
El Presidente.
   Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el pasado jueves día 10 de marzo de 2005.
El Presidente.
   Lo primero que quiero hacer es saludar, en nombre del Parlamento Europeo, la presencia en la Tribuna diplomática de Monseñor Rallo, enviado especial de la Santa Sede ante el Consejo de Europa.
El Presidente.
   Señoras y señores diputados, la semana pasada todos conocimos la triste noticia de la muerte del Papa Juan Pablo II. Como ustedes saben, esa misma noche envié un mensaje al Vaticano cuyo texto les ha sido distribuido. Y el viernes por la mañana, en nombre del Parlamento Europeo estuve presente en su funeral, en Roma, acompañado del Vicepresidente señor Saryusz-Wolski, dentro de la representación conjunta de la Unión Europea, junto con el señor Barroso.
Creo que hoy todos debemos rendir tributo a la memoria del Papa Juan Pablo II, que deja tras de sí un gran legado a la humanidad con su permanente mensaje de paz, amor y libertad. Dio a todos un gran ejemplo de fe y de coraje y sobrellevó el sufrimiento de sus últimos años con gran dignidad. 
Pero, aquí, desde el Parlamento Europeo debemos, sobre todo, reconocer la gratitud que Europa le debe por su reunificación; sus mensajes de paz y libertad tuvieron, sin duda, una enorme influencia en la caída del sistema comunista: primero en su patria, en Polonia, y luego en todos los demás países del Este de Europa. Su contribución fue, sin duda, decisiva en la caída del muro, que nos trajo, después, el reencuentro entre los europeos del cual este Parlamento es, sin duda, su más alta expresión.
Dignas de memoria fueron sus palabras, aquí, en este Parlamento, al afirmar que Europa necesitaba respirar con sus dos pulmones. Aquellas visionarias palabras son hoy realidad y la Unión Europea avanza en la unidad que todos necesitamos y que él quiso.
Juan Pablo II deja tras de sí un legado de diálogo, de entendimiento y de reconciliación entre las religiones, así como entre los creyentes y los no creyentes. Ha sido un gran hombre y, sin duda, un gran europeo, que permanecerá en la memoria colectiva de este Parlamento. Por eso y por otras muchas razones quiero pedirles ahora que se recojan todos juntos en un minuto que recuerde su memoria.
El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día del presente período parcial de sesiones, tal como fue establecido en la Conferencia de Presidentes el pasado jueves día 7 de abril, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento.
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación.
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha presentado una solicitud dirigida a que la Comisión realice una Declaración sobre las importaciones ilegales de maíz BT 10 en la Unión Europea. Tiene la palabra el autor de la propuesta, señor Graefe zu Baringdorf.
Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, el hecho es que Syngenta ha venido importando a Europa durante años maíz modificado genéticamente, sin que sea posible determinar si por error o de forma intencionada. Las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de ello antes de que nos lo notificaran; han permitido que la situación continuara y hasta ahora no ha sido informada la Comisión. Me gustaría de verdad que la Comisión nos dijera hasta qué punto podemos esperar que estas prácticas estén debidamente controladas en el futuro. Pedimos explicaciones al respecto.
El Presidente.
   ¿Alguien desea intervenir a favor de la propuesta? Nadie. ¿Alguien desea intervenir en contra? 
Grossetête (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, es una iniciativa que vale la pena, pero en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos estimamos que sería preferible tener un debate con la Comisión Europea en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para seguir los procedimientos habituales y otorgar a dicha comisión la responsabilidad sobre este asunto. Por así decirlo, ello contaría con el pleno acuerdo del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el señor Florenz.
El Presidente.
   Sometemos a votación la propuesta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, de incluir una declaración de la Comisión sobre las importaciones ilegales del maíz BT 10 en la Unión Europea.
Swoboda (PSE ).
    Señor Presidente, lo apretado del resultado y la declaración de la señora Grossetête me hacen suponer que, una vez que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria haya tratado este tema, volverá a la Cámara.
El Presidente.
   Por supuesto. Una cuestión de orden. No le voy a pedir el artículo que invoca porque tampoco se lo he pedido al señor Swoboda, pero dígame en qué consiste.
Piskorski (PPE-DE ). –
    Señor Presidente, quiero manifestar que he votado en contra de la propuesta, pero lamentablemente no he utilizado la tarjeta electrónica para hacerlo. Deseo que quede registrado. 
El Presidente.
   Usted sabe que el voto electrónico requiere la introducción de la tarjeta. Sin tarjeta no se puede votar en el voto electrónico por definición, y yo no puedo saber quién tiene tarjeta y quién no. No alcanzo a ver si usted tiene tarjeta o no. Es el ordenador el que cuenta los votos. El suyo obviamente no ha podido ser contabilizado si no tenía usted tarjeta. Lo siento mucho.
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación.
Hemos recibido dos solicitudes en relación con los puntos incluidos en los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho.
Por una parte, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha solicitado que se sustituya el punto Bangladesh por el tema Birmania. Y por otra parte, el Grupo del Partido Popular Europeo ha solicitado que se sustituya el punto Lampedusa por el tema Birmania.
Votaremos primero la solicitud del Grupo Socialista. En el caso de que se aceptase, la solicitud del Grupo del Partido Popular decaería. ¿Alguien desea explicar la solicitud del Grupo Socialista?
Napoletano (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, nuestra petición es muy clara: pedimos que se cambie el punto sobre Bangladesh por el punto sobre Myanmar, porque consideramos que la situación en este último país es más urgente. No creo que la propia Delegación para las Relaciones con los Países de Asia Meridional espere una resolución sobre Bangladesh en este momento, mientras que sería conveniente que el Parlamento se pronunciara sobre Myanmar. 
El Presidente.
   ¿Alguien desea expresarse a favor? Señor Salafranca.
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ).
    Señor Presidente, simplemente quiero decir que la petición que hace la presidenta de la delegación competente, señora Gill, es una propuesta muy razonable, porque permitiría retrasar este debate de urgencia a una sesión ulterior, dando tiempo a que la delegación competente se reúna, y que mi Grupo estaría dispuesto a apoyarla siempre que el Grupo Socialista apoyase otra propuesta razonable que nosotros hemos hecho: la de que la resolución de urgencia sobre Lampedusa se trate en un momento ulterior, dando tiempo a que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pueda realizar una misión, como en principio ha decidido, sobre el terreno.
Señor Presidente, me gustaría que el Grupo Socialista se pronunciase al respecto.
El Presidente.
   Usted está a favor bajo condiciones, pero no voy a preguntar ahora al Grupo Socialista si acepta sus condiciones, porque entonces estaríamos escenificando una negociación en el Pleno y no creo que sea oportuno. ¿Alguien desea expresarse en contra? 
Frassoni (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, desearía destacar que llevamos ya varias semanas intentando llamar la atención de esta Cámara y de la opinión pública europea en general sobre la cuestión de Bangladesh, un país en que las tensiones internas son cada vez mayores.
También me gustaría señalar que a pesar de la oposición de la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de Asia Meridional, esto no significa que la situación en este país no necesite debatirse urgentemente. Los motivos se me antojan bastante engañosos, de modo que estamos a favor de mantener este punto en el orden del día. 
El Presidente.
   Vamos a someter a votación la propuesta del Grupo Socialista que consiste en sustituir el punto Bangladesh por el tema Birmania.
Vamos a someter a votación la solicitud del Grupo del Partido Popular Europeo de sustituir el punto Lampedusa por el tema Birmania.
Se mantiene el tema Lampedusa en el orden del día.
No se ha presentado ninguna solicitud de modificación para las sesiones de los días 27 y 28 de abril.
El Presidente.
   El primer punto que vamos a abordar son las solicitudes de intervención de un minuto por parte de los diputados. Voy a atender primero a aquellos que se han tomado la molestia de dirigirse previamente a la Presidencia indicando su intención de intervenir y el tema sobre el que querían intervenir. Iré alternando los distintos grupos políticos a los que pertenecen los solicitantes.
En primer lugar, tiene la palabra el señor de Grandes Pascual.
De Grandes Pascual (PPE-DE ).
    Señor Presidente, cuando en esta misma sesión plenaria el Parlamento Europeo exigirá inexcusablemente a Bulgaria y a Rumanía garantías de nítida separación de poderes en sus ordenamientos jurídicos, con inequívoca independencia del poder judicial, para su plena incorporación a la Unión Europea; cuando la Unión Europea ratifica sucesivamente en estos días un Tratado constitucional para Europa, que consagra la división de poderes como pieza esencial de su arquitectura constitucional, en este contexto, resulta para mí una triste obligación tener que denunciar la actitud regresiva del Gobierno socialista de España y su ataque frontal a la independencia del poder judicial.
El Presidente.
   Señor De Grandes, disculpe un momento, por favor.
Pueden ustedes abandonar el hemiciclo si lo desean. Por favor, los que deseen abandonar el hemiciclo que lo hagan, pero no me conviertan los pasillos en un lugar de tertulias, impidiendo el normal desarrollo de la sesión. Dejen el hemiciclo si quieren, pero, por favor, no organicen tertulias en los pasillos.
Adelante, señor De Grandes.
De Grandes Pascual (PPE-DE ).
    Gracias por su amparo, señor Presidente.
Los hechos son contundentes: el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero ha consumado una reforma de la ley orgánica del poder judicial por la que se rompe el preexistente pacto para la justicia, se cambian las reglas de juego a mitad del mandato del Consejo General del Poder Judicial, se ocupa a la justicia impidiendo que ningún nombramiento prospere sin el visto bueno político de una minoría de bloqueo a las órdenes del Gobierno. Ya no tendrán relevancia ni el mérito ni la capacidad como condiciones de idoneidad para acceder a un cargo judicial, sino tan solo la afinidad a una minoría política.
La situación es de bloqueo, se ha paralizado el Consejo en su misión de provisión de vacantes de jueces y magistrados. El escándalo es de tal magnitud, que algún distinguido aspirante ha renunciado a sus legítimas pretensiones, avergonzado del mercadeo en el que se han convertido las negociaciones sobre los nombramientos. Los socialistas, al llegar al poder en los años 80, proclamaron enfáticamente "Montesquieu ha muerto".
Τzampazi (PSE ).
   – Señor Presidente, deseo informar a la Cámara de que se ha aprobado y se está ejecutando en Salónica un proyecto, subvencionado por la Unión Europea, destinado a la construcción y equipamiento de un centro deportivo y cultural con accesos mejorados para personas con discapacidades, por parte de la compañía no mercantil y sin ánimo de lucro Centro de Desarrollo Cultural 2000 para Actividades Físicas Adaptadas, con la participación del Ministerio de Cultura griego y del ayuntamiento de Termaico.
Sin embargo, el Estado griego y el correspondiente organismo constructor, la junta municipal, han paralizado de repente la finalización del centro sin razón aparente alguna y se han negado a abonar el dinero presupuestado para el mismo. Aun cuando los organismos implicados habían cumplido todos los trámites legales estipulados, el Estado griego, al ser uno de los organismos titulares, está poniendo en peligro el progreso global del proyecto y está privando a los atletas con discapacidades y al resto de la ciudad del acceso, la participación y la contribución al producto cultural y deportivo en fase de producción.
Quiero resaltar que ninguna burocracia está autorizada a...
In 't Veld (ALDE ).
    Cuando el Parlamento votó el Presupuesto, votó en contra de la propuesta de reservar 1,5 millones de euros para el Encuentro Mundial de la Juventud. Según todos los indicios, la Comisión se propone ahora conceder efectivamente dicha cantidad. Si bien ya me he dirigido a usted por escrito a este respecto, me gustaría que preguntara a la Comisión si esto es así, qué criterios está aplicando la Comisión y por qué la Comisión se resiste a aceptar la decisión del Parlamento. 
Guerreiro (GUE/NGL ).
   – Quiero expresar mi preocupación en relación con las directrices para la aplicación de la cláusula de salvaguardia al sector textil y de la confección, anunciada por la Comisión el 6 de abril. Dejando a un lado el retraso en su elaboración, estas directrices contienen limitaciones y trámites que pueden complicar y frenar la activación de la cláusula, impidiéndonos así dar la respuesta necesaria e inmediata a una situación tan grave como para poner en peligro a miles de empresas y puestos de trabajo.
La Comisión parece haber confirmado que desea que estas directrices bloqueen, no que faciliten, la aplicación de dichas medidas de salvaguardia, tal como ha expuesto la Comisaria Ferrero Waldner durante el debate en esta Cámara. Nos preguntamos cuáles serán las consecuencias de todo esto. A la luz de las informaciones sobre el notable incremento de las solicitudes de exportación a la UE, hace tiempo que deberían haberse adoptado medidas para defender el presente y el futuro de este importante sector, tales como la puesta en práctica, cuanto antes, de las cláusulas de salvaguardia previstas en los acuerdos comerciales. 
Krupa (IND/DEM ). –
    Señor Presidente, quiero rendir homenaje ante esta Cámara al Santo Padre Juan Pablo II. En su viaje postrero estuvo acompañado por los millones de creyentes y no creyentes que le presentaron sus respetos en Roma, así como por las innumerables personas de todo el mundo que siguieron los acontecimientos a través de los medios de comunicación. Por medio de su unión íntima con Dios, y haciendo honor a su lema, , las acciones del Papa Juan Pablo II nos mostraron la voluntad de Dios para dar forma a la civilización, la vida y el amor. En sus funciones como sacerdote, obispo, cardenal y papa defendió la vida desde su concepción hasta la muerte natural, así como la dignidad y los derechos de todo individuo y de las naciones, al tiempo que nos recordó que la democracia sin valores rápidamente puede convertirse en un totalitarismo abierto o disfrazado.
El Santo Padre Juan Pablo II nos recordó que solo una Europa capaz de descubrir de nuevo sus raíces cristianas, y no de suprimirlas, estará en condiciones de hacer frente a los grandes desafíos del tercer milenio. Estos desafíos incluyen la paz, el diálogo entre culturas y religiones y la salvaguardia de la Creación. Elevemos nuestras preces al Señor por el Santo Padre, así como por una Europa unida de patrias enraizadas en los valores cristianos. 
Mote (NI ).
   – Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre el Global Security Fund, fundado a principios de la década de 1990 bajo los auspicios de Jacob Rothschild. Se trata de un fondo radicado en Bruselas y no es un fondo cualquiera: no negocia, no cotiza y su objeto es totalmente diferente. Se utiliza para fines de ingeniería geopolítica, al parecer bajo la dirección de los servicios de inteligencia. Anteriormente ya he formulado una pregunta acerca de la presunta implicación de los propios recursos de inteligencia de la Unión Europea en la gestión de fondos para sobornos en cuentas del extranjero, y todavía estoy esperando una respuesta.
A esa pregunta añado ahora otra: ¿cuáles son las conexiones de la Unión Europea con el Global Security Fund y qué relación mantiene este con las instituciones de la Unión Europea? 
Hennicot-Schoepges (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, tuvo lugar en Estambul una manifestación violenta en la que la policía hizo uso de la fuerza para dispersar a las mujeres. En ese mismo momento se encontraba en Turquía una delegación europea. Creo que debería haber hecho las maletas de inmediato. A veces, los gestos son más elocuentes que las palabras. Yo he votado a favor de la admisión de Turquía. Espero que la Comisión sea tan firme como es debido para que asegurar que Turquía se ajuste a las normas que quisiéramos imponer.
Beglitis (PSE ).
   – Señor Presidente, la Asamblea Nacional turca aprobó en junio de 1995 una moción que autorizaba al Gobierno turco a adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter militar, contra Grecia en el caso de que esta, ejerciendo su derecho soberano, ampliara sus aguas jurisdiccionales a 12 millas marinas, tal como prevé la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar. Algunos días antes, el Presidente de la Asamblea Nacional turca había propuesto la supresión del . Sin embargo, unas horas más tarde, el Primer Ministro turco y el Ministro de Asuntos Exteriores lo volvieron a declarar.
Creo que, en calidad de Presidente del Parlamento Europeo y con la sensibilidad que le caracteriza, debería adoptar una iniciativa inmediata y enviar una misión a este respecto al Presidente de la Asamblea Nacional turca y a los partidos políticos, a fin de que se suprima este anacronismo histórico en un país que pretende acceder a la Unión Europea y sobre el que el Parlamento Europeo aprobó una resolución positiva en diciembre de 2004.
Estamos sumamente interesados en fortalecer la credibilidad, la visibilidad y la eficacia del Parlamento Europeo. 
El Presidente.
   Tomaré en cuenta su consideración señor Beglitis. Los servicios de la Cámara lo estudiarán y, en su caso, le daremos curso. Señor De Rossa.
De Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero expresar mi preocupación por el hecho de que el Gobierno irlandés no respeta plenamente las mínimas normas legales y humanitarias establecidas por la Unión Europea en materia de recepción y trato dado a inmigrantes y solicitantes de asilo. El 14 de marzo de este año, la policía detuvo a 35 nigerianos, hombres, mujeres y niños. La policía registró las escuelas para detener a niños y deportarlos; deportó a padres sin hijos que no pudieron ser hallados; y deportó a un joven que estaba a punto de realizar, en el plazo de unas semanas, el Leaving Certificate, un examen muy importante en Irlanda, ya que garantiza la admisión a las universidades irlandesas.
Lo extraordinario es que el Gobierno irlandés ha tenido que revocar ahora su decisión de deportar a ese joven y, después de declarar que lamenta haber cometido un error, le ha facilitado un visado para seis meses.
Creo firmemente que el Gobierno irlandés está violando las normas de la Unión Europea en materia de transparencia a la hora de cumplir el derecho humanitario, así como las normas mínimas que hemos establecido. Así pues, le ruego, señor Presidente, que pida a la Comisión que realice una investigación sobre este asunto e informe a esta Cámara. 
Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, una joven turca de veinte años, enferma de leucemia, va a morir pronto a menos que se someta a un transplante de médula ósea de un donante compatible. Chipre cuenta con uno de los mayores bancos de transplantes de médula ósea en Europa. Se han encontrado dos donantes grecochipriotas que están dispuestos a donar médula ósea a la paciente turca. Lamentablemente, las autoridades turcas están poniendo diversas trabas de naturaleza política al traslado de la médula ósea donada de Chipre a Turquía.
Señor Presidente, ¿podría usted, dada la urgencia, hacer uso de sus buenos oficios para ponerse en contacto con el Gobierno turco a fin de instarle a que colabore en esta cuestión humanitaria y demuestre que la lucha contra el cáncer no tiene fronteras en Europa? 
El Presidente.
   Tendré en cuenta su solicitud. Los servicios de la Cámara me informarán y, si procede, le daremos curso. 
Tiene la palabra el señor Tannock.
Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero protestar por la decisión del señor Berretta, director general de Eutelsat, de rescindir el contrato a New Tang Dynasty Television, un canal mundial radicado en los Estados Unidos que es la única emisora libre y no censurada en lengua china que llega a la China continental, para disgusto del Gobierno comunista. Esta rescisión se debe por lo visto a las amenazas comerciales esgrimidas por la República Popular China de revocar los contratos de retransmisión por televisión de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
La UE, aunque lógicamente deseosa de comerciar con China, no debe transigir en su compromiso con los derechos humanos fundamentales, que incluyen la libertad de expresión y de conciencia, así como el acceso a medios de comunicación libres. El asunto se encuentra actualmente en los tribunales franceses, pero estoy convencido de que esta Cámara respaldará mi petición al Presidente de este Parlamento de que escriba a Eutelsat exigiendo una explicación exhaustiva de los motivos por los que incumple su propia misión, comprometida a salvaguardar la libertad de los medios de comunicación. 
Dillen (NI ).
    Señor Presidente, Señorías, todo el mundo sabe que el partido ZANU-PF del Presidente Mugabe ha ganado las elecciones parlamentarias en Zimbabue por mayoría aplastante, pero nadie se llama a engaño, ya que es de dominio público que tales elecciones distaron mucho de ser libres y limpias. Han sido objeto de actos de intimidación y terror por parte de los seguidores de Mugabe, así como de fraude electoral masivo. Sin embargo, los observadores de la Comunidad de Desarrollo del África Austral mantienen que las elecciones han sido libres y que el resultado refleja fielmente la voluntad del pueblo de Zimbabue. Mientras tanto, ese país se halla cada vez más próximo al abismo. Va siendo hora de que contemos con una política nueva, que recuerde sus responsabilidades a los países africanos. La «diplomacia silenciosa» del Presidente de Sudáfrica equivale a la complicidad con el régimen de Mugabe. El periódico británico acierta al afirmar que, mientras los dirigentes africanos y Mbeki se nieguen a emprender acciones contra Zimbabue, sus promesas de democracia y gobernanza como contrapartida a las subvenciones europeas carecen totalmente de valor. Si dichos países continúan protegiendo a Mugabe, la UE debería dejar de darles dinero. 
Remek (GUE/NGL ).
    Señorías, según reza el dicho, no hay nada más anticuado que las noticias del día anterior. Sin embargo, en la práctica esta Cámara podría pasar con un solo periódico durante todo un año. Es el período de tiempo que ha transcurrido desde las elecciones al nuevo Parlamento, y sin embargo continuamos contando a nuestros visitantes –200 000 personas han visitado los edificios del Parlamento aquí en Estrasburgo y en Bruselas en el transcurso de un año– que el señor Cox es el Presidente del Parlamento. Los folletos que recogen esta información, junto con la antigua composición de los órganos dirigentes del Parlamento y el número de escaños ocupados anteriormente por los distintos grupos parlamentarios, no han sido actualizados desde hace mucho tiempo. Así pues, quiero preguntar cuánto tiempo vamos a seguir funcionando a rastras de esta manera, toda vez que no solo deseamos que el público europeo respete nuestras decisiones, sino que también las cumpla. Creo que todos deberíamos sentirnos avergonzados de difundir este material anticuado a decenas de miles de personas. 
Prets (PSE ).
    Señor Presidente, deseo llamar su atención sobre el hecho de que el 19 de enero un tribunal en Atenas condenó al caricaturista y artista austriaco Gerhard Haderer a seis meses de cárcel, acusado de blasfemia por la Iglesia Ortodoxa griega en relación con su libro «La vida de Jesús». La sentencia todavía no es firme, ya que el señor Haderer la ha recurrido. Dicho recurso se verá el 13 de abril, o lo que es lo mismo, pasado mañana.
Lo considero un asalto contra la libertad de expresión y un ataque al arte, y pido a las autoridades griegas que consideren el asunto y examinen si sus leyes se hallan en conflicto con los derechos fundamentales europeos en lo referente a la libertad de expresión y la libertad de creación artística. Dado que las autoridades austriacas ya han archivado las actuaciones contra el señor Haderer, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que nadie puede ser juzgado en un Estado miembro por una acción con respecto a la cual hayan sido archivadas las actuaciones en otro, la orden de detención europea no debe aplicarse en este caso, y las autoridades austriacas deben informar de inmediato a la justicia griega acerca de lo que han puesto de manifiesto sus investigaciones.
Czarnecki, Ryszard (NI ).
     Señor Presidente, Señorías, hace un rato el Presidente nos ha pedido guardar un minuto de silencio en memoria del Papa Juan Pablo II. Aprovechando esta memorable ocasión, deseo hacer un llamamiento al Parlamento Europeo para que colabore con la Sede Apostólica en la organización de una conferencia sobre empleo, a celebrar antes de finales de año. El tema del empleo, que constituye un grave problema para Europa, la Unión Europea y el mundo en general, era muy querido para el papa polaco, que albergaba la convicción de que siempre había que proporcionar ayuda a la gente sin empleo. Creo que este tema es uno de los que podría unir a los creyentes y a los que no los son, y por creyentes me refiero tanto a los católicos como a los de otras religiones. Por esta razón hago un llamamiento al Parlamento Europeo a que celebre una conferencia de este tipo durante el presente año en colaboración con la Sede Apostólica. Creo que constituiría además un homenaje apropiado para una figura tan grande. 
Ludford (ALDE ).
   – Señor Presidente, hace dos años un joven londinense, de nombre Jeremiah Duggan, murió atropellado en una autopista cerca de Wiesbaden, en Alemania. Las autoridades alemanas decidieron rápidamente que se trataba de un caso de suicidio y ni siquiera tomaron declaración a los testigos o a quienes le vieron por última vez. Todo apunta a una negativa deliberada a analizar todas las circunstancias del caso.
A pesar de las abundantes pruebas reunidas por la señora Erica Duggan, su madre, en el sentido de que Jeremiah había muerto en circunstancias muy inquietantes y sospechosas, la fiscal del Estado de Hesse decidió la semana pasada no investigar el caso. Las pruebas presentadas por la mujer se refieren a la organización en que estaba metido Jeremiah inmediatamente antes de su muerte y que parece ser una siniestra secta antisemita. Tal vez estuviera siendo perseguido por ella y se sintiera atormentado. Se denomina la red Lyndon LaRouche o Instituto Schiller. Recluta jóvenes en Europa para un culto peligroso. Algunas de sus ideas son pura basura, pero también cultiva muchas teorías conspiratorias destructivas y antisemitas. En estas circunstancias resulta inexplicable la posición de la fiscal en el sentido de que su trabajo no consiste en proteger al público de peligros conocidos.
Voy a plantear este caso a otros diputados al Parlamento Europeo y quizá le pida que intervenga en el momento oportuno. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales exige proteger la vida, lo cual debe implicar la investigación de muertes sospechosas. 
Von Wogau (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, la Política Exterior y de Seguridad Común que la Unión Europea está empeñada en desarrollar incluye necesariamente la reglamentación conjunta de las exportaciones de armas, por lo que quisiera llamar su atención sobre el hecho de que Venezuela está inmersa actualmente en un proceso de rearme y que eso, a la vista de los conflictos en sus fronteras, es muy probable que desemboque en una situación de crisis. Por citar un ejemplo, Venezuela ha comprado 100 000 fusiles kalashnikov a Rusia, y dado que su ejército sólo cuenta con 35 000 soldados, no queda sino preguntarse a quién están destinados.
Venezuela ha firmado asimismo un contrato con un Estado miembro de la Unión Europea para la compra de cuatro corbetas, cuatro patrulleras, diez aviones de transporte y dos aviones de reconocimiento marítimo.
Le ruego, señor Presidente, que estudie si estas acciones constituyen una violación del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas. 
Grabowska, Genowefa (PSE ). –
    Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Cámara sobre la situación actual relativa al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Este Tratado, que fue firmado en octubre de 2004, se halla actualmente a la espera de su ratificación antes de entrar en vigor. Por tanto, la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿qué obligaciones recaen sobre un Estado que ha firmado el Tratado, pero aún no lo ha ratificado? La respuesta a esta pregunta puede hallarse en el Derecho internacional, concretamente en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El artículo 18 de esta Convención afirma que un Estado en esta situación está obligado a impedir cualquier acto que dificulte o imposibilite la entrada en vigor del acuerdo en cuestión, o que frustre el objetivo y finalidad del mismo. Lo que esto significa es que los Gobiernos están obligados por el Derecho internacional a dar todos los pasos necesarios para garantizar la ratificación de la Constitución europea. Por tanto, se concluye que ni los Estados ni los Gobiernos deberían apoyar o tolerar en forma alguna las campañas contrarias a la Constitución. Como reza el dicho latino, , esto es, «los pactos deben cumplirse». 
Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, la gran fortaleza del euro está creando enormes problemas en los países económicamente menos desarrollados de Europa.
Tenemos problemas con la competitividad. Los artículos que no son de marca no se están vendiendo. Los Mercedes se venden, por supuesto, por la marca; los perfumes franceses se venden por la marca, pero los artículos sencillos procedentes de fábricas de Grecia y otros países no se venden porque son muy caros. Existe un problema enorme por culpa de un euro muy fuerte. Resulta imposible para mi país cubrir de golpe este déficit cuando se están cerrando fábricas, cuando se están trasladando fábricas fuera de Grecia porque no pueden hacer frente a los costes derivados de un euro muy fuerte. No podemos vender nuestros productos. No tenemos turistas. Nadie va de vacaciones a un país mediterráneo con una moneda tan fuerte. Se van a la costa de enfrente.
Por tanto, Europa necesita estabilizar el euro frente al dólar, porque de lo contrario pronto tendremos que enfrentarnos a un problema grave. Tenemos que pensar y mirar al futuro, de forma que los pueblos de Europa gocen de un nivel de vida aceptable, en vez del nivel miserable al que les relegará un euro muy fuerte. 
Morgan (PSE ).
   – Señor Presidente, hoy voy a iniciar un proceso de denuncia de aquellos Estados miembros que no ponen en práctica las directivas europeas. Actualmente hay 83 directivas de Lisboa que hemos aprobado en el Parlamento Europeo. De las 63 que deberían haberse aplicado hasta ahora, solo diez lo están plenamente.
Hoy quiero mencionar la Directiva sobre electricidad, que debería estar implantada desde el 1 de junio de 2004. Los países que no han transpuesto la Directiva sobre electricidad son Bélgica, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Polonia y Portugal. Suecia está aún pendiente de notificar a la Comisión la legislación por la que transpone la Directiva sobre electricidad.
Creo que peligra la Agenda de Lisboa. Es hora de que presionemos a los Estados miembros. Me gustaría, señor Presidente, que escribiera a los Gobiernos citados preguntándoles cuándo piensan transponer la directiva. 
El Presidente.
   Tomo nota de su petición. Los servicios de la Cámara me ayudarán a analizarla y, si procede, le daremos curso.
