Apertura del período anual de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo 1999-2000.

Decisión sobre la urgencia
von Wogau
Señora Presidenta, quiero manifestar, en relación con este asunto, que nuestra comisión no ha concluido aún sus deliberaciones y, por consiguiente, no podemos aprobar la aplicación del procedimiento de urgencia para la presente sesión. Yo propongo, no obstante, que debatamos el tema en la segunda sesión de marzo. Para esa fecha ya habremos completado nuestras deliberaciones.

El Presidente
Señor von Wogau, otra solución sería, si Su Señoría y la Asamblea estuvieran de acuerdo al respecto, que votáramos a favor de la urgencia, pero inscribiéndola en la sesión del 22 de marzo. ¿Estaría Su Señoría de acuerdo con esa propuesta?
El Parlamento aprueba la urgencia para la sesión del 22 de marzo

Modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0070/99) de los Sres. Corbett y Gutiérrez Díaz y de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo.
Informo a Sus Señorías de que el Sr. Crawley se ha sumado a la opinión minoritaria expresada en la exposición de motivos.
Concedo el uso de la palabra al Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión de orden.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, se trata, de conformidad con el artículo 128, y sobre el texto cuyo debate ha anunciado usted, de plantear una cuestión de no ha lugar a deliberar. O bien la expongo ahora o espero que inicie usted formalmente el debate sobre ese texto, como usted guste.

El Presidente
Estamos en el comienzo del debate, por lo que Su Señoría tiene, señor Fabre-Aubrespy, el uso de la palabra.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, el objeto de la cuestión de inadmisibilidad es el de plantear cuestiones de orden que se han producido con ocasión de la elaboración de este texto. Así, pues, impugno su debate por dos razones esenciales. La primera es la de que este texto, que propone ciertas modificaciones del Reglamento, pretende aplicar el Tratado de Amsterdam. Se me dirá: el Tratado de Amsterdam está ratificado, o casi. Resulta que un país, Francia, no ha procedido aún a su ratificación y sería una descortesía para con el parlamento de mi país hacer modificaciones de nuestro Reglamento sin que dicho Tratado esté aprobado oficialmente.
Pero sobre todo -y esto incumbe a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea- no se puede aplicar un tratado, que es un acto esencial de nuestro Derecho comunitario, sin que oficialmente los Estados, por mediación de su Jefe de Estado o de Gobierno, hayan procedido a su ratificación. Ahora bien, resulta más que evidente que ninguno de los Estados ha procedido a los intercambios de los instrumentos de ratificación, por emplear el lenguaje diplomático.
La segunda razón es, señora Presidenta, la de que, mientras que correspondía a la Comisión de Reglamento aplicar el Tratado de Amsterdam, o, mejor dicho, el proyecto de Tratado, el que pronto será, normalmente, ratificado, dicha comisión ha ido mucho más lejos. Ahora bien, en nuestro texto esencial, que es el Reglamento del Parlamento Europeo, nos corresponde subordinarnos a las leyes esenciales y, en particular, al Tratado. En la opinión minoritaria que he presentado sobre este texto, he expuesto los puntos en los que me parece que el informe va demasiado lejos. No me extiendo al respecto. Ésta es la razón por la que pido a la Asamblea que se pronuncie sobre la cuestión de no ha lugar a deliberar que acabo de exponer.

Fayot
Señora Presidenta, quisiera responder brevemente a las dos cuestiones planteadas por el Sr. Fabre-Aubrespy.
La primera se refería a la aplicación del Tratado de Amsterdam. Es evidente que esas modificaciones no pueden entrar en vigor hasta que el propio Tratado de Amsterdam haya entrado en vigor. Lo que aquí hacemos es preparar al Parlamento para esa entrada en vigor. Así, pues, resulta más que evidente que esas disposiciones del Reglamento vinculadas con el Tratado de Amsterdam no entrarán en vigor hasta que el propio Tratado de Amsterdam esté en vigor. Por otra parte, resulta igualmente evidente que, ante semejante materia compleja, nuestro Parlamento debe prepararse: no puede esperar a que el Tratado de Amsterdam esté en vigor para preparar la aplicación del Reglamento y ésa es la razón por la que creo que la objeción del Sr. Fabre-Aubrespy no es admisible.
La segunda cuestión era la siguiente: ¿hemos ido demasiado lejos en esas modificaciones del Reglamento? En efecto, hemos aprovechado esa labor para adaptar ciertas disposiciones de nuestro Reglamento a situaciones nuevas. Así, pues, creo que el derecho más elemental de un Parlamento es el de trabajar en su Reglamento, adaptarlo a la permanente evolución de la vida parlamentaria. Por eso, no puedo aceptar tampoco esa segunda observación del Sr. Fabre-Aubrespy. Ésa es la razón por la que, en mi calidad de presidente de la Comisión de Reglamento, propongo a la Asamblea que rechace las objeciones del Sr. Fabre-Aubrespy.

El Presidente
Señorías, hemos oído al Sr. Fabre-Aubrespy, que ha formulado su petición, y al Sr. Fayot, en su calidad de presidente de la comisión.
¿Hay algún orador en contra?

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, estoy en contra de la posición del Sr. Fabre-Aubrespy por la razón siguiente: si bien desde el punto de vista formal -y el Sr. Fabre-Aubrespy lo sabe de sobra-, su primera objeción, es decir, la que se refiere al Tratado, parece aceptable en este trámite parlamentario, su segunda objeción, por el contrario, se refiere al fondo de la cuestión. Y, entonces, por lo que se refiere al fondo, el Sr. Fabre-Aubrespy deberá limitarse a votar en contra de determinadas enmiendas si le parece que no deben ser aprobadas en el marco de esta reforma del Reglamento.
Pero volviendo sobre la primera cuestión, el Sr. Fabre-Aubrespy sabe muy bien lo que es el Derecho estatutario. El Derecho estatutario tiene la grandeza, y al mismo tiempo la servidumbre, de reglamentar el funcionamiento interno de una institución. Y por lo tanto, esa institución no sólo puede sino que debe prepararse de forma cautelar, a la espera de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam, para tener unas reglas internas que sean concordes y coherentes con ese Tratado en el momento en que entre en vigor, pues dicho Tratado es el que marca la pauta de ese desarrollo interno estatutario. Por lo tanto, señora Presidenta, creo que tampoco es aceptable la primera objeción.

El Presidente
¿Hay algún diputado que desee expresarse en el sentido del Sr. Fabre-Aubrespy?
No lo hay.
El Parlamento rechaza la petición

Corbett
Señora Presidenta, el presente informe constituye la revisión más completa de nuestro Reglamento desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht a comienzos de los noventa. No se limita a la necesaria transposición en el Reglamento del Parlamento del contenido del Tratado de Amsterdam. Aprovecha la oportunidad, al igual que hicimos después del Tratado de Maastricht, para revisar el conjunto de métodos de trabajo del Parlamento, así como sus procedimientos. En una palabra, estamos preparando el Parlamento para una nueva era.
Tradicionalmente, el Parlamento ha tomado los Tratados y ha intentado estirarlos como un elástico. No podemos contradecir los Tratados, no podemos hacer cosas que los Tratados prohíban. Pero, inevitablemente, los Tratados permiten un margen de apreciación, un poco de libertad para la interpretación. Tienen vacíos y lagunas que deben llenarse. El Parlamento siempre ha intentado hacerlo para que la Unión sea más eficaz, más abierta, más transparente y más democrática. Ésa es la filosofía inherente a esta revisión del Reglamento.
Es evidente que si un elástico lo estiramos demasiado, terminará por romperse y podemos hacernos daño en los dedos. Pero estoy convencido de que el paquete que hoy presentamos al Parlamento ha estirado el elástico sólo lo justo, y de que podemos recomendar a la Asamblea el resultado al que hemos llegado.
Después de Amsterdam, el Parlamento se convertirá en una parte equitativa de una autoridad legislativa bicameral junto con el Consejo, al menos para los ámbitos sujetos a la codecisión, entre los que se incluirá la mayor parte de la legislación no agrícola. Por ello, gran parte del trabajo contenido en este informe aspira a mejorar y definir de nuevo nuestros procedimientos legislativos. Esto incluye mejoras técnicas para simplificar el modo de votación en el Pleno.
El procedimiento de codecisión ha sido escrito de nuevo en nuestro Reglamento, en parte para tener en cuenta lo que se aprobó en Amsterdam: la posibilidad de acuerdos en primera lectura entre las instituciones, por ejemplo; la eliminación del derecho del Consejo a adoptar un texto unilateralmente en tercera lectura, si el Parlamento no lo rechaza. Estas modificaciones se han incorporado al Reglamento de manera que favorezcan un pronto diálogo entre el Consejo y el Parlamento para intentar alcanzar un acuerdo al inicio del procedimiento en la medida de lo posible. También hemos puesto de relieve los casos en que, en lo sucesivo, será la votación final del Parlamento la que determine la entrada en vigor de legislación europea.
En otro orden de cosas, hemos analizado las nuevas disposiciones que otorgan al Parlamento el derecho a elegir por votación al Presidente de la Comisión. Esta nueva votación vinculante se pone de relieve en la revisión del Reglamento, donde se describe como la elección de la Comisión. Queremos subrayar que la Comisión, el Presidente de la Comisión y, más tarde, las Comisiones en su totalidad tienen la obligación política de rendir cuentas al Parlamento. La Comisión no es una burocracia que no necesite rendir cuentas, como quieren hacernos creer algunos euroescépticos. La Comisión es un ejecutivo político que está obligado a dar cuenta de su gestión al Parlamento elegido por sufragio universal. Hemos intentado hacer hincapié también en este aspecto en la revisión del Reglamento.
El Parlamento debe analizar asimismo el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común, y afinar sus procedimientos para el seguimiento, examen y control de dicha política. Las modificaciones del Reglamento hacen precisamente eso. Hemos incorporado una serie de sugerencias de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa en este sentido. Éstas incluyen disposiciones sobre las relaciones con el nuevo Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común. Hemos previsto que el Alto Representante entable un diálogo con el Parlamento, acuda al Parlamento a explicar sus declaraciones, se presente ante la comisión parlamentaria pertinente y que el Parlamento supervise el procedimiento de nombramiento del Alto Representante.
Hemos incluido nuevas disposiciones en el Reglamento para tratar sobre lo que podríamos denominar «procedimientos legislativos atípicos». Los procedimientos del tercer pilar y los procedimientos de Schengen, la aprobación de legislación a petición de los interlocutores sociales en virtud del Acuerdo Social, la propuesta de legislación a iniciativa de un Estado miembro en virtud del apartado 1 del artículo 67 del Tratado, la suspensión de un Estado miembro y la legislación adoptada en aras de una mayor cooperación. Para todo esto existirá ahora un procedimiento preciso que contemple la participación parlamentaria en algo que, de otro modo, evidentemente no sucedería en virtud de los Tratados.
Hemos intentado reformar los procedimientos de votación interna del Parlamento con vistas a destinar menos tiempo -pues a menudo necesitamos horas- a las votaciones del Pleno. Hemos incluido una serie de modificaciones técnicas que simplificarán el proceso de votación en el Pleno, sin mermar por ello el derecho de los diputados o de grupos de diputados a presentar enmiendas. Esperamos haber logrado un paquete equilibrado en este aspecto.
Hemos intentado racionalizar nuestros procedimientos por otros medios. En el caso de los informes legislativos, por ejemplo, desaparecerá la exposición de motivos, que será sustituida por justificaciones breves por cada una de las enmiendas presentadas a la propuesta de la Comisión, como ya venimos haciendo en el procedimiento presupuestario. Asimismo, las opiniones de otras comisiones se limitarán a la presentación de enmiendas concretas. Eso nos permitirá centrar nuestro trabajo concretamente en los textos legislativos y en las enmiendas que deseamos introducir a los mismos, y dejar de lado los largos textos de retórica en los que no siempre está clara la opinión del Parlamento.
Los debates sobre temas de actualidad y urgencia también serán racionalizados, en el sentido de que los temas elegidos deberán ser aprobados cuando se apruebe el orden del día el lunes y no un día más tarde mediante un procedimiento ad hoc. De este modo dispondremos de más tiempo para preparar debidamente los debates y eso, también, supondrá un avance pequeño, pero significativo.
El nuevo Reglamento garantizará la transparencia de los procedimientos parlamentarios a todos los niveles y velará por el libre acceso a los documentos del PE. En este caso, seguimos las indicaciones del reciente informe sobre apertura y transparencia de mi colega Sra. Lööw.
También eliminamos la posibilidad de que en una fase avanzada del procedimiento se cuestione el fundamento jurídico de las propuestas, cuando dicho cuestionamiento se hace a última hora en el Pleno como excusa para devolver el asunto a comisión y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Tenemos aquí un procedimiento racional que preserva el derecho de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la comisión responsable, dejando la decisión final al Pleno, pero evitando que se recurra a artilugios para impedir que un asunto sea sometido a votación.
En lo relativo a mejorar el control de la Comisión por el Parlamento, prevemos también en nuestro Reglamento que el Presidente de la Comisión u otro miembro de la misma acuda al Parlamento a hacer una declaración inmediatamente después de las reuniones de la Comisión, siempre que así lo solicite el Parlamento, y que se someta a un turno de preguntas de media hora sobre las decisiones adoptadas en dicha reunión. Esta medida ilustra una vez más la obligación de la Comisión de rendir cuenta al Parlamento, al tiempo que brinda a la Comisión la oportunidad de informar directamente al Parlamento, en vez de a la prensa, sobre las decisiones que ha adoptado en su calidad de ejecutivo. El anuncio inicial de las decisiones adoptadas se realizará aquí y la reacción inicial consistirá en que los diputados elegidos por sufragio universal dirijan preguntas a la Comisión.
Intentaremos también animar los debates parlamentarios. Actualmente, como todos sabemos, celebramos debates siguiendo largas listas de oradores. Hemos experimentado con lo que solíamos denominar el procedimiento Delors, según el cual, el Presidente concede la palabra durante una hora a los distintos diputados que hayan captado su atención. Codificamos ambos sistemas en el Reglamento -actualmente ninguno de los dos está contemplado explícitamente en el mismo-, pero contemplaríamos la posibilidad de combinar ambos sistemas. El debate podría comenzar con la habitual ronda de oradores de cada uno de los Grupos políticos, pero podría destinarse una hora, media hora o incluso diez minutos al final a las intervenciones de un puñado de otros oradores que hayan atraído la atención del Presidente, al objeto de que los diputados que han asistido a todo el debate y han escuchando pacientemente los argumentos, puedan intervenir y responder al final; alguien que ya ha intervenido puede desear hacerlo de nuevo y responder al final. De este modo se animarían un poco nuestros debates, resultarían más atractivos a los ojos del público, sin eliminar el derecho de cada Grupo a disponer de su parte proporcional de tiempo de intervención.
Prevemos asimismo que el Reglamento sea redactado de nuevo, en su caso, utilizando un lenguaje neutro con respecto a los sexos. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y sé que muchas de nuestras colegas se sienten molestas por el hecho de que, en algunos idiomas, el Reglamento hace referencia a los diputados únicamente en la forma masculina -como él y no como él o ella- y las modificaciones del Reglamento también se encargarán de este problema en particular.
Hay otros aspectos de menor importancia que también han sido tenidos en cuenta en estas modificaciones del Reglamento. No entraré en cada uno de ellos. Muchos detalles pequeños han sido ordenados, e intentamos mejorar los procedimientos en la medida de lo posible. A nivel individual, muchas de estas modificaciones son de menor importancia, pero todas juntas mejorarán los métodos de trabajo y los procedimientos del Parlamento. Además, permitirán que el Parlamento sea más abierto y transparente.
Este paquete ha sido elaborado durante casi un año -un año de duro trabajo en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. Debo rendir homenaje a mis componentes, al Sr. Fayot, en su capacidad de presidente de la comisión, tarea que ha resultado difícil, pero que él ha resuelto extraordinariamente bien; a todos los miembros de la comisión y, también, a otras comisiones que nos han presentado opiniones y propuestas, y, por último, aunque no por ello menos importante, a la secretaría de la comisión, que ha realizado grandes esfuerzos en la elaboración del presente informe.
Después de un año de muchos esfuerzos, tengo la plena confianza de que hemos elaborado un paquete que es justo, equilibrado y que puede inspirar un auténtico consenso entre la mayoría de los Grupos políticos de esta Asamblea. No dudo en recomendar este paquete a la Asamblea.

Gutiérrez Díaz
Señora Presidenta, si yo fuera muy riguroso podría renunciar a la palabra porque estoy plenamente de acuerdo con el exhaustivo informe que nos acaba de presentar el Sr. Corbett, pero no tengo el rigor suficiente como para renunciar a la tentación de dirigirme a ustedes leyendo la intervención que he preparado aunque, evidentemente, por esta coincidencia, tendrá elementos de repetición.
Como recoge la exposición de motivos, estamos ante una propuesta de modificación de nuestro Reglamento que, arrancando de los cambios que exigirá la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se propone preparar nuestras normas de trabajo para las exigencias legislativas de una nueva etapa que planteará nuevas responsabilidades, nuevos desafíos al Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, la propuesta de modificación, aunque siempre dentro de los límites del Tratado, tiende a potenciar al máximo las competencias de nuestra Institución. Un largo proceso -como corresponde a la dimensión de la propuesta- nos ha situado en el momento oportuno -es decir, en la antesala de la ratificación del Tratado- para someter la propuesta de modificación al Pleno con un meritorio trabajo previo que nos ha conducido, no a la unanimidad, pero sí a un sólido consenso sobre la inmensa mayoría de las enmiendas que se presentan.
No sería justo que al finalizar este largo y fructífero proceso no expresásemos el reconocimiento a todos los que han hecho posible llegar hasta este momento. Permítanme que yo también exprese, en primer lugar, mi reconocimiento a los miembros de la secretaría de la Comisión de Reglamento, que han desarrollado una tarea ingente e inteligente, reconocimiento que hay que extender con justicia a los miembros activos de la Comisión de Reglamento que han actuado con una voluntad de cooperación positiva que se refleja en los resultados. Asimismo, han contribuido al consenso los representantes de los diversos grupos políticos. Mención especial merece el presidente de la Comisión de Reglamento, Sr. Ben Fayot, y mis dos coponentes, la Sra. Palacio -con su gran capacidad- y el Sr. Corbett -el incansable Sr. Corbett.
Permítanme que desde mi modesta contribución señale algunos aspectos particulares que me parecen de especial significación. En primer lugar, quisiera destacar la enmienda 16 al artículo 32 y la 17 al artículo 33 que hacen referencia a la elección del Presidente de la Comisión Europea y a la misma Comisión por votación nominal. Esta interpretación reglamentaria de los tratados -como ya ha subrayado el Sr. Corbett- tiene una significación política que, estoy seguro, no escapará a sus Señorías y clarifica el papel del Parlamento en la composición de la futura Comisión Europea. Asimismo, en la enmienda 23 al artículo 39, recogiendo con leves modificaciones que la hacen más flexible la enmienda 152 de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, se asegura la máxima información por parte del Banco Central Europeo y se regulan sus declaraciones.
Por otra parte, nuestro Reglamento, a través de las enmiendas 30 y 31, incorporará las consultas al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones con la necesaria separación de ambas Instituciones en reconocimiento a sus respectivas identidades. Ambas enmiendas han sido consultadas a la dirección de los respectivos Comités que las han valorado positivamente, señalando que, más allá de las precisiones del Reglamento, tal vez será necesario establecer un código de conducta entre el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social.
Para terminar, también me gustaría señalar la incorporación que se propone, en un Capítulo VI bis nuevo, de un artículo en el que se asegura la información periódica a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. Como decía al principio, estamos ante una propuesta, que creo bien trabajada, de modificar profundamente nuestro Reglamento para adecuarlo a las necesidades de una etapa en la que el Parlamento Europeo tendrá mayores competencias legislativas y en algunos casos, como en la elección del Presidente de la Comisión Europea, importantes responsabilidades políticas. Esperemos que la votación de mañana contribuya a culminar positivamente el trabajo realizado.

El Presidente
Gracias, señor Gutiérrez Díaz. No se trata de la votación de mañana por la mañana, sino del jueves por la mañana. Por lo demás, tendré ocasión de precisarlo después.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, como ya han indicado los dos ponentes que han hablado antes que yo, este ejercicio de modificación del Reglamento, y en general el Reglamento mismo, es ante todo y sobre todo una fórmula de convivencia en cuyo resultado deben verse reflejados todos los intereses de la Asamblea, las preocupaciones de todos y cada uno de los que formamos parte de ella, e incluso las preocupaciones de quienes están detrás de las bambalinas y que desarrollan un trabajo absolutamente esencial al que ya se ha rendido tributo. En este sentido, quiero sumarme no sólo al tributo prestado a los otros dos ponentes, que han formado equipo en una labor en donde las lógicas discrepancias hacen a veces el trabajo incluso más estimulante, sino también a los servicios técnicos, no sólo y principalmente a los de la Comisión de Reglamento, sino en general a todos los servicios del Parlamento, y en particular a los funcionarios del Grupo del Partido Popular Europeo, que me han prestado un enorme apoyo.
Señora Presidenta, he dicho que nuestro Reglamento es fórmula de convivencia, y brújula de los trabajos parlamentarios. Pero un Reglamento es más, y hay que recordarlo. Es símbolo, es estandarte, es programa y es reflexión. Es la constitución interna de una institución, es el compendio y el reflejo de cómo este Parlamento se quiere y se ve en el equilibrio interinstitucional; lo que ha sido durante toda su breve y fecunda historia, junto con la visión y la proyección de lo que quiere ser en el proceso de construcción europea. Por eso, cualquier reforma del Reglamento indudablemente tiene que tener en cuenta el Tratado, pero teniendo en cuenta que el Tratado, como cualquier institución jurídica, permite un margen de interpretación para aplicarlo a la realidad de los tiempos. El Reglamento debe ser práctico y realista, sin perder de vista su valor de enseña. Debe respetar a todos, a Grupos -grandes y pequeños- y a individuos, y debe, en fin, establecer un claro equilibrio entre la inercia proveniente del hecho de haber sido una Asamblea parlamentaria sin competencias y el hecho nuevo, para el Parlamento, de haber logrado una situación de colegislador, prácticamente en pie de igualdad con el Consejo.
Las enmiendas, señora Presidenta, son todas importantes. En un Reglamento parlamentario, la más mínima cuestión puede dar pie a consecuencias políticas de alcance incalculable, y algún ejemplo de ello hemos tenido recientemente. Y sin perjuicio de ello, por su distinta naturaleza, se pueden agrupar en tres bloques.
En primer lugar, aquellas que tienen unas consecuencias y una naturaleza política directas, y entre ellas yo destacaría la enmienda 15 sobre la composición de los Grupos políticos, que alguien criticará seguro, pero que va en el sentido de lo que es la integración europea. Si en Europa caminamos hacia una mayor integración, no tiene sentido que en este Parlamento, que representa a los pueblos europeos, haya un grupo político que sólo se componga de una determinada nacionalidad.
Se ha glosado también suficientemente la enmienda 16 sobre la elección del Presidente de la Comisión Europea. Creo que ahí hemos hecho una labor de interpretación respetuosa con los Tratados, porque así debe ser, pero que apura hasta el final la virtualidad de que, con el Tratado de Amsterdam, la ratificación de su nombramiento por este Parlamento forma parte constitutiva del proceso de elección del Presidente de la Comisión, y así queda reflejado en nuestro Reglamento.
También se podrían destacar los pronunciamientos sobre las grandes líneas de política económica que establece el artículo 99 del Tratado de Amsterdam y, de igual manera, el artículo 24 que lleva hasta su límite máximo las posibilidades que nos brinda el texto constituyente.
Sobre el Alto Representante no insistiré, pues ya se ha glosado lo relativo a su función. Pero quiero defender la enmienda de mi Grupo que matiza, y creo que quita, un cierto voluntarismo que existe en la actual enmienda 129. Sobre las relaciones con las otras instituciones, destacaré que se potencian las relaciones con los Parlamentos nacionales además de las relaciones con el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. Y también quiero mencionar la enmienda 28 sobre los acuerdos interinstitucionales, que dan carta de naturaleza a esos actos fundamentales que tanta importancia tienen entre nosotros, y les dan, sobre todo, transparencia, seguridad jurídica y un acceso directo para cualquiera.
He hablado de transparencia. En este contexto se ha mencionado el nuevo capítulo 17 A, que es puro reflejo de las nuevas pautas que establece el Tratado de Amsterdam. E indudablemente podría seguir glosando las cuestiones del tercer pilar, los derechos humanos, y el respeto de los principios del Tratado.
Me gustaría pasar a hablar, aunque brevemente, del segundo bloque de enmiendas, de las enmiendas que se relacionan con los nuevos poderes legislativos, directamente.
Y ahí destacaría que todas estas enmiendas tienen dos objetivos: impulsar el diálogo interinstitucional, impulsar las relaciones interinstitucionales, impulsar esa necesaria combinación de voluntades no formalizadas entre la Comisión, el Consejo y este Parlamento y por otra parte racionalizar y actualizar los procedimientos que ya existían con anterioridad.
Haré una breve mención a la cuestión del fundamento jurídico. El Grupo del Partido Popular Europeo, junto con el Grupo Liberal, ha planteado una enmienda a este respecto. Me parece que hasta el momento, y debería conservarse así, ese derecho de mirada de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha aportado grandes frutos. No hay que olvidar que un conflicto de fundamento jurídico da lugar, en última instancia, a un pleito ante el Tribunal de Justicia y que, por lo tanto, debemos conservar esa específica visión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las específicas competencias de dicha comisión.
He hablado, señora Presidenta, de la inercia histórica. Y con ello entro en el tercer bloque de enmiendas. El Sr. Fabre-Aubrespy se ha referido a ellas. Dado que este Parlamento ha sido anteriormente una Asamblea parlamentaria sin competencias, tiene todavía determinados procedimientos de los cuales algunos se han racionalizado y otros habría que racionalizar más. Pero la voluntad está marcada. Tenemos pendientes determinadas reformas que no van más allá del Tratado de Amsterdam, pero que son consecuencia inevitable de dicho Tratado puesto que se trata de adaptar ese equilibrio entre las previas funciones del Parlamento, históricas como he dicho, y las actuales de colegislador. Así, hemos intentado racionalizar el tiempo de palabra, racionalizar los recursos, racionalizar y actualizar las formas de procedimiento con las nuevas tecnologías.
En fin, hablando de recursos, de nuevas tecnologías y de tiempo de uso de la palabra, el mío se ha terminado. Señora Presidenta, considero que, sin que ésta sea una obra perfecta, sin que yo suscriba al cien por cien todas las enmiendas, se trata de un reflejo claro de lo que es esta institución, una institución pujante, una institución viva y una institución que se quiere y se sabe en el centro de la construcción europea.

El Presidente
Hemos sumado a este debate varios informes: los de los Sres. Ford, Fabre-Aubrespy, Vecchi, Nordmann, Voggenhuber, Fayot, Wijsenbeek y Spiers.

Ford
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera felicitar a los tres ponentes por su informe conjunto sobre las modificaciones del Reglamento del Parlamento a la luz del Tratado de Amsterdam. El informe contiene gran cantidad de trabajo que apuntalará la capacidad del Parlamento de hacer pleno uso de sus poderes, y, como dice el Sr. Corbett, de estirarlos al máximo.
En este Parlamento hay quien describe el Reglamento como algo parecido a contemplar cómo se seca la pintura en 11 idiomas. El hecho de que son muchos los que así lo creen ha quedado demostrado por la velocidad con que se vacío la Asamblea cuando usted dijo que hablaríamos del Reglamento. No obstante, a menudo pienso que los miembros de la Comisión de Reglamento son los tramoyistas de este Parlamento -los héroes olvidados, sin los que las estrellas políticas de esta institución perderían su lustre.
El Sr. Corbett y sus colegas han expuesto de manera muy adecuada el empuje de su informe. Yo quiero centrarme en aspectos de los otros nueve informes de la Comisión de Reglamento que analizamos simultáneamente, en particular, la serie de enmiendas relativas a temas sobre la declaración de intereses de los diputados.
Con el paso del informe Nordmann y el mío propio sobre el control y registro de los grupos de interés en 1996, este Parlamento dio un enorme paso adelante en materia de transparencia y apertura. Ahora sabemos que cada diputado tiene cinco sombras detrás de sí. Hay 3.000 representantes de grupos de interés que intentan moldear las opiniones de 600 diputados. Un diálogo con los representantes de los trabajadores y la patronal, los grupos de consumidores, los grupos de productores, representantes de los gobiernos extranjeros y de las organizaciones de medio ambiente y los derechos humanos no sólo es deseable, sino también necesario. Pero el diálogo no debe convertirse en propiedad. Los diputados no pueden ser considerados como productos en una estantería de una especie de supermercado político que son expuestos a la venta por los que tienen el dinero. En los presentes informes se suplen una serie de carencias que tiene el sistema.
En primer lugar, la enmienda 10 de mi informe trata sobre la difícil situación de los antiguos diputados. Actualmente tenemos una situación ambigua en la que algunos de los antiguos diputados son diputados honoríficos, algo que provocó confusión en el pasado, porque hay quien se consideraba diputado de un rango superior de esta institución, en vez de antiguo diputado. Mi enmienda confiere a la Mesa la misión de eximir de derechos y privilegios a los antiguos diputados sin distinción.
En segundo lugar, tenemos la enmienda 110 del informe Wijsenbeek que modifica el artículo sobre la declaración de intereses, de modo que los diputados que tengan intereses financieros directos deben declarar oralmente dichos intereses antes de su intervención en comisión o en el Pleno.
En tercer lugar, la enmienda 112 del informe Spiers hará a los presidentes de los eurogrupos responsables de hacer una declaración anual de cualquier ayuda en metálico o en especie que hayan recibido dichos grupos y darlas a conocer al público.
En cuarto lugar, la enmienda 111 trata sobre dos problemas. Primero, un puñado de diputados -9 en 1996 y 21 en 1997- se negó a realizar su declaración de intereses. Esto significará que, tras un último aviso por parte del Presidente, sus nombres aparecerán publicados en el Acta y luego, si siguen negándose a cumplir las normas, serán suspendidos de la Asamblea.
La segunda parte deja claro que los beneficios por valor superior a los 100 ecus deben ser declarados. Actualmente parece existir una gran ambigüedad respecto a lo que constituye el nivel al que deben comenzar las declaraciones.
Por último, la enmienda 2 del Sr. Vecchi deja claro que tras las elecciones o el nombramiento de nuevos diputados, no se verificarán las credenciales sin la plena declaración de intereses, y que no podrán ocupar una posición elegida en el Parlamento ni ser representados en ninguna delegación hasta que hayan completado su declaración de intereses.
En el actual clima de la opinión pública, le debemos al electorado y a nosotros mismos no sólo funcionar de un modo justo y adecuado, sino también permitir a la población de Europa ver lo que hacemos.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, Señorías, el informe que se me había confiado se refería a un punto muy particular y muy menor de todas las modificaciones que hoy se proponen. Se trata del artículo 8 actual de nuestro Reglamento, más exactamente de dos de sus apartados: el apartado 3 y el apartado 5, relativos a las condiciones de dimisión de los diputados a nuestro Parlamento, que a veces pueden plantear problemas.
En efecto, hay una incertidumbre sobre la determinación de la fecha en que es efectiva la renuncia por una distinción, que no es demasiado afortunada desde un punto de vista jurídico, entre, por una parte, las condiciones formales de la renuncia -las resultantes, en primer lugar, en su formalización por escrito y después de su consignación en un acta- y, por otra, la entrada en vigor de dicha renuncia establecida en el actual apartado 5 del artículo 8. La consignación de la renuncia en un acta se consideró una condición necesaria para que fuera efectiva la renuncia. Es una garantía para el diputado y no se debe cambiar.
En cambio, nos hemos preguntado si había que mantener el procedimiento de la formalización de la renuncia por escrito y el registro en un acta, y hemos concluido que se podía simplificar el Reglamento a ese respecto disponiendo, por una parte, que se notifique la renuncia en forma de acta, redactada según lo dispuesto en el actual apartado 3 y sin exigir formalización de la renuncia por escrito y, por otra, que la constatación de la vacante se produce a partir de la fecha indicada en el acta por el diputado que renuncie. Así, pues, si el Parlamento aprueba las enmiendas 6, 7 y 9 propuestas y que han obtenido -creo-un gran acuerdo en la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, ya no habrá ambigüedad a ese respecto.
Ahora quisiera referirme al conjunto del informe para decir por qué me opongo, en nombre de mi Grupo, a su aprobación. Diré simplemente que el informe ha respondido mal a la cuestión que se le planteaba y que ha abordado, de forma imprudente, cuestiones que no se le habían planteado.
Por lo que se refiere a la aplicación del Tratado de Amsterdam, mantengo que esa aplicación es prematura, por una parte -y a ese respecto el profesor Duhamel podría recordar que el parlamento del Estado del que es representante está compuesto de dos cámaras-, porque en este momento aún hay efectivamente un debate parlamentario en el nivel de Francia por lo que se refiere a esa ratificación y, por otra, porque, al no haber nada previsto sobre la fecha de entrada en vigor, las disposiciones que vamos a aprobar entrarán en vigor en el próximo período de sesiones, es decir, antes de que ese Tratado haya sido ratificado. Pero el texto va más lejos también que el Tratado de Amsterdam. Así es, en particular, en el caso de la enmienda 28, que consagra el método de los acuerdos interinstitucionales, que son jurídicamente dudosos. Así también en el caso de las enmiendas 67 y 68, relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común.
El informe aborda también de forma imprudente cuestiones que no se le habían planteado en la misión que le encomendó la Conferencia de Presidentes. Así es en el caso de la enmienda 90, que dispone que las enmiendas que se excluyan mutuamente serán inadmisibles, disposición muy incierta. Así también en el caso de la enmienda 96, según la cual la composición de las comisiones refleja lo más posible la composición del Pleno. Y también en el caso de la enmienda 14, a propósito de la censura de tal o cual diputado que tenga atribuciones en nuestro Parlamento, y en el de la enmienda 78. He expuesto esas diferentes reservas en una opinión minoritaria y pido a mis colegas interesados en esta cuestión que se remitan a ella.

