Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?
El Sr. Rübig tiene la palabra en relación con el Acta de ayer.

Rübig
Señor Presidente, querría preguntar si no se podrían hacer constar también en el Acta los robos y los asaltos de nuestros despachos de aquí, del Parlamento Europeo.

El Presidente
Señor Rübig, no corresponde inscribir esto en el Acta, pero constará en ella que usted ha intervenido hoy sobre esta cuestión.
El Acta queda aprobada

Derechos sindicales transnacionales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0095/98) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre los derechos sindicales transnacionales en la Unión Europea.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, estimados colegas, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales se adoptó en la Cumbre de Estrasburgo de diciembre de 1989 y muchos, entonces, consideraron que suponía un importante paso adelante. Tuve mis dudas y todavía recuerdo muy bien una discusión, anterior a la celebración de esta Cumbre, con un miembro del COREPER que intentó convencerme de las importantes consecuencias de la adopción del texto de 1989. Mi falta de comprensión se debía a que vengo de un país en el que los derechos de las organizaciones sindicales y empresariales están claramente establecidos y, por tanto, en mi opinión, la Carta Europea no añadía nada nuevo. Ahora, diez años después, este informe confirma lo anterior y debo señalar que la Carta Social todavía no se ha recogido en su totalidad en el Tratado Europeo.
Desde entonces, el Tratado se ha modificado en dos ocasiones, Maastricht y Amsterdam. Si bien es cierto que se ha incluido el Protocolo Social, las limitaciones formuladas respecto de las remuneraciones, el derecho de asociación, el derecho de huelga y el derecho de cierre patronal, desgraciadamente, se mantienen. Por tanto, la Política Social Europea no es todavía, en mi opinión, una política adulta.
El propio informe de iniciativa, la historia..., me gustaría que, de cara a la historiografía, quedara constancia de que el excesivo tiempo empleado para llevar este informe al pleno no puede achacarse a la mala voluntad de su ponente o de su grupo. Es sabido que la economía de mercado socialmente orientada figura entre los postulados de la democracia cristiana y sé, por experiencia, que confiar responsabilidades a los interlocutores sociales conduce a una sociedad en armonía.
Así mismo, quiero señalar que la decisión de la Comisión de Asuntos Sociales de redactar un informe se basó en numerosas peticiones en este sentido realizadas por escrito, especialmente desde el Reino Unido, ya que allí los derechos sindicales no están regulados, y se pensó que si se hacía algo en el ámbito europeo, podría modificarse esa situación.
En tercer lugar, también debo convencer a los partidarios del libre mercado. Resulta ridículo que Europa insista en más de una ocasión en que se incluya la libre sindicación y la libertad de negociación en los acuerdos internacionales o mundiales, por ejemplo, en el marco de la OMC, cuando nosotros no recogemos estas garantías en nuestro propio Tratado Europeo.
Lo que queremos regular son los derechos sindicales en sí mismos. Quisiera que la Comisión Europea presentara una iniciativa, no pido una propuesta de directiva, sino una iniciativa para estudiar determinados puntos. Es posible que el grupo de expertos que, en este momento, se ocupa de analizar el Tratado de Amsterdam y de estudiar cuáles son sus deficiencias, evalúe también esta cuestión.
Pido, además, que los interlocutores sociales lancen una iniciativa puesto que este asunto les afecta. Deben fomentar la adopción de una acción y, posiblemente, el informe anual o, en su caso, los informes del grupo de expertos sean un buen punto de partida. Junto a los derechos sindicales, he realizado ciertas observaciones sobre el diálogo social y sus reglas. A veces me preocupa que no exista suficiente espacio para ese diálogo social.
Me doy perfecta cuenta de que no podemos regular de un día para otro este asunto que constituye una cuestión especialmente problemática para algunos Estados miembros. Sin embargo, pienso que en una sociedad adulta, en la que se constata la falta de derechos, los interlocutores sociales y los políticos pueden encontrar rápidamente una solución. Agradezco a todos la colaboración prestada en la elaboración de este informe.

El Presidente
Muchas gracias, señora Oomen-Ruijten. Le advierto que el hecho de que yo pronuncie mejor su nombre, señora Oomen-Ruijten, se debe a que recibo lecciones de las cabinas de interpretación y voy aprovechando estas lecciones y esto me permite ir afinando cada vez más y pronunciar su nombre no perfectamente, como sería mi deseo, pero cada vez un poquito mejor.

Schäfer
Señor Presidente, estimados colegas, el Tratado de Amsterdam ha traído importantes progresos en los ámbitos de lo social y del empleo; entre éstos se cuenta, en especial, la orientación hacia la Carta Social Europea de 1961 y hacia la Carta Comunitaria de los derechos fundamentales de los trabajadores de 1989, la plena integración del protocolo social cobrando vigencia en todos los quince estados de la UE, el fortalecimiento de la dimensión de la política de empleo mediante un capítulo propio en el Tratado CE y la orientación de la política tanto hacia cuestiones del mercado laboral, como hacia medidas activas en pro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El modelo social europeo se basa en la solidaridad, en el equilibrio de intereses y en la corresponsabilidad del estado. En la Conferencia intergubernamental esto se ha visto confirmado y desarrollado en sus puntos centrales.
Un pilar básico de la Europa social son unos sindicatos fuertes e independientes. Como socialdemócrata y miembro de un sindicato es para mí también una cuestión muy querida tomar aquí posición en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Sé que los sindicatos y los socialdemócratas constituyen las raíces históricas del movimiento obrero internacional. Con el presente informe, el Parlamento Europeo ha sentado bases importantes para el ulterior proceso de integración, que ha de efectuarse en dos niveles. Por un lado, en nuestra tradición común los derechos sindicales se han obtenido a menudo tras arduas discusiones y difíciles conflictos. Estos derechos en su configuración concreta deben crecer con el desarrollo real de la sociedad y no pueden verse limitados por regulaciones burocráticas. Efectivamente, estas reglamentaciones entrañan siempre el peligro de servir, en sus resultados, no tanto para asegurar aquellos derechos, sino más bien para restringirlos.
Por otro lado, la Unión Europea debe establecer un marco de garantías y de normas constitucionales dentro de las cuales se puedan desarrollar plenamente a nivel europeo los derechos sindicales. Esto significa también que debe haber impulsos desde arriba, es decir, a través de estructuras institucionales como, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Quisiera destacar a continuación los siguientes puntos fundamentales: en primer lugar, debemos avanzar en sentido pragmático con el fin de favorecer los derechos sindicales en Europa; en segundo lugar, es necesario desarrollar medidas legislativas colaterales sin limitar el carácter abierto de los desarrollos sindicales; en tercer lugar, es preciso llenar el vacío de democracia en el diálogo social, lo que significa que toda realización de acuerdos entre los interlocutores sociales a nivel comunitario, en la medida en que se produzca a través de un acuerdo del Consejo con efectos legales vinculantes, debe someterse a la aprobación del Parlamento Europeo; en cuarto lugar, las exigencias institucionales de mayor alcance que no fueran satisfechas por el Tratado de Amsterdam deben permanecer sobre la mesa para la futura discusión de las reformas en la UE; antes de la próxima Conferencia intergubernamental el Parlamento Europeo debe decidir de qué forma han de ser incluidas de nuevo en el debate. En quinto lugar, y digo esto a título personal después de treinta años de pertenencia a la Confederación Alemana de Sindicatos: quisiera que los sindicatos se europeícen más. Esto implica consecuencias para el trabajo práctico en la base, para la organización y para el proceso estratégico; en sexto lugar, los sindicatos europeos están dando impulso a criterios de resonancia mundial en el mundo del trabajo. Esto es especialmente importante en relación con la globalización. Por ejemplo, las trabajadoras y los trabajadores de Corea han puesto de manifiesto que no tolerarán por más tiempo instrucciones desde fuera de su ámbito.
La unidad de Europa fue sustentada en el siglo XIX principalmente por el movimiento obrero y por sectores de la burguesía liberal. Es significativo que Karl Marx y Friedrich Engels redactaran hace casi 150 años aquí, en Bruselas, su manifiesto, en el que se reclamaba la alianza y el entendimiento entre los partidos democráticos de todos los países. La revolución de 1848 ofreció la solución: la unificación de los pueblos libres de Europa. Hoy la Comunidad se sustenta sobre la base de la paz y de la división transfronteriza del trabajo. Se podría dar una formulación de andar por casa: las organizaciones obreras impulsaron en el siglo pasado la idea europea, pero las corporaciones multinacionales las que han creado en este siglo la realidad europea. Sin embargo, la UE no ha de ser nunca una mera unión económica y monetaria; se debe desarrollar en la misma medida hacia una unión social. Pero una unión social europea sólo será posible con sindicatos europeos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Schäfer. Usted me ha informado de que consideraba que tenía cuatro minutos y yo lo he aceptado así pero, apoyándose en Marx y en Engels, usted ha llegado casi a los cinco minutos. Yo les ruego a ustedes, por favor, que, aunque hagan citas tan importantes, sean ustedes también cuidadosos con el tiempo. Se lo pido a usted en el futuro y a los que van a intervenir, como es el caso del Sr. McMahon que va a tener ahora la palabra por el tiempo de dos minutos en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos.

McMahon
Señor Presidente, me fascina ver a diputados negociando su tiempo de uso de la palabra de un lado a otro del hemiciclo, desviación muy interesante respecto de nuestro procedimiento habitual.
La Sra. Oomen-Ruijten ha preparado un informe muy bueno e interesante y éste es un sector en el que existe considerable preocupación en la Unión por la cuestión de los derechos de los trabajadores. No cabe duda de que el Capítulo Social establece la garantía para derechos fundamentales de los trabajadores, en particular el derecho de asociación de los trabajadores y los empleadores. Lo interesante también es que hubiera una o dos pequeñas lagunas en el Protocolo Social de Maastricht que dieron pie para una gran tergiversación en mi país de lo que entrañaba el Protocolo Social. No era aplicable al derecho de huelga ni al derecho de asociación ni tampoco a los salarios ni a los cierres patronales. Pese a ello, el Gobierno del Reino Unido de aquella época llegó a la conclusión de que no podía firmarlo, cosa lamentable.
Considero importante que los derechos de libre asociación y negociación colectiva estén considerados derechos humanos básicos y que cualquier intento de violarlos en Europa o en otro lugar sea un intento de violación de derechos humanos fundamentales.
El desarrollo de la dimensión social en Europa ha contribuido a una tendencia general a la europeización de las relaciones laborales y, como ha dicho mi colega el Sr. Schäfer, va a haber una europeización cada vez mayor de las relaciones laborales y la organización del trabajo. El euro constituirá un estímulo para ello y habrá más negociación colectiva europea. Un ejemplo de ello es que el sindicato al que pertenezco, el GMB, ha concertado un acuerdo con IG BCE, el sindicato de las industrias químicas de Alemania. En realidad, celebran una negociación colectiva general. Creo que el modelo creado por GMB e IG BCE será un buen modelo para el futuro. Con él y con el desarrollo del diálogo social, que es una de las prioridades de la Presidencia austriaca, creo que el movimiento sindical irá cobrando cada vez mayor fuerza en la Unión Europea.

Thyssen
Señor Presidente, quisiera felicitar a nuestra colega, la Sra. Oomen-Ruijten, por su informe que, además, ha expuesto de manera brillante y con cuyas líneas generales estamos completamente de acuerdo.
Aunque este informe tiene por objeto los derechos sindicales transnacionales en la UE, constato que determinados argumentos pueden aplicarse analógicamente a otros aspectos del diálogo social. Por respeto a la ponente, no he querido dañar la especificidad del informe y, por tanto, no he presentado enmiendas.
Sin embargo, quisiera abrir el debate sobre alguno de estos aspectos. El informe remite a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativos al derecho de libre asociación y negociación colectiva. Señala que estos convenios también deben ser aplicados en el ámbito comunitario. El informe subraya justificadamente que el diálogo social constituye una excelente ayuda para que las metas sociales y económicas de la Unión Europea continúen equilibradas.
Para que haya un buen diálogo tiene que existir, por supuesto, un adversario que cuente con el mayor respaldo posible de su grupo. La ponente ya sabe que, por enésima vez, voy a referirme a la lamentable exclusión del socio de la PYME de la negociación de los acuerdos colectivos europeos. Esta Casa ha solicitado a la Comisión en numerosas ocasiones, pero desgraciadamente en balde, que solucione esta situación. Requiero hoy, una vez más, la atención de todos los demócratas sobre el derecho de negociación, que también es un derecho fundamental para las PYMEs, y constituye uno de los núcleos de los derechos sociales, tal como se ha establecido en el marco de la OIT. Esta última frase no es mía, sino que se trata de una cita del profesor Blanpain, un catedrático de derecho del trabajo reconocido internacionalmente.
Quizá podamos lograr algo en favor de las PYMEs con la inclusión en el Tratado de los derechos sindicales. Si este informe conduce a ello, las PYMEs, señora ponente, tendrán que estarle eternamente agradecidas.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, señora ponente, nuestro grupo, por supuesto, también considera que los derechos fundamentales de sindicación y de negociación son muy importantes para fomentar el diálogo social en el ámbito comunitario. Así mismo, quiero hacer hincapié en lo comentado por la Sra. Thyssen en cuanto a que la pequeña y mediana empresa debe también tener derecho a participar en este tipo de negociaciones.
Quiero, no obstante, utilizar mi limitado turno de palabra para requerir su atención sobre el punto 10 del informe de la Sra. Oomen-Ruijten, especialmente sobre el segundo guión, en el que se pide la libre participación de las organizaciones sindicales en las empresas. Quisiera que, con motivo de la redacción de este informe, la Comisión Europea analizará también el derecho de no sindicación de los individuos. Hasta este momento, no se ha querido recoger el derecho fundamental de no sindicación en el derecho internacional, no sólo, por ejemplo, en relación con la Declaración de Derechos Humanos, sino también en declaraciones semejantes respecto de las libertades fundamentales en el ámbito del Consejo de Europa. Quiero señalar el hecho de que en algunos países se aplique todavía un sistema de closed shop o, por así decirlo, de compra obligada. Creo que el derecho de sindicación debe comportar el derecho de no sindicación. Tampoco deseo presentar ninguna enmienda sobre esta cuestión porque no quisiera complicar el asunto, pero espero que la Comisión Europea incluya este derecho en sus propuestas.

Ojala
Señor Presidente, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten tiene un historial extremadamente extenso y pintoresco en este Parlamento. Durante todo este tiempo, se ha modificado considerablemente el presente informe, por lo que es importante que el movimiento sindical haya podido influir en este resultado final.
Cuando nuestra comisión sometió a examen el informe en febrero, la mayoría de sus miembros se pronunció en contra del mismo. El motivo por aquel entonces era que se trataba de una cuestión de principios tan delicada que no se podían extraer conclusiones demasiado precipitadas. Sin embargo, ya ha pasado bastante tiempo desde febrero. En estos meses se ha entablado un debate público, por lo menos en Finlandia, acerca del carácter imprescindible de los derechos sindicales supranacionales como contrapeso del mercado internacional. Este debate me ha convencido a mí también de la necesidad de contar con unos derechos de asociación a escala europea. No obstante, resulta claro que cuando se empiecen a organizar estos derechos sindicales europeos, los interlocutores sociales deberán participar en dicha tarea desde un primer momento y desempeñando un papel fundamental. Estos derechos sindicales a nivel europeo no pueden debilitar bajo ninguna circunstancia los derechos garantizados por las legislaciones nacionales.

Kerr
Señor Presidente, en nombre del Partido de los Verdes, acojo con beneplácito el informe de la Sra. OomenRuijten. Como ha dicho la Sra. Ojala, tenía una larga historia en la comisión, una historia interesante, además. Creo que en determinado momento se retiró el informe de la comisión, porque se lo consideraba demasiado favorable a los sindicatos y demasiado proeuropeo. Justo antes de las elecciones británicas, se consideró que podía resultar un poco embarazoso, en particular para nuestros colegas laboristas, tener que votar a favor de él, pues se sabía que el Sr. Blair no era partidario de los derechos sindicales de los que habla la Sra. Oomen-Ruijten en su informe. De hecho, se jacta de que Gran Bretaña tiene la industria menos reglamentada y los sindicatos más reglamentados de toda la Unión Europea. Naturalmente, en Gran Bretaña estamos muy desilusionados por que el nuevo proyecto de ley sobre los sindicatos, que el Parlamento británico tiene ante sí, no restablezca los muchos derechos de los que se ha privado a los sindicatos en muchos años de gobierno tory. Conque acojo con beneplácito el informe de la Sra. Oomen-Ruijten y la única conclusión que puedo sacar es la de que su autora es muy laborista a la antigua usanza y puede unirse a la red laborista independiente, muy a la izquierda del nuevo laborismo.

Blak
Señor Presidente, los Estados miembros conservan diferentes tradiciones en sus mercados laborales y debemos respetar esto. Me alegra, por tanto, que hayamos precisado que el informe trata de derechos sindicales transnacionales y no nacionales. También me alegra que hayamos precisado que la cuestión salarial debe seguir estando al margen de la legislación europea. Me parece un buen informe porque deja abierto el camino a un debate necesario. Puede decirse que las partes del mercado laboral ya gozan hoy de la posibilidad de contraer acuerdos europeos en el diálogo social. Estos acuerdos pueden incluso ser elevados a legislación comunitaria a voluntad de las partes, de este modo las organizaciones europeas ya disponen de algunos derechos colectivos.
El problema es, sin embargo, que no hay especialmente muchas ganas de hacer avanzar el diálogo social. Las partes no ponen especial interés en contraer acuerdos. Es uno de los problemas con relación al desarrollo de un modelo europeo, en el que las partes deben tener gran parte de la responsabilidad de las iniciativas dentro del mercado laboral. El ritmo lento del diálogo social es especialmente triste cuando uno, como yo, es un entusiasta defensor de un modelo danés en el que las partes del mercado laboral deciden colectivamente las cuestiones relativas al mercado laboral. No obstante, esto es catastrófico, si implica que no desarrollemos una sólida dimensión social en el ámbito europeo. Podemos arriesgarnos a acabar en una situación en la que las empresas multinacionales puedan enemistar a las organizaciones sindicales europeas entre sí. Visto entonces en este contexto, quizá no sea tan disparatado que discutamos nuevos marcos para el diálogo social y demos a las organizaciones de trabajadores instrumentos que puedan en mayor medida obligar a negociar a las organizaciones empresariales. Esto puede ser el derecho a acciones colectivas y una forma de derecho laboral europeo que debe y puede solucionar eventuales conflictos laborales.
Por último, quiero recalcar que los actores más importantes entre las partes del mercado laboral son los que deben determinar los derechos sindicales transnacionales.

Theonas
Señor Presidente, deseo expresar mi profunda intranquilidad por la situación de los derechos sociales y sindicales de los trabajadores de la Unión Europea.
La intervención comunitaria en cuestiones fundamentales de la legislación laboral tiende, sobre todo en la actualidad, a minar y socavar las conquistas más básicas del movimiento sindical de los trabajadores.
Desafortunadamente, el informe que hoy debatimos también obedece, en gran medida, a esta dinámica. Bastan tan sólo tres referencias para avalar dicha estimación: la recomendación para anular las disposiciones del Tratado relativas a los derechos de asociación y huelga; el hecho de presentar el consentimiento social como un deber básico de los sindicatos en lugar de la lucha por los derechos de los trabajadores; la adaptación de la política de empleo a los objetivos de la UEM. En la actualidad, el movimiento sindical es objeto de un ataque sin precedentes a sus derechos y el Parlamento Europeo debería ayudarle en su lucha en lugar de contribuir a su desaparición.

Malone
Señor Presidente, en las dos últimas semanas la OIT ha aprobado un nuevo convenio sobre normas laborales mundiales en el que figura, entre otros, el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva. Irlanda es miembro de la OIT y, sin embargo, la Constitución irlandesa, según la interpretación que de ella han dado los tribunales, concede a los empleadores el derecho a negarse a reconocer a los sindicatos. El ejemplo más reciente y flagrante de ello fue el caso de una compañía aérea, Ryanair, cuya dirección se negó a negociar con el sindicato SIPTU en relación con un grupo de jóvenes empleados de la sección de manipulación de equipajes muy mal pagados.
Es absolutamente esencial que consagremos en la legislación europea el derecho de afiliación a los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva. La cooperación en el trabajo debe basarse en el firme fundamento del reconocimiento de los sindicatos. Pido al Comisario Flynn que empiece a trabajar ahora en la redacción de una nueva directiva al respecto. El Tratado de Amsterdam fue deficiente a ese respecto. No nos concedió los derechos de sindicación que tanto necesitamos.

Ribeiro
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nadie puede negar la lógica de la aplicación de los derechos sindicales transnacionales en un período histórico en el que el capital se transnacionaliza. La consagración del derecho de asociación está vinculada con esa lógica y debe ser su fundamento. Por eso, este informe de iniciativa parece la continuación natural de un proceso en el que la integración de la Carta Social en el Tratado más lo justifica. Pero no se trata de un informe que aparezca solo. Acompaña y lo acompañan otras iniciativas y otros informes que forman parte de un conjunto que causa preocupación a quien atribuye a los sindicatos otra función y tarea que la de participar tan sólo en un diálogo social de defensa exclusiva de intereses económicos en un mercado en el que la fuerza de trabajo es una mera mercancía.
Por otro lado, la consagración del derecho a la libre asociación sindical en el nivel comunitario, aun siendo necesaria, puede entrañar la perversa consecuencia de contribuir a una desvirtuación de los sindicatos en cuanto organizaciones de clase, cosa que también pueden y deben seguir siendo, en particular en el plano nacional. Nos parece que esta iniciativa no pone fin a un debate, sino que lo abre o lo actualiza o ambas cosas a la vez.

Pinheiro
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Oomen-Ruijten y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por el exhaustivo trabajo que han llevado a cabo en materia de derechos sindicales transnacionales en la Unión Europea. Como saben Sus Señorías, el derecho de asociación con el objetivo de constituir organizaciones profesionales o sindicatos, garantizado por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, está reconocido en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de Amsterdam como un principio general del Derecho comunitario.
En ese marco, es importante subrayar que el Tratado de Amsterdam confiere por primera vez jurisdicción al Tribunal de Justicia en lo relativo a la acción de las instituciones en asuntos asociados con los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho de asociación. Las libertades de asociación y de negociación colectiva están consagradas en la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores e implícitamente mencionadas en el artículo 136 del Tratado de Amsterdam como principios orientadores de la política social comunitaria. No obstante, quisiera subrayar claramente que, dado que el derecho de asociación y el derecho de huelga están excluidos del ámbito del artículo 137 del Tratado, la Comisión no tiene intención de proponer legislación sobre esos asuntos.
Ahora bien, la Comisión considera, señor Presidente, que la cuestión de los derechos sociales fundamentales exige una reflexión más detenida y profunda en el nivel de la Unión, En ese marco, en una de las sesiones del foro europeo de política social celebrado la semana pasada se hizo referencia a la cuestión de cómo ampliar y profundizar el debate sobre los derechos fundamentales. Además, se ha creado también un grupo de expertos al que se ha encomendado la misión de analizar los avances introducidos en esa esfera por el Tratado de Amsterdam, describir las posibles lagunas y recomendar líneas de acción para el futuro. La conclusión del informe está prevista para el final del presente año. Estoy seguro de que mi colega Pádraig Flynn mantendrá debidamente informado al Parlamento de los resultados de las reflexiones en curso y de las líneas de acción que la Comisión vaya a proponer.

El Presidente
Muchas gracias, señor Pinheiro.
Señorías, con la intervención del Sr. Comisario doy por cerrado el debate.
Les recuerdo que el informe de la Sra. Oomen-Ruijten, que tantas felicitaciones ha recibido, será sometido a votación esta misma mañana a partir de las 11 de la mañana.

Fomento del papel de las asociaciones y fundaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0203/98) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europea [COM(97)0241 - C4-0546/97].

