Derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros
La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0009/2003) del Sr. Santini, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (COM(2001) 257 - C5-0336/2001 - 2001/0111(COD)).

Vitorino
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Santini, y a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, por este informe tan positivo.
El informe se refiere a una propuesta largamente esperada de una Directiva de suma importancia para facilitar la libre circulación de las personas y que tiene en cuenta la labor realizada a finales de los años noventa, en particular por el grupo de alto nivel bajo la dirección de la Sra. Simone Veil, sobre la ciudadanía de la Unión Europea.
Esta propuesta establece las condiciones que rigen el ejercicio del derecho fundamental de libre circulación y residencia, que el Tratado confiere directamente a todo ciudadano de la UE y que está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, la propuesta representa el primer paso hacia la definición de un concepto sólido de ciudadanía de la Unión Europea, tal como lo confirma el objetivo fundamental de la propuesta.
Los ciudadanos de la UE deben poder desplazarse, mutatis mutandis, entre los Estados miembros en condiciones similares a cómo lo hacen los nacionales de un Estado miembro o cambian de lugar de residencia en su propio país. En particular, la Directiva debe facilitar el ejercicio del derecho de libre circulación limitando las formalidades administrativas a las estrictamente necesarias, mejorando la definición de la situación de los miembros de la familia, con la introducción de un derecho de residencia permanente después de cuatro años de residencia ininterrumpida en el Estado miembro de acogida, y con una mayor limitación de las posibilidades de denegar o cancelar la residencia por motivos de orden público.
La propuesta también introduce innovaciones importantes si se compara con el acervo existente. En particular, amplía de tres a seis meses el período en el cual los ciudadanos no están sujetos a ninguna formalidad que no sea la posesión de un carnet de identidad o pasaporte válidos. Elimina la obligación de obtener un permiso de residencia para los ciudadanos de la Unión Europea, sustituyéndolo por la simple inscripción ante las autoridades competentes, como ya sucede en algunos Estados miembros. Establece un sistema en que el ciudadano de la Unión Europea sólo debe declarar que cumple las condiciones que conlleva el ejercicio del derecho de residencia. Por último, introduce, una vez transcurridos cuatro años de residencia ininterrumpida, un derecho de residencia permanente que ya no está sujeto a ninguna condición.
Tal como se subraya con razón en el informe del Sr. Santini, actualmente el derecho de libre circulación todavía choca con numerosos obstáculos. Este punto ha sido confirmado en diversos fallos del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión. Esta propuesta incluye las aclaraciones aportadas por las últimas resoluciones del Tribunal y, una vez aprobada, deberá simplificar notablemente el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos europeos.

Santini (PPE-DE)
 - (IT) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al Comisario Vitorino por su introducción, que allana el camino para la presentación de mi informe. De hecho, la Directiva que estamos discutiendo representa un verdadero salto adelante en el debate acerca de la ciudadanía de la Unión y la libre circulación de personas. Por primera vez, al ciudadano se le reconocen derechos no sólo como entidad económica, sino como persona, como titular de derechos individuales que, junto con los derechos generales, constituyen la ciudadanía europea. Los derechos a la libre circulación y residencia se derivan directamente del Tratado Europeo, llevan establecidos mucho tiempo, como ha dicho el Comisario, y confieren a los ciudadanos derechos nuevos y fundamentales. De hecho, se podría decir que esta Directiva sienta las bases de la doble ciudadanía -nacional y europea- tal y como se formula en el proyecto de Tratado debatido también en la Convención. La introducción del derecho de residencia permanente es un ejemplo concreto de este punto.
Antes de estudiar la Directiva con más detalle, deberíamos delimitar su ámbito de aplicación. La Directiva se aplicará a los ciudadanos comunitarios y a los miembros de sus familias, cualquiera que sea su nacionalidad. El principio de igualdad de trato de ciudadanos terceros, miembros de una familia comunitaria, se estableció en la década de 1960, y la Directiva le confiere mayor efectividad y eficacia. 
Éste es un derecho que se deriva del derecho de los ciudadanos comunitarios de cuya familia son miembros. Debe quedar claro desde un principio que esta Directiva no se aplica a los ciudadanos de terceros países ni, en cualquier caso, a los que no estén emparentados con ciudadanos comunitarios, aunque estén viviendo en un Estado miembro o disfruten del derecho a la libre circulación dentro de la Unión.
El gran mérito de esta Directiva es que combina todas las disposiciones anteriores sobre el tema en un texto único. Otro de los méritos es su claridad, y a este respecto pienso que algunas de las enmiendas del ponente, entre otras, han ayudado a simplificar al máximo las partes excesivamente burocráticas.
Entre los elementos más innovadores se encuentran la propuesta de sustitución del permiso de residencia, como ha mencionado el Comisario, por un simple certificado de registro emitido por la autoridad competente. Las modalidades de registro deben ser sencillas y directas, y en cualquier caso debe aplicarse el principio de autocertificación, como ya sucede en algunos Estados miembros. El principio de autocertificación también debe aplicarse a la acreditación de ingresos y de cobertura del seguro de enfermedad. En el caso de miembros de la familia nacionales de terceros países, deberán proporcionar un documento de identidad para comprobar la existencia de un vínculo de parentesco con objeto de evitar posibles abusos.
La Directiva introduce otro principio innovador, que se refiere a la expulsión de ciudadanos de terceros países con derecho a residencia en territorio comunitario. La Directiva estipula que no se les puede expulsar en ninguna circunstancia. Este planteamiento aplica el «objetivo de Amsterdam», es decir, la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sin fronteras, aunque es probable que algunos Estados miembros deseen establecer sus propias reglas en esta materia.
He dejado el tema más controvertido para el final, como ocurre siempre cuando se introducen debates en esta Cámara: la familia, su composición y las definiciones de pareja y cónyuge. Para evitar que esta gran riqueza de legislación innovadora fuera secuestrada por el tira y afloja de siempre, como ponente me he esforzado en ser lo más abierto posible, llevando mis principios y los principios del Grupo político al que represento al límite, con el fin de concluir el proceso con la Directiva intacta. Además, como ha confirmado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, no existe ambigüedad sobre la definición de cónyuge en el derecho comunitario. A este respecto, y en relación también con las parejas de hecho, el ponente ha incorporado varias enmiendas presentadas y posteriormente retiradas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que remiten a las leyes de los distintos Estados miembros con el fin de poner fin a las discrepancias que todavía existen en el plano comunitario. En mi opinión, este recurso democrático a la subsidiariedad, a la soberanía nacional, respeta todos los intereses, y debería evitar las típicas cruzadas que podrían muy bien mermar el contenido del informe y restar efectividad a su ámbito de aplicación. En resumen, cada Estado miembro puede regular las cuestiones familiares sobre la base de su propia legislación y sus inquietudes. Sería una pena si no consiguiéramos obtener un texto adecuado que contara con el amplio apoyo del Consejo, teniendo en cuenta la excelente oportunidad de codecisión que tenemos en este asunto. Además, es inconcebible que el modelo apoyado por tan sólo dos Estados deba imponerse a 13 países, o que se dé prioridad a símbolos y dogmas y no a reglas responsables que esperan millones de ciudadanos que desean organizar sus vidas.
En resumen, hay que decir que el enfoque del ponente está, en su mayor parte, en consonancia con el de la Comisión, que ha elaborado un texto coherente y objetivo que también expresa, como ya sabemos, la postura del Consejo. Tenemos la oportunidad de dar a los ciudadanos reglas nuevas y modernas que suponen una mayor garantía de libertades civiles. Confío en que serán adoptadas en la votación en esta Cámara, y quiero dar las gracias a los ponentes de opinión y a todos los diputados que han enriquecido el informe con sus enmiendas, las cuales sin duda han mejorado el contenido de la Directiva.
Medina Ortega (PSE)
. (ES) Señora Presidenta, la ciudadanía europea fue una de las grandes consecuciones del Tratado de la Unión adoptado en Maastricht en 1992. 
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los derechos de la ciudadanía europea, incluido el derecho de libre circulación y residencia dentro de la Unión, eran derechos originarios de los ciudadanos europeos, cuyo reconocimiento no requería ningún desarrollo legislativo.
De conformidad con este fundamento jurídico, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estimó que no existía motivo para el establecimiento de restricciones de carácter administrativo, ni para la entrada en un país ni para la libre circulación y residencia.
Se ha avanzado mucho en el campo de la organización legislativa a través de los Acuerdos de Schengen, pero lo cierto es que algunos países siguen siendo reacios a esos avances y se mantienen fuera de ellos. 
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior esperaba que esta propuesta de directiva supusiera un efectivo paso adelante al eliminar todas las restricciones de carácter administrativo y de contenido a la posibilidad de que un ciudadano comunitario pueda establecerse en otro país comunitario. 
Éste era el sentido de las enmiendas que aprobó la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
Las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no fueron aceptadas por la comisión de fondo, la Comisión de Libertades, y el ponente, como es lógico, tendría interés en que se mantuvieran, pero no ha insistido, para no ir en contra de los acuerdos logrados en este ámbito.
Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre una enmienda que en cierta medida podría dar acogida a estas preocupaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, me refiero a la enmienda 23 -que introduce un nuevo artículo 4 ter- que dice que «la presente Directiva no deberá dar lugar a la supresión de los derechos existentes establecidos por la legislación de la Unión o por las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas». 
En mi opinión, esta enmienda es fundamental si no queremos hacer retroceder los derechos de los ciudadanos europeos dentro de la Unión.

Karamanou (PSE)
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre el derecho de los ciudadanos a circular libremente es sin duda un paso importante para eliminar los obstáculos técnicos injustificados que persisten incluso en una Europa unida. Sin duda, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo han mejorado de manera significativa la propuesta de la Comisión. Las enmiendas presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades tienen por objeto conseguir varias mejoras con vistas a reforzar la libre circulación de las mujeres, teniendo en cuenta los problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres y el principio de no discriminación por razones de género.
Por desgracia, señor Comisario, su ambición de permitir a los ciudadanos europeos que ejerzan su derecho de residencia libremente y sin impedimentos no ha producido un texto neutral en términos de género que tenga en cuenta los problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres. El problema principal se refiere a las mujeres que dependen económicamente de sus maridos, y que en caso de muerte o separación no tienen posibilidad de prolongar su derecho o de seguir residiendo en otro país europeo. En otras palabras, se les niega automáticamente cualquier derecho legal que se derive de su residencia en otro Estado miembro de la Unión. Pensamos que esto hay que corregirlo.
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades también señala la importancia de proteger todas las relaciones interpersonales otorgando a las parejas de cualquier sexo que cohabitan los mismos derechos que un cónyuge. Cada vez más Estados miembros están encontrando maneras de reconocer a las parejas que viven juntas sin casarse oficialmente. La mayoría de países ya permiten a las parejas registrarse oficialmente, y por lo tanto esta categoría ha de incluirse en la definición de miembros de la familia.

Pirker (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el proyecto de Directiva que se nos ha presentado hoy supone un gran salto adelante en la realización de nuestra Comunidad Europea, puesto que alcanzaremos nuestro objetivo cuando los ciudadanos de la Unión Europea disfruten de la libertad de circulación. La Directiva propone que los desplazamientos de ciudadanos de la Unión Europea entre los Estados miembros deberían estar sujetos a las mismas condiciones que los desplazamientos dentro de cada Estado miembro. En otras palabras, la intención es destruir las barreras que quedan y salvar los obstáculos burocráticos y políticos que bloquean el camino hacia la libertad de circulación. Esto me lleva, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, a apoyar sin reservas la propuesta de la Comisión y las aclaraciones y modificaciones que nuestro estimado ponente ha introducido en dicha propuesta. Ése es el objetivo al que nos dirigimos, y estoy convencido de que podemos alcanzarlo siempre que se cumplan ciertas condiciones.
Me ha decepcionado la manera en que en este debate sobre el gran tema de la libertad de circulación, ciertos diputados han centrado su atención, excluyendo todo lo demás, en la definición de lo que se supone que tenemos que entender por «familia». Aunque esto es sólo una pequeña parte del conjunto, y necesita ser discutida, deberíamos decir adiós a la opinión de que tan sólo unos pocos saben lo que se entiende por «familia», y que su definición debería imponerse sobre el resto de diputados de este Parlamento o sobre los Estados miembros. Eso no es aceptable. Deberíamos llegar a un compromiso, y deberíamos hacerlo aceptando el hecho de que los diferentes Estados tienen conceptos distintos de este término y pueden tomar medidas diferentes de acuerdo con ellos. Lo que no deberíamos hacer es permitir que esos pocos se dediquen a imponer su concepto y su definición de la familia a todos los demás Estados. Si conseguimos pararles los pies y llegar a un consenso aceptando las medidas individuales de los Estados miembros, esta propuesta ganará la aceptación de la amplia mayoría. En beneficio de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, hago un llamamiento a todos los que han introducido estas propuestas para que sigan el camino de la razón.
Terrón i Cusí (PSE).
Señora Presidenta, en nombre de mi colega, Carmen Cerdeira, que ha sido ponente alternativo para este informe, y que, lamentablemente, no puede estar aquí, voy a intentar, en la medida de lo posible, intervenir en nombre de mi grupo político.
La ciudadanía de la Unión -institucionalizada y creada como tal por el Tratado de Maastricht y más tarde modificada por el Tratado de Amsterdam- confiere una serie de derechos y deberes a los nacionales de todos los Estados miembros. 
Con ella se pretende asociar a los ciudadanos al proceso de integración europea, dándoles una mayor implicación, fortaleciendo la protección de sus derechos y fomentando la idea de una identidad europea a través de la creación de un sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a la Unión. Estos derechos de ciudadanía y la Unión en su conjunto sólo tendrán credibilidad para los ciudadanos si pueden aplicarse en la práctica de su vida diaria.
En el marco de la ciudadanía de la Unión, uno de los derechos fundamentales otorgados por la misma se recoge en el apartado 1 del artículo 18 del Tratado, que confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a entrar, circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
El mismo derecho, con una redacción prácticamente similar, es conferido al ciudadano europeo por el apartado 1 del artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y esto nos parece muy relevante.
En consecuencia, estos derechos tienen carácter constitutivo y no declarativo, es decir, se adquieren independientemente de la concesión o de cualquier permiso expedido por los Estados miembros. 
Saludamos la propuesta de la Comisión, que consideramos realmente un paso hacia adelante. La circulación de los ciudadanos de la Unión entre los Estados miembros debería efectuarse, mutatis mutandis, en condiciones similares a las de los ciudadanos dentro de un Estado.
En realidad, señora Presidenta, los ciudadanos de la Unión han interiorizado este derecho mucho más rápida y sólidamente que sus gobiernos. Lo han interiorizado y lo ejercen. Le puedo asegurar que en mi parte de la Unión, en la costa donde paso varios días, hay numerosos ciudadanos europeos residentes ilegales que, simplemente, van y vienen entre sus dos casas, una en el país de origen y otra en el mío, siempre que quieren y sin llenar ningún papel. Es indemostrable que estos señores hayan vuelto o no a su casa en los últimos seis meses, porque a veces ésta se encuentra a 60 km. del país vecino. El euro va a hacer esto todavía más fácil y más posible y yo espero que se pueda avanzar en el sentido de la Comisión. Por eso, mi Grupo ha presentado enmiendas que pretenden, de una vez por todas, eliminar la consideración de la condición económica de las personas, dando prioridad a la de ciudadano, así como reconocer que en este momento los ciudadanos y sus familias, tal como son, ejercen ya la libertad de circulación dentro de la Unión Europea.

Sørensen (ELDR).
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, quisiera indicar que apoyamos la propuesta del Sr. Santini tal y como la ha adoptado la comisión. El propósito de la Directiva es llenar de contenido la ciudadanía de la Unión Europea y potenciar la libertad de circulación de las personas en la Comunidad.
La propuesta significaría una consolidación de la actual multiplicidad de reglamentos, directivas y sentencias en este ámbito. De esta manera, la normativa legal vigente resultaría más claro y menos ambiguo. Al mismo tiempo, una legislación clara significaría una mayor facilidad para superar muchos de los obstáculos prácticos que todavía existen respecto de la libertad de circulación de las personas.
El Grupo ELDR apoya totalmente el principio de no discriminación, por el cual a los ciudadanos de la Unión Europea de otros Estados miembros se aplican, en la medida de lo posible, las mismas normas que a los ciudadanos del propio país en cuestión. Esta Directiva es un paso adelante en la buena dirección.
No obstante, también apoyamos la definición progresiva de la familia que se ha incorporado en la propuesta. A modo de comentario general, quisiera dejar claro que el propósito de la propuesta no es establecer una definición de la familia. El propósito es, básicamente, preservar la unidad familiar. Por lo tanto, la discusión en torno a la definición de la familia no debería desviar la atención del propósito de la propuesta y las consecuencias positivas de la adopción de la Directiva, a saber, un refuerzo de la base de las normas que rigen la libertad de circulación, un aumento de la movilidad de la mano de obra y, por supuesto, la preservación de la unidad familiar.

Di Lello Finuoli (GUE/NGL).
Señora Presidenta, la propuesta de Directiva sobre el derecho de los ciudadanos europeos y de sus familias a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros marca un punto clave en la creación de una Europa más libre y más abierta, además de esforzarse por simplificar y racionalizar una verdadera tela de araña de disposiciones sobre empleados y autónomos, pensionistas, estudiantes y ciudadanos que simplemente quieren vivir en un país distinto del suyo. También las enmiendas adoptadas en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores han mejorado el texto original considerablemente, proporcionando una mayor seguridad legal a los trabajadores y protegiéndolos de los peligros de la inmigración ilegal. Sin duda, los ciudadanos europeos también deberían estar protegidos de estos peligros. Indudablemente, queda mucho por hacer, como han puesto de manifiesto la Sra. Karamanou y el Sr. Medina Ortega.
Al abordar las expectativas de los miembros de la familia que quieren vivir fuera de su propio país, hemos estado impulsando, entre otras cosas, un aumento real de las libertades civiles, eliminando la discriminación por razones de identidad de género, orientación sexual o forma de cohabitación. Estamos convencidos de que, al igual que otros derechos, como el derecho al divorcio o al aborto, están arraigados en la mente de la mayoría de los europeos, también hay una necesidad clara de hacer efectivo el derecho de las personas que quieren vivir en un país distinto al suyo, de las que quieren vivir solas o con una pareja de su mismo sexo o de las que quieren formar una familia sin verse obligados a casarse.
Desconozco si el Consejo decidirá o podrá preservar el equilibrio político y cultural de las decisiones del Parlamento, si apoyará el informe en la forma adoptada por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, pero estamos seguros de que si no lo hace, estará actuando en contra de los deseos de la mayoría de ciudadanos de la Unión, como ha señalado la Sra. Terrón i Cusí, y correrá el riesgo de ensanchar la distancia existente entre instituciones y personas.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señora Presidenta, mi Grupo también está muy satisfecho con la Directiva propuesta y con el informe. Mientras oímos a menudo que la Unión Europea quiere seguir adelante con la integración demasiado rápidamente en otros ámbitos, ésta es una cuestión que la gente piensa que debería haberse solventado hace mucho tiempo. De hecho, la gente a menudo opina que ya está solventada, y les decepciona descubrir que la libre circulación no es tan libre como pensaban.
Un ejemplo sería un sueco que quisiera trasladarse a Italia para vivir y trabajar. De todos modos, esto se está simplificando. Ahora sé que algunos diputados de este Parlamento, y especialmente algunos Estados miembros, piensan que éste es un asunto de migración. Eso me parece bastante inverosímil. Se trata principalmente de la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea y sólo concierne a las personas de terceros países si están casadas o mantienen relaciones duraderas con ciudadanos de la Unión Europea. Así que pongamos cada cosa en su sitio.
Una parte importante de esto es el hecho de que, sin duda, muchas personas que quieren viajar por la Unión Europea o que quieren vivir en otro país probablemente no desean hacerlo solas, sino junto con sus familias o sus parejas. Esta cuestión ha sido ampliamente comentada en el informe, la definición se ha ampliado y mi Grupo está satisfecho con eso. Sin embargo, como se desprende de las enmiendas y comentarios del Sr. Pirker, la definición sigue siendo muy controvertida. Matrimonio: pensamos que esto es lógico; debe permitirse al cónyuge de la persona en cuestión acompañarla. También pensamos que las parejas inscritas no representan un obstáculo insalvable; debe permitirse a la pareja inscrita de la persona en cuestión acompañarla. Sin embargo, la cuestión de las relaciones duraderas es difícil.
Por esta razón, quisiera citar las palabras del Sr. Pirker para que quede constancia de que he estado escuchándole con atención. Ha dicho: «Deberíamos decir adiós a la opinión de que tan sólo unos pocos saben lo que se entiende por 'familia?». Estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que lo más importante es que las personas se comprometan entre ellas, que quieran hacerse cargo unas de otras, que quieran ocuparse unas de otras, y por ello creo que es absurdo que queramos alterar la vida familiar porque falte cierta firma oficial. También pueden considerarse alternativas: por ejemplo, durante cuánto tiempo han vivido juntas las personas. Hay alternativas; lo más importante es que las personas estén comprometida entre ellas, que tengan una vida familiar. Puede que falte una firma oficial, pero veamos lo que podemos hacer al respecto como Unión Europea en lugar de alterar la vida familiar porque falta una firma.

Blokland (EDD).
Señora Presidenta, tanto el ponente, el Sr. Santini, como la Comisión aplauden la ciudadanía europea. Ahora se le va a dar forma concreta con la propuesta de conceder a los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a la libre circulación y residencia. Este derecho se convierte, y cito las palabras de la Comisión, «en parte integrante del patrimonio jurídico de todo ciudadano de la Unión Europea.»
¿A qué patrimonio se refiere exactamente la Comisión en esta frase? Yo encuentro este pronunciamiento tan sorprendente como el término «ciudadanía europea». Por el hecho de que un neerlandés pueda ir a trabajar con mayor facilidad a Francia, de repente se siente ciudadano europeo. Pues no, sigue siendo un neerlandés que trabaja en Francia. Desde un punto de vista práctico se trata de una propuesta buena e incluso modernizadora. Eliminará muchos trámites burocráticos y normas incontrolables.
Creo que existen dos puntos en los que, en mi opinión, la Comisión está interfiriendo demasiado en la autoridad de los Estados miembros para tomar decisiones. En primer lugar, el artículo 25, por el que se prohíbe al país de acogida ejecutar una medida de expulsión cuando la persona en cuestión sea titular de un derecho permanente de residencia. En segundo lugar, en el artículo 30, apartado 2, que afirma que una persona puede volver a presentar una solicitud de admisión a más tardar dos años después de la decisión de expulsión. Eso no se ha sopesado bien.
No puedo apoyar las enmiendas del informe Santini que extienden la definición de pareja y atenúan el tono de las enmiendas de la Comisión.

Cappato (NI).
Señora Presidenta, hemos estado esperando esta Directiva sobre la libre circulación de las personas durante muchos años, probablemente demasiados, así que ahora que por fin está aquí, la vamos a apoyar. De hecho, he tomado la palabra especialmente para presentar al ponente, de palabra y por escrito, la petición del Partido Radical Transnacional firmada por 1 122 personas de 30 nacionalidades distintas que exigen el pleno respeto de la libre circulación de personas en la Unión Europea con el fin de eliminar la discriminación de parejas del mismo sexo.
A este respecto, quisiera manifestar particularmente al ponente, el Sr. Santini, y al Sr. Pirker -quien parece ver en algunas enmiendas y pasajes que ha incluido la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores el deseo de utilizar la Directiva sobre la libre circulación para imponer un único modelo familiar en Europa- que esta acusación carece de fundamento, y que los textos que han adoptado lo demuestran. Lo que estamos intentando hacer no es imponer subrepticiamente un único modelo familiar, sino asegurar que con respecto a la libre circulación de personas, con respecto a la legislación europea, por tanto, no haya distinción de trato ni discriminación sobre la base del hecho de que a algunas parejas se les reconozca una forma particular, ser parejas del mismo sexo o heterosexuales. Esta es nuestra petición. No pensamos que al asegurar la libre circulación de personas en la Unión Europea estemos introduciendo automáticamente los matrimonios del mismo sexo en Europa, pero si los matrimonios del mismo sexo están reconocidos en un país, cuando una pareja del mismo sexo se traslade a otro país, sus derechos en materia de libre circulación -no en términos de derechos familiares- deberían estar reconocidos. Esta es la cuestión, y por esta razón pido a los diputados de los demás Grupos que no eliminen la frase «independientemente del sexo». Se ha objetado que esto es innecesario y superfluo. Nosotros no somos abogados. Simplemente creemos que esta frase, esta expresión, debería permanecer en el texto. Si luego resulta que es superflua, pues mucho mejor. Por lo tanto: libertad de circulación independientemente del sexo de las personas que han contraído matrimonio o forman parejas de hecho.

Coelho (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como señalé en mi informe sobre la ciudadanía europea, que adoptamos en sesión plenaria el pasado mes de septiembre, el proceso de reconocimiento de la ciudadanía europea ha sido lento, y todavía hoy se enfrenta a demasiados obstáculos y hay que tomar iniciativas para asegurar que el concepto de ciudadanía europea se aplica plenamente en su aspecto político, administrativo, judicial, social y económico.
Entonces también recomendé que, con el fin de abordar de los obstáculos que dificultaban el ejercicio de la libertad de circulación y residencia por parte de los ciudadanos de la Unión Europea, la propuesta de Directiva que estamos discutiendo hoy aquí debería adoptarse tan pronto como fuera posible. Al basarse en una reelaboración de textos anteriores, esta propuesta intentaba introducir la tan necesitada racionalización, combinando en un único instrumento legal el derecho a la libre circulación y residencia en el territorio europeo, y consagrar específicamente el derecho de residencia permanente tras cuatro años de residencia continua. Esta es una propuesta bienvenida.
Gracias a la labor de nuestro ponente, el Sr. Santini -una labor excelente, por cierto- se ha introducido en esta propuesta una serie de contribuciones que en mi opinión son muy positivas. Sin embargo, existen dos aspectos que ya se han mencionado en este debate y que todavía son problemáticos. Son los que se refieren a la definición de la familia, una definición excesivamente amplia que parece querer obligar a la legislación nacional a reconocer la definición de una pareja de hecho como miembro de la familia. Pienso que en esta situación, el sentido común dictaría respeto por la legislación nacional y la normativa vigente en cada Estado miembro. Esto también se aplica al concepto demasiado amplio de miembro de la familia, respecto al cual creo que sería más razonable mantener el actual acervo para los descendientes directos y parientes directos, contrariamente, por tanto, a la ampliación contemplada en la propuesta. Esto podría comportar un aumento enorme del número de personas que solicitarían la reunificación familiar. La ampliación de la definición propuesta por el Sr. Santini es, por lo tanto, aceptable por motivos humanitarios o por motivos graves de salud.

Evans, Robert (PSE).
Señora Presidenta, agradezco al ponente y a la Comisión que hayan presentado este importante informe, que trata de modo correcto asuntos de mucha enjundia. Los parlamentarios debemos esforzarnos en lo posible por facilitar a los ciudadanos europeos la libre circulación por toda la Unión Europea.
No deja de ser anómalo que, en estos momentos, sea más fácil trasladar mercancías o capitales en la Unión Europea que desplazarse de un sitio a otro para los ciudadanos europeos. El Sr. Vitorino ha dicho al principio que la libre circulación choca con demasiados obstáculos, y la Sra. Buitenweg acaba de dar algunos ejemplos que lo evidencian. Si la Unión Europea debe acercarse más al ciudadano, debemos hacer que sea mucho más un mercado común para las personas que lo que es en estos momentos.
Sin embargo, igual que con los negocios, para que esto funcione eficazmente tiene que haber una normativa. Por ejemplo, los pensionistas británicos que se trasladan a vivir a España y otras personas que viajan de un país a otro para trabajar deben estar exentos de trámites burocráticos excesivos e innecesarios. Si queremos cumplir nuestro objetivo de que la Unión Europea sea la economía más competitiva del mundo en 2010, y que sea tan fácil para los ciudadanos de la Unión Europea desplazarse de un Estado miembro a otro como lo es para los ciudadanos estadounidenses circular de un Estado a otro de los Estados Unidos, necesitamos un flujo libre de nacionales europeos que se desplazan de un país a otro para vivir y trabajar. Se trata de que los ciudadanos europeos y sus familias puedan desplazarse libremente para trabajar y residir; se trata de que adolescentes obtengan permisos de residencia en el país en que han crecido.
Sin embargo, existen ciertos aspectos de este informe que podrían prestarse a malinterpretaciones o a abusos.. De ahí que debamos incorporar unas pocas cláusulas adicionales. Mi propio Gobierno está preocupado por asegurar que nuestros esfuerzos para facilitar la libre circulación de los nacionales legítimos de la Unión Europea no abran nuevos canales que puedan ser explotados por bandas criminales y otros.
Como bien sabemos todos, vivimos en un mundo peligroso. Existe una minoría de personas -que por cierto es una minoría muy pequeña - que quizá deseen explotar con fines ilegales y violentos la libertad de circulación que facilita este informe. Por consiguiente, no debemos negar a los Estados miembros el derecho a excluir a personas cuando existe una amenaza probada para la seguridad nacional.
Necesitamos unas cuantas garantías más para proteger a las personas de los riesgos de la vida moderna. Apoyo lo que ha dicho el Sr. Di Lello Finuoli: el quid de la cuestión no está en si las personas están casadas o con quién conviven en una relación duradera. El Tratado garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la vida familiar y nosotros, como Parlamento, estamos facultados para respaldarlo. Otros ya han hablado sobre ello. Las convivencias legítimas y duraderas no deben verse nunca amenazadas. Por otra parte, a modo de compensación, quizás necesitamos asegurar que haya salvaguardias que desalienten a la pequeña minoría que quisiera utilizar el matrimonio como vía para obtener la entrada ilegal. Se trata de la libre circulación de las personas y de la libertad de vivir sus vidas como deseen: un mercado libre para las personas, un mercado común para los ciudadanos de la UE y sus familias.

Ludford (ELDR).
Señora Presidenta, por fin esta propuesta cumple la promesa de hace 50 años de permitir a los ciudadanos de la UE y sus familias a que residan en otro Estado miembro. Son grandes noticias para la causa de la libertad. Pero al escuchar a algunas personas, incluidos los «conservadores» del Gobierno laborista británico, uno creería que de lo que se trata es de facilitar la inmigración ilegal y el terrorismo. Ya es hora de que desaparezca esta histeria mal informada en el Reino Unido. Existen suficientes garantías en esta medida y en la legislación de la Unión Europea.
Sobre la definición de miembro de la familia que los ciudadanos de la Unión Europea pueden llevarse consigo cuando se desplacen, ésta debe al menos respetar la ley del país de residencia de origen. ¿Por qué la relación de pareja inscrita de un homosexual sueco debe perder todo reconocimiento de su situación cuando se desplaza, por ejemplo, a Italia? Los Gobiernos, incluido el británico, están muy contentos con el principio del mutuo reconocimiento en relación con las condenas penales, incluida la orden de detención europea. Apliquémoslo también con respecto a la libertad y los derechos de los ciudadanos, incluidos los ciudadanos británicos.

Klaß (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la propuesta de Directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias a circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros se deriva de la nueva situación jurídico-política creada por la introducción de la ciudadanía de la Unión Europea. Los distintos elementos legislativos existentes en la actualidad van a ser sustituidos por una ley única, cambiarán las condiciones y los trámites, y lo que ahora hay que aclarar son las restricciones que se van a aplicar por razones de orden público, seguridad y salud.
Lo que se está debatiendo son los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias. En las deliberaciones que tuvieron lugar en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, nos encontramos con el problema de definir qué se entiende por «miembros de la familia», y deduzco de lo que he oído esta mañana que no éramos las únicas. ¿Cómo definimos la familia hoy en día? ¿Entendemos por «familia» al padre, la madre, los niños, junto con los padres y los abuelos? ¿Incluye el término «familia» a las parejas de hecho, cualquiera que sea su sexo? Aquí nos encontramos con que la situación jurídica varía de un Estado miembro a otro, y en mi opinión, aquí es donde debe prevalecer la subsidiariedad de los Estados miembros. Al mismo tiempo, me parece que se necesita urgentemente una definición europea de la familia; después de todo es con eso con lo que tenemos que trabajar.
¿Quién va a dar seguridad a la madre o al padre que cría a los hijos y por tanto no puede dedicarse a trabajar para proporcionarles pruebas de sus propios ingresos seguros, si la pareja que trabaja muere o los abandona? En caso de residencia durante un período superior a seis meses, todavía se les exige la presentación de una declaración que demuestre su independencia económica, pero a menudo es la dependencia económica de las mujeres la que las sitúa en una posición inestable. Esto significa que necesitamos un estatuto jurídico independiente para los cónyuges. Tal y como yo lo veo, existe una familia cuando alguien acepta la responsabilidad de educar a otras personas, mantenerlos y cuidarlos. La sociedad tiene que ofrecer seguridad a las personas que hacen esto, que se comprometen y se obligan a hacerlo, y yo incluyo sin duda entre estas personas a las que han firmado un acta de matrimonio.
Cashman (PSE).
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con el Comisario en que se trata de la ciudadanía de la Unión Europea y en que es fundamental para facilitar la libre circulación de nuestros ciudadanos. Tal como ha dicho muy acertadamente, señor Comisario, si no intervienen otros factores los ciudadanos de la UE deben poder circular entre los Estados miembros y hay que reducir los trámites administrativos a los estrictamente necesarios.
Acojo con satisfacción la definición más amplia de «familia» en este informe y la importancia que se da a la consideración de los motivos humanitarios en la aplicación de esta Directiva. Sin embargo, la definición más amplia de la familia no será bien acogida por todos, y no comparto el análisis que hace de esta Directiva el Gobierno del Reino Unido, mi propio Gobierno laborista.
Sobre la definición más amplia, debemos examinar nuestros prejuicios y nuestras creencias arraigadas. De lo que se trata es de la ciudadanía nacional y de la ciudadanía de la Unión Europea. Debemos avanzar a un ritmo que no debe dictarnos el Estado miembro menos proclive a la reforma. La definición de «cónyuge» debe ser clara de acuerdo con el Tribunal de Justicia Europeo, pero nos compete a nosotros los legisladores redefinir y revisar las definiciones, especialmente a la luz de la vida familiar moderna y la diversidad de relaciones duraderas y perdurables.
Sobre este punto, yo mantengo una relación con una persona de mi mismo sexo por espacio de 20 años, pero quien es mi pareja desde hace 20 años no sería considerado miembro de la familia si tuviera que trasladarse conmigo a Bruselas para que pueda yo desempeñar mi labor en el Parlamento. Se me exige que pague los mismos impuestos y estoy sometido a la misma legislación, pero tanto a mí como a mi pareja -una relación que no puede ser reconocida en el Reino Unido- se nos niega la igualdad. Así pues, o bien alentamos a las personas a que establezcan relaciones honestas y duraderas o las animamos a que celebren matrimonios de conveniencia que se saltarán a la torera esta Directiva y todas sus buenas intenciones.
O hay libre circulación para todos nuestros ciudadanos, o no la hay. La baronesa Ludford está absolutamente en lo cierto. En este terreno tiene que existir un principio de reconocimiento mutuo. Pido al Grupo del PPE-DE que se una a nosotros para explorar las posibilidades que existen y alcanzar un compromiso razonable con el Consejo, reconociendo al mundo moderno y ofreciendo igualdad de derechos a todos nuestros ciudadanos, y no sólo para algunos.

Swiebel (PSE).
La libre circulación de personas sobre la que estamos debatiendo aquí es uno de los principios esenciales de la Unión Europea, y es extraño que todavía tengamos todo tipo de diferencias de opinión acerca de este punto. El mercado de trabajo actual y las oportunidades de estudiar y disfrutar de la jubilación en un país distinto del propio exigen que Europa posea normas flexibles. No deberían suponer un obstáculo para nadie por motivos injustificados. Sin embargo, parece como si la Comisión quisiera excluir a un grupo significativo de ciudadanos del disfrute de este derecho, que son los ciudadanos que quieren trasladarse a otro país con sus familias, pero que o no están casados o están inscritos como parejas pero esta inscripción no está reconocida en el país de acogida. Por ejemplo, una mujer francesa que sea miembro de una pareja inscrita no puede llevarse al hombre o a la mujer de sus sueños a Italia porque allí no existe la figura de la pareja inscrita. El Sr. Pirker opina que esto es un detalle menor; a mí me parece un desastre. Incluso dos hombres o dos mujeres que se casaran en los Países Bajos o en Bélgica no podrían ir a Grecia juntos si uno de los dos fuera allí a trabajar. Imagínense cómo deben sentirse esas personas. En la propuesta de la Comisión, los miembros de la familia únicamente pueden acompañar a las personas que se desplazan a otro país si son cónyuges de un matrimonio heterosexual o si son parejas de hecho y el país de acogida equipara estas parejas a los matrimonios. No obstante, este enfoque da pie a la discriminación por motivos de nacionalidad, algo que se prohibió en la Unión Europea hace mucho tiempo. Lo que tenemos que arreglar es un asunto extraño.
Por lo tanto, varios colegas diputados y yo hemos presentado enmiendas para introducir el sistema de reconocimiento mutuo en este ámbito, y estas enmiendas también han sido aceptadas en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Este sistema asegura el reconocimiento mutuo de cualquier forma de relación por parte de los Estados miembros. El matrimonio, las parejas inscritas y también las parejas de hecho, independientemente de su composición, o dicho de otra forma, independientemente de su sexo. Resulta que no sólo estamos hablando de parejas del mismo sexo; un número cada vez más alto de hombres y mujeres deciden no casarse y prefieren cohabitar pero sin perder todos sus derechos. Afortunadamente, ya hay ocho Estados miembros que permiten a sus ciudadanos hacerlo. Sin embargo, esta libertad de elección no debe perderse cuando estos ciudadanos crucen la frontera. Por ello, me complace que la gran mayoría de este Parlamento parezca apoyar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en este ámbito. Éste es un gran paso adelante y supone un buen augurio para las próximas discusiones con el Consejo. Entonces, si esa es la cuestión, ¿por qué mi Grupo quiere mantener la frase «independientemente del sexo»? La razón es que nuestros amigos del Grupo del Partido Popular Europeo no han podido ponerse de acuerdo sobre si en realidad quieren aplicar este principio de reconocimiento mutuo con carácter general, o dicho de otro modo, incluyendo relaciones matrimoniales y no matrimoniales entre personas del mismo sexo de países en los que están permitidas legalmente. Para nosotros, la igualdad parcial no es en absoluto igualdad. Planteada esta duda, no puede haber ningún mal en promover algo más los derechos de los hombres y mujeres homosexuales mientras tanto. A ese respecto, sólo puedo subrayar lo que ha dicho el Sr. Cashman, y por ello espero que nuestros amigos del Grupo del Partido Popular Europeo puedan calentar un poco el ambiente en la próxima etapa de esta fase legislativa.

Hedkvist Petersen (PSE).
Señora Presidenta, la libertad de circulación es la esencia del derecho de la CE. Debemos hacer realidad la libertad de circulación en la Unión Europea. Por lo tanto, acojo con satisfacción la reglamentación uniforme que pueda facilitar que las personas circulen sin dificultad por los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Después de la ampliación, todavía será más importante que las normas que rigen la libertad de circulación sean claras y simples para que todos los ciudadanos de la Unión Europea, tanto los nuevos como los antiguos, sean conscientes de sus derechos y de las normas aplicables.
Para favorecer una mayor circulación dentro de la Unión Europea, tenemos que empezar simplificando las normas. Las reglas también han de ser generosas. Por lo tanto, me complace que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores haya propuesto normas que facilitan la libre circulación de los distintos miembros de la familia. Me complace en particular que esta comisión haya propuesto ampliar el concepto de familia. Las personas que no viven en lo que, desde un punto de vista jurídico, son estructuras familiares tradicionales, deben tener el mismo derecho que las parejas casadas a vivir juntas en los países de la Unión Europea. Deben tener derecho a sentirse seguros de que a todos se nos aplican los mismos derechos. Sin duda esto supone un reto para muchos en la Unión Europea, puesto que cuestiona el pensamiento tradicional. Sin embargo, debemos aceptar ese reto y la oportunidad que nos brinda, precisamente porque vivimos en una unión común y queremos crear una ciudadanía común de la Unión Europea. En última instancia, nos preocupa el respeto y la igualdad de todas las personas. Los reglamentos que rigen los asuntos de familia en la Unión Europea deben ser generosos y no discriminatorios.

Vitorino
Señora Presidenta, ante todo quisiera agradecer nuevamente al ponente su informe excelente y confirmar que la Comisión podrá asumir la gran mayoría de enmiendas formuladas en nuestra propuesta modificada, que presentaremos en breve.
Permítame pasar a las dos cuestiones polémicas en este debate. Ante todo, respecto al artículo 2 y el concepto de miembro de la familia, hay que reconocer que la armonización de las condiciones de residencia de los ciudadanos de la Unión Europea no debe implicar la imposición por parte nuestra de cambios en la legislación de los Estados miembros que define la condición de miembro de la familia. Entiendo que este debate y la dificultad, por un lado, de asegurar la compatibilidad con el artículo 13 del Tratado, fundamento legal de la lucha contra la discriminación, incluida la discriminación de las parejas no casadas o las parejas del mismo sexo, cuando, por otra parte, el Tratado excluye la legislación familiar del ámbito de competencias de la Unión Europea. En este campo tan sensible, la Comunidad debe respetar las particularidades de la legislación de los Estados miembros y debe ser flexible al respecto. No existe una solución legal universal para este tipo de relación de hecho o para parejas inscritas o matrimonios del mismo sexo.
Quisiera hacer hincapié en que no debemos exagerar el alcance de las dificultades prácticas a las que las parejas no casadas o las parejas del mismo sexo se enfrentan en el momento de ejercer su derecho de residencia. De hecho, si las dos personas son ciudadanas de la Unión Europea, ambas disfrutan del derecho de residencia con arreglo al artículo 18 del Tratado, independientemente del carácter de su relación. Sin embargo, reconozco que el problema se plantea cuando uno de ellos es nacional de un tercer país. De momento, la propuesta de la Comisión es definir el matrimonio con referencia al término «cónyuge», y no pretendemos definir este término. De hecho, actualmente sólo la legislación de dos Estados miembros reconoce como matrimonio la unión entre personas del mismo sexo.
Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el término «matrimonio» designa una unión entre personas de distintos sexos. La Comisión prefiere, llegados a este punto, seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y utilizar una fórmula que permita una interpretación progresiva de este concepto sobre la base de los futuros avances de la legislación de los Estados miembros.
En lo que se refiere a las parejas no casadas, incluidas las parejas inscritas, la Comisión considera también que el reconocimiento de estas situaciones debe efectuarse al amparo de la legislación del Estado miembro de acogida. Entiendo el argumento de reconocimiento mutuo, pero hay que al utilizarlo con sumo cuidado. El reconocimiento, a efectos de residencia, de parejas no casadas sobre la base de la legislación del Estado miembro de origen podría plantear problemas a aquellos Estados miembros cuya legislación en materia de familia no admite estas posibilidades. Asimismo, el principio de no discriminación exige que el Estado miembro de acogida trate a las parejas no casadas de otros Estados miembros de la misma forma que a sus propios nacionales. Por consiguiente, creo que todos estaremos de acuerdo, en particular en este terreno, en que no debemos establecer una discriminación positiva. Este sería el resultado efectivo de este tipo de propuesta.
Seguiré muy de cerca sus deliberaciones de mañana y las negociaciones con el Consejo. Estoy seguro de que todos ustedes son conscientes de la dificultad de este debate y de los diferentes enfoques de los Estados miembros.
El ponente ha propuesto una enmienda al artículo 21 sobre la igualdad de trato a fin de excluir a las personas inactivas de la asistencia social durante los seis primeros meses en lugar de los primeros cuatro años de residencia, hasta que adquieran derechos de residencia permanente, según contemplan las propuestas de la Comisión. Soy consciente de que el texto de la Comisión necesita adaptarse en vistas del fallo que acaba de pronunciar el Tribunal de Justicia en este terreno, que establece que todo ciudadano que resida legalmente en otro Estado miembro debe disfrutar del mismo trato que sus nacionales en cuestiones referentes al bienestar social. Sin embargo, a pesar de que la enmienda del Sr. Santini apunta en la dirección correcta, no se puede aceptar en su formulación actual, ya que no es totalmente conforme al fallo del Tribunal de Justicia al que acabo de referirme. La Comisión considera que es preferible reconsiderar la propuesta y examinar mejor el contenido del fallo del Tribunal de Justicia. Presentaremos una propuesta modificada tan pronto como sea posible.

Ludford (ELDR).
Señora Presidenta, quisiera formular una pregunta al Comisario: Ha dicho que el único problema que se plantea a una pareja inscrita ocurre cuando uno de sus componentes es extranjero. Si los dos son ciudadanos de la UE, con arreglo al artículo 18 ambos pueden trasladarse a otro Estado por separado. Esto es cierto, pero lo que pierden es la condición de pareja inscrita y los derechos fiscales o sociales que conlleva; por ejemplo, el derecho a ser reconocido como pariente si uno de ellos está hospitalizado. Su respuesta no aborda esta cuestión.
No se trata sólo de una cuestión de inmigración, sino también del reconocimiento del parentesco. No creo que podamos eludir esta cuestión, y pienso que el argumento del reconocimiento mutuo es contundente, como en otros sectores, por ejemplo en el Derecho penal.

Vitorino
Señora Presidenta, naturalmente la Sra. Ludford tiene razón, pero su observación plantea un segundo problema, que es el de la legislación del país de acogida que discrimina a las parejas no inscritas. Hay que reconocer que las parejas que no pierden los privilegios que tienen en el país de origen, gozarán de un privilegio que los ciudadanos del Estado de acogida no tendrán. Este es el quid de la cuestión.
Respeto su opinión, señora Ludford, y espero con interés el debate con el Consejo con arreglo a los procedimientos de codecisión y voto por mayoría cualificada, con los que está usted mucho más familiariza que yo.
La Presidenta.
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a mediodía.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120)

Zrihen (PSE)
- (FR) Este informe y esta propuesta de Directiva constituyen un paso importante para concretar en la práctica una característica básica de la ciudadanía europea, que es la libertad de circulación efectiva de las personas dentro de la Unión Europea.
No obstante, quisiera formular una crítica que se refiere a un aspecto que desgraciadamente no se ha tenido en cuenta.
De hecho, la desigualdad todavía existe entre las personas residentes en un Estado miembro del que son nacionales y las personas de otro Estado miembro cuya residencia en el anterior es de larga duración pero que aparentemente disfrutan de un derecho de residencia permanente, confirmado por la emisión de un permiso de residencia. Estas personas seguirán estando en situación de desventaja en relación con los nacionales de ese país en el momento en que quieran cruzar cualquier frontera interior de la Unión Europea, porque tendrán que ir provistas de pasaportes o documentos de identidad emitidos por los Estados de los que derivan su nacionalidad, lo cual implica trámites administrativos y costes adicionales.
Es una pena que no se haya aprovechado la oportunidad de poner fin a esta injusticia, bien proporcionando un sistema de documentos de identidad europeos, bien disponiendo que el permiso de residencia permanente sea considerado equivalente a un documento de identidad al cruzar las fronteras interiores de la Unión Europea.

La Presidenta.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0010/2003) de la Sra. Terrón i Cusí, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia (COM(2001) 386 - C5-0447/2001 - 2001/0154(CNS)).

Vitorino
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias a la ponente, la Sra. Terrón i Cusí, y a todas las personas que han participado en la elaboración de este informe tan positivo que examinamos hoy.
Con la Directiva propuesta vamos a crear un marco que, una vez aprobado, hará que los Estados miembros se muestren abiertos y transparentes en cuanto a sus políticas de inmigración. Es éste un gran paso adelante. Actualmente, los Estados miembros no saben cuál es realmente la política de inmigración de unos y otros. En el pasado, muchas de las políticas de inmigración nacionales se han llevado a cabo simplemente con sigilo. Lo que sí es sabido es que aquellas personas que entran ilegalmente, al final consiguen que los Estados miembros legalicen su situación de un modo u otro.
Nuestra propuesta supone un primer paso encaminado a poner fin a esta pauta. Los inmigrantes deben poder entrar legalmente y obtener permisos de trabajo y una serie de derechos, si existen puestos de trabajo -y cada vez somos más conscientes de que los hay- que no pueden cubrirse con la mano de obra autóctona. En este sentido, conviene señalar que estos derechos no incluyen el derecho a permanecer en situación de desempleo en la Unión Europea. La propuesta contribuye además a simplificar procedimientos engorrosos y aportar claridad y seguridad jurídica.
Sin embargo, tal como expusimos claramente en nuestra comunicación sobre política migratoria del 20 de noviembre, no pretendemos decidir por medio de una Directiva el número de inmigrantes que nuestras economías y sociedades pueden absorber. La Directiva propuesta deja esta decisión en manos de los Estados miembros que, junto con sus sociedades civiles, y sobre todo con sus autoridades regionales y locales, saben a cuántas personas pueden integrar.
Por consiguiente, subrayo que, como siempre he dicho, esta propuesta no permite que entre ni un solo inmigrante en el mercado laboral de la Unión Europea. No hay duda de que la Comisión no crea un derecho subjetivo a la inmigración. Su propósito es simplemente armonizar el procedimiento de inmigración y cree de esta armonización es necesaria. Simplemente queremos que los Estados miembros informen unos a otros y a la Comisión de lo que está ocurriendo para que todo el mundo pueda aprender de la experiencia de los demás y encontrar cuál podría ser el valor añadido de las respuestas europeas. Y más aún cuando mayormente vivimos en una zona sin fronteras en que las decisiones afectan a nuestros vecinos. La Unión Europea debe movilizar ante todo sus recursos humanos existentes, incluidos los trabajadores extranjeros que ya residen legalmente en la Unión Europea.
Hay que hacer más en el terreno de la formación, e incorporar a las personas mayores y a las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, la propuesta da una clara preferencia al mercado laboral autóctono. No existe, por lo tanto, ninguna incompatibilidad entre la lucha contra el desempleo y la propuesta. Nuestros desempleados tienen cuatro semanas para presentarse y aceptar trabajos sin la competencia de trabajadores extranjeros. Sin embargo, debido a que nuestros desempleados no siempre están dispuestos o capacitados, el efecto de una población envejecida y la falta de cualificaciones hacen que la limitación de la migración legal hipotecaría la salud de nuestra economía. Tal como he dicho antes, incluso si los Estados miembros tuvieran que hacer frente a una escasez de mano de obra, serían libres de limitar el número total de trabajadores extranjeros que están dispuestos a admitir, si consideran, por ejemplo, que su sociedad ya sufre una carga de integración excesiva.
Las cifras de inmigración son una de las prioridades de nuestros ciudadanos, y uno de los terrenos en que esperan claramente que resolvamos el problema a escala europea. Espero que este debate y su efecto en el Consejo nos permita avanzar.

Terrón i Cusí (PSE)
. (ES) Señora Presidenta, hemos repetido mil veces en esta Asamblea que una política global de inmigración europea debe basarse, en primer lugar, en el establecimiento de normas legales de inmigración y, luego, en instrumentos fuertes para hacer que estas normas se cumplan. Discutimos hoy una propuesta de Directiva que vendría a ser la piedra angular de esta política, una Directiva sobre la cual el Consejo no ha hecho, desde luego, grandes avances. El Parlamento también debería haberse pronunciado hace tiempo, pero vamos siempre a remolque en estas cuestiones.
He elegido este momento para presentar mi informe porque, por primera vez en mucho tiempo, la Presidencia griega ha vuelto a incluir en la agenda política la cuestión de la inmigración legal, cosa de la que me congratulo.
La propuesta de Directiva de la Comisión tiene por objeto la armonización de las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros países que pretendan entrar en un Estado miembro por razones de empleo. Admite la entrada de trabajadores de un tercer país cuando un puesto de trabajo no pueda ser cubierto por un trabajador nacional o de otro Estado miembro de la Unión o por un residente de un tercer país con derecho de acceso al mercado de trabajo. La propuesta prevé para el trabajador inmigrante un contrato en origen, salvo para aquellos que residan legalmente en la Unión Europea por otros motivos. El permiso de residencia y el de trabajo pasarían a ser un único documento.
La adopción de esta Directiva implicaría el reconocimiento de la necesidad de canales legales para la inmigración y crearía un marco más transparente, con procedimientos más simples, lo que daría más facilidades a los agentes económicos y reforzaría, a la vez, los derechos de los inmigrantes.
Por mi parte, doy la bienvenida a la propuesta de la Comisión. Sólo lamento que la Comisión, haciendo sin duda un ejercicio de realismo, no haya podido reflejar en esta propuesta de Directiva algunas de las ideas que avanzó en anteriores comunicaciones, porque creo sinceramente que no podemos seguir copiando modelos de control de la inmigración probados durante el pasado siglo, en pleno auge de la sociedad industrial, sino que debemos ser capaces de imaginar nuevos procedimientos adaptados a nuestro mundo, a una sociedad y a un mercado de trabajo que funcionan con claves muy diferentes a las de las décadas posteriores a la guerra. Algunas de las medidas estudiadas por la Comisión, como la movilidad, iban en el buen sentido y la realidad nos obligará a volver a ellas.
Éste, señora Presidenta, es sólo un informe de opinión. Yo hubiese preferido hacer una resolución que un paquete de enmiendas -que difícilmente va a leer o va a tener en cuenta alguien que tenga capacidad real de decisión. Pero, por razones procedimentales, hemos tenido que presentar un paquete de enmiendas, y éstas deben señalar dos cuestiones fundamentales.
En primer lugar, una fuerte voluntad o una señal fuerte a favor de una política europea de inmigración. Necesitamos normas claras que puedan cumplirse. Por ello, hemos rechazado las enmiendas, sobre todo las presentadas por el Grupo del PPE, que pretendían convertir la Directiva en una especie de recomendación que los Estados podían o no cumplir. Tampoco hemos admitido las enmiendas que introducían requisitos diferentes al del empleo y que eran difícilmente verificables. Si admitimos que la posibilidad de desempeñar un puesto de trabajo es lo que legitima la entrada y la residencia en la Unión, entonces debemos apostar por hacer funcionar este sistema. Al exigir al inmigrante un contrato o una oferta en firme desde el origen, ya estamos regulando el acceso en función del mercado de trabajo. Aún en una situación de desempleo, esta vía quedaría simplemente paralizada.
En segundo lugar, hay que establecer normas que se puedan cumplir, incentivando así la llegada de inmigrantes por canales regulares y evitando los contratos ilegales; evitar que los trabajadores inmigrantes caigan en una situación de irregularidad, por razones burocráticas, una vez dentro de la Unión; y desincentivar, al máximo, la entrada de inmigrantes sin permiso. Hemos pretendido, en este sentido, tres cosas: que las personas que residan legalmente en la Unión, o se encuentren legalmente en ella por cualquier motivo o hayan entrado con un permiso de residencia y lo hayan perdido, puedan recuperar la situación de legalidad y no queden para siempre en una situación irregular y que los Estados puedan, si quieren, establecer un visado de seis meses para buscar empleo.
Otras cuestiones que hemos introducido son el refuerzo de la igualdad de condiciones entre los trabajadores, con objeto de evitar toda discriminación y la creación de un mercado de trabajo de segunda clase del que serían víctimas tanto los inmigrantes como los trabajadores autóctonos. También pretendemos que se equipare a los trabajadores en derechos y obligaciones, que se permita la libre circulación de los trabajadores dentro del Estado miembro -por razones obvias no creo que haya que ir más allá- y, en general, que se reduzcan los plazos y las trabas burocráticas para establecer esta política de inmigración.
Como nuestros ciudadanos y sus representantes, como los empleadores y los sindicatos, espero que nos dotemos de normas claras basadas en criterios de efectividad y no en problemas ideológicos, que poco ayudan.

Lambert (Verts/ALE)
Señora Presidenta, doy las gracias a la ponente. También me complace ver que determinadas enmiendas que ha presentado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales -pero que no han sido aceptadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- han sido presentadas por varios Grupos políticos de esta Asamblea. La posición mayoritaria de mi comisión es que necesitamos simplificar y clarificar los procedimientos.
Hemos oído quejas de algunas empresas acreditadas sobre el tiempo que les lleva obtener permisos de trabajo para sus empleados, por lo que algunas de ellas han llegado a utilizar visados de turista para que sus empleados entraran en el país y pudieran cumplir obligaciones contractuales, y otras perdieron oportunidades de negocio. Hemos oído decir a pequeñas y medianas empresas que no disponen de un departamento propio de recursos humanos lo difícil que puede ser encontrar a la persona que deseas y realizar todos los trámites burocráticos, y el tiempo que puede pasar hasta que esa persona empiece a trabajar efectivamente.
Hemos oído decir a personas lo frustrante y ridículo que puede ser el proceso cuando una solicitud queda bloqueada por un motivo técnico menor y nadie asume la responsabilidad de informar a la persona afectada de cuál es este motivo. También hemos oído hablar de la obligación de regresar al país de origen, con muchos gastos e inconvenientes, para solicitar un nuevo permiso de trabajo asociado a un nuevo puesto de trabajo. Esto le ocurrió a un empleado de UNICE, la federación patronal.
Por consiguiente, apoyamos las enmiendas sobre los plazos y tiempos de respuesta más estrictos para los permisos de trabajo, sobre el requisito de informar al solicitante si surgen problemas con su solicitud y sobre la supresión de la obligación del empresario de demostrar de nuevo, dentro un plazo de 12 meses, la necesidad de que un nacional de un tercer país ocupe un puesto de trabajo vacante, si bien por algunas historias esperpénticas que hemos oído contar sobre el tiempo que se tarda para obtener permisos, quizás deberíamos extender este plazo todavía más.
Hemos intentado eliminar algunas de las tareas duplicadas que deben llevar a cabo el empresario y el Estado, para intentar que el trabajador reciba el trato propio de un adulto responsable. Hemos apoyado la propuesta de ECOSOC de examinar la idea de un permiso de solicitante de puesto de trabajo, que podría ser de gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas.

von Boetticher (PPE-DE)
Señora Presidenta, la Comisión de Peticiones recibe una serie de documentos que se refieren a la falta de oportunidades para inmigrar en Europa, y esta es otra razón por la que se necesita una Directiva respecto de este asunto. Comisario Vitorino, usted también tiene razón al decir que una vez que esta Directiva entre en vigor, corresponderá a los Estados miembros decidir si quieren inmigración, y en caso afirmativo, cuánta quieren. Pero mediante esta propuesta de Directiva, emite usted una señal en el sentido de que la «inmigración es un derecho». El jueves, usted no volverá a un país en el que actualmente hay 4,6 millones de personas que carecen de empleo. O, planteando la pregunta de otro modo, ¿hay escuelas en Portugal en las que la mitad de los niños no entienden el portugués?
Es cierto que necesitamos normas con respecto a la inmigración legal, y que tenemos que controlarla, pero también resulta que nuestros problemas con la economía y la educación significan que carecemos de puestos de trabajo apropiados para nuestros propios conciudadanos. A pesar de sus pocos planteamientos positivos, la señal que emite usted con esta Directiva no es la correcta, y la emite usted en un momento inoportuno. Por ejemplo, usted pretende conceder también a un nacional de un tercer país el derecho a inmigrar si demuestra que existe un puesto trabajo que ha estado vacante durante cuatro semanas, y usted, señora Terrón i Cusí, quiere reducir esta propuesta a un plazo de tres semanas. Esto me recuerda a una carrera de coches en una película de James Dean en la que la prueba consistía en ver quién era el último en saltar de un coche antes de caer por un precipicio. Por cierto que la traducción en alemán del título de la película es «No saben lo que hacen».
A pesar del alto nivel de desempleo existente en Alemania, en estos momentos hay todavía muchos puestos que siguen estando vacantes. Y uno de los motivos es que el sistema educativo está muy mal gestionado. Lo que usted dice ahora es: «no se preocupen por la reforma del sistema educativo de su propio país; llevaremos a inmigrantes para que hagan esos trabajos». ¡Pero esa no puede ser la solución!
Así que repito: la propuesta tiene buenas intenciones, pero envía la señal equivocada, y por cierto, como ya sabe, señor Comisario, soy de la opinión de que la Convención tiene que ser todavía más audaz.

Nassauer (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, la Directiva presentada por el Comisario Vitorino será el proyecto de ley fundacional europea sobre la inmigración en Europa. Al presentarla, adopta un enfoque específicamente sistemático abriendo los mercados de trabajo europeos a los inmigrantes, mientras, por derogación, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de tener en cuenta su propia capacidad de absorción y reducir el número de inmigrantes a cero si es preciso. Esto ocurre en un momento en el que contamos con 15 millones de parados en Europa, y en mi propio país la cifra asciende casi a 5 millones. Los expertos están de acuerdo en afirmar que esta situación persistirá durante años, de modo que podemos decir sin más que Europa no necesitará más trabajadores durante muchos años.
Se necesitan en ciertos sectores, en ciertas actividades, en ciertas regiones y de forma temporal, pero en principio y en general no se necesitan. Lo que esto significa es que, en caso de que esta Directiva se convierta en ley, habrá una mayor presión sobre los mercados de trabajo de Europa en detrimento de aquellos que ya están en el paro, y en especial, en detrimento de los nacionales de terceros países que se encuentran de forma legal en la Unión Europea y que, en cualquier caso, tienen más posibilidades de quedar en paro que los ciudadanos de la Unión Europea. Usted está abriendo esta posibilidad si un puesto no se cubre en un período de cuatro semanas. El año pasado, en Alemania el período de tiempo medio que pasaba desde que el puesto de trabajo se anunciaba y alguien lo ocupaba fue de unos setenta días. Esto demuestra que el período de cuatro semanas es absurdamente corto y, como ya he dicho, someterá a nuestros desempleados a una mayor presión.
La problemática de este sistema es que aquí interviene un derecho legal, puesto que, si se deniega una solicitud, los solicitantes deben tener la posibilidad de recurrir a los tribunales nacionales. Ya hemos visto con horror lo que ocurre cuando los solicitantes de asilo interponen recursos de este tipo, así que no queremos repetir la experiencia con los inmigrantes potenciales. El informe de la admirable Sra. Terrón i Cusí empeora las cosas mucho más, puesto que la mayoría de la comisión llegó a eliminar el elemento regulador, el derecho nacional de control previsto por el Comisario Vitorino, para que todo lo que quede sea el acceso abierto. Además, tienen la idea de que incluso los inmigrantes ilegales deberían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo, que equivale a darles un premio por entrar ilegalmente, y eso tampoco puede apoyarse con buen criterio.
El Consejo ha estado intentando digerir este proyecto desde julio de 2001, y estoy seguro de que el informe Terrón i Cusí acabará en la gran papelera del Consejo, y de que también el Comisario Vitorino tendrá que introducir cambios sustanciales en su proyecto si quiere tener alguna oportunidad de lograr la mayoría necesaria.
Evans, Robert (PSE).
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario y a la ponente por su informe. Acojo con gran satisfacción el principio de someter este tema a debate. Se trata de un paso muy importante hacia una política común europea de inmigración. Sin medios legales, muchas personas recurren a vías peligrosas e ilegales para sortear las fronteras. Sin migración legal, vamos a pasar apuros para cumplir nuestro objetivo de convertir a Europa en la economía más competitiva del mundo para 2010.
Me ha entristecido lo que ha dicho el Sr. Nassauer. Tenemos que hacer avanzar el debate. Actualmente hay 350 millones de personas en la Unión Europea, y pronto habrá 500 millones. Ha señalado que 50 millones de estas personas pueden estar en paro, 5 millones en Alemania. Sin embargo, como sabrá el Sr. Nassauer, y como hemos escuchado en el debate anterior, no es tan fácil como sería deseable para alguien desplazarse de un país de la UE a otro para trabajar. Hemos de hacer mucho más para facilitarlo, sin duda, pero mientras tanto también debemos hacer más por tener una migración legal, y así asegurar que se ocupen los puestos vacantes. También debemos asegurarnos de que existan salvaguardias, ya que al estimular a nacionales de terceros países a que vengan a la UE, también debemos asegurarnos de que no estamos privando a estos países de importantes trabajadores clave que necesitan para que les ayuden a desarrollarse. No queremos quitar a los países en vías de desarrollo todos sus médicos, enfermeras y profesores por el simple hecho de que los necesitamos. Pero por otra parte tampoco queremos decir a los nacionales de terceros países: «podéis venir a la UE, pero los únicos puestos de trabajo que podéis ocupar aquí son de bajo nivel, de tipo manual, trabajos desagradables que nosotros no queremos hacer». Así pues, debemos disponer de un plan debidamente equilibrado, con migración legal que respete a las personas y su situación, que respalde tanto a los terceros países como a la UE.
Puede que el Reino Unido no haya optado de momento por esta medida, pero yo participo en este debate al igual que otros diputados británicos, puesto que queremos asegurarnos de que disponemos de una legislación adecuada que establece disposiciones razonables para que el Reino Unido pueda optar por ellas en el futuro.

