros en la Comunidad.
En lo que respecta a la financiación, el Consejo decidió que todo ajuste de gastos para 1998 debería tratarse de forma paralela a la elaboración del presupuesto agrario para dicho año. Como es lógico, esta decisión no prejuzga el dictamen del Parlamento Europeo sobre la materia. En relación con 1997, el Consejo adoptó una opinión favorable sobre la propuesta de la Comisión de aplazar los anticipos por semillas oleaginosas como medio de hacer frente a las necesidades presupuestarias de 1997. La decisión del Consejo sobre financiación debe aguardar a una propuesta de la Comisión de modificar el correspondiente reglamento y al dictamen del Parlamento europeo sobre dicha propuesta.
El Consejo de Ministros reconoció además que el conjunto de medidas acordado en el Consejo de octubre va encaminado a solucionar las consecuencias a corto plazo derivadas en particular de la crisis de la EEB y cree que es necesario hacer nuevos cambios en la prima por carne de bovino para alinear la oferta de carne de la Unión con el nivel probable de demanda externa e interna a largo plazo. El Consejo invitó a la Comisión a que examine este tema y presente propuestas en los seis próximos meses respecto a la carne de vacuno. El objetivo del Consejo es adoptar una decisión sobre dichas propuestas antes del 31 de diciembre de 1997. Las propuestas de la Comisión sobre estructuras agrarias serán examinadas en este contexto.
Además de las medidas destinadas a restablecer el equilibrio del mercado de la carne de ternero, el Consejo de Ministros de Agricultura reunido del 28 al 30 de octubre acordó asimismo el establecimiento de un conjunto de compensaciones adicionales por importe de 500 millones de ecus para apoyar los ingresos de los productores que se habían visto considerablemente reducidos a causa de la crisis de la EEB. El Consejo decidió asimismo la clave de reparto que se aplicará para la asignación de estas compensaciones adicionales entre Estados miembros.
En lo que respecta a la otra parte de la pregunta, de acuerdo con la clave de reparto acordada por el Consejo para la asignación de la suma adicional, el Reino Unido recibirá el 13, 1 %.

McIntosh
Agradezco al Presidente en ejercicio, Sr. Mitchell, que haya dado una respuesta tan completa. En relación con el porcentaje asignado al Reino Unido, ¿no está de acuerdo en que parece más justo asignar un porcentaje más elevado al país cuyo mercado y cuya confianza de los consumidores en el mismo han salido mas perjudicados?
Sobre la cuestión del marcado, en lo que respecta al sistema de etiquetado del ganado que el Consejo decida introducir, sea cual sea, ¿admitirá el Sr. Presidente en ejercicio que podría ser un sistema electrónico, como en el Ulster, o, donde éste sencillamente no sea práctico, un sistema sobre papel?
Mi interés se centra en la forma en la que el sistema funcionará en la práctica. Hay, claramente, determinadas zonas de la Unión Europea en las que no es posible introducir un sistema de marcado electrónico. En esas áreas es importante que se implante como mínimo un sistema generalizado en papel o el pasaporte del ganado.

Mitchell
Respecto a la segunda parte de la pregunta de Su Señoría, transmitiré sus comentarios al presidente del Consejo de Ministros de Agricultura. No estoy seguro de cómo incidiría en la industria un sistema como el que propone, pero por supuesto que sus preocupaciones las plantearé.
En relación con la sugerencia de que debiera destinarse una parte mayor de las asignaciones a los Estados miembros cuyo mercado se ha visto más afectado, desearía señalar que para un país como Irlanda, por ejemplo, que es mucho más pequeño que el Reino Unido y donde tenemos algo más de la mitad del número total de cabezas de ganado que se tienen en ese país, el efecto de rebote ha sido considerablemente mayor, porque en nuestro caso exportamos el 85 % de la producción. Así pues, en la asignación se han tenido en cuenta diversos factores. Al final, el Consejo de Ministros consideró que éste era el reparto más justo.

Thomas
Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio, Sr. Mitchell, por su amplia respuesta a la pregunta inicial. De hecho he leído las propuestas en torno a la Directiva 92/102 del Consejo y me parecen satisfactorias.
Sé que los ganaderos de West Anglia, la región a la que represento en el Reino Unido, han salido muy perjudicados por la crisis de la EEB y que todavía están sufriendo las consecuencias de la manera inadecuada en que el Gobierno del Reino Unido ha manejado el asunto.
Mi pregunta es la siguiente: en lo que respecta a la introducción de un sistema informatizado de bases de datos requerido para los Estados miembros, ¿prestaría el Consejo ayuda financiera de escala europea similar a la introducida para los planes de apoyo financiero?

Mitchell
Puedo confirmar que el Consejo recibió hace poco una propuesta de la Comisión acerca de un conjunto de medidas en el sector de la carne de bovino sobre la que se ha consultado al Parlamento Europeo. En cuanto reciba el dictamen del Parlamento Europeo, el Consejo, por supuesto, actuará con celeridad sobre la propuesta. Cuando el Consejo esté examinando estas cuestiones, transmitiré al Presidente en ejercicio del Consejo las preocupaciones que expresa Su Señoría, pero no estoy en situación de comprometerme en ese sentido ahora mismo.

El Presidente
Pregunta nº 3 de la Sra. Sandbæk (H-0856/96):
Asunto: Posición del Consejo respecto a la utilización del mecanismo de Moscú
Amnistía Internacional publicó el 27.09.96 un informe sobre los Derechos humanos en Turquía. En este informe se recomienda que se utilice el denominado mecanismo de Moscú en el marco de la OSCE, de manera que, con o sin la aprobación de Turquía, se envíe una delegación a este país para investigar la situación de los derechos humanos.
¿Qué piensa el Consejo de esta posibilidad y qué se propone hacer al respecto?

Mitchell
El Consejo sigue con gran atención la situación de los derechos humanos en Turquía y se dedica de manera activa a temas que le preocupan sobre vulneraciones en este área, tanto en sus contactos con las autoridades turcas en el marco del diálogo político UE/Turquía como en el diálogo multilateral dentro de la OSCE.
A dichas autoridades les ha dejado claro, y continuará haciéndolo, que la observancia del estado de derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye la base de unas relaciones más estrechas entre Turquía y la Unión Europea. La OSCE, vigilando la ejecución de los compromisos de sus estados participantes, es capaz de contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia y del estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales como cuestiones de directo y legítimo interés para todos los estados participantes.
El Consejo es consciente de las posibilidades que ofrece el mecanismo de Moscú dentro de la OSCE. Aunque el mecanismo contempla la posibilidad de que los estados que participan en la OSCE decidan constituir una delegación de ésta para investigar la situación de los derechos humanos en otro estado de la organización, en la práctica es esencial que coopere este último estado para que la delegación sea operante. Aunque el Consejo opina que el mecanismo de Moscú constituye un instrumento útil en determinados casos, no le ha parecido que sea el medio más indicado para abordar el tema al que se refiere Su Señoría.
La Unión Europea seguirá observando detenidamente cómo evoluciona la situación y haciendo llamamientos a Turquía para que respete los compromisos en materia de derechos humanos que ha contraído en la OSCE así como en otras organizaciones que vienen al caso, como el Consejo de Europa.

Sandbæk
Quisiera saber qué motivos tenía el Consejo para no considerar válido ese mecanismo. Con ello quiero decir: ¿por qué opinaba el Consejo que no se debía enviar una delegación a Turquía, cuando es evidente que ese país no cumple los derechos humanos, y las violaciones de los mismos son cada vez peores? Me parece que el informe deja la situación muy clara. ¿Cuál es el motivo de no hacer nada en absoluto al respecto?

Mitchell
Tal como he dicho respondiendo a Su Señoría, en la práctica es de vital importancia para el éxito de estas misiones que el estado que se pretende visitar coopere. La OSCE ha evolucionado considerablemente desde el mecanismo de Moscú, que se acordó en 1991. La organización cuenta ahora con un Consejo permanente que se reúne con periodicidad semanal y que ahora ofrece la oportunidad de abordar todos los temas que afectan a la OSCE.
La asamblea parlamentaria de la OSCE ha abordado igualmente el tema de los acontecimientos en el campo de los derechos humanos y ha enviado una delegación a Turquía. De modo que el mecanismo de Moscú no es exclusivo y, sopesando los pros y los contras, parece que enviar dicha delegación sin contar con la cooperación del estado receptor no sería positivo en esta ocasión. Pero es una cuestión en la que pueden variar las circunstancias. Hay otras formas de intentar influir en la situación y el Consejo está haciendo todo lo que está en su poder para usarlas.

Ephremidis
Señor Presidente, la respuesta, lamentablemente, no es completa. El representante del Consejo insiste en la aplicación de los métodos convencionales y conocidos. La cuestión es por qué el Consejo no quiere utilizar este mecanismo especial de Moscú cuando todos los demás han fallado. E insisto, señor Presidente, porque hoy he recibido un telegrama de Ankara enviado por las organizaciones de derechos humanos, en el que consta, primero, que 150 personas en huelga de hambre en las cárceles están en peligro de muerte, 15 de ellos ya han sido trasladados a hospitales y están a punto de morir y la muerte de los otros es inminente; y, segundo, que estas organizaciones están intentando entrevistarse con el fiscal responsable del caso y ver a los presos para encontrar una solución. La fiscalía se niega a autorizar las visitas a los presos y a encontrar una solución que ponga fin a la huelga. ¿Por qué motivo, señor Mitchell, el Consejo no procede a aplicar de inmediato el mecanismo especial de Moscú? Este mecanismo no se inventó en vano. Se acordó para los casos en que no hubieran surtido efecto los demás mecanismos. ¿A qué se debe esta obstinación suya en negarse a aplicarlo?

Mitchell
Me permito señalar que no es el Consejo el que debe utilizar el mecanismo de Moscú, es la OSCE la que debe utilizarlo. Aquí estoy respondiendo a preguntas en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Diré que la Unión Europea reconoce la necesidad de que haya nuevas mejoras y avances en cuanto a la aplicación de los derechos humanos y las libertades democráticas en Turquía. Hemos seguido dejando claro a las autoridades turcas que la observancia del estado de derecho y de las libertades básicas constituye la base de un continuo acercamiento entre la Unión Europea y Turquía. Tomamos nota de las promesas hechas por las autoridades turcas de que tienen intención de proseguir el proceso de reforma constitucional y legislativa y seguimos haciendo presión para que sigan por ese camino.
El Presidente en ejercicio del Consejo ha mantenido tres reuniones con la Viceprimera Ministra, Sra. Ciller, a fin de insistir en la importancia que otorgamos a que se progrese pronto en la aprobación y puesta en práctica de la nuevas reformas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos; seguiremos dedicándonos al tema en los contactos con Turquía. La Comisión ha apoyado a ONG y a organizaciones profesionales dedicadas a fomentar los derechos humanos desde hace varios años, entre ellas la Asociación pro Derechos Humanos, la Fundación para los Derechos Humanos y la Asociación Médica Turca. La Comisión seguirá cooperando y concediendo ayudas a diversos proyectos destinados a fomentar los derechos humanos en Turquía.
En el informe de Amnistía Internacional se plantean claramente muchos problemas de derechos humanos que siguen siendo de gran preocupación para el Consejo. Hemos dejado clara nuestra opinión de que son necesarias nuevas reformas en áreas como los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertades democráticas, y seguiremos haciéndolo.
Por último, el Consejo apoyaría cualquier iniciativa encaminada a investigar las denuncias de violación de los derechos humanos y la cuestión de las personas de las que se ha informado sobre su desaparición. Ello no podrá sino contribuir a una mayor apertura al tratar estos temas. Personalmente, me gustaría que se hiciera una investigación completa, minuciosa e imparcial sobre el estado de los que han desaparecido en Turquía, pero la pregunta se refería al mecanismo de Moscú y, por las razones que he alegado, creo que las opiniones y respuestas dadas deben seguir en pie.

Lindqvist
Señor Presidente, no es la primera vez que se somete a debate la cuestión de los derechos humanos y Turquía. Ya se hizo ayer, con el planteamiento de una pregunta similar a la Comisión. También se trató hace un mes, y hace dos meses.
Pertenezco a los que, hace escasamente un año, en diciembre de 1995, votaron en contra del acuerdo de Unión Aduanera. Hay quien votó a favor. Varios de mis colegas lamentan haberlo hecho. Mi pregunta es: ¿Si no se acepta la aplicación del mecanismo de Moscú sobre el que trata la pregunta, qué se está dispuesto a hacer, además de lo que indica el Consejo, que es «aguardar el paso de los acontecimientos»? Y si una de las partes no respeta un acuerdo, no es natural que la otra lo derogue, ya que un acuerdo se compone de obligaciones recíprocas?

Mitchell
Me he extendido ya mucho sobre las iniciativas que está tomando el Consejo a este respecto. El Presidente en ejercicio, Sr. Spring, se ha reunido con la Sra. Ciller en tres ocasiones en el pasado reciente. ¡Sólo llevamos cinco meses en ejercicio! Es una indicación clara de hasta qué punto toman en serio el Sr. Spring y la Presidencia irlandesa las preocupaciones del Parlamento Europeo, y seguiremos haciéndolo.
Cualquier lectura que se haga del acta mostrará que la contundencia de mi respuesta de hoy indica que formamos bloque común con el Parlamento. Pero no estoy a favor de emplear ejercicios cosméticos. Si creemos que un ejercicio funcionará, nos dedicaremos a él. Pero, en opinión del Consejo en este preciso momento, por las razones que he expuesto, no consideramos que al Consejo le corresponda poner en marcha el mecanismo de Moscú.

El Presidente
Pregunta nº 4 de la Sra. Ahlqvist (H-0859/96):
Asunto: Los últimos acontecimientos en Belarús
El Presidente de Belarús, Sr. Lukasjenko, intenta reforzar su poder constitucional en Belarús, disolver el actual Parlamento y establecer un régimen presidencial autoritario. Ha convocado un referéndum sobre su propuesta para el día 7 de noviembre. El Parlamento ha contestado con la convocatoria de otro referéndum el 24 de noviembre. El Presidente de Rusia ha presionado firmemente al Presidente de Belarús para que llegue a un compromiso con el Parlamento sobre la nueva Constitución del país. Sin embargo, el Presidente de Belarús ha modificado únicamente un detalle en su propuesta de Constitución.
¿Ha ejercido el Consejo algún tipo de presión sobre el Presidente de Belarús para evitar que éste margine al Parlamento de su país? ¿Ha deliberado el Consejo sobre la manera en que la Unión Europea en su conjunto debe protestar contra el intento del Presidente de Belarús de introducir un régimen presidencial autoritario en nuestro continente en el año 1996?

Mitchell
El Consejo comparte las preocupaciones expresadas por su Señoría acerca de la situación política en Bielorrusia y las ha hecho saber a las autoridades de este país. El tema fue debatido por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en el Consejo Europeo especial de Dublín del 5 de octubre, en el que se acordó que las preocupaciones de la Unión sobre la reciente evolución negativa tendrían que comunicarse a las autoridades bielorrusas. Dichas preocupaciones se transmitieron mediante una diligencia realizada por los embajadores de la UE en Minsk el 14 de octubre.
Por otro lado se decidió, junto con los países asociados de Europa central y oriental y Chipre y Malta, reiterar dichas preocupaciones en una declaración realizada el 18 de octubre pasado. En la declaración se expresaba la preocupación de la Unión Europea y se instaba a todas las partes a alcanzar una solución que respetara plenamente las prerrogativas del Parlamento y del Tribunal Constitucional y los principios democráticos. Se hacía especial hincapié en la importancia de la libertad de los medios de comunicación y de la asamblea pública, así como en el deseo de la UE de que Bielorrusia desempeñe una plena función en Europa, en cooperación con las instituciones europeas.
El Consejo constata que una sentencia del Tribunal Constitucional bielorruso del 4 de noviembre pasado dejó claro que sólo el Parlamento podría tomar una decisión definitiva sobre las enmiendas de la constitución. Según se ha dado a entender al Consejo, el referéndum nacional propuesto puede celebrarse el 24 de noviembre, pero las propuestas alternativas de modificar la constitución se someterán únicamente a votación consultiva y no vinculante. La Unión Europea sigue vigilando la situación con miras a cualquier nueva actuación que pueda resultar oportuna.

Ahlqvist
Le agradezco su respuesta al Consejo. Ninguna de nuestras acciones ha influido sobre el Presidente de Bielorrusia. La información y la diplomacia acostumbran a ser unos instrumentos excelentes de actuación en estos casos, pero no parecen tener efecto alguno por lo que respecta a Bielorrusia. ¿Ha debatido el Consejo sobre otros caminos por los que conseguir que el Presidente bielorruso se muestre menos autoritario en sus funciones? ¿Se ha debatido sobre la posibilidad de interrumpir la cooperación en el marco del programa Tacis? Algo hay que hacer -no podemos limitarnos a esperar. Pienso que el Consejo debería dar unas muestras máas inequívocas de su insatisfacción.

Mitchell
Al expresar nuestra indignación, hemos de tener cuidado de no castigar más a la población de Bielorrusia, que ya sufre bastantes padecimientos. No creo que dando esos pasos que se han propuesto en relación con TACIS se llegara necesariamente el efecto que indica Su Señoría.
Tal como he declarado en mi respuesta, seguimos vigilando la situación. El Consejo seguirá la evolución de los acontecimientos muy de cerca con miras a emprender nuevas actuaciones si éstas se consideraran oportunas. Evidentemente, cualquier nueva actuación de ese tipo será objeto de debate y acuerdo en el seno del Consejo, pero aseguro a Su Señoría que continuaremos examinando de cerca la situación.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 5 no se formula.
Pregunta nº 6 del Sr. Andersson (H-0868/96):
Asunto: Lucha contra los daños producidos por el consumo de bebidas alcohólicas
El alcohol es la causa de numerosos problemas sociales y de elevados gastos a cargo de la seguridad social. A pesar de ello, el alcohol se considera en algunos países como un producto agrícola más. A mi juicio, el alcohol debería considerarse como una cuestión de política sanitaria.
¿Qué iniciativas se propone adoptar la Presidencia irlandesa para atraer la atención sobre los daños que produce el alcohol?

Mitchell
No hay ante en Consejo en la actualidad ninguna propuesta que se refiera específicamente a combatir los efectos perjudiciales del alcohol. Sin embargo, Su Señoría estará al corriente de que el 29 de marzo pasado el Parlamento Europeo, en codecisión con el Consejo, adoptó una decisión por la que se establecía un programa de acción comunitario de promoción, información, educación y formación en materia de salud en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública. El fin de este programa es aumentar la concienciación sobre los factores de riesgo para la salud y los aspectos que la favorecen y fomentar la adopción de estilos de vida beneficiosos para la salud. El programa contempla varias medidas específicas de prevención y de fomento de la salud, entre ellas medidas que impulsen el estudio, la evaluación y el intercambio de experiencias relativas al abuso del alcohol y a sus consecuencias sanitarias y sociales, y financia actividades relacionadas con lo anterior.
El programa lo ejecuta la Comisión en estrecha cooperación con los Estados miembros y las instituciones y organizaciones que intervienen en el fomento de la salud, con ayuda de un comité consultivo especial.

Andersson
Le agradezco su respuesta al Consejo. Existen muchas y diversas tradiciones en materia de política en torno al consumo de alcohol. El motivo de mi pregunta es que me he dado cuenta de que este tema se trata en muchos países de Europa como una cuestión perteneciente al mercado interior, como cualquier otro producto. Yo no creo que el alcohol sea un producto cualquiera. Sus efectos nocivos han sido documentados gracias a la investigación. Es la causa de muchas enfermedades, y está bien claro que su abuso constituye un riesgo para la salud.
En una serie de países, entre ellos el mío, Suecia, hemos intentado disminuir sus efectos dañinos reduciendo las posibilidades de acceso. Esto se ha conseguido a través de una presión fiscal elevada, impidiendo que los jóvenes lo consuman, y teniendo unas normas rigurosas para su entrada en el país. Voy a formular una pregunta sobre la entrada. ¿No es posible que ciertos países conserven unas normas de entrada más rigurosas, acogiéndose a la salvaguardia del artículo 36, que hace referencia a las excepciones al mercado interior en casos que afecten a la salud del ciudadano? ¿Cuál es la opinión del Consejo sobre esto?

Mitchell
En relación con la última parte de la pregunta de Su Señoría, si formula por escrito una pregunta aparte intentaré responder a la misma. Me temo que no tengo la información a mano.
Una de las cosas que me sorprendió al preparar la respuesta a la pregunta de Su Señoría fue que, en el poco tiempo del que se disponía, no nos era posible determinar ni hacer siquiera una estimación precisa que yo pudiera dar a la Asamblea sobre el número de alcohólicos de la Unión Europea. Creo que si queremos atajar el problema, lo primero que tendríamos que hacer es determinar su alcance; de modo que, a mi juicio, hay mucho trabajo por hacer.
La Presidencia está de acuerdo con Su Señoría en que se trata de un problema importante. Somos conscientes del daño que causa a nuestra sociedad el abuso del alcohol y de los costes sociales que conlleva. En mi propio país, el Gobierno puso en marcha en septiembre una política nacional sobre el alcohol basada en un enfoque multisectorial que reúne de forma coordinada a un amplio conjunto de organizaciones oficiales y no oficiales para que trabajen juntas en reducir la incidencia de los problemas relacionados con el alcohol en la sociedad irlandesa, haciendo hincapié en que el alcohol se consuma con moderación. Esta política nacional sobre el alcohol desanimará a los menores de edad y disuadirá del consumo excesivo gracias a una labor de concienciación sobre el alcoholismo y el fomento de la participación en actividades alternativas. Los poderes públicos nacionales propugnarán la ampliación de los programas de tratamiento. Esto es consecuencia lógica del apoyo por parte de Irlanda a la Carta Europea sobre el alcohol aprobada en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud del pasado diciembre en París.
La Presidencia mirará con buenos ojos todas las propuestas de actuación a escala comunitaria que aporten valor añadido a lo que se está haciendo a nivel nacional, pero en este momento no hay propuestas que yo conozca aparte de las que he mencionado.

El Presidente
Pregunta nº 7 del Sr. Lindqvist (H-0871/96):
Asunto: Política sueca en materia de bebidas alcohólicas
Suecia aplica una política muy restrictiva en materia de alcohol con un alto nivel de impuestos, control de la venta y normas muy estrictas en lo relativo a su introducción en el país. Estos factores constituyen la base del planteamiento social y sanitario que Suecia considera que ha frenado el consumo de bebidas alcohólicas. A finales del siglo pasado y a comienzos de éste el consumo excesivo de bebidas alcohólicas era general en Suecia. El modelo sueco en materia de bebidas alcohólicas ha contribuido a reducir este consumo excesivo de alcohol. Los ingresos procedentes de los altos impuestos a que están sometidos las bebidas alcohólicas financian actualmente una gran parte de los costes derivados del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol. Para poder mantener este modelo es necesario que se prevea una excepción permanente para Suecia en lo relativo a restricciones a la importación de bebidas alcohólicas procedentes de otros países de la UE. ¿Es posible otorgar a Suecia esta excepción permanente?

Mitchell
El Tratado de Adhesión de Suecia a la Unión Europea prevé que este país pueda mantener, durante un período transitorio, restricciones cuantitativas a la importación de cigarrillos y otros productos del tabaco, bebidas espirituosas, vinos y cervezas de otros Estados miembros de acuerdo con las condiciones definidas en el artículo 26 de la Directiva 92/12/CEE. El artículo es aplicable «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, hasta el 31 de diciembre de 1996, y mediante un mecanismo de revisión similar al previsto en el artículo 28 terdecies de la Directiva 77/388/CEE», referida al régimen común del IVA.
La idea que tiene la Presidencia es que para Suecia sería preferible una vigilancia explícita del régimen del IVA. Sin embargo, en ausencia de una propuesta de la Comisión para modificar estas disposiciones, el Consejo no puede hacer comentarios sobre la pregunta de Su Señoría.

Lindqvist
La política nórdica restrictiva en cuanto al consumo de alcohol se basa en unos impuestos elevados, la venta controlada y unas normas estrictas en cuanto a su introducción en el país, como acaba de decir Jan Andersson. Ha tenido mucho éxito, y está motivada por cuestiones de salud pública. Ha moderado el consumo y disminuido el abuso. Además, financia iniciativas dentro del sector médico que son necesarias en base al deterioro que sobre la salud produce el consumo de alcohol. Deseamos conservar estas normas bajo la modalidad de excepción permanente. Y pregunto qué motivos hay para impedirle a un país que conserve estas normas, que promueven la salud pública.

Mitchell
Estamos integrados en una Unión que tiene un mercado interior. Algunos miembros negociaron una excepción. La Presidencia comprende totalmente las razones que justifican la pregunta de Su Señoría, pero dicha excepción prescribirá a finales del próximo mes de diciembre. Querría atraer la atención de Su Señoría hacia el hecho de que, al adoptar por codecisión un programa de acción comunitario de promoción, información, educación y formación en el ámbito de la salud pública, el Parlamento Europeo y el Consejo han prestado especial atención a los problemas relacionados con el abuso del alcohol y sus consecuencias sanitarias y sociales. Creo que se están barajando varias posibilidades, entre ellas la de ampliar la excepción hasta principios del próximo siglo, pero el Sr. diputado quizá debiera averiguarlo directamente de la Comisión. Entiendo asimismo que si hay una nueva excepción transitoria no será más que eso, una nueva excepción transitoria.

Andersson
Vuelvo sobre mi pregunta, ya que es correcto, como afirma el Presidente, que este asunto gira en torno al mercado interior y sus excepciones. Pero, ¿Por qué es ésta una excepción cualquiera? Tenemos un artículo 36, que trata entre otras cosas de los aspectos relativos a la salud. Si se aplica este artículo en lo referente al alcohol, la política en esta materia podría constituir una excepción permanente, ya que se ha demostrado que el alcohol daña la salud de las personas. ¿Por qué no es posible, según el Consejo?

Mitchell
Volviendo a la pregunta anterior, se basaba en el otro artículo, que se refiere a los productos agrarios. Si el Sr. diputado pone por escrito una pregunta en relación con este artículo concreto intentaré responderla. Es una pregunta aparte.

Sjöstedt
Señor Presidente, en este debate es central el acuerdo sueco de adhesión concluido con la Unión Europea. Cuando se transmitió el contenido del acuerdo en Suecia en conexión con el debate que precedió al referéndum, se dijo que se necesitaba una decisión unánime del Consejo de Ministros para modificar los límites en cuanto a la introducción de alcohol en el país, y que por ello Suecia podía vetar una nueva normativa. ¿Comparte el Consejo de Ministros la convicción de que es éste el procedimiento válido de decisión?

Mitchell
Sólo puedo responder que el artículo dice: »sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, hasta el 31 de diciembre de 1996, y mediante un mecanismo de revisión similar al previsto en el artículo 28 terdecies de la Directiva 77/388/CEE», referida al régimen común del IVA. Ésta sigue siendo la situación.
Tengo entendido que se han hecho varias peticiones y que la Comisión está considerando la posibilidad de ampliar temporalmente la excepción hasta principios del próximo siglo, pero Su Señoría obtendría mucha más información sobre la probabilidad de que esto ocurra si dirige una pregunta a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 8 formulada por el Sr. Arias Cañete (H-0873/96):
Asunto: Diseño de piezas de recambio para automóviles
¿Sabe el Consejo que en los países en los que no existe un monopolio sobre el diseño de las piezas, los precios de los recambios de automóviles son más baratos que en las legislaciones que aceptan dicho monopolio?
¿Va a ser éste un criterio que el Consejo va a tener en cuenta cuando fije su posición sobre la propuesta de Directiva de protección legal de los diseños?

Mitchell
No es ningún secreto que la protección de los diseños de los componentes de productos complejos, tales como las piezas de recambio para automóviles, es uno de los temas más controvertidos que ha suscitado la propuesta de directiva sobre protección legal de los diseños. El Consejo espera poder adoptar una posición común sobre la propuesta en el futuro próximo. Mientras tanto, Su Señoría comprenderá que, aunque el Consejo está totalmente enterado de las cuestiones en debate, por el momento no puede decir nada que pueda prejuzgar su posición común.