Ghilardotti
Señor Presidente, hoy examinamos una Comunicación de la Comisión bastante importante y el debate en el Pleno coincide con un momento más bien delicado, porque, como todos sabemos, sobre las actividades de las organizaciones, asociaciones y fundaciones se cierne un problema, es decir, la decisión del Tribunal de Justicia con su resolución de suspender cualesquiera actividades de financiación y de invitar a la Comisión a no proseguir en las mismas sin un fundamento jurídico establecido en virtud de una decisión del Consejo. Voy a volver sobre este tema más adelante, sin embargo, qué duda cabe de que es curioso hablar de fomento del papel de las asociaciones y fundaciones, del mundo del voluntariado, del tercer sector -a los cuales, gracias a la Comunicación y la labor del Parlamento asignamos especial importancia- y, paralelamente, constatar la paralización de las actividades de dichas organizaciones. Por ello, creo que el debate que nos ocupa puede servir de impulso para invitar al Consejo a que alcance un acuerdo interinstitucional, como el Parlamento viene proponiendo desde hace tiempo, que pueda resolver realmente el problema también en lo que al futuro se refiere y no sólo con vistas al presupuesto para 1998.
La Comunicación que hoy estamos debatiendo es fruto de un largo trabajo -de más de 10 años- basado en un informe de iniciativa del Parlamento Europeo de 1987, tras el cual la Comisión creó en el seno de la Dirección General XXIII una unidad operativa «Economía social» y ha realizado una enorme labor proponiendo dos iniciativas legislativas y la idea de elaborar un Libro Blanco, iniciativas todas ellas que, sin embargo, han encontrado dificultades dentro del Consejo o de la propia Comisión y que, en cierto modo, se han estancado. Así y todo, se trata de problemas que siguen existiendo y que creemos que el debate de hoy y la aprobación de este informe y de la Comunicación de la Comisión pueden desbloquear, al objeto de que siga adelante la actividad prevista.
La Comunicación, a pesar de que es un instrumento algo más tímido de lo que el Parlamento habría deseado y de lo que la unidad operativa de la Dirección General XXIII trató de realizar, sin embargo, reviste gran importancia en opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y mía personal, porque define, en el ámbito de la economía social en sentido amplio, dos elementos, esto es, las asociaciones y las fundaciones, así como establece sus características y su reconocimiento a escala europea. Es una operación importante porque sirve para intercambiar las diferentes experiencias y realidades entre los Estados miembros. Y asimismo, reconoce y fomenta su papel desde varios aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo, ámbito en el que Parlamento ya ha trabajado a lo largo de estos últimos años. Existen muchos estudios e investigaciones que reconocen que el mundo del tercer sector, el mundo asociativo en sentido amplio, es un mundo que, en los últimos años, por un lado, ha sido el promotor de nuevas oportunidades de empleo, sobre todo a nivel local, y por otro, ha sido capaz de hacer frente a una serie de necesidades -de relación, sociales, culturales y medioambientales- viejas y nuevas que, hoy por hoy, ni el sector público ni el sector privado consiguen satisfacer. Por lo tanto, cumple un papel muy importante tanto a nivel social como político. La posibilidad de reconocer, de fomentar y de encontrar formas de participación en pos del bienestar general -porque se trata de esto- de los ciudadanos a través de formas diferentes, respecto a las tradicionales de las organizaciones de los partidos y de los sindicatos, desempeña una función trascendental de cara a la participación de los ciudadanos en la construcción de Europa. Este diálogo civil, como nosotros lo hemos llamado, fue promovido por las Instituciones europeas a lo largo de todo el debate de la Conferencia Intergubernamental y no cabe duda de que el mundo del asociacionismo es una modalidad nueva para restablecer la legitimación, la participación y la confianza entre los ciudadanos y las Instituciones.
Por esto, valoramos extraordinariamente esta Comunicación y quisiera que aprovechásemos este debate para invitar calurosamente al Consejo a que llegue a un acuerdo sobre los fundamentos jurídicos en la primera lectura antes del 17 de julio, porque, de lo contrario, demostraremos que carecemos de capacidad y no somos merecedores de la confianza de los ciudadanos, puesto que decimos unas cosas y luego nuestros comportamientos, en sentido amplio -pese a que no depende de nosotros, sino del Consejo- son completamente diferentes. En definitiva, las Instituciones europeas dicen una cosa y hacen otra.

Cot
Señor Presidente, dos minutos, dos observaciones. La primera, sobre el procedimiento: sigo sin entender la incomprensible precipitación que ha mostrado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en este asunto. Los plazos asignados a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos para dar su opinión le han impedido examinar seriamente los problemas jurídicos cotidianos que plantea la comunicación, y que bien conocen las asociaciones. Se trata, por ejemplo, de cuestiones de definición, de reconocimiento mutuo, de responsabilidad o fiscalidad. Me temo que esta precipitación de nuestros compañeros haya impedido también al Parlamento ponerse verdaderamente a la escucha del mundo asociativo y profundizar sus problemas.
Tengo la impresión, en este asunto, de que el Parlamento ha desperdiciado una oportunidad de contribuir al debate, y me temo que esta indiferencia, que viene a añadirse a las señales catastróficamente negativas enviadas por el Tribunal de Justicia, por la Comisión y por el Consejo a propósito de la cuestión de los fundamentos jurídicos, acabe por crear una brecha de incomprensión con estos interlocutores tan indispensables, como ya nos lo recordaba la Sra. Ghilardotti hace un momento.
La segunda observación, señor Presidente, se refiere a las cuestiones de fondo. Por mi parte, considero que la comunicación es un inventario interesante de las prácticas y los problemas. Saludo esta actitud que representa la vuelta a Europa por parte de la Comisión y sus responsables para iniciar el diálogo con los responsables de las ONG de las distintas asociaciones, esfuerzo de sensibilización, esfuerzo de información, también esfuerzo de movilización. Sencillamente quiero llamar la atención sobre el peligro de que todo esto acabe por resumirse en una especie de vano ejercicio intelectual si se carece de propuestas concretas a la salida. Estamos esperando estas propuestas.
En cuanto a mí, deseo que esas propuestas se inscriban claramente en la propia noción de gran mercado, de actividades económicas, que este medio asociativo no se considere un mero receptáculo de una especie de voluntariado y acciones caritativas, y que se tengan en cuenta las verdaderas dificultades a las que algún día será preciso hacer frente.

Papakyriazis
Señor Presidente, deseo señalar que dicho informe del Comité de Asuntos Sociales, tal y como fue elaborado en el comité tras el increíble trabajo de la Sra. Ghilardotti, constituye una postura política responsable a la que ha llegado el Comité de Asuntos Sociales y que presenta para su debate en esta sesión.
Sin lugar a dudas, el comunicado de la Comisión es un trabajo considerable que viene a poner de actualidad el importante tema del fomento del papel representado por las asociaciones y las fundaciones. Sin embargo, con toda seguridad, el trabajo de esta Comisión no puede considerarse como una solución valiente y eficaz a este gran problema.
Por tanto, el informe elaborado por el Comité de Asuntos Sociales, la larga preparación y la evaluación de las experiencias, - y sobre este particular debo decir que comprendo la postura de mi compañero, el Sr. Cot - precisamente viene a dar y a poner de relieve el impulso que dicho tema necesita hoy en la Unión Europea. Hoy, porque, de hecho, ante el desarrollo conjunto, el problema del empleo, del paro, ante la certeza de que la iniciativa local, la explotación de la mano de obra local y de los recursos naturales puede atribuirse a esta sociedad mundial, adquiere importancia lo aportado por este informe. Pienso que debería considerarse de esa manera, como un contacto con la sociedad civil y una activación, un reconocimiento del papel que ésta puede representar.
Por último, deseo señalar que creo que dos temas de actualidad, como son el fomento de los programas nacionales de acción contra el paro y la reorganización de los fondos estructurales regionales, constituyen una oportunidad para relacionar el asunto que hoy nos ocupa con otros más importantes de la Unión Europea.

Wolf
Señor Presidente, creo que la cuestión de las organizaciones voluntarias y, por tanto, del tercer sector, es una cuestión cuya importancia hemos reconocido en todo su alcance, a fin de cuentas, sólo en los últimos años. En nuestras sociedades modernas, diferenciadas e individualizadas, debe generarse expresamente interrelación social y en este punto las asociaciones de toda índole constituyen un factor esencial de cohesión social.
La Unión Europea tiene en este punto una historia un tanto complicada, como ha dejado claro el ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Hasta ahora no ha resultado el intento de crear un fundamento jurídico para asociaciones, mutualidades y fundaciones. Esto es de lamentar. Sin embargo, hay que celebrar el proyecto de la Comisión y tampoco veo en él una maniobra elusiva, pues es necesario desarrollar en todo este sector una amplia comunicación y un consenso amplio, cosa que todos deseamos. Deseamos que este sector se desarrolle fuertemente. Queremos que ese sector no siga siendo visto con desconfianza por más tiempo por parte de los gobiernos ni por parte de determinados interlocutores sociales que se consideran excluidos. Queremos que se desarrolle en toda su diversidad y creo es urgentemente necesario un período de investigación, de reflexión y de discusión. Luego deberíamos prever y desarrollar paso a paso posibilidades de ayuda, posibilidades de un marco jurídico adaptado así como posibilidades de desarrollo de la actividad europea. Creo que la comunicación de la Comisión significa un buen primer paso hacia esto. En este sentido la celebro.

Glase
Señor Presidente, señoras y señores, aquí se han dicho ya algunas cosas acerca importancia de las asociaciones y fundaciones de utilidad pública. Tienen funciones enormes en la política social y en la política de empleo. La ponente lo ha visto y sólo puedo elogiarla por su compromiso en este ámbito. Por desgracia no se ha mostrado muy cooperativa en el debate habido en la comisión y apenas ha tomado en cuenta ninguna idea que fuera más allá o que precisase más. Sólo quiero mencionar de nuevo aquí las más relevantes. Debe quedar claro que no se debería crear una nueva red de agencias nacionales para el asesoramiento y la coordinación de este sector, sino que, en todo caso, semejante red debería surgir a partir de las delegaciones existentes mediante la cooperación.
Celebro extraordinariamente la propuesta de mejorar el acceso a los recursos estructurales para las ONG. Sin embargo, hay que considerar también de manera realista estas concesiones de recursos. Precisamente en el caso de los proyectos pequeños, debido a los gastos administrativos tanto de la parte concesionaria como de la parte ejecutante, es frecuente que casi no llegue nada para los que realmente lo necesitan. Los consultores y los ejecutores mismos se financian con esto. Paso así a mi punto más importante. En la conclusión 14 la ponente habla de reservar una parte de los recursos destinados a las PYMEs para las PYMEs del tercer sector. En primer lugar, no hay ninguna PYME del tercer sector. O hablamos aquí de sector lucrativo o de sector no lucrativo..
En segundo lugar, los recursos existentes actualmente para las PYMEs son tan escasos, que ni siquiera el sector de utilidad pública puede participar de ellos. En tercer lugar, con independencia de cualquier euforia por los efectos del tercer sector sobre el empleo hay que distinguir dos cuestiones. Este sector hace una importante contribución en la reintegración al empleo y en el fomento del empresariado. En él la gestión en el verdadero sentido de la palabra se practica con frecuencia bajo las condiciones más difíciles. Pero puestos de trabajo estables y no dependientes de las subvenciones los crea, ante todo, el sector privado, sobre todo la PYME. Todos estamos de acuerdo en que las ONG van a desempeñar un papel cada vez más importante en la relación ciudadano-estado. Hemos de fomentarlas. Para ello son fundamentales los principios de la autorresponsabilidad y de la solidaridad. Por esta razón, nosotros, los del Grupo del PPE, damos nuestra conformidad a este informe, a pesar de algunos puntos críticos.

Lindqvist
Señor Presidente, hay muchas organizaciones en Europa, por ejemplo en el campo del medio ambiente, en el campo social, en el campo sindical, movimientos juveniles y femeninos, que a menudo tienen miembros muy activos y muchos contactos con sus miembros en los países respectivos. Apoyar a las asociaciones es apoyar a muchas personas en Europa que tienen energía para hacer algo, igual que nosotros aquí en el Parlamento. Apoyar a las asociaciones y a las organizaciones es también crear comprensión para nuestro trabajo en el Parlamento y demostrar que hacemos algo más que ocuparnos del comercio y la economía.
Quiero subrayar tres cosas. En primer lugar: es positivo que se aumenten las ayudas a las organizaciones por medio de los Fondos estructurales; el uno por ciento de los Fondos sociales europeos está bien. En segundo lugar: las organizaciones pueden crear empleo; es posible crear puestos de trabajo en el tercer sector. No debemos exagerar esta posibilidad pero ella existe y vamos a aprovecharla. En tercer lugar, y lo más importante, es que tenemos que utilizar los conocimientos y el interés de las organizaciones y asociaciones introduciéndolas, de forma natural, en nuestro trabajo legislativo y en otros trabajos parlamentarios. En los países nórdicos tenemos un procedimiento de consultas bastante bueno que implica que, en asuntos importantes, se da a las organizaciones y asociaciones posibilidad de expresar sus opiniones. Es una buena manera de fortalecer la comprensión también respecto del trabajo de la Unión y del Parlamento Europeo.
Pero también existen cosas con las que hay que tener cuidado. No debemos inmiscuirnos en el trabajo interno de las asociaciones, por ejemplo, en quienes deben representarlas. En mi opinión, el punto 24 está muy cerca de ese límite.
Finalmente: nuestra misión no es regular ni dirigir. Nuestra tarea es estimular y apoyar a las asociaciones y organizaciones. Esto es un buen comienzo.

Hyland
Señor Presidente, tengo mucho gusto en sumar mi voz a las de quienes apoyan el concepto de participación voluntaria de los ciudadanos en la labor de desarrollo de la comunidad. Somos afortunados por tener a tantas personas que tan de buen grado ceden su tiempo. No siempre es suficientemente reconocida su labor en la sociedad, en particular en una época en que la recompensa por el trabajo suele calcularse en dinero. Desde una perspectiva de la UE y en el marco de la aplicación del principio de subsidiariedad, no podemos pasar por alto las posibilidades y el deseo de nuestros ciudadanos de participar en la labor de desarrollo de la nación.
Pongo como ejemplo el programa LEADER. Dadas la oportunidad y una infraestructura comunitaria favorable, los ciudadanos de la Europa rural están participando activamente en programas empresariales, creando puestos de trabajo muy necesarios y contribuyendo a la sostenibilidad de las comunidades rurales. Sin embargo, no basta con elogiar su labor de boquilla. A todos nosotros debe preocuparnos el declive de las poblaciones rurales, el deterioro demográfico de nuestra agricultura y ganadería y la amenaza real que representan para la explotación familiar tradicional. Al fin y al cabo, el modelo agrario europeo va encaminado a lograr su supervivencia.
Con nueva tecnología y la disponibilidad de oportunidades financieramente mejor remuneradas para los jóvenes, no debemos cerrar los ojos ante dicha amenaza real. Sin embargo, no podemos volver atrás, sino que, mediante programas formativos y educativos detenidamente formulados en los que participen organizaciones como el CEJA, el organismo coordinador de las organizaciones agrarias, y, en mi país, Macra Na Feirme , nuestra organización de jóvenes agricultores, podemos crear la infraestructura económica y social necesaria para alentar y ayudar a más jóvenes a dedicarse a la agricultura y la ganadería como carreras profesionales creíbles. Debemos afrontar ese imperativo en el marco de la Agenda 2000.

Schörling
Señor Presidente, las organizaciones de voluntariado, o sector de ideales, es un sector importante en la sociedad, también como portador de valores que debemos proteger y que queremos fomentar, es decir, que los ciudadanos participen activamente y de este modo puedan influir en el desarrollo social.
La responsabilidad común de la sociedad, la responsabilidad colectiva, no debe reemplazarse sino que esto debe verse como un complemento. Éste es un sector que crece y en el que se crean muchos puestos de trabajo. Por eso es aún más vergonzoso que se congelen recursos destinados al tercer sector. Espero que lleguemos a una pronta solución de este asunto.
Realmente quiero apoyar la propuesta de Ghilardotti referente al fortalecimiento del sector de ideales en el plano local en cuanto a los Fondos estructurales, de manera que pueda participar activamente en la planificación y ejecución de las medidas financiadas conjuntamente.
Además, quiero que no olvidemos que las cooperativas también pueden contarse como organizaciones de voluntariado y del sector de ideales, aunque esté en sus reglamentos que fomentan los intereses económicos de sus miembros. Sin embargo, ese interés se limita a mantener la actividad en funcionamiento y no se trata, por tanto, de generar ganancias.

Garosci
Señor Presidente, a raíz de la introducción del euro, dentro de pocos meses los Estados miembros hablarán la misma lengua monetaria y esto les ayudará a crecer al unísono y cada vez más. Del mismo modo, existe otro aspecto acerca del cual se deberá hablar y debatir conjuntamente, es decir, el de las actividades de las fundaciones y los consorcios. De hecho, en la actualidad, las asociaciones y las fundaciones desempeñan en el escenario comunitario -empleo las palabras de la Comisión- un papel importante en cualquier campo de la actividad social. En consecuencia, debemos depararles una atención y una disponibilidad cada vez mayores, así como tenemos que ayudarlas a desarrollar sinergias, a emplear un lenguaje común y a satisfacer de forma colectiva las necesidades de sus adscritos, al objeto de crear un marco ideal en el que las mismas puedan moverse para alcanzar los objetivos de representación de sus categorías. Todo esto, además de proteger los intereses sociales, como decía la señora ponente, a quien le damos las gracias, puede crear importantes oportunidades de empleo, de desarrollo cultural y de formación profesional.
En consecuencia, esperamos con mucho interés que la próxima Conferencia Intergubernamental valore definitivamente el papel de las asociaciones y fundaciones reconociendo las organizaciones sin fines lucrativos y las organizaciones no gubernamentales como sujetos fundamentales de cara al desarrollo social común europeo.

Menrad
Señor Presidente, el Grupo del PP apoya la comunicación. Es de la opinión de que el informe de la señora Ghilardotti completa y mejora esta comunicación. ¡Enhorabuena! Ambos documentos contienen importantes declaraciones sobre el papel de las asociaciones y fundaciones a nivel nacional, regional y local, pero se menciona también la dimensión europea, entre otras ocasiones, en la referencia a la propuesta de un estatuto de una asociación europea de 1992. La señora Ghilardotti ha aceptado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la sugerencia hecha por el Grupo del PP, en el sentido de que es preciso que en el futuro un reglamento sobre la asociación europea se diferencie claramente del de la sociedad anónima de derecho europeo. Un estatuto de la asociación europea no debe estar configurado unilateralmente como una asociación económica. Debe atender también las asociaciones de utilidad pública así como a la idea de la subsidiariedad, a la de la autonomía asociativa y estatutaria, y a la de libertad civil y de asociación. También en este sentido daremos nuestra aprobación al Informe Ghilardotti.

Filippi
Señor Presidente, el pluralismo de las experiencias económicas y sociales de las mismas formas de gestión de las actividades conexas es un patrimonio típico del modelo de desarrollo europeo que es preciso salvaguardar. El informe de la Sra. Ghilardotti sobre el papel de las fundaciones y asociaciones en Europa hace hincapié justamente en la necesidad de fomentar todo el tercer sector, el llamado sector no lucrativo. Hoy hablamos de fundaciones y asociaciones, sin embargo, muy pronto se tendrá que hablar también de las mutualidades y las cooperativas. Es preciso, no obstante, que el Consejo supere la actitud mostrada hasta ahora que ha sido una actitud de boicot objetivo al tercer sector. En Europa no existen solamente el Estado y el sector privado, sino experiencias más articuladas que no pueden ignorarse. No cabe hablar de reforma del Estado social o de una innovación en la cooperación internacional sin la contribución a nivel privado y social de las fundaciones y asociaciones.

Angelilli
Señor Presidente, el informe de la Sra. Ghilardotti, con quien me congratulo vivamente, ha examinado pormenorizada y exhaustivamente todos los problemas relacionados con el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones. Todas las valoraciones expresadas en el informe son ampliamente aceptables: ante todo la necesidad de una verdadera reglamentación a escala europea del sector sin fines lucrativos, un sector valioso que en esta etapa histórica está viviendo una extraordinaria expansión, precisamente porque ha sido el único capaz de colmar el vacío provocado por la crisis de los sistemas públicos de bienestar en la prestación de servicios sociales. Por lo tanto, no podemos sino compartir las reivindicaciones contenidas en el informe. En primer lugar, la creación de un estatuto europeo que garantice al asociacionismo, el reconocimiento de un estatus jurídico muy definido que proteja y fomente las actividades que realiza; en segundo lugar, normas concretas y claras en términos legislativos y fiscales, en particular la revisión del IVA; por último, recursos financieros adecuados. Sólo así, sólo a través de la certeza del Derecho y del reconocimiento de su papel, el sector sin fines lucrativos podrá desempeñar mejor, como sugiere también el Tratado de Amsterdam, su valioso papel de cara al desarrollo de la solidaridad y de la participación social.

Pinheiro
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando la satisfacción de la Comisión por el interés con que el público en general, las entidades nacionales, las organizaciones del sector y también las instituciones europeas han acogido el documento. Destaco la opinión del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, que han expresado una clara voluntad de apoyar el desarrollo de las asociaciones y fundaciones. Quiero también felicitar efusivamente a la Sra. Ghilardotti y a los Sres. Cot y Wolf por el espíritu de apertura con que han abordado ese asunto y el interés que han mostrado por todas las actividades emprendidas o previstas de las organizaciones de economía social.
Desde la presentación de su comunicación, la Comisión, en colaboración con los representantes de las asociaciones y fundaciones, ha preparado un plan de acción para aplicar sus conclusiones, para explorar las posibilidades de esas asociaciones y fundaciones y también para descubrir las dificultades que habrá que superar a fin de que puedan desempeñar mejor su papel en la defensa de los intereses de los ciudadanos europeos. Es una realidad que las asociaciones y las fundaciones que participan en todas las esferas de la vida económica y social disponen frecuentemente de un gran poder económico y constituyen una importante fuente de empleo. La mayor parte de las organizaciones de economía social son empresas, en el sentido amplio del término. Y en muchos casos constituyen formas alternativas de empresa relacionadas con modelos económicos y sociales tradicionales. Por esa razón, incluimos también, por lo demás, el sector de la economía social en la comunicación de la Comisión con el título «Estimular el espíritu empresarial en Europa».
No voy a repetir aquí las conclusiones y propuestas que figuran en esa comunicación. Pero quisiera referirme a las acciones que hemos llevado a cabo desde que fue aprobada y, paralelamente, procuraré inclinarme sobre las cuestiones planteadas por Sus Señorías y, en particular, por los ponentes.
Una cuestión importante, de la que dependen muchas otras, es sin duda la del estatuto de la asociación europea. Comprendo el desagrado de Sus Señorías por que no se hayan logrado avances a ese respecto. Pero puedo asegurar a esta Asamblea y en particular al ponente Sr. Cot que la Comisión ha adoptado diferentes iniciativas para que se lograran los avances deseados. Y, a pesar de que en el último Consejo del 4 de junio se remitió ese asunto al COREPER y a la Presidencia austríaca, es digno de mención que las negociaciones en el Consejo se encuentran ya en una fase avanzada y se han tenido en cuenta un gran número de preocupaciones del Parlamento Europeo. Así, pues, confiamos en que se registrará una evolución positiva hasta el final del año, en particular en lo relativo -repito- al estatuto de las asociaciones.
Quisiera ahora, Señorías, informarlos sobre el avance de las propuestas abordadas en nuestra comunicación. Estamos avanzando en tres direcciones. En primer lugar, se han celebrado o se van a celebrar conferencias nacionales. Tendrán como tema esta comunicación en la casi totalidad de los Estados miembros.
En segundo lugar, la Comisión está organizando una serie de reuniones de expertos sobre temas relacionados con el presente y el futuro de las asociaciones y las fundaciones, de los cuales destaco los siguientes: la relación del sector con las entidades públicas, la necesidad de informaciones y de un mejor conocimiento del sector, aspecto ampliamente confirmado en el VI Congreso de Economía Social, que se celebró hace unos días y también las posibilidades de creación de empleo de las asociaciones y las fundaciones. La Comisión conviene en que la dinámica de la economía social, por lo que se refiere al mantenimiento y a la creación constante de puestos de trabajo, así como a los servicios adecuados para atender las nuevas necesidades, no se ha desarrollado plenamente. Pedimos a los Estados miembros que presten la debida atención a la aplicación de las directrices para el sector del empleo. Paralelamente, procuramos divulgar ampliamente los resultados de los proyectos experimentales incluidos en la rúbrica «El tercer sector y el empleo» para que todos aprovechen esas experiencias. Otros temas están previstos también para su debate, entre los cuales figura la utilización del euro y la ampliación, asunto subrayado en particular por la Sra. Ghilardotti.
Una tercera esfera en la que estamos trabajando son las acciones que podemos emprender directamente en el marco de la Comisión. Con el objetivo de hacer avanzar el diálogo y la cooperación de la Unión con las organizaciones interesadas, se creó el Comité consultivo de las cooperativas, las mutualidades, asociaciones y fundaciones. Por otro lado, la Comisión se reúne dos veces al año con la plataforma de las organizaciones no gubernamentales europeas y se ha creado un nuevo grupo de expertos que sucede al Comité de Sabios con el objetivo de examinar de nuevo el régimen de los derechos sociales básicos establecidos en el Tratado a fin de presentar recomendaciones de acciones en el nivel comunitario, incluida, naturalmente, una carta de derechos.
Convenimos en que aún hay mucho por hacer. De hecho, es esencial examinar de nuevo la situación y encontrar la forma adecuada de desarrollar el diálogo social en todas las instituciones europeas. Es necesario garantizar el correcto equilibrio entre máxima flexibilidad y participación, por un lado, y transparencia total y coherencia, por otro, evitando necesariamente la burocracia exagerada y la creación de marcos complicados. La Sra. Ghirardotti y el Sr. Wolf destacan, en particular, las dificultades encontradas por innumerables organizaciones no gubernamentales en su colaboración con los Fondos estructurales. Compruebo con particular satisfacción que las nuevas propuestas sobre el Fondo Social constituyen un importante avance en el sentido de mejorar y facilitar el acceso a las organizaciones no gubernamentales a ese Fondo.
Quisiera también informar de que el informe realizado por la DG V y al que se hace referencia en los puntos 3 y 4 de la resolución en examen se refiere tan sólo a los diferentes departamentos internos de dicha Dirección General y no a las relaciones de la Comisión, en su conjunto, con las organizaciones no gubernamentales.
Por último, al leer esta resolución, no he podido por menos de reparar en su punto 19, »Ampliación y relaciones exteriores», en el que no se menciona a los países ACP. Por eso, quiero recordar a esta Asamblea que la valorización del sector de la economía social es un punto fundamental de la política de desarrollo, lo que está claramente expresado en el mandato para la negociación de las futuras relaciones entre la Unión Europea y los países ACP que acaba de aprobar el Consejo.
Así, pues, no hemos estado, señor Presidente, Señorías, cruzados de brazos. Nos proponemos proseguir nuestras gestiones para que se atribuya a las asociaciones y fundaciones el reconocimiento que se les debe en los niveles local, nacional y comunitario. Por ultimo, quiero expresar mi agradecimiento una vez más a los ponentes y quiero asegurarles también que tendremos en cuenta en serio sus propuestas y observaciones. Estoy seguro de que contaremos con el apoyo del Parlamento Europeo para todas las acciones que emprendamos en pro de las organizaciones de economía social.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.

