Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 5 de noviembre de 1998.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión del jueves 5 de noviembre de 1998 ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Janssen van Raay
Quiero ver reflejado explícitamente en el Acta que he dicho en Bruselas que ya no participo solamente por razones de principio en las votaciones individuales - lo que ya desde hace tiempo dejé de hacer -, sino también por razones fiscales. Repito: por razones fiscales neerlandesas. Me gustaría que esto constara.

El Presidente
Muy bien, señor Janssen van Raay, así se hará.

Striby
Señor Presidente, mi intervención no es relativa al Acta, pero quisiera preguntarle cuándo se terminará el nuevo Parlamento. El IPE4, que sigue siendo «ciudad prohibida», ¿es acaso una novela de ciencia-ficción? Hoy, en lugar de celebrar la sesión en los nuevos locales, volvemos a reunirnos aquí, en este bello hemiciclo, por el que ciertamente sentimos apego. Se escuchan rumores de pasillo y nos mantenemos a la espera. ¿Para cuándo la sesión inaugural? ¿Será en diciembre, en febrero o en verano de 1999?
¿A qué se deben estos retrasos? Aceptamos el argumento de una organización óptima de la gran mudanza, pero me atrevo a esperar que no se trate, una vez más, de maniobras políticas contra Estrasburgo. Señor Presidente, esperamos una respuesta clara respecto a estas vacilaciones que dañan la imagen de rigor, eficacia y credibilidad de nuestro Parlamento.

El Presidente
Señor, lo que le puedo decir es que el edificio no está aún en situación de ser aceptado. Evidentemente, la empresa responsable de la construcción del edificio debía ponerlo a disposición del Parlamento el pasado mes de enero. El Parlamento no es responsable de que aún no esté listo, y que no haya sido aprobado aún por los servicios competentes ni por los arquitectos. Por nuestra parte, intentamos colaborar al máximo con la ciudad de Estrasburgo y el Gobierno francés para garantizar que los trabajos finalicen lo antes posible en cumplimiento de las disposiciones en vigor. Llegado el momento, realizaremos nuestra parte del trabajo informático de este Parlamento y lo inauguraremos lo antes posible. Pero no puedo adelantarle una fecha. No depende de nosotros.

Carnero González
Señor Presidente, la semana pasada me permití dirigirle una carta relativa a la situación en Centroamérica. Cada día que pasa es más evidente que las pérdidas humanas y el desastre material que vive aquella región han sido efectivamente de dimensiones bíblicas.
En la carta que le dirigí le sugería que, como un gesto simbólico que correspondiera al enorme esfuerzo de solidaridad que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países -por ejemplo, España- están realizando con los pueblos centroamericanos, los diputados al Parlamento Europeo acordaran abrir una cuenta especial en la que, además de invitar a los parlamentarios nacionales a que hicieran lo propio, ingresaran aportaciones que fueran donadas, a través de alguna organización no gubernamental de suficiente prestigio, para ayudar a reconstruir aquel país y, por lo tanto, completar -repito, aunque fuera de manera simbólicael esfuerzo que está haciendo la Comunidad Europea en esa dirección.
Señor Presidente, yo creo que esta es una situación en la que los diputados y diputadas al Parlamento Europeo deben estar en la misma onda que los ciudadanos en ese esfuerzo solidario.
No sé, señor Presidente, si usted tiene alguna respuesta a esa carta, que le remití la semana pasada.

El Presidente
Muchas gracias, señor Carnero. Como usted me pedía en su carta, se sometió el asunto a la Mesa del Parlamento. La Mesa del Parlamento entendió que no debía ser la Mesa -ni la institución como tal- la que abriese una cuenta -que podría tener incluso problemas desde el punto de vista del Reglamento financiero-, pero si cualquiera de los diputados -uno o varios- tomasen esa iniciativa por su cuenta, difundiríamos esa iniciativa, con objeto de que todos y cada uno de los diputados pudiesen conocerla y, en su caso, sumarse a ella.
Algunos, sin duda, ya hemos contribuido, a través de esas organizaciones, como lo han hecho muchos de nuestros conciudadanos en los países miembros, pero una iniciativa de este tipo, que no sólo es respetable sino bienvenida, debe hacerse por cuenta propia. No es función de una institución parlamentaria hacerlo por sí misma, pero sí el facilitar en lo posible el conocimiento de cualquiera de las iniciativas que se tomen.

Pompidou
Señor Presidente, en calidad de presidente de la Delegación del Parlamento para las relaciones con Japón, quería dirigirme a usted esta tarde en sesión pública, debido a que esta semana recibimos en Estrasburgo con carácter oficial y en el marco de nuestros intercambios bilaterales y reuniones organizados por el Parlamento Europeo, en particular por la Secretaría del Parlamento Europeo, a una delegación importante formada por siete miembros de la Dieta japonesa y cuatro miembros del Senado japonés, dos de los cuales son antiguos ministros.
Señor Presidente, según el orden del día, celebraremos las votaciones el jueves por la mañana. Pero el jueves por la mañana tenemos además una reunión que ha sido organizada y autorizada por la Secretaría de nuestro Parlamento, al mismo tiempo que las votaciones sobre la Agenda 2000. En semejantes condiciones, me encuentro ante un dilema esquizofrénico que, en lo que a mí respecta, no me perjudicará demasiado, porque he asumido mis responsabilidades como presidente de la delegación y he decidido asistir a dicha reunión, pero corro el riesgo de ser el único asistente. Salvo que se dividan en dos, los colegas deberán pasar por descorteses ante nuestros invitados japoneses, o bien demostrar incoherencia respecto a la decisión que hemos tomado de no prever reuniones de organismos oficiales del Parlamento durante el turno de votaciones. Me encuentro en una situación de esquizofrenia total y, aunque soy médico, no me resulta fácil salir de ella. Me gustaría recibir una respuesta al respecto, señor Presidente.

El Presidente
Señor Pompidou, normalmente, el jueves a esa hora no hay votaciones, salvo cuando se trata de votaciones sobre el presupuesto. Es una situación del todo extraordinaria que se debe al gran número de votaciones sobre la Agenda 2000. No podíamos preverlo en el momento en que se fijó la hora de la reunión de su delegación. Estudiaremos la cuestión para ver qué se puede hacer aún en un plazo tan corto. Le mantendré informado.

Nassauer
Señor Presidente, le ruego que haga constar en el Acta que hoy he encontrado mi despacho revuelto y con los cristales rotos y ha sido sustraído del mismo un aparato de radio, aunque dejé cerrado mi despacho después de la última sesión y aunque hoy, curiosamente, también lo he encontrado cerrado. Le ruego que también haga constar en el Acta la siguiente pregunta que le dirijo a usted: ¿cuándo vamos a poder realizar nuestro trabajo en condiciones tales que no tengamos que temer agresiones de hecho, como en Bruselas, y asaltos a nuestros despachos?

El Presidente
Señor Nassauer, espero que haya dado usted noticia a los servicios de seguridad. Quiero decirle a usted que, hasta ahora, los servicios de seguridad de este Parlamento han identificado siempre los casos en que se han producido incidentes de este tipo, con escasísimas excepciones. Espero que esta no sea una excepción y que identificarán a los autores de la fechoría. Y naturalmente, si hace falta reforzar las medidas de seguridad, se reforzarán. De modo que le agradezco su información. Se toma nota en el acta y damos aviso a los servicios de seguridad para que, cuanto antes, realicen las gestiones pertinentes.

Killilea
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisión cuándo se propone abordar el informe encargado por la DG XIV -referencia PEM/306- sobre la interacción física entre las focas grises, las artes de pesca y las anormales condiciones depredadoras de las focas en el Atlántico septentrional y noroccidental y que ahora están apareciendo en el Atlántico meridional.
Ya es hora de que la Comisión tenga el valor de presentar ese informe y sus conclusiones científicas al Parlamento para que podamos abordar ese asunto. El comportamiento depredador de las focas en torno a las costas irlandesas y escocesas equivale al total de capturas permitidas más una cuarta parte. Algo hay que hacer pronto y tenemos que afrontarlo. Pido a la Comisión que actúe con celeridad.

El Presidente
Señor Killilea, Su Señoría sabe perfectamente que ésa no es la forma de formular una pregunta a la Comisión.
Hay varias formas como puede formular su pregunta. Éste no es el momento oportuno para hacerlo. Puede formularla en una de las diferentes formas establecidas en el reglamento.

Guinebertière
Señor Presidente, siguiendo con el tema de las condiciones de trabajo, es la segunda vez que no me han traído mi baúl. Siempre me ocupo de meter todos los dossiers que voy a necesitar aquí y, cuando llego, el baúl se ha quedado en Bruselas. Es muy desagradable, porque tengo todos mis documentos de trabajo en dicho baúl.
Sucede lo siguiente: mi despacho está en una esquina y, sin duda, no resulta muy bonito tener un baúl delante de la puerta, motivo por el que alguien lo coloca en la sala de la fotocopiadora. Cuando pasan los transportistas, evidentemente se olvidan del baúl. Por eso lo he sacado y he dejado una nota destinada a esas personas, en la que les digo que cuando mi baúl está en la sala de la fotocopiadora no es transportado a Estrasburgo. Supongo que los transportistas sólo han visto la segunda parte de la nota: no transportar a Estrasburgo. Y yo sigo sin mi baúl.

El Presidente
Muy bien, señora, nos pondremos en contacto con los servicios competentes.

Puerta
Señor Presidente, en primer lugar, quiero pedir disculpas por haber llegado un poco tarde, pero la dificultad de los accesos aéreos a Estrasburgo -que es notable- ha hecho que muchos diputados hayamos llegado con tres horas de retraso.
En segundo lugar, quiero trasladarle la preocupación de mi Grupo por el arresto en Italia del Sr. Abdullah Ocalan, que corre peligro de ser extraditado a Turquía. Todos conocemos la política del Parlamento Europeo en materia de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos políticos en Turquía y de los derechos del pueblo kurdo, y a mi Grupo le parecería oportuno que se hicieran las gestiones pertinentes para que Abdullah Ocalan, que ha declarado un alto el fuego de la guerrilla de forma unilateral hace meses, no fuera extraditado desde un país europeo a Turquía.

Thomas
Señor Presidente, como sabe, recientemente presenté un informe al Parlamento sobre el régimen del plátano. Recibió un apoyo abrumadoramente mayoritario con un gran consenso en esta Asamblea y se transmitió a la Comisión. Ahora tenemos reclamaciones de los Estados Unidos, disfrazados de «Chiquita», que atacan a la Comisión y las propuestas que la Comisión presentó por fin después de la reclamación original formulada por la OMC.
Dada la preocupación existente al respecto, ¿tendría a bien la Comisión venir a explicarnos cómo está abordando la reclamación de «Chiquita»?

El Presidente
Señor Thomas, acabo de decir al Sr. Killilea que ésa no es la forma de formular preguntas a la Comisión. Su Señoría sabe cuál es la forma de formular preguntas a la Comisión, conque utilícela.

Lindqvist
Tal como usted dijo hace un momento, he formulado dos preguntas, una a la Comisión y una al Consejo, sobre los costes de construcción de los edificios en Estrasburgo y en Bruselas...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente
Éste no es el momento para formular preguntas a la comisión ni al Consejo. No puedo conceder el uso de la palabra a Su Señoría.

El Presidente
No habiendo más observaciones, queda aprobada el acta.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos.

Posselt
Señor Presidente, sólo quisiera plantear una cuestión relativa al Reglamento. Le he dirigido ya un escrito. Tengo entendido que en esta semana se va a suprimir el turno de preguntas al Consejo. Considero esto como una contravención del apartado 1 del artículo 41 del Reglamento, así como también una transgresión del Tratado, el cual nos garantiza de manera especial el derecho de interpelación. El derecho de interpelación constituye uno de los derechos parlamentarios individuales más importantes y creo que ninguna Conferencia de Presidentes, ni siquiera de esta Asamblea, puede dejar en suspenso sin más este derecho, pues tenemos derecho a un turno de preguntas al Parlamento una vez al mes. Muchos colegas han presentado, como yo, preguntas importantes al Consejo dentro de plazo. Quiero insistir en que se celebre este turno de preguntas. Si el Consejo desea emitir declaraciones, que frecuentemente no suelen ser más que buenas conferencias de prensa, me parece bien, pero no en lugar del turno de preguntas que constituye un derecho central de todo diputado.

El Presidente
Señor Posselt, para proteger ese derecho fundamental, el Reglamento -que usted invoca- concede a los Grupos políticos la posibilidad de pedir una modificación del orden del día acordado por la Conferencia de Presidentes. No ha habido ni una sola petición en tiempo para que se vuelva a introducir el turno de preguntas al Consejo en esta sesión. Lo siento mucho. Yo no puedo hacer nada si no hay una petición de modificación en forma para alterar el orden del día. No está en mi mano el hacerlo.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones:

Dell'Alba
Señor Presidente, no tengo nada que objetar al proyecto de orden del día del lunes. Me parece que la Conferencia de Presidentes ha adoptado una posición respecto al fundamento jurídico del informe Fabra Vallés. ¿Es eso cierto?

El Presidente
Sí, señor Dell'Alba, y la Conferencia de Presidentes ha constatado que el artículo 206 no era el fundamento jurídico adecuado para el informe. Es el artículo 148, por tratarse de un informe de propia iniciativa. Dicho informe se votará, por consiguiente, por mayoría simple y no por mayoría absoluta, y no requiere la aprobación ni el rechazo de la gestión de la comisión. La Conferencia de Presidentes me ha encargado que manifieste al Presidente de sesión el deseo de dejarlo perfectamente claro en el momento de proceder a la votación. En todo caso, le agradezco la ocasión que me brinda para hacerlo ahora.
Martes:

El Presidente
El Grupo del PPE solicita que se adelante del jueves al martes el informe Ferri relativo a los sistemas de pensiones complementarios y que se incluya inmediatamente después del informe Añoveros Trias de Bes sobre la patente comunitaria.
En nombre del Grupo PPE, ¿quién quiere justificar esta solicitud?
Tiene la palabra la Sra. Oomen-Ruijten.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, hemos hecho esta solicitud porque el informe Ferri encaja bien con el informe Añoveros I, II. Es un informe muy difícil, se trata de una materia muy complicada relativa a las pensiones. Es mejor que contemos entonces, cuando votemos sobre eso, con la más amplia presencia posible.
(El Parlamento aprueba la solicitud)
Miércoles: (sin modificaciones)
Jueves:

El Presidente
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita aplazar la declaración de la Comisión sobre los resultados de la cumbre de Buenos Aires sobre el cambio climático. Solicita también incluir, después del informe del Sr. Wiebenga sobre las personas desplazadas, el informe del Sr. Lehne sobre el tránsito aeroportuario actualmente previsto para el viernes y cambiar el orden del día del jueves para que quede del siguiente modo: de las 9.30 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 16.00 horas y de las 18.00 a las 20.00 horas habría, primero, votaciones; después, informe del Sr. Wiebenga, y luego, el informe del Sr. Lehne. De las 16.00 a las 18.00 horas se mantendría el debate sobre problemas de actualidad y urgencia, reducido a dos horas, sin volver por tanto a la situación normal de las 3 horas.
¿Alguien quiere intervenir a favor?

Graenitz
Señor Presidente, quisiera apoyar la solicitud de aplazar la declaración de la Comisión sobre la cumbre de Buenos Aires sobre el cambio climático en que los colegas que en representación del Parlamento tomaron parte en la conferencia y yo mismo hemos comentado que sería más razonable preparar cuidadosamente este debate en las comisiones correspondientes para poderlo terminar luego con una resolución que no se elabore rápidamente una vez que se hayan observado los resultados sino después de una preparación cuidadosa y precisa. Ruego que se siga la propuesta de mi Grupo para que como Parlamento nos podamos manifestar de manera sustantiva y no de una manera apresurada.

Spencer
Señor Presidente, yo encabecé la delegación parlamentaria a Buenos Aires. Hago mía absolutamente la propuesta de que nos tomemos tiempo para reaccionar ante el complejísimo resultado de Buenos Aires. Nos libramos del fracaso por muy poco. El Sr. Linkhorst, uno de los miembros de la delegación, propuso que, en lugar de pasar directamente a un debate en Pleno, debíamos intentar celebrar un debate en al menos las tres comisiones más claramente competentes, formular un proyecto de resolución minucioso y volver sobre el asunto en diciembre o enero. Ésa es, desde luego, la opinión de la Comisaria Bjerregaard, por lo que apruebo esa idea.

Aelvoet
Presidente, la semana pasada abordamos esa cuestión de una forma completamente normal. Se debatió positivamente en la reunión de los secretarios generales y en la Conferencia de Presidentes. Todo el mundo que sigue ahora y que ha seguido el fin de semana pasado los medios de comunicación, sabe que el debate con respecto a la opinión pública tiene lugar ahora y no en enero. Me parece inconcebible que el Parlamento Europeo no sea capaz de hacer una primera apreciación política de los resultados de esta semana en Buenos Aires. Si en enero llegamos con una opinión muy fundamentada, equilibrada y detallada, entonces ya nadie nos escuchará. Con los datos de los que disponemos hoy somos perfectamente capaces de llegar en esta semana a una toma de posición política breve y fundamentada, ahora que esta cuestión todavía es actual y no cuando la cuestión haya pasado y terminado ya. Debemos responder ahora, ha sido la Unión Europea la que ha llevado la responsabilidad en esto y es este Parlamento Europeo el que debe hacer oír su voz en este momento.

El Presidente
Muchas gracias, señora Aelvoet.
Someto a votación la solicitud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos.
(El Parlamento aprueba la solicitud)
Viernes:

El Presidente
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita el aplazamiento del debate sobre las preguntas orales relativas a la encefalopatía espongiforme bovina en Portugal.

Colino Salamanca
Señor Presidente, quisiera dar mi opinión como presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, puesto que ya hemos tenido ocasión de celebrar este debate en comisión, en primer lugar con la presencia del Sr. Heine cuando el Comité Veterinario tomó su decisión y, posteriormente, hace pocos días, con la presencia del propio Comisario en nuestra comisión.
Yo no sé si hay algún dato nuevo que avale esta petición de inclusión en el orden del día. Por nuestra parte, no tiene sentido.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, he pedido que se inscribiera en el orden del día esta pregunta oral, porque considero que la situación en Portugal es suficientemente grave como para justificar una intervención de este tipo.
Por otro lado, a pesar de las reuniones que celebramos en la Comisión de Agricultura, la comunicación de la decisión sobre el embargo de la carne portuguesa se hizo en una reunión extraordinaria para la que no recibí -ni yo ni otros colegas- el orden del día en el que figuraba ese punto relativo a la comunicación del Sr. Heine, aunque el presidente de dicha Comisión de Agricultura haya afirmado ahora que se envió a todos los diputados. El Sr. Heine apareció a última hora para comunicar las razones del embargo. Todos sabían que en aquella reunión no podían estar presentes muchos diputados, porque fue una reunión extraordinaria, convocada a última hora, razón por la cual pedí que se celebrara ahora un debate.
Me parece que sería conveniente aclarar no sólo la cuestión portuguesa, sino también la forma como actúa la Comisión en estos casos tan graves para todos los productores de carne portugueses. Y a eso se debe la pregunta oral presentada en nombre de mi Grupo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Rosado Fernandes.
Señor Graefe zu Baringdorf, ¿desea intervenir a favor o en contra?