Arias Cañete
Quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta; respuesta enormemente diplomática que no aclara nada cuál es la situación. El Parlamento aprobó, en octubre de 1995, en primera lectura, la cláusula de reparación, proponiendo que se estudiase que la industria de los componentes pagara un precio razonable a los fabricantes por el derecho del uso del diseño de piezas de recambio a partir de la primera comercialización de un nuevo modelo.
El Comisario Monti manifestó la intención de la Comisión de seguir el camino indicado por el Parlamento, manteniendo y apoyando la cláusula de reparación. El Presidente en ejercicio del Consejo se limita a decir que el Consejo piensa solucionar este tema en el futuro, pero no indica si la Presidencia irlandesa va a hacer alguna propuesta en el sentido de apoyar las tesis del Parlamento y de la Comisión, o si, por el contrario, va a mantener alternativas más favorables a los fabricantes de automóviles y a los titulares de los diseños.
Por lo tanto, nos gustaría disponer de alguna posición más explícita de la Presidencia irlandesa sobre cuál va a ser la propuesta que se va a hacer: defender lo que el Parlamento y la Comisión han dicho o, por el contrario, defender posiciones alternativas mucho más desfavorables para los consumidores.

Mitchell
El tema que se plantea es si puede hacerse, y en su caso, en qué condiciones, una excepción a las normas generales que regulan la protección de los diseños, esto es, los derechos exclusivos, para permitir que terceras partes utilicen piezas de recambio sin la autorización del titular del derecho a fin de reparar productos complejos como vehículos de motor. Hasta que no me ocupé de este expediente no me di cuenta de lo complejos que pueden ser los vehículos de motor.
En la propuesta inicial de la Comisión se contemplaba una excepción por la cual el derecho al diseño dejaría de poder invocarse contra un uso de ese tipo después de un período de tres años. El plazo normal de protección de los diseños al amparo de la directiva es de 25 años. La Comisión consideraba que para productos complejos de coste elevado y de larga duración, tales como los vehículos de motor, la protección del diseño relativo a los componentes podía excluir o limitar la competencia, creando un mercado cautivo de piezas de repuesto en ausencia de una excepción apropiada.
Su Señoría comprenderá que prosiguen las conversaciones encaminadas a llegar a una posición común. Así pues, no sería de mucha ayuda que yo en este momento me extendiera más sobre el asunto. Sin embargo, tal como he señalado, se espera que el Consejo se encuentre pronto en situación de alcanzar dicha posición común.

Needle
Gracias, señor Presidente en ejercicio, por esta respuesta suplementaria. Al igual que usted, he descubierto lo controvertido que es este tema. Comprendo su carácter sensible, pero estoy seguro de que usted está al corriente del creciente interés que está suscitando la directiva en el Reino Unido y otros lugares y que, de hecho, ha sido alentado por artículos o comentarios muy críticos en la televisión y otros medios de comunicación.
Durante los dos últimos meses, a mis compañeros diputados y a mí nos han llegado protestas de lo más enérgicas por parte de pequeñas empresas pertenecientes al sector de venta al por menor de repuestos de automóviles y de propietarios de vehículos de cierta edad -en los que la sustitución de piezas es ya difícil de por sí-, todos los cuales apoyan la posición revisada del Parlamento frente a la propuesta inicial. Así pues, ¿podría usted garantizar que una presión excesiva por parte de los fabricantes no distorsione las posturas que deberán tomarse en el Consejo de Mercado Interior del 25 de noviembre? ¿Prestará usted especial atención al carácter y alcance de cualquier pago de derechos que se proponga y que, de adoptarse, deberá reducirse a un tipo mínimo y con una burocracia mínima?

Mitchell
Me ocuparé de que las opiniones de Su Señoría sean tenidas en cuenta. Creo que la reunión de mercado interior es el 26 de noviembre y se espera adoptar una posición común en la reunión del Consejo de ese día.

Howitt
Comprendo que quizá el Consejo considera que ha ido todo lo lejos que podía en cuanto a comentarios esta noche, de modo que no voy a presionar más a ese respecto. Quizá no le importe hacer un comentario personal sobre el funcionamiento de la Directiva nº 1475 que ya se ha aprobado. Lleva en el corpus legislativo más de un año y lo que tengo entendido es que sigue habiendo empresas que sencillamente se niegan a acatarla. BMW, según me ha dicho una pequeña empresa de mi circunscripción -Whitford Motor Industry Services- se limita a dar un no rotundo; sus distribuidores dan un no rotundo cuando les piden manuales técnicos, incluso a los dueños de dichos automóviles. Si esa es la experiencia de una directiva que ya forma parte del Derecho europeo, ¿puede el Presidente en ejercicio ocuparse, por favor, de que se pongan en primer lugar los intereses de los consumidores y de las pequeñas empresas cuando ustedes deliberen sobre este asunto?

Mitchell
Si un Estado miembro no aplica el Derecho de la Unión Europea, le corresponde a la Comisión encargarse del tema. En relación con el problema que nos ocupa, agradezco al Sr. diputado su comprensión. No quiero decir ni hacer nada que pudiera trastornar las negociaciones, las cuales se encuentran en una fase delicada, y en las que el Consejo se esforzará por adoptar una posición común en un plazo de dos semanas. Pero me ocuparé de que las preocupaciones manifestadas hoy aquí lleguen a la atención del Presidente en ejercicio del Consejo.

El Presidente
Pregunta nº 9 del Sr. Wibe (H-0875/96):
Asunto: Elecciones municipales en Albania
La OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) decidió no enviar observadores a las elecciones municipales de Albania de octubre debido a que no se podía enviar el número de observadores deseado. Con anterioridad, la OSCE había censurado las elecciones nacionales de Albania basándose en los informes de sus observadores internacionales sobre las irregularidades cometidas sistemáticamente por el partido gubernamental durante el proceso electoral.
¿Cuál es actualmente la posición del Consejo sobre Albania? ¿Ha seguido de cerca el Consejo el desarrollo de las elecciones municipales en Albania?

Mitchell
El Consejo lamenta que la asamblea parlamentaria de la OSCE y el ODIHR no participaran en la observación de la elecciones municipales en Albania. El Consejo había dejado claro al Gobierno albanés la rotunda opinión de la Unión Europea y del ODIHR de que este último debía participar en el seguimiento de las elecciones. También instamos al Gobierno albanés a que tomara todas las medidas necesarias para garantizar que las elecciones se celebraran de forma libre y limpia, con unos procedimientos y un desarrollo que respondieran a unos niveles internacionalmente aceptados para el proceso democrático.
El Consejo ha tomado nota de que vigilaron las elecciones más de 300 observadores internacionales, entre ellos observadores de varios Estados miembros de la Unión Europea. También hemos tomado nota de que el Consejo de Europa, que coordinó la operación internacional de seguimiento, ha afirmado que está en general convencido de que las elecciones se celebraron de forma libre y limpia a pesar de algunas irregularidades aisladas en ciertos distritos.
Aunque acogemos con satisfacción esta valoración inicial como paso positivo en la buena dirección, el Consejo examinará con más detalle, cuando estén disponibles, los informes definitivos de los observadores internacionales sobre el desarrollo de las elecciones antes de llegar a una conclusión sobre la aceptabilidad de las elecciones y sus resultados. El Gobierno de Albania ha asegurado a la Unión Europea su deseo de progresar en el área de la reforma democrática y constitucional. El Consejo sigue instando al Gobierno albanés a que ponga pronto en práctica estas promesas y a que acelere la aplicación de la medidas de reforma.

Wibe
Le agradezco su respuesta. Es absolutamente cierto, como dice el representante del Consejo, que las elecciones locales transcurrieron de un modo relativamente correcto. Pero estamos tratando con un gobierno que basa su poder en un flagrante fraude electoral en las elecciones ordinarias al Parlamento. Pienso que deberíamos someter a una presión contínua a este Gobierno por parte de la Unión. La pregunta natural al Consejo es: ¿Va a plantearle a Albania unas exigencias en este sentido, por ejemplo de nueva celebración de elecciones? ¿Han pensado amenazar, planificar o considerar la posibilidad de unas sanciones económicas contra el Gobierno por su renuencia a realizar unas nuevas elecciones limpias al Parlamento?

Mitchell
Debemos siempre recordar que las sanciones económicas no son contra del Gobierno, son contra la población; y es la población de Albania la que sufrirá si se imponen sanciones económicas. Cualquiera que tenga conocimiento de Albania sabrá que la población del país está ya sufriendo mucho.
El Consejo desea mantener las relaciones con Albania y profundizar en ellas. Reconocemos los progresos que ha realizado el país hasta la fecha en la reforma de su economía y en el intento de avanzar hacia una democracia pluripartidista. Consideramos conveniente que se siga impulsando este progreso y que se contribuya al mismo mediante relaciones contractuales más estrechas con la Unión Europea. La primera vez que ésta estableció vínculos contractuales con Albania fue en 1992 y, a su debido tiempo, la Comisión presentará un proyecto de mandato del Consejo para negociar con Albania un nuevo acuerdo bilateral. Esto nos ofrece algunas posibilidades de seguir por la línea que sugiere Su Señoría.
Deseamos que Albania comprenda claramente que la Unión Europea sólo podrá seguir desarrollando sus relaciones políticas y económicas con ella si se continúan haciendo progresos en la introducción de reformas democráticas.

Posselt
Señor Presidente, quisiera preguntar si las elecciones en Albania han sido realmente una confirmación de las elecciones nacionales. En las elecciones comunales el resultado ha sido el mismo que en las elecciones nacionales, y las elecciones nacionales han sido reconocidas por todos como limpias, por consiguiente, confirman en este sentido las elecciones nacionales. Por esta razón, quisiera preguntarle si Albania no se diferencia de los estados vecinos en este punto.
Consideren, por ejemplo, el desarrollo en Kosovo. En las recientes elecciones no se ha producido ningún avance. Me interesaría saber qué piensa al respecto el Consejo. Por lo demás, pregunto si no sería acertado desarrollar las relaciones económicas con Albania, en vez de rechazarlas, para impulsar el proceso de reforma en este país.

Mitchell
Su Señoría deducirá de mis respuestas anteriores que la Unión Europea, y desde luego el Consejo de Ministros, ve posibilidades de desarrollar relaciones con Albania e influir así en ella.
En relación con los resultados de las elecciones, como ya he dicho, acogemos con satisfacción la valoración inicial pero examinaremos los informes definitivos de los observadores internacionales sobre el desarrollo de las elecciones antes de decidir sobre su limpieza o falta de ella.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 10 no se formula.
Pregunta nº 11 de la Sra. Izquierdo Rojo (H-0876/96):
Asunto: Derechos de la mujer y Conferencia Intergubernamental
Ante la próxima Conferencia Intergubernamental y en relación con sus propuestas y trabajos, ¿puede la Presidencia irlandesa concretar su aportación a la defensa de los derechos de la mujer, su plena equiparación, incorporación política y social e igualdad de trato con el hombre?

Mitchell
En respuesta a la pregunta de Su Señoría, me gustaría poner de relieve que estoy aquí en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo y que, de conformidad con el artículo N del Tratado de la Unión Europea, el Consejo no forma parte de la Conferencia Intergubernamental encargada de modificar los Tratados. Su Señoría comprenderá que corresponde únicamente a la Conferencia Intergubernamental considerar cualquier posible modificación del Tratado en las áreas a las que hace referencia en su pregunta.
Sin embargo, hablando a título personal, me gustaría decir a la Asamblea que el enfoque que sugirió la Presidencia, el cual sirvió de base para el debate en la reunión de representantes de la Conferencia Intergubernamental de los días 15 y 16 de octubre, era que debía reforzarse el principio de no discriminación complementando el Tratado con una disposición general de no discriminación por motivos como la raza, el sexo, la incapacidad y la edad. La Presidencia ha sugerido además que se incluya en el Tratado una disposición que permitiera al Consejo adoptar las medidas necesarias para prohibir la discriminación por dichos motivos.
Desde la Presidencia, hemos sugerido también que, por encima de este posible planteamiento de la no discriminación, se debería considerar la posibilidad de fortalecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres introduciendo una estipulación general de que este objetivo sea tenido en cuenta en todas las políticas comunitarias y reforzando el artículo 119 del Tratado de diversas maneras, por ejemplo, ampliando su alcance y, de manera específica, permitiendo acciones positivas cuando proceda. Hemos sugerido asimismo que se introduzca en el Tratado un lenguaje neutral en cuanto al sexo.

Izquierdo Rojo
Muchas gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por esta respuesta. ¿Debo deducir entonces, señor Presidente del Consejo, que en el texto que la Presidencia irlandesa hará público el próximo día 27 constará esa posición que usted ha manifestado? ¿Podría concretarme si se trata del Tratado? Creo entender que sí. ¿Podría señalarme, asimismo, si aceptará o habrá alguna mención -lo que creo que sería justo- a una igualdad de participación en la toma de decisiones?
Señor Presidente del Consejo, creo que la Presidencia irlandesa, que va a hacer público un texto del Tratado el día 27, debe de incluir esta posición en el texto del Tratado, porque en esta materia, ya sabe usted que la experiencia nos ha hecho un poco cautas, por no decir desconfiadas. Asistimos a un espectáculo por parte de todas las instituciones y líderes políticos que en las declaraciones lo aceptan todo pero en la práctica no.
Yo en la pregunta le pedía concreciones. Concréteme usted si en el texto del Tratado va a aparecer este texto al que usted se ha referido a título personal.

Mitchell
Me resulta un poco difícil, cuando el Consejo hace por su cuenta una declaración personal y hace una declaración tan valiente como la que yo he hecho aquí hoy respecto a la igualdad y que no podría hacer en nombre del Consejo, que no se reciba de mejor talante.
En segundo lugar, sólo quiero que conste en acta que no hay ningún compromiso de publicar nada el 27 de noviembre.
En tercer lugar, en relación con la pregunta de Su Señoría, yo estaba hablando sobre proyectos de textos del Tratado. En lo que a la Presidencia se refiere, nos aplicaremos a ello de todas las maneras que nos sea posible, pero debo recordar a la Asamblea que hay 15 Estados miembros. Hemos elaborado proyectos de textos del Tratado que incluyen los objetivos que he aclarado hablando en nombre propio en respuesta a la pregunta de Su Señoría.

El Presidente
Pregunta nº 12 del Sr. Ford (H-0879/96):
Asunto: Acuerdos europeos sobre extradición
¿Qué planes tiene el Consejo para presentar propuestas de extradición, de forma que aquellos ciudadanos del RU condenados por graves crímenes, como homicidio, robo o fraude, que han escapado de su país, viven en otros países de la UE y siguen disfrutando de libertad puedan ser devueltos al RU a fin de que cumplan las sentencias?

Mitchell
El principal instrumento que regula los acuerdos de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea es el Convenio europeo sobre extradición de 1957. Éste convenio, que ha sido ratificado por catorce Estados miembros, constituye un importante marco para facilitar la extradición entre los estados signatarios. Sus disposiciones se relacionan con delitos que conllevan penas de prisión de un año como mínimo y, por lo tanto, es de suponer que los delitos graves como el homicidio, el robo o el fraude normalmente entrarán dentro de su ámbito de aplicación.
Por otro lado, el Consejo ha aprobado recientemente un nuevo convenio sobre extradición. Cuando lo hayan ratificado los Estados miembros, facilitará aún más los acuerdos de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Ford
Gracias por su declaración. Este es un tema muy preocupante, no sólo en el Reino Unido, sino en otros lugares. No es un tema que afecte únicamente a Cindy de Eastenders , sino que también afecta a gente como Robert Hamilton, originario de Sheffield, actualmente en Francia, a quien se le condenó por asesinato en 1972, se escapó de la cárcel de Sudbury en 1984 y ha pasado los últimos 12 años moviéndose por toda Europa eludiendo constantemente las solicitudes de extradición.
Me parece a mí que, mientras la gente pueda escaparse literalmente con un asesinato a cuestas huyendo a otras partes de la Unión Europea, nuestros actuales dispositivos distan de ser enteramente satisfactorios.

Mitchell
Estoy convencido de que el Convenio Europeo de 1957, complementado con el nuevo convenio de la UE relativo a la extradición constituye un magnífico marco para los acuerdos de extradición entre Estados miembros en lo referente a delitos graves. No sería apropiado que yo hiciera comentarios sobre la aplicación de los acuerdos en algún caso o casos concretos, o por Estados miembros concretos. Puedo confirmar, sin embargo, que el Reino Unido es uno de los catorce Estados miembros que han ratificado el Convenio Europeo de 1957 y que es signatario del Convenio Europeo relativo a la extradición recientemente aprobado.

Cushnahan
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, he tomado nota de su respuesta y me interesaría saber si pudiera decirnos qué Estado miembro no ha ratificado el convenio.
Soy consciente, y reconozco, que la Presidencia irlandesa ha hecho de la lucha contra el delito organizado y las drogas una de sus prioridades y ha dicho que no habrá ningún lugar para esconderse dentro de la Unión Europea. Me gustaría saber qué progresos han hecho ustedes durante la Presidencia no sólo para convencer a nuestros socios europeos de que tendrían que estar a la orden del día unos sólidos acuerdos de extradición, sino también en el otro aspecto: la armonización de la política penal en los diversos Estados miembros. Unas mismas sentencias para los delincuentes, independientemente del Estado miembro en el que se les imputen los cargos, garantizarán igualmente que no haya lugar donde esconderse. Estaría muy agradecido si el Presidente en ejercicio hiciera algún comentario sobre la necesidad de armonización de las sentencias así como sobre la necesidad de unos acuerdos de extradición eficaces por toda la Unión Europea.

Mitchell
Doy las gracias a Su Señoría, Sr. Cushnahan. En relación con la primera parte de la pregunta, el país que no ha firmado es Bélgica.
En cuanto al resto de la pregunta, cada Presidencia probablemente rememoraría temas concretos que logró impulsar de manera especial. Confío en que hacia finales de la Presidencia irlandesa, dentro de seis semanas más o menos, hayamos hecho progresos significativos en todo el área de la justicia y los asuntos de interior. Creo que ha existido voluntad por parte de los ministros y, más aún, voluntad por parte de los jefes de Estado y de Gobierno, de hacer auténticos progresos. Creo que para cuando se celebre el Consejo Europeo de Dublín podremos observar unos progresos auténticos.
Hoy en la comida he tenido una conversación con la Comisión y con el Presidente del Parlamento. Éste fue uno de los temas que surgió. Creo que hay conformidad general en que se han hecho progresos considerables.
Convendría que aclarara la primera parte de mi respuesta. Bélgica ha firmado , pero no ratificado , el Tratado.

El Presidente
Pregunta nº 13 del Sr. Alex Smith (H-0880/96):
Asunto: Encubrimiento de un accidente ocurrido en la planta de reproceso nuclear de Dounreay
En octubre de 1996 se hicieron públicos informes sobre la contaminación radioactiva, producida hace más de 30 años, en el reactor rápido de investigación sobre energía nuclear y en la planta de reproceso de Dounreay en Escocia.
¿Está dispuesto el Consejo a presionar a la Comisión y al Gobierno del Reino Unido para que se comprometan a realizar inmediatamente una auditoría ecológica -con arreglo a los artículos 35 a 37 del Tratado Euratom- sobre la planta de reproceso de Dounreay y otras plantas de reproceso del Reino Unido y a informar al Parlamento sobre los resultados?

Mitchell
En primer lugar, deseo señalar que el Consejo concede gran importancia a la salud y seguridad de los trabajadores y de la población en general en lo que respecta a los peligros derivados de las radiaciones ionizantes y, más en general, a cualquier peligro de contaminación radiactiva. En este contexto, se atrae la atención hacia lo dispuesto en el capítulo 3 del Tratado Euratom y en la legislación comunitaria derivada. En particular, habría que subrayar que la recientemente aprobada Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, ha elevado considerablemente el grado de protección.
Sin embargo, en lo referente a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 35 y 37 del Tratado Euratom, el Consejo recuerda a Su Señoría que entra dentro de las competencias de la Comisión.

Smith
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta. Soy consciente de que entra dentro de las competencias de la Comisión, pero déjeme que le cuente mis recelos sobre esto, porque es un extraño asunto.
En mayo de 1993, unos expertos designados por la Comisión visitaron Dounreay y le dieron un certificado sanitario limpio. Hay sólo dos posibles explicaciones para que fuera así: una es que no les dieran información adecuada o suficiente sobre la que formar un juicio o, la segunda, que les dieran la información pero no actuaran en consecuencia.
Querría preguntar al Presidente en ejercicio si investigará la situación a la vista de los acontecimientos posteriores que indican un posible encubrimiento. ¿Investigará usted y establecerá cuál de las dos posibles explicaciones es la verdadera?

Mitchell
Me encargaré de plantear a la Comisión las observaciones realizadas por Su Señoría. Puedo decir que si se trata de una insuficiencia de medidas de seguridad, no tengo ningún problema en apoyar la propuesta de una auditoría ecológica que describe Su Señoría. El Gobierno irlandés ha aprovechado y sigue aprovechando todas las oportunidades en todos los foros internacionales pertinentes, sobre todo el OIEA y la comisión de París, así como mediante protestas directas al Gobierno del Reino Unido, para poner de relieve su preocupación sobre dichas instalaciones, en particular Shellafield (Thorp), y no se me oculta que la cuestión que plantea Su Señoría afecta a gran número de ciudadanos de la Unión. En relación concretamente con las instalaciones que ha mencionado, remitiré sus comentarios a la Comisión y preguntaré si ésta ve fundamentos para emprender alguna actuación.

Falconer
Doy la gracias al Presidente en ejercicio por dar una respuesta tan completa a la pregunta de mi compañero el Sr. Smith. Cuando plantee la cuestión a la Comisión, quizá podría consultar el programa de la BBC sobre Escocia «Frontline Scotland» (»Escocia en primera línea»), que puso de relieve un increíble encubrimiento de un incidente que ocurrió hace unos veinticinco o treinta años, momento en el que el entonces director de la instalación de Dounreay parece ser que ocultó información no sólo al Gobierno británico, sino también a la Comisión y a sus inspectores.
También le indicaría que esto no es un ataque al programa de instalaciones nucleares, es una cuestión de salud y seguridad que, tal como él mismo ha señalado con toda la razón, ocupa un primer lugar en el pensamiento del Consejo y de los diputados de este Parlamento. Y esto significa la salud y seguridad no sólo de los trabajadores sino de la sociedad en sentido amplio. Así que, antes de que vea a la Comisión, le pediría que viera el programa titulado «Frontline Scotland», que dura unos veinte minutos, y podrá comprobar por sí mismo la horrenda revelación de los inspectores de salud y seguridad de Dounreay en ese momento y el encubrimiento que hubo a continuación.

El Presidente
Pregunta nº 14 de la Sra. Hardstaff (H-0883/96):
Asunto: Profesores de lengua extranjera en Italia
¿Es consciente el Consejo de que, a pesar de la Resolución del Parlamento B4-0968/95 , en la que se pide a la Comisión «que obtenga garantías de que las autoridades de la Universidad de Verona no van a tomar medidas injustificadas y de amenaza contra los profesores, en respuesta a su reclamación profesional», en Verona ha continuado el acoso de dichos profesores de lengua extranjera y que, además, un acoso similar se está llevando a cabo en el Instituto Universitario Orientale de Nápoles?
¿Piensa intervenir el Consejo para recordar a todos los Estados miembros su obligación de cumplir las prácticas laborales acordadas para los trabajadores de otros Estados miembros, según se contempla en el apartado 2 del artículo 48 del Tratado?

Mitchell
En respuesta a la Pregunta de Su Señoría, me gustaría subrayar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Tratado, la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística. Como resultado, la organización de la educación en los Estados miembros es responsabilidad de las autoridades nacionales competentes. En estas circunstancias, el Consejo carece de competencias en el tema que plantea Su Señoría.
Sin embargo, en la medida en que implica una responsabilidad de la Comunidad, el tema entra dentro de las competencias de la Comisión. La tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones del Tratado corresponde a la Comisión. Ésta podrá proporcionar a Su Señoría una respuesta fiable y actualizada y recomiendo que la pregunta se dirija a ella.
Hablando en nombre de la Presidencia, quisiera añadir que soy consciente de la preocupación que hay en una serie de Estados miembros sobre la cuestión. Por el bien de la equidad y la justicia creo que esta práctica debería terminar y que, a este fin, debería prevalecer tanto el espíritu como la letra de la ley. Toda influencia de la que puedan hacer uso las instituciones europeas debiera utilizarse para garantizar un planteamiento más justo.

Hardstaff
Formulo esta pregunta al Consejo porque es el Gobierno de un Estado miembro el que no está garantizando unas prácticas correctas de empleo en importantes instituciones públicas, concretamente universidades y centros de enseñanza superior. A pesar de una resolución aprobada por esta Asamblea el 25 de septiembre de 1995, el 5 de diciembre de 1995 expiraron los contratos de algunos profesores no italianos de lenguas extranjeras en Nápoles, entre ellos el de una persona de mi circunscripción. Para 1996 se les ofreció un recorte del 30 % en su sueldo a cambio de un aumento de 240 horas lectivas. Esto es un engaño no sólo a los propios profesores, sino también a sus alumnos, a quienes es totalmente imposible enseñarles adecuadamente en unas clases mucho más numerosas y disponiendo de menos tiempo. A unos profesores universitarios profesionales altamente cualificados -no ayudantes de lenguas extranjeras- se les está tratando constantemente en Italia como personal eventual no cualificado, por lo que pido una vez más que el Consejo haga presión moral sobre los miembros italianos para que se rectifique este estado de cosas tan vergonzoso y se rehabilite de inmediato a los profesores despedidos por protestar.

Mitchell
Como he dicho, soy consciente de las dificultades expresadas por estos profesores, algunos de los cuales son de mi propio país, que han dirigido protestas al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Educación y a mí mismo.
Voy a ponerme en contacto con el comisario responsable a fin de obtener más información sobre el tema. Aseguro a Su Señoría que aprovecharé toda oportunidad que se me presente para plantear el asunto.

El Presidente
Pregunta nº 15 del Sr. Burenstam Linder (H-0886/96):
Asunto: Reunión de ministros de la OMC en Singapur
La OMC está encargada de supervisar la liberalización del comercio mundial y proseguir la eliminación de las barreras comerciales.
Ante la reunión de ministros en Singapur, se ha solicitado que, mediante «cláusulas sociales», se obligue a los países pobres a adoptar importantes medidas en el ámbito social para poder beneficiarse de la liberalización del comercio.
Los países en desarrollo tienen inevitablemente un nivel social más bajo por la simple razón de que son pobres. ¿Está informado el Consejo de que las cláusulas sociales son una forma de proteccionismo y que las barreras comerciales dificultan el que los países pobres puedan gozar de un nivel razonable de salarios y de seguridad social? ¿Está informado el Consejo asimismo de que las cláusulas sociales introducen una gran discrecionalidad en la política comercial y que, por consiguiente, dan lugar a conflictos internacionales?

Mitchell
Como parte de los preparativos para la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Singapur, el Consejo ha procedido a examinar, basándose en una comunicación de la Comisión, el tema del fomento de unas condiciones básicas de trabajo internacionalmente reconocidas en el marco del sistema de intercambios multilaterales. Entre dichas condiciones básicas de trabajo universales se encuentran, concretamente, la abolición del trabajo forzado y de la esclavitud, la eliminación del trabajo infantil y la libertad de asociación. A este respecto, el Consejo ha destacado que, al abordar el tema, la conferencia ministerial de la OMC debería dejar claro que rechaza todos los intentos de mermar la ventaja competitiva de que gozan los países en desarrollo en materia de escala salarial.
En la conferencia se debería subrayar además la importancia de unas medidas positivas que ayuden a los países en desarrollo a mejorar su capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de las condiciones básicas de trabajo.

