Aspectos institucionales de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales - Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Kampala, Uganda (debate) 
Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
el informe elaborado por Ramón Jáuregui Atondo, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre los aspectos institucionales de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y
las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Kampala, Uganda.
Ramón Jáuregui Atondo
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pienso que estamos ante un día importante. Yo sé que hay muchos días importantes en esta Casa, pero creo, sinceramente, que, desde que el Tratado de Lisboa se adoptó el primero de diciembre de 2009, el mandato para que la Unión Europea se incorpore al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales es una de las grandes noticias del proceso de integración y de construcción europea.
Creo que estamos asistiendo, por tanto, a la culminación de una vieja aspiración que forma parte del tracto histórico de la construcción europea, porque la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, forman parte del ADN de lo que ha sido en gran parte el tracto histórico de la construcción europea.
Este informe que mañana aprobaremos viene a realizar ese mandato que la Unión Europea tiene desde que el Tratado de Lisboa nos impone esta adhesión. Y querría resumir el contenido de este informe en torno a tres grandes ideas.
De una parte, quiero recordar que no son solo los Estados miembros los que protegen los derechos humanos, sino que ahora es la Unión Europea -con su nueva personalidad jurídica en virtud del Tratado de Lisboa-, es el Derecho comunitario y es el desarrollo del Estado comunitario que puedan realizar los Estados miembros, los que se someten a los principios del Convenio Europeo y a un tribunal externo a la Unión y a los Estados miembros que garantiza, siempre y en todo lugar, el cumplimiento de esos principios.
En segundo lugar, la aportación a la ciudadanía europea, a los ciudadanos europeos, de un nuevo derecho y de un nuevo tribunal: el derecho de los ciudadanos a recurrir a este nuevo tribunal para garantizar el cumplimiento de los derechos que el Convenio establece frente a la Unión Europea o frente a los Estados miembros cuando estos desarrollan el Derecho comunitario.
Inclusive las actividades de la política exterior de la Unión Europea, de la policía, de la seguridad fuera de nuestras fronteras, de la cooperación internacional, están sometidas a los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Significa, en mi opinión, Señorías, un gran avance, históricamente hablando, en el proceso de integración, en la construcción de la noción más esencial de la idea europea, que -como decíamos antes- responde a las exigencias de la ciudadanía europea, de la dignidad humana.
Implica asimismo un reforzamiento del sistema europeo de protección de los derechos fundamentales, porque, junto a la Carta de los Derechos y el Tratado de Lisboa, establece un universo, un marco de protección jurídica casi perfecto y, por supuesto, el más avanzado del mundo. Y refuerza la credibilidad de la Unión frente a los terceros países, a los que, en sus relaciones bilaterales, la Unión Europea siempre estaba exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos.
Este informe desarrolla aspectos institucionales y jurídicos que no voy a relatar. Lo que me importa es destacar que aquí, ahora, se inicia un procedimiento, puesto que la Comisión -y quiero agradecer a la señora Reding la celeridad con la que aprobaron el mandato negociador, y al Consejo Europeo, que lo hará en breves fechas- tiene ya, junto a este informe que se ha elaborado conjuntamente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Exteriores -y quiero agradecer a la señora Gál y al señor Preda su colaboración desde estas comisiones-, una orientación, un marco negociador, que posibilitará una negociación que permitirá volver a este Parlamento para aprobar ese Tratado y permitirá a los países ratificar la adhesión al Convenio Europeo. Una gran noticia, creo yo, señoras y señores.
Diego López Garrido
Señora Presidenta, realmente, como decía el señor Jáuregui, el debate que vamos a tener a continuación -junto con el que acabamos de tener en esta Cámara- es de una extraordinaria importancia y creo que representa ese paso histórico que se da en la humanidad cuando la defensa de los derechos humanos no es solo algo competencia de los Estados -el tradicional agente político, el tradicional sujeto político de los últimos siglos-, sino que se convierte en algo que, en cuanto defensa de la humanidad, traspasa la fronteras de los Estados y establece una serie de mecanismos y de garantías institucionales para una mejor defensa de sus valores universales.
Así es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es probablemente uno de los grandes tesoros que tiene Europa y, por otra parte, la Corte Penal Internacional, más allá de Europa, son el ejemplo de ese paso adelante que se da en nuestro tiempo hacia la globalización de los derechos humanos y la globalización de la defensa de los derechos humanos.
En relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, poco más que añadir a la intervención del señor Jáuregui y a su excelente informe -elaborado junto con los ponentes de opinión Cristian Dan Preda y Kinga Gál- sobre esta cuestión de la firma por la Unión Europea del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Yo quisiera reiterar muchas de las cosas que ha dicho el señor Jáuregui; destacar que efectivamente esta adhesión constituye un elemento de integración europea -por tanto, un fortalecimiento de la Unión Europea- que, además, va a unirse a esa gran novedad del Tratado de Lisboa que es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que van a trabajar en conjunto, y esa es una de las tareas -incluso técnicas, no solamente políticas sino técnicas- del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal de Luxemburgo, sin restarse ninguno de los dos ni un solo milímetro de competencia.
Y además, en esta iniciativa que está prevista en el Tratado de Lisboa, tenemos también un aumento de la credibilidad de la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos, ya que nosotros les pedimos a los países, no de la Unión Europea, pero sí de Europa, que contribuyan al fortalecimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que garanticen que esos derechos establecidos en ese Convenio se respetan y se protegen y, de esta forma, también la Unión Europea como tal, ya no solo sus miembros integrantes, se va a someter a la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, y eso aumenta nuestra credibilidad, como señala este informe del señor Jáuregui muy acertadamente.
En relación con la Corte Penal Internacional, creo que estamos en un momento que vamos a calificar también de "histórico" y de una significación política importantísima, porque se va a reunir dentro de unos días la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, que es la única Conferencia obligatoria que debe reunirse para la revisión, en su caso, del Estatuto de Roma y para hacer un balance de este avance importantísimo que es una Corte Penal Internacional.
Por tanto, estamos también ante un acontecimiento de una gran relevancia que hoy mismo se está examinando en la Unión Europea en el Comité Político y de Seguridad, que mañana se va a ver en el Coreper, y respecto del cual esperemos que la semana que viene se apruebe la resolución del Consejo, para unirnos así a la valoración muy positiva que de la Corte Penal Internacional han hecho ya otros Estados, como son, por ejemplo, los Estados latinoamericanos que están dentro de la organización Unasur.
Estamos ante una Corte Penal Internacional que corresponde a un compromiso de defensa de los derechos humanos y, por tanto, de persecución de los crímenes contra la humanidad a nivel universal, un compromiso de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea. Y quiero recordar que hubo una posición común en el año 2003, que hubo un plan de acción en el año 2004, y que hubo también por parte de la Unión Europea un acuerdo sobre cooperación con la Corte en 2006. Y que todos los Estados miembros de la Unión Europea son hoy parte del Estatuto de Roma y, por tanto, se someten a la Corte Penal Internacional.
Y esto me parece de extremada importancia para destacar, por tanto, el papel que tiene esta Corte Penal Internacional en el mundo y el compromiso por parte de la Unión Europea para su fortalecimiento. Una Corte Penal Internacional que en estos momentos está trabajando esencialmente en el continente africano, pero la Conferencia de Kampala viene a decirles a los pueblos africanos que no estamos contra África, sino que estamos, al contrario, con África.
Por eso es por lo que es también muy importante esta Conferencia de Revisión abierta a todos los Estados, junto con la sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales, y que nos va a permitir hacer una evaluación del estado de la justicia internacional en un momento en el que esta Corte Penal Internacional se está constituyendo como la única Corte Penal permanente internacional.
Viviane Reding
Vicepresidenta de la Comisión. - Señora Presidenta, estoy de acuerdo con todos los oradores y con todos los diputados que han estado trabajando sobre el tema. La adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos es un paso de importancia constitucional. De hecho, completará el sistema de protección de los derechos fundamentales dentro de la Unión, y saben perfectamente bien que el Tratado de Lisboa no lo considera como una opción, sino como una meta.
Por tanto, celebro el hecho de que el Parlamento tenga tanto interés en este documento -y que, a propósito, ha tenido desde el principio- y que se pone de manifiesto en la resolución que ha presentado el Parlamento.
En particular, quisiera mostrar mi agradecimiento a los ponentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior por su excelente cooperación en el archivo. Me gustaría darles las gracias por la audiencia que se ha organizado y que ha resultado ser de gran ayuda y utilidad a la hora de presentar este archivo.
El proyecto de informe presentado por el señor Jáuregui Atondo está, en gran medida, en consonancia con la posición de la Comisión. Permítanme mencionar tres puntos que, en mi opinión, son muy importantes.
En primer lugar, la Comisión comparte la posición de que la adhesión de la UE a los protocolos adicionales del Convenio europeo -que, por cierto, no han sido ratificados por todos los Estados miembros- también es muy deseable. De hecho, muchos de estos protocolos son de importancia capital en lo relativo al ejercicio de las competencias de la Unión y, además, ciertas garantías consagradas en estos protocolos se reflejan también en la Carta. Las directivas de negociación, por tanto, deberían obligar a la Comisión a negociar una disposición que garantice que la Unión puede acceder a cualquiera de los protocolos adicionales.
Por tanto, la decisión a la que tendrán que adherirse de facto los protocolos, por encima del Convenio en sí mismo, deberá tomarla el Consejo por unanimidad después de haber obtenido el consentimiento del Parlamento. Según la opinión de la Comisión, tales decisiones deben contener preferiblemente todos los protocolos adicionales y, además, deben tomarse junto con la decisión que concluya el acuerdo de adhesión propiamente dicho.
En segundo lugar, es importante hacer frente a la situación específica de la Unión como una entidad jurídica distinta investida de poderes autónomos que se va a convertir en una parte contratante para un mecanismo diseñado en un principio para los Estados miembros exclusivamente. Por tanto, es necesario realizar una serie de adaptaciones limitadas y técnicas en términos de procedimientos al Convenio en relación con la naturaleza específica de la legislación de la Unión Europea.
Entre ellas se encuentra el denominado "mecanismo de codemanda" destinado a considerar la aplicación descentralizada de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros. Mediante dicho mecanismo, la Unión obtendrá el derecho a intervenir en el procedimiento como codemandado en los casos presentados contra los Estados miembros cuando la legislación de la Unión esté en juego. Me complace observar que el informe del Parlamento también sostiene esta postura.
En tercer lugar, suscribo plenamente el informe que recomienda la participación de representantes de la Unión en los órganos del Convenio en igualdad de condiciones con respecto a los representantes de las partes contratantes. Esta participación es sin duda un elemento clave en la inserción e integración armoniosas de la Unión en el sistema del Convenio. Ustedes han entendido ahora que esto significa, en particular, la presencia en el Tribunal de Estrasburgo de un juez elegido por cada una de las partes contratantes.
La Comisión está totalmente a favor de contar con un juez permanente a tiempo completo elegido para la Unión, que disfrute de las mismas condiciones y que también tenga los mismos derechos que sus compañeros. A nuestro juicio, contar con un juez ad hoc que sólo interviniera en casos presentados contra la Unión o que estén relacionados con la legislación de la Unión no sería suficiente.
En cuanto al método de elección de un juez para la Unión, debe aplicarse el procedimiento normal estipulado en el Convenio.