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, estoy a favor de que esto siga figurando en el orden del día y quisiera añadir, además, que nuestra pregunta oral no ha sido incluida todavía. Se nos ha asegurado, ciertamente, que se ha incluido en el último orden del día. Por consiguiente, tenemos también una pregunta oral sobre la EEB y yo soy partidario de que se discuta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Graefe zu Baringdorf.
Someto a votación la solicitud del Grupo del PSE.
(El Parlamento aprueba la solicitud)

Programas MED
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0404) del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre las repercusiones del caso de los programas MED.

Fabra Vallés
Señor Presidente, la pasada semana el Secretario de Estado para la Cooperación español, D. Fernando Villalonga, publicó un magnífico artículo de prensa bajo el título «Talar el árbol podrido y preservar el bosque». Permítame utilizar ese mismo viejo proverbio para justificar la motivación que hay tras este informe, que me encargó preparar el Parlamento en su resolución de 31 de marzo de este mismo año y del que puedo asegurarles que, en los veinte años que llevo de cargo electo, ha sido uno de los trabajos menos gratos que he tenido que realizar.
Es evidente que la intención del Parlamento, la de su Comisión de Control Presupuestario o la de este ponente no es y no ha sido jamás la de entorpecer la política para la cooperación descentralizada con los países mediterráneos. Cooperación que tiene como misión reforzar los contactos directos con las universidades, las ciudades, las colectividades locales y con los periodistas de estos países, lo que facilita que las gentes de ambas orillas de Mediterráneo se conozcan, se hablen y se comprendan. Nuestra intención ha sido siempre la de salvar esta importante cooperación poniéndola sobre mejores bases, sobre bases más sólidas.
En este contexto, quiero recordar que fue la Comisión y no el Parlamento -fue el propio Comisario Marín- quien dio la orden -en mi opinión, acertadamente- de paralizar dicha cooperación a finales de 1995 como consecuencia de un informe muy crítico del Tribunal de Cuentas en el que se revelaban, como resultado de la investigación, irregularidades muy graves.
Desde que se conoció dicho informe, el Parlamento ha hecho todo lo necesario para restablecer la credibilidad de esta política para que permitiese su relanzamiento, lo cual se ha podido hacer desde el mes de abril. Quiero agradecerle, señor Liikanen, los esfuerzos que la Comisión ha hecho en este sentido. Pero, señor Liikanen, y también hay que decirlo, si de verdad queremos salvar el bosque hay que estar seguros de haber cortado todos los árboles afectados. Y, antes de cortarlos, hay que estar seguros de haberlos identificado a todos.
Y, en este sentido, quiero dejar claro que, por la documentación recibida y analizada, no me costa que se puedan derivar responsabilidades penales para los cargos directivos de la Dirección General «Norte-Sur» de la Comisión.
Gracias a la información que nos ha facilitado el Sr. Marín, sabemos que la Comisión ha pagado 600.000 ecus para hacer una auditoría de los proyectos. Usted también lo sabe, ya que desde el mes de septiembre tiene los resultados sobre la mesa. Pues bien, los expertos de la firma londinense que han realizado la auditoría han identificado, según los criterios definidos por la propia Comisión Europea, un importe de 4 millones de ecus de gastos que deberían ser recuperados. Han identificado también otra cantidad que supera los 20 millones de ecus de gastos, sobre los que será necesario hacer verificaciones suplementarias, a lo cual debemos añadir un monto de 2, 2 millones de ecus a recuperar de las firmas de asistencia técnica. Además, todavía resta por añadir una cantidad, hasta el momento desconocida, pero que conoceremos cuando decidan informarnos de la auditoría del control financiero sobre las oficinas de asistencia MED-LINK.
Acabo ya, señor Comisario, pero antes debo pedirle un poco de coraje, el coraje suficiente para que reconozca que se ha equivocado o que le han equivocado sobre la dimensión real de los problemas y de las cantidades que están en juego. Ahora tiene la oportunidad de comunicarnos que va a transmitir todo el expediente a las autoridades judiciales. Y hágalo, porque no es trabajo de la Comisión Europea ni del Parlamento el establecer si ha habido actos punibles o no. Ello es competencia de las autoridades judiciales. Se trata de un principio simple y fundamental que el Parlamento ha confirmado una vez más en su resolución sobre la aprobación de la gestión del 31 de marzo del presente año. Y además, es una obligación que ha sido confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo.
Además, no se trata sólo de una obligación, también es una necesidad, porque se trata de un expediente muy complejo, con numerosos implicados, y a la UCLAF -con los medios y derechos con que cuenta, mejor dicho con los que no cuenta- le es imposible llevar a buen fin una investigación de tal calibre sin contar con el concurso de las autoridades judiciales.
Y si todo ello sigue este camino, me permitirá pronunciarme a favor de la aprobación de la gestión en lo relativo a este asunto al tiempo que usted tendrá la oportunidad de restablecer la credibilidad que la Comisión está perdiendo en estas últimas semanas.

Wemheuer
Señor Presidente, estimados colegas, nadie -tampoco este Parlamento- vuelve sin motivo por segunda vez sobre el mismo asunto. Nosotros lo hacemos no porque nos aburramos ni porque no sepamos cómo pasar el día. Mejor habría sido que hubiéramos podido aclarar en un solo informe todo lo que hay que aclarar. Pero, a nuestro juicio, no se aclararon puntos esenciales y, lamentablemente, tampoco se han solucionado entretanto. Quiero señalar esto una vez más aquí y nuestro colega, el Sr. Fabra Vallés, también lo ha dicho.
Si partimos del supuesto de que sólo un tribunal o la pertinente autoridad judicial puede determinar si existen hechos relevantes punibles, entonces las autoridades judiciales deben disponer todas las informaciones. Y entonces, lamentablemente, todas significan realmente todas, pues ¿quién va a hacer la selección? La relación de la Comisión que existe con las autoridades judiciales de los Estados miembros es precisamente distinta a la que habría si esto se produjese en el seno de un Estado miembro. Hay una relación especial o quizá también una relación demasiado poco definida de la Comisión, de los funcionarios de la Comisión, de los edificios, de los documentos que se encuentran en poder de la Comisión y de las demás instituciones europeas, con las respectivas autoridades judiciales nacionales, y solamente existen autoridades judiciales nacionales que puedan ocuparse de esto.
Conocemos esta dificultad; el ponente también sabe esto y lo ha incluido en sus reflexiones. No obstante, debemos instar a que se tomen decisiones allí donde corresponda, en concreto, en las autoridades judiciales nacionales. Por esta razón, una vez más, por ultima vez en esta forma, la exigencia de que, por favor, se pongan a disposición de las autoridades judiciales todos los documentos y que no se diga -como ha sucedido también una vez más en el caso ECHO- que la Comisión indica primero dónde existe un caso y que luego decide también qué hechos son relevantes para la solución o para el esclarecimiento de este caso.
Ciertamente, no seríamos tan pertinaces -y lo indica también mi alusión a ECHO- si se tratase de un caso aislado. Pero constituye un problema que nos está ocupando ya durante mucho tiempo. De ahí también nuestra insistencia, la insistencia del ponente, también la insistencia de la Comisión de Control Presupuestario y, en última instancia, la insistencia de la Asamblea.
Para todos nosotros es lamentable que tengamos que hacer esto una y otra vez. Esperamos que esta vez lleguemos a una conclusión y adoptemos una decisión. Creo que en relación con la aprobación de la gestión quizá debamos abordar también una revisión profunda de estas cuestiones. Nos tenemos que plantear esto, se lo tiene que plantear la Comisión y se lo tiene que plantear también el Tribunal de Cuentas. Creo que hoy hablaremos todavía sobre nuestras relaciones con el Tribunal de Cuentas y que discutiremos también la cuestión de con qué rapidez podremos tratar las cuestiones que surjan. Efectivamente, este informe muestra también que no tiene sentido que haya que gastar demasiado tiempo en formalidades.
En la comisión hemos hecho con frecuencia suficiente preguntas precisas y hemos tenido que esperar demasiado tiempo a que se nos respondiese. Esto ha conducido también a que en el período de un año, aproximadamente, hayamos tenido que volver dos veces sobre el mismo asunto. Tenemos que hallar otras formas que sean más precisas y, sin duda, nada negligentes.Permítanme quizá un último punto que este informe no ha señalado por vez primera, sino repetidas veces. Cuando se critica la ejecución de una política determinada, se cree una y otra vez que se está criticando el contenido de ese ámbito político. Creo que esto es improcedente. Esto se hace en la opinión pública, pero se hace también aquí, en esta Asamblea, y con frecuencia lleva a confusión en el debate.
Nuestro colega, el Sr. Fabra Vallés lo ha dicho muy al principio: estamos interesados en que se reanuden de nuevo los programas MED. Hemos hecho todo lo posible para dar a la Comisión la posibilidad de reanudar los programas. Este ha sido nuestro objetivo prioritario. Pero no ha podido pasar a segundo plano o, por decirlo así, no ha podido quedar en la sombra que también nos ocupamos cómo han sido ejecutados en el pasado pues la crítica a la ejecución es fundamental y tiene algo que ver con la administración de programas en general, tiene algo que ver con la gestión de personal en general; en consecuencia, el caso de los programas MED, por decirlo así, no es más que un ejemplo de algo que nosotros criticamos como cuestión de principio. Entonces el caso ECHO no es más que un ejemplo de algo que criticamos como cuestión de principio; entonces el caso del turismo fue un ejemplo de algo que es una cuestión de principio, y nosotros hemos de aprender que en un ejemplo criticamos estructuras generales y que esta crítica va mucho más allá del informe.

Theato
Señor Presidente, señoras y señores ¿no hemos creído, o al menos esperado, todos que, después de haber aprobado hace más de un año la pertinente resolución y después de haber repetido con insistencia algunos puntos esenciales de la misma en la primavera con ocasión del aplazamiento de la aprobación de la gestión se habría terminado la larga historia de los programas MED y que la Comisión habría negociado?
¡Totalmente equivocados! Como afirma el ponente, el Sr. Fabra Vallés, en vez de mejoras han salido a la luz nuevos hechos que parecen mostrar un daño financiero mucho mayor que el que se suponía hasta ahora.
Esto lo ha descubierto una empresa británica de auditoría financiera que, fue encargada desde Bruselas, y esto hay que decirlo en favor de la Comisión, para analizar los programas y proyectos MED que habían expirado. Los auditores se han ocupado de la mitad de los proyectos concluidos y afirman que pueden reclamarse 4 millones de euros aproximadamente. Y pregunto a la Comisión: ¿cuánto dinero ha recuperado realmente entretanto? ¿Se ha revisado ahora la otra parte de los proyectos y a cuánto asciende el volumen de las reclamaciones? ¿Qué consecuencias extrae la Comisión de las deficiencias graves que ha encontrado la empresa de auditoría financiera tales como proyectos subvencionados en exceso, comprobantes desaparecidos, etc.? ¿Por qué no se hizo intervenir a tiempo a la UCLAF, tal como dice el ponente? En lo que respecta a la administración financiera de la Agencia para las Redes Mediterráneas (ARTM) que fuera encargada en su día por la Comisión, la auditoría financiera británica llega a un juicio desolador como el del Tribunal de Cuentas en su Informe especial 1/96.
De esta manera nos encontraríamos en uno de los dos problemas principales que condujeron al aplazamiento de la aprobación de la gestión de 1996, en concreto, en la cuestión de si junto a graves irregularidades posiblemente están en juego actividades punibles. Si la ARTM, una asociación internacional de Derecho belga, es encargada de la administración financiera de los proyectos MED por parte de la Comisión sin que medie fundamento jurídico, ni el dictamen del Servicio Jurídico ni de la Intervención Financiera, si los miembros del consejo de administración son al mismo tiempo jefes de la oficina de asistencia técnica e intervienen en la concesión de los recursos de los proyectos, realizada en parte sin licitación, y se aseguran así una gran parte de la tarta a repartir, es decir, copiosos contratos, ello constituye al menos conflicto de intereses, y ésta es también la opinión del Tribunal de Cuentas y de la UCLAF.
Evidentemente, hasta hoy la Comisión no ha tomado en consideración la advertencia clara del Tribunal de Cuentas en el sentido de que tal estado de cosas podría ser punible según el Derecho belga. Pero esto es dilucidable solamente por vía judicial y de aquí, por tercera y última vez, nuestra exigencia a la Comisión: transfieran ustedes todo el procedimiento a los tribunales para que se dilucide al menos la competencia y para que luego, llegado el caso, se impongan sanciones.
El segundo planteamiento que es relevante para la aprobación de la gestión de 1996 es la cuestión de cómo utiliza la Comisión los procedimientos disciplinarios. Creemos que un encargo o un procedimiento administrativo de investigación no sustituye al procedimiento disciplinario ni tampoco es adecuado para demostrar la inocencia de un posible sospechoso.

Kjer Hansen
Señor Presidente, permítame comenzar mi intervención dando las gracias al señor ponente por su colaboración. Me ha agradado especialmente el respaldo mostrado a una serie de enmiendas que hemos presentado y celebro que estemos de acuerdo en la conveniencia de depositar la responsabilidad en la Comisión y así evitar «señalar» a determinados funcionarios, exigiendo en cambio a la Comisión que asuma sobre sí la responsabilidad política de la situación. Lo ideal sería que la Comisión ni cubriera al funcionario ni se escudara en él, sino que ella misma asumiera la responsabilidad del estado de las cosas.
Es un asunto muy serio el que hoy nos ocupa. ¡Cuántas fuerzas y horas, que hubiéramos preferido dedicar a otras cosas, hemos empleado en este asunto! He de lamentar la marcha de los acontecimientos, pues con este informe no liquidamos este asunto, sino que habremos de volver a pedir a la Comisión que adopte iniciativas e informar de los pasos a dar desde el Parlamento en el caso de que la Comisión no cumpla los requisitos que planteamos.
Por ello quiero preguntar al señor Comisario si ya podemos obtener una respuesta clara a la cuestión del seguimiento del punto 3 del informe por la Comisión y si ésta tomará las iniciativas concretas solicitadas. Hágasenos saber ya si está dispuesta o si lisa y llanamente hará caso omiso de las recomendaciones que presente el Parlamento. Si hay algo que afecta a la confianza de los ciudadanos comunitarios en el sistema comunitario, eso son precisamente las sospechas de que no se están cumpliendo las normas, de que se producen irregularidades o de que ciertas personas están siendo encubiertas. Por ello, señor comisario, no puedo dejar de insistir en que liquidemos este asunto y se adopten las iniciativas precisas y así todos juntos podamos salir a la calle y anunciar que se han corregido los errores, carencias y procedimientos necesarios para que la Comisión cumpla con su responsabilidad.

Pompidou
Señor Presidente, intervengo en sustitución del Sr. Giansily que ha debido asistir a otra reunión. El informe sobre las repercusiones del caso de los programas MED, a pesar del trabajo serio realizado por el Sr. Fabra Vallés, nos deja profundamente insatisfechos. Nos parece que, lejos de esclarecer el debate sobre la aprobación de la gestión en 1996, este informe viene a añadir una cierta confusión. Las irregularidades descubiertas en la gestión de los programas MED, que motivaron la interrupción de dichos programas hasta que la Comisión los reanude en abril, afectan a más de un tercio de los gastos comprometidos y el perjuicio financiero es más importante de lo que se suponía.
La gestión de los programas MED, como ha demostrado claramente el ponente, refleja graves disfunciones de gestión, de las que la Comisión es la única responsable y cuyas consecuencias deberá asumir tal y como establecen los Tratados. Este dossier se inscribe en el procedimiento previsto, a saber, la aprobación de la gestión, que estará en el orden del día de diciembre. Los instrumentos de que dispone el Parlamento Europeo para desaprobar e, incluso, sancionar a la Comisión son la negativa a aprobar su gestión e incluso la censura. Cualquier otro debate me parece abocado a debilitar la posición del Parlamento en la votación de diciembre, y lamento que el examen del programa MED no forme parte integral del informe global del Sr. Elles relativo a la aprobación de la gestión.
En segundo lugar, qué utilidad podría tener la súplica que dirige el ponente en su resolución a la Comisión, teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo debe juzgar la gestión financiera de la Comisión y no seguirla por los recovecos de sus pesquisas administrativas, que no son todo lo transparentes que deberían ser. Es lamentable que el ponente haya suprimido toda correlación entre las irregularidades constatadas y el rechazo de la gestión, a pesar de que constituye la parte esencial del debate.
Por nuestra parte, señor Presidente y mis queridos colegas, esperamos celebrar un debate sin complacencia sobre la aprobación de la gestión del ejercicio 1996. Esperamos, por una parte, que se planteen abiertamente las auténticas cuestiones sobre las irregularidades y los fraudes cometidos en la ejecución de los programas MED, cuya responsabilidad recae sobre la Comisión, y por otra, que el Parlamento ejerza sin dudar sus poderes de los que es depositario ante el ciudadano europeo, porque, a fin de cuentas, ¿no es el ciudadano el que es engañado en este asunto?

Miranda
Señor Presidente, convenimos con la evaluación que hace el ponente del presente caso, con las críticas que formula a la Comisión y con algunas de las propuestas que nos hace. Se trata de un caso sobre el que no es la primera vez que nos pronunciamos y que, por su gravedad, en particular por lo que representa de dilapidación de los recursos financieros comunitarios -seguramente muy superiores a lo que se pensaba en una principio- compromete políticamente a la Comisión.
Es así, porque sería de esperar por su parte, en este y en otros casos, un mayor rigor y un mayor compromiso con la prevención de las irregularidades y del fraude, porque sería de esperar por su parte mucha más firmeza y celeridad en la instauración de procedimientos disciplinarios o judiciales contra quienes cometen esas irregularidades y esos fraudes y siempre que existan indicios de que hayan ocurrido, mucha más transparencia y, en particular, una actitud de mayor cooperación con el Parlamento Europeo y, en particular, con las autoridades judiciales competentes, sobre todo las nacionales.
En la presente fase de este caso es particularmente decisivo, a nuestro entender, que la Comisión transmita a las autoridades judiciales belgas, francesas e italianas todo el proceso, todo el expediente MED y que, en caso de que no lo haga, el Parlamento Europeo la substituya, poniendo a disposición de dichas autoridades nacionales todos los elementos con que cuenta.
Y la Comisión deberá hacerlo con la mayor brevedad posible, antes del 1 de diciembre, como pide nuestro colega el Sr. Fabra Vallés. Por tanto, deberá hacerlo lo más rápidamente posible y, si no lo hace, en mi opinión, persistirá, de hecho, una de las razones fundamentales por las que, efectivamente, no se concedió la aprobación de la gestión a la Comisión. Por esa razón, debemos tener muy en cuenta en la deliberación sobre dicha aprobación de la gestión si la Comisión ha dado o no satisfacción respecto de esta cuestión esencial.

Holm
Señor Presidente, quiero dar las gracias a Fabra Vallés por este excelente informe. Este asunto ha conmovido profundamente a muchas personas, tanto en el Grupo V como en el Parlamento en su conjunto. Es importante dejar en claro que lo que discutimos no es el contenido de los programas MED sino cómo se han manejado.
Una de las obligaciones que tenemos aquí en el Parlamento, con nuestros electores y con los ciudadanos de la UE, es que tenemos que ser un órgano de control. Tenemos que cuidar que los asuntos sean correctamente tratados. En el Tratado de la UE se señala, de forma clara y explícita, que debemos ser un órgano de control.
Después del último tratamiento de este asunto han aparecido nuevos antecedentes relativos a los programas Med. La Comisión tampoco ha presentado hasta ahora el material que anteriormente le hemos pedido desde el Parlamento para poder ejercer como órgano de control de la UE. Es necesario que contemos con ese material para poder hacer nuestro trabajo en la Comisión de Control Presupuestario. Esto es grave, y lo es sin que se sospeche que la Comisión quiera esconder algo, en el peor de los casos algo punible, puesto que los propios funcionarios de la Comisión pueden estar involucrados. La única forma en que la Comisión se puede liberar de esas sospechas es poniendo todos los papeles sobre la mesa. Esto es necesario tanto para nosotros en el Parlamento Europeo como para las autoridades judiciales. Ésta es la última oportunidad de la Comisión.
Obviamente el Grupo de los Verdes apoya las conclusiones y exigencias, duras pero necesarias, contenidas en el informe de Fabra Vallés.