Burenstam Linder
Me permito agradecer al Consejo su respuesta a mi pregunta. Es importante que intentemos conseguir mediante el diálogo unas modificaciones en lo que consideramos como condiciones inaceptables en otros países. Pero el contenido en lo que se da en llamar «claúsulas sociales» va mucho más lejos que lo que el representante del Consejo ha interpretado como «niveles básicos laborales». Las interferencias en materia de política comercial con el fin de lograr unas modificaciones en un espectro más amplio del que se incluye en las claúsulas sociales las considero como el método equivocado, entre otras cosas por lo mismo que el representante del Consejo ha respondido sobre Albania, que «las sanciones van contra la población».
También se puede ilustrar el problema de otro modo: Podemos tener problemas en Europa si otros países mantienen que el elevado nivel de paro europeo es socialmente inaceptable y, aplicando obstáculos al comercio, intentan producir cambios en la política europea. ¿Qué posición adoptaría el representante del Consejo ante un argumento semejante? Otra pregunta es: ¿Alguien cree que los países europeos van a poder aumentar la creación de empleo exportando aviones a un país del Este asiático cuyas importaciones estén prohibidas a base de claúsulas sociales?

Mitchell
Supongo que todos podemos imaginar situaciones hipotéticas para ilustrar las dificultades que plantea la tasa de desempleo de la Unión. Pero gran parte de las razones del elevado desempleo tienen que ver con otras cuestiones, no sólo cuestiones que dependen de la Organización Mundial del Comercio. En muchos países, por ejemplo, hay impuestos sobre las nóminas que contribuyen a la tasa de desempleo.
El 29 de octubre, el Consejo de Asuntos Generales acordó que la base del enfoque europeo sobre la materia en la Conferencia de Singapur sería la siguiente: »La UE considera que la conferencia de Singapur debiera abordar los siguientes temas: papel de la liberalización de los intercambios comerciales en aumentar el nivel de vida en todo el mundo y, en este contexto, importancia que otorgan los miembros de la Organización Mundial del Comercio a los esfuerzos de la OIT por propiciar una definición más precisa de las condiciones de trabajo básicas y la observancia de las mismas. La conferencia debiera dejar claro que rechaza todos los intentos de debilitar la ventaja competitiva de que gozan los países en desarrollo en materia de escala salarial. Habría que subrayar asimismo la importancia de las medidas positivas para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de las condiciones básicas de trabajo e incrementar las oportunidades educativas puestas a disposición de los niños.»
Esto fue lo que acordó el Consejo de Asuntos Generales el 29 de octubre como base del enfoque de la Unión Europea sobre el tema en la conferencia de Singapur. Creo que es un enfoque imparcial, equilibrado y completo.

El Presidente
Las preguntas núms. 16, 18 y 19 han sido retiradas por los autores y, dado que su autor no está presente, la pregunta nº 19 no se formula.
Pregunta nº 20 del Sr. Needle (H-0899/96):
Asunto: Comercio entre la UE y Birmania
¿Por qué razón el Consejo de Asuntos Generales decidió no suprimir las favorables condiciones del comercio entre la UE y Birmania a pesar de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Birmania?

Mitchell
Desde enero de este año se ha estado realizando una investigación sobre las prácticas de trabajos forzados en Birmania en el contexto del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Conferencia Europea de Sindicatos y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.
Es la Comisión la que está llevando a cabo la investigación y la cuestión no se ha remitido aún al Consejo de Asuntos Generales. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 3281/94, la investigación debe continuar al menos por un año. La Comisión ha recibido aportaciones sobre el asunto y se han celebrado audiencias. Se espera que el informe sobre la investigación esté listo para principios de 1997. Es de suponer que el Consejo de Ministros tomará enseguida una decisión sobre las recomendaciones que contenga el informe de la Comisión en cuanto a seguir aplicando las ventajas del SPG a Birmania.

Needle
Gracias, señor Presidente en ejercicio. Sólo quiero decir que de haber podido intervenir acerca de sus anteriores comentarios, los habría acogido muy favorablemente: eran muy acertados y me alegré de oírlo.
No me produce tanto placer la respuesta que acabo de oír, aunque comprendo que nos movemos en la buena dirección. Tengo entendido que esta semana la junta militar de Rangún ha rechazado de hecho la visita propuesta por la Unión Europea alegando que allí no existen trabajos forzados. Querría decir al Consejo que yo no esperé a una visita oficial; ni tampoco mi colega, la Sra. Kinnock. Fui de hecho a Birmania hace un par de semanas con un visado de turista, de incógnito, y allí vi cuadrillas de trabajos forzados trabajando en las carreteras. La amenaza dirigida a Aung San Suu Kyi, de la que hemos oído hablar hoy, es tan sólo una parte de la represión que sostiene el Gobierno de allí. Vimos muestras también de una gran pobreza.
Francamente, hay empresas de la Unión Europea, como Total, que tienen las manos manchadas de sangre por estar apoyando a ese régimen represivo. Comprendo las disposiciones de los reglamentos europeos, pero hago una súplica para que el Consejo piense en actuar cuanto antes y comunique su profunda contrariedad no sólo a las autoridades de Rangún sino también a las empresas europeas que las están apoyando.

Mitchell
Quiero prometer a Su Señoría que la Presidencia hará todo lo que pueda para impulsar la solidaridad que manifiesta en su pregunta. Ya me he reunido hoy con su colega, la Sra. Kinnock, quien me ha hecho una relación actualizada de su visita allí y también estoy tomando nota de los comentarios que ha realizado el Sr. diputado sobre su visita.
Su Señoría estará al corriente de que la posición común confirma una serie de medidas adoptadas ya en contra de Birmania, que podría leer si Su Señoría lo desea, aunque tengo la sensación de que ya las conoce. Quiero asegurarle que la posición común del Consejo, adoptada el 28 de octubre, prevé que se estudien nuevas medidas restrictivas contra Birmania y, en este contexto, la Presidencia seguirá vigilando la evolución de los acontecimientos, incluida la aplicación de la posición común, e informará regularmente al Consejo sobre la materia.
Estoy un poco alarmado por algunas noticias que he escuchado, que se añaden a mi preocupación acerca de la situación en Birmania; me ocuparé, por supuesto, de que el Consejo se mantenga al día sobre estos acontecimientos a medida que se produzcan.

El Presidente
Pregunta nº 21 de la Sra. Kestelijn-Sierens (H-0902/96):
Asunto: Medidas anti-dumping
La Comisión Europea se propone decretar medidas anti-dumping para la importación de calzado barato procedente de China, Indonesia y Tailandia.
Esas medidas tendrán graves repercusiones para los importadores y distribuidores europeos de zapatos baratos de los países mencionados. Por otra parte, los consumidores también se verán afectados por las altas tasas.
Con la excepción de los casos verdaderamente urgentes, la Comisión consulta a los Estados miembros antes de decretar medidas protectoras provisionales.
¿Se ha consultado ya al respecto a los Estados miembros? ¿Considera el Consejo que puede hablarse de dumping de calzado por parte de China, Indonesia y Tailandia? ¿Es cierto que la importación de calzado barato de esos países perjudica de tal forma a la Comunidad que hace necesaria la adopción de medidas anti-dumping?

Mitchell
La Comisión ha consultado a los Estados miembros sobre la posible introducción de medidas provisionales de protección frente al calzado procedente de China, Indonesia y Thailandia. La Comisión no ha presentado al Consejo ninguna propuesta de reglamento relativo a la aplicación de medidas antidumping al calzado procedente de dichos países y, por consiguiente, el Consejo no ha adoptado ninguna postura sobre dicha posibilidad.

Kestelijn-Sierens
Agradezco al Presidente del Consejo esa información ya que se me había comunicado que efectivamente la Comisión Europea presentaría medidas al respecto. Si éste no ha sido aún el caso, me complace saber esto, ya que no será oportuno para una serie de países, y más en particular mi propio país, en el cual por el momento no existe ningún sector del calzado, pero en el cual una elevada cantidad de personas o de empresas ganan su sustento de la importación de calzado de bajo precio del Lejano Oriente. Pienso que en primer lugar y sobre todo deberá entrar en contacto con los países interesados y que la Comisión debe primeramente solicitar información, lo cual tendrá lugar de acuerdo con lo expresado por el Presidente del Consejo.

Mitchell
Si me permite repetir, el Consejo no tiene ante sí ninguna propuesta de la Comisión y Su Señoría seguramente podrá obtener información más pormenorizada y actualizada sobre la situación si dirige una pregunta a la Comisión. Hasta ahora no le ha llegado al Consejo ninguna propuesta de esta última.

El Presidente
Pregunta nº 22 del Sr. Ephremidis (H-0904/96):
Asunto: Detención de la presidenta del Partido Comunista de Chile por injurias al dictador Pinochet
La reciente detención de la presidenta del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, en la sede del Comité Central de este partido, constituye un atentado contra la democracia, las luchas de los trabajadores, el pueblo de Chile y el movimiento de solidaridad internacional. Esta inadmisible acción pone en peligro la libertad de expresión y difusión de ideas y la libertad de acción de los partidos en un país cuyo pueblo ha sufrido muy especialmente bajo el propio dictador Pinochet y la sangrienta dictadura por él encabezada.
¿Piensa el Consejo expresar su preocupación por estos acontecimientos alarmantes para la democracia, condenar la detención de Gladys Marín y exigir su inmediata liberación?

Mitchell
La Unión Europea estaba dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para expresar su absoluta condena por la detención. Sin embargo, la pronta resolución del asunto y la retirada de todos los cargos hizo innecesaria dicha actuación.

Ephremidis
Señor Presidente, hay que valorar tanto el examen como la posible intervención del Consejo -a la que no se ha referido el Sr. Presidente en ejercicio- pero también hay que denunciar la situación que reina en ese país, donde Pinochet, que durante una década torturó, asesinó e hizo desaparecer a ciudadanos, tiene aún capacidad para acusar y ordenar la detención de la líder de un partido. Ella no hizo más que recordar todo lo que Pinochet cometió durante el oscuro período de su dictadura, para que esta situación no vuelva a repetirse y para que se respeten los derechos humanos fundamentales. Si lo había ofendido, existía el procedimiento de interrogatorio, juicio y condena, pero no el de la prisión preventiva.

Mitchell
Como ya he dicho, la pronta resolución del asunto y la retirada de todos los cargos hizo innecesaria a actuación que nos proponíamos emprender. Pero habíamos estado en contacto con los Países Bajos, que representan a la Presidencia, y se les pidió que investigaran el asunto. El 6 de noviembre informaron de que el Tribunal Supremo de Chile habría ordenado la puesta en libertad de la Sra. Marín antes de que hubiera pasado un día de su detención y de que se había convencido al General Pinochet de que éste probablemente no era el mejor modo de plantear el asunto.
Puedo unirme a Su Señoría en manifestar una absoluta condena de esta detención y de otras detenciones del mismo tipo.

El Presidente
Pregunta nº 23 del Sr. Theonas (H-0906/96):
Asunto: Fomento de la producción cinematográfica de los Estados miembros
La continua disminución de la creación de productos audiovisuales, principalmente cinematográficos, y especialmente en los países de menos población y en las lenguas menos difundidas, está tomando proporciones alarmantes para la propia identidad cultural de los pueblos de Europa. Este proceso se agudiza por el fortalecimiento del monopolio de la producción y, principalmente, de la distribución de las obras producidas, con el resultado de la hegemonía de productos subculturales importados, estadounidenses y otros.
¿Piensa el Consejo presentar propuestas para garantizar el carácter multicultural de la UE, destinadas a la protección y el fomento de la producción de obras audiovisuales en los Estados miembros, así como para detener el avance de la monopolización y aprovechar la especialmente importante función del sector audiovisual?

Mitchell
El Consejo está absolutamente atento a la importancia de fomentar la identidad cultural de los pueblos de Europa por medio del cine. Reconoce que la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de Europa constituye la base de las cualidades distintivas del cine europeo.
El 10 de julio y el 22 de diciembre de 1995 se adoptaron dos decisiones del Consejo sobre el programa MEDIA II. Este programa, que entró en vigor a principios del presente año, refleja clara y explícitamente dicha concienciación a nivel práctico. Su propósito es fomentar la creación y distribución de obras audiovisuales europeas e introducir un programa de formación de profesionales en el sector audiovisual europeo. En él se hace especial hincapié en los países o regiones pequeños cuyas lenguas tienen menor difusión y en apoyar activamente el multilingüismo de las obras audiovisuales. Otro objetivo del programa es ayudar a desarrollar una industria de producción independiente.
El artículo 2 del programa establece que éste deberá contribuir al respeto de la diversidad lingüística y cultural europea, a la valorización del patrimonio audiovisual europeo, al desarrollo de las potencialidades de los países o regiones con escasa capacidad de producción audiovisual y/o con un área geográfica y lingüística reducida y al desarrollo de un sector de producción y de distribución independientes y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas.
El programa concede ayudas reembolsables a los distribuidores cinematográficos y editores de vídeos de películas europeas. A las cadenas televisivas se les ayuda con el doblaje y subtitulado de programas europeos y con las producciones multilingües. También se ofrecen ayudas para la formación profesional en estas actividades, haciéndose especial hincapié en las regiones de escasa producción audiovisual o de área lingüística y geográfica limitada. El intercambio de estudiantes y profesionales se facilita por medio de becas y prácticas en empresas y por medio de la contribución a la formación de formadores. Dentro de las condiciones del programa figura asimismo la formación en nuevas tecnologías.
La asignación a MEDIA II de 310 millones de ecus repartidos en cinco años representa un considerable incremento de los recursos en relación con los asignados al programa MEDIA I. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe intermedio de evaluación de los resultados del programa. El efecto de éste será proporcionar los apoyos necesarios para que, combinándolos con medidas nacionales complementarias, la industria audiovisual europea pueda superar los problemas de fragmentación del mercado y de monopolio o dominación extranjera de las salidas comerciales de los productos audiovisuales.
Entre los resultados concretos previstos están un aumento de la distribución transfronteriza de obras audiovisuales europeas, un incremento de la proyección de dichas obras y un apoyo al desarrollo de nuevos proyectos europeos de producción.
Por último, como bien sabrá Su Señoría, la opinión del Consejo es que para salvaguardar las importantes diferencias entre lenguas y culturas dentro de los Estados miembros y entre los mismos, la orientación política en el ámbito de la cultura debe respetar el principio de subsidiariedad. En consecuencia, el comité de gestión del programa MEDIA II permite que tanto los Estados miembros como los estados asociados participen en el seguimiento del programa y hagan aportaciones para su funcionamiento.

Theonas
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer al Presidente del Consejo su completa respuesta a mi pregunta. No obstante, quisiera señalar, y creo que el Presidente estará de acuerdo conmigo, que, a pesar de todo, la producción cinematográfica y televisiva norteamericana cubre un porcentaje más alto del 60 % de los espacios televisivos más importantes de Europa, y, naturalmente, de la producción cinematográfica que se exhibe en salas europeas, especialmente en los países más pequeños. Esta se puede considerar una situación inaceptable, porque tiende a imponer la forma de vida y la cultura norteamericanas en Europa, que desde hace años se distingue por su propio carácter cultural, el cual se debe conservar a toda costa. Indudablemente, esperaremos el informe de la Comisión sobre los resultados de la aplicación de MEDIA II e, indudablemente, tendremos que preguntarnos si a través de todos estos programas, y, naturalmente, con la acción de los Estados miembros, seremos capaces de invertir la situación de manera que se proteja la cultura europea.

Mitchell
Agradezco el amable cumplido de Su Señoría. Puedo comprender bien los sentimientos que expresa. Permítanme decir que el cine irlandés cumple cien años este año y que nuestra experiencia reciente ha sido muy positiva. En el último año se han rodado en Irlanda más películas que en todos los años anteriores juntos. Este año se ha inaugurado además Telefís na Gaeilge , una cadena televisiva cuyas emisiones son todas en lengua irlandesa.
Menciono esto último en particular como alguien que proviene de un pequeño Estado con una minoría de personas que hablan sólo en irlandés, aunque ésta no sea una lengua minoritaria en Irlanda, sea la primera lengua oficial del país y haya mucha gente que conozca algunas palabras en irlandés de uso general. Nuestra pertenencia a la Unión Europea parece haber producido en la gente la necesidad de fomentar e impulsar el idioma. Es una evolución interesante. Creo que existe unidad en la diversidad y me gustaría decir que me identifico mucho con Su Señoría por haber planteado la pregunta.

El Presidente
Pregunta nº 24 del Sr. Martin (H-0910/96):
Asunto: Derechos humanos en Túnez
¿Puede indicar el Consejo su postura ante las violaciones de derechos humanos en Túnez como las que supuestamente se han dado en el caso de Hedi Akouri y Jalel Maalej que están encarcelados en Túnez por pertenecer al Partido Islámico al-Nahda y que han denunciado haber sido torturados (ninguno de ellos ha utilizado o defendido la violencia y ambos han sido adoptados por Amnistía Internacional como presos de conciencia)?

Mitchell
Túnez es un importante socio de la Unión Europea. Nos hemos comprometido a profundizar en nuestras relaciones con este país. Al mismo tiempo, la Unión Europea concede gran importancia al fomento y respeto de los derechos humanos en Túnez. Como sabrá Su Señoría, éste fue el primer país mediterráneo en firmar un nuevo acuerdo de asociación euromediterráneo. El acuerdo establece un diálogo político que permite a ambas partes hablar abiertamente de toda una serie de cuestiones políticas, incluidos los derechos humanos. Por otro lado, incluye una cláusula de derechos humanos según la cual las relaciones bilaterales, así como las disposiciones del propio acuerdo, se basarán en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos que guían sus políticas nacionales e internacionales y constituyen un elemento esencial del acuerdo.
Podría recordar además que Túnez ha contraído un firme compromiso político con la asociación euromediterránea y que el fomento de los derechos humanos y el desarrollo de las instituciones democráticas son elementos esenciales del proceso de Barcelona. El Consejo está al corriente de los dos asuntos que ha mencionado Su Señoría, los de los Sres. Akouri y Maalej, que han sido encarcelados con acusaciones relacionadas con su presunta vinculación al partido ilegal al-Nahda. Recientemente, el Consejo ha planteado en varias ocasiones el tema de los derechos humanos en sus contactos con las autoridades tunecinas. En sus contactos con Túnez seguirá mencionando el tema de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto desde un punto de vista general como en relación con casos específicos.

El Presidente
Le doy las gracias una vez más, Sr. Mitchell, por sus completísimas respuestas. Ha hecho usted todo lo posible por darnos respuestas tan claras como las circunstancias se lo permiten.
Con esto queda cerrado el turno de preguntas.
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas.)
(La sesión se reanuda a las 21.00 horas)

Ámbito de aplicación de la codecisión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0361/96) de los Sres. Bourlanges y De Giovanni, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el informe de la Comisión (SEC(96)1225 - C4-0464/96) con arreglo al apartado 8 del artículo 189 B del Tratado CE sobre el ámbito de aplicación de la codecisión.

Bourlanges
Señor Presidente, Señorías, debemos examinar hoy un informe del dictamen que emite el Parlamento Europeo sobre un documento de la Comisión que define las condiciones en las que se podría estructurar una reivindicación esencial del Parlamento Europeo, cual es la ampliación de la codecisión. Este documento propone la ampliación de la codecisión con arreglo a unos criterios objetivos sobre la definición del acto legislativo. Basándose en dichos criterios, este documento propone precisar las disposiciones del Tratado, los artículos del Tratado, que podrían ser materia de una ampliación de la codecisión, puesto que dichos artículos se refieren a lo que se podría denominar «el ámbito legislativo».
Permítanme manifestarles, primeramente, mi perplejidad. Perplejidad, porque en la situación de bloqueo en que se encuentran las negociaciones en el seno de la Conferencia Intergubernamental, y en el estado de deterioro de las relaciones interinstitucionales, entre el Parlamento y el Consejo, no sé cuál debe ser mi actitud frente al documento de la Comisión. Si este Parlamento decide apoyar el documento de la Comisión, es evidente que con ello la comprometemos; si la Comisión se presenta ante el Consejo con la aureola del apoyo del Parlamento, pienso que ello constituye, en la situación actual, una condición casi suficiente para despertar las sospechas sobre este documento.
Pero, en cambio, si me opongo al documento de la Comisión es aún peor, porque en tal caso le hago un flaco servicio. Y en la Comisión, en el Consejo, en la Conferencia Intergubernamental, se dirá que el documento propuesto por la Comisión no ha sido ni tan siquiera apoyado por el Parlamento. Por lo tanto, al no saber si debo apoyar, y si el Parlamento debe apoyar, la propuesta de la Comisión, o bien oponerme a ella, me limitaré simplemente a decirles lo que realmente pensamos al respecto el Sr. De Giovanni y yo.
Lo que en realidad pensamos es que este texto significa una puesta en perspectiva muy inteligente y muy interesante de la ampliación del procedimiento de codecisión, aunque lamentablemente contiene algunas limitaciones. Inteligente porque, indudablemente, es la primera vez que en este debate tan confuso de la Conferencia Intergubernamental existe una institución, a la que rindo homenaje por ello, que dice: rechacemos la ampliación de la codecisión caso por caso y propongamos algo sistemático, coherente, que tenga un alcance general.
La segunda razón que avala la coherencia de este documento es el hecho de proponer un enfoque basado en criterios de fondo y no simplemente en criterios de procedimiento. Se podría haber dicho: se amplía la codecisión, por ejemplo, a todas las decisiones aprobadas por mayoría cualificada en el Consejo. Y también se podría haber dicho: se amplía la codecisión a todos los actos actualmente sometidos al procedimiento de cooperación del artículo 189 C. En ese caso, se habría obrado con malicia, ciñiéndose a procedimientos y argumentos meramente formales. Realmente, señor Comisario, y debemos rendirle homenaje por ello, usted propone algo más ambicioso, más preciso, es decir, un intento parcial de jerarquización de las normas, porque usted dice: la codecisión debe ampliarse al ámbito legislativo, y en su documento se establecen criterios detallados para la definición de la ley. Un texto legislativo presupone una aplicación directa del Tratado, debe tener un alcance general, su carácter debe ser vinculante y, finalmente, debe determinar los elementos esenciales del dispositivo previsto, debe tratarse de una medida esencial. Cuatro criterios basados en el sentido común, que para algunos pueden ser discutibles, pero que están basados en el sentido común.
Frente a esta situación, aceptamos apoyarle, pero debemos hacer dos observaciones. Su enfoque es limitado. ¿Por qué? Primeramente, porque sus criterios son en ciertos casos discutibles. Cuando usted habla, por ejemplo, de «elementos esenciales», no sabemos qué es lo esencial, y nosotros consideramos que es la propia ley la que debe determinarlo, así como también lo que es competencia de la ley y lo que no lo es. Y, además, consideramos que la interpretación de las medidas de aplicación propuestas es demasiado restrictiva. No dispongo de tiempo para detallar aquellas medidas que nos parecen demasiado restrictivas, pero existen. En conclusión, señor Comisario, le apoyamos, pero con los ojos abiertos.

De Giovanni
Señor Presidente, Señorías, creo que es una batalla política importante establecer un nuevo equilibrio entre las Instituciones de la Unión y, en este marco, luchar para que se amplíen los poderes del Parlamento Europeo. Ampliar o intentar ampliar la función legislativa es una batalla política, teniendo también en cuenta, y quiero mencionar este hecho, que, contrariamente a lo que a veces se piensa o se dice, el balance político del procedimiento de codecisión es un balance muy positivo, incluso desde el punto de vista de la eficacia. Deseo mencionar tan sólo un dato: la duración media de los procedimientos de codecisión es de 480 días, la duración media del procedimiento de cooperación fue y es de 520 días. Éste puede parecer un dato secundario, a pesar de que se trata de un dato que en cierto modo pone fin a esa vieja creencia de la ineficacia del procedimiento de codecisión. Por otra parte, debemos tener en cuenta hasta que punto la ampliación de los poderes del Parlamento representa, de hecho, la ampliación de la única Institución real y directamente representativa de los ciudadanos europeos. En consecuencia, yo diría que la extensión de la codecisión es algo que afecta también al ámbito de la ciudadanía, a pesar de que esto puede parecer una relación indirecta, sin embargo, lo es hasta cierto punto, dado que implica aumentar los poderes de los ciudadanos a través de la ampliación de los poderes de la Institución que les representa.
Nosotros -lo acaba de recordar el Sr. Bourlanges- teníamos que evaluar el texto de la Comisión y no ocuparnos, por ejemplo, de otro importante tema como es la simplificación de los procedimientos. Como dijo el Sr. Bourlanges, se trata de un buen texto, sobre todo por una razón, ya que reconoce la necesidad de ampliar la legislación, la codecisión a todo el proceso legislativo y pone, además, el acento respecto a lo que significa lo legislativo. Nosotros intentamos aportar a este punto una contribución que tuviera en cuenta la peculiaridad de la legislación europea y la ampliamos valorizando, en especial, la naturaleza programática. Creo que éste es un elemento muy importante de nuestro informe. Hemos detallado el alcance general y reconocido que el alcance general en la legislación europea implica también tener en cuenta la naturaleza programática. En su conjunto, por lo tanto, es posible una relación positiva entre Parlamento Europeo y la Comisión en este ámbito. No quiero hablar de alianza por los motivos aducidos por el Sr. Bourlanges hace unos momentos, sin embargo, se trata de un elemento político importante: un elemento político importante, porque significa que juntos podemos ofrecer una contribución a la común construcción de una democracia representativa. De acuerdo, no cabe duda de que existen varias y diferentes resistencias. Me refiero a ciertas experiencias en el seno del Comité de Conciliación con el Consejo. Se trata de experiencias muy difíciles, habida cuenta de que el Consejo sigue dando una interpretación demasiado burocrática a la conciliación -me refiero a la conciliación que está estrechamente relacionada con la codecisión- y sabemos, lo dijo también el Sr. Bourlanges, que en este terreno no se aprecian signos positivos en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. Sin embargo, tenemos que tener algo de fe, porque sin fe el mundo se descalabra y, por consiguiente, y en cierta forma, hay que tener confianza en la batalla política y en los objetivos de la batalla política que uno lleva a cabo.
Deseo dedicar la última parte de mi intervención a otro punto que hemos desarrollado en el informe: la ampliación de algunos ámbitos de aplicación específicos de la codecisión. Al respecto, y a nuestro juicio, hubo una limitación en el trabajo de la Comisión, limitación debida al hecho de que no existe una verdadera relación entre los criterios y la aplicación de los mismos. Pudimos comprobar cierta arbitrariedad en esta falta de relación y por ello, llevamos a cabo también un trabajo analítico. Me limitaré a hacer sólo tres ejemplos de los muchos que podría mencionar. Ante todo, la Unión Económica y Monetaria, tema tabú, como es sabido, y respecto al cual, debo decirlo, la Comisión fue demasiado prudente. Nosotros, como Parlamento, pensamos que no es posible imaginar que se realice la Unión Monetaria sin que existan a la vez algunos elementos de control democrático de las Instituciones representativas en lo referente al menos a ciertos ámbitos: no respecto a los técnicos, como es obvio, sino respecto a los que afectan a las decisiones estratégicas y a la supervisión multilateral.
Incluimos asimismo en la lista un ámbito que la Comisión había ignorado, es decir el de la industria: medidas de alcance general de política industrial que se vinculan con la cuestión de la coordinación de las políticas industriales y macroeconómicas, que es otro elemento central para el desarrollo de una democracia europea.
Finalmente, el último ejemplo que quiero proponer es el que afecta a la investigación, un tema fundamental para el desarrollo de Europa que no podrá desarrollarse si no se desarrolla la investigación, si no se desarrolla la cultura y, por consiguiente, toda la cuestión del programa marco afecta plenamente al espíritu de la codecisión.
Para concluir, señor Presidente, Señorías, creo que esta batalla es legítima para enriquecer el poder legislativo de la única Institución que representa directamente a los ciudadanos. Termino con este tema, porque me parece que es fundamental para la construcción de la democracia europea.