Sørensen (ELDR).
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, quiero expresar mi satisfacción por el informe de la Sra. Terrón i Cusí. Es un informe importante y necesario. Las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia varían notablemente de un Estado miembro a otro. Únicamente se aplican algunas normas y procedimientos comunes en todos los Estados miembros, y esto significa que no existe una herramienta jurídica y administrativa que pueda contribuir a un mejor control de los flujos migratorios. Lo que se propone rectificaría esta situación.
La adopción de la Directiva llevaría al establecimiento de normas comunes que regularan los derechos y las obligaciones de los nacionales de terceros países. La Directiva también aseguraría la aplicación de la normativa vigente de modo equitativo. Lo que se propone ofrecería un acceso más fácil a la mano de obra, y de esa manera la flexibilidad y la movilidad del mercado de trabajo europeo se verían incrementadas. Al mismo tiempo, la Directiva contiene cláusulas de seguridad redactadas de forma suficientemente enérgica para restringir las migraciones económicas.
Creo que la adopción de este informe entraña varios beneficios claros. Por una parte, en el territorio de la Unión Europea se establecería un procedimiento claro y la tan necesaria armonización de las normas que rigen este grupo de nacionales de terceros países. Además, lo que se propone aumentaría los derechos jurídicos de este grupo de nacionales de terceros países que se autosostienen y que han entrado en sus países de residencia de forma legal. Por último, lo que se propone proporcionaría a los Estados miembros una herramienta que aseguraría su capacidad de responder de forma rápida a los cambios económicos y demográficos que tienen lugar en el mercado de trabajo.
Al contrario que un orador anterior, espero que la propuesta sea bien recibida por el Consejo con vistas a que se adopte rápidamente. La propuesta ha ido pasando de institución en institución durante mucho tiempo, por lo tanto es importante que el Consejo no ponga obstáculos en el camino de este ámbito tan importante.

Boumediene-Thiery (Verts/ALE).
Señora Presidenta, Señorías, la propuesta que examinamos hoy tiene por objeto establecer un marco legal armonizado de las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países. Respecto a este tema, hay que afirmar que la Unión Europea sigue siendo un barco muy endeble. Sólo podemos lamentar la hipocresía de las políticas europeas. Mientras todos los países entienden que la ayuda al desarrollo es un medio para combatir la inmigración ilegal, los presupuestos de cooperación se reducen, y sin aceptar ningún tipo de responsabilidad en materia de formación, no hay escrúpulos a la hora de participar en la fuga de cerebros. No se duda en seleccionar a los inmigrantes más prometedores, o a aquellos que sirven a nuestros intereses. En cuanto a los otros, las cláusulas de readmisión de los acuerdos de cooperación se usan tanto mejor para expulsar a aquellos que no tienen papeles pero están adaptados a su vida profesional y social y participan de forma plena en la construcción de Europa. Sin pensar para nada en el futuro de los inmigrantes, ni en su protección, ni siquiera en el respeto de sus derechos fundamentales a la salud, la educación y la vivienda, las necesidades económicas y demográficas de los Estados miembros se satisfacen haciendo uso de la inmigración controlada que está sujeta a una explotación y manipulación despiadadas y que sirve principalmente para suplir la falta de mano de obra y para compensar el desequilibrio demográfico.
Sí, la Sra. Terrón i Cusí tiene razón. La cuestión de la inmigración debe formar parte de una visión general y a largo plazo de la política de la Unión Europea como comunidad. En este contexto, existe una buena razón para abordar las cuestiones relativas al control de los flujos migratorios, entre otras la política fundamental en materia de visados, la política sobre la unificación familiar -especialmente en relación con los derechos asociados a la ciudadanía europea- y la redefinición de la ayuda al desarrollo, que implica una verdadera cooperación. Aunque una de las conclusiones de Tampere plantea asegurar un trato equitativo a los nacionales de terceros países, este objetivo está lejos de haberse alcanzado cuando se consideran más de cerca no sólo las condiciones de entrada y residencia, sino también los derechos de los ciudadanos, especialmente la libertad de circulación, el derecho a vivir en el marco de una familia y los derechos que deberían estar vinculados a la residencia más que a la nacionalidad.
Si la legislación europea permite a los trabajadores de terceros países que se conviertan en mano de obra barata o en carne de cañón del empleo precario, la Unión Europea perderá toda la credibilidad que ha desarrollado durante muchos años a través de sus programas para combatir la discriminación, programas que tiene que defender de acuerdo con sus ideales de justicia y libertad. Todos sabemos que una Europa de los ciudadanos no puede construirse sobre la discriminación que da paso a la injusticia y la exclusión que engendra el racismo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad impulsar una política humanitaria y de base comunitaria en materia de inmigración, que respete los derechos fundamentales y reafirme la inmigración como una oportunidad para Europa.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la propuesta de Directiva que estamos examinando hoy tiene por objeto armonizar, a escala europea, las normas según las cuales se conceden permisos de trabajo a nacionales de terceros países. Y esta Directiva comporta un problema inicial enorme: ¿qué razón hay para hacerlo?
La exposición de motivos ofrece tres razones al respecto. En primer lugar, las normas actuales relativas a la admisión de trabajadores de terceros países varían aparentemente de un Estado miembro a otro. Sin embargo, ¿dónde radica la dificultad? Es bueno y está en consonancia con el principio de subsidiariedad que cada Estado deba poder adaptar las normas relativas a la aceptación de trabajadores extranjeros a sus necesidades sociales y a su mercado de trabajo.
La segunda razón que se cita en la exposición de motivos es que los solicitantes de empleo y los empleadores parecen tropezar con los trámites administrativos nacionales que a veces, según nos dicen, son muy complejos. Sin embargo, este es de nuevo un problema de los Estados miembros y en el que las autoridades de la Unión Europea no deberían interferir.
La tercera razón que se cita es que la normativa que rige la inmigración de trabajadores de terceros países es por lo visto una de las piedras angulares de la política general de inmigración. Pero eso no prueba nada, puesto que el Tratado de Amsterdam no ha convertido la inmigración en asunto de la Unión Europea. Es más, señor Comisario, en mi opinión la piedra angular es la lucha contra la inmigración ilegal y no la concesión de permisos de trabajo.
Teniendo en cuenta todas las cuestiones, esta armonización comunitaria de los permisos de trabajo no está justificada. Sólo serviría para aflojar un poco la política de inmigración en un momento en el que ya tenemos demasiados parados. Por ejemplo, para citar esta sorprendente disposición del artículo 29, apartado 4 de la propuesta, que especifica que la negativa por parte de un Estado miembro de la concesión de un permiso de trabajo a un nacional de un tercer país debería incluir -y cito- «una declaración motivada basada en criterios objetivos y comprobables». Creo que la concesión de permisos de trabajo a nacionales de terceros países es una regalía y que no habría que poner trabas a los Estados miembros en este terreno, especialmente en la situación económica actual, en que necesitan salvaguardar sus intereses básicos. Además, esta propuesta de Directiva sentaría las bases de una centralización todavía mayor en el futuro. La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores de nuestra Asamblea lo ha entendido tan bien que ya se ha lanzado a proponer que se prive a los Estados miembros de otros poderes, por ejemplo el derecho de suspender la emisión de permisos por razones asociadas a la insuficiente capacidad para recibir inmigrantes. Podemos ver claramente a dónde nos llevaría todo esto si esta Directiva fuera adoptada. Sin embargo, puesto que viola de modo tan flagrante los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con los que nos engañan todos los días, que espero que alguien del Consejo logre parar esto en seco.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Comisario Vitorino tiene razón al decir que esto representa un primer intento de establecer normas unificadas respecto a la inmigración legal por parte de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. También tengo una opinión favorable sobre la mayoría de las propuestas detalladas, como la -obvia- posibilidad de limitación por parte de los Estados miembros, que permitiría estipular a cuántos de los distintos tipos de trabajadores se les debería permitir la entrada en la Unión Europea, o la deportación de infractores, la acreditación de recursos económicos, etc.
Hay muchas cosas buenas en la propuesta, pero en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos se nos plantean dos problemas fundamentales. En nuestra opinión, la propuesta va más allá de la competencia legislativa de la Unión Europea. Mientras el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas establece normas específicas en materia de inmigración, aquí se intenta estipular una norma general de la Unión Europea. Queremos que la competencia principal se quede donde está -en los Estados miembros- y queremos que la Unión Europea establezca normas sobre asuntos de su competencia, en particular sobre qué disposición -como visados de trabajo y controles apropiados- se va a establecer la entrada de nacionales de terceros países en la Unión Europea, y según qué normas debería aplicarse su libertad de circulación dentro de ella. Ésta es la situación actual, y así debería mantenerse.
El enfoque incluido en la propuesta de la Comisión está mal escogido, puesto que se basa en la hipótesis de que la inmigración es, en términos generales, necesaria. No obstante, es un hecho probado que la situación varía en todos sus aspectos de un Estado miembro a otro, tanto respecto a las cualificaciones necesarias para los trabajadores que quieren entrar en el país como respecto al alcance de la necesidad de la inmigración. De este supuesto se deduce que la inmigración es un derecho que puede ser objeto de recurso. Tal cosa no existe en ningún lugar de este planeta, y tampoco queremos que la haya en el futuro. Y cuando esta propuesta se desarrolla con la incorporación de propuestas originadas en la comisión, el informe llega tan lejos que no podemos votar a favor del mismo. En cuanto a la entrada en la Unión Europea, queremos que se fijen unos principios marco; pero lo que no queremos es una norma general que cercene en gran medida la competencia de los Estados miembros.

Oreja Arburúa (PPE-DE).
Señor Presidente, para poder llegar a una legislación en materia de migración a nivel comunitario habría que dedicar especial interés a los efectos positivos de la inmigración, algo que hoy estamos debatiendo aquí. Provengo de un país -España- del que, hasta hace pocos años, muchos ciudadanos emigraban para buscar trabajo y hoy somos un país en el que, gracias a nuestro crecimiento y a nuestra estabilidad, recibimos a numerosos inmigrantes en busca de trabajo, muchas veces honrado, que, sin duda, contribuyen positivamente al crecimiento de nuestras empresas y que desempeñas trabajos que a menudo nuestros ciudadanos rechazan.
La realidad actual, con unos flujos migratorios cada vez más rápidos, se refleja a diario en la prensa española. Observamos como miles de marroquíes y de subsaharianos acuden a nuestro territorio buscando trabajo.
Teniendo en cuenta esta realidad, que no sólo ocurre a nivel español, debemos buscar una forma de controlar y regular la situación, para evitar el creciente tráfico de redes y de inmigrantes.
La lucha contra la inmigración ilegal exige la regulación de la inmigración legal. Si hay ofertas de empleo y no permitimos la llegada legal de inmigrantes, estaremos fomentando la inmigración ilegal, y con ello la oferta de trabajo, muchas veces en condiciones infrahumanas, bajo el engaño y, a veces, incluso, la extorsión.
Felicito, por tanto, la propuesta de la Comisión, para favorecer una política de migración económica coordinada. Sin embargo, como han dicho otros ponentes de mi Grupo, debemos dejar a los Estados miembros la facultad de regular cuántos son los inmigrantes que pueden acoger para cubrir ofertas de trabajo.
Debemos ser prudentes. La admisión de inmigrantes en nuestro mercado laboral podrá convertirse en el futuro en un problema, cuando las situaciones de cada uno de nuestros países se modifiquen y nuestros mercados laborales tengan tasas de desempleo mayores que las actuales.
No podemos facilitar el acceso directo al mercado laboral de los inmigrantes ilegales, sobre todo de aquellos que entraron de forma legal pero que hoy se encuentran en situación ilegal en nuestro territorio, personas desesperadas por encontrar un puesto de trabajo. Ello generaría, sin duda, el aprovechamiento por parte de muchos empresarios y la extorsión antes mencionada.
Debemos mejorar todos los mecanismos posibles para la contratación de inmigrantes desde sus países de origen. Debemos facilitar a los empresarios la posibilidad de contratar a estos inmigrantes, para que la relación entre los inmigrantes en el Estado de origen y los empresarios sea lo más fluida posible.

Ceyhun (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos urgentemente la inmigración en la Unión Europea, puesto que las necesidades de mano de obra de nuestra economía simplemente no se satisfacen con las cifras actuales. Esta es la razón por la que la inmigración es tan necesaria. También es evidente que cualquier inmigración ha de estar controlada de la mejor manera posible con el fin de satisfacer las necesidades del mercado de trabajo al mismo tiempo que se satisfacen las de la población y las de los propios inmigrantes. En todo eso estamos de acuerdo. También salta a la vista que hay ámbitos económicos en los que necesitaremos trabajadores y otros en los que no. También estamos de acuerdo en eso. De la misma manera, está claro que no podemos permitir, ni queremos, que los propios trabajadores de nuestros países tengan que hacer frente a la competencia. Hasta ahí, todos compartimos la misma postura.
Viendo el informe de la Sra. Terrón i Cusí, quisiera decir que podemos estarle agradecidos por haber sido tan audaz y apoyar la propuesta de la Comisión, contribuyendo a concretar las disposiciones uniformes respecto a la inmigración y al mercado de trabajo europeo. De este modo, hay que dar por supuesto que alguien acabará teniendo problemas con sus propuestas, de la misma manera que los tienen con las de la Comisión. Por otra parte, señor Nassauer, no veo por qué este informe o la Directiva de la Comisión deberían acabar en la papelera. ¿Por qué hay que considerar el Tratado de las Comunidades Europeas como si fuera una escritura sagrada? ¿Y por qué, siendo políticos europeos como lo somos, que queremos que las competencias en todas las demás áreas de la política europea estén establecidas en Bruselas, de repente tenemos unos problemas colosales porque está implicado el mercado de trabajo y queremos tenerlo todo organizado a nivel nacional? Creo que aquí es donde podríamos tener una visión amplia, un enfoque mucho más generoso y demostrar más voluntad. Las cuestiones que no encajan en el pensamiento de hoy podrían convertirse en política europea dentro de cinco años. Y por esta razón pienso que podríamos adoptar un enfoque mucho más generoso en este ámbito.
Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el contexto de un mercado de trabajo cada vez más global, la Unión Europea ha sido objeto de una constante presión migratoria, que debe gestionarse de manera apropiada. Estoy de acuerdo en que es necesario elaborar una nueva política común de inmigración, pero esta política siempre ha de tener en cuenta las necesidades reales del mercado de trabajo y de la propia economía en los distintos Estados miembros.
Por esta razón, sólo nos queda adoptar el informe presentado por la Sra. Terrón i Cusí si se aceptan las enmiendas del Grupo del PPE-DE. Quiero señalar dos puntos: en primer lugar, esta propuesta de Directiva pretende establecer un marco legal común respecto a las condiciones de admisión y residencia de inmigrantes a efectos de empleo. Por consiguiente, sobre la base de esta Directiva, la inmigración a efectos de empleo en la Unión Europea estará permitida siempre que se cumplan ciertas condiciones.
Sin embargo, en nuestra opinión, no puede ni debe arrebatarse a los Estados miembros el poder de regular, a través de sus Gobiernos, la apertura o no de sus mercados de trabajo. En otras palabras, ésta es una decisión que sólo pueden tomar los propios Estados miembros y que no puede tomarse en el plano comunitario. Es responsabilidad de cada Estado miembro evaluar y decidir si necesita incrementar su mano de obra, cuánto y en qué sectores, teniendo en cuenta sus necesidades reales al igual que -y aquí creo que estamos todos de acuerdo- su capacidad para recibir e integrar a nacionales de terceros países.
En segundo lugar, el informe Terrón i Cusí critica el hecho de que la propuesta inicial de la Comisión únicamente aborda la situación de las personas que se encuentran legalmente en el territorio de la Unión. Asimismo afirma que los trabajadores ilegales también deberían tener derecho a solicitar un permiso de residencia, que se les debería conceder. Al margen del generoso enfoque del ponente, esto estimularía la inmigración ilegal, puesto que básicamente dice que una vez que estas personas se encuentren en territorio de la Unión, incluso si han entrado de forma ilegal, tendrán derecho a ser legalizados.
Señor Presidente, al igual que en otros ámbitos de la inmigración humana, debemos proceder con prudencia. No se trata simplemente de proteger a los nacionales de los Estados miembros. En estos ámbitos, las soluciones demasiado generosas crean más problemas de los que pretenden resolver.

Banotti (PPE-DE).
Señor Presidente, el pobre Sr. Vitorino tiene una de las tareas más difíciles de la Comisión y se desempeña muy bien. Yo vengo de un país que cuenta con una trágica historia de emigración masiva durante cientos de años. A la luz de nuestra historia, puede que yo sea un poco más liberal en mi forma de pensar sobre este tipo de cuestiones. Mis colegas de España y Portugal también se han referido a ello.
Coincido con mi Grupo en que la principal competencia debe quedar en manos de cada uno de los Estados miembros, no porque pretenda sugerir que mantengamos a los inmigrantes fuera del país, sino para que comencemos a plantearnos seriamente la caótica situación que existe en muchos de nuestros países con respecto a la tramitación y la aceptación de inmigrantes. En un país pequeño como el mío esto es un problema serio.
Muchos de los inmigrantes que llegan a algunos Estados miembros -al mío sin ir más lejos- reciben un trato vejatorio, sobre todo por parte de los empresarios que no tienen la obligación de someterse a los controles que se aplican a los inmigrantes aparentemente legales al acceder al país. Estos inmigrantes reciben salarios muy bajos; por lo general se alojan en pésimas condiciones. En muchos casos, es como si lo que llegara al país fueran animales en lugar de seres humanos.
Hay que admitir que los Estados miembros conocen mejor que nadie su propia situación. También se da el caso de que, con el incremento del desempleo, muchos de los inmigrantes contratados en Irlanda como trabajadores legales han sido despedidos porque a los empresarios ya no les hacen falta. Aunque estoy de acuerdo con muchos de los puntos expuestos por el Sr. Comisario, en esta materia debemos ser realistas. No se trata de mantener a la gente fuera, sino de asegurarse de que, habiendo llegado hasta aquí, sean tratados con la dignidad que se merecen.

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar, por una cuestión de orden, creo que la política de inmigración tiene muchas piezas y no quiero discutir en este informe asuntos como los cupos. Creo que lo vamos a hacer en el método de coordinación abierto en un futuro informe.
En segundo lugar, por alusiones, quiero decir a los Sres. Nassauer y Coelho que, en ninguna parte de mi informe se promociona la inmigración ilegal ni se permite la concesión de un permiso de trabajo en la Unión Europea a las personas que han entrado ilegalmente. Estoy hablando de personas cuya ilegalidad ha sobrevenido por razones burocráticas y que no han sido expulsadas y que vuelven a cumplir los criterios de admisión. Creo que eso está muy lejos de promover la inmigración ilegal. Mi informe no contempla ninguna posibilidad de entrar ilegalmente y pedir un empleo.
Por último, Sr. Nassauer, lamento que le alegre que acabe en la papelera lo que puede ser la opinión mayoritaria de esta Cámara. Espero que los participantes en la Convención opinen de otro modo y que, en el futuro, se tengan en cuenta las opiniones mayoritarias de la Cámara.

Nassauer (PPE-DE).
Señor Presidente, a efectos de corrección, quiero referirme a la enmienda 17, por la que se modificaba la versión original del Sr. Vitorino para indicar que la solicitud la podía realizar cualquier persona que «se encuentra legalmente en el mismo o ya se encuentra en el mismo habiendo entrado legalmente para residir en él.»
La justificación afirma que «debe concederse a las personas que se encuentran de forma ilegal en el territorio la oportunidad» de obtener un contrato de trabajo. Eso significa que la solicitud debe hacerse sobre la base de la ilegalidad, hasta su propia justificación lo afirma así.

Vitorino
Señor Presidente, en primer lugar, en lo que se refiere a los fundamentos jurídicos -la cuestión planteada por el Sr. Pirker-, nuestra evaluación se basa en que el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE, relativo a las condiciones de entrada y residencia es el fundamento jurídico correcto para esta propuesta de directiva que trata de definiciones, criterios y procedimientos comunes acerca de las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo.
Reconozco que es un debate difícil. Para serles sinceros, el Sr. Nassauer y yo hemos discutido estas cuestiones durante mucho tiempo y sabemos que no existe una solución mágica para resolver este problema tan complejo de la inmigración. Acepto las críticas, incluso admitiré que puedo estar equivocado. Sin embargo, lo que me cuesta admitir es que me critiquen por cosas que nunca he dicho y que no están escritas en mi propuesta. Nunca he dicho que exista un derecho de inmigración. No existe tal derecho de inmigración. Lo repetiré cientos de veces: existe el derecho de asilo, pero no el derecho de inmigración. La inmigración es sólo una posibilidad. Nuestra propuesta lo afirma muy claramente. La decisión sobre la admisión corresponde exclusivamente al Gobierno de cada Estado miembro o incluso a las autoridades regionales o locales de los Estados miembros; Bruselas no decide sobre ninguna entrada.
Reconozco que el vínculo entre la inmigración y el desempleo es muy complejo. Los datos nos demuestran que los inmigrantes pueden trastornar el mercado de trabajo. Las primeras víctimas de las nuevas oleadas de inmigrantes, en lo que se refiere al funcionamiento del mercado de trabajo de los Estados miembros, son las anteriores oleadas de inmigrantes, porque sufren la competencia directa de los recién llegados. Esto nos preocupa, ya que los primeros inmigrantes supondrán una carga para el Estado de bienestar social.
¿Existe una relación directa entre la llegada de inmigrantes y la reincorporación al mercado de trabajo de nuestros ciudadanos europeos? El nexo es mucho más complejo, porque en algunos casos la dificultad para reincorporarse al mercado de trabajo está más relacionada con las características específicas del Estado de bienestar y de los sistemas de seguridad social que amparan a nuestros ciudadanos. No es justo decir que las políticas de inmigración son las causantes de que los ciudadanos de la Unión Europea tengan dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo. De hecho, la falta de reforma del Estado de bienestar es el verdadero responsable de la dificultad existente para alentar a las personas a reincorporarse al mercado de trabajo. Por supuesto, esta ausencia de reforma varía de un Estado miembro a otro. No pretendo armonizar nada en lo que respecta a la reforma del Estado de bienestar.
En lo que al informe se refiere, la Comisión acoge favorablemente y está totalmente de acuerdo con las enmiendas 6, 11, 8 y 12, pero a día de hoy no podemos contraer ningún compromiso con respecto a las enmiendas sobre las disposiciones relativas a los trabajadores destinados por su empresa a otro país ni sobre los proveedores de servicios contractuales. Estas disposiciones son muy interesantes y las tendremos en cuenta. Sin embargo, están estrechamente relacionadas con cuestiones de comercio internacional y tendremos que esperar a que las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio evalúen el efecto que tendrán dichas negociaciones en la política de inmigración y, sobre todo, en lo que a los servicios se refiere. Yo recomendaría que se mantuviera la referencia al sistema de la red europea de servicios de empleo (EURES) antes de poder contratar a trabajadores de terceros países, porque mantener este sistema nos garantizará el principio de preferencia del mercado de trabajo europeo. Éste es un principio fundamental en nuestra propuesta.
Espero con gran interés las enmiendas del Parlamento y les agradezco este debate tan estimulante como interesante.

El Presidente.
Muchas gracias, Comisario Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5--0005/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (COM(2002) 679 - C5-0609/2002 - 2002/0280(CNS))

Vitorino
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Sevilla del 21 y 22 de junio de 2002 estableció cierto número de prioridades en la lucha contra la inmigración ilegal, entre las que sin duda se encontraba la revisión del Reglamento 539/2001 relativo a los visados antes de que acabara el año 2002.
La Comisión tiene el monopolio sobre las iniciativas en este ámbito, pero ha considerado conveniente aprovechar la experiencia de los Estados miembros y recabar de ellos, por medio de un cuestionario específico, información de interés sobre los criterios por los que se decide si los nacionales de terceros países están obligados o no a obtener un visado. Las respuestas de los Estados miembros convergen fundamentalmente en dos factores: un aumento significativo de la inmigración ilegal procedente de Ecuador y el respeto del principio de reciprocidad en lo que al visado se refiere. En este último aspecto, se ha señalado que determinados países terceros, exentos de la obligación de visado, no conceden, o conceden de una forma limitada, exenciones de visado a los nacionales de algunos Estados miembros.
Teniendo en cuenta estos dos aspectos, la Comisión ha propuesto el traslado de Ecuador al anexo 1 del Reglamento 539/2001, en el que se enumeran los terceros países cuyos nacionales tienen obligación de visado.
Además, proponemos presentar un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las implicaciones de reciprocidad con respecto al visado.
La Comisión está muy complacida con la colaboración del Parlamento Europeo, que ha tramitado esta propuesta de forma rápida, y agradece enormemente el informe del Sr. Hernández Mollar, en el que se confirma nuestro enfoque. Damos la enhorabuena al ponente.

Hernández Mollar (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, la gestión adecuada de los flujos migratorios por todos los Estados miembros, incluidos los Estados de origen y tránsito, la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y la inmigración ilegal, así como la necesidad de conciliar la presión de la inmigración con la capacidad de la sociedad de acogida, son aspectos esenciales que desde muchos ámbitos -lo acabamos de oír aquí- venimos defendiendo como el camino necesario para acabar con las tragedias y dramas humanos que la inmigración incontrolada está produciendo dentro y fuera de nuestras fronteras.
No debemos olvidar, además, que la progresiva desaparición de las fronteras interiores de la Unión como camino para la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como fue proclamado en Tampere, es un proyecto no exento de riesgos.
La proliferación de mafias de todo tipo, de bandas terroristas y de criminales, así como su libre circulación por toda la Unión, debe ser combatida con la asunción por todos los Estados miembros de las responsabilidades que nos incumben, haciéndose necesario el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de la Unión.
Por ello, en la Unión Europea se llegó a la conclusión de la necesidad de establecer un listado objetivo de países a cuyos nacionales se iba a exigir visado para la entrada en territorio europeo, dando comienzo así a la armonización en materia de visados en los Estados miembros. Posteriormente, el plan global de lucha contra la inmigración ilegal marcó como objetivo, ratificado por el Consejo Europeo de Sevilla, la revisión, antes de finales de 2000, de esta lista de terceros Estados, como el Sr. Comisario acaba de recordar.
De ello trata el informe que estamos debatiendo hoy, del cual soy ponente. En él se da respuesta a los datos aportados por los Estados miembros, que demuestran el aumento del número de inmigrantes ecuatorianos en situación irregular y que lleva a la necesidad de incluir al Ecuador en la lista de países cuyos nacionales necesitan visado.
Si bien es cierto que los dramáticos hechos que se producen casi diariamente en las costas del sur de Europa constituyen la cara más visible y mediática de la inmigración ilegal, no podemos olvidar que se trata de un fenómeno con otras múltiples facetas.
Desde el punto de vista cuantitativo, el goteo diario de irregulares que llegan a bordo de pateras no es comparable con el número de extranjeros que se introducen en territorio comunitario a través de otras fronteras, como los aeropuertos. La mayoría entra como simples turistas, sólo obligados a llevar una cantidad mínima de dinero -lo que a veces se ve facilitado por la acción de las mafias- y una vez en Europa se convierten en inmigrantes irregulares en busca de trabajo en el mercado negro, con la consiguiente explotación laboral.
Por ello es imprescindible, Señorías, que, junto a medidas represivas que sólo abarcan una parte del fenómeno de la inmigración irregular, nos volquemos en la adopción de normas dirigidas a fomentar por vías legales la llegada de personas a territorio europeo.
En este sentido se enmarca la propuesta que hoy discutimos. A partir de la realidad que dibujan los datos de los que disponemos actualmente, debemos encauzar la llegada regular de ecuatorianos, evitando su caída en manos de bandas desalmadas así como la creación de falsas expectativas sobre lo que les espera en territorio europeo.
Para terminar, señor Comisario, señor Presidente, Señorías, esta medida exigirá, por un lado, que la República del Ecuador asuma su propia responsabilidad para gestionar ordenadamente su emigración y, por otro, que la Unión Europea priorice la política de cooperación en el ámbito de la emigración con los países latinoamericanos. Por ello, votaremos favorablemente las enmiendas que, en este sentido, ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo.

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera aclararle que, durante el debate del anterior informe, quería leer una frase en español, que es la versión lingüística que da fe. Tenía derecho a hacerlo, pero lo voy a hacer mañana durante la votación, aunque sea más molesto, porque es diferente de la frase que ha leído el Sr. Nassauer.
En cuanto al informe del Sr. Hernández Mollar que estamos discutiendo ahora, quiero decir que ésta no es una ocasión feliz. No podemos alegrarnos de la restricción del derecho de libertad de movimientos, que -como hemos afirmado esta mañana- es un elemento esencial de la visión del mundo de los europeos.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario del PSE, a pesar de las inclinaciones irresponsables y favorables a la inmigración ilegal que me atribuyen algunos colegas del Grupo del PPE, va a votar a favor de la inclusión del Ecuador en la lista de países a los que se les exige el visado Schengen. Lo va a hacer después de haber analizado la información que nos han hecho llegar los países solicitantes y porque cree que así quedarán mejor garantizados los derechos de unas personas a las que hoy, en las terminales de los aeropuertos de la Unión Europea, deniegan la entrada las personas de servicio, lo que a menudo afecta incluso a personas que quieren entrar por razones turísticas.
En cualquier caso, elevo un ruego a la Comisión Europea para que considere esto una señal de alarma grave en relación con un país que está alcanzando niveles de pobreza francamente importantes y para que, en virtud de sus propias afirmaciones respecto a la política de inmigración de la Unión, considere a este país un objetivo prioritario, en el sentido de la cooperación al desarrollo y de las medidas de codesarrollo.
Creo que así podríamos compensar un mensaje triste que hoy, desgraciadamente, tenemos que enviar desde la Unión a los ciudadanos de este país.
Agradezco al ponente su trabajo y su anuncio de aceptación de esta enmienda, porque estoy convencida de que compartimos esta preocupación.

Fitzsimons (UEN).
Señor Presidente, desde la cumbre de Tampere de los dirigentes de la Unión Europea, en 1999, la cuestión de la formulación de una política común europea con respecto a la inmigración ilegal ocupa un lugar destacado en la agenda de nuestras instituciones. A fin de cuentas resulta que vivimos en una Unión Europea en la que existe un sistema de libre circulación de servicios, capitales, mercancías y personas.
Como todos sabemos, la Unión Europea tiene una población de 370 millones y, con la ampliación, la población de la Unión se elevará a 500 millones. No se trata sólo de establecer los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que trabajan en otros países de la Unión Europea; se trata igualmente de formular las distintas políticas destinadas a las personas que pretenden acceder a la Unión Europea en calidad de solicitantes de asilo, refugiados o de quienes forman la categoría de los inmigrantes por motivos económicos.
Tenemos que plantearnos cómo proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. El tráfico de seres humanos es ahora el negocio criminal que crece con más celeridad en el mundo. Los intentos desplegados a escala europea para hacer frente a este problema son insuficientes. Por desgracia, somos testigos de muchas tragedias en los últimos tiempos, como las de las personas que mueren en terribles circunstancias al intentar acceder a la Unión Europea.
La batalla para acabar con el azote del tráfico de seres humanos debe llevarse a escala europea de forma estructurada y coordinada. No se puede permitir de ningún modo que las bandas criminales organizadas con enormes recursos que trafican en la ilegalidad con seres humanos en la Unión Europea operen impunemente.
Por otro lado, aunque tenga que ver con este asunto, no debemos olvidar las interesantes propuestas planteadas en este terreno por el grupo de trabajo sobre Libertades, Seguridad y Justicia en la Convención Europea. Hay mucha gente que cree que el voto por mayoría cualificada y el procedimiento de codecisión debería utilizarse para abordar los asuntos de inmigración.
Existe también la creencia de que el objetivo de una política común de inmigración debería consagrarse en el nuevo Tratado propuesto. Esto centrará sin duda la atención de quienes elaboran este tratado en los próximos meses y durante los preparativos de la próxima Conferencia Intergubernamental. Sin embargo, la propuesta según la cual la cooperación judicial en asuntos civiles debería decidirse por mayoría cualificada es controvertida. Por ejemplo, Irlanda y Gran Bretaña tienen sistemas basados en el derecho consuetudinario, pero muchos otros Estados de la Unión Europea tienen una estructura de derecho civil. Éste es un ámbito al que tendremos que dedicar la máxima atención.

Vitorino
Quiero dar las gracias al ponente por su informe y su apoyo.
La Comisión no puede aceptar una de las enmiendas por motivos exclusivamente jurídicos. Me refiero a la enmienda que pide a la Comisión que presente un informe sobre la incidencia de la obligación de visado y elabore, si es necesario, las propuestas para la simplificación de los procedimientos. Esta cuestión no puede venir determinada por el Reglamento relativo a los visados porque, debido a su fundamento jurídico -letra b del apartado 2 del artículo 62 del Tratado-, se limita únicamente a establecer las listas de los países sujetos a la obligación de visado o exentos de ella.
La Comisión considera que esta enmienda es un signo de apoyo al esfuerzo que ya está realizando, dentro del marco jurídico adecuado, para garantizar la aplicación correcta de los procedimientos de concesión de visados y para evaluar si estas medidas son suficientes, cuestión que posteriormente remitirá al Parlamento.

El Presidente.
Muchas gracias, Comisario Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0024/2003) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia: hacia una futura colaboración (2002/2164(INI))

Marset Campos (GUE/NGL)
. (ES) Señor Presidente, con la finalización del proceso de ampliación y de construcción europea tras la Convención y el nuevo Tratado de la Unión de 2003, ésta tendrá nuevas fronteras que exigirán no solamente una nueva forma de asociación y colaboración económica, social y cultural con estos nuevos vecinos, sino, sobre todo, una política exterior y de seguridad común, firme, de gran trascendencia y eficaz.
Las razones dependen de la entidad de estos nuevos vecinos, desde Ucrania y Georgia hasta Bielorrusia, en los que la presencia del gigante Rusia desempeña un papel de envergadura. Constituye, por tanto, todo un reto para la Unión Europea acertar en la forma en que se desarrollarán las relaciones con estos países.
Uno de estos países, Bielorrusia, tiene frontera con Letonia, Lituania y Polonia, y, hasta 1996, su evolución había sido más o menos semejante a la del resto de los antiguos miembros de la URSS pero, desde ese año, se ha instalado en una deriva autoritaria restrictiva de los derechos humanos y de la democracia, con elementos de control social abusivo, que impide el establecimiento de mecanismos de relación, asociación y colaboración como los que ha desarrollado la Unión Europea con el resto de estos países.
Tanto es así, que las tres instituciones europeas que han seguido la evolución de los acontecimientos en Bielorrusia, la OSCE, el Consejo de Europa y la propia Unión Europea -la troika parlamentaria-, no han dudado en calificar los mismos de incompatibles con los requisitos democráticos mínimos y han interrumpido la relación con dicha República hasta que se den esas condiciones democráticas mínimas.
La presentación de esta resolución se ha retrasado de forma considerable al tener que convertir un inicial proyecto de informe sobre las relaciones de la Unión Europea con Bielorrusia en una resolución de propia iniciativa de la Comisión de Relaciones Exteriores, debido al empeoramiento de las condiciones de ejercicio de la democracia y disfrute de los derechos humanos en ese país.
En 1995, la Unión Europea había preparado un acuerdo sobre comercio y colaboración comercial que tenía como base el existente desde 1989 entre la URSS y la Comunidad Económica Europea y, además, la victoria de Lukashenko había suscitado cierta esperanza. Pero todo se paralizó con motivo del freno dado en 1996, por el propio Presidente Lukashenko, al proceso de democratización.
La trayectoria autoritaria de Lukashenko ha estado caracterizada por la adopción de mecanismos de hostigamiento a la oposición, la eliminación de las voces críticas y la creación de una red clientelar a través de los resortes del poder y, a su vez, se ha intentado un acercamiento y dependencia mayor de Rusia, que, recientemente, Putin ha frenado. Los distintos procesos electorales celebrados desde 1996 han sido calificados por la troika parlamentaria como carentes de garantías efectivas para el ejercicio de la democracia. Ello ha motivado la concreción de una plataforma de oposición democrática que ha ido madurando y que abarca un amplio abanico, desde partidos de la derecha hasta partidos de la izquierda -el comunista, por ejemplo- que coinciden en aspectos básicos como la implantación de la democracia, la asociación y, en su caso, la integración en la Unión Europea.
En la propia sociedad bielorrusa está aumentando la conciencia de la necesidad democrática y cada vez son más los diputados del actual Parlamento de Bielorrusia que están a favor de reformas democráticas que acerquen el marco legal de libertades a las imperantes en la Unión Europea.
Por eso, las recomendaciones que nosotros, Unión Europea, hemos de dar y que estamos proponiendo en esta resolución, van en la línea de combinar dos planteamientos: por una parte, la tajante negativa a llegar a una asociación en estos momentos, porque supondría una legitimación del actual régimen autoritario y alejaría la consecución de la democracia, y, por otra, un incremento de iniciativas que supongan una señal clara de colaboración y de solidaridad -por ejemplo, afectados de Chernobil- o de acercamiento cultural, social, sindical y que faciliten la conquista democrática, y en este sentido va la propuesta que presentamos.
No hay que olvidar el importante papel que Rusia puede desempeñar en este proceso.
Quiero terminar agradeciendo la importante colaboración de la Comisión de Asuntos Exteriores, de todos sus componentes, y, finalmente, hay que reconocerlo, por las razones que acabo de decir, no acepto algunas enmiendas propuestas por mi propio Grupo.

Patten
. (EN) Señor Presidente, agradezco enormemente esta oportunidad para hablar sobre Belarús y sus relaciones con la Unión Europea. Felicito al ponente, el Sr. Marset Campos, por este excelente trabajo preparatorio. En mis comentarios, indicaré en qué punto coincidimos plenamente con lo que ha expuesto el ponente.
Es una realidad muy triste que, como en tantas ocasiones anteriores en las que hemos tratado el tema de Belarús, el centro de atención recaiga en una serie de aspectos muy complicados: toda la cuestión en torno a los casos de personas desaparecidas; el hostigamiento que sufren los medios de comunicación; las limitaciones de la libertad de expresión y de confesión; la reciente confrontación abierta entre las autoridades de Belarús y el Grupo de Asesoramiento y Supervisión de la OSCE en Minsk.
Lamentablemente, nunca hemos tenido la posibilidad de establecer un acuerdo de asociación y cooperación con Belarús. Este país es el único sucesor europeo de la antigua Unión Soviética que no mantiene una relación contractual privilegiada con la Unión Europea ni tampoco un compromiso mutuo claro sobre los valores comunes de democracia y derechos humanos.
Salta a la vista que el estado actual de las relaciones entre la Unión Europea y Belarús es profundamente insatisfactorio por ambas partes. Mientras desarrollamos nuevas formas de cooperación con la Federación Rusa, por ejemplo, o estamos a punto de abordar los retos concretos y las oportunidades de ampliación con la definición de nuevas formas de cooperación con estos países, que serán nuestros nuevos vecinos del Este tras la ampliación, lamentamos que Belarús haya adoptado el papel de espectador.
La Comisión ha sido invitada por el Consejo Europeo de Copenhague a presentar propuestas sobre las futuras relaciones de la Unión Europea con sus vecinos, incluida Belarús. Estoy seguro de que una serie de diputados, en este debate, querrán hacer referencia a la cuestión de los «nuevos vecinos» o la «Europa ampliada». Desde luego, tenemos que estar preparados para el momento en que Belarús nos envíe una señal indicativa de que ya está lista para cooperar con nosotros. Ante la situación actual con respecto a la democracia, la libertad de expresión y de prensa y los derechos humanos en general, es difícil imaginar cuándo podrá la UE tener relaciones normales con Belarús.
Estoy muy complacido por el claro mensaje que emitirá este debate, junto con la resolución del Parlamento, a este respecto. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con los elementos de la resolución -y estoy seguro de que se hará alusión a ellos en las intervenciones de hoy- que recuerdan la importancia que tiene Belarús, no sólo para la Unión Europea, sino para la estabilidad y la prosperidad de toda la región. Les puedo asegurar que esta es la base común sobre la que estamos todos trabajando. Hay muchas cuestiones en las que la Comisión desearía ampliar sus actividades y su cooperación con Belarús, bien sea la forma de combatir las amenazas comunes que supone el crimen transfronterizo organizado y la migración ilegal, bien el desarrollo regional, la reforma económica y estructural, la protección medioambiental, etc. Cada día que se pierde en abordar estas cuestiones aumentan las penurias del pueblo de Belarús y los riesgos potenciales en esta parte de nuestra futura frontera oriental.
En distintas ocasiones, en particular desde principios de 2000, la Unión Europea ha colaborado con la OSCE y el Consejo de Europa para construir un puente que ayude a Belarús a avanzar hacia la normalización de sus relaciones con la comunidad internacional. Belarús ha perdido estas oportunidades en varias ocasiones, incluso antes de las elecciones de 2000 y de 2001.
El Parlamento Europeo, junto a su Delegación para las relaciones con Belarús, Moldova y Ucrania, se ha mostrado muy activo en el marco de esta troika parlamentaria con las Asambleas parlamentarias de la OSCE y el Consejo de Europa. Mientras la Unión Europea ha limitado sus contactos oficiales con Belarús al estricto mínimo, esta forma alternativa de diálogo político ha resultado ser muy útil y ha demostrado que, en términos de normas mínimas de democracia y de derechos humanos, los representantes electos de las tres organizaciones hablan a Belarús con una sola voz.
La Comisión está completamente de acuerdo con el énfasis que pone la resolución en el refuerzo del diálogo con la sociedad civil, las ONG, las fuerzas democráticas, los medios de comunicación y las universidades de Belarús. Sin embargo, con respecto al llamamiento a la Comisión que figura en el artículo 9 del proyecto de resolución: «...que desarrolle una estrategia dirigida a Belarús en el marco de la propuesta 'Una Europa ampliada' para la democratización y el establecimiento de una economía social de mercado» en Belarús, me parece obvio que cualquier asistencia o ayuda por parte de la Comisión sólo podría servir de apoyo a una estrategia general de gobierno. Nunca podría servir para sustituir a una estrategia de la propia Berlarús. La fuerza motriz de este tipo de cambio tendría que proceder de Belarús. Lamentablemente, no parece que ya exista.
Lo que podemos hacer y haremos en la Comisión es servirnos de los instrumentos de los que dispongamos para continuar apoyando o ayudando a las organizaciones de la sociedad civil, a los periodistas y a los medios de comunicación independientes, a las universidades y también, cuando las circunstancias así lo requieran, a las autoridades locales. Dentro de los límites establecidos por el Consejo de Asuntos Generales de septiembre de 1997, la Comisión también está elaborando los proyectos de asistencia técnica en la frontera y regionales, así como los proyectos relacionados con las secuelas de la catástrofe de Chernóbil.
Al pedir un compromiso más amplio en términos de asistencia, no deberíamos tampoco olvidar el difícil terreno en el que estamos trabajando en Belarús. Las autoridades, dotadas de instrumentos como el notorio «Decreto 8», son las que dificultan extremadamente el trabajo de los donantes extranjeros y sus socios en Belarús.
Hemos desarrollado algunos proyectos conjuntos con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE en Belarús. El cierre de hecho del Grupo de Asesoramiento y Supervisión de la OSCE en Minsk el pasado mes de octubre supone sin duda una amena para la ulterior aplicación de estos proyectos. Finalmente, sólo se ha podido alcanzar un compromiso para establecer una nueva oficina de la OSCE en Minsk a partir del 1 de enero de 2003 después de la decisión del 19 de noviembre de 2002 por la cual 14 Estados miembros decidieron denegar el visado al Presidente Lukashenko y a otras siete personalidades de Belarús.
En las próximas semanas y meses comprobaremos si las autoridades de Belarús están verdaderamente comprometidas a emprender el camino hacia la libertad, la democracia y la mejora de los derechos humanos. Las relaciones normalizadas con la OSCE podrían ser un primer paso. El cumplimiento de las normas mínimas durante las próximas elecciones locales a principios de marzo debería ser el segundo paso, seguido de un compromiso convincente de cumplir las condiciones definidas por el proyecto de resolución del Parlamento.
Éstos son los tipos de parámetros que podrían preparar el terreno para una eventual adhesión de Belarús al Consejo de Europa y, después, abrir la perspectiva de una normalización gradual de las relaciones con la Unión Europea.
Doy las gracias al ponente por el trabajo que ha realizado para hacer realidad estos objetivos -esperemos- en el futuro.
Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Marset Campos por su brillante labor en este informe, que se ha caracterizado por un consenso notable. El debate que nos plantea el Comisario Patten es sumamente importante. La Unión Europea pasa ahora a la ofensiva y, en sus relaciones con Belarús, actúa de forma muy distinta a como lo ha hecho en el pasado. A todas luces tenemos un Estado paria junto a nuestra frontera. A pesar de ello, es importante que se inicie un diálogo estructurado con Belarús, tal y como se señala en las enmiendas, por ejemplo, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. El Sr. Patten sugiere cuál puede ser la forma de ese diálogo. Corresponde a esta Cámara exigir que se lleve a cabo un diálogo estructurado de esta naturaleza. Están en juego cuestiones de política interior e internacional de interés común, como la inmigración ilegal, el comercio sexual y la trata de seres humanos. Asimismo, la Unión Europea debe adoptar un enfoque estructurado para iniciar conversaciones y presionar a las autoridades belarusas, no aislándolas, sino a través de una intervención activa y entablando conversaciones con ellas.
Creo que, de hecho, la Unión Europea debe dar prioridad a Belarús en la situación actual. Especialmente a la vista del hecho de que la Unión Europea está tan dividida en relación con la cuestión de Iraq, tal vez sea tanto más urgente dotar de una dimensión respecto a Belarús a la política exterior y de seguridad común, creada por el Tratado de Maastricht y que ahora mismo está destrozada. Precisamente ahora, cuando estamos divididos en la Unión Europea, debemos unirnos en torno a aquellas cuestiones en las que podemos llevar a cabo una acción vigorosa. Creo que deberíamos hacer un acto de introspección y preguntarnos: ¿hemos sido suficientemente enérgicos y firmes en lo que se refiere a Belarús?
Belarús tiene grandes problemas, por supuesto. Por ejemplo, un líder que, deliberadamente, gobierna su país de forma dictatorial; o la desaparición de políticos de la oposición y de otras personas cuya suerte desconocemos, como Victor Gonchar, Anatoly Krasovsky y Yuri Zaharenko. Otros problemas son la falta de libertad de asociación, con la que el régimen pretende controlar a los sindicatos, la legislación en materia de libertad religiosa, que limita el derecho de varias iglesias evangélicas nuevas para actuar libremente en el país y, además, el hecho de que los políticos no sólo desaparezcan, sino que también sean encarcelados. Sin embargo, debemos emplear una estrategia ante las autoridades belarusas que implique que les manifestemos que «no vamos a asilarles, sino a entablar un diálogo con ustedes». La propia Belarús ha escogido el aislamiento a que se ha visto expuesta. Unamos nuestras fuerzas en la UE por el bien de las nuevas relaciones con Belarús, que incluirán exigencias de democracia y derechos humanos.

Wiersma (PSE).
Felicito al Sr. Marset Campos, en particular por la forma en que ha mantenido una línea coherente en el informe, en consonancia con las declaraciones y acciones del Parlamento en los últimos años. Cualquiera que lea el informe tal y como se ha adoptado en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, tendrá dificultades para imaginar que se refiere a un país europeo que será un Estado vecino a partir del próximo mes de mayo. Sus calificaciones son lisa y llanamente desastrosas. A pesar de todos los esfuerzos realizados al respecto, incluidos los del Parlamento Europeo a través de la troika parlamentaria con la OSCE y el Consejo de Europa, la situación en lo que respecta a la democracia no ha mejorado en absoluto desde 1997. Al contrario, podría decirse que ha empeorado.
La conclusión principal debe ser, por tanto, que no hay razón para cambiar la política de relaciones más o menos congeladas con el régimen actual mientras el Presidente Lukashenko continúe con su política de aislamiento. Esto es muy deplorable en lo que se refiere a los 10 millones de habitantes del país, porque se merecen algo mejor. La situación política de este país obstaculiza la mejora de las relaciones y también impide la cooperación deseada en numerosos ámbitos, incluida la esfera humanitaria. Hasta que el Presidente Lukashenko dé un paso importante con vistas a un mayor nivel de democracia, no será posible para la Unión Europea llevar a cabo una política positiva. Es una pena, porque es algo que deberíamos hacer, particularmente teniendo en cuenta nuestra futura frontera común con este país.
La Unión Europea, no obstante, debe seguir apoyando a las fuerzas alternativas de Belarús, como los medios independientes, así como el tercer sector y lo que denominamos la sociedad civil. Sin dinámica interna en estos campos, sin un movimiento democrático interno, la situación no va a cambiar en un futuro próximo. Asimismo, es preciso mejorar las ayudas a las víctimas de Chernóbil. Ya hemos debatido en este Parlamento, en el contexto del presupuesto, sobre la concesión de apoyo adicional para hospitales especializados en cáncer en Belarús.
El informe del Sr. Marset Campos también incluye un llamamiento implícito a la Federación Rusa para que se ocupe más de las credenciales democráticas del régimen de Belarús. Más de una vez he visto a los rusos felicitar al Presidente Lukashenko por un resultado electoral después de que todo el Consejo de Europa y la UE lo hubieran rechazado. Esto es desde luego inadmisible. Éste es el tipo de contradicción que no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Pretenden realmente los rusos crear una unión con un país cuyos dirigentes tienen una reputación tan mala en la Unión Europea y en las demás organizaciones europeas? Insto por tanto al Consejo y a la Comisión en particular a hacer más hincapié en este punto en sus consultas con la Federación Rusa. La presión económica y política conjunta ejercida por la Unión Europea y Rusia y la necesidad de generar una mayor dinámica interna a la que ya me he referido antes serán, en última instancia, factores decisivos. Presión desde fuera y presión desde dentro, particularmente con cierto énfasis en la cuestión económica. Es de esperar que este concepto quede reflejado en la próxima comunicación sobre una Europa ampliada. Mientras tanto, debemos arreglarnos con el canal que nosotros mismos ayudamos a crear, la troika parlamentaria, para mantener un diálogo mínimo con el país. No obstante, la situación sigue siendo deprimente y muy frustrante.

Malmström (ELDR).
Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas espera que Belarús pueda ser aceptada un día en la Comunidad Europea. Esperamos que el país logre establecer la democracia, los derechos humanos y los principios propios de un Estado de derecho. Esperamos que se introduzca una economía de mercado, de modo que el pueblo belaruso, seriamente afectado, pueda experimentar la prosperidad económica y atreverse a creer en el futuro. Desgraciadamente, aún estamos muy lejos de materializar esa visión. La tendencia es completamente opuesta y no es una exageración decir que Lukashenko es un dictador comunista odioso. Sus últimas profesiones de amistad con su colega dictador, Sadam Husein, concuerdan indudablemente con lo que sabemos sobre el líder belaruso.
La lista de atrocidades en Belarús es interminable: periodistas encarcelados y desaparecidos, persecución, malos tratos, tortura de los oponentes, elecciones amañadas, aplicación frecuente de la pena de muerte y falta de libertad de expresión. Además, Belarús es tanto país de origen como de tránsito en lo que se refiere a una trata extensiva de mujeres y niños, y allí circulan grandes cantidades de armas ilegales.
Está claro que no es posible tener contactos oficiales y formales con el régimen belaruso. Aunque valoro la idea de un diálogo estructurado, me pregunto si será posible llevarlo a cabo con este régimen. Sin embargo, resulta importante, como ha dicho el Comisario Patten, reforzar la pequeña y valiente oposición que existe: partidos de oposición, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de voluntarios y periodistas que necesitan desesperadamente nuestra ayuda y que han de luchar contra fuerzas muy superiores. La mejor manera de prestar este apoyo para por colaborar con la OSCE, el Consejo de Europa y la ONU. La troika, de la que forma parte el Parlamento Europeo, también cumpliría una función muy importante.
Hay razones para tener una visión nada halagüeña de los acontecimientos en Belarús, pero no traicionemos por ello al pueblo belaruso, que tanto ha sufrido, y no dejemos de presionar al régimen y a las autoridades. Las próximas elecciones locales merecen nuestra atención.
Mi Grupo apoya el informe muy bien elaborado del Sr. Marset Campos y desea felicitarle por su labor.

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, como todos saben, Belarús se convertirá en vecino de la UE y por tanto resulta extremadamente importante que empecemos a preocuparnos de lo que ocurre en este país y a tomarlo en serio. Por esta razón, es igualmente importante el informe que ha elaborado mi compañero de Grupo, mostrando a cualquiera que aún no esté informado lo crítica y difícil que es la situación y las deficiencias que hay en materia de derechos humanos, democracia, etc.
Deseo dar las gracias al Sr. Marset Campos por un extraordinario informe sobre una cuestión muy importante. Mi Grupo tiene carácter confederal y, por tanto, no nos alabamos unos a otros porque sí, pero puedo decir, en nombre de la Izquierda Verde Nórdica, que apoyamos plenamente el contenido del informe del Sr. Marset Campos.
Nuestro carácter confederal supone asimismo que el Grupo también ha formulado enmiendas respecto a las cuestiones con las que no estamos de acuerdo y, como el ponente, no las apoyo. Este informe pone de relieve que hacen falta muchas cosas si, como espero que suceda algún día, Belarús llega a un punto en el que pueda convertirse en miembro de la UE. En primer lugar, hacen falta avances democráticos, y yo creo que, si desea hacerlo, la UE puede desempeñar un papel decisivo en este ámbito. Como buenos demócratas, deberíamos apoyar las actividades, dentro y fuera de Belarús, encaminadas a cambiar el estado de cosas actual para la gente de la calle y los movimientos democráticos. Se ha mencionado a la iglesia, pero también estoy pensando en los sindicatos y en una serie de periodistas que están llevando a cabo una labor excepcional para mover al país en la dirección correcta.

Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mí también me gustaría, antes que nada, dar las gracias a nuestro ponente, el Sr. Marset Campos, por su informe, que resume acertadamente las conclusiones decisivas derivadas de la labor del Parlamento en estos últimos años. Así, este informe viene a ser un documento muy importante en el debate sobre la cuestión de Belarús.
Puede ser importante reiterar en este contexto que no son las instituciones europeas las responsables del aislamiento de Belarús, sino el propio país y el dictador que lo ha sumido en una crisis y prohíbe y reprime cualquier forma de expresión democrática.
Estamos muy lejos de poder mantener relaciones normales con este país. Estoy plenamente de acuerdo con usted a ese respecto, señor Comisario. A pesar de estas circunstancias, Belarús sigue siendo nuestro vecino y nos interesa que supere su aislamiento autoimpuesto. Si esto no se puede hacer en el marco de unas relaciones normales, la Unión Europea sigue teniendo la necesidad de desarrollar una estrategia para tratar la cuestión de Belarús. En cualquier caso, creo que sería buena idea prestar atención al punto 9, que solicita la adopción de una estrategia dirigida a Belarús. Esto nos llevaría sin duda a plantearnos cuándo tendríamos que recurrir a instrumentos diplomáticos tan importantes como el palo y la zanahoria o qué tipo de instrumentos deberíamos emplear, cuándo deberíamos imponer sanciones y cuándo ofrecer nuestro apoyo. Los instrumentos que hemos empleado hasta ahora son inapropiados, así que debemos modificarlos para que se ajusten a nuestros propósitos con respecto a Belarús. El punto 9 establece con la mayor claridad para qué deben modificarse y en qué aspectos hay que hacer más de lo que se hizo en el marco del último programa. Éste es el propósito de este punto y creo que proporciona a la Comisión unas orientaciones muy buenas sobre lo que hay que hacer.
Asimismo, me gustaría reiterar que las elecciones locales y nuestra observación de las mismas tendrán gran importancia de cara a las relaciones futuras. Espero que podamos disfrutar una excelente cooperación estratégica con la Comisión en esta cuestión.
Belder (EDD).
Señor Presidente, la importancia de Belarús para la Unión Europea es incuestionable. Más del 60% del comercio entre la Unión Europea y Rusia ya pasa a través del territorio belaruso. Tras la adhesión de Polonia, Lituania y Letonia a la UE en 2004, Belarús será uno de los nuevos vecinos de Europa. Por ello es sumamente importante que mantengamos relaciones normales con este país. El hecho de que el régimen presidencial de Minsk haya bloqueado los avances al respecto hasta el momento no es razón para tirar la toalla. Debemos comunicarnos con las autoridades y la sociedad civil de Belarús. El papel asignado a la Federación Rusa en la presente resolución es acertado. Rusia está en condiciones óptimas para hacerse escuchar en virtud de sus vínculos económicos mutuos. Esto concuerda perfectamente con el concepto económico del Presidente Putin de «modernización a través de la europeización».
En opinión de la Unión Europea, la modernidad en Europa está inextricablemente vinculada al Estado constitucional democrático. Belarús, bajo el régimen de Lukashenko, se aleja considerablemente de este modelo. Con franqueza, pero también con compasión por una población que se empobrece rápidamente, el Sr. Marset Campos señala numerosas violaciones de los derechos fundamentales elementales. A este respecto, quisiera pedir al Consejo, a la Comisión y a esta Cámara que presten especial atención en el futuro a las consecuencias de una legislación religiosa más represiva en Belarús. ¿Cómo funcionará el registro de comunidades e iglesias cristianas? Con toda seguridad la libertad religiosa no debería ser un problema para Lukashenko y los ortodoxos. El respeto de este importante derecho fundamental también favorece la normalización de relaciones entre la UE y Belarús.

Kronberger (NI).
Señor Presidente, aunque está claramente justificado criticar el sistema político de Belarús, la misma crítica podría extenderse a otros Estados de la antigua Unión Soviética y me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que también se observan indicadores muy favorables en Belarús. Me refiero a la Universidad Sajarov de Minsk, de cuya labor con respecto al medio ambiente podría decirse que indica a otros el camino a seguir. La Unión Europea debería apoyar más movimientos de reforma de este tipo, que, a largo plazo, harán el país más democrático. El año pasado tuve la impresión de que las condiciones de vida habían mejorado con respecto a años anteriores, aunque una breve visita a un país tan sólo nos aporta una visión parcial.
No se puede, desgraciadamente, decir que todo haya pasado en lo que se refiere a las consecuencias de Chernóbil. Un gran número de personas siguen muriendo en la región de Gomel. La falta de financiación impide que las personas mayores de 45 años reciban tratamiento. La comunidad internacional debe prestar más atención a este problema y, sobre todo, proporcionar una mayor ayuda material.

Stenzel (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la ampliación de la Unión Europea cambiará el panorama político. A partir de mayo de 2004, miembros futuros como Letonia, Lituania y Polonia compartirán fronteras exteriores con Belarús, un país contiguo a la Unión Europea, que forma parte del legado del colapso de la Unión Soviética y que puede describirse, política, económica y jurídicamente, como un caso problemático que se ha rezagado en relación con todos los demás países. No podemos observar con indiferencia la regresión de un país que pronto será vecino de la Unión Europea, a un régimen autoritario y dictatorial. Belarús está aislándose cada vez más. Esto se ha visto en el fallido intento de ampliar la misión de la OSCE en Minsk. El Consejo de Europa se niega a aceptar a Belarús como miembro. Así, el aislamiento de Belarús aumenta y la situación sigue sin cambiar. Por tanto, el intento del Parlamento, a través de un informe, de ejercer alguna influencia, debe acogerse positivamente, aunque sólo sea porque envía una señal de ánimo a las fuerzas de oposición democrática, que, aunque débiles, siguen ahí, para que den señales de vida en las próximas elecciones de marzo.
Cualquier país que se autoexcluya de esta forma del desarrollo europeo se convertirá por fuerza en un problema de seguridad para la Unión Europea. Dada la falta de seguridad de hecho en la frontera con su vecino ruso, con el que mantiene estrechos lazos económicos y políticos, Belarús es un país de paso importante para los inmigrantes ilegales que viajan de Rusia a la UE. En lo que se refiere a la inmigración ilegal, debe considerarse más importante como país de paso que como país de origen. Así, hay una tendencia claramente perceptible de inmigración a Austria desde el subcontinente indio e Iraq a través de Belarús y Ucrania. En los últimos meses, Minsk ha creado problemas por los vuelos a Austria. Un número cada vez mayor de inmigrantes ilegales han sido interceptadas en el aeropuerto de Schwechat de Viena, habiendo viajado desde Iraq e India y volado desde Minsk. Un diálogo estructurado -tan pronto como las circunstancias lo permitan- resulta por tanto muy deseable.
Volcic (PSE).
Señor Presidente, me gustaría contar a Belarús entre los vecinos de la Comunidad Europea y, algún día, quizá, entre sus miembros. Aunque quepa preguntarnos hasta qué punto pueden algunos países llegar a formar parte de Europa, ese problema no se plantea en lo tocante a Belarús, porque está en Europa. Sin embargo, la última evaluación de la situación llevada a cabo por el Consejo de Europa hace unos pocos meses excluye la posibilidad de invitar a Belarús a formar parte de su Asamblea Parlamentaria. Desde el punto de vista de la democracia, no han cambiado muchas cosas, pero aun así el Parlamento Europeo espera pacientemente una iniciativa que pueda impulsar la restauración de ciertos derechos. A primera vista, podría tratarse de una cuestión de ponerse de acuerdo en torno al significado de definiciones individuales, porque a veces tengo la impresión de que se produce un diálogo de sordos, entre dos partes que no entienden a qué se refiere la otra con la palabra «democracia». Es cierto que hay muchas razones por las que Belarús puede querer unirse a Rusia, pero mantener cierto equilibrio serviría a sus intereses nacionales. Las próximas elecciones locales, en cualquier caso, serán una prueba perceptible del progreso que se haya podido realizar en el ámbito de los derechos fundamentales. La abolición de la pena de muerte, la libertad de prensa, de asociación, religiosa: estas son las condiciones mínimas, pero, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se cumplan, de modo que se pueda retomar el diálogo? En términos geopolíticos tiene sentido: antes o después ocurrirá. Un altísimo grado de corrupción, pobreza y desorden catapultó a Lukashenko al poder en 1994, pero su remedio fue demasiado brutal: eliminó parte de la corrupción, pero sus tendencias autoritarias iban de la mano de esa clase de dirigismo que ya había causado la implosión de la Unión Soviética, y poca cosa ha cambiado desde entonces. Esperemos que pronto haya algún progreso.