Dell'Alba
Señor Presidente, la Comisión de Control Presupuestario presentó el mes pasado un informe del Sr. Bösch que estaba basado en el artículo 138 B del Reglamento. La Presidencia le hizo cambiar el fundamento jurídico. Este mes, la comisión vuelve a presentar el informe Fabra Vallés basado en el artículo 206, y la Presidencia dice que se debe aplicar otro fundamento jurídico. Creo que eso causa un cierto desorden y quiero señalarlo, porque me parece que si es aceptable una vez, en el futuro deberemos estar atentos antes de enviar informes al Pleno.
El Tribunal de Cuentas ha elaborado unos cuarenta informes especiales en los últimos cuatro o cinco años. Nuestro Parlamento ha reaccionado con diez informes en el Pleno. Respecto al caso MED, ya hemos presentado dos y prácticamente imponemos a la Comisión unos plazos tan cortos al exigirle, por ejemplo, que presente documentos en el plazo de diez días, que puede que tengamos un tercer informe MED. Si seguimos así, junto con Dinastía o Dallas, tendremos también una serie MED con toda la publicidad que ello implica. Personalmente pienso que este Parlamento cuenta con medios de control importantes y que debe utilizarlos bien. En mi opinión, no debe caer en el ensañamiento terapéutico que considero poco idóneo para el equilibrio institucional y, sobre todo, para desempeñar nuestro papel. Disponemos de medios, conservémoslos, pero por favor, intentemos poner fin a esta saga.

Fabre-Aubrespy
Nuestra resolución de 31 de marzo por la que se informa a la Comisión del informe relativo a la aprobación de la gestión en 1996 preveía, en particular, que la Comisión de Control Presupuestario elaboraría un nuevo informe sobre los programas MED basado en un informe de la Comisión relativo al control financiero de estos programas.
Hoy resulta, como se ha dicho, que el perjuicio que ha sufrido el presupuesto comunitario es netamente superior a lo que habíamos sospechado en un primer momento: se habla de un importe cercano a los 10 millones de ecus. Las subvenciones pagadas indebidamente no se reparten de manera uniforme entre todos los proyectos; algunos de ellos alcanzan cantidades equivalentes a más del 50 % de las subvenciones realizadas que son objeto de serias dudas.
El informe de los interventores no sólo confirma la deplorable calidad de las prestaciones proporcionadas por la agencia a la que la Comisión confió la gestión financiera de las redes transmediterráneas, sino que además proporciona numerosos elementos relativos a su funcionamiento y a las relaciones que mantenía con la Comisión. De este modo hemos podido saber que cuando los dos administradores de la agencia, que además eran directivos de dos oficinas de ayuda técnica, fueron invitados a abandonar el comité de dirección para poner fin a una evidente confusión de intereses, pusieron como condición que sus empresas obtuvieran nuevos contratos de ayuda técnica, solicitud a la que la Comisión accedió. La pesquisa de los interventores hace pensar claramente que los procedimientos de selección podrían haber sido manipulados de manera que los contratos fueran asignados efectivamente a las empresas de los administradores en cuestión.
Existe por tanto una red de empresas que ha logrado asegurarse, en buena medida, el control de la ejecución de toda una política que favorece la tolerancia e incluso la mediación de funcionarios de la Comisión. La Comisión debe dejar de sostener que, en este caso, se trata de fraudes puntuales; nos encontramos simple y llanamente ante un sistema establecido que ha permitido a algunas empresas un amplio acceso a los fondos comunitarios. Ahora debemos, por consiguiente, situarnos en el marco del rechazo de la gestión y pido al ponente general de la aprobación de la gestión que proponga una decisión en este sentido.

Sarlis
Señor Presidente, para comenzar quisiera felicitar al ponente Sr. Fabra Vallés por el ánimo que ha mostrado en la redacción y en la preparación de este informe, informe que cuenta con el sólido apoyo de casi todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. Debe entenderse que la Comisión de Control Presupuestario se hace cargo de estos temas, porque hay informes especiales del Tribunal de Cuentas que se están multiplicando. Su número ha aumentado considerablemente y es imposible que el Parlamento Europeo no reaccione ante estos informes y ante las denuncias en ellos expresadas. Por consiguiente debe quedar claro -especialmente por parte de la Comisión- que nosotros no somos ni la policía ni detectives, pero debemos hacernos cargo de nuestras responsabilidades, a la vista de las denuncias de una institución de la Comunidad Europea.
Se han analizado los detalles del asunto, y especialmente el papel de las conocidas empresas belgas que la Comisión utiliza y que parece que ha utilizado ampliamente para cubrir casos como este de los programas MED. La conclusión general de todo este asunto, Señor Comisario, es que debe haber un cambio estructural en la organización interna de la Comisión, una cosa que todos estos casos demuestran es que este cambio es mucho más necesario de lo que parece a primera vista. Debe haber una reorganización, una reestructuración de la forma de funcionamiento de la Comisión, porque nadie en esta sala quiere desvirtuarla o menospreciarla. Lo que nos molesta es una, diría, indiferencia, una falta de reacción de la Comisión ante cuanto denuncian tanto el Parlamento Europeo como el Tribunal de Cuentas. Por favor, reaccionen, y háganlo en la dirección correcta.

Liikanen
Los programas de cooperación MED se iniciaron en 1990. El Consejo aprobó el fundamento jurídico para ellos en junio de 1992. El objetivo de los programas MED era el de promover los contactos y la transferencia de conocimientos especializados entre los interlocutores de las sociedades civiles a ambas riberas del Mediterráneo.
Entre 1992 y 1995, la Comunidad financió 496 proyectos descentralizados en los que participaron 2.000 concesionarios. Se asignó a esos proyectos un total de 53 millones de ecus, aproximadamente. ¿Qué conclusiones debemos sacar de ello? Yo quisiera sacar la de que nunca se han financiado tantos pequeños proyectos con tan limitados fondos y recursos administrativos.
Los fines y los requisitos administrativos de los programas MED no estaban en consonancia con los recursos humanos que la Comisión tenía a su disposición. Hubo importantes presiones del Parlamento para utilizar rápidamente los créditos asignados. La Comisión firmó un contrato de gestión con una organización belga, ARTM.
Como se ha dicho aquí, en octubre de 1995 un informe preliminar del Tribunal de Cuentas alertó a la Comisión sobre la supuesta existencia de irregularidades en la gestión de los proyectos por parte de ARTM. La Comisión decidió inmediatamente suspender la ejecución de los programas MED y el contrato con ARTM para aclarar los hechos en torno a las supuestas irregularidades. A partir de las auditorías llevadas a cabo por el control financiero de la Comisión y el informe final del Tribunal de Cuentas publicado en mayo de 1996, la Comisión dio la orden a su unidad antifraude, UCLAF, de que hiciera una investigación dentro y fuera de la Comisión. En su informe final de mayo de 1997 la UCLAF no pudo descubrir casos que inspiraran sospechas de fraude con participación de funcionarios de la Comisión.
El ponente pidió a la Comisión que presentara todo el expediente MED a las autoridades judiciales nacionales competentes el 1 de diciembre, a más tardar. Sin embargo, existen disposiciones que rigen la transmisión de documentos a las autoridades judiciales. Hay que establecer una presunción suficiente de fraude, tarea que corresponde a la UCLAF. En sus investigaciones no se pudo establecer una presunción suficiente de fraude. Más adelante volveré a referirme a esto.
Para arrojar luz sobre la supuesta mala administración de los programas MED, la Comisión lanzó una investigación administrativa. Quisiera subrayar que mala administración no es lo mismo que fraude. Este último entrañaría una malversación intencional de fondos. El objeto de una investigación administrativa es el de establecer los hechos para la autoridad competente. La investigación corre a cargo de un funcionario o funcionarios de categoría superior a la del funcionario objeto de las acusaciones de mala administración. El resultado de la investigación es un informe que se presenta a la autoridad competente. La investigación administrativa no substituye el procedimiento disciplinario. Tan sólo establece la información básica. La autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Estatuto de los funcionarios, decide sobre la incoación del procedimiento disciplinario.
En el caso de los programas MED, una Dirección General de la Comisión llevó a cabo una investigación inicial. En su informe se describía una situación en la que funcionarios de la Comisión, muy comprometidos con su objetivo de ejecutar los programas bajo considerable presión política, se veían siempre muy apurados por falta de los recursos apropiados. Esa situación movió a algunos funcionarios a contravenir los principios de la gestión financiera idónea, en particular al utilizar los servicios de ARTM.
Para lograr el panorama más completo de la gestión de los programas, los Comisarios competentes decidieron concluir la investigación a iniciativa del Director General de Personal. Tres Directores Generales llevaron a cabo una investigación complementaria. En su informe concluyeron que no se había observado el principio de una gestión financiera idónea. También se observaba que no se habían reconocido los riesgos de la delegación de tareas administrativas y técnicas.
En vista de las difíciles circunstancias que rodeaban la gestión de los programas, esos tres Directores Generales no recomendaron que se incoara el procedimiento administrativo. La Comisión hizo suyas las conclusiones del informe. Se envió una carta firmada por el Secretario General en nombre de la Comisión a los funcionarios interesados en la que se expresaba la insatisfacción de la institución con su actuación en materia de gestión. Se han transmitido al Parlamento los dos informes antes citados.
El ponente pidió a la Comisión que presentara al Parlamento las actas de las comparecencias celebradas en sus investigaciones administrativas. A este respecto debemos procurar mantener el equilibrio adecuado entre dos requisitos. En primer lugar, las personas a las que se pone en tela de juicio en una investigación administrativa tienen derecho a la confidencialidad. En segundo lugar, el Parlamento tiene el deber de supervisar la ejecución del presupuesto y el derecho a recibir información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Tratado.
Para conciliar esos dos imperativos, la Comisión se ha dirigido al Parlamento con el fin de que las dos instituciones redacten conjuntamente un código de conducta sobre el acceso a los documentos.
La primera reunión entre los representantes de las instituciones está prevista para esta semana. El objetivo es hacer que participen los servicios jurídicos de las dos instituciones en ese proceso. La Comisión espera que se pueda concertar un acuerdo en el nivel más elevado posible.
Además de las medidas antes citadas relativas a la gestión de los programas, la Comisión encargó también, como ya se ha dicho, una auditoría externa con el fin de que contribuyera a determinar todos los gastos que no estuviesen estrictamente en consonancia con los contratos o las normas de contabilidad. Los proyectos auditados representan el 70 % de los gastos netos. Dicha auditoría corrió a cargo de una empresa de auditores. Una empresa privada no puede dictaminar si el gasto es apropiado. Eso incumbe a los servicios competentes, con el control financiero de la Comisión.
A partir del informe sobre la auditoría externa presentado al final de agosto de este año, los servicios competentes han empezado a examinar, proyecto a proyecto, la información recogida por el auditor externo. El control financiero de la Comisión en conjunto verificará los resultados de ese examen. La Comisión presentará al Parlamento -el 1 de diciembre, a más tardar- un informe provisional sobre los resultados.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajo que entraña el examen de los 233 proyectos auditados, el informe provisional abarcará de 50 a 70 proyectos, aproximadamente, con vistas a abordar la primera cuestión de las órdenes de recuperación. La labor deberá proseguir y los servicios de la Comisión esperan que haya concluido al final de enero de 1999.
Si se descubren gastos inapropiados, se enviarán órdenes de recuperación. La Comisión hará todo lo que esté en su mano para velar por que se recobre la mayor cantidad de dinero posible.
En caso de que haya sospechas de fraude en relación con algún concesionario, se remitirá el caso a la UCLAF. Si la UCLAF descubre razones suficientes para sospechar la existencia de infracciones penales, se transmitirá el expediente a las autoridades judiciales nacionales competentes. En cualquier caso, cualquier concesionario que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales quedará excluido con vistas a la recepción de financiación para nuevos programas.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Lucha contra el fraude - Protección del euro - Lucha contra la delincuencia organizada
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0396/98 del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobreI.la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al Comité Económico y Social: «Marco de actuación para la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo» (COM(98)0395 (Anexo 1) - C4-0455/98-98/0911(CNS)), II.la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al Comité Económico y Social: «Marco de actuación para la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo» (COM(98)0395 (Anexo 2) - C4-0455/98), III.la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo: «Protección del Euro - Lucha contra la falsificación» (COM(98)0474 - C4-0527/98); -A4-0376 de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de resolución del Consejo sobre directrices y medidas para la prevención de la delincuencia organizada con miras a establecer una amplia estrategia para combatirla (9986 - C4-0494/98).
Schmid
Señor Presidente, señoras y señores, hay dos errores que debilitan de manera decisiva la lucha contra la delincuencia organizada. El primer error sostiene que ésta consiste esencialmente en la delincuencia de las drogas. El segundo error afirma que se trata esencialmente de delitos gravísimos como, por ejemplo, el asesinato. En realidad la delincuencia organizada es una delincuencia que se produce con especialización de tareas, de manera sistemática, a diario y organizada jerárquicamente, igual que una empresa del sector económico, sólo que con medios ilegales. Los problemas aparecen a causa del volumen de los daños que se acumulan, no a causa de los daños aislados y tales problemas surgen del hecho de que las ganancias obtenidas de manera ilegal son retornadas a la circulación económica normal a través de operaciones de blanqueo de dinero.
Como ejemplo de esto puede servir el fraude con medios de pago distintos del efectivo, dicho en leguaje corriente, con el dinero de plástico o las tarjetas de crédito. Voy a aclararles esto con un ejemplo. Si se roba una cartera en Bruselas, puede que se trate del hecho aislado de un delincuente, que quiere conseguir dinero, quizá para comprar drogas. Pero también se puede tratar del siguiente proceso: especialistas, grupos de carteristas llegan en avión procedentes de Latinoamérica -allí existen escuelas específicas para esto- se trabajan la ciudad y por la noche desaparecen de nuevo por avión. Las tarjetas de crédito que han sido robadas son enviadas por otros aviones esa misma noche a otros continentes, son utilizadas allí y a través de estructuras de encubridores las mercancías robadas son convertidas de nuevo en dinero en efectivo que luego se desvía hacia el circuito económico normal mediante operaciones de blanqueo de dinero.
La delincuencia relacionada con las tarjetas de crédito es, por lo que sabemos, una delincuencia organizada y una delincuencia que opera a nivel internacional de la forma descrita. El daño asciende a nivel mundial a unos 3.000 millones de dólares USA al año; una cuarta parte de este daño corresponde a la Comunidad Europea. Por consiguiente, es necesario actuar, y por ello es bueno que la Comisión haya presentado propuestas encaminadas a una medida común. Estas propuestas van dirigidas, en primer lugar, a la armonización de la legislación, pues en materia de Derecho penal, en lo que se refiere a los hechos que hemos descrito, tenemos una situación muy diversa. Para poner un ejemplo: en el país del que procedo hasta abril de este año no era punible la falsificación ni la tenencia de tarjetas de crédito falsificadas. Por consiguiente, yo habría podido abrir una fábrica para estas cosas y las podría haber distribuido en el mercado libre. Nadie me habría importunado.
La Comisión pretende eliminar estas lagunas jurídicas y nosotros lo celebramos. En segundo lugar, existe una gran necesidad de hacer más seguros tales medios de pago, como las tarjetas de crédito. El mercado no genera automáticamente un nivel óptimo de seguridad. El sector realiza una ponderación, establece un cálculo coste-beneficio entre la seguridad, por un lado, y los costes de la seguridad, por otro. Por esta razón, el resultado no es un óptimo de seguridad, sino justamente ese punto que resulta del cálculo costes-beneficios.
Sin embargo, la sociedad tiene interés en un elevado nivel de seguridad en el sentido de una lucha consecuente contra la delincuencia organizada. Por esta razón, el Parlamento ha presentado numerosas propuestas en mi informe. Quiero nombrar tres que saltan directamente a la vista. Deseamos que en el futuro se seleccione un mejor método de envío de las tarjetas de crédito, pues la vía postal, tal como se utiliza ahora, es demasiado insegura. Semejantes tarjetas de crédito tienen marcas de seguridad. Cada suministrador de tarjetas de crédito utiliza señales diferentes. Ningún cajero y ninguna cajera son capaces de aprenderlas todas. Por esta razón queremos que se unifiquen. En tercer lugar: a largo plazo será necesario que la firma que estampa uno al pagar con su tarjeta de plástico sea sustituida por un código en cifras, como se tiene también en el eurocheque, y por un chip en la tarjeta.
Otro problema al que nos tendremos que enfrentar es la falsificación de dinero en efectivo. En este punto tenemos que distinguir también dos casos. Existe el falsificador de andar por casa que con la ayuda de una fotocopiadora a color intenta reproducir dinero. Este no es nuestro problema. Pero existen también falsificaciones de dinero en gran escala que son realizadas por la delincuencia organizada. A la hora de implantar el euro como dinero en efectivo vamos a tener riesgos especiales. En primer lugar, porque se trata de una moneda nueva a cuyas formas de presentación no se ha acostumbrado todavía la gente. En segundo lugar, porque las monedas que predominantemente son falsificadas son las denominadas monedas de reserva, es decir, las que se pueden colocar en todo el mundo. En tercer lugar, porque en los Estados miembros de la Unión Europea existe una diversidad de experiencias de las autoridades de persecución penal y de la policía en materia de falsificación de dinero, pues, a la inversa, existen también monedas que hasta ahora apenas han sido falsificadas. Por esta razón las autoridades nacionales tienen poca experiencia en esto. Por consiguiente, es bueno que la Comisión haga propuestas en una comunicación. En ésta consideramos acertadas muchas cosas. Sin embargo, el comité especial que es competente en nuestra Asamblea para la lucha contra la delincuencia opina que el papel especial que en esta comunicación se arroga la Comisión en la futura lucha contra la falsificación del euro no goza de nuestra aprobación. Detrás de este papel especial se esconde la idea de que en este punto, al igual que en el caso del fraude en detrimento de la Comunidad, no se da un auténtico interés de los Estados miembros. En el caso del fraude en detrimento de la Comunidad el dinero, ciertamente, se pierde del presupuesto comunitario, no de los presupuestos nacionales.
Pero en el caso de la falsificación de dinero sucede otra cosa. Aquí existe un notable interés por parte de los Estados miembros. En este punto, tenemos también grandes reparos ante el hecho de atribuir a la UCLAF una responsabilidad demasiado grande, si consideramos el Informe Bösch el cual ha descrito con suficiente claridad la situación de la UCLAF. Señor Presidente, permítame afirmar polémicamente que el euro es demasiado importante como para dejarlo en manos de la UCLAF. En consecuencia, nosotros proponemos que se siga con el acreditado sistema de cooperación, seguido hasta ahora, entre las autoridades de persecución penal, la policía, los bancos centrales y los servicios de aceptación de dinero en efectivo y se enriquezca este sistema, que se ha seguido hasta ahora, con los elementos de un rápido intercambio de información y con nuevas competencias para EUROPOL.