Tiene la palabra el señor Pęk.
Pęk (IND/DEM ).
     Señor Presidente, Señorías, la figura más grande de nuestro tiempo, Juan Pablo II, ha fallecido. Todo el mundo se ha visto afectado por las noticias y ha quedado sumido en el dolor, y millones de personas le han rendido tributo. En un momento en que la Unión Europea está inmersa en una crisis de valores, esta Cámara necesita escuchar la verdad real acerca del origen de la fortaleza moral y espiritual de Juan Pablo II y la fuente del poder espiritual que irradiaba este hombre maravilloso. Provenían de algo que ustedes rechazan, Señorías, a saber, la propia esencia de las enseñanzas de Jesucristo, que están llenas de amor y verdad. Solo existe una verdad, y si el embrión de Estado europeo que se halla actualmente en construcción rechaza esta verdad, yendo con ello en contra de las creencias de millones de personas en todo el mundo, cometerá un grave error y el edifico completo se vendrá abajo. 
Lienemann (PSE ).
   –Señor Presidente, quisiera que el Parlamento Europeo se hiciera eco de los miles, de hecho millones, de trabajadores del sector textil que ven su empleo amenazado por la supresión de las cuotas en el marco de la OMC. Los Estados Unidos no se han complicado tanto la vida como la Comisión Europea a la hora de establecer el procedimiento para salvaguardarse de los productos textiles chinos. La Comisión Europea nos pide que esperemos. Según la organización Euratex, perderemos 1 350 puestos de trabajo diarios en la industria textil si no se toma la decisión de salvaguardarla. ¿Cuántos desempleados habrá de tener la Comisión en su conciencia para que se digne por fin a responder?
El Presidente.
   Quedan solo dos peticiones de palabra registradas. 
Tiene la palabra el señor Medina Ortega.
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, lamento la intervención del señor de Grandes, que se ha equivocado de Parlamento. Ha planteado un tema que tiene que ver con la estructura de funcionamiento de las instituciones españolas.
En este momento, el Gobierno socialista está tratando de restablecer el equilibrio, gravemente perturbado como consecuencia de las presiones del anterior Gobierno del Partido Popular sobre el poder judicial. Esperamos que el Partido Popular, dentro del sistema constitucional español, esté dispuesto a adoptar una postura más flexible, para que sea posible reconducir el sistema judicial español a las pautas de un Estado de Derecho.
Sakalas (PSE ).
    Señor Presidente, nunca hablamos de los derechos de los niños, casi como si no existieran, pero sí existen. Niños que sufren abusos sexuales, niños que son objeto de otros tipos de abusos, ya sean niños soldados o niños hambrientos, y niños que no van a la escuela. El Comisario Frattini conoce bien todos estos problemas y me parece que usted podría organizar con la Comisión que esta cuestión, la cuestión de los derechos infantiles, sea debatida en una sesión plenaria. 
El Presidente.
   Señor de Grandes, ¿está usted solicitando la palabra por una cuestión de orden?
De Grandes Pascual (PPE-DE ).
    Señor Presidente, intervengo basándome en el artículo 145 del Reglamento, por alusiones personales.
El Presidente.
   El artículo 145 ya fue invocado en su día por otro diputado y le hice observar que este artículo remite a cuestiones de carácter personal. Yo, francamente, no creo que su persona haya sido puesta en cuestión.
De Grandes Pascual (PPE-DE ).
    Señor Presidente, mi persona ha sido citada expresamente, refiriendose a una utilización fraudulenta del Parlamento. 
El Presidente.
   Ha sido usted citado, pero no creo que ....
De Grandes Pascual (PPE-DE ).
    Señor Presidente, he sido aludido, con juicio de valor.
El Presidente.
   Mire, señor de Grandes, no quisiera que las circunstancias que concurren en mi caso dieran lugar a una interpretación sesgada del uso que hago del Reglamento, porque sería lamentable, pero no sería el caso, señor de Grandes.
Le voy a dar a usted la palabra. Es la segunda vez que esto ocurre; tendré que dirigir una circular a todos los diputados, señalándoles claramente cuál es el alcance del artículo 145. Tiene usted la palabra para contestar, le voy a leer el artículo, "a un hecho personal"; y dice el artículo 145 que el orador, en este caso, usted, "no puede expresarse sobre el fondo del debate. Puede únicamente rechazar las circunstancias que le conciernen personalmente".
Esto es lo que dice el artículo 145. Usted lo invoca y yo le pido que se atenga a él.
De Grandes Pascual (PPE-DE ).
    Señor Presidente, se me ha aludido expresamente diciendo que me he equivocado de Parlamento.
Señor Presidente, yo no me he equivocado de Parlamento. Este es el foro en el que hay que defender la Carta de Derechos Fundamentales, y la división de poderes, que es el título sobre el que he preguntado, está siendo hostigada en mi país, desgraciadamente, y yo he querido denunciarlo en el ámbito de la Unión. Porque cuando exigimos a otros países ese respeto, tenemos que empezar por cumplirlo nosotros mismos. Esa es la desgracia de este instante y es la que he denunciado con rigor en este Parlamento.
El Presidente.
   Muchas gracias. Es dudoso si su exposición ha sido sobre el fondo del asunto o no; tendremos que clarificar cuál es el alcance de este artículo.
Señor Medina, le ruego que no insista usted en el tema porque entraremos en una cadena sin fin. Le ruego que sea usted razonable y no insista, porque no podemos entender que usted ha sido ahora aludido personalmente.
Se lo agradezco, señor Medina.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate anual sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
Se trata de varias preguntas orales. Tiene la palabra el señor Cavada.
Cavada (ALDE ),
   . –Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, las preguntas orales que le formula la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior se centran en tres requisitos sobre los cuales vuelve el Parlamento regularmente desde que el Tratado de Ámsterdam nos fijó el objetivo de transformar la Unión en un espacio de libertad, seguridad y justicia. En efecto, desde 1999 estamos convencidos de que este objetivo solamente se alcanzará si se cumplen tres condiciones: más legitimidad, más eficacia y más credibilidad en nuestra acción política.
En primer lugar, más legitimidad. Lo que esto significa para el Parlamento es más respeto por el principio democrático según el cual es absolutamente necesario que el Parlamento Europeo participe más seriamente en la elaboración de la legislación europea y en la negociación de los acuerdos internacionales. En La Haya, el Consejo Europeo decidió realizar el traspaso a la codecisión en lo que respecta a la inmigración ilegal, pero –cosa que es bastante rara– rechazó la codecisión en lo que respecta a la inmigración legal, que es la modalidad de inmigración que más interesa a los europeos.
El Parlamento también sigue siendo meramente consultado en asuntos penales, que es el ámbito más sensible de la relación entre los ciudadanos y las instituciones europeas. El Consejo no comprendido aún que si esta relación no se basa en unas normas muy estrictas y en una política valiente de promoción de los derechos fundamentales, toda iniciativa lanzada por la Unión puede ser impugnada por los mismos Estados miembros que frenan el desarrollo de la UE. Este desfase entre las declaraciones públicas y las decisiones concretas nos ha llevado ya ante el Tribunal de Justicia con respecto a las normativas en materia de agrupación familiar, de protección de datos y quizás, mañana, de procedimiento de asilo.
A continuación viene la necesidad de más eficacia, porque la mayoría de las respuestas que dan las instituciones a las peticiones en materia de libre circulación de las personas o de lucha contra la delincuencia organizada o contra el terrorismo siguen siendo muy vagas, cuando no declaraciones meramente teóricas. Una nueva prueba de ello es que seguimos avanzando a tientas en materia de control de fronteras y de desarrollo de la cooperación Schengen, pero también en materia de prevención de conflictos o de promoción de la integración. La falta de objetivos y prioridades claros nos lleva a dispersar las energías, del mismo modo que la ausencia de una vinculación evidente con otras políticas comunitarias, que sin embargo son complementarias de las políticas del espacio de libertad, seguridad y justicia.
Otro elemento esencial que hay que definir es la relación entre las instituciones europeas y las instituciones nacionales. Difícilmente podremos conseguir más confianza mutua si no logramos definir las tareas de cada nivel de toma de decisiones, las respuestas esperadas y las medidas que hay que tomar en caso de inacción. No debemos olvidar que, cuando hablamos de libertades o de seguridad de los ciudadanos, la cadena es solamente tan fuerte como su eslabón más débil.
Por último, necesitamos más credibilidad. El año pasado, el Consejo Europeo tuvo que enfrentarse a un número impresionante de ejemplos en que el plan de acción contra el terrorismo no se puso en práctica. Todo lo que fue capaz de hacer fue nombrar a un representante del Secretario General, añadiendo así, si falta hacía, una nueva pieza a una especie de mecano institucional que no brilla por su transparencia y seguramente tampoco por su eficacia. A fecha de hoy, agencias como Europol o CEPOL todavía tienen que demostrar su utilidad y tienen dificultades para integrarse en los sistemas nacionales de seguridad. El Parlamento Europeo ha pedido en muchas ocasiones al Consejo que cree organismos creíbles, mejor integrados en el marco institucional de la Unión, pero nunca ha recibido respuestas realmente creíbles. En algunos casos, como el desarrollo de los organismos de información, las respuestas han sido incluso tan vagas que empezamos a preguntarnos si su concepción está realmente a la altura de las cuestiones que se plantean.
En todo caso, escucharé con gran atención, o más bien –puesto que compromisos de la campaña electoral en Francia me obligan a abandonar la Cámara dentro de unos minutos– leeré atentamente mañana por la mañana las respuestas que se nos den en el curso de este debate. Puedo comprometerme desde ahora a presentar a la comisión parlamentaria competente propuestas para relanzar, entre nuestras instituciones, un diálogo que esté a la altura de nuestras expectativas, las de nuestros ciudadanos y también las generadas por las tareas que los Tratados nos han confiado y que requieren una perspectiva política clara, y no respuestas tecnocráticas dilatorias.
Alvaro (ALDE ),
   .  Señor Presidente, Señorías, el señor Cavada ha estado muy acertado al suscitar justo ahora el tema de la implicación del Parlamento, y creo que deberíamos dedicar más atención a nuestro planteamiento en un ámbito tan sensible como este.
Concretamente, ya que estamos debatiendo el espacio de libertad, seguridad y justicia, me gustaría centrarme en la propuesta prevista sobre la retención de datos. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior –y yo, en calidad de ponente– tiene dudas acerca del fundamento jurídico de esta propuesta, y en este punto, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión Europea y los Servicios Jurídicos del Consejo estaban de acuerdo con nosotros. Ahora solo me gustaría saber si podemos asumir que el Consejo obrará en el mismo sentido e implicar al Parlamento en la decisión sobre este asunto, o si debemos dar por descontado que los Estados miembros mantendrán su propuesta a sabiendas de que se están enfrentando a tres instituciones. Tengo gran interés en obtener una respuesta de forma muy urgente. 
Buitenweg (Verts/ALE ),
   .  Señor Presidente, mi Grupo tiene una honda preocupación acerca del plan para realizar un seguimiento, en el futuro, de cuándo y con quién se comunican los ciudadanos por teléfono, fax y correo electrónico y, de hecho, qué sitios web visitan, con el propósito de crear un registro de sus intereses. Eso resulta sin duda intolerable y constituye un ejemplo típico de legislación que contribuye, sobre todo, a que los políticos se sientan mejor consigo mismos y para demostrar que, en ocasiones, pueden realizar acciones drásticas, aunque resta por ver si eso es eficaz o no. ¿No sería preferible canalizar el montón de millones necesarios hacia investigaciones específicas? Antes de ni siquiera pensar en conceder mi aprobación, me gustaría que el Consejo me aportara razones sólidas por las que este enorme incremento resulta necesario, proporcionado y eficaz. Desafío al Consejo a que me presente los hechos desnudos y prescinda de la retórica hueca.
Mi Grupo también está –como ha expuesto hace un momento el señor Alvaro– profundamente preocupado por el procedimiento. El Consejo sabe que el Parlamento está muy a favor de los derechos civiles y las medidas eficaces para combatir la delincuencia, bastante más que los Gobiernos. Por eso los Gobiernos están firmemente dispuestos a legislar sin la intervención de ningún Parlamento. La Comisión y los servicios jurídicos nos dicen que este asunto cae dentro del ámbito del primer pilar, donde el Parlamento tiene algo que decir. La Comisión ya ha manifestado que va a presentar una propuesta propia, pero el Consejo, como si llevara un piloto automático, continúa celebrando reuniones sobre la propuesta de esos cuatro Estados miembros.
También me gustaría saber cómo se puede conciliar con la posición de los Gobiernos sobre la Constitución, que al fin y al cabo estipula que el Parlamento se convertirá en colegislador también en el tercer pilar. Los Gobiernos afirman que desean de verdad este control democrático, pero se exponen a perder toda credibilidad si ahora intentan eludirlo sacando apresuradamente algo adelante que tendrá implicaciones enormes para el público y para cientos de empresas de Internet y de telecomunicaciones. ¿Va a decidir el Consejo simplemente esperar la propuesta de la Comisión, o debería acudir de nuevo esta Cámara al Tribunal de Justicia para imponer la democracia a los Estados miembros por medio de una sentencia jurídica? 
Reul (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, Señorías, se nos acaba de proporcionar un ejemplo tangible de cuál es el tema de este debate. El ejemplo –el de la Directiva marco sobre retención de datos– es importante porque fija dos temas bastante diferentes, siendo el primero el de la forma en que están relacionadas entre sí las instituciones. No tiene sentido plantear unos principios magníficos relativos a la justicia, la libertad y la salvaguardia de los derechos, pero no hacer nada al respecto en una situación de la vida real que implica las relaciones entre las instituciones. La cuestión que ha planteado el señor Alvaro aún no ha sido respondida y se suponía que el Consejo debía hacerlo hoy.
Si esta Cámara y la Comisión tienen recelos justificados acerca de si debería estar involucrado el Parlamento y, en el caso de que debiera, hasta qué punto, entonces –si queremos llegar a alguna conclusión– el Consejo nos debe comunicar hoy su decisión final sobre el asunto. Durante meses hemos tenido la sensación de que se trata de un tema en el que al Parlamento se le han estado dando largas. Podemos discutir todo lo que queramos, pero no es posible llegar a ningún tipo de decisión concreta y definitiva. El Parlamento no está siendo involucrado y no se está adoptando ninguna decisión final.
El segundo tema es el de que aún no se ha dado respuesta a la pregunta que ha planteado hace un momento la señora Buitenweg acerca de si realmente es necesario hacer este tipo de cosas con los datos, de si es productivo, si es útil, si verdaderamente contribuirá a mantener la seguridad de la gente en la Unión Europea, o de si no se trata más que de un tiro a bocajarro en un momento en el que la Unión Europea se hallaba también en una situación de crisis grave.
En primer lugar, ¿qué papel va a desempeñar el Parlamento, y en segundo, en qué fase del proceso cabe esperar que intervengamos? Esperamos respuestas concretas para ambos interrogantes. La tercera pregunta que precisa una contestación tiene que ver con el objeto real de esta medida. 
Roure (PSE ),
   . –Señor Presidente, en 2004 se produjeron avances significativos en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, primero con la adopción del Programa de La Haya, que establece las nuevas prioridades para los próximos años, y en segundo lugar con una decisión del Consejo de 22 de diciembre, que permite pasar a la codecisión en materia de control de fronteras, asilo, inmigración, cooperación judicial en asuntos penales y cooperación policial. No podemos sino congratularnos de que el Consejo haya escuchado nuestras peticiones, y deseamos continuar en este espíritu de diálogo entre interlocutores iguales para garantizar la continuidad de los progresos que quedan por realizar.
Lamentablemente, la política europea de inmigración se ha desarrollado sobre todo a base de medidas represivas y de lucha contra la inmigración ilegal. Por ello me encanta que la Comisión haya presentado un Libro Verde sobre la inmigración económica. Pero quisiera que ese Libro Verde permitiera debatir más ampliamente la apertura de vías para la inmigración legal y no se limitara a las necesidades del mercado de trabajo europeo. 
En efecto, aunque un debate sobre la inmigración económica es absolutamente necesario para la política europea de inmigración, no estamos dispuestos a ir de compras por países terceros. Debemos esforzarnos por encontrar soluciones duraderas para los migrantes, soluciones que respeten sus derechos fundamentales. Llamo pues a los Estados miembros a que permitan pasar a la codecisión en relación con la inmigración legal. 
En el año 2004 tuvo lugar asimismo la presentación de la propuesta de directiva sobre los procedimientos relativos a la concesión y la retirada del estatuto de refugiado. Quiero de veras llamar la atención del Consejo y de la Comisión sobre nuestra viva gran preocupación por esta propuesta. Al autorizar un número excesivo de excepciones, en efecto, la propuesta se limita a una nivelación a la baja de la política de asilo. En el peor de los casos, puede poner en peligro las políticas de asilo más protectoras de algunos Estados miembros. Lamento que el Consejo no haya permitido el paso a la codecisión en esta materia y le pido que tome en consideración las inquietudes del Parlamento Europeo. 
Queremos preguntar al Consejo dónde está su propuesta sobre la retención de los datos, puesto que el Comisario Frattini nos anunció que la Comisión deseaba presentar su propia propuesta. ¿Van a permitir un instrumento de protección de los datos personales en el tercer pilar? La pregunta se ha planteado y esperamos una respuesta. 
Por último, quisiera pedir que el Consejo decida, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de esta semana, consultar de nuevo al Parlamento Europeo sobre la directiva marco relativa al racismo y la xenofobia. Espero con interés sus respuestas.
Frieden,
   . Señor Presidente, permítame en primer lugar que les agradezca esta ocasión que brindan al Consejo de hacer balance del progreso realizado en 2004 en el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia. Quisiera dar las gracias en particular al señor Cavada, al señor Alvaro, a la señora Buitenweg, al señor Reul y a la señora Roure por las preguntas que han formulado, que tienen que ver con el futuro y el funcionamiento de este espacio de libertad, seguridad y justicia, que –como acaban de resaltar– registró en 2004 progresos considerables.
El año 2004 fue el año del Tratado Constitucional, con progresos significativos en la construcción de una Europa más segura y, por tanto, más libre. Fue el año de adopción del Programa de La Haya sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, un catálogo concreto de medidas que deben aplicarse. Fue también el año de adopción de más de un centenar de textos en relación con el espacio de libertad. ¡Qué gran progreso para uno de los grandes proyectos de profundización de Europa después de su ampliación, que también tuvo lugar en 2004!
Sí, 2004 fue el año del Tratado Constitucional, que abre nuevos horizontes para los ciudadanos y para el Parlamento Europeo, como demuestran las preguntas que ha formulado el señor Cavada.
Con la intensificación de la cooperación judicial y policial, con la ampliación de la codecisión y de la votación por mayoría cualificada –una necesidad absoluta en una Europa democrática de veinticinco Estados miembros– y al sentar las bases para una política verdaderamente común en materia de asilo y de inmigración, Europa aportará un auténtico valor añadido a nuestros conciudadanos en materia de seguridad, justicia y libertad. Ningún Estado miembro puede afrontar por sí solo los desafíos de la inmigración, de la delincuencia organizada y del terrorismo internacional. Necesitamos más Europa. Un sí a la Constitución europea será un sí a una Europa más segura y, por tanto, más libre. Un no a la Constitución europea significa que mantendremos las barreras nacionales para nuestros policías y nuestros magistrados, mientras los delincuentes sacan partido de la ausencia de fronteras. Es un estado de cosas que no podemos aceptar.
El señor Cavada tiene razón al resaltar buen número de nuevas perspectivas que abre el Tratado Constitucional para la cooperación y la codecisión entre nuestras instituciones. Si entiendo bien, muchas de las preguntas formuladas tienen por objeto anticipar la aplicación de las disposiciones del Tratado Constitucional.
En una comunidad de Derecho como la Unión Europea, el Consejo llevará a cabo sus trabajos respetando las normas establecidas por los Tratados actualmente en vigor. El Consejo no anticipará el Tratado Constitucional por respeto a las importantes decisiones que deben tomar los Parlamentos nacionales y los ciudadanos en los próximos meses.
Ello no impide, evidentemente, una estrecha cooperación ni un excelente entendimiento entre el Parlamento y el Consejo. Tampoco impide, en los casos en que los Tratados lo permitan, que nuestras dos instituciones se escuchen mutuamente y hagan más que intercambiar información. Ya en 2004, las actividades del Consejo en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior estuvieron marcadas por grandes progresos, gracias en particular a la excelente labor de las Presidencias neerlandesa e irlandesa. Prueba de ello es que el Consejo adoptó un acto importante en materia institucional –han hecho ustedes referencia a ello–, al hacer aplicable el procedimiento de codecisión a ámbitos relativos a los controles de las fronteras exteriores y a la lucha contra la inmigración ilegal. Es un primer paso y es un paso importante. Prueba de ello es también la continuación de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia ampliado a 25 Estados miembros. El Consejo ha adoptado, en particular, nueve reglamentos, siete directivas y más de treinta decisiones o decisiones marco. ¡Es mucho!
Por último, el Consejo Europeo ha adoptado el Programa de La Haya para reforzar los tres pilares –libertad, seguridad y justicia–, que es un programa excelente y especialmente pragmático. El Consejo ha pedido a la Comisión que presente en 2005 un plan de acción que concrete los objetivos y prioridades del Programa de La Haya, objetivos que con razón reclaman. Volveremos a hablar de ello esta semana en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, así como en el Consejo de junio.
En el terreno del asilo, el Consejo ha adoptado una directiva por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos que deben cumplir los nacionales de terceros países o los apátridas para aspirar al estatuto de refugiado o de persona que necesita protección internacional. A fin de garantizar una mayor solidaridad entre los Estados miembros, hemos creado un Fondo Europeo para los Refugiados, que permite apoyar los esfuerzos realizados por los Estados miembros. Todavía deben adoptarse otras medidas en este terreno, en particular la propuesta de directiva relativa al procedimiento de concesión y retirada del estatuto de refugiado.
El Consejo ha prestado asimismo especial atención a los aspectos relacionados con la inmigración, definiendo medidas en los ámbitos de la admisión, en particular de la buena integración de los inmigrantes, que es un aspecto importante de la gestión de la inmigración legal, y de la lucha contra la inmigración ilegal. Por lo que se refiere a la admisión, quisiera destacar en especial que el Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos.
Además, el Consejo ha creado la Agencia europea para la gestión de fronteras. Dicha Agencia entrará en funcionamiento a partir del 1 de mayo de 2005. La Presidencia luxemburguesa se esfuerza por encontrarle una sede definitiva, pero debo decirles que, con cinco candidaturas en liza, no cabe pensar que haya un apoyo unánime a una solución, sobre todo si ninguno de los cinco países renuncia a su candidatura, como sucede actualmente.
En materia de expulsión, se han adoptado varias medidas, que ya conocen, como la organización conjunta de vuelos para la expulsión de nacionales de terceros países. Ahora han entrado en vigor dos acuerdos de readmisión con Hong Kong y Macao. Los acuerdos con Albania y Sri Lanka están concluidos. En opinión de la Presidencia del Consejo, habrá que acelerar las negociaciones para conseguir una amplia red de acuerdos de readmisión europeos.
Por lo que se refiere a la política de visados, el Consejo ha decidido inscribir en el presupuesto de la Unión Europea los créditos necesarios para el desarrollo del VIS, el sistema de intercambio de datos sobre los visados entre los Estados miembros, que permitirá a las autoridades nacionales recabar y actualizar datos relativos a los visados, así como consultar dichos datos por vía electrónica.
Hemos adoptado también un reglamento sobre normas que rigen datos de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros. De este modo, hemos creado una base para la armonización que prevé que los pasaportes y documentos de viaje deben contener una fotografía facial digitalizada, así como huellas dactilares registradas. Conforme a esta decisión, los Estados miembros disponen hasta agosto de 2006 para introducir en los pasaportes los datos biométricos. Este plazo, como sabemos, es posterior al que nuestros socios norteamericanos se han fijado para la entrada sin visado en su territorio. Llamo a todas las instituciones de la Unión a que transmitan un mensaje de comprensión al Gobierno y sobre todo al Congreso norteamericano para que no se produzca en octubre de 2005 una situación que tengamos que lamentar a las dos orillas del Atlántico. La Presidencia del Consejo trabaja en ello todos los días, al igual que la Comisión.
En el ámbito de la cooperación policial, como saben, desde los terribles atentados de Nueva York y Madrid, la lucha contra el terrorismo internacional se ha convertido en una prioridad. La Unión Europea está resuelta a actuar conjuntamente para combatir el terrorismo y garantizar a sus ciudadanos la mejor protección posible. La estrategia de la Unión Europea tiene carácter global y prevé toda una serie de medidas. El señor Gijs de Vries fue nombrado coordinador de la lucha contra el terrorismo en marzo del año pasado. Sus tareas principales consisten, en primer lugar, en coordinar los trabajos del Consejo en materia de lucha contra el terrorismo; en segundo lugar, en procurarse una visión de conjunto de todos los instrumentos de que dispone la Unión; y, en tercer lugar, en seguir atentamente la aplicación del plan de acción en materia de terrorismo.
Esta función de coordinación en el Consejo –lo subrayo en respuesta a la pregunta formulada– es importante para que sus distintas formaciones tengan un enfoque coherente en un ámbito que tiene que ver con el desarrollo, la policía, la justicia, la defensa, la política exterior y otros campos.
Además, quiero recordarles que el Consejo evalúa la aplicación del plan de acción cada seis meses. Dicha revisión tuvo lugar en diciembre de 2004 y se efectuará de nuevo en junio de este año. Como Presidente en ejercicio del Consejo, concedo especial importancia al mantenimiento de este esfuerzo común por luchar contra el terrorismo y garantizar –esto es importante– que las decisiones tomadas sean debidamente aplicadas por los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo ha formulado también la pregunta de si el Consejo tiene previsto transformar en medidas legislativas los valores compartidos y normas profesionales de la policía. Por el momento no hay ninguna decisión del Consejo en este sentido y cabe preguntarse qué cambiaría básicamente si se tomara este rumbo.
Por lo que respecta a la integración de Europol en el Derecho de la Unión Europea, quisiera recordarles que el Programa de La Haya precisa que el Consejo debe adoptar la legislación europea sobre Europol en el plazo más breve posible tras la entrada en vigor del Tratado Constitucional y, a más tardar, en enero de 2008, teniendo en cuenta todas las tareas confiadas a Europol. En el intervalo, Europol seguirá esforzándose por mejorar su funcionamiento sacando el mayor partido posible del acuerdo de cooperación celebrado con Eurojust. Por otra parte, Europol y Eurojust deberían presentar cada año al Consejo un informe sobre sus experiencias comunes y los resultados concretos obtenidos. Además, Europol y Eurojust deberían alentar el recurso a los equipos de investigación comunes de los Estados miembros y favorecer su propia participación en los mismos.
El Consejo ha adoptado asimismo medidas complementarias encaminadas a permitir un desarrollo progresivo del Colegio Europeo de Policía. Le hemos conferido, en particular, personalidad jurídica y hemos fijado su sede. Por otra parte, el Consejo ha adoptado varias medidas destinadas a reforzar la cooperación policial en determinados ámbitos específicos. El Consejo ha adoptado la Decisión relativa a la lucha contra la delincuencia relacionada con vehículos. El número de vehículos robados se cifra actualmente en 1,2 millones cada año en los Estados miembros de la Unión Europea. Es un coste enorme, que asciende por lo menos a 15 000 millones de euros anuales. Esta decisión instaura una cooperación mejor para prevenir este tipo de delincuencia transfronteriza.
El Consejo ha adoptado varias decisiones encaminadas a luchar contra la violencia, en particular asociada al fútbol, contra los disturbios de orden público que ocasiona y contra sus consecuencias para los ciudadanos respetuosos con la ley. En este contexto, hemos tomado varias medidas de cooperación que permiten establecer medidas de seguridad, por ejemplo para el campeonato europeo de fútbol que tuvo lugar en Portugal el año pasado.
En materia de lucha contra la droga, el Consejo expresó en diciembre de 2004 su acuerdo en torno a una estrategia contra la droga para el período de 2005 a 2012.
En materia de cooperación judicial penal y teniendo en cuenta también la pregunta que acaba de formular el señor Cavada sobre la calidad de la justicia, les informo de que el Consejo ha tomado nota con interés de la recomendación del Parlamento Europeo sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los Estados miembros. Me permito recordarles a este respecto que el Consejo Europeo de Tampere ya definió los parámetros iniciales para la acción en este campo y que el Programa de La Haya de 2004 define las acciones que convendría aplicar en el futuro. Un elemento decisivo en este contexto es la confianza mutua en el sistema jurídico y judicial de los Estados miembros. La confianza mutua no se decreta. Requiere un conjunto de medidas, entre ellas un mínimo de normas comunes, un intercambio de información y una formación más europea de los policías y los magistrados.
En 2004, el Consejo prosiguió la aplicación del programa de reconocimiento mutuo de las sentencias, que ha de basarse en la confianza mutua que acabo de mencionar. En el ámbito del reconocimiento mutuo, hemos llegado a un acuerdo de principio sobre el proyecto de decisión marco relativa al reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias, así como sobre el proyecto de decisión marco relativa al reconocimiento mutuo de las órdenes de confiscación. 