Väyrynen (ELDR).
Señor Presidente, la Unión Europea está intentando por todos los medios a su alcance presionar a Belarús para que respete los derechos humanos y ponga en marcha una reforma democrática. Hasta ahora hemos utilizado más el palo que la zanahoria.
En el futuro, sería aconsejable buscar formas más positivas de conseguir nuestros objetivos. Tras la ampliación de la UE, Belarús se convertirá en nuestro vecino, compartiendo frontera con nada menos que tres nuevos Estados miembros: Letonia, Lituania y Polonia. Debemos animar a Belarús a que mantenga su independencia como Estado y a que se oriente hacia la cooperación europea. La cooperación multilateral nos proporcionará un buen foro para la cooperación con Belarús.
Las posturas del Consejo de Estados del Báltico cambiarán cuando los países bálticos y Polonia pasen de ser vecinos a ser miembros de la UE. En esta situación, la UE debe participar más que hasta ahora en la labor del Consejo y canalizar más fondos para los proyectos a realizar. Con la ampliación de la Unión aumentará la importancia de la cooperación transfronteriza. Tenemos que animar a Letonia, Lituania y Polonia a que desarrollen una cooperación transfronteriza con Belarús. En el futuro, la Unión debe estar dispuesta a financiar proyectos relacionados con esta cooperación.
Debe haber un nuevo mecanismo para proporcionar fondos, creado en la Unión Europea para la cooperación transfronteriza, ya sea en asociación con Tacis o en forma de acuerdo independiente. Debe haber una canalización de fondos por parte de la Unión más manifiesta que hasta ahora para el desarrollo de los países vecinos, particularmente para las regiones vecinas al otro lado de nuestras fronteras. Las diferencias de condiciones de vida deben reducirse efectivamente en las fronteras exteriores de la Unión.

Coûteaux (EDD).
Señor Presidente, señoras y señores representantes de los Estados miembros, aunque aprobamos el objetivo general del informe Marset Campos, encaminado a reforzar los vínculos con Belarús, como haría falta hacer también con Rusia, no podemos aprobar ni las condiciones que establece para hacerlo ni las vías y medios a que pretende dar preferencia. De hecho, estamos generalizando, si se me permite, la forma de justicia que estamos aplicando a Iraq. En otras palabras, nuestro propósito es escoger regímenes en lugar de reconocer Estados.
Es una clase de lógica que puede tener consecuencias trascendentales. De hecho, no nos corresponde juzgar a los Gobiernos. El régimen del Sr. Lukashenko quizá no cumpla los criterios de nuestras democracias, que, por otra parte, distan mucho de ser perfectas e, incluso, están cada vez más desprovistas de contenido, a medida que la soberanía nacional se va cediendo progresivamente. Dicho esto, mi estancia en Minsk, donde fui enviado por el Parlamento, me permitió observar que, a pesar de todo, la democracia está haciendo progresos reales, que la palabra pluralismo no está completamente fuera de lugar y que, sobre todo, el Presidente Lukashenko disfruta de cierta legitimidad. Esto se explica por el hecho de que tras el colapso del régimen soviético, ha sustituido a una sucesión de Gobiernos efímeros que habían exasperado a la población belarusa privatizándolo todo, incluidos los servicios públicos esenciales que pasaron a manos de empresas occidentales, y, sobre todo, intentando separar a Belarús de Rusia, algo que la población belarusa no podía consentir.
Tampoco nos corresponde, como se sostiene en el informe, ni animar a la oposición ni a ningún partido político ni utilizar a las ONG como instrumentos para operaciones subversivas. Tampoco nos corresponde escoger éste o aquel modelo económico para Belarús. Señorías, estos son caminos muy peligrosos, porque la sociedad internacional no podrá vivir en paz si, en virtud de la riqueza y el poder, uno o varios Estados reclaman el derecho a derrocar a los Gobiernos que no les gusten y, en su lugar, designan Gobiernos a su imagen y semejanza. No podría haber paz en estas condiciones.
Por tanto, respetemos a los Estados y a los pueblos tal y como son. Pase lo que pase, Belarús es parte de Europa y lo ha sido durante siglos. En cualquier caso, será un socio importante para nuestros países y, por supuesto, especialmente para Francia.

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, Belarús es el último bastión europeo de ideología neosoviética. Ahora adquiere importancia política, puesto que en 2004 se convertirá en un país vecino de la Unión Europea. Se podría decir en su favor que, al contrario que sus vecinos, Belarús no sufre luchas interétnicas y ha renunciado unilateralmente a su arsenal nuclear, así como a la mayor parte de su armamento convencional. También sorprende bastante que aún disfrute de una tasa de crecimiento económico del 4%.
Lamentablemente, el país ha evolucionado hacia el autoritarismo y la represión de los derechos lingüísticos y religiosos tras la elección del Presidente Lukashenko en 1994. Sin embargo, Lukashenko no es Sadam Husein. En un primer momento, las elecciones hicieron pensar que se respetaría la autoridad, se eliminaría la corrupción, se recuperaría la economía y, sobre todo, se frenaría la enajenación de activos y la evasión de impuestos que se han producido en otros países de la CEI.
Belarús se encuentra actualmente bajo una enorme presión para reforzar sus fronteras con Rusia y Ucrania con el fin de evitar la entrada de inmigrantes; la Unión Europea debe cooperar en este terreno, independientemente de la naturaleza del Gobierno de Minsk. Las empresas privadas en Belarús no funcionan de forma eficiente y los efectos del desastre de Chernóbil siguen siendo una importante fuente de preocupación. Existe un presunto hostigamiento a la oposición, el silenciamiento de voces críticas y la creación de una red clientelar en todo el país.
Las próximas elecciones municipales de marzo de 2003 pondrán a prueba el potencial de evolución política favorable en Belarús y esperamos que se invite a observadores de este Parlamento. La Unión Europea debería esperar los resultados de las elecciones y responder a Belarús del modo adecuado, de acuerdo con una política de pasos graduales.
En Belarús aumenta la sensación de que la democracia es necesaria; de ahí la necesidad de un mayor contacto entre Occidente con los parlamentarios que están a favor de la democracia para evitar el riesgo de autoaislamiento.
Por último, si el pueblo de Belarús así lo desea, debemos ofrecer también la perspectiva de un posible ingreso en la UE a largo plazo.

Patten
Señor Presidente, no tengo nada importante que añadir a lo que he dicho en mis observaciones preliminares. Sin embargo, puesto que ha habido varias referencias al debate sobre la «Europa más amplia», tal vez podría informar a los diputados sobre nuestras ideas al respecto.
La Comisión se ha comprometido a presentar una comunicación sobre la «Europa más amplia» cuando se celebre el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de acuerdo con las competencias que se nos otorgaron en Copenhague. Esto nos obliga no sólo a tener en cuenta a los vecinos orientales -en los que hemos centrado nuestra atención hoy-, sino también a nuestro vecindario más amplio hacia sur y el este. En el contexto de esa comunicación, queremos seguir el planteamiento que el Sr. Väyrynen ha formulado tan hábilmente sobre los instrumentos financieros y la importancia de la dimensión septentrional y sus distintos componentes para cualquier política seria de vecindad. Seguiremos con firmeza estos planteamientos.
Concluiré con un resumen telegráfico de lo que he dicho al principio: queremos tender una mano a Belarús para la cooperación y la amistad, pero esto exige un cambio de actitud radical de este país con respecto a los valores políticos y -por qué no- económicos que tenemos en tan alta estima. Espero que se produzca un cambio suficiente en Belarús para que podamos desarrollar una mejor relación con este importante país. Sin embargo, ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Belarús.

El Presidente.
Muchas gracias, Comisario Patten.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
(Se suspende la sesión durante unos minutos hasta la hora de la votación)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Informe (A5-0006/2003) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de España con miras a modificar las normas de Schengen relativas a la expedición de visados en la frontera, incluida la expedición de dichos visados a los marinos (8372/2002 - C5-0289/2002 - 2002/0810(CNS)) 
Antes de la votación:

Karamanou (PSE)
Señor Presidente, como la Cámara sabe, mi informe se refiere a la iniciativa española de simplificar las normas de Schengen y eliminar trámites burocráticos en la medida de lo posible, permitiendo que se emitan visados colectivos en las fronteras exteriores a marinos en tránsito, facilitando así las cosas a los Estados miembros con marina.
Mi informe supone una mejora notable de la propuesta original, porque protege los derechos individuales y los datos personales de los ciudadanos, empleando las disposiciones de Schengen en las que se basa el reglamento. Mi informe también corrige el texto, de forma que sea neutro en cuanto al género, en reconocimiento del hecho de que muchas mujeres han empezado a trabajar en la marina en los últimos años. Rechazamos el criterio de la nacionalidad común porque no hay una base suficiente para exigir a los marinos que sean de la misma nacionalidad para obtener un visado colectivo. El informe propone por tanto que se emitan visados colectivos breves para grupos de cinco a cincuenta marinos, aunque no sean todos de la misma nacionalidad. Esto beneficiará notablemente a la navegación europea.

Paulsen (ELDR)
Señor Presidente, no debería haber ningún problema para prohibir el E 425 konjac. Es un aditivo completamente innecesario que, además, resulta peligroso.
Ahora bien, lo que es bastante controvertido es mi propuesta, respaldada unánimemente por la comisión parlamentaria, de que la Comisión revise todas las listas de aditivos alimentarios considerando su consumo por parte de niños. Lo que nos preocupa, sobre todo, son las bebidas, los dulces y productos similares que los niños consumen en cantidades superiores a lo deseable. Puedo recomendar el voto en contra de las enmiendas 1 y 3 si la Comisión se compromete sinceramente a cambiar esas listas de aditivos y se encarga de examinarlas dentro de un plazo razonable. Ésta es, pues, una cuestión para la Comisión.

Patten
. (EN) Señor Presidente, antes que nada quiero manifestar a la Sra. Paulsen, en nombre de mi colega, el Comisario Byrne, lo agradecidos que le estamos por su labor como ponente en esta importantísima cuestión.
Responderé directamente a la observación que ha hecho. Puedo confirmar que la revisión de los aditivos alimentarios autorizados se exige en la Directiva marco y en las tres Directivas específicas relativas a las distintas clases de aditivos. La Directiva marco exige que los aditivos alimentarios se reevalúen siempre que sea necesario. Las Directivas específicas exigen que los Estados miembros controlen el consumo de aditivos alimentarios y a la Comisión que emplee estos datos para informar al Parlamento y al Consejo. La Comisión presentó un primer informe hace dos años, en 2001. Quiero subrayar el hecho de que se refería al consumo de aditivos alimentarios por parte de adultos y niños. Señaló los aditivos sobre los que se necesitaban datos más precisos. Particularmente, señaló que el consumo por parte de niños de una serie de aditivos -sulfitos y benzoatos, por ejemplo- debería ser evaluado mejor por parte de los Estados miembros. Se prevé un segundo informe en 2004.
El pasado mes de octubre, la Comisión recordó formalmente a los Estados miembros su obligación de proporcionar la información necesaria para este nuevo informe. Desde entonces, tres Estados miembros han transmitido la información y cuatro Estados miembros han confirmado que están llevando a cabo estudios. Incluso si no todos los Estados miembros facilitan esta información, será posible evaluar sobre esta base si debe modificarse el patrón de uso actual de algunos aditivos. Si resultara necesario, sobre la base del nuevo informe, la Comisión propondrá restricciones a los patrones de uso autorizados actualmente, particularmente para asegurar que el consumo infantil sea seguro. Espero que estas palabras tranquilizadoras se ajusten a las importantes observaciones hechas por la ponente.

El Presidente.
¿Desea la ponente mantener la recomendación que ha formulado antes de hacer la pregunta a la Comisión?

Paulsen (ELDR)
Señor Presidente, recomiendo a mis colegas diputados que voten en contra de las enmiendas 1 y 3, a favor de la enmienda 2 y, por supuesto, que voten a favor en la votación final.

McNally (PSE).
Señor Presidente, mi aparato de votación hace un ruido muy extraño y tiene un montón de luces.
El Presidente.
Tomaremos nota de lo que podríamos llamar «el precedente McNally», es decir, una máquina ruidosa.

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0005/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (COM(2002) 679 - C5-0609/2002 - 2002/0280(CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0024/2003) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia: hacia una futura colaboración (2002/2164(INI)) 
Antes de la votación de la enmienda 5:

Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, hay muchas traducciones del punto 14, lo cual resulta bastante confuso. Es evidente por el contexto que trata de las Naciones Unidas, y no de los Estados Unidos, y esto debe quedar claro. Ni la traducción inglesa ni la alemana son correctas; hay que recurrir a la versión española, que deja perfectamente claro que se hace referencia a las Naciones Unidas, ya que el tema va de organismos internacionales. Hay que tenerlo en cuenta, y tal vez resulte importante de cara a la votación.

El Presidente.
Tomaremos nota de sus comentarios y nos aseguraremos de que concuerden las versiones en todas las lenguas.
Antes de la votación de la enmienda 3:

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, he presentado la enmienda 6, que decaerá si se vota a favor de la enmienda 3. Con mi enmienda quería pedir que se abriera un diálogo inmediatamente entre la Unión Europea y Belarús en el contexto de la lucha contra el crimen y el comercio de seres humanos. Como condición indispensable de este diálogo, la enmienda 3 exige que Belarús cumpla todas las condiciones estipuladas en el informe, lo cual supone que esta colaboración en la lucha contra el crimen no comenzaría hasta dentro de unos años, cuando es necesario que comience ya.
Propongo que voten sobre mi enmienda antes de votar la enmienda 3 o que se realice una votación por partes y se vote separadamente la parte de la frase que dice «tan pronto como se cumplan las condiciones básicas». Les ruego que voten contra esta parte de la frase porque creo que una cooperación de este tipo, centrada en la lucha contra el crimen, debe empezar inmediatamente, al margen de cuáles sean las condiciones imperantes en el país en cuestión.

El Presidente.
La lista de votaciones indica que la enmienda 3 debe votarse antes. La enmienda 6 depende de ello. Nos ha llegado la propuesta de que hacer una votación por separado. Solicito la opinión del ponente al respecto.

Marset Campos (GUE/NGL)
. (ES) Señor Presidente, no tengo inconveniente en la votación por separado, pero estoy de acuerdo con la secuencia que se ha hecho porque ya se aprobó así en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, la enmienda 3 no se ha presentado en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Sólo se ha presentado una enmienda a esa comisión, la enmienda 6.
El Presidente.
Esto no resuelve nada. Tenemos dos enmiendas válidas, la primera de las cuales es la enmienda 3. Usted ha pedido una votación por separado y el ponente ha dicho que estaría a favor. ¿Es así?

Marset Campos (GUE/NGL)
. (ES) Señor Presidente, mi propuesta es, en primer lugar, la enmienda 3 y, más tarde, la enmienda 6. Y, si hay enmienda 6, el voto por separado.

El Presidente.
Si votamos a favor de la enmienda 3, entonces la enmienda 6 decae. Aquellos que quieran votar a favor de la enmienda 6 ahora saben cuáles serán las consecuencias.
(El Parlamento aprueba la resolución)

El Presidente. Con esto concluye la votación.
EXPLICACIONES DE VOTO

Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
 - (FR) Para cualquier persona normal, la libertad de circulación supone que cualquier individuo que es ciudadano de un país de la UE o que haya venido de fuera de la Unión Europea y ahora viva aquí pueda moverse y residir dentro de la UE según estime conveniente. Eso sería demasiado simple, no obstante, para las generaciones de supuestos «padres de Europa».
El interminable regateo entre Estados miembros, unidos solamente por el deseo de instaurar la libre circulación de capitales, ha producido un batiburrillo tal de diferentes reglamentos en materia de visados que supone un problema incluso para la gestión de los negocios. Se ha provocado la indignación de España, no desde el punto de vista de los derechos humanos, sino porque la situación «ocasiona una pérdida de tiempo precioso, que inflige graves perjuicios a los marinos, a las navieras y a las compañías aéreas porque, con frecuencia, causa pérdida de vuelos o de conexiones de vuelos». De ahí una serie de medidas encaminadas a facilitar la obtención de ciertas categorías de visado.
No hemos votado contra este informe porque la nueva normativa quizá evite algunos de los inconvenientes, e incluso humillaciones, que los marinos deben sufrir actualmente. Este patético regateo y estas medidas miopes son, no obstante, una buena ilustración del abismo que hay entre el deseo de edificar una Europa unificada de naciones y la realidad de una Europa que permanece dividida, rodeada de alambradas e incapaz de asegurar una libertad de circulación genuina a los que están en su interior.

Coelho (PPE-DE)
 - (PT) Aunque los visados sólo deberían concederse en las fronteras en circunstancias excepcionales, es preciso establecer procedimientos comunes en los Estados miembros para el tránsito de marinos, una categoría profesional sujeta a una enorme movilidad laboral.
Esta iniciativa pretende actualizar, clarificar y racionalizar las normas para la concesión de visados a los marinos en tránsito. La principal innovación legislativa consiste en la posibilidad, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, de emitir visados de tránsito colectivos a marinos del mismo buque que viajen en un grupo de cinco a cincuenta personas, si el período de tránsito es limitado. No se les debe exigir que tengan la misma nacionalidad, no obstante, porque en la práctica esto básicamente anularía los efectos de esta propuesta.
También es importante responsabilizar al agente y a la compañía naviera de la solicitud de los visados. Debe hacerse hincapié en la necesidad de un intercambio de información para determinar, por ejemplo, si un individuo ha sido arrestado, si tiene antecedentes penales, si se sospecha que está involucrado en el tráfico o en la inmigración ilegal.
Esta iniciativa, con las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo, puede contribuir a hacer el complejo acervo de Schengen un poco más comprensible y a aportar soluciones que, aunque tal vez no sean las que deseamos ver -como la introducción de reformas más profundas del acervo de Schengen-, son soluciones posibles.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este informe por dos razones principales. Por una parte, reconozco la clara necesidad de armonizar la legislación divergente en este campo, un requisito esencial para hacer que el acervo de Schengen resulte comprensible y accesible. Me gustaría recalcar, no obstante, que aunque éste no fuera el caso, no veo el menor problema en que existan diferencias entre los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de fenómenos migratorios. Al contrario, creo que cualquier intento artificial de normalizar, excediendo las disposiciones de la letra a) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE, sería contraproducente. Además, comparto la convicción de la ponente respecto a la importancia del control de las fronteras exteriores como una forma de combatir la inmigración ilegal y el crimen.
Para terminar, celebro la integración de las prácticas aplicables a marinos en tránsito en el Manual Común y subrayaría la importancia del visado colectivo que, como bien ha señalado la ponente, podría resultar inaplicable si se emitiera sólo para nacionales del mismo Estado.
Lamento, sin embargo, el enfoque «políticamente correcto» adoptado por la ponente al insistir en añadir palabras relativas al género, cuando la realidad es que las normas de interpretación básicas ya bastarían y resulta claro que en ningún momento existía ningún tipo de discriminación en el texto de la Comisión.

Fatuzzo (PPE-DE).
Ayer, señor Presidente, mientras estaba en el avión volando de Bérgamo a Estrasburgo, cerré los ojos durante un segundo y vi al personaje teatral italiano Pantalone, famoso por no tener ni un céntimo y estar sumido en la pobreza, hablando con el Sr. Santini. Pantalone le preguntaba al Sr. Santini: «¿Por qué no me permite circular por Europa en su informe?». «¿Yo?», contestó el Sr. Santini. «¡Pero si puede circular por toda Europa!» Y Pantalone insistió: «No, no puedo, porque el informe dice que quienes quieran viajar deben tener los recursos necesarios para costearse el viaje, el vuelo, lo cual supone que uno tiene que estar razonablemente acomodado. Yo soy Pantalone, soy pobre, no tengo dinero, y por tanto no puedo circular por Europa. Esta situación no me complace, por lo que aconsejo al Sr. Fatuzzo que vote contra la propuesta». Y así lo he hecho, por cierto.

El Presidente.
Puede usted discutirlo con el Sr. Santini durante el almuerzo.

Schulz (PSE).
Señor Presidente, sólo quiero hacer un breve comentario sobre el informe Santini, a favor del cual hemos votado -así como a favor de las enmiendas de fondo de la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- los diputados del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, aunque esté claro para nosotros que hay elementos en este informe sobre los que el Consejo tendrá dudas importantes, algunas de las cuales serán planteadas por el Gobierno alemán. Volveremos sobre estos puntos controvertidos -que se refieren principalmente a las obligaciones de mantener a los miembros de la familia- en debates posteriores, especialmente cuando el Consejo establezca su Posición Común. La razón por la que doy esta explicación del voto es porque puede ser que tengamos que definir nuestra postura de nuevo en segunda lectura.

Evans, Robert (PSE).
Señor Presidente, la mayoría de los diputados laboristas británicos, yo incluido, nos hemos abstenido en la votación del informe Santini. Aunque compartimos sus objetivos fundamentales, que persiguen un buen propósito, nos preocupa que, tal como ha quedado el informe, las disposiciones destinadas a alcanzar este importante objetivo no incluyan suficientes garantías contra la explotación por bandas criminales y quienes intentan entrar en la UE ilegalmente. Por ejemplo, no aceptamos la necesidad de eliminar las pruebas documentales que demuestren el parentesco.
Además, aunque deseamos proteger los derechos de las parejas de hecho y homosexuales, no podemos permitir que se dé una situación en la que las parejas de hecho de nacionales de la UE puedan tener más derechos a entrar en un Estado miembro que los ciudadanos de ese país. Además, debe de haber salvaguardias para asegurar que no fomentamos el uso del matrimonio para facilitar la entrada ilegal. Las disposiciones que tratan de suavizar las condiciones económicas asociadas a la residencia en circunstancias excepcionales han de reelaborarse y clarificarse antes de la ulterior lectura.
Por último, no aceptamos la disposición del apartado 2 del artículo 26, que impediría a los Estados miembros expulsar a residentes permanentes en circunstancias excepcionales. Esta facultad se usa en contadas ocasiones, pero debemos reservarnos el derecho a utilizarla en caso de que se atente gravemente contra la seguridad pública.

Alavanos (GUE/NGL)
. (EL) La propuesta de permitir a los ciudadanos europeos circular y residir libremente dentro del territorio comunitario es un paso en la buena dirección, por lo que la apoyo. Proporciona a los ciudadanos mayores oportunidades de ejercer su derecho de circular libremente dentro de la Comunidad, abogando por la reducción y la simplificación de los procedimientos. Por supuesto, condicionar la residencia de más de seis meses a la disponibilidad de recursos económicos podría dar lugar a una discriminación social. Ahora que la definición de familia se ha ampliado para incluir parejas del mismo sexo o no casadas, la Directiva refleja de una forma más fiel la diversidad de las relaciones familiares en la sociedad actual. Por último, se necesita una mayor flexibilidad para los estudiantes que cursan estudios en el extranjero; teniendo en cuenta el tiempo que lleva finalizar unos estudios hoy en día, podría considerarse una razón para obtener un permiso de residencia.

Berthu (NI)
La propuesta de Directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros está cambiando gradualmente todos los aspectos del significado de este derecho. De hecho, de acuerdo con el Tratado, supone que los ciudadanos de cada Estado miembro pueden en principio circular o residir en el territorio de otros Estados miembros, pero no supone que los Estados donde se reside no tengan ningún derecho de control o de denegación justificada.
La Directiva propuesta por la Comisión, no obstante, cambia de un significado a otro, tomando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como base, pero yendo más allá, sin que se hagan los ajustes necesarios en el Tratado tras un debate democrático.
Este texto restaría poder a los Estados miembros y les haría perder un poco más el control de su territorio, lo cual nos negamos a aceptar. Incluso el Gobierno francés, a pesar de ser indulgente por lo general con las instituciones comunitarias, ha protestado particularmente contra la supresión, establecida por la Directiva, del derecho a expulsar a un ciudadano comunitario tras una estancia permanente de cuatro años. Por estas razones, hemos votado en contra del texto.

Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
 - (FR) El derecho a la libre circulación dentro del territorio de los Estados miembros se estableció en principio cuando se firmó el Tratado de Roma en 1957 y debía entrar en vigor al mismo tiempo que el Tratado. El simple hecho de que, 45 años más tarde, aún tengamos que votar resoluciones para que este derecho pueda entrar en juego es ciertamente un signo de que, para quienes toman las decisiones sobre la unidad europea, lo único que cuenta es la libre circulación de capitales y mercancías, no los derechos de los ciudadanos. Incluso en la propuesta de Directiva, este derecho es parcial y sus límites se definen cuidadosamente.
Por ejemplo, corresponderá al Estado miembro de residencia decidir si proporciona o no ayuda social o becas de estudio. Esta situación, no obstante, no nos impide hablar constantemente de ciudadanía europea.
Sin embargo, hemos votado a favor de este informe porque sus recomendaciones mejorarían notablemente la directiva que se elabora actualmente sobre el derecho de los ciudadanos a vivir y residir dentro del territorio de la Unión Europea, en particular en lo que se refiere a los derechos de cónyuges e hijos.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Celebro las mejoras de la situación de los ciudadanos de la UE que desean instalarse en otro Estado miembro de la Unión y en particular la reducción de la burocracia que prolifera en la actualidad.
Sobre la base de una propuesta de Directiva formulada por la Comisión Europea, será posible para un ciudadano de la UE quedarse en el territorio de otro Estado miembro sin tener que cumplir ninguna formalidad, durante un período de seis meses, y no de tres, como ha sucedido hasta ahora. En el caso de estancias superiores a seis meses, si un ciudadano de la Unión realiza una actividad remunerada, simplemente debe hacer una declaración al respecto. Si no realiza una actividad remunerada, deberá declarar que cuenta con recursos suficientes y los Estados miembros no podrán fijar un importe mínimo. También deberá contar con un seguro de enfermedad durante los cuatro primeros años de residencia.
El derecho de residencia permanente al final de estos cuatro años es la importante innovación introducida por la Directiva y consiste en el hecho de que este se concede al ciudadano o a la ciudadana europea y a los miembros de su familia. El informe introduce algunas mejoras, ampliando el concepto de familia, eliminando o simplificando la burocracia y garantizando más derechos que los previstos inicialmente. De ahí nuestro voto a favor.

Kirkhope (PPE-DE)
 - (EN) El apoyo a estas medidas por parte de los diputados laboristas y liberales demócratas británicos se presta en un momento en que nuestro propio Gobierno ha tenido que admitir que los sistemas de inmigración ya están al borde del colapso en el Reino Unido.
Estas propuestas surgen en un momento de mayor riesgo terrorista en la UE, en el que los Estados miembros ya tienen problemas para absorber el peso del movimiento de personas a través del continente.
Los conservadores británicos no pueden, por tanto, apoyar este informe.

Lund y Thorning-Schmidt (PSE)
 - (DA) Nos hemos abstenido de votar a favor del informe del Sr. Santini (A5-0009/2003) sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Básicamente, creemos que la propuesta de la Comisión tiene un alcance demasiado grande, puesto que impediría a un Estado miembro deportar a personas con permisos de residencia permanentes. No obstante, hemos votado a favor de bastantes enmiendas de mejora del Parlamento Europeo que, por ejemplo, sitúan a las parejas inscritas en igualdad de condiciones respecto a las parejas casadas.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) La Unión Europea ha tenido éxito en un aspecto. En la conciencia de los habitantes de los 15 Estados miembros, cada ciudadano de un Estado miembro puede visitar el territorio de otro Estado miembro y quedarse allí durante un largo período de tiempo o incluso realizar una actividad remunerada allí. Prácticamente nadie cree que aún haya normas que restrinjan considerablemente ese derecho. Resulta por tanto bastante ridículo que sigamos discutiendo hoy en qué circunstancias se pueden permitir esas estancias y por cuánto tiempo y qué derechos tienen las parejas homosexuales y las parejas de hecho cuyos miembros tienen nacionalidades distintas. Parece que lo que estamos haciendo es restringir libertades que ya existen en lugar de ampliarlas, principalmente con objeto de excluir a personas de la seguridad social durante los primeros cuatro años. Estamos abogando constantemente por una mayor movilidad de la mano de obra, que permita a los europeos, como a los norteamericanos, desplazarse miles de kilómetros en busca de una actividad remunerada. Los ciudadanos no quieren en absoluto este tipo de presión; lo que quieren es la libertad que creían que ya tenían para decidir por sí mismos si querían vivir y trabajar en el extranjero. Voto a favor de este Reglamento porque reduce las restricciones existentes y excluye la expulsión de personas por enfermedad o accidente.

Queiró (UEN)
. (PT) Somos conscientes de que estudiar este informe parecía en principio un ejercicio difícil, no sólo por la cuestión de las categorías de personas que deberían incluirse en la definición de «miembro de la familia» -o de «beneficiario», además del ciudadano de la UE, del derecho a circular y particularmente residir en la Unión Europea-, sino también por los problemas inherentes a la hora de definir las condiciones que los ciudadanos de la UE deben cumplir para beneficiarse de este derecho.
La realidad es que las soluciones adoptadas con respecto a estas definiciones nucleares, tanto en la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores como en el pleno, han contado con el apoyo mayoritario de la izquierda parlamentaria.
De hecho, con respecto a la definición del término «familia», la mayoría de las soluciones se adoptaron en un sentido que no se ajusta a los valores que defiendo, especialmente en la enmienda 53: el «cónyuge», independientemente de su sexo, la «pareja de hecho» y / o «la persona con quien vivan», independientemente de su sexo, «en una unión de hecho», «con la que el solicitante tiene una relación duradera»» e «inscrita» de acuerdo con las condiciones de la legislación nacional correspondiente, la «pareja» o «la persona con la que viven» de terceros países o sin permiso de residencia y, por último, los descendientes y ascendientes directos y los del cónyuge o pareja inscrita con quien viven.
Mi postura no se basa en ningún tipo de fundamentalismo ideológico o religioso. No estoy juzgando, ni me corresponde hacerlo, los derechos de las personas en función de su orientación sexual o de otro tipo. No veo por qué razón la UE debería fomentar definiciones jurídicas de la familia que se alejen ostensiblemente no sólo de la legislación nacional, dificultando su transposición, sino también de los valores tradicionales que desde siempre se han aceptado comúnmente. Al margen de otras consideraciones, dichas definiciones facilitarán todo tipo de abusos por parte de quienes pretenden entrar ilegalmente en la UE y asentarse aquí. De ahí mi voto en contra.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Aunque creo que la creación de una verdadera zona europea de libre circulación y la definición efectiva del derecho a la residencia de los ciudadanos de la Unión justifican el fomento de una política coherente y articulada, he tenido que votar en contra del informe. Lamento que el maximalismo de las propuestas, apoyadas principalmente por la izquierda en la comisión parlamentaria, eliminen todos los méritos del informe y lo alejen del enfoque considerablemente más equilibrado del ponente.
El texto final sufre los vicios de no añadir a los derechos y libertades consagrados las obligaciones que conllevan, negando así la necesidad de tomar en consideración el valor de aquellos y la existencia de éstas. Asimismo, intentan imponer una identidad europea, ignorando las verdaderas identidades nacionales, estableciendo una ecuación artificial entre la familia y otras relaciones humanas de un modo que ya no sorprende y se aprovecha de forma oportunista de una cuestión para imponer otra e ignora la tercera preocupación más importante de los ciudadanos europeos: la lucha contra el crimen organizado.
Además de romper las puertas interiores de la Unión, este texto no permitiría a los Estados miembros conocer y observar los fenómenos migratorios, un factor que afectará a su equilibrio social interno y la ejecución de sus presupuestos, especialmente en materia de asistencia social.
El Parlamento Europeo ha optado por tanto por un enfoque claramente maximalista, que excede a lo que resulta necesario. Esto sólo servirá, de forma contraproducente, para crear mayores dificultades y nuevos obstáculos innecesarios para la adopción de estas normas. Como ya he dicho, quienes intentan conseguir demasiado evitan que alcancemos los objetivos básicos.

Sacrédeus (PPE-DE)
Junto con todo el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, he votado contra el informe, que fue no obstante aprobado por 269 votos a favor, 225 en contra y 46 abstenciones.
Los Demócrata-Cristianos no podemos aceptar la definición descafeinada de «matrimonio» o de la «familia» que la mayoría del Parlamento defiende al querer que incluya también parejas del mismo sexo, parejas no casadas, independientemente del sexo, en circunstancias en las que, por ley o en la práctica, el país de origen o el país de acogida sitúan a estas personas en igualdad de condiciones con respecto a las parejas casadas.
Por el contrario, apoyamos plenamente la propuesta de la Comisión, basada en definiciones del matrimonio y la familia forjadas por el paso del tiempo que nuestra civilización cristiana ha empleado a lo largo de los siglos, como la definición de pareja casada como marido y mujer.
Las condiciones que regulan la libertad de circulación y residencia dentro de la UE para personas que no sean ciudadanos de la UE deben ser claras y simples para que se puedan aplicar legalmente. La adopción de las enmiendas 14 a 16 (262 votos a favor, 238 en contra y 30 abstenciones) muestra que una mayoría desea moverse en la dirección contraria.
Intentar, con la menor mayoría política posible, emplear los reglamentos europeos sobre libertad de circulación y residencia de esta forma, con objeto de exportar a otros Estados miembros, e indirectamente imponerles, una visión de la familia y del matrimonio que no es compartida por la cultura y el ordenamiento jurídico de estos países, es contrario al espíritu de cooperación de la UE y, en mi opinión, profundamente objetable.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, después de ver al personaje teatral italiano Pantalone, que me aconsejó cómo votar respecto al informe Santini, vi a un mafioso. Un miembro de la mafia vino hacia mí, burlándose, y dijo: «Ja, ja. Ahora discuten el informe Hernández Mollar, que intenta impedirnos a los mafiosos circular libremente por Europa. Debo decirle, señor Fatuzzo, que me gusta escuchar sus explicaciones de voto. Aunque impida a los ciudadanos de cualquier tercer Estado circular por Europa sin visado, los mafiosos somos tan listos que conseguiremos entrar en los países y cometer crímenes igualmente. Por tanto, ¿no sería mejor permitir a todo el mundo circular libremente sin visados y negociar con nosotros por separado, si no nos quieren, para evitar que entremos y causemos daño?»

Kirkhope (PPE-DE)
 - (EN) La capacidad de los Estados miembros de la Unión Europea de decidir su propia política en materia de requisitos de visados para viajar a esos países y de cambiarla, cuando y según convenga, por razones de seguridad o de otra naturaleza, se vería afectada negativamente por esta medida.
Los visados son herramientas de control útiles y necesarias.
Los conservadores británicos no pueden, por tanto, aceptar esta propuesta.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Los visados son un mecanismo de los Gobiernos para atormentar a la gente. La gente cree que sus pasaportes les permitirán entrar en otros países, pero se les deniega la entrada porque vienen de un país que se considera demasiado hostil, demasiado pobre o demasiado lejano. Los habitantes de la UE, igual que los norteamericanos, están sometidos a muchos menos visados obligatorios que otros, porque nuestro territorio es rico y poderoso y se considera el centro del mundo. Podemos descubrir a qué obstáculos estamos sometiendo a otras personas examinando las experiencias de los ciudadanos de la UE que viajan por Serbia o Belarús. La primera lección es que no se debe obligar a la gente a hacer cola dentro o fuera de una oficina de aduanas para pagar un impuesto de tránsito. La segunda lección es que nunca se debe remitir a la gente a una embajada distante de una capital o incluso a su país de origen para obtener un visado. Si hacemos que la gente se vaya debemos tener una buena razón para hacerlo. Si admitimos a la gente, no debemos hacerlo sólo porque esperamos que las empresas de nuestros países puedan hacer negocios con ellos. Una política de visados debe ser razonable, también para estudiantes, turistas y personas que vengan a presentar sus problemas a organismos internacionales.

Queiró (UEN)
. (PT) El Parlamento Europeo ha tenido que enfrentarse al hecho de que cinco Estados miembros se han declarado a favor de la transferencia de Ecuador a la lista de terceros países cuyos ciudadanos necesitan visados, básicamente debido a la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos, la coherencia regional y motivos de orden público. De acuerdo con la información que se ha facilitado, muchos ecuatorianos entran legalmente en Europa bajo la tapadera del turismo, pero después se quedan ilegalmente por un período superior a tres meses. La expulsión de ciudadanos ecuatorianos se torna cada vez más frecuente, debido principalmente a la falta de pruebas de que tengan recursos suficientes y a su incapacidad de presentar pruebas válidas del propósito de su viaje.
También está el factor de coherencia regional, porque actualmente se requieren visados a ciudadanos de otros países andinos, lo cual hace que los pasaportes ecuatorianos sean más «interesantes» y fomenta su falsificación.
Puesto que la propuesta de la Comisión fue elaborada en respuesta a la prioridad establecida en el Consejo Europeo de Sevilla de combatir la inmigración ilegal, hemos votado a favor de ella.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Voto a favor de este informe principalmente porque es una demostración más de que Timor Oriental se reconoce como un Estado de hecho y de derecho.
Comprendo la necesidad de reexaminar la lista de terceros países sujetos a requisitos de visado, debido a la necesaria y urgente lucha contra el crimen y la inmigración ilegal, y celebro la posibilidad de reevaluar el impacto de la obligatoriedad de los visados, particularmente en lo tocante a viajes por motivos de negocios, placer o investigación.
Pasando al punto más debatido, está claro, dadas las respuestas de los Estados miembros al cuestionario publicado por la Comisión, que la transferencia de Ecuador a la lista permanente de países del Anexo I del Reglamento (CE) nº 539/2001 está justificada por las inquietudes expresadas en materia de inmigración ilegal, trata de seres humanos, coherencia regional y orden público. La preocupación del Gobierno ecuatoriano por el cambio legislativo que estamos debatiendo es comprensible, pero no podemos minimizar el efecto disuasivo que, como ha demostrado la experiencia, es necesario establecer. De hecho, el drama humano de estar desarraigado, de estar en una situación ilegal y de carecer de los medios para subsistir tiene, con la aplicación de esta enmienda, más posibilidades de evitarse desde su raíz, obviando así el atractivo particular que el pasaporte ecuatoriano tiene para los falsificadores.

Fatuzzo (PPE-DE).
Me gustaría, si puedo, señor Presidente, dirigirme al Jefe de Estado belaruso. Señor Lukashenko, veo en la página 13 del informe Marset Campos que ha dejado usted de pagar las pensiones a los pensionistas: está pagándolas con mucho retraso. Me gustaría proponerle un método que se emplea en algunos Estados europeos que ya no pueden pagar las pensiones. En Italia, por ejemplo, se aprueba una ley que establece que una determinada categoría de ciudadanos ya no recibirán pensiones. Así que, ¿por qué paga las pensiones tarde, señor Lukashenko? Promulgue una ley -tiene la autoridad para hacerlo- suprimiendo una gran parte de las pensiones de Belarús. De ese modo, podrá hacer legalmente lo que en estos momentos se percibe como una mala administración por su parte.

Alavanos (GUE/NGL)
Belarús se ha aislado de la comunidad internacional debido a la política autocrática seguida por su régimen. Esta política incluye perseguir a la oposición, restringir la libertad de prensa, restringir las libertades de los sindicatos, encarcelar, maltratar y eliminar a oponentes políticos y aplicar la pena de muerte. Belarús debe empezar a democratizarse si quiere estar en condiciones de ratificar el acuerdo de asociación y cooperación entre la UE y Belarús en un futuro no muy lejano. Huelga decir que la petición de democratización del Parlamento Europeo no debe ocultar ningún intento por parte de la UE de cuestionar el derecho de Belarús a decidir su propia política exterior.

Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
 - (FR) El régimen belaruso es claramente una dictadura marcada por la corrupción que oprime a su gente. Sugerir que un progreso más rápido en el camino hacia una economía de mercado sería una fuente de esperanza para el pueblo belaruso, no obstante, es ignorar las muchas docenas de países pobres de todo el mundo, como Haití y prácticamente la totalidad de África, que están totalmente integrados en la economía de mercado y algunos de los cuales, sin embargo, viven en una pobreza aún mayor, bajo el yugo de dictaduras igualmente despreciables. Por no mencionar países como Argentina, que, aunque es más rica que Belarús, también tiene clases obreras hundidas en la pobreza por la impredecibilidad de la economía de mercado.
Además, el informe compara a una Belarús no democrática con una Rusia que se presenta como democrática. Los panegiristas más vehementes del cambio del régimen ruso se ven no obstante forzados a reconocer la extensa corrupción entre los clanes que rigen el país, el reinado de mafias oficiales o criminales y el enriquecimiento escandaloso de algunos a través del pillaje, mientras que la población en general se empobrece más, por no mencionar los horrores de la guerra de Chechenia. En estas condiciones, nos resulta imposible apoyar este texto.

Korakas (GUE/NGL)
Los diputados europeos del Partido Comunista de Grecia votaron contra el informe sobre Belarús porque representa una intervención monumental por parte de la UE en los asuntos interiores de un país independiente. El problema para la UE no se refiere a la democracia; es el hecho de que Belarús insista en el respeto del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional y se niegue a venderse a las multinacionales.
El informe -y esto es chantaje puro- hace que las relaciones futuras con Belarús dependan de su transición inmediata a una economía de mercado e incluso aboga por la cooperación con los Estados Unidos en una apuesta por hacer su intervención -que actualmente puede significar cualquier cosa, incluida la intervención militar- más efectiva.
Hay un problema en Belarús en lo tocante a los derechos humanos y las libertades democráticas. Sin embargo, éste es un problema de su propio pueblo y no legitima la intervención extranjera. Las supuestas libertades democráticas que las organizaciones imperialistas internacionales y este informe quieren imponer a Belarús son la libertad de acción de las grandes empresas y la libertad de borrar cualquier logro que haya podido dejar el régimen socialista.
Todo esto queda reflejado en el hecho de que la enmienda propuesta por los diputados del Partido Comunista de Grecia, que pedía a la UE que cooperara directamente con Belarús en la lucha contra la trata de seres humanos, se rechazara en favor de una enmienda que exige a Belarús que acate la disciplina de la UE.

El Presidente.
 Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 12.44, se reanuda a las 15.00 horas)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede a la recomendación del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra (A5-0017/2003) en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la celebración de un Acuerdo por el que se estable una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra [13767/2002 - COM(2002) 536 - C5-0589/2002 - 2002/0239(AVC)].

Patten
Señor Presidente, en primer lugar creo que en muchos sentidos debería ceder el turno a Su Señoría el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra a la hora de discutir esta cuestión, porque ha desempeñado un papel decisivo en la consecución de lo que estamos debatiendo hoy. En cierto sentido -y espero que esto no suene a blasfemia- es el Juan Bautista de este acuerdo. Ambos hemos tenido el placer en el pasado de dar conferencias sobre esta materia, de hablar sobre ella en Santiago y otros lugares. Es sumamente importante reconocer su papel y el de otros diputados en esta importante y afortunada ocasión.
Hoy estamos examinando una propuesta muy importante de aprobación del Acuerdo de Asociación que firmamos con Chile en noviembre del pasado año. Este acuerdo no sólo es crucial para las relaciones entre la Unión Europea y Chile, sino que también es extremadamente importante en el contexto de América Latina en su conjunto. De hecho, el acuerdo es una expresión tangible de la voluntad de la Unión Europea de establecer una asociación estratégica con ese continente, a pesar de sus actuales problemas económicos y de su inestabilidad política y la violencia que sufren todavía algunos países de la región, en particular a causa del terrorismo, una cuestión sobre la que Su Señoría ha manifestado, como es natural, bastante preocupación. Ambos venimos de países que han sufrido en el pasado a causa de un terrorismo irracional y cruel y nos solidarizamos con los países que, como Colombia, sufren la locura terrorista.
Es más importante que nunca que enviemos una señal positiva de apoyo a la región, de la Unión Europea a América Latina.
El Parlamento ha prestado su apoyo desempeñando un papel activo a lo largo de la negociación de este acuerdo. En noviembre de 2001, el Parlamento adoptó una resolución en la que invitaba a la Comisión a culminar las negociaciones del Acuerdo UE-Chile en la segunda cumbre UE-América Latina-Caribe celebrada en Madrid en mayo de 2002. Me complace señalar que la Comisión cumplió este objetivo y consiguió negociar un acuerdo muy ambicioso. Trabajamos estrechamente con la Presidencia española en el primer semestre del año pasado para conseguirlo y éste fue un paso adelante muy importante.
Este acuerdo de asociación es en primer lugar un acuerdo político: es muy importante que la Unión Europea cree lazos privilegiados con países que, como Chile, comparten valores y objetivos comunes. Chile, como sabemos, es un agente constructivo en el plano internacional y comparte los mismos valores y políticas que defendemos en la Unión Europea. Por ejemplo, no es extraño que el año pasado Chile ratificara el Protocolo de Kyoto. Hay muchos más ejemplos. Verdaderamente, nos interesa profundizar el diálogo político con Chile y definir posturas convergentes en cuestiones de interés común.
Me complace que Chile esté a favor de unas relaciones políticas más estrechas con la Unión Europea. Esto queda patente en el apoyo prácticamente unánime que el Congreso chileno dio al acuerdo en enero, menos de dos meses después de que se firmara en Bruselas.
El acuerdo Unión Europea-Chile también es un amplio acuerdo de libre comercio que, conforme al importante estudio de evaluación de impacto sostenible llevado a cabo por la Comisión, debería generar un crecimiento adicional del PIB chileno de cerca del 0,5% y contribuir a la mejora del nivel de vida del pueblo chileno. La Unión Europea ha sido durante mucho tiempo el principal socio comercial de Chile; este acuerdo debería consolidar y aumentar nuestras relaciones comerciales. Permítanme señalar a título de ejemplo que tan sólo dos años después de su entrada en vigor, el acuerdo UE-México -que en muchos aspectos fijó la pauta del acuerdo UE-Chile- ya ha dado pie a un aumento del 28% del comercio bilateral.
El acuerdo debería permitirnos superar obstáculos y generar un marco operativo para los empresarios que permita más predecibilidad y confianza y mayores flujos comerciales. Chile y la Unión Europea no sólo acordaron liberalizar gradualmente más del 97% de nuestro comercio bilateral de mercancías, sino que también acordamos todo un conjunto de normas para facilitar el comercio, el establecimiento de una zona de libre comercio de servicios, la liberalización de la inversión y la apertura recíproca de los mercados de contratación pública. La mayor parte del capítulo comercial entró en vigor el 1 de febrero; confío en que los empresarios y consumidores de ambos lados pronto empiecen a disfrutar de las ventajas del acuerdo.
Sin embargo, la asociación UE-Chile irá más allá de la política y el comercio: intensificará nuestra cooperación en una serie de ámbitos y estimulará el desarrollo social, económico y medioambiental. La estrategia de cooperación diseñada conjuntamente para el período 2000-2006 con las autoridades chilenas tal vez necesite adaptarse para prestar mayor atención a las recomendaciones del estudio de evaluación de impacto sostenible y para acompañar la aplicación del acuerdo.
Permítanme una última observación sobre el marco institucional del acuerdo de asociación. El acuerdo señala la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil, cosa que debería concretarse en reuniones regulares de representantes de las sociedades civiles europea y chilena, para permitir un intercambio de ideas sobre la aplicación de las diferentes partes del acuerdo. Me gustaría subrayar asimismo la creación, conforme al acuerdo, de una Comisión Parlamentaria de Asociación, que será un foro de debate entre los diputados del Parlamento Europeo y del Congreso Chileno. Espero que Sus Señorías participen activamente en esta comisión. A juzgar por el entusiasmo con que nos han presionado para llegar a este acuerdo, esto no debería suponer un problema.
Una vez más, quiero dar las gracias al Parlamento por el liderazgo que ha demostrado en esta cuestión. Estoy seguro de que este acuerdo beneficiará no sólo los ciudadanos de la Unión Europea y Chile, sino también a la relación general con un continente tan importante y dinámico.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, quisiera, en primer lugar, agradecer a los grupos políticos de esta Cámara su colaboración en la elaboración de este informe, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y quisiera subrayar precisamente esta colaboración porque no es un hecho muy frecuente.
En segundo lugar, felicito a la Comisión por la impecable negociación de este acuerdo de asociación con Chile -como nos ha recordado el Comisario Patten-, recogiendo las sugerencias hechas por el Parlamento Europeo en lo que se refería al calendario y superando las dificultades que entrañaban las directivas de negociación. El Comisario Patten nos pidió que confiásemos en su criterio para superar las deficiencias referidas al calendario y los hechos le han dado la razón. El resultado, señor Presidente, es que nos encontramos ante el acuerdo más innovador, más ambicioso y más global que la Unión Europea haya concluido nunca con un país tercero que no sea candidato a la adhesión. Un acuerdo que ha sido calificado por la propia Comisión -creo que con acierto- como un acuerdo para el siglo XXI, un acuerdo de cuarta generación plus.
Creo que debemos felicitarnos de que este acuerdo se haya celebrado precisamente con un país como Chile, ya que este acuerdo supone, de alguna manera, un reconocimiento a la elevada madurez cívica de la ciudadanía de aquel país y a su decidida apuesta en favor de la apertura y del comercio.
Como nos decía el Comisario Patten hace un momento, este acuerdo supone también un mensaje de esperanza a una región que está atravesando en estos momentos una situación difícil: inestabilidad en Venezuela, crisis en Argentina, las esperanzas y los retos que ha suscitado la elección del Presidente Lula da Silva en Brasil, la pobreza en el subcontinente y también el fenómeno de la violencia en Colombia.
Quiero agradecer muy especialmente las palabras que ha pronunciado el Sr. Patten, que va a transmitir también en nombre de nuestra institución, el Parlamento Europeo, un mensaje de solidaridad a las autoridades colombianas por el atentado que el pasado fin de semana produjo muchas víctimas mortales en Bogotá.
Este acuerdo -como señalaba muy acertadamente el Sr. Comisario- se sitúa en la línea del Acuerdo de asociación con México, que ha producido, efectivamente, un incremento de los intercambios comerciales desde su entrada en vigor y es un acuerdo que va mucho más allá de esas exigencias, puesto que prevé una liberalización del 100% de los intercambios, yendo muchas más allá de las previsiones que establece la negociación de la Organización Mundial de Comercio.
Me interesa subrayar un aspecto que considero particularmente relevante, y es que Chile haya celebrado este acuerdo de asociación con la Unión Europea antes de finalizar su acuerdo con los Estados Unidos.
Subrayo asimismo que la Comisión ha declarado que este acuerdo trasciende la lógica comercial, puesto que los acuerdos de asociación tratan de establecer una asociación estratégica basada en los principios y derechos derivados de la cláusula democrática para ambas partes.
Este acuerdo es riquísimo en lo que se refiere a la liberalización comercial. Abarca casi el 100% de los productos, no sólo agrícolas, sino de toda naturaleza, establece estipulaciones relativas a los acuerdos y cláusulas técnicas, establece la mayor liberalización que se haya producido nunca en un acuerdo en el sector servicios y establece también, señor Presidente, el tratamiento más generoso que Chile haya concedido nunca a un país tercero, y, por primera vez en las negociaciones con la Unión Europea, se establece la accesibilidad de inversores extranjeros en un acuerdo de esta naturaleza.
Creo que con este acuerdo se completa la red de acuerdos que se está negociando en estos momentos. El único que nos queda es el de Mercosur, y estamos a la espera de las directivas de negociación para los acuerdos de diálogo político y de cooperación con la comunidad andina y centroamericana, que esperamos -como el Parlamento ha pedido en reiteradas ocasiones- puedan transformarse en acuerdos de asociación.
Con esto, señor Presidente, creo que podremos dar respuesta a las difíciles situaciones por las que atraviesan algunos países latinoamericanos y conformar un extenso entramado de relaciones entre nuestras dos regiones que podría culminar -ese es el deseo del Parlamento- en la próxima cumbre de Jefes de Estado en México, y esperamos que estos acuerdos puedan jalonar el camino hacia una asociación estratégica y birregional que pueda dar cauce a esa asociación global que pretendemos.
Por lo tanto, este acuerdo, señor Presidente, supone la cobertura geográfica de los vínculos existentes entre ambas regiones, que están llamadas a ser socias políticas, comerciales y estratégicas, e incrementa las herramientas con las que dar respuesta a los retos e incertidumbres que nos plantea el mundo globalizado en el que vivimos.
Muchas gracias al conjunto de los grupos políticos por su colaboración positiva y constructiva a la emisión de este dictamen conforme sobre el acuerdo de asociación.

Ferrer (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, quiero, ante todo, manifestar la satisfacción del Grupo del Partido Popular Europeo -y la mía en particular- por la celebración de este Acuerdo de asociación entre la Comunidad y sus Estados miembros y Chile, el más ambicioso, innovador y global que jamás haya negociado la Unión Europea con un país no candidato a la adhesión, en palabras de la propia Comisión Europea, en la línea de lo que, como se ha dicho ya, debería ser la asociación estratégica birregional Unión Europea-América Latina que propuso este Parlamento.
Asimismo, quiero y debo felicitar al Sr. Salafranca por el trabajo llevado a cabo para hacer realidad este trabajo y a la Comisión por los esfuerzos y la orientación que ha dado a la celebración de este Acuerdo, iniciado prácticamente nada más recuperar Chile sus derechos y libertades, que no hubiera sido posible sin la visión política y la tenacidad de la que han dado prueba los dirigentes chilenos, desde el Presidente Elwin hasta el Presidente actual, el Presidente Lagos, y que refleja la voluntad de Chile y la de la Unión Europea y sus Estados miembros de establecer unas relaciones privilegiadas en el terreno político, comercial y de cooperación que engloba el acuerdo y de estrechar los lazos, fruto de unos valores compartidos, que les unen.
En el marco de la liberalización de los mercados, los beneficios que de cara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible pueden generar unas relaciones económicas y comerciales en condiciones de reciprocidad son indudables, como indudables son los beneficios de un diálogo político dirigido al fomento de la democracia y a la elaboración de respuestas comunes a los grandes retos que plantea este milenio. De ahí mi convencimiento de que este acuerdo -al que mi Grupo dará un rotundo sí- constituye un paso muy positivo no sólo para las relaciones Chile-Unión Europea, sino para el bienestar económico y social del pueblo chileno en su caminar por la senda de la democracia, hasta aquí tan ejemplarmente recuperada, y que debe servir, sirve, en realidad, de ejemplo a América Latina en estos momentos difíciles que viven algunos de sus países.

Sakellariou (PSE).
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar por dar mi más sincera felicitación al ponente, el Sr. Salafranca. Había razones para el progreso sin problemas de este Acuerdo en la comisión y el apoyo unánime que recibió en ella, porque hemos trabajado juntos muy bien, no sólo en torno a este acuerdo, sino en general, y las inquietudes de Chile han hallado un buen ponente en la persona del Sr. Salafranca.
Como ya se ha mencionado, éste es un acuerdo con un gran número de objetivos, un acuerdo completo destinado a abarcar muchas cuestiones y a estrechar nuestros lazos. El Comisario ha señalado que, incluso cuando aún se estaba elaborando el acuerdo, el comercio bilateral aumentó un 28% y, aunque creo que aún hay margen para mayores aumentos y una mayor cooperación, me gustaría señalar que la razón por la que Chile merece este nuevo Acuerdo especial es que actualmente representa un islote de estabilidad en América Latina, tan turbulenta económica y políticamente y en otros aspectos. Nos interesa mantener esta estabilidad y contribuir a hacerla todavía más segura.
Mi principal interés reside en la dimensión política y hay dos cuestiones que me gustaría abordar en este momento. La primera, la ratificación del tratado sobre el Tribunal Penal Internacional, parecía constituir inicialmente un problema, pero se ha resuelto mediante la cooperación con la embajada chilena de Bruselas y las garantías ofrecidas por el Gobierno. La ratificación de este tratado por parte de Chile es para nosotros muy importante. Somos conscientes de las dificultades constitucionales que existen actualmente, pero, estando convencidos de que el Gobierno está trabajando al respecto, esperamos que se ratifique pronto.
La segunda cuestión es que Chile es actualmente un miembro del Consejo de Seguridad. En estos tiempos difíciles, será muy importante que Chile, en consulta y coordinación con los Estados miembros relevantes de la Unión Europea, contribuya a conseguir una solución pacífica al actual conflicto.

Vallvé (ELDR).
Señor Presidente, Señor Comisario, debemos felicitarnos por el establecimiento de este acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile y creo que es justo felicitar también al ponente, Sr. Salafranca, por su esfuerzo y por los resultados obtenidos.
Es un acuerdo muy amplio que, sin duda, incrementará los intercambios comerciales entre la Unión Europea y Chile y ello es positivo, precisamente en unos momentos en que América Latina atraviesa, en muchos de sus Estados, momentos especialmente difíciles.
Hay que destacar que la totalidad de tarifas de importación procedentes de Chile, referidas a productos industriales, se limitará en 2006 y que en materia agrícola este hecho se producirá en 2012.
El acuerdo también permite amplias posibilidades en los ámbitos de los servicios y de los servicios financieros, así como en todo lo relativo a inversiones. Es positivo también que incluya un protocolo sobre las empresas pesqueras.
He leído el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre las poblaciones indígenas en Chile. Éstas alcanzan el 4,4% del total de la población, o el 13%, según sea la fuente estadística. 
Entre estas poblaciones el pueblo mapuche es, por su porcentaje, el más importante. Los problemas de la población indígena están relacionados con la explotación forestal y con la construcción de grandes aprovechamientos hidroeléctricos.
Hay que recordar que estos problemas se agravaron extraordinariamente durante el período de la dictadura de Pinochet. Celebramos que el informe contenga referencias explícitas a la protección de los derechos humanos y que mencione concretamente los derechos de las minorías indígenas.
Esperamos que este Acuerdo facilite una mayor transparencia y un mutuo conocimiento, y que reconozca, igualmente, los derechos de los pueblos indígenas.
Por último, al referirme a Chile, como ciudadano de Cataluña no puedo dejar de recordar la acogida que en otro tiempo brindó este país a los exiliados catalanes que llegaron huyendo de la dictadura franquista.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Acuerdo de Asociación UE/Chile consagra una cooperación particularmente ambiciosa y reforzada. Debería fomentarse un diálogo tan intenso con el mayor número posible de terceros países con objeto de contribuir al desarrollo económico y resaltar los valores ecológicos y las cláusulas democráticas de la Unión Europea. Además, sentimos que este acuerdo trascendental ha tenido lugar demasiado rápidamente, en particular dada la evaluación de impacto desvelada al mismo tiempo. Es una lástima que la evaluación de impacto no sirviera de base para este acuerdo de asociación.
Las negociaciones de la Unión Europea, que son muy voluntaristas en cuanto al comercio y, en nuestra opinión, excesivas en cuanto a la liberalización, deberían basarse también, de forma equilibrada, en los derechos humanos y el medio ambiente. Considerando la historia oscura de Chile, toda nuestra vigilancia debería centrarse en los derechos políticos, en particular el destino de los indios mapuches.
En cuanto a la pesca, los intereses de la Unión respecto a Chile deberían ser equilibrados y sólo tienen sentido y futuro dentro de una perspectiva de desarrollo y gestión sostenible de los recursos pesqueros. Ahorrémosles a los pescadores chilenos la sobreexplotación de sus recursos que ha destruido nuestros propios recursos marinos. En particular, ahorrémosle a Chile la tesitura de convertirse en una pescadería para nuestros puertos comunitarios.
Por último, creemos que la envergadura de este acuerdo debería haber dado lugar a un debate previo de la misma magnitud. Este acuerdo, que aspira a ser un modelo para el siglo XXI, se está abordando de una forma demasiado apresurada. Aunque el acuerdo es interesante porque integra la dimensión de los derechos humanos y la consulta de la sociedad civil, merecía en cualquier caso un debate más amplio en cuanto a su posible impacto, tanto positivo como negativo. Presentamos una pregunta oral a este respecto para que hubiera un debate digno del acuerdo, pero la propuesta fue rechazada.
Lejos de crear obstáculos para la ejecución del acuerdo sometido a consideración, estas observaciones -y nos gustaría recalcarlo- son un intento de aumentar su relevancia y su durabilidad. Al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea les gustaría que este acuerdo del siglo XXI se convirtiera en un faro para un nuevo tipo de comercio basado en el comercio justo y el respeto del medio ambiente y los derechos humanos.
Lang (NI).
Señor Presidente, de acuerdo con la Comisión, el nuevo Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea es el más ambicioso, innovador y trascendental de los que se han negociado con un país no candidato. Clasificado como un acuerdo de cuarta generación, debería, incluso, constituir un modelo para futuros acuerdos de asociación con otros países latinoamericanos.
Estas grandiosas perspectivas, no obstante, dan más pie a la inquietud que a la celebración. En el campo económico, el acuerdo prevé la eliminación total de fronteras aduaneras, pero, contrariamente a lo que sostienen los extremistas del libre comercio, las fronteras no son una barrera para el comercio. Al contrario. Tienen una función similar a la de las esclusas en la navegación fluvial, permitiendo la regularización entre países con diferentes niveles de vida. Muchas de nuestras industrias ya han pagado el precio del desmantelamiento de las aduanas. Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, aceptados por Bruselas, las han forzado a deslocalizar la producción para contrarrestar la competencia. La ampliación hacia el este, que se ha decidido apresuradamente, agravará este fenómeno. La extensión del acuerdo de cuarta generación a toda América Latina hará que millones de personas pierdan su empleo. En cuanto a nuestros últimos agricultores, hay pocas posibilidades de que los que sobrevivan a la ampliación al este sobrevivan el proceso de abrirse al oeste, porque el acuerdo estipula prácticamente la plena liberalización de las importaciones agrícolas en los próximos diez años.
En el terreno político, es bastante habitual evocar con lirismo la creación de una asamblea transatlántica euro-latinoamericana. Habiendo construido un superestado burocrático en Bruselas, habiendo engullido a una Europa oriental que acaba de escapar del imperio soviético, los eurofederalistas aún no están satisfechos. ¿Cuándo y en qué punto se detendrán? En una especie de gula política, quieren integrar en sus planes económicos no sólo a Turquía y Asia Menor, sino también a toda América Latina. Por supuesto, existe una solidaridad natural entre nuestras naciones y las de América Latina. Del mismo modo que queremos una Europa de naciones libres, sin embargo, en lugar de una Europa antinacional, antisocial, queremos que las naciones de Europa basen su cooperación con las de América Latina en el principio de soberanía nacional y realismo económico.