Vecchi
Señora Presidenta, la práctica de estos años en el desarrollo de las funciones de verificación de las credenciales ha establecido una serie de procedimientos y de precedentes que han interpretado ampliamente tanto lo dispuesto en el Acta de 20 de septiembre de 1976 como lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento del Parlamento Europeo.
De esta forma se ha convertido en más sustancial la verificación de la validez del mandato de los electos al Parlamento Europeo, de las condiciones de finalización del mandato, de la plenitud del estatuto de diputado.
Naturalmente se trata de una materia compleja en la que se concentra una acumulación de normas comunes -establecidas por los Tratados y el Reglamento parlamentario- y de normas nacionales. Existen asimismo numerosas e importantes «zonas grises» en que no siempre están claros los límites entre las competencias nacionales y las normas comunes.
Habrá una mayor certeza de las credenciales y de las competencias cuando entrarán en vigor tanto el procedimiento electoral uniforme como el estatuto único del diputado.
Sin embargo, la Comisión de Reglamento me encargó de elaborar un informe -que ha desembocado en el informe común que hoy nos ocupa, en las enmiendas 2, 3, 4, 5 y 8- al efecto de utilizar todos los espacios actualmente concedidos por los Tratados para ampliar al máximo la competencia del Parlamento Europeo, al objeto de vigilar por que la composición del Parlamento sea y siga siendo la deseada efectivamente por los electores y por que no existan perturbaciones abusivas en cuanto al pleno ejercicio del mandato parlamentario.
En algunas de las enmiendas se propone, en primer lugar, incluir en el Reglamento prácticas ya aplicadas en esta legislatura como, por ejemplo, la obligación de firmar las declaraciones relativas a la incompatibilidad y a los intereses financieros.
En segundo lugar, se pretende afirmar el poder del Parlamento a la hora de vigilar las renuncias formalizadas a nivel nacional.
Por último, se facilitan al Parlamento los instrumentos para exigir a las autoridades de los Estados miembros una cooperación leal en la comunicación de cualquier información que pueda afectar al ejercicio del mandato, relacionada con las leyes electorales nacionales o concerniente al encargo de misiones nacionales a diputados europeos.
Adquiere especial importancia la enmienda 4, por medio de la cual el Parlamento puede interactuar con las autoridades y los procedimientos nacionales en los procedimientos que pueden llevar a la finalización del mandato parlamentario europeo.
Con la adopción de estas enmiendas se dará un paso adelante hacia la construcción de una efectiva comunitarización del estatuto de los diputados europeos, condición fundamental para el correcto funcionamiento de nuestras Instituciones y para el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo.

Nordmann
Señora Presidenta, ante todo debo presentar mi participación -cuantitativamente modesta- en este informe global. Se refiere a las precisiones que necesitaba nuestro Reglamento sobre la expresión de opiniones minoritarias y agradezco que la organización de los trabajos haya hecho que presida usted esta sesión, ya que, en una legislatura anterior fuimos coautores de una opinión minoritaria y encontramos dificultades para la aplicación del Reglamento, tal como era y como sigue siendo su generalidad.
Se trataba -y se trata-, por tanto, de precisar las condiciones en que dicha opinión minoritaria puede figurar en la exposición de motivos y la idea general ha sido la de recoger la técnica y el modelo, si se puede decir así, de la explicación de voto, tal como existe en nuestro Reglamento en su forma escrita, es decir, con un volumen limitado a un número preciso de palabras.
Faltaba también situar, en cierto modo, el lugar de aparición de la expresión minoritaria, de la opinión minoritaria. Se debe expresar, se debe formular, dicha opinión con ocasión de la votación sobre el texto completo en comisión. Ése es el momento en que se pasa de la ilusión, del pensamiento o de la veleidad a una opinión formal perfectamente identificable. Naturalmente, en caso de que nuestro trabajo fuera insuficiente y no previese la diversidad de las situaciones que podrían presentarse, es necesaria una instancia de arbitraje y nos ha parecido que el presidente de la Comisión debía poder arbitrar sobre los litigios que podrían subsistir, pese a esta mejora del Reglamento. Ése es el sentido de la enmienda 99, que precisará el apartado 3 del artículo 146.

Voggenhuber
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la afirmación o el reproche de que el presente informe se propone un objetivo que va mucho más allá de las consecuencias que impone el Tratado de Amsterdam y, por lo tanto, también rebasa su mandato, son desde luego ciertos. Sin embargo, esto no es en realidad lo que me preocupa. Mi crítica se refiere al espíritu que anima las enmiendas. Yo creo que ante una modificación del Reglamento de tal alcance tenemos que preguntarnos si su resultado será efectivamente una democratización del Parlamento.
La piedra de toque de la cultura democrática de un Parlamento son los derechos de las minorías. ¿Éstos quedan reforzados o debilitados en este caso? Yo creo que no resulta difícil comprobar que innumerables enmiendas restringen los derechos de los Grupos más reducidos, de las minorías, que no se amplían los derechos de los diputados individuales y que se incrementan los derechos de las mayorías y la burocratización del Parlamento. Me parece lamentable que la mayoría de la Asamblea aproveche esta ocasión, no para iniciar pasos esenciales en favor de la democratización del Parlamento, sino para desdemocratizarlo.
Ya que el Sr. Corbett resalta por encima de todo la posición que deberá ocupar la Comisión en el contexto de la futura integración y apunta en último término hacia la constitución de un gobierno europeo, también debería tener en cuenta, a mi parecer, que dicha posición de gobierno tiene una consecuencia para el Parlamento, a saber, su división en una oposición y unos grupos de gobierno. Por esto, resulta tan delicado, a mi modo de ver, que no se amplíen, sino que por el contrario se restrinjan los derechos de las minorías.
Los ejemplos son abundantes. Voy a citar tres: el voto de censura contra los altos cargos de la Cámara -ni siquiera se concede a un Grupo aislado el derecho a expresar su censura-, se eleva de 29 a 32 el número de firmas de apoyo necesarias para una iniciativa, se dificulta la presentación de propuestas de resolución. Esto es todo lo contrario de una democratización de esta Cámara. Es un intento de arrogarse unas ventajas por parte de la mayoría y yo lamento esta tendencia porque no favorece al Parlamento Europeo o al menos no, desde luego, a su cultura democrática.

Fayot
Señora Presidenta, quisiera intervenir sobre el artículo 168 (nuevo), es decir, la enmienda 109, resultante de un informe de iniciativa. Se trata del último artículo de nuestro Reglamento y se refiere a los anexos. Los anexos no son totalmente el Reglamento, pero, aun así, forman parte de él, y, mediante este nuevo artículo 168, hemos querido intentar aclarar la estructura del anexo subdividiéndolo en tres partes:
una primera parte, que se refiere a las disposiciones de aplicación de los procedimientos reglamentarios y de las disposiciones que la Asamblea aprueba por mayoría simple; -una segunda categoría, que se refiere a las disposiciones adoptadas con arreglo a normas específicas que figuran en el propio Reglamento y en particular, por ejemplo -se da este ejemplo como explicación-, el artículo 9, relativo a las normas de conducta. Las aplicaciones de las normas de conducta se aprueban por mayoría absoluta. Nuestro Reglamento establece asimismo disposiciones relativas a la constitución de comisiones permanentes y temporales por la Conferencia de Presidentes y también por el artículo 135 de nuestro Reglamento; -una tercera serie, relativa a los acuerdos interinstitucionales, y toda una serie de procedimientos que permiten organizar la labor del Parlamento.Creo que con esa subdivisión los anexos resultarán más visibles y más fáciles de leer.
Permítame, señora Presidente -perdón, señora Presidenta-, formular una última observación. Estamos hablando de ocho informes de la Comisión de Reglamento, en asociación con el informe Corbett-Palacio-Gutiérrez. Es una forma de vaciar los cajones de la Comisión de Reglamento. No me parece un método muy útil, pero, en fin, más vale eso que nada.

El Presidente
Gracias, señor Fayot. Veo que, al rectificar y decir «señora Presidenta», Su Señoría ha aplicado ya las propuestas del Sr. Corbett.

Wijsenbeek
Señora Presidente, digo «Presidente», porque el lugar que ocupa usted corresponde a una función. Por tanto, no se debería verla como persona, sino como función.
Pero ahora voy a volver, señora Presidenta, a mi lengua materna, el neerlandés, porque el Reglamento está escrito en todas las lenguas y creo que hay que atenerse a él.
Permítame empezar diciendo que no voy a hablar de mi propio informe. Eso ya lo ha hecho el Sr. Ford por mí de forma extraordinaria. Ni que decir tiene para mí que, cuando se tiene la palabra sobre un tema con el que se está relacionado, hay que explicárselo también a los colegas.
Permítame entonces que empiece felicitando al Sr. Corbett por el enorme y muy complicado trabajo que ha realizado. Esto lo extiendo también, pero en otra medida, a ambos componentes, la Sra. Palacio y el Sr. Gutiérrez Díaz; de este último se esperaba que representara a los grupos parlamentarios minoritarios. Para ser sincero, no lo he notado mucho.
Hay que destacar que con esta revisión el Parlamento ha dado efectivamente un paso hacia adelante en el proceso de convertirse en un Parlamento auténtico pero que todavía no ha alcanzado la plena madurez y que por eso esta revisión se queda realmente un poco corta. ¿Por qué lo digo? Porque seguimos repartiendo nuestros debates en pequeños trocitos, en los que todas las nacionalidades y todos los partidos con sus diferentes corrientes toman la palabra por separado en vez de un único representante en nombre de los grupos parlamentarios que pueda contribuir de forma sustancial al debate, y porque tampoco tiene lugar un diálogo real con el Consejo y la Comisión en que el Parlamento diga algo, a lo que responda el Consejo o la Comisión y que a continuación exista la posibilidad de un segundo turno para nosotros.
Hay una última observación dirigida al Sr. Voggenhuber. Está exagerando, no es un reglamento para los grandes grupos parlamentarios. Sólo confirma la situación actual. Perdóneme por la extralimitación. Fue debido al descuido del Consejo.

Spiers
Señor Presidente, hablaré sobre la que era mi apuesta por la inmortalidad parlamentaria, a saber el informe Spiers, pero que ahora se ha quedado en la enmienda 112 de este informe mucho más amplio.
Hace algunos años, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades recibió la solicitud de hacer extensivo a los eurogrupos los artículos por los que se exige a los diputados declarar toda ayuda recibida de fuera. Esta misión resultó sumamente difícil, en parte debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la definición de eurogrupo y, en parte también, porque algunos grupos registrados como eurogrupos tienen un presidente de grupo que no recibe ayuda de fuera, mientras que otras agrupaciones de diputados que no son consideradas eurogrupos sí reciben ese tipo de ayuda. La enmienda, por consiguiente, habla en términos de agrupaciones de diputados, ya se trate de eurogrupos o de otras agrupaciones no oficiales. Éstos tendrán que declarar a partir de ahora cualquier ayuda que reciban, ya sea en metálico o en especie, ayuda que incluye asistencia de secretaría, apoyo a la investigación, etcétera.
Dichas agrupaciones en el seno del Parlamento Europeo desempeñan a menudo un papel valioso. No existe mayor problema con los eurogrupos del Parlamento Europeo y el actual Reglamento que exige a los diputados declarar cualquier ayuda significativa que reciban, incluida también las ayudas recibidas a través de un eurogrupo. No obstante, existe cierta inquietud acerca de los eurogrupos y la falta de transparencia es patente. Esta modificación del Reglamento permitirá que todo sea mucho más abierto.
Por último, los Cuestores se encargarán de elaborar artículos pormenorizados. Éstos incluirán el requisito de que los grupos que reciben ayuda de fuera deben archivar sus actas y listas de asistencia al Parlamento Europeo y que éstas se harán públicas. Esta medida permitirá que cualquier persona pueda ver quién podría estar influenciado por quién.

Spencer
Señora Presidenta, mi tarea en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa es fácil. Nuestras sugerencias han sido aceptadas y explicadas ahora por los ponentes. Creemos que es prerrogativa legítima de este Parlamento debatir, proponer y cuestionar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en Asuntos Exteriores, ya se trate de la Comisión o del Consejo.
El Alto Representante será la clave, y considero que es de la máxima urgencia celebrar una audición de confirmación junto con los presidentes de las Comisiones de Asuntos Exteriores de los parlamentos de los Estados miembros para examinar el mandato y las intenciones del candidato que salga elegido, quienquiera que sea, una vez nombrado el Alto Representante.
Creo asimismo -como exponemos en nuestra propuesta de opinión- que deberíamos disponer de un procedimiento similar para el nombramiento de representantes especiales, enviados y embajadores de la UE. Por tanto, respaldo gustoso estas modificaciones del Reglamento.
Quisiera hacer una intervención a título personal para proponer a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades algo que tal vez quiera plantearse en el próximo Parlamento. Detecto un insidioso aumento del poder de la Conferencia de Presidentes sobre la organización interna de este Parlamento, un aumento de poder a expensas de la Mesa, de la Conferencia de Presidentes de Comisiones, de los Cuestores y, lo que es más importante, de este Pleno.
He tenido ocasión de observar la Conferencia de Presidentes en acción. Está constantemente desbordada de trabajo y mal preparada. Convertir la Conferencia de Presidentes en último árbitro de cada decisión que se toma en este Parlamento es un abuso y un error. Siento mucha admiración por los líderes de los dos Grupos mayoritarios, pero adaptando la terminología de la Organización Mundial del Comercio, son los dos grandes elefantes del Parlamento. Ellos no pueden ser expertos en todo. Ambos dirigen coaliciones complejas. Su poder conjunto de voto en la Conferencia de Presidentes conduce al gobierno de esta Asamblea mediante un «condominio de los confundidos».
Será la prueba de fuego del vigor democrático de esta Asamblea, si podemos mirar a sus líderes a los ojos y enmendar su Reglamento en consecuencia en el próximo mandato.

Theato
Señora Presidenta, ante todo yo quiero manifestar mi reconocimiento a los ponentes y felicitarlos por su completo trabajo. El principal objetivo de la revisión del Reglamento son las novedades que introduce el Tratado de Amsterdam. La Comisión de Control Presupuestario ha propuesto muy pocas enmiendas, toda vez que dicho Tratado no modifica sustancialmente el desarrollo ni tampoco la naturaleza del procedimiento de aprobación de la gestión. Presentamos únicamente dos enmiendas. La primera se refiere a la responsabilidad institucional en relación con las decisiones de hacer caso omiso a la denegación de visado del Interventor, que nosotros quisiéramos que vuelva a recaer en el Presidente de la institución. En segundo lugar, se aclara que no existe ninguna interrelación entre las consecuencias de la aprobación de la gestión y el procedimiento en el marco del artículo 138 B del Tratado CE, de conformidad con el cual se podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas legislativas oportunas, mediante resolución basada en un informe de propia iniciativa. Siento tener que decir que, hasta la fecha, ambas enmiendas no han sido aceptadas.
La situación ha seguido evolucionando, no obstante, entre tanto. La denegación de la aprobación de la gestión de la Comisión en diciembre pasado reveló una serie de incompatibilidades entre las disposiciones del Tratado y el Anexo V del Reglamento. Es preciso eliminar cuanto antes dichas incompatibilidades a fin de disipar cualquier duda sobre el desarrollo del procedimiento de aprobación de la gestión y garantizar su conclusión. Debemos felicitar a la Comisión de Reglamento, por la diligencia y la minuciosidad con que está examinando dicho problema. Esperamos con impaciencia la pronta presentación del informe del Sr. Fayot que nos orientará con respecto a esta compleja temática.

Heinisch
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Peticiones solicita encarecidamente a la Comisión de Reglamento que tenga en cuenta en la adaptación del Reglamento del Parlamento Europeo a las disposiciones del Tratado de Amsterdam las siguientes consideraciones. La Comisión de Peticiones acoge con satisfacción las directrices elaboradas por la Conferencia de Presidentes de Comisión y relativas al examen de peticiones por parte de las comisiones parlamentarias especializadas, a tenor del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 157 del Reglamento del Parlamento Europeo.
Es necesario seguir ampliando, no obstante, la cooperación iniciada con éxito entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo y consagrarla también con suficiente precisión en el Reglamento. Por consiguiente, proponemos que se especifique la sección XX del Anexo VI (Competencias de las comisiones parlamentarias permanentes) del Reglamento y que se determinen las competencias de la Comisión de Peticiones en lo relativo a las relaciones con el Defensor del Pueblo. También consideramos, además, que en el artículo 161 del Capítulo XX (Defensor del Pueblo) del Reglamento se deben prever unas disposiciones más detalladas en lo relativo a la presentación de los informes anuales y especiales en el marco de las actividades del Defensor del Pueblo.
Es importante que se incorporen al Reglamento unas disposiciones más detalladas sobre la presentación de los informes anuales y especiales del Defensor del Pueblo Europeo y su examen por parte del Parlamento Europeo. En caso de que el Defensor del Pueblo presente en el futuro un mayor número de informes provisionales o especiales sobre cuestiones muy específicas, nosotros abogamos por que no se examinen necesariamente todos ellos en el Pleno. Algunas de las cuestiones tratadas en dichos informes se podrían examinar de manera más eficaz si se aplicasen procedimientos más rápidos y simplificados, que se tendrían que desarrollar llegado el caso. Dichos procedimientos podrían incluirse en el Reglamento por analogía con los artículos 44 o 52.
Finalmente, sería conveniente que se prevean en el Reglamento procedimientos para el examen urgente de los informes del Defensor del Pueblo Europeo, sobre todo en lo que se refiere a su inclusión en el orden del día de las sesiones plenarias. Yo quiero manifestar mi agradecimiento a los ponentes y confío en que nuestras enmiendas serán aprobadas.

Rothley
Señora Presidenta, mi agradecimiento a los ponentes va acompañado de una crítica en relación con un aspecto: la comisión propone que la aprobación del Presidente de la Comisión y del conjunto de la Comisión se decida por votación nominal. ¡Esto es un grave error! Detrás de las normas hay reflexiones, ideas, proyectos, objetivos, estrategias. ¿Qué se proponían los Jefes de estado y de Gobierno cuando inscribieron en los Tratados que la decisión sobre una moción de censura se adoptará por votación nominal? La idea que hay detrás es evidente. En una votación nominal, esta Cámara se descompone en Delegaciones nacionales y Grupos políticos. Esto somete a presiones al Parlamento y permite controlarlo. Este es el sentido de la votación nominal.
Y ahora vamos a introducirla en el caso de la aprobación del nombramiento del Presidente de la Comisión y del conjunto de la Comisión. Con ello también nos someteremos a una presión y a un control. ¡Este será el resultado! El Parlamento tendría más fuerza si la votación fuese secreta. Por otra parte, la Comisión también saldría fortalecida si la votación fuese secreta. La aprobación del nombramiento no se encontraría entonces bajo la sospecha de ser resultado de un voto forzado. Yo considero, por lo tanto, que se trata de un grave error. Me parece inconcebible que eso sea realmente lo que desean las y los colegas.
Por esto yo solicito el voto afirmativo para las enmiendas que tienen por objeto que dicha votación sea secreta.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Popular Europeo es favorable a las enmiendas presentadas por la Comisión de Reglamento. No obstante, ha presentado una serie de enmiendas -enmienda 125 y siguientes-que, en su mayor parte, son de tipo técnico y que, por lo tanto, esperamos que recojan la mayoría suficiente de la Asamblea.
Me gustaría comentar las, como siempre, interesantes observaciones del Sr. Rothley, en nombre del Grupo Socialista. Efectivamente, no le falta razón. Aunque es cierto que también se puede argumentar que una votación tan importante como la relativa a la ratificación del nombramiento del Presidente de la Comisión Europea debe revestir los símbolos externos de su importancia, y la votación nominal siempre ha tenido esa significación tradicionalmente. Sin perjuicio de ello, estudiaremos las sugerencias del Grupo Socialista.
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, me gustaría hacer hincapié en algunos puntos en los que el Grupo o bien no puede seguir la opinión de la Comisión de Reglamento, o bien ha presentado enmiendas de matiz, pero no de matiz técnico sino de matiz político. Retomando los tres grupos de enmiendas, y en cuanto a las enmiendas políticas, el Grupo es contrario a la «moción de censura interna» que establece la enmienda 14. Consideramos que no supone ningún avance y que es realmente un instrumento que provocaría más complicaciones que ventajas.
En cuanto a la enmienda 124, planteada por el Grupo Socialista, sobre las delegaciones interparlamentarias, hay graves problemas jurídicos. No se puede establecer en una delegación -que, a fin de cuentas, es un órgano delegado del Pleno- unos miembros de primera, que serían los de la Mesa elegidos por el Pleno, y unos miembros de segunda, que serían los que designaría la Conferencia de Presidentes. El Grupo del Partido Popular Europeo entiende la idea que hay detrás de esa enmienda, pero considera que la idea democrática, que debe presidir todas y cada una de las configuraciones de los órganos de este Parlamento, debe respetarse también en estas delegaciones interparlamentarias.
En cuanto al nombramiento del Alto Representante, hemos planteado la enmienda 129, que matiza y respeta más el Tratado que la presentada por la Comisión de Reglamento.
Respecto de las enmiendas legislativas, el Grupo del Partido Popular Europeo es totalmente contrario a la enmienda sobre el artículo 53 referida al fundamento jurídico y está en contra, por lo tanto, de la enmienda 38.
Y en cuanto a ese tercer grupo de enmiendas relativas a las consecuencias indirectas del hecho de haber accedido a una situación de colegisladores, en cuanto a tiempo, a mejor gestión de los recursos, traducciones, etc. y adaptación a las nuevas tecnologías, el Grupo del Partido Popular Europeo presentó la enmienda 144, que matiza y flexibiliza la situación de las exposiciones de motivos. Hay una fuerte mayoría contraria a las enmiendas excluyentes del artículo 90 y a las intervenciones de un minuto del artículo 78.
Y ya, por fin, señora Presidenta, una palabra sobre la entrada en vigor de esta reforma. Debemos ser conscientes de que la entrada en vigor, como muy bien ha dicho el Sr. Fabre-Aubrespy, de estas modificaciones tiene que esperar a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Se impone que, por consenso, se establezca una enmienda in voce o una enmienda técnica antes del jueves para contemplar esta situación. Propongo, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, que todas las enmiendas entren en vigor en el primer período parcial de sesiones posterior a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.

De Clercq
Señora Presidenta, estimados colegas, mi intervención, sólo dispongo de un minuto, se limitará a una cuestión relacionada con las competencias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, en concreto la determinación del fundamento jurídico. Usted sabe que hasta ahora en caso de inseguridad sobre el fundamento jurídico, cada comisión parlamentaria tiene que pedir la opinión de la Comisión Jurídica. Ahora, a través de la enmienda 38, se ha puesto sobre la mesa la propuesta de sustituir en caso de duda esta opinión obligatoria por informar simplemente a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadano. Esta es una evolución muy peligrosa y negativa. Si cada comisión por separado puede ir determinando el fundamento jurídico, esto puede conducir a todavía más conflictos de competencias entre las diferentes Comisiones y a menudo será difícil encontrar la línea consecuente del Parlamento Europeo de con qué fundamento o con qué artículo del Tratado sustenta sus decisiones. Mi grupo parlamentario ha vuelto a presentar por eso la enmienda 138 en la que queda recogido que en caso de duda sobre el fundamento jurídico la Comisión Jurídica tiene que ser consultada y no informada. Los argumentos en contra relativos a la, digamos, innecesaria lentitud se pueden rebatir con un procedimiento de urgencia que hemos añadido a la enmienda. Por lo tanto, espero que se adopte esta enmienda.

Sjöstedt
Señora Presidenta, gran parte de las propuestas contenidas en este amplio trabajo son mejoras o adecuaciones necesarias a la nueva situación creada por el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, hay muchos aspectos políticos en los que se intenta ir mucho más lejos, dando al Parlamento Europeo más poder del que realmente puede emanar del texto del Tratado de Amsterdam. Se cuenta entre éstos, por ejemplo, la enmienda 60 sobre acuerdos entre las partes del mercado de trabajo, la propuesta 69 sobre el representante de política exterior y la enmienda 16 sobre el Presidente de la Comisión. No es aceptable que se trate de ir más lejos de lo que el Tratado realmente autoriza.
Hay otras propuestas en el informe que tampoco son aceptables. Entre otras, la enmienda 90, que propone que un Grupo no podrá presentar enmiendas que tengan orientaciones políticas contradictorias. Creo que aquí muchos opinan no es deseable este tipo de censura. Todos sabemos cuán diferentes pueden ser las opiniones que se contienen en nuestros Grupos partidarios. Por eso, espero que la propuesta no prospere, de una u otra manera.
También opino que aquí se debió haber aprovechado la oportunidad para dejar establecido que el Presidente del Parlamento será elegido por cinco años, de modo que evitemos este extraño proceso que implica que los Grupos grandes comparten el cargo en dos mitades.

Crowley
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a los ponentes por su gran labor en este ámbito y, a pesar de que no estoy de acuerdo con mucho de lo que han hecho ni con sus conclusiones finales, valoro su diligencia y sus esfuerzos encaminados a alcanzar compromisos en la medida de lo posible.
Como ya han destacado otros oradores en este Parlamento, este informe combinado contiene una serie de contradicciones y elementos que nos ocasionarán dificultades en el futuro. Deseo llamar la atención de los diputados sobre la cuestión específica de si elegiremos al Presidente de la Comisión o si aprobaremos el nombramiento del Presidente de la Comisión. Asimismo, esta propuesta de que la Conferencia de Presidentes, que decide por mayoría de tres quintas partes y en representación de tres Grupos como mínimo, pueda proponer al Pleno -que actúa por mayoría absoluta- la destitución de un cargo elegido por el Parlamento. Creo que es absurdo que alguien que ha sido elegido por el Parlamento -por los diputados al Parlamento- pueda ser destituido por decisión de la Conferencia de Presidentes. No tengo nada en contra de que las tres quintas partes, las tres sextas partes o las tres séptimas partes del Parlamento decidan destituir a dichos cargos, pero que lo haga la Conferencia de Presidentes me parece una locura. Este Parlamento debe ocuparse asimismo del papel del Alto Representante de la UE en Política Exterior y de los agentes especiales. Estamos imponiendo nuevas restricciones sin que el Tratado nos otorgue competencia para imponerlas.
Me complace que haya sido aceptada la enmienda de mi Grupo relativa al número mínimo necesario para la formulación de los grupos y espero que los diputados den su voto favorable a la intervención de un minuto al inicio de la primera sesión de cada período parcial de sesiones, lo que nos permitiría plantear temas que son importantes en nuestros Estados miembros.
Para nosotros es importante que se garantice que nuestro nuevo Reglamento no es ambiguo, que es directo y puede desempeñar los poderes reales que nos son otorgados y no intenta crear otros nuevos. Y lo que es más importante, hay que recordar que la dignidad de los diputados a este Parlamento y sus derechos como representantes elegidos de la población de Europa debe ser una prioridad en cualquier formulación de nuestro Reglamento.

Hager
Señora Presidenta, los ponentes han realizado un trabajo minucioso y muy amplio; demasiado amplio a mi parecer, ya que las enmiendas propuestas van más allá de las novedades introducidas por el Tratado de Amsterdam y, por lo tanto, también rebasan su mandato. Muchas ya se suprimieron en la comisión, pero se han mantenido algunas que me preocupan.
Hay un aspecto que me preocupa especialmente. El Parlamento Europeo, que se ha consagrado con razón a la protección de los derechos de las minorías, no debería olvidar justamente dicho objetivo en el trato dispensado a sus propias minorías. Las propuestas por las que se modifican los requisitos para la constitución de un Grupo político, pero también la ampliación horizontal, de 29 a 32, del número de firmas necesarias debilitan de manera injustificada a las pequeñas agrupaciones, cuya importancia para la diversidad de pareceres inherente a una democracia acaba de quedar demostrada con creces últimamente.