El Consejo examinó asimismo la propuesta destinada a implantar un sistema de intercambio de información de los registros de antecedentes penales para hacer posible un mejor conocimiento de las condenas. Espero que en el Consejo de esta semana, como en los que seguirán, podamos hacer progresos sobre este asunto, que es importante para la vida de los ciudadanos de los Estados miembros.
Hemos hecho progresos también en lo referente al Derecho penal positivo, en particular con la adopción de las decisiones marco en el ámbito del tráfico de drogas y de varios informes sobre la aplicación de las decisiones marco relativas al blanqueo de dinero o a la lucha contra el terrorismo. Hemos iniciado el examen de la propuesta de decisión marco relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, que son elementos esenciales para crear la confianza de que acabo de hablar. Escucharé con interés el informe al respecto que dentro de un momento se presentará en esta Cámara.
Por lo que se refiere a la conservación de los datos de telecomunicaciones, que también ha sido objeto de las preguntas formuladas esta tarde, subrayo que el Consejo concede una gran importancia a este texto en la lucha contra la delincuencia. No se trata de escuchas telefónicas, sino del almacenamiento de datos, por ejemplo números de teléfono, durante un cierto tiempo. Sí, estamos convencidos de la utilidad de este texto dada nuestra experiencia como Ministros de Justicia o de Asuntos Exteriores. Como jurista, sé bien que el fundamento jurídico es importante. Pero, por favor, no perdamos demasiado tiempo en el fundamento jurídico ni en el Consejo ni en nuestras instituciones, si compartimos –espero– el objetivo de ser eficaces en la lucha contra la delincuencia velando al mismo tiempo –y es también el deseo del Consejo– por la protección de la vida privada y teniendo presente asimismo el coste económico de estas nuevas medidas.
Examinaremos con actitud positiva las propuestas que la Comisión ha remitido al Consejo hace tan solo unos días, en particular la opinión del servicio jurídico al respecto. Si he entendido bien, la Comisión presentará una nueva propuesta en las próximas semanas, que será analizada a la luz de la opinión del servicio jurídico. Pero lo subrayo una vez más: para el Consejo, lo esencial es el contenido. Evidentemente, podremos discutir todos los demás aspectos que se han mencionado esta noche en esta Cámara.
El Consejo ha hecho también progresos efectivos en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles, que por lo demás constituye un capítulo importante de la vida del ciudadano europeo. Hablamos quizás demasiado a menudo, en el espacio de seguridad y justicia, de la dimensión penal. El Consejo ha fijado normas en el ámbito del reconocimiento mutuo de las decisiones relativas al Derecho de la familia, al Derecho mercantil o a otros ámbitos del Derecho civil. Hemos adoptado, por ejemplo, el Reglamento por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Hemos adoptado una Directiva sobre indemnización a las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas. Hemos continuado los trabajos relativos a la propuesta de reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales, a saber, Roma II. Se trata de una propuesta especialmente importante, porque pretende definir una ley aplicable, entre otras cosas, en situaciones de responsabilidad a causa de productos defectuosos.
Hemos iniciado el examen de la propuesta de reglamento por el que se instituye un procedimiento europeo de requerimiento de pago. Espero que, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, podamos avanzar con rapidez en las cuestiones relativas al fundamento jurídico. Por lo demás, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior mantendremos un debate de orientación al respecto en espera de la opinión del Parlamento, para avanzar con ustedes en este importante texto. Hemos comenzado también el examen de la propuesta de directiva sobre ciertos aspectos de la mediación, para que las decisiones dictadas conforme a la directiva sean reconocidas y ejecutadas en todos los Estados miembros.
La lista es larga y podría seguir, pero ya conocen ustedes muchos de esos textos. Como ven, en 2004 se hicieron muchísimos progresos para construir una Europa más segura, más justa y, por tanto, más libre. Mi único pesar es que todavía queda mucho por hacer y los progresos a veces son lentos, dada la necesidad de alcanzar la unanimidad en el Consejo y dadas las distintas tradiciones jurídicas. En este espacio judicial europeo, el Consejo y el Parlamento Europeo comparten, creo, las mismas ambiciones. El Tratado Constitucional nos abre nuevas perspectivas. Puedo decirles, en nombre del Consejo, que me comprometo a mantener una buena cooperación con el Parlamento y a trabajar sin descanso para que nuestros conciudadanos puedan vivir en seguridad y libertad.

Frattini,
   . – Señora Presidenta, Señorías, la Comisión tiene por supuesto la firme voluntad de impulsar un auténtico y efectivo espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Tenemos la intención de cumplir este compromiso en estrecha y leal colaboración con este Parlamento y con el Consejo.
Existen unas cuantas directrices estratégicas para nuestras acciones, que expondré sucintamente ante esta Cámara.
El primer principio es la búsqueda de un equilibrio –no de un equilibrio jurídico, sino básicamente de un equilibrio político e institucional– entre las dos principales exigencias planteadas por los ciudadanos europeos: por un lado, más seguridad y, por otro, más libertad.
No puedo imaginar un espacio europeo en el que los ciudadanos tengan garantizada una mayor cota de seguridad, pero a expensas de su libertad, y en el que se vean amputados su espacio de libertad y sus garantías. Tal como ha señalado acertadamente el Ministro Frieden, el valor añadido que Europa puede proporcionar radica en este equilibrio.
La segunda directriz importante es la solidaridad, que vemos cómo un principio que de nuevo nos permitirá desarrollar un espacio europeo en el vasto terreno de la política de inmigración. Debemos buscar un equilibrio adecuado entre una posición firme contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal por un lado, y un verdadero espacio europeo que permita abordar la cuestión de la inmigración legal, por otro, que en mi opinión representa una oportunidad y no un peligro, siempre y cuando venga acompañada de medidas de integración adecuadas, por ejemplo.
Todas estas son líneas de acción en las que la Comisión empezará a trabajar a partir de este año, 2005, en adelante, de nuevo con la idea de que Europa pueda marcar la diferencia, en comparación con las acciones de cada Estado miembro. Veamos por ejemplo la cooperación con países que no forman parte de la UE –países de origen y países de tránsito– que necesitan que respaldemos sus políticas para poder abordar de manera conjunta la cuestión de la inmigración y no considerarla meramente como si a nosotros no nos afectara directamente, en el futuro o quizás incluso en estos momentos.
Existe una tercera directriz estratégica: el fortalecimiento del espacio europeo de justicia, tanto de justicia civil como de justicia penal. En mi opinión el compromiso de Europa en este terreno debe radicar en el fomento, y no solo en la protección, de los derechos fundamentales, empezando con la creación de una Agencia de Derechos Fundamentales, que precisamente tendrá el objetivo de fomentar el pleno respeto de estos derechos y no solo su aplicación.
Para ello, será necesario trabajar en colaboración con el Parlamento y el Consejo, creando las sinergias que serán esenciales para llevar a cabo todas estas actividades que entran dentro de nuestro ámbito de competencias. En primer lugar, el plan de acción –mencionado por el Ministro Frieden y el señor Cavada, entre otros– será presentado oportunamente para su aprobación durante la Presidencia luxemburguesa en junio; por supuesto, será presentado antes, pero tendrá en cuenta el debate que, hasta hoy mismo sigue planteando algunos puntos importantes.
Tal como he prometido y ha solicitado el Consejo, el plan de acción recogerá medidas detalladas, un calendario para la adopción de las disposiciones y una referencia a las medidas específicas que los Estados miembros deben adoptar, por orden de prioridad.
Asimismo, la Comisión está considerando, desde luego, una serie de cuestiones que todavía no han sido abordadas directamente porque el Tratado Constitucional no ha entrado en vigor; pero hay varios aspectos que, en opinión de la Comisión, merecen cierta preparación previa aunque no vayan a ponerse en marcha de forma inmediata. La Comisión se plantea iniciar estos preparativos a principios de 2006, incluso antes de la entrada en vigor del Tratado Constitucional, un acontecimiento que deseamos fervientemente –muy fervientemente– que tenga lugar.
Daré solo un ejemplo: el control democrático de Europol y Eurojust representa uno de los aspectos realmente importantes que marcan un paso adelante en la creación del espacio europeo. Obviamente, depende de la entrada en vigor de la Constitución Europea, pero nada impide a la Comisión adelantarse con un estudio y un informe a fin de estar preparados para cuando el Tratado Constitucional entre en vigor.
El plan de acción incluirá un mecanismo defendido no solo por el señor Cavada en su pregunta, sino también, según creo, por muchos Estados miembros: un mecanismo para la evaluación y el control de la aplicación de las medidas del plan de acción. Tal como ha señalado el Presidente en ejercicio del Consejo, creo que dicho control debería ser constante: se realizará cada seis meses con arreglo a un sistema que ha sido un éxito en un ámbito completamente diferente, aunque lo que cuenta es el principio: el cuadro de indicadores del mercado interior. La Comisión está pensando en un modelo que proporcione indicadores cada seis meses, no con la intención de amenazar o denunciar, sino con la intención de ayudar a los Estados miembros a cumplir el calendario previsto para la adopción de las iniciativas necesarias.
Por otro lado, Señorías, si fijamos un calendario que luego solo se queda sobre el papel, el trabajo de la Comisión no sirve de nada. En su lugar, consideramos que deberíamos apoyar, animar y alentar a los Estados miembros a realizar un esfuerzo conjunto con la Comisión y el Consejo, que en este sentido es esencial.
No me detendré en explicar cuáles son las principales prioridades, que ya se han mencionado: el terrorismo requiere una estrategia de prevención y reacción de gran alcance al margen de las situaciones de emergencia, que respete por supuesto los derechos fundamentales de las personas; muy pronto se presentarán formalmente iniciativas sobre la protección de datos personales, y en el segundo semestre del año estará lista una iniciativa exhaustiva sobre protección de datos en el marco del tercer pilar, tal como he prometido a este Parlamento.
La delincuencia organizada es, sin lugar a dudas, prioritaria, prestando especial atención a las víctimas de la delincuencia y el tráfico, en particular de seres humanos y especialmente de menores, un grupo que, en mi opinión, reviste una gran importancia: son las víctimas más vulnerables y, desde mi punto de vista, merecen la máxima protección.
A continuación, los derechos fundamentales. Ya he mencionado la evaluación de impacto que la Comisión va a llevar a cabo: antes de su adopción, todas las iniciativas de la Comisión serán evaluadas conforme al sistema de derechos fundamentales consagrado en la Constitución; cualquier iniciativa que no sea conforme con dicho sistema no podrá ser adoptada mediante una decisión de la Comisión y no podrá presentarse al mundo exterior; se trata de una especie de procedimiento de consentimiento previo y de evaluación del impacto para la legislación tramitada por iniciativa de la UE.
Por último, un par de comentarios sobre las acciones exteriores de Europa en el ámbito de seguridad, libertad y justicia. A principios de julio, la Comisión presentará una comunicación exhaustiva sobre la dimensión internacional de la seguridad y la justicia –del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia– por la que se reafirma el papel que Europa puede y debe desempeñar en el mundo como defensor y promotor de los derechos fundamentales y de los grandes principios y valores.
Se ha hablado mucho del tema de la justicia: la fiabilidad y la confianza mutuas y la armonización son los dos conceptos fundamentales. En cuanto a la inmigración, ya he mencionado la necesidad de combatir con firmeza el tráfico de seres humanos, pero también debemos contar con una política de integración saneada y equilibrada para los que entran legalmente. Por tanto, la Comisión espera con gran interés los resultados en las cuestiones pendientes de resolución que el Libro Verde sobre inmigración ha puesto en conocimiento de esta Cámara, sin establecer soluciones, como todos ustedes saben, pero poniendo de manifiesto todas estas cuestiones.
Este es, por tanto, el espíritu con el que deseamos trabajar con el Parlamento. Cooperaremos con los Parlamentos nacionales para reforzar el principio, consagrado en la Constitución, de controlar la subsidiariedad y, por supuesto, colaboraremos con este Parlamento, una labor que, como ya viene siendo el caso, constituirá para nosotros un punto de referencia esencial de cara al desarrollo de estas iniciativas. 
Coelho,
    – En el momento de proceder a la evaluación anual de la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia, nos encontramos en una situación política delicada. No podemos atribuir a la nueva Comisión los progresos realizados, ni hacerla responsable de los retrasos sufridos.
De hecho, 2004 fue el año en que la Comisión Prodi concluyó su mandato y la Comisión Barroso tomó posesión; en otras palabras, Frattini tomó el relevo de Vitorino. No obstante, fue un año histórico por tres razones principales. En primer lugar, se produjo la ampliación de la UE y ahora cuenta con una población superior a 450 millones de habitantes, que le proporciona un mayor peso político, geográfico y económico. En segundo lugar, además de la economía y el mercado interior, asumimos la responsabilidad compartida para hacer frente a las amenazas a la estabilidad y la seguridad, que no están limitadas por fronteras, como en el caso del terrorismo; no debemos olvidar los trágicos sucesos del 11 de marzo en Madrid. En tercero, como han expuesto el señor Cavada y la señora Roure, se han producido cambios importantes en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, habiendo entrado en vigor un nuevo marco institucional relativo a los visados, el asilo y la inmigración, en virtud del cual ahora se aplicará la codecisión con el Parlamento y la votación por mayoría cualificada en el Consejo.
En este escenario, los interrogantes que planteamos aquí, tanto a la Comisión como al Consejo, son una muestra de las preocupaciones para las que pedimos respuesta. Queremos saber las iniciativas que se están adoptando y el Parlamento desea controlar tales iniciativas. No queremos limitarnos a desempeñar un papel decorativo; queremos que nuestra opinión sea tenida en cuenta, para que todos los ciudadanos de la UE puedan vivir libremente en un mundo seguro, en el que se combatan todas las formas de calamidades y estén garantizadas nuestras libertades. Desde este punto de vista, Comisario Frattini, felicidades por las garantías que nos ha ofrecido en cuanto a que una mayor seguridad no debe ir en detrimento de la libertad, y por su iniciativa en el Consejo por lo que respecta al Día Europeo contra la Pena de Muerte.
Por último, tres aspectos que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos considera fundamentales: en primer lugar, la entrada en vigor del Tratado Constitucional, con la subsiguiente supresión de la estructura de pilares; en segundo, que el proceso de codecisión se amplíe a entornos como la inmigración legal y la integración, a fin de poder garantizar plena responsabilidad democrática de las decisiones adoptadas en estos ámbitos; y tercero y último, que el control judicial se mejore ampliando las competencias del Tribunal de Justicia. 
Kósáné Kovács,
    – Señora Presidenta, la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia representa una tarea histórica, y el período sometido ahora a revisión es un período histórico, ya que en 2004 la UE se convirtió en una unión de 25 Estados miembros, y en este nuevo entorno político, la seguridad y la justicia tienen que ser capaces de emprender el camino del desarrollo ulterior. En esta UE de 25 Estados miembros, los términos «fuera» y «dentro» tienen un significado diferente, y este nuevo mundo no solo precisa nuevas reglamentaciones; también necesita nuevas instituciones, que no solo funcionen en los aspectos formales, sino que conozcan realmente a los 25 Estados miembros, incluidos los problemas domésticos y las líneas divisorias de los diez Estados nuevos. Por eso tratamos de garantizar que las nuevas instituciones, la Agencia Europea de Control de Fronteras y la Agencia Europea de Derechos Humanos, estén realmente en condiciones de trabajar de una manera positiva y eficaz.
De hecho, la UE se encuentra atrapada en medio de intereses y expectativas conflictivos de los ciudadanos: como ha señalado acertadamente el Comisario Frattini, los ciudadanos de Europa quieren más seguridad y más libertad. Sin embargo, todos sabemos que también necesitamos más solidaridad, aún cuando la UE a veces se muestra más remisa a realizar gestos de solidaridad que a mantener un control firme sobre la seguridad.
Entendemos que a partir del 11 de septiembre y de Madrid debemos contar con vernos obligados a actuar contra el terrorismo. También comprendemos que a veces nos asalte la tentación de ignorar los valores de libertad o solidaridad, pero no debemos permitirnos hacerlo. Por el bien de quienes ven en la UE su nueva patria, no debemos permitir que eso suceda. Aprobamos la mayor diferenciación en la política de inmigración y nos complacen las cuestiones planteadas en el Libro Verde. Pero por favor, a la hora de responder a las preguntas, revisemos la situación del mercado laboral en la UE con una visión crítica, incluida la oferta de mercado laboral existente en los nuevos Estados miembros. 
Ludford,
   . – Señora Presidenta, agradezco la intervención tan exhaustiva del Ministro Frieden, exponiendo los logros del Consejo en 2004. Sin embargo, apenas ha mencionado el notorio malestar de este Parlamento respecto a la calidad y a las formas en que se han desarrollado los acontecimientos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior de la UE. El Consejo necesita cambiar totalmente de cultura de modo que este Parlamento reciba el trato de auténtico socio.
El hecho de que el Ministro haya dicho que no deberíamos perder el tiempo preocupándonos por el fundamento jurídico de la propuesta de retención de datos, constituye un síntoma clarísimo de que el Consejo no se entera. Potencialmente existe una gran diferencia, tanto con respecto al grado de violación de la intimidad como en relación con el grado de transparencia y democracia en el proceso decisorio, si dicha propuesta se fundamenta en el derecho de la UE o es simplemente intergubernamental. La arrogancia con que el Consejo trata las preocupaciones en torno a la intimidad es muy inquietante. Cada vez más propuestas vulneran las normas de protección de datos. Es una pendiente resbaladiza.
El objetivo final será –o ya lo es– interconectar toda la serie de bases de datos comunitarias y nacionales sobre hábitos personales, información biométrica y probablemente, llegado el caso, el ADN. Este asunto exige un debate público en serio, arbitrado por este Parlamento, sobre la base de exhaustivas evaluaciones de impacto sobre la intimidad relativas a cada propuesta. Sin embargo, lo que vemos es un proceso de recorte gradual en que cada nueva propuesta suprime un poco más de protección contra la violación de la intimidad. Este método taimado y oscuro no constituye una estrategia inteligente, ya que si el público europeo descubre un buen día que no está de acuerdo con el sistema de vigilancia construido, va a reaccionar enérgicamente.
Pido al Ministro que convenza a los Ministros y Ministerios de Interior de que cambien los hábitos inveterados y sean francos, sinceros y responsables en sus tratos. 
Voggenhuber,
   .  Señora Presidenta, me he sentido bastante molesto por dos observaciones formuladas por el Presidente en ejercicio del Consejo. La primera ha sido que el Consejo no iba a realizar ningún esfuerzo por adelantarse a las disposiciones de la futura Constitución. La segunda ha sido que, si estamos haciendo algo en favor de la seguridad, no deberíamos discutir acerca de su fundamento jurídico. La primera refleja una tendencia que ha quedado puesta de manifiesto en los debates a lo largo de los últimos meses, ya fuera sobre la lucha contra el terrorismo o la recogida de datos; uno no puede evitar pensar que el Consejo lleva bordeando desde hace algún tiempo los límites extremos de los Tratados existentes y que –cada vez con mayor notoriedad y creciente frecuencia– ha estado actuando en contra de las garantías de los derechos fundamentales. Estoy pensando ahora en los datos de los pasajeros aéreos y en el debate sobre la recogida de datos relativos a las telecomunicaciones.
Evidentemente va siendo hora de dejar clara una cosa, a saber, que las mejoras de la Constitución en términos de lo que se puede hacer en favor de la seguridad interna, y los instrumentos perfeccionados que contiene, son indisociables de los derechos fundamentales garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales y de la participación global del Parlamento. No cabe separarlos. Por tal razón, en lo referente a la observancia de los derechos fundamentales y de los fundamentos de nuestras leyes, nos tendremos que ver las caras. 
Pafilis,
   . – Señora Presidenta, la denominación equívoca de espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como aparece asimismo en el Tratado Constitucional, es una expresión de la promoción y el fomento de la represión so pretexto de combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, la institucionalización y expansión de medidas antidemocráticas y de otro tipo, la ampliación de los mecanismos de supresión y la construcción de la Fortaleza Europa, con una inmigración rígidamente controlada, que incluso llega a crear campos de concentración de criba en terceros países que nos recuerdan a la concentración de los esclavos en siglos pretéritos.
La mención de la libertad y la justicia constituye un insulto a las personas, cuando so pretexto del combate contra el terrorismo se pretende aterrorizar a la población a fin de encubrir la brutal política contra los trabajadores y las medidas restrictivas que se están adoptando y que se intentará aplicar contra quienes se opongan, cuando el Programa de Tampere ya se ha traducido en el crecimiento de una industria, una auténtica fábrica que produce leyes y mecanismos retrógrados que vulneran los derechos y las libertades democráticas, y cuando se está creando un sistema increíble para registrar el comportamiento social y los datos personales en cada país, mediante redes de cámaras y demás equipos de control. Todo el mundo está controlando todo: teléfonos, líneas aéreas, cámaras en las carreteras, cámaras en lugares públicos, dirigibles en el cielo. Se está criminalizando la lucha social, mientras se califica al movimiento radical de peligro número uno y se le incluye, de forma indirecta pero patente, dentro de las amenazas terroristas.
Por tanto, cabe decir que 2004 fue el año en que se aceleró el desplazamiento a la derecha en la Unión Europea, constituyendo la población el objetivo y enemigo principal. La respuesta del movimiento obrero y de las clases más bajas tiene que ser reforzar la lucha en favor del incumplimiento y la desobediencia respecto de las leyes reaccionarias y la propia Unión Europea. 
Cederschiöld (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, Señor Comisario y Consejo, este ámbito jurídico se halla todavía enormemente subdesarrollado, aun cuando, para ser sinceros, también hay que decir que de todas formas es mucho lo que se ha logrado en los últimos diez años. Recordando, por ejemplo, el ánimo y el espíritu reinantes cuando aprobamos el plan de acción para combatir la delincuencia organizada, se puede apreciar que, en cualquier caso, existe una actitud diferente hoy que la que había en los distintos Estados en aquellos momentos. Sin embargo, existe un grave desequilibrio. Los Estados miembros están descuidando los derechos humanos fundamentales. El espíritu del nuevo Tratado, que habla de nuevas formas de democracia y de respeto de los derechos fundamentales, realmente no debe despreciarse bajo ningún concepto. No se pueden ignorar las opiniones del Parlamento Europeo, poniéndonos a trabajar en la aplicación del Tratado simplemente en la forma en que se encuentra. Se trata de hacer sitio para el diálogo en esta materia.
Antes de discutir el asunto de la retención de datos, procede debatir si tales medidas siquiera tienen algún sentido. El señor Frattini tiene una responsabilidad de enorme importancia, y yo respaldo lo que ha expuesto en su intervención. Aún cuando la Presidencia luxemburguesa tenga las mejores intenciones, muchos en este Parlamento se preguntan a dónde apuntan realmente los objetivos y prioridades del Consejo en su conjunto. La retención y el control de los datos constituyen una intromisión grave en la libertad de las personas. En este Parlamento no podemos estar en absoluto de acuerdo con la aprobación de estos asuntos sin que exista una cooperación con el Parlamento al respecto. Esperamos con confianza las próximas actuaciones del señor Frattini. 

Lambrinidis (PSE ).
   – Señor Presidente, hoy estamos asistiendo a algo pasmoso. Creo que todos los partidos políticos en esta Cámara –o la mayoría de ellos– han hecho sonar la alarma acerca del tema de los datos personales, de la forma de cotejarlos y de protegerlos y, sin embargo, a pesar de todo esto, parece ser que, por encima y más allá de las palabras, que a veces suenan estupendamente, el Consejo y la Comisión no han entendido lo que está sucediendo.
A la hora de combatir el terrorismo, es evidente que es útil cotejar los datos; la pregunta es cómo se hace, con qué finalidad y si resulta eficaz y, en última instancia, qué es lo que se intenta reprimir, por lo que se refiere a los derechos personales de nuestros ciudadanos, a fin de lograr el éxito, ya que –si se me permite el ejemplo extremo– las cámaras de tortura también constituyen una medio muy eficaz para capturar a los terroristas. Como europeos, hemos decidido considerarlas ilegales. No podemos afirmar que todo lo que sea útil para las fuerzas del orden es necesariamente bueno. Nuestra política en estos temas tiene que ser un poco más inteligente, un poco más moderada y, en cualquier caso, tiene que estar mejor explicada.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado la señora Ludford acerca de las lonchas de salami; constituye un problema al que hay que poner fin. Celebremos un debate serio, pongamos todos las cartas sobre la mesa.
Un ejemplo, no solo de esto, sino también de la incapacidad paralela de los Estados miembros para cooperar en lo que dicen querer resolver juntos lo proporciona una parte importante de la protección civil y de la protección de las infraestructuras en nuestros países frente a las amenazas terroristas. El Consejo facilita fondos para eso –lo cual es bueno–, pero de ninguna de las maneras ha conseguido dar instrucciones a la Comisión para que elabore un programa claro. Los Estados miembros van a recibir un dinero sin cooperar. Eso no funciona en la práctica; suena bien a los oídos de los ciudadanos, pero no resuelve los problemas. Así que, por favor: menos palabras y más seriedad. 
In 't Veld (ALDE ).
   – Señor Presidente, se ha hablado mucho acerca del equilibrio apropiado entre seguridad y libertades civiles, pero veamos cómo funciona en la práctica. El año pasado se aprobó un acuerdo, contra la voluntad del Parlamento Europeo, que daba a los Estados Unidos acceso a las listas de nombres de los pasajeros. Precisamente el sábado pasado se denegó el acceso al espacio aéreo estadounidense a un vuelo de KLM de Ámsterdam a México que debía sobrevolar los Estados Unidos, que tuvo que retornar a los Países Bajos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos habían descubierto que llevaba a bordo a dos pasajeros que figuraban en una lista estadounidense de potenciales terroristas. ¿Cómo habían conseguido los Estados Unidos esos datos? ¿Cómo habían obtenido esos nombres? El acuerdo sobre las listas de nombres de pasajeros solo se aplica a los vuelos con origen o destino en los Estados Unidos, no a los que cruzan el espacio aéreo estadounidense. Por consiguiente, los Estados Unidos han vulnerado claramente las leyes y yo quisiera saber qué va a hacer la Comisión.
En segundo lugar, me complacen mucho las palabras del señor Frattini, que ha afirmado que deberíamos promover, no solo proteger, los derechos fundamentales, y quisiera añadir que deberíamos fomentar los valores y no contentarnos con hacer leyes.
Me gustaría que el señor Frattini nos dijera qué hay de la creación del grupo de trabajo sobre derechos fundamentales que nos prometió el señor Barroso. No he oído nada al respecto. Espero que este grupo de trabajo estudie sobre todo propuestas encaminadas a poner fin a la discriminación contra las personas gay o lesbianas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el reconocimiento de las parejas casadas del mismo sexo? ¿Qué tal si se ataja la homofobia, que va en aumento? ¿Qué tal si se apremia a aquellos Estados miembros que hasta ahora no han reconocido o indemnizado a las víctimas homosexuales del régimen nazi? 
Espero que la Comisión responda a estas preguntas. 
Flautre (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, tengo que manifestar mi extrañeza al ver que en sus intervenciones ni el Comisario ni el Presidente en ejercicio del Consejo han desarrollado la cuestión de la dimensión exterior de la política de asilo e inmigración. 
No ignoran ustedes que el Parlamento Europeo ha decidido debatir la cuestión de la situación de Lampedusa y los campos de Libia en el marco de sus resoluciones de urgencia del jueves, que la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe (incluida Libia), que visitará Libia la próxima semana, ha decidido visitar un centro de acogida de extranjeros, y que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior se plantea realizar una misión de investigación. 
En estas circunstancias, pienso que el interés del Parlamento Europeo, que ha reiterado en varias ocasiones su oposición a la externalización del asilo y a la creación de campos en las fronteras de la Unión, habría merecido una declaración más completa por su parte. Los derechos fundamentales que se han vulnerado en Lampedusa y en Libia están consagrados no solo en la Carta de los Derechos Fundamentales, sino también en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados. 
A la luz de estos hechos, ¿tiene el Consejo intención de llamar la atención del Estado que vulnera esos derechos sobre la vulneración reiterada y sistemática de los mismos, porque creo que es la tercera vez que ha surgido la cuestión de Lampedusa?
Triantaphyllides (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, las principales medidas que toman sobre la base de los principios de La Haya no salvaguardan todo lo que se ha proclamado. ¿Cómo se puede conciliar el objetivo fundamental de la aplicación de las políticas destinadas a la defensa de los derechos humanos con la inclusión de los datos biométricos en los pasaportes de los ciudadanos? ¿Cómo puede considerarse válido adoptar decisiones que violan las libertades fundamentales?
El programa de La Haya resultante de las conclusiones del Consejo Europeo de noviembre afirma que la seguridad tiene carácter urgente y es un objetivo prioritario, especialmente a la luz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y del 11 de marzo en Madrid.
El camino elegido por la Unión consiste en sacrificar las libertades humanas. Se está utilizando el Programa de La Haya para justificar la política de segregar a sus ciudadanos de los de terceros países, que son tachados constantemente de fuente de males mayores. La propia Unión está promoviendo la xenofobia en nombre de la libertad y la justicia, y está erigiendo muros, clasificando a los ciudadanos de los países en desarrollo dentro de una categoría distinta de personas.
Por consiguiente, sobre estos supuestos juzgamos que el Programa de La Haya se halla enfermo, no solo en lo tocante a su aplicación, sino –lo que es más importante– en general. 