Linkohr (PSE).
Señor Presidente, sólo quería decir al Sr. Lang que abrirse a los mercados mundiales ha tenido consecuencias ventajosas para Chile. El nivel de vida ha mejorado, la tasa de crecimiento de Chile es mucho más elevada que la de los demás países latinoamericanos y espero que éstos recurran también a esta política.
Lo que me gustaría decirle al Comisario Patten es que ya hemos iniciado una cooperación activa con los miembros del parlamento chileno. Tuvimos una reunión con ellos aquí en Estrasburgo ya en otoño -incluso antes de que se ratificara el Acuerdo- y tuvimos, por sorprendente que parezca, un debate extraordinariamente animado con el Congreso y la Cámara de Diputados chilenos. El problema que se nos plantea ahora no concierne al tratado. El tratado es excelente y también deseo felicitar al Sr. Salafranca por su excelente informe. Hay un tratado, pero no debemos permitir que se convierta en un conjunto de palabras vacías. Debemos rellenarlo con elementos reales. Permítanme, a propósito, recordarles el hecho de que también tenemos un acuerdo científico con Chile. Si no queremos que se quede en una simple formalidad, también hay que rellenarlo y eso es lo que quiero pedir que hagamos. Se necesita dinero para llevar a cabo este propósito, pero el dinero no es lo más importante. Si queremos hacerlo, lo que más falta nos hace es voluntad, la voluntad de las instituciones europeas, pero también la voluntad de las empresas y las organizaciones.
Lo que espero es que en última instancia este acuerdo, cuyo objetivo también es marcadamente político, contribuya a que América Latina crezca junta, a que se establezcan unas relaciones más sólidas entre Europa y América Latina y, sobre todo, a que la cooperación con Chile ayude a superar los conflictos de ciertos países latinoamericanos, algunos de los cuales -el de Colombia, por ejemplo- alcanzan niveles de intensidad extremos.

Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, la mayoría de los oradores que me han precedido han cantado las alabanzas de este acuerdo, particularmente el ponente. Me gustaría poder añadir mi voz a este coro prácticamente unánime, pero debo admitir que estoy perplejo.
La principal pregunta, la única que merece ser hecha, es ésta: ¿serán los ciudadanos de este Estado menos pobres y recibirán una educación y una asistencia mejores gracias a este acuerdo? ¿Podrán navegar por Internet o viajar si lo desean? No estoy seguro. Hay un pueblo, en cualquier caso, que comparte mis reservas, el pueblo mapuche. En primer lugar, el Gobierno chileno no ha ratificado aún el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas. Muchos actos arbitrarios de violencia cometidos por la policía contra las comunidades indígenas quedan impunes. Además, este acuerdo manifiesta que uno de los principios en los que se basa es el desarrollo sostenible, mientras que el territorio mapuche se ve sometido a una explotación desmesurada de sus recursos naturales: deforestación y construcción de embalses que inundan terrenos ancestrales, debido a los planes hidrológicos nacionales. Por último, no estoy convencido de que el liberalismo sistemático del acuerdo permita el desarrollo armonioso de las economías de este Estado. La dependencia económica y monetaria puede llevar a la «argentinización» del país. Ésos son los riesgos y ésas son mis reservas. Me abstendré de votar este acuerdo.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, una cosa que no se ha mencionado en el transcurso de este debate es el protocolo de pesca anexo a este acuerdo. El efecto de este protocolo de pesca es que empresas subvencionadas por la Unión Europea podrán ahora invertir en Chile adquiriendo hasta un 100% de la propiedad. Tendrán acceso directo a los bancos de peces chilenos. Hay varios aspectos preocupantes para las comunidades costeras de Chile: una competencia desleal con el sector artesanal local y el efecto, todavía desconocido, sobre los recursos marinos, por ejemplo. Sólo tenemos que mirar el caso de Argentina.
Las compañías de la Unión Europea podrán acaparar cuotas de pescado chileno sobre recursos pesqueros plenamente explotados; también tendrán derechos de acceso libre a los recursos pesqueros subexplotados de Chile. Las oportunidades que brinda este protocolo a las compañías pesqueras de la Unión Europea, combinadas con el proceso de privatización que está teniendo lugar en la pesca chilena, amenazan la sostenibilidad del sector pesquero artesanal. El protocolo se utilizará para transferir parte de la sobrecapacidad de la Unión Europea a aguas chilenas.
Estoy harta de este modo irresponsable y explotador de abordar los problemas de exceso de capacidad de los barcos de la Unión Europea. ¿Es una mera coincidencia que este protocolo se adjuntara al acuerdo durante la Presidencia española para forzar su aprobación? Parece que ha servido de baza en la negociación, sin tener en cuenta a un sector que emplea a más de 60 000 pescadores y proporciona alrededor de 400 000 puestos de trabajo en el sector en esta zona.
La pesca artesanal suministra más del 90% del pescado que se consume localmente, y supone un 25% de los ingresos de exportación del mercado pesquero. Por lo tanto, es inaceptable que este aspecto no se haya valorado como es debido ni se haya tenido en cuenta.

Patten
Señor Presidente, este debate ha sido algo más animado de lo que algunos de nosotros quizá esperábamos. Me identifico plenamente con las observaciones del Sr. Linkohr en respuesta al Sr. Lang, que puede que viva en el planeta correcto, pero que sin duda no es el mismo planeta que el que habito yo. Hablando en nombre del «superestado» burocrático, quisiera responder en primer lugar al Sr. Sakellariou sobre el punto importante que ha planteado acerca del Tribunal Penal Internacional.
Él sabrá que Chile participó activamente en los preparativos del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. El 22 de enero del pasado año, la Cámara de Diputados chilena aprobó el texto por amplia mayoría, pero el Senado pidió el dictamen del Tribunal Constitucional de Chile. Este tribunal señaló que era necesario modificar la constitución chilena antes de aprobar el Tratado.
Puesto que modificar la constitución es un procedimiento largo, ya que requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso, el Tratado todavía no puede ratificarse. Sin embargo, la ratificación del Tratado sigue teniendo prioridad entre los objetivos políticos del Gobierno chileno, ya que es totalmente consecuente con su política exterior de promoción del respeto de los derechos humanos. Si hay un país que entiende los argumentos a favor del Tribunal Penal Internacional, tal y como Su Señoría y yo estaremos de acuerdo, ése es Chile.
También ha dicho que esperaba que, como miembro del Consejo de Seguridad, el Gobierno chileno intentaría coordinar su respuesta a la crisis de Irak con los Estados miembros europeos. Espero que no lo considere un delito de lesa majestad por mi parte si digo que espero que los Estados miembros de la Unión Europea intenten coordinar su política en el Consejo de Seguridad al abordar esta terrible crisis en Irak.

Tenemos el artículo 19 del Tratado y tenemos el Tratado de Maastricht, pero quizás no debería desviarme del tema. Es interesante que en la Convención estemos discutiendo sobre los avances que podemos realizar en la coordinación de una política exterior y de seguridad común cuando ni siquiera estamos utilizando ni aplicando las disposiciones del Tratado de Maastricht. En cualquier caso, estoy utilizando lo que Su Señoría ha dicho sobre Chile como pretexto para exponer algunos de mis pensamientos sobre este asunto.
Algunas de Sus Señorías han planteado la cuestión de la población indígena, que siempre supone una cuestión particularmente importante en estas ocasiones. Con la dificultad que conllevan estas cuestiones, el Gobierno chileno está intentando abordarlas de manera democrática y razonable. Han creado un organismo público para intentar abordar algunos de estos retos. Han tomado como mínimo 16 medidas concretas, de las cuales han sido informados algunos diputados, para tratar de resolver algunos de los problemas.
Mi opinión es que podemos ayudar al Gobierno chileno en los esfuerzos que ya está realizando, por ejemplo con proyectos de cooperación sufragados con cargo a los fondos que se votan en este Parlamento.
En la cuestión de la pesca -y soy consciente de lo polémica que puede llegar a ser esta cuestión- quisiera recordarles a los diputados que han hablado que el acuerdo de asociación no incluye un acuerdo de pesca, aunque estaríamos interesados en formalizar uno. Está el protocolo, al que se ha hecho referencia. Se permitirá a las empresas pesqueras de la Comunidad adquirir hasta el 100% de empresas pesqueras chilenas. Sin embargo, estarán sujetas a las mismas condiciones que los inversores chilenos, lo cual implica que tendrán que respetar, por ejemplo, las cuotas de captura definidas en las leyes chilenas. Existe un complicado marco normativo en Chile para abordar la cuestión del agotamiento de los recursos desde que se registró, a finales de la década de 1990, un grave descenso de los niveles de captura de ciertas especies, sobre todo debido a un exceso de pesca. No tiene sentido decir que la aplicación del acuerdo conllevará la sobreexplotación de los recursos pesqueros.
El dinamismo actual del sector pesquero artesanal en Chile es algo que todos nosotros deberíamos reconocer, y es un punto que debe subrayarse al debatir estas cuestiones. Este sector es el principal proveedor de pescado y marisco del mercado nacional de pescado fresco. Actualmente supone el 25% de los ingresos de exportación de productos pesqueros. En los últimos años se ha registrado un crecimiento significativo del sector pesquero artesanal, y los intereses de este sector han quedado preservados en la ley de pesca recientemente aprobada. Si va a haber una pérdida de puestos de trabajo en la pesca artesanal a largo plazo -y es muy posible que esto ocurra, puesto que la pesca artesanal es una actividad muy intensiva en mano de obra, pero no intensiva en capital-, probablemente esto ocurrirá con o sin el acuerdo que estamos discutiendo hoy.
Recomiendo a la Cámara, sin reserva alguna, que vote a favor de este acuerdo. Estoy seguro de que el Vicepresidente de la Comisión también apoyaría fervientemente todo lo que estamos intentando lograr con este importante acuerdo.
Una vez más, quisiera dar las gracias al Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y a sus colegas, el Sr. Linkohr y otros, que se han interesado tan activamente por este asunto. Este es un modelo de esta clase de acuerdo. Es la clase de acuerdo que no empobrecerá al mundo, que no proporcionará a la gente las «alegrías» de la economía de Corea del Norte -que algunos apoyan-. pero que hará del mundo un lugar más próspero, que asegurará una mayor protección del medio ambiente que nos rodea y una mayor estabilidad política que la que tendríamos en otro caso.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0019/2003) del Sr. Caveri, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la instauración de un sistema de ecopuntos aplicable a los camiones que transiten por Austria para el año 2004 [COM(2001) 807 - C5-0699/2001 - 2001/0310(COD)].

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, esta propuesta fue presentada el 20 de diciembre de 2001 para responder a la petición formulada por el Consejo Europeo de Laeken. La Comisión considera, sin embargo, que el sistema de ecopuntos no es un sistema válido a largo plazo que permita resolver las dificultades del tráfico asociado a las zonas sensibles.
El texto que les presentamos contiene algunos elementos significativos, tales como la supresión de la cláusula del 108%, que restringe a un límite anual el número de trayectos en tránsito de los camiones comunitarios a través de Austria. En cambio, la propuesta mantiene el sistema en vigor en la totalidad del territorio austríaco y también el número de ecopuntos disponibles para 2003. En efecto, en 2003 se alcanzará el objetivo del sistema, que es la reducción de la contaminación en un 60% en los últimos doce años.
Responde, por lo tanto, esta propuesta al deseo de los Jefes de Estado y de Gobierno, supone una prórroga durante un tiempo limitado -un año renovable dos veces consecutivas por otro año, es decir, al final, un máximo de tres años- pero, en ningún caso, puede ser la propuesta definitiva, sino sencillamente una solución transitoria mientras conseguimos sacar adelante otras soluciones.

Caveri (ELDR)
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, éste es un tema que afecta a toda la Unión Europea, aunque la mayoría de los oradores de la lista sean italianos o austriacos. En cualquier caso, antes de entrar en más detalles, me gustaría decir que, como habitante de la montaña, comprendo perfectamente la preocupación de los austriacos. Además, la situación que vive Austria y la cuestión alpina en general son consecuencia directa de la política de transportes, que hay que revisar por completo, tal como se indica en el Libro Blanco, que por pura casualidad vamos a discutir esta misma tarde.
Intervienen dos necesidades: por un lado, la libre circulación de mercancías y el mercado único, y por otro, la protección del medio ambiente, la seguridad vial y la salud pública, en especial lo que se entiende por «desarrollo sostenible». ¿Qué estrategia de transportes deberíamos aplicar? Menos camiones, más trenes, abandonar esta cultura única del transporte, más transporte intermodal, menos carreteras y túneles de carretera y más túneles de ferrocarril, volver a establecer el equilibrio global de la situación, prestando la debida atención a la libertad de mercado, pero sin olvidar la necesidad de establecer unos parámetros de referencia (en los que se incluya información clara sobre los costes reales del transporte) y unos precios razonables, liberar los recursos para invertir en ferrocarril, desarrollar una infraestructura europea de redes de ferrocarril por medio de paquetes de medidas destinadas al ferrocarril, garantizar la seguridad prevista en la importante Directiva relativa a túneles y normas comunes para hacer que el transporte por carretera sea más seguro; por último, habría que dedicar mayores esfuerzos a la implantación de sistemas de transporte menos contaminantes y también al de uso de sistemas de control por satélite, como Galileo, para realizar un seguimiento de las flotas mercantes y de los camiones.
La cuestión austriaca se refiere a los Alpes, pero la situación es similar en otras cadenas montañosas como los Pirineos. Nos encontramos ante un auge del transporte de mercancías que irá progresivamente en aumento con motivo de la ampliación. En el pasado, Austria se servía del sistema de ecopuntos (que pronto dejó de usar) y, tras Laeken, el Consejo Europeo permaneció extrañamente indeciso al respecto hasta finales del año pasado, cuando adoptó una solución que en la comisión competente fue calificada de solución virtual, es decir, que en realidad las cifras eran teóricas. Ésta es la razón por la que una amplia mayoría del Parlamento Europeo, en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, definió un plan de acción que parte de la premisa de que necesitamos trabajar a partir de un fundamento jurídico que consiste principalmente en el protocolo de transporte del Convenio de los Alpes, que parece ser el único instrumento que puede obligar a la Unión Europea a regular el tráfico de camiones en la región alpina. Hay que elaborar una nueva política basada en el modelo suizo.
La comisión que presido ha realizado todos los esfuerzos necesarios por alcanzar una solución equilibrada. Hemos consultado a los Ministros; hemos llegado incluso a adelantar al año 2012 la fecha de inicio de la construcción del Túnel del Brennero, prevista en principio para el año 2021. En las enmiendas que hemos planteado ante esta Cámara, hemos invertido todas nuestras fuerzas para encontrar una solución que se aleje del sistema de ecopuntos y, en todo caso, para encontrar una solución aplicable al período que se extiende hasta el año 2006, basada, tal como he dicho, en la necesidad de considerar las disposiciones del Convenio de los Alpes y, en general, las zonas más sensibles de los Alpes. No es casualidad que en la enmienda 15 se haga referencia a otras áreas de los Alpes como Fréjus, al noroeste de Italia, la región del Mont Blanc y los Alpes austriacos; dicho de otro modo, a toda la región de los Alpes, porque creo que éste es el marco global que debemos tener en cuenta. En el artículo 13 en particular hemos puesto especial cuidado en conseguir la retirada paulatina del tráfico pesado por medio de la aplicación de contingentes para los años 2004, 2005 y 2006; durante 2005 y 2006 se prohibirá el paso a los camiones de tipo EURO 0 y EURO 1, se aplicarán contingentes a los camiones EURO 2 y se permitirá el paso libre a los camiones EURO 3.
Por último, en lo que respecta a las enmiendas, creo que las enmiendas presentadas por el Sr. Swoboda y el Sr. Simpson no pueden ser aceptadas porque modifican considerablemente la propuesta aprobada por la mayoría de la comisión correspondiente; la enmienda del Sr. Rack tampoco puede ser aceptada porque, igualmente, cambia por completo los parámetros. Acepto la enmienda 19 presentada por los Verdes, en la que se solicita que prosiga el debate. Por último, creo que debemos rechazar las enmiendas 20 y 21, porque también modifican completamente la propuesta.
Señor Presidente, concluiré diciendo que, como Presidente de la comisión en cuestión y en calidad de ponente, mi deber era encontrar el consenso. Como habitante de la montaña, me habría gustado continuar, pero creo que es más sensato que el Parlamento conozca el estado actual del debate.

Peijs (PPE-DE).
Señor Presidente, la labor de coordinación del ponente nos ha permitido llegar a un acuerdo muy equilibrado en el Parlamento. Se propone un nuevo Reglamento para sustituir el antiguo sistema de ecopuntos. Puesto que en 2002 se alcanzaron los objetivos del antiguo sistema, que expira a finales de 2003, hemos llegado a la conclusión de que no sería una buena idea continuar con el sistema antiguo. El Reglamento actual establece un buen equilibrio entre los deseos de protección de la región vulnerable alpina por un lado, y los deseos de la población austriaca y el principio fundamental de la libre circulación de bienes, por otro. No es fácil encontrar una solución equilibrada en el tema del tráfico de tránsito por los Alpes austriacos. Las preocupaciones sobre la contaminación medioambiental y la salud pública son comprensibles. Desde el punto de vista geográfico, Austria es, después de todo, un país de tránsito, que es la razón por la que hemos propuesto excluir de la zona los camiones más contaminantes. Al mismo tiempo, exigimos al Consejo y a la Comisión que promocionen los camiones limpios y silenciosos de tipo EURO 4 tan pronto como salgan al mercado, mediante subvenciones y ayudas para que las empresas de transportes adquieran estos vehículos y puedan soportar las considerables cargas financieras de los mismos.
Creo que ésta es una de las ventajas más importantes que comporta la propuesta del Parlamento Europeo en comparación con la del Consejo y la Comisión. Si fomentamos el uso de camiones más limpios, estimularemos a las empresas de transporte a adquirir vehículos que sean más respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, los camiones más limpios, los llamados EURO 3 y EURO 4, tendrán paso libre, es decir, no estarán sometidos a contingentes. Las propuestas de la Comisión y del Consejo no fomentan de ningún modo el uso de vehículos limpios. De hecho, se llega incluso a penalizar el uso de los camiones EURO 4 por medio de la reducción del número de puntos disponibles.
También debo decir claramente a todas las partes implicadas que este plan no podrá concretarse realmente hasta 2006. Es absolutamente innegociable cualquier ampliación u otra forma de contingentes. La situación única de Austria no puede continuar de ningún modo bajo la naturaleza discriminatoria del sistema anterior. Sólo un 10% de las toneladas-kilómetro recorrido sobre territorio austriaco está relacionado con el tráfico de tránsito por Austria, y sin embargo no existe ninguna condición que regule las emisiones peligrosas de NOx procedentes del transporte nacional. Por tanto, la entrada en vigor de la Directiva sobre la tarificación de las infraestructuras y el fin del sistema de puntos sólo quedarán vinculados si la Directiva sobre la tarificación entra en vigor antes de finales de 2006.
Tengo dos peticiones urgentes. La primera es que la Comisión debería permitir que el Consejo presentara al Parlamento un reglamento sobre ayudas al uso de motores EURO 4 sin riesgo de ser tachadas de ayuda estatal. La segunda petición urgente está dirigida a Austria: hagan algo también por su parte, como aumentar el número de trenes y hacer que este medio de transporte sea también más limpio. Por último, pasemos al asunto del Túnel del Brennero: el año 2021 es absolutamente inaceptable. Estoy completamente convencida de que mi colega, el Sr. Rübig, está de acuerdo con esta ayuda, que también está destinada a las pequeñas y medianas empresas de transportes.

Fava (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe del Sr. Caveri es excelente, pero no logra disipar ese sentimiento de inquietud que crece a medida que se acerca la votación; he de puntualizar que esta inquietud se debe al comportamiento del Consejo, que consideramos demasiado formalista y completamente inapropiado, como demuestra el hecho de que adoptara, en tan sólo unas pocas horas durante la reunión que tuvo lugar el pasado 31 de diciembre, una solución por mayoría que pierde todo mérito por el hecho insensato de que es una solución que no ha sido aceptada ni respaldada por los países directamente implicados, principalmente Austria e Italia. Tampoco estamos de acuerdo con la decisión de ofrecer a dos países, Grecia y Portugal, una exención gratuita para algunos tipos de camiones, como si todavía nos encontráramos al principio del proceso de integración y fuera necesario proceder mediante derogaciones y exenciones.
Mi inquietud, señor Presidente, también se debe a la gran contradicción que representa el sistema de ecopuntos, al no resolver la cuestión a la que la Comisiaria Palacio también ha hecho referencia. De hecho, continuamos prolongando un sistema transitorio que sólo se aceptó cuando Austria entró a formar parte de la Unión Europea con la condición de que fuera transitorio, precisamente porque es una derogación de las disposiciones de los Tratados relativas a la libre circulación de mercancías y, en este caso, porque también es una cuestión que afecta al arco alpino, que es, en cualquier caso, un obstáculo natural que penaliza a algunos países en términos de libre circulación de mercancías.
Como ha señalado correctamente la Sra. Comisaria, la solución debe seguir siendo transitoria, y esta es la tercera razón de nuestra inquietud: la lentitud con la que avanzamos en el fomento del transporte intermodal, que es la solución natural para el Túnel del Brennero. Sin embargo, tal como ha dicho el Sr. Caveri, ya es un hecho positivo que la fecha de construcción del túnel haya sido adelantada un poco con respecto a 2021, que es la fecha que inicialmente se había propuesto al Gobierno austriaco para dar comienzo a las obras.
Por último, señor Presidente, nuestra inquietud también se debe el torpe intento de hacer una distinción demasiado simplista entre los que en el Parlamento manifiestan el deseo de respetar la calidad del medio ambiente y los que apoyan los intereses de las empresas de transporte por carretera. Esto no es así. Es una simplificación inaceptable de los hechos. Nuestro Grupo, y el Parlamento en su conjunto que, creo, no ha escatimado esfuerzos por buscar enmiendas de transacción, ha establecido como prioridad absoluta el desarrollo sostenible y la calidad del medio ambiente en la región alpina. El mérito del informe del Sr. Caveri, que contribuye a incrementar el crédito de todos los diputados que han contribuido a su elaboración, se basa en las enmiendas de transacción que reconcilian las exigencias de protección del medio ambiente y el principio de libre circulación y establecen un equilibrio entre ellas.
Terminaré recordando, señor Presidente, que si prorrogamos el sistema de ecopuntos no adoptamos ninguna decisión, sino que más bien la postergamos. Ahora les toca el turno a los Gobiernos.

Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, hoy me gustaría abogar por el sistema de ecopuntos del pólder holandés, el impuesto escocés de los Highlands y la tasa del Pirineo español. Sólo para el acta y la traducción: esto no es serio. El sistema de ecopuntos de los Alpes, que pretende proteger el entorno local, sitúa a Austria en una posición especialmente injusta, contraria al derecho de libre circulación de mercancías, y añado que no propugno el sistema actual. Por eso mismo tampoco estuve de acuerdo cuando la Presidencia danesa consiguió prorrogar este sistema hasta el año 2006. Francia e Italia también tienen Alpes y la zona de los Pirineos también es muy vulnerable.
El informe de mi colega, el Sr. Carveri, ha conseguido que esta inesperada prórroga de un sistema defectuoso por el Consejo se reduzca a unas proporciones razonables. Si no hay más remedio, entonces mejor que sea así. El contaminador debe pagar y los camiones más respetuosos con el medio ambiente deben seguir estando a salvo del impacto total causado por los ecopuntos. También me satisface el enfoque por el cual los Alpes austriacos ya no se consideran una entidad única, sino que están formados por varias zonas específicas en las que en realidad existen condiciones medioambientales extremadamente frágiles. Si Austria quiere abordar seriamente el tráfico de tránsito que contamina el medio ambiente, deberá invertir en infraestructura, en ferrocarril y en túneles. Me parece que pasar la pelota pidiendo un sistema de ecopuntos más estricto no es tener una actitud muy solidaria hacia los países vecinos. Sólo llevaría a provocar un aumento del tráfico en estos países y apenas beneficiaría al medio ambiente europeo, puesto que el tráfico no haría otra cosa que dar rodeos. Espero con impaciencia un buen resultado en la votación de mañana.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, Suiza intenta desviar de las rutas alpinas el tráfico pesado que transita por el país y cobrar a los vehículos que logran pasar para invertir la recaudación en la mejora de la red ferroviaria. Probablemente a Austria le gustaría proceder del mismo modo para regular el tráfico norte-sur, pero su pertenencia a la Unión Europea le pone trabas al respecto. Los transportistas alemanes e italianos preferirían pasar libremente, al igual que los operadores holandeses, que cuentan con una fuerte representación en el sector. Cuando Austria entró a formar parte de la Unión Europea, se alcanzó un compromiso en torno a un acuerdo de distribución. Desde entonces, el país se ve presionado a permitir el paso de más camiones cada vez más grandes. Debido a de ello, quien que quiera proteger a los habitantes de la zona y su medio ambiente de la contaminación ambiental y acústica provocada por el denso tráfico de camiones, ahora tiene razones para desconfiar de los motivos de cada nuevo acuerdo. Como la solución que se acaba de proponer consiste en una combinación de contingentes, prohibiciones e impuestos, la mayoría de mi Grupo le seguirá concediendo el beneficio de la duda durante el año 2004, pero el problema no se resolverá si no se construye un túnel para el ferrocarril por debajo del puerto del Brennero.

Echerer (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, cuando se habla de ecopuntos, la imagen pública que da Austria suele ser la de un país obstinado en imponer sus propios intereses en contra de la UE. Se trata de una cuestión que nos preocupa a todos y, tanto los Verdes austriacos como el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea de este Parlamento consideran que es un tema sobre el que se necesita más información. No es un problema únicamente austriaco; toda la región alpina -una zona sensible- está en juego. En este punto discrepo con el Sr. Vermeer.
No deberíamos oponer la libre circulación de mercancías al equilibrio del ecosistema. Estoy de acuerdo con el Sr. Caveri en que es un problema que afecta a toda Europa y que, por lo tanto, Europa debe hacer un esfuerzo por resolverlo.
Austria no puede resolver por sí misma algo que es un problema de toda una región. Las opiniones pueden diferir en cuanto a los ecopuntos. Este sistema fue un instrumento. Pueden acusar a Austria de no haber hecho sus deberes, de no haber encontrado o incluso de no haber buscado aliados. Puede que también haya actuado con demasiada cautela, al no aprovechar al máximo su capacidad ferroviaria. También puede ser eso.
Sin embargo, ¡estamos esperando! Estamos esperando una propuesta de Europa. El debate de hoy no habría sido necesario si hubiéramos dominado la compleja cuestión de los transportes a su debido tiempo, aplicando una tarifa fija para los costes de infraestructura, y con la ayuda de la Directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte, que tantas ganas tenemos de que se apruebe; incluso se rumorea que el documento existe realmente, pero no se sabe nada de él. Tampoco se sabe si hay medidas específicas para las zonas sensibles de los Alpes o para zonas sensibles de Europa.
Ruego que consideren nuestras enmiendas como la expresión de nuestro deseo de hacer justicia ante los problemas de transporte, medio ambiente y salud provocados por el tráfico tanto del interior de la zona alpina, como del que la atraviesa. Sin imponer un límite superior, nada funcionará. No deseamos soluciones limitadas ni transitorias. Necesitamos una solución eficaz hasta el momento en que entre en vigor -cuanto antes mejor- una directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte.
Ruego que consideren nuestras propuestas dentro del complejo marco de una política común europea de transportes que, si se ajustara a las pautas del Convenio de los Alpes, podría servir de modelo no sólo para los Alpes austriacos o de otros países, sino a todas las zonas sensibles de Europa, y toda la ciudadanía europea que vive en estas regiones nos estaría muy agradecida.
Raschhofer (NI).
Señor Presidente, Señorías, Austria está poniendo a prueba seriamente la resistencia del Sr. Jarzembowski, pero imploro indulgencia para él. Señorías, los intereses cruciales de los austriacos están en juego cuando votemos la prórroga del sistema de ecopuntos. El objetivo de reducir los contaminantes a largo plazo y de forma sostenible, tal como está formulado en el Acuerdo de Tránsito, no se ha conseguido de momento. En algunos lugares del país del que procedo, el tráfico de tránsito se ha convertido en una molestia intolerable.
Las propuestas del informe del Sr. Caveri convierten el sistema de ecopuntos en saco roto. Por tanto, les ruego que apoyen la enmienda 18 que han presentado una serie de diputados austriacos de todos los partidos y se basa en la propuesta de compromiso de la Presidencia danesa. Aunque yo pienso que esta propuesta no es suficiente, creo que representa una solución intermedia aceptable por todas las partes implicadas. Austria no quiere mantener simplemente el sistema de ecopuntos hasta un futuro lejano. También desea alcanzar una solución justa y, ante todo, sostenible que acabe con los problemas de transporte en Europa; pero mientras no exista una solución a la vista y la adopción de una nueva directiva sobre los costes de las infraestructuras esté todavía pendiente, la cuestión sobre el tráfico de tránsito exige un acuerdo transitorio que tenga en cuenta las preocupaciones austriacas.

Rack (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, la población austriaca considera que el tráfico pesado que transita por Austria es una cuestión importante de política interior. Fue importante entre 1992 y 1994, cuando se negociaba lo que se denominó el Acuerdo de Tránsito, época en que incluso condicionamos nuestra adhesión a la Comunidad a que se encontrara una solución duradera y de futuro a este problema. Tal como hicimos entonces, hemos considerado el Reglamento de Tránsito como una especie de cuestión primordial. Entonces no quisimos, ni ahora tampoco, ningún tipo de trato preferencial para nuestro país en forma de acuerdos especiales que pudieran desembocar en derogaciones a largo plazo con respecto al mercado interior. Lo que entonces quisimos y lo que ahora seguimos queriendo es una política de transportes de la UE que marque las pautas al resto de los países, teniendo en cuenta, junto a las libertades del mercado interior, las preocupaciones que cunden en las zonas afectadas por el tráfico, sobre todo en las zonas sensibles, y las preocupaciones de la población que vive cerca de las vías de tráfico.
Consideramos que nuestras preocupaciones no contradicen los objetivos de la Comisión en materia de transporte. En el Libro Blanco de transporte, sobre el que discutiremos en breve, la Comisión promete que la nueva Directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte va a incluir una serie de disposiciones relativas a la imposición de tarifas por el uso de las infraestructuras y a la integración de costes externos, en las que se considere seriamente la concesión de subvenciones cruzadas con el fin de favorecer el uso de medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. También queremos todas estas cosas. Éste es el motivo por el que es tan importante que no transcurra mucho tiempo entre la expiración del régimen transitorio y la entrada en vigor de la nueva directiva. Ésta es la razón también por la que necesitamos un régimen transitorio adecuado. La Presidencia danesa del Consejo, que se esforzó mucho por alcanzar un compromiso a nivel del Consejo entre todas las partes implicadas acerca de esta cuestión altamente delicada, estuvo a punto de alcanzar su objetivo, perdiendo su oportunidad en el último momento porque no acudieron suficientes Ministros de Transportes a Bruselas.
Continuando con nuestra resolución en el Parlamento, ahora pediremos al Consejo, en la reunión de sus Ministros de Transportes, que apruebe una resolución formal por la que se adopte el compromiso al que ya se ha llegado en esta cuestión; también sería importante, con vistas a conseguirlo, si desde esta Cámara fuéramos capaces de expresar nuestra fe en una solución conjunta, sólida y con visión de futuro a este problema. Por lo tanto, en nombre de todos los diputados austriacos de esta Cámara, les pido que apoyen la enmienda 18, respaldada prácticamente por los cuatro Grupos políticos de Austria. El medio ambiente y la población que vive en las zonas afectadas nos lo agradecerán.

Swoboda (PSE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, aunque sienta un gran respeto por el Sr. Caveri, no comparto en absoluto su opinión sobre el hecho de que la propuesta que vamos a votar sea una solución equilibrada, porque en ningún momento ha tenido en cuenta suficientemente los intereses austriacos. Sin embargo, no estoy decepcionado por lo que tenemos ante nosotros como austriaco, sino como alguien que siente una especial preocupación por el medio ambiente. Creo que tenemos razón al partir de la creencia de que podemos llegar a una solución final en el ámbito del transporte y de que tenemos que trabajar sobre la base de ese supuesto. Lo que ocurre es que el asunto del tráfico de tránsito nos plantea un problema particular: no nos lleva a obtener ningún beneficio para el país, sino que más bien nos genera una gran cantidad de gastos y daña el medio ambiente.
A pesar de ello, me uno a todos los oradores de hoy en que tenemos que alcanzar una solución final y completa aplicable a todo el tráfico pesado que genera ciertos niveles de contaminación. Estoy de acuerdo con quien ha dicho que estaríamos dispuestos a usar este tipo de vehículos, pero todavía no existen; sabemos perfectamente que hay muy pocos camiones EURO 4 en el mercado, lo cual es otra razón más por la que se necesita un reglamento transitorio. Aquí y ahora, decimos en los términos más claros que necesitamos un reglamento transitorio. Sí, de hecho, hay que desarrollar el ferrocarril, pero querida Sra. Peijs, durante el año 2000, sólo en la carretera del Brennero, pasaron libremente 36 millones de toneladas de mercancías, y las cosas siguen igual desde entonces. El ferrocarril no se está aprovechando en toda su capacidad. El hecho es que, en la medida en que no exista un sistema de cuotas apropiado, el ferrocarril resulta demasiado caro. Alguien ha opinado sobre lo injusto que resulta imponer condiciones aplicables sólo a Austria. Estamos dispuestos a solidarizarnos con otras regiones de este continente y así lo deseamos, pero lo que no es de ningún modo aceptable es que los suizos sean los únicos capacitados para imponer una cuota adecuada para invertir en túneles. También estamos dispuestos (y brindo mi apoyo sin reservas) a adelantar la fecha de construcción del Túnel del Brennero, pero debemos disponer de los medios financieros necesarios. Si, por un lado, no logramos disponer de financiación, mientras que por otro lado afirmamos que hay que desarrollar los ferrocarriles, que ni siquiera se han usado cuando se debía por falta de los incentivos necesarios, entonces el sistema no puede funcionar.
Esperamos que la directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte se haga realidad, pero ya tengo curiosidad por saber cómo se desarrollará el debate y ya me imagino a una serie de personas en la Cámara diciendo que habrá que tener en cuenta los costes medioambientales, que no suponen mucho, y que debemos tener cuidado con las subvenciones cruzadas. También puedo imaginar las enmiendas al próximo informe del Sr. Izquierdo Collado, con el que, al menos en principio, se llegará a un compromiso sobre financiación cruzada. Sin embargo, los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo ya han rechazado la idea de seguir el ejemplo suizo porque les parece demasiado radical su modo de respetar el medio ambiente. Esto nos lleva a pensar que no sólo deberíamos limitarnos a hablar de desarrollo sostenible, sino que deberíamos crear los instrumentos para ello. Todos sabemos muy bien que una política de transportes que respete el medio ambiente es uno de los instrumentos esenciales para fomentar el desarrollo sostenible en Europa. Por tanto, puede que Austria, más que haber llegado a un acuerdo especial para resolver su situación, esté desempeñando el papel de escolta, función que sólo abandonaremos cuando se nos plantee una alternativa aceptable, a pesar de que, en realidad, deseamos luchar por una alternativa y hacer pleno uso de ella.
Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, constato que muchas intervenciones en este debate las han pronunciado oradores neerlandeses, pero quizás no sea simple coincidencia porque hay una canción de moda en los Países Bajos que dice más o menos lo siguiente: «Cruzo el puerto del Brennero con mi camión de 30 toneladas, lejos de casa pero en la cima del mundo». No menciona a los austriacos ni a la región alpina. Si estaban ellos en la cima del mundo o no, carece de importancia para esta canción, pero la tiene para este informe. El informe es la personificación de la política europea de transportes. Su importancia va más allá de Austria e incluso de toda la región alpina. Es una herramienta al servicio del desarrollo sostenible en el marco de la política europea de transportes. Por esta razón, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, con las enmiendas 19, 20 y 21, pide una solución rápida, definitiva y amplia para resolver los problemas ecológicos, económicos, sociales y de seguridad que plantea el tráfico transalpino desde hace décadas y de los que la Unión Europea es perfectamente consciente.
El fin del sistema de ecopuntos sólo es posible si se aplica otro sistema de protección de toda la región alpina, y no sólo de Austria, que tenga su base en el Convenio de los Alpes. Con respecto a esta protección no debería haber ningún vacío temporal. También hay que imponer alguna restricción al número de camiones que atraviesan los Alpes. Sin un objetivo claro, todo este debate no tiene sentido. Por lo tanto, pedimos que se imponga un límite permanente de crecimiento del 8%, partiendo de las cifras de 1991. No podremos respaldar este informe hasta que encontremos una solución a medio plazo aplicable a toda la región alpina.

Kronberger (NI).
Señor Presidente, el Noveno Protocolo del Acta de adhesión de Austria a la UE estipulaba que, entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2003, los contaminantes generados por el tráfico pesado de tránsito se reducirían un 60% de forma sostenible y duradera. Esto es legislación primaria aprobada por Austria y la UE. En la actualidad, no hemos alcanzado el objetivo del 60% y no hemos conseguido reducir los contaminantes de forma sostenible ni duradera, hechos que han sido constatados tanto por la Comisión como por la Agencia Europea del Medio Ambiente en su informe técnico nº 68, sino más bien todo lo contrario, pues el número de camiones que transitan por esta región ha aumentado masivamente y el daño causado por la contaminación se ha incrementado un 52% con respecto a 1992.
El Reglamento del sistema de ecopuntos expira a finales de 2003, a pesar de que su objetivo, la reducción sostenible de estos contaminantes, no se haya alcanzado. Dado que la directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte anunciada por la Comisión no ha visto todavía la luz, se ha pactado con Austria una solución transitoria en forma de reglamento de tráfico a partir de 2004. Este acuerdo debe garantizar que no se producirá un incremento de las emisiones derivadas del tráfico de tránsito con respecto a los niveles registrados en 2003. La adopción de este informe tendría el efecto contrario, es decir, un fuerte aumento de los niveles de emisiones derivadas del tráfico de tránsito.
En primer lugar, hay que decir que este informe es peor que la propuesta de la Comisión, peor que la decisión de la Presidencia danesa del Consejo y peor que la decisión tomada en el Consejo de Laeken. En segundo lugar, el informe no tiene en cuenta la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que esta instancia había adoptado por amplia mayoría. En tercer lugar, se opone a los objetivos del Protocolo de Kyoto, al Convenio de los Alpes y, en general, a los objetivos medioambientales de la Unión Europea.
La principal tarea del Parlamento Europeo es defender los intereses de los ciudadanos europeos. Si no logramos hacerlo, la población afectada procederá a bloquear las carreteras, tal como ya ha anunciado, para conseguir la garantía de sus derechos.
Jarzembowski (PPE-DE).
Señor Presidente, no logro comprender a mis colegas austriacos. Después de todo, tendrían que estar satisfechos por la manera en la que el informe Caveri les propone otro reglamento transitorio razonable. Me gustaría recordarles un hecho, aprobado con anterioridad por el Consejo y refrendado por la Comisión, y es que este acuerdo especial para Austria se aplica por igual a las zonas del país que no están en los Alpes y desde las cuales ni siquiera se ven los Alpes, zonas que son bastante llanas. Recordaré a Sus Señorías que este caso es especial, y en este sentido bastante injustificado. ¿Piensan que no tenemos tráfico de tránsito en el norte de Alemania? ¿Piensan que otras partes de Alemania o de Bélgica no sufren por ello? Están todavía peor. ¡Lo que ustedes pretenden es recibir un trato especial y eso no se puede justificar de ninguna manera!

Le ruego me disculpe, caballero, pero ¿por qué no se comporta como un diputado para variar? No estamos aquí para representar los intereses de la ciudadanía austriaca, sino los intereses de los 370 millones de personas de la Unión Europea que también tienen derecho a disfrutar de la libre circulación de servicios. No se trata sólo de los derechos unilaterales de los austriacos; los otros 360 millones de personas también tienen derecho a que se aplique la ley comunitaria. El punto realmente importante del informe del Sr. Caveri es que en él estamos proponiendo que debería haber un nuevo acuerdo transitorio de tres años para la región alpina. Analicemos este aspecto más detenidamente: según el informe del Sr. Caveri, en el año 2005 se prohibirá el paso de camiones de tipo 0 y 1. Esto indica que vamos a satisfacer la mitad de los intereses de su pueblo. Lo que están haciendo aquí es construir un hombre del saco ficticio, afirmando que el resto de la UE está en contra de ustedes y del medio ambiente, que supuestamente sólo ustedes se dedican a cuidar. Señorías, esto es intolerable.
El informe del Sr. Caveri propone un compromiso firme entre los intereses de 360 millones de personas de la UE y los intereses de los apenas 10 millones de ciudadanos restantes de la UE. Hay que encontrar un equilibrio. Creo que el informe del Sr. Caveri termina proponiendo una buena oferta en forma de acuerdo transitorio. Pero no corresponde a los austriacos decir que quieren derechos especiales, porque, querido colega del Grupo Socialista austriaco, ¿qué ha estado ocurriendo en los últimos años? Han seguido queriendo subvenciones cruzadas. El Tribunal de Justicia Europeo ha tomado nota del modo en que han cobrado peajes exagerados y aún así, con todos los recursos inflados que han reunido, no han logrado construir el Túnel del Brennero. Estos son los hechos.

Lisi (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría agradecerle al ponente su paciencia y su determinación. Yo también estoy convencido de que el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo es la solución correcta, no como la presentada por el Consejo, y creo que es una buena solución porque logra reconciliar dos cosas que son difíciles de reconciliar: por un lado, el respeto y el mayor interés por el medio ambiente y la potenciación de todos los esfuerzos por protegerlo en ambas vertientes de los Alpes -puesto que existe una vertiente italiana, aparte de la vertiente austriaca- y, por otro lado, el respeto de uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, si es que realmente creemos en una Unión Europea; dicho de otro modo, el mercado interior, la libre circulación de personas y mercancías, que son las condiciones mínimas necesarias para que exista una comunidad de personas, al mismo tiempo que una comunidad de principios económicos. Por tanto, es un equilibrio que zanja de una vez por todas la cuestión de los ecopuntos (y no podría ser de otro modo si quisiéramos evitar burlarnos de los Tratados y de la ley), a la vez que reconocemos que todavía necesitamos un período transitorio con el que se aplique un marco temporal que creemos que es preferible al propuesto por la Comisión, a la que pediremos que lo evalúe.
Por esta razón respaldo y brindo todo mi apoyo a este enfoque, a cuya elaboración, por otro lado, hemos contribuido. Sin embargo, para concluir, hay algo que debo decir con toda franqueza a los diputados austriacos. Me entristece bastante el hecho de que si bien los diputados austriacos reciben un gran apoyo de parte de sus compatriotas en esta Cámara, de todos los partidos políticos por supuesto, en cambio no reciben ningún apoyo de diputados de otras nacionalidades. Les invito a que reflexionen sobre este hecho. Señorías, como diputados del Parlamento Europeo, en este período difícil para la Unión Europea, nuestra responsabilidad -en ésta y en otras cuestiones- estriba en explicar a nuestra ciudadanía que pertenecer a la Unión aporta ventajas y beneficios, pero a veces también ocasiona problemas. No encontraremos una solución europea si acentuamos los problemas. Les pido que piensen seriamente en este aspecto. También podríamos haber mantenido nuestra postura y no haber cambiado de opinión, pero en vez de ello decidimos adoptar un enfoque más razonable. Creo que, por el bien de Europa, su actitud debería ser más moderada y más conciliadora.

Ferber (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ya se ha dicho casi todo, por lo que seré relativamente breve. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, el Parlamento acepta que Austria tenga derecho a la prórroga de la derogación. Creo que se trata de una acción bastante extraordinaria que durante mucho tiempo no ha gozado de mi apoyo y que mañana adoptaremos por amplia mayoría. No debemos perder de vista ese dato. Sin embargo, me gustaría advertirles de que no debemos comenzar a conceder más valor a una parte de la raza humana que a otra.
Tengo el honor de representar a un distrito electoral situado justo en la frontera con Austria, ese país encantador, y me gustaría aclarar aquí y ahora que no puedo aceptar que la población del Tirol valga más que la de la zona próxima a las aduanas de Lindau, que tienen que soportar cada día, durante las 24 horas del día, el tráfico que se desvía de la ruta más corta entre Baviera y Suiza. Esto no tiene nada que ver con el cruce de los Alpes o con la ecología; esta situación se debe a que este flujo de tráfico devengaría ecopuntos si pasara por la autopista.
Esta situación es inaceptable; sólo tienen que verlo. No se trata de desviar el tráfico y llevárselo a otro lado. Sólo el 11% del tráfico pesado de Austria está sujeto al sistema de ecopuntos. Ni tampoco se trata de que, en la región del Tirol, los representantes de los movimientos ciudadanos me digan que no tienen problemas cuando los camiones pesados llevan matrículas austriacas, pero sí que los tienen cuando los vehículos están registrados en otro lugar. No se puede tolerar esta situación durante más tiempo y quiero dejarlo claro aquí y ahora.
(Interrupción)
No son invenciones; he tenido conversaciones de este tipo. Después de todo, vivo allí y tengo contactos. No puedo aceptar que ciertos grupos de población europea reciban un trato como si valieran más. Podemos comprobar por las estadísticas que lo que les importa a los austriacos es que sus empresas de transportes ocupen una posición más importante y es precisamente para esto para lo que ha servido el reglamento de los ecopuntos. Sin embargo, no puede ser tarea de Europa favorecer los intereses económicos de una región.

Cocilovo (PPE-DE).
Señor Presidente, suponiendo que fuera posible, a mí también me gustaría retroceder en el tiempo y volver a comenzar el debate en esta Cámara con un tono completamente distinto del registrado en algunas de las intervenciones anteriores. El Sr. Lisi, que acaba de intervenir, ya ha dicho que esperábamos más generosidad, al menos en el ejercicio de nuestras funciones como representantes parlamentarios de los pueblos europeos -y repito, pueblos europeos-, porque es posible abordar los problemas cuyas causas todos nosotros conocemos, sin sentirnos intimidados por las actitudes mártires, aprovechadas o resignadas de los intereses nacionales. No lograremos avanzar de ninguna manera mientras sigamos pensando que la sacrosanta protección de intereses legítimos -proteger y preservar el medio ambiente- sólo se puede asegurar haciendo caso omiso de los demás. ¡Así no conseguiremos avanzar de ninguna manera!
Creo que la solución propuesta en el informe del Sr. Caveri, de nuevo como medida transitoria, es la mejor solución posible en las circunstancias actuales. Ahora intentamos potenciar lo que es preciso fomentar y no lo que conviene reducir: por un lado, fomentar el uso de vehículos menos contaminantes y, por otro, promover el proceso positivo que sólo puede dar lugar a la definición de los sistemas de tarifas tan esperados. Estos sistemas nos permitirán dar una respuesta orgánica al problema y avanzar hacia la solución que pueda llevar más lejos nuestra causa, mediante la adopción de un enfoque que reconozca principalmente las prioridades europeas, las cuales, sin embargo, presuponen la constante tarea de cargar con las responsabilidades nacionales, esas inversiones que, en un futuro, harán compatible la sacrosanta necesidad de proteger el medio ambiente con la libre circulación de mercancías, sin olvidar los derechos de las comunidades productoras que viven en la región sur de los Alpes y a las que no se puede engañar con soluciones que ellas consideraron restricciones inapropiadas.
Si todos decidimos mantener este tipo de responsabilidades, que los Gobiernos nacionales han descuidado durante mucho tiempo, junto a las respectivas propuestas de la comisión, creo que el próximo debate sobre esta cuestión será más digno del papel colectivo que tenemos que desempeñar.

Flemming (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, a mí también me gustan las naranjas italianas y las faldas escocesas, pero lo que resulta bastante innecesario es transportar, por ejemplo, patatas de Alemania a Italia, pelarlas allí y luego volver a transportarlas a Alemania. Esto ya no tiene nada que ver con la libre circulación de mercancías, ni de hecho con los miles de y miles de viajes que realizan camiones vacíos con exceso de velocidad a través de Baviera y Austria.
El Foro de Tránsito Austria/Tirol, una de las mayores ONG de Austria, lo resume en términos muy precisos: en 1991 y en 2001, las emisiones de NOx procedentes del tráfico pesado aumentaron un 18% en la ruta a través del puerto del Brennero. El hecho es que el número de viajes realizados por el tráfico pesado en territorio austriaco ha crecido un 50%. Tampoco en ningún año desde que se firmó el Tratado se ha logrado transferir tráfico de la carretera al ferrocarril. Al contrario, el tonelaje que soporta la carretera del Brennero ha aumentado de 15 a 26 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 73%.
Las personas que viven alrededor de las vías de tránsito están desesperadas. Muchas de ellas son agricultores cuyas familias llevan viviendo en el mismo lugar desde hace siglos. No es cuestión de que valgan más, sino de mejorar su calidad de vida. Les ruego que no quiten a esta gente su última esperanza.
Querido Georg, el sistema de ecopuntos siempre ha sido, en esencia, un compromiso. Para mí, la resolución del Consejo del pasado 31 de diciembre era la última oportunidad de encontrar una vía común adelante. Sin embargo, considero que el informe del Sr. Caveri es el resultado devastador del trabajo de un grupo de presión muy duro, un grupo que goza de gran peso financiero, además de otros poderes, que no es otro que el gremio de los transportistas.
Ni que decir tiene que en Austria también hay grupos que intentan introducir sus exigencias justificadas en la política. Pero el modo descarado y brutal en que visto que suceden las cosas en la Unión Europea, ha sido para mí algo nuevo, y eso que llevo bastantes años en la política. Podría citar el nombre de algunos diputados de esta Cámara -no se preocupen, no lo voy a hacer- que me han dicho que comprenden a los austriacos y que están de su parte, pero que no saben qué otra cosa pueden hacer, porque los transportistas los machacarían.
Les ruego, les suplico incluso, que rechacen el informe del Sr. Caveri y que aprueben la propuesta de compromiso de la Presidencia danesa. También me gustaría dar las gracias a la Sra. Comisaria.
Aparte de lo que he dicho en mi turno de palabra, me gustaría corregir al joven que está allí; si quiere ver en los Alpes, esta gran maravilla creada por la mano de Dios, nada más que un obstáculo para el transporte, es su problema.
Jeggle (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, la propuesta presentada ante esta Cámara con objeto de someterla a nuestra consideración tiene que ver con la prolongación del sistema de ecopuntos que se aplica a los camiones que cruzan Austria. Creo que en este punto es importante destacar que lo que se propone es prolongar una derogación que disfruta Austria desde su adhesión a la UE con la condición de que este país mejore sus infraestructuras de transportes para conseguir un efecto positivo en el libre intercambio de mercancías que garantiza el Mercado Interior. Si ahora vamos a discutir de la prórroga de una derogación, debe quedar claro que no se trata simplemente de mantener el status quo durante tres años más, de modo que la decisión que estamos a punto de adoptar debe prever que dicha derogación expire a más tardar a finales de 2006.
Mi circunscripción electoral en el sur de Baden-Württenberg limita con Austria, que es sin duda un hermoso país, y, siendo perfectamente consciente de las quejas de las empresas transportistas sobre la incomprensibilidad del sistema de ecopuntos, estoy de acuerdo en que hay que cambiar el sistema actual y modificarlo en los siguientes aspectos. En primer lugar, me gustaría decir que las derogaciones están justificadas en los Alpes, puesto que es una zona sensible. La aplicación del sistema de ecopuntos debería limitarse sólo, tal como se pretendía en un principio, al tránsito por los Alpes y no a los trayectos por el resto de Austria; de lo contrario, el sistema de ecopuntos se convertiría en una medida arbitraria y otros Estados miembros también podrían reclamar el derecho a imponerla. En segundo lugar, el sistema de ecopuntos debe finalizar definitivamente en 2006. En tercer lugar, el estado del desarrollo tecnológico implica que los camiones pesados de las categorías de emisión 3 y 4 deberían estar exentos del sistema de ecopuntos.
Además, pido específicamente que se conceda para lo que denomino el «Hörbrenz-Transit», que afecta en especial a mi distrito electoral -es decir, el tráfico que recorre la vía de enlace de tan sólo 16 kilómetros entre la autopista A 96 alemana y la autopista suiza A 14-, un trato especial por el cual se otorgue un número suficiente de ecopuntos.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no debemos olvidar que, a pesar de estar hablando del caso específico de Austria, nuestra perspectiva debe ser mucho más amplia y cubrir toda la red de puertos alpinos si queremos ser objetivos y tomar decisiones que en cierta medida se adapten a todo el mundo. De hecho, lo que ocurra en un puerto afectará de inmediato a todos los demás. En cuanto al túnel del Brennero, los avances recientes han sido, cuanto menos, espasmódicos. Quisiera destacar que, aparte de su atractivo natural por ser la línea vertical directa que conecta el norte de Europa con el Mediterráneo, desde hace poco el tráfico hacia el túnel del Brennero -en Austria, por tanto, pero también en Italia- ha experimentado un aumento desmesurado durante largos períodos, debido al cierre primero del túnel del Mont Blanc y después del túnel de San Gotardo, y también debido a las agudas crisis vividas en el puerto del Fréjus y en los puertos suizos. Todos estos hechos han contribuido a que la protección del medio ambiente en Austria sea una cuestión apremiante, pero no debemos olvidar -y nunca se ha considerado debidamente este aspecto- que existe otra vertiente de los Alpes, la italiana, que, como ustedes ya sabrán, es el lugar donde vivo. Nunca hemos recibido ningún tipo de reconocimiento de lo que consideramos que se trata exactamente del mismo problema que tiene Austria, por el que Austria se ha beneficiado del sistema de ecopuntos y de otros sistemas mencionados por algunos oradores. Jamás se nos ha permitido usar un sistema de ecopuntos o peajes como los aplicados en el «Ponte Europa» o el tramo de autopista austriaco, que figuran entre los más caros de Europa.
Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que la solución propuesta en el informe del Sr. Caveri es justa. Es justo que se aplique el sistema de ecopuntos a los camiones de tipo EURO 1 y EURO 2, y también que se declaren exentos los camiones de tipo EURO 3 y las siguientes generaciones de vehículos, pero también creo que es correcto abandonar el sistema de ecopuntos a partir de 2006 y buscar una alternativa que compense los costes externos, no sólo para Austria, sino para todas las zonas críticas y sensibles de Europa. Por último, es correcto que nos concentremos en la ejecución de importantes proyectos de transporte ferroviario e intermodal, comenzando por el túnel del Brennero, puesto que realmente ya es hora de pasar de la mera elaboración de proyectos a su ejecución.

de Palacio
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer el trabajo realizado por el Sr. Caveri en un asunto que -como hemos visto hoy aquí- es muy difícil y delicado. Hay una serie de intereses, todos ellos legítimos pero totalmente contradictorios, que se confrontan. Quiero únicamente recordar a algunas de sus Señorías que necesitamos una resolución rápida, porque el 31 de diciembre de 2003 llega a su fin la situación transitoria actual.
En segundo lugar, la situación actual es transitoria. Es decir, lo que figura en el Tratado de adhesión, el Protocolo en el cual se basa todo el sistema de ecopuntos, prevé un tiempo limitado.
En tercer lugar, sepamos que los otros catorce países de la Unión Europea están aceptando hacer un esfuerzo y una excepción para dar satisfacción a Austria respecto a lo que es una de las libertades esenciales de la construcción europea -primero del Mercado Común y hoy día de la Unión Europea-, la libertad de tránsito de las personas.
Sobre esta base, la Comisión presentó una propuesta que planteaba una prórroga por un máximo de tres años -año por año- del sistema actual, para dar tiempo de buscar unas reglas generales que, evidentemente, no van a suponer ni para Austria ni para nadie el mantenimiento de un sistema de ecopuntos ni un sistema que se parezca a éste. Digo eso porque es obvio que no se trata ahora de buscar un sistema radicalmente distinto al sistema de ecopuntos, ya que va a tener un tiempo de vigencia limitado mínimo. Estamos buscando -insisto- un régimen transitorio para que Austria, que está en el sistema de ecopuntos, llegue, junto con los otros 14 países -24 dentro de unos meses-, a un sistema común y una mejor asunción de los costes externos de las distintas infraestructuras en toda la Unión Europea, sin hacer excepciones para nadie. Por lo tanto, es una excepción transitoria que debe basarse, en principio, en el sistema actual porque para dos o tres años no tendría demasiado sentido.
En la propuesta del Sr. Caveri hay puntos que van en la misma línea que el principio de acuerdo que planteó la Presidencia danesa el pasado 31 de diciembre. Ello supone un compromiso y me alegro de la coincidencia, por ejemplo, en la idea de prohibir el tráfico a los camiones más contaminantes; en la idea de liberar del sistema de ecopuntos a los camiones menos contaminantes; en prever una duración anual del sistema transitorio por un máximo de tres años. Sin embargo, hay disposiciones que creemos van a dificultar que la Comisión llegue a un acuerdo con el Consejo -lo digo muy claramente- y que plantearían más problemas que soluciones.
En ese sentido puede entenderse la reducción del ámbito de aplicación del sistema únicamente a los Alpes austríacos, donde de verdad se puede reclamar la mayor sensibilidad, porque en las demás zonas de Austria la sensibilidad -y tenían razón muchos de los oradores- es idéntica a la de otras zonas de Europa. Pero, aunque lo entiendo como principio, eso crearía enormes dificultades de gestión del proyecto. Por lo tanto, yo pediría que se mantuviera el área general de Austria. Es más, en el Consejo hemos debatido si excluir o no el paso del Hörbranz, el Lindau-St. Margarethen, cuyo tramo de carretera es inferior a 15 kilómetros, una zona muy corta. Incluso eso plantearía problemas. Por eso les pido que, por favor, no retengan esa parte.
Las disposiciones del sistema de contingentes, que varían en función de las categorías, también plantearían dificultades. Por otra parte, el número de ecopuntos que se ha fijado se refiere a los Estados miembros actuales, y aplicar ya hoy el sistema a los futuros países generaría aún muchas más complicaciones.
Esperemos que hayamos resuelto este problema de forma definitiva antes de que se incorporen plenamente.
Por otro lado, pido que no se insista en la reintroducción de la cláusula del 108%, porque no se puede mantener y representa algo que -les anuncio- el Consejo en ningún caso aceptaría y que la Comisión también rechazó. Además, en la propuesta no figuraba dicha cláusula.
Así pues, señor Presidente, Señorías, sí podemos aceptar seis enmiendas, una de ellas a una cuestión de fondo y, llegado el caso, a reserva de modificaciones en la redacción del texto, las enmiendas 1, 5, 11, 12 y primera frase de la 15 y de la 18.
Quiero decirles que la solución real sería que se construya el Brennero, que se construya el Lyon-Turín, que de verdad se imponga la intermodalidad. Ésas son las soluciones.
Tienen que considerar que lo que hay que buscar es un compromiso y que urge una solución. No tenemos muchos meses. Y que siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo digo para unos y para otros. Les pido que colaboren para que, entre todos, resolvamos este problema, que es muy sensible en uno de los países de la Unión. Debemos buscar una respuesta y conseguir un resultado que permita avanzar, mientras presentamos las propuestas que sirvan para establecer un sistema de tarificación de infraestructuras más racional en toda la Unión Europea.
Insisto, quiero felicitar al Sr. Caveri por el difícil trabajo que ha realizado intentando buscar una fórmula aceptable para todo el mundo y, en cualquier caso, lo que diga este Parlamento, evidentemente, la Comisión lo tendrá -como siempre- muy en cuenta e intentará construir también con estos elementos la base de un acuerdo aceptable para el Parlamento y para el Consejo.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0444/2002) del Sr. Izquierdo Collado en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad».