Bonde
Señora Presidenta, hoy se nombran los comisarios de cada país miembro. La Sra. Bjerregaard es la representante de Dinamarca y una nueva mayoría del Parlamento puede enviar a un nuevo representante la próxima vez. Al fin y al cabo, son nuestros electores quienes llevan las de ganar e indirectamente señalan al representante danés en la Comisión. Con el Tratado de Amsterdam se permite al Parlamento aprobar la recomendación de los países miembros y ésta es la competencia que ahora se introduce en el reglamento. Sin embargo, ahora dice el Parlamento que, en lugar de esto, debemos elegir o rechazar a la Comisión. La Comisión ya no debe ser sólo el resultado de las decisiones adoptadas por los países miembros sino que también debe ser realmente un gobierno común para la UE. La Comisión debe ser elegida por el Parlamento casi de la misma forma que un parlamento nacional elige un gobierno. Es la receta de un estado federal con un parlamento y un gobierno comunes. El Parlamento cuenta con que puedan rechazarse los nombres lanzados desde los países miembros cuando éstos no concuerden con la posición de la mayoría. Lo que el Parlamento quiere es desplazar la autoridad de nombrar la Comisión de los parlamentos y gobiernos nacionales a esta asamblea supranacional. Esto choca con el Tratado de Amsterdam y por ello es ilegal. El Parlamento no puede arrebatarle por las buenas esta autoridad a los países miembros. El Movimiento de Junio vota por ello en contra del nuevo reglamento y pedimos a los países miembros que protesten ante este intento por parte del Parlamento de convertir los parlamentos nacionales en una especie de diputación provincial de escasa influencia.

Wibe
Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir, igual que muchos otros, que los tres ponentes han realizado un trabajo excelente. Estoy de acuerdo con el 99 por ciento de lo que se ha producido. Sin embargo, quiero manifestar una opinión diferente en dos puntos.
El primero se refiere a la modificación que implica que ya no se podrá formar una agrupación política con diputados de un sólo país. Me es totalmente imposible encontrar una sola razón para este cambio. Se le justifica diciendo que no se debe dar ventajas a los países grandes, pero esto es ilógico e insostenible ya que los grandes países siempre tienen ventajas como, por ejemplo, cuando se trata de reunir 29 firmas para presentar una propuesta. El único argumento racional que he encontrado para este cambio es político, es decir, que los ponentes quieren desterrar la posibilidad de formar grupos nacionales, justamente para atenuar las diferencias políticas nacionales en esta Asamblea y así crear una carácter más europeo. Puede ser un anhelo loable, pero es erróneo incluir un anhelo político en el Reglamento. Éste debe ser políticamente neutral. Por este motivo, votaré en contra de esta enmienda.
La segunda modificación que yo considero innecesaria es la que dice que un grupo político no puede presentar propuestas contradictorias. Opino que ya es suficientemente difícil presentar propuestas en este Parlamento. La citada propuesta lo haría aún más difícil. Creo que así haremos esta Asamblea menos democrática. Además, lo que se gana en eficacia con esta modificación es absolutamente insignificante. Como máximo, una milésima parte de todas las votaciones que realizamos son así, es decir, contradictorias. Por consiguiente, voy a votar en contra de esas dos propuestas.

Manzella
Señora Presidenta, la meritoria labor de nuestros tres ponentes confirma, una vez más, la necesaria función de la autonomía reglamentaria de los parlamentos en el desarrollo de las normas constitucionales. El Tratado de Amsterdam, a la espera de su entrada en vigor, encuentra así su primera interpretación, ratificada por este Pleno que se adelanta a los jueces y a la práctica extraparlamentaria.
En este marco, se ha de dispensar una especial atención a la configuración reglamentaria de los nuevos procedimientos legislativos, ya que la próxima legislatura será ciertamente la de la plena consagración del Parlamento legislador en pie de igualdad con el Consejo en un sistema bicameral. Más exactamente, el nuevo procedimiento de codecisión resulta desarrollado en cuanto a su potencialidad en este proyecto, de conformidad con la resolución aprobada en esta materia por este Parlamento, así como con la declaración interinstitucional común en fase de avanzada elaboración. Sin embargo, estoy de acuerdo con la integración solicitada en el artículo 66 que está dirigida a reconocer el papel de la Comisión en la llamada conciliación informal.
En el sistema comunitario, el monopolio de la iniciativa legislativa de la Comisión es, sin duda, una anomalía: sin embargo, se trata una feliz anomalía si nos fijamos en la crisis que sufre la producción legislativa en muchos parlamentos nacionales. En realidad, la posición de tercero que ocupa la Comisión respecto a los dos legisladores supone de por sí un factor de coherencia y de homogeneidad normativa con su continua referencia a la ratio de la propuesta legislativa. Por tanto, esta posición debe mantenerse a lo largo de todo el proceso legislativo.

Fayot
Señor Presidente, este Parlamento Europeo es un parlamento joven. Ésa es una diferencia fundamental con los parlamentos nacionales, cuya base y cuyo funcionamiento existen a veces desde hace siglos.
Veinte años es apenas un aniversario, aún no es del todo la edad del juicio. A eso se debe la importancia de nuestro Reglamento, que es nuestra carta de vida en común. Pese a nuestras divergencias, para que la democracia funcione, es necesario que se respeten su letra y su espíritu. No podemos plegarnos al azar de la coyunturas políticas; su fiabilidad depende de la permanencia en su interpretación y su aplicación cotidianas. Eso explica la necesidad de la evolución del Reglamento. Hay que modificarlo sobre todo para simplificarlo y aligerarlo a fin de volver más rápidos y eficaces los procedimientos. Hay que evitar que se utilice para bloquear políticamente una institución parlamentaria destinada a adoptar decisiones legislativas.
En un parlamento en el que no hay mayoría gubernamental en cinco años, por ejemplo, pero en el que, según los asuntos abordados, se forman mayorías de recambio; la simplicidad y la transparencia de los procedimientos son esenciales para la comprensión de nuestra acción por la opinión pública. Así, pues, no puedo aceptar el reproche del Sr. Voggenhuber, que ha argumentado que esta modificación del Reglamento entraña menos democracia. Creo que a este respecto hemos logrado un equilibrio entre la democracia, por una parte, y, por otra, la eficacia.
Quisiera formular una última observación, señor Presidente, a raíz de lo que el Sr. Spencer acaba de decir en el debate: en la reestructuración de las comisiones para la próxima legislatura, se propone hacer desaparecer la Comisión de Reglamento para fusionarla con otra comisión. Lamento semejante fusión; por mi parte, creo que más valdría crear una auténtica Comisión de Asuntos Constitucionales dentro del Parlamento Europeo que se ocupe de todo lo relativo al funcionamiento de la vida parlamentaria. Creo que es importante para engrasar los engranajes de nuestra práctica.
Permítaseme, como presidente de la Comisión de Reglamento, formular una última observación sobre la controvertida cuestión de la entrada en vigor. Creo que la entrada en vigor de este conjunto de enmiendas reglamentarias debe hacerse -y los tres ponentes están de acuerdo conmigo- en concomitancia con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Se trata de dos series de disposiciones: unas que se refieren a la adaptación del Reglamento al Tratado de Amsterdam, las otras que no necesitan ese fundamento nuevo del Tratado de Amsterdam. Así, pues, creo que por razones de simplicidad, señor Presidente, más vale que esa entrada en vigor se produzca en concomitancia con el Tratado de Amsterdam.

Oreja
Señor Presidente, la Comisión es consciente de que el Reglamento del Parlamento es un asunto que, ante todo, afecta a esta Asamblea y a la autonomía de su organización. Ahora bien, dado el papel de la Comisión en el proceso legislativo, ésta tiene un legítimo interés en este Reglamento ya que, de alguna manera, nos sentimos afectados por él.
Quiero empezar felicitando muy calurosamente a los tres ponentes. Gracias a su trabajo, el Parlamento dispondrá de un nuevo Reglamento adaptado a los importantes cambios que introduce el Tratado de Amsterdam, especialmente en materia de procedimiento legislativo, y este texto podrá ser aplicado nada más entrar en vigor el Tratado. Quiero destacar el esfuerzo de la Comisión de Reglamento para clarificar las reglas y simplificar los procedimientos sin olvidar la importancia de llegar a acuerdos entre los distintos Grupos. También comprendo el legítimo deseo del Parlamento -ya expresado en otras ocasiones, tanto con motivo del Acta Única como del Tratado de la Unión Europea- de sacar el máximo partido de las nuevas posibilidades recogidas en el Tratado de Amsterdam y de plasmarlas en el nuevo texto. Me ha parecido muy acertada la imagen del Sr. Corbett de esa goma que se estira y se encoge y que debe estar lo suficientemente tensa pero no tanto como para que se rompa.
Permítanme referirme a algunos de los aspectos del nuevo Reglamento que nos merecen una especial consideración. En primer lugar, las nuevas reglas previstas para examinar las propuestas de la Comisión en relación a los derechos fundamentales y a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad nos causan una cierta preocupación. La regla propuesta tiene, a nuestro juicio, una cierta vaguedad ya que se limita a establecer que cuando el Parlamento estime que una propuesta de la Comisión no respeta uno u otro de estos principios pedirá a ésta que haga las enmiendas necesarias. Ahora bien, ¿significa esto que se dedicará una lectura especial a estos temas o que se tendrán en consideración de manera particular en la primera lectura? Si se aplica la primera interpretación, este procedimiento podría retrasar todo el procedimiento legislativo y ser incluso contrario al Acuerdo interinstitucional sobre subsidiariedad. Además, no se olvide la necesidad de salvaguardar el derecho de iniciativa de la Comisión -estoy seguro de que no lo olvida el Sr. Corbett ni tampoco los otros ponentes, puesto que ellos son muy conscientes de que ésta representa una pieza básica de todo el sistema institucional-. Y lo mismo puede decirse de las propuestas referentes al examen del fundamento jurídico.
En cuanto a la nueva conciliación oficiosa prevista por el nuevo artículo 66.5 en segunda lectura, y en el ámbito de la comisión parlamentaria competente, nos parece que es algo que puede ser muy útil. Estamos convencidos de que un mayor diálogo entre el Parlamento y el Consejo es deseable, puede ser eficaz, pero la Comisión estima que, de acuerdo con el espíritu de la nueva declaración conjunta sobre codecisión que se aprobará próximamente, por lo menos en la práctica y cualquiera que sea la regla que se apruebe en última instancia, debe estar presente en todas y en cada una de las etapas. Por eso, nos parece muy acertada la enmienda que en ese sentido ha introducido la Sra. Palacio previendo la presencia de la Comisión.
Por lo que respecta a la comitología ya saben ustedes que estamos manteniendo muchos contactos interinstitucionales para llegar a una solución. Por ello, nos parecería prematuro fijar ya en el Reglamento normas en materia de comitología.
El nuevo artículo 90 quinquies del Reglamento propone un procedimiento semejante al llamado «advice and consent» que utiliza el Senado norteamericano pero, en este caso, para el nombramiento de los jefes de delegación de la Comisión en terceros países. Me parece que aquí tenemos que hacer una distinción entre las audiencias que realiza esta Asamblea de las personas nombradas en virtud de los tratados, que son nombramientos políticos - y me estoy refiriendo a los comisarios, a los miembros del Tribunal de Cuentas, al directorio del Banco Central Europeo, al Alto Representante de la política exterior y de seguridad común- y, por otra parte, los nombramientos de funcionarios. No nos parece que sea apropiado celebrar una audiencia sobre el nombramiento de un funcionario, que, en definitiva, es competencia y responsabilidad de la Comisión.
Quiero decir también a los ponentes que estamos más tranquilos con la versión final del artículo 107.9 sobre el tiempo de uso de la palabra. En él se establece que la atribución del tiempo de palabra que le corresponde a la Comisión deberá ser acordado con ella y en todo caso se hará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 197 del Tratado, que da derecho a la Comisión a ser oída en cualquier momento. Estamos dispuestos a cooperar en sus esfuerzos para planificar y para racionalizar los debates pero debemos insistir en los derechos que nos confiere el Tratado en esta materia.
Por último, respecto a los comentarios del Sr. Corbett en relación a la Comisión, quiero decirle a él y a través de él a toda la Asamblea que la Comisión está totalmente dispuesta a reforzar su relación política con el Parlamento Europeo. La relación estrecha entre las dos instituciones desde el reconocimiento del papel específico que a cada una de ellas corresponde, es decir, iniciativa y ejecución a la Comisión, y control al Parlamento, debe ser un elemento esencial de la estructura institucional de la Unión, y esto debe valer especialmente en materia de transparencia y en materia legislativa.
Permítanme, finalmente, felicitarles por la iniciativa de proceder a la modificación del Reglamento del Parlamento con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Estoy seguro de que contaremos con un instrumento eficaz para continuar y para profundizar nuestra cooperación interinstitucional.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Medicamentos huérfanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0078/99) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre los medicamentos huérfanos.

Cabrol
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de Reglamento que tenemos que examinar se refiere a los medicamentos huérfanos. Su objetivo es incitar a la industria farmacéutica a dedicarse a la investigación y a la introducción en el mercado de medicamentos cuya comercialización no tendría en perspectiva dicha industria, por falta de rentabilidad para ella, porque dichos medicamentos están indicados para enfermedades poco comunes y que afectan a demasiado pocos individuos. Hay que sumar a ellas -y ése es el objeto de la enmienda 2, que apoyo- las enfermedades tropicales que afectan a numerosos enfermos, pero que no pueden pagar los medicamentos.
Este reglamento plantea dos cuestiones principales y algunas cuestiones secundarias. La primera es la de la definición. Se basa en primer lugar en un criterio epidemiológico, en este caso una enfermedad que afecta a menos de cinco individuos por 10.000 y, naturalmente, una enfermedad grave, crónica e invalidante. Las enmiendas 3 y 7 lo precisan. La definición se basa, además, en un criterio médico, es decir, la ausencia de métodos de diagnóstico, prevención o tratamiento satisfactorios para dichas enfermedades. Como este criterio me parece excelente, voy a rechazar las enmiendas 33, 34, 35, 41, 42 y 43, que pretenden limitar a las enfermedades curables las investigaciones relativas al diagnóstico, como si no saber reconocer una enfermedad no tuviera importancia. Eso parece ridículo, a los médicos en todo caso.
La segunda cuestión se refiere a las medidas de incentivación. Me parecen eficaces, ya se trate de una asistencia para la elaboración del protocolo de investigación, de la dispensa de los derechos de registro -apoyada por las enmiendas 11, 14 y 21-, de los incentivos nacionales -fiscales, por ejemplo- o sobre todo de la exclusividad comercial para diez años, con algunas garantías, sin embargo, de limitación a seis años, si no se cumplen ciertos criterios: el descubrimiento de un medicamento clínicamente superior. No voy a apoyar las enmiendas 25, 28 y 31, encaminadas a suprimir ese criterio, que me parece muy fácil de observar en la práctica. Por lo que se refiere a la realización de un beneficio excesivo, me parece pertinente la garantía. Así, pues, voy a oponerme a las enmiendas 17, 32, 36, 37 y 39, encaminadas también a suprimir dicho criterio, pero proponiendo que se destine el beneficio excesivo -si existe- a un fondo de ayuda a la investigación para nuevos medicamentos huérfanos. Voy a apoyar también la enmienda 38, que no permite hacer extensiva a la misma indicación terapéutica una autorización de introducción en el mercado de un medicamento similar no huérfano.
También apoyaré una medida retroactiva para los medicamentos huérfanos presentados antes de la entrada en vigor del presente reglamento a fin de que los enfermos interesados se beneficien cuanto antes de ellos. Ése es el objeto de la enmienda 40. La designación de esos medicamentos huérfanos correrá a cargo, según el reglamento que se nos propone, de un comité especial creado en la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos.
Por último, insistiré en la enmienda 15 para que la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos disfrute precisamente de una contribución especial suficiente para sufragar las dispensas de gastos de registro destinadas a contribuir a la investigación en el sector de los medicamentos huérfanos y a favorecer la presentación de esas solicitudes de autorización para que el efecto incentivador sea máximo.
En conclusión, señor Presidente, Señorías, este reglamento resulta extraordinariamente importante y útil, pues permitirá no sólo tratar las enfermedades para las que no se dispone de medios diagnósticos ni terapéuticos y, naturalmente, las vacunas quedan también comprendidas. Propiciará también, en la industria farmacéutica, investigaciones creadoras de puestos de trabajo, en particular en las pequeñas y medianas empresas.
Así, pues, pido a Sus Señorías que voten este reglamento, teniendo en cuenta, naturalmente, las enmiendas que les he presentado.

Heinisch
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la presente propuesta de reglamento representa un paso en la dirección adecuada tras una larga fase de preparación. Su objetivo es responder a la necesidad que tienen millones de pacientes de que se creen condiciones favorables a escala comunitaria para la investigación, el desarrollo y la introducción en el mercado de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades poco frecuentes.
El desarrollo de posibilidades de tratamiento para los pacientes exige por encima de todo que se amplíe todo lo posible el campo de aplicación del reglamento. En particular, sería necesario que se incluyan también las indicaciones más recientes de medicamentos y formas de tratamiento ya conocidos. Dado que la mayoría de las solicitudes proceden de pequeñas y medianas empresas, por lo menos en Estados Unidos, sería conveniente que la Comisión establezca disposiciones especiales para las PYME, a fin de promover una mayor participación de las mismas en el contexto del Quinto programa marco de investigación y del programa de acción comunitario dedicado a las enfermedades poco frecuentes.
La posibilidad de acceso sin restricciones al procedimiento centralizado, sin que esto sea obligatorio, y la exoneración parcial o total del pago de tasas a la Agencia merecen nuestro apoyo sin reservas, siempre que se prevea una dotación de fondos adecuada para esta última. Sería deseable, además, que los Estados miembros adoptasen también este incentivo económico en el caso de que se aplique el procedimiento de reconocimiento mutuo. Dicha disposición debería figurar expresamente en el reglamento, al menos para pedir a los Estados miembros su rápida aplicación. La exclusividad es uno de los resortes fundamentales de cualquier sistema de incentivos. En consecuencia, se debería ampliar a todas las aplicaciones, incluidas en particular las nuevas indicaciones de medicamentos conocidos, a fin de fomentar la investigación en ámbitos que de otro modo no se explorarían por falta de la adecuada protección de las patentes, con la condición de que se respeten los criterios que se establecen en los apartados 1 y 2 del artículo 3, especialmente en el caso de los medicamentos conocidos.
Se debería profundizar la definición científica del concepto de «medicamento similar», con objeto de tener en cuenta la continua evolución científica y las características de los productos. Sólo la cooperación entre el sector privado y el sector público y la creación de condiciones favorables para la investigación de nuevos medicamentos, con el apoyo de medios de tratamiento y diagnóstico, permitirán satisfacer las necesidades de las personas enfermas.

Marinucci
Señor Presidente, por fin Europa se alinea con los Estados Unidos que desde hace tiempo promueven la investigación, la producción y la comercialización de medicamentos destinados al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades raras, o sea, que afectan a un número limitado de personas y que, sin embargo, son graves, causan invalidez y con frecuencia la muerte.
La Comisión -hay que reconocerlo y apreciarlo- ha cumplido el compromiso asumido con el Parlamento y, después de la aprobación de la normativa en materia de enfermedades raras, ha presentado al Parlamento y al Consejo una propuesta de reglamento destinada a impulsar a la industria a la investigación y a la producción de medicamentos que, por su reducido ámbito de usuarios, no serían rentables.
La Unión Europea cumple así una tarea institucional totalmente coherente con el compromiso, definido por el Tratado de Maastricht y reforzado por el Tratado de Amsterdam, de contribuir a garantizar un alto nivel de protección de la salud a todos los ciudadanos y ciudadanas europeos, pero también resume, con respecto a toda la humanidad, la parte de responsabilidad que le corresponde en virtud de su poder económico y cultural. La ciencia biomédica ha realizado enormes progresos, sin embargo, ante algunas enfermedades genéticas y algunas afecciones raras, nos encontramos en una situación de impotencia inaceptable para las familias de los pacientes que se sienten abandonadas y traicionadas. Éstas, al asociarse y organizarse, han hecho mucho. Personalidades del mundo político y artístico han estado a su lado para recoger fondos destinados a la investigación: basta pensar en la creciente implicación de iniciativas como Teleton.
La Unión Europea no puede eludir su tarea que no es la de subrogarse en el compromiso de los particulares y de los fabricantes de cada uno de los Estados miembros, sino la de proponer las sinergias necesarias. A dicho fin, a las medidas previstas en el reglamento que nos ocupa se añadirán las financiaciones comunitarias en el ámbito del Quinto programa marco de investigación. Con todo, va a suponer sin duda un incentivo la concesión a la empresa fabricante de la exclusiva del mercado, sometida a ciertas condiciones, durante diez años; la ayuda de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos con la exención total o parcial de los derechos debidos; los posibles beneficios fiscales cuya concesión, sin embargo, corresponde a los Estados miembros.
El Grupo Socialista, al que me honro pertenecer, pidió con insistencia a la Comisión que presentara la propuesta y ahora la respalda con convicción reafirmando la necesidad de dar prioridad, en la redacción definitiva de la resolución, a las instancias científicas y humanitarias más que a las de carácter económico. Esto significa que en una materia como ésta las necesarias cautelas no deben convertirse en dificultades de cara a la concesión de los beneficios o a la aplicación de la normativa que, por el contrario, tendrá que redactarse y leerse en la forma más conveniente para permitir realmente la investigación, la producción y la comercialización de medicamentos destinados a las afecciones raras.

Valverde López
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, deseo expresar el apoyo total de nuestro Grupo a la propuesta de reglamento que presenta la Comisión Europea. Era una necesidad sentida por la sociedad y una petición de las asociaciones de enfermos desde hace ya bastante tiempo. Por cierto, creo que hay que hacer una mención especial, aquí y ahora, en este Parlamento, a estas asociaciones por el excelente trabajo de apoyo en la preparación del trabajo parlamentario de todos y cada uno de nosotros.
Por su parte, el profesor Cabrol ha preparado un excelente informe que podemos apoyar perfectamente en sus líneas generales y seguirle en sus conclusiones fundamentales. No obstante, hemos presentado algunas enmiendas para intentar reforzar la eficacia del reglamento. Por cierto que, en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, hemos encontrado una excelente base de cooperación y de acuerdo entre todos los Grupos políticos y también hay que ponerlo aquí de manifiesto.
Creo que es importante que se acoja la enmienda según la cual el comité de medicamentos huérfanos previsto en la propuesta de la Comisión debe funcionar en el seno de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. Ganaremos eficacia y, al mismo tiempo, la Comisión mantendrá todas sus competencias intactas.
Es necesario también asegurar una financiación suficiente en el presupuesto de la Unión Europea de una forma regular y permanente. Con mi enmienda nº 18, señor Bangemann, pretendo crear un fondo de promoción de la innovación. Se pretende cubrir una exigencia de eficacia y una exigencia ética. Cuando se termine el plazo de protección especial de estos medicamentos huérfanos, es lógico que una parte de los beneficios que puedan proporcionar se destine a retroalimentar un fondo que siga financiando este reglamento y nuevos medicamentos huérfanos y, en definitiva, mejores tratamientos y una exigencia diríamos ética de la sociedad para seguir funcionando.
Yo animo a la Comisión a que estudie la experiencia de funcionamiento de los Estados Unidos y del Japón. Nosotros debemos presentar una propuesta acorde con nuestra propia identidad europea y las exigencias de nuestra legislación comunitaria y de nuestras instituciones. Creo que es viable, aunque pueda ser un poco complicado. Espero que la Comisión, como siempre, acoja esta idea con la eficacia que siempre le caracteriza. Yo se lo agradezco por anticipado.

Kestelijn-Sierens
Señor aPresidente, colegas, el descubrimiento de un tratamiento y el desarrollo de un medicamento que salva algunas vidas humanas es tan difícil y tan costoso como la comercialización de un medicamento que puede curar millones de personas. Si no queremos limitarnos a la lucha contra enfermedades muy frecuentes sino que también queremos ayudar a la gente que padece de una de las 5.000 enfermedades identificadas como raras, entonces tenemos que proporcionar los estímulos necesarios a la industria. No obstante, no debemos olvidar que una enfermedad rara de hoy puede convertirse mañana en un mal muy frecuente. De ahí que debamos fomentar la investigación de enfermedades raras y por medio de un régimen fiscal favorable asegurándole al inversor cierta exclusividad.
La regulación es sin duda un paso en la buena dirección, aunque pienso que la Comisión debería reflexionar sobre la definición de medicamentos huérfanos. Tanto yo misma como algunos otros colegas hemos presentado enmiendas al respecto. Tal vez un compromiso entre las diferentes propuestas pueda proporcionarnos una definición mejor.
Además, junto con mi colega Lone Dybkjær presenté una enmienda que tenía por objeto dar un empujoncito a la industria cuando se trate de una enfermedad que padecen en Europa aproximadamente tres mil personas. Proponemos que se conceda a la industria farmacéutica una protección de patente de seis meses adicionales de otro medicamento que comercialice si desarrolla un remedio para tratar una enfermedad muy infrecuente. Espero que una mayoría de este Parlamento respalde esta enmienda y también me gustaría conocer la opinión del Comisario Bangemann al respecto.

Pradier
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Cabrol, por el excelente trabajo que se ha hecho sobre este tema y, en segundo lugar, me congratulo en particular de la creación de ese comité de medicamentos huérfanos. Sin embargo, podemos preguntarnos, por varias razones, por la composición de dicho comité, por su modo de funcionamiento, por el peso real que tendrá, es decir, a fin de cuentas, por los medios de que dispondrá efectivamente la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.
No obstante, un elemento me parece digno de atención. Es el del concepto de beneficios excesivos, que se ha intentado extraer. No soy un fanático defensor de los beneficios de las multinacionales de la industria farmacéutica. Aun así, esa idea me parece completamente arbitraria y, por lo que se refiere al período de diez años previsto, si puede ser objeto de revisión al final del quinto año -ocasión que parece excelente-, dicha revisión debe hacerse no para evaluar los beneficios, sino para verificar si se han ampliado las indicaciones terapéuticas o si no se ha modificado la prevalencia. Si se tienen en cuenta esos dos elementos, nuestro Grupo votará, naturalmente, a favor de esta resolución.

Amadeo
Señor Presidente, la investigación farmacéutica sobre las cerca de 500 enfermedades que afectan a un número limitado de personas, demuestra que no está dispuesta a comprometerse en inversiones consistentes ni a someterse a los procedimientos previstos, porque sabe que el producto que debe ser sometido a varios test y soportar los altos costes del sistema de producción, a la postre, interesará a un número limitado de personas, esto es, a las que padecen enfermedades raras.
En los Estados Unidos, un país que está en vanguardia en la investigación clínica y farmacológica y que, por eso, se ha convertido en modelo para varias estructuras de la sociedad contemporánea, ya desde 1993 existe una legislación en materia de «medicamentos huérfanos» que ha cosechado un éxito notable. Siguiendo esta pauta, la Unión, a través del informe del profesor Cabrol, demuestra que quiere hacer algo en esta materia.
En efecto, a lo largo de la última década, en los Estados Unidos se ha atribuido a 837 medicamentos la denominación de «medicamentos huérfanos», hoy en discusión, y los mismos, por tanto, han podido aprovecharse de una serie de ventajas en la investigación y en la experimentación capaces de contribuir a la identificación y al conocimiento de las etiologías y de los consiguientes tratamientos hasta ahora desconocidos.
El problema está en seguir la lógica de estimular las industrias a través de varias medidas, como hicieron las autoridades estadounidenses. La más importante de dichas medidas me parece que es la del crédito fiscal que cubre casi el 50 % de la investigación clínica.
Lamentablemente, las enfermedades raras son, a fin de cuentas, enfermedades perfectamente conocidas, aunque su baja incidencia de morbilidad en la población las relega al olvido de las cuestiones no resueltas. El intento del profesor Cabrol que compartimos nos obliga a tomar iniciativas y a salir de dudas.
A las puertas del tercer milenio, es penoso pensar en pacientes que no pueden disponer de tratamientos adecuadas por razones de mercado. Si en una situación semejante esta sociedad no sabe manifestar una solidaridad justa, ¡entonces adiós Europa!

Needle
Señor Presidente, en primer lugar y lo más importante, quiero sumar mi firme apoyo a la propuesta de la Comisión y, en particular, al excelente informe del Sr. Cabrol, que al igual que todos sus informes, ha sido bien elaborado y es pertinente. Como ha explicado mi colega la Sra. Marinucci, los de esta parte del Hemiciclo mantendremos el enfoque adoptado en comisión. Proporcionar incentivos significativos para garantizar el desarrollo de productos que permitan atajar algunas de las situaciones más debilitadoras y frustrantes del mundo es, a todas luces, la misión de un nuevo tipo innovador de asociación entre el sector público y el sector privado. Para conseguirlo, el progreso debe estar basado en los criterios epidemiológicos y económicos que han sido elaborados en la trayectoria bastante difícil de estas propuestas hasta llegar a esta fase.
La Comisión ha adoptado acertadamente disposiciones para evitar la obtención de beneficios desproporcionados. A pesar de que en el sector farmacéutico no faltan los que protestan por la mera idea de que pueda existir algún riesgo en este sentido, en mi opinión y en la de muchos otros parece razonable que la utilización de recursos públicos y el apoyo jurídico deban ser totalmente transparentes. Por consiguiente, espero que el Parlamento y el Consejo aprueben el mantenimiento del concepto como parte de la asociación con los sectores de investigación y desarrollo e incluyan los medios prácticos para que los responsables de la toma de decisiones sobre los programas lleguen a unas conclusiones justas y precisas que contemplen asimismo el sector de desarrollo genérico.
Se trata de una evolución importante en el contexto de los numerosos avances interesantes que se están realizando en la identificación y el tratamiento genéticos y, lo mejor de todo, en la prevención de enfermedades. La semana pasada tuve ocasión de presenciar algo de este trabajo en mi región. Junto con el futuro programa relativo a enfermedades poco comunes, además del que espero que sea un nuevo marco eficaz para la política de salud pública durante los próximos cinco años, esta iniciativa ofrece auténticas nuevas esperanzas a los que padecen dolores y suplicios.
Debemos reconocer el mérito de todos aquellos que se han esforzado tanto para presentar hoy esta propuesta ante el Parlamento. Ahora nos toca a todos nosotros asumir la responsabilidad de garantizar su futuro éxito en nombre de los pacientes que sufren.