Cederschiöld
Señor Presidente, el plan de acción contra la delincuencia organizada se trató aquí en el Parlamento hace un año. En él se hacía hincapié en la represión, que es la parte urgente de la lucha contra la delincuencia. En ese momento subrayé que las medidas preventivas no son menos importantes. Las medidas a largo plazo tienen gran relevancia. Fue parte de mi crítica en contra del Consejo por la forma de combatir la delincuencia. ¿Cómo influye la sociedad civil en las posibilidades de una persona para llegar a ser suficientemente fuerte como para hacer frente a la delincuencia y a otras presiones? Es importante la capacidad de la familia para transmitir valores sanos a los jóvenes.
El Consejo ha vuelto ahora con una estrategia en el campo de la prevención y se remite a mi informe como causa de esta nueva iniciativa. Es la primera vez que esto ocurre en el campo del tercer pilar. Por eso quiero dar las gracias al Consejo, porque hemos alcanzado una situación que significa que en el sector del tercer pilar también podemos tener debates e intercambios constructivos en estos asuntos.
Lamento que la Comisaria Gradin no haya podido estar presente, pero como todos sabemos, hay que tener prioridades en esta profesión. Sin embargo, también se emiten pequeñas señales acerca de los asuntos que se tienen que poner en primer plano. Esta materia tal vez pertenece más a la mesa del Consejo. Entonces es más lógico que el Consejo esté aquí, lo cual me alegra, pero también me hubiera gustado que la Comisaria Gradin hubiese estado presente. Con todo, es beneficioso que el Comisario Liikanen esté aquí.
Quiero dar las gracias a los colegas de la comisión por sus constructivos aportes y por la unidad de criterios que hemos alcanzado. Se trata de desarrollar una estrategia para crear una sociedad civil europea consciente de la forma cómo nacen y crecen las conductas delictivas tempranas, de manera que podamos adoptar medidas adecuadas en el ámbito nacional, regional y local y no fomentar el desarrollo de la delincuencia en contra de nuestra voluntad. Se trata de una sociedad civil con organizaciones, iglesias, familias, círculos de amigos y escuelas, en los que se desarrolle energía, resistencia contra la delincuencia. No será posible si los políticos deciden todo y los ciudadanos creen que es el estado el que tiene que hacerse cargo de aquello que no ha funcionado. La «ingeniería social» no protege de la delincuencia sino que, por el contrario, se corre el riego de que debilite la resistencia a ella. He visto ejemplos de esto en mi país, Suecia. Se trata de crear consciencia del peligro que conlleva la delincuencia cotidiana y de crear reacciones inmediatas, antes de que esta delincuencia de poca monta se haya conectado con la delincuencia internacional organizada. Se trata de desarrollar responsabilidad mutua, además de posibilidades y deseos de asumir esta responsabilidad. Ésta es la faceta suave del combate a la delincuencia y la represión es la faceta dura.
Los Estados miembros deben ratificar las convenciones existentes. No usamos todas las herramientas a nuestro alcance. Tampoco se ha cumplido suficientemente con el plan de acción contra la delincuencia organizada. De los treinta puntos contenidos en este plan todavía hay dieciocho incumplidos; hemos tenido éxito con un poco más de la mitad de ellos. Podemos aprender los unos de los otros y sacar a la luz buenos ejemplos de prevención de delitos, exigiéndonos mutuamente para alcanzar el tipo de sociedad que anhelamos, en que los ciudadanos puedan sentirse seguros. Esto también es importante para los países que solicitan su adhesión, en los que las presiones de la delincuencia son aún peores que aquí. Lo peor son los cambios mentales en una sociedad cuando el delito es aceptado como parte integrante del diario vivir, o aún peor, cuando las conductas delictivas llegan a ser aceptadas, puesto que en estos casos esa sociedad se enfrenta a grandes problemas. Los países solicitantes también deben incluir su estrategia de prevención de delitos. Las medidas de este tipo son a largo plazo y afectan a toda la Unión. Se trata de vacunar mentalmente a la Unión contra la delincuencia, de hacerla menos receptiva, dándole mayor espacio a los valores jurídicos esenciales que todos tenemos, mediante una mayor consciencia y medidas de carácter práctico y humano.
Hay países que tienen fronteras con países solicitantes y que tienen unos niveles de delincuencia incomprensibles para nosotros en Occidente. Por ejemplo, existe la protección a las empresas. En un país que no está muy lejos de aquí, el 70 por ciento de los empresarios pagan por protección, dinero por protección, a organizaciones de delincuentes. Si la delincuencia alcanzase un parte tan grande de la economía total, se lesionarían la economía de mercado y la democracia. Los valores esenciales que todos tenemos son inservibles y pierden totalmente su importancia a la hora de tomar decisiones. Si no llegamos a tener éxito en esto, tampoco vamos a lograrlo en otros terrenos. Estamos obligados a mantener la presión sobre los Estados miembros de la Unión.

Michalek
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera dar las gracias por el hecho de se me ofrezca hoy la oportunidad de realizar una visita al Pleno del Parlamento Europeo. Precisamente como miembro del Gobierno, que aunque no pertenece a ningún partido podrá, sin embargo, contar pronto con una experiencia de ocho años en calidad de ministro de Justicia de la República de Austria, guardo el mayor respeto hacia la actividad y la responsabilidad de los diputados y valoro de manera especial la importancia del Parlamento Europeo para el desarrollo futuro del Derecho y de la democracia en el marco del proceso de integración europea.
Por esta razón la Presidencia austriaca se esfuerza también por lograr en sus actividades una estrecha cooperación con el Parlamento Europeo. Sin embargo, quisiera aprovechar también mi visita para realizar algunas consideraciones desde el punto de vista de la Presidencia austriaca sobre los temas del debate conjunto. En primer lugar, sobre los medios de pago distintos al dinero en efectivo: la posibilidad de poder requerir los servicios de terceras personas sin manejar dinero en efectivo -en especial, mediante una tarjeta de pago-, sin tener que entregar la correspondiente cantidad en efectivo, no sólo ha conducido hacia una mayor comodidad y flexibilidad, sino que abre también nuevas posibilidades de abuso.
La Comisión ha reconocido con anticipación este peligro y ha presentado unas propuestas de solución. La Presidencia celebra esta iniciativa de la Comisión, nosotros vemos también la necesidad de actuar aquí. En el grupo de trabajo «Derecho comunitario y Derecho penal nacional» ha tenido lugar ya un primer intercambio de ideas sobre este problema. Aunque no puedo anticipar las deliberaciones del grupo de trabajo, considero muy útil para el futuro desarrollo que mediante el envío intencionadamente rápido de la comunicación de la Comisión al Parlamento pueda estar lista la opinión de éste con suficiente prontitud como para que pueda ser tomada adecuadamente en cuenta en las deliberaciones del Consejo.
La misma importancia de cara al futuro tiene también el tema de la segunda comunicación de la Comisión que es objeto del Informe Schmid, la protección del euro contra la falsificación de dinero. La Presidencia austriaca comparte la posición de la Comisión y del Parlamento Europeo acerca de que hay que hacer todo lo posible para proteger el euro contra las falsificaciones. Por un lado, en este punto ha de ser de especial importancia la prevención, pero, por otro, hay que asegurar también que funcione con la mayor fluidez posible la persecución de los falsificadores de dinero desde el momento mismo de la emisión de los eurobilletes y de las euromonedas.
Una de las cuestiones centrales de este complejo de temas, sobre la cual, según mis noticias, existen posiciones diversas, va a ser, ciertamente, la de delimitar de una manera tan clara y tan precisa las competencias de las instituciones implicadas, de suerte que se asegure una protección efectiva del euro, y a este respecto, tal como pienso, Europol ha de jugar también un importante papel.
Respecto del ámbito del Derecho penal, les puedo decir que en el grupo de trabajo correspondiente del Consejo se ha comenzado ya con los trabajos preparatorios necesarios. Primero hay que obtener y elaborar una panorámica de las disposiciones que están vigentes en los Estados miembros para ver hasta qué punto existe una necesidad de armonización de las normas jurídicas. Sobre la base de estos trabajos previos habrá que proponer un acto jurídico que tenga por objeto la armonización de las normativas jurídicas de los Estados miembros. El objetivo ha de ser que en todos los Estados miembros sean punibles determinados modos de conducta. En cambio, desde el punto de vista de la Presidencia una armonización de las sanciones parece ser un tanto problemática y con poco sentido mientras las normas penales generales, en especial, la práctica acusatoria, el catálogo de sanciones, la ejecución de las sanciones y la atenuación condicionada de las sanciones se basen en sistemas diferentes. En cualquier caso, debe asegurarse que en la vía de la asistencia jurídica y de la extradición no se obstaculizará la eficacia en la cooperación.
Finalmente, unas palabras sobre la resolución prevista del Consejo sobre la prevención. Hemos seguido con gran atención la minuciosidad con que el Parlamento Europeo se ha ocupado del plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada. La resolución del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 1997 nos ha movido como Presidencia a proponer al Consejo un elemento complementario en el importante ámbito de la prevención de la delincuencia organizada. Pero por ese motivo hemos hecho llegar también al Parlamento Europeo para su información el proyecto de una resolución, elaborado por la Presidencia, sobre la lucha contra la criminalidad organizada en el sentido de la prevención, aunque incluso después de Amsterdam no esté prevista una vista formal de los proyectos de resolución del Consejo por parte del Parlamento.
El proyecto ha sido discutido a fondo en el grupo multidisciplinar «Delincuencia organizada» y se aprobará probablemente durante el Consejo de Ministros de Justicia e Interior los días 3 y 4 de diciembre. Con esta resolución se pretende abordar de manera completa todos los aspectos de la prevención de la delincuencia organizada. Se da relieve, sobre todo, a la necesidad de una interconexión de las medidas estatales con la sociedad civil en todos los esfuerzos que vayan dirigidos a disminuir los estímulos hacia hechos delictivos y a neutralizar de manera preventiva la delincuencia organizada. En consonancia con el carácter de la prevención como materia horizontal se mencionan ámbitos del primer y del tercer pilar de la Unión Europea, pero se pone de relieve también la responsabilidad de los Estados miembros a nivel nacional, regional y local.
En este contexto reviste una especial importancia la elaboración de programas nacionales de prevención, la creación de consejos interdisciplinares e institucionales para la prevención de la delincuencia y también, sobre todo, la evaluación y valoración de las actividades de prevención. Creo que con esta resolución se dará un importante primer paso al que, como espero, seguirán otros más. Con esto quiero concluir, deseo darles las gracias por su atención y manifestarles mi esperanza de una buena cooperación futura entre el Parlamento y la Presidencia.

Bontempi
Señor Presidente, después de felicitar a ambos ponentes por haber realizado un excelente trabajo, quiero sentar una premisa. Me parece justo recordar que ésta es la enésima vez que el Parlamento ha de debatir asuntos relacionados con un ámbito relativamente nuevo como es la lucha, el compromiso, la actuación institucional en favor de la legalidad y, por ende, contra la delincuencia. Creo que las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo han confirmado -hecho que me produce honda satisfacción- lo mucho que se aprecian el papel y la aportación del Parlamento. En cierto modo, después de Amsterdam, en particular con una apertura que quizás fue incluso algo infravalorada y que es la que nos brinda un nuevo instrumento, esto es, el espacio de libertad, justicia y seguridad, el Parlamento tiene que emprender -y ya lo está haciendo- una acción de organización muy importante. Se trata de materias nuevas, sin embargo, precisamente por esto, el Parlamento -constato que el reconocimiento del señor Ministro ha sido significativo- está desempeñando un papel sustancial, pues no solo se limita a pedir, a desear, sino que trata de establecer caminos concretos para lograr objetivos y fines que afectan profundamente a nuestra ciudadanía, la ciudadanía europea.
He hecho hincapié en este punto, ya que en los dos informes me parece muy importante el papel de iniciativa que el Parlamento quiere desempeñar y que los señores ponentes han abordado muy bien en sus informes. Me voy a detener en especial en el tema de la prevención, es decir, en el informe Cederschiöld. Considero que lo que el Consejo acogió del primer informe sobre la delincuencia organizada y que ha retomado con esta propuesta en materia de prevención tiene que subrayarse como punto central reconociendo que es prevención todo aquello que se hace para impulsar a una sociedad, una comunidad hacia unos objetivos comunes y para reducir, si no impedir, que se manifieste la delincuencia. Tenemos, por tanto, muchas acciones, basta pensar en la acción contra la corrupción. En cuanto a la prevención lo que más debe hacerse es a nivel preventivo; hay que vencer la cultura del intercambio político, vencer la cultura del clientelismo; la regla fundamental para mantener una buena relación entre las instituciones y los ciudadanos ha de centrarse en la transparencia del funcionamiento. En una enmienda que presentamos, hemos puesto en evidencia todos los elementos de la prevención, los elementos del código de conducta, los elementos de atención a las nuevas categorías, a los nuevos tipos de profesiones que son fácil pasto de la corrupción o de la delincuencia organizada y lo hemos hecho porque queremos subrayar la importancia de la acción de prevención frente al cambio.
Deseo recordar, no obstante, que la acción de prevención -otra enmienda lo señala- es asimismo otro gran cometido de cooperación entre las instituciones y la sociedad civil. Recuerdo la educación en el respeto a la ley para todos. Hace dos años nuestra comisión llevó a cabo una extraordinaria consulta con una organización italiana - la organización «Libera»- constituida por unas 600 asociaciones pertenecientes a la sociedad civil, que explicó la labor que había desarrollado para luchar contra la delincuencia organizada en Italia. Nos contaron lo que hacían para cortarla de raíz también en las regiones más afectadas; pudimos escuchar el testimonio de Rita Borsellino -hermana del Juez Borsellino- cuyo empeño era demostrar que esto era importante no solo para la memoria de su hermano, sino para luchar contra la mafia, luchar a través de un profundo compromiso de la sociedad basado en la educación en el respeto a la ley.
Por último, quiero hacer una breve referencia a la acción de prevención contra la delincuencia en las ciudades y contra la microdelincuencia. Desde este punto de vista, creo que la conciencia y la cultura son mucho más maduras; ya se entiende que la represión, caso de ser necesaria, debe combinarse con la prevención. Sobre el terreno, en el empeño común de las instituciones y la sociedad civil, se encuentra uno de los elementos de esperanza para reducir esta fuerte delincuencia, este gran peligro, este elemento que está convirtiendo en inseguras nuestras ciudades y ante todo a los ciudadanos, el 33 % de los cuales, según una encuesta del año 1996, afirma que se siente inseguro en nuestras ciudades. ¿Qué se puede hacer? ¿Llenar las ciudades de policía? No, no serviría y quizás incluso podría ser un error y algo imposible. Es necesario combinar estrechamente entre sí la prevención, el trabajo sobre el terreno, las medidas concretas y la acción de supervisión y de control.

Mendes Bota
Señor Presidente, no cabe la menor duda de que el Mercado Único, la sociedad de la información, la innovación tecnológica, la red Internet, los servicios financieros y el comercio electrónico revolucionarán la utilización de los medios de pago no monetarios. Tan sólo las corrientes monetarias creadas por las tarjetas de pago superan ya los dos billones de dólares anuales en el mundo. A ese gran mercado responde en la misma medida la nueva piratería informática y una delincuencia especializada en el fraude y la falsificación en el llamado ciberdelito, contra el que urge luchar para defender los intereses de los emisores, los usuarios, los aceptantes y los adquirientes de los nuevos medios de pago.
A eso se debe la necesidad de armonización de los sistemas de control y de sanción en los diferentes Estados de la Unión para conferir credibilidad y seguridad a la utilización del euro, incluso en la fase intermedia desde 1999 hasta el año 2002. La Comisión merece una felicitación por las iniciativas que viene adoptando y el ponente, Sr. Schmid, merece nuestro apoyo en general, pues de su informe es del que voy a hablar.
Ahora bien, siguen existiendo algunas señales de alarma. Por ejemplo, en el marco de la lucha contra la falsificación de los billetes y de las monedas en euros, la comunicación de la Comisión prevé una estrecha cooperación y asistencia mutua entre la UCLAF, el BCE y EUROPOL. Pero entonces hay que formular correctamente el papel futuro de la UCLAF, pues, a raíz de los fraudes de ECHO, el propio Presidente de la Comisión, Jacques Santer, afirmó en público la intención de transformar la UCLAF en una OLAF totalmente independiente de la Comisión, ampliando sus investigaciones a todas las instituciones comunitarias, mientras que seguirá corriendo a cargo de la Comisión todo lo que tenga que ver con las propuestas legislativas y la coordinación con los Estados miembros en la lucha contra el fraude que atente contra los intereses de la Unión. Así ocurre con la falsificación del euro. Hay aquí una zona de sombra y de indefinición que conviene aclarar. Al final, ¿quién va a fiscalizar a quién? ¿La UCLAF, la OLAF o la Comisión? Por otro lado, la compilación y la evaluación permanente, continua y actualizada de datos sobre los usos, los circuitos y las redes relacionadas con la falsificación de monedas es fundamental para la protección del euro.
Por eso, resulta muy preocupante que no haya aún una idea precisa sobre el tipo de informaciones que deben integrar esa base de datos y se espera que sean los propios emisores de moneda, los magistrados, las entidades policiales y las entidades financieras quienes lo hagan. Podríamos decir que se buscan propuestas. Pero el tiempo apremia. Es que se deben adoptar los instrumentos legislativos durante el año 2000, a más tardar, para que el sistema global de protección del euro esté en condiciones de funcionar el 1 de enero del año 2002 a fin de que se pueda poner a prueba antes de que entren en circulación los billetes y las monedas en euros.

Schaffner
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a los dos ponentes por el trabajo que han realizado sobre este dossier.
La lucha contra el fraude y la necesidad de establecer un sistema completo para impedir la falsificación de los medios de pago es primordial, no sólo para los gobiernos, sino también para todos los ciudadanos de la Unión Europea.
La comunicación de la Comisión sobre la falsificación y la protección del euro y las enmiendas aprobadas aportan una contribución positiva y práctica a la lucha contra el fraude. Es el inicio, esto no representa el fin. Uno de los objetivos fundamentales es intentar que estos fraudes sean tratados como infracciones criminales en todos los Estados miembros. Necesitamos asimismo un sistema eficaz en favor de la protección del euro. Es importante, sobre todo, velar por que el euro goce de una protección uniforme en todo el territorio de la Unión.
Deberían ampliarse las competencias de Europol en materia de lucha contra la falsificación. El euro tiene un potencial de circulación enorme, lo que implica el riesgo de falsificaciones tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Por ello exigiremos un banco de datos e intercambios rápidos entre las autoridades responsables de esta lucha.
Es muy lamentable que la puesta en marcha del plan de acción relativo a la lucha contra la delincuencia organizada sufra un importante retraso respecto a su calendario. El Consejo debe velar por que todas sus recomendaciones entren en vigor y sean operativas antes de finales del año próximo.
El único aspecto del informe de la Sra. Cederschiöld que me preocupa es el nexo que existe entre las medidas de prevención del crimen organizado y los procedimientos electorales. No es adecuado al informe que, por lo demás, recibe todo mi apoyo.