Dury
Señor Presidente, el informe de Sus Señorías Bourlanges y De Giovanni sobre el ámbito de aplicación de la codecisión posee la austeridad y la sobriedad de una reflexión minuciosa, pero también pone de manifiesto una verdadera voluntad política. El meollo del problema es, en efecto, la democratización de la Unión Europea. Hablamos mucho de los derechos de los ciudadanos, de la distancia que experimentan con respecto a nuestra acción, de las dudas que tienen sobre nuestro papel y sobre el papel de las instituciones europeas, en suma: sobre el conjunto de las políticas europeas. En este contexto, tanto la posición de la Comisión como la del Parlamento Europeo es fundamental, al igual que nuestra voluntad, nuestro propio empeño, el empeño que pondremos para imponer -parece un sueño- nuestro punto de vista en la Conferencia Intergubernamental.
La Comisión nos ha propuesto en este documento una reflexión global, con un enfoque mucho más coherente, sobre la aplicación de la codecisión en el ámbito legislativo. El Sr. Bourlanges lo ha expresado muy bien, así como también su preocupación en cuanto a los puntos débiles de este enfoque. Nosotros consideramos que el enfoque global es positivo, pero nos preocupan, en particular, los criterios escogidos sobre la definición de la ley, que comprende evidentemente algunas lagunas y que habría que detallar; y la determinación del ámbito legislativo tal como resulta de la aplicación de los criterios es al mismo tiempo aventurada y restrictiva.
Pero, en el fondo, nuestro objetivo común no es otro que mejorar el funcionamiento, simplificándolo y haciéndolo más eficaz. Yo considero, no obstante, que el balance actual de la codecisión es, en este sentido, un tanto divergente. Ciertamente, el Sr. De Giovanni se ha referido a la actitud del Consejo. Cuando discutimos con el Consejo, nos encontramos frente a una Presidencia, pero una Presidencia «paralizada», que en las discusiones sobre la codecisión tiene que confirmar telefónicamente en las capitales cuál es la verdadera posición de los gobiernos, o sea, de la «no Unión Europea». En este sentido, desde el punto de vista de la eficacia de la codecisión existe un verdadero problema político. La codecisión no significa necesariamente democratización y eficacia, en la medida en que se basa en las decisiones de las capitales y de las burocracias nacionales.
Por otro lado, también pongo en duda la actitud de la Comisión; no la suya, señor Comisario, ya que usted sabe que su acción -tan voluntarista en el contexto de la Conferencia Intergubernamental- cuenta con toda mi simpatía. Pero creo que la codecisión puede significar un verdadero impulso de la democracia europea sólo si la propia Comisión respeta el juego democrático, si acepta ser responsable ante el Parlamento Europeo, si acepta el tener que aprobar las enmiendas votadas por mayoría cualificada en este mismo Parlamento. ¿Acaso no vemos con frecuencia como la Comisión rechaza nuestros dictámenes? También ahí reside el verdadero problema de la Comisión.

Neyts-Uyttebroeck
Señor Presidente, Señorías, los colegas Bourlanges y de Giovanni mantienen el mismo doble principio que el postulado por la Comisión en su informe sobre la codecisión. La primera premisa sostiene la necesidad de extender la codecisión a todos los actos de índole legislativa. La segunda premisa sostiene que la codecisión debe extenderse a todas las decisiones legislativas del Consejo adoptadas por mayoría cualificada.
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas se adhiere a ambos principios y expresa por lo demás su acuerdo con el contenido de un excelente informe. Durante las discusiones celebradas ayer en nuestro grupo político se observó sin embargo que algunos de los colegas no se sentían del todo tranquilos ante una extremada extensión de las decisiones por mayoría, estimando además que la autoridad de un gobierno nacional podría verse anulada, lo cual constituye un motivo de inquietud. Desde luego están de acuerdo con que, y esto constituye por consiguiente la posición unánime de nuestro grupo, la decisión por mayoría en el Consejo y la facultad de codecisión para el Parlamento Europeo deberán ir apareadas, por así decir, a fin de fortalecer la legitimidad democrática. Esta inquietud que muestran algunos de mis colegas no deja de estar bien fundada. Es necesario responder a esa inquietud y no son los argumentos los que faltan para tal objetivo. No hay que tratar de ignorarla ni tampoco participar en la argumentación por razones demagógicas. Espero que todos nosotros sigamos prestando atención a aquellos ciudadanos que de vez en cuando se interrogan sobre la evolución de nuestra institución.
Para concluir deseo hacer hincapié en la importancia que reviste el hecho de que la Comisión y el Parlamento estén en la misma onda en cuanto a la decisión por mayoría en el Consejo y el poder de codecisión de nuestro Parlamento. Esto asegurará por lo menos una productiva alianza estratégica en la conferencia que poco a poco se encamina hacia la última directiva.

Berthu
Señor Presidente, mi intervención contrastará con el consenso que parece existir en este hemiciclo, porque no voy a utilizar ni el mismo lenguaje ni los mismos puntos de referencia que los oradores anteriores.
En efecto, los partidarios de una Europa respetuosa de las soberanías nacionales se opondrán al informe de los diputados De Giovanni y Bourlanges, que propone aumentar el número de casos en que el Parlamento Europeo puede tomar decisiones conjuntas con el Consejo sobre materias de naturaleza legislativa a través del denominado proceso de codecisión, lo que supone dar al Parlamento Europeo la última palabra y plantear la incertidumbre de su rechazo decisivo.
La propuesta de ampliación de este procedimiento de codecisión significa remitirse, aunque no se diga, a un modelo institucional supranacional, lo que supone que la democratización de la Unión implicaría ante todo la ampliación de los poderes del Parlamento Europeo. Pero este objetivo no ha sido presentado de manera clara al ciudadano. Así pues, en caso de aprobar orientaciones importantes, sin haber clarificado públicamente el principio que las rige, el propio Parlamento Europeo contribuiría a dar al ciudadano esta impresión deplorable, aunque desgraciadamente justificada, de que los asuntos europeos se tratan a la sombra de decisiones técnicas, y sin que los pueblos conozcan realmente el resultado final de las medidas, aparentemente limitadas, que se les pide que avalen.
De todos modos, antes de lanzar un nuevo debate sobre esta cuestión, habría que asegurarse de que la concepción actual de la Unión, basada en una asociación de Estados controlada prioritariamente por el Consejo y los Parlamentos nacionales, no funciona. Pero se intenta evitar esta comprobación.
Nosotros pedimos que antes de ampliar la codecisión se intente al menos reformar razonablemente las instituciones de la Unión sobre la base de los principios actuales, que, una vez más, son hasta ahora los únicos principios aceptados democráticamente. Pedimos que se empiece por introducir la transparencia en los actos del Consejo y de la Comisión, que se establezca una clara jerarquía de las normas europeas y nacionales, que se cree un verdadero control de la subsidiariedad por los Estados miembros, que se mejore el control de las políticas de la Unión por los Parlamentos nacionales. Una vez que se hayan llevado a cabo todas estas reformas se podrá hablar de otros asuntos, en caso de que éstas no nos satisfagan.
Pero eso no es todo. En este expediente se enfrentan implícitamente dos concepciones de Europa: la concepción del super Estado federal, en que el Parlamento Europeo, elegido respetando estrictamente un criterio proporcional a las poblaciones -me refiero al futuro-, tomaría decisiones de naturaleza legislativa; y la concepción de la Europa de las naciones, en que el Parlamento Europeo, al representar a los diferentes países sobre una base no proporcional, no puede asumir poderes legislativos importantes, los cuales siguen residiendo en los Parlamentos nacionales.
La concepción supranacional es irrealista y peligrosa. Además, al querer empujarnos a ella, se nos lanza a otro sistema, un sistema desnaturalizado y carente de toda lógica: el de una Asamblea que, a pesar de tener el derecho de tomar decisiones legislativas, no respetaría el principio fundamental de un hombre, un voto. Señor Presidente, nosotros rechazamos enérgicamente esta herejía absoluta desde el punto de vista democrático.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, a pesar de la perplejidad de los ponentes y de que en estos momentos domina un clima negativo en la Conferencia Intergubernamental, yo quisiera felicitarles porque tanto el Sr. Bourlanges como el Sr. de Giovanni han realizado, a mi juicio, un excelente trabajo en lo que es el informe en sí y también en el método que se ha seguido. Es, en definitiva, un trabajo muy fino en el que se detecta muy claramente la gran confusión y la incertidumbre que domina en el orden jurídico comunitario, un trabajo que, además, presenta opciones operativas y constructivas.
Este ámbito, el de delimitar las competencias, siempre ha sido un ámbito muy difícil y muy árido pero debajo de toda esa jerga terminológica y de procedimiento están, nada más y nada menos, las grandes claves políticas de la Europa de nuestro tiempo, es decir: la doble necesidad de acercar la representación popular a los ciudadanos, por un lado, y a los ámbitos de toma de decisiones, por otro.
Si algo nos falla, precisamente, en la Europa de hoy es porque están faltando esos eslabones, ese ámbito de la representación popular que debemos acercar tanto a los ciudadanos como a los ámbitos de toma de decisiones. Tanto más avanzaremos en la democracia europea cuanto más acerquemos el ámbito de toma de decisiones a los representantes directos del pueblo, y esto hasta ahora hemos sabido hacerlo para el ámbito regional y nacional, pero todavía no hemos sabido hacerlo para el ámbito europeo.
Esa es la cuestión. La Comisión ha acertado en lo mayor, es decir, en la extensión a todo el ámbito legislativo de la codecisión. Sin embargo, esto es una especie de declaración mayor que se queda en nada, como observan los ponentes, cuando vamos realmente a la delimitación y a la concreción; entonces, nos encontramos que el uso justamente de los criterios que propone la Comisión resultan indeterminados y nos llevan a una selección que acaba siendo, como dicen los ponentes, por un lado, restrictiva y, por otro, un poco aventurera.
Parece, por tanto, que una vez más la Comisión se limita, a fin de cuentas, a hacer una declaración que, cuando se va a lo operativo, no nos resuelve casi nada. De nuevo no se consiguen disuadir los temores soterrados a que en la nueva Conferencia Intergubernamental se le estén dando al Parlamento Europeo poderes de decisión nuevos y se le están sustrayendo otros; para muestra, véase la opinión de la comisión correspondiente sobre este informe.
Creo sinceramente que sigue sobrando cautela y timidez y hace falta audacia, a la hora de la verdad, en la concreción de la Comisión.

Bourlanges
Señor Presidente, desearía decir simplemente lo que sin duda Fernand Herman habría dicho si hubiera estado aquí para responder a nuestro colega, a mi amigo, el Sr. Berthu.
Debo decir que no es leal, no es normal, decir que el proyecto que defendemos refuerza una Europa integrada, una Europa federal. De hecho, hay que comprender que en esta cuestión nosotros no proponemos ninguna ampliación suplementaria, ninguna modificación de los poderes que existen entre la Unión y los Estados miembros. Proponemos sólo una cosa, y es importante: que las decisiones que se adopten en el marco de la Unión Europea se tomen democráticamente, mediante un acuerdo entre los ministros reunidos en el seno del Consejo y nosotros, los representantes del pueblo, de los pueblos de Europa. Eso es todo.
Señor Berthu, usted no es, como cree, un adversario del federalismo al oponerse a este informe, usted es simplemente un adversario de la democracia.

Oreja Aguirre
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero comenzar agradeciendo muy sinceramente a los ponentes por el trabajo concienzudo y detallado que han realizado sobre este documento presentado por la Comisión.
Quiero decirles al respecto que la Comisión ha presentado hasta ahora en la Conferencia Intergubernamental algunos informes, no muchos, porque nos parecía que no era ese nuestro papel; nuestro papel va desempeñándose a lo largo de las distintas sesiones, intentando acercar posiciones, pero solamente en los temas que considerábamos cruciales nos parecía que debía procederse a la presentación de un documento.
Lo hemos hecho, por una parte, dentro del imperativo que nos marca el propio Tratado en lo que se refiere a competencias como los temas relativos a la protección civil o al turismo o a la energía -en los que estábamos obligados por el propio Tratado- y, además de ello, en dos temas muy concretos: los asuntos de interior y de justicia, sobre los que hemos elaborado un informe amplio, y en el tema de la codecisión, que nos parecía un tema crucial.
Esto no quiere decir que no podamos ir evolucionando a lo largo del tiempo. Nosotros hemos hecho un dictamen antes de comenzar la Conferencia Intergubernamental, y al iniciarse ya la Conferencia Intergubernamental hemos presentado este informe; eso no quiere decir que nosotros no vayamos a enriquecernos con las distintas aportaciones que haga el Parlamento y las propias reflexiones que pueda hacer la Comisión en el futuro.
Sí quiero decir, y creo que estamos todos de acuerdo, que la codecisión tal y como ha sido descrita en el Tratado ha supuesto un paso adelante; estamos viviéndolo todos los días y sabemos que la aportación que ha significado la codecisión, a pesar de las limitaciones que tiene, es un paso significativo con respecto a lo que existía en el Tratado en su versión anterior.
Pero es evidente que, a pesar de que eso es así, el procedimiento que está actualmente en vigor es un procedimiento imperfecto, es un procedimiento complicado y es un procedimiento muchas veces desequilibrado en ciertos puntos y que deberá, por tanto, tender fundamentalmente a simplificarse. Pero, sobre todo, se trata de un procedimiento cuyo ámbito de aplicación resultaba a nuestro juicio relativamente limitado y de alguna forma incoherente, y esa es la razón por la cual hemos creído que había que introducir unas modificaciones importantes y significativas.
Por eso, lo que nos hemos planteado es cómo se puede ampliar la codecisión respetando dos criterios: el criterio de la democracia y el criterio de la eficacia. Para nosotros la respuesta es clara, y es que esto debe hacerse mediante una plena participación, por una parte, del Consejo y, por otra, del Parlamento en el proceso legislativo. Y, en ese sentido, quiero decir que, cuando hacía referencia el Sr. Berthu a que hay dos concepciones de Europa, yo quiero decir que es cierto que hay dos concepciones, pero incluso de alguna forma hay dos legitimidades, y yo participo de la idea de una doble legitimidad; hay una legitimidad de los Estados y hay una legitimidad de los pueblos. La legitimidad de los Estados está representada en lo que significa el papel de los Parlamentos nacionales y la legitimidad de los pueblos está representada en este Parlamento.
Hay, por consiguiente, dos concepciones, pero las dos concepciones están insertas en lo que muchos creemos que es esta doble legitimidad, y tenemos que tenerla presente; esas dos legitimidades se manifiestan precisamente en las dos ramas del legislativo, que son el Consejo y el Parlamento.
Quiero decir que también, cuando nosotros hemos afrontado el tema de la codecisión, tal vez no hayamos acertado, pero quiero asegurarle a la Sra. Izquierdo que, desde luego, el ánimo de la redacción de este texto no ha sido ni restrictivo ni aventurero. Y, por otra parte, me reconforta mucho que no haya sido esa la calificación que han dado ni el Sr. Bourlanges ni el Sr. De Giovanni, puesto que uno ha dicho que significa una puesta en perspectiva inteligente y, por otra parte, ha manifestado el aspecto positivo que tiene la visión que ha tenido la Comisión en su propuesta.
De todas formas, yo quiero decirles que a nosotros nos enriquecen mucho las críticas que ustedes hagan, porque vamos a tomar buena nota de ellas y vamos a intentar mejorar nuestro propio texto a través de las distintas intervenciones de sus Señorías -que apreciamos muchísimo- y cualquiera que sea el juicio y cualquiera que sea la crítica, positiva o negativa, vamos a intentar enriquecernos de ellas.
Nosotros hemos intentado llegar a una fórmula que trata de evitar lo que podría significar -y lo ha dicho muy bien el Sr. Bourlanges- la mera ampliación de la codecisión a los ámbitos actualmente sometidos a la cooperación. Tampoco nos parece un criterio suficiente transformar en codecisión los actos aprobados por mayoría cualificada. Y el enfoque caso por caso tampoco nos parece el procedimiento correcto.
¿Cuál ha sido la tentación que hemos tenido, y sobre todo los que tenemos la herencia del Derecho romano? Pues probablemente ha sido el de la jerarquía de las normas. Pero quienes hemos podido acercarnos a países como los anglosajones hemos visto que esa es una terminología que no se entiende y, por consiguiente, a pesar de que hay, en cierta forma, una especie de jerarquía de normas encubierta, sin embargo, no ha sido estrictamente el criterio de la jerarquía de normas el que hemos seguido. Lo que hemos hecho es apelar a cuatro criterios, y se nos ha dicho que, a lo mejor, esos criterios pueden completarse y perfeccionarse. Los Sres. De Giovanni y Bourlanges han dicho que son unos criterios limitados. Y no cabe duda. Nosotros hemos utilizado éstos: que los actos se funden directamente en el Tratado, que tengan un carácter vinculante, que determinen los elementos fundamentales de la acción de la Comunidad en un ámbito preciso y que tengan un alcance general. ¿Son suficientes estos criterios? Es posible que no. Lo que sí les pediríamos es que pudieran decirnos qué nuevos criterios podemos añadir. ¿Qué más podemos hacer? No se trata de hacer algo que sea el caso por caso, sino ver los ámbitos dentro de los cuales se proyectan estos distintos criterios. Por consiguiente, cada vez que hay que operar para saber cuál es el ámbito de la codecisión apelamos a estos criterios -que pueden ampliarse con otros- y vemos en qué medida engarzan dentro de los distintos ámbitos. Ése es el criterio que hemos seguido.
En cuanto a la preocupación por garantizar una coherencia entre procedimiento presupuestario y procedimiento legislativo, estamos de acuerdo con la fórmula como se ha expresado en el propio documento que han presentado ustedes, y también estoy de acuerdo en que el Parlamento tiene una función importante que desempeñar -no se ha dicho hoy aquí, pero sí se ha expresado en su documento- en los asuntos de justicia e interior. Lo compartimos plenamente, y ese mismo criterio es el que hemos introducido en el documento de la Comisión en relación con un asunto que nos parece vital: todo lo que significa un intento de comunitarización del tercer pilar y, sobre todo, alguna de sus partes fundamentales como las que se refieren a visados, a temas de asilo, a los temas que afectan a las fronteras exteriores, a los problemas de inmigración y a la cooperación en materia aduanera. Todo ello creemos que debe ser objeto de una comunitarización, y ahí es donde tienen que desempeñar un papel importante, naturalmente, el Tribunal de Justicia pero también, evidentemente, el Parlamento.
En lo que se refiere a las restricciones injustificadas en aplicación -y he tomado buena nota de ello-, quiero hacer tres observaciones específicas. La primera se refiere a la Unión Económica y Monetaria, y se han referido a ella hoy aquí. La Comisión ha puesto de manifiesto su preocupación sobre esta cuestión en el informe. Y ahí teníamos muy serias dudas. Teníamos dudas de que el procedimiento de codecisión fuera el procedimiento adecuado, y ha habido un momento en que hemos pensado si debía utilizarse un procedimiento distinto, como el procedimiento de cooperación. Pero si acudíamos al procedimiento de cooperación, nos rompía el equilibrio logrado mediante la supresión de este procedimiento, para quedarnos simplemente con el dictamen simple, el dictamen conforme y la codecisión. Por consiguiente, el hacer una excepción para el caso de la Unión Económica y Monetaria, conservando el procedimiento de cooperación, no nos parecía un buen procedimiento, y esa es la razón por la que hemos optado por el camino que hemos hecho no sin grandes vacilaciones.
Por otra parte, quiero decir también que hay algunos criterios que exponen en su documento -valiosísimo-, del cual he tomado buena nota, comparto y lo integramos dentro de nuestro propio acervo. El argumento del Parlamento sobre el derecho de voto en las elecciones europeas me parece absolutamente pertinente. Respecto a los nuevos derechos en el ámbito de la ciudadanía, quiero subrayar la importancia de la intervención del Sr. De Giovanni cuando ha identificado el tema de la codecisión con la ciudadanía. Me parece muy importante y voy a apropiarme de ese criterio. Estoy plenamente de acuerdo con él. Creo que uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia Intergubernamental sería precisamente que el ciudadano recuperase el protagonismo. Y una de las formas de que el ciudadano consiga este protagonismo es la codecisión, precisamente en función de la doble legitimidad a que me he referido antes.
También el tema de la competencia y concretamente la manera tan inteligente como plantean los temas relativos a los artículos 87 y 94, creo que también ahí los argumentos del Parlamento sobre esos artículos me parecen convincentes y, por consiguiente, los integro dentro de los criterios que prevalecerán para la Comisión.
En cuanto al Tribunal de Primera Instancia, me pregunto si no resultaría preferible un dictamen conforme, al tratarse de un tema propio del ámbito constitucional.
En fin, respecto de la lucha contra el fraude, también me parece que la observación del Parlamento es plenamente acertada. Depende, evidentemente, de la negociación que se lleve sobre este punto.
Quisiera hacer una última observación respecto al Tratado EURATOM. Me parece, efectivamente, lógico aplicar a este Tratado los mismos principios que queremos aplicar para el Tratado de la Comunidad, pero tengo que preguntarme y que preguntarles: ¿querrá la Conferencia iniciar una discusión sobre este Tratado?
En fin, señor Presidente, la codecisión constituye un elemento central de la legitimidad democrática de la Unión. Y el enfoque sugerido por la Comisión nos parece que puede permitir asentar dicha legitimidad y, al propio tiempo, lograr que el resultado resulte más sencillo y más comprensible. De este modo, los pueblos de la Unión participarán, a través de esta Asamblea, en la elaboración de las normas que les afecten directamente y comprenderán mejor el proceso de adopción de decisiones dentro de la Unión. Estamos abiertos, por consiguiente, a las ideas que hoy hemos recibido, a las que nos darán en las próximas semanas y en los próximos meses, y esperamos, con todo ello, que una de las piezas fundamentales de la Conferencia Intergubernamental tenga como resultado precisamente, el enriquecer esta codecisión y, por consiguiente, dar el poder que requiere este Parlamento en igualdad de posición con el Consejo.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, quisiera simplemente indicar al señor Comisario que la cita no debe atribuirmela a mí ya que figura en el tercer guión del apartado 3 del informe Bourlanges-De Giovanni. También, en el apartado 6 aparece otra referencia al carácter restrictivo, pero la consideración «al mismo tiempo aventurada y restrictiva» la puede encontrar el señor Comisario en el informe, que debería haber leído.

Oreja Aguirre
Señor Presidente, no solamente lo he leído, señora Izquierdo, sino que lo tengo cuidadosamente subrayado, pero mis menciones se referían a las intervenciones que hemos escuchado hoy. Yo espero no solamente que su Señoría y yo hayamos leído este informe sino que su Señoría también haya escuchado las palabras pronunciadas aquí por los dos ponentes.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.

Procedimiento de asilo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0315/96) de la Sra. d'Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de resolución del Consejo (5585/95 - C4-0356/95), relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo.

d'Ancona
Señor Presidente, estimados colegas, en junio del año pasado el Consejo adoptó una resolución relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo. Una resolución cuyo primordial objetivo era armonizar los procedimientos de asilo en todos los Estados miembros. Esta noche tenemos aquí en el Parlamento Europeo la resolución en cuestión. ¿Cuál es el contenido, el estado jurídico de esta resolución? ¿En cuál contexto político y social fue adoptado este texto? Comenzaré con esta última pregunta.
La cuestión de los refugiados ha cambiado de cariz desde 1951, año en que se adoptó la Convención de Refugiados en Ginebra y esto por razones muy divergentes. Guerras y catástrofes, sistemas opresivos o hambrunas, son todos éstos factores que han hecho aumentar fuertemente el número de refugiados. El ACNUR se ocupa de más de 26 millones de refugiados, mientras que otros 26 millones de personas dentro de su propia región han tenido que abandonar sus hogares. Comparados con esta cifra de 52 millones de personas desplazadas, el número de solicitantes de asilo en Europa, en nuestra Europa Occidental, es en realidad muy limitado, lo cual no impide que a finales de los años 80 e inicio de los años 90, Europa se vio confrontada, por diversos factores, entre otros la guerra en Yugoslavia, a un rápido aumento del número de solicitantes de asilo.
A esta nueva situación reaccionaron de manera inmediata los gobiernos de los Estados miembros, restringiendo las condiciones de estancia y aumentando las posibilidades de expulsión. Estas medidas han contribuido a que, en comparación con el año de 1992 en el que se alcanzó la cifra más elevada de solicitudes de asilo, este número ha disminuido en Europa Occidental en 60 %, sin que por ello se hayan liberalizado las medidas de admisión. Por el contrario, el recrudecimiento de la política de asilo en un país desencadena la misma reacción en el país vecino, como convenios relativos las solicitudes de asilo infundadas, el concepto de «tercer país seguro» y el denominado «país de origen seguro». Esta espiral descendente de limitaciones cada vez mayores ha reforzado la necesidad de una política común de asilo.
Por estas razones cabe felicitarse de la resolución adoptada por el Consejo, en 1995, encaminada a una armonización de la política de asilo. Menos entusiasmante nos parece la manera en que se elaboró dicha resolución. Una vez más dejó de informarse al Parlamento Europeo, soslayando el carácter obligatorio de esta información en franca oposición además con lo estipulado en el artículo K.6 del Tratado de Maastricht e ignorando las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Por otra parte, el estatuto jurídico de este tipo de resoluciones no es claro. El Parlamento había ya solicitado una mayor precisión en cuanto a este punto. Precisamente porque este tipo de falsa legislación revela el déficit democrático ya que de este modo ni los parlamentos nacionales ni este Parlamento Europeo pueden ejercer un control sobre la cuestión.
Me referiré ahora al contenido de la resolución. Se destaca en primer lugar el carácter contradictorio de este documento. En la resolución se presentan una serie de principios fundamentales del derecho de asilo que más adelante son socavados en el mismo texto al permitirse ciertas excepciones. De esta manera se somete a presión el concepto de «país tercero seguro» el principio de no expulsión, mientras que al ponerse en aplicación una lista de países de origen seguros se pone en peligro el derecho de examen individual a la solicitud de asilo.
Produce inquietud además el hecho de que la resolución mantiene vigente la práctica de que las solicitudes de asilo son tramitadas cada vez más en la frontera. Consideramos empero altamente positivo que la resolución del Consejo brinde atención a la situación específica de las mujeres solicitantes de asilo. Aunque lamentablemente, con respecto a este tema, resulta en definitiva también insuficiente. Se nota la ausencia por ejemplo de un pasaje en el que quede estipulado el derecho de una solicitante de asilo a introducir su demanda independientemente de su cónyuge.
La resolución que hoy nos ocupa resulta decepcionante. Carece de todo efecto vinculante dejando la libertad a los Estados miembros de aplicar ampliamente las posibilidades de excepción. Aunque un nivel mínimo que permite excepciones ya no es tal mínimo. Por este motivo, mi grupo político estima imprescindible una modificación de la resolución. Conjuntamente con una resolución del Parlamento Europeo, la propuesta del Comisario Gradin consistente en lograr en corto plazo la conclusión de una convención de asilo, podrá contribuir a la modificación que deseamos.
Para concluir, una observación sobre las enmiendas que serán sometidas mañana a votación. Aceptaremos una serie de ellas, pero en los casos en que se ponga en duda el acceso del individuo al procedimiento de asilo o en los casos en que se someta a presión el derecho de no expulsión, nos atenemos a los acuerdos internacionales como los que quedan estipulados, entre otros, en la Convención de Ginebra y en el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Nuestra firmeza en cuanto a estos puntos habrá de ser estimulada además por el ACNUR y ONGs como Amnesty International, Human Right Watch y el Consejo Europeo de Refugiados.

