Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

McMahon
Señora Presidenta, hablo con referencia a la página 1 del acta de ayer. Tanto el Sr. Smith como yo planteamos la cuestión de la lista para el turno de preguntas y el hecho de las preguntas que habíamos presentado al Comisario Kinnock sobre transporte no se incluyeron en la sección de transportes. Nos preguntábamos si se había producido simplemente un patinazo administrativo o si había existido alguna maniobra política para impedir que se sacaran los colores al Gobierno del Reino Unido. El Presidente de la Cámara en ese momento, Sr. Imbeni, dijo que comunicaría el asunto a la Comisión. ¿Ha tenido la Presidencia alguna noticia de la Comisión sobre qué pasó con estas preguntas?

El Presidente
Sr. McMahon, la pregunta ha sido aceptada y la Comisión debe decidir ahora qué Comisario responderá a la misma. En cualquier caso, esta cuestión se está debatiendo y la Comisión es libre de decidir qué Comisario responderá a la pregunta.

McMahon
Señora Presidenta, yo era muy consciente de quién sería el Comisario: dirigí la pregunta sobre transporte al Comisario Kinnock, que es el comisario responsable de transportes. Ahora bien, alguien de esta institución -o de una de las dos instituciones- decidió no remitirla al Comisario Kinnock. Quiero saber si el fallo se debe a los servicios Parlamento o de la Comisión, ¡y quiero saber si es un simple patinazo administrativo o una maniobra política! ¡Sólo el Presidente puede averiguarlo!

El Presidente
No, Señoría, ni lo uno ni lo otro. Yo sólo puedo repetirle lo que acabo de decir. Las preguntas se someten a la consideración de la Comisión en cuanto colegio y la Comisión decide luego quién responderá a cada pregunta. Es decir que ni nosotros ni usted podemos decidir que debe ser el Sr. Kinnock quien responda a su pregunta. Transmitiremos sus observaciones y su pregunta será respondida.

Gutiérrez Díaz
Señora Presidenta, si usted me lo permite, quisiera hacer dos pequeñas observaciones con relación al Acta.
Me refiero a la página 22 de la versión española -he podido comprobar que sucede lo mismo en la versión italiana y en la versión francesa-. Durante el debate sobre la EEB tuve el honor de sustituir a la Sra. Pery en la presidencia y cuando estaba interviniendo la Sra. van Dijk concedí la palabra al Sr. Plumb. En el Acta no aparece, precisamente, esta sustitución. Es para mí un honor ser confundido con la Sra. Pery, pero pienso que el rigor de las actas exige una modificación.
La segunda observación, señora Presidenta, se refiere a la página 23 y, en mi conocimiento, sólo afecta a la versión española. He comprobado la italiana y la francesa y son correctas pero en la versión española, al iniciarse el turno de preguntas al Consejo y a la Comisión, no figura el nombre del Sr. Avgerinos, que fue quien presidió, a mi entender, esta sesión.
Son dos pequeñas cosas, señora Presidenta, pero creo que, para el rigor de nuestros trabajos, deben ser señaladas.

El Presidente
Muchas gracias, se corregirá esta omisión y creo que tampoco habrá ninguna dificultad para rectificar asimismo la citada confusión. Según me notifican, estas omisiones o errores no aparecen en las versiones que usted no ha citado. Se harán, sin embargo, las correcciones necesarias en las versiones que usted ha señalado.

Cornelissen
Señora Presidenta, diversos camiones extranjeros llevan dos semanas retenidos en el norte de España. Pese a los intentos del Gobierno español por encontrar una solución, la situación en algunos lugares es extrema. Se pinchan los neumáticos, se rompen los cristales y se han quemado dos camiones. Quiero pedirle al Presidente, el Sr. Gil-Robles, que utilice sus buenos contactos con las autoridades españolas para expresarles la inquietud del Parlamento y la desaprobación con respecto a esta situación, y recordar expresamente al Gobierno español que ha de garantizar la libre circulación de personas y mercancías.

El Presidente
Sr. Cornelissen, su intervención no se refiere al Acta. Ahora estamos examinando las objeciones al Acta. No obstante, transmitiremos su solicitud. De momento, yo les ruego que se limiten a exponer sus objeciones al Acta.

Smith
Señora Presidenta, pensaba que el Sr. McMahon se estaba defendiendo muy bien y no necesitaba mi ayuda, pero me he quedado realmente asombrado con la respuesta que usted le ha dado. Si lo que ocurre es que la Comisión va a decidir por sí misma a qué preguntas contestar, ¿por qué se nos pide entonces que dirijamos las preguntas a comisarios concretos? ¿Por qué se destina una parte del turno de preguntas a comisarios concretos? Nosotros habíamos dirigido nuestras preguntas al Sr. Kinnock. Alguien tomó la decisión de quitarlas de él y ponerlas tan al final del orden del día que no se llegara a ellas. ¿Quién tomó la decisión? Estamos convencidos de que ha habido fuerzas políticas detrás de ello y queremos que usted nos explique qué ha pasado. Trabajo sucio en los momentos decisivos, sabe usted: la industria nuclear está muy al corriente de estas cosas.

El Presidente
Creo que ha habido un malentendido. Yo he dicho que es la Comisión quien decide qué Comisario responde a una pregunta. No he dicho que la Comisión decida a qué preguntas responderá. Debe haber habido un malentendido. Por otra parte, la Comisión tendrá conocimiento de lo que aquí se ha dicho y yo creo que sin duda es muy posible que finalmente sea el Sr. Kinnock quien responda a la pregunta del Sr. McMahon. Pero nosotros no podemos imponer esta decisión. Yo sólo puedo someter este problema a la Comisión, con la petición expresa de que sea el Sr. Kinnock quien responda a la pregunta, y así lo haré.
(El Acta queda aprobada)

Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción)
El Presidente
De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 del Reglamento, he recibido los siguientes escritos de objeción a la lista de asuntos del próximo debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.
Sobre el punto I -Derechos humanos-:

d'Ancona
Señora Presidenta, me sumo a su observación sobre los derechos humanos. Quisiera formular dos preguntas al respecto. En primer lugar, hemos recibido una petición para sustituir nuestra resolución sobre los derechos humanos en relación con Vannunu por una relativa al criminal de guerra Brunner. Rogamos a quienes han presentado dicha petición que acepten incluir a Brunner en la resolución. Esta es mi primera solicitud, y la segunda es un llamamiento urgente a los Verdes para que retiren el nuevo punto que desean añadir a los derechos humanos, concretamente, el punto sobre Roisín McAliskey, que se halla detenida; ¿por qué pido esto a los Verdes? Porque en estos momentos se están celebrando negociaciones que podrían verse frustradas al incluir este punto en el orden del día de urgencia. Creemos que lo que importa es el resultado, y por tanto pido a los Verdes que hoy no incluyan este punto en el orden del día, sino que lo retiren.

El Presidente
Sra. d'Ancona, el escrito de objeción del que yo tengo conocimiento fue presentado por el Grupo del Partido Popular Europeo y el plazo de presentación de hecho ya ha expirado. Es decir que no me será posible atender a su solicitud -he comprendido lo que usted desea-, a menos que el Grupo del Partido Popular Europeo se avenga a ello.

McKenna
Señora Presidenta, la propuesta que se ha hecho de que retiremos esta resolución está completamente fuera de lugar porque el Parlamento ha de debatir los abusos de los derechos humanos dentro de la Unión y está bastante claro que este Parlamento tiene una oportunidad de hacerlo hoy. Si se deja para más adelante será demasiado tarde. Se han continuado las negociaciones; se han cruzado cartas en uno y otro sentido pero realmente no ha sucedido nada. El Parlamento tiene que ocuparse de los abusos de derechos humanos dentro de la Unión. Estamos debatiendo temas de derechos humanos en todo el mundo y no podemos pasar por alto lo que ocurre en nuestros propios Estados miembros.

El Presidente
Muchas gracias, Sra. McKenna.

Carne de vacuno - Controles veterinarios - Registro de bovinos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0037/97 del Sr. Papayannakis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0460 - C4-0546/96-96/0229(CNS)) relativo al etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno; -A4-0033/97 del Sr. Olsson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre las propuestas siguientes: I. Directiva del Consejo (COM(96)0170 - C4-0334/96-96/0109(CNS)) por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países tercerosII.Directiva del Consejo (COM(96)0170 - C4-0335/96-96/0110(CNS)) por la que se modifican las Directivas 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEEE y 92/118/CEE por lo que se refiere a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros; -A4-0022/97 del Sr. Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0460 - C4-0545/96-96/0228(CNS)) por el que se establece un sistema para la identificación y registro de los animales de la especie bovina.
Papayannakis
Señora Presidenta, Señorías, ayer tuvimos un extenso debate acerca de los resultados de la comisión de investigación sobre la EEB y las responsabilidades del Reino Unido, del Consejo de Ministros y de la Comisión. Nadie subestima el tamaño de la crisis, sobre todo la crisis de confianza creada entre los ciudadanos con respecto al funcionamiento de la Unión Europea y entre los consumidores con respecto a la cría de ganado vacuno y sus productos. Es una crisis de enormes proporciones. Se manifiesta en el mercado, en la bajada del consumo y de los precios y en la amenaza consiguiente para el empleo y la viabilidad de las explotaciones. Hoy se debate uno de los primeros intentos de la Unión Europea de responder a esta crisis de confianza: una propuesta de reglamento relativo al etiquetado de la carne y los productos a base de carne de vacuno. La magnitud de la intervención y de las estructuras requeridas por este Reglamento, así como por el Reglamento relacionado con éste y que se refiere a la identificación y al registro de los animales, indican el nivel de gravedad de la crisis provocada por la EEB. Con todo, serán necesarias más intervenciones y regulaciones para restaurar la confianza de los ciudadanos consumidores. Será un asunto muy difícil, ya que esta confianza recibe golpes constantes del desarrollo tecnológico y del afán de aumentar las ganancias. El uno permite y el otro impone la creación de nuevos productos o la modificación de los productos tradicionales, dejando al consumidor cada vez menor posibilidad de identificar qué es, realmente, lo que come o bebe. La verdadera restauración de la confianza sólo se logrará cuando haya una política convincente de erradicación de la EEB en la fase de la producción. El Reglamento que se debate hoy interviene únicamente en la fase del comercio; es un intento de ofrecer al consumidor mayor y más útil información referente al origen y las condiciones de producción de la carne y de los productos, esperando que así se contribuirá a tranquilizar el mercado. Este Reglamento, sin embargo, se ha elaborado en condiciones de urgente necesidad, por lo que tiene lagunas y deficiencias que intentamos subsanar con las enmiendas presentadas. El Reglamento prevé que, en el futuro, la carne y los productos a base de carne de vacuno podrán ofrecerse en el mercado provistos de una etiqueta que incluya información sobre su origen. Esta medida requiere la aplicación previa del reglamento para la identificación y el registro de los animales mediante un sistema informático. Los problemas que plantea el Reglamento son los siguientes: primero, el sistema de etiquetado que se propone es básicamente facultativo. En caso de ser aprobada, esta normativa tendría como consecuencia la creación de dos mercados: uno de productos etiquetados, que inspirarían mayor confianza y serían más caros, y otro de productos no etiquetados, sospechosos, con menor demanda y a precios más reducidos. Esta solución parece fácil y ofrece la posibilidad de una aplicación inmediata, pero no soluciona nada. Tranquiliza artificialmente al consumidor, sin garantizar que no habrá consumidores peor informados o más pobres que acabarán por comprar los productos considerados más peligrosos, pero que son más baratos. Me parece mejor, aunque sigue siendo provisional, la solución del etiquetado obligatorio de todos los productos de la cría del ganado vacuno, incluidos los productos de transformación. Dicha solución presenta evidentemente aspectos negativos: sería una intervención de tipo administrativo, implicaría un gran aparato de regulaciones y controles, así como un coste elevado. Sin embargo, responde mejor a la gravedad del problema de credibilidad al que nos enfrentamos. Segundo problema: el etiquetado está previsto para la carne y los productos a base de carne de vacuno. El ponente insiste en que el objetivo final debe ser etiquetar todos los productos provenientes de la cría del ganado vacuno, incluidos los productos de transformación. Tercer problema: los datos que según el reglamento figurarían en las etiquetas no son suficientes. Determinadas enmiendas proponen que se incluya información sobre las condiciones de engorde y de reproducción de los animales de los que provienen los productos en cuestión, así como otros datos útiles. Por último, el ponente propone que se refuercen las disposiciones relativas a los controles de la aplicación del sistema y a las sanciones contra los infractores. Es una cuestión que la Comisión Europea generalmente tiende a subestimar. La reciente crisis de la EEB debería haberla convencido para cambiar su postura al respecto. De todas formas, todo esto tiene un valor relativo y, repito, afecta sólo al último eslabón de la cadena, que comienza con la producción y llega hasta el consumo final. Esperemos que, en sus próximas propuestas, la Comisión y el Consejo partan de la raíz del mal, que es el propio modelo de producción y apliquen nuevos criterios basados en el desarrollo sostenible y en la necesidad de proteger a los consumidores y a la salud pública. Si me permite unas palabras más, señora Presidenta, ayer el Sr. Santer declaró que está a favor del etiquetado obligatorio. Supongo que esto significa que la Comisión aprueba todas las enmiendas correspondientes presentadas por la Comisión de Medio Ambiente. En función de la respuesta que recibamos de la Comisión, decidiremos sobre nuestro apoyo a las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias.

Olsson
Señora Presidenta, me permito en primer lugar felicitar al Sr. Papayannakis por el buen trabajo realizado. En la situación actual es importante que intentemos devolver a los consumidores la confianza en los productos alimenticios. Antiguamente los alimentos se producían y consumían en la misma localidad. La gente sabía de dónde procedían, cómo se habían producido, cómo prepararlos y qué repercusiones tenían sobre la salud. También en caso de que se dieran focos de contagio u otros problemas la reacción era más resignada. Hoy en día no tenemos un mercado local de alimentos. Tampoco tenemos ya un mercado nacional. Hoy tenemos un mercado europeo y en algunos sectores global en lo concerniente a los alimentos. Es bueno que tengamos la libre circulación de productos y servicios dentro de la Unión Europea, y me parecen positivos los esfuerzos por aumentar el comercio global. No obstante, no conviene que la libre circulación nos lleve a que se reproduzcan más los contagios y las enfermedades, enfermedades que pueden afectar a los animales o las personas. Por eso es tan importante controlar lo que comemos, informar al consumidor sobre el lugar de donde proceden los alimentos, y sobre el modo en que se han producido.
Con respecto al informe Papayannakis, hay dos cuestiones principales sobre las que hemos de adoptar una posición: una es si el sistema de etiquetado debe ser voluntario u obligatorio, otra si hay que aplicarlo a las piezas de carne de vacuno o también a los productos a base de esta carne. Soy totalmente consciente de que la medida obligatoria tiene sus problemas. Pero, en nombre de mi Grupo, doy nuestro apoyo al sistema obligatorio de etiquetado. También soy muy consciente de que puede ser difícil etiquetar los productos derivados; se sigue produciendo una dispersión de productos cada vez mayor. En este caso pueden surgir obstáculos a la hora de hacerlo. No obstante, creo que debemos -y en esto debe darnos su ayuda la Comisión- encontrar unas posibilidades prácticas de llevar a cabo una acotación, de modo que el etiquetado obligatorio se aplique también por principio a los productos a base de carne de vacuno.
Con ello, señora Presidenta, paso a mi propio informe, que gira en torno al mismo asunto, la seguridad en torno a los alimentos, pero centrándonos en los procedentes de terceros países. En este sentido comenzaré agradeciendo al Sr. Kindermann y a la Comisión de Agricultura sus valiosos puntos de vista, que se centran en unos detalles a los que la Comisión de Medio Ambiente no tenía pleno acceso. También doy las gracias a la Comisión de Presupuesto, que ha manifestado su opinión sobre el informe en su escrito.
La propuesta consiste en armonizar la normativa para los controles veterinarios de todos los productos de origen animal que se introducen en la Unión Europea, y propone que se someta a cada lote a un control veterinario en un centro de control autorizado. En relación con ello se utilizará una base de datos, ANIMO, con miras a la comunicación entre los diversos centros. Esta propuesta me parece positiva y la respaldo en sus líneas esenciales. Contiene una serie de simplificaciones que son valiosas. Pero el sistema único significa también que debemos esforzarnos más por limitar el fraude en las importaciones.
Existe un punto de vista que estoy especialmente interesado en añadir; seguramente se trata de un interés especial sueco o nórdico, pero no por ello es menos importante. En el artículo 2 de la Directiva se mencionan también ciertos productos vegetales. Se trata concretamente del heno y la paja, porque pueden resultar ser agentes de contagio en casos de fiebre aftosa. Actualmente tenemos además otros problemas. Se trata de la introducción de harina de soja, que a menudo contiene la bacteria de la salmonela. Esto es causa de gran preocupación, sobre todo para aquellos países que han avanzado en la lucha contra la salmonela, como Suecia y Finlandia. Existe también una claúsula que establece normas especiales para países que tengan requisitos estrictos. Esto es importante también en este contexto y es bueno que se incluya.
Tengo una enmienda en relación con las sanciones. Se trata de un detalle en realidad. Deseamos, de conformidad con el sistema jurídico sueco, que la decisión definitiva sobre las sanciones no sea solamente de naturaleza administrativa, sino que se adopte a través de los tribunales. Además proponemos -puede parecer extraño- que se posponga la introducción hasta el 1 de enero de 1998, puesto que el sistema informático de datos no se ha puesto en marcha. Por eso no puede producirse la introducción, según la propuesta de la Comisión, el 1 de enero de 1997 -fecha que ya se ha sobrepasado.
Señora Presidenta, esto es todo lo que tenía que decir sobre la cuestión. La Comisión de Medio Ambiente ha apoyado las enmiendas de la Comisión de Agricultura y de su ponente, Sr. Kindermann, además de las de la Comisión de Presupuestos, y creo que será posible tomar una decisión sobre el informe con un amplio consenso.

Mayer
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es necesario extraer las debidas consecuencias de lo ocurrido en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, tal como sin duda quedó particularmente claro ayer. En términos muy concretos y con vistas al futuro, es preciso mejorar la identificación de los animales, al igual el etiquetado de la carne de vacuno.
La confianza de los consumidores en la carne de vacuno se ha visto alterada a escala masiva. Las causas son múltiples. Entre otras, es esencial el hecho de que la carne se vende predominantemente como un producto anónimo de consumo masivo, sobre cuyo origen el consumidor en realidad sabe muy poco o, de hecho, casi nada. Es preciso poner remedio a esta situación.
Como requisito previo para cualquier mejora en este ámbito, es necesario, obviamente, que la producción sea transparente, pero también debe serlo la comercialización. La Comisión, y quiero subrayar este hecho, ha reaccionado y el pasado otoño presentó una propuesta de reglamento por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. La seguridad necesaria para el consumidor requiere, no obstante, en igual grado y medida, tanto la citada identificación como el etiquetado de la carne de vacuno. Sólo una garantía de calidad que incluya estos dos componentes permitirá recuperar finalmente la confianza de los consumidores. De poco sirve lamentarse por la insuficiente transposición de la actual Directiva -en efecto ya existe una-. Debemos acelerar la aprobación del Reglamento y proceder luego a su transposición, como principio de actuación en todos los Estados miembros.
El sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina se basa en los cuatro elementos siguientes: marcas auriculares -en ambas orejas-, bancos de datos -absolutamente esenciales-, pasaportes para los animales y sistemas de registro individual en las explotaciones. Estos elementos serán y deben ser obligatorios.
El Consejo debe decidir ahora, sobre la base del informe -y éste es un aspecto que también quisiera destacar-, si es posible introducir un sistema electrónico de identificación después de una fase de prueba. En estos momentos se está realizando esta fase de prueba, el llamado programa IDEA, con alrededor de un millón de animales.
No existe absolutamente la menor duda de que los actuales medios de certificación de la procedencia de los animales de la especie bovina son deficientes. En este contexto, es preciso contemplar dos criterios fundamentales. Por una parte, las propuestas deben ser aplicables. No podemos correr el riesgo de introducir a la ligera medidas en estos tres ámbitos. El sistema tiene que funcionar, sobre todo por lo que respecta a la comunicación entre los productores y las bases de datos. Por otra parte, pese a la necesidad de recuperar la confianza de los consumidores, no debe perderse de vista el objetivo de que las cargas burocráticas para los productores queden reducidas al mínimo, tal como ha solicitado repetidamente con especial hincapié el Parlamento Europeo en anteriores ocasiones.
La recuperación de la confianza de los consumidores exige que se cumplan algunos requisitos. La agricultura también está dispuesta a cumplirlos. Sin embargo, yo pienso que debemos hacer mayor hincapié en la responsabilidad de los Estados miembros en la transposición del Reglamento y, por lo tanto, deberíamos incorporar un cierto margen de libertad, sobre todo por lo que se refiere a la introducción del banco de datos y de los pasaportes para los animales de la especie bovina.
Las condiciones para la introducción del banco de datos son muy diversas. Éstos ya funcionan en parte, pero su introducción tal vez todavía requiera un cierto tiempo en algunos países. El punto de partida de nuestras reflexiones, Señorías, debería ser la necesidad de garantizar un registro de datos absolutamente fiable en la práctica. Pero una vez garantizado esto, no debemos exigir más de lo necesario, o sea tampoco un posible doble registro.
Un aspecto sumamente decisivo por lo que respecta a la credibilidad de las medidas -y aquí reside, sin duda, el quid de la cuestión, señor Comisario- es el relativo a la importación de terceros países. El Sr. Olsson ya ha hecho especial referencia a ello. Para garantizar la identificación reglamentaria de estas importaciones, de esta entrada de animales de terceros países en la Comunidad, es preciso que se proceda a su identificación oficial en la frontera misma. Los datos correspondientes deberán remitirse sin demora a la base de datos y la expedición del pasaporte para el animal también debe ser inmediata. Las propuestas de la Comisión por lo que respecta a este punto son insuficientes a mi parecer.
Lo que está en juego es la credibilidad del sistema. No podemos permitirnos ser menos rigurosos con la importación de terceros países que con los animales nacidos en la Comunidad. ¡Éste es un aspecto que yo considero absolutamente esencial, Señorías! Dicho lo cual, también debo añadir que el plazo de 30 días para la identificación es razonable y deberíamos mantenerlo.
Finalmente, Señorías, cabe añadir que el etiquetado se trata bajo el fundamento jurídico del artículo 100A del Tratado. Y si el etiquetado se trata bajo este fundamento jurídico, sin duda lo mismo debería hacerse en el caso de la identificación de los animales. En efecto, según las declaraciones efectuadas por la Comisión en el debate de ayer sobre la encefalopatía espongiforme bovina, la normativa en materia de codecisión se hará extensiva también a estos ámbitos y si, con la buena voluntad de las partes implicadas, esto no representa ningún retraso o sólo un retraso insignificante, también debería tratarse bajo el fundamento jurídico del artículo 100A el aspecto concreto de la identificación de los animales de la especie bovina.
Yo quiero presentar ahora una enmienda oral por la que solicito que se someta a votación esta propuesta y recuerdo que, aunque el retraso sea breve, esto supone la devolución formal a la comisión, por decirlo así. No obstante, yo creo que, con buena voluntad, será posible proceder rápidamente, con escasa pérdida de tiempo.

Kindermann
Señora Presidenta, Señorías, la finalidad de una de las propuestas de la Comisión que hoy se someten a debate es establecer una normativa común relativa al control de los productos animales procedentes de terceros países. La realización del mercado único y la consiguiente supresión de los controles fronterizos hacen necesaria la armonización de las condiciones exigidas para la importación, como requisito previo para la suspensión de los acuerdos bilaterales. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, en nombre de la cual he elaborado la presente opinión, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, que simplifica las anteriores normas y las adecua a las nuevas circunstancias. Su objetivo es establecer una rigurosa normativa destinada a garantizar la protección de la salud en determinados ámbitos. La supresión de los controles de identidad independientes es aceptable, puesto que tendrá lugar en el marco de la futura inspección material.
Más allá del hecho de que la traducción alemana es errónea y en parte puede llamar a error, la propuesta contiene algunas formulaciones poco claras que hemos procurado eliminar mediante las enmiendas propuestas. Esperamos que la Comisión acepte las modificaciones propuestas.
Instamos asimismo a la Comisión a que reconsidere de nuevo su posición en cuanto al fundamento jurídico elegido. Ella misma reconoce en su propuesta que la realización del mercado interior y la armonización de la protección de la salud hacen necesaria una regulación común de los controles veterinarios. En realidad, precisamente en el contexto del actual debate sobre la encefalopatía espongiforme bovina en esta Cámara y entre los ciudadanos, afuera en la calle, y de la acertada decisión de la Comisión de retirar a la Dirección General de Agricultura las competencias en materia de controles veterinarios, la Comisión debería comprender que la supervisión de los productos de origen animal guarda mayor relación con la protección de la salud y de los consumidores que con los temas de ordenación del mercado agrícola.
Por lo tanto, el Parlamento considera que el único fundamento jurídico adecuado, tal como se desprende de los conocimientos adquiridos y de las experiencias de las últimas semanas y los últimos meses, es el artículo 100A, en combinación con el artículo 129A. En este contexto, yo quiero remitirme también de manera especial a los comentarios del Sr. Mayer, que yo suscribo al cien por cien, en el sentido de que deberíamos hacer extensivas igualmente estas consideraciones a los otros dos informes que hoy se debaten.

McCartin
Señora Presidenta, ayer expresábamos las preocupaciones de los consumidores europeos y de los consumidores de fuera de la Unión Europea sobre toda la cuestión de la carne de vacuno. Hoy estamos tomando medidas apropiadas para responder a algunas de esas preocupaciones. Acojo con agrado la nueva urgencia y actividad de la Comisión Europea en este área. Rechazo las críticas de que la presente propuesta impone cargas administrativas innecesarias a los ganaderos. Es absolutamente necesario hacer esto para consolidar los mercados que tienen los ganaderos europeos para sus productos cárnicos. También es necesario tranquilizar a las personas de terceros países que compran nuestros productos. En la Unión Europea producimos un millón de toneladas de carne de vacuno que deben venderse en terceros países. Es bien conocido que los consumidores de fuera de la Unión Europea son cada vez más conscientes de los aspectos de salud y seguridad de los productos que nos compran.
Así pues, esta medida es importante por todas las razones expuestas. He de manifestar las preocupaciones de la Comisión de Control Presupuestario en materia de costes. Tenemos quizá 70 millones de bovinos en la Unión Europea. Gastamos 60.000 millones de ecus anualmente. En torno al 70 % de esto se paga en primas individuales. De manera que es sumamente importante desde el punto de vista contable que sepamos exactamente dónde están estos animales y cómo calcular correctamente la cantidad de dinero que debería gastarse y que se ha gastado.
A la Comisión de Control Presupuestario le preocupa además que el reglamento no incluya al ganado ovino y caprino. Gastamos prácticamente otros 2.000 millones de ecus en este área. Hemos pensado que, puesto que las ovejas y cabras estaban incluidas en la Directiva 102 inicial, debieran incluirse también ahora. En nombre de la Comisión de Control Presupuestario, invito a la Comisión a que proponga legislación que nos dé más garantías en relación con el empleo de este dinero.

Papayannakis
Señora Presidenta, en primer lugar, coincido en términos generales con el informe del Sr. Mayer. Además, es necesario que se apliquen las disposiciones del reglamento y las enmiendas que lo mejoran para llevar a efecto el etiquetado de la carne. Si no se procede a la identificación y el registro de los animales de la especie bovina, no podremos imponer el etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno.
No obstante, señora Presidenta, quiero subrayar la ingente tarea que conlleva el registro en bancos de datos y el seguimiento de los movimientos de 95 millones de reses, que es el número a que ascienden en la Unión Europea. Se trata de algo que hace unos años hubiera parecido inconcebible, mientras que hoy es una necesidad y a un precio enorme; es el precio de la negligencia (por no decir otra cosa) de las instituciones comunitarias. Es el precio que tendremos que pagar nosotros por los beneficios que reportó a otros la postura que asumieron durante la crisis de la EEB.
Sin embargo, hay un problema, señora Presidenta. Algunos Estados están más o menos preparados para aplicar este sistema, mientras que otros apenas lo están. Si no queremos abrir pequeñas puertas traseras para la economía sumergida, el contrabando y otras prácticas que acabarían perjudicando la salud pública, creo que hay que apoyar la enmienda que aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente y que, en esencia, pide a la Comisión Europea el establecimiento y la financiación de un programa específico de armonización de las legislaciones de todos los Estados miembros y la disposición de los soportes electrónicos y demás medios necesarios para aplicar lo antes posible el sistema de registro e identificación en toda la Unión Europea.

Fantuzzi
Señora Presidenta, creo que las propuestas que hoy estamos debatiendo son muy importantes. Encuentro que existe una fuerte vinculación entre el objeto del debate de hoy, el informe del Sr. Mayer, y lo que debatimos ayer a raíz de la epidemia de EEB. Considero que es muy importante dotarse de un sistema de identificación y registro de los bovinos eficaz, fiable y seguro. Asimismo, aprecio mucho la idea del etiquetado de las carnes bovinas que, como se dijo en el seno de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, debe dejar de ser facultativo para convertirse en obligatorio. A mi juicio, se trata de señales muy importantes que es preciso ofrecer al consumidor, quien hoy sufre una pérdida de confianza en la carne de vacuno y en todos los productos de origen animal, una crisis debida al sistema de explotación y a los problemas que de vez en cuando se denuncian en cuanto al transporte de los animales y a las dificultades para reconocer el origen del producto que acaba, tras su transformación, en nuestras mesas.
A todas estas dificultades que ya eran unas dificultades de carácter crónico y estructural y demostraban el desequilibrio del mercado de carne vacuna en Europa, se añadió el suceso de la EEB que complicó sumamente la situación. Estimo, pues, que el sistema de pasaportes para los animales, los bancos de datos, las marcas auriculares y los registros llevados en algunas empresas que, según nuestro Grupo, han de ser obligatorios -sin excepciones ni siquiera en los períodos transitorios que los convertirían, en cambio, en facultativos- son elementos muy importantes tanto para fines de sanidad y de control veterinario como para evitar fraudes en la gestión de las primas que prevé la Política Agrícola Común en el sector de la carne de vacuno.
Señor Presidente, considero que es necesario llegar a definir cuanto antes las líneas de reforma de la OCM de la carne de vacuno, habida cuenta de que éste es un tema anunciado en repetidas ocasiones y estimo que todos nuestros Estados y, sobre todo, los productores de la Unión Europea, tienen razón a la hora de pretender que se pase cuanto antes de las palabras a los hechos.

Schnellhardt
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, las tres propuestas relativas al registro de los animales de la especia bovina y al etiquetado de la carne de vacuno y también el informe Olsson son de la máxima importancia, a la vista de la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina y de la crisis de confianza de los consumidores asociada a la misma. Sencillamente debemos conseguir recuperar la confianza de los consumidores. La posibilidad de acreditar la procedencia de los animales de la especie bovina y de la carne de vacuno puede contribuir decisivamente a ello.
El enfoque de la Comisión por lo que se refiere al registro de los animales de la especie bovina, que prevé la introducción obligatoria de una base de datos y de un sistema de pasaportes para los animales, es acertado. No debemos permitir que las supuestas dificultades técnicas nos hagan flaquear en nuestra decisión. Las experiencias realizadas en algunos Estados miembros que disponen de bases de datos indican que las posibilidades son muchas. Es evidente que la transposición de la Directiva de 1992 no es satisfactoria y tal vez no era posible transponerla satisfactoriamente. Las especulaciones sobre el origen de determinados animales continúan.
Debemos tener claro que el verdadero trabajo empezará con la transposición del nuevo Reglamento. Por ejemplo, será preciso garantizar en la práctica que el intercambio de datos entre los Estados miembros funcione debidamente. ¿De qué le sirve a un agricultor francés que no conoce exactamente la procedencia de un animal bovino llegado de España que los datos sobre el mismo sólo estén disponibles en la base de datos española, sin que él pueda acceder a ellos, o viceversa?
Yo no alcanzo a comprender, no obstante, por qué quiere establecer la Comisión que la identificación de los animales procedentes de terceros Estados sólo sea obligatoria a los catorce días de su importación. Con lo cual se abren las puertas a la posibilidad de un fraude precisamente durante este período. Yo apoyo firmemente la enmienda de la Comisión de Agricultura, tal como aparece recogida en el informe Meyer, que propone la identificación inmediata.
Todo el sistema sólo será útil, sin embargo, si la certificación de origen puede ponerse también en conocimiento del consumidor. Con este objeto, es necesario que la identificación de la carne de vacuno se extienda hasta el mostrador de la tienda. En esta Asamblea, todos coincidimos en que un sistema de etiquetado voluntario, como el que propone la Comisión, no es la vía adecuada para recuperar la confianza de los consumidores. A mi parecer, no servirá de nada remitirse a las fuerzas del mercado, con la idea de que éstas acabarán estableciendo un sistema de etiquetado. La desconfianza de los consumidores persistirá mientras en Europa no se proceda al etiquetado general en estos sectores. Sólo un sistema de identificación obligatorio puede ser útil en estas circunstancias. La Comisión declaró en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que si la identificación es voluntaria, se podrá hacer extensiva esta directiva también a los productos a base de carne y derivados, como por ejemplo los productos que contienen gelatina. El resultado será que se identificarán muchos productos, el proceso será largo y habrá mucho encubrimiento. Lo que nos ofrecen es un juego de manos.
Según estas propuestas, en el bote de crema deberían figurar ocho datos sobre el animal de la especie bovina del que se obtuvo la gelatina, entre ellos la fecha del sacrificio, el sexo del animal y el procedimiento de transporte, por citar sólo unos cuantos. Esto no es realista y deberíamos olvidarnos de ello. Yo comprendo, naturalmente, las motivaciones de quienes defienden una regulación de amplio alcance y obligatoria también en este caso. Efectivamente, después del caso de la encefalopatía espongiforme bovina, debemos ofrecer señales, debemos demostrar que nos proponemos inaugurar una nueva vía. Sin embargo, conviene preguntarse si será posible conseguirlo mediante unos requisitos que difícilmente podrán funcionar en la práctica. Por mi parte, sólo puedo advertir de los riesgos que supondría adentrarse por ese camino. Pese a toda nuestra comprensión por las motivaciones, debemos preguntarnos si no mermaremos todavía más la confianza si luego se constata que una identificación de este tipo no es posible y si, debido a la obligación entonces existente, para resolver el tema se procede de un modo tal vez incomprensible o incluso indebido, puesto que los requisitos ya estarán fijados. ¿Qué ocurrirá entonces si se dan casos de este tipo? ¿Cómo podremos recuperar la confianza de los consumidores en esas circunstancias? Yo soy del parecer que sólo debe identificarse lo que sea controlable. Evidentemente, no debe impedirse a ningún Estado miembro que adopte su propia normativa en estos aspectos, pero no debemos aplicarla a escala europea.
Un punto indeclinable, en cambio, señor Comisario, y yo le ruego encarecidamente que lo tome en consideración, es nuestra petición de que los informes se traten bajo el fundamento jurídico del artículo 108. A juzgar por la intervención de ayer del Sr. Santer, yo creo que no les será difícil aceptarlo. Esta propuesta obtuvo un 100 % de votos afirmativos en la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha manifestado que es acertado tomarla en consideración. Si así se hace habremos iniciado el mejor camino posible.

Santini
Señora Presidenta, deseo subrayar la gran sagacidad de quien programó este debate para el día siguiente del de la EEB, así como de quien vinculó estos tres informes, en realidad, complementarios y semejantes a tres eslabones de la misma cadena, lo cual comporta un resultado importante, esto es, nuevas garantías para los consumidores y nuevas obligaciones para los productores, con una implicación quizás todavía demasiado escasa de otros operadores que, por el contrario, son sumamente importantes en este ámbito. Con esto quiero referirme a los mayoristas y comerciantes que, en el momento de la comercialización representan, de hecho, un nexo importante y deben asumir responsabilidades, sobre todo por lo que se refiere a los sistemas de etiquetado.
Voy a detenerme por un momento en el sector agrícola y en los problemas que podría plantear esta innovación. Hasta ahora, con la antigua marca auricular y el inventario en las explotaciones, la gran mayoría de los criadores -incluso los más pequeños- consiguieron salir airosos. Sin embargo, no puede negarse que esta nueva normativa introduce en las explotaciones agrícolas unos elementos hasta ahora bastante desconocidos, empezando por el ordenador que requiere una formación profesional específica y a lo mejor la presencia en dichas explotaciones de terceras personas. Es evidente que todo esto puede traducirse, y estoy seguro de ello, en nuevas cargas financieras y en un diferente compromiso profesional, a pesar de que todo ello implica, claramente, una mayor cualificación. Por consiguiente, estoy de acuerdo con la innovación, sin embargo, creo que antes de regalar un vehículo a alguien, es conveniente informarse si tiene el permiso de conducción, ya que, de lo contrario, acabará en la cuneta.
Por lo tanto, he aquí mi propuesta: una reforma progresiva, sobre todo por lo que se refiere a la introducción de las bases de datos, para cuya fiabilidad es necesario que el canal de comunicación esté constantemente alimentado por un gran porcentaje de productores. Me parece razonable la propuesta de crear un «año de transición», después del plazo del 31 de diciembre de 1997. Pienso ante todo en las pequeñas explotaciones y en las explotaciones de montaña en las que todas estas innovaciones, habida cuenta de la escasez de productores, podrían provocar inquietud y confusión.
En cuanto se haya completado la base de datos, puede pensarse en el pasaporte, un proyecto decididamente interesante y ambicioso que acompaña los traslados de bovinos, el crecimiento y toda la vida de los animales, hasta el certificado final que podríamos identificar con el etiquetado terminal de un sistema de documentación que debe basarse siempre en la transparencia y la exactitud de los datos para poder garantizar la calidad, o sea, las características del producto, el origen conocido, las modalidades de elaboración y los eventuales controles veterinarios.
Esto vale sobre todo para los productos elaborados a base de carne. Me refiero, no sin cierta preocupación, a las famosas hamburguesas, tan apreciadas por los jóvenes que nos están escuchando y para las que este etiquetado es más importante que para el resto de los productos elaborados a base de carne, unas hamburguesas, cuyo origen, ingredientes y, sobre todo, calidad son a menudo todavía una utopía.

Watson
Señor Presidente, represento a Somerset, en Devon del Norte, que es el centro ganadero del vacuno en el Reino Unido, y lo que nosotros no sepamos sobre la carne de vacuno y productos derivados apenas merece la pena saberlo. Nos ha afectado gravemente la reciente crisis de confianza en el sector. Este es el motivo por el que recibo con agrado estos reglamentos de la Comisión y, desde luego, las enmiendas propuestas por el Sr. Papayannakis, porque me parece que son esenciales para restablecer la confianza de la opinión pública en todo el sector de la carne de vacuno.
Mi grupo es partidario de un sistema de etiquetado obligatorio. Creemos que, aunque el origen geográfico es importante, desde luego no es el factor concluyente o definitivo. Lo que deseamos son cosas como las que se piden en la enmienda nº 4 del Sr. Papayannakis sobre unos requisitos mínimos. Querríamos un etiquetado que incluyera asimismo las técnicas de ingeniería genética y el uso de estimulantes en la producción de carne de vacuno, aunque a este respecto preferimos la enmienda nº 29 del Sr. Tamino a las presentadas por el ponente.
Creo que es incluso más importante etiquetar los productos procesados que contienen carne de vacuno y productos derivados que etiquetar la propia carne, aunque ello resulte difícil. Es un área en la que la confianza de la opinión pública se encuentra realmente en su punto más bajo. Es importante que los ciudadanos conozcan -y esto es algo por lo que hemos luchado los Liberales en el Parlamento Europeo- qué contienen exactamente los productos alimenticios que compran. Creo, asimismo, que unos requisitos de etiquetado más estrictos ayudarían a los ganaderos. Éstos han perdido el control de su sector. Han perdido el control del sector en etapas anteriores del proceso de producción, donde intervienen los fabricantes de piensos para el ganado, y también lo han perdido en etapas posteriores, en favor de las grandes cadenas de alimentación. Unos requisitos que ayudaran a fomentar la confianza de la opinión pública ayudarían también a los ganaderos a recobrar el control sobre este importante sector. Por lo tanto, los Liberales de esta Asamblea apoyamos la idea de un pasaporte para los animales.
Querría terminar sugiriendo a la Comisión que, muy en breve, necesitaremos realizar una revisión mucho más amplia de los requisitos sobre etiquetado de los alimentos en la Unión Europea. Tenemos una gran cantidad de reglamentos, que deberían reunirse en un documento único.

Tamino
Señora Presidenta, tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo del debate, creo que todo el Parlamento se da cuenta de la conveniencia y necesidad de estas tres propuestas, así como de que se debatan conjuntamente, ya que guardan relación entre sí. En primer lugar, porque no tendría sentido disponer de un etiquetado, que nosotros queremos obligatorio, si no vamos a disponer de una identificación fiable de los bovinos, de la que se deriva, en consecuencia, la necesidad de marcas auriculares, bases de datos, pasaportes para los animales y registros en las explotaciones, así como, en el futuro, una eventual identificación electrónica. Todos estos elementos constituyen una premisa indispensable, que debe ponerse en práctica lo antes posible, para ofrecer una garantía en cuanto a los resultados.
El objetivo es el de garantizar a los ciudadanos un control fiable y, por consiguiente, un etiquetado que consideramos necesariamente obligatorio de la carne de vacuno y, en el futuro, de otros tipos de carne. El etiquetado además de obligatorio deberá ser claro, según las indicaciones ya adoptadas en la Comisión de Medio Ambiente en virtud de las enmiendas presentadas también por los Verdes.
No tenemos dudas en cuanto a que se tenía que haber actuado en este sentido mucho antes y que no era preciso esperar los dramas provocados por la EEB para llegar a este resultado. Hoy, sin embargo, en la situación actual, debemos pretender que se lleve a cabo a corto plazo lo que ayer mencionó en este Pleno el Presidente de la Comisión, Sr. Santer. Por lo tanto, esperamos que hoy la Comisión nos diga claramente que el etiquetado va a ser obligatorio y, en consecuencia, no se oponga a las enmiendas formuladas al respecto. Esperamos asimismo un etiquetado muy claro, por lo que confío en que no exista oposición alguna en lo relativo, por ejemplo, a los productos transgénicos. Ésta sería la premisa para que de forma cada vez más obligatoria se incluya en las etiquetas de los productos alimenticios una información sobre los productos derivados de organismos manipulados genéticamente.
Según lo indicado en los informes de los Sres. Papayannakis y Olsson, el fundamento jurídico debe ser el artículo 100 A y confiamos en que sea el propio Comisario Fischler quien lo diga. No hace falta nada más, es suficiente que la Comisión lo reconozca. Es necesaria una reorganización de la Dirección General XXIV, orientada a la defensa de la salud de los consumidores y realizada de tal forma que a dicha Dirección General se le faciliten el personal y los medios adecuados. Por último, confiamos realmente en una reforma de la PAC en la que los problemas del medio ambiente y la salud prevalezcan sobre los de la producción cuantitativa.

Vandemeulebroucke
Señora Presidenta, Señorías, la ganadería está sometida a fuertes presiones, y no sólo por la enfermedad de las vacas locas, sino por muchas cosas más. El 20 de febrero se cumplirán dos años del cruel asesinato en Flandes de un inspector veterinario, y este crimen se atribuye a la muy ramificada mafia de las hormonas. El uso ilegal de hormonas del crecimiento en la carne de vacuno sigue siendo un problema muy grave. Por ello, la identificación y el etiquetado de la carne de vacuno son iniciativas importantes. Asimismo son complementarias. Todo empieza con la identifiación y el registro, y el etiquetado es una consecuencia lógica. Sin embargo, quiero formular algunas objeciones.
En el informe Mayer está la enmienda nº 19 de la Comisión de Agricultura, que quiere que los productores reciban un mayor número de marcas auriculares para poder reemplazar las marcas que han perdido y rellenarlas de forma legible. A mi entender es muy peligroso, pues puede dar pie a todo tipo de trampas. En mi país, por ejemplo, disponemos de un régimen de identificación muy bueno. Sin embargo, hay ganaderos sospechosos que a menudo manejan marcas auriculares falsas, y este es un sistema bien conocido en la mafia de las hormonas. Entregar así como así marcas auriculares o pasaportes en blanco es en realidad un incentivo al engaño y el fraude.
Una segunda objeción: se quiere un sistema de etiquetado voluntario. Comparto la preocupación del Sr. Papayannakis de que semejante sistema provoque un mercado dual, que es antisocial. Al final tendremos un mercado caro de productos etiquetados y por otro lado un mercado barato de productos no etiquetados, y eso no puede ser. Por ello sólo es aceptable un etiquetado obligatorio para todos.
Y por último, lo siguiente: diversas empresas han introducido un sistema electrónico de identificación del ganado vacuno. Se trata de un reconocimiento electrónico de chips que se implantan en el ganado. Gracias a ello los desplazamientos se registran automáticamente y no sólo es útil para los ganaderos, sino también para el sistema de computación de los mataderos e incluso para los bancos de datos centrales. Mi pregunta a la Comisión es: ¿Ha estudiado ya el Sr. Schleicher este sistema? ¿Es factible? ¿Cuánto cuesta? Le agradecería que me diera una respuesta.

Belleré
Señora Presidenta, señor Comisario Fischler, el informe del Sr. Papayannakis relativo al etiquetado merece un juicio positivo, sobre todo cuando reitera que el etiquetado debería ser obligatorio para facilitar indicaciones fiables a los consumidores de carne o de productos a base de carne de vacuno.
Si esto se hubiera hecho antes, no cabe duda de que habríamos logrado una protección más amplia frente a los riesgos de la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina. Actualmente dicho etiquetado es opcional, motivo por el cual el Pleno, al aprobar este informe, rechazaría la propuesta de la Comisión que propugna que dicho etiquetado sea facultativo.
Hacen falta sensatez y coraje: o se intenta restaurar la confianza de los consumidores o se protegen los intereses de algunos productores que se amparan en lo turbio, no haciendo público los que debería aparecer en la etiqueta, esto es, procedencia, elaboración, caducidad, aditivos utilizados para el producto comercializado. Coincido con lo manifestado por el ponente cuando introduce la idea de que incluso los operadores que importan carne o productos a base de carne de terceros países deberían etiquetar dichos productos.
Alianza Nacional está a favor del etiquetado de las carnes de vacuno y los productos a base de carne de vacuno, muy consciente de que ciertos dispositivos para el control de los animales pueden conllevar importantes dificultades operativas, así como requerir notables esfuerzos de organización y financieros.
En mi anterior intervención en torno a la encefalopatía espongiforme bovina, dije dura lex, sed lex. Hoy debo manifestar que no se puede obtener un beneficio sin cargar con el gasto y, por consiguiente, la cuestión ha de abordarse no sólo en términos de profilaxis, esto es, identificación y registro de los bovinos y base de datos informatizada, sino también en términos de máxima claridad a la hora de comercializar el producto. En consecuencia, apoyamos el etiquetado de las carnes y de los productos a base de carne, ya que es necesario ponerse de acuerdo al menos sobre la obligatoriedad de la información relativa a los orígenes y la elaboración de las carnes. Vamos a votar a favor de las enmiendas orientadas a dicho fin.

Hardstaff
Señora Presidenta, querría en primer lugar elogiar el excelente trabajo realizado por todos los ponentes y, en particular, por el Sr. Papayannakis, tanto en su propio informe sobre etiquetado de la carne de vacuno como, asimismo, al escribir la opinión para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acerca del informe del Sr. Mayer sobre identificación de los animales.
Todos conocemos los antecedentes de estos dos informes, y también los del Sr. Olsson, que fueron conectados por la Comisión. Uno de los temas clave que surgieron ayer en nuestro extensísimo debate acerca del informe del comité especial sobre la EEB fue la necesidad de poder identificar y hacer un seguimiento del ganado a fin de que la EEB pueda ser eliminada. Uno de los grandes problemas para precisar qué ganado había que sacrificar exactamente en el Reino Unido fue la falta de registros exactos.
A veces, tanto los ganaderos como el gran público observan que se han sacrificado primero rebaños libres de la enfermedad, mientras que rebaños que habían tenido casos de EEB se habían dejado olvidados, sabiendo sus propietarios que el ganado se cribaría en algún momento, pero no sabiendo si comprar pienso extra para el invierno o no. Las propuestas de registrar adecuadamente los rebaños por medio de marcas auriculares, pasaportes individuales para los bovinos y bases informáticas merecen una muy buena acogida. Es importante que la información relativa al parentesco, el rebaño, la fecha de nacimiento y la explotación ganadera de pertenencia sea fácilmente comprobable.
En vista de la especial situación que existe en Europa en este momento, la Comisión de Medio Ambiente está proponiendo enmiendas para añadir información sobre alimentación, hormonas y medicamentos. A los consumidores les preocupan cada vez más los efectos sobre la salud humana de una exposición excesiva a los antibióticos. Desde luego, si los animales son criados de forma más extensiva, tal como se habló ayer, no habrá el mismo temor de infección que ha llevado a que los antibióticos se añadan rutinariamente a los piensos de los animales.
Los consumidores quieren estar seguros de que no están ingiriendo excesivos residuos de antibióticos cuando comen carne. Por ello el sistema de etiquetado se adecúa al sistema de registro que debe ponerse en marcha a fin de facilitar la información necesaria para etiquetar fielmente la carne de vacuno. El Sr. Papayannakis propone acertadamente que el etiquetado sea obligatorio y que se incluyan en las disposiciones los productos a base de carne de vacuno y no sólo la carne. Esto es muy importante, ya que lo que presenta con más frecuencia riesgo de infección son los productos preparados a base de carne de vacuno y no la carne en sí. Ello se debe a que muchas veces se elaboran con carne recuperada mecánicamente y de partes de las canales que normalmente no se ponen en venta en los supermercados o carnicerías.
No sólo se trata de la EEB. Recientemente ha muerto más gente en el Reino Unido de colibacilosis que de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob derivada del consumo de productos de carne de bovino contaminados. Las personas muy mayores y los jóvenes son especialmente sensibles a dichas infecciones. Por supuesto que la higiene en la preparación y el cocinado a fondo pueden reducir el riesgo, pero saber que estos productos tendrán deberán llevar una etiqueta con el origen exacto de la carne, y que incluya la alimentación del animal, será un gran incentivo para que los fabricantes se aseguren de que dichos productos de carne se fabriquen únicamente a partir de materias primas sanas.
Con la aparición de la EEB y de la nueva enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los seres humanos, en Europa y especialmente en el Reino Unido hemos recibido un terrible aviso de que no debemos correr riesgos ni con la salud humana ni con la salud de los animales en pro del máximo beneficio. Debemos examinar las prácticas agrarias, hacer un seguimiento más preciso de lo que va a parar a nuestra comida y dar a nuestros consumidores la información que requieren para darles confianza sobre el carácter saludable de lo que están comprando y comiendo.
La Comisión de Medio Ambiente -desde luego sus miembros socialistas- está exigiendo mucho a la Comisión en cuanto a la información requerida, a la necesidad de que el sistema de etiquetado sea obligatorio y de que abarque los productos a base de carne de vacuno además de la propia carne de vacuno y a la necesidad de que se hagan progresos rápidos en la aplicación de las medidas. Al Grupo Socialista le parece que tenemos el deber de fomentar la salud pública y la protección de los consumidores en Europa. Nuestros ganaderos y el sector de la carne de vacuno no podrán sino beneficiarse a largo plazo de que se restablezca una confianza bien justificada de los consumidores.

Schierhuber
Señor Comisario, Señorías, lo cierto es que la labor del Parlamento Europeo ha estado marcada últimamente por el tema de la encefalopatía espongiforme bovina. El informe de la Comisión de investigación ha intentado poner punto final al pasado y yo estoy convencido de que no dejará de tener consecuencias. Sin embargo, a mi parecer, ahora debemos orientarnos hacia el futuro. Debemos considerar la presente catástrofe como una oportunidad para conseguir mejoras. Lo cual también significa, en primer término, recuperar la confianza de los consumidores, que se ha perdido en un grado dramático en los últimos años. No será necesario que recuerde ante esta Cámara que incontables empresas agrícolas se han deslizado hacia una crisis que amenaza su supervivencia, como resultado de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. Ahora tenemos que ser capaces de adoptar rápidamente medidas para acudir en ayuda de los agricultores que en toda Europa se encuentran en dificultades, por razones no imputables a ellos, y para volver a reactivar el consumo de carne.
La identificación de los animales de la especie bovina, de la carne y de los productos a base de carne de vacuno ha llegado a ser, sin duda, ineludible. El objetivo debe ser acabar con el anonimato de la carne. El consumidor que acude al supermercado no sólo debe recibir una garantía de calidad, sino que también debe poder comprobar exactamente de dónde procede la carne. En el mismo sentido, es igualmente necesario, en mi opinión, que la identificación se introduzca lo más pronto posible y con carácter obligatorio, tanto para los animales bovinos como para la carne de vacuno. Ya sé que el esfuerzo organizativo y financiero que ello exigirá es grande, pero el sector de la carne de vacuno ya ha sufrido demasiados perjuicios para conformarse ahora con una solución a medias. Yo creo que el sistema de identificación propuesto para los animales de la especie bovina, mediante marcas auriculares que permitan la identificación individual de cada animal, bases de datos informatizadas, pasaportes para los animales y sistemas de registro en las explotaciones puede funcionar bien si existe la voluntad de que así sea. La infraestructura técnica necesaria será sobre todo responsabilidad de la Comisión, junto con los Estados miembros; debe evitarse que se generen costes desproporcionadamente altos, sobre todo para los pequeños productores.
Yo creo que la catástrofe de la encefalopatía espongiforme bovina también nos puede servir para aprender que en el futuro la atención no debe centrarse sólo en el mercado y en los beneficios, sino que también debe tomarse debidamente en consideración la protección de la salud y del consumidor. Es muy esencial, a mi parecer, que las importaciones de terceros países también estén sujetas a criterios igualmente rigurosos y a la misma obligación de identificación. En un futuro previsible no deberá poder encontrarse en la Unión Europea ni un solo escalope cuyo origen no pueda identificarse de manera inequívoca. Existen unos límites éticos y morales que los políticos están obligados a identificar, para luego actuar en consecuencia. Es preciso que se tomen muy en serio los deseos y las necesidades de los ciudadanos de Europa.

Guinebertière
Señora Presidenta, la declaración del 20 de marzo pasado sobre la posible transmisión de la EEB a las personas mediante el consumo de carne de vacuno ha provocado una crisis ilimitada de confianza de los consumidores y, además, una pérdida económica sin precedentes para los criadores de ganado vacuno. Nuestras instituciones han intentado actuar. Después de once meses, por fin se habla seriamente de reglamento, de registro de los animales bovinos, de etiquetado y de control. Nunca es tarde cuando se quieren hacer bien las cosas. Aún hoy, el consumidor tiene toda la razón en mostrar su desconfianza a la vista de ciertos métodos de cría de animales destinados a la alimentación, de los productos alimenticios y de los medicamentos utilizados, así como de las posibles consecuencias sobre su salud. Ya es hora de tranquilizarlo en nombre de la mayoría de los productores que hacen bien su trabajo y que también resultan perjudicados.
Hoy es patente una carencia significativa de normas europeas y de su aplicación: no sólo es insuficiente la Directiva de 1992, que crea el marco jurídico para la aplicación del sistema de identificación de los bovinos, sino que su aplicación es también deplorable, ya que algunos países no comenzaron a aplicarla hasta 1996.
El informe Mayer corrobora la propuesta de reglamento para la identificación y el registro de los animales, así como para fomentar un control sanitario eficaz de las cabañas y de la gestión de las primas por la cría de ganado. La creación inmediata de bases de datos es una necesidad imperiosa. También es necesario simplificar la directiva relativa al control de los productos procedentes de un país tercero. Es asimismo indispensable el etiquetado inmediato y obligatorio para la carne de bovino y sus derivados. Es, en efecto, la medida más importante para restablecer la credibilidad. Y nosotros la apoyamos, como también apoyamos el establecimiento de sanciones. La confianza no se decreta, se gana. En este caso hay que recobrarla. Por eso nosotros apoyaremos el contenido de estos tres informes y felicitamos a los ponentes.

Anttila
Señora Presidenta, señor Comisario, para empezar quiero dar las gracias a los ponentes por sus importantes informes. Los consumidores exigen productos de origen animal seguros y sin problemas desde el punto de vista de la salud, así como tener conocimiento de que las condiciones de cría y de transporte de los animales responden a un nivel adecuado de exigencia de protección animal. Deben realizarse mejoras a nivel comunitario, en particular, en lo relativo al transporte de animales en la UE, que tan negativa publicidad ha recibido.
En el Grupo ELDR consideramos imprescindible un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina al igual que el etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno como medidas y métodos indispensables para devolver a los consumidores la confianza en la carne y en los productos a base de carne de vacuno. Un sistema de etiquetado obligatorio es más eficaz que uno voluntario. El dictamen del Parlamento exige un sistema de pasaportes para animales que abarque todo el territorio comunitario y bases de datos informatizadas con el fin de que se puedan controlar plenamente el origen, los movimientos, el paradero, el sacrificio, etc.. En la exposición de motivos del informe se llama acertadamente la atención sobre el hecho de que el sistema no debe ser demasiado complicado, burocrático o caro, ni superponerse a otros sistemas como ocurriría, por ejemplo, si se creasen cuatro sistemas diferentes. Por esta razón, planteo la cuestión de si no sería razonable establecer los pasaportes sólo para aquellos animales que se desplacen de un país a otro.
A la hora de poner en práctica el sistema debería aplicarse en los Estados miembros el sentido común, de manera que las medidas y los gastos realizados guarden la debida relación con respecto al provecho que se va a obtener. Si el registro de animales centralizado existente en un Estado miembro funciona eficazmente y permite la obtención de todos los datos, debería bastar con él. Pero la estructura de producción varía de un Estado miembro a otro y esto también debe tenerse en cuenta. La devolución de la confianza a los consumidores es una cuestión de extrema importancia y, por esta razón, animo a los Estados miembros y a la Comisión a trabajar con celeridad con el objetivo de poner en marcha el sistema a finales de este año.
El informe del Sr. Olsson sobre los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de terceros países constituye una cuestión de gran importancia también desde el punto de vista de la protección de la salud de los consumidores. El principio básico ha de ser ineludiblemente que los acuerdos que se alcancen no puedan poner en peligro la salud de los consumidores o de los animales. La legislación de un tercer país debe considerarse equivalente sólo si el nivel de seguridad es como mínimo tan elevado como el que figura en la legislación de la UE. Como representante de Finlandia, advierto a las autoridades de la UE de que no descuiden este principio, ya que sé que, en lo que se refiere en particular al acuerdo con los Estados Unidos, la UE estaría dispuesta incluso a transigir en cuanto al actual nivel de seguridad si a cambio consigue mayores ventajas para la exportación. Espero que la crisis de la EEB haya enseñado a la Comisión Europea, por lo menos, que en la actividad empresarial y comercial la ética y la moral han de ser elevadas e incorruptibles. Las disposiciones en materia de protección de los animales deben incluirse también en estos acuerdos.