Esto significa que la Asamblea Parlamentaria del Consejo elegirá a un juez a partir de una propuesta de tres candidatos presentada por la Unión Europea, y estoy de acuerdo con el proyecto de informe en lo que respecta a que se debe permitir la participación de un número adecuado de miembros del Parlamento en las sesiones de la Asamblea cuando ésta elija a los magistrados del Tribunal Europeo.
El procedimiento de elaboración de la lista de los tres candidatos no es una cuestión para tratarla en el acuerdo de adhesión, sino una cuestión que debemos tratar nosotros. Además, tenemos que hacerlo de conformidad con el régimen jurídico interno, y la idea de que el Parlamento debe participar de una manera similar a la prevista por el artículo 255 en relación con la selección de candidatos para el Tribunal de Justicia resulta una idea bastante interesante que merece recibir una gran consideración.
Señorías, la Presidencia española concede gran prioridad a este expediente, como ustedes saben, y también pretende llegar a un acuerdo antes de finales de junio. Si el Consejo llegara a un acuerdo para entonces -que espero que así sea-, entonces podremos iniciar las negociaciones de adhesión después del verano. Como ya dije hace dos semanas en Bruselas, me aseguraré de que la Comisión -como ente negociadora de la Unión- mantenga al Parlamento plenamente informado durante todo el proceso de negociación.
Todo esto está relacionado con asuntos europeos, pero en el orden del día también tenemos la cuestión de los derechos humanos. Como ustedes saben, un total de 138 Estados dieron un paso adelante en 1998 cuando adoptaron que el Estatuto de Roma creara, por primera vez en la historia, un tribunal internacional permanente para garantizar que los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra rindan cuentas de sus actos. El Tribunal empezó a funcionar en 2003 y ahora, siete años después, tenemos la conferencia de revisión en Kampala, que nos invita a realizar un análisis inicial de las actividades de la Corte, de los retos que tenemos por delante y de la eficacia del apoyo comunitario.
En cuanto a las actividades de la Corte, sabemos que la Corte es totalmente operativa, pero todavía está en pañales. No se ha completado el ciclo judicial, pero la Corte Penal Internacional (CPI) está considerando la situación en cinco países: ya se ha iniciado un juicio, otro va a empezar el 5 de julio y otro caso se encuentra en la fase previa al juicio -todo en la República Democrática Africana (RDA) y en la República Democrática del Congo (RDC)-.
No olvidemos que sólo se trata de un tribunal de última instancia, por lo que la responsabilidad principal recae en los propios Estados. En la mayoría de los casos, la Corte actúa como un catalizador para que los Estados investiguen y procesen los casos ante los tribunales nacionales. Al mismo tiempo, en su corta existencia, la Corte ha sido un poderoso elemento disuasivo para futuras atrocidades porque las personas que comenten delitos saben ahora que la justicia prevalecerá y, en este sentido, la Corte se enfrenta a retos.
La ratificación de Bangladesh ha hecho que el número de Estados miembros adheridos al Estatuto de Roma ascienda a 111. Sin embargo, es muy evidente que tenemos que conseguir una aceptación universal del Estatuto y de la Corte, ya que la Corte necesita la participación y la cooperación de todos los Estados Partes y no Partes, al igual que las organizaciones internacionales y regionales. De hecho, la Corte no puede desempeñar sus funciones sin que los Estados arresten a aquellos para los que la CPI ha dictado una orden de detención; sin que se proteja a los testigos; si no existen prisiones para los que hayan sido condenados, y estos son los motivos por los que la UE ha respaldado a la Corte durante los últimos 10 años a fin de que se puedan solucionar estos problemas.
Nosotros, como UE, desde el principio, hemos sido firmes partidarios del establecimiento de la Corte como un mecanismo esencial en el nuevo orden internacional destinado a acabar con la impunidad que, como bien saben, ha visto a millones de personas en la historia reciente sometidas a crímenes, mientras que sólo se ha procesado a algunos de los responsables.
La UE considera que una efectiva CPI es un instrumento indispensable para la comunidad internacional a fin de poder combatir la impunidad y promover un orden internacional basado en normas. Ese es el motivo por el que hemos apoyado que la Corte utilice los diversos instrumentos que tenemos a nuestra disposición y que el señor Ministro ya ha mencionado. La posición común se tradujo en un plan de acción. Fuimos la primera organización en firmar un acuerdo de cooperación y asistencia con la Corte en 2006, y brindamos a la CPI pleno apoyo político y diplomático con gestiones, diálogo político y declaraciones. La inclusión de las cláusulas de la CPI en los acuerdos internacionales actualmente es una práctica común para la Unión Europea.
Desde el año 2000, la Iniciativa Europea -más tarde denominada Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos- ha aportado 29 millones de euros para apoyar a la Corte directa o indirectamente, en particular mediante campañas mundiales de la sociedad civil. La UE también ha adoptado varias decisiones en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad con miras a fortalecer la cooperación entre los Estados miembros en la investigación y persecución de los delitos del Estatuto de Roma a escala nacional, por lo que hacemos todo lo posible para avanzar en el sistema. De hecho, el sistema necesita más perfección, pero es necesario el compromiso firme de todas las naciones del planeta para que esto sea posible.
Cristian Dan Preda
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. - (RO) Quisiera hacer referencia al informe del señor Jáuregui Atondo. Para empezar, quisiera felicitarle por la elaboración de este excelente informe que, en mi opinión, proporciona una descripción completa de los beneficios y los retos derivados de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Desde la perspectiva de la opinión que he elaborado para la Comisión de Asuntos Exteriores, me gustaría destacar el principal beneficio de la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este paso puede parecer hoy en día, en la fase posterior al Tratado de Lisboa, completamente obvio, pero se ha esperado de forma regular durante los últimos 30 años. Considero que la adhesión a dicho Convenio aumentará la credibilidad de la UE en cualquier diálogo sobre derechos humanos con terceros países, de forma que se volverá a confirmar a todos que la Unión Europea es, ante todo, una comunidad basada en la ley.
Las instituciones de la UE, así como las de los Estados miembros del Consejo de Europa, en consecuencia, estarán sujetas a un control externo e independiente realizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en función de la declaración: "una norma única en materia de derechos humanos, un único Tribunal de Justicia". Desde la perspectiva de contar con una norma única en materia de derechos humanos, debo destacar que la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al mismo tiempo, brinda una oportunidad a la UE para adherirse a otros tratados del Consejo de Europa. Me refiero, por supuesto, a los protocolos adicionales, la Carta Social Europea revisada, que, como ustedes saben, complementa y refuerza esta protección a escala paneuropea. También considero que una mayor participación de las autoridades europeas en los organismos del Consejo de Europa que estén especializadas en la protección de los derechos humanos es una consecuencia lógica de esta norma única en materia de protección.
Otro punto en el que también he hecho hincapié en la opinión que he elaborado para la Comisión de Asuntos Exteriores es que también es necesario encontrar un equilibrio, por un lado, entre preservar las características específicas del sistema judicial europeo y, por otro, entre preservar el sistema de competencias en Estrasburgo, que ha demostrado su eficacia en la protección de los derechos humanos a escala paneuropea.
Kinga Gál
Señorías, en primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la persona responsable de la elaboración del informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el señor Jáuregui Atondo, por su cooperación. Creo que la estrecha cooperación entre la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, junto con la Subcomisión de Derechos Humanos que ha complementado nuestro trabajo, ha abordado con éxito la serie de preguntas relacionadas con nuestra adhesión al Convenio, y ha identificado correctamente las cuestiones emergentes que aún quedan por aclarar.
Yo, personalmente, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, me he centrado sobre todo -y en última instancia así lo confirmó la Comisión- en garantizar que nuestra adhesión represente realmente un valor añadido para los ciudadanos de la Unión Europea y que estos últimos sean conscientes de estos valores y oportunidades, aunque también hay que evitar crear expectativas exageradas.
Hay un sinfín de cuestiones importantes que deben aclararse en el próximo período durante el transcurso de las negociaciones; entre ellas destaca la relación entre los tribunales de Estrasburgo y de Luxemburgo, ya que no habrá cambios en el sistema de competencias de ninguno de estos tribunales. Me parece importante hacer hincapié en que la reforma del funcionamiento del Tribunal de Estrasburgo coincide con la adhesión, y esto debe ser una consideración importante. También me gustaría destacar que esta adhesión sólo tendrá éxito si realmente refuerza las instituciones actuales, y los sistemas judiciales de los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias a tal fin. La adhesión de la UE al Convenio es un experimento único, pero no debe poner en peligro lo que ya está en marcha en relación con la observancia de los derechos humanos. Es muy importante que seamos conscientes de que será un éxito si refuerza las instituciones ya existentes y si realmente aporta valor añadido a los ciudadanos.
Laima Liucija Andrikienė
en nombre del Grupo PPE. - Señora Presidenta, la Conferencia de Revisión de la Corte Penal Internacional (CPI) es un evento muy esperado e importante en la evolución de la propia Corte y, en términos más generales, de la justicia penal internacional.
La conferencia de revisión es una buena oportunidad para que las partes interesadas consideren las deficiencias actuales de la Corte Penal Internacional y propongan posibles cambios o indicaciones para llevar a cabo la reforma pertinente. Me gustaría mencionar varias cuestiones que los Estados miembros, así como la delegación del PE, deben incluir en el orden del día.
Sin duda alguna, una de las cuestiones es la posición de nuestros socios transatlánticos con respecto a la CPI. Me gustaría señalar que la falta de participación de los Estados Unidos en la Corte Penal Internacional es el factor más importante en la reducción de la pertinencia y la autoridad de la CPI. Por tanto, sería muy útil que nuestros socios estadounidenses pudieran manifestar con mayor claridad su posición y compromiso actuales con respecto a la CPI.
También me gustaría instar a la UE a que insista en la discusión -y, a ser posible, en la revisión- del artículo 124, también conocido como la disposición transitoria, del Estatuto de Roma, que permite a los Estados decidir que sus nacionales no estén sujetos a la jurisdicción de la CPI en relación a crímenes de guerra por un período de siete años después de haber ratificado el Estatuto. Se trata de una laguna lamentable que se debe suprimir del Estatuto de Roma.
Por último, quisiera señalar que la UE debe esforzarse por lograr la más amplia ratificación y aplicación del Estatuto de Roma en las relaciones con los países que aún no lo hayan hecho. Debe ser un objetivo de la UE durante las negociaciones de ampliación y las fases de la adhesión de los nuevos Estados miembros de la UE. Debe ser una cuestión prioritaria en el orden del día de nuestras relaciones con Rusia y, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que estamos negociando actualmente las modalidades del acuerdo de colaboración con nuestros socios rusos.
Debora Serracchiani
Señora Presidenta, Señorías, doy las gracias al ponente por su excelente trabajo sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, que beneficia a los ciudadanos europeos: gracias a este Convenio, habrá un nuevo tribunal, fuera de la Unión Europea, que velará por garantizar que la Unión Europea y los Estados miembros siempre respeten los derechos de los ciudadanos europeos.
En virtud del principio de la democracia, la Unión Europea y sus Estados miembros deberían tener siempre el derecho a ser capaces de defenderse por sí mismos. Por tanto, creo que es fundamental que todas las naciones adheridas al Convenio tengan un juez para explicar el contexto de cada recurso, al igual que creo que es importante que el Parlamento Europeo cuente con un organismo informal encargado de coordinar el intercambio de información entre el Parlamento y la Asamblea Parlamentaria del Consejo, y que también se consulte al Parlamento durante el proceso de las negociaciones.