Liese
Señor Presidente, debemos acoger sin reservas con satisfacción la presente propuesta de reglamento. Las esperanzas de muchos pacientes aquejados de enfermedades poco frecuentes dependen de que en Europa también dispongamos lo más pronto posible de una normativa para los medicamentos huérfanos. Las experiencias de Estados Unidos y Japón deberían servirnos de orientación en este contexto. También deberíamos aprender de dichas experiencias. El informe del Sr. Cabrol introduce una serie de mejoras en este sentido en la propuesta de la Comisión, si bien algunas de las enmiendas propuestas me parecen problemáticas.
Yo creo que es muy importante que en las enmiendas 1 y 2 también se haga referencia a las enfermedades tropicales. Es importante que Europa dirija la mirada más allá de sus confines y que también tengamos en cuenta a las personas que padecen enfermedades tropicales. Quizá esto no pueda hacerse en el marco del presente reglamento, pero es necesario que creemos muy pronto un instrumento con dicho fin.
Me parecen problemáticas las enmiendas que crean obstáculos adicionales para la industria en lo que se refiere a la obtención de la consideración de medicamento huérfano para un determinado producto. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la enmienda 18, sobre la cual me gustaría conocer también la opinión de la Comisión. Yo tengo la impresión de que si al cabo de diez años volvemos a detraer beneficios de la industria, esto reducirá el incentivo para que se decida a invertir, y a mí me gustaría saber si en Estados Unidos se hace realmente lo que se propone en la enmienda 18. Yo tengo mis dudas al respecto.
Finalmente, quisiera detenerme también en el tema del diagnóstico, que ya nos ocupó en la comisión. Por mi experiencia, creo poder afirmar que, precisamente en el caso de las enfermedades genéticamente condicionadas -y la mayoría de las enfermedades poco frecuentes lo son-, los pacientes esperan medios de prevención y tratamiento, y si sólo les ofrecemos medios de diagnóstico, sin la correspondiente prevención o tratamiento, a veces incluso generamos problemas. Por esto, personalmente, yo soy partidario de situar la terapia en el primer plano y subvencionar el diagnóstico sólo cuando ya exista también un tratamiento o un medio de prevención. Por lo demás, debemos apoyar, no obstante, sin reservas el informe del Sr. Cabrol y la propuesta de reglamento, y evitar ponerlo todo en peligro por diferencias de detalle.

Tannert
Señor Presidente, Señorías, a la situación de la UE en relación con los medicamentos huérfanos se le podría aplicar un proverbio alemán que dice que lo bueno se hace esperar. La Comisión ha necesitado un largo tiempo para presentar la propuesta de un Orphan Drug Act europeo. Yo espero que el presente reglamento dará un fuerte impulso al desarrollo de dichos medicamentos y a la vez también a la investigación biomolecular. Lamentablemente, la Comisión se ha visto en condiciones de seguir también el modelo de Estados Unidos en lo que se refiere a un incentivo fiscal adicional, al menos en el sentido de instar a los Estados miembros a que adopten medidas. A mí me interesaría saber, desde luego, si la Comisión considera que tiene alguna posibilidad de actuar en este sentido.
Las experiencias de Estados Unidos indican, empero, que los incentivos fiscales son el estimulante más eficaz de las inversiones en el desarrollo de los medicamentos huérfanos. Desde un punto de vista general, cada vez son más numerosos los argumentos en favor de una armonización fiscal en el ámbito de la UE y el reglamento sobre los medicamentos huérfanos es uno más. Sería deseable, por otra parte, que se constituya un fondo especial para el apoyo adicional al desarrollo de dichos medicamentos. En este aspecto, podemos dejar correr libremente la imaginación, aunque un cierto dirigismo estatal debería marcar el rumbo.

Bangemann
Señor Presidente, es una gran satisfacción que nuestra propuesta haya tenido una acogida tan positiva. El ponente ha contribuido mucho a ello con su meticuloso trabajo. Puesto que esta es la primera lectura, no voy a detenerme ahora en todas las enmiendas, pero no obstante comentaré las más importantes que se han mencionado en el debate y señalaré en algún caso los motivos por los que la Comisión no considera demasiado útil cierta enmienda.
Para empezar, es evidente para todos -así ha quedado claramente patente también en el debate- que necesitamos una propuesta de estas características, ya que los mecanismos del mercado resultan insuficientes para promover por sí solos un resultado razonable en los casos que nos ocupan, en lo que se refiere a los llamados medicamentos huérfanos. Esto es perfectamente comprensible. Lo cierto es que la investigación, en particular, resulta cada vez más cara y cuando, por definición, es del todo imposible recuperar ese gasto, naturalmente no se puede esperar que nadie que tenga que trabajar en el marco de la economía privada los asuma.
Por lo demás, hace ya bastantes años que intentamos controlar y contrarrestar este efecto. No es cierto que en los años pasados no se haya hecho nada. En los programas de investigación, en el tercer y el cuarto programa marco de investigación, ya se previeron recursos muy considerables para la investigación en estos ámbitos. El hecho de que sólo ahora se presente un reglamento de estas características -y la ley americana data, creo, de 1983- no significa que desde entonces no hayamos hecho nada. Sin embargo, es evidente que las experiencias americanas seguramente nos permitirán mejorar la propuesta.
La descripción del problema es muy sencilla. Puesto que esa posibilidad económica no existe, es preciso ofrecer una compensación. Esto puede hacerse evidentemente -y seguiremos haciéndolo en el futuro- a través del apoyo directo a la investigación. En el Quinto programa marco de investigación también se concede aún mayor atención a dichas investigaciones. La situación no se ha modificado en este sentido, o en todo caso sólo ha mejorado.
No obstante, deseamos crear también una serie de incentivos adicionales, por ejemplo a través de la exclusividad comercial durante un plazo de diez años. Es cierto que dicha exclusividad ofrece una oportunidad adicional para obtener beneficios, pero habida cuenta de que el mercado es muy reducido por definición, nadie puede contar en realidad con que los beneficios puedan llegar a ser enormes. Al contrario, las oportunidades sólo serán relativamente escasas. Este plazo de diez años constituye el pivote y el eje de nuestro sistema de incentivos a la investigación y el desarrollo de los medicamentos huérfanos, incentivos que por otra parte ya se contemplan de manera muy análoga en las demás normas hasta ahora disponibles.
No podíamos proponer incentivos fiscales, al menos no por ahora, puesto que no es algo que podamos decidir nosotros. La decisión tendrían que pasar por los Estados miembros. De momento queremos esperar primero los resultados de estas experiencias. Los incentivos fiscales son siempre un recurso muy cómodo para generar un estímulo. Aquí se ofrecen otra serie de posibilidades, igualmente eficaces como mínimo. La posibilidad de acceder al procedimiento centralizado y la exoneración del pago de tasas en particular -en esto coincido con usted, Sra. Heinisch- es muy decisiva, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que a menudo se quejan de dichas tasas. La exoneración podrá ser parcial o total. La Agencia de Londres también podrá prestar asistencia para la elaboración del protocolo, con lo cual creemos que será perfectamente posible ofrecer un apoyo razonable.
Es una gran satisfacción para mí que, en el curso del debate, algunos colegas también se hayan manifestado a favor de la creación de un comité especial. A nuestro parecer, el problema es tan específico que requiere dicho comité y no sería posible ni se debería recurrir a los comités habituales ya existentes.
Nosotros hemos propuesto dos tipos de criterios. Evidentemente, siempre cabe la posibilidad de intentar definir otros, con la condición de que se tenga presente cuál es el objetivo de la propuesta. Deseamos promover la investigación. Queremos que resulte más atractiva y, por consiguiente, consideramos adecuados los criterios epidemiológicos, porque son objetivos y, sobre todo, porque se pueden aplicar con facilidad en una fase temprana del desarrollo del producto.
Los criterios económicos plantean problemas. Es prácticamente imposible hacer estimaciones y predicciones antes de que haya transcurrido el plazo de diez años. Si se quisieran hacer esas estimaciones o predicciones sería preciso exigir, evidentemente, una transparencia muy considerable a las empresas, a la cual no siempre están dispuestas a avenirse.
Como ya he señalado, esta es la primera lectura. En primer lugar, quisiera señalar las enmiendas que podemos aceptar. Son muchas: las 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 32, 38 y parcialmente la 9. A continuación voy a hacer un par de observaciones sobre las enmiendas que no deseamos hacer nuestras, empezando por la enmienda 6. Dicha enmienda se refiere al citado criterio económico adicional. Como ya he señalado, éste no resulta demasiado atractivo, dificulta todo el procedimiento de control y también podemos aprender algo de la experiencia de Estados Unidos. Un criterio análogo no tuvo éxito allí, no funcionó. Por consiguiente, lo que deseamos es fomentar la investigación y no dificultarla más. En consecuencia, preferimos no aceptar dicha enmienda.
Paso ahora al segundo grupo, relativo a los diagnósticos. Se trata de las enmiendas 33, 34, 35, 41 y 42. Todas tienen por objeto la exclusión de los medicamentos con fines de diagnóstico mientras no exista ningún procedimiento para el tratamiento o la prevención de la enfermedad que se pretende diagnosticar. Esto podría obstaculizar el acceso a los diagnósticos, con lo cual no se podrían desarrollar tratamientos adecuados. Nosotros creemos que este es un riesgo que no deberíamos correr innecesariamente.
El tema siguiente es el de los fondos, que también se ha mencionado en el debate. Corresponde a la enmienda 18. A nuestro parecer, la idea de crear un fondo especial con las aportaciones de la venta de medicamentos huérfanos a partir de la expiración del plazo de 10 años de exclusividad comercial podría contribuir más que nada a reducir el interés potencial de las empresas, con lo cual el fondo no dispondría de recursos suficientes, habida cuenta que los beneficios no serán enormes. Esta es precisamente la definición de un medicamento huérfano, el hecho de que la posibilidad de obtener un beneficio es muy limitada.
Siguen a continuación las medidas relativas a las enfermedades tropicales, que también se han mencionado. Nosotros suscribimos, naturalmente, la idea de que es razonable adoptar medidas específicas para apoyar la investigación en los países en desarrollo. Sin embargo, no creemos que la inclusión de una indicación en este sentido en un considerando permitiera lograr dicho resultado. La consecuencia sería, como ocurre lamentablemente a menudo cuando presentamos propuestas detalladas, que ésta se ampliaría, pues se querría aprovechar la ocasión para mencionar asimismo todos los problemas imaginables. Sin embargo, esta no es una manera lógica de legislar. Por consiguiente, nosotros esperamos poder volver a considerar más adelante el tema de las enfermedades tropicales.
Por otra parte, podemos afirmar que la investigación y el tratamiento de las enfermedades tropicales se han encontrado tradicionalmente en las mejores manos en la Unión Europea. No se puede decir que hasta ahora no hayamos cumplido con nuestro compromiso en este aspecto. No obstante, si el Parlamento así lo desea, desde luego podemos volver a examinar las posibilidades de seguir mejorando la investigación de productos farmacéuticos en este ámbito concreto.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, me gustaría que el Comisario Bangemann diera una respuesta a la pregunta que hice sobre su posición acerca de la enmienda 30, que presenté junto con mi colega Dybkjær. Se trata del hecho de que una industria farmacéutica pueda conseguir un periodo adicional de protección o una prórroga de la protección de patente durante seis meses si llega a desarrollar un medicamento huérfano. O sea, una protección de patente que se concedería adicionalmente durante seis meses para otro medicamento introducido ya o que estuviera ya comercializado.

Bangemann
No me he referido directamente a ello. Como ya he señalado, esta es la primera lectura. Por lo tanto, no he querido detenerme en todas las enmiendas. El argumento es aproximadamente el mismo que he aplicado en el caso de los incentivos fiscales o también en contra de la creación de un fondo. Ya me he pronunciado en contra de dicho fondo. Si se introdujese una protección adicional de las patentes -bien para el desarrollo de tratamientos o bien en el caso de que los beneficios pasen a engrosar un fondo especial-, se excluiría prácticamente la competencia de los genéricos.
El procedimiento es siempre el mismo. Cuando un medicamente se desarrolla, investiga y autoriza por primera vez, se aplica en todos los casos el derecho a la exclusividad comercial por un plazo de diez años, que también se puede plasmar, además, en la protección de una patente, y dicha protección impide el acceso de ningún genérico al mercado durante ese plazo. Pero si este plazo se prolongase, el resultado sería negativo. En efecto, la comercialización de genéricos una vez expira la protección de una patente o de otro tipo tiene obviamente un sentido. Éstos pueden tener efectos adicionales y, en cualquier caso, son por regla general un poco más baratos.
Dicha enmienda no nos parece razonable, ya que excluiría la posibilidad de una oferta de genéricos una vez expirado el plazo de protección. A nuestro parecer, ese no puede ser el objeto de una propuesta como la citada.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy martes a las 11.30 horas.

Campos electromagnéticos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0101/99) del Sr. Tamino, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de recomendación del Consejo (COM(98)0268 - C4-0427/98-98/0166(CNS)) relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos 0 Hz - 300 GHz.

Tamino
Señor Presidente, creo que a nadie se le pasa por alto el hecho de que en los últimos años, se ha hablado mucho de la contaminación electromagnética en diarios y revistas. Por tanto, existe un gran interés de la opinión pública por estos temas. En realidad, hoy por hoy, la contaminación electromagnética llama la atención de la opinión pública porque, a diferencia de otras formas de contaminación, no se ve ni se huele. La gente no se da cuenta, ve solamente instalaciones que podrían ser la causa de esta contaminación. Hace ya veinte años que, gracias al trabajo realizado por Nancy Wertheimer en Colorado, nos hemos dado cuenta de que estos campos electromagnéticos podrían tener efectos no solo a nivel directo al provocar daños debidos al calentamiento -los efectos térmicos agudos, como se definen- sino también a largo plazo, al provocar leucemias y tumores.
Es también por esta preocupación que en la anterior legislatura, los Sres. Vernier, Santos y Pimenta propusieron una resolución que luego se plasmó en el informe del Sr. Lannoye, aprobado el 5 de mayo de 1994. En dicho informe, el Parlamento Europeo estableció algunos puntos entre los que quisiera destacar la necesidad de aplicar el principio de cautela en lo que se refiere a los efectos de los campos electromagnéticos en la población. Remitiéndose a este informe del Parlamento Europeo, la Comisión ha considerado oportuno presentar la recomendación que hoy nos ocupa relativa a todo el espectro de la radiación de 0 Hz a 300 Ghz. Como se puso de manifiesto en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, esta recomendación sólo propone unos límites en lo que respecta a los efectos térmicos agudos. Por el contrario, en cuanto a los efectos no térmicos a largo plazo, sobre la base de las consideraciones de algunos organismos internacionales, se afirma que la documentación no es suficiente y, por tanto, no se indican los límites para este tipo de exposición.
Está claro que, desde el punto de vista formal, podríamos decir incluso que la mayor parte de la documentación demuestra de forma irrefutable que los campos electromagnéticos provocan efectos térmicos: todos sabemos, en efecto, que se utilizan hornos microondas para calentar la comida. Por contra, en lo que se refiere a los efectos a largo plazo, está un curso un amplio debate que, sin duda, ha evidenciado muchos trabajos científicos tanto de tipo epidemiológico como de tipo específico sobre células, tejidos, sistemas in vitro e in vivo, que indican una probable acción de los campos electromagnéticos en la comunicación celular. Esto podría estar en el origen de esos efectos epidemiológicos que se han comprobado en términos de leucemias y de tumores, así como de una serie de otros daños a largo plazo como, por ejemplo, los que afectan al sistema nervioso, molestias, amnesia, etcétera.
Ahora bien, la preocupación de la opinión pública se debe al hecho de que no solo tenemos instalaciones fijas como los electrodos, las instalaciones de repetición de radio y televisión o las antenas de telefonía móvil, sino que estamos en continuo contacto con electrodomésticos y aparatos que generan campos electromagnéticos, el más famoso de los cuales es en estos momentos el llamado teléfono móvil que actualmente es objeto de un amplio debate.
Por estas razones, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha considerado oportuno introducir algunas modificaciones en el texto de la recomendación de la Comisión precisamente para tener en cuenta los riesgos a largo plazo. La comisión ha propuesto, en primer lugar, que se tenga en cuenta la salud de los trabajadores y la defensa de los consumidores, la introducción del principio de cautela y el principio que prevé utilizar las mejores técnicas a fin de lograr la menor exposición posible. La Comisión de Medio Ambiente ha puesto asimismo en evidencia la existencia de una amplia documentación científica con vistas a aplicar el principio de cautela y, por tanto, la consiguiente necesidad de una revisión de los datos y la conveniencia de que, sobre esta base, se lleve a cabo una revisión continua, así como la necesidad de presentar un informe al Parlamento Europeo. Además de esto, ha hecho hincapié en la necesidad de unos niveles de protección más elevados en los lugares en que la población pasa la mayor parte de su tiempo indicando distancias mínimas para los equipos y las instalaciones fijas. Sin embargo, también es cierto que la Comisión de Medio Ambiente no ha facilitado datos claros y valores concretos para indicar las formas de garantizar la protección de los ciudadanos frente a la exposición a largo plazo.
Y aquí, señor Presidente, en nombre de mi Grupo y en el mío, termino la presentación de algunas enmiendas que, sobre la base del principio de cautela y de los niveles de seguridad ya adoptados en otros países, como Italia y Suecia, tienen en cuenta los efectos a largo plazo. Por eso, hemos formulado las enmiendas 16, 17, 18, 19, 21 y 22.

Whitehead
Señor Presidente, ésta es una recomendación y no una directiva. Como tal, puede tardar años en convertirse en ley. El principal punto en que, acertadamente, hace hincapié el Sr. Tamino en su informe, que obtuvo el respaldo de toda la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, es que debe aplicarse el principio cautelar. Y en este caso, dicho principio significa inevitablemente examen, examen y examen.
Estamos tratando sobre una industria joven muy poderosa, especialmente si tenemos en cuenta muchas de las reservas relativas a los teléfonos móviles. Reconocemos su importancia económica. Hablando no sólo en nombre de mi Grupo, sino de la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente, puedo afirmar que no creemos que los niveles fijados por el Sr. Tamino sean prácticos en esta fase. De hecho, dichos niveles supondrían la eliminación de muchos aparatos electrónicos que se utilizan en el hogar, además de oponer una fuerte resistencia a las torres de alta tensión y al sector en su conjunto.
No obstante, creemos que es absolutamente necesario hacer un seguimiento de estos dispositivos y las enmiendas presentadas por la comisión de Medio Ambiente han intentado exponer con precisión por qué y cómo. Leeré la enmienda 9 a la Asamblea. Si hay algo que entraña el espíritu de lo que el Sr. Tamino intenta conseguir y lo que nosotros apoyamos, eso sería la enmienda 9 según fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente.
Dice que los Estados miembros «determinarán las distancias mínimas de seguridad de los aparatos eléctricos, así como las distancias límite respecto de los edificios públicos, viviendas y lugares de trabajo, para la construcción de líneas eléctricas de alta tensión, radares e instalaciones de transmisión y retransmisión radiotelevisiva, incluidos los repetidores para telefonía celular; asimismo determinarán las distancias de seguridad recomendadas para la utilización, que se indicarán en el producto en cuestión, prestando especial atención -debido a la proximidad y a la duración de la exposición- a los teléfonos móviles».
Estas medidas deben ser adoptadas inmediatamente y, a partir de ese momento, el proceso de seguimiento debe ser continuo. Todos deseamos que antes del año 2001 -no dentro de cuatro, cinco o diez años, sino en un plazo de 18 meses- se realice una nueva revisión de las medidas de seguridad utilizadas y de dichos instrumentos. Existe una sensación de desconfianza muy extendida entre la población. Son muchos los estudios que actualmente comienzan a apuntar a otra causa de inquietud. Cuando trasladamos estas cuestiones al Dr. Michael Repacholi, que realizó uno de los estudios originales en Australia sobre la posibilidad de provocar el cáncer en ratas, nos dijo que creía que las normas establecidas actualmente por las orientaciones de la OMS son suficientes.
No obstante, creo que debemos continuar con el seguimiento de esta situación en interés del público, de los consumidores y de la seguridad pública en general.

Trakatellis
Señor Presidente, la propuesta relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos concierne a todos los ciudadanos de la Unión Europea, ya que estas radiaciones han entrado completamente en nuestra vida.
La inquietud se debe al importante aumento de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en el medio ambiente, y además, en distintas zonas de frecuencia a causa de la cantidad de sus fuentes, como por ejemplo: ferrocarriles, tranvías, líneas eléctricas, aparatos eléctricos, repetidores de programas, teléfonos móviles, radares, etc. Inevitablemente, debemos responder sobre la medida en que se salvaguarda la salud pública, en relación con los efectos producidos por la exposición a los campos electromagnéticos, que en la actualidad es más prolongada. Y esto es así, porque no disponemos de datos científicos convincentes sobre estos campos, que demuestren la existencia de efectos nocivos a largo plazo para la salud. Por consiguiente, la comunidad científica internacional hace bien al reflexionar e investigar sobre tales efectos.
El Parlamento Europeo, fiel al principio de la protección, fue el primer órgano que pidió a la Comisión Europea, en 1994, que se establecieran reglamentaciones y prototipos para limitar la exposición a la radiación no ionizante y que se emprendieran acciones, estudios e investigaciones sobre los mecanismos de efecto de los campos electromagnéticos en organismos vivos y especialmente en el ser humano.
La propuesta de la Comisión intenta cubrir el vacío legislativo existente sobre este tema en la Unión Europea. Paralelamente, como algunos Estados miembros han avanzado ya en la introducción de disposiciones legislativas pertinentes, con esta propuesta se aspira a definir principios comunes a nivel comunitario, para así evitar la institucionalización de marcos nacionales no homogéneos.
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, el texto de la recomendación ha mejorado aún más. Con la enmienda 2, se pide el respeto del principio de protección y el del principio ALARA, así como el principio de la optimización de la exposición a estas radiaciones, tal como los define la OMS. El marco comunitario debe ser uniforme y vinculante para proteger a los ciudadanos y sería deseable que se hubiese elegido otro tipo de acción jurídica más vinculante que la recomendación, tal como el Parlamento había solicitado, es decir, un reglamento, una directiva o una decisión.
Consideramos que la presente recomendación deberá examinarse regularmente a causa de la experiencia que adquiramos y deberá adaptarse de acuerdo con las conclusiones de las investigaciones científicas. Además, hay que instituir, antes del 1 de enero de 2001, un sistema de revisión continua de los aparatos que generan campos electromagnéticos.
Finalmente, se solicita la transmisión de la información así como la información de los ciudadanos y el fomento a la investigación plena de los efectos, a largo plazo, de los campos electromagnéticos en la salud.
La recomendación en examen es un primer paso positivo sobre la protección de los ciudadanos europeos y creemos que, de su aplicación, derivarán observaciones documentadas que probablemente lleven a una mejora mayor de las normas de protección sobre la exposición a los campos electromagnéticos.

El Presidente
Interrumpimos aquí el debate para dar paso al turno de votaciones. Se reanudará a las 15.00 horas.

Votaciones
Guinebertière
Señora Presidenta, respecto de la enmienda 1, presentada por el Grupo Europa de las Naciones, que dice: «Subrayando que la familia sigue siendo el valor que los jóvenes colocan en primer lugar», desearía presentar una enmienda oral así formulada: «Subrayando que la familia sigue siendo uno de los valores que los jóvenes colocan en primer lugar».

Buffetaut
Señora Presidenta, no ponemos objeción a esta enmienda oral y la aceptaremos. Quisiera simplemente observar que nos hemos limitado a recoger en nuestra enmienda una formulación de la Sra. Hermange.
El Parlamento aprueba la resolución

Lulling
Señora Presidenta, ayer, durante el debate, como conclusión de mi introducción, pedí a la Comisión que, antes de la votación sobre la propuesta legislativa, se comprometiera clara y firmemente a aceptar los dos párrafos de nuestro proyecto de resolución legislativa.
Se trata, en primer lugar, del párrafo en el que se pide a la Comisión que retire su propuesta. La Sra. Gradin nos ha explicado que el Sr. Flynn no podía asistir, cosa que lamentamos, pero que tenía intención de proponer la retirada de la propuesta de modificación de la directiva de 1976. No sé si esa fórmula es debida a la organización interna de la Comisión. ¿Corresponde al Sr. Flynn proponer a la Comisión, que es un colegio, como sabemos con todos los debates que hemos celebrado al respecto, que retire la propuesta? Si lo hace, ¿podemos estar seguros de que el colegio lo hará? Es muy importante saberlo. Si la Comisión nos hubiera dicho: retiramos al propuesta, estaría muy bien. Pero si nos dice: proponemos -no sé a quién, a sí misma, supongo- la retirada de la propuesta de modificación de la directiva de 1976, que nosotros consideramos peligrosa para las acciones positivas, yo quiero saber si la Comisión va a retirar efectivamente esa propuesta, si va a seguir al Sr. Flynn.
Segundo punto, ...
Reacciones diversas
Lo lamento, es muy importante. Aunque Sus Señorías crean que las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no son importantes, quisiera señalar a la atención de la mayoría de los colegas masculinos aquí presentes que pronto también ellos necesitarán acciones positivas, porque las profesiones se van feminizando cada vez más, como en mi país, en el que ya casi no hay maestros masculinos en la enseñanza primaria y ya casi no hay magistrados masculinos. Así, pues, las acciones positivas no son sólo para las mujeres. Son para los sexos sub-representados y pronto Sus Señorías serán de un sexo sub-representado. Así, pues, deben comprender que las acciones positivas son también para Sus Señorías.
Aplausos

El Presidente
Señora Lulling, creo que el Comisario Pinheiro la ha entendido perfectamente y va a poder aclararnos no los estados de ánimo del Comisario Flynn, sino simplemente si, de conformidad con el artículo 59 de nuestro Reglamento, la Comisión retira o no su propuesta de directiva. Así, pues, deseo que el Comisario Pinheiro nos aclare, si puede hacerlo, ese punto concreto.

Pinheiro
Señora Presidenta, Señorías, estoy en condiciones de decir que la Comisión retirará su propuesta de directiva, como ha solicitado la Comisión de Derechos de la Mujer. También estoy en condiciones de confirmar la intención de mi colega el Sr. Flynn de legislar al amparo del artículo 141 y hacerlo, evidentemente, con la intención de lograr la mayor cooperación con esta Asamblea.

Lulling
Señora Presidenta, en estas condiciones confiamos en la Comisión para que retire su propuesta y también para que nos presente una propuesta de directiva basada en el artículo 141. La Sra. Gradin ha tenido también ciertos estados de ánimo y ciertas restricciones, pero ahora pensamos que la propuesta de directiva que nos llegue se basará en el artículo 141. En estas condiciones, puedo proponer al Parlamento no que vote los tres artículos, sino que vote en bloque el proyecto de resolución legislativa.
El Parlamento aprueba la resolución legislativa

Eriksson
Señora Presidenta, en la traducción al sueco de la enmienda 4 se ha cometido un error fatal. Allí pone que «exhorta a los Estados miembros a (salen tres palabras) en determinadas condiciones /.../». Son esas tres palabras, en determinadas condiciones , las que hemos pedido que se saquen. Por eso resulta esto muy extraño, ya que se ha mantenido el texto original en la enmienda. Quiero llamar la atención de todos los suecos sobre esto.

El Presidente
Ya lo veremos. Si se aprueba la enmienda, rectificaremos, naturalmente. Estaremos muy atentos a ese respecto.

Lulling
Señora Presidenta, es muy importante: el texto francés dice: «Pide a los Estados miembros que legalicen con ciertas condiciones » y pedimos una votación por separado sobre esa parte de la frase: «con ciertas condiciones». El texto inglés dice: «in certain circumstances», cosa muy diferente. Hay una diferencia entre «en ciertas circunstancias» y «con ciertas condiciones». El texto que da fe es «con ciertas condiciones». Es necesario que quede muy claro. Debo decir que, evidentemente, con ciertas condiciones, no queremos, al menos mi Grupo, legalizar totalmente, sin condiciones, el aborto. Así, pues, es necesario que sea «con ciertas condiciones».

El Presidente
Normalmente, la versión que da fe es la de la lengua de la ponente, la Sra. Hautala, salvo si ha redactado su texto inicial en otra lengua distinta del finés. Naturalmente, vamos a verificarlo, cuando se haya celebrado la votación, para que todo esté conforme al texto inicial.
El Parlamento aprueba la resolución

Souchet
El equilibrio de nuestras sociedades europeas descansa en gran parte en la preservación y el desarrollo de una cultura hecha de diversidad, en la vitalidad de lenguas particularmente ricas y en el rechazo, como corolario, de la uniformización. A ese respecto el sector audiovisual representa un imperativo esencial.
El proyecto de decisión que se nos presenta y que va encaminado a que nos hagamos una idea más precisa de la industria y los diversos mercados del sector audiovisual, así como de los sectores conexos, y a que conozcamos mejor los elementos que la componen y la forma como evalúan, estableciendo una estructura de información estadística apropiada, no carece de utilidad.
Así, pues, los diputados del Grupo Europa de las Naciones están a favor de dicha decisión, con la condición de que se aprueben ciertas enmiendas. En efecto, es necesario velar por la «pertinencia» de esas estadísticas y es necesario que la recogida de datos estadísticos se haga con vistas a responder a la «necesidad de saber» de las empresas, pero también con vistas a permitir una mejor gestión de las políticas de ese sector. Así, pues, es necesario que Eurostat examine al menos los niveles y las tendencias en el sector del empleo, las condiciones necesarias en materia de aptitudes, así como el reparto de la pirámide de edades en ese sector, lo que permitiría acrisolar las políticas aplicadas tanto en el nivel europeo como en el de los Estados miembros.
Sobre todo no hay que olvidar el papel esencial que desempeñan las PYME en ese sector. Con demasiada frecuencia, cuando se lo menciona, se hace hincapié en la necesidad de concentración. Ahora bien, la actividad económica en el sector audiovisual corre a cargo esencialmente de pequeñas y medianas empresas.
En consecuencia, las políticas aplicadas deberán favorecer a esas PYME, que tienen, además, la ventaja de estar repartidas por todo el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea.
Por último, quiero recordar que el desarrollo de esas PYME sólo podrá realizarse a partir de una cooperación en el nivel europeo y de una auténtica subsidiariedad en pro de los Estados miembros que respeten las políticas autónomas que apliquen, teniendo en cuenta las repercusiones y la irradiación de sus lenguas nacionales, así como la diversidad cultural de cada una de ellas. Sólo con esa condición evitaremos otro tipo de uniformización, que tampoco respetaría nuestra especificidad y la diversidad de nuestra cultura europea.
Informe Anttila (A4-0073/99)
Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en contra del informe por las siguientes razones:
1.Las negociaciones entre los gobiernos sobre las reformas de la política agrícola se están realizando y se reanudan hoy. El Parlamento no tiene motivos para manifestarse sobre capítulos determinados de la política agrícola en este momento.2.Las decisiones especiales que favorecen a un determinado Estado miembro amenazan a la reforma en su conjunto.3.El Parlamento no debe manifestarse sobre el aumento de las ayudas a determinados países cuando el objetivo es disminuir los enormes gastos de la política agrícola de la Unión.
des Places
El Grupo Europa de las Naciones tiene en cuenta, evidentemente, la especificidad de la agricultura ártica y desea recordar que en todos los Estados miembros de la Unión Europea hay más de 30 ecosistemas diferentes repertoriados.
En cuanto a la PAC, es, como su nombre indica, común. Ésa es la razón por la que el Grupo Europa de las Naciones se ha opuesto a los artículos 3 y 7 de la resolución presentada por la ponente. En efecto, se propone crear una política agraria regional y específica para la agricultura de las regiones árticas.
Si bien se puede reflexionar sobre la incorporación de producciones específicas como la del reno en una OCM vigente, como la OCM de la carne de bovino, no hay que poner el pretexto de un ecosistema específico para que, en lugar de una política agraria común, se apliquen 30 políticas agrarias específicas.
Se deben tener en cuenta las dimensiones regionales de la PAC tanto en el nivel de la política de desarrollo rural como en el de la política regional. He de recordar que las zonas subárticas forman parte, en este momento, del objetivo 6 y que están integradas en el marco de la Agenda 2000 en el nuevo objetivo 1.
Así, pues, esas regiones disfrutan, y seguirán disfrutando en el futuro, de un apoyo específico e importante que permite compensar los sobrecostos inherentes al ecosistema. Las subvenciones comunitarias, en el marco de la política agraria para esa zona, representan -he de recordarlo- el 75 % del costo total de la inversión en estructuras.
En consecuencia, como se han aprobado los artículos 3 y 7, nuestro Grupo ha votado en contra de la resolución durante la votación final.
Después de la voluntad de algunos de «quebrantar» la PAC integrando el principio de cofinanciación, contrario al Tratado y al estatuto específico de los gastos obligatorios, hoy otros desean echar a perder la PAC pretendiendo regionalizarla a partir de ecosistemas específicos.
Los diputados de nuestro Grupo están a favor de la PAC, que ha sido una de las bases fundamentales de la construcción europea inscrita en el Tratado de Roma. Resulta sorprendente que los defensores de una Europa integrada y federal sean los destructores de la única auténtica política común asociada a la política pesquera común.
Informe Katiforis (A4-0090/99)
Palm y Theorin
En el informe se presagia un futuro con impuestos y sistemas fiscales armonizados. Mediante esta explicación de voto queremos dejar en claro que los impuestos son asuntos de incumbencia nacional y que ellos no están dentro del ámbito de competencia de la UE.