Barthet-Mayer
Señora Presidenta, debemos sacar al menos dos conclusiones de la crisis de la EEB: la primera es que, en materia de producción de animales, vale más un doble control que ninguno; y la segunda es que ya no se puede confiar solamente en las acciones y decisiones de los Estados miembros, a fin de ofrecer una garantía comunitaria a todos los productos alimenticios. Para la seguridad de los consumidores europeos es más que nunca necesario establecer un control comunitario general. La Comisión cree erróneamente que la indicación del origen geográfico es suficiente para proteger al consumidor y propone, pues, un etiquetado opcional. El Sr. Papayannakis desea, con razón, mejorar este sistema, sumamente incompleto, mediante la introducción de indicaciones adicionales: lugar de nacimiento de los animales, raza, sexo y, también, la región en que haya tenido lugar la crianza y el engorde, así como la modalidad de reproducción. Estas enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural coinciden con las de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor -¡pase por una vez!-, y están encaminadas a establecer la obligatoriedad del etiquetado de la carne y de los productos derivados. Está claro que nosotros apoyamos firmemente este enfoque.
Después del asunto de la EEB, en que la Comisión no ha estado totalmente a la altura de las circunstancias, las incertidumbres que aún perduran requieren más que nunca que se aplique el principio de precaución. Por otra parte, este etiquetado obligatorio debe estar supeditado al sistema previo de registro en el momento del nacimiento y a la identificación permanente propuesta por el Sr. Mayer. Los hechos de actualidad nos obligan a rastrear a los animales domésticos, como forma de garantía elemental tanto para los productores como para los consumidores. No obstante, se requiere un sistema eficaz y sin desmedidas exigencias burocráticas para los productores. El nuevo reglamento debe preconizar una identificación única en el plano europeo, ya que, de lo contrario, la lección de la crisis de la EEB no habrá servido para casi nada. Los productores deben poder aplicar el reglamento en la práctica diaria, y para ello éste debe seguir siendo sencillo y agrupar en una sola gestión las actuales exigencias administrativas, los registros que llevan las explotaciones y la información a la autoridad competente (criterios y datos del pasaporte). Este requisito podría limitarse a un registro, y reservarse una copia para la autoridad competente y otra para el pasaporte. Finalmente, puesto que es necesario sacar conclusiones de los hechos actuales, parece aberrante y peligroso no establecer una inspección en las explotaciones para comprobar las marcas auriculares y las existencias. Dentro de este espíritu, nosotros apoyamos, naturalmente, el informe del Sr. Olsson.
Señorías, someto a la reflexión de ustedes el hecho de que tenemos ante nosotros tres informes sobre un asunto delicado: tres pruebas de que la Comisión continúa tratando la cuestión a medias, para no chocar con ciertos sistemas que pretenden ser lo más liberales posible y que, por lo tanto, son los más propicios al fraude.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, Señorías, después del debate sobre la encefalopatía espongiforme bovina, hoy debemos ocuparnos de un tema importante, a saber, el etiquetado de los animales y también de la carne de vacuno. En la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural todos coincidimos en que la identificación obligatoria debe prevalecer también para los productos a base de carne de vacuno. Yo espero que la Comisión acepte esta propuesta, puesto que, a nuestro parecer, esta obligación no debe imponerse sólo a las empresas agrícolas -lo cual es correcto y nosotros también lo apoyamos-, sino también a la industria transformadora. En interés del consumidor, pero también en interés del productor, es preciso acabar con la tendencia de dicha industria a comprar lo más barato y de la manera más anónima posible, puesto que de este modo se reducirá la intercambiabilidad de los proveedores.
Esto redundará ante todo en favor de una estructura de precios razonable para las explotaciones ganaderas, pero también en favor de los consumidores y consumidoras, puesto que les permitirá comprobar la procedencia de la carne. Dicho lisa y llanamente: si yo he comprado carne de la explotación Meier y está ha sido de mi agrado en mi calidad de consumidor o consumidora -de lo cual deduzco que aquélla produce buena carne de bovino-, la próxima vez que la etiqueta me indique que la carne no procede de la explotación Meier, me preguntaré por qué se ha roto dicha relación comercial. Si me responden que han podido comprar más barato a otra explotación -éste suele ser por regla general, en efecto, el motivo cuando se produce un cambio-, su explicación no será de orden cualitativo, sino un mero criterio de transacción comercial, con el cual es posible que el consumidor no coincida. Éste dirá entonces que preferiría continuar con el proveedor acreditado y en el cual confía, y de este modo su posición saldrá fortalecida.
Finalmente, permítanme una última reflexión: por muchos registros que se introduzcan, Sr. Fischler, desde luego no debemos creer que esto equivale a combatir la encefalopatía espongiforme bovina. Para que quede claro, si alimentamos a los animales registrados con harina de carne infectada, enloquecerán igualmente. Para repetirlo una vez más con toda claridad, la identificación constituye un recurso y una indicación para los consumidores y consumidoras, pero no es un medio para combatir la encefalopatía espongiforme bovina.

Happart
Señora Presidenta, a finales de la década de 1980 el Parlamento Europeo aprobó el informe Borgho, por el que se establecía el etiquetado de los productos alimenticios de calidad de origen controlado. Hasta ahora no se han tomado realmente disposiciones para aplicar dicho informe. Creo, señor Comisario, que lo que le pedimos con estos tres informes representa un trabajo titánico, pero necesario para avalar la confianza de los ciudadanos y los consumidores europeos en sus instituciones.
El etiquetado, la calidad, el fraude, la rastreabilidad: todos estos puntos son coherentes, y aún hoy nos preguntamos cómo ha sido posible tomar tan a la ligera este contrato entre las autoridades y los consumidores. En cierto modo, hoy no se puede afirmar si los productos que se consumen, importados de Reino Unido, contienen o no gelatina. Estos productos circulan. Se me ha informado asimismo que también existían problemas con respecto al registro de los animales en una matrícula cuando éstos son transportados a otros Estados y el Estado de destino desea volver a registrar a los animales con su propia matrícula. Todo esto ocasiona retrasos que, evidentemente, permiten fraudes. Nadie está a cubierto, nadie puede asegurar que actuará siempre honradamente. Nuestro papel, el papel de ustedes, es exigir que se cree un sistema que permita garantizar la rastreabilidad.
Señor Comisario, la transparencia y la cooperación entre las instituciones me obligan a pedirle que se aplique, para la identificación y la rastreabilidad, el artículo 101 de la codecisión, ya que no puede garantizarse la coherencia de un sistema sin exigir que todos los puntos se rijan por el mismo procedimiento, es decir, la transparencia y la cooperación.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Comisario, Señorías, si lo que publica la prensa es cierto, los Ministros de Agricultura mantuvieron antes de ayer un debate orientativo sobre este tema en Bruselas. ¡Un debate orientativo! Esta lucha en torno al injerto electrónico en las orejas de los bovinos constituye a mi entender una infalible aportación al malestar contra Europa. La pregunta que se plantea es: ¿por qué se requiere tanto tiempo para su introducción? Además del etiquetado de la carne, está previsto introducir una identificación con respaldo informático de los animales de la especie bovina de la Unión Europea. En mi opinión, la identificación y el etiquetado deberían ser obligatorios en todos los Estados miembros antes de que finalice el milenio a más tardar. En Alemania se empezará a aplicar esta normativa el 1o de enero de 1998. En muchas regiones ya se aplica actualmente con éxito un programa de certificación de la procedencia de la carne. El injerto de un chip electrónico permitirá documentar diversos datos necesarios sobre la procedencia, raza y propietario del animal. Estos datos podrán recuperarse en cualquier momento mediante un escáner. Como es evidente, señor Comisario, yo no quisiera que este injerto electrónico no sea separado de la carne hasta que el cliente proceda a cortar el asado dominical en su mesa; por lo tanto, es preciso que se considere con alguna antelación, desde una perspectiva práctica, cuál es el emplazamiento razonable para el chip.
Lamentablemente, también debo constatar que los eslabones contiguos a la agricultura no manifiestan el mismo interés por la transparencia del mercado. La oferta de carne de vacuno de procedencia segura y garantizada en el comercio de alimentación deja todavía mucho que desear. Por esto, yo pregunto: ¿qué costes se derivarán de la presente propuesta de reglamento? Su aplicación generará sin duda considerables costes en los Estados miembros. En este contexto, es preciso garantizar, a mi parecer, que no se imponga a la expoliada agricultura europea la carga de unos costes demasiado altos. Todas estas medidas resultarán considerablemente más baratas que la carga financiera que acabamos de arrostrar en relación con toda la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina. La financiación de los nuevos sistemas debe cubrirse obligatoriamente, a mi entender, con fondos europeos o nacionales. La identificación de los animales importados de terceros países prevista debería realizarse asimismo con carácter oficial en el momento de su entrada en la Comunidad.

Hyland
Señora Presidenta, ayer pasamos todo un día debatiendo las repercusiones de la EEB en la salud pública y las graves consecuencias para nuestros ganaderos, la industria alimentaria y el empleo y, por supuesto, somos también conscientes de las consecuencias para nuestra posición competitiva dentro del comercio mundial.
Es justo y oportuno que pongamos en marcha los más estrictos controles en todo el ámbito de la producción alimentaria, desde el productor hasta el consumidor. En mi intervención en el debate de ayer destaqué la urgencia de poner en marcha un programa de seguimiento completo desde el productor hasta el consumidor. Con la moderna tecnología y la adecuada identificación de los animales este procedimiento, como ahora sabemos, es posible y está ya considerablemente avanzado en mi propio país, Irlanda, donde hemos sido pioneros de un programa de seguimiento en el comercio del cordero -el primero dentro de la Unión Europea. Estamos también considerablemente avanzados en lo que se refiere a la más moderna tecnología para identificar al resto de nuestros animales.
También procedo de un país en el que la producción de carne, y en particular de carne de vacuno, es un importante sector económico, porque exportamos el 85 % de toda nuestra producción. Así que huelga decir que la EEB ha sido un desastre para Irlanda. La calidad de la carne irlandesa tiene fama. Asimismo, hay que dejar constancia de que, desde el momento en que se sospechó el primer caso de EEB en mi país, hemos aplicado un programa de sacrificado de rebaños enteros. Nuestros ganaderos son ahora las víctimas inocentes de unas circunstancias que escapan a su control, y la Comisión debe dar un reconocimiento práctico a su difícil situación económica.
Debo decir que me preocupa en cierta medida que una declaración hecha ayer por el Presidente Santer pareciera dar a entender que la crisis de la EEB dará lugar a una reforma más radical de la política agraria común de lo que se había previsto en principio. Esto, a mi entender, es síntoma de una reacción de pánico, pero no debemos permitir que nuestra comprensible preocupación por la salud pública -y conviene que estemos preocupadosdevalúe innecesariamente la importancia de la política agraria común como medida esencial de apoyo administrativo a una agricultura europea sostenible y, en concreto, su importancia para mantener a un máximo de familias ganaderas en las tierras europeas así como en el contexto más amplio del desarrollo rural, al que ya sé que nuestro actual Comisario Fischler está plenamente dedicado.
Para finalizar, deseo hacer constar una vez más mi reconocimiento por la dedicación del Sr. Comisario a la agricultura y al desarrollo rural. Defenderé su posición donde sea, en cualquier plataforma o foro de Europa.

Virrankoski
Señora Presidenta, la enfermedad de la EEB es un problema europeo grave. Por ello, debe hacerse todo lo posible para erradicarla y remediar los daños que ha causado. De acuerdo con las medidas expuestas y dadas a conocer, se van a incrementar los recursos de la Comisión y se van a mejorar las posibilidades de control; se va a crear en Dublín la Agencia Europea de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, se van a introducir mejoras en el registro detallado de los animales de la especie bovina y se van a crear bases de datos; el etiquetado que indica la procedencia de la carne de vacuno va a ser más detallado y se va a incrementar el control sobre la importación de carne.
Se plantea la cuestión de si la Unión Europea no confía demasiado en el control y en la administración. Por ejemplo, el sistema de registro de los animales de la especie bovina es de tan grandes dimensiones como el de la población humana; afecta a millones de cabezas de ganado, que, además, varían con gran rapidez. En las bases de datos centralizadas se señalarían, entre otros datos, la madre y el sexo de la res, así como todas las zonas de pastos en que ha estado y la fecha del sacrificio. ¿Es realista suponer que se puede controlar a los animales de la especie bovina de Europa con bases de datos centralizadas con la misma precisión que a una sola res o únicamente se va a crear una enorme burocracia? Por otra parte, ¿es correcto hacer hincapié en el control? La enfermedad de la EEB se propagó porque los agricultores confiaron en las autoridades veterinarias de su país y en su moral, así como en los productores de alimentos para el ganado, al utilizar piensos legales y autorizados. ¿No es en estas cuestiones donde deben asignarse más recursos? La posibilidad de determinar la procedencia de la carne de vacuno es sólo un control a posteriori y ya no remedia los serios daños ocasionados.

Stirbois
Señora Presidenta, no hay mal que por bien no venga. Ha sido necesaria la epizootia de la EEB y sus dramáticas consecuencias para la salud humana y la renta de los productores para que la Unión Europea decida reforzar y armonizar las medidas de identificación y registro de vacunos.
En este sentido, el informe Mayer, que va más allá de las propuestas de la Comisión Europea, nos parece bien orientado, aun cuando es preciso evitar aumentar las obligaciones impuestas a los Estados. El hecho de exigir, por ejemplo, en cada explotación, la colocación de una marca auricular, une base de datos informatizada, un registro y un pasaporte para los animales, podría no sólo acrecentar el número de disposiciones de carácter burocrático, sino también propiciar fraudes debido a la falta de medios financieros suficientes o a la complejidad de la normativa.
Se tiene la impresión de que, por medio de estas propuestas, la Comisión y el Consejo tratan de enmendar sus diez años de laxismo en materia de importación y de identificación de animales y de que ahora cargan las tintas para intentar recobrar una credibilidad bastante deteriorada.
Señoras y señores diputados, se quiere restablecer, con razón, la confianza de los consumidores en la carne de bovino. Al mismo tiempo, la Comisión Europea autoriza la importación de maíz modificado genéticamente y quizás mañana también lo haga con la carne de bovino tratada con hormonas, cediendo a la presión de los norteamericanos. ¿No existe una gran hipocresía al tomar medidas, ciertamente necesarias -aunque en algunos casos se trata de duplicaciones-, y al mismo tiempo suprimir los controles en las fronteras y considerar perdido el caso de la responsabilidad del Gobierno británico, principal responsable de la crisis de las «vacas locas»?
Recordemos que, teniendo en cuenta solamente el año 1996, la crisis de la EEB ya ha costado a los contribuyentes europeos más de 23 millardos de francos. Las organizaciones del sector piden que, si el animal nació, fue criado y sacrificado en un solo y mismo país, se indique el país de origen. Asimismo, si procede de diferentes países, se debe indicar una de sus procedencias; en todo caso, el lugar en que nació y en el que se realizó el engorde. En cuanto a la rastreabilidad de cada animal, sería conveniente, señora Presidenta, añadir la garantía de que el animal ha sido siempre alimentado con pasto o cereales.
Solamente con esta condición se podrá restablecer el vínculo de confianza entre el productor y el consumidor, y recuperar en el mercado de la carne de bovino el nivel anterior a la crisis. Las medidas técnicas nunca han sustituido una voluntad política que, lamentablemente, ha faltado a nuestros políticos en esta grave crisis de la EEB, así como en muchos otros ámbitos.

Thomas
Señora Presidenta, ayer esta Asamblea debatió el informe de la comisión temporal de investigación sobre la EEB. El informe ilustraba claramente la importancia de introducir un sistema eficaz de identificación de los animales en la Unión Europea. Ha habido normas europeas sobre identificación de los animales desde 1992, si bien no se han aplicado satisfactoriamente en todos los Estados miembros.
No me cabe duda de que la crisis de la EEB habría sido mucho más grave si no hubiera sido posible seguir la pista de los animales potencialmente portadores de la infección. La incapacidad de rastrear en el Reino Unido la cohorte británica de 1989 y 1990 fue uno de los principales factores por los que se retrasó la aceptación del plan de erradicación de la EEB del Reino Unido.
Aunque esta semana marca el final de la investigación de la comisión temporal, no marca el final de la crisis. La normalidad no se restablecerá hasta que los ciudadanos europeos tengan la seguridad de que nunca se volverá a repetir una crisis de este tipo, algo que sólo se conseguirá cuando se introduzcan una legislación y unos controles eficaces que permitan actuar con celeridad en caso de que aparezca algún riesgo para la salud pública.
Parte del sistema de control exige una identificación rápida de los animales que suponen un riesgo en potencia. Esto no es sólo para proteger a los consumidores, sino también para proteger a los ganaderos y a los contribuyentes contra el sacrificio innecesario de animales sanos. Dicho sistema debe ser de orden europeo, del mismo modo que las crisis de este tipo rara vez se limitan a un Estado miembro, tal como han demostrado la crisis de la EEB y el actual problema de la peste porcina. Por estas razones, acojo favorablemente las propuestas de la Comisión y me siento decepcionado por los intentos del ponente Sr. Mayer de debilitar el sistema propuesto por la Comisión.
En una semana en la que algunos diputados del Parlamento Europeo están solicitando la dimisión de la Comisión Europea por no haber adoptado suficientes medidas para impedir la crisis de la EEB, sería bastante contradictorio votar contra el tipo de medidas preventivas que, de haber estado en marcha, podría haber cambiado el curso de la historia agraria en los diez últimos años.

Goepel
Señora Presidenta, hay un antiguo refrán que dice que en todo mal hay un germen de bondad y este germen de bondad lo encontramos hoy en estos tres informes. Dicho lo cual, yo quiero felicitar a cuantos han colaborado en su elaboración. Como ya se ha señalado, debemos prestar atención a la identificación de los animales jóvenes procedentes de terceros países. Debemos abogar imprescindiblemente por esta identificación obligatoria. Todo lo que se exige a las empresas con sede en el ámbito del mercado único, debe aplicarse también en el caso de las importaciones o de lo contrario la acción se quedará a medias.
Debería introducirse el sistema electrónico de identificación. Hace poco pude leer en un reputado diario alemán, en una página muy destacada, un artículo sobre tres experiencias de identificación. Y debo decir que las tres ofrecen ciertamente una solución razonable. En este momento, el arte reside sólo en determinar cuál es la mejor. Pero sin esta identificación será absolutamente imposible salir adelante. Dicho lo cual también es preciso añadir, obviamente, que el citado procedimiento de identificación puede resultar, de hecho, más barato en la mayoría de los casos.
Evidentemente, la identificación cuesta dinero, ¿pero qué me dicen de los enormes gastos que ha ocasionado la no identificación? Los debates no deberían orientarse, por lo tanto, en este sentido. Se trata de una cuestión urgente. Evidentemente, nos encontramos ante un dilema cuando, por un lado, decimos esto y, por el otro, el Sr. Mayer propone en una enmienda oral que toda esta cuestión se trate bajo el fundamento jurídico del artículo 100A.
Señor Comisario, yo comprendo que el retraso que esto supondría es meramente teórico. Como máximo puede durar un año. Pero yo le insto a que considere la posibilidad de que el Parlamento ofrezca por una vez un ejemplo de que el procedimiento de codecisión bajo el fundamento del artículo 100A también puede ser rápido, Sr. colega Graefe zu Baringdorf. Doy por sentado que usted coincidirá, sin duda, conmigo al respecto. Por una vez, deberíamos sentar un buen precedente completando en un tiempo récord un procedimiento bajo el fundamento del artículo 100A, quizás también como una señal con vistas a la Conferencia Intergubernamental. Los señores Jefes de Gobierno se aferran con fuerza a la idea de que todo ello requiere un largo espacio de tiempo.
Sobre este tema estamos unánimemente de acuerdo y no hay puntos conflictivos. Yo le insto, por lo tanto, a que impulse juntamente con nosotros un procedimiento rápido de tramitación de los informes, en los términos que aquí se han expuesto, bajo el fundamento del artículo 100A.

Whitehead
Señora Presidenta, estoy muy de acuerdo con el Sr. Goepel cuando dice que la Comisión debería sonreír y resignarse en relación con el artículo 100 A. Desde luego es para sonreír, pero ¿es para resignarse?
Lo que aquí queremos, al examinar los tres informes, es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado completamente a raíz de la crisis de la EEB. Las cosas ya no son lo que eran. La antigua actitud cómoda hacia la regulación de la agricultura ha desaparecido; ha desaparecido para siempre y con mucha razón.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, tal como han dicho algunos de mis colegas, acepta, acoge favorablemente y apoya los informes Olsson y Papayannakis, pero con el informe Mayer tiene problemas como los que se han mencionado anteriormente. La razón para ello no es otra que el hecho de que no creemos que la propuesta deba suavizarse en la forma que ha propuesto el ponente. Por supuesto, no estamos a favor de unas enmiendas que se refieren constantemente a la reducción de costes.
¿Cuál es aquí el coste? No es sólo el coste que supone para el ganadero tomar las precauciones necesarias. Es el coste para la Comunidad si dichas precauciones no se siguen en su totalidad. Tenemos un dicho en mi país según el cual «si uno piensa que la educación es cara, que pruebe la ignorancia». Lo mismo puede decirse de la información. Necesitamos que exista la información y necesitamos el fundamento jurídico que nos permita preocuparnos adecuadamente en el futuro por los asuntos de consumo. Eso es lo que se conseguiría con cambiar el fundamento jurídico de estos informes del artículo 43 al artículo 100 A. Al Parlamento le daría poder de codecisión; sería adecuado para unas propuestas que son esenciales para el buen funcionamiento de un mercado único en el que las prioridades de los consumidores tienen su lugar propio. Sólo si conseguimos eso estaremos haciendo nuestro trabajo como Parlamento y actuando conforme al espíritu de lo que dijo ayer el Presidente Santer en su discurso de arrepentimiento y constricción.

Cunha
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, los informes de nuestros colegas Sr. Olsson y Sr. Mayer están muy vinculados entre sí, ya que los dos tienen por objetivo la seguridad final del consumidor respecto de los productos que consume, ya procedan de terceros países o de la Unión Europea.
En relación con el informe Olsson, quisiera preguntar por qué razón presenta la Comisión directivas y no reglamentos. En verdad, si todos los Estados miembros deben aplicar los mismos controles, ¿por qué no darles carácter obligatorio mediante un reglamento del Consejo?
Sobre el informe Mayer, quisiera hacer algunas consideraciones. La primera consideración es para concordar totalmente con el ponente, cuando dice que no tiene sentido hacer que sea obligatorio el registro de identificación de animales y voluntario el sistema de etiquetado de la carne. Los dos deberían tener carácter obligatorio, so pena de que carezca de sentido todo el esfuerzo de identificación de los animales que vamos a hacer.
La segunda consideración para decir que el etiquetado debe especificar obligatoriamente el origen de la carne, pero también el método de engorde. Y, además, debe especificar los controles a que se sometieron los animales.
La tercera consideración es para subrayar que la Unión Europea no puede pensar en toda una serie de medidas de este género sin aceptar que debe cofinanciar los gastos inherentes a esas operaciones hechas en los Estados miembros. Por lo demás, muchos de los problemas que hoy en día se plantean en la esfera de la sanidad animal y de la salud pública tienen mucho que ver con el hecho de que nunca se hayan asumido esas acciones como una verdadera política comunitaria.
La cuarta y última consideración es para recordar que, a pesar de concordar totalmente con los objetivos de estas medidas, considero que su ampliación progresiva a todo tipo de animales -e incluso a los productos vegetalesva a entrañar, con el tiempo, una burocracia de muy difícil gestión.
Por eso, creo que es hora de pensar seriamente en una institución del tipo de la »Food and Drug Administration» -a la que ayer se refirió aquí el Presidente de la Comisión-, lo que significaría que ningún producto se podría poner a la venta sin su autorización. Porque lo que hemos presenciado con la BBE y otras enfermedades animales, sin perjuicio de un análisis científico de la actuación del Consejo, de la Comisión o de ciertos Estados miembros, se debe achacar, en última instancia, a la inexistencia de una verdadera política común en ese sector.
En esa medida, se trata de un costo de la falta de Europa. Por tanto, ahora que se debate la revisión de los Tratados, espero que nuestros dirigentes políticos no pierdan esta oportunidad de analizar las causas profundas de los problemas.

Hallam
Señora Presidenta, pienso en estas mismas fechas del año pasado y me pregunto si, de haber mantenido este debate en febrero de 1996, habría habido este mismo consenso a favor de las propuestas de la Comisión y a favor del informe Mayer.
La crisis de la EEB lo cambió todo. Cambió la forma en que pensaban muchas personas. Cuando hablé con los ganaderos de mi circunscripción, su deseo era tener una única propuesta de venta que pudiera confirmar que su ganado estaba libre de EEB, que estaba libre de antibióticos o de lo que fuera. De haber sido así, podrían haber salido a vender sus productos de forma mucho más convincente. Lo intentaron tanto como pudieron, pero el hecho es que no lograron el reconocimiento ni por parte de las autoridades nacionales, ni de las autoridades locales ni de los consumidores de que su carne estaba en condiciones, que era apta para el consumo, un producto de buena calidad.
Es preciso que nos aseguremos, en el mercado mundial, con los medios de comunicación internacionales, de que podemos proteger esas partes de nuestra economía que son atacadas con tanta frecuencia y frivolidad a veces. No podemos permitirnos estos grandes hundimientos de confianza en nuestros alimentos. Yo creo en este plan de etiquetado de la carne. Debo asentir a lo dicho por el último orador, me preocupa el carácter voluntario propuesto por la Comisión para el producto final, pero creo que estos sistemas de registro y etiquetado de la carne conseguirán que si tenemos otro desastre en nuestra sector cárnico, podremos garantizar que esas partes que no están afectadas no se vean afectadas. El plan cuenta con mi pleno apoyo y espero que podamos aplicarlo lo antes posible.
Un comentario final: los ganaderos necesitarán fondos para asegurarse de poder aplicar los sistemas y espero que se esté pensando en ello.

Rosado Fernandes
Señora Presidenta, señor Comisario, todos nosotros sabemos que, incluso en un Estado federal, no todos los Estados cumplen las normas de la moral pública. Por tanto, disiento un poco de mi amigo Arlindo Cunha cuando habla de que sólo una política de la Unión podría curar la inmoralidad que vemos, a nuestra vez.
Sabemos que Arkansas no es tan honrado como Nueva York. ¡Al menos eso dicen los periódicos! Ahora bien, considero que la carne y los productos de la carne deben ser controlados obligatoriamente, deben ir etiquetados obligatoriamente. Pero también concedo inmensa importancia al informe Olsson, porque considero que en este momento -y mi país es uno de aquellos en los que así ocurre- la carne importada del Este no es controlada. No hace mucho los veterinarios portugueses protestaron por la falta de control de las carnes que entran en el país. Considero que en este caso la Comisión, en vez de utilizar la omertà de que se la acusa, tiene suficiente autoridad moral, porque es la emanación de los Gobiernos y de los Estados, para decir a éstos, de forma clara y transparente, que no están actuando bien. No tiene sentido que sigan cobrando los fraudes a precio de saldo, no tiene sentido que pongan en saldo la moral pública. En ese aspecto, la culpa es de la Comisión, porque, de hecho, tiene poder, por ser la garante de los Tratados, para velar por la moral pública, para velar por el control y para examinar la posibilidad de financiación en los diversos países de lo que se deba hacer.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, las disposiciones relativas a la identificación y registro de los animales son en parte insuficientes, en parte presentan algunas lagunas y, sobre todo, generan problemas en relación con el transporte transfronterizo, tal como demuestran los ejemplos más recientes. Por otro lado, el consumidor exigente espera poder contar con un etiquetado moderno de la carne, que permita conocer como mínimo las condiciones en que ésta se ha producido e identificar su procedencia, remontándose hasta la explotación de origen del animal en cuestión.
En estos momentos tenemos sobre la mesa dos propuestas de reglamento, el primero relativo a un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y el segundo relativo al etiquetado de la carne y los productos a base de carne de vacuno. Estos reglamentos se proponen garantizar la procedencia de la carne y de los animales bovinos vivos, desde la explotación de origen hasta el consumidor, y establecer de este modo una base sólida para una presentación de la carne y de los productos a base de carne de vacuno que también cuente, consiguientemente, con la confianza de los consumidores.
Lo que ahora interesa es actuar rápidamente y a fondo, tal como se ha insistido repetidamente aquí. Por lo que respecta a la segunda propuesta, la Comisión comparte el parecer de que debe preverse una regulación obligatoria de la identificación y el etiquetado. Yo debo señalar, no obstante, que por razones de viabilidad práctica es preciso prever, en cualquier caso, que el etiquetado obligatorio requerirá un período adecuado de preparación. Quienes ya cuentan con todos los requisitos necesarios deben poder proceder, no obstante, al etiquetado voluntario durante esta fase.
Por lo que se refiere al fundamento jurídico, la Comisión está dispuesta a aceptar el fundamento del artículo 100A para ambos proyectos y también para el informe sobre los controles veterinarios, en cuyo caso deberíamos considerar el debate de hoy como la primera lectura. En cualquier caso, yo les pido que consideren que si así lo hacemos perderemos algún tiempo y no podremos cumplir plenamente el mandato de la urgencia. Esto es particularmente cierto en el caso de la identificación y registro de los animales, que sobre todo es también un requisito previo para un etiquetado obligatorio.
En cuanto al informe sobre la identificación y registro, señora Presidenta, Señorías, ante todo yo quiero agradecer la labor de los ponentes, los Sres. Mayer, Papayannakis y McCartin, que han examinado nuestras propuestas en nombre de las Comisiones de Agricultura, de Medio Ambiente y de Control Presupuestario, respectivamente.
Por lo que se refiere a las enmiendas, debo señalar que puedo aceptar las enmiendas 2, 5 y 6. Lamento tener que comunicarles, sin embargo, que la Comisión no cree poder aceptar en estos momentos el resto de las enmiendas y yo quisiera exponer los motivos a la Asamblea. La Comisión no puede aceptar la enmienda 3 porque la cría de animales no es un objetivo comunitario, ni tampoco la enmienda 4, porque desde la perspectiva de la subsidiariedad no es necesario que las infraestructuras técnicas sean idénticas en todos los Estados miembros.
Las enmiendas 7, 9, 12 y 24 no son aceptables porque es imprescindible que nuestro sistema sea de ámbito comunitario y uniforme, con objeto de que permita acreditar de manera efectiva la procedencia de los animales de la especie bovina y de la carne de vacuno. De lo contrario, el sistema resultaría contraproducente y socavaría los esfuerzos que han realizado conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión para restablecer la confianza de los consumidores en el mercado de la carne de vacuno.
Tampoco será posible aceptar las enmiendas 8 y 13 puesto que nuestra propuesta ya señala que deberán tener acceso a la base de datos «especialmente las organizaciones de consumidores que tengan un especial interés reconocido». Nuestra propuesta es, por lo tanto, más exigente que la enmienda en este aspecto.
La Comisión no puede hacer suyas las enmiendas 10 y 18 porque ya proponemos que se utilice un código alfanumérico, compuesto de dos letras indicativas del Estado miembro de nacimiento seguidas de un número.
La adopción de la enmienda 11 crearía, a nuestro entender, una zona de indefinición, puesto que la ampliación del concepto de «poseedor» al marco de las transacciones comerciales, incluiría también las transacciones telefónicas, por ejemplo. Contra las enmiendas 14 y 18 cabe objetar que sin duda es preferible definir en el reglamento de la Comisión cuestiones tan de detalle como las que se proponen.
La enmienda 15 no es necesaria, puesto que los propios ganaderos pueden colocar las marcas auriculares. Somos del parecer que es más práctico identificar a los animales con una nueva marca auricular en su lugar de destino que no en el punto de entrada. En efecto, si el destino de los animales es un matadero, sin duda no será necesario colocarles una nueva marca auricular, siempre y cuando su sacrificio tenga lugar en un plazo breve. Por lo tanto, no podemos aceptar las enmiendas 16, 17 y 26. La enmienda 19 no es aceptable porque una disposición en el sentido de que las explotaciones podrán recibir una vez al año un determinado número de marcas auriculares se interpretaría como una negación del principio de subsidiariedad.
Asimismo, la Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 20, 23, 30 y 34, relativas a la fecha de entrada en vigor de las diferentes disposiciones concretas. Como ustedes saben, yo soy del parecer que debemos adoptar una decisión lo más pronto posible. Las fechas establecidas en el documento se han fijado también de conformidad con este idea.
La Comisión no puede aceptar tampoco las enmiendas 21 y 22, puesto que no es necesario que el número de identificación en el banco de datos de las explotaciones donde haya permanecido el animal conste de 14 caracteres. Doce caracteres son más que suficientes para este fin. Por otra parte, en la propuesta de la Comisión ya se prevé el registro de todas las explotaciones donde haya permanecido el animal.
Las enmiendas 25 y 29 nos plantean un problema, pues el plazo de 30 días para la transmisión de los datos a la base de datos es excesivo. A nuestro parecer, debe garantizarse el acceso a datos actualizados.
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 27 porque el pasaporte para animales sólo debería expedirse, a mi entender, una vez recibida la notificación del poseedor del animal. La enmienda 31 es superflua, puesto que ya existen disposiciones en este sentido en las normas jurídicas vigentes. La misma consideración es válida también para la enmienda 32. Por lo que se refiere a las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, yo quisiera señalar que el informe Mayer ya las contempla en cierto modo. Por otra parte, el punto de vista de la Comisión con respecto a las citadas enmiendas ya se desprende claramente de la posición que acabo de exponer.
Por lo que se refiere al informe del Sr. Papayannakis sobre nuestra propuesta relativa al etiquetado de la carne y de los productos a base de carne de vacuno, también en este caso quiero agradecer sinceramente la labor de cuantos han contribuido a la elaboración del informe y han trabajado en las comisiones.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que este Reglamento marco por el que se establece un sistema europeo de etiquetado debe aprobarse lo más pronto posible. Nuestro objetivo, como ya he manifestado, es establecer un sistema obligatorio. Por este motivo, la Comisión no puede aceptar en sus presentes términos las enmiendas 3, 5, 6, 7, 10, 11, 22, 24 y 25, que en el fondo se refieren a la introducción de un sistema obligatorio de etiquetado, puesto que si aceptamos que el sistema sea obligatorio será necesario reformular dichas enmiendas.
No debemos apartarnos, sin embargo, de la realidad de los hechos. A mi parecer y ya lo he apuntado aquí, en estos momentos no es posible establecer de inmediato un sistema obligatorio en los 15 Estados miembros. A nuestro entender, pueden transcurrir hasta tres años antes de que todos los Estados miembros hayan establecido los correspondientes reglamentos en materia de identificación y los dispositivos que exige el presente Reglamento, como pueden ser las bases de datos, etc.
Sin embargo, un sistema obligatorio sólo puede funcionar de manera generalizada si se cumple el requisito previo de que la identificación sea plenamente operativa en todos los Estados miembros. Aun así, como ya he señalado, a fin de no imponer limitaciones a los demás, deberíamos salvar esta brecha mediante un sistema facultativo.
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 34. Los detalles relativos a la vinculación entre la identificación de una pieza de carne y la del animal del cual procede están claramente regulados en el apartado 2 del artículo 2.
Las enmiendas 12, 16, 31 y 32 se refieren a los datos que deberían figurar en la etiqueta en un sistema obligatorio. También en este caso debe aplicarse, por lo tanto, el razonamiento antes citado. Por otra parte, la Comisión puede aceptar las enmiendas 23, 27, 30 y 33, relativas a los productos transformados, pero no en cambio las enmiendas 2, 8 y 26.
Yo quiero asegurarles, no obstante, que una vez completado un período transitorio será posible incorporar también los productos transformados al sistema. En el caso de la enmienda 21, la Comisión comparte el objetivo de fondo del Parlamento Europeo, en el sentido de que el presente Reglamento entre en vigor lo más pronto posible, habida cuenta de su importancia. En consecuencia, yo también defenderé este objetivo ante el Consejo.
La Comisión no puede aceptar la enmienda 18 por una cuestión de principio, pero las disposiciones en materia de sanciones se establecerán en las disposiciones de aplicación. En cuanto a la enmienda 19, en este caso la Comisión es del parecer que en lugar de la presentación de un informe anual sobre la aplicación del Reglamento, sería más adecuada su presentación una vez finalizada la fase de transición.
Por lo que se refiere a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan otros requisitos, adicionalmente a las disposiciones del Reglamento, tal como se prevé en la enmienda 4, la Comisión lo interpreta como el inicio de una renacionalización del mercado común. No es posible adoptar la enmienda 20 porque todavía es demasiado pronto para fijar un plazo para que la Comisión adopte las disposiciones de aplicación. La Comisión puede aceptar, en cambio, la enmienda 9, relativa a los organismos de control independientes. Éstos deberán cumplir los criterios establecidos en la Euronorma 45011 y deberán ser aprobados por la autoridad competente.
Ya me he referido al tema del fundamento jurídico y puedo pasar, por lo tanto, al último informe y en este caso quiero dar especialmente las gracias a los Sres. Olson y Kindermann.
Con la entrada en vigor del mercado único en 1993, se hizo imprescindible contar con una normativa eficaz que regule el control veterinario de los productos importados de terceros países. El Parlamento y la Comisión están de acuerdo en este punto. Ahora ha llegado el momento de mejorar las disposiciones vigentes en materia de control, sobre la base de las experiencias acumuladas.
Por lo que se refiere a las enmiendas propuestas, yo puedo manifestar que la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas 2, 3, 5, 6, 7, 17 y 18, que promueven la transparencia de los textos y ofrecen mejores garantías en determinados aspectos, como la comunicación de la información y el acceso a las zonas francas. La Comisión no considera, en cambio, justificadas las enmiendas 4, 8, 9 y 10 desde una perspectiva técnica. La regulación que el Parlamento propone que se aplique a los consignatarios navieros ofrece menos garantías que la propuesta original. Yo me inclino, por lo tanto, en favor del texto de la Comisión. La Comisión puede aceptar, no obstante, la enmienda 11, que concede una mayor flexibilidad a los Estados miembros.
La Comisión no suscribe la enmienda 16, puesto que no tiene el convencimiento de que sea necesario establecer un período transitorio en este caso. Los grandes progresos alcanzados en la armonización de las disposiciones veterinarias aplicables a las importaciones de terceros países deberían hacer posible un control comunitario uniforme. Por lo que respecta a las enmiendas 12, 13, 14 y 15, el Parlamento debería tener presente cuál es la posición general de la Comisión. Lamento no poder aceptar estas enmiendas relativas a los aspectos institucionales.

Lannoye
Señora Presidenta, supongo que el Comisario es perfectamente consciente de la importancia política de su intervención de hoy, a la que separa un intervalo de algunas horas de la intervención del Presidente de la Comisión.
Acaba de decirnos, y es muy positivo, que desea cambiar el fundamento jurídico y adoptar el artículo 100 A. Pero, sobre la marcha, después de habernos mostrado la zanahoria, viene con el palo y nos dice que no será posible aceptar las enmiendas que piden el etiquetado obligatorio.
Yo creo que se trata de una contradicción bastante sorprendente, y quisiera que se me confirmara mi interpretación. Quizá yo haya entendido mal; pero, por una parte, tenemos el artículo 100 A y, por otra, la Comisión no apoya las enmiendas del Parlamento. Entonces, ¿dónde está la ganancia? En cuanto al fondo, es nula.

Mayer
Desde luego, ya era evidente que el señor Comisario tenía intención de marcar con un signo negativo muchas de las enmiendas en su respuesta. No obstante, señor Comisario, yo creo que el principio máximo ha de ser la recuperación de la confianza de los consumidores. Y por este motivo debemos establecer unas normas razonables. La obligatoriedad de la identificación de los animales de la especie bovina y de la carne de vacuno debe establecerse rápidamente. Yo soy del parecer que, aun bajo el fundamento jurídico del artículo 100 A, en realidad podríamos ofrecer una muestra, tal como ha manifestado el Sr. Goepel, de que no es preciso que el procedimiento dure once meses, sino que también con este fundamento jurídico es posible adoptar con mayor celeridad los correspondientes reglamentos. Es todo cuanto quería añadir.

Vandemeulebroucke
Señora Presidenta, en una ocasión, durante un debate, le pregunté al Comisario Fischler si estaba de acuerdo en estudiar la introducción de un sistema electrónico, de chips, a fin de poder seguir al animal durante toda su vida. Mi pregunta es si está dispuesto a estudiar su factibilidad y sus costos.

Olsson
Señora Presidenta, en primer lugar he de decir que es verdaderamente encomiable que el Comisario acepte que se cambie el fundamento jurídico por el artículo 100a. Está en la línea de lo expresado por el Sr. Santer ayer, lo cual me satisface. Por lo demás, no veo ningún problema -al menos no muchos- en lo que concierne a mi informe. El Comisario acepta la mayor parte de las enmiendas, aunque no la propuesta sobre el sistema de comités, que consiste en que se transfiera más poder a la Comisión y en que los trabajos de preparación sean más transparentes. Seguramente esto habría resultado realmente valioso si se hubiese aprobado.
Con respecto al informe Papayannakis, debo decir que habría sido más provechoso adoptar una actitud más dura, que es la que recomendaba el Parlamento con el etiquetado obligatorio de la carne. Incluso demuestro ser suficientemente práctico reconociendo que es difícil de poner en funcionamiento. Al mismo tiempo, creo que las señales que demos han de ser duras, puesto que de otro modo no va a hacerse nada. El riesgo es que, si por parte de la Comisión se establece un periodo largo de transición, pase mucho tiempo antes de que se haga algo. En consecuencia, creo que es vital que el Parlamento dé una señal bien clara en la reunión conjunta de hoy.

Papayannakis
Señora Presidenta, señor Comisario, dado que la interpretación ha sido muy rápida no he entendido bien, por lo que le rogaría que me responda a tres preguntas muy sencillas, no sin antes agradecerle la aprobación del cambio de fundamento jurídico.
Mi primera pregunta se refiere al contenido de la información que debe incluirse en la etiqueta. Se dijo que no entrásemos en debate sobre esto, ya que no será obligatoria por el momento, es decir, será facultativa durante un tiempo. Yo soy de la opinión -y me gustaría conocer la suma al respecto- de que aun en el caso de que el etiquetado sea facultativo durante un tiempo, debe incluir determinados datos. El hecho de que el etiquetado sea facultativo no implica que cada uno pueda declarar lo que quiera; esto sería inaceptable y desvirtuaría la institución.
La segunda pregunta se refiere a los productos. Señor Comisario, está en debate el etiquetado de la carne. La Comisión de Medio Ambiente y el ponente que le habla insisten en que este etiquetado se aplique a todos los productos a base de carne de vacuno, incluidos los productos de transformación, es decir, los productos derivados. No he entendido bien su posición, ¿lo aprueba o no lo aprueba?
La tercera pregunta se refiere al sistema unitario, es decir, a la armonización del sistema de identificación y registro de los animales. Algunos países no tienen ningún sistema de este tipo y deben adoptarlo para que el sistema unificado sea razonable. Antes le pregunté si se prevé crear un programa específico a este respecto, que cuente con financiación comunitaria. No he oído ninguna respuesta por su parte, o no la he entendido.

Fischler
Señorías, es posible que mi intervención haya sido en realidad un poco demasiado rápida, pero esto es inevitable cuando es preciso adoptar una posición sobre tantas cuestiones a la vez y uno no quiere excederse en el uso del tiempo.
Por lo tanto, ante todo quiero reiterar con toda claridad que la Comisión acepta el fundamento jurídico del artículo 100A; yo sólo he hecho notar que esto tendrá sus consecuencias. En segundo lugar, la Comisión acepta los sistemas obligatorios. En ningún momento hemos manifestado la intención de que el sistema de identificación de los animales deba ser voluntario -éste debe ser obligatorio en cualquier caso-, lo único que se debate es si el etiquetado debe ser voluntario o no. También en este caso, aceptamos que el etiquetado sea obligatorio.
No obstante, yo les ruego que comprendan que nos encontramos ante la siguiente situación: si decimos que debe ser obligatorio y basta, esto significa que debemos conceder a los Estados miembros el tiempo necesario para su introducción. Con lo cual, durante el período transitorio no tendremos, en la práctica, ningún tipo de regulación. Por esto, nuestro planteamiento es que durante dicho período transitorio debe introducirse un sistema voluntario, lo cual sin embargo no significa -y quiero hacer claramente hincapié una vez más en este punto- que en esta fase cada cual pueda hacer lo que le plazca, sino que evidentemente también deberán cumplirse algunas disposiciones, como por ejemplo las relativas a los datos que deben figurar en la etiqueta.
También en este caso se trata de dos temas distintos. El hecho de etiquetar o no es voluntario. En cuanto al contenido de la etiqueta, evidentemente necesitamos unas disposiciones claras. Es el único modo razonable de proceder.
En relación con muchas de las enmiendas rechazadas, yo he manifestado con toda claridad que varias de ellas no redundan precisamente en una mejora del sistema, a nuestro parecer. Al contrario, podrían crear zonas de indefinición, por ejemplo; por lo demás, nuestras propuestas son en parte incluso más ambiciosas que las del Parlamento. Yo creo que la Comisión está autorizada, sin duda, a señalar estas dificultades y a rechazar estas propuestas en la primera lectura, si partimos de la base de que el fundamento jurídico es ahora el artículo 100 A.

El Presidente
Doy las gracias al Sr. Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Bienvenida
El Presidente
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la República del Yemen, dirigida por el Presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Sr. Mohammed Abdo Said, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados.
Nos sentimos honrados con su visita con motivo de la segunda reunión interparlamentaria con la delegación competente del Parlamento Europeo.
Constato con agrado que las relaciones entre la Unión Europea y el Yemen son excelentes, y que los contactos que mantenemos en el ámbito parlamentario han demostrado nuestra voluntad común de cooperar.
Deseo a la delegación yemení unas reuniones fructíferas y una excelente estancia en Estrasburgo.

Residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0035/97) del Sr. Kenneth Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(96)0584 - C4-0683/96 - CNS 96/0279) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2377/90 por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal.

Collins, Kenneth
, ponente. (EN) Señora Presidenta, debo decir para comenzar que la opinión que voy a expresar esta mañana es el punto de vista unánime de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y deseo dejar claro que es unánime .
Los límites máximos de residuos o LMR son los niveles autorizados de sustancias químicas en los productos de origen animal utilizados para la alimentación humana. Están contemplados en un reglamento del Consejo que fue aprobado en 1990 y que debía expirar en diciembre de 1996. El concepto es muy importante: ¿cuál es el nivel de cada sustancia química que resulta seguro para el consumo humano? Todo se reduce a esto, y por ello es una cuestión no sólo de política industrial o de política veterinaria, sino de salud pública.
El mercado se dividió en dos categorías en 1990. Estaban las llamadas «sustancias antiguas», más de 180, que ya se comercializaban y que debían ser evaluadas progresivamente a fin de determinar los LMR, y estaban las «sustancias nuevas», aún por comercializar y cuyos LMR debían determinarse antes de autorizar su venta. Todas las sustancias antiguas tenían que ser evaluadas y asignarse sus LMR antes de finales de 1996. Esto no ocurrió, lo cual quiere decir que todas las sustancias que actualmente no tienen LMR en realidad tendrían que ser prohibidas en la Comunidad a menos que se adoptaran medidas legales.
La Comisión tardó mucho en sacar la propuesta. El viejo reglamento expiró en diciembre de 1996; el nuevo no fue transmitido al Parlamento hasta el 10 de enero de 1997. La situación actual, por lo tanto, es que existe un vacío legal. La presente propuesta de la Comisión intenta hacer dos cosas: intenta ampliar el plazo para la evaluación de las sustancias químicas, algo que podemos aceptar puesto que es claramente necesario; pero intenta además clasificar las sustancias que se utilizan en ensayos clínicas con animales. Un fin encomiable, pero me temo que dos o tres semanas no es tiempo suficiente para que el Parlamento examine el tema adecuadamente y se ocupe de un aspecto de la salud pública importantísimo. Necesitamos garantías de que todos los LMR restantes se pondrán dentro de unos plazos determinados si accedemos a una ampliación. A la comisión parlamentaria no le cabe duda de que es necesaria una ampliación, y estamos dispuestos a seguir adelante con ello. Pero, francamente, el resto no es suficientemente aceptable y, desde nuestro punto de vista, la salud pública debe ser nuestra máxima prioridad.
Por otro lado, la propuesta de la Comisión no refleja las preocupaciones sobre los ensayos clínicos. Según nos dicen, las empresas no siempre han proporcionado la información correcta, a veces incluso porque la Comisión no siempre ha dejado claro lo que quería y hay demasiadas sustancias cuya evaluación ni tan siquiera ha comenzado, por no hablar de finalizado. En este contexto, no podemos permitir el riesgo para la salud pública que podrían suponer las sustancias químicas sin evaluar. Así pues, aceptamos la lógica de ampliar el plazo, pero no podemos aceptar el resto de la propuesta. No se nos ha dado tiempo y no creemos que se contemple suficientemente la seguridad de los consumidores: la propuesta es incompleta y deja a los consumidores, así como a las empresas farmacéuticas, en la duda.
El Parlamento Europeo cuenta sólo con una lectura sobre el tema -es una propuesta con arreglo el artículo 43y entendemos que el Comité de Medicamentos Veterinarios puede muy bien informar a la Comisión en dos semanas sugiriendo cambios en el sistema de evaluación. Sin embargo, aquí nos encontramos hoy y se nos pide que aprobemos esto sin discusión. No es nada satisfactorio. La propuesta, los plazos y las medidas significativas de la política son cosas muy diferentes. No hay ninguna norma en el Tratado que nos permita separarlo.
Por otro lado, pese a que se ha pedido a la Comisión que demuestre cuál es la base legal, hasta ahora, a las 11.40, no lo ha hecho. No he oído decir a la Comisión cuál es la base legal de conformidad con el Tratado, y no habrá sido por no haberlo preguntado. Se me prometió esta mañana hace hora y media y todavía no lo he recibido.
Habría sido preferible llenar el vacío legal, pero me temo que, a menos que la Comisión pueda comprometerse claramente a que va a retirar la parte de la propuesta que se refiere a las sustancias y esté de acuerdo con proceder únicamente a una ampliación temporal, mi comisión me ha encomendado que diga con toda claridad que haremos volver esto a comisión para nuevas enmiendas. Esta es la opinión unánime de nuestra comisión parlamentaria.
El Sr. Bangemann indica que está sorprendido. No sé por qué ha de estarlo -si es que realmente lo está- porque en la fase de comisión se dejó claro que esta era la opinión unánime y a él se le dejó claro en una carta ayer mismo.
Espero que la Comisión pueda ver el modo de retirar la propuesta referida a las sustancias. Espero que pueda estar de acuerdo con proceder únicamente a la ampliación temporal. Si así lo hace, me alegraré mucho de recomendar al Parlamento que aceptemos el cambio de plazo, pero mi comisión se mantiene firme en que no va aceptar el resto.

El Presidente
El Sr. Bangemann solicita la palabra. Ignoro si es para una cuestión de orden o para intervenir por alusiones personales, pero le he visto reaccionar enérgicamente. Por lo tanto, le concederé inmediatamente la palabra, si me lo permite el Sr. Collins y los demás oradores, quienes podrán intervenir a continuación.

Bangemann
Señora Presidenta, ante todo, yo quiero explicar por qué he solicitado el uso de la palabra en este momento. No lo he hecho porque esté molesto, sino porque todos debemos empezar por aclarar en primer lugar cuál es el tema que nos ocupa. A juzgar por las manifestaciones del Sr. Collins, he deducido que aún subsiste alguna confusión. Por esto yo quisiera exponer ahora cómo vemos nosotros la cuestión y cómo pueden resolverse los problemas a nuestro parecer.
En primer lugar, no pedimos en absoluto que el Parlamento se manifieste hoy, ni dentro de dos semanas, ni en ningún otro plazo, sobre el fondo de las propuestas. El Parlamento puede tomarse el tiempo que precise para examinar meticulosamente estas propuestas. Pueden tomarse en consideración los sucesos más recientes y el Consejo me ha confirmado por carta -como ya sabe el Sr. Collins- que no decidirá sobre el fondo de la materia hasta que el Parlamento no haya decidido y formulado su opinión.
El Sr. Collins también ha recibido la misma carta, según acaban de comunicarme. Por lo tanto, debe quedar absolutamente claro que nadie, ni el Consejo ni la Comisión, pretende que el Parlamento se manifieste en un plazo de pocos días, o de pocas horas, y mucho menos ahora mismo sobre el fondo de la cuestión. No es éste nuestro deseo, ni tampoco lo desea el Consejo.
El Consejo ha asumido un compromiso y yo creo que no debemos partir ahora, en el marco del diálogo interinstitucional, del supuesto de que no cumplirá este compromiso que consta por escrito. No obstante, para evitar esta preocupación al Parlamento, yo puedo manifestar aquí que, aun suponiendo que el Consejo tuviese la intención de tomar una decisión sin la intervención del Parlamento, lo cual no creo en absoluto que vaya a ocurrir, nosotros retiraríamos la propuesta. Es algo que podemos hacer en cualquier momento. De este modo impediríamos que el Consejo adoptase una decisión sin que el Parlamento pudiese manifestar su parecer. Sólo solicitamos -y el Sr. Collins incluso manifestó que apoyaría esta petición- que se debata ahora el artículo 14, o sea la ampliación del plazo, puesto que de lo contrario se crearía una situación insostenible en relación con los medicamentos que ya vienen comercializándose desde hace años, sin ningún peligro, por cierto. Éste es el problema.
Es cierto que el procedimiento ha sido largo. Pero esto no es imputable a la Comisión, sino que se debe, entre otras cosas, a que la Agencia de Londres no dispone de personal suficiente y a que parte de la industria, como ha señalado también el Sr. Collins, no ha presentado la documentación. No creo que sea discutible, por lo tanto, que la ampliación del plazo está objetivamente justificada.
Señora Presidenta, yo creo que ahora comprenderá que era necesario que volviera a exponer lo que acabo de decir. No se trata del fondo del asunto, de la propuesta global. El Consejo no adoptará una decisión hasta que el Parlamento no haya manifestado su posición. El Parlamento dispone de todo el tiempo que requiera y la Comisión se compromete además a que, aun en caso de que el Consejo no cumpliera finalmente los compromisos que ha suscrito por carta -si bien éste es un supuesto puramente teórico-, nosotros retiraremos la propuesta, es decir que ésta ya no existirá.
El único punto que solicitamos que se debata ahora por la vía de urgencia es la aplicación del artículo 14 y esto es jurídicamente posible.

Trakatellis
Señora Presidenta, la protección de la alimentación de los animales así como de la salud humana constituye hoy en día una prioridad de la Unión Europea, sobre todo tras los últimos acontecimientos relacionados con la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina. Al mismo tiempo, el funcionamiento del mercado único debe adaptarse de modo eficaz para que los productos que están o estarán en circulación cumplan unas garantías de protección de la salud y las normas previstas en los acuerdos internacionales. La propuesta de la Comisión se refiere a la modificación del Reglamento por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. Mediante esta propuesta la Comisión pretende modificar el Reglamento, para encomendar a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos el examen de las solicitudes de registro, modificación y ampliación de los límites máximos de residuos, y la coordinación del procedimiento de toma de decisiones con el procedimiento central. Al mismo tiempo, la modificación se considera necesaria porque la Comunidad debe cumplir las obligaciones que se derivan del acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias firmado tras las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. El objetivo no es en sí mismo la modificación del Reglamento, sino una verdadera protección de la salud pública, de modo que la fijación de unos límites máximos de residuos de medicamentos unificados debe permitir la libre circulación de alimentos y medicamentos veterinarios y garantizar la protección del consumidor en el mercado único. El primer aspecto de la modificación del Reglamento se refiere a la ampliación del plazo para el trabajo de evaluación. Las dificultades que se produjeron con respecto a la evaluación en el ámbito de los Estados miembros, así como las relativas a la Agencia para la Evaluación de Medicamentos, que no empezó a funcionar hasta 1995, nos obligan a ampliar el plazo por dos años, dentro de los cuales la Agencia debe finalizar su trabajo de evaluación. No obstante, hay que subrayar que, en interés de la salud pública y la seguridad de los consumidores, se impone fijar un plazo específico respecto a las sustancias peligrosas, que deberán ser evaluadas antes del 31 de diciembre 1997.

Cabrol
Señora Presidenta, la presente propuesta está encaminada a garantizar que la administración de medicamentos a animales destinados al consumo no revista ningún peligro para el consumidor. En efecto, los medicamentos veterinarios dejan residuos que permanecen cierto tiempo en los animales y que, por lo tanto, pueden pasar a los productos destinados al consumo humano: carne, despojos, leche, huevos. La nocividad de estos residuos depende principalmente de su nivel de concentración en dichos productos alimenticios: el denominado «límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal». Ésta es una definición técnica, pero expresa claramente lo que significa. Dicho límite fue fijado por el Reglamento de enero de 1992. Desde esta fecha no se ha autorizado ningún medicamento sin que previamente se fijara dicho límite máximo. Una lista de 400 productos farmacéuticos esperaba esta autorización, que debía concederse antes del 1 de enero de 1997. Desgraciadamente, sólo 200 de estos medicamentos han podido ser evaluados. Los 200 restantes podrían ser suprimidos inmediatamente del mercado de los medicamentos veterinarios, lo que tendría efectos catastróficos para la industria agroalimentaria, sin que por ello la salud pública se viera beneficiada. Nosotros pedimos, por lo tanto, que el plazo se amplíe hasta el 1 de enero de 1999.
En cambio, sería peligroso y contrario a la protección de la salud pública el consumo de alimentos procedentes de animales sometidos a ensayos clínicos, antes de que se haya fijado un límite máximo definitivo, y no provisional. Así pues, es indispensable que los animales sometidos a ensayos clínicos no sean destinados al consumo antes de que se fije definitivamente dicho límite.

Lannoye
Señora Presidenta, comparto la exposición que Kenneth D. Collins ha efectuado hace unos minutos, aunque desearía profundizar algo más en la segunda parte del expediente.
En primer término, con respecto a la primera parte, debemos reconocer que nos enfrentamos a un grave problema. ¡Aún quedan sin evaluar 246 sustancias utilizadas en medicamentos veterinarios antes de la aprobación del Reglamento de 1990! No se ha fijado un límite máximo para los residuos y la utilización de dichas sustancias está, de hecho, prohibida a partir del 1 de enero de este año. Por lo tanto, es imperioso ampliar los plazos para efectuar esta evaluación, como lo propone la Comisión.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor expresa su acuerdo al respecto con una condición: las sustancias más peligrosas, o aquellas que se piensa puedan ser más peligrosas, deben ser evaluadas antes del 1 de enero de 1998.
Desearía hablar, a continuación, de la segunda parte de la propuesta, que es mucho más grave. En efecto, la Comisión propone modificar el Reglamento de 1990, para permitir que la industria farmacéutica pueda utilizar, con límites máximos provisionales, medicamentos que aún están en la fase de ensayos clínicos. Esto significa que los consumidores se convertirían en conejillos de Indias involuntarios para la industria farmacéutica. Dichos límites máximos provisionales propuestos por la industria farmacéutica están siendo actualmente estudiados por la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos y por las comisiones competentes.
Así pues, nos encontramos frente a una modificación con respecto a 1990, ya que en aquel momento esta medida se consideraba excepcional. Ahora se convierte en general. Creo que, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, todos están de acuerdo en que esto es inaceptable. Pedimos al Comisario que se exprese claramente sobre dicho punto. ¿Acepta retirar esta parte de la propuesta, sí o no? Creo que este es el objetivo del debate y no la primera parte, con la que estamos de acuerdo.
Desearía, no obstante, insistir en las declaraciones del Sr. Santer, quien ayer declaró que, con respecto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, deseaba adoptar el artículo 100 A. Puede admitirse que, en relación con la primera parte, pueda aplicarse el procedimiento de urgencia, pero no sucede lo mismo con la segunda parte.
(Interrupción del Comisario) ¡Me alegro, señor Bangemann, dígalo claramente! En su exposición, hace un momento -quizá sea un problema de traducción-, usted se ha referido al fondo. Yo me refiero a la segunda parte de su propuesta, relativa al sistema de límites provisionales para los medicamentos que aún están en la fase de ensayos clínicos.
¡Sea claro al respecto y diga si retira esta propuesta!

Barthet-Mayer
Señora Presidenta, nuestro objetivo, una vez más, es proteger la seguridad de los consumidores en relación con los residuos de medicamentos veterinarios en los productos de origen animal.
Primer punto esencial: los plazos. Con respecto a las sustancias potencialmente más peligrosas, es fundamental que sean evaluadas antes del 31 de diciembre de este año, y, en caso contrario, prohibidas a partir del 1 de enero de 1998. Dicho esto, teniendo en cuenta el retraso de la Comisión, es normal que se acepte una ampliación de tres años para los demás productos que la Agencia Europea aún debe evaluar. Este plazo es necesario; de lo contrario, más de 200 sustancias antiguas serían inmediatamente retiradas del mercado, sin distinguir entre las buenas y malas, lo cual no sería justo.
Segundo punto esencial: los ensayos clínicos. El texto de la Comisión es vago e impreciso en este punto, a pesar de que se trata del consumo de alimentos procedentes de animales sometidos a ensayos clínicos y cuyos organismos presentan residuos de sustancias, algunas de las cuales pueden ser peligrosas para el consumidor. Habida cuenta de la crisis que conoce el sector -y en este punto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Lannoye-, la entrada de estos medicamentos en la cadena alimentaria es inaceptable.

