Respeto de los mecanismos nacionales en materia de salarios y pensiones (debate) 
Presidente
El primer punto del orden del día es la Declaración de la Comisión sobre el respeto de los mecanismos nacionales en materia de salarios y pensiones.
Johannes Hahn
Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, quiero agradecer a Sus Señorías esta oportunidad de aclarar algunos malentendidos generalizados con respecto al programa irlandés.
La pregunta del Grupo S&D que dio lugar a esta declaración provocó la preocupación de Sus Señorías por el hecho de que ciertas condiciones de la política económica recogidas en el Memorándum de Acuerdo del Programa de ajuste económico para Irlanda sean incompatibles desde el punto de vista jurídico con el apartado 5 del artículo 153 del Tratado. El apartado excluye la adopción de disposiciones en materia de salarios en virtud del artículo 153, es decir, en materia de política social. No obstante, el Programa de ajuste económico para Irlanda no es un programa de política social y no se adopta en virtud del artículo 153. Se trata de un programa de ayuda financiera creado, junto con el Gobierno irlandés, para recuperar la confianza doméstica y exterior, y eliminar los perjudiciales bucles de retroalimentación entre la crisis fiscal y financiera. Por tanto, se basa en el apartado 2 del artículo 122 del Tratado, que prevé la ayuda financiera de la Unión si un Estado miembro sufre una amenaza seria de graves dificultades provocadas por acontecimientos excepcionales que escapan a su control.
El papel del Memorándum de Acuerdo consiste en especificar las condiciones de la política económica que sirven de referencia para evaluar el comportamiento de la política irlandesa durante el programa de ayuda financiera. El Estado miembro es plenamente responsable de estas condiciones de la política económica y de su aplicación. Estas condiciones son compromisos del Estado miembro alcanzados por el propio estado. No se trata de una acción de la UE en los respectivos campos. De hecho, muchas de las condiciones, como la reducción del salario mínimo, ya estaban incluidas en el plan de recuperación nacional del Gobierno irlandés publicado el 24 de noviembre de 2010, antes de la puesta en marcha del programa.
El objetivo de las condiciones relativas a la política del mercado laboral consiste en crear empleo y evitar el desempleo a largo plazo en Irlanda entre los grupos más vulnerables. La reducción del salario mínimo forma parte de este paquete más amplio de medidas y debe ser analizado junto con las políticas de activación y los esfuerzos por modernizar el sistema de prestaciones. A la hora de evaluar la reducción de uno de los salarios mínimos más elevados de la Unión Europea -es, por ejemplo, el segundo más alto de la zona del euro- y a pesar del importante ajuste salarial que se produjo en la economía, con el salario mínimo, al igual que los salarios en general en Irlanda, cayendo un 3 % en términos reales en 2008, para experimentar después una subida del 0,3 % en 2009, cabe señalar que la mayoría de los ajustes del mercado laboral adoptaron la forma de pérdidas de empleo. De hecho, la reducción del salario mínimo solamente restableció el nivel que mantenía antes del 1 de enero de 2007, es decir antes de la crisis.
La otra condición mencionada en la pregunta es una revisión independiente del convenio colectivo sectorial. La motivación de la revisión es debatir la imparcialidad y eficiencia de las condiciones de empleo para empleados y empresarios de todos los sectores. Me gustaría subrayar el hecho de que Irlanda tiene una larga tradición de consulta tripartita sobre la política económica y social y que los sucesivos pactos entre el Gobierno y los interlocutores sociales desde la década de los ochenta han sido ampliamente reconocidos como importantes factores para el éxito de la economía irlandesa.
La revisión es una oportunidad para que los interlocutores sociales expresen sus opiniones y definan la política, y su anuncio ha sido acogido con satisfacción en este sentido. Confío plenamente en que la revisión será llevada a cabo por el Gobierno irlandés de forma que reconozca la importancia del diálogo social, incluya a todos los interlocutores sociales y se ajuste al Derecho comunitario.
Finalmente, las condiciones del Memorándum de Acuerdo con respecto a la reforma estructural no tratan solamente del mercado laboral. También contienen medidas importantes para abrir mercados de productos, como profesiones y sectores demasiado regulados. Estas reformas podrían tener un importante efecto sobre la productividad y los precios para el cliente, que respaldan el poder adquisitivo de los hogares.
Gay Mitchell
en nombre del Grupo PPE. - Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias al señor Comisario. Ayer se constituyó un nuevo Gobierno nacional para la recuperación en Irlanda. Los partidos Fine Gael y Laborista forman parte de los Grupos PPE y S&D respectivamente de este Parlamento. Una de las principales cuestiones de la agenda del nuevo programa de gobierno será la renegociación de elementos del programa UE/FMI de ayuda para Irlanda.
En la actualidad, muchos irlandeses temen que las condiciones del programa de ayuda UE/FMI acordadas por el Gobierno entonces en el poder sean demasiado severas e impongan una pesada carga a los ciudadanos de a pie que han se han llevado la peor parte de los errores de los bancos -tanto irlandeses como europeos- y del Gobierno. Deberíamos señalar que el nuevo Gobierno ha acordado invertir la reducción del salario mínimo. No obstante, sabemos que la recuperación no se puede producir sin dolor. Irlanda recorrió un camino similar en la década de los ochenta. Muchas de las difíciles condiciones establecidas por el programa UE/FMI son necesarias, si queremos recuperar unas finanzas públicas saludables. Debemos podar el árbol para que pueda crecer.