Tiempo de trabajo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0229/98) del Sr. Chanterie, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Libro Blanco de la Comisión (COM(97)0334 - C4-0434/97) sobre los sectores y actividades excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo.

Chanterie
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, si hay un ámbito social en el que la Unión Europea puede desempeñar un papel importante y, por tanto, asumir una responsabilidad, es en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 118 A del Tratado. Que el lugar de trabajo sea móvil, no tiene que impedir el derecho de los trabajadores a un medio de trabajo seguro y sano. La ordenación del tiempo de trabajo es realmente, tal como el Tribunal de Justicia ha establecido expresamente en una sentencia de 1996, una cuestión de seguridad y salud.
La Unión Europea adoptó en 1993 una directiva que regula los descansos diarios y semanales, el tiempo de trabajo semanal, las vacaciones anuales, las pausas y el trabajo nocturno y por turnos. Las normas mínimas recogidas en la directiva son más bien limitadas y el número de excepciones es más bien elevado. Además, por iniciativa del Consejo de Ministros, ciertos sectores y actividades fueron completamente excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. Se trata de los médicos en período de formación, de las actividades en el mar, no sólo la pesca marítima sino también las actividades en alta mar, y el sector del transporte, es decir, el transporte por carretera, aéreo, marítimo y por ferrocarril, al igual que la navegación interior. Las personas que trabajan en estas actividades o sectores como empleados en las oficinas o trabajadores en un taller carecen de una norma europea de ordenación del tiempo de trabajo.
En aquel momento, la Comisión Europea se dio cuenta de que esta situación no era aceptable y anunció la adopción de una iniciativa, iniciativa que debatimos hoy, concretamente el Libro Blanco que, tras cuatro años, por fin ha visto la luz. En este Libro Blanco, la Comisión Europea ha examinado la situación de la ordenación del tiempo de trabajo en estos sectores y actividades excluidos que reúnen aproximadamente a seis millones de trabajadores, de los que alrededor de cinco millones no trabajan en la parte móvil.
La Comisión Europea propone que los trabajadores fijos entren ahora en el ámbito de aplicación de la directiva y que a los trabajadores móviles sólo se les aplique ésta parcialmente, es decir, en relación con los cuatro elementos siguientes: vacaciones anuales, tiempo de trabajo anual, garantía de descanso suficiente y control sanitario en el trabajo nocturno. El resto, digamos que también aspectos importantes, tales como el tiempo mínimo de descanso, el tiempo máximo de trabajo, etc., debería ser regulado sectorialmente.
La Comisión de Asuntos Sociales, en nombre de la cual intervengo aquí como ponente, quiere, sin embargo, que primero se intente incluir en el ámbito de aplicación de la directiva el mayor número posible de sectores y actividades excluidos. La actual directiva contiene, como ya he dicho hace un momento, un artículo que más bien permite bastantes anomalías, el artículo 17, y conforme al cual existe, en principio, la posibilidad de tener en cuenta la especificidad y competitividad de los diversas actividades y sectores. No obstante, si pareciera que esto no es suficiente para algunos subsectores, la Comisión de Asuntos Sociales llegaría al acuerdo de que se adoptara una normativa sectorial, preferentemente mediante acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales y, si esto no fuera posible, entonces, a iniciativa de la propia Comisión. Esta institución consulta con los interlocutores sociales en los comités paritarios a fin de alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión, ya que de esta manera creemos que se pueden tener mejor en cuenta las situaciones específicas. Pongo, por ejemplo, el caso de los conductores de camiones quienes, además de contar con un período máximo de conducción, también deben ocuparse de otras actividades: la carga y descarga, y esto, hasta el momento, no se recoge en la norma relativa a la ordenación del tiempo de trabajo.
Somos conscientes de que no basta con sólo una directiva. También se trata, después de todo, de la modificación de las leyes nacionales a fin de que se adecuen a ésta, su cumplimiento, los controles y las sanciones. No obstante, debe existir una normativa, un marco europeo, ya que los problemas superan las fronteras y esta problemática también forma parte del funcionamiento del mercado interior.
Quisiera ahora tomar especialmente en consideración la situación de los médicos en período de formación. Comienzo citando uno de los muchos testimonios: »entre la madrugada del viernes y el lunes por la noche, he dormido cinco horas y he tenido dos guardias en el servicio de urgencias. En todo ese período, no he visto la cama y no he ganado un franco extra. Deambulaba como un zombi, pero durante el día incluso he operado». Hasta aquí esta cita. Quién de nosotros querría trabajar en circunstancias semejantes y, sobre todo, quienes de nosotros nos dejaríamos operar por alguien que se encuentre en semejante estado. No obstante, este tipo de situaciones se da más, quizá, de lo que pensamos.
Los médicos en período de formación son en numerosos casos explotados mucho más allá de lo aceptable y esto pone en peligro vidas humanas. Las vidas de los pacientes, pero también las propias vidas de los médicos en período de formación quienes, como resultado de un excesivo tiempo de trabajo, por ejemplo, causan accidentes fatales o se duermen en el coche. El agotamiento, la depresión, los ataques cardiacos y el suicidio no son una invención sino una realidad.
Puede decirse que la exclusión de los médicos en período de formación de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo es francamente criminal. Operar a un paciente o permitir que se le opere tras muchas horas de servicio casi ininterrumpido es jugar con vidas humanas. De ahí que ya no podamos tolerar esta situación por más tiempo. Hay incluso dos países que, como en el caso de Bélgica, no cuentan con normativa nacional. Todas las personas a las que he escuchado a la hora de elaborar este informe piden con gran urgencia la adopción de una iniciativa. La actual directiva se indica aquí como marco y hago un llamamiento al sindicato médico, al Consejo Superior de Colegios Médicos y al Ministro de salud pública para que actúen.
Señor Presidente, estimados colegas, esperamos que la Comisión Europea presente una iniciativa legislativa en un breve plazo de tiempo, de forma que el Parlamento Europeo pueda ocuparse de la misma antes de que finalice la legislatura.

Macartney
Señor Presidente, lo felicito por su ascenso a la Presidencia. Dispongo de tres minutos, pero necesitaría muchos más para abordar las complejidades y dificultades del sector pesquero. Desde luego, quisiera felicitar al Sr. Chanterie por el trabajo que se ha tomado para intentar abarcar todas las minuciosas diferencias y especificidades de los diferentes sectores excluidos.
Hemos de reconocer en primer lugar que había una razón para excluir dichos sectores. Y era su complejidad, en primera lugar. En segundo lugar, por lo que se refiere a la pesca, existe un recelo profundamente arraigado hacia Bruselas en muchos sentidos y mucha oposición a la idea de que se diga a los pescadores cuándo deben dormir o qué deben hacer en el mar. Consideran que, una vez que están en la mar, tienen que ser los amos de su buque y de su destino. Hay una hostilidad instintiva y profundamente arraigada hacia cualquier clase de directiva procedente de Bruselas para los pescadores. La idea de un máximo de horas en la mar se tiene que combinar con el hecho de que algunos países imponen un máximo de días en la mar y en esos casos -por ejemplo, en el del Reino Unido- resultan limitadas las horas de trabajo de los pescadores. De modo que se deben tener en cuenta todas las ideas relativas a los días que pueden pasar en la mar o a que deban dormir a determinadas horas.
Quisiera centrar la atención principalmente en el alcance exacto de esa directiva. Fue la causa de un vigoroso debate en la Comisión de Pesca. Tal vez podría dirigir la pregunta al Sr. Pinheiro, que, al proceder de Portugal, está muy familiarizado con la forma como se organiza la pesca. Muchos pescadores tienen una organización familiar, muchos son pescadores con participación en los beneficios y muchos no son empleados en el sentido en que podríamos entenderlo nosotros. ¿Los afectará esta directiva o no? En caso de que no, la mayor parte del sector de la pesca de Europa quedará excluido, incluso tras la aprobación de una resolución como ésta. Las preguntas fundamentales que hay que formular son las siguientes: ¿cuál es el alcance y quiénes son las personas empleadas en la pesca? Tal vez haya margen para la flexibilidad en las palabras del Sr. Chanterie «lo más posible», pero tenemos que saber la opinión de la Comisión.
Hay enormes diferencias entre una flota de largo recorrido, en la que los pescadores están empleados durante meses enteros por una empresa y un pequeño barco familiar o en régimen de cooperativa de Galicia o del Adriático o, en este último caso, tal vez se trate de personas que salgan a pescar de noche, porque ésa es su tradición. A todos ellos les preocupa que se los reglamente y se les pongan camisas de fuerza. De modo que debemos saber quiénes participan. ¿Cómo se le va a decir a un trabajador por cuenta propia que se tome vacaciones? Me encantaría conocer la respuesta a esa pregunta. Y, si la respuesta es que no se le pide, porque esa clase de trabajadores están excluidos, habremos de reconocer que estamos hablando de una parte muy pequeña de todo el sector.
Mi última observación versa sobre la idea de partenariado. Resulta muy difícil en algunos casos en los que no hay sindicatos que representen a los trabajadores, porque se trata de trabajadores por cuenta propia. Resulta muy difícil decir a un país que concierte un acuerdo entre los sindicatos y los empleadores cuando no existen esos interlocutores. Se trata de una situación bastante falsa. La consulta debe ser auténtica. Debe afectar a quienes van a pescar a la mar y, antes de plantear algo, deben participar plenamente. De lo contrario, existe el peligro de que se vuelva a reprochar a Bruselas estar más interesada en el papeleo que en los salmonetes.

Moreau
Señor Presidente, al cabo de cinco años de haber aprobado la Directiva sobre el tiempo de trabajo, es más que urgente revisar el problema de los sectores excluidos. Por lo demás, es lamentable que hayan quedado excluidos tantos asalariados, desde un principio, del campo de aplicación de esta Directiva. Podemos darnos cuenta de su magnitud muy especialmente en el sector de los transportes por carretera, con graves consecuencias para la salud de los trabajadores y la seguridad vial.
Así, numerosos conflictos sociales han expresado un rechazo creciente de condiciones de trabajo inhumanas, muy especialmente en este sector. Las especificidades en el transporte son reales, pero no son menos reales las necesidades de reposo, de actividades de ocio, de respeto de los ritmos biológicos de los asalariados. La reglamentación existente en el sector del transporte por carretera permite que el período de conducción dure 56 horas por semana. Y ni siquiera eso se respeta. Mejorar esta reglamentación, controlar eficazmente, tal como lo ha pedido la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, es una necesidad social, pero también económica para combatir la competencia desleal y el dumping social. Muy especialmente en el momento en que el cabotaje entra en vigor.
Me felicito de que ambas comisiones soliciten la modificación del Reglamento 38/20 en el sentido de una reducción del tiempo de trabajo y de conducción. A este respecto, conviene que se tomen debidamente en consideración dentro del tiempo de trabajo la carga, la descarga, así como los tiempos de espera.
Para concluir, expresaré cuánto lamento que se haya rechazado incluir, es cierto, con derogaciones limitadas y negociadas, como yo lo había propuesto en mi calidad de ponente, a los trabajadores móviles en la directiva. Su inclusión hubiera podido constituir una señal fuerte en favor de una Europa social que, lamentablemente, tanta falta hace. La aprobación del informe Chanterie puede, no obstante, constituir un punto de apoyo en el marco de las negociaciones paritarias que se desarrollan en los distintos sectores excluidos. Es innegable que los asalariados afectados deben continuar haciendo oír sus exigencias de reposo suficiente, de tiempo para vivir, cara a los dogmas liberales de la libre competencia que burlan los derechos más elementales.

Skinner
Señor Presidente, yo también quisiera felicitarlo por su primer período de sesiones como Vicepresidente del Parlamento. También el Sr. Chanterie merece una felicitación. Ha preparado un informe que es equitativo y equilibrado a un tiempo. Su preparación ha requerido bastante tiempo por las diferencias de opinión en la comisión y en otras comisiones, de las que se nos acaba de hablar. Resulta muy difícil imponer ideas sobre la jornada laboral en sectores tan numerosos y diferentes.
Los grupos industriales afectados son los trabajadores de las instalaciones marinas de las industrias de petróleo y de gas, de la industria pesquera, de los transportes, como, por ejemplo, los trabajadores de los transportes por vías fluviales, los pilotos de compañías aéreas y sus tripulaciones y los trabajadores ferroviarios. Para los fines de esta directiva, se los denomina a todos ellos trabajadores móviles. También incluye a los médicos en prácticas, pero no los trabajadores encargados de prestar socorro en casos de emergencia. En la directiva original sobre la jornada laboral se abordan sus casos en relación con las medidas compensatorias. Sin embargo, la inclusión de las personas que no son trabajadores móviles, sino que tienen puestos de trabajo sedentarios en oficinas y se ocupan de los trabajadores móviles, representa la corrección de un error en la anterior directiva sobre la jornada laboral, de la que quedaron excluidos. Eso es digno de beneplácito.
Gracias a un acuerdo entre los interlocutores sociales se están superando las dificultades que se afrontaban originalmente. Hay que reconocerlo y hay que felicitar a aquellos a quienes hasta ahora les había resultado difícil celebrar conversaciones entre sí. Antes no existían disposiciones al respecto. De modo que por primera vez están sobre la mesa normas decentes sobre salud y seguridad para muchos de esos trabajadores gracias exclusivamente al diálogo social. Los Comisarios Flynn y Kinnock merecen una felicitación.
El aspecto importante que se debe recordar es que esta directiva versa sobre la salud y la seguridad y tal vez sería más apropiado llamarla «directiva para impedir que los trabajadores caigan muertos en el trabajo». Al examinar las estadísticas, vemos que el 20 % de todos los accidentes en las carreteras que afectan a vehículos pesados son causados, en realidad, por conductores que padecen fatiga. No sólo mueren conductores, sino también familias que viajan en otros vehículos contra los que pueden estrellarse. Es muy importante que resolvamos esta cuestión. Como ha señalado también el Sr. Chanterie, para que los médicos en prácticas puedan sobrevivir a los períodos de trabajo y rendir al máximo, debemos hacer todo lo posible para presionar a nuestros gobiernos con vistas a lograr una reducción de su jornada laboral a fin de que sus juicios y sus reacciones no resulten sesgados ni afectados de tal modo que no obtengamos los beneficios óptimos de su formación.
Esta directiva va encaminada a impedir que los trabajadores caigan muertos en el trabajo. En el Japón ya se reconocen las consecuencias de esa situación; ahora se están empezando a reconocer en Europa. Estamos deseosos de disponer de una directiva el año próximo.

Pronk
Señor Presidente, permítame en primer lugar felicitarle por su elección como Vicepresidente, gracias a lo cual puede hoy asumir la Presidencia. En segundo lugar, quiero dar las gracias de todo corazón a Raf Chanterie, quien creo que ha realizado una maravillosa contribución con este informe. Ha desarrollado una idea clara y eso, como ya ha dicho nuestro colega, el Sr. Skinner, no era fácil porque los puntos de vista eran muy diversos y procedían de varios sectores. Ha desarrollado una opinión propia cuya teoría está bien formulada y resulta también muy práctica, realmente más que lo previamente presentado por la propia Comisión.
Por una parte, debo felicitar a la Comisión por haber intentado durante tanto tiempo resolver los problemas de estos sectores, que parecían tan complicados, pero, por otra, censuramos que las dos Direcciones Generales concernidas hayan encontrado muy difícil llegar a un acuerdo sobre algunos puntos y que esto no haya permitido acelerar todo el asunto. No obstante, opino que en este caso la Comisión finalmente ha desempeñado un buen papel. Creo que el Libro Blanco en general es positivo, aunque pienso que lo que hemos puesto ahora sobre la mesa añade algo nuevo. La idea del ponente de, en primer lugar, incluir en la medida de lo posible a los trabajadores no móviles en el ámbito de aplicación de la actual directiva es una buena idea, puesto que da lugar a algo extra, a saber, al refuerzo del diálogo social. Resulta que en algunos sectores en los que ahora es posible alcanzar un acuerdo, antes no lo era. Creo que en lo que respecta a esta cuestión, es verdaderamente lamentable que en el sector de la pesca ello no sea todavía factible. Naturalmente, se pueden contar muchos cuentos sobre el hecho de que esto resulte tan difícil, pero si no se puede llegar a un acuerdo, los argumentos no salen muy fortalecidos. Creo que es muy importante que el sector de la pesca logre lo que otros sectores ya han logrado. Éstas son mis principales observaciones. Considero que sobre la mesa tenemos un buen informe y que debemos continuar así. Espero que la Comisión lo acepte en su totalidad.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al ponente, el Sr. Chanterie, por su informe. Tenemos ante nosotros un informe extraordinariamente cuidado en el que se analiza cuál podría ser la máxima cobertura jurídica para resolver este eterno problema al que todos nosotros, como miembros del Parlamento Europeo, nos enfrentamos mediante la discusión de cartas y peticiones y que, fundamentalmente, se trata de la ordenación del tiempo de trabajo y los períodos de descanso. Como ya han señalado varios colegas, en prácticamente todos los casos implica también un peligro para otras personas, así sucede con aquéllos que no tienen un período de descanso suficiente, por ejemplo, los que tienen responsabilidades en el manejo de los aviones, de un coche o en la salud. Esto puede tener graves consecuencias no sólo para su seguridad, sino también para la de otras personas.
Es una pena que a instancias del Parlamento, la Comisión haya reaccionado con bastante lentitud para presentar el Libro Blanco, que ahora está ante nosotros, y estoy de acuerdo con todos los oradores que señalan que el informe de la Comisión de Asuntos Sociales, especialmente gracias al trabajo del Sr. Chanterie, está bien formulado. Opino que debemos decidir cuanto antes sobre algunas de las propuestas a fin de otorgarles un fundamento legal vinculante. Creo que en lo que respecta a los interlocutores sociales, también deben desempeñar su propio papel y, por mi parte, quisiera hacerles un llamamiento para que la reflexión sobre la política seguida en estos ámbitos continúe y se complete tan pronto como sea posible.

Schörling
Señor Presidente, apoyo la proposición de Chanterie de petición a la Comisión para que presente una propuesta encaminada a cambiar la directiva de tiempo de trabajo. Como otros han señalado, es totalmente inaceptable que cerca de seis millones de trabajadores estén al margen de lo que llamamos reglas básicas de regulación de la duración del tiempo de trabajo. Además, se trata de trabajadores que se desenvuelven en sectores en los que realmente se necesita que estén descansados y que tengan vacaciones para que puedan realizar sus tareas de una manera segura. Por ejemplo, se trata de personas que trabajan en el sector de los transportes, ferrocarriles y tráfico aéreo, pero también los médicos durante sus estudios.
Quienes trabajan en esos sectores tienen la misma necesidad de sueño, descanso y vacaciones que nosotros, "personas normales». Realmente opino que las reglas básicas de regulación de tiempos de trabajo y de vacaciones deben ser consideradas como derechos humanos.
Estimo que el punto 11 del informe de Chanterie es muy importante. Allí se dice que la legislación futura no podrá desvirtuar los acuerdos colectivos regionales o locales vigentes en los países miembros que tengan un nivel más alto de seguridad social que el planificado por la Comisión. Quiero felicitar sinceramente a Chanterie por este informe.

Sainjon
Señor Presidente, también quiero felicitar al Sr. Chanterie por su excelente informe equilibrado. En efecto, otros compañeros lo han dicho antes que yo, cerca de seis millones de trabajadores se encuentran hoy día excluidos de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, entre los que se encuentran tres millones y medio en el sector del transporte por carretera, ¡oh, cuán sensible! Basta, efectivamente, recordar las huelgas que paralizaron Francia y una parte de Europa el año pasado.
En definitiva, los adeptos al liberalismo han empezado, una vez más, la casa por el tejado. La liberalización total del transporte por carretera, a la fecha del 1 de julio de 1998, interviene cuando todavía no existe ninguna armonización fiscal y social. No se previó ningún resguardo a escala de la Unión para evitar esta carrera para reducir el aspecto social a su mínima expresión, en un sector siniestrado donde las pequeñas empresas tienen dificultades para sobrevivir, y para las que la liberalización significa muy a menudo la muerte. Por tanto, acuso a ciertos gobiernos de haber deseado voluntariamente este vacío jurídico, para mejor suprimir algunas conquistas sociales ganadas en reñida lucha en este sector.
Por ende, pido que los conductores europeos puedan beneficiar, desde ahora, de tiempos de espera remunerados, de vacaciones anuales iguales para todos. Deseo, incluso si puede preverse cierta flexibilidad, que se limiten el número de horas anuales, con una duración semanal media de 35 horas. Si no fuera así, es indispensable que todo conductor que efectúe un transporte entre dos puntos en un mismo país de la Unión respete integralmente la legislación social de este último. Pienso que en materia de armonización es preciso empezar por el principio y decidir en primer lugar los días y las fechas durante los que pueden circular los camiones de carga en las carreteras y las autopistas de la Unión, con el fin de acabar con la indefinición que experimentamos actualmente. Es la primera piedra indispensable en la construcción de una Europa de los transportes por carretera.

Pinheiro
Señor Presidente, permítame felicitarlo por su elección para tan importante puesto. La Comisión acoge con el mayor beneplácito el informe del Sr. Chanterie. También agradecemos la intensa labor que se ha llevado a cabo en tres comisiones: la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Pesca. Ha sido un proceso largo, pero estamos logrando avances reales. Quisiera tan sólo recordar a Sus Señorías algunos de los antecedentes. En 1993, cuando se aprobó la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, el Consejo decidió excluir ciertos sectores y actividades del ámbito de aplicación de la directiva. Fueron los sectores de los transportes aéreo, por ferrocarril, por carretera, por mar, por vías de navegación interior y por lagos, la pesca en el mar, otros trabajos en el mar y las actividades de los médicos en prácticas.
En aquella época el ponente fue el Sr. Chanterie. La Comisión se comprometió a «adoptar lo antes posible iniciativas apropiadas respecto de los diferentes sectores excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. La labor preparatoria para la aplicación de dichas iniciativas se está llevando a cabo en el marco de los comités sectoriales mixtos para los sectores interesados, en los casos en que existan». Así, pues, pedimos a cada uno de los comités mixtos de los cinco sectores de los transportes y del sector de la pesca que formularan sus recomendaciones sobre cómo se debían adaptar los principios de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo en relación con su sector de actividad. También encargamos la realización de estudios detallados sobre las disposiciones relativas a la jornada laboral respecto de los llamados «otros trabajos en el mar» y de los médicos en prácticas.
Si bien se habían logrado avances en la mayoría de los sectores, no eran suficientes, por lo que el año pasado la Comisión decidió publicar el Libro Blanco en el que se exponía cómo nos proponemos hacer avanzar esas cuestiones. En el Libro Blanco examinamos las posibles opciones y optamos por lo que llamamos un planteamiento diferenciado. Posteriormente, hemos confirmado dicho planteamiento en la documentación sobre la segunda fase de consultas aprobada por la Comisión el 31 de marzo. Con arreglo al planteamiento diferenciado, procuramos hacer la distinción entre las actividades que se pueden regular de conformidad con la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo y las que requieren medidas específicas. Así, pues, proponemos un planteamiento triple.
En primer lugar, como declara la resolución parlamentaria en su párrafo 1, los trabajadores no móviles deben gozar también de protección total en relación con la jornada laboral, por lo que deben quedar comprendidos lo más plenamente posible en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/104. Así nos proponemos hacerlo. En segundo lugar, como dicen Sus Señorías en el párrafo 2 de su resolución, los trabajadores móviles deben gozar de protección plena en relación con la jornada laboral, por lo que deben quedar comprendidos lo más plenamente posible en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/104. En su resolución, Sus Señorías convienen con la Comisión en que existe, en particular, la necesidad de ofrecer a todos los trabajadores móviles y a los que se dedican a otros trabajos en el mar una garantía de descanso adecuado y un número máximo de horas de trabajo anuales de hacerles extensiva las disposiciones de la directiva sobre cuatro semanas anuales de vacaciones pagadas y las evaluaciones sanitarias para los trabajadores nocturnos. En tercer lugar, la Comisión declaró que se proponía introducir o modificar la legislación específica correspondiente a cada uno de los sectores relativa en materia de jornada laboral y de períodos de descanso de los trabajadores móviles. Eso es lo que nos proponemos hacer y nos complace contar con el apoyo de Sus Señorías al respecto.
Tengo mucho gusto en informar de que, gracias a esas iniciativas, ha habido debates serios en casi todos los sectores principales, en particular desde que se publicó el segundo documento sobre la segunda ronda de consultas. Así, pues, abrigamos grandes esperanzas de que se llegue a un acuerdo en varios sectores. Sé que a algunos de Sus Señorías les preocupa la forma en que nos proponemos proceder. El cuadro que sigue al párrafo 1.4 de la exposición de motivos de la resolución parlamentaria ilustra con toda claridad nuestras intenciones. Los trabajadores no móviles quedarán recogidos en una enmienda a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. Entre ellos figurarán los médicos en prácticas. Otras enmiendas brindarán protección básica a los trabajadores móviles y a los que se dedican a otros trabajos en el mar en materia de vacaciones anuales, tiempo de trabajo anual, descanso adecuado y evaluaciones sanitarias para los trabajadores nocturnos. Se hará todo ello mediante una enmienda a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de conformidad con el artículo 118 A del Tratado de la CE.
Esta directiva no abarca a los pescadores independientes. No obstante, la Comisión cree que las normas mínimas de protección de la salud y la seguridad en materia de jornada laboral se deben aplicar a todos los trabajadores, incluidos los pescadores con participación en los beneficios, es decir, los miembros de una tripulación de un barco de pesca que reciben como remuneración una participación en sus ganancias. Dicha protección debe tener en cuenta, naturalmente, el carácter especial de la industria de la pesca en el mar. Si las dos partes del sector participan plenamente en la preparación de esas propuestas, será mucho más fácil redactarlas.
En cuarto lugar, en las disposiciones fundamentales sobre las que se llegue a un acuerdo antes del 30 de septiembre de 1998, y si las partes así se lo piden, la Comisión hará una propuesta de decisión del Consejo de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del acuerdo sobre la política social. Además, la Comisión hará propuestas complementarias, por ejemplo con vistas a formular disposiciones comparables para los conductores por cuenta propia. Si los interlocutores sociales no logran un acuerdo antes del 30 de diciembre de 1998, la Comisión preparará una propuesta de directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles en los diferentes sectores. En ella se tendrán en cuenta plenamente los resultados obtenidos hasta ahora en las negociaciones.
Por último, mis colegas Pádraig Flynn y Neil Kinnock esperan poder presentar propuestas apropiadas en fecha posterior de este año. Quisiera agradecer en su nombre el apoyo prestado hoy por Sus Señorías. Esperamos encarecidamente que sigan prestándolo en el futuro.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.

