Aprobación del Acta de la sesión anterior
La Presidenta
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Ferber
Señora Presidenta, ayer se produjo aquí un pequeño incidente en relación con la declaración sobre la situación de los presos turcos. En este contexto, el Vicepresidente en ejercicio, entre otras personas, manifestó que la Comisión de Presupuestos ha bloqueado las plazas necesarias para constituir un servicio de seguridad. En mi condición de ponente sobre tal asunto, quiero hacer constar que las plazas solicitadas se encuentran en la reserva, de acuerdo con la Mesa del Parlamento, y que hasta hoy la Mesa no ha presentado ninguna solicitud para sacar estas plazas de la reserva. De modo que rechazo enérgicamente la acusación de que la Comisión de Presupuestos ha bloqueado plazas que serían necesarias para mejorar la seguridad en el Parlamento. Además, quiero señalar que se insta a la Mesa a solicitar una transferencia de recursos adecuada.

La Presidenta
Señor Ferber, su intervención no tiene demasiada relación con el Acta, por no decir ninguna. Dicho esto, plantea usted el problema del incidente que tuvo lugar ayer. Puedo decirle que hemos estudiado estos incidentes con toda la seriedad que se merecen. Nuestros cuestores ya se han reunido y ya han analizado este asunto. Subrayo por cierto que era un grupo que había sido introducido por uno de nuestros colegas, quien al parecer ya se había marchado, al igual que su asistente, por lo que este grupo era de alguna manera huérfano, nadie le acompañaba. Esto por un lado.
En el ámbito de la Mesa, señor Ferber, le agradezco que lo recuerde, estamos actualmente adoptando medidas de seguridad muy rigurosas, medidas que, en mi opinión, mucho colegas desean en interés de nuestra institución, porque ayer tuvo lugar un incidente, pero podrían ocurrir muchos otros. Naturalmente, la Mesa desea la colaboración de la Comisión de Presupuestos. Esperamos poder concluir la tarea en el menor plazo posible.

Schmid, Gerhard
Señora Presidenta, el incidente de ayer no tiene nada que ver con el hecho de que no se hayan autorizado aún determinadas plazas. No hay relación alguna.

Por un lado, se trata de un fallo en el control de entrada a la sala de Plenos. Ya contamos con gente suficiente. No necesitamos nuevas plazas. En segundo lugar, se trata de que fuera competente el servicio de control que hemos solicitado para la entrada. Pero este servicio tampoco tiene nada que ver con las plazas. Lo importante es que hagamos algo en lo relativo a la seguridad. En ello tiene razón el colega Ferber. Pero no hay ninguna relación directa con el incidente de ayer.
(Aplausos)

La Presidenta
Exactamente, señor Schmid, es lo que yo misma acabo de decir: el incidente de ayer es un tema, el problema general de la seguridad es otro tema.

Provan
Señora Presidenta, también yo deseo referirme al punto 23 del acta de ayer, a propósito de la seguridad.
Todos estamos muy agradecidos por la explicación que nos ha dado sobre cómo ocurrieron ayer las cosas, y es muy importante que la Asamblea reconozca algo que ha dicho igualmente, y es que es un tema que la Mesa está también examinando en la actualidad. Se trata de algo sumamente serio y de vital importancia, porque la seguridad en esta Asamblea no es suficientemente buena.
Lo que sucedió ayer, no obstante, es ligeramente diferente, ya que pone en entredicho la condición y la responsabilidad de diputados concretos en cuanto a quién invitan a este hemiciclo.

Esta misma mañana hemos tenido un debate muy vivo en el seno de nuestro propio grupo político sobre este tema, y voy a pedirle, señora Presidenta, que convoque una reunión especial de la Mesa para que se puedan discutir todos estos temas. Reconozco que ya está en la agenda de la Mesa y que es una discusión en marcha, pero es tan importante que tengamos tiempo para reflexionar adecuadamente sobre la tema que creo que necesitamos una reunión especial de la Mesa y por ello le solicito que convoque la reunión.

La Presidenta
Gracias, señor Provan. Veremos si, mañana por la mañana, esto podría ser posible. Estoy bromeando. Dicho esto, el 30 de mayo estudiaremos la situación en su conjunto desde todos los puntos de vista. Creo que el Sr. Provan no ha entendido mi invitación.

Wurtz
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo agradecerle al Sr. Ferber y al Sr. Schmid el que no hayan abordado este incidente de forma polémica. Yo también lamento profundamente que este hecho haya podido suceder. Me he informado de inmediato sobre los medios que estas personas han podido emplear para penetrar en el hemiciclo. Resulta que, en este asunto, un diputado de mi Grupo ha sido engañado. Respondo personalmente de la lealtad de mi colega. Es evidente que en ningún momento deseó que este incidente se produjera.
Lo que pasó fue que estas tres personas
habían solicitado ser recibidas porque la madre de una de ellas forma parte del grupo de los que están en huelga de hambre en Turquía y se encuentra en estado crítico. Mi colega aceptó atenderles en su despacho, y cuando se estaba despidiendo de esta delegación, estas tres personas burlaron su vigilancia y pudieron infiltrarse en el hemiciclo.
Debo decir que mi colega - al que avisé de inmediato - me ha enviado esta mañana una carta en la que explica lo sucedido. Manifiesta su consternación y presenta sus disculpas a la Asamblea. Le entregaré esta carta, señora Presidenta. Quiero dejar patente que lamento aún más este incidente considerando que no le hace favor alguno a la causa de los hombres y mujeres que, hoy, en Turquía, mueren cada día, y creo que ahí está el verdadero drama.
(Aplausos)

La Presidenta
Señor Wurtz, le agradezco infinitamente estas declaraciones.

Ferber
Señora Presidenta, mi intervención hace referencia al acta en cuanto que en la versión alemana consta correctamente que se encargó al Secretario General informar a la Mesa. No he podido examinar las actas en los once idiomas, pero, cuanto menos, en la versión española del acta consta que la Comisión de Presupuestos bloqueó plazas.
Pido por ello que se rectifiquen las actas en el sentido del tenor de la versión alemana. ¡Cuanto menos, la versión española es incorrecta!

Pack
Señora Presidenta, quiero añadir algo más: lo dramático de esta situación fue que una de estas tres personas que montaron aquí el espectáculo era la misma persona que agredió al Ministro de Asuntos Exteriores turco en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Por otro lado, quiero pasar a abordar la cuestión de las actas. Ya se lo dije ayer a su sustituto. ¡No puede ser que una persona que está identificada no tenga prohibido el acceso a este Parlamento! ¿Porque no hay un ordenador que contenga una señal de alarma que salte para impedir el acceso a esta persona? ¡No puede volver a ocurrir algo así! Ruego encarecidamente que se vele por que se aborden estas cuestiones.

La Presidenta
Totalmente, señora Pack. El Sr. Wurtz ha explicado claramente que su colega había sido engañado. Pero usted plantea otro problema - que yo también he detectado -, del que nos vamos a ocupar junto con los cuestores, para que esto no vuelva a suceder y para que se establezca un control.

Dupuis
Señora Presidenta, me gustaría intervenir en relación al punto "estatuto y financiación de los partidos políticos europeos" .
Pienso que el Acta no refleja con exactitud la cuestión que planteó ayer el Sr. Ribeiro e Castro. Recurrió al artículo143 de nuestro Reglamento, que establece la cuestión prejudicial y pone en entredicho el fundamento jurídico en el que se basa el informe de la Sra. Schleicher. La mayoría de nuestro Parlamento ha secundado al Sr. Ribeiro e Castro en su interpretación, y al tratarse por tanto de una cuestión prejudicial, la de la falta de ratificación del Tratado de Niza, creo que nuestro Parlamento no puede bajo ningún concepto retomar esta cuestión hasta que el Tratado de Niza no sea ratificado. Por tanto, la cuestión no puede ser reintroducida en el orden del día de nuestro Parlamento.
Me gustaría también darle las gracias al Presidente de sesión, el Sr. Vidal-Quadras Roca, por la forma en que condujo ayer el debate. Desearía asimismo mencionar una carta de la Sra. Palacio, que nos recuerda a cada uno de nosotros que las bases jurídicas sobre las que nuestro Parlamento debe pronunciarse no se deciden únicamente a golpe de mayoría, sino también con la ayuda de elementos y de evaluaciones jurídicas.

La Presidenta
Señor Dupuis, no creo que lo que usted acaba de decir nos lleve a modificar el Acta de la sesión de ayer.

Berthu
Señora Presidenta, en cuanto al punto 25 del Acta y a la excelente moción de inadmisibilidad de nuestro colega Ribeiro e Castro que se adoptó ayer, me gustaría subrayar que el Acta recuerda las intervenciones del Sr. Poettering, que ha solicitado que el informe se incluya en el orden del día del próximo periodo parcial de sesiones, del Sr. Barón Crespo, que ha pedido la inclusión de este informe en el orden del día de una próxima sesión, y del Sr. Berthu, que ha contestado, pero cuya postura no se menciona.
Para que el Acta sea fiel a la realidad, me gustaría precisar que, de todos modos, esta moción de inadmisibilidad ha sido adoptada, que este texto no puede ser incluido de nuevo en el orden del día y que, si tuviera que serlo, no sería posible hacerlo sin una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. No sería decente proceder de otro modo.
.

La Presidenta
Señor Berthu, ¿es lo que usted dijo ayer ?

Berthu
Efectivamente, señora Presidenta, son las palabras que dije ayer, y no figuran en el Acta.

La Presidenta
Muy bien, modificaremos entonces el Acta para que sus palabras se vean correctamente reflejadas.
Ya ha anticipado usted algo, pero seguimos en el Acta. En estas circunstancias, podemos ahorrarnos las intervenciones posteriores.

Poettering
Señora Presidenta, permítame decir lo siguiente para aclarar la situación: ayer se produjo una gran confusión en esta Asamblea, y no quiero abordar una vez más esta cuestión. Sin embargo, la razón de no estudiar el informe sobre el estatuto de los partidos políticos fue, de hecho, la afirmación de que no existe fundamento jurídico para ello. Pero, con todo, es cierto -como usted ha manifestado- que el artículo 143 de nuestro Reglamento constituye el fundamento jurídico. Por ello, cuando tanto algunos de mis colegas como yo dijimos que el informe debía ser devuelto, cometimos una equivocación en lo relativo al artículo 143, y equivocarse es humano. Por tanto, puede votarse ahora mismo si debatimos o no este informe.

Maes
Señora Presidenta, entretanto he vuelto a leer lo que se dice exactamente en el Acta acerca del incidente de los manifestantes. Quisiera puntualizar una cosa. El texto dice: "durante la intervención tres manifestantes se introducen en el hemiciclo enarbolando pancartas". Debo precisar que estas tres personas entraron tranquilamente, colándose subrepticiamente, y que en ese momento aún no habían sacado sus pancartas. Las desplegaron una vez dentro y, por tanto, nuestro personal no podía verlas. Quería puntualizarlo porque si no uno podría concluir que, tal y como se formula aquí, los servicios del Parlamento deberían haberse dado cuenta de que estas personas llevaban pancartas. Y ése no es el caso.

La Presidenta
¿Hay alguna otra observación?

Barón Crespo
Señora Presidenta, en relación con mi intervención sobre el debate acerca de la inadmisibilidad o pretendida inadmisibilidad del informe Schleicher sobre el estatuto de los partidos, yo solicité que se incluyera el punto en el orden del día de hoy, pero quiero añadir lo siguiente: lo solicité en aplicación del artículo 111 del Reglamento, que le confiere a la Presidenta la facultad de proponerlo, y me gustaría que se añadiera ese punto porque aquí no estamos discutiendo de una devolución a comisión, sino de si una acción de comando durante un pleno del Parlamento puede modificar el orden del día y sustraer un tema tan importante como éste al conocimiento de los miembros de la Cámara durante años, ad calendas graecas.

La Presidenta
Perfectamente, señor Barón Crespo. Haremos esta modificación en el Acta.

Seppänen
Señora Presidenta, yo pediría que las unidades del Parlamento escuchasen las cintas grabadas ayer antes de que se registre en el Acta la opinión del Sr. Barón Crespo, porque yo creo que su opinión de esta mañana no va en el mismo sentido de lo que él habló ayer.

La Presidenta
Estudiaremos todo esto, naturalmente.
(El Acta queda aprobada)

Orden del día
La Presidenta
De conformidad con el artículo 111, párrafo 2, del Reglamento, y a petición de varios Grupos políticos, les propongo incluir en el orden del día de hoy, como primer punto, el informe de la Sra. Schleicher, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos.
¿Quién desea intervenir a favor de esta propuesta?

Poettering
Señora Presidenta, no deseo repetir todo lo que ya he dicho. Está plenamente justificado presentar esta solicitud con arreglo al artículo 111. Nuestro Grupo, al igual que otros, si bien no todos -sólo los que tenemos un gran interés en el asunto, porque pensamos que fomenta la democracia en Europa- estima que no podemos perder terreno ante los enemigos de Europa para aplazar el debate sobre este informe, sino que debemos cumplir nuestra obligación en este Parlamento.
Por ello, estoy a favor de que se incluya este punto en el orden del día y de que se decida sobre el mismo en el bloque de votaciones de las 12.00 horas, porque los ciudadanos y ciudadanas de Europa esperan que cumplamos con nuestra responsabilidad.
(Vivos aplausos)

La Presidenta
Gracias, señor Poettering.
Señor Dell'Alba, desea usted intervenir en contra de esta propuesta.

Dell'Alba
Señora, permítame decir que no entiendo a qué se refiere el Sr. Poettering. Efectivamente, no se ven afectados ni Europa, ni los ciudadanos como tales, sino únicamente las burocracias de los partidos políticos europeos. De acuerdo con el Reglamento, tiene usted ciertamente derecho, señora, a pedir esta inserción, pero me gustaría recordarle, antes de que confirme su petición, que justamente ayer por la tarde, el presidente de la Comisión Constitucional, el Sr. Napolitano, así como otros seis colegas, Gollnisch, Abitbol, Souladakis, Onesta, Krarup, Meijer y el propio ponente, secundaron la propuesta del presidente de la Comisión Constitucional de acudir a ella los antes posible, lo cual me parece un rasgo de sensatez. Por tanto, no entiendo esta prisa.
En segundo lugar, aunque el artículo 111 le autoriza, en efecto, a pedir una propuesta de modificación, este artículo estipula también que el orden del día no puede ser modificado, salvo en aplicación de las disposiciones de los artículos 112, 143, etc. Hemos aplicado el artículo 143. No vamos a hacerlo dos veces durante la misma sesión y sobre el mismo asunto. Sería, verdaderamente, discutir por naderías. Seamos realistas, pronto habrá una mini-sesión. Creo que sus servicios podrán esperar un poquito. Hay un problema grave de base jurídica, ya lo ha dicho el presidente Napolitano, sometamos primero este problema a la Comisión Constitucional.

La Presidenta
Hemos escuchado a un orador que está a favor, y a un orador que está en contra. Considerando que ha mencionado usted una intervención del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Sr. Napolitano, y dado que él me pide la palabra, se la concedo con mucho gusto. Después, la Asamblea decidirá.

Napolitano
Señor Dell' Alba, como se puede comprobar en el Acta literal, en mi intervención de ayer no dije que existía un problema de fundamento jurídico. Dije todo lo contrario, es decir, que, en relación con los Tratados, sobre la cuestión del fundamento jurídico de esta propuesta de la Comisión, puesto que hablamos de una propuesta de la Comisión y, seguidamente, del informe de la Sra. Schleicher, habíamos discutido largo y tendido en la Comisión de Asuntos Constitucionales y habíamos recibido un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que no constaba ninguna observación acerca del fundamento jurídico de la propuesta.
Por lo que respecta a mi propuesta de reunir a la comisión, la misma fue fruto de la confusión a la que se ha referido el presidente Poettering. Lamentablemente, yo llegué al Pleno, y quiero pedir disculpas por ello, después de que se votara y recibí una información inexacta. El Sr. Berthu me dijo que había pensado en pedir él mismo la devolución a comisión, pero luego comprobé que se había votado de conformidad con el artículo 143 y no con el 144 del Reglamento. En consecuencia, mi intención de ponerme a disposición para una convocatoria urgente de la Comisión de Asuntos Constitucionales ya no tenía sentido, tras haber comprobado cuál había sido la base reglamentaria del voto del Pleno.

La Presidenta
Señor Dell'Alba, me gustaría decirle que antes de aplicar el artículo 111 del Reglamento, he reflexionado mucho, como es natural. Me he reunido con el Sr. Napolitano, me he reunido con otros colegas y, por supuesto, he estudiado con detenimiento el dictamen de la Comisión Jurídica sobre este problema de admisibilidad. En mi opinión, se dan todas las condiciones - lo digo en conciencia, aunque puedo equivocarme - para que, en virtud del artículo 111 del Reglamento, les proponga esta inclusión en el orden del día.
(El Parlamento aprueba la propuesta)
Por tanto, este punto queda incluido en el orden del día como primer punto.

Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0167/2001) de la Sra. Schleicher, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa al estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos (COM(2000) 898 - C5-0081/2001 - 2001/0011(CNS)).

Schleicher
Señora Presidenta, señoras y señores, lamento que se estén celebrando diversas sesiones de forma simultánea, a pesar de que el nuestro es un asunto que concierne a todo el Parlamento. Los partidos son el fundamento de la democracia. Sin los partidos, en cuya mejor versión luchan por la prosperidad del Estado y de la sociedad, la democracia es inimaginable. Los 15 Estados miembros de la Unión Europea están regidos actualmente por formaciones democráticas, es decir, por Gobiernos compuestos por una diversidad cambiante de partidos políticos. Por sobradas razones los ciudadanos de los Estados miembros, gobernados de forma democrática, atribuyen un gran valor a esta circunstancia, y por sobradas razones podemos estar orgullosos de ello, en nuestra condición de ciudadanos europeos.
Muchos se preguntan si necesitamos un estatuto europeo de los partidos políticos. El Parlamento Europeo es la única Institución de la Unión Europea legitimada por elecciones libres y directas. El Parlamento Europeo ha servido también de cuna de los partidos europeos. La colaboración en el seno de los Grupos ha exigido un contacto cada vez más estrecho entre unos y otros y con los partidos nacionales. Así, poco a poco se han ido desarrollando nuevas estructuras internacionales de partido y partidos europeos. A este respecto, quiero señalar en este punto que el Partido Popular Europeo existe desde 1976, el Partido de los Socialistas Europeos desde 1992, el Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas desde 1993 y, por último, la Federación Europea de los Verdes también desde 1993.
Si estoy bien informado, entretanto se han constituido dos nuevos partidos políticos, es decir, que actualmente contamos por lo menos con seis partidos políticos europeos. El panorama de los partidos políticos no es especialmente claro. El número de partidos representados en los Parlamentos nacionales de los Estados miembros es muy diverso. Los 626 diputados del Parlamento Europeo proceden de 130 partidos nacionales distintos. Italia es, con 23 partidos, el país representado en el Parlamento Europeo por más partidos. Estos diversos partidos nacionales se han reunido en ocho Grupos políticos en el seno del Parlamento Europeo, además de otros 14 no pertenecientes a Grupo alguno.
A partir de estas diversas reflexiones, el Parlamento viene exigiendo desde los años 80 un fundamento jurídico para los partidos europeos. Hace 10 años, el Parlamento consiguió hacerse un hueco en el artículo 191 del Tratado de Maastricht, que fue adoptado por los Gobiernos de los Estados miembros por unanimidad. Dicho artículo dispone que "los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión. Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión" .
Con el Tratado de Niza, el artículo 191 pasa a constituir un fundamento jurídico por sí mismo. "El Consejo, de conformidad con el procedimiento previsto del artículo 251, establecerá el estatuto de los partidos políticos a escala europea y en particular las normas relativas a su financiación." Por tanto, los partidos prestan una valiosa contribución a la integración europea que no se debe minusvalorar. Este es un trabajo que no pueden hacer los partidos nacionales. Para continuar este trabajo, los partidos europeos necesitan oficinas y colaboradores, es decir, con otras palabras, dinero. Hasta ahora, los partidos políticos han sido financiados por sus Grupos en el Parlamento Europeo. Pero justamente esta financiación indirecta a través de los Grupos políticos ha sido criticada por el Tribunal de Cuentas por su falta de transparencia y por la utilización incorrecta de los fondos del Parlamento, y no está dispuesto a tolerarlo por más tiempo.
El Presupuesto de la Unión Europea ya prevé para el ejercicio actual los recursos fijados en la línea B3-500, que ascienden a 7 millones de euros para la totalidad de los partidos. Esto no es ni mucho menos una cornucopia, como lo ven los envidiosos. La distribución de los recursos está igualmente fijada en el Reglamento interno. Es de agradecer que la Comisión presentase una propuesta de reglamento en febrero para establecer los requisitos que deben cumplirse para recibirlos. Entre éstos se cuenta la presentación de unos estatutos en los que se acredite que tal partido político europeo se compromete a observar los principios de la democracia, del respeto de los derechos fundamentales y de control de los ingresos y gastos, consagrados en el Tratado de la Unión Europea. Esto va más lejos de lo previsto hasta ahora en las leyes nacionales sobre partidos políticos.
Además, los partidos europeos deben probar, entre otras cosas, que se han presentado con éxito en las elecciones convocadas en al menos cinco Estados miembros o que están representados en el Parlamento Europeo por diputados procedentes de al menos cinco Estados miembros. Además, se recogen disposiciones detalladas sobre la aplicación del reglamento y sobre las medidas de control. Está prohibido que los partidos políticos europeos financien a los partidos nacionales con sus fondos. Esta prohibición se aplica también a la financiación de las campañas electorales. La Comisión de Asuntos Constitucionales ha añadido en sus debates algunas cuestiones, entre las que se cuentan una referencia a la Carta sobre Derechos Fundamentales, la definición de los partidos políticos como personas jurídicas para que tengan capacidad de obrar y prolijas propuestas relativas a las donaciones.
En este punto debe también agradecerse a las Comisiones de Presupuestos y de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior la calidad de sus propuestas. A éstas se añaden ahora otras 40 enmiendas que voy a clasificar con arreglo a tres criterios: precisión del tenor del reglamento, disposiciones detalladas y enmiendas de rechazo de la propuesta. Ustedes comprenderán que, en mi calidad de ponente, no puedo apoyar el rechazo de la propuesta, dado que, al fin y al cabo, es el propio Parlamento el que desde hace tiempo viene exigiendo una normativa. Tampoco entiendo el rechazo por otra razón que no sea ésta: porque aviva la sospecha de que se quiere poner obstáculos a la transparencia en la financiación de los partidos a nivel europeo.
Por ahora no puedo recomendar que las disposiciones sean detalladas. Este reglamento supone una solución transitoria, hasta que con la entrada en vigor del Tratado de Niza estemos en condiciones de elaborar con el Consejo una normativa más completa. Hoy damos este primer paso y, desgraciadamente, antes de la decisión unánime del Consejo sólo podemos emitir nuestra opinión. En beneficio del Parlamento Europeo, la crítica del Tribunal de Cuentas debe traducirse lo más rápidamente posible es una solución más cuidada.
Quiero abordar una cuestión más: el Consejo asistió ayer a la sesión, y ayer recibí el discurso del Presidente del Consejo en nombre la Presidencia del Consejo. Es un placer para mí entregársela a la Presidenta del Parlamento. En dicho discurso el Consejo afirma estar interesado en que, en la medida de lo posible, lleguemos hoy a un acuerdo. El Consejo está dispuesto a hacer todo lo posible para que, incluso durante la Presidencia sueca, este asunto quede cerrado. Por ello quiero agradecer a la Presidencia sueca del Consejo que haya intentado con gran empeño fomentar el trabajo de los partidos políticos dándoles un estatuto jurídico y estableciendo una financiación transparente. Esta es una tarea muy difícil, que esperemos que, en interés de nuestra democracia, se vea coronada con el éxito. Hago entrega de este discurso a la Presidenta del Parlamento. (Aplausos)

Costa Neves
Señora Comisaria, Señorías, al distinguir la contribución que los partidos políticos europeos hacen a la afirmación de los valores de la democracia y al fortalecimiento de una conciencia europea, el Consejo Europeo de Niza aprobó una adición al artículo 191 relativo al estatuto de los partidos políticos en el nivel europeo y, en particular, a las normas relativas a su funcionamiento. Hasta la ratificación de la decisión de Niza es adecuado formular un conjunto de normas aplicables a la creación y la financiación de los partidos que garantice, desde ahora mismo, la eficacia y la transparencia inmediatas en esa esfera. Ésa es la orientación de la oportuna propuesta de la Comisión Europea, a la que se suman las que figuran en el informe de la Sra. Schleicher, a quien felicito por la calidad del trabajo realizado. La opinión de la Comisión de Presupuestos prevé el fortalecimiento de las garantías de transparencia en la financiación de los partidos mediante, en particular, la identificación expresa del origen y del destino de todas las financiaciones. Simultáneamente, se mantiene para la próxima legislativa la distinción clara entre Grupos políticos del Parlamento Europeo y partidos políticos europeos, en particular en cuanto a edificios y a su personal.

Marinho
Señor Presidente, a pesar de todo algo va avanzando Europa con este reglamento: sin lugar a dudas, porque consagra jurídicamente los partidos políticos europeos como instrumentos prioritarios para la formación de una opinión pública europea. Es decir, que nos aproximamos a los ciudadanos y fortalecemos la democracia. En segundo lugar, aclaramos la naturaleza de los recursos de dichos partidos reconociendo la transparencia de su financiación pública comunitaria, sujeta a los controles normales de las auditorías y del Tribunal de Cuentas, al tiempo que la separamos de cualquier promiscuidad con los partidos nacionales. Además, dignificamos el Parlamento al atribuirle la competencia del reconocimiento jurídico de los partidos europeos, así como el primer juicio político sobre la adecuación de cada uno de ellos a los valores democráticos comunes en que se basa la existencia de la Unión.
Este reglamento, que sigue al informe Tsatsos y recoge lo esencial de sus principios, es la primera gran realización del arco institucional sobre el que descansa la democracia europea. Abre la puerta a la conclusión urgente del estatuto de los diputados y asistentes y también a la necesaria ley electoral uniforme para el Parlamento Europeo.
Me parece que estamos dando los primeros pasos en los acuerdos de régimen estructuradores de la democracia comunitaria, basados en la ciudadanía europea.
Como ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, he de expresar mi admiración sincera por el esfuerzo de la Sra. Schleicher, que ha llevado a cabo la labor del informe con gran apertura, al recibir las contribuciones de las otras comisiones, entre ellas la de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con espíritu abierto y con su actitud ha acabado fortaleciendo esta contribución del Parlamento Europeo, creando confianza en que, como ya hemos tenido pruebas de ello, el Consejo nos comprenderá y en breve tendremos un estatuto definitivo, al menos en el marco de este fundamento jurídico, de los partidos políticos europeos. Por tanto, agradezco mucho la labor de la Sra. Schleicher.

Poettering
Señor Presidente, colegas, el debate sobre el estatuto de los partidos políticos y su resultado -cuando ya tengamos dicho estatuto- es de una importancia mucho mayor de la que probablemente muchos suponen. A nuestro juicio, es importante para la unidad de Europa y para la democracia en Europa contar con un estatuto de partidos políticos en el sentido más estricto de la expresión.
¿Cómo puede manifestarse la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas europeos si no es a través de los partidos? Por muy diferentes que sean nuestras opiniones, son los partidos los que al fin y al cabo expresan la voluntad política, si bien esto ocurre a menudo después de un proceso de discusión muy duro. Por ello este estatuto tiene un significado que no se debe minusvalorar, aunque en muchos medios de comunicación y en este Parlamento sea criticado desde posiciones extremas.
Hablamos por última vez de este proyecto -me sorprende que haya pasado casi un año- el 14 de junio de 2000. Ya asistimos ayer aquí a algunos incidentes, y quiero decirle, señor Presidente, que debemos pensar sobre cómo podemos impedir en un futuro que una minoría contraria a Europa nos impida avanzar. Por ello debemos modificar nuestro Reglamento.
Quiero manifestar expresamente mi elogio -ayer sentí como demócrata una gran alegría- por el hecho de que tras el tumulto de ayer, cuatro Grupos políticos responsables fueran conscientes de forma inmediata de su responsabilidad frente a Europa, los cristiano-demócratas, el PPE, los socialistas, los liberales y los verdes, y buscasen un camino para salir de esta situación. Ayer se puso así a prueba a la democracia en el Parlamento Europeo, y doy sinceramente las gracias a los demás Grupos que han recorrido con nosotros este camino.
Quiero dar las gracias de todo corazón a Ursula Schleicher, que ha conseguido alcanzar posiciones de consenso tras un durísimo trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por nuestro estimado colega Napolitano. Querida Ursula Schleicher, ha realizado un trabajo formidable y siempre se recordará con agradecimiento su nombre cuando este estatuto de los partidos políticos esté ya aprobado.
También quiero dar las gracias a la Comisión, y en particular a Michel Barnier y al Presidente Prodi, por que se haya recogido la iniciativa de los cuatro Grupos de este Parlamento mencionados y se haya presentado esta propuesta. Aunque ésta se basa en la normativa anterior -tiene que escucharse aún nuestra postura al respecto-, constituye al mismo tiempo el requisito para que la Presidencia sueca pueda adoptar una decisión. Vaya también mi más sincero elogio para la Presidencia sueca por el enorme esfuerzo realizado en este asunto. El Sr. Danielsson no puede estar aquí hoy, pero ayer sí estuvo, y por nuestra propia culpa no podemos mantener hoy el debate con él. Esto es algo que lamento, y para el futuro debemos encontrar formas de cooperación con el Consejo de Ministros para garantizar que durante toda la semana de sesiones -y esto no es una crítica a la Presidencia sueca- esté garantizada la representación del Consejo en el Parlamento Europeo.
Queremos más transparencia: queremos que haya un control claro de la financiación, señora Comisaria Dreyer. Por ello hemos recibido con sorpresa -debo decirlo una vez más- las declaraciones de los colegas Kuhne y van Hulten en Euronews. No consiguieron la mayoría en la votación y ahora nos atacan. ¡Esto está completamente fuera de lugar! Si el ponente de una comisión no consigue el apoyo mayoritario para su informe, se deberá a la propia incapacidad de dicho ponente, y no puede difamarse a los otros que están dispuestos a colaborar en la consecución de un resultado común.
Queremos transparencia, y necesitamos este estatuto de los partidos políticos para atraer hacia nosotros a los partidos de Europa. Allí donde la democracia está aún en fase de construcción es aún más importante que en nuestro caso que las estructuras democráticas se consoliden. Quiero poner de relieve un asunto más: el de la personalidad jurídica de los partidos. La Mesa del Parlamento, tras consultar a un consejo de sabios, deliberará acerca del fundamento sobre el que deba decidirse cuáles son los partidos políticos que se ajustan a los criterios. Lógicamente, siempre existirá la tentación de decir sí o no a un partido por razones de oportunidad política. Por ello, los partidos deben tener personalidad jurídica para que puedan interponer recurso contra una decisión cuando consideren que se ha vulnerado el Derecho y no se han adoptado las decisiones correctas. La seguridad jurídica es el elemento más importante de la Unión Europea.
Por último, quiero decir que es importante que resolvamos de forma pacífica todos los conflictos que tenemos unos con otros. Esta solución pacífica de los conflictos está en la base del Derecho. Por tanto, es importante que se abra la vía del recurso ante el TJCE. Espero que esta propuesta que nos ha presentado Ursula Schleicher reciba el apoyo de una gran mayoría de este Parlamento.
(Aplausos)

Barón Crespo
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hoy es un día importante para la democracia europea, porque siempre hablamos de las instituciones de la arquitectura europea, pero nunca hablamos de los protagonistas. Y necesitamos protagonistas que ocupen la escena europea. Y esos son los partidos políticos.
Me permitirá, señor Presidente, que después de las barbaridades que oí en este hemiciclo ayer, diga una cosa que se basa en mi propia experiencia, compartida con usted, en su país, y con el Sr. Poettering: y es que aquellos que están en contra de los partidos políticos, están en contra de la democracia.
Los partidos tendrán sus defectos, pero no existe ninguna democracia pluralista en el mundo sin partidos políticos que formen la voluntad popular. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer demagogia con esta cuestión tan importante. Tengo que decir que me siento especialmente orgulloso, porque hace diez años casi, día por día, con la participación y el apoyo del Presidente Martens, del Presidente De Clercq, que es todavía colega nuestro, y del Presidente Spitaels, como Presidente del Parlamento, yo hice la primera propuesta que se concretó en el artículo 138 del Tratado hoy -191- en la cual, de acuerdo con el Presidente Lubbers, conseguimos que los partidos políticos entraran en los Tratados.
Ahora lo que nos toca es no quedarnos solamente en la proclamación de principios. Lo que nos toca es desarrollar y dar personalidad a los partidos políticos europeos y que no sigan siendo una especie de anexo de nuestros propios Grupos. Esta es la razón por la que, aunque discutamos y estemos en desacuerdo en otras muchas cosas, en estos temas esenciales para la democracia estamos de acuerdo.
En relación con el debate y la elaboración del informe de la Sra. Schleicher, cuyo trabajo saludo, le diría a mi colega, el Sr. Poettering, que estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero le pediría que no se enfade con el Sr. Kunhe, que en la Comisión de Control Presupuestario se planteó una demanda, que nos ha hecho el Tribunal de Cuentas, y le pediría que, hasta las doce, reconsidere su enfado y que apoye estas enmiendas que creo que pueden ser positivas para todos.
Otro aspecto que nos parece esencial -y ahí también le pediría el apoyo de su Grupo- es que demos un paso adelante en una cuestión esencial para la democracia europea, que es la de la financiación de los partidos, en cuanto a aquellos que pueden aportar fondos. Es un debate abierto. En Estados Unidos acabamos de ver la iniciativa McCain sobre el soft money y el hard money. En muchos países europeos hemos tenido experiencias amargas en este terreno. Nosotros no hemos cortado por lo sano, hemos planteado sobre la base de experiencias que han ocurrido en varios países europeos ... nosotros lo que decimos es que las personas jurídicas, fundamentalmente las empresas comerciales, no deben tener la posibilidad de dar dinero a los partidos. Y estamos por la prohibición en ese terreno, porque creemos que es bueno para la democracia y para la transparencia, porque no se trata de una actividad filantrópica, siempre se pide algo a cambio, y basta con ver lo que está proponiendo el Presidente Bush en el terreno de la energía.
Y para acabar, señor Presidente, permítame subrayar la feliz coincidencia de que hoy, la mayor parte de esta Cámara y aquellos grupos que tienen una dimensión europea -no hay que olvidarlo, nosotros tenemos dimensión europea-, tengamos miembros de todos los países de la Unión. Nosotros queremos un orden, una regulación, transparencia y responsabilidad ante las ciudadanas y los ciudadanos y, por eso, pedimos que en este debate se respeten nuestras posiciones y, sobre todo, que haya una voluntad democrática compartida en un momento decisivo de la construcción europea.

Maaten
Señor Presidente, creo que, de conformidad con nuestro Reglamento, debo comenzar diciendo que este asunto me interesa doblemente porque también soy tesorero del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Si bien es cierto que no se trata de un interés financiero, puesto que desempeño una función no retribuida, o mejor dicho, totalmente honorífica, pienso que en todo caso se plantea un conflicto de intereses políticos. Sin embargo, hablo en nombre del Grupo Liberal y no en nombre del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas.
Este debate debe partir del supuesto de que la situación tal y como la vivimos ahora es realmente inaceptable. En las circunstancias actuales son los Grupos los que mantienen a flote a los partidos. Hasta la fecha no había alternativa. Era el único método a nuestro alcance, aunque creo que intuitivamente todos comprendíamos que esta situación no podía mantenerse por más tiempo. El Tribunal de Cuentas ha confirmado nuestras sospechas, lo cual es positivo. Obviamente, no ha sucedido nada misterioso. Todo ha sido diáfano y todo el mundo se ha enterado de lo que sucedía, pero no podíamos continuar así. Ahora bien, nuestros partidos no pueden vivir del aire. Si no reciben ayudas con cargo a los fondos públicos ¿quién los financiará? ¿Queremos que los partidos políticos europeos estén a merced de los grupos de presión, trátese de sindicatos o empresas, otras organizaciones no gubernamentales, personas adineradas o de quien sea? Es evidente que los partidos políticos deben poder mantener su independencia. De lo contrario, nos encontraremos con un panorama a la estadounidense. Con ello no me refiero únicamente al Presidente Bush, sino también a la práctica de que, en realidad, los candidatos sólo se preocupan por captar fondos en lugar de hacer política. Es fundamental que nunca lleguemos a una situación de estas características. Necesitamos partidos que funcionen bien. Ya lo han dicho con mucha elocuencia los señores Poettering y Barón Crespo. Así es como mejor funciona la democracia representativa, a nivel nacional y aún mucho más a escala europea. Nuestra democracia necesita estabilidad con vistas a la ampliación. En los países candidatos a la adhesión también se hace política. También albergan a partidos políticos que han de sentirse cómodos en las familias políticas europeas existentes. De cara al futuro es la única manera de reforzar la democracia en este Parlamento. Es algo harto importante. Además, dicha estabilidad debe contribuir al desarrollo democrático de la Unión Europea. Aunque no sabemos cómo evolucionará, no podemos descartar la posibilidad de que algún día dispongamos de uno u otro modo de listas electorales europeas para las elecciones. En tal caso alguien deberá nombrar a los candidatos. No podemos descartar que se acabe desarrollando un sistema en que uno pueda afiliarse a los partidos políticos europeos individualmente. Ello también requiere un mecanismo adecuado.
Amén de ello, es necesario que los partidos mantengan su independencia. En realidad, es totalmente inconcebible que desde el punto de vista financiero los partidos políticos dependan de sus miembros electos. Debería ser al revés. Los miembros electos deberían ser controlados por su partido político. Así es como mejor funciona la democracia. Creo que incluso el presente sistema es mejorable a este respecto.
Quedan por comentar más cosas. Como es natural, estamos plenamente de acuerdo con que la ayuda no puede ir dirigida a los partidos nacionales. También coincidimos en que el sistema no tiene por objeto financiar campañas en pro de Europa. En nuestra opinión, algunos puntos requieren un examen más detenido, por ejemplo la persona jurídica.
Tenemos que seguir reflexionando. La ayuda a las campañas políticas, por ejemplo, merece un análisis pormenorizado. Podremos volver sobre estas cuestiones con motivo de la revisión que tendrá lugar en un futuro no lejano. En ese momento tendremos la oportunidad de perfeccionar el sistema.

Maes
Señor Presidente, por falta de tiempo no tengo la oportunidad de insistir tanto como quisiera en la importancia de los partidos europeos. Ahora bien, quien sostenga que los partidos son necesarios también ha de ser consciente de que captan fondos financieros y que, hasta la fecha, esto se hacía de una manera poco ortodoxa. Estas prácticas rayaban en la ilegalidad. Hace falta una base seria e inamovible. Necesitamos transparencia y control.
Por eso, nuestro Grupo se muestra por principio partidario de prohibir que los partidos políticos reciban donaciones de empresas a fin de salvaguardar la independencia del Parlamento como institución y de cada uno de sus diputados. Cada país ha tenido sus escándalos. Sabemos, por tanto, hasta qué punto es necesario ser estrictos y ejercer el control adecuado. En caso de que se reciban donaciones, debe quedar muy claro de dónde proceden y en qué se emplean.
Hemos de conseguir que la creación de partidos democráticos no esté sujeta a demasiadas restricciones. Por esa razón respaldamos la propuesta que la Comisión ha venido defendiendo desde el primer momento. Consiste en poner como norma a cinco países. La idea es no disuadir a ninguna fuerza política siempre y cuando acate los valores democráticos.
Por lo demás, es importante que los partidos reconocidos dispongan de los medios necesarios para funcionar como tales. Los gastos fijos -es posible determinarlos objetivamente- deben estar cubiertos antes de proceder al reparto proporcional de los fondos.
Por último, hemos de ser muy conscientes de que los ciudadanos vigilarán el sistema de cerca. Nosotros hemos de garantizar que se respeten los derechos fundamentales democráticos porque no podemos subvencionar partidos que acaban con la democracia.

Kaufmann
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica no es el Grupo político de un partido de izquierdas europeo. Los partidos representados en nuestro Grupo mantienen posiciones distintas con respecto al proyecto político de partidos europeos. Algunos colegas plantean no sin razón la cuestión de en qué medida estos partidos pueden efectivamente representar a la opinión pública europea. El vínculo directo con las personas no se establece a través de Europa, sino a nivel nacional y regional. Ahí tienen su arraigo los partidos, ahí están sus militantes, sus electores y electoras.
Quiero pedir a los Sres. Poettering y Barón Crespo que reflexionen una vez más sobre sus palabras. Barón Crespo acaba de decir que los que están contra los partidos están contra la democracia. Creo que esto no es cierto. En mi opinión, los partidos a veces tienen más bien tendencia a creerse muy importantes. Los ciudadanos no muestran por casualidad un acusado escepticismo -por ejemplo, en Alemania- ante la militancia en los partidos políticos. Creo que en la República Federal de Alemania son sólo un 3% los pertenecientes a partidos políticos, y no obstante todo son demócratas. Encauzan su compromiso social hacia otras organizaciones de la sociedad civil, tales como iniciativas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales.
Quiero decir que no deben negarse a los partidos políticos europeos razones para su existencia. Las fuerzas políticas que consideran que estas agrupaciones son adecuadas y necesarias deben poder constituirse en tales partidos. Además, yo estoy personalmente convencido de que, como se recoge en el artículo 191 del Tratado, los partidos políticos a escala europea constituyen efectivamente un importante factor para la integración. En consecuencia, doy mi apoyo al informe Schleicher y agradezco a la Comisión su iniciativa. Con respecto a las críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas, considero necesario que se aclare la situación. La seguridad jurídica, la disciplina financiera y la transparencia son indispensables, y, a mi juicio, las propuestas relativas al estatuto, en particular las exigencias de plena transparencia de las finanzas y de todo tipo de donaciones, deben quedar recogidas en todo caso en el Reglamento.