También me gustaría añadir que los ciudadanos europeos tienen derecho a comprender los mecanismos que rigen esta adhesión, de la misma manera que tienen derecho a saber cuáles son sus derechos. Por lo tanto, creo que es esencial que el Consejo de Europa y la Unión Europea consideren el establecimiento de directrices, con una explicación clara de todos los efectos y las implicaciones que conlleva la adhesión.
Andrew Duff
en nombre del Grupo ALDE. - Señora Presidenta, la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos ha tardado mucho en llegar. Es una pieza esencial del rompecabezas cuya imagen final ha de ser un régimen de derechos superiores fomentado por el Tribunal de Justicia y contando después con la supervisión externa del Tribunal de Estrasburgo.
Es una medida necesariamente compleja porque se trata de un quid pro quo para hacer vinculante la Carta de los Derechos Fundamentales. Además, transmite un importante consenso renovado entre los británicos tradicionales, que han favorecido el enfoque intergubernamental del Consejo de Europa, y los federalistas como yo, que hemos favorecido el enfoque supranacional. Este hermanamiento es muy apropiado en este momento en el que existen políticas de coalición en el Reino Unido entre el partido demócrata-liberal y el partido conservador británicos.
Barbara Lochbihler
Señora Presidenta, la aprobación del Estatuto de Roma y el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) es una historia de éxito. Hay muchos ejemplos que demuestran esto, pero lo más importante es que, por primera vez en la historia, ahora es posible que los representantes de alto rango de un Estado -ya sea civil o militar- rindan cuentas por haber ordenado crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La UE ha apoyado la instauración y la labor de la CPI de formas muy diversas y también muy positivas y, en el futuro, debe seguir apoyando y reforzando a la Corte y también protegiendo su independencia. En la próxima conferencia de revisión que tendrá lugar en Kampala, se realizará un balance de lo que ha resultado un éxito y de lo que aún hay que mejorar, y también se cuestionarán estos aspectos. Ahora es el momento más oportuno para reconocer con claridad que los Estados deben esforzarse a escala nacional para adoptar leyes o disposiciones legales vigentes de forma coherente con el fin de respaldar a la CPI.
Muchos todavía son lentos a la hora de actuar cuando se trata de detener a personas de alto rango contra la que se ha emitido una orden de arresto. La Comisaria Reding ha señalado esto. A menudo, el miedo a las dificultades diplomáticas tiene más peso que el entendimiento de que la Corte Penal Internacional necesita un apoyo tangible para poder ser eficaz.
En la conferencia de Kampala es necesario trabajar en la definición del término "guerra de agresión". Un grupo de trabajo dedicado de los Estados que forma parte del Estatuto de Roma ha realizado un trabajo preparatorio de éxito y ya ha presentado un texto adecuado, que también se puede encontrar en nuestra resolución. Hacemos un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que trabajen de forma intensa a fin de incorporar esta definición en el Estatuto y, por tanto, también para incluirla en las competencias de la Corte.
Al hacerlo, es necesario prestar la máxima atención a garantizar que no se introduce ninguna restricción en relación con la independencia de la Corte. Para finalizar, quisiera hacer hincapié en cuán importante resulta insistir en que la UE cuente con representación en la conferencia por parte de personas con el más alto rango posible. Eso sería una señal de nuestro apoyo a la Corte Penal Internacional, así como un ejemplo positivo para otros gobiernos.
Ashley Fox
en nombre del Grupo ECR. - Señora Presidenta, mi Grupo está comprometido a proteger los derechos humanos, pero no estamos convencidos de que sea una decisión sabia permitir que la UE firme el Convenio. Habida cuenta de que todos los Estados miembros ya son signatarios del Convenio, ¿qué beneficios puede aportar el hecho de que la UE también lo firme? Me complacería bastante que alguien en esta Cámara pudiera ponerme un ejemplo práctico de cómo pueden llegar a protegerse mejor los derechos humanos de alguno de mis constituyentes a raíz de la firma del Convenio por parte de la UE.
En la actualidad, los Estados miembros no están obligados a aplicar el Convenio directamente en su derecho interno. Quiero estar seguro de que si la UE firma el Convenio, esa posición no cambiará. No quiero que se vean menoscabadas las competencias del Parlamento británico para cambiar la forma en que decidimos proteger los derechos humanos. Sospecho que uno de los motivos detrás de esta propuesta es el deseo de mejorar la situación de la UE para demostrar que actúa en el escenario internacional. En mi opinión, esa es una muy buena razón para no permitir que la UE firme el Convenio.
Helmut Scholz
Señora Presidenta, mi Grupo acoge con gran satisfacción la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Sin lugar a dudas, se trata del instrumento europeo más importante en materia de derechos humanos y, además, la importancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo -tal vez incluso para el señor Fox- resulta evidente por el hecho de que gestiona un promedio de 30 000 denuncias al año. En 2009, casualmente, había 57 000, y la Corte celebró 2 000 juicios ese año o, para ser más precisos, tuvo que dictaminar estas sentencias.
En la forma del Tribunal de Justicia, la Unión Europea también tiene un tribunal, pero, a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia no es responsable exclusivamente de proteger los derechos fundamentales, y tampoco resulta totalmente equivocado establecer en este punto que el Tribunal de Justicia, en el pasado, no asumió la función de liderazgo exclusiva en la evolución de los derechos fundamentales europeos.
Tanto el Consejo de Europa como la UE piden la próxima adhesión histórica, y pienso que en la sesión plenaria respaldaremos en mayoría esta cuestión en nuestra votación. Tengo la esperanza, sobre todo, de que esto demuestre por sí mismo ser un hecho histórico para los ciudadanos europeos, pues creará un ámbito de derechos humanos aplicables al que estarán vinculados no sólo 47 gobiernos, sino también las instituciones de la Unión Europea. En ese sentido, la UE transmitirá un mensaje firme a los ciudadanos de Europa de que esto no está por encima de la ley cuando se refiere a los derechos humanos y que ellos, los ciudadanos, pueden emprender acciones en caso de que las instituciones comunitarias infrinjan sus derechos humanos.
La forma específica del proceso de adhesión en sí mismo sin duda supondrá algunos problemas, y por tanto es importante que encontremos con rapidez y de forma constructiva las mejores soluciones para problemas jurídicos y técnicos de suma dificultad, para lo que también tendremos que ser receptivos y creativos.
Morten Messerschmidt
Señora Presidenta, es fácil observar los beneficios de la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Beneficiará a aquellas personas que hayan estado empleadas en la UE y a las que se les haya despedido por negarse a poner su firma en cuentas falsas y convertirse en soplones. Estas personas pueden denunciar casos de esta naturaleza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 6. Beneficiará a los diputados del Parlamento a los que se les imponen infracciones exorbitantes y que no tienen dónde recurrir para denunciar estos abusos. Pues estos casos pueden llevarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en virtud del artículo 10. Por tanto, es así de fácil ver los beneficios.
La razón de que mi grupo y yo nos hayamos opuesto a la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos es el hecho de que se observan claramente más desventajas que ventajas. Por ejemplo, no hay duda de que el Tribunal de Justicia, en particular, se serviría de la adhesión para volver a ampliar las competencias de la UE. Cada vez en más ámbitos -en la esfera social, en la política de extranjería y en las libertades fundamentales- vamos a observar cómo va a ser posible utilizar la adhesión al Convenio sobre los Derechos Humanos como un argumento más en favor de una mayor adopción de decisiones a nivel de la UE, lo que supone que los Estados miembros tengan que tomar menos decisiones. No queremos ver una situación en la que los Estados miembros no sean capaces de determinar su propia política en materia de extranjería o de cuestiones relacionadas con sus libertades, la libertad de expresión y todos los demás aspectos contemplados en el Convenio. Estas cuestiones deben seguir siendo de competencia nacional y, por tanto, la UE no debe seguir esta vía.
Nicole Sinclaire
Señora Presidenta, el ponente afirma en su informe que la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos ofrecerá protección a los ciudadanos frente a las acciones de la Unión. Me interesaría bastante más la protección de los habitantes de mi circunscripción, West Midlands en el Reino Unido, contra la acción del Convenio sobre los Derechos Humanos.
Por supuesto, en el Reino Unido, incorporamos esto a nuestra legislación en 1998, permitiendo que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos entrara en vigor en todos nuestros tribunales. En el manifiesto del nuevo gobierno conservador, se prometió que derogaría la Ley de derechos humanos pero, como deberían haber sabido, el Tratado de Lisboa ha hecho de la UE una entidad jurídica y, además, la UE tiene más competencias que el electorado del Reino Unido. Esto nos recuerda a George Orwell. La suerte está echada y, como sabemos, algunas personas son más iguales que otras en lo que respecta a los derechos humanos.
A principios de este mes, mis constituyentes de Meriden y Hatton sufrieron las invasiones de los llamados "viajeros", que han roto la paz y que están realizando desarrollos posiblemente ilegales y no autorizados de lo poco que queda de nuestra tierra "cinturón verde". Gracias al Convenio sobre los Derechos Humanos, estos viajeros tienen derechos especiales protegidos. Tienen prioridad en la educación y también en la atención sanitaria, todo ello a expensas de los contribuyentes locales.
El ponente quiere que impliquemos a nuestros tribunales nacionales y ministerios de justicia en este proceso. Yo digo que el Convenio sobre los Derechos Humanos ha hecho bastante daño. Tal vez el ponente desee visitar mi circunscripción y ver de primera mano la profanación de nuestra tierra. Tal vez le gustaría hablar con los habitantes del pueblo trabajador que han visto cómo se desploma el valor de sus viviendas. Puede inspeccionar las líneas de la policía contratada para mantener la paz y, por supuesto, preservar los derechos especiales de los viajeros. Incluso podría disfrutar del espectáculo de 90 camiones cargados de grava batiendo por los senderos donde los padres caminan con sus hijos. Podría ayudar a los residentes mientras se apresuran a instalar equipos de seguridad en previsión del aumento de la actividad delictiva que suele acompañar a tales evoluciones.
Por supuesto, estas no son más que pequeñas tragedias y no son nada en comparación con el importante proyecto político que es la Unión Europea, pero pensemos que cuando proponemos derechos especiales de un grupo de ciudadanos, automáticamente degradamos los derechos de los demás.
De hecho, el Convenio relativo a los Derechos Humanos ha degradado los derechos de mis electores. No debe ser competencia de los funcionarios no electos decidir quién es especial y quién no. En el Reino Unido tenemos un Gobierno de reciente elección que ha hecho promesas en este ámbito. En nombre de la democracia, llevémoslas a la práctica.
Íñigo Méndez de Vigo
(ES) Señora Presidenta, hace más de 20 años -hace 23 años- tuve la fortuna de asistir en el otro palacio a la firma de un acuerdo entre el entonces Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y el Secretario General del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, para que las entonces Comunidades Europeas se adhirieran al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. ¡Hace 23 años!
Eso me recuerda la respuesta que dio el poeta Heinrich Heine cuando le preguntaron: "¿Dónde le gustaría a usted morirse?". Y él contestó: "En Inglaterra, porque allí todo sucede con 100 años de retraso". Y a raíz de algunas intervenciones que hemos oído, con 200 años de retraso, señora Presidenta. Aunque yo confío en que la influencia del señor Duff en el nuevo Gobierno de coalición liberal-conservador mejore esta situación.
Por tanto, señora Presidenta, mi grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo, está a favor de esta adhesión ya desde hace mucho tiempo y saludamos con cariño, con afecto, el gran informe que ha hecho Ramón Jáuregui -es su primer informe y estoy seguro de que no será el último-.