Acojo con satisfacción que la Comisión apoye una reducción de los tipos de interés, tal y como ha señalado el Comisario Rehn. Este se debería producir lo antes posible e insto a la Comisión a que analice realmente esta cuestión sin demora. El Comisario insistió en que todas las medidas se analizan teniendo en cuenta su efecto sobre el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Lo acepto; no podemos soportar toda la carga que se nos ha pedido que soportemos de golpe. El pueblo irlandés ha asumido sus responsabilidades en esta cuestión; de hecho, también han asumido las responsabilidades de otros pueblos, porque no tuvimos alternativa. Lo que han hecho no es solamente para Irlanda, sino también para Europa y para la zona del euro en particular. No necesitamos la paja para romper la espalda del camello. Doten al pueblo irlandés de las herramientas; nosotros haremos el trabajo nosotros mismos, pero les ruego no esperen que el pueblo irlandés soporte una carga que no es capaz de soportar. Por tanto, le pido al señor Comisario que tenga esos comentarios en cuenta, en particular en los próximos días y semanas.
Stephen Hughes
en nombre del Grupo S&D. - Señor Presidente, este Memorándum exige una reducción de un euro por hora en el salario mínimo de Irlanda y una revisión, como hemos escuchado, del sistema de convenios colectivos salariales que protegen a los trabajadores con salario reducido.
No creo que esta interferencia pueda estar justificada. El Tratado exige a la Comisión que promueva el diálogo social, no que lo socave. El artículo 152 exige respeto para la autonomía de los interlocutores sociales, no este tipo de interferencia, y el artículo 153 excluye expresamente la acción de la UE en este ámbito. La Comisión no puede andar escogiendo la jerarquía de los artículos a este respecto.
El memorando continúa insistiendo en los recortes en bienestar social, la reducción de servicios públicos fundamentales, del empleo en el sector público y de las pensiones del sector público. ¿Cómo pueden estar justificadas esas demandas en relación con un Tratado que exige que la Unión intente eliminar las desigualdades, promover un elevado nivel de empleo, garantizar una protección social adecuada y luchar contra la exclusión social? La única respuesta honesta a esta pregunta es que estas cosas no se pueden reconciliar y el problema es que estas cosas se han convertido en la norma general, como resultado del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento.
El pueblo rechazará la idea de una Europa basada únicamente en la austeridad. No tolerarán las implicaciones de gran alcance para las políticas sociales con salarios más bajos, una menor protección del empleo, débiles normas sociales, servicios públicos reducidos y la imposición de edades de jubilación más elevadas. Si queremos que las filas del antieuropeísmo continúen creciendo, entonces adelante, Comisión. De lo contrario, debemos poner fin a este absurdo ahora mismo.
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, el señor Comisario afirma que el Memorándum de Acuerdo se elaboró en virtud del apartado 2 del artículo 122. Me gustaría preguntarle qué ocurre cuando un artículo del Tratado está en contradicción directa con otros artículos del Tratado. Como ha preguntado Stephen Hughes, ¿cómo decidimos la jerarquía? Está en contra del artículo 153.
También está en contra del artículo 9, la cláusula social, que he citado en numerosas ocasiones en esta Cámara al hablar sobre el paquete de austeridad irlandés, donde dice que para definir y aplicar todas sus políticas y actividades, la unión tendrá en cuenta los requisitos asociados a la promoción de un elevado nivel de empleo y la lucha contra la exclusión social, etc. ¿Y qué ocurre con el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales, según la cual los trabajadores tienen el derecho a negociar y alcanzar convenios colectivos y, en caso de conflictos de interés, a emprender acciones colectivas para defender sus intereses, incluyendo acciones de huelga? Muchos trabajadores irlandeses observarían que se encuentran en esa situación en estos momentos. ¿Cómo afrontamos la contradicción entre los diferentes artículos del Tratado?
Otra pregunta para usted, señor Comisario: ¿dice usted que el Memorándum de Acuerdo fue responsabilidad exclusiva del Gobierno irlandés y que la Comisión consintió o aceptó?
Finalmente, suponiendo que tuvieran competencia para hacer todo esto -y usted nos está diciendo que la tienen-, ¿por qué no se ha realizado ningún esfuerzo para reducir o eliminar las ventajas para los bancos? ¿Por qué no se ha realizado ningún esfuerzo para garantizar que quienes más cobran pagasen su parte correspondiente? ¿Por qué se ha recortado en un euro el salario mínimo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Stephen Hughes: Esto fomenta el sentimiento antieuropeísta. Los ciudadanos ven lo que está ocurriendo. Ven cómo la Comisión está trabajando en todo este proceso y lo que ven es que quienes cobran el salario mínimo, quienes están incluidos en convenios colectivos, se están viendo afectados por estos planes de austeridad.
Finalmente, mi pregunta principal, señor Comisario, es la siguiente: ¿quién decide? ¿Es el Tribunal de Justicia? ¿Quién decide cuando los artículos del Tratado están en conflicto o cuando la Comisión actúa de forma que esos artículos estén en conflicto entre sí?
Marije Cornelissen
en nombre del Grupo Verts/ALE. - Señor Presidente, entiendo la urgencia de la Comisión por atajar la crisis económica y los elevados niveles de deuda que suponen una amenaza para la estabilidad del euro. Entiendo que se impongan condiciones a los países que tengan que hacer uso del mecanismo europeo de estabilidad financiera. Sin embargo, me parece que la Comisión está siendo bastante selectiva con respecto a las medidas y condiciones que considera permitidas en esta crisis.
Por una parte, casi todas las medidas parecen legales por lo que respecta a la consolidación fiscal mediante el recorte del gasto. Tan pronto como Irlanda hizo uso del paquete de rescate, los salarios mínimos y los niveles de las pensiones fueron las primeras variables en ser ajustadas, a pesar del hecho de que estas cuestiones están excluidas de forma explícita de las competencias de la UE. Por otra parte, la Comisión se escuda en la falta de competencia de la UE para dejar intacto un impuesto de sociedades irlandés excepcionalmente bajo, a pesar de que el hecho de subirlo podría mejorar de forma significativa los ingresos públicos en Irlanda. El recorte del gasto no es, después de todo, la única manera de alcanzar un presupuesto equilibrado.