Svensson
Señor Presidente, tengo tres comentarios cortos en relación con esos informes. En primer lugar, es por todos sabido que, en mayor o menor medida, se ha perdido el control de los transportes de mercancías que se realizan dentro de la Unión. Esto demuestra que la tesis de la llamada Europa sin fronteras es una peligrosa ilusión que favorece la delincuencia. También es por todos sabido, y hay experiencias, que puede existir libre comercio aun cuando los controles fronterizos son serios y eficientes. El libre comercio no es ni debe ser para favorecer el comercio ilegal o actividades delictivas, sino que para proteger la legalidad. Por eso necesitamos controles eficaces en las fronteras nacionales de la Unión, tanto para mercancías como para personas.
La segunda se refiere a la corrupción y a las actividades mafiosas. Opino que tenemos que empezar a preguntarnos si no sería posible combatir eficazmente este tipo de delincuencia con unos factores que a menudo olvidamos, es decir, transparencia y control en las diferentes administraciones y actividades públicas. En los países nórdicos tenemos el llamado principio de la publicidad, es decir, que todos los ciudadanos y todos los periodistas tienen derecho a acceder a documentos, a documentar lo que ocurre en asuntos económicos dentro de la administración pública. Creo que esto, de cierta manera, está relacionado con el bajo grado de corrupción que afortunadamente existe en los países nórdicos. La función de este principio de publicidad es facilitar tanto el descubrimiento como la prevención de delitos.
En tercer lugar, actualmente existen tres tipos de organizaciones policiales en la Unión: Schengen, Interpol y Europol. Entonces podemos preguntarnos si es conveniente dispersar de este modo una organización destinada a la prevención de delitos.

Schörling
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a los ponentes por su trabajo. Es evidente que la misión y obligación de un estado de derecho democrático es combatir por todos los medios la delincuencia organizada y los fraudes en todas sus formas. Al mismo tiempo, tiene que haber un equilibrio entre la eficacia del combate a la delincuencia y la libertad y protección jurídica de los ciudadanos. Los controles en la sociedad tienen que tener un límite. Pienso en los vastos registros personales que se están creando, por ejemplo, bajo el alero de Schengen y Europol y que mi Grupo ha criticado duramente. También se trata de los sistemas globales de escuchas en gran escala, que obviamente son buenos desde el punto de vista del combate a la delincuencia, pero que son totalmente inaceptables desde el punto de vista democrático y ciudadano.
Quiero felicitar a Cederschiöld por su informe y por el equilibrio conseguido entre el fin y los medios para combatir la delincuencia. Estoy totalmente de acuerdo con ella en la exigencia de más medidas preventivas y cuando señala que al plan de acción todavía le faltan medidas preventivas concretas. Además, deseo destacar el significado de la sociedad civil, de las metas a largo plazo y, evidentemente, de la transparencia. No obstante, también es muy importante que se creen más puestos de trabajo, que se mejore la educación y que en la sociedad exista una distribución más justa de los recursos de modo que no aumenten las diferencias sociales.
Por último, quiero decir a Cederschiöld que ella apunta al combate de la delincuencia en el ámbito europeo. Sin embargo, sabemos que la delincuencia organizada se extiende mucho más allá. También recomiendo la colaboración internacional en diferentes foros e Interpol.

Pradier
Señor Presidente, debemos reconocer que el informe de la Sra. Cederschiöld tiene el mérito de haber hecho hincapié en el distingo, a veces sutil, entre la delincuencia organizada y la delincuencia más banal, entre la prevención y la represión, a pesar de los intrincamientos que existen entre ambas nociones.
Votaremos naturalmente a favor de este informe, a pesar de que por algunos lados se asemeja un poco a la política de la varita mágica. Está claro -y me limito a citar- que hay que alentar a los ciudadanos a cooperar con la justicia, garantizar la protección de los testigos, promover un ejercicio de la función policial más cercano al ciudadano; hay que reducir los factores que favorecen la delincuencia y alentar los factores que la frenan; hay que favorecer la integración de los «marginados». Todo el mundo estará completamente de acuerdo con esto.
Hay un ámbito más preciso que merece ser definido aquí: se trata de la prevención de la reincidencia. La reincidencia se encuentra en la confluencia entre prevención y represión. Esta importantísima prevención depende de la calidad de la institución penitenciaria, de su capacidad de operar la reinserción de los condenados.
Debemos realizar esfuerzos muy importantes en este sentido. Dichos esfuerzos deben ser precisos. Harán falta fondos y muchos esfuerzos de imaginación e inteligencia. En todo caso, debemos estar preparados a aceptar dichos esfuerzos. No lo olvidemos.

Buffetaut
Señor Presidente, la Unión Europea sólo es legítima cuando actúa con más eficacia que los Estados miembros a nivel individual. La delincuencia organizada es precisamente el tipo de actividad nociva que necesita una acción a nivel europeo.
El informe de la Sra. Cederschiöld insiste, acertadamente, en la necesidad de que el Consejo proponga medidas concretas e invite a los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea a adoptar las medidas de prevención que establezca el Consejo. Lamentablemente, sabemos que el marxismo-leninismo ha dejado a dichos países, y en particular a los países de la Europa del Este y central, en un estado de degradación moral y económica espantoso. Por ello es indicado asociarlos desde ahora a los trabajos que podamos realizar, nosotros, en la Unión Europea.
El informe insiste asimismo, acertadamente, en la necesidad de implicar a la sociedad civil en la prevención contra el crimen organizado.
La acción preventiva de la sociedad es necesaria, pero su eficacia depende del estado de ánimo general de esta sociedad, de la promoción de unos valores que, con demasiada frecuencia, son ridiculizados, como el sentido de la responsabilidad, el sentido del deber, de la honradez, del trabajo. En una palabra, es también una cuestión de civilización.
El relativismo reinante, la pérdida de referencias, una concepción libertaria de la libertad, el individualismo llevado a su paroxismo y la voluntad pueril de rechazar lo que denominamos convenciones sociales supuestamente burguesas alimentan la delincuencia cotidiana que socava los cimientos de la paz civil y abona el terreno para el crimen organizado. La Sra. Cederschiöld, acertadamente, también ha insistido en los daños de un mal urbanismo.
Apoyaremos su informe excepto lo relativo, curiosamente, al derecho de voto y la prevención de la criminalidad.

Hager
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, comparto la preocupación y los problemas que se muestran en el Informe Schmid. No cabe duda de que en este punto es necesaria una actuación coordinada a nivel europeo. Hace ya mucho tiempo dirigí una pregunta a la Comisión acerca de la seguridad del euro frente a la falsificación, pero recibí una respuesta más bien evasiva. Si el ponente piensa que el euro va a ser un imán para las actividades delictivas y si la Comisión de Asuntos Económicos es de la opinión de que el euro va a ser un objetivo extraordinariamente atractivo para las falsificaciones, entonces me veo confirmado en mi juicio.
Sin embargo, todo el paquete de propuestas sobre la protección frente a las falsificaciones y frente a los fraudes parece ser un instrumento apropiado para tomar las riendas de los problemas. A este respecto quisiera destacar la nueva técnica de regulación para la armonización del Derecho penal, técnica que considero muy pertinente. Trazar el marco, establecer las características esenciales, pero dejar la formulación a los Estados miembros tomando en consideración sus sistemas penales constituye, en mi opinión, un avance que indica la dirección que hay que seguir. Los intentos que se han hecho hasta ahora de formular figuras delictivas de validez europea, como en un Corpus Juris , están lastrados con un buen número de problemas y de incongruencias sistémicas. Creo que la técnica legislativa que se ha propuesto para la armonización de los regímenes jurídicos, tan diferentes y de trayectorias históricas tan específicas, de los Estados miembros es mejor y -al igual que todos los demás puntos del informecuenta con nuestra conformidad.

Ford
Señor Presidente, felicito a los dos ponentes por sus dos informes y las tres resoluciones que los acompañan. El Sr. Schmid y la Sra. Cederschiöld han llevado a cabo en ellos una labor importante al abordar cuestiones decisivas para el futuro de la Unión Europea. Me refiero a la lucha contra el fraude en el sector no monetario, la lucha contra la falsificación y las acciones contra la delincuencia organizada.
La mayoría de las observaciones que quiero formular se refieren al informe del Sr. Schmid. Hay tres aspectos principales. En primer lugar, el paso de las monedas nacionales al euro brinda una oportunidad maravillosa de aprehender a quienes tienen actualmente escondidos bajo la cama o en otro sitio grandes sumas obtenidas mediante medios ilícitos y van a tener que convertirlas de marcos alemanes, francos, pesetas o liras a euros. Lo que espero es que exista alguna acción coordinada en el nivel europeo para aprovechar esa oportunidad. Son necesarios requisitos especiales de notificación sobre los cambios de moneda en la época del paso al euro y necesitamos que una organización de policía a escala europea y los funcionarios de aduanas trabajen en colaboración para ver cuánto dinero negro o gris se puede descubrir cuando los delincuentes tengan que pasar de sus monedas nacionales al euro.
En segundo lugar, respecto del fraude no monetario, me complace que en el informe nos quejemos de que los bancos no se preocupen demasiado, porque endosan los costos a los clientes. Debemos examinar la forma de utilizar las nuevas tecnologías de identificación para que contribuyan a la protección del usuario: mediante nuevas modalidades biométricas, por ejemplo. Las que consisten en el reconocimiento de la retina dan muy buenos resultados a la hora de identificar sin ambigüedad al propietario de un automóvil y se pueden utilizar en los puntos en que se expende dinero en metálico.
Pero, en segundo lugar, se nos debe permitir utilizar los medios más complejos de cifrado disponibles que no se puedan violar para proteger esas transacciones. En este momento tengo entendido que la Comisión está negociando, al parecer, con el Gobierno de los Estados Unidos con vistas a limitar nuestra capacidad para cifrar las transacciones electrónicas. A la luz de este informe, resulta insensato.
Respecto del fraude monetario, el euro estará bastante bien protegido. Tenemos un problema con las monedas metálicas de euros. En la situación actual permitimos que figuren características nacionales en las monedas metálicas. A no ser que haya un plan para separar dichas monedas metálicas y devolverlas a sus países de origen, una tienda normal, al cabo de un período de tiempo relativamente breve, tendrá que poder reconocer 120 monedas metálicas diferentes, si es que va a haber seis monedas metálicas en cada uno de los 15 Estados miembros de la Unión Europea, a los que habrá que sumar las monedas metálicas de Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y Gibraltar. Eso me parece un completo disparate, por lo que debemos intentar suprimirlo más adelante con la legislación para que las tiendas deban identificar un número bastante pequeño de monedas metálicas y no el enorme número que propiciará la insensata decisión adoptada anteriormente.

Pirker
Señor Presidente, señoras y señores, sabemos de fuentes fiables que el 30 %, aproximadamente, de todos los delitos deben atribuirse a la delincuencia organizada. Si la trama de negocios se extiende desde el fraude con tarjetas de crédito, pasando por la trata de seres humanos, hasta el blanqueo de dinero, entonces es evidente la necesidad absoluta de actuar no sólo en los Estados miembros sino también en la Comunidad Europea.
La lucha contra la delincuencia organizada debe tener prioridad absoluta, así lo manifiestan también ambos ponentes. Lo que necesitamos es, sin duda, una mezcla de medidas represivas y preventivas. Sólo quisiera destacar aquí tres puntos que me parecen especialmente importantes a la hora de luchar contra la delincuencia. El primero es que nosotros, la Comunidad Europea, pongamos en práctica de una vez por todas las a medidas de acción, el plan de acción que se ha dado a sí misma la Comunidad. Es preciso abandonar las animosidades nacionales en favor de una cooperación de ámbito europeo en el sentido de la lucha contra la delincuencia y utilizar de manera eficaz los instrumentos de que disponemos, como Europol o la UCLAF.
El segundo punto es que desarrollemos la cooperación en materia de Justicia. Nos hallamos en los inicios: hemos dado ya buenos pasos, pero lo que debemos hacer es armonizar las disposiciones penales en nuevos ámbitos de delitos como el fraude con tarjetas de crédito, el blanqueo de dinero, la delincuencia ecológica o en el ámbito de la formación de bandas.
Como tercer punto me parece especialmente importante destacar que practiquemos una exportación de seguridad a los estados de la Europa central y oriental que aspiran a ser admitidos en la Unión Europea. Deberíamos ayudar a que estos estados hagan uso de los programas en interés de Europa y en su propio interés. Es preciso intensificar y desarrollar la lucha contra la delincuencia organizada. Las expectativas que los ciudadanos depositan en la Unión Europea van en esta dirección y esto constituye una necesidad absoluta en interés de la seguridad de toda la Unión Europea.

Gallagher
Señor Presidente, me complace mucho que el Banco Central Europeo se proponga crear un centro de análisis de falsificaciones. Los datos estadísticos y técnicos pertinentes serán almacenados en una base de datos a la que los bancos centrales nacionales tendrán total acceso. De momento el Banco Central Europeo no ha dado detalles más precisos, pero estoy seguro de que en su momento dispondremos de ellos.
Acojo con beneplácito que el Banco Central vaya a adoptar esa iniciativa en una fase tan temprana de sus actividades. Es importante porque en enero de 2002, a más tardar, se habrán impreso 13.000 millones de billetes de banco de euros, momento en el que se pondrán en circulación en los 11 Estados miembros, que abarcan una población de unos 290 millones de personas. Es muy importante que ese centro de análisis de falsificaciones trabaje en estrecha colaboración no sólo con los bancos centrales nacionales, sino también con Europol y las fuerzas nacionales de policía en los 11 Estados miembros participantes en el nuevo régimen de moneda única.
El Tratado de Amsterdam, que en breve va a ser ratificado, va a conceder más competencias a Europol en el sector de la cooperación policial y judicial. El Parlamento debe velar por que se pongan a disposición del Banco Central los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de ese centro de análisis de falsificaciones con vistas a derrotar esa posible falsificación perniciosa de billetes de euros.

Vanhecke
Presidente, estamos todos de acuerdo - me parece - con que se debe combatir eficazmente la delincuencia, pero he de añadir que no se debe exagerar demasiado la ingenuidad sobre la eficacia de todo tipo de medidas preventivas, cuya enumeración encontramos en los dos informes presentados. La simple realidad nos enseña, pues, que por ejemplo en barrios y calles enteras de muchas ciudades grandes y medianas de Europa la policía ya no se atreve a actuar, que ya apenas llega allí el transporte público y que los ciudadanos honestos que quedan allí, aquellos que no tienen los medios para mudarse, se han visto sometidos de hecho a las leyes de la jungla. Dicho de otra forma, debemos atrevernos a reconocer que esa ingenua política de prevención ha fracasado. Allí, en esos barrios, en primer lugar, desde hace tiempo ya ha pasado el tiempo y habrá que actuar de una vez duramente, efectivamente de forma represiva, para reestablecer el derecho y el orden, «manu militari» si fuera necesario. «First things first», se dice en inglés. La prevención es importante pero esa actuación dura me parece una primerísima prioridad en contra de lo que sugiere el informe presentado.
Lamento también que no se quiera o no se atreva a hablar claro en este Parlamento con respecto a la delincuencia de los extranjeros. En el segundo informe se elude el meollo de la cuestión. Sin embargo, todos sabemos que un 90 % de la denominada delincuencia callejera en las grandes ciudades la perpetran personas desarraigadas, extranjeros sin raíces, muchas veces de la segunda o tercera generación. Seguir negándolo no solucionará este problema gigantesco, ni tampoco falseando las estadísticas de los procedimientos flexibilizados de nacionalización. Con seguridad no se solucionará concediendo el derecho de voto activo y pasivo como se atreve a proponer, para sorpresa de todos. La única solución a corto plazo es una política atrevida que deje la opción a los implicados. O se asimila nuestra sociedad, y por lo tanto se respetan sus leyes, sus costumbres y su cultura, o se opta por un regreso con apoyo y ayuda al propio seno cultural donde se puede poner fin a ese desarraigo. No porque se haya determinado esta solución como un tabú, deja de ser una solución humana y acertada.

Schmid
Señor Presidente, me alegro de poder hacer todavía algunas puntualizaciones sobre el problema de la prevención de la delincuencia organizada. La lucha contra la delincuencia incluye por igual la represión y la prevención. Cabe decir lo mismo también respecto de la delincuencia organizada. No obstante, hay que ser muy consciente de que las ideas clásicas de la prevención no tienen sentido en este ámbito. Digámoslo más claro: la idea corriente de que con la lucha contra la pobreza y contra el desempleo se puede hacer algo contra la delincuencia organizada no tiene nada que ver con el problema. Los delincuentes organizados no suelen ser gente pobre, al contrario.
Sin embargo, existen posibilidades en el ámbito de la prevención técnica, es decir, en la adopción de medidas encaminadas de manera técnica a la obstaculización de actos delictivos. Esto implica medidas contra la sustracción de automóviles como la instalación de barreras de salida, medidas contra el fraude con tarjetas de crédito incrementando la seguridad de estos medios de pago, mejorando las normas en algunos sectores de la denominada delincuencia de alta tecnología y mejorando las medidas mediante la coordinación de los datos, por ejemplo, en el ámbito del fraude a la seguridad social, como se hace a gran escala, por ejemplo, en los Estados Unidos.
Otro ámbito es de actuación es la extinción de los mercados. La delincuencia organizada tienen mucho que ver con el suministro de mercancías y servicios ilegales. Esto no podrá hacerse en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de las drogas hay buenas razones para no legalizarlas. Pero, por ejemplo, no existe ninguna razón para que el estado insista en mantener su monopolio de juegos de azar. Tampoco hay ninguna razón para que algo que desde milenios constituye una necesidad social, como la prostitución -con independencia de cómo se piense sobre esto- haya de ser relegado a la zona gris de lo semilegal de tal manera que se convierta en un asentamiento de la delincuencia organizada.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, quisiera hablar brevemente sobre la parte que se refiere al euro. Y quiero intervenir especialmente sobre ello porque el debate no me está gustando.
El euro necesita confianza. Y tal vez este debate, con tantas intervenciones sobre los riesgos que puede haber de falsificación incluso de las monedas, algo que es francamente difícil, no es positivo. Creo que habría que empezar diciendo que el Banco Central Europeo es garante de la emisión de billetes y de monedas, y que la Interpol y la Europol y las actuales policías de los Estados miembros y los Estados miembros tienen hoy medios penales y policiales para reprimir el fraude y la falsificación. Por tanto, confianza.
Nuestro papel no es ser alarmistas y pensar que la llegada del euro puede ser esa oportunidad que buscan todas las mafias internacionales para engañarnos. Nuestro papel en esta Asamblea consiste en apoyar y en facilitar la tarea de la Comisión y del Banco Central Europeo, por ejemplo intentando que Europol tenga competencias establecidas para coordinar la lucha que ya van a hacer todas las policías nacionales, que va a hacer Interpol. Y tenemos que dar nuestro apoyo a la Comisión cuando haya concretado más sus propuestas y vuelva a este Parlamento. Yo creo que la población tiene que saber que todos somos conscientes de los riesgos que puede haber de falsificación, pero que, en este caso, va a haber quince policías más Interpol, más Europol, trabajando. Y que lo que tenemos que hacer es facilitar que desde el campo jurídico haya -como se dice en el informe- una buena tipificación de los delitos.
El euro necesita confianza y nosotros estamos para darla. Y afortunadamente la represión no sólo depende de nosotros sino de muchos más.