Sonik (PPE-DE ). –
    Señor Presidente, Señorías, la última ampliación ha provocado cambios en la Unión Europea, tanto geográficos como demográficos, debido a la adhesión de diez nuevos Estados miembros y una población que alcanza ahora los 450 millones. Son factores novedosos y altamente significativos por lo que respecta al fortalecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia.
En su momento, fueron muchos los que expresaron el temor de que esta apertura de la UE pudiera traducirse en la amenaza de que se «exportara» la delincuencia organizada o la inmigración descontrolada. Hoy, sin embargo, resulta evidente que la ampliación no ha supuesto ningún impacto negativo sobre la seguridad interna de la Unión Europea. De hecho es cierto lo contrario, ya que la adhesión de un nuevo grupo de Estados miembros se ha traducido en que podemos colaborar de manera más eficaz en Europa.
La confianza mutua resulta esencial para establecer una cooperación eficaz, y lo mismo cabe decir de todas las facetas del espacio de libertad, seguridad y justicia. Esto incluye la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, que tiene una enorme significación para la seguridad jurídica de los ciudadanos. Quiero señalar que en algunas ocasiones ha traslucido una cierta falta de confianza en los nuevos Estados miembros, por ejemplo con motivo de la imposición, carente de antecedentes, de períodos transitorios especiales que se aplican antes de que dichos Estados miembros se conviertan en miembros de pleno derecho del espacio de Schengen. Ya estamos detectando que los logros alcanzados hasta ahora por los nuevos Estados miembros han quedado reconocidos, por ejemplo, en el Programa de La Haya aprobado en noviembre de 2004. Según este Programa, las evaluaciones de Schengen están previstas que comiencen en el primer semestre de 2006, y el plazo para la entrada en el espacio Schengen finaliza en 2007. No obstante, el éxito de este proceso depende del cumplimiento de todos los requisitos necesarios. Esto afecta sobre todo a la Comisión Europea, que es responsable de crear y coordinar el nuevo Sistema de Información de Schengen de segunda generación. Este último debe entregarse en marzo de 2007 y creo que es esencial que realicemos el máximo esfuerzo para garantizar el cumplimiento de esa fecha.
Por añadidura, resultará imposible establecer la cooperación en materia de seguridad interior, vista desde el punto más amplio de la ampliación, si se continúa tomando decisiones en estructuras intergubernamentales reducidas y opacas, como el grupo G5, que comprende al Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania. Esto resultará especialmente cierto si la razón aducida para no permitir que los nuevos Estados miembros entren en estos grupos es que en esos países siguen prevaleciendo unas denominadas culturas operativas diferentes, y que por consiguiente no pueden participar en tales organismos. Un planteamiento así no contribuye en nada a fomentar la confianza y la buena cooperación.
El último punto relativo a la ampliación que quiero exponer es importante, a saber, que se han de establecer planes de acción y estrategias en torno a las relaciones de la UE con terceros países situados en la creciente frontera oriental, ya que se trata de un nuevo territorio desde el punto de vista de la justicia y los asuntos de interior. 
Lévai (PSE ).
   – Señor Presidente, Robert Schuman concluye su libro con las palabras «Europa está en busca de sí misma». Esta reflexión resulta tan acertada para la Comunidad Europea hoy como entonces. De todos los retos a que se enfrenta la Europa de hoy, los dos entornos más importantes son el Programa de Lisboa y el programa destinado a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. Estoy convencida de que estos dos campos están estrechamente relacionados entre si y que se refuerzan mutuamente y, al mismo tiempo de que su éxito es interdependiente. 
En el contexto de este mismo tema, a nadie se le oculta la importancia de actuar contra la inmigración ilegal. Mucha gente cree que una de las formas más importantes de hacerlo –además de reforzar la cooperación entre las autoridades fronterizas y las de asuntos interiores– consiste en conducir la inmigración ilegal hacia la inmigración legal. Eso supondría un alivio para los problemas demográficos europeos, pero al mismo tiempo también podría contribuir a estimular el crecimiento económico al proporcionar una oferta de mano de obra muy necesaria.
La migración afecta desde luego a los derechos y valores humanos, así como a las cuestiones de discriminación y los prejuicios. En este punto quiero llamar la atención brevemente sobre el hecho de que el 8 de abril ha sido declarado Día Romaní Internacional, y que la minoría más grande de Europa sufre continuamente discriminación y muestras de enorme intolerancia. La posición de los Estados miembros respecto de este tema varía, pero eso no debe ser óbice para que el Parlamento introduzca un cambio real junto con la Comisión y el Consejo. La creación simultánea de seguridad y libertad en Europa conformará un futuro mejor para todos sus ciudadanos. 
Agnoletto (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, Señorías, en relación con la necesidad de dotar de transparencia al trabajo de la policía en la Unión Europea, me gustaría llamar la atención sobre un aspecto concreto. Quiero destacar la importancia que tiene para este Parlamento el llamamiento al Consejo de la Unión Europea de declarar vinculante el Código Europeo de Ética de la Policía. Este código fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 19 de septiembre de 2001 y debería ser considerado el punto de partida para el desarrollo de normas profesionales para la policía en la Unión Europea. Convertir este código en ley en los países de Europa sería una gran contribución a la creación de un corpus jurídico europeo más acorde con los derechos humanos a escala internacional y con las legislaciones nacionales más avanzadas en cuestiones policiales.
En cuanto a la política interior de la Unión, la conversión del código en un acto jurídico vinculante tendría, en virtud de las disposiciones que recoge sobre la formación en principios éticos de los oficiales de policía, una función importante de prevención y salvaguardia con vistas a que –el señor Frattini sabe de qué estoy hablando– no vuelvan a repetirse graves violaciones de los derechos humanos como las cometidas por la policía italiana en Génova durante la cumbre del G8 en 2001.
En cuanto a las relaciones exteriores, la adopción del código otorgaría a la Unión Europea una mayor credibilidad internacional. El respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho en terceros países constituye un factor esencial para el desarrollo de las relaciones exteriores de la UE y la conclusión de tratados internacionales. 
Busuttil (PPE-DE ).
   – El pasado fin de semana, y en dos ocasiones diferentes, el mar arrojó dos cadáveres en Malta. En un caso, el mar arrastró hasta la playa el cuerpo de una persona. En el segundo, que se produjo ayer, se ha encontrado otro cadáver unas millas mar adentro, alejado de la costa maltesa y fue llevado a tierra por el ejército. No cabe duda de que los dos cadáveres pertenecían a personas víctimas de los traficantes de personas, ese delito gravísimo y despiadado que está agravando aún más la tragedia de la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Así que resulta especialmente oportuno que celebremos un debate como este de hoy, a fin de discutir lo que estamos haciendo en Europa de forma concreta para resolver este problema. El Programa de La Haya, que debe alcanzar hasta 2010, es un programa ambicioso que nos conduce realmente a un política común en materia de asilo político e inmigración.
Por ello, deseo felicitar a la Comisión Europea por su propuesta, que está relacionada de manera concreta con el problema que se suele denominar «compartir cargas». La propuesta de la Comisión, sobre todo en lo tocante al establecimiento de un fondo especial , representa un paso concreto en la dirección correcta de manera que quede institucionalizada la obligación de que el peso del problema de la inmigración sea compartido por todos y no solo por quienes se ven directamente expuestos a este fenómeno. Es una lástima que la Agencia Europea de Control de Fronteras no haya comenzado todavía a funcionar cuando existe una demanda tan urgente de que empiece a verse un esfuerzo colectivo en este sector. También estoy de acuerdo con la Comisión en la importancia que da a esta política en términos de asignaciones presupuestarias, sobre todo a la vista de las nuevas perspectivas financieras. Por otro lado, tengo ciertas reservas acerca de hasta cuándo debemos seguir discutiendo la ampliación de las competencias, incluso respecto de decisiones adoptadas por codecisión en el ámbito de la inmigración legal, cuando queda todavía tanto por hacer en el campo de la inmigración ilegal, concretamente en los países confrontados de forma directa con los problemas y las cargas de la inmigración ilegal. Tenemos que demostrar que Europa es capaz de hacer frente de un modo eficaz a este reto que se abate sobre ella. Muchas gracias. 
Esteves (PPE-DE ).
   – En Europa, el Estado de Derecho se fundamenta en un sistema de valores universales que está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales y en la Constitución venidera. En consecuencia, el sistema de poderes de la UE –de los Estados miembros y de las instituciones europeas– no es neutro desde un punto de vista moral.
El desafío a la política pública planteado por cuestiones de dignidad humana fundamental puede apreciarse con mayor nitidez en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Los temas del asilo, la inmigración, el sistema de justicia penal y el equilibrio entre libertad y seguridad exigen un consenso en materia de justicia y, la mayoría de las veces, de armonización de la jurisdicción.
En este contexto, existen ciertos asuntos apremiantes sobre los que quiero llamar la atención del Consejo y la Comisión. ¿Cómo abordar la cuestión de la inmigración ilegal, por ejemplo? ¿Acepta esta Cámara la urgente necesidad de una política común, o dejamos en manos de cada uno de los Estados miembros que cuente con su propia política, incluida la de la justicia penal? ¿Qué proponen el Consejo y la Comisión para atacar el tema de la reforma de las cárceles? ¿Creen que este es también un asunto propio de cada Estado miembro, o bien exige este entorno con carácter urgente una política común que comprenda todo el sistema penal, o en otras palabras, que abarque la fase de cumplimiento de las penas de cárcel y, de hecho, la modulación de las penas?
La verdad es que Europa está incompleta si se queda simplemente en un espacio obsesivo de seguridad. Europa solo estará completa si, en paralelo con las preocupaciones en torno al espacio de seguridad, se convierte efectivamente en un espacio de justicia. 
Frieden,
   . Señor Presidente, no comparto en absoluto los puntos de vista de algunas de sus Señorías, que han tratado de otorgar al Parlamento el heroico papel de defensor de la libertad y a los miembros del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior el de paladines de la seguridad. Puedo asegurarles que en todas las decisiones que tomamos intentamos mantener el equilibrio entre los tres objetivos de esta política: libertad, seguridad y justicia. Hemos dicho en muchas ocasiones que queremos un desarrollo paralelo de estos tres componentes. Esto es particularmente importante para nosotros y, por tanto, rechazo el argumento de que el Parlamento debería frenar nuestra ambición de crear más seguridad porque esto se haría a expensas de la libertad. 
Esto simplemente es falso, y les daré algunos ejemplos para ilustrarlo. El día en que un asesino o un violador pueda ser enjuiciado porque las huellas genéticas almacenadas en las bases de datos de ADN nos permitirán asegurar su condena, los ciudadanos estarán encantados, y ustedes también. Hoy, el culpable puede viajar a otro Estado miembro de la Unión Europea para evitar el castigo, porque no hay interconexión entre las bases de datos de ADN, y cuando esto suceda el Parlamento preguntará al Consejo por qué no hemos hecho nada para cambiar esta situación. 
Lo mismo sucede con la interconexión de los registros de antecedentes penales. Cuando una persona que ha abusado sexualmente de niños se traslada a otro Estado miembro, cuyas autoridades no están al corriente de los antecedentes de esa persona, la gente se preguntará, con razón, que por qué seguimos permitiendo que esto ocurra. Actualmente estamos examinando cómo interconectar mejor los datos de que disponemos en los distintos registros de antecedentes penales. 
Después del 11 de septiembre de 2001 se nos preguntó también, y con razón, por qué no habíamos avanzado en relación con la orden de detención europea, cuanto el texto estaba sobre la mesa del Consejo desde hacía tiempo. Entonces pusimos manos a la obra, pero cuando no se producen sucesos dramáticos tenemos cierta tendencia a olvidar –como ustedes también, según parece a veces– que la prevención activa de la delincuencia y el terrorismo implica tomar una serie de medidas, manteniendo por supuesto el equilibrio entre libertad, seguridad y justicia. Es una preocupación que tenemos en común, entonces, por favor, olvidemos esa falacia de que el Parlamento alberga a los defensores de la libertad mientras que el Consejo desea cercenar nuestras libertades fundamentales.
Mi segunda observación se refiere a la conservación de los datos. Lo que acabo de decir sobre los principios subyacentes vale también para la conservación de los datos. De todos modos, estoy extremadamente sorprendido, incluso molesto, por algunas afirmaciones que se han hecho aquí, en las que se ha puesto en el mismo plano la conservación de los datos y el uso de cámaras de tortura. 
¿Es que ha olvidado el Parlamento Europeo que, hace ya tres años, creo, adoptamos una directiva sobre el tratamiento de los datos que permite a los Estados miembros, en el marco de su legislación nacional, conservar los datos de telecomunicaciones para determinados objetivos concretos y durante un determinado plazo? Esa directiva fue adoptada por la vía de la codecisión.
En otras palabras, hoy lo que intentamos hacer no es conservar los resultados de las escuchas, el contenido de las conversaciones telefónicas. Simplemente intentamos combatir la delincuencia con más eficacia estableciendo en un instrumento jurídico, que estamos debatiendo actualmente y que podrá ser enmendado, es el principio de que lo que se puede hacer a escala nacional también se puede hacer a escala europea, siempre en las mismas condiciones. Mi petición es que tengamos una mentalidad «más europea» a la hora de luchar contra la delincuencia. 
Ni que decir tiene que habrá que fijar condiciones y objetivos claros en relación con los datos que pueden conservar, el tiempo de conservación y la consulta de esos datos. Esto no es ni más ni menos que lo que ya reclamamos en muchos Estados miembros. Muchos delitos relacionados con la droga y muchos crímenes terroristas se han podido elucidar en nuestros Estados miembros gracias a la conservación de los datos. Seamos, pues, realistas sobre las posibilidades que la conservación de los datos nos brinda. 
Por supuesto, si el fundamento jurídico –y vamos a examinarlo, como he dicho antes– es tal que nos encontremos en parte en el primer pilar, el Consejo no tendrá ningún problema en discutirlo con el Parlamento y con mucho gusto compareceré de nuevo ante la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior para debatirlo en detalle. 
Creo que es un instrumento útil en la lucha contra la delincuencia, estoy convencido de ello, y espero que encontremos el mecanismo adecuado. Por esta razón, como he dicho, debemos discutir sobre el fundamento jurídico, no tengo ningún problema al respecto. Los que han afirmado lo contrario hace un momento se equivocan. Sí, quiero discutir sobre el fundamento jurídico, pero también he dicho que no debemos perder el tiempo con discusiones interminables, pues a los delincuentes nada les importa menos que el fundamento jurídico y simplemente se aprovechan de la falta de interconexiones entre sistemas nacionales y de cierto número de mecanismos claramente reglamentados. 
El Consejo analizará pues el dictamen jurídico de la Comisión y la nueva propuesta de la Comisión, si la hay. De hecho, lo que quieren los cuatro Estados miembros que han presentado la propuesta que debatimos actualmente en el Consejo no es sino que tomemos sus textos nacionales y elaboremos una solución europea, cosa que a la Presidencia del Consejo le parece perfectamente normal.
Mi tercera observación se refiere a la dimensión exterior. Es cierto que no he mencionado la dimensión exterior de la inmigración, pero pensaba que ya había dicho más que suficiente sobre el tema; más concretamente, mi objetivo era informarles de los progresos realizados el año pasado hacia el espacio de justicia. Habría podido hablarles largo y tendido de nuestra concepción y nuestros trabajos durante el año en curso. Creo que la dimensión exterior de la política común de justicia y asuntos de interior es extremadamente importante tanto en el marco del componente de la inmigración como en el de la lucha contra la delincuencia. Me parece esencial que, en la situación mediterránea, en la situación en los Balcanes, tengamos en cuenta las dimensiones exteriores de la política de justicia y asuntos de interior, porque dicha política tiene un efecto inmediato en la política interior de los Estados miembros; por consiguiente, abogo una vez más por una política realmente común en materia de asilo y de inmigración. 
Como les he dicho antes, con pesar, en relación con los progresos realizados en 2004: no son más que normas mínimas, pero es bueno que existan realmente. Necesitamos un Tratado Constitucional para desarrollar una verdadera política común en materia de asilo e inmigración y, por supuesto, habrá que dar un lugar preponderante a la dimensión exterior. He dicho a menudo que entre seguridad exterior y seguridad interior no hay fronteras, todos los elementos interactúan, es lo que sucede con la delincuencia y lo que sucede con la inmigración. Son dos ámbitos políticos diferentes que se abordan en la misma configuración del Consejo.
Por último, en materia de transparencia y de consulta al Parlamento, me sorprende que algunos de ustedes aboguen por una entrada en vigor anticipada del Tratado. Creo que el Consejo escucha al Parlamento sobre los temas en que el Tratado prevé que debe escuchar al Parlamento; decide con el Parlamento sobre los puntos que el Tratado prevé actualmente. Si mañana entra en vigor un nuevo Tratado, aplicaremos sus normas. Deseo de todo corazón esas nuevas normas, creo que lo he dejado claro. 
En la actualidad, el Parlamento está plenamente informado de los trabajos del Consejo. Contrariamente a lo que creen algunos de ustedes, no aplicamos una táctica de fragmentación con el Parlamento. Le informamos de todas las decisiones que tomamos y del estado actual de los expedientes. Así se hizo, por lo demás, con nuestras conclusiones sobre los datos biométricos en los visados y los permisos de residencia y con el sistema de información de visados (VIS), y vamos a seguir haciéndolo. 
Tampoco hay táctica de fragmentación con respecto a nuestros objetivos, porque están claramente establecidos. Estarán aún más claramente fijados cuando dispongamos de un plan de acción que permita transponer el Programa de La Haya. Por esta razón queremos ese programa. Hemos pedido a la Comisión que trabaje con rapidez, porque quisiera adoptar el plan de acción resultante del Programa de La Haya durante la Presidencia luxemburguesa en junio. Entonces sabremos exactamente hacia dónde nos orientamos, sin perjuicio de que tengamos que readaptar en su momento el plan de acción cuando el Tratado constitucional esté en vigor.
Mi última observación se refiere a un aspecto que he olvidado mencionar antes, a saber, el racismo. Creo que ha sido la señora Roure quien ha planteado la cuestión. La Presidencia luxemburguesa otorga gran importancia a esta directiva. He hecho todo lo posible para sacarla adelante y reintroducirla en el orden del día del Consejo, pero, como ocurre con los primeros temas de que hablaba, hay que encontrar un equilibrio entre intereses que a veces son contradictorios.
Cuando digo que debemos tener valores comunes en Europa y que el racismo merece una condena absoluta, algunos me replican que restringimos demasiado la libertad de expresión. No nos encontramos aquí en los mismos ámbitos que he abordado hace un momento, pero también hay que encontrar un equilibrio. 
No he incluido este proyecto en el orden del día del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de esta semana porque una serie de Estados miembros, y en particular los nuevos Estados miembros, expresaron su deseo de poder analizar en detalle el texto que los antiguos Estados miembros habían examinado ya antes de la ampliación. No obstante, puedo informar al Parlamento de que tengo la firme intención de presentar este texto al Consejo de junio, porque deseo –siempre se pueden tener deseos, esperanzas– que se adopte bajo la Presidencia luxemburguesa. Evidentemente, tendrían que ponerse de acuerdo sobre su redacción 25 Estados miembros, y si se introducen modificaciones sustanciales, está claro que el Parlamento Europeo será consultado de nuevo, pero espero que avancemos en relación con este instrumento, que tiene una importancia particular para mí.
Frattini,
   . – Señor Presidente, tengo poco que añadir: solo tres consideraciones. La primera es que muchos diputados han planteado una cuestión fundamental, que ya he abordado en mi anterior intervención. No hay duda de que los tres elementos esenciales que conforman la acción de Europa en los tres grandes espacios de libertad –que implica la promoción y no solo la protección de la libertad–, justicia y seguridad, deben desarrollarse conjuntamente.
Para ser todavía más explícito, a fin de contar con una seguridad adecuada, no solo necesitamos salvaguardias para los derechos fundamentales de las personas, sino también un desarrollo efectivo del espacio europeo de justicia. Resulta evidente que, por un lado, hay llamamientos a armonizar o a tratar de unificar hasta cierto punto determinados principios básicos –dentro de unos minutos abordaremos la cuestión de los derechos procesales en los procedimientos penales–, y yo estoy plenamente a favor de este intento de armonización, pero también hay, por supuesto, otros que dicen que es preciso tener en cuenta la gran diferencia de tradiciones, historia y cultura existente entre nuestros ordenamientos jurídicos.
Queda claro, por tanto, que la Comisión debe tener todo esto en cuenta. Siempre nos esforzaremos por conseguir que estos tres grandes espacios se desarrollen en paralelo y de forma equilibrada.
En cuanto a los derechos fundamentales, en particular, se ha preguntado qué hace el grupo de Comisarios que el Presidente Barroso anunció al Parlamento. El grupo de trabajo, desde luego, fue creado el pasado mes de diciembre y se ha reunido en varias ocasiones; el Presidente Barroso preside en persona este grupo y yo ocupo la vicepresidencia, coordinando las iniciativas necesarias con otros colegas. Hemos elaborado un plan de trabajo consistente en una serie de acciones y principios que debemos abordar; ya estamos tratando algunas de ellas. Antes mencioné la cuestión de la protección de menores; es uno de lo puntos en los que nos hemos centrado en las primeras semanas y seguirá siendo objeto de atención en el futuro.
Hay muchos otros temas y, por supuesto, cuando el Parlamento desee escucharme directamente en la Comisión sobre los progresos que el grupo de Comisarios ha realizado en su trabajo, estaré dispuesto a ello.
Hemos mencionado el racismo y el antisemitismo como cuestiones que deben permanecer en el programa de trabajo de Europa. Mis esperanzas vienen a sumarse a las del Presidente en ejercicio del Consejo al afirmar que Europa no debe dar la impresión de ser tan débil como para no ser capaz de alcanzar un acuerdo, aunque no sea tarea fácil, a finales de junio, sobre una cuestión que lleva sobre la mesa del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior desde hace tres años largos. Con esta esperanza también hago, por supuesto, un llamamiento a alcanzar finalmente un acuerdo sobre este texto y para la creación de un marco conjunto que respete la subsidiariedad. No deseo que los ciudadanos europeos tengan que escuchar que al cabo de tres años de debate no hemos logrado afirmar debidamente el principio fundamental de que el racismo no tiene cabida en Europa. Este es otro punto sobre el que ha estado trabajando el grupo de Comisarios y sobre el que seguirá trabajando.
Se ha hablado mucho de la protección de datos personales. Nadie piensa crear un «gran hermano» europeo que todo lo intercepta y todo lo archiva; la Comisión, por supuesto, no tiene la más mínima intención de hacer nada por el estilo. Estamos pensando en una iniciativa equilibrada, que en primer lugar tendrá en cuenta todos los requisitos específicos necesarios para la investigación de determinados delitos transfronterizos –el terrorismo, sin lugar a dudas, pero también el tráfico de seres humanos y la pedofilia– y que se pondrá a disposición de determinadas autoridades debidamente identificadas durante un tiempo prudencial. Por tanto, no habrá nada parecido a una base de datos permanente, que ninguno de nosotros considera compatible con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.
La Comisión presentará su propia propuesta, ya que tiene dudas con respecto al fundamento jurídico propuesto por el Consejo. Lo he puesto de manifiesto en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir: dentro de pocas semanas nuestra propuesta estará lista para su examen por el Consejo. La Comisión tendrá en cuenta las valoraciones del Parlamento a este respecto, al igual que ha tomado en consideración –no debemos olvidarlo nunca– las valoraciones de las autoridades responsables de la protección de datos personales. Estas autoridades han constituido un cuerpo de sólidos conocimientos especializados, incluso sobre cuestiones técnicas, y han emitido juicios que a menudo son críticos con las propuestas de la Comisión.
Sin lugar a dudar, tenemos en cuenta sus apreciaciones y seguiremos haciéndolo, pero si, por ejemplo, su valoración de la propuesta es favorable, contaremos con un sólido argumento a nuestro favor, en el sentido de que la propuesta respeta el derecho fundamental a la protección de datos.
Por último, algunas palabras sobre el asilo y la política europea en esta materia. También en este punto nuestro enfoque debería ser y seguirá siendo equilibrado: los derechos procesales mínimos son esenciales y constituyen un primer paso. Nuestra ambición es crear en el futuro –espero que pronto– un sistema europeo de reconocimiento o revocación del estatuto de refugiado sin diferencias de trato, caracterizado por un alto nivel de calidad y no por la nivelación a la baja a un mínimo común denominador, como algunos han sugerido.
No creemos que la política europea pueda retroceder a un estado desequilibrado, en el sentido de que solo aborde el rechazo de solicitantes de asilo y no su admisión e integración. Ambos aspectos son relevantes: no puede existir una política adecuada de prevención o rechazo si no estamos dispuestos a integrar a los que han llegado a Europa de forma legal.
No cabe duda de que estaremos haciendo un flaco favor a los que desean trabajar honestamente si no nos oponemos de forma clara, firme y rigurosa a los que trafican con seres humanos. Estos enfoques son dos caras de la misma moneda y constituirán la base de la política europea en lo que atañe a la Comisión. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar durante el periodo parcial de sesiones de mayo. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe de la señora Buitenweg sobre los derechos procesales en el marco de los procesos penales en la Unión Europea.
Tiene nuevamente la palabra el señor Frattini. 
Frattini,
   . Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer el apoyo del Parlamento a esta importante propuesta. Nuestra propuesta consta de dos elementos principales. El primero pretende fijar normas comunes mínimas en lo concerniente a determinados derechos procesales en el marco de los procesos penales en toda la Unión Europea. La intención es promover el cumplimiento como norma coherente, más que duplicar el CEDH. Los ámbitos para los que se proponen unas normas comunes mínimas en esta primera fase son: en primer lugar, el acceso a la asistencia letrada tanto antes del juicio como durante el mismo; en segundo lugar, el acceso a servicios de interpretación y traducción gratuitos; en tercer lugar, asegurar que se preste atención debidamente a las personas que no son capaces de comprender o seguir los procedimientos; y en quinto lugar, el derecho de los sospechosos extranjeros a establecer comunicación con las autoridades consulares, así como una carta por la que se notifican por escrito a la persona imputada los derechos que tiene.
Se ha adoptado la decisión de elaborar inicialmente propuestas en relación con estos cinco derechos, ya que tienen especial importancia en el contexto del reconocimiento mutuo. No se pretende insinuar que estos cinco derechos sean más importantes que otros, solo que tienen una relevancia más inmediata para el reconocimiento mutuo. Con el fin de promover con carácter general el derecho a un juicio justo, esta decisión marco tendrá el efecto de garantizar un nivel razonable de protección a los sospechosos y los acusados extranjeros. 
Por último, el reconocimiento mutuo solo puede funcionar eficazmente dentro de un espíritu de confianza. Esta propuesta de decisión marco reforzará la confianza mutua que los Estados miembros tienen en los sistemas de justicia penal de los demás países. No solo es importante tener confianza en la honradez de las reglas de los socios de uno, también lo es confiar en que dichas reglas se apliquen de manera correcta. Esa es la razón por la cual se propone un mecanismo de control. 
Buitenweg (Verts/ALE ),
   .  Señor Presidente, el hecho de que estemos hoy, por fin, debatiendo este informe sobre criterios mínimos en las normas procesales penales que han de regir en toda la Unión Europea es algo que me llena de orgullo. Mi Grupo votó en contra de la orden de detención europea allá en 2001, siendo una de las razones que no se había previsto nada en la vertiente de los derechos de los sospechosos que, en virtud de ese nuevo Reglamento, podían ser entregados a otro Estado miembro de la UE con mucha mayor facilidad. Ahora estamos en condiciones de poner fin a la batalla política que se entabló entonces, ya que en cualquier caso estamos unidos en nuestro parecer de que los derechos procesales de los sospechosos son un complemento necesario de la orden de detención europea. Muchos diputados han estudiado con gran detenimiento este asunto y quiero dar las gracias al señor Costa por sus propuestas desde la distancia. Asimismo, quiero dar las gracias de todo corazón a los demás diputados por la excelente cooperación.
Por lo demás, mi labor se ha visto facilitada por haber realizado la Comisión un trabajo excelente. Ha recopilado multitud de ideas, ha consultado con determinadas personas y ha presentado los resultados en un Libro Verde, sobre el que el anterior presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el señor Mollar, elaboró un informe favorable. Sus observaciones me han servido de base para mi informe.
Dado que los criminales no se atienen a las fronteras nacionales, su persecución debe ir también más allá de las mismas. Pero en el bien entendido de que se respeta el Estado de Derecho en Europa. Este informe no solo trata de los derechos de los sospechosos, sino que también se refiere a la lucha eficaz contra la delincuencia. Al fin y al cabo, si los Estados miembros no se fían unos de otros, se mostrarán poco propensos a entregarse mutuamente sus propios presos a ojos cerrados. Esto queda ilustrado por los avistadores de aviones británicos y neerlandeses que, como ustedes recordarán, fueron detenidos en Grecia hace algunos años. A pesar de la avalancha de protestas que desencadenó entre los políticos y ciudadanos británicos y neerlandeses, la orden de detención europea fue aprobada por esos mismos políticos durante ese mismo mes de diciembre, en virtud de la cual, a partir de entonces, todos los avistadores tendrían que ser extraditados a Grecia. La cuestión, sin embargo, es si realmente se hará cuando existe una protesta tan notable en contra. Por esta razón pienso que, a fin de combatir la delincuencia de manera eficaz, es necesaria una confianza real entre los Estados miembros, y la confianza exige unos acuerdos claros en cuanto a los derechos de los sospechosos.