Entiendo que esta crisis requiere medidas excepcionales, pero ¿por qué tiene la Comisión tanta prisa por ajustar los salarios mínimos, perjudicando a los trabajadores con salarios más bajos, y tenemos que esperar para ver las medidas que hacen pagar al sector bancario y financiero? Tengo una fuerte sensación de que la Comisión está interpretando las competencias de la UE de una forma muy unilateral y, me atrevería a decir, de derechas. Este enfoque directo inspira el euroescepticismo. Parece que la UE actúa con firmeza en materia de empleo y política social solamente en tiempos de crisis, y entonces lo hace imponiendo recortes en el gasto social y los salarios.
La UE solamente puede recuperar la confianza si la Comisión demuestra la misma determinación para establecer unos estándares sociales mínimos adecuados y garantías sociales para los fuertes recortes impuestos al pueblo. Sí, queremos gobernanza económica, pero queremos una gobernanza equilibrada, con sostenibilidad fiscal y garantías sociales. De lo contrario, los vulnerables pagarán el precio de un desbarajuste del que no son responsables.
Thomas Händel
Señor Presidente, Señorías, los paquetes de rescate estaban previstos para proteger a los Estados miembros de la insolvencia. Sin embargo, están abrumando a los ciudadanos con brutales programas de austeridad y permitiendo que los culpables salgan impunes. Además de eso, la Comisión está ahora interfiriendo también en la política salarial nacional.
Señor Hahn, es bastante absurdo y se me llenan los ojos de lágrimas al escuchar argumentos formales como el suyo, defendiendo que todo esto no pretende en absoluto ser una medida sociopolítica. Esta postura es totalmente inaceptable. La política salarial no es asunto de la UE. Esta política por parte de la Comisión va totalmente en contra de la idea de esta Unión Europea. La UE nunca ha pretendido tener competencia en materia de salarios y dumping social. Esta política de la Comisión habla sobre la inflexibilidad de los salarios, que se ha de reducir. Afirma que los salarios deberían reflejar las condiciones del mercado. Es como un hombre ciego describiendo un elefante. Las personas que escriben estas cosas no entienden los sistemas de los convenios colectivos. Interfieren en las negociaciones colectivas libres y reducen esa autonomía de los interlocutores sociales de la que tanto se habla y en el diálogo social hasta el absurdo.
Quiero dejar claro que a este Parlamento se le pide que garantice que el convenio colectivo autónomo se conserve, que proteja el diálogo social y que evite un mayor desmantelamiento de la seguridad social. Necesitamos medidas para prevenir una política de austeridad contraproducente, no medidas punitivas.
Derek Roland Clark
en nombre del Grupo EFD. - Señor Presidente, esto va más allá de Irlanda. Hace solamente un mes, recordé a la Cámara que las pensiones eran competencia exclusiva de los Estados miembros y aquí estamos otra vez utilizando el mismo lenguaje con los mecanismos de establecimiento de pensiones y coordinación. Ahora las pensiones están casi siempre relacionadas con los ingresos, así que ¿estamos presenciando aquí un intento de armonizar los salarios? Espero que no, porque los Tratados también dicen que los salarios son competencia exclusiva de los Estados miembros.
Está muy bien decir que "igual" debe significar igual salario, pero ¿deberían todos los trabajadores que hacen el mismo trabajo obtener el mismo salario en toda la UE? Pensemos, por ejemplo, en el "clima": mantener una casa caliente cerca del Círculo Ártico exige mucho más dinero que en los países mediterráneos. Si añadimos la ropa de invierno, la necesidad de despejar la nieve y todo lo demás, es obvio que pagar a todos los trabajadores lo mismo dejaría a unos con más dinero sobrante que a otros. Por supuesto, los salarios no pueden ser iguales. Las intenciones de la Comisión al elaborar planes para fomentar que los Estados miembros introduzcan una política de salarios mínimos europea y establezcan mecanismos de jubilación van en contra de los Tratados. No me sorprende: así es como trabaja la UE.
Una política de pensiones y salarial armonizada no es solamente un sueño; es ilegal. Dejemos, como exigen los Tratados, que sea competencia de los Gobiernos electos, como el mío en Westminster y como el de Irlanda.
Hans-Peter Martin
(DE) Señor Presidente, Irlanda es una trágica lección histórica para nosotros. En primer lugar, este país siempre ha sido conocido como el país "modelo" y el ejemplo para los nuevos miembros de la Unión, aunque en esos momentos se permitieron y fomentaron políticas muy inapropiadas que provocaron enormes burbujas en el sector inmobiliario que afrontar, permitiéndose que el sector bancario dictase sus propias leyes y sin prestar atención a la prevención del dumping competitivo en materia de fiscalidad.
Señor Comisario, usted tiene la misma nacionalidad que yo. Nosotros sabemos cuántos escritores austriacos, por ejemplo, descubrieron de repente que son irlandeses, porque apenas tenían que pagar ningún impuesto allí. ¿Qué hicieron las fuerzas que se suponían extremadamente proeuropeas en esos momentos? ¡Absolutamente nada! Dijeron "este país es un magnífico ejemplo".
Todo eso ahora se derrumbado por completo. Esta burbuja ahora ha resultado ser exactamente lo que muchos dijeron que era desde el principio. Una vez más, nos enfrentamos a una situación -y no soy el único que lo piensa- en la que el sentimiento antieuropeo se está avivando por el hecho de que estamos permitiendo otra vez la aplicación de las políticas equivocadas, en este caso al imponer este paquete masivo a Irlanda. Señor Comisario, usted dice que el Estado miembro está demostrando su compromiso con respecto a este paquete. No obstante, nosotros sabemos por nuestra experiencia con los programas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -y lo que estamos presenciando en Irlanda en estos momentos no es muy diferente- que, en realidad, estos países no tienen otra opción.
Si diésemos un paso atrás y dijésemos "es una lástima que Irlanda no rechazase el Tratado de Lisboa la segunda vez", entonces podríamos llegar a un pensamiento completamente diferente. Entonces veríamos que, con esta estructura europea, nos enfrentamos a algo que se podría comparar con un vehículo, cuya parte delantera se compone de un Porsche y la trasera de una bicicleta. Estas dos cosas no casan. Necesitan ser más fuertes.