Souchet
Los diputados del Grupo Europa de las Naciones prestan una atención muy particular a las pequeñas y medianas empresas, elemento fundamental de ordenación del territorio ypiedra regular del empleo en los países de la Unión Europea. El 99 % de sus empresas tienen menos de 250 asalariados y representan el 66 % del empleo total. Casi todas ellas han creado puestos de trabajo netos durante el período 1988-1995.
Las PYME encuentran todas, en una fase o en otra de su desarrollo, problemas relacionados con la debilidad de sus capitales propios. Así, pues, es necesario desarrollar el capital riesgo. Si tomamos como ejemplo los Estados Unidos, de los siete millones de puestos de trabajo creados en ese país entre 1991 y 1995 seis millones se han debido a la puesta en marcha de nuevas PYME. Algunas de ellas han llegado a ser empresas de dimensiones importantes, o incluso empresas mundiales hegemónicas, en el sector de la tecnología especializada.
En los Estados Unidos, a una PYME le resulta fácil acceder al capital riesgo. No ocurre así hoy en los países de la Unión Europea, donde las PYME que tienen ventajas en materia de competencia en el sector de la tecnología especializada se ven perjudicadas a ese respecto.
Así, pues, es necesario que los empresarios puedan tener acceso al capital inicial y después al capital intermedio y de desarrollo, a medida que crezca la empresa, y, por último, a las inversiones institucionales y privadas apoyándose en un mercado europeo financiero activo y con una dimensiones suficientes.
En el nivel comunitario, la ausencia de legislación relativa a los fondos de capital riesgo constituye un obstáculo para el funcionamiento del mercado. Las reglamentaciones financieras comunitarias vigentes están demasiado fragmentadas y carecen a la vez de legibilidad y de coherencia. Podría ser útil inspirarse a ese respecto en el ejemplo de los Estados Unidos, que han creado un organismo nacional de control -la Security and Exchange Commission- estableciendo un organismo regulador encargado de armonizar las disposiciones de las reglamentaciones nacionales a fin de permitir un desarrollo de los llamados mercados financieros secundarios.
Además de la aportación financiera que pueden movilizar los inversores de capital riesgo, también es indispensable una aportación de conocimientos especializados en materia de gestión de empresas. La financiación y los conocimientos especializados deben ir a la par. Se trata de una forma sencilla pero eficaz para el inversor de reducir el riesgo, de participar directa o indirectamente en la gestión cotidiana de su inversión y desempeñar un papel de auténtico apoyo respecto del empresario.
No obstante, el Grupo Europa de las Naciones desea subrayar la contradicción en que nos encontramos. En efecto, todos somos conscientes del papel de las PYME, nos jactamos con frecuencia de su éxito económico y del importante papel que desempeñan en materia de empleo, pero, cuando tratamos de normas medioambientales, normas técnicas, gestiones administrativas, la mayoría de nuestro Parlamento no tiene suficientemente en cuenta las preocupaciones de los empresarios ni su responsabilidad particular: éstos corren riesgos importantes y disponen de pocas garantías tanto en el nivel de las prestaciones sociales como en el del mantenimiento de su patrimonio familiar.

Wibe
Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que se dice en el informe, sin embargo, por ejemplo, no comparto la idea de que la «fragmentación de los mercados de capitales en Europa» sea la causa de la falta de capital riesgo. Esta fragmentación no afecta a la disponibilidad de capital.
Mis principales objeciones son, no obstante, otras. En primer lugar, opino que el gran escollo para las industrias pequeñas en la UE no está por el lado del capital, sino que es la insuficiente demanda. Si aumenta la demanda, entonces aparecerán los capital riesgo, sin importar si el mercado está fragmentado no.
Mi segunda objeción se refiere a la cantidad de veces que se menciona en el informe la armonización fiscal. Esta armonización no tiene nada que ver con los hechos, sino que solamente es la manifestación del anhelo político de crear una Europa federal. El informe habría sido mucho mejor sin este lastre intelectual.
Informe Newman (A4-0093/99)
Hager
Los liberales acogemos por principio con satisfacción todas las medidas y los pasos que se adopten para luchar contra el blanqueo de dinero, tanto en la UE como en los Estados miembros. En consecuencia, también hemos votado afirmativamente la mayoría de los puntos. Sin embargo, hemos rechazado el informe en su totalidad porque consideramos que las medidas adoptadas contra Austria, en relación con las libretas de ahorro austriacas, son excesivas y van más allá del verdadero objetivo de la persecución del blanqueo de dinero.
Informe Vaz da Silva (A4-0103/99)
Vaz da Silva
Llegamos al fin de un largo proceso de contactos y consultas con los sectores artísticos de los diferentes países de Europa (que no se reduce naturalmente a los Quince).
El terreno estaba casi virgen. Ni los Estados miembros parecen conscientes de la posible contribución de sus artistas a su propia calidad de vida ni los artistas parecen motivados para salir de su círculo y conocer otros usos y otros países. No sólo las legislaciones nacionales relativas al estatuto de los artistas son incompletas y están dispersas, sino que, además, no ha habido intento alguno de articulación entre los Estados miembros para facilitar la circulación de los artistas, las obras y las producciones. Lo que aquí hemos hecho ha sido exponer los problemas y enunciar posibles líneas de acción política futura.
Al tener la iniciativa para este informe, la Comisión de Cultura ha querido poner en manos de las instituciones europeas -en el momento crucial de la ampliación y la formulación de un nuevo marco político-financiero- un instrumento político que será explosivo, si se sabe utilizar.
Una política coordinada y continua de apoyo y promoción de la creación y la educación artística puede ser un elemento que faltaba para que la sociedad europea diera el salto al siglo XXI. La lucha contra la violencia y la exclusión así lo requieren.

Wibe
El informe contiene muchas buenas observaciones. No obstante, no puedo respaldar los numerosos puntos que demandan un «acercamiento de la legislación social y fiscal» (¡a causa de los artistas!), como por ejemplo, en el punto 16. Tampoco me gusta mucho la propuesta del punto 11, en la que se habla de la creación de una «tarjeta europea» para los artistas, que les daría beneficios especiales, y que se estudien nuevas formas para financiar el arte «en el ámbito europeo» (punto 8). Tampoco estoy totalmente convencido de la racionalidad del «aumento de los beneficios fiscales para los mecenas», como se propone en el punto 17.
El informe contiene también demasiadas ambiciones federalistas y excesiva confianza en las virtudes de las rebajas fiscales (especialmente para poderosos mecenas), por eso no es de mi total agrado.
Informe Guinebertière (A4-0100/99)
Darras
Este informe de la Sra. Guinebertière, tal como se nos presenta hoy, es decir, modificado por la labor de nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación del Parlamento Europeo, pone las bases de una auténtica política de la juventud, integrada y global. En efecto, si bien los logros de la política comunitaria de cooperación en el sector de la juventud son innegables en materia de educación, formación profesional e intercambio, mediante los programas «Sócrates», «Leonardo» y «La Juventud con Europa» (a los que conviene añadir la iniciativa del servicio civil europeo), no por ello dejan de ser insuficientes en cuanto a la satisfacción que se debe dar a las necesidades específicas de los jóvenes. No basta con insistir en las necesidades en materia de educación y formación para todos (si bien son esenciales) para construir una política de la juventud. También hay que tener en perspectiva los demás aspectos complementarios que son la creatividad, la educación cívica, el aprendizaje de la tolerancia y de la democracia, la salud, la vivienda.
Nuestra ponente nos expone con mucha claridad esos objetivos, respetando la necesaria complementaridad y plusvalía que representa el aspecto europeo respecto del «zócalo» que forman los Estados miembros. A eso se debe su llamamiento a los Estados miembros con vistas a la elaboración de «planes nacionales para la juventud», a semejanza de los que se han establecido para el empleo. Corresponde a la Comisión, después de la evaluación de las políticas nacionales de la juventud, difundir las experiencias y ejemplos más «eficientes» dentro de la Unión Europea. Todo ello puede contribuir a la creación de proyectos innovadores, para y por los jóvenes, y al fomento de la capacidad emprendedora de los jóvenes.
Como la política de la juventud en el nivel de la Unión debe ser un todo destinado a escuchar mejor a los jóvenes y a hacerlos participar más en las decisiones por mediación de sus asociaciones, voy a votar a favor de este informe, que nos da una visión global de lo que podría ser semejante política europea al comienzo del siglo XXI.

Wibe
El informe tiene buenas intenciones. Sin embargo, está marcado por demasiados elementos federalistas. Por ejemplo, se quiere formar una «política juvenil general», se quiere «integrar a los jóvenes en la Unión», que ellos «utilicen activamente la calidad de socios de la Unión», se quiere una «coordinación de la política juvenil en el ámbito europeo», que la UE establezca «centros especiales de información» para jóvenes y que la Comisión «desde Europa» cree un lugar en Internet con el nombre Jóvenes.
Personalmente, estoy convencido de que la política juvenil podría haberse diseñado mucho mejor sin el estorbo del eterno anhelo de crear una Europa federal.
Informe Corrie (A4-0065/99)
Souchet
El Grupo Europa de las Naciones ha votado a favor del informe del Sr. Corrie. Este documento refleja las preocupaciones esenciales de nuestro Grupo en cuanto al futuro de la relación ACP-UE.
Mientras que la cooperación ACP-UE ha demostrado su eficacia y constituye un instrumento indispensable de cooperación multilateral para la UE y para los países de África, del Caribe y del Pacífico, es objeto de ataques sin precedentes que hacen temer por su perennidad.
Previsibilidad y confianza son los dos elementos fundamentales de este instrumento: por desgracia, es de temer que resulten puestos en entredicho por los incesantes ataques de que es objeto por parte de aquellos para quienes el nuevo orden mundial no debe entrañar otra reglamentación que la de los mercados y la competencia.
En ese marco, la Asamblea Paritaria ACP-UE constituye más que nunca el foro indispensable en el que los pueblos y sus representantes democráticamente elegidos pueden hacerse oír y manifestar sus necesidades reales. También es un lugar de reflexión y de prospectiva sobre el futuro, a largo plazo, de las relaciones Norte-Sur.
La Asamblea Paritaria desempeña también un papel fundamental en las negociaciones relativas al próximo Convenio de Lomé. Se ha pronunciado, en particular en diversas ocasiones, en pro de una mejor consideración de los intereses legítimos de los países en desarrollo en el orden económico mundial. Se ha alarmado, ya en 1995, por las consecuencias negativas que no dejarían de tener los acuerdos de Marraqués en la existencia misma de las preferencias arancelarias.
Desde luego, como con razón ha subrayado esta mañana el Presidente de la OUA ante nuestra Asamblea, Sr. Blaise Compaoré, hay que adaptar ese instrumento ejemplar de cooperación Norte-Sur que es el Convenio de Lomé a la progresiva diversificación de los países ACP y, en particular, acompañar el desarrollo del sector privado africano. Pero su pertinencia sigue siendo total en la hora de la mundialización: se debe renovar y fortalecer el sistema de Lomé, y no debilitarlo, en nombre de una ideología librecambista dispuesta a exponer de forma irresponsable a países con sociedades frágiles y economías incipientes a choques competitivos excesivos cuyos efectos en ellas serían desestabilizadores y destructivos.
Informe Lüttge (A4-0057/99)
Souchet
La conferencia de Helsinki, que se celebró del 23 al 25 de junio de 1997, reunió a representantes de los gobiernos y los parlamentos europeos, de instituciones de la Unión Europea y organizaciones intergubernamentales, de asociaciones sindicales y patronales e instituciones financieras que representaban, en conjunto, a 51 países diferentes.
Los diputados del Grupo Europa de las Naciones se felicitan del desarrollo de esta cooperación encaminada a promover una política paneuropea de transportes basada en una cooperación entre los principales interesados y en primer lugar los Estados.
La primera conferencia no se celebró hasta 1991 en Praga: permitió preparar el terreno para una política común en materia de transportes entre los países limítrofes de la Unión Europea y sus Estados miembros.
En 1994, se crearon tres grupos de trabajo con ocasión de la Conferencia de Creta: Transporte y economía de mercado, Infraestructuras de los transportes y financiación y Horizonte 2000 (transporte intermodal, nuevas tecnologías, seguridad y protección del medio ambiente). Por primera vez, se ha desarrollado un eje particular hacia los países de la Europa central y oriental (PECO).
Por último, la tercera conferencia que se celebró en Helsinki permitió promover, a largo plazo, sistemas de transporte eficaces y respetuosos del medio ambiente, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y de las empresas en los planos económico, social, ecológico y de seguridad. Por otra parte, había que reducir los desequilibrios regionales y dar a la economía europea los medios para afrontar la competencia en los mercados internacionales. Ésa es la razón por la cual se han instaurado los principios de interoperabilidad, subsidiariedad, transparencia de las decisiones y cooperación no discriminatoria en todos los niveles y entre todos los interesados y todas las agrupaciones activas en el sector de los transportes.
El objetivo de las decisiones adoptadas en Helsinki es el de aplicar las siguientes medidas:
armonización de las disposiciones legislativas en la esfera de la seguridad y del medio ambiente; -liberalización progresiva del mercado en la esfera del transporte; -desarrollo de la intermodalidad; -mejora de las infraestructuras a escala paneuropea; -creación de una red europea de cooperación; -fomento de los transportes públicos; -aplicación de sistemas de transporte inteligentes; -fortalecimiento de la investigación y la innovación en el sector de los transportes; -internacionalización de los costos externos; -simplificación del tráfico en tránsito; -cooperación en la recogida de datos.El éxito de la conferencia de Helsinki demuestra una vez más la eficacia del método de cooperación. Al adoptar un conjunto de medidas que determinan el marco del desarrollo de las redes de transporte paneuropeas, los Estados miembros de la Unión Europea y los países limítrofes han hecho progresar útil y concretamente un expediente esencial para el futuro de nuestro continente, el de la gran Europa recuperada y reunida.
Informe Cabrol (A4-0078/99)
Souchet
La industria farmacéutica ha logrado, en los últimos decenios, enormes avances y ha permitido prolongar la duración de la vida y eliminar varias enfermedades.
Junto a enfermedades muy extendidas y bien conocidas, se cuentan toda una serie de enfermedades que sólo afectan a un número reducido de pacientes: se han descubierto 5.000 enfermedades de ese tipo. Ahora bien, la investigación y la innovación farmacéuticas son tan costosas, que la industria es bastante reacia a elaborar medicamentos para el tratamiento de esas enfermedades. Dada la pequeñez del mercado, los costos de preparación de los tratamientos no resultan rentables para la industria: por eso, reciben la denominación de medicamentos «huérfanos». Así, pues, es necesario crear instrumentos que inciten a las industrias a elaborar ese tipo de medicamentos que pueden interesar no sólo a enfermos de la Unión Europea, sino también de todo el mundo, incluidos, naturalmente, los de países en vías de desarrollo.
La propuesta de la Comisión va encaminada al establecimiento de un procedimiento comunitario de designación de los medicamentos huérfanos y a la aplicación de incentivos a la investigación, a la innovación y a la introducción en el mercado de los medicamentos huérfanos, en particular mediante la concesión de una exclusividad comercial de una duración de diez años.
Si bien el Grupo Europa de las Naciones no puede por menos de aplaudir esta iniciativa de la Comisión, pues se trata de un ejemplo de cooperación real entre Estados miembros en los que un mercado ampliado facilita el desarrollo de investigaciones costosas, no podemos por menos de lamentar y condenar la lentitud del procedimiento. En efecto, hay que recordar que esta propuesta de reglamento figuraba en el programa de la Comisión en 1997. Además de que ha necesitado casi dos años para presentar esta propuesta de reglamento, conviene decir que ya en 1983 se estableció en los Estados Unidos un sistema de incentivación a la elaboración de medicamentos huérfanos. En el Japón se introdujo un régimen comparable en 1995, en Singapur en 1997 y en Australia en 1998.
Si hay esferas en las que la Unión Europea debe a la vez intensificar su acción y ser iniciadora, es sin duda en esas esferas específicas necesarias para la salud de nuestros conciudadanos.
En esta votación, los diputados del Grupo Europa de las Naciones han aprobado las enmiendas apoyadas por el ponente, el profesor Cabrol. Esperan que el procedimiento dé resultados rápidamente, pues todos sabemos que en materia de salud pública es necesario actuar con celeridad. La industria farmacéutica europea puede aprovechar ese tipo de programa que debería permitirle elaborar más fácilmente nuevos medicamentos, con lo que contribuiría a estimular el nivel de su investigación y a aumentar su notoriedad.
Informe Lulling (A4-0038/99)
Deprez
«A trabajo igual, salario igual», dice el adagio. La dificultad con que se topa en la práctica para lograr una auténtica igualdad de trato entre hombres y mujeres, por lo que se refiere, en particular, al acceso al empleo, a la formación profesional, muestra la distancia que puede haber de la mano a la sopa. Y ello por numerosas razones, varias de las cuales se deben a la persistencia en la sociedad de estereotipos perjudiciales para las mujeres que trabajan.
La igualdad de trato es un asunto muy importante. En varias ocasiones, nuestra Asamblea ha atestiguado el gran interés que le inspira esa cuestión. En cambio, el debate que hoy celebramos me parece en gran medida superado por dos razones. En primer lugar, en la medida en que el fallo emitido por el Tribunal de Justicia en el caso Marschall ha permitido precisar en muy gran medida el sentido del que había dictado en el caso Kalanke. Además, el Tratado de Amsterdam establece las políticas de igualdad de oportunidades como una misión comunitaria y la igualdad política y objetiva como un derecho colectivo. Además, brinda un fundamento jurídico reforzado que permite futuras medidas de acción positiva.
La propuesta de modificación de la Directiva 76/207/CEE que nos propone la Comisión a raíz del fallo Kalanke carece ya de razón de ser. Así, pues, comparto la opinión de nuestra ponente. Hay que rechazar la propuesta de la Comisión y pedirle que prepare una nueva propuesta de directiva que tenga en cuenta los elementos nuevos surgidos entretanto.
Segundo Informe Hautala (A4-0029/99)
von Habsburg
Señora Presidenta, yo he votado por una íntima convicción en contra del Informe Hautala y de todas las enmiendas, salvo las que ha presentado el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones. Como cristianos, no nos podemos pronunciar en contra de la vida y un niño aún no nato está tan vivo como el que ya ha nacido. Este es un tema que nos resulta sencillamente intolerable y por esto he votado en contra, de conformidad con mi más íntima convicción. Hoy somos una minoría. Tal vez llegará un día en que seremos mayoría, pues este es un camino que a la larga conduce a una gran catástrofe para nuestra población. Yo quisiera añadir que no estoy en contra de las mujeres, a las que respeto infinitamente. Tengo 7 hijos y 18 nietos. Pueden hacerse, por lo tanto, una idea de lo mucho que respeto a mi esposa y sólo quiero añadir que justamente por eso he votado en contra del Informe Hautala.

Cushnahan
Señora Presidenta, hay muchos aspectos de este informe que apoyo, porque aborda serios problemas en relación con la salud de las mujeres. No obstante, no puedo apoyar la referencia al aborto. La Unión Europea no tiene absolutamente ninguna competencia en este ámbito. No puede interferir en la política de los Estados miembros en este ámbito tan delicado, ni creo que desee hacerlo. Así lo recogen formalmente los Tratados en lo relativo al orden público, que es competencia exclusiva de los Estados miembros. Los Estados miembros tienen competencia absoluta a la legislación de asuntos de orden público.
En cuanto respecta a mi posición personal, he votado como me dictaba la conciencia, o sea que soy contrario al aborto. No obstante, al igual que me guío por mi conciencia, no pretendo juzgar cómo obran los demás con respecto a sus conciencias y en circunstancias muy difíciles.
También he apoyado el apartado 10, sencillamente porque si se quiere reducir el número de abortos, debería reconocerse el derecho de cada cual a beneficiarse de la orientación sobre la educación sexual, incluida la orientación sobre las responsabilidades en las relaciones y la información sobre anticonceptivos. Me he dejado guiar por estos principios concretos cuando voté sobre este importante informe.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, yo deploro que el Informe Hautala se debatiera ayer, en el Día Internacional de la Mujer, ya que no creo que en realidad contribuya a dignificar y ensalzar a la mujer, sino que constituye, de hecho, una afrenta.
Ya resulta un poco curioso que en un informe sobre la salud de la mujer se solicite el supuesto derecho al aborto. Yo entiendo la política de salud como la salvación de vidas y no su destrucción. Si en un informe sobre la salud de la mujer se menciona el aborto, a mi modo de ver también se tendría que hablar por fin de los efectos del «síndrome post-aborto». Estas repercusiones psicológicas negativas para las mujeres que han abortado se silencian, sin embargo, deliberada y reiteradamente.
¡El embarazo no es una enfermedad! Es absurdo que se contraponga en este contexto un supuesto derecho de las mujeres al derecho a la vida, que es válido para todos los seres humanos. Con estas reivindicaciones se invoca indebidamente la dignidad de la mujer para promover una cultura de la muerte, que en última instancia perjudica a la misma mujer. Por estas razones, me he visto obligado a votar en contra del Informe Hautala.

Andersson, Hulthén, Lööw, Palm, Sandberg-Fries, Theorin y Wibe
Éste es un muy buen informe que esclarece nítidamente los problemas sanitarios relacionados con el género. Además, en el informe hay una serie de ideas concretas que permitirían avanzar en el empeño de cambiar el orden de las cosas en materia de género y la salud.
No obstante, hay un punto que rebaja marcadamente las pretensiones del informe, a saber, el punto 11. El derecho al aborto libre se refiere al derecho a decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo. La interrupción del embarazo debe ser siempre una decisión de la mujer. Cada día mueren 500 mujeres como consecuencia de abortos ilegales e inseguros. La única manera de remediar esto es dando acceso a las mujeres a los medios de prevención del embarazo y a abortos legales y seguros. Para nosotros, el derecho al aborto libre es irrenunciable.

Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk
En general el informe de la Sra. Hautala sobre la situación sanitaria de la mujer nos parece bien. Subraya algunas de las enfermedades a las que se enfrentan las mujeres y presenta al mismo tiempo propuestas sobre la forma en que se pueden acomodar determinadas políticas para tener en cuenta la especial situación de la mujer. Sin embargo, ciertas partes del informe nos plantean problemas. Entre otros puntos, podemos mencionar los párrafos en los que se pide a la Comisión que garantice que los exámenes periódicos para detectar el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero sean gratuitos y se repitan de manera periódica, se llama la atención sobre las ventajas y desventajas de los tratamientos hormonales para problemas relacionados con la menstruación y se exige que se garantice el respeto de los derechos sexuales de las mujeres. Creemos que son tareas de las que deben ocuparse los Estados miembros. Sin embargo, respaldamos plenamente estas iniciativas, con tal que se lleven a cabo en el ámbito nacional.
Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, hemos elegido no votar en contra del informe.

Buffetaut
El Parlamento Europeo acaba de indicar, mediante el informe Hautala, su legítimo interés por el estado de salud de las mujeres en la Comunidad. Ante las dificultades de nuestras sociedades contemporáneas y las responsabilidades cada vez mayores que las mujeres ejercen en ellas precisamente, era conveniente recordar así la especificidad de los problemas de salud que padecen o pueden padecer.
Por desgracia, la Comisión de Derechos de la Mujer y el Pleno del Parlamento han considerado oportuno integrar el aborto en la lista de esos problemas.
La propia Sra. Fontaine ha reconocido, al presidir la sesión, que se trataba de un asunto «delicado». Entonces, ¿se puede tratar decentemente a hurtadillas, en un artículo entre otros, en un informe examinado entre una petición de supresión de la inmunidad y una comunicación de la Comisión, sobre la vida de un niño en el seno de su madre? No hay una respuesta fácil al doloroso problema del aborto. El respeto de toda vida debería incitarnos a la responsabilidad ante la angustia de ciertas madres y al mismo tiempo a la acogida de la vida que sólo las mujeres tienen la fortuna de dar, no sin la intervención de un hombre, evidencia que, por desgracia, hay que recordar, dada la frecuencia con que la afirmación de los derechos de la mujer suele hacer olvidar los derechos, y los deberes, de los padres. En cualquier caso, se debería tratar ese asunto al menos con más perspectiva y seriedad de lo que se ha hecho hoy.
Por último, he de lamentar que una parte de la izquierda se alegre de este texto, igual que aplaude la liberalización del «mercado de la droga» o el reconocimiento de la eutanasia, al ver en ellos avances de nuestra sociedad, cuando, en realidad, se trata simplemente de una espantosa cultura de la muerte y, por otra parte, que una parte de la derecha desprecie, una vez más, convicciones tantas veces proclamadas... en los pasillos.

Caudron
Del informe de la Sra. Hautala se desprende que las mujeres y los hombres no son iguales ante la enfermedad. Una política de salud específica para cada sexo es, pues, absolutamente indispensable.
La labor de la Comisión Europea que constituye el objeto de este informe tiene en cuenta por primera vez esa exigencia. No podemos por menos de sentirnos satisfechos al respecto. Sería necesario que la Comisión Europea diera continuidad a su impulso concediendo atención particular al problema de la salud de las mujeres en su nuevo programa de acción en la esfera de la salud.
Por otra parte, ciertos problemas de salud afectan sólo o principalmente, en efecto, a las mujeres. Así, pues, es necesario disponer medidas específicas. Quisiera hacer hincapié también en las nuevas enfermedades relacionadas con los trastornos alimentarios, que causan estragos, en particular, entre los adolescentes. Es de deplorar que el informe de la Comisión Europea no les conceda más importancia.
Por otra parte, las mujeres, que viven por termino medio cinco años más que los hombres, afrontan más problemas físicos y psíquicos relacionados con la vejez. Como miembro de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, quisiera señalar que el Quinto programa marco establece la financiación de trabajos de investigación contra el envejecimiento de la población.
Por último, hay que tener en cuenta que el desempleo, más frecuente entre las mujeres, la precariedad del empleo, la mala cobertura social son fenómenos que tienen repercusiones en la salud de las mujeres. Es de sobra sabido que la atención de la salud resulta un lujo para las personas con pocos medios. ¡Es absolutamente intolerable!
Así, pues, hay que aplicar un planteamiento global que comprende a la vez una política específica de salud para las mujeres y las políticas de empleo y seguridad social que integran la dimensión de la salud.
Concluiré concediendo mi apoyo total a la ponente respecto de la sanción de la violencia contra las mujeres en el medio familiar.

Deprez
Resulta evidente que podemos felicitarnos de que la Comisión haya elegido el estado de salud de las mujeres como tema de su primer informe específico. En efecto, con demasiada frecuencia se aborda la cuestión de la salud de forma global y en modo alguno se tienen en cuenta las especificidades propias de cada sexo. Así, pues, doy mi apoyo total a la petición de una evaluación periódica de la incidencia de las diferencias entre los sexos en todos los presupuestos, programas y proyectos relativos a la esfera de la salud.
Me parece particularmente importante subrayar lo mucho que puede depender el estado de salud de las mujeres no de especificidades fisiológicas imputables a la pertenencia sexual, sino a disparidades socioeconómicas objetivamente cuantificables y verificables, que los Estados miembros deberían tener en cuenta a fin de remediarlo mediante políticas y medidas apropiadas.
Asimismo, los problemas de salud de las mujeres debidos a violencias perpetradas en el medio familiar -incluida la violación en el matrimonio y las mutilaciones sexuales- son particularmente preocupantes y se debe luchar contra sus causas con la mayor energía. Efectivamente, es primordial integrar esa dimensión en las campañas de lucha contra la violencia que sufren las mujeres, financiadas por la Comunidad.
En el mismo sentido, comparto con nuestra ponente la convicción de que los Estados miembros deben también adoptar todas las disposiciones necesarias, incluidas las de tipo penal, para erradicar ese flagelo y ayudar a las mujeres que son víctimas de él.
Más en general, quisiera concluir insistiendo en la importancia de la prevención como instrumento de lucha contra las degradaciones precoces del estado de salud de cada cual y sobre la importancia consiguiente del tipo de sociedad que queremos para nosotros mismos y para nuestros hijos.

Kristoffersen
Como conservador danés, me he abstenido en la votación de este informe porque soy de la opinión de que este tema trata principalmente de cuestiones que han de ser decididas por cada país miembro por separado. Si el principio de proximidad o la «subsidiariedad» significa algo, debe emplearse en asuntos de este tipo. En este punto pienso, por ejemplo, en cuestiones como la legislación en materia de aborto.

Linqvist
Todas las mujeres deberían tener derecho a decidir sobre el aborto según la legislación nacional. Es la propia mujer la que debe decidir sobre la realización de un aborto.