Ribeiro e Castro
Señor Presidente, Señorías, hablando en nombre del Grupo, he de decir, naturalmente, que las posiciones que aquí expreso no representan la totalidad del Grupo, en el que hay dos sensibilidades a este respecto. Pero quiero abordar de nuevo cuestiones de principio que debemos tratar -me parece a mí- con rigor. Y comienzo lamentando que en las diversas etapas del debate que celebramos la mayoría, cuya fuerza nunca hemos puesto en duda, nunca se ha molestado en responder a las cuestiones de la legalidad. Nos gustaría saber cómo es que se aplica el articulo 308, cómo es que se adelanta al Tratado de Niza, cómo es que se salta de la igualdad de los partidos políticos en el nivel europeo a la creación de una entidad restrictiva: los partidos políticos europeos. Pero nunca ha habido una respuesta fundamentada en la razón.
Quiero también aprovechar para responder con cortesía a los Sres. Poettering y Barón Crespo. Nosotros no estamos contra Europa, sino contra el atropello del derecho, sobre todo cuando de trata de derechos fundamentales en Europa. ¡Y tampoco estamos contra los partidos políticos! Al contrario, pensamos que este reglamento va contra los partidos políticos con un fundamento perfectamente ilegítimo, porque no está previsto en los Tratados. Estamos contra la discriminación ilegítima de los partidos. Por lo demás, se dice que lo que interesa es responder a las preocupaciones de un tribunal: el Tribunal de Cuentas. En vista de las peripecias por las que ha pasado este reglamento, no me sorprendería que, la primera vez que tratara de este asunto, el propio Tribunal de Cuentas plantease las cuestiones de falta de fundamento jurídico aquí debatidas.
Quisiera también señalar a la atención de sus Señorías el articulo 191. Lo que el Tratado dice es lo siguiente: los partidos políticos en el nivel europeo desempeñan un papel importante como factor de integración en la Unión. No autoriza ninguna discriminación entre ellos. La única discriminación que puede existir en este Parlamento Europeo se debe a la fuerza de los electores, al voto democrático y no a otro tipo de instrumentos que favorecen a unos en detrimento de otros.

Bonde
Señor Presidente, SOS Democracia y el Grupo EDD rechazan unánimemente la propuesta de utilizar el párrafo de goma del Tratado, el artículo 308, para financiar los partidos supranacionales a escala europea. El Tratado de Niza introduce un fundamento jurídico especial para las ayudas a partidos políticos y demuestra de esta forma que en el Tratado de Amsterdam no hay base para ello. El Tribunal de Justicia ha establecido que el artículo 308 no puede sustituir a las modificaciones del Tratado. El fundamento de la propuesta es por ello aparentemente ilegal hasta que el Tratado de Niza haya sido aprobado en todos los Estados miembros. El contenido desgraciadamente será también ilegal después del Tratado de Niza pues éste no toca la cuestión de los partidos políticos europeos supranacionales. Habla de partidos políticos a escala europea y excluye en una declaración especial la discriminación. El informe Schleicher dará a algunos una ayuda especial que otros no podrán obtener. Tal cosa choca con el principio de igualdad. En una democracia son sólo los electores quienes deciden la composición del Parlamento y la competencia entre los partidos debe ser leal. No se puede beneficiar a algunos partidos específicos bien porque se organicen localmente bien supranacionalmente. No le compete a la mayoría en este Parlamento corregir los resultados electorales forzando a todos los electores a contribuir a la financiación de cinco partidos comunitarios supranacionales y resulta increíble que la Comisión como guardiana de la legalidad imperante presente una propuesta tan claramente ilegal y resulta inconcebible que hoy el Parlamento vaya a aprobar una propuesta que puede ser declarada ilegal en virtud de la jurisprudencia actual por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Exhorto a los Grupos a que debatan esta cuestión con los propios servicios jurídicos del Parlamento y a que al menos posterguen la votación hasta la próxima sesión.

Dupuis
Señor Presidente, considero que el episodio de ayer y de hoy es un nuevo episodio negro de nuestro Parlamento. Verdaderamente, el que se ha pronunciado esta mañana es un Parlamento de charlatanes. Creo que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo encontrará aquí materia
(El Presidente le retira la palabra al orador)

El Presidente
Señor Dupuis, también usted forma parte de este Parlamento. Trate de medir sus palabras.

Dupuis
Señor Presidente, en mi opinión, nuestro Parlamento se ha comportado como un bufón. Les advierto que estamos trabajando para acudir a Luxemburgo. Las razones esgrimidas por el Sr. Ribeiro y por otros diputados sobre la falta de fundamento jurídico son, a mi modo de ver, algo evidente que nuestro Parlamento no ha querido ver. También la cuestión de las discriminaciones es evidente.
Además hay otros aspectos: en este informe se habla de partidos "destinados a durar" . Señorías, quisiera que ustedes me dijeran qué significa "un partido destinado a durar" . Existe una justicia política ínsita en este informe: la Mesa de nuestro Parlamento tendrá que decidir si un partido es merecedor o no de recibir financiación. Es justicia política.
He escuchado con interés a los diputados sin demasiadas sorpresas. El Sr. Jules Maaten nos dice muchas cosas bonitas, de dónde tendría que proceder la financiación de los partido. Pero, ¿qué son los partidos políticos? Son la expresión, deben ser la expresión de la sociedad civil y, por lo tanto, o la sociedad civil, los ciudadanos - nadie ha hablado de los ciudadanos - dan dinero a los partidos y, en consecuencia, los partidos viven porque son la expresión de la sociedad civil, o bien están condenados a morir y deben morir si no representan a nadie. De esto nadie quiere hablar. ¡Es increíble! Es la burocratización no solo de Europa, sino de nuestras sociedades. Son partidos que viven al margen de la sociedad: ejemplo de ello es - lean ustedes el Eurobarómetro del último mes - el distanciamiento cada vez mayor entre ustedes, sus burocracias y los ciudadanos.
Ustedes han inventado un nuevo impuesto para los ciudadanos que les obliga a financiar sus burocracias. Esto es intolerable, es una medida que va en contra de los ciudadanos, y nosotros actuaremos con determinación y acudiremos a Luxemburgo, porque todas estas cosas van en contra de Europa. ¡Y el Sr. Barón piensa que alguien de aquí está en contra de los partidos! Nosotros estamos a favor de los partidos que viven, que son la expresión de la sociedad y no la expresión de la burocracia.

Hager
Señor Presidente, el Sr. Poettering afirmó ayer que, en su condición de demócrata, toma nota de la decisión adoptada conforme al artículo 143, apartado 1. Él deseaba que la mayoría de ayer acreditase su carácter democrático si la suerte fuera de signo contrario. Puedo asegurarle que nos comportamos como demócratas. Justamente para los demócratas es especialmente importante que se cumpla el Reglamento. Si, de conformidad con el artículo 143 del Reglamento, se rechaza el debate sobre un punto del orden del día el tratamiento o si el examen del objeto de las deliberaciones es rechazado por razón de inadmisibilidad, a mi juicio no habrá posibilidad alguna de introducirlo de nuevo por arte de magia en el orden del día en virtud del artículo 111, apartado 2, del Reglamento.
El artículo 111, apartado 2, dispone que el orden del día no podrá ser modificado, salvo que se apliquen, entre otras, las disposiciones del artículo 143, o a propuesta del Presidente. Esta es una disposición de carácter excepcional. Después de que, en nuestro caso, se ha planteado el caso del artículo 143, el segundo caso no es aplicable.
Esto significa, con otras palabras, que, en mi opinión, el debate de hoy no se celebra con la debida observancia del Reglamento, razón por la que no voy a seguir hablando sobre este asunto. Un último apunte sobre la cuestión del fundamento jurídico: la Comisión propuso en el documento COM 2000/444 añadir el artículo 191 como fundamento jurídico del estatuto. Esto ocurrió en julio de 2000. No comprendo que ello no haya podido ser objeto de estudio en la comisión.

Agag Longo
Señora Presidenta, en primer lugar, me referiré a la intervención del Sr. Dupuis. Éste ha afirmado que son los ciudadanos y la sociedad civil los que deben decidir si un partido existe o desaparece. Y me ha preocupado oír esto del Sr. Dupuis, porque, evidentemente, es un tema que él conoce bien, ya que su partido acaba de desaparecer del mapa político italiano.
Volviendo a las cosas y a las intervenciones serias, yo soy secretario general de un partido político europeo y, lo subrayo, de un partido que, además, no reside en el Parlamento Europeo. Es el único partido que cuenta con una sede propia, una pequeña casa en Bruselas, independiente del Parlamento Europeo y una financiación que en su mayor parte (más del 70%) no depende del Grupo parlamentario sino de los propios partidos miembros de nuestra familia política.
Creo que hoy es un gran día para la construcción europea, pero iría aún más lejos: hoy se da un gran paso en la construcción de una Europa política. Porque los que creemos en una Europa política, y en mi Grupo desde luego creemos en ella, sabemos que los partidos son una parte fundamental de una unión política. Los espacios políticos, como los Estados miembros, cuentan con partidos que dan cohesión: Francia, España, Italia, Alemania ... tienen partidos nacionales.
Europa necesita partidos que se ocupen y que trabajen en toda la Unión, y eso será lo que dé cohesión y coherencia a la Unión Europea.
Por tanto, yo considero que este reglamento es bueno y positivo, por dos motivos: el primero porque, evidentemente, aporta unas reglas y una transparencia para el funcionamiento y para la financiación de estos importantísimos elementos para el futuro político de la Unión Europea. Y, el segundo, por el papel que jugarán estos partidos en el futuro. Porque, señora Presidenta, Señorías, una unión política, una Europa de 23, de 25, de 27 o de más Estados va a ser cada vez más difícil de manejar, va a ser cada vez más difícil avanzar y va a ser cada vez más difícil contar con criterios comunes.
Los partidos europeos son un nuevo instrumento que puede dar coherencia, que puede hacer de columna vertebral de esa unión política que queremos, para encontrar consensos que de otra forma serán difíciles de alcanzar. Yo me puedo imaginar, previamente a las reuniones de los Consejos Europeos con 27 primeros ministros, a las distintas familias políticas europeas reuniéndose y alcanzando consensos que son los que servirán para que la Unión Europea pueda avanzar con paso firme hacia el futuro.
Yo creo, señora Presidenta, Señorías, que no nos damos cuenta de lo importantísimo que es el paso que hoy estamos dando.

Duff
Señora Presidenta, esta propuesta probablemente saldrá adelante como medida transitoria para regularizar lo que actualmente es un sistema defectuoso de financiar nuestros jóvenes partidos políticos. Pero estoy de acuerdo con algunos detractores que afirman que la propuesta que debatimos no proporcionará un estatuto definitivo para el desarrollo de los partidos políticos en campaña, los cuales son un factor esencial en caso de que prospere nuestra activa democracia parlamentaria europea transnacional.
Proponemos una enmienda que mejorará la propuesta, que es la de dotar a los partidos políticos de personalidad jurídica en el marco del Derecho de la Unión Europea. Dejar las cosas tal y como están ahora, con quince jurisdicciones nacionales en competencia, será causa de confusión y de problemas futuros. Tendríamos que resolverlo ahora y abordar los otros temas pendientes más seriamente y con más éxito una vez entre en vigor el Tratado de Niza. También acogemos con satisfacción la enmienda de compromiso, que rebaja el umbral para el registro de partidos políticos de una tercera a una cuarta parte, lo cual beneficia tanto a la justicia como al pluralismo.

Onesta
Señora Presidenta, me gustaría de entrada comentar muy brevemente lo que ha sucedido esta mañana. Mi Grupo está ligeramente preocupado al ver que batallas de picapleitos podrían darle un vuelco a este texto que, para nosotros, es importante. Esperamos que el hecho de que haya habido una especie de aceptación forzada esta mañana no hipoteque el futuro de este texto porque para nosotros, es imperativo que exista una financiación transparente de estos partidos políticos europeos. Porque está muy claro lo que esperan aquellos que rechazan este mecanismo de financiación. Siguen prefiriendo un sistema dónde circulan bajo cuerda maletas con billetes dentro.
Digámoslo claramente: la copia que ha salido de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tal como está, todavía es inaceptable. No garantiza de verdad la transparencia. El umbral democrático para tener acceso a esta financiación es ciertamente demasiado elevado. En cuanto a la naturaleza de la financiación, estamos tremendamente preocupados por el hecho de que, en este marco, las empresas privadas puedan financiar a los partidos. También sabemos perfectamente lo que esto significa: cuando una empresa financia a un partido, espera ventajas a cambio. Esto se llama corrupción organizada.
En consecuencia esperamos, ya que ahora hay excelentes enmiendas de transacción encima de la mesa, que esta transparencia sea reforzada, que el umbral democrático, como ha dicho mi amigo Andrew Duff, sea efectivamente rebajado, cinco de inmediato, y una cuarta parte de los Estados miembros después de Niza y, sobre todo, que la financiación privada quede totalmente prohibida, porque nosotros, el Grupo de los Verdes/ALE, no tenemos vocación de organizadores de la corrupción, ni siquiera con transparencia. Anuncio aquí que nuestro Grupo no votará a favor de este informe si las empresas privadas pueden, con su dinero, comprarse partidos políticos a escala europea.

Frahm
El que haya o no partidos europeos debe ser decidido por los ciudadanos europeos y en una sociedad democrática esto es algo en lo que no se inmiscuye un Parlamento o una Comisión.
No se habla de crear partidos europeos. Se habla de dotar con fondos a los partidos europeos y éste es un tema completamente distinto. El problema, tal como lo entiendo, radica en que actualmente existe una zona gris y que algunos escogen la corrupción y otros métodos extraños para conseguir fondos para sus actividades, sin embargo, hemos de exigir que se ponga fin a ello. Hemos de exigir transparencia y hemos de exigir que los partidos europeos existentes cumplan al pie de la letra las normas y leyes en lugar de burlarlas. Se establece ahora un reglamento en el que se permite a los propios partidos servirse de la caja. La afiliación ciudadana a partidos políticos está descendiendo, un 3% en Alemania, lo que seguramente se corresponde perfectamente con la situación existente en mi país de origen, sin ninguna afiliación a los partidos europeos, y en esta situación algunos optan por hacerse de oro. Es un problema enorme el que creamos. Agrandamos enormemente el abismo existente entre la población y nosotros. Será difícil enfrentarse cara a cara a nuestros electores en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Krarup
Acabamos de vivir un preludio de lo que nos espera si se lleva a la práctica el reglamento que hoy debatimos. Hemos visto que el Parlamento hace caso omiso de los Grupos minoritarios en contra de claros principios jurídicos. Es obvio que no se puede emplear el artículo 111 del reglamento como hizo la mayoría. Es vergonzoso que no haya una sola impugnación legal con motivo de que el Parlamento aprobara ayer rechazar este asunto y hoy diga que tal cosa no significa nada. La mayoría decide, la mayoría siempre tiene razón, ésta es la postura. Sin embargo, después, una vez que este reglamento haya entrado en vigor, los grandes partidos políticos se enfrentarán a problemas gravísimos. Tendrán problemas porque resulta obvio que este reglamento no puede llevarse a la práctica con base al artículo 308. Esto está absolutamente claro tras el fallo del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1996. No se puede utilizar el artículo 308 para modificar el Tratado, sin embargo, esto es lo que en realidad se hace, puesto que el Tratado de Niza que incluye al fundamento jurídico necesaria para ello no ha entrado en vigor. Ésta es la situación concreta y les aseguro a todos los representantes de los partidos mayoritarios, de los partidos que hoy deciden en esta Asamblea, que haremos todo lo posible por nuestra parte para impugnar este fundamento jurídico. Daremos los pasos necesarios para llevar este tema ante el Tribunal de Luxemburgo y les prometo que estallará una tormenta política ante el abuso de poder del que es testimonio este reglamento.

Berthu
Señora Presidenta, la propuesta de Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos no solamente es inoportuna por todos los motivos que expondré en mi explicación de voto, sino que además carece de base jurídica.
Efectivamente, se fundamenta en el artículo 308 del Tratado que instituye la Comunidad, pero éste sólo puede ser aplicado cuando existe previamente una competencia comunitaria para la que no se haya previsto un poder de actuación. El Tribunal de Justicia lo estableció claramente en su dictamen del 28 de marzo de 1996 relativo a una eventual adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, sobre la bese del artículo 308. Declaró que, en un caso como ese, la aplicación del artículo 308 era imposible, porque no existía con anterioridad una competencia general de la Comunidad para definir y para modificar los derechos fundamentales. En consecuencia, el Tribunal concluye, en el párrafo 30 de su decisión - que citaré integralmente -: " Al ser una parte integrante de un orden institucional basado en el principio de las competencias de atribución, esta disposición (el artículo 308) no puede ser un fundamento para ampliar el ámbito de las competencias de la Comunidad. No puede en ningún caso ser fundamento para la adopción de disposiciones que, en esencia, culminarían en cuanto a sus consecuencias en una modificación del Tratado que quedaría fuera del procedimiento que éste establece al efecto" .
Hoy, nos encontramos exactamente en este supuesto con los partidos políticos europeos. El artículo 191 del Tratado los menciona, pero su valor es meramente declarativo, porque no le confía a la Comunidad ninguna misión al respecto. Por tanto, este artículo no puede, en ningún caso, servir de punto de partida para una aplicación del artículo 308. No hay competencia comunitaria, y por tanto no se aplica el artículo 308, está claro.
Para concluir, añadiría finalmente que la reforma contemplada por el Tratado de Niza, que tiende a crear la base jurídica que falta, todavía no ha sido ratificada, y espero que nunca lo sea, porque es contraria tanto a la Constitución francesa como a los principios generales de una sociedad de libertad, en virtud de los cuales los partidos políticos deben ser libres.

Karas
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, el estatuto de los partidos políticos europeos, sobre el que hoy debatimos, supone un paso hace ya tiempo necesario. Por ello quiero agradecer a la Comisión su contribución a que en esta legislatura del Parlamento colmemos esta laguna en la normativa europea junto a los partidos europeos y Grupos políticos.
Aquí cobra cuerpo lo que en todos los Estados miembros ya es desde hace tiempo ley nacional aplicable a los partidos nacionales, a pesar las diferencias entre las diversas normativas. Debo decir que todos los que hablan aquí sobre los partidos políticos, es decir, cada uno de nosotros está aquí porque ha sido candidato de un partido político a nivel nacional. Actualmente vivimos en un régimen democrático de partidos. Los partidos no son una finalidad en sí mismos. Son un medio fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y el vínculo entre los ciudadanos, los Grupos políticos y la opinión pública en el proceso de formación y adopción de decisiones.
Con el reglamento sobre el que hoy debatimos contribuimos al fortalecimiento de la democracia europea, a intensificar el proceso de formación de opinión y de debate dentro de Europa y a la europeización de los partidos nacionales. El reglamento contribuye a una mayor transparencia en la financiación de las actividades políticas, a una mayor claridad y a la delimitación de las tareas de los Grupos y partidos políticos, una delimitación que el Partido Popular Europeo -mi amigo Alejandro Agag ya ha comentado este punto- viene impulsando desde hace tiempo con más decisión que otros. Asimismo, contribuye a garantizar los derechos de control sobre los partidos políticos por parte del Tribunal de Cuentas.
Pero el presente reglamento constituye igualmente un requisito básico para el debate que debe celebrarse sobre un Derecho electoral común, sobre un régimen común de incompatibilidades para los diputados de los diversos países, y es también el requisito para el debate sobre la posibilidad de candidaturas de partidos políticos europeos en las elecciones al Parlamento Europeo. Contribuye a la democracia del proceso después de Niza. Nosotros, el Partido Popular Europeo/ Demócratas Europeos, queremos una mayor transparencia y el fortalecimiento de la Europa de los ciudadanos y no más puertas cerradas -entiéndase Consejo- y secretarías. Estamos a favor de la vía legal, de la consagración de la Carta de Derechos Fundamentales como requisito cualitativo para los partidos, de la personalidad jurídica de los partidos europeos y del final de la financiación cruzada.

Abitbol
Señora Presidenta, henos aquí ante una de las innovaciones de este Parlamento al que, decididamente, no le falta ni imaginación ni brutalidad a la hora de confirmar, de asegurar, de proteger el sistema de circuito cerrado que ha bautizado con el nombre de "democracia" .
Señora ponente, para los autores buenos, su texto es una teratología, es decir, una creación de monstruos, disciplina en la que antes que usted alcanzó la gloria el buen Doctor Frankenstein. Así, se nos propone crear ex nihilo partidos políticos europeos, antífrasis excepcional, ya que no se trata de partidos - no serán reflejo de la expresión del sufragio universal, cuyo ámbito sigue siendo nacional -, ya que tampoco se trata de política, dado que el único objetivo de este texto es permitir a los grandes Grupos del Parlamento eludir una decisión del Tribunal de Cuentas Europeo, y dado que todo esto no tiene de europeo más que el hecho de no ser ni africano, ni asiático.
En realidad, señora ponente, tras la pomposa denominación de partido político europeo se esconde un apaño tan viejo como la humanidad, la gran tómbola a beneficio de los organizadores de la tómbola, o si usted prefiere, una pensión decente concedida a los Grupos parlamentarios más dóciles frente a las instituciones que sin embargo este Parlamento tiene el deber ya sea de controlar - como la Comisión -, ya sea de compartir la decisión - es decir, el Consejo -, una pensión que ha sido acordada por estas mismas instituciones. Hablando con propiedad, esto se denominaría colusión.

Stockton
Señora Presidenta, me siento como el gran Blondin, justo antes de que comenzara su paseo por la cuerda floja sobre las Cataratas del Niágara. Tengo que decir que mi grupo y mi delegación se oponen, en principio, a la regulación o la financiación de los partidos políticos a nivel europeo.
A nosotros, como a otros diputados de esta Asamblea, nos preocupa profundamente que la financiación propuesta para los partidos políticos europeos carezca de fundamento jurídico. De esto se desprende que no podemos mostrarnos a favor de un acto jurídico para que haya una financiación pública de los partidos políticos a nivel europeo. Una financiación pública de los partidos políticos europeos es bastante diferente, por tanto, de una financiación pública de los grupos políticos del Parlamento Europeo. En el Reino Unido se da short money, como se le denomina, para apoyar a los líderes de los partidos de la oposición en sus actividades parlamentarias.
Opinamos también que el informe Schleicher no se ajusta a los principios de la Declaración de Niza. En el artículo 191 de la declaración se afirma: "Las disposiciones relativas a la financiación de los partidos políticos se aplicarán, sobre una misma base, a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo". El informe Schleicher hace una discriminación bastante clara contra algunos de los partidos y grupos más pequeños.
Por último, tal como ha dicho el Comisario Patten, "este reglamento es erróneo en principio, no factible en la práctica y discriminatorio en sus efectos".
Quiero, en cualquier caso, dar las gracias a todos los colegas que comprenden que, como Europa, nuestro grupo y nuestra delegación prosperan gracias a sus diferencias. No obstante, por las razones ya señaladas, ese el motivo de que tanto mis colegas británicos como yo nos opongamos a este informe prematuro.
Para concluir, mi abuelo ya fallecido, Harold Macmillan, sostuvo siempre la opinión de que a los diputados no se les debía pagar, porque cuando se les pagaba se atraía a los tipos equivocados.

Schreyer
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, estamos plenamente convencidos de que el artículo 191 del Tratado recoge un principio importante. Leo: "Los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión. Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión."
Si esto es así, si los partidos políticos europeos deben desempeñar el papel que se les ha atribuido, debe, entonces, asignárseles de una forma más abierta y transparente un fundamento sólido y legítimo y los medios necesarios para llevar a cabo su tarea. Este es, de forma resumida, el fundamento de la propuesta de reglamento sobre la financiación de los partidos políticos europeos que hoy debatimos.
En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón a la Sra. Schleicher el magnífico trabajo realizado. Además, en nombre de la Comisión quiero dar las gracias a los participantes de otras comisiones por las enmiendas presentadas, en particular al Sr. Marinho, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y al Sr. Costa Neves, de la Comisión de Presupuestos.
En este punto quiero abordar brevemente una vez más la cuestión del fundamento jurídico de la propuesta de reglamento y, a la vista del debate de ayer, resaltar de nuevo que la Comisión, naturalmente, en su condición de guardiana de los Tratados, ha examinado con minuciosidad de qué fundamento jurídico se trata y puede tratarse. El artículo 191, en su versión del Tratado de Maastricht, sólo tiene carácter declarativo y no contiene ninguna disposición concreta que permita la adopción de la normativa necesaria.
Entendimos el urgente llamamiento que se nos dirigió el año pasado tras el informe del Tribunal de Cuentas -que recogía las críticas a las prácticas observadas hasta entonces-, en el sentido de encontrar recursos y medios para un fundamento jurídico sólido. Como se sabe, nos decidimos por un proceso de dos vías. La primer vía, que nos condujo al éxito de Niza, consistía en añadir al artículo 191 una disposición concreta para poder adoptar en el futuro un acto jurídico por mayoría cualificada mediante el procedimiento de codecisión.
Al mismo tiempo, sobre la base del artículo 308, hemos propuesto una normativa transitoria. Este es un fundamento jurídico sólido para la propuesta. En este contexto, nuestra posición se vio reforzada por la señal política dada en Niza desde las más altas instancias. Nos complace que la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento preste también su apoyo a la idea de la normativa transitoria sobre la base del artículo 308.
En su propuesta, la Comisión ha intentado atenerse a dos principios. En primer lugar, en la definición de los partidos políticos europeos hemos querido dejar abierto un margen de actuación y posibilidades de desarrollo. Pero, al mismo tiempo, también se trataba de fijar estándares democráticos y exigencias mínimas a las posibilidades de representación europea y de garantizar un máximo de transparencia en la financiación. Con respecto a la definición de los partidos europeos, permítanme que les diga sin rodeos que los partidos europeos no están obligados en modo alguno a seguir una orientación política europea determinada, pero deben observar los valores democráticos y del estado de Derecho y respetar los derechos fundamentales.
Como las enmiendas presentadas originalmente ante la Comisión de Asuntos Constitucionales pusieron de manifiesto, hay una gran divergencia entre las opiniones acerca de cómo hacer efectivos los principios relativos a la financiación. Quiero pasar a comentar las enmiendas más importantes presentadas ante el Parlamento. Compartimos el criterio de que debe haber una referencia a la Carta de Derechos Fundamentales. Compartimos también la opinión de que los partidos políticos europeos deben tener personalidad jurídica. Asimismo, acogemos con satisfacción una mayor transparencia y una alta transparencia en las donaciones privadas a los partidos, es decir, la revelación pública de dichas donaciones. De igual modo, creemos que pueden ser objeto de debate las enmiendas que permitirían poner a disposición de los partidos los servicios del Parlamento, cuyo importe se deduciría posteriormente.
Además, debe asegurarse que no se produzca de nuevo una financiación oculta de los partidos. A tal efecto deberán adoptarse las disposiciones adecuadas.
Sobre la cuestión de la representatividad, es decir, la cuestión relativa a en cuántos Estados miembros deben contar los partidos con representantes en los parlamentos o a si deben haber obtenido un determinado resultado electoral, estimamos que nuestra propuesta sobre los requisitos a este respecto es equilibrada, y como tal la defendemos. Permítanme señalar que la Comisión, tras un largo debate, ha optado de forma expresa por una cantidad absoluta y no relativa, es decir, no un tercio o un cuarto, porque, a la vista del proceso de ampliación, se plantearía lógicamente la cuestión de qué pasaría si en el curso del proceso de ampliación se establecen cantidades diferentes en una misma legislatura. ¿Debe entonces introducirse un ajuste? ¿Qué significa un cuarto con relación a un número de 21 o 23 Estados miembros? Esto significa que debería adoptarse de forma constante una normativa específica. Por esta razón proponemos de forma expresa la cantidad de cinco Estados miembros.
Antes sosteníamos que un arreglo extraparlamentario de los litigios relativos al cumplimiento del requisito previsto en el artículo 1, es decir, el cumplimiento de las condiciones para la constitución de partidos políticos europeos, era el procedimiento más adecuado. Sin embargo, esta es una cuestión de apreciación política, en la que asumimos la posición del Parlamento, es decir, aceptamos la enmienda 13.
No podemos aceptar la enmienda 22, relativa a la expiración del Reglamento. Por otro lado, dos enmiendas nos plantean considerables dificultades de orden jurídico y constitucional. En primer lugar, la enmienda 16, que prohibiría las donaciones de las empresas pertenecientes al sector público. Si hacemos abstracción de las dificultades de delimitación, consideramos difícil, a la luz del artículo 295, fundamentar jurídicamente tal prohibición a nivel europeo.
En segundo lugar, la Comisión encuentra bastantes dificultades en la enmienda 21, relativa a las sanciones. Podemos aceptar el apartado 2: "Deberán reembolsarse los fondos obtenidos indebidamente." No obstante, ha de señalarse que se trata simplemente de una repetición de las normas presupuestarias ordinarias.
Naturalmente, no hay nada que oponer a los principios mencionados en el apartado 1, pero el procedimiento es inadecuado. Los fondos son concedidos por la Comisión con arreglo a la normativa ordinaria. El artículo 274 no ofrece ni al Consejo ni al Parlamento la posibilidad de intervenir en la ejecución del presupuesto. La expresión "sanciones financieras adecuadas" , recogida en la propuesta de enmienda, es demasiado indeterminada y plantearía problemas jurídicos.
En lo que respecta a las enmiendas adoptadas en comisión, la Comisión puede aceptar las siguientes: 1, 2, 3, enmienda 5 (el apartado 1), 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 (parcialmente), 18, 19, 20 y 21 (parcialmente). En lo que concierne a las enmiendas presentadas directamente en el Pleno, la Comisión podría aceptar las enmiendas 23, 31, 32, 34, 37, 56, 58 y 62. Las enmiendas 33, 46 y 57, que se refieren al mismo asunto son -como ya he indicado- susceptibles de ser discutidas. No obstante, debo poner de relieve una vez más los riesgos asociados a las mismas.
Quiero hacer un breve comentario sobre el tema de la expiración. La Comisión ha propuesto que esta normativa sea derogada una vez transcurrido el segundo ejercicio presupuestario. ¿Por qué este carácter provisional? Debo señalar una vez más que se trata de tener en cuenta en la normativa siguiente la experiencia que hayamos acumulado en los dos años.
La cuestión de la financiación de los partidos políticos es un punto políticamente muy sensible. Por ello, es importante que se discuta con total transparencia y franqueza y que las disposiciones sean transparentes. La Comisión espera que, en interés de la democracia, contemos muy pronto con una normativa transparente. Así ha de ser en interés de la democracia, en interés de la democracia y de la Comunidad.

La Presidenta
Señora Comisaria, gracias por las indicaciones tan completas que ha tenido a bien ofrecernos.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12 horas.

EUROJUST
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0153/2001) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa, de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica para la adopción de una decisión del Consejo que instituye Eurojust con el fin de reforzar la lucha contra las formas graves de criminalidad organizada (10357/2000 - C5-0396/2000 - 2000/0817(CNS)).

Gebhardt
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, cuando, en nuestra condición de diputados, pensamos en el Consejo de la Unión Europea, no siempre nos embarga un profundo sentimiento de satisfacción. No sólo falta la buena voluntad, sino que las dificultades que depara la materia y las diferentes prioridades hacen que la cooperación sea a veces ardua.
Por ello, tanto más me alegra hoy, en mi cualidad de ponente, que con EUROJUST haya funcionado bien. Hemos tirado de la misma cuerda y hemos conseguido avanzar de forma notable en la lucha contra la delincuencia grave transfronteriza. Quiero por ello dar las gracias a título personal y en nombre del Parlamento, pero sobre todo en nombre de las personas que viven en la Unión Europea. Cuando EUROJUST inicie sus actividades a principios de 2002 y ocupe el lugar de la Unidad provisional para la lucha contra la delincuencia grave organizada transfronteriza, las ciudadanas y ciudadanos tendrán un motivo de alegría, porque entonces Europa habrá dado un gran paso en el camino hacia el espacio de libertad, seguridad y de derecho.
Así lo esperan de nosotros las ciudadanas y ciudadanos, y estoy convencida de que incluso tienen derecho a ello. Por ello agradezco sinceramente a los y a las colegas de la comisión que han contribuido a concretar y mejorar la iniciativa del Consejo. Creemos crear de este modo una unidad de coordinación judicial lo más eficaz posible que colabore estrechamente con interlocutores institucionales como Europol y la Red Judicial Europea. Pido a este Pleno que apruebe las modificaciones y adiciones a la propuesta del Consejo necesarias a este objeto. Permítanme citar sólo unos cuantos ejemplos que permiten reconocer la impronta del Parlamento Europeo en la configuración de EUROJUST.
En primer lugar, el catálogo de competencias de EUROJUST, ampliado y claramente perfilado es importante. Asume los rasgos fundamentales de mi ideal de un ministerio público europeo y va manifiestamente más allá del concepto restringido a veces defendido, según el cual basta con proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas, con este concepto restringido habríamos avanzado muy poco.
Debemos combatir de forma enérgica todas las formas de delincuencia que suscitan todavía un temor sin duda fundado en la población europea. La lucha debe dirigirse contra el fraude transfronterizo, la corrupción y los delitos que afecten a los intereses financieros de la Comunidad Europea, al igual que contra la delincuencia informática. Los que se dedican al blanqueo de dinero deben sentirse tan poco seguros como los que dañan el medio ambiente. Naturalmente, el ámbito general de competencias de EUROJUST debe comprender también las demás formas de delincuencia incluidas en las competencias policiales de Europol, entre las que se cuentan crímenes tan abyectos como la trata de seres humanos o los actos terroristas que leemos a diario en la prensa.
En segundo lugar, hemos incluido la protección de datos en los considerandos. Esto era, a mi juicio, algo absolutamente necesario, puesto que la lucha contra la delincuencia internacional y organizada no deroga nuestro ordenamiento propio de un Estado de Derecho. Esto significa que, en sus actividades de investigación, EUROJUST debe quedar sujeta a estrictas disposiciones en materia de protección de datos. En la recogida, tratamiento y utilización de los datos personales se aplicarán en cualquier caso y en la misma medida el Convenio del Consejo de Europa y las disposiciones legales de los distintos Estados miembros. En el intercambio de datos personales deberá observarse la protección de datos sin reserva alguna.
En tercer lugar, queremos lograr que EUROJUST pueda trabajar de la forma más flexible posible. Este es un requisito fundamental de su éxito. Particularmente importante es el contacto directo y sencillo de las personas involucradas. Por ello hemos eliminado de la propuesta a los corresponsales nacionales y todo lo que pudiera fomentar los obstáculos burocráticos en su crecimiento.
Permítanme por último señalar que el Gobierno belga ha anunciado que quiere concluir los trabajos preparatorios de la unidad definitiva EUROJUST durante su Presidencia del Consejo. Con esta anuncio y con la aprobación de este informe por el Pleno, aprobación que ruego encarecidamente, Europa asesta un duro golpe a la delincuencia internacional.

von Boetticher
Señora Presidenta, queridos colegas, desde el acuerdo del Consejo de constituir EUROJUST como una Unidad europea de coordinación de autoridades judiciales y de fiscales, adoptado en la Cumbre de Tampere, ha transcurrido año y medio. Esto es un período relativamente corto, si se compara con la evolución en otros sectores de la política europea. Este Parlamento, ha acogido y acompañado con gran satisfacción el rápido avance de la situación. Después de Europol, la creación de EUROJUST constituye un nuevo e importante paso hacia la lucha efectiva contra la delincuencia organizada transfronteriza en Europa.
La primera medida en el ámbito judicial, la creación de la Red Judicial Europea, ya fue todo un éxito. Así, por ejemplo, con la ayuda de esta Red la fiscalía de la ciudad alemana de Celle pudo organizar en pocas horas la intervención en secreto de un inspector de aduanas en Bélgica, y llevar a cabo una vigilancia en pocas horas junto a fiscales de otro país. Algunas peticiones de cooperación judicial, supuestamente olvidadas, han podido prosperar en última instancia. Sin embargo, han quedado problemas por resolver, como los relativos a la interpretación de convenios sobre cooperación judicial, de derechos en materia penal y procesal y en el ámbito del reparto de competencias judiciales.
Los problemas de entendimiento como consecuencia de las lógicas barreras lingüísticas han venido a agravar la situación. Con EUROJUST deben superarse estos obstáculos. Así, en primer lugar, EUROJUST asume una función de clearing (información). Los funcionarios deben elaborar estudios comparados de sistemas jurídicos, resolver litigios bilaterales sobre la aplicación e interpretación de convenios de cooperación judicial y seguir de cerca las medidas de actuación judicial de carácter transfronterizo.
En el futuro, EUROJUST deberá poder elaborar y transmitir listas de procedimientos de investigación transfronterizos, actuar como registro de información sobre antecedentes penales graves y hacerse cargo de la planificación, coordinación y ejecución de medidas de formación y de formación continuada. A través de la creación de EUROJUST se ofrece a las autoridades judiciales la posibilidad de obtener información jurídica fiable, a la vez que se superan los obstáculos lingüísticos, y de resolver litigios transnacionales
Quiero agradecer sinceramente a la ponente, la Sra. Gebhardt, la elaboración del informe sometido ahora al voto del Parlamento y su positiva colaboración. Además de las enmiendas que ella ha introducido, me interesa especialmente una en particular. La Red Judicial era hasta ahora un cuerpo sin cabeza. Si creamos ahora EUROJUST para ocupar ese espacio vacío, estamos obligados a crear un sistema nervioso común, sin el que la cabeza y el cuerpo no funcionan. EUROJUST y la Red Judicial Europea no pueden funcionar por separado o mantener sólo contactos ocasionales, sino que deben conformar una unidad. Esto puede conseguirse empleando las unidades de contacto ya existentes de la Red Judicial Europea, en lugar de crear los previstos corresponsales nacionales. Sólo así podrá evitarse de forma duradera una superflua dualidad de sistemas en el mismo ámbito.
Este es el contenido de nuestras propuestas. Pido al Consejo que las tenga en cuenta en sus consideraciones. De este modo, EUROJUST será todo un éxito y contribuirá a una mayor seguridad de la población europea.

Paciotti
Señora Presidenta, constantemente, aunque más lentamente de lo que algunos de nosotros querríamos, la construcción de la Unión Europea como espacio de libertad, seguridad y justicia, avanza y crece día a día. Hoy estamos debatiendo dos importantes segmentos de la cooperación judicial en materia penal. El más importante es justamente la creación de Eurojust que ya se ha puesto en marcha con la constitución de la Unidad provisional que ha preparado el terreno para la definitiva.
El Parlamento Europeo aprobará, espero, el excelente informe de la Sra. Gebhardt y, por consiguiente, las propuestas de enmienda tendentes a reforzar el papel y la eficacia de Eurojust. Dichas enmiendas señalan los cometidos y el ámbito de las competencias de forma suficientemente amplia para evitar dificultades y dudas en las actuaciones y garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos, así como establecen mejor las garantías de respeto a los derechos fundamentales, en particular en los referente a los derechos a la defensa y a la confidencialidad de los datos personales y, no por ser menos importante, garantizan la autonomía y la independencia del organismo, como corresponde a su naturaleza de órgano judicial.
Una cooperación judicial más eficaz en materia penal es un elemento crucial del espacio de libertad, seguridad y justicia para hacer frente al reto de la delincuencia organizada en un espacio de libre circulación. Sin embargo, con el fin de poner en marcha concretamente esta cooperación, la complejidad de los procedimientos me obliga a volver a hacer votos por que en el próximo Tratado de la Unión también esta materia se convierta por fin en materia comunitaria, al igual que la cooperación judicial en materia civil, a través de la comunitarización del tercer pilar.

Thors
Señora Presidenta, la historia demostrará que la decisión de crear redes es más importante que muchas otras decisiones que adoptamos. Me refiero, por ejemplo, a la red de defensores de los consumidores.
Todos podemos colaborar. Vamos a conseguir resultados concretos. Es primordial que se respeten las reglas sobre protección a las personas, cosa que ya han mencionado otros oradores. Sin embargo, quiero destacar una idea que ha presentado el Sr. Watson: para que todos tengan un tratamiento similar, debe existir también una organización para la asistencia a los acusados, para los que necesitan defensa.
Nuestro Grupo respalda plenamente la integración de los delitos medioambientales en esta propuesta. Desgraciadamente, es sabido que muchos vertidos voluntarios de petróleo constituyen una fuente de contaminación más importante que los accidentes. Los fiscales se preocupan poco de esos delitos. Por eso se necesita Eurojust, para colaborar, por ejemplo, en relación con el para mí tan querido Mar Báltico.
Nuestro Grupo ha presentado la enmienda 28, ya que hay que respetar las diferentes formas de realizar investigaciones. En algunos países, como en el mío, las investigaciones están parcialmente separadas de la fiscalía. Esto hay que respetarlo, como se hizo también en las conclusiones de Tampere, que sirven de fundamento a esta decisión y a este debate.