Y lo hacemos porque nos parece que eso es acrecentar las garantías de los ciudadanos, porque lo que estamos dando es más garantías a la gente de que la legislación de la Unión Europea aplicada por los Estados miembros, de que los actos de la Unión Europea, son conformes a esa tabla de derechos reconocida en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Este informe abre el camino a la resolución de muchos de los problemas de técnica jurídica que se van a presentar; porque no hay que olvidar que el Convenio estaba pensado para ser ratificado y aplicado por Estados miembros. Y la Unión Europea -por mucho que hable la propaganda de algún lado de esta Cámara- no es un Estado ni un superestado, es una organización internacional, y por tanto, aclimatar una organización internacional a algo hecho para Estados tiene dificultades.
La señora Giannakou, que ha sido nuestra shadow rapporteur y que ha hecho una gran labor que agradezco vivamente, hablará de los temas concretos. Yo ahora solamente quiero hacer los mismos votos que ha hecho la Vicepresidenta Reding para que el Consejo -mi amigo Diego López Garrido seguramente velará por ello- rápidamente dé un mandato a la Comisión para negociar y pronto podamos celebrar en esta Cámara, señora Presidenta, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Juan Fernando López Aguilar
(ES) Señora Presidenta, me sumo a la felicitación al ponente, señor Jáuregui, y a los ponentes de opinión que han trabajado en la elaboración de este informe. Y me sumo, sobre todo, para poner en valor que, del mismo modo en que nos hemos ocupado durante este año de mandato de la legislatura del Parlamento Europeo de la crisis económica en la Unión Monetaria, este es el momento de decir que Europa no se hará ni con mercado interior ni con moneda única, sino con ciudadanos.
Y refuerza los derechos de la ciudadanía la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ese Bill of Rights que debe dar cuenta de la dimensión política y ciudadana de la construcción europea.
Y refuerza los derechos de la ciudadanía el mandato contenido en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Esa adhesión no minora ninguno de los derechos fundamentales que garantizan a los ciudadanos europeos los ordenamientos de los Estados miembros por el hecho de ser ciudadanos de esos Estados miembros. Por el contrario, multiplica, refuerza y hace crecer los derechos que nos corresponden a todos juntos como partícipes y sujetos de un proyecto común.
Y quiero poner en valor, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que nos hemos ocupado de todos los problemas -que los habrá- de incardinación del Convenio Europeo de Derechos Humanos dentro de esa cultura compartida del refuerzo y garantía de los derechos y la ciudadanía. Hemos organizado visitas, enormemente fructíferas, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y hemos convocado una tercera conferencia para el 21 de junio en la que van a participar importantes especialistas y magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poner en común una respuesta prefiguradora de la que deberá ser la garantía judicial de los derechos de la ciudadanía.
Un jurista británico, Hart, dejó escrito que no hay derechos sin garantía judicial, no hay garantía judicial sin jueces, del mismo modo en que no puede haber Europa sin ciudadanos y no hay ciudadanos europeos si no son conscientes de que la construcción europea nos hace crecer y refuerza los derechos fundamentales que ya nos pertenecen como miembros de los Estados miembros de la Unión Europea.
Marietje Schaake
Señora Presidenta, mientras analizamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vamos a recordar que su creación realmente marca un éxito para la democracia liberal y un compromiso para el derecho internacional eficaz. Con la ratificación del cumplimiento del Estatuto de Roma por parte de todos los Estados miembros de la UE, hemos empezado el capítulo siguiente por lo que respecta al cumplimiento de nuestras ambiciones y responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos, la paz y la justicia.
Una evaluación crítica es importante, pero la Corte Penal Internacional es ya una institución importante para garantizar que estos valores fundamentales no sean sólo europeos, sino también universales. Se trata de un tribunal de primera instancia, como bien ha comentado la Comisaria Reding, pero de uno importante. La UE y los Estados miembros deben seguir comprometidos con la CPI, o con los principios que tiene por objeto garantizar, mediante la aprobación de las directrices de la UE sobre la CPI. Es una obligación primordial investigar y procesar a quienes cometen crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.
Con el Tratado de Lisboa, estamos trabajando para lograr una efectiva política común exterior de la UE. La Alta Representante debería promover activamente la adhesión al Estatuto de Roma de otros actores globales -China, la India, Rusia y los Estados miembros candidatos importantes, como Turquía-, pero también, el aliado a largo plazo de la UE, los Estados Unidos, debe participar en un diálogo orientado a contribuir a la justicia mundial y debe considerar seriamente unirse a su aliado. Como europea neerlandesa, me gustaría garantizar a nuestros ciudadanos que nunca se invocará la "Ley de invasión de La Haya".
La UE tiene que trabajar de manera constructiva con Turquía y los Estados Unidos para detener la impunidad en Irán, que es uno de los casos más urgentes de agresores y donde el mismo Gobierno practica la ejecución, la violación y la tortura ante sus ciudadanos a diario y de forma sistemática. Tenemos que trabajar por la verdadera globalización o universalización de los derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho, y la Corte Penal Internacional es un instrumento importante para alcanzar este objetivo. También es necesario globalizar el apoyo a esta Corte. El Parlamento Europeo ha estado trabajando de manera constructiva y está unida a este respecto.
Gerald Häfner
(DE) Señora Presidenta, Señorías, por lo que estamos trabajando hoy aquí es por conseguir una extensión de la ley a nivel supranacional. La importancia de esto puede observarse de un solo vistazo a la terrible historia de mi propio país, considerando también las violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar. En realidad, los alemanes no cometieron los crímenes más espantosos de la historia por el hecho de que violaran las leyes, sino porque redactaron leyes que convirtieron en legal lo que era inmoral y eso, por ejemplo, hizo que el asesinato de judíos, comunistas, cristianos, homosexuales y otros se convirtiera en una obligación jurídica. Si estas personas y, sobre todo, los que ordenaron estos asesinatos dicen posteriormente que sólo se limitaron a hacer lo que estipulaba la ley en aquellos tiempos y, por tanto, no se les podía juzgar después por ello, eso demostraría una debilidad increíble en la ley y también en la humanidad.
Por esa razón, lo que hemos hecho aquí con la Corte Penal Internacional representa un paso adelante importante en lo referente a que todas las personas sabrán, en el futuro, que existe un juez más allá de la legislación nacional y que, durante el resto de sus vidas, tendrán que vivir con el hecho de que tendrán que rendir cuentas. Se trata de un gran paso adelante, al igual que la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que nosotros, y yo personalmente, venimos defendiendo desde hace ya bastante tiempo. Me alegro de que seamos capaces de implementar esto juntos hoy aquí y me gustaría dar las gracias al ponente, el señor Jáuregui Atondo, por su excelente informe.
Charles Tannock
Señora Presidenta, mi partido nacional, los conservadores británicos -si alguien no lo sabe, soy conservador- ha manifestado serias preocupaciones en el pasado sobre la CPI y su aplicación de la jurisprudencia criminal internacional, tal y como se encuentra encapsulada en el Estatuto de Roma, en materia de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, el décimo aniversario de la entrada en vigor del Estatuto nos brinda la oportunidad de realizar una evaluación clara de la función de la CPI y, en mi opinión, la Corte, en su haber, está muy pegada a su texto, evitando juicios traviesos y buscando acusar solamente a los tiranos más peligrosos.
El Fiscal Jefe de la Corte, Luis Moreno-Ocampo, ha ayudado a la Corte de forma habilidosa a fortalecer su imparcialidad a escala mundial. La búsqueda agresiva de casos motivados por cuestiones políticas, afortunadamente, no llegó a materializarse, hecho que fue una de las grandes preocupaciones de nuestros aliados americanos. Gran Bretaña se unió a la CPI en el marco de la administración laborista anterior. Tal vez la reciente creación de una coalición conservadora-liberal en el Reino Unido la semana pasada nos ofrece ahora la oportunidad de reevaluar la relación de Gran Bretaña con la CPI y de modificar en Kampala algunos de los ámbitos sujetos a disputas, como la responsabilidad del mando.
No podemos permitir que los intereses vitales nacionales del Reino Unido se vean comprometidos por la CPI, pero, al mismo tiempo, también debemos reconocer que, en ciertas circunstancias, la CPI puede tener un papel constructivo a la hora de poner fin a un clima de impunidad para los dictadores genocidas.
Marie-Christine Vergiat
(FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Ministro, Señorías, me gustaría hablar al mismo tiempo sobre la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y sobre la adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI).
En primer lugar, quisiera dar las gracias a nuestros ponentes por la calidad de sus informes y por su voluntad de integrar las propuestas de todos en un gran espíritu de consenso.
Además de todo lo que se ha dicho en favor de esta adhesión, quisiera subrayar dos puntos que considero importantes: el establecimiento de un control fuera de la Unión y la extraterritorialidad del Convenio, es decir, su aplicación a todas las leyes de la Unión, incluso fuera del territorio de la UE. Permítaseme expresar la esperanza de que las cláusulas de los "derechos humanos y la democracia" lleguen a tener algo más de sentido. Por lo tanto, no sólo debe relacionarse el mandato negociador de la Comisión al Convenio en sí mismo, a todos los protocolos y acuerdos que ya están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, sino que tenemos que comprometernos con mucha rapidez a adherirnos a todos los instrumentos jurídicos de la CEDH a fin disponer de un sistema coherente para la protección de los derechos humanos.
Por cuanto atañe a la Corte Penal Internacional, quisiera expresar dos deseos. En primer lugar, me gustaría que la Unión Europea observara muy de cerca los derechos de las víctimas y de sus representantes legales. Eso implica asistencia legal ad hoc que facilite el acceso a abogados externos especializados.
Señora Comisaria, tengo otro deseo y es que la Unión utilice todo su peso y toda su energía para garantizar que los Estados miembros como un conjunto adapten su legislación al derecho internacional. Francia, en particular, todavía no lo ha hecho. Lo lamento, como también lamento que algunos países grandes, como Estados Unidos, no participen en la aplicación de este derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad.
Andrew Henry William Brons
Señora Presidenta, la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa irá seguida de la legislación que hará que el Convenio forme parte del derecho de la Unión Europea, y también se tratará de otro documento de la organización como referencia externa. Esto significa que el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo tendrá competencias para interpretar y hacer cumplir dos documentos que posiblemente sean opuestos -la Carta de la UE y el Convenio del Consejo-.
He preguntado a varios expertos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior qué sucedería si estos dos documentos o diferentes secciones de uno de ellos entraran en conflicto. ¿Qué documento o sección tendría prioridad en caso de que esto sucediera?
Me han dicho, en primer lugar, que tendría prioridad el documento o sección que concediera mayor nivel de libertad. Luego pregunté cuál sería la decisión en caso de que hubiera dos partes en una disputa y que cada una de ellas alegara derechos opuestos y posiblemente contradictorios -por ejemplo, el derecho a practicar la propia religión sin ser ofendido y el derecho a la libertad de expresión que implique la crítica de los principios de los seguidores de una religión-. Esto no es totalmente teórico como bien ilustra el caso de las caricaturas danesas.
Este fue el caso del perro que no ladraba, o más bien, el de un experto que no se aventuró a dar una opinión. El silencio era tan ensordecedor que era fácil para todos escuchar y comprender. La libertad de expresión siempre se verá sacrificada porque esa es la posición de la UE por defecto. Lo que mejor se le da a la UE es negar la libertad de expresión.