Huelga decir, como ha expuesto el señor Comisario, que muchos derechos ya están regulados por el CEDH, pero están concebidos como principios de justicia y tienen que ser desarrollados por los distintos Estados miembros. La propuesta de la Comisión es mucho más específica. Además, los derechos van a quedar mucho más patentes y van a resultar más fáciles de poner en práctica. El hecho de que la carga de trabajo del CEDH se vea reducida constituye por tanto un beneficio adicional muy saludable. La propuesta de la Comisión confiere, tal como ha expuesto el señor Comisario, derechos adicionales; un sospechoso tiene derecho a asistencia letrada durante todo el proceso penal, a un intérprete y a un traductor. Las autoridades están obligadas a informar a los sospechosos acerca de sus derechos. Estoy de acuerdo con la tendencia general de la propuesta de la Comisión, pero es evidente que se trata de un primer paso y que son necesarias otras decisiones marco, por ejemplo en materia de admisibilidad de las pruebas, de fianzas y de métodos de investigación. Espero que el señor Comisario acelere los trámites a este respecto.
Me alegra igualmente que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior haya expresado que es necesario formular con mayor precisión una serie de puntos en la propuesta de la Comisión. En consecuencia, se ha establecido que nadie debe permanecer sin un abogado durante más de 24 horas, que no debe celebrarse una vista si el sospechoso no ha recibido asistencia letrada y que existe un órgano independiente al que los clientes pueden presentar sus quejas acerca de sus abogados. Por lo demás, es importante que no solo se exija a los Gobiernos, sino también a los abogados y organizaciones implicadas, la evaluación del cumplimiento y que sus apreciaciones sean publicadas a continuación, ya que solo la transparencia será la que promueva verdaderamente la confianza.
Una última palabra acerca del considerando 8, ya que sé que constituye un pasaje crucial para muchas Señorías. Existen algunos Estados miembros que están interesados en conservar la opción de no aplicar estos derechos fundamentales de los sospechosos a los ciudadanos que presuntamente han cometido alguna modalidad grave y compleja de delito, en concreto de terrorismo. Constituye un motivo de preocupación para mí, en cualquier caso en mi condición de diputada del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Como ponente, me gustaría que se alcanzara un compromiso, pero a título personal opino que los Estados miembros se mostrarán bastante menos proclives a extraditar a personas a otro Estado miembro si temen que no se van a respetar unos derechos mínimos, unas normas mínimas. Quiero agregar que es igualmente una cuestión de principios que las normas mínimas se apliquen a todo el mundo por definición. Cuando el señor Mollar, un destacado demócrata-cristiano, fue ponente sobre este tema, jamás y en ninguna circunstancia defendió que se establecieran excepciones a estas normas mínimas. Lo que actualmente está en juego es si el informe siquiera debe ser aprobado, en caso de que esta excepción no sea suficientemente amplia. Espero que al menos nos encontremos a mitad de camino durante la votación de mañana, ya que estoy convencida de que los derechos de los ciudadanos merecen el apoyo de toda esta Cámara. 
Eurlings,
    Señor Presidente, la propuesta a favor de una decisión marco es resultado directo del Libro Verde, presentado en 2003, sobre salvaguardias procesales para sospechosos en casos penales en toda la UE. Según ha dicho el Señor Comisario hace un momento, con esta propuesta la Comisión pretende eliminar cualquier posible discrepancia entre las salvaguardias procesales que afectan a los sospechosos en los Estados miembros. No cabe duda de que esta propuesta encierra muchas ventajas, algunas de las cuales quiero exponer brevemente.
Como ya ha mencionado la ponente, la señora Buitenweg, no se puede negar que esta decisión marco, gracias a la codificación de unas normas mínimas, puede hacer, y de hecho hará, una contribución provechosa al grado de protección judicial dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, es innegable que esta decisión marco puede suponer una aportación positiva a la confianza mutua en los sistemas penales de los demás, cosa que tiene la máxima importancia a la vista de la Unión Europea ampliada. Por último, la decisión es menos trascendental, y por tanto más realista, que el Libro Verde, y es positivo que la decisión exprese la función protectora del Derecho penal.
No obstante, también quedan algunos interrogantes en cuanto a la subsidiariedad, acerca de la que existe cierta duda. El Tratado de la UE no contiene ningún fundamento jurídico explícito para los procedimientos penales, aunque sí para la armonización del propio Derecho penal. Además, esta propuesta contiene normas básicas que ya están consagradas en el CEDH.
Desde este punto de vista, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se muestra favorable, aunque no de forma ingenua –por tanto, favorable y crítico–, a esta propuesta. Hemos de decir que esta propuesta, a pesar de sus evidentes ventajas, va a acarrear mucha burocracia adicional. Según cálculos realizados en mi país, los Países Bajos, la propuesta de la Comisión va a costar al menos unos 40 millones de euros al año para cubrir el coste de la traducción, el almacenamiento del material visual y la evaluación del nuevo sistema. La Comisión ha votado a favor de añadir muchos aspectos adicionales y por ello, en el caso de mi pequeño país, lo mismo que otros Estados miembros, esa cantidad va a aumentar todavía más. De todas maneras, quiero decir en nombre de mi Grupo que los beneficios superan a costes adicionales, ya que los sospechosos tienen que estar protegidos de manera eficaz allá donde se encuentren. No obstante, la Comisión ha dejado muy claro que esta propuesta de largo alcance no debería afectar a la legislación nacional de los distintos Estados miembros concebida para combatir el terrorismo. Esa es el razón por la que no podíamos aceptar la enmienda de la señora Buitenweg para eliminar este punto. Ella ha presentado posteriormente un compromiso, un primer compromiso, en la enmienda 4: «Siempre que no alteren la esencia de las disposiciones que se establecen en la presente decisión marco y respeten el CEDH y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Estados miembros podrán adaptar estas disposiciones...». Aún así, varios Estados miembros, incluidas España, Francia y el Reino Unido, tendrán conflictos con sus sistemas actuales de lucha contra el terrorismo.
Esa es la razón por la que voy a concluir con el compromiso firme al que he llegado con la ponente según la enmienda 51, en la que se hace referencia a los derechos del CEDH, y me doy por satisfecho. Insto a todo el mundo en esta Cámara a apoyar dicha enmienda, en lugar de la enmienda 4, en aras de un apoyo amplio al informe, ya que no solo estoy teniendo en cuenta la necesidad de que el informe sea apoyado mayoritariamente, sino que lo sea también por los socialistas, el Gobierno socialista de España y del Reino Unido. No metan en líos a su propio Estado miembro. Si la enmienda 51 supera la votación y la enmienda 4 no lo hace, entonces la mayoría en el Grupo del PPE-DE apoyará el informe Buitenweg. En caso contrario, lamentándolo mucho pensamos que este informe está siendo utilizado para poner en peligro la lucha nacional contra el terrorismo en estos momentos, en cuyo caso tendremos que abstenernos de dar nuestra aprobación al informe. 
Roure,
   –Señor Presidente, antes que nada quiero dar las gracias a la ponente por su excelente informe, al que quiero expresar todo mi apoyo. Deberíamos haber procedido, en efecto, a una armonización mínima de los derechos procesales paralelamente al establecimiento de la orden de detención europea.
Con la aprobación de este informe afirmamos que el espacio de libertad, seguridad y justicia comporta no solo medidas de lucha contra la delincuencia, sino también el establecimiento de derechos. A pesar de una importante convergencia de los procedimientos en Europa, sigue habiendo diferencias. Es primordial, por tanto, establecer normas comunes que garanticen a todos la asistencia letrada y el derecho a servicios de interpretación, así como a la protección, en particular de los más vulnerables.
La creación de un verdadero espacio europeo de seguridad y justicia pasa ante todo por la protección y la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Demostramos nuestra voluntad de defender esta visión política del espacio de libertad, seguridad y justicia reforzando la propuesta de la Comisión, que establece esas garantías mínimas para los derechos individuales en los procesos penales. Deseamos garantizar también el derecho a la asistencia letrada en 24 horas y la plena información a los sospechosos de los cargos que se les imputan, así como de sus derechos, facilitada mediante una notificación escrita en una lengua que comprendan. Por último, debemos certificar la competencia de los servicios de interpretación y por ello proponemos su inscripción en un registro nacional de intérpretes.
Si los crímenes terroristas –crímenes bárbaros– merecen especial atención, la guerra contra el terrorismo es indisociable, sin embargo, de la protección de los derechos fundamentales en nuestras democracias. Aunque puede ser necesario instituir disposiciones particulares para los sospechosos en relación con investigaciones terroristas, deben respetarse los derechos de cada individuo. La creación de un verdadero espacio europeo de justicia es una prioridad. La mejora de la cooperación judicial y el reconocimiento mutuo dependen de la armonización de los derechos y los procedimientos.
Alvaro,
    – Señor Presidente, como ya se han dicho muchas cosas positivas, no es necesario que haga referencia a todos los aspectos. El Grupo ALDE acoge con satisfacción el informe de la señora Buitenweg sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la cooperación judicial en asuntos penales. Las garantías procesales constituyen un suplemento indispensable en un terreno en que la cooperación entre los organismos judiciales y las autoridades policiales de los Estados miembros es cada vez más estrecha.
Creemos que si bien el reconocimiento mutuo de las decisiones precisa que haya confianza entre los Estados miembros, resulta igualmente importante que las personas sospechosas afectadas gocen de derechos equivalentes. He de admitir que, como diputada nueva a este Parlamento, fue bastante aterrador escuchar que en la Unión Europea este no era el caso en el pasado. Pero ahora está satisfactoriamente reglamentado que los sospechosos gocen de los mismos derechos en toda Europa; por eso me complace mucho que esta decisión marco esté ahora sobre el tapete.
El Grupo ALDE tenía algunas ideas en relación con esta propuesta. Ante todo propusimos crear un registro de intérpretes cualificados especializados y un centro de interpretación telefónica. Queríamos garantizar los derechos de las personas con discapacidad y la asistencia psicológica. Queríamos que la carta de derechos estuviera a disposición de los discapacitados, que se incluyeran los derechos de las víctimas y que se creara un organismo independiente de abogados expertos, independientes y debidamente retribuidos. Estamos muy contentos de que la ponente haya incorporado la mayoría de estas ideas.
Se trata de un resultado muy bueno y esa es la razón por la que apoyamos el planteamiento original de la ponente. Aspiramos a conceder los mismos derechos a los sospechosos, con independencia de la sospecha bajo la que se hallen. Aspiramos a que haya la misma protección y a la armonización.
Por último, me satisface plenamente que la mayoría de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior haya apoyado nuestras enmiendas, que pretendían conceder idénticos derechos a los discapacitados y aclaraban las obligaciones concernientes a abogados e intérpretes.
Señora Buitenweg, el Grupo ALDE apoyará a usted y a su informe. 
Kaufmann,
   .  Señor Presidente, Señorías, ¿qué le ocurre a una persona que es acusada de un delito criminal no en su propio país, sino en otro Estado miembro? Se enfrenta inevitablemente a numerosos problemas y está abocada a chocar con multitud de obstáculos: el sistema judicial es diferente del de su país. Además, quienes son acusados y no hablan el idioma del país en cuestión, simplemente están perdidos. Yo misma tuve una experiencia de este tipo especialmente intensa hace algunos años; ocurrió en Génova, en la época de las grandes manifestaciones contra la Cumbre del G8. Fueron innumerables los jóvenes que primero fueron apaleados por la policía de una manera brutal, para acabar poco después en las cárceles italianas, indefensos y –en muchos casos– despojados de sus derechos durante días interminables. El derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 6 del CEDH, no surtió ningún efecto en esta ocasión. La actuación a este respecto por parte de la UE llega con retraso. Lo que sucedió entonces no debe volver a pasar en ningún sitio. La obligación de extraditar contenida en la orden de detención europea tiene que estar contrapesada, de una vez por todas, por unos derechos claramente definidos para el acusado; en la UE hay que fijar unas normas mínimas comunes en relación con los derechos en los procesos penales.
Yo también me adhiero al agradecimiento a la ponente y puedo afirmar, en nombre de nuestro Grupo, que respaldamos su informe, que contiene múltiples enmiendas importantes que son de vital importancia para garantizar los derechos de los acusados. Huelga decir que la gente acusada de delitos penales tiene que ser informada de sus derechos en un idioma que le resulte conocido; es igualmente evidente que esto tiene que realizarse por escrito. Tiene que estar garantizado el derecho a la representación jurídica, lo mismo que el derecho a utilizar los servicios de un intérprete. Son igualmente importantes las peticiones del informe en favor de la traducción obligatoria de la totalidad de los documentos y de que la pareja de la persona acusada sea informada de inmediato. Espero que la mayoría de esta Cámara apoye mañana el informe.
Allister (NI ).
   – Señor Presidente, a primera vista este informe tiene, al igual que muchas propuestas de armonización de la UE, cierto atractivo plausible. Sin embargo, solo los ingenuos dejarían de ver en él una pieza de un rompecabezas de un sistema europeo integrado de justicia penal, encaminado en última instancia a la subordinación de nuestros sistemas nacionales, entre otros en el terreno esencial de la forma en que deberíamos tener las manos libres para hacer frente al terrorismo. Según ha comentado la Comisión de Asuntos Jurídicos, la propuesta debería considerarse un punto de partida más que de llegada.
Si lo que preocupa es garantizar unos derechos humanos mínimos, entonces el aparato ya existe, en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en su Tribunal en esta ciudad. Sin embargo, está claro que la UE pretende apropiarse de ese papel.
Como ciudadano británico y, efectivamente, como abogado he de decir que la brutal experiencia de varios ciudadanos británicos en el extranjero refuerza mi opinión de que tenemos muy poco que ganar y mucho que perder con la integración extensiva de la justicia penal. El trato escandaloso dado a Dinesh Sakaria en Suecia, el espectáculo montado a raíz de los observadores de aviones en Grecia y la terrible condena de Kevin Sweeney en los Países Bajos demuestran a los ciudadanos del Reino Unido que manteniendo los procedimientos y defensas de su sistema basado en el derecho consuetudinario, sin dejarse tentar jamás a cambiarlo por un modelo continental deficiente, es como mejor están servidos.
Si estas cosas pueden suceder –y han sucedido– con estos países que en teoría se adhieren al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entonces trasladar la coordinación del Consejo de Europa a la Comisión Europea no va a contribuir en nada a la garantía efectiva de los derechos individuales en términos reales. 
Kirkhope (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, unas cuantas normas mínimas resultan, desde luego, deseables. Eso no lo discuto. Estoy convencido de que todos creemos en la justicia: justicia para los delincuentes sospechosos y justicia para las personas que representamos; y derechos humanos para delincuentes sospechosos, pero también derechos humanos para todos nuestros electores. Pero no seamos ingenuos: las propuestas, y la forma en que están siendo promovidas por algunos en esta Cámara, conceden a todos los delincuentes sospechosos las mismas garantías procesales. Pero un terrorista, por ejemplo, no es lo mismo que un ladrón y debe recibir un trato diferente.
Estamos viviendo una crisis internacional y no podemos permitir que nada debilite nuestra lucha contra el terrorismo y contra quienes lo perpetran. Somos responsables en primer lugar –como debe ser– con respecto a la inmensa mayoría de hombres, mujeres y niños inocentes en nuestros diferentes países y a sus derechos: sus derechos a disfrutar de sus vidas sin temor a la violencia o a la muerte súbita ocasionada por esos abominables terroristas.
Esta propuesta apenas aporta nada a nuestra labor, ni de hecho contribuye a ayudar a esas personas inocentes, sobre todo en un momento en el que nuestro esfuerzo debería estar encaminado, en primer lugar, a ayudar a los servicios policiales de nuestros diversos países, más que a atarles las manos a la espalda. La izquierda de esta Cámara apenas ofrece ayuda a quienes la precisan, en particular a quienes necesitan nuestra protección y nuestro apoyo. 
Fava (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo ha acogido favorablemente la propuesta de la Comisión y considera que las enmiendas presentadas por la ponente han sido elaboradas escrupulosamente. De hecho, se basan en un principio fundamental que se refiere a las garantías procesales que deben armonizarse y ofrecerse a todos los imputados en procedimientos penales en todo el territorio de la Unión: si los procedimientos penales se organizan a escala europea, también los derechos de los ciudadanos deberían garantizarse en el mismo nivel. Se trata de un principio importante porque aumenta la confianza mutua entre los distintos ordenamientos jurídicos, sin la cual no habría cooperación.
Como ha recordado el Comisario Frattini, se trata de derechos procesales mínimos, pero absolutamente esenciales: la presencia de un abogado en todas las fases del procedimiento, la traducción de todos los documentos, la asistencia de un intérprete, entre otros. Si estos derechos no se garantizaran, correríamos el riesgo de asistir a juicios injustos o arbitrarios.
Y ahí es donde surge el problema: la cuestión de las excepciones, o la posibilidad –por la que abogan algunos diputados– de que los Estados miembros no apliquen estas garantías a formas particularmente graves de delitos como el terrorismo.
Nuestro Grupo rechaza esta solución. Así lo reconoce el compromiso alcanzado en la enmienda 4 al considerando 8, es decir, la necesidad de un umbral jurídico y ético que los Estados miembros nunca pueden cruzar, ni siquiera en la lucha contra el terrorismo: se trata de una cuestión de derechos humanos, de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por tanto, considero innoble la argumentación esgrimida por un diputado con referencia a los elevados costes que originaría esta reforma. Es una preocupación excesiva, en parte porque resulta muy difícil dar un valor económico a la tutela de los derechos humanos.
Debemos hacer más en la lucha contra el terrorismo, pero sin suprimir los derechos de los que están siendo investigados y de los imputados. No podemos aceptar un sistema de doble vía, como el que lamentablemente existe en los Estados Unidos en el caso, por ejemplo, de Guantánamo y de los cambios del sistema judicial estadounidense, porque la cultura jurídica europea y la memoria de todo lo que Cesare Beccaria ha representado para dicha cultura jurídica significan, a mi juicio, que no se puede anunciar el fin del .
Señor Presidente, el terrorismo es sobre todo una manifiesta vulneración de los derechos humanos; por tanto, sería paradójico desear combatirlo vulnerando nosotros mismos los derechos civiles de los imputados y de los sometidos a investigación en estos procedimientos. 
Ek (ALDE ).
    Señor Presidente, el derecho a un juicio justo es uno de los derechos humanos indudablemente más importantes, pero este derecho fundamental se vulnera en todos nuestros Estados miembros. He seguido en persona los casos tanto de un ciudadano británico en Suecia como de un ciudadano sueco en Grecia, y los derechos de ambos a que los procesos fueran interpretados a sus idiomas maternos no fueron respetados. En el caso del sueco, Calle Jonsson, su familia se vio obligada a vender su casa y pedir prestados 50 000 euros para hacer frente a los costes de la traducción. Evidentemente, eso no es de recibo de ninguna de las maneras. Al mismo tiempo, está todo el gran Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Existe jurisdicción pormenorizada del Tribunal de Estrasburgo. La dimensión que nosotros, en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, hemos de aportar al asunto es la concerniente al cumplimiento de las leyes resultantes, un entorno al que pueden contribuir este Parlamento, la Comisión y el Consejo. Cuando escuchaba anteriormente al representante de Luxemburgo, quedé muy preocupada porque considero importante que el representante del Consejo abogue, en todo momento, por el pleno disfrute de los derechos humanos y el derecho a un juicio justo.
Creo que la ponente ha realizado una labor realmente excelente. Queda mucho por hacer por lo que respecta al acceso a los abogados defensores, a la traducción legal y a las normas mínimas en general, así como a la protección de los sospechosos en los juicios.
A nadie le cabe duda de que no todos los sospechosos pasan a ser imputados. Los procesos judiciales deberían separar a los inocentes de los culpables, lo que significa la garantía de un apoyo adecuado en este sentido. El debate de hoy y las decisiones que adoptemos en el Parlamento no serán suficientes. Por el contrario, se precisan medidas adicionales. 

Klamt (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, la decisión marco sobre ciertos derechos procesales en procesos penales dentro de la Unión Europea, que estamos debatiendo hoy, debe quedar –según el Consejo– limitada a los casos en los que resulta aplicable la orden de detención europea. Ese era –y continúa siendo– el parecer defendido por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. Dado que la ponente, hasta el momento de la votación en la comisión competente, continuó defendiendo la opinión de que la decisión marco –a diferencia de lo que proponía el Consejo– debería aplicarse también a las personas acusadas de delitos de terrorismo, mi Grupo votó en contra del informe en comisión. La señora Buitenweg ha trabajo con denuedo durante las últimas semanas para elaborar una propuesta de compromiso capaz de ser respaldada por todos los Grupos. Me alegra mucho que lo haya hecho y quiero darle las gracias por su esfuerzo.
Hablando como hago en nombre del Grupo del PPE-DE, puedo afirmar que este apoyará el informe de la señora Buitenweg, siempre que el Pleno vote en favor de rechazar la anterior enmienda al considerando 8 y, en su lugar, vote por mayoría a favor de la nueva propuesta del Grupo de los Verdes. Lo que esto significa es que las disposiciones propuestas no buscan dificultar aquellas medidas especiales incluidas en la legislación nacional, y actualmente en vigor, destinadas a combatir ciertas modalidades graves y complejas de delincuencia, en concreto el terrorismo. A esto se añade la exigencia de que las medidas a las que me estoy refiriendo tienen que ajustarse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y a la Carta de los Derechos Fundamentales.
Puedo decir a los diputados del Grupo socialista que la conclusión es que estas fronteras no están siendo transgredidas, y que la propuesta de compromiso contiene todo lo que ellos han solicitado. 
Hazan (PSE ).
   –Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Buitenweg por su excelente informe. Creo que ha demostrado perfectamente por qué las cuestiones de libertad y justicia son indisociables de las relativas a la seguridad. Hoy es la ocasión –gracias a este informe, por cierto– de reequilibrar las cosas, ya que, durante varios años, la cara represiva de la política de justicia y asuntos de interior ha sido la faceta más desarrollada, incluso, en algunos aspectos, la única faceta desarrollada. Es absolutamente indispensable ir más lejos y hacer que el sistema de extradición se aplique, sin pérdida del respeto por los derechos de la persona, a todos los sospechosos, incluidos los sospechosos de crímenes relacionados con el terrorismo.
Por otra parte, necesitamos un mecanismo corrector para los casos en que un sistema judicial nacional no satisfaga las normas mínimas. Este tipo de medidas permitirá dar más cuerpo al principio del derecho a un juicio justo, un principio consagrado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Como se ha dicho hace poco, este mecanismo sería un complemento esencial y que hacía falta desde hace tiempo de la orden de detención europea.
Recordemos –especialmente a la vista de una serie de observaciones un tanto chocantes que hemos escuchado– que no se trata de ser indulgentes con los delincuentes, sino de aumentar la confianza en todos nuestros sistemas jurídicos para incitar a los Estados miembros a colaborar. Es un paso absolutamente indispensable hacia una mayor confianza recíproca entre los Estados miembros y hacia el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. Es una condición indispensable para la construcción del espacio judicial europeo que, estoy segura, todos nosotros deseamos firmemente. 
El Presidente.
   – Con esta última intervención concluye el debate de este informe.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe del señor Demetriou sobre la Escuela Europea de Policía.
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el señor Frattini. 
Frattini,
   . Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que el Parlamento Europeo apoya esta propuesta. Doy las gracias especialmente al ponente, el señor Demetriou. 
La Comisión es favorable en principio a algunas de las enmiendas presentadas, y las apoyará en las negociaciones con el Consejo. Así sucede con el concepto de las unidades nacionales, que es rechazado por la mayoría de la delegación, pero en cuyo caso podríamos aceptar un cambio de redacción, tal como propone el ponente. Podríamos aceptar el término «punto de contacto» sugerido en el compromiso de la Presidencia y que parece basado en la misma lógica. 
Lo mismo cabe decir de la enmienda que permite al Consejo, a instancias del Consejo de Gobierno, dar por concluido el mandato del director por conducta indebida. Suscribimos también las enmiendas de índole presupuestaria. 
En cambio, por lo que se refiere a la posibilidad de que el Parlamento esté representado por un observador en el Consejo de Gobierno, no podemos sino remitirnos a la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2004 sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas y al proyecto de acuerdo interinstitucional para el encuadramiento de las agencias, proyecto adoptado, como ya saben, por la Comisión el 25 de febrero de 2005. Esta resolución señala que conviene evitar la participación del Parlamento en el Consejo de Gobierno. De hecho, fue el propio Parlamento, como parte de la Autoridad Presupuestaria, el que se dio cuenta de que la representación no era éticamente correcta, dado que el Parlamento es responsable de aprobar la gestión con respecto al presupuesto de las agencia.
Demetriou (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, el debate de los dos puntos anteriores, sobre todo las declaraciones del Ministro Frieden y del Comisario Frattini, ha confirmado y refrendado la posición de que la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia constituye una política fundamental y un objetivo primordial de la Unión Europea.
Una policía adecuada y eficaz forma la base de esta política. En consecuencia, la constante modernización y actualización de la formación de las fuerzas de policía, en cada uno de los Estados miembros de la Unión, representa la principal condición necesaria para promover la libertad, la seguridad y la justicia políticas.
La contribución de la Escuela Europea de Policía durante sus fructíferos tres primeros años de funcionamiento a los esfuerzos de la Unión por desarrollar el espacio de libertad, seguridad y justicia está fuera de toda duda.
Todo el mundo reconoce que la aplicación por parte de la Escuela de los programas comunes de formación de policías, basados en la experiencia de todas las academias nacionales de los Estados miembros de la Unión, ha desembocado en la adopción a escala global europea de las normas y métodos comunes de formación. En consecuencia, la Comisión ha decidido acertadamente subir de categoría a la Escuela.
El hecho de que se haya concedido a la Escuela una sede permanente en Bramshill, en el Reino Unido, su incorporación al entramado operativo de la Unión, convirtiéndola en la decimoséptima agencia, el hecho, sobre todo, de habérsele conferido la condición de entidad legal y la dotación de un presupuesto para la Escuela son todas ellas medidas que hemos apoyado decididamente desde un principio. Las enmiendas a la propuesta de la Comisión recomendadas por nosotros y aprobadas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pretenden conseguir que la Escuela funcione de una forma más colectiva, más productiva y más eficaz. Estas enmiendas pretenden lo siguiente: la responsabilidad central del funcionamiento de la Escuela continúa recayendo en el Consejo de Gobierno transnacional; el personal se contrata de acuerdo con la normativa de la Unión; se alcanza un equilibrio en las relaciones entre la Escuela y las academias nacionales de policía, en vez de crear por parte de la Escuela unidades nacionales en cada Estado miembro, lo cual causaría confusión y el malentendido, tal vez, de estar interfiriendo en los Estados miembros; cada Estado miembro creará una unidad de enlace responsable de aplicar los programas comunes de formación de policías en los centros nacionales de formación policial.
El Parlamento tendrá el derecho de enviar a un observador, a su discreción, al Consejo de Gobierno de la Escuela y, en cualquier caso, tendrá el derecho, según la propuesta, de examinar la memoria anual de la Escuela a través del presupuesto de la Unión. No acabamos de comulgar con este parecer; el Comisario Frattini ha expuesto este planteamiento, que respetamos, pero estoy seguro de que podemos encontrar una solución intermedia.
Nuestras recomendaciones han sido formuladas tras consultas sucesivas con la Comisión y el Consejo. Ambas instituciones están de acuerdo básicamente con las enmiendas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y dan su visto bueno a la propuesta tal como ha quedado modificada y unánimemente aprobada por nuestra comisión, con la excepción del punto mencionado por el Comisario Frattini en relación con la participación del Parlamento Europeo en calidad de observador, si así lo desea, en el Consejo de Gobierno de la Escuela.
Creo que las enmiendas propuestas por la Comisión de Libertades Civiles mejoran la propuesta. Por tanto, confío en que todas sus Señorías y todos los Grupos políticos voten el miércoles a favor de mi informe en su redacción actual. 
Haug (PSE ),
   .  Señor Presidente, Señorías, la finalidad de crear la Escuela Europea de Policía como institución de la Unión Europea es un objetivo compartido por todos nosotros. Si pretendemos plantear en serio la lucha contra la delincuencia en Europa, y si vamos a declarar la guerra a la delincuencia transfronteriza organizada en concreto, nuestros servicios policiales y autoridades de orden público van a necesitar un establecimiento donde puedan recibir formación.
Para que la Escuela de Policía sea una institución europea, tiene que funcionar de acuerdo a la reglamentación administrativa y presupuestaria de la Unión Europea, y sobre estas últimas se ha concentrado la Comisión de Presupuestos para emitir su opinión para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Para empezar, los 4,5 millones de euros que va a tener asignados a partir de 2007 dependen del nuevo marco financiero, que todavía debe ser aprobado. En segundo lugar, mantenemos el parecer de que el Estado miembro donde está ubicada la Escuela tiene que contribuir financieramente a la misma. En tercer lugar, su Consejo de Gobierno solo puede aprobar un plan de creación provisional y un borrador de presupuesto, en cualquier caso hasta que el Parlamento apruebe en diciembre el Presupuesto general para el año que viene. En cuarto lugar, si se produce alguna excepción justificada con respecto a los principios generales del Reglamento presupuestario, deberán ser informadas las autoridades presupuestarias, a saber, esta Cámara y el Consejo.