Boumediene-Thiery
Señora Presidenta, queridos colegas, frente al aumento creciente de la delincuencia organizada, la Unión Europea ha multiplicado las iniciativas tendentes a reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y a mejorar la cooperación entre las autoridades responsables de la investigación y la represión.
La Cumbre de Tampere ha aportado nuevas perspectivas para esta cooperación policial y judicial, considerada durante largo tiempo como el pariente pobre de la unificación europea. Es Eurojust, formada por fiscales, magistrados y policías de enlace, que ha sido el centro de atención.
Pero, ¿cómo programar el funcionamiento adecuado de una unidad cuya vocación es la de ser el futuro fiscal europeo en ausencia de una armonización previa de las legislaciones de los Estados miembros, y de un mínimo acercamiento de sus procedimientos? ¿El objetivo para los Estados miembros no es alcanzar el estándar más alto posible, que asegure simultáneamente unas garantías procedimentales suficientes y una justicia eficaz para todos los ciudadanos, respetando en todo caso los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la defensa?
Sin embargo, no nos queda más remedio que constatar que nos encontramos hay ante un órgano que no está sometido a control alguno por parte del Parlamento Europeo. Más grave aún es la ausencia de cualquier control jurisdiccional por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, según el artículo 35 del Tratado.
Otro punto que no debemos olvidar es el tratamiento de la información que la unidad es responsable de asegurar. En efecto, será igualmente tarea de Eurojust recopilar datos sobre los registros de antecedentes penales, los informes policiales, los registros de los Estados miembros, dentro de una red. Se plantean algunas cuestiones. ¿Qué protección se otorgará al tratamiento de estos datos? ¿Quién podrá acceder a ellos? ¿Y quién podrá utilizarlos? ¿Cuál será el derecho de respuesta y de defensa, e incluso el de rectificación de los datos incorrectos o prescritos?
El sentido de mis enmiendas es el que condicionará nuestro apoyo a este informe. Sí, la Unión Europea necesita una estructura judicial supranacional para coordinar y para reforzar la acción del ministerio público sobre el territorio de la UE en su conjunto. El reto es de capital importancia. Presupone la voluntad de establecer una política penal común que supondrá una mínima renuncia a la soberanía nacional, lo quieran o no lo quieran los Estados.
Con Eurojust, se trata de darle un verdadero colaborador judicial a la Europol. Toda la eficacia de Eurojust dependerá de la complementariedad y de la plusvalía que la unidad sea capaz de aportar a los demás actores del universo judicial y policial. Porque, ¿para qué vamos a crear estructuras supranacionales? ¿Para qué vamos a poner en marcha coordinaciones complejas entre distintos países destinadas a centralizar una investigación, si el magistrado responsable del expediente no dispone de los medios necesarios para culminar con éxito su investigación ni para garantizar la condena de las personas encausadas?
Para concluir, en lugar de divagar y divagar sobre las posibles competencias de un verdadero partido político europeo, ¿no sería más conveniente establecer de verdad una estructura que se caracterizase por su celeridad, su eficacia, su disponibilidad frente a los ciudadanos de Europa, ofreciéndoles todas las garantías?

Korakas
Señor Presidente, plusvalía se considera, de acuerdo con el informe, la creación de ese montaje hipercentralizado y autoritario llamado Eurojust. Se trata de una institución formada por jueces y fiscales de los estados miembros con competencias muy amplias -fuera de todo control- en la investigación e instrucción de casos relacionados con la llamada, y nunca descrita, «delincuencia grave transfronteriza». Se trata de una institución que podrá reaccionar directamente, al margen de las autoridades nacionales; que podrá incluso apartar a un país miembro de la investigación de un caso, y encomendárselo -¿con qué criterios?- a otro. El brazo derecho de Eurojust lo constituirán el sistema Schengen y Europol, que adquiere así condición de socio institucional. Se prevé el mantenimiento de la Red Judicial Europea, en tanto que Eurojust creará su propio banco de datos; es decir, que esta fortaleza autoritaria llamada Unión Europea contará con cuatro procedimientos de control de los datos de los ciudadanos y de los transeúntes.
La famosa independencia funcional de la justicia, de la que tanto se enorgullecía la democracia burguesa, es condenada al ostracismo. Con Eurojust y el subsecuente ministerio público europeo se completa una estructura fuera de todo control y centralista hasta la asfixia, una verdadera pesadilla para cualquier ciudadano individualmente considerado y, sobre todo, para el movimiento popular.
Observando el rumbo de la construcción europea, constatamos, por una parte, la tendencia hacia la plena liberalización del mercado, es decir, absoluta impunidad para los monopolios en la persecución de beneficios, y, por otra parte, el centralismo autoritario en las instituciones, la militarización de la Unión Europea y la represión. Este rumbo lo tienen que invertir los pueblos de la Unión Europea. Lo tienen que invertir, y lo invertirán. Esto es lo que muestra la experiencia de mi país, donde el movimiento popular y amplísimas fuerzas democráticas han unido sus esfuerzos y se oponen resueltamente a la nueva autoritaria y antidemocrática ley sobre manifestaciones que estos días el Gobierno pretende que sea votada por el Parlamento griego.

Andrews
Señora Presidenta, durante demasiado tiempo ha tenido la Unión Europea sus manos atadas en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada. Aprobando la creación de Eurojust, estoy convencido de que añadiríamos una nueva arma para enfrentarnos a las organizaciones delictivas de Europa. La delincuencia organizada en Europa nos ha llevado al menos diez pasos de delantera, aprovechando la debilidad de nuestros sistemas jurídicos y económicos. Estos delincuentes son expertos en usar las disposiciones jurídicas y las jurisdicciones y han aprovechado al máximo nuestro libre mercado. La Unión Europea tiene que dejar de ser incauta ante la delincuencia de gran calibre. Las medidas tradicionales de ejecución de la ley ya no son suficientes. Las medidas de prevención nacionales se deben completar, cuando sea necesario, con medidas adecuadas de ámbito comunitario.
La iniciativa especifica que debe incluir el tráfico de seres humanos, y yo deseo insistir en que aquí hay que incluir además el contrabando de inmigrantes ilegales, las redes de prostitución y la explotación sexual de menores. Asimismo, estamos hablando de la competencia para castigar los actos de terrorismo, de la protección del euro, de los delitos informáticos y de la protección de los intereses financieros de la UE. Abarca también el blanqueo del producto del delito. Hoy, en Bruselas, celebra su primera reunión el Foro de la UE sobre el crimen organizado. La Comisión debe mantenernos informados tanto a nosotros como al público en general de los resultados de estas reuniones.
Convirtamos en norma general que todas las políticas conexas de la UE incorporen un elemento de prevención de la delincuencia. Hagamos saber que el programa de la UE contra la exclusión social puede ser igualado por la estrategia de prevención de la delincuencia. Hagamos saber que el Fondo Regional puede contribuir a los programas nacionales, financiando iniciativas para luchar contra la delincuencia y prevenirla. Hagamos saber que las políticas y los programas de cooperación y ayuda de la Comunidad ya incorporan extensamente la lucha contra la delincuencia. Asegurémosnos de que toda la nueva legislación sea "a prueba de delincuencia" y de que se evalúe la legislación ya existente.
Nuestro grupo apoyará este informe.

Dell'Alba
Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría felicitarla por su puesto y asegurarle que, como siempre, hablaré en nombre de los diputados radicales del Grupo TDI.
Mis amigos y yo hemos estudiado a fondo esta cuestión del Eurojust, la cual, francamente, debería llamarse más bien "Euro San Justo" , por la forma en que este asunto nos acaba de ser presentado. Además, según me han dicho, San Justo era un buen jurista. Eurojust plantea muchas interrogantes. Por tanto, me alegro de que el Comisario Vitorino esté presente.
Niza ha rechazado claramente el principio del fiscal independiente. Los países no lo quieren, por todo tipo de razones. No se puede crear un sistema de represión sin desarrollar al mismo tiempo un sistema de defensa, un sistema de protección de datos, un sistema de garantía legal. Van a crear ustedes un organismo burocrático que intentará solicitar a los Estados la posibilidad de iniciar la vía penal, cuando la vía penal está reservada a la magistratura. En este punto, las reglas varían de un país a otro. En nuestro país, la vía penal es obligatoria, pero no es el caso en otros países. Se trata de materias complejas que, en mi opinión, no van a experimentar una mejora con este "Euro San Justo" , - el cual, a mi modo de ver, parece derivar de la inquisición a escala europea - si no implantamos un sistema paralelo de control y de legalidad.
Además, señor Comisario, cuando pienso en las condiciones en las que algunos países han nombrado a sus representantes, por ejemplo, en mi país, que ha nombrado al Sr. Caselli violando las reglas establecidas por la propia magistratura, me hago múltiples preguntas. Cuando mi país le envía al fiscal de Palermo, que ha inculpado a los Sres. Andreotti, Muzotto y Contrada, que ha entablado cinco procesos basándose en las confesiones de arrepentidos, y que ha perdido cinco procesos de un total de cinco - las personas a las que había acusado han sido absueltas por la magistratura -, me hago múltiples preguntas. Me pregunto hacia dónde vamos si estos métodos se exportan a Europa. Por favor, rechacemos este "Euro San Justo" .

Pirker
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, la delincuencia internacional organizada representa un 10% del volumen de comercio mundial, y una buena parte de ella corresponde a la Unión Europea. Si las estadísticas son correctas, la evolución de la delincuencia cobra un cariz de lo más amenazador, pues en la Unión Europea se atribuyen ya un 30% de estos delitos a la delincuencia internacional organizada.
A la vista de este estado de cosas, debemos preguntarnos si esta Unión Europea sin fronteras ha agotado efectivamente todas sus posibilidades para actuar contra esta delincuencia organizada. En relación con la cooperación policial podemos decir que se han hecho grandes avances. Ya contamos con Europol, y Europol trabaja con gran éxito en la lucha contra la delincuencia.
En el sector de la cooperación judicial, sin embargo, lamentamos constatar que esta cooperación no ha hecho más que comenzar. Con EUROJUST tenemos un instrumento nuevo que iniciará sus actividades en 2002 y supondrá un avance decisivo en la cooperación entre las autoridades judiciales. EUROJUST funciona en principio como Europol. Coordina a las autoridades judiciales en la lucha contra la delincuencia organizada.
Lo que debemos esperar es que funcione la cooperación con las unidades existentes, con la Red de Justicia y con Europol, y que se eviten las investigaciones paralelas.
Felicito a la ponente por su trabajo. Sólo hay un punto en el que no comparto su opinión: ha propuesto Luxemburgo como sede futura. Como austríaco consciente de que la ampliación de la Unión Europea se aproxima y sabedor de que Viena se resituará en el centro de la Unión Europea, hago una contrapropuesta a la Sra. Gebhardt: proponer y reclamar no para Luxemburgo, sino para Viena la sede de esta institución.

Sousa Pinto
Señora Presidenta, Señorías, las iniciativas adoptadas en el marco de la creación de un Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia han venido a consagrar este importante objetivo político de la Unión como uno de los más dinámicos vectores de expansión y profundización de la construcción europea. En la esfera del Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia, la creación en el terreno de una unidad Eurojust constituye precisamente uno de los más prometedores saltos adelante. Eurojust viene a afrontar una de las más graves y actuales amenazas al Estado de derecho y procurar darle respuesta: la delincuencia organizada transnacional, cuyo peso en la economía mundial y también forzosamente en la europea se calcula hoy en valores que asustan. Los Estados nacionales han dado abundantes señales de la insuficiencia de los mecanismos judiciales de que disponen para luchar satisfactoriamente contra la delincuencia organizada. Así, pues, la Unión Europea tendrá a este respecto una esfera privilegiada de afirmación del principio de subsidiariedad, al constituir Eurojust la respuesta necesaria y urgente de las democracias al flagelo de la delincuencia organizada, que ha seguido a la interdependencia en aumento de las economías y la evolución tecnológica y aprovecha las deficiencias de los ordenamientos jurídicos nacionales vueltos de espaldas unos a otros, impotentes y víctimas de una anacrónica pretensión de autosuficiencia. Eurojust y el inevitable ministerio público europeo del futuro confirman la construcción europea como una necesidad de ciudadanía, una respuesta concreta a problemas concretos sentidos por el ciudadano común. Del éxito de toda la acción concertada en el plano judicial y policial dependerá en el futuro, en gran medida, la confianza de las sociedades en sus instituciones democráticas. Eurojust contribuirá a preservar la eficacia y el prestigio de esas instituciones y prestará un gran servicio al Estado de derecho.
Información, cooperación y medidas conjuntas de coordinación son la clave de un nuevo impulso en la lucha contra el blanqueo de capitales, el tráfico de seres humanos, los delitos medioambientales, la falsificación de moneda, entre otras formas graves de ilicitud. Ahora bien, el Colegio previsto constituye un instrumento innovador esencial para la prosecución de esos objetivos, para que el Estado de derecho salga fortalecido como deseamos con la creación de este importante instrumento de cooperación judicial, conviene que las garantías procesales, tan importantes en el derecho interno, se proyecten igualmente en el funcionamiento del sistema Eurojust para que no salgan disminuidos de ello los derechos fundamentales que esas garantías van encaminadas a preservar. Concluyo felicitando a la ponente por la densidad y calidad del informe y, en particular, por el sentido de equilibrio que ha inspirado las enmiendas propuestas.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una primera palabra para felicitar a la Sra. Gebhardt por su excelente labor y también al Sr. von Boettcher, que ha sido el ponente en la sombra del PPE. Tenemos presentes las enormes proporciones que la delincuencia organizada y transfronteriza ha ido adquiriendo y que obligan a actuar rápida, común y concertadamente, en particular en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la pornografía pedofílica, el tráfico de personas, la falsificación del euro, los delitos informáticos y el blanqueo de capitales.
Sobre Eurojust, cuatro palabras: en primer lugar, debemos congratularnos de haber avanzado en esta materia; cuando el Parlamento Europeo emitió su dictamen en noviembre del año pasado sobre la unidad previsoria, dejamos una recomendación clara en el sentido de que la creación de dicha unidad no constituye un pretexto para retrasar indeseablemente la constitución de Eurojust.
En segundo lugar, estamos dando un paso más con vistas a la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y justicia. Las decisiones de Tampere están progresando, haciendo su camino, paso a paso estamos construyendo la Europa de los ciudadanos, con un scoreboard de la Comisión, respetando el papel de este Parlamento y con una iniciativa compartida entre la Comisión y los Estados miembros, si bien el Comisario António Vitórino sabe perfectamente que a veces nos gustaba más su iniciativa que la de los Estados miembros, en nombre de la coherencia y la visión de conjunto.
En tercer lugar, estamos honrando nuestros valores de civilización, los principios del Estado de derecho, según la feliz expresión del Sr. António Vitorino, Eurojust es la contrapartida judicial de Europol. Eurojust debe funcionar con el estimable estatuto de independencia, su informe anual no se puede presentar sólo ante el Consejo, sino que también se debe presentar ante la Comisión y el Parlamento.
En cuarto y último lugar, la protección de datos. El Parlamento ya ha señalado esta cuestión: Eurojust deberá cooperar con Europol, con la Red Judicial Europea, con la OLAF, con el sistema de información de Schengen, además de gozar de la información de carácter penal facilitada por los Estados miembros. Particularmente importante es encontrar una solución equilibrada entre la garantía y la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos, por un lado, y, por otro, los instrumentos necesarios para luchar contra el delito. Y, hablando de las instituciones comunitarias, nunca está de más subrayar que debemos hacer todo lo posible para evitar la duplicación de funciones y el conflicto de competencias.

Vitorino
Señora Presidenta, Señorías, seré extraordinariamente breve, entre otras cosas para no retrasar el "turno de votaciones". La Comisión comparte la visión general que la Sra. Gebhardt presenta en el informe sobre Eurojust y quisiera felicitarla por la excelente labor que ha llevado a cabo. Subrayamos sobre todo la importancia de que se encuentren soluciones adecuadas para la articulación entre Eurojust y la Red Judicial Europea, que ha hecho una contribución muy importante al desarrollo de la cooperación judicial en el nivel europeo, así como para formular las condiciones de participación de la propia Comisión y de Europol en la labor de Eurojust.
En esta fase, la unidad Eurojust no tiene poderes para adoptar decisiones operativas ni para promover en cuanto tal las investigaciones o la presentación a juicio de casos. Pero, evidentemente, la evolución natural de Eurojust es la de llegar a esa fase superior de cooperación judicial. A eso se debe la importancia, que la Comisión comparte, de las consideraciones presentadas por la Sra. Gebhardt en lo relativo a las garantías de defensa de los imputados, a las normas sobre la protección de datos y a las cuestiones globales de la salvaguardia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Consideramos que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es una importante guía de orientación para la adopción de esas soluciones.
Compartimos las propuestas de su Señoría, sólo hay un aspecto respecto del cual me gustaría emitir una reserva. Es necesario tener cuidado cuando se formula la competencia de Eurojust en lo relativo al delito que afecta a la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Nos parece preferible que se hable sobre la competencia en materia de delincuencia económica y financiera. Una de las cuestiones más delicadas es la articulación entre Eurojust y la OLAF. La OLAF tiene competencias en la esfera del primer pilar; Eurojust surge en el marco concreto intergubernamental en el ámbito del tercer pilar; por eso, habría que evitar, a nuestro juicio, dar la idea de que Eurojust deba participar siempre en los casos en los que la OLAF tome la iniciativa de salvaguardar la protección de los intereses financieros de la Comunidad. A ese respecto la especificación de los diferentes ámbitos de aplicación nos parece muy importante.
Por último, señora Presidenta, en relación con la imaginativa y creativa figura presentada por el Sr. Dell'Alba, que ha llamado a Eurojust "Eurosanjust". Por mi parte, debo decir que estoy convencido de que Eurojust no es un instrumento de la justicia de los santos. Es un instrumento de la justicia de los hombres y con conciencia de las dificultades e incluso de algunos riesgos, como toda obra humana y perfeccionable. No es un Santo Oficio, sino que es, al contrario, un primer paso con vistas a garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales y luchar contra la delincuencia en el nivel europeo. Perfeccionable, pero un primer paso indispensable. Por eso, espero que la Asamblea apoye el informe de la Sra. Gebhardt.

La Presidenta
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar dentro de un momento.

Martin, David W
Muchas gracias, señora Presidenta. Como usted sabe, ayer ocupaba yo la Presidencia cuando irrumpieron en el hemiciclo los manifestantes turcos. No es en absoluto mi intención retrasar la votación o reabrir el debate que tuvimos esta mañana, pero considero apropiado que conste en acta mi agradecimiento a los ujieres por su manejo rápido y eficacísimo de la situación. Creo que su profesionalidad durante la situación merece ser reconocida.

La Presidenta
Gracias, señor Martin, por esta declaración, de la que tomamos nota con mucho gusto.

Queiró
Pido permiso para ocupar un minuto del tiempo de este Parlamento recordando que siete ciudadanos portugueses siguen secuestrados en el enclave de Cabinda, territorio situado al norte de Angola e integrado en ese país africano. Son ciudadanos que trabajaban en Cabinda al servicio de empresas portuguesas y, por tanto, totalmente ajenos al conflicto independentista que allí se desarrolla desde hace decenios.
Señora Presidenta, dos de dichos rehenes están detenidos hace prácticamente un año -repito: ¡un año de detención!- y los cinco restantes, ¡hace más de dos meses! Las pocas noticias que nos llegan indican que las autoridades angoleñas ejercen en este momento una enorme presión militar sobre el territorio y, paralelamente, ordenaron recientemente la expulsión de todos los periodistas extranjeros. Por tanto, no sabemos lo que allí ocurre y hay una total ausencia de testimonios imparciales en el terreno y, naturalmente, tememos por la seguridad, si no por la propia vida de los rehenes. La gravedad del problema propició incluso que solicitáramos, recientemente, la intervención del Sr. Javier Solana en una comunicación que dirigí al Consejo. Desde luego, él tendría la posibilidad de propiciar las condiciones adecuadas para la liberación de nuestros compatriotas, objetivo prioritario de esta intervención mía. A semejanza de lo que hice, señora Presidenta, por carta, le solicito que promueva, en el ámbito de sus competencias, todos las medidas y presión diplomática sobre los elementos secuestradores y sobre las autoridades angoleñas para que se creen las condiciones que permitan la liberación de los siete rehenes.

La Presidenta
Señor Queiró, hemos comprendido muy bien su mensaje. Por mi parte, voy a ver lo que puedo hacer para aclarar esta situación que es, en efecto, absolutamente dramática. Pero son las 12 y 20, tenemos muchas votaciones.....Dicho esto, hemos entendido bien su mensaje.

VOTACIONES
Gollnisch
Señora Presidenta, hace un rato me di cuenta de que esta cuestión, que había sido desechada ayer por la votación de la Asamblea, en los términos del artículo 143, excluida del orden del día por una moción de inadmisibilidad, había sido reintroducida en virtud del artículo111, párrafo 2. Sin embargo, este artículo 111, párrafo 2, contempla explícitamente que el orden del día pueda ser modificado por aplicación del artículo 143, lo cual había sido el caso, o a propuesta de la Presidenta, es decir, de usted, señora, pero el término "o" significa claramente, en derecho, una alternativa. Dicho de otro modo, si el orden del día ha sido modificado por aplicación del artículo 143, ya no puede serlo, de toda evidencia, por una propuesta de la Presidenta. Es el motivo por el cual pongo seriamente en duda la legalidad de la votación que va a sobrevenir, y que ha impedido a numerosos diputados intervenir en el debate. Creo que el Tribunal de Justicia deberá zanjar este asunto y no dudo de que una vez más, señora, desaprobará, por desgracia, el concepto un tanto atrevido que tiene usted de sus responsabilidades.
Antes de la votación sobre la enmienda 12:

Schleicher
Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 130, apartado 3, del Reglamento, solicito que de las tres enmiendas presentadas, se vote en primer lugar la enmienda de la comisión, cuyo carácter exige una votación separada, y solicito que se tenga en cuenta esta circunstancia. Permita, por favor, que se vote en primer lugar la enmienda 12 y luego las restantes.
Después de la votación sobre la enmienda 54:

Leinen
Señora Presidenta, le pido que disponga que se vote en primer lugar la enmienda 63. Se trata de una enmienda de transacción de los Grupos del PSE, los Liberales y los Verdes. Se ha originado una nueva situación, pues ahora se exige la presencia de los partidos solamente en una cuarta parte de los Estados. Sería más lógico, que se votase en primer lugar esta enmienda y luego la propuesta de la Comisión.
Antes de la votación sobre la enmienda 46:

Onesta
Señora Presidenta, permítame que le sugiera que la enmienda 46, que ha sido adoptada, no anule la enmienda 47, que, en opinión de mi Grupo, supone un complemento absolutamente útil y en nada se opone a la redacción del artículo 46.

La Presidenta
Totalmente.
Acabamos de adoptar la enmienda 17, está claro. En cambio, la enmienda 46 queda anulada, y la 47 es compatible como añadido.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0153/2001) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa, de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica encaminada a la adopción de una Decisión del Consejo que instituye Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia organizada
(10357/2000 - C5-0396/2000 - 2000/0817(CNS))
Antes de la votación sobre la enmienda 28:

Gebhardt
Señora Presidenta, he examinado una vez más la documentación y he constatado que con la enmienda 7 ya hemos votado sobre este asunto, que se aborda en la enmienda 28. Por esta razón, esta enmienda carece de objeto. Considero que este problema tan especial podemos debatirlo de nuevo con el Consejo en un momento posterior.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Propuesta de resolución común sobre la situación en Oriente Medio
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución común sobre las relaciones transatlánticas
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)
Propuesta de resolución común sobre el estado del diálogo transatlántico
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0147/2001) del Sr. Cercas, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión "La evolución futura de la protección social en una perspectiva a largo plazo: pensiones seguras y viables" (COM(2000) 622 - C5-0011/2001 - 2001/2003(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0114/2001) del Sr. Casaca, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial 11/2000 del Tribunal de Cuentas relativo al régimen de ayudas en el sector del aceite de oliva, acompañado de las respuestas de la Comisión (C5-0009/2001 - 2001/2001(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0166/2001) del Sr. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado preventivo de los ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2002 (2001/2062(BUD))
(El Parlamento aprueba la resolución)

Gollnisch
Gracias, señora Presidenta, de acuerdo con los usos de esta Casa y con las recomendaciones de los cuestores, quería simplemente decir que, en la línea de la posición expresada hace un rato, ni mis colegas ni yo participaríamos en la votación final del informe Schleicher. Ya está, ha sido muy fácil, ha sido poca cosa, y añadiré únicamente un breve comentario, señora Presidenta: no nos tenga miedo, no tema concedernos la palabra, sólo la tomamos para remitirnos al Reglamento y para adecuarnos a los usos de esta Casa. Somos, después de todo, mucho menos malvados de lo que nos pintan habitualmente.

La Presidenta
Señor Gollnisch, constato que, en el fondo, se trata al mismo tiempo de una explicación de voto. Por consiguiente, tiene usted todo el derecho a presentarla ahora.

Coûteaux
Gracias, señora Presidenta, por concederme el uso de la palabra tras haberle sugerido al público presente que abandone el hemiciclo.
Me gustaría hacer una observación y al mismo tiempo recordar el Reglamento con relación a la forma en que usted ejerce la Presidencia personalmente, desde hace dos días, ya sea en el informe Schleicher, ya sea en la votación sobre Estrasburgo de ayer, en la que, como sabe perfectamente, nos cogió desprevenidos, ya sea en la forma en que distribuye el uso de la palabra, rechazándosela por ejemplo hace un rato a mi excelente colega Gollnisch. Pongo en entredicho la manera que tiene usted de ejercer su función de Presidenta y le informo de que algunos de mis colegas y yo mismo vamos a dirigirle una carta abierta sobre este tema, y nos ocuparemos de que sea ampliamente difundida en la prensa francesa. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta
Bueno, creo que no debo responder a esta intervención. Me alegro mucho de que tengan ustedes en proyecto esta carta, y será para mí un deber y un placer contestarla con rigor, señor Coûteaux, particularmente el punto según el cual les habría cogido desprevenidos en la votación de ayer. Creo que todo el mundo puede dar fe de que esa votación se desarrolló dentro de una perfecta objetividad. No es culpa mía que no estuvieran ustedes en el Pleno en el momento de la votación. ¡Lo siento mucho! La Sra. Doyle presentó una cuestión de orden, y estuvimos esperando.... Entiendo que esté molesto, señor Coûteaux. ¡Verdaderamente, todo esto es bastante tonto! Como es natural, comprendo su malestar en calidad de francés, pero no es asunto mío. Soy la Presidenta del Parlamento Europeo. Entiendo perfectamente su malestar, créame, señor Coûteaux.
EXPLICACIONES DE VOTO - Informe Figueiredo (A5-0155/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, el texto de la Sra. Figueiredo es muy importante. Luchar y vencer la pobreza en Europa es, sin duda, una meta que hasta ahora nadie ha conseguido alcanzar. ¿Lo conseguirá Europa? Espero sinceramente que sí, para todos los pobres de Europa, entre los cuales, lamentablemente, hay muchos pensionistas. Si lo logramos querrá decir que en Europa hay tres hadas para los ciudadanos más pobres: la Presidenta del Parlamento, Nicole Fontaine, que nos representa a todos, la Comisaria Anna Diamantopoulou que ha propuesto este programa, y la Sra. Ilda Figueiredo que lo ha llevado a cabo.

Bastos
El informe de la Sra. Ilda Figueiredo sobre el programa de lucha contra la exclusión social merece nuestro apoyo. En verdad, hay que estimular una cooperación que permita a la Unión Europea y a los Estados miembros luchar contra la exclusión social y por la erradicación de la pobreza -realidades aún muy sentidas, por desgracia, en algunos Estados miembros, como en mi país, Portugal-, de conformidad con metas cualitativas y cuantitativas que deben acordar el Consejo y este Parlamento. La Comisión deberá facilitar informaciones al Parlamento y al Consejo, anualmente, sobre los avances logrados en el ámbito de este programa. Estimular el diálogo con los interlocutores en ese sector y en el nivel europeo, nacional y regional, a fin de luchar con más eficacia contra la pobreza y la exclusión social, así como dar el mayor apoyo financiero a proyectos innovadores con valor añadido en el nivel europeo, son factores determinantes para su éxito. Con el fin de permitir una plena materialización de este programa, manteniendo traslados al terreno, permitiendo la participación de las personas en situación de exclusión social y de pobreza y financiando las acciones a cargo de las ONG, resulta imperativo aumentar el importe de referencia a 100 millones de euros, incluidos los gastos técnicos y administrativos. También se debe examinar la financiación básica de las principales redes europeas que participan en estas acciones.
La preparación de una Mesa Redonda Anual de la UE sobre la exclusión social, organizada en estrecha colaboración con la Presidencia del Consejo de la Unión y en consulta con todos los interesados es otra iniciativa de la que no se puede prescindir.
Por último, quisiera alertar sobre la insuficiencia de los mecanismos de control financiero de las ONG, que requieren una mayor fiscalización, para garantizar una aplicación juiciosa y rigurosa de unos fondos que son públicos.

Caudron
. (FR) Les recuerdo que la propuesta de la Comisión Europea, que es objeto del informe que hemos debatido hoy, pretende establecer un programa de actuación comunitaria 2001-2005 para apoyar y fomentar la cooperación encaminada a combatir la exclusión social.
El objetivo de este programa es incitar a los Estados miembros a unir sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa, en el marco de un método abierto de coordinación. Para obtener una mayor eficacia, esta coordinación debe basarse en planes nacionales de actuación para la lucha contra la exclusión, con líneas directrices fijadas a escala europea. Efectivamente, se ha observado que el método funciona bien en materia de empleo.
El Parlamento Europeo examinó este texto en primera lectura en noviembre del año pasado, bajo la Presidencia francesa, que había apoyado numerosas iniciativas en materia social y que tuvo empeño en hacer de la lucha contra la pobreza una prioridad en la Agenda Social europea.
En la posición común, el Consejo ha retomado, en todo o en parte, 25 de las 47 enmiendas que el Parlamento había adoptado durante la sesión del 16 de noviembre de 2000, mientras que la Comisión había hecho suyas 31 enmiendas.
Lamento mucho que el Consejo haya rechazado enmiendas de la mayor importancia. Así, ha descartado remitirse a la Carta Social revisada del Consejo de Europa (1996, a la que hay que añadir ahora la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). No ha querido adoptar una financiación que alcanza el 90 % de las actividades llevadas a cabo por las ONG en el ámbito del programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social, habiendo sido ya aprobado ese mismo porcentaje de financiación para el programa de lucha contra la discriminación.
La financiación del programa supone también un escollo. Considerando que es necesario dotarse de los medios adecuados a los fines perseguidos, el Parlamento Europeo ha querido aumentar la dotación presupuestaria de 70 millones de euros a 100 millones de euros, pero ha sido en vano. Igualmente discutible es la negativa a mencionar de forma explícita la participación del Parlamento Europeo a continuación del programa.
Por descontado, he votado a favor de las enmiendas destinadas a restablecer las disposiciones que no han obtenido el aval del Consejo y/o de la Comisión. Considero, efectivamente, que este programa debe ser lo más voluntarista posible. Debe ser un instrumento al servicio del fomento de la igualdad de oportunidades entre todos/as los ciudadanos/as, y un gesto político importante por parte de la Unión Europea. En efecto, las estadísticas globalmente satisfactorias en términos de crecimiento y de empleo no deben hacernos olvidar que un número demasiado alto de personas permanece al margen de nuestra sociedad.

Crowley
El principal centro de interés de este informe es el apoyo a una mayor cooperación entre los quince Estados miembros de la Unión Europea para combatir la exclusión social. Creo que es muy importante que trabajemos todos unidos con un espíritu de cooperación para conseguir resolver los problemas de exclusión social en nuestra comunidad.
A este respecto, acojo con plena satisfacción la creación del nuevo Comité de Protección Social que se incluye como uno de los cambios del Tratado de Niza. Se debe dar todo el apoyo necesario a un programa de acción comunitario para combatir la exclusión social. La Unión Europea es económicamente fuerte, pero sigue habiendo problemas sociales básicos en muchas áreas rurales y urbanas.
Lo cierto es que el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil están muy concentrados en áreas concretas de la Unión Europea. Están concentrados de hecho en muchos puntos negros concretos. El establecimiento de iniciativas para solucionar la exclusión social y dar oportunidades a los desfavorecidos en nuestra sociedad debe ser una política esencial de cualquier gobierno de la UE.
El principio que sustenta este nuevo programa de acción comunitario consiste en crear un método abierto de coordinación entre los Estados miembros para ayudar a erradicar la pobreza y la exclusión social. Esto se logrará definiendo unos objetivos específicos que se integren en los planes de acción nacionales, para introducir políticas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades.
La ejecución del Programa de acción sobre la política social 2000-2005 publicado por la Comisión también ayudará en la lucha contra la exclusión social. Se hará especial hincapié en el establecimiento de planes para ayudar a los desempleados de larga duración, así como a los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios. También habrá un apoyo nacional permanente a los programas locales de creación de empleo de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Asimismo, se intensificará la coordinación de los programas de actuación en el área de la Sociedad de la Información, los modernos servicios de las telecomunicaciones y las actividades relacionadas con Internet.
No queremos construir una Europa de dos categorías, o una Europa de los que tienen y los que no tienen. Es muy importante que se den oportunidades de educación y de formación a los que carecen de cualificación. Es igualmente importante dar la oportunidad de reciclarse a aquéllos que ya trabajan. La colaboración es la clave siempre y las consultas entre todas las partes interesadas son muy importantes si se desea resolver el problema de la exclusión social más pronto que tarde.

Lambert
Mi Grupo se alegra de apoyar el informe Figueiredo, y felicita a la ponente por su comprometido enfoque del tema.
Pensamos que el incremento propuesto de la financiación es esencial si queremos poder trabajar en serio en la lucha contra la exclusión social y la pobreza. Es evidente que el actual sistema económico no está proporcionando un nivel de vida adecuado a mucha gente de la UE y, antes de que arrastremos a los países candidatos en la misma dirección tenemos que saber qué podemos hacer que sea más eficaz para atender a las necesidades de las personas. Es evidente que tenemos un número considerable de trabajadores pobres y de personas que no podrán trabajar en absoluto, o trabajar a tiempo completo, y debemos ver qué se puede hacer para que tengan unos ingresos suficientes y otras oportunidades que les permitan participar en la sociedad. No podemos asumir que el trabajo es la única actividad que le convierte a uno en un ciudadano de bien.
Los jóvenes, los integrantes de minorías étnicas, las personas mayores, los discapacitados, los sin techo, los enfermos mentales y muchos otros se ven excluidos en nuestras sociedades de muy diversas maneras.
Por lo tanto, apoyamos el punto de vista de la ponente de que es necesario un órgano más amplio que evalúe el funcionamiento del programa de acción. Rechazamos la opinión de que sólo los gobiernos de los Estados miembros deben evaluar sus propias decisiones en cuanto a investigación y otras actividades. Ellos no son los pobres y los socialmente excluidos; por lo tanto, hay un hueco para que la sociedad civil intervenga en la evaluación para ayudar a garantizar que la Comisión y los Estados miembros vayan por el buen camino en sus planteamientos y para aumentar la transparencia.
Los diputados del Parlamento Europeo representamos a muchos de los pobres y de los socialmente excluidos y también contamos con una valiosa experiencia que podemos aportar a cualquier evaluación. Es esencial que se nos dé la oportunidad.
Informe Ferber (A5-0138/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, se trata de un proyecto de presupuesto rectificativo para los sistemas y la organización administrativa de la política europea de seguridad y defensa.
El general inglés White de la futura fuerza europea de intervención se encuentra con el capitán italiano Rossi. Ambos son mayores y jubilados de la futura fuerza europea. "¿Cómo estás?" pregunta el capitán. "Bien, ¿y tú?" responde el general. "No tanto" contesta el italiano. "¿Por qué?" "Porque mi pensión es baja" dice el capitán italiano. "No es posible," continua el inglés, "mi pensión, en cambio, es muy alta." "¿A cuánto sube? ¡Ah, es el triple de la mía! Pero, ¿cómo es posible que las pensiones de los generales que han servido en la fuerza de intervención europea sean tan diferentes? Nos tenemos que acordar de decirle al Sr. Fatuzzo que haga presente que sería oportuno que los sueldos y las pensiones del futuro ejército europeo sean iguales para todos".

Miranda
El proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario (PRS) nº 2/2001 presentado por el Consejo pretende a continuar y acelerar el desarrollo de la Política Europea de Seguridad Común y Defensa (PESCD) mediante la constitución de tres nuevas direcciones en la Secretaría General del Consejo, la contratación de 51 funcionarios, el pago de ayudas de gastos destinadas a expertos militares y la adquisición de equipos de telecomunicaciones y protección de datos. Se crean, así, las estructuras de gestión de la PESCD, con lo que se contribuye a acelerar el proceso de militarización de la Unión Europea, proceso que rechazamos y que por sí solo justifica el rechazo del presente PRS y del informe Ferber. Por lo demás, el Sr. Ferber no sólo no pone en entredicho ese proceso, sino que, además, "acoge favorablemente la decisión del Consejo de lanzar mediante este PRS una nueva política europea de defensa" y lamenta, además, que ésta no esté más integrada en el primer pilar.
Con todo, existen también cuestiones institucionales y técnicas que observar. Por un lado, al incluirse esos gastos operativos como gastos administrativos del Consejo, se está, por un lado, confundiendo la naturaleza de los gastos y, por otro, eliminando la posibilidad del control democrático de dichos gastos, en particular por parte del Parlamento, que, en la práctica, abdica, así, de su poder presupuestario. Pero, además de las cuestiones de democracia y transparencia, se aumenta la presión sobre el límite de gasto de la categoría 5 -gastos administrativos- en un momento en que se prepara la ampliación de la Unión Europea. La presente propuesta de rechazo, presentada por el Grupo de los Verdes, sólo aborda estas dos últimas cuestiones y acepta en lo esencial la posición del informe Ferber, al no exponer consideraciones sobre las cuestiones de fondo de la PESCD. Por eso, no podemos votar a favor de este rechazo.
Informe Schleicher (A5-0167/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, el Partido de los Pensionistas, que represento en este Pleno, ha votado a favor del estatuto y de la financiación de los partidos políticos europeos. Estoy convencido de que, como decía el Sr. Maaten en el informe que ha ilustrado cuando intervino en nombre del Grupo Liberal, Europa se construye también y sobre todo con los partidos políticos europeos. A mi modo de ver, sería oportuno que los partidos políticos europeos participasen en las elecciones nacionales, en lugar de que los partidos políticos nacionales participen en las elecciones europeas. Europa se construye empezando a construir unas sedes europeas para hacer política. Mientras tengamos partidos nacionales, no conseguiremos nunca una Europa. Por lo tanto, confío en que se elabore cuanto antes una lista para las elecciones europeas con, al menos, del 10% de nosotros, los electos a nivel europeo.

Ortuondo Larrea
Señora Presidenta, el Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales reconocen la importancia y necesidad de los partidos políticos a escala europea para favorecer la integración.
Sin embargo, considero que el requisito de disponer de representación en al menos cinco Estados miembros, es decir, en un 33% de los mismos, para poder obtener financiación, es exageradamente restrictivo y da la sensación de que se quieren cerrar las puertas a nuevas ideas y a nuevas formas de entender la política.
¿Qué pasaría si, dentro de un Estado, se exigiera obtener representaciones parlamentarias en el 33% de las circunscripciones para poder ser considerado como un partido implantado y con derecho a presencia y a medios y financiación públicos?
Lo primero, que muchos de los partidos de Estados federados y regiones no podrían acceder a los Parlamentos estatales y, con ello, tendríamos menos democracia, menos integración y menos Europa.
Lo mismo ocurre con los partidos europeos. Si queremos favorecer la integración y la formación de la más amplia conciencia y voluntad políticas, debemos disminuir esa limitación y permitir, ya desde ahora, que sea suficiente la representación en tres Estados miembros para ser considerado un partido europeo. Además, los pequeños de hoy pueden ser los grandes de mañana. No debemos cerrar las puertas al futuro.

Speroni
Con este voto los partidos grandes han pretendido arrear con el dinero de los contribuyentes para financiarse. En principio, no estamos en contra de una financiación pública de los partidos; sin embargo, somos contrarios a esta forma de discriminación basada en dos factores: los números y el territorio. De hecho, esta propuesta excluye los partidos que defienden las identidades territoriales, aunque sean consistentes. Un partido podría representar incluso el 80% en su país pero, si no tiene conexiones europeas, acaba por ser excluido. Esto significa que en Italia, por ejemplo, no deberían tener derecho a la financiación pública el Südtiroler Volkspartei o la Union Valdôtaine. Se trata de una propuesta profundamente injusta, y es por esto que hemos votado en contra.

Paasilinna
Señora Presidenta, le doy las gracias por la forma tan hábil y justa en que usted preside las sesiones. Intervengo para hablar del informe de la Sra. Schleicher relativo a la financiación de los partidos políticos europeos. La financiación propia propuesta en el informe es sólo del 25 por ciento y, por tanto, la subvención asciende al 75 por ciento, razón por la cual no he considerado necesarias las aportaciones de las empresas. ¡Y es que algo debe conseguirse también mediante la actividad propia, sin hablar de que también se recibe financiación de los afiliados! Por ello, yo voté en contra de las donaciones de las empresas. En todo caso, creo que el derroche de cantidades desproporcionadas ha empezado a distorsionar las elecciones, de lo que son un buen ejemplo las elecciones de Italia. Es posible que sigan distorsionándose otras elecciones también en el futuro y, por consiguiente, hay que encontrar un techo para el dinero usado en las campañas electorales.

Gollnisch
Señora Presidenta, con este informe Schleicher, entramos en la vía no ya de la corrupción, sino de la corrupción organizada.
Los grandes partidos, los partidos salientes, los partidos de la institución, van a reservarse el oligopolio, e incluso el monopolio de la financiación de sus campañas electorales y de su propaganda. Naturalmente, privarán de ello a los que no alcanzan el tamaño suficiente.
Pero algo que pocos oradores han puesto de relieve es que no bastará con ser un partido de base europea - lo cual ya es discutible, como ha indicado mi colega Speroni -; habrá que ser no solamente europeo, sino europeísta. Como dice la enmienda 2 sobre el considerando 2, habrá que respetar los derechos fundamentales de acuerdo con las disposiciones del Tratado y con las de la Carta de los Derechos Fundamentales.
¿Qué ocurriría con los que no estuviesen de acuerdo con los Tratados? ¿Qué ocurrirá con los que discrepen con la Carta de los Derechos Fundamentales? Esos serán los parias, los despreciables, los sarnosos. No tendrán financiación. Serán perseguidos. Como en Bélgica, se les pondrá bajo vigilancia policial. Serán llevados a los tribunales. Entramos en un sistema totalitario que hoy en día ya no existe más que detrás del telón de acero.