Estamos hablando de dos categorías diferentes en términos de derechos -el derecho político de la libertad de expresión contra el enjuiciamiento por el Estado y el derecho a no ser ofendido por las críticas-. El derecho a no ser ofendido se considera mucho más importante que el derecho a debatir un asunto de interés público. ¿No deberían imponerse restricciones a la libertad de expresión? Se deben imponer restricciones a aquellos que incitan a la violencia, pero las críticas que incumplan con eso no deberían interferir en el derecho penal.
Marietta Giannakou
(EL) En particular, me gustaría felicitar al señor Jáuregui Atondo por su informe y por nuestra excelente cooperación y, por supuesto, al señor Preda y a la señora Gál por su contribución desde las dos comisiones diferentes a las que representan.
La adhesión material de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, a la jurisdicción de la Corte, por supuesto, está basada en el hecho de que la Unión se dotó de personalidad jurídica propia en virtud del Tratado de Lisboa. Por supuesto, algunas personas se preguntan por qué, después de haber incorporado la Carta de los Derechos Fundamentales, tenemos que adherirnos a la jurisdicción del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
En primer lugar, el Tribunal de Estrasburgo, en el sentido de res judicata, adquirió muchas más competencias de las estipuladas en los derechos fundamentales, como ya han dado a entender tanto la Presidencia como la Comisaria Reding.
En segundo lugar, esto de alguna manera establece un vínculo entre la Unión Europea y lo que está sucediendo en Europa en su conjunto, y por lo tanto con los países del Consejo de Europa. Por supuesto, algunas personas se preguntan si esto puede producir complicaciones más generales, pero el informe subraya que no debe haber ninguna apelación transnacional, y que tampoco hay ningún tribunal superior o inferior a otro. La jurisdicción de cada tribunal se limitará a las competencias atribuidas en la misma, como las que tendrá la Unión Europea, por tanto, para el Tribunal de Luxemburgo.
Considero que la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos es un paso importante, ya que es el procedimiento de adhesión a los protocolos relativos a las competencias correspondientes; por supuesto, esto ofrecerá al Parlamento Europeo la posibilidad de participar activamente en las negociaciones y de ayudar a seleccionar a un juez a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Richard Howitt
Señora Presidenta, me siento orgulloso de presidir la delegación de este Parlamento para la conferencia de revisión de la Corte Penal Internacional, para celebrar cómo su creación ha ayudado a instaurar la justicia global y a combatir la impunidad por crímenes contra la humanidad y para representar la determinación de nuestra Unión Europea, en nuestra política exterior y de seguridad común, para trabajar por conseguir la jurisdicción universal de la Corte.
Al solicitar un mejor acceso a la justicia para las víctimas, debemos reconocer que 15 de los 24 países de todo el mundo que han contribuido al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas son nuestros propios países de la UE -pero también deberíamos reconocer con humildad que eso significa que 12 miembros de la UE no han dado tal financiación y que 14 de nuestros países tampoco han designado puntos de contacto nacionales ni han respondido a la encuesta anual, tal como exige la Carta-. La jurisdicción universal en el extranjero se inicia con la aplicación universal aquí en esta Cámara y, Señora Presidenta, tengo que lamentar que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno de coalición del Reino Unido consiste en ir a la conferencia de revisión para oponerse a la jurisdicción por el delito de agresión y oponerse también a la propuesta de Bélgica de incluir el uso de armas prohibidas en el conflicto interno como un crimen de guerra.
La agresión, el uso ilegítimo de la fuerza contra otro Estado, fue procesado por los tribunales de Nuremberg y Tokio a finales de la Segunda Guerra Mundial, y me resulta difícil entender por qué la CPI no debe utilizarse para enjuiciar los crímenes de guerra del siglo XXI. Mientras tanto, no entiendo cómo se pueden justificar diciendo que el uso de gas venenoso o de proyectiles dum-dum es ilegal si se hace a través de las fronteras pero no si se hace dentro de ellas. Ellos dicen que cuando Saddam Hussein gaseó a los árabes de Marsh, o cuando a los manifestantes en Gaza se les disparó con proyectiles cuya metralla estalló dentro de sus cuerpos, los actores de estas acciones pueden hacer esto sin miedo a tener que rendir cuentas. Es bastante simple, están equivocados.
Charles Goerens
(FR) Señora Presidenta, concebida como lo fue para juzgar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la tan esperada Corte Penal Internacional es una respuesta inicial a las víctimas que con tanta frecuencia y, por desgracia, en vano, han exigido compensaciones y también que se haga justicia.
Antes de su creación, muchos de nosotros queríamos que la Corte tuviera una función preventiva. De hecho, ¿podría un organismo internacional autorizado para sancionar a los autores de crímenes tan atroces como los que han tenido lugar en Bosnia, Ruanda, Camboya y Darfur no disuadir a un asesino dictador, que sabía que después de haber cometido sus crímenes, ya no podría volver a sentirse seguro fuera de las fronteras de su propio país, donde fue capaz de actuar con total impunidad?
A este respecto, me gustaría preguntar a la Comisión y al Consejo si creen que el objetivo de la prevención se ha logrado. Por ejemplo, ¿la Comisión sabría decirme si, en su opinión, la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra el Presidente Omar al-Bashir forma parte de la solución o si, por el contrario, forma parte del problema? Personalmente, sigo creyendo que es parte de la solución.
Sea como fuere, ¿qué lecciones se pueden aprender del corto periodo de existencia de la Corte?
Tras haber asumido las lecciones, ¿pretende la Comisión -y esta es mi última pregunta- presentar enmiendas durante la conferencia de revisión de la CPI en Kampala, que será una oportunidad para presentar y, de ser necesario, incluso de adoptar enmiendas al texto que constituye el fundamento jurídico de la Corte?
Konrad Szymański
(PL) Al adherirnos al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, debemos, a toda costa, evitar una serie de graves peligros.
Tenemos un problema significativo en relación a la competencia entre dos tribunales: el de Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Justicia. El hecho de que haya dos documentos en vigor -la Carta de los Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo- va a generar problemas. Será muy difícil explicar a nuestros ciudadanos qué tribunal es el más adecuado para presentar sus reclamaciones. Como resultado, aumentará el número de casos de negativas a examinar un caso por motivos de conflictos de jurisdicciones de los tribunales y de los fundamentos jurídicos implicados. También existe el peligro de que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo reduzca el respeto de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros que forman los principios generales del Derecho en la actualidad. En particular, la adhesión de la Unión al Convenio no debe ser un medio de eludir el protocolo al Tratado de Lisboa, que garantiza al Reino Unido y a Polonia la exención de cualquier efecto inesperado de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Csanád Szegedi
(HU) Señorías, lamento disponer sólo de un minuto para hablar sobre este tema tan importante, así que, les pediría que me permitiesen, no importa cuán corto sea el tiempo disponible, informarles que hay una terrible inundación que está devastando el norte de Hungría, Eslovaquia y Polonia mientras nosotros hablamos. Las vidas de cientos de personas están en juego. Desde esta sede el Parlamento Europeo de Estrasburgo debemos transmitirles nuestra solidaridad y simpatía con las víctimas, y que esperamos que esta inundación destructiva merme tan pronto como sea posible. Pido a los líderes del Parlamento Europeo que ofrezcan asistencia a las víctimas en caso de que fuera necesario. Por el momento, hay varias docenas de ciudades en el norte de Hungría que están totalmente cubiertas por el agua. Esperamos que la suerte y que Dios se apiaden de estas regiones asoladas por el desastre.
El principal problema de este informe es que es importante que todos los presentes, como eurodiputados, elevemos los derechos humanos a una dimensión superior, a saber, la protección de los derechos humanos. La adhesión al Convenio, sin embargo, no aumenta la protección de los derechos humanos. Se trata sólo de la ideología que emerge de los Estados Unidos de Europa, que no apoyamos, desde el momento en que los países soberanos, los Estados miembros, se han suscrito al Convenio. También nos oponemos a la idea de que esta decisión simbólica se adopte como si se sugiriera que formamos parte de un gran imperio.
Carlo Casini
(IT) Señora Presidenta, señor López Garrido, señora Comisaria, Señorías, esta adhesión es sin duda un signo de una de las misiones de la Unión Europea: la misión de defender y promover los derechos humanos.
Una misión que ya está totalmente planteada y confirmada por la historia, por el hecho de que los distintos Estados miembros ya pertenecen al Convenio Europeo del Consejo, por la reiteración de que los principios generales del Convenio y las constituciones de los Estados miembros ahora forman parte de la legislación europea. Por tanto, este gesto simbólico es de suma importancia.
Sin embargo, la traducción de este concepto ideal en normas jurídicas de fondo no es tan simple: el presente informe se refiere principalmente y en última instancia sólo a las cuestiones institucionales, y es completamente aceptable. Debo decir que también quisiera dar las gracias al señor Atondo, y me veo en la obligación de informar que la Comisión de Asuntos Constitucionales -que yo presido- ha aprobado este documento casi por unanimidad. Por tanto, estamos satisfechos con este documento, y no me voy a detener en cada uno de los elementos que lo componen, pues apoyamos plenamente todo lo que han dicho el Presidente del Consejo y la señora Comisaria.
Sólo quisiera hacer una sugerencia, ya que la declaración sobre la presencia institucional de los miembros del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo cuando se reunió para nombrar al juez y a los jueces es un tanto vaga: yo diría que hay un pequeño problema con la relación entre la población de Europa, de la Unión Europea, y las poblaciones de otros países. Por suerte, el Reglamento relativo a la participación y representación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo ya estipula que no puede haber menos de dos por Estado, y no más de 18 en total. Dada la importancia de la Unión Europea, sugiero que debemos trazar la línea en los 18.
Tengo que terminar y, por tanto, quisiera hacerlo diciendo que esta resolución expone un problema digno de ser sometido a un análisis más exhaustivo, en otras palabras, el problema que ya hemos puesto de relieve muchas veces en lo referente a la relación entre los tribunales. Creo que debemos reflexionar un poco más sobre este problema, pero, sobre todo, sobre el problema del espíritu europeo: somos la Unión Europea y, como se indica en el artículo 2 del Tratado de Lisboa, estamos basados en la dignidad humana y en los derechos humanos -y la igualdad se basa en la dignidad humana-. En Europa, no estamos unidos en esta cuestión, por lo que debemos reflexionar profundamente sobre este concepto de la dignidad humana, sus límites y lo que abarca. Sin embargo, ese no es el objeto de esta decisión ni de este informe tan positivo. Para terminar, quisiera dar las gracias al ponente.
Maria Eleni Koppa
(EL) Señora Presidenta, la Unión Europea es, y seguirá siendo, una ardiente partidaria de la Corte Penal Internacional y de su papel en la defensa de la universalidad de los derechos humanos. Todos esperamos que la conferencia de revisión del Estatuto de Roma en Kampala sea un verdadero hito en el desarrollo ulterior de la Corte.
La comunidad internacional está llamada a fortalecer la validez de la institución y a salvaguardar la protección y el mayor fortalecimiento de la independencia y eficacia de la justicia penal internacional. En el marco del proceso de revisión, ya se han presentado las diferentes propuestas, de las cuales la más importante sin duda alguna es la relacionada con el crimen de agresión. Lo más importante hoy en día, sin embargo, es dejar claro que el Parlamento Europeo desea destacar que los crímenes atroces de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Lo que queremos una legislación clara y la cooperación de tantos Estados miembros de la comunidad internacional como sea posible con el fin de acabar con la impunidad mediante un proceso justo e imparcial.