Si queremos evitar que esta Europa se rompa, realmente necesitamos algo como una Constitución para Europa. Por tanto, necesitamos referencias claras de aplicación realmente para todos. Necesitamos gobernanza económica. Este planteamiento fragmentario -hacia delante, hacia atrás, hacia los lados- no funcionará y al final, señor Comisario, es más probable que acabe en un desastre que en aquello para lo que usted, yo y la gran mayoría de esta Cámara estamos trabajando, es decir, una Europa pacífica, funcional y también unida.
Philippe Boulland
(FR) Señor Presidente, para que conste, con la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria y del crédito, el Estado irlandés ha tenido que intervenir para apoyar a los bancos. El déficit público irlandés, el saldo presupuestario acumulado de administraciones centrales y locales y, en particular, las administraciones de la seguridad social se estimaba en el 32 % del producto interior bruto (PIB) en 2010. Si el Gobierno irlandés, al que le está resultando difícil refinanciarse en los mercados, desea acceder a préstamos del mecanismo europeo de estabilidad financiera y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, tendrá que satisfacer requisitos para el cambio social y fiscal, aún cuando estos ámbitos pertenezcan a la subsidiariedad. En nuestra opinión, no hay ninguna contradicción aquí. Como médico, yo diría que, en caso de fiebre, no tiene sentido prescribir antipiréticos de forma indiscriminada sin intentar tratar la causa. Por lo que respecta a la asignación de estos fondos, este Estado debería poner en orden sus finanzas al objeto de corregir su déficit excesivo y sus errores pasados.
Este plan de austeridad debería incrementar el PIB en un 10 % durante los próximos cuatro años. Como ocurre con un individuo, a quien el banco le concederá un préstamo personal si satisface la condición de solvencia sin entrar en su vida privada y organización, la Unión europea puede concederle un préstamo a Irlanda sobre la base de su solvencia consolidada. Sin interferir en sus vidas privadas, el banco favorecerá que un individuo negocie, por ejemplo, un aumento de salario o que obtenga préstamos en otros lugares. De este modo, respetando la subsidiariedad, la Unión Europea, sobre la base de un Memorándum de Acuerdo elaborado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), considera que esta solvencia exige la reducción del salario mínimo legal y un ajuste de las pensiones, aún así con medidas fiscales en la combinación. Le corresponde a Irlanda elegir si aplicar o no esas medidas. No deja la puerta abierta para que la Unión Europea interfiera en ámbitos que pertenecen a la subsidiariedad, haciendo posible, por ejemplo, imponer un salario mínimo europeo, que sería algo peligroso, sino que garantiza la protección de la estabilidad de la zona del euro a través de un proceso de garantía mutua. Por supuesto, es necesario ayudar a Irlanda, como a otros países que atraviesan dificultades, lo que también nos protege a nosotros, pero no a cualquier precio, especialmente al precio de ver a un Estado incapaz de pagar sus préstamos, debilitando así a sus ciudadanos y a los ciudadanos de toda la Unión Europea.
Presidente
Quiero decirles a todos ustedes que, si aceleran mucho el ritmo de sus intervenciones, los intérpretes tienen dificultades para seguirles. Y, como responsable de los temas de multilingüismo, quiero señalarles que en la Mesa del Parlamento estamos estudiando un sistema distinto del que tenemos ahora.
Ahora, los intérpretes le señalan al Presidente que no pueden seguir el ritmo, pero el Presidente tiene la dificultad de interrumpirles a ustedes. El sistema que estamos estudiando es que cada uno de ustedes, en su escaño, tenga una luz que les avise de que los intérpretes no pueden seguirles, para que no haga falta que el Presidente les interrumpa, sino que tengan ustedes conocimiento de ello directamente.
Proinsias De Rossa
Señor Presidente, el Memorándum de Acuerdo con respecto a las cuestiones del mercado laboral se basa claramente en una teoría económica simplista de que la reducción de los salarios "despejará el mercado", es decir, acabará con el desempleo. Eso es una total y absoluta tontería. No está respaldada por la práctica en el terreno. Me gustaría llamar la atención de la Comisión sobre la revisión del Forfás sobre la competitividad del coste laboral en Irlanda, elaborada a finales del pasado año, que afirma que, por lo general, las empresas prefieren los despidos a los recortes salariales porque afectan menos a la moral. Si quiere analizar por qué hemos tenido más despidos que recortes salariales en Irlanda, esa es la razón.
Quiero pedirle a la Comisión que cumpla con el Derecho europeo y que deje de interferir en las cuestiones del mercado laboral en Irlanda. Como dicen, tenemos una larga tradición de acuerdos de asociación social en Irlanda. De hecho, son la base del hecho de que no haya habido violencia en las calles del Irlanda: Se debe a que los interlocutores sociales y el Gobierno se han sentado y han alcanzado acuerdos para ajustar el mercado laboral y ajustar las condiciones para garantizar que podamos tener alguna esperanza de recuperación de la actual crisis.
Esa tradición ha garantizado el progreso en Irlanda, pero el programa en general no está consiguiendo lo que pretendía, que consistía en fomentar el crecimiento de la economía irlandesa. No está creciendo. De hecho, se está contrayendo y ese programa ha de ser renegociado en general. Yo sugeriría en particular que las cuestiones relativas al mercado laboral han de ser eliminadas. Como ya se ha señalado, el Gobierno irlandés, del que forma parte mi partido, ya ha declarado que invertirá el recorte del salario mínimo acordado en ese programa.
Puede que no estén satisfechos con esto, pero es lo que va a ocurrir. Pueden estar seguros también de que no se interferirá en su intento de interferir en la Ley sobre contratos de trabajo registrados (Registered Employment Agreements Act), que lleva vigente más de 50 años, como esperan, porque el Gobierno actual ha decidido que la asociación social desempeñará su papel tradicional garantizando que disfrutemos del progreso y la paz industrial.