Vaz da Silva
Todos los días 8 de marzo se repiten manifestaciones y declaraciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero nunca está demás repetir que, si la sociedad no participa en el proceso, poco puede hacer la legislación para que la representación de la mujer en la vida pública corresponda a su peso demográfico. ¿Cuáles son las condiciones previas que se deben garantizar para que las leyes -que existen y son buenas- tengan efecto?
Es preciso:
una organización social que permita a las mujeres elegir sus opciones de vida en libertad. O sea: guarderías, apoyo escolar, apoyo domiciliario, apoyo médico, horarios de comercio, flexibilidad del régimen laboral, teletrabajo, etc.-educar desde edad temprana para la igualdad y la paz. O sea: formar a los educadores y reformar los programas escolares desde el preescolar para que desde edad temprana los hombres y las mujeres de mañana se relacionen unos con otros y con el mundo circundante de otro modo y excluyan la violencia de su vida cotidiana.La participación de las mujeres en las tareas públicas es necesaria para la salud de la democracia. Pero no se puede hacer contra los hombres ni a pesar de los hombres, sino con ellos, siempre. Las cuotas son un recurso ocasional que resurgen sobre todo con las elecciones y son una solución que yo nunca apoyaré, porque las mujeres no son una minoría que necesite protección. Sí que apoyo medidas de discriminación positiva en el empleo... hasta que se alcance el nivel que corresponda al 52 % de la población que representan.
Confío en el programa DAPHNE para el desarrollo de una política coordinada entre Estados miembros de reconocimiento público del papel de la mujer y espero que mi país adopte por fin las medidas de fondo necesarias para resolver la poca presencia femenina en los lugares de decisión y no se interne por la vía de los fuegos artificiales de las cuotas y de las leyes que no se cumplen porque no se ha creado la cultura igualitaria que las sustente.
Informe Eriksson (A4-0072/99)
Darras
La ponente parte de la observación de que «la Conferencia de Beijing, el Tratado de Amsterdam, la comunicación de la Comisión de febrero de 1996, el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997, la Cumbre de Cardiff de junio de 1998 insisten, todos ellos, en la necesidad de lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres».
En este caso se trata de hacer cambios fundamentales en la forma y en el fondo de las instituciones vigentes y en su funcionamiento. «Se trata de una lucha por el poder, de una lucha por una redistribución que resulta tan difícil de aceptar a quienes tienen el poder como en el marco de una redistribución de los recursos económicos en favor de quienes no los poseen».
Esa orientación exige un planteamiento global de la escena política y la movilización de todos los interesados; se trata de un planteamiento sistemático y no individual, caso por caso. A eso se debe la petición de la ponente a la Comisión de que se cree un método de evaluación para calibrar las repercusiones de todas las políticas y medidas adoptadas por la Comunidad sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Reclama estadísticas al respecto, en función del sexo. Se pide a los Estados miembros que hagan lo propio.
La ponente pide también a la Comisión que señale los casos y las razones por las cuales las mujeres cobran menos que los hombres. Además, da algunos ejemplos de la forma como es posible promover la igualdad entre los hombres y las mujeres en los diferentes sectores, en particular mediante los Fondos estructurales, reservando cierto porcentaje para acciones destinadas específicamente a las mujeres o también incluyendo los servicios sociales de atención a los niños y a las personas de edad en el marco de las necesidades infraestructurales. Asimismo, en el marco de las limitaciones, los licitadores podrían indicar cuántos puestos de trabajo al año permitirá crear su proyecto y cómo se reparten entre hombres y mujeres...
Por último, la ponente pide la instauración de un grupo de trabajo entre el Parlamento Europeo y la Comisión a fin de promover el objetivo de la igualdad en todas las esferas de actividad de las instituciones. Otros tantos motivos para votar a favor de este informe.

Delcroix
El informe de la Sra. Eriksson versa sobre el seguimiento de la comunicación «Integrar la igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones comunitarias». Como era de esperar, se trata de insistir en las lagunas actuales y las peticiones consiguientes. Entre otras, la ponente pide un método de evaluación para calibrar las repercusiones de las medidas adoptadas. Pide que se aplique en el nivel de los Estados miembros la recomendación sobre la participación equilibrada de los hombres y las mujeres en los procesos de decisión. Pide a la Comisión las razones por las cuales, con aptitudes iguales, las mujeres cobran menos que los hombres. Pide la instauración de un grupo de trabajo entre el Parlamento Europeo y la Comisión para promover el objetivo de la igualdad en todas las esferas de actividad de las instituciones.
El informe de la Sra. Lulling dedicado a la «propuesta del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo relativo al acceso al empleo, la formación y la formación profesional» es radical y lo es -he de decirlo- con razón. Rechaza esta propuesta de la Comisión basada en el fallo del caso Kalanke por el Tribunal de Justicia Europeo y pide una nueva propuesta de directiva basada esta vez en el Tratado de Amsterdam y en el reconocimiento del carácter colectivo de las medidas de acción positivas necesarias para realizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
Del fallo Kalanke y del fallo Marschall, la ponente deduce con razón que «sólo una discriminación positiva rígida, inflexible y automática que dé un derecho absoluto de designación o de promoción en los casos en que las mujeres estén sub-representadas sería incompatible con el Derecho comunitario».
En consecuencia, pide a la Comisión que espere a la ratificación del Tratado de Amsterdam, que obliga a la Comunidad a eliminar todas las desigualdades y a promover la igualdad entre los hombres y las mujeres y autoriza a los Estados miembros a mantener o adoptar medidas que establezcan ventajas específicas para el sexo subrepresentado. La Comisión deberá retirar su antigua propuesta, hoy superada, y presentar una nueva directiva basada en el Tratado de Amsterdam, eso es evidente. Sólo nuestra constante vigilancia para hacer que se plasmen en la realidad nuestras exigencias permitirá luchar contra el talante conservador que aún predomina en gran medida.

Deprez
En cierto modo, la igualdad entre las mujeres y los hombres es como la Arlesiana de Bizet. Todo el mundo sueña con ella, pero nadie la ha visto nunca.
Sin embargo, la igualdad de oportunidades no puede seguir siendo un ideal. Debe ser un objetivo que debemos alcanzar necesariamente. Desde ese punto de vista, podemos alegrarnos de que se haya integrado ese objetivo en la estrategia europea para el empleo, formulada en Luxemburgo en noviembre de 1997, y de que el Consejo Europeo de Viena haya pedido a los Estados miembros que logren avances tangibles al respecto.
En efecto, de aquí al momento en que haya una igualdad real falta mucho camino por recorrer: tantos prejuicios y reflejos sexistas están hasta tal punto incrustados en nuestra forma de ser y de comportarnos, que ni siquiera tenemos conciencia de su carácter profundamente discriminatorio.
Sin subestimar la amplitud y la dificultad de una tarea de evaluación que complica singularmente la diversidad de nuestras culturas y nuestras tradiciones, comparto con nuestra ponente la convicción de que la Comisión debe aplicarse a formular indicadores precisos y criterios comunes que permitan una evaluación periódica de los avances realizados en materia de igualdad de oportunidades entre los sexos y en función de objetivos concretos y mecanismos de responsabilización claros y previamente definidos.
Cambiar la sociedad es un objetivo ambicioso. Ante todo, debemos ser capaces de barrer delante de nuestra puerta. Por eso, subscribo totalmente la propuesta de nuestro ponente, cuando pide al Parlamento Europeo y a los Grupos políticos que lo componen que adopten ciertas iniciativas para promover efectivamente en su seno una auténtica igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.

Martinez
Ayer era el día de la mujer, que, como se sabe, es el futuro del hombre. Todo el mundo está a favor de la igualdad y de que se haga justicia.
La situación india, en la que 50 millones de mujeres están ausentes, porque han sido eliminadas desde la fase del embrión, subleva.
Pero ¡cuánta hipocresía en esa legítima defensa de la dignidad, la igualdad y las libertades!
Pues, a fin de cuentas, ¿cómo podemos abrir Europa a la inmigración de las excisiones, de los chádores y del estatuto jurídico infravalorado, al tiempo que nos erigimos en defensores de los derechos de las mujeres, cuando apoyamos, por lo demás, a los países, las religiones y las «civilizaciones» que las esclavizan?
En Belgrado, amenazamos con bombardear a un pueblo que no quiere entregar su Kosovo a la civilización del pañuelo en la cabeza y del enclaustramiento. En Bagdad bombardeamos a un pueblo laico en el que las mujeres enseñan y trabajan y apoyamos los intereses de países en los que las mujeres van cubiertas con velo y están enclaustradas e infravoloradas.
Conque habría que saber a qué atenerse. La defensa de la mujer se vuelve una cláusula de estilo, cuando los hechos no la confirman.
Pero hay cosas peores: ¿es de verdad seguro que la injusticia escandalosa tiene una base sexual más que una base social? ¿Está marginada la mujer en cuanto mujer o en cuanto miembro de una categoría social desfavorecida? Cuando Indira Gandhi es Primera Ministra de la India, todo el mundo puede ver claramente que entre los brahmanes la mujer no está vejada. Lo está entre los pobres, los intocables, los proletarios.
Y en eso consiste el cinismo de la posición feminista de la izquierda. Cubre con el velo sexual discriminaciones que son, en realidad, sociales. No es por ser mujer por lo que la obrera de las industrias textiles tiene una condición desfavorecida. Es por ser obrera.
Lo que subleva no es tanto que sea pequeña la proporción de mujeres en las asambleas, sino que esté infravalorada la proporción de obreras, empleadas, socialmente mal nacidas, modestas asalariadas. Cuando la igualdad consista en substituir a un representante elegido por su mujer, su hermana, su hija en privilegios, ¿cuál será el progreso? Tanto más cuanto que en todos los casos los arbitrajes de los estados mayores políticos substituirán al representante elegido masculino procedente de escuelas modestas por el representante democrático femenino perteneciente al sector privilegiado.
Entonces, ¡qué impostura la de la izquierda! Olvida a su proletariado. Olvida a sus pobres, a sus desfavorecidos, a sus marginados, para salvar una ventaja más de la categoría social que ya lo tiene todo. Incluso la buena conciencia.
Ya habíamos tenido que sufrir la posición sobre el antirracismo, que hacía creer que la discriminación social se produce a partir de los colores, cuando resulta que el racismo es esencialmente social. Las grandes escuelas, los grandes círculos, los lugares mágicos de poder no están vedados a los negros y a las mujeres, sino a los pobres.
En adelante, vamos a tener que sufrir, además, la posición antipatriarcal de la Sra. Eriksson, en particular, y el mundo nórdico o sueco. Ahora bien, fue en Suecia donde 60.000 mujeres modestas fueron esterilizadas con un gobierno socialista cuyos herederos parecen ser aquí, en el Parlamento, los defensores de las libertades y la dignidad.
En nuestras sociedades la revolución no estriba en el cambio del orden sexual, que es un simple reflejo de otras desigualdades mayores. Una vez más y siempre, la revolución de las cosas que hieren, humillan y destruyen radica en el cambio de las desigualdades sociales que Europa no ha hecho otra cosa que agravar. La suerte de los más modestos, en la parte baja de la escala de sueldos, ingresos y patrimonios, depende siempre de la buena voluntad de los que están en la cumbre de los privilegiados.
Eso es lo que subleva. Y eso es lo que el feminismo y el antirracismo hacen olvidar, cosa que, evidentemente, no es fortuita, ya que feministas y antirracistas de profesión proceden de la clase de los privilegiados.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.

Orden del día
El Presidente
¿Estarían Sus Señorías de acuerdo en que adelantáramos esta tarde la declaración sobre el plátano antes del informe Haug, lo que nos permitiría contar con la presencia de Sir Leon Brittan?
El Parlamento aprueba la propuesta

Giansily
Señora Presidenta, ha propuesto usted -en plena confusión general, podríamos decir- la decisión de adelantar el informe para el que se esperaba la presencia del Sir Leon Brittan, cosa que se ha aceptado. Pero el resultado es que se aplaza para la sesión de las 21.00 horas el informe de la Sra. Haug sobre el que estoy inscrito, así como Hervé Fabre-Aubrespy.
Ahora bien, uno y otro debíamos celebrar esta noche un debate en la Facultad de Ciencias Políticas de Estrasburgo con los estudiantes. Me parece que esta desenvoltura a la hora de modificar el orden del día de nuestra Asamblea es criticable, porque se ha votado en medio de una algarabía total y creo que los estudiantes de Ciencias Políticas de Estrasburgo merecen tanta consideración como Sir Leon Brittan. Esto es lo que deseaba que constara en acta.

El Presidente
Señor Giansily, se lo voy a decir muy simplemente: he compartido las reservas de Su Señoría cuando me han transmitido la información en el último momento, como ha podido ver también Su Señoría. Ahora bien, el único punto sobre el que no estoy de acuerdo con Su Señoría es el de que tengo la impresión de que los diputados -y Su Señoría es perfectamente consciente de ello- estaban muy mayoritariamente de acuerdo con esa propuesta, que en modo alguno han votado en la confusión, pues han comprendido perfectamente de qué se trataba y de que, si hubiéramos sometido a votación esa modificación, Su Señoría, señor Giansily, sabe perfectamente que habría sido aceptada por unanimidad.
Pero lamento infinitamente, en efecto, el perjuicio que se puede haber causado a algunos colegas que no van a poder intervenir sobre el informe Haug. Una vez más, comparto su sentimiento, pero no cuando dice que se ha decidido en plena confusión y que los diputados no habían comprendido de qué se trataba. Lo han comprendido perfectamente y Su Señoría lo sabe tan bien como yo.
La sesión, suspendida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas

Campos electromagnéticos (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A4-0101/99) del Sr. Tamino, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos 0 Hz - 300 GHz (COM(98)0268 - C4-0427/98-98/0166(CNS)).

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, este informe es muy importante e interesante. Lo que, en mi opinión, resulta tan importante cuando debatimos leyes en el ámbito comunitario es ver qué informes y pruebas científicas tomamos como base de estas leyes. Es muy importante que la calidad legislativa esté en regla. Lo discutimos mucho en cada país y por supuesto también es lógico que debamos tenerlo en cuenta cuando elaboramos leyes europeas. En nombre del Grupo Liberal quiero decir que muchas de las enmiendas presentadas por los Verdes hacen el borrador de la Comisión mucho más restrictivo de lo necesario. Me imagino cuáles son las pruebas científicas que los Verdes toman como base de todas estas enmiendas. Permítanme que me refiera a mi propio país, Dinamarca, en el que la Asociación de Lucha contra el Cáncer ha efectuado análisis sobre los riesgos en este campo. Resulta que no hay ninguna relación entre los campos electromagnéticos y el cáncer. Se ha examinado tanto a niños como a trabajadores de centrales eléctricas. En el caso de los niños existía un riesgo muy débil y en el caso de los trabajadores de centrales eléctricas no había ningún riesgo. Éste es un análisis danés.
Sin embargo, tampoco veo en los análisis extranjeros razones que fundamenten las exigencias expuestas por el Sr. Tamino. Por ello me gustaría preguntarle al señor ponente y sobre todo a la Comisión cuál es la justificación científica que hay para estas exigencias muy restrictivas que presentan los Verdes, pues si estas enmiendas de los Verdes salen adelante, esto tendrá considerables repercusiones económicas para las centrales eléctricas y sobre todo para el consumidor en general. El Grupo Liberal rechaza las enmiendas verdes y en nombre del Grupo Liberal le pregunto a la Comisión qué comentario hace ante los análisis científicos a los que se remite el Sr. Tamino. He de decir que tengo dificultades en vista de los estudios nacionales y también de los análisis científicos internacionales efectuados en este campo para reconocer las afirmaciones que se han realizado.

Papayannakis
Señor Presidente, por el contrario, creo que el informe del Sr. Tamino es importante y se refiere a estudios científicos muy concretos, de Suecia y de otros países, con una amplia bibliografía.
Es un problema importante. En Grecia lo conocemos muy bien; estamos, literalmente ahogados, por la concentración de antenas de televisión, últimamente están instalando en Pefki -en las afueras de Atenas- cientos de antenas para la telefonía móvil, están las líneas eléctricas de alta tensión, etc.
Tenemos indicios, señor Presidente, pero evidentemente, no tenemos pruebas. Sin embargo, hay Estados miembros que tienen una legislación mucho más estricta que la que estamos debatiendo aquí. Tenemos el principio de la protección, que estamos obligados a aplicar. Por eso, creo que, hasta que se hagan más investigaciones y haya una mayor observación de los fenómenos, como ha dicho nuestro colega Whitehead, debemos atender las propuestas del Sr. Tamino; porque están en juego cosas muy importantes para la salud de los ciudadanos.

Collins, Gerard
Señor Presidente, la propuesta de recomendación de la Comisión relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos tiene como telón de fondo la creciente preocupación de la población por la posible relación entre los campos electromagnéticos y problemas de salud. Es un asunto que afecta a aspectos de la vida diaria. Los campos en cuestión son creados no sólo por las líneas de alta tensión y los retransmisores de radio y televisión, sino también por electrodomésticos normales con los que todos entramos en contacto regularmente, como los teléfonos celulares y las pantallas de televisión. Naturalmente, existe la necesidad de tranquilizar a los clientes proporcionando la debida protección contra riesgos reales y demostrados, y manteniéndoles informados. Lo que no necesitamos es información falsa e irresponsable ni tácticas alarmistas.
La Comisión intentó tomar en consideración toda la evidencia con fundamento científico y experimental en la elaboración de su propuesta de recomendación. Las orientaciones y la exposición que ha presentado el Comisario tienen como fundamento aquéllas publicadas recientemente por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Se trata de un organismo formalmente reconocido de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, existe una base científica sólida para los valores límite propuestos. Este organismo de la OMS adopta además la precaución añadida de incorporar amplios factores de seguridad en los valores límite de exposición a la población. De hecho, estamos hablando de un margen de seguridad de al menos 50 veces por debajo de los niveles establecidos como que pueden afectar a la salud.
Las autoridades nacionales de la mayoría de los Estados de la UE ya han aceptado la base para la salud de la que el organismo de la OMS deriva sus directrices. Dichas directrices se aplican en los Estados miembros, lo que garantiza el cumplimiento por parte del sector, y se mantienen alerta en lo relativo a la protección de sus ciudadanos.
Las propuestas del Sr. Tamino son por consiguiente ampliamente desproporcionadas. Intentan imponer unos límites de exposición que van más allá de lo que propone la Comisión y de lo que se ha demostrado científicamente necesario. Si se aprobaran estas propuestas exageradas tendrían serias repercusiones socioeconómicas sin ningún beneficio para la salud.
Por otra parte, el informe no aborda el problema fundamental de que no existe un sistema de medición europeo común. Esta carencia permite una diferencia entre los límites nacionales que crean barreras al comercio y distorsionan el mercado único. La diferencia de normas han contribuido además a crear ansiedad entre la población -los consumidores se preguntan por qué sus países tienen un límite diferente del de otros países. Mi Grupo y yo hacemos un llamamiento en favor de un proyecto de investigación europeo encaminado a armonizar las metodologías de cálculo.

Lannoye
Señor Presidente, me parece que hay mucha confusión en este debate sobre el informe del Sr. Tamino. Mucha confusión sobre todo cuando pienso que, por una parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, así como cierto número de diputados, proponen que se establezcan valores-límite por lo que se refiere a la distancia que separa ciertas instalaciones emisoras de campos electromagnéticos y las personas que viven en sus proximidades y, por otra, consideran que las propuestas de la Comisión son aceptables.
Quisiera señalar a la atención de Sus Señorías que las propuestas de la Comisión no cambian estrictamente en nada los usos hoy establecidos y que, en realidad, garantizan las actividades de grupos industriales que -ya se trate del transporte y la distribución de electricidad o de las telecomunicaciones- provocan la exposición de poblaciones a campos electromagnéticos importantes. Creo, por ejemplo, que en la vertical de una línea de alta tensión de 380.000 voltios hay algunos microtesla de campo magnético. Ahora bien, la propuesta de la Comisión fija un valor-límite de 100 microtesla, lo que quiere decir, por tanto, que garantiza los usos actuales.
Resulta inaceptable, dado que numerosos estudios epidemiológicos y no pocos estudios de laboratorio muestran claramente que, a partir de valores hasta 1.000 veces más débiles, se empiezan a detectar efectos en la salud, ya sea en el sistema nervioso, el sistema endocrino o el sistema inmunitario. Limitar el problema a la aparición del cáncer es un planteamiento reduccionista que ha de hacernos cometer por fuerza errores para la salud pública. Así, pues, pensamos que, a partir de los usos establecidos en uno de los Estados miembros, en este caso Italia, es totalmente posible propugnar, como el Sr. Tamino, valores-límite muy inferiores, que en absoluto están en contradicción con las diferentes actividades económicas actuales, pero que evitan que las poblaciones se vean sometidas a campos electromagnéticos perjudiciales para su salud.
Así, pues, propongo a todos Sus Señorías que tengan a bien revisar el expediente y no se dejen engañar con el argumento tramposo de que las propuestas del Sr. Tamino entrañarían perjuicios económicos extraordinarios. Se ha hecho esa afirmación tres o cuatro veces, pero ningún argumento lo ha demostrado.

Escolá Hernando
Señor Presidente, los campos electromagnéticos pueden suponer un factor de riesgo para la salud pública pudiendo provocar, según diversos estudios científicos, el desarrollo de células cancerígenas.
Aunque estos informes no son totalmente concluyentes, bueno será que la Comisión tenga en cuenta los dos principios básicos en la prevención del riesgo: el principio de cautela, es decir, ante la duda evitar el riesgo, y el principio ALARA, es decir, que la exposición a radiaciones sea tan débil como razonablemente se pueda.
En este sentido, Señorías, quiero llamar su atención sobre un proyecto hoy en estudio: la conexión de las redes eléctricas de Francia y España a través de los Pirineos con una línea de alta tensión de 400.000 voltios, proyecto aprobado en Essen. Los afectados por esta línea llevan más de 15 años oponiéndose a este proyecto debido a los campos electromagnéticos que generan y sus afecciones medioambientales. Este es un ejemplo perfecto sobre el que la Comisión puede mostrar sentido común buscando alternativas para que el día de mañana no tengamos que lamentarnos.
Es necesario que la Comisión establezca un marco común para la protección de la salud incluyendo distancias mínimas de seguridad y estudio de impacto medioambiental como requisitos exigibles para la construcción de líneas eléctricas y evitemos de esta forma los campos electromagnéticos que generan.

Sandbæk
Señor Presidente, no debe dudarse ni por un momento de que el Movimiento de Junio en general es un firme partidario de la utilización del principio de cautela. Es decir, la duda siempre debe beneficiar al consumidor si existe algún indicio de riesgo en caso de utilización de técnicas modernas. Lo cual pudiera ser aquí muy bien el caso. La comida modificada genéticamente es sólo un ejemplo de ello. Sin embargo, hoy estamos tratando los efectos a corto plazo de la exposición a la radiación de campos electromagnéticos. Las enmiendas de los Verdes incluidas en el informe tratan por el contrario de los efectos a largo plazo y éstos todavía no han sido suficientemente estudiados. De ahí que pensemos que la muy restrictiva recomendación que saldría de apoyar las enmiendas es insostenible. No podemos soslayar el hecho de que la electricidad es un pilar fundamental de la sociedad moderna. También se afirma que todos los investigadores están de acuerdo en que los efectos a corto plazo de la exposición a la radiación son insignificantes. Y que entorpecer o sencillamente prohibir el suministro y el consumo de electricidad sería, como decimos en Dinamarca, matar moscas a cañonazos.
En este sentido, también he hecho hincapié en que la Asociación de Lucha contra el Cáncer ha llegado tras una exhaustiva investigación a la conclusión de que sería una absoluta irresponsabilidad asustar a la población de los efectos del uso de diversos aparatos eléctricos que forman parte de cualquier hogar como, por ejemplo, aparatos de cocina y maquinillas de afeitar. Ahora bien, por supuesto tampoco puede descartarse completamente que los efectos a largo plazo no sean otros. Actualmente estos efectos a largo plazo están siendo estudiados por la Organización Mundial de la Salud y si se llegara a un resultado que nos trajera a la memoria las enmiendas del Sr. Tamino, naturalmente los miembros del Movimiento de Junio respaldaríamos entonces plenamente las enmiendas que hoy rechazamos.

Pinel
Señor Presidente, los campos electromagnéticos están cada vez más presentes en nuestro medio ambiente. Las líneas eléctricas de alta tensión, los emisores de ondas para los GSM, pero también numerosos aparatos domésticos, perturban los equilibrios naturales.
El informe Lannoye de 1994 aportaba ya la demostración del nefasto papel desempeñado por dichos campos electromagnéticos en la salud y en particular del riesgo de desarrollo de cánceres, leucemias y enfermedades del sistema nervioso y de la actividad cerebral. No porque los científicos no comprendan aún los mecanismos de esos efectos en el organismo hay que hacer de ello un pretexto para permitirse aplicar la política del avestruz. Muy al contrario: hay que poner en práctica el principio de precaución, es decir, prohibir o al menos limitar todo equipo, o tecnología incluso, que ponga en peligro la salud de las personas.
Actualmente estamos en una situación en la que el consumidor es el que debe demostrar que un aparato es peligroso: hay que invertir la carga de la prueba y exigir a los industriales que demuestren la inocuidad de su mercancía. Un Comisario decía que no hay nada mejor que la comercialización para validar un producto. Pues bien, en el caso que hoy nos ocupa existen muy poderosas presunciones sobre la nocividad de esos campos para el organismo. Así, pues, ya es hora de actuar sin dejar para fecha posterior valores-límite para los efectos, sean cuales fueren, y no sólo los térmicos.
Si durante cinco años, es decir, desde el informe Lannoye, no ha habido, al parecer, investigación científica suficientemente convincente, tal vez sea precisamente porque algunos tendrían mucho que perder con ello. Para concluir, en cualquier caso, sería escandaloso permitir que se diga que este informe perjudicaría al desarrollo industrial, en primer lugar porque no es cierto y sobre todo porque la salud pública debe estar por encima de toda consideración económica.

Scapagnini
Señor Presidente, no cabe duda de que el éxito de los modernos sistemas de comunicación, la difusión a amplia escala de las instalaciones eléctricas y electrónicas y la proliferación de las líneas aéreas de alta tensión, han hecho aumentar considerablemente en los últimos años el interés y la preocupación por los efectos de los campos electromagnéticos, mientras se suceden constantemente los llamamientos para que se establezcan medidas y normas básicas en este sector. Sin embargo, no se conocen con precisión los efectos de la exposición a las radiaciones electromagnéticas en el organismo. Se han formulado hipótesis preocupantes sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud de la exposición a los campos generados artificialmente y está en curso un debate sobre la existencia de posibles efectos a largo plazo, en primer lugar el cáncer y en particular el cáncer de la sangre, es decir, la leucemia.
En la actualidad, sin embargo, no existen pruebas científicas irrefutables de que los campos electromagnéticos provocan cáncer. En la mayor parte de los Estados miembros, a las autoridades se les demanda continuamente información sobre dichos efectos, lo que demuestra que en la ciudadanía ha hecho mella una gran preocupación. Lo único que han demostrado los experimentos es que la exposición prolongada a fuertes frecuencias puede causar patologías. Como ponente de la recomendación sobre la limitación de la exposición de los campos electromagnéticos de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía del Parlamento Europeo que presido, creo que es fundamental establecer una legislación coherente y uniforme en Europa que permita a todos los Estados miembros proteger a los ciudadanos frente a estas posibles consecuencias negativas. Estos límites, sin embargo, no deben sobrepasar los límites del conocimiento y de la sensatez, ya que causarían serios perjuicios de carácter económico no tanto a la industria, sino al empleo.
La recomendación introduce en toda Europa un adecuado nivel de protección ante los efectos de los campos electromagnéticos en la salud. La misma se basa muy acertadamente en los efectos claramente definidos, o sea los agudos, mientras que, en lo que se refiere a los efectos a largo plazo, la recomendación afirma que, en este momento, no existen pruebas suficientes de los efectos cancerígenos de estos campos. Los datos en cuestión no pueden emplearse como base para la definición de normas básicas en materia de exposición.
En conclusión, señor Presidente, creo que debemos pedir que continúen los estudios de alto nivel en materia de exposición a largo plazo para, por una parte, proteger al ciudadano y, por otra, evitar el pánico y el desempleo.

Myller
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha llevado a cabo una excelente labor con motivo del presente informe. No pongo en duda alguna la buena intención de las propuestas del ponente en lo relativo a los valores límite, los cuales no han podido, sin embargo, ser aprobados en comisión a causa de los hechos reales que ya se han expuesto aquí. Todo ello no debe significar de ningún modo que el principio de cautela hubiera perdido la importancia fundamental que debe revestir para todos, por ejemplo, a la hora de acabar con los efectos perjudiciales de la radiación no ionizante.
El fundamento necesario han de constituirlo, no obstante, los datos contrastados por estudios y las recomendaciones de la OMC, además del principio de que la exposición a las radiaciones electromagnéticas ha de ser lo menor posible de acuerdo con unos planteamientos razonables. Los Estados miembros han de reforzar las distancias de seguridad y los valores mínimos para las instalaciones eléctricas, que se deberán respetar en las proximidades de las áreas pobladas y de los puestos de trabajo. Se trata de un tema muy nuevo, por lo que se deben proseguir los estudios acerca de los posibles efectos perjudiciales y su prevención. Esta cuestión deberá incluirse en el Quinto programa marco de investigación. Las responsabilidades de las investigaciones por lo que respecta al desarrollo de los productos han de recaer en los fabricantes de las instalaciones, pero deberemos contar con el mayor número posible de puntos de referencia y con unos investigadores independientes para garantizar la obtención de datos imparciales.
Al mismo tiempo que se exige una mayor investigación acerca de los posibles problemas que causa la radiación no ionizante, debemos velar por el uso eficaz de los recursos con la atención puesta en todo el sector sanitario. La salud pública solamente tiene asignados unos recursos determinados, por lo que se deberán realizar esfuerzos para llevar a cabo un aprovechamiento eficaz de los mismos. Hay que someter a debate los costes sociales, es decir, en qué conviene concentrar nuestros esfuerzos para lograr en la medida de lo posible una mayor productividad de la salud pública. La evaluación de los costes sociales corresponde a los políticos mientras que la elaboración de datos acerca de los posibles riesgos recae en investigadores y científicos. En este orden de cosas, los políticos hemos de asumir nuestra responsabilidad.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, los efectos perjudiciales para la salud que tienen los campos electromagnéticos generados por las redes eléctricas y por los aparatos eléctricos de frecuencia corta se vienen estudiando ya desde hace unos veinte años. Las estimaciones que propone la Comisión acerca de los valores perjudiciales para la salud se ajustan a las investigaciones que se han llevado a cabo. Sin embargo, algunos diputados de este Parlamento han presentado unos valores considerablemente más estrictos que las recomendaciones de la Comisión, alegando las posibles repercusiones perjudiciales que pudieran existir para la salud. Un planteamiento de este tipo, en el que se justifican las conclusiones de acuerdo con algunas valoraciones indeterminadas y atendiendo a unas directrices que no se corresponden con el resto del material de investigación, no puede ser sensato. Además, hay que relativizar también los valores que se han expuesto frente a los efectos para la salud que se hayan detectado y frente a los costes que ocasionen las medidas necesarias.
En los últimos años se ha suscitado rápidamente un debate acerca de los posibles perjuicios para la salud de los ciudadanos que pudiera tener el uso generalizado de los teléfonos móviles. Espero que comprendamos todos la necesidad de llevar a cabo estudios aún más precisos sobre los efectos de estos aparatos en la salud de sus usuarios, así como de emprender las medidas que sean necesarias una vez que hayamos obtenido los datos correctos. No creo que nadie quiera ponerse a construir de nuevo las líneas eléctricas de las zonas urbanas, evitar el uso de los teléfonos móviles en las ciudades o renovar sus electrodomésticos a causa de unas posibles limitaciones carentes de fundamento. Es preciso aplicar el principio de cautela, pero el exceso de cautela ha de basarse en los resultados de las investigaciones.