Los criminales de guerra pueden estar totalmente seguros de que tendrán que rendir cuentas por sus acciones. Esta certeza de la imposición de infracciones es la que puede ayudar a prevenir acciones similares en el futuro y a preparar el camino para la reconciliación tras los enfrentamientos violentos.
Por lo tanto, ratificamos nuestro apoyo absoluto a los propósitos de la Corte y nuestra devoción a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y, además, deseamos que la conferencia de revisión que tendrá lugar en Uganda sea un éxito rotundo.
Filip Kaczmarek
(PL) La conferencia de revisión de la Corte Penal Internacional será una importante oportunidad para comprometer a los Estados miembros de la Unión con los valores que, para nosotros, son cruciales. Afortunadamente, existe una convicción generalizada entre los europeos de que los delitos más atroces deben ser juzgados y los autores de los mismos deben recibir el castigo pertinente.
En vista de ello, resulta positivo que la conferencia de revisión se lleve a cabo en África, pues se trata de un continente donde muchos crímenes aún no han sido castigados. El Tribunal de Justicia está llevando a cabo investigaciones en cinco países africanos: Kenia, la República Democrática del Congo, Sudán, Uganda y la República Centroafricana.
Hay que poner fin a la impunidad de quienes cometen crímenes terribles contra sus propios ciudadanos y contra otras personas independientemente de su ciudadanía. El papel de la Corte en este asunto es de importancia capital. Si la Corte hubiera existido hace 70 años, tal vez nunca hubiese llegado a ocurrir la masacre de Katyń. La existencia de un tribunal efectivo puede, por sí mismo, tener un efecto preventivo.
Los Estados europeos deben fortalecer la Corte en sus funciones básicas: la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Es importante que más Estados se adhieran al Estatuto de Roma, porque la eficacia de la Corte depende de la cooperación entre los Estados y las organizaciones internacionales. Por lo tanto, todos los Estados Partes del Estatuto de Roma deben participar en esa cooperación, porque de lo contrario, no podremos llegar a contar con tal eficacia.
Ana Gomes
(PT) Hay temas importantes en el orden del día de la conferencia de Kampala, como el crimen de agresión. Sin embargo, llevar a juicio al acusado Omar al-Bashir actualmente es el paso más significativo en la consolidación de la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional (CPI).
Fue gracias a la presión de la Unión Europea por lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevó los crímenes acaecidos en Dafur ante la CPI. Las órdenes de detención emitidas por la CPI incluyen una para el actual Jefe de Estado de Sudán por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Unión Europea debe actuar de acuerdo con la evaluación de sus observadores en las elecciones de Sudán, quienes concluyeron que las elecciones no habían cumplido con las normas internacionales. Aunque Omar al-Bashir hubiese sido elegido de forma legítima, la Unión Europea debería seguir solicitando que se le pusiera en manos de la justicia. La Unión Europea no puede seguir dando señales contradictorias.
Es imperativo que el Presidente Omar al-Bashir pase a manos de la CPI. De esta forma, se transmitiría un mensaje firme para desalentar a otros dictadores que utilizan la violencia contra su pueblo; sin embargo, de no ser así, se produciría el efecto contrario.
Monica Luisa Macovei
Señora Presidenta, voy a hablar sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Quiero subrayar que yo voy a hablar como abogado.
Me gustaría dirigir la atención al papel del Tribunal de Justicia en la construcción de la adhesión de la Unión Europea al Convenio europeo. En particular, el requisito establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de que el solicitante debe agotar los recursos internos antes de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe incorporarse a un procedimiento que permita que el Tribunal de Justicia siempre tenga la oportunidad de decidir como el último recurso nacional antes de que el Tribunal de Estrasburgo tome cartas en el asunto. Me refiero principalmente a los casos en que los Estados miembros apliquen el Derecho de la UE y en que los Estados miembros sean demandados por particulares tras la aplicación del derecho de la UE. Al Tribunal de Luxemburgo primero se le debe dar la posibilidad de aplicar el Convenio en tales casos. No olvidemos que el Tribunal de Luxemburgo lleva años aplicando el Convenio. En relación con esto, me gustaría recordar el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de en el caso de Bosphorus Airways contra. Irlanda en 2005. Cito: La protección de los derechos fundamentales por el Derecho comunitario puede considerarse equivalente a la que ofrece el sistema del Convenio.
Junto con mis colegas, acojo con satisfacción la adhesión de la Unión al Convenio pero, al mismo tiempo, pido que se realice un análisis muy exhaustivo del procedimiento que vamos a aplicar, pues tenemos que proteger los intereses de los ciudadanos y, al mismo tiempo, preservar lo que funciona bien.
Paulo Rangel
(PT) Me gustaría destacar que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y sus miembros portugueses estamos bastante satisfechos, por así decirlo, por el hecho de que se haya iniciado el proceso de adhesión de Europa al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Al fin y al cabo, en un país como Portugal -que siempre ha estado a la vanguardia en materia de derechos humanos con la abolición de la esclavitud en Portugal ya en 1761 y que fue pionero en la abolición de la pena de muerte-, evidentemente sólo podríamos estar interesados en respaldar este proceso de adhesión.
Me gustaría, sin embargo, dirigir la atención al hecho de que creemos que es muy importante que el Parlamento controle el proceso de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Consideramos que esto resulta esencial desde una perspectiva técnica, jurídica y política, porque el propio Parlamento es una Cámara de los derechos humanos donde los derechos humanos desempeñan un papel muy importante. También me gustaría señalar, señores diputados, que nos parece muy importante que estemos en contacto con muchos terceros Estados; estamos transmitiendo un mensaje muy importante a los miembros del Consejo de Europa (la adhesión de la Unión Europea al Consejo de Europa) que no son Estados miembros.
Para estos miembros del Consejo de Europa, se trata de una señal de fortalecimiento, de un compromiso por parte de la Unión Europea con la situación y los niveles de democracia y respeto en materia de derechos humanos.
Milan Zver
(SL) Honorables representantes de la Comisión y el Consejo, ya ha pasado algún tiempo desde que se limitaron los derechos humanos y las libertades al nivel de cada uno de los Estados-nación. De esta forma, deja de ser un dilema si la Unión Europea debe basarse en acuerdos intergubernamentales o si debe convertirse en una especie de Estado supranacional. Creo que la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos es un paso hacia la ampliación de la libertad humana y la libertad del individuo. Esta medida también aportará valor añadido, y nosotros debemos convertir en nuestro objetivo hacer de la Unión Europea un ámbito donde los niveles de libertad humana sean los más altos del mundo.
Dicho esto, no creo que la Unión Europea vaya a convertirse de repente en un reino de la libertad sólo porque se haya adherido al Convenio. Por el contrario, se seguirán violando los derechos humanos y las libertades, pero es importante que estos derechos y libertades no se encuentren ante una amenaza sistemática y sistémica.
Debemos fortalecer el funcionamiento de los tribunales y de otras estructuras y delimitar sus competencias, y con esto termino.
Janusz Władysław Zemke
(PL) Me gustaría decir algo sobre el tema de la sesión de hoy. Hay que tener en cuenta que, por desgracia, África es un continente donde se han registrado numerosos casos de crímenes y genocidio con carácter frecuente. La Unión Europea no debe ser imparcial ante esta situación. Afortunadamente, la Corte Penal Internacional de Kampala es cada vez más significativa por cuanto atañe a las medidas que se están adoptando contra estos crímenes. Los criminales deben saber que no habrá ningún lugar donde puedan quedar impunes por sus actos. En relación con esto, soy de los que están totalmente a favor de que la Unión respalde el trabajo de la Corte. No creo que hoy podamos plantear cualquier duda acerca de esta cuestión. Creo que deberíamos hablar y pensar sobre qué podemos hacer para que la Corte de Kampala pueda funcionar con mayor eficacia y eficiencia.
Monika Flašíková Beňová
(SK) Como ya se ha mencionado, la adhesión de la UE a este Convenio es, ante todo, un gesto simbólico. A pesar de esto, creo que sólo puede fortalecer el proceso de integración, y que es un paso más hacia la unificación política de la Unión Europea.
Además del simbolismo, esta medida legal también tiene una importancia práctica para la política de la UE sobre derechos humanos. A nivel formal, también eliminará los dobles raseros, a saber, la Unión anteriormente no estaba obligada a observar los derechos humanos. A partir de ahora, sin embargo, las leyes de la UE estarán sujetas a controles judiciales externos en los que se observará el cumplimiento del Convenio.
Otra ventaja práctica de la adhesión de la UE al Convenio será una garantía de protección no sólo para los ciudadanos de la UE y otras personas de la Unión, sino también para todas las personas que sean competencia de la Unión fuera de su territorio. Personalmente, me complace la idea de que el objetivo de la Unión sea respetar plenamente las disposiciones del Convenio en todas sus actividades y relaciones exteriores.
Es importante que el informe presentado mencione las posibles complicaciones técnicas y administrativas de todo el proceso, y que sugiera cómo se puede reducir la complejidad tanto como sea posible. La UE, como un miembro no estatal que se adhiere a un Convenio que fue designado para los Estados, debe tener cuidado de no solicitar cambios innecesarios en el convenido o en su sistema judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya tiene suficiente. Además, las complicaciones innecesarias podrían socavar la legitimidad y la popularidad del proceso de adhesión de la UE al Convenio.
Krisztina Morvai
(HU) Señorías, ya hace casi un año que soy diputada del Parlamento Europeo, y estoy empezando a acostumbrarme a lo que es imposible acostumbrarse, a saber, que el debate de todos los informes siempre sigue el mismo guión. De un total aproximado de 800 parlamentarios, ahora sólo estamos en esta Cámara unos 20 o 30, de los que sólo algunos estamos aquí no por sentido de la obligación, sino simplemente porque no queremos votar en función de la línea del partido, sino basándonos en información convincente y en convicciones personales, y en que todos hayamos tenido la misma experiencia. Planteamos preguntas pero nunca obtenemos respuestas a ellas, salvo quizá para algunas declaraciones generales. Pido sinceramente a la Comisaria responsable de los derechos humanos que esta vez haga una excepción y que responda a mi pregunta con precisión. Mi pregunta es qué valor añadido y que beneficios se derivan de la perspectiva de los ciudadanos europeos mediante la adhesión de la Unión Europea al mismo Convenio de Derechos Humanos al que ya se han adherido cada uno de los Estados miembros de la UE. Le pediría que tenga a bien poner un solo ejemplo que demuestre que más aportará esta adhesión de la UE a los ciudadanos europeos en términos de protección de los derechos humanos. Quisiera agradecerle de antemano que, por una vez, haga una excepción a la regla general.
Barbara Matera
(IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, convertirse en miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone un paso de suma importancia para el crecimiento de la Unión: los dos sistemas de garantías reforzarán la protección de los derechos fundamentales de cada individuo, tanto dentro como fuera de nuestros 27 países, si tenemos en cuenta todos los países miembros del Consejo Europeo. Por tanto, se trata de una oportunidad que no podemos desperdiciar y por la que hemos estado esperando mucho tiempo.
La doctrina y la ley, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal de Estrasburgo, desde hace algún tiempo a esta parte, han estado trabajando para que llegase este momento, o mejor dicho, allanando el camino para este objetivo, porque para mí se trata de un objetivo: se trata de un objetivo para todos nosotros. Por tanto, me veo obligada a mencionar la importancia de la adhesión para todos los ciudadanos de la Unión, quienes en consecuencia tendrá la oportunidad de escalar casos al Tribunal de Estrasburgo contra alguna institución europeo o algún Estado miembro por la protección más amplia de la que disfrutan.