Berthu
. (FR) La propuesta de la Comisión encaminada a crear un estatuto y una financiación de los partidos políticos europeos, así como el informe Schleicher que la sustenta, carecen de cualquier fundamento legal, como ya expuse en el debate principal. La obstinación de los principales Grupos federalistas en continuar, a pesar de todo, con el proceso de adopción, da una idea real del respeto que se profesa a la ley en la Europa que están construyendo. Por otra parte, lo mismo cabría decir del gobierno francés, quien, en su nota del 9 de mayo, no ve ningún inconveniente en la aplicación del artículo 308 a un supuesto como ese.
En cuanto al fondo, el texto propuesto invierte el progreso lógico de una sociedad libre. A escala nacional, los partidos políticos son creados por los ciudadanos, irrigados por su participación, y sólo en una segunda fase, la ley puede eventualmente concederles una financiación pública. Con el nuevo texto, a escala europea, sucedería lo contrario: la financiación pública a través del presupuesto comunitario estaría orientada a hacer "emerger" partidos políticos europeos, actualmente inexistentes, o bien carentes de una consistencia real.
Pero la perversión no acaba aquí. En el futuro, estas creaciones artificiales serán invocadas para justificar la existencia de una supuesta "escena política europea" , que habrá sido a su vez creada como prueba del buen funcionamiento de una "democracia europea". Y esta "democracia europea" inventada prácticamente en su totalidad servirá, por su parte, para justificar las sustracciones de competencias a las democracias nacionales, que son las únicas verdaderamente reales. Esta máquina antidemocrática de saqueo a los pueblos funciona a pleno rendimiento, activada en este caso por el afán de enriquecimiento, dado que los ectoplasmas que hoy se denominan "partidos políticos europeos" , sostenidos por sus amigos del Parlamento Europeo, esperan con impaciencia el momento en que podrán alimentarse con fondos públicos.
A estas razones de fondo que motivan nuestra oposición vienen a sumarse muchos otros argumentos vinculados a la irregularidad del texto presentado, porque otorga un "estatuto" a partidos políticos que deberían permanecer libres, porque ha dado un sesgo a favor de los partidarios de la supranacionalidad, porque instituye una verdadera justicia política, porque impone discriminaciones indefendibles en detrimento de los partidos nacionales que actúan directamente a escala europea. Con textos como éste, se ve cuán inexistente es, en Francia, el control de la constitucionalidad de los actos de derecho comunitario derivado.

Blak, Lund y Thorning-Schmidt
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe de Ursula Schleicher sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos.
El Tratado contiene disposiciones sobre los partidos políticos. El objetivo más importante de este estatuto es crear transparencia sobre la financiación de los partidos políticos europeos. Las enmiendas del Parlamento Europeo suponen un endurecimiento considerable de la propuesta de la Comisión que respaldamos completamente. Un punto importante lo constituyen las exigencias planteadas en materia de representividad a los partidos europeos. Somos de la opinión de que las exigencias no deben ser tan duras que sólo sean los grandes partidos quienes cumplan las normas. Es importante reconocer que los partidos más pequeños, sobre todo a raíz de la ampliación, contribuyen también decisivamente a la democracia europea.

Bonde y Krarup
Hemos votado en contra del informe por dos razones fundamentales:
La primera razón atañe al contenido del informe. Favorecer a las agrupaciones políticas más grandes con respecto a las agrupaciones más pequeñas choca con los principios democráticos. La idea claramente es beneficiar económicamente a los grupos políticos más grandes del Parlamento Europeo sin que quede demostrado de ningún modo si éstos representan a la población de nuestros países mejor que los grupos más pequeños. La segunda razón atañe a la incertidumbre jurídica y a la falta de fundamento en los Tratados y al hecho absolutamente inaceptable de la nueva presentación de la propuesta por parte de la señora Presidenta aunque se aprobara rechazar su debate en virtud del artículo 143 del Reglamento.

Figueiredo
 - (PT) Sabido es que somos contrarios a la creación de "partidos políticos europeos" o de otras formas de organización con características supranacionales, dado que avanzar por este camino significa claramente un paso más hacia el fortalecimiento de la orientación federalista de la Unión Europea y anticipa previsibles medidas en ese sentido. Aunque esta iniciativa de los partidos europeos sea presentado como forma de superar la crítica del Tribunal de Cuentas a la financiación de Grupos políticos del Parlamento Europeo viene impuesta por las fuerzas dominantes en la Unión Europea sin que exista un apoyo real para la creación de tales "partidos europeos", dado que el Tratado de Niza ni siquiera ha sido ratificado por ninguno de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Por último, conviene mencionar también el desacuerdo de principio con innumerables aspectos incluidos en la actual propuesta, en particular en cuanto a los criterios para su formación y posibilidad de financiación.

Inglewood
Por toda Europa, la financiación de los partidos políticos está empañada por una sordidez que es negativa para los partidos democráticos. Por ello creo que la financiación europea de la actividad política de ámbito europeo, esté a favor o en contra de la Unión Europea, debe contemplarse seriamente, siempre que dicha actividad se mantenga dentro de los parámetros aceptados de los valores occidentales.
No obstante, tengo serias reservas sobre algunas de las propuestas pormenorizadas del informe, aparte de considerar que no cuenta con una base jurídica adecuada.

Korakas
. (EL) Cuando el Tratado de Niza, que prevé las modalidades de financiación de los partidos políticos europeos, no ha sido aún ratificado por los Estados miembros, y, por consiguiente, no ha entrado aún en vigor, el Consejo y la comisión parlamentaria correspondiente traen al Pleno, con no poca precipitación, un informe sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos. Pretexto para la precipitación es la supuesta preocupación de la UE por la creciente abstención en las elecciones. Este argumento no tiene sombra de verdad; cosa que, por otra parte, ponen de relieve tanto la gran participación en las recientes elecciones italianas, como todas las investigaciones al respecto, que hablan de decepción e indiferencia de los electores (a causa de la inconsecuencia entre palabras y hechos de los partidos burgueses) por las componendas de Bruselas y Estrasburgo. Esta distancia se hará aún mayor con la fundación de partidos europeos que mantendrá vínculos aún más relajados con sus votantes.
Con el atractivo de incentivos económicos especiales, se legislan normas, vinculantes en lo fundamental, para la fundación y funcionamiento de los Partidos Europeos. Estas rígidas normas se refieren, por una parte, a su estatuto, y, por otra, a la fuerza electoral que debe reunir un partido para ser considerado "europeo" y hacerse así acreedor a la financiación correspondiente. De tal suerte que "tiene que estar claro que el partido en cuestión se ocupa de temas europeos. No obstante, no puede obligarse naturalmente a un partido a defender una posición favorable a la integración" . Ese "defender" es bastante sospechoso. ¿Será admitido un partido que, como en el caso del Partido Comunista de Grecia, no es que no defienda una posición favorable, sino que "defiende" una concepción claramente contraria a la construcción europea? Más adelante se afirma que no puede ser considerado europeo un partido político que propugne la «intolerancia». O sea, ¿que la intolerancia propugnada frente al fascismo, y mucho más frente al enemigo de clase y frente a la explotación de la clase obrera, es condición excluyente?.
Por lo que respecta a la fuerza electoral, se proponeque un partido disponga de representantes electos europeos, regionales o nacionales en al menos cinco Estados miembros (o en un tercio de los estados miembros, o en un cuarto, de acuerdo con la votación de hoy), o haya obtenido en las últimas elecciones al Parlamento Europeo como mínimo un 5% de los votos en cinco Estados miembros de la Comunidad (o en un tercio, o en un cuarto). Se trata de una intervención directa en los sistemas electorales de cada uno de los países, con la introducción de porcentajes electorales muy altos, que en la práctica excluirán a las voces que se alzan en contra del llamado «ideal europeo», es decir, en contra de la naturaleza imperialista de la UE.
Finalmente, en nombre de la transparencia, se prevé la publicación de las fuentes de financiación. Y como, por otra parte, no se fija ningún límite, se puede suponer que se registrarán incluso los nombres de los afiliados y simpatizantes que cotizan a partido. El informe considera un logro en el ámbito de la transparencia la prohibición de donaciones de empresas públicas a un partido. ¡Estaría bueno que dijera lo contrario! El problema, sin embargo, lo constituyen las donaciones procedentes del poderoso sector privado, sobre el que se guarda el más absoluto silencio.
La proyectada creación obligatoria de partidos europeos constituye una descarada intervención en el sistema político de cada uno de los países. Se propone debilitar el papel de los partidos nacionales, y particularmente el de aquellos que se oponen a la Unión Europea. Los partidos son entidades que deben expresar la libre voluntad de sus miembros, tanto en lo que respecta a sus programas, como en lo que atañe a sus normas de funcionamiento. Con la creación, desde arriba, de los partidos políticos europeos se pretende que los pueblos acaben considerando irreversible, derrotero fatal e ineludible, la construcción imperialista de la Unión Europea; se pretende aislar y, si fuera posible, excluir del Parlamento Europeo a las voces contrarias; y se pretende, igualmente, alejar, aún más, a los trabajadores de los centros de poder en los que se adoptan decisiones que les afectan directamente.

Meijer
 - (NL) Los partidos deben crearse desde abajo, no desde arriba. Los partidos auténticos no nacen porque las estructuras estatales necesiten organizar una lucha entre rivales con motivo de las elecciones, sino porque existe un grupo de personas con ideas, intereses y actividades comunes. Ahora bien, los defensores de un Estado europeo de las naciones han descubierto que no hay opinión pública europea. Para colmar esta laguna pretenden introducir artificialmente, desde arriba, dirigentes y estructuras que deben intentar crear tal opinión. De momento, cuatro agrupaciones de partidos más o menos correligionarios de diferentes Estados miembros se han organizado como partido europeo. Dicho partido se financia en parte con dinero procedente de los grupos políticos comunes del Parlamento Europeo. A mi juicio, la propuesta es sobre todo un instrumento para legalizar este abuso. El hecho de que los partidos se beneficien del dinero del contribuyente y hayan de atenerse a una normativa impuesta por las autoridades refuerza la desconfianza de los ciudadanos hacia lo que ellos consideran una élite política. La creación de un partido europeo centralista puede poner en peligro, dentro de un marco político común, la participación de sus miembros, la democracia de partido y las prioridades de los diferentes Estados miembros. Aunque me congratule de que la presente propuesta no discrimine a los partidos por razón de su ideología y sus dimensiones y aunque prohiba las donaciones de empresas, voto en contra.

Miller
El Partido Socialista del Parlamento Europeo apoya la propuesta de establecer unas directrices claras y transparentes para el funcionamiento de los partidos políticos europeos y para regular sus finanzas.
Los partidos políticos europeos ya existen y obtienen fondos públicos a través de sus grupos políticos en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, es importante que regulemos esta cuestión. Las nuevas reglas harían que el sistema fuera más visible, más abierto, más transparente y, sobre todo, más justo.
La democracia exige que los partidos den posibilidades de elección al electorado y articulen las opiniones de los votantes. A nivel europeo, nos recuerdan que, en casi todos los ámbitos de actuación, nuestras diferencias de opinión no son entre Estados miembros, sino entre distintas filosofías y puntos de vista políticos que existen en todos los Estados miembros.

Sacrédeus
. (SV) He votado en contra del informe por las siguientes razones: falta un fundamento jurídico en el artículo 308 del Tratado que dé derecho al Parlamento Europeo para tramitar este asunto en este momento. Al exigir altas cifras para calificar a un partido como europeo, las normas tienen un efecto excluyente y discriminatorio desde un punto de vista democrático y financiero. En consecuencia, no promueven la justicia ni protegen a las minorías. Reconocer a las empresas el derecho a respaldar las finanzas de los partidos calificados como europeos, como en la política estadounidense, entraña riesgos evidentes.
Los parlamentos y los gobiernos de los 15 países miembros no ratificarán el Tratado de Niza antes de que termine el año 2001. Sólo entonces podrá tratarse en el Parlamento Europeo el tema de la financiación de los partidos políticos europeos. Resulta precipitado decidirlo hoy.
El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas discernirá si es posible invocar el artículo 308 como fundamento jurídico. Estoy convencido de que la decisión de hoy será declarada contraria al Tratado y, en consecuencia, anulada.
El artículo 308 dispone: " Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes" .
El Parlamento Europeo opina que para que una asociación de partidos tengan derecho a subvenciones de ámbito europeo que se financien con dinero de los contribuyentes, deberán contar al menos con el 5 por ciento de los votos en al menos una tercera parte de los Estados miembros o estar representados en el Parlamento Europeo y en algún parlamento nacional o regional en un tercio de los Estados miembros. La Comisión no quiere cifras relativas, sino que un número fijo de Estados miembros (cinco, independientemente del tamaño de la UE).
El umbral democrático del Parlamento Europeo se hace demasiado alto. Grandes grupos de ciudadanos, representados hoy en el Parlamento Europeo, pueden quedar excluidos de esta financiación que podrían recibir los partidos políticos del ámbito europeo.
La redacción del artículo 3 sobre el concepto de organizaciones políticas europeas y partidos nacionales denota de una visión del futuro que no comparto: "El partido o sus secciones en el ámbito nacional" .
De esta manera, el Parlamento Europeo ha relegado a los partidos políticos nacionales a ser futuras "secciones en el ámbito nacional" , un tipo de organizaciones periféricas de lo que se denominará partidos políticos europeos y que los contribuyentes de toda Europa tendrán que contribuir a financiar.
El Partido Cristianodemócrata de Suecia, presidido por Birger Ekstedt desde su fundación en 1964 y por Alf Svensson desde 1973, fundado por pioneros con gran espíritu de sacrificio, tenacidad y fe en el ideario humanista cristiano y en el esencial significado de la ética y de la familia para la sociedad, es algo más sustancial e importante para la democracia que lo que se describe como "una sección en el ámbito nacional" .

Souchet
. (FR) Los debates que ha generado el examen del informe Schleicher a lo largo de la presente sesión plenaria revelan desviaciones antidemocráticas particularmente preocupantes en el seno de las instituciones comunitarias, y muy en concreto en el seno de este Parlamento.
La democracia es, ante todo, respeto a la ley. Sin embargo, todo el mundo, incluso los que pretenden lo contrario, sabe perfectamente que este proyecto de financiación de partidos políticos europeos carece de base jurídica. El artículo 191, como ha puesto de relieve el Sr. Berthu, no puede fundamentar la puesta en práctica del artículo 308. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es sobre este punto de una claridad meridiana. No hay competencia comunitaria. Pero la mayoría de esta Asamblea, al igual que la Comisión, finge ignorarlo, porque el asunto es vital para los partidos y para la ideología federalistas. En realidad, lo que está en entredicho es efectivamente, por una parte, la alimentación financiera de un cierto número de grandes partidos en los que las cuotas de los afiliados ya no bastan para mantener vivas las burocracias, y que se ven muy estrechamente limitados por rigurosas disposiciones nacionales anti-corrupción, y, por otra parte, la creación de un nuevo instrumento de federalización forzosa que viene a limitar la libertad de elección de los pueblos.
La democracia es, además, transparencia. Sin embargo, es de temer que el sistema de financiación para partidos europeos supranacionales propuesto por la Comisión y el informe Schleicher constituyan un canal privilegiado de corrupción, y en particular de blanqueo de dinero negro, a partir del momento en que las donaciones de personas jurídicas son posibles sin limitación y las donaciones de personas físicas son aceptadas en un marco especialmente permisivo. Así, la financiación europea permitiría esquivar y contrarrestar los esfuerzos nacionales encaminados a moralizar y a dar transparencia a la financiación de los partidos políticos mediante una regulación muy estricta.
La democracia es igualmente respeto a la minoría. Sin embrago, la forma en que el debate sobre el informe Schleicher, tras haber sido declarado inadmisible por nuestra Asamblea, ha sido reinscrito a la fuerza esta mañana por una mayoría arrogante y escasamente preocupada por el respeto a la ley, así como las inquietantes palabras del Sr. Barón Crespo, calificando a la minoría de nuestro Parlamento de "comando" , son preocupantes hasta el extremo. Más le valdría a la mayoría de una Asamblea que se jacta de dar al mundo entero lecciones en materia de respeto al derecho de las minorías, empezar por respetar la que existe en su propio seno.

Van den Berg
Es importante que en una Europa democrática haya partidos europeos. De este modo, los ciudadanos pueden votar directamente por un partido. Las elecciones, así como las listas y cabezas de lista europeas, deben sentar las bases para la composición de la Comisión Europea.
La creación de partidos europeos serios requiere un fundamento jurídico adecuado. A este fin es fundamental que dispongamos de unos criterios de financiación transparentes, aparte de que debe estar garantizada la independencia de los políticos y de los partidos políticos. No nos vendemos. Es inconcebible que se acepten donaciones de empresas públicas o del mundo empresarial, por insignificantes que sean. Estamos al servicio del ciudadano que nos ha elegido.
Las empresas consideran Bruselas como un lugar atractivo para ejercer presión. Aunque los grupos de presión nos facilitan a menudo información útil, el conflicto de intereses entre el Parlamento Europeo y sectores como la industria farmacéutica -pensemos en los precios de los medicamentos destinados a combatir el sida- y la industria automovilística -el problema de la normativa en materia de medio ambiente- nos impide aceptar dinero suyo.
Dado que nos hallamos en la fase inicial de la construcción de los partidos europeos es conveniente que lo hagamos bien desde el principio, creando una única norma europea. Hago un llamamiento a los Verdes, los Liberales y los Demócrata-Cristianos para que respalden esta norma.
Informe Jové Peres (A5-0137/2001)

Fatuzzo
Ya es casi hora de comer, señora Presidenta. ¿No nota el perfume del aceite de oliva en la mozzarella napolitana, en el tomate del sur de Italia, con un trocito de parmesano y una buena copa de vino tinto o de cerveza? Es la dieta mediterránea que hace que los italianos vivan más y sean pensionistas durante muchos años, pese al dolor de las finanzas y de los ministros de Finanzas de los distintos Gobiernos. Señora Presidenta, ante esta imagen, ¿acaso podía votar en contra de una propuesta para incrementar la producción de aceite y regularla con el fin de que el aceite de oliva no falte nunca en Europa?

Blak, Lund y Thorning-Schmidt
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Parlamento relativo a la organización común de mercado del aceite de oliva. El informe no reconoce que ha existido un amplio fraude con el régimen de ayudas al olivo y se muestra contrario a la propuesta de la Comisión de introducir modificaciones en las ayudas. Actualmente la UE concede ayudas por tonelada de aceite de oliva. Esta forma de ayudas exige controlar la producción real. Este control no ha funcionado satisfactoriamente. Los Estados miembros han cumplido mal con su labor de control.
La Comisión propone a largo plazo introducir ayudas por olivo en lugar de tonelada de aceite de oliva. Esta forma de ayudas exige la introducción del llamado sistema de información geográfica que permite el control de las declaraciones de cultivo de los productores con la ayuda de fotografías aéreas. La Comisión propone prorrogar el sistema actual durante dos años hasta que esté listo este sistema. Respaldamos la propuesta de la Comisión y esperamos la reforma de todo el sector junto al resto de la política agraria bajo la Presidencia danesa dentro de dos años.

Korakas
. (EL) Las enmiendas propuestas por el ponente de la Comisión de Agricultura mejoran, sin duda, la propuesta de la Comisión; no consiguen, no obstante, liberarse de la lógica del reglamento, y no abordan las cuestiones fundamentales que preocupan hoy a los productores de aceite y al mercado del aceite de oliva; cuestiones como la supresión del mecanismo de intervención pública, la impunidad y la acción especulativa de los grupos industriales y comerciales y de las multinacionales, las bajas cuotas y las severas multas de corresponsabilidad, es decir, las desastrosas consecuencias del reglamento 1638/98, que condujeron al hundimiento del mercado del aceite de oliva, a que sus precios quedaran por los suelos y a que se volatilizaran los ingresos de los productores de aceite, que son en su conjunto pequeños y medianos campesinos de territorios áridos e insulares.
La Comisión hace la vista gorda a todos estos efectos consciente e interesadamente y ni siquiera se plantea como posibilidad el restablecimiento del mecanismo de intervención pública, de suerte que se garanticen unos ingresos mínimos a los productores; no tiene tampoco ninguna propuesta de aumento de las cuotas, de manera que pudiera cubrirse al menos la producción real. La Comisión, por el contrario, centra supuestamente su atención en la calidad del aceite, como si hasta hoy el producto más saludable, el mejor para la salud de los consumidores, fuera completamente inadecuado. El supuesto interés de la Comisión por la calidad del aceite de oliva es hipócrita y desorientador; puesto que mientras que parece interesarse por la calidad, permite la mezcla y comercialización del aceite con diferentes aceites de semillas; y es que con esta mezcla se venden grandes cantidades de aceites de semillas que no tienen punto de comparación desde el punto de vista dietético con el aceite de oliva. La razón muy sencilla: con esta mezcla los grupos industriales y comerciales y las multinacionales obtienen muchos más beneficios. Ilustrativo para todos de las inconfesables intenciones y de la hipocresía de la Comisión es también el planteamiento de la aplicación de medidas como el apoyo por árbol, con total indiferencia por las dramáticas consecuencias que esto tendrá tanto para los propios olivares como para la calidad del producto, e igualmente para el empleo y para la renta de los productores.
Y todo esto al mismo tiempo que la Comisión regula la legalización de la mezcla, es decir, de la adulteración del aceite de oliva; al mismo tiempo que la Comisión se propone prohibir la comercialización del aceite de oliva en envases de más de cinco litros, con el pretexto de evitar la adulteración; como si la adulteración no fuera posible en envases de menos de cinco litros. Está claro que esta medida no se dirige a la mejora de la calidad, sino a favorecer la monopolización del comercio y de la circulación del aceite de oliva por los grupos industriales y comerciales y las multinacionales.
Para terminar con la situación actual, tan desastrosa para los productores de aceite, se necesitan cambios en el estatuto de la OCM del aceite, y no unas pocas intervenciones parciales en aspectos secundarios. Desgraciadamente, la Comisión cuenta en sus inadmisibles actuaciones con la cobertura que le brinda la actitud cómplice del gobierno griego.
Informe Gebhardt (A5-0153/2001)

MacCormick
Señora Presidenta, algo deplorable en el documento al que responde el informe de la Sra. Gebhardt es que, como dije en la explicación de motivos, el Parlamento comentó en detalle la protección de los derechos individuales, que no aparecían en absoluto en el texto del Consejo. Me parece que cada paso que demos, justificadamente, en esta dirección, debe ser, al mismo tiempo, un paso que reconozca en grado máximo la protección de los derechos a una defensa y de los derechos de las personas acusadas de delitos en todas partes de la Unión. Esto no debe convertirse en una forma de alcanzar el menor factor común de protección. Lo que debe ocurrir es que siempre que haya personas implicadas en procesos penales éstas consigan el mayor grado de respeto de sus derechos de defensa.
Quiero comentar que la disposición sobre los representantes nacionales permite que haya sustitutos. Espero que el Reino Unido, al designar personas, tome nota de que hay dos sistemas distintos de justicia penal en el Reino Unido.

Fatuzzo
Señora Presidenta, ayer por la noche, en la fiesta del espárrago - en la que participé y por la que he dar las gracias al alcalde de Estrasburgo por habernos invitado y a usted, señora Presidenta por haber permitido y coordinado este importante acto de amistad anual - cené al lado de con un juez jubilado. Naturalmente, entre espárrago y espárrago, estuvimos charlando y no desaproveché la ocasión para pedirle su opinión sobre el significado de este informe de la Sra. Gebhardt, es decir, si era justo tener EUROJUST. Su respuesta fue inequívoca: "Es un texto importante. Europa ha de promover una justicia europea, una cooperación europea, a la espera del código europeo". He hecho caso de su sugerencia y, por tanto, he votado a favor.

Berthu
. (FR) La unidad de coordinación judicial Eurojust, tal y como es presentada hoy, fruto de una iniciativa de distintos Estados miembros, pretende asegurar una conexión eficaz entre las autoridades nacionales responsables de las diligencias penales en los asuntos de delincuencia transnacional. Esta coordinación excluye cualquier acto de autoridad frente a los Estados miembros y cualquier voluntad de integración de los sistemas judiciales nacionales. Se plantea como objetivo el mejor funcionamiento conjunto de los diferentes actores judiciales, y se inscribe en un marco claramente intergubernamental.
Aprobamos esta iniciativa, porque es la más realista: no sueña con una fusión general de los sistemas jurídicos nacionales - sueño imposible, que no hace más que retrasar las soluciones concretas -, sino que, por el contrario, se dedica a trabajar sobre la base de los sistemas judiciales existentes, eliminando los obstáculos técnicos susceptibles de entorpecer la fluidez de sus relaciones.
Por una vez, el informe del Parlamento parece secundar este realismo: no rechaza a priori esta iniciativa, como ha tenido tendencia a hacer en estos últimos tiempos, con el pretexto de que procede de los Estados, y no de la Comisión; no lanza sus habituales llamamientos a la creación de un fiscal europeo supranacional, de un "corpus juris" unificado, e incluso de tribunales penales federales; por tanto, parece que, por una vez, acepta la iniciativa intergubernamental por ser la más viable, y no podemos dejar de felicitarnos por ello.
Sin embargo, esta aparente moderación oculta varias trampas. En primer lugar, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo tienden a reforzar la centralización en torno a la unidad Eurojust, en concreto a través de la solicitud de supresión de los corresponsales nacionales, renegando así subrepticiamente de la idea de una "red" sobre la cual debería basarse el sistema. Y, sobre todo, estas enmiendas echan completamente por tierra el espíritu intergubernamental, al transformar las solicitudes de investigación o de diligencias expresadas por Eurojust en decisiones obligatorias para los Estados miembros, y al suprimir para éstos últimos cualquier margen de maniobra en la aplicación de los actos judiciales llevada a cabo en su territorio. Esta transformación subrepticia del texto original es, desde nuestro punto de vista, absolutamente inaceptable.

de Gaulle
Evidentemente, debemos subscribir una política de fortalecimiento de la lucha contra todas las formas de corrupción, tanto nacional como europea. Por lo demás, no cesamos de decirlo, con tanta mayor razón cuanto que los acuerdos de Schengen suprimieron los controles en las fronteras de los Estados miembros.
Todas esas graves cuestiones, que afectan al ejercicio mismo de la justicia, las libertades públicas, el orden público, han de corresponder por fuerza a la competencia de los Estados. Hay que recordar que la justicia es un derecho real, es decir, un derecho organizado por el poder público nacional.
No obstante, frente a la expansión de todas las formas de delincuencia organizada y transfronteriza, frente a la inseguridad y la violencia en aumento, una cooperación interestatal de las policías y los servicios judiciales de los Estados miembros es deseable.
Sólo, que, claro, so capa de esa cooperación, Europa intenta imponernos una comunitarización de nuestro sistema judicial y de nuestro orden público interno, en particular mediante la creación de un ministerio público europeo. El Consejo de Niza de diciembre de 2000, por considerar esta última medida peligrosa para el respeto de los derechos de las personas y de la democracia, rechazo -y con razón- la creación de un fiscal supranacional.
El Parlamento Europeo desprecia una vez más los sentimientos profundos de los Estados miembros. En efecto, siguiendo una vieja costumbre, consistente en volver a meter disfrazado por la ventana lo que ha salido por la puerta, intenta, con la ayuda de la Sra. Guigou, entonces ministra francesa de Justicia, hacer de Eurojust un embrión de ministerio público europeo. Así, un único ministerio fiscal, independiente de los Estados miembros, podría, a su arbitrio, decidir detener, procesar o extraditar a justiciables, sin recurso posible ante las autoridades judiciales de los Estados interesados. ¿Un avance en la seguridad común? No, más bien un nuevo paso hacia la confusión de las competencias.
Situación en el Oriente Medio (B5-0344/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, éste es un asunto muy serio e importante. Como usted sabe, el Partido de los Pensionistas, al igual que todos los partidos, está a favor de la paz y se da cuenta de las dificultades para conseguir esta paz en Oriente Próximo. Sabe que en todo el mundo hay divisiones entre grupos de personas por su raza, su etnia, su origen, así como por el lugar donde viven hace muchos años. El Partido de los Pensionistas considera que estos no deben ser los motivos que nos llevan a actuar. En esta vida debemos luchar para estar todos - todos los ciudadanos del mundo - mejor que lo que estamos ahora: debemos dividirnos respecto a cómo conseguir este resultado, pero no respecto a las divisiones étnicas que pueden existir pero que no deben llevar a las guerras.

Alyssandrakis
por escrito. (EL) Los dramáticos acontecimientos de los últimos meses en Palestina, la heroica Intifada del pueblo palestino, la bárbara represión israelí han obligado al Parlamento Europeo a adoptar una resolución en la que se pone de relieve la responsabilidad del Estado de Israel.
La resolución común, tal y como finalmente ha quedado redactada, reconoce la insoportable situación a la que se ha conducido en los territorios ocupados a la población palestina, que es víctima de un inadmisible e injusto castigo colectivo. Condena las ilegales incursiones del ejército israelí, las ejecuciones sumarias, el completo bloqueo de los territorios ocupados y la expansión de los asentamientos. Menciona especialmente la práctica israelí de presentar productos elaborados en los asentamientos de colonos en los territorios ocupados como productos de Israel, de modo que obtengan todos los beneficios comunitarios, y pide que se tomen medidas al respecto. Considera que el desproporcionado uso de la violencia por el ejército israelí y el castigo colectivo no se compadecen con los principios del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Pide la congelación de toda expansión de los asentamientos, incluido el crecimiento vegetativo de la población de colonos, insta a los Estados miembros a proponer al Consejo de Seguridad de la ONU el envío de observadores, y manifiesta su posición a favor de la creación de un estado palestino
No obstante, la resolución incluye considerables elementos de la política de la equidistancia, que iguala a víctimas y verdugos, habla de atentados terroristas palestinos, dirige un llamamiento urgente a todas las partes implicadas a poner fin a la violencia e insta a la Autoridad palestina a hacer todos los esfuerzos para luchar contra el terrorismo, poner coto a las prácticas violentas y controlar a los terroristas.
A pesar de estos aspectos negativos, los diputados del Partido Comunista de Grecia -junto con el 57% de los diputados presentes- hemos mostrado nuestro apoyo a la resolución porque, por primera vez en una resolución del Parlamento Europeo, se ponen de relieve las responsabilidades y se condenan las prácticas de Israel.

Figueiredo
Palestina vive una situación gravísima debida a la ocupación de su patria por Israel y a la brutal represión del ejército israelí sobre su pueblo. Tan sólo desde el 29 de septiembre de 2000, fecha de la provocación de Ariel Sharon en la Explanada de las Mezquitas, el ejército de ocupación israelí ha hecho centenares de muertos, en su mayoría niños y adolescentes, ha herido a decenas de miles y ha detenido a centenares de palestinos que luchan por la materialización del derecho a tener un Estado. En esa escalada de agresión, Israel destruye viviendas palestinas, continúa con su política de ocupación y construcción ilegal de colonias, limita la libre circulación de las poblaciones palestinas, bombardea, impone bloqueos, no cumple compromisos financieros ni acuerdos firmados, asesina selectivamente, realza incursiones en los territorios bajo administración de la Autoridad Palestina y ataca a fuerzas sirias en el Líbano, lo que merece la más viva condena.
Como se sabe, Israel ocupa territorios palestinos desde 1947. Desde 1967 ocupa Gaza y Cisjordania y obliga a millones de palestinos a vivir fuera de su patria, situación condenada por las Naciones Unidas y que sólo se mantiene con el apoyo de los EE.UU. y, al menos, con la connivencia de la UE. La paz sólo será posible con la plena aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas y el fin de la agresión israelí, lo que requiere que se apoyen todas las iniciativas serias para que el pueblo palestino conquiste su Estado independiente y soberano.

Gahrton
. (SV) ¡Ha llegado la hora de sancionar a Israel, Anna Lindh!
En la edición de hoy del periódico francés Libèration (16 de mayo de 2001) afirma una de las personas más pacifistas de Israel, el escritor David Gossman, que si no se cree en los milagros y quieren evitarse las catástrofes hay sólo una manera de cambiar la situación en Oriente Medio, esto es, mediante "presiones internacionales" . Señala también que Israel, el ocupante, es el principal responsable y, en consecuencia, el que más necesita las presiones externas. Puesto que EE.UU. nunca hace nada que no guste a Israel, nos encontramos frente a un importante papel internacional que busca a alguien que lo represente. La UE desde hace mucho tiempo respalda a la Autoridad Palestina y ha sido el principal donante de ayudas económicas y administrativas. Algunos políticos europeos se han quejado porque la Unión no desempeña un papel político de igual entidad. ¿Por qué no aceptar el desafío y hacer lo que EE.UU. no quiere hacer, lo que los palestinos y los pacifistas israelíes están pidiendo, es decir, presionar a Israel?
Existen fundamentos jurídicos para imponer sanciones a Israel, habida cuenta de los incumplimientos del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, demostrados por la Comisión con productos provenientes de asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados, que se venden en la UE, y en los que se señala que el país de origen es "Israel" .
Si es verdad que la nueva fuerza de intervención de la UE no tiene por objeto proteger los intereses de la UE como superpotencia sino que, como acostumbra a decir Anna Lindh, solamente "amañar la paz" en el mundo, ¿por qué no se propone que se le destine a Oriente Medio, a la única frontera legal entre Israel y Palestina, es decir, la de 1967?
Desgraciadamente, nada de esto dijo Anna Lindh hoy cuando presentó la política de la UE para Oriente Medio ante el Parlamento Europeo. Dijo muchas palabras, pero nada concreto, nada que pueda poner fin a las matanzas ni a la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel. Esto es mucho más trágico al haberse silenciado la voz de Suecia en favor de Palestina. Anna Lindh no continúa la labor de Sten Andersson, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, sino que lo hace Mogens Lycketoft, su colega danés, quien actualmente habla con claridad sobre los atropellos de Israel a los derechos humanos y al derecho internacional. Parece que Anna Lindh, en su calidad de Presidenta en ejercicio de la UE y de Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, ha capitulado ante las fuerzas que no se atreven a enfrentarse a Israel y a EE.UU. Es lamentable.

Muscardini
. (IT) Es la violencia extremista y terrorista que detiene el proceso de paz. Son los atentados que provocan reacciones por parte del Estado de Israel que en algunas ocasiones responde con actos que quizás sean desproporcionados a los ataques y a los atentados a traición. Sin embargo, donde impera la violencia es difícil clasificarla según una escala de valores y condenar sólo a quien la utiliza para defenderse. Me molesta aprobar la resolución llamada de compromiso. Encuentro demasiadas condenas para Israel. No es una resolución que expresa imparcialidad respecto a las partes en conflicto. Se trata de un texto que apoya las razones de una sola de las partes y que olvida la buena voluntad mostrada en más de una ocasión por los dirigentes israelíes. Por otra parte, es fácil comprobar que cada vez que se ha reanudado el proceso de paz, los ultras del terrorismo han actuado. Y nunca Europa se ha manifestado en dichas ocasiones. El "principio de reciprocidad" que fue objeto de acuerdo en Oslo en 1993 se ha de salvaguardar. El diálogo, la comprensión mutua, la condena de la violencia son los elementos que caracterizan una acción que favorezca la reanudación del proceso. Europa, y nuestra Institución en primer lugar, no debe cumplir la función de juez, sino de interlocutor creíble y autorizado si quiere contribuir al proceso de paz eficazmente.
La confianza y el respeto a las legítimas aspiraciones de cada parte en conflicto debería mostrarse de manera equilibrada en el texto que nos ocupa, sin embargo, en él no encuentro el equilibrio que deseo.
Estado del diálogo transatlántico (B5-0342/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, al igual que muchos diputados europeos, estimo que los ciudadanos de la otra orilla del Atlántico, de América, a los ciudadanos de todas las Américas, son nuestros amigos y mis amigos. Yo mismo, como usted sabe, he pisado muchas veces el suelo de Estados Unidos, aunque sólo los sábados, cuando bajaba del crucero Oceanic, en el que estaba embarcado como miembro de la tripulación. He podido comprobar la cordialidad, el entusiasmo, el ingenio, la inteligencia de los ciudadanos norteamericanos. Por lo tanto, espero que esta cooperación continúe y que continúe también entre los pensionistas norteamericanos y los pensionistas europeos para encontrar la manera de vivir mejor.

Figueiredo
El programa transatlántico revela el interés especial que existe en una concertación de fondo entre los EE.UU. y la Unión Europea respecto de las grandes cuestiones económicas mundiales, como resulta particularmente evidente en relación con las políticas monetaristas y neoliberales, de centralización y concentración de la riqueza y la explotación de los trabajadores y los pueblos, con lo que se preocupan más de las cuestiones que interesan a los grupos económicos y a las multinacionales y dejan de lado las cuestiones sociales, incluidos el medio ambiente, la salud y la educación, el desarrollo y la diversidad cultural.
Idéntica situación se da en relación con las llamadas cuestiones de seguridad y defensa y la política de injerencia en los asuntos internos de los pueblos, de la que la cooperación en la OTAN y la adopción de la nueva concepción estratégica son ejemplo, como, por lo demás, resultó bastante evidente en la guerra contra Yugoslavia. Ahora bien, actualmente las pretensiones del imperialismo norteamericano de hegemonía y dominio mundial, de construcción de un "nuevo orden" a la medida de los intereses de los EE.UU., desmantelando el orden jurídico e institucional resultante de la segunda guerra mundial, enfrentándose a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional y rechazando protocolos como el de Kyoto, adoptando un carácter más agresivo con la nueva administración Bush, agrava la situación en el plano mundial. Así, pues, en ese marco apoyamos la resolución que nuestra Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica subscribió sobre el estado del diálogo transatlántico y nos oponemos a lo demás.
Informe Cercas (A5-0147/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, respecto a este texto sobre las pensiones seguras y viables, no podía dejar de formular una explicación de voto. He votado a favor; no obstante, quisiera llamar la atención de todas sus Señorías sobre el hecho de que el Partido de los Pensionistas pide la pensión europea. El problema de las pensiones podrá resolverse sólo cuando la Unión Europea será competente para tomar decisiones sobre las pensiones. El Partido de los Pensionistas pide que la seguridad social que se financia con una parte de nuestro sueldo, con una parte de las cotizaciones de los trabajadores, sea voluntaria y no obligatoria. Los Estados miembros han demostrado que no saben administrar nuestro dinero. En consecuencia, debemos poder administrar nuestros sueldos para tener derecho a nuestra pensión, con total libertad y sin tener que entregar dinero a los Estados.

Blokland
 - (NL) El informe Cercas no ha merecido nuestro apoyo por las siguientes razones. En primer lugar, el informe convierte la seguridad social en un asunto comunitario desde el punto de vista del desarrollo y aplicación de las medidas de acción.
En este contexto el informe impone una visión muy concreta: la búsqueda de convergencia social. El resultado es que los Estados miembros no disponen del suficiente margen de maniobra para elaborar su propia solución. La diversidad de sistemas requiere, no obstante, que cada Estado miembro maneje un enfoque hecho a su medida. Muchos Estados miembros grandes aún deben reestructurar su régimen de pensiones de cara al progresivo envejecimiento de la población.
Los aspectos supranacionales están relacionados con condiciones tan esenciales como las consecuencias presupuestarias o la exigencia de que el hecho de contribuir para una pensión en un Estado miembro determinado no sea impedimento para moverse a otro Estado miembro. Con esto tenemos bastante.
Si las reformas deben ir acompañadas de esfuerzos de coordinación a fin de crear una seguridad social europea plantearán numerosos problemas. Ello impedirá que lleguemos a una solución eficaz. A esto se añade que la ampliación absorbe una parte considerable de los de por sí escasos recursos.
Por todo lo anterior, debo concluir que el informe no es realista. De este modo, las pensiones se vuelven inseguras, inviables y prohibitivas. Obviamente, nadie está dispuesto a dar marcha atrás, de forma que el sistema dotado del mayor número de facilidades acabaría tomándose como punto de partida.
El documento de la Comisión Europea, al contrario, ofrece un claro análisis de los problemas. Parte de un planteamiento mucho más eficaz. Por tanto, el informe no supone ninguna mejora con respecto al documento de la Comisión.
Por eso, nos hemos decidido a no respaldar el presente informe, ya que redunda en perjuicio del loable enfoque de la comunicación de la Comisión.

Brie
. (DE) Consideramos con toda seriedad los problemas presentes y futuros de la política de pensiones y los cambios sociales. La comunicación de la Comisión y el informe del colega Cercas recogen, indudablemente, algunos puntos importantes y positivos. Se refieren, en mi opinión, a las demandas de seguridad social para las mujeres. Sin embargo, con respecto al problema básico de la defensa y renovación de un sistema de seguridad social solidario, se percibe una discordancia fundamental con las posiciones de nuestro Grupo.
En consecuencia, no podemos aprobar el informe.
El acento general en una orientación solidaria se ve desvirtuado de forma manifiesta por las propuestas concretas. La mayoría del Parlamento Europeo apoya plenamente el abandono de un seguro de pensiones obligatorio y solidario y el paso al modelo de tres pilares del sistema de pensiones. El informe no desarrolla alternativa alguna al marco antisocial de la "reforma de las pensiones" que los acuerdos adoptados en las cumbres de Lisboa y Estocolmo han perfilado. En particular, me parece trágico que la socialdemocracia europea rompa de forma drástica con toda su tradición histórica al aceptar la privatización parcial del seguro de jubilación, expresión de solidaridad. Durante más de 100 años la socialdemocracia ha luchado por el proyecto de un estado social redistributivo y solidario, y ahora está en primera línea dispuesta a echarlo abajo.
Los argumentos de carácter demográfico empleados en este punto, relativos al envejecimiento excesivo de las sociedades europeas, no son convincentes. Ni siquiera se examinan, por ejemplo, la viabilidad de la inclusión de todo tipo de ingresos para la financiación del sistema de pensiones, tal como se hace en el sistema de pensiones suizo.
"Trabaja más años, ahorra más, vive más modestamente" es el lema de la "reforma del sistema de pensiones" ; la Comisión y el Grupo de Alto Nivel "Protección Social" exigen una nueva normativa, para retrasar la edad de jubilación. En el futuro, el seguro de jubilación obligatorio ya no tendrá que asegurar durante la jubilación el nivel de vida alcanzado, sino simplemente permitir una "pensión básica" .
Es posible mantener un sistema de pensiones solidario en las condiciones actuales y futuras si el criterio orientativo de la política es la justicia social y no el interés exclusivo de los bancos, los fondos de inversión y las compañías de seguros. Por ello, no vemos ninguna razón por la que apoyar el cambio estratégico pretendido.