Izquierdo Collado (PSE)
. (ES) Señor Presidente, Señora Comisaria, el Libro Blanco del Transporte tiene fecha de 12 de septiembre de 2001 y pudiera parecer que hemos utilizado demasiado tiempo para analizar este importante informe que nos ha enviado la Comisión. Sin embargo, he de decir que lo hemos aprovechado, creo que a fondo, para debatir y aproximar posturas entre los distintos grupos de la Cámara. En estos momentos esas aproximaciones siguen produciéndose, y yo invito a que lleguemos a un consenso profundo para la votación de mañana. 
Hemos aprovechado este tiempo para informar y permitir la participación de los sectores. Estoy seguro de que la Comisión ha tenido muchos contactos con todos los sectores antes de elaborar el Libro Blanco, pero he de decir que el Parlamento no se ha quedado atrás y que prácticamente la totalidad de las asociaciones europeas que representan a los distintos modos de transporte han sido escuchadas en el Parlamento y que se han incorporado muchas de sus propuestas en el sentido y en la dirección en los que hemos estado trabajando.
Y esa dirección y ese sentido están marcados por un dato fundamental: Señora Comisaria, el Parlamento, en este caso, no se enfrenta a la Comisión. Por el contrario, está mostrando un talante y realizando un análisis positivo de la propuesta de la Comisión, de las propuestas del Libro Blanco, y consideramos que la inmensa mayoría de sus ofertas y análisis pueden ser perfectamente refrendados por este Parlamento.
De todas maneras, seguimos esa reflexión y aportamos algunas críticas constructivas y algunas propuestas concretas que creo deberán ser analizadas por la Comisión en su momento.
El transporte está pasando por un momento crucial y decisivo. Es verdad que en 1992, en el último Libro Blanco del Transporte, se propusieron unas metas que se han cumplido prácticamente en su totalidad. Diríamos que la liberalización del transporte era el objetivo estratégico y fundamental de aquel Libro Blanco: la incorporación de tecnologías, el abaratamiento del transporte, el aumento de la competitividad, objetivo cumplido, pero en esa batalla, hemos perdido la batalla de la sostenibilidad, y me alegro de que sea la Comisión la primera que incide y apunta claramente a la gravedad de este problema, y al hecho de que no podemos retrasar la toma de decisiones si queremos ser operativos.
El problema de la sostenibilidad en sentido amplio, medioambiental, por supuesto, con las gravísimas consecuencias que tiene la contaminación producida por el transporte, que convierte en agua de borrajas los ahorros que se están efectuando en el resto de la industria con el fin de adaptarnos a los compromisos de Kyoto, y con el impacto, no solamente en la naturaleza a nivel general, sino en la salud de los ciudadanos que, según algunos informes, alcanza prácticamente un nivel de gravedad similar al de la siniestralidad en el transporte.
Además del aspecto propiamente medioambiental, es preocupante la congestión. Teníamos un transporte operativo funcional, competitivo, y en este momento las arterias se van atrofiando, las ciudades se van colapsando, kilómetros de ferrocarril y de carretera, aproximaciones a aeropuertos, están mostrando una debilidad estructural de cara a la competitividad. Y la competitividad por tanto, está siendo profundamente dañada. No es el momento de dar cifras, me niego a ello, no tenemos tiempo, pero he de decir que también nos encaminamos en esa dirección.
La tarificación es una perla en bruto del Libro Blanco que hay que saber tallar a partir de este momento y que es fundamental. Hemos de fomentar los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, conectar sinérgicamente los distintos modos de transporte mediante la intermodalidad y las plataformas logísticas necesarias para efectuar el transporte con la mayor eficiencia. 
En el modo, cualificar a la carretera respetando y valorando su papel indispensable, liberalizar el ferrocarril, fortalecer el cabotaje de pequeña y mediana distancia, etc. 
La seguridad debe ser un valor no condicionado. Hay una propuesta de este Parlamento sobre la creación de una agencia europea de seguridad para la carretera -la única que falta, precisamente, en el Libro Blanco del Transporte- y espero que sea bien acogida, además de sobre otros problemas de seguridad en el mar, en el ferrocarril, etc.
Ha llegado el momento, Señora Comisaria, de que digamos con mucha claridad que la política de transporte en la Unión Europea no puede prescindir de una política presupuestaria consistente, y de ahí la propuesta del Parlamento sobre el fondo europeo del transporte que necesitamos y el instrumento financiero para el transporte.
Es verdad que en el Libro Blanco no está bien contemplada la asimetría europea, que los temas urbanos no han sido abordados por considerarse que son subsidiarios y que no son el objeto de la propuesta de la Comisión, que el transporte público no está todavía bien asumido -y le estamos pidiendo a la Comisión documentos complementarios- que la ampliación no está recogida de hecho en el Libro Blanco, pero si Europa quiere participar en el proceso de globalización y no esperar que otros hagan la globalización y, si quiere tener la máxima rentabilidad, debe tener el mejor transporte. Usted ha colaborado con el Libro Blanco en esa dirección, el Parlamento quiere seguir su senda.

de Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer el trabajo realizado por el Sr. Izquierdo Collado a lo largo de mucho tiempo. Creo que ha servido para poder desarrollar los debates, algunas veces apasionados, lo sé, a los que ha dado lugar el Libro Blanco.
Estamos hablando de dar impulso a una política de transportes, teniendo en cuenta elementos nuevos, como se ha dicho, de una manera más clara y nítida, como el aspecto de combinar crecimiento y desarrollo duradero, es decir, la incorporación de la calidad de vida y de la protección del medio ambiente como factores también esenciales a la hora de diseñar nuestras políticas.
En ese sentido, las casi sesenta medidas que se proponen de aquí a 2010 se orientan a reequilibrar los modos de transporte, lo cual no significa disminuir el transporte por carretera -digámoslo claramente- o por mar, que son los dos modos de transporte que se han mostrado más competitivos, sino sencillamente evitar que, de cara al futuro, siga disminuyendo la parte del transporte por ferrocarril o por vías navegables en el norte de Europa, que son formas de transporte absolutamente esenciales y que deben contribuir de manera esencial a absorber las nuevas demandas de transporte, lo mismo que el desarrollo del transporte marítimo.
Se trata por lo tanto, de reequilibrar los modos; de suprimir los puntos de estrangulamiento; de tener una política de transportes seguros -la seguridad es un punto esencial al servicio de los usuarios-, y también de hacer frente a la mundialización que vive hoy día gran parte de los modos de transporte, muy especialmente el aéreo y el marítimo.
El análisis que hemos presentado en el Libro Blanco ha sido objeto de un gran debate, también por parte de la industria y de los sectores más afectados. También por parte del Consejo. En ese sentido, gran parte de las medidas propuestas por el Libro Blanco ya han sido presentadas por la Comisión a este Parlamento y al Consejo. Algunas incluso han logrado avances importantes, como, por ejemplo Galileo, la adhesión a Eurocontrol, la creación de las agencias de seguridad marítima y aérea -y hablaré luego de seguridad vial, a la que se ha referido el Sr. Izquierdo Collado-, por ejemplo las iniciativas sobre el tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera o incluso el reciente acuerdo en el Consejo sobre el cielo único europeo y el programa Marco Polo.
En relación con el segundo paquete ferroviario, las negociaciones se encuentran en una fase muy avanzada, y este Parlamento tuvo una manifestación rotunda hace tan sólo un par de meses. Sin embargo, otras propuestas importantes están todavía en fase de preparación, como por ejemplo las redes transeuropeas. Como saben sus Señorías, a pesar de que este Parlamento se había pronunciado favorablemente sobre la reforma parcial que había propuesto la Comisión, el Consejo prefirió aplazarla y, sencillamente, proceder a una revisión más general. Bien. En ese sentido, espero que el Grupo van Miert, que contempla una revisión global de las redes transeuropeas de transportes teniendo en cuenta la ampliación, es decir, una Europa a veintisiete -porque incluye a los países con los que o bien se ha finalizado o bien se está muy avanzado en las negociaciones-, llegue a buen puerto antes de finalizar la Presidencia griega y, por lo tanto, se pueda presentar el documento durante la Presidencia italiana. Por lo tanto, que lo discuta también este Parlamento.
Quiero decir que estamos también en la fase final de lanzamiento del paquete de infraestructuras, que tendrá tres elementos fundamentales para el desarrollo de las infraestructuras: una metodología de tarificación -a la que se refería el Sr. Izquierdo Collado hace un momento y de la que hablábamos antes en la discusión sobre la cuestión de los ecopuntos en Austria- como paso previo a una directiva sobre tarificación que permita ver hasta dónde están dispuestos a ir en ese terreno el Consejo y este Parlamento y que acote bien las formas, los modos y los límites.
En segundo lugar, un sistema de incentivación de las asociaciones público-privadas en la realización de infraestructuras. Necesitamos incorporar el capital privado al desarrollo de nuevas infraestructuras para acelerar la puesta en marcha de esas nuevas infraestructuras en una Europa a veinticinco -y a veintisiete dentro de poco.
En tercer lugar, un sistema de telepeaje europeo que, además, irá acompañado de una compatibilidad, es decir, de una interoperabilidad de los sistemas prácticos, técnicos, que existen en los distintos países de la Unión Europea, teniendo, a medio plazo, como objetivo la uniformización, el establecimiento de un sistema único basado en los sistemas de control por satélite, es decir, en el sistema Galileo.
En lo que respecta a la seguridad vial, noto con satisfacción que sus Señorías comparten el objetivo que nos hemos fijado de reducir en un 50% el número de muertos por accidente de carretera para 2010. La Comisión acaba de adoptar una propuesta de Directiva sobre la seguridad de los túneles y en breve presentaremos un plan global de acción en materia de seguridad vial. En este ámbito se presentarán asimismo propuestas importantes en relación con el control de los transportes por carretera en la determinación de los puntos negros en las autopistas.
Espero que estas nuevas medidas contribuyan a lograr este objetivo y deberán complementarse con medidas establecidas en los niveles nacionales y locales, porque ahí hay un margen de subsidiariedad importantísimo.
En el ámbito de la seguridad marítima, Señorías, hemos discutido durante varios años, después del trágico accidente del Erika, y hemos vuelto a discutir hace bien poco después de la catástrofe del Prestige. Pero, Señorías, desde la Comisión podemos decir que hemos presentado un paquete coherente de medidas que refuerzan enormemente la seguridad marítima en la Unión Europea, que lo que hace falta es ponerlas en marcha y que las medidas que faltan serán presentadas en los próximos tiempos, algunas de ellas ya han sido presentadas, como, por ejemplo, el calendario de salida de los petroleros de casco único y su sustitución por petroleros de doble casco, la exigencia de petroleros más seguros y más modernos para el transporte de los hidrocarburos más contaminantes y que en breve presentaremos cuestiones como la responsabilidad penal en casos de negligencia grave. Hay que insistir en el tope máximo de los fondos de indemnización en caso de contaminación o en las propuestas para impulsar con los Estados de la Unión modificaciones en el ámbito del Derecho marítimo internacional, que está basado en principios totalmente obsoletos propios del siglo XIX y no del XXI.
En cuanto al transporte aéreo, en 2003 centraremos nuestra acción en las relaciones exteriores, entre otras cosas en los mandatos para la renegociación de los acuerdos de cielos abiertos, que es una cuestión absolutamente urgente, comenzando con los acuerdos con los Estados Unidos.
Señorías, he visto las propuestas que plantea el ponente, en grandes líneas, aunque luego me pronunciaré con más concreción sobre distintos puntos. Creo que participamos del mismo espíritu. Espero que la aprobación por parte de este Parlamento, con las enmiendas que considere oportuno en un informe sobre el Libro Blanco, facilite que las medidas que se están discutiendo aceleren su paso, tanto en el Parlamento como en el Consejo, y las que todavía tienen que venir nos clarifiquen las posibilidades, los márgenes, los límites y, sobre todo, permitan que se acelere su discusión con este Parlamento dentro de este mismo mandato.

Isler Béguin (Verts/ALE)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema que debatimos hoy no es un simple informe sobre el transporte del futuro. De hecho, es un debate sobre las últimas vías de escape tras una generación de producción y movilidad que se ha autoconsumido por completo.
Quién se atrevería a hablar ya de catastrofismo o de agoreros y charlatanes ecologistas ante el estado medioambiental de nuestro planeta, a la vista de los estudios de la OMS que cifran el número de muertes causadas por las emisiones de los coches en 800 000 anuales.
Por tanto, lo único que podemos hacer es poner freno a los fenómenos actuales de crisis medioambiental. Lo que era urgente en la Unión de los Quince, ahora se convierte en un imperativo para la Unión de los Veinticinco, y cualquier política de transporte que no incluya el aspecto del desarrollo sostenible será completamente ineficaz.
Las amenazas a nuestro estilo de vida nos obligan a provocar una auténtica revolución en la cultura del transporte. Sin duda nos hemos dado cuenta bastante tarde, pero ahora por fin somos capaces de disociar los incrementos del volumen de transporte del crecimiento económico.
Lejos de las anteriores tradiciones, este nuevo enfoque del transporte debería tener en cuenta las necesidades medioambientales sobre todo en sus estudios, situar al ciudadano usuario en el centro de sus definiciones y mantener un estrecho contacto con las ONG en todas sus deliberaciones. La creciente urbanización debe ir de la mano de la mejora del transporte público. Para cada nuevo proyecto hay que dar prioridad a las posibilidades de conexión intermodal entre redes que ya existen o están proyectadas. Es más, no debemos poner trabas a este nuevo acuerdo sobre el transporte en 2010 con impedimentos financieros. Hay que llevar a cabo un ambicioso programa comunitario de investigación y desarrollo para contrarrestar la contaminación acústica y las emisiones nocivas provocadas por el sector del transporte y alcanzar los objetivos del protocolo de Kyoto.
En su informe, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha planteado la cuestión de la repercusión de estos tipos de contaminación en la salud humana. Las alarmas suenan por todas partes, pero no hay razón para que nos limitemos a anunciar que el desastre acecha y no puede evitarse. Hemos pasado de la toma de conciencia a la advertencia. Ahora debemos actuar.
Lejos de darnos por vencidos, señora Comisaria, ante el desastre ecológico que se nos viene encima, la Unión debe cambiar de rumbo en materia de transporte y exigir que todos los acuerdos y programas, que los hay en abundancia, cumplan los criterios medioambientales. Y si no procedemos de este modo, nos daremos un buen batacazo, con pleno conocimiento de causa.
El Presidente.
Señorías, el debate queda suspendido. Se reanudará a las 21.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión relativa a la adaptación de las perspectivas financieras en función de la ampliación.
La Comisaria Schreyer tiene la palabra.

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, la Cumbre de Copenhague fue todo un triunfo, un éxito tanto para los nuevos Estados miembros como para la Unión Europea, un éxito para todos los que han trabajado durante tantos años para que se produzca esta ampliación que incorpora a los nuevos Estados miembros, los países candidatos de Europa del Este, Malta y Chipre. También ha permitido concluir negociaciones sobre el paquete financiero, que todavía no está del todo ultimado.
Con efecto a partir de su adhesión, en mayo de 2004, los nuevos Estados miembros podrán participar en todos los programas de apoyo financiados con cargo al presupuesto europeo. La participación en las medidas de mercado facilitará la promoción de la agricultura. Los agricultores recibirán ayudas directas en forma de subvenciones, ayudas que serán especialmente importantes para los agricultores que poseen explotaciones pequeñas.
Se destinarán 6 700 millones de euros de los recursos de los Fondos Estructurales a financiar proyectos en los ámbitos del empleo, infraestructuras, normas medioambientales más estrictas y mejora de las rutas de transporte. Los nuevos Estados miembros participarán en mayor medida en los programas de investigación y de cualquier otro ámbito: programas de promoción de la energía y el medio ambiente, intercambios de estudiantes y el programa de juventud.
Además, habrá cada vez más personal procedente de los nuevos Estados miembros trabajando para la Unión Europea en Bruselas y en Luxemburgo. También se va a definir un nuevo programa, un programa completamente nuevo: el llamado instrumento de Schengen, con el que se pretende cofinanciar los controles en las fronteras exteriores.
Habrá que adaptar la planificación financiera con el fin de dejar bien atados estos capítulos de gasto en el presupuesto. Las negociaciones de Copenhague han desembocado en un compromiso equilibrado entre diferentes intereses. El marco financiero previsto para la ampliación se mantendrá en el marco definido en 1999 por el Acuerdo Interinstitucional para el período 2000-2006. Hoy, la Comisión ha adoptado una propuesta para la adaptación de las perspectivas financieras. En dicha propuesta, los resultados de las negociaciones de Copenhague se han asignado a las distintas rúbricas. Al mismo tiempo, las perspectivas financieras se han ajustado a los precios corrientes de 2004.
La propuesta de la Comisión relativa a la ampliación declara que los recursos destinados a agricultura y Fondos Estructurales, a las políticas interiores y a la administración, expresados a precios corrientes, suponen en total un incremento de los créditos para compromisos de 45 000 millones de euros, un incremento que se mantiene dentro del marco de Berlín. Dicho de otro modo, los límites superiores se reducen 1 700 millones de euros en comparación con los límites superiores hipotéticos del Acuerdo Interinstitucional para el período que finaliza en 2006.
En el centro de todo esto, Señorías, se sitúa la propuesta de la Comisión relativa a la categoría de ayuda de preadhesión, la categoría 7. Proponemos que se mantenga intacta. En el futuro, la ayuda de preadhesión para Bulgaria y Rumania se pagará con cargo a este capítulo, y proponemos que estos paquetes de ayuda se incrementen, con respecto a los importes de 2003, a razón del 20%, del 30% y luego, en 2006, del 40%, alcanzando ese año un techo absoluto de 1 400 millones de euros. Creo que la concesión de estas importantes ayudas a ambos Estados nos permitirá trabajar intensamente para ayudarles a alcanzar el objetivo de convertirse en Estados miembros de la Unión Europea en 2007.
La Comisión y el Consejo también proponen que la ayuda de preadhesión destinada a Turquía, financiada hasta ahora con cargo al presupuesto de asuntos exteriores, debería ser financiada en el futuro con cargo a la categoría 7. Pronto presentaremos una propuesta para aumentar de forma considerable la ayuda concedida a Turquía. Creo que el interés común de la Unión Europea exige que los esfuerzos de reforma estén sólidamente respaldados por los recursos de la ayuda de preadhesión.
Hay que crear una nueva categoría en las perspectivas financieras para introducir la ayuda financiera libre, las denominadas transferencias a tanto alzado aprobadas en Copenhague, en los futuros presupuestos. Proponemos que esta categoría debería ser similar en todos los aspectos a la adaptación de las perspectivas financieras que se efectuó con motivo de la última ampliación de la UE a raíz de la adhesión de Finlandia, Suecia y Austria, momento en el que también se aprobaron los pagos a tanto alzado, que exigieron la introducción de una nueva categoría en las perspectivas financieras de entonces.
En la Comisión hemos tomado la siguiente decisión con respecto a Chipre: puesto que los cuadros de la ampliación aprobados en el Consejo Europeo de Copenhague todavía no incluyen recursos factibles -en forma de ayuda financiera- para Chipre del Norte, la Comisión presenta ahora dos cuadros, uno para la adaptación de las perspectivas financieras en las que se incluye a Chipre del Norte y otro en donde no se incluye. Esto significa en términos concretos que, en caso de encontrar una solución política para Chipre del Norte, no habrá que comenzar de nuevo todo el proceso, sino que el cuadro adaptado podrá ser válido de inmediato si añadimos los 273 000 millones de euros previstos de más al cuadro en donde no se contempla a Chipre del Norte. En primer lugar, creo que esta manera de hacer las cosas emite la señal política correcta y, en segundo lugar, creo por supuesto, que es la opción más simple desde el punto de vista del procedimiento.
En el futuro, el presupuesto para los 25 Estados miembros de la Unión Europea dejará de hacer distinciones entre Estados antiguos y nuevos. El próximo presupuesto, para 2004, de conformidad con la propuesta, asciende como máximo a un 1,12% de la renta nacional bruta -equivalente a 115 000 millones de euros- en concepto de créditos para compromisos y a un 1,08% -es decir, 111 000 millones de euros- en concepto de créditos para pagos. De conformidad con el punto 25 del Acuerdo Interinstitucional de 1999, ahora se procederá al debate a la tramitación de la propuesta de la Comisión en el Parlamento y el Consejo, ya que el Acuerdo Interinstitucional estipula claramente que la adaptación de las perspectivas financieras en el curso de cualquier ampliación requiere una resolución común del Parlamento y del Consejo Europeo.
El próximo diálogo a tres bandas tendrá que celebrarse el próximo jueves, que es cuando tendremos la primera oportunidad de realizar la labor interinstitucional sobre la base de la propuesta de la Comisión, para poder elaborar a tiempo el marco del primer presupuesto para una Unión Europea de 25 Estados miembros.

El Presidente.
Gracias, Comisaria Schreyer.
De conformidad con el artículo 38, los diputados presentes tendrán a continuación la oportunidad de presentar sus preguntas de forma breve y precisa. Seguiremos para ello el llamado procedimiento de solicitud incidental de intervención, que siempre es un riesgo cuando el Presidente es miope, pero debería funcionar puesto que están presentes la mayoría los habituales.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los efectos financieros son, por supuesto, considerables y por eso me interesaría saber hasta qué punto se ha tenido en cuenta el Proceso de Lisboa -que muestra los puntos débiles y los puntos fuertes de cada país- en la planificación, si eso se va a ver reflejado en líneas presupuestarias específicas y qué estrategias prevén ustedes al respecto.

Schreyer
Señor Rübig, la adaptación de las perspectivas financieras significa que por supuesto empezamos por adaptar los recursos asignados a los nuevos Estados miembros a las categorías contempladas. Dicho esto, su pregunta se refiere a la categoría 3 de las perspectivas financieras, la de las políticas interiores, en donde se incluyen muchos programas individuales en apoyo del Proceso de Lisboa. De conformidad con la resolución de Copenhague y la propuesta de la Comisión, el incremento destinado a políticas interiores aumentará en 2004 hasta un total de 1 600 millones de euros, luego a 1 500 millones de euros, después de nuevo a 1 500 millones de euros, siempre a precios corrientes. De estas cantidades se asignarán aproximadamente 1 000 millones de euros al año a los ámbitos tradicionales de política interior, es decir, a los programas de la categoría 3, y dichos recursos se dividirán a su vez entre los programas individuales en el procedimiento presupuestario de 2004. Entonces, en función de los procedimientos, algunos de lo cuales implicarán la codecisión, se elaborará una resolución común sobre la ampliación del marco financiero en los programas individuales.

Colom i Naval (PSE).
Señor Presidente, éste es un debate casi para iniciados y estamos utilizando el duodécimo lenguaje de la Comunidad, el presupuesto. Señora Comisaria, las cifras de Copenhague son cifras, a mi entender, de presupuesto, mientras que lo que estamos discutiendo ahora, en su presentación, son cifras de perspectivas financieras. Es decir, las perspectivas financieras -las rúbricas- pueden ser superiores a los importes presupuestarios aprobados en Copenhague. ¿Es esto correcto? ¿Es en ese sentido en el que se va a pronunciar la Comisión, tomar como mínimo las cifras de Copenhague, pero cubrirlas, en previsión de posibles necesidades superiores a las estimaciones del Consejo?

Schreyer
Señor Presidente, señor Colom i Naval, las negociaciones en Copenhague se desarrollaron de forma que se obtuvieran las cantidades máximas para la ampliación; de hecho, la resolución de Copenhague emplea la expresión «importes máximos». En los tratados de adhesión se vuelve a especificar que son las cantidades máximas para la adaptación de las perspectivas financieras.

Wynn (PSE)
Señor Presidente, siguiendo con ese tema, las cifras que se nos han facilitado -las cifras de Copenhague- son más bajas que las cifras que se facilitaron después. Por lo tanto, las cifras de Copenhague no podían ser cifras máximas, puesto que las cifras que hemos visto después son más altas.
Quisiera oír la opinión del Comisario sobre lo que ocurrirá si el Consejo incorpora las cifras de Copenhague a los tratados de adhesión. Como saben ustedes, esto lo discutiremos la semana que viene con la Presidencia en Atenas. Pero este Parlamento se enfrenta al dilema de que el Consejo pueda incluir estas cifras para asegurarse de que votamos a favor de los tratados de adhesión. Si ese es el caso, ¿qué pasará con el artículo 25 del Acuerdo Interinstitucional y qué papel desempeñará el Parlamento en la renegociación o reevaluación de las perspectivas financieras? Si el Consejo actúa de esa manera, ¿cómo evaluaría el Comisario el valor de las perspectivas financieras?

Schreyer
Señor Presidente, la respuesta a la primera pregunta del Sr. Wynn, referida a la comparación entre las cifras incorporadas en las resoluciones de Copenhague y las presentadas en el cuadro de la propuesta de la Comisión, es que hay que destacar el hecho de que todas las negociaciones en Copenhague se han desarrollado sobre la base de los precios de 1999, como si nos guiáramos por las resoluciones de Berlín, basadas en esos precios. Ahora, la Comisión también ha decidido al mismo tiempo la adaptación de las perspectivas financieras a precios de 2004, por lo que aparece una diferencia. Permítanme señalar que hemos incluido a Chipre en uno de los cuadros.
En cuanto a su segunda pregunta, me gustaría decir a modo de respuesta que el Acuerdo Interinstitucional de 1999 fue un acuerdo entre las tres instituciones, por lo que el Consejo también tiene que cumplirlo.

Böge (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, si se refieren a que el método de cálculo es quizás defectuoso, la categoría 3 en especial nos permite saber si la revisión, que sin lugar a dudas se ha llevado a cabo aplicando ciertos métodos de estimación de las distintas categorías, podría haber hecho peligrar los acuerdos en torno a los programas plurianuales establecidos por codecisión, por lo que, en el caso de que se aprobaran algunos gastos en los programas plurianuales, estos métodos de estimación podrían tener un efecto perjudicial en las decisiones tomadas con anterioridad en consulta con el Parlamento. Antes de que se incorporen estas cifras a los actos, hay que seguir por tanto el razonamiento que subyace a la cuestión de hasta qué punto es necesario ir mucho más allá en el examen detallado de estas cuestiones.
La respuesta a la pregunta del Sr. Colom i Naval me lleva a plantear una segunda pregunta. De hecho, ¿en qué punto se sitúa la Comisión? Después de todo, está perfectamente claro que los cuadros y las cifras de Copenhague deben considerarse un mínimo que ha garantizarse tan sólo mientras exista una política basada en el artículo 25 del Acuerdo Interinstitucional. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a la Comisión que haga todo lo posible por evitar que el Consejo intente introducir precedentes por la puerta trasea, lo cual causaría daños duraderos en la estructura institucional en materia de derecho presupuestario. El procedimiento que se seguirá en las siguientes semanas establece que la Comisión también debe decidir de qué lado está.

Schreyer
. (DE) Señor Böge, no logro entender muy bien lo que quiere decir por métodos de cálculo defectuosos. En Copenhague hubo largas negociaciones más que cálculos, en las que se presentaron las cifras para los ámbitos de política interior tal como se ha hecho en otros ámbitos, especificando las cantidades asignadas. Permítanme repetir que habrá nuevos programas en los ámbitos de política interior, entre los que se encuentra, por ejemplo, el instrumento de Schengen. Ninguno de los programas que hemos tenido en la UE de los 15 se puede comparar con éste. Incluso el programa dedicado exclusivamente a apoyar el desmantelamiento de las centrales nucleares es nuevo. En el futuro, todos los Estados miembros podrán participar, desde luego, en los programas existentes -como ya hacen algunos de ellos-, y se han asignado unos 1 000 millones de euros al año a la adaptación de dichos programas.
En cuanto a su pregunta sobre qué se va a hacer en el caso de que tengamos las resoluciones de Copenhague por un lado, los tratados de adhesión por otro y además, por supuesto, el Acuerdo Interinstitucional, que hace hincapié en la necesidad de una decisión común sobre la adaptación de las perspectivas financieras, la Comisión se ha dedicado constantemente a señalar este punto al Consejo. Esto se especifica también en las resoluciones de Copenhague. En esa época, el Consejo Europeo estableció que la Comisión, en su propuesta, debía tener en cuenta el cuadro que resume los resultados de las negociaciones.
Ahora sabemos que los resultados de las negociaciones no se consiguieron con facilidad. También los países candidatos entablaron minuciosas negociaciones no sólo con respecto a las cantidades a gastar, sino también a la estructura deseable del gasto. Creo que esto es algo que debemos respetar. Por esta razón, por ejemplo, la Comisión asumió estas propuestas y resultados de las negociaciones en lo que respecta al importe de los Fondos Estructurales en comparación con las transferencias a tanto alzado. Creo que es muy importante y muy positivo que tengamos la oportunidad de reunirnos con el Consejo la semana que viene y discutir sobre el modo de avanzar en la materia.

Walter (PSE).
Señora Comisaria, en este punto me gustaría añadir algo, ya que el hecho es que, cuando llegue el momento de votar los tratados de adhesión, este Parlamento dispondrá de un procedimiento de aprobación que sólo nos permitirá decir sí o no. Estos tratados de adhesión son, por supuesto, vinculantes en derecho internacional y también estipulan sumas de dinero que si las hubiéramos planteado juntos y las hubiéramos sometido a las condiciones previstas en las perspectivas financieras, habrían sido votadas por el procedimiento ordinario de codecisión, con lo que podríamos haber influido de alguna manera en las negociaciones. Si ahora se asume que las cifras de Copenhague se van a incorporar a los tratados y van a establecerse de forma definitiva por medio de un procedimiento de aprobación que tendrá lugar muy pronto, ¿existe, tal como ha dicho, la posibilidad de facto de influir en las perspectivas financieras mediante un procedimiento de codecisión que implicara a las partes interesadas de la autoridad presupuestaria, o estamos condenados irremediablemente a una situación de «lo toma o lo deja»? Eso sin olvidar que este hecho iría en contra del pensamiento general que subyace tras el modus operandi concebido ya en 1999.
Y en cuanto a mi segunda pregunta, usted ha anunciado su intención de crear una categoría de ayuda de preadhesión que en el futuro incluirá a Bulgaria y Rumania y que esta ayuda se incrementará. En los últimos diez años, Bulgaria y Rumania han pasado por un proceso bastante específico en el que han cubierto una serie de aspectos individuales como la aplicación del acervo comunitario, entre otras cosas por el estilo. Ha dicho que ha propuesto que se incluya a otro Estado en esta categoría de ayuda de preadhesión, a saber, Turquía, que hasta la fecha no goza de un estatuto similar al de Bulgaria y Rumania; tampoco están las negociaciones con Turquía tan avanzadas como las de los otros dos Estados. ¿Está situando usted a estos tres países en el mismo nivel? ¿Acaso propone la Comisión que concedamos a Turquía el mismo estatuto que tienen Bulgaria y Rumania? ¿Qué argumentos puede aportar para justificar este enfoque, que implica una evaluación que va más lejos que la anterior? Si hablamos de ayuda de preadhesión -y en el pasado hemos escuchado distintas cosas de diversas fuentes, como que el Presidente Prodi es partidario de que Croacia y otros países balcánicos accedan a la categoría de países candidatos-, ¿ya se han incluido estos países en la categoría 7 que ahora propone? y si no, ¿cuáles serán las relaciones con ellos en los próximos años?

Schreyer
Señor Presidente, el Acuerdo Interinstitucional de 1999 también estableció el nivel máximo hasta el que podría incrementarse el marco financiero en caso de ampliación y, en esta medida, equivalía a una limitación. También fue la limitación dentro de la que se elaboró la propuesta de la Comisión y se mantuvieron las negociaciones con los países candidatos.
No obstante, me gustaría volver a hacer hincapié en el hecho de que la cuestión judicial tiene una importancia crucial con respecto al significado de la aprobación de los tratados de adhesión y sus cifras, en contraste con las negociaciones sobre el Acuerdo Interinstitucional. Todos nosotros tendremos que prestar especial atención a este aspecto en el diálogo a tres bandas que tendrá lugar la semana que viene.
Lo que hay que decir sobre Turquía es que el Consejo también ha aprobado este mismo año la propuesta de incluir a Turquía en la categoría 7 y que, por lo tanto, tendrá derecho a recibir las ayudas de preadhesión. Disponemos de una especie de estrategia de preadhesión con respecto a Turquía y el fundamento legal que ampara el pago de la ayuda de la categoría 4 -otro debate muy «interno»-, incluye precisamente esta expresión, por lo que no se exige ningún fundamento legal nuevo para trasladar a Turquía, desde el punto de vista financiero, de la categoría 4 a la categoría 7.
Sobre la pregunta de los Balcanes, he de decir lo siguiente: tal como hemos podido comprobar este año en muchos informes de prensa, Croacia ha decidido solicitar la adhesión a la UE. Ahora corresponde al Consejo considerar lo que debe ocurrir a continuación; probablemente pida a la Comisión que examine la cuestión, y la Comisión aceptará, por supuesto. De momento, a nosotros no nos corresponde considerar si otro Estado debe o no incluirse en la categoría 7.
De todos modos, me gustaría señalar de nuevo que la Comisión propone mantener intacta la categoría 7 y que la adaptación del programa financiero en función de la ampliación se realice en las categorías 1 y 2, que abarcan la agricultura, los Fondos Estructurales, las políticas interiores y la administración.

El Presidente.
Gracias, Comisaria Schreyer. Le ruego que por favor responda a la vez a las preguntas de los dos oradores siguientes.

Garriga Polledo (PPE-DE).
Señor Presidente, en Copenhague se han negociado las categorías 1 y 2 y realmente, las políticas interiores y exteriores más bien se han calculado. ¿Significa esto, después de las explicaciones que usted ha dado, que se podrían considerar los importes de estas categorías 3 y 4 como indicativos y fijos los importes de las categorías 1 y 2?

Mulder (ELDR).
En primer lugar, me gustaría decir que yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Walters. Por supuesto, no parece muy lógico que el Consejo Europeo de Copenhague diga que la evaluación tendrá lugar en 2004, tanto si Turquía puede llegar a ser miembro como si no, y tanto si comienzan las negociaciones como si no, mientras que al mismo tiempo afirmamos que Turquía puede incluirse en la categoría 7 o categoría de preadhesión.
Tengo una pregunta sobre la rúbrica 6 de las perspectivas financieras. Si no he comprendido mal, usted no se ha pronunciado al respecto. ¿Se han planteado la Comisión y el Consejo alguna vez ampliar en los nuevos Estados miembros la reserva de garantía en relación con el aumento de las actividades del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Londres? Mi segunda pregunta es la siguiente: siempre ha habido una reserva monetaria, que tenía que ver con la PAC, y en especial con los países que no eran miembros de la zona euro. Pronto se nos van a unir diez países, ninguno de los cuales entrará en la zona euro. ¿Es que ahora ya no es necesaria la reserva monetaria? Y ¿cuáles son las razones de ello?

Schreyer
Señor Presidente, en primer lugar contestaré a la pregunta del Sr. Garriga Polledo sobre la categoría 4. Como ya saben, la categoría 4 no estaba prevista en la agenda de Copenhague, y en lo que se refiere a la categoría 3, había una propuesta de la Comisión sobre el marco, tal como estipula el Acuerdo Interinstitucional, y había las negociaciones en torno a los programas específicos que se proponen ahora. Como ya he dicho, incluyen el instrumento de Schengen y el programa -que considero sumamente importante- destinado a prestar más ayuda a la creación de administraciones eficaces, así como el programa de desmantelamiento de centrales nucleares.
Volviendo ahora a la pregunta del Sr. Mulder sobre la reserva monetaria, en 1999 se adoptó una decisión -que también se recoge en el Acuerdo Interinstitucional- por la cual se abolía la reserva monetaria, y ésta es la razón por la que hoy en día ya no existe. En cuanto al Fondo de Garantía, el caso es que el Fondo de Garantía también tiene que utilizarse para garantizar préstamos a los países candidatos a la adhesión y, por ejemplo, varios programas del BEI. Una vez que los países de adhesión sean Estados miembros, no será necesario disponer las garantías correspondientes en el presupuesto. En otras palabras, tras la ampliación, el Fondo de Garantía tendrá más margen para apoyar créditos a terceros países.

El Presidente.
Gracias, Comisaria Schreyer.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0010/2003). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Primera parte
El Presidente.
Pregunta nº 36 formulada por Didier Rod (H-0050/03):

Asunto: Consecuencias de la publicidad sobre el tabaco para la política comunitaria de competencia
De las declaraciones efectuadas ante la prensa por los representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se desprende que esta Federación amenaza con no volver a permitir que se celebren más carreras de Fórmula 1 en los circuitos automovilísticos de los Estados miembros de la Unión Europea a causa de la nueva directiva europea referente a la publicidad sobre el tabaco que los Estados miembros han de transponer en 2005. ¿Qué consecuencias puede sacar de ello la Comisión en el ámbito del derecho de la competencia, teniendo en cuenta particularmente los acuerdos concluidos entre ella misma y la FIA?
¿Cuál es la postura de la Comisión en términos de derecho de la competencia sobre el hecho de que la FIA haya dejado a las escuderías en libertad para tomar la decisión de correr o negarse a correr en un circuito de un Estado miembro a causa de una ley que prohíbe la publicidad sobre el tabaco durante las manifestaciones deportivas, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de las posturas del Consejo, de la Comisión y del Parlamento en materia de deporte?

Monti
El Sr. Rod ha planteado una de las cuestiones más complejas en el ámbito de las carreras de coches: la elección de los circuitos de Fórmula 1 y la fijación del calendario del Gran Premio. De acuerdo con la información de que disponemos en estos momentos, fue el propio Sr. Ecclestone, quien representa a la organización responsable de promocionar el campeonato de Fórmula 1, quien declaró públicamente que la prohibición del patrocinio por parte de la industria tabacalera en la Unión Europea, que entrará en vigor antes de 2006, podría provocar que las carreras de Fórmula 1 se celebraran fuera de la Unión.
En lo que concierne a la Federación Internacional de Automovilismo, el Sr. Rod conocerá sin duda la declaración de la FIA sobre el patrocinio de las carreras automovilísticas por parte de la industria tabacalera y el acuerdo internacional que prevé una prohibición efectiva en 2006. La FIA explica cómo pueden organizarse carreras de Fórmula 1 en Francia y en el Reino Unido, aunque estos dos países hayan prohibido el patrocinio por parte de la industria tabacalera. Además, la Comisión ha recibido una declaración en la que se anuncia la exclusión del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps a partir del calendario de campeonato de 2003, porque, según parece, la ley belga que prohíbe la publicidad y el patrocinio de productos del tabaco entrará en vigor en el transcurso del presente año. Según la declaración del Sr. Ecclestone, el Gran Premio de Austria en Spielberg correría la misma suerte a partir de 2004, fecha de entrada en vigor de una prohibición similar en Austria.
En lo referente a la ley de competiciones, es importante que todas las partes implicadas en el complejo proceso de fijación del calendario de campeonato de Fórmula 1 se atengan a sus tareas y responsabilidades. Se diría que la decisión de organizar unas carreras de Fórmula 1 en un país en lugar de otro es más una cuestión de intereses económicos que de criterios legales aplicables a las carreras de coches. Se seguirá aplicando el sistema desarrollado por los diversos países implicados en las carreras de Fórmula 1 a través de los acuerdos presentados a la Comisión. En lo que respecta al caso concreto de Spa-Francorchamps, la Comisión está averiguando si se han respetado las leyes comunitarias en materia de competencia.
La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aproximación de las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de los Estados miembros en relación con la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco, que, en diciembre de 2002, fue objeto de un acuerdo político del Consejo, prevé la prohibición, a partir del 31 de julio de 2005, del patrocinio de los acontecimientos que impliquen o que tengan lugar en más de un Estado miembro o que tengan efectos transfronterizos, incluida, por supuesto, la Fórmula 1. La Directiva tiene en cuenta el hecho de que las leyes de los diferentes Estados miembros sobre patrocinio vinculado a la promoción de los productos del tabaco difieren entre sí, y ello podría provocar una distorsión de la competencia. La Directiva pretende eliminar estos problemas y aproximar las normativas en esta materia.

Rod (Verts/ALE).
Gracias, señor Comisario, por su respuesta muy clara a esta pregunta. Hemos planteado esta pregunta, que consideramos importante, porque, aunque hoy tenga que ver con el circuito de Spa-Francorchamps, por supuesto también repercutirá en otros afectados por esta Directiva sobre el tabaco. Por cierto, personalmente estamos firmemente a favor de la Directiva que prohíbe la publicidad del tabaco. Creemos que es muy importante que los problemas de salud primen sobre los problemas que plantea la prohibición de la publicidad del tabaco, y estamos muy preocupados por la posición de la Federación Internacional de Automovilismo a este respecto. Como ha recalcado usted, y como ya se ha debatido con el Comisario Byrne, este último está examinando la posibilidad de ampliar la prohibición de la publicidad del tabaco a escala internacional, es decir, trabajando con la OMS sobre esta cuestión.
Por supuesto, las medidas que han tomado actualmente las federaciones automovilísticas son sumamente preocupantes para quienes intentan limitar el fomento del tabaco, que como todos sabemos es muy perjudicial para la salud. Además, las medidas de las federaciones automovilísticas provocarán distorsiones en materia de empleo, y, en concreto, en el ámbito del deporte, algo que también será sumamente perjudicial.

Monti
Quiero dar las gracias al Sr. Rod por sus amables comentarios, a los que no creo que deba responder nada más.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la decisión de prohibir en principio la publicidad de un producto que se comercializa legalmente suscita la pregunta de qué pasará en el futuro en la legislación sobre la competencia. Si en el futuro se decide prohibir la publicidad de los dulces, los coches y otras categorías de productos, nos enfrentaremos a un problema en relación con la propia economía de mercado. Aunque estos productos son legales, no está permitido anunciarlos. ¿Qué efecto cree usted que tendrá en otros sectores -por ejemplo, el alcohol- que también contribuyen sustancialmente a financiar las carreras de coches, por ejemplo?

Monti
Se trata de una pregunta muy interesante, a la que daré una respuesta que sólo puede ser breve y general. Lo que debería hacer la Comisión en relación con la política de competencia, caso por caso y en la situación que ha imaginado usted, señor Rübig, es ver si ha habido violaciones específicas de las reglas de competencia. Por ello no es posible dar una respuesta general; lo haríamos, si fuera necesario, si surgieran circunstancias específicas.

El Presidente.
Pregunta nº 37 formulada por Anna Karamanou (H-0031/03):

Asunto: Prohibición de abandonar los Emiratos Árabes Unidos a una víctima de abusos sexuales
Según datos de la prensa francesa, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos impusieron el 15 de octubre de 2002 a la Sra. Touria Tiouli, ciudadana francesa, la prohibición de abandonar el país. Las autoridades de los Emiratos le notificaron la acusación de mantener relaciones sexuales extraconyugales, que se castiga con pena de prisión de al menos 6 meses, después de que la propia Sra. Tiouli hubiera denunciado ante las autoridades policiales del país que había sido víctima de abusos sexuales por parte de tres ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos.
¿Se propone la Comisión ejercer presión sobre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en paralelo a las gestiones que ha emprendido el Gobierno francés, con el fin de que se deje en libertad a la mujer encarcelada y se castigue a sus violadores, recordando que la protección de los derechos de la mujer y en especial la lucha contra la violencia sexual constituyen un valor fundamental de la Unión Europea?

Patten
Quiero dejar muy claro que la Comisión comparte la indignación de Su Señoría acerca de las circunstancias que rodean la detención de la Sra. Touria Tiouli. La Sra. Tiouli es una ciudadana francesa de origen marroquí que está retenida contra su voluntad en Dubai desde el 15 de octubre de 2002. Yo también he leído la prensa y puedo entender muy bien el motivo por el que Su Señoría ha planteado esta cuestión.
La Comisión está siguiendo el desarrollo de los acontecimientos muy de cerca. Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro cuya ciudadana está afectada dar todos los pasos necesarios para amparar a esa ciudadana. Por lo que sabe la Comisión, el Gobierno francés está haciendo todo lo posible por poner fin a esta lamentable situación. La Comisión está dispuesta a prestar su apoyo en caso de que las autoridades francesas lo consideren necesario y oportuno. Puedo asegurar a Su Señoría que estamos reaccionando del modo que dicta la situación, y que seguiremos atentos a esta cuestión.

Karamanou (PSE).
Señor Comisario, en parte estoy satisfecha con su respuesta, pero esperaba que la Comisión usara su autoridad para ejercer más presión sobre los Emiratos Árabes Unidos La buena noticia es que el tribunal de los Emiratos ha absuelto a la Sra. Tiouli de las acusaciones formuladas contra ella por sus violadores, pero sus problemas no han acabado porque sigue teniendo que esperar quince días a partir de la fecha del fallo. El fallo fue devuelto el 26 de enero; si no me equivoco, hace de esto quince días, y estamos esperando a ver si se le devolverán el pasaporte para que pueda abandonar el país.
Quiero preguntarle, señor Comisario, si tiene usted intención de colaborar con el Gobierno francés y con la Embajada francesa en los Emiratos Árabes Unidos, y hacer uso de la autoridad y los poderes de que dispone como Comisario de la Unión Europea para poner fin a la pesadilla por la que está pasando esta mujer francesa.

Patten
Le puedo asegurar a Su Señoría que de ninguna manera disminuye nuestra preocupación por este caso que yo describa una vez más la situación en la que nos encontramos.
Es competencia del Gobierno francés decidir cómo manejar una cuestión de este tipo. Nosotros estamos dispuestos a tomar cualquier medida en el marco de la Unión Europea en caso de que el Gobierno francés lo estime oportuno. Por lo tanto, seguiremos atentos a este caso, y si el Gobierno francés decide en algún momento que es conveniente que intervengamos, estamos dispuestos a hacerlo.

El Presidente.
Señor Comisario y estimados colegas, el siguiente interpelante y el siguiente Comisario no están ahora en la sala por lo cual voy parar el reloj durante 3 o 4 minutos para que luego pueda seguir su curso el turno de preguntas.

El Presidente.
Pregunta nº 38 formulada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0054/03):

Asunto: Programa MEDA y mujeres
En el marco de la financiación comunitaria de los programas regionales MEDA y al hilo de las conclusiones del Foro Regional celebrado en Bruselas el 14 de julio de 2001, durante la Presidencia belga, sobre el papel de la mujer en el desarrollo económico, la Comisión fue invitada a preparar el primer programa regional para la participación de las mujeres en la vida económica y social y el desarrollo.
Desde entonces hasta la fecha, la Comisión Europea no ha presentado ninguna propuesta concreta en el marco de dicho programa.
¿Puede indicar la Comisión los motivos de tan injustificado retraso? ¿Tiene previsto algún calendario específico para 2003 en relación con el inicio de este programa?
¿Qué directrices ha pensado incluir en este programa regional a favor de las mujeres y qué principales carencias tiene previsto cubrir?

Patten
Me complace que Su Señoría esté con nosotros; me da la oportunidad de responder a una pregunta que me preocupa. Hay que decir que a mi colega, el Comisario Solbes Mira, también le complace que Su Señoría esté con nosotros, porque así dispone de un par de minutos para venir de la reunión de la Comisión, que todavía continúa.
Permítanme que me ocupe ahora de la importante pregunta de Su Señoría. La Comisión reconoce la importancia de potenciar el papel de las mujeres en la vida económica de los países socios del Mediterráneo. Esa es la razón por la que en su día acogimos con satisfacción y apoyamos la reunión celebrada en julio de 2001 acerca de este tema bajo la Presidencia belga del Consejo. A raíz de esa reunión, la Comisión incluyó, entre otras cosas, un programa regional sobre este tema en el Programa Indicativo Regional MEDA para 2002-2004.
Dada la escasez de recursos, la Comisión tiene que tomar decisiones difíciles marcando prioridades. Sólo un 10% del programa MEDA está disponible para actividades regionales, y esto tiene que incluirlo todo, desde el apoyo al Estado de derecho y la gobernanza hasta las actividades de fomento de la integración y el comercio regional, los planes para de interconexión de infraestructuras y la armonización de la normativa, el diálogo entre culturas y civilizaciones, el apoyo a la cooperación judicial, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y las actividades relacionadas con la migración.
En estas circunstancias, el programa sobre «El papel de las mujeres en la vida económica» se ha programado para el año 2004 dentro del Programa Indicativo Regional, con una dotación financiera de 5 millones de euros. Para poder lanzar el programa en 2004, la fase preparatoria y de identificación empezó en diciembre del pasado año y terminará en abril o mayo de 2003, con un seminario regional MEDA.
Con el fin de acelerar la aplicación efectiva del programa, en la segunda mitad de 2003 se publicará una convocatoria de propuestas con una cláusula suspensiva sobre la base de los resultados de ese seminario.
El plan de financiación regional para 2004 debería presentarse al Comité MEDA antes de finales de 2003 para permitir la financiación de los proyectos seleccionados durante el año siguiente.

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Me da la impresión de que, una vez más, no ha dicho usted nada nuevo. Lo sabemos todo acerca del programa gracias a los servicios de la Comisión; quisiera preguntarle si cree usted que, dados los retrasos sufridos y el escaso presupuesto reservado para este programa, la Comisión Europea se toma realmente en serio la dimensión de la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres en este ambicioso y -para nosotras- importante plan de desarrollo de una cooperación euromediterránea real. ¿Quizás este programa, con sus retrasos y su mísero presupuesto, no sea más que una simple ocurrencia en el empeño global? ¿Cree usted que este compromiso por parte de la Comisión será suficiente? ¿Habría que hacer algo más para integrar económicamente a las mujeres, no sólo algo más generoso, como pequeños préstamos, empleos adecuados y formación, sino algo que garantice y financie mecanismos para controlar si estas cuestiones y retos reciben el mismo trato legal?

Patten
Quiero asegurarle a Su Señoría que estamos tratando este asunto con la mayor seriedad. No se trata simplemente de centrarse en este programa. Me complace la idea, mientras revisamos nuestros programas para el futuro, de utilizar el importantísimo informe que el PNUD ha publicado recientemente. Su Señoría se acordará de que el PNUD, bajo la dirección de su distinguida directora regional, que es una mujer, por cierto, ha redactado un informe tratando de responder la pregunta de por qué los países de la Liga Árabe no han prosperado tanto como otras sociedades similares.
La respuesta a esa cuestión estaba clara: sí, había problemas de gobernanza y de Estado de derecho. Sí, había problemas de educación, pero también había un problema sustancial relativo a la infravaloración de las mujeres y la cuestión de género en general en la economía, al igual que la vida social en esos países.
Me complace la idea de tratar de observar los programas que tenemos en la región a través del prisma de ese informe, que no fue escrito por europeos o americanos, sino por árabes, y esto es lo importante. Hombres y mujeres árabes, políticos árabes, periodistas árabes, académicos árabes. Ellos nos han llamado la atención para que tratemos estas cuestiones con más seriedad. Le puedo asegurar a Su Señoría que yo me las tomo muy en serio y que la Comisión se las toma muy en serio. Me encanta que me haya dado la oportunidad de intervenir sobre esta cuestión -al igual que a quienes han intervenido posteriormente- y me encanta haber podido hablar largo y tendido sobre el tema.

El Presidente.
Vamos a iniciar la segunda parte de este turno de preguntas, a las que responderá el Comisario Sr. Solbes
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. Solbes
El Presidente.
Pregunta nº 39 formulada por Alexandros Alavanos (H-0024/03):

Asunto: Programa de estabilidad actualizado para Grecia en 2002
En las conclusiones de la Comisión Europea sobre el programa de estabilidad actualizado para Grecia en 2002 (9 de enero de 2003), se señala, entre otros aspectos, que la economía griega ha iniciado un período de fuerte crecimiento, mientras que el indicador de la deuda pública registra una lenta disminución.
¿Qué opina la Comisión de esta lenta disminución de la deuda pública en Grecia, a pesar del rápido crecimiento del PIB, debido principalmente al tercer MCA y a los Juegos Olímpicos?
En opinión de la Comisión, ¿cómo evolucionará la deuda pública en Grecia después de 2004, cuando probablemente disminuya el ritmo de crecimiento del PIB?

Solbes Mira
. (ES) La ratio de deuda de Grecia es una de las más elevadas de la Comunidad. Aumentó hasta mediados de los años 90, alcanzando un máximo superior al 110% del PIB en 1996. Ello fue consecuencia de unos desequilibrios presupuestarios crecientes y un bajo crecimiento del Producto Interior Bruto.
Los esfuerzos de estabilización con vistas a la participación en la Unión Monetaria y la mejora de los principales indicadores macroeconómicos han contribuido a reducir la ratio de deuda, aunque a un ritmo muy lento. La deuda todavía representa el 107% del PIB de 2001.
En esta evolución han influido tres factores: el nivel del saldo primario, es decir, deducidos los pagos financieros, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto nominal y otros factores autónomos o residuales. Entre éstos cabe destacar las operaciones financieras que no afectan al saldo presupuestario sino al volumen de deuda. De hecho, el elevado nivel de ajuste del volumen de deuda, que llegó a representar el 7,1% del Producto Interior Bruto en el año 2001 -y aun se estima en el 4% del PIB en 2002- implicó que la evolución de la ratio de deuda no refleja completamente la evolución de la situación presupuestaria de las administraciones públicas, el logro de superávits primarios elevados crecientes ni tampoco el crecimiento del PIB.
Por otra parte, la evolución de la deuda pública, tal como se describe en el programa de estabilidad griego del año 2002, se ha visto parcialmente afectada por la revisión de los métodos estadísticos empleados en diversas operaciones financieras. Dicha revisión se llevó a cabo de acuerdo con el sistema establecido por Eurostat para cumplir las condiciones establecidas en el ESA 95, en nuestro sistema europeo de cuentas nacionales.
La revisión estadística que se llevó a cabo en 2002 dio lugar a un incremento de la ratio de deuda en Grecia en el año 2001, que pasó a ser 7 puntos porcentuales del PIB superior a la cifra anteriormente estimada. Teniendo en cuenta las nuevas perspectivas presupuestarias que se derivan de esta revisión, el programa actualizado de estabilidad prevé una reducción de la ratio de deuda equivalente a 1,7 puntos porcentuales en el año 2002, previéndose una aceleración de esta reducción a partir del año 2003, con una reducción aproximada de 0,4 puntos porcentuales hasta el final del año 2006. De hecho, a partir de 2003, la modificación de la ratio de deuda corresponderá mejor al nivel de superávit primario.
De acuerdo con las previsiones económicas de la Comisión del pasado otoño, la ratio de deuda de Grecia deberá disminuir hasta finales de 2004, aunque a un ritmo más lento que el previsto en el programa de estabilidad del año 2002.
Para el período posterior a 2004, cuando ya el programa de estabilización actualizado admita una cierta disminución del crecimiento de la producción real, será necesario aplicar una estrategia de ajuste presupuestario creíble para poder garantizar esta reducción de la ratio de deuda contemplada en el programa.
A este respecto, la mayor transparencia de las cuentas públicas que se ha alcanzado con la reciente revisión de las mismas ha aumentado su credibilidad y también la de la estrategia de ajuste presupuestario, descrita, en líneas generales, en el programa de estabilidad de Grecia.

Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias por su flexibilidad y agradecer al Comisario su detallada respuesta. Sin embargo, cuando habla de algún tipo de estrategia para hacer frente a una desaceleración del PIB, ¿cuáles son según él los principales ingredientes de tal estrategia? ¿Y cómo debería tenerse en cuenta cualquier factor nuevo, con lo cual me refiero al efecto de una posible guerra contra Iraq, en el PIB?

Solbes Mira
. (ES) La respuesta puede ser muy rápida. La estrategia en el programa evidentemente se plantea sin el supuesto de guerra en el Iraq. La estrategia prevé lógicamente un incremento del superávit primario y, dicho de otra forma, utilizar el potencial del crecimiento fundamentalmente para reducir impuestos.
El problema de la guerra se plantea en términos totalmente diferentes. No es un escenario que, en mi opinión, convenga plantear todavía, pero es evidente que el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento admite la existencia de circunstancias excepcionales que, sin duda alguna, corresponderían a esta situación. En todo caso, creo que sería prematuro pretender ahora elaborar algo más sobre este concepto.

El Presidente.
Pregunta nº 40 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0045/03):

Asunto: Transferencia de beneficios del Riksbank (Banco nacional) al Tesoro Público
El 17 de mayo de 2001, el Banco de Suecia decidió que este año, además de la asignación habitual de beneficios de unos 8 200 millones de coronas suecas, debía efectuar un pago extraordinario de 20 000 millones de coronas al Tesoro Público. Naturalmente esto aumentó el margen de reforma en el presupuesto estatal de Suecia. El año pasado se efectuó un ingreso similar.
¿Hubiera sido posible este tipo de transferencias del Riksbank al Tesoro Público de haber participado Suecia en ese momento plenamente en la tercera fase de la UEM? 
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy
Solbes Mira
. (ES) La cuestión mencionada por su Señoría fue planteada en el informe de convergencia adoptado por la Comisión el pasado 22 de mayo y también en el apartado 6.2 del informe de convergencia del año 2002 del Banco Central Europeo.
Debe observarse que los comentarios de la Comisión, recogidos en su informe, ponen de relieve la ausencia de legislación detallada sobre transferencias financieras del Banco Central al Tesoro de Suecia, especialmente en lo que se refiere a la asignación de beneficios y pagos extraordinarios. Dicha legislación debería establecer las normas y condiciones en que tales transferencias deben realizarse y garantizar que el Riksbank conserva los medios financieros necesarios para cumplir sus obligaciones en el marco del sistema europeo de bancos centrales.
En ausencia de tales normas, no se garantiza de forma adecuada la independencia del Banco Central y, en particular, su independencia financiera. También debe observarse que las exigencias pertinentes en el marco del Tratado figuran en el artículo 108 -la independencia del Banco Central- y en el artículo 109 -compatibilidad de la legislación nacional con el Tratado-. Estos artículos se aplican tanto a los Estados miembros participantes como a los Estados miembros acogidos a una excepción.

Sjöstedt (GUE/NGL).
Quiero dar las gracias al Comisario por esta respuesta. Sin embargo, me gustaría que se aclarara una cosa a este respecto. Interpreto la respuesta en el sentido de que la Comisión no puede aceptar, o considera incompatible con la pertenencia a la tercera fase de UEM, una situación en la cual se transfieren importantes fondos de los beneficios del Banco Central de Suecia al Tesoro sueco, como ha hecho el Gobierno de este país. Estamos hablando de un total de 40 millardos de coronas suecas en dos años. Me gustaría que confirmara usted que esta es la interpretación correcta de lo que ha dicho.

Solbes Mira
. (ES) Creo que en mi respuesta he pretendido ser relativamente claro. La inexistencia de normas precisas sobre la forma en que deben llevarse a cabo dichas transferencias no garantiza la independencia del Banco Central, elemento clave para participar en la Unión Monetaria. Ése es mi comentario y el comentario que está incluido en nuestro informe.
Evidentemente, se dispone de tiempo para la puesta en marcha hasta que se participe en la Unión Monetaria, pero es imprescindible esa puesta al día para la participación en la Unión Monetaria. El punto fundamental es conseguir la independencia financiera, elemento fundamental para la independencia de la Institución.

Schmidt, Olle (ELDR).
Permítame en primer lugar decir que los 20 millardos de coronas suecas a los que se ha referido el Sr. Sjöstedt podrían utilizarse para reducir la deuda nacional sueca y de este modo, por supuesto, contribuir a reforzar la economía sueca.
Pasando ahora a mi pregunta subsiguiente al Comisario: ¿acaso no demuestran la experiencia y numerosos estudios científicos que un Banco Central independiente y una moneda común contribuyen más a reforzar la economía y, de este modo, a incrementar los salarios y el poder adquisitivo reales de las personas, o dicho de otro modo, a ampliar el alcance de la reforma mencionada por el Sr. Sjöstedt en su pregunta?

Solbes Mira
. (ES) Muy rápidamente. Como sabe su Señoría, las decisiones relativas a la utilización de los recursos corresponden a cada una de las autoridades nacionales. La Comisión tiene como obligación comprobar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y eso quiere decir el seguimiento de las decisiones que afectan a los programas de estabilidad o, en este caso, del programa de convergencia.
El problema que usted plantea va un paso más allá. Es el de la calidad de las finanzas públicas, dónde deben utilizarse los ingresos y qué tipo de gastos debemos llevar a cabo. Evidentemente, hemos realizado algunos informes sobre este tipo de decisiones, pero no tienen carácter vinculante. Son, simplemente, una aproximación de cómo creemos nosotros que deben gestionarse ciertas decisiones.

Lamy
La caída del precio del café es en efecto catastrófica. Creo que todos somos conscientes del impacto que tienen estos cambios de precio en los productores de café, que, como sabemos desde hace tiempo, es sólo una parte de un problema general, concretamente la dependencia de los países pobres de unos cuantos productos básicos. Hemos observado con detenimiento las cifras que nos ha enviado Oxfam, que plantean en concreto esta enorme diferencia entre el precio al por menor en los supermercados y la suma pagada a los productores. No lo hemos evaluado todo y no podemos decir si los márgenes comerciales aplicados por una empresa u otra son responsables, teniendo en cuenta los costes de procesado, los costes de transporte y los márgenes de beneficios de los minoristas, entre otros factores.
Así las cosas, si las organizaciones no gubernamentales como Oxfam consideran, por ejemplo, que las prácticas de determinadas empresas deberían ser sometidas a una investigación de acuerdo con las reglas de competencia -me refiero en este caso a la Unión Europea-, deberían proporcionarnos las pruebas necesarias para que podamos proceder como lo hacemos en casos de este tipo.
¿Cuál es la causa de esta caída? Es simplemente un notable desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Qué podemos hacer? Se trata de una cuestión compleja y polifacética. Por ejemplo, podemos ayudar a quienes han invertido en comercio justo e intentar así ayudar a los productores de los países más pobres a obtener una mayor proporción del precio pagado por el consumidor final. En la Comisión ya ayudamos, apoyamos y financiamos diversas acciones en este ámbito. Apoyamos, y lo hago en el contexto de la política comercial, proyectos que tienen por objeto, por ejemplo, la adopción de códigos de conducta o etiquetas sociales. De este modo, por decirlo de alguna manera, apoyamos a todos los que han invertido en comercio justo.
Sin embargo, a la larga, la diversificación será probablemente la clave que permitirá reducir la dependencia y la vulnerabilidad de estos países y personas frente a las fluctuaciones de los productos básicos. Esto forma parte de un enfoque integrado entre la política de desarrollo y la política comercial, en el que, como saben, ya venimos trabajando desde hace varios años con el Sr. Nielson. Estamos intentando lograr una mejor coordinación de diversos instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, empezamos con la iniciativa «Everything but arms» (Todo menos armas), que permite a diversos países entre los más pobres del mundo diversificar sus exportaciones. Se trata de una política que hemos apoyado y transmitido, además, a varias organizaciones internacionales como el Banco Mundial. También estamos trabajando en esta línea al aplicar el Acuerdo de Cotonú. Además, hemos apoyado, dentro de la Organización Internacional del Café, todas las acciones emprendidas para mejorar la calidad y establecer unas normas de calidad mínimas, eliminando las calidades inferiores del mercado del café, dado que éstas, como sabemos, también repercutían negativamente en los precios.
Más simplemente, en estos momentos estamos colaborando con diversas ONG y Oxfam, en particular. Hemos entablado contacto con los principales comerciantes de café y estamos en contacto con diversos distribuidores. Estamos abiertos a ideas constructivas sobre este asunto, que, repito, es complejo. Sea como fuere, es un ejemplo que debería hacer reflexionar a quienes abogan por la plena liberalización de todos los mercados agrícolas.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Lamy por su respuesta. Se la transmitiré a la ONG Intermon-Oxfam en los términos en que se ha expresado el Comisario ante el Parlamento.

El Presidente.
Pregunta nº 42 formulada por Glenys Kinnock (H-0039/03):

Asunto: Acuerdos de Asociación Económica
¿Está informada la Comisión de que, en opinión de los países ACP, hasta ahora las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica se han centrado en aspectos equivocados del desarrollo? ¿Qué medidas prácticas pueden tomarse para poder convencer a los países ACP de que el objetivo que persiguen las negociaciones va más allá de la mera liberalización del comercio?

Lamy
Señor Presidente, la pregunta de la Sra. Kinnock tiene que ver con el progreso de nuestras negociaciones con los países de África, el Caribe y el Pacífico en torno a los acuerdos de asociación económica. Estos acuerdos de asociación económica forman parte de una fase inicial de debate. Lógicamente siguen lo que se acordó en Cotonú y estamos intentado asegurar que nuestros interlocutores ACP se reorganicen en grupos suficientemente grandes como para remediar la actual situación. A grandes rasgos, la situación es la siguiente: les dimos -o concedimos, como solíamos decir- importantes preferencias comerciales, que, además, causan problemas a otros países, como hemos visto en la OMC, y ellos no han aprovechado suficientemente estas preferencias. Por ello tenemos que cambiar.
Así pues, en este proceso, lo que nos guía es el aspecto de desarrollo y pretendemos claramente, en este asunto, que las consideraciones comerciales dependan de las consideraciones de desarrollo, teniendo en cuenta el hecho de que esta es nuestra prioridad con los países ACP en su conjunto. Por ello me gustaría tranquilizar a la Sra. Kinnock sobre este punto, si es necesario. No es que unos empresarios deseosos de acceder a unos mercados extraordinariamente atractivos hayan asumido el control de estas negociaciones. Las negociaciones siguen las líneas de lo que se acordó con el Parlamento y con el Consejo, es decir, se da prioridad al desarrollo.
Sin embargo, he de reconocer -y es muy posible que la pregunta de la Sra. Kinnock lo refleje- que muchos representantes de los países ACP siguen teniendo reservas con respecto a estas negociaciones sobre acuerdos de asociación económica. De hecho, muchos países ACP nos están formulando preguntas, por ejemplo sobre el grado de liberalización o reciprocidad que pretendemos lograr, como si esto fuera el principal objetivo de los acuerdos. Repetiré cuantas veces sea necesario que el principal objetivo de estos acuerdos no es abrir más los mercados ACP a los productos comunitarios.
Estos acuerdos de asociación económica no son, a nuestro entender, simples zonas de libre comercio que no son más que instrumentos para el comercio. Queremos convertirlo en un negocio, un proceso, una asociación que sirva al desarrollo de estos países, en particular permitiéndonos abordar el problema de las muchas barreras interiores al comercio que siguen existiendo en África y en el Caribe y el Pacífico, y también permitiéndonos hacer frente a las restricciones que afectan a la competitividad en estas regiones, para convertirlas en polos de desarrollo económico. Asimismo hemos emprendido importantes estudios sobre esta cuestión -los llamamos evaluaciones de impacto y sostenibilidad- para analizar los efectos sociales, económicos y medioambientales de estos acuerdos que -no lo olviden- son, ante todo, acuerdos entre estos países, y garantizaremos que los resultados de estos estudios se tengan en cuenta en las negociaciones. Asimismo quisiera señalar que hemos puesto a disposición de los países ACP los recursos financieros necesarios para permitirles realizar sus propios análisis y obtener la asistencia técnica necesaria.
Esto es lo que queremos hacer en el proceso de negociación, que se encuentra en su fase inicial, que desearíamos ampliar a una segunda fase a partir de septiembre de este año. Hemos iniciado diversos contactos con diversas regiones ACP y todos sabemos que algunas de ellas están más dispuestas a unirse a nosotros que otras. En lo que a ellos respecta, tienen que optar dentro del grupo ACP. No pretendemos, ni pretendo, hacerlo en su nombre. Nos uniremos a ellos cuando estén listos y los que estén preparados antes empezarán las conversaciones con nosotros cuando así lo decidan.