Collins, Kenneth
Señora Presidenta, creo que debemos dejar las cosas claras. En intención no estoy en absoluto en desacuerdo con el Sr. Bangemann. Quiero que esto quede bien claro.
Ahí es donde acaba probablemente la similitud entre el Sr. Bangemann y yo. No tengo noticia de que demasiadas personas hayan notado muchas similitudes en el pasado de todos modos. Nosotros -todo el mundo de la Cámara, todos los que hemos hablado y los que no- aceptamos enteramente que el plazo debe modificarse. Puede extenderse hasta final de siglo, a grosso modo. Necesitamos más o menos otros tres años para cumplir las disposiciones sobre evaluación.
En lo que discrepamos del Sr. Bangemann, sin embargo, es en qué se hace desde el punto de vista jurídico con el resto. Aunque respeto la intención del Sr. Bangemann de decir al Consejo: »No pueden ustedes adoptar una decisión porque no han recibido el dictamen del Parlamento», el hecho es que hay sólo una propuesta sobre la mesa. Hay sólo una lectura sobre esa propuesta que está sobre la mesa porque se ha presentado de acuerdo con lo previsto en el artículo 43. El Parlamento no dispone de ningún mecanismo para separarlo y tampoco lo tienen, por lo que veo, la Comisión ni el Consejo.
Lo que tenemos es una la intención declarada de que no van a proceder. Me temo que estas cartas que he recibido no tienen carácter oficial. No reflejan nada en absoluto que esté recogido en el Tratado. En éste, por lo que yo sé -espero que el Sr. Bangemann pueda cambiar mi opinión al respecto-, no hay nada que diga que una carta así de comunicación de intenciones constituya una obligación jurídica.
Si hubiera algo de este estilo, entonces me podrían convencer de que cambiara de opinión y la comisión parlamentaria podría cambiar de opinión asimismo. Pero, en este momento, no tenemos una garantía de que se fuera a permitir que el Parlamento emitiera dictamen sobre algo sobre lo que ya ha emitido dictamen porque hay sólo una lectura y un reglamento. Ese es el fondo de la cuestión. Si podemos resolverlo, si el Sr. Bangemann puede mostrarnos cuál es el fundamento jurídico de todo esto, entonces podríamos quizá cambiar de opinión.
En este momento no consigo ver ninguna salida, aunque esté de acuerdo con su parecer y, supongo, él esté de acuerdo con el mío. Compartimos el mismo propósito, pero me temo que el punto de vista en el Parlamento es que no podemos confiar suficientemente en el procedimiento que se está sugiriendo para hacerlo realidad. No creo que el Sr. Bangemann estuviera tampoco en una posición suficientemente fuerte para forzar al Consejo, porque no tendría fundamento jurídico para hacerlo.

Bangemann
Señora Presidenta, a fin de evitar dificultades para comprender mi poco claro alemán, deseo cambiar a mi excelente inglés primero y después al francés, de manera que todos aquellos que han participado en el debate no tendrán que depender de nuestro ineficaz servicio de interpretación.
En mi opinión el servicio es excelente, me refiero a los discursos hechos durante ese debate.
Las cosas están ahora más claras porque, como dije al principio, hoy nos estamos ocupando del artículo 14, no nos estamos ocupando de ningún otro artículo. El artículo 14 prevé una ampliación de dos años para las sustancias que ya están disponibles en el mercado. Ken Collins y el Parlamento están dispuestos a aceptarlo. Lo que les preocupa es: ¿qué vamos a hacer con el fondo de la propuesta? Ya he indicado que hay dos cartas, una, como saben, del Consejo y otra de mi colega Marcelino Oreja, responsable de las relaciones con el Parlamento, siguiendo los consejos de nuestro Servicio Jurídico. Las dos posturas son perfectamente claras en cuanto a su interpretación legal: ésta no es la lectura; la urgencia se ha pedido únicamente para el artículo 14, y para nada más.
Hoy no tenemos que debatir el fondo. Nadie lo está pidiendo. Eso puede hacerse después de que el Parlamento haya adoptado su postura. La única cuestión que hoy se debate es si el Parlamento puede aceptar un procedimiento urgente con el artículo 14 y esto es lo que estamos pidiendo.
Respecto a la garantía, nuestro Servicio Jurídico dice que no hay ningún problema. El Consejo ha solicitado únicamente la urgencia del artículo 14 y, desde un punto de vista formal, la urgencia no se ha pedido para nada más. Además, si hubiera alguna dificultad, la Comisión estaría dispuesta a retirar toda la propuesta a fin de dejar perfectamente claro que el Parlamento tiene que emitir su opinión sobre el fondo.
Diré ahora algunas palabras en francés porque se han hecho algunas observaciones en francés sobre las sustancias. Si estas observaciones expresan una posición del Parlamento -lo que está por ver-, estamos como siempre dispuestos a tomar en consideración lo que el Parlamento decida, y Sus Señorías tienen tiempo para decidirlo. Los ensayos clínicos y todos los demás puntos que les interesan pueden ser examinados y decididos luego. La situación es bastante clara. Por eso, si están de acuerdo con el cambio del artículo 14, no veo por qué no podría hacerse. Es lo único que se les pide; no se les pide nada más.

Collins, Kenneth
Señora Presidenta, le agradezco que me haya dado tiempo y también doy las gracias al Sr. Bangemann por su explicación. Sé que se supone que debemos votar sobre esto en la próxima media hora más o menos. Me pregunto si sería posible que en vez de ello hiciéramos la votación mañana. Entonces tendré la oportunidad de examinar esto personalmente con el Sr. Bangemann y sus servicios y podríamos aclarar la situación para satisfacción de ambos. Si usted estuviera de acuerdo con ello, creo que sería la mejor solución.

El Presidente
Considero que se trata de una propuesta perfectamente razonable. Me dirijo a la Asamblea porque normalmente la votación de este informe debería celebrarse este mediodía. ¿Hay alguna objeción a esta ligera modificación del orden del día en el sentido de aplazar la votación de este informe hasta el turno de votaciones de mañana a las 12.00 horas?
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la propuesta) El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente
Señorías, el Sr. Whitehead me ha hecho una petición que desearía aceptar. El Sr. Whitehead está presente, pero le será imposible acudir al Pleno de esta tarde y querría presentar su informe. Son las 12.01 horas. Le concederé, pues, la palabra y le pido que respete su tiempo, para que podamos pasar, seguidamente, al turno de votaciones.

Prioridades de la política de los consumidores (1996-1998)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0317/96) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión (COM(95)0519 - C4-0501/95) relativa a las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998).

Whitehead
Señora Presidenta, le doy las gracias, sobre todo por la difícil situación en la que se ha visto en momentos anteriores del día de hoy. No me hago ilusiones de que los diputados presentes hayan venido por su interés en lo que tengo que decir. Sin embargo, se están reuniendo para escuchar y participar en una votación sobre prioridades de los consumidores en el tema de la EEB y otras cosas.
Deseo emplear los cinco minutos que tengo asignados para presentar el informe que ha estado esperando a recibir la atención del Parlamento durante más de dos sesiones y que se relaciona con la prioridades de los consumidores definidas por el Sr. Prendergast, las cuales le han sobrevivido, han sobrevivido al tiempo del Sr. Papas como director general de la DG XXIV y deben recibir ahora la atención del Sr. Reichenbach. El hecho de que haya llevado tanto tiempo y el hecho de que aún tengamos que intentar adquirir masa crítica para la Sra. Bonino y su gabinete subraya suficientemente lo que estamos intentando decir hoy. Me alegro de que el Presidente Santer esté presente, tanto si está escuchando o no lo que tengo que decir.
Creemos que un marco para las prioridades de los consumidores dentro de la Unión debe considerar esencialmente no toda una lista de buenos deseos tipo tarjeta de Navidad, que quizá podrían realizarse en un mundo ideal, sino una lista clara y concisa de las cosas que tenemos que hacer, cosas que han de relacionarse con el papel fundamental que debiera tener para nosotros el artículo 129 A después de Maastricht. Creemos que necesitamos unas prioridades definidas claramente para el Sr. Reichenbach y su equipo.
Otras medidas para garantizar el acceso de los consumidores a la justicia dentro de los tribunales y fuera de ellos, a lo largo y ancho de la Unión: propuestas legislativas y medidas concretas destinadas a garantizar la protección de los intereses financieros de los consumidores -algo a lo que volveremos más adelante en el debate sobre el informe de la Sra. Marinucci de esta tarde-; mejor información que convierta la información al consumidor en poder del consumidor, y aquí aprovecho para mencionar los nuevos poderes asignados a la Sra. Bonino. Espero que esta tarde sepamos por ella el uso que va hacer de los mismos, y agradezco lo que dijo ayer el Presidente Santer, en lo que fue un día histórico para esta Asamblea y para sus relaciones con la Comisión, respecto a las prioridades que estamos confiriendo a la alimentación, la salud y la seguridad. Finalmente, el establecimiento de una definición básica, clara y única de servicio universal que pueda aplicarse por sectores según vamos avanzando hacia la liberalización de sectores clave de la economía.
En el tiempo de que dispongo no quiero extenderme en detalle sobre nada de lo anterior. Tan sólo diría que me parece que hemos sido negligentes al no dar a estas áreas la prioridad que merecen. En cuanto al acceso a la justicia, ahora, por lo menos, la Comisión está dando pasos hacia la publicación de planes, pero debe avanzar más a fin de afianzar el reconocimiento mutuo de las condiciones para recibir ayuda jurídica en toda la Comunidad y facilitar que las asociaciones de consumidores de países como el mío, así como los organismos públicos, puedan emprender acciones en grupo cuando se produzcan infracciones contra la legislación comunitaria.
También necesitamos que la DG XXIV y la Sra. Bonino nos den noticias sobre cómo van a usar exactamente su personal adicional y los nuevos poderes que tienen para controlar las cuestiones de salud y seguridad alimentaria en el conjunto de la Comunidad. La investigación que deberíamos hacer en la materia, y que la Comisión debería patrocinar y financiar, ha de considerar temas relacionados de salud humana y animal a los que siempre se ha dado escasa prioridad porque el interés de los consumidores nunca ha sido preeminente. Espero, en este sentido, que en cuestiones como la investigación de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob observemos un compromiso no sólo por parte de los Estados miembros, incluido el mío, sino por parte de la Comisión en conjunto, de estudiar esta plaga y cómo se ha desarrollado.
Hay muchas cosas que podría haber dicho y quizás se dé la oportunidad de tener después una conversión con el nuevo director general y con la Sra. Bonino. Lamento que este debate se haya colocado de tal manera que tenga que ser tanto truncado como dividido por el descanso.

El Presidente
Le doy las gracias, señor Whitehead. Teniendo en cuenta las circunstancias, no he impuesto silencio a la Asamblea puesto que todos estaban esperando el turno de votaciones.
El debate sobre el informe del Sr. Whitehead se reanudará esta tarde a las 15.00 horas.

Bienvenida
El Presidente
Tengo el placer de saludar a una delegación del Centro Internacional por la paz en el Oriente Medio que se encuentra en la Tribuna Oficial. Esta delegación, compuesta por representantes de la Knesset y del Consejo Legislativo Palestino, nos honra con su visita con motivo del encuentro con las delegaciones competentes del Parlamento Europeo.
Esta iniciativa, la primera en su género, constituye una ocasión única para debatir los temas referentes al proceso de paz en el Oriente Medio, que nos afectan muy de cerca a todos nosotros.
Aprovecho esta ocasión para saludar también la presencia del enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en el Oriente Medio, Su Excelencia el Embajador Moratinos.
Nuestras relaciones con la Knesset y el Consejo Legislativo Palestino son excelentes, y los contactos que tenemos ya a nivel parlamentario han demostrado la voluntad común de cooperar en un gran número de sectores.
Espero que este encuentro marque una nueva etapa en el acercamiento necesario de los países y de los pueblos que representamos.
Deseo a la Delegación del Centro Internacional para la paz en el Oriente Medio unas conversaciones fructuosas y una excelente estancia en Estrasburgo.

Tamino
Señor Presidente, intervengo únicamente para pedir una aclaración, ya que existe una contradicción manifiesta entre lo declarado ayer por el Presidente Santer, pues en la página 8 se habla de «etiquetado obligatorio y sistemático» como elección de la Comisión, y la declaración que hoy hemos oído del Comisario Fischler, quien ha rechazado todas las enmiendas en las que se solicitaba el etiquetado obligatorio de la carne de vacuno.
En consecuencia, antes de votar este asunto, quisiéramos saber cuál es la verdadera posición de la Comisión. ¿El etiquetado es o no es obligatorio? ¿Es o no es sistemático? Las declaraciones que pudimos escuchar no van en esta dirección. Decir en términos generales, como lo ha hecho el Comisario Fischler, que la Comisión está «en términos generales» de acuerdo con la obligatoriedad, a pesar de que por ahora no se impone obligación ni tampoco plazo alguno, equivale a no aceptar lo manifestado ayer por el Presidente Santer. Antes de la votación, pedimos una aclaración sobre la posición oficial de la Comisión.
(Aplausos)
Fischler
Señor Presidente, Señorías, agradezco muchísimo esta intervención, puesto que me permite ofrecerles una aclaración. Su Señoría al parecer no ha escuchado mis palabras de esta mañana.
(Fuertes protestas) Esta mañana yo he manifestado que la Comisión acepta que las tres propuestas objeto de debate se traten bajo el fundamento del artículo 100A. La Comisión ha declarado asimismo esta mañana que somos claramente favorables a un sistema obligatorio. No obstante, me he permitido señalar que será necesario un cierto plazo antes de que sea posible la puesta en práctica de este sistema obligatorio en todos los Estados miembros, puesto que para ello se requiere una identificación adecuada de los animales y también un registro adecuado, que deberá realizarse con el apoyo de sistemas automatizados.
Con objeto de no poner trabas para que los Estados miembros que ya cumplan todos los requisitos durante este período puedan introducir un sistema de etiquetado antes de la fecha prevista, consideramos razonable contemplar la posibilidad de un etiquetado voluntario durante esta fase inicial, lo cual por otra parte -o al menos ésta es mi impresión- ha contado con la aprobación de la mayoría de los presentes en el debate.

El Presidente
No es el momento de debatir sobre este asunto. Cuando lleguemos al informe se podrán hacer preguntas al respecto.

Cohn-Bendit
Yo sólo quisiera hacerle una pregunta al señor Comisario Fischler: ¿cuánto durará el período transitorio?

El Presidente
Ya he dicho que tales preguntas deberán hacerse en el momento oportuno.

Evans
Señor Presidente, es sobre una cuestión de orden que intenté formular hace unos instantes cuando presidía la Cámara su predecesora, la Sra. Fontaine. Cuando hablaba mi colega Philip Whitehead, un gran número de diputados de esta Asamblea le demostraron una descortesía evidente: no le escuchaban, la gente iba entrando y exhibía una absoluta falta de respeto.
Señor Presidente, ha hecho usted alusión a los visitantes de la galería de visitantes ilustres. No sé que tipo de impresión les habría causado hace unos instantes -y tal vez sea ahora un poco mejor-, pero espero que pueda usted usar su martillo de presidente como es debido para mantener el orden en esta Cámara y que los oradores sean escuchados con el respeto con que no lo ha sido el Sr. Whitehead.

El Presidente
Le agradezco mucho su intervención, señor Evans, porque habrá podido usted comprobar que no sólo el Sr. Evans, sino el propio Presidente era bastante poco escuchado cuando ha pedido silencio al inicio de esta votación que querríamos empezar.

Cohn-Bendit
Yo sólo quisiera hacerle una pregunta al señor Comisario Fischler: ¿cuánto durará el período transitorio?

El Presidente
Ya he dicho que tales preguntas deberán hacerse en el momento oportuno. La Sra. Fontaine ha sido objeto de alusiones personales y me pide la palabra.

Fontaine
Señor Presidente, tengo por costumbre hacer que se respete esta Asamblea. Pero el Sr. Whitehead sabía perfectamente que se le daba un trato muy preferente. Normalmente no debíamos, Señorías, iniciar el debate sobre su informe. Eran poco más de las 12.00 horas y teníamos que empezar el turno de votaciones. Si, además, hubiera interrumpido al Sr. Whitehead para imponer silencio a la Asamblea, su intervención se habría prolongado aún más, y pienso que él lo ha entendido perfectamente. Se trataba de unas circunstancias muy particulares. Esto es todo lo que deseaba decir, señor Presidente.

Votaciones
Hory
Señor Presidente, la cuestión reglamentaria que deseo señalar se basa en los artículos 127, 122 y 34. A pesar de que el Grupo de Coalición Radical ha tratado de mejorar la resolución común a través de sus enmiendas, criticamos un procedimiento que consideramos una renuncia por parte del Parlamento Europeo en un asunto de excepcional gravedad.
Por lo tanto, se trata de un desacuerdo de fondo; pero mi intervención se refiere a una cuestión de procedimiento que plantea la votación que va a celebrarse. El lunes, la Sra. Barthet-Mayer y el Sr. Puerta hicieron hincapié en las sólidas razones que teníamos para aplazar esta votación hasta tanto no se votara la moción de censura. El Parlamento tomó una decisión distinta y no las apoyó, aun cuando eran muy sólidas y basadas en muchas evidencias parlamentarias. No insistiré, pues, en ello.

El Presidente
Señor Hory, esta cuestión se había solucionado el lunes, de acuerdo con el procedimiento previsto. Por lo tanto, no puedo permitir que se vuelva a plantear como si fuera una explicación de voto, ya que usted alude al artículo sobre las explicaciones de voto. Lo lamento.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Papayannakis
Señor Presidente, quisiera referirme a tres cuestiones:
Primero, recordar a los diputados que el Sr. Fischler nos ha comunicado que la Comisión aprueba el cambio de fundamento jurídico y la adopción del artículo 100A, es decir, lo que hacemos hoy es la primera lectura.
Segundo, señor Presidente, de la lista de votaciones se desprende que he propuesto a la Asamblea que se rechacen todas las enmiendas que implican un sistema de etiquetado no obligatorio: en mi opinión, todas estas enmiendas deben ser rechazadas porque el sistema debe ser obligatorio, al igual que todas las enmiendas que limitan el etiquetado sólo a la carne. La propuesta del ponente
y de la Comisión de Medio Ambiente es que el sistema se aplique a todos los productos de carne de vacuno, preparados, productos de transformación y derivados.
Tercero, señor Presidente, el Sr. Fischler ha afirmado que la Comisión está a favor del etiquetado obligatorio, pero solicita un período transitorio y alega que esa es la razón por la que la Comisión no aprueba las enmiendas relativas al etiquetado obligatorio. Esto provocó la indignación de muchos diputados. Quisiera, pues, hacer la siguiente pregunta al Sr. Fischler: ¿no podríamos invertir este razonamiento? Es decir, que la Comisión apruebe todas las enmiendas que establecen el etiquetado obligatorio, complementándolas con un artículo que determine el período transitorio necesario para la adaptación de los Estados miembros, con la petición de que este período sea lo más breve posible.
(Aplausos)
Fischler
Señor Presidente, tal como ha señalado acertadamente el ponente, puesto que se ha modificado el fundamento jurídico, se trata de la primera lectura. Por consiguiente, yo pienso que tendremos ocasión de volver a abordar la cuestión que plantea el ponente cuando se proceda a la segunda lectura.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Mayer
Señor Presidente, yo sólo quisiera recordar que esta mañana he presentado una enmienda oral por la que el fundamento jurídico del artículo 43 se modifica por el del artículo 100A y que la Comisión lo ha aceptado.

El Presidente
Como ustedes saben, las enmiendas orales no pueden someterse a votación. Pero tomaremos nota de ello y se hará constar en Acta para que la Comisión pueda aceptarla, en su caso.
Además, la Comisión de Asuntos Jurídicos tendría que informar. De modo que vamos a respetar el Reglamento y entrar en la votación sin esa enmienda oral.
Señalo a sus Señorías que existe un corrigéndum que afecta a la versión alemana de este informe y que las enmiendas 1 y 28 no conciernen a todas las versiones lingüísticas, sino que, en su momento, se buscará una solución lingüística adecuada con los interesados.
Señalo, igualmente, que el texto de la enmienda 17 del informe de la Comisión de Agricultura figura en el texto de la enmienda 16 presentada para la votación en el Pleno y que la enmienda 35 ha sido retirada. Examinamos la propuesta de Reglamento.

Goepel
Señor Presidente, antes de dar paso a la votación yo quisiera contar con la aprobación del Comisario Fischler a lo que acaba de exponer el Sr. Mayer.

Fischler
Señor Presidente, es curioso que precisamente quienes hablan mi lengua no comprendan al parecer mis palabras. Por lo tanto, declaro por tercera vez que la Comisión está conforme.

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

El Presidente
Me permitirán sus Señorías que salude al Sr. Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura, a quien he recibido esta mañana para informarme sobre la situación en Nigeria, que este Parlamento conoce ahora perfectamente.

Provan
Señor Presidente, no es nada sorprendente que un conservador británico quiera defender por qué votamos contra el informe Medina esta mañana. Si yo ayer hubiera sido una mosca posada en la pared podría muy bien haber oído cómo algunas personas intentaban hacernos creer que el Gobierno británico estaba procurando fomentar la EEB en nuestro país.
He de decir que lamento mucho la actitud que ha adoptado esta Asamblea, porque no ha comprendido lo principal. No podemos reescribir la Historia y eso es lo que el informe intenta hacer. Intenta, de hecho, presentar sus propios prejuicios, que no están respaldados por los hechos. La comisión parlamentaria necesitaba verdaderamente algunos instrumentos científicos que le ayudaran a llegar a las conclusiones correctas; quizá un retrospectoscopio, porque eso es lo que ha utilizado al intentar mirar hacia atrás y no reconocer que se trataba de una nueva enfermedad y de una nueva situación que había surgido.
Seamos todos muy claros. Estoy seguro de que este Parlamento y nosotros, como conservadores británicos, queremos fomentar la salud y la confianza. De ello no cabe duda. Por lo tanto, deberíamos mirar y ver cuál es la situación en el propio Reino Unido: el consumo ha vuelto prácticamente a la normalidad; el sector de la carne de vacuno ha vuelto prácticamente a la normalidad y las medidas que ha adoptado el Gobierno del Reino Unido han funcionado. No se puede decir lo mismo del resto de Europa, y es la falta de confianza la que ha generado los problemas.
El informe no especifica las causas de la enfermedad. Sólo sirve, como digo, para fomentar unos prejuicios que no están respaldados por hechos. Es muy fácil criticar; es muy fácil ser un chinche y estar siempre quejándose, pero hacer algo positivo para resolver los problemas es muy diferente.
La producción de proteínas animales parece ser la base del problema. Hemos observado la práctica seguida en Estados Unidos y allí no parecen tener ningún problema de EEB.
Hay muchas cuestiones que quisiera tratar, pero déjenme que diga lo siguiente: el Parlamento parece ser ambivalente sobre lo que intenta hacer con el Sr. Hog, el Sr. Ministro. Éste dice, por un lado, que tenía la obligación legal de venir y, sin embargo, en la resolución que se acaba de aprobar se afirma que es necesario intensificar el acuerdo institucional para que le podamos exigir que venga. Mi tesis es que actualmente no existe ningún fundamento jurídico para que se produzca dicha exigencia.

Le Gallou
Señor Presidente, nosotros hemos votado en contra de la resolución común porque una censura condicional no es jurídicamente defendible; lo que, por otro lado, habían señalado los servicios del Parlamento. Tampoco una censura condicional es defendible en el plano político. En realidad, una censura condicional es una engañifa. Por lo tanto, hemos votado en contra de ésta.
En cambio, mañana votaremos a favor de la moción de censura porque el problema de las «vacas locas» no es, como algunos quieren hacer creer, culpa de la mala suerte. Tampoco es culpa del sistema. Es ni más ni menos culpa de los hombres que están al frente del sistema. Y los hombres que están al frente del sistema, aunque no le agrade al orador anterior, son el Gobierno británico y la Comisión de Bruselas.
Por consiguiente, votaremos a favor de la censura. Y eso tendrá cierto efecto, al menos con respecto a la representación francesa, ya que con los votos de los once diputados del Frente Nacional francés habrá probablemente una mayoría de diputados franceses en este Parlamento que mañana votarán a favor de la moción de censura.

Berthu
Una de las enseñanzas que debemos sacar de la cuestión de las «vacas locas» guarda relación con el gran desorden que existe en los controles sanitarios europeos, lo que ha favorecido la circulación de harina y carne contaminada, o sea, la propagación de la propia enfermedad. Este aspecto del asunto sigue siendo ignorado, pero es rico en enseñanzas sobre la manera en que hoy funcionan las instituciones europeas.
En la perspectiva del mercado único, que debía suprimir todos los controles de las importaciones en las fronteras internas -incluyendo, por lo tanto, los controles sanitarios-, la Directiva 89/662/CEE reorganizó el sistema: el control sanitario principal ya no incumbiría al país importador, en sus fronteras, sino al país de origen -en este caso el Reino Unido en lo referente a sus importaciones de carne-.
Esta fórmula implica, sin embargo, una serie de inconvenientes: hace recaer el peso del control en el socio que menos interés tiene en ejercerlo con rigor. Por lo tanto, con el fin de corregir esta desviación habría que crear controles «federales» para controlar a los países exportadores. Pero este complicado sistema resulta contrario a las soberanías nacionales y, además, costoso, ya que se tendría que contratar en Bruselas un ejército de funcionarios. Este es el resumen, en pocas líneas, de las causas de la enfermedad de las «vacas locas» (que procede de una política agrícola contranatural) o, por lo menos, de las causas de su propagación. La Unión Europea ha echado por tierra sus controles nacionales sin crear, ni tampoco buscar previamente, otros sistemas verdaderamente operativos para sustituirlos.
¿Cuál es la situación actual? Puesto que los puestos aduaneros fijos han sido eliminados en las fronteras internas, así como también los documentos que acompañan las mercancías, los controles son muy difíciles. Se ejercen aquí y allí, puntualmente, sin una base documental seria y cuando las mercancías ya están circulando en el mercado interior de cada país. En estas condiciones, se multiplican los fraudes de todo tipo. El desorden es total.
En Francia, el informe de la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre las «vacas locas» acaba de dar unas referencias pavorosas en el capítulo de los controles aduaneros: ninguno de los responsables inquiridos, ministro, directores de administraciones centrales, presidentes de sindicatos profesionales, fue capaz de proporcionar cifras fiables sobre las importaciones francesas, en los últimos años, de harinas de origen animal procedentes del Reino Unido.
Así pues, la Unión Europea se encuentra hoy desmantelada en el ámbito sanitario, no ya accidentalmente, sino debido a una política, que no dudo en calificar de «desorganización consciente», destinada -en la mente de los aprendices de brujo que la crearon- a hacer surgir el Estado europeo del caos. No se puede dejar de comparar esta situación con el desorden similar que reina en materia de percepción del IVA intracomunitario, tras la abolición de las fronteras interiores.
¿Cuáles son los medios para superar la situación? Los ingenuos suscriben, de entrada, las soluciones ya preparadas que la Comisión les proporciona: ¡más normas comunitarias!, ¡más agencias comunitarias!, ¡más inspectores comunitarios!
Pero nadie se ha preocupado por saber cuánto podría costar la creación de este sistema uniformizado y centralizado en el ámbito europeo, ni siquiera si es realmente viable en breve plazo. Nada impide que se hagan experiencias en ese sentido, pero no hay que esperar que un control federal de las normas sanitarias nos permita salir, de momento, de la crisis y el desorden.
Nosotros consideramos, más bien, que el mercado único ha sido viciado por el dogma de la Comisión, según el cual había que eliminar absolutamente todos los controles en las fronteras, así como todos los documentos que acompañan las mercancías. La libertad de circulación se ha convertido así en la libertad de contaminación. Para superarlo hay que replantear esta política.

Cox
Acojo con agrado el gran reto presentado a la Comisión Europea por el Parlamento Europeo de que mejore su actuación sobre la EEB. En respuesta a la investigación del PE sobre la crisis de la EEB, el Presidente de la Comisión Europea, Sr. Jacques Santer, en presencia de otros 11 comisarios, admitió implícitamente que había muchos fallos en el sistema que habría que reformar.
El informe del Parlamento Europeo que ataca el papel del Gobierno del Reino Unido a lo largo de todo el escándalo de la EEB es también muy crítico con la Comisión y con el anterior comisario Ray MacSharry, a quien la comisión de investigación, si no de estar directamente implicado en un proceso de desinformación y de quitar importancia al escándalo, sí le ha acusado como mínimo de «hacer la vista gorda».
La miopía intencionada de la Comisión no ha hecho ningún favor a los consumidores europeos, y al final ni siquiera a los productores de carne de vacuno de la UE e Irlanda. Acojo con enorme satisfacción que la responsabilidad de la política alimentaria ya no vaya a estar bajo los auspicios del comisario de Agricultura. Apoyo también la idea de un equivalente europeo de la FDA (Food and Drugs Administration).
Por el Grupo Liberal, estoy de acuerdo en no censurar a la Comisión ahora mismo, sino darle unos meses para corregir los errores del pasado a través de grandes reformas de la política alimentaria.

Crowley
Cuanto menos, la crisis de la EEB ha puesto en el centro de atención la necesidad apremiante de concentrarse en la protección de los consumidores y de atender a sus temores legítimos. Ahora, las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de los Estados miembros deben trabajar conjuntamente para proteger los intereses de los consumidores en todo momento. En este sentido, el planteamiento adoptado por las autoridades británicas durante todo este asunto ha sido profundamente lamentable. El Reino Unido ha adoptado una postura arrogante, insensible a las posibles consecuencias de su comportamiento para sus socios europeos.
Aunque acojo con satisfacción el interés de la Comisión de Investigación en investigar plenamente la crisis de la EEB, me siento perpleja ante el planteamiento que ha adoptado en ciertos aspectos. Convocó a comisarios y funcionarios de la UE pero no convocó al hombre que tenía la última responsabilidad política en el momento: el entonces Presidente de la Comisión de la UE, Jacques Delors. El hecho de que la comisión no llamara al Sr. Delors es una omisión llamativa y sólo sirve para poner en duda si la comisión siguió un enfoque imparcial. ¿Por qué no se llamó al Sr. Delors? ¿Tiene que ver con el hecho de que la comisión tuviera una composición de mayoría socialista? ¿Por qué no se presentó el Sr. Delors para proteger y defender a la Comisión?
La mejor manera de abordar ahora la crisis de la EEB no es mirar atrás con el perfecto conocimiento de la visión retrospectiva, sino establecer una estrategia global para proteger y dar tranquilidad al consumidor europeo. Por necesidad, esto significa que las autoridades británicas tendrán que adoptar un planteamiento más cooperativo y responsable.

Deprez
La propagación de la EEB en el ganado vacuno ya ha diezmado los rebaños atacados por la enfermedad y arruinado la industria del sector de la carne de bovino en toda Europa, consecuencias que son extremadamente graves en sí mismas, aunque fuera de toda comparación con la amenaza que pesa sobre la salud humana si el contagio humano a través de la carne de los animales enfermos se confirma.
Frente a esta crisis era esencial delimitar las culpas, los errores o las disfunciones que han contribuido a la ampliación de la epizootia y a un debilitamiento de la protección de los consumidores, no sólo para determinar las responsabilidades de cada uno, sino sobre todo para tomar medidas draconianas que impidan una nueva catástrofe.
Para el informe Medina las faltas más graves son atribuibles al Gobierno británico, el cual, al desreglamentar la producción de harinas de carne y hueso, ha permitido la contaminación de estas harinas por el agente patógeno que desarrolló la EEB en las vacas y que, en los sectores posteriores de la cadena alimentaria, podría provocar la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob en los seres humanos.
La impericia de este mismo Gobierno británico es también imputable por haber restado eficacia a las medidas destinadas a combatir la epizootia y la amenaza de una epidemia, en un intento inútil por proteger su producción de carne de bovino.
El Consejo, por su parte, ha renunciado a sus responsabilidades institucionales.
La Comisión se ha esforzado claramente por proteger los intereses del mercado y sus propias relaciones con el Gobierno británico, antes que preocuparse por la salud de los consumidores. Además, la comisión de investigación ha puesto de manifiesto la existencia de graves deficiencias estructurales en un proceso de toma de decisiones dirigido a proteger intereses particulares e impermeable al interés general.
Frente a esta situación, debe considerarse la posibilidad de presentar una moción de censura contra la Comisión. Sin embargo, lo fundamental de la mala gestión de esta crisis fue obra de la anterior Comisión. Por otro lado, el Presidente de la Comisión actual se ha comprometido a corregir las disfunciones y propone corregir el sistema de asesoramiento científico, los mecanismos de toma de decisiones, los medios de control y las bases legales comunitarias, con miras a ampliar las competencias comunitarias en materia sanitaria.
Más que precipitar una crisis institucional que puede alargarse, parece más razonable permitir que se lleven a cabo de inmediato las necesarias reformas que tendrá que aplicar una Comisión amenazada con una moción de censura si no lo hace en un plazo razonable.
Por eso la mejor solución es aprobar una moción que obligue a la Comisión a adecuarse a las recomendaciones del Parlamento Europeo, so pena de que se presente posteriormente una moción de censura. Lo más importante es que la protección de los consumidores sea el centro de las preocupaciones de la Comisión.

Dury
Me he abstenido en la votación que acaba de tener lugar como conclusión de los trabajos de la comisión de investigación sobre la EEB. No ha sido por estar en desacuerdo con el notable informe del Sr. Medina; todo lo contrario. Considero que el informe establece con precisión el inventario de las abrumadoras responsabilidades del Gobierno británico, en primer término, pero también de la anterior Comisión y de la Comisión actual, en el caso de las «vacas locas». Este desastre, cuya amplitud hoy nadie puede prever, ha sido agravado por las faltas que se cometieron en todos los niveles de responsabilidad: negligencias, trato de favor para con el Gobierno británico, ocultamiento de los hechos al Parlamento, presiones inadmisibles ejercidas sobre éste. El Presidente Santer persistió ayer en esta actitud al negar, contra toda evidencia, la lamentable decisión de la Comisión de levantar el embargo que pesa sobre la gelatina. Este comportamiento merece una sanción política inmediata: la censura que mañana votaré positivamente.
Desde el momento en que existe el artículo 144 del Tratado, nuestra opinión pública no comprendería que la Comisión no fuera censurada, habida cuenta de la gravedad de los hechos probados. Si el Parlamento no aprobara la moción que he firmado con el Sr. Happart, pienso que habría que proponer a la Conferencia Intergubernamental la derogación del artículo 114, que establece en beneficio de la Comisión, desde hace 50 años, un régimen que no tiene en cuenta la responsabilidad política. Valdría más tomar nota de ello y crear un control efectivo del poder ejecutivo, similar al que ejerce el Congreso norteamericano.
En cambio, considero nocivo que se ponga a la Comisión bajo tutela, de acuerdo con la resolución que acabamos de aprobar. Ello debilita seriamente una Comisión cuya autoridad ya se encuentra muy menoscabada por la crisis actual; socava su independencia frente al Parlamento, pero también frente al Consejo y a los Estados miembros; y prepara una reducción de sus poderes y competencias con ocasión de la actual revisión del Tratado. No sé si es esa la intención de mis colegas que acaban de votar a favor de esta resolución; pero temo que ese sea el resultado. Es mejor una sanción política franca, que permitiría empezar de cero sobre unas bases saneadas y preservar las perspectivas de una democratización de nuestras instituciones.

Ewing
He votado por el compromiso con recelo. Nuestro Parlamento no tendría que estar amenazando con censurar a la Comisión cuando los verdaderos culpables siguen en el poder en el Gobierno del Reino Unido.
Ellos crearon el problema de la EEB y permitieron que se extendiera y se hiciera endémico en muchas zonas del Sur. Fracasaron en contener la EEB y se han comportado atrozmente con su «política de no cooperación» y su rechazo arrogante de las ofertas de Europa de financiar un programa sensato de erradicación.
No es de extrañar que los europeos pidan ahora una compensación por el daño que ha causado la incompetencia del Reino Unido. Lo malo es que los escoceses no podemos aspirar a una compensación por la destrucción de nuestros mercados de exportación de carne da vacuno y no estamos tan bien protegidos contra la EEB de Inglaterra como nuestros amigos europeos.
Mi ignorancia sobre cuentas como eurodiputada ha penalizado indebidamente a los ganaderos de mi zona. En ausencia de razón en Westminster y, a su propio coste, los productores escoceses de carne de vacuno crearon su propio plan de garantías de calidad «libre de EEB» que el ministro para Escocia denigró y saboteó ¡»en interés de la unidad del Reino Unido»!
Mi partido quería citar el nombre del ministro para asuntos escoceses en la moción de censura contra el Sr. Hog en Westminster esta semana.
Michael Forsyth prohibió que se izara la bandera europea en Escocia. ¡Ojalá que la Union Jack que ondea sobre su Scottish Office o Ministerio para Escocia recuerde a los escoceses las traiciones del Reino Unido, y ojalá que el Parlamento Europeo condene el cinismo de la política sobre la EEB del Reino Unido de «echar la culpa a otros»!

Gallagher
La preocupación por la salud pública ha de ser la consideración primordial de todos los que trabajan en el sector alimentario. A este respecto, es de vital importancia el papel de los ganaderos y productores. También es esencial para la seguridad del sector alimentario el papel de los legisladores, a nivel nacional y europeo. La confianza de los consumidores se encuentra ahora en su momento más bajo de todos los tiempos. La principal responsabilidad de las instituciones de la UE y de los gobiernos de todos los Estados miembros es proteger los intereses de los consumidores en todo momento y, con ello, restablecer el nivel de confianza en la carne de vacuno como producto alimenticio de calidad.
El realizado por la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre la EEB no representa sino un examen de toda la crisis de la EEB. Aunque apoyo todos los esfuerzos por resolver esta crisis, no estoy convencido de la comisión fuera totalmente imparcial en su planteamiento. Sus críticas al anterior comisario MacSharry son injustificadas. Ray McSharry ha refutado ya con gran eficacia las críticas que ha hecho sobre él la comisión. Sin embargo, quisiera añadir que es fácil evaluar acontecimientos pasados con el conocimiento de la visión retrospectiva. Sería más correcto evaluar estas circunstancias en el contexto del momento. Ray MacSharry fue uno de los grandes comisarios reformistas de los últimos tiempos y los agricultores irlandeses tienen con él una gran deuda de gratitud. La comisión de investigación no empañará su reputación de ninguna manera.
Es importante tener presente que los verdaderos culpables de toda la epopeya de la EEB son las autoridades británicas, que han demostrado una gran arrogancia y una total insensibilidad respecto a las posibles consecuencias de su comportamiento para sus socios de la Unión Europea, especialmente Irlanda. Toda futura estrategia para resolver la crisis de la EEB deberá incluir una respuesta responsable y cooperativa por parte de las autoridades británicas.

Hory
Con respecto a la resolución común a varios grupos, la Coalición Radical Europea sigue siendo crítica frente a la pusilanimidad del Parlamento Europeo, que ha renunciado, en un asunto de excepcional gravedad -como todos los oradores lo señalaron en los debates del 18 de febrero-, a utilizar medios políticos que el Tratado pone a su disposición.
Nosotros expresamos, por lo tanto, un desacuerdo de fondo ante la resolución común que se nos somete y que no tenemos la intención de votar positivamente.
Sin embargo, nuestra posición con respecto a esta votación está motivada principalmente por el procedimiento que eligió nuestra Asamblea en su sesión del 17 de febrero. Durante la misma, la Sra. Barthet-Mayer y el Sr. Puerta subrayaron las razones imperiosas que teníamos para aplazar dicha votación hasta tanto no se votara la moción de censura.
El Parlamento no apoyó estas razones, a pesar de sus fundamentos y de estar basadas en numerosas evidencias parlamentarias.
Así pues, no ha lugar a insistir en ello, salvo para decir que el resultado indirecto de la votación de la resolución, que nos someten los cinco grupos que la suscriben, es vaciar la moción de censura de una parte de su significación política y marginar a los diputados que la apoyan en el ejercicio de sus prerrogativas.
Por eso el Grupo de Coalición Radical Europea ha decidido, mayoritariamente, no participar en la votación.

Jové Peres
El Grupo GUE/NGL no ha suscrito la propuesta de resolución común, absteniéndose en las votaciones. Dos son las razones que han motivado esta actitud.
Dado que mañana se votará una moción de censura a la Comisión, la inscripción en el orden del día de una resolución que afecta a la moción de censura es una interferencia. Dado que Izquierda Unitaria Europea ha decidido apoyar la moción de censura, considera incoherente votar una Resolución que interfiere con una cuestión tan trascendente.
La resolución común propone una moción de censura aplazada y condicionada a que la Comisión aplique ciertas medidas y esto también motiva nuestra abstención. Una moción de censura sólo puede ser utilizada para exigir responsabilidades pasadas y no para condicionar actuaciones futuras. Esta razón de fondo nos impide pronunciarnos sobre la resolución común.
El informe de la Comisión de investigación EEB constata que la Comisión ha incurrido en responsabilidades irreversibles. Si las responsabilidades existen y son irreversibles, procede presentar una moción de censura inmediata. El aplazamiento de la moción de censura inmediata no es más que una dejación de las funciones de control atribuidas al Parlamento y la resolución común sería un intento de justificar esta dejación de funciones.

Killilea
Los esfuerzos del Parlamento por desvelar los hechos relativos a la cadena de acontecimientos que provocaron la crisis de la EEB deberían haber enseñado valiosas lecciones para la futura administración de la política agraria y seguridad alimentaria.
En vez de ello, el trabajo realizado por la Comisión de Investigación está siendo erosionado por la moción de censura sometida a este Parlamento que, de prosperar, tendrá como resultado la expulsión de todo el actual colegio de comisarios, pese a que casi todos los acontecimientos que finalmente dieron lugar a la crisis se produjeron antes de que la actual Comisión entrara siquiera en funciones.
Esta moción de censura es una buena noticia para el Gobierno británico, que ha intentado constantemente desviar la atención de la opinión pública del Reino Unido de la responsabilidad primordial de su propio Gobierno por toda esta crisis intentando culpar a la Comisión Europea por las deficiencias de sus propios ministros y funcionarios encargados de la política de seguridad alimentaria.
Los responsables de esta moción debieran reconsiderar su acción y, desde mi punto de vista, concentrar sus esfuerzos en trabajar junto con la Comisión para asegurarse de que todas las lecciones aprendidas a partir de las investigaciones realizadas por la comisión de investigación se reflejen en la futura administración de la política agraria y de seguridad alimentaria tanto a nivel europeo como nacional.
El informe definitivo de la comisión de investigación se ve gravemente debilitado por el hecho de que la comisión no haya convocado a varios testigos fundamentales.
¿Por qué, por ejemplo, no llamó la Comisión al anterior Presidente de la Comisión y conocido político socialista, Jacques Delors?
En mi opinión, el ex-presidente Delors, a quien correspondía en última instancia la responsabilidad política por la actuación de la Comisión Europea habría confirmado las completas refutaciones de sus comisarios de Agricultura contra las acusaciones relativas a las actividades de los servicios de la Comisión durante el período de Delors.
Las críticas sobre la actuación de la Comisión durante el período de Delors desprestigian al ex-presidente y a éste se le tendría que haber dado la oportunidad de refutarlas.
Igualmente desconcertante fue que no se llamara a los presidentes del Comité Científico Veterinario durante el período en cuestión. A la comisión le habría ayudado seguramente en sus investigaciones haber contando con el testimonio de especialistas que desempeñaron un papel esencial mientras este problema se convertía en la gran crisis en la que se convirtió finalmente.
Otro aspecto desconcertante del trabajo de la comisión fue la decisión de poner a disposición del público documentos que contenían acusaciones perniciosas antes de que los individuos en cuestión hubieran tenido siquiera la oportunidad de dirigirse a la comisión.
El ex-comisario MacSharry fue víctima de esta práctica discutible y la comisión debería haber tenido la cortesía de disculparse por haber sacado al dominio público unas acusaciones contra él un mes antes de que tuviera siquiera la oportunidad de presentar pruebas para refutarlas. Merece la pena recordar que cuando el ex-comisario se dirigió a la comisión refutó dichas acusaciones de una manera pormenorizada, franca, eficaz y completa.
Por último, el informe de la Comisión de Investigación se vio gravemente perjudicado por el hecho de que el ministro británico de Agricultura no asistiera a prestar declaración ante la comisión.
Claramente, una de las lecciones que pueden sacarse de todo este asunto es que las comisiones de investigación deben tener la autoridad de obligar legalmente a los testigos a asistir y prestar declaración. De otro modo, el informe final de dichas comisiones estará basado en una investigación incompleta y, como en este caso, el excelente trabajo realizado por los diputados que las componen se verá devaluado por factores que escapan a su control.

Kreissl-Dörfler
El presidente Santer manifestó ayer que comprendía muy bien las críticas del Parlamento Europeo a la Comisión. Reconoció que el trabajo de la Comisión ha sido sumamente insuficiente en los últimos años y que no se ha hecho nada de cuanto debería haberse hecho para evitar que los ciudadanos de la Unión Europea se vieran perjudicados.
Pero si todo esto se comprende, estimado Sr. Santer, entonces también es preciso que tenga algunas consecuencias. En las sesiones de la Comisión de investigación del Parlamento Europeo quedó claro que algunos funcionarios -también altos funcionarios- de la Comisión al parecer no estaban dispuestos a colaborar con el Parlamento Europeo. Lo cierto es que funcionarios como el Sr. Legras y el Sr. Mansito obstaculizaron la tarea de la Comisión de investigación, a pesar de que, en su calidad de Director General y de Director General adjunto de la DG VI figuran entre los primeros responsables de las anomalías detectadas. Esta actitud sin duda debe tener consecuencias. A la vista de la incompetencia demostrada, no puede permitirse que estos funcionarios continúen sencillamente en sus puestos. Las presiones del Parlamento Europeo tuvieron éxito hace poco en el caso del Sr. von Moltke de la Dirección General de Turismo. Ahora debemos ejercer la misma presión ante la DG VI.
Evidentemente, no debemos concentrar, no obstante, nuestro ataque en los funcionarios, según el lema que recomienda castigar a los peces pequeños y dejar escapar a los grandes. La Comisión, empezando por su Presidente, debe asumir la responsabilidad política por las anomalías cometidas bajo su mandato. En efecto, la existencia de la encefalopatía espongiforme bovina no se descubrió ayer. Y la Comisión Santer tampoco empezó a ejercer ayer sus funciones. En Europa han muerto hasta ahora dieciséis personas a causa de la encefalopatía espongiforme bovina. ¿Cuántas muertes más tendrían que haberse producido para que la Comisión empezara a actuar por propia iniciativa? La responsabilidad política por las actuaciones indebidas de los funcionarios corresponde siempre a los Ministros o, en este caso, a los Comisarios, así lo establece la buena tradición europea, la británica por lo menos. El Comisario Fischler debería haber limpiado antes sus establos de Augías. Y ahora no debería actuar como si sólo sus predecesores hubiesen cometido errores. El Grupo de los Verdes ha presentado una «moción de censura condicionada», con objeto de que se aclare esta responsabilidad política. Al parecer, ha sido necesaria la amenaza de esta moción de censura para que el Sr. Santer reconozca públicamente ahora, por primera vez, los graves errores cometidos por la actual Comisión y por su predecesora.
Evidentemente, otras instancias tampoco han actuado debidamente. La actuación del Gobierno británico sólo puede calificarse de malintencionada e ignorante. La única respuesta adecuada es entablar una acción por daños y perjuicios contra Gran Bretaña (y contra la industria cárnica y de harinas animales de aquel país) ante el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. Pero tampoco han actuado debidamente el Sr. Borchert y los demás Ministros de Agricultura europeos. Tardaron demasiado tiempo en reaccionar y antepusieron los intereses económicos a la vida de sus ciudadanas y ciudadanos.
La responsabilidad del escándalo de la encefalopatía espongiforme bovina recae naturalmente también sobre las estructuras de la Unión Europea. El mercado único ha rebajado los criterios de protección de los consumidores. Los Verdes siempre hemos advertido contra los riesgos de establecer un mercado único sin unos mecanismos adecuados de protección ecológica y social. Pero la desregulación en materia de normas protectoras era el objetivo máximo para los liberales económicos de todos los Grupos políticos, desde la Sra. Thatcher hasta el Sr. Bangemann. Ahora debemos pagar la factura por la forma equivocada en que se ha realizado la integración europea. Hasta el momento no han existido mecanismos de control eficaces para la protección de los consumidores; en el ámbito agrícola, la Comisión ha actuado como su propia instancia de control. Limitarse a crear ahora una nueva Dirección General de Protección del Consumidor dentro de la Comisión es demasiado poco. Necesitamos poder contar de una vez con un organismo europeo independiente de control alimentario. Y necesitamos de una vez una mayor transparencia y mayores poderes para el Parlamento Europeo. Las sesiones de todos los comités científicos de la Comisión deben estar abiertas a la opinión pública. En adelante debe ser posible presentar también mociones de censura individuales contra los Comisarios políticamente responsables. Y el Parlamento Europeo debe tener en el futuro poder de codecisión en todos los aspectos de la política agrícola.
También necesitamos, evidentemente, una política agrícola europea totalmente distinta. Debe prohibirse radicalmente el uso de piensos a base de harinas animales para la alimentación de los hervíboros. Sólo pueden utilizarse piensos a base de harinas animales cuando se respetan unos altos niveles de seguridad, a diferencia de lo que ocurre en la industria agraria británica desregulada. Deben ofrecerse incentivos financieros para la ganadería que respete los procesos naturales y deben imponerse gravámenes y condiciones a la ganadería industrial a escala masiva. Los Verdes siempre hemos abogado por una agricultura ecológica y una ganadería que respete los procesos naturales y hemos criticado duramente la política agrícola europea. El escándalo de la encefalopatía espongiforme bovina nos da ahora trágicamente la razón.

Lulling
Señor Presidente, yo no formé parte de la Comisión de investigación sobre la encefalopatía espongiforme bovina y tampoco pude hacer uso de la palabra en el debate plenario. No obstante, quiero manifestar claramente que si se hubiese sometido a votación el informe de la citada Comisión temporal de investigación, no me habría sido posible emitir un voto afirmativo por los siguientes motivos:
Los testimonios sobre la responsabilidad política de la Comisión -la anterior y la actual, el anterior Comisario de Agricultura y el actual- en relación con los errores y omisiones cometidos son de carácter demasiado general y aparecen totalmente desprovistos de matices. En muchos casos se basan en prejuicios sin tomar en consideración las circunstancias reales a lo largo de los años, de manera que un observador objetivo no puede aceptar simplemente esta atribución global de responsabilidades, sin ningún matiz, por todo lo ocurrido desde los tiempos de Delors hasta los de Santer, desde MacSharry hasta Fischler. Más aún cuando la Comisión de investigación ni siquiera tuvo el valor de citar al presidente Delors. Es sencillamente injusto poner al Sr. Steichen en el mismo saco que al Sr. MacSharry y es sencillamente grotesco pretender condenar a la Comisión Santer sin invitar siquiera al Sr. Delors a comparecer en una audiencia.
Es una lástima que la Comisión de investigación, que ha realizado un buen trabajo en muchos aspectos, se haya hecho un triste favor con esta atribución absolutamente no matizada de responsabilidades.
Yo quiero saludar, en cambio, explícitamente las recomendaciones de la Comisión de investigación con vistas al futuro y, después de la resuelta declaración que hizo el presidente Santer ayer, yo tengo la certeza de que la Comisión traducirá estas recomendaciones en las acciones que nosotros y los ciudadanos de la Comunidad esperamos justificadamente, a fin de erradicar la epizootia bovina y de otorgar a la protección de la salud de los ciudadanos la prioridad que se merece.

Martin Philippe
El informe de la comisión temporal de investigación en relación con la gestión de la EEB ha puesto de manifiesto las disfunciones internas de la Comisión. Ciertamente, no hay que olvidar las diferentes responsabilidades del Reino Unido, del Consejo y de los fabricantes de harina británicos.
En la posición minoritaria que he presentado demuestro el interés que reviste la creación de un organismo independiente que permita una toma de decisión desprovista de toda sospecha o influencia. Por eso he precisado que esta Agencia debe estar sometida a las normas EN 45004.
Pero, además de la creación de una agencia independiente, es necesario que los servicios de control de los Estados miembros estén, también ellos, sometidos a las mismas normas internacionales de conformidad.
Por ello me ha interesado mucho conocer las propuestas del Sr. Santer sobre la reorganización prevista por la Comisión.
Pero, aun cuando las medidas presentadas son interesantes, ello no puede cuestionar las responsabilidades por la anterior gestión del expediente por parte de la Comisión.
Por esta razón, he firmado la presentación de la moción de censura, que, naturalmente, mañana votaré positivamente.

Méndez de Vigo
De haber sido factible la censura individual de un miembro de la Comisión, somos muchos en esta Cámara los que la hubiéramos ejercido contra el Sr. Fischler. Creo que la gestión del Comisario de Agricultura ha perjudicado notablemente a la Comisión en su conjunto y su actitud con la Comisión de investigación ha dejado mucho que desear -ayer mismo en el debate ni siquiera escuchaba las intervenciones de diputadas tan caracterizadas como la Sra. Redondo Jiménez.
Votar en favor de una moción de censura ejercida contra una Comisión por hechos acaecidos antes de su toma de posesión no tiene ningún fundamento lógico ni político, por lo que votaré mañana en contra de esa iniciativa.
Pero condicionar a la Comisión, como efectúa el apartado 7 de la Resolución de compromiso, significa, a mi entender, fragilizar la actuación de la Comisión de cara a los retos que deberá afrontar la Unión en los próximos meses, entre ellos, la Conferencia Intergubernamental.
Siempre he pensado que el interés del Parlamento está en una Comisión fuerte y no en una Comisión condicionada. Por ello, me apartaré -por una vez- de la postura de mi grupo para votar en contra de la censura condicionada.

Péry
Los diputados europeos, elegidos por sufragio universal, deben defender a los ciudadanos europeos. La salud es para éstos últimos el bien más preciado, y hacen responsables de ella a sus representantes políticos. Pudimos valorarlo en Francia con el drama de la sangre contaminada.
Por eso tomamos la iniciativa de nombrar una comisión de investigación para esclarecer el denominado drama de las «vacas locas».
Las conclusiones de este informe son abrumadoras. Ante todo deseo denunciar la enorme responsabilidad del Gobierno británico. Debido a su política de desreglamentación fitosanitaria en la década de 1980, Margaret Thatcher autorizó bajar la temperatura de fabricación de la harina. ¡Al abaratar de esta manera el coste del producto, el Gobierno británico y ciertos industriales convertían esta harina en asesina!
El Gobierno británico la prohibió posteriormente en su país, sin controlar la aplicación de esta medida, ni cerrar las fronteras, ni autorizar los controles de los comités sanitarios europeos.
La responsabilidad de la Comisión de Bruselas también está implicada. Es evidente que ciertos funcionarios, de manera voluntaria, frenaron la circulación de la información y obstaculizaron todo tipo de transparencia en este terrible asunto.
Unos y otros deben ahora reconocer su responsabilidad y deben aplicarse sanciones. Por esta razón votaré a favor de la resolución común y haré todo lo que esté en mis manos para aplicar el conjunto de las recomendaciones de la comisión de investigación, especialmente aquellas que implican la responsabilidad del Gobierno británico, principal culpable.
Pero no puedo aceptar que no se sanciones las graves faltas cometidas por la actual Comisión en la gestión de la crisis. También votaré, el jueves, a favor de la censura inmediata.

Pimenta
En el debate relativo a la investigación sobre el caso de las «vacas locas» ha quedado claro que
1 - La Comisión siguió desde el comienzo una estrategia equivocada, al procurar minimizar la información y el debate sobre la enfermedad a fin de evitar que los consumidores reaccionaran ante el conocimiento de los hechos y de las incertidumbres científicas. La actuación de los sucesivos Comisarios fue sumamente reprobable y atentatoria contra la salud pública.
2 - La estrategia de la Comisión influyó de forma decisiva en la actuación de los Estados miembros y retrasó la adopción de medidas eficaces en la esfera de la sanidad animal y en la de la investigación científica sobre las causas de la enfermedad y de su propagación.
3 - El Gobierno del Reino Unido es claramente responsable por la forma como permitió la explosión de la enfermedad y sobre todo como ocultó a los Estados miembros la verdadera dimensión de la tragedia.
4 - El proceso demostró la inoperancia de las estructuras agrarias de la Comisión encargadas del control de la sanidad animal y de sus efectos en la salud pública, su falta de rigor científico y de transparencia. Asimismo, el Consejo y los Comités Veterinarios demostraron incompetencia, protección de los intereses a corto plazo de ciertos lobbies vinculados con la producción animal, en particular en el Reino Unido, en detrimento del ejercicio de su mandato.
5 - Como ya se había exigido en el anterior informe de la Comisión de Investigación de la Calidad de la Carne (Informe Pimenta, 1989), elaborado con motivo de la crisis de las hormonas, es esencial modificar los Tratados que instituyen la Unión Europea con vistas a dotarlos de verdaderas competencias en materia de salud pública, así como crear de inmediato un Instituto o Unidad de Protección de la Salud Pública, independiente de los intereses agrarios o industriales.
Esta serie de acontecimientos, que, por lo demás, reproduce lo que ocurrió en el momento de la «crisis de las hormonas», es claramente el costo de la falta de Europa en esa esfera.
El Parlamento Europeo, con este informe ha revelado no sólo comportamientos reprobables, sino también y principalmente las incoherencias y deficiencias del sistema de control de calidad de los productos alimentarios. Por eso, hemos votado a favor del informe y de la moción que pone fin a este debate.

Poisson
Señor Presidente, Señorías, una explicación de voto no es suficiente para expresar toda la indignación que sentí durante los trabajos de la comisión de investigación.
Señor Delors, señor Santer, ¿cómo han podido ignorar hasta tal punto la salud de los europeos? Siempre me han enseñado: »En la duda, absténte». Y ustedes, ¿qué han hecho?: »En la duda, continúa».
En nombre del venerado beneficio, los fabricantes de harina de carne llegaron incluso a utilizar esqueletos de animales enfermos en los procesos de fabricación. Los demás, los políticos y las instituciones, no hicieron nada, por laxismo, por miedo a desregla mentar los mercados, quizás también por miedo a volver a cuestionar la aplicación del mercado único.
¿Quiénes son las víctimas? Los criadores, ya que el mercado está aniquilado; los consumidores, ya que pueden enfermar e incluso morir. Esta enfermedad es un síntoma de la enfermedad de las instituciones y de la sociedad.
A pesar de la crisis de la EGB, continuamos jugando a ser aprendices de brujo. ¿Qué puede decirse de los organismos transgénicos? Quizá se trate de un progreso, ¿pero no es un tanto pretencioso querer modificar lo que la naturaleza ha elaborado desde hace cinco mil millones de años? ¿Cuáles serán los efectos sobre la salud humana dentro de diez o veinte años? ¿Quién puede hoy afirmarlo?
Los europeos ansían una Europa fuerte, capaz de adoptar las orientaciones fundamentales de salud pública y de protección del consumidor. Tras un final de siglo en que las economías se han ocupado de satisfacer las necesidades inmediatas, ya es hora de plantear los verdaderos problemas. ¡Que las políticas basadas en el interés a corto plazo no prevalezcan sistemáticamente y que a la vista de nuestras experiencias funestas podamos evitar los futuros obstáculos!
Recordemos lo que preconizaba el General De Gaulle: el sentido del Estado -y hoy pienso en el sentido de la Unión Europea-, el interés general, la integridad y sobre todo la capacidad de prever los acontecimientos. El Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal y responsable ante los ciudadanos, tiene hoy el deber de sancionar a la Comisión.
Concluiré con una máxima de Rabelais: »La ciencia sin conciencia es la ruina del alma». Señor Santer, señoras y señores Comisarios, les invito a meditar.

Souchet
El drama de las «vacas locas» y sus consecuencias catastróficas nos llevaron a crear una comisión de investigación, la primera que ha presentado sus conclusiones ante el Parlamento. El resultado de esta primera investigación es, a pesar de las obstrucciones, abrumador para la Comisión. Tanto las audiciones como el informe son como un viaje en dimensiones reales al país de la mentira, de la simulación y de la desinformación. La Comisión aparece como un reino en que, por encima de toda práctica democrática y lejos de las realidades tangibles, los lobbies son los reyes. La Comisión se revela como un mundo opaco en el que todos se echan la culpa, en que, de hecho, nunca nadie es responsable, en que se ocultan y manipulan los propios datos científicos, en que la salud pública se sacrifica sistemáticamente en aras de los intereses del mercado.
No contenta con no proteger a los consumidores, la Comisión prohíbe que otros les protejan; lo que es aún más grave. De este modo, la Comisión impidió que Estados como Francia y Alemania protegieran a sus ciudadanos contra la importación de harinas contaminadas.
El acta de acusación de la comisión de investigación es inapelable. Aunque, por una artimaña de procedimiento, el Sr. Delors se libró de comparecer, los responsables están claramente identificados. Nadie -ni las víctimas de la terrible enfermedad, ni nuestros ganaderos arruinados, ni los contribuyentes, que deben financiar los planes de sacrificio-, nadie, digo, entendería que nuestro Parlamento, después de haber descubierto los fallos e identificado a los responsables, no propusiera ninguna sanción.
No obstante, eso es lo que hace el informe Medina Ortega: después del acta abrumadora que instruye, sus propuestas son paradójicas. ¿La Comisión ha incurrido en falta? Sus competencias deben ampliarse y reforzarse. ¿Se ha mostrado indiferente a la salud pública? En lo sucesivo debe ser plenamente responsable. ¿El Parlamento Europeo no ha ejercido un control especial? Sus poderes deben, pues, ampliarse hasta la codecisión en el ámbito agrícola, que podría arruinar la propia arquitectura de la política agrícola común.
Por eso nuestro Grupo, aunque haya tomado parte activamente en la creación y en los trabajos de la comisión de investigación, se ha inhibido en las conclusiones de ésta y ha presentado una posición minoritaria. Por eso no podemos aceptar la resolución común y hemos hecho circular nuestra propia resolución. Por eso hemos representado un papel determinante en la presentación de la moción de censura, que es lo único que está a la altura del drama que la incuria de la Comisión ha provocado. Si realmente deseamos lo que pretendemos, es decir: que no vuelva a producirse un escándalo como el que acabamos de descubrir, no es momento para evadirse con diferentes pretextos. Nuestros ciudadanos esperan que este drama atroz tenga otras repercusiones, y no el mero anuncio de una conferencia interdisciplinaria sobre salud y alimentación...
No se trata en absoluto de derrocar a un seudo gobierno que la Comisión no es. Se trata de rechazar el llamamiento a la connivencia ideológica entre instituciones supranacionales contra el Consejo, representante de los Estados, que acaba nuevamente de lanzar el Presidente de la Comisión para encubrir sus responsabilidades. Se trata de desempeñar el único papel que puede justificar la existencia de este Parlamento: controlar a los funcionarios de la Comisión y no convertirse en cómplices de ellos. Para hacerlo serenamente, nos corresponde, ante este caso tristemente ejemplar, tomar nuestra decisión en conciencia, sabiendo hacer caso omiso a las consignas de los partidos, a las amonestaciones de los ministros y a las presiones de los Comisarios, para sancionar clara y solemnemente el laxismo, la incuria y la irresponsabilidad.