Crowley
Muchos de los niños que nacen hoy en día vivirán hasta los ciento veinte años de edad o más. Esto es consecuencia de las averiguaciones que han transmitido las comunidades científicas, tanto en América como en la Unión Europea. Es un hecho incuestionable: la gente vive más. Lleva una vida más saludable. Sabe qué alimentos debe comer en un esfuerzo por favorecer una vida saludable y, en resumidas cuentas, vive durante más tiempo.
Muchas personas se jubilan a los cincuenta y cinco y el hecho es que los gobiernos de la UE deberán tener estructuras establecidas para garantizar que se puedan pagar las futuras pensiones a los funcionarios públicos. Igualmente, los que trabajan en el sector privado tendrán que considerar más cuidadosamente sus planes de pensiones.
He recibido con agrado un estudio reciente realizado por Merril Lynch, un banco líder de EEUU, en el que se afirma que Irlanda encabeza la liga europea para salvaguardar el pago de las futuras pensiones. En la actualidad, el uno por ciento de nuestro PIB se reserva anualmente en lo que se conoce como "Fondo Nacional de Reserva para las Pensiones" , a fin de que éstas se puedan pagar a nuestros funcionarios públicos después del año 2025. Ahora estamos ingresando anualmente a este fondo entre 600 y 700 millones de libras.
También creo que es importante que no sólo promovamos buenos programas de ahorro en nuestro país, sino que también procuremos que la gente se haga un plan de pensiones cuando es joven. Soy consciente de que los líderes de la UE debatieron este asunto cuando se reunieron recientemente en Estocolmo. A todos los gobiernos de la Unión Europea les incumbe promover legislación que, en primer lugar, pueda garantizar el pago de las pensiones a los funcionarios públicos en el futuro, y en segundo lugar, fomente buenos programas de pensiones para el sector privado. Si ello supone ofrecer más exenciones fiscales a los particulares para animarles a que suscriban planes de pensiones en el sector privado, adelante.

Figueiredo
Este informe aborda un problema de la mayor importancia para el bienestar futuro de los trabajadores de la Unión Europea, a quienes se debe garantizar regímenes de pensiones seguros y sostenibles a largo plazo. Ahora bien, como es sabido, no han faltado las visiones catastrofistas sobre el futuro de la protección social, basadas en el envejecimiento de la población y la prolongación de la esperanza de vida. Y, aunque el informe no se distancia suficientemente de las posiciones más negativas de la Comisión, en particular cuando se refiere a la necesidad de una mayor flexibilidad de los regímenes de pensiones, destaca la importancia del aumento del empleo y de los sistemas públicos basados en la solidaridad entre generaciones y el justo equilibrio entre la proporcionalidad de las cotizaciones y las prestaciones, por un lado, y, por otro, el principio de solidaridad, en el sentido de evitar la pobreza y la exclusión social. Asimismo, recoge la recomendación de 1992 relativa a la renta mínima garantizada que deben asegurar los regímenes de protección social para defender iniciativas que propicien su materialización. Ahora bien, el informe se queda muy acá de lo que es necesario poner en práctica en materia de políticas económico-sociales que garanticen efectivamente regímenes públicos convenientemente sólidos y pensiones dignas. A eso se debe nuestra abstención.

Lang
Así, pues, ¡ya estamos! Pese a las tomas de posición hipócritas, el mantenimiento de nuestros sistemas de jubilación por reparto es la menor de las preocupaciones de sus Señorías. Si bien estamos de acuerdo en que el desafío demográfico vital que afronta hoy Europa en conjunto es un asunto de importancia vital para nuestras naciones, lo menos que podemos decir es que desaprobamos las seudosoluciones que sus Señorías proponen y el informe en el que figuran.
El ponente ha logrado ahogar al pez mediante 31 párrafos alambicados. En ningún momento se habla de fomentar la natalidad en Europa, de promover políticas auténticas en favor de la familia. Sólo se habla de gestionar del mejor modo posible el desplome demográfico y el envejecimiento de nuestros países, haciendo de paso un favor a las finanzas mundiales al autorizar los fondos de pensiones. Después de sus Señorías, el diluvio, con tal de que en el período que nos separa de la substitución de los europeos por poblaciones inmigradas se mantenga un mínimo de "solidaridad" (¡sic!) intergeneracional haciendo trabajar a las mujeres y a los jubilados, fomentando la fractura social mediante el desarrollo de los seguros privados, promoviendo una uniformización (en la novlengua del ponente, una cooperación abierta) en materia de jubilaciones.
A excepción de algunos párrafos, todo en este informe requiere una reacción que oscila entre la cólera por la sumisión de sus Señorías ante lo que consideran una fatalidad y la repugnancia ante las soluciones financieras y mercantiles que sus Señorías propugnan para resolver semejante desafío.
Pero así demuestran sus Señorías de forma patente que la nación es sin lugar a dudas el único marco viable y fiable para organizar la solidaridad y la protección social.

Lulling
. (DE) Agradezco profundamente que el Parlamento Europeo, en su resolución sobre pensiones seguras y viables, haya incorporado una serie de reflexiones y exigencias que afectan en particular a las mujeres y por las que abogo desde hace bastantes años aquí y en Luxemburgo.
No cabe duda de que en los debates celebrados desde 1975 sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres en la Seguridad Social se ha puesto de manifiesto cuán útil y decisivo ha sido el apoyo prestado por la Unión Europea en el marco de su política de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con el objeto de acabar con la discriminación de las mujeres en el seguro de jubilación.
Espero que nuestras propuestas sean estudiadas a fondo por los Gobiernos, que se hallan ante el desafío de garantizar pensiones que aseguren un nivel de vida digno, y que propicien la colaboración a nivel europeo en materia de pensiones.
Uno de los objetivos del Proceso de Lisboa es aumentar la tasa de actividad profesional retribuida de las mujeres residentes. Cuando se lamenta la baja tasa de actividad retribuida de las mujeres -también en mi país-, muchos olvidan que hay millones de trabajadoras invisibles en los 15 países de la UE, en particular las esposas que colaboran en las empresas familiares y no aparecen en las estadísticas de población activa. En este Parlamento venimos exigiendo desde hace bastantes años una normativa marco europea para los cónyuges que colaboran en las empresas familiares, con el objetivo en particular de garantizar la afiliación obligatoria de las mismas a los regímenes de pensiónes.
Quiero resaltar aquí una vez más nuestra exigencia de que se garanticen los derechos de las mujeres a una pensión de viudedad, en particular de las pertenecientes a generaciones que no accedieron al empleo y que trabajaron exclusivamente para la familia. A mi juicio, las mujeres deben poder obtener en una mayor medida sus propios derechos individuales a una pensión complementaria. No obstante, ello implica que a los cónyuges que deciden interrumpir o poner fin su actividad profesional remunerada con el objeto de cuidar a miembros de la familia se les garantice la continuidad en sus derechos de pensión, en particular en los años siguientes al nacimiento y de educación de los hijos, mediante el derecho a seguir abonando sus cotizaciones.

Meijer
 - (NL) Después de haber dejado de ser productivas las personas continúan viviendo durante mucho tiempo dependiendo de la salud y los cuidados sanitarios, el alojamiento, la alimentación, las condiciones laborales y los medios de subsistencia. Ahora que el trabajo amenaza con convertirse en una especie de deporte de élite la gente acaba agotada a una edad más temprana y necesita cada vez más que la edad de jubilación se adelante. A esto se añade que como consecuencia del predominio de las familias poco numerosas los representantes de las generaciones mayores superan a los de las generaciones más jóvenes, de modo que en el futuro habrá menos personas en activo por cada jubilado. En las últimas décadas la mayoría de los gobiernos y empresarios ha dado una respuesta errónea a este problema. Pretendían reducir el número de personas con derecho a pensión suprimiendo las pensiones de viudedad y concediendo la pensión de vejez a partir de una edad más avanzada. Con ello esperaban contribuir a la disminución de los impuestos y las primas de pensión. Entretanto ha quedado de manifiesto que el recorte de los derechos a pensión produce pobreza en el futuro. La única forma de prevenir esta pobreza consiste en un aumento rápido y repentino de los gastos públicos. La verdadera solución está, por tanto, en empezar a ahorrar con tiempo para que todo el mundo tenga derecho a una pensión a los 60 años y mejorar las pensiones de invalidez laboral a partir de una edad menos avanzada. Aunque el presente informe continúe siendo insuficiente va por buen camino.

Patakis
. (EL) Sólo a modo eufemismo se le podría poner al informe que examinamos el título "pensiones seguras y viables" , puesto que tanto por el espíritu como por la letra queda patente su preocupación por las empresas y los patronos; queda claro que impulsa, de la manera más consecuente para los intereses del capital, el drástico desmantelamiento de los sistemas de protección social y de pensiones.
En nombre del "desafío demográfico que supone el envejecimiento de la población" , que "prolonga el período de jubilación, lo que constituye un factor negativo en la actividad económica" se impulsa paso a paso la materialización de los acuerdos de la Cumbre de Estocolmo de intervención radical en los sistemas de protección social y de pensiones. Empleo parcial, supresión de la jubilación anticipada, prestaciones proporcionales a las contribuciones, duros recortes de las prestaciones, prolongación del período de vida profesional o de los años de contribución exigidos para la jubilación completa, progresiva desaparición de las obligaciones del estado con respecto a la protección social, estímulo de las opciones privadas en el ámbito de la asistencia y la previsión.
El catálogo de duras medidas antipopulares es interminable y puede no convencernos a propósito de lo de «pensiones seguras y viables», pero corresponde perfectamente a la otra sección del título del informe: «Evolución futura de la protección social desde una perspectiva a largo plazo». Desangramiento de la fuerza de trabajo, inseguridad, costosa asistencia privada, comercialización del sistema de pensiones, pobreza y exclusión social. Todo esto es lo que se proyecta para los trabajadores, y es que los sistemas de protección social se sacrifican en el altar de la competitividad del capital, al que se le reserva mayor pujanza, total impunidad y enormes ganancias.
La disolución del sistema de protección, combinado con las modificaciones del tiempo de trabajo, a criterio de los intereses patronales, es decir con el empleo a tiempo parcial y con las regulaciones laborales "flexibilizadoras" , constituye la espeluznante materialización de lo que en Estocolmo, con total cinismo se denominó "reducción de los signos de colapso del mercado de trabajo" , es decir la creación de un ejército de personas empleables, sin derechos, sin exigencias, adaptado a la lógica ganancial y competitiva del capital y sus intereses.
La reacción unitaria de los trabajadores griegos y del pueblo griego en su conjunto contra el desmantelamiento del sistema de protección social, las combativas y masivas movilizaciones que se producen, incluso ahora, en este momento en que estamos hablando, constituyen la respuesta más sonora y categórica a las clases dominantes: ¡están haciendo sus sucias cuentas sin contar con los huéspedes! Los trabajadores griegos dicen el primer «no», un no atronador y sin vacilaciones, a la pobreza y la inseguridad que se reserva para ellos. Estamos seguros de que la respuesta de todos los trabajadores europeos será la misma. Nos tendrán a su lado. Siembran ustedes vientos contra el pueblo, y recogerán tempestades obreras y populares. Lo que se traen entre manos, en cualquier caso, ¡no pasará! Pueden estar seguros.
Informe Buitenweg (A5-0166/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, antes de marchar a Estrasburgo desde el aeropuerto de Bérgamo, me siguieron y saludaron algunos pensionistas. Uno de ellos, no se fió de mí y me siguió con el avión para ver y escuchar cómo votaría en este período parcial de sesiones. Es aquel señor con la chaqueta roja que se ve entre el público y si no lo ven es porque los pensionistas sólo se ven entre ellos. Quiero asegurarle que también he votado a favor del presupuesto del Parlamento Europeo para el año 2002, aunque considero que una parte de esta financiación debería servir para ver nuestro hemiciclo en toda Europa a través de la televisión. Creo que debemos financiar la emisión en directo de las sesiones del Parlamento Europeo, con todas sus vicisitudes pero dando buena cuenta de su importancia.

La Presidenta
Gracias, señor Fatuzzo. ¡Que le aproveche a usted también!
(La sesión, suspendida a las 13.30 horas, se reanuda a las 15 horas)

DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.

Situación en Argelia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0350/2001 del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Argelia ;
B5-0361/2001 del Sr. Swoboda y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Argelia;
B5-0366/2001 de la Sra. Flautre y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Argelia;
B5-0368/2001 de la Sra. Ferrer y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Argelia;
B5-0373/2001 del Sr. Malmström y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Argelia;
B5-0384/2001 de la Sra. Boudjenah y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Argelia;
B5-0394/2001 de la Sra. Caullery, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Argelia;

Belder
Señor Presidente, como antiguo periodista la libertad y también la responsabilidad ética de los medios de comunicación significan mucho para mí. Los islamistas y las autoridades estatales se empeñan en apagar la llama de la libertad de prensa en Argelia. Aún continúa viva, a pesar de los numerosos asesinatos y detenciones de periodistas argelinos independientes. Sin embargo, el endurecimiento del párrafo del Código Penal sobre la difamación debe considerarse como un nuevo intento del Gobierno argelino para apagar la débil llama. Permite encarcelar a los periodistas argelinos con más celeridad y por más tiempo.
La resistencia oficial que encontró el editor de periódico Omar Belhouchet los últimos meses ante la importación de una nueva imprenta procedente de Alemania demuestra hasta qué punto peligra la libertad de prensa en Argelia. Las declaraciones del editor hablan por sí mismas: "Para Argelia la máquina es una revolución tecnológica, pero sobre todo política. Por fin, la imprenta estatal ya no puede impedir la publicación de nuestro periódico. Hemos arrebatado una parcela de poder a los dirigentes del país."
¿Cómo? Negándose a tolerar el desdén del régimen actual hacia el ciudadano y sus derechos, haciendo frente a la arbitrariedad de los dignatarios políticos, la policía y la justicia, que actúan en favor de los clanes dominantes. Los argelinos resumen esta abominable postura de las autoridades públicas en una única palabra: "hogra". En opinión de las mentes argelinas críticas fue precisamente esta "hogra" la que hizo caer a los jóvenes en las redes del terrorismo islamista. Dicho de otro modo, "hogra" es la palabra clave del actual drama argelino.
Como antídoto social saludable los medios de comunicación argelinos independientes -nacionalmente conocidos con el nombre de "incorruptibles" merecen el respaldo de las instituciones europeas. En la medida de lo posible éstas deben proporcionar el necesario oxígeno a la llama piloto de la libertad de prensa argelina, en primer lugar en la mesa de negociaciones a la que también están sentadas las autoridades argelinas. A fin de cuentas, en Argelia los medios de comunicación independientes son los únicos en poner sobre la mesa las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos. ¿Acaso necesita este país devastado por la violencia algo más urgente que un debate político público y transparente?

Obiols i Germà
Señor Presidente, desde diciembre de 1991, Argelia vive una situación de violencia permanente. Según las cifras oficiales son 100.000 las personas que han muerto en este periodo, es decir, unos 1200 muertos cada mes, y las cifras que manejan las organizaciones no oficiales son aún peores.
En abril de 1999 el nuevo presidente, Abdelaziz Buteflika, decretó una amnistía limitada, una ley de concordia civil, y prometió la realización de reformas fundamentales para poner fin a la crisis permanente del país. Sin embargo, esta política ha tenido por el momento efectos muy limitados. No parece haber sido aceptada como una verdadera política de democratización total y de reconciliación.
La actividad terrorista de los integristas violentos ha continuado, y la situación se ha visto agravada por la violencia de estas últimas semanas en la Kabilia, donde manifestaciones de cientos de jóvenes, a consecuencia de la muerte violenta de uno de ellos en una comisaría de la gendarmería, fueron reprimidas de forma muy violenta en un auténtico baño de sangre que dejó a más de 60 jóvenes muertos por las balas de la policía.
La situación es realmente muy crítica. Se trata naturalmente de un problema argelino, que sólo podrá ser resuelto por argelinos y entre argelinos, mediante un proceso que reestructure democráticamente y dé una mayor legitimidad a las instituciones y al Estado, mediante el acuerdo de todos los sectores políticos y sociales que rechazan la violencia, venga de donde venga, y consiga, frente a los violentos integristas y también frente a sectores inmovilistas del actual poder, una mayor transparencia y la participación de todas las fuerzas pacíficas en la reconstrucción del país.
Es un reto muy complejo y muy difícil, y la Unión Europea no debiera errar el tiro en su actitud de apoyo a las posiciones responsables en el país, apoyando a todos aquellos que se sitúan en esta perspectiva de paz y de democracia. Es sin ánimo de injerencia, pero a la vez con firmeza y espíritu positivo en el impulso de los derechos humanos y del proceso democrático como debemos actuar.
Mañana, una delegación de este Parlamento viajará a Argelia. Ojalá este debate contribuya a clarificar nuestra actitud, sumamente positiva, para apoyar a todo el campo político democrático del país, en las instituciones y en la sociedad, a encontrar una salida a esa violenta situación que parece no tenerla.

Ilser Béguin
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la llamarada de violencia que ha sacudido la región de Kabilia era, por desgracia, previsible, por no decir inevitable. La cuestión no era la de si esa explosión social era posible, sino la de prever el momento.
En efecto, la región de Kabilia representa una concentración de los males que afectan a esta Argelia, mal nacida de la época colonial, una cohesión nacional, nunca realizada plenamente, sobre instituciones democráticas, jurídicas y de Estado de derecho nunca fundamentadas de forma creíble. En la delantera de esa escena social argelina, encontramos masas de jóvenes, fuerza viva de la nación, concentradas en algunos centros urbanos y víctimas de un mismo desempleo en masa.
¿Qué otra posibilidad tienen sino esa rebelión, sino la impugnación de su suerte? ¿Acaso deberían callarse, encima? ¿Y puede el Gobierno argelino comprometerse con otra política que la de la implantación de un verdadero Estado de derecho, que hoy debe manifestarse en primer lugar mediante comisiones de investigación?
¿Debería, además, el Gobierno cerrar los ojos? ¿Acaso no debe ofrecer un verdadero porvenir a los argelinos, emprender por fin -cosa que reviste importancia decisiva- reformas económicas? De lo contrario, continuarán los rescoldos en suelo argelino de ese fuego social.

Posselt
Señor Presidente, la trayectoria histórica de Argelia es complicada. Al colonialismo, que destruyó en particular las estructuras en desarrollo, le siguió una guerra brutal. Después de esta brutal guerra se impuso un régimen socialista de partido único que acabó sumido en la corrupción
Hoy, este país, Argelia, un país extenso e importante, afronta dos grandes retos: por un lado, una revuelta juvenil, pues Argelia es un país joven y las jóvenes generaciones de este país protestan porque sienten que nadie se preocupa de ellos y que no tienen ningún futuro. Prenden así a la vez los conflictos nacionales y sociales.
Por otro lado, existe el peligro islámico, sistemáticamente avivado por ciertos grupos. Por ello debemos preocuparnos por este país, pero con gran cautela. El Presidente Bouteflika ha adoptado medidas encaminadas a la apertura del país. Ha adoptado medidas dirigidas a la reforma. Hace pocas semanas organizó un gran acto festivo en honor de San Agustín, algo que podríamos considerar como una política de gestos. Pero con ello quería poner de manifiesto que San Agustín tiene sus raíces en la actual Argelia. Además, con este gesto quería decir a su pueblo, un pueblo islámico, que como argelinos están vinculados culturalmente a Europa y al mundo cristiano. Estos son signos de apertura. Son importantes. Pero, naturalmente, no debe quedarse todo en una política de gestos, sino que es necesario introducir reformas sustanciales. Entre éstas se cuentan la libertad de prensa, el Estado de Derecho y la tolerancia de los diversos pueblos y grupos étnicos.
Es una tradición que los bereberes quieran mantener sus peculiaridades y que insistan en reclamar la autonomía para la Kabilia. Esta gran revuelta en la Kabilia, la tercera en la Historia, es una señal de alarma de enorme relevancia, pues viene promovida por jóvenes que no se sienten integrados en este Estado. Por ello es necesario introducir reformas prudentes, garantizar la pluralidad y la libertad y fortalecer el Estado de Derecho. No obstante, debemos ver reconocer que se están realizando esfuerzos con gran empeño que debemos apoyar con un diálogo sin paternalismos.

Van den Bos
Señor Presidente, a raíz de la matanza de los bereberes nos vemos confrontados de nuevo con la repugnante realidad argelina. Una vez más nuestros valientes ministros de Asuntos Exteriores han decidido aplicar la táctica del avestruz. Se condena a todo el mundo, menos a Argelia. Sin embargo, ni los intereses petroleros ni las negociaciones en curso son motivo suficiente para no decir palabra sobre estas serias violaciones de los derechos humanos. Los acuerdos MEDA exigen que se respete la diversidad. Los bereberes representan la tercera parte de la población argelina. La pluralidad debe ser parte integrante del sistema estatal. Argelia ha de reconocer los derechos culturales, lingüísticos y sobre todo sociales si desea concluir un acuerdo con la UE. Queda por ver si es conveniente firmar un acuerdo con Argelia, donde los derechos humanos se violan a gran escala, incluso por parte de los funcionarios públicos. En mi opinión, ello sólo es posible si el Gobierno garantiza que hará todo cuanto esté a su alcance para prevenir los actos de violencia y perseguir y procesar a los autores de los mismos, independientemente del campo al que pertenezcan. Un acuerdo en materia de cooperación judicial sólo tiene sentido si Argelia lo dota de un contenido sustancial. En este momento albergo serias dudas al respecto. Haciendo el balance de diez años de represión y desmesurada violencia me atemorizan las cifras: 150.000 muertos y otras 10.000 personas desaparecidas, y Europa continúa sin abrir la boca. El Presidente Buteflika promete una y otra vez que cercenará la violencia. Se ha comprometido a investigar la reciente tragedia en Cabilia, ¿pero serán castigados los culpables? Repito: el cometido más importante del Estado consiste en proteger a su población. Es vergonzoso que las autoridades argelinas no logren poner fin a la odiosa situación que sufre su país.

Boudjenah
Señor Presidente, durante diez días la región de Kabilia ha conocido acontecimientos muy graves. A raíz de la muerte, el 18 de abril, del joven estudiante de secundaria Germa Massinissa, en Beni Duala, en el propio local de la gendarmería, imponentes manifestaciones pacíficas se han desplegado en numerosas localidades para reclamar que los autores de ese "atropello" sean juzgados. Además, los millares de manifestantes, la mayoría jóvenes, clamaron reivindicaciones sociales intensas en esa región gravemente afectada por el desempleo, la pobreza o incluso la penuria de viviendas. Sin lugar a dudas, hay que buscar las raíces de ese malestar en la profundísima crisis social por la que atraviesa toda Argelia. A ese respecto, podemos preguntarnos por la agravación que podría introducir la aceleración del proceso de liberalización y privatización en curso. La reivindicación cultural de respeto de la lengua y la cultura amazigh se expresa también intensamente en esa región, en particular desde la primavera berebere de 1980. Además, las provocaciones y otros abusos de autoridad acumulados por parte de la gendarmería para con la población parecen ser también la causa de esa auténtica explosión de cólera. Así, pues, se trata de manifestaciones pacíficas en pro de un mayor progreso social, libertad y democracia.
Esas marchas se han transformado en enfrentamientos reprimidos con mucha violencia por las fuerzas de seguridad, durante varios días, que han causado decenas de muertos y centenares de heridos. Numerosos testimonios, reproducidos en los periódicos, hablan de una brutalidad manifiesta. El Presidente Buteflika y la Asamblea nacional han anunciado comisiones de investigación. No podemos por menos de desear que se lleven a cabo lo más rápidamente posible, que dispongan de los medios necesarios para trabajar de forma eficaz y sobre todo transparente a fin de decidir la adopción de sanciones contra los autores de las represiones. El partido demócrata RDC ha considerado -señal suplementaria de la gravedad- que le resultaba "imposible permanecer en un Gobierno que dispara contra jóvenes". Se ha retirado de la coalición gubernamental.
Estoy convencida de que el futuro de Argelia, cuyo pueblo ha resistido valerosamente la bárbara presión de los grupos terroristas integristas, no radica en la represión, sino, al contrario, en prestar atención a las reivindicaciones sociales y a la acción, con frecuencia muy valiente, de las diversas asociaciones que intervienen, ya sea para defender los derechos de las mujeres y exigir la abrogación del Código de Familia, atender a niños traumatizados, dar vida a la solidaridad frente a las graves dificultades sociales o defender los derechos humanos. El porvenir no radica tampoco en las inquietantes restricciones a la libertad de la prensa que resultarían de la aprobación de las enmiendas previstas al Código Penal.
La delegación del Parlamento Europeo que mañana mismo se trasladará a Argel será muy útil, desde luego, para profundizar, con nuestros diferentes interlocutores, en el conocimiento de la situación argelina y escuchar, a su vez, lo que esperan de la Unión Europea. Con el mismo espíritu, una actitud acertada por `parte de la Comisión sería la de continuar las negociaciones con vistas a un acuerdo de asociación teniendo más en cuenta la opinión de las organizaciones políticas, sindicales y asociativas.

Swoboda
Señor Presidente, queridos colegas, desde que era joven sigo el devenir de este país sacudido por las sucesivas crisis. Fui miembro de aquella delegación de diputados que intentó romper el hielo entre la Unión Europea y Argelia. Sin embargo, muchas de las esperanzas no se han cumplido. Igualmente truncadas se han visto las esperanzas depositadas en el nuevo Presidente Bouteflika -que no obstante ha adoptado algunas decisiones valientes- y en la inclusión del RCD en el Gobierno.
El mayor problema que percibo en Argelia es que "el poder" , -le pouvoir, como se dice tan hermosamente en Argelia-, no se esfuerza realmente por alcanzar un consenso con las fuerzas sociales del país. Con ello no me refiero -como a menudo se nos atribuye falsamente- al consenso con los terroristas y los asesinos. Con ellos no puede haber consenso alguno. Me refiero a un consenso con todos aquellos grupos que no están interesados en el éxito de los islamistas radicales y de las fuerzas terroristas. El "poder" , al menos una parte del ejército, no quiere que se alcance tal consenso, sino que desea que se mantenga la situación actual y, lamentablemente, está implicado en casos de corrupción. Por estas razones se producen continuamente incidentes, como los recientes acontecimientos de la Kabilia, que han arrojado un número terrible de muertos, que traen como consecuencia el distanciamiento entre la juventud de este país y la clase dominante.
Espero que la delegación que pasará los próximos días en Argelia sepa transmitir un poco de lo que hace falta para dar una nueva oportunidad y una esperanza a la juventud argelina.

Verheugen
Señor Presidente, estimados señoras y señores diputados, la Comisión lamenta profundamente los recientes acontecimientos de la Kabila. La gran cantidad de muertos y los cientos de heridos ponen de manifiesto que el proceso de reforma de Argelia no ha dado aún los frutos deseados. Pero es igualmente evidente que no existe una alternativa a la política de exigir y apoyar constantemente este proceso de reforma.
La Unión Europea discute regularmente en el marco de su diálogo político con Argelia las cuestiones de las violaciones de los derechos humanos, de las detenciones arbitrarias y de las torturas. En el 57º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en marzo de 2001, la Presidencia de la UE instó a Argelia a adoptar medidas concretas a este respecto y permitir que el relator especial de las Naciones Unidas para torturas y ejecuciones extrajudiciales visite el país.
La cuestión de los desaparecidos es asunto de gran importancia para nosotros. En la reciente visita a Argelia de la troika comunitaria, el 24 de abril de 2001, se presentó ante las autoridades argelinas una lista consolidada con 30 casos nuevos y anteriores. La Comisión seguirá con atención este tema en el futuro. El acuerdo de asociación, sobre el que actualmente se negocia con Argelia, contiene una cláusula sobre los principios democráticos y los derechos humanos. Una rápida conclusión del acuerdo pondrá en manos de la Unión Europea un instrumento eficaz para un diálogo reforzado e institucionalizado con Argelia.
La Comisión ha apoyado las reformas económicas y sociales en Argelia desde 1996 con 300 millones de euros procedentes de las líneas presupuestarias destinadas al programa MEDA, así como el protocolo financiero. Durante 2001 queremos fomentar un desarrollo socioeconómico equilibrado y, con tal objeto, estamos preparando dos amplios proyectos de desarrollo local en el espacio rural y de medidas de rehabilitación de las regiones afectadas por el terrorismo. Además, se financiarán proyectos de derechos humanos financiados con la línea presupuestaria prevista a tal efecto.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas.

Situación en Bosnia/Herzegovina y especialmente en Banja Luka
Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0357/2001 del Sr. Lagendijk y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina;
B5-0362/2001 de los Sres. Swoboda y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre el ataque contra la reconstrucción de mezquitas en Banja Luka (y Trebinje) (Bosnia);
B5-0369/2001 de los Sres. Pack y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el ataque contra la reconstrucción de mezquitas en Banja Luka (y Trebinje) (Bosnia);
B5-0375/2001 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina y los incidentes en Banja Luka y Trebinje;
B5-0385/2001 de la Sra. Morgantini y el Sr. Brie, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina y los incidentes en Banja Luka y Trebinje;

Maes
Señor Presidente, señor Comisario, en realidad Bosnia y Herzegovina constituye la piedra de toque de nuestro sueño de estabilidad y paz. Hasta la fecha la comunidad internacional se ha esforzado por respaldar las fuerzas de paz en estos países. Obviamente, también hay fuerzas contrarias y éstas causan víctimas. Además de que las diferentes partes siguen intentando salirse con la suya, amenazando la unidad de Bosnia y Herzegovina, también sabemos que la zona sufre conflictos religiosos. En ellos desempeñan un papel primordial los símbolos. Todo el que se dedique a la política es consciente de la importancia de los mismos. Es ciertamente el caso en un país dividido por la guerra. Por eso es fundamental que colaboremos firmemente con todas las fuerzas no sólo internacionales sino sobre todo locales que trabajan en el terreno para conseguir la paz. Desde esta perspectiva también es importante que estemos presentes en la zona por un tiempo prolongado, que cumplamos nuestro compromiso y que instemos a los Estados Unidos -que con el nuevo Gobierno de Bush constituyen una amenaza para esa estabilidad duradera- a que hagan todo lo posible por restablecer la paz.

Swoboda
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, el mundo occidental, la Unión Europea, intervino en Bosnia/Herzegovina porque quería hacer posible la convivencia de diferentes grupos sociales, religiones y grupos étnicos. No estabamos dispuestos a aceptar que en la Europa de hoy y de mañana se produjeran conflictos armados y bélicos por razones étnicas o religiosas.
Dayton fue la consecuencia de todo ello y -tal como se pensó- condujo a la fundación de un nuevo Estado (esta era y es posiblemente en este momento la única posibilidad de alcanzar la paz en Bosnia y en Herzegovina). A muchos de los que nos encontramos en este Parlamento no nos satisface Dayton, pero, como ya he dicho, era la oportunidad de poner fin a la guerra. Lo que no podemos aceptar es que desde Dayton demos de nuevo un paso atrás. Algunas fuerzas así lo desean y quieren trazar nuevas líneas de separación étnica, o bien restablecer las antiguas, en Bosnia/Herzegovina.
En primer lugar fueron las fuerzas extremistas croatas, que ya sin el apoyo Zagreb querían establecer por su propia cuenta un nuevo -al menos- Estado separado dentro de Bosnia. También están las fuerzas extremistas serbias, que con toda probabilidad siguen recibiendo ocasionalmente el apoyo de Belgrado y quizá del Presidente Kostunica y creen que ya ha llegado el momento de en cierto modo tomarse la revancha e impedir que se reconstruyan algunos de los elementos de la vida multiétnica, como, por ejemplo, las mezquitas, en donde se produjeron estos incidentes en el momento de la colocación de la primera piedra.
Las causas de esta situación estriban sin duda alguna en que el retorno de los refugiados y, con ello, la mezcla de los diversos grupos étnicos, no se han producido en la medida que la comunidad internacional y nosotros en este Parlamento habíamos exigido. Los obstáculos colocados a diversos niveles al retorno de los refugiados ha propiciado, indudablemente, que se alberguen esperanzas de que se garantice la orientación y organización racial de corto alcance de cada uno de las entidades, en particular de la República de Srpska. No podemos retroceder ahora. Tenemos que instar a todos los responsables políticos de esta región, y en particular de Bosnia/Herzegovina, que se restablezca al menos la situación de Dayton, que constituye lo mínimo que podemos o debemos conseguir en este período, así como el carácter multiétnico de la región en la medida o en el sentido en que antes se dio.
Para ello, es necesario que los croatas adopten las medidas que afectan a la situación de la propiedad, así como a las condiciones de carácter local para la vuelta de los refugiados. Pero sobre todo es necesario que en particular la República de Sprska haga lo que le corresponda. Existe un acuerdo entre el Ministro de Asuntos Exteriores croata y el antiguo Jefe de Gobierno o Presidente de la República de Sprska. El Presidente ha dejado de serlo, pero en su momento apenas se cumplieron este tratado y este acuerdo. Los diputados de este Parlamento debemos instar a todas las partes, a todos los grupos de Bosnia que hagan de una vez por todas aquello a lo que se han comprometido o lo que la comunidad internacional les ha obligado a hacer porque fue esta comunidad la que les ayudó a poner fin a esta terrible guerra y a las muertes.

Pack
Señor Presidente, señoras y señores, hoy hablamos del incidente referido a una mezquita. Esta mezquita no fue destruida en ninguna guerra. Esta mezquita estaba en Banja Luka, donde no había guerra. Fue arrasada en 1993. Sus cimientos fueron removidos y se levantó un aparcamiento. Esta mezquita fue destruida al igual que muchos cientos de templos musulmanes y católicos. Fueron destruidas por orden de Karadjic y sus esbirros. No sólo se destruyeron todas estas iglesias y mezquitas, sino que también cientos de miles de musulmanes y croatas se vieron obligados a huir de esta región durante la guerra, que se prolongó desde 1991 hasta 1995. Como ya señalado Johannes Swoboda, desde finales de 1995 tenemos el acuerdo de Dayton. Es un tratado que no nos ha gustado: es cierto que puso fin a la guerra, pero no ha traído aún la paz.
Ya han pasado seis años, y tenemos que constatar que no ha cumplido lo que al fin y al cabo tampoco había prometido. Dividió el país en dos entidades étnicas, en una entidad puramente serbia y en otra croata-bosnia. Esta situación era apenas sostenible. Es decir, que hemos creado un producto artificial. ¿Esperamos acaso que los políticos de la región, que no tienen experiencia alguna, convivan con ello? Eso es muy difícil. Pero nosotros tampoco les prestamos la ayuda que podemos prestar. Muy pocas personas han vuelto a sus casas. Fueron expulsados cientos de miles y no ha regresado aún medio millón de personas, desplazados dentro de las mismas fronteras de Bosnia. A mi juicio, hemos de hacer un llamamiento a todas las partes para hacer algo al respecto.
La República Srpska es el farolillo rojo en Bosnia/Herzegovina en lo que se refiere a retorno de refugiados, circunstancia que evidentemente ha propiciado que con ocasión de la colocación de la primera piedra, hace diez días, de esta antiquísima mezquita de Banja Luka, justamente ocho días antes en Trebinje, en la colocación de la primera piedra de otra mezquita, la línea dura del SDS, los nacionalistas serbios, encontró de nuevo partidarios que impidieron las celebraciones, quemaron autobuses y amenazaron la vida de los participantes.
El Presidente de la República Srpska y su Gobierno, con el Primer Ministro al frente, deben esforzarse seriamente en castigar este incidente y velar por un clima de convivencia pacífica, como hubo normalmente en esta región hasta 1991. En mi opinión, no debemos contemplar con espanto la posibilidad de vincular por una vez nuestra ayuda financiera a ciertas condiciones. Siempre dijimos al Sr. Dodik, el anterior Primer Ministro, que le prestaríamos ayuda financiera si colaboraba en el retorno de los refugiados. Efectivamente, le respaldamos en sus tareas de gobierno, pero no permitió la vuelta de ninguno de los expulsados. Ahora tenemos un nuevo Gobierno y debemos ser prudentes. Se trata del dinero de nuestros contribuyentes. Hemos de velar porque se destine al cumplimiento de los objetivos de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Los refugiados que quieran volver deben poder volver.
Lo mismo cabe decir, naturalmente, para la región vecina de Croacia. En este país hay una ley que no permite la devolución de propiedades a los serbios que salieron huyendo. Es cierto que muchos serbios ya no quieren volver, pero, entonces, debe devolvérseles al menos sus propiedades y así contribuir a hacer posible el regreso a Croacia o desde Croacia.
En nuestra resolución hemos abordado también otros asuntos. En la federación croata-musulmana hay algunos croatas partidarios de la línea dura que impiden la convivencia y que intentan, con sus pretensiones secesionistas, conseguir la escisión de Bosnia/Herzegovina. Nunca lo lograrán. Los partidarios de posiciones moderadas son más fuertes, y son a éstos a los que debemos ayudar. Pero, si como comunidad internacional tenemos aún un poco de poder, no podemos utilizarlo arbitrariamente para modificar de forma arbitraria una ley electoral en perjuicio de un grupo étnico. Ello propiciará que los partidarios de la línea dura tengan la oportunidad de presentarse públicamente y hacerse con más seguidores. Sé que se arrepienten de haberlo hecho, pero se debe declarar abiertamente para que no vuelva a ocurrir.
Espero que hagamos todo lo posible en el marco de nuestro programa de ayuda CARDS para que los refugiados puedan volver a todas las partes de la región. ¡Sería lo mejor que podríamos hacer por una convivencia pacífica en Bosnia/Herzegovina!

Maaten
Señor Presidente, ¿qué debe hacer la Unión Europea en Bosnia? Esta pregunta tiene fácil respuesta. Hemos de respaldar los principios de tolerancia multiétnica y cooperación y hemos de apoyar a las personas que difunden estos principios. También tenemos que subrayar la importancia del desarrollo de la democracia y del papel de los partidos políticos democráticos. Hemos de llamar a las cosas por su nombre. Eso se hace en la presente resolución. Se insta a la República Srpska a que por fin extradite a Karadzic y Mladic, aparte de exigirle que lleve a cabo una investigación pormenorizada acerca del origen de la violencia.
Por último deseo aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a la Comisión y sobre todo a los Estados miembros. Es fundamental que el pacto de estabilidad recientemente acordado se aplique íntegramente y sin demora, incluida la liberación de los fondos prometidos, porque parece ser que este asunto no se desarrolla siempre con la fluidez que quisiéramos.

Posselt
Señor Presidente, Bosnia/Herzegovina será un Estado de tres pueblos o no será. Este país sólo podrá mantenerse como tal si al menos a medio plazo los tres pueblos quieren vivir en dicho Estado. Parece muy simple, pero es un hecho que ocultamos muy a menudo. Por ello, creo que ha llegado la hora de no sólo hacer frente a los partidarios de la línea dura de todas las nacionalidades, sino también de preguntarnos con sentido autocrítico qué hemos hecho mal. Creo que Doris Pack nos ha mostrado el camino correcto. Dayton supuso un paso hacia la finalización de la guerra. Ahora ha de intentarse dar un paso hacia la paz. Un paso hacia la paz significa que debe llegarse a una federación tripartita en la que los tres pueblos se encuentren en pie de igualdad.
No quiero justificar bajo ningún concepto a los extremistas croatas de Mostar, pero es lógico que encuentren nuevos seguidores, porque no comprenden que como grupo étnico no gocen de los mismos derechos que, por ejemplo, la República Srpska. Aquí tenemos un enorme problema que tenemos que afrontar, porque esta no es una federación equilibrada y simétrica, sino asimétrica.
El segundo punto que debemos ver con toda claridad se refiere -como ya ha señalado Doris Pack- a la vuelta de los refugiados. Tampoco aquí deben utilizarse parámetros distintos, como tampoco en la cuestión de la colaboración con el Tribunal de La Haya. Hay una enorme parcialidad en lo que respecta a las personas extraditadas. A largo plazo, los pueblos de esta región sólo estarán dispuestos a colaborar con el Tribunal de La Haya si tienen la sensación de que los criminales de las tres naciones son extraditados y condenados en la misma medida. Es decir, no podemos estar siempre señalando con el dedo a otros, sino que debemos decir con sentido autocrítico que por las más diversas razones aplicamos a menudo parámetros muy distintos.
Agradezco al Sr. Swoboda que haya manifestado de forma tan abierta lo que aquí debemos decir con claridad: que, lamentablemente, el Presidente Kostunica parece animar a ciertas fuerzas de la República Srpska a promover una política nacionalista. Además, creo que debemos decir a Belgrado muy claramente que nuestras ayudas a su país están sujetas a la condición de que no debe prestarse este apoyo a las fuerzas nacionalistas de la República Srpska. No sólo deben fijarse condiciones para nuestra ayuda a Bosnia/Herzegovina, sino también a Serbia o Yugoslavia, como ya hicimos de forma tan clara y ostensible con Croacia. En el caso de Yugoslavia, corremos el riesgo de perder la medida de las cosas con la euforia por la caída de Milosevic, una caía que, evidentemente, acogemos con satisfacción. ¡Ello rompe, desgraciadamente, el equilibrio en la región!