Comercio justo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0198/98) del Sr. Fassa, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el comercio justo y solidario.

Fassa
Señor Presidente, Señorías, sin lugar a dudas, el comercio justo y solidario representa una de las formas más significativas de ayuda al desarrollo adoptadas en los últimos años. Empezó algo calladamente y, después, a raíz de las iniciativas de voluntariado simple y puro, hoy se ha convertido en una realidad ética y comercial muy importante. Por esto, el Parlamento Europeo se ha ocupado del mismo en reiteradas ocasiones, antes de la mano de la Sra. van Putten y después de la mano del llorado Alex Langer. Los objetivos de la presente propuesta de resolución y de su correspondiente informe son fundamentalmente dos: en primer lugar, establecer unos criterios que permitan definir clara y concretamente qué es el comercio justo y solidario, al objeto de diferenciarlo del que no lo es; en segundo lugar, establecer la necesidad de una etiqueta común de comercio justo y solidario y el principio de que las organizaciones de certificación sean autónomas respecto de aquellas organizaciones que se ocupan de la importación y la venta de los productos.
En cuanto al primer aspecto, en particular, el apartado 10 del dispositivo establece con extrema claridad diez criterios, una especie de decálogo -si se me permite expresarme así- del comercio justo y solidario. Dichos criterios son: compras directas, precio justo, pago anticipado, ausencia de monopolios de importación y venta, transparencia de precios, relaciones estables y a largo plazo con los productores, condiciones de producción que respeten los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ausencia de disparidad de trato para hombres y mujeres, ausencia de recurso al trabajo de menores, respeto del medio ambiente, respeto del desarrollo y apoyo a la autonomía de las comunidades locales.
Se establece así una serie de criterios, en opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y de este ponente, suficientemente precisa y, sin embargo, en absoluto rígida que registra la realidad existente de lo que hoy es el comercio justo y solidario y que ofrece una amplia protección al consumidor.
Por esto, y en este sentido, me permito expresar mi opinión en contra de la enmienda presentada por la Sra. Maij-Weggen, a quien le reconozco el empeño y la competencia en este sector, que me parece que lleva a consecuencias poco aceptables. Y aquí voy a señalar al menos dos de ellas: primero, los criterios, tal como se proponen en la enmienda, resultan menos concretos y más atenuados que los de la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación; segundo, de la enmienda resulta que el respeto de dichos criterios debe subsistir sólo en el caso de ayuda por parte de la Comisión a las organizaciones y los productores del comercio justo y solidario.
Creo, por el contrario, que estos criterio -como consta en el texto original de la resolución- deben respetarse siempre, de todos modos y no únicamente en el caso de ayudas de la Comisión y ello para proteger no sólo los intereses del productor, sino también del consumidor; de otro modo, cualquier producto, salvo el caso de ayuda por parte de la Comisión, podría considerarse justo y solidario, según el criterio de quien lo produce, importa o revende.
Por último, no hay que temer que el respaldo de la Unión Europea al comercio justo y solidario vaya en contra, como alguien ha apuntado, de las normas de la Organización Mundial del Comercio. No puedo dejar de recordar que el Director General de la Organización Mundial del Comercio ha afirmado a la Comisión de Desarrollo y Cooperación que existen instrumentos compatibles en el ámbito de la OCM a través de los cuales los Gobiernos pueden apoyar el comercio justo y solidario, siempre y cuando no practiquen discriminaciones entre los países en desarrollo y que la Organización Mundial del Comercio prevé la adopción de medidas suplementarias especiales en apoyo de los países en desarrollo, que se establecerán tras la próxima ronda de negociaciones.
Será precisamente el fomento del comercio justo y solidario en la gran red del comercio mundial lo que convertirá en cada vez más actual y creíble el lema bajo el cual se ha venido desarrollando hasta ahora dicha meritoria actividad: Trade, not Aid.

Smith
Señor Presidente, la importancia cada vez mayor del sector del comercio justo pone de relieve la necesidad de que la Unión Europea evalúe ahora adecuadamente sus disposiciones institucionales y financieras relativas a ese sector. El informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación hace varias propuestas importantes a ese respecto. Sin embargo, cualquier evaluación de los resultados del comercio justo se debe hacer asimismo con vistas a incluir los elementos y principios del comercio justo en las propias políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y comercio en el futuro. En su opinión, la Comisión REX ha optado por centrarse en esos principios.
La verdad es que los productores locales reciben un respaldo al quedar incluidos en la red del comercio justo, lo que les brinda una oportunidad de llegar a ser competitivos y fortalece su capacidad para el comercio en general. Como éste es uno de los objetivos primordiales de la Unión Europea en su política de comercio y desarrollo, la experiencia del comercio justo reviste importancia particular. Los siguientes elementos son la base del planteamiento del comercio justo y deben ser también la base del propio planteamiento del comercio con los países en desarrollo por parte de la Unión Europea: el acceso directo a los mercados de la Unión Europea; un precio justo; la estabilidad de ingresos: el hecho de que las organizaciones de comercio justo paguen parte del precio por adelantado es decisivo para los pequeños productores, que después pueden comprar insumos y tal vez pasar la temporada sin recurrir a prestamistas; por último, la retroinformación y el desarrollo de la capacidad, gracias a las cuales los productores adquieren confianza para abordar un sistema de comercio que antes consideraban demasiado complicado.
Ese planteamiento subyacente al comercio justo elimina efectivamente los obstáculos al comercio que existen para los productores de los países en desarrollo. Donde el planteamiento del comercio justo no ha dado resultado y las políticas y los instrumentos de la Unión Europea están fallando es en la vinculación de los diversos mecanismos en un esfuerzo integrado y coherente en apoyo de los productores locales que afrontan muchos obstáculos al intentar vender sus productos en el mercado europeo.
Por último, el comercio justo redunda en beneficio de las empresas y constituye una idea cuyos objetivos y planteamiento debemos procurar incluir en nuestras políticas más amplias de la Unión Europea, además de promoverla en la palestra del comercio mundial.

Vecchi
Señor Presidente, el movimiento en favor del comercio justo y solidario con los países en desarrollo ya es una concreta e importante realidad que está asumiendo una extraordinaria relevancia en todos los Estados europeos. Se ha avanzado mucho desde cuando, hace poco más de cuatro años, el Parlamento Europeo aprobó el informe del llorado Alexander Langer. Quiero recordar que el principal objetivo en el cual se insertan las acciones de comercio justo y solidario, es lograr corregir y comenzar a cambiar esa realidad, mucho más consistente del comercio internacional que es profundamente injusta con respecto a los países en desarrollo. El comercio justo y solidario, por lo tanto, es un instrumento fundamental de corrección y de transformación de las dinámicas más perversas del mercado mundial, que es capaz de emplear los mecanismos del propio mercado, al objeto de alentar una mayor conciencia respecto de las injusticias en las relaciones entre el Norte y el Sur, pero también para empezar a ensayar prácticas innovadoras.
Los objetivos del desarrollo sostenible y participativo encuentran su primera afirmación en el comercio justo y solidario ofreciendo garantías a los productores en los países desfavorecidos respetando el medio ambiente y fomentando derechos económicos y sociales más avanzados. En los últimos años, el movimiento del comercio justo y solidario en Europa ha registrado un crecimiento exponencial y se han multiplicado las tiendas y los puntos de venta de los productos de comercio justo y solidario que, en algunos casos, entran también en las grandes superficies e implican a millones de consumidores. Al mismo tiempo, se han organizado redes de comercialización y de promoción de los productos de comercio justo y solidario y se ha ampliado la acción de apoyo directo en favor de los productores.
En el informe que hoy vamos a votar y del que me quiero congratular con el Sr. Fassa, pedimos que los principios y las prácticas del comercio justo y solidario, lejos de ser tan sólo un testimonio, entren a formar parte integrante de las políticas de cooperación al desarrollo más generales de la Unión Europea. Respaldamos con gran convicción los criterios enumerados en el apartado 10 del informe -por lo que pensamos en que esa parte del informe no ha de ser modificada con ocasión de la votación en el Pleno- y ante todo pedimos que por parte de la Comisión Europea y en general de las Instituciones europeas se establezca un enfoque global en cuanto a las cuestiones del comercio justo y solidario. Es por esto que pedimos una Comunicación específica de la Comisión, centrada en cuatro elementos esenciales: primero, la integración de los principios de las prácticas del comercio justo y solidario en las políticas más generales de cooperación del comercio internacional; segundo, la adopción de instrumentos específicos y más fuertes que los actuales de apoyo a algunos proyectos relacionados con el comercio justo y solidario; tercero, la definición de los criterios en virtud de los cuales determinados productos pueden considerarse de comercio justo y solidario o de producción justa y solidaria; cuarto, el desarrollo del diálogo político con los operadores del comercio justo y solidario.
En este sentido, es necesario hacer una reflexión. Existen propuestas en el informe que estamos a punto de aprobar para incrementar el respaldo comunitario a los proyectos de comercio justo y solidario, no sólo en lo que se refiere al ámbito, sin duda, importante de la educación al desarrollo, sino también en lo que se refiere al respaldo directo a las organizaciones de productores.

Maij-Weggen
Señor Presidente, antes de nada, quisiera agradecer a nuestro colega, el Sr. Fassa su completo informe de iniciativa relativo al trabajo de las organizaciones y los productores acogidos al comercio justo y solidario. Consideramos que ha dado una buena visión de conjunto de la situación y también ha manifestado una opinión valiosa.
Es conveniente que el informe se trate ahora puesto que la Comisión ha prometido ya, en una nota, realizar una serie concreta de propuestas para ayudar algo a las organizaciones y productores acogidos al comercio justo y solidario. Es bueno, por tanto, que el Parlamento dé de antemano algunas indicaciones y recomendaciones.
Mi grupo considera que el comercio justo es positivo. Quien haya visto trabajar en la práctica a los productores acogidos al comercio justo y solidario, yo he visto en los últimos años varios proyectos en los países en desarrollo, sabe que los beneficios procedentes del comercio son, tal vez, inferiores, pero al mismo tiempo, sabe que muchas veces esto es mejor para los productores, muchos de ellos agricultores pobres, ya que realmente sus ingresos son más altos, se financian muchas más actividades sociales secundarias, tales como la construcción de escuelas y policlínicas, y la población de esas regiones también se beneficia más. Así mismo, el enfoque medioambiental merece mucho respeto. En resumidas cuentas, los proyectos de comercio justo y solidario son positivos para los países en desarrollo, a menudo son incluso mejores que los habituales proyectos de inversión y comerciales. Ya no se trata de un asunto totalmente marginal, the European Trade Association colabora ahora con 800 socios comerciales en 45 países en los que hay 800.000 familias de productores y cinco millones de personas indirectamente implicadas. Por tanto, se trata de algo que realmente hay que tener en cuenta.
En mi propio país, especialmente el café de Max Havelaar y los plátanos Okee son una manifestación muy positiva de la iniciativa del comercio justo y solidario. La plantación de plátanos Okee en Ghana, que he visitado recientemente, es un bonito proyecto en el que trabajan 1.000 personas que mantienen a otras 10.000. No obstante, si se visitan los pueblos pequeños de los alrededores, uno ve con sus propios ojos que la situación es mucho mejor que en otras zonas de Ghana. En ellos se realiza un trabajo manifiestamente positivo.
Si bien las propuestas de nuestro colega, el Sr. Fassa, son estupendas en relación con este tipo de actividades, todavía subsisten, sin embargo, algunos problemas. Como vemos el informe sobre todo como un informe de iniciativa, nos hemos limitado a introducir una corrección en el artículo 10. En él se contemplan los criterios que deberían cumplir las empresas, organizaciones y productores acogidos al comercio justo y solidario. Encontramos que esto está demasiado detallado y que antes de que nos demos cuenta la Comisión estará encima para controlar todo con una enorme burocracia. Por ello, hemos presentado una enmienda para hacerlo más breve y más claro. En nuestra opinión, basta con que los productores y organizaciones acogidos al comercio justo y solidario que quieran contar con el respaldo de la Unión Europea cumplan una serie limitada de criterios. Debe tratarse de un precio justo, de un precio de mercado que establezca una prima por el comercio justo y solidario, esto lo entendemos, y el consumidor debe saber exactamente lo que se paga al productor. El comercio intermediario y los monopolios de importación, exportación y venta deben evitarse en la medida de lo posible para que el libre comercio no se vea afectado. Debe ponerse empeño en que se establezcan relaciones duraderas y estables con los productores y en que, por supuesto, se respeten los convenios de la OIT, así como los derechos sindicales, la igualdad de trato entre hombre y mujer y debe ponerse fin a la utilización de niños en el trabajo, si bien esto es obvio. Debe demostrarse que los métodos de producción son respetuosos con el medio ambiente. Esto debe conducir a un mejor desarrollo económico y social, al fomento de la autonomía y al mantenimiento de las tradiciones locales.
Éstos son los puntos más importantes para nosotros. Naturalmente, apoyaremos en la medida de lo posible el informe, pero agradeceríamos al ponente que aceptara esta enmienda realista de manera que no caigamos en una burocracia y administración excesivas.

González Álvarez
Señor Presidente, aunque España, mi país, llegó 20 años tarde a la práctica del comercio justo, en los últimos cinco años su uso ha crecido el 100 %. Además, dado que, según el ponente, hay 800.000 productores en el Tercer Mundo que practican este comercio, hay que resaltar la importancia de este comercio justo y solidario.
Nosotros estamos completamente de acuerdo con el ponente en que los criterios a los que debe responder este comercio han de ser la compra directa, el precio justo, la transparencia, el respeto a las normas laborales, la ausencia del trabajo de niños y el respeto a las normas medioambientales. Pero creemos que, para la Unión Europea, puede constituir un modo de desarrollo diferente. Y la Unión Europea debería apoyar económica y políticamente iniciativas que empiezan siendo modestas pero que pueden ser una alternativa a una sociedad injusta, insolidaria y mercantil.

Sandbæk
Señor Presidente, el que ahora debatamos el comercio justo en el Parlamento Europeo se debe en gran medida a las actividades de ciudadanos de a pie que se han llevado a cabo en los últimos 10 o 15 años. Se debe a que organizaciones idealistas han mostrado que se puede usar el mercado a través de una política intencionada para impulsar una producción responsable medioambiental y socialmente y sobre todo, mejorar los ingresos de los pequeños productores de los países en vías de desarrollo, siendo esto una importante experiencia. Por supuesto que debemos apoyar una producción sostenible en los países en vías de desarrollo, tanto por estos países como por nosotros. No obstante, no debemos insistir en que esto, por ejemplo, requiere la armonización comunitaria del etiquetado. Es cierto que una marca universal hace más fácil a los consumidores orientarse en el mercado, sin embargo, la situación hoy es que tenemos marcas como Max Havelaar , que gozan de gran aceptación y confianza entre los consumidores. De sustituirse por una marca comunitaria, el desarrollo se verá retrasado varios años. Hemos de contemplar las experiencias que las organizaciones de etiquetado han acumulado. Aunque han trabajado durante varios años en encontrar una marca común, esto aún no se ha logrado. No se debe a la falta de voluntad, sino precisamente a que las marcas existentes forman parte de la conciencia de los consumidores. Pienso que las ventajas de tener una marca común distan mucho de superar estos riesgos.
El informe del Sr. Fassa aboga por que la UE trabaje en favor de estándares sociales y medioambientales y por la incorporación de éstos al sistema de la OMC. Estoy de acuerdo. Sin embargo, no es suficiente. Hemos de exigir que haya posibilidad de confeccionar cuotas especiales para los productos que cumplan los criterios. Esto no es posible en el día de hoy. Sin una presión clara tampoco será posible en el futuro. La Unión Europea debe apoyar una producción en los países en vías de desarrollo que sea respetuosa con el bienestar de las personas y del medio ambiente, no obstante, no debemos utilizar este noble propósito para centralizar el trabajo que se efectúa en organizaciones de toda Europa. Las personas que hoy trabajan con el comercio justo conocen los problemas. Son a ellos y a los productores a los que debemos apoyar, sin embargo, esto dista de implicar una marca comunitaria que llevará mucho tiempo consolidar en la conciencia de los consumidores. Queremos dar nuestro apoyo a la hora de presionar a la OMC y de conceder fondos a la formación y la reconversión de la producción de los países en vías de desarrollo. Por último, quiero decir que apoyo las enmiendas de la -Sra. Maij-Weggen.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, la cuestión del fair trade ha surgido en una larga discusión en el marco del enfrentamiento con la ideología neoliberal del libre comercio, y ha generado una serie de criterios concretos en lo que se refiere a la sostenibilidad social y ecológica. Se ha tenido que luchar largo tiempo para que esta exigencia haya sido reconocida. Evidentemente en la historia de tales exigencias hay épocas en que, de pronto, ya no se puede evitar que se impongan, pero entonces se acude y se las difumina. Eso es exactamente lo que el Partido Popular Europeo pretende con su enmienda, en la que los criterios del fair tarde resultan difuminados de tal manera que la exigencia no vuelve a ser reconocible en absoluto. Y esto es, en concreto, lo que aquí tenemos que evitar, puesto que si además este Parlamento Europeo difumina la exigencia de un comercio justo que es una exigencia central para la reorganización de unas relaciones más justas y sostenibles entre el norte y el sur, si el Parlamento Europeo difuminase estos criterios, ello constituiría una fractura -no querría decir una catástrofe-, pero el Partido Popular Europeo debería avergonzarse de los daños que está causando.

Carlotti
Señor Presidente, son raros, muy raros, los europeos que toman el tiempo de observar los productos que consumen, trátese del café, el azúcar o el chocolate. ¿Y, sin embargo, si estas dos tazas de buen café constituyeran mensajes políticos opuestos? ¿Y si estas dos tabletas de chocolate, de aspecto similar, encerraran dos historias diferentes? ¿Y si, en el otro extremo lejano de la cadena, innumerables productores vertieran sudor y sangre para enriquecer a otros cuando, poco a poco, otros productores empiezan a trabajar duro, pero para ellos mismos? Ya que, de una cosa en otra, no en teoría, sino gracias a acciones pacientes, lentas, en las que el voluntariado ocupa un lugar importante, surgen nuevas prácticas.
Cuando la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 1994 hablaba de nichos, de justicia y solidaridad a propósito de estas prácticas, hoy día, el informe de Raimondo Fassa presenta el comercio justo como otra alternativa destinada a establecer relaciones comerciales más justas entre los países ricos y los productores del Sur. Ya que, si bien la misión primera del comercio justo es liberar a los productores del vasallaje contemporáneo que constituyen las condiciones de vida en las que se debaten, ésta ha de realizarse con una actitud que yo llamaría más marketing , es decir, orientada hacia la satisfacción del consumidor.
Por ende, quisiera apoyar el informe Fassa, en particular algunos puntos: su definición del comercio justo, la creación de una etiqueta europea, con el propósito de evitar complejidad y la confusión del consumidor, la integración del comercio justo en el marco de las políticas mundiales de la Unión, no solamente como instrumento de la política de desarrollo, sino también en toda las políticas económicas y comerciales con el fin de hacer de ellas una verdadera promoción. Ello implica la instauración de un código de conducta para las empresas transnacionales europeas que operan en los países en vías de desarrollo. Por lo demás, la Unión debe luchar para hacer que se inscriban en los criterios de la OMC las cláusulas medioambientales y sociales.
Para concluir, esperamos de la parte de la Comisión una pronta comunicación sobre el comercio justo, que integre a la vez la manera de desarrollarlo y los medios que se pondrían en práctica para ello.

Castagnetti
Señor Presidente, yo también quiero expresar un juicio positivo acerca del informe del Sr. Fassa. El comercio justo y solidario existe y se practica con buenos resultados desde hace años, sin embargo, es evidente que el mismo adquiere una relevancia totalmente nueva en este final de siglo, caracterizado por la liberalización y globalización de los intercambios económicos y la obligación que nos impone la Organización Común del Mercado de suprimir nuestros regímenes de preferencias comerciales con los países más desfavorecidos del mundo. Desgraciadamente, después de que este Parlamento abordara esta materia en el año 1993, no se ha hecho mucho para fomentar esta forma de cooperación y, hoy por hoy, la misma Comisión Europea carece de una orientación política concreta al respecto. Las experiencias del pasado y las estadísticas comunitarias, sin embargo, demuestran que el comercio justo y solidario se ha propuesto en los justos términos y, a través de campañas de sensibilización adecuadas, encuentra aceptación en amplios sectores de los consumidores europeos.
La importancia de este instrumento no reside únicamente en la inmediata mejora de la calidad de vida de las comunidades afectadas que, actualmente, se estiman en 5 millones de personas en los 45 países en desarrollo, sino también y ante todo en la transformación a largo plazo de los pequeños productores locales en operadores económicos autónomos. La Comisión, el Consejo y los Estados miembros tendrían que hacer mucho más, si cabe, para fomentar la comercialización de los productos de comercio justo y solidario. Concretamente, el comercio justo y solidario debe ser reconocido como un instrumento de desarrollo de pleno derecho y fomentarse sin dilación, a través de la asignación de recursos humanos y financieros adecuados y, en su caso, también a través de la creación de una línea presupuestaria específica de la Unión. Sólo así la Unión Europea podrá cumplir su compromiso, expresado en el artículo 130 U del Tratado, de favorecer la inserción de los países en desarrollo en la economía mundial.

Sichrovsky
Señor Presidente, el informe se apoya fundamentalmente en la protección del consumidor, en la evitación del abuso de las vías comerciales. Lo que aquí falta completamente es la motivación del consumidor. Lo que falta es que entendamos que ésta es una forma de ayuda al desarrollo, en la que tenemos que llegar al consumidor para motivarlo, eventualmente, para que pague además precios más altos. No se trata de la comercialización de un producto, sino de la comercialización de una idea. Tengo aquí, sencillamente, recelos de que la burocratización que se proclama en el informe no haga más que obstaculizar esto. Tenemos que ir recordando que la responsabilidad de Europa consiste también en ayudar a los países en vías de desarrollo, en vender sus productos en Europa. En el aspecto formal el informe es una buena idea. Lo que falta es la motivación del consumidor a comprar también los productos.

Howitt
Señor Presidente, al expresar beneplácito por este informe, quisiera poner de relieve el objeto de mis enmiendas al informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. Es el de instar a la Comisión a que prepare su comunicación sobre el comercio justo, que pueda hacer de base para una nueva legislación, para una investigación mundial que preste apoyo directo al desarrollo de redes de comercio justo en el Sur y también de principios de comercio justo en el Norte, para apoyar en principio una línea presupuestaria propia, con lo que dejaría de ser necesario utilizar los fondos de cofinanciación de ONG que en muchos casos no son apropiados para las cooperativas de productores en el mundo en desarrollo, para poner fin a la discriminación europea contra el comercio justo desde el punto de vista fiscal, formulando un trato preferente que sea compatible con la OMC por el carácter voluntario de las etiquetas, y, por último, para reconocer los peligros de la proliferación de etiquetas y la necesidad de celebrar un diálogo en serio sobre la vinculación entre el comercio justo y el nuevo comercio ético que se está fomentando mediante códigos de conducta, sobre lo que estoy redactando un informe para la Comisión de Desarrollo y Cooperación.
El comercio justo va encaminado a que los sectores más pobres y marginados de los países en desarrollo no salgan de la pobreza mediante la ayuda, por importante que ésta sea, sino mediante la venta de sus productos a los consumidores europeos. Cuarenta y cinco mil puntos de venta en Europa, tres mil productos diferentes, una cifra de negocios de al menos 250 millones de ecus al año: no es una gran proporción del comercio total, pero tampoco es caridad. Es comercio en serio y en el Parlamento Europeo debemos adoptar una actitud seria para prestar nuestro apoyo.

Günther
Señor Presidente, el ponente ha puesto mucho tiempo y cuidado en su informe. Le damos las gracias. La Comisión también ha contribuido con más de 50 enmiendas al resultado que tenemos ante nosotros. No me lo tome a mal, pero me parece que el resultado global no ha sido exitoso del todo. Se sigue hablando mucho de protección y de medidas de apoyo, y demasiado poco de las estructuras que contribuyen a la competitividad en los mercados. Mi Grupo intentó sentar en la comisión algunos puntos principales en esa dirección, y la enmienda de nuestra colega, la Sra. Maij-Weggen, se orienta, ciertamente, hacia esa misma dirección.
Hemos de procurar, sobre todo, no conceder demasiado espacio a la burocracia en este contexto, y me parece que esto queda más garantizado si apoyamos la enmienda que si permanecemos en la formulación, que entra de tal manera en los detalles que apenas parece ser practicable. Tengo también algunos reparos respecto de la propuesta de emplear en publicidad en favor del comercio de tipo fair trade fondos procedentes de la cofinanciación. No estoy seguro de si debe entrar aquí la ya tan maltrecha línea B7-6000. Por lo demás, ésta pertenece a las líneas presupuestarias sobre cuyo fundamento jurídico se discute actualmente. Espero, no obstante, que el comercio común con los países del Tercer Mundo, incluido el fair trade del que se ha hablado aquí, siga cobrando un desarrollo positivo, y espero también que la Comisión nos siga prestando apoyo en esta dirección.