Theorin y Wibe
Es cierto que pueden emitirse acusaciones por omisión contra la Comisión y el Gobierno británico en relación con la gestión de la cuestión de la EEB. No obstante, creo que es exagerado presentar una moción de censura por parte del Parlamento, sobre todo porque los errores cometidos son imputables a los anteriores comisarios. Una moción de censura en estas circunstancias no puede ser nada más que política de cara a la galería.

Valverde López
Los resultados de la Comisión temporal de investigación en relación con la EEB deben ser interpretados en el espíritu y la letra de los Tratados y del Derecho derivado así como del principio de subsidiariedad. Bajo esta óptica queda bien claro que toda la responsabilidad primaria corresponde al Gobierno de Gran Bretaña, que tiene que velar por la protección de la salud de las personas y los animales, habiéndose comprobado una negligencia absoluta en este ámbito. Así, el informe señala que »el Gobierno del Reino Unido es el sujeto sobre el que recae el mayor peso de las responsabilidades» . La Comisión ha demostrado »la conducta negligente del Reino Unido» . Han sido muchos los aspectos negativos de la actuación del Reino Unido, entre ellos se destaca que no garantizó la eficacia de la prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y hueso; no respetar las prohibiciones nacionales que impedían las importaciones de harinas del Reino Unido; ejercer presión en la Comisión Europea para que no se realizaran inspecciones. Asimismo, el Gobierno del Reino Unido no aplicó adecuadamente los compromisos contraídos en el Consejo de Ministros de 1990 y por último el Parlamento Europeo censura, con energía, a Gran Bretaña, por su bloqueo de las instituciones comunitarias.
También son responsables las empresas que han exportado animales portadores de la EEB y los productos y derivados de carne bovina. En su momento tendrán que afrontar demandas ante los tribunales de indemnizaciones por responsabilidad civil y penal.
La responsabilidad de la Comisión Europea se sitúa a otro nivel. Las competencias de la CE son una alta inspección , es decir, inspeccionar los servicios de inspección nacionales y exigir que se cumpla la legislación de la CE. Por eso, la Comisión de investigación parlamentaria señala responsabilidades a la Comisión Europea por priorizar los intereses de la gestión del mercado y por su incapacidad para prevenir los riesgos para la salud humana y la difusión de la enfermedad a otros países. También el Parlamento Europeo censura a la Comisión Europea, presidida por el Sr. Delors, por no haber realizado inspecciones en el período 1990-1994.
En cuanto a las responsabilidad del Comisario actual de Agricultura, el Sr. Fischler, debe responder de diversas negligencias y, en particular, de la Decisión de la Comisión por la que se levantó la prohibición de las exportaciones de gelatina, sebo y semen.
Aquí la Comisión tiene que asumir colegiadamente su responsabilidad por haber actuado en contra del parecer de los Comités científicos. Lo mismo se puede decir sobre el grupo de Estados miembros que en el Consejo de la UE apoyó esta medida.
Para el futuro de la UE es importante sacar consecuencias institucionales. La UE necesita poderes reales ejecutivos tanto de inspección directa como de alta inspección y capacidad para retirar productos del mercado de forma automática y prohibir su venta, tanto en el interior de la UE como fuera de ella. Asimismo, se ha de dotar de competencias para exigir a los Estados miembros el cumplimiento estricto de la legislación comunitaria.
Recomendación para segunda lectura Tamino (A4-0011/97)
Donnay
La cuestión que aquí se plantea es importante porque trata, en el fondo, de la intermodalidad entre redes de transporte. Es evidente que hoy, en cualquier parte de Europa, la repartición de las cargas de infraestructuras por tipo de transporte y la contabilización de los costes sociales en el precio de los transportes están marcadas por unas desigualdades importantes. Estas desigualdades juegan claramente en contra del transporte distinto del transporte por carretera y, por consiguiente, del transporte combinado. En este contexto, no puedo menos que felicitarme por la propuesta de reglamento de la Comisión, y ello por razones.
Ante todo, la Comisión propone prorrogar el dispositivo actual de ayuda financiera a los servicios intermodales, dando a los Estados miembros la libertad de opción en cuanto a la afectación de estas ayudas. Por otro lado, la propuesta de la Comisión pretende una flexibilización del procedimiento, sobre todo sustituyendo el control a priori, que ejerce actualmente, por un control a posteriori .
Creo que las ayudas aportadas de este modo constituyen un medio de compensación muy interesante en pro de un desarrollo de los transportes intermodales que haga hincapié en la importancia de las vías navegables. Por eso he votado a favor de la posición común del Consejo, que la Comisión de Transportes y Turismo aprobó recientemente.
Pero estas ayudas son aún demasiado modestas en relación con las necesidades reales. De hecho, a medio plazo, más allá de los mecanismos de compensación, se habrá de elaborar una política de transportes realmente centrada en la intermodalidad.
Para ello es necesario en primer lugar una verdadera armonización de las condiciones de competencia en el plano europeo. Es preciso asimismo una reglamentación que favorezca la integración de todos los costes reales en la fijación de la tarifa de los diferentes modos de transporte. En ese sentido, la Comisión presentó recientemente en un Libro Verde, los objetivos de la internalización de los costes externos generados por los transportes.
Se trata de un elemento muy importante de la reflexión que realiza el Parlamento sobre la intermodalidad, y los diputados europeos deben continuar sus trabajos en tal sentido, para fomentar una utilización cada vez más intermodal de los transportes.
Informe Weiler (A4-0016/97)
Berthu
Los informes que la Comisión acaba de presentarnos demuestran que el coste de la protección social en los países de Europa ha aumentado muy rápidamente en el reciente período (del 24 % del PIB en 1980, a más del 30 % actualmente) y que esta desviación se debe sobre todo, en casi todos los países, a la línea de los subsidios de desempleo. Si deseamos salvar nuestros sistemas sociales, es necesario, pues, hacer retroceder el desempleo, y para ello, saber primeramente de dónde procede. Ahora bien, los informes de la Comisión están lejos de ello, ya que lo consideran ante todo como el resultado de una recesión coyuntural.
Desgraciadamente no es así. La recesión actual se sitúa en la prolongación de una disminución progresiva y expresada en tendencia del crecimiento europeo en los últimos veinte años. Ello es resultado de la interacción de dos causas diferentes, aunque estrechamente relacionadas: la apertura sin precauciones de nuestras fronteras y el nivel relativamente alto de nuestros salarios y de nuestros costes sociales. En una economía abierta, las cargas que gravan el empleo en Europa alimentan el desempleo, el cual agrava los costes de la protección social, que a su vez influyen un poco más en el crecimiento, para hacerlo disminuir y agudizar aún más el desempleo.
Este es el círculo vicioso en el que estamos inmersos y que nos conduce directamente, si no reaccionamos, al aumento de las exacciones obligatorias e incluso al estallido de los sistemas sociales y a la ascensión en potencia de una sociedad en la que cada uno mira por sí, arrojando a todo un sector de la población a un estado de extrema pobreza. Lo paradójico de la situación es que todos condenan ejemplarmente este tipo de sociedad y que muy pocos se arriesgan a combatir las causas, entre las que se encuentran principalmente la burocratización de ciertos sistemas sociales, la ausencia de preferencia comunitaria para el empleo, el desencadenamiento de un librecambismo mundial simplista, que es la perversión del verdadero librecambio.
Para encauzar los sistemas sociales nacionales es necesario, evidentemente, reformar sus normas de funcionamiento: canalizar mejor las ayudas, renunciar a las medidas pasivas de ayuda en beneficio de las medidas activas que inciten a los desempleados a reincorporarse a la vida activa, como propone la Comisión. Pero también es necesario fomentar normas de gestión menos costosas y más competitivas para los organismos sociales, sin salir del marco de las reglas de solidaridad de orden público. Finalmente, es necesario plantear el problema de la preferencia comunitaria para el empleo y el problema, conexo, del mantenimiento ilimitado de las prestaciones sociales mínimas a los desempleados de larga duración originarios de terceros países.
Pero estas reformas no bastarían para acabar con el desempleo si no se ocuparan al mismo tiempo del difícil problema de la equidad de las relaciones comerciales exteriores en una economía globalizada. La pregunta decisiva en ese sentido es la siguiente: ¿cómo, en una economía completamente abierta y desprotegida, un país o un grupo de países podrían decidir en el futuro una política social de un nivel más alto que la de sus vecinos, sin aumentar sus cargas y quedar descalificados ipso facto de la competición?
Curiosamente, esta pregunta esencial, que la Comisión admite perfectamente cuando se trata de las relaciones entre los países europeos, como yo señalaba durante el debate de esta mañana, la pasa completamente por alto al tratarse de las relaciones con el resto del mundo. Sin embargo, en este segundo caso el problema es infinitamente más grave, y es el que compromete más seriamente, a través el deterioro del empleo, el futuro de nuestros sistemas sociales.
Es muy comprensible que, tras haber apoyado las conclusiones de la Ronda Uruguay, ni la Comisión ni el Parlamento Europeo deseen oír estas verdades. Sin embargo, algún día habrá que asumirlas si se desea corregir la situación.

Boogerd-Quaak
El Grupo ELDR aplaude la iniciativa relacionada con el debate sobre el futuro de la protección social en Europa, pero no ha apoyado el informe. La principal razón es que contiene una serie de propuestas conservadoras que no conectan con los nuevos desarrollos necesarios a nivel europeo. El Grupo aplaude la contribución más progresista del ministro neerlandés de Asuntos Sociales y Empleo, el Sr. Melkert, y espera que la Comisión siga por el camino de la renovación.

Carlotti, Rocard
La crisis de las finanzas públicas, las dificultades resultantes del desempleo masivo y la evolución de la pirámide de las edades conducen a la Unión Europea a entrar de lleno en el debate sobre el futuro de la protección social en Europa. En este sentido, el informe de la Sra. Weiler está bien encaminado.
No obstante, debemos llamar la atención del Parlamento Europeo sobre el apartado 11 de dicho informe, que lanza una advertencia sobre la privatización de la cobertura de los riesgos sociales, en particular en el ámbito sanitario.
Nosotros pensamos que este apartado hubiera merecido un mayor desarrollo, ya que constituye uno de los retos más importantes de este debate. Nosotros consideramos, en efecto, que existe un grave peligro para el conjunto del edificio social, al no prestarse atención a una desviación que, con el pretexto de economizar, de mejorar supuestamente la gestión y de responsabilizar al usuario, lleva cada vez más a los Estados a reducir la cobertura sanitaria y a transferir de los sistemas obligatorios solidarios hacia sistemas de previsión suplementarios las prestaciones ligadas a ciertos riesgos. Ahora bien, estos sistemas suplementarios, que van en aumento, no están sometidos a ningún tipo de reglas, como no sean las del mercado.
Hoy el peligro consiste en que nuestro sistema sanitario pueda desviarse hacia el modelo norteamericano (selección de riesgos, exclusión, individualización). Sin embargo, la salud no puede considerarse como un mercado lucrativo.
Nosotros pedimos que la Comisión se plantee de inmediato este punto y que se abra el debate sobre los sistemas sanitarios obligatorios y suplementarios en el marco del interés general.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, la Comisión nos presenta regularmente un inventario de la protección social en todos los Estados miembros, para dar a los responsables políticos una idea general de las diferentes situaciones, lo que les debe permitir aplicar la mejor política social posible. ¡Esto es necesario, pero no suficiente!
Nuestra colega Weiler trata de clarificar el propio concepto de protección social y pide a la Unión Europea que desempeñe un papel más importante, más activo. ¡Era necesario hacerlo!
En efecto, la historia de la construcción europea se basa, en parte, en el objetivo de garantizar y de buscar un alto nivel de vida, lo que supone un alto nivel de protección social. Somos muchos los que estamos convencidos de que nuestras sociedades no están sobradas de solidaridad, sino todo lo contrario. Y hoy lo que tanto lleva a maltraer a la propia idea europea es el cuestionamiento de este objetivo.
A la Unión le interesa, por lo tanto, apostar por su protección social y considerarla no como una carga para la economía, sino como la expresión de un modelo de sociedad y hasta incluso como el motor de la productividad y, por ende, del crecimiento.
La Unión está completando su unión económica y para ello pide a todos los Estados miembros que respeten unos criterios de convergencia decididos en Maastricht. Es una etapa necesaria. ¿Es utópico esperar que en Amsterdam, en junio, el Consejo establezca criterios de convergencia sociales para garantizar a todos los ciudadanos de la Unión el nivel de protección social más elevado, salvaguardando y renovando nuestros sistemas de seguridad social? También podemos dudar que lo haga; por lo que es necesario hasta entonces luchar por ello, ¡ya que es algo vital para el ideal europeo!
El informe de nuestra colega se orienta en este sentido: a favor de una integración social de Europa, de la puesta en común de nuestros logros y hacia el desarrollo de una ciudadanía centrada en lo social y la solidaridad. ¡No habrá Europa sin una Europa social!

Elmalan
Todos los sondeos lo demuestran; a los ciudadanos europeos les preocupan las consecuencias de la moneda única sobre la protección social. ¡Con sobrada razón! Las dificultades ligadas a la aplicación de los criterios de Maastricht sirven de pretexto a los gobiernos para hacer presión sobre los costes salariales y realizar recortes en los gastos sociales.
Como lo explica la Comisión en su comunicación sobre la protección social, la globalización de la economía mundial y los imperativos de competitividad necesitarán probablemente una moderación continua del crecimiento de los costes salariales. En estas condiciones será más difícil aumentar las cotizaciones y las cargas de las empresas.
En nombre de la estricta rentabilidad financiera a corto plazo de las empresas, se trata, por una parte, de reducir su contribución a la redistribución de la riqueza producida y, por otra, de transformar las necesidades sanitarias y de seguridad en un vasto mercado abierto para satisfacer los deseos de los grandes grupos financieros. La salud, la protección social, serían consideradas entonces como simples mercancías, haciendo más difícil el acceso de la población a la asistencia sanitaria. En todos los Estados miembros prosperan las viejas recetas de individualización y de privatización de la cobertura de los riesgos sociales, en que los sistemas de capitalización se presentan como la solución frente a la repartición. En su comunicación la Comisión transmite esta ofensiva, deseando que la competencia europea marque el nivel de la protección social. Ésta desea, en efecto, introducir elementos de mercado en el sector de la protección social e incluso establecer una competencia entre los sistemas sanitarios de los Quince.
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales corrige estas orientaciones, pidiendo sobre todo que el régimen de seguridad social siga basándose en el principio de solidaridad y aboga por un desplazamiento de las cargas fiscales del factor trabajo a otros sectores. Nuestro Grupo considera que el impuesto al movimiento de capitales y su contribución a la protección social permitirían reducir el coste para los trabajadores.
Nuestro Grupo rechaza el enfoque estrictamente económico de la protección social, que desemboca en la comercialización de la legítima aspiración de todos a la seguridad, convirtiéndola en una mercancía.
Nosotros pedimos el mantenimiento y la generalización del principio de solidaridad, para responder a la necesidad de seguridad de los pueblos, a la necesidad de protegerse y de precaverse colectivamente contra los riesgos sociales.
Solamente los sistemas de protección social y de seguridad social basados en la solidaridad garantizan un alto nivel de protección social y de prestación de servicios para todos, con una buena relación cotización/eficacia. Ellos permiten reducir los riesgos de fractura social o de empobrecimiento de una parte de la población. El mantenimiento de un alto nivel de protección social está ligado a los valores de solidaridad, de respeto de las personas y de democracia; valores contra los que se atenta si se aplican las reglas de la competencia.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Estamos vivamente interesados en contrarrestar el dumping social, pero no pensamos que el mejor modo de hacerlo sea a través de la homologación de los sistemas de seguridad social y de las políticas nacionales en el ámbito del mercado de trabajo. Por eso nos abstenemos de votar en la votación final.

Gahrton, Holm y Lindholm
Pensamos que es importante que todas las personas que viven en la UE tengan derecho a una seguridad social básica y justa. El informe Weiler contiene una serie de requisitos encomiables para llevar a cabo unas acciones con vistas a la creación de empleo y de un crecimiento económico sostenible. También es central la lucha para poner fin al dumping social.
No obstante, se deduce sin ningún lugar a dudas, del debate y del informe, que este es un primer paso en dirección a la armonización del bienestar social. Por eso no podemos dar nuestro apoyo al informe.
Pensamos que son los propios países los que han de decidir sobre el tipo de legislación que consideran justa y necesaria en materia social. Se trata de un asunto nacional, y que no debe pasarse al nivel de la UE.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas han votado hoy a favor del informe de la Sra. Weiler. Este informe expresa conformidad con la Comisión en cuanto a la necesidad de que los Estados miembros cumplan la obligación de fomentar un alto nivel de protección social y apoyen la coordinación gradual de los sistemas de protección social de los Estados miembros con el establecimiento de normas mínimas.
Las ideas del informe son, en general, sensatas y preparan para un debate interesante en el futuro. No obstante, a los socialdemócratas daneses les gustaría disponer de aclaraciones más exhaustivas sobre ciertos temas, como la situación de los trabajadores fronterizos. Opinamos además que la distribución y la financiación de las prestaciones sociales deben seguir siendo competencia nacional.

Skinner
El informe Weiler despeja el camino para un debate a fondo sobre cómo crear una verdadera libertad de circulación para los ciudadanos de Europa. El informe refleja las opiniones de todas las partes de este Parlamento.
Desde una perspectiva británica, es interesante observar que el informe refleja una recomendación del Consejo firmada durante la presidencia británica en junio de 1992. Norman Lamont, el entonces presidente del ECOFIN, firmó la recomendación sobre la convergencia en toda Europa de los objetivos y políticas de protección social. La recomendación Lamont de 1992 sustenta mucho de lo que se ha dicho en el presente informe y lo que se ha acordado hoy en el Parlamento.
Al partido laborista del Parlamento Europeo y a mí personalmente nos complace encontrar un apoyo tan grande al informe. Sin embargo, no podíamos estar de acuerdo con apoyar las enmiendas que pedían un nuevo impuesto sobre los combustibles emisores de carbono y una ampliación del voto por mayoría cualificada en el área del protocolo social. Nos hemos abstenido sobre esas dos cuestiones.

Souchet
El informe de la Comisión sobre la protección social en Europa - 1995, que ha comentado nuestra colega, la Sra. Weiler, propone un marco general cuestionable, pero contiene, no obstante, algunos análisis totalmente pertinentes, en particular sobre las interrupciones o reducciones de actividad para prestar asistencia.
La Comisión señala que la acogida familiar disminuye el coste de la protección social, permitiendo a la vez un mejor cuidado de las personas discapacitadas, de la primera infancia y de los ancianos, gracias sobre todo a la presencia permanente del cónyuge que asume esta tarea.
El informe de la Comisión subraya en este ámbito la importancia de los servicios «informales» prestados por la familia, cuando uno de sus miembros no ocupa un puesto de trabajo remunerado para poder ocuparse de niños de corta edad, de adultos discapacitados o de ancianos inválidos.
Ahora bien, la Comisión subraya que, habida cuenta de la importancia de estos servicios, las prestaciones actuales son absolutamente insuficientes, en particular cuando se interrumpe una carrera. Los subsidios específicos creados en ciertos países (cuidado de niños, subsidio de discapacidad...) siguen siendo muy modestos, y el cónyuge que ha interrumpido una actividad remunerada para prestar este tipo de servicios resulta, a la postre, perjudicado: prestaciones de seguro social y de desempleo inferiores, pensiones de jubilación reducidas, imposibilidad de acogerse a pensiones suplementarias...
Estos servicios informales prestados por la familia, particularmente importantes para el conjunto de la sociedad, hoy lo son aún más por cuanto la población de edad avanzada aumenta mucho en los países europeos. Puesto que nuestra sociedad se caracteriza igualmente por el número creciente de mujeres que ocupan un puesto de trabajo remunerado, hoy resulta más difícil para muchas de ellas prestar servicios informales importantes gratuitamente.
Desgraciadamente, la Comisión se limita en su informe a estas constataciones y análisis, y no desemboca en propuestas innovadoras encaminadas a permitir el mantenimiento y el desarrollo de este tipo de servicios, a pesar de reconocer que permitirían reducir sensiblemente los costes de la protección social. Por lo tanto, podría ser muy útil que la Comisión continuara su reflexión y estudiara sobre todo en qué medida la creación, por ejemplo, de un salario parental, que sustituyera las actuales ayudas específicas, favorecería el desarrollo de los servicios familiares informales, muy necesarios en la estructura actual de nuestra sociedad, y que la beneficiarían en gran medida.

Wolf
El futuro de la protección social en Europa es lisa y llanamente un aspecto fundamental para el futuro de Europa. Es preciso iniciar por fin un cambio que ponga punto final al proceso que se ha seguido hasta ahora, durante el cual los trabajadores por cuenta ajena de los Estados miembros han tenido que observar repetidamente cómo se utilizaba, de hecho, a «Europa» como excusa para vaciar de contenido los sistemas nacionales de protección social. Un cambio en favor de una estrategia transnacional de protección e inclusión social que también articule formas eficaces de solidaridad y cohesión transfronterizas. El informe de la Sra. Weiler apunta con cautela algunas perspectivas para el futuro. Debemos apoyarlas, precisamente con vistas a los actuales preparativos para establecer una Unión monetaria, que lamentablemente se orienta en sentido contrario.
También es preciso repetir claramente una vez más en esta ocasión que Europa desperdiciará su futuro si no aborda en serio ni siquiera estos primeros pasos cautelosos, por no citar los pasos necesarios en otros ámbitos paralelos, desde el restablecimiento del pleno empleo hasta el derecho de huelga a escala transfronteriza.
Informe Papayannakis (A4-0037/97)
Díez de Rivera Icaza
Desde no hace mucho tiempo se ha comprobado una creciente y justificada desconfianza por parte de los consumidores ante el consumo de carne de vaca así como de sus productos, consecuencia lógica del escándalo de la encefalopatía espongiforme bovina, es decir, la llamada enfermedad de las «vacas locas».
Esta situación dramática ha dado pie a que los consumidores se indignen ante el hecho de que la carne siga comercializándose como un productos «anónimo», es decir, sin hacer constar su denominación de origen.
Toda esta penosa situación hace patente la necesidad de fijar una producción más controlada y cuyo requisito primero sea una producción de productos cárnicos moderna y orientada hacia los consumidores.
Lo que requiere como primera providencia un claro etiquetado para informar y para tranquilizar a los consumidores sobre la calidad y el origen real de estos productos.
Por tanto, el perfeccionamiento del etiquetado de los mismos, con un sistema eficaz de identificación y de registro de bovinos, resulta indispensable tanto en la producción como en su posterior comercialización.
En esta circunstancia, mi voto será positivo.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Hemos decidido votar en favor del informe sobre la propuesta sobre el reglamento del Consejo relativo al etiquetado de la carne vacuna y de sus productos derivados, aunque pensamos que sería mejor que se tomasen las decisiones sobre la cuestión a nivel nacional, y que se realizasen los controles pertinentes a ese mismo nivel. Queremos dejar bien claro que para nosotros es importante que los propios Estados miembros puedan decidir adoptar un etiquetado más preciso si así lo desean. Puesto que, no obstante, pensamos que la propuesta de la Comisión es peor, apoyamos este informe. En especial apoyamos la idea de etiquetar la carne con información sobre las posibles modificaciones del embrión o sobre los orígenes transgenéticos del animal, además de información sobre los antibióticos o estimulantes empleados que se hayan añadido al forraje.
Informe Mayer (A4-0022/97)
Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Hemos votado en contra del informe del Sr. Mayer porque pensamos que el error reside en la propia política agrícola de la UE. Por ello, la crisis de la EEB puede considerarse como un primer aviso, una recomendación de que reformemos esta política. La propuesta de un sistema de identificación y registro de las reses está relacionada con lo que la política de la UE quiere conseguir, la supresión de los controles fronterizos. Los resultados ya son evidentes por lo que respecta a la bacteria de la salmonela. Pensamos que es erróneo atacar la EEB introduciendo esta absurda identificación y registro de reses, en lugar de prepararnos para la prohibición total de piensos procedentes de animales muertos.

Theorin y Wibe
Es penoso que haya que construir una organización tan complicada para que pueda controlarse la salud de las reses dentro de la Unión Europea. Si esto se considera necesario a la luz de los acontecimientos, debemos aceptarlo. Pero creo que, una vez erradicada la enfermedad de la EEB, este gran organismo de control debería minimizarse y cabría valorar si su existencia está motivada.
En Suecia no hemos tenido la EEB y hemos combatido las enfermedades del ganado sin necesidad de construir un aparato gigantesco de control como el que aquí se propone. A través de unos controles fronterizos relativamente escasos, hemos evitado la propagación de la EEB, la rabia y la salmonela.
A todo esto hay que añadir la siguiente observación: los defensores del mercado libre afirman que la desregulación representará unas ganancias considerables al desaparecer los costes en concepto de reglamentación y ayudas. Con este caso se demuestra que el libre mercado desarrolla nuevos reglamentos y sistemas de ayuda. Con sobrada razón podemos preguntarnos si se gana algo con este mercado en el caso que nos ocupa, tanto en el plano económico como en el de la salud, en el sector del comercio con productos agrícolas.
(La sesión, interrumpida a las 13.21 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Prioridades de la política de los consumidores (1996-1998) (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40317/96) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión (COM(95)0519 - C4-0501/95) relativa a las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998).

Añoveros Trias de Bes
Señor Presidente, señora Comisaria, en su primer párrafo, el artículo 129 A del Tratado hace referencia al artículo 100 A como el instrumento más adecuado para tratar todas las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros destinadas a la consecución del mercado interior. El Tratado permite, además, otras acciones complementarias de las llevadas a cabo por los Estados en el ámbito de la protección de los consumidores.
El auténtico mercado interior, el verdadero mercado interior, sólo se conseguirá cuando la protección del consumidor se traslade a los litigios transfronterizos. Y ello exige una serie de medidas jurídicas, económicas, sociales e informativas.
Desde el punto de vista jurídico, que es el que corresponde a mi comisión, creo necesario resaltar que los derechos de los consumidores, como parte en un litigio transfronterizo, sólo serán efectivamente tutelados si se conjugan las siguientes acciones: en el plano internacional hay que concienciar a los Estados miembros para que apliquen el Convenio de Bruselas del año 1968, el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y los Convenios de La Haya, de 1965 y 1970, sobre unificación y sobre obtención de pruebas en el extranjero respectivamente.
Hay que impulsar, además, la realización de un estudio que determine las razones por las que, a pesar de la existencia del Convenio de Bruselas, se siguen presentando dificultades para lograr la ejecución en un Estado miembro de una resolución ejecutiva en materia civil otorgada por un organismo jurisdiccional de otro Estado miembro. Hay que analizar también las posibilidades de ampliar el ámbito del Convenio de Roma sobre la ley aplicable al campo mercantil.
Sería bueno crear un instrumento comunitario que asuma los principios del Convenio de Viena sobre los contratos de compraventa internacional y fomentar, dentro del tercer pilar, una iniciativa que tenga como objeto la obtención de un título ejecutivo para las deudas impagadas.
Hemos hablado del plano internacional, y ahora queremos hablar del plano comunitario. Y nos gustaría proponer la siguiente medida: reforzar la solución de las controversias por vías extrajudiciales, más sencillas, más rápidas y más baratas, siempre y cuando se respete y se deje la posibilidad de acudir a los tribunales. Por eso creemos que hay que poner en marcha cuanto antes el plan de acción de promoción de los procedimientos extrajudiciales propuesto por la Comisión.
La Directiva del Parlamento y del Consejo sobre acciones inhibitorias es un magnífico instrumento para fomentar el reconocimiento de la legitimación activa de organizaciones, empresarios y consumidores, para permitir que el juez sea competente en virtud de los convenios existentes, para que pueda tomar una decisión basada en derecho aplicable al fondo del litigio, aunque la infracción sólo produzca sus efectos en un mercado distinto al nacional. La resolución del Parlamento sobre los plazos de pago contiene interesantes sugerencias que vale la pena traer a colación. Deben reconocerse, según esa resolución, tanto los intereses de demora, que se aplicarán de forma automática a los acreedores, como las indemnizaciones por los costes en que se haya incurrido en la recuperación de las deudas, de acuerdo con unas tarifas determinadas por la autoridad pública competente. También habría que armonizar los procedimientos judiciales para la recuperación de los pagos atrasados y de las costas que estos llevan aparejados.
Por último, señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, creo que es importante apoyar la crítica que se hace en el informe Whitehead porque la Comisión no incluye un calendario detallado en las prioridades de la política de los consumidores 1996-1998. Esta laguna puede convertir estas prioridades en un conjunto de buenas intenciones que no aportan ninguna credibilidad a la política de consumidores de la Unión.
En definitiva, se trata de utilizar los instrumentos que tenemos en la mano, internacionales y comunitarios, para ir consiguiendo una auténtica protección de los consumidores a todos los niveles.

Kuhn
Señor Presidente, apreciada señora Comisaria Bonino, yo no soy de aquellos diputados que suelen mostrarse pródigos en su agradecimiento al ponente. En primer lugar, porque ello consume parte del tiempo de uso de la palabra y, en segundo lugar, porque estoy convencida de que todos los ponentes presentan buenos informes. Hoy quisiera hacer una excepción y agradecer sinceramente en nombre de mi Grupo político el trabajo del Sr. Whitehead, aunque no se encuentre presente. Yo le doy las gracias porque, además de analizar y criticar las prioridades de la política de los consumidores previstas por la Comisión para el período 1996-1998 y proponer mejoras, también ha realizado una evaluación de las prioridades del período 1993-1995. De ésta se desprende claramente, en primer lugar, cuáles eran nuestros objetivos y en qué casos los hemos conseguido o no hemos logrado alcanzarlos.
Una parte de dichas prioridades debieron ser trasladadas al programa para el período 1996-1998. Sólo en 1996 debatimos qué medidas debían adoptarse como resultado del Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia. Ya aprobamos en primera lectura la directiva sobre acciones inhibitorias transfronterizas por omisión, como medida preventiva de protección colectiva para los consumidores. Yo espero que podamos recibir pronto la posición común del Consejo al respecto. También hemos debatido el plan de acción de la Comisión para promover los procedimientos extrajudiciales. Se trata de una medida muy positiva si los Estados miembros se muestran dispuestos a crear organismos neutrales para todos los productos y servicios. Aunque establezcamos muy buenas normas en favor de los consumidores a escala europea -que son necesarias-, de nada le servirán al consumidor que realmente quiera beneficiarse del mercado interior si éste no puede hacer valer sus derechos en su propia lengua y de manera rápida por la vía extrajudicial y también por la judicial.
Tal como ha señalado el Sr. Whitehead esta mañana, las prioridades para el período 1996-1998 parecen una lista de deseos de un consumidor. A mi modo de ver, son sencillamente inconcretas. Para nosotros, lo importante es que la Comisión elabore finalmente una legislación común, que todavía no existe, lo cual obstaculiza el acceso de los consumidores al mercado interior. El Libro Verde sobre la legislación en materia de alimentos estaba anunciado para 1996. Seguimos esperándolo y todavía resulta más urgente a la vista del debate sobre la encefalopatía espongiforme bovina de esta semana. ¿Qué hace entre tanto la Comisión? Ha anunciado que denunciará a Alemania ante el Tribunal de Justicia Europeo, y llegado el caso también a otros dos Estados miembros, porque han establecido unos límites nacionales de contenido de pesticidas demasiado rigurosos en el caso de los alimentos infantiles. ¿Cree acaso la Comisión que los padres comprenderán esta actuación? El Parlamento siempre ha abogado por que los alimentos infantiles estén libres de pesticidas.
Hoy debatiremos también los informes sobre el crédito al consumo y sobre el Libro Verde relativo a los servicios financieros. Ambos informes indican los aspectos que requieren con urgencia una regulación legislativa. ¡No sean tan tímidos, señores Comisarios! ¡El Parlamento respalda a la Comisión cuando se trata de la defensa de los consumidores!

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a Philip Whitehead por el enorme trabajo que ha realizado. ¿Y por qué lo digo? Porque, y eso es algo que tendría que tener en cuenta la Comisaria, la presente comunicación sobre las prioridades es a mi entender demasiado global. Creo realmente que las prioridades 96-98 dejan bastante que desear. Y estoy muy agradecida al Sr. Whitehead, porque a pesar de ello ha logrado un resultado decente. Estoy plenamente de acuerdo con el ponente en que la Comunicación debería haber sido un programa mucho más detallado, más elaborado, y que tendría que haberse indicado en diversos puntos cómo y de qué forma la Comisión intenta alcanzar sus objetivos, con los que no tengo ningún problema. Es decir, a mi entender debería contener una lista de prioridades mucho más clara.
¿Me permite señalar algunos escollos? En primer lugar, el acceso a la justicia. Hace ya más de tres años que se publicó un Libro Verde. En la legislación sobre la que fui ponente dijimos que en cualquier caso había que encargarse de dar forma al derecho de acción colectiva, y sé que diversos Estados miembros tuvieron bastantes dificultades cuando hubieron de aprobar la venta a distancia. Pero, sea como fuere, mi pregunta es: ¿cómo piensa usted dar forma y qué propuesta va a hacer usted? Creo que los Libros Verdes que presentó usted hace tres años tendrían que haberse convertido de una u otra forma en un tema de acción.
Asimismo, quiero llamar la atención sobre los procedimientos judiciales extranjeros. Quizás le parezca que siempre vengo con la misma cantinela, y es cierto, pero pienso que a menudo podemos ayudar al consumidor de una forma más rápida, más barata y más eficaz si en la conciliación de conflictos damos más estímulos que ahora. Tengo un interés, no es un interés financiero, sino quizás emocional, pues soy presidenta de la Fundación de Comités de Conflictos para los asuntos relacionados con los consumidores en los Países Bajos, que en estos momentos ya cuenta con unos cincuenta comités, donde los consumidores y los representantes de las organizaciones del ramo administran justicia independientemente, algo que funciona a la perfección. Pienso que en esta cuestión tendríamos que hacer más y quizás también porque me enorgullezco de lo que hemos conseguido en este sentido con las organizaciones de consumidores neerlandesas, que podríamos enseñar algo a un mayor número de personas que en la actualidad.
A continuación, una pregunta que ya ha sido formulada. Recuerdo por ejemplo que la Sra. Behrendt ha dicho algo al respecto. Se trata del Libro Verde de Productos Alimenticios. No sé qué se hará con él. ¿Acaso hay que readaptar ese Libro Verde en el marco de los nuevos acuerdos y las nuevas medidas políticas? ¿Podrían responderme al respecto? Si queremos hacer algo para tranquilizar a los consumidores europeos, pienso que en primer lugar tendremos que emprender una acción rápida, y que en segundo lugar hemos de saber con qué plazo hemos de contar y dónde se introducirán cambios.
Esta tarde hablaremos de los servicios financieros, por tanto ahora no hablaré de ellos.
Para terminar, lo que echo en falta en las propuestas es lo siguiente: ¿cómo actuará la Comisión Europea -acaso junto con las organizaciones de consumidores y las empresas europeas- para intentar a través de la autorregulación establecer normativas allí donde todavía no existe legislación, y quizás donde tampoco sea necesaria una legislación? Acaso podamos ver alguna vez una lista de acciones al respecto.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales no puede sino expresar su gran satisfacción por el informe del Sr. Whitehead y sus intentos de poner algunas prioridades en su sitio. Al Grupo de los Liberales le interesa mucho que Europa no sea únicamente un buen lugar para las empresas, sino también para los ciudadanos y, sobre todo, para los consumidores. Concedemos mucha importancia a dos temas significativos. Uno es la libre elección de los consumidores y el otro es el acceso de los consumidores a los tribunales. No profundizaré en este último tema, ya que tres oradores se han extendido sobre él.
La libre elección de los consumidores nos parece muy importante. El Grupo de los Liberales es un gran defensor del mercado interior, pero el reflejo de éste es la libre elección de los ciudadanos. Se puede decir -para emplear una expresión inglesa- que somos the internal market freak y, al mismo tiempo, free choice freak . La condición absoluta para la libre elección es que los consumidores reciban información, por lo que quiero preguntar al Sr. Comisario sobre las normas de etiquetado. Escuchamos ayer al Sr. Santer, quien llegó al extremo de afirmar que habría que etiquetar todo, incluidos los productos modificados genéticamente. Esta afirmación supone una gran muestra de confianza por parte de la Comisión. Espero que la Comisión sepa que el solo hecho de etiquetar no es una cura milagrosa. El etiquetado ha de ser claro y ha de estar acompañado de información. Espero asimismo que una de las prioridades al aplicar las normas del etiquetado sea que la Comisión se comprometa a informar sobre lo que realmente son los alimentos modificados genéticamente y sobre los criterios de etiquetado para garantizar que tengamos libertad de elección y no una gran variedad de etiquetas, cuyo significado no seamos capaces de adivinar.
Gracias, y aguardo la respuesta de la Comisión con gran expectación.

González Álvarez
Señor Presidente, estimada Comisaria, yo sé que ha de tener paciencia porque quizás nos repetimos los diputados que estamos aquí, pero es verdad que participamos con mucho interés en el informe del Sr. Whitehead. Y el informe del Sr. Whitehead, que fue aprobado por unanimidad, dice más o menos lo que todos estamos diciendo.
Sin embargo, quería resaltar en los minutos que me corresponden dos o tres cuestiones importantes. En primer lugar, que el propio Sr. Whitehead, el propio ponente, saluda las diez prioridades de la Comisión que tienen que ver con la información de los consumidores, con el acceso fácil a la justicia, con la seguridad alimentaria -muy de moda esta semana en este Parlamento-, y con otras cuestiones que afectan directamente a los derechos de los consumidores.
Sin embargo, todos compartimos la crítica de una falta de evaluación del período anterior, hasta el año 1995, y, quizás, también de más concreción en el período que va hasta el año 1998.
Y el propio Sr. Whitehead plantea una estrategia muy concreta de identificación de los problemas: ver qué objetivos tiene la política del consumidor, plantear una estrategia para alcanzarlos y, posteriormente, un calendario para su puesta en práctica.
Yo creo que esa es la crítica fundamental. Porque es verdad que se hicieron cosas en ese tiempo y es verdad que se pretenden hacer cosas en este tiempo. Pero también es verdad que, por lo que respecta por ejemplo a la seguridad alimentaria, hay una falta de credibilidad en las instituciones comunitarias por el tema de las vacas locas, por el tema de la sangre contaminada, por el tema de la hormona del crecimiento, y nosotros vamos a presentar una pregunta sobre el maíz transgénico y la soja transgénica. ¿Por qué? Porque preocupa mucho en España ese tema. Y hay una encuesta que demuestra que, en un número muy importante de países, del 60 % al 80 % de la población está en contra de consumir productos elaborados mediante ingeniería genética, por la inquietud que esto despierta, porque puede afectar a la salud humana. Por lo tanto, quizás hoy una de las prioridades sea la seguridad alimentaria y que se ponga en marcha un organismo independiente que pueda velar por esa seguridad alimentaria.
En definitiva, nosotros estamos de acuerdo con todos los puntos. Vamos a votar a favor del informe del Sr. Whitehead -sabemos de la sensibilidad de la Comisaria-. Y, desde luego, nosotros tenemos la obligación de ser portavoces de la inquietud que la población europea tiene hoy con respecto a su seguridad alimentaria y a su salud. Y nos vemos en la obligación de repetirlo, aunque entiendo que esto les canse a ustedes, porque durante la tarde lo escuchan muchas veces.

Hautala
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Whitehead por la cooperación que ha mostrado en su informe, en particular en relación con el etiquetado. Deseo también a la Comisaria Bonino que tenga éxito, puesto que ha empezado a coordinar en la Comisión las cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos. Creo que es la persona adecuada para ello.
Quiero atraer la atención de sus señorías y de la Sra. Comisaria sobre una cuestión particular del informe. En el apartado 19 se habla de las campañas de información sobre la UEM de la Comisión y del Parlamento. Lamentablemente, mi grupo no puede votar a favor de este apartado (19) ni puede desear que se acojan con satisfacción estas campañas. Ha trascendido precisamente que la Comisión exige a los investigadores y expertos independientes una declaración escrita en el sentido de que cuando la Comisión les envíe a hablar sobre la UEM a los diferentes actos organizados por los ciudadanos, deben comprometerse a hablar únicamente siguiendo la línea establecida por la Comisión. En mi opinión, esto es muy peligroso. Cuando pensamos en el debate sobre la EEB que ha tenido lugar hoy, Sra. Comisaria, ¿cómo podemos seguir confiando en los expertos enviados por la Comisión si ocurren hechos de este tipo? He presentado una pregunta sobre este tema y querría saber en qué otras ocasiones la Comisión exige a los expertos independientes una promesa de fidelidad de estas características.

Sandbæk
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Whitehead por su excelente informe, ya que lo más positivo que se puede decir sobre la comunicación de la Comisión relativa a la política de los consumidores es que, en efecto, ha sido presentada, puesto que su redacción es demasiado vaga y sus líneas demasiado generales. Como consumidores, merecemos algo mejor. En cuanto a las nuevas áreas de responsabilidad de la DG XXIV en el ámbito de la seguridad de los consumidores, estoy de acuerdo con el Sr. Whitehead en que urge fijar unas prioridades con programas de acción concretos que sustituyan a las líneas generales de la Comisión. Asimismo, hace falta fomentar el etiquetado ambiental y energético y crear una legislación referente a los consumidores en todos los Estados miembros.
Fundamentalmente, las ideas sobre una política europea de los consumidores se orientan en dos direcciones diferentes. Por un lado, se puede argumentar en favor de campañas, folletos y centros de información, tal como hace el Sr. Whitehead, o -yo apoyo este procedimiento- se puede defender la política de que todas las organizaciones de consumidores establecidas a escala nacional cooperen con miras a una coordinación adecuada, concretamente a través de un reforzamiento de la OEUC, para que en el futuro actúen juntas ante las entidades políticas. Creo que hemos de reconocer que es demasiado complicado y caro crear una política de los consumidores y una red de información a los consumidores nueva y homogénea, ya que las necesidades difieren mucho de un Estado miembro a otro. A pesar de que estamos en desacuerdo sobre este punto, votaremos, obviamente, a favor del informe del Sr. Whitehead.
Una política de los consumidores proactiva es lo único que puede proporcionar legitimidad y eficacia al mercado interior. Por eso es importante que nos volquemos en la Conferencia Intergubernamental. Es en ese contexto donde hay que reforzar la política de los consumidores. Debe constar en el preámbulo del Tratado que en la UE se prestará especial atención al ámbito de la política de los consumidores, al igual que al desarrollo sostenible. Han de reforzarse muchos aspectos del Tratado, para que el fomento de la política de los consumidores y de sus intereses se convierta en un objetivo independiente. Aún hay que introducir determinadas precisiones y mejoras en el artículo 129 A. Sólo así la política de los consumidores ocupará el importante puesto que merece.

Garosci
Señor Presidente, nuestro trabajo en este Pleno y en estas Instituciones tendría poco valor si no considerásemos al consumidor como el objetivo prioritario de todas nuestras actividades. La política del consumidor no es un hecho sectorial. Un hecho sectorial lo sería la crisis de la industria mecánica, el mercado de plátanos u otras cosas parecidas. El consumidor, por el contrario, ha de ser soberano en cada objetivo que nos planteamos, en cada actividad y en cada directiva que adoptamos.
Cada día, miles de empresas -pequeñas, medianas y grandes- trabajan, producen, contratan y crean puestos de trabajo, desarrollo e inversiones con un objetivo prioritario: trabajar para satisfacer al consumidor.
Desde este punto de vista, deseamos dar las gracias a la señora Comisaria por el excelente texto que ha elaborado y estamos de acuerdo con lo manifestado por el ponente y la Sra. Oomen-Ruijten, habida cuenta de que, sin duda, en el momento actual han de apoyarse de forma especial las prioridades para la acción.
Sin embargo, existe una evaluación con respecto a los cinco ámbitos que ha señalado el ponente y que deseo recordar rápidamente: facilitar el acceso a la justicia de los consumidores; convertir la información a los consumidores de forma incesante; promover una política sostenible en materia de alimentación en interés de los consumidores; garantizar el acceso de los consumidores a un servicio universal.
Existe un último aspecto en torno al cual queremos afirmar la importancia específica del momento actual, esto es, la introducción del euro. Gracias a la introducción del euro, el ciudadano europeo va a considerarse por fin como tal, es decir, podrá viajar en los 15 Estados miembros, gastando y comprando en las tiendas, los supermercados, las agencias de viaje con una moneda única y quizás, por fin, entonces se percatará de que es ciudadano de Europa.

Musumeci
Señor Presidente, señora Comisaria, la política del consumo requiere cada vez más una visión europea de los problemas frente a conductas políticas que van a achacar a Europa responsabilidades y falta de capacidad. Por consiguiente, Europa no debe ser considerada por los consumidores como una opción ideológica, sino como una constante demostración de los intereses de cada Estado considerados en un ámbito europeo.
Dicho esto, todo el mundo sabe que en algunos Estados miembros la atención a los derechos de los consumidores se ha prestado con cierto retraso con respecto al contexto europeo. No cabe duda de que entre estos Estados está Italia, donde la paulatina sensibilización en cuanto a los derechos de los consumidores está estrechamente vinculada a la acción y las iniciativas de las distintas asociaciones que tuvieron que actuar sin ninguna clase de ayuda del Gobierno de Roma.
Pedimos que la Comisión tenga a bien intervenir con firmeza con respecto a Italia que, escandalosamente, todavía no se ha dotado de una ley marco nacional sobre la representación de los derechos de los consumidores. Durante años, en efecto, hemos asistido a un baile de responsabilidades entre el Ejecutivo y el Parlamento, aunque las reticencias siguen siendo muy fuertes, sobre todo porque las asociaciones son las portavoces de una demanda que los partidos políticos no controlan.
Al congratularnos con el ponente, Sr. Whitehead, por su pormenorizada propuesta de resolución sobre el programa 1996-1998 que compartimos plenamente desde todos los puntos de vista -jurídico, económico y sociallos miembros de Alianza Nacional instamos a la Comisión a que refuerce su apoyo al movimiento en los Estados del sur de Europa, donde la presencia de las organizaciones de consumidores es muy escasa respecto a los 4 millones de organizaciones existentes en Europa, instaladas sobre todo en los Estados septentrionales.
Garantizar un desarrollo del asociacionismo de los consumidores a corto y medio plazo significa, de hecho, no convertir en inútil el Tratado de Maastricht que, si por una parte reconoce un nuevo papel a los consumidores en materia de educación y en otros importantes sectores, por otra, crea nuevos ámbitos que corren el riesgo de seguir siendo inaccesibles para el asociacionismo más débil.

Malone
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al ponente por el excelente informe que ha elaborado. Sé que su trabajo ha sido muy bien valorado por las asociaciones de consumidores de toda Europa, incluida la BEUC de Bruselas, y yo apoyo incondicionalmente sus conclusiones. Éste, el tercer programa del consumidor, ofrece un análisis insuficiente de los esfuerzos previos, poca continuidad con los programas anteriores y ninguna estrategia coherente para el futuro.
Debido al establecimiento del mercado interior y a la inminente introducción de la moneda única, la política del consumidor debe instaurarse a escala paneuropea en lugar de que los Estados miembros actúen solos. Asimismo, tiene que haber una plena aplicación de la legislación vigente, así como unos medios más simples y eficaces de reparación para los ciudadanos de a pie. Obviamente, el reto más importante y candente al que se enfrenta la política de los consumidores es sin duda la crisis de la EEB.
Desde que el informe Whitehead fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, han acaecido varios acontecimientos de primer orden, el más importante de los cuales ha sido la transferencia de las competencias de seguridad alimentaria a la DG XXIV.
Las nuevas responsabilidades de la DG XXIV en este campo recibieron ayer un mayor impulso cuando la Comisión anunció a la Asamblea su respuesta al informe sobre la EEB. Estoy de acuerdo con la afirmación del Presidente Santer de que la Oficina Veterinaria Europea con sede en el condado de Meath, Irlanda, puede ser de vital importancia para restablecer la confianza de los consumidores en los procedimientos en materia de seguridad alimentaria. Yo, además, instaría al Consejo a que reconsiderara su actitud hacia la oficina. Acojo también favorablemente las decisiones de poner a todos los comités científicos correspondientes bajo la autoridad de la DG XXIV y de crear una nueva unidad sobre evaluación de riesgos para la salud pública e inspección de alimentos, también dentro de la DG XXIV.
Sin embargo, me preocupa que la Comisión pueda estar repitiendo los mismos errores que ya se han señalado claramente en el informe sobre la EEB. Las tareas de la Oficina de Inspección Veterinaria y de las nuevas unidades de seguridad alimentaria deben definirse claramente desde el principio. De lo contrario, los consumidores europeos seguirán siendo profundamente escépticos sobre los niveles de seguridad alimentaria en Europa.

Jackson
Señor Presidente, lo que voy a decir en mis pocas observaciones es continuación directa de lo que acaba de decir la Sra. Malone. Yo querría insistir en sus peticiones a la Comisión. Al igual que ella y que otros oradores, considero que este es un documento que no tiene remedio y que realmente no merecía la pena escribir. No sé si el autor se encontrará o no entre nosotros, pero espero que no. Espero que él o ella ya no esté en la Comisión, desde luego no en la DG XXIV. Si esto es lo único a lo que puede llegar la Comisión en materia de protección de los consumidores, en realidad no merece la pena ponerlo en el Tratado, e imagino que la Sra. Bonino habrá efectivamente renegado de él.
Hay algunas áreas muy importantes en las que la protección de los consumidores puede funcionar a nivel comunitario, y digo esto como conservador británico. Las tres áreas a las que yo prestaría especial atención son la seguridad, la información y la ayuda a los consumidores. Yo diría que la Comisión debería examinar de qué manera, a causa de las actividades de la Comunidad, necesitan los consumidores estos tres elementos, sobre todo en lo que respecta al comercio transfronterizo. En cuanto a la seguridad debemos preguntarnos qué hacía la DG XXIV sobre la EEB cuando ésta se estaba gestando. No se hace mención a ello en ningún sitio. Hay una gran crisis en ebullición en los límites de Europa, en los límites de nuestra conciencia, de la que se está ocupando la DG VI cuando se supone que la DG XXIV no estaba diciendo nada al respecto. Bueno, eso ya ha pasado a la historia.
Pero ahora me gustaría invitar a la Comisaria a que aproveche la ocasión que brinda este debate para contarnos -y es la Sra. Malone la que lo ha planteado- qué va a pasar con la seguridad alimentaria. Si ahora la DG XXIV, la Dirección de protección de los consumidores, que elaboró el documento, va a encargarse de la seguridad alimentaria, entonces ¿quién va a participar en realidad? ¿Será el mismo personal o se va a trasladar a gente desde la DG III y la DG IV? ¿O quizá se va a dejar en manos de los autores de este documento? Si es así, que el Cielo nos asista.
En segundo lugar, sobre el tema de la información, quisiera atraer la atención de la Comisaria hacia un punto que planteé ayer al Comisario Bangemann relativo al etiquetado de los alimentos. La sección 6 de este documento dice que no está claro que toda la información que aparece en las etiquetas de los alimentos sirva realmente al consumidor. Después sigue diciendo que no va a hacer nada al respecto. He propuesto una enmienda, que espero acepte la Comisión, en la que se dice que ésta última debería cumplir su obligación de publicar más información para los consumidores sobre los números E de las etiquetas alimentarias. Esto es esencial.
Por último, confirmo lo que dice el ponente sobre ayuda jurídica. Si hay algo que pidan los habitantes de mi circunscripción a una política de protección de los consumidores, es más información y más confianza en que saben qué va a ocurrir si se meten en dificultades en otro Estado miembro, sobre todo con respecto a la adquisición de cosas tales como propiedades: ¿cuánta ayuda puede prestarles en este sentido la legislación europea? Por el momento, muy poca.

Alavanos
Señor Presidente, no sé si ha sido casualidad, pero casi todos los diputados que han intervenido sobre este tema son mujeres. No sé si esto demuestra algo. Afortunadamente, también está usted y también está el ponente, que ha elaborado un informe excelente.
En mi breve intervención quisiera subrayar la gran distancia que hay entre los principios generales, entre los -si me permiten la expresión- sinceros e «hiperenérgicos» propósitos del Comisario y la legislación, por un lado, y la situación real de los países miembros con respecto a la protección del consumidor, por otro. Y no se trata sólo del tema de la encefalopatía espongiforme bovina, hay otras cuestiones.
En concreto en mi país, en Grecia, basta con poner una cadena de televisión para ver cómo se infringen en un mínimo de tiempo todas las directivas de la Unión Europea. En este contexto quisiera manifestar mi sorpresa por el hecho de que, mientras observamos que la Comisión actúa en la dirección correcta, vemos también que algunos servicios de la Comisión supeditan los intereses del consumidor y su protección a los intereses de ciertas grandes entidades económicas, como sucedió en el caso de la remisión de Suecia y Grecia al Tribunal de Justicia europeo en relación con las restricciones y prohibiciones que estos dos países habían impuesto a la publicidad de juguetes infantiles.
A propósito de la televisión, señor Presidente, quisiera referirme a que existen cláusulas para la protección del consumidor, el espectador-consumidor, por ejemplo en la televisión sin fronteras, con respecto a la hora a la que deben transmitirse anuncios etc., que al menos en mi país no tienen ninguna importancia. En cuanto a los anuncios de medicamentos, nada más encender la televisión uno ve aparecer uno tras otro, dirigido a mayores, menores, niños...
Por consiguiente, opino que en el ámbito de la aplicación por parte de los países miembros de los reglamentos y directivas básicos de protección del consumidor tenemos todavía un largo, larguísimo camino por recorrer.

Blokland
Señor Presidente, no sucede a menudo que el Parlamento haga un llamamiento a la Comisión para que no se apresure demasiado. Casi siempre sucede lo contrario. El ponente de la Comisión de Medio Ambiente, el Sr. Whitehead, pide a la Comisión que adopte ciertas reservas a la hora de enumerar sus deseos en el ámbito de la protección del consumidor, y estoy plenamente de acuerdo con él. El informe destila sentido de la realidad, que creo es necesario en la política de los consumidores. Por lo tanto, estoy en gran medida de acuerdo con las recomendaciones del informe del Sr. Whitehead.
La política de los consumidores es un ámbito político relativamente joven que adolece de diversas limitaciones inherentes. En primer lugar, es un ámbito político que se desarrolla principalmente en la esfera del derecho privado. Incluso me atrevería a decir: si todo va bien, el Estado tiene muy poco que ver con el consumidor.
En segundo lugar, depende mucho de la cooperación de las empresas. Si existen fuertes organizaciones de consumidores que saben dejar bien claras sus exigencias a los productores de bienes y servicios, ya se tiene la mitad de la protección del consumidor.
En tercer lugar, la política europea tiene sus propias limitaciones. Precisamente porque a menudo se trata de cuestiones relacionadas con el derecho privado, la Comisión no puede hacer mucho en el ámbito legislativo, salvo que se pueda recurrir a las directivas europeas.
Por ello estoy de acuerdo con las recomendaciones del informe que tratan del refuerzo de la posición del consumidor difundiendo información (los apartados 20 a 26). Nos conviene más tener consumidores emancipados que todo tipo de reglas legales, a las que sólo recurrirán una pequeña parte de consumidores ya emancipados. Es sabido que en los países meridionales de la Comunidad Europea, la conciencia del consumidor no está tan desarrollada y organizada. Y por allí hay que empezar y no por todo tipo de reglas legales. Por ello me parece conveniente que la Comisión empiece por publicar en un Libro Verde la mayoría de las ideas que se desarrollan y no presente en seguida propuestas legislativas inmaduras, cuando de todas formas en el Consejo no se puede lograr un acuerdo al respecto.
Por consiguiente, soy muy favorable al llamamiento del ponente a consolidar las propuestas del anterior programa de prioridades para la política del consumidor y quiero felicitarle por su excelente informe. La Comisión Europea saldrá ganando con ello.

Pimenta
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente, señor Whitehead, por el excelente informe que ha elaborado y también por el incansable trabajo que ha tenido al frente del Intergrupo de los Consumidores. Si el Consejo y la Comisión lo hubieran oído antes y en el Intergrupo, el problema de las «vacas locas» -y otros-, llegado el caso, no se habrían planteado.
Señora Comisaria, quisiera ahora lanzarle un desafío. Es el de que retire el documento, porque no es útil, señora Comisaria, es un documento malo. Este documento fue elaborado por un equipo de un antiguo director general que fue substituido después por el Sr. Papas, quien fue a la Comisión de Medio Ambiente y dijo que el documento no era útil, que no estaba de acuerdo con el documento. En este momento el Sr. Papas ya se ha ido y ha sido substituido por un nuevo director general. Este documento no es un texto legislativo, no es una ley con modificaciones. Es un texto de orientación política, que fija prioridades. Entonces pregunto a la Comisaria: si el texto de orientación política es malo e irrealizable, ¿para qué sirve? Creo que más valdría retirar el documento -y creo que el ponente está de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora, porque he tenido oportunidad de comentarlo con él- y presentar un documento tal vez más concentrado, con menos prioridades y que se pueda transformar en un verdadero programa de acción. Y, en ese caso, le prometo que todos nosotros, de los diversos Grupos políticos, de todo este espectro, estaremos aquí para apoyar un informe con cuatro o cinco prioridades de acción para la política de los consumidores en los próximos años. Eso es lo que hace falta.
Por lo demás, el ponente señala cinco prioridades con las cuales estoy de acuerdo: el acceso a la justicia, por los tribunales o por los mecanismos de arbitraje y de otra índole, la protección de los intereses financieros de los consumidores, la mejor información, que convierta la información a los consumidores en poder de los consumidores, una política alimentaria y de salud humana y animal diferente de la seguida hasta ahora y una definición clara y simple del servicio público universal y de cómo se puede aplicar.
Entretanto, señora Comisaria, dos notas finales: una para instarla a que utilice más el artículo 129 A, que es un arma que tiene en la mano y que hasta hora no se ha utilizado. Creemos que se puede utilizar más veces. La otra es sobre la política de concesión de subvenciones a las organizaciones de defensa del consumidor. Este Parlamento introdujo hace años -y yo fui uno de los autores- una enmienda que aumentó las dotaciones para las asociaciones de defensa de los consumidores con el objetivo de apoyar sobre todo las de los países más necesitados, como Irlanda y los países meridionales, y las asociaciones más pequeñas.
La política actual ha ido encaminada, por el contrario, a apoyar sólo a las grandes organizaciones europeas, olvidando que en los países en los que las asociaciones de consumidores son más pequeñas y más débiles es en los que son más necesarias.