McKenna
Señor Presidente, la mayoría de los oradores que hoy intervienen aquí dicen que «debe respetarse el principio de cautela, pero... ». Existe aquí una total contradicción. Para respetar el principio de cautela, debemos garantizar la existencia de evidencia definitiva de que este tipo de radiación no es peligrosa. No disponemos de dicha evidencia. Uno de los principales fallos de la propuesta de la Comisión es que no adopta el enfoque cautelar. En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha sido un completo desastre. Ha diluido por completo la propuesta del ponente. No protege la salud pública ni el medio ambiente. Esta cuestión ha surgido una y otra vez, y la Comisión no ha hecho nada al respecto. Incluso los gobiernos de los Estados miembros tampoco han hecho nada al respecto. En mi país se levantan repetidores de telefonía celular cerca de las viviendas y junto a los colegios. Los efectos biológicos sobre el sistema nervioso central -a los que la Comisión no hace referencia- parecen producirse en los casos en que hay repetidores en las proximidades de las viviendas. Hay informes que apuntan a dolores de cabeza, interrupción del sueño y una serie de otros efectos a los que no hace referencia la Comisión.
Como ha señalado el ponente, existen sugerencias que apuntan a que la exposición a campos electromagnéticos podría conducir a un aumento de casos de cáncer y otras amenazas graves para la salud humana. Debemos garantizar que se adopta un enfoque cautelar. La Comisión parece basar sus resultados en ciertas investigaciones, pero ignora otras que son del dominio público. Necesitamos que se creen centros de investigación adecuados que garanticen que los efectos reales de este tipo de radiación no ionizante son debidamente estudiados por asesores independientes.

Hulthén
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que esta materia es importante. Obviamente tiene que haber normas que regulen la cantidad de radiación a la que puede exponerse una persona. Sin embargo, tenemos que decidir acerca de esas normas sobre unas bases mínimamente realistas. No puede ser que un sólo Grupo político tenga el monopolio de la ciencia, sino que tenemos que dar por sentado que tanto la Comisión de Medio Ambiente como la Asamblea aquí presente intentan, conjuntamente, hacer cuánto pueden para tomar decisiones adecuadas.
Los campos electromagnéticos y sus influencias en las personas han sido objeto de muchos debates este último tiempo. De hecho, no tenemos respuestas precisas para todas estas cuestiones. No sabemos cuánto nos afectan la electricidad y los campos magnéticos. Por el contrario, sabemos que cada vez más personas se vuelven hipersensibles a la electricidad.
Si queremos determinar valores límite para toda la Unión, tendrán que ser valores mínimamente razonables. Suecia ha sido nombrada en las discusiones como uno de los países que tiene buenos valores límite. Solamente puedo informarles que esos valores límite son mucho más altos que los propuestos por Tamino. Esos valores son de 100 ìT para la vida común y de 500 en la industria y cuando la gente trabaja. Hay una enorme diferencia con lo que propone Tamino.

Rovsing
Señor Presidente, cuando se habla de daños causados por radiación, hay que distinguir. En primer lugar, están las radiaciones de baja frecuencia de los cables de alta tensión y las frecuencias de ahí derivadas. Todas las experiencias sacadas de todas las nuevas investigaciones que han llevado a cabo nuestros gobiernos muestran que no se puede demostrar nada. En Dinamarca existe un registro de los casos de cáncer. En él se registran todos los casos de cáncer. El registro de identidad muestra dónde vive la gente. Todas las personas que trabajan en el sector de suministro eléctrico, 30.000 personas en total, han sido sometidas a un exhaustivo examen que tuvo lugar en 1998, no hallándose ninguna relación entre su trabajo dentro del sector de suministro eléctrico y el cáncer. La afirmación de que no se han efectuado estudios rigurosos es incorrecta.
Luego están los teléfonos móviles. Todos los que estamos en este Parlamento utilizamos teléfonos móviles - a veces, mucho - aunque hay algunos que consideran peligrosos los teléfonos móviles. Estoy de acuerdo en que no se ha investigado lo suficiente esta cuestión para saber si las partes nobles de las células o los componentes fundamentales de la persona se ven destruidos por esta radiación. Considerando el número de niños y adolescentes que utilizan teléfonos móviles es importante realizar un estudio a fin de tener datos concretos sobre esta cuestión. Sin embargo, no tengo constancia de que las estaciones de base que se levantan o las estaciones DECT de los supermercados entrañen peligro. Y por supuesto no hay nadie que se coloque dentro de la radiación de un radar o dentro de la radiación de una cadena de microondas. Hay radiaciones concentradas, sin embargo, no bajan hasta donde normalmente nos encontramos. Muchas de las enmiendas, es decir, las enmiendas comprendidas entre la 14 y la 24, sólo sirven para crear inquietud y no están fundadas en la necesaria investigación científica.

Ahern
Señor Presidente, es realmente importante que el Parlamento elabore una recomendación sobre las distancias mínimas de seguridad que deben separar las viviendas de los repetidores de telefonía celular. En mi país también están proliferando. Si, como afirman las empresas del sector, no existe ningún riesgo para la salud, ¿por qué no deberíamos tener una indemnización obligatoria en materia de salud? Los intereses creados que están detrás de todo esto deberían ser legalmente responsables de asegurar la salud de los ciudadanos en caso de que algo vaya mal. Es una cuestión que debemos plantearnos seriamente a nivel europeo. Si no encierran ningún peligro, no existe ningún riesgo. Entonces, ¿por qué no se asegura a la población contra el problema?
Un conferencia celebrada recientemente en Viena concluyó que existe base científica sobre los efectos biológicos de la exposición de baja intensidad, por lo tanto, ya no es admisible que los gobiernos de los Estados miembros o la Comisión afirmen que para fijar los niveles hace falta más investigación. La población tiene derecho a que se proteja su salud y no que se pase la pelota a una investigación científica que puede tardar años. Entonces estaremos en la misma situación que con las tabacaleras, que puede que deban pagar millones a las personas que han visto peligrar su salud.
Me siento consternada ante los reiterados intentos de mi Gobierno de debilitar las propuestas comunitarias sobre la regulación de emisiones de la radiación electromagnética procedente de repetidores celulares en las viviendas. Resulta escandaloso querer justificar los intentos de la delegación irlandesa de eliminar cláusulas argumentando que se ajustan al principio de cautela. Existe suficiente evidencia que justifica un replanteamiento completo de las repercusiones de dichos repetidores sobre la salud.

McAvan
Señor Presidente, es para mí una gran satisfacción poder intervenir sobre este asunto, que creo que todo el mundo reconoce que es de interés general. En mi país han aparecido durante los tres últimos días artículos en primera página sobre los efectos de los teléfonos móviles y en la prensa de mi localidad han aparecido historias sobre las líneas de alta tensión y sus efectos sobre las personas. Algunos de estos informes son alarmantes y otros preocupantes, por lo que no es sorprendente que los ciudadanos se sientan confundidos y no sepan realmente qué pensar. Por eso, las propuestas de la Comisión son muy oportunas. Necesitamos algún tipo de acción a nivel europeo sobre este asunto. El enfoque adoptado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor es también muy equilibrado.
Quiero hacer hincapié en dos enmiendas importantes. La primera trata sobre la aplicación del principio de cautela, basado en el principio ALARA de la Organización Mundial de la Salud. Mi segunda observación es que debemos revisar constantemente este asunto. No basta con fijar niveles ahora y no volver nunca más sobre ellos. Las personas hacen cada vez mayor uso de los teléfonos móviles; los padres compran teléfonos móviles a sus hijos; muchas personas se están cambiando a la telefonía celular. Por ello espero que la Comisión tenga en cuenta algunas de estas enmiendas.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy se debate tiene como tema la limitación de la exposición de la población a los campos electromagnéticos de 0 Hz - 300 Ghz, o sea, toda la gama de posibles influencias, lo cual constituye sin duda un buen enfoque, pero no permite establecer una normativa detallada de ámbito europeo. Por consiguiente, yo opino que se tendría que aplicar el principio de subsidiariedad en algunos aspectos.
En general, a la vista de las anteriores observaciones, debemos congratularnos de que la Comisión de Medio Ambiente no haya aceptado las propuestas, sin duda bienintencionadas, del ponente. En efecto, las buenas intenciones no siempre resultan buenas. Las propuestas del ponente no estaban, además, científicamente justificadas -muchos lo han señalado ya también hoy- y habrían llevado a establecer en la práctica un límite muy bajo, imposible de cumplir. ¿O deberíamos llegar acaso hasta el extremo de suprimir los teléfonos celulares y los postes de socorro? Yo creo que este no puede ser nuestro objetivo.
Permítanme que pase a otro tema. El debate técnico ha demostrado que la introducción gradual de distancias de seguridad entre las instalaciones fijas, como por ejemplo las líneas de alta tensión, es sumamente discutible desde el punto de vista de la protección contra las radiaciones, puesto que innumerables parámetros específicos de cada instalación pueden influir significativamente sobre la exposición, además de la distancia misma. En el caso de los aparatos eléctricos resulta todavía más problemático establecer unas distancias mínimas de seguridad. La distancia a la que se encuentran estos aparatos de las personas depende obviamente, por regla general, del uso al que estén destinados. En este caso, yo opino que la especificación adicional de una distancia de seguridad induce a confusión, no es útil y no responde a los objetivos de una protección adecuada contra las radiaciones.
La situación es distinta en el caso de las instalaciones que, por sus características, generan campos electromagnéticos, como por ejemplo los transmisores y repetidores. Unas distancias de seguridad pueden simplificar ciertamente el procedimiento en este contexto. Yo les ruego que lo tengan en cuenta en la votación. He presentado algunas enmiendas en este sentido.

Bangemann
Señor Presidente, la Comisión desea manifestar ante todo su agradecimiento a la comisión y al ponente. Evidentemente, se trata de un tema en relación con el cual también pueden manifestarse diferencias de opinión durante el debate, puesto que todavía no se dispone de estudios científicos suficientes ni de datos inequívocos sobre cada aspecto concreto.
Con nuestra propuesta nos propusimos dar, sin embargo, un primer paso. Para empezar, existe una creciente preocupación -esto es cierto sin duda alguna-, también entre los expertos. Sobre todo, se está desarrollando un amplio debate público, no siempre objetivo, pero que evidentemente también provoca preocupación entre la población. Por esto, toda vez que el Tratado de Maastricht también nos obliga a velar por una elevada protección de la salud, nos parece acertado proponer, mediante la presente recomendación, un marco común de restricciones básicas y niveles de referencia.
Yo quisiera dejar bien claro, puesto que la Sra. Riis-Jørgensen también ha formulado esta pregunta a la Comisión -a pesar de que ahora ya no se encuentra aquí; lamentablemente es un hecho cada vez más extendido que los diputados hagan preguntas y luego desaparezcan-, que aunque se plantee el problema de los datos científicos, nuestra propuesta se basa en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante y en las posiciones del Comité director científico de la Comisión. Por lo tanto, no es cierto que no hayamos tomado en consideración dichas posiciones científicas.
Podría comentar todas las enmiendas, pero me alargaría demasiado, teniendo en cuenta, además, que se trata de una recomendación. No obstante, diré que podemos aceptar en su totalidad o en parte las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 13. Las demás enmiendas van mucho más allá de los límites de la recomendación; por ejemplo, presuponen que la recomendación también tiene efectos jurídicos, lo cual no es el caso. La recomendación, como su mismo nombre indica, se dirige, en efecto, a los Estados miembros, los cuales pueden seguirla pero no están obligados a hacerlo, de manera que no es posible incluir otras disposiciones jurídicas en el marco de una recomendación como esta.
Esto es aplicable sobre todo en lo que se refiere al tema de las distancias mínimas de seguridad. El Sr. Schnellhardt ya ha hecho algunas reflexiones dignas de atención en sí mismas. Sin embargo, es preciso señalar que aunque todo cuanto ha dicho sea correcto -y yo en principio no lo pongo en duda-, no podemos establecer con carácter vinculante unas distancias mínimas de seguridad en la recomendación.
Luego tenemos la enmienda 12. Ya hemos previsto un mecanismo de supervisión. Es decir, que evidentemente elaboraremos nuestro propio informe para el ámbito de la Unión sobre la base de los informes de los Estados miembros y evidentemente tendremos en cuenta todos los nuevos datos científicos que se vayan conociendo. La Comisión actuará de inmediato en caso necesario. Pero lo que también es seguro es que no podemos actuar siguiendo el principio de que se trata de un problema de salud. En tal caso tendríamos que suspender todas las actividades, aunque no hubiese razones científicas que lo avalasen. No podemos proceder según ese principio. Lo digo pensando en particular en algunas aportaciones del Grupo de los Verdes. Me gustaría saber qué diría la población si de improviso desconectásemos toda la red eléctrica, por ejemplo.
Exclamación
He dicho sí . Por lo tanto, si queremos proceder de manera razonable, sólo podemos adoptar tales medidas a la vista y sobre la base de datos científicos. Cualquier otra actuación sería arbitraria y no ajustada a derecho. ¡Sería algo injustificable en un Estado de Derecho! El llamado principio de prevención es una excepción muy restringida que nos permite adoptar alguna medida sin disponer aún de datos científicos en casos particulares. Y la Comisión también lo aplica. Por ejemplo, introdujimos unos valores límite muy rigurosos en el caso de los alimentos para bebés, a pesar de que no se dispone de datos científicos, porque en este caso se trata de una medida justificable, incluso frente a la objeción de que se ha actuado aun sin saber si era necesario. Pero, evidentemente, esto no es generalizable. Si siguiésemos este principio, llegaríamos a resultados totalmente absurdo. No pueden esperar que la Comisión proceda de este modo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Política de salud pública
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0082/99) del Sr. Needle, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el desarrollo de la política de salud pública en la Comunidad Europea (COM(98)0230 - C4-0393/98)).

Needle
Señor Presidente, el desarrollo de una política de salud pública en la Comunidad Europea ha alcanzado una fase muy importante. Esta grata comunicación de la Comisión identifica los puntos fuertes y débiles del primer período marco, que ahora se acerca a su fin, y apunta a los retos y las oportunidades que cabe prever, ofreciendo un nuevo marco positivo y claro. Este Parlamento tiene una sólida reputación en lo relativo a promover la protección y la mejora de la salud pública y, como indicaré más adelante, podemos seguir mejorando.
Muchas de las Señorías de esta Asamblea se han destacado por sus esfuerzos para garantizar que la Unión Europea tenga una función en la política de salud, por no hablar del firme y creciente papel que desempeña actualmente en la investigación o la seguridad de productos alimentarios o políticas medioambientales, por ejemplo.
La primera observación a hacer es que el Tratado de Amsterdam consagra meticulosamente dicho papel a través de la declaración en su nuevo artículo 152 de que se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades comunitarias. El resto del artículo está lejos de ser perfecto, pero proporciona la base para un trabajo serio durante los próximos cinco años.
¿Cómo debe organizarse dicho trabajo? Me satisface enormemente que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor haya alcanzado un consenso amplio respecto a que el camino para avanzar pasa por unas prioridades bien enfocadas que ofrezcan valor añadido al trabajo de los interlocutores en los Estados miembros, de agencias como la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones no gubernamentales. Esto exigirá que el Consejo, la Comisión y el Parlamento realicen dos cosas en la próxima fase que será crucial, cuando las tres corrientes recientemente identificadas de información, respuesta rápida, promoción y prevención se traduzcan en nuevos programas de acción horizontales.
En primer lugar, es hora de pensar con audacia. La interpretación del proyecto de Tratado será fundamental y, si queremos que los ciudadanos europeos perciban las ventajas de las nuevas tecnologías, de los conocimientos generales y expertos y de las libertades, deberá existir la voluntad política y administrativa de avanzar. Cuando digo esto me refiero, en particular, a la necesidad de compartir información sobre las mejores prácticas -debemos estar preparados a hacer frente a problemas comunes y específicos con transparencia y honradez-, así como a los recientes dictámenes del Tribunal de Justicia respecto al acceso transfronterizo a productos médicos.
También estoy pensando en la necesidad de abordar factores sanitarios que se ven agravados por decisiones adoptadas en la UE. Muchos de nuestros ciudadanos consideran absurdo que presentemos programas para la lucha contra el cáncer o la prevención de enfermedades cardiovasculares, junto con ayudas a los productores de tabaco. Me temo que nos disponemos a repetir este error en otro informe que se presentará esta misma semana.
Debemos trabajar por poner fin a eso de una manera sensata. Quisiera pedir a la Comisión que nos hable hoy de su firme apoyo a las propuestas inminentes sobre la lucha contra el consumo de tabaco. Debemos asimismo inspirar sensatez en lo relativo a la información, a menudo contradictoria, sobre dietas y nutrición -sospecho que es un tema que interesa al Comisario y a mí, en particular- y desarrollar nuevas políticas coherentes sobre alimentación partiendo de esa base.
Esto me lleva al segundo requisito, que es relativo a la responsabilidad. Precisamente cuando intentamos avanzar, constatamos que las organizaciones no gubernamentales, que tienen un papel decisivo para mantener y cultivar la sensibilización del público, los profesionales y los políticos sobre los problemas de salud, se enfrentan a posibles recortes presupuestarios muy perjudiciales. Es inaceptable que las autoridades presupuestarias se desentiendan de ese modo de compromisos asumidos previamente, aunque también demuestra que todos debemos hacer frente a decisiones difíciles. Es el motivo por el que será fundamental fijar prioridades claras y decisivas para los futuros programas, junto con un procedimiento presupuestario claro y simplificado. Por ello, no sólo apoyamos el abandono de pequeños programas verticales en favor de corrientes horizontales, sino que además se adopte un enfoque mucho más integrado, que tenga como base una Dirección responsable de la salud única e identificable para que la salud se convierta realmente en parte integral del proceso de la UE, en una de sus prioridades.
Eso requiere evaluaciones adecuadas de las repercusiones sobre la salud, comenzando por los programas de la Comisión, así como un incremento proporcional de funcionarios que tengan la formación necesaria, tal y como se reconoce en el excelente estudio realizado por los servicios del Parlamento en apoyo de nuestra audiencia pública del pasado octubre, que tuvo una buena acogida. Significa asociación a todos los niveles para hacer frente a las mayores necesidades de los ciudadanos y a las desigualdades en materia sanitaria con la mayor eficacia posible, sobre todo en el actual proceso de ampliación de la Unión, cuando es inminente un nuevo texto de la Comisión muy necesario.
Con el presente informe, el Parlamento ha respondido exhaustivamente y con responsabilidad y visión para ayudar a establecer un marco eficaz para el progreso. En 13 recomendaciones bien argumentadas hacemos una defensa convincente de la nueva prioridad de la salud en el marco de una década europea dedicada a la salud, que comenzará realmente a atender a las necesidades de nuestros ciudadanos. Pero serán los próximos pasos del nuevo Parlamento los que decidirán si tenemos el coraje y la determinación de convertir estos objetivos en realidad, garantizando que las principales enfermedades crónicas de este siglo no se transmitan al siglo próximo.
Para terminar, expreso mi agradecimiento a todos los que han contribuido a la comunicación y a la publicación del presente informe y que han realizado tantos esfuerzos para llevar las políticas de salud en la UE hasta esta fase, desde la que podemos poner la vista con confianza en el camino que tenemos por delante.

Marinucci
Señor Presidente, una de las cosas más difíciles de explicar a los ciudadanos europeos cuando nos reunimos en privado o con ocasión de debates públicos, es que no existe una verdadera competencia comunitaria en materia de salud. Nuestros pueblos se preguntan cómo es posible que una entidad supranacional que ha conseguido dotarse de una moneda única, que ha alcanzado grandes resultados desde el punto de vista de la paz, el progreso y el bienestar de los ciudadanos, no se ocupe de la salud y se limite exclusivamente a esas pequeñas posibilidades que el Tratado de Maastricht por fin ha ofrecido y que el Tratado de Amsterdam ha reforzado. Como sabemos, y aunque es difícil explicarlo, el Tratado de Roma nada preveía al respecto. Por otra parte, también es difícil pretender que las soberanías nacionales renuncien a sus sistemas sanitarios. ¿Entonces qué debemos hacer? Tenemos que conseguir que con las escasas posibilidades que existen tanto en materia de competencias como de recursos, se alcance el máximo resultado en los ámbitos de la cooperación, la colaboración, el intercambio de información, la definición de las mejores prácticas, la educación sanitaria. Ya se ha hecho lo mismo con los varios programas específicos y con el Programa marco de 1993. Muy oportunamente, sin embargo, la Comisión ha querido presentar esta comunicación transitoria, por así decirlo, entre la fase final de ese programa y la aprobación del Tratado de Amsterdam, para luego pasar a un nuevo programa marco.
Muy oportunamente, el excelente informe del Sr. Needle propone una serie de cosas que son viables. Puede haber otras y creo que este debate debería continuar también fuera de este Pleno; los estudiosos y los operadores sanitarios deberían ofrecer a la Comisión información y propuestas aptas para conseguir a través de las escasas competencias y recursos disponibles el máximo resultado, como el de responder con rapidez a la exigencia de luchar contra una enfermedad no prevista como fue la EEB o de hacer frente a algunos hechos inevitables: el envejecimiento de la población, el recorte de los recursos públicos, los crecientes costes de la salud. Ayer, en este mismo Pleno, debatimos un informe sobre la situación sanitaria de la mujer. Tanto en dicho informe como en éste pedimos datos estadísticos separados y programas específicos para las mujeres. Pedimos, por último, para las mujeres y para los hombres de esta Europa, una presencia comunitaria en el ámbito de la salud que proteja realmente a los ciudadanos.

Poggiolini
Señor Presidente, Señorías, la comunicación sobre la evolución de la salud pública en la Comunidad Europea será muy posiblemente el último gran tema en materia de política de salud antes del final de esta legislatura, sobre el cual el Parlamento Europeo podrá expresar su dictamen. No podemos sino alegrarnos de la resolución del Sr. Needle que ha realizado un excelente informe y que con gran empeño ha propuesto unas enmiendas para mejorar el texto de la Comisión, un texto que, con todo, acogemos favorablemente.
La comunicación hace balance de lo que se ha hecho en los últimos cinco años, pero sobre todo vuelve a plantear la estrategia global en materia de salud pública para la Europa del siglo XXI que, tras la ya inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, irá seguida por nuevas medidas concretas. En efecto, recordamos que los actuales ocho programas relacionados con la salud - "Europa contra el cáncer», Sida, toxicomanía, seguimiento sanitario, red de vigilancia epidemiológica para las enfermedades transmisibles, etcétera- finalizarán durante o alrededor del año 2000. Los ciudadanos de la Unión que gozan de las ventajas de un mercado único y que están a punto de dotarse de una moneda única tienen también derecho a alcanzar un alto nivel de protección de la salud humana, tal como dispone el nuevo artículo 152 del Tratado de Amsterdam. No obstante, para alcanzar realmente este objetivo es necesario que la salud pública deje de ser la cenicienta de las políticas comunitarias y es necesario prever financiaciones mucho más consistentes, a diferencia de lo que ha sido hasta este momento.
Respetando en todo momento el principio de subsidiariedad, la Unión puede desarrollar una acción eficaz para mejorar la información en este ámbito, para reaccionar rápidamente ante las amenazas contra la salud y, ante todo, para hacer frente a las causas que provocan las enfermedades a través de su prevención. Por tanto, como sugiere el ponente, estamos a favor de un marco estratégico único y de la potenciación de las estructuras administrativas de la Comisión, al objeto de dotar a la Dirección General V F de personal y medios suficientes para gestionar con eficacia todos los aspectos de la política de salud. Sin embargo, es fundamental que la Comisión presente cuanto antes propuestas específicas y concretas para los próximos años teniendo en cuenta los deseos del Parlamento Europeo. Lamentamos en particular que no se hayan puesto en práctica todas las recomendaciones contenidas en la resolución de 1993 relativa a la política de salud después de Maastricht, así como que tampoco se haya dado seguimiento a tres importantes resoluciones de 1996, adoptadas prácticamente por unanimidad por el Pleno y relativas al carnet de salud europeo, el autoabastecimiento de sangre en la Comunidad y, sobre todo, a la enfermedad de Alzheimer.
Señorías, la próxima década 2000-1010 ha sido declarada la Década Europea de la Salud. Tenemos que estar a la altura de las expectativas de los 375 millones de ciudadanos que piden vivir en paz y prosperidad, pero sobre todo gozando de buena salud.

Eisma
Señor Presidente, felicito a mi colega Needle por su buen informe en el que manifiesta acertadamente que el Tratado de Amsterdam ofrece nuevas posibilidades para dar más peso a la política de salud pública en la Unión Europea. La política actual requiere una reforma y los medios financieros, lamentablemente, son limitados. La Comisión debe hacer algo al respecto, y por eso miro al Sr. Bangemann. Tengo curiosidad de saber qué iniciativas va a tomar la Comisión para dar una buena respuesta a esa necesidad creciente de una política de la salud pública a principios del nuevo siglo.
Como ponente del presupuesto de 1999 abogué, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, por un aumento de la política de salud pública hasta 50 millones de euros. Para comparar: es sólo un 5 % del presupuesto total que se destina a las primas de tabaco.
Me parece que está claro: para nosotros una política de salud pública eficaz no sólo es una cuestión de más dinero, sino que de lo que se trata es de integrar mejor los aspectos de la salud pública en otros ámbitos políticos. Pienso en la agricultura y en el sector de transportes. Justo allí se pueden sacar muchos beneficios. No tengo que explicarlo: la EEB, las muchas víctimas mortales en el tráfico y también la contaminación del sector de transportes tienen todo que ver con la política de salud pública.
Una última cuestión sobre la ampliación hacia la Europa Central y Oriental. Los problemas de salud pública son muy grandes allí. Debemos hacer mucho para que su salud pública se ponga a nuestro nivel. Eso tiene todo que ver con nuestra propia salud pública. Por eso espero que la Comisión invierta también mucha energía en la solución de los problemas de la salud pública de Europa Oriental.

González Álvarez
Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con el informe del ponente, Sr. Needle, porque, apoyándose en el Tratado de Amsterdam para defender un elevado nivel de protección de la salud, plantea las cuestiones que para esa protección serían necesarias.
En primer lugar, los recursos -y en este momento se está discutiendo la Agenda 2000-. ¿Qué es lo que va a pasar con los dineros en la Unión Europea del año 2000 al 2006? Vamos a ver qué queda para la salud después de ese debate.
En segundo lugar, hay que trabajar por la cooperación con los Estados y también por la cooperación con las organizaciones internacionales que velan por la salud.
En tercer lugar, es necesaria la integración de la política de salud en el resto de las políticas europeas. Todo el mundo recuerda aquí qué es lo que ocurrió con una política económica agrícola desacertada, con el problema de la EEB.
En cuarto lugar, debemos insistir en la prevención: tener en cuenta que tanto la Unión Europea como los Estados miembros -a pesar de que la atención sanitaria directa sea de los Estados miembros- pueden trabajar en cooperación para una prevención de la salud.
La Unión Europea está en condiciones de fomentar las redes de cooperación y de información a todos los niveles. Nosotros creemos que se han detectado en los anteriores programas de salud algunos problemas que tienen que ver con la transparencia, con una deficiente evaluación y con una deficiente financiación. El Sr. Needle propone que esos defectos que se vieron en anteriores programas puedan ser superados en esa década que debía ser de la salud, del 2000 al 2010.

Cabrol
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta comunicación de la Comisión sobre la evolución de la política en materia de salud pública dentro de la Comunidad Europea revela el deseo de la Unión de aumentar en esa esfera la competencia que logró con la ratificación del Tratado de Maastricht y que confirmó el Tratado de Amsterdam.
Sin embargo, para esa política de salud pública, parece muy difícil hacer admitir ciertos principios a los que todos los países de la Unión deberían adherirse. Cito como ejemplo el observatorio epidemiológico europeo de la salud, tan necesario y que reclamo desde hace cuatro años en mis diferentes informes sobre la salud, pero que parece suscitar una resistencia a la vez de la Comisión y del Consejo. Sin embargo, permitiría, como indica la Comisión, reaccionar rápidamente ante las amenazas para la salud.
Los otros dos ejes que propone la Comisión en una política futura de salud son, por una parte, una mejora de la información del público sobre dicha salud pública y, por otra, acciones eficaces para el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades. Esos ejes y las cuestiones que plantean son, en efecto, auténticos problemas que la Unión deberá resolver en el futuro y cuyos temas prioritarios serán los siguientes: la nutrición, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad de Alzheimer, etc.
A ese respecto, quisiera avisar contra los nuevos temores que engendrarían los avances que permitirán esa política de salud y que propiciarían su bloqueo, según una aplicación inadecuada del sacrosanto principio de precaución. Cierto es que todos los avances entrañan un riesgo. A ese respecto debemos aplicar el principio costo/beneficio sopesando las ventajas y los inconvenientes. Y sólo si los inconvenientes son equivalentes a las ventajas, se deberá aplicar el principio de precaución. A ese respecto, la información del público debe ser transparente y se debe trasmitir con toda objetividad y sin deformación.
Por eso, felicito al ponente y también por eso la comunicación de la Comisión es una iniciativa excelente, que va orientada en el sentido que desea la Unión Europea, y vamos a votar a favor de ella.

Tamino
Señor Presidente, debo decir que con este informe el Parlamento Europeo tiene, una vez más, la oportunidad de recordar la importancia de la política de salud y, gracias al Tratado de Maastricht antes y después al de Amsterdam, por fin las políticas de salud ya no son políticas subordinadas a las políticas económicas, sino que tienen una dignidad y una autonomía propias. No solo podemos presentar proyectos, programas, investigaciones, sino también directivas en este ámbito y, gracias a la inclusión en el Tratado de Maastricht del principio de cautela, hemos hecho hincapié en algunos puntos determinados y hemos convertido la prevención en el eje principal de la política de salud europea.
Esto, sin embargo, no significa que estas afirmaciones de principio no sigan encontrando obstáculos a la hora de aplicar dicha política. Ya se han recordado el caso de la falta de adopción del carnet de salud europeo, el hecho de que los fondos para la salud son todavía totalmente inadecuados, que después del asunto de la EEB, el problema de la relación entre salud y alimentación no ha encontrado un espacio adecuado. En general podemos decir que la correcta información de los ciudadanos en materia de salud no ha encontrado aún ese espacio como sería de desear si se considera que la salud de los ciudadanos no debería estar subordinada a intereses de grupos de presión económicos. Por desgracia, también el anterior debate sobre los campos electromagnéticos ha demostrado lo contrario.