Pinheiro
Señor Presidente, creo que puedo ser muy breve. Primero, quiero agradecer al Sr. Fassa el excelente informe que ha preparado; además, quisiera subrayar lo importante que es ese instrumento para una política de cooperación Norte/Sur y, por último, decir que muchas de las propuestas presentadas serán integradas sin falta en la comunicación que la Comisión se propone presentar dentro de unos meses.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en el turno de votaciones.

Ephremidis
Señora Presidenta, le pido por favor que conste en el acta de hoy que, aunque, según el orden del día, la votación debía comenzar a las 11.00 a.m., ésta comienza a las 11.15 a.m..
Nos ponen en una situación conflictiva y sin alternativa: O nos quedamos a la votación o cogemos el vuelo que habíamos reservado, teniendo en cuenta, que ésta iba a empezar a las 11.00 a.m. Por tanto, o perdemos el vuelo, o perdemos el derecho y la obligación de estar presentes durante la votación.
Le pido por favor que dicho retraso conste en acta porque, dado que no tengo responsabilidad alguna por dicho retraso, lo utilizaré como argumento en caso de que quisieran privarme de ciertos derechos

El Presidente
Señor Ephremidis, dejaremos constancia de ello en el Acta, pero con su cooperación, vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido.

Votaciones
Rack
Señora Presidenta, usted ha olvidado transmitir a la ponente la felicitación de la Asamblea. Permítame hacerlo ahora en nombre de todos.

El Presidente
Gracias, señor Rack.

Schmid
Señora Presidenta, el texto originario se refiere a una justificación del antiguo fundamento jurídico. Puesto que hemos modificado ese fundamento jurídico, necesitamos el nuevo texto. El asunto carece de lógica si nos limitamos a hacer un mero añadido. No es un problema de contenido, sino de un problema de lógica.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Maij-Weggen
Señora Presidenta, solamente se ha presentado una enmienda a este informe y es crucial. Sé que el Sr. Fassa desea que el informe sea aceptado con el mayor respaldo posible. Esto puede lograrse si nuestra enmienda se combina con el texto del ponente de la siguiente manera: de su texto preliminar, podríamos tomar el artículo 10, más los guiones 3 y 6; de mi enmienda, cogemos los puntos 1, 3 y 4. Con esta combinación, creo que el Sr. Fassa puede apoyar la enmienda y nosotros, entonces, podemos respaldar su informe.

Fassa
Señora Presidenta, si he comprendido bien, la Sra. Maij-Weggen propone mantener inalteradas las palabras que introducen el apartado 10, es decir: »Estima que, para no dar lugar a abusos, el sector del comercio justo y solidario ha de responder a los siguientes criterios mínimos». ¿Es cierto o no que esto se mantiene? ¿Se mantiene como en el texto del informe? ¿Que es éste el significado de su enmienda? En la práctica, ¿con la enmienda oral retira las primeras dos líneas de su enmienda y además las combinaciones entre los distintos párrafos tal como los formuló? ¿Es esto así?

Maij-Weggen
Señora Presidenta, más la combinación de los guiones tercero y sexto, más los puntos 1, 3 y 4 de mi enmienda. Entonces, estamos completamente de acuerdo.

El Presidente
Señora Maij-Weggen, realmente lo siento, pero es sumamente confuso, y le digo con toda franqueza que yo misma no estoy segura de lo que vamos a votar.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Bernardini
En muchas ocasiones, nuestro Parlamento se ha manifestado en favor del desarrollo de una política de transportes que respete el medio ambiente, una política innovadora. En este sentido, el programa PACT, relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias a acciones de carácter innovador en favor del transporte combinado, ha sido objeto de numerosas demandas de parte de los operadores europeos.
Al llegar a su término, se introdujeron algunas modificaciones al reglamento del Consejo que rige a este programa. En junio de 1997, el Parlamento Europeo había aprobado la propuesta de la Comisión, insistiendo en una clarificación de los procedimientos de selección de los proyectos y en una mejor aplicación de las modalidades de financiación.
El informe de nuestro compañero, que hoy nos ocupa, se encuentra con un obstáculo, de la parte del Consejo, respecto a un punto al que yo desearía volver.
La propuesta de la Comisión preveía un reembolso de los gastos y los costos inherentes a la realización de partes de proyectos fuera del territorio comunitario, en beneficio de empresas de terceros países. Esta facilidad no recibió el asentimiento del Consejo, que aseguraba, no obstante, que era posible financiar proyectos que incluyeran a terceros países. No pienso que el Consejo haya justificado su razonamiento, en términos de una posible asociación entre operadores de países terceros y comunitarios.
Nuestra Comisión de Transportes y Turismo trata de restablecer una lógica a este respecto, y me atrevo a esperar que la enmienda 2 obtenga bastante votos.
Informe Fontaine (A4-0232/98)
Caudron
No es un ejercicio vano recordar la necesidad de reformar las directivas relativas al reconocimiento de los diplomas. En efecto, ¿quién, en esta Asamblea, no ha pedido intervenir ante una administración con el propósito de hacer admitir una calificación adquirida en otro Estado miembro?
Este informe de nuestra compañera Nicole Fontaine constituye una importante aportación para el sistema educativo europeo, y más precisamente para las personas que siguen una formación o los estudiantes. Por tanto, quiero felicitarla por su trabajo, que también representa un paso más hacia el fortalecimiento de la noción de ciudadanía europea.
En efecto, ¿cómo puede hablarse, cuando existen poderosos frenos para la movilidad de las personas, de la libre circulación de las mercancías y de las personas en el espacio europeo?
Muchos recurren constantemente a términos tales como adaptabilidad, reactividad, flexibilidad, valores cardinales del asalariado europeo del año 2000. Sin embargo éste se encuentra, muy rápido, confrontado a la dura realidad de las administraciones, o más exactamente a las legislaciones establecidas por representaciones nacionales.
Esta constatación es válida para otros ámbitos, y atenta contra la construcción europea. En este sentido, es importante que dirijamos nuestros esfuerzos legislativos hacia lo que atañe más de cerca a las preocupaciones diarias del individuo. Actuar de esta manera, es volver a dar un sentido a Europa y hacer quizás que corrija el rumbo.
Sí, un texto que atañe los derechos y las competencias del ciudadano incrementa la comprensibilidad de la Unión Europea.
Recomendación Aelvoet (A4-0165/98)
Bernardini
Después de Tunicia, Israel, Marruecos y la OLP, hoy tenemos que manifestarnos emitiendo nuestro dictamen conforme en relación con el acuerdo euromediterráneo con Jordania.
La Unión Europea, de conformidad con las conclusiones de la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995, reestructura sus relaciones con sus socios de los países del Magreb y del Mashrek mediante la instauración de un nuevo marco contractual. El acuerdo de asociación con Jordania se inscribe plenamente, al anunciarlo en su artículo primero, en la creación de una zona de libre comercio.
No podemos sino suscribirnos a este objetivo, tal como lo hicimos para los demás países, ya que el Reino Hachemita cuenta con que le prestaremos ayuda. Se reforzarán los distintos ámbitos de cooperación, ya sea en las relaciones económicas y sociales, en la mejora de las condiciones de vida y trabajo, o el desarrollo de la cooperación regional. Es verdad que Jordania experimenta una tasa de crecimiento relativamente elevada, pero ésta no parece ser compartida por el conjunto de la población. El esfuerzo debe ser constante y es precisamente a este nivel que la ayuda de la Unión Europea surtirá plenamente su efecto.
Por último, no olvidemos el problema de la estabilidad política de la región. La fragilidad del proceso de paz, del que a veces padecemos las consecuencias a la hora de poner en práctica nuestra asociación MEDA, para encontrar un factor de estabilidad en la instauración de un diálogo político con Jordania.
En acuerdo con la recomendación de nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, me pronuncio en favor de la celebración de este acuerdo haciendo votos por su éxito en el futuro.

Deprez
La conclusión de un acuerdo euromediterráneo entre la Unión Europea y Jordania es algo bueno al que deseo dar explícitamente mi apoyo.
Una asociación euromediterránea dinámica es, junto con la ampliación de la Unión Europea hacia el Este, una de las piedras angulares de la estabilidad y del desarrollo del continente europeo en su conjunto. Entre los elementos de este acuerdo, hay cuatro que, a mi juicio, revisten una importancia particular:
En primer lugar: la creación progresiva de una zona de libre comercio que será benéfica para ambas partes.Segundo: la cláusula del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos prevista en el artículo 2.Tercero: la instauración de un diálogo político regular (del artículo 3 al 5) y en particular el establecimiento de una cooperación que todavía está por definirse entre nuestro Parlamento y el Parlamento jordano.Cuarto: la cooperación entre la Unión Europea y Jordania en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y el tráfico de estupefacientes.
Informe Schmid (A4-0234/98)
Caudron
El informe de nuestro compañero Gerhard Schmid reviste una gran importancia tanto en lo relativo a la industria de las comunicaciones como en lo que respecta a los usuarios de Internet. Por tanto, quiero apoyar el plan de acción comunitario que hoy se nos propone.
No obstante, cabe recordar algunas realidades de esta red y de su continua extensión. Ante todo, quiero denunciar algunas voces que asocian sin ninguna distinción «Web» y contenido reprensible. Es preciso recordar que esta gigantesca red tejida a nivel mundial es ante todo una herramienta, y que en ningún caso puede ser considerada responsable de las perversiones que algunos parecen descubrir en su ordenador.
A semejanza del teléfono o la imprenta, se ha dado a Internet la imagen de «madre» de todos los vicios y creadora de pecados... numerosos sucesos demuestran que algunos no han esperado la llegada de esta red para practicar actos reprensibles... no hacen sino adaptarse, lamentablemente, a este nuevo modo de comunicación.
Estas palabras preliminares no deben ser interpretadas como una renuncia a toda voluntad de perseguir a esos explotadores de miseria humana, todo lo contrario. Se trata de sentar las bases de una realidad compleja, que a veces se nos escapa, y que es preciso comprender para encontrar las soluciones correctas.
En efecto, tenemos que tener en cuenta un dato esencial de la informática. Esta evoluciona y aumenta sin cesar en potencia... de ahora en adelante, a partir de un ordenador portátil, se tiene la posibilidad de dar acceso a todo y sin demasiados riesgos... incluido en caso de ilegalidad.
Asimismo, si apoyo las propuestas del ponente en el ámbito del contenido ilegal y en tratarlo mediante soluciones tecnológicas, es igualmente necesario reforzar las políticas judiciales y policiales a escala comunitaria. Esta cooperación más estrecha es lo único que puede permitir resultados tangibles.
Para que pueda obtenerse un entorno seguro, es primordial que se produzca una toma de conciencia a escala internacional, y en primer lugar europea. ¡Es urgente! ¡Sumamente urgente!
Informe Pollack (A4-0177/98)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Observamos que éste es uno más de la larga serie de informes en los que se reclama la creación de nuevas unidades dentro de la UE, esta vez "un órgano permanente que garantice apoyo analítico...»(punto K). Pensamos que el creciente número de autoridades comunitarias sólo crea burocracia. Nos arreglamos bien sin este órgano permanente.

Deprez
Queda de manifiesto que la Unión Europea no es competente para ocuparse de la gestión cotidiana del medio ambiente en las ciudades europeas. Es un papel que ha de desempeñarse a escala local. No obstante, es deseable que la Unión continúe precisando las líneas directrices que han de seguirse y los objetivos que es preciso alcanzar, en términos de desarrollo sostenible en la gestión del medio ambiente urbano, aplicables al conjunto del espacio europeo.
En efecto, muchos problemas medioambientales imputables a la urbanización de nuestros países tienen consecuencias a escala del territorio de la Unión en su conjunto. Por ende, los ciudadanos de la Unión necesitan un enfoque integrado de estos problemas, cuya gestión diaria debe ser asegurada por las autoridades locales, pero que también debe inscribirse en un marco más amplio que defina los medios y los objetivos.
Desde este punto de vista, si bien pueden acogerse favorablemente las medidas territoriales ya tomadas por la Unión, especialmente en el ámbito de la reducción de las tasas de contaminación atmosférica, también debe lamentarse que la Comisión tarde en hacer público el Libro Blanco sobre el medio ambiente urbano que esperamos desde la publicación, hace ya siete años, de un Libro Verde sobre el mismo tema.
Decir que la Unión Europea no ha hecho nada sería, sin duda alguna, afirmar algo contrario a la verdad. En cambio, ante la ausencia de un marco legal europeo, los proyectos financiados por la Comisión Europea y relativos al medio ambiente urbano no se han beneficiado ni de la asignación de recursos suficientes, ni de la coordinación que el ciudadano tiene derecho a esperar.
Por tanto, es deseable que la Comisión continúe, en el marco de la reforma de los fondos estructurales prevista en 1999, apoyando como lo hace actualmente a estos proyectos, y se dedique a finalizar a la mayor brevedad posible los fundamentos jurídicos y un plan de acción global en favor de un medio ambiente urbano sostenible en la Unión Europea. Por ello, concedo mi apoyo a la resolución que hoy nos ocupa.

Titley
Voy a apoyar este informe hoy como representante del tipo de zona urbana exactamente que va encaminado a ayudar. Ya es más que hora de que el debate sobre cuestiones ecológicas supere la imagen de campos verdes y vuelva a las ciudades y pueblos en los que viven la mayoría de nuestros ciudadanos. El Gran Manchester es uno de las zonas industriales y urbanizadas más antiguas de Europa, pues fue un centro de la Revolución Industrial. Creíamos que con la legislación sobre la limpieza del aire de los años de la posguerra la contaminación había quedado reducida a las imágenes de fábricas coronadas de bruma industrial que figuran en los libros de historia.
Sin embargo, las personas que viven hoy en zonas urbanas afrontan, como revela este informe, una congestión del tráfico y una contaminación tan preocupantes como el humo de las antiguas chimeneas, pero con frecuencia invisible para el ojo humano. Debemos tomarnos en serio las conclusiones del Tribunal de Cuentas de que la política actual de la UE para abordar los problemas urbanos carece de un marco coordinador. Es hora de que nuestros ciudadanos cosechen el beneficio de un programa especializado para mejorar el medio ambiente urbano. Espero que la Comisión responda lo antes posible a nuestro llamamiento en pro de esa labor.
Informe Napoletano (A4-0172/98)
Ahlqvist y Theorin
Opinamos que Napoletano, nuestra camarada de partido, ha redactado un buen informe. Queremos destacar especialmente nuestro acuerdo con las críticas a los planes de la Comisión para terminar con la iniciativa Urban ha dado excelentes resultados respecto a problemas específicos de las grandes ciudades que no son cubiertos por otros programas comunitarios. Teniendo en cuenta que cerca del 80 por ciento de los ciudadanos de la UE viven en ciudades, pensamos que no es razonable poner fin a la iniciativa Urban.

Caudron
Atento desde hace numerosos años a la problemática de las políticas urbanas, quiero felicitar a nuestra compañera Napoletano por la constancia y el trabajo tan importante que ha realizado. Asimismo, quiero manifestarle mi apoyo por la calidad de su informe.
A la par de la ponente, considero que es urgente definir las bases de una política urbana voluntarista a escala europea. Actualmente, la ciudad se encuentra en el centro de la reflexión política después de los trágicos acontecimientos que han tenido lugar en los que suelen llamarse «barrios peligrosos». En todo caso, se trata de desempeñar un papel de bombero y remediar lo más urgente esperando los próximos «disturbios».
Tal como lo destaca el informe, nadie piensa en oponer el mundo de las ciudades al mundo del campo, pero cabe apoyar un modo de ordenación que limite el proceso de empobrecimiento rural que afecta a la mayor parte de los Estados miembros.
Asimismo, quiero apoyar la demanda de la Sra. Napoletano relativa a la continuación del programa URBAN, instrumento comunitario más que necesario visto lo que viven nuestros conciudadanos en las grandes aglomeraciones, demasiado a menudo anónimas y apartadas a la periferia del centro urbano de las ciudades.
En este sentido, los trabajos de la red Eurocités pueden presentar un enfoque global sumamente interesante de las políticas urbanas a escala de las grandes aglomeraciones europeas. Definir una política urbana es definir un marco y objetivos concretos y realistas.
El próximo siglo probablemente estará marcado por una evolución de lo urbano, tanto en su forma como en su importancia numérica. Por tanto, es importante tener en cuenta esta realidad en nuestra reflexión y nuestra política.

Darras
No puedo sino alegrarme del informe de mi compañera Napoletano que considera la cuestión urbana como un conjunto en el que integra aspectos medioambientales, sociales, culturales, ciudadanos y regionales.
En efecto, es así como la Unión Europea debe considerar la acción urbana, bajo el ángulo de una mejor manera de vivir, la política de la ciudad no debiera resumirse a la de los barrios con dificultades.
Precisamos una mejor coordinación entre las instituciones europeas, más especialmente entre la Comisión y los Estados miembros. Esta puede realizarse, claro está, a través del principio de subsidiariedad, pero es absolutamente necesario que exista.
Así como la Comisión debe integrar la dimensión urbana en las demás políticas y acciones comunitarias, así los Estados miembros deben desarrollar paralelamente su política urbana (contratos municipales, contratos Estados-regiones para Francia) con la aplicación y el consumo de asignaciones de los fondos estructurales en su territorio.
Se trata de una visión global del desarrollo del espacio, que refuerza una estrategia urbana europea que desea nuestro Parlamento. Se trata de una visión complementaria a la que deben tener nuestros respectivos Estados miembros, que a su vez deben recurrir a sus autoridades locales y regionales para ponerla en práctica.

Deprez
La autonomía local, ya definida en la Carta de la Autonomía Local aprobada por el Consejo de Europa, ocupa un lugar primordial en el centro de la construcción europea.
Las municipalidades, grandes o pequeñas, además de ser el nivel de representación política más próximo a los ciudadanos, cuyas aspiraciones y preocupaciones resienten con mayor fuerza, tienen por desempeñar un papel capital en varios ámbitos clave. La resolución que votamos hoy proporciona una relación que brinda, a pesar de no ser exhaustiva, una buena visión, especialmente de los aspectos medioambientales, sociales y culturales.
Las repercusiones de las políticas y las acciones comunitarias sobre las ciudades y las municipalidades urbanas es evidente. Su carácter, también resulta algunas veces contradictorio. Por tanto, es indispensable tener realmente en cuenta la dimensión urbana de sus consecuencias en la definición de las políticas y las acciones puestas en práctica por la Comisión. En este marco, es urgente definir una estrategia urbana europea, concebida como elemento indisociable de una política más vasta de ordenación del territorio, destinada a coordinar los efectos, en el conjunto del territorio y en las ciudades, de las diferentes políticas comunitarias.
Insisto sobre todo en la necesidad de reforzar el papel integrador de los medios urbanos. Y apoyo firmemente a este respeto las propuestas de la ponente relativas a la mejora de la seguridad y la prevención de la criminalidad en las ciudades.

Ephremidis
Los informes y el prolongado debate ofrecen una muestra de los numerosos e intensos problemas en los que se asienta el entorno urbano comunitario. Es evidente que existen más y la perspectiva es que empeoren y se multipliquen. Lo digno de hacer notar, lo desafiante, es que en ningún sitio se enumeran las causas principales, los responsables de dicha situación, que es una jungla legal de intereses multinacionales, la competencia irrefrenable encaminada a la obtención de beneficios en el ámbito del notorio mercado libre.
El paro, la marginación social, la pobreza de partes que habitan en las grandes ciudades, los fenómenos del racismo, la xenofobia, la delincuencia, el desarrollo asimétrico -no sólo entre distintas ciudades de diferentes países, sino aún más en el mismo país y dentro de esas mismas ciudades, entre sus barrios y partes que la integran-, el exceso de contaminación, el trágico empeoramiento del medio ambiente y la desaparición total de la calidad de vida no son hechos fortuitos ni problemas fatídicos y, naturalmente, no se les hace frente con encubrimientos, sermones embellecedores y programas.
En ningún sitio se menciona que el paro creciente que golpea a los centros urbanos es el resultado de la política del mercado libre, del dominio del capital, que socava impunemente, avalado por la misma Unión Europea y el apoyo de los gobiernos nacionales, el desarrollo simétrico y los derechos laborales y sociales. No se nombran los intereses que contraen la economía agrícola y regional y adulteran la relación equilibrada entre campo y ciudad, creando cada vez olas nuevas y más grandes de parados que acuden a las ciudades para engrosar la ya enorme cifra de parados. En el mismo informe se hace referencia a que «de las 49 regiones del programa para el medio ambiente urbano, 15 tienen un porcentaje de paro de más del 30 % y ninguno de los que propugnan la «justicia social y la cohesión» plantea la cuestión crítica «¿por qué?».
Es la ley del benéfico descontrolado, de la jungla de las multinacionales la que da al traste con cualquier equilibrio del tejido social y genera el caldo de cultivo para fenómenos como la delincuencia, el racismo, la xenofobia, el crimen. Y a estos, señor Presidente, no se les hace frente con las medidas represivas y de control de la vida social propuestas en el informe. Son las mismas leyes la responsables del fuerte empeoramiento del medio ambiente urbano, que se ha dejado a la «alta protección» de las industrias, de las industrias automovilísticas, de los grupos de presión y lo políticos que facilitan su acción descontrolada, que frustran e impiden cualquier intento por diseñar y aplicar políticas beneficiosas para el medio ambiente. Se mencionan los resultados y las declaraciones de la Conferencia de Pío, de Kioto. Sin embargo, en ninguna parte se cita a aquellos que los tacharon de anémicos y letra muerta. Esos escasos resultados tampoco permitieron que se aplicaran a los circuitos monopolistas.
Ese anunciado nuevo intento de una posible solución del problema urbano, con los «diálogos europeos» de todo tipo y el despilfarro de algunos millones de ECUs, aparte de ser una fuente de riqueza para «grandes roedores» de las sumas comunitarias, no solucionará los problemas. Los agudizará, los aumentará, se convertirá en un pretexto para sustraer recursos de otras actividades de carácter social, un medio para engañar y tranquilizar a la opinión pública. Corremos el peligro de que nos llamen hipócritas, cómplices de ocultar beneficios ilegales o, si no una de esas dos cosas, políticos, parlamentarios masoquistas que se complacen en pregonar los problemas de forma permanente, de no señalar las causas y, por consiguiente, de no enfrentarse a los problemas para encontrar una solución.
Por último, este Parlamento debería hacerse cargo de estos síndromes y mostrar que realmente representa a los colectivos más castigados de los centros urbanos de la Unión Europea.

Holm
Muchas de las propuestas de este informe son bien intencionadas. Al mismo tiempo que se destaca la similitud de las ciudades y de los problemas que deben afrontar, también se debe ser consciente de que existen grandes diferencias entre las ciudades de la UE. Por eso opino que es importante destacar que debe regir el principio de la subsidiariedad. El intercambio de información es muy provechoso puesto que seguramente muchas ciudades pueden aprender de otras que han resuelto determinados problemas, pero me parece muy dudoso que se creen programas y directivas comunitarias en esta materia. La planificación concreta debe decidirse en un nivel más bajo que el comunitario. Son los que viven en las ciudades, y no una institución centralizada en Bruselas, quienes deben decidir acerca de la planificación concreta.

des Places
El informe Napoletano relativo a la cuestión urbana tiene la ambición de definir una «estrategia urbana europea».
Una vez más, la Comisión intenta ampliar el campo de las competencias de la Unión Europea. No se encuentra en juego un aspecto meramente político, sino también financiero: el reconocimiento de una política comunitaria integrada de la ciudad implicaría gastos presupuestarios importantes en su favor.
Vistas las limitaciones presupuestarias de la Unión Europea, estos gastos no podrían hacerse sino a condición de realizar en el seno del presupuesto comunitario una nueva distribución de las asignaciones, una nueva distribución cuyas principales víctimas serían necesariamente las regiones rurales y las regiones que dependen de la pesca.
Así, la Sra. Napoletano se convierte en la abogada de la iniciativa URBAN, destinada, en las propuestas de Agenda 2000, a integrarse en el nuevo Objetivo 2, deseando su mantenimiento con «una dotación capaz de consolidar sus actuaciones...».
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones siempre ha considerado, por su parte, que la Comunidad debería concentrar sus esfuerzos financieros en las políticas comunes ya existentes, a saber la PAC y la PCP y evitar de dispersar el erario público dispersándolo de manera estéril y clientelista.
A esta voluntad de «definir una estrategia urbana europea» responde como un eco el deseo de dar nacimiento a «una política más amplia de ordenación del territorio» de la que es un «componente indisociable». El olor de federalismo que impregna también algunas declaraciones en favor de la pretendida ciudadanía europea donde uno de los componentes es «el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a los residentes extranjeros comunitarios», declarándose por este motivo: »favorable a una aplicación sin restricciones de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de voto de los residentes comunitarios».
Añadamos a todo ello las numerosas justificaciones que este informe ofrece a la ideología mundialista de moda, formulando en favor del multiculturalismo lugares comunes inquietantes para la cohesión de nuestras naciones. Por ende, es lógico que el informe haga referencia a la «integración de los inmigrantes» cuando sería preciso fomentar su asimilación a la civilización del país de acogida para preservar la cohesión nacional, por una parte, y ayudar, por otra, a esos extranjeros a convertirse en miembros de pleno derecho de la comunidad nacional, orgullosos y contentos de pertenecer a ella.
Era imposible, pues, que nuestro Grupo aprobara un informe tan contrario a sus convicciones.