Bonino
Señor Presidente, señoras y señores diputados, debo decirles que estoy bastante desconcertada por este debate.
En primer término, les recuerdo que este plan fue presentado al Parlamento el 3 de noviembre de 1995. ¡Han debido estudiarlo a fondo, ya que me presentan un informe sobre las prioridades en febrero de 1997! ¡Por lo tanto, seamos serios, queridos amigos! Señor Pimenta, este plan se presenta en mi nombre y espero que el director general no me haya engañado. Si ustedes piensan que lo ha hecho, ¿por qué no me lo han dicho?. Ello exigiría realmente una sanción disciplinaria. Y aparentemente, a este Parlamento le gustan mucho las sanciones disciplinarias. En lugar de decirlo públicamente hoy, hubiera sido preferible haber tenido la amabilidad de comunicarlo antes a la Comisión.
Recuerdo muy bien que, antes de la presentación de este documento al Consejo y al Parlamento, éste último me pidió que no presentara un plan de acción detallado, sino directrices políticas de intervención. Y si ustedes leen este documento, comprobarán que la Comisión ha elegido como nuevas prioridades -lo que hasta ahora nunca se había hecho- los servicios públicos, los servicios financieros y la sociedad de la información, y no ya los productos. ¡Han debido reflexionar mucho en estas prioridades! Porque si, desde noviembre de 1995, hubiera tenido que esperar el dictamen del Parlamento para empezar a actuar, no habría hecho nada hasta hoy. Por lo tanto, hay que situar el debate en su contexto.
Mientras reflexionaban -¡desde el 3 de noviembre de 1995!-, la Comisión, a la que se le había pedido que presentara un plan político, y no un plan de acción, que por otra parte ésta elaboró luego, les ha presentado en total doce propuestas de directivas sobre todas las políticas. De estas doce directivas, tres -es decir, la cuarta parte- se refieren a la política de los consumidores, y en concreto al acceso a la justicia, a las garantías y al crédito al consumo, que discutimos esta tarde. Tras lo cual les hemos presentado el Libro Verde relativo a los servicios financieros, que se someterá a debate dentro de un momento. El Parlamento rechazó luego la directiva sobre la venta de servicios financieros a distancia, que volveremos a presentar. Cada uno debe asumir sus responsabilidades, porque, francamente, no me parece muy aceptable que se acuse a la Comisión y que no se le reconozca todo lo que ha hecho en 1996.
Sra. Jackson, si cree usted que el documento no tiene ningún valor porque no menciona la EEB, su Gobierno y su partido podrían haber sido de gran ayuda a esta institución y a la Comisión si nos hubiera informado de lo que estaba pasando. Le recordaré que en 1996 la Comisión formó el grupo entre servicios. Propusimos tres memorándums y el vademécum para los consumidores, y el documento -y quizá éste sea un dato que no haya tenido en cuenta- fue presentado en noviembre de 1995 y la crisis estalló en marzo.
En efecto, nuestras relaciones siempre han sido leales.
Dicho esto, no deseo pasar revista a todo lo que hemos hecho, por ejemplo, con respecto a la continuación de los ejercicios legislativos, la indicación de precios, la publicidad comparativa, etcétera; pero, así y todo, encuentro algo injustas, poco generosas y bastante inexactas las observaciones que he oído en este recinto.
Por otro lado, señalo que he asumido las competencias en materia de control sanitario hace exactamente una semana. Desearía pedir a los señores diputados que se tranquilizaran, porque tendremos que definir juntos lo que conviene hacer. Yo no tengo soluciones mágicas, señor Whitehead, y ya he dicho que vendría a escucharlo a mediados de marzo para saber lo que propone. Considero, por ejemplo, que teniendo en cuenta mis nuevas responsabilidades sería bueno que yo reexaminara el Libro Verde relativo al derecho alimentario -que estaba casi listo- a la luz de los cambios de política y de prioridades que acaban de decidirse.
Hemos dado un salto adelante en beneficio del consumidor, pero ahora es necesario ponerse a trabajar sin hacer demasiada demagogia. Se trata de un reto que debemos aceptar todos juntos. Es bastante singular que hoy se me pregunte cuáles son mis decisiones, mis programas, mis ideas o -peor- las de la Comisión, con respecto a la salud, a los controles o al Comité científico. ¡Hace sólo una semana que tengo estas competencias! No me refiero exactamente a usted, sino a otras intervenciones que hoy hemos escuchado.
Dicho esto, respondo, a pesar de todo, a algunas observaciones más puntuales que se han hecho. En relación con el Libro Verde, éste estaba listo en las consultas interservicios, pero considero que, tras la nueva situación surgida la semana pasada, mi deber es volverlo a examinar y ver si es posible ir un poco más lejos.
Señora Kuhn, con respecto a los alimentos para niños de pecho, siempre se puede soñar con una revolución. Eso no quita que el derecho actual establezca límites. Mientras no se modifique el Tratado, la Comisión está obligada a aplicarlo tal cual es, y el Sr. Bangemann ha iniciado un procedimiento contra Alemania por obstaculización a la libre circulación. Debemos respetar las reglas, nos gusten o no, hasta que podamos cambiarlas.
Con respecto a las instrucciones, espero que se trate de un caso excepcional, pero estoy dispuesta a informarme más, ya que desconocía este hecho. No quiero lanzarme a responder sobre un tema que desconozco, pero estoy deseosa de conocerlo mejor para determinar si se trata de una práctica habitual o de un caso particular. En cuanto a las subvenciones a las organizaciones -vuelvo a la última observación del Sr. Pimenta y otros-, se nos ha reprochado de repartir dinero sin saber muy bien para qué; así pues, hemos aplicado un procedimiento para incitar a las organizaciones de consumidores a trabajar conjuntamente en proyectos comunitarios y hemos tratado de no conceder más subvenciones para funcionamiento, sino de apoyar únicamente proyectos concretos. Pienso que ahora estamos en condiciones de publicar en el Diario Oficial el resultado de nuestro trabajo, que no ha sido sencillo.
En relación con los países del sur de Europa, que son los que más lo necesitan, yo misma he enviado un consejero especial a los cuatro países, con el fin de reunirse con todas las organizaciones de consumidores, que en este momento están en condiciones de presentarme propuestas. Yo prefería una gestión por parte de las asociaciones de consumidores, más que decirles yo misma lo que debían hacer. Después de un año de trabajo, estamos en condiciones de lanzar proyectos que cubren los cuatro países mediterráneos de Europa -Italia, Portugal, Grecia y España-, a fin de fortalecer una cultura del consumo, que no está casi desarrollada en el sur de Europa.
Con respecto al artículo 129 A, como ustedes saben, seis países miembros han presentado una modificación en la CIG; nosotros también lo hemos hecho. Esperamos de este modo promover el fortalecimiento de la política de los consumidores y en el ámbito de la salud.
Me refiero ahora al etiquetado de los alimentos. En esta fase, sólo puedo confirmar lo que el Sr. Presidente dijo ayer en su discurso, cito: »Abogo por la aplicación progresiva de una verdadera política alimentaria y, en este contexto, estoy a favor de un etiquetado obligatorio y sistemático». La DG XXIV ya ha iniciado una consulta y un estudio entre las asociaciones de consumidores, para tratar de definir todos juntos cuáles serían las informaciones claras, esenciales y pertinentes, a fin de que los consumidores no se pierdan en un cúmulo de informaciones poco claras. De momento, las opiniones son bastante opuestas y, llegado el momento, habrá que tomar una decisión a nivel político; pero hemos querido conocer al menos las ideas de las asociaciones de consumidores.
No sé si he respondido a todos. Tenía una observación para el Sr. Garosci sobre el euro, que es una de nuestras preocupaciones y que estamos tratando con el comisario competente. Espero haber respondido a todas las preguntas. En cuanto a los servicios financieros, ahora vamos a celebrar un debate. Por lo tanto, volveré a referirme detalladamente a esta cuestión con mi colega Monti. Por lo que respecta a los nuevos controles en el ámbito de la salud, la cita con el Parlamento está fijada para mediados de marzo.

Whitehead
Señor Presidente, como tuve que hablar esta mañana, es posible que la Comisaria no me oyera y, por lo tanto, me gustaría dirigirle dos preguntas concretas. En primer lugar ¿está de acuerdo o en desacuerdo la Sra. Bonino con lo que dijo su director general en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre el documento consultivo? En segundo lugar, teniendo en cuenta lo que dije esta mañana, ¿cuándo podrá presentar el Libro Verde sobre políticas alimentarias? No le deseo nada malo. Quiero que esté fuerte y vigorosa. Sabemos la presión a la que tiene que hacer frente dentro de la Comisión. Lo único que queremos ahora es una cierta franqueza a ese respecto en el presente debate.

Kuhn
Sólo una observación, Sra. Bonino. Usted prácticamente ha reprochado una excesiva lentitud a nuestra comisión. Sin embargo, para empezar, la comisión tarda algunos meses en recibir los documentos. Usted ha mencionado que entre tanto también hemos recibido el proyecto de directiva relativa a las garantías de los productos de consumo. Yo tenía intención de examinarlo en comisión en marzo, pero la Comisión encargó un análisis de costes-beneficios cuando cuatro semanas después de que yo recibiera el texto. En tales circunstancias, no se me debe acusar luego de que no trabajo.
Una observación sobre los alimentos infantiles: yo la invito a que compruebe si, aparte de la directiva relativa a los alimentos infantiles, existe algún otro anexo que establezca algún límite en relación con los pesticidas. Si recuerdo bien, todavía no se ha adoptado ninguno. No tenemos unos límites europeos.

Bonino
Señor Presidente, sólo para dejar las cosas bien claras: no puedo responder a una declaración de mi director general porque no me han informado. Así que, si me informan -y quizá si me hubieran informado- sería mucho más provechoso. En cualquier caso, si me hacen llegar los documentos, por supuesto que adoptaré una postura.
Acerca del Libro Verde sobre alimentos, como ya les dije, estaba listo a nivel de los servicios, de modo que podía pasar al colegio de comisarios. Debido a la nueva responsabilidad y peso que tenemos como consumidores, he de aprovechar la oportunidad para revisar el Libro Verde y lo haré a la luz de una autoridad jurídica que se ha dado a los consumidores. De modo que no puedo decir que vaya a estar listo mañana o la semana que viene. Sólo digo que estaba listo, pero que ahora hay posibilidades de reforzarlo. Aunque, por supuesto, dentro de un mes o dos podremos volvérselo a presentar a ustedes.
Respecto a los plaguicidas: una vez más, me hacen preguntas que acabo de recibir, y es algo de lo que tenemos que hablar juntos. No estoy criticando al Parlamento por el retraso, sólo digo que en el transcurso de un año he hecho cosas, Sra. Jackson. Este no es un documento que no vale para nada. El Parlamento me pidió un documento de orientaciones políticas y no un plan de actuación, pero ha obtenido además un plan de actuación. Así que no tienen más que decidir, cuando pidan un documento, qué tipo de documento quieren realmente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Libro Verde sobre los servicios financieros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0048/97) de la Sra. Marinucci, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM(96)0209 - C4-0339/96) relativo a los servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores.

Marinucci
Señora Presidenta, para las familias y los consumidores los servicios financieros desempeñan un papel cada vez más importante. La variedad de servicios financieros se ha incrementado y ha aumentado su uso, a pesar de que muchos ciudadanos han experimentado daños y otros han sufrido perjuicios por falta de información o de reglamentación o por prácticas indebidas o fraudulentas de intermediarios sin escrúpulos.
También en este sector, el mercado interior ofrece nuevas oportunidades a los consumidores, aunque puede agravar su incertidumbre o multiplicar los inconvenientes. En efecto, si bien, por una parte, la competencia y la posibilidad de escoger entre los proveedores de estos servicios, incluso fuera del país de pertenencia, aumentan la libertad de los ciudadanos consumidores, por otra, la diferencia entre las legislaciones puede ser fuente de nuevos problemas. No es de extrañar que el uso de los servicios financieros transfronterizos siga siendo todavía limitado. Los consumidores renuncian quizás a los servicios más ventajosos o menos costosos por falta de información, así como de seguridades. Por consiguiente, se impone una acción legislativa comunitaria que es todavía más urgente con vistas a la realización de la Unión Monetaria.
En diciembre de 1995, en el mismo período parcial de sesiones en que se confirmó la exclusión de los servicios financieros del ámbito de la Directiva relativa a la venta a distancia, la Comisaria Bonino se comprometió ante el Parlamento a presentar una comunicación que contuviera -según sus propias palabras- un programa de actuación o incluso, si resultara necesario, una directiva.
El Parlamento ha apreciado sumamente el hecho de que, rápidamente, a la promesa siguiera la presentación del Libro Verde, materia del presente debate. Sin embargo, no está de acuerdo con la Comisión cuando esta última afirma que en este ámbito se ha alcanzado plenamente el objetivo de la realización del mercado interior gracias a unas 50 directivas.
Por otro lado, en la segunda parte de dicho Libro Verde se examinan los problemas existentes en la actualidad como la posible discriminación de los no residentes, la falta o la mala calidad de la información, la falta de reglamentación con respecto a los intermediarios y la falta de armonización fiscal. Y esto no es todo, ya que, y sólo a título de ejemplo, en el campo de los seguros, únicamente en los seguros de vida se prevé un período de reflexión que no se contempla, en cambio, en los seguros contra incendios y robo.
En cuanto a los intermediarios, siempre en el sector de los seguros, existe una Recomendación de 1991, a pesar de que no se trata de un instrumento vinculante, dado que no existe ninguna protección en el caso de uso fraudulento de las tarjetas de crédito. También en este caso, la Recomendación nº 595 de 1998 no consiguió estimular a los Estados miembros para que adoptaran iniciativas concretas en interés de los consumidores.
En lo que se refiere al crédito al consumo, la Directiva nº 102 de 1987 no cubre los nuevos servicios que no existían en el momento de su adopción. Asimismo, la noción de interés general debe definirse mejor. Su referencia en las Directivas Bancarias, en particular en la Segunda, plantea graves lagunas jurídicas. Y podríamos continuar así.
Por último, el problema de las ventas a distancia, de las que el Libro Verde se ocupa en la tercera parte, no encuentra ninguna cobertura en la legislación vigente. Las Comisiones Legislativas competentes debatieron con atención y eficacia el Libro Verde y la gran mayoría concentró sus propuestas en la exigencia de un marco normativo comunitario coherente y completo, que incluya de forma horizontal los que son los problemas más comunes en más de un sector y, de forma vertical, las cuestiones específicas como la de las ventas a distancia.
A la espera de conocer la respuesta de la Comisión, sugiero a los colegas que se hallan ahora en el Pleno y que confiamos en que estén presentes mañana, las enmiendas aceptadas casi por mayoría absoluta por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en la opinión que he formulado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos sobre este Libro Verde, he constatado en gran medida lo mismo en relación con los problemas que siguen surgiendo en cuanto a la situación del consumidor ante los servicios financieros. La Comisión de Asuntos Económicos constata cinco. En primer lugar, el mercado interior no funciona realmente. Con el pretexto del interés general, los Estados miembros mantienen la legislación nacional que protege más a su mercado que a los consumidores. Va siendo hora de introducir un procedimiento de reclamación ante el Tribunal Europeo contra la escala de bonificación obligatoria por falta de siniestralidad, la franquicia obligatoria, la prohibición de cuentas a la vista con intereses y otros. A fin de evitar más trabas se impone también una definición comunitaria del interés general. En segundo lugar, la falta de armonización fiscal constituye un grave obstáculo para la libre circulación de servicios financieros. En algunos Estados miembros, los seguros de vida todavía no son desgravables si han sido contratados en otro Estado miembro. Es inaceptable. En tercer lugar, las dudosas actividades de intermediarios no reconocidos, que a menudo operan a distancia, proyectan una sombra sobre todo el sector. Las reglas comunitarias de acceso a la práctica de la profesión han de encargarse de que el consumidor pueda separar el grano de la paja y pueda confiar en los proveedores de servicios financieros. En cuarto lugar, facilitar una información eficiente y clara ha de permitir al consumidor recoger los frutos del mercado interior de servicios financieros. Este ha de tener suficientes conocimientos sobre las ventajas y ha de saber cuáles son sus derechos en el mercado. Por medio de los códigos de conducta voluntarios, los ofertantes de servicios financieros tienen que aspirar a optimizar la calidad de la información al consumidor. Y por último, abogo por una ampliación del papel de los servicios independientes de los «ombudsman» para el sector de la banca y los seguros. Estos han de informar de sus actividades para que los implicados puedan aprender algo, y de ahora en adelante es preciso implicarlos en la preparación, el desarrollo y la evaluación de la legislación en el sector financiero y de seguros.
Hasta aquí los problemas prioritarios para la Comisión de Asuntos Económicos. Hay una cuestión en la que discrepo con la ponente principal. Considero infundado que se promulgue una directiva independiente para la venta a distancia de los servicios financieros. Para los servicios financieros, la diferencia entre transacciones a distancia y no a distancia es menos relevante que cuando se compra a distancia una mercancía como un libro o un jersey. Los servicios financieros son de otra índole. No son visibles ni palpables, y por consiguiente a menudo son objeto de confianza al margen de si la compra se realiza o no a distancia. Por ello, según el Grupo de los Liberales, las reglas para fomentar la integridad del ofertante de los servicios financieros revisten de mayor importancia.
Señorías, aunque mi Grupo está de acuerdo con la mayoría de los problemas planteados en el informe de la Sra. Marinucci, no queremos que se recurra siempre a la legislación como el instrumento político para resolver estos problemas. Actualmente ya hay 50 directivas que regulan los movimientos en el sector de la banca y los seguros, y las sociedades inversoras, y no obstante, el consumidor sigue sin poder recoger los frutos del mercado interior. Mi Grupo propone buscar la solución de algunos problemas, por ejemplo, a través de códigos de conducta voluntarios, y proponer una legislación suplementaria sólo en los casos necesarios. La legislación implica a menudo unos costes más elevados que casi siempre se cargan al consumidor. Por otra parte, no hemos de aspirar a crear más legislación, sino a crear una legislación mejor cimentada. Quisiera conocer el punto de vista de la Comisión al respecto.

Florio
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha apreciado el trabajo llevado a cabo por la ponente y ha sometido a la atención de la comisión competente para el fondo algunas consideraciones que deseo mencionar brevemente. En particular, hemos recalcado el hecho de que una legislación comunitaria debe tener como finalidad garantizar una mayor competencia de la oferta, una libre circulación efectiva de la oferta y de la demanda, una información adecuada, veraz y real del consumidor individual que, en definitiva, nos parece el menos protegido por la actual legislación, así como una mayor transparencia y seguridad de los contratos transfronterizos.
Asimismo, hemos querido subrayar que la legislación comunitaria deberá tener como objetivo limitar los costes de los contratos transfronterizos, favorecer el uso de la lengua del cliente potencial, agilizar la investigación y la adquisición de información de una parte contratante sobre la otra parte contratante, en el respeto de las normas que regulan la materia referente a los datos personales, favorecer el ejercicio de los derechos de las partes contratantes en el Estado miembro de la otra, favorecer la información y educación del consumidor, garantizar el respeto del principio del reconocimiento mutuo, así como garantizar que el debido respeto de las normas del Estado miembro de acogida o de residencia del cliente no dificulte la libre circulación y competencia efectivas entre los productos financieros.
Estos son algunos de los temas que quisimos recalcar. Nos parece que, hoy, queda mucho trabajo por realizar para tutelar realmente la posición del consumidor en este sector. Estamos convencidos de que la Comisión tiene intención de seguir, en todo caso, en la dirección correcta y de colmar las que son, a nuestro juicio, algunas lagunas del Libro Verde.

Whitehead
Señora Presidenta, la Comisaria Bonino nos ha dejado, pero merece la pena recordar que su Libro Verde es el resultado de una promesa que hizo durante el debate sobre la venta a distancia. Puesto que hoy ha acusado al Parlamento de tardanza, también cabe recordar que no nos fue presentado ni en el plazo ni en la forma que se prometió.
Deseo felicitar a la Sra. Marinucci por lo que ha dicho sobre estas cuestiones para nuestra comisión parlamentaria y, desde luego, para el Parlamento. Ha hecho un trabajo admirable. Cuando se mira el Libro Verde, el título es quizá lo más impresionante que tiene. Después de éste, lo que presenta son muchos más resúmenes de las disposiciones vigentes con respecto a los servicios financieros que futuros retos. Lo que quiero decir es que es necesario que se formulen más preguntas que este tipo de «recordismo». La ponente dice acertadamente que lo que necesitamos es un marco claramente definido que abarque las cuestiones comunes a toda la legislación sobre servicios financieros, complementado por unas medidas verticales que abarquen temas como la venta a distancia de productos financieros y el mercado crediticio. Cuanto más se desarrolle el mercado único y más se desarrollen las proporciones del comercio transfronterizo, más aumentará asimismo la necesidad de protección del consumidor.
Si la Comisión reconoce esto a un nivel muy simple, es sorprendente que no examine las cuestiones que se plantean a medida que se desarrollan los propios servicios financieros de manera que se escamotean las posibilidades para los consumidores en el proceso.
El informe Marinucci comienza y termina con la recomendación de que empecemos a avanzar hacia una directiva que proteja específicamente a los consumidores en este campo. Eso es lo que hemos estado pidiendo, constantemente. Eso es lo que dijimos que era necesario cuando tuvimos el debate sobre la venta a distancia en esta Cámara hace un año. Somos defensores del mercado único. Queremos que funcione, pero en cada etapa debe ir a la par que unos niveles de protección del consumidor acordes con la sofisticación de aquellos que podrían aprovecharse de este último.
La Comisaria Bonino y su más reciente director general harían bien en reflexionar sobre cómo utilizar sus poderes ampliados. Espero que su colega comunique el firme parecer de la Asamblea al respecto.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, le recuerdo que el debate sobre los servicios financieros se inició en realidad después de que la Comisión Europea, en la directiva de venta a distancia, incluyera en un primer momento los servicios financieros en la venta a distancia, después de que el Parlamento estuviera de acuerdo, el Consejo de Ministros lo borrara y a continuación se iniciara un debate en segunda lectura. En la primera lectura -se lo digo a la Sra. Kestelijn, que negaba con la cabeza-, en la primera lectura lo ponía y ningún miembro del Grupo de los Liberales presentó una enmienda para borrarlo. En la segunda lectura, cuando el Consejo lo borró, lograron ustedes en efecto excluirlo con unos cuatro votos. Entonces se inició el debate. Después, la Sra. Bonino prometió que se elaboraría un Libro Verde sobre los servicios financieros, pues una parte de la Comisión Europea, concretamente la Sra. Bonino, comprendía también que era preciso hacer algo. El Libro Verde ha sido presentado, se ha hecho un inventario de la legislación vigente aplicable a los bancos, las aseguradoras, el mercado de valores, y se han identificado algunos ámbitos problemáticos. Lo que lamento es que no se hicieran propuestas concretas. Esperaba que lo hicieran.
He presentado algunas enmiendas al informe de la Sra. Marinucci, concretamente para rogar a la Comisión que se regule la cuestión de los intermediarios financieros. Además considero que ha de elaborarse una legislación en relación con los pagos electrónicos y las tarjetas de crédito, y los cheques de pago. Lo echamos muy en falta, se le digo al Sr. Monti.
Luego el registro de créditos; en realidad no aparece en ningún sitio. Sabemos que la mayoría de los Estados miembros cuentan con un registro voluntario de créditos, sabemos asimismo que algunos de los registros voluntarios de créditos tienen contacto entre sí, y creo que es necesario que la Unión Europea les dé un estímulo adicional. Esto no significa que tengamos que asumirlo, pero sí estimularlo, para que surja una cooperación. Si uno contrata un préstamo a distancia y consta que ya tiene créditos, que tiene compromisos contraídos, pueden surgir problemas, tanto para el que pide el préstamo como para el que lo facilita. Por consiguiente, pienso que es preciso apoyar la cooperación voluntaria existente en diversos Estados miembros en relación con el registro de créditos.
Señora Presidenta, la pregunta concreta que quisiera formular al Sr. Monti es si realmente se propone presentar dentro de un año una legislación independiente para la venta a distancia. Lo digo, y vuelvo a mirar atrás a la Sra. Kestelijn: a mi entender no es lógico que se deban ofrecer garantías absolutas para poder realizar una venta a domicilio de un seguro o una póliza de ahorro o cualquier otra cosa, pero que cuando uno está sentado en su butaca y a través de la televisión decide pedir algo que tiene grandes consecuencias, el proveedor no tenga que cumplir ninguna obligación. Esto no se contempla.
Señora Presidenta, a este respecto espero que la Comisión comprenda finalmente que en estos momentos es preciso hacer algo, que se revoquen las decisiones que se tomaron en otro momento, y que se llegue pronto a un acuerdo para promulgar una normativa, pues es realmente muy necesaria.

Alavanos
Señora Presidenta, coincido en que cuando uno lee el título del Libro Verde relativo a los servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores, piensa que es algo muy útil y muy necesario, y que sobre todo en el sur de Europa, en países como Grecia, puede ayudar a atender las necesidades del consumidor, y en concreto del consumidor que no lea el Financial Times y probablemente no hable muchas lenguas, que no sepa leer la letra pequeña y no tenga abogados. Sin embargo, creo que, al examinarlo con más detenimiento, uno se da cuenta de que este documento dista mucho de las ideas que sugiere el título: se limita principalmente a las ventas a distancia y a los nuevos sistemas de pago por vía electrónica, como subraya la Sra. Marinucci muy acertadamente en el apartado 5 de la propuesta de resolución, y deja de lado un ámbito muy extenso que abarca los bancos, los seguros y los valores. En mi opinión, la conclusión es que el Libro Verde contribuye muy poco a solucionar los problemas que supuestamente viene a resolver, y más bien pone de manifiesto la gran laguna que es necesario cubrir, ya que, en mi opinión, con el desarrollo de las tecnologías y el aumento del número de pequeños ahorradores, los problemas con los que nos enfrentamos adquieren una enorme importancia y es muy difícil que el consumidor pueda reconocerlos.

Howitt
Señor Presidente, al acoger favorablemente el presente informe y felicitar a la Sra. Marinucci por la presentación que hizo, querría tocar específicamente los puntos relativos a la necesidad de proteger los derechos de los consumidores en la próxima legislación sobre servicios financieros.
Las dos enmiendas que yo presenté en la Comisión de Medio Ambiente -y agradezco a mis colegas que las hayan apoyado- se refieren en concreto a los problemas que afectan a personas vulnerables de nuestras comunidades que han sido presa de algunos embaucadores poco escrupulosos que operan en el sector financiero y las cuales han salido muy mal paradas.
El ejemplo del Reino Unido y de mi propia circunscripción es el de los planes de ingresos sobre viviendas. Son un tipo de planes de rehipoteca en los que se prometía a los jubilados la oportunidad de rehipotecar sus propiedades y obtener unos ingresos por los que no tendrían pérdidas por el resto de sus vidas. Ventiocho personas de mi circunscripción de Essex Sur, setecientas en el conjunto del Reino Unido, se dejaron engañar por esa falsa promesa y han perdido en ello muchos miles de libras. Muchas de estas personas que tienen alrededor de ochenta años se ven ante la tesitura de ser desahuciadas sin más de sus casas.
En respuesta a ello, el Sr. James Fielding, de mi circunscripción, dirigió junto con otras personas una petición a este Parlamento. La Comisión de Peticiones confirmó que su caso era justo y pidió que cuando se sacara la próxima legislación sobre servicios financieros se protegiera la situación de estas personas vulnerables; no sólo en el Reino Unido sino en toda Europa. Eso es lo que pedimos hoy en este debate. Está claro que no podemos tratar más pormenorizadamente el caso concreto al que me refiero, pero nuestra aportación a este debate en el día de hoy debiera mostrar nuestra determinación de garantizar la protección de los derechos de las personas vulnerables en estas circunstancias.
A estas personas se les prometieron unos ingresos de por vida. No se dieron cuenta de los riesgos que acarreaba su inversión y lo han pagado en un momento de sus vidas en el que realmente no pueden afrontarlo. Queremos una buena información, comprensible y clara, para que la gente no pueda ser llevada a engaño. Queremos unos derechos claros de reparación para las personas que se hayan visto engañadas y queremos que se les den compensaciones. Esto es lo que debiera tratar la presente legislación.

Monti
Señora Presidenta, ante todo deseo agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y, en particular, a la ponente, Sra. Marinucci, su apoyo a la iniciativa de la Comisión, un apoyo que ha patente en el informe que hoy se somete a la atención del Pleno.
Además, el informe es fruto del trabajo conjunto de dos comisiones, esto es, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, a cuyos ponentes, Sres. Kestelijn-Sierens y Florio deseo dar mis más sentidas gracias.
Ya con ocasión de la votación en segunda lectura de la Directiva, ahora adoptada, relativa a la protección del consumidor en materia de contratos negociados a distancia, la Comisión manifestó que, al aceptar la exclusión de los servicios financieros, se comprometía a estudiar las exigencias de protección del consumidor en lo referente a la venta a distancia de servicios financieros y, más en general, todo el sector financiero.
Es lo que hemos hecho. El informe de hoy apoya el esfuerzo de la Comisión dirigido a reforzar la protección del consumidor como persona física. Al mismo tiempo, y habida cuenta del gran interés que reviste la política de los consumidores en materia de servicios financieros, junto con la Comisaria Bonino, he adquirido el compromiso de presentar cuanto antes una comunicación. Mediante la misma se oficializará la respuesta de la Comisión a la importante consulta planteada a través del Libro Verde y se establecerán las prioridades y el calendario de las medidas que vamos a tomar. Como es obvio, dicha comunicación tendrá en cuenta la opinión de este Pleno.
Voy a abordar ahora brevemente cada una de las propuestas que fueron objeto de una atenta y concorde reflexión común entre la Sra. Bonino y yo mismo. En definitiva, podemos aceptar muchas de las propuestas presentadas y con ello me refiero, en particular, al punto 5. El informe pone de manifiesto, justamente, que la ausencia de una clara definición del concepto de interés general podría aplicarse de tal manera que creara barreras a la libre circulación de servicios.
En cuanto a los servicios bancarios, la Comisión ya ha presentado un proyecto de Comunicación sobre la libre prestación de servicios, así como sobre el concepto de interés general, contemplados en la Segunda Directiva Bancaria. Tengo intención de dar seguimiento cuanto antes a dicha comunicación y de implementar una reflexión parecida en torno a los servicios del sector de seguros.
El punto 13 del informe solicita a la Comisión que se propicie un diálogo con las organizaciones y asociaciones profesionales con objeto de lograr, si es posible, soluciones comunes para los litigios entre consumidores y profesionales. Nos proponemos fomentar el diálogo entre las partes a escala europea, al igual que ya ocurre a escala nacional, a fin de adoptar códigos de conducta, en particular, en materia de información a los consumidores. Por consiguiente, es mi intención vigilar atentamente su aplicación y, si la misma fuera insatisfactoria, prever instrumentos jurídicos vinculantes. El diálogo ha iniciado y hay que intensificarlo.
Con referencia a los importantes puntos 14 y 15 del informe que formulan varias propuestas, a pesar de compartir su objetivo subyacente, estamos en vías de estudiar si en este momento una normativa horizontal es o no es la solución más eficaz. En particular, y por lo que respecta a la información a los consumidores queremos invitar a las partes a que intercambien puntos de vista, al efecto de poder adoptar unos códigos deontológicos antes de que finalice el año 1997. Posteriormente, y tras un plazo adecuado para posibilitar su aplicación, la Comisión comprobará sus resultados y, si fallara esta solución, se comprometerá a proponer medidas más vinculantes, cuya viabilidad se estudiará conjuntamente.
Por el contrario, considero de difícil aplicación una iniciativa referida a la calidad y seguridad de los productos financieros, ya que sus contenidos y finalidades resultarían igualmente difíciles de definir de forma adecuada.
En cuanto a la capacidad y fiabilidad de los intermediarios financieros, estamos convencidos de la utilidad de medidas legislativas para los intermediarios no sujetos a regulación, en el sector de seguros y de los servicios bancarios, unas medidas que deberán proponerse a la Comisión a corto plazo.
En lo concerniente a la cuestión del acceso a los servicios básicos, el atento estudio de la situación demuestra la heterogeneidad de las concausas y el carácter local de las implicaciones. La Comisión se propone seguir muy de cerca las experiencias en curso en los Estados miembros.
Análogas consideraciones valen para el sobreendeudamiento, respecto al cual soy partidario de primar las iniciativas relativas, en particular, a la información y educación de los consumidores.
Señora Presidenta, voy a pasar ahora a las medidas verticales. En breve, vamos a proponer a la Comisión una propuesta de directiva relativa a la venta a distancia de servicios financieros que, inspirándose en las disposiciones de la Directiva general ya adoptada, tenga en cuenta las características de los servicios financieros. Ello permitirá proteger al consumidor reconociéndole, por ejemplo, el derecho de retractación, en caso de que fuera conveniente, y de información, así como que la industria se beneficie de un mercado sin fronteras que, en caso contrario, se vería perjudicado por leyes nacionales divergentes.
Por lo que se refiere a las tarjetas de crédito y a las tarjetas prepagadas, así como al telebanco estamos estudiando la conveniencia de proponer medidas legislativas en esta fase, ya que el mercado está evolucionando a gran velocidad y, por consiguiente, hay que evaluar si es oportuno hacerlo en este momento. Una solución alternativa podría ser la profunda revisión de la Recomendación de 1988, ampliada a los nuevos sistemas de pagos y a lo mejor seguida, en una fase posterior, por medidas más vinculantes.
En cuanto a los demás aspectos tecnológicos que requieren un enfoque específico, a pesar de reconocer que la sugerencia es acertada, nos reservamos desarrollar dicho enfoque de forma sectorial.
En lo referente al crédito inmobiliario, estamos de acuerdo en que, antes de intervenir, es preciso un estudio más amplio, especialmente por lo que respecta a la transparencia. Recientemente, la Comisión ha realizando un estudio, cuyos resultados se facilitarán antes del verano de 1997. Por consiguiente, nos reservamos informar al Parlamento acerca de los resultados de dicho estudio, acompañado, en su caso, por las iniciativas necesarias.
En este ámbito, hay que tener en cuenta que todas las medidas verticales conllevan cierta uniformidad de los productos financieros, lo que comportaría, sin duda, una mayor transparencia de los mercados, aunque, paralelamente, facilitaría acuerdos sobre precios entre los operadores, en detrimento de los consumidores.
Por último, contestando a la solicitud de este Pleno de iniciativas respecto al sector de seguros, deseo recalcar que la Comisión va a proponer antes del verano, una directiva para proteger a las víctimas de accidentes de tráfico ocurridos fuera del país de residencia.
Voy a finalizar con algunos rápidos apuntes sobre las observaciones que se han planteado en el debate: en materia de »bonus/malus», la Comisión ya ha puesto en marcha procedimientos de infracción; en cuanto a la armonización fiscal, coincido plenamente con lo manifestado en el informe de la Sra. Marinucci y, tal como quizás saben sus Señorías, en mi calidad de Comisario responsable de la fiscalidad, he tratado de convertir en más incisiva la acción en materia de coordinación de la fiscalidad, lo que va a afectar, sin duda, a las entidades financieras. Es nuestra intención que la realización del mercado único se lleve a cabo con firmeza y se dirija a los que son los destinatarios finales del mercado único, es decir, los consumidores. La Comisión se ha comprometido a presentar para el Consejo Europeo de Amsterdam un plan de acción para la realización del mercado único. Se pondrá especial acento en el sector de los servicios, entre los que se hallan los servicios financieros, y estimamos que de todo esto se va a beneficiar el consumidor. Como sus Señorías recordarán, la Comisión no duda en proponer medidas legislativas cuando estima que redundan en beneficio de los consumidores. Los casos más recientes han sido la garantía sobre los depósitos bancarios, la garantía sobre las inversiones que acaba de ser aprobada en conciliación, la Directiva relativa a los pagos transfronterizos ya aprobada, además de las nuevas iniciativas que hemos anunciado en este Pleno.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, en primer lugar: ¿he entendido bien que dentro de poco tendremos una normativa en materia de servicios financieros y venta a distancia? ¿Podría confirmarlo? ¿Ha dicho dentro de poco? En segundo lugar, los cheques de pago; sé que los diputados que se han ocupado de ello desde la década de los ochenta junto con las empresas han mantenido un fuerte alegato a favor de una normativa. Considero que el Comisario se muestra algo reservado en esta cuestión. ¿Podría decirnos algo al respecto?

Marinucci
Señora Presidenta, deseo agradecer al Comisario su tan sumamente clara exposición en torno a los que son los compromisos de la Comisión. Comparto casi totalmente su punto de vista, sin embargo, me pregunto por qué motivo se aplaza para más adelante la cuestión de las tarjetas de crédito, habida cuenta de que su uso se ha generalizado. Estamos convencidos de que otra Recomendación acabaría más o menos como la anterior. No entiendo por qué hace falta realizar más evaluaciones sobre este punto. Mientras lo comprendo para otros puntos, respecto a los cuales hay que volver a reflexionar, en lo referente a este punto no lo comprendo.
Asimismo, en cuanto a la cuestión del interés general, ¿es suficiente elaborar una Comunicación y luego esperar más tiempo todavía? También éste me parece un tema que está maduro. Mucho le agradezco las informaciones facilitadas acerca de la próxima propuesta de directiva relativa a los servicios financieros a distancia y confío en que los plazos sean, realmente, cortos.

Monti
Deseo agradecer a ambas diputadas estas preguntas, ya que me ofrecen la posibilidad de concretar algunos puntos.
Por lo que se refiere a la legislación sobre la venta a distancia de servicios financieros, acabo de manifestar que estamos convencidos de la utilidad de esta medida y puedo decir que vamos a proponerla antes del mes de septiembre de 1997.
En cuanto a los nuevos sistemas de pago, nuestra intención es la de actuar. Estamos sopesando -creo que de forma responsable ante fenómenos tan nuevos como estos- cuál es la mejor forma de hacerlo. Deseo recordar únicamente que este asunto es objeto de especial atención también por parte de la autoridades de vigilancia en materia bancaria. Los nuevos sistemas de pago pueden conllevar problemas de estabilidad y de seguridad que pueden chocar con las exigencias contrapuestas de la competencia. Ahora bien, incluso desde el punto de vista del consumidor -a quien, como creo que he dejado claro, otorgamos la máxima prioridad- en ciertos casos no está del todo claro cuál puede ser la mejor solución, porque si, por una parte, el consumidor tiene interés por formas de mercado que entrañan mucha competencia, por otra, tiene interés por la máxima seguridad y estabilidad de los instrumentos financieros, así como de los sistemas de pago. Estamos evaluando cuál es la mejor manera para equilibrar estos intereses a veces contrapuestos.

El Presidente
Muchas gracias señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Política de la Unión con respecto a Argelia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre la política de la Unión con respecto a Argelia, seguida de un debate.

Patijn
Señora Presidenta, estoy muy agradecido al Parlamento Europeo por brindarme la oportunidad de exponer el punto de vista del Consejo sobre la crisis en Argelia, pues el Consejo comparte plenamente la preocupación del Parlamento Europeo sobre la situación en ese país y el Consejo sigue de cerca los acontecimientos. Anteayer por la noche fueron asesinados 33 habitantes en un pueblo del sur de Argelia. Según los comunicados de prensa, entre las víctimas había ocho mujeres y dos niños de cuatro años. La violencia política, que ha aumentado mucho, nos preocupa. Por ambos bandos se libra con tenacidad una lucha política y ello se prolonga desde hace años. Desde principios del presente año han muerto más de 350 personas, que eran ajenas al conflicto político. Entre ellas, mujeres y niños, que fueron asesinados sin ningún tipo de proceso. Casi a diario tenemos noticias de ello en los periódicos.
El Consejo se ha escandalizado siempre y lo seguirá haciendo por el asesinato indiscriminado de ciudadanos inocentes como forma de intimidación o represalia política. Los atentados no sólo son inmorales, sino también inútiles. Con ello no se ha incrementado palpablemente el apoyo al extremismo islámico, sino más bien lo contrario. El Consejo sigue confiando en el afán de la actual dirección argelina por conjurar la crisis y seguir el camino hacia la democracia. En sus contactos con la administración argelina, el Consejo no se cansa de expresar su preocupación por la situación. Asimismo señala que un país con el que se está preparando un nuevo acuerdo de asociación ha de saber hacer frente a una crisis como la actual con sabiduría y reserva.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la violación de los derechos humanos en Argelia, también por parte del Estado. El Parlamento Europeo ha expresado también críticas sobre el modo en que Argelia hace frente al extremismo islámico. El Consejo es plenamente consciente de ello y no duda en abogar ante el Gobierno argelino por un enfoque sereno de la crisis. Al hacerlo, es preciso no traspasar en ningún caso los límites de los derechos humanos.
La pronta firma del acuerdo de asociación con Argelia puede significar un factor político favorable en el afán de dicho país por restablecer el orden, el derecho y la democracia. El Consejo espera por ello que, en un futuro no muy lejano, la Comisión pueda llevar a buen término las negociaciones que acaban de iniciarse. El acuerdo de asociación brinda a la Unión Europea la oportunidad de entablar un diálogo político estructurado con Argelia, y en el marco de este acuerdo puede pedir al Gobierno argelino que responda de su política en materia de derechos humanos.
La única salida a la crisis parece ser que Argelia mantenga su política de regreso a una gestión democrática y legítima. El régimen argelino ya ha dado algunos pasos importantes en esta dirección. Las elecciones presidenciales de 1995 y la modificación de la constitución de 1996 son ejemplos de ello. El Consejo alienta expresamente a Argelia para que en 1997 dé un siguiente paso, esencial hacia la legitimación democrática, a saber, la celebración de elecciones generales.
Para terminar, señora Presidenta, a juicio del Consejo, Argelia sigue mereciendo la confianza y el apoyo internacional, en especial de la Unión Europea, en sus intentos por controlar esta grave crisis. Mantener este apoyo europeo no sólo redunda en interés económico mutuo. También se ajusta al espíritu de cooperación política amistosa que ha de caracterizar nuestras relaciones con Argelia. Este espíritu se manifiesta en la aspiración de la Unión de firmar un acuerdo de asociación con Argelia. Expresa nuestra aspiración de establecer una cooperación mediterránea según el denominado «proceso de Barcelona». Este espíritu de diálogo no implica un apoyo sin críticas. Al contrario, nos dotamos de instrumentos que nos permiten ser a la vez críticos y constructivos.
Así, estoy convencido de que el Consejo hace bien en mantener el rumbo actual mientras perdure la crisis en Argelia. Este rumbo implica en esencia dos elementos. En primer lugar: continuación de la confianza europea y del apoyo europeo a Argelia y al Gobierno argelino con miras a una legitimación democrática más fuerte de la administración. En segundo lugar, seguir pidiendo la democratización, así como un mayor respeto de los derechos humanos. Según el Consejo, la Unión Europea sólo puede contribuir de este modo a una solución duradera de la crisis en Argelia. De este modo, la posición del Consejo sigue centrada en una perspectiva más larga. Esta perspectiva es: solución de la crisis por los propios argelinos regresando a la administración democrática del país y llevando a cabo mayores adaptaciones económicas estructurales. En este marco, a finales de diciembre de 1996 la Unión Europea puso a disposición de Argelia 125 millones de ecus.
La Comisión Europea ha nombrado recientemente un nuevo delegado para Argelia. Las negociaciones sobre la asociación están en pleno apogeo. Con regularidad tienen lugar contactos políticos a alto nivel. Los europeos permanecen junto a Argelia. La cooperación sigue adelante.

Wiersma
Señora Presidenta, hoy hablamos de Argelia, y con razón, cree mi Grupo, pues Argelia es un ejemplo temible de un profundo conflicto social al que nos enfrentamos en otros lugares, el Estado secular que choca con grupos fundamentalistas violentos. La situación nos desanima y parece no tener perspectivas. De nuevo, en los últimos días han perdido la vida decenas de personas. El actual gobierno ha demostrado no ser capaz de conjurar la violencia, y una solución política del conflicto no está a la vista. Argelia corre el riesgo de convertirse en una especie de Yugoslavia del norte de África. Los sectores moderados no tienen oportunidad alguna, a causa de la batalla que libran el gobierno y los grupos islámicos armados. Por supuesto, condenamos duramente los atentados, pero al mismo tiempo nos cuesta apoyar plenamente al Gobierno argelino, que sigue teniendo un problema de credibilidad. No podemos dar un apoyo acrítico, como muy bien acaba de decir el Presidente.
Es importante aislar totalmente a los terroristas. Todos estamos de acuerdo sobre esta cuestión, pero el actual Gobierno argelino no puede hacerlo solo. El diálogo nacional, con sitio para todo el mundo, y unas elecciones en las que puedan participar todos los partidos pacíficos, son necesarios para alcanzar este objetivo. El gobierno ha dado algunos pasos en esta dirección y tiene que seguir adelante, alentado por la Unión. Los ciudadanos de Argelia han de tener de nuevo la oportunidad de expresarse. Las elecciones han de ser libres y seguras. Por ejemplo, ¿qué hace en este sentido el Gobierno argelino para convencer a los partidos que no quieren participar? Uno de los grandes interrogantes es si las elecciones saldrán bien.
La Unión Europea puede por lo menos intentar fomentar este proceso de diálogo y elecciones, y pienso que el Gobierno argelino tendría que aplaudirlo, estimular el diálogo nacional, exigir espacio para la sociedad civil, insistir en que se celebren elecciones justas con una participación máxima y buenas condiciones para todos, y allí donde haya problemas, la Unión no ha de dudar en ofrecer su mediación. El Gobierno argelino no parece ser siempre capaz de tender puentes a importantes partes de la población. Mientras estos no existan, es imposible aislar por completo a los que cometen atentados y encontrar el camino de vuelta a una sociedad más pacífica.
Según la presente propuesta de resolución, la actuación de la UE tendría que consistir en una acción común de la Unión, un gesto de que la UE se toma en serio sus relaciones con las regiones y no rehuye los problemas graves. Una actuación unilateral de la Unión es necesaria y una acción común como esta ofrece una base excelente para ello. La cuestión es si la Unión, si la Presidencia neerlandesa, se atreve a hacerlo. Esperemos que sí, pues la región nunca será segura si la Unión evita este tipo de problemas, que podríamos llamar avisperos, y al mismo tiempo es una gran prueba para la política común de la Unión y los intentos de la Unión por integrar los derechos humanos en la política mediterránea.

von Habsburg
Señor Presidente, he escuchado con considerable asombro su declaración. Usted se ha referido a la confianza en el Gobierno, pero ha pasado por alto, ha omitido de hecho, las declaraciones todavía recientes del Sr. Zerual. Francamente me sorprende que éstas puedan considerarse un motivo de confianza.
Usted ha manifestado, por otra parte, que se han realizado reformas. Yo sostengo rotundamente que, a mi parecer, no se ha realizado prácticamente ninguna reforma. No olvide usted, señor Presidente del Consejo, que la paz es siempre cosa de dos, pero la guerra puede desencadenarla uno solo. En estas circunstancias, tampoco es posible escoger a los interlocutores con quienes se desea negociar, tal como está haciendo el Sr. Zerual, sino que por el contrario es preciso hablar con todas las partes. Es decir que debe mantenerse una actitud abierta y bien dispuesta. Es en parte un error mezclar la religión en todo ello. No debemos olvidar que mucho de lo ocurrido tiene su origen en la desesperación que suscitó la suspensión sin más ni más de las elecciones democráticas porque su curso no se ajustaba a los deseos de los potentados, bien conocidos por otra parte por su corrupción. Esto es algo que sencillamente no puede olvidarse, señor Presidente del Consejo.
Por consiguiente, también debemos tener claro otro tema. El terrorismo es el resultado de los muchísimos errores cometidos. Desde la salida de los franceses, en Argelia se han sucedido una tras otra las dictaduras. Nunca ha habido democracia y lo que ahora se denomina democracia consiste en lo siguiente: se seleccionan los partidos que se considerarán democráticos y no se permite que el pueblo argelino presente a los que prefiera. Debemos contemplar, por lo tanto, la situación tal como realmente es y dejar perfectamente claro que es preciso empezar a prestar atención de una vez a los principios fundamentales de la paz. La paz y la reconciliación en Argelia son vitales para nosotros. Así lo expresamos en Barcelona y lo seguiremos diciendo. Pero jamás se alcanzarán si apoyamos sólo a una parte y la criticamos suavemente a veces, pero no promovemos el principio fundamental de la democracia, a saber, que todos los partidos puedan participar en las elecciones con los mismos derechos e iguales oportunidades. Por lo tanto, debemos desarrollar una política clara en este sentido.
Un segundo aspecto, señor Presidente del Consejo, es que nosotros solos no lo conseguiremos. La Unión Europea es demasiado débil para poder intervenir realmente en estos momentos. No debemos olvidar que ya hemos dejado nuestra reputación por el suelo en Bosnia y en otros lugares. Para muchos somos sólo un tigre de papel. Por lo tanto, debemos procurar que en la pacificación de Argelia intervengan también otras fuerzas. Una podría ser la Liga Árabe, a la cual se hace mención en nuestra resolución. Otra podría ser la Organización para la Unidad Africana. Nosotros solos no lo conseguiremos; por lo tanto, si queremos hacer algo en serio, debemos hacerlo en colaboración con otros.
No olvide que existe una paz de los valientes. El general de Gaulle así lo demostró. Él supo alcanzarla. Se mostró dispuesto a hablar con sus contrincantes y esto abrió las puertas a una solución, que sin duda también reportó algunas ventajas para Francia aunque fuese muy dolorosa para los franceses. Yo había estado muchas veces en Argelia y sé lo que eso significó para los franceses, incluidos también los que habían vivido en Argelia, pero nosotros tenemos una responsabilidad hacia ese país. Compartimos un espacio común con el área mediterránea y el camino que usted acaba de describir, señor Presidente del Consejo, ciertamente no conducirá a la paz. Debemos aplicar unos principios totalmente distintos y esto es lo que persigue nuestra resolución.

Guinebertière
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, hoy tomo la palabra en este recinto, no sin cierto sentimiento de rebelión, para denunciar una vez más el recrudecimiento del terrorismo ciego que acaba de conocer Argelia estas últimas horas. Desearía dirigir un mensaje de solidaridad a todas aquellas y a todos aquellos que luchan, arriesgando su vida, contra el terrorismo, en favor de la aplicación de los derechos democráticos y el respeto de las personas. Tengo un recuerdo especial para las mujeres y los niños.
La situación en Argelia preocupa al conjunto de las democracias occidentales en la búsqueda de un diálogo positivo dentro del respeto de las diferencias culturales. La Unión Europea busca un acuerdo de asociación con Argelia, con la voluntad de instaurar un diálogo político estructurado. En el mes de diciembre pasado, el Parlamento Europeo ya votó una resolución sobre Argelia, que el Grupo UPE, por otra parte, no firmó ni votó positivamente. El efecto de esta resolución fue, ciertamente, irritar al Presidente Zerual y crear un clima de incomprensión entre el Parlamento Europeo y aquel país.
¿Por qué entonces debemos reincidir hoy? ¿Qué ha pasado ahora que ya no se haya mencionado en este recinto? El nuevo elemento importante que justificaría que nos manifestáramos nuevamente es el inicio de un proceso electoral, cuyas fechas exactas aún no están decididas, pero que está previsto para finales de mayo o comienzos de junio. Se han iniciado conversaciones con todos los partidos, salvo el FFS. Todos los partidos han hecho saber que participarían en las elecciones.
Ante esta situación, ¿cuál es el papel positivo que puede desempeñar el Parlamento Europeo? No será, naturalmente, sustituir las declaraciones de uno u otro partido. Menos aún, ponerse a dar lecciones a través de sucesivas resoluciones, que podrían limitar el diálogo entre los diputados y Argelia, así como provocar sucesivas reacciones negativas.
Esta no es la voluntad de nuestro Grupo, Unión por Europa, que desea respetar, y considera responsables las declaraciones de las autoridades políticas de Italia, España y Francia, así como las de los Estados Unidos de Norteamérica, que se niegan a practicar la injerencia política disfrazada de mediación.
Es normal que nosotros, diputados, nos preocupemos por la situación. Pero, por favor, conservemos nuestro lugar. Condenemos sin rodeos el terrorismo y la violencia. Apoyemos el buen desarrollo del proceso electoral para que se realice con toda transparencia. Participemos en las misiones de observación organizadas al respecto, para que nadie pueda dudar del resultado de esta consulta electoral, y que al fin se instaure en Argelia una democracia favorable al restablecimiento de la paz.
Respondemos hoy a la invitación del Consejo, que deseaba un debate sobre Argelia. ¿Esta iniciativa debe desembocar nuevamente en una resolución, o preferiremos invitar al ministro argelino de Asuntos Exteriores, quien mantiene con nuestros países diálogos bilaterales, para que se exprese frente a nuestra propia Comisión de Asuntos Exteriores y responda a las preguntas que los diputados se formulan? No es adoptando resoluciones como la que hoy se nos somete como favoreceremos un clima de confluencia y de diálogo. Así pues, mi Grupo no votará a favor de esta resolución. Al igual que el Consejo, nosotros decimos: Argelia merece confianza y apoyo crítico.

André-Léonard
Señora Presidenta, este año el ramadán habrá sido uno de los más sangrientos de la historia de Argelia.
Más de 300 argelinos, hombres, mujeres, niños, han encontrado la muerte. El GIA había prometido el horror..., y ha cumplido con su palabra. Sin embargo, las autoridades argelinas no parecen preocuparse mucho por este terrorismo, que califican de «residual». Esta guerra sucia continúa, pues, con su cortejo de víctimas, en su mayoría civiles.
La formación de milicias armadas por el poder tiende a precipitar el ciclo infernal de venganzas y a provocar inexorablemente la guerra civil. La espiral de violencia que conoce Argelia permite al poder justificar y consolidar la legislación de excepción que ha aplicado.
Desde el final del ramadán, los balances difundidos por la prensa estos último días hablan de más de 200 muertos. Los métodos utilizados por los grupos armados se radicalizan; se queman, así, localidades enteras y sus habitantes sufren la barbarie más abyecta que se pueda imaginar. La población vive en un estado de angustia permanente, amenazada por las bombas, en las ciudades, o por las matanzas, en las poblaciones locales.
Es verdad que la resolución que nuestro Parlamento aprobó el mes de diciembre pasado, aquí mismo, fue severamente condenada por las autoridades argelinas. Lo lamentamos; puesto que sólo denunciamos las atrocidades de que el pueblo argelino es víctima, ese pueblo que rechaza la violencia y que desea vivir libre y dignamente, ese pueblo que, más que cualquier otro, aspira a la paz, a la libertad y a la democracia.
Para devolver la paz y erradicar el terrorismo que hace estragos en Argelia, el gobierno deberá entablar el diálogo con toda la oposición democrática. El Consejo Europeo deberá asumir sus responsabilidades y participar en las negociaciones que permitirán a Argelia celebrar unas elecciones realmente democráticas, en el próximo mes de junio.
La aprobación al equipo argelino por parte del Sr. Comisario Marín me parece bastante ingenua en el actual contexto político y social. Y con razón: la nueva ley que el Consejo nacional para la transición acaba de aprobar ayer tiende a endurecer las condiciones para la creación de partidos los políticos; se prohíbe cualquier referencia religiosa, lingüística o regional. El clima social no cesa de deteriorarse; más de la cuarta parte de la población está en paro, y son los jóvenes, evidentemente, los más afectados. Familias enteras carecen de alimentos por falta de salarios decentes.
Por todas estas razones, el Consejo y la Comisión deben estar extremadamente vigilantes en cuando a la concesión de las ayudas. El Acuerdo Euromediterráneo deberá orientarse a proyectos que reconozcan el importante papel de las mujeres. La Unión Europea debe tender a apoyar una transición económica en Argelia para que ésta pueda pasar de una economía nacionalizada y dependiente de los hidrocarburos a una economía más diversificada y más centrada en el sector privado. Esta ayuda deberá acompañarse de una serie de condiciones en el ámbito de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.
Si bien es cierto que no es posible imaginar la construcción de un Estado democrático sin libertad de expresión -como lo ha declarado, por otra parte, el Sr. Zerual-, el Consejo debe ejercer presiones para que se levante la censura a la información en el ámbito de la seguridad. El nuevo proyecto de ley sobre la prensa que el gobierno se dispone a aprobar está encaminado a amordazar dicha prensa. Es inaceptable que los derechos fundamentales del ser humano -de los que forman parte de manera inalienable la libertad de expresión y, por consiguiente, la libertad de prensa- sean puestos en tela de juicio.
Aunque puedo comprender las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno argelino, no puedo admitir que cada día haya civiles que paguen con su vida esta violencia que, desgraciadamente, se ha instalado en Argelia. Debemos ayudar al Gobierno y al pueblo argelinos a reinstaurar una paz bien merecida. Se juega en ello, además, nuestra credibilidad.

Moreau
Señora Presidenta, la atrocidad del terror que se abate sobre Argelia no cesa de traspasar nuevos límites.
Con desprecio hacia todos los valores propios de la civilización, se multiplican los asesinatos, las violaciones, las matanzas, y reina la violencia. Por medio de los crímenes más atroces, grupos de fanáticos quieren abrir el camino hacia el poder a un sistema oscurantista, que aplasta las libertades y castiga con la muerte a aquellos y a aquellas que no se someten a él. De esto es de lo que se trata, no hay que taparse la cara.
Y yo deseo expresar aquí la plena y total solidaridad de nuestro Grupo para con el pueblo argelino y muy particularmente para con las mujeres argelinas, que viven un verdadero martirio y rechazan lo inaceptable.
Hay que ayudar al pueblo argelino, sin pretender dar lecciones. Es un deber para cualquier demócrata o humanista. Desgraciadamente, este no es el camino que emprendería nuestro Parlamento si aprobara la propuesta de resolución común presentada por algunos grupos, a la que nos opondremos firmemente.
En primer término, la condena del terrorismo debe ser total, no sólo frente a los autores de los crímenes perpetrados, sino también frente a aquellos que los financian y los justifican. El hecho de poner en un pie de igualdad a todas las partes implicadas en este conflicto, como lo hace el punto 8, es considerar a los asesinos como interlocutores políticos. Es inaceptable; como también lo es la presencia y la actividad, a la vista de todos, de aquellos que les apoyan en los Estados miembros. Estas redes deben ser desmanteladas.
También podemos ayudar al pueblo argelino fomentando el diálogo iniciado actualmente con las fuerzas políticas y sociales que condenan el terrorismo, para que las elecciones legislativas puedan celebrarse y favorecer el proceso de transición.
Los Estados miembros de la Unión Europea deberían apoyar eficazmente la recuperación económica de Argelia. La apertura de las negociaciones para lograr un Acuerdo de asociación puede contribuir a ello, con la condición de que se supere la lógica librecambista que a menudo caracteriza las relaciones de la Unión Europea con sus socios exteriores.
Así pues, hay que levantar los obstáculos estructurales al desarrollo, como son la deuda y las obligaciones financieras insoportables impuestas por las instituciones financieras internacionales. Estas cuestiones no pueden seguir siendo consideradas tabúes por nuestros países y por la Unión.
En cualquier caso, el derecho del pueblo argelino a decidir por sí mismo su futuro, fuera de toda injerencia exterior, no sólo es un principio intangible, sino también una garantía de eficacia para encontrar cualquier solución.

Cohn-Bendit
Señora Presidenta, cuando el horror alcanza tales límites, a menudo la razón no condice con nuestros actos. Aquí nos comportamos como si dar lecciones no fuera nuestro deber. Con razón, dimos lecciones sobre Sudáfrica. Con razón, damos lecciones sobre Turquía. Y si queremos dar lecciones sobre Argelia, y bien, damos lecciones sobre Argelia. No sigamos mintiéndonos unos a otros.
Señor representante de Consejo, deje de decir con ingenuidad, que es la ingenuidad de la política exterior francesa: »En Argelia todo va bien, las cosas van por buen camino».
Acaba de publicarse un libro del Sr. Graham Fuller, antiguo responsable de la CIA en Oriente Medio, en el que nos explica que el objetivo de la política norteamericana es la victoria del FIS. Yo quiero saber lo que los países occidentales y democráticos quieren en Argelia. Nos encontramos con el mismo marco político que en Afganistán, donde los norteamericanos representaron el papel de integristas, con las consecuencias que todos conocen.
Por otro lado, es evidente que somos solidarios con las víctimas y con el pueblo argelinos. Es evidente que condenamos el terrorismo integrista religioso. Pero es evidente que el Gobierno del Sr. Zerual no sacará a Argelia del atolladero en que se encuentra. Este es nuestro problema. Dejemos de mentirnos. Cuando hoy decimos que queremos una situación de diálogo, evidentemente hay que pedir a las organizaciones que se denominan islamitas que condenen no sólo políticamente, sino también moralmente, el uso del terrorismo. Pero también debemos decir que el código de la familia islámica fue establecido por el FLN, que el gobierno del Sr. Zerual mantiene este código, que el gobierno del Sr. Zerual es un gobierno que también desea un Estado islámico. Es la patria del terrorismo islámico.
¿Por qué digo esto? Porque creo que debemos empujar a unos y otros hacia cierto laicismo, hacia cierta dirección, y eso supone un diálogo entre criminales. Ya que una parte -no digo todo el gobierno- de las instituciones del Estado argelino protegen a criminales, así como también del otro lado hay criminales.
En esta situación dramática y difícil no hay solución fácil. ¿El FIS debe participar en las elecciones? No lo sé. ¿Hay que excluirlo? No estoy seguro de ello. Pero si no nos orientamos hacia un diálogo democrático con un enviado especial europeo, fracasaremos. Debemos dar lecciones de política a todos aquellos que sueñan con una sociedad que no existe en Argelia.