Haciendo gala de su habitual cooperación positiva, la comisión parlamentaria –encabezada por el ponente– incorporó nuestras enmiendas en su informe, por lo que quiero expresarle mi más sincera gratitud. 
Hazan,
   –Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, desearía felicitar al ponente por su excelente informe y también por la fructífera cooperación que nos ha permitido elaborar juntos cierto número de compromisos para llegar a este proyecto, que esta Cámara, espero, aprobará el miércoles.
Permítanme insistir en que nuestro objetivo es subsanar las insuficiencias derivadas de una inadecuación de la estructura actual de la CEPOL para cumplir las tareas que se le han confiado, a saber, en primer lugar, la mejora del conocimiento de los sistemas y estructuras policiales nacionales de otros Estados miembros; en segundo lugar, la tarea de armonizar los métodos de trabajo de la policía y, por último, la definición de prácticas de acción policial más efectivas.
Conozco las divergencias que existen sobre este asunto en el Consejo, que por desgracia son muchas y que se suman a la extrema sensibilidad de los Estados miembros cada vez que una iniciativa europea afecta a una ínfima parte de sus poderes soberanos, a pesar del objetivo común de una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. Sé, pues, que será muy difícil conseguirlo. Por tanto, no me hago muchas ilusiones sobre la suerte que le espera a esta opinión del Parlamento Europeo en manos del Consejo, ya que el Parlamento, por desgracia, sigue teniendo un papel meramente consultivo. Tendremos que esperar algún tiempo aún antes de poder avanzar en este terreno. La Constitución Europea, que espero sinceramente que sea ratificada, debería ayudarnos en este sentido. No obstante, mientras esperamos, pido al Consejo que realice todos los esfuerzos posibles por hacer que la formación de las fuerzas de policía sea una auténtica responsabilidad comunitaria, porque solo de este modo podremos garantizar una seguridad óptima de los ciudadanos europeos, que se enfrentan diariamente a actos violentos y otros delitos cuya dimensión es cada vez más supranacional.
Newton Dunn,
   . – Señor Presidente, el Grupo ALDE apoya al ponente y le felicita efusivamente por su trabajo. Vamos a votar a favor.
Este solo es un pequeño avance en el tremendo desafío que afrontamos al combatir el crimen organizado transfronterizo, dadas las fronteras abiertas que tenemos en Europa y que los delincuentes utilizan y cruzan con tanta facilidad. Queda mucho por hacer. Quiero hacerle una sugerencia para el paso siguiente.
Posiblemente, la mayor ventaja de la Escuela Europea de Policía sea que, por primera vez, los agentes se van a conocer entre sí y van a trabajar conjuntamente. Esto es hoy muy importante porque esa es la forma en que combatimos el crimen organizado. En la actualidad, cuando alguien oye de un crimen en otro país, los policías descuelgan el teléfono y dicen: «Bueno, tengo un conocido en ese país. Creo que puedo colaborar con él». La idea teórica de los Equipos de Investigación Conjunta no funciona. Existen interferencias políticas, los asuntos van despacio, simplemente no están funcionando y, de momento, el crimen organizado internacional lo combaten los policías mediante contactos personales. Si nos los tienen, las cosas no funcionan.
Señor Comisario, los policías no cuentan con ningún mecanismo en Europa para hallar contactos a menos que ya los conozcan. No existe un punto central en la UE a donde puedan recurrir los policías para encontrar un contacto, por ejemplo, en Lituania, Portugal, el Reino Unido o Italia. No tienen posibilidad de encontrar sus contactos a menos que los conozcan personalmente. Señor Comisario, ¿podría proponer usted por tanto una directiva, un presupuesto o lo que sea necesario para crear un punto de información central donde se puedan recabar rápidamente los nombres y los números de teléfono de las personas responsables en los 25 países antes de que escapen los delincuentes? 
Blokland,
   . Señor Presidente, bajo el lema de «la policía es tu mejor amigo», la policía neerlandesa intentó en una ocasión mejorar su imagen y restablecer la autoridad policial en beneficio del orden público y la seguridad ciudadana. Puesto que el orden público y la seguridad ciudadana vuelven a estar en peligro, parece necesario aunar esfuerzos más allá de las fronteras. Las fuerzas policiales nacionales ya han entablado amplios contactos entre sus Jefes de Policía. El hecho de que estos contactos se amplíen ahora para dar paso a la formación de mandos ejecutivos de rango más elevado constituye una ampliación saludable. Estoy con ciertas reservas a favor de la propuesta de la Comisión de convertir la Escuela Europea de Policía en un organismo de la UE. Queda perfectamente claro que esta propuesta pretende conseguir una escuela para oficiales de policía que funcione con mayor efectividad y eficacia.
Me opongo a que se amplíe el círculo de destinatarios. Esta ampliación para dar entrada a todos los servicios del orden resulta excesiva respecto de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. La evaluación de diciembre de 2003 mostró que no existe necesidad de ampliar el círculo de destinatarios a los suboficiales de policía y otros servicios de mantenimiento del orden. Eso representaría una limitación excesiva de la autonomía nacional, y habría que hacer también concesiones en cuanto al contenido.
Si, tal como apunta el ponente con razón, la utilización eficaz de los medios constituye uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión, me sorprende que no se haya elegido Bruselas para su sede. Durante mis visitas de trabajo a las agencias europeas ha quedado claro una y otra vez que los costes del personal destinado fuera de Bruselas son notablemente más elevados que los del personal en Bruselas. El coste de los viajes de los funcionarios de la Comisión entre la sede y Bruselas representa una partida particularmente importante.
Por último, apoyo el informe del señor Demetriou y espero que en su proceso de consultas, la Comisión conceda a las enmiendas del Parlamento el peso necesario en la Directiva. De esa manera se podrá restaurar la autoridad policial de manera más eficaz. 
El Presidente.
   – No hay respuesta de la Comisión.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de dos recomendaciones para la segunda lectura sobre el transporte por carretera del señor Markov: «legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera» y «armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera».
Tiene la palabra el ponente, el señor Markov. 
Markov (GUE/NGL ),
   .  Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias –de corazón y no solo como mera formalidad de cortesía– a mis compañeros de armas, sobre todo al señor Damis, al señor Haug y también a los ponentes alternativos que me han acompañado durante bastante tiempo, desde el momento en que redactamos la posición del Parlamento en primera lectura, y que, conmigo, están sacando adelante el expediente tras la Posición Común del Consejo en segunda lectura.
Quiero dar las gracias asimismo a la Comisión, aun cuando, en algunos puntos, hemos defendido a veces posiciones ciertamente distanciadas entre sí, así como al Consejo, a pesar de que el resultado final con que contamos hasta ahora –con sus diferentes fases– no me produzca especial satisfacción. Más adelante me referiré a esto con mayor detenimiento. De todas formas hay que decir que la Presidencia del Consejo siempre ha realizado un gran esfuerzo.
¿Qué debemos imaginarnos? He aquí lo que daré en llamar, en aras de la sencillez –ya que la nomenclatura oficial es muy confusa– el reglamento sobre los períodos de descanso y de conducción y la Directiva de control. ¿Qué sentido tienen? ¿Para qué los necesitamos? En la actualidad –uno puede juzgarlo o no lamentable, pero en cualquier caso es un hecho– las mercancías se transportan mayoritariamente por carretera. En la actualidad, la normativa social se halla efectivamente en continuo declive, y parte de dicho declive ha quedado reflejado, negro sobre blanco, por la propia Comisión. Nos hemos trazado un objetivo, el de reducir a la mitad el número de muertes por accidente para el año 2010, y eso se traduce en que queremos que la seguridad vial tenga una posición más preeminente como tema importante. Eso significa que estas dos directivas han de contribuir a equilibrar la seguridad vial, las previsiones sociales y la competencia recíproca en pie de igualdad, cuestión sobre la que nuestros distintos Grupos mantienen opiniones abiertamente divergentes, uno defendiendo una cosa y otro haciendo hincapié en otra distinta.
Sin embargo, la forma en que ha votado la comisión revela sin lugar a dudas que existe a pesar de todo un amplio consenso entre los políticos de transporte de esta Cámara en cuanto al Reglamento relativo a los períodos de descanso y de conducción, que ha sido aprobado por dos tercios de los votos, mientras que la Directiva de control ha recibido casi cuatro quintos.
Durante el desarrollo de todos los debates parlamentarios que hemos celebrado, hemos tenido por supuesto el acicate de lo que denominamos los debates extraparlamentarios, por muy agotadores y exhaustivos que hayan sido algunos de ellos, y se puede concluir fácilmente que el Congreso Europeo de Sindicatos y la Asociación de Transportistas por Carretera mantienen, obligatoriamente, pareceres diferentes sobre el tema. Sin embargo, creo que sus demandas y aspiraciones pueden aunarse, en un análisis final, en torno a un objetivo común, pero las diferencias de énfasis acerca de qué era excesivo se tradujo en la diferencia de opiniones.
Permítanme comenzar por el Reglamento sobre períodos de descanso y de conducción. ¿Qué resultados positivos se han logrado hasta ahora? Se propuso, y se rechazó, la semana flexible. Hemos recuperado la semana natural; sobre esto hay acuerdo. Por supuesto, también hemos llegado a un acuerdo acerca de que este Reglamento debe quedar incorporado al Acuerdo AETR. Sin embargo, han existido discrepancias acerca de la forma de hacerlo, de la presión que hemos de ejercer, ya que el Parlamento ha declarado de manera bastante inequívoca –y esto lo considero también absolutamente necesario– que este Reglamento tiene que ser básico, y que todos los que viajen por las carreteras de la Unión Europea, con independencia del país del que procedan, deben cumplirlo, y sin demora ninguna. Esto contribuirá a la seguridad y, sobre todo, a la competencia leal.
Ya en primera lectura, y de nuevo ahora, hemos conseguido estar de acuerdo entre nosotros, y desde luego espero que la votación del miércoles deje constancia de ello. El período de conducción que hemos establecido –90 horas a lo largo de dos semanas, pero sin sobrepasar las 56 horas en una semana– sigue siendo notable. Con ello hemos garantizado la flexibilidad que necesita el transporte por carretera. Pero al mismo tiempo hemos garantizado que, analizado a lo largo del período de dos semanas, pueda considerarse un espacio aceptable desde el punto de vista de la seguridad.
Respondiendo a la propuesta de la Comisión y también al Consejo, en esta Cámara hemos incorporado definiciones que el Consejo y la Comisión no habían introducido. Si queremos contar con un Reglamento sobre períodos de descanso y de conducción, por lo menos tenemos que definir qué es realmente el tiempo de conducción, así que esta Cámara ha realizado un esfuerzo notable por subsanar aquellas cosas que podría haber realizado el legislador. Puedo entender que existan puntos de vista diferentes con respecto a las definiciones. No cabe ninguna duda de que el Parlamento ha llegado a un acuerdo al respecto. Quienes no aceptan ni comulgan con las definiciones propuestas tienen la ocasión de proponer otras. Ese es un proceder más adecuado para un Parlamento que rechazar sin más la propuesta y negarse a aceptar otra.
En lo concerniente a los períodos de descanso, la mayoría de esta Cámara defiende una opinión; queremos 12 horas. Pero verdaderamente queremos cierto grado de flexibilidad en cuanto a la forma de cumplir, de hacer los relevos y de estructurar estos períodos de descanso; quiero añadir que esto lo dicen los propios conductores, y si se pregunta a su sindicato, no hacen sino confirmarlo. Además es factible. El Consejo presentó una propuesta sobre tiempos de descanso que consideré válida; aunque sufrió alguna modificación en comisión, pienso que el resultado es una modalidad viable. Pone de relieve que efectivamente se pueden tener pareceres distintos sobre aspectos diferentes y, sin embargo, llegar a un resultado adecuado sobre el que todo el mundo esté de acuerdo, pero a la postre seguimos teniendo una serie de problemas que no van a resultar fáciles de solucionar y que voy a enumerar para mayor claridad.
Constituye un motivo de gratitud el hecho de que esta Cámara haya respaldado justamente, y por una mayoría notable, la inclusión de los vehículos menores de 3,5 toneladas dentro del ámbito de esta Directiva; justamente, a nuestro parecer, porque esta Directiva no está limitada a las categorías de vehículos según su peso, algo que, de alguna forma, el Consejo y la Comisión querían que dijéramos. Por el contrario, tiene una finalidad, que han de respetar todos los vehículos que operan en este campo. Hemos planteado una propuesta de compromiso que afirma que permitiremos una exención dentro de un radio de 60 kilómetros, lo que significa que estos vehículos pueden funcionar dentro de este radio sin llevar instalado un tacógrafo digital.
Suponiendo que no he entendido mal lo que se dijo en nuestros debates con el Consejo, la jornada de trabajo parece constituir un problema importante. Ocurre a menudo en el sector del transporte que los conductores profesionales no solo conducen el vehículo por la carretera, sino que también realizan la carga y la descarga, y que, al llegar a su destino, tienen que ayudar a estibar. En consecuencia, si se quiere dar prioridad a la seguridad vial y a la protección social, no queda más remedio que controlar también estos aspectos.
Dado que no había conseguido finalizar a tiempo su Reglamento sobre tacógrafos digitales, el Consejo había incorporado en principio estos restos –como me gusta llamarlos– al Reglamento sobre períodos de descanso y de conducción. A veces las cosas toman un rumbo afortunado, ya que pienso que el Consejo está interesado en acabarlo de forma satisfactoria, así que el Parlamento dispone de una buena oportunidad y se encuentra en una posición sólida. Por lo que respecta a la Directiva de control, es una lástima que el Consejo, en primera lectura, haya rechazado casi la totalidad de lo que habíamos propuesto. Sencillamente carece de todo sentido. De nada nos sirve una Directiva sobre períodos de conducción y de descanso si optamos por no disponer de medios que permitan controlarlos. Hay que establecer una diferenciación entre controles a pie de carretera y en instalación, ya que las distintas etapas se comprueban de manera distinta. Cuando se realiza un control en instalación, también se pueden verificar los tiempos de trabajo; existe la posibilidad de repasar los registros de enfermedad y las hojas de permiso, con lo que se aprecia qué otras cosas han hecho los conductores durante el período en cuestión.
Todo eso carece de sentido si no existe una definición común de lo que son los delitos graves. Tal definición resulta indispensable si queremos poder analizar posteriormente las multas a fin de igualarlas y armonizarlas, llegado el caso, en toda la Unión Europea, ya que es inaceptable que una cosa esté permitida en un Estado miembro y prohibida en otro.
Por tanto, quiero hacer un llamamiento al Consejo –que no se halla presente, pero tal vez lea esto más adelante– para que se ponga en movimiento; queremos este Reglamento y queremos esta Directiva, pero no a cualquier precio. Nuestro mensaje nítido e inequívoco al Consejo tiene que ser que el Parlamento no lo va a permitir. Si existe voluntad política, llegaremos a un acuerdo. Si no existe voluntad política, no será por parte del Parlamento –al contrario, ya existe–, sino del Consejo. 
Barrot,
   . Señor Presidente, señor Markov, Señorías, tratamos ahora dos asuntos estrechamente relacionados. El primero se refiere a las normas relativas al tiempo máximo de conducción y a los períodos de pausa y descanso mínimos de los conductores profesionales. El segundo establece las normas de aplicación de la legislación social a las actividades de transporte por carretera.
Quisiera recordarles que el objetivo de estas dos propuestas es promover la libre competencia entre las empresas transportistas de toda la Unión Europea y mejorar la seguridad vial y las condiciones de trabajo de los conductores profesionales. La armonización de la legislación social europea en el terreno del transporte por carretera está en marcha. Nuestro debate de hoy está relacionado por supuesto con la legislación europea sobre el tiempo de trabajo en el transporte por carretera, que entró en vigor el pasado 23 de marzo. Esta nueva legislación garantiza que los conductores que operen en un país distinto del suyo deberán respetar unas normas mínimas europeas. Ahora es necesario completar esa legislación.
La aplicación de normas sociales armonizadas es indispensable tanto para el mercado interior y la seguridad vial como para garantizar un mínimo de derechos sociales a los trabajadores del sector. A pesar de los esfuerzos comunes, todavía no se ha alcanzado, en esta fase, un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Puedo asegurarles que la Comisión está y seguirá estando dispuesta a desempeñar su papel de facilitador y mediador entre las dos instituciones.
Para volver sobre el asunto propiamente dicho, permítanme hacer hincapié en que las normas vigentes se establecieron hace veinte años. Durante este período, desde luego, hemos visto cómo se ha producido una total apertura a la competencia del sector del transporte por carretera en la Comunidad, no solo en las operaciones internacionales, sino también para el transporte nacional. Por otra parte, la Unión Europea ha vivido varias ampliaciones, la más reciente de las cuales data de hace un año y, en dentro de la Unión, el transporte por carretera se ha convertido en el modo de transporte dominante. La competencia entre los transportistas por carretera es feroz, lo que tienta a los operadores a ignorar las normas sociales mínimas para mantener sus márgenes de beneficio.
En un contexto en que a veces se critica a Europa por su falta de acción en el ámbito social, debemos hacer todo lo posible por resolver una cuestión que preocupa tan profundamente a los trabajadores del sector del transporte por carretera.
En este contexto, quisiera recordarles los tres principales objetivos de la Comisión cuando formuló su propuesta relativa a los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales. A la luz de lo que precede, indicaré la posición de la Comisión sobre los principales elementos de su informe, señor Markov, que quiero ensalzar por la claridad de su análisis y su pertinencia.
El primer objetivo es simplificar las normas. Si reintroducimos disposiciones especiales o una multitud de excepciones y exenciones, haremos las normas muy complejas, pero, además, serán inaplicables. Por esta razón, no podremos –no podría yo personalmente, a fin de cuentas– aceptar ninguna enmienda que haga este texto demasiado complejo y por tanto difícil de aplicar. Hay que dar a los ciudadanos una imagen clara, sencilla y accesible de Europa. Un ejemplo de ello es la enmienda que introduce la posibilidad de fraccionar el descanso diario en cuatro partes distintas. Con independencia de las dudosas ventajas que pueda suponer este mecanismo para la seguridad vial, ello incitaría a los inspectores a centrarse únicamente el elemento principal del descanso diario e ignorar los demás. Por esta razón queremos simplificar.
Paso al segundo objetivo, a saber, hacer las normas más claras para los operadores, los conductores y los inspectores. Pongo como ejemplo la propuesta de incluir todos los vehículos utilitarios de menos de 3,5 toneladas, que plantea dos preguntas: ¿entrarán todos los vehículos utilizados con fines comerciales en el ámbito de aplicación de la legislación? ¿Significará que habrá que equipar preceptivamente con tacógrafos las motocicletas utilizadas para entregar pizzas y las camionetas? ¿Es eso técnicamente posible? Soy consciente de la preocupación del Parlamento de evitar los abusos consistentes en eludir el umbral de 3,5 toneladas, y entiendo esta preocupación. Pero hemos de procurar que las normas sean relativamente claras, y nunca hemos de perder de vista el objetivo de la aplicación efectiva.
Por último, hay que actualizar las normas a la luz del desarrollo del sector del transporte por carretera. Pondré dos ejemplos: la velocidad máxima de las máquinas agrícolas y forestales se ha armonizado ahora a escala europea. El Parlamento ha tenido en cuenta esta armonización y la Comisión va a apoyar esa enmienda. Por otra parte, debemos reconocer que servicios públicos como los servicios postales o los servicios de distribución de gas y electricidad han evolucionado considerablemente. Ya no veo razón para excluirlos. Estos son, pues, los tres objetivos.
Esto me lleva a hablar de las fechas de introducción del tacógrafo digital. En opinión de la Comisión, las fechas actuales de 5 de mayo de 2005 para la expedición de la tarjeta por parte de los Estados miembros y de 5 de agosto de 2005 para la obligación de equipar los nuevos vehículos con un tacógrafo digital deberían mantenerse. Ninguna razón objetiva justifica un plazo adicional. Los fabricantes de tacógrafos y los constructores de automóviles han invertido mucho. Todos los Estados miembros se han comprometido en la posición común del Consejo con las fechas previstas y están organizando ya cursos de formación para los inspectores. Si retrasamos aún más las fechas límite, crearíamos tanto en los Estados miembros como en la industria la incertidumbre más completa. Por tanto, en este momento, debo abogar por el mantenimiento de las fechas previstas en aras a una mayor seguridad jurídica.
Permítanme hablar ahora de la aplicación de la normativa. El objetivo de la Comisión es aumentar la calidad e intensidad de los esfuerzos de comprobación por parte de los Estados miembros. Ha intentado desarrollar un sistema de verificación completo de toda la legislación social comunitaria para el sector del transporte por carretera, incluido el control del tiempo de trabajo. Ha alentado la coordinación entre los de inspección, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos. Ha querido desarrollar un enfoque armonizado de las sanciones y una definición común de las infracciones graves.
A la luz de estos objetivos indicaré la posición de la Comisión sobre las propuestas de enmienda del Parlamento Europeo que me parece responden en conjunto a las preocupaciones de la Comisión.
Primero, el control de la aplicación de las normas relativas al tiempo de trabajo. La Comisión no puede sino apoyar la reintroducción de este elemento en el texto. El hecho de que hayan optado por un enfoque basado en el control en las empresas me parece lógico y eficaz.
Segundo, la definición común de varias infracciones graves. Sí, la Comisión celebra la reintroducción por el Parlamento de esta disposición en el texto, pues considera que un enfoque armonizado del control requiere una definición común de lo que constituye una infracción grave.
Tercero, hay que designar una autoridad supervisora nacional que sería responsable de coordinar de los controles realizados por los Estados miembros, tanto a escala nacional como internacional. La Comisión apoya plenamente esta disposición tal como la propone el Parlamento. Esta autoridad no dictaría normas a los distintos servicios de inspección nacionales, sino que conciliaría sus puntos de vista. Esto supondría una mejora de la posición común del Consejo, que prevé una estrategia nacional de control del cumplimiento de la normativa y un punto de contacto nacional con los demás Estados miembros.
Llegamos ahora a los plazos previstos para el incremento de la frecuencia de los controles del 1 % al 3 % de las jornadas laborales. Si bien apreciamos el objetivo perseguido por el Parlamento y admite que el enfoque del Consejo carece de ambición, la Comisión llama al realismo y prefiere asegurarse de que todos los Estados miembros se encuentren en condiciones de respetar el número de controles exigido por la directiva y que los controles cumplan los requisitos de calidad preceptivos. Como ven, desde que he asumido el cargo he tenido una preocupación constante por la correcta aplicación de lo que decidimos, y esta es la razón por la que, mientras reconocemos las ventajas de una restricción progresiva, preferimos tener la certeza de que al final alcanzaremos nuestro objetivo.
Por último, los controles en carretera. La Comisión advierte del carácter demasiado exhaustivo de las estadísticas que deben recoger los inspectores de los conductores. Esta exigencia podría ser contraproducente por resultar difícil en la práctica de los controles al borde de la carretera.
Esto es, señor Presidente, lo que quería añadir tras la exposición del ponente. Por supuesto, mis servicios comunicarán la posición detallada de la Comisión sobre cada enmienda propuesta(1). Ahora escucharé el debate con atención y quedo a disposición del Parlamento para las eventuales preguntas que puedan plantearse. Este expediente es importante y doy las gracias a todos los diputados que están aquí por aportar su contribución a este importante proyecto.
Grosch,
    – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, también yo quisiera dar las gracias al señor Markov por su colaboración y su disposición a escuchar, demostradas en los debates, no siempre francos, y a la hora de afrontar un exceso de enmiendas.
Los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo se unieron para conseguir disposiciones que mejorasen la seguridad vial y la calidad de vida de los conductores, disposiciones que no solo fueran correctas, sino también prácticas y controlables. Pueden haber surgido diferencias respecto a uno u otro detalle.
La Comisión también planteó la cuestión fundamental de si verdaderamente se necesita una nueva directiva. En cualquier caso, queda claro que no es aceptable que los transportistas que no cumplen las normas mínimas cada vez obtengan una mayor cuota de mercado. En esto estuvimos de acuerdo todos los Grupos de esta Asamblea. Tal vez hay quien duda que este objetivo pueda alcanzarse a través de una legislación más completa, pero lo cierto –y esto me remite a un aspecto en el que todos estuvimos de acuerdo– es que el control ha sido y sigue siendo el aspecto más importante.
La directiva puede ser tan buena como quieran sobre el papel, pero por sí sola no conseguirá gran cosa; lo que se necesita –y en este caso apelo directamente al Consejo– son comprobaciones regulares y penalizaciones armonizadas. Pueden imaginarse qué sucederá si uno puede elegir entre varios países aquel cuyas disposiciones penales convengan más desde su punto de vista. Con esto estamos muy familiarizados, especialmente en la región fronteriza de la que provengo.
Tuvimos que afrontar 240 enmiendas, de las que quedan unas 60, además de 16 adicionales. La Comisión de Transportes y Turismo ha hecho un buen trabajo. Por supuesto, no pretendo debatir ahora mismo cada una de las enmiendas, pero me gustaría destacar que la fecha que proponemos para el tacógrafo digital pretende garantizar la seguridad jurídica con lo que consideramos una mayor estabilidad que la que se conseguiría si quizás en septiembre, octubre o noviembre adoptásemos una directiva que debería haberse aplicado en agosto del mismo año. Por lo tanto, me parece que la fecha propuesta para 2006/2007 hace que el fundamento jurídico sea bastante más seguro, por lo que debemos debatir esta fecha y transmitir un mensaje claro al mundo en general.
La cuestión de las «tres toneladas y media» fue un aspecto principal. Consideramos que se trata de una cuestión de seguridad, pero tampoco queremos que los popularmente denominados «velocistas» interfieran con la movilidad en las zonas urbanas. Esto nos ha hecho pensar que un límite de tres toneladas y media es algo con lo que podríamos trabajar en cualquier caso. Otra consideración es que esto no distorsione la competencia.
Entre otras cosas, nuestro objetivo era la flexibilidad, y lo que se ha propuesto hoy respecto a los períodos de descanso diarios y los modos de regularlos es, en mi opinión, más fácilmente controlable que lo propuesto por el Consejo. Las cifras son de lo más sencillo: 4,5 horas en la carretera y tres pausas de un cuarto de hora cada una, que se harán a las horas que elija el conductor. Esto es un ejemplo de lo que tratamos de conseguir.
También hemos tratado de ser flexibles y esperamos que cuando el Consejo y la Comisión analicen estas enmiendas serán capaces de seguir el pensamiento del Parlamento. 

Piecyk,
   .  Señor Presidente, quisiera expresar mi más sentido agradecimiento al ponente, el señor Markov, que ya nos ha conducido de forma muy constructiva en las negociaciones. Señor Comisario, de hecho todo es muy sencillo: los conductores que han dormido bien contribuyen a la seguridad en la carretera, mientras que los conductores cansados constituyen un riesgo para la seguridad. O dicho de otro modo, el exceso de cansancio es mortal. Es por ello, por el bien de los conductores, de la seguridad vial y de la competitividad, por lo que necesitamos tiempos de conducción y períodos de descanso adecuados que puedan controlarse. De lo contrario, nada tendrá sentido.
Entonces estamos de acuerdo en que necesitamos que los períodos de descanso sumen 12 horas al día, de las que 9 deben ser seguidas. En las verificaciones en carretera debe ser posible comprobar los registros correspondientes a los últimos 28 días. Los conductores no deben estar más de 56 horas al volante a la semana y en una quincena deben parar después de las 90. También necesitamos una fecha realista para los tacógrafos digitales. El Reglamento debe incluir asimismo una categoría nueva que abarque los vehículos comerciales ligeros de menos de 3,5 toneladas. Señor Comisario, permítame añadir que en este caso no estamos hablando del reparto de pizzas, ya que si se transporta una pizza a una distancia de 60 kilómetros –como ha sugerido la Comisión de Transportes y Turismo–, esta llegaría fría y sería incomestible. Así que en este caso no hablamos de los repartidores de pizzas, sino de vehículos comerciales ligeros, que en la actualidad pueden hacer todo lo que quieren, incluso desplazarse a velocidades extremadamente elevadas, siete días a la semana, veinticuatro horas al día, sin prohibición alguna para conducir los domingos o de noche, y sin que sean objeto de ninguna comprobación, lo cual da pie a un número creciente de accidentes.
Las únicas cifras que puedo mencionar son las alemanas: entre 1991 y 2001, los accidentes en los que se vieron implicadas pequeñas furgonetas y que ocasionaron lesiones personales aumentaron un 103 %. Los accidentes provocados en 2001 en Alemania por los conductores de pequeñas furgonetas ocasionaron la muerte de 206 personas (un aumento del 44 % con respecto a 1991), lesiones graves a 2 548 personas (un aumento del 66 %) y lesiones menores a 13 939 personas. Las cifras facilitadas por la policía de tráfico parecen indicar que el exceso de cansancio es una de las causas más frecuentes de este tipo de accidentes, ya que un número relativamente grande de accidentes en los que se ven implicados vehículos comerciales ligeros se producen a últimas horas de la tarde o durante la noche. El Consejo debe dejar de alegar que ignora el problema, poner los pies en la tierra y afrontar la realidad.