Ilda Figueiredo
(PT) Señor Presidente, la tendencia de la UE a incrementar la presión sobre los Estados miembros está incrementando mucho su ritmo, bajo el pretexto de la crisis, con vista a devaluar los salarios y aumentar la explotación de los trabajadores, al objeto de garantizar todavía más beneficios y ganancias para los grupos económicos y financieros, lo que pone de manifiesto toda la crueldad antisocial del capitalismo.
Si los criterios irracionales del Pacto de Estabilidad, con las propuestas de la denominada gobernanza económica y el denominado pacto de competitividad, no hubiesen sido aprobados, en particular el intento de impedir la subida de la inflación y el aumento de la edad de jubilación, nos enfrentaríamos a ataques todavía más graves contra los derechos laborales y sociales.
Lo que ya está ocurriendo en este ámbito en ciertos países, como Portugal, Grecia o Irlanda, y que es sumamente grave, son recortes de salarios y congelaciones de pensiones, incluso con respecto a las pensiones más bajas y las que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. En el caso de Portugal, ya se ha previsto un recorte salarial del salario mínimo nacional para comienzos de este año. Se consideró que 500 euros al mes era demasiado y se decidió recortarlo en 15 euros, a pesar del hecho de que más del 13 % de las mujeres trabajadoras portuguesas perciben únicamente esta cantidad, frente al 6 % de los hombres trabajadores. Este es un claro ejemplo de discriminación institucionalizada y el efecto de las denominadas medidas de austeridad que la Comisión, junto con el consejo y los gobiernos de nuestros países, están aplicando, con el consiguiente aumento de la desigualdad social, la discriminación, la devaluación del trabajo y el aumento de la pobreza, mientras que la indulgencia con respecto a la especulación financiera y los paraísos fiscales se mantiene. Por tanto, expresamos nuestra solidaridad con los jóvenes trabajadores y profesores que se van a manifestar durante los próximos fines de semana, incluyendo este sábado 12 de marzo, en la gran manifestación nacional organizada por la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP) que tendrá lugar en Lisboa el 19 de marzo. Esta manifestación continuará la lucha contra estas políticas antisociales.
(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
Hans-Peter Martin
Señor Presidente, a la luz de lo que nos está diciendo, ¿podría contarnos en esta Cámara cómo las actitudes hacia la Unión Europea han cambiado en Portugal? ¿Ha caído el porcentaje de personas a favor de la pertenencia a la Unión Europea? ¿Cómo ha cambiado el sentimiento general con respecto a la UE? Portugal muestra muchos paralelismos con Irlanda -al principio, se produjo la gran euforia en la década de los setenta, con las perspectivas de la adhesión, después la correspondiente financiación-. ¿Observa también en Portugal burbujas inmobiliarias similares a las registradas en Irlanda?
Ilda Figueiredo
(PT) Señor Presidente, el tema es interesante en este sentido: es obvio que estas políticas de la UE también están provocando una importante revuelta en Portugal y, por tanto, el próximo fin de semana los jóvenes y profesores tomarán las calles para manifestarse contra esta política. El 19 de marzo, la Confederación General de Trabajadores Portugueses celebrará una importante manifestación, que está previsto que tenga lugar en Lisboa, contra estas políticas antisociales. Por supuesto, esto se refleja en el comportamiento del pueblo portugués, porque el país ya ha entrado en recesión y las condiciones de vida están empeorando para los trabajadores y para el pueblo, la desigualdad está aumentando y también la pobreza. La Unión Europea, la Comisión y el Consejo ...
(El Presidente interrumpe a la oradora)
Marita Ulvskog
(SV) Señor Presidente, al establecer requisitos para los salarios más bajos, la Comisión ha socavado el derecho a negociar de los interlocutores sociales y a afectado directa e indirectamente a la fijación de los salarios, que está explícitamente excluida del ámbito de competencia de la Comisión. Esto no es ni más ni menos que un ataque frontal a la influencia de los interlocutores sociales y va en contra de la Carta de los Derechos Fundamentales, que incluye el derecho a celebrar convenios colectivos.
No se trata de un incidente aislado que afecte solamente a Irlanda, sino que se está repitiendo una y otra vez. Al hablar de "coste laboral unitario" en lugar de salarios, la Comisión intenta evitar los límites impuestos por el Tratado. Sencillamente la Comisión Europea ha redibujado el mapa. Ha elaborado un nuevo mapa y un nuevo conjunto de reglamentos en los que los Estados miembros y los interlocutores sociales son despojados de sus misiones y, en contra de todos los reglamentos, reciben instrucciones. De esto es de lo que trata el conflicto y no ha hecho más que empezar.
Al actuar de esta forma, la UE se está alejando todavía más de la base democrática y la legitimidad, que, en otros contextos, suelen ser palabras clave cuando debatimos el futuro de la UE. Escuchamos que hay algunos agitadores -incluyendo en este Parlamento- que ya están comenzando a pescar en aguas revueltas. Obviamente no se trata de eso.
Cornelis de Jong
(NL) Señor Presidente, muy pocas personas en los Países Bajos tienen idea de que, aquí en Bruselas, estamos debatiendo sus salarios y pensiones. En estos momentos estamos presenciando lo que ocurre en Irlanda, pero, al mismo tiempo, también estoy escuchando que se presenta todo tipo de propuestas al Consejo Europeo para la abolición de la indexación salarial, basada en aumentos de la productividad laboral, etc.