Pradier
Señora Presidenta, en pocos meses, en Argelia han sido asesinados otros varios miles de personas por criminales que se adornan con los oropeles del Islam o por militares que han sido convertidos en vulgares verdugos.
Después de varios años, este régimen ha llevado al pueblo argelino a un verdadero estado de desesperación; pero ya ha llegado la hora de recordar el tenor de los textos que el Gobierno argelino suscribió en Barcelona, en 1995, sobre el ejercicio de las libertades fundamentales y sobre los derechos humanos.
La firma de un Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia es un asunto de actualidad. El Parlamento debe, con todo rigor, condicionar su actitud a las garantías que las autoridades argelinas den en cuanto al respeto de las promesas que han realizado. ¡No estoy seguro de que haya que dar lecciones! Mi país, en todo caso, que cuenta con varias ciudades en poder de los racistas y xenófobos, no sería el más indicado para hacerlo.
Felicitémonos, por el contrario, de ver como se perfila una consulta electoral en el horizonte de los próximos meses. Pero un preocupante antecedente de interrupción del escrutinio oscurece, en parte, este horizonte. Sin embargo, es cierto que debe evitarse una especie de racionamiento para el acceso a las candidaturas. Todas las fuerzas políticas que se oponen a la violencia, que se niegan a aprobarla, o a justificarla, o a «comprenderla», deben participar en esta batalla política. En cuanto a la conferencia que reuniría a todas las partes implicadas, es probablemente prematura, y el cese de las matanzas supone probablemente conversaciones fuera del alcance de las noticias de actualidad.
Con respecto a la propuesta de una mediación que podría ayudar a los argelinos a salir del drama que les destroza, ésta suscita mucha inquietud, en particular entre aquellos que consideran dicha propuesta como imperialista, colonialista, y no sé qué más.
Hay que decir a todos los adeptos anticolonialistas y antiimperialistas -entre los que me cuento- que, a fuerza de sentirnos retenidos por una suerte de culpabilidad o de mala conciencia, tendríamos que aceptar, a semejanza de lo que ocurrió en Bosnia y en Oriente Medio, que un enviado especial de los Estados Unidos de Norteamérica ocupe el sitio que nosotros no hemos tenido el valor de ocupar.

Souchet
Señora Presidenta, Argelia continúa ofreciéndonos el espectáculo desolador de la barbarie cotidiana. La multiplicación de los grupos armados pone en peligro la unidad nacional. Los enfrentamientos entre milicias pro gubernamentales y grupos integristas armados mantienen, tanto en el medio urbano como en el rural, un clima permanente de violencia, que echa por tierra y desalienta los esfuerzos de desarrollo. De este modo, un país que tiene todas oportunidadades para conocer un auge análogo al de los países de Asia, desperdicia sus posibilidades y dilapida sus bazas.
¿Qué puede hacer hoy Europa para ayudar a la reconstrucción de la nación argelina? Ante todo, debe reafirmar muy claramente su adhesión a la supervivencia de Argelia como Estado. No tiene nada de positivo que esperemos una desintegración del Estado unificador argelino. Unos Estados sólidos constituyen, en el seno del mundo árabe, el mejor contrapeso posible frente a la propagación de un fundamentalismo islámico generador de inestabilidad.
A nadie le interesa que Argelia se hunda en una «guerra civil de cien años» y que cree en nuestra frontera sur una zona de inestabilidad duradera. Por el contrario, a todos nuestros países les interesa que salga del caos, incluso a tientas, y que se convierta en un polo estable y organice su desarrollo en colaboración con nosotros. El desarrollo de Argelia está ligado, indiscutiblemente, a un mejor control de los fenómenos migratorios.
En segundo lugar, es conveniente evitar todo aquello que puede alimentar la guerra civil. Evitar, en particular, las injerencias irresponsables, las gesticulaciones partidistas o las resoluciones parlamentarias carentes de pertinencia, que cada facción argelina se apresura por contabilizar para sí. El peor favor que podríamos hacer a Argelia sería darle la impresión de que estamos en un campo más que en otro. No debemos sustituir a los argelinos para decidir su destino. Lo que podemos hacer, en su caso, es contribuir a que las próximas elecciones legislativas sean lo más intachables posible, de tal manera que el enfrentamiento político sustituya al enfrentamiento armado.
Podemos asimismo proponer una cooperación orientada prioritariamente, en el marco del Acuerdo de asociación, a la reconstrucción del tejido social, para que Argelia pueda disponer un día de cuerpos intermedios y de los organismos de mediación necesarios para el funcionamiento de una democracia.

Antony
Señora Presidenta, la Asamblea trata una vez más de tomar posición sobre la guerra civil en Argelia. ¿Qué conseguirá con ello? Nada. ¿Acaso porque una resolución de este Parlamento condene la violencia, denuncie el terrorismo -ciego, naturalmente, ¡como si el terrorismo no fuera siempre ciego!- y las violaciones de los derechos del hombre, haga un llamamiento a unas elecciones democráticas y al diálogo entre todas las partes y exprese su apoyo a los foros democráticos, disminuirá por ello el número de muertos en Argelia?
Nadie es ingenuo; ni los signatarios de este texto, ni ustedes, señores Cohn-Bendit y Kouchner, ni los autodenominados intelectuales, reunidos en la Mutualidad en solidaridad con el pueblo argelino. Ustedes saben muy bien que los llamamientos lanzados desde el bulevar Saint-Germain en París o desde este hemiciclo no salvarán la vida de ningún argelino. En cambio, son nuestros compatriotas los que corren el riesgo de pagar con sus vidas unas palabras cuyo único efecto es aumentar el furor de los terroristas argelinos, tanto los de la oposición islamita como los del poder militar, que ya actúan en nuestras grandes ciudades. Pero las bombas nada tienen que ver con aquellos que cogen los trenes o el metro de París.
En realidad, algunos quieren salvar su conducta frente a lo que para ellos hace las veces de conciencia: la opinión de los medios de comunicación. Por lo general, son los mismos que, en 1980, partidarios de los jémeres rojos de Camboya y del Vietcong en Vietnam, maoístas readaptados a la «Nueva Filosofía», la prensa, el show-business y la publicidad, firmaban peticiones en favor de «los refugiados del mar», víctimas de su ideología. Ellos tienen una responsabilidad tan grave como las tribulaciones que padece Argelia, que no se remontan a 1992, sino a 1962.
Algunos de nuestros colegas -¿no es así, señor Rocard?- ¡consagraron su juventud a apoyar a los terroristas del FLM! ¡En 1962 sirvieron como testigos frente a los 3.000 »pieds-noirs» deportados a los campos de la muerte del FLN, frente a los 150.000 harkis escaldados, enterrados vivos, castrados, descuartizados por sus amigos! ¿Manifestaron acaso la centésima parte de la compasión que hoy sienten por la Nomenclatura fellaga ? Recuerdo a Meluza, recuerdo todos sus crímenes contra la humanidad..., ¿pero quién juzgará estos crímenes? Es cierto que las víctimas eran francesas y que los franceses son hombres inferiores, que no tienen derecho ni a la justicia ni al tribunal de la Historia. Podemos decir en su favor que no fueron los únicos. Todos los gobiernos de la Vª República, después de haber librado la Argelia francesa a los criminales del FLM, no han cesado de apoyar a los dictadores argelinos, de Ben Bella a Zerual. Este apoyo ha costado caro.
En 1962 se hizo creer a nuestros compatriotas que el repliegue de nuestra nación dentro de las fronteras del Hexágono tendría la ventaja de quitarles de encima la carga argelina. ¡Mentira! Esta carga se ha vuelto aplastante. Millones de argelinos abandonan la miseria en la que se hunde su país. Cada año entregamos decenas de millardos de francos a la Nomenclatura de Zerual, quien no nos devuelve más que sus escupitajos, y que ahora prohíbe incluso la enseñanza del francés en las escuelas argelinas.
En enero de 1992 nuestros dirigentes tomaron partido en la guerra civil argelina y apoyaron el golpe de Estado militar que anulaba las primeras elecciones libres. Nuestro país se ve progresivamente envuelto en el conflicto. En aquel momento, nosotros éramos los únicos que señalábamos en este hemiciclo los peligros de dicha posición.
¿Qué debemos hacer hoy? En primer lugar, debemos proteger a los ciudadanos de nuestros Estados. A corto plazo, nuestros gobiernos -y sobre todo el Gobierno francés- deben dejar de apoyar a la facción que hoy asume el poder, deben impedir la venida de ciudadanos argelinos y deben restablecer el orden en los barrios que dan cobijo a las redes terroristas. En cuanto a lo demás, ustedes no saben qué hacer; y, por otra parte, no pueden hacer nada.

Newens
Señora Presidenta, nadie que se preocupe mínimamente por los derechos humanos puede estar sino horrorizado por los salvajes asesinatos y terribles atrocidades cometidos en Argelia en el transcurso de los últimos cinco años. Estemos al menos de acuerdo en esto.
Cada día trae nuevas masacres como la de los treinta y tres aldeanos decapitados a los que se refería el Sr. Patijn. Se ha asesinado a escolares por negarse a llevar el velo. Se ha matado a sindicalistas como el líder de la Unión General de Trabajadores. Se ha puesto en el punto de mira a gente inocente. En este Parlamento seguro que lo condenaremos sin reservas y condenaremos a todos los que lo apoyan.
Se dice que algunas de estas personas reciben fondos de Irán y de otros centros fundamentalistas de Oriente Medio, y que hay gente en Europa que las apoyan. Debemos adoptar todas las medidas que podamos para oponernos al terrorismo de este tipo. El gobierno argelino deberá reconocer, desde luego, que no puede menospreciar la inmensa importancia de defender los valores democráticos y los derechos humanos si no es para ganarse la antipatía de los que se oponen al fundamentalismo pero creen en la libertad y la democracia.
Acogemos con satisfacción las propuestas de celebrar elecciones este año. Es de vital importancia que se haga todo lo posible en las difíciles circunstancias que imperan a fin de que puedan participar todas las fuerzas auténticamente democráticas. Esta no es aún la situación.
A la larga, sin embargo, hemos de reconocer en la Unión Europea, como en todas partes, que los habitantes de los países en desarrollo de todo el mundo se ven arrastrados a apoyar movimientos intolerantes y violentos por la experiencia de la pobreza y las privaciones crecientes. La economía neoliberal cuyos resultados son más desempleo y desesperación hará salir nuevos reclutas para el fundamentalismo y otros credos intolerantes y avivará las llamas del terrorismo y la violencia.
Sólo consiguiendo un mejor nivel de vida para todos podremos crear las condiciones para que avancen la democracia y los derechos humanos que todos defendemos y espero que esto lo tenga también muy presente el Consejo.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, desde hace ya bastante tiempo los ciudadanos europeos contemplamos con horror -y es una palabra que se ha pronunciado en este debate con bastante frecuencia- lo que ocurre en un país próximo y vecino a los países del sur de Europa -y como español estoy especialmente sensibilizado-. Los terroristas del GIA pasan a cuchillo casi diariamente a cientos de ciudadanos inocentes, entre los que se encuentran mujeres, niños y periodistas, como ha dicho y recordado el señor Presidente del Consejo.
No ya desde el punto de vista político, sino como seres humanos no podemos quedar silenciosos ante tal barbarie. Pero ello exige, también, una gran dosis de frialdad y objetividad, prudencia y sabiduría, como ha dicho el señor Presidente, para contemplar el complejo problema que ello suscita.
Argelia es un país magrebí que, como todos los países magrebíes, tiene unas especiales peculiaridades en su desarrollo político, económico, social y cultural, y no conviene que olvidemos esto. Países como España, Italia o Francia, por su proximidad geográfica y su interrelación económica y social, son especialmente sensibles a los vaivenes de los acontecimientos que allí suceden y, que por tanto, afectan muy directamente a los intereses de la Unión Europea en su conjunto.
La Conferencia Euromediterránea es un buen foro para profundizar en la búsqueda de soluciones que contribuyan a la estabilidad de una zona que a todos nos afecta. Contribuir al desarrollo económico y social de aquellos países es una política inteligente y correcta, porque en el transfondo del fanatismo, de la violencia, se encuentran motivaciones económicas, de subdesarrollo, situaciones reales de miseria y de hambre.
Por otra parte, todo lo que sea cooperar en el avance de su desarrollo político, tanto con el apoyo técnico y de observación a su proceso electoral como desde el ámbito del diálogo con el Gobierno, que debe hacer frente a la violencia terrorista, contribuirá sin duda a la aproximación de aquel país a la cultura de la democracia y del respeto de los derechos humanos propios de los países occidentales.
La Unión Europea no puede dar la espalda a lo que ocurre en estos momentos en Argelia. Se juega mucho en ello. El Consejo debe hacer esfuerzos en este momento para proponer iniciativas que propicien el entendimiento y el diálogo entre las fuerzas políticas y democráticas de aquel país y para colaborar en la lucha contra el terrorismo que, lamentablemente, se traslada al propio suelo europeo.
En definitiva, la Unión Europea debe desempeñar un papel protagonista para no dar la pobre imagen que se ofreció en otros conflictos muy próximos a nosotros en el tiempo y en el espacio.

Carnero González
Señora Presidenta, Argelia sólo recuperará la paz y la convivencia ciudadanas cuando hayan cesado las criminales acciones terroristas y se haya retomado el proceso de transición democrática, algo que exige un diálogo entre las fuerzas políticas representativas a partir del cual aislar a los violentos y celebrar unas elecciones legislativas libres y multipartidistas.
En esa vía y no en la de la resolución propuesta es en la que debe basar su acción la Unión Europea -y, desde luego, su opinión este Parlamento-, trabajando en favor de la firma de un acuerdo con Argelia, beneficioso para ambas partes, que contribuya a la solución de los problemas socioeconómicos de ese país, por ejemplo el tremendo paro juvenil, y que promueva el pleno respeto de los derechos humanos de los hombres y también de las mujeres.
Poner fin al drama argelino es imprescindible para garantizar la estabilidad del Magreb y del Mediterráneo, objetivo prioritario para los europeos y, más aún, para países ribereños como España. Porque, señora Presidenta, sería un tremendo error convertir la actuación europea en Argelia en un asunto exclusivamente francés. Francia tiene responsabilidades políticas, pero la primera tanda de intervenciones en esta sesión ha demostrado que los demás tenemos el derecho y, sobre todo, la obligación de intervenir.

Stasi
Señora Presidenta, lo que está en juego en Argelia es la seguridad de las personas, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la estabilidad de la cuenca mediterránea y el futuro de la política euromediterránea. Así pues, la Unión Europea no puede permanecer silenciosa, impotente, pasiva, frente a los dramáticos acontecimientos que tienen lugar en este país.
Debemos ante todo denunciar la violencia ciega a la que se libran los terroristas islamitas, las matanzas diarias, las explosiones de coches en las calles de las ciudades, la matanza sistemática de periodistas, de intelectuales, de todos aquellos que cometen el crimen de querer pensar libremente; pero también hay que denunciar con el mismo vigor las violencias y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La legitimidad de que goza el poder tras las elecciones presidenciales no legitima todos los medios que utiliza. Nunca hay que responder a la barbarie con la barbarie. Dicho esto, sería peligroso hacer un proceso de amalgama entre las conculcaciones escandalosas, y que deben denunciarse, cometidas por el poder y el fanatismo criminal de los integristas.
El comportamiento, a veces escandaloso, del poder no debe incitarnos a ser tolerantes con los terroristas.
Es necesario igualmente apoyar a los demócratas. A menudo se olvida de que los demócratas existen en Argelia. Estoy seguro de que representan la mayoría del pueblo argelino. Estos demócratas, desgraciadamente, están divididos, lo que constituye un factor de debilidad; pero todos llevan adelante la misma lucha valerosa contra el poder, arriesgando sus vidas, y también contra los islamitas. Por consiguiente, debemos manifestarles nuestra solidaridad y prestarles nuestro apoyo. Debemos incitar, con mucha firmeza, al Gobierno argelino a que instaure un diálogo franco con todos los demócratas de Argelia, así como con todos los responsables políticos y todos los grupos que acepten renunciar a la violencia.
Finalmente, debemos proclamar nuestra confianza en el pueblo argelino. Muchos argelinos tienen hoy pocas esperanzas en su país. No vislumbran ningún futuro al final de este camino de dolor y sufrimiento. Debemos ayudar a los argelinos a creer en Argelia, a tomar conciencia de las oportunidades de Argelia, ya que las tiene. En primer término, la calidad de los hombres -y sobre todo de las mujeres-, que a menudo luchan con un valor admirable.
En mayo de 1992 tuve una larga conversación con el Presidente Budiaf. Me comunicó su sueño de convertir Argelia en el primer país musulmán que podría llegar a ser, sin renegar de sus raíces -de ninguna de sus raíces-, a la vez una democracia y un país laico. Algunos días después el Presidente Budiaf era asesinado.
Creo que debemos ayudar a los argelinos a hacer suyo el sueño del Sr. Budiaf y a convertirlo en realidad.

Izquierdo Rojo
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, a pesar del respeto parlamentario que me merecen y de lo que valoro los buenos discursos parlamentarios -discursos llamativos, emocionales o emocionantes- que hemos escuchado aquí esta tarde en este debate, con todos mis respetos creo que, ahora en Argelia, no se trata de eso. Se trata, ni más ni menos, de eficacia política. Se trata de que queremos ayudar. Y hay que ser capaces de saber ayudar en la dirección correcta.
Es cierto que el último Ramadán ha supuesto un incremento de la violencia y del terror. Y ante esto tenemos que condenar esa masacre -lo hacemos- y tenemos también que combatirla con todos los medios a nuestro alcance. Las próximas elecciones generales, señor Presidente del Consejo, deben convertirse realmente en un paso adelante hacia la democracia y la paz. Y, para ello, apunto dos direcciones:
La primera, el papel político que tienen que desempeñar las mujeres argelinas en el futuro. Hay que materializar esfuerzos en ese sentido. Es posible y va a ser eficaz. Las mujeres argelinas deben encabezar la sociedad civil, política , de ese país. Y el pueblo argelino va a estar de acuerdo en esa dirección.
Y la segunda segunda propuesta es que la Unión Europea, junto con Argelia, aúne esfuerzos para dotar de unas mínimas garantías de seguridad y de libertad a esas próximas elecciones.
Así es como queremos que se actúe. Señor Presidente del Consejo, la propuesta de resolución que va a aprobar el Parlamento Europeo también apunta a aspectos positivos, que hay que tener en cuenta. Desde el día 11 de febrero el Presidente Zerual y los representantes de las diferentes fuerzas políticas trabajan en ese diálogo necesario que nosotros estamos pidiendo, y esto es una señal que debemos reconocer como positiva.
En segundo lugar, el envío de observadores a las próximas elecciones generales también es otra señal positiva. Insisto en que debemos actuar con eficacia. Hagámoslo así.

Patijn
Señora Presidenta, doy las gracias a todos los oradores por su completa e incondicional condena del terror y de la violencia ciega. Por lo demás, pienso que la gran mayoría de oradores también han abogado por a continuación de la cooperación con Argelia y quisiera recalcarlo nuevamente. Los pueblos de la Unión Europea y Argelia están condenados a cooperar. Por razones geográficas, por razones históricas y por razones humanas. Y lo hacemos desde Europa respetando plenamente las tradiciones culturales y religiosas de nuestros vecinos norteafricanos, rechazando por completo los abusos fundamentalistas. El Consejo sigue estando dispuesto a colaborar con el actual Gobierno argelino, siempre y cuando estemos convencidos de que dicho gobierno aspira a restaurar las relaciones democráticas y garantizar mejor los derechos humanos. Por ello hacemos un llamamiento al gobierno para que mantenga las elecciones de 1997 y haga de ellas unas elecciones abiertas y libres. Por nuestra parte repito nuevamente que la Unión Europea, en el marco de su política mediterránea, en el marco del acuerdo de cooperación bilateral, está dispuesta a contribuir de forma estructural y duradera a los desarrollos sociales y económicos del pueblo argelino.

El Presidente
Muchas gracias, señor Presidente en funciones del Consejo.
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del turno de preguntas (B4-0001/97), dirigidas al Consejo.

El Presidente
Pregunta nº 1 formulada por Wayne David (H-1026/96):
Asunto: Malos tratos policiales a Sonia Esmeralda Gómez Guevera y Carmen Velasquez
¿Conoce el Consejo Europeo los informes de Amnistía Internacional sobre las dos niñas guatemaltecas Sonia Esmeralda Gómez Guevara y Carmen Velasquez?
De estos informes se desprende que ambas niñas fueron detenidas en la calle 18 de la capital guatemalteca, acusadas de ser niñas de la calle por tres hombres uniformados. Al parecer, estos hombres amenazaron a las niñas con la detención por posesión de marihuana si no les acompañaban a la comisaría de policía. Por el camino, las niñas fueron arrastradas a un callejón y se aduce que Sonia fue violada por dos de los tres hombres.
Hasta la fecha no he recibido respuesta alguna a mi correspondencia ni del Presidente ni de la Embajada de Guatemala. ¿Puede el Consejo Europeo informar al Parlamento sobre los medios que piensa utilizar para presionar al Gobierno guatemalteco con respecto al problema de los niños de la calle en particular y al de los derechos humanos en general?

Patijn
En lo que respecta a la pregunta formulada por el Sr. Wayne David sobre el trato infligido por parte de la policía a Sonia Esmeralda Gomez Guevara y Carmen Velasquez, quisiera decir lo siguiente. El Consejo no ha mantenido conversaciones en torno a la cuestión planteada por su Señoría. Como usted sabe, la Unión concede mucha importancia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sobre el trasfondo de la renovación del diálogo de San José, del que forma parte Guatemala, el fomento de los derechos humanos, incluida la cuestión de los niños de la calle, se considera un objetivo central que ha de anteponerse en las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Central. Ello se desprende también del hecho de que los programas de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea y sus Estados miembros en Guatemala tienen por objeto en concreto fomentar los derechos humanos y facilitar información y formación sobre los derechos humanos.

David
Estoy inmensamente agradecido al Presidente en ejercicio por esa respuesta tan alentadora. Sin embargo, me pregunto si podría presionarle un poco más, y preguntarle si declararía explícitamente que, a menos que se produzca una mejora general de la situación de los derechos humanos, la Unión Europea consideraría la posibilidad de retener los fondos de ayuda al desarrollo.
En segundo lugar, ¿está dispuesto el Consejo a dirigir algún tipo de protestas en relación con el caso concreto que he citado en mi pregunta?

Patijn
Me pregunto si, dados los recientes acontecimientos políticos habidos en Guatemala, es oportuno que la Unión Europea cuestione especialmente la situación política en dicho país. Recuerdo que hace muy poco se inició allí un importante proceso de reconciliación política, lo cual constituye una garantía absoluta para una restauración completa de las relaciones democráticas, y también un cumplimiento correcto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños de la calle, y a este respecto hay pocas razones para emprender una acción especial en nombre de la Unión Europea. Por supuesto, podríamos plantear de un modo adecuado este problema especial en el marco del diálogo de San José, que tendrá lugar dentro de unas semanas.

El Presidente
Pregunta nº 2 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-1029/96):
Asunto: Servicios multilingües informatizados
¿Qué intenciones tiene el Consejo respecto a la promoción de la diversidad lingüística, en orden a favorecer los servicios multilingües informatizados?

Patijn
El 21 de noviembre de 1996, el Consejo aprobó un programa plurianual para el fomento de la diversidad lingüística en la sociedad de la información en la Comunidad Europea, que responde exactamente a las preocupaciones de su Señoría. Este programa, que ya se ha iniciado y para cuya realización se han reservado 15 millones de ecus distribuidos en tres años, tiene concretamente los siguientes objetivos: en primer lugar, estimular el uso de tecnologías, recursos y métodos que reduzcan los costes de la transmisión de información entre los idiomas y el desarrollo de servicios plurilingües. Segundo objetivo: fomentar el crecimiento de las industrias lingüísticas. Tercer objetivo: alentar el desarrollo de servicios plurilingües. La Comisión es responsable de la puesta en marcha del programa y de su coordinación con los demás programas comunitarios.

Camisón Asensio
Me alegra constatar que el Consejo está decidido a estimular todas las actividades que faciliten la utilización de todos sus idiomas en las comunicaciones electrónicas, si bien es preciso, señor Presidente en ejercicio del Consejo, recordarle que nos encontramos ante una operación urgente que se debe rematar incluso, si es posible, antes de los tres años que usted anuncia. Porque no parece razonable seguir en la situación actual, en la que la mayor o la única parte de los servicios de información telemáticos se ofrecen exclusivamente en inglés. Porque con ello se atenta contra la diversidad lingüística en la Unión, entorpeciendo sus correspondientes industrias de la lengua, que son tan importantes. El Consejo nos dice hoy que se ha facilitado un presupuesto de 15 millones de ecus para la promoción de un programa de diversidad lingüística en la Unión. No es mucho, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pero por algo se empieza.
Veo que, efectivamente, cita una serie de objetivos -todos importantes-, entre ellos, por supuesto, el del empleo. Pero quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, aparte de eso, también habría que pensar que sería importante facilitar el acceso de las PYME a este tipo de facilidades y reducir los costes de transformación.
Termino, señor Presidente, diciendo que todo esto es necesario porque, desgraciadamente, la meta del idioma único no está tan cerca como la de la moneda única.

Patijn
Doy las gracias a su Señoría por su estímulo. Al proceder de una zona lingüística con 22 millones de personas, que es bastante más pequeña que la suya, comprendo muy bien hasta qué punto le importa, y trasmitiré su observación al Consejo y a la Comisión para examinar si en el trascurso de la elaboración de este programa podemos incluir alguna especificación.

El Presidente
Pregunta nº 3 formulada por Mihail Papayannakis (H-1030/96):
Asunto: Criterios de convergencia y gastos de defensa
Los debates y comentarios suscitados últimamente sobre los «criterios» del Tratado para la entrada de cada Estado miembro en la UEM revisten especial interés. En diversos ámbitos más o menos oficiales, se habla cada vez más de la «interpretación política» del cumplimiento de estos criterios por parte de cada país, si bien el contenido de dicha «interpretación política» varía en cada caso. El Consejo ha establecido ya una definición única de este concepto. ¿Podría acaso incluirse en algún debate sobre la «interpretación política», el tema de la desproporción de los gastos de defensa de un Estado (que no contribuye a resolver los problemas económicos) cuando el porcentaje de estos gastos en el PIB rebasa el promedio registrado en los demás Estados miembros, de manera que, por lo menos, el excedente no se tenga en cuenta a la hora de evaluar «políticamente» el acercamiento de dicho país a la UEM?

Patijn
Quisiera contestar del siguiente modo a la pregunta del diputado Sr. Papayannakis. En relación con la posibilidad que sugiere su Señoría en su pregunta, permítame rememorar que en las reglas del juego vigentes para la UEM, los criterios de convergencia no dejan nada -repito, nada- que desear en cuanto a la claridad. Los gastos de defensa se incluyen, al igual que los demás gastos administrativos, en los cálculos relacionados con el déficit máximo del 3 % del producto nacional bruto en cada uno de los Estados miembros, y en caso de excederse se puede negar el acceso a la tercera fase de la UEM.

Papayannakis
Señor Presidente, no sé si he entendido bien la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio. Es obvio que los gastos de defensa son gastos públicos. No cabe duda. Sin embargo, en Dublín se planteó la cuestión de si éstos podrían rebasar el 3 %, en caso de que hubiera motivos excepcionales e independientes de la voluntad del Estado miembro. Hay que reconocer que existen casos en los que pueden darse estos motivos, sobre todo si se deben a amenazas de uso de fuerza, por otra parte, prohibidas por el derecho internacional. Mi pregunta al Sr. Presidente en ejercicio es, por tanto, en qué medida estaría justificado que en un caso semejante los gastos de defensa rebasaran la cuota de 3 %.

Patijn
Considero que el planteamiento de su Señoría es algo hipotético. En principio, pienso que para una aplicación correcta de los criterios de convergencia de la Unión Económica y Monetaria apenas podemos hacer una distinción entre categorías de gastos; los gastos son los gastos. Las circunstancias externas especiales tienen que ver más bien con circunstancias económicas especiales y no tanto con amenazas del exterior. Quiero establecer un paralelo con mi país. Cerca de la mitad de mi país se encuentra por debajo del nivel del mar. Y sin embargo, no apelo a los costes especialmente elevados relacionados con la extracción del agua sobrante para exigir un trato especial en la cuestión de los criterios de convergencia.

El Presidente
Pregunta nº 4 formulada por Anne McIntosh (H-1033/96):
Asunto: Acciones de la Unión Europea para luchar contra la pedofilia
¿Puede indicar el Consejo las acciones que piensa emprender para garantizar un enfoque común de la Unión Europea para luchar contra la explotación sexual de los niños, y si entre estas acciones se encuentran medidas para garantizar la cooperación judicial entre los Estados miembros en este ámbito?
Teniendo en cuenta la decisión del Consejo de unirse a la acción común contra la pedofilia, ¿puede facilitar el Consejo más detalles sobre el programa plurianual (1996-2000) para la formación y el intercambio de personas que participan en la lucha contra este problema? ¿En qué forma piensa el Consejo utilizar su presupuesto?

Patijn
La Sra. McIntosh ha formulado una pregunta importante y quisiera contestarla del siguiente modo en nombre del Consejo. El Consejo Europeo de Dublín expresó su horror por la explotación sexual de los niños y la trata de personas, y se comprometió a emprender las acciones necesarias para combatirlo. El Consejo Europeo ha pedido al Consejo y a la Comisión que lleven a cabo con energía las acciones acordadas durante la Presidencia irlandesa, y que deliberen sobre los pasos necesarios. Tal y como ya ha indicado el Consejo en anteriores respuestas a sus Señorías, las medidas, algunas de las cuales por cierto todavía no han sido aprobadas formalmente, tienen por objeto mejorar la cooperación policial y judicial, y además guardan relación con la formación. Se trata concretamente de las siguientes medidas. En primer lugar, una propuesta de la Presidencia irlandesa para incluir la trata de personas en el mandato de la unidad de narcóticos de la Europol. En segundo lugar, una propuesta belga de instituir un programa para estimular el intercambio y la formación de personas responsables de la lucha contra la trata de personas. Me refiero al llamado programa STOP. Este tendría que contar con un presupuesto de 6, 5 millones de ecus. En tercer lugar, una propuesta presentada, entre otros, por la delegación belga para elaborar una lista de instituciones especializadas a fin de luchar, entre otras cosas, contra la trata de personas. Con ello es posible reforzar la cooperación entre los servicios policiales. En cuarto lugar, una propuesta belga relacionada con el enfoque comunitario para la descripción de la explotación sexual de los niños y la trata de personas, así como medidas para la cooperación entre los Estados miembros. El Consejo considera muy importante que estas cuestiones sean tratadas con rapidez y de forma conveniente, y la Presidencia neerlandesa les otorgará una gran prioridad.

McIntosh
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. Lo que me preocupa es que ahora, en 1997, estamos a medio camino del programa plurianual. En el Parlamento Europeo nos resultaría más fácil hacer un seguimiento de éste si conociéramos más a fondo en qué consisten estas medidas según son aprobadas.
El Presidente en ejercicio se ha referido al trabajo de la Presidencia irlandesa saliente. ¿Podría darnos a conocer las prioridades durante su mandato? Por ejemplo, el Presidente en ejercicio irlandés era muy aficionado a la seguridad en las calles y propuso medidas para que fueran más seguras tanto para los niños como para los adultos. Yo acojo con especial interés la cooperación que va a haber entre la policía y los tribunales, incidiéndose en la formación. Me preocupa particularmente que se esté abusando de Internet tanto por parte de la pornografía como de la pedofilia. Si alguna vez, por ejemplo, va a haber un registro nacional de pedófilos conocidos dentro de un Estado miembro, ¿se compartiría también con las autoridades de los demás Estados miembros?

Patijn
Quisiera completar un tanto lo que han dicho sus Señorías. El lema de la Presidencia irlandesa no era tan sólo safe streets , sino también sound money . He tomado buena nota de lo que han planteado. No me lo tomen a mal que en algunos casos no pueda dar una respuesta exacta, pero veré si el Consejo, concretamente la parte que se ocupa de Justicia y Asuntos Interiores, puede ponerles al corriente más tarde, por escrito u oralmente, en una reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre cómo progresa la realización del programa de trabajo.

Stewart-Clark, Sir Jack
Quisiera volver al tema de Internet. Estoy seguro de que el ministro coincidirá conmigo en que Internet actualmente está todavía en pañales. Sabemos que los pedófilos están usando la red. ¿Está de acuerdo el Presidente en ejercicio en que éste es el momento ideal para establecer un código deontológico de la Unión Europea y, cómo no, a escala mundial, con capacidad preceptiva para cortar las fuentes que permiten el acceso a material pedófilo a través de Internet? Ésta es una oportunidad que realmente debiéramos aprovechar y espero que el Sr. Ministro pueda hacernos algunas promesas concretas a este respecto.

Patijn
Recalco la importancia que concede su Señoría al trato de los abusos que se cometen con Internet, concretamente en la cuestión de la explotación sexual de los niños y la pedofilia. El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores, y también los ministros de Telecomunicaciones, están trabajando en estos momentos en esta cuestión. Se trata en especial de combatir el abuso mediante acuerdos efectivos y medidas nacionales e internacionales, pero también de evitar que el enorme potencial económico de Internet se desmigaje y se evapore debido a una multitud de medidas nacionales no coordinadas.

El Presidente
Pregunta nº 5 formulada por Irini Lambraki (H-1036/96):
Asunto: Previsión de una acción comunitaria en caso de situaciones de emergencia
Es conocido que la producción agrícola depende directamente de las condiciones climatológicas y de una serie de otros factores imprevisibles.
Una lucha eficaz contra los problemas que de vez en cuando surgen a consecuencia de las inclemencias metereológicas o de otras causas, como recientemente ha sido el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, se topa muy a menudo con la falta de previsión de los imprescindibles fondos en el presupuesto.
¿No cree el Consejo que debe crearse un mecanismo para hacer frente a tal tipo de situaciones excepcionales? ¿Cómo ve la previsión de una acción comunitaria con la creación de una línea concreta en el Presupuesto?

Patijn
En relación con la pregunta de la Sra. Lambraki, quisiera indicar en primer lugar que el presupuesto de la Comunidad Europea incluye varias partidas con las que se puede ofrecer ayuda de emergencia a las víctimas de catástrofes. Se trata entre otras de la partida B 4/3400, titulada ayuda de emergencia a las víctimas de catástrofes en la Comunidad. Se trata también de todas las partidas del título B 5.2, que sirven para subvencionar los intereses de préstamos contraídos en relación con catástrofes naturales en el interior de la Comunidad, y entre otras cosas con ello se ha concedido ayuda a las víctimas de los terremotos de noviembre de 1980 en Italia y de marzo de 1986 y septiembre de 1988 en Grecia, así como del ciclón de 1993 en Madeira. Asimismo tenemos el título B 7.2, que está destinado a la ayuda alimentaria y la ayuda humanitaria a los grupos de población de los países en vías de desarrollo que son víctimas de catástrofes naturales o crisis graves.
Por lo general, según el Tratado, al elaborar el presupuesto incumbe a la Comisión proponer la partida presupuestaria que se adapte mejor a las necesidades previstas.
En segundo lugar, la reciente crisis de la EEB ha demostrado que la Comunidad es capaz de encontrar de forma flexible los medios necesarios para hacer frente a las situaciones dramáticas e imprevistas que no entran en la categoría de catástrofes naturales. Por consiguiente, sobre la base de las disposiciones y prácticas existentes, salta a la vista que es posible hacer frente a crisis como la de la EEB. Así pues, a mi entender no es necesario reservar grandes cantidades de forma permanente para posibles situaciones de emergencia no previstas.

Lambraki
Señor Presidente, coincidiría con el Sr. Ministro si no hubiera consultado las líneas que él ha mencionado.
La línea B4, señor Ministro, no prevé ni un ecu. El título B5 mencionado por usted se refiere a casos concretos de catástrofes naturales, como terremotos que se produjeron en el pasado. No es este el caso de hoy. En cuanto al título B7, prevé ayuda de la Unión Europea destinada no a los países miembros de la Unión Europea sino a terceros países. Por consiguiente, las 3 líneas que usted ha mencionado no contestan mi pregunta.
Sin embargo, usted afirma que en el caso de la crisis de la EEB hemos encontrado la posibilidad de responder a los grandes problemas económicos provocados por la encefalopatía. Sí la hemos encontrado, señor Presidente, pero a costa de otras líneas, es decir, que se ha perjudicado a los agricultores de otros países de la Unión Europea para poder cubrir a los ganaderos de Gran Bretaña. La ayuda a los ganaderos de Gran Bretaña ha sido justificada, pero no debería concederse a costa de otros ganaderos y agricultores de nuestros países. Por este motivo creo que con estos mil millones de ecus del Fondo de reserva -es una reserva prevista para las necesidades de la agricultura, señor Ministro, y la consignamos como Fondo de reserva- podemos crear, en el marco del FEOGA, un fondo que sea competencia no de la Comisión sino del Consejo y que cubra, tanto casos como el de la EEB, como otras catástrofes agrarias en todos los países de la Unión Europea.

Patijn
Comprendo el razonamiento de su Señoría, pero espero que esté de acuerdo conmigo en que no hemos de perder de vista algunas premisas. En primer lugar, al elaborar el presupuesto, en el Consejo mantenemos estrictamente -puede usted estar o no de acuerdo con ello- las perspectivas financieras y los techos presupuestarios que acordamos. Cuando aboga usted por reservar un importe elevado para una reserva general de gastos imprevistos, esto significa inevitablemente que al elaborar el presupuesto dicho importe tendrá que deducirse de unos gastos legítimos y previsibles del presupuesto. Los recortes se aplican desde el principio. Sin embargo, es evidente que, en un presupuesto de unos 70 millardos de ecus, a lo largo del año se nota que en algunos apartados hay un uso incompleto de los recursos, y que en la práctica podrían utilizarse para atender a situaciones de emergencia imprevistas, como por ejemplo entre otras la crisis de la EEB. Creo que presupuestar desde el principio unos importes elevados para gastos imprevistos, que van directamente a expensas de los gastos prioritarios y previstos, no acredita precisamente una política presupuestaria muy sofisticada.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 6 no se formula.
Pregunta nº 7 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0057/97):
Asunto: Consecuencias de la integración del Acuerdo Schengen en el Tratado para Noruega e Islandia
En la actual Conferencia Intergubernamental, se está examinando la posibilidad de integrar el Acuerdo Schengen en el Derecho de la UE. Paralelamente, se está negociando la posibilidad de que Noruega e Islandia se asocien al Acuerdo Schengen.
¿Qué repercusiones tendría para el acuerdo con Noruega e Islandia la integración del Acuerdo de Schengen en el Tratado? ¿Se verían estos dos países obligados a aplicar sin restricciones la legislación comunitaria en la materia?

Patijn
Quisiera contestar a la pregunta del Sr. Sjöstedt en el sentido de que es correcto que la Conferencia Intergubernamental, cuando se plantee la cuestión de una mayor cooperación en el marco del tercer pilar, tendrá que prestar atención a la integración de la cooperación que actualmente existe entre los Estados miembros que forman parte del acuerdo de Schengen y a su ejecución. Puedo confirmar que en el marco de esta investigación se prestará especial atención, y de hecho ya se ha prestado, a la situación de Noruega e Islandia, que, a través del acuerdo firmado el 19 de diciembre de 1996, que todavía no ha entrado en vigor, han cerrado un acuerdo de cooperación con los Estados de Schengen, pero todavía es demasiado pronto para pronunciarse sobre cómo se reflejará esto exactamente en la Conferencia Intergubernamental.

Sjöstedt
Tengo tres preguntas complementarias a la respuesta del Consejo de Ministros, que agradezco. La primera es si se necesita un nuevo acuerdo con Noruega e Islandia si el Acuerdo Schengen se incluye dentro del Derecho de la UE, o si se puede llevar a efecto el acuerdo ya existente, ratificado por los representantes de estos países.
Mi segunda pregunta se refiere al papel del Tribunal de Justicia. Si el Tribunal de la UE, debido a la modificación del Tratado de la UE, dicta sentencia en cuestiones relativas al Acuerdo Schengen, querrá decir esto que Islandia y Noruega tendrán que acatar las decisiones de sus jueces?
Mi tercera pregunta es: ¿Qué procedimiento se seguirá en el futuro para discernir qué cuestiones se encuentran en el marco del Acuerdo Schengen si éste se incluye en el Tratado, y qué cuestiones son de la competencia de Europol o son partes de lo que actualmente se ve integrado en el tercer pilar? ¿No será imposible en la práctica deslindar estos asuntos, en aquellos casos en que haya que decidir sobre lo que es aplicable en los países cooperadores?

Patijn
Me parece prematuro pronunciarme sobre la cuestión de si es necesario un nuevo acuerdo con Noruega e Islandia como consecuencia de una posible modificación de las relaciones del Tratado entre la Unión Europea y la cooperación de Schengen. Es posible, y en tal caso existe el propósito por parte de los Estados de Schengen de iniciar a tiempo una consulta con Noruega e Islandia. En esta cuestión procuraremos no confrontar nunca a Noruega e Islandia con sorpresas ni hechos consumados.
Su segunda pregunta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Si el Tribunal de Justicia Europeo recibe competencias sobre una parte del conjunto de la cooperación de Schengen, en caso de que se lograra una integración completa de Schengen en la Unión Europea, en tal caso tendremos que reajustar la posición de Noruega e Islandia. Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo con la que tienen que ver Noruega e Islandia no es nueva, y en el Espacio Económico Europeo existen también relaciones especiales con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. La cuestión es si en lo referente a una integración de Schengen en el tercer pilar, será todavía posible establecer una distinción. Claro que sí, es simplemente una cuestión de anotar bien y ejecutar bien los acuerdos, para que una única firma en torno a la integración de Schengen no provoque una gran confusión sobre a qué se comprometerían o no Noruega e Islandia; se trata simplemente de llegar a unos acuerdos claros y en general, a mi entender, no tiene nada de especial en el concepto de cooperación flexible en el marco del tercer pilar.

Posselt
Señor Presidente, yo represento aquí a Baviera y quisiera preguntarle, en primer lugar, si ya se ha fijado el calendario para la incorporación de Austria e Italia al Acuerdo de Schengen y qué puede decirnos sobre el calendario actual de la misma. En segundo lugar, quisiera preguntarle por la seguridad de las fronteras orientales de la Unión Europea.

Patijn
Como Presidente del Consejo no puedo y no debo contestar a la pregunta en torno al calendario y al modo en que Austria se adherirá al Tratado de Schengen. Espero que lo comprenda, y en cuanto a su pregunta complementaria sobre la seguridad en la frontera oriental de la Unión, le diré en primer lugar que en el marco de la regulación correcta de la subsidiariedad quisiera proponer que dirija esta pregunta a la autoridad competente en Bonn.

Lindqvist
Me gustaría hacer una referencia a la pregunta del Sr. Sjöstedt, que trata de la confusión que puede surgir si la Conferencia Intergubernamental propone que el Acuerdo Schengen se integre en el Derecho de la UE. Mi pregunta es: ¿No sería mejor esperar a que los Parlamentos de Suecia, Noruega y Finlandia debatan los acuerdos existentes? Podrían surgir graves complicaciones si el Acuerdo Schengen se incluye en el Derecho de la UE antes de que los Parlamentos de estos países ratifiquen los ya existentes.

Patijn
No formula usted una pregunta al Presidente del Consejo, sino a un miembro de la Conferencia Intergubernamental; quiero establecer esta distinción. En primer lugar, quisiera decir que no todos los años tenemos una Conferencia Intergubernamental, y por tanto, esperar significa esperar sine die , y pienso que es muy necesario eliminar la incertidumbre que se ha suscitado porque, por un lado, se produce un desarrollo jurídico en el marco del primer y del tercer pilar de la Unión Europea, y por otro en el marco de la cooperación de Schengen se producen un desarrollo jurídico y una práctica jurídica que no se coordinan bien. Lo admito sinceramente, es un fallo institucional en el ámbito de la cooperación, donde por cierto la cooperación tiene una gran prioridad según todos los Estados miembros que cooperan, tanto en la Unión Europea como en el Tratado de Schengen.
El problema que aborda usted de cómo será exactamente la relación entre Noruega e Islandia cuando de repente se regule la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, es una pregunta que me parece conveniente considerar a la luz del artículo 7A del Tratado de la Unión. La existencia de la libre circulación de personas en el marco de la Unión Europea y la existencia de la unión de pasaportes noruega ha de regularse debidamente, bien en el marco de Schengen, bien en la Unión Europea, y sugerir ahora que ello provocará una gran confusión o problemas insuperables, no me parece realista. En calidad de secretario de Estado neerlandés he tenido oportunidad de dirigir las negociaciones que hemos mantenido con Noruega e Islandia en la cooperación de Schengen, y consideré que todo evolucionaba de forma muy flexible. Confío en que los países escandinavos, y en especial Noruega e Islandia, adoptarán enfoques y soluciones pragmáticas que soberanía de estos dos países; es una premisa que nunca ha sido discutida. No espero en absoluto que surjan problemas, y de ahí que piense que su sugerencia de que creamos confusión y que hemos de aplazarlo todo, equivalga a eludir los problemas que ahora es preciso solucionar urgentemente.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 8 no se formula.
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 9 y 10 se contestarán simultáneamente.
Pregunta nº 9 formulada por Manuel Medina Ortega (H-1045/96):
Asunto: Diseño de billete «euro»
¿Considera el Consejo que el nuevo diseño de billete euro, que incluye en el reverso un mapa de Europa del que se excluyen Creta y otras islas griegas, los Departamentos franceses de Ultramar, los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira, y los archipiélagos y ciudades españolas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, es el más adecuado para reflejar la identidad europea? Pregunta nº 10 formulada por Ulf Holm (H-0085/97):
Asunto: Las monedas del euro
En relación con la configuración del euro, distintos medios de comunicación suecos han señalado que las monedas contendrán níquel. Desde el punto de vista de los consumidores sería una pena que así fuese. Hoy en día la alergia al níquel constituye el tipo de alergia por contacto más frecuente, y afecta al 10 % de las mujeres.
¿Está el Consejo al tanto de este problema?
¿Tiene intención de que las monedas del euro no contengan níquel?
Patijn
Las preguntas del Sr. Medina Ortega y del Sr. Holm tenían que ver con las características físicas de los billetes y las nuevas monedas del euro. En primer lugar, en lo que respecta a los billetes, según el Tratado, el Banco Central Europeo tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de los billetes. En su comunicado de prensa del 13 de diciembre de 1996, a raíz de la presentación del diseño mencionado por el Sr. Medina Ortega, el Instituto Monetario Europeo recalcó en primer lugar que se seguirá trabajando con los diseñadores para mejorar los billetes de banco, y en segundo lugar, que en 1998 el Banco Central Europeo tomará una decisión sobre el diseño definitivo y sobre el inicio de la producción de billetes.
En lo que respecta a las euromonedas, una pregunta del Sr. Holm, creo, puedo decirle que en estos momentos, el grupo de directores de asuntos monetarios está estudiando las especificaciones técnicas de las monedas. El pasado 27 de enero, el diseño y la elección del material para la euromoneda se plantearon en el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión para una primera discusión. Y quiero recalcar que también se planteó la cuestión del contenido de níquel o la inclusión de níquel en la composición de las monedas. El Consejo de ministros de Finanzas ha rogado al grupo de directores de asuntos monetarios que realicen un estudio y que aporten soluciones.

Medina Ortega
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en primer lugar he de decirle que sus palabras me tranquilizan porque tenemos todavía hasta el año 1998 para el diseño final.
Quiero simplemente que, a través de la Presidencia del Consejo, se transmita al Banco Central Europeo la preocupación de millones de ciudadanos europeos que viven en las Islas Canarias, en las Islas Azores, en Madeira, en las islas griegas, en Ceuta, en Melilla, es decir, en una serie de territorios muy importantes, por el hecho de que este mapa -en el que parece que hay una identificación entre mapa y validez de la moneda- no reproduzca sus territorios, pues podría haber la sospecha de que la moneda no tiene validez en esas regiones.
Aunque el problema pueda parecerle a usted baladí, para los habitantes de estas regiones constituye una preocupación fundamental, y me gustaría recibir la seguridad de que, a través de la Presidencia del Consejo, se transmitirá al Banco Central Europeo esta preocupación de los diputados que, en alguna medida, representamos a estas regiones.

Patijn
Le prometo que trasmitiré las observaciones del Sr. Medina Ortega al Instituto Monetario Europeo.

Holm
Gracias por la respuesta del ministro responsable de estos asuntos. Me alegra oir que todavía no se ha adoptado una decisión definitiva sobre la cuestión del contenido de niquel en la moneda. Sería digno de elogio que se produjesen monedas sin este metal. En Suecia tenemos monedas de diez y cinco coronas fabricadas sin niquel. Ha mencionado usted que se debería reducir su procentaje en las nuevas monedas. En las monedas de una corona sueca es de 25 por ciento como mucho. Sería interesante para mí saber qué porcentajes se están debatiendo.

Patijn
El Sr. Holm comprenderá que en estos momentos está pidiendo demasiado al Presidente en ejercicio del Consejo. Quisiera proponerle que espere a que se presente el informe de los directores de asuntos monetarios a los ministros de Finanzas y asimismo que espere a ver qué conclusiones extraen los ministros de Finanzas de este informe de los directores de asuntos monetarios.

El Presidente
Pregunta nº 11 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-1046/96):
Asunto: Amenazas de la Sra. Çiller contra un Estado miembro
Según despachos enviados desde Ankara por todas las agencias de noticias, la ministra de Asuntos Exteriores de Turquía, Sra. Çiller, a su vuelta del Consejo Europeo de Dublín, realizó en el aeropuerto de la capital turca la siguiente declaración:
»Si Europa no acepta estrechar la mano que le tendemos en señal de paz y Turquía se queda fuera, Grecia deberá inquietarse verdaderamente».
¿Puede indicar el Consejo cómo piensa reaccionar ante esta amenaza proferida directamente contra un Estado miembro de la UE, algo que entra en total contradicción con el espíritu de la Declaración de los Quince de julio de 1996?

Patijn
El Consejo concede mucha importancia al desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con Turquía, tanto en el ámbito económico como en el político. Sin embargo, en algunas cuestiones, las relaciones entre la Unión Europea y Turquía siguen esperando una solución. Después del Consejo del 15 de julio de 1996, la Presidencia seguirá adelante con sus intentos de desarrollar el diálogo y la cooperación con Turquía, a fin de contribuir a encontrar soluciones para las cuestiones pendientes.

Kaklamanis
Señor Presidente, agradezco la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio. Sin embargo, quisiera decirle lo siguiente. Yo soy de los que apoyan la orientación europea de Turquía, hasta el punto de que afirmo al representante del Consejo que estoy a favor de la plena incorporación de Turquía a la Unión Europea, pero bajo una condición: que Turquía acepte los principios de la Unión Europea en materia de democracia, derechos humanos y dignidad humana, así como los requisitos económicos que la Unión Europea exige a todos los Estados que aspiran a ser miembros de la familia europea.
Sin embargo, mi pregunta, señor Presidente en ejercicio, no ha sido contestada realmente. Por lo tanto le pregunto: ¿Es válida la Declaración de los Quince de julio de 1996? Y si es válida, señor representante del Consejo, ¿hasta cuándo esperarán a que les conteste la Sra. Çiller si la acepta o no? En caso de que no conteste (visto que ya han pasado 8 meses), señor representante del Consejo, ¿cómo tiene intención de reaccionar el Consejo? Y una última pregunta en relación con las recientes declaraciones de la Sra. Çiller: ¿Cuál es la posición del Consejo con respecto a las declaraciones de la Sra. Çiller, según las cuales en caso de que la Unión Europea no continúe las negociaciones para el ingreso de Turquía en la Unión Europea, Turquía no permitirá nunca el ingreso de Chipre en la Unión Europea?

Patijn
La declaración del 15 de julio de 1996 no guardaba relación con la entrada de Turquía en la Unión Europea, sino con la puesta en marcha de la Unión aduanera con Turquía, y de eso se trata. Creo que todavía no se han cumplido todas las condiciones y pienso que es muy necesario que el Consejo prosiga su diálogo con Turquía para lograr un acuerdo completo sobre las condiciones incluidas en la declaración de 1996 para que con ello la Unión aduanera pueda entrar en vigor cuanto antes, en lo que respecta al Consejo.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 12 no se formula.
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 13 y 14 se contestarán simultáneamente.
Pregunta 13 formulada por Thomas Megahy (H-0005/97):
Asunto: Edad máxima en la contratación de personal para las instalaciones de la Unión Europea: anuncios en Irlanda
¿Qué medidas está adoptando el Consejo para convocar sus concursos de selección de personal en Irlanda después de haberse promulgado el «Employment Equality Bill 1996» (Ley de igualdad en el empleo de 1996), que prohíbe la discriminación por razones de edad en los anuncios de empleo? Pregunta formulada por Brian Crowley (H-0097/97):
Asunto: Discriminación en los límites de edad
¿No considera el Consejo que el establecimiento de unos límites máximos de edad para los futuros solicitantes de empleo en las Instituciones europeas discrimina a una gran parte de la población activa?
¿Piensa el Consejo tomar medidas inmediatas para suprimir el límite máximo de 35 años de edad para los candidatos a puestos administrativos de las Instituciones europeas
Patijn
Respondo a las preguntas de sus Señorías Megahy y Crowley. Permítanme contestarles conjuntamente, como han indicado ustedes. El procedimiento de contratación de nuevos funcionarios de la Unión Europea está regulado por el Estatuto de los funcionarios de la Comunidades Europeas, y por lo tanto exclusivamente por el Derecho comunitario. Esto garantiza un trato igual en todos los Estados miembros. El procedimiento para contratar a través de un estudio comparativo se describe en el artículo 29 y el Anexo III. Según el punto g del artículo 1 del anexo III, el anuncio del estudio comparativo indica -si hace faltaun límite de edad, que puede adaptarse para tener en cuenta situaciones especiales. De esta manera, en la práctica se aumenta el límite de edad en determinados casos, por ejemplo un aumento de cinco años como máximo para tener en cuenta la educación de los niños que todavía no están en edad escolar o un aumento en caso de servicio militar o minusvalía. Asimismo es posible adaptar el límite de edad para tener en cuenta el mercado laboral en algunos sectores. Desde hace dos años, las instituciones y los órganos comunitarios, entre ellos el Consejo, han decidido racionalizar sus métodos de contratación y se han comprometido a contratar a los funcionarios a través de anuncios que tienen relación con varias instituciones, salvo que una determinada institución tenga necesidades específicas. Asimismo, por razones presupuestarias y por razones relacionadas con determinadas exigencias de calidad, y me remito al artículo 27 del Estatuto, han decidido manejar en general el límite de edad de 35 años para acceder al estudio comparativo para las categorías iniciales. Y las categorías iniciales son D4, D3, C5, A8 y A7. Las razones presupuestarias guardan sobre todo relación con el hecho de que el período de cotización para el plan de pensiones es de 35 años. Me remito ahora al artículo 77, segundo párrafo del Estatuto. En lo que respecta a las exigencias de calidad incluidas en el artículo 27 del Estatuto, se constata que el límite de edad de 35 años permite contratar a funcionarios que, como exige el Estatuto, cumplen las máximas exigencias de aptitud y capacidad. Para el acceso a las categorías intermedias, y me refiero en especial a las categorías D1, C3, C1, B3, B1 y A5, el límite general de edad es de 50 años. Por último, quiero recalcar que, de acuerdo con el artículo 27, segundo párrafo del Estatuto, al elegir a los funcionarios no se establece ninguna distinción por motivos de raza, creencia ni sexo.

Megahy
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su muy completa respuesta sobre los temas generales.
Podría decir que no estoy en absoluto convencido de que haya dado ningún buen argumento a favor de que se discrimine a la gente más mayor limitando la edad a los 35 años. Espero que cuando finalice la CIG -y la Presidencia neerlandesa desempeñará en ello un importante papel- haya una cláusula antidiscriminación que imposibilite esto en el futuro.
Mi pregunta concreta se relacionaba con la situación que parece estar surgiendo ahora en un Estado miembro -y felicito a Irlanda por dar este paso-, que ha prohibido los anuncios que impliquen una discriminación por motivo de la edad. Lo que quiero saber es lo siguiente: si el Consejo contrata personal en Irlanda -y debería poder hacerlo para los puestos de las instituciones europeas- ¿ha pensado en cómo va a poder contratar personal allí si el Gobierno irlandés dice que no va a permitir la discriminación por razones de edad en los anuncios de los periódicos? ¿Cómo va el Consejo a atraer entonces irlandeses a dichos puestos?
¿No cree el Presidente en ejercicio que sería mejor seguir el ejemplo irlandés y aplicarlo en toda la Comunidad, ya que entonces no habría problemas?

Patijn
Me parece prematuro pronunciarse sobre la cuestión de qué resultados tendrá exactamente la Conferencia Intergubernamental en cuanto a la prohibición de la discriminación. Su pregunta sobre el derecho irlandés y las prácticas de contratación irlandesas es clara para mí. Sólo puedo decirle que aquí hablamos de derecho comunitario, que es aplicable en sentido general, y que el derecho irlandés es aplicable en el territorio de la República Irlandesa. El derecho irlandés no es específicamente aplicable a la contratación de funcionarios de la Unión Europea.

Crowley
También yo deseo dar las gracias al Presidente en ejercicio por su muy completa respuesta y también por su muy completa no-respuesta, porque aunque el Sr. Megahy y yo hemos presentando dos preguntas distintas desde quizá dos ángulos diferentes, el resultado que deseamos es el mismo.
No estoy seguro de estar de acuerdo con el Presidente en ejercicio cuando dice que es prematuro hablar sobre cuál será el resultado de la CIG, porque este Parlamento ha formulado ya varias propuestas acerca de un artículo antidiscriminación que se incluya en el nuevo Tratado. En el proyecto de Tratado elaborado el año pasado por la Presidencia irlandesa durante su mandato había también un artículo dedicado específicamente a la antidiscriminación, en el que se mencionaba en concreto la edad.
Me pregunto si el Presidente en ejercicio está al corriente de la encuesta demográfica que ha llevado a cabo la Comisión en la Unión Europea, que muestra que la población está envejeciendo y que si queremos cubrir puestos dentro de las instituciones de la Unión Europea, hará falta una modificación con respecto al límite de edad.
Me alegra ver que para las escalas superiores el límite de edad es de 50 años, pero quizá haría que poder contratar con un mismo límite de edad en todas las escalas y esto es algo que debiéramos estudiar inmediatamente.

Patijn
Doy las gracias a su Señoría por su observación sobre la propuesta de la Presidencia irlandesa para la CIG, pero mi respuesta sigue siendo que es demasiado pronto para especular sobre la cuestión de qué resultados dará la CIG en materia de antidiscriminación. Comprendo sus argumentos demográficos, pero a cambio puedo decirle que la normativa comunitaria no está esculpida para siempre en piedra y si el mercado laboral y la situación demográfica lo exigen, podemos reconsiderarla. En estos momentos no tengo motivos para pedir a las instituciones de la Unión que sigan una política de contratación diferente de la actual.

Smith
Querría dar la gracias al Presidente en ejercicio por la completa respuesta. Estoy de acuerdo con mi compañero, el Sr. Megahy, en que la lógica que hay detrás de esto es un poco difícil de entender. Ha dicho que por razones presupuestarias, y eso tiene que ver con los derechos de pensión. Seguro que tiene que haber personas mayores de 35 años que aporten una pensión y ¿es que eso no cuenta también? Supongo que no estará diciendo que nadie que esté por encima de los 35 puede ser suficientemente competente para ocupar un puesto en una de las instituciones de la Unión Europea.
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si no está dispuesto a reexaminar la situación a la luz de la evolución demográfica de la que ha hablado el Sr. Crowley. Quizá esté dispuesto a reexaminarla, dado que la lógica subyacente, tanto en lo referente a las pensiones como a la competencia, no es suficiente y merece la pena que se reexamine ya sólo por el tema de la discriminación.

Patijn
A decir verdad, la política de personal de las instituciones europeas no es mi especialidad. No tengo conocimiento de que la actual premisa para la contratación haya creado problema alguno en los últimos años para que las instituciones europeas mantengan su plantilla en un nivel cualitativamente alto. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no veo razón alguna para emprender iniciativas con objeto de cambiar la práctica o la normativa a este respecto. Para mayor abundancia he de decir que esta es una cuestión en que la Comisión Europea tiene el derecho de iniciativa, y si la Comisión Europea cree que el mercado laboral ya no responde a la normativa vigente, o que hay graves tensiones en lo referente a los principios de no discriminación, pienso que la Comisión Europea no dudará en ejercer su derecho de iniciativa.

Seal
Me alegro mucho de que estas normas no estén grabadas en piedra y puedan cambiarse. Es importante insistir en el aumento de la longevidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que la gente vive más tiempo y tiene que trabajar más tiempo, la aparente necesidad de personas con más experiencia y la excelente decisión que ha adoptado el Gobierno irlandés, ¿no podría el Consejo, sin esperar a la CIG, examinar ahora la situación y presentar propuestas destinadas a abolir la discriminación por razones de la edad en todo el conjunto de la Unión Europea?

Patijn
Trasmitiré las preocupaciones de su Señoría a la Comisión y al Consejo.