Zimmermann
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, el debate de hoy acerca de la decisión sobre garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo llega, en mi opinión, año y medio tarde. La política de asilo constituye uno de los aspectos más importantes del tercer pilar, porque tiene una estrecha relación con los derechos humanos, por ejemplo, con el derecho a la vida y a la salud. Por esta razón, de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea el Parlamento debía haber sido oído antes de la aprobación de la decisión del Consejo y sus opiniones debían haber sido tenidas en cuenta. En vez de esto, tenemos ahora la posibilidad de emitir nuestra opinión mediante un excelente informe de mi colega, la Sra. d'Ancona.
No obstante, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos critica no sólo este proceder, sino también que el Consejo se haya decidido a impulsar la armonización del procedimiento de asilo mediante un acto jurídico no vinculante desde el punto de vista del Derecho internacional. Por el contrario, nosotros exigimos que partes del tercer pilar, a los que pertenece la política de asilo, se comunitaricen en la revisión del Tratado pues sólo de esta forma podrá el parlamento ejercer su colaboración y control democráticos. La presente resolución persigue en esencia el objetivo de garantizar procedimientos iguales en todos los Estados miembros para los solicitantes de asilo. Hay que celebrar básicamente este planteamiento. Pero si consideramos el resultado, la resolución del Consejo es solamente una síntesis de garantías sobre un mínimo común denominador. Contiene algunos principios básicos generales que son interpretables, pero por lo demás contiene muchas regulaciones de excepción.
Merced a las numerosas excepciones está apareciendo en la Unión Europea el peligro del dummpig en materia de asilo. Algunos Estados miembros podrían remitirse a excepciones que se contienen en la resolución, pero que hasta ahora no han aplicado. Es preciso conjurar absolutamente este peligro.
Un problema especial reside las llamadas solicitudes de asilo manifiestamente infundadas. Este grupo de casos tiene como consecuencia que los que buscan protección no sean admitidos al procedimiento.
Quiero instar a los Estados miembros a que admitan individualmente todas las solicitudes de asilo, las remitan al correspondiente órgano central competente y asegure su tramitación allí.
El concepto del país seguro de origen o del estado tercero seguro conduce a que los que buscan protección sean expulsados. En el caso del presunto país de origen seguro esto puede significar un peligro para el cuerpo y la vida. En los llamados terceros estados seguros no siempre está garantizado que los solicitantes de asilo sean admitidos al procedimiento de asilo. Por esta razón insto a los Estados miembros a que soliciten de los países de origen seguridades de que al solicitante no le amenaza ningún peligro para su vida, su salud y su libertad, o que el tercer estado les dé garantías de que los solicitantes de asilo gozarán de un procedimiento limpio. Ambas clases de seguridades deben constar por escrito. Alemania ha jugado un importante papel en los dos puntos que acabamos de citar. Por esta razón, me gustaría preguntar a la Presidencia del Consejo, si estuviera presente, qué piensa del hecho que el Tribunal Federal Constitucional en su decisión de asilo de 14 de mayo del presente año haya dado al Gobierno Federal un notable margen de decisión a la hora de determinar los países de origen seguros.
Es de temer que este margen de decisión se aplique también en el establecimiento de los países terceros seguros. Por consiguiente, ¿cómo valora la Presidencia el hecho de que el Tribunal Constitucional no obligue al Gobierno alemán a recabar todas las informaciones y a adoptar una decisión asumible, a la hora de plantearse la pregunta de si un estado en cuestión respeta y defiende jurídica y prácticamente la dignidad humana y los derechos humanos, es decir, si puede ser considerado no perseguidor en el sentido del derecho de asilo?
Permítanme todavía una puntualización sobre la solemnidad de hoy, los derechos del niño y el 50º aniversario de la fundación de UNICEF. Hoy hemos hablado sobre niños que se encuentran huyendo. Precisamente los niños no acompañados necesitan nuestra ayuda, necesitan también la posibilidad de presentar una solicitud autónoma de asilo.

Lulling
Señor Presidente, me felicito, naturalmente, de que las conclusiones de la Comisión de Derechos de la Mujer hayan sido recogidas, si no textualmente, al menos en su contenido por la mayoría de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores.
La Comisión de Derechos de la Mujer acoge favorablemente, por ejemplo, la Resolución del Consejo relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo, porque constituye un paso importante con miras a definir entre los Estados miembros unas normas de procedimiento comunes para tratar a los solicitantes de asilo. Estimamos, pues, que ello representa un paso positivo con respecto a la normalización de la política de asilo en la Unión Europea.
Ya he dicho que nos felicitamos de que nuestras enmiendas hayan sido aceptadas mayoritariamente por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, y le doy las gracias por ello. También me satisface comprobar que, salvo una excepción -la enmienda 7-, no se han presentado enmiendas que pudieran rebajar el contenido de los apartados 23 a 31 de la resolución, los cuales recogen mis conclusiones. Agradezco a los colegas de mi Grupo por haber incluido en su enmienda 32 la segunda conclusión de mi opinión, que no figura en el texto aprobado por nuestra comisión.
Por lo tanto, esta ponente para opinión está plenamente satisfecha, y espera, evidentemente, que los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros tengan en cuenta estas enmiendas en el momento de poner en práctica las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo. En efecto, es necesario que se reconozca el derecho de asilo a las mujeres y niñas que sufren discriminaciones por razón de su sexo. Es necesario que la violencia sexual sea reconocida como una forma de tortura, particularmente el uso que se hace de la violación como arma de guerra y las tradiciones de determinados países, que constituyen verdaderas mutilaciones sexuales. Es necesario que las mujeres tengan la posibilidad de presentar una solicitud de asilo por su cuenta, que se les conceda un estatuto jurídico propio para evitar que pierdan sus derechos en caso de fallecimiento del cónyuge, divorcio o ruptura de la relación conyugal. Todo esto debería ser obvio, pero ha sido necesario especificarlo, y espero que el Parlamento nos apoye.
Con respecto a las demás partes del informe de la Sra. d'Ancona, seguiré la opinión de mi Grupo, ya que considero que no debe, por ejemplo, concederse asilo a ciudadanos de terceros países que no sufren persecuciones políticas en su país.
Esto es lo que deseaba manifestar, señor Presidente, como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, y espero que el Parlamento nos apoye para que no olvidemos a las mujeres, ya que también ellas tienen derecho a unas garantías mínimas en el marco del procedimiento de asilo. Y he sido más breve, señor Presidente, que el tiempo de uso de la palabra de que disponía.

Schulz
Señor Presidente, estimados colegas, quiero comenzar dando las gracias en nombre de nuestro grupo a nuestra colega, la Sra. d'Ancona, por su informe, el cual ha sido difícil pues trata uno de los objetos políticos más complicados que tenemos en la Unión Europea. Por esta razón quiero decir también que no comparte la elegante discreción con que Hedy d'Ancona ha acompañado al Consejo en su intervención. Quisiera decirles claramente que el Consejo, precisamente en lo que respecta al debate del Parlamento sobre el asilo muestra por enésima vez ante el Parlamento una arrogancia que no se justifica con nada.
El capítulo 6 del Tratado de Maastricht prevé que el Parlamento, por supuesto, ha de ser oído sólo en los aspectos más importantes de la política interior europea. Yo me pregunto: si el derecho de asilo no es uno de los aspectos más importantes, ¿qué es, entonces, un aspecto importante? Estamos viendo con frecuencia que asuntos importantes de política interior, que inquietan a las personas en nuestros países miembros, provocan conflictos políticos de dimensiones nunca conocidas. Los gobiernos miembros, representados por el Consejo de Ministros, creen que pueden castigar con su desprecio a la única institución de la Unión Europea legitimada por elecciones libres y directas, en concreto, a nosotros, al Parlamento Europeo. Para coronar esta actitud el Consejo no se halla presente esta tarde. Me pregunto dónde estarán realmente. Es tarde, quizá estén en el restaurante. Pero es monstruoso que el Consejo no participe en este debate. Con esto concuerda luego muy bien el hecho de que consulte al ACNUR a la hora de elaborar el proyecto propio, pero seguidamente no haga caso de ninguno de los consejos del Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Concuerda también muy bien con esto que el Consejo se reúna constantemente a puerta cerrada en su Comité K.4 y en sus órganos subordinados, en el CIRIA y en el CIRIFI, pues el derecho de asilo, una cuestión política esencial de la Unión Europea, no importa a la opinión pública, no importa al Parlamento Europeo. Creo que no podemos tolerar esto por más tiempo, y creo que debemos decir con toda claridad cómo se ha comportado el Consejo en el debate de hoy y, en toda la preparación del debate, en comisión y en el seguimiento del Informe d'Ancona. Para mí, esto significa pisotear la democracia.
En este informe de Hedy d'Ancona hay que tener en cuenta que con este debate estamos tocando un nervio de la política europea. Efectivamente, se trata de la cuestión de cómo la Unión Europea, en su calidad de Comunidad que tiene por bandera y por objetivo la realización no sólo del mercado interior y de beneficios ilimitados de las grandes empresas sino también la realización de los derechos fundamentales en el mundo, piensa tratar en el futuro, aunque sea a un nivel mínimo, un derecho fundamental que para las instancias nacionales, y también para las instancias supraestatales internacionales, implica la obligación de proteger a las personas que son perseguidas, y de no rechazar en su puerta a las personas que ven amenazada su integridad física y su existencia por razón de su origen, de su raza, de su religión, del color de su piel y de su pertenencia étnica, cuando ella misma está reventando de riqueza. Pero éste es el objetivo de la política de asilo de muchos países miembros y es también, al parecer, cuando leo el proyecto del Consejo, el objetivo de la Unión Europea, al menos el objetivo del Consejo de Ministros.
Los países de origen seguros son un punto muy importante del debate que estamos celebrando. Soy partidario de que discutamos qué significa un país de origen seguro, y Hedy d'Ancona ha desarrollado ideas concretas. No puede ser que países de origen seguros sean determinados solamente por los gobiernos de los Estados miembros y no sobre la base de sus respectivas consideraciones tácticas de política interna y de tipo diplomático. Un país de origen seguro debe ser definido introduciendo también las experiencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que trabajan in situ, introduciendo las experiencias del Alto Comisariado para los Refugiados. De lo contrario, no puede existir tal lista, y tras la comunitarización del derecho de asilo debe ser democráticamente controlable, a ser posible por el Parlamento Europeo.
Creo que respecto de los terceros estados seguros debe controlarse -también por nosotros, por ejemplo, a través de inclusiones contractuales en los tratados de asociación- que los derechos fundamentales mínimos, cuya realización esperamos para poder calificar a un país como país tercero seguro, se aplican también realmente en tal país y están también realmente garantizados allí.
Señor Presidente, con el Informe d'Ancona no logramos un brillante derecho europeo de asilo, aunque se aprobase todo lo que propone Hedy d'Ancona. Pero si el Consejo consintiera en tomar en consideración las propuestas de la Sra. d'Ancona, suavizaría, al menos un poco, los graves errores que ha hecho hasta ahora.

Nassauer
Es cierto que tenemos que lamentar la manera con que nos implica el Consejo en este trabajo. En este sentido, no quiero contradecir lo que nuestro colega, el Sr. Schulz ha dicho, y quiero apoyarme en ello, aunque no en su vocabulario ni en su tono. Pero esto me ahorra un tiempo que utilizaré para otra cosa, en concreto, para los contenidos y de éstos se trata en último término. ¿De qué contenidos hablamos aquí? Los europeos necesitamos un derecho único de asilo y esto por tres razones.
Desde el Convenio de Dublin los Estados miembros se reconocen mutuamente sus decisiones en materia de asilo. Por consiguiente, un solicitante de asilo que sea reconocido en Alemania, es también un refugiado político reconocido en Francia. Un solicitante de asilo que sea rechazado en Francia tampoco obtendrá en Alemania un nuevo procedimiento. Para que podamos aceptar una decisión semejante en Alemania, tenemos que poder discutir, naturalmente, las razones por las que alguien es a reconocido o no es reconocido en Francia. Esto significa, señoras y señores, que ahora necesitamos, al menos, una unificación de los fundamentos tanto del derecho material de asilo como también del derecho del procedimiento de asilo. También necesitamos esto porque desaparecen los controles en las fronteras interiores y se está produciendo una mayor libertad de circulación. También lo necesitamos porque, tal como se ha confirmado también antes en el debate, reina un gran acuerdo en comunitarizar partes esenciales del tercer pilar, en cualquier caso, el derecho de asilo.
Si, en primer lugar, se acepta esto como una necesidad y, en segundo lugar, se acepta que en un solo paso no se puede lograr todo el objetivo de un derecho europeo de asilo plenamente armonizado, cosa que no sería, en absoluto, realista, entonces la resolución del Consejo sobre las garantías mínimas aplicables en el procedimiento de asilo constituye un paso razonable y digno de celebrarse. En cualquier caso, celebro expresamente en nombre del Grupo del PPE esta recomendación del Consejo. Sería disparatado esperar ya en el primer paso el producto final, por decirlo así. Es razonable, establecer primero en una recomendación no vinculante cómo podría ser un derecho comunitario de asilo, y dejar a los estados su traslación al derecho intraestatal, y luego celebrar un convenio que proclame la obligatoriedad legal. Va contra toda experiencia y, por lo demás, también contra cualquier análisis de la situación política, esperar inmediatamente todo esto de una vez, y tras la crítica a la no obligatoriedad legal, señoras y señores, se pierde totalmente lo que significa un progreso jurídico realmente importante en esta recomendación del Consejo: reglas claras para el procedimiento de asilo, la afirmación de que incluso en los casos de asilo manifiestamente infundados debe existir la posibilidad de interponer un instrumento jurídico, cosa que hasta ahora no se da todavía, y el hecho de que instancias independientes decidan a través de instrumentos jurídicos. Y se podría proseguir así la enumeración durante un buen rato.
En síntesis, a la recomendación del Consejo le faltan tres conceptos: los terceros estados seguros, los países seguros de origen y el tratamiento de los casos de asilo manifiestamente infundados. No puede haber ninguna duda, señoras y señores, de que sin la aplicación de estos instrumentos jurídicos no es posible en Europa un derecho de asilo de corte humano. Por esta razón, si estamos acertados, hemos de apoyar estos conceptos así como también la recomendación del Consejo.

Van Bladel
Señor Presidente, el informe de la Sra. d'Ancona constituye el reflejo de su implicación en el tema. De manera acertada invoca este documento mejores garantías para los procedimientos de asilo, siendo también justa la conclusión de que el enfoque del Consejo basado en condiciones mínimas resulta insatisfactorio. La denominada «distribución de la carga» entre los países de la UE es un fracaso ya que los países miembros tratan de desplazar las cargas hacia los demás. Por este motivo se hace imprescindible una medida encaminada a la armonización. La iniciativa de la Comisión de establecer una convención relativa a la política de asilo me parece positiva. Como solución intermedia puede proponerse una norma marco basada en el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. En la tramitación de los procedimientos de asilo revisten aún suma importancia las garantías estipuladas por el Estado de derecho. En los Países Bajos, por ejemplo, en el caso de denegarse una solicitud de asilo no existe derecho de apelación. Me parece esto inquietante. Así se dio el caso recientemente de que un solicitante de asilo procedente de Surinam, que llevaba seis años en Holanda, no obstante hacer sido utilizado además como informante del servicio secreto de criminología, terminó siendo expulsado del país. Semejantes situaciones no pueden producirse en un Estado de derecho. Considero extremadamente positivo este informe, aunque si los Estados miembros no actúan en consecuencia, no dejará de ser un documento realmente sin valor alguno. En los próximos meses la Presidencia neerlandesa deberá ocuparse de la armonización de los procedimientos de asilo.

Wiebenga
Señor Presidente, no deseo expresar ningún comentario negativo respecto al Comisario Kinnock, aunque sí lamento que el Comisario Gradin, que es responsable en esta materia, no se halle presente en este debate.
La resolución del Parlamento que nos ocupa ahora califica la decisión del Consejo en materia de garantías mínimas para los procedimientos de asilo «una buena premisa», pasando a continuación a señalar ciertas críticas. El grupo Liberal concuerda con el ponente en que el contenido de la decisión del Consejo puede ser aprobado en sus líneas generales. Compartimos las críticas del ponente con respecto a una serie de puntos, aunque no en todo su conjunto. ¿Qué es lo que se advierte en dicha decisión del Consejo? Con respecto al procedimiento bastantes cosas. Me sumo a las críticas expresadas por la Sra. d'Ancona, por el Sr. Schulz, el Sr. Nassauer y otros colegas.
Podemos respaldar la resolución de la ponente en sus líneas principales, aunque creemos necesarias ciertas observaciones. En lo referente a las garantías mínimas para procedimientos de asilo deberá respetarse siempre lo estipulado por la Convención de Ginebra sobre la Protección de los Refugiados, pacta sum servanda . En caso de rechazo de la solicitud de asilo deberá existir siempre el derecho de apelación. En términos generales deberá poseer esta apelación efecto suspensivo, salvo en los casos en que la denegación responda al carácter manifiestamente infundado de la solicitud. Aunque también en este último caso la expulsión del solicitante rechazado deberá poder ser examinada por la justicia. La enmienda que he presentado tiene por objeto precisar este punto de la resolución.
A mi parecer esta resolución resulta imprecisa en lo tocante al punto de «país seguro», también aquí abordado. Me da la impresión que la ponente desaprueba ese concepto, lo cual me sorprende ya que esta noción fue instaurada en su país, que es también el mío, por un gobierno en el cual la propia Sra. d'Ancona ocupaba un cargo de ministro. Ha sido también aceptado por la justicia, entre otros, por el Tribunal Constitucional de Alemania. De ahí la necesidad de corregir la resolución y con esa intención he presentado una enmienda. De todas maneras, lo que resulta urgente en este concepto de «país seguro», es que los Estados miembros establezcan una lista europea conforme de «países seguros», que deberá someterse al parecer de este Parlamento.
A nivel europeo, en lo referente al desarrollo de una efectiva política europea de asilo no se han alcanzado grandes progresos. Por ese motivo es importante que desarrollemos en esta Asamblea una iniciativa encaminada a favorecer la realización de esta política. La Comisión de Presupuestos ha propuesto, a través de su ponente, mi compañero de grupo Brinkhorst, la instauración de tres líneas presupuestarias relacionadas con refugiados, con expatriados que han encontrado provisionalmente refugio en el seno de la Unión Europea y por último con la política de asilo en general. Constituye esta propuesta una señal que en la situación actual no habrá de ignorar este Parlamento, por lo que desearía pedir a la Comisión que proceda al desarrollo de una efectiva política de asilo comunitarizada.

Moreau
Señor Presidente, la Resolución del Consejo relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo ha suscitado reservas y preocupaciones por parte de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados, del Consejo Europeo de Refugiados y de Amnistía Internacional. Se trata, en efecto, de garantías mínimas con posibilidades de establecer excepciones a los principios formulados.
Nosotros consideramos que esta Resolución no contiene garantías suficientes contra la expulsión de personas a países donde corren el peligro de ser perseguidas. Las expulsiones en vuelos «charter» que tuvieron lugar en Francia y en otros países demostraron, desgraciadamente, que este peligro no era puramente imaginario. El informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores propone varias enmiendas que aumentan las garantías. Nos felicitamos particularmente de que se haya recogido nuestra enmienda por la que se pide la aplicación de la Convención de Ginebra a las personas amenazadas por determinados grupos cuando los poderes públicos de su país no pueden garantizar su protección. Se trata en particular del caso de demócratas argelinos, hombres y mujeres, amenazados de muerte por los comandos integristas, que continúan perpetrando sus atroces asesinatos.
Deseo señalar que el informe se pronuncia, con razón, contra la elaboración por los gobiernos de las denominadas listas de «países de origen seguros», las cuales pueden legítimamente hacer abrigar dudas sobre un nivel suficiente de garantías de seguridad para los solicitantes de asilo.
En el comienzo del siglo veintiuno, en que tienen lugar tantas guerras, tensiones, atrocidades, en tantos países, la acogida y protección de personas cuya propia vida está a veces en peligro, con frecuencia a causa de sus opiniones, son elementos inherentes a la civilización, que la Asamblea debe defender.
Hay que tomar en cuenta la situación específica de las mujeres, que en ciertos países son víctimas de actos de violencia, de mutilaciones, de coacciones contrarias a los derechos humanos. Frente a una Europa «fortaleza», abstraída en sí misma, en la que perduren las desigualdades y las discriminaciones, ¡nuestro Grupo defiende la concepción de una Europa basada en la solidaridad, en el respeto de la dignidad humana y en la cooperación, para hacer retroceder el subdesarrolo, la miseria y la barbarie!

Roth
Señor Presidente, estimados colegas interesados, buenas tardes, señor Nassauer, gracias, Hedy, por tu hermoso informe en el que se intenta definir una política de refugiados, liberal y humana, y a este respecto mi definición y tu definición de lo humano difiere, seguramente, de la de nuestro colega, el Sr. Nassauer. Pero, ¿cómo se logra un único procedimiento europeo de asilo? Funciona así: los Estados de la UE -entiéndase la justicia- se reúnen, cada uno de ellos toma la norma más rigurosa de asilo que haya en su propio país, la arroja sobre la mesa de negociaciones y entonces se forcejea de acá para allá. Los apartados que parezcan todavía demasiado generosos se expurgan y el resto se agrupa luego en una resolución con el título: estándares mínimos para el procedimiento de asilo.
Esto sucede a puerta cerrada -se ha dicho ya-, en la clandestinidad, en la que los representantes de los ejecutivos nacionales mutan hacia un legislativo europeo. El PE queda fuera, el control democrático público estorba en este sistema. Este tipo de garantías mínimas que surge de ahí garantiza que de la protección a los refugiados quede sólo un poco. Esto es un ejemplo de cómo la política de la UE sobre refugiados intenta también eludir convenciones en vigor, como la Convención de Ginebra sobre Refugiados o la Convención sobre los Derechos Humanos, mediante convenciones cuasi alternativas. Este principio, siempre igual, podría considerarse como un acuerdo sobre la base de un mínimo común denominador; expresado de una manera más drástica y acertada es, en realidad, una carrera de mezquindad. En este contexto, armonización ya no significa planteamientos liberales, más derechos para los refugiados, sino privación de derechos a los refugiados con arreglo al siguiente principio: cada cual se lava inocentemente las manos se expulsa al refugiado al país siguiente, el cual piensa luego que, bueno, el otro país respetará ya la Convención sobre Refugiados, se sigue expulsando, se sigue expulsando, hasta llegar al país de origen y éste es el país perseguidor. Este no es para mí un modelo europeo de una política auténtica, liberal, de refugiados que se orienta por los derechos humanos y por los derechos fundamentales. Para los refugiados los derechos fundamentales deben ser también indivisibles. Gracias una vez más, Hedy, por tu informe. Sólo que me temo que en el Consejo chocará de nuevo contra oídos sordos.

Lööw
Señor Presidente, en mi país, y posiblemente no sea el único lugar, se afirma como verdad indiscutible que todos los pasos que se den hacia una política coordinada de la Unión en torno a los refugiados sería necesariamente más dura y rigurosa. Es uno de los factores que se aduce en los debates en que se sugiere la creación de la «Fortaleza Europea». Pero si leemos este informe, veremos que eso no sucederá si el Parlamento ve cumplidos sus deseos. En el informe se plantean unos claros requisitos de procesos de asilo concretos, jurídicamente seguros y humanos. Con estas garantías mínimas, yo también creo que se podría tener un punto de partida para una política común en materia de asilo. No obstante, es importante, como también señala el informe, que esta armonización tenga una ambición más elevada que la de limitarse a partir de unos denominadores comunes mínimos.
Si los países miembros de la Unión quieren conservar la confianza recíproca en lo referente a mantener la libre circulación de personas, es esencial que tengamos unos puntos de vista comunes sobre la difícil tarea de diferenciar entre las cuestiones de asilo y otros tipos de inmigración. Señor Presidente, lo sucedido en los últimos años no ha hecho sino confirmar lo que muchos habían destacado durante largo tiempo, que sin una coordinación, los países ofrecerán cada vez menos posibilidades, dejando así fuera de juego a los demás en lo relativo a la política de asilo. Tendremos una espiral de tendencia descendente, con unas legislaciones nacionales cada vez más mezquinas y rigurosas, y una práctica del mismo estilo en los diversos países receptores. De hecho, será precisamente la falta de coordinación la que cree la «Fortaleza Europea» y no lo contrario. Por ello es tan importante que avancemos en el espíritu que ilustra el informe del Parlamento.

Roth
Señor Presidente, quisiera disculparme. Sólo he saludado a los dos grandes matadores de este debate. Lejos de mí no saludar a Wilmya, no desear a Ana una buena tarde o a Ilona o a Michèle. Discúlpeme, pero me quería referir de manera específica al Sr. Nassauer y al Sr. Schulz.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, quiero en primer lugar darle las gracias a la Sra. Roth por llamarme «matador». En España hubiéramos dicho «torero». También quiero unir mi voz a la denuncia efectuada por oradores anteriores respecto de la falta de respeto que el Consejo ha mostrado al no consultar a este Parlamento en la confección de esta resolución. Asimismo, la ausencia sistemática del Consejo cuando se debaten asuntos de esta transcendencia constituye asimismo una quiebra del equilibrio interinstitucional. ¿No interesa al Consejo saber lo que dice el Parlamento? ¿Por eso no nos pide opinión, en contra de lo establecido en el artículo 6 del Tratado, y por eso hoy aquí no hay ningún miembro del Consejo.
Señor Presidente, a partir de ahí voy a hacer dos reflexiones. La primera se refiere al debate sobre la «comunitarización» del derecho de asilo. Cada vez que el Consejo aborda cuestiones relacionadas con la emigración y el asilo se pone de manifiesto la contradicción profunda que marca todo el proceso de integración europea en las políticas del tercer pilar, porque todos -y también el Consejo- somos conscientes de que estos problemas nos afectan en común y sólo desde el común pueden abordarse eficazmente. Así, en buena lógica, no se entienden las reticencias, los temores, lo cicatero de las acciones que el Consejo emprende. Por ello, y una vez más, esta Asamblea reclama, frente a las resoluciones como la que hoy nos ocupa, la armonización, es decir, la adopción de actos que tengan consecuencias jurídicamente directas y vinculantes en los Estados miembros.
Mi segunda reflexión, señor Presidente, se centra en el concepto de garantía como elemento de la seguridad jurídica. Si Europa significa algo, ello sería, en palabras de Koshaker, una tradición jurídica anclada en el concepto del individuo como ciudadano, como centro de derechos. Derechos que han de corresponderse con las garantías que el ordenamiento establece para su ejercicio pues, de otro modo, quedarían en meras declaraciones formales hueras de contenido.
La plenitud de estas garantías tiene mayor importancia, si cabe, en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico se enfrenta a una persona en condiciones especialmente precarias, y éste es el caso del asilo. Las garantías han de primar, han de proteger con eficacia a quienes reclaman fundadamente este derecho de asilo. Fundadamente , señora Roth; fundadamente , señor Schulz. Pero, sin duda, y de igual manera, deben alzarse con rigor frente a quienes pretenden utilizar el sistema en fraude de ley. En este sentido, la comunidad de criterios que esta resolución establece sobre las tres cuestiones básicas glosadas en intervenciones anteriores -el tercer país seguro, el país de origen y las demandas manifiestamente infundadas-, suponen un paso importante del que no sería justo escatimar la importancia.
El protagonismo europeo, señor Presidente, en este terrible asunto del asilo se fundamenta tanto en la consagración de los derechos humanos -como fundamento de nuestra cultura- como en las garantías que nuestros ordenamientos establecen para su ejercicio.

Sierra González
Señor Presidente, la propuesta de resolución sobre el derecho de asilo de que trata el informe d'Ancona es expresión de un buen deseo, manifestado por el Consejo, de establecer mecanismos de protección convenientes a los refugiados. Ese deseo se ha traducido en la formulación de bases jurídicas presuntamente equivalentes, a partir de las cuales los Estados miembros podrían resolver las solicitudes de asilo. Todo eso es muy loable. ¿Quién puede estar en desacuerdo? La cuestión es, que si nos atenemos al contenido de la resolución, no pasa de ser un buen deseo. Con la resolución en la mano, se puede uno preguntar: ¿cómo se va a garantizar una protección conveniente y que, además, sea común y respete las tradiciones humanitarias de esta parte del mundo y la Convención de Ginebra de 1951 cuando no existen disposiciones legales vinculantes y, por otra parte, se permite a los Estados miembros un amplio recurso a las posibilidades de excepción en sus legislaciones nacionales?
Y por lo que concierne a la forma -no sólo al contenido- no hay razones para sentirse más feliz. Es inaceptable el procedimiento elegido por el Consejo para la aplicación de la resolución, la cual ha sido sustraída al control del Parlamento y al control judicial. Por otra parte, con la introducción de listas de país de origen seguro, se quiebra el deber de apreciación individual de cada demanda de asilo, impidiendo una consideración particularizada de las condiciones de los demandantes y rompiendo el principio jurídico de que los derechos son individuales. Hay razones para abrigar dudas sobre la eficacia de este instrumento jurídico, pero incluso caben efectos perversos sobre los cuales no se ha pensado. En todo caso, este instrumento no constituye una barrera jurídica contra los prejuicios xenófobos. El que merece un amplio apoyo, desde luego, es el serio y riguroso informe de la Sra. d'Ancona.