Lamentablemente, parece que nos enfrentamos constantemente a un silencio ensordecedor por lo que respecta a los acuerdos sobre las normas europeas para el salario mínimo. Tampoco he escuchado ninguna propuesta orientada a garantizar que los trabajadores puedan obtener un trabajo que merezca la pena ni que puedan obtener puestos de trabajo de jornada completa, en lugar de trabajo a destajo o contratos de reserva. Me preocupa el impacto del actual debate sobre el ciudadano de a pie, pero también me preocupa la imagen de la Unión Europea. Realmente parece que solamente prestamos atención a los intereses de las instituciones financieras, a los especuladores y a las grandes empresas. Señor Comisario, ¿va a emprender medidas la Comisión para cambiar esa imagen y va a garantizar que sea considerada una institución que también representa los intereses del ciudadano de a pie?
Sylvana Rapti
(EL) Señor Presidente, señor Comisario, usted nos ha dado una prescripción que dice dos cosas: en primer lugar, que deberíamos abolir los convenios colectivos y, en segundo lugar, que deberíamos recortar el salario mínimo todavía más.
Esta es la prescripción que se está dando constantemente a cada paciente. Uno de los pacientes es Grecia. Usted ha visitado Grecia recientemente, durante un evento organizado por el partido socialista. Usted vio y sintió la situación existente y mi pregunta para usted es la siguiente: ¿sintió que la prescripción para Grecia estaba funcionando? Yo estuve allí y pertenezco al partido socialista que actualmente gobierna el país y que está haciendo lo que puede para salir de la difícil situación provocada por los gobiernos de derechas y que ha tenido que hacer concesiones con respecto a la cuestión de los convenios colectivos, y le aseguro que todavía no hemos visto resultados. Dice que están haciendo todo esto por los ciudadanos europeos, por los consumidores, pero si los consumidores perciben salarios más bajos, no tendrán nada que gastar y, por tanto, no ayudarán a fomentar el crecimiento. Usted sabe mejor que yo que se trata de un círculo vicioso, porque insiste en darnos una prescripción que no hace nada salvo destruir la dignidad de los trabajadores, una prescripción que se traduce en una falta de puestos de trabajo decentes y viables. Le ruego que incluya indicadores sociales junto a los indicadores económicos.
Jutta Steinruck
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, en ocasiones tengo la sensación de que debería probar todas estas soluciones en la propia Comisión, para que pudiesen ver el impacto que tienen realmente sobre Europa. Después de su discurso, tengo la impresión de que la Comisión realmente se sienta en una torre de marfil. El pueblo de Europa -los trabajadores, los que perciben los salarios más bajos y los pensionistas- está en realidad pagando la factura y ustedes están interpretando la legislación y las competencias como les place.
El 19 de octubre del pasado año, recibí una respuesta a una pregunta que formulé a la Comisión en la que se confirmaba de forma explícita que los salarios mínimos y los salarios en general son responsabilidad de los Estados miembros. La respuesta dice esto de forma muy enfática. Le ruego que la lea. No es aceptable que me de ese tipo de respuesta cuando es positivo para los empresarios y que después sencillamente cambie de idea cuando cree que algo es positivo para el otro lado. Eso realmente decepcionará mucho al pueblo de Europa. Mi colega lo acaba de mencionar. Están minando la codeterminación. Están debilitando a los sindicatos. Esa no es la forma de salir de la crisis y lo sabe perfectamente. Quienes han provocado la crisis deben ser también los que paguen por ella.
(Aplausos)
Vilija Blinkevičiūt
(LT) Señor Presidente, frente a las condiciones de la crisis económica, los países están teniendo dificultades financieras para cumplir los compromisos que han alcanzado. No cabe duda de que su capacidad para superar la crisis varía y que es necesario encontrar la forma de equilibrar el presupuesto y reducir el déficit presupuestario. No obstante, señor Comisario, ¿realmente debemos hacerlo a costa de quienes están peor? ¿Es moralmente adecuado que la Comisión Europea presione a los gobiernos para que reduzcan el salario mínimo, las pensiones u otros beneficios sociales? Señor Comisario, usted ha dado su opinión sobre el Memorándum de Acuerdo con Irlanda. No obstante, me gustaría recordarle que ha firmado un memorando similar con Letonia, en el que presionaba al Gobierno del país a reducir las pensiones que ya eran bajas. Las pensiones se recortaron en Letonia, pero el Tribunal Constitucional del país afirmó que el derecho fundamental nacional no lo permite, por lo que se invirtió dicho recorte. Por tanto, al tomar estas decisiones y firmar estos memorandos, es necesario evaluar a fondo tanto las consecuencias jurídicas como las sociales.
Evelyn Regner
(DE) Señor Presidente, Comisario Hahn, las propuestas que están ahora sobre la mesa suponen poner una enorme mochila sobre la espalda de todos aquellos que ya tienen suficientes dificultades y decirles que tienen que correr más rápido con ella. ¿Cómo se supone que van a hacerlo? Las propuestas de negociaciones salariales descentralizadas son injustas, poco imaginativas y suponen una táctica de diversión, porque resulta muy difícil gravar la especulación financiera y con activos y los Jefes de Estado o de Gobierno no están consiguiendo una verdadera coordinación macroeconómica sobre el terreno. En este sentido, en el Parlamento ya hemos establecido una referencia muy diferente esta semana con nuestra votación sobre el impuesto de las operaciones financieras.
Quiero recordarles a todos el principio de la economía de mercado social que se establece en el Tratado de Lisboa. Mi concepto de la economía de mercado social es bastante diferente -de hecho, no incluiría las negociaciones descentralizadas de los salarios, sino todo lo contrario-. Los sistemas de negociación descentralizada de los salarios son contrarios a una política salarial basada en la solidaridad y en lugar de recortar las distancias entre ricos y pobres -por el contrario- las incrementan. En otras palabras, deberíamos hacer lo contrario.
Por tanto, quiero repetir expresamente lo que mi colega, la señora Steinruck, ha dicho -todas las repeticiones son pocas-: Debemos emprender más acciones para atajar la causa de la crisis; hacer que quienes provocaron la crisis lo paguen en mayor medida; y concentrarnos en ellos para la resolución de estos problemas, incluso mediante medidas legislativas.