Kinnock (PSE).
Gracias, Comisario, por reconocer que existen estas percepciones por parte de los negociadores de los países ACP. Podrían estar basadas en el hecho de que su representante dijo en una reunión reciente que las negociaciones de los AAE no trataban del desarrollo, sino de nuevos acuerdos comerciales, y que ese era el mandato. Esto podría explicar por qué tienen esa percepción.
Los sudafricanos consiguieron llegar a un acuerdo por el que sus negociaciones comerciales pasarían a denominarse negociaciones de «comercio y desarrollo». Ese fue un elemento clave del éxito de esas negociaciones. ¿Admitiría usted un cambio de nombre? ¿No sería esto un acto de buena fe con los países ACP?
También parece haber resistencia a desarrollar un punto del orden del día de las negociaciones. ¿Podría confirmar si este es el caso? Si ese es el caso, y entonces usted no está dispuesto a incluirlo en el orden del día, se confirma de nuevo que no quiere usted considerar el desarrollo una parte integrante de estas negociaciones porque para usted supondría reforzar la posición de los países ACP en las negociaciones a medida que estas avanzan.

Lamy
En respuesta a la Sra. Kinnock, creo que los sentimientos sobre el ritmo y las perspectivas de estos acuerdos varían según las regiones con las que hablamos. No quiero entrar en detalles, pero conozco algunas regiones dentro del grupo ACP que estas listas para iniciar las negociaciones mañana mismo. El objetivo de estas negociaciones ha de ser suficientemente claro para ellos si esto no les plantea un problema.
En cuanto al título, creo que «acuerdo de asociación económica» es perfectamente adecuado. Significa que no son solamente acuerdos de comercio y libre comercio entre la UE y los países ACP, sino también acuerdos de asociación económica con el objetivo principal -y quiero recalcar este punto- de llevar a los países miembros del grupo ACP a firmar acuerdos comerciales entre ellos en materia de inversiones, propiedad intelectual, transportes, gestión de infraestructuras y establecimiento de normas, a fin de que creen ellos mismos unas zonas económicamente relevantes.
¿Es el desarrollo el objetivo de estas negociaciones? Sí, por supuesto, pero el desarrollo no puede negociarse, mientras que el comercio sí. Ésta es la razón por la que estamos introduciendo algunos elementos de negociación comercial, manteniendo a la vez el desarrollo como nuestro objetivo y empezando, como he dicho antes, a partir de una simple observación sobre la cual creo que estarán ustedes de acuerdo con la Comisión: por diversas razones, la situación que hemos experimentado durante 20 años, basada en conceder preferencias unilaterales a estos países, no está transformando esta liberalización comercial, que hemos decidido unilateralmente, en un instrumento genuino para el desarrollo. La relación entre el comercio y el desarrollo no es tan simple: en concreto, los países ACP han de colaborar entre sí para crear mercados que sean lo suficientemente grandes para interesar a los inversores.
Sea como fuere, les aseguro que se trata de una negociación comercial en la que nuestro objetivo es hacer una contribución al desarrollo en estos países mejor y más activa que en el pasado.

El Presidente.
Dado que su autor no está presente, la pregunta n° 43 decae.

El Presidente.
Pregunta nº44 formulada por Richard Howitt (H-0058/03):

Asunto: Solicitud de Tailandia y Filipinas para el acceso preferencial a la UE de su atún envasado
En respuesta a las solicitudes de Tailandia y de Filipinas de que se les conceda acceso preferencial a la UE para su atún envasado, el Director General adjunto de la OMC presentó recomendaciones en diciembre de 2002. En caso de que sean aprobadas y aplicadas por la UE, estas recomendaciones causarán un grave perjuicio a la exportación de atún envasado procedente de los Estados ACP y de los países del Pacto Andino.
¿Está de acuerdo la Comisión en que la concesión de cualquier tipo de acceso preferencial a Tailandia y a Filipinas desplazará las exportaciones a la UE de los países ACP y de los países del Pacto Andino poniendo en peligro de esta manera los medios de subsistencia de los pescadores pobres y las inversiones de la UE en los Estados ACP con los que la UE ha celebrado 16 acuerdos de pesca bilaterales para acceder a los recursos pesqueros en sus aguas? ¿Puede confirmar la Comisión que no accederá a las recomendaciones del mediador de la OMC, sino que examinará este asunto en el contexto de la actual ronda de la OMC en Doha, donde puede alcanzarse un resultado más equilibrado para satisfacción de todas las partes? 
Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou
Lamy
, Señor Presidente, la pregunta del Sr. Howitt hace referencia al compromiso contraído por la Comisión durante las negociaciones de Doha de examinar una solicitud que nos habían presentado firmemente Tailandia y Filipinas en relación con el sistema de precios aplicable a las importaciones de atún en lata procedentes de los países ACP.
Más o menos, en resumen, aplicamos a los países ACP preferencias que no se aplican a Tailandia y a Filipinas, y estos dos países consideraron oportuno, en un momento en que intentábamos obtener el consentimiento de la OMC para una derogación general en relación con todas estas preferencias, condicionar su consentimiento a las negociaciones con nosotros.
Aceptamos esta solicitud, principalmente en beneficio de los países ACP, puesto que su sistema preferencial con nosotros sólo podía ser validado por la OMC si accedíamos. Nos comprometimos a mantener conversaciones con Tailandia y Filipinas y, en caso necesario, entrar en un procedimiento de mediación. Repito, para que quede bien claro, que sin este procedimiento de conversaciones/mediación, no se habría logrado la derogación de la OMC en relación con el acuerdo de Cotonú.
Por ello seguimos adelante con estas conversaciones con Tailandia y Filipinas en diciembre de 2001, enero del año pasado y primavera de este año. No desembocaron en un acuerdo. Las exigencias en cuanto a acceso a nuestro mercado formuladas por estos países nos parecieron excesivas en su momento, y las ofertas que hicimos les parecieron insuficientes a ellos. Por ello, el pasado otoño, todos pedimos la mediación de la Organización Mundial de Comercio. 
En diciembre, el mediador tomó una decisión y recomendó que la Comunidad abriera una cuota de 25 000 toneladas de atún en lata con un arancel del 12%, dado que el arancel normal, si puedo decirlo así, es del 24% y al arancel ACP es del 0%. Así pues, ACP 0%, arancel normal 24% y propuesta del mediador 25 000 toneladas al 12%.
La Comisión está a favor de aceptar estas recomendaciones. Creemos que es una cuestión de credibilidad y confianza, y un modo de gestionar nuestras relaciones con diversos socios comerciales dentro del mecanismo de la OMC. Creemos que recurrir a la mediación en este tipo de casos es un procedimiento honesto, que, de cierto modo, pone en pie de igualdad a un mamut como la Unión Europea y a unas criaturas más pequeñas como Tailandia o Filipinas, y esto forma parte de nuestra manera de ver nuestras relaciones comerciales con diversos países, sobre todo los países en vías de desarrollo.
Hemos analizado las recomendaciones del mediador y nuestro análisis es que la cuota de 25 000 toneladas no afectará de forma significativa a las importaciones de los países ACP o a las importaciones de otros países que también se benefician de preferencias generalizadas. Me refiero en concreto a diversos países latinoamericanos. Esta cuota representaría cerca del 9% de las importaciones totales de atún en lata en la Unión y el 4% del consumo total de la Unión.
Las importaciones comunitarias de atún en lata procedente de los países ACP han experimentado un fuerte aumento en los últimos años. Actualmente representan cerca del 60% de las importaciones globales y, dados los vínculos muy estrechos, y a menudo muy bien recibidos, entre la industria de los países ACP y algunos sectores de la industria comunitaria, no creemos que las importaciones de los países ACP se vean seriamente amenazadas por esta mediación. Por ello la hemos apoyado y hemos propuesto la aprobación de la opinión del mediador al Consejo de Ministros. En función del resultado de esta consulta, dentro de poco presentaremos un proyecto de reglamento para poner en práctica esta cuota.

Howitt (PSE).
Quiero dar las gracias al Comisario Lamy por esa respuesta tan cabal. Tengo tres preguntas adicionales. En primer lugar, aunque ha sido admirablemente claro, la cuestión quedaría más clara para nosotros y para todos en general si supiéramos el calendario previsto para el acuerdo en el Consejo de Ministros y qué ocurrirá si no hay acuerdo por mayoría cualificada en la votación. En relación con esto, el Comisario nos invitó a mí y a otros a su Conferencia sobre Evaluación de Impacto la semana pasada. Fue una conferencia muy buena, pero una simple declaración no tendrá un efecto importante sobre los ACP. Necesitará algún respaldo. Con Senegal, que genera 8 000 toneladas de importaciones, y Côte d´Ivoire, con 41 000 toneladas, los ACP piensan que se pueden ver afectados muy gravemente.
Por último, en relación con la respuesta anterior a una pregunta de mi colega, la Sra. Kinnock, sobre nuestras obligaciones derivadas del Acuerdo de Cotonou de ampliar el acceso al mercado para los países ACP en las negociaciones comerciales, ¿no se opone esto abiertamente a aquellas promesas y pone en tela de juicio nuestro compromiso a favor del desarrollo de estos países?

Lamy
En respuesta a sus tres preguntas, señor Howitt, empezaré con el calendario. Actualmente estamos en contacto con nuestros Estados miembros en un nivel técnico. Creo que conseguiremos la mayoría cualificada necesaria. Si este no fuera el caso, yo tendría que decidir si proseguir o no. Esto ocurre a veces. Es una cuestión de credibilidad para nosotros. Los países ACP sabían muy bien, cuando nos reunimos en Doha, por qué y cómo había de obtenerse esta derogación para amparar nuestro sistema de preferencias, incluidas cuestiones delicadas como los plátanos. Por ello están plenamente informados al respecto. Todo ha tenido lugar de forma transparente. En este asunto, ni Filipinas ni Tailandia han ocultado su objetivo a los países ACP, concretamente beneficiarse de una participación en el mercado que creen que debería ser lógicamente suya. Por lo tanto, esto no ha cogido a nadie por sorpresa, y si aceptamos una mediación, deberíamos -creo que es la regla del juego- aceptar los resultados.
En lo que respecta al impacto sobre el comercio con los países ACP, la razón por la cual consideramos que el impacto sería menor es que esto tiene que ver con el atún en lata, y, como sin duda sabrá, hay una ligera diferencia entre atún en lata y atún no enlatado: reside en el proceso industrial, que tiene lugar en redes y de acuerdo con métodos que implican de cerca a nuestra industria comunitaria. Creemos que habrá llovido bastante hasta que Filipinas o Tailandia obtengan este tipo de ventaja comparativa, y por ello no suponen una amenaza seria en este sentido. Dicho esto, si cualquiera de los países ACP desea discutir estos aspectos técnicos con nosotros, estamos totalmente dispuestos a hacerlo.
Por último, la tercera pregunta: ¿implica esto una derogación, un cambio de los compromisos de acceso al mercado que contrajimos con respecto a los países ACP? Por supuesto que no. No se trata de un cambio. No altera en forma alguna las preferencias. Simplemente, no olvidemos que, de no haberse aceptado esta manera de operar con Tailandia y Filipinas, todo el sistema de preferencias comerciales de la Unión con los países ACP habría sufrido las consecuencias. Esto es lo que hay detrás de esta cuestión, y todos deberíamos recordarlo para evaluar adecuadamente los resultados que están hoy sobre la mesa.

Diamantopoulou
Señor Presidente, la Comisión ha realizado una evaluación de impacto detallada que se basa en gran parte en información facilitada por la CIETT (Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Temporal) y en argumentos presentados en un estudio que preparó la propia CIETT.
Al evaluar el impacto de la propuesta, también es necesario tener en cuenta el grado sustancial de flexibilidad que comporta la Directiva propuesta. Hay posibles excepciones al principio de no discriminación. Éstas incluyen excepciones, por razones objetivas, basadas en convenios colectivos, y en caso de trabajadores cedidos temporalmente con contratos por tiempo indefinido.
Estas excepciones son especialmente importantes, dada la actual heterogeneidad del sector. La flexibilidad y la diversidad que ofrecen impide sacar conclusiones simplistas sobre el posible coste y los beneficios de la Directiva. A pesar de estas dificultades, la Comisión ha realizado un análisis cualitativo del posible impacto de la Directiva basado en toda la información disponible. Las siguientes conclusiones son muy importantes al respecto.
En primer lugar, en general, los cambios efectivos que implica la Directiva deberían ser muy limitados, porque en gran parte codifica reglas que ya son práctica común y están contempladas en la legislación nacional, en los convenios colectivos o en los códigos de conducta.
En segundo lugar, incluso en casos en los que sean necesarios algunos cambios, el efecto real se verá mitigado por la flexibilidad que supone la Directiva.
En tercer lugar, cualquier coste ocasionado por la Directiva sería por tanto muy limitado, y la Directiva propuesta será un factor importante en la creación de un marco legal apropiado para la continua expansión del sector de las empresas de trabajo temporal.
En conclusión, la Comisión considera que la propuesta ayudará a tomar conciencia del potencial de pleno empleo de este sector en Europa. Mejorará la aceptación social de la cesión temporal de trabajadores y hará que resulte más atractiva. Este punto también lo ha subrayado la CIETT en su propio estudio. La disponibilidad, en particular, de trabajadores con mejores cualificaciones y capacidades profesionales más diversificadas animarán a más empresas a emplear a trabajadores temporales. Esto permitirá a las empresas de trabajo temporal reclutar a sus trabajadores entre un conjunto más amplio de aspirantes y expandirse hacia nuevas áreas.
Por último, en cuanto al Reino Unido, es importante mencionar la evaluación del impacto normativo por parte del Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido. Estima que la Directiva tendrá un efecto positivo sobre el empleo en general y sobre la productividad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. También reconoce que podría comportar una mayor seguridad laboral para los trabajadores cedidos temporalmente y un aumento del atractivo del trabajo temporal.

Harbour (PPE-DE).
Quiero dar las gracias a la Comisaria por esta interesante respuesta. Sin embargo, quisiera señalarle que en el mundo real, un estudio de la Confederación de la Industria Británica realizado entre más de 200 empresas del Reino Unido, país que tiene más trabajadores de empresas de trabajo temporal que cualquier otro país, indica que su Directiva hará que un 60% de estas empresas contraten a menos trabajadores temporales.
Asimismo quisiera indicarle que los resultados de este estudio muestran que el 40% de las personas que se dedican al trabajo temporal proceden de la reserva de parados de larga duración y el 40% consiguen un empleo permanente en el plazo de un año. Quisiera que la Comisaria me explicara cómo cuadra su posición sobre esta Directiva y estos hallazgos con el informe de la Comisión y con el informe que acaba de presentarse y que dice que sin esfuerzos adicionales, la Unión parece abocada a no alcanzar su objetivo relativo a la tasa de empleo para 2005. He de señalar que el Reino Unido ya cumple el objetivo del 70% de tasa de empleo. 
¿Cómo es posible que su postura sobre esta Directiva, y su aplicación práctica en las empresas que emplean a trabajadores temporales, case de alguna forma con el objetivo de reducir el desempleo en la Unión Europeas? Simplemente no tiene sentido. Como Comisaria de Empleo debe tomar nota de lo que le dice la gente.

Diamantopoulou
En primer lugar, permítanme decir -e imagino que estarán de acuerdo conmigo- que el mundo real existe en todos los países, no sólo en Gran Bretaña.
No es cierto que Gran Bretaña tenga más trabajadores temporales que cualquier otro país. Tiene el 3,2%, frente al 4,6% de los Países Bajos, al 2,5% en Francia y muchos menos en Alemania.
Este mercado particular, el sector de trabajo temporal, sigue su propia ley, pero podemos ver a partir de nuestros análisis de cada país que, en Estados como los Países Bajos que utilizan exactamente el mismo sistema que en la Directiva, no sólo no hay problemas, sino que el sector es cada vez más dinámico. En los Estados Unidos de América es muy rentable y atrae un buen volumen de inversión. Así pues, tenemos un modelo que no aumenta los costes salariales. No hay ninguna interferencia por nuestra parte con el sueldo neto de los trabajadores, lo único que hacemos es asegurarles unos derechos mínimos y podemos ver, hasta ahora, que este modelo ha sido un éxito en los dos países en que se ha aplicado.
Actualmente, esta intervención legislativa afecta a un número muy pequeño de trabajadores: el 1,5% en toda Europa. Sin embargo, lo que es importante es que introduce un marco que asegura unos derechos mínimos para los trabajadores de cara al futuro desarrollo de este sector.
Nuestras investigaciones demuestran que este sector tiene muy mala reputación en nuestro mercado laboral porque a menudo los trabajadores no gozan ni siquiera de los derechos básicos; no tienen protección, no hay derechos de jubilación y no tienen seguro. Si se protegieran los derechos mínimos -nada más y nada menos- se convertiría en un sector dinámico. Este es el punto de vista adoptado por la propia confederación.
Como he dicho al principio, la CIETT ha consultado a estas empresas, que creen que un marco legislativo más amplio dará mejores resultados y ampliará el mercado. Puedo citar algunas cifras para demostrarlo:
El estudio más reciente de la CIETT llegó a la conclusión de que, con el marco legislativo adecuado y con un seguro básico para los trabajadores, estas empresas podrían emplear a 6,5 millones de personas en 2010. Esto representa un incremento de 4 millones de personas. Repito, utilizaremos la evaluación realizada por las propias empresas, y no sólo la evaluación de la Comisión.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
Sus respuestas me intrigan, señora Comisaria. En primer lugar, dice usted que gran parte de las pruebas se basan en lo que le ha dicho la CIETT. Desde luego, la CIETT me ha dicho que se sienten aterrados por esta Directiva, y seguiré hablando con ellos sobre la base de la respuesta que me ha dado usted hoy.
Asimismo dice usted que el trabajo temporal está floreciendo en los Países Bajos. Mi información es que el sector del trabajo temporal en los Países Bajos ha descendido desde que se modificó la legislación nacional. La Confederación de la Industria y los Empresarios neerlandeses, la VNO-NCW, quiere introducir de nuevo la flexibilidad. Ha celebrado varias reuniones conmigo para preguntarme si puedo conseguir más apoyo para mis enmiendas en este sentido.
Usted dice que la Directiva se basa en toda la información disponible. La semana pasada, el Consejo Municipal de Birmingham, una de las mayores autoridades locales -no sólo de mi región, sino de toda Europa-, dijo que revisará el uso que hace de trabajadores temporales con un coste anual de 20 millones de euros. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo. La razón de esta revisión es su Directiva. A la luz de estas últimas pruebas, ¿estaría usted de acuerdo en revisar una vez más esta Directiva contraproducente antes de que merme todavía más las perspectivas de empleo en toda la Unión Europea?

Diamantopoulou
Como sabe usted, señor Bushill-Matthews, antes de que la Comisión hiciera esta propuesta concreta, esta Directiva había sido objeto de discusión entre sindicatos y organizaciones empresariales. Tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales están insatisfechos con la actual Directiva, porque intenta establecer un equilibrio entre la creación de un incentivo real a favor del empleo de trabajadores temporales y el respeto de los principios básicos europeos y de una protección mínima de los trabajadores consagrada en el Tratado. No hemos añadido ni una coma a la protección mínima de los trabajadores.
Decía usted que mis pruebas se basan en lo que me ha dicho la CIETT. No he mantenido conversaciones ni he recibido información verbal de la CIETT; utilizamos su estudio y sus documentos escritos, pero nos encantaría discutir cualquier cosa con ellos. Estoy abierta a cualquier información que puedan darme.
En los Países Bajos, el hecho es que he hablado con estas empresas de trabajo temporal, que se están desarrollando rápidamente y que, aparte de una breve recesión hace dos años, hacen buen negocio.
Ha hecho usted referencia a un coste en Gran Bretaña que, por supuesto, no puedo corroborar ni evaluar en este momento: me imagino que se está usted refiriendo al coste de asegurar a estas personas. Y, por supuesto, no puedo discutir, no puedo hablar acerca de los seguros, acerca de los derechos de jubilación o cotizaciones que tengan que pagarse. Pero aparte de esto, en lo que respecta al salario, la Directiva no interfiere en absoluto, no exige ningún tipo de equivalencia, excepto si el trabajador que sustituye a una persona que se va tiene exactamente las mismas cualificaciones, exactamente la misma antigüedad y exactamente el mismo número de años de experiencia. Sólo entonces exige unas condiciones laborales idénticas y esto, por supuesto, es sumamente complicado. Sin embargo, estoy dispuesta a debatir los diversos elementos con cualquier empresa.

El Presidente.
Pregunta nº 46 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0902/02):

Asunto: El reto demográfico, la formación de las familias y la vida laboral
En los últimos años, en Suecia ha aumentado de manera dramática el número de bajas por enfermedad y otros Estados de la UE también están dando muestras de un desarrollo preocupante. Al mismo tiempo, los países de Europa han alcanzado el récord más bajo de nacimientos, por lo que, en los próximos 50 años, el índice de la población va a disminuir de manera radical en países como Alemania, Italia o Francia. En una población en continuo envejecimiento se crea la presión económica de mantener el equilibrio financiero del régimen de pensiones y la seguridad social. La Cumbre de Estocolmo celebrada en marzo de 2001 estableció el reto demográfico como una de las cuestiones prioritarias de la Unión en el futuro.
¿Qué lecciones se pueden extraer de esta grave evolución y qué iniciativas puede adoptar la Comisión para fomentar una mejor situación general de la formación de las familias, los nacimientos, el reto demográfico, el aumento del número de bajas por enfermedad y un régimen de pensiones sostenible?

Diamantopoulou
Cumplir el reto democrático es unos de los principales problemas a los que se enfrentan los países de Europa. Por supuesto, cualquier política demográfica ha de ser una combinación de políticas individuales e incentivos económicos y sociales, la mayoría de los cuales son competencia de los Estados miembros y su jurisdicción.
Me gustaría comentar un valor añadido europeo en este sector, dado que el problema demográfico es un problema que pesa sobre cada países y sobre Europa en su conjunto, donde la población envejece y se reduce en número.
Este problema tiene dos partes. En primer lugar, la población está envejeciendo y tiene mayores expectativas de vida; que las personas vivan más es bueno, y se debe a las mejores condiciones de vida y a la atención médica, pero exige unas políticas especiales para cuidar a esta población que envejece. En este sector, el sector de la población que envejece, la Unión Europea tiene unas políticas importantes en materia de gasto público y de mejora del gasto público, y de su vinculación con la atención sanitaria, las pensiones y, por supuesto, las políticas de empleo. Quisiera recordarles aquí que el método abierto de coordinación en programas de empleo, pobreza y exclusión y en pensiones está dirigido a los trabajadores de más edad; esta es una de sus líneas básicas de enfoque. 
La segunda serie de políticas ha sido diseñada para reforzar a la familia a fin de que las personas puedan tener más hijos, dado que muchos países tienen un baja tasa de natalidad. Incluye medidas legislativas, especialmente para apoyar a los progenitores que tienen niños pequeños y básicamente para ayudarles a reconciliar la vida laboral con la familiar, políticas sobre igualdad de género y el acceso de las mujeres al mercado laboral -recuerden que las familias a menudo tienen graves problemas económicos- y por supuesto políticas sociales, especialmente infraestructuras sociales.
Las infraestructuras sociales son responsabilidad de los Estados miembros, pero quiero recordarles que, en primer lugar, reciben mucha financiación de acuerdo con el marco de apoyo comunitario en relación con el empleo, y en segundo lugar, los primeros objetivos específicos se fijaron en Barcelona hace un año, cuando todos los Estados miembros aceptaron proporcionar al 95% de los niños en edades comprendidas entre 3 y 6 años una plaza en una guardería estatal o privada para 2010. Esto ayudará mucho a las familias.

Sacrédeus (PPE-DE).
Quiero dar las gracias a la Comisaria por su respuesta. ¿Estaría interesada la Comisaria Diamantopoulou en tener, paralelamente a los objetivos de crecimiento, unas estadísticas sobre la tendencia de los nacimientos dentro de la Unión Europea? Crear una familia es el gran proyecto de la vida de las personas, y uno en el que yo he tenido experiencia durante la década de los noventa. Creo que hemos de hacer todo lo posible por expresar la actitud positiva que merece el nacimiento de niños y la llegada de una nueva generación aquí, en Europa, señalando el vigor de nuestros países. Sí, aquí nos interesan las necesidades económicas, pero también la joie de vivre y el espíritu de futuro dentro de la UE. 
Además de fijar objetivos de crecimiento, ¿podría la Comisaria considerar la posibilidad de utilizar las estadísticas para seguir de cerca la tendencia de la natalidad en Europa?

Diamantopoulou
Ha sido un descuido por mi parte, en mi primera intervención había olvidado mencionar el hecho de que una de las tareas básicas de la Comisión es seguir la evolución demográfica y esto se presenta en el informe social anual apoyado por el Observatorio Europeo de la Situación Social, la Demografía y la Familia, que financia importantes estudios. Este informe, que retrata la situación en Europa mediante estadísticas muy detalladas, hace referencia a los indicadores que ha mencionado usted sobre el número de nacimientos en cada país, el número de nacimientos en cada región y la relación entre inmigrantes y la población en cada país. Se trata de estadísticas detalladas y precisas que retratan la situación en Europa de un año al siguiente.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señora Comisaria Diamantopoulou, yo también soy muy partidario de incrementar la tasa de natalidad en la Unión Europea, como también lo es el Gobierno italiano. De hecho, el Sr. Maroni ha anunciado que una ley que acaba de entrar en vigor ofrecerá incentivos a las parejas jóvenes. También les digo a mis pensionistas que hagan lo que puedan por incrementar el número de bebés nacidos, y ellos me han asegurado que harán lo que puedan. La pregunta que quisiera plantearle ahora es la siguiente. ¿Cree usted que es suficiente con incrementar la tasa de natalidad para resolver el problema de las pensiones y el enorme número de personas mayores, o no es igualmente importante crear nuevos puestos de trabajo? Mientras haya personas sin empleo, la existencia de personas más jóvenes no resolverá el problema de los mayores: habrá simplemente un número creciente de jóvenes desempleados, que no pueden pagar las pensiones de los mayores. ¿No sería mejor tener más trabajos, además de más bebés?

Diamantopoulou
Me temo, señor Fatuzzo, que si vinculamos el número de nuevos puestos de trabajo con el número de nacimientos, nos encontraremos con sorpresas muy desagradables. Todo lo que he de decir es que, incluso si la tasa de natalidad aumentara significativamente en Europa e incluso si el número de inmigrantes se duplicara, la población europea seguiría sin estabilizarse y su número seguiría bajando. Por consiguiente, el problema demográfico realmente es una cuestión candente para los Gobiernos; en lo que respecta al mercado laboral, una población más grande aportaría evidentemente más dinamismo a la economía. El ejemplo de los Estados Unidos, donde la población está aumentando rápidamente a medida que se integran los inmigrantes, es importante.
Así pues, es vital que nos demos cuenta de que la situación actual causará graves problemas en el mercado laboral existente, donde a partir de 2030 tendremos escasez de trabajadores de menos de 30 años. Por consiguiente, al margen de con qué intensidad hemos de actuar con respecto a este problema del empleo, y tiene usted razón al decir que hemos de crear más y más puestos de trabajo, también hemos de actuar directamente para incrementar la población de Europa.

Khanbhai (PPE-DE).
En primer lugar, es un gran placer tener aquí a la señora Comisaria. He escuchado el debate en la televisión en mi oficina y he oído sus respuestas a mis colegas.
Quiero retomar la pregunta del Sr. Fatuzzo, porque está en mi informe sobre tecnología de la información y la comunicación y su efecto en las PYME. Espero que esté usted de acuerdo con una de las recomendaciones que hice en el informe, concretamente que hay muchas personas mayores que se han jubilado a partir de los 55 años que estarían encantadas de volver a trabajar si se les diera un incentivo económico para hacerlo. La tecnología de la información y la comunicación es un ámbito en el cual podríamos emplearlas, si dispusiéramos de incentivos económicos para darles formación. Después, si trabajan, sería importante no gravar sus ingresos por tener también una pensión de jubilación.
Ello tendría un doble efecto. En primer lugar, permitiría que la gente mayor trabajara e hiciera uso de sus competencias. Por consiguiente, sus ingresos disponibles tendrían un efecto en las economías rurales porque estas personas tenderían a gastar esos ingresos. En segundo lugar, no dependeríamos tanto de la mano de obra importada. Evidentemente, es bueno tener una tasa de natalidad alta, pero necesitaríamos años antes de esto se reflejara en la mano de obra. Mi recomendación comportaría una solución rápida. Me gustaría saber qué piensa la Comisaria al respecto.

Diamantopoulou
Estoy de acuerdo en que en estos momentos necesitamos urgentemente integrar a trabajadores de más de 55 años de edad en el mercado laboral europeo.
Las cifras son en efecto preocupantes. En Europa, sólo el 37% de las personas de más de 55 años siguen trabajando. Durante años, la jubilación anticipada se ha utilizado como mecanismo de reestructuración en la mayoría de los países. Se ha sacado a muchas personas de sus puestos de trabajo y por supuesto, a medida que se reestructura la sociedad de la información, los trabajadores de más edad son los primeros en irse. Cuando analizamos los sistemas de pensiones y sus problemas, generalmente hablamos de la necesidad de aumentar la edad de jubilación. Se trata de un enfoque económico que han de adoptar muchos países; sin embargo, al mismo tiempo no podemos retrasar la edad de jubilación si no hay políticas e incentivos específicos, como ha dicho usted, para que estas personas entren en el mercado laboral, y es por ello que, por lo menos a escala europea, una de las principales prioridades de nuestra Estrategia de Empleo y de nuestra reciente revisión de esta estrategia han sido los mayores de 55 años.
En el objetivo de Barcelona, cada país se comprometió a conseguir que en 2010, el 50% de las personas mayores de 55 años trabajaran. Todos los países se comprometieron también a incluir un porcentaje de personas de más de 55 años en la formación y en la política de formación y aprendizaje permanentes, es decir, que habrá incentivos en forma de exenciones fiscales o subvenciones para estimular a estas personas a volver al trabajo.
Por supuesto, está el importante sector social al que se ha referido usted, donde no hay pleno empleo, pero se ofrecen servicios sociales con determinados incentivos específicos. Ésta es la política de envejecimiento activa que apoyamos constantemente y que se incluye en nuestras directrices.

El Presidente.
Pregunta nº 47 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0014/03):

Asunto: Acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas y acoso sexual
En relación con la Directiva 2002/73/CE

Diamantopoulou
El placer es mío de estar aquí, sobre todo porque el debate es tan interesante y porque hay tantos participantes.
Las disposiciones de la reciente Directiva 2002/73/CE definen por primera vez, en un texto comunitario vinculante, el acoso relacionado con el sexo y el acoso sexual como discriminación en el lugar de trabajo y por ello lo prohíben. Además, los Estados miembros han de tomar las medidas necesarias para alentar a los empresarios a impedir el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Estas disposiciones afectan al sector privado y al sector público, e incluyen a las fuerzas armadas.
La nueva Directiva refuerza la protección de las víctimas de la discriminación por razones de sexo con disposiciones específicas que reflejan la jurisprudencia del Tribunal.
A fin de cumplir las disposiciones de esta Directiva, todos los Estados miembros, incluida España, por supuesto, tendrán que tomar medidas y ponerlas en vigor, a más tardar, el 5 de octubre de 2005. En esa fecha, tales medidas, incluidas las que se refieran al acoso y al acoso sexual, también abarcarán a las fuerzas armadas. Para entonces, los Estados miembros deberán garantizar que han tomado todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación por razones de sexo en todos los ámbitos que abarca esta Directiva.

Izquierdo Rojo (PSE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, muchas gracias por esta contestación, que es realmente eficaz. A la vista de ella no sé cómo podríamos actuar en España para urgir al Ministro de Defensa a que aborde algunos casos graves de violación y de agresión sexual, como el de la soldado Quiñoa en el ejército. Porque aunque hace ya un año que el ministro prometió en las Cortes cumplir algunos compromisos que agilizaran estos casos, todavía no lo ha hecho.
Sin embargo, se da un vacío legal grave, porque estas agresiones sexuales son tratadas dentro de la jurisdicción militar como abusos de autoridad y no como violaciones de los derechos humanos, que es lo que son.
Señora Comisaria, ¿qué medidas podríamos tomar para urgir la aplicación de esta Directiva? Estaría muy interesada en acometer, en este sentido, alguna medida. Quizás una carta dirigida a usted que pudiera transmitir al Ministro de Defensa español para que aborde este caso de la soldado Quiñoa podría surtir efecto, porque hace más de dos años que la víctima está sin destino, relegada en las fuerzas armadas, mientras que su violador, el teniente Iván Moriano, está dentro del ejército, es reincidente, y no se han adoptado medidas. Es un caso grave de acoso sexual dentro del ejército que está pendiente.
Es también un asunto europeo, porque me he documentado, señora Comisaria, y hay diferentes casos en toda Europa. Por eso, si usted me lo permite, yo dirigiría una carta a la Comisaria que reflejara un poco este debate, señor Presidente, y que usted pudiera transmitir al Ministro de Defensa, Sr. Trillo, que debería abordar este problema tan grave.

Diamantopoulou
Señor Presidente, dado que la Directiva aún ha de aplicarse, la Comisión no puede intervenir de forma efectiva. Creo que es muy importante indicarle al Ministro un instrumento muy concreto que puede utilizar antes de que se aplique la legislación. Este instrumento es el código de práctica de la Comisión, anexo a la recomendación de 1991 de la Comisión.
Es un código de práctica que tiene que ver con la necesidad de impedir el acoso sexual o el acoso en el lugar de trabajo. Prevé medidas políticas muy concretas. Entre ellas se incluye la información a los trabajadores, la notificación a los trabajadores de los principales mensajes; la formación de los trabajadores; la formación a de los mandos intermedios sobre esta cuestión y luego la asunción de responsabilidades.
El empresario ha de asumir la responsabilidad de crear un entorno que impida el acoso sexual. La empresa ha de ofrecer al empleado o empleada la oportunidad y el derecho de quejarse y de comentar con un miembro determinado de la dirección su problema particular. Pueden dar estos primeros pasos para preparar a las fuerzas armadas de cara a la aplicación de la Directiva.
Para mí será un placer enviar el código de práctica al Ministro. Sería útil para las fuerzas armadas españolas.

El Presidente.
Ya no podemos realizar más preguntas, Sr. Moraes, solamente si hace usted una pregunta complementaria a la pregunta de la Sra. Izquierdo. Pregunta complementaria.

Moraes (PSE).
Sé que la Sra. Comisaria mantiene un compromiso personal con el antirracismo y el paquete del artículo 13. Es muy amable por su parte aceptar esta pregunta complementaria. Muy brevemente, la Sra. Comisaria no pudo asistir a la Conferencia Mundial de la ONU sobre el Racismo, pero hizo llegar su mensaje de simpatía. La preocupación entre las ONG y muchos otros agentes en este paquete del artículo 13 es que mientras estos Estados miembros con legislación sobre la igualdad racial...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 48 a 81 serán contestadas por escrito.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la política de transportes de cara al 2010.

Peijs (PPE-DE).
Señor Presidente, junto con el ponente, todos los grupos se han esforzado en lo posible - de hecho han recorrido ya un largo camino - para alcanzar una medida firme de acuerdo en este expediente, y agradezco al ponente su colaboración. Tal como hemos dicho esta tarde, puede que haya tomado bastante tiempo, Señora Comisaria, pero, cuando ya está todo dicho y hecho, hemos sido mucho más rápidos que el Consejo.
Un comentario general para empezar: el Libro Blanco que esboza las líneas de la política europea de transportes de cara al 2010 tiene, en mi opinión, un defecto: pone demasiado énfasis en el transporte por ferrocarril, como si se tratara del único medio real de transporte del futuro. Pero tenemos que ser realistas. No podemos dar al ferrocarril un protagonismo mayor del que se merece o puede asumir en vista de su funcionamiento actual. Es imperativo que la liberalización del ferrocarril sobre la que el Parlamento tomó una decisión recientemente resulte en una mayor seguridad para el tráfico transfronterizo, menos burocracia, una mayor orientación al consumidor y una mayor previsibilidad; y no, por definición, en privatizaciones.
Por el contrario, la escasa atención que reciben el transporte por carretera y, sobre todo, al transporte fluvial, marítimo y aéreo es bastante difícil de justificar. El gran grado de flexibilidad, eficiencia y fiabilidad que ofrece el transporte por carretera ha supuesto un enorme crecimiento en este sector. La calidad del transporte por carretera es de suma importancia, y es lo que respalda la economía europea. Por consiguiente, tenemos que seguir invirtiendo en mejoras, como la construcción de carreteras más inteligentes y el desarrollo de la red de carreteras. Una economía competitiva para Europa radica o depende de un sector europeo del transporte sólido.
En el Libro Blanco apenas se presta atención al transporte por vías fluviales interiores que, en algunas partes de Europa, ofrece un mayor potencial para aligerar la presión sobre el transporte por carretera que el ferrocarril Es muy decepcionante. Por lo tanto, me alegra que el Parlamento, en su reacción respecto al Libro Blanco, considere la importancia del transporte por vías fluviales interiores como una modalidad de transporte innovadora, respetuosa con el medio ambiente y relativamente económica que pronto conectará a Europa del Este y Europa Occidental. Las posibilidades de crecimiento en este sector son todavía muy grandes. Eso, sumado al transporte marítimo de corta distancia, hace que el transporte por vías fluviales interiores sea una modalidad de transporte a tener en cuenta.
La financiación de la infraestructura de transportes en todas sus modalidades parece representar un problema importante en toda Europa. La infraestructura ferroviaria, en particular, tendrá un coste de miles de millones para los ciudadanos en el futuro. Todo ello tendrá que financiarse repercutiendo los costes externos que tengan que introducirse al mismo tiempo para todas las modalidades de transporte. Las subvenciones cruzadas, tal como propone la Comisión, sólo son aceptables en zonas específicas, como los Alpes o los Pirineos. De manera que no estamos en contra de ello, Señor Swoboda. No podemos imponer más impuestos gravosos al transporte por carretera para, seguidamente, destinar los fondos recaudados a la financiación del ferrocarril. Esto va en contra del principio de la economía de libre mercado, según el cual todos los medios de transporte deben gozar de las mismas condiciones de competencia. No es una buena idea utilizar los precios como una herramienta, pero si se utiliza, debe utilizarse equitativamente. El consumidor paga y el contaminador paga, pero ambos deben pagar por lo que ellos mismos consumen y contaminan, no por lo que le corresponde a una modalidad de transporte competitiva. 
Desde este punto de vista, no puedo entender la sugerencia del Sr. Bolkestein de que empecemos a aplicar nuevos impuestos internos al transporte por carretera: sobre la gasolina y el diesel. Estoy en desacuerdo, según el contexto, todos los medios de transporte deben tratarse equitativamente, al mismo tiempo. Nunca hemos prometido que algunos políticos fueran a imponer aún más impuestos al ferrocarril. Ya nos hemos resignado a ello, pero no dejemos que ocurra eso mismo en las carreteras.
Señor Presidente, quisiera ahora retomar dos puntos importantes: la Agencia Europea de Seguridad en la Carretera y la creación de un fondo europeo de transporte. La mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos no se alegra para nada ante la perspectiva de estas dos iniciativas. En primer lugar, hablaré de la Agencia. No hace falta decir que es muy importante aumentar la seguridad de las carreteras en Europa: una sola víctima de un accidente de tráfico es ya demasiado. La cuestión, sin embargo, radica en si una agencia representa un medio eficaz para tratar de resolver este problema por el momento, principalmente porque la autoridad en el ámbito de la seguridad del tráfico a escala de la Unión Europea prácticamente no existe. Nosotros creemos que se necesita una forma más flexible de coordinación. Señor Presidente, me parece que el fondo de transporte supone un esfuerzo demasiado grande para países que no pueden pagar sus propias carreteras ni tampoco quieren pagar las de otros países.

Piecyk (PSE).
Señor Presidente, quisiera en primer lugar agradecer al ponente su labor y también sus esfuerzos por reconciliar las distintas posiciones que hoy se han expuesto aquí.
Creo que el Libro Blanco brinda a la política europea de transportes una gran oportunidad para sacar las conclusiones correctas del análisis implacable que contiene. No podemos quedarnos sin hacer nada; no podemos esconder la cabeza debajo del ala, ya que eso nos llevaría de forma casi inevitable al fracaso de la política de transportes. El análisis es duro y cruel y, Señora Peijs, debemos aceptarlo: todos los días se producen congestiones de tráfico de 7 500 km en las carreteras europeas; entre 1990 y 1998, las emisiones de CO2 aumentaron un 15%; el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril ha disminuido en los últimos años del 21% al 8,5% y, sólo entre 1990 y 1996 se construyeron diariamente nuevas autopistas equivalentes a 10 campos de fútbol.
Simplemente no podemos continuar así y la única respuesta es un cambio radical en la política de transportes. Por ello digo que el análisis del Libro Blanco no tiene ya nada que ver con la movilidad legítima, que nosotros apoyamos, ni con una política de transportes más respetuosa con el medio ambiente. Por ello necesitamos un replanteamiento radical, sobre todo del transporte de mercancías, donde tenemos que potenciar el transporte ferroviario y fluvial. Se trata, pues, de promover los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente y hacer de la sostenibilidad nuestra base y nuestro patrón. No podemos dar por sentado el crecimiento económico ni el crecimiento del transporte, ya que como políticos de transportes tenemos que considerar también si cabe la posibilidad de reducir el tráfico de manera importante. En mi opinión, el Libro Blanco tiende a descuidar este aspecto.
Creo que la Comisión ha sacado las conclusiones correctas de este análisis y ha adoptado muy buenas medidas. Hemos realizados grandes progresos en política ferroviaria y también respecto a la seguridad marítima, sobre todo - lamentablemente - gracias al Erika y al Prestige.
Sigue faltando un área muy compleja, que es la internalización de los costes externos. En términos más sencillos, eso significa que no todos los que viajan por carretera, ferrocarril o vías marítimas o fluviales pagan el mismo precio por lo que realmente utilizan. Por ello espero que, muy pronto, la Comisión presente una propuesta seria - que debatiremos en profundidad - para que podamos garantizar que todos las modalidades de transporte soporten una carga de costes justa, basada en costes reales y transparentes.
Mi último comentario, Señora Comisaria, ya lo abordó usted en su anterior intervención. La ampliación se nos echa casi encima y creo que debemos esforzarnos en lo posible por no repetir los mismos errores ni volver a adoptar las mismas lamentables políticas de transporte que hemos visto aplicar en los Estados miembros durante los últimos 30 ó 40 años. No debemos repetir los mismos errores con los nuevos Estados miembros. Por ello creo que tiene usted la gran responsabilidad de no repetir esos errores en los nuevos Estados miembros y de trabajar con ellos para implantar, a corto plazo, una política europea de transportes eficaz y equitativa.
Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, estoy convencido de que podríamos haber convertido fácilmente las 150 páginas del Libro Blanco sobre la política europea de transportes de la Comisión en una visión de 300 páginas. Desde el punto de vista del procedimiento, este informe compromete al Parlamento Europeo. No envidio al ponente. Ha tenido que integrar, reflejar y resumir los diferentes puntos de vista sobre el transporte que existen en esta Cámara para que la Comisión Europea pueda extraer una opinión o posición clara. La redacción de un informe claro sobre un tema tan amplio como ese, con un título tan desafiante como «de cara al 2010», parecía una tarea ingente. Me alegré de participar en la preparación, junto con el ponente y los otros ponentes en la sombra, de las líneas generales de una visión sobre la que pueda empezar a trabajar la Comisión Europea. Estoy satisfecho con esas líneas generales y creo que podemos seguir avanzando. Las secciones que preocupan a los corazones liberales son las relacionadas con la tarificación de las infraestructuras, la repercusión de los costes externos de las diferentes modalidades de transporte, la relativa disociación entre el crecimiento económico y el crecimiento del transporte, la mayor atención prestada al desarrollo del transporte multimodal y la atención prestada a la navegación interior. Mis deseos han quedado perfectamente reflejados y estoy satisfecho con la aportación del Sr. Izquierdo.
Antes de perderme en los detalles de la Comisión, quisiera mencionar además la metodología de la Comisión y su objetivo en el Libro Blanco. No se debe permitir que la metodología de los impuestos cruzados para aligerar la presión que soporta el transporte por carretera y transferirla a otras modalidades de transporte, distorsione la competencia en el mercado de los transportes. Lo que quiero decir es que cada modalidad de transporte ofrece sus propias ventajas comparativas, y ahí es donde debemos centrarnos en primer lugar. Creo que el futuro ofrece grandes oportunidades al transporte ferroviario y fluvial, pero también a la navegación costera. En resumen, celebro que la Sra. de Palacio se haya mostrado esta tarde tan optimista también respecto a la navegación interior y espero que se preste suficiente atención a las conexiones multimodales y a la calidad con el uso de tecnologías de información y comunicación.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, aparte de los soldados y marineros, antiguamente sólo las personas más ricas y poderosas viajaban lejos de sus hogares. Sólo un grupo pequeño y privilegiado podía adquirir mercancías procedentes de lugares lejanos. Hoy en día, la economía ha experimentado un aumento tan colosal que muchas personas trabajan en un lugar distinto del que residen y pasan sus vacaciones más lejos todavía de sus hogares. Las materias primas y los productos semielaborados y acabados son transportados a distancias enormes desde los lugares donde la producción es más barata hasta otros lugares donde se prevé que muchos compradores estarán dispuestos a pagar altos precios por ellos. La existencia de la Unión Europea ha reforzado todavía más esta tendencia, en parte por la introducción de una moneda única, la gran libertad para la aviación libre de impuestos y la construcción de autopistas transfronterizas.
Durante mucho tiempo se han considerado sólo las ventajas que comporta un incremento de esa magnitud. El hecho de que el transporte necesario se haya hecho comparativamente cada vez más barato se ve como un gran paso hacia delante. Los líderes de opinión difícilmente admitirán que los crecientes flujos de tráfico generan una presión cada vez mayor sobre el espacio, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica y los accidentes de tráfico por carretera. Cada vez son más las personas que están experimentando ya los inconvenientes. Ahora sabemos que es importante reducir el tráfico innecesario y elegir modalidades de transporte que ocupen poco espacio y contaminen menos el medio ambiente. Ha llegado, pues, el momento de elegir. Que, causalmente, es el título del Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el transporte de cara al 2010 que debemos valorar hoy.
¿Estamos realmente haciendo una elección? La Comisión ha intentado, por lo menos, hacer una distinción entre, por un lado, el automóvil y el avión, que están aplicando una carga cada vez mayor sobre el medio ambiente y, por otro, el transporte ferroviario y el transporte marítimo y fluvial, que son respetuosos con el medio ambiente. Ello supone la transferencia de los flujos de tráfico actuales y la canalización de todo nuevo crecimiento de forma que tanto los ciudadanos como el medio ambiente puedan sobrevivir razonablemente bien en una región con una densidad de población cada vez mayor. Las primeras reacciones de las organizaciones de las partes interesadas y de este Parlamento fueron, por desgracia, negativas. Nadie está en contra del crecimiento del transporte por ferrocarril o por vía navegable, pero los ciudadanos quieren que el transporte aéreo y el transporte por carretera reciban el mismo trato; en otras palabras, posibilidades de crecer por lo menos con igual rapidez. Por consiguiente, la política de la Unión Europea tendría que orientarse a la creación de capacidad en exceso a cargo del contribuyente. Debido a ese exceso de capacidad productiva tan onerosa, los transportistas de mercancías tendrían, en algunos casos, libertad para elegir el medio de transporte más rápido o más económico para ellos en ese momento.
Ese exceso de capacidad podría aumentar también la competencia. Lo que significaría que los trabajadores, en particular los que trabajan en ferrocarriles o puertos, tendrían menos seguridad de poder mantener su empleo y sus ingresos. Se verían enfrentados a los trabajadores de otros sectores, que ya no estarían seguros de mantener un flujo de trabajo estable. Todo tipo de propuestas de liberalización pueden tener una repercusión negativa en los ciudadanos y en sus condiciones de vida. Por desgracia, parece ser que las decisiones que se necesitan más desesperadamente seguirán sin tomarse antes de 2010. Será entonces cuando se produzcan la substitución del ferrocarril por las autopistas en los nuevos Estados miembros, una iniciativa sobre la que el Sr. Piecyk ha tenido el acierto de advertirnos hace un momento. Esta no es la manera correcta de proceder y, lamentablemente, no tenemos garantías suficientes.

Bouwman (Verts/ALE).
Todo el mundo sabe que nos enfrentamos a un enorme crecimiento del tráfico y hoy el Sr. Piecyk nos ha explicado todos los terribles efectos que eso va a tener. Para resumir brevemente, tendrá efectos sociales, sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad, y la globalización tiene algo que ver en todo ello. En pocas palabras, creo que el problema se describe con exactitud en el Libro Blanco. Naturalmente, lo que estamos intentando en principio, por motivos medioambientales, pero también por otras muchas razones, es separar el crecimiento económico del transporte y los problemas que éste plantea.
Lo que echo de menos, y en eso coincido con el Sr. Piecyk, que ha hablado sobre cómo evitar el tráfico, es lo que en los Países Bajos llamamos prevención o limitación del transporte. En los Países Bajos, constituye una de las principales líneas políticas y quisiera que se tomara también en serio a escala europea. Se trata de un enfoque sectorial. Todos podemos imaginar lo que ocurre si se opta por una mayor producción a escala regional; por ejemplo, en el sector agrícola. Se evita la necesidad de transportar carne o animales.
Una segunda alternativa es recurrir a las nuevas tecnologías. Todo es posible en este sentido: automóviles con bajo consumo de energía y menos emisiones, etc. En lo que se refiere a la transferencia entre modalidades, la Sra. Peijs acaba de decir que la Unión Europea no debe incentivar el ferrocarril. Estoy en total desacuerdo con eso. Creo que es realmente necesario, pero también creo que existe una absoluta necesidad de abordar seriamente los problemas de las emisiones de los ferrocarriles comparado con las otras modalidades de transporte.
Un último punto: los precios. Si consideramos los debates que han tenido lugar hasta la fecha sobre los precios, me parece muy desalentador que, después de cuatro años de formar parte de este Parlamento, después de que un grupo ha trabajado sobre este tema a alto nivel, después de que hemos redactado el borrador del informe Costa, no hemos realizado ningún progreso en este área. Debo decir que tengo más esperanza en los enfoques prácticos, en Suiza por ejemplo, que en las consideraciones teóricas. Por último, comparto también el punto de vista sobre las cuestiones relacionadas con la expansión y la exhortación a no caer en los mismos errores, como ya se ha dicho.

Van Dam (EDD).
Una característica clave de la política de transportes de la UE es la durabilidad. Dentro de esto, nosotros creemos que el aspecto más importante es el medio ambiente. Nos complace que los objetivos de Kioto hayan adquirido protagonismo en la resolución. Su consecución parece menos fácil. Sólo con medidas estrictas podremos erradicar la tensión entre los flujos de transporte crecientes y la cada vez mayor contaminación medioambiental. La cuestión es si la UE está dispuesta y puede tomar ese tipo de medidas: medidas que afectan al reparto entre modalidades de transporte. Aquí también hemos escuchado argumentos en su contra. Después de todo, los usuarios - el mercado - son los que tienen que elegir qué modalidades utilizan finalmente. Nadie puede negar ni negará que eso ha tenido importantes efectos secundarios. Por consiguiente, se ha legitimado la corrección de ese movimiento y podemos dar nuestra conformidad a iniciativas como la transferencia entre modalidades, la asignación de costes, la reducción de efectos externos, y la disminución y prevención del transporte.
No perdamos de vista la realidad ni las condiciones del mercado con esas acciones. No se podrán conseguir todas las condiciones ideales. Esto es totalmente cierto para los países candidatos, cuyas políticas de transportes están avanzando en una dirección no deseable. Si bien ellos tienen que formular su propia política de infraestructuras, la UE debe proporcionarles un fuerte incentivo para dar a las modalidades duraderas (vías navegables, ferrocarril, conductos) una oportunidad justa y evitar la situación restrictiva en la que se encuentra actualmente la UE.
Finalmente, el desarrollo regional y una posible política de planificación de la UE. Me sorprende que respecto a esta cuestión en particular, muchos colegas - que son partidarios del libre mercado - aboguen por una política condescendiente. En nuestra opinión, el éxito de algunas situaciones planificadas tiene un origen histórico o geográfico. Las tentativas de imitar esos éxitos con importantes inyecciones de capital son costosas y no podrán salvar las diferencias. Por lo tanto, no nos parece acertada una política de planificación europea. Señor Presidente, ante nosotros tenemos una resolución global. Con algunos buenos puntos y otros que no lo son tanto. Por eso, pido a sus Señorías que apoyen nuestras enmiendas.

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, todo el enfoque del Libro Blanco sobre la política de transportes europea es incoherente, aunque reconocemos el buen trabajo realizado por el ponente. Es una buena base para elaborar un informe más crítico en el futuro. Hemos de aplaudir la decisión de la Comisión de compartir responsabilidades en el ámbito de la política de transportes, así como su simpatía por el principio de implicar a las autoridades locales y regionales, los sindicatos, las asociaciones relevantes y los usuarios del transporte en este proceso de elaboración política.
También hemos de rendir tributo al ponente que, en una visión conjunta del impacto económico, social y ambiental global, pide a la Comisión que promueva las buenas prácticas para reducir el transporte por medio de la aplicación de nuevos procesos de producción que paliarán la necesidad de transporte. Pero es contradictorio proponer, al mismo tiempo, la liberalización y la apertura de mercados en el sector del ferrocarril, abandonando por completo a los servicios públicos.
Además, no podemos aceptar su punto de vista con respecto al mantenimiento en el sector público de la carga de los costes de infraestructura del transporte por motivos de seguridad -que son absolutamente evidentes-, cediendo los beneficios económicos a las empresas privadas.
El transporte es crucial para la sostenibilidad económica y el equilibrio interno en cualquier comunidad, ya sea la Unión Europea en su conjunto, ya un pequeño país como el mío.
Quisiera llamar la atención sobre la cuestión del ferrocarril de alta velocidad que conectará París con Madrid a través del corredor de Europa Occidental con su empalme en el País Vasco. En lugar de revitalizar la red ferroviaria, teniendo en cuenta la clara voluntad de los vascos, se ha dado prioridad a la línea ferroviaria de alta velocidad, promoviendo una actitud poco ecológica ya visible en la política viaria, al margen de los costes externos relacionados con el uso de esta modalidad de transporte.
Este enfoque contradictorio permite ignorar por completo el concepto -tan querido por la Comisión- de regiones sensibles en la zona muy sensible de los Pirineos. Como ha dicho el Sr. Bouwman, deberíamos tener en cuenta lo que está pasando en Suiza en este ámbito del transporte.
¿Podría decirme la Comisaria cuándo tendrán los Pirineos su propia «convención alpina»?

Hatzidakis (PPE-DE).
Señor Presidente, felicito a la Sra. de Palacio por el Libro Blanco sobre transportes que estamos considerando en este debate. Se trata de un buen trabajo de la Comisión que nos permite mirar hasta el año 2010.
Quisiera también dar las gracias al ponente de este informe, el Sr. Izquierdo Collado. Creo que todos los grupos políticos votarán mañana más o menos lo mismo sobre algunos puntos que son vitales para el futuro del transporte en la Unión Europea.
Los principios básicos que, en mi opinión, deben guiar el desarrollo inmediato del transporte europeo son la realización del mercado único, el fomento de la competencia, en particular mediante la liberalización de los transportes dondequiera que no se hayan liberalizado todavía, la garantía de seguridad de todas las modalidades de transporte y el carácter prioritario de la protección del medio ambiente. 
Quisiera matizar estos principios comentando algunas de las cuestiones individuales. Ante todo, el debate sobre las redes transeuropeas tiene, en algún momento, que dejar de ser un debate y llevarse a la práctica, entendiendo por tal la necesidad de promover las redes transeuropeas en la práctica, lo cual requiere, de un lado, voluntad política por parte de los Estados miembros y, de otro, financiación tanto nacional como comunitaria. Por eso necesitamos aumentar los fondos destinados en el presupuesto comunitario específicamente a las redes transeuropeas.
En segundo lugar, tenemos que proceder a la apertura del mercado ferroviario. El Consejo tiene que impulsar el segundo paquete ferroviario lo antes posible sobre la base de las propuestas del Parlamento, de manera que la Unión Europea tenga algo que mostrar por sí misma en el sector del ferrocarril.
En tercer lugar, tenemos que reforzar la navegación marítima de corta distancia. Esto es de suma importancia, especialmente en algunas regiones de la Unión Europea y, naturalmente, contribuye a proteger el medio ambiente.
En cuarto lugar, nuestro debate debe incluir el papel especial que las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y las regiones insulares tienen que desempeñar para que exista un desarrollo equilibrado de las redes de transporte en la Unión.
En quinto lugar, la seguridad vial. No hay uniformidad de criterios sobre esta cuestión en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos. Personalmente, estoy a favor de una agencia europea de seguridad en la carretera, puesto que las carreteras europeas se cobran todos los años 40 000 víctimas mortales y creo que, aún respetando la subsidiariedad, es necesario que hagamos algo a escala europea.
Finalmente, dos breves comentarios sobre las medidas para promover la seguridad en el mar y la tarificación de las infraestructuras. Tenemos que abordar esta cuestión, pero con cierta precaución, pues es una cuestión más bien delicada y, si bien la Comisión necesita actuar, debe evaluar cuidadosamente la situación antes de presentar una propuesta.

Swoboda (PSE).
Señor Presidente, quisiera en primer lugar agradecerle a la Señora Comisaria el Libro Blanco que ha presentado. No se trata de una reforma radical, pero tendrá consecuencias de largo alcance para la futura política de transportes. Quisiera también dar las gracias al Sr. Izquierdo Collado, un español que ha trabajado en este Libro Blanco con un rigor que sólo se atribuiría a un alemán, y al que ha dedicado un gran esfuerzo. 
Pero como siempre ocurre con estos compromisos, existen algunas incoherencias que desearía señalar. En el apartado 9 se lee que debería haber algún grado de trasvase hacia el ferrocarril, pero de ninguna manera influyendo negativamente en la competitividad del transporte por carretera. Por consiguiente, es necesario manifestar que lo que ahora tenemos es una competencia desleal que tiene que cesar, precisamente porque determinados costes asociados al transporte por carretera - y en particular los costes medioambientales - no se toman en cuenta.
No se trata tampoco, como se lee en el apartado 10, de forzar el trasvase de un modo de transporte a otro. En todo caso, el trasvase afectará sólo a algunos sectores. Naturalmente, también necesitamos vehículos pesados para el transporte de mercancías. Pero se trata de que, precisamente cuando las carreteras soportan una presión excesiva y no se están teniendo en cuenta los costes medioambientales, la capacidad no utilizada del transporte por ferrocarril se utilice mejor. Hoy puedo decir que incluso en el caso del paso de Brenner - tan controvertido - existe una capacidad no utilizada que podría aprovecharse y contribuir con ello a mejorar el medio ambiente.
Por último, permítanme que aborde la cuestión de la financiación cruzada. Creo que es correcto referirse en el apartado 75 a que las propuestas de la Comisión constituyen la forma correcta de avanzar. Tampoco se trata de una subvención arbitraria, sino de compensar las desventajas existentes y reforzar una modalidad de transporte que, lamentablemente, ha sufrido en las últimas décadas las consecuencias de la prioridad dada a consolidar la situación del transporte por carretera. Por consiguiente, de lo que se trata es de restablecer el equilibrio y eso debe manifestarse aquí.
Una vez más, espero que este informe, en caso de que se adopte ahora, sea una verdadera ayuda para que la Comisión pueda poner en práctica las propuestas del Libro Blanco.

Pohjamo (ELDR).
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, yo también quiero agradecer al ponente, el Sr. Izquierdo Collado, el excelente y completo informe que ha preparado. El ponente ha introducido notables mejoras en la propuesta de la Comisión. Los principales objetivos son aliviar la congestión, crear nodos de intermodalidad, mejorar la seguridad y promover el transporte sostenible. Estos objetivos se dirigen principalmente a las regiones centrales de la Unión.
Quisiera recordarles a todos las necesidades del transporte en distritos y regiones periféricos y ultraperiféricos, y en zonas geográficamente problemáticas. Para estas zonas, que tienen unos flujos de tráfico reducidos, es sumamente importante que existan conexiones de transporte buenas y viables. En el Libro Blanco de la Comisión se ignoran prácticamente por completo estas necesidades. Cualquier política de transportes común que se formule debe tener en cuenta las necesidades especiales de las islas y las zonas montañosas poco pobladas. Unas buenas conexiones de transporte asegurarán que todo el territorio de la Unión se mantenga dentro de la esfera de un mercado único funcional y todos sus recursos se utilicen. 
Quisiera mencionar un último detalle. El duro invierno que hemos tenido ha originado un nuevo tipo de riesgo para la seguridad en el transporte marítimo. Se ha incrementado el número de remesas de petróleo en el mar Báltico provenientes del nuevo puerto petrolero de Rusia. Al mismo tiempo, el riesgo de desastres petroleros ha aumentado como consecuencia de las condiciones excepcionalmente glaciales de este invierno. La UE, al igual que la Organización Marítima Internacional, no dispone de ningún acuerdo sobre las condiciones que debe reunir un buque que transporta petróleo para viajar a través del hielo. Esta laguna en las medidas de seguridad debe repararse rápidamente.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010 está claramente a favor, y yo lo celebro, de inclinar la balanza entre las modalidades de transporte a favor del ferrocarril y las vías navegables. En él se establecen prioridades con vistas a ese trasvase: adoptar disposiciones que aseguren una tarificación justa y actuar para combatir los cuellos de botella y la degradación medioambiental, además de proporcionar un papel fundamental a los usuarios. Sin embargo, al igual que todas las directivas adoptadas en esta materia, siempre se recuerda el objetivo de liberalizar todos los sectores del transporte, como si se tratara de la única solución viable.
El informe del Sr. Izquierdo Collado se acompaña de una serie de enmiendas que debemos apoyar si queremos proteger el medio ambiente. También hace algunas propuestas para armonizar los impuestos sobre los combustibles y los precios del transporte. Con respecto a la seguridad por carretera, me parece bien su propuesta de crear una Agencia Europea de Seguridad en la Carretera.
Como demostraron mis constantes intentos por llamar la atención sobre la cuestión fundamental de la financiación cuando se estaba redactando la Directiva sobre la interoperabilidad del ferrocarril, estoy plenamente de acuerdo con las propuestas del Sr. Collado sobre la creación de un Fondo Europeo de Transportes que asegure la viabilidad económica y la credibilidad de las políticas propuestas. Pero como podrán comprender, no comparto su apoyo a los procesos de liberalización en curso.
La próxima semana examinaremos algunas directivas sobre los ferrocarriles, el transporte y los servicios náuticos y técnicos, todas ellas encaminadas a la liberalización de estos sectores. Naturalmente, debemos apoyar la petición de la Comisión de evaluar las consecuencias de la liberalización, como lo hace el Sr. Collado. Creo, sin embargo, que debemos reforzar también los servicios públicos modernizándolos. Creo que los servicios públicos o los servicios de interés general deben constituir el núcleo de la política de transportes de la Unión y, como tales, deben incorporarse a los futuros Tratados.
Creo verdaderamente necesario inclinar la balanza del transporte a favor de los ferrocarriles, pero todavía nos queda mucho por hacer en materia de distorsión de la competencia, que sigue siendo considerable, y, en particular, deberíamos actuar con mucha más resolución exigiendo que se reduzca el tiempo de conducción permitido a los conductores de camiones, que es también una condición para mejorar la seguridad.
Mi grupo considera, asimismo, que el informe debería preocuparse más de los aspectos sociales. Además, ha presentado varias enmiendas relacionadas con la importante cuestión de obligar a armonizar la normativa social para todos los modos de transporte.
El transporte también incluye, naturalmente, el transporte marítimo y, en un momento en el que el desastre del Prestige sigue estando todavía muy presente en nuestras mentes, quisiera llamar su atención a la enmienda que ha presentado mi grupo, invitando a la Comisión a elaborar una propuesta legislativa que obligue a los contaminadores - compañías petroleras, sociedades clasificadoras de riesgos, navieras y fletadores - a pagar todos los daños y perjuicios causados por desastres en los que se hayan visto involucrados. Quisiera señalar también que el Parlamento Europeo ha solicitado la prohibición de los pabellones de conveniencia y quisiera que la Comisión tomara medidas rápidas en este sentido.
Por todos estos motivos, entenderán ustedes que mi grupo ha decidido esperar a ver si se produce algún avance con la aprobación de las enmiendas antes de adoptar una posición definitiva sobre este informe.

Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias y la enhorabuena al ponente, Sr. Izquierdo, por su excelente trabajo. En segundo lugar, le pido disculpas a la Sra. Comisaria, porque es la primera vez que en esta legislatura este diputado va a referirse expresamente a su región, Andalucía.
Andalucía -como saben- es uno de los territorios más extensos de la Unión Europea, tiene casi 8 millones de habitantes y en el año 2002 recibió 21 millones de visitantes que generaron 13 200 millones de euros. Como ustedes saben, es un territorio Objetivo 1 de la Unión, con uno de los niveles de renta más bajos, pero vive gracias a la cuestionada agricultura y al sector turístico.
El propio informe ya habla del impacto sustancial que el transporte tiene en el turismo europeo y de la necesidad de crear corredores norte-sur para facilitar la zona de libre comercio entre Europa y el Mediterráneo, así como el desarrollo de las regiones periféricas. Pues bien, ¿qué les parece, Señorías, que Algeciras, que es donde está el mayor puerto portacontenedores de la Unión Europea en el Mediterráneo, tenga una única conexión, vía ferrocarril, por el interior, que tiene un trazado con más de un siglo de antigüedad y que no permite medias superiores a 17 km/h? ¿Saben que la única zona del litoral de toda la Unión Europea del Mediterráneo que no cuenta con una autovía está entre las provincias de Almería y Málaga? Pues bien, entre ellas se encuentra la provincia de Granada, que ocupa la última posición del ranking de renta en España y en Europa. Si no llega la infraestructura, ¿cómo vamos a desarrollarnos? Éstos son botones de muestra del déficit periférico de infraestructuras que hay en la Unión.
Mientras las diferentes políticas comunitarias permitan estos cuellos de botella, poco o nada podremos hacer por tener un transporte cohesivo y una intermodalidad desde las perspectivas social y medioambiental.
Me alegra ver que este informe no ha olvidado a los usuarios de las dos ruedas, que tienen gran importancia en el transporte individual y en su sostenibilidad en las ciudades, que, gracias a ellos, son más humanas. Debemos seguir trabajando para aumentar los estándares de seguridad en el transporte y en su infraestructura, detectando los puntos negros y protegiéndolos. Señores diputados, aunque sea solamente por dinero, trabajemos, invirtamos más en seguridad. Un muerto nos cuesta 1 millón de euros y tenemos 40 000 muertos al año en las carreteras.
El informe no ha hablado del no transporte. Debemos trabajar en un aspecto innovador, como es la peatonalización de las ciudades.

Jarzembowski (PPE-DE).
Señor Presidente, Señora Vicepresidenta de la Comisión, en primer lugar mi más sincero agradecimiento para la Vicepresidenta por el Libro Blanco que ha redactado junto con sus colegas. Creo que es acertado el enfoque de la política europea de transportes que se propone en el Libro Blanco, concretamente el de trabajar en el lado de la oferta para restablecer el equilibrio entre las modalidades de transporte antes de 2010.
Señora Comisaria, quisiera también pedirle que haga todo lo que pueda para instar a la Presidencia griega a incluir el segundo paquete ferroviario en la agenda del Consejo y alcanzar una posición común, puesto que la política ferroviaria es uno de los componentes centrales de su Libro Blanco y si no avanzamos en ese campo, nos podemos olvidar de toda la idea, que ha expuesto en su documento, de trasvasar una parte del transporte de mercancías y pasajeros a los ferrocarriles. Existe el temor justificado a que los grandes Estados se junten y simplemente digan: no queremos abrir los mercados; no queremos modernizar las estructuras ferroviarias.
Espero que nos diga qué posibilidades cree usted que existen de que podamos concluir el segundo paquete ferroviario en este período legislativo. Porque si no lo conseguimos en esta Cámara, la pregunta que se plantea es si lo conseguiremos en 2005, 2006 ó 2007; si no lo logramos entonces, pondremos en peligro todo el objetivo de su Libro Blanco de restablecer el equilibrio entre los modos de transporte antes de 2010.
Me dirijo ahora a nuestro excelente ponente para decirle que mis colegas y yo nos vemos obligados a rechazar en cualquier caso dos puntos, siendo el primero de ellos el apartado 66 sobre la creación de una Agencia Europea de Seguridad en la Carretera. Señor Izquierdo Collado, la señora Comisaria de Palacio ha explicado acertadamente en su Libro Blanco que no queremos tener una legislación en materia de seguridad de las carreteras en los próximos cinco años. Queremos adoptar las mejores prácticas, buscar la manera de reducir el número de víctimas mortales que se cobran nuestras carreteras y conseguir así mayores niveles de seguridad vial. Si no existe una legislación europea, ¿para qué necesitamos una nueva agencia europea de seguridad en la carretera? Yo sugeriría que nos aseguremos de que la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la Agencia de Seguridad Aérea y la Agencia Ferroviaria Europea desempeñen correctamente sus funciones. ¡Pero no creemos ya otra agencia!
Debo decirle al ponente que tampoco puedo apoyar el apartado 79, que recomienda la creación de un nuevo Fondo Europeo del Transporte. Les digo a otros oradores anteriores: son sus respectivas regiones y Estados miembros los que deben mejorar el transporte público local en sus ciudades. No podemos gastar fondos europeos en tareas que son responsabilidad de los Estados miembros. Necesitamos los recursos que tenemos para las redes transeuropeas. Tal como están las cosas, disponemos de muy pocos recursos para eso. Si nos fijamos en lo que hemos conseguido con los proyectos de Essen, que aprobamos juntos en 1996, vemos que 14 de ellos ni tan siquiera se han puesto en marcha, ni disponemos de suficiente dinero para ellos.
Ya disponemos del Fondo de Cohesión, el fondo regional y el fondo ISPA. Señorías, ¡no creemos todavía otro Fondo Europeo del Transporte! Tenemos que apoyar las redes transeuropeas y dejar el resto a los Estados miembros.

Stockmann (PSE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, tras casi un año y medio de deliberaciones sobre el Libro Blanco y, por lo tanto, sobre nuestra estrategia para la política de transportes, tenemos ahora un informe que probablemente sea aprobado por mayoría. Nuestro agradecimiento al ponente por haber conseguido un consenso, lo que siempre resulta una tarea difícil.
El Libro Blanco, en sí mismo, merece ciertamente el calificativo de estratégico, puesto que mantiene en mente la idea de optimizar el transporte europeo en su conjunto y porque sustenta su objetivo de alcanzar una distribución equilibrada de las necesidades del transporte entre las distintas modalidades de transporte con cerca de 60 medidas específicas. Exactamente ese mismo número - 60 - de propuestas legislativas específicas siguen almacenando polvo en el Consejo. Esta es la realidad de la política del transporte y creo que es un escándalo. Hablando en términos estrictamente aritméticos, nos hallamos casi en la misma situación que en 1992, cuando se inició el proceso de aplicación del último Libro Blanco.
Hoy, me gustaría hacer hincapié en dos aspectos. En primer lugar, es urgente que se llegue a un compromiso sobre asuntos relacionados con Galileo. El punto muerto en el que nos encontramos puede cuestionar uno de nuestros proyectos bandera en política de transporte e industrial. Es verdaderamente absurdo que al principio ningún Estado miembro quisiera pagar y ahora están discutiendo si debe pagarse más.
Desde el punto de vista del desarrollo, nos hallábamos tres años por delante del sistema estadounidense GPS3. Hemos derrochado un año, los estadounidenses están recuperando otro año más con una enorme inversión y, si no nos damos prisa, pondremos en peligro el éxito del proyecto que tanto anhelamos.
En segundo lugar, existe un gran movimiento en el cielo europeo y eso se refleja ya en nuestra legislación. Ahora que el proyecto del cielo único europeo se ha situado en la órbita correcta, instamos a la Comisión a que concluya su estrategia de cielos abiertos, aunque vaya en contra de intereses nacionales, porque necesitamos un cielo único europeo.
Y para terminar, una última consideración: no tenemos que debatir la política de transportes una vez cada diez años, sino con carácter continuo, también aquí en las sesiones plenarias y, como lo estamos haciendo hoy, a una hora razonable.

Costa, Paolo (ELDR).
Señor Presidente, Señora Comisaria, el Libro Blanco ha sido el catalizador de un animado debate que ha dado una visión estratégica capaz de orientarnos hacia el objetivo de crear las condiciones para la libre circulación de mercancías y personas, que son fundamentales para conseguir la verdadera integración de una Europa ampliada y la cohesión territorial, evitando el abandono de tierras y reduciendo efectos no deseables en el medio ambiente, la seguridad y la salud pública. Se trata de un objetivo enormemente ambicioso y el año 2010 parece estar muy lejos todavía, pero si se consideran los plazos contemplados para los diversos cambios en la estructura y la infraestructura, podemos decir que ya nos hemos quedado muy rezagados. Desde esta perspectiva, el retraso en el progreso del expediente sobre la estrategia - y otros expedientes también - impuesto por el Consejo del Transporte es motivo de preocupación, mientras que sólo podemos acoger con gran entusiasmo el empuje que la Comisión está dando a todas estas cuestiones. En esta dirección y con este objetivo creemos que merece la pena seguir explorando lo que todavía nos parecen conceptos teóricos y poco elaborados, como la desconexión o el empeño en reducir el impacto del transporte en el desarrollo, que ciertamente nadie desea limitar, para de ese modo explorar políticas colaterales en el campo de la planificación del uso del suelo y la mejora de las infraestructuras mediante el uso de nuevas tecnologías.
Es igualmente importante que podamos ayudar a equilibrar la elección del modo de transporte con la internalización de los costes externos y aprovechando las diferencias en tarifas y costes internos para coordinar modalidades de transporte más compatibles.
Estas son cuestiones problemáticas y apremiantes y corremos el riesgo de perdernos en ellas, pero son cruciales y decisivas para los temas que estamos tratando. Espero que, tal como ya se ha dicho, la Declaración de la Comisión sobre la metodología para imputar los costes externos que nos permitirá establecer un sistema de asignación de los costes del transporte más justo que el actual, sustituyendo las tarifas generales que pagamos actualmente por unas tarifas específicas y adecuadas, no tarde en producirse.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, el tema del transporte en Europa, que estamos deliberando con ocasión del examen de un Libro Blanco titulado «Política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» y el informe del Sr. Collado sobre este Libro Blanco, representan para mí un ejemplo perfecto del vacío, por no decir del abismo, que existe en Europa en este campo, como en tantos otros, entre las necesidades y la realidad, entre los objetivos expuestos y los medios adoptados para su consecución. Y todo ello debido a una lógica de mercado, creada en 1992 en un Libro Blanco en el que se basaron algunas directivas sobre competitividad y liberalización, que nos ha llevado a desatender la seguridad, el medio ambiente, los aspectos sociales y la planificación del uso del suelo.
La idea sin sentido de que la liberalización es eficaz, por no decir perfecta, ha creado una miopía respecto al futuro, ha devaluado la actuación pública y los servicios públicos, ha condenado a los que creen en la necesidad de inversiones públicas a largo plazo y ha dividido la financiación, excluyendo el interés general y los efectos positivos o negativos de las decisiones tomadas a corto plazo. El propio ponente lo ha criticado con mucha firmeza y le doy las gracias por ello. También le respaldo, naturalmente, cuando dice que el transporte es un sector estratégico para la planificación del uso del suelo y para la cohesión social y económica y cuando habla de las graves consecuencias para el medio ambiente. Nos ha dicho que el desarrollo sostenible debe constituir la base de una política europea de transportes, y estoy de acuerdo con ello. Aboga por una gestión global de los transportes, y estoy de acuerdo con él. También comparto su preocupación por la seguridad y los aspectos sociales. Por consiguiente, apoyo muchas de sus peticiones, pero me temo que cuando llegue el momento de la votación, la descarga eléctrica necesaria no será suficiente para provocar cambios en una política profundamente arraigada en esta materia.
Nuestro ponente ha hablado de la necesidad de un mayor equilibrio entre los modos de transporte, y eso está bien, pero no es, ni mucho menos, suficiente. Tal como solicité en el debate sobre el Sexto Programa Marco de Investigación e Innovación, es necesaria una mayor investigación en este campo. En particular, debemos redirigir rápidamente las inversiones públicas mediante empréstitos públicos considerables. Faltan siete años para 2010, lo que quiere decir que está muy cerca. Si Europa no quiere limitarse a una lista de buenas intenciones, debe ya, en 2003, redirigir todas sus inversiones y todas sus decisiones en este campo dotándose de nuevos instrumentos legislativos y de recursos financieros adecuados para lo que está en juego.

Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, me alegra que estemos ya preparados, y esto en el día de mi cumpleaños, perfectamente sincronizado por el Parlamento a buen seguro. Sin embargo, ya nos encontramos en 2003 y mañana aprobaremos finalmente el informe de nuestro colega Izquierdo Collado sobre el Libro Blanco de la política europea de transportes. Más vale tarde que nunca. El Libro Blanco hace planes de cara al 2010. El tiempo contemplado para elaborar todo el paquete de medidas se reduce ahora a siete años. Así pues, le deseo buena suerte a la Comisión en su puesta en práctica de todo esto. La clave de muchos de los objetivos que la Comisión se ha fijado a sí misma es que se establezca un precio justo para los modos de transporte y las infraestructuras. Por consiguiente, es hora de que la Comisión presente finalmente la Directiva sobre fijación de precios. La Comisión lleva mucho tiempo hablando de eso y existe un fuerte clamor que pide ese documento, no sólo en esta Cámara por parte de los diputados que están a favor de la protección del medio ambiente y la seguridad del tráfico, sino también en los Estados miembros, que tienen gran interés en que paguen los que realmente contaminan.
Un debate estrechamente relacionado con lo anterior es la demanda de un impuesto sobre el queroseno. La Comisión debe actuar en este terreno. No podemos, por un lado, tener ferrocarriles transeuropeos subvencionados y, por otro, permitir vuelos de Bruselas a Londres por el precio de una barra de pan. El Libro Blanco permite dar una respuesta contundente a cuestiones de este tipo. Ahora corresponde a la Comisión trabajar más rápido sobre las propuestas que deben seguir a este Libro Blanco.
Por último, quisiera repetir lo que he dicho en mi discurso inaugural de hace algunos meses: el kilómetro más respetuoso con el medio ambiente es aquél que no se recorre y este Libro Blanco no ofrece ninguna solución para evitar el transporte. Se ha perdido una oportunidad.

El Presidente.
Feliz cumpleaños, Señor Dhaene, y espero que disfrute esta tarde celebrándolo con sus amigos.

Lisi (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera agradecer al ponente su trabajo tan serio, pero quisiera también añadir un comentario por mi parte. Para ser sincero, no estoy totalmente convencido de que nuestro trabajo parlamentario se beneficie de la dedicación de esta Asamblea durante más de un año y medio a trabajar en un documento, aunque sea un documento tan serio como el Libro Blanco - con más de 400 enmiendas y quién sabe qué otras complicaciones -, máxime cuando el resultado es este debate necesariamente conciso y muy breve, en el que resulta difícil tratar un tema así. Sería mejor encontrar una nueva metodología para tratar los principales capítulos del Libro Blanco y proceder artículo a artículo. Estoy proponiendo esto precisamente porque es extremadamente difícil saber qué decir en dos minutos sobre un tema de tal magnitud. Por consiguiente, me centraré no en los aspectos en los que coincido - que son muchos, la mayor parte del Libro Blanco - sino en lo que creo que es una zona gris; en otras palabras, Señora Comisaria, el asunto de las Redes Transeuropeas.
Tal como el Sr. Jarzembowsky ha dicho acertadamente, si queremos concentrar los esfuerzos de la Unión, incluidos sus recursos económicos, miremos en esa dirección, en la dirección de los proyectos que son de verdadera importancia europea. En cualquier caso, no podemos dejar de observar la insuficiente atención y el tratamiento inadecuado que reciben en el Libro Blanco. Hemos actualizado una lista de proyectos que ya se encuentran en dificultades, que se han retrasado, que no pueden avanzar, pero en vez de averiguar por qué se encuentran en un punto muerto y encontrar maneras y medios para acelerar su ejecución, hemos decidido alargar esa lista y, lo que es más, con proyectos que necesitarán grandes dosis de duro trabajo y compromiso. Su idea de indicar el interés europeo de algunos de estos proyectos es brillante, pero no se ha llevado a la práctica.
Terminaré, Señora Comisaria, diciendo que existe una necesidad general de orientarse más a los objetivos básicos, concentrándose en especial en temas de la infraestructura de la Unión Europea, instando a los Estados miembros a trabajar en esa línea, pero dirigiendo también el trabajo y los recursos de nuestra comisión hacia este terreno.

Hedkvist Petersen (PSE).
Señor Presidente, debemos apoyar un sistema de transporte en Europa que presente grandes exigencias en cuanto al medio ambiente y la seguridad. Por ello, quisiera agradecer a la Comisión y al ponente el trabajo realizado con el Libro Blanco. Ahora estamos poniendo énfasis incluso más claramente en lo que queremos conseguir respecto al medio ambiente y la seguridad. Agradezco que ahora podamos iniciar esta labor.
También agradezco, y apoyo completamente, las propuestas de transferir el transporte por carretera de mercancías al transporte ferroviario y marítimo. Eso es importante. Pero tenemos que recordar que las carreteras son de gran importancia en determinadas partes de la UE, como por ejemplo, en las regiones periféricas y poco pobladas. Por consiguiente, las diferentes modalidades de transporte deben complementarse entre sí. La creación de un sistema de transporte en la UE representa un gran desafío, puesto que Europa no constituye una zona geográfica homogénea. Por ello tenemos que tener en cuenta las diferentes condiciones, y las redes transeuropeas son de gran importancia. Es importante que se creen corredores para la redes transeuropeas de transporte. Si invertimos en corredores transeuropeos este-oeste, podremos aliviar la presión que soportan la regiones centrales con su elevada densidad de tráfico. Es conveniente que apoyemos las redes transeuropeas.
El ponente ha conseguido muy claramente destacar la importancia de las regiones periféricas y las regiones caracterizadas por largas distancias. En el informe se reconoce que cada vez se consideran más estos aspectos. No obstante, quiero hacer algunos comentarios al respecto. Estoy de acuerdo en que tenemos grandes necesidades de inversión y que debemos utilizar redes transeuropeas. Por lo que respecta al punto 79, puedo aceptar la propuesta de que la Comisión realice un estudio sobre el desarrollo de nuevos métodos para la financiación de grandes proyectos de infraestructura.
En cuanto a la propuesta de crear una agencia de seguridad de las carreteras, entiendo que una agencia de este tipo tendría la función de promover planes de construcción, adoptaría una perspectiva ascendente y fomentaría la cooperación a distintos niveles. Tenemos que mejorar la seguridad de las carreteras en la UE. En estos momentos estamos a la espera del tercer programa de seguridad de las carreteras de la Comisión y así llevamos desde hace mucho tiempo. Espero que ese programa se ponga en marcha dentro de poco.

Miranda (GUE/NGL).
Señor Presidente, el Señor Izquierdo Collado está en lo cierto cuando recuerda la obligación de la política de transportes de contribuir a un desarrollo equilibrado y a la cohesión económica y social. De hecho, cuando se piensa en una política de transportes y se trazan sus líneas generales, hay que tener en cuenta que se trata de un sector de importancia estratégica y un servicio de interés público que debe cumplir sus objetivos básicos. No menos importante, debe tenerse en cuenta el derecho de las personas a una movilidad segura, asequible y de alta calidad. La prioridad dada a las modalidades de transporte compatibles con el medio ambiente cuenta con todo nuestro apoyo, pero debemos destacar inmediatamente la contradicción que existe entre esta declaración de principios y la manera en que el informe favorece a las carreteras.
No obstante, quiero decir también que, en algunos aspectos fundamentales, nos estamos distanciando del Libro Blanco de la Comisión y también del informe del Sr. Izquierdo Collado, ya que el informe no se desvincula lo suficiente del Libro Blanco en esos aspectos. En particular, no estamos de acuerdo e incluso rechazamos el gran salto que representa el apoyo constante a la liberalización, a la apertura de los mercados en el sector del transporte, como si eso fuera la panacea que puede resolver todas las situaciones difíciles que se han ido creando a lo largo de los años y que han llevado a la subordinación del transporte público al transporte privado y a la degradación de este servicio.
Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio y nadie ha sido capaz de demostrar que la apertura del transporte a la competencia pueda resolver los problemas del sector. Es más, allí donde ha tenido lugar la liberalización, los resultados demuestran que ocurre justamente lo contrario. Por eso se han producido esos accidentes ferroviarios y de aviación, básicamente causados por la falta de inversiones en equipos y seguridad, o por los despidos y el deterioro de las condiciones sociales de los trabajadores.
Además, la idea de que garantizando la existencia de distintos operadores de estas líneas o rutas se produce una situación inicial de evidente apertura, termina sistemáticamente con la creación de verdaderos monopolios. El debate actual respecto al sector del transporte aéreo es esclarecedor en este asunto. Por último, no creo que sea aceptable, con el objetivo de asegurar un transporte seguro y de alta calidad, que los Estados dispongan sólo de infraestructuras en las que tengan que realizar fuertes inversiones y que esos mismos Estados sigan subvencionando empresas - con el dinero del contribuyente - que prestan servicios y que sean éstas las que perciban finalmente los beneficios de la explotación de esos servicios. Se trata, sin lugar a dudas, de un negocio rentable para esas empresas. Pero no ocurre lo mismo con los erarios públicos.

Foster (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mi colega, la Sra. Peijs, por la ardua labor que ha llevado a cabo intentando alcanzar compromisos viables en torno a un informe tan controvertido y difícil. Por desgracia, a pesar de ello, nuestro punto de vista no ha cambiado. El informe se anunció como un conjunto de propuestas y un programa de acción para el transporte hasta 2010, pero creo de veras que contiene poco más que unas ideas mal estudiadas y no maduradas.
No sorprenderá a nadie que la mayor parte de las ideas propuestas no hayan podido considerarse seriamente, dado que la propuesta original de la Comisión estaba tan orientada al pasado. El documento no sólo se centra casi por completo en el ferrocarril en detrimento de las demás modalidades de transporte, sino que además no consigue en absoluto aliviar la precaria situación en la que se halla por desgracia la industria aeronáutica, sobre todo desde el 11 de septiembre.
Una vez más, ha vuelto a aparecer el eterno favorito del impuesto sobre el queroseno, otra manera de colarlo por la puerta trasera. La competencia también parece haber caído en la cuneta en esta propuesta. Se le dio la espalda deliberadamente o simplemente cayó en el olvido en medio de la emoción de los entusiastas del ferrocarril en la Comisión. El consumidor tiene derecho a elegir su medio de transporte, así que quizás mejorando todas las modalidades, en lugar de concentrarse únicamente en el ferrocarril, se habría permitido que el sector del transporte compitiera lealmente.
Evidentemente, algunas de las cuestiones más conflictivas del presente documento tienen que ver con el aspecto de la subsidiariedad. Está claro que una Agencia Europea de Seguridad Vial sería malgastar por completo el dinero de los contribuyentes y constituiría otra capa inútil de burocracia. Además, también nos oponemos a la introducción de un Fondo Europeo de Transporte, pues apesta a intereses creados. Mi colega el Sr. Bradbourn se referirá a otro punto relativo a los impuestos y las tarifas de infraestructura.
Para terminar quiero decir que con esta propuesta la Comisión ha desaprovechado por completo la oportunidad de presentar unas ideas innovadoras y transcendentales que habrían podido contar con el apoyo de muchos de nosotros. En resumidas cuentas, es una propuesta retrógrada, mal pensada, contra la cual votaremos.

Poignant (PSE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, creo que existen pocos ámbitos en los que la Unión Europea deba comprometerse. Entre ellos incluyo, aunque no guarden relación con el Libro Blanco, la formación, porque el desempeño depende del conocimiento; la investigación, porque nuestro crecimiento depende en parte de la innovación; y el transporte, porque la sostenibilidad de nuestro desarrollo depende de la calidad del transporte.
Son los motivos por los que la Unión necesita recursos. Necesita dinero. La idea de un fondo europeo no es, por tanto, una mala idea. Todavía recuerdo lo que solía decir Jacques Delors: necesitamos un gran préstamo europeo para llevar a cabo una gran labor. Naturalmente, eso se ha quedado desfasado. Suena más bien anticuado, pero la economía no es una ciencia. A veces las viejas ideas vuelven, y el hecho de que el Sr. Keynes haya caído en el olvido no significa ya que la idea sea mala. Aparte de esta consideración financiera, quisiera llamar la atención sobre otros tres aspectos.
Ante todo, Europa se está ampliando hacia el este, y nuestro territorio, por lo tanto, se está desequilibrando. Creo que la Comisión no debe perder de vista todas las zonas ultraperiféricas de Europa, cuya composición geográfica es compleja, formada por islas, montañas y penínsulas, y que es necesario que nos aseguremos de que la ampliación no suponga un excesivo desplazamiento de Europa hacia el este. Con ello trato de defender la causa de la costa atlántica en el oeste de Europa, aunque estoy seguro de que ustedes son ya conscientes de sus necesidades.
El segundo aspecto es que en Europa existen muchos puertos, muchas orillas y costas. Por lo tanto, no debemos reparar en gastos en lo que se refiere a la navegación marítima. Probablemente podríamos hacer mucho más. Con todo esto quiero decir que, en lo que se refiere a seguridad marítima, debemos continuar en la dirección que ha tomado usted, y que yo creo que es la correcta.
Por último, el tercer aspecto: nuestras regiones. Tenemos que hacer progresos con nuestras regiones en materia de transporte. La política regional debe contemplar contratos tripartitos en el futuro y, desde esa perspectiva, el transporte es un factor importante para la asociación de países, regiones y Europa en su conjunto. Creo que este Libro Blanco y esta tarea brinda una buena oportunidad a la Comisión para establecer todos esos vínculos.

Rack (PPE-DE).
Señor Presidente, Señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, tanto el Libro Blanco como el informe del Sr. Izquierdo Collado muestran muy claramente que todavía queda mucho por hacer en el sector del transporte. Sin embargo, es un momento oportuno para rendir homenaje a la labor que ha realizado la actual Comisaria en materia de transporte. En un corto espacio de tiempo ha logrado que las cosas se muevan. Podemos confiar en que sigan moviéndose sin problemas y con rapidez.
En una intervención anterior, el ponente ha dicho que la política de transportes de la Unión Europea seguía teniendo una carencia en un aspecto: según él, hemos perdido la batalla de la sostenibilidad. Quisiera considerar esta cuestión haciendo referencia a un aspecto concreto de la política de transportes. Los instrumentos de tarificación y financiación se abordan específicamente y con bastante acierto en el apartado 75 y siguientes del informe del Sr. Izquierdo Collado. En cuanto al transporte, la pregunta clave siempre se refiere a lo que cuestan los servicios de transporte. Por eso es necesario comparar adecuada y detalladamente los costes reales y las ventajas económicas de las diferentes modalidades de transporte.
Esta tarde hemos estado deliberando sobre el sistema de tránsito austríaco. Debo repetir y subrayar ahora lo que hemos escuchado antes: mientras sea más barato viajar en camión a través de los Alpes y otras zonas sensibles, por buenas que sean las infraestructuras alternativas que se ofrezcan, no servirán para nada. Ni siquiera serviría un túnel por debajo de Austria si fuera más barato recorrer el país por la superficie.
Por consiguiente, les pido que presenten algunas propuestas serias sobre el transporte en zonas especialmente sensibles, y lo más pronto posible.

Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, señoras y señores diputados, en primer lugar, permítaseme rendir un homenaje a una persona vinculada al mundo del transporte, como era el jefe de la policía local recientemente asesinado por la banda terrorista ETA.
En segundo lugar, y ya más concretamente hablando del informe, quisiera hacer una serie de precisiones. Felicito al ponente por el trabajo y a Karla Peijs, nuestra ponente alternativa, porque hay enormes aportaciones suyas en este documento.
Paso a las precisiones sobre el informe. En primer lugar, late una preocupación de una serie de delegaciones, de una serie de grupos, porque entendemos que queda sin recoger, o poco recogida, la situación de determinados países cuyas infraestructuras todavía no han terminado de establecerse, frente a otros países en los cuales las infraestructuras, las inversiones en infraestructuras, fundamentalmente viarias, están completamente colmadas y lo que necesitan, en todo caso, es mejorar. Ésa es una preocupación de nuestro Grupo.
En segundo lugar, manifiesto nuestro apoyo a la creación de una Agencia de seguridad de la carretera. La cantidad de muertos que se produce en estos momentos en las carreteras europeas requiere no solamente un mensaje, sino una política eficaz y activa, y entendemos que la Agencia de seguridad por carretera puede ser un buen instrumento.
Por último, también apoyamos la creación del fondo de transporte, al margen y con otros objetivos y otras consideraciones de lo que son las redes transeuropeas y los Fondos Estructurales en materia de transporte. Daremos nuestro apoyo a estas dos ideas, que consideramos positivas.

Musotto (PPE-DE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, el Libro Blanco contiene algunas cuestiones que son de gran interés directo para Italia, como la cuestión de los pasos alpinos, la financiación de las grandes obras de infraestructura, la restitución del equilibro entre las distintas modalidades de transporte, la sostenibilidad y la cohesión en Europa. En mi opinión, la política de transportes debe ayudar a mejorar considerablemente la situación económica y social en Europa y, en particular, debe tomar en consideración la naturaleza específica de las regiones ultraperiféricas y las islas, exigiendo que se adopten medidas para mejorar en lo posible su situación de desventaja y garantizar la continuidad territorial.
Durante los Consejos Europeos de Essen y Dublín, se identificaron 14 proyectos prioritarios y, sin esperar a la consecución de esos objetivos, el Libro Blanco ha añadido otros, dilapidando claramente los recursos. A este respecto, creo que debo insistir en que ninguno de esos proyectos tiene relación con el sur de Italia, cuya situación es crítica y corre todavía más peligro de ser marginada por Europa tras la ampliación. Por situación crítica me refiero a la situación del transporte terrestre, las redes transeuropeas, el transporte marítimo y aéreo y la seguridad del transporte en general. En otras palabras, quisiera dejar claro que estas regiones tienen graves dificultades estructurales y deficiencias causadas por decisiones y políticas inadecuadas. Yo represento en esta Cámara a los ciudadanos de dos grandes islas - Sicilia y Cerdeña - que cuentan con unos 7 millones de habitantes. Pido que no se olviden los compromisos adquiridos por los ministros europeos en el Tratado de Amsterdam respecto a las regiones ultraperiféricas y las islas. Espero que la creciente liberalización del transporte se acompañe de garantías de desarrollo para las regiones más desfavorecidas.

Bradbourn (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría centrar mi intervención en este debate en diversos aspectos clave en los que discrepo, tanto con el informe como con las propuestas originales de la Comisión. Para empezar, quisiera decir que coincido plenamente con los comentarios que ha hecho antes mi colega, la Sra. Foster.
En primer lugar, considero extremadamente desconcertante el sentimiento contrario a la carretera que transmite este informe. Las carreteras son, y siempre lo serán, la piedra angular de nuestro sector del transporte, ya que nos permiten llegar a cualquier rincón de nuestros respectivos países y de todo nuestro continente. Por ello es muy poco realista creer que el sector en su conjunto tiene futuro si olvidamos su vínculo con sus clientes: la red de carreteras. Ahora bien, este documento da la espalda tenazmente al sector viario y por consiguiente está totalmente desequilibrado.
Combinar las carreteras con otras modalidades de transporte es esencial. No me cabe la menor duda de que un transporte público mejor puede desempeñar un papel importante en esta estrategia de transporte. Sin embargo, el transporte por carretera, con bastante razón, sigue siendo la principal opción para la mayoría, por su facilidad y su flexibilidad. Penalizar a las personas por usar las carreteras es un paso extremadamente peligroso, pero es exactamente lo que defiende el informe. Un ejemplo de este tipo es la idea de la tasa sobre la infraestructura. Esta es ante todo una cuestión de subsidiariedad y ni siquiera debería considerarse a escala europea, al margen de si es justa en principio, dadas las enormes cantidades que ya pagan los automovilistas en impuestos. Sólo una pequeña proporción de los ingresos fiscales se dedica a la mejora del transporte. Este es sin duda el caso del Reino Unido.
Los Conservadores Británicos se opusieron firmemente a la tasa sobre la infraestructura en nuestro país y nos oponemos con igual vehemencia aquí, en Europa. Ahora bien, este informe va más allá que la imposición directa de tasas al público. Al intentar cortar el vínculo entre transporte y crecimiento económico, cerramos los ojos ante unas pruebas claras que se remontan a siglos. En pocas palabras, el aumento del comercio estimula la economía de un país, incrementando su PIB. Sin embargo, ni siquiera el comercio fundamental sería posible sin un sistema de transporte eficaz que esté disponible para todos.
Reconozco que este informe siempre será difícil y simpatizo con la ponente que lleva todas las de perder. Sin embargo, mis colegas conservadores y yo nos preguntamos en serio a dónde nos llevaría este documento, con sus graves implicaciones para todo el sector del transporte. Por ello pido a esta Asamblea que rechace el informe en su totalidad.

Doyle (PPE-DE).
Señor Presidente, no cabe duda de que la liberalización del mercado del transporte tiene ventajas claramente positivas para la movilidad de mercancías y personas, pero esto en el contexto del constante predominio del tráfico por carretera, la creciente congestión y los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la salud pública.
El Libro Blanco propone hacer frente a esta situación rompiendo gradualmente el vínculo entre el crecimiento del transporte y el crecimiento económico o el aumento del PIB, al tiempo que se reconoce que el crecimiento económico generará mayores necesidades de movilidad. A la inversa, no podemos negar la importancia del transporte para el crecimiento económico y el desarrollo. La situación irlandesa es un buen ejemplo. El tráfico por carretera en Dublín ha crecido de forma exponencial en la última década, dado que hemos experimentado unos niveles de crecimiento récord de nuestra economía. Pero la congestión resultante constituye ahora un grave freno para la continuidad del crecimiento. Aquí, estamos hablando de equilibrio y de la necesidad de corregir el problema. Asimismo tenemos el impacto ambiental en la calidad del aire.
De una forma similar, la ampliación también generará un mayor transporte por carretera. La modernización de la infraestructura en los países candidatos exigirá inversiones masivas. A medida que crezca su PIB y sus ingresos por cápita -cosa que todos esperamos que suceda- también aumentará proporcionalmente la congestión del tráfico. La acción propuesta en el Libro Blanco implica equilibrar de nuevo las diferentes modalidades de transporte, desarrollando unos servicios ferroviarios de alta calidad; promocionando las travesías cortas por mar; las vías fluviales interiores y el transporte combinado; y promocionando la competencia leal entre los sectores. Se necesitan nuevos proyectos de RTE para hacer frente a los cuellos de botella actuales y futuros, junto con una política adecuada de cobro de tasas sobre la infraestructura. En la aviación, apoyo plenamente la iniciativa SKY.
No creo que la armonización de los impuestos sobre el combustible pueda desempeñar un papel esencial. El transporte por carretera seguirá siendo la modalidad de transporte dominante en los Estados miembros en los que no es realista ni posible implantar modalidades alternativas. Y aunque lo sean, ¿qué no hará falta para conseguir que renunciemos al coche?
En conclusión, mientras que la seguridad vial es una cuestión importante y las muertes y lesiones en nuestras carreteras han alcanzado niveles aterradores -40 000 al año en la UE-, junto con muchos de mis colegas rechazo la creación de otra agencia europea y creo que las autoridades nacionales deberían poder planificar estrategias adecuadas para sus circunstancias particulares.

Sudre (PPE-DE).
Señora Comisaria, Señorías, entre sus principales objetivos, el Libro Blanco propone dar prioridad al desarrollo sostenible, relanzar el transporte marítimo y ferroviario, promover la intermodalidad, anticipar el impacto del flujo de tráfico generado por la ampliación y mejorar la accesibilidad en las regiones periféricas. Yo soy totalmente partidaria de restituir el equilibrio entre las diferentes modalidades de transporte, adoptando para ello una serie de medidas que combinen la revisión del sistema de tarificación con la revitalización de alternativas al transporte por carretera e inversiones específicas en las redes transeuropeas.
Pero no debemos perder de vista en ningún caso que, de conformidad con el Tratado de Maastricht, las políticas de transporte deben concebirse para contribuir a la cohesión y que, en este sentido, las redes de transporte transeuropeas deben ser un instrumento de cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión. Deben realizarse análisis extremadamente específicos sobre los servicios prestados a las regiones periféricas, en particular a las regiones insulares y ultraperiféricas, sobre todo imponiendo obligatoriamente el carácter de servicio público para garantizar el principio de continuidad territorial y asegurar las mejores condiciones operativas posibles.
Es lamentable la falta de decisiones cuando se plantea la función del transporte para el desarrollo regional de las zonas periféricas y, sobre todo, de las ultraperiféricas, a pesar de que los Tratados reconocen en estos casos la necesidad de un tratamiento que puede apartarse de lo normal en el mercado del transporte. La situación especialmente preocupante de la prestación de servicios aéreos a los departamentos franceses de ultramar tras el desmantelamiento de Air Lib, compañía aérea parcialmente especializada en esos vuelos, es un ejemplo perfecto de las lagunas que acabo de mencionar. También ilustra la necesidad urgente de una visión conjunta del futuro desarrollo de las regiones ultraperiféricas, que coordine la política de regulación del transporte con la política de desarrollo regional. No estoy segura de que el Libro Blanco, que aborda este asunto desde la perspectiva de introducir una mayor flexibilidad en el marco comunitario de ayudas regionales para mejorar los servicios del transporte, sobre todo en lo que se refiere a las conexiones con las regiones periféricas y las islas pequeñas, aprecie plenamente la importancia que tiene este tema para los ciudadanos europeos afectados.

Vatanen (PPE-DE).
Señor Presidente, Señora de Palacio, es grato saber que la Comisión aborda seriamente los problemas del transporte en Europa. Reducir la mortalidad en las carreteras un 50% es, en particular, un objetivo que merece todo nuestro apoyo. No existe ninguna razón por la cual alguien deba morir en las carreteras. La congestión en Europa Central es también un grave problema, mientras que en las regiones periféricas lo más importante es mantener las conexiones con los mercados europeos.
Igual que ocurre con tantas buenas propuestas, lamentablemente, el Libro Blanco contiene valoraciones gravemente erróneas. La Comisión quiere romper el vínculo entre crecimiento económico y crecimiento del transporte. Esto no será posible, aunque ciertamente podemos frenar el crecimiento de la economía. Resolviendo los problemas del transporte podremos hacer, sin proponérnoslo, que aumente el tráfico. Los nuevos vehículos producirán hasta un 90% menos de emisiones que los que se fabricaban antes de 1970. Este hecho se pasa por alto cuando el tema se enfoca con estrechez de miras. Si suprimimos todos los impuestos de matriculación de automóviles en Europa y rebajamos el impuesto de circulación para los automóviles que contaminen poco, podremos mejorar radicalmente la situación del medio ambiente.
Otra propuesta extraña es mantener la cuota de mercado correspondiente a las diferentes modalidades de transporte a los niveles de 1998. Esto es algo que cabría esperar del Politburó de la antigua Unión Soviética, pero que debilita mucho la autoridad de la Comisión. Sería absurdo proponer una alteración forzosa del equilibrio de cuotas de mercado en la dirección de unos objetivos decididos en una torre de marfil. En vez de eso, debemos crear una situación equitativa para la competencia entre todas las modalidades de transporte. Dejemos que sea el propio mercado el que decida el equilibrio natural entre esas modalidades.
El tercer error tiene que ver con la armonización de la legislación laboral y social. Sólo cuando se trata de una cuestión de seguridad del transporte, la armonización de los tiempos máximos de transporte es adecuada, pero siempre con la condición de que se examinen rigurosamente los costes y beneficios. Si cometemos estos tres errores, nos alejaremos más que nunca de una Europa dinámica.
La desintegración de la Unión Soviética fue el resultado de su propia situación insostenible, pero nuestro espléndido proyecto europeo se merece algo mejor. Nuestra rígida economía necesita asistencia, y la enfermedad que nos hemos provocado a nosotros mismos no es imaginaria. Lamentablemente, da la impresión que el medicamento que propone la Comisaria se ha comprado en un bazar. ¿No sería hora de que dejáramos de hablar sobre el modelo europeo y buscáramos recetas del éxito entre aquellos que lo están haciendo mejor que nosotros?

Izquierdo Collado (PSE)
. (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, gracias por su asistencia a este debate. Hay un concepto -desde mi punto de vista, fundamental- que habría que encontrar en cada una de las intervenciones. Este concepto fundamental es el espacio único europeo del transporte, un espacio único europeo del transporte que no solamente no está reñido con la asimetría europea, sino que también debe entenderla. Europa no es igual -como acaba de decir la Sra. Sudre-, Europa tiene unos ámbitos de infraestructura, unas regiones periféricas, unos ámbitos de cohesión, unos núcleos -más ahora, con la ampliación- que necesitan una promoción importantísima, pero ello no está reñido con el espacio único europeo del transporte.
Hace unos meses, señora Comisaria, esta Cámara y el Consejo aprobaron el sexto programa marco de investigación. Ese sexto programa marco de investigación establecía el espacio único europeo de investigación.
El Sr. Comisario decía a los investigadores europeos: ya hemos pasado la etapa en que ustedes se reúnen para contarse unos a otros lo que están haciendo e incluso para colaborar amigablemente. Es necesario crear el espacio único europeo de investigación para que toda la fuerza y la capacidad investigadora de Europa se centre en los mismos proyectos, tenga los mismos objetivos, tenga el mismo territorio y, por tanto, no estemos haciendo la rueda quince veces. Por eso, el espacio europeo de investigación es el hilo conductor para entender todas las intervenciones que esta tarde, aquí, han parecido un arco iris difícil de ahormar. Pero yo le aseguro que la votación de mañana compondrá una fotografía no difusa, como pudiera parecer el debate de esta noche, sino una fotografía con los perfiles bien definidos. Usted está de enhorabuena, señora Comisaria, porque en esa fotografía el Parlamento le está diciendo: adelante, tiene usted el apoyo del Parlamento para marcar a través de directivas los temas que nos ha presentado en el informe sobre el Libro Blanco, y tiene algunas aportaciones complementarias del Parlamento Europeo que pueden ser útiles. Por tanto, se abren muchas puertas, y el Consejo no puede hacer oídos sordos a las demandas fundamentales y al grito que supone el Libro Blanco del Transporte diciendo que ha llegado el momento de tomar decisiones, de hacer una política realmente europea, porque, a la luz de esa política europea, tendremos como efecto una sinergia que se lleva por delante las reticencias, las de quienes dicen que la Agencia Europea de Seguridad va a costar dinero, las de quien cree que el Fondo Europeo del Transporte no va a ser bien utilizado, de quien no entiende que la intermodalidad en un puerto beneficia a toda Europa, que las inversiones y los corredores, en cualquier ámbito, van a beneficiar, una vez que se amplíe la Unión, a los aproximadamente 400 millones de europeos.
Por tanto, señora Comisaria, aunque aparentemente hay un arco iris de diversidad en esta Cámara, yo le puedo garantizar que estamos muy próximos los unos de los otros.
Termino mi intervención expresando mi agradecimiento a todos los colegas que han participado en este informe, porque he recibido de ellos muchas ideas y una colaboración absolutamente constructiva.

de Palacio
. (ES) Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al ponente, Sr. Izquierdo, por el trabajo que ha realizado, a todos los miembros de la Comisión RETT, por la calidad del informe en su conjunto, y a los distintos oradores que han intervenido en nombre de distintas comisiones a lo largo de este debate. Quiero agradecer también todas las intervenciones de los parlamentarios, incluso aquellas que tenían una alta carga crítica, porque creo que aportan colorido, variedad y, sobre todo, transmiten sentimientos y apreciaciones que hay que tener en cuenta cuando se habla de ofrecer soluciones para un espacio -como decía el Sr. Izquierdo- tan amplio y tan diverso, además de a veces asimétrico y diverso, como es el espacio europeo.
Quiero señalar que comparto con sus Señorías, y, además, se dice muy claramente en el informe del Sr. Izquierdo -que considero francamente equilibrado-, que estamos hablando de transporte duradero, y eso requiere, para empezar, un sistema de transporte competitivo. Si no creamos un sistema de transporte competitivo en Europa, todo nuestro tejido industrial, todo nuestro sector productivo, se resentirá. Por lo tanto, hay que hacer un transporte competitivo, pero que a la vez tenga en cuenta las demandas de la sociedad, que están ligadas a la calidad de vida y al respeto al medio ambiente. Y éste es el ejercicio, no siempre fácil, al que tenemos que dar respuesta con nuestras propuestas.
He tomado buena nota del apoyo claro del Sr. Izquierdo y del de la propuesta de informe del Parlamento. Han tardado ustedes, pero señorías, el Consejo no va más rápido -que quede muy claro- en manifestar su apoyo al cambio modal, a la apertura del ferrocarril, a la creación del cielo único, al lanzamiento del programa Galileo, donde efectivamente urge tomar decisiones y llevar a cabo acciones.
Al igual que para nosotros, entre sus prioridades figuran la seguridad y la necesidad de responder a las necesidades de inversión en las redes transeuropeas, en particular mediante la tarificación, en su caso, del uso de las infraestructuras.
También me alegra que el informe insista en los aspectos ligados a la conexión con la periferia, en la importancia económica de la carretera, en la necesidad de reducir el tráfico -cuando hablo de periferia hablo también de los archipiélagos alejados varios miles de kilómetros del territorio continental europeo.
Creo que todos estos puntos son muy interesantes y dignos de nuestra atención y que merecen ser resaltados en este informe. Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones al hilo de los importantes puntos que se han señalado aquí y en el informe.
Para empezar, la Agencia de seguridad vial. Yo comprendo plenamente esta idea, porque se desprende de la necesidad de crear un elemento impulsor que permita a todos los niveles de responsabilidad reaccionar contra la inseguridad vial en el respeto de la subsidiariedad y del derecho de iniciativa de la Comisión.
Creo que deberíamos reflexionar sobre los pasos que deben darse para lograr este objetivo. Espero poder aportar más precisiones en la nueva comunicación sobre seguridad vial que les presentaré en un futuro próximo, pero entre un observatorio y una agencia hay poca diferencia. La idea, en última instancia, es la misma.
Quiero -tomando el mismo texto que estamos discutiendo- hacer algunas reflexiones sobre la competitividad, el respeto del medio ambiente y la incorporación de la calidad de los servicios, la seguridad y la calidad de vida.
En el apartado 9 se dice que «el trasvase de mercancías por carretera a otros modos de transporte debería fomentarse a través de la mejora de la calidad del servicio de estos otros modos» más respetuosos y en ningún caso «influyendo negativamente en la competitividad del transporte por carretera». Creo que esta frase es esencial. 
Europa no puede permitirse el lujo de hacer menos competitivo el transporte por carretera, que está en la base de su desarrollo económico, de su crecimiento y de su competitividad internacional. De lo que se trata es de hacer que, por ejemplo el ferrocarril, sea tan competitivo como el transporte por carretera. A aquellos que rechazan de plano -una minoría en este Parlamento- la liberalización del ferrocarril, o la introducción de la competencia -estamos hablando más de introducir competencia que de liberalizar, porque es una liberalización muy regulada- yo les digo que ya sabemos a lo que nos lleva el mantenimiento de la situación actual: a tener ferrocarriles en los museos, pero no en la realidad.
Creo que hay que intentar ir por otros caminos que han dado buenos resultados en otros sectores del transporte, pero quería resaltar esta frase: no se trata de penalizar, sino de mejorar la calidad de otros sistemas.
Sus Señorías prevén, asimismo, la creación de grandes ejes (este-oeste, norte-sur) de carreteras, de ferrocarriles -ahí están el apartado 36 y otros-. Quiero señalar que se trata de incorporar la ampliación en el concepto de las redes transeuropeas y de los intercambios y de ese espacio europeo donde el transporte es el que garantiza la realidad de un mercado y la posibilidad de que fluyan personas y bienes a través de todo ese espacio europeo.
Debemos insistir en reforzar los ferrocarriles. Es un punto esencial y no podemos renunciar a ello. A este aspecto se refieren el apartado 36 y otros. Soy consciente de que se trata, también, de impulsar las vías navegables, el sector marítimo, pero no podemos evitar, en algunos casos, construir nuevas carreteras porque hay zonas en las que todavía faltan infraestructuras viarias. Por lo tanto, no se trata de dogmatismo, sino de tener una aproximación práctica a la realidad de las necesidades del transporte europeo. 
En cuanto al gran Fondo de financiación para el transporte, desde luego, coincido plenamente con el Sr. Izquierdo Collado en que necesitamos unos fondos europeos de mayor envergadura para hacer frente al apoyo y al impulso de la realización de infraestructuras, muy especialmente las ferroviarias, y la resolución de los cuellos de botella para mejorar la utilización de las infraestructuras europeas.
¿Se puede plantear como lo hace el Sr. Izquierdo Collado? Creo, más bien, que lo que tenemos que hacer es, al hilo de las nuevas perspectivas financieras cuyas grandes líneas maestras van a discutirse próximamente, plantear la necesidad de destinar más fondos precisamente a las redes transeuropeas. Creo que es ahí donde hay que buscar esos mayores fondos, esos mayores medios, porque lo que está claro es que necesitamos acelerar el proceso de realización de infraestructuras. Los fondos actuales asignados a las redes transeuropeas son insuficientes y debemos avanzar en ese terreno, porque las redes transeuropeas tienen un beneficio europeo, un interés europeo, al margen del país concreto que unan o atraviesen. Tienen un interés europeo, porque facilitan -insisto- la realización de ese mercado interior y la integración del espacio europeo en sí.
La cuestión del BEI: otras fórmulas para acercarnos, por supuesto, y también hay que impulsar la participación público-privada en las financiaciones. Próximamente presentaré en ese paquete de infraestructuras todas estas cuestiones, incluyendo la tarificación. Se ha ido el Sr. Costa, pero quiero decir que la tarificación, ahí están los apartados 75 y 76 en los que se habla de la introducción simultánea de un sistema de fijación de precios de todos los modos de transporte, tanto para las infraestructuras como para los costes externos relacionados, y en los que se dice que, en ningún caso, debe ser penalizante respecto a nadie, sino favorecer un equilibrio y permitir las financiaciones cruzadas.
Señorías, participo plenamente de este planteamiento, con una única salvedad, y es que la financiación cruzada debe limitarse a casos excepcionales en vías alternativas y que, en ningún caso, la financiación cruzada ni los peajes ni la tarificación pueden convertirse en una renta de la situación geográfica de país dentro del espacio europeo. Si no, volveríamos al medioevo, donde, por ejemplo, dominar un puente sobre un río producía una renta suficiente para vivir opíparamente y tener una posición incluso de señorío. De eso se trata, de establecer una tarificación que cubra gastos, que se destine a las infraestructuras, a la mejora de las infraestructuras, a la mejora de la seguridad vial, a la mejora precisamente de los sitios donde se recaudan, y que se pueda permitir, en ciertos casos, la financiación cruzada que, indudablemente, es un buen instrumento y que ha dado buenos resultados, por ejemplo con el sistema suizo.
Antes de 2004, la Comisión va a redactar una comunicación sobre la situación del transporte de los países candidatos. Entendemos que no es necesaria una comunicación específica en 2003 porque vamos a elaborar dos informes. En primer lugar, un informe de seguimiento completo, seis meses antes de la fecha de adhesión, es decir, más o menos en noviembre de 2003, que examinará el grado de preparación de los países candidatos a la adhesión en todos los sectores, incluido el transporte, y una comunicación en 2003 sobre la cooperación con los países candidatos y los países vecinos en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte. Todo ello además del informe del Grupo van Miert, en el que se hace ya el diseño de las redes con ese concepto a veintisiete países: la red paneuropea.
Señorías, el informe intermedio de evaluación de 2005, previsto en el Libro Blanco, será la ocasión ideal para tratar estas preocupaciones e integrar toda esa información.
Señor Presidente, concluyo este largo e importantísimo debate, agradeciendo, una vez más, el trabajo del Sr. Izquierdo Collado, un trabajo serio y equilibrado, difícil, porque no es fácil conjuntar y aunar. Al final, espero que mañana, después de lo que he oído a lo largo de los debates de hoy, quede claramente establecido que las grandes líneas maestras de la política de transporte para los próximos diez años en la Unión Europea se reflejan con toda claridad en el voto del Parlamento.

El Presidente.
Gracias, Señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes presentados por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía.
Informe W.G. Van Velzen (A5-0025/2003), sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización y explotación comercial de los documentos del sector público
[COM(2002) 207 - C5-0292/2002 - 2002/0123(COD)];
Informe Danielle Auroi (A5-0016/2003), sobre el pleno despliegue de las comunicaciones móviles de tercera generación [2002/2240(INI)];
Informe Reino Paasilinna (A5-0013/2003), sobre la Comunicación de la Comisión titulada «eEurope 2005: Una sociedad de la información para todos - Plan de acción que se presentará con vistas al Consejo Europeo de Sevilla, 21-22 de junio de 2002» [2002/2242(INI)];
Informe Bashir Khanbhai (A5-0434/2002), sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el impacto de la economía electrónica en las empresas europeas: análisis económico e implicaciones políticas
[COM(2001) 711 - C5-0285/2002 - 2002/2145(COS)].

Van Velzen (PPE-DE)
Éste es, en verdad, un momento más bien triste. Posiblemente sea pasada la medianoche, y uno de los temas más importantes, que afectará a cientos de millones de puestos de trabajo, ha sido traslado por la Presidencia de este Parlamento a la noche. Espero que eso no sea simbólico, Señor Presidente, del futuro del Consejo Europeo de Primavera que tendrá lugar en breve.
Sin embargo, he de hacer algún comentario sobre la reutilización y explotación comercial de la información pública y, en primer lugar, tengo que insistir una vez más en que la única finalidad de esta Directiva es conseguir unos niveles mínimos de armonización. Una mínima armonización, porque de lo contrario no se sacará nada en limpio de los servicios de contenido paneuropeo en el campo de la información pública. Sabemos por la investigación que, en Estados Unidos, por ejemplo, existieron y existen grandes posibilidades de comercializar la información pública existente. Eso es particularmente cierto para las empresas de pequeño tamaño, las PYME, que gracias a ello pueden crear un considerable número de puestos de trabajo, y eso es lo que nosotros queremos precisamente. En Estados Unidos ya hemos visto que se puede hacer muy fácilmente fomentando la reutilización; es decir, permitiendo el acceso a esa información a un coste marginal. Y la primera pregunta política que se nos plantea, naturalmente, es ¿por qué no hacemos lo mismo en Europa?
Todos sabemos que el llamado sector 3G, las comunicaciones móviles de tercera generación, atraviesa serias dificultades y que nunca nos vemos encontrado en la situación de transferir tanto dinero del sector privado al sector público. Por eso deben tratar ustedes, ahora más que nunca, de ofrecer todas las oportunidades posibles a este sector 3G. Creo que sería un verdadero despilfarro que esa información volviera a estar disponible a un elevado precio, ya que eso significaría que esos servicios de contenido nos incapaces de despegar del suelo. Pido encarecidamente a sus Señorías que no sólo dediquen palabras de elogio a Lisboa, sino que actúen allí donde les sea posible, y éste es un buen ejemplo.
Se discutió mucho sobre si esta Directiva debía excluir o no a instituciones culturales, universidades, institutos de investigación, etc. En un principio, yo era partidario de que se incluyeran, pero al final llegamos al compromiso de excluirlos y, por consiguiente, no entiendo por qué sigue siendo necesaria la enmienda 33. Pido urgentemente a nuestros amigos socialistas que retiren la enmienda 33, puesto que en un principio se trataba de una enmienda de compromiso, pero ha dejado de ser necesaria porque yo he hecho esa concesión. 
Señor Presidente, todavía siguen existiendo Estados miembros que intentan introducir un nuevo filtro para asegurarse de que todo el mundo tenga que volver a solicitar licencias, etc. Eso supone una nueva barrera en el camino, un nuevo paso que recorrer y, para las pequeñas empresas en particular, una gran pérdida de tiempo, por lo que debo decir que eso tampoco debe suceder.
En el informe hacemos una distinción entre la información que es básica y la que no lo es. La información básica es aquella que necesita todo ciudadano para poder funcionar en un estado constitucional normal. Esta información debe ponerse realmente a disposición del ciudadano de manera gratuita para que pueda ejercer sus derechos normales como tal. Además, la información adicional debe ponerse a la disposición de los ciudadanos a un coste marginal. Sólo así estaremos actuando de un modo progresista. ¿Por qué este Parlamento no ha de impulsar de vez en cuando nuevas iniciativas en el ámbito de la sociedad de la información? Por ello hago también un llamamiento urgente a sus Señorías para que me sigan en esta dirección.
Al margen de mi trabajo como ponente, quiero hacer algunos comentarios como miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos sobre los informes de la Sra. Auroi y Sr. Paasilinna. Ante todo quisiera agradecer mucho a los dos ponentes su labor, la manera en que han asumido su parte de responsabilidad y, por encima de todo, el esfuerzo que han hecho para redactar un informe excelente. Todos conocemos que el sector 3G está atravesando serias dificultades - acabo de referirme a ello hace un instante - y lo importa ahora, lógicamente, es asegurarnos de que nosotros, en el Parlamento, enviemos una señal al próximo Consejo Europeo para que tomen medidas allí que nos hagan dar un paso más hacia adelante. Pensamos en medidas cuyo objetivo sea restituir la confianza de los ciudadanos, pero también de los inversores, para que la gente sepa lo que va a ocurrir en ese campo. Creo, por ejemplo, que sería conveniente trabajar para que los Estados miembros no sólo permitan, como ha ocurrido hasta ahora, el uso compartido de las redes - y le doy las gracias al Comisario por dedicarle tanto esfuerzo a este tema - sino que entiendan también que 3G es un producto bastante diferente a 2G. Es sumamente complejo. Esta cadena innovadora que debe crearse exige una gran inversión que los operadores no pueden realizar por sí solos. Por eso debe promoverse la colaboración entre los operadores, ya que de lo contrario, saldrán perdiendo los clientes - usted, Señor Presidente, y yo.
Así pues, hago un llamamiento urgente al Comisario para que adopte directrices que hagan posible la colaboración entre los operadores y la competencia entre los servicios que los operadores suministren. Porque que si esos aparatos, esos estupendos aparatos móviles, no pueden comunicarse entre sí al no existir interoperabilidad, no podremos realizar ningún progreso y éste es, creo yo, un tema de vital importancia.
También creo que es importante acercar a las regiones donde la 3G ya se está desarrollando, puesto que las personas aprenden unas de otras. También es una manera de evitar que las personas tropiecen en la misma piedra. Es muy importante, Señor Presidente, que fomentemos la investigación para que la investigación actual relacionada con la 3G no se concentre especialmente en Japón. No debemos mirar a Estados Unidos, debemos mirar a los grandes contratiempos que nos podemos encontrar en el ámbito de la competencia con Japón.
Por último, Señor Presidente, el Sr. Paasilinna ha insistido, con toda razón, en la necesidad de que preparemos un plan europeo electrónico muy sólido para el próximo Consejo Europeo. Estoy a favor de la aplicación rápida y armonizada del nuevo marco regulador y celebro que la Comisión Europea haya creado, hoy por fin, el grupo de trabajo sobre ciberseguridad. No antes de tiempo, ya que todos sabemos que la seguridad es una gran preocupación. Un bravo para la Comisión porque finalmente lo ha conseguido. Creo que disponemos de un paquete que podemos devolver al ciudadano, que estamos volviendo a avanzar mucho en el sector 3G y que hemos dado una buena respuesta en lo que se refiere a la economía del conocimiento, permitiendo así que Lisboa dé un paso más hacia delante.