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, la Comisión comparte el rechazo y la repulsa del Parlamento por los sucesos acaecidos en Trebinje y Banja Luka. Mi colega Chris Patten, la autoridad competente en esta materia, se encuentra hoy en Bosnia. En una declaración ha condenado esos actos violentos y ha exigido a las autoridades de la República Srpska que encuentren a los culpables y los lleven a juicio.
Por lo que concierne a la administración autónoma croata de la Federación de Bosnia-Herzegovina, la Comisión respalda firmemente la decisión de excluir al Alto Representante, el Sr. Jelavic, de la presidencia de Bosnia-Herzegovina, así como el llamamiento a los croatas bosnios para construir un estado multiétnico estable.
Debo decir claramente que los sucesos recientes no contribuyen precisamente a la integración de Bosnia-Herzegovina en las estructuras europeas o a la mejora de la imagen del país en el extranjero, sobre todo en los medios de comunicación. Al contrario. Los sucesos dificultan aún más la entrada de recursos en el país, recursos que Bosnia necesita con urgencia y de los que sigue dependiendo.
La Unión Europea no se retirará de Bosnia-Herzegovina. Continuaremos con nuestro apoyo para la reconstrucción del país y seguiremos al lado de los ciudadanos que aspiran a una vida en paz. Sin embargo, sus problemas internos no se resolverán simplemente con el acuerdo de estabilización y asociación o con la perspectiva de acercamiento a la Unión Europea.
La integración de Bosnia-Herzegovina en la Unión Europea presupone más bien que el país mismo se someta a un cambio interno profundo que respete valores tales como los derechos humanos y la protección de las minorías, valores sobre los que se basa la Unión Europea. Sólo después de un proceso de transformación como el indicado tendría utilidad la integración para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo económico.
Según el punto de vista de la Unión Europea, los progresos de Bosnia-Herzegovina en el proceso de estabilización y asociación son la piedra de toque para medir la buena disposición del país de realizar el cambio exigido. Sobre todo, esperamos progresos en la implementación de medidas específicas que fueron establecidas hace un año en el marco del llamado road map y entre las cuales se encuentra la de posibilitar la vuelta de los exiliados.
De las 18 medidas que había, se han implementado completamente sólo 5. Otras nueve lo han sido parcialmente, y tan sólo 4 aún no han sido ni siquiera abordadas. Sólo tras la aplicación de todas las medidas podrá iniciarse la siguiente fase del proceso, el estudio de viabilidad.
En el marco del Programa CARDS, la Comisión seguirá concentrando su ayuda en destinatarios tales como grupos que promuevan la vuelta de los exiliados y el proceso de reconciliación. De los 105,3 millones de Euros totales que se han habilitado en 2001 en concepto de ayudas a Bosnia-Herzegovina, 37,3 millones, el capítulo más abultado de todos con notable diferencia, se dedicarán a favorecer el retorno de los exiliados. 16 millones irán para integración y reconciliación del país, para construir instituciones tales como el Tribunal Constitucional y tres instituciones relativas a derechos humanos.
Como aquí se pidió, la ayuda del programa CARDS está vinculada a determinadas condiciones. Como en la República Srpska el retorno de los exiliados ha encontrado hasta ahora más dificultades que en la Federación de Bosnia-Herzegovina, ha recibido menos recursos destinados a ello.
En la decisión sobre la reorientación o asignación de ayudas debe tenerse en cuenta que mediante el programa CARDS se están subvencionando proyectos preferentes de la UE estructuralmente importantes, como el retorno de los exiliados, la creación de instituciones para la protección de los derechos humanos, reforma de la justicia y desarrollo de medios de comunicación independientes. Si se interrumpen tales proyectos se estaría dando ventaja a los extremistas de Bosnia contra los que, en definitiva, se dirigen los proyectos.
Contrariamente al Programa CARDS, la ayuda macroeconómica de la Comisión no puede vincularse a condiciones concretas. La ayuda se enmarca en un programa macroeconómico coherente, que fue acordado por las autoridades bosnias y apoyado por las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, en vista de la situación especial de Bosnia-Herzegovina, la Comisión pretende asegurar que la situación política general, es decir, incluyendo la realidad sobre el terreno, sea lo mejor posible y que las medidas de ayuda macroeconómica armonicen con el resto de medidas de la Comunidad.

Pack
 Muchas gracias, señor Comisario, por sus explicaciones. Quisiera tan sólo, en relación con sus exposición de todo lo que no funciona en Bosnia-Herzegovina, preguntarle si es cierto que Bosnia-Herzegovina será miembro de la Fuerza Europea de Intervención Rápida en la próxima o en la siguiente reunión de la misma. Quisiera preguntar si esto es cierto y si los 15 miembros le tenderemos la mano antes de que las condiciones que usted ha descrito se cumplan.

Verheugen
Señor Presidente, lo siento, pero mi respuesta consistirá, desgraciadamente, en que no puedo responder. Pues la Comisión, como usted sabe, no es miembro de la Fuerza Europea de Intervención Rápida. Debo pedirle que dirija la pregunta al Consejo porque es el que coordina en esa organización la posición de los Quince. Si usted quiere, haré todo lo posible por ayudarla.

El Presidente
Señorías, hemos sido testigos del caso poco frecuente de que un comisario no sepa la respuesta. Pero, naturalmente, es humano y hay que aceptarlo.

Swoboda
Señor Presidente, independientemente del hecho de que si Bosnia-Herzegovina es admitida todo el país lo es también, quisiera preguntarle, señor Presidente, lo siguiente: igual que nuestro colega Posselt y algunos otros, también yo he votado por el viernes en Estrasburgo. Pero ha sido nuevamente rechazado. De modo que nos queda sólo el jueves. ¿Puede usted decirnos por qué hay que votar a las 18.30 horas cuando, probablemente, lo habremos terminado hacia las 17.10 o las 17.15 horas? Probablemente hoy no podrá volver a cambiar esto de nuevo.
Pero le pediría, señor Presidente, que procure que si los debates de urgencia los hacemos los jueves, entonces que se vote a continuación, como se hacía antes. No cambiaría nada en nuestra actitud a favor o en contra del viernes si se pudiese votar inmediatamente después.

El Presidente
Ya hemos discutido varias veces el problema en este jueves. Se está fijando el orden del día, y ahí se ve si se va rápido o lento. Debemos hacerlo aún mejor. Pero lo de hoy no lo sabemos aún, estimado colega, porque si recibimos muchas peticiones de palabra como la suya nos pueden dar las 17.30 tranquilamente. Y entonces llega el turno del debatir tres informes. Entre las 17.30 y las 18.00 horas no hay pausa, sino que está previsto realizar un debate conjunto sobre tres informes.

Derechos humanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Etiopía - B5­0360/2001 de los diputados Lucas, Rod, Maes y Schörling en nombre del Grupo Verts/ALE sobre Etiopía;
B5­0363/2001 de los diputados Sauquillo Pérez del Arco y Carlotti en nombre del Grupo del PSE sobre la represión de los estudiantes por efectivos policiales en Etiopía;
B5­0370/2001 del diputado Corrie en nombre del Grupo PPE­DE sobre la situación en Etiopía;
B5­0376/2001 del diputado Van den Bos en nombre del Grupo ELDR sobre las violaciones de derechos humanos en Etiopía;
B5­0386/2001 de los diputados Vinci y Korakas en nombre del Grupo GUE/NGL sobre la represión de los estudiantes por efectivos policiales en Etiopía;
B5­0396/2001 del diputado Muscardini en nombre del Grupo UEN sobre la situación en Etiopía;
Camerún
B5­0358/2001 de los diputados MacCormick, Rod e Isler Béguin en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la situación de los derechos humanos en Camerún;
B5­0371/2001 del diputado Bowis en nombre del Grupo PPE­DE sobre la situación en Camerún;
B5­0377/2001 de los diputados Dybkjær y Van den Bos en nombre del Grupo ELDR sobre las violaciones de derechos humanos en Camerún;
B5­0387/2001 de los diputados Sylla y Patakis en nombre del Grupo GUE/NGL sobre los derechos humanos en Camerún;
B5­0397/2001 de los diputados Carlotti y Van den Berg en nombre del Grupo del PSE sobre la desaparición de personas en Camerún;
Libertad de prensa en el mundo
B5­0356/2001 de los diputados Wuori, Frassoni, Schroedter y Maes en nombre del Grupo Verts/ALE sobre libertad de prensa en el mundo;
B5­0364/2001 de los diputados Van den Berg, Swoboda e Imbeni en nombre del Grupo del PSE sobre libertad de prensa en el mundo;
B5­0367/2001 de los diputados Morillon, Lamassoure, Bayrou, De Sarnez, Salafranca Sánchez-Neyra y Dimitrakopoulos en nombre del Grupo del PPE­DE sobre libertad de prensa en el mundo;
B5­0378/2001 de los diputados Malmström y Haarder en nombre del Grupo ELDR sobre libertad de prensa en el mundo;
B5­0388/2001 de los diputados Wurtz, Di Lello Finuoli, Seppänen y Alavanos en nombre del Grupo GUE/NGL sobre libertad de prensa en el mundo;
B5­0395/2001 de los diputados Muscardini y Segni en nombre del Grupo UEN sobre libertad de prensa.
Etiopía

Maes
Señor Presidente, señor Comisario, hasta hace poco nos vimos obligados a hablar de la guerra entre Etiopía y Eritrea. Afortunadamente, este conflicto pertenece al pasado. El soberbio y hermoso pueblo etíope vuelve a ser dueño de su destino. Pero, por desgracia, tenemos pruebas de que se violan los derechos humanos, de que se practica la tortura, de que la gente es encarcelada arbitrariamente, de que los estudiantes abogan en vano por la libertad académica. Eso duele. En tanto que comunidad internacional hemos concluido una acuerdo de asociación. Lo firmaremos como "Acuerdo de Cotonou". Nos debe ayudar a establecer relaciones satisfactorias mediante el diálogo. Éste también es el caso de Etiopía, un país que figura ininterrumpidamente en la lista de los países que pueden optar a ayuda de emergencia. Espero que por fin podamos pasar página y que Etiopía se muestre dispuesta -señor Comisario, creo que hemos de insistir en ello- a liberar a los Sres. Woldemariam, Nega y Lidetu Ayalew, que se encuentran actualmente en la cárcel por haber defendido los derechos humanos, a permitir a los estudiantes que regresen libremente a sus campus y a respetar las libertades fundamentales.

Van den Berg
Señor Presidente, la resolución condena con razón algunas cuestiones e insta a Europa a poner manos a la obra. Ello también se puede hacer en el marco del Acuerdo de Cotonou.
Estamos hablando de Etiopía, un país que ocupa un lugar importante en el África Oriental. Ha sufrido mucho bajo Mengistu y tras una violenta guerra civil por fin ha conseguido la paz. Etiopía es gobernada por personas procedentes de la resistencia que en cierto sentido siguen manifestando una mentalidad de maquis. Es como si les resultase difícil compartir el poder con otra gente. Los tigreos desempeñan un papel fundamental en el Gobierno, dando muestras de una gran competencia. El Gobierno toma parte en una serie de iniciativas destinadas a fomentar la paz, pero al mismo tiempo le cuesta mucho establecer relaciones satisfactorias dentro de Etiopía, con Eritrea y dentro de Eritrea. El objetivo es que dentro de los diferentes países se cree una autonomía regional vinculada a cierta etnicidad, garantizando los derechos de las minorías. Es una ardua labor. En Etiopía determinados grupos se oponen a esta iniciativa. No podemos sino admitir que el país tiene aún serias dificultades para construir una democracia sólida y estable.
En cierto modo entiendo que cuesta trabajo, pero, por otra parte, la comunidad internacional no puede sino advertir a los responsables que al no respetar los derechos humanos, al no respetar a los disidentes, al hacer uso de la violencia y al violar los derechos humanos acaban desprestigiando su propia credibilidad y la nuestra, poniendo en peligro nuestra ayuda. Creo que nuestras acciones han de enmarcarse en este contexto de comprensión y perspicacia al tiempo que es preciso llamar las cosas por su nombre. Es por eso por lo que la presente resolución merece todo nuestro apoyo.

Van Hecke
Señor Presidente, en el momento de su ascenso al poder a pocos dirigentes africanos les tocó en suerte la buena voluntad con la que la comunidad internacional recibió en su día al líder etíope Meles Zenawi. El final de la dictadura militar, la separación pacífica de Eritrea y la formación de un Gobierno de unidad nacional convirtió el país en todo un modelo de transición puesto que logró con éxito pasar de la dictadura a la democracia. Desafortunadamente, esta imagen se ha hecho añicos. La sangrienta guerra fronteriza con Eritrea, la incapacidad del Gobierno de prevenir una nueva hambruna y la represión de las últimas semanas han desacreditado seriamente a Etiopía. Es cierto que algunos jóvenes desempleados aprovecharon las protestas estudiantiles de principios de este mes para saquear la zona, pero ello no justifica en absoluto la desmesurada reacción de las fuerzas de seguridad, que provocó al menos 30 muertos. Tampoco justifica la ola de represión en la que numerosos estudiantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición fueron detenidos y acusados de instigación a la violencia.
Etiopía se ve confrontada con dos problemas fundamentales: por una parte, está la estrecha base étnica del Gobierno y, por otra, la pobreza. En cuanto al primer asunto, es urgente que se abra un diálogo interetíope en el que tengan representación todos los grupos políticos y étnicos. Europa puede desempeñar un papel importante al respecto. En lo que al segundo punto se refiere el Gobierno de Etiopía ha de prestar su incondicional apoyo al acuerdo de paz con Eritrea para garantizar que los fondos necesarios para el desarrollo del país dejen de emplearse en gastos de defensa y armamento.
Camerún

MacCormick
Señor Presidente, no puedo decir que esté íntimamente familiarizado con las circunstancias de Camerún, pero a mí y a otros diputados de esta Asamblea nos han hablado amigos y conocidos en los que confiamos, pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, sobre todo la Federación Internacional de Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura, que han puesto en nuestro conocimiento asuntos de la mayor gravedad, que merecen la atención de las instituciones de la Unión y en particular de este Parlamento. Tenemos noticias bien contrastadas del descubrimiento de 2000 fosas comunes, del arresto de altos cargos de la gendarmerie, de investigaciones sobre una organización conocida como el Comando Operativo y, en general, de asuntos realmente preocupantes.
Se nos ha planteado que lo que hace falta es una comisión de investigación independiente que arroje luz sobre las violaciones de derechos humanos, los actos de tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales; un compromiso de proteger adecuadamente a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones locales que trabajan en estos temas, y el nombramiento de algún ponente especial sobre ejecuciones sumarias y arbitrarias extrajudiciales, invitándose al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias a investigar lo antes posible la situación en Camerún.
Por coincidencia, el periódico Le Monde de hoy viene con un suplemento especial sobre Camerún, cuya frase inicial nos dice que allí se encuentran todos los males de África y, sin embargo, también todas las razones para esperar lo mejor. Lo que nos ha sido revelado aquí hace pensar que ambas propuestas son ciertas: tanto las razones para la esperanza como los males actuales. También, esta semana en Le Monde, en relación con General Aussaresses, se nos ha recordado que la tortura, las desapariciones y los actos de crueldad, así como el uso de seres humanos como medios y no como fines en sí mismos han marcado terriblemente la historia de nuestro propio continente, tanto durante la guerra de 1939 a 1945 como con posterioridad.
No estamos en situación de presentarnos como algo superiores, pero, como seres humanos interesados, sí podemos compartir la preocupación de nuestros semejantes de Camerún que están suscitando estos temas, así como de los miembros de organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos que han atraído hacia ellos nuestra atención. Recomiendo vivamente esta resolución a la Asamblea y espero que sea aprobada por unanimidad esta tarde.

Van Hecke
Señor Presidente, no es la primera vez que las ONG y las organizaciones para la defensa de los derechos humanos hacen sonar la voz de alarma con respecto a la situación de los derechos humanos en el Camerún. Hablan de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, fosas comunes y cárceles superpobladas. Según parece, la unidad especial para la lucha contra el latrocinio es la que más excesos ha cometido, violando sistemáticamente los derechos humanos.
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura insistió con razón en la urgente disolución de esta unidad, aunque, como es natural, esta medida resulta insuficiente. En el Camerún reina la anarquía. Es positivo que el Presidente, el Sr. Biya, instituyera una comisión de investigación y que, gracias ello, se procediera a la detención de algunos oficiales sospechosos.
Sin embargo, hacen falta más iniciativas para restablecer la confianza en el Estado de derecho. Es necesario que se realice una investigación independiente acerca de las desapariciones y las fosas comunes y es absolutamente imprescindible que los culpables sean castigados. En este contexto Europa puede prestar ayudar dotando al aparato jurídico del Camerún de los medios y la pericia necesarios.
Aunque no pretenda ofrecer un pretexto a los dirigentes del Camerún quisiera llamar su atención sobre uno de los fundamentales problemas de este país y de grandes áreas de África en general, a saber, la dramática bajada de los precios de las materias primas.
Hoy mismo Oxfam ha presentado un informe en el que se parte del supuesto de que los costes derivados de la disminución de los precios de las materias primas son superiores al importe total que reciben los países en vías de desarrollo en concepto de ayuda al desarrollo. Por eso, insto al Consejo y a la Comisión a que tomen muy en serio la recomendación del informe de Oxfam. Tal vez podamos celebrar en breve un debate sobre este tema.
Desde esta perspectiva es sin duda esperanzador que la Presidencia belga también haya anunciado hoy que África figurará entre sus prioridades. Aplaudimos este gesto y prestaremos con mucho gusto nuestra colaboración.

Sylla
Señor Presidente, voy a abundar en lo dicho por mis colegas y añadir incluso que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas asegura que la tortura está muy extendida en el Camerún, lo que confirma también el testimonio de un antiguo ministro camerunés para quien el universo carcelario es inhumano en ese país y la tortura permanente en los planos físico y moral.
Todo hace pensar que el Gobierno del Camerún -y tal vez sea eso lo que más me inquieta hoy- ha perdido el control de las fuerzas especiales que ha creado y que parecen ser las responsables, entre otras cosas, de la desaparición de nueve jóvenes que supuestamente robaron una botella de gas en la ciudad deportiva de Duala.
Para aportar la prueba de la buena fe del Gobierno -como antes decía, en efecto, mi colega, hay muchas razones para abrigar esperanzas respecto del Camerún-, creo que hay que abundar en la propuesta de las Naciones Unidas, a saber, la de constituir urgentemente una comisión que haga la luz sobre todas las exacciones, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, que se han recopilado en estos últimos meses.
Creo que hoy el Parlamento no puede contentarse con votar textos que no serán respetados ni cuya aplicación será verificada en el terreno, tanto menos cuanto que el Camerún es signatario del Convenio de Cotonou, de 23 de junio de 2000, que establece que las partes se comprometen a fomentar y proteger todas las libertades fundamentales y todos los derechos humanos. Hay que exigir al Camerún que respete dicho convenio y encontrar un medio para excluir a ese país, como todos los demás que violan convenios de los que son signatarios.
Ninguna dificultad -ya sea económica, social o demográfica- debe ni puede justificar la tortura.

Martínez Martínez
Señor Presidente, el Grupo Socialista y el Parlamento Europeo debemos mandar un mensaje claro a las autoridades camerunesas.
La Unión Europea necesita para la eficacia y la credibilidad del Acuerdo de Cotonou que todos los países ACP, también Camerún por supuesto, demuestren con hechos su compromiso inequívoco con los valores democráticos. Los Gobiernos y en particular los aparatos de seguridad estatales de todos los países asociados con la Unión Europea tienen que entender de manera definitiva que la seguridad y el orden públicos no pueden estar por encima del ejercicio de las libertades, no digamos ya de la integridad física de sus ciudadanos.
Camerún es un país importante en el contexto regional, cuyos indicadores dibujan una situación económica esperanzadora, pero es nuestra obligación mirar más allá de esas buenas perspectivas para pedir al Gobierno de Camerún un mayor esfuerzo en el sostenimiento del Estado de Derecho y en el respeto de los derechos de su población.
Asimismo, debemos pedirle al Gobierno de Camerún que se ajuste a las recomendaciones de Naciones Unidas, que ya le ha solicitado que reforme la organización y la actuación de sus fuerzas de seguridad, de modo que esos cuerpos estén constituidos por miembros regulares y operen en todo momento dentro de los límites de la ley.
Camerún debe comprender que, con ese esfuerzo, no sólo estará dando satisfacción a la Unión Europea y a los demás países, sino que estará obrando en interés de su propio pueblo; pero, además, a todo el continente africano le conviene que la cooperación europea con África, tanto la que se produce en el marco del Acuerdo de Cotonou como la que llevan a cabo nuestros países de forma bilateral, esté regida por el respeto a los valores de libertad que todos afirmamos compartir.
Quiero terminar, como lo ha hecho el colega MacCormick, reconociendo yo también el trabajo y la movilización de algunas organizaciones no gubernamentales como la FIACAT, que nos han transmitido información y preocupación, en su permanente seguimiento de la situación en Camerún, y queremos alentar aún más a las organizaciones locales, como la "Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura", que están en permanente alerta sobre el terreno y han sido por ello víctimas de arbitrariedades. Merecen y tienen nuestra solidaridad.
Libertad de prensa en el mundo

Schroedter
Señor Presidente, la libertad de opinión y de prensa es el núcleo vital de la democracia. Las personas que han vivido bajo regímenes totalitarios saben bien lo importante que es adquirir y aprovechar en el Estado ese núcleo vital en toda su importancia y magnitud. Y saben también que la manipulación de la prensa significa un ataque a la democracia, es decir, que allí donde se coordina y manipula a la prensa, o allí donde pierde su pluralismo porque se convierte en un monopolio, la democracia corre entonces un grave peligro. Por eso no debemos poner el dedo en la llaga sólo respecto de terceros Estados o de Estados en transición para promover la democratización mediante la libertad de prensa, sino que también debemos mirarnos a nosotros mismos. Pienso que es muy importante que nos preguntemos si pueden ser llamadas democráticas unas elecciones cuando la mayoría de los canales televisivos están coordinados.
¿No deberíamos considerar también en este caso si hemos de apoyarlo en la manera en que se ha dado? Creo que esto vale para Rusia de igual modo que para los países miembros de la Unión Europea. De acuerdo con ello, considero importante que se incluya la libertad de prensa como un indicador más para el informe sobre derechos humanos. La libertad de prensa debe ser una parte del acervo de criterios con los cuales evaluamos las cláusulas de los acuerdos de colaboración y de cooperación, según los cuales estimamos cómo deben ser de estrechas las relaciones con Ucrania o Rusia, pero también, según los cuales juzgamos la evolución democrática de nuestros propios Estados.

Van den Berg
Señor Presidente, la libertad de prensa es uno de los elementos más valiosos de la verdadera democracia. Esta libertad está ausente en numerosas dictaduras porque a los dirigentes les atemorizan los ciudadanos informados, el debate, la oposición y la publicidad.
Europa ha de erigirse consecuentemente en defensora de la libertad de prensa y de quienes luchan por ella. Es comprensible que nuestra atención se centre principalmente en los países en vías de desarrollo y los Estados gobernados antiguamente por un poder central que se hallan actualmente en un período de transición. Esta opción está plenamente justificada ya que en muchas ocasiones podemos prestar ayuda real facilitando apoyo y dinero a las ONG locales, la sociedad civil y los medios de comunicación afectados.
Como socialdemócratas consideramos el tema de la libertad de prensa como la piedra angular de nuestra ideología. Desde este punto de vista quisiéramos llamar su atención, dentro de Europa, sobre un fenómeno que nos preocupa sobremanera. Estamos viendo cómo la propiedad y el poder de decisión sobre los medios de comunicación en Europa acaba concentrándose en un número limitado de países. Esta tendencia redunda claramente en perjuicio de la diversidad. El problema se vuelve aún más acuciante cuando el poder económico confluye con el poder político. Entonces comienza a peligrar la libertad. No necesito mencionar nombres; todos saben a quién me refiero. El Grupo Socialista del Parlamento Europeo tomará la iniciativa de presentar propuestas destinadas a combatir este atentado contra la libertad de prensa. Por desgracia, el Partido Popular Europeo, a pesar de haber tomado la iniciativa para esta resolución, ha anunciado que no respaldará ese punto. Es más, ha amenazado con votar en contra de la resolución si nuestro texto se adopta. ¿Tiene el susodicho político tanta influencia o infunde tanto terror que ya controla al Partido Popular? Rogamos urgentemente al Partido Popular que se aclare y que decida si desea defender la libertad de prensa o la concentración de poder. El resultado de la votación que celebraremos más tarde será muy significativo.

Morillon
Señor Presidente, Señorías, ésta es una buena ocasión para responder inmediatamente al Sr. van den Berg.
El Grupo del Partido Popular Europeo ha adoptado la iniciativa de una resolución, gracias a la cual celebramos el presente debate. Con ocasión del día mundial de la libertad de prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, manifestamos nuestra solidaridad con los periodistas víctimas de su compromiso durante el año 2000, 36 de los cuales se dejaron la vida en ello, mientras que otros 77 están actualmente presos por el ejercicio de su profesión.
Todos tenemos conciencia aquí de que la mofa de la libertad de prensa es un atentado contra la dignidad del hombre, una violación de su búsqueda de la verdad, una prohibición de su plenitud. Deseábamos decirlo de la forma más simple. Por desgracia, resulta que esa idea tan simple ha sido desviada de su objeto por iniciativa de otros Grupos políticos -de los que el Sr. van den Berg acaba de hablarnos- que han aprovechado la ocasión para reavivar una polémica política contra uno de nuestros colegas, futuro jefe de uno de los quince Estados miembros de la Unión Europea.
Como lamentable consecuencia del acortamiento del calendario de nuestros Plenos, resulta que soy el autor del proyecto inicial y, como voy de cabeza, como todos aquí, en Estrasburgo, no pude participar en la reunión de concertación que dio lugar a la redacción de la resolución conjunta que después se presentará al sufragio de sus Señorías. En aquel momento estaba en el hemiciclo participando en el debate, tan importante, sobre el futuro del Oriente Medio. La voluntad manifestada por una pequeña mayoría de nuestros colegas no nos ha dotado del don de la ubicuidad, cosa que no puedo por menos de deplorar.
Ésa es la razón -pues me habría opuesto al párrafo que hoy figura en la resolución conjunta- por la que he pedido a los colegas de mi Grupo que no se sumen a la firma de esa resolución común y propongan al sufragio de sus Señorías el texto inicial de nuestra resolución, con toda su sencillez.

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, uno de los recuerdos vivos que tengo de mi época juvenil, cuando comencé a trabajar en el campo profesional, es un comentario de uno de mis jefes cuando me dijo que lo más grande que Dios les había dado a los seres humanos era la libertad de expresión. Este comentario me causó tal impacto que no he dejado de recordarlo y aplicarlo en mis actividades.
Por ello, hoy participo en esta propuesta de resolución que trata de la libertad de prensa en el mundo y que, obviamente defiendo en unos momentos en que muchos escritores, periodistas y fotógrafos se juegan la vida a lo largo y ancho de la geografía de nuestro planeta por diversas razones.
Debo hacer hoy una especial mención a la Carta de Derechos Fundamentales y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dedicar un recuerdo emocionado a un periodista vasco, el Sr. Landaburu, que, desgraciadamente, como algunos de sus compañeros, ha sido objeto de un atentado por parte de terroristas que buscaban acabar con su vida y, en consecuencia, evitar que pudiese expresar libremente sus ideas. De ahí mi acuerdo con la enmienda presentada por los diputados Sres. Galeote y Salafranca.

Fiori
Señor Presidente, hablo como periodista. Debo decir que he asistido un tanto desconcertado y con muchas perplejidades a los avatares de esta resolución. Hace un momento el general Morillon ha recordado que, como Partido Popular Europeo, tomamos la decisión de esta iniciativa con ocasión de Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo. La considero una magnifica iniciativa porque defiende a quien ha contraído un compromiso diario con la lucha por las libertades y a quien arriesga su vida para informar al mundo sobre lo que acontece en amplias zonas del Tercer Mundo o también - hay que recordarlo - del este de Europa.
Luego ha pasado algo muy desagradable. Se ha pensado en instrumentalizar esta iniciativa sometiéndola a una posición política partidista, una posición política que demasiadas veces, a mi modo de ver, ha aflorado en este Pleno. No quiero emplear siquiera una palabra respecto a esto. El domingo pasado ya respondieron 18 millones de italianos con su voto. Lo único que quiero ver es el resultado de todo esto. El resultado es que, probablemente, un precioso e importante testimonio perderá una gran parte de su importancia por esta mojigatería del mundo de los medios de comunicación que prefiere los temas de enfrentamiento al intercambio de opiniones. Se ha renunciado sobre todo al papel de esta Institución y se continúa conculcando una especie de respeto a la política. Nosotros creemos única y exclusivamente en la política de los valores y en el intercambio de opiniones y no creemos en la política de los venenos. El veneno no ha dado resultado alguno en la historia y, generalmente, nunca ha pagado a aquellos que lo han utilizado. Nosotros creemos solamente en los valores positivos.

Volcic
Señor Presidente, es difícil que un Gobierno que encarcela a sus periodistas sea democrático hasta el extremo de garantizar un juicio justo con arreglo a las normas internacionales, motivo por el cual yo confiaría más en el seguimiento y control. Obviamente, es preciso insistir en el principio de libertad de prensa; sin embargo, recuerdo los comentarios que se hicieron cuando se promulgó la primera ley sobre la libertad de prensa en la Unión Soviética. Entonces los periodistas se preguntaron: ¿Quién nos dará el dinero para publicar los periódicos? La cuestión no se ha resuelto aún. Menciono este problema, dado que nuestra propuesta de resolución constata la degradación impuesta a la prensa en Rusia y deplora asimismo los atentados contra la diversidad y la libertad. Quisiera añadir que el problema de la prensa forma parte de la lucha por el poder. En Rusia la prensa subvencionada por los multimillonarios llevó a Yeltsin a la presidencia, pero la línea política de entonces no gusta a los dirigentes de hoy y los mismos multimillonarios se sientan ahora en el banquillo de los acusados o se encuentran en el extranjero. Lo cierto es que la libertad de prensa forma parte de lo acontecido que, sin embargo, es ante todo una etapa de la lucha por el poder.
Quisiera añadir asimismo que la ciencia mediática señala cada vez más, entre los elementos que perturban la libertad de prensa, la llamada rutina de la redacción. Los periodistas aceptan el trabajo donde lo encuentran y se adaptan al clima y a las ideas que prevalecen en la redacción, incluso cuando van en contra de sus propias ideas. Convertir a los conformistas en santos es, en todo caso, una empresa que no se puede regular con resoluciones.
Y aquí, obviamente, quisiera recordar el apartado 10 de la propuesta de resolución que se refiere al conflicto de intereses, una cuestión de la que - como sabemos - se ha hablado mucho en estos días, con motivo de las elecciones en Italia. Se afirma que los Gobiernos deberían vigilar escrupulosamente el conflicto de intereses y las relaciones ambiguas entre las redacciones y el propietario. Y cuando el presidente y el propietario son la misma persona, ¿qué se hace, señor Presidente?

Maaten
Señor Presidente, gracias por el consejo. La libertad de expresión y, más en particular, la independencia de los medios de comunicación contribuyen a preservar y promover la democracia en el mundo. La persecución de los periodistas en el ejercicio de su profesión es señal de la incapacidad de respetar una estructura democrática. Por desgracia, es algo habitual y no excepcional. En muchas partes del mundo los periodistas continúan sufriendo censura, sanciones físicas y atentados contra la dignidad de la persona. En numerosos casos con un desenlace fatal. Rusia constituye un problema al respecto. Desde que Putin ascendió al poder se han dado nuevos pasos hacia el desarrollo de un mercado mediático ruso postsoviético. La tendencia es inequívoca. El Kremlin intenta imponer su voluntad a las redes nacionales rusas ORT, RTR y NTV promoviendo una ideología en la que los medios de comunicación solamente pueden propagar los intereses del Estado.
Hemos vuelto a comprobarlo recientemente cuando el 10 de mayo el Fiscal General del Estado irrumpió en la emisora de radio Eco de Moscú incautándose de toda la documentación financiera y comercial. Aunque por el momento no sabemos hasta dónde llegará todo esto, no cabe duda de que la democracia rusa se halla en peligro.
Obviamente, también hemos de vigilar la democracia en Europa. Acaba de mencionarse el nombre del Presidente de Italia. Es dueño de una empresa que posee entre otras cosas tres canales de televisión y la mayor editorial internacional que, a su vez, edita revistas que apoyan al Presidente. Considero que la iniciativa del Sr. Van den Berg, del Grupo de los Socialdemócratas, es digna de interés. Por otra parte, hemos de ser conscientes de que este fenómeno no es privativo de Italia. También en Inglaterra una sola mano controla todos los medios de comunicación. En la actualidad el Gobierno de los socialdemócratas se está beneficiando de esta situación de cara a las próximas elecciones. En otros muchos países se perfilan tendencias similares. Estimo conveniente que el Parlamento Europeo se detenga en esta cuestión y estudie posibles soluciones, puesto que se trata de un asunto que nos afecta a todos.

Sichrovsky
Señor Presidente, la libertad es, sin lugar a dudas, un fundamento básico de toda democracia que funcione. Creo, hablando como periodista, que esta idea está muy bien reflejada en la propuesta de resolución. Si junto a ello, no obstante, ponemos la libertad de información es para dar un paso más allá de la garantía de que los periodistas puedan desempeñar su profesión libres de presiones.
Sin embargo, la libertad de información de las personas está también siendo parcialmente limitada en países donde sí está garantizada la libertad de prensa. Por ejemplo, mediante las redes financieras de los propietarios de los medios, o por la pérdida de la llamada responsabilidad periodística. Da que pensar, aunque no sea una consecuencia directa de la limitación de la libertad de prensa, que algunas revistas hayan llegado a definir todas sus secciones, incluida la de política, como centros de beneficio, de manera que hasta la redacción de política ha de asumir la responsabilidad de incluir anuncios en sus páginas.
También es influencia de la libertad de prensa que en Austria, por ejemplo, un periódico modifique su opción política al ser salvado de la bancarrota por un banco próximo a un determinado partido político.
Hay otro problema, que consiste, sobre todo, en la tendencia a separar cada vez más los comentarios de la información. El resultado es una forma de periodismo de cartas al director que nos propone, en numerosos periódicos independientes, un diálogo casi exclusivo con las opiniones de los periodistas, que a su vez están influidos por los propietarios de los medios y sus respectivos intereses.
Para garantizar el derecho a la información, el ciudadano necesita la libertad de información junto y además de la libertad de prensa. Como Parlamento Europeo tenemos la obligación de vigilar la preservación de la libertad de prensa en todos los países. Quizás debamos en un futuro respetar más aún tanto el derecho del ciudadano a la libertad de opinión como a la necesaria diversidad de opiniones.

Hernández Mollar
Señor Presidente, no se puede entender una resolución sobre la libertad de prensa en el mundo sin que en la misma figure, por un lado, la solidaridad de este Parlamento con un periodista vasco, español y europeo, el Sr. Gorka Landaburu, víctima reciente de un atentado de ETA inmediatamente después de las elecciones vascas. Además, y por otro lado, debe figurar una firme llamada a la defensa y garantía del libre ejercicio de la profesión periodística, amenazada como está -y esto conviene que se sepa en este Parlamento- en una parte del territorio europeo, como es el País Vasco.
El brazo político de ETA, señor Presidente, ha sido duramente castigado en las urnas, y ¿cual ha sido su respuesta? Pues la respuesta inmediata de la organización criminal, una vez más, ha sido intimidar, ha sido amenazar y ha sido atentar contra la vida de un periodista que, precisamente lo único que hacía era defender los valores sobre los que se asienta la sociedad europea, defender la convivencia pacífica y defender la libertad de los ciudadanos vascos.
Los enemigos de la libertad de expresión, los enemigos de la democracia y los enemigos de la vida, no merecen ser ciudadanos de la Europa que estamos construyendo sobre bases tan firmes como son la libertad, la seguridad y la justicia para quienes habitan y circulan en el territorio europeo.
Este es el sentido, Señorías, de la enmienda que mi Grupo presenta y que espero reciba el apoyo de los Grupos políticos de esta Cámara, y agradezco también al Sr. Sánchez García que ya lo haya anunciado.

Verheugen
Señor Presidente, quisiera hacer otra vez una breve observación sobre Etiopía. La Comisión se congratula de que esta cuestión haya sido debatida aquí. El 26 de abril, la Comisión, en nombre de la Unión, estuvo haciendo gestiones ante el gobierno de Etiopía. Se lamentó por la pérdida de vidas humanas en los disturbios que se dieron en Addis Abeba y en otros lugares. Se lamentó también por las acciones violentas de las fuerzas de seguridad. Las gestiones han exigido al gobierno que aclare esos hechos mediante una investigación neutral y completa.
Por lo que atañe al conflicto entre Etiopía y Eritrea, la Comisión apoya plenamente la misión de paz bajo protección de la ONU y de la OUA. Espera de ambos gobiernos que garanticen una completa libertad de movimientos a la misión de Naciones Unidas, que colaboren en las tares de eliminación de minas, que liberen a todos los presos y detenidos de guerra y que desmovilicen una parte importante de las fuerzas de combate.
La UE ha apoyado las gestiones de la misión de Naciones Unidas siguiendo la evolución de la situación en ambos países y manteniendo contacto con todos los partidos implicados. Ha hecho declaraciones para impulsar el proceso y, cuando la situación lo exigía, ha hecho públicas sus preocupaciones. La Comisión considera que ésta es la mejor manera posible de colaborar con las gestiones de Naciones Unidas.
La Comisión aplaude la iniciativa de los líderes religiosos de visitar los territorios que se extienden a ambos lados de las fronteras y de poner en marcha un proceso de reconciliación. Este proceso capital debería, según su punto de vista, ser diseñado y dirigido por las poblaciones afectadas. Por el momento, la Comisión cree que sería demasiado precipitado que la comunidad internacional organice una cumbre formal entre ambos países.
Sobre la situación en Camerún quisiera decir que la Comisión está siguiendo atentamente la situación de los derechos humanos en ese país y que ha tomado nota de que se ha empezado con la democratización de la sociedad y de las instituciones. Vemos además una evolución positiva en el terreno de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas. Pero hay que constatar también que los nuevos actores no conocen ni respetan suficientemente esos nuevos derechos y libertades.
Camerún ratificó el Acuerdo contra la Tortura y fue objeto en noviembre de 2000 de un informe presentado por la Comisión Contra la Tortura. Además, en Camerún se creó una Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, si bien sólo con funciones limitadas. Por último, en colaboración con Naciones Unidas se fundó un Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos.
La Comunidad Europea, en el marco del Acuerdo de Lomé, ha apoyado mediante una transferencia de 6 millones de Euros la reforma institucional en el ámbito del Estado de derecho, de la democratización así como del respeto a los derechos humanos. Además se examinó un programa de apoyo en el terreno de la organización del derecho penal en Camerún.
Con una dotación especial procedente del pasado marco financiero del noveno Fondo Europeo de Desarrollo se apoya, en coordinación con el Bretton-Woods de las instituciones, la reforma de la justicia y el fortalecimiento de un ejercicio responsable del poder estatal. Además se garantiza una dotación especial procedente también del noveno Fondo Europeo de Desarrollo para apoyar a los actores no estatales, sobre todo en beneficio de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que desarrollan su actividad en el ámbito del liderazgo político estatal, de la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho.
La Comisión, en el sentido del Acuerdo de Cotonou, persigue con este marco un planteamiento positivo, basado en el diálogo. Desde su punto de vista, por tanto, no está justificado iniciar consultas siguiendo el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou. La situación está siendo vigilada sobre el terreno junto con los Estados miembros. El gobierno ha creado una comisión de investigación cuyos resultados serán analizados minuciosamente tanto por la Comisión como por los Estados miembros.
Como último punto de este debate sobre derechos humanos quisiera dejar claro que no puede haber ninguna duda sobre el hecho de que la libertad de prensa y la libertad de información son absolutamente constitutivas de toda sociedad democrática, así como tampoco puede haberla sobre el hecho de que la libertad de prensa y la libertad de opinión sólo pueden ser ejercidas cuando existe diversidad de medios de comunicación. Donde no se da esto, o bien no hay democracia, o bien, si la hay, está en peligro.
Las amenazas a la libertad de prensa y a la libertad de opinión constituyen uno de los capítulos más tristes de nuestro trabajo internacional. Al igual que el Parlamento, la Comisión se toma totalmente en serio la creciente persecución y represión de la libertad de opinión y de prensa. Esto empieza con la situación de los medios, como algunos miembros del Parlamento han señalado en referencia a Rusia, y termina con atentados terroristas a periodistas como ayer se vio en el País Vasco. Aunque estoy en la feliz situación de poder informar a esta Asamblea de que el periodista vasco Landáburu, el hermano menor del Director General para la Ampliación, dependiente de la Comisión, no ha perecido en el atentado. Está gravemente herido, pero, gracias a Dios, sobrevivirá.
Pero es un claro signo de que el terror se dirige de modo muy concreto contra periodistas, porque la libertad de prensa y la libertad de opinión son vistas por todas las organizaciones extremistas del mundo como su amenaza más seria. Y no les falta razón.
Déjenme todavía informarles brevemente de que la UE ha adoptado una postura en la 57 sesión de la Comisión de la ONU de Derechos Humanos sobre libertad de opinión, de religión y de conciencia. La UE defiende su postura no sólo en la escena internacional, sino que proporciona ayuda práctica a cargo del presupuesto comunitario. De modo que la Iniciativa Europea por la Democracia y los Derechos Humanos prevé amplios recursos para apoyar a medios independientes de todo el mundo. La ayuda abarca desde medidas para la formación profesional de los periodistas hasta vigilancia de los medios. Del presupuesto de 2000 se han habilitado algo más de 5 millones de Euros para proyectos relativos a la libertad de expresión, de prensa así como también concernientes a la protección y la formación de los periodistas. Un gran proyecto dirigido a Asia y África, que se está realizando en colaboración con Periodistas sin Fronteras, aborda algunos de los riesgos principales a los que están expuestos los periodistas y que han sido mencionados en las resoluciones del Parlamento.
El proyecto prevé una valoración de la situación de los periodistas detenidos, el apoyo económico para ellos y sus familias y campañas de sensibilización e información.
El apoyo en el marco de la iniciativa europea debe ser continuado. En la petición de propuestas de enero de 2001 se menciona el tema de la libertad de opinión como una de las prioridades.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Verheugen.
El debate queda cerrado.
La votación se celebrará hoy a las 18.30 horas.

Trabajo forzado de niños africanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5­0359/2001 de los diputados Maes, Lucas, Rod y Schörling en nombre del Grupo Verts/ALE sobre tráfico de niños;
B5­0365/2001 de los diputados Van den Berg, Sauquillo Pérez del Arco y Carlotti en nombre del Grupo del PSE sobre trabajo forzado de niños africanos;
B5­0372/2001 del diputado Johan Van Hecke en nombre del Grupo del PPE­DE sobre tráfico de niños (el barco de Benin);
B5­0379/2001 del diputado Thors en nombre del Grupo ELDR sobre niños esclavos en África;
B5­0389/2001 de los diputados Sylla, Miranda, Herman Schmid, Morgantini, Frahm, Alavanos y Alyssandrakis en nombre del Grupo GUE/NGL sobre trabajo forzado de niños africanos;
B5­0393/2001 de los diputados Andrews, Muscardini y Segni en nombre del Grupo UEN sobre trabajo forzado de niños africanos.