Liikanen
Señor Presidente, la Comisión se muestra muy satisfecha con los procedimientos que propone en su informe la Sra. Cederschiöld con el fin de evitar en la mayor medida posible que la delincuencia organizada arraigue en la sociedad. Debemos ir al núcleo del problema y establecer una estrategia previsora que cuente con la participación de todos, a escala comunitaria, nacional o local. Para vencer en la lucha contra la delincuencia, es preciso hacer uso de todos los medios que ofrece el Estado de Derecho. La ponente del informe resalta, de manera justificada, que es imprescindible respaldar las actividades colectivas de los ciudadanos contra la delincuencia organizada en el Estado de Derecho.
En el ámbito del blanqueo de dinero, la Comisión ha recurrido a la legislación del primer pilar para evitar que se recicle el dinero obtenido por narcotráfico. A principios de 1999 está previsto que se amplíe la directiva también al resto de las actividades comerciales, y no sólo a las que susciten sospechas en relación con el tráfico de drogas. En cuanto al sector de las telecomunicaciones, la Comisión presentó en mayo de 1998 una comunicación relativa a la protección de los menores y la dignidad en los servicios audiovisuales e informáticos. Se trata de un buen ejemplo de que no es posible garantizar la prevención de la delincuencia únicamente por medio de la legislación nacional, sino que son necesarias también medidas a nivel de la Unión. Como ya saben sus señorías, la Comisión ha puesto en marcha, conjuntamente con los Estados miembros y organizaciones ciudadanas, diversos proyectos relacionados con el programa Falcone.
La ponente del informe hace un especial hincapié en la necesidad de apoyar la política en los ámbitos de empleo, de salud, social y familiar para permitir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La Comisión respalda plenamente estos objetivos, igual que respalda también todos aquellos servicios que sean próximos a los ciudadanos. Se ha abordado este asunto en la comunicación relativa a la política urbana que se presentará en el marco del Foro de ciudades europeas que se reunirá en Viena a finales de 1998. La delincuencia en las grandes ciudades representa un problema real, ya que constituye la base de una delincuencia organizada que amenaza nuestro orden social más allá de cualquier frontera.
El objetivo inequívoco de la Comisión es la creación de una zona para toda la Unión donde rija la libertad, la seguridad y la justicia. Con la ratificación del Tratado de Amsterdam, este objetivo se encuentra más próximo. Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado ya reunirse en agosto de 1999 en la ciudad finlandesa de Tampere para discutir acerca de los objetivos principales y los plazos en lo relativo a este importante ámbito. El informe que ha elaborado la Sra. Cederschiöld es un componente de este fundamento en el que se basará la actividad futura de la Comisión.
Paso a continuación a referirme al informe del Sr. Schmid. En nombre de la Comisión, desearía felicitar al ponente, Gerhard Schmid, quien aborda con claridad la relación entre, por una parte, la propuesta de la Comisión sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo y, por la otra, el fraude y la falsificación relacionados especialmente con el euro. El número de fraudes relacionados con otros medios de pago distintos del efectivo está aumentando muy rápidamente. Los delitos cometidos por medio de tarjetas de pago ocasionan cada año pérdidas por un valor aproximado de 2 700 millones de ecus. Al mismo tiempo, las autoridades judiciales de los Estados miembros se ven obligadas a combatir estos delitos a medio gas, por la simple razón de que no existen leyes acerca de esta cuestión. El objetivo de la propuesta de la Comisión es corregir esta situación, sugiriendo una actividad conjunta que garantice en la totalidad de los Estados miembros de la UE el carácter punible de todos los casos de fraude y falsificación con medios de pago distintos del efectivo.
El informe del Sr. Schmid se opone a la inclusión en la propuesta de disposiciones relativas al blanqueo de dinero y a la asistencia mutua. En su opinión, en cuestiones de esta importancia únicamente es posible lograr resultados satisfactorios mediante disposiciones de carácter horizontal que abarquen todas las modalidades delictivas. La Comisión se muestra de acuerdo a este respecto, pero habida cuenta de que aún no se ha promulgado este tipo de disposiciones, la regulación deberá, sin embargo, tener lugar en el marco de la acción común. La Comisión está investigando detalladamente todas las propuestas de medidas presentadas por el Sr. Schmid y por el resto de las autoridades, y las tendrá presentes cuando planifique sus actividades futuras.
El otro punto del informe del Sr. Schmid trata sobre la protección del euro ante las falsificaciones. Es un asunto importante y urgente. Esperamos que el euro se convierta en un medio de pago internacional. Por este motivo, cabe pensar la posibilidad de que la delincuencia organizada internacional fije en él su objetivo. Consiguientemente, la Comisión considera que, antes de su puesta en circulación, es preciso crear un sistema eficaz para evitar la falsificación del euro. Por su parte, Ecofin también ha dejado de manifiesto que, antes de su puesta en circulación, se debe dotar al euro de un mecanismo de protección eficaz. Ecofin ha hecho igualmente hincapié en el papel que desempeña Europol en el examen de esta cuestión, y ha instado a la Comisión a proseguir su tarea para llevar a cabo esta iniciativa.
En la comunicación de la Comisión del pasado julio se establecen los objetivos principales en materia de protección desde la perspectiva de la Comisión. A este respecto es necesario concentrarse en los siguientes aspectos: formación, información, sistemas de comunicaciones y bases de datos, cooperación y asistencia mutua en las investigaciones, tipificación del delito de falsificación y adopción de medidas punitivas disuasorias. La Comisión considera que todos los órganos implicados tienen una función que desempeñar: el Banco Central Europeo, Europol, la Comisión -principalmente como autora de las iniciativas legislativas-, los Estados miembros, sus bancos centrales, los cuerpos policiales y los tribunales de justicia.
En último lugar, desearía referirme a Europol. Se ha hablado mucho acerca del reparto de trabajo entre, por una parte, Europol y, por la otra, el Banco Central Europeo y la Comisión. En el futuro sistema, cada uno de estos órganos tendrá su función determinada. El único principio que rige en la toma de decisiones es la eficacia a la hora de proteger el euro. Como ya sabemos, el acuerdo de Europol fue posible tras la adopción de difíciles compromisos relacionados con el carácter delicado de la cooperación en materia de delitos y sanciones, necesaria en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que se considera que estos asuntos están relacionados estrechamente con el derecho de autodeterminación nacional. Sin embargo, la protección del euro es responsabilidad tanto de la Comunidad como de sus Estados miembros. Por esta razón, es necesario dotar a estos trabajos de un marco legislativo adecuado que pudiera ir más allá del acuerdo de Europol. Hasta que llegue ese momento deberemos conferir a Europol el poder para actuar en la prevención de la falsificación dentro de los límites de sus competencias actuales.
Desearía felicitar una vez más a los ponentes por su concienzuda labor.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Utilización más segura de Internet
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40377/98) de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0535/98-97/0337(COD) con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet (Ponente: Sr. Schmid).

Schmid
Señor Presidente, distinguidos colegas, hay un refrán que dice «saber es poder». Si esto es cierto, entonces estamos viviendo actualmente un desplazamiento del poder, desde aquellos que lo han monopolizado un poco hacia muchas personas que de una manera nunca vista hasta ahora tienen acceso al mismo a través de Internet. Internet constituye una posibilidad gigantesca. Pero sabemos también que entraña riesgos. En Internet se encuentran contenidos que o son indeseados o que son delictivos. Por esta razón, es bueno que la Comisión haya propuesto un programa que se enfrente con este problema.
En primera lectura hemos aprobado este programa en lo sustancial, pero hemos propuesto algunas enmiendas. La mayoría de estas enmiendas han sido aceptadas, pero no todas. Por esta razón nuestra comisión mantiene algunas de las enmiendas procedentes de la primera lectura. Cabe distribuir básicamente estas enmiendas en dos grupos. Las primeras van dirigidas a la Comisión y tienen que ver con la ejecución del programa o con cosas que no tenemos que prescribir necesariamente en el texto jurídico, pero en las cuales la Comisión puede velar por que se realicen. Se trata, por un lado, de acciones encaminadas a que Internet no pueda ser objeto de abuso para la trata de mujeres o la trata de niños. En segundo lugar, y sobre todo, queremos tener estudios de tipo preparatorio que vayan encaminados que expliquen a todos los implicados qué necesidades tenemos en el ámbito de la armonización jurídica. Esto es importante, porque toda persecución penal, por ejemplo, de la pornografía infantil está condenada al fracaso en la práctica mientras tengamos edades diferentes de protección para los niños, mientras sea posible mantener anónimamente un servidor o enviar anónimamente un correo electrónico.
Si en el transcurso del presente debate emite la Comisión una explicación satisfactoria en lo que se refiere a la ejecución, podré retirar con la autorización de la comisión las enmiendas 1, 2 y 6. Esto depende de lo que diga ahora el Sr. Liikanen.
Por consiguiente, señor Presidente, le pido una vez más la palabra al final para poder manifestarme brevemente sobre esto.
El otro grupo de enmiendas van dirigidas al Consejo. En el mismo se ha logrado encontrar formulaciones de compromiso con la Presidencia austriaca que serán mantenidas ahora tanto por el Consejo como por nosotros. Se trata de la idea de que deseamos tener una etiqueta de calidad para aquellos ofertantes de servicios de Internet que se atengan voluntariamente a un código de conducta que el sector decida de mutuo acuerdo. Esto facilitará, por ejemplo, a los padres la decisión de con qué proveedor han de contratar los servicios de Internet. El otro deseo era que en las campañas de sensibilización se imprima la menor cantidad posible de papel y que se escoja, donde sea posible, la información electrónica que es más barata.
Como hemos dicho, hemos llegado a compromisos con el Consejo. Esto significa que las enmiendas 3, 4 y 5 se retiran en favor de las enmiendas 8, 9 y 10, que de acuerdo con nuestro Reglamento serán presentadas como enmiendas transaccionales. Hay más enmiendas, que rechazo sin excepción, pues si las aceptamos ello conducirá a que tengamos que entrar en un procedimiento de conciliación. Tal como hemos manejado esto hasta ahora, en concreto, poniéndonos de acuerdo con la Comisión y con el Consejo, evitamos el procedimiento de conciliación y ahorramos unos tres meses de tiempo. Aunque sólo sea por esta razón, yo desaconsejaría aceptar las enmiendas de la 12 en adelante. Por lo demás, la importancia y la calidad de estas enmiendas no son tales como para que el programa se vea perjudicado decisivamente si no las aceptamos.

Iversen
Celebro que hayamos avanzado tanto con este plan de acción y me gustaría elogiar al señor ponente por su excelente informe. Internet es ante todo un invento fantástico que derriba fronteras y abre nuevos caminos que hace sólo diez años no nos habríamos podido imaginar. Internet es una revolución que nos permite comunicarnos con personas de todo el globo. Sin embargo, una organización muy anárquica de Internet también permite que criminales o delincuentes tengan el campo más o menos libre para difundir textos o imágenes ilegales, como por ejemplo, pornografía infantil o proclamas racistas. Es muy difícil acabar con ello. Todos lo sabemos. Celebro la puesta en marcha del plan de acción comunitario que trata de prevenir la difusión de material ilegal. Los usuarios de Internet deben disponer de un control total y la posibilidad de separar automáticamente este tipo de material y por ello debe haber una completa transparencia.
Sin embargo, es muy importante que distingamos entre lo que es ilegal y lo que es indecoroso u ofensivo para la moral. ¿Quién decidirá qué resulta ofensivo y qué moral es la mejor? Lo bonito de Internet es precisamente la ausencia de una censura centralizada. Por ello y en opinión de los socialdemócratas daneses no debe haber una etiqueta de calidad concedida por la Comisión. La Comisión Europea no debe tener la exclusiva de decidir lo que es moralmente conveniente. Tampoco debemos armonizar los códigos penales civiles en los países miembros, sino que, en lugar de eso, debemos trabajar y cooperar en la lucha contra la pornografía infantil, por ejemplo. Ésta es ilegal en todos los países miembros y todos estamos de acuerdo en que viola claramente los derechos de los niños. Pues entonces pongamos en marcha lo más rápidamente posible una acción común de lucha contra la pornografía infantil y ampliemos las competencias de la Europol para así poder combatir las redes internacionales de producción, venta y distribución de material de pornografía infantil.

Cederschiöld
Señor Presidente, Internet era un fenómeno prácticamente desconocido hasta hace sólo un par de años. Hoy es una ayuda diaria casi para todos nosotros. Con Internet es posible ver noticias y mantenerse informado casi en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos. Creo que es una amenaza contra las dictaduras y una seguridad para las democracias. Muchos de nosotros vimos Sarajevo on line , que fue el único contacto con Sarajevo durante un determinado tiempo. Creo que Internet, aunque parezca exagerado, va a tener en los libros de historia la misma importancia que la imprenta de Gutenberg.
En cuanto a propuestas concretas, quiero dar mi apoyo a las líneas directas de información con referencias sobre material ilegal en Internet. Quiero subrayar especialmente la propuesta de autorregulación de providers en Internet. En relación con esto, he propuesto sellos de calidad para los que cumplan con los códigos de conducta del ramo. Espero que la Comisión apoye esta propuesta. Hubo un poco de dudas al comienzo, pero después de algunas reflexiones tengo la sensación de que tanto la Comisión como el Consejo le dan su apoyo. Espero que lleguemos a un acuerdo en este punto. Creo que la autorregulación eficiente es de hecho el mejor camino para conseguir resultados duraderos, ya que ésta es una actividad internacional. Aunque la integridad personal siempre debe cautelarse y protegerse y la existencia de material lesivo o ilegal siempre debe combatirse, es justamente de esta manera como se pueden obtener los mejores resultados.
Quiero felicitar al ponente, Schmid, que ha hecho un excelente trabajo. Ha sido un placer colaborar con él. Quiero elogiarlo por sus bien merecidos resultados.

Thors
Señor Presidente, en primer lugar, es lamentable que el Consejo de Ministros no esté presente para escuchar mi queja sobre su falta de disposición para aprobar las propuestas sobre colaboración judicial. Exhorto en cambio a la Comisión a continuar utilizando plenamente en este terreno las posibilidades que otorga el Tratado de Amsterdam.
En segundo lugar, tengo gran esperanza en relación con el programa de investigación, el quinto programa marco de investigación, que hemos discutido. Creo que esto va a coadyuvar a la presentación de muchas propuestas importantes para que logremos un uso más seguro de Internet, para que las personas le puedan tener confianza y para que consigamos mecanismos que protejan los derechos de autor. Opino que es importante que exista una coordinación entre este plan de acción y las demás medidas con las que contamos.
Estamos ante un problema que tiene dos dimensiones: por una parte tiene que existir protección para los individuos, de modo que se atrevan a usar Internet, a pagar sus cuentas y a enviar mensajes y, por otra, tenemos la necesidad de la sociedad de intervenir. Creo que en primer lugar hay que asegurar las posibilidades de que las personas utilicen Internet, es decir, asegurar la protección individual en esta materia. Hay muchas cosas que la Comisión debería hacer para derribar barreras en relación con la codificación. Hay un Estado miembro que no permite la venta de servicios de codificación, usándose de manera libre, y tenemos a los EE.UU. que también interponen barreras de mercado. La forma de actuar de la Comisión es especialmente importante para el uso seguro de Internet.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, no es nada sorprendente ver cómo se extiende un gran invento como Internet. El público se multiplica al igual que los intentos de controlar y censurar este invento genial, y el Sr. Schmid, nuestro ponente, se ha alzado como portavoz de dichos intentos.
Mi Grupo se opondrá a este informe, porque no es en nombre de la defensa de los colectivos más expuestos -se habla de las víctimas de los pederastas, de las víctimas de la droga- el modo en que debemos hacer frente a estos problemas. Sabemos perfectamente que el problema de la droga debe afrontarse restituyendo al Estado la posibilidad de reglamentar, de legalizar este fenómeno. Sabemos perfectamente también que las redes de pederastas -estas redes que la magistratura de numerosos países no persigue, comenzando por la magistratura belga- no trabajan a través de Internet, y nos agarramos a algo que no tiene nada o muy poco que ver con estos fenómenos criminales. Pienso, por tanto, que hay que hacer frente a los problemas y comenzar a afrontar los problemas reales.

Ford
Señor Presidente, en una vida anterior fui presidente de un comité de censura de películas en Manchester. En el tiempo en que formé parte de él nunca voté a favor de censurar película alguna. Soy partidario de una censura mínima, pero no de la inexistencia de la censura. Hay que mantener fuera del alcance de los niños cierto material; hay que poner etiquetas a cierto material para que quienes -si se quiere- lo investiguen sepan lo que van a recibir. Se debe prohibir cierto material: el pedofílico, ciertos tipos de material pornográfico, en particular las películas pornográficas en las que se muestran asesinatos reales, y cierto material racista.
Lo que sea ilegal en forma escrita debe ser ilegal en Internet. Conozco el argumento del bibliotecario: un bibliotecario no sabe lo que contiene cada uno de los libros, pero, cuando se le señala lo que contienen algunos libros, se espera de él que actúe. Lo mismo debe ser aplicable a los prestadores de servicios en la red Internet.
También quiero decir que el STOA llevó a cabo recientemente un estudio sobre si se puede controlar técnicamente el material que figura en la red Internet. Para cierta sorpresa nuestra, como miembros del STOA, parecía haber buenos medios técnicos para controlar lo que figura en la red Internet -por ejemplo, la pornografía-, por lo que se pueden señalar sectores en los que hace falta investigar y buscar.

De Esteban Martín
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Schmid por su informe. No es la primera vez que debatimos en esta Asamblea sobre este tema. El plan de acción es el resultado de la respuesta obtenida por la Comisión cuando planteó este problema por primera vez, y ha sido desarrollado en coordinación con la recomendación del Consejo sobre la protección de los menores y de la dignidad humana teniendo en cuenta las resoluciones del Parlamento Europeo.
Quisiera destacar los aspectos positivos que esta Asamblea ha pretendido incluir en todas sus resoluciones sobre esta red de información, tomando en consideración lo que Internet representa en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Sin embargo, como todo medio de información, y sobre todo por su accesibilidad, tiene que someterse a unas reglas de seguridad, sobre todo para la infancia. Pero, como siempre, el absoluto respeto a la libertad de expresión e información y el avance en nuevas tecnologías permiten a veces la difusión de material ilegal que puede perturbar otros derechos y libertades.
Este problema ha sido debatido y ha despertado un gran interés en foros internacionales así como en el Consejo de Europa y en la OCDE, y las enmiendas introducidas en primera lectura han permitido que se vuelva a discutir hoy aquí.
Estas enmiendas nos facultaron a cambiar su fundamento jurídico y a adoptar esta propuesta de decisión a través del procedimiento de codecisión, y no a través de consulta simple, incrementando así la participación de esta Asamblea en un tema que, efectivamente, se encuadra en la protección de los consumidores y usuarios de Internet , es decir, de nuestros ciudadanos.
Pero una vez más, como se destaca en el informe, me gustaría insistir en la necesidad de la cooperación judicial y policial, la aproximación de los sistemas para la persecución de estos delitos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y la elaboración de estudios sobre este tema, lo que podrá acercarnos a soluciones concretas.
Este plan de acción nos va a permitir, otorgando fundamento jurídico a su línea presupuestaria, llegar a estas soluciones. Por ello, me gustaría destacar la necesidad de la cooperación interinstitucional que permita allanar este camino hacia soluciones que definitivamente favorezcan a nuestros ciudadanos.

Neyts-Uyttebroeck
Señor Presidente, Comisario, colegas, la vertiginosa extensión del uso de Internet arranca a muchos líderes de opinión exabruptos que son comparables a las reacciones que hace 500 años causó la introducción de la imprenta. También entonces se decía que esa nueva tecnología iba a sembrar confusión en las mentes débiles y que iba a socavar los valores y las normas establecidas.
Dice mucho en favor de la Comisión, del Consejo y de nuestro Parlamento que el plan de acción plurianual para un uso más seguro de Internet se base más en la información, la sensibilización, la autorregulación y los códigos de conducta voluntarios que en la represión y la censura. Por lo tanto, hasta ahora la Unión no ha cedido ante el principio, por lo visto, marxista - eso lo dejo en manos de los que lo dicen - que reza así: la confianza es buena, pero el control es todavía mejor.
Habiendo dicho esto, no soy tan ingenua de creer que por esa razón el Consejo ha eliminado cualquier referencia a una cooperación judicial y penal. Esa eliminación indica que los gobiernos de los Estados miembros abogan, sobre todo verbalmente, por una actuación conjunta contra la delincuencia transfronteriza, pero que incluso se echan para atrás a la hora de hacer un estudio de dicha colaboración. Abogar verbalmente por una mayor seguridad, pero rehusar preparar las acciones necesarias, ni proponerlas siquiera, sólo avivará los sentimientos de inseguridad y de amenaza de nuestros conciudadanos. Colegas, eso a largo plazo es nefasto para la democracia.