Auroi (Verts/ALE)
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, esta noche el tema candente es, efectivamente, eEurope, y yo voy a hablar de manera especial sobre el pleno despliegue de las comunicaciones móviles de tercera generación.
Señor Comisario, el debate no ha estado muy bien organizado ya que empezamos con el informe Van Velzen, que es básicamente complementario, ya que se refiere a información que se añadirá a los GSM de tercera generación, como la información meteorológica o la información sobre las carreteras suministradas por el sector público. Si consideramos todas las cosas, tampoco importa mucho porque, además, el objetivo de los GSM de tercera generación es también evitar la fractura digital, que el Sr. Paasilinna criticará con vehemencia. Por lo tanto, es perfectamente normal para nosotros mantener este tipo de debate conjunto.
Pero quizás debiera recordarse que el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 declaró: «La convergencia tecnológica brinda a todas las empresas y a todos los ciudadanos nuevas oportunidades de acceso a la Sociedad de la Información. La televisión digital y las comunicaciones móviles de tercera generación (3G) desempeñarán un papel clave en facilitar un acceso generalizado a servicios interactivos». Este sector de la tercera generación, sin embargo, parece hallarse en dificultades. Quizás, para evitar la fractura digital y evitar que se rompa la continuidad de eEurope, debería decirse que los servicios de 3G deben crearse dentro de un marco mundial, pero considerando también las importantes cuestiones relacionadas con la salud del consumidor y la calidad del medio ambiente. Además, tenemos que aprender de la experiencia del mercado actual de los GSM para no repetir los errores que se hayan podido cometer en el pasado.
Un aspecto básico del desarrollo de la telefonía móvil es la interoperabilidad de los terminales. En este terreno, la Comisión explicará que se ha avanzado en el desarrollo de terminales de 3G en 2002. Los primeros modelos ya están listos. También están listos en China y lo comento porque recibimos esa información la semana pasada. Asimismo, se han modernizado las redes de 2G existentes para equipararlas a las de 2,5 G. Puede que todavía queden algunos problemas técnicos, pero podemos decir que todo está funcionando.
En cuanto a la situación del mercado, no está claro si los servicios de 3G están ya disponibles. Están disponibles en Japón, pero los operadores son optimistas y, después de todo, si ya existen 50 operadores capaces de ofrecer estos servicios, el problema de la competencia está resuelto. Puede existir.
Respecto a las cuestiones reglamentarias, la Comisión advierte que el proceso para la concesión de licencias 3G se ha iniciado ya en todos los países de la Unión Europea. El número de licencias es suficiente. Así pues, no existe ningún problema en lo que respecta al entorno competitivo.
Tras las conversaciones mantenidas con las partes afectadas por la introducción de las comunicaciones móviles de 3G, se llegó a un consenso sobre tres asuntos. En primer lugar, que la fase de introducción de los servicios 3G no exige una intervención legislativa. Hay que dejar que las fuerzas del mercado actúen. En segundo lugar, las comunicaciones de 3G tendrán que convertirse, con el tiempo, en una de las plataformas para los servicios prestados por una Sociedad de la Información global. Por último, las autoridades públicas deben proporcionar un apoyo constante al proceso de introducción. Se han identificado, por lo tanto, tres factores: un entorno reglamentario estable, armonizado y transparente que tenga en cuenta los intereses de los consumidores; el papel de apoyo activo que la Unión puede desempeñar y, en tercer lugar, las iniciativas a largo plazo, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el sector de las comunicaciones de 3G, en particular con vistas a la ampliación. Tenemos, por tanto, que coordinar mejor todas estas decisiones.
La Comisión cree que no será necesario realizar cambios en la concesión de licencias y que el período de validez de las licencias no se modificará a corto plazo. Pero la legislación tiene que hacerse más clara en términos del uso compartido de la infraestructura de redes.
En calidad de ponente, creo pues que la Comisión ha evaluado el asunto correctamente en términos económicos, pero deben considerarse otra serie de aspectos. Esta tecnología es cara y podría competir, por ejemplo, con WiFi, lo que significa que hoy por hoy no está claro si las comunicaciones 3G van a asumir una parte de lo que la tecnología de la información está haciendo actualmente o si, por el contrario, la tecnología de la información va a sustituir gradualmente lo que está haciendo el GSM. En última instancia quien decidirá será el mercado, pero está bien plantear la cuestión y estar preparados.
En términos generales, todo el mundo debe tener acceso a los servicios de 3G y los usuarios con dificultades deben protegerse, como los niños y las personas con discapacidades que puedan necesitar paquetes especiales. Finalmente, hay que proteger el pago seguro, o el consumidor no confiará en este sistema.
Ahora voy a hablar del principio de cautela, del que quieren prescindir los diputados de la derecha. Quiero hablar de los problemas de salud que pueden surgir y sobre los que ya están advirtiendo numerosos científicos. Ha habido consenso en la petición de que, por lo menos, se respeten en el ámbito europeo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se nos dice que ya se respetan esas recomendaciones, pero nadie lo ha verificado todavía. 
Por último, la construcción de repetidores de antena de 3G debe tener lugar respetando el medio ambiente y la planificación del uso del suelo. Los Estados miembros se asegurarán de que las autorizaciones de los departamentos de planificación del uso del suelo se ajusten a un procedimiento claro y se sometan a una investigación pública. Las comunicaciones de tercera generación necesitan entre 4 y 16 veces más antenas que las de 2G. Por consiguiente, es de suma importancia que se compartan las instalaciones o las antenas, tal como ha recomendado la Comisión.
En conclusión, la estabilidad reglamentaria posibilitará que esta tecnología se desarrolle sin complicaciones si la Unión Europea concede la misma importancia a los parámetros sociales y ambientales que a los económicos.

Paasilinna (PSE)
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quisiera agradecer a todos los ponentes su extraordinaria colaboración. Ahora estamos dando al Consejo un mensaje claro y, espero también, un ímpetu renovado para no perder más tiempo en este terreno. 
Quisiera hablar más sobre el informe redactado por mi colega, el Sr. Van Velzen. Se trata de un comienzo muy importante y representa un cambio crucial en el desarrollo de la sociedad de la información. Quizás sea una buena idea confiar en las palabras que ha dicho, y que han sido realmente apropiadas. El sector de la sociedad de la información es un importante creador de puestos de trabajo y un factor que nos une a todos los europeos de un modo completamente nuevo. Su desarrollo traerá consigo grandes oportunidades económicas, políticas y culturales. Pero la confianza en el sector se ha derrumbado y conocemos el motivo, ya que hemos hablado de ello en numerosas ocasiones. Es consecuencia de las ventas mediante licitación y la incertidumbre general.
Aunque la digitalización y la creación de redes ofrecen muy diversas oportunidades para el desarrollo, también han sido la causa de que se abriera un abismo a escala mundial entre los habitantes de los países ricos y los de los países en desarrollo. Además, las desigualdades de género, como por ejemplo, respecto a los estudiantes, es enorme y especialmente pronunciada en las zonas rurales de la Unión y los países en desarrollo. Por otra parte, la introducción de la tecnología de la información ha llevado a la reestructuración de la descripción de los puestos de trabajo: muchos puestos de trabajo han desaparecido y algunas personas de mediana edad han tenido que dejar de trabajar. Además, estos grupos más vulnerables corren el peligro de que se les discrimine por partida doble. Se les está dejando fuera de la sociedad de la información. No veo aquí ninguna alternativa fácil: es nuestro desafío más grande.
La red también se ha convertido en un instrumento político. Aumenta las oportunidades para la acción civil y esperemos que aumente también las oportunidades de influencia. Estoy contento con el Plan de acción eEurope 2005 de la Comisión, ya que aumentará las inversiones, tendrá como objetivo la creación de puestos de trabajo, y brindará a todo el mundo la oportunidad de participar en la sociedad de la información. Ruego también a la Comisión que acelere la introducción de las comunicaciones móviles de tercera generación y elimine las barreras técnicas y administrativas que existen en el sector. Los propios Estados miembros deben adoptar un enfoque flexible respecto a la adquisición de frecuencias y los costes incurridos en la creación de la infraestructura necesaria, y hacerlo rápidamente de una nueva forma. Los Estados miembros deben ofrecer a sus ciudadanos suficiente tiempo de Internet, lo que significa participación en la sociedad de la información.
La Comisión debe investigar las posibilidades de desarrollar servicios controlados por voz. Estos servicios estarán disponible en breve y nos facilitarán a todos el uso de Internet. También quisiera pedir a la Comisión que investigue las posibilidades de formación de adultos en este sector y el requisito de un diploma general para pasar a niveles tecnológicos más avanzados. Asimismo, los Estados miembros deben apoyar a las PYME y ayudarlas a conectarse a Internet, puesto que ofrecen un gran potencial de creación de empleo. Puede que tengan que establecerse también fondos en los Estados miembros para ayudar a los grupos socialmente marginados a integrarse en la sociedad de las redes.
En mi opinión, es positivo que la Comisión haya creado ahora un grupo de trabajo sobre ciberseguridad. Han transcurrido ya tres años desde que se creó la estrategia de Lisboa, tiempo durante el cual se ha encontrado con incertidumbre política y económica. Estamos viendo algunas iniciativas, pero no con la rapidez suficiente ni con la coordinación adecuada. En los últimos seis años se han creado cerca de un millón de puestos de trabajo anuales, aunque el año pasado la cifra apenas se aproximó al medio millón. ¿Qué tipo de conocimientos técnicos económicos puede conseguirse cuando se descuida tanto como en estos momentos la formación, la educación y la investigación y son muchos los Estados miembros que no cumplen las normas acordadas ni ponen en marcha los proyectos acordados? Señor Comisario, ¿qué puede hacer usted para que algunos Estados miembros no frenen el progreso en este sector? Podría ocurrir que sólo algunos Estados miembros creen entre ellos una «Europa de la Sociedad de la Información», a menos que todos los Estados miembros participen en esta iniciativa.
Por último, quisiera decir que la transferencia de información y conocimientos sociales a la red en formato digital, que se destaca en el informe del Sr. Van Velzen, creará una etapa totalmente nueva en el desarrollo de la sociedad de la información. Creará trabajo y oportunidades, pero también problemas. La protección de la intimidad no es el menor de ellos, pero cuando las funciones de la sociedad se digitalicen, habremos llegado a una situación en la que podremos hablar de una sociedad de la información siempre y cuando todos nosotros participemos en ella.

Khanbhai (PPE-DE)
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Comisario Liikanen, pues es un placer verle hoy aquí. Siempre pienso en él como el Comisario de la innovación que es considerado con las PYME, y sin duda he descubierto que es ambas cosas, por lo que estamos muy contentos de tenerle.
El sueño del Consejo Europeo de Lisboa de que para 2010 la UE sea la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo no podrá realizarse si no estimulamos, y quiero decir estimulamos realmente, a las PYME. Las PYME impulsan el crecimiento económico; forman a las personas de escasa cualificación; detectan necesidades locales y responden produciendo o procesando los productos necesarios. Crean empleo, riqueza y seguridad para la comunidad local.
¿Cuáles son los obstáculos, las dificultades y los cuellos de botella a los que se enfrentan las PYME en la UE? ¿Por qué no crecen tan rápido como en EE UU? Demasiada burocracia, impuestos directos e indirectos altos, acceso caro e insuficiente a préstamos y becas, ayudas insuficientes para reciclar a los trabajadores y falta de puestos de aprendiz patrocinados.
Los padres y madres europeos de cincuenta y sesenta y tantos años poseen y gestionan sus empresas tradicionalmente. Son reticentes a invertir en nuevas tecnologías porque, en primer lugar, sospechan que la inversión no ofrecerá suficientes ventajas. En segundo lugar, no comprenden el alcance y la función de la nueva tecnología a la hora de aumentar la productividad y hacer crecer las ventas. En tercer lugar, están preocupados por la seguridad del suministro, la calidad, el pago y la responsabilidad legal.
Mi informe ha analizado los problemas a que se enfrentan las PYME y propone un programa de acción para estimularlas, a fin de que puedan competir a escala mundial. Quisiera que el Comisario Liikanen tomara buena nota de este resumen, que es lo que creo que la UE tiene que hacer, y tiene que hacerlo ahora.
? Revisar el Reglamento vigente de la economía electrónica y reducir drásticamente las cargas que pesan sobre las pequeñas empresas.
? Reducir las cargas administrativas que gravan a las empresas simplificando la recogida de datos, especialmente la recaudación de impuestos.
? Reducir la burocracia, especialmente para los autónomos.
? Abordar cuestiones de seguridad en línea, reforzando la seguridad y la fiabilidad de las redes usadas por las empresas.
? Establecer un acceso fácil y asequible al asesoramiento jurídico.
? Estimular el comercio transfronterizo para garantizar una economía electrónica europea. Esto es muy importante.
? Utilizar referencias comparativas para promocionar y establecer buenas prácticas, a fin de integrar a las PYME en la economía electrónica.
? Permitir que los Estados miembros ofrezcan préstamos a bajos tipos de interés e incentivos fiscales para apoyar a las PYME. Sé que esto puede suponer un problema para el Comisario Monti, pero creo que es esencial.
? Establecer una estrecha cooperación entre las empresas, el sector educativo y los organismos gubernamentales a fin de llenar la falta de cualificaciones de TI.
? Uno de los aspectos más importantes es ofrecer incentivos económicos a los desempleados y las personas mayores que se han jubilado. No pido que los Estados miembros cambien la normativa en materia de jubilación, sino que la UE considere que las personas que ya se han jubilado deberían obtener incentivos económicos para formarse y adquirir cualificaciones. Cuando trabajen utilizando estas cualificaciones no deberían pagar impuestos, esto es lo que prefiero. Quizás desee usted aplicar un impuesto nominal, pero es preferible que no se imponga ningún impuesto. Esto reduce realmente la importación de mano de obra, y asimismo proporciona directamente dinero personas que pueden gastarlo en las zonas rurales, estimulando así las economías rurales.
? Ofrecer incentivos económicos a empresas de apoyo técnico para que las PYME tengan un acceso asequible. Este es uno de los puntos más débiles que tenemos en la UE: las personas están dispuestas a comprar equipos y tecnologías, pero ¿dónde está el apoyo técnico si algo sale mal? Es muy caro y muy poco fiable, y hemos de ofrecer incentivos económicos a este respecto.
Espero que pronto todos los ciudadanos de la UE lleven lo que me gustaría llamar un «Hand C», no un «PC», es decir, un reloj de pulsera que es una combinación de PC, teléfono móvil y pantalla LCD que nos permitirá comunicarnos audiovisualmente, procesar datos, comprar, vender y pagar a través de un buzón de voz, mirar cualquier encuentro deportivo y escuchar nuestra música favorita. Hoy en día, la tecnología puede ofrecernos todo esto, señor Comisario Liikanen, produzcamos más con tranquilidad, tengamos menos estrés y más diversión.

Liikanen
Señor Presidente, me complace ver que esta noche todo el mundo está interesado en este tema. Sueño con que llegue el día en que podamos debatir esta cuestión durante el día.
Las tecnologías de la información y la comunicación son poderosas fuentes de crecimiento y de aumentos de productividad, que contribuyen a mejorar nuestro nivel de vida. Es por ello que, en estos momentos, es tan importante la recuperación del sector 
Los cinco informes que aborda hoy y mañana esta Asamblea nos brindan la oportunidad de mantener el impulso político a favor del logro del objetivo de Lisboa, como muchas de Sus Señorías han dicho hoy. Estos informes también contribuyen al proceso de fortalecimiento de la confianza en el sector de las TIC.
Permítanme en primer lugar que dé las gracias a todos los ponentes, al Sr. van Velzen, a la Sra. Auroi, al Sr. Paasilinna, el Sr. Khanbhai y la Sra. Read, así como a los ponentes alternativos y a los Grupos políticos por su concienzudo trabajo en relación con estas comunicaciones y propuestas de la Comisión.
Asimismo me complace tener la oportunidad de informarles de que la Comisión ha adoptado hoy cuatro importantes documentos. A saber: una comunicación sobre la situación en el sector de las telecomunicaciones; una propuesta de reglamento que establece una Agencia Europea de Seguridad de la Red y la Información, como se ha mencionado antes; el último informe sobre eEurope 2002 y la Recomendación sobre Mercados Relevantes. Espero que los encuentren ustedes en sus ordenadores cuando regresen a sus despachos.
Permítanme reiterar nuestro compromiso conjunto a favor de una aplicación eficaz y puntual del nuevo marco reglamentario. Este marco estimulará la inversión y por consiguiente promocionará la competencia basada en las instalaciones, que, a medio o largo plazo, constituye la mejor garantía de unas ventajas sostenidas para los consumidores, la innovación y la inversión. Con la recomendación sobre los mercados relevantes aspiramos a proporcionar seguridad jurídica y a ayudar a restablecer la confianza en el sector.
Permítanme que vuelva a referirme a los temas de esta noche y empiece con unas palabras sobre el informe sobre la tercera generación. El informe de la Sra. Auroi, adoptado por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, emite una importante señal en un momento en que están a punto de lanzarse los primeros servicios de 3G. A estas alturas, el despliegue de la 3G es sin duda una prioridad. Hemos de alentar soluciones que favorezcan un rápido despliegue de redes al tiempo que se adapten a las necesidades ambientales.
En la comunicación de hoy sobre la situación en el sector de las telecomunicaciones, la Comisión pide una serie de acciones para superar las barreras al despliegue de la 3G. Entre estas figura la aclaración sobre cómo se va a compartir la infraestructura de red, cuya importancia también se ha recalcado en el informe.
La información a los ciudadanos sobre los aspectos de la salud relacionados con las comunicaciones móviles y la continuidad de la investigación son importantes. Es preciso poner los descubrimientos científicos a disposición de todos. La Comisión promoverá la difusión de la información, por ejemplo a través de una página web específica. La Organización Mundial de la Salud es la principal autoridad en este ámbito, y hemos colaborado estrechamente con ella.
Por último, me gustaría recalcar la importancia de la 3G en el contexto del acceso a plataformas abiertas e interoperables. Esto tiene por objeto aumentar la capacidad de elección de los consumidores y por consiguiente contribuir a establecer una sociedad de la información para todos. La voluntad de integración es un principio absoluto en eEurope 2005.
La Comisión se compromete a proseguir con la acción hacia la apertura y la interoperabilidad de las plataformas, como ha pedido claramente el Parlamento.
Permítanme reiterar brevemente los principales objetivos del plan de acción eEurope 2005. eEurope se propone estimular el ciclo de demanda-oferta, promoviendo, en el lado de la demanda, el contenido, los servicios y las aplicaciones, otorgando un papel crucial tanto a los servicios públicos en línea -administración electrónica, sanidad electrónica y enseñanza electrónica- como al comercio electrónico.
Esto estimulará y vendrá estimulado en el lado de la oferta, haciendo posible la amplia disponibilidad y uso de plataformas múltiples y banda ancha segura.
Esto es vital para asegurar una sociedad de la información integradora. Por ello promovemos el acceso a plataformas múltiples que incluya la televisión digital, los móviles de 3G, los PC, los quioscos y todas las terminales que estén disponibles.
Me complace ver que el informe del Sr. Paasilinna presta un apoyo tan firme a las principales ideas del Plan de Acción eEurope. Compartimos plenamente la visión de que garantizar unas conexiones de banda ancha a un precio asequible -lo cual es esencial para una economía competitiva y dinámica- exige que los Gobiernos de los Estados miembros emprendan acciones decisivas.
El Sr. Paasilinna ha preguntado cómo podríamos acelerar el acceso para los Estados miembros. Seguimos elaborando informes rigurosos sobre las actividades y las comparamos con referencias. Al mismo tiempo, hemos lanzado dos presentaciones de buenas prácticas europeas en administración electrónica y sanidad electrónica. Especificaremos a estas buenas prácticas y nos aseguraremos de que sean ampliamente difundidas entre las autoridades públicas de todos los Estados miembros.
En la comunicación que adoptamos hace poco acerca de la situación en el sector de las telecomunicaciones pedimos a los Estados miembros que implantaran su estrategia de banda ancha hasta finales de año.
Como señala el informe del Sr. Khanblai sobre el impacto de la economía electrónica, las PYME son impulsoras clave del crecimiento económico y conviene estimularlas activamente a que participen en la economía electrónica. Comparto ampliamente los puntos de vista presentados en el informe del Sr. Khanbhai, por ejemplo la necesidad de que las PYME tengan un fácil acceso a un asesoramiento jurídico sobre la legislación aplicable y sobre las cualificaciones en TIC y Comercio electrónico. Estamos de acuerdo en que las empresas europeas, y especialmente las PYME, necesitan apoyo a la hora de «digitalizarse». Actualmente, la Comisión colabora con los Estados miembros para establecer un nuevo marco para las políticas de Comercio electrónico para las PYME, incluidos los objetivos cuantitativos potenciales.
La seguridad de la red se ha convertido en una importante preocupación política y por ello en una cuestión central en el plan de acción eEurope 2005. Apreciamos mucho la posición del Parlamento sobre esta cuestión, expresada en octubre del año pasado. Como he dicho antes, la Comisión ha adoptado hoy una propuesta de reglamento sobre la Agencia.
La Comisión también se ha comprometido, a través de eEurope 2005, a promover un acceso más amplio y una mayor participación en las ventajas de la sociedad de la información, sobre todo para los grupos desfavorecidos. Además de las medidas específicas previstas por el programa MODINIS, la Comisión tiene previsto promover y mantener diversas iniciativas que se organizarán en el contexto del Año Europeo para los Discapacitados, y que se derivarán de su anterior comunicación sobre la accesibilidad a las páginas web.
eEurope 2005 se aplicará en parte a través de MODINIS y, aunque no forme parte de nuestro debate de hoy, quiero dar las gracias al Parlamento por el apoyo dado a la propuesta de las Comisión, en particular en lo que respecta al presupuesto.
Permítanme hablar de la legislación que tenemos ahora sobre el tapete: la directiva sobre la reutilización de la información del sector público. Como ha dicho el Sr. Van Velzen y como recalca en su informe, el contenido es esencial para el desarrollo de la sociedad de la información. El mensaje es claro y llega en un momento en que los imperativos financieros del sector llaman la atención sobre el hecho de que la información del sector público es un recurso de contenido clave para los servicios de la sociedad de la información. Los elementos clave son la transparencia de los procedimientos y de las condiciones de reutilización, la no discriminación y la competencia leal.
La directiva estimulará la creación de servicios de información basados en información del sector público o que incorporen dicha información. Esto es importante para las industrias de contenido y también para el sector de las telecomunicaciones, que ha de encontrar maneras de generar contenidos para los servicios de 3G.
Comparto plenamente la opinión del Sr. Van Velzen de que los operadores deberían colaborar entre sí para crear un mercado. Necesitamos cooperación e interoperabilidad para crear un mercado que pueda convencer a los consumidores.
Señor Presidente, quiero dar las gracias a Sus Señorías por este importante debate y por su contribución a todo el proceso desde que iniciamos el trabajo sobre el marco de las telecomunicaciones.
El Presidente.
Gracias, Señor Comisario. Yo también espero que el debate tenga lugar durante el día la próxima vez. Será mejor para el Presidente también.

Hernández Mollar (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, comienzo destacando que las enmiendas presentadas por la Comisión de Libertades han sido aceptadas por la Comisión de Industria, y, en particular, la llamada de los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales a la buena administración y al acceso a los textos de las instituciones (esto responde a la enmienda 1 de la Comisión de Libertades).
La promoción de programas informáticos gratuitos es una opción cada vez más utilizada por las administraciones públicas y que democratiza el acceso y la utilización de los documentos y datos públicos. En efecto, si ponemos los documentos a disposición en un formato no ligado a la utilización de programas informáticos específicos de pago, conseguimos reducir la discriminación relacionada con el nivel de riqueza de los usuarios.
Es importante favorecer la explotación de las informaciones por personas con capacidad sensorial disminuida, por ejemplo a través de la descripción por texto de los gráficos e imágenes que contengan los documentos. Asimismo, la publicidad de todos los documentos accesibles con carácter general, incluidos aquéllos ligados a las vías judiciales y administrativas, debe llegar al sector público. Esto constituye un instrumento fundamental para el desarrollo del derecho de los ciudadanos al conocimiento y un principio fundamental de la democracia.
Este objetivo es aplicable a las instituciones a todos los niveles, local, nacional e internacional, y es, además, necesario que las administraciones públicas, cualquiera que sea su nivel institucional, favorezcan y apoyen la reutilización de las informaciones proporcionadas.
Termino destacando que, evidentemente, consideramos que todos estos principios también deben ser aplicables a las propias instituciones europeas.

Niebler (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme en primer lugar hacer algunas observaciones sobre el informe Auroi. Antes de nada, quisiera por supuesto agradecer a la ponente su proyecto de informe y también su buena disposición para incorporarle las enmiendas propuestas por otros diputados.
La industria de las comunicaciones móviles está atravesando una mala situación. Comparado con Japón, la tecnología de 3G está introduciéndose muy lentamente. También debemos esforzarnos todo lo posible a escala europea para apoyar este sector. Se trata de crear unas condiciones generales favorables, lo que exige coherencia en la puesta en práctica y aplicación del paquete de telecomunicaciones, moderación en lo que se refiere a la regulación y, por supuesto, la utilización de los recursos comunes. Como ustedes bien saben, todo ello está también previsto en el documento de la Comisión.
Siendo así, me parece lamentable que tengan que regularse los precios del servicio de itinerancia y la interrupción de llamadas, como ocurre ya en el Reino Unido, por ejemplo. En este sentido, siento también curiosidad, Señor Comisario, por la recomendación sobre los mercados pertinentes, que usted ha mencionado también brevemente y que, si no estoy equivocada, se presentará mañana. Aunque los consumidores se benefician de la moderación de tarifas que conlleva la regulación, ese beneficio no dura mucho tiempo. A la larga, todos saldremos perdiendo si no nos esforzamos al máximo para fortalecer el sector, promover los servicios 3G y crear así puestos de trabajo a medio plazo.
Con estos antecedentes, una amplia mayoría de la Comisión de Industria, Comercio exterior, Investigación y Energía ha apoyado este informe y el fomento de la 3G. Este informe es un claro voto a favor de la introducción de las comunicaciones móviles de tercera generación en la Unión Europea.
Quisiera hacer ahora algunas reflexiones en torno al informe de Van Velzen sobre la reutilización y explotación de documentos del sector público. Naturalmente, quisiera en primer lugar agradecer al Sr. Van Velzen el trabajo que ha realizado como ponente. Ha demostrado un gran compromiso con este informe y una vez más eso ha dado sus frutos en la forma de un buen informe.
Como la mayoría de la Comisión de Industria, yo también comparto el punto de vista de que, en principio, debe permitirse el acceso a la información pública para bien de todos. Las autoridades de los Estados miembros poseen ingentes cantidades de información que han ido recopilando durante largos períodos de tiempo. Los ciudadanos y las empresas también deben beneficiarse de este tesoro escondido de información, cuyo valor comercial es difícil de evaluar. Estoy convencida de que el acceso general a la información pública dará un empuje considerable al crecimiento, la competitividad y el empleo en la Unión Europea.
Pero a pesar del consenso general manifestado en el debate hasta ahora, sigo encontrando a faltar un punto fundamental. A nadie sorprenderá que repita lo que ya he dicho en numerosas ocasiones en la comisión: ¿debe realmente Europa tomar medidas en este asunto? ¿No corresponde a los Estados miembros decidir en qué condiciones y hasta qué punto se permite el acceso a la información pública?
Por mi parte, no veo que exista ningún fundamento jurídico para la armonización en este ámbito. Aquí vale un viejo refrán que dice que no todos los problemas en Europa son un problema para Europa. Por eso también algunos de los miembros alemanes de mi grupo votarán en contra del informe. También quisiera recordarles que la cuestión de delimitación de competencias está recibiendo una gran atención en las deliberaciones que se están llevando a cabo actualmente en la Convención.
Si vamos siempre a prestar tan poca atención al tema de las competencias aquí en las comisiones y en nuestro trabajo parlamentario diario, no creo eso sea una buena señal. Voy a implorar su indulgencia al decirles que, aunque estoy de acuerdo con el contenido del informe, ni yo ni mis colegas alemanes de mi grupo vamos a apoyarlo en la votación final.

Read (PSE).
Señor Presidente, felicito a los cuatro ponentes, que han realizado un trabajo arduo y prolongado en torno a sus expedientes. Asimismo aplaudo a mis compañeros veteranos de los debates sobre la tecnología de la información. Llegados a cierto punto bien podríamos concedernos una medalla de Lisboa al tesón. Tomo nota de lo que ha dicho sobre el calendario de este debate. Nosotros en este Parlamento estaríamos avergonzados de que la señal enviada a los pocos que están escuchando a esta hora de la noche es de falta de seriedad por nuestra parte. Hemos de unirnos y organizar protestas serias en el futuro.
En primer lugar, me gustaría hacer algunos comentarios sobre el informe del Sr. Van Velzen sobre la reutilización de la información pública. Le felicito por la cantidad de trabajo que ha realizado.
¿Qué es lo importante de esta propuesta? En primer lugar, es importante que se hagan progresos. Lo que me ha quedado muy claro como ponente alternativo de este informe es lo importante que será la reutilización de la información pública como motor económico. Hemos de asegurarnos de que se realizan progresos en este sentido. En segundo lugar, es importante apoyar las exenciones incluidas en la propuesta de la Comisión para las universidades, bibliotecas y museos en la Unión Europea. Queremos que la exención se mantenga.
En tercer lugar es importante asegurar un rendimiento razonable. He escuchado con atención lo que tenía que decir el ponente. Quiero que la enmienda presentada en nombre de mi Grupo -la enmienda 33- se mantenga. Aclara la posición del Parlamento. Espero que la apoyen. Un rendimiento razonable es importante y debería ser tenido en cuenta. Comprendo que es probable que haya una segunda lectura importante y que haya mucho trabajo por hacer en el Consejo. Sin duda podremos volver a ello en una fase posterior.
Ahora quiero pasar al informe del Sr. Paasilinna, quien, con su consabida minuciosidad y habilidad para hacer propuestas prácticas, ha presentado algunas ideas bien meditadas sobre educación, sanidad, ciudadanos discapacitados y personas mayores, y la importancia de garantizar el acceso para las zonas rurales y las pequeñas empresas. Todo ello es encomiable.
El Sr. Khanbhai, que no parece estar aquí, acabó su intervención diciendo que queríamos diversión. No estoy segura de cuánta diversión cree él que se asocia a debates celebrados a estas horas de la noche sobre este tema. Está en lo cierto con respecto a una cosa: tan importante como esta para la empresa, también es importante en función de la calidad de vida de las personas y lo que desean hacer con su tiempo libre.
La Sra. Auroi tenía una tarea muy difícil. La felicito. En lo que respecta a su trabajo, me gustaría recalcar la importancia de que las empresas y tecnologías de 3G estén bien gestionadas y de que funcionen bien. Este no siempre ha sido el caso a escala global.

Plooij-van Gorsel (ELDR).
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo Liberal felicito a todos los ponentes de unos informes que, desde mi punto de vista, son relevantes para el desarrollo de eEurope y de una sociedad de la información para todos. Con respecto al informe Van Velzen, hay dos cosas que quisiera destacar.
La reutilización y explotación comercial de información pública, tal como propone el ponente, nos conducirá a una verdadera sociedad de la información para todos. Información básica como la redacción de autos y jurisprudencia debe ponerse a disposición del ciudadano europeo gratuitamente. Después de todo, como contribuyente ya ha pagado por esa información. No permitimos que nuestros ciudadanos paguen dos veces por la misma cosa. Además, la buena información es necesaria para el funcionamiento de un estado democrático constitucional. En mi opinión, nosotros como Parlamento debemos luchar duro por los derechos de los ciudadanos. Así pues, la información pública debe ponerse a disposición de los ciudadanos gratuitamente o a un coste marginal que cubra su reproducción y distribución. Como grupo, apoyamos plenamente la línea del ponente Van Velzen.
Esto me lleva al segundo punto. Algunas de sus Señorías están a favor de permitir que determinadas instituciones gubernamentales obtengan un margen de beneficio razonable debido a que sus ingresos provienen en parte de la publicación de sus datos, como las previsiones meteorológicas o los mapas. Lógicamente, eso es posible cuando se ofrece un valor añadido. Está previsto en las excepciones. La inclusión irreflexiva en la Directiva de permitir un margen de beneficio razonable me parece sumamente peligroso. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué se considera razonable? ¿Es razonable un beneficio del 10, 20 ó 30% y han de pagarlo nuestros ciudadanos? También es importante que prevalezcan las mismas condiciones en todos los Estados miembros. La subsidiariedad en este caso es radicalmente errónea. Y eso es así porque necesitamos unas reglas de juego justas, porque sólo entonces podremos conseguir un mercado interior para la información pública.
Para terminar este último punto: esta Directiva debe fomentar la reutilización y la explotación de la información pública. Por consiguiente, el gobierno debe actuar como un propulsor, es decir como un cliente trampolín, para que esta información esté disponible a bajo coste y las pequeñas y medianas empresas tengan la oportunidad de utilizar esa información con vistas a crear un buen mercado, como en Estados Unidos. Porque un mercado controlado por monopolios como ahora no genera más puestos de trabajo ni una mayor prosperidad.
Volviendo ahora al 3G. Ya se ha dicho que la transferencia de miles de millones del sector privado al sector público ha sido un desastre para las telecomunicaciones móviles. Esto quiere decir que en estos momentos no necesitamos imponer ninguna regulación innecesaria. Pero es posible que haya que intervenir para garantizar la competencia. Aún en ese caso, tenemos que garantizar unas reglas de juego justas. Los Estados miembros no deben adoptar medidas unilaterales para aligerar la carga de los operadores móviles. No podemos tener una situación en la que Francia conceda descuentos sobre licencias y otros Estados miembros las renueven. Creo que la Comisión debe presentar medidas claras que garanticen esas reglas de juego justas.
Por último, un comentario sobre los informes Khanbhai y Paasilinna, puesto que hacen una contribución a eEurope que aquí en el Parlamento apoyamos, para asegurar que los ciudadanos y las empresas puedan beneficiarse plenamente de la sociedad de la información. Lo que no ha ocurrido con demasiada frecuencia hasta la fecha. Es verdad que en Lisboa, en 2000, acordamos que teníamos que convertirnos en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010, pero sólo fueron palabras bien sonantes que tienen que convertirse urgentemente en hechos.
En la práctica, parece ser que, una y otra vez, los Estados miembros se están replegando en sus propios caballos de batalla nacionales, ya sea cuestión de la patente europea o del acceso a la información pública. Por esto es bueno que la Comisión esté al tanto de lo que sucede y mantenga informados a los dirigentes de los Estados miembros en este tema. Los principios básicos son excelentes, pero cuando se trata de la puesta en práctica de las aplicaciones, como la sanidad en red, la administración electrónica o el aprendizaje por medios electrónicos, es vergonzoso ver lo que está ocurriendo en realidad. Deseo que todos nosotros, Parlamento y Comisión, tengamos éxito en la realización de una mejor eEurope.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señor Comisario, en primer lugar voy a buscar y pretendo encontrar a los responsables de la recesión de las comunicaciones móviles de tercera generación. Los culpables son los gobiernos de esos países que organizaron las ventas mediante licitación del espectro radioeléctrico y transfirieron el dinero que las empresas del sector habían invertido en ellas mismas. Las medidas tomadas por las autoridades públicas para evitar este frenazo de las inversiones no han sido suficientemente eficaces. Se han concedido autorizaciones para que coexistieran instalaciones de equipos próximas entre sí para uso común, pero eso es todo. En consecuencia, sigue disminuyendo la inversión en comunicaciones móviles de tercera generación, y no se han cumplido las esperanzas infundadas de alcanzar los ambiciosos objetivos fijados en Feira, Lisboa, Barcelona y Sevilla. Deben fijarse objetivos más realistas.
Ahora que he expuesto mis protestas, quisiera darles las gracias. El informe del Sr. Paasilinna ha centrado su atención en una sociedad de la información para todos y en el importante motivo para el Plan de Acción: la sociedad de la información debe estar al alcance de todos, y recalcó ese todos. Eso es democracia. Esa democracia debe fomentarse mediante la inversión pública. Además de las herramientas técnicas y las conexiones rápidas, tenemos que prestar atención a las instrucciones y directrices que reciben los usuarios, ya que los equipos no sirven de nada si los miembros de la sociedad de la información no pueden utilizarlos.
Quisiera recordar al Sr. Van Velzen algo que aparece en la exposición de motivos de su informe, cuando dice que para que continúe la labor de las instituciones públicas, es fundamental que también puedan cobrar una tarifa por la información suministrada, para financiar la inversión que hayan tenido que hacer en bases de datos. Los servicios de información básicos deben ser gratuitos o al menos económicos, pero la inversión histórica debe tenerse también en cuenta en los costes de producción asociados a la reutilización de las bases de datos de, por ejemplo, registros de la propiedad, museos, universidades e institutos de investigación.
Nuestro grupo apoya la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo que considera este asunto y esperamos que el Sr. Van Velzen se muestre también partidario de mantener los servicios de uso general con tarifas pagadas por los usuarios para no tener que financiarlos con cargo a los impuestos.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, tal como ya he dicho en otras ocasiones, las cuestiones relacionadas con la sociedad de la información deben ocupar un lugar prioritario entre los intereses y las acciones de la Unión Europea y los órganos comunitarios. Ésta es una de las grandes cuestiones del futuro y la que ofrece mayores oportunidades, multiplicadas por nuestros esfuerzos comunes. No es mera casualidad que tras el plan de acción eEurope 2002, ya estamos mirando hacia eEurope 2005, en particular para cumplir los objetivos acordados en los Consejos Europeos de Lisboa y Feira, que se celebraron bajo la presidencia de mi país y, posteriormente, los de Barcelona y Sevilla.
Hay que recordar que lo que queremos es que la Unión Europea sea la sociedad más competitiva del mundo y es también por esa razón que se preparó el Plan de acción eEurope 2005, con el fin de crear un entorno que favoreciera la inversión privada y la creación de puestos de trabajo, que diera un impulso a la productividad, modernizara los servicios públicos y brindara a todo el mundo la oportunidad de participar en la sociedad de la información global.
En este debate conjunto, quisiera empezar felicitando al Sr. Paasilinna por su magnífica labor, que se refleja claramente en el consenso que ha recibido este informe aquí en el pleno. En particular, agradezco su propuesta de proporcionar los medios técnicos necesarios para poner en práctica esos objetivos, como puede ser la ampliación de la banda ancha y la distribución multicanal, y su postura ante el delicado problema de la seguridad de la información. Pasando a la cuestión de la reutilización y explotación comercial de los documentos del sector público, entiendo y comparto la visión propuesta por el Sr. Van Velzen, quien recomienda un enfoque mucho más racional. También creo que todo lo referente a la información básica que exige el funcionamiento de un Estado de Derecho democrático, debe estar disponible gratuitamente y que la restante información debe estar disponible a un coste marginal que no sobrepase los costes totales de su reproducción y distribución, sin perjuicio de que exista un sistema específico establecido por el sector cultural público por motivos obvios de existencia de derechos de autor intelectuales y artísticos.
Para concluir, quisiera referirme brevemente al informe del Sr. Khanbhai y felicitarle también por su labor, y desear a la Comisión un éxito completo en las acciones que recomienda para garantizar que las empresas de la UE pueden aprovechar los beneficios potenciales que ofrece la economía electrónica. Acelerar la construcción de un marco claro y previsible para el comercio electrónico, promover la plena participación de las pequeñas y medianas empresas en la economía, mejorar la disponibilidad de capital de riesgo y financiación del mercado, etc. son algunas de las acciones encaminadas a hacer realidad el objetivo de una sociedad de la información para todos y asegurar que también en este campo fundamental se persigan y alcancen los ambiciosos objetivos de la estrategia de Lisboa.

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, a pesar de lo tarde que es, este ha sido un debate refrescante. Es importante y positivo que hayamos reunido a tantos excelentes ponentes. Les doy las gracias por abordar diferentes aspectos del tema.
Reflexiono sobre la noticia del Comisario de que ahora nos ha dado otros cuatro informes sobre los cuales trabajar. Hemos de pensar acerca del modo más eficaz de hacer una aportación al proceso. Felicito al Sr. Van Velzen y al Sr. Paasilinna, ambos presentes esta noche, por la iniciativa de la audiencia que tuvimos la otra semana en la que participó el Comisario. Compartimos el interés por hacer avanzar la economía del conocimiento. De lo que hablamos hoy es de las herramientas, los medios y el marco en que hemos de hacerlo.
He detectado cierto pesimismo entre diversos colegas. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre el hecho de que dentro de unas semanas tendremos los primeros servicios comerciales de tercera generación en un país grande. Estos serán ofrecidos por un nuevo inversor en el mercado, no conectada de ninguna manera con cualquiera de las empresas titulares. Un nuevo inversor ha hecho una inversión comercial en el mercado.
Recordemos que la economía del conocimiento se verá impulsada por la inversión privada. De ahí vendrá la mayor parte del dinero. La innovación y la tecnología también procederán de allí. Ninguno de nosotros sabe cómo y de qué modo va a desarrollarse esta tecnología. Pero creo que podemos hacer algunas predicciones: dentro de algunos años -es la previsión más exacta- podemos esperar que haya más personas en Europa y en el mundo conectadas a Internet a través de un dispositivo inalámbrico que con cualquier otro mecanismo.
Esta es la importancia de la tercera generación. No la subestimemos. El paso a la tercera generación va a abrir nuevos mercados a empresas grandes y pequeñas. Asimismo eliminará costes en las empresas y les ayudará a hacer las cosas de otro modo.
En Japón he visitado los laboratorios de investigación de DoCoMo, la empresa de telecomunicaciones japonesa, donde tienen gente inventando aplicaciones comerciales de tercera generación. Recordemos, sobre todo, que lo que hemos de hacer como políticos es que el mercado funcione. Tenemos el marco jurídico adecuado, pero hemos de asegurarnos de que los reguladores no intervengan demasiado pronto o con demasiada dureza, y que permitan que funcione la creatividad del mercado. Esto es lo que ha tenido éxito en los móviles hasta ahora. Esto es lo que tendrá éxito en la tercera generación. Esto es lo que impulsará la economía del conocimiento. Este es el mensaje más importante que todos hemos de recordar.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, no podemos sino acoger con satisfacción la convergencia de estos informes, que buscan avanzar en el progreso de Europa hacia una nueva etapa del desarrollo tecnológico, de un modo sumamente específico.
Sin embargo, puede que no sólo sea el mercado el que se vaya a beneficiar de ello, tal como se acaba de afirmar. Creo que el beneficio radicará en conseguir que esa Sociedad de la Información se convierta en una sociedad igualmente centrada en la dimensión humana.
La Sociedad de la Información hacia la que avanzamos es, sin duda alguna, una sociedad que hace un amplio uso de las redes de tecnología de la información y produce un gran volumen de información y servicios de comunicación innovadores. Pero en esa sociedad existen también muchos riesgos de exclusión. Los ciudadanos que ignoren estos nuevos desarrollos corren el peligro de sufrir las consecuencias. Colectivamente, existe el peligro de que segmentos enteros de la población se queden en la cuneta.
Pero este progreso también ofrece oportunidades de desarrollo. La información y el conocimiento son las materias primas de esta sociedad y la fuente de nueva riqueza. La creación de un vínculo entre ellos para hacerlos accesibles significa aumentar su potencial actual para la innovación. Ahora bien, es fundamental que la política pública de la Unión Europea sea capaz de seguir el ritmo del desarrollo de estos mercados y explote los beneficios de ese desarrollo. Por consiguiente, ante todo debemos asegurarnos de que ningún ciudadano quede excluido de la Sociedad de la Información puesto que, hasta cierto punto, la acción en materia de servicios públicos e interés general requiere utilizar la tecnología de la información para el desarrollo comunitario y espacial.
Al poner a disposición de todos los medios para una participación activa y considerando el acceso a dichos medios como un derecho de los ciudadanos y una obligación de interés general para los Estados miembros, podremos asegurar la verdadera creación de esa Sociedad de la Información para los ciudadanos y en torno a los ciudadanos. Así pues, una Sociedad de la Información justa se crea metódicamente y con paciencia por medio de estrategias decisivas. Estos son los elementos esenciales si queremos asegurar que 2010 no sea un mero espejismo tecnológico.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el progreso científico ha sido todo un milagro en la década pasada, sobre todo en tecnología de la información. Si las circunstancias fueran diferentes, ese progreso podría traducirse en prosperidad para la sociedad en su conjunto.
Pero con el sistema capitalista, los progresos científicos se ponen al servicio del mercado, no de la sociedad. La ciencia se desarrolla en un marco que requiere la privatización y comercialización de lo que, en un tiempo, fueron servicios del sector público - protección social, salud, incluso cultura y educación -, ahogados por la sociedad basada en el conocimiento más competitiva del mundo que la Unión Europea decidió crear en Lisboa. En resumen, se convierte en una fuente de beneficios para unos pocos, en lugar de una fuente de prosperidad para la mayoría.
En estas circunstancias, los aspectos positivos del informe Paasilinna tienen escaso valor práctico para los grupos sociales menos favorecidos que corren el peligro de quedar excluidos de la sociedad de la información. Si las regiones periféricas, las personas discapacitadas y otros colectivos corren ese riesgo, ¿qué podemos decir sobre la gran masa de desempleados, la gran masa de infraempleados, la masa aún mayor de trabajadores mal pagados? ¿Qué utilidad tienen, por ejemplo, los servicios de salud telemáticos o la famosa tarjeta sanitaria europea para esas personas? ¿Quién podrá ofrecer esos servicios? ¿El médico de cabecera o las compañías multinacionales que siguen saqueando el sector sanitario? ¿Solucionarán el problema los servicios de tercera generación o los sistemas operativos europeos?
Por último, debo comentar la propuesta de crear un mercado de registros públicos. En la Unión Europea, donde todo se compra y se vende, donde se ha creado un mercado de radiofrecuencias e incluso un mercado de contaminantes atmosféricos y derechos de contaminación, ahora tenemos un mercado de registros públicos.
Admiro la inventiva emprendedora de la Comisión y me pregunto quién será la próxima víctima del mercado. Puede que sea el mismo aire que respiramos.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, quisiera unirme a mis colegas y felicitar a los cuatro ponentes por el trabajo que han realizado con estos informes. Esto llega en un momento muy importante. Muchos colegas han hablado ya de los detalles de dichos informes y nuestras aspiraciones de cara al futuro.
Hoy en día oímos a menudo la afirmación de que tenemos el mundo a mano: basta un clic para tener acceso al mundo entero. Para muchas personas, ese clic es como intentar escalar el Everest, porque no han entrado en la era de la tecnología de la información y no tienen acceso a la educación o a la formación que les garantice que podrán utilizar esta maravillosa nueva herramienta. Asimismo, muchos de los servicios que deberían prestarse a las personas en Internet no se prestan. Me refiero en concreto a personas con discapacidades, aquellas que tienen dificultades de oído y que podrían recibir mensajes de texto, o las que son ciegas y podrían tener acceso a mensajes activados por la voz. Muchas de estas nuevas tecnologías son demasiado caras para que puedan acceder los usuarios ordinarios.
Si examinamos el contexto global de esta nueva perspectiva de la economía del conocimiento y las oportunidades que representa, hay oportunidades, pero el riesgo que corremos es que, debido a las enormes cantidades de dinero necesarias en inversión e infraestructura, salvo que estén implicados los gobiernos y otros organismos, junto con la financiación privada, las zonas rurales y periféricas pierdan el acceso a estas oportunidades.
Una de las iniciativas escolares era que debería haber un ordenador por cada 15 alumnos. Afortunadamente en Irlanda hemos tenido éxito en este sentido: estamos por encima de la media. Tenemos un ordenador por cada 12 alumnos y cada alumno tiene acceso al correo electrónico y a Internet y recibe una educación basada en el conocimiento en su programa escolar de cada día.
En cuanto a la atención sanitaria, un avance importante que puede tener lugar es la prestación de servicios sanitarios a las zonas rurales y periféricas. Esto es válido sobre todo para las islas, donde no es sencillo ni fácil conseguir el tipo de tecnología o el tipo de pericia que puede ofrecer la conexión con el hospital grande más cercano -con un asesor en un extremo y el doctor o la enfermera local en el otro extremo. De este modo pueden ofrecer asistencia en vez de tener que trasladar a las personas a través de largas distancias.
El último punto que quisiera comentar tiene que ver con la tercera generación. Soy consciente de los comentarios que ha realizado el Sr. Harbour en su intervención y estoy de acuerdo con él en que hay un gran potencial con respecto a la 3G. Ya hemos visto la enorme explosión del uso de la tecnología móvil. Sin embargo, al final será el consumidor quien pague los costes implicados y la cantidad de dinero que están perdiendo las empresas que licitan por las licencias de 3G, salvo que tomemos el control y nos encarguemos de asegurar de que haya una normativa adecuada sobre las tarifas de estos servicios.

Rovsing (PPE-DE).
Señor Presidente, creo que éste es un debate muy interesante y nuestros ponentes han realizado un trabajo excelente que ya ha sido justamente reconocido.
Quisiera hacer un par de comentarios relacionados con la utilización y reutilización de la información pública. Algunos países han realizado muchos más progresos que otros en este sentido, lo que refleja claramente una diferencia que también se manifiesta en, por ejemplo, la transparencia con que operan los países. Un ejemplo que debe mencionarse es el considerable interés mostrado en Dinamarca por las facturas de restaurantes y viajes de cierto alcalde. Puesto que en Dinamarca todo el mundo tiene acceso a este tipo de documentos con sólo solicitarlos, fueron demasiadas las personas que solicitaron verlos. Por ese motivo se decidió publicar los documentos en Internet, de manera que todos los ciudadanos pudieran acceder a todos y cada uno de los documentos originales. En el caso de los comisarios o sus colegas, no creo que tengamos acceso a los detalles de su trabajo, sus viajes o sus compras. En Dinamarca, sin embargo, tenemos acceso a ese tipo de información sobre esas personas, y para ello se utiliza Internet, que pone la información a disposición de todos gratuitamente.
Una larga lista de «servicios» utilizan los mismos datos una y otra vez, datos que están a disposición de todos los ciudadanos, para que de ese modo pueden actualizarlos ellos mismos y, por ejemplo, modificar automáticamente el pago de impuestos y similares. ¿Por qué se permite el acceso gratuito a ese tipo de información y por qué se fomenta su uso en Internet? Por dos razones. En primer lugar, cuanto más hacen los ciudadanos por sí mismos, más rápidas son las respuestas que reciben y menos son los funcionarios que necesitamos. En segundo lugar, la sociedad tiene un enorme interés en la utilización y reutilización de esos datos, ya que no podemos contar con un número suficiente de funcionarios para que realicen esas tareas en el futuro. Además, el acceso a los datos puede ser gratuito porque el ahorro público es considerable.

El Presidente.
Yo también he sido alcalde y, por lo tanto, siento curiosidad por saber si se trata de un caso concreto o si todos los alcaldes se han encontrado en esta situación. Pero no le estoy pidiendo que me responda ahora. Me puede responder personalmente en cualquier otra ocasión.

Gill (PSE).
Señor Presidente, felicito a todos los ponentes por el trabajo que han realizado en relación con estos informes. Se han convertido en una de las máximas prioridades de la UE. Su objetivo de adoptar políticas y leyes existentes y convertirlas en estrategias globales es encomiable. Sin embargo, para ello es preciso que todos los Estados miembros se unan para garantizar unos servicios públicos universalmente interactivos, facilitando, espero, la sociedad de la información y garantizando la igualdad en el acceso público a la información.
El plan de acción del Sr. Paasilinna tiene objetivos muy encomiables con la incorporación de la administración electrónica, la enseñanza electrónica, la sanidad electrónica y el comercio electrónico. El objetivo de crear una economía competitiva basada en la información tendrá un impacto importante en el crecimiento, la productividad, el empleo y la cohesión social en Europa. Esto lo apoyo de todo corazón y ya ha sido ampliamente anunciado como una gran prioridad de la UE. Sin embargo, hemos de reconocer que por el momento los progresos en este ámbito han sido demasiado lentos. Hemos de lograr un impacto mucho mayor que el que tenemos hasta ahora. Hemos de explorar cómo podemos lograr una mayor participación y asegurar que no tendremos una Europa de dos velocidades ni un proletariado de la información. Apoyo firmemente lo que ha dicho el Sr. Paasilinna.
En lo que respecta al informe del Sr. Van Velzen sobre la reutilización de la información pública, este puede ser un impulsor económico crucial y muy importante, que cree productos y servicios de valor añadido y traiga prosperidad para las empresas, sobre todo a las PYME. En mi zona, los West Midlands, muchas PYME están buscando este tipo de información. Sin embargo, como ha dicho el Sr. Van Velzen, hemos de eliminar los obstáculos y crear condiciones uniformes en toda la Unión.
He trabajado en el sector público durante bastante tiempo. Me preocupa que se asigne una carga excesiva a los organismos públicos. Por ello quiero pedir que se incluya una disposición sobre una rentabilidad razonable. Nos enfrentamos a un dilema: por un lado, tenemos que alentar a las empresas, y por otro las empresas quieren información a bajo coste o gratuita. Hemos de garantizar que estos costes no vayan a parar a la puerta de los organismos públicos que tienen la obligación de producir, pero que no tienen mucho margen de maniobra.
También apoyo firmemente lo que ha dicho la Sra. Read al respecto y estoy de acuerdo con ella.

Matikainen-Kallström (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, cuando hablamos de la sociedad de la información deberíamos recordar que acaba de emprenderse la reforma a gran escala de la legislación del mercado de las comunicaciones con la adopción de nuevas normas legislativas para las telecomunicaciones y otras operaciones en red. En estos momentos, los Estados miembros están poniendo en práctica ese paquete.
No se puede permitir que este debate distorsione la imagen de la legislación sobre las telecomunicaciones, ya que eso sólo causaría incertidumbre para la inversión en comunicaciones móviles de tercera generación. Tenemos que ayudar al sector de las comunicaciones móviles de tercera generación que está aquejado de problemas, no perjudicarlo. El sector de las comunicaciones GSM, que ha crecido considerablemente en los últimos cinco años, es el pilar de nuestra competitividad y prácticamente lo único que está haciendo avanzar a la estrategia de Lisboa. Tras el desastre de la explotación financiera de las comunicaciones móviles de tercera generación, debemos demostrar que compartimos la responsabilidad. El sector de la telefonía móvil es un importante creador de empleo y puntero en innovación. Si no conseguimos dar un nuevo empuje a este sector, los japoneses nos dejarán atrás de una vez por todas.
Me he propuesto investigar la reclamación relacionada con el aumento de los cánceres de cerebro en Finlandia desde el decenio de 1990. Pese a que la red de estaciones de base ha crecido de forma espectacular, las tasas de cáncer en Finlandia han disminuido radicalmente. Es difícil convencer a los ciudadanos con datos engañosos. En la UE hemos establecido unos límites exactos de radiación que son inferiores a las normas de la OMS. Los microondas emiten más radiación que las estaciones de base. Los valores correspondientes a los operadores españoles apenas llegan al 2% de los límites de seguridad. Sin embargo, es más fácil alegar que los teléfonos móviles perjudican a nuestros cerebros.
Los documentos públicos deben estar disponibles en soporte electrónico. La información básica debe ser gratuita. Las instituciones públicas pueden cobrar una tarifa para cubrir sus costes, pero no es necesario solicitar un pago adicional. Los Estados miembros tienen que ser responsables de que las instituciones públicas dispongan de medios suficientes. Por último, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los ponentes.

Martin, Hans-Peter (PSE).
Señor Presidente, me es grato dirigirme a los 13 diputados que parecen ser incapaces de abandonar este lugar y, en particular, a la única señora que todavía sigue escuchándonos. Cinco minutos antes de medianoche, tenemos un tema que obviamente está atrayendo mucho público, o debería decirlo de este modo: sabemos que queremos y necesitamos a Europa, así que me van a permitir que dedique los 90 segundos que me quedan para hablar sobre cómo podemos conseguirlo. 
Prueben sus Señorías a utilizar lo que estamos debatiendo aquí. Vamos, hagan clic en un sitio web - el Consejo, dice - y vayan directamente a donde dice «Acceso a documentos» y hagan clic. ¿Qué sucede? Nada. Vuelvan a hacer clic. ¿Qué sucede? Nada. Les sugerimos a nuestros queridos amigos del Consejo y a nuestros estimados amigos de la Comisión - cuyo sitio web parece como si saliera de «El Caballo Blanco», que era una opereta culta en el Austria de los Cincuenta - que utilicen el dinero que podamos ahorrar, por ejemplo, no celebrando reuniones como ésta y que inviertan 50 000, 60 000 ó 100 000 euros en la creación de un sitio web actualizado que sea más útil de lo que es en este momento. Les harán un buen servicio a los votantes.
Podrían mejorar también las funciones de búsqueda. Si hacen estas cosas tan banales, podremos - creo - considerar la posible utilización de esta nueva eEurope, incorporando, por ejemplo, herramientas para sondear la opinión pública. Entretanto, podemos imaginar también la posibilidad de celebrar referéndums en toda Europa con un mínimo esfuerzo y con un gasto insignificante. 
Todo esto debe siempre verse bajo el prisma de mi ceterum censeo - no puede existir democracia sin transparencia y una Internet bien utilizada es una muy buena manera de conseguir esa transparencia.

Rübig (PPE-DE).
Señor Comisario, Señorías, el Sr. Hans-Peter Martin tiene razón. No quedamos muchos en el salón de sesiones. No sabemos cuántas personas estarán viendo el debate desde sus despachos ni sabemos cuántas los verían si pudiéramos retransmitir esta sesión por Internet. Si pudiéramos grabar en vídeo esta sesión y retransmitirla a una hora más razonable del día, creo que nuestra página web aumentaría enormemente su audiencia, y las personas podrían analizar y seguir nuestros debates con más transparencia y también con más eficacia.
¿Qué es lo que necesitamos? El sistema tiene que ser más rápido, más eficiente. Necesitamos buscadores que dirijan a las personas hacia el lugar adecuado tan rápido como sea posible a partir de palabras clave. Palabras clave como «Hans-Peter Martin», «Paul Rübig», «comercio electrónico» o «participantes presentes» deben llevarnos directamente a esta sesión. Creo que nuestro mundo ha cambiado, que la sociedad en red ya es una realidad. Desde hace tiempo se pueden hacer trámites burocráticos, negocios y otras cosas por medios electrónicos, pero todavía faltan algunos de los requisitos previos necesarios.
Cuando tengan lugar las negociaciones de la OMC en Cancún el próximo otoño, tendremos que preguntarnos: ¿hasta qué punto se ha liberalizado el comercio mundial? Si Hans-Peter Martin accede a una página principal en este momento y quiere ordenar la compra de un libro o una aplicación informática en Estados Unidos, ¿con qué barreras y trámites burocráticos se encontrará? ¿Qué aranceles tendrá que pagar y, sobre todo, qué hará el servicio postal con los costes de envío y entrega, que en estos momentos son totalmente injustificables tratándose de pequeños paquetes?
Necesitamos una mayor competencia en el sector de los servicios postales. Necesitamos sistemas de pago seguro, necesitamos un sistema de indemnización por daños y perjuicios que proteja al consumidor del fraude, y necesitamos dinero electrónico que nos permita pagar como si lo hiciéramos en efectivo. La conversión del papel moneda al dinero electrónico es algo que definitivamente tendremos que hacer en el futuro. Por último, tenemos también que emprender una investigación a escala europea de los obstáculos que se interponen a la utilización de estas nuevas tecnologías.

Vlasto (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, si quisiera hacer un chiste, diría que llevamos dos días debatiendo este importante asunto, porque hoy ya es 12 de febrero.
Dicho esto, señor Presidente, Señorías, la información pública constituye un ámbito particularmente sensible, puesto que se trata de información pública gestionada, ya sea directa o indirectamente, por las autoridades públicas.
La legislación comunitaria sobre transparencia y accesibilidad a la información pública proporciona ya un marco muy exhaustivo, pero en algunos sectores deben hacerse algunas aclaraciones para impedir toda distorsión de la competencia causada por un posible vacío legislativo.
Felicito a la Comisión Europea por esta propuesta relativa a la reutilización y tratamiento de los documentos del sector público. Sin embargo, lamento la falta de precisión en algunos puntos del texto. Estoy pensando, por ejemplo, en los documentos a los que se hace referencia y que, en mi opinión, no son objeto de una definición clara y concreta. Tal como he propuesto a la comisión responsable de su contenido, el concepto de documento público tiene que definirse mejor. No me estoy refiriendo a una armonización, sino simplemente a una definición adecuada para que todos los ciudadanos puedan saber exactamente cuáles son los documentos públicos que se consideran dentro del ámbito de la Directiva.
También hubiera sido deseable incluir alguna referencia a los períodos de accesibilidad a los documentos públicos. Por un lado, me alegra que se hayan aprobado las propuestas relativas a la resolución unilateral sobre la producción de información y las propuestas relativas a las condiciones que regulan la aplicación de esa resolución, en particular el período razonable de aviso. Una resolución aplicada con rigor supone un riesgo para los operadores afectados. Pienso, sobre todo, en las PYME y las SMI, que no dispondrán de los medios técnicos o financieros para afrontar esas situaciones si no se las avisa con antelación suficiente.
Por ello les animo, Señorías, a que voten a favor del informe del Sr. Van Velzen. El ponente ha completado satisfactoriamente la propuesta básica de la Comisión con un informe exhaustivo, que ha sido negociado inteligentemente entre los diferentes grupos políticos a los que pertenecemos.

Oreja Arburúa (PPE-DE).
Señor Presidente, no hace falta insistir en la importancia que hoy tiene para todos la sociedad de la información, tanto para el sector público, como para las empresas y los ciudadanos.
Me centraré sólo en dos de los informes que hoy se están debatiendo. En cuanto a la iniciativa de la Comisión sobre la reutilización de los documentos del sector público, cada vez son más las empresas del ámbito europeo que gozan de información del sector público y que la reutilizan. Debemos garantizar que las condiciones de acceso a esta información sean las mismas en toda Europa. El precio por esta información debe ser proporcional -sin duda- al coste de producción, pero no podemos, por otro lado, obligar a la administración -tal y como se ha dicho en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- a producir toda aquella información si no es relevante y necesaria.
En cuanto a la propuesta de decisión del Consejo para el seguimiento del eEurope y para la difusión de las buenas prácticas y seguridad en las redes, quisiera resaltar dos aspectos. La Comisión de Libertades, que elaboró la opinión para la Comisión de Industria, que era competente para el fondo, ha afirmado igualmente que es necesario no sólo fomentar todo intercambio de buenas prácticas entre profesionales públicos y privados, sino que la Comisión debería financiar también campañas de información y sensibilización sobre esta cuestión de la seguridad de las redes.
Felicito aquí a la Comisión por su iniciativa de hoy de presentar una unidad de seguridad en las redes. Es evidente que cada vez más nuestro trabajo y nuestras economías se basan en la sociedad de la información y, por lo tanto, es importante reducir los riesgos de inseguridad en las redes.
Debemos garantizar tanto un acceso seguro como la protección de la privacidad de los datos de aquellos que acceden al sector público y a las redes en general.
Para potenciar una economía electrónica en el ámbito de la empresa, es esencial fomentar también una cultura basada en el espíritu empresarial y estimular una mayor participación de los empresarios en la sociedad de la información. Si en Lisboa, como han dicho otros colegas, se fijó como objetivo estratégico convertir la economía basada en el conocimiento en la más competitiva y dinámica del mundo, el objetivo de la sociedad de la información es, sin duda, un motor importante e indispensable.

Liikanen
Señor Presidente, este ha sido un debate amplio y muy interesante. Me gustaría dar las gracias al Sr. Van Velzen por su trabajo sobre la información del sector público. Todos estamos de acuerdo en que la calidad es uno de los factores esenciales para el desarrollo de nuevos servicios de la sociedad de la información y en particular de los servicios de tercera generación.
Preferiría presentar por escrito la posición de la Comisión sobre las enmiendas, porque la Directiva sobre la seguridad en el puesto de trabajo empieza limitando nuestra jornada laboral.

El Presidente.
Esta es una decisión muy sabia. Gracias, Señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy, miércoles, a las 12.00 horas.

Sylla (GUE/NGL)
Felicito a la Sra. Terrón i Cusí por su trabajo.
La propuesta de Directiva de la Comisión sobre la entrada y residencia de nacionales de terceros países hace hincapié de nuevo en la inmigración legal e ilegal, y plantea la cuestión del empleo como condición indispensable para la concesión de un estatuto estable.
Acojo con satisfacción las mejoras introducidas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores a la propuesta de Directiva, pero también me gustaría señalar que el ponente ha demostrado una gran lucidez y ha tratado la cuestión sin demagogia. 
Existen propuestas y avances interesantes, especialmente el aumento de la transparencia, la simplificación de los trámites y la consideración de los intereses de terceros países. En general la ponente pretende mejorar los derechos de los titulares de permisos de residencia y de trabajo y subraya la necesidad de que todos los extranjeros tengan igualdad de acceso a la ayuda a la educación, la formación y la vivienda. Lamento que estas propuestas no hayan sido apoyadas con cifras reales y que el informe no haya hecho más hincapié en el acceso a la ciudadanía.
Todos debemos trabajar para garantizar el principio de la libre circulación, para incrementar las oportunidades de los trabajadores de encontrar empleo y enriquecer su experiencia profesional y promover la movilidad con el fin de crear una unión más estrecha entre las personas.
(Declaración por escrito acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento)