Permítanme recordarles que esto no tiene que ver con el radio de 60 kilómetros ni con los sectores de servicios o correos. Se necesitan normas y reglamentos adecuados para afrontar este problema. Si se acepta, en un principio, que el exceso de cansancio mata y produce lesiones, entonces se necesitarán normas responsables. Esto es lo que quería la comisión parlamentaria, y espero que antes o después la Comisión Europea pueda hacer suya esta misma forma de pensar. 
Jensen,
     Señor Presidente, en el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa damos gran importancia a la garantía de un control y una aplicación más efectivos de las normas sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso. Sin embargo, no creemos que tenga sentido cambiar las disposiciones como tales si con esto no se obtienen mejores normas, sino simplemente normas que son complejas de un modo distinto, ya que la regulación de los tiempos de conducción y los períodos de descanso es complicada, y quizás lógicamente deba ser así. Es complicada porque debemos alcanzar un equilibrio adecuado entre la posibilidad de controlar de forma eficaz el cumplimiento de las normas en aras de la seguridad vial, por una parte, y las necesidades del sector del transporte y de que los conductores sean capaces de organizar su trabajo de forma razonablemente flexible, por otra.
Por mi parte, debo manifestar mi más caluroso agradecimiento al ponente, el señor Markov, por la espléndida y completa visión general que ha aportado de una materia tan complicada como esta. Sin embargo, hay algunos puntos en los que mi Grupo no está de acuerdo con determinadas conclusiones incluidas en el informe resultante de la votación en la Comisión de Transportes y Turismo. Estos incluyen la aplicación de las normas sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso a los vehículos de menos de 3,5 toneladas. Desde nuestro punto de vista, esto encarecería innecesariamente el transporte sin contribuir a la seguridad vial en un grado que justifique los importantes costes que implica esta propuesta. También sería bastante difícil para la policía saber inmediatamente si una furgoneta corriente estaba siendo conducida para una empresa que tenía que llevar instalado un tacógrafo en la misma. La propuesta de incluir a los vehículos de menos de 3,5 toneladas dificultaría mucho el control. Se propone excluir de la directiva vehículos empleados para una larga lista de servicios de suministro público, como alcantarillado, electricidad, agua, gas, etc. Que esta propuesta tenga sentido o no es dudoso, pero si quiere hacerse valer, hay que decir que la excepción debería aplicarse igualmente en el caso de una empresa privada a la que el sector público ha encargado una tarea, por ejemplo mediante licencia o concurso.
Con respecto a los conductores de larga distancia, también consideramos que es importante y adecuado que el período de descanso semanal se organice de un modo más flexible que el propuesto por el Consejo. Esto se aplica a la disposición de períodos de descanso semanales reducidos y los períodos de descanso compensatorios. Por ello hemos presentado una enmienda sobre este tema.
Los resultados de las votaciones en comisión fueron muy similares en varios ámbitos, y por lo tanto es muy estimulante ver a la comisión aquí en la Asamblea en la que necesitamos conseguir movilizar una mayoría cualificada. Posteriormente, la cuestión será si podemos alcanzar una conciliación con el Consejo. En el Grupo ALDE queremos llegar a una situación en la que se obtenga un período interrumpido de descanso de 11 horas, pero nosotros no creemos que el Consejo esté en lo cierto al pensar que el período interrumpido de descanso solamente deba ser de 3 más 9 horas. Esto es demasiado inflexible y demuestra que se ha dado demasiada importancia al criterio de la facilidad de supervisión. Por supuesto, el Consejo está de acuerdo con el punto de vista de que los tacógrafos deben instalarse a partir de este año, pero dada la situación con respecto a la adopción de la directiva y la capacidad para instalar los tacógrafos en la actualidad, parece demasiado insistir en esta fecha, y desde el Grupo ALDE estamos dispuestos a respaldar que se posponga.
Realmente espero que en el procedimiento de conciliación encontremos una solución relativa a esta directiva que cubra las necesidades de un control más efectivo y, al mismo tiempo, garantice que los conductores tienen la suficiente flexibilidad. 
Lichtenberger,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las directivas que estamos debatiendo hoy son fundamentales en tres aspectos, en relación con las normativas vigentes en toda Europa que regulan la protección social de los trabajadores, con la seguridad vial y con la competencia. Espero que la decisión que adopte el Parlamento durante la votación del miércoles sea la adecuada y que los diputados voten a favor de unas condiciones de trabajo humanas, la seguridad vial y la competencia justa, no solo entre las empresas individuales que hacen uso de las carreteras, sino también entre los diversos medios de transporte.
En los últimos años, la situación en este sector ha ido de mal en peor; somos testigos de un dúmping social de proporciones épicas, sobre todo en el caso de los conductores de camiones de larga distancia, sin mencionar a los conductores de autocares. Nos enfrentamos al hecho, demostrado a través de los controles, de que están trabajando 38 horas seguidas sin descanso. Nadie puede conducir tanto tiempo sin recurrir a la cafeína o a otras sustancias, algunas de las cuales pueden ser ilegales. Es obvio que esto representa un riesgo para la seguridad vial y el Consejo no puede pasar por alto que este riesgo lo plantean no solo los camiones de 40 toneladas, sino también los pequeños camiones llamados «velocistas» que recorren largas distancias.
Lamentablemente, las últimas averiguaciones indican que el riesgo de dichos vehículos para la seguridad vial ha aumentado exponencialmente y es obvio que estas cifras no solo se aplican a Alemania. Los conductores de estos vehículos se encuentran bajo una especial presión, ya que muchos de ellos entregan pedidos cursados a través de Internet según el llamado sistema «justo a tiempo». Esto implica que se encuentran sometidos a una enorme presión y es preciso tomar medidas a escala comunitaria para protegerlos, como hay que proteger de los conductores agotados a los demás usuarios.
Estoy segura de que ninguno de los presentes habrá olvidado la tragedia del túnel, cuya causa se ha atribuido a la fatiga del conductor. Sin embargo, esto solo fue la punta del iceberg, ya que, lamentablemente, una y otra vez tenemos noticias de accidentes ocasionados por el cansancio al volante. Es lamentable que el Consejo esté claramente en el lado equivocado respecto a esta cuestión. Lamento tener que ser tan directa, pero en ocasiones a uno puede perdonársele que piense que el Consejo fue embajador de la oveja negra de las empresas usuarias de las carreteras de Europa. Considero que sería verdaderamente una vergüenza que esto fuese así.
Quisiera pedirles que respalden nuestra postura, en interés de la seguridad vial, aumentando la credibilidad social de Europa y haciendo posible que se realicen comprobaciones más frecuentes en las zonas de alto riesgo, en las que las exigencias de seguridad vial que planteamos son todavía mayores. Debemos hacer que todo el mundo sepa que el Parlamento Europeo es la conciencia social de la Unión Europea.
Nattrass,
   . – Señor Presidente, esta directiva está sembrando la alarma entre los transportistas en el Reino Unido. Los conductores afirman que perderán 80 libras esterlinas a la semana. La industria mantiene que va a costar 1 000 millones de libras esterlinas al año y va a originar un déficit de 65 000 conductores, disparando los precios y golpeando al comercio del Reino Unido. El Gobierno británico nos dice que no manifiesta la opinión del Reino Unido porque lo considera «inadecuado», dado que va a ocupar la Presidencia del Consejo.
¿Es esto lo que esperamos del moderno Partido Laborista, que se deja hacer cosquillas en temas vitales para el Reino Unido solamente porque quiere dar coba a la UE y ofrecer una imagen presidencial? ¡Que el cielo proteja a nuestros camioneros! ¿Siguen estando representados por los laboristas? ¿Es «inadecuado» manifestar la opinión del Reino Unido? Díganselo a los camioneros y a las empresas británicas, porque serán ellos los que pagarán el coste.
Este informe emana de la perspectiva alemana en el centro de Europa, que se halla en una situación ideal cualquiera que sea la dirección en que vayan. Sin embargo, un camión de Birmingham tiene que recorrer un trayecto mucho más largo para llegar a su destino. Estas propuestas mutilan las posibilidades británicas para competir en Europa. Los partidarios de la UE mantienen que se trata de la seguridad vial, pero la UE realmente solo entiende de dinero, poder y control. Estas propuestas van a colocar en la cabina de cada camionero un lucrativo espía apuntando hacia Galileo. Posiblemente a continuación les llegará el turno a los vehículos particulares. Estad alertas, camioneros, porque el Gran Barrot os vigila. Gritadle y decid: «¡Esto va a sacar mi camión de la carretera!» o, en pocas palabras, «¡Váyase usted!» 
Zīle,
    Señor Presidente, señor Comisario, para empezar quisiera dar las gracias al señor Markov por el trabajo realizado y los compromisos alcanzados en varios aspectos problemáticos. Asimismo quisiera darle las gracias, señor Comisario, por su detallado comentario.
Los derechos sociales de los trabajadores, el transporte seguro por carretera y los intereses empresariales son los tres principales aspectos sobre los que versa esta propuesta. Sin embargo, no considero que la versión de la Comisión de Transportes y Turismo esté equilibrada ahora en estos tres aspectos. Sabemos que los nuevos Estados miembros de la Unión Europea son también, tristemente, Estados periféricos, por lo que ya son menos competitivos en términos objetivos en el sector del transporte por carretera, dado que se encuentran lejos de las zonas más concentradas del mercado. Lamentablemente, el borrador contiene propuestas que afectarán todavía más negativamente a las oportunidades para estos transportistas por carretera, como la ampliación del período de descanso diario obligatorio o incluso la acumulación de dichos períodos; también se elimina la oportunidad de que los conductores se tomen períodos de descanso semanales reducidos fuera del garaje y hay una propuesta que prohíbe el pago de una bonificación a los transportistas por la distancia recorrida incluso si esto no plantea una amenaza para la seguridad del tráfico. En mi opinión todas estas medidas no han sido concebidas para combatir el «dúmping salarial», tal como se indica en la justificación, y tampoco el «dúmping social», como se sabe actualmente, practicado por los empresarios de los nuevos Estados miembros, sino de hecho para conservar la división de mercado existente. Estas preocupaciones relativas a los salarios de los conductores y la protección social pueden provocar que los conductores de los nuevos Estados miembros eviten el dúmping salarial en general, ya que si se quedan sin empleo no recibirán ningún tipo de pago. El artículo 11 de la directiva actualmente establece también una garantía para los participantes en un convenio colectivo entre los interlocutores sociales que ya está en vigor. Los constructores de Letonia y algún otro nuevo Estado miembro, y quizás ahora también los transportistas, saben lo «fácil» que es operar en una situación así, si no tratamos de equilibrar nuestros intereses cuando votemos esta legislación. Tampoco estoy seguro de que ampliar el ámbito de aplicación de esta legislación a los vehículos con un peso inferior a las 3,5 toneladas si operan dentro de un radio superior a los 60 kilómetros contribuirá a conseguir los objetivos sociales y de seguridad vial. Esto impone una carga financiera y técnica adicional a estos vehículos que, conforme a las estadísticas, no son precisamente los más peligrosos. Por otra parte, también creará un motivo para que las empresas de entrega urgente celebren acuerdos con conductores autónomos, lo cual a su vez empeorará la protección social de estas personas y de hecho también tendrá consecuencias adversas para la seguridad en las carreteras. 
Jarzembowski (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, en primer lugar quisiera retomar un comentario que usted ha hecho hacia el final de su intervención. Es necesario que haya un número razonable de controles, ya que toda legislación es inútil e ineficaz si no se controla su aplicación. Por lo tanto, debemos unir fuerzas para convencer al Consejo de que acepte las propuestas de los informes Markov y garantice que se realiza un número suficiente de controles. Hablando claramente, nuestra labor consiste en proteger a los conductores de camiones de sus propios jefes, ya que parece que algunos se ven obligados, directa o indirectamente, a conducir durante períodos de tiempo excesivamente prolongados. Esto implica que plantean un peligro para ellos mismos y para todos los demás.
Sin embargo, al mismo tiempo las normas deben ser realistas y estar basadas en el sentido común. Creo que el rechazo desmesurado del señor Comisario a algunas de las propuestas del informe Markov ha sido ligeramente precipitado. Nuestras propuestas son mucho más sensatas y fáciles de aplicar, sobre todo las relativas a las normas sobre las pausas y los períodos diarios de descanso. Por lo tanto, estas propuestas merecen ser apoyadas.
Sin embargo, sí comparto sus puntos de vista respecto a los camiones de peso inferior a las 3,5 toneladas. Estoy de acuerdo con el señor Piecyk en que también constituyen un riesgo, pero no debemos olvidar la burocracia y los costes que implicaría aplicar las normas relativas a los tacógrafos y similares a estos tipos de vehículos comerciales. Deberíamos replantear esta cuestión desde el principio y afrontar los hechos, señor Comisario; la flota lechera local, la caravana de circo o el tractor realmente no necesitan un tacógrafo. Usted ha dicho que deberíamos evitar que haya demasiadas excepciones, pero las que hemos propuesto no se basan más que en el deseo de ser realistas y aplicar el sentido común.
El procedimiento de conciliación para la legislación sobre los tacógrafos llegará a su fin en este otoño y no tiene mucho sentido contar con un reglamento que no puede aplicarse. Basándome en mis estrechos contactos con el sector, creo personalmente que es poco realista esperar que todos los transportistas puedan instalar tacógrafos para agosto de este año, incluso si algunos fabricantes afirman que pueden suministrarlos. Por lo tanto, le pido que se ajuste a nuestras propuestas y establezca un plazo sensato. 
Titley (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero comenzar explicando a la Cámara que, en sus comentarios iniciales, mi paisano el señor Nattrass ha confundido la aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo en el sector del transporte con esta directiva. En cuanto a sus demás exabruptos, para mí han resultado tan incomprensibles como para todo el mundo, y observo que no se ha molestado en esperar a que terminara el debate.
Acojo con agrado esta directiva porque, como ha dicho el señor Comisario, las propuestas en cuestión datan de hace 20 años. Es mucho lo que ha cambiado en ese tiempo: la supresión de las fronteras, el documento aduanero único y mejores carreteras, lo que significa que ahora se puede conducir durante períodos prolongados sin ninguna interrupción natural. Tenemos una UE de 25 Estados miembros, con un territorio de un millón y medio de millas cuadradas. Por tanto, resulta esencial para la seguridad vial contar con un conjunto coherente de reglas en toda la Unión Europea. Actualmente es posible conducir durante 8 horas y 59 minutos con un solo descanso de 15 minutos. Eso es inaceptable: el cansancio mata, y no modernizar estas propuestas sería irresponsable.
No obstante, es importante que la legislación sea práctica y aplicable, no solo de manera simple, sino también de modo coherente en toda la UE. Por consiguiente, acojo con agrado las propuestas del Parlamento en el sentido de que los nuevos vehículos se equipen con tacógrafos digitales cuando menos a partir de 2006. La Comisión se equivoca cuando persiste en su posición, puesto que solo dos de los tres posibles proveedores de tacógrafos están en condiciones, por el momento, de probar sus modelos de preproducción y no pueden iniciar la producción en serie.
Es importante que los periodos de descanso sean simples y fáciles de comprender y que su aplicación no exija un título de matemáticas. También es importante que haya excepciones para servicios esenciales prestados en interés del público, cualquiera que sea la naturaleza del organismo que preste dichos servicios.
Aplaudo las propuestas de la comisión en materia de servicios de autobuses y autocares, siempre que podamos diferenciar entre el sector del ocio y el del transporte autocares de línea.
No obstante, sigo teniendo el convencimiento de que determinadas propuestas pueden ser aplicadas y comprendidas. Reconozco los problemas con el sector del transporte urgente, pero no veo claro cómo se pueden aplicar dichas propuestas. No pienso que sea posible instalar posteriormente los tacógrafos digitales a un coste asequible para la mayoría de las personas. También me pregunto si sería posible fiscalizar la aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo en esta directiva, dado que la mayoría de los registros quedarían depositados en la base y no en el camión en cuestión. 
Auken (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, el transporte por carretera se ha convertido en un sector desastroso que realmente necesita una reorganización. En la actualidad es la ley de la jungla la que prevalece. Se ha debatido sobre las crudas condiciones de trabajo de los conductores, dado que tienen consecuencias para la seguridad vial. Los conductores agotados al volante de grandes camiones son un peligro. Sin embargo, aparte de esto, las condiciones de competencia son totalmente lamentables. El transporte por tren o por mar, mucho mejor para el medio ambiente y la seguridad, no tiene ninguna oportunidad ante el transporte por carretera, que es mucho más barato. Estamos a favor de la competencia justa y los transportistas por carretera deberían pagar el precio real del transporte adecuado y no simplemente descargar todas las consecuencias de sus actividades sobre las espaldas de la sociedad. Aquellos que se oponen a una normativa mejor y a controles más estrictos se han convertido en portavoces ruidosos de la parte más brutal del sector del transporte. Con unos precios justos conseguidos a través de una normativa sensata y controles estrictos, también existen mejores oportunidades de que puedan desarrollarse otras formas de transporte seguras y respetuosas con el medio ambiente. Este es el tipo de competencia que deseamos ver en Europa. Debe poder prevalecer la mejor forma de transporte, no la más descarada ni la más inflexible. 
Bradbourn (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, como ya dije cuando se presentó esta normativa por primera vez en esta Cámara, el planteamiento de esta propuesta es, a mi juicio, poco práctico, insostenible e inaplicable. Por esta razón, y con ayuda de algunos diputados de todo el espectro político, he presentado una enmienda para que esta propuesta sea rechazada en su totalidad.
Quiero centrar mi intervención en este debate en la esencia misma de lo que significa la propuesta para los habitantes de mi circunscripción, que estoy seguro se repite por toda la Unión Europea. En la actualidad, los servicios de autobuses en las zonas rurales, donde muchas personas son mayores y dependen del transporte público, corren a cargo de empresas pequeñas y medianas, que según proclama la UE son la columna vertebral de la economía. Pero una legislación como esta les hará la vida imposible. Las propuestas relativas a las horas de descanso se traducirán en un mayor coste tanto para el consumidor como para el sector, una reducción del servicio y, en algunos casos, la ausencia total del mismo.
En el sector comercial se verán amenazados los sistemas de entregas exactamente programadas, la espina dorsal del suministro moderno para la industria. Eso generará asimismo un coste mayor, tanto para el consumidor como para el sector. Solo en el Reino Unido se estima que el coste de esta normativa y de la Directiva sobre el tiempo de trabajo sobrepasará los 1 000 millones de libras esterlinas, y no es una cifra mía, sino del sector.
El argumento de la seguridad vial utilizado por muchas personas no altera mi punto de vista. Tenemos que dejar de alegar que una regulación excesiva trae más seguridad a las carreteras. El Reino Unido, con menos regulación, tiene probablemente las carreteras más seguras de Europa. Esta propuesta poco tiene que ver con la seguridad vial, y bastante con un arraigado plan de la Comisión Europea contra la carretera.
Por su propia naturaleza, los conservadores británicos se oponen a una legislación tan restrictiva para las empresas y consumidores, y no somos los únicos. Esta propuesta no tiene en cuenta la necesidad de ser flexible en ámbitos esenciales del sector del transporte, apenas presta atención al consumidor y no tiene en cuenta la necesidad de que la industria europea siga siendo competitiva. Por tanto, no dudo en solicitar a esta Cámara que apoye nuestra enmienda crucial para rechazar la propuesta en su totalidad. 
Leichtfried (PSE ).
    Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, también yo quisiera hacer uso del poco tiempo de que dispongo para dar las gracias al ponente por su labor profesional y competente. Estoy de acuerdo con el señor Comisario en que se trata de un informe extremadamente importante. Si se aplican las propuestas que contiene, podemos estar seguros de que comportarán una serie de mejoras, no solo con respecto a la situación en las carreteras europeas desde el punto de vista de la política social y el derecho laboral, sino también, sin duda, con respecto a la seguridad vial.
Sin embargo, para que se consigan estos dos objetivos deben cumplirse los siguientes cuatro principios esenciales. La semana laboral no debe superar las 56 horas propuestas, las normas deben incluir también a los servicios de entrega urgente y mensajería, los dispositivos de grabación digital deben introducirse sin demora y debe declararse ilegal el dúmping salarial, muchas veces responsable de las peligrosas situaciones de las que hemos sido testigos.
El miércoles, esta Asamblea optará entre aumentar la seguridad y establecer unas normas sociales más elevadas, y la obtención de mayores beneficios por parte de unos pocos. Desde mi punto de vista está suficientemente claro qué debemos votar. 
Wortmann-Kool (PPE-DE ). –
    Señor Presidente, en el marco de la Agenda de Lisboa, esta Asamblea pretende eliminar las normas innecesarias, incorporar una mayor flexibilidad y reducir la burocracia. Sin embargo, esto no significa que no esté satisfecha con la postura adoptada por la Comisión de Transportes y Turismo con respecto al Reglamento sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso. La seguridad vial requiere que se apliquen más eficazmente los tiempos de conducción y los períodos de descanso, pero varios de los cambios propuestos van mucho más allá y no pueden aplicarse. Algunos diputados ya han mencionado la instalación obligatoria del tacógrafo digital en vehículos de menos de 3,5 toneladas. Por supuesto, esto es inviable en la práctica. Del mismo modo, no es viable instalar tacógrafos digitales en los vehículos existentes, ya que en ocasiones es técnicamente imposible y por lo tanto no es aconsejable.
En tercer lugar, las cosas deben ser más prácticas y es preciso reducir la carga administrativa. Once horas de sueño por la noche, en lugar de doce, es más que suficiente. Eso es también lo que opina el Consejo, y espero que el Parlamento adopte el mismo punto de vista al rechazar la primera parte de la enmienda 62. Las comprobaciones en carretera de hasta 28 días no benefician a la seguridad vial y también generan una burocracia innecesaria. La propuesta del Consejo es asimismo mejor en este aspecto, y por lo tanto espero que el señor Markov sea un poco más complaciente con el Consejo en estos aspectos.
Por último, si deseamos tener un transporte más seguro, debemos fomentar, en lugar de desalentar, la duplicación del personal en el transporte de larga distancia. Cuando ya falta poco para la votación en el Pleno, quisiera instarles a que rechacen la propuesta sobre los puntos mencionados, ya que estas medidas elevan innecesariamente los costes para lo que en muchos casos son pequeñas empresas. Si el resultado de la votación en el Pleno no es mucho mejor que en la Comisión de Transportes y Turismo, sería sensato echar mano de la legislación vigente. 
Rack (PPE-DE ).
   Señor Presidente, si queremos provocar un verdadero cambio en la situación actual de las carreteras europeas, necesitamos crear la igualdad de condiciones para los diversos modos de transporte de la que tanto hemos hablado, que hasta la fecha no ha sido más que un latiguillo. Los dos proyectos de informe de hoy, sobre la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y sobre el control de su aplicación, desempeñarán un papel clave en este sentido. Si lográramos emplear la legislación europea con el fin de garantizar que las prácticas relativas a los períodos de conducción y descanso, que a menudo son nada menos que escandalosos, se realicen de forma más ordenada, esto implicaría inevitablemente que el coste de la contratación de personas para trabajar en la carretera y en el ferrocarril fuese más similar, y esto ya sería algo.
Sin embargo, nuestro objetivo ni es ni debe ser conformarnos con leyes que solamente existen sobre el papel. Es preciso controlar el cumplimiento de esta legislación y dicho control debe ser posible. La segunda de estas dos preocupaciones puede afrontarse mediante los tacógrafos digitales, menos vulnerables a la manipulación, pero lo que se necesitará entonces será que las fuerzas de la policía nacional controlen estos dispositivos mediante comprobaciones sistemáticas en carretera. También será necesario garantizar el cumplimiento de los períodos de conducción y descanso.
Además de la importancia que tiene garantizar que se coordinen las normativas marco relativas a los tiempos de conducción en carretera y el transporte ferroviario, los dos informes Markov persiguen un objetivo adicional, la seguridad vial. Son demasiados los accidentes ocasionados por conductores cansados, y es preciso tomar medidas para poner coto a este problema. Un camión de 40 toneladas fuera de control es un arma peligrosa, y no debe tolerarse la circulación de bombas de este tipo. Los Estados miembros deben establecer controles efectivos para remediar esta peligrosa situación.
En este contexto, me preocupa especialmente ver que la Presidencia, o al menos sus Ministros, no está hoy presente en el debate, aunque represente de los Estados miembros. Puede que Luxemburgo haya impuesto períodos de descanso obligatorios a los Ministros, aunque me inclino a pensar que el problema es otro. Los debates en esta Asamblea sobre textos legislativos cada vez se realizan más tarde y deberíamos cambiar esta costumbre. Quizás entonces el Consejo estaría presente en debates como el que estamos celebrando hoy. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Rack. La Presidencia comparte sus reservas respecto a las sesiones nocturnas plenamente.
Tiene la palabra ahora el señor de Grandes.
De Grandes Pascual (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías. La nueva realidad europea incide de forma muy especial en territorios como el de España y otros, que han devenido en periféricos en relación con la situación de los principales mercados europeos. Para dichos países periféricos, la probabilidad de tener que realizar recorridos más largos es muy superior a la de los países centrales, que gozan de una mayor cercanía entre los centros de producción y consumo.
Para intentar paliar estas circunstancias, entendemos que es de equidad el establecimiento de fórmulas de flexibilidad, para evitar que la geografía adversa pueda mermar de manera progresiva la competitividad de los transportes de la Unión.
En este estado de cosas, el afán legislativo incurre en excesos, y la rigidez en las normas puede producir, más que armonización, un desequilibrio en las condiciones que tendrán que afrontar los transportistas de los Estados periféricos.
La obligación de tomarse un nuevo período de descanso transcurridos seis períodos consecutivos de conducción implica que en muchas ocasiones los conductores de larga distancia no puedan retornar a sus lugares de origen y que, por lo tanto, tengan que realizar los descansos semanales a lo largo del trayecto.
Esta eventualidad supone una auténtica condena puesto que en muchas ocasiones las circunstancias de descanso distan mucho de ser las necesarias para el mantenimiento de unos niveles razonables de calidad de vida: permanecer confinado y aislado en el área de descanso de una autopista, sin alojamiento ni condiciones higiénicas adecuadas, en un país lejano y, además, sin posibilidad de alejamiento de los vehículos por miedo a sufrir robos. Tanto más sangrante es la situación cuanto, en teoría, se trata de medidas que se dicen encaminadas a garantizarles unas condiciones de reposo adecuadas. 
El reconocimiento del concepto de larga distancia ha sido recogido en otros sectores, como en la pesca de altura. También en el ámbito de los transportes la legislación francesa distingue entre conductor de corta y larga distancia. Resulta imprescindible distinguir entre unos y otros supuestos para no penalizar a los conductores de larga distancia ni a los intereses legítimos de los países periféricos. 
Jałowiecki (PPE-DE ).
      Señor Presidente, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, nos ha asegurado en varias ocasiones, en intervenciones ante esta Asamblea y en otros lugares, que pretende reducir el número de instrumentos legislativos comunitarios en un 25 %, ya que existen demasiados y muchos de ellos son innecesarios. Los diputados a esta Cámara siempre han aplaudido estas declaraciones, ya que muchos de nosotros somos conscientes de que nos enfrentamos a una legislación comunitaria que está desarrollando tendencias imperialistas y tratando de regular todo lo que existe bajo el sol. Sin embargo, la ironía reside en que siempre que se presenta un proyecto en las correspondientes comisiones competentes, por ejemplo la Comisión de Transportes y Turismo, los mismos diputados indefectiblemente retoman la rutina reguladora al votar por el aumento del número de disposiciones para las que no existe una justificación racional. La normativa que estamos debatiendo sobre la armonización de la legislación social constituye un claro ejemplo de esta forma de pensar y actuar, y quisiera hacer varios comentarios al respecto. En primer lugar, creo que no existe una justificación para el hecho de que no se haya trazado ningún tipo de diferenciación entre los aspectos de la regulación del tráfico por carretera y la regulación del empleo. En otros ámbitos de la vida pública no se mezclan distintos tipos de normativas de este modo, pero en este caso no se ha hecho una distinción entre la legislación del empleo y otras legislaciones. En segundo lugar, se ha violado de forma escandalosa el principio de subsidiariedad. En tercer lugar, un punto crucial, los proyectos disponen un sistema completo de controles que no es más que maquinaria abotargada y que será prácticamente imposible aplicar. Los diputados a esta Cámara han dejado bastante claro que sería muy difícil poner en práctica este sistema. En cuarto lugar, el nivel de detalle de las disposiciones, especialmente con respecto a los períodos de trabajo y descanso y a cómo se dividen y separan, constituye una terrible visión burocrática que prácticamente no deja ningún margen de maniobra. Dados todos estos factores, creo que este es exactamente el tipo de normativa sin la cual la Unión Europea podría arreglárselas perfectamente bien. Constituye un ejemplo perfecto del 25 % de los instrumentos legislativos a los que se refería el señor Barroso. 
Barrot,
   . Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero decirles que he escuchado con atención sus distintas intervenciones. No tengo necesidad de insistir, señor Markov, y algunos de ustedes lo han destacado, en que no queremos legislar por legislar. Se trata de la seguridad vial. Todavía tenemos en toda Europa muchos muertos en las carreteras y debemos ser muy conscientes de ello. Necesitamos también una competencia leal entre transportistas y debemos pensar en esos transportistas y en su vida laboral. Soy de los que piensan que, cuando un oficio se ejerce con arreglo a ciertas de normas, eso permite también al trabajador dar lo mejor de sí mismo y a menudo ser más eficaz.