Liikanen
Señor Presidente, el Parlamento ha expresado el deseo de que se hagan cambios en la posición común. A la Comisión no le plantea problemas el fondo de la mayoría de las enmiendas. Para ser coherente con su posición en la primera lectura y su propuesta original, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 1, 3 y 13. La Comisión puede aceptar las nueve enmiendas restantes. Sin embargo, ahora el tiempo reviste importancia fundamental. Insto al Parlamento a que examine detenidamente las enmiendas propuestas para evitar los retrasos que podrían producirse en el procedimiento de conciliación. No caben demasiadas dudas de que el plan de acción cuenta con un apoyo mayoritario; no hay un desacuerdo de fondo que impida la aprobación del plan de acción sin mayores retrasos.
En tres casos -las enmiendas núm. 1, 2 y 6-, la Comisión propone que se aborde la preocupación del Parlamento con la siguiente declaración: «La responsabilidad de los intermediarios respecto del contenido de la red Internet se abordará en la propuesta de directiva sobre ciertas cuestiones jurídicas relativas al comercio electrónico que la Comisión se ha comprometido a presentar. La necesidad de contrarrestar la violencia y los malos tratos a mujeres y niños está comprendida en el programa Dafne. La Comisión velará por que se tengan en cuenta debidamente las preocupaciones del Parlamento al aplicar las líneas de acción 1 y 3 respecto de la violencia y los malos tratos a mujeres y niños en la red Internet. Como complemento del estudio sobre la delincuencia y junto con la próxima comunicación de la Comisión sobre los delitos informáticos, la Comisión encargará estudios sobre las cuestiones relativas a las disposiciones substantivas del derecho penal, a que se refiere la enmienda nº 6 de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, a reserva de la disponibilidad de consignaciones presupuestarias y de la obtención de la necesaria aprobación de conformidad con el Reglamento Financiero».
Espero que eso permita la votación de un texto acordado y con ello se pueda ejecutar el plan de acción lo antes posible. A la luz del triste testimonio de este verano, en el que la pornografía infantil ha recibido mucha atención en Internet, todo el mundo conviene en que existe la necesidad urgente de actuar. La aprobación ahora es decisiva para que la Unión Europea mantenga su iniciativa a la hora de abordar el contenido ilegal y perjudicial en la red Internet.
Deseo agradecer al ponente, Sr. Schmid, su muy constructivo planteamiento de la propuesta que figura en el plan de acción.

Schmid
Señor Presidente, después de la declaración de la Comisión, quiero retirar, con la autorización de la comisión, las enmiendas 1, 2 y 6. No tienen objeto. Quiero indicar una vez más que las enmiendas 3, 4 y 5 se retiran en favor de la formulación transaccional con las enmiendas 8, 9 y 10 del Consejo.
Tengo que realizar todavía una puntualización formal: existe una enmienda 7 que tiene algo que ver con la entrada en vigor del programa el 1 de enero del próximo año, pues el 1 de enero de este año está obsoleto. Esta fecha se encuentra una vez más en otro pasaje del programa, para ella vale también, evidentemente, esto mismo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Schmid. Mañana, durante la votación, se tendrán en cuenta sus explicaciones.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Ensayos clínicos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0407/98) del Sr. Amadeo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0369 - C4-0447/97-97/0197(COD) relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano.

Amadeo
Señor Presidente, Señorías, hoy se somete a la atención del Pleno una directiva muy esperada y sumamente importante por las repercusiones que tendrá en el uso de los medicamentos y, en consecuencia, en el valor sustancial de los ciudadanos y de los enfermos europeos y en la defensa de la salud.
Puede parecer extraño que un momento, que me permito definir significativo en la vida del Parlamento Europeo, vea como ponente a un diputado no perteneciente a ningún Grupo político. Considero, y me place subrayarlo, que es una prueba del alto sentido de democracia y del gran respeto e imparcialidad de este Parlamento, y deseo expresar mi agradecimiento a todos los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, en particular al presidente, Sr. Collins, y a los coordinadores de los Grupos políticos, por haberme permitido estudiar y elaborar este informe y, además, por haber contribuido con mucho empeño a mejorar su contenido mediante una serie de enmiendas muy sopesadas, difíciles y realmente apreciables.
Ahora me corresponde la tarea de explicar al Pleno el camino que hemos recorrido para llegar hasta esta sesión plenaria y el contenido de la directiva.
En primer lugar, el método de trabajo. Me percaté enseguida de la importancia y las expectativas que despierta el tema de la aplicación de las buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano y estimé que mi principal cometido debía ser coordinar atenta y objetivamente una serie de propuestas de los expertos en la materia, por lo que organicé una serie de encuentros con las agrupaciones y asociaciones europeas de ciudadanos consumidores, con grupos de pacientes de distintas nacionalidades, con los representantes de comités éticos de distintos países, con las asociaciones de voluntariado independientes, con grupos de investigadores a nivel universitario y hospitalario, con los representantes europeos de empresas farmacéuticas y, al mismo tiempo, atendí a todos los que -particulares o grupos- me solicitaron en reuniones o por escrito, observaciones y consideraciones específicas. En definitiva, he tratado de sintetizar en la exposición de motivos y en las enmiendas todas las diferentes opiniones expresadas para dar una señal importante de democracia, transparencia y participación activa en una propuesta que no debe partir de las instancias superiores sino que ha de ser fruto de un impulso a la acción conjunta, es decir, de todos.
El objetivo fundamental: la gran expectativa que desde hace años caracteriza el mundo científico de la Unión Europea puede tener una aceleración significativa con la aprobación de esta directiva, siempre que efectivamente se logre una armonización. En otras palabras, es necesario que los 390 millones de ciudadanos europeos en su conjunto puedan beneficiarse, con los mismos derechos y deberes, de los resultados de los ensayos clínicos con seres humanos en la Comunidad. Al mismo tiempo, es preciso que todos los operadores del sector de la investigación, tanto públicos como privados, tengan las mismas oportunidades y practiquen una correcta competencia entre sí en los quince países de la Comunidad.
Actualmente, las directrices relativas a las buenas prácticas clínicas sólo tienen valor de referencia y no se aplican de manera homogénea en cada uno de los Estados miembros, que tienen competencia para establecer la legislación pertinente. Nuestro compromiso debe ser el de plasmar los principios y las directrices en un acto legislativo comunitario de carácter obligatorio, puesto que se trata de una actividad que, hoy por hoy, se realiza en centros de ensayo que con frecuencia operan en varios Estados miembros.
Primera observación: la directiva contiene propuestas en materia de ensayos clínicos de medicamentos con seres humanos y de aplicación de buenas prácticas clínicas. Se trata de un texto que atiende la necesidad de armonizar en el ámbito de la Comunidad los procedimientos administrativos y de documentación que regulan los ensayos clínicos, en particular los ensayos multicéntricos. El objetivo declarado en la propuesta es permitir agilizar los trámites administrativos para iniciar un ensayo clínico, al objeto de convertir a Europa en más competitiva respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos, manteniendo, sin embargo, un alto nivel de protección de los sujetos de ensayos.
Segunda observación: sostenemos la necesidad de asegurar a la investigación clínica en Europa un marco de referencia normativo sencillo y unívoco. Europa debería ampliar su capacidad de proporcionar datos clínicos significativos para el desarrollo y registro de productos farmacéuticos, garantizando, entre otras cosas, la uniformidad de los plazos de respuesta y de documentación solicitada, al objeto de que el comienzo de los ensayos coincida en los distintos países. El acceso rápido, aunque controlado, a los ensayos clínicos tiene asimismo valor ético, ya que permite a los pacientes, especialmente a los que sufren graves patologías, recibir rápidamente los nuevos descubrimientos farmacológicos. Esto, además del valor científico, puesto que la posibilidad de publicar y debatir los ensayos permite el desarrollo profesional de los investigadores implicados.
Por último, cabe señalar el valor económico de los ensayos clínicos, habida cuenta de que las inversiones de las empresas en este sector pueden ser considerables y contribuyen a financiar la investigación de base en los centros interesados.
Tercera observación: es indispensable armonizar los aspectos técnicos del texto propuesto con los documentos ya adoptados o en curso de elaboración y en particular los de la ICH (Conferencia Internacional de Armonización), de las buenas prácticas clínicas y de la farmacovigilancia.
Cuarta observación: existe un aspecto especialmente deficiente en la actual propuesta de directiva y es que la misma prevé dos procedimientos: el primero de autorización, el segundo de notificación. Tras largas valoraciones se ha considerado indispensable lograr una armonización que prevea un solo procedimiento, y la Comisión de Medio Ambiente se ha expresado en este sentido a la hora de votar las enmiendas. De hecho, sería oportuno que junto con la solicitud de autorización enviada al comité ético se previera la notificación a las autoridades competentes, que tendrían un plazo de 30 días para, en su caso, formular objeciones. Con este procedimiento, los pacientes estarán doblemente protegidos -comité ético más posibilidad de intervención de las autoridades competentes- y se fijarían plazos claros y breves, ya que, hoy por hoy, los plazos representan el punto más crítico de los ensayos clínicos en Europa. El compromiso es común para todos: armonizar, o sea, establecer un procedimiento único basado en el sistema de notificación. Dicho procedimiento garantizaría: a) la protección rigurosa del paciente, ya que deben respetarse las normas de buenas prácticas clínicas, debe recabarse el dictamen favorable del comité ético y los Estados miembros tienen la posibilidad de intervenir en el plazo de 30 días previsto para, en su caso, formular objeciones motivadas; b) la certeza de los plazos de inicio de los ensayos; c) procedimientos únicos en todos los Estados miembros.
En conclusión, el cometido del Parlamento Europeo rebasa la cuestión de por sí importante del mercado interno y de la competencia y adquiere una dimensión humana que nos compromete a todos muy especialmente. Lo deseable sería lograr con la fuerza de la democracia manifestada por el Parlamento Europeo incitar a la Comisión y al Consejo a establecer normas precisas e iguales para todos los países de la Comunidad.
Señor Presidente, una última aclaración. Las enmiendas 29 y 30 se han vuelto a presentar para garantizar los ensayos también a esos centros que están trabajando en la investigación sin ánimo de registrar medicamentos.La enmienda 14, en mi opinión, debe someterse a votación después de la 31 que es más completa y que, en caso de ser aprobada, haría decaer la 14. La enmienda 35 debe someterse a votación antes de la 16, ya que, en caso de ser aprobada, suprimiría el último apartado de la enmienda 16 y toda la 17.

El Presidente
Muchas gracias, señor Amadeo. Habida cuenta de que al principio de su intervención ha tenido la amabilidad de agradecer a todos los Grupos la posibilidad de elaborar este informe, al final le he permitido hacer tres o cuatro aclaraciones y no sólo una.

Heinisch
Señor Presidente, estimados colegas, la armonización de estas normativas ha de hacerse en dos direcciones principales. En primer lugar, es preciso lograr que se asegure la protección del paciente, lo cual constituye el principal objetivo de la buena práctica clínica. A este respecto, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía nos hemos pronunciado a favor de que por experimentador, según el tenor literal de la directiva, por investigador ha de entenderse inequívocamente un médico y no, como ha propuesto la Comisión, una persona responsable.
Una mejor protección del paciente implica también asegurar que los recursos destinados a la experimentación farmacéutica no se dilapiden en experimentos superados o que se hayan realizado ya en otro lugar. El cumplimiento de los estándares establecidos mediante la buena práctica clínica crea las condiciones para que cese semejante duplicación de los ensayos. En segundo lugar: no debemos perder de vista los intereses de la industria farmacéutica que realiza los ensayos clínicos. Estos ensayos constituyen el requisito imprescindible para poder sacar al mercado nuevos medicamentos. La capacidad de innovación de la industria farmacéutica en gran manera de la eficacia de los procedimientos administrativos que han de ser cumplidos para la realización de los ensayos. Para lograr una simplificación de los procedimientos administrativos, la Comisión ha dado un importante paso, instando a las autoridades competentes para la autorización a que decidan en el plazo de 30 días si se debe llevar a cabo o no un ensayo clínico.
Efectivamente, en algunos Estados miembros -como, por ejemplo, en Alemania- se va visto ya que es absolutamente posible adoptar dentro de este período una decisión administrativa adecuada. Cabe lograr también otra simplificación, abriendo la posibilidad de decidir acerca de determinados ensayos clínicos a través de un mero procedimiento de notificación. Por lo demás, es importante que con la directiva se alcance una armonización conforme a las directrices de la conferencia internacional de armonización, pues los ensayos clínicos que se realicen en Europa no tienen por qué estar sometidos a exigencias más estrictas que los que se realizan en el resto del mundo. Sin embargo, por otro lado, deben satisfacer las exigencias internacionales vigentes en este ámbito. Éstas han sido nuestras propuestas y quiero dar las gracias al Sr. Amadeo por su informe.

Needle
Señor Presidente, quiero acoger con beneplácito la propuesta de la Comisión esta noche y reconocer la labor hecha por el Sr. Amadeo al preparar un informe muy bien elaborado. Ha sido muy cortés para con los demás Grupos esta noche y todos podemos decir que agradecemos el tiempo que se ha tomado y las diligentes gestiones que ha hecho para lograr una transacción en ciertos sectores particularmente difíciles de este informe.
Quisiera subrayar que la legislación europea sobre los ensayos clínicos debe ajustarse a las directrices internacionales establecidas en la Conferencia Internacional de Armonización relativa a los procedimientos clínicos idóneos. Es algo que se debe incluir en la directiva para velar por la armonización. Se trata de un informe muy importante encaminado a reducir la cantidad de trámites burocráticos que requiere la realización y el procedimiento de solicitud de ensayos clínicos sin por ello dejar de velar por que la salud, la seguridad y la confidencialidad de los sujetos de ensayos clínicos reciban la máxima prioridad.
La utilización de escalas temporales del procedimiento de solicitud ha demostrado ser un factor problemático en el debate sobre esta cuestión y ha sido motivo de cierta preocupación en particular entre las industrias farmacéuticas. En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor lo hemos examinado con mayor detenimiento y resulta motivo de particular preocupación en el caso de ensayos hechos en diversos centros en los que los procedimientos administrativos pueden provocar grandes retrasos y confusión incluso antes del comienzo del ensayo. Así, pues, en este informe se ha logrado cierta racionalización para velar por que los ensayos hechos en diversos centros, en particular los que abarquen diversos Estados miembros de la UE, utilicen la misma información y los mismos productos de la máxima calidad.
En comisión acordamos que se debía examinar muy detenidamente el procedimiento para solicitar la realización de un ensayo clínico. Actualmente las compañías o los investigadores pueden iniciar un ensayo clínico sin estar obligados a notificarlo. Entre los sistemas de autorización y de notificación preferimos el de notificación, porque con él, cuando se presenta una solicitud al Comité de Ética, se ha de notificar a la autoridad reglamentadora y el investigador puede iniciar el ensayo, con lo que se reduce la burocracia al mínimo. Además, el Comité de Ética tendría la posibilidad de plantear sus preocupaciones y el investigador tendría que disiparlas.
También acojo con beneplácito las opiniones del ponente sobre el papel de los comités de ética y convengo en que la seguridad y la dignidad de los pacientes debe seguir siendo la prioridad máxima. La introducción de comités de ética con arreglo a la legislación de la UE va encaminada a garantizar la seguridad de los sujetos de esos ensayos. Cuando se reduce el papeleo y se garantiza la seguridad de los sujetos de los ensayos, en particular mediante la participación de los comités de ética, los ciudadanos de la UE pueden beneficiarse de nuevos medicamentos y descubrimientos apasionantes y de productos medicinales innovadores resultantes de ensayos clínicos realizados eficientemente y con más celeridad que hasta ahora.
Por último, agradezco al ponente el compromiso que ha demostrado al redactar un informe muy apropiado y espero con interés una respuesta positiva de la Comisión.

Valverde López
Señor Presidente, creemos que la propuesta de la Comisión es una buena propuesta que podemos aceptar y apoyar. No obstante, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en la que hemos trabajado de forma bastante conjuntada todos los grupos políticos, se han presentado bastantes enmiendas. Expreso mi apoyo a la declaración del colega Needle, que demuestra que el trabajo en comisión ha sido fructífero y que nos presentamos ante el Pleno con una posición ampliamente aceptada.
A pesar de ello, en comisión se aprobaron demasiadas enmiendas -como ocurre últimamente con frecuencia- y algunas de estas enmiendas no son totalmente concordantes e incluso las posibilidades de engarzarlas en un texto coherente no son muchas. De ahí que haya tenido que repetir la enmienda 31, que no cambia lo que se aprobó en comisión pero facilita el entendimiento y la seguridad jurídica de la redacción.
Por otro lado, de cara al sector y a los propios pacientes, creo que hay que repetir aquí, en este Pleno del Parlamento, que se facilitarán los trabajos y que los ensayos quedarán armonizados con un sistema bastante eficaz cuyos elementos son la simple comunicación del inicio del ensayo clínico, un plazo de treinta días y un sólo comité ético. Se ganará en rapidez y también en seguridad jurídica y, por último, quedan suficientemente salvaguardados los derechos fundamentales de las personas, un tema que nos ha preocupado a todos desde el principio. Asimismo, la propuesta asegura un texto concordante con las normas internacionales, que era otro de los objetivos que hemos perseguido.

Dybkjær
Señor Presidente, también me gustaría felicitar al señor ponente por el trabajo que ha realizado en la comisión y me agrada ver la amplia adhesión que la propuesta ha recibido. La propuesta codifica la Declaración de Helsinki, al mismo tiempo que los Estados miembros siguen avanzando en la consolidación de la seguridad de los pacientes, como lo hacen también las enmiendas de la comisión. Hay tres planteamientos centrales que puedan ser motivo de controversia. En primer lugar, está la cuestión de si los Estados miembros deben autorizar un ensayo clínico si el comité ético ha dado su aprobación o si en ciertos casos pueden negar la autorización. En segundo lugar, está la cuestión de si la autorización se obtiene automáticamente al solicitarla y no recibir respuesta o si se debe informar antes de iniciar las pruebas clínicas a pesar de no tener noticias de la autoridad oficial. En tercer lugar, están los plazos dentro de los que el comité ético deberá trabajar.
Quiero decir que el Grupo Liberal apoya la línea general de las enmiendas, mientras que yo misma mantengo ligeras reservas en los tres puntos anteriormente mencionados. Considero tremendamente importante insistir en que los Estados miembros pueden rechazar una solicitud aunque el comité ético haya dado su visto bueno. En realidad, no lo considero un problema práctico importante, puesto que sería raro que el comité ético actuara al margen de intereses políticos. En lo que se refiere a la cuestión de si las pruebas se pueden iniciar automáticamente o si antes hay que informar o tener una autorización positiva, quiero subrayar la importancia de esta cuestión, en mi opinión, a la hora de garantizar la seguridad de los pacientes. No estoy de acuerdo con las enmiendas presentadas sobre los plazos. Las experiencias de comités éticos existentes demuestran que las consideraciones y decisiones éticas llevan tiempo y por ello no se debe dar un plazo demasiado corto para el trabajo de un comité ético.