Elena Băsescu
(RO) Señor Presidente, con respecto a la armonización de los costes unitarios con la mano de obra y los niveles de productividad, creo que deberíamos concentrarnos en las condiciones marco y menos en los indicadores. No está claro que podamos conseguir esta armonización. La productividad depende fundamentalmente de factores como el capital social acumulado, que es muy diferente. Se puede observar la clara disparidad entre Rumanía y Alemania. Esto se debe a la diferencia de la calidad de las políticas económicas a lo largo del tiempo. De hecho, estas discrepancias no pueden desaparecer de un día para otro. Mi país ha realizado esfuerzos para reformar las pensiones y la asistencia social. Por tanto, me gustaría sugerir la inclusión de algunas disposiciones de este tipo en el pacto de competitividad. Apoyo la necesidad de una correlación entre la edad de jubilación y las tendencias demográficas. El impacto que una política de pensiones coherente y realista tiene sobre las finanzas públicas debe ser tenido en cuenta.
George Sabin Cutaş
(RO) Señor Presidente, entiendo muy bien el principio de subsidiariedad, pero creo que las pensiones han dejado de ser una preocupación nacional, dado que hoy son objeto de un debate en el plano europeo. Estamos debatiendo sistemas de pensiones que son insostenibles como consecuencia de desafíos comunes como la crisis financiera, así como el envejecimiento de la población o la caída del índice de natalidad. El principio de la solidaridad intergeneracional corre el riesgo de quedar obsoleto, dado que los ciudadanos se ven obligados a contribuir a pensiones privadas. No obstante, ¿qué ocurre con quienes ya no tienen tiempo suficiente para contribuir a estas pensiones? Los ciudadanos europeos dependen también de las pensiones públicas. En Rumanía, el salario mínimo bruto nacional es de unos 160 euros. Esta es la razón por la que creo que invertir en pensiones privadas o ahorrar es tan solo pura fantasía. Creo que la Comisión Europea necesita implicarse más, proponiendo tanto un salario mínimo en la UE como un nivel de pensiones. Un primer paso para ello podría ser la realización de un análisis comparativo de los sistemas de pensiones.
Marisa Matias
(PT) Señor Presidente, señor Comisario, estamos aquí para hablar sobre salarios y propuestas relativas a la edad de jubilación. Estas propuestas son realmente injustas, por decirlo suavemente. Son injustas porque insisten en vías que ya se han probado, en más de una ocasión, para terminar fracasando. Lo que está ocurriendo en Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia y quién sabe cuántos otros países, dado que la lista es interminable, es diferente en cada uno de ellos, aunque tienen ciertas cosas en común. Una de las cosas que tenemos en común es una transferencia sin precedentes del valor del trabajo al capital financiero. No podemos aceptar esto. La otra cosa que tenemos en común es que son los trabajadores, los jubilados y los pensionistas los que están pagando esta crisis, junto con una generación de trabajadores en puestos de trabajo inestables que no tienen ninguna garantía en la sociedad en la que viven. Por tanto, quiero terminar diciendo, señor Presidente y señor Comisario, que no podemos continuar condenando a las personas a la pobreza. Espero sinceramente ...
(El Presidente interrumpe a la oradora)
Liisa Jaakonsaari
(FI) Señor Presidente, una tendencia europea que está ganando terreno en estos momentos es el populismo de derechas, cuyo principal ingrediente es la oposición a la UE. ¿De dónde proceden estos sentimientos contra la UE? Se derivan del hecho de que una Europa social está siendo eclipsada por una "Europa de mercado". Todas las propuestas de la Comisión hoy atacan al sistema de pensiones o de salarios. La sensación es que la flexibilidad salarial podría ayudar de algún modo. No lo hará: por el contrario, conducirá a la deflación.
Es muy importante que toda la legislación esté vinculada por una cláusula social permanente, para que la idea de una Europa social recupere el protagonismo. Es importante tener en cuenta que las edades de jubilación se retrasarán si se producen mejoras en la vida laboral, pero no se pueden retrasar a través de la legislación impuesta desde arriba.
Alfreds Rubiks
(LV) Señor Presidente, lamentablemente Irlanda no es el único país y Grecia tampoco es el único país. Letonia fue quizás el primero en atravesar todas estas dificultades, provocadas por las actividades de los bancos. El salario mínimo se ha reducido en Letonia y está por debajo del nivel de subsistencia. Las pensiones se han reducido, junto con el importe mínimo libre de impuestos. El pueblo se está manifestando. Durante este período, Letonia ha perdido una quinta parte de su población; una quinta parte ha emigrado y está trabajando en el extranjero. El Fondo Monetario Internacional, que supuestamente está rescatando a Letonia, estableció unas condiciones draconianas. Permitió que se utilizase el dinero para salvar a los bancos, que quedase un poco de dinero para el siguiente potencial rescate bancario, pero no permitió...
(El Presidente interrumpe al orador)
Frédéric Daerden
(FR) Señor Presidente, señor comisario, quiero expresar mi apoyo al señor De Rossa. Las recomendaciones realizadas a Irlanda por el Fondo Monetario Internacional (FMI) lamentablemente reflejan una tendencia prevalente entre nuestros políticos del más alto nivel, que consiste en hacer que los trabajadores europeos paguen por una crisis que no han causado.
Otro ejemplo es el análisis anual del crecimiento realizado por la Comisión, que recomienda retrasar la edad de jubilación asociándola con la esperanza de vida. El Parlamento ha expresado recientemente su desaprobación con respecto a este tema en su informe sobre el Libro Verde relativo a las pensiones. Otro ejemplo es el pacto de competitividad propuesto que pide la abolición de la indexación salarial a la inflación, incluyendo en mi propio país, Bélgica.
Frente a esta situación, acojo con satisfacción la implicación de los sindicatos, ayer en Hungría, por ejemplo, o en Bruselas el 29 de septiembre. Ya es hora de que nuestros Comisarios tengan en cuenta el mensaje de los trabajadores europeos, si no quieren aumentar las distancias entre ellos y los ciudadanos, que creerán cada vez menos en el proyecto europeo.