Y termino, a sabiendas de que la independencia de los dos tribunales permanezca invariable, tal como se explica y ratifica claramente en este informe -más que eso, felicito a mi colega por este informe- y en armonía con todos nuestros deseos, con la obvia excepción de la cooperación entre las dos instituciones, que respeten sus propios ámbitos de responsabilidad.
Íñigo Méndez de Vigo
(ES) Señora Presidenta, dos precisiones. Primero, los artículos contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales que también están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos son los mismos y significan lo mismo: artículos 52 y 53 de la Carta; por lo tanto, no hay contradicción alguna.
Segundo, la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo es supranacional. Por tanto, si alguien quiere acudir a este Tribunal por una decisión de la Unión Europea o de la aplicación del Derecho comunitario, previamente tendrá que acudir al Tribunal de Luxemburgo por la vía prejudicial.
Yo comprendo que los eurófobos quieren votar siempre contra Europa, pero que lean, por lo menos por cortesía parlamentaria, el informe del señor Jáuregui, donde todo está claramente establecido.
Diego López Garrido
Señora Presidenta, en relación con el primer punto sobre el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, quiero reiterar la felicitación a los ponentes, así como a la Comisión por el modo en que, de forma muy rápida, ha presentado el proyecto de mandato para la negociación y, también, saludar la intervención del diputado Andrew Duff, que ha dicho con toda claridad que el Gobierno que se ha establecido en el Reino Unido entre conservadores y liberales es absolutamente favorable a la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la Unión Europea y, por tanto, al cumplimiento del Tratado de Lisboa.
Pero ha habido otros compatriotas del señor Duff que han dicho exactamente lo contrario: representantes del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y el representante del Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia -en este caso, no es británico-, así como la señora Sinclaire y, posteriormente, la señora Morvai, que ha dicho con toda claridad: "¿Para qué necesita firmar el Convenio Europeo de Derechos Humanos la Unión Europea si los Estados miembros ya son parte?".
Pero resulta que los Estados miembros han transferido algunas de sus competencias y poderes a la Unión Europea -no los ejercen esos Estados, los ejerce la Unión Europea- y la Unión Europea podría, teóricamente, vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Salvo que se considere que la Unión Europea no tiene ningún poder, ninguna competencia en absoluto. Pero es que sí tiene poderes y competencias que han sido transferidos por los Estados. Luego, no basta con que los Estados miembros hayan firmado el Convenio, hace falta que la Unión lo firme también para culminar esa protección de los derechos humanos en el conjunto de la Unión Europea.
Yo no entiendo cómo personas, como los representantes de estos dos Grupos que he señalado y que han mostrado su euroescepticismo evidente, se niegan a que haya un control supranacional sobre la Unión Europea. Es absolutamente contradictorio que alguien que quiere que la Unión Europea esté controlada o considera que todo lo que hace la Unión Europea es malo o que hay unos malditos burócratas que lo hacen todo muy mal se niegue a que haya un control supranacional sobre la Unión Europea. Es algo absolutamente contradictorio. Habrá otras razones que tienen que ver con los derechos humanos o que tienen que ver con que una organización internacional que defiende los derechos humanos es más legítima, es más fuerte, es más sólida. Otras razones, pero no esas que plantean.
Creo que es muy clara la necesidad de esa firma, y además con esta celeridad que ha empezado ya a mostrar la Comisión. Y como ha dicho el señor Méndez de Vigo: la Comisión se ha dado prisa y el Consejo tiene, también, que darse prisa. Habrá -estoy seguro- una aprobación del mandato para empezar la negociación el 4 de junio en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas y, por tanto, en ese sentido, puede estar tranquilo.
En cuanto al tema de la Corte Penal Internacional, me parece que la Conferencia de Revisión es una reunión muy importante. Es una reunión muy importante en la que la Presidencia -en este caso, yo hablo en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo- va a estar presente y va a establecer y reafirmar con toda claridad que los Estados miembros tienen que colaborar con la Corte Penal Internacional, que los Estados miembros, naturalmente sobre la base del principio de complementariedad, que es un principio básico del funcionamiento de la Corte Penal, van a trabajar en esa línea.
Coincido con uno de los objetivos importantes de esa Conferencia, que es la introducción del delito de agresión, también con que desaparezca del Estatuto de Roma la posibilidad de dilatar siete años la entrega de posibles o hipotéticos criminales de guerra y también con el hecho de que se debata -es una propuesta que ha hecho Bélgica concretamente-si la utilización de determinadas armas en conflictos puede constituir en sí misma un crimen de guerra.
En todo caso, la Presidencia hará una declaración apoyando a la Corte Penal y hará una evaluación, también, de lo que ha supuesto esta Corte Penal. Además, muchos miembros -imagino- del Parlamento Europeo van a estar en la Conferencia de Kampala en estos debates. Creo que, por tanto, esta es una Conferencia muy relevante, con un gran significado político, simbólico, jurídico y legal; habrá decisiones que afectarán a textos legales.
Y, desde luego, es muy de agradecer que el Parlamento Europeo haya planteado este debate de hoy, que nos ha permitido reafirmar nuestros valores comunes, que nos ha permitido además recordar que, en definitiva, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, estamos hablando de personas que han sufrido las atrocidades que quiere perseguir el Estatuto de Roma y que, en última instancia, se trata de luchar contra la impunidad, dejar claro que en el siglo XXI no existe lugar para la impunidad.
Viviane Reding
Vicepresidenta de la Comisión. - Señora Presidenta, la Carta de los Derechos Fundamentales y el Convenio de los Derechos Humanos son textos extraordinarios. Son la base de los valores sobre los que hemos construido nuestra sociedad y nuestra Unión Europea. Creo que son demasiado importantes y demasiado históricos como para dar paso a polémicas políticas de carácter partidista. Debo decir que estoy muy orgullosa de que, en este momento de construcción de la Unión Europea, podamos seguir adelante mediante la puesta en práctica de la Carta de los Derechos Fundamentales y también mediante la adhesión al Convenio de los Derechos Humanos.
Cuando he escuchado lo que han dicho el ponente, Diego López Garrido, y los coponentes, Cristian Preda Dan y Kinga Gál, en su nombre en este Parlamento, sé que son muy conscientes de la labor histórica que ahora está en nuestras manos. El valor añadido de la adhesión se ha explicado muy bien en los textos y también en las contribuciones de muchos de los eurodiputados.
Todos los Estados miembros han firmado el Convenio, pero también -como bien ha explicado el Presidente en ejercicio del Consejo- han transferido competencias sustanciales a la Unión Europea. Por tanto, es normal que la Unión Europea, cuando actúa como Unión Europea, esté sujeta al mismo control externo del Tribunal especializado de Derechos Humanos al que están sujetos los Estados miembros.
Para dar un ejemplo muy concreto, la Comisión Europea podría tomar una decisión contra una industria en el ámbito del derecho de la competencia que podría ser potencialmente impugnada directamente ante el Tribunal de Estrasburgo, que es algo que resulta difícil hacer hoy en día. Como ya han señalado, habrá un montón de ejemplos muy concretos: ejemplos concretos que ayudarán a los ciudadanos porque -y esto es una novedad- ahora tendrán una doble garantía. El Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo juzgará sobre la base de la Carta de los Derechos Fundamentales, que, por cierto, es vinculante para todos los Estados miembros. Esto debería aclararse de una vez por todas.
No puedo entender cómo alguien que tiene un mandato electivo y que ha sido elegido por los ciudadanos puede cuestionar los derechos de dichos ciudadanos. A los ciudadanos les conviene más tener el doble de derechos que no tener ninguno. En este caso, les estamos dando el doble de los derechos y eso es en lo que se basa Europa. De hecho, Europa versa sobre los derechos de los ciudadanos europeos y estoy muy orgullosa de que esta Cámara se pronuncie a favor de tales derechos. Sí, ahora contaremos con la carta de los derechos donde los ciudadanos sabrán que pueden acudir a los tribunales para que se tomen en serio sus derechos.
La cuestión de que ahora vayamos o no a formar parte del Convenio de los Derechos Humanos ya ha dejado de ser una cuestión, pues el artículo 6 del tratado obliga a la UE a adherirse al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Por tanto, creo que deberíamos dejar de debatir acerca de esta cuestión, simplemente porque ya se trata de un hecho constatado.
También debemos saber que esta adhesión no afectará a la posición individual de cada uno de los Estados miembros en relación con el Convenio, pues no hay ninguna ley europea en juego. Esto seguirá siendo así. La relación individual entre un Estado miembro y el Convenio será la misma que ahora. Ahora habrá garantías adicionales en relación con la legislación de la UE.
Por supuesto, hay que analizar la cuestión del riesgo de que las jurisprudencias entren en conflicto. El análisis de esta cuestión está en curso y agradezco al ponente que haya sacado este tema a colación. Hasta el momento, hemos observado que estos conflictos son mínimos, ya que el Convenio ya forma parte de las normas a las que se atiene actualmente el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo y, además, el Convenio sólo funcionará como una norma básica. La Comisión espera que las jurisprudencias de Estrasburgo y de Luxemburgo se desarrollen de forma armoniosa y que converjan en los próximos años.
Voy a pasar a tratar ahora cuestiones más específicas.
En relación con los litigios, tengo que decir que no suponen un problema para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Justicia. Por el momento, se trata de un problema para el sistema de litigios británico, y ya he empezado a tratar esta cuestión con el Gobierno británico para ver si pueden revisar este sistema que, en ciertos casos, puede ser muy perjudicial, por ejemplo, cuando se trata de la libertad de prensa.
Hasta el momento, el Parlamento Europeo, bajo la dirección de sus ponentes, ha hecho un trabajo muy bueno. Cuento con que el Parlamento siga participando en un proceso que, sin duda, será complicado, un proceso largo, donde tendremos que solucionar problemas técnicos -y, de hecho, los problemas técnicos pueden convertirse en políticos-, por lo que espero que el Parlamento siga participando en esta tarea tan complicada.
Por cuanto atañe a las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dejo esta cuestión en manos del Parlamento. En caso de que necesitaran ayuda, yo estaré allí para ayudarles a este respecto, pero es competencia de los parlamentarios intentar encontrar una base común y creo que no será una tarea muy complicada.
En cuanto a la CPI, este Parlamento ha recibido ya al Fiscal, el señor Moreno-Ocampo, y al Presidente de la Corte, el señor Song. Creo que el Parlamento ha transmitido un mensaje muy firme al tomarse en serio la cuestión de los derechos humanos, no sólo dentro del ámbito europeo, sino también fuera de Europa.
También creemos que la conferencia de Kampala es la conferencia internacional más importante dedicada a la justicia internacional en una década. Tenemos que hacer que valga la pena. También en este caso, cuento con el Parlamento porque sé que todos los diputados van a asistir y que expresarán sus opiniones en Kampala.
Sabemos que la UE ha jugado y jugará un papel importante mediante la integración de los resultados de la conferencia en sus políticas en materia de justicia internacional, en la asistencia a terceros Estados y, sobre todo, en todas las negociaciones que lleve a cabo durante los próximos meses y años. En particular, vamos a seguir apoyando la generación de capacidad nacional a fin de fortalecer y permitir que las jurisdicciones nacionales lleven a cabo investigaciones y juicios creíbles y eficaces de los crímenes del Estatuto de Roma.