Pinel
El informe de la Sra. Napoletano hace votos por una «estrategia urbana europea» incluida en el seno de una política integrada, por ende federalista, de la ordenación del territorio, actitud jacobina que no podemos sino condenar.
La política urbana ya compete a las ciudades, los distritos urbanos, claro está, pero también a los departamentos, las regiones, y los Estados. La lista de los que intervienen en esta cuestión es suficientemente larga como para que sea necesario añadir además a la Unión Europea. Cuanto mayor es el número de participantes, más complejos resultan los expedientes y toma más tiempo concluirlos.
Efectivamente, el medio ambiente urbano, tal como lo trata superficialmente el informe Pollack (gestión de residuos, contaminación del aire, tratamiento del agua, empleo, precariedad, preservación de nuestro patrimonio arquitectónico urbano, fenómenos migratorios, ...) merece toda nuestra atención. No obstante, para afrontar estas dificultades, conviene actuar en el origen, mediante la prevención de los males, y no paliando sus consecuencias, tratando de resolver la crisis.
Por tanto, este informe parece demasiado a menudo un especie de catálogo de síntomas cuyo origen se encuentra en otro sitio. Por añadidura, este catálogo tiene con demasiada asiduidad el mal gusto de sacrificarse a la ideología mundialista de moda soltando, respecto a la cuestión de la inmigración, por ejemplo, lugares comunes desoladores.
Nuestra ambición debe ser tender a un mejor equilibrio de la ordenación de nuestro territorio. Para ello, debemos remediar la excesiva concentración urbana que padecen nuestras sociedades.
Para afrontar esta excesiva concentración urbana, fuente de muchos disgustos, debemos incrementar nuestros esfuerzos en favor del mundo rural y del mundo marítimo. Tenemos que fomentar a la vez una agricultura que sepa preservar la calidad y el medio ambiente, pero también una diversificación de las actividades económicas en regiones rurales y, por tanto, combatir los excesos del productivismo.
La Unión debe concentrar sus esfuerzos financieros en los ámbitos que son objeto de una política integrada, PAC y PCP, y evitar dispersar el erario público en una dispersión estéril y clientelista. Es preciso que actúe de tal manera que sus políticas, en particular la PAC, no vengan a desequilibrar gravemente la ordenación del territorio.

Reding
Los dos informes tratan diversos problemas que se plantearán en el futuro en Europa a causa del desarrollo demográfico. Hoy un 80 % de los ciudadanos de la UE vive ya en ciudades, y en éstas opera también una gran parte de la economía. Esta aglomeración genera una serie de inconvenientes en cuya eliminación puede ser útil la Unión Europea elaborando, por ejemplo, una estrategia europea para el desarrollo urbano.
El medio ambiente de las ciudades es, sin duda, uno de los problemas más agudos: la contaminación del aire y la progresiva desaparición de zonas verdes y de parques en favor de las superficies construidas tienen consecuencias claras y que no deben ocultarse para la salud de la población. Sin medidas de alcance europeo no parece previsible un giro en esta tendencia. Muy rara vez los problemas del medio ambiente son de naturaleza local: la mayoría de las grandes ciudades tienen los mismos problemas. Por consiguiente, la creación de una sección de asuntos específicamente urbanos que abarque los diversos servicios en la Comisión es absolutamente oportuna, si esto va a conducir más rápidamente en los Estados miembros al convencimiento de que el medio ambiente debe desempeñar un papel esencial en el futuro desarrollo de las ciudades.
Simultáneamente, se plantea la necesidad de presentar iniciativas en el plano económico y social. El desempleo afecta con especial dureza a los espacios urbanos. La xenofobia y el racismo son detestables fenómenos secundarios de la convivencia de diversas culturas. Por esta razón se propone también que no sólo se fomente en las ciudades el asentamiento de grandes empresas y de parques tecnológicos, sino, sobre todo, de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), de centros comerciales e de instalaciones para el ocio y la cultura. En los espacios urbanos de varios millones de personas, la seguridad se convierte en un problema y la lucha y la prevención de la criminalidad se torna una cuestión prioritaria.
La conclusión de ambos informes ha de ser que la elaboración de una estrategia de ámbito europeo ha de ofrecer a las ciudades y regiones un marco útil en el que se aborde de manera conjunta los problemas comunes, aunque las soluciones deberán adaptarse a las situaciones particulares.
En este sentido, las iniciativas de la «Office International du Coin de Terre Jardins Familiaux» tienen gran importancia. La organización europea de pequeños hortelanos que, en toda Europa, representa a cerca de tres millones de familias (!), realiza una importante contribución con la creación de pequeños huertos en el entorno urbano. En primer lugar, estos pequeños huertos sirven para la mejora ecológica de las ciudades. Sin embargo, adicionalmente, hacen posible una positiva configuración del tiempo libre de los ciudadanos. A esto se suma que quienes se benefician de las iniciativas de la «Office International» son principalmente desempleados y marginados sociales, que tienen una ocupación útil en los huertos y tienen un acceso barato a la fruta y a la verdura fresca. Los huertos desempeñan así un importante papel en el entorno políticoecológico y social de las ciudades.
Por todo esto, es tanto más de lamentar que las organizaciones no gubernamentales no hayan sido previstas específicamente como interlocutores en la definición de una estrategia europea de desarrollo urbano. Estas organizaciones vienen realizando un valioso trabajo en las zonas urbanas dentro de los ámbitos de la protección del medio ambiente, de la protección de las zonas verdes y en el ámbito social. Por esta razón, he presentado un enmienda (Consideración R) en la Comisión de Política Regional que menciona, al menos en ese contexto, a las ONGs. Sólo cabe esperar que estos valiosos colaboradores de la Comisión sean vistos y tratados por la Comisión como socios imprescindibles.
Hecho este reparo, doy mi conformidad a los dos informes.
Informe Novo Belenguer (A4-0206/98)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Observamos que éste es uno más de la larga serie de informes en los que se reclama la creación de nuevas unidades dentro de la UE, esta vez "un órgano permanente que garantice apoyo analítico...»(punto K). Pensamos que el creciente número de autoridades comunitarias sólo crea burocracia. Nos arreglamos bien sin este órgano permanente.

Bébéar
Todos tenemos la preocupación de ver a la Unión Europea desarrollarse de manera armoniosa. Este es el sentido, especialmente, de la acción que hemos emprendido ahora en el ámbito de la moneda única. No obstante, esta voluntad sólo puede realizarse completamente y de manera satisfactoria si viene acompañada desde su origen de una política regional eficaz y una ordenación del territorio coherente.
La idea maestra del documento «Europa 2000», aprobada por el Comité de las Regiones, demuestra aquí toda su oportunidad. Tenemos el deber de fomentar la cohesión económica mediante una mejor adecuación de las redes transeuropeas de transporte y de comunicación, a pesar de los numerosos problemas que subsisten, teniendo en cuenta la diversidad de nuestras regiones europeas.
En mi calidad de cargo electo aquitano, quisiera mencionar aquí las dificultades concretas que se han encontrado a la hora de poner en práctica «Europa 2000». A semejanza del resto de sus hermanas del Arco atlántico, Aquitania es una región periférica que precisa ser accesible, especialmente a la hora de la ampliación al Este y del desplazamiento de algunos centros de interés de la Unión Europea hacia el norte y el este del continente.
Debemos, pues, ante todo tener presentes los aspectos locales de las ordenaciones que proyectamos, sin dejarnos superar por una visión demasiado general de las perspectivas. Ello no quiere decir, sin embargo, que el equilibrio común no debe seguir siendo nuestra línea maestra, pero tenemos que hacer un esfuerzo real para percibir las implicaciones a escala local.
El primer proyecto oficial de la perspectiva europea de ordenación territorial permitió a las autoridades locales participar activamente y hacer debates incorporando a los agentes económicos de estas regiones. Sepamos hacer una síntesis que respete las respectivas posiciones locales, para establecer un verdadero consenso, sin exceder el marco de la actual distribución de competencias, habida cuenta de que el Tratado sobre la Unión Europea no nos ha concedido un derecho estricto en esta materia.
Por ello apruebo el informe moderado y consensual de mi compañero Novo Belenguer.

Souchet
El Informe del Sr. Novo Belenguer tiene como ambición integrar la ordenación del territorio en el ámbito de las competencias comunitarias. Lamentando «que el Tratado no prevea, en el presente, competencias comunitarias específicas en materia de ordenación del territorio», insiste, »enérgicamente en favor de oficializar el Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio».
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones combate esta voluntad federalista que burla a la vez el principio de subsidiariedad, la letra del Tratado y la soberanía de las naciones.
A este respecto, nos parecería preferible velar por que las decisiones comunitarias no vayan en contra de la cohesión económica y social de nuestros países.
Así, deberíamos interrogarnos sobre las consecuencias de la puesta en práctica de la moneda única en materia de ordenación del territorio y especialmente sobre el incremento de las disparidades que va a provocar entre las regiones, tan es verdad que las regiones más despobladas y las más pobres corren el gran riesgo, a la hora de implantarse el euro, de sufrir la transferencia de sus actividades en favor de ejes económicos más dinámicos, más poblados y mejor comunicados.
Por otra parte, el empobrecimiento de algunos de nuestros territorios rurales se ha agravado por la aplicación de la PAC de 1992 y por el abandono del principio de preferencia comunitaria, consentido durante los acuerdos del GATT.
La nueva reforma de la PAC, tal como figura en la Agenda 2000, proponiendo, entre otras cosas, la fuerte disminución de los precios agrícolas, no podrá sino constituir una fuente de desequilibrio adicional en materia de ordenación del territorio.
El documento de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial recuerda que la agricultura europea continuará desempeñando un papel predominante en favor del desarrollo y la vitalidad de numerosas zonas rurales. A este respecto, sólo podremos comprobar una singular contradicción entre el minucioso análisis realizado por este documento y las propuestas que la Comisión formuló para la reforma de la PAC (Agenda 2000), propuestas que tendrán como consecuencia reducir el número de agricultores en la Unión Europea.
¿Es preciso recordar que las zonas rurales representan aproximadamente el 80 % del territorio comunitario? Por ende, una ordenación del territorio equilibrada depende de su vitalidad. Nuestro compañero Edouard des Places insistió ayer con toda razón sobre este punto.
Nosotros deseamos, de una manera general, que la Unión Europea, en lugar de tratar sin cesar de obtener nuevas competencias, se preocupe de examinar las repercusiones de las políticas comunitarias ya existentes, de las decisiones que ha tomado, o de las negociaciones que ha conducido, tanto a nivel de la OMC como a nivel de los acuerdos internacionales, respecto al equilibrio del territorio europeo con el fin de evitar las consecuencias negativas. Con este ánimo y para demostrar el interés que concede al tema de la ordenación del territorio, nuestro Grupo presentó una decena de enmiendas al informe del Sr. Novo Belenguer, que, en su estado actual, sólo podemos rechazar.
Informe Dührkop Dührkop (A4-0256/98)
Berthu
Protestamos contra la comedia representada ayer en este hemiciclo, cuando la Comisión vino a buscar el apoyo del Parlamento Europeo para que avalara sus malversaciones. En efecto, acaba de ser descubierta en flagrante delito: el Tribunal de Justicia de las Comunidades -que no suele ser, sin embargo, severo con ella- no pudo hacer otra cosa sino condenarla, el pasado 12 de mayo, por haber realizado gastos presupuestarios sin ningún fundamento legal.
El asunto es ejemplar. El presupuesto general de la Unión Europea para 1995 destinaba 20 millones de ecus a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, el Consejo, a medio año, se negó a aprobar el programa «Pobreza 4» propuesto por la Comisión, que consistía en dispersar asignaciones en favor de pequeños proyectos denominados de «lucha contra la exclusión social». Nosotros mismos intervenimos en esa época para apoyar la posición del Consejo, debido a que tales subvenciones son contrarias a la subsidiariedad y sólo sirven para mantener la clientela de la Comisión.
Esta, atacada en carne viva, decidió pasar por encima de prohibición del Consejo, y anunciar en enero de 1996 que concedía subvenciones a 86 proyectos cuyo objetivo era la «lucha contra la pobreza», por una cuantía total de 6 millones de ecus. Tratándose de una violación flagrante del Tratado: la validez de un gasto comunitario se fundamenta en dos actos sucesivos, la inscripción en el presupuesto y la definición de un fundamento legal, la primera es concedida por el Parlamento y el Consejo conjuntamente, la segunda la concede únicamente el Consejo. Ahora bien, era evidente que faltaba la segunda etapa. El Tribunal de Justicia se vio en la obligación de reconocerlo.
Es preciso sacar varias enseñanzas.
Ante todo, observamos que solamente el Reino Unido, apoyado luego por Alemania y Dinamarca, tuvo el valor de presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia. Francia, por su parte, permaneció prudentemente en la retaguardia, a pesar de tratarse de una violación flagrante de los Tratados, así como de los principios, tales como la subsidiariedad, a los que nos declaramos, por lo demás, muy apegados. Esta actitud no honra a nuestro país. Tal timidez ante el terrorismo permanente de la Comisión explica en parte por qué van mal tantas cosas en Europa.
Segunda observación: hoy día, sin embargo, la Comisión no se da por vencida. Acaba de pedir al Parlamento Europeo que la ayude a hacer presión sobre el Consejo para que se adopte próximamente un acuerdo entre las tres instituciones que garantice, en casos definidos con bastante amplitud, su costumbre de hacer gastos carentes de fundamento legal.
Esta maniobra nos parece absolutamente intolerable, y pedimos al Consejo que resista a ella. Por lo demás, incluso si cediera, este acuerdo interinstitucional sería ilegal, ya que el acuerdo entre las distintas instituciones no podría ser suficiente para esquivar las obligaciones del Tratado, el cual ha sido ratificado por los pueblos y sólo puede ser modificado por ellos.
Consideramos que Europa no puede continuar así: por un lado grandes proclamaciones sobre la democracia, el respeto del derecho, la subsidiariedad; por otro, un comportamiento de la Comisión contrario a estos principios, e incluso sin ningún arrepentimiento cuando se la encuentra con las manos en la masa. Lamentablemente, en lugar de censurar a la Comisión, como debería hacerse en una caso semejante, el Parlamento Europeo, en nombre de su antigua complicidad federalista, la felicita y la anima a continuar.
No solamente el Consejo debe rechazar el nuevo acuerdo interinstitucional propuesto, sino que sería preciso afirmar de una vez por todas que este tipo de acuerdo debe ser objeto de una aprobación explícita por parte de los Parlamentos nacionales. Además, la próxima reforma institucional debería incluir una reforma de la Comisión, destinada a subordinarla con toda claridad al Consejo.
Informe Garosci (A4-0230/98)
Bernardini y Darras
La Comisión Europea, en su informe sobre los sistemas de control en el punto de venta puestos en práctica por los Estados miembros, hace el recuento de numerosas anomalías. En efecto, partiendo del postulado de que este control existe en los quince Estados miembros, la Comisión observa una aplicación diferenciada. Ahora bien, cómo coordinar un control de ventas en un aeropuerto y a bordo de los aviones, por ejemplo, sin que ello imponga a los comerciantes esfuerzos financieros adicionales durante un determinado período. No olvidemos que este informe de la Comisión Europea se asimila a un balance del funcionamiento del régimen transitorio de las ventas libres de impuestos antes de su supresión, prevista para el 30 de junio de 1999.
En lo que a nosotros concierne, este importante asunto de la supresión de las ventas libres de impuestos nos inquieta tanto por una razón económica como por una razón social.
La razón económica se debe al aporte financiero, ya que los ingresos de este sector representan una inversión considerable para el equilibrio económico de los transportes aéreos o marítimos. En ausencia de estos ingresos ¿cómo van a financiar su infraestructura?
Paso seguido, una razón social de actualidad ya que se refiere al empleo en este sector. ¡Las organizaciones sindicales calculan una supresión de aproximadamente 140.000 puestos de trabajo! ¿Resulta aceptable cerrar los ojos ante este hecho cuando dirigimos nuestras políticas en favor del empleo?
Por tanto, aprovechamos la votación de este informe para recordar a la Comisión Europea el compromiso de nuestra Asamblea, que se tradujo en la votación de una resolución el pasado 3 de abril, pidiendo que «concluya y publique, con la máxima urgencia, su estudio independiente de las consecuencias sociales, económicas, regionales y sobre las rentas de la supresión de las ventas libres de impuestos» sobre el empleo en el mercado único.

Cushnahan
La intención manifiesta de la Comisión de persistir en su política de abolir las tiendas libres de impuestos a partir del 30 de junio de 1999 es totalmente inaceptable, en particular porque la Comisión no ha cumplido la promesa que hizo a este Parlamento de llevar a cabo un estudio sobre las consecuencias económicas y sociales de la abolición. No sólo ha incumplido una promesa la Comisión, sino que, además, está demostrando que su compromiso para hacer que la UE preste más atención a las necesidades y deseos de sus ciudadanos es poco más que retórica vacía. Se calcula que la consecuencia de la abolición de las ventas libres de impuestos será la pérdida de 140.000 puestos de trabajo en toda la UE. Cuatro mil de ellos corresponderán a mi país. Se perderán puestos de trabajo en los sectores de ventas libres de impuestos, transportes y turismo. También padecerán las consecuencias los proveedores de las tiendas libres de impuestos.
Es evidente que habrá importantes repercusiones negativas en algunas regiones. Como se dice en una de las enmiendas presentadas con mi nombre, si la Comisión cumple efectivamente la decisión de abolir las ventas libres de impuestos, tiene el deber de formular medidas para asistir a los que se verán más gravemente afectados.

Holm
El informe contiene, en mi opinión, demasiados detalles sobre cómo se deberá hacer el control de las ventas en los viajes de salida y entrada. Por ejemplo, los puntos 9, 10 y 11 de la resolución contienen recomendaciones sobre dónde se deberá sellar el billete cuando se hayan comprado artículos libres de impuestos. ¿Es esto algo de lo que deba ocuparse el Parlamento Europeo? Asuntos de este tipo deberían resolverse en un nivel mucho más bajo.
En cuanto a las ventas libres de impuestos, he votado en contra de todas las propuestas del Grupo UPE que signifiquen que dichas ventas continúen después del 1 de julio de 1999. La única propuesta que he decidido apoyar se refiere a la propuesta de enmienda 9, en cuya parte considerativa se critica a la Comisión por no haber ordenado un estudio de las consecuencias de los efectos de la supresión de las ventas libres de impuestos. Sigo opinando que esto es razonable, aunque pienso que las ventas libres de impuestos deberán terminar el año próximo.

Lindqvist
Cuando a causa del mercado interior se suprimieron los controles fronterizos, los Estados miembros no pudieron continuar realizando controles en las fronteras propiamente dichos, como lo habían hecho hasta ese momento. En mi opinión, esta decisión fue errónea. Por el contrario, se debió haber hecho como en los países nórdicos, es decir, abolido los controles de pasaportes pero manteniendo los demás controles fronterizos y de mercancías.
En relación con la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos, la Comisión prometió estudiar las consecuencias económicas y sociales de tal supresión. Esto no se ha hecho en los países nórdicos, por ejemplo, respecto a las consecuencias para el empleo, etcétera. Mientras esto no se haga, las ventas libres de impuestos no deben suprimirse.

Nicholson
Si bien todo el mundo en la Comunidad quisiera que se formulara legislación que apoyen las directivas en pro de un sistema común en los casos en que sea útil, la de las ventas libres de impuestos no es una de aquellas en que se debe consumir el tiempo de la Comisión y el dinero de la Comunidad. La aplicación del sistema común se debe hacer de forma que ayude a cada uno de los Estados y a sus ciudadanos. En este momento se puede decir que existen, en efecto, lagunas jurídicas en el sistema actual en materia de ventas libres de impuestos, pero la abolición completa del sistema creará problemas más graves que su continuidad.
Por la falta de hechos y estadísticas concretos a disposición de la Comisión actualmente, resulta evidente que no se han estudiado detenidamente las consecuencias de esa propuesta. Su informe data de hace bastantes años y varios de los aspectos principales que justificaban la erradicación han mejorado en gran medida en el sentido de hacer más estricto el control de dichas ventas.
A consecuencia de la aplicación de ese procedimiento, en 1999 habrá pérdidas drásticas que afectarán simultáneamente a varios sectores viables. Una pérdida de 140.000 puestos de trabajo, el aumento de las tarifas por aterrizaje en los aeropuertos, un marcado declive en el sector del turismo de la UE por el aumento de los pasajes y la desvitalización de los aeropuertos regionales son factores concretos que perjudican directamente a la Comunidad. No se debe buscar la solución para este problema en una supresión completa del sistema de ventas libres de impuestos, sino en propuestas de una forma más eficiente de llevar a cabo dichas ventas.

Reding
Aunque el presente informe es básicamente de índole técnica -se ocupa del eventual mejoramiento de las regulaciones de control de los vendedores en el «ámbito duty-free»- tiene, sin embargo, un innegable trasfondo político: la supresión de la venta comercial libre de impuestos para las rutas de viaje dentro de la UE a partir de 1999, cosa que yo rechazo decididamente.
Es posible que los controles en los puertos y en los aeropuertos no sean suficientes y que la cantidad de productos libres fijada por el Consejo se sobrepase a menudo por falta de control. En este caso, las regulaciones deben mejorarse siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Económicos. Por este motivo, apruebo el informe Garosci.
También apruebo las enmiendas presentadas por el ponente que, entre otras cuestiones, abogan por un apoyo financiero a las personas y regiones que se verán afectadas por la supresión parcial del «duty-free». Esto pone claramente de manifiesto las consecuencias que de esta medida inútil se seguirán para la política laboral: las ventas «duty-free» representan, especialmente en pequeños aeropuertos regionales, una parte fundamental de sus ingresos. Para los viajeros el «duty-free» constituye una distracción agradable mientras aguardan su vuelo; por consiguiente, su supresión sería negativa para ellos y se reflejaría - debido al descenso de ingresos en los aeropuertos- en una subida de los precios de los vuelos.
También es manifiestamente falso el argumento de que la venta en los «duty-free» perjudicaría al comercio normal: estas ventas están ligadas a un lugar determinado y a su entorno y no se efectuarían en el comercio urbano ordinario.
También es escandalosa la pertinacia de la Comisión de no querer presentar un estudio sobre las consecuencias de la supresión de los «duty-free» en lo referente al empleo. En 1992, los ministros de Finanzas no podían prever la situación del mercado laboral en 1999, de lo contrario, seguramente no hubieran puesto en peligro con toda tranquilidad miles de puestos de trabajo, tan sólo para corregir un mínimo «defecto estético» en el mercado interior.

Wolf
La cuestión política central de la que aquí se trata, es la cuestión del significado y el futuro de las ventas «duty-free» dentro de la Unión. La mayor parte de nuestro Grupo comparte la opinión de que la existencia de puntos u oasis libres de aranceles e impuestos es incompatible con el funcionamiento del mercado interior y, por ello, se muestra partidaria de que se extingan las regulaciones de las ventas «duty-free», tal como se ha planeado.
Los problemas estructurales de las regiones y puntos periféricos, tendrían que ser abordados en serio como tales -tal vez mediante la definición de un equivalente adecuado del concepto de «servicio universal» para el ámbito del transporte y de la circulación, así como a través de una oportuna ayuda comunitaria y nacional. También una ayuda transitoria de conexión, como la que reclama la enmienda número 30, resultaría, sin duda, conveniente para las regiones y puntos problemáticos.
Por el contrario, una vía indirecta a través de la prolongación artificial de las regulaciones sobre las ventas «duty-free» hacia una clarificación duradera de situaciones grises, tal como se pretende en la enmienda número 29, le parece a la gran mayoría de mi Grupo, un procedimiento demasiado poco específico y elusivo y, por ende, injusto a la vez que ineficaz.
Informe De Clercq (A4-0205/98)
Ahlqvist y Theorin
Opinamos que la UE no debe fijar la forma cómo los países miembros enseñan acerca de un tronco común en la historia europea. Como se desprende claramente del artículo 126, la enseñanza es de responsabilidad de cada país miembro. Opinamos que tampoco debemos "aumentar la conciencia europea» mediante armonizaciones de libros y períodos lectivos. Por el contrario, creemos que un servicio europeo de voluntariado es un proyecto muy bueno que da a los jóvenes posibilidades de conocer nuevas culturas y aprender idiomas. Por estos motivos, resulta lógico para nosotras abstenernos respecto del punto G.

Blokland
La ciudadanía de la Unión, ¿qué es esto? Hagamos esta pregunta al ciudadano medio y se encogerá de hombros. No le dice mucho.
Hoy se ha votado el informe del Sr. de Clercq que tiene en cuenta esta ciudadanía. Ésta, al igual que el informe, desempeña un papel clave en la profundización de la integración política. De ahí que el ciudadano deba ser estimulado de todas las formas posibles para que valore la ciudadanía europea.
Por tanto, debe motivarse al ciudadano de la Unión para que participe activamente en el sueño integrador de este Parlamento. Más aún, el ciudadano debe cobrar una conciencia europea, que debe promoverse a través de la enseñanza de la llamada historia y cultura comunitarias.
Sin embargo, ¿debe y puede esta ciudadanía de la Unión realmente desempeñar un papel clave en el proceso de integración? ¿No se ha puesto el carro antes que los bueyes? La creación del sentimiento de la ciudadanía europea no puede nunca ser un medio, sino, a lo sumo, un fin. E incluso como fin, pensamos que no merece ser perseguido.
La ciudadanía nacional se configura mediante, entre otros, la lengua, la cultura y la historia. La ciudadanía de la Unión parece empezar a perfilarse a partir del derecho de voto, el derecho de residencia y la libre circulación. Éstas son cuestiones de otra naturaleza. Incluso con los medios de promoción sugeridos, la ciudadanía a la que uno en el ámbito nacional se encuentra ligado, no se logrará en el ámbito europeo.
Pensar en imponer una ciudadanía uniforme a las gentes de Europa es desconocer las necesidades y deseos del ciudadano. El compromiso del ciudadano se origina a partir de cuestiones como la toma de decisiones cerca de éste, la transparencia, una legislación sensata y resultados concretos. Sólo cuando señalemos y nos tomemos en serio estas necesidades, el ciudadano de la Unión se tomará a su vez en serio la Unión.
Ideas como la de que en las listas electorales del Parlamento Europeo deban figurar ciudadanos de otros Estados miembros distintos del suyo propio, seguramente, por el momento, no contribuyen a que los electores conciban seriamente la Unión.
Por tanto, existen suficientes motivos para que nuestro grupo vote en contra de este informe.