Maes
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la noticia de los 43 niños encontrados a bordo de una nave que los alejaba de su casa rumbo a otro país donde iban a trabajar en unas plantaciones nos ha conmocionado a todos, y con razón. Pensábamos que la esclavitud había sido erradicada, pero, por desgracia, continúa existiendo y se manifiesta de forma especialmente chocante en el tráfico de niños y la trata de niños esclavos. Se transporta a los niños por vía marítima para que trabajen en plantaciones. Se secuestra a los niños para entrenarlos como soldados, para que lleven armas y se transformen en una máquina de matar o para que presten servicios sexuales. Los niños que se quedan huérfanos a temprana edad porque sus padres fallecieron como consecuencia del sida son acogidos como esclavos domésticos en casa de quien supuestamente se encarga de cuidarlos. En resumen, los niños se convierten a menudo en esclavos. Sin embargo, ello no se corresponde con la tradición africana. África no es un continente en el que los niños se vendieran habitualmente. La esclavitud y el trabajo infantil, que van en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen su origen en la extrema pobreza. Por todo ello, señor Comisario, ruego encarecidamente -tal y como figura en la resolución- que se combatan y desmantelen las redes de tráfico de niños, que se desarrollen programas de reintegración para niños rescatados o huidos y también para antiguos niños soldados y niños de la calle y, sobre todo, que contribuyamos a que los productos procedentes de África se vendan a un precio justo de modo que los padres puedan trabajar y dejar a los niños que vayan a la escuela, como es debido.

El Presidente
Ruego a nuestros distinguidos espectadores que no apludan. No es propio de un Parlamento, aunque, naturalmente, resulta muy animoso que apoyen de ese modo la intervención de la Sra. Maes. Pero les ruego encarecidamente que se atengan a las reglas de juego de la democracia europea. ¡Todos somos europeos!

Van den Berg
Señor Presidente, en los últimos meses hemos sido partícipes de la triste suerte de los niños que, separados de su casa y su hogar, se encontraban a la deriva en un barco de esclavos delante de la costa del África Occidental. Como pudimos comprobar cuando nos desplazamos a Gabón en el marco de la reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, estos niños procedentes de los países vecinos se entregan por ejemplo a familias de la élite gabonesa, en cuya casa realizan labores domésticas. Se colocan a través de las tías, que no es sino un eufemismo para las mujeres que hacen de intermediarias entre las diferentes familias. Esto significa que te conviertes en el esclavo de la casa y que no vas a la escuela. Significa que trabajas desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche y que, como niño, pierdes todas tus libertades. Esta situación es contraria a una serie de acuerdos de la OIT. Atenta asimismo contra el Acuerdo de Cotonou.
Al menos sería de esperar que las élites, que a menudo forman parte de los gobiernos de los países ACP afectados, no fomentasen estos abusos. Al menos sería de esperar que adoptasen medidas conforme a la legislación de los países implicados. Al menos sería de esperar que todos esos países aunaran sus fuerzas para afrontar el problema. Pues bien, no es así.
Por eso mismo, insto a los países implicados a que no se laven las manos achacándolo todo a la pobreza, los hábitos culturales y trivialidades como: "es lo que hay". Esta postura dificulta la acción. Es fundamental que interpreten este problema como un atentado contra los derechos humanos. Los niños pueden optar a derechos humanos. Se trata de acuerdos fundamentales. Espero que en caso necesario seamos capaces de adoptar medidas dinámicas y eficaces e imponer sanciones. Se trata realmente de un fenómeno inaceptable.
Me hubiera gustado extender mi discurso a la cuestión del trabajo infantil en general, pero me he centrado a conciencia en el problema de África Occidental, que es fácil de delimitar. Ya es hora de que se ponga fin a la violación de los derechos de estos niños.

Van Hecke
Señor Presidente, según Unicef el tráfico de niños afecta anualmente a 200.000 niños en el África Occidental y Central. Las familias pobres endeudadas prestan a su hijo a un acreedor como fianza o para hacer frente a los pagos pendientes, pero como no logran saldar sus deudas en numerosas ocasiones los niños se venden y son transportados a otros países. Allí se dedican a las labores domésticas o trabajan como mano de obra no remunerada en las plantaciones de cacao o algodón o en la industria del sexo. Es raro que un traficante de niños sea detenido o castigado. Posiblemente el descubrimiento de la nave nigeriana Etireno en el puerto de Cotonou no sea sino la punta del iceberg. La Organización Internacional del Trabajo cifra el número de niños esclavos en el mundo en 250 millones. Es realmente inaceptable que prácticas como el tráfico de niños y la esclavitud continúen existiendo en el siglo XXI y que, es más, vayan en aumento. Necesitamos nuevos mecanismos para detectar y sancionar el tráfico y la explotación de niños esclavos. El sistema jurídico local debería recibir más fondos y estar mejor dotado para combatir este tipo de abusos. Por otra parte, las multinacionales han de imponerse a sí mismas el compromiso ético de no abusar de los niños para fines comerciales. Al mismo tiempo debemos armarnos de valor y erradicar las causas subyacentes: la pobreza y el desempleo. Esta semana ha salido de Bruselas con motivo de la Conferencia sobre los Países Menos Desarrollados la promesa de que se condonarán las deudas. Esperemos que esta promesa se cumpla y que nuestros mercados por fin se abran a los productos agrícolas procedentes de estos países para que la gente pueda vender otras cosas y no tenga necesidad de vender a sus hijos.

Sylla
Señor Presidente, Señorías, creo que, según el UNICEF, como ya se ha dicho, son 250 millones de niños menores de 14 años los que trabajan hoy en el mundo. En África, millares de ellos trabajan a la fuerza en plantaciones de café y de cacao, cuyos productos van destinados con frecuencia a la exportación. Eso nos vuelve, en parte, indirectamente cómplices de lo que sucede. Muchos de esos países son -conviene decirlo- signatarios de la Convención sobre los Derechos del Niño o del Convenio sobre la prohibición del trabajo infantil.
Creo que nuestro Parlamento no puede continuar únicamente tomando nota de la multiplicidad de instrumentos jurídicos encaminados a hacer respetar los derechos del niño en el plano internacional o concediendo como una etiqueta de buena conducta mediante esos diversos convenios a los que se han adherido esos países, si no hay una fuerza ejecutiva en alguna parte. Nos compete reaccionar rápidamente, como ya se ha dicho, sancionando, suspendiendo o incluso excluyendo a todo país que no respete dichos convenios.
Pero me interesa distinguir los debates. Creo que los debates se sitúan en tres niveles diferentes. Hay un primer nivel que se refiere efectivamente a la miseria, al desempleo, como ya se ha dicho, y no hace falta decir que el FMI y el Banco Mundial no pueden seguir haciendo recaer sobre África las denominadas políticas de ajuste estructural. Más aún: hoy sabemos muy bien que esa deuda pesa como una espada de Damocles y es necesario que el FMI, en particular, tenga una política clara al respecto. Pero hay otro debate que consiste -creo yo, como diputado- en preguntarse si es viable seguir todos esos convenios, esa gran diversidad de convenios, y aceptar que esos países no los cumplan. Entonces, ¿qué hacemos? En fin, creo que es muy importante que reflexionemos sobre cosas mucho más contundentes. Pienso, en particular, en la creación de una etiqueta social europea que obligara a que los productos procedentes de África, de Asia llevasen la indicación de su procedencia exacta, lo que permitiría determinar cuáles proceden de países que explotan a niños o violan el Código del Trabajo. Por último, creo que en este mismo momento -y ya lo ha dicho mi colega- se está celebrando la Cumbre sobre los Países Menos Adelantados con el Parlamento Europeo, incluidos dirigentes europeos. Creo que sería muy importante que pudiéramos interpelarlos y que adoptaran medidas extraordinariamente urgentes sobre esa forma de esclavitud moderna que afecta a los niños, en todo caso a niños que tienen la edad de los nuestros en nuestros países europeos.

González Álvarez
Señor Presidente, comparto naturalmente lo que ha expuesto en su intervención mi compañero Fodé Sylla y los demás compañeros que han intervenido aquí esta tarde.
Este problema salta a la opinión pública por el peregrinaje de un barco, el Etireno, de Benin a Gabón. Sin embargo, UNICEF ya había dicho claramente que más de 200.000 niños del África Occidental y Central padecían este perverso modo de crecer. Cuando vemos cómo crecen los niños europeos, tenemos que pensar en esos niños africanos. Y es terrible pensar que niños de 7 a 15 años son utilizados como esclavos modernos en los trabajos más variados y, a veces, para las perversiones sexuales de determinadas personas.
Comparto totalmente las medidas que se proponen en la resolución: hay que informar a los consumidores de que no consuman productos que se sepa que están fabricados y producidos por el trabajo de estos niños, hay que solicitar el precio justo y practicar el comercio equitativo.
Comparto plenamente la enmienda que presentan los compañeros del Grupo de los Verdes sobre la revisión, en este sentido, de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Es necesario que el Consejo y las instituciones europeas colaboren con los países de los que proceden y a los que llegan estos niños, que luchan contra este tráfico espantoso y, es necesario también que en la próxima sesión de las Naciones Unidas, dedicada a los derechos de la infancia, las instituciones europeas adopten una actitud beligerante con respecto a este problema.
Como señalaba mi compañero Fodé Sylla, en el considerando G se habla claramente de los efectos de la creciente pobreza en este problema. Creo que deberíamos preguntarnos si es éticamente aceptable apoyar un sistema que produce efectos tan perversos en una población tan terriblemente débil como es la de los niños. Señor Presidente, creo que hay que empezar a reflexionar sobre si podemos permitir que eso se produzca.
(Aplausos de la izquierda)

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está tan profundamente preocupada por el tráfico de niños en África Central y Occidental como lo está el Parlamento Europeo. Según datos de UNICEF, más de 200.000 niños son víctimas del tráfico transfronterizo en África Central y Occidental. Hacemos un llamamiento a los gobiernos de esos países para que hagan todo lo que esté en su mano por combatir y castigar la práctica criminal de ese tráfico.
La estrategia de la Comisión para la lucha contra el tráfico de niños y el trabajo infantil se basa, en lo esencial, en medidas para la reducción de la pobreza en África. Éste el objetivo más importante del Acuerdo de Colaboración de Cotonou.
Quisiera subrayar, además, que la Comisión está siguiendo una estrategia para promover la seguridad alimenticia y el desarrollo rural en los países africanos, que, sobre todo, está centrada sobre el papel de la mujer y los niños en el desarrollo sostenido del espacio rural.
Paralelamente, la Comisión está financiando medidas que contribuyan directamente a la solución del problema. Más de 1,2 millones de Euros han sido habilitados para proteger los derechos de los menores y para la protección de los mismos frente a la violencia y la explotación en Gabón, Benin, Togo y Nigeria. Además, la Comisión financia un proyecto especial en Benin sobre este tema. El objetivo es crear una brigada para la protección del menor, impulsar un desarrollo más efectivo de las leyes y sensibilizar a la opinión pública sobre este tema.
La protección y defensa de los derechos humanos de los niños es un tema capital en el marco de la Iniciativa Europea por la Democracia y los Derechos Humanos del año 200. Además, las organizaciones internacionales pertinentes, especialmente UNICEF y la OIT, están tomando más medidas. Una señal positiva reciente ha sido la previsible ratificación del Acuerdo de la OIT nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil por más países. Benin lo ratificó el lunes pasado, esto es, el 14 de mayo, y Costa de Marfil lo hará antes de final de mes. La Comisión está apoyando con fuerza estas iniciativas.
En la Comunicación sobre los derechos humanos que adoptó la Comisión el 8 de mayo de 2001, se desarrollaron conceptos básicos para un diálogo con los países socios. Especialmente quedó fijado que en las conversaciones se debe examinar cómo se puede lograr la ratificación y la efectiva puesta en práctica de instrumentos fundamentales de los derechos humanos y de otros acuerdos internacionales basados en ellos.
Por lo que respecta al acuerdo de comercio, la Unión Europea está pidiendo el apoyo de nuestros socios comerciales en favor del cumplimiento de esa normativa laboral fundamental en relación también con el trabajo infantil. Según el parecer de la Comisión, los países que pongan realmente en práctica esas normas podrían gozar de más preferencias comerciales en el marco del sistema general de preferencias.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Verheugen.
El debate queda cerrado.
La votación se celebrará hoy a las 18.30 horas.
Les comunico que los servicios del Parlamento están intentando, en relación con las propuestas recientes, de adelantar el debate sobre el informe Di Lello Finuoli a las 17.10 horas. Los oradores y el ponente serán avisados e informados para que podamos aprovechar mejor el tiempo.

Inundaciones en Francia
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución:
B5­0381/2001 de los diputados Le Pen, de Gaulle, Gollnisch, Lang y Martinez en nombre del Grupo del TDI sobre las inundaciones en el departamento francés de Somme;
B5­0382/2001 de los diputados Berès y Ferreira en nombre del Grupo del PSE sobre las inundaciones en Francia;
B5­0383/2001 de los diputados Grossetête, Morillon, Lamassoure y Fourtou en nombre del Grupo del PPE­DE sobre las inundaciones en Somme (Francia);
B5­0390/2001 de los diputados Ainardi y Alyssandrakis en nombre del Grupo GUE/NGL sobre las inundaciones en Francia;
B5­0391/2001 del diputado Butel en nombre del Grupo EDD sobre las inundaciones en Somme;
B5­0392/2001 del diputado Marchiani en nombre del Grupo UEN sobre las inundaciones en Francia.

Ferreira
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Francia es víctima, desde hace meses, de graves inundaciones.
Después de Bretaña, otros departamentos han resultado afectados, pero el de Somme y, en particular, la ciudad de Abbeville y los municipios circundantes son los más gravemente afectados. Centenares de habitantes se han visto obligados a abandonar su domicilio, han perdido todos sus bienes y se encuentran privados de recursos. Todos los sectores económicos y sociales están afectados: infraestructuras de carreteras y ferroviarias gravemente dañadas, comercios y empresas cerrados, explotaciones agrícolas con grandes dificultades. Graves incertidumbres pesan sobre sus capacidades para recuperar su nivel de producción inicial. Las personas más afectadas son las que estaban ya más desprovistas y que no pueden encontrar, en su círculo familiar, un sostén financiero y psicológico.
Aunque se pensaba que la situación mejoraría rápidamente, nos encontramos ahora ante una catástrofe que podría durar aún varias semanas. Las consecuencias financieras son en el día de hoy de una amplitud incalculable. La solidaridad entre los habitantes, así como la intervención del Gobierno y de la administración franceses, de las colectividades locales y territoriales, de la policía, del ejército, de la protección civil y del mundo asociativo son importantes, pero no bastarán para enjugar los efectos de ese desastre.
Por eso, me parece esencial que Europa esté presente, aparte de las palabras de apoyo y compasión, y que demos señales intensas de nuestra voluntad de estar junto a esas poblaciones que sufren física y psicológicamente esa catástrofe.
Para ello, es esencial que la Unión Europea, gracias a una ayuda financiera excepcional, contribuya al restablecimiento rápido de las infraestructuras, a fin de permitir la reactivación de la actividad económica.
Igualmente importante es reafirmar nuestra inquietud en cuanto a la multiplicación de graves desastres naturales, desde hace unos años, en todo el planeta y en Europa. La Unión Europea debe hacer todo lo posible para respetar y hacer respetar los compromisos de Kyoto en los plazos establecidos y aplicar una política de desarrollo duradero.

Grossetête
Señor Presidente, aparte del arranque de simpatía y de esa necesaria solidaridad que todos expresamos para con esas poblaciones gravemente afectadas y más en particular en el departamento de Somme de Francia, debemos reflexionar sobre esas numerosas inundaciones que ha habido no sólo en Francia, sino también en Portugal, en España y otros países y tal vez otros más en el futuro.
Ante todo, hay una urgencia y el colega que me ha precedido ha recordado atinadamente la necesidad de tener en cuenta el costo financiero del drama vivido por las poblaciones. Pero también es urgente adoptar las medidas necesarias para evitar que una catástrofe debida a condiciones climáticas excepcionales en Francia se transforme en un drama que marcará por mucho tiempo a las familias y las empresas afectadas. Acojo con satisfacción, evidentemente, las medidas financieras ya propuestas y espero que Europa no esté ausente de ellas. Hay que reforzar también los medios de detección a fin de organizar intervenciones rápidas, preparar las mejores tecnologías posibles para disponer de medios de intervención movilizables en todo momento, en caso de urgencia, en cualquier país de Europa. Se ha comprobado hasta qué punto faltaban esos medios de intervención rápida.
En consecuencia, nuestro Parlamento espera el texto sobre la seguridad civil europea, que podría ser el punto de partida de un auténtico mecanismo de vigilancia entre Estados y de solidaridad. Pero sobre todo hay que hacer una reflexión verdadera. Esas catástrofes nos recuerdan, si fuera necesario, hasta qué punto es importante, por una parte, revisar nuestras políticas de ordenación del territorio, lo que requerirá mucho valor, y, por otra, poner en práctica los compromisos suscritos en Kyoto. Europa no debe disminuir los esfuerzos para convencer a sus socios de que la falta de respeto por la naturaleza puede tener consecuencias sociales, medioambientales y económicas terribles.

Boudjenah
Como ya se ha dicho, lluvias incesantes han provocado durante meses grandes inundaciones en numerosas regiones de Francia. En el departamento de Somme, en el que ha llovido tres veces más de lo normal entre octubre de 2000 y abril de 2001, varias decenas de municipios siguen actualmente bajo las aguas. Millares de personas han sido evacuadas, en muchos casos después de haberlo perdido todo. Los daños en las infraestructuras, en las viviendas, en los cultivos, se cifran en varios millares de francos. Frente a esa dramática situación que sufren las familias desde hace meses, se han empleado medios humanos y materiales en todos los niveles. Pero ese arranque de solidaridad, en el que, por lo demás, han participado numerosos ciudadanos, sigue siendo insuficiente. La Unión Europea debería participar -creo yo y así se ha dicho- activamente en esa solidaridad, concediendo una ayuda urgente a las personas afectadas y contribuir, así, al restablecimiento de las infraestructuras y a la reactivación de las actividades económicas.
Ésa es la petición prioritaria de la resolución de nuestro Grupo, que insiste también en la necesidad de fortalecer las acciones para proteger los ecosistemas y para luchar contra las contaminaciones que podrían tener su parte de responsabilidad en las catástrofes climáticas cada vez más frecuentes.

Butel
Señor Presidente, Señorías, sepan en primer lugar que este debate de urgencia me atañe en particular, ya que yo mismo vivo en Abbeville, ciudad situada en el centro de la zona siniestrada. La bajada de las aguas es lenta, como ya se ha dicho, y en este momento aún son 140 los municipios afectados por las aguas y casi 3.500 viviendas inundadas. Las inundaciones han causado daños considerables, que se cifran en varios centenares de millones de euros. Las viviendas se desploman. Numerosas infraestructuras han quedado dañadas y destruidas, ha habido empresas que han perdido sus medios de producción y deben ser sustituidas, sin olvidar las degradaciones del propio medio natural. En el nivel local, la solidaridad está en marcha desde hace mucho, aportando ayuda humana, alimentaria y material, pero lo que la región necesita en gran medida, ahora, son los medios financieros. Precisamente porque estoy viviendo en el terreno y directamente esa catástrofe el pasado 2 de mayo solicité la solidaridad europea en Bruselas. La Presidenta me respondió positivamente y se lo agradezco. Aprovecho también para dar las gracias a los colegas que al final se han sumado a esta iniciativa.
Por mi parte, ya he pedido al prefecto de la región que me permita participar en una posible modificación del documento único de programación de los Fondos estructurales en Picardía para atender de forma adecuada los problemas planteados. Lo mismo espero por parte de Europa: una respuesta urgente y sobre todo concreta a esta catástrofe. Insisto en que sobre todo esa iniciativa no debe ser una simple declaración de intenciones. Debe ir seguida de decisiones prácticas y efectos concretos lo antes posible. Por consiguiente, deseo que la Comisión, en colaboración con las autoridades locales, autorice la modificación del sistema de zonas de los Fondos estructurales para que todos los sectores de actividad, así como todos los municipios inundados, puedan gozar de créditos europeos. Paralelamente, deseo que acelere la entrega de dichos créditos, que normalmente se deben escalonar hasta 2006.
Por otra parte, como complemento de las ayudas locales, departamentales, regionales y nacionales, la Unión Europea debe desbloquear una ayuda financiera excepcional para atender las necesidades más apremiantes. Por último, se deben adoptar también medidas para luchar contra las consecuencias de los cambios climáticos. Todos los países sin excepción deben respetar los compromisos internacionales de Kyoto y deseo que la conferencia que se celebrará en Bonn en el mes de julio brinde la ocasión para ello. Ése es el objeto de mi enmienda.

Bourlanges
Señor Presidente, sumo, evidentemente, mi voz a las de nuestros colegas para expresar nuestra profunda emoción y nuestra profunda solidaridad para con las poblaciones gravemente afectadas por esa catástrofe sin precedentes por su amplitud y su duración.
Procedo de una región vecina y mi padre nació en Abbeville. El de Somme es un departamento con el que estoy en contacto regular. Es normal que mediante esta resolución expresemos nuestra preocupación y solidaridad. Con la urgencia, ante el drama, ante el desamparo, es normal que manifestemos nuestra emoción.
Pero, independientemente de esta urgencia, creo que debemos comprender bien que a largo plazo la Unión Europea habrá de afrontar ese tipo de problemas. Pues la característica fundamental de ese drama es la de que no es, en verdad, excepcional, sino que ha dejado de serlo. Afrontamos una alteración duradera, en el sentido en que se habla de desarrollo duradero. Este drama no es excepcional, pues va durar. Es una catástrofe que no se agota, que no desaparece. Y ese drama no es excepcional en el espacio, pues Somme no ha sido el único lugar de Francia o de Europa que ha resultado afectado por las inundaciones.
Como europeos encargados de las políticas europeas, afrontamos directamente la necesidad de actuar en los tres componentes esenciales que son la Política Agraria Común y el desarrollo rural, la ordenación estructural y las acciones estructurales y, por último, las acciones internacionales encaminadas a plasmar en hechos los compromisos contraídos en Kyoto.
En el futuro y a largo plazo debemos actuar. La que se nos propone no debe ser una resolución que examinemos simplemente durante diez minutos y después olvidemos. Estamos comprometidos para varios años con la eliminación de ese tipo de peligro, con la prevención de ese tipo de amenaza y con la resolución de los trágicos problemas que se plantean a las poblaciones.

Isler Béguin
Señor Presidente, Señorías, me sumo también a los signatarios de la presente resolución para expresar, en nombre de mi Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, nuestra total solidaridad a todas las personas afectadas, consciente de que aún hoy familias enteras están esperando a que se las aloje en viviendas saludables. Hay que poner en práctica todo lo necesario para acudir en ayuda de esas personas profundamente afectadas.
Podemos también sumarnos a la observación de la resolución que apunta a las responsabilidades de situaciones cada vez más frecuentes como las inundaciones catastróficas y sobre cuyo carácter natural debemos preguntarnos. En efecto, la pluviometría excepcional no explica todo y se deben atribuir las catástrofes de repetición sin lugar a dudas a la inconsecuencia de las políticas de ordenación que han pasado -y siguen pasando- por alto con demasiada frecuencia el interés de los medios naturales y la fragilidad de las zonas de riesgo, como las zonas inundables, para atenuar, por ejemplo, las inundaciones. Constituye un avance que hoy todos lo reconozcamos aquí. Pero es absolutamente imperativo integrar en las políticas futuras de ordenación del territorio esos datos nuevos que son la atención que merece el medio ambiente y la aplicación de un desarrollo sostenible, en particular en el marco de los Fondos estructurales y de la Política Agraria Común.
Y quisiera hacer un llamamiento aquí a sus Señorías conscientes hoy de esos peligros para que, cuando deban votar tanto sobre las orientaciones de la Política Agraria Común como sobre los Fondos estructurales y el FEDER, sean conscientes también de las consecuencias de las políticas que aplicamos al conceder ayudas.

Lang
Señor Presidente, 114 municipios de Somme inundados, 2.800 casas afectadas, más de 1.000 personas evacuadas y realojadas provisionalmente, una economía local paralizada: ése es el balance de las inundaciones que han afectado el valle del Somme.
Aparte de la legítima solidaridad que se ha manifestado para con las personas afectadas y las empresas en paro técnico, esas personas esperan ser indemnizadas lo antes posible, es decir, en cuanto la comisión de investigación, en materia de catástrofes naturales, haya elaborado su informe y haya presentado sus conclusiones. Después de la bajada de las aguas, será el momento de determinar las responsabilidades. En efecto, ¿por qué, por ejemplo, la dirección departamental de las instalaciones y servicios públicos de Somme no ha hecho el mantenimiento de las riberas del Somme ni lo ha limpiado desde hace decenios? ¿Por qué han autorizado los municipios construcciones en zonas inundables, con desprecio de las normas elementales de los planes de ocupación de los suelos? ¿Por qué haber eliminado taludes, setos y zanjas en el marco de la concentración favoreciendo, además, una agricultura intensiva? ¿Por qué no se ha construido una cuenca de retención de las aguas en la bahía del Somme ni se han adoptado verdaderas medidas de prevención de las crecidas y las inundaciones? Invocar la fatalidad, las grandes mareas o la pluviometría excepcional no basta. Las personas aisladas, realojadas en condiciones precarias, merecen algo más que buenas palabras del Presidente de la República o algunos millones concedidos por el Gobierno francés. Naturalmente, las compañías de seguros deberían sufragar los daños ocasionados lo antes posible en concepto de catástrofes naturales, pero en el futuro deberemos aprender de nuevo a respetar y a tener en cuenta las necesarias e ineludibles leyes naturales, dotándonos de los medios para aplicar el principio de prevención de dichas catástrofes naturales. La única forma de reaccionar ante la angustia es con acciones concretas, rápidas y eficaces.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, la Comisión agradece a los diputados su participación para intentar paliar las consecuencias de las inundaciones ocurridas en Francia. La Comisión lamenta los problemas y daños causados por las fuertes lluvias que fueron especialmente graves en el departamento de Somme, en la región de Picardie. La Comisión declaró su disposición de recurrir a todas las medidas a su alcance para facilitar la reconstrucción de las zonas afectadas y recuperar su economía. Se trata de medidas de política regional, de política agraria, de política de desarrollo rural y de política de ayudas a los Estados.
La mayor parte del departamento afectado entra en la categoría de objetivo 2 de los fondos estructurales para el periodo 2000 a 2006. En el programa para la región de Picardie, dotado con 1700 millones de francos de la Comunidad para el periodo 2000-2006, se han previsto ya medidas contra catástrofes naturales. La Comisión espera propuestas de las autoridades francesas y les pide que lo hagan para poder prever en el programa una dotación para las zonas afectadas. Por lo que concierne a la política agraria, la Comisión ha tomado la iniciativa de dar a los productores una gran flexibilidad con vistas al aumento de ayudas al cultivo de grandes superficies y al barbecho. Por lo demás, la Comisión ha aprobado determinadas interpretaciones que hicieron las autoridades francesas competentes en esa materia legal. De igual modo, la Comisión ha tomado medidas para prolongar el periodo de siembra más allá del 15 de junio.
Por lo que respecta a las ayudas estatales a las zonas afectadas, la Comisión, siempre que se cumplan las normas, hará todo lo que esté en su mano para contemplar generosamente las notificaciones y las concesiones de ayudas estatales ocasionales para paliar los daños producidos.
Algunos miembros de esta Asamblea han hecho referencia a una ayuda inmediata a las familias afectadas. La Comisión, desgraciadamente, no está en disposición de corresponder a esta petición. Como ustedes saben, en el presupuesto de la Unión Europea no hay ya desde hace una serie de años ningún capítulo explícito para catástrofes y ayuda inmediata a los Estados miembros, y no creo que el Parlamento quiera solicitar a la Comisión que efectúe pagos para los que no está autorizada legalmente.
Considerando que hoy hay otras posibilidades para una ayuda de la Comunidad para ese tipo de catástrofes, la Comisión opina que en vista de los recursos financieros y humanos de que dispone en la actualidad, sería precipitado aceptar por el momento esa propuesta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Verheugen.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación se celebrará a las 18.30 horas.
Agradezco a todos los colegas que han intervenido, especialmente al ponente y al orador, que hayan sido tan amables de comenzar antes de lo previsto, que era a las 17.30 horas, de manera que hoy podemos aprovechar mejor el tiempo de que disponemos.

Reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe A5-0145/2001 del Sr. Di Lello Finuoli en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal.

Di Lello Finuoli
.- (IT) Señor Presidente, Señorías, el reconocimiento mutuo de sentencias firmes en materia penal plantea muchos problemas que hemos tratado de afrontar y resolver de la mejor manera posible, gracias a la contribución de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y de su ponente, el Sr. Joachim Wuermeling. Este informe no ha sido objeto de enmienda alguna, y esto es la prueba de la conformidad de opiniones que hemos encontrado con la propuesta. Espero que las soluciones propuestas puedan alcanzar un amplio consenso en el Parlamento para dar más fuerza a las argumentaciones de aquellos que, en el Consejo y en la Comisión de la Unión Europea, las comparten. Un espacio común de justicia tendrá sentido sólo si, en su interior, las decisiones de los Tribunales de uno de los Estados miembros tendrán eficacia en cualquier otro Estado miembro. Concretamente, se trata de ejecutar en un Estado miembro una resolución firme dictada por la autoridad competente de otro Estado miembro.
Hasta la fecha el reconocimiento de las sentencias entre los distintos Estados se lleva a cabo a través del mecanismo de la solicitud, un procedimiento lento y complicado y cuyo resultado es, cuando menos, incierto. Además de la evidente finalidad de garantizar la seguridad jurídica, implícita a la hora de convertir en rápida y efectiva la aplicación de la ley en todo el territorio, con el reconocimiento mutuo no solo se pretende la reinserción social del condenado que ya no se arranca del Estado en que ha decidido vivir, sino también la protección de los derechos de las víctimas.
Para instaurar un sistema de reconocimiento mutuo, se podrían plantear dos soluciones: o aspirar a una armonización de los sistemas legislativos y judiciales de los Estados miembros, o basarse en la confianza mutua en la correspondencia de la normativa de cada uno de los Estados miembros y en la correcta aplicación de dicha normativa en los procedimientos específicos. Hemos optado por esta segunda solución, ya que es más viable y porque nos encontramos en presencia de sistemas judiciales que, pese a ser distintos, se basan en un sistema de normas procesales que garantizan resoluciones penales fiables y, por lo tanto, susceptibles de ser ejecutadas en todo el territorio de la Unión.
Sin embargo, somos conscientes de que, al menos a corto plazo, será difícil alcanzar un acuerdo sobre un procedimiento de reconocimiento automático, dado que ningún Estado miembro estará dispuesto a vincularse al reconocimiento de una sentencia firme que no respete algunas garantías comunes irrenunciables. Se trata de determinar estas garantías irrenunciables, como el respeto al principio de ne bis in idem o el respeto a los derechos a una defensa eficaz y no meramente formal, o bien el respeto a los derechos de las víctimas.
Asimismo, será necesario tener normas comunes en materia de jurisdicción y competencia, al objeto de evitar ante todo dobles juicios, así como tener normas comunes en materia de aplicación de la reincidencia o de acumulación de penas. Con todo, será preciso eliminar algunos obstáculos que, hoy por hoy, impiden el reconocimiento pleno de las resoluciones penales firmes y entre estos obstáculos existe el requisito de la doble incriminación que con frecuencia permite a la autoridad competente del Estado de ejecución reexaminar la decisión pronunciada por la autoridad de otro Estado miembro, en lo que respecta a la forma y el fondo.
El problema de la doble incriminación se ha de redimensionar, dado que en todos los Estados miembros de la Unión los hechos que plantean más alarma social son sancionados penalmente. Cabe la posibilidad, y muchos de nosotros la compartimos, de mantener fuera del ámbito de reconocimiento mutuo un número limitado de tipos delictivos como la eutanasia, sobre los cuales será difícil llegar a un acuerdo.
Este informe marca un primer paso hacia la creación del espacio común de justicia, libertad y seguridad. El camino está trazado: ahora hay que encontrar la voluntad y la fuerza política para seguir hasta el final exaltando el sistema de garantías hasta el más alto nivel posible.

El Presidente
Señor ponente, muchas gracias por la introducción a un tema tan difícil como el del reconocimiento mutuo de decisiones firmes en materia penal. Quizás les interese saber que, según una encuesta de mi país, una gran mayoría de ciudadanos se mostraba a favor de debatir ese reconocimiento.
Señor Posselt, su frecuente petición de que este Pleno no deje entre sus sesiones lapsos de tiempo, se ha podido realizar hoy gracias a la amabilidad de la administración del Parlamento. Por tanto, es de nuevo su turno como orador.

Posselt
, ponente de la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. (DE) Señor Presidente, quisiera decir antes de nada que me alegro de esa decisión, aunque en este caso la asumo con tristeza.
Hoy estoy aquí representando a nuestro colega Wuermeling, que preparó la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y quien pensaba que era importante lograr progresos relativos al reconocimiento de resoluciones firmes en materia penal. Pero también nos advirtió de la existencia de un centralismo precipitado y arrollador y nos hizo reflexionar sobre la necesidad de que la Comisión defina de una vez con exactitud qué se entiende por un reconocimiento tal.
Debemos tener presente que se trata de una materia muy delicada. En Europa carecemos de un derecho penal armonizado. Personalmente, yo soy de la opinión de que tampoco sería bueno que lo tuviéramos. No tenerlo no es ningún perjuicio, pues incluso los EEUU, que son sustancialmente más centralistas de lo que incluso nosotros llegamos a concebir la Unión Europea idealmente en su fase final, tienen un derecho penal con variaciones de estado a estado. En algunos se permite la pena de muerte, mientras que en otros no. En eso la UE está más armonizada. Aquí no tendría sitio quien quisiera reconocer la pena de muerte.
También Escocia e Inglaterra tienen diferentes sistemas de derecho penal y diferentes tradiciones jurídicas. Es decir, no sólo debemos llevar adelante la unificación y armonización respetando cuidadosamente la diversidad, sino también, naturalmente, debemos ser muy respetuosos con ella en el reconocimiento de sentencias firmes de derecho penal. Hablamos mucho de una Europa de los valores pero la cosa se complica porque, en realidad, esa Europa de los valores evoluciona por vías divergentes. Un ejemplo concreto y actual es la ley de eutanasia aprobada en los Países Bajos, que significa una despedida de ese país de la cultura jurídica europea vigente hasta hoy, así como es el caso de Gran Bretaña a partir de la ley de clonación aprobada en ese país. En ámbitos esenciales, por tanto, que son además relevantes en materia penal, tenemos incluso una evolución divergente. En la medida en que esto sea así el reconocimiento recíproco se verá tanto más dificultado. Es ésta una cuestión que se plantea en relación con las distintas culturas legales y con los distintos sistemas de valores. Nos congratulamos, pues, de que se hagan progresos en este ámbito, pero somos totalmente escépticos porque, sencillamente, somos conscientes del problema de la evolución divergente. Por ello solicitamos a la Comisión encarecidamente que actúe con precaución en este terreno, que trabaje con definiciones precisas y que, sencillamente, explique nuevamente en qué punto concreto reside la necesidad de una armonización o, dicho de otra manera, que aclare dónde están los aspectos negativos del actual sistema. Sabemos, naturalmente, que hoy hay problemas enormes. Pero los casos que he mencionado - y podría añadir también el de la política de drogas - nos muestran que los sistemas legales europeos, por lo que respecta al derecho penal, no evolucionan convergentemente en temas sensibles que son materia de una intensa discusión pública, sino que más bien se alejan flotando sobre corrientes marinas diferentes.
Esto pone de relieve la importancia de proseguir con nuestro trabajo en el espacio de libertad, de seguridad y de derecho. Pero debemos concentrarnos en los puntos en que haya un acuerdo real entre los Estados miembros respecto del derecho penal.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, insisto en primer lugar en que tomo la palabra en nombre del Partido Popular Europeo, porque éste es un informe especial, por la materia, por la importancia y por algo que resalta el ponente: es un informe en el que ha habido muy pocas enmiendas en comisión y ninguna en el Pleno, lo cual no es nada frecuente, máxime en informes procedentes de la Comisión de Libertades Públicas, y eso se debe, señor Presidente, al ponente. El informe es suyo, señor ponente, pero todos -y desde luego el Partido Popular Europeo- se reconocen en él, lo cual me hace destacar dos grandes cuestiones.
La primera es que, si un reto tiene en estos momentos la Unión Europea ­-si de verdad queremos pasar de una Europa del mercado a una Europa de los valores y de los ciudadanos- ese reto es el de construir este espacio de justicia. Y si ése es un reto mayor, ¿qué mayor importancia que, en ese ámbito, un ponente retome la gran tradición que ha construido Europa? Esa gran tradición que hace que hombres y mujeres de distintos orígenes, de distintas ideologías políticas y de distintos partidos, pongan por encima de sus intereses particulares esa visión general, esa visión europea, esa visión constructiva, y aúnen sus esfuerzos en pos de una meta.
Nos encontramos ante uno de esos informes, y creo que esta Cámara se puede felicitar de dar a la luz un informe que será el punto de referencia, a lo largo de los meses y los años, de los trabajos que nos esperan a las instituciones: a la Comisión, al Consejo y al Parlamento.
Es un informe que, como todos los grandes informes, aúna visión, realismo y ambición. Visión: el ponente lo ha dicho, y no voy a hacer nada más que repetir sus palabras, pero es que ésa es la esencia del informe: es una apuesta firme por el reconocimiento mutuo. Reconocimiento mutuo que, además, está basado en el principio constructor de la Unión Europea, que es la confianza mutua entre Estados; confianza mutua que, a su vez, se basa en que los Estados se reconocen un nivel equivalente de protección de los derechos humanos, y se reconoce que beben en fuentes comunes en materia procesal.
Evidentemente, hay diferencias. Y hay diferencias que hay que salvar; y ahí entra la experiencia, el realismo y el conocimiento de este ámbito, que el ponente ha demostrado.
Podría citar muchos ejemplos. Personalmente he aprendido muchísimo de sus reflexiones sobre el alcance de la doble incriminación, que él lleva con muchísima justicia a la doble tipificación, y espero que esto sea materia de reflexión para los trabajos que sigan.
Concretamente, el ponente ha mencionado el ne bis in idem y la solución que ofrece para abordar este importante problema. Yo citaría además el apartado 22, donde se alude a la necesidad de normas mínimas comunes en determinados aspectos del derecho procesal. Como él decía, no podemos aspirar a que mañana se reconozcan automáticamente sin ningún control ni filtro, pero hay que ir al reconocimiento de unas normas mínimas comunes que permitan esa aceptación con un procedimiento muy aligerado. Es decir, el ponente dice "no" a la armonización, "sí" a la confianza mutua, "sí" al reconocimiento mutuo, pero en algunos puntos habrá que armonizar, si no unificar.
También se puede citar la observación del Sr. Posselt, de que en Europa hay que dejar algunas conductas fuera de este ámbito de reconocimiento mutuo, porque responden a raíces culturales muy distintas, como puede ser la eutanasia.
Creo que nos encontramos ante un informe importante. Estoy segura de que el informe recibirá un respaldo abrumador en el Pleno, y espero que las dos o tres instituciones tomen buena nota de este informe que, sin lugar a dudas, constituirá un hito en este ámbito en el que debemos progresar.

Paciotti
Señor Presidente, coincido plenamente con la Sra. Palacio. El excelente informe del Sr. Di Lello aborda cumplidamente todos los aspectos relevantes de un problema complejo que, sin embargo, debe resolverse necesaria y rápidamente para que la Unión Europea pueda convertirse en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Evidentemente, el problema del reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal surge de la irreducible, al menos a corto plazo - y en esto concuerdo con el Sr. Posselt - diversidad de los sistemas jurídicos y judiciales de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. En consecuencia, dicho problema sólo se puede resolver si, por un lado, se parte de una definición precisa y compartida, aplicable a los distintos ordenamientos, de los conceptos de sentencia firme y de materia penal, definiciones enunciadas de manera totalmente satisfactoria tanto en la comunicación de la Comisión como en el informe del Sr. Di Lello y, por otro, se si crea una confianza mutua de los Estados miembros en la idoneidad de sus respectivos ordenamientos y en la bondad de los procedimientos. Ahora bien, esta confianza se puede basar en el respeto mutuo a los derechos fundamentales garantizados, entre otros por el control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que es susceptible de garantizarse más aún con normas mínimas comunes que se pueden adoptar en aspectos específicos del Derecho procesal en materia de respeto a los derechos a la defensa, a los derechos de las víctimas.
Asimismo, para superar la falta de armonización de algunos conceptos básicos en materia de incriminación de conductas controvertidas - aquí se ha puesto el ejemplo de la eutanasia y del aborto - sólo es preciso excluir algunos tipos delictivos específicos y excepcionales del reconocimiento mutuo. De esta manera, se puede superar el requisito tradicional de la doble incriminación y evitar los retrasos y las dificultades de un procedimiento de reconocimiento de cada decisión en cada Estado que, se lo puedo asegurar al Sr. Posselt personalmente, es un retraso que, de hecho, impide la correcta aplicación de las sanciones, como mi anterior experiencia de magistrado lo demuestra.
Pues bien, una vez planteada tan correctamente la solución a los problemas de fondo, el informe Di Lello aborda cuestiones técnicas y delicadas que se refieren a las modalidades de ejecución de las sentencias de condena, a los gastos de ejecución, al sistema de cálculo de las penas en caso de pluralidad de condenas que no siempre pueden sumarse simplemente entre sí cuando los delitos son conexos, y sugiere las soluciones oportunas que son del todo aceptables. Por lo tanto, yo también invito al Parlamento Europeo a aprobar sin reservas este informe tan importante y tan extraordinariamente argumentado.