Johannes Hahn
Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, en primer lugar, quiero darle las gracias a todos por sus aportaciones. Puedo prometerles que tendremos muy en cuenta todas ellas. Permítanme decir, en primer lugar, unas palabras acerca de la importancia y relevancia del diálogo social.
Reconocemos plenamente la importancia del diálogo social y de las relaciones industriales constructivas. Interactuamos constantemente con los interlocutores sociales, tanto en el plano de la UE como en los países individuales. Por ejemplo, el Comisario Rehn se reunió personalmente con los líderes sindicales irlandeses a comienzos de noviembre, al igual que funcionarios de la comisión, el BCE y el FMI cuando se negoció el programa a finales de noviembre. Continuarán participando en la próxima misión en abril y en ocasiones posteriores. Por cierto, en contra de lo que algunos han señalado, la Comisión no obligó a Irlanda a recortar el salario mínimo ni el gasto social. Estas medidas ya habían sido presentadas por el anterior Gobierno irlandés en su plan de recuperación nacional, junto con otras medidas fiscales y estructurales orientadas a la estabilidad económica, el crecimiento y la creación de empleo.
La base jurídica de las condiciones de la política económica es el apartado 5 del artículo 3 del Reglamento del Consejo (UE) nº 407/2010 por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera y el apartado 2 del artículo 2 de la Decisión de Ejecución del Consejo 2011/77/UE sobre la concesión por la Unión de ayuda financiera a Irlanda. Una vez más, ambos se basan en el apartado 2 del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El simple hecho de que las condiciones específicas de la política económica del Memorándum de Acuerdo toquen diversas cuestiones relacionadas con la política social no pone en entredicho la base jurídica de la ley. No parece que haya ninguna contradicción con el artículo 152 ni con el apartado 5 del artículo 153. El artículo 152 es una disposición general que no excluye la posible necesidad de medidas específicas con consecuencias sociales. Por otra parte, esa disposición no crea derechos subjetivos para los interlocutores sociales. El apartado 5 del artículo 153 es un límite con respecto al contenido de las medidas que se pueden adoptar en virtud del artículo 153, es decir política social. Dado que el memorando no se ha aprobado sobre la base del artículo 153, este límite no resulta aplicable.
Las disposiciones del título 10, política social, no pueden ser ignoradas. Deben ser tenidas en cuenta, pero eso no significa que, como consecuencia del apartado 5 del artículo 153, no se pueda adoptar ninguna medida que afecte a los salarios sobre la base del artículo 122. Las medidas adoptadas sobre la base del artículo 122 para Irlanda no regulan cuestiones. Prevén las condiciones asociadas a la concesión de la ayuda de la Unión. Esto está explícitamente permitido por el apartado 2 del artículo 122. Por tanto, no hay ningún problema jurídico con respecto al principio de concesión.
Más generalmente, el tema de las condiciones de la política económica no trata de las competencias de la UE en materia de política social o salarios. Las condiciones incluidas en el programa cubren una amplia gama de ámbitos políticos, en su mayoría competencia de los Estados miembros. Las condiciones de la política económica del programa son compromisos de los Estados miembros alcanzados con la UE y el FMI sobre las medidas que estos adoptarán a cambio de la financiación de la UE/FMI.
Como observación final, la Comisión reconoció de forma clara que todo programa de asistencia financiera naturalmente tiene consecuencias sociales. No obstante, el principal objetivo de las condiciones específicas de la política económica adjuntas a este programa consiste en evitar consecuencias sociales más graves, devolviendo al país al camino del crecimiento sostenido y la creación de empleo.
Proinsias De Rossa
Señor Presidente, tendría que solicitar su ayuda para identificar cuándo un Comisario comparece aquí en este Parlamento y dice, por una parte, que no se está obligando a Irlanda a reducir su salario mínimo ni a reducir su protección social y después continúa diciendo que el acuerdo es una condicionalidad; que estas son condicionalidades para recibir ayuda -no es eso una contradicción fundamental y un engañoso ...
(El Presidente interrumpe al orador)
Presidente
Perdóneme, señor De Rossa, usted sabe cuál es mi amistad por usted y mi cariño por usted, pero no podemos reabrir el debate. Su opinión es digna de respeto, como lo es la del Comisario en la materia, y cada cual tiene que hacer frente a sus contradicciones.
Se cierra el debate.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Silvia-Adriana Ţicău
Según Eurostat, en enero de 2011, la renta mensual mínima variaba entre los 123 euros de Bulgaria, los 157 euros de Rumanía y los 1 758 euros de Luxemburgo. En 20 de los 27 Estados miembros, la renta mínima está fijada por ley o mediante un acuerdo nacional intersectorial. En 11 Estados miembros la renta mínima se encuentra entre los 100 y los 400 euros al mes; en cinco Estados miembros se encuentra entre 550 y 950 euros al mes; y en seis Estados miembros es superior a 1 100 euros al mes.
El desarrollo y la consolidación del mercado interior proporcionan a las empresas un acceso a los más de 500 millones de consumidores de Europa. No obstante, el hecho de mantener la disparidad en el nivel de la renta mínima entre los distintos Estados miembros es una barrera que impide tanto a las empresas europeas tener acceso a los consumidores europeos como a estos últimos tener acceso a productos y servicios de alta calidad. Considero que el diálogo social es particularmente importante en términos de garantizar la justicia social y un nivel de vida decente para todos los ciudadanos europeos.
Pedimos a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un mismo salario por un mismo trabajo en el mercado laboral interior, la eliminación de las barreras que impiden la libre circulación de los trabajadores y el análisis de la posibilidad de proporcionar un salario mínimo acordado por ley o basado en la negociación colectiva, lo que garantizará a los ciudadanos europeos un nivel de vida decente.