Cabrol
Señor Presidente, queridos colegas, las normas relativas a la conducta de ensayos terapéuticos ya se vienen aplicando a los ensayos denominados multicéntricos, es decir, aquellos ensayos que aplican el mismo protocolo en 50 o 60 centros de investigación, garantizando así la contratación de entre 2.000 y 3.000 pacientes por un importe de 300 a 500 millones de ecus para un único ensayo. O sea, los retos humanos, sociales y económicos de estos ensayos, destinados a poner a punto medicamentos nuevos, mejor enfocados y, por lo tanto, más eficaces y que sean mejor tolerados por los enfermos.
Independientemente de la notificación del ensayo a las autoridades locales competentes, o del recurso a un procedimiento centralizado ante la Agencia Europea para la evaluación de medicamentos, debe respetarse toda una serie de normas que han sido objeto de enmiendas en comisión. Dichas enmiendas, apoyadas por nuestro Grupo UPE, persiguen objetivos diversos. En primer lugar, garantizar la información completa y objetiva de los pacientes que son susceptibles de participar en el ensayo. En segundo lugar, obtener su consentimiento pleno, mediante documento escrito, firmado y fechado y, por consiguiente, adoptar las disposiciones necesarias para las personas con discapacidades psíquicas. En tercer lugar, recabar la opinión de comités de ética pluridisciplinarios e independientes, es decir, compuestos por médicos y personal sanitario distintos de los que participan directamente en el ensayo terapéutico. En cuarto lugar, imponer a los Estados miembros la adopción de las medidas necesarias respecto a las buenas prácticas de fabricación con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos. En quinto lugar, exigir a los países terceros que exportan a la Unión Europea que aporten pruebas de control de calidad y de la aprobación lote por lote, que permita una rastreabilidad eficaz en caso de incidente.
Todo acontecimiento indeseable grave que aparezca en el territorio del Estado miembro en el que se haya practicado el ensayo debe evidentemente ser señalado. Por último, el investigador deberá ser un médico diplomado, que asuma la responsabilidad del ensayo y, por tanto, que sea competente para evaluar su buen desarrollo y las consecuencias sobre los pacientes que se presten voluntariamente al estudio.
Estamos a favor de la propuesta de directiva según enmienda. Se trata de establecer un marco destinado a promover una investigación terapéutica eficiente al servicio del enfermo.

Ephremidis
Señor Presidente, el informe del Sr. Amadeo es excepcionalmente interesante, además mejora en determinados puntos con algunas de las enmiendas. Sin embargo, creo que haría falta que hubiera más crítica en la propuesta de la Comisión sobre las insuficiencias, las omisiones que hay, y que nosotros fuéramos más atrevidos en propuestas sobre medidas más concretas y más avanzadas de realización de controles, de controles tanto de prevención como de represión, y también en las propuestas sobre sanciones, donde y cuando se descubra intención criminal en aras de la búsqueda del beneficio por parte de los poderosos complejos multinacionales del medicamento. Porque estos complejos, señor Presidente, al estar mezclados también con otros intereses -incluso intereses políticos, todos lo sabemos- utilizan, explotan de la forma más irresponsable a una serie de personas, por ejemplo a enfermos de enfermedades incurables, a personas que están recluidas en distintos centros psiquiátricos o en otras instituciones semejantes por enfermedades mentales o a personas que están privadas de sus libertades -estoy hablando de los presos que se convierten, en contra de su voluntad, en animales de experimentación para probar clínicamente nuevos medicamentos. Y, por supuesto, debemos proteger a estas personas, pero no debemos olvidar que para protegerlas no basta con hacer declaraciones sino que hay que tomar determinadas medidas que, desgraciadamente, no incluye la propuesta de la Comisión. Desgraciadamente, el informe del Sr. Amadeo, a pesar de las enmiendas, no llega a criticar ni a rellenar estos huecos.
Señor Presidente, me asombra que en algún punto del informe se prevean indemnizaciones o remuneraciones; remuneraciones para todos los sujetos de ensayo, indemnizaciones para cuantos sufran lesiones en su salud mental o física por el ensayo clínico de nuevos medicamentos. Es decir, el cuerpo humano, el alma humana se convierten en una mercancía. Aquí vemos que predomina la ley, el tabú de la libre competencia, del derecho de la propiedad industrial, vemos que predomina la opacidad en los programas, en las investigaciones, en las financiaciones. Motivados por este informe debemos superar esto, para que el ensayo clínico de nuevos medicamentos sea benéfico para la salud humana...
(El Presidente interrumpe al ponente)

Breyer
Señor Presidente, estimados colegas, todos estamos de acuerdo en que ha de garantizarse la protección del paciente, y muchos han hablado aquí de un alto nivel de protección; sin embargo, también yo echo de menos aquí una concreción mucho mayor acerca de las características que ha de tener este nivel de protección para las pacientes y para los pacientes.
Yo también mantengo que debemos definir este alto nivel de protección. A este respecto, no me basta con que digamos: precisamente en el caso de las personas que no tienen capacidad para dar su consentimiento ha de ser otra persona la que dé el consentimiento. No. Por esta razón hemos presentado una enmienda que prevé claramente que en las personas carentes de capacidad para dar su consentimiento no debe practicarse ninguna investigación que no comporte una utilidad directa. Esto es muy decisivo pues, entonces ¿qué significa esto en caso contrario? Si no apoyamos aquí esta enmienda, significará de facto que cualquiera, simplemente, podrá dar el consentimiento en nombre de estas personas carentes de capacidad de dar su consentimiento y podrá hacerse investigación en estas personas sin provecho alguno.
En este caso estamos estaremos ente cobayas que son personas a las que hay asegurar un alto grado de protección. Creo que tampoco hemos de olvidar aquí que corremos el peligro de abrir la puerta a la eugenesia si no aseguramos que haya un nivel directo de protección. Precisamente el pasado ha demostrado que no debe practicarse investigación alguna en personas deficientes mentales que no están en condiciones de dar su consentimiento no debe practicarse investigación alguna que no implique una utilidad directa.
Por esta razón pido con toda insistencia que se apoye esta enmienda del Grupo de Los Verdes, para que se garantice esto. Insisto especialmente en esto una vez más de manera expresa sobre el trasfondo de que en este Parlamento también se ha discutido acaloradamente acerca de la Convención sobre Bioética, así como también en muchos grupos sociales. El Gobierno Federal alemán no ha suscrito esta Convención sobre Bioética, precisamente por estas razones que he mencionado. Por consiguiente nuestra suprema tarea debe ser no suscribir una directiva que no garantice que esta protección se brindará especialmente a las personas carentes de capacidad de dar sus consentimiento.
En consecuencia, les pido su conformidad para nuestra enmienda que manifiesta claramente que aquí sólo puede practicarse la investigación que implique una utilidad directa y que todo lo demás queda excluido.

Correia
Señor Presidente, de todos es sabido que las normas relativas a la ejecución de ensayos clínicos en la Unión Europea y en el nivel internacional están codificadas desde 1990 en las directivas sobre procedimientos clínicos idóneos y que la mundialización de la industria farmacéutica ha propiciado necesariamente la armonización en el nivel internacional de las normas consagradas en la Conferencia Internacional de Armonización.
Ahora bien, los Estados miembros disponen de medidas legislativas o administrativas diferentes, lo que provoca retrasos importantes en el lanzamiento de los ensayos clínicos, que, necesariamente se reflejarán en el retraso de la obtención de los beneficios que esa innovación pueda acarrear en su momento para el tratamiento de los enfermos.
A eso se debe la necesidad de que se avance decididamente -y sin perjuicio del principio de subsidiariedad- hacia una racionalización y armonización en lo referente a los ensayos clínicos. Con todo, si bien se debe apoyar y estimular la investigación científica, hay que garantizar la protección de los participantes en dichos ensayos, a fin de que se respeten los derechos y la dignidad del ser humano.
Eso explica la importancia de los comités de ética, que deberían ser transparentes e independientes. La existencia de un Comité Nacional de Ética, que coordinaría los comités regionales y locales, permitiría la existencia de un dictamen único por Estado miembro, sin que por ello dejara de salvaguardarse la independencia de los comités locales para aceptar o rechazar el ensayo. En todos los centros en los que se realicen ensayos clínicos habrá de existir obligatoriamente un comité de ética, cuyo dictamen sea vinculante.
En su formulación participarán, además de los médicos que no participen en esos ensayos, enfermeros y otros profesionales de salud, así como personal no médico, a fin de garantizar la protección de los enfermos y el bienestar de las personas que participen en el ensayo. El investigador, médico o no -y en este último caso deberá haber la garantía de una vigilancia médica-, deberá, sin excepción, obtener el consentimiento informado de todos los participantes en el ensayo o de sus tutores y garantizar su confidencialidad. De ese modo, se promueve la investigación y se salvaguarda el interés de los enfermos y de la industria farmacéutica.

Liese
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, yo también quiero dar las gracias al ponente. En la actualidad, dos terceras partes de todas las enfermedades carecen de tratamiento o de un tratamiento suficiente. Parte de éstas son enfermedades muy crueles que con frecuencia conducen a la muerte. De aquí se sigue la necesidad de la investigación médica y, en especial, de la investigación en el ámbito de los medicamentos. La directiva que es objeto del debate puede ayudar a mejorar la investigación clínica en Europa. En especial, la armonización de los procedimientos ofrece la posibilidad de evitar la duplicación de los trabajos.
Sin embargo, debemos garantizar totalmente en cada caso la protección de los sujetos de la experimentación. Una atención especial debe merecer la protección de las personas que no tengan capacidad de dar su consentimiento, por ejemplo los niños o las personas con minusvalías psíquicas. La propuesta de la Comisión no adopta una posición suficiente al respecto. Más bien, hace referencia a la Convención del Consejo de Europa sobre derechos humanos y biomedicina. Sin embargo, esta convención es discutible y algunos Estados miembros no han decidido todavía si deben ratificarla o no. La Comisión Europea -señor Comisario Liikanen, difunda esto, por favor- debería cesar de incluir esta convención en los documentos jurídicos de la Unión Europea, por ejemplo, bajo el lema de «no necesitamos ocuparnos de las cuestiones éticas, pues lo ha hecho ya el Consejo de Europa».
Necesitamos disposiciones muy estrictas sobre la protección de las personas que no tienen capacidad de dar su consentimiento. En ningún caso han de ser objeto de abuso como cobayas los niños o las personas con discapacidades psíquicas. No obstante, no quisiera dejar así las afirmaciones del Sr. Efremidis, pues creo que la abrumadora mayoría de los responsables en la industria y en las instituciones clínicas no tienen un comportamiento abusivo, sino que respetan las normas relativas a la protección de las personas que son sujetos de la experimentación. Sin embargo, hemos de establecer también claramente estas normas en el marco de esta directiva. No estoy de acuerdo con la enmienda del Grupo de «Los Verdes en el Parlamento Europeo» en el sentido de excluir completamente de la investigación a las personas que carezcan de capacidad de dar su consentimiento, pues de esta manera paralizaríamos precisamente la investigación de las enfermedades infantiles. Algunas enfermedades infantiles no se presentan en los adultos y, por esta razón, tampoco se pueden realizar completamente en los adultos los estudios pertinentes. Por consiguiente, necesitamos normas estrictas, pero no una prohibición total.

Poggiolini
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo también quiero dar las gracias al Sr. Amadeo por el excelente trabajo realizado, así como por la insólita y gran apertura, por la colaboración de todos los colegas de la comisión, por todas las enmiendas que ha admitido y por la colaboración que ha aceptado. Esta propuesta de directiva reviste especial importancia por el delicado sector que pretende regular. La misma se propone homogeneizar los estándares de realización de ensayos clínicos de nuevos medicamentos con seres humanos. Desde 1990 existe una guía de buenas prácticas clínicas, sin embargo, como es sabido, no es obligatoria. En consecuencia, son necesarias normas nacionales armonizadas. Es oportuno, por tanto, prever un solo procedimiento que, hoy por hoy, difiere de uno a otro Estado.
Nosotros hemos optado por la notificación en vez de la autorización y se ha explicado el porqué. No obstante, lo más importante es proteger la salud de los sujetos que se someten a ensayos. A dicho fin, una enmienda que presenté y que fue aceptada por unanimidad por los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, prevé una definición explícita de consentimiento informado: antes de participar en un ensayo clínico, el sujeto del ensayo debe recibir toda clase de información acerca del ensayo de forma fácilmente comprensible y su consentimiento debe prestarse por escrito. Un papel especialmente importante de cara a la protección de los sujetos de ensayo es el que desempeñan los comités éticos; serán estos últimos los que evaluarán la pertinencia del ensayo, el protocolo correspondiente, la aptitud de los investigadores y de las instalaciones disponibles. Los comités éticos valorarán la exactitud y la claridad de la información escrita. La información acerca de los posibles riesgos deberá notificarse de inmediato al patrocinador y al comité ético.
En definitiva, de esta forma lograremos la total seguridad del ensayo. Asimismo existirá una cooperación entre los Estados en beneficio de la investigación de la industria farmacéutica europea y, por ende, de la salud de los ciudadanos que serán tratados de inmediato con los nuevos productos.

Schleicher
Señor Presidente, señoras y señores, en coincidencia con nuestro colega, el Sr. Liese, quisiera destacar que a pesar de los indiscutibles esfuerzos por curar las enfermedades mediante el empleo de medicamentos, todavía no es posible hoy una tratamiento exitoso para cerca de 20.000 enfermedades. Por consiguiente, es imprescindible que en el futuro haya nuevos medicamentos que sean eficaces y más seguros.
En la investigación y desarrollo de los medicamentos es de gran importancia el ensayo clínico, es decir, la constatación del efecto potencial de un medicamento en los seres humanos. Diversos colegas se han referido ya a la cooperación internacional. Consideramos urgentemente necesario que no solamente desarrollemos puntos comunes europeos, sino que establezcamos también acuerdos internacionales. Por esta razón he presentado con el Sr. Valverde tres enmiendas que pretenden destacar esto. A este respecto también es muy importante que entre todas las exigencias de seguridad se trate también -ya se ha mencionadola seguridad de las personas, en especial la protección de los niños y de las personas con limitaciones en su capacidad de obrar.
Nuestro Grupo quiere conseguir que a la hora de la realización de un ensayo clínico las personas reciban una protección total, que el avance terapéutico esté permanentemente a disposición de todos los pacientes, pero también que en Europa se hagan posibles y se mantengan unas condiciones marco fiables, favorables a la innovación, para la investigación, el desarrollo y la producción de medicamentos innovadores. Nuestro colega, el Sr. Amadeo, ha realizado un trabajo muy valioso de cara a estos objetivos y nosotros podemos apoyar en lo sustancial su informe.

Trakatellis
Señor Presidente, de los productos farmacéuticos exigimos las características de la calidad, la seguridad y la efectividad. Las informaciones más importantes sobre estas características las recibimos de los ensayos clínicos en los humanos. Creo que está clarísimo para todos nosotros que estos ensayos clínicos deben llevarse a cabo con normas férreas e inviolables que consigan la protección de la integridad física y psicológica de las personas que se someten a estos ensayos y que también sellen herméticamente la inviolabilidad de su intimidad en la mayor medida posible.
La mayoría de las enmiendas que se someten a votación en el Parlamento Europeo fomentan aún más el texto de la Comisión Europea en cuanto a la protección, permítaseme la expresión, del hombre-animal de experimentación, de los ensayos clínicos con disposiciones detalladas, que prevén desde su completa información sobre los ensayos clínicos y su consentimiento escrito hasta la prestación de compensaciones y la indemnización en caso de lesión o muerte.
Quiero creer que la Comisión Europea va a aceptar todas estas enmiendas. No debemos olvidar cuánto debemos a los voluntarios que se someten a los ensayos clínicos, porque gracias a ellos tiene lugar la apreciación definitiva, principalmente la de la seguridad y de la efectividad de un medicamento, así como el registro de sus posibles efectos secundarios. De esta forma, la sociedad humana se benefició en el pasado, se beneficia en el presente y se beneficiará en el futuro con valiosos medicamentos guardianes de la salud humana, y también instrumentos para su restablecimiento cuando ésta se transtorne.
Finalmente, señor Presidente, se entiende que, si realmente queremos salvaguardar los ensayos clínicos y también la correcta competencia en la producción y comercialización de los medicamentos, las normas de esta directiva deben aplicarse firmemente en todos los Estados miembros. Desearía felicitar ahora al ponente Sr. Amadeo, quien ha mostrado una excepcional disposición para cooperar con la Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Liikanen
Señor Presidente, el Parlamento ha presentado en total una treintena de enmiendas a la propuesta de directiva. La Comisión acepta la mitad de ellas, ya que, o bien complementan de manera favorable la propuesta original de la Comisión, o bien la simplifican. La Comisión acepta sin reservas siete enmiendas. Además de estas siete enmiendas, es posible aprobar sin problemas, previa ligera modificación de su texto, ocho enmiendas más. La Comisión acepta las enmiendas 1 y 6, los apartados 1, 2 y 4 de la enmienda n- 10, y las enmiendas 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 27.
En su propuesta de modificación, la Comisión toma en consideración los siguientes aspectos:
La Comisión tiene previsto incluir en su propuesta de modificación las enmiendas 1 y 6, así como los apartados 1, 2 y 4 de la enmienda n- 10. Estas enmiendas permiten una mayor protección de los participantes en los ensayos clínicos, exigiendo de manera especial un consentimiento basado en el conocimiento de causa, así como la protección del paciente que se recoge en la enmienda 19. La Comisión se muestra de acuerdo con las comisiones competentes del Parlamento en el sentido de que, además de las tareas encaminadas a fomentar los ensayos clínicos, se debe potenciar también la situación del comité ético como receptor de determinadas informaciones, principalmente por lo que respecta a las medidas de seguridad médica durante la realización de los ensayos, puesto que, como bien se sabe, una investigación puede llegar a durar de cinco a diez años. Esta aclaración se refiere a las enmiendas 21, 22 y 27.
La modificación más notable que han presentado las comisiones competentes del Parlamento hace referencia a la supresión del procedimiento opcional para el inicio de un ensayo clínico. La propuesta original de la Comisión recogía como alternativas o bien la notificación a las autoridades competentes, que es un procedimiento judicial común, o bien un permiso oficial concedido por la autoridad competente, alternativa ésta que se presentó para dejar de manifiesto situaciones específicas o muy excepcionales. Las comisiones competentes del Parlamento apoyan exclusivamente el procedimiento de notificación, tal como se expresa en las enmiendas 13, 14, 15 y 18. La Comisión adopta también esta postura y modifica su propuesta original con arreglo a la misma. Además, el objetivo de las enmiendas 23 y 24 es aclarar y precisar las disposiciones relativas a una buena práctica para la fabricación de los medicamentos utilizados en los ensayos clínicos.
La Comisión no acepta aquellas enmiendas que no aporten una mayor claridad a un texto original, ya de por sí, bastante complejo. Esta circunstancia afecta a las enmiendas 3, 8 y 9, a los apartados 1 y 2 de la enmienda n- 12, y a las enmiendas 16, 17, 20, 25 y 26. La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas que modifiquen considerablemente el texto original o que se alejen demasiado de su espíritu o de su fundamento jurídico. Con esto me refiero a las enmiendas 4 y 7, al apartado 3 de la enmienda n- 10, y a las enmiendas 11 y 20, así como a las enmiendas 28 y 36, que reiteran enmiendas inaceptables por parte de la Comisión.
Desearía aún hacer hincapié en la satisfacción de la Comisión por la actitud constructiva que ha mostrado el ponente ante la presente propuesta, y confío en mantener una cooperación eficaz con el Parlamento Europeo a fin de lograr la aplicación del reglamento en un plazo relativamente breve.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.30 horas)