Hager
Señor Presidente, quisiera en primer lugar, para evitar repeticiones, referirme a todo lo que ha dicho el Sr. Posselt, pues a ello me adhiero completamente. Veo la importancia del objetivo del informe, pero no participo de la alegría general porque todavía veo en él un par de notas discordantes. Éstas son la aplicación algo confusa de los conceptos de reconocimiento que se están asentando sin más en Europa, y la ejecución de sentencias firmes.
Más arbitraria que sistemática me parece a mí que son algunas definiciones conceptuales. No es compresible por qué en caso de haber más de un juicio y que se conculque el principio de ne bis in idem porque se refieran a los mismos hechos, debe aplicarse la pena más favorable al condenado. La primera sentencia con validez legal, en función del principio de decisión judicial, impide que una segunda sentencia tenga validez.
Tampoco entiendo una petición que, desgraciadamente, está ganando terreno, de que se renuncie a la doble penalización. Un sistema de derecho penal que se sienta vinculado - como así debe ser - al principio de legalidad, es decir, al principio de nullum crimen sine lege, no puede permitir ningún tipo de consecuencias de acciones no punibles en su ámbito de validez. En caso contrario se desmoronaría ese principio y la comodidad procedimental adquiriría la preeminencia. Pero entonces tendríamos que despedirnos del Estado de derecho.

Coelho
Quisiera sumarme a las palabras de la Sra. Ana Palacio y de la generalidad de los oradores en el justo homenaje a la labor del ponente, Sr. Di Lello. Éste sabe que, pese a las diferencias políticas, subrayamos con gusto la gran calidad del trabajo que ha preparado y el rigor jurídico de las propuestas que presenta. En este debate, como en el que hemos celebrado esta mañana, estamos dando pasos por la vía establecida en Tampere de la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. En una Unión en la que hay libertad de circulación de la que se benefician todos los ciudadanos y también quienes actúan al margen de la ley, hay que evitar la posibilidad de la existencia de diferencias penales entre los países. El informe, respecto de este marco jurídico sobre las decisiones judiciales en materia penal, merece nuestro aplauso y plasma una versión muy equilibrada. Permítaseme subrayar la precisión del concepto de decisión final, el registro de procesos pendientes, la consideración de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero también, en contrapartida, el hecho de que una condena en un Estado miembro deba ser tenida en cuenta como reincidencia en otro Estado miembro, la solución de que la ejecución de las penas privativas de libertad esté regida por el Estado que ejecute la sentencia, mientras que los perdones, amnistías y declaración de existencia de la pena o del delito deben resultar de la ley del Estado que pronuncie la sentencia.
Señorías, el reconocimiento mutuo sólo es eficaz, si se puede tramitar sin grandes obstáculos administrativos. Así, es necesario un grado de confianza recíproca de los Estados miembros respecto de los procedimientos judiciales. También sabemos que el reconocimiento de las decisiones judiciales en materia penal es un asunto de gran susceptibilidad, que suscita cuestiones delicadas y afecta al núcleo de los valores jurídicamente protegidos en las diversas sociedades. Existen diferencias en nuestros Estados miembros, pese al muy importante y digno de mención patrimonio cultural y jurídico común. Así, pues, hay que recomendar a la Comisión que sea prudente a ese respecto y adopte una política de pequeños pasos.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar felicitando sinceramente al Sr. Di Lello Finuoli por su excelente informe y congratularme también por el informe mismo. Como subrayó el Consejo Europeo de Tampere, el concepto de reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales es una de las piedras angulares del espacio de libertad, seguridad y derecho que queremos crear en Europa.
Originalmente, el concepto procede del mercado interior. Se basa en la confianza mutua en los distintos sistemas de los Estados miembros y en algunos principios fundamentales comunes. Por ello no puede ser considerado aisladamente, sino que debe ser completado con otras medidas como, v. gr., una mayor aproximación de los derechos penales en sus aspectos procesal y material, o una mejor comprensión mutua y una mejor formación y actualización profesional.
En las conclusiones de Tampere se pide al Consejo y a la Comisión que presenten un programa sobre ello antes de finales del año pasado. La contribución más importante de la Comisión ha sido la Comunicación del verano pasado sobre el reconocimiento recíproco en materia penal. En esa Comunicación expusimos el planteamiento de la Comisión sobre este aspecto del tema más general del reconocimiento mutuo.
Como se trata de un tema nuevo y complejo, nuestra Comunicación no aspiraba a conseguir respuestas definitivas y vinculantes a las cuestiones planteadas, sino que intentaba encontrar posibles vías de solución. Nos propusimos plantear las cuestiones apropiadas y ofrecer opciones para el camino a seguir.
He comprobado con satisfacción que el informe del Sr. Di Lello Finuoli comparte ampliamente el punto de vista de la Comisión y le invita a continuar por ese camino. La implementación del principio del reconocimiento recíproco en la colaboración jurídica penal es una tarea ambiciosa que trae consigo un cambio de perspectiva básico que va desde formas tradicionales de colaboración hasta llegar a una cooperación basada en la división del trabajo.
Este nuevo enfoque conducirá a una serie de iniciativas de carácter sustantivo y práctico como las que han sido incorporadas al programa del Consejo y de la Comisión de noviembre de 2000. Algunos de los proyectos que se proponían han sido ya abordados. En su programa de trabajo, la Comisión se ha obligado a presentar antes de las vacaciones veraniegas propuestas para favorecer la extradición sobre la base de la idea de introducir una orden de detención europea.
También está reflexionando sobre la aplicabilidad de estándares comunes para la protección de los derechos individuales en procesos penales. Ahora no puedo entrar en el detalle de los treinta puntos de la resolución. Aunque la actitud de la Comisión al respecto es muy positiva, quisiera, sin embargo, manifestar mis dudas acerca de uno de los puntos que, por otra parte, también ha sido mencionado en el debate. La resolución exige una aplicación completa del principio de ne bis in idem. La Comisión apoya esta exigencia porque el principio está contenido en nuestra nueva Carta de Derechos Fundamentales. Pero tiene serias dudas sobre si sería inteligente que se aplicase la sentencia más favorable al condenado en casos en los que, de verdad, se llegase a más de una sentencia en más de un Estado miembro.
En el Consejo Europeo de Tempere se acordaron ambiciosos planes en materia de justicia y asuntos internos. Pero en nuestros trabajos cotidianos comprobaremos que descender a la práctica no es nada fácil. En muchos casos aislados se demuestra que la confianza en los distintos sistemas jurídicos de los Estados miembros no está desarrollada hasta el punto que sería necesario para llegar a un reconocimiento mutuo. Con todas seguridad resultará provechoso seguir potenciando ese desarrollo.
Confío en que alcancemos el impulso político necesario si el Parlamento se pronuncia también a favor de un avance en la implementación del principio del reconocimiento recíproco. Con ello se llegaría al peso político que aún nos falta y que necesitamos para inclinar la balanza a favor de un amplio reconocimiento de decisiones judiciales. Ya es hora de dar vida al concepto teórico de reconocimiento recíproco.

Comités de empresa y despidos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión, seguida de debate, sobre los comités de empresa y los despidos.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, hoy no están siendo consideradas mis propias normas de protección laboral, ya que no estoy haciendo más que hablar.
La más reciente ola de anuncios de muchas grandes empresas relativos a decisiones empresariales o a medidas de reestructuración ha alcanzado una dimensión preocupante. Reestructuración es, a menudo, sinónimo de destrucción de empleo. Esta destrucción no sólo afecta a los propios empleados, sino también a sus familias e incluso a regiones enteras cuando éstas dependen de uno o dos empresas.
Como muchas de las reestructuraciones anunciadas se están produciendo a escala europea, la Comunidad tiene una urgente necesidad de actuación. Habría que combinar, en un concepto general comunitario, medidas innovadoras con una revisión del instrumentos existentes. Me limitaré aquí a incidir en los aspectos legales.
Primero algo sobre la rápida aprobación de nuevas normas legales y la actualización de las existentes. En relación a la Directiva Marco sobre Información y Participación he de decir que la Comisión tendrá lista en los próximos días su propuesta para establecer un marco general para la información y la participación de los trabajadores con el objeto de obtener más fácilmente una rápida aprobación del Consejo. La Comisión presionará para que el Consejo del 11 de junio apruebe la Directiva. Esperamos poder llegar a un consenso. En caso necesario intentaremos alcanzar una mayoría cualificada, pues no podemos esperar eternamente debido, especialmente, al clima actual de inseguridad que se ha generado por los planes de reestructuración de numerosas empresas.
En este contexto, quisiera subrayar nuevamente un elemento decisivo de la propuesta de la Comisión: el tema de las sanciones. Sé que el Parlamento respalda este procedimiento y que comparte la satisfacción de la Comisión por los progresos consolidados que se han conseguido en un ámbito tan sensible como éste.
Con el respaldo del Parlamento y la fuerte voluntad política del Consejo podremos concluir el proceso antes de finales de año, lo cual significará un paso decisivo hacia adelante.
Sobre el estatuto de la sociedad anónima europea. A finales del año pasado habíamos conseguido ya otro objetivo importante y largamente anhelado: crear el estatuto de la sociedad anónima europea incluyendo la normativa sobre participación de los trabajadores. Uno de los elementos más positivos del estatuto es el hecho de que contiene una normativa detallada sobre la participación de los trabajadores que refleja el planteamiento progresista que vertebra la propuesta sobre información y participación a escala nacional. Sin duda, con ello se está contribuyendo a una mayor consideración de la dimensión social de las reestructuraciones empresariales en Europa.
Confío en que el Parlamento Europeo haga todo lo que esté en su mano para que este importante estatuto pueda ser aprobado inmediatamente después del verano.
Finalmente diré algo sobre la revisión de la Directiva sobre Comités Europeos de Empresa. La Comisión la revisará en 2002. Antes de ello, continuará este año supervisando la aplicación de la Directiva.
La globalización y los cambios en la industria generan problemas sociales. Pero también pueden ser una fuente de bienestar para personas y regiones si se consigue guiar y configurar ese cambio de manera apropiada. Para los Gobiernos y la Comunidad se trata prioritariamente de encontrar un equilibrio entre el impulso a la innovación empresarial y el crecimiento, por un lado, y la preparación de las personas para el cambio y, en caso necesario, la creación de las medidas de protección necesarias, por el otro.
Sobre esta base, mi colega la Sra. Diamantopoulou, preparó la semana pasada una lista de prueba para empresas en reestructuración. Esta lista se refiere a instrumentos políticos como normativas legales, procedimientos de control, ayudas económicas y procedimientos acreditados. Los Gobiernos y las empresas deben aprovechar óptimamente tales instrumentos o idear algunos nuevos. Diálogo, transparencia, participación adecuada de los trabajadores, anticipación, protección de riesgos y desarrollo de la capacidad de ocupación son los elementos clave de una respuesta europea a este nuevo reto. ¡Demos lo mejor de nosotros para desarrollar estos instrumentos de tipo legal o de cualquier tipo que sea compatible con la realización de nuestras ideas!

Menrad
Señor Presidente, señor Comisario, agradezco a la Comisión en nombre del Grupo PPE las explicaciones que nos ha dado así como también la indicación de que pronto llegarán la Directiva Marco y la sociedad anónima europea. Pero también quiero referirme al proyecto de un comité de empresa europeo que ha propuesto nuestro grupo. Creo que el Comisario tiene razón cuando critica el actual comportamiento de las empresas. El informe de la Comisión sobre los comités empresariales europeos, que ahora mismo estamos deliberando en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales - hemos tomado conocimiento de la opinión de los peritos - es muy interesante. Se comprobará que estos, por regla general, han cumplido sus funciones. Supimos que las reestructuraciones que ocasionalmente han sido necesarias, han podido ser llevadas a cabo de manera más eficiente cuánto más informados e integrados estaban los trabajadores y trabajadoras. Precisamente en países donde existe una amplia integración, como por ejemplo Alemania, hay menos conflictos y apenas hay huelgas en el contexto de las transformaciones estructurales de la sociedad.
El espíritu de colaboración y de trabajo conjunto que hemos incorporado desde el Parlamento a la Directiva en varios párrafos, exige que los cierres y las localizaciones de empresas no sean órdenes de asalto, sino que se produzcan tras realizar amplias consultas e informar a los trabajadores a tiempo. Muchas veces no se ha hecho esto. El aseguramiento de realizar a tiempo la y después de la información y la audiencia antes de que se produzcan decisiones empresariales es muy importante que sea tenido en cuenta en la revisión de la directiva. Espero que la Comisión desarrolle en el presente año una iniciativa relativa al menos a la forma en que los actores sociales deben ser informados en integrados.
Estoy de acuerdo con usted, señor Comisario, en que debemos profundizar más las regulaciones vigentes. No basta que se fijen sanciones sólo a escala nacional, sino también a escala europea. Como usted ha subrayado acertadamente, necesitamos la Directiva Marco porque mucha de las reestructuraciones se han dado a escala nacional y no a escala transnacional.
A este ámbito pertenecen las directivas sobre despidos masivos y la preservación de las aspiraciones de los trabajadores en casos de transformación empresarial. Yo le pregunto, señor Comisario, ¿está prevista la revisión de esas dos directivas?
Pienso que la Europa del futuro es también una Europa de los trabajadores. Los derechos de información, consulta y participación son, en el sentido de la Carta de Derechos Fundamentales, derechos ciudadanos.

Désir
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en los últimos meses hemos presenciado la multiplicación de decisiones brutales de despidos colectivos y cierres de instalaciones, la mayoría de las veces sin examen alguno de soluciones substitutorias que permitan salvaguardar el empleo, a veces incluso en las empresas que obtienen importantes beneficios, como Danone, o incluso a raíz de operaciones de fusión que la Comisión acababa de autorizar, como en el caso de ABB Alstom Power. En varios casos, los asalariados se han enterado por la radio de que iban a ser despedidos, pues sus representantes no fueron informados hasta unos minutos antes de que se hiciera pública la decisión, diez minutos antes de la apertura de la Bolsa: por ejemplo, en el caso de Marks & Spencer y, por cierto, que saludo la presencia en las tribunas de representantes de sus asalariados.
Esos acontecimientos, como antes los de Renault-Vilvoorde, han subrayado de nuevo las insuficiencias de la legislación comunitaria, cuando existe, y la urgencia de adoptar por fin un marco general que garantice los derechos de los trabajadores a la información, a la consulta, a la negociación colectiva, con vistas a proteger sus derechos y permitir la búsqueda de soluciones substitutorias de la que amenaza su empleo y su futuro. Los asalariados que afrontan esas decisiones deben poder contar con la Unión, con su legislación, con sus instituciones.
La Unión Europea no puede seguir siendo un marco en el que las únicas normas constrictivas sean las del Mercado Interior, la competencia, la disciplina presupuestaría, mientras que las normas sociales sigan siendo imprecisas, eludibles y carentes de mecanismo alguno de sanción en caso de violación. Dejo a la Sra. Ghilardotti que intervenga, en nombre de mi Grupo, sobre el marco general y yo me centraré en otros dos aspectos: la revisión de la Directiva de 1994 relativa al comité de empresa europeo y los procedimientos de fusión-adquisición. Las definiciones de la información y la consulta en la directiva relativa al comité de empresa son tan imprecisas, que no ofrecen la menor garantía. Definir la consulta como "intercambio de opiniones y establecimiento de un diálogo" es demasiado impreciso. Así, pues, es necesaria una nueva garantía que permita velar por que la consulta se haga realmente a tiempo, es decir, antes de la adopción de decisiones, durante la fase de elaboración, que el comité de empresa pueda emitir una opinión, proponer otras soluciones, y que se pueda entablar la negociación no sólo a partir del plan de la dirección, sino también a partir de propuestas substitutivas de los representantes de los trabajadores. Creo que se debe afirmar por fin la posibilidad de recurrir a una autoridad pública competente en el nivel nacional, como dispone ya la directiva de 1998 sobre los despidos colectivos y, llegado el caso, en el nivel europeo, en particular en los grupos de dimensiones comunitarias a fin de que, si no se respeta el procedimiento de información y consulta previa o si las decisiones son manifiestamente infundadas y se pudieran tener presentes otras soluciones en el plano social y en el plano del empleo, la autoridad pública competente pueda declarar nulo y de efecto nulo el plan de supresión. Así, pues, se debe revisar la directiva de 1994 -comparto su análisis, señor Comisario-, porque, de lo contrario, ese texto, que fue precursor en el momento de su aprobación, acabaría siendo retrógrado en relación con las nuevas redacciones adoptadas por el Consejo, en lo relativo a la sociedad anónima europea, o por el Parlamento en 1999, en primera lectura, sobre la directiva en un marco general. Una consulta real supone, evidentemente, una información que esté realmente disponible para los representantes de los trabajadores y que sea aprovechable: la posibilidad de reunirse, de recurrir a expertos, de solicitar el apoyo de las federaciones sindicales.
En segundo lugar, y para concluir, en relación con las fusiones. Creo, efectivamente, que se debe poder tener en cuenta la dimensión del empleo, cosa que es posible sin revisión de los Tratados, simplemente mediante una evolución de la legislación, pues los Tratados encomiendan ya a la Comisión la misión de velar por las consecuencias de esas decisiones para el empleo. Por consiguiente, creo que no sólo el cuestionario propuesto es indispensable, sino que, además, los representantes de los trabajadores deben poder recurrir a la Comisión en caso de que les parezca que el proyecto de fusión amenaza el empleo o el mantenimiento de instalaciones industriales y que no es simplemente el Comisario encargado de la competencia, sino también el encargado del empleo y los asuntos sociales quien debe poder poner en tela de juicio, llegado el caso, las condiciones previstas, si no garantizan suficientemente el mantenimiento del empleo.

Isler Béguin
Señor Presidente, Señorías, les transmito las palabras de mi colega, Hélène Flautre, que ha tenido que dejarnos para preparar su desplazamiento con nuestra delegación a Argelia.
Un año después de la Cumbre de Lisboa, el cielo se ha cubierto de nubarrones. El sueño de una Europa en la que nueva economía rime con crecimiento y pleno empleo se ha obscurecido. La violencia y la multiplicación de los planes de despido da idea a los asalariados de los retrasos acumulados en la construcción de la Europa social. Todas las empresas se ven afectadas: adalides estampillados en su sector y en calidad de vitrina social -Ericsson, Danone, Philips-, agentes económicos aparecidos tras la estela de la liberalización del transporte -AOM, Air Liberté, que obligan a sus asalariados a pagar la consecuencias del fracaso de su fusión-, adalides de todas las categorías del desprecio a los asalariados: Marks & Spencer, cuyos asalariados se manifiestan hoy en Londres y a los que saludamos, así como a los que están presentes aquí entre nosotros. En total, según la Comisión, en estas últimas semanas se han anunciado en el mundo más de un cuarto de millón de despidos. La Comisión acaba de anunciar su intención de presentar un plan de medidas encaminadas a aportar garantías legales, eficaces, para los trabajadores en materia de información y consulta. Es una buena noticia, en un momento en que a los asalariados que se rebelan se suma una opinión pública que desaprueba medidas patronales unilaterales. Debemos hacer que ese plan avance como un tren de gran velocidad. Hay que aprobar simultánea y rápidamente la directiva relativa a la información y la consulta a los asalariados para poner fin a los escandalosos métodos de las empresas que fomentan la competencia entre las legislaciones sociales de los Estados miembros. Revisar la Directiva de 1994 relativa al comité de empresa, concederles verdaderos derechos de alerta y peritaje, hacer que sean obligatorios en todas las empresas transnacionales, siempre que empleen a 500 asalariados. Aprobar la directiva relativa a la participación de los asalariados en la sociedad europea y hacer participar a sus representantes en los consejos de vigilancia y administración en los que se adoptan las decisiones.
Por último, hay que reformar una legislación sobre las fusiones y las adquisiciones que no tiene en cuenta sus repercusiones sociales y territoriales. Un derecho social europeo, legible, justiciable, evolutivo, en igualdad de condiciones con el derecho de la competencia: es el objetivo que debemos perseguir. El de una Europa que camine con dos piernas. El dinamismo económico y una democracia social real. La Comisión ha manifestado su voluntad de avanzar. Falta impulsar al Consejo.

Wurtz
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre de mi Grupo he insistido en que pudiéramos celebrar este debate después de la avalancha de reestructuraciones anunciadas en todos los países de la Unión. Hoy resulta muy a propósito, ya que, después de la reciente movilización de los asalariados del grupo Danone en Calais, son, en este preciso momento, los empleados de Marks & Spencer quienes están organizando una gran manifestación europea en Londres.
Después de adoptar su decisión de cerrar 38 almacenes y despedir a millares de empleados, Marks & Spencer ha pasado a ser, para la opinión pública, exactamente como Danone, uno de los símbolos más repugnantes de la denominada estrategia del "shareholder value", de la ley de los accionistas, y de la irresponsabilidad social de las grandes empresas.
Es la octava ocasión, desde el caso Michelin, en octubre de 1999, en que intervengo, por mi parte, en el Parlamento para interpelar al Consejo y a la Comisión sobre la urgencia de afirmar la responsabilidad social de las empresas y establecer derechos importantes para los asalariados. Hasta ahora, de respuestas evasivas a prórroga de plazos, la directiva revisada, tan esperada, sobre la información y la consulta a los trabajadores ha sido como el monstruo del Loch Ness: todo el mundo hablaba de ella y nadie la veía emerger.
En adelante, nuestros ciudadanos exigen medidas concretas y significativas. Creo que la Unión se juega, para los trabajadores afectados y muchos más, una parte de su crédito en este asunto.
Así, pues, desearía, señor Comisario, respuestas claras por su parte a tres preguntas.
En primer lugar, un proyecto de directiva revisada sobre la información y la consulta de los trabajadores existe desde 1998. Lo ha citado usted, es tímido y, a mi juicio, muy insuficiente. Y, sin embargo, el Consejo se ha negado hasta ahora a examinarlo. Si no lo he entendido mal, señor Comisario, va usted a procurar que el Consejo del 11 de junio pase por alto el bloqueo de Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca e incluso Alemania, pese a que su Canciller acaba de presentarse como un visionario europeo. Y, si no he entendido mal, piensa usted sumarle un sistema de sanciones para las empresas que violen sus disposiciones. ¿Es así?
Segunda pregunta: la directiva relativa a la creación de comités de empresas europeos data de 1995. Hasta la fecha, sólo una minoría de empresas interesadas la ha respetado. Además, se trata, en esta fase esencialmente, de un lugar de encuentro sin medios, sin poderes. El Consejo Europeo de Niza dispuso la revisión de esa directiva -y cito- "de aquí a 2002", lo que supondría la necesidad de iniciar sin demora ese proceso. Ahora bien, creo que la Comisión pasa por alto ese problema en su programa de trabajo para 2001. ¿Por qué, señor Comisario, y qué piensa usted hacer ahora? ¿Se propone dotar ese futuro comité de empresa de prerrogativas reales, como el derecho a hacer suspender un plan de reestructuración durante el tiempo necesario para examinar un proyecto substitutivo del de la dirección?
Por último, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de una verificación sistemática del respeto de las obligaciones sociales y en materia de empleo por cada una de las empresas beneficiarias de una ayuda comunitaria. También ha pedido que la Comisión, siempre que deba pronunciarse sobre un proyecto de fusión de empresas, condicione su asentimiento al respeto de los derechos de los asalariados. ¿Cuáles son sus intenciones a ese respecto?

Ghilardotti
Señor Presidente, señor Comisario, he escuchado con satisfacción que, para el próximo Consejo, la Comisión tiene la intención de insistir en que el Consejo asuma sus responsabilidades respecto a la directiva sobre información y consulta de los trabajadores. Como han recordado muchos colegas, el Parlamento Europeo llevó a cabo su primera lectura hace tres años. A lo largo de estos tres años hemos debatido en muchas ocasiones los problemas relacionados con los despidos, las fusiones y las deslocalizaciones de empresas; sin embargo, el Consejo no ha asumido nunca su responsabilidad, no ha tenido nunca el valor de abordar este tema y de tomar una decisión añadiendo algo más a la normativa y a los demás instrumentos que la Unión tiene y de los que se puede dotar para reforzar sus acciones respecto a las responsabilidades sociales de la empresa. Ahora parece que algunos Estados han abandonado sus reservas y, por lo tanto, existen las condiciones para que el próximo Consejo defina unas orientaciones.
El tema de la información y de la consulta es un problema que tiene que ver con la posibilidad de actuar de manera preventiva con el fin de que las consecuencias de las decisiones unilaterales de las empresas no lleguen a poner en peligro el puesto de trabajo, las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores. No obstante, para que esto sea así hay que ponerse de acuerdo de manera muy precisa y, desde este punto de vista, las posiciones del Parlamento han sido muy concretas en su primera lectura, en lo referente a las modalidades, plazos, contenidos de la consulta y de la información. Asimismo, y me satisface que el Comisario lo haya recordado, existe un instrumento fundamental que, paradójicamente, se considera como un elemento fundamental en todas las normativas, salvo en aquellas que afectan a los trabajadores, o sea, el instrumento de las sanciones. No existe ninguna norma jurídica referente a cualquier otro tema que, ante el incumplimiento de la norma, no prevea sanciones. Sólo en el caso del derecho de los trabajadores, esto no existe todavía en Europa. La directiva sobre la información y la consulta lo prevé y me satisface que la Comisión mantenga esta posición. El Parlamento Europeo no solo respalda la posición de la Comisión, sino que refuerza a la Comisión en su posición y creo que este elemento de la sanción no solo ha de confirmarse en las posiciones del Consejo acerca de la directiva, sino que debe extenderse a las demás normativas - los comités de empresa, los despidos colectivos - de lo contrario, sin un instrumento sancionador, todas estas leyes no tendrán la eficacia que nosotros esperamos.

Gillig
Señor Presidente, señor Comisario, esta misma mañana, la Presidenta del Parlamento Europeo recibía a los asalariados de las instalaciones de Marks & Spencer en Estrasburgo. Están aquí en las tribunas y deseo saludarlos. Mis colegas y yo habíamos creído esta mañana poder asegurarles que por fin volvía a la mesa de los debates el expediente de los comités de empresa y de información de los trabajadores. Deseo que el debate de esta noche exprese claramente nuestra voluntad de hacer un trabajo consecuente y para los fines de la adaptación actual de las directivas relativas a ese asunto. Como ha dicho usted, señor Comisario, ya no tenemos derecho a esperar el anuncio de un nuevo drama para velar porque los instrumentos jurídicos de que deben poder disponer los asalariados sean por fin pertinentes y eficaces y establezcan sanciones, en caso de incumplimiento de la reglamentación y, además, en el nivel europeo.
Los asalariados de Marks & Spencer, como los de las otras empresas citadas por Harlem Désir, exigen, como ciudadanos europeos, que Europa cree marcos de protección y organización de la acción colectiva, la única garante -de sobra lo sabemos- de los derechos individuales en materia de legislación del trabajo y que se establezcan, reconozcan y protejan dichos marcos. Tienen puestas muchas esperanzas, señor Comisario, en sus declaraciones. Pero la Comisión y nuestro Parlamento deberían manifestar, además, su voluntad política condicionando todo avance en el desarrollo de la Unión Económica, en el desarrollo de toda nueva reglamentación, a la aplicación de las disposiciones sociales estableciendo nuevos modos de regulación como los que esperamos hoy con la anunciada revisión de las directivas.
Los trabajadores de la Unión Europea, señor Comisario, Señorías, no deben sufrir las consecuencias de la construcción europea. Deben ser sus primeros beneficiarios. Y el respeto de los derechos de los asalariados, la construcción de la Europa social, son el zócalo que, si no se refuerza, podría hacer que se desplomen todos nuestros sueños de construcción democrática de nuestra Unión.

Verheugen
Señor Presidente, quisiera felicitar a sus Señorías por su participación en este debate. La Comisión lo considera como un apoyo importante a sus iniciativas. He tenido la impresión de que de aquí ha surgido un respaldo político real y que estamos completamente de acuerdo en los objetivos. Felicitaciones, de nuevo, por ello.
Quisiera abordar las preguntas que han sido planteadas concretamente. Primero la del Sr. Menrad sobre si está prevista la revisión de las directivas sobre despidos masivos y sobre transformaciones empresariales. No está previsto ni, según la opinión de la Comisión, es necesario porque precisamente el alcance de las regulaciones en la nueva directiva prevista sobre información y participación es tal que las dos directivas que usted ha mencionado pueden encontrar ahí pleno desarrollo. Las exigencias de la nueva directiva se refieren también a los objetivos de las dos directivas mencionadas por usted, de modo que pensamos que no es necesario una modificación de esas dos directivas.
Por lo que respecta al Sr. Wurtz, pues sí, Señoría, me ha entendido del todo bien. La Comisión está firmemente decidida a impulsar plenamente la directiva sobre información y participación y cumplir el plazo que he mencionado. He dicho que si no se puede llegar a un consenso trabajaremos para lograr que se apruebe por mayoría cualificada. Usted ha captado correctamente el hecho de que la Comisión es de la opinión de que esa directiva debe contener sanciones.
Usted ha preguntado por la revisión de la directiva sobre comités de empresa europeos. Pues sí, está prevista para el año 2002 y ya hemos empezado a organizar los trabajos preliminares. Por lo que atañe a su tercera pregunta sobre fusiones, todavía hemos de estudiar si y hasta qué punto los aspectos sociales de las fusiones han de ser tomados en cuenta. El resultado del estudio aún no está claro.

Presidente
Con esto queda concluido este punto.

Directiva sobre el gas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la pregunta oral a la Comisión (B5-0170/01) formulada por el Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, sobre la puesta en práctica por parte de los Estados miembros de la directiva sobre el gas.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, la Directiva de la UE sobre el gas ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo en junio de 1998, hace casi tres años. Entró en vigor el 10 de agosto de 1998. Los Estados miembros fueron emplazados a aplicar la Directiva antes del 10 de agosto de 2000. Desde la entrada en vigor de la Directiva todos los Estados miembros la han transpuesto salvo Francia y Alemania.
Alemania ha aplicado partes de la Directiva y espera completar su aplicación en los próximos meses. La Comisión está estudiando actualmente la situación en Alemania con el fin de establecer si son necesarias otras medidas en esta dirección.
El 17 mayo de 2000 aprobó el Gobierno francés un proyecto de ley para aplicar la Directiva sobre el Gas. No obstante, el proyecto tiene que ser aprobado todavía por el Parlamento francés. Hasta ahora no se ha fijado ningún plazo para la aprobación definitiva.
Según las informaciones que obran en la Comisión procedentes de la Administración gala, no se ha decidido retrasar la transposición de la Directiva hasta el año 2002. Se acordó, con todo, que el proyecto, contra lo que se esperaba, no se incluyese en la agenda del Parlamento francés para el inicio del próximo año. Incluso aunque esto fuese imputable, como se ha dicho, a la enorme carga de trabajo del Parlamento, este retraso representa un problema serio y es muy lamentable.
La Comisión, por tanto, acordó el 8 de mayo de 2001 denunciar a Francia ante el Tribunal Europeo por la falta de aplicación de la Directiva. En vista de la invitación del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 de acelerar la liberalización de los mercados del gas y de la electricidad, es de lamentar que en Francia hasta ahora no se haya aprobado ninguna fundamneto jurídico para aplicar la Directiva. Con ello frena seriamente la construcción del mercado interior del gas y la creación de condiciones iguales de competitividad en la Unión Europea.
Aunque el retraso en la transposición de la Directiva sobre el gas en Francia es muy lamentable, no es, sin embargo, una razón para ceder en el empeño de liberalizar el sector europeo de la energía o para posponer la construcción de un mercado interior de la energía. Al contrario, el retraso muestra la necesidad de seguir avanzando, pero también nos enseña que los nuevos pasos que se den han de ser sopesados cuidadosamente para garantizar iguales condiciones de competitividad para todos.
Por ello es especialmente importante que Francia ahora dé pasos rápidos dirigidos a aplicar la Directiva de 1998. Las nuevas propuestas de la Comisión siguen siendo importantes y urgentes en relación a la competitividad, al logro de precios bajos para los consumidores y al empleo. La Comisión está muy decidida a continuar impulsando este importante tema.

Purvis
Señor Presidente, es causa de gran pesar que tengamos que señalar con el dedo a un Estado miembro -uno de los Estados miembros fundadores de esta Unión- por no respetar sus compromisos solemnes, por estar dispuesto a actuar contra las leyes de la Unión Europea e incluso por tomarse la justicia por su mano.
También con verdadera preocupación tenemos que señalar con el dedo una vez más al Consejo de Ministros: sabiendo perfectamente que los Estados miembros no están cumpliendo sus compromisos vigentes, sigue sacando con ligereza comunicados llenos de buenas palabras, que abogan incluso por nuevos avances en la liberalización, la plena realización del mercado único, el aumento del comercio transfronterizo y la competencia no desleal. Este mismo mes, tras el Consejo de Energía de los días 14/15 de mayo, la Presidencia llegó a la conclusión de que existe un amplio consenso (¿incluye este consenso a Francia?) en cuanto a que habría que proseguir activamente y acelerar la liberalización de los mercados tanto del gas como de la electricidad.
La Presidencia también declaró, en nombre de los ministros de energía (¿estaba incluido el ministro de Energía francés?), que no se puede alcanzar un mercado único del gas y la electricidad plenamente integrado sin un comercio transfronterizo eficaz.
Desgraciadamente, escuchamos en Lisboa el eco vacío de esas palabras tan bonitas, pero cada vez más huecas, acerca de convertir la economía de Europa en la más competitiva y dinámica del mundo. Y sin embargo, en muchas áreas críticas, sencillamente no existe la voluntad a nivel de los gobiernos de los Estados miembros de poner en práctica lo más esencial de lo acordado en el juego de equilibrios de la Unión.
¿Por qué ha de esperar Francia que los demás Estados miembros cumplan su parte del trato y permitan que Francia absorba sus mercados y empresas, cuando aplaza decisiones reiteradamente o se niega a pagar su contribución al club? ¿Por qué ha de esperar Francia, o cualquier otro Estado miembro que actúe de manera semejante, que puede cosechar los beneficios de pertenecer a la Unión cuando descuida descaradamente sus obligaciones?
La ironía es que Francia no sólo está poniendo en desventaja a sus socios; no sólo está socavando los propios cimientos de la Unión Europea, el mercado único y la competencia abierta y justa; también está poniendo en desventaja a sus propias industrias usuarias de energía. Y a su propia población, especialmente la que dispone de menos medios, a la que se le están negando los beneficios en forma de precios y servicios que se derivarían de permitir la competencia y la liberalización del mercado del gas.
Pero incluso peor que esto es el cinismo del comunicado del Consejo tras el Consejo de Energía de mayo. No se atrevió a mencionar el punto muerto causado por uno de los miembros que de hecho se sientan a la mesa, sino que se comprometió con ligereza, incluyendo, supongo, al ministro de Energía francés, a promover una mayor y más rápida liberalización de los mercados de energía. ¿Podemos creer una sola palabra de lo que dice? ¿Dónde queda la credibilidad del Consejo y de toda la Unión Europea?
Como mínimo, es responsabilidad solemne de la Comisión defender la legislación comunitaria y no verse intimidada en modo alguno por Estados miembros poderosos e intransigentes o por fuerzas políticas arrogantes. Si no se puede confiar en que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, entonces, lamentablemente, la única opción que queda es hacer recaer todo el peso de la ley comunitaria e imponer una retribución sustancial.
¿Será tan amable el Comisario de asegurarse de que se sigan dichos pasos diligentemente sin gracia ni favor?

Gillig
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión formulada constituye una interpelación directa a la situación francesa y las respuestas que se le han dado vuelven a precisarlo perfectamente.
Si bien es totalmente cierto que el Gobierno francés, en el día de hoy, aún no ha hecho esa transposición de la directiva europea relativa a la liberalización del sector del gas, no por ello deja de ser cierto que en la práctica existen las condiciones para el ejercicio de la libre competencia. No es del todo exacto decir que el mercado del gas francés no está abierto a la competencia.
El Gobierno francés ha optado por una transposición mesurada y progresiva de esa directiva, que podría ser mayor en el caso de los grandes clientes idóneos, ya sean las industrias químicas, de electrólisis o acerías, por ejemplo. Pero esa posición no es diferente de la del Gobierno alemán y éste se expresó en el Consejo Europeo de Estocolmo con la intención de manifestar, así, el interés por desarrollar en Europa una opción sustitutoria de lo que podríamos denominar aquí el esquema industrial a la inglesa de liberalización extrema de los sectores energéticos.
Señorías, no nos equivoquemos. Lo que está en juego en este caso es sin lugar a dudas el mantenimiento de un servicio público en su papel de instrumento de cohesión social y territorial. Así, pues, para nosotros, la transposición de la directiva europea debe ser la ocasión para dar una definición precisa, renovada, ambiciosa, lo que entendemos por "servicio público". Y de ese concepto debatimos con frecuencia en esta Asamblea. Y quiero referirme aquí a la política energética, a la protección del medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la seguridad, a la solidaridad social y territorial y también al desarrollo local, de la perecuación geográfica o de derecho de todos a la energía.
Por todas esas razones, pido, señor Comisario, a la Comisión Europea que se haga rápidamente un balance, antes de iniciar la segunda fase de la liberalización de los mercados a fin de preservar el servicio público de la energía.
Y he tomado nota sin falta de la lección de Europa dada por mi colega de Gran Bretaña al respecto. Pero, respecto de los desheredados que no podrían beneficiarse, como dice su Señoría, de una liberalización del gas, creo hoy que puedo tranquilizarlo: en nuestro país ningún ciudadano debe sufrir nuestra situación.

Boudjenah
Señor Presidente, la Comisión ha decidido llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia por el retraso en la liberalización del mercado del gas, conforme a la directiva de 1998.
Efectivamente, la apertura del sector energético a la competencia suscita fuertes oposiciones por parte de las organizaciones sindicales, que se niegan a que el derecho a la energía esté reglamentado por el dinero. En 1997 y 1998, nuestro Grupo se opuso a esa directiva. Al negarnos a establecer un régimen competitivo, propusimos garantizar la igualdad de aprovisionamiento y suministro al mejor precio, la igualdad de trato a los usuarios y la perecuación tarifaria. La energía desempeña un papel estratégico en la economía de los Estados miembros, por lo que no se debe considerarla una mercancía como las demás. La aplicación radical de la directiva podría acabar en un sometimiento de las actividades relativas al gas a los grandes grupos multinacionales y, por tanto, en un deterioro de las condiciones de ejercicio del servicio público.
Una vez más, no podemos por menos de observar que la Comisión da muestras de más celo para hacer aplicar los principios de la libre competencia que para preocuparse de la suerte de los asalariados. En lugar de contribuir a la aceleración del proceso de liberalización y desreglamentación, ¿no debería la Comisión, antes de formular propuesta nueva alguna, hacer un estudio sobre las consecuencias de las liberalizaciones en el empleo, las condiciones laborales y la ordenación del territorio?
Así, pues, pido a la Comisión que renuncie a su posición dogmática y retire su denuncia ante el Tribunal de Justicia.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La Comisión ha declinado responder a ninguna de las preguntas que se han formulado. Por lo tanto, se interrumpe la sesión hasta las votaciones a las 6.30 p.m.
(La sesión, interrumpida a las 18.20 horas, se reanuda a las 18.30 horas.)

VOTACIONES
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación
Informe (A5-0145/2001) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal (COM(2000) 495 - C5-0631/2000 - 2000/2295(COS))

MacCormick
Señor Presidente, una cuestión de orden. No estoy seguro de si es demasiado tarde para sacar este tema, pero hay una cuestión relativa a la traducción, dado que el italiano es la versión original del informe Di Lello Finuoli.
A lo largo del texto, se emplea la palabra "execution", queriendo decir, desde luego, "ejecución" simplemente en el sentido de hacer cumplir una condena. Sin embargo, en relación con los asuntos penales, en inglés corriente "execution" tiene un significado muy concreto que concita una considerable hostilidad en esta Asamblea y va en contra de nuestras opiniones en materia de derechos humanos. Creo que una traducción igualmente buena al inglés del italiano sería "implementation", mejor que "execution", y que sería inteligente emplear la palabra "implementation" en lugar de "execution".

El Presidente
Ha hecho una distinción muy válida. Solicitaremos a los servicios que echen una ojeada al texto original en italiano para estar seguros de que no existan confusiones a este respecto.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Fatuzzo
Señor Presidente, Cristina, la más joven de mis hijas, estudiante de Derecho, me llamó por teléfono y me dijo: ¿Cómo votarás sobre este informe Di Lello? Sé que es un primer paso para llegar al código de enjuiciamiento criminal europeo, al código de enjuiciamiento civil europeo." "Cristina, ¡soy europeísta!" le contesté. "Y por lo tanto, votaré a favor, aunque sé que tu eres muy perezosa a la hora de examinarte y emplearás seis años más para licenciarte en Derecho." "¡Bravo! Ahora todos los diputados saben que yo no tengo ganas de estudiar. ¡Me has hecho quedar mal con los demás diputados!" "No te preocupes" le contesté, "tú estudia muy rápido durante los próximos tres años y, en cuanto obtengas el título, se lo diré a todos para que te aplaudan."

Meijer
 - (NL) La normativa relativa al servicio militar obligatorio, el consumo de drogas blandas, la obligación de llevar consigo un documento de identidad, el aborto, la eutanasia y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo difiere mucho de un Estado miembro a otro. Lo que se considera un hecho delictivo en un Estado miembro no se tipifica necesariamente como tal en otro. La presente propuesta no modifica esta situación, y con razón. Incluso en una federación como los Estados Unidos las penas impuestas por infracciones y delitos varían considerablemente porque las resoluciones correspondientes se adoptan a un nivel inferior. Por eso resulta difícil ejecutar las sentencias dictadas en un Estado miembro en otro Estado diferente. ¿Acaso hay que encarcelar a las personas por un delito no tipificado como tal en su país y reprimir la indignación que ello produce irremediablemente acudiendo a la violencia policial? La propuesta no plantea problemas si el hecho en el cual se fundamenta la condena se considera delictivo en ambos Estados miembros y si la pena es idéntica. Lamento que el informe rechace este principio de "doble penalidad" , aun cuando entienda que ello supone un mayor obstáculo para los grandes criminales que pretendan sabotear y ralentizar el procedimiento judicial con la ayuda de abogados altamente cotizados. Estoy dispuesto a conceder el beneficio de la duda a la presente propuesta únicamente porque el considerando EE contempla la posibilidad de admitir excepciones en el caso de que no haya una plena correspondencia entre las legislaciones nacionales.

El Presidente
Ya le dije una vez que para el final de esta legislatura todos esperamos conocer casi todos los problemas que afectan a su familia.
Con ello concluye la votación.

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 6.45 horas.)