En primer lugar, me gustaría volver sobre una idea general que me parece comparten muchos de ustedes; y es que no basta con definir derechos, también hay que crear las condiciones para el ejercicio de esos derechos. Dicho de otro modo, hay que prestar gran atención a la aplicabilidad de las normas. Es preciso que las normas sean aplicables, porque deben ser aplicadas. Esto es muy importante.
Nuestro debate se ha centrado, en particular, en dos temas: los vehículos de peso inferior a 3,5 toneladas. La Comisión está dispuesta a estudiar la cuestión en profundidad. Si lo desean, sugeriría que incluyéramos una cláusula de revisión diferida para ver cómo responder, en su caso, a las necesidades que parezcan necesarias. Creo que, en este ámbito, hay que actuar con inteligencia y pragmatismo. Si hay que ir más lejos, señor Markov, no digo que no , pero habrá que estudiar el ámbito de aplicación de estas normas.
Algunos de ustedes, y en particular los autores de enmiendas, como el señor Grosch y el señor Jarzembowski, han hablado del problema de los tacógrafos. Es un problema que puede prestarse a debate, lo reconozco, pero quisiera ofrecerles elementos concretos que quizás les permitan entender mejor por qué la Comisión sigue deseando absolutamente que este sistema se aplique pronto.
Les recuerdo que el artículo 2 del Reglamento no 2135/98, que introduce el tacógrafo digital, dispone que los vehículos que se pongan en circulación por vez primera dos años después de la fecha de publicación de las especificaciones técnicas deberán estar equipados con un tacógrafo digital. Las especificaciones técnicas se publicaron el 5 de agosto de 2002 y la fecha reglamentaria se fijó, como es normal, en el 5 de agosto de 2004.
Ahora bien, como los fabricantes de tacógrafos digitales no fueron capaces de suministrarlos a tiempo, mi predecesora, la señora De Palacio, adoptó con razón una moratoria que prevé medidas transitorias para los Estados miembros y que aplaza al 5 de agosto de 2005 la introducción obligatoria del tacógrafo digital en los camiones nuevos. El Consejo insistió en confirmar esta fecha en el texto jurídico sobre el tiempo de conducción y de descanso.
Para la Comisión, la fecha de 5 de agosto de 2005 constituye ya un aplazamiento de un año con respecto al plazo previsto. Me parece necesario, y lo digo con toda sinceridad, enviar una señal clara a la industria y a los Estados miembros. Por ello queremos llegar, en la medida de lo posible, a un acuerdo rápido sobre el proyecto de directiva y de reglamento que tienen hoy sobre la mesa.
Desde el punto de vista técnico –porque también hay que asegurarse de que todo este listo en este campo– quisiera darles de nuevo algunos datos. Los certificados de homologación para los tacógrafos digitales se concedieron a ACTIA en junio de 2004, a VDO Siemens en octubre de 2004, así como a varios fabricantes de tarjetas. El Centro Común de Investigación de la Comisión ha establecido un sistema de seguridad de las tarjetas. TACHOnet, un sistema que permite garantizar que cada conductor disponga solamente de una tarjeta de conductor, es operativo desde agosto de 2004.
Todos los principales constructores de automóviles han comenzado a experimentar el tacógrafo digital en sus vehículos y pueden estar listos antes de la fecha límite de introducción de agosto de 2005. Un fabricante de tacógrafos al que yo mismo entrevisté me indicó que estaba en condiciones de proporcionar el número de tacógrafos necesarios a los constructores de automóviles de aquí a mayo de 2005. Se están elaborando los programas de formación para los conductores y los operadores de transporte y los Estados miembros cooperan para impartir cursos similares al personal encargado de supervisar la aplicación.
Añadiré, Señorías, e insisto un poco en este punto, que si aceptamos un aplazamiento de la fecha de introducción del tacógrafo digital, nos exponemos a una acción ante la justicia por parte de los profesionales que están preparados. En cuanto a los convertidores catalíticos, es cierto que todavía no había una decisión jurídica definitiva, pero de todos modos se implantaron desde el momento en que la industria los suministraba. Creo que hay momentos en que la Unión debe tomar la delantera.
Me preocupa mucho ser realista y respetar a nuestras industrias, pero creo con toda sinceridad que un nuevo aplazamiento no sería bueno ni para unos ni para otros. Por esta razón he escuchado con gran atención sus observaciones sobre este punto. Es lo que quería indicar, señor Presidente. Doy las gracias al Parlamento, y afirmo una vez más lo interesante que es mantener este diálogo entre Consejo y Parlamento. Es el verdadero medio, me parece, de llegar a una legislación equilibrada y aplicable.

Anexo – Posición de la Comisión
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 37 y 40.
La Comisión puede aceptar, con cambios de la redacción, las enmiendas 2 y 35.
La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas 27 y 31.
La Comisión puede aceptar, en parte, las enmiendas 15, 17 y 19.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 7, 11, 12, 13, 16, 18, 28, 30, 33, 34, 38, 39, 41 y 43.
La Comisión puede aceptar las enmiendas 14, 33 y 76.
La Comisión puede aceptar, con cambios de la redacción, las enmiendas 1, 7 y 26.
La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas 3, 5, 9, 10, 15, 22, 27, 38 y 43.
La Comisión puede aceptar, en parte, la enmienda 45.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75.
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario. Finalizamos así el debate de este punto, cuya votación tendrá lugar el miércoles.

El Presidente.
   Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el debate del informe del señor Navarro (A6-0055/2005) sobre el transporte marítimo de corta distancia.
Barrot,
   . Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar al señor Navarro por su excelente informe. 
Pienso, y el informe de la Comisión de Transportes y Turismo lo demuestra, que el transporte marítimo de corta distancia es un tema que concita un amplio acuerdo entre el Parlamento, los Estados miembros y la Comisión. Todos sabemos que el transporte marítimo de corta distancia es un excelente método que sin embargo podría desarrollarse más. Es el único modo de transporte capaz, además del ferroviario, de hacer frente al desarrollo del transporte por carretera. Por tanto, hay que dar más créditos al transporte marítimo de corta distancia. 
Quisiera llamar la atención sobre algunos elementos clave de su informe, señor Navarro. Ciertamente necesitamos un enfoque integrado para hacer del transporte marítimo de corta distancia una verdadera solución de puerta a puerta. La nueva definición presentada en los considerandos del informe puede inspirar esa integración y contribuir a ella. La dimensión intermodal de esta nueva definición puede completar la definición modal adoptada en 1999 y comúnmente aceptada en toda Europa. 
Por otra parte, se ha realizado un trabajo considerable para superar los obstáculos que impiden el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia. Permítanme mencionar la Directiva sobre las formalidades de la norma OMI-FAL para los buques que lleguen a los puertos y salgan de estos, basada en el Convenio de la Organización Marítima Internacional sobre la facilitación del tráfico marítimo internacional. Con esta directiva, el número de formularios diferentes en vigor en Europa ha pasado de más de cincuenta a solo cinco.
Además, la Comisión ha abordado las cuestiones relativas a las aduanas en varias ocasiones. La evolución en curso hacia una ventanilla única para las formalidades administrativas y la comunicación electrónica facilitarán el transporte marítimo de corta distancia. Evidentemente, la eficacia de los puertos es crucial para el transporte marítimo de corta distancia y la adopción de una nueva propuesta de directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios debe ayudarnos, aunque he observado perfectamente la intención del Parlamento de prestar gran atención a cómo concluyamos este texto.
Una forma eficaz de promover la imagen intermodal del transporte marítimo de corta distancia reside en el trabajo orientado hacia el mundo de los negocios y realizado por los centros de promoción del transporte marítimo de corta distancia. Esos centros nacionales llevan a cabo una acción de promoción de este modo de transporte que evidentemente es neutra desde el punto de vista comercial. En la actualidad, operan en Europa diecisiete centros de este tipo para difundir nuestras políticas y el señor Navarro tiene razón al poner de manifiesto todos estos esfuerzos.
Las autopistas del mar son una forma especial –las calificaría de marca– de transporte marítimo de corta distancia. Combinan una mayor calidad con un incremento de la cantidad. Al conectar puertos de las redes transeuropeas de transporte, permitirán evitar los cuellos de botella terrestres y mejorar la cohesión. Quiero prestar una atención muy especial a esta iniciativa, para que el texto legal se haga realidad y sea aplicado. 
El programa Marco Polo, y en particular el futuro programa Marco Polo II, desempeñará un papel crucial en la aplicación de las autopistas del mar y aportará recursos financieros adicionales a los proyectos que puedan acogerse al programa. Actualmente se están realizando muchos esfuerzos para que el transporte marítimo de corta distancia sea un éxito. No obstante, debemos redoblar nuestros esfuerzos para obtener mejores resultados en el futuro. 
Por ello, doy las gracias al Parlamento y al ponente por la labor que han llevado a cabo. Estoy convencido de que juntos seguiremos haciendo que el transporte marítimo de corta distancia pueda crecer. Aportará mucho, estoy seguro, a toda la política de transporte de mercancías, que sigue siendo esencial para el gran mercado único europeo. 
Le doy las gracias, por tanto, señor Navarro, y ahora escucharé con mucho gusto, señor Presidente, las observaciones que sigan al informe.
Navarro (PSE ),
   . –Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, soy un diputado recién elegido a este Parlamento y este informe de iniciativa es, por tanto, mi primer informe como diputado al Parlamento Europeo.
Antes de presentarles los puntos principales, quisiera agradecer a la Comisión de Transportes y Turismo, así como a mi Grupo político, el PSE, que me hayan confiado la tarea de trabajar sobre un tema tan importante como es el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar. Quiero dar las gracias muy especialmente a los administradores del Parlamento Europeo, el señor Darmis y el señor Préat, y a mis asistentes parlamentarios, el señor Caballé y el señor Polack. Ellos me han apoyado a lo largo de todo el trabajo de consulta, análisis y redacción cuyo resultado es este informe. Quiero expresar mi agradecimiento a los servicios de la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión, así como a los principales profesionales de los sectores afectados, en particular los armadores, los expertos logísticos y los puertos, que han participado activamente en nuestras consultas.
Quisiera aprovechar la ocasión para comunicarles mi extrañeza por la falta de medios humanos y financieros de que disponen los diputados al Parlamento Europeo para la investigación. El Parlamento Europeo, con el incremento continuo de sus poderes presupuestarios y legislativos, se ha convertido en la voz de los ciudadanos en la Unión Europea. Sin embargo, he observado con sorpresa que un diputado al Parlamento Europeo, como ponente, no puede organizar misiones de observación financiadas por el Parlamento Europeo aparte de las misiones oficiales de las comisiones parlamentarias, que tienen lugar una o dos veces al año. Como saben, el diablo está en los plazos y si el Parlamento Europeo quiere efectuar eficazmente su trabajo de control, debería disponer en el futuro de mayores niveles de conocimiento experto propio, en particular para garantizar la independencia y la imparcialidad de sus diputados. 
Déjenme recordarles en primer lugar el contexto en que se sitúa la cuestión del desarrollo del transporte marítimo en Europa. En su Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara a 2010, que publicó en 2001, la Comisión Europea recordaba el importante papel desempeñado por el transporte marítimo de corta distancia para la reducción de los gases de efecto invernadero e insistía en la necesidad de simplificar su marco reglamentario. Introducía el concepto de autopistas del mar, recordando la necesidad de promover líneas de transporte marítimo masivo rápido que permitieran, en particular, evitar los cuellos de botella de los Alpes y los Pirineos, por ejemplo. El Parlamento Europeo apoyó estas propuestas sobre el transporte marítimo de corta distancia en su informe sobre el Libro Blanco aprobado el 2 de enero de 2003. El ponente era entonces el señor Izquierdo Collado. La última Comunicación de la Comisión, publicada en 2004, y que hemos debatido es ante todo un documento intermedio; su propósito es hacer balance de la situación del transporte marítimo de corta distancia, de los obstáculos con que choca y de las acciones emprendidas para resolverlos. 
En mi informe, deseo en primer lugar presentarles un balance del transporte marítimo de corta distancia en Europa. Quiero llamar su atención sobre dos datos principales. En primer lugar, la parte del transporte marítimo de corta distancia en el conjunto del transporte intraeuropeo aumentó un 25 % entre 1995 y 2002, representando el 40 % del total de mercancías transportadas dentro de Europa frente al 45 % del transporte por carretera. En segundo lugar, los datos recientes sobre el impacto medioambiental del transporte marítimo de corta distancia demuestran que este último tiene un impacto negativo mucho menor que el transporte por carretera. 
La conclusión de este balance es evidente. Nuestro deber es hacer progresar el transporte marítimo de corta distancia para conciliar la protección del medio ambiente, la calidad de vida y el crecimiento económico. Ahora bien, hay muchos obstáculos a la progresión del transporte marítimo de corta distancia. No quiero enumerar aquí todos los obstáculos que destaco en mi informe, pero sí alertarles sobre dos cuestiones principales. En primer lugar, el informe destaca la ausencia de una auténtica política intervencionista con miras a atraer y orientar a los principales organizadores y operadores del transporte de carretera hacia el transporte marítimo de corta distancia.
En segundo lugar, nuestras reuniones con los responsables del sector nos han convencido de la urgente necesidad de adoptar modalidades de financiación eficaces, claras y suficientes para las acciones que hay que emprender. Las distintas fuentes de financiación existentes han de permitir una complementariedad óptima, que haga posible la puesta en marcha de nuevas líneas duraderas.
Frente a estos obstáculos, mi informe insiste en particular en la necesidad de resolver la cuestión de la normalización de las unidades de carga intermodales y de facilitar la integración del transporte marítimo de corta distancia en la cadena de suministro. Proponemos asimismo reactivar la reflexión comunitaria sobre la unificación del régimen jurídico de la cadena multimodal. Este informe ha sido aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo. Nuestro trabajo de consulta nos ha permitido llegar a posiciones de compromiso sobre puntos cruciales. El informe insiste, en efecto, en el potencial de desarrollo del transporte marítimo de corta distancia para el transporte de pasajeros, en las posibilidades de creación de miles de puestos de trabajo, en la importancia de los enlaces entre el transporte marítimo de corta distancia y las vías de navegación interiores, en el papel del transporte marítimo de corta distancia para las islas, en el respeto de las normas comunitarias de competencia y, por último, en la mejora de los resultados medioambientales del transporte marítimo de corta distancia. 
A modo de corrección y en aras de la coherencia, desearía presentar una enmienda oral puramente técnica. Tiene por objeto hacer concordar la definición de transporte marítimo de corta distancia del considerando A, en el que integramos el transporte de pasajeros y las vías navegables interiores, con la del considerando C, en el que hemos omitido hacerlo. Mi enmienda añade pues las palabras «y de pasajeros» y «o vía navegable interior» en el considerando C, para que la definición del transporte marítimo de corta distancia sea idéntica en todo el informe.
Para concluir deseo recordarles cuáles son, en mi opinión, las tres razones principales por las que les pido que apoyen mi informe sobre el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar. En primer lugar, el empleo generalizado del transporte marítimo de corta distancia en todos los sectores de la economía europea tendría una repercusión extremadamente positiva sobre el desarrollo de todas las regiones de la Unión Europea y sería un medio fantástico de crear cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro continente. Después, el transporte marítimo de corta distancia es una de las soluciones adecuadas para conciliar la salvaguardia de nuestro patrimonio natural y el desarrollo económico y social de las regiones. Por último, el transporte marítimo de corta distancia tiene un papel esencial que desempeñar en la ordenación del territorio y el refuerzo de la cohesión territorial en la Unión Europea. En este sentido, considero que el concepto de autopistas del mar debería inscribirse con fuerza en la problemática de refuerzo de la solidaridad en la UE. 
Por esta razón, el informe propone, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, que se inicie una reflexión sobre la posibilidad de reconocer que los proyectos prioritarios en el ámbito del transporte marítimo de corta distancia, que desempeña un papel importante en la mejora de la cohesión territorial en la Unión, son servicios de interés económico general . 
Espero poder contar con el apoyo más amplio posible del Parlamento sobre un tema tan crucial como es el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia y del transporte intermodal. Así, la política de protección del medio ambiente, de desarrollo regional y de cohesión territorial de la Unión Europea se verá reforzada para el bienestar de nuestros conciudadanos y de las generaciones venideras. Espero, pues, contar con su amplio apoyo.
El Presidente.
   Señor Navarro, este era su primer informe, pero le aseguro que es el último en el que habla usted tanto rato.
Pasamos al turno de oradores en nombre de los Grupos. Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Jarzembowski.
Jarzembowski,
   .  Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, desde mi punto de vista, el ponente ha presentado un excelente informe. Es breve y conciso, y sería estupendo poder decir lo mismo de las intervenciones que nos disponemos a oír. Haré lo posible por poner un ejemplo de esto. El Vicepresidente ha manifestado que la Comisión ya había adoptado una serie de medidas para promover el transporte marítimo de corta distancia y quisiera pedirle que considere el informe del ponente como una invitación adicional para celebrar un diálogo con el objetivo de aplicar nuevas medidas para la promoción de este tipo de transporte. El Vicepresidente también ha mencionado otras cuestiones, como la simplificación de las aduanas y los procedimientos administrativos, además del desarrollo de los puertos.
Me gustaría centrarme en dos puntos. En primer lugar, me interesaría saber si se ha avanzado finalmente con la idea de las autopistas marítimas. El año pasado se celebró un buen debate sobre este tema en esta Asamblea por iniciativa de la Comisión, pero tengo mis dudas respecto a si los Estados miembros están contribuyendo al proponer proyectos. En cuanto a lo que a las autopistas marítimas se refiere, solamente deseamos respaldar proyectos útiles y viables, y nuestro principal objetivo debe ser garantizar que la nueva financiación no tiene un efecto adverso en las actuales conexiones de ferry. Si hace tiempo que existe un servicio perfectamente adecuado, no tiene sentido proporcionar financiación adicional para construir nada nuevo en su lugar. Por lo tanto me gustaría saber cómo se encuentran actualmente las cosas y si ya se ha propuesto algún proyecto sensato para las autopistas marítimas que ustedes estén dispuestos a respaldar.
Mi segundo comentario tiene que ver con que no importa en general lo lejos que tengamos que ir para promover las autopistas marítimas y el transporte marítimo de corta distancia, todo nuestro buen trabajo se verá anulado si los transportistas explotan una y otra vez las lagunas legales. He tenido conocimiento de informes de la región del Báltico que afirman que es mucho más barato transportar mercancías en camión alrededor del Báltico que utilizar los servicios de ferry o los afluentes para cruzarlo. Esto se debe al hecho de que determinados Estados miembros de la UE no controlan los períodos de conducción y descanso y al bajo precio del diesel ruso. Debemos tener cuidado de no crear algo que en la práctica se vea anulado porque los Estados miembros no puedan aplicarlo. Quisiera pedirles que tomen medidas e incorporen las ideas del informe. 
Vincenzi,
   . – Señor Presidente, Señorías, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo comparte plenamente el enfoque que ha adoptado el señor Navarro en su informe de propia iniciativa. Utilizaré el poco tiempo de que dispongo para señalar –sobre todo en beneficio del Comisario Barrot– que, aunque podemos estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión, esta no contiene datos estadísticos actualizados sobre el crecimiento de los distintos modos de transporte: sus cifras se refieren a 2002.
La recopilación de datos estadísticos es importantísima, pero no se tiene suficientemente en cuenta, ni siquiera por parte de Eurostat, especialmente en lo que se refiere a los datos sobre el origen y el destino de las mercancías transportadas por carretera. Estos datos permitirían realmente preparar el cambio a favor del transporte marítimo. Además de la encuesta general, sería de utilidad ampliar el marco para incluir las conexiones con países terceros: las costas meridionales del Mediterráneo, los Balcanes, el Mar Negro, el Mar del Norte y, tal vez, Rusia, que podrían formar parte de proyectos como el programa Marco Polo, pero con los que resulta difícil mantener servicios regulares.
Por último, cierta confusión en la terminología relativa a la definición de las autopistas del mar no facilita las cosas. Sería necesario aclararla para fomentar la sustitución del uso de la carretera por un transporte combinado, que no debe confundirse con el cabotaje obligatorio, cuyo objetivo es más bien mejorar el servicio. El sector que necesita incentivos es el de las conexiones continentales, especialmente las empresas que transportan semirremolques no acompañados, y dichos incentivos no deberían considerarse ayudas estatales. 
Henin,
   . –Señor Presidente, es cierto que hay que desarrollar el transporte marítimo de corta distancia en la Unión Europea, del mismo modo que el transporte ferrocarril-carretera. Hemos de ser capaces de transportar todos los productos necesarios para el funcionamiento de nuestras economías en toda Europa, buscando al mismo tiempo la máxima seguridad para nuestros conciudadanos y velando permanentemente por la preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque por fuerza hemos de constatar que los camiones siguen acumulándose en los embotellamientos, ocasionando numerosas molestias que permiten observar la explotación humana en todo su esplendor. Muchos buques destinados al cabotaje son a menudo barcos basura que peinan nuestras costas y que, dado su estado, poco les falta muchas veces para provocar auténticas catástrofes ecológicas.
Por ello, solo una acción pública a escala europea, incluida la intervención industrial y económica directa, puede desbloquear la situación. El desarrollo del transporte marítimo de corta distancia no puede concebirse como una elección estratégica de ordenación del territorio. El auge del transporte marítimo de corta distancia debe pensarse, no en competencia con las necesarias inversiones en el transporte ferroviario de mercancías y el transporte ferrocarril-carretera, sino en sinergia con ellos. Insisto en que, en asuntos marítimos, la seguridad y el respeto del medio ambiente deben ser primordiales, la competencia secundaria. Los trámites administrativos relativos al cabotaje pueden y deben mejorarse, pero no hasta el punto de echarlo todo por la borda simplemente con el pretexto de ganar tiempo. Hay que mantener todos los medios de vigilancia para evitar los tráficos de todo tipo.
Para concluir, señor Presidente, diré que el transporte marítimo de corta distancia tiene un gran futuro por delante en Europa si lo llevan a cabo los hombres del mar y los Estados, y no los grandes grupos cuya única motivación es el puro beneficio, cualquiera que sea su coste económico, social y humano.
Karatzaferis
   – Señor Presidente, el continente europeo y Grecia, mi país, tienen algo en común. Ambos son penínsulas: rodeados de mar por todos sus lados excepto por uno. Tienen miles de kilómetros de costa y miles de pequeños y grandes puertos. Los griegos hemos estado muy familiarizados con este medio de transporte durante 3 000 años: el primer transporte de mercancías registrado en la historia marítima fue el vellocino de oro que transportaron los argonautas hace 5 500 años.
El transporte marítimo es el más respetuoso con el medio ambiente. No es necesario perforar montañas ni cortar árboles, y un barco puede transportar una gran cantidad de mercancía, además de a muchos pasajeros. Tenemos un gran volumen de trabajo: aproximadamente el 40 % del tráfico de Europa, de acuerdo con el informe. En otras palabras, son muchos los beneficios que pueden obtener tanto los armadores como los operadores. Sin embargo, también tenemos una tasa de desempleo especialmente alta, con profesionales marítimos parados en Polonia, Portugal y Grecia. Así que contamos con un abundante transporte marítimo, pero también con profesionales marítimos desempleados. En Pireo, que en el pasado fuera el mayor puerto de Europa, uno de cada dos viandantes es un profesional marítimo en paro. Así que debemos encontrar un modo de introducir medidas de forma que cada barco que haga escala en un puerto Europeo emplee a cierto número de profesionales europeos. No queremos que los barcos trabajen en Europa con profesionales no europeos mientras nuestros profesionales no tienen trabajo.
Otra cuestión sobre la que debemos centrar nuestra atención es la seguridad. La Comisión elaboró una directiva hace unos años. Un funcionario, que obviamente servía a determinados intereses, no la comunicó. Se produjo un naufragio en el Egeo y 82 personas se ahogaron, precisamente porque la tripulación no había sido formada conforme a la directiva que nunca llegó. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos una mejor seguridad a bordo, ser estrictos con respecto a la vida humana y, sobre todo, necesitamos un trabajo seguro para los profesionales marítimos europeos, por motivos de igualdad y democracia; trabajo que pierden, reitero, aunque los beneficios para los armadores provengan de los ciudadanos europeos. Esto es lo que significa la justicia y quisiera que el señor Comisario encuentre un modo de asegurar el trabajo de los profesionales marítimos y hacer que no desaparezca. 
El Khadraoui (PSE ).
    Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Navarro por su excelente informe y su excelente colaboración. El informe sobre el transporte marítimo de corta distancia es importante, dado que constituye un nuevo paso en nuestra búsqueda de maneras para retirar las mercancías de las carreteras y promover medios de transporte respetuosos con el medio ambiente. De hecho, si no hacemos nada, nuestras carreteras se saturarán. El transporte marítimo de corta distancia puede desempeñar un papel positivo e importante en un sistema de transporte intermodal si se adoptan medidas complementarias en distintos niveles. Por ejemplo, en mi opinión no deberíamos desarrollar el transporte marítimo de corta distancia al azar, sino que deberíamos analizar detenidamente las rutas que es necesario desarrollar, sobre todo las autopistas marítimas, con el fin de obtener el mayor impacto positivo posible. El desarrollo, no solo de nuevos puertos, sino también de nuevos movimientos de transporte en el interior, requiere un informe de impacto medioambiental estratégico sobre las rutas programadas. Por lo tanto, debemos evitar que se creen nuevos cuellos de botella.
Por último, al mismo tiempo debemos avanzar sobre la cuestión de las emisiones. Los barcos contaminan en cierto grado. El transporte por carretera se ha visto sometido a estrictas normas con respecto a la contaminación, pero los combustibles marítimos se han quedado rezagados en cierto modo, y por ello me complace que, casualmente, el informe Hassi, que pretende reducir considerablemente el contenido de azufre de los combustibles marinos, sobre todo en las zonas más sensibles, también vaya a someterse a votación esta semana. 
Sifunakis (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión Europea ha destacado la importancia del desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, que culminó en 2001 con el Libro Blanco sobre política europea de transportes, mientras que el Parlamento Europeo, por su parte, siempre ha sido un defensor apasionado de todas estas iniciativas.
La aprobación unánime del presente informe por parte de la Comisión de Transportes y Turismo demuestra precisamente el enorme interés que tenemos todos nosotros en el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia.
Quisiera dar las gracias al ponente, el señor Navarro, por el especial interés que ha demostrado por las zonas insulares. Las islas constituyen un sector muy sensible, con problemas estructurales agudos que se complican especialmente durante los meses de invierno debido a la dificultad para acceder a las mismas.
Como diputado electo por una región insular de Grecia, he experimentado la enorme necesidad de los habitantes insulares de un transporte y una comunicación marítima diaria de corta distancia mejor y más frecuente. Dado su aislamiento, es necesario adoptar medidas especiales para mejorar las conexiones con las zonas insulares. Miles de pequeñas islas habitadas corren el riesgo de ser abandonadas, ya que no existe un interés económico y no se genera competencia. Se necesitan fuertes ayudas. Sería lamentable que islas que han estado habitadas durante 3 000 años fuesen finalmente abandonadas. 
Barrot,
   . Señor Presidente, obviamente quiero responder de forma muy positiva a esta nueva oferta de diálogo lanzada a través del informe del señor Navarro, a quien quisiera dar las gracias de nuevo.
El concepto de autopistas del mar empieza a hacerse realidad. El fin de semana, la inauguración de una nueva autopista entre Toulon y Civitavecchia, cerca de Roma, ha mostrado la vía. El concepto de autopistas del mar está integrado ahora en las redes transeuropeas. Espero, señor Presidente, que las perspectivas financieras nos permitan conceder a las autopistas del mar el lugar que les corresponde.
Reconozco que la recogida de estadísticas debe mejorarse y actualizarse. La definición del Parlamento Europeo –y pienso en lo que usted mismo, señor ponente, ha subrayado, así como el señor Jarzembowski y algunos otros– ofrece una orientación útil con vistas a integrar el transporte marítimo en la cadena intermodal, incluyendo en ella el transporte fluvial. Hay que incitar pues a los Estados, a las regiones y a las ciudades a que cooperen en la medida de lo necesario. Tenemos ahora cierto grado de intermodalidad y hemos de seguir avanzando. No hay competencia con el transporte ferroviario, sino al contrario, complementariedad. Del mismo modo, el transporte fluvial y el transporte marítimo también pueden complementarse muy bien.
Por esta razón, pienso personalmente que el transporte marítimo de corta distancia tiene un verdadero potencial –uno de ustedes ha dicho un gran futuro– y puede descongestionar nuestras carreteras y ofrecer a Europa medios de movilidad adicionales. Quiero por tanto dar las gracias al Parlamento, que, a través de este informe, nos ha aportado una serie de elementos que espero vivamente que se apliquen para crear una política aún más ambiciosa con respecto al transporte marítimo de corta distancia.
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario. Queda finalizado este punto, que se votará mañana, a las 12.00 horas de la mañana.
El Presidente.
   Se levanta la sesión. Hasta mañana, Señorías.