Nuestra política en este sentido no ha cambiado y tampoco se ha visto menoscabada, pero ahora tenemos una nueva herramienta, y la nueva herramienta es el Tratado de Lisboa, que nos da una nueva capacidad de ser más coherentes y más eficaces a la hora de apoyar a la Corte. En consonancia con el aliciente manifestado por el Parlamento y expresado en la resolución y durante el debate, la Alta Representante y Vicepresidenta y sus servicios seguirán apoyando firmemente la promoción de la adhesión universal al Estatuto de Roma. Lo haremos de forma sistemática en todos nuestros debates con los socios con los que contamos fuera de Europa.
Había dos cuestiones muy específicas a las que me gustaría responder brevemente.
La primera era si una orden de arresto contra el presidente al-Bashir es parte de la solución o parte del problema. La Comisión considera, sin que quepa ninguna duda, que es parte de una solución a largo plazo, ya que esta orden de arresto muestra que, con la instauración de la Corte, la justicia se ha convertido en inminente. No importa la persona de la que se trate, incluso aunque sea un Jefe de Estado, e incluso en caso de que esta orden de detención no se aplique inmediatamente, esta no va a desaparecer porque la CPI es un tribunal permanente, así que permítanme asegurarles que la UE seguirá pidiendo a Sudán que coopere plenamente con la Corte.
Por lo que respecta a la cuestión de si la Comisión va a presentar enmiendas en la reunión de Kampala, aquí la respuesta es "no" porque la UE, como tal, no es un partido -son los Estados miembros los que negociarán las enmiendas-. Sin embargo, la Comisión desempeñará un papel activo en lo que respecta al equilibrio de la conferencia, y confiamos plenamente en que la Presidencia española dirija a las naciones europeas de tal forma que sus voces marquen una gran diferencia en esta conferencia.
Ramón Jáuregui Atondo
Señora Presidenta, quería expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido, porque todos ellos, en su gran mayoría, casi por unanimidad, han manifestado una posición muy favorable al Acuerdo de adhesión que vamos a votar mañana.
Quiero agradecer especialmente a la señora Reding que nos dé la oportunidad de seguir trabajando juntos puesto que, efectivamente, viene una negociación muy compleja y creo que este Parlamento tiene que estar muy cerca de esa negociación.
Me gustaría responder a algunas preguntas y hacer algunas precisiones muy rápidamente. La adhesión no es un acto simbólico, Señorías: tiene valor jurídico. Se preguntan algunos para qué sirve, qué añade. Voy a ponerles un ejemplo.
Pongamos que un concurso de funcionarios de la Unión Europea discrimina a los abogados de Hungría, pongamos por caso, por alguna razón técnica o por lo que fuera. ¿A dónde recurren los abogados de Hungría? Al Tribunal de Justicia. ¿Qué añade la adhesión? La posibilidad de que esos abogados puedan recurrir, si su derecho a la igualdad no ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia, al Tribunal de Estrasburgo. Es un nuevo tribunal, es una nueva oportunidad para garantizar derechos humanos fundamentales, por ejemplo, el de la igualdad. Por tanto, queda clara la aportación no simbólica, sino jurídica, de este hecho.
Dos precisiones, Señorías. Los miembros del Parlamento han expresado su deseo de que la negociación no se limite a la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que se incorporen los protocolos que dicho Convenio ha ido construyendo a lo largo de los años, especialmente los que se refieren a los derechos reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales, puesto que esto dará, efectivamente, una equivalencia entre ambos documentos.
Y, por último, se reclama también por parte del Parlamento la adhesión a organismos e instancias del Convenio y del Consejo de Europa, porque esto permitirá un reconocimiento del sistema universal de protección de los derechos humanos, incluida la Carta Social Europea de Turín.
Presidenta
He recibido una propuesta de resolución al finalizar el debate.
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar el miércoles 19 de mayo de 2010.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Elena Oana Antonescu  
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa crea el marco jurídico para la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH), lo que convierte a la UE en el signatario número 48 del Convenio. La adhesión de la UE a la CEDH completará el nivel de protección establecido por el Tratado de Lisboa a través de la Carta de los Derechos Fundamentales, que tiene fuerza jurídica vinculante.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo adquirirá la autoridad para ejercer el control judicial sobre los actos de las instituciones, los órganos y los organismos de la UE, incluidas las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia, en relación con el cumplimiento del Convenio, por lo que se crea una capa adicional de control judicial sobre los derechos fundamentales dentro del ámbito de la UE. Tras la adhesión de la UE, el Convenio ofrecerá las normas básicas de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Europa y se aplicará con carácter obligatorio, especialmente en situaciones donde el nivel de protección previsto por la UE sea más bajo del que ofrece el Convenio.
Creo que tanto los Estados miembros como la Comisión tendrán que preparar charlas informativas en las que se faciliten explicaciones sobre todas las implicaciones y las repercusiones de la adhesión con el fin de que los ciudadanos de la UE sean plenamente conscientes de la importancia de este proceso.
Corina Creţu  
La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales es un paso lógico a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y, además, aumenta la exhaustividad de la integración y la creación de un espacio político común. La adhesión de la UE al CEDH aportará una mayor coherencia entre la Unión Europea y los países pertenecientes al Consejo de Europa y su sistema paneuropeo de derechos humanos.
En mi opinión, el resultado más importante de la adhesión al CEDH es que los ciudadanos podrán contar con protección contra las acciones de la UE, similar a la protección de la que gozan frente a las acciones de todos los Estados miembros. Se trata de un desarrollo sustancial, dado que los Estados miembros han transferido competencias importantes a la Unión Europea. Es lógico tener la opción de apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a las decisiones adoptadas por la UE en su conjunto. Al hablar de ciudadanía europea, también hay que dotarla de contenido específico, que incluye la oferta de esta opción.
Espero que a los ciudadanos les resulte fácil acceder a este instrumento adicional que se encuentra a su disposición y, en particular, que la decisión de que la UE se adhiera al Convenio ayude a crear un marco más coherente en materia de derechos humanos en el ámbito de la Unión Europea.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg  
En relación con las próximas negociaciones sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, me gustaría llamar la atención sobre la cuestión de las relaciones exteriores. Este es un ámbito que se verá especialmente afectado por la adhesión de la Unión al Convenio. ¿Por qué? En primer lugar, me permito recordar que, en virtud del Tratado de Lisboa, el Tribunal Europeo de Justicia tiene jurisdicción muy limitada en el ámbito de la política exterior. La adhesión al Convenio formará parte de estas limitaciones, garantizando la supervisión judicial externa de todos los aspectos de la actividad de la Unión. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo adquirirá el derecho de evaluar cómo la Unión observa los derechos fundamentales en todos los ámbitos de su actividad y, por tanto, también en materia de política exterior. En segundo lugar, no es necesario recordar a nadie con qué frecuencia surge en las relaciones de la Unión con terceros países la necesidad de observar los derechos humanos, incluso en el foro del Parlamento Europeo. La adhesión al Convenio, por lo tanto, dará credibilidad a la Unión en sus conversaciones con terceros países sobre la cuestión de los derechos humanos. No hay duda de que, al someterse a la supervisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Unión tiene la oportunidad de reforzar el aspecto de los derechos humanos en términos de seguridad y política exterior y, al hacerlo, también tendrá la oportunidad de promover la idea de los derechos humanos con mayor eficacia por todo el mundo, en la medida en que la UE se tome en serio sus propias obligaciones con respecto a los derechos humanos. Esperemos que así sea.
Jarosław Kalinowski
(PL) La adhesión de la Unión Europea al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales es, sin duda, un paso en la dirección correcta en el camino de asegurar a nuestros ciudadanos privilegios equitativos y justos. Debemos asegurarnos de que sus principios se respeten en todos los Estados miembros. Esto mejorará también la cohesión legislativa entre la Unión y los países del Consejo de Europa, y aumentará el número de instituciones a las que los ciudadanos puedan recurrir cuando se violen sus derechos. Asimismo, aumentará la importancia y la credibilidad de las numerosas iniciativas del Parlamento Europeo en el ámbito de la protección de las libertades fundamentales, que son el derecho de toda persona. Sin embargo, no olvidemos que, además de defender los derechos de las personas de terceros países, la Unión primero debe prestar atención de que estos derechos no se infrinjan en los Estados miembros.
Alexander Mirsky  
Hay un país en la Unión Europea donde, durante casi 20 años, se han violado los derechos humanos y las libertades fundamentales de casi el 20 % de la población. Independientemente de este hecho, se aceptó a Letonia en la Unión Europea en 2004. En el momento en que estaban teniendo lugar las negociaciones oportunas sobre la adhesión de Letonia, el Gobierno letón prometió el entonces Comisario de Ampliación, Günther Verheugen, que resolvería el problema de los "no ciudadanos", pero hasta la fecha, con independencia de tales promesas, aún no se ha resuelto la cuestión. Como resultado, hay aproximadamente 340 000 no ciudadanos que viven en el territorio de la UE. En Letonia, son personas de segunda clase, a las que no se les permite trabajar en el sector público, ni tener cargos oficiales, incluso en los distritos donde más del 60 % de la población no son ciudadanos. Hay una ciudad en Letonia, Daugavpils, donde más del 90 % de la población es de habla rusa. A pesar de ello, en la ciudad está prohibido utilizar el ruso como un idioma oficial, y el 30 % de la población no pueden votar en las elecciones locales. Los concejales, elegidos en una ciudad de habla rusa, no están autorizados a utilizar su lengua materna en las reuniones. Por muy curioso que pueda parecer, a estas alturas, la Comisión Europea no ha encontrado ningún argumento ni el momento para influir en el Gobierno letón para que acabe con esta discriminación por cuestiones de idiomas. Es fundamental crear un grupo de trabajo encargado de investigar la situación en Letonia sin demora, de lo contrario, no encuentro sentido a que la UE forme parte del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Debemos dar a conocer de manera clara y sin ambigüedad que hay un país en la Unión Europea donde se han violado de forma cínica los derechos de más del 25 % de la población durante muchos años.
Rafał Trzaskowski  
Cuando hablamos de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, estamos hablando de un trabajo que se viene realizando desde hace 10 años y también hablamos acerca de muchos temores relacionados, entre otras cosas, con la competencia entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Evidentemente, esto derivará en problemas en el ámbito de la jurisdicción y la autonomía del Tribunal de Justicia. Creo, sin embargo, que lo que hemos conseguido después de los 10 años puede significar la complementariedad de los dos sistemas, por lo que tal vez sería necesario apartarse de tal pensamiento jerárquico. El Tribunal de Justicia, durante mucho tiempo, ha seguido la labor del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y viceversa. Ambos sistemas coexisten y no hay competencia entre ellos, así que quizás no haya justificación para tales temores. Necesitamos la adhesión al Convenio por razones simbólicas, pero sobre todo, necesitamos del Convenio, ya que complementará el sistema de protección de los derechos humanos en la Unión Europea y le otorgará mayor credibilidad a los ojos de sus ciudadanos, porque ellos obtendrán protección contra la Unión Europea y sus instituciones, y no sólo contra los Estados miembros, como ha sido el caso hasta ahora. Así que deberíamos estar contentos por el hecho de que el sistema vaya a verse reforzado. Sin embargo, necesitamos un cierto nivel de lealtad a fin de que no socavemos la credibilidad del sistema. Este es el motivo por el que proponemos que los Estados miembros no se acusen entre sí sobre cuestiones relacionadas con la legislación de la UE sirviéndose de las posibilidades que ofrece el Convenio.