Buffetaut
La ciudadanía europea es una cuestión de esencial importancia, ya que se señala el espíritu en el que se pretende hacer evolucionar la Unión Europea. En realidad, la propia noción de ciudadanía es indisociable de la de Estado y queda de manifiesto que la afirmación de una ciudadanía europea cada vez más extensa corresponde a la voluntad de llegar a un Estado federal europeo, incluso a un Estado centralizado.
El informe del Presidente De Clercq se inscribe claramente en esta lógica. La recomendación dirigida a los partidos políticos para que admitan «en su formación y en sus listas, en el orden adecuado, a ciudadanos de la Unión nacional de otros Estados miembros y les alienten a participar en la vida política del país de residencia» es significativa a este respecto. Es fruto de la voluntad utópica de crear un pueblo europeo a marchas forzadas y gracias a artificios jurídicos, yendo en contra de la realidad histórica, cultural y lingüística.
Todos los temas pueden ser objeto de debate, aunque todavía falta que se haga con toda transparencia y ante los ciudadanos de los Estados miembros. Eso es precisamente lo que prácticamente jamás se ha hecho en Europa. El sistema que conocemos ha sido construido manteniéndolo a resguardo de los pueblos. Aún hoy, la Comisión trabaja en el advenimiento de un superestado centralizado, tal como lo demuestra el documento «La Comisión de mañana» del 16 de abril de 1998 que anuncia que ésta deberá concentrarse todavía más «en las políticas propias al Estado (los asuntos exteriores, la moneda, la seguridad interna, el mercado único, la cohesión económica y social) y las políticas comunitarias.»
Cabe interrogarse sobre ¿qué quedará para los Estados? La Comisión responde: »una mayor delegación de meras tareas de gestión». ¿Este debate se planteó claramente? No. Y eso es lo que resulta escandaloso, ya que el sistema político que se construye se hace sin garantía democrática. Acaso el Presidente Santer no afirmó, el pasado 27 de mayo: »la Comisión debe continuar desempeñando su papel político, con fuerza y total independencia.» Es la reivindicación de un poder cada vez mayor sin la responsabilidad política. Esta situación es contraria a los fundamentos mismos de toda democracia.
El informe del Presidente De Clercq se inscribe en esta lógica de un Estado europeo. Acaso la Dirección General de Investigación del Parlamento Europeo no escribía: »la ciudadanía de la Unión... constituye uno de los principios estructurales esenciales de los sistemas políticos federalistas».
No podemos aceptar esta lógica. La democracia exige la proximidad. El superestado artificial que quiere construirse tiene todas las características de un poder tan tecnocrático como lejano. Es radicalmente contrario a nuestra concepción de una Europa respetuosa de los pueblos y las naciones.

Caudron
Si bien me alegro del trabajo de nuestro compañero De Clercq sobre este tema al que concedo especial importancia, también quiero precisar cuáles son, a mi juicio, los límites de tal informe.
Ante todo, pienso que la ciudadanía no se decreta, se ejerce. Una vez establecida esta cuestión previa, cabe precisar los derechos y los deberes de los diferentes protagonistas de la vida democrática, ya que eso es también el ejercicio ciudadano.
Asimismo, me felicito de las propuestas del ponente dirigidas a los Estados miembros, con el propósito de amplificar y reforzar los derechos del ciudadano. No obstante, es necesario iniciar una reflexión con vistas a incrementar la comprensibilidad de las diferentes instituciones, para que cada europeo pueda ejercer de pleno derecho y con todo conocimiento de causa su ciudadanía.
Esas observaciones no se limitan, por lo demás, a las meras instituciones europeas, sino también a los Estados. En efecto, cómo puede imaginarse que esta ciudadanía a «dos niveles» funcione correctamente si ya aparecen disfuncionamientos a nivel nacional. ¿Es necesario dar ejemplos?
A esta comprensibilidad necesaria, es preciso añadir, en este ámbito, que nada puede evolucionar positivamente si nosotros, los hombres políticos, no tenemos una verdadera credibilidad. En efecto, tengo la debilidad de creer que ciudadanía y decisiones políticas son indisociables. A este respecto, cara a la imposición del mercado económico sobre nuestra vida diaria, la acción política debe recuperar instrumentos adecuados. No se puede y no se debe reducir el ejercicio democrático a un intercambio mercantil. Me parece evidente que nuestra debilidad en materia de decisión frente a la emergencia de una economía mundializada contribuye a esta erosión ciudadana que todos constatamos y que es el origen de buen número de violencias verbales, escritas y físicas.
Por último, de manera más técnica, cómo puede hablarse de ciudadanía europea cuando ha de lucharse, como yo lo hago, con líos fiscales que se prolongan inútilmente desde hace muchos años. Una persona afectada por tal problema no puede sino interrogarse legítimamente sobre la realidad de Europa para los ciudadanos europeos.
A este respecto, los próximos años serán cruciales para que por fin pueda hablarse efectivamente del ciudadano europeo. Esta cuestión condiciona en buena medida la credibilidad de la Unión Europea y, por ende, su porvenir, si no su supervivencia.

Delcroix
La construcción de Europa ha experimentado una inversión de prioridades cuyos efectos negativos se siguen haciendo sentir y que el Parlamento Europeo ha tratado de corregir a lo largo del tiempo. Quiero hablar de las cuatro libertades definidas por el Acta única: la libertad de circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Ya se sabe, por razones vinculadas a la primacía concedida a la economía y al rápido avance de las tecnologías, que la primera en realizarse es la libertad de capitales, contrariamente a los deseos y previsiones de los padres fundadores, con las consecuencias que se conocen.
Por ello, estoy de acuerdo con el ponente cuando recuerda, en el primer punto de su propuesta de resolución, el protocolo del Tratado de Amsterdam destinado a integrar el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea y cuando pide a los Estados miembros que inicien sin tardanza los trabajos de preparación previstos para este fin. En efecto, no cabe duda de que la libre circulación de los ciudadanos está vinculada a la supresión de los controles de las fronteras interiores. Aunque todavía es preciso que los Estados miembros modifiquen las legislaciones a veces demasiado tímidas respecto a las condiciones de establecimiento, la movilidad de los jóvenes y el reconocimiento de los diplomas. Los ciudadanos de la Unión deben sentirse en su casa en cada uno de los Estados miembros y deben tener toda la libertad de instalarse, vivir, estudiar y trabajar en ellos.
En cuanto al derecho de voto en las elecciones municipales, me alegro, como belga, que el ponente haya pedido a Francia y a Bélgica que transpongan la correspondiente Directiva a su legislación, y a la mayor brevedad posible. Se trata de una cuestión que atañe los fundamentos de la democracia. Por lo demás, estoy personalmente a favor de un derecho de voto acordado a todos aquellos que están instalados en mi país desde hace varios años y que satisfacen un determinado número de condiciones, trátese o no de europeos. La ciudadanía europea que implique este derecho de voto a las elecciones municipales va pareja con el respeto de las minorías y, de manera más amplia, atañe la defensa de nuestros valores que son la tolerancia, el respeto de las diferencias y la comprensión mutua. Estos valores son el único verdadero antídoto contra el aislamiento, el nacionalismo, la xenofobia y el racismo.

Deprez
El desafecto del público respecto a la construcción europea es patente en el interior de varios Estados miembros. Muy a menudo, nuestros conciudadanos tienen el sentimiento que sólo funciona la Europa de la economía y de las finanzas, con su cortejo de reestructuraciones y despidos. Necesitamos imperativamente corregir esta percepción, que lleva a demasiados europeos a considerar que la Europa que se hace no es la suya, cuando no le toman ojeriza.
La ciudadanía de la Unión se encuentra en el núcleo mismo del vínculo que debe unir a los europeos con la construcción europea. Seis años después de su inscripción en el Tratado de Maastricht, la ciudadanía sigue siendo todavía demasiado teórica para nuestros conciudadanos. En el inconsciente colectivo de los europeos, se es ciudadano del territorio que se puede recorrer libremente en todos sentidos, sin tener que mostrar sus documentos de identidad. Todavía hoy existen demasiados obstáculos que impiden que eso sea una realidad en la Unión Europea. Las medidas que figuran en la propuesta de resolución que hoy nos ocupa va seguramente en el buen sentido. Por ello, la apoyo sin ambigüedad alguna.
El derecho de voto es otra expresión irreductible de la ciudadanía. Por tanto, una pregunta: ¿se puede ser verdaderamente un ciudadano europeo de pleno derecho si, en el Estado en el que se reside, pero cuya nacionalidad no se posee, las leyes y los procedimientos electorales que rigen su participación en los escrutinios europeos y que le son aplicados son diferentes a los que rigen el derecho de voto para los nacionales a esas mismas elecciones?
Por mi parte, respondo claramente que no. Me parece, pues, indispensable ir más lejos que la resolución actual. Tenemos que conseguir que en materia de elecciones europeas, las leyes aplicables a los nacionales lo sean automáticamente a los ciudadanos de la Unión Europea que residan en el territorio nacional. En el caso de mi país, ello significa, entre otras cosas, que el voto sería obligatorio para todos los nacionales de los Estados miembros de la Unión que residen en Bélgica, a menos que puedan probar que votan en su propio país. Por extensión, debe el mismo trato equivalente en las elecciones locales.

Hager
Los diputados liberales pueden apreciar en el Informe De Clercq sobre la ciudadanía de la Unión muchos aspectos positivos y reconocer la necesidad de la participación de los ciudadanos en la construcción europea. Si no se acepta esto, no puede haber una Europa común. También vemos el proceso actual, en el que los políticos, sobre todo en el ámbito europeo, hablan mucho de la cercanía al ciudadano, pero la descuidan con frecuencia a la hora de su realización. Con todo, hemos rechazado el informe en su conjunto, porque rechazamos el Instituto de la ciudadanía de la Unión, en realidad por la ausencia de un pueblo europeo.

Lindqvist (ELDR), Seppänen y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Bonde, Krarup y Sandbæk (I-EDN)
Los firmantes de esta explicación de voto consideramos inaceptable en casi todos sus aspectos el informe del Sr. Clercq. Optamos en consecuencia por votar en contra del informe.
Por ejemplo, entendemos el deseo del informe del Sr. Clercq relativo a la armonización de los sistemas escolares de los países comunitarios en el campo de los programas como manifestación de una idea peligrosa, sobre todo en vista de la propuesta del informe por la que se implanta la enseñanza común de materias escogidas que podrán promover visiones positivas y unívocas de los alumnos sobre la Unión Europea. En nuestra opinión es excelente enseñarles a los alumnos historia y cultura europeas y también es una idea excelente una coordinación voluntaria entre los países europeos y sus colegios y profesores sobre determinadas materias. De esta forma obtienen nuestros niños y jóvenes un conocimiento amplio y transfronterizo de la historia y cultura de los demás. Sin embargo, ésta sí que no es precisamente la intención del informe del Sr. Clercq. En éste, la intención únicamente es influir en actitudes de niños y jóvenes en favor de una determinada posición política caso si el objetivo final es generar un sentimiento de adhesión a los Estados Federales de Europa.
Por lo demás, no podemos sumarnos al deseo relativo a la incorporación de los principios de Schengen al tratado de la Unión, pues estamos en contra del acuerdo de Schengen. Nuestra oposición se basa en que Schengen no conduce a una mayor libertad para el ciudadano, al contrario, los principios de Schengen suponen un control individual oculto y cada vez más indefinido. Además, queremos oponernos del modo más enérgico a que la UE ejerza cualquier influencia sobre pensiones y otras prestaciones sociales. Son cuestiones enteramente nacionales. Por último, no consentimos que la Unión trate de terciar en qué candidatos eligen los partidos para presentarlos a las elecciones al Parlamento Europeo.

Svensson
El abajo firmante ha votado en contra del informe de De Clercq por las siguientes razones:
1.Los estados deben resolver los asuntos de ciudadanía sin participación de la Unión. También en el futuro esto debe seguir siendo una prerrogativa de los estados.2.El derecho a voto en elecciones municipales de los residentes puede decretarse sin el establecimiento de una ciudadanía de la Unión. En Suecia todos los residentes ya tienen derecho a voto municipal después de dos años de residencia.3.Una ciudadanía de la Unión crea automáticamente una discriminación respecto de residentes que son ciudadanos de países situados fuera de ella. El derecho a voto en elecciones municipales debe ser igual para todos, independientemente del país de origen.4.Como muestra la experiencia, la circulación de personas desprovista de restricciones no es en absoluto deseable, por razones sociales. Los estados tienen que poder garantizar a los nuevos residentes buenas condiciones, derechos e integración.5.La idea de enseñar acerca del "tronco común» en la historia europea es totalmente grotesca. Semejante concepto estereotipado de la historia es equivalente a la censura de la ciencia crítica e implica el establecimiento de un dudoso concepto de la historia real. No se crea una identidad real con estos métodos artificiales.6.Mucho más interesante que las improductivas y erróneas propuestas del informe sería abolir el actual sistema cuasiautoritario de gobierno de la Unión y reemplazarlo por uno más sencillo que descansase en la soberanía popular y en el principio de la transparencia. Sólo así Europa llegaría a ser la Europa de los ciudadanos y no de los funcionarios, los juristas y las elites.
Thyssen
He votado con convicción a favor de la resolución de la Comisión de Asuntos Jurídicos relativa a la ciudadanía de la Unión, párrafo 11 inclusive, en el que se solicita a la administración belga que transponga inmediatamente la directiva relativa al derecho de voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales.
Esto, además, debía haber sucedido hace dos años. Tal vez valga la pena recordar que mi partido, el Partido Democristiano Flamenco (CVP) siempre ha adoptado una actitud positiva respecto de este derecho europeo de elección.
Quiero utilizar mi explicación de voto para hacer un llamamiento a mis colegas belgas de esta Asamblea, a fin de que no hagan grandes declaraciones solamente aquí, en el Parlamento Europeo, sino que también trabajen sobre esta cuestión en sus propios partidos nacionales. La administración belga quiere transponer la directiva desde hace tiempo, pero para que su transposición pueda desarrollarse armoniosamente, debe modificar primero su Constitución. Para ello, es necesaria una mayoría de dos tercios en el Parlamento Federal Belga. Para lograrlo, los partidos de la oposición deben colaborar.
Si el ponente, el Sr. de Clercq, que es un miembro destacado de uno de estos partidos de la oposición, puede convencer a su propio partido nacional para que apoye esta votación, el llamamiento que ha hecho ante el Parlamento Europeo puede obtener una rápida respuesta. Su informe ganaría credibilidad.

Wibe
Voto en contra de este informe por muchos motivos. Por ejemplo, opino que no debemos gastar más dinero en la llamada información de objetivo preciso, es decir, en propaganda de la Unión. Creo que tampoco conseguiremos "aumentar la conciencia europea» mediante la creación de una "historia europea». Además, estimo que no debemos armonizar los libros y el período lectivo. Creo que la mayoría de los suecos, tanto padres como alumnos, están conformes con el modelo sueco que significa que tenemos vacaciones de verano en junio, julio y agosto. En pocas palabras, este informe es demasiado federalista para que yo vote a su favor.
Informe Oomen-Ruijten (A4-0095/98)
Caudron
En numerosas ocasiones, el Parlamento Europeo se ha pronunciado en favor de que el reconocimiento de los derechos sindicales se haga efectiva. Este texto de nuestra compañera Oomen-Ruijten es de esencial importancia, y no puedo sino apoyar esta iniciativa de inscribir estos derechos en el Tratado de la Unión.
Debido a mi compromiso político, me felicito también del espíritu general de este informe, que pone de relieve la concertación y el consenso como condición de un desarrollo social y económico sostenible.
Asimismo, observo con interés la preocupación de nuestra compañera por ver concretarse el estado aún embrionario entre los distintos interlocutores, no ya entre las centrales nacionales, sino a escala europea. Este nuevo enfoque, si se concreta, no puede sino ser benéfico para el futuro de las relaciones sociales en el seno de las empresas, y de vital importancia para que nuestra competitividad resulte sostenible.
Este importante avance en favor del reconocimiento de los sindicatos es un acto que puede ayudar a que nuestros conciudadanos reconozcan mejor el papel que éstos desempeñan. Es un factor de equilibrio y de progreso.
Por último, más allá de este texto, compruebo con «sorpresa» que algunos van a votar un texto que refuerza los derechos sindicales, cuando los mismos rechazan muy a menudo cualquier forma de representación para los asalariados en su propio país.
¡»Verdad, en Bruselas...» «escándalo» en París! ¡Vayan ustedes a saber!

Delcroix
El proceso europeo de negociación colectiva permitirá la aplicación coordinada de la política del empleo y de la Unión Económica y Monetaria.
Un desarrollo social y económico sostenible y el fortalecimiento de la actividad económica, la creación de empleo, dependen del consenso social, la concertación y una diplomacia activa.
La restauración de los equilibrios sociales fundamentales no se hará sin el apoyo de los interlocutores sociales y el desarrollo de un diálogo social europeo.
La experiencia nos demuestra que la mundialización parcial que vive Europa desde hace más de diez años se ha acompañado de numerosos efectos perversos provocados por la ausencia de un diálogo social europeo. Una mayor concertación hubiera podido evitar mucha miseria y angustia. Esperemos, al menos, que esta experiencia dolorosa nos sirva de lección para evitar otros dramas respecto a la mundialización en curso.
Agradezco a la ponente y la felicito por el trabajo presentado.

Deprez
La realización del mercado único, la conformación de la Unión Económica y Monetaria, así como la próxima llegada del euro como moneda única, son etapas positivas en la vía de la unificación europea. No obstante, nada de ello se establecerá de manera sostenible si los pueblos de Europa tienen el sentimiento de que la unificación de nuestro continente se hace a su costa.
En esta perspectiva, la emergencia de una Europa social se impone como una necesidad absoluta. Su concreción favorecerá la instauración de una paz social sostenible en la Unión Europea y, por ende, facilitará el crecimiento económico. La ratificación por parte de los quince Estados miembros de la Unión Europea del Título del Tratado de Amsterdam relativo a la «Política social, de educación, de formación profesional y de juventud» constituye un nuevo paso en la dirección correcta, pero debe ser seguido por otros y, en especial, por la inscripción de los derechos sindicales fundamentales en los tratados europeos.
Por lo demás, como lo subraya con toda razón nuestra ponente, la Comisión Europea aboga en las instancias internacionales en favor de que los Estados del mundo entero respeten la libertad de sindicación y el derecho de negociación, que son normas internacionalmente reconocidas en el ámbito laboral. Además, la Unión Europea va a abrirse próximamente a Estados que no tienen las mismas tradiciones que nosotros respecto a las relaciones laborales, ni la misma costumbre de respetar los derechos sindicales.
Por último, en nuestros propios países, la profundas modificaciones que experimenta el mercado laboral bajo la presión de las innovaciones tecnológicas y la mundialización hacen necesaria la inscripción de estos derechos fundamentales en los textos fundadores de la Unión Europea y la creación de un marco transnacional comunitario de garantías y disposiciones jurídicas que permitan un despliegue armonioso de la concertación social a nivel europeo. Por todas estas razones, apoyo el informe de la Sra. Oomen-Ruijten.

Holm
Considerando la larga tradición sueca en torno a las posibilidades y obligaciones de los sindicatos, hoy he votado en contra de este informe. El movimiento sindical sueco es, en comparación con el de muchos otros países comunitarios, muy fuerte, está muy desarrollado y tiene una posición especial en el campo del mercado de trabajo. Hay en esta propuesta un riesgo evidente de que muchos de los derechos de que actualmente gozan los sindicatos se vean amenazados, por ejemplo, en relación con los convenios colectivos.
Es evidente que no tengo nada en contra de las demandas de derechos sociales básicos pero, ¿deben centralizarse realmente estos asuntos en Bruselas?

Lindqvist
Es importante que fortalezcamos los derechos sindicales en todos los ámbitos, por ejemplo, el derecho de asociación, el derecho a celebrar convenios colectivos y el derecho a huelga. Un camino puede ser también inscribir esos derechos en los tratados en el ámbito europeo. Otro camino puede ser dejar que los sindicatos se encarguen de esto sin regulación mediante tratados. El riesgo de una regulación comunitaria es que los derechos sindicales pasen a formar parte del derecho comunitario y que se limiten en lugar de fortalecerse. Obviamente que se debe intentar evitar grandes conflictos en el mercado de trabajo, pero el asunto es si se va a regular en el ámbito de la UE.
La propuesta puede apoyarse con la condición de que sean las partes involucradas en el mercado de trabajo quienes den forma a las reglas de negociación y a los principios en el ámbito europeo.

Ojala
He votado a favor de este informe puesto que estoy convencida de que los derechos sindicales supranacionales son imprescindibles como contrapeso del mercado internacional.
Cuando nuestra comisión sometió a debate este informe en febrero de este año, me pronuncié en contra del mismo. Entonces, justifiqué mi decisión afirmando que se trataba de una cuestión de principios tan delicada que no se debía adoptar una decisión demasiado precipitada. El movimiento sindical finlandés tampoco se ha pronunciado hasta el día de hoy sobre este asunto.
Los acontecimientos del pasado invierno demuestran, sin embargo, que si no se garantiza a nivel europeo el derecho a la huelga de los trabajadores, es posible que se produzcan interferencias escudándose en el buen funcionamiento del mercado internacional.
No obstante, resulta evidente que cuando se emprenda la organización de derechos sindicales a nivel europeo, los interlocutores sociales deberán participar en esta tarea desde un primer momento y desempeñando un papel fundamental. Resulta igualmente evidente que los derechos sindicales establecidos a nivel europeo no deberán debilitar bajo ninguna circunstancia los derechos que garanticen las legislaciones nacionales.

Skinner
La posición del Partido Laborista en el Parlamento Europeo es la de mantener los usos actuales en materia de relaciones laborales en el Reino Unido, pero entiende las circunstancias a que responde el informe de iniciativa propia de la Sra. Oomen-Ruijten, pues afecta a otros países de la UE.

Titley
Tengo mucho gusto en votar a favor de este informe hoy y me alegro de que por iniciativa de este Parlamento se tenga en cuenta la necesidad de equilibrar la insistencia de la UE en el comercio con una importante dimensión social. Como se señala acertadamente en el informe, es digno de beneplácito que el Gobierno de mi país haya decidido poner fin a la cláusula de exclusión del Capítulo Social que amenazaba con dejar a los trabajadores británicos como ciudadanos de segunda clase en comparación con los de otros países de la UE. Sin lugar a dudas, es más que justo que los sindicatos y los grupos de empleadores que representan a las personas que hacen funcionar nuestras economías vean sus derechos de asociación consagrados en el Tratado de la Unión Europea en el futuro. ¿Y a quién mejor consultar sobre cuestiones como los derechos de los sindicatos en las empresas multinacionales que a los sindicatos en los que participan millones de nuestros trabajadores?
Hace treinta años, mi predecesora como diputada al Parlamento Europeo por Greater Manchester West, Barbara Castle, hacía campaña en Gran Bretaña a favor de un nuevo planteamiento de los derechos de los trabajadores para substituir la lucha laboral por la cooperación y la equidad. Ojalá hubieran recibido entonces más apoyo sus gestiones. Al votar a favor de este informe, me comprometo con la posición encaminada al logro de otro paso adelante en el tipo de cooperación entre empleadores y empleados que debe contribuir a substituir las disputas perjudiciales por una actitud de cooperación. Eliminemos la burocracia que pesa sobre las espaldas de los empresarios y los empleados y permitámosles formular propuestas para que negocien entre ellos. Con ese espíritu de labor en equipo en el lugar de trabajo, Europa puede crear unos usos laborales equitativos, como está haciendo el Gobierno de mi país.

Vandemeulebroucke
El 17 de junio, mediante sentencia del Tribunal Europeo de Primera Instancia, se rechazó muy lamentablemente la demanda de la UEAPME, la organización empresarial de las PYMEs, para que se le permitiera participar en las consultas sociales europeas como interlocutor social pleno. Esta sentencia confirma la posición dominante de los actuales interlocutores sociales europeos la UNICE, el CEEP y la CES. Esta sentencia nos hace cuestionar de nuevo el procedimiento acordado en Maastricht conforme al cual los interlocutores sociales «representativos» pueden negociar convenios colectivos europeos sin la intervención del Parlamento Europeo y la participación del Consejo solamente como «notario».
El informe Oomen-Ruijten subraya justificadamente que la victoria de intereses contrapuestos mediante la consulta y el consenso social contribuye al refuerzo de las empresas y de la economía en su conjunto, así como a la creación de puestos de trabajo, y que un consenso semejante es un requisito esencial para que se produzca un desarrollo económico y social duradero.
Con razón, el informe también remite a los convenios de la OIT 1987 y 1998 redactados en los años cuarenta y a la Carta Social Europea del Consejo de Europa, en los que se recoge el derecho de asociación y de negociación colectiva en el ámbito nacional. Justificadamente, el informe también señala que estos convenios de la OIT deben aplicarse en el ámbito comunitario.
Sin embargo, quiero subrayar que si bien los interlocutores sociales deben contar siempre con una representación suficiente, a todo el mundo debe poder llegarle su turno. Así, es inadmisible que la CES no acepte en su seno sindicatos importantes. Pienso en la ACVLB de Bélgica o la CGT de Francia.
Las mismas observaciones se aplican a la parte empresarial. Lamento que la UEAPME no sea reconocida como interlocutor social pleno. Esta decisión es contraria a los convenios de la OIT anteriormente mencionados. Esta sentencia es una aberración. Los interlocutores sociales deben ser suficientemente representativos. Pronunciarse sobre si una organización que cuenta con más de nueve millones de miembros, que da empleo a casi 50 millones de trabajadores, debe ser excluida de las discusiones relativas a la negociación de un convenio colectivo europeo es, en mi opinión, inadmisible. Protesto vehementemente contra esto. La Europa social verdaderamente tiene todavía que recorrer un largo camino.
Informe Ghilardotti (A4-0203/98)
Delcroix
El trabajo de los voluntarios es irremplazable. Se encuentra en el sector asociativo local, pero también a todos los niveles de nuestra organización de la sociedad, ya sea la región, el Estado, la comunidad e incluso a nivel mundial.
A menudo nos da buena conciencia y desempeña un papel de pez piloto que permite experimentar e invertir en nuevos sectores de actividad y de solidaridad humanos.
Asimismo, se trata de un sector de actividad ávido de que se reconozca su utilidad, pero si bien a veces resulta fácil estimularlo, también es fácil de desanimar.
Los administradores públicos mostrarían gran lucidez si se convencieran de ello y consideraran que los medios humanos y financieros destinados al apoyo de las asociaciones y las fundaciones en Europa son el medio más eficaz, más razonable y probablemente el más barato que podamos poner en práctica para responder a las necesidades sociales de nuestra sociedad.