Amadeo
Señor Presidente, la definición de los procedimientos para la presentación de las solicitudes de asilo constituye un problema de palpitante actualidad que, no cabe duda, precisa de una atención específica por parte de la Unión. El Consejo adoptó una resolución para crear procedimientos equivalentes en todos los Estados miembros y garantías a los solicitantes de asilo en cuanto a los procedimientos.
Ciertamente, el procedimiento adolece de muchas deficiencias y nos parece inaceptable tanto porque el Parlamento Europeo no fue consultado previamente como porque su aplicación se sustrae al control parlamentario y judicial y porque no es vinculante y su voluntad jurídica se deriva sólo del hecho de proceder de las conclusiones del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Según nuestra opinión, las solicitudes de asilo rechazadas en primera instancia, deben ser objeto de un nuevo recurso ante la autoridad judicial, así como debe reconocerse el principio del efecto suspensivo de dicho recurso, sin perjuicio, no obstante, de las garantías que el solicitante debe ofrecer respecto a su domicilio temporal y a la posibilidad de conocer su paradero hasta que se dicte la resolución definitiva.
Igualmente, estamos en contra de la definición de una lista de países considerados seguros. Nos parece un pecado de presunción y estamos convencidos de que no puede constituir un estándar, habida cuenta de que cada solicitud de asilo tiene sus propias características y especialidades, que se escapan de cualquier esquema previo. Por otra parte, el solicitante debe gozar de determinadas garantías en cuanto al procedimiento que garanticen el respeto de sus derechos personales, como la utilización de una lengua comprensible para el mismo, la aplicación de un límite de edad y la asimilación a la solicitud presentada por el cónyuge.
Asimismo, estamos convencidos de que debe concederse el asilo a las mujeres y a las niñas procedentes de países que utilizan la mutilación, la violación o la violencia sexual como arma de guerra o tienen unas costumbres culturales que implican su bárbara persecución por razón de sexo.

Lindeperg
Señor Presidente, esta noche hablamos de derecho de asilo, y deseo formular una pregunta: ¿el asilo sigue siendo hoy realmente un derecho? Algunos ejemplos recientes: una zaireña violada y golpeada en las cárceles de su país, un judío de Tadzhikistán tatuado con cigarrillos por sus torturadores con una estrella de David; a estas personas se les niega el asilo en Francia, e incluso se expulsa a refugiados -en el sentido que el ACNUR da a este estatuto- a su país de origen. En este ámbito se han traspasado los límites de lo tolerable, y sé muy bien que Francia no tiene el monopolio en la materia. De ahí mi pregunta: ¿en la Unión Europea, el asilo sigue siendo un derecho para las personas perseguidas y un deber para los Estados miembros?
En este contexto, la resolución del Consejo sobre un aspecto del derecho de asilo atinente a las garantías mínimas se basa en un buen deseo, pero las numerosas posibilidades de excepción vacían este texto; y sobre todo el hecho de haberse elegido un instrumento no vinculante jurídicamente permite pensar que de lo que se trata es de tranquilizar la conciencia sin arriesgar demasiado. ¿Qué puede hacer entonces el Parlamento Europeo? No mucho, como siempre.
Tercer pilar obliga; el Parlamento hará oír su voz a través del excelente informe de nuestra colega d'Ancona y de sus propuestas, absolutamente indispensables, para mejorarlo. Pero no basta con proponer elementos inteligentes y constructivos para ser escuchado. Y esta voz de alarma corre el peligro, una vez más, de clamar en el desierto. El Consejo se cuidará mucho de no tenerla en cuenta, ya que no está obligado jurídicamente a ello y porque hace tiempo que ha interpretado el artículo K.6 de tal modo que no tenga que preocuparse por los dictámenes del Parlamento Europeo. Mis colegas, en especial el Sr. Schulz, han aludido a ello enérgicamente; no insistiré al respecto.
Queda por saber si los negociadores de la Conferencia Intergubernamental se decidirán a remediar esta situación, y en este punto, señor Presidente, no me arriesgaré a apostar por el futuro.

Deprez
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. d'Ancona contiene muchos puntos positivos; y debo decir, desgraciadamente, que también contiene algunos puntos negativos sobre aspectos que yo considero esenciales en materia de política de asilo.
Hablaré poco de los puntos positivos -la Sra. d'Ancona y sus colegas los han tratado profusamente-; sólo deseo decir que estoy de acuerdo, sobre el fondo, con las precisiones introducidas en el informe respecto a la obligación de tratar individualmente las solicitudes, la necesidad de garantizar plazos razonables, el refuerzo de los derechos de las mujeres y de los menores, la humanización de los procedimientos y la exigencia sobre la formación de los agentes encargados de examinar los expedientes.
Pero existe, sin embargo, un punto sobre el que, tal como están las cosas y en el estado actual del informe, discrepo con el contenido que hoy se nos propone. En realidad, la Sra. d'Ancona y quienes la apoyan, no aceptan reconocer que existen solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, y cuando parece aceptarlo, no lo hace repercutir en el plano del procedimiento. Así pues, el informe no apoya, por ejemplo, la disposición que establece la resolución del Consejo, según la cual los Estados miembros afirman que no debería haber motivos de derecho o de hecho para reconocer el estatuto de refugiado político a un solicitante que sea ciudadano de otro Estado miembro. ¡Pero si es algo elemental!
La Unión Europea es una comunidad de derecho, está formada por países democráticos que respetan, por definición, los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Cómo podríamos aceptar que un ciudadano belga solicite el estatuto de refugiado en un país vecino, como Francia, Holanda o Alemania? Esta disposición figura en el texto del Consejo; en la enmienda se proponía incorporarla y ustedes no la han aprobado, no la han apoyado. Dentro de este espíritu, no admiten, o no les agrada, el concepto de país seguro, ya se trate de un país tercero o de origen; de dónde el carácter casi automático de las solicitudes manifiestamente infundadas. E incluso en casos tan claros como este, quieren imponer el carácter suspensivo del recurso frente a una decisión denegatoria.
En mi opinión, es evidente que existen países seguros, algunos están junto a nuestras fronteras. El hecho de que con respecto a otros países -concretamente del continente africano e incluso de Europa, de Europa Central, de Europa Oriental, de Asia, de América Latina-, antes de considerarlos seguros, sea necesario estudiar su situación de manera crítica, sistemática y contradictoria, debatir democráticamente al respecto y realizar un examen periódico, constituye un imperativo a la vez humanitario y democrático.
El objetivo de la política de asilo es prestar socorro a personas amenazadas de persecución; y no puede servir de engaño para sustraerse a la justicia de los países democráticos ni para permitir que algunos mejoren su situación económica en el plano personal. Si el informe no tuviera en cuenta estos elementos, yo tendría -al igual que algunos de nosotros- serias dificultades para aprobarlo.

Mohamed Alí
Señor Presidente, no quiero empezar mi intervención sin antes felicitar a la Sra. d'Ancona por el magnífico informe que ha realizado. El proyecto de resolución del Consejo, aunque bien intencionado, adolece de un defecto que me parece fundamental y que convierte este gesto en simple papel mojado, pues la resolución no contiene disposiciones legales vinculantes para los Estados miembros, permitiendo a éstos la aplicación de excepción de sus legislaciones nacionales.
Me parece, por consiguiente, importante adoptar la resolución del Parlamento Europeo, que constituye, a mi juicio, un excelente punto de partida, y acojo con satisfacción la propuesta de solicitar a la Comisión la presentación de un proyecto de Convenio para el asilo que armonice las legislaciones nacionales y en el que, en cualquier caso, se garantice un acceso fácil, la asistencia jurídica, la investigación fehaciente de los hechos, la evaluación por órganos especializados, la posibilidad de recurso y un tratamiento que tenga en cuenta la especial situación de la mujer.
Situaciones como la acaecida el pasado mes de julio, en la que se expulsó a buen número de demandantes de asilo violándose los más elementales derechos fundamentales, no pueden volver a repetirse en el territorio de la Unión Europea.
Quisiera destacar también que la Unión Europea debe reflexionar sobre el papel que desempeñan sus relaciones económicas en el mantenimiento de regímenes pseudodemocráticos, a través de ayudas económicas y acuerdos aduaneros, y destacar la paradoja que supone que un número nada desdeñable de demandas de asilo procedan de ciudadanos de estos países.
Finalmente, esta Asamblea debería empezar a entender que la inmigración por motivos políticos y sociales representa un grave problema para la figura del asilo y, así pues, debería apostar decididamente por una verdadera acción de exterior de la Unión que contribuya a solucionar el problema de fondo que todos conocemos.

Oostlander
Señor Presidente, si es cierto que vivimos en Europa en algo así como una civilización judeo-cristiana, es lógico que tratemos con suma atención a aquéllos que deseamos denominar extranjeros, a aquéllos que son refugiados, mucho más aún cuando su expatriación se debe a persecusiones religiosas o políticas, a efectivas expulsiones por características raciales o étnicas.
En la tradición europea el término «extranjero» merece una suma atención. Es de lamentar que en la opinión pública muy a menudo se hace aparecer al solicitante de asilo como un verdadero elemento embarazoso. Estimo que el informe y la discusión celebrada en este Parlamento se distancia de esta concepción. Cabe reconocer que nuestra Europa no se ve, por así decirlo, asediada particularmente por grandes oleadas de candidatos al asilo, como sostiene de vez en cuando la extrema derecha. Porque en realidad, y así lo comprobamos diariamente en la prensa, la gran marea de refugiados y de candidatos al asilo se hallan fuera de nuestro continente y es allí donde se les da, o se les niega, la necesaria acogida.
No es necesario pues que exageremos la cuestión del asilo en Europa. Me parece también importante que el informe de la Sra. d'Ancona propone iniciativas, al igual que este debate además, orientadas a un enfoque objetivo de la cuestión. De lo que se trata es que en este contexto suceda efectivamente algo. Constituye un hecho positivo en sí que el Consejo despliegue por lo menos cierta actividad con vistas a lograr en la política de asilo una correcta armonización a través de la vía intergubernamental, poco prometedora en sí. Esto reviste suma importancia ya que en todo caso refuerza un factor de extremada consideración, la seguridad jurídica de un solicitante de asilo que arriba a Europa.
El asunto es que - y aquí me sumo a los colegas que han expresado críticas respecto al Consejo y a la manera en que esta institución ha tratado la cuestión - es necesario hacer vinculantes unos cuantos puntos en esta materia. Por el momento este aspecto vinculante puede limitarse al ámbito nacional hasta tanto no hayamos integrado convenientemente el tercer pilar en los demás procedimientos de la Unión.
Pero seamos también una vez más positivos y en todo caso no imaginemos desde el principio que se trata sólo de una banda de malhechores reunidos con el propósito de compilar las peores normativas con tal de instaurar en los países europeos una insuficiente política de asilo, lo más restrictiva posible. Considero que no es éste el caso, a pesar de que en nuestra calidad de diputados parlamentarios somos por naturaleza insatisfechos, sobre todo cuando nos hallamos en la oposición y en ésta nos encontramos todos.
Estimo que el informe de la Sra. d'Ancona es altamente positivo, aunque tengo también mis reparos, al igual que otros colegas, en cuanto al hecho de que la ponente se opone a las listas de países seguros de origen. Me parece de extrema importancia, también con el fin de abreviar la tramitación de los procedimientos de asilo, que reaccionemos positivamente a la posibilidad de contar con dichas listas. Todo el que se vea a diario confrontado con el examen de las declaraciones de refugiados sabe lo difícil que es evaluar méritos de éstos. Desearía en realidad que en el tratamiento de las enmiendas la Sra. d'Ancona no se oponga demasiado respecto a la posibilidad de utilizar esas listas con el objeto de acelerar debidamente el procedimiento. Es ésta una cuestión que reviste sumo interés sobre todo para el legítimo candidato al asilo.

d'Ancona
Señor Presidente, desearía aclarar algo que tal vez ha dado lugar a confusión, a causa de la observación expresada por el Sr. Wiebenga. Es cierto que en mi calidad de ministro fui corresponsable de la introducción del concepto de «tercer país seguro». Pero resulta que en la práctica, y esto consta igualmente en el informe, ese concepto no congenia lo suficiente con otra noción sagrada del derecho de refugiados, es decir el principio de no expulsión. Si éste es el caso, tenemos el deber, también usted, señor Deprez, de reconsiderar este tipo de conceptos y no sólo yo lo estoy haciendo, sino afortunadamente también el Sr. Wiebenga, que en aquel entonces, en su calidad de diputado nacional, saludó con entusiasmo este tipo de conceptos y que ahora, al igual que yo, los considera con bastante distancia y está dispuesto a reflexionar de nuevo en ese sentido tomando como base la experiencia de la práctica.

Kinnock, Neil
Hay ocasiones en las que uno lamenta que las obligaciones del Colegio te lleven a sustituir a un colega, pero ésta no es una de esas ocasiones. Lo cierto es que el debate me ha parecido fascinante, y el tema me interesa mucho. Estoy muy agradecido a la Sra. Gradin quien, lamentablemente, tenía otros compromisos ineludibles, por no haber podido estar presente en esta ocasión. También agradezco a todos aquellos que han intervenido en el debate.
Como sabrá la Asamblea, la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea despertó expectativas en el sentido de que se intensificaría la cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior. En ese sentido, el Consejo Europeo de Bruselas de 1993 aprobó un programa para 1994 que, entre otras cosas, solicitaba al Consejo de Ministros que adoptara acciones conjuntas relativas a establecer las garantías mínimas que debían aplicarse a los procedimientos de asilo. Tras un año y medio de negociaciones, el Consejo de Ministros aprobó, por fin, una resolución sobre este asunto en junio de 1995.
En el minucioso informe que esta noche tenemos ante nosotros, la Sra. d'Ancona critica tanto el procedimiento aprobado, como la esencia de la resolución. Quisiera responder a ambos aspectos.
En lo que se refiere al procedimiento, la Comisión se solidariza con la observación que hace la Sra. d'Ancona y que también han hecho otros, de que el Consejo no ha consultado al Parlamento Europeo antes de aprobar la resolución. Es evidente que esa falta no se ajusta a la lectura que hace la Comisión del artículo K.6 del Tratado, que dice con toda claridad que se consultará al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos de la actividad en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior. La Comisión comparte asimismo la inquietud de la Sra. d'Ancona por el hecho de que el Consejo haya aprobado un instrumento jurídico no vinculante. Naturalmente somos conscientes del hecho de que existe la necesidad de diferentes formas de cooperación en el ámbito del tercer pilar, y también, evidentemente, apoyamos las soluciones pragmáticas. Pero seguimos estando convencidos de que los denominados instrumentos «de ley blanda» rara vez son adecuados cuando están en juego principios fundamentales de la Justicia. Y ni que decir tiene que en este caso están en juego principios fundamentales.
Por otra parte, una resolución no es, evidentemente, lo que solicitó el Consejo Europeo cuando aprobó el programa de trabajo para 1994. En cuanto a la esencia de la resolución del Consejo, la Comisión quisiera subrayar -al igual que ha hecho la Sra. d'Ancona- que existen aspectos positivos.
En primer lugar, el acuerdo cubre una serie de principios básicos que deben respetarse en un procedimiento de asilo justo, lo cual es alentador. Nos satisface especialmente la clara afirmación que se hace de los derechos de los solicitantes de asilo durante el procedimiento, el derecho de recurso y el derecho a permanecer en el país de acogida durante el tiempo que dure el procedimiento de asilo y de recurso.
Segundo, consideramos recomendables las disposiciones relativas a medidas adicionales de protección para menores no acompañados, y las disposiciones específicas relativas a las mujeres. Todas estas disposiciones reflejan los principios fundamentales que se necesitan en un procedimiento de asilo justo. Son de utilidad para los Estados miembros y también para los Estados candidatos a la adhesión a la Unión.
Nos preocupan, sin embargo, dos problemas básicos. Primero, se han introducido muchas excepciones en el texto con el fin de cubrir la variedad de situaciones existentes en las legislaciones nacionales. El resultado es que el documento parece más una descripción de la situación actual en los Estados miembros, que un intento de desarrollar un enfoque común. En nuestra opinión, eso es, cuando menos, muy lamentable.
Segundo, resulta en cierto modo alarmante que las excepciones sean relativas a los que, probablemente, son los principios más fundamentales de la resolución, en particular, el derecho al recurso y los efectos suspensivos del mismo. Debo decir que la Comisión comparte la inquietud de la ponente y otros diputados que han intervenido en este debate sobre estos asuntos.
Debo decir también que la crítica de esta recomendación ofrece un buen ejemplo de los motivos por los que la Comisión cree que la cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior debe mejorarse. Esto es cierto no sólo en los casos de asilo. Encontramos también este mismo tipo de problemas en muchas otras áreas de la cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior. Por ello, la Comisión ha hecho un llamamiento para que la Conferencia Intergubernamental garantice que se lleva a cabo una revisión radical de la disposición para la cooperación en el tercer pilar. Esa opinión ha sido traducida en una serie de sugerencias específicas. Hemos propuesto, por ejemplo, que se definan con mayor claridad los objetivos de cooperación en estos ámbitos tan delicados. También hemos pedido más eficacia, así como mejor control democrático y judicial.
La Asamblea ya tendrá conocimiento de que la Comisión opina que siete de los nueve ámbitos que abarca el capítulo 6 del Tratado de la Unión Europea deben pasar, en consecuencia, al primer pilar, y que sólo la cooperación policial y la cooperación en asuntos delictivos deben permanecer dentro de la estructura del tercer pilar.
No hay duda de que existe convergencia de pensamiento en muchos de estos asuntos entre la Comisión y el Parlamento. Me alegra haber tenido esta oportunidad de reafirmarlo. Estoy agradecido a la Sra. d'Ancona y a sus colegas por los considerables y constructivos esfuerzos que han realizado para garantizar el cambio y el avance necesario en este ámbito.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.

Protección de los consumidores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0355/96 del Sr. Florio, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, relativo a la comunicación de la Comisión (COM(96)0013 - C4-0195/96) «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior»; -A4-0354/96 del Sr. Valverde i Aldea, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)0712 - C4-0127/96-96/025(COD)) relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores.
Florio
Señor Presidente, esta tarde se presenta en el Pleno la comunicación de la Comisión relativa al «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia» que, a juicio de este ponente, reviste especial importancia, habida cuenta de que están en juego no sólo los derechos fundamentales de los consumidores, que precisan una protección a escala comunitaria, sino también el destino del mercado interior, ya que sabemos perfectamente -y el mismo Libro Verde elaborado al respecto por la Comisión en 1993 lo puso en evidencia- que el hecho de que existan a menudo dificultades, a veces incluso insuperables, en las controversias transfronterizas y entre Estados comunitarios en materia de protección de los derechos de los consumidores, pone un freno propiamente dicho a la realización del mercado interior.
Para hacer un pequeño ejemplo, se calculó que para obtener el resarcimiento de un daño de unos 2.000 ecus, hoy por hoy, en una controversia transfronteriza el consumidor europeo está obligado a soportar un promedio de gastos de procedimiento que gira alrededor de 2.500 ecus, sin contar el IVA, así como a correr numerosos riesgos. En efecto, no tiene la seguridad de poder, posteriormente, incluso en el caso de ganar, hacer valer sus derechos, porque también podría suceder que, a la hora de pagar, el deudor hubiera desaparecido o ya no pudiera pagar. En consecuencia, es evidente la necesidad de encontrar una solución para los litigios transfronterizos de pequeña cuantía, una solución que el consumidor considere fácil y, por consiguiente, no acabe disuadiéndole de mantener relaciones transfronterizas y de actuar como consumidor transfronterizo.
Lo que la Comisión propone en su Plan de Acción, que la Comisión de Asuntos Jurídicos considera fundamentalmente positivo, contempla tanto una solución extrajudicial para favorecer, al igual que viene haciéndose en todos los ordenamientos internos de los Estados miembros, una solución de dichas controversias que prescinda de acudir ante un tribunal o un juez a través de los procedimientos necesariamente más complejos que caracterizan el iter judicial, como el acceso simplificado a los procedimientos judiciales, si fallara dicho intento extrajudicial de resolución del litigio. Básicamente, este acceso simplificado se facilita a través de la posibilidad de disponer de un formulario, redactado en las distintas lenguas comunitarias, un formulario por lo tanto muy fácil y accesible a todo el mundo, que debe ser transmitido de parte a parte para intentar, ante todo, una resolución rápida y amistosa de la controversia y, si esta resolución rápida no fuera posible, permitir que dicho formulario pueda servir al juez competente, que tendría a su disposición un resumen extremadamente simplificado del litigio y podría resolverlo sobre la base de procedimientos simplificados.
El fundamento jurídico del Plan de Acción lo constituye el artículo 129 A del Tratado, sin excluir, como es obvio, las posibilidades que ofrece el artículo K 1 del Tratado de la Unión Europea. El trabajo realizado en el seno de la comisión implica considerar favorablemente el Plan de Acción de la Comisión y dirigir mi agradecimiento, ante todo, a la Comisaria, Sra. Bonino, que fue su atenta y activa valedora.

Verde i Aldea
Señor Presidente, nos encontramos, como continuación del informe que acaba de presentar el Sr. Florio, con una aplicación concreta: conceder un nuevo derecho a los consumidores. Es cierto que el marco jurídico de defensa de los derechos de los consumidores en lo que respecta al derecho material o sustantivo se ha ido incrementando y, en este momento, constituye un acervo importante del Derecho comunitario. Sin embargo falta la segunda parte, es decir, el derecho procesal o adjetivo. Éste resulta difícil porque continúa en manos de los Estados miembros y, por lo tanto, el acceso directo, o la reclamación directa, se encuentra con múltiples obstáculos.
La propuesta de directiva con la que nos encontramos en este momento es una directiva importante, a pesar de que su objetivo sea o pueda parecer limitado. El consumidor se encuentra frente a los productores, a los suministradores de bienes y de servicios en una real inferioridad: la libre circulación, el mercado único de prestación de servicios, de circulación de mercancías, etc. está realizado prácticamente. En cambio, el consumidor se encuentra con que vive esta realidad de un mercado único y abierto con unas posibilidades de reclamación que se encuentran encerradas en su propio ámbito nacional.
De aquí la importancia de esta propuesta de directiva, porque, a pesar de su carácter limitado, yo creo que abre una puerta importante a algo que hasta ahora no ha existido y es, nada más y nada menos, que el poder tener una legitimidad activa reconocida en un país distinto del cual uno es miembro. Y esto no ya a individuos concretos sino a organizaciones representativas de estos defensores de los consumidores.
Por lo tanto, en este sentido, yo creo que la modestia de la directiva -porque está circunscrita a un campo muy específico-, viene largamente compensada porque es una acción que ha entrado en vigor y que necesitaba un poco de imaginación y una cierta disponibilidad a echarse adelante. Porque no era previsible que se iniciara por este camino, precisamente, el acceso a la justicia de representaciones de los consumidores.
Creo que ello es de largo alcance y, en este sentido, yo quiero felicitar a la Comisión por la iniciativa. El trabajo de este ponente y de la comisión correspondiente ha sido aceptar plenamente la directiva, no intentar crear una directiva nueva, limitándonos a este campo concreto de ofrecer un acceso a la justicia a las organizaciones profesionales o representativas de consumidores y tratar de mejorar lo que podía ser mejorable.
Quiero decir en este sentido que, por lo tanto, yo me he limitado a tres puntos importantes: en primer lugar ¿qué organizaciones? Y añadir a esto la posibilidad de que las organizaciones de nivel europeo tengan también acceso a la justicia. Puede ser difícil, pero los Estados miembros continúan siendo quienes hacen la lista de las organizaciones. Por lo tanto, aunque haya muchas organizaciones de carácter europeo en un ámbito determinado, esto pueden resolverlo.
En segundo lugar -algo importante que ha dicho también el Sr. Florio-, la posibilidad de resolución de conflictos por sistemas más o menos arbitrales o amistosos. Yo creo que esto es importante; aquí, en este sentido, lo único que ha hecho la ponencia ha sido fijar un plazo a esta reclamación previa. Es decir, la reclamación previa tiene un momento en que tiene que resolverse.
Y finalmente había un problema que era claro, que era qué directivas se incorporaban a esta posibilidad de actuación, y sobre todo, el problema de las directivas futuras. Yo creo que el trabajo en comisión, en este sentido, ha dado resultado y permitirá de aquí en adelante que todas las directivas que vayan en el mismo sentido se incorporen rápidamente o de una manera prácticamente automática al campo de acción de la directiva que aprobamos.
A mí sólo me queda dar las gracias a la Comisión, porque el trabajo con la Comisión ha sido muy agradable. Además, yo creo que ha dado frutos, y debemos esperar que esto pueda completarse sobre todo porque el tercer pilar, que es el de justicia e interior, llegue a «comunitarizarse». Es la única forma para que, no solamente los consumidores en su campo específico, sino todos los ciudadanos tengan un verdadero acceso a la justicia en el mercado interior.