El Presidente
Pregunta nº 15 formulada por Ioannis Theonas (H-0007/97):
Asunto: Amenazas de Turquía por la instalación de misiles en Chipre
Veintitrés años después de la invasión de Chipre y de la continuada ocupación de un 40 % de su territorio por tropas turcas, los Estados Unidos y los Estados miembros de la UE, ignorando la más que patente superioridad de Turquía en armamento, han sugerido a la República de Chipre que no compre un sistema de misiles de defensa ruso, alegando que de ese modo se alteraría el equilibrio de fuerzas en una de las regiones más militarizadas del mundo.
¿Considera el Consejo que el refuerzo de su capacidad de defensa constituye un derecho indiscutible de la República de Chipre? En caso afirmativo, ¿qué medidas se propone adoptar para hacer frente a las amenazas turcas contra Chipre en caso de que se instale el sistema antiaéreo de defensa? ¿Aprueba la propuesta de desmilitarización de la isla bajo garantías internacionales, junto con la retirada de las tropas turcas de ocupación y de los colonos, en el marco de una solución justa y viable de la cuestión de Chipre con arreglo a las decisiones de las Naciones Unidas? ¿Está incluido este objetivo en las iniciativas de la UE para la región?

Patijn
El Sr. Theonas plantea una cuestión importante. El Consejo hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que adopten una actitud reservada y no emprendan acciones que pudieran obstaculizar o dificultar las conversaciones que se celebrarán en el transcurso del presente año bajo los auspicios de la comunidad internacional. Los recientes acontecimientos de Chipre han vuelto a demostrar que, en el marco de la Naciones Unidas y de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es preciso ocuparse urgentemente de las iniciativas encaminadas a lograr una solución política general para Chipre sobre la base de una federación de dos territorios con dos comunidades. En este contexto, el Consejo es partidario de la desmilitarización de la isla. El Consejo reitera su pleno apoyo al Secretario General de las Naciones Unidas y a su representante especial para Chipre.
El próximo 25 de febrero se celebrará un Consejo de Asociación con Chipre. En dicha ocasión habrá un intercambio de ideas sobre la situación política de la cuenca oriental del Mediterráneo, y por supuesto también sobre la propia Chipre. La Unión Europea ha instado repetidas veces a Turquía a que -de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU- contribuya a una solución para Chipre.
El embajador Heaslip, representante de la Presidencia para Chipre, colaborará estrechamente con todos los implicados y emprenderá también las iniciativas necesarias.
En cuanto al fomento de la seguridad en el marco de las iniciativas de la Unión Europea para la región, el Consejo remite al proceso euromediterráneo en cuyo marco, y como parte de nuestra cooperación en el ámbito de la política y la seguridad, se está trabajado actualmente para acordar medidas que inspiren confianza.

Theonas
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Presidente en ejercicio por su respuesta. No obstante, quisiera expresar mi seria preocupación por el hecho de que, hasta la fecha la Unión Europea evita condenar las amenazas de Turquía contra Chipre.
Evidentemente, apoyo la solución política del problema de Chipre. En ningún caso aspiro a ningún tipo de solución militar del conflicto. No obstante, considero que el refuerzo de la defensa de un país es su obligación y, naturalmente, la preparación para la defensa preocupa al que planea un ataque. A no ser que alguien opine que no se trata de misiles de defensa. Sin embargo, por lo que se ha dicho y por lo que yo sé se trata de armamento defensivo, mientras que Chipre ha sido reiteradamente objeto de amenazas por parte de Turquía, incluso con respecto a su derecho a ingresar en la Unión Europea -un tema que no ha sido abordado por el Presidente en ejercicio-. Turquía ha amenazado con impedir su ingreso en caso de que no se atiendan sus propias demandas.

Patijn
Comprendo la preocupación del su Señoría. En sus contactos regulares con todos los implicados, incluidos el Gobierno de Turquía y el Gobierno de Chipre, el Consejo hará todo lo posible por lograr una desescalada de la tensión política. Aunque he trabajado durante años para el Ministerio de Defensa, quisiera proponer que no se iniciara ningún debate sobre la necesidad estricta de adquirir misiles con un alcance de 150 km como defensa legítima frente a las amenazas en Chipre.

El Presidente
Pregunta nº 16 formulada por Alfred Lomas (H-0008/97):
Asunto: Rehenes en Cachemira
Teniendo en cuenta las rigurosas condiciones del invierno en Cachemira, ¿podría presionar el Consejo al Gobierno indio para que renueve sus esfuerzos en favor de la liberación de los rehenes?

Patijn
Respondiendo a la pregunta del Sr. Lomas puedo decir lo siguiente. Desde el inicio del caso de secuestro en Cachemira, la Unión Europea ha emprendido diversos pasos para pedir que no se escatimen esfuerzos por llevar a buen fin esta crisis. Por desgracia, en este ámbito no se han logrado progresos y las noticias que han llegado hasta nosotros en los últimos meses sobre los rehenes son escasas y contradictorias. La Presidencia se esforzará al máximo por aliviar la dramática situación de los rehenes y seguirá planteando este problema ante los organismos competentes de los países implicados.

Lomas
Doy las gracias al Consejo por su respuesta y por los esfuerzos que ha hecho en el pasado. Pero las cosas parecen haber estado bastante tranquilas últimamente, aunque la gente de la propia Cachemira está sumamente preocupada y ha estado trabajando, sobre todo el JKLF, para conseguir su liberación. Realmente es un problema del Gobierno indio, que, después de todo, controla Cachemira. Por eso en mi pregunta pido que se presione al Gobierno indio.
Asimismo, ¿no está de acuerdo el Consejo en que la verdadera solución para detener todo este tipo de actos -y ha habido muchas muertes en Cachemira a lo largo de los años- sería conceder al pueblo su autodeterminación?

Patijn
Para empezar con la última pregunta, pienso que la solución de la cuestión de Cachemira ha de buscarse en unas negociaciones directas entre los gobiernos implicados. La Unión Europea no debe ser la primera en emitir un juicio sobre si ello desembocará en la autodeterminación u otra cosa. He tomado buena nota de las preocupaciones de su Señoría en cuanto al caso de secuestro. Consideraré si ello es motivo para redoblar los esfuerzos.

Truscott
Querría dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta al Sr. Lomas. Pese a las medidas que ha adoptado el Consejo en el pasado, querría saber qué otras medidas se propone adoptar en las próximas semanas para hacer frente al problema de los rehenes que se está prolongando durante mucho tiempo, causando gran cantidad de sufrimiento a las familias afectadas, y también qué medidas políticas va a adoptar para dar solución a la situación de Cachemira, las cuales debieran basarse en el principio de la autodeterminación. Eso es lo que quiere la propia población, por no hablar de los gobiernos implicados.
Este es un tema que interesa a millones de habitantes del Reino Unido y, desde luego, a varios miles de mi propia circunscripción que tienen vínculos con Cachemira.

Patijn
Doy las gracias a su Señoría por el modo categórico en que ha expresado sus preocupaciones. Quisiera borrar expresamente la idea de que en el marco del Consejo no se presta atención a Cachemira. Se mantiene una consulta muy regular, concretamente en el marco del comité de directores políticos, entre otras cosas sobre la cuestión de Cachemira. Buscamos cuidadosamente buenos asideros, bien a través de medidas, bien -quizás en el futuro- enviando a una troika, no sólo para mantenernos al corriente de la situación de Cachemira, sino también para hablar a fondo con las autoridades indias y locales sobre cuestiones como la acción de secuestro, a la que se han referido sus Señorías al formular la pregunta.

El Presidente
Pregunta nº 17 formulada por Sir Jack Stewart-Clark (H-0015/97):
Asunto: El papel del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías en el programa de trabajo de la Presidencia de los Países Bajos
En su presentación de las acciones que van a emprenderse, la Presidencia de los Países Bajos hace un llamamiento a la elaboración de un programa plurianual para el intercambio de conocimientos entre los Estados miembros sobre métodos de investigación, campañas de información pública e instalaciones para grupos objetivo específicos. Añade que para ello es esencial la cooperación entre los profesionales de la sanidad, las autoridades judiciales y la policía.
Es sorprendente que no se haya mencionado como tal el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías.
¿Puede confirmar el Consejo si se va a utilizar en la mayor medida posible el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías para garantizar una adecuada coordinación entre los distintos órganos interesados?

Patijn
A raíz de la pregunta del Sr. Stewart-Clark puedo decir lo siguiente. El Consejo Europeo de Dublín escuchó un informe de progresión sobre la lucha contra las drogas, que incluía diversos puntos de atención específicos para la acción en 1997. Uno de ellos tiene que ver con la adjudicación de un papel más importante a la investigación en la lucha contra las drogas. La investigación ocupa un lugar importante en el programa de acción comunitaria recientemente aceptado en materia de prevención de la toxicomanía dentro del marco de acción en el ámbito de la salud pública. Uno de los objetivos del programa es mejorar los conocimientos sobre las drogas, la toxicomania y sus consecuencias, así como los conocimientos sobre medios y métodos de prevención. En este sentido se adjudica un papel importante al Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, el OEDT. La Comisión tendrá en cuenta las actividades del OEDT a la hora de aprobar las acciones en el marco del programa de acción comunitaria, a fin de que no se produzcan duplicidades innecesarias.

Stewart-Clark, Sir Jack
Entiendo lo que dice, pero ha costado mucho dinero crear este observatorio en Lisboa. Es absolutamente esencial. Hay una serie de centros de investigación sobre la droga en cada uno de los países que se están conectando al Observatorio europeo de la droga. Es absolutamente esencial que éste reciba el apoyo del Consejo y de los gobiernos nacionales.
La razón por la que formulo la pregunta, Señor Presidente en ejercicio, es que usted habló del intercambio de información sobre varios temas relacionados con la droga. El observatorio, de hecho, no se mencionó en absoluto.
Así que mi pregunta es realmente la siguiente: en primer lugar, aunque ya ha respondido a ello en parte, ¿respalda totalmente el Consejo el observatorio? y, en segundo lugar, ¿va a asegurarse de que los centros nacionales de investigación sobre la droga reciban un absoluto apoyo y de que la calidad de la información procedente de los mismos sea lo mejor posible?

Patijn
A la primera pregunta categórica de su Señoría puedo contestar claramente que sí. Pensamos que, dada la magnitud y la gravedad de la problemática a que nos enfrentamos en Europa Occidental en la cuestión de la toxicomanía y el narcotráfico, el Observatorio merece todo nuestro apoyo. Asimismo hay otra razón, y esto es algo que desempeña un papel a la luz del enfoque neerlandés de la problemática de las drogas. Pensamos que la creciente preocupación por la prevención y por evitar que las personas entren en contacto con el mundo de las drogas y el mundo de la adicción es una de las claves más importantes, junto a la lucha contra la criminalidad y junto a la represión, que es uno de los instrumentos más importantes para poder controlar mejor este terrible problema que nos amenaza desde hace años y que también nos amenazará en el futuro. Comparto la idea subyacente de su Señoría de que, si se quiere poder controlar un problema complejo, es preciso observarlo, es preciso saber qué hay que medir y sobre todo disponer de datos fiables e idénticos sobre las diversas formas en que se manifiesta este problema y cómo se manifiesta en los diversos Estados miembros. Por lo tanto, apoyo plenamente el enfoque por el que ha optado su Señoría. Con toda seguridad lo señalaré a la atención del ministro neerlandés de Salud Pública, que por cierto es un experto en la cuestión de prevención de drogas.

El Presidente
Pregunta nº 18 formulada por Niels Sindal (H-0018/97):
Asunto: Ratificación de acuerdos europeos
Han pasado dos años desde que se firmaron los acuerdos europeos con Estonia, Letonia y Lituania. A pesar de ello, una serie de países (Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido) todavía no han ratificado los acuerdos. ¿Qué se propone hacer la Presidencia del Consejo para asegurar la ratificación de los acuerdos por parte de dichos países?

Patijn
En relación con la pregunta del Sr. Sindal quiero decir lo siguiente. Los acuerdos de asociación europeos con Estonia, Letonia y Lituania se firmaron el 12 de junio de 1995, es decir, hace poco más de año y medio. Desde entonces, en nueve Estados miembros ha concluido el procedimiento de ratificación. Como sabe su Señoría, cada parlamento tiene sus propios procedimientos y prácticas. No soy quién para inmiscuirme en ello o hacer comentarios al respecto. Por otra parte, no hay que dar la impresión de que los procedimientos de ratificación de los Acuerdos Europa con los tres Estados bálticos no progresan suficientemente. Las ratificaciones en la Europea Central y Oriental también han exigido cierto tiempo, concretamente dos años. Por cierto que para otros importantes acuerdos con Rusia y Ucrania, firmados en junio de 1994, los procedimientos siguen en marcha. Sí quiero recalcar que la Presidencia aprovecha cualquier ocasión llamar la atención de los Estados miembros de que es preciso agilizar los procedimientos de ratificación no concluidos de para los diversos acuerdos, entre ellos también el acuerdos con los Estados bálticos. La Presidencia tiene por ello plena confianza en que los Estados miembros que todavía no han concluido el procedimiento de ratificación de los acuerdos con los Estados bálticos harán lo necesario para lograrlo rápidamente.

Sindal
Gracias por la respuesta. Me alegra que el Consejo no vea ningún problema. No obstante, debe comprender que a los países aspirantes Estonia, Letonia y Lituania les preocupa que la Unión no haya demostrado el mismo entusiasmo que en el caso de otros países aspirantes, como Polonia, Hungría y la República Checa. Hemos decidido dar el mismo trato a todas las solicitudes. Mi pregunta es, por lo tanto: ¿Puede el Consejo confirmar que la Comisión no tiene favoritos a la hora de preparar la admisión de nuevos Estados miembros? Quiero decirle que ésta es la opinión que me ha sido transmitida en calidad de antiguo presidente de la Delegación para las Relaciones con Estonia, Letonia y Lituania. Espero que usted lo pueda aclarar.

Patijn
Puedo confirmarle que el Consejo no tiene favoritos entre los once países candidatos para ser miembros de la Unión Europea. La afiliación tendría que basarse, en la medida de lo posible, en la aplicación objetiva de los criterios del Consejo Europeo de Copenhague de 1992.

Cars
Lo que hace que estas ratificaciones sean urgentes es la situación en que nos encontramos a diversos niveles. Están celebrándose las negociaciones a nivel gubernamental, y medio año después de su conclusión han de iniciarse las negociaciones para la adhesión de los países bálticos. Es evidente que causa intranquilidad la lentitud con que se llevan estos trabajos. Usted acaba de decir, señor Ministro, que es su intención que siempre se debatan estos asuntos. Supongo que es lo que se hace en las reuniones del Consejo de Ministros, y que su Señoría recomienda a sus colegas de los gobiernos de aquellos países que aún no los han ratificado que reiteren a sus parlamentos respectivos la urgencia de que aborden estas cuestiones. Si se llevan a cabo estas acciones, no habrá en mi opinión motivo para que exista preocupación en el Báltico ni tampoco en esta Cámara.

Patijn
A mi entender no hay motivo de preocupación en los Estados bálticos, tampoco sobre el proceso de una mayor concreción de la estrategia de adhesión que se iniciará en el transcurso del presente año, después de que la Comisión Europea haya emitido su dictamen sobre el modo de negociar. Si los diputados al Parlamento Europeo se preocupan por el lento procedimiento que aplican algunos parlamentos nacionales para llegar a la ratificación, quisiera pedir a quienes conozcan a parlamentarios nacionales que no impulsan adecuadamente los trámites, que se pongan en contacto con ellos y les metan prisa.

El Presidente
Pregunta nº 19 formulada por Jan Andersson (H-0020/97):
Asunto: Iniciativas contra la demanda de drogas
El consumo de drogas es de una magnitud considerable en Europa. Aumenta el comercio y la utilización de drogas sintéticas. A pesar de que los países de la UE tienen puntos de vista distintos sobre cómo luchar contra las drogas, es hora de que la UE elabore una estrategia para luchar contra el aumento del consumo. Esta estrategia debe incluir medidas que permitan luchar tanto contra la oferta como contra la demanda. El programa de la Presidencia neerlandesa contiene ideas generales sobre la lucha contra la droga. Se trata de luchar contra el comercio de drogas e intercambiar experiencias sobre programas preventivos. Aunque considero que ésta es una posición positiva, no se proponen medidas para limitar la demanda.
¿Qué medidas concretas se propone adoptar la Presidencia neerlandesa para reducir la demanda de drogas?

Patijn
Quisiera hacer observar a su Señoría que en la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 1996, se aprobó un programa de acción comunitario en materia de prevención de la toxicomanía en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública. Dicho programa engloba una serie de medidas de estímulo y apoyo que tienen por objeto ayudar a realizar este objetivo. El programa en cuestión se centra a grandes rasgos en los dos siguientes ámbitos de acción. En primer lugar: acciones en el ámbito de los datos y la evaluación, siendo su objetivo la mejora de los conocimientos sobre las drogas, la toxicomanía y sus consecuencias, así como sobre los medios y métodos de prevención de la toxicomanía y de los riesgos vinculados a ella. Y esto se realiza en concreto utilizando los datos del Observatorio Europeo para las drogas y la toxicomanía, del que hemos hablado hace un momento, y las posibilidades ofrecidas por los instrumentos de programas comunitarios existentes.
El segundo ámbito de acción tiene que ver con acciones en el ámbito de la información, la educación y la formación, siendo el objetivo contribuir a mejorar la información, la educación y la formación a fin de evitar los riesgos vinculados a la toxicomanía. Concretamente, en el ámbito de los jóvenes en su entorno, hogar, escuela, universidad, ocio y grupos especialmente vulnerables, inclusive los ex toxicómanos. La Comisión se encargará de elaborar más este programa de acción.
Tal y como ha indicado con razón su Señoría, la Presidencia neerlandesa se concentrará asimismo en el intercambio de experiencias con la prevención y el consumo de drogas. Además se investigará qué elementos de la acción común -sobre drogas- aprobada en diciembre de 1996 por el Consejo, merecen ser puestos en práctica en el ámbito de la prevención de la toxicomanía. Quisiera señalar a sus Señorías, no sólo al Sr. Andersson, sino también a otros que al igual que yo se preocupan mucho por este tema, que la Presidencia neerlandesa dará máxima prioridad a toda la vertiente de estudio y prevención de la problemática de las drogas, tanto como a la represión y el aspecto judicial de la problemática de las drogas.

Andersson
Le agradezco su respuesta al Consejo. El motivo de mi pregunta es que en general existen dos modos de luchar contra el consumo de droga, en parte ocupándose de la oferta, en parte de la demanda. Hay que abordar ambos aspectos. En lo relativo a la oferta, el comercio y la fabricación de drogas sintéticas, estamos totalmente de acuerdo. No obstante, sabemos que, independientemente de la cantidad de fábricas o traficantes que podamos intervenir, se seguirán consumiendo estupefacientes mientras siga habiendo demanda. Por eso pienso que es más importante actuar sobre la demanda, y que lo más importante es hacer que los jóvenes ni siquiera lleguen a probar las drogas.
Tengo dos preguntas, una en la dirección apuntada, y otra con motivo de la respuesta al Sr. Stewar-Clark. Primera: ¿Cree usted también que las acciones más importantes en el ámbito de los narcóticos deben centrarse en impedir que los jóvenes lleguen a probarlos? Segunda: ¿En el Este de Europa se están fabricando anfetaminas y otras drogas sintéticas. ¿No debería la UE «hacer limpieza en su propia casa» teniendo en cuenta sus frecuentes contactos futuros con los países de la Europa oriental?

Patijn
Estoy de acuerdo con el análisis básico del Sr. Andersson, que distingue claramente entre el lado de la oferta y el de la demanda. Pienso que dentro de la Unión Europea hay una gran convergencia de opiniones y también de criterios políticos sobre la lucha contra el lado de la oferta. Es sobre todo el lado represivo, el combate contra la criminalidad internacional organizada, y en este sentido el Sr. Andersson tiene razón al llamar la atención sobre las relaciones con terceros países. Sabemos que debido a los rápidos procesos de cambio social que experimentan algunos países de la Europa oriental se corren riesgos especiales en cuanto al tránsito y la producción de drogas duras, y puedo asegurarles que en el marco de las actividades del Consejo se presta atención a esta cuestión. Quiero señalar que el Consejo Europeo de Dublín decidió crear un grupo de altos representantes que formulen sugerencias a corto plazo para luchar contra la criminalidad organizada, y se trata concretamente del tráfico de drogas a gran y a mediana escala, y que se estudiarán detenidamente las relaciones con terceros países como cuestión particular.
En lo que respecta a la limitación de las preguntas, porque al fin y al cabo se habla de la gran diferenciación cultural por países y también del enfoque diferente, pienso que necesitamos conocer cada vez mejor nuestras experiencias mutuas, cosa que ya he abordado en parte, en relación con las preguntas del Sr. Stewart-Clark. En cuanto a la cuestión de la cooperación entre los Estados miembros, entre los especialistas de los Estados miembros, coordinada por el Observatorio, todavía queda un amplio margen para intensificar dicha cooperación. A nuestro entender, en los Países Bajos la prevención ha sido una clave importante, incluso para analizar de cerca y controlar las consecuencias sociales y las consecuencias para toda la juventud, y puedo asegurarles que la atención de esta Presidencia a esta cuestión no disminuirá.

El Presidente
Pregunta nº 20 formulada por Nuala Ahern (H-0022/97):
Asunto: Notificación previa del transporte por mar de materiales radiactivos a los países por los que vaya a pasar el cargamento
Teniendo en cuenta que el Gobierno francés ha aceptado claramente que, como firmante del Convenio de Barcelona, es su obligación informar previamente del transporte de materiales tóxicos y radiactivos procedentes de los puertos franceses a los países por los que vaya a pasar el cargamento, ¿piensa el Consejo que Francia y el Reino Unido están obligados a informar previamente a los países por los que vayan a pasar los cargamentos nucleares enviados por mar desde sus plantas reprocesadoras de La Hague y Sellafield respectivamente?

Patijn
Con respecto a la pregunta de la Sra. Ahern sobre el transporte de residuos radiactivos, conviene destacar varias normas. Mencionaré en primer lugar la legislación comunitaria, concretamente la Directiva 92/3/Euratom, de 3 de febrero de 1992, relacionada con la vigilancia y el control del transporte de residuos radiactivos entre Estados miembros, y hacia y desde la Comunidad. En segundo lugar, las reglas para el transporte de materias radiactivas que se han formulado en el marco de la Organización Internacional de la Energía Atómica, y en tercer lugar, las reglas para el transporte marítimo, el llamado Código OMI, en materia de mercancías marítimas peligrosas.
Este conjunto de disposiciones legales y de derecho administrativo se aplican también al transporte de residuos radiactivos procedentes de instalaciones de reprocesamiento a las que se refiere su Señoría, concretamente las de La Hague y Sellafield.
Con respeto a la aplicación del Tratado de Barcelona, a la que hace referencia su Señoría en su pregunta, he de señalar que esta referencia carece de fundamento. Este Tratado se refiere a los transportes en el mar Mediterráneo, mientras que los transportes de residuos radiactivos reprocesados desde La Hague eligen una ruta totalmente diferente, pues se dirigen a Japón y no pasan por el Mediterráneo. Al mismo tiempo, deseo señalar a su Señoría que no es tarea del Consejo garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por los Estados miembros en un marco que no es el de la Unión Europea. Se trata de una responsabilidad individual de los Estados miembros, por lo menos en la medida en que no atañe a la legislación comunitaria.

Ahern
Actualmente hay un cargamento de material nuclear de La Hague, Francia, recorriendo el planeta entre Francia y Japón. ¿Puede confirmar el Consejo que se ha dado notificación a los países del recorrido? Usted dice que no es algo que al Consejo le corresponda controlar, pero, ¿quién lo está controlando? ¿Acaso el Euratom? ¿Es obligación del propio Estado miembro informar a otros países? ¿Se ha informado a los otros países? ¿Quién ha informado a quién y quién quiere ser informado? ¿Están dando el consentimiento previo los países del recorrido?
Sé que se ha informado al Gobierno australiano. Lo ha reconocido públicamente; pero no estamos del todo seguros de lo que ocurre de hecho dentro de la Unión y en el espacio que hay desde que se dejan las aguas de la Unión Europea y se entra en las australianas. ¿Tienen también los países del recorrido el derecho a ser informados, y por quién? Quién da esta información aparte de Francia y el Reino Unido?

Patijn
Comprendo las preocupaciones de la Sra. Ahern sobre estas cuestiones tan delicadas, pero quiero señalarle que este es un debate entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento de la Unión Europea, por tanto aquí sólo puedo hablar de obligaciones derivadas de la legislación de la Unión Europea, y ello afecta a la legislación comunitaria Euratom, pero esta contiene algunas disposiciones especiales que también son controladas por la Comisión Europea. Usted se refiere concretamente a una notificación de terceros países; estos no entran en la legislación ni en la normativa comunitaria, es decir, los órganos de la Unión Europea no desempeñan ningún papel allí, y por consiguiente, cuando pregunta usted cuáles son las obligaciones que se aplican a este tipo de transportes, he de remitirle a las obligaciones establecidas en el marco de la Organización Internacional de la Energía Atómica y la IMCO, la Organización Internacional de Cooperación Marítima, en la que los Estados miembros individuales contraen la obligación -que en estos momentos no recuerdo, espero que no me lo tome a mal- de cumplir los compromisos del tratado respecto de terceros países en esta cuestión. No es responsabilidad de la Unión Europea.

El Presidente
Señora Ahern, no tiene derecho reglamentario a hacer una nueva intervención. Tendría mucho gusto en hacerlo, pero no puedo concederle el uso de la palabra.

Posselt
Señor Presidente, hemos llegado al final del turno de preguntas y yo quisiera expresar mi protesta por la respuesta contraria a los Tratados que me ha dado el señor Presidente del Consejo, puesto que ha apelado al principio de subsidiariedad y me ha remitido a Bonn en respuesta a mi pregunta relativa a los controles y la seguridad en las fronteras exteriores de la UE. No me ha aclarado, sin embargo, cómo puede conciliarse esto con el tercer pilar del Tratado de Maastricht, con la Europa sin fronteras interiores, y tampoco me ha aclarado cómo se espera que controle Bonn la frontera oriental de la UE, desde Finlandia hasta Grecia.

El Presidente
Señor Posselt, sabe usted que aún no hemos llegado al final del turno de preguntas y, por tanto, comprende perfectamente que su intervención no es reglamentaria.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 21 no se formula.
Pregunta nº 22 formulada por Alex Smith (H-0028/97):
Asunto: Plantas de reprocesamiento nuclear y leucemia
En el número del British Medical Journal correspondiente al 11 de enero de 1997 (volumen 314, páginas 101-106), se publicaba un artículo detallado sobre la frecuencia de casos de leucemia registrados entre los jóvenes que residen en las cercanías de la planta de reprocesamiento nuclear que explota COGEMA en La Hague, en la península de Contentin (Normandía).
Considerando los estudios efectuados con anterioridad por el profesor Gardner sobre los casos de cáncer registrados en los alrededores del complejo de reprocesamiento de Sellafield (Cumbria) y los altos niveles de leucemia observados en las cercanías de la planta nuclear de Dounreay (Escocia), ¿piensa el Consejo investigar (y revisar) las repercusiones en el ambiente y la salud de los ciudadanos europeos que entraña el funcionamiento continuado de dichas plantas de reprocesamiento en la Unión Europea?

Patijn
Su Señoría, el Sr. Smith, formula una pregunta sobre las fábricas de reprocesamiento. Siguiendo los pasos de mi predecesor, en su respuesta a una pregunta de su Señoría, quiero recalcar de nuevo que el Consejo concede mucha importancia a que se garantice un alto nivel de seguridad y salud en las actividades nucleares de la Unión Europea. En este sentido, le señalo el hecho de que recientemente el Consejo aprobó la Directiva 96/29/Euratom, donde se establecen las normas básicas para proteger la salud de la población, inclusive en relación con los trabajadores, frente a los peligros asociados a la radiación iónica. Esta directiva implica un refuerzo de las normas existentes. Aquí hay que tener en cuenta los datos científicos y técnicos más recientes.
Si la Comisión considera necesario hacer nuevas propuestas a su debido tiempo, en vista de los nuevos datos científicos internacionalmente reconocidos, el Consejo no dudará en examinarlas. La Comisión está encargada de seguir el desarrollo de la situación en este ámbito y comprobar si la investigación a la que hace referencia su Señoría tiene una base científica internacionalmente reconocida. Aparte de esto, no quiero restar importancia de antemano al hecho de que esta investigación sea llevada a cabo, según tengo entendido, por eminentes especialistas. Corresponde a la Comisión Europea emprender cualquier acción ulterior al respecto.

Smith
Doy las gracias por su respuesta al Presidente en ejercicio, detrás de quien me encuentro una vez más.
Esta semana hemos debatido un informe de una comisión temporal de investigación, en el que se critica no sólo a la Comisión sino también al Consejo por no haber actuado con suficiente celeridad en un tema de salud pública. Aquí tenemos otro peligro potencial para esta última y, en vista de la respuesta que acaba de dar el Presidente en ejercicio, me atrevo a decir que las cosas debieran tomarse más en serio. Le preguntaría si va a encargarse de pedir a la Comisión que analice la credibilidad de este estudio que se hizo en las Islas del Canal y ver si justifica algún nuevo examen o ajuste de los reglamentos que lo contemplan en este momento, sobre todo a la luz de las preocupaciones en materia de salud pública.

Patijn
Con motivo de la reiterada pregunta del Sr. Smith someteré directamente dicha investigación a la consideración de la Comisión Europea.

Ahern
Quisiera darle las gracias por las diversas respuestas que ha dado esta noche. Ha mencionado los reglamentos y directivas del Euratom varias veces, pero daría lo mismo que el Tratado Euratom fuera sobre el planeta Zorg en vista del control democrático que sobre él tenemos en esta Unión. Se tendría que haber revisado mucho antes e incorporado al Tratado de Maastricht o bien haberse deshecho de él completamente.
¿Puede usted confirmar que la presidencia neerlandesa tiene sobre la mesa enmiendas al Tratado Euratom en este momento, durante el proceso de la CIG, y que va a estudiar dichas enmiendas y/o iniciar una revisión del propio Tratado Euratom durante las negociaciones de la CIG?

Patijn
No estoy seguro de haber comprendido del todo el chiste de su Señoría. Si con ello sugiere que los responsables de la ejecución del Tratado Euratom se cruzan de brazos, lo niego. En segundo lugar, quiero decir que en estos momentos, en la Conferencia Intergubernamental, no se han hecho propuestas para modificar el Tratado Euratom.

El Presidente
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo.
El turno de preguntas queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.15 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Crédito al consumo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0345/96 de la Sra. Mosiek-Urbahn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0079 - C40243/96/0055 (COD)) que modifica la Directiva 87/102/CEE (modificada por la Directiva 90/88/CEE) relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo.-A4-0010/97 del Sr. Caccavale, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el informe de la Comisión (COM(95)0117 - C4-0185/95) sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo.
Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de directiva que modifica la Directiva relativa al crédito al consumo representa un pequeño pero importante progreso hacia una mayor protección del consumidor. El punto central de las modificaciones es la fijación con carácter vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea de un método común de cálculo del porcentaje anual de cargas financieras. Esto ofrecerá particulares ventajas para los consumidores, puesto que les permitirá comparar con mayor exactitud las ofertas de los servicios financieros.
La propuesta de la Comisión establece asimismo una armonización de la base de cálculo, que prevé que el cálculo del porcentaje anual de cargas financieras se lleve a cabo sobre la base del año de 365/366 días. Yo propongo, no obstante, en mi informe que el cálculo armonizado se realice sobre la base de un año de 365 días. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha suscrito esta propuesta con los votos favorables de mi Grupo político.
Esta aclaración es necesaria puesto que el texto de la Comisión se presta a confusión y deja abierta asimismo la posibilidad de un cálculo basado en el número real de días. Este último método tendría, sin embargo, desventajas para los consumidores. Sería necesario indicar en cada caso el valor real y el período de tiempo real considerado, con el resultado de que este año, por ejemplo, febrero tiene sólo 28 días, mientras que enero tiene 31 días. Lo cual significaría que el porcentaje anual de cargas financieras se modificaría según la duración de los meses aunque el tipo de interés nominal fuera el mismo. Esto limitaría la posibilidad de establecer comparaciones.
Puesto que la presente propuesta de directiva no procede a la total armonización de los fundamentos jurídicos, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se manifiesta también contraria a la introducción de un símbolo para indicar el porcentaje anual de cargas financieras, tal como propone la Comisión. La Comisión quisiera dejar patente con este símbolo que el porcentaje anual de cargas financieras indicado se ha calculado según lo dispuesto en la Directiva relativa al crédito al consumo y es comparable con el correspondiente porcentaje en los demás Estados miembros. No obstante, puesto que los elementos de coste que deben incluirse en el cálculo todavía difieren claramente en los distintos Estados miembros -por ejemplo, el disagio, que se incluye en unos países y en otros no-, los porcentajes anuales de cargas financieras no son plenamente comparables. Por lo tanto, podría hacerse un mal uso de dicho símbolo para inducir a engaño al consumidor, en contra del objetivo de la propuesta.
En relación con el informe Caccavale, yo quiero manifestar que el ciudadano de Europa es, obviamente, ante todo un consumidor. Los informes de la Comisión sobre la transposición y aplicación de las disposiciones en materia de consumo son, por lo tanto, de particular importancia. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos no se ha limitado a evaluar críticamente el informe de la Comisión, sino que sobre todo ha intentado ofrecer en su informe soluciones concretas para los temas que ésta plantea.
Yo quisiera destacar sobre todo dos puntos. En primer lugar, la Comisión quisiera hacer extensiva la Directiva relativa al crédito al consumo a los créditos sin garantía hipotecaria para obras de renovación y modernización. La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se manifiesta contraria a esta ampliación, a mi parecer con razón, puesto que la inclusión de dichos créditos en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa al crédito al consumo resultará desfavorable para el consumidor. En efecto, estos créditos para una finalidad concreta ya no se podrían ofrecer al interés, más favorable, que rige para los créditos hipotecarios, sino sólo a los intereses más altos de un crédito al consumo, con el consiguiente perjuicio para el consumidor.
En segundo lugar, la Comisión ha planteado el tema de la conveniencia de contar con una directiva europea relativa a los créditos hipotecarios. La comisión y mi Grupo político consideran que en el momento actual no es posible adoptar una directiva europea al respecto. El crédito hipotecario está indisolublemente unido a los mecanismos nacionales de garantía y utilización, muy distintos entre sí. Una regulación del crédito hipotecario a escala europea exigiría armonizar al mismo tiempo las normas de garantía y utilización y requiriría, en última instancia, la armonización a escala europea del Derecho civil nacional. Lo cual sería, sin embargo, incompatible con el principio de subsidiariedad.

Caccavale
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en estos último años, el mercado del crédito al consumo ha registrado una evolución muy rápida y, en los próximos años, va a tener una expansión en progresión geométrica. Sin embargo, lo cierto es que en la actual situación una parte contratante se encuentra, de hecho, más privilegiada que la otra. Esto no es debido únicamente a motivos relacionados con la legislación, o mejor dicho, la legislación también tiene su importancia, aunque es evidente que hoy vivimos en una economía de la oferta. De hecho, las entidades financieras pueden imponer sus propias opciones, sus productos y sus contratos, incluso con cláusulas poco comprensibles, habida cuenta de que con frecuencia la oferta es limitada y rígida.
Es por esto que consideramos necesaria la idea de una normativa a escala europea que amplíe, de alguna forma, la Directiva de 1987, habida cuenta de que, con arreglo al apartado 3 del artículo 100 A, así como al artículo 129 A, primera frase, »La Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores». Sin embargo, para proteger a los consumidores no es necesaria una normativa puramente protectora y tampoco creemos que sea precisa una normativa protectora. Como suele decir la señora Comisaria Bonino, el consumidor no es una especie en vías de desaparición. Hace falta, sin embargo, acelerar un proceso que estimule su papel activo, que proteja su derecho a buscar y recibir la información que considere útil, que proteja el respeto de sus derechos e intereses y la voluntad libremente ejercidos y manifestados.
Por ello, pues, pensamos en una legislación que regule de forma horizontal y paralela, que no sea una superestructura de las legislaciones de los Estados miembros y sea capaz de regular los derechos de los consumidores y de los usuarios y las relaciones con sus organizaciones y la administración pública, así como los casos de tutela jurisdiccional abreviada o de tutela conciliatoria que hoy día se impone, precisamente para garantizar esa uniformidad comunitaria, flexible pero estable, necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior.
Consideramos que para proteger a los consumidores, deben aplicarse fundamentalmente los principios de la libre competencia, lo que significa convertir en real la posibilidad de elección para el consumidor y reconocer a este último tanto el derecho de elegir entre diversos productos como el derecho a cambiar sin penalización. Por consiguiente, pensamos en un consumidor que actúa estando informado y que puede moverse, según normas claras y con pleno respeto de los compromisos adquiridos; pensamos en el poder efectivo de elección para el consumidor que sirve y servirá de estímulo y de guía para el propio productor que habrá de esforzarse económicamente para innovar e innovarse. Una mayor oferta y una mayor competencia proporcionarán al consumidor una libertad de elección efectiva entre diversos productos y la posibilidad de influir en la oferta y en la evolución del mercado.
Hoy por hoy, es evidente que el ciudadano que entra en contacto con bancos y entidades financieras pocas veces es capaz de evaluar plenamente las características de los servicios ofrecidos. Es por esto que el consumidor debe buscar y recibir todo tipo de información, y aprender a comparar, elegir, evitar excesos y a planificar sus compromisos. En definitiva, la transparencia de las voluntades y la publicidad de las condiciones son necesarias para garantizar tanto la protección del consumidor más débil como, principalmente, la eficacia del mercado. Es por esto que llamamos la atención sobre algunos puntos esenciales de nuestro informe. Por ejemplo, sobre la nueva noción de consumidor, ampliada respecto a la del corpus iuris europeo y que incluye a todos los que -hasta el pequeño empresario- se encuentran en una posición de inferioridad respecto de una entidad financiera, en la misma condición de desventaja en que se encuentra el consumidor normal respecto de las entidades financieras.
Ciertamente, no queremos modificar la noción de consumidor, como tal, sin embargo, creemos que se trata de un punto importante y relevante que debe hallar su lugar en el sector específico del crédito al consumo. Y es por esto que hemos vuelto a presentar una enmienda que pedimos que tengan a bien apoyar sus Señorías, a fin de que esta nueva noción de consumidor pueda estimular la apertura del mercado y la variedad de la oferta y crear una mayor competitividad y competencia.
Opinamos asimismo que la patología más evidente de la falta de apertura del mercado del crédito al consumo es la usura, esto es, el desplazamiento hacia el mercado negro de toda una serie de posibles y potenciales consumidores que no encuentran en los bancos y en las entidades financieras la necesaria apertura y la necesaria variedad de la oferta.
Opinamos además que hace falta, por ejemplo, llevar a cabo una evaluación del crédito hipotecario. No estamos en contra de ampliar al crédito hipotecario la Directiva de 1987. Con respecto a esto último, hemos presentado una enmienda que deja abierta la cuestión y pedimos a los colegas de los demás Grupos su apoyo. Les pedimos que apoyen la propuesta de la Comisión.
Señor Presidente, deseo concluir con unos cuantos puntos fundamentales. Les pido que apoyen las enmiendas relativas a la cuestión de la normalización de los contratos en el marco de un código de conducta autoreglamentado; les pido que apoyen la noción ampliada de consumidor, así como la posibilidad de evaluar atentamente el concepto de crédito hipotecario; y les pido que apoyen nuestra nueva propuesta de abrir el mercado y de abrir la competencia.

Kuhn
Señor Presidente, la opinión que voy a exponer se refiere al informe Caccavale, pero no al de la Sra. MosiekUrbahn. El calendario de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos nos obligó a presentar nuestra opinión ya a finales de abril del año pasado. Nuestra comisión insta a la Comisión a que modifique la Directiva de 1986. ¿Por qué no se incluye dentro del campo de aplicación de dicha Directiva un crédito para la financiación inicial de una actividad profesional? ¿Por qué no se establecen unas disposiciones mínimas para la publicidad de los créditos al consumo, de modo que ésta sea informativa, veraz y comprensible para el consumidor? ¿Por qué no se incluyen en una directiva modificada o en una directiva específica las nuevas modalidades de crédito, como por ejemplo los créditos relativos a las tarjetas de crédito? ¿Por qué no puede establecerse en todos los Estados miembros un plazo de retractación de los contratos de crédito? ¿Cómo podemos reducir la usura y el sobreendeudamiento de un número creciente de ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea?
¿Se explican estos quizás también por el hecho de que algunos intermediarios no poseen la formación y la seriedad necesaria? ¿No debería regularse este aspecto mediante una norma europea? En opinión de nuestra comisión, la respuesta es afirmativa. La Directiva de 1986 tenía por objeto la armonización de las normativas nacionales y se adoptó antes de la entrada en vigor del Acta Única. Entonces se requería la unanimidad del Consejo, lo cual significa que se alcanzó un acuerdo sobre la base del mínimo denominador común. La transposición nacional ha sido notoriamente desigual. Se han mejorado considerablemente, en parte, las disposiciones protectoras; de la armonización no se aprecia ni rastro y las actividades transfronterizas encuentran trabas.
Finalmente, una observación dirigida al Sr. Caccavale: en el punto 16 de la resolución puede leerse que no se estima oportuna una regulación comunitaria del crédito hipotecario. En la exposición de motivos se dice que es necesaria la adopción de una normativa comunitaria. Esto es una contradicción, como mínimo. Nuestra comisión pide que se adopte una directiva. Precisamente en el ámbito transfronterizo tenemos sobrados ejemplos negativos del trato que reciben los ciudadanos franceses por parte de los bancos alemanes.

Añoveros Trias de Bes
Señor Presidente, señora Comisaria, yo quisiera agradecer al Sr. Caccavale el talante con que ha conducido su informe, porque he de decir que, en su afán por encontrar una solución consensuada, en el momento del examen de las numerosas enmiendas a su informe, el debate que se produjo más parecía una negociación diplomática que una votación parlamentaria.
Estamos viviendo una etapa esencial desde el punto de vista del mercado interior, y, después de los grandes fastos del año 1992, nos encontramos inmersos en la fase de aplicación que tiene como último objetivo acercar Europa a la vida cotidiana de los ciudadanos. Éstos serán más conscientes del valor de la Unión cuando, fuera de su territorio, puedan utilizar eficazmente instrumentos para la defensa de sus derechos o cuando puedan realizar operaciones financieras que tienen como único y último objetivo el consumo.
La complejidad de la protección de los consumidores a nivel europeo aumenta cuando nos referimos al crédito, debido, entre otras razones, al libre juego de la oferta y la demanda y a la inminente entrada en vigor de la tercera fase de la Unión monetaria, que plantea un problema jurídico esencial cual es el principio de la continuidad de los contratos.
Como bien recogen los puntos K y L del informe, la competencia normativa en materia de créditos reside en los Estados miembros, aunque éstos deben respetar el Derecho comunitario. ¿Veremos, señor Presidente, señora Comisaria, el día en que el crédito al consumo sea una competencia comunitaria y haya dejado de ser una competencia estatal? ¿No sería un logro importante, impresionante, para los ciudadanos? Como decíamos esta tarde en el informe Whitehead, una de las grandes dificultades de los créditos es la solución de controversias. No insistiré en ello porque hemos de primar, como dije esta tarde, la sencillez, puesto que nos encontramos ante situaciones transfronterizas y no debe encarecerse el crédito hasta el punto de que sea imposible o sólo posible sobre el papel.
El informe del Sr. Caccavale recoge una serie de principios básicos de la teoría del Derecho civil que, como jurista, me han producido una gran satisfacción. La obligación recíproca de dar una información correcta y completa (principio de buena fe), la autonomía de la voluntad de las partes, la coincidencia en los elementos esenciales del contrato, la causa, el objeto y el fin.
Existe un único punto con respecto al cual quisiera expresar disconformidad, que es el punto 10 del informe, puesto que establece una rescisión unilateral absoluta. ¿No se cae aquí en contradicción con el principio de continuidad del contrato? La aplicación del contrato, como dice la viejísima teoría del Derecho civil, no debe quedar nunca al arbitrio de uno de los contratantes.
Concluyo, señor Presidente. Quiero decir finalmente que el Derecho, la ley, representa o debe representar el justo medio. Por eso he apoyado con entusiasmo el informe, particularmente el punto relativo a la usura. Pero las normas jurídicas no deben ser ni intervencionistas ni dirigistas. Basta con que creen un entorno adecuado y equilibrado.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, sus actuaciones de ayer y de hoy han sido ambas dignas de admiración en toda la Cámara. También los consumidores de Finlandia, que es uno de los países afectados por la modificación, dan la bienvenida al informe Mosiek-Urbahn. Los consumidores se ven favorecidos; tendremos unos intereses más eficaces y un sólo sistema europeo. Con ello termino mi intervención sobre el informe Mosiek-Urbahn.
Por lo que respecta al informe Caccavale, en muchos apartados señala la necesidad de la continuación de los trabajos de profundización. Estos son necesarios para cuando tengamos un único mercado de capital a raíz de la tercera fase de la UEM. La experiencia de la liberalización que hemos visto dentro de dicho mercado demuestra, no obstante, que se han producido grandes abismos entre los países miembros. Actualmente, los nórdicos tienen una sobreoferta de capital que ha mejorado definitivamente la situación de los ciudadanos. Los mayores problemas, en mi opinión, los tienen los grupos marginales, que no tienen acceso al crédito, que tienen poca capacidad de devolución, que están inscritos en los registros de crédito y que se endeudaron cuando las economías sufrían el fenómeno llamado de recalentamiento. Seguiremos necesitando disposiciones que garanticen que se cubran los intereses legítimos de estos grupos. Creo que los problemas que debatimos hoy son más bien típicos de la clase media, lo cual caracteriza el debate político actual.
El informe Caccavale demuestra de un modo claro las dificultades ante las que nos encontramos cuando intentamos llegar a una normativa única para el mercado de capital. Nos encontramos con el problema de que la homologación de las disposiciones en materia de derecho civil es difícil. Lo que se define como préstamo hipotecario en unos lugares de Europa no es lo mismo que un préstamo de la misma clase en otro lugar. Creo que la actitud del Sr. Caccavale, de estudiar estos asuntos con un espíritu abierto, es algo que mi Grupo está dispuesto a apoyar. Es una necesidad, si lo que queremos verdadermente es una normativa común para las condiciones en torno al crédito y la declaración de insolvencia.
Doy la bienvenida también al apartado 9 en su propuesta de unas normas más estrictas en lo relativo a los anuncios. El espíritu del apartado 9 del informe Caccavale es muy distinto del de la propuesta que debatiremos más adelante sobre las comunicaciones con fines comerciales. Espero que estudiemos el apartado 9 y que volvamos sobre él cuando sometamos a debate el tema de la comunicación con fines comerciales.

Ullmann
Señor Presidente, tanto el informe como el proyecto de modificación de la Directiva 87/102 abordan un tema central en relación con los servicios financieros en el marco de la Unión Europea y esto sucede en un momento en el cual todas las reflexiones al respecto están marcadas por la preparación con vistas a emprender los pasos decisivos hacia la Unión Monetaria. Yo quiero expresar mis respetos y mi agradecimiento a cuantos han intervenido en su elaboración desde la Comisión y también al señor Ponente, por la cautela y la atención a los detalles que han demostrado.
A la vista de la importancia del asunto, quiero agradecer particularmente al colega Caccavale que haya planteado el tema de la ampliación de la definición de consumidor, concretamente del consumidor entendido como ciudadano libre. En este sentido, yo quiero hacer especial hincapié en las enmiendas 1-5 y manifestar mi respaldo a las mismas. No obstante, Sr. Caccavale, lamento no poder decir lo mismo por lo que respecta a la enmienda 6; en este caso su texto original era más preciso, a mi parecer, que el que posteriormente ha propuesto.
Tampoco puedo ocultar que tengo la impresión de que una regulación horizontal definitiva de esta difícil materia presupone la realización de la Unión Monetaria.

Oddy
Señor Presidente, quisiera felicitar a ambos ponentes, el Sr. Caccavale y la Sra. MosiekUrbahn, por sus informes. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para poner de relieve las dificultades que tienen en la Unión Europea las personas con pocos o ningún ingreso y el hecho de que el crédito no debe convertirse en una fuente de asistencia financiera simplemente para aquéllos que disponen de una buena situación económica.
Las personas sin una garantía o sin posesiones tienen grandes dificultades para obtener crédito. En el Reino Unido, mucha gente tiene que depender de los ficheros de consumidores porque es la mejor manera de que puedan obtener crédito los que tienen pocos o ningún ingreso.
También quisiera plantear el problema de las personas que se desplazan mucho y su valoración a efectos de crédito. En el Reino Unido, por razones que realmente no llego a comprender, estas personas reciben una peor valoración para obtener crédito que las muy estables. Esto se toma como criterio para saber si a una persona se le debe conceder crédito o no. También creo que es injusto -y es un problema que se adquirido relieve últimamente- que las personas que viven en el mismo domicilio que alguien con una mala valoración encuentren igualmente dificultades para la obtención de crédito. Desde luego, si alguien se dirige a una calle principal y hace múltiples solicitudes de tarjetas de crédito de establecimientos el mismo día, ello podría mermar su merecimiento de crédito.
Creo que la Comisión debe examinar la forma en que los establecimientos realizan las valoraciones a efectos de crédito y la capacidad de los consumidores para corregir no sólo sus propia valoración, sino quizá la de los miembros de su familia. También creo que tendría que hacer todo lo que esté en su mano para fomentar las uniones de crédito porque éstas son muy útiles para las personas con bajos ingresos y estimulan la autoayuda.
Por último, quisiera llamar la atención de la Comisión acerca de la conferencia sobre el microcrédito que tuvo lugar entre el 1 y el 4 de febrero en Washington, en la que se intentó poner de manifiesto la utilidad del microcrédito para la gente que tradicionalmente no puede obtenerlo de las entidades habituales. Es igualmente aplicable a los países industrializados. Querría que la Comisión se lo tomara muy, muy en serio.

Bonino
Señor Presidente, Señorías, no cabe duda de que éste es un día pleno de debates, propuestas e iniciativas referentes a los servicios financieros. Me congratulo con el Parlamento porque, hace tan sólo dos años, cuando acepté el cargo, creía que el sector de los servicios financieros y de los consumidores era una materia no quiero decir tabú, sino sumamente delicada hasta el punto de poner nerviosas a las contrapartes.
Esto demuestra además que el camino que hemos elegido -y que parecía el más largo- esto es, elaborar el Libro Verde relativo a los servicios financieros y, por consiguiente, plantear a todo el mundo un diálogo y unas propuestas, puede que sea, en definitiva, el más eficaz. En efecto, y en relación a las respuestas acerca del Libro Verde, los propios productores de servicios financieros ya no pueden afirmar que no existen problemas, habida cuenta de que han sido documentados. Creo, no obstante, que sobre la base del informe de la Sra. Marinucci, todo esto lo han debatido ustedes esta tarde con el Comisario Monti.
Ciñiéndome más a las dos propuestas objeto de debate y, más exactamente, a la que se refiere al primer informe y a los comentarios de sus Señorías acerca de la propuesta de una fórmula matemática única, no voy a recordar a este Parlamento que este expediente tiene una larga historia y se ha abordado en bastantes foros y en repetidas sesiones de debate. De cualquier forma, me parece importante que, de un modo o de otro, hayamos llegado a la fase final. Desde este punto de vista, deseo aclarar tres cosas en concreto. En lo referente al símbolo, la Comisión toma nota de la posición del Parlamento. Lo único que deseo manifestar es que dicho símbolo fue introducido y apoyado precisamente por algunos Estados miembros. Si después se cambia de opinión, la Comisión no puede hacer otra cosa que tomar nota de ello.
Por lo que se refiere al período de tiempo tomado como base para el cálculo, o sea, si se trata del año común o del año civil, es evidente que son dos criterios admisibles y que tienen ambos su propia lógica. La Comisión insiste en manifestar únicamente que el criterio del año civil es más exacto respecto del año común -que ustedes proponen- que quizás es más fácil, pero, desde el punto de vista del consumidor, simplemente menos preciso en cuanto al cálculo.
Además de esto, el redondeo del resultado del cálculo que propone este Parlamento, me parece contraproducente, en el sentido de que puede ser, sí, una fórmula simplificada, aunque me parece que para la información del consumidor, la máxima exactitud en la indicación del porcentaje anual efectivo es un elemento importante.
Por último, al haber propiciado la Comisión la fijación del plazo de un año para la transposición de las directivas, le es grato comprobar que en la enmienda del Parlamento se indica un plazo bastante corto, a pesar de ser algo superior respecto al de la Comisión. Así y todo, el enfoque es el mismo.
Un último comentario con relación a la lista, llamémosla positiva, o la lista negativa de los elementos que deben incluirse o excluirse del cálculo. Como sus Señorías saben, la propuesta inicial de la Comisión contemplaba la idea de la lista positiva que, no obstante, y como recordarán, fue rechazada en su momento. En consecuencia, nos encontramos ante la lista negativa de los elementos que deben excluirse de dicho cálculo. Debo manifestar, sin embargo, que sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión a fin de elaborar esta Directiva, no existe, de hecho, una gran diferencia en cuanto al resultado final entre un método y el otro. La Comisión presentó el negativo, habida cuenta de que el método anterior había sido rechazado.
En todo caso, la Comisión está plenamente dispuesta a estudiar con sus Señorías las modalidades de una armonización más rápida y a instar a los Estados miembros a que presenten los datos que demuestran la existencia de estos problemas. Deseo informar al Parlamento que a través de la documentación que la Comisión recibió del Estado miembro que más problemas planteó respecto a la lista negativa, es decir, Francia, he de decir francamente que no se ha constatado toda esta preocupación.
En conclusión, me parece que debemos sentirnos satisfechos por el hecho de que esta Directiva está a punto de cumplirse y que, en consecuencia, la adopción de una fórmula matemática única para el cálculo del porcentaje anual efectivo representa para los consumidores, a pesar de que existen todavía algunos límites, un gran paso adelante respecto de la normativa de hace diez años.
Por lo que se refiere al informe sobre el crédito al consumo, sólo deseo hacer algunas observaciones para disipar algún malentendido que puede haber surgido y que me urge aclarar.
Es evidente que durante esta última década la Comisión comparte el análisis del Parlamento según el cual, en los últimos diez años, el mercado del crédito ha registrado una rápida expansión. Piensese, por ejemplo, que en la época de la actual Directiva 87/102, las compras a plazos seguían siendo el único sistema de transacción. Hoy, en cambio, gracias a las tarjetas de crédito y a otros sistemas, las cosas han cambiado mucho y van a cambiar mucho más cuando se internacionalicen en virtud de la adopción de la moneda única y del euro.
Por ello, la Comisión -creo que el Comisario Monti ya lo ha anunciado- sobre la base del Libro Verde relativo a los servicios financieros, tiene intención de presentar una directiva que modifique la vieja Directiva relativa al crédito al consumo, junto con un paquete de iniciativas, respecto al cual presentará una propuesta legislativa relativa a los intermediarios y, por consiguiente, no sólo, a los intermediarios de seguros, sino también a los de crédito, precisamente para evitar y solucionar los numerosos problemas que ustedes han señalado.
Para su información, deseo facilitarles algunos datos relativos a dicha directiva modificada. En primer lugar, la elevación del techo actual de 20.000 ecus; la ampliación del ámbito de aplicación en el que podrían incluirse los créditos sin garantía hipotecaria para la reforma de inmuebles, respecto a la cual voy a insistir, porque me parece que sigue existiendo algún malentendido; la ampliación, por ejemplo, a las ventas promocionales con contenido engañoso; la prohibición de la letra de cambio, así como otra serie de puntos que ustedes ya recalcaron. En definitiva, una directiva realmente modificada en cuanto al fondo.
Ahora, y sólo para evitar malentendidos, me voy a referir al apartado 4, en el que el Parlamento rechaza la propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los créditos sin garantía hipotecaria para obras de reforma y de rehabilitación. Considero que su rechazo se basa en un malentendido, porque la posible ampliación del ámbito de la Directiva a los créditos sin hipoteca para obras de reforma y de modernización no significa, a nuestro juicio, atentar contra el mercado del crédito para reformas con garantías hipotecarias, teniendo en cuenta, como es obvio, las características de esta última modalidad de crédito. En consecuencia, me parece que con respecto a este punto cierta transparencia nos puede quizás ayudar a entender cuáles son las intenciones de cada uno.
En cuanto al apartado 16, a través del cual se rechaza la adopción de normas comunitarias de armonización del crédito hipotecario, también en este caso se trata de un malentendido, habida cuenta de que la Comisión no trata de armonizar las legislaciones nacionales en vigor o las normas de Derecho civil -esto sería imposible- sino implementar una reflexión acerca de las posibilidades y las formas de ampliar también a este tipo de créditos las reglas de información, transparencia y protección previstas en la actual Directiva.
Tercer punto: por lo que se refiere al apartado 10 que limita el derecho al reembolso anticipado del crédito sólo a los bienes de consumo que, por el contrario, la Comisión propone como principio general, válido para todo tipo de crédito, la posición del Parlamento me parece, en principio, demasiado restrictiva. A mi juicio, se puede adoptar una posición más flexible y no limitarse a una posición como la que se deduce del informe.
Por último, la Comisión estima que también el apartado 12 es inútilmente restrictivo. Nuestra posición se funda en que es necesario fijar un período de reflexión cuya duración sea uniforme a través de una aplicación más general respecto de la prevista en la enmienda que, y no alcanzo a comprender el motivo, limita esta opción a los bienes de consumo exclusivamente. A mi juicio, el planteamiento de la Comisión es más amplio y más favorable a los consumidores y con respecto a esto deseo invitar al Parlamento a reflexionar teniendo en cuenta mis manifestaciones.
Finalmente, deseo expresar alguna perplejidad institucional en cuanto a la equiparación entre el consumidor y las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, desde el punto de vista político, coincido con las opiniones, sin embargo, repito, en la situación actual, tengo alguna perplejidad institucional con respecto a la política en materia de consumidores, a las competencias y al propio Tratado. No obstante, puesto que considero que las dialécticas institucionales están hechas precisamente para esto y para las instituciones que impulsan nuevas maneras de considerar las cosas, incluso desde el punto de vista cultural, así como nuevas formas de transposición, a pesar de que, hoy por hoy, no estoy en la situación institucional de poder aceptar estos apartados, de todos modos, considero que los mismos representan un importante paso adelante en un debate que en este momento es más cultural que institucional, en torno al planteamiento y, globalmente, en torno a nuestra idea del consumidor y del ciudadano, entendido, como es obvio, también como pequeño y mediano empresario.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Reconocimiento de diplomas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0003/97) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0022 - C4-01123/96-96/0031(COD)) por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos para las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias y se completa el sistema general de reconocimiento de títulos.