Deprez
La cohesión económica y social de la Unión Europea incumbe y también debe incumbir a los ciudadanos. En toda Europa, numerosas asociaciones trabajan en todos los sectores de la sociedad y representan un verdadero soplo de vida democrática y de toma de responsabilidades ciudadana. Sirven a menudo para paliar las lagunas de la acción de los poderes públicos. Entre otros, en ámbitos sociales tan fundamentales como la formación, la educación o la solidaridad.
A menudo se ha dicho en este recinto y por la Comisión, que este tipo de organizaciones podía además constituir una importante cantera de puestos de trabajo, capaces de responder de una manera flexible y eficaz a algunas de nuestras necesidades no satisfechas. Por ello, es preciso apoyar las propuestas destinadas a incrementar las ayudas europeas, nacionales o regionales de las que pueden beneficiarse estas asociaciones para fomentar el empleo en sectores prioritarios tales como la salud o la educación, siempre y cuando los puestos así creados sean verdaderos puestos de trabajo cubiertos por verdaderos contratos laborales y no meros «trabajos temporales» precarios o mal pagados, buenos solamente para hacer descender las estadísticas del desempleo.
En conclusión, apoyo resueltamente, con la ponente, la voluntad de la Comisión de promover el papel de las asociaciones y fundaciones en Europa. Sin embargo, también quiero recordar al Consejo y a la Comisión el interés de elaborar a escala de la Unión Europea un estatuto aplicable a las organizaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades mutualistas que dependen del sector asociativo.
Informe Chanterie (A4-0229/98)
Bernardini
Al cabo de siete meses del conflicto de los conductores de los transportes por carretera en Francia, la Unión Europea empieza a percatarse de las lagunas que existen en su legislación relativa a la duración del tiempo de trabajo.
El 15 de julio de 1997, la Comisión Europea presentó un Libro Blanco sobre los sectores y las actividades excluidos de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Ahora bien, al leer esta última, no podemos sino sorprendernos de no encontrar en ella propuestas de directiva o reglamento.
En calidad de miembro de la Comisión de Transportes y Turismo, subrayaré la importancia de una legislación relativa a los conductores de los transportes por carretera. Ya sería hora de modificar el Reglamento en aplicación desde 1985 (3820/85) relativo al tiempo de conducción y de reposo. Es necesario integrar en éste nuevos datos tales como el límite diario, semanal, del número de horas de conducción, incluyendo el tiempo de carga y de descarga como parte integrante del trabajo del conductor de transportes por carretera. En este sentido, el informe del Sr. Chanterie se ocupa de estas preocupaciones y no puedo sino rendirle homenaje.
Ya en diciembre de 1997, el Gobierno francés había presentado un memorándum solicitando una armonización europea de los reglamentos sociales en los transportes por carretera antes de la apertura total del mercado, fijada al 1 de julio de 1998. La Comisión ejecutiva, apegándose a los objetivos del memorándum (reglamentación del tiempo de actividad abarcando los tiempos de carga y de descarga, obligación de formación inicial y continua de los conductores de transportes por carretera profesionales, armonización de los controles y las sanciones aplicables en caso de no respetar las legislaciones sociales) se ha retrasado en la presentación de una propuesta. Ahora bien, los protagonistas de este sector no bajarán los brazos y permanecerán vigilantes. La amenaza de huelga sigue estando al orden del día y el argumento de que se ataca con ello el principio de la libre circulación no hará levantar las barreras. La Unión Europea, al preocuparse de este aspecto social, recuperará una credibilidad.

Caudron
Con motivo de la votación de este informe, quisiera recordar la urgencia de una armonización de los transportes por carretera europeos.
Desde el momento en el que se permite el cabotaje, es insoportable ver desarrollarse el dumping social y la explotación de los conductores de transportes por carretera. Es económicamente injusto, socialmente insoportable y, añado, peligroso para todos... ¡en términos de seguridad vial!
Por tanto, es preciso actuar con la mayor rapidez, so pena de ver multiplicarse conflictos costosos... y comprensibles... Es factible conseguirlo si existe la voluntad política... ¡Toca a nuestros ministros expresarse y actuar!
Tomemos un solo ejemplo, que los países del norte conocen bien: en Francia, los conductores de transportes por carretera no pueden circular el domingo... ¡en Bélgica, sí!... Resultado: los camiones de carga se aglutinan en Rekem y a las 22 horas kilómetros de filas de camiones de carga invaden la ciudad de Lille y atraviesan Villeneuve d'Ascq, dirección París...
A la hora del euro y del gran mercado, es un ejemplo patente del carácter desigual de una construcción europea desequilibrada, que los ciudadanos europeos ya no aceptan.

Deprez
La apertura de los mercados y la competencia internacional hacen que el tiempo de trabajo se convierta en una variable importante para la competitividad de las empresas europeas en los mercados interior y exterior.
Con una aplicación correcta, otra ordenación del tiempo de trabajo es capaz de crear o preservar un número importante de puestos de trabajo. Mal concebida, puede por el contrario acarrear consecuencias nefastas para la seguridad, la salud, la vida familiar y la vida social de las personas afectadas. Queda de manifiesto que los sectores y las actividades excluidos de la actual reglamentación comunitaria del tiempo de trabajo lo han sido por motivos políticos y económicos discutibles que poco tienen que ver con consideraciones económicas o sociales.
Por ende, comparto con nuestro ponente el punto de vista, también expresado por los comités paritarios de varios sectores excluidos, que el tiempo de trabajo incumbe plenamente al diálogo social europeo.
Si cada uno debe tener claro que la flexibilidad necesaria a la competitividad de nuestras empresas no puede en ningún caso convertirse para los trabajadores en sinónimo de degradación de las condiciones de vida y disminución de las normas de seguridad y de protección, también es preciso denunciar como inaceptable que los trabajadores excluidos de las ventajas de una legislación europea se vean, por tanto, obligados a trabajar en condiciones perjudiciales para su vida familiar, peligrosas para su salud y su seguridad o la de los demás.
Por ende, apoyo totalmente la resolución que hoy nos ocupa. Insisto de manera muy especial en la necesidad de que la Unión Europea se dote de los medios necesarios, con el fin de reforzar los controles y armonizar las sanciones, en la lucha contra la duración excesiva del trabajo. La Comisión, en concertación con los interlocutores sociales y los Estados miembros, debe desempeñar en este sentido un papel motor.

Delcroix
Es preciso alegrarse de que este informe se preocupe por las condiciones de trabajo de los sectores y actividades excluidos de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. En especial, los trabajadores de los sectores de los transportes, de la pesca marítima, los médicos en período de formación y los trabajadores por cuenta propia. Es evidente que la duración del tiempo de trabajo constituye un elemento esencial de la calidad de vida de todos los ciudadanos, y en especial de los seis millones de trabajadores afectados.
Sin embargo, es preciso recordar que desde hace más de un siglo las ventajas de la productividad siempre se han repartido entre las inversiones económicas, la mejora de los ingresos de los trabajadores y la reducción del tiempo de trabajo. Esta evolución, ratificada por acciones fuertes en favor de la semana de cinco días, la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, el derecho a una formación profesional calificadora, se ha acompañado de un crecimiento económico continuo y de la emergencia de una sociedad que comparte entre todos los consumidores los frutos del trabajo.
Desde hace casi veinte años, este proceso empezó perder impulso para luego frenarse, creando cada vez una mayor exclusión y pobreza para aquellos que no participan en el reparto del trabajo. Ya es hora de invertir el proceso y administrar de otra manera los recursos humanos. Cada uno debe participar en el esfuerzo común y debe beneficiarse a su vez de la parte de riquezas generadas con el fin de que su familia disfrute del bienestar general.
En nuestra sociedad, el tiempo de trabajo dedicado a la formación ha adquirido una importancia considerable. Por tanto, es preciso afirmar que cada trabajador tiene el derecho y el deber de mejorar sus calificaciones profesionales en el curso de su carrera y poder repartir el tiempo de trabajo entre el trabajo de producción o de servicio y el trabajo de formación. Esta posibilidad, que todavía forma parte del campo de la utopía, salvo para los ejecutivos, merece la atención de los interlocutores sociales y debería ser objeto de cláusulas específicas en cada contrato de trabajo y en cada reglamento.
El progreso de nuestra sociedad requiere una mayor inversión en el hombre, en su inteligencia, en su deseo de que se reconozcan sus competencias, en su capacidad de progresar durante toda su vida.

Kirsten Jensen, Blak, Iversen y Sindal
Hemos votado en el día de hoy a favor de que todos los asalariados de la UE se beneficien en la medida de lo posible de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de 1993. Hay, desde luego, algunas circunstancias especiales que se dejan sentir en partes del sector del transporte. Sin embargo, todos los asalariados móviles deben verse afectados como mínimo por las normas sobre vacaciones anuales, revisiones médicas para los trabajadores nocturnos, períodos de descanso y jornada laboral anual. Es una solución excelente que las normas relativas a la ordenación del tiempo de trabajo de los asalariados móviles en los sectores excluidos se negocien para su puesta en marcha entre las partes del mercado laboral. Nos alegramos, por tanto, de los acuerdos que ya se han contraído, entre otras cosas, en el sector marítimo.
Es absolutamente inaceptable que cinco millones de asalariados no móviles comunitarios no estén amparados por la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. Tenemos, por tanto, una situación en la que el vendedor de una oficina de los ferrocarriles estatales daneses tiene otras condiciones de jornada laboral que el vendedor de un cine, aunque los dos sean vendedores. Podemos, por tanto, sumarnos a la petición para que todos los asalariados no móviles comunitarios estén completamente protegidos por la directiva.

Lienemann
El informe del Sr. Chanterie destaca con toda razón que es urgente, e incluso sumamente urgente, poner un término a la escandalosa exclusión de un número considerable de asalariados de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo. Esta directiva, ya bastante insuficiente y limitada, fue juzgada, desde su aprobación en 1993, totalmente insatisfactoria por el Parlamento Europeo.
¡Al cabo de cinco años, millones de asalariados siguen sin beneficiarse de ninguna protección mínima por parte de Europa! Al cabo de cinco años, cuando se constatan por todos lados enormes ganancias de productividad, el Consejo y la Comisión Europea son incapaces de proponer mejoras sustanciales a la Directiva de 1993 y de tomar decisiones concretas relativas a los sectores excluidos. En efecto, al Parlamento sólo se le consultó sobre un Libro Blanco. ¿Cuánto tiempo se precisará para que una directiva regule el caso de los sectores excluidos y se mejore la actual directiva?
El caso del transporte por carretera es uno de los más significativos. Hoy día, el mercado del transporte por carretera está abierto, liberalizado, desregulado. Al mismo tiempo, a pesar de las reivindicaciones de los asalariados, e incluso, de los movimientos de huelga, ninguna reglamentación europea que armonice -para mejorarla- su tiempo y sus condiciones de trabajo viene a limitar los riesgos de dumping social, de deterioración de las normas sociales más favorables, ni viene a proteger su seguridad, ni tampoco, de hecho, la de los demás. ¡Europa está fallando!
El tiempo de trabajo de los conductores de los transportes por carretera debe tener en cuenta el tiempo real efectuado y obligado (descarga, carga, pausa, etc.), debe aproximarse muy rápido a la 35 horas semanales y no podría superar las 39 horas.
Cómo, de lo contrario, atreverse a hablar de «modelo social europeo». Cómo, de lo contrario, atreverse a prever penalidades financieras para los Estados miembros donde los movimientos de los conductores de transportes por carretera bloquean la circulación para hacer escuchar sus legítimas reivindicaciones.
Si de aquí a finales del año no se aprueba ninguna directiva operativa para esta profesión, la Europa liberal habrá pasado por encima, una vez más, del proyecto de una Unión al servicio de los pueblos.
El informe Chanterie va en la buena dirección; podría ir todavía más lejos, pero por ahora lo primero es la urgencia de establecer un marco protector para los seis millones de asalariados más expuestos. Por ello, voto en favor de este informe.

Schlechter
Podría, sin ninguna dificultad, escribirse una novela sobre la evolución y las discusiones sobre el tiempo de trabajo en el sector de los transportes.
Por ello, pienso que ya hay bastante literatura y palabrería, como diría Pauline Green, y que ahora es preciso encontrar rápidamente soluciones para acabar una iniquidad día a día más insoportable.
En efecto, cómo puede dejarse un sector tan vital de nuestra vida diaria al margen de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, cuando en todos los demás sectores de trabajo las condiciones sociales están reglamentadas.
Cuando se comprueba que, en una época en la que se habla de la semana de trabajo de 35 horas, la Directiva 3820/85 autoriza en los transportes por carretera un tiempo de trabajo de 13 horas, un reposo diario de 11 horas, no pudiendo reducirse a 9 horas más de tres veces por semana, se cae en la cuenta de que nos encontramos ante una situación donde la reglamentación social data de otra época, en condiciones de trabajo que ya criticaba Émile Zola en «Germinal».
Es preciso que acabemos con esto. Los conductores de transportes por carretera comprenden muy bien que realizan un trabajo muy importante, que su empresa debe funcionar, que la economía europea necesita de ellos, pero no les gusta que los tomen por cretinos.
Si no se quiere correr el riesgo de nuevos conflictos sociales y de un dumping inaceptable, nos es preciso resolver rápidamente esta asignatura pendiente.
Una primera solución consiste, a mi juicio, en separar las ocupaciones no móviles de los puestos de trabajo móviles.
De todas maneras, los puestos de trabajo no móviles no deberían figurar, desde hace mucho tiempo ya, en las exclusiones destinadas al sector de los transportes, habida cuenta de que la mayor parte del tiempo están ocupados por el mismo tipo de asalariados del mundo laboral en general.
Luego, es preciso encontrar soluciones para la gente ocupada en los diferentes sectores del transporte, a saber los transportes por carretera, la navegación marítima y fluvial y la tripulación de vuelo y cabina en la aviación.
Para estos tres sectores, se requieren horas de trabajo y de reposo convenientes, prever compensaciones aceptables, con un modo de cálculo del tiempo de trabajo para un período de 28 días y otro de 365 días para el cálculo de la jubilación, lo que en el futuro podrá controlarse fácilmente en los transportes por carretera gracias a la introducción del nuevo tacómetro 1 B.
Estos elementos podrían satisfacer a una profesión que, por su naturaleza, está obligada a trabajar de manera distinta a todos los demás sectores y para la que podría así calcularse el tiempo de trabajo realmente realizado durante un año con vistas a acceder a una jubilación a los 55 años, como se negoció a raíz de una huelga en Francia.
Como nos vemos obligados a comprobar que en las distintas comisiones paritarias, las negociaciones se hacen cada vez más problemáticas y corren incluso el riesgo de fracasar, provocando una pérdida de tiempo considerable, pienso que es oportuno legislar.
Toca a la Comisión asumir sus responsabilidades. Estoy seguro de que el Parlamento Europeo la imitará.

Theonas
Cinco años después de la aprobación de la complicada directiva sobre el tiempo de trabajo, la Comisión, mediante su Libro Blanco, actualmente en revisión, viene a plantear el problema de las numerosas excepciones y desviaciones impuestas por el Consejo de Ministros, haciendo caso omiso de las propuestas del Parlamento Europeo.
Indudablemente, los seis millones de trabajadores que no entran dentro del ámbito de aplicación de la directiva deberán someterse a disposiciones protectoras, teniendo en cuenta, por supuesto, las particularidades de cada rama. Además de la regulación legal, también se debe prestar especial atención a la aplicación de la legislación protectora vigente y, por extensión, a combatir los fenómenos de la competencia ilegal al tiempo que se observan los fenómenos, ampliamente extendidos, del trabajo negro y sin control, sobre todo en las ramas del transporte por carretera y marítimo. La aplicación de las directrices destinadas a abrir los mercados a la notoria competencia y a la supresión, por cualquier medio, de los agentes estatales, unida a la lógica de la reducción, a cualquier precio, del coste de funcionamiento en sectores como el de los transportes aéreos y ferroviarios han conducido a la violación de los convenios conjuntos, no sólo en lo referente al tiempo de trabajo, sino también en lo referente a las restantes condiciones de trabajo. Desde este punto de vista, cualquier regulación protectora para los trabajadores sería positiva, siempre y cuando sea resultado de deliberaciones auténticas y representativas con sus organizaciones sindicales y conduzca a la reducción de las arbitrariedades cometidas a su costa.
Sin embargo, deseamos señalar el contenido insuficiente de la Directiva 93/104 «relativa a ciertos datos de la organización del tiempo de trabajo». Una directiva que prevé que el tiempo máximo de trabajo semanal permitido es de 48 horas en un momento en que, cuando fue adoptada la directiva, el tiempo básico de trabajo era de 40 horas (teniendo como resultado que tan solo se redujera el tiempo de trabajo en Inglaterra e Irlanda), una directiva que contiene una gran cantidad de excepciones y posibilidades de desviaciones nacionales, que permite el trabajo nocturno, el sobretrabajo y las horas extraordinarias en lugar de propugnar el trabajo de 35 horas semanales sin disminución de las retribuciones, no garantiza en su justa medida los derechos de los trabajadores. Por desgracia, la Comisión, siguiendo fielmente una fuerte lógica de economista en lo referente al concepto de la competencia, se niega también hoy a sacar las conclusiones necesarias del retroceso impuesto por el Consejo en la directiva relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales y se limita a comprobar que «la directiva ya permite trabajar más horas de las acostumbradas en los Estados miembros».
La lógica que rige a Consejo y Comisión, es decir, la lógica de la armonización social mínima (o de las escasas especificaciones), ha demostrado que no sólo no conduce a la consolidación de los derechos de los trabajadores y a la mejora de la legislación laboral, sino que, por el contrario, constituye el paraguas institucional que da cobertura al empeoramiento de la protección, destrucción de las relaciones laborales y cuestiona todo lo conseguido mediante luchas por el movimiento laboral. Un ejemplo característico es el proyecto de ley presentado por el Gobierno griego mediante el cual se suprime la jornada de ocho horas y la semana laboral de 40 horas, al tiempo que se da luz verde a la aplicación generalizada de la ocupación parcial y a la anulación de los convenios colectivos por ramas a través de los acuerdos locales de ocupación. Tampoco es fortuito que la misma Comisión compruebe la «capacidad de flexibilidad» que ofrece la directiva.
El ponente, aunque admite la lógica de la flexibilidad, procede a efectuar ciertas observaciones positivas sobre la relación entre el tiempo de trabajo y la seguridad de los trabajadores, así como de los ciudadanos en general y, entre otras cosas, invita a la Comisión a presentar, con carácter urgente, una propuesta completa de modificación de la directiva. Naturalmente, en la medida en que no se ha desarrollado un movimiento masivo y reivindicativo de lucha de los trabajadores contra dichas elecciones, existe el riesgo de promover modificaciones que proporcionen un mayor descontrol a los patrones, basadas en las directrices más generales de la UE, tal y como están estipuladas en el Libro Blanco de Delors y en las lineas directrices para el empleo, la consecución de «flexibilidad adicional en el ámbito de cualesquiera propuestas legales».
Nosotros creemos que sólo un fuerte movimiento reivindicativo de los trabajadores puede imponer soluciones radicales y eficaces al problema del paro, constituir un escudo protector para todos los trabajadores ante cualquier violación de la legislación laboral y, en última instancia, consolidar las 35 horas de trabajo semanales sin una disminución de las retribuciones, promover la ocupación total y la limitación de la ocupación a tiempo parcial y de otras formas de ocupación no definidas, limitar la horas extraordinarias, suprimir el sobretrabajo, establecer severas restricciones al trabajo nocturno y dar cobertura a todos los trabajadores teniendo en cuenta, siempre que fuera necesario, naturalmente, las particularidades de las distintas ramas. Nosotros luchamos junto con los trabajadores a nivel nacional y europeo por una política semejante.
Informe Fassa (A4-0198/98)
Kittelmann
No estoy de acuerdo con el informe del Sr. Fassa sobre el comercio justo en su actual formulación, porque considero equivocado el planteamiento que se mantienen en el mismo en pro de reforzar la ayuda a los pequeños y medios productores en los países en vías de desarrollo. En especial, no creo que un regulación completa y una definición de lo que ha de entenderse como fair trade , así como el desarrollo de un mecanismo amplio de ayuda suponga una contribución decisiva al mejoramiento de la situación de los pequeños y medianos productores en los países en vías de desarrollo.
El fair trade supone, por su propia concepción, un vacío en el comercio mundial. No sólo considero ilusoria la supresión del comercio intermediario en un amplio frente, tal como se ha propuesto, sino que la considero perjudicial. Los países en vías de desarrollo dependen del comercio intermediario para transportar y comercializar sus productos. Considero equivocado que la Unión Europea preste al fair trade un apoyo financiero, que de hecho sólo puede significar que una parte de la diferencia entre el precio del mercado mundial y el denominado "precio justo» sea soportada con recursos presupuestarios de la Comunidad. Únicamente una amplia apertura recíproca del mercado puede conducir hacia un aumento duradero del nivel de bienestar tanto en los Estados miembros de la Unión Europea como en los países en vías de desarrollo.

Souchet
El informe del Sr. Fassa se inscribe en el marco de una sensibilización creciente, tardía pero meritoria, del papel esencial que puede desempeñar el comercio en favor del desarrollo de los países menos desarrollados.
No deja de ser extraño que en el momento en que la OMC niega a los Estados miembros de la Unión Europea, y a la Unión propiamente dicha, el derecho de conceder preferencias comerciales que tengan por objeto la ayuda al desarrollo, nos veamos obligados a sólo poder aplicar este tipo de políticas de manera indirecta, a través de hipotéticas acciones dirigidas a los consumidores.
Las preocupaciones relativas a la justicia social, un medio ambiente sostenible y la protección de la infancia no deben aplicarse únicamente al «comercio justo». La yuxtaposición de dos sistemas comerciales regidos por dos códigos éticos distintos y que practican tarifas muy diferentes parece bastante irrealista. Tratar semejantes cuestiones teniendo como única base la buena voluntad de los consumidores representa una puesta particularmente arriesgada a la escala de Europa. El segundo peligro que representa esta actitud es que corre el riesgo de acabar en la creación de un «ghetto» del comercio justo, que podría resultar fructífero para algunos, pero que está destinado a la marginalidad.
Más allá de lo que representa el comercio justo para el desarrollo, este informe ilustra la necesidad de una corrección más generalizada de un régimen mundial de intercambios que no incluyen ningún parámetro relativo al desarrollo, ni al medio ambiente ni a las cláusulas sociales.
La definición de los productos que puedan beneficiarse de la etiqueta de «comercio justo» propuesta por el ponente es totalmente satisfactoria; la enmienda propuesta por la Sra. Maij Weggen sólo puede debilitarla. Mi Grupo no ha deseado apoyarla por ello.

Titley
Voy a votar a favor de este informe hoy, pues, como muchos consumidores de Gran Bretaña y de la UE, soy un partidario entusiasta de los usos comerciales equitativos con los países más pobres de nuestro mundo. Los acuerdos comerciales de la UE con el resto del mundo deben llevar el aliento a los pequeños productores de los países en desarrollo incorporado como un puntal fundamental de una política que combine el comercio y el desarrollo y no añadido como una opción suplementaria después de que se hayan firmado los acuerdos comerciales más importantes. En algunos de nuestros acuerdos con los países más pobres, ya hemos establecido cláusulas especiales relativas a normas sociales y medioambientales, por lo que no hay razón para que las cláusulas relativas al comercio justo no pasen a ser habituales ahora.
También se debería reservar parte de los fondos públicos de ayuda al mundo en desarrollo procedentes de Europa para los incentivos al comercio justo. Naturalmente, debemos reaccionar ante crisis inmediatas, tales como el conflicto y la hambruna en el Sudán, pero las personas más pobres de las zonas meridionales del mundo disfrutarán de un futuro a largo plazo, si pueden comerciar de forma justa con las poderosas zonas industriales septentrionales.
Espero que los negociadores de la UE hagan suyos estos deseos del Parlamento y voy a buscar cada vez más etiquetas en los estantes de los supermercados que me indiquen que puedo comprar mercancías correspondientes al comercio justo y ayudar a las personas del mundo en desarrollo que las fabrican.

El Presidente
Las votaciones quedan cerradas.

Interrupción del período de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(La sesión se interrumpe a las 12.10 horas