Kuhn
«Los sinvergüenzas aprovechan todas las lagunas jurídicas europeas», así reza el título de una revista que se envía gratuitamente a más de 3 millones de hogares alemanes. No se trata de un artículo de un adversario de la UE, sino que se expone de manera totalmente neutral la realidad europea de los consumidores. Con arreglo a la actual situación jurídica a quien realice como consumidor normal una compra en un país de la UE, sólo le queda esperar que el producto adquirido o el servicio no ofrezca motivos de reclamación. Los conflictos trasfronterizos de consumidores son demasiado caros, exigen demasiado tiempo, los obstáculos legales son difíciles de superar para el ciudadano individual, dejando aparte totalmente las barreras lingüísticas. En el propio país se conocen mejor los derechos o se pueden consultar gratuitamente o a bajo precio en la organización de consumidores más cercana. La Comisión de la UE se refirió ya en 1993 a estos problemas en su Libro Verde y sacó conclusiones tras haber oído a todos los interesados, incluso al Parlamento Europeo.
Así, pues, debatimos hoy acerca de la propuesta de directiva relativa a las acciones inhibitorias transfronterizas y un plan de acción para el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores entregó ya su opinión en julio o en septiembre. Celebramos las propuestas de la Comisión y damos las gracias a la Sra. Comisaria y a sus colaboradores y colaboradoras. En sus opiniones nuestra comisión pidió a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que tomase en cuenta las enmiendas, cosa que sucedió en la mayoría de los casos. Hay acuerdo en que las entidades cualificadas como binacionales obtengan el derecho de entablar incluso a nivel transnacional acciones de cesación a causa de prácticas comerciales contrarias a Derecho.
No puede ser que una empresa alemana fabricante de buzones perjudique a los consumidores de Francia a través de una publicidad engañosa, la organización francesa de consumidores no pueda emprender una acción de cesación, porque la publicidad procede de Alemania y se falle en juicio a la organización alemana de consumidores que no es posible una acción de cesación porque no ha resultado perjudicado ningún consumidor alemán. Creo que el consumidor normal no se imagina así la unificación europea ni el mercado interior.
Hemos pedido a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que respondiera a una pregunta, pues nosotros mismos no hemos encontrado respuesta, y ahora ruego a la Sra. Comisaria que ponga atención. La pregunta era la siguiente: ¿Pueden emprenderse acciones de cesación contra una empresa, cuando el Estado miembro competente se ha retrasado en la traslación de una directiva, de suerte que aunque la citada empresa viola en derecho de la UE, no contraviene el propio Derecho nacional? La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos dice que no, seguramente con razón. Pero quizá la Comisión podría contestar también la pregunta, o quizá podría hacer algo muy sencillo. En efecto, podría urgir a los Estados miembros a que el derecho de la UE se traslade a su debido tiempo. De esta manera la pregunta sería superflua.
Con esto pienso, por ejemplo, en la traslación tardía de la directiva sobre viajes con todo incluido, a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y a la directiva sobre el tiempo parcial, que si no recuerdo mal, ha de estar trasladada antes de finales de mayo de 1997. Lamentablemente, en esto hay todavía muchos abusos. Apoyamos plenamente el plan de acción que se ha presentado, relativo a la mejora de la solución de litigios en el ámbito de los consumidores, cuyo ponente ha sido el Sr. Florio. Somos también de la opinión de que frente al procedimiento judicial debe darse preferencia a una solución extrajudicial de las controversias, que se lleve a cabo en el plano transnacional con la ayuda de un formulario único y en colaboración con oficinas de tramitación de consumidores nombradas por los Estados miembros. Esto ahorra tiempo y dinero al consumidor. Sin embargo, con esto no deben quedar excluidos los procedimientos judiciales.
Nuestra comisión insta a la Comisión a que vigile absolutamente que los Estados miembros autoricen solamente aquellas oficinas de arbitraje y de conciliación que cumplan las normas mímimas del plan de acción. Dicho de manera sencilla, estas oficinas han de ser independientes y han de trabajar con transparencia. Hasta ahora esto no sucede en mi país. Por lo demás, todos los tipos de productos y servicios deben estar cubiertos por tales oficinas de mediación. Tampoco esto está garantizado en todas partes en los 15 países de la UE, pero esto es necesario para que la solución extrajudicial pueda tener éxito.
Para terminar, quiero hacer una petición a la Comisión. No hay que descartar en el futuro los procedimientos judiciales, en especial en los litigios de mayor cuantía. ¿Puede la Comisión adoptar acuerdos correspondientes con los Estados miembros acerca de cómo un consumidor, al que se le reconoce la reclamación en su tribunal, puede urgir la ejecución de la sentencia en otro Estado miembro? Este problema no es una invención, sino un hecho, y nosotros hemos de encontrar una solución de manera que el consumidor tenga confianza en el mercado interior.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, señoras y señores, los ciudadanos de Europa son, sobre todo, consumidores. Esto se hace especialmente patente ahora al comienzo del período prenavideño. Con la realizaciónn del mercado interior han caído las fronteras, crecen los negocios transfronterizos y, naturalmente, con ello crecen también los problemas inherentes a este hecho. Este conjunto de temas es especialmente importante para la Unión Europea, pues sólo a través de una adecuada política de consumidores puede ésta demostrar que su política redunda en beneficio directo del ciudadano.
Que este objetivo se ha reconocido se refleja ya en el Tratado de Maastricht en el artículo 129 a. Este permite expresamente acciones específicas que apoyan y complementan la política de consumidores en los estados miembros. A esta tarea corresponden tanto la comunicación de la comisión sobre un plan de acción, del que estamos hablando aquí, como también la propuesta de directiva relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores. Ambas propuestas se caracterizan por intentar conseguir un óptimo de protección de los consumidores a la vez que respetan estrictamente el principio de subsidiariedad en el sentido de que dejan intacto el derecho procesal de los Estados miembros. Así se ha asegurado expresamente, en todo caso, por parte de la Comisión y este planteamiento ha ocupado también el centro de la discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. En mi opinión, en el informe del ponente, el Sr. Verde i Aldea, hemos logrado satisfacer este objetivo. El informe mejora la propuesta de la Comisión en el sentido de que destaca aún más la necesidad de tener en cuenta las circunstancias de índole jurídico-procesal tan diferentes que existen aún en cada uno de los Estados miembros, pero sin perder de vista el objetivo de una protección única de los consumidores.
En lo que respecta al plan de acción de la Comisión, ha habido acuerdo en que el Parlamento Europeo no puede conformarse sólo con valorar este plan de acción, sino que ha de incluir también propuestas propias. Así, por ejemplo, hemos puesto una especial atención en la resolución extrajudicial de las disensiones de consumidores que permite a los ciudadanos una resolución de conflictos que no exige demasiado tiempo y que al mismo tiempo es más barata. A este respecto, la neutralidad, la eficacia y la transparencia deben figurar en primer término y no deben excluirse los procedimientos judiciales. Sólo una política eficaz de consumidores es cercana al ciudadano y creo que ambos informes satisfacen esta idea.

Wijsenbeek
Señor Presidente, no repetiré lo que han dicho los oradores anteriores; pero deseo felicitar al Sr. Valverde i Aldea y al Sr. Florio. Afortunadamente, los informes han sido debatidos por los dos oradores anteriores, por lo que no malgastaré mi tiempo en tratar sobre sus contenidos, y hablaré sobre mis enmiendas. Lo haré en mi propio idioma.
Wijzenbeek
Señor Presidente, he presentado dos enmiendas relativas a dos cuestiones respecto a las cuales desearía saber la opinión de la Comisión. La primera cuestión se refiere al hecho de que, en los casos en que la Comisión ha establecido una lista de criterios mínimos, seis en total, insisto sin embargo en que deberá consultarse tanto a los productores como a los consumidores antes de que se inicie un procedimiento extrajudicial sobre la manera en que esto puede desenvolverse y los métodos y criterios aplicables. Originalmente el Sr. Florio había rechazado esa enmienda, aceptándola sin embargo a continuación. Por ese motivo he también presentado de nuevo esa enmienda al pleno, considerando perfectamente lógica esta decisión.
La segunda enmienda que he presentado se refiere a la acumulación de asuntos, tema en el que se presenta la dificultad mayor. ¿En qué momento y de qué manera pueden acumularse las reclamaciones de diversos consumidores a un mismo productor en todo el espacio comunitario? Lo que proponemos ahora en nuestra enmienda es que en aquellos casos en los cuales diversos consumidores emprendan, cada uno por separado, una acción de reclamación, las organizaciones de defensa de los consumidores pueden no obstante agrupar las diversas causas y escoger conjuntamente el lugar en el cual pueden ejercitar la acción. También a este respecto desearía conocer la opinión de la Comisión.

Ullmann
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Comisión por su iniciativa en pro de la protección de los intereses de los consumidores en los conflictos jurídicos transnacionales. Quiero dar las gracias también a los dos ponentes por todo lo que han aportado en la continuación y precisión de esta iniciativa. Espero haber aclarado con esto que, igual que hice en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, también ahora me pronuncio a favor de la aprobación de ambos informes.
Permítanme dos comentarios críticos. Se refieren a algunas enmiendas el primero a la enmienda 16. A mi juicio, esta propuesta es contraria al espíritu y a la letra del Derecho de la Unión, el cual permite a nivel nacional endurecimientos en la tendencia del Derecho de la Unión, pero en ningún caso debe ir contra esta tendencia, por ejemplo, a través de una minimización de las posibilidades de la acción legal de las asociaciones.
El segundo comentario es una recomendación insistente de la enmienda nº 1 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores. La limitación del fundamento jurídico del proyecto de directiva al artículo 100 a subordinaría los intereses de los consumidores al funcionamiento del mercado común. Sin embargo, la jerarquía adecuada es la contraria. Por esta razón, debe añadirse, en mi opinión, el artículo 129 a, el cual entiende los intereses de los consumidores en un sentido más amplio que sólo en relación a la fluidez de la actividad del mercado. Pero, los intereses y los derechos de los consumidores, estimado colega Florio, sean sacrosantos o no, son en cualquier caso derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, señora Comisaria, realmente es para mí un honor y un placer empezar agradeciendo al Sr. Verde i Aldea el excelente trabajo que ha hecho. Excelente trabajo no sólo desde el punto de vista objetivo, sino también desde el punto de vista subjetivo: la colaboración, el compañerismo que ha existido en toda la elaboración de este informe. Y estos comentarios, en justicia, deben extenderse al meritosísimo trabajo realizado por el segundo ponente de este debate, Sr. Florio.
Quiero destacar la actitud colaboradora de todo el equipo de la Comisión en estos dos informes, que no son grano de anís. En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo confirmo el voto favorable global al informe Florio y respecto del informe Verde el apoyo a todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos con excepción, Sra. Kuhn, y lo lamento, de la enmienda nº 5. Por supuesto, estamos todos de acuerdo en el fondo, pero en los textos jurídicos, es decir, en aquellos que, a diferencia del que nos ha ocupado hace unos minutos, tienen fuerza de obligar directa, hay que medir el valor técnico-jurídico de las palabras. Tampoco apoyamos las enmiendas complementarias propuestas por el Grupo Socialista y ello asimismo por estrictas razones técnico-jurídicas. Razones técnico-jurídicas que, sin embargo, sí están presentes en las enmiendas presentadas por el colega Verde, y en general elaboradas por la Comisión de Asuntos Jurídicos que creo, señora Comisaria, mejoran notablemente la calidad técnica del texto, guardando su espíritu.
Y ahora, en este pequeño minuto que la ausencia del colega Añoveros me brinda, déjenme bajar de mi puesto como representante de los ciudadanos europeos y hablarles, en esta especie de tertulia nocturna que tenemos en estos momentos, en ese grado de intimidad que nos asiste a estas altas horas, hablarles como ciudadana de a pie. Creo que estas dos cuestiones son importantes: tanto la acción de la Comisión para el acceso de los consumidores a la justicia como esta propuesta de directiva. Yo creo que somos muchos en pensar que es importante el paso a la tercera fase de la unión monetaria, que las magnitudes macroeconómicas son importantísimas, que todas las cuestiones económicas en general son importantísimas, pero nosotros, como ciudadanos, necesitamos tener esa proximidad que da el Derecho, esa proximidad que da el acceso a la Justicia, esa posibilidad de ir con nuestras cuitas, por pequeñas que ellas sean, a buscar el amparo de los jueces y de los tribunales y que eso se pueda hacer de una forma fácil, de una forma fluida incluso cuando esa reclamación se plantea ante quien no es ciudadano del mismo Estado miembro. Sólo cuando eso se consiga, cuando eso se establezca con un criterio fluido tendremos nosotros, los ciudadanos de a pie, el sentimiento de que la Unión Europea, señor Presidente, señora Comisaria, es algo más que un gran mercado.
Y por eso termino diciendo que he hablado como ciudadana y no como consumidora porque creo que el consumidor es sencillamente una variable del mercado, que compra o vende su fuerza de trabajo, y el ciudadano es ese consumidor cuando le asiste el Derecho, cuando le ampara la ley y, precisamente por eso puede ir a los tribunales a ejercitar esos derechos y a que le ampare esa ley.

Bonino
Señor Presidente, Señorías, ante todo, deseo darles las gracias por haber reconocido el espíritu, incluso innovador, de estas dos propuestas que, sin duda, tienen un alcance limitado dentro del contexto, a pesar de que creo que son innovadoras en lo que se refiere al acceso al ciudadano y al Derecho. Lo he venido repitiendo muchas veces: considero que el problema no es tan solo la protección de los consumidores, como si los consumidores fueran unos incapaces, sino el de las reglas y los derechos que los consumidores, ciudadanos europeos, deben y pueden ejercer. En este sentido, aunque se trata de un concepto algo innovador, que quizás pocos Estados miembros están dispuestos a aceptar, considero que el voto favorable que el Parlamento desea dar a este enfoque, a juzgar por como se está desarrollando el debate, anima a la Comisión en cuanto a algunas dificultades que, sin duda, encontró cuando quiso que las demás Instituciones entendieran que la novedad de este enfoque no es en absoluto un elemento destructivo en términos de relación entre ciudadano europeo y Unión Europa, sino un elemento que no se basa en las protecciones que deben concederse, como si fuéramos unos dadivosos que de vez en cuando conceden este o aquel favor, sino en las indicaciones que proceden de nosotros mismos en cuanto legisladores, es decir personas que establecen las reglas de juego en el mercado y en la Unión Europea entre los distintos protagonistas de nuestro foro.
Voy a comenzar por el Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores, que fue adoptado en el mes de febrero del año pasado. Al excelente informe del Sr. Florio me parece necesario añadir una afirmación. En el fondo, yo me esfuerzo en aclarar una verdad fundamental, pero incómoda. La verdad fundamental es que adoptar buenas leyes es importante, pero insuficiente si los ciudadanos no consiguen hacer uso de ellas. Quizás se trata de una banalidad, sin embargo, bien es verdad que cuando luego se pasa a la aplicación, todo sale a la colada y aparecen todas las dificultades.
Como todas las verdades incómodas, también ésta ha salido a relucir con dificultad, me refiero en particular - ruego a los Estados miembros interesados que me perdonen- a los debates que se están llevando a cabo en el seno del Consejo de la Unión desde hace muchos tiempo. Por suerte, en esta delicada materia, el Parlamento y la Comisión tuvieron la paciencia y la tenacidad necesarias y, entre las innumerables resoluciones que ustedes adoptaron, deseo recordar la de abril de 1994 que siguió al Libro Verde, presentado por la Comisión en 1993, y que nos alentaba a proseguir en esta dirección. Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de pronunciarse sobre algunas iniciativas concretas y, en este sentido, el informe presentado por el Sr. Florio representa una etapa importante.
Para concluir este aspecto y parafraseando en cierto modo al Presidente Delors, deseo decir que no siempre la Unión Europea consigue dotarse de los medios necesarios para sus ambiciones. Lo digo, porque comparto plenamente todas las sugerencias señaladas en el informe, sin embargo, bien es verdad que, hasta hoy, la Comisión y en particular la DG XXIV, no tienen ni los medios financieros ni los recursos humanos para llevarlas a la práctica, a pesar de que una buena parte de las mismas goza no tan sólo de nuestro consenso, sino de cierto entusiasmo. Lo que es evidente es que, en el estado actual, la mayoría de estas recomendaciones son de difícil aplicación. Lo digo con toda honestidad, a fin de no crear ilusiones, del mismo modo que lo digo en este Pleno, habida cuenta de que el Parlamento es una autoridad presupuestaria. De todas formas, el propio Parlamento, en sus difíciles relaciones con el Consejo, puede intentar, y estoy segura de que lo hará, ampliar su ámbito de acción. Está bien que se aprueben resoluciones que, no cabe duda, representan un paso adelante, pero si luego nos quedamos con un presupuesto que representa el 0, 027 % del presupuesto de la Unión Europea -les ruego que no se olviden de los ceros, porque en esta materia son importantes- repito, el 0, 027 % del presupuesto de la Unión Europea, se puede intentar hacer algún que otro milagro, aunque no siempre se consigue.
Pasando al otro informe, es decir al presentado por el Sr. Verde i Aldea, creo que con relación a este informe usted mismo, Señoría, ha resaltado su valor y sus límites, su valor por haber establecido unos principios, en la esperanza de que esto sirva de incentivo respecto a otras materias y a otros ámbitos. Ciertamente, se plantea una novedad en la relación entre los ciudadanos y las instituciones, en particular, las instituciones que engloban a la justicia. Por ello, considero que la propuesta de la Comisión tiene aspectos positivos. En este sentido, reconozco su valor y sus límites que usted mismo, señor ponente, resaltó y sobre los que volveré a hablar.
En lo que se refiere a las enmiendas, la Comisión coincide en gran medida con el espíritu del informe, por lo que, quizás con algunas modificaciones formales, las acoge casi todas: 20 de las 25 presentadas por el Parlamento. Me parece necesario, sin embargo, facilitar algunas explicaciones respecto a las demás enmiendas que la Comisión no considera aceptables. Me refiero, en particular, a las enmiendas 5, 6, 12, 19 y 25, que son las únicas que la Comisión no puede aceptar. En particular, y me refiero a la enmienda 12, como antigua compañera, deseo llamar su atención sobre las absurdas consecuencias que conllevaría la adopción de la enmienda tal como está formulada. Perdonen la franqueza, pero decir que los medios de acción previstos en esta directiva serán aplicables -cito textualmente la enmienda- «siempre que el ordenamiento jurídico del Estado miembro lo permita», francamente, equivale a vaciar de todo contenido el artículo 2 y, en consecuencia, toda la directiva. Si el Parlamento quiere decir que se puede hacer los que ya se puede hacer, me permitirán ustedes decir que es inútil que hagamos una directiva. Si se puede hacer lo que ya se puede hacer a escala nacional, entonces quizás existe una gran ambigüedad. Así y todo, leyendo con atención el dossier tal como se presenta, no me queda otra cosa que hacer esta observación y este apunte. Estoy segura de que no es intención del Parlamento Europeo vaciar de su contenido el artículo 2 y, por consiguiente, toda la directiva. Confió en que tengan a bien atender mi petición y abordar mejor o profundizar juntos estos aspectos.
En cuanto a las enmiendas 6, 19 y 25, que se refieren a las organizaciones de consumidores de ámbito europeo, me parece que crearían una obligación incompatible con el principio de la proporcionalidad, en el presente caso, los considerandos de la propuesta de directiva. Asimismo, ante la falta de una definición de las organizaciones que actúan en el ámbito europeo -que es una noción algo vaga- la adopción de estas enmiendas crearía serios problemas de interpretación. Ruego a sus Señorías que abran las páginas amarillas de la guía telefónica de Bruselas: por de pronto, les puedo decir que mis servicios contabilizaron 600 organizaciones de consumidores europeos. Tengo la impresión, por consiguiente, que la vaguedad de la definición no nos ayuda en esta línea.
Por lo que se refiere a la enmienda 5, me parece que no puede aceptarse porque las que discriminan a las organizaciones nacionales son quizás algunas legislaciones nacionales y no la jurisprudencia que dichas legislaciones están obligadas a aplicar, ante la falta de normas comunitarias que puedan resolver el problema.
En resumen, con estas reflexiones y a pesar de algunas discrepancias, la Comisión está satisfecha por esta sintonía con el Parlamento Europeo.
Sólo dos palabras al Sr. Kuhn que ha planteado dos problemas específicos. En primer lugar, la Comisión considera que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo tiene razón, habida cuenta de que con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia -sentencia Frankovic- la falta o el retraso en la transposición de una directiva puede oponerse frente al Estado que ha incumplido sus obligaciones y, por lo tanto, éste puede ser compelido a indemnizar sin dilación el daño sufrido por los particulares a causa de la falta o el retraso en la transposición. Éste es el procedimiento que puede y debe ser seguido.
Contestando a la segunda pregunta del Sr. Kuhn, diré que, de hecho, la directiva trata de garantizar la aplicación del Derecho comunitario existente y, en consecuencia, se limita a los aspectos inhibitorios. En lo que se refiere a los aspectos relativos al resarcimiento, en este momento la Comisión los ha propuesto en el ámbito del Plan de Acción y no en el de la directiva. En el estado actual, me parece que éste puede ser un primer paso ampliamente aceptable.

El Presidente
El debate queda cerrado.
Lo votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.

Bioseguridad
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales:
B4-1217/96/rev. 1 - O-0209/96/rev. 1 de la Sra. Breyer, los Sres. Lannoye y Tamino y la Sra. Ahern, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre bioseguridad y seguridad alimentaria; -B4-1220/96 - O-0239/96 de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre seguridad biológica y seguridad de los productos alimenticios; -B4-1222/96 - O-0243/96 del Sr. Eisma, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre seguridad alimentaria; -B4-1223/96 - O-0244/96 del Sr. Cabrol, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre bioseguridad; -B4-1224/96 - O-0245/96 de la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Florenz, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre bioseguridad y seguridad de los alimentos.
Breyer
Señor Presidente, con la soja genéticamente modificada de Monsanto se ha autorizado por vez primera un producto alimentario, genéticamente manipulado, destinado a la alimentación humana, sin ninguna etiqueta. Se priva de mayoría de edad a los consumidores, y la transparencia, constantemente proclamada en otros casos por la Comisión, se queda en una mera palabra vacía. Con razón este modo de proceder ha provocado una tormenta de indignación entre las asociaciones de consumidores y entre las asociaciones ecologistas. Sin embargo, no sólo se pisotea el derecho de los ciudadanos a la libertad de elección sino también la protección de la salud. Las lagunas existentes en el control y en la seguridad, no sólo en el caso de la soja, sino también en las futuras solicitudes de comercialización de productos alimentarios genéticamente manipulados, son nefastas y escandalosas. Así, por ejemplo, se ha sabido que en la obtención de la soja genéticamente manipulada no se ha sometido a tests el nuevo principio activo. Los estudios que demuestran que el glyfosato produce sustancias similares a los estrógenos han sido tenidos tan poco en cuenta como el riesgo de alergias. La Comisaria Bjerregaard ha dicho esta tarde que es posible detener la importación si hay nuevos datos.
De ahí nuestra pregunta: ¿Qué hará usted a la vista de estos nuevos datos que entretanto se están haciendo numerosos? ¿Va a tomar usted estos estudios como un motivo para establecer una parada a la importación? ¿Cómo va a hacer usted con el deseo urgente de los consumidores y del comercio mayorista y minorista de que se establezca una separación y un etiquetado? En una pregunta por escrito usted ha confesado que usted no sabe absolutamente nada, y que primero debe cerciorarse, del peligro de que, por ejemplo, se esté importando ilegalmente en la Unión Europea maíz manipulado genéticamente. La soja genéticamenta manipulada sólo debe ser importada para su elaboración ulterior. Sin embargo, numerosas conversaciones con las autoridades de control han dado como resultado que estos controles no se están realizando, en absoluto. Esto significa que no hay ningún control a las restricciones. ¿Qué medidas adoptará usted a la vista de la inexistencia de estos controles?
En el caso de que se siga sin dar respuesta a estas preguntas concretas le instamos a que prohíba la comercialización de productos alimentarios genéticamente manipulados hasta que no se hayan eliminado los riesgos y no se hayan establecido los controles correspondientes. La protección preventiva de la salud debe preceder a los intereses de la industria. Los consumidores no han de ser degradados a la condición de conejos de experimentación...

El Presidente
Lo siento mucho. Siempre es un problema para aquellos que intervienen en el último debate, pero la Conferencia de Presidentes, en su sabiduría, me ha concedido 30 minutos para este debate, pero 37 minutos y medio de tiempo de intervención. No podré dar la palabra a todos si continuamos sobrepasando los tiempos asignados.

Graenitz
Señor Presidente, los principios de la prevención y de la evitación anticipada para el medio ambiente comunitario y para la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas de la Unión están fundamentados en el Tratado. Por esta razón está también fundamentado en el Tratado que antes de la puesta en circulación de organismos, alimentos y plantas genéticamente manipulados deban realizarse pruebas. Efectivamente, hemos de preguntarnos -y en esto me sumo a nuestra colega, la Sra. Breyer- qué significan las plantas, los organismos y las semillas, genéticamente modificados, en los pequeños territorios europeos. ¿Qué influencia tienen sobre el equilibrio y sobre la diversidad biológica? Y la pregunta más importante de todas: si se llega o si se puede llegar a realizar cruces, ¿qué significa para las especies silvestres, qué significa para las plantas de nuestro continente? ¿Serán plantas que caerán sobre las otras como carros blindados, porque son resistentes a los herbicidas? A este respecto debo decir que, para mí, la resistencia de una planta a los herbicidas es en sí misma una perversión. Si yo recubro una planta con un producto protector para que todas las demás plantas mueran, éste no es seguramente el camino hacia un desarrollo sostenible de nuestra agricultura y de nuestro medio ambiente.
Los efectos sobre la salud de las personas deben comprobarse, tal como dice la directiva 90/220, mediante estudios de larga duración. Yo me pregunto dónde están estos estudios de larga duración en el caso de la soja genéticamente modificada, dónde están los estudios en los que se investiga qué ocurre cuando las personas consumen durante largo tiempo productos que están genéticamente modificados, y qué efectos se producen cuando los animales son alimentados con piensos genéticamente modificados y se modifica con ello la cadena alimentaria. También esto tendría que demostrarse mediante estudios de larga duración y los resultados deberían hacerse públicos. En este punto comparto con la Comisaria, Sra. Bonino, la opinión de que no se trata de proteger a los consumidores como si fueran incapaces, sino que se trata de informarlos, de establecer claridad y apertura.
Quisiera abordar todavía otro punto. En los Estados Unidos, en virtud de una legislación que fue introducida por el entonces Vicepresidente Quayle, ha habido durante algún tiempo simplificaciones en el procedimiento de comprobación de productos y de alimentos genéticamente modificados. Me gustaría saber si esta soja genéticamente modificada de la empresa Monsanto corresponde eventualmente a este período y si las pruebas corresponden realmente a las que deben efectuarse con arreglo a nuestra directiva 90/220. Soy de la opinión de que aquí también es necesario decir a la opinión pública de qué se trata. Creo que la separación entre productos modificados genéticamente y productos tradicionales es un imperativo absoluto, pues, de lo contrario, los propugnadores del mercado libre aniquilarán la libertad de elección de los consumidores.

Eisma
Señor Presidente, lo que tenemos que evitar en debates como éste sobre la biotecnología, es dejarnos llevar por emociones en lugar del raciocinio. Por definición la biotecnología no es negativa, llegando a ofrecer incluso muy numerosas posibilidades. Aunque no quedan excluidos ciertos riesgos. Estos peligros deben también ser disminuidos a través de la gestión política; de todos modos se hace necesaria una apreciación en cada caso por separado, como sucede ahora con respecto a las habas de soja. En este caso específico, las más diversas instituciones independientes han dictaminado que es posible el cultivo y el consumo de las habas de soja sin efectos nocivos para el ser humano ni para el medio ambiente y que el agente herbicida, contra el cual la planta se ha hecho resistente, resulta menos dañino que los medios utilizados en la actualidad en el cultivo de este tipo de soja. Aunque esto no impide considerar preocupante el hecho de que la industria química se halle tan profundamente implicada en la biotecnología. Al hacer resistentes los cultivos a los pesticidas podría aumentar enormemente el empleo de estos agentes fitosanitarios, mientras que la resistencia de la planta contra enfermedades y plagas resultaría beneficiosa para el medio ambiente. Advertimos pues a empresas como Monsanto, por ejemplo, que en caso de abusar de la situación tal como ésta se presenta hoy, no dejaremos de intervenir sin tardanza en nuestra calidad de Parlamento.
En esta discusión deberán figurar como elementos centrales la protección del medio ambiente y la defensa de los intereses del consumidor. Por ese motivo, mi grupo político propugna el etiquetado de los productos alimenticios modificados genéticamente, aunque únicamente en los casos en que deba indicarse la presencia de organismos modificados genéticamente. Habida cuenta que el aceite de soja modificado genéticamente resulta idéntico desde el punta de vista químico al obtenido de granos de soja normales, me parece superfluo dicho etiquetado. La industria europea deberá hacer uso de su influencia para velar por que la soja tratada genéticamente sea suministrada por separado, dado el elevado volumen de adquisición por parte de esta industria, debiendo además estar en capacidad de solicitar a Estados Unidos por ejemplo que el suministro de las habas de soja tratadas genéticamente se efectúe separadamente de las normales. De esta manera será posible proceder al etiquetado del grano de soja crudo tratado genéticamente. En ese caso la industria procesadora, por ejemplo Unilever, podrá decidir en cuanto al uso o no de este tipo de haba de soja. Y en caso de que el consumidor, por cualquiera que fuese la razón, prefiera rechazar el uso de este grano tratado genéticamente o de los productos obtenidos de él, habrá que satisfacer esa voluntad. Respetamos el deseo del consumidor individual, y esto puede ser posible mediante el etiquetado por separado de la semilla de soja.