Gebhardt
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ciertamente, a estas horas la asistencia al Pleno no es precisamente abundante, pero aun así deberíamos abordar con seriedad el presente debate. Los Grupos políticos de esta Cámara, después de una seria consideración, desean hacer algunas observaciones con respecto a la simplificación del mecanismo de reconocimiento de diplomas en la Unión Europea. No se trata, en efecto, de una nimiedad, sino de unos derechos elementales de los ciudadanos, que siempre acaban quedando relegados en relación con los intereses económicos en el marco del mercado único. El tema que hoy nos ocupa es el reconocimiento de los diplomas equivalentes en el ámbito del comercio, la artesanía y la industria, a través de un mecanismo comprensible para las ciudadanas y ciudadanos de los 15 Estados miembros y que les facilite la convivencia dentro de la Comunidad.
A mi primera vista, cabría pensar que con la presente Directiva alguien ha cogido la escoba jurídico-técnica para poner orden en la dispersión de 35 regulaciones distintas. Pero no, la cosa no es tan sencilla. La Directiva tiene otra dimensión. Aclara las posibilidades de desarrollo profesional en la Unión Europea y promueve la igualdad, que es un derecho ciudadano elemental. Yo no llegué a vivir la Revolución Francesa, ¿pero cuál sería la situación en Europa sin la meta de la égalité ?
Traducida al presente, la égalité significa igualdad de oportunidades. En Europa esto significa que un diploma equivalente debe ser válido en todas partes. Así se hará realidad la libertad de circulación de las ciudadanas y los ciudadanos. No es un gran hallazgo. Sólo estamos restableciendo un estado normal de cosas. En otros tiempos, los artesanos, en particular, solían dedicar unos años al trabajo itinerante antes de establecerse en un lugar fijo.
Volviendo a los diplomas exigidos para una actividad o para el establecimiento de una empresa en el ámbito del comercio, la artesanía o la industria, esto no significa que éstos deban obtenerse del mismo modo en todos los países de la Unión Europea. De lo que se trata es del reconocimiento mutuo de los conocimientos equivalentes, sin una excesiva burocracia. Voy a darles un ejemplo: fue bastante ridículo que el Estado federal alemán de Baviera se negara a reconocer el título de bachillerato de la República Democrática Alemana después de la caída del muro. En la Alemania oriental, éste se obtenía al cabo de doce años y en Baviera comprendía trece cursos. No se tiene noticia de que Baviera produzca más científicos destacados que la zona oriental de Alemania.
Otro tanto sucede en todo el mundo profesional en Europa. La persona que conoce su oficio, trabaja tan bien en Rovaniemi, en el Círculo Polar Ártico, como en París, en Atenas o en una pequeña ciudad del sur de Alemania. La Directiva se propone destacar este hecho y establecer un marco más claro que el que ofrece la normativa vigente hasta ahora. La propuesta de la Comisión es, por lo tanto, muy de agradecer. Sin embargo, desde la perspectiva de las ciudadanas y ciudadanos, todavía contiene demasiados condicionantes y peros. Desde el Parlamento no nos es fácil suprimirlos, pero sí podemos mejorar la propuesta. Con este objeto se han presentado una serie de enmiendas, que deberemos debatir y aprobar, y esperamos que la Comisión se sume a la posición del Parlamento. Sin embargo, no será sencillo. La propuesta que nos ha presentado la Comisión se ha elaborado con desgana, resulta difícilmente comprensible para las ciudadanas y ciudadanos y presenta algunas deficiencias. El número de enmiendas permite apreciarlo fácilmente.
Las enmiendas indican que el Parlamento Europeo ha tenido que asumir una vez más tareas administrativas para las que no hemos sido elegidos. Se nos ha elegido para que garanticemos por medio de nuestras decisiones políticas una buena convivencia presente y futura para 370 millones de personas. ¿Y qué tenemos ante nosotros? Tenemos un texto que debería simplificar y hacer más transparentes las posibilidades de desarrollo profesional en Europa. Lamentablemente, la Comisión se ha limitado a descargar su trabajo sobre el Parlamento y además ha dificultado nuestra tarea al no proporcionarnos suficiente información.
Habría sido deseable conseguir aún una mayor simplificación y claridad. Esto no es posible, sin embargo, cuando no se dispone de la información necesaria. Yo insto, por lo tanto, a la Comisión -en nombre propio y también de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos- a que remita esta información al Parlamento lo más pronto posible, con objeto de que podamos mejorar en breve esta tímida Directiva y garantizar realmente la libertad de circulación y de establecimiento de las personas en los Estados miembros de la Unión Europea en los ámbitos del comercio, la artesanía y la industria. Ahora nos disponemos a avanzar un paso lamentablemente reducido hacia esa meta, pero el Parlamento también debe promover aunque sean pequeños pasos para las ciudadanas y ciudadanos. La Comisión no debería impedirnos avanzar pasos más importantes en el futuro.
Tal vez convenga añadir aún que habría sido bueno poder contemplar estas simplificaciones en el artículo 4, pero esto no fue posible simple y sencillamente porque no disponíamos de ningún informe sobre la aplicación de las anteriores 35 Directivas aisladas.

Heinisch
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde la perspectiva del Grupo del Partido Popular Europeo y en mi calidad de miembro de la comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, yo acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión de agrupar al fin las 35 Directivas nacionales particulares relativas al reconocimiento de diplomas en una única normativa europea y reducir de este modo la profusión de mecanismos de reconocimiento y mejorar considerablemente su transparencia. La propuesta de directiva debe incluirse dentro de las medidas de la Comisión en favor de la desregulación y constituye una muestra de su esfuerzo por aproximar a los ciudadanos las regulaciones comunitarias existentes, mejorar su precisión y simplificarlas.
Acogemos con gran satisfacción el informe de la Sra. Gebhard. Es sumamente acertada y muy de agradecer la mejora y simplificación que introduce en algunos aspectos del mecanismo de reconocimiento, sin apartarse no obstante, en cuanto al contenido, de los aspectos acreditados por la práctica de los últimos treinta años, concretamente desde que se adoptaron las Directivas liberalizadoras y de medidas transitorias de 1964. La presente normativa reúne las regulaciones ya existentes y acreditadas y contribuye de este modo a una mayor transparencia. Asimismo, toma en consideración y ratifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en este ámbito. El informe se propone promover la seguridad jurídica y la transparencia.
Desde la perspectiva alemana, en particular, me complace naturalmente que el informe no manifieste una tendencia a un reconocimiento en bloque, sino que únicamente regule los procedimientos y plazos en el contexto de los casos particulares. El concepto de reconocimiento que figura en el título resulta, por lo tanto, algo engañoso.
Como ustedes saben, en Alemania tenemos un sistema dual de formación, es decir, una formación paralela en las empresas y en los centros de formación profesional. Es un sistema acreditado por la experiencia de muchos años y una normativa europea global no debe poner de ningún modo en cuestión el valor de la formación dual. Así ocurriría si una evaluación global estableciera una clasificación que sólo tomase en consideración el número de horas de presencia en los centros de formación. Yo también suscribo la necesidad de que se amplíe la red EURES, tal como se señala en el informe. Se trata de una buena idea que en estos momentos lamentablemente todavía se ha puesto desarrollado demasiado poco. Cada año se ofrecen sólo unos 500 empleos a través de la red EURES y apenas se establecen verdaderos contactos.
Por mi parte, yo también considero apropiado -particularmente también a la vista del rapidísimo desarrollo de las nuevas tecnologías- y útil para cuantos participan en el mercado de trabajo que se establezca una base de datos a escala europea donde se anuncien la ofertas de empleo y también puedan inscribirse los trabajadores interesados. En efecto, a mi parecer, en estos momentos la tarea principal ya no es regular el reconocimiento de los diplomas. Casi todas las profesiones reglamentadas han quedado recogidas entre tanto en las Directivas y la mayoría de las ocupaciones son de libre acceso en cualquier caso.
No, ahora lo más importante es mejorar la transparencia de los sistemas de formación y los diplomas en los diferentes países europeos. Para conseguirlo debemos procurar poner el máximo de información al alcance de todas las personas interesadas, a través de una base de datos centralizada, por ejemplo a través de la red EURES y de los servicios nacionales de información sobre el empleo. La citada transparencia exige naturalmente también que los diplomas sean multilingües. En efecto, sólo así resultarán comprensibles para el empleador de otro país y sólo de este modo será posible juzgar su equivalencia en cada caso. No obstante, yo quisiera recordar que este documento, este diploma, se solicita en primer lugar para el propio país y debe considerarse su presentación en este contexto.
La propuesta de directiva de la Comisión demuestra una clara voluntad de promover la movilidad dentro de la Unión Europea y suprimir los obstáculos a la misma. Este esfuerzo constituye un aspecto esencial para impulsar la integración europea. En efecto, la posibilidad y la práctica de la movilidad transfronteriza en el ámbito de la formación profesional general y también de la práctica profesional es fundamental para el desarrollo de una conciencia europea y de una Europa de los ciudadanos, y no en último término también para la prosperidad de la economía europea.

Van Bladel
Señor Presidente, no soy miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero como europarlamentario me ocupo de los derechos del ciudadano. Por ello estoy muy contento con el informe de la Sra. Gebhardt, contento porque por fin puedo contar algo positivo a los jóvenes visitantes que vienen aquí a Estrasburgo y a Bruselas, y me complace especialmente que en 1997, el año de la revisión del Tratado de Maastricht, tengamos un instrumento contra el creciente euroescepticismo del ciudadano. Por supuesto, se trata de una cuestión técnico-teórica que afortunadamente simplifica y aclara el derecho comunitario, y desde el punto de vista práctico conlleva sobre todo una ampliación de la práctica profesioal, aunque también fomenta la movilidad profesional. Y esto es importante, pues casi a diario hablamos en este Parlamento del empleo y esto puede ayudar a crear más empleo. La Sra. Gebhardt ha señalado que ahora hay una mayor igualdad de oportunidades entre el Polo Norte y Alemania del Sur. Pienso por ejemplo que ahora los médicos de los Países Bajos pueden tener más posibilidades en un país vecino como Alemania, por ejemplo. Es fantástico. Ella considera que es un paso demasiado modesto. Pero quisiera decirle: mejor esto que nada. Me parece que es un cemento muy bueno para la casa europea que estamos construyendo, y por ello mi Grupo evalúa muy positivamente este informe. Sra. Gebhardt, creo que mañana votaremos positivamente, y la felicito de antemano por ello.

Ryynänen
Señor Presidente, el desarrollo del sistema de reconocimientos de títulos está estrechamente relacionado con los derechos fundamentales de los ciudadanos en lo que se refiere a la libre circulación y al ejercicio de una actividad profesional, y a la puesta en práctica de la igualdad de trato. Con esta directiva se intenta simplificar el Derecho comunitario y hacerlo más accesible para los ciudadanos. Lamentablemente, aún no se ha avanzado lo suficiente en este terreno. Aún quedan aspectos por desarrollar en los años venideros.
A finales de la década de 1980 se realizó una importante modificación de principios, cuando se cedió en la aspiración de las denominadas europrofesiones, es decir, en la armonización de las profesiones y se pasó a reconocer los títulos y otros documentos que demostraban la cualificación. Debe lograrse que este sistema empiece a funcionar ahora, que sea accesible y que no excluya a nadie. La avalancha de reclamaciones indica que, a nivel de los Estados miembros, aún hay mucho por hacer para eliminar los obstáculos.
Desde el punto de vista de los ciudadanos es importante que las denominadas garantías de procedimiento funcionen en la práctica en cualquier situación. Un Estado miembro debe comparar las cualificaciones de todo solicitante con las cualificaciones exigidas en el Estado de acogida. Al solicitante debe ofrecérsele igualmente la posibilidad de demostrar que ha adquirido de otra forma la cualificación que le falta si no tiene un título que la acredite. Considero que esto representa un aumento muy importante de la flexibilidad.
Tal como señala la ponente, hay motivos para sorprenderse de que no se disponga de información estadística actualizada sobre un asunto que afecta tanto a los derechos de los ciudadanos. Ha llegado la hora de obligar a los Estados miembros a facilitar a la Comisión datos, en particular, sobre los problemas a los que aún se enfrentan los ciudadanos cuando desean ejercer una profesión en otro Estado miembro. Sólo partiendo de esta base será posible determinar y llevar a cabo las modificaciones necesarias.

Zimmermann
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión relativa al reconocimiento de los diplomas para las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias es muy de agradecer. Sin embargo, hablando sinceramente, yo me pregunto si este título tan largo resultará comprensible para todos los ciudadanos a quienes concierne; aquí solemos hablar con frecuencia un lenguaje que muchos ciudadanos no comprenden en absoluto y éstos a menudo tampoco saben que estas propuestas pueden ofrecerles efectivamente algunas ventajas.
Aun así, yo apoyo esta iniciativa y sobre todo también las declaraciones de los colegas que me han precedido. Todavía contamos con la presencia de dos hombres en el hemiciclo, si bien hasta el momento aún no han intervenido sobre este tema. Casi parece, por lo tanto, que éste en realidad sólo interesa a las mujeres. Sin embargo, no es así.
A mi parecer, precisamente en una Europa de las ciudadanas y los ciudadanos, donde la libre circulación tiene una enorme importancia, al menos sobre el papel y también en nuestro pensamiento, es absolutamente imprescindible que suprimamos las trabas que dificultan esta libre circulación. En efecto, los diferentes requisitos de los sistemas de formación y las frecuentes dificultades para el reconocimiento mutuo de diplomas y de la experiencia profesional impiden a los profesionales el ejercicio de su profesión y su establecimiento en otros países europeos. La presente Directiva sobre el reconocimiento de títulos contribuirá, por lo tanto, a facilitar y agilizar el procedimiento.
Por mis conversaciones con personas afectadas -y yo me ocupo mucho de este tema en mi región-, sé que muchas personas que en este momento no tienen empleo, estarían dispuestas a trabajar en otra región, pero no saben cómo hacerlo en la práctica, puesto que tienen que superar muchos obstáculos para poder llegar a trabajar realmente en otra región.
Yo creo que es importante que nos ocupemos de este tema para que las personas en posesión de un diploma puedan trasladarse a otro país. Yo misma lo hice hace 25 años y podría contarles una larga historia sobre los problemas que eso plantea. Yo espero que podamos suprimir estos problemas y que en el futuro se inicie la construcción de una Europa de los ciudadanos, donde el concepto de Europa esté efectivamente arraigado en el pensamiento de todas las personas.

Monti
Señor Presidente, en apariencia, este informe es muy técnico, aunque reviste mucha importancia política, porque se refiere a los ciudadanos. En nombre de la Comisión, deseo felicitar a la ponente, Sra. Gebhardt, por haber presentado, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, un informe tan claro y preciso.
No cabe duda de que ha sido una tarea difícil, habida cuenta de que la propuesta de directiva es muy compleja al tratarse de la codificación de 35 directivas y del establecimiento de un mecanismo de reconocimiento de títulos para unas actividades profesionales muy numerosas y variadas. Por suerte, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado este informe evitando así largos debates en torno a la complejidad técnica de la propuesta. De esta forma, la misma ha apoyado la acción de la Comisión dirigida a una simplificación del Derecho comunitario, y ha confirmado la evaluación de esta propuesta de directiva de la Comisión de Asuntos Sociales, que la consideró una contribución a la lucha contra el desempleo.
La Comisión, en principio -y me es grato manifestarlo- puede aceptar todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Mientras digo que a la Comisión le es grato acoger todas las enmiendas, he de manifestar con firmeza que rechazo una afirmación de la Sra. Gebhardt cuando dijo «sin entusiasmo». Yo quisiera que el Parlamento -a pesar de que en este momento no está muy concurrido- se diera cuenta de lo que se está haciendo para la construcción de la Europa de los ciudadanos gracias a su apoyo, al apoyo de sus Señorías.
La orientación de la Comisión es la de dar prioridad al ciudadano. El ciudadano es algo más que el consumidor, al que acaba de referirse hace unos momentos la Sra. Bonino, es algo más que el ahorrador, el trabajador: el ciudadano es un ser en cuyo beneficio obramos todos nosotros.
La línea de esta Comisión es trabajar para la Europa del ciudadano, incluso en ese ámbito que puede parecer más económico: el mercado único. Y esta propuesta, sobre la que esta noche disponemos del excelente informe Gebhardt, expresa exactamente la línea de la Comisión ejecutiva: prioridad al ciudadano, simplificación, transparencia e información. Todo puede ser menos «no mostrar entusiasmo». Mostramos un gran entusiasmo, gracias también al apoyo del Parlamento en la construcción de este mercado único para el ciudadano y de esta Europa para el ciudadano.
Deseo referirme ahora a las iniciativas adoptadas recientemente a fin de concretar ésta que, de otro modo, podría ser una construcción retórica de la Europa del ciudadano: el grupo Simone Weil, para estudiar los problemas concretos de la libre circulación; el paquete de propuestas que presenté para la eliminación de los controles en las fronteras en un marco de seguridad; los procedimientos de infracción que en número cada vez mayor estamos instando contra los Estados miembros, en particular por la violación de las directivas relativas a la libre circulación de los ciudadanos y el reconocimiento de títulos.
Además de esto, sin embargo, y tal como manifestó la Sra. Zimmermann, no basta con construir la Europa para los ciudadanos, sino que hay que construir la información para los ciudadanos, es necesario que los ciudadanos conozcan las oportunidades que Europa está creando para ellos. En este marco, y siempre con el apoyo de este Parlamento, pero con el entusiasmo de la Comisión antes y del Parlamento después, hemos impulsado la acción Citizens First - Burger Europas , orientada precisamente a ofrecer, también en este ámbito del trabajo en el extranjero, una información precisa y puntual que permite, por fin, a los ciudadanos entender qué está llevando a cabo Europa para ellos y nos permite, a través de los muchos feed-back telefónicos, por Internet, etcétera, comprender cuáles son los obstáculos efectivos que los ciudadanos encuentran en el ejercicio de los derechos de ciudadanía europea.
Pues bien, estoy convencido de que ahora la Sra. Gebhardt coincidirá conmigo en que estamos llevando a cabo esta acción con entusiasmo y no sin entusiasmo, y sabemos que el Parlamento Europeo está de acuerdo con esta difícil, aunque importantísima acción de la Comisión.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades (Igualdad de  trato entre hombres y mujeres)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0046/97) de la Sra. Lindholm, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta modificada de Reglamento (Euratom, CECA, CEE) del Consejo (COM(96)0077 - C4-0565/96-00/0904 (CNS)) por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades en materia de igualdad de trato.

Lindholm
Señor Presidente, Señorías, este informe, que viene precedido de una historia extraña e interesante, se centra en la modificación del estatuto de los funcionarios de las Comunidades en el ámbito de la igualdad de trato y de la no discriminación. En la comisión se votó en contra del informe por un margen mínimo. Fue una votación muy cerrada: 8 contra 8, aunque se aprobaron la mayoría de las enmiendas. Volvemos a presentar las enmiendas en su formulación de origen casi sin cambios. Algunas las apoyan cuatro grupos políticos, otras cinco. Sabemos, esperamos y creemos que también en el resto de los grupos políticos existe un fuerte apoyo con respecto a los trabajos en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, y en contra de la discriminación.
¿Cuáles son las propuestas revolucionarias, desde una perspectiva moderna, que hemos presentado? Pues nada especial. Proponemos que las instituciones promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Queremos que se esfuercen por tener una representación equilibrada de ambos sexos con ocasión de la contratación, formación y promoción. Queremos que desaparezca el límite de edad obsoleto y discriminatorio de los 35 años. Queremos que las parejas de hecho oficiales se equiparen a los matrimonios con respecto a las prestaciones de seguridad social, y que se establezcan unos comités para la equiparación.
Estimados colegas, dentro de tres años vamos a escribir la fecha 2000. Entramos en un nuevo siglo, una nueva época y seguramente un mundo nuevo. Las disposiciones que queremos modificar, modernizar y poner al día datan del año 1950. Puede decirse que ya es hora de que las condiciones de trabajo de los funcionarios de la UE se adapten a la actualidad.
¿Qué clase de argumentos han presentado los que han votado en contra del informe? ¿Qué tipo de argumentos sostenibles, de calidad, hacen que se considere correcto que la UE continue, en el año 1997, con una política de reclutamiento de personal discriminatoria de facto, al tiempo que se condena repetidamente todo tipo de discriminación fuera de la Unión? Aquí tenemos algunos ejemplos: El límite de edad de 35 años favorece a las mujeres y es positivo, se dice. Sabemos que esto no es cierto, lo cual viene corroborado por muchas organizaciones de mujeres dentro de la Unión. Se está contradiciendo a la parte interesada. El límite de edad está prohibido, de conformidad con la ley, en dos de los Estados miembros, Irlanda y Finlandia. ¿Qué procedimientos va a seguir la UE cuando anuncie sus concursos en estos países? ¿Se va a ir en contra de la legislación nacional, o tendremos normas diversas para los distintos Estados? Otro argumento para mantener el límite de edad es que surgirían problemas entre jefes jóvenes y colaboradores mayores. Estimados colegas, observen la realidad fuera de las instituciones de la UE. Europa y el mundo están llenos de empresas y organizaciones, sobre todo dentro de la ramas de la I+T y del mundo de la informática donde esta situación es normal y no crea problemas. ¿Por qué iban a surgir problemas en las instituciones de la UE? Otro argumento para mantener el límite es el presupuestario. Se dice que aumentarían los costes en concepto de prestaciones por jubilación. Yo soy profesora de matemáticas y pensaba que no tenía problemas con los números. Pero este razonamiento no lo sigo; para mí es incomprensible desde el punto de vista matemático. Pero aunque fuera correcto, para mí es incomprensible que alguien defienda la discriminación por motivos económicos. ¿Ha aceptado este argumento la UE cuando provenía de otros países? No se ha hecho cuando era el gobierno de Sudáfrica el que lo defendía, por poner un ejemplo. Seré breve: Para mí y para la mayoría de los ciudadanos no existe ningún argumento sostenible que justifique la continuación de esta modalidad de discriminación.
El argumento para no dar a las parejas de hecho el mismo estatus que a los matrimonios ha sido que la UE ha de velar por la familia. ¿De qué modo podría el reconocimiento de las parejas de hecho menoscabar la situación de las familias? No las perjudica en absoluto. En un verdadero espíritu cristiano deberíamos juzgar como positiva toda propuesta que tenga el objeto de que todos los seres humanos tengan el mismo valor, independientemente de su sexo o de su inclinación sexual. Me viene casualmente al pensamiento la historia de la Biblia sobre los trabajadores de la viña; podríamos aprender mucho de ella. Otro argumento contra el registro oficial de las parejas de hecho ha sido también el económico: se dice que resultaría caro. Una vez más se aduce el dinero como argumento para mantener una discriminación de facto dentro de las instituciones de la UE. Creo que es inaceptable e indigno de una institución que dice luchar en contra de toda modalidad de discriminación.
La UE se ha manifestado en contra de la discriminación en un gran número de resoluciones y de informes, por ejemplo, los informes Vayssade y Roth. Se trata a veces de los países miembros, pero sobre todo de países que se encuentran fuera de la UE. La UE y el Parlamento Europeo tienen ahora la oportunidad de demostrar que se toman esta cuestión en serio, y que no todo son declaraciones solemnes. Aquí y ahora puede el Parlamento convertir en obras sus razonamientos. La Comisión no ha sabido hacerlo y rechazó la propuesta. Damos ahora a la totalidad del Parlamento la posibilidad de demostrar que la UE como parte contratante está dispuesta a marchar en posición de vanguardia en contra de la discriminación y en favor de la igualdad.

Sornosa Martínez
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Lindholm por su informe, para el que fui designada ponente para opinión por la Comisión de Derechos de la Mujer. Con las enmiendas presentadas al informe final y la aprobación de las mismas, el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas constituirá un buen modelo en cuanto a la igualdad de trato se refiere. La importancia de disponer de un modelo legal progresista en esta materia es de vital importancia y ello, entre otras razones, por dos que quiero considerar:
La primera, por explicitar, de forma clara y amplia, desde una administración, el principio de igualdad de trato, cuya aplicación práctica en términos legales está resultando tan difícil y problemática.
La segunda, por su voluntad de adaptarse, contrariamente a lo que suele suceder, en los registros legales, al momento social que vivimos, reconociendo la existencia y el aumento de las parejas de hecho -tanto heterosexuales como homosexuales- en nuestra sociedad y asimilándolas en derechos al resto.
La necesidad de introducir estas medidas correctoras es prioritaria, porque de ellas depende que se invierta la tendencia discriminatoria contra las mujeres, conforme a la cual, a igual preparación y capacidad, son los hombres los que obtienen un puesto de trabajo de categoría superior. Además de pretender corregir este proceso, las medidas y sus enmiendas son positivas porque se trata de medidas de carácter transitorio y no suponen una lesión para la igualdad formal, ya que se limitan a corregir las desigualdades en el ámbito de la contratación, promoción y desarrollo, y la prioridad se establece con carácter temporal.
Por último, quiero decir que el principio de igualdad de trato de las mujeres -por el que tanto hemos trabajado y seguimos trabajando- y el principio de igualdad de trato de los homosexuales -que se recoge en una resolución del Parlamento en febrero de 1994- son principios que habitualmente se transgreden y que la batalla por su aplicación, además de llevarse a cabo día a día, debe contemplarse en los reglamentos, como en éste, que supongo que vamos a aprobar.

Zimmermann
Señor Presidente, esta noche nos corresponde tratar el tema del Estatuto de los funcionarios de las instituciones de las Comunidades Europeos. La Comunidad Europea debería ofrecer, a mi parecer, precisamente un ejemplo de que practica cuanto aquí venimos debatiendo reiteradamente en relación con la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Ya sea en el ámbito del empleo o en cualquier otro, lo importante es que precisamente nosotros presentemos un buen modelo y demostremos cómo deseamos que se actúe en la Unión Europea.
En nombre de mi Grupo político, yo quisiera volver a examinar ahora más detenidamente algunos puntos. La Sra. Lindholm acaba de exponerlo con toda claridad: no se debe seguir discriminando a través de un trato desigual a las personas que comparten una convivencia no marital. No es posible que yo sólo pueda aspirar a la igualdad de trato después de haber accedido a un determinado estatus, que me traslada al puerto seguro del matrimonio. Yo misma contraje matrimonio hace unos 20 años porque sabía que esto me permitiría acceder a un trato distinto en mi calidad de contribuyente y obtener algunas ventajas. No es admisible que nos procuremos ese certificado por esta sola razón y yo creo que debería ser posible disfrutar de los mismos derechos sin necesidad de obtener ese papel del Estado, por decirlo así. Hay muchas personas que conviven durante años y que, de hecho, se ven desfavorecidas por la sola razón de que no han pasado por el Registro Civil.
Esto ocurre no sólo en el caso de los salarios, sino también por lo que respecta a la seguridad social, en caso de enfermedad y en muchos otros ámbitos. Yo creo que nuestra sociedad abierta debe acabar con estas prácticas.
El segundo punto que también quisiera abordar es el del límite de edad. Yo quisiera añadir una aclaración a la intervención de la Sra. Lindholm. No se trata sólo de que la biografía de las mujeres sea distinta debido a las interrupciones por maternidad, puesto que tardan un tiempo en reincorporarse al empleo. El año pasado celebramos el llamado año de la formación permanente, durante el cual destacamos que una segunda formación puede abrir las puertas a una nueva oportunidad o a una nueva profesión. ¿El límite de edad no podría obstaculizar este proceso? Muchas personas no obtienen el título de bachillerato hasta los 30 años y a continuación comienzan una formación o ingresan en la universidad, y estas personas no tendrán absolutamente ninguna oportunidad si se establece un límite de edad. El límite de edad debe suprimirse.

Casini C.
Señor Presidente, deseo exponer cinco conceptos. En primer lugar, el Grupo que represento está totalmente a favor del informe en todo lo que atañe a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Mejor dicho, considera esta igualdad una conquista de la historia, casi su acto conclusivo, después de la liberación, al menos en teoría, de los esclavos, los negros, los hijos, los extranjeros y de las personas de distintas razas. Aceptamos el concepto completamente nuevo y profundo de igualdad, también en cuanto a la relación entre hombre y mujer.
En segundo lugar, por el contrario, manifestamos unas reservas con respecto a las enmiendas 3, 8, 10 y 11 votando en contra de las mismas, porque introducen, creo que inconscientemente, un elemento de discriminación al equiparar la familia, basada en el matrimonio de las parejas heterosexuales, con las parejas de hecho y homosexuales. Ahora bien, en mi opinión, existe una diferencia clara y evidente entre asumir una responsabilidad pública y real ante el Estado y la sociedad, para formar el que nuestras Cartas internacionales y nuestras Constituciones llaman «núcleo fundamental de la sociedad y del Estado» que, como tal, y cito de memoria el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe ser reconocido y protegido por el Estado y no asumir, en cambio, esta forma pública de responsabilidad que confiere certeza al Derecho y que, de cualquier modo, en el caso de las parejas homosexuales, es ajena a esa generación potencial que luego convierte a la familia en su núcleo fundamental, porque forma parte del interés de la sociedad y del Estado que los hijos existan y se eduquen dentro de la esfera familiar. Además, quien se casa se somete a un conjunto de normas públicas, dictadas por el Derecho público, ya que el interés es público, que en los demás casos no existen. Piensese, por ejemplo, en las causas de nulidad y de divorcio y en las requisitos del matrimonio y del divorcio.
En tercer lugar, deseo manifestar claramente que, por lo que se refiere a las personas con otra orientación sexual, en particular, las personas homosexuales de cualquier sexo, debemos afirmar el principio de igualdad. Esto lo proclamamos con fuerza, con la fuerza de la inspiración democrática cristiana. Todos los seres humanos son iguales y esto hay que decirlo con claridad. Sin embargo, ello no significa que la igualdad de dignidad admite la equiparación de instituciones que de por sí son diferentes.
De ahí el cuarto concepto. ¿Por qué en las Cartas internacionales, incluida la Convención Europea para la salvaguardia de los derechos y de las libertades fundamentales, se considera a la familia como un «núcleo fundamental»? ¿Hay un bien público o un bien individual que hace falta proteger? Existe un bien público, ya lo he manifestado, y es esta posibilidad de los hijos, de lo contrario, se afirmaría el principio de libertad: que cada uno haga lo que quiera y el Estado deberá garantizar sólo la libertad, aunque sin promover ni tampoco proteger. Se puede admitir incluso que la compañía, la convivencia es un bien que debe protegerse de alguna forma. Estoy dispuesto a hacer este razonamiento, pero entonces hay que ir hasta el fondo y no sólo con respecto a la compañía de índole sexual. También la compañía que tiene una base cultural, psicológica, científica, de amistad y de parentesco lejano puede merecer protección, ¿por qué no?
Finalmente, el último concepto. No voy a negar que existen circunstancias especiales. Comprendo quien dice: ¿y cuándo hay hijos?; ¿y cuándo existe toda una vida de convivencia y de mutua ayuda? Lo comprendo. Sin embargo, creo que hay que hacer una serie de reflexiones y de distinciones. Entonces, no en todos los casos, sino en algún caso especial. Una cosa es fomentar y otra darse cuenta de las situaciones.
En definitiva, creo que es preciso reflexionar, aunque no de forma subrepticia, sino públicamente y en un amplio debate sobre este tema específico, esto es, la cuestión de la compañía y de las parejas de hecho. Lo que no se puede hacer es intentar plantear de forma subrepticia una cuestión que, a pesar de ser muy actual e importante, no puede abordarse en el ámbito de un reglamento como éste.

Thors
 Señor Presidente, señor Comisario, he de decir que cuando la comisión dio curso al proyecto de informe de nuestra excelente y testaruda ponente, se desarrollaron unas escenas tragicómicas que causaron la consternación de un diputado relativamente nuevo de los países nórdicos.
No obstante, me satisface que, más allá de las fronteras que dividen a nuestros grupos, hayamos llegado a un acuerdo por lo que respecta a la modificación de lo que la ponente ha descrito como el «crac» sufrido por el informe, y sobre el cual se han presentado unas enmiendas que creo que existen muchas posibilidades de que se aprueben. No puedo hablar en nombre del norte, pero estamos reflexionadno sobre lo que vamos a hacer y cómo votaremos mañana, puesto que mañana se va a decidir sobre un aspecto de la credibilidad de la Unión, que es el de la igualdad y los derechos de las mujeres. Por eso espero que se aprueben las enmiendas presentadas por los grupos políticos.
También me satisface que, a través de las propuestas presentadas, podamos efectuar unos trabajos decididos en favor de la igualdad, y que logremos un fundamento legal para las intenciones expresadas por la actual Comisión y el Comisario presente, que son lograr una representación más equilibrada de los dos sexos en las instituciones de la Unión. Hay que seguir persiguiendo este objetivo porque de otro modo habrán unas fuerzas latentes que nos llevarán en otra dirección, y es necesario un plan para que se llegue a buen término.
También se ha comentado la discriminación en base a la edad. Respaldo las enmiendas que hemos presentado. En lo relativo a las diversas formas de expresar afecto entre las personas, no entiendo que esto pueda constituir una amenaza contra la institución de la familia o del matrimonio en ninguno de los países miembros. Se trata más bien de una posibilidad. Las propuestas presentadas en el sentido de reconocer oficialmente las parejas de hecho de diverso tipo, aparte del matrimonio tradicional, no representan interferencia alguna con la legislación de ningún país.

Sierra González
Señor Presidente, de las enmiendas aprobadas en sesión plenaria del Parlamento en noviembre de 1993 y propuestas para ser incorporadas al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, la Comisión sólo ha hecho suya la concerniente a la prohibición expresa de toda discriminación directa o indirecta basada en la orientación sexual.
Sin duda, el hecho de que la Comisión haya asumido esta enmienda constituye un paso adelante que hay que saber valorar. Pero hay otras enmiendas dirigidas a instrumentar los medios para que la prohibición de la discriminación directa o indirecta se traduzca en realidades prácticas, medios tales como la creación de un comité encargado de fomentar y vigilar la aplicación del principio de igualdad, de proponer los correspondientes programas de medidas positivas, así como la propuesta de un sistema de promoción de los funcionarios basado en una cláusula preferencial, a las que la Comisión no ha sido sensible.
Su falta de sensibilidad encubre un problema de fondo: la limitada autonomía de las instituciones en la profundización y generalización del principio de igualdad de trato. Y ello es debido a que el paso del principio jurídico formal a los hechos lleva aparejado cierto número de cuestiones que afectan a órdenes diversos de la sociedad: desde la gestión gubernamental de los servicios sociales y de la seguridad social hasta la reconversión de la función familiar y doméstica de los individuos, y ninguna de estas cuestiones puede ser abordada por un solo sujeto, habida cuenta de que rebasan los ámbitos político-administrativos y penetran en la sociedad civil en los usos y costumbres.
Pero en materia de derechos -particularmente, de derechos subjetivos- se ha pretendido -y, a veces, se ha conseguido- que la legislación europea resulte modélica, constituyendo no sólo un referente jurídico, sino también moral. Y ésta es una ocasión para que los legisladores asuman esta responsabilidad. No se trata sólo de legislar un estatuto para los funcionarios de la Comunidad; se trata de formular un modelo funcional de derechos económicos y sociales, de sistemas de promoción, que constituya, por sí mismo, la expresión de la igualdad de trato, el final de todas las formas de discriminación jurídica basadas en la orientación sexual.
De ahí la necesidad de la adopción de las enmiendas si se quiere que la Unión Europea se convierta en un modelo de promoción de la igualdad de trato. Habrá quien diga que las pretensiones de este Estatuto eran más limitadas, que su objetivo quedaba sobradamente cumplido con regular de manera genérica el principio de igualdad en el régimen aplicable a los funcionarios, sin entrar en detalle. Pero la supresión de la discriminación basada en la orientación sexual obliga a entrar en detalle: las garantías legales que aseguran la igualdad de trato no pueden pasar por alto detalles tales como la subrepresentación de las mujeres, la segregación vertical de éstas en los ámbitos de dirección, su concentración horizontal en ciertas actividades y, en el caso de las funcionarias europeas, en ciertas categorías.
No abordar estas cuestiones -al contrario de lo que pretenden estas enmiendas, a las que, en nombre de mi Grupo, doy mi apoyo-, dejaría vacío de contenido el principio de igualdad de trato. Por otro lado, convendría recordar que la igualdad de trato como instrumento de profundización de la democracia ha de alcanzar, en materia de Derecho laboral, civil, contractual y comercial, a todos los ciudadanos comunitarios, con independencia de su orientación sexual y de las fórmulas de convivencia que hayan elegido para vivir. De lo contrario, se estarían penalizando conductas y limitando la libertad de elección de los individuos. De ahí que sea preciso reconocer el derecho al disfrute de todas las prestaciones sociales a las parejas de hecho, heterosexuales u homosexuales.
Por último, quiero decir que asumir estos compromisos significa no sólo dar pasos adelante hacia una sociedad más democrática, sino también más libre. Creo que es deber de la Comisión perseguir este objetivo.

Ullmann
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el caso que nos ocupa no está en juego sólo la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas sino también, tal como acaba de exponer con mucho énfasis el colega Casini, la supresión de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual, religiosa o filosófica, o sea exactamente lo que se expresa en las enmiendas 3, 8 y 11.
El Parlamento Europeo tiene un doble compromiso en este sentido. No puede situarse por debajo de los criterios adoptados por otras instituciones transnacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el instituto Monetario Europeo y tampoco debe olvidar la Resolución relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las uniones entre personas del mismo sexo, que fue aprobada por esta Cámara en febrero de 1994. No existen argumentos jurídicos o teológicos que puedan oponerse a dicha Resolución. No existen argumentos teológicos porque tanto en la tradición del Viejo Testamento como en la del Nuevo Testamento no se expresa la preferencia por una estructura familiar determinada. No existen argumentos jurídicos porque el ejercicio de las libertades personales no puede restringirse a las personas con una orientación religiosa, sexual o filosófica determinada, sobre todo no en la regulación de los servicios públicos.
Mantener cualquier tipo de restricción en el Estatuto de los funcionarios contravendría los principios de las libertades fundamentales de la Unión Europea.

Hory
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea suscribe totalmente los objetivos de la propuesta de reglamento que se nos presenta.
En efecto, si las instituciones europeas desean seguir representando un papel de motor en la lucha contra las discriminaciones sexistas, deben empezar por dar ejemplo en el trato reservado a sus funcionarios y agentes.
Por eso nuestro Grupo aprobaba igualmente las ideas generales del informe de la Sra. Lindholm; de hecho, nosotros hemos cofirmado la mayoría de las enmiendas que recogían esta idea, para mejorar la propuesta de la Comisión.
Expresándome ahora a título personal, y consciente de ir a contracorriente de las tendencias actuales, debo decir, sin embargo, que no creo posible apoyar las enmiendas 5, 12, 13 y 14, que plantean un verdadero problema de filosofía política, ya que establecen una desigualdad de derecho a la hora de realizar contrataciones y promociones de funcionarios de las Comunidades.
En este caso, ya no sólo se trata de la igualdad entre sexos, sino de una visión diferente de la sociedad. Las grandes corrientes de pensamiento se han aplicado a estos problemas desde hace mucho tiempo. Las ideologías que, para resumir, denominaré «colectivistas» tenderían hacia una «igualdad relativa a la situación», con las consabidas consecuencias para las libertades y las responsabilidades individuales. En cuanto a las ideologías liberales, éstas siguen basándose en lo que yo denominaría «principio de caridad»: uno se remite a la iniciativa individual para corregir las desigualdades relativas a la situación.
Por mi parte, soy radical y me remito al principio de justicia, según el cual hay que condenar las discriminaciones basadas en criterios objetivos (raza, sexo, lengua u origen) y garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades. Así, tratándose del problema hombres/mujeres, prefiero la paridad cualitativa frente a la igualdad cuantitativa. Por eso, en general, creo que no se corrige una desigualdad de hecho creando una desigualdad de derecho, salvo si nos dirigimos hacia esa sociedad «ideal» donde hombres y mujeres ocuparían un sitio que se les asignaría mediante cálculos aritméticos. Yo no deseo este tipo de sociedad.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de reglamento del Consejo que se nos presenta recoge la aprobación de nuestro Grupo, pero la misma me lleva a hacer dos observaciones: una sobre el procedimiento, la otra sobre el fondo.
Con respecto al procedimiento, el primer informe de la Sra. Lindholm fue rechazado el 27 de enero, tras la discusión de las enmiendas, en la Comisión de Asuntos Jurídicos. ¿Que fue lo que pasó? Como lo recuerda este informe, algunas enmiendas no consensuadas se habían aprobado por escaso margen, generalmente por un voto de diferencia. En la votación final, el cambio de un voto positivo por una abstención por parte de un miembro de la comisión que pensaba que el informe no iba lo suficientemente lejos, condujo al empate y, por lo tanto, al rechazo del proyecto. Al mismo tiempo, la propuesta de resolución legislativa, sometida algo prematuramente a votación, corrió la misma suerte.
Deseo señalar que me felicito de que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya aceptado, el 6 de febrero, una propuesta que yo había presentado, conforme a la letra del reglamento y a la lógica del procedimiento, y cuyo objetivo era pedirle que se pronunciara sobre la propuesta inicial de la Comisión. El texto aprobado permite nuestra discusión de esta noche; no impide el debate y también permite presentar enmiendas en el Pleno.
Dicho esto, desearía hacer una observación de fondo. La situación de desigualdad de trato entre hombres y mujeres ha llevado a la adopción de medidas que plantean problemas jurídicos graves y que ponen en duda el propio fundamento de nuestros regímenes republicanos. Para resumir, en relación con los puestos vacantes se ha pasado de un sistema de cuotas a un sistema de puestos reservados, debido a las famosas discriminaciones positivas. Suscribo lo que acaba de decir hace un momento mi colega, el Sr. Hory, quien hubiera podido citar la frase célebre de un ministro comunista para las Administraciones públicas: »En una sociedad desigualitaria hay que estar a favor de la desigualdad para restablecer la igualdad».
Esto plantea dos problemas. El primero es de naturaleza política. El Consejo Constitucional en Francia, el Tribunal Constitucional en Italia, el Tribunal Constitucional en Alemania, el Tribunal de Justicia en el asunto Kalanke, han rechazado las medidas que favorecían sistemáticamente, en igualdad de situaciones, la contratación de mujeres en nombre del célebre principio de igualdad. Pero esto plantea también un problema filosófico, basado en la naturaleza de estas discriminaciones positivas y en el hecho de que las mismas ponen en entredicho el propio fundamento de nuestras democracias, puesto que se cuestiona la propia noción de ciudadanía. ¿Qué se puede hacer? Es preciso establecer, naturalmente, medidas de igualdad. Hay que actuar también mediante incitaciones, como sucede a veces en los partidos políticos. No hay que equivocarse de debate. Dudo de que las enmiendas propuestas -diez de ellas proceden de los mismos signatarios- permitan avanzar.
Al proponer medidas tan dudosas como las enmiendas mencionadas o como la enmienda 3; o la enmienda 10, sobre casos de convivencia no marital; o la enmienda 11, sobre las parejas de hecho registradas y estatutariamente equivalentes al matrimonio, sus autores desvían el debate y corren el riesgo de que se rechace la propuesta de la Comisión.
Atendiendo a las excelentes razones desarrolladas por el Sr. Casini hace un momento, no votaremos a favor de estas enmiendas. A fin de cuentas, si las enmiendas fueran aprobadas y si luego se rechazara la propuesta de la Comisión, no por ello mejoraría la situación de las mujeres. Por esta razón nosotros deseamos atenernos al texto de la Comisión.

Falconer
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe de la ponente. Va muy lejos en la eliminación de la desigualdad que existe no sólo para las mujeres, sino también para los hombres y otras mujeres a los que se castiga por su orientación sexual. Las enmiendas presentadas por mi colega la Sra. Zimmermann y otros también van muy lejos en intentar eliminar esta forma concreta de discriminación.
Respondiendo al último orador y también al Sr. Hory, no se pueden borrar siglos de desigualdad con sólo dar un giro y decir que vamos a confiar en los mismos hombres para que hagan justicia a las mujeres. Esto sencillamente no va a ocurrir. Gracias a Dios, las mujeres están empezando a recuperar terreno en este sentido. En los últimos cincuenta años las hemos visto avanzar a grandes pasos y abrirse camino a fin de asegurarse de que se eliminaran estas desigualdades. Cuando empezó a hablar el Sr. Hory, pensé que, en vista de las generosas afirmaciones que dedicó a la Sra. Lindholm, se declararía muy enérgicamente a favor de eliminar estas barreras discriminatorias y de avanzar de alguna manera hacia una representación equitativa de las mujeres. Pero dio una giro y atacó el núcleo mismo del informe diciendo que no podía apoyar las enmiendas números 5, 12 y 14. Estas enmiendas son las que de hecho dicen a la Comisión: »Deberá garantizar que haya una verdadera igualdad en sus filas cuando contrate personal».
Mi interés particular en el informe está en la enmienda nº 18. Creo que hay que ir más lejos que los tribunales para impedir las desigualdades. También estoy de acuerdo en que tenemos que luchar dentro de los lugares en los que se trabaja. Por lo tanto, es importante que demos de hecho estas herramientas a los delegados sindicales y a los representantes de los trabajadores para que resuelvan los problemas antes de que lleguen a los tribunales. Por eso creo que la enmienda nº 18, que hemos presentado en nombre del Grupo Socialista, debería ser apoyada por toda la Asamblea. Permitiría que dichos representantes de los trabajadores obtuvieran los historiales de varios funcionarios a fin de compararlos con los de otros que se presenten para puestos. He de subrayar que de lo que aquí estamos hablando es de experiencia de trabajo.
Miro la traducción alemana y dice «Laufbahnen» . Por mis colegas alemanes me entero de que esto quiere decir «Curriculum vitae». La interpretación correcta, según tengo entendido, es «Arbeitserfahrung» , que es experiencia de trabajo. ¿Podemos garantizar, Señor Presidente, que usted y otros, incluida la secretaría de personal, comprueben las enmiendas a medida que son presentadas a fin de asegurar que reflejan los deseos de los diputados que las presentaron? Esta enmienda concreta está mal presentada. La traducción es incorrecta. Confío y espero que esta Asamblea la corrija.

Pex
Señor Presidente, hablo en nombre de la parte neerlandesa, una parte pequeña, del Partido de los democristianos, que mañana espera recibir refuerzos. Durante dos años y medio me he ocupado de las instancias presentadas por los funcionarios europeos que exigían y exigen la igualdad de derechos; concretamente tenía que ver con las parejas homosexuales. Por desgracia no logré ningún resultado. Una y otra vez me veía obligado a rescatar al expediente de debajo del polvo de la Comisión Europea. Doy las gracias a la ponente y a quienes han presentado enmiendas por haber dado hoy una nueva oportunidad a esta cuestión.
Los empresarios, por lo menos los buenos, saben que tener un buen hogar es positivo para el trabajo. Es bueno para el trabajo que en casa alguien se ocupe del trabajador. Esto no es válido para las instituciones europeas. Jan se casa con Marie, lo celebran, nadie se preocupa de las consecuencias financieras. Cuando, veinte años más tarde, Jan muere, se ocupan sin ningún problema de Marie hasta el final. Pero todo cambia si se trata de Robert y Arthur, y Françoise y Nicolette lo tienen todavía más crudo, porque al ser mujeres reciben un trato aún peor.
Esta diferencia, señor Presidente, se llama discriminación. Un término que esta Asamblea aborrece, salvo cuando se trata de parejas homosexuales. Los empresarios neerlandeses con un estatuto como este en los Países Bajos irían a parar a la cárcel. Aquí no. Aquí, el empresario está sentado a su mesa y habla con nosotros de discriminación en todo el mundo, salvo entre su propio personal.
Quiero formular dos preguntas claras al Comisario. Si el Parlamento aprueba mañana la resolución y las enmiendas, ¿qué hará la Comisión Europea con el estatuto? ¿Cuánto se tardará en poner fin a esta discriminación? ¿Por qué no se respetan las leyes y las constituciones de los Estados miembros que regulan bien estas cuestiones? ¿Por qué la Comisión Europea no tiene el valor de recurrir a sus influencias en el Gobierno belga, para las personas como Arthur que no consiguen un permiso de residencia en Bélgica, para que estas personas no tengan que huir a los Países Bajos para poder realizar su trabajo de Bruselas desde allí? La Comisión Europea no hace nada al respecto. Los políticos que se precian de serlo, quieren una sociedad que se mantenga unida entre otras cosas por la preocupación por el prójimo. Un empresario ha de contribuir a ello. Dos personas que se ocupan una de otra tienen en la sociedad una situación mucho mejor que si están solas. Todo el mundo lo acepta, salvo los empresarios, las instituciones europeas, con respecto a los funcionarios que no pueden o no quieren casarse.

Eriksson
Señor Presidente, en primer lugar he de informar a los asistentes de esta Cámara de que procedo de Estocolmo. En Estocolmo la mayoría de «familias» tienen un solo progenitor. Con respecto al razonamiento lógico de que es la existencia de niños lo que se requiere para que se pueda decir que existe una familia , es mi opinión que debería permitirse a las parejas de homosexuales que adoptaran hijos -si hacen falta padres- para resolver posibles problemas.
Doy la bienvenida al trabajo realizado por la Sra. Lindholm que tiene el objetivo de hacer que las instituciones de la UE tomen en serio las resoluciones del Parlamento Europeo -resoluciones donde nos pronunciamos en favor de la igualdad y en contra de la discriminación, resoluciones repetidas en muchas ocasiones en esta Cámara, y que se aprueban unánimemente.
Los límites de edad en la contratación de personal, y la negación de sus derechos a los ciudadanos homosexuales que viven juntos, o a las parejas de hecho, no solamente pueden considerarse como discriminación, sino también como derogaciones de las legislaciones nacionales, entre ellas la sueca.
En este Parlamento tenemos la capacidad de expresarnos con gran dignidad y palabras solemnes. Ahora tenemos la posibilidad, con ocasión de la votación sobre el informe Lindholm, de concretar activamente estas dignas y solemnes declaraciones votando a favor de las enmiendas presentadas. Espero que no sea la mayoría de los diputados los que voten a favor, sino que lo haga la totalidad -aunque del curso dado al informe en la comisión competente se puede adivinar que no será así. Lo espero para que exista substancia y credibilidad detrás de palabras como competencia, equidad, igualdad de oportunidades y derechos para todos independientemente de su edad, sexo o inclinación sexual. Votar en contra de estas enmiendas es, en mi opinión, contribuir activamente a la discriminación y contradecirse a sí mismo.

Gebhardt
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, también en este hemiciclo resulta imposible escapar a la arrogancia de algunos hombres, de algunos, no de todos, debo añadir. Afirmar que para alcanzar la igualdad basta con establecer una perfecta equiparación jurídica demuestra en verdad una arrogancia tan grande que casi resulta inconcebible. Las citadas trayectorias vitales, las citadas estructuras laborales, el mundo del trabajo, todas las condiciones de contratación y promoción se basan, en efecto, en las realidades masculinas, en las experiencias vitales masculinas. Y nos dicen con toda seriedad: »Mujeres, sólo tenéis que procurar pareceros a los hombres y tendréis las mismas oportunidades.» ¿Creen ustedes en serio que esto es lo que deseamos, que no queremos seguir siendo nosotras mismas? ¡Pues, no es así! ¡Francamente, no puede ser así!
La familia es algo valioso. Es cierto. Pero no lo es todo. No debe olvidarse que la familia no es un hecho universal ni la forma de vida universal en nuestra sociedad. Cada vez lo es menos. Y una familia no es un certificado de matrimonio. Una familia son unas personas con hijos. ¿Qué importancia tiene el certificado de matrimonio? Lo que importa es la convivencia, el hecho de que unas personas vivan juntas, y esto es lo que debe tomarse en consideración, al margen de que las personas que conviven sean de distinto sexo o del mismo sexo. No existe razón alguna para discriminar a estas personas sólo porque declaran abiertamente que viven como lo que son y desean tener y recibir las mismas oportunidades y las mismas posibilidades que las demás personas. No existe motivo alguno para que nos apartemos de los principios fundamentales ya adoptados por el Parlamento Europeo. Unos principios que ya aprobamos -tal como acaba de señalar el Sr. Ullmann- en febrero de 1994.

Liikanen
 Señor Presidente, la propuesta de la Comisión que ahora se somete a examen en el Parlamento tiene ya tras de sí una larga historia. La Comisión entregó por primera vez la propuesta al Parlamento para su estudio hace cuatro años, en marzo de 1993. La propuesta tiene dos objetivos. Por un lado, incorpora el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el Estatuto, y, por otro, permite la aplicación de medidas especiales positivas para mejorar la situación de las mujeres en el caso de que las circunstancias sean discriminatorias para ellas.
El Parlamento presentó su primer informe en noviembre de 1993, sobre la base del cual la Comisión modificó su propuesta y añadió a la misma el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. No pude remitir al Consejo la propuesta modificada de la Comisión hasta marzo de 1996 debido a que la reforma del Estatuto requiere la realización de extensas consultas, sobre todo con los representantes del personal. Dado que había transcurrido mucho tiempo desde el envío de la propuesta de la Comisión y desde su modificación, el Parlamento solicitó al Consejo la posibilidad de ser oído nuevamente, a lo que se accedió en octubre de 1996. En esta ocasión la comisión ha propuesto numerosas enmiendas, relativas tanto a la igualdad entre hombres y mujeres como a la no discriminación por razones de orientación sexual. Quisiera resaltar que la propuesta que está estudiando actualmente la Comisión es tan sólo una pequeña reforma parcial y no una reforma completa de la administración. El objetivo sería lograr que, después de cuatro años, esta pequeña reforma parcial entrara en vigor con el fin de poder centrarse en modificaciones más importantes.
En el debate se han planteado principalmente dos cuestiones, que merecen un par de comentarios. Una se refiere al límite de edad y la otra a la situación de las parejas de hecho. La propuesta incluye la supresión de los límites de edad en los concursos y oposiciones de las instituciones comunitarias. Durante mucho tiempo se ha venido hablando del tema y son conocidos los argumentos a favor y en contra. Querría resaltar que el Estatuto permite hacer uso del límite de edad, pero no obliga a ello. Por lo tanto, el actual Estatuto no obliga a aplicar el límite de edad. Cabe estudiar en qué casos está justificada la aplicación del límite de edad y cuáles no, y tratar la cuestión por separado.
Un problema práctico del que gustosamente estoy dispuesto a hablar más detenidamente en la comisión es el de la organización de los concursos y oposiciones. Recientemente, en 1993, se celebró en los doce Estados miembros un concurso para jóvenes funcionaros de categoría A al que se presentaron cincuenta mil candidatos de los doce países, con nueve lenguas. En la lista de reserva se incluyeron finalmente seiscientos, es decir, poco más del uno por ciento. El trabajo administrativo fue ingente y absorbió un gran volumen de recursos de la administración. Si ahora se llevase a cabo un concurso de estas características, como ocurrirá dentro de poco, el número de candidatos de los 15 países miembros aumentaría considerablemente con toda seguridad, pero, al mismo tiempo, el número de puestos de trabajo de nueva creación ha disminuido sustancialmente debido a que el presupuesto no ha hecho posible su aumento. El límite de edad se ha convertido en una forma de controlar el número de candidatos. Sobre su legitimidad puede discutirse
Por otro lado, quiero señalar, no obstante, que el límite de edad no siempre se ha utilizado como condición para la contratación. La mayoría de los denominados agentes temporales entraron al servicio de la Comisión sin límite de edad y muchos de ellos se han convertido en funcionarios a través de concursos internos. La Comisión aprobó el año pasado mi iniciativa de una nueva política relativa a los agentes temporales, cuyo contenido es el siguiente: en lo sucesivo se organizarán dos tipos de concursos, uno para altos funcionarios jóvenes y otro para funcionarios de mayor edad con experiencia laboral. El objetivo es que todos los concursos sean abiertos y públicos, para los más jóvenes y para los que tienen más edad, pero a estos últimos se les exigiría entonces tener experiencia. En la contratación de funcionarios de los nuevos Estados miembros ya se ha empleado este procedimiento. Para los grados inferiores de los funcionarios de categoría A se ha contratado a jóvenes sin o con poca experiencia. Aparte se han organizado concursos para funcionarios de mayor edad, es decir, de los grados A4 y A5, a los que se ha destinado a funciones de mayor entidad.
Acabo de cotejar los resultados de estos concursos, puesto que la contratación ya ha empezado. Por lo que respecta a los concursos para jóvenes, el porcentaje de mujeres de los nuevos Estados miembros que han aprobado y figuran en las listas de reserva era de un 51 %. En el caso de los funcionarios de mayor edad este porcentaje era ligeramente superior al 30 %. Esto es un claro reflejo de la evolución de la sociedad. La situación de las mujeres jóvenes es hoy en día ya claramente mejor que hace unos 10-20 años. Pero, al mismo tiempo, el caso merece una reflexión sobre el tema. No estoy seguro de si es absolutamente necesaria la prohibición de todas las disposiciones en materia de límite de edad. Cada situación debe estudiarse por separado, pero, tal como he dicho, la Comisión está abriendo actualmente los concursos también a los funcionarios de mayor edad.
En segundo lugar, por lo que respecta al principio de la no discriminación por razones sexuales, la Comisión es consciente de los problemas de las parejas de hecho y de la situación de desigualdad, por lo que ha buscado soluciones al problema. El verano pasado la Comisión aprobó una reforma administrativa mediante la cual se garantiza a las parejas de hecho homosexuales y heterosexuales los mismos derechos de que disfrutan las parejas casadas; estos derechos están garantizados sin que sea necesario modificar el Estatuto, por lo tanto están fundamentados en el Estatuto actualmente en vigor. Tengo entendido que el Parlamento y el Consejo están elaborando, por su parte, reformas similares. Animo a los diputados a que realicen un seguimiento de este asunto.
El Parlamento señala ahora la conveniencia de realizar también una modificación del Estatuto, con arreglo a la cual las parejas de hecho, no casadas, tendrían derecho a disfrutar de las mismas prestaciones sociales y económicas que las parejas casadas. Esto está justificado desde el punto de vista de la igualdad. Antes de que la Comisión lleve a cabo la propuesta en esta materia, debemos realizar una reflexión política, la siguiente: el Consejo se ha mostrado, por decirlo con suavidad, hostil hacia los derechos de los funcionarios y ha propuesto importantes recortes en varios ámbitos. Si formulamos la propuesta de que las parejas de hecho consigan los mismos derechos que las casadas, existe el riesgo de que la respuesta del Consejo sea la supresión a estas últimas de aquellos derechos que en muchos países no existen. Hay que pensar detenidamente en la conveniencia de correr este riesgo, por lo que habrá que conversar también con los representantes del personal. Yo personalmente no tengo nada en contra de este tema; considero que el trato que reciben las parejas casadas y las de hecho debe ser el mismo. El riesgo reside en que el Consejo decida aplicar la igualdad suprimiendo los privilegios de las parejas casadas, y, de esa forma, las parejas de hecho ya estarían en la misma situación.
En definitiva, en relación con las propuestas de modificación del Parlamento, quiero señalar que en varios aspectos las comparto. No obstante, debe considerarse si se lleva a cabo esta pequeña reforma parcial que ha durado ya cuatro años o si se inicia el debate y el examen de nuevo. La otra alternativa es aprobar ahora esta pequeña reforma y, posteriormente, empezar a preparar una reforma global del Estatuto que, por otro lado, será imprescindible antes de la ampliación. Lamentablemente, el calendario de examen de estas cuestiones es excesivamente largo. Si este asunto ha llevado cuatro años, ¿cuánto se tardará cuando empecemos a considerar una reforma de conjunto? Tal vez sería oportuno tratar este tema con la comisión. Ya las negociaciones y las conversaciones con las organizaciones de personal en el seno de las instituciones son excesivamente largas. Los procedimientos llevan tiempo. De hacer algo, habría que hacerlo de tal forma que estuviera concluido durante el mandato de este Parlamento y de esta Comisión. Doy las gracias a la comisión por la atención que ha prestado a este asunto y con mucho gusto accederé a continuar posteriormente el diálogo sobre la materia.

Pex
Señor Presidente, he formulado tres preguntas claras al Comisario, y no he obtenido ninguna respuesta. Considero que después de dos años y medio tengo derecho a una respuesta. El Comisario dice que está de acuerdo con las enmiendas, pero aparte de esto no hace nada. La Comisión tiene el derecho de iniciativa. Que el Comisario haga algo ahora, y que por lo menos responda a mis preguntas.
Las repito: en primer lugar, ¿qué hará la Comisión si mañana el Parlamento aprueba las enmiendas? En segundo lugar, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se cambie el estatuto? Y en tercer lugar, ¿por qué la Comisión Europea no respeta las leyes y constituciones de los países que están a favor de la igualdad de derechos? Le pido, señor Presidente, que se ocupe de que este Parlamento reciba respuesta a estas tres preguntas explícitas.

Liikanen
 Señor Presidente, acabo de señalar que debemos pensar en si adoptar o no la decisión de llevar a cabo esta reforma parcial. Si se desea hacerlo debería adoptarse una decisión de este tipo. Si deseamos iniciar esta cuestión nuevamente, tendremos por delante con toda probabilidad un proceso que nos llevará uno o dos años más. Si respetamos el principio de cooperación con el personal, deberemos iniciar las nuevas consultas sobre el tema en su totalidad. La Comisión debe reflexionar sobre ello. Yo me inclinaría preferentemente -aunque esto algo que la Comisión debe decidir más tarde- por adoptar ahora la decisión de aprobar esta pequeña reforma y que las opiniones formuladas por el Parlamento se tengan en cuenta cuando se empiece a estudiar el conjunto del Estatuto.
La segunda cuestión que resulta problemática desde el punto de vista jurídico es el de si el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas puede tratar de diferente manera a los ciudadanos de diferentes países. Hasta ahora, los expertos juristas han señalado que el Estatuto de las Comunidades Europeas debe tratar a todos los funcionarios de igual forma. Esto no nos permite jurídicamente clasificar los derechos de los funcionarios sobre la base de la nacionalidad. Así pues, este ha sido el parecer los expertos y, dado que se trata de una interpretación jurídica, para la Comisión es difícil apartarse de ella. A medida que las opiniones de los Estados miembros varíen -ahora tenemos un par de países que han aprobado las parejas de hecho y, concretamente además, los derechos de las parejas homosexuales y su registro-, mejorarán también naturalmente las posibilidades de conseguir estos cambios en el Consejo. Me alegraría mucho de que las opiniones de los Estados miembros progresasen, ya que de esta forma se solucionarían mejor los asuntos en este sentido.
La tercera cuestión sobre la que quiero llamar la atención es la necesidad de realizar una valoración política, que es indispensable si llevamos a cabo la propuesta de equiparar a las parejas de hecho con las casadas. ¿Está dispuesta la Comisión a correr el riesgo de que, como consecuencia de esa propuesta, los derechos actuales de las parejas casadas, en particular los derechos económicos, se supriman y, de esta forma, se alcance la igualdad? En opinión de muchos, esto puede parecer un asunto sin importancia, pero puedo afirmar que para las organizaciones de personal se trata de una cuestión muy delicada.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas)