Heinisch
Señor Presidente, distinguidos y estimados colegas, quisiera dar mi opinión, en mi condición de farmacéutica, sobre la tantas veces mencionada protección de la salud humana. El haba de soja, genéticamente modificada, de la empresa Monsanto ha sido autorizada en el marco de la directiva 90/220 sobre la liberación intencionada de organismos modificados mediante tecnología genética. Esta directiva tiene como objetivo garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente mediante un severo procedimiento de autorización y de pruebas de compatibilidad con el medio ambiente. Dentro de la prueba sanitaria prescrita en esta directiva se presta una especial atención al aspecto de la alergenidad de estos productos. Las pruebas científicas del haba de soja han dado como resultado que este producto es inofensivo para la salud humana y para el medio ambiente y, comparada con el haba de soja tradicional, no provoca reacciones alérgicas mayores. El problema, tan citado, de la alergenidad hay que atribuirlo en este contexto a los tests realizados con otro tipo de haba de soja en los que se había introducido una proteína de la nuez del Brasil en las habas de soja. Es sabido que muchas personas reaccionan alérgicamente a la proteína de la nuez del Brasil. Así sucedió también en los tests realizados con habas de soja que habían sido modificadas de esa manera. Por esta razón se interrumpieron los tests, y tales habas de soja jamás han llegado como producto al mercado.
Por lo demás, quisiera comentar brevemente un punto, presente en las resoluciones que tenemos sobre este tema, que se refiere al proyecto de un reglamento sobre nuevos alimentos. En marzo de este año el Parlamento aprobó seis enmiendas. En la enmienda 51 nos referimos inequívocamente a organismos modificados mediante tecnología genética y no a sustancias modificadas mediante tecnología genética, como se dice ahora en la resolución. La palabra sustancias incluiría también materias muertas. Esta no era la intención de esta enmienda.
En segundo lugar, no considero adecuado anticiparnos mediante semejante resolución a las negociaciones del comité de mediación. Si queremos conseguir la necesaria aceptación de la moderna biotecnología entre la población, junto a las informaciones objetivas tenemos que abordar también los riesgos. En la vida no existe ninguna eliminación del riesgo al cien por cien. No obstante, considero irresponsable producir inseguridad entre las personas mediante miedos que carecen de toda fundamentación científica.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, permítame poner un prólogo a mis observaciones y decir, en primer lugar y como usted mismo ha señalado, que el período asignado al debate es menor que la suma de los tiempos de uso de la palabra asignados a sus Señorías, quienes, con razón, desean intervenir. Según tengo entendido, lo adecuado es que la Comisión responda inmediatamente a aquellos que han formulado las preguntas. Eso es lo que haré. Me han asignado cinco minutos para responder a preguntas de gran consistencia y complejidad. Respetaré esos cinco minutos, y como no podré ofrecer todas las respuestas que he traído conmigo, transcurrido ese tiempo volveré a sentarme y haré llegar las respuestas restantes a aquellos distinguidos diputados autores de las preguntas a través de los servicios del Parlamento.
Aprovecho también la oportunidad para decir que la Comisión desea dar cuenta, pero ello sólo es posible cuando los procedimientos lo permiten. Espero, por consiguiente, que se preste más atención a los procedimientos con objeto de que podamos rendir cuentas.
En respuesta a las preguntas, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 90/220/CEE, los Estados miembros son responsables de garantizar que la autoridad competente organiza inspecciones y otras medidas de control que estime oportunas para garantizar el cumplimiento de la directiva. En consecuencia, es deber de los Estados miembros garantizar, a través de los controles adecuados o mediante otras medidas, que se cumplen las condiciones de la autorización concedida para organismos modificados genéticamente (OMG) en virtud de la Directiva 90/220/CEE.
La directiva estipula que antes de comercializar los productos OMG, debe llevarse a cabo una evaluación de sus posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En el caso de todos los productos autorizados hasta ahora, la Comisión ha podido convencerse de que, en base a la evidencia presentada, no cabría esperar efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente tal y como prevé la directiva. Además, las cláusulas de seguridad de la directiva, en particular los artículos 11, 6 y 16 que garantizan que se comunicará toda nueva información que apunte a la existencia de cualquier riesgo no previsto anteriormente y que la autorización será modificada o revocada según convenga, han tranquilizado aún más a la Comisión.
En abril del presente año, como sabrá la Asamblea, la Comisión adoptó una decisión relativa a la comercialización de habas de soja modificadas genéticamente para determinados fines. Esta decisión permitió emitir una autorización a Monsanto Europa por parte de las autoridades competentes del Reino Unido para los fines específicos, y cito, »de manipulación en el medio ambiente durante la importación, antes y durante el almacenamiento y antes y durante de su procesamiento para productos no viables». La autorización emitida no cubre los productos procesados no viables derivados de estas habas de soja, ya que no son organismos y, por consiguiente, no se incluyen en la directiva. Hay que señalar que la evaluación de los posibles efectos sobre la salud humana que se llevó a cabo de conformidad con la directiva, tuvo en cuenta el hecho de que las habas de soja serían procesadas y pasarían a formar parte de productos que posteriormente entrarían en la cadena alimenticia. Además, Monsanto, en su calidad de informador, presentó voluntariamente un dossier que incluía una evaluación alimenticia exhaustiva del producto procesado, que abarcaba aspectos que no están contemplados en la Directiva 90/220/CEE, como equivalentes nutricionales.
La Comisión adoptó su decisión sobre la comercialización de las habas de soja de Monsanto a raíz de la decisión favorable del comité regulador establecido por la Directiva 90/220/CEE. Desde la fecha de su adopción, la Comisión no ha tenido conocimiento aún de ninguna información que justifique cualquier enmienda de su decisión. En su decisión, la Comisión indicaba que, según la evaluación llevada a cabo de acuerdo con la Directiva 90/220/CEE, no existe ningún motivo para creer que los usos notificados puedan tener efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente. También he podido saber que no existen razones de seguridad que justifiquen la separación de este producto de otras habas de soja ni ningún motivo de seguridad que justifique la mención en el etiquetado de que el producto se ha obtenido mediante modificación genética.
La Comisión ya ha reconocido las preocupaciones de un creciente número de consumidores en lo relativo a productos alimenticios modificados genéticamente y ha presentado una propuesta de reglamento para productos alimenticios de nueva creación. Dicho reglamento, una vez que se haya adoptado, incluirá todos los aspectos relevantes a la evaluación de alimentos y productos alimenticios.
El resto de la respuesta, la cual es muy completa y minuciosa, señor Presidente, se distribuirá entre todos los distinguidos diputados que presentaron las preguntas. He agotado mis cinco minutos.

El Presidente
Gracias, señor Comisario, por la comprensión que demuestra en el tema del tiempo. Creo que compartimos la opinión de que la forma en que se asigna el tiempo de uso de la palabra es completamente insatisfactoria.

Pollack
Señor Presidente, los consumidores sienten una enorme inquietud por los alimentos que se les presenta en las tiendas. En particular, les preocupa mucho que la proteína de la soja modificada genéticamente pase a formar parte de docenas de productos no etiquetados y que ellos compran.
Existe una gran polémica en torno a si estos nuevo productos alimenticios modificados genéticamente son convenientes o necesarios. A algunas personas les preocupa la seguridad de nuestro medio ambiente, a otros, los riesgos para la salud y si los científicos saben realmente dónde nos están metiendo. Algunos de los argumentos acerca del aspecto ético y la seguridad de los productos alimenticios ya han sido debatidos aquí, cuando pasó por la Asamblea la directiva sobre productos alimenticios de nueva creación.
En estos momentos, las personas sienten una honda preocupación porque, ante la ausencia de una directiva sobre alimentos nuevos -que aún no existe- todavía no contamos con un sistema para la aprobación de productos con la reputación suficiente para ocuparse del tema. Francamente, es sorprendente que la Comisión haya estimado oportuno autorizar las importaciones de habas de soja de Monsanto tan pronto, a pesar de que las pruebas que se han realizado en los Estados Unidos han sido mínimas.
Ahora hemos podido saber por la prensa que la Comisión se dispone a autorizar la comercialización de maíz modificado genéticamente y desarrollado por Ciba Geigy, aparentemente para apaciguar una posible guerra comercial transatlántica.
La producción y comercialización de estos nuevos productos que han sido desarrollados, al menos en parte, para incrementar su resistencia a los herbicidas -alentando con ello una utilización aún mayor de herbicidas peligrosos en la agricultura- puede encerrar graves peligros para la biodiversidad. ¿Acaso no hemos presenciado ya suficiente daño con los pesticidas? ¿No hay nadie de la Comisión que haya leído The Silent Spring de Rachel Carson? ¿A qué viene tanta prisa? ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo especial, a pesar de la inquietud que sienten los consumidores, y autorizar dichos productos por el simple hecho de que están ahí y porque la industria está intensificando las presiones?
Hago referencia a las preguntas presentadas por el Grupo PSE y espero que la Comisión tenga respuestas de verdad. Siento una gran simpatía por la posición que hoy ha adoptado la Comisión en muchos otros temas. Nosotros hemos tratado este asunto muy mal en el Parlamento.
Pero el resultado de todo esto tiene que ser el etiquetado. Lo principal es que las personas tienen absolutamente el derecho de conocer y de poder elegir los alimentos que consumen. ¿Cómo puede la Comisión llegar a pensar en autorizar la comercialización de estos productos tan polémicos sin un etiquetado claro que informe a los consumidores sobre su contenido? La situación actual es completamente inadmisible para los consumidores; encierra riesgos y flagrantes peligros para la protección del medio ambiente. Tengo que pedir a la Comisión que reconsidere su acciones, que analice más detenidamente todos estos productos desde todos los ángulos posibles y que se asegure de que todos los productos alimenticios modificados genéticamente son etiquetados claramente para el consumidor de aquí en adelante.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, la introducción de soja resistente a los herbicidas plantea aquí de manera acelerada la cuestión de los organismos genéticamente modificados. Es lógico que nos detengamos en la evolución que se produce en la actualidad en el sector alimentario. El consumidor tiene el completo derecho de que se le informe con respecto a posibles riesgos ligados a la nueva técnica de manipulación genética. La información deberá ser no obstante objetiva y no apoyarse en informes tendenciosos o en datos manipulados por la industria. Es de lamentar que la legislación comunitaria relativa a los novel foods , y más en particular al etiquetado, no haya sido aún aprobada y consecuentemente puesta en aplicación ya que de esa manera se habría evitado todo este lío.
Conjuntamente con otros colegas de mi grupo político, no estoy de acuerdo con el punto 3 de la resolución común en el que se estipula la necesidad de adoptar medidas encaminadas a distinguir todos los productos alimenticios conteniendo organismos genéticamente modificados de otros valores alimentarios. Tampoco estoy de acuerdo con el punto 8 relativo al etiquetado. Desearía hacer un llamamiento por que ya desde ahora se informe al consumidor, con carácter urgente y de manera más adecuada, a través de campañas de información. Erróneamente piensa siempre el ciudadano promedio que al hablarse de biotecnología o de la manipulación genética en la horrible imagen de un ratón con una oreja de hombre. Debemos eliminar estas incomprensiones mediante una información clara y sobre todo objetiva.
Para concluir, insto a la Comisión a que proceda a la revisión de la Directiva 90/220 a fin de lograr una mayor transparencia de los procedimientos, tanto para el consumidor como para los sectores industriales interesados. Se ha hablado igualmente de un libro verde en materia de legislación alimentaria. ¿Puede informarme también la Comisión la fecha en que aparecerá dicha publicación?

Rübig
Distinguido señor Presidente, distinguidas señoras y señores, los consumidores tienen derecho a la información sobre el empleo de organismos genéticamente modificados en su alimentación. Hay que exigir un etiquetado a los productores y comercializadores. La autorización de productos alimentarios genéticamente modificados ha de concederse con arreglo a criterios científicos muy estrictos. La tecnología genética es, ciertamente, una tecnología de futuro y se calcula que en el futuro podrá crearse mediante esta tecnología cerca del 8 % de las posibilidades de empleo.
Esta tecnología está reconocida desde hace tiempo en medicina, por ejemplo, en la obtención de la insulina. Hoy pueden salvarse ya miles de vidas con ella. En los alimentos debe existir también una seguridad absoluta para el consumidor y hay que excluir cualquier peligro. Unos procedimientos de autorización especialmente controlables han de ser la base para una utilización inofensiva de productos alimentarios mejorados mediante tecnología genética.
Por razones éticas es también absolutamente necesario un etiquetado generalizado. El etiquetado constituye una seguridad adicional para los consumidores. El mismo puede decidir si quiere o no quiere utilizar el producto que ha sido probado previamente de forma concienzuda. Si son ciertos los resultados de la investigación del mercado en el sentido de que el 80 % de la población rechaza estos productos, éstos tampoco tendrán ningún éxito en el mercado y desaparecerán automáticamente del mismo. Sólo será posible una comercialización, cuando se disponga de los informes de las rondas de expertos.
Las alergias son peligrosas para los consumidores, no hay duda de ello. Pero pueden ser evitadas, según se oye también en los círculos científicos, mediante la utilización adecuada de la tecnología genética. Sabemos también que mediante la utilización de la tecnología genética se puede reducir también el uso de pesticidas y de fertilizantes, lo cual, por otro lado, redundaría ecológicamente en una mejora de la calidad del suelo y del agua. Por esta razón, necesitamos necesariamente una confrontación concienzuda con esta tecnología y no una valoración no diferenciada.
En cualquier caso, la comprobación y el etiquetado son irrenunciables para los consumidores europeos. Yo pediría cordialmente al señor Comisario que nos comunique si comparte las opiniones del Comisario, Sr. Bangueman, en este ámbito.

Lannoye
Señor Presidente, hace algunos meses la Comisión acordó la comercialización de maíz modificado genéticamente, y sólo gracias a la reacción de los Estados miembros se dio marcha atrás. En el texto del acuerdo, la Comisión dice que no existen razones para creer que la inserción de determinados genes en el maíz pueda tener efectos adversos para la salud humana o el medio ambiente. ¿No existen razones para creer que pueda tener estos efectos? Hoy parece que sí existen. La Sra. Bjerregaard ha realizado una conferencia de prensa anunciando que los comités científicos necesitan más tiempo para pronunciarse.
Según el texto relativo a las semillas de soja, que también data de principios de año y que obtuvo el acuerdo de la Comisión, la inserción de determinados genes en las semillas de soja no acarreará probablemente consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente. ¿No estamos acaso ante un proceso idéntico al que se desarrolló con respecto a la encefalitis espongiforme bovina (EEB)? Formulo una pregunta. Me gustaría que no tuviéramos que esperar diez años para obtener una respuesta a través de una comisión de investigación del Parlamento encargada de estudiar lo ocurrido. Creo que se necesita una moratoria sobre la cuestión, que hay que profundizar la legislación, hacerla más estricta, y tranquilizar a los consumidores mostrándose rigurosos y sin dejarse llevar por la emoción -no es así, señor Eisma-, sino avenirse a razones.

Fantuzzi
Señor Presidente, a lo largo de estas semanas se ha debatido mucho en torno a este tema y creo que el temor no se debe única y exclusivamente al problema de la soja, sino al hecho de que nos damos cuenta de que esta decisión abre el camino a problemáticas comunes. No en vano, aquí se ha hablado de la cuestión de la autorización para el maíz solicitada por Ciba que, por otra parte, no afecta sólo a la importación en la Unión Europea, sino también a la producción local y, por consiguiente, hace prever alguna que otra complicación.
No me opongo a priori a la utilización de las biotecnologías, pues creo que la innovación es la base de nuestro desarrollo, incluso humano. Las técnicas precisan pautas seguras, reglas y no marañas inextricables. Por otra parte, se está llevando a cabo una importante transformación de las formas de consumir y producir y considero que el discurso de las biotecnologías conlleva indudables ventajas para el consumidor. Mediante las mismas se puede reducir la utilización de pesticidas o fitofármacos y hacer más eficaces las características nutritivas o dietéticas de los productos alimenticios.
Hoy, sin embargo, es preciso comprender los temores del consumidor. No cabe duda de que su confianza en la seguridad de los productos agroalimentarios se vio afectada después del suceso de la EEB y estimo que, incluso en el marco innovador y dinámico al que acabo de referirme, es justo ser muy prudentes, porque, a estas alturas, un paso en falso supondría pagar un alto precio y una vez por todas. El consumidor tiene derecho a ser informado y, en consecuencia, creo que hay que definir todos los medios, todos los instrumentos y todos los procedimientos para que el consumidor sea el dueño absoluto de su elección, después de haber recibido toda la información disponible.
Señor Comisario Kinnock, si no se considera necesario o factible garantizar un etiquetado separado de la soja genéticamente modificada, indíquenlo en términos claros y transparentes. Informen al Parlamento respecto a todo el dossier, digan cuál fue el procedimiento seguido por la autoridad nacional, cuál es la opinión de la Comisión Europea y, si el posible, cuáles fueron los procedimientos de autorización seguidos en Estados Unidos.
En segundo lugar, creo que es muy importante acelerar la conclusión del procedimiento de conciliación todavía pendiente en materia de nuevos productos o nuevos ingredientes alimenticios, porque, según mi opinión, de esta forma se puede contribuir a ofrecer un marco muy importante de reglas y procedimientos claros y transparentes para todos.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señoras y señores, durante mucho tiempo el haba de soja ha sido considerada como un alimento ideal para los partidarios de la alimentación biológica y dietética. Bien como crema para untar rodajas de pan, bien como bebida, parecía imparable su marcha triunfal a través de las estanterías de los supermercados. Hasta ahora. El primer cargamento de soja genéticamente manipulada, que entró la semana pasada en el puerto de Hamburgo, ha producido algunos arañazos en esta imagen. ¿Están justificados realmente los miedos de los consumidores? Creo que deberíamos otorgar el lugar preferente a la protección de los consumidores. Deberíamos propugnar -y esto se oye en todas las intervenciones- el etiquetado de los alimentos genéticamente manipulados.
Estamos hablando siempre de la madurez del consumidor. El sentido de la semilla recién desarrollada es limitar el empleo de herbicidas. Con la tecnología genética tenemos por vez primera la posibilidad de llevar a cabo sobre una amplia base una lucha biológica contra los parásitos y de realizar así realmente una aportación a la solución de la problemática del medio ambiente. Existe un gran número de plantas productivas, pero soy de la opinión de que no hay que renunciar a la obtención de plantas cada vez mejores. Esto es urgentemente necesario para abastecer a la población mundial con una cantidad suficiente de alimentos. La humanidad se ha duplicado en los últimos 40 años, la producción de alimentos ha aumentado en la misma proporción. Por consiguiente, si hace 40 años se hubiera intentado combatir el hambre solamente por la vía de la redistribución, como algunos exigían entonces y siguen exigiendo aún, se habría condenado a la mitad de la humanidad a morir de hambre. Pero, puesto que en los próximos 30 años la población crecerá en 2.500 millones, alcanzando los 8.000 millones de personas, hemos de encontrar vías para lograr un crecimiento de la oferta alimentaria.
Puesto que la superficie útil del mundo está ya completamente en uso, el aumento de la producción sólo se debe lograr mediante la mejora de las plantas y mediante un aprovechamiento más eficaz de los recursos naturales. La tecnología genética crea una mejor base de partida para la lucha contra el hambre en el mundo y, por esa razón, considero irresponsable que nosotros no aprovechemos esta oportunidad y la dejemos en manos de otros.

Tamino
Señor Presidente, me dirijo a usted, al Comisario y a sus Señorías, para recordarles que todos nosotros consumimos aceite y harinas y compramos mayonesa, pan, pasteles, bebidas, helados y galletas. Todos estos son productos en los que fácilmente encontramos soja y hay centenares de productos que contienen soja. Se trata de productos para la infancia, de productos dietéticos y biológicos, para un consumidor que pretende conseguir una calidad natural, habida cuenta de que es sensible a estos problemas. Sin embargo, ahora, gracias a la decisión de la Comisión, no sabremos si se trata de soja producida normalmente o de soja modificada genéticamente, porque las etiquetas no nos lo dirán, ya que no está permitido.
Entonces, le pregunto: ¿Le parece, señor Comisario, que esto supone respetar a los consumidores? ¿Piensa usted que de esta forma se ofrecen garantía y confianza a los consumidores?
Usted nos hizo un discurso que ya escuchamos hace diez, veinte años, cuando hablábamos de seguridad nuclear, sin embargo, después, tuvimos Chernóbil; hace diez años, hablábamos de las consecuencias de las ganaderías intensivas, sin embargo, hemos sufrido la EEB.
¿Debemos esperar otra catástrofe, causada por la ingeniería genética, para que se reflexione de forma más consciente en torno a estos problemas? Confío en que no sea así, sin embargo, y precisamente por esto, quisiera que se prestara una mayor atención y que se llevara a cabo una evaluación concreta del impacto medioambiental, no realizada ni por la empresa Monsanto, ni tampoco por Estados Unidos, y sí en nuestros Estados. No se trata sólo de una cuestión que afecta a la salud, sino que se trata también de una cuestión de garantías para el futuro del medio ambiente y para los equilibrios naturales.

Van Putten
Señor Presidente, como demuestra el debate de hoy, sigue existiendo aún una gran imprecisión debida a informaciones contradictorias relativas a los riesgos que implica el consumo de productos alimentarios genéticamente modificados. Existe inseguridad en cuanto a las posibles reacciones alérgicas y a los efectos en la salud en general. Puesto que se trata de añadir al producto alimentario un gen totalmente extraño. En el caso de la soja, esta nueva haba resulta resistente al herbicida Roundup, al cual se ha añadido el glyfosato. Es precisamente este agente, o sea el Roundup, el que se emplea en la soja modificada genéticamente, con vistas a lograr rendimientos máximos de las cosechas. Ahora bien, el glyfosato es considerado como un agente carcinógeno, ejerciendo efectos en la reproducción. Es ésta la información de que disponemos; manifiestamente la Comisión dispone de otra información. Además de los posibles riesgos se mencionan igualmente las enormes consecuencias para el medio ambiente. El uso en cantidades excesivas del glyfosato es contrario a las normas europeas, que son de hecho más estrictas que las norteamericanas y que se basan en el denominado principio de prevención. Es decir que también en este ámbito podría presentarse un conflicto. Así ha sido ya demostrado que el herbicida Roundup, al cual debería ser resistente la nueva soja, destruye numerosas malas hierbas, aunque, como se reveló en Australia, da también lugar a malas hierbas resistentes contra las cuales será necesario el uso de nuevos herbicidas. Y como cabe suponer, una vez más, los costes habrán de recaer en los consumidores. De ahí que resulte incomprensible que estos nuevos productos que implican tantos riesgos, mientras las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo Europeo siguen aún en curso, hayan sido introducidos en el mercado europeo. Es algo inexplicable en realidad.
Por último - permitiéndome una digresión - ¡qué casualidad que este debate tiene lugar mientras en Roma se da inicio a la Cumbre de la FAO! Después de diez años vuelve a hablar la comunidad internacional de la cuestión alimentaria en el mundo y la erradicación del hambre. Hace diez años se declaraba lo mismo, que el hambre dejaría de azotar a la humanidad. La situación es bien diferente. ¿No implica acaso el uso de productos modificados genéticamente, como la soja, cuestiones de orden ético? ¿Cuánto habremos de avanzar en el desarrollo y aprovechamiento de tierras fértiles destinadas a la producción de un producto dominante de este tipo? Cualquiera que sea el interés -como ya ha sido dicho, como es sabido - ¿no nos acecha acaso el peligro de que resulten desplazadas variedades tradicionales, pero de extremo valor? ¿Hasta qué grado ciertos individuos en empresas gigantescas estarán luego en capacidad, a través de productos como la soja, de influir, o en el peor de los casos, de manipular el régimen alimenticio de millones de personas?

Jackson
Señor Presidente, cuando el Sr. Comisario presente su respuesta, deseo pedirle que responda muy brevemente a tres cuestiones que, tal vez, puedan aclarar algunas de las observaciones planteadas por mis colegas.
En cuanto a la soja modificada genéticamente que está llegando a la Unión Europea, ¿podría confirmar el Sr. Comisario que la modificación genética de esta soja se limita a la técnica que se aplica en su elaboración, sin que por ello se encuentre presente ningún organismo modificado genéticamente en el producto final, el cual no difiere en su composición de la soja ordinaria; la soja no modificada? Los controles que piden la Sra. Pollack y otros son completamente irreales.
En segundo lugar y dentro del contexto de la Cumbre mundial sobre la alimentación que se celebra en Roma, ¿no querría comentar el Sr. Comisario sobre los beneficios que podría tener esta nueva tecnología para el sector de la alimentación, en lo relativo a incrementar la disponibilidad de alimentos para las personas que mueren de hambre -y que actualmente se elevan a 840 millones en todo el mundo- y para la disponibilidad de nuevos productos para consumidores como nosotros?
Por último, ¿podría el Sr. Comisario confirmar que la polémica desatada recientemente en torno a si debe comercializarse o no el maíz modificado genéticamente en el mercado europeo demuestra el valor del enfoque caso por caso adoptado por la Unión Europea y que, en realidad, es mucho más riguroso que el que existe en los Estados Unidos, y puede darnos resultados muy controvertidos? Esto subraya ciertamente la necesidad de que en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo se nos mantenga al corriente de este examen caso por caso, que la Comisión y los Estados miembros están llevando a cabo conjuntamente.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, me uno a usted en su expresión de gratitud a los intérpretes y en lamentar lo avanzado de la hora.
Intentaré responder. No puedo pretender responder a todas las interesantes observaciones que aquí se han hecho, pero espero que seleccionando algunas, pueda hacer referencia a muchos de los temas que se han planteado esta noche en la Asamblea.
En primer lugar, la cuestión del etiquetado, que ha planteado la Sra. Pollack, entre otros. Las decisiones adoptadas hasta ahora se ajustan a las disposiciones de la Directiva 90/220/CEE, según la cual, no es posible imponer un etiquetado específico que diga que el producto contiene organismos modificados genéticamente ante la falta de motivos de seguridad. La Comisión reconoce la importancia del etiquetado y tiene intención de discutir el tema en el contexto de una propuesta de revisión de dicha directiva.
Ha habido preguntas relativas a la provocación de alergias y a las repercusiones de determinados productos para la salud humana. Responderé diciendo que la autorización para la comercialización de dichas habas de soja se ha concedido de conformidad con los procedimientos previstos por la Directiva 90/220/CEE. En la evaluación del riesgo llevada a cabo, se examinó, en particular, el potencial tóxico y alergénico de los genes introducidos, y se llegó a la conclusión de que no existía ningún motivo para creer que tuviera ningún efecto nocivo sobre la salud humana en el medio ambiente por la introducción en habas de soja de genes codificados para tolerar el glysofato y la peptización del cloroplasto. Eso significa que las habas de soja de Monsanto son básicamente equivalentes a las variedades de soja no modificadas que se encuentran ya en el mercado y, por consiguiente, no existe ningún motivo para creer que aquellas representen ningún riesgo diferente de aquéllos ya asociados a las variedades de habas de soja.
La información facilitada por ciertos diputados a este Parlamento hace referencia al potencial alergénico de las habas de soja en general. Pero ése no es ningún elemento nuevo, puesto que es bien sabido que todas las habas de soja pueden causar alergias en algunos seres humanos. Esa información no constituye nueva evidencia de los posibles efectos nocivos de las habas de soja de Monsanto. Además, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna información nueva que aporte evidencia de posibles efectos nocivos para la salud humana a causa de la liberación de las habas de soja de Monsanto. A pesar de todo ello, la Comisión se mantiene atenta a toda la información que aparece sobre este tema, con objeto de que pueda intervenir rápidamente si aparece evidencia de efectos nocivos, en cuyo caso, se hará uso de las disposiciones de seguridad de la directiva para modificar o revocar la autorización.
Por último, sobre la cuestión planteada por la Sra. van Putten, y a la que también otros han hecho referencia, relativa al nivel máximo de residuos herbicidas, la Directiva 90/220/CEE no cubre los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente de los herbicidas químicos que pueden utilizarse sobre estas plantas modificadas genéticamente y, por consiguiente, no establece los niveles máximos permisibles de residuos herbicidas. Esto se hace normalmente bajo una legislación comunitaria diferente.
La Directiva del Consejo 96/32 de mayo de 1996 fijó el límite máximo de 20 ppm de residuos de glysofato en las habas de soja. Según los análisis preliminares a la elaboración de esta decisión del Consejo, el índice metabólico de glysofato en las plantas tolerantes es el mismo que en aquellas variedades no tolerantes cultivadas en suelo tradicional. Cabe deducir de esto que las habas de soja de Monsanto sólo pueden ser importadas si se ajustan a dicho límite.
Lamento la brevedad de las respuestas, pero como he dicho, proporcionaré encantado la respuesta completa que esperaba poder ofrecer antes a los diputados que presentaron las preguntas.

El Presidente
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.
(Se levanta la sesión a las 0.15 horas) ANEXO