Pradier
Señor Presidente, lo que acabamos de oír sobre la política de salud pública en Europa revela dos elementos. En primer lugar, la necesidad de tener en cuenta la totalidad de los habitantes de este continente: los enfermos y los sanos. Los enfermos deben ser escuchados individualmente por la medicina, ése es exactamente su estatuto y así lo hace. Colectivamente, deben ser escuchados por la política, en particular por mediación de las asociaciones de enfermos. Nos lo ha enseñado el sida en unos años.
Ese encuentro debe incitarnos a promover un diálogo entre los poderes públicos, como autoridad competente, los expertos, en primera fila de los cuales la OMS, naturalmente, el cuerpo médico, al que no hay que olvidar, las ONG, la industria, los sindicatos. Todos ellos deben ir encaminados a la consecución de dos objetivos: en primer lugar, la determinación de las prioridades y la concentración de los medios para luchar contra los flagelos que se van a descubrir precisamente; en segundo lugar, la lucha contra las desigualdades entre los ciudadanos de este continente, habida cuenta de la protección de su salud.

Blokland
Señor Presidente, los ciudadanos de la Unión Europea forman parte de las personas más sanas y más longevas del mundo. El informe Needle sobre la nueva política de salud pública en la Unión Europea parece ignorarlo completamente. La Comisión sí presta atención a este dato, pero habla de un gran número de «muertes prematuras» en Europa. Yo me pregunto entonces: ¿qué es prematuro? En la propuesta de la Comisión el límite crítico está en los 68 años. Entonces estamos perdiendo de vista que la esperanza de vida en otras partes del mundo es mucho más baja. Además, hemos de aceptar que somos mortales y no podemos garantizar a los ciudadanos europeos, con o sin política europea de salud pública, que a sus 68 años estén todavía vivos.
Además, quiero señalar que el artículo 152 del Tratado de Amsterdam tiene claramente por objeto ser un complemento de la política de salud pública de los Estados miembros. Sólo si hay un claro valor añadido a nivel europeo podemos ofrecer un presupuesto, por ejemplo para el intercambio de conocimientos sobre nuevos medicamentos y terapias y para el desarrollo de medicamentos huérfanos. Por eso abogo por un presupuesto limitado y considero innecesaria una Dirección General de Salud Pública especial.
Sin embargo, si vamos a destinar más dinero a la política de salud pública, seamos solidarios entonces y apoyemos entonces la política de salud pública de los países de Europa Central y Oriental. En lugar de «otorgar mayor prioridad a las obligaciones relacionadas con la salud», como desea el ponente.

Paisley
Señor Presidente, uno de los mayores peligros para nuestra salud proviene de la contaminación atmosférica. Las emisiones en la atmósfera son desastrosas para la salud. Hasta 24.000 personas de mi país mueren prematuramente cada año debido a este importante peligro. En Irlanda del Norte ya se utiliza un producto -Soltron- que ha tenido resultados inmediatos para combatir los venenos que se arrojan a la atmósfera. Si queremos avanzar lo más rápidamente posible en nuestros esfuerzos por mejorar la salud de la Comunidad, deberíamos crear un incentivo para la utilización de este producto con el fin de obtener importantes mejoras en materia de salud.
Debemos aprovechar el campo científico para aportar hoy soluciones rápidas y asequibles. En Irlanda del Norte, la mayor organización de transporte, denominada Translink, ha descubierto que el 60 % del humo negro y el 40 % del dióxido de carbono han desaparecido utilizando este producto. Esta tecnología ya está disponible. Tenemos el deber de utilizarlo con vistas a mejorar la salud pública.
Lamento que tanto mis colegas como yo, que nos reunimos con funcionarios de la Comisión hace muchos meses, no hayamos oído nada de ellos ni hayamos presenciado ninguna medida.

Myller
Señor Presidente, como ya se ha señalado, el artículo 152 del Tratado de Amsterdam establece un alto nivel de protección de la salud como elemento integrante de todas las políticas comunitarias. El Tratado vincula aún más la salud de las personas como objetivo de las diferentes políticas, no sólo en el ámbito de la Unión, sino también a escala nacional, por lo que es importante saber cómo podemos beneficiarnos del valor añadido que nos ofrece la Unión para que éste se haga patente tanto en uno como en otro ámbito.
No voy a repetir los aspectos positivos que ya se han apuntado acerca de este extraordinario informe del Sr. Needle. Querría ir un poco más lejos y exponer algunos puntos de vista en defensa de una amplitud de miras en todo lo referente a la política de salud. No cabe la menor duda de que este sector es ya objeto de un amplio examen, pero la situación del empleo constituye un importante fundamento de la salud pública. Las estadísticas nos permiten comprobar que el desempleo es uno de los motivos que conducen al debilitamiento de la salud. Nos enfrentamos con un claro riesgo para la salud de las personas, especialmente cuando se trata del aislamiento que se produce, por ejemplo, como consecuencia del desempleo de larga duración. Naturalmente, es preciso luchar contra estas situaciones también por medio del Tratado de Amsterdam, habida cuenta de que en este Tratado se considera que la situación del empleo ha de ser un aspecto fundamental de las políticas comunitarias. El mantenimiento de los servicios públicos, los servicios sanitarios y la red de servicios sociales públicos para todos representa uno de estos factores que nos permitirán garantizar un nivel lo suficientemente elevado en materia de salud pública. La política de consumidores y la política del medio ambiente son también extremadamente importantes, al igual que una mayor claridad en la incorporación de la salud pública como un elemento más de la estrategia para la ampliación.

Schleicher
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Needle dedicó un gran esfuerzo a la audiencia celebrada en la comisión. Evidentemente, se expresaron muchos deseos y también muchas ansias en relación con todo lo que podría hacer Europa. Yo comparto naturalmente su opinión, señor Needle, en cuanto la necesidad de prestar una gran atención a la salud pero, a diferencia de muchos de los oradores que me han precedido, yo no creo que todo esto pueda hacerse desde Europa.
Yo soy del parecer que los Estados miembros tienen una responsabilidad muy grande. En un pequeño apartado se dice que en una futura revisión del Tratado se debería conceder a Europa una mayor responsabilidad en relación con la protección de la salud. Yo considero que sólo los Estados miembros pueden asumir esta responsabilidad. Si confiamos un número cada vez mayor de responsabilidades a la Comunidad, yo no creo que ésta pueda cumplir, con el dispositivo relativamente reducido de la Comisión, todas las tareas que hasta ahora han podido realizar los Estados miembros, que disponen de unos recursos administrativos mucho más amplios. Por consiguiente, yo también quisiera llamar la atención sobre algunos puntos que no me parecen adecuados.
Por el momento, yo quisiera aplicar en el ámbito de la UE lo que establecen los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, pero no ir más allá ni pedirle tampoco a la Comisión que lo haga. Por otra parte, opino que tampoco estamos en condiciones de establecer la igualdad sanitaria. Existen ideas y planteamientos muy distintos sobre las posibilidades de curación o de tratamiento, por ejemplo. Yo me alegro de que tengamos estas grandes diferencias y también la libertad de circulación. La sentencia del Tribunal de Justicia también señala, en efecto, que es posible obtener un tratamiento distinto en otros países. Yo quisiera conservar esta posibilidad y no deseo que todo se uniformize en Europa. Más bien preferiría seguir dejando la responsabilidad en manos de los Estados miembros. Por otra parte, considero que no todos los servicios regionales están en condiciones de poder establecer contacto con la Comisión. Yo desearía unos proyectos piloto. Se puede ofrecer información, pero las campañas informativas también plantean dificultades, puesto que no podemos elaborar una campaña informativa uniforme para todos los Estados miembros, dado que la política sanitaria también se tiene que comunicar de manera psicológicamente muy distinta. Por consiguiente, yo discrepo en estos aspectos y desearía que estos puntos con los que no estoy de acuerdo quedasen suprimidos en la votación. Sólo en ese caso me sería posible votar afirmativamente el informe.
Aplausos

Pailler
Señor Presidente, apruebo el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, pues atestigua efectivamente la importancia de la salud pública en Europa y la necesidad de disponer de mayores medios en todos los niveles.
Pero este debate sobre la salud me remite a la votación de este mediodía -y me asombra que nadie se haya referido a ella-sobre el informe Hautala relativo a la salud de las mujeres. El voto sobre el párrafo 11, que limita la legalización del aborto, constituye un auténtico retroceso respecto de numerosas legislaciones nacionales. Nunca me habría imaginado que presenciaría semejante retroceso para las mujeres y precisamente el día siguiente al 8 de marzo. Esa puesta en entredicho del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es la consecuencia de esas dichosas transacciones a que con tanta frecuencia se entregan el PSE y el PPE: cobardía política, capitulación, renegación de todas las luchas que hicieron avanzar los derechos de la mujer a disponer de su cuerpo; desprecio de las luchas que suscitaron en su momento alianzas que honraron la lucha política de ciertas mujeres, pienso en particular en Simone Veil, a despecho de los insultos que recibió de su propio bando.
¡Qué irresponsabilidad, qué indigencia política! Cuenten conmigo y con los 54 diputados que han votado a favor de nuestra enmienda para continuar la lucha con una solidaridad mayor con las mujeres de nuestros países más reaccionarios al respecto.

Amadeo
Señor Presidente, el Tratado de Maastricht y, después, el de Amsterdam han ampliado de forma significativa las competencias del Parlamento Europeo y de la Comisión en materia de salud pública. Esto ha aumentado asimismo nuestra responsabilidad porque la atribución de una autonomía implica que debemos emitir unas directivas y desempeñar responsablemente este papel que hasta hace poco tiempo era sólo una esperanza. Antes que nada, por tanto, debemos cambiar de actitud y tratar de ofrecer respuestas a los que son los problemas de la salud pública en Europa. El informe del Sr. Needle trata al menos de responder a estas exigencias y, en consecuencia, nos gustaría aprobarlo.
Uno de los objetivos prioritarios es reconocer el papel del Parlamento Europeo en la planificación de la orientación y del control presupuestario en esta materia. Éste es uno de los puntos fundamentales, ya que el problema de los recursos es realmente el problema fundamental, excepcional de nuestro intento de uniformar y dar unas respuestas al ciudadano europeo en materia de salud. Existe además el problema de la mejora de la información, así como el problema de la capacidad de reaccionar ante las amenazas que se ciernen sobre la salud. Ya no es suficiente, a mi entender, detenerse en algunas iniciativas como hicimos en años anteriores: la nutrición, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares -y no sólo el cáncer, el sida, etcétera- necesitan ser armonizadas y encontrar unas respuestas que sean consecuentes en todos los Estados de la Comunidad.
En este sentido es interesante la propuesta formulada por el Sr. Cabrol de un Observatorio de la Salud en Europa, a la que da una respuesta el Sr. Needle en el ámbito de la directiva. En particular, se habla de un responsable de una Dirección General de la Salud con sede en Bruselas. Éste sería un ulterior paso adelante que, sin duda, determinaría una nueva manera de afrontar este problema.
Existen más problemas, entre los cuales cabe destacar el de la ampliación al Este donde, evidentemente, la tendencia de carácter científico y, por tanto, de respuesta a la exigencia de salud se encuentra, sin duda, por debajo de la situación existente en los países de Europa occidental. Se trata de un problema importante que ha de ser abordado, porque es evidente que, si creamos una situación de disparidad, no lograremos esa armonización fundamental.
Para terminar diré únicamente que, vamos hacia la Década Europea de la Salud -del 2000 al 2010- y espero que el informe Needle que vamos a aprobar, sea el presagio de un nuevo interés, más concreto y más fuerte, por la salud pública.

Virgin
Señor Presidente, sin lugar a dudas, la política de salud pública es, en su parte mayoritaria, de carácter nacional. Esto de deduce también ahora del excelente informe de Needle. A pesar de esto, es obvio que hay aspectos en los que es valiosa la coordinación comunitaria. Por ejemplo, puede ser razonable distribuir el trabajo de análisis de riesgos sanitarios de las sustancias químicas en los Estados miembros, para evitar hacer el trabajo dos veces. También puede ser una tarea común la de divulgar eficazmente información valiosa.
En el informe se mencionan la mejor práctica y los métodos estándar en la asistencia sanitaria. Justamente ésta debería ser una tarea importante para la Comisión. En el sector empresarial, la mejor práctica, la llamada benchmarking , es un elemento importante en la mejora de las empresas. Del mismo modo debería ser valioso reunir experiencias en la UE en torno, por ejemplo, al funcionamiento de los sistemas gestionados políticamente en comparación con aquellos gestionados por los pacientes, al comportamiento de la asistencia sanitaria privada en competencia con la pública y a la manera cómo la competencia entre los diferentes sistemas afecta a la atención de salud. Estoy convencido de que la mayoría de la información al respecto ya existe, pero hay que ordenarla y hacerla accesible para los Estados miembros. Si se le utiliza bien, esta información podría conducirnos a una mejor asistencia sanitaria y con costes más bajos. Aun en mi país, Suecia, estoy convencido de la enorme utilidad de este tipo de estudios.
En el informe se mencionan también la política agrícola y la crisis de la EEB. Con todo, creo que las ayudas al sector del tabaco son un asunto bastante serio. El fumar tabaco produce cientos de miles de víctimas cada año. Entonces parece absurdo ayudar al cultivo del tabaco con un millón de ecus al año. Las ayudas deberían suprimirse y desviarse del sector de la política agrícola hacia el de la política regional. Así sería más fácil tomar decisiones para dar ayudas para empleos alternativos.

Bangemann
Señor Presidente, permítanme que agradezca al Sr. Needle su excelente informe, en nombre de mi colega efectivamente competente en la materia y que lamenta no poder estar presente en el debate.
El debate también ha puesto de manifiesto los aspectos en los que debemos concentrarnos. Si incluso en esta Asamblea todavía existe confusión sobre cuáles deberían ser las prioridades de las actividades europeas en el ámbito de la salud, es evidente que tenemos que empezar por aclarar qué podemos hacer para combatir las deficiencias de la Unión en el ámbito sanitario. Yo opino que podemos hacer mucho.
Evidentemente, no se trata de crear una nueva administración, o sea, de constituir una nueva administración sanitaria europea además de las de ámbito nacional o regional que ya existen. Puedo asegurarle a la Sra. Schleicher que no es esa nuestra intención. También es preciso señalar, no obstante, que la sugerencia de algunos diputados de la Asamblea, en el sentido de que bastaría incrementar los fondos y desembolsar los correspondientes recursos para resolver el problema, tampoco es el método adecuado a nuestro parecer.
En el ámbito de la salud, justamente no se trata de intentar conseguir mayores resultados destinándole sencillamente mayores recursos, sino que es preciso constatar que el sistema ya no funciona tal como de hecho debería hacerlo. No es lo bastante eficaz. La Comisión concede, por lo tanto, una gran importancia a la recogida y acopio de información previos, con objeto de establecer, como acaba de expresarlo el Sr. Virgin, algo así como unos criterios de comparación entre los diferentes sistemas concretos, que permitan comprobar cuáles ofrecen las mejores soluciones, que luego quizá se puedan recomendar a los demás.
La mera recogida de información, sobre el uso de medicamentos por ejemplo, ya contribuiría considerablemente tanto a la reducción de los costes como también a mejorar la eficacia de los tratamientos, dado que en la actualidad no se compilan ni son accesibles a escala europea las experiencias adquiridas por los centros de salud o los médicos concretos. Esto ya constituye en sí mismo una desventaja para la investigación, pero todavía más en el ámbito de la práctica; la atención a los pacientes se podría mejorar considerablemente, en efecto, si se dispusiese de datos generales, que luego se podrían adaptar a cada paciente individual. Por consiguiente, hay muchísimo que hacer en este aspecto. Los Estados miembros también pueden hacerlo, obviamente, en su marco de competencia, pero la compilación genera en la práctica un valor añadido europeo. Por otra parte, este es un punto que no hace falta debatir. El Tratado de Amsterdam ya ha confiado esta tarea a la Unión Europea y la Sra. Schleicher también reconoce que la competencia entre sistemas, es decir, por ejemplo, la libertad de ofrecer servicios médicos en el ámbito del mercado interior, puede ser favorable asimismo. Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en relación con este ámbito son también muy positivas a mi parecer.
Tampoco se debe pasar por alto otro aspecto, en relación con el cual también existen experiencias, procedentes sobre todo de Estados Unidos, donde se concede mucho mayor importancia a la participación del paciente concreto o del paciente potencial, o sea, que se le incluye en el desarrollo de la atención sanitaria. Cuando esto sucede se incrementa considerablemente la conciencia individual en materia de salud, por ejemplo en el ámbito de la libre adquisición de medicamentos, los llamados productos over the counter , para los que no se exige receta. Es decir, que cuanto más se fomenta la participación de las personas en las decisiones y se les exige que asuman directamente un mayor número de decisiones, más se puede confiar en el desarrollo de una mayor conciencia en materia de salud. Este es, en efecto, uno de los aspectos problemáticos. Yo he seguido, como seguramente también lo han hecho todos ustedes, las sentencias que se han dictado en América contra la industria tabaquera. No nos corresponde criticarlas en el aspecto jurídico, pero cuando alguien afirma que no se le ha informado suficientemente sobre los peligros del hábito de fumar y se apoya en ello para presentar una demanda, es preciso preguntarse si esa persona vive realmente en nuestra sociedad. Ya hace veinte años que se encuentran indicaciones en ese sentido, no sólo en los envoltorios, sino en todas partes y desde luego no se debe hacer en este contexto algo que sería muy arriesgado, a saber, eximir al individuo de su responsabilidad de velar por algo tan personal como es su salud y tutelarle en cierto modo desde la cuna hasta la tumba, cuidarle y decirle exactamente qué es lo que debe hacer. Seguro que esto contribuiría a acortar el tiempo de vida, no a alargarlo.
Por consiguiente, nuestro propósito es conseguir una participación activa del ciudadano y sobre todo del ciudadano enfermo, del paciente. Por esto yo estoy muy de acuerdo con lo que ha manifestado el Sr. Pradier, a saber, que tenemos que intensificar todavía más la cooperación con las asociaciones de enfermos, tanto las constituidas en relación con determinadas enfermedades como las que velan por determinados intereses de los pacientes. Este es en realidad el enfoque que hemos elegido y yo me congratulo de que se haya interpretado bien. Yo me comprometo a transmitir, obviamente, a mi colega competente en la materia sus observaciones con respecto a la creación de una nueva dirección general. Si el Parlamento, con su buen juicio, extrae luego también las debidas consecuencias y nos concede los correspondientes puestos, podremos hacerlo todo. Igual que también estamos de acuerdo con la declaración del Sr. Virgin en el sentido de que es completamente absurdo desembolsar, por un lado, dinero para la atención sanitaria y sobre todo para informar sobre los riesgos del hábito de fumar mientras, por el otro lado, subvencionamos el tabaco. En esto coincidimos con su valoración. Lamentablemente, el Parlamento aprobó dichas subvenciones por mayoría en la última votación. Puesto que gracias a Dios vivimos en una democracia, en este caso les corresponde a ustedes hacer acto de contrición.

Needle
Señor Comisario, antes de que desaparezca: le agradezco sus numerosas respuestas, pero le dirigí una pregunta específica.
Deliberadamente no dediqué gran parte del informe a las medidas sobre el consumo de tabaco que se esperan inminentemente de la Comisión, porque pensábamos que vendrían al mismo tiempo. Me pregunto si puede informarnos sobre los progresos que se están realizando en la Comisión para presentarlas, de modo que podamos adoptar las medidas prácticas sobre las que usted habla.

Bangemann
Siento no haber respondido a su pregunta. Me disponía a salir a toda prisa no para evitar responder a su pregunta, sino debido a los plátanos, que es el tema siguiente y no soporto oír nada más sobre el tema de los plátanos.
Acabo de saber que la propuesta está en fase de consultas interservicios. Eso significa que la Comisión tomará una decisión en las próximas semanas, y a continuación será presentada al Parlamento.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Plátanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el conflicto comercial UE-Estados Unidos sobre los plátanos.

Brittan
Señor Presidente, señoras y señores, desde la última vez que hable sobre este tema, el pasado 10 de febrero, se han producido varios acontecimientos nuevos. El 15 de febrero, el Consejo General de la OMC trató sobre la petición de la CE relativa a una interpretación autorizada de que a un miembro no le está permitido suspender concesiones si no existe un dictamen de la OMC sobre la conformidad de las medidas objeto de la queja. La mayoría de los miembros de la OMC que tomaron la palabra apoyaron nuestra posición al respecto y rechazaron el unilateralismo. No obstante, debido a la amplia renuncia de otros miembros a votar sobre el asunto, optamos por una conclusión del presidente que recogiera el sentir predominante del Consejo General.
El 2 de marzo conseguimos que se creara un panel contra la legislación de la sección 301 de los Estados Unidos. Como saben, dicha legislación es el fundamento jurídico nacional de las amenazas y las acciones unilaterales de los Estados Unidos en el caso de los plátanos. Dicho panel iniciará sus gestiones en breve. También el 2 de marzo presentaron una decisión inicial los árbitros nombrados para examinar si el nivel de concesiones propuesto por EE.UU. por un importe de 520 millones de dólares es equivalente al nivel de anulación o minoración. Dicha decisión declara explícitamente -como nosotros habíamos sostenido desde un inicio- que los árbitros no pueden fijar un nivel de concesiones sin que se haya examinado la conformidad del régimen revisado del plátano con la OMC. Esta cuestión de principio es muy importante.
Los árbitros dictaminaron asimismo que el plazo de 60 días a partir del final del período razonable para enmendar el régimen, que los EE.UU. habían sostenido que era determinante, no es en realidad un factor decisivo. Dicho dictamen deja sin efecto cualquier excusa de los Estados Unidos para exigir el derecho a imponer sanciones cuando expire el plazo de 60 días. Por último, los árbitros también ofrecieron una indicación muy clara de que la estimación estadounidense de los daños deberá, al menos, reducirse por el importe equivalente a los daños indirectos que erróneamente han exigido y que, en cualquier caso, reducirían el daño total a la mitad. Los árbitros han solicitado a la Unión Europea y a los Estados Unidos que presenten más información antes del 15 de marzo, y su dictamen definitivo se espera para un poco más tarde.
A pesar de este dictamen inicial, los EE.UU. decidieron el 3 de marzo imponer sanciones con efecto a partir de esa fecha sobre importaciones europeas por valor de más de 500 millones de dólares. Dichas sanciones toman la forma de retenciones de la liquidación y el sometimiento de las importaciones a un pasivo contingente de aranceles del 100 % que se impondrán con carácter retroactivo. No se trata únicamente de una medida provisional para preservar los derechos estadounidenses. Su verdadera intención y efecto es frenar inmediatamente todas las importaciones de los productos afectados. Los Estados Unidos así lo han reconocido. Según la información que hemos recibido de las empresas europeas, parece ser que es exactamente lo que ha ocurrido. Esta sanción supone un desafío flagrante al Reglamento de la OMC, que prohíbe expresamente la suspensión de concesiones mientras tenga lugar el arbitraje.
La Comisión reaccionó inmediatamente solicitando ese mismo día con carácter de urgencia la celebración de consultas con los Estados Unidos para la resolución del conflicto. Esta medida nos permitirá solicitar la creación de un nuevo panel que estudie este asunto al cabo de 20 días. La Comisión solicitó asimismo una reunión extraordinaria del Consejo General. Dicha reunión se celebró el 8 de marzo. El comportamiento de los Estados Unidos fue duramente criticado por la mayoría de los miembros de la OMC. La posición de la Unión Europea, según se aprobó con los Estados miembros, es que nuestra reacción se ajuste al Reglamento de la OMC. No tenemos intención de seguir el planteamiento estadounidense de adoptar medidas unilaterales e ilegales. Los procedimientos de la OMC conducirán inevitablemente a una condena del actual comportamiento de los EE.UU.
Mientras tanto, se espera que los paneles lanzados por Ecuador y la CE emitan el 12 de abril sus dictámenes sobre la conformidad con la OMC del régimen revisado del plátano de la CE. De forma paralela, seguimos estando dispuestos a proseguir nuestras conversaciones con los Estados Unidos sobre la esencia del régimen del plátano. Con vistas a explorar la posición estadounidense y las posibilidades de resolver el problema, la Comisión, por petición de los Estados miembros, ha iniciado conversaciones informales con Washington. Hemos dejado perfectamente claro a los Estados Unidos, sin embargo, que cualquier propuesta para resolver el conflicto deberá tener en cuenta los derechos y el bienestar económico de los países ACP. No hemos estado negociando, pero seguimos explorando la posición estadounidense.
Para terminar, nuestro enfoque es doble. En primer lugar, nos opondremos decididamente al unilateralismo estadounidense y adoptaremos todas las medidas a nuestro alcance en el marco del sistema de la OMC para garantizar que se condena este comportamiento y que, en su caso, se emprende la acción derivada de dicha condena. En segundo lugar, es importante subrayar que en breve descubriremos através del sistema de la OMC para la resolución de conflictos si nuestro actual régimen del plátano según enmienda se ajusta o no al Reglamento de la OMC y, en el supuesto de que no fuera así, deberemos poner orden en nuestros asuntos. No debemos permitir que este conflicto se encone, y seguiremos buscando urgentemente una solución al mismo. Pero Europa no permanecerá de brazos cruzados mientras se incumple abiertamente el Reglamento del comercio mundial.

Mann, Erika
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Brittan, ya es la segunda vez que el Parlamento Europeo ha reaccionado este año frente a las actuales discrepancias comerciales transatlánticas en relación con los plátanos. Usted ha expuesto la situación con gran exactitud, señor Comisario Brittan. Las discrepancias se están agudizando cada vez más y comienzan a adquirir el carácter de una guerra comercial. La disputa es cada vez más absurda y pone en entredicho la credibilidad de la OMC y en general todo su procedimiento.
La Unión Europea comenzó a aplicar el 1.1.1999 una nueva ordenación común modificada del mercado del plátano. Esto se hizo después de que la OMC considerara no conforme a las reglas de la OMC la antigua ordenación común. Estados Unidos sigue poniendo en duda la conformidad de la nueva ordenación común modificada a dichas reglas de la OMC. Está en su perfecto derecho de opinar así. Sin embargo, no tiene derecho a adoptar sanciones comerciales unilaterales bajo la forma de aranceles de castigo contra las empresas de su socio comercial transatlántico. Esto es contrario al espíritu de la Organización Mundial de Comercio desde todos los puntos de vista y representa una violación de las reglas de la OMC y en particular de los artículos 1, 2 y 22. Con ello, Estados Unidos se sitúa fuera del marco del ordenamiento jurídico multilateral. No se deben imponer sanciones mientras no haya concluido el proceso de arbitraje.
Mi Grupo político apoya la posición negociadora de la Comisión. Apoyamos la declaración de la Comisión y su deseo de no adoptar medidas unilaterales por nuestra parte y de seguir actuando de conformidad con las reglas de la OMC. No obstante, consideramos que sería razonable mantener abiertas todas las opciones.
Yo quisiera dirigir desde aquí un llamamiento a nuestros colegas del Congreso y el Senado americanos. En los momentos de crisis, es particularmente importante salvaguardar la cooperación transatlántica y la cooperación económica, en particular, y dar pruebas de la misma.
Pese a toda la comprensión por los intereses nacionales y por el deseo de equilibrar el déficit comercial americano, esto no autoriza a poner en juego las reglas, muy frágiles, de la OMC. Resulta casi una ironía -si me permiten esta observación- que esta misma semana la Delegación interparlamentaria de la Unión Europea y Estados Unidos espere celebrar su primera videoconferencia para debatir sobre la intensificación de la coordinación y la orientación políticas del diálogo transatlántico y organizarlas.
Yo creo que deberíamos debatir conjuntamente cómo podemos fortalecer una Organización Mundial común y no ponerla en peligro unilateralmente debido a intereses nacionales.
Aplausos

Kittelmann
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo coincido en líneas generales con lo que ha manifestado la Sra. Mann en nombre del Grupo Socialista. El Grupo del Partido Popular Europeo también declara de manera unánime que Estados Unidos ha infringido las reglas de la OMC. Sin embargo, esto no significa que sepamos cuál va a ser el siguiente paso. Conocemos las reglas del juego político americano; el Gobierno de Estados Unidos se siente presionado por el Congreso y deja de tomar en consideración el cumplimiento del Derecho internacional, a semejanza de lo que ocurrió en el caso Helms-Burton, para buscar descargos en el ámbito nacional. La imposición unilateral de sanciones también debe interpretarse sin duda en este contexto.
Yo quisiera resaltar expresamente que -aun cuando la razón esté de nuestro lado en lo que se refiere a la segunda parte de los hechos- sería bueno que no olvidemos que el panel, que la OMC seguramente se dispone a darnos sólo con reservas la razón en relación con el tema principal. Así son las cosas en el ámbito del Derecho internacional y, por consiguiente, yo quisiera aconsejarle a la Comisión, en nombre del Partido Popular Europeo, que haga todo lo posible para continuar explorando en las conversaciones con el Gobierno americano -usted lo ha manifestado oficialmente, Sir Leon- las posibles vías para zanjar el conflicto, sin que ello dependa de la decisión final de la OMC, aunque sólo sea porque en los próximos años tendremos un número increíble de conflictos con Estados Unidos.
Si ahora nos sentimos obligados a vencer, acabaremos saliendo derrotados en otro ámbito en el que habría sido posible encontrar una voluntad de compromiso. Por esto nosotros, que impulsamos conjuntamente la creación de la OMC y la deseamos, pedimos que no se la considere sólo como un jueguete a merced del conflicto de intereses entre Estados Unidos y Europa.

Moorhouse
Señor Presidente, el conflicto entre los EE.UU. y la UE es muy profundo. Ya no se trata únicamente de una cuestión de plátanos, sino que amenaza el comercio entre la UE y los EE.UU. a una escala mucho mayor. Asimismo, podría llegar a afectar al futuro de la OMC e inclinar la balanza del libre comercio hacia el proteccionismo.
Como digo en una carta al director del Financial Times con fecha de hoy, es muy lamentable que los líderes políticos de la Unión Europea, incluido el Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Blair, y lamento decirlo, no hayan prestado atención a las numerosas señales de alerta y no hayan sabido agarrar al toro por las astas mucho antes en el caso de los estadounidenses. Por ésa y por muchas otras razones, apoyamos la propuesta de resolución.

Novo
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en febrero este Parlamento apeló a los Estados Unidos para que respetaran las normas internacionales vigentes y no impusieran de forma unilateral e ilegal tipos aduaneros que imposibilitaran el acceso de productos europeos al mercado americano.
También entonces el Parlamento Europeo advirtió la necesidad de que la Unión Europea se preparara para aplicar represalias contra esa decisión. A pesar de esos llamamientos, se están concretando las amenazas americanas. La Comisión no puede aceptar esta situación y tendrá que reaccionar contra esta verdadera provocación, que podríamos llamar de «espíritu imperialista». La Comisión tiene que bloquear toda y cualquier negociación de cooperación económica transatlántica, tiene que formular de nuevo las quejas contra las leyes Helms-Burton y D'Amato, como, por lo demás, ha propugnado este Parlamento, tiene también que impedir el acceso de los productos americanos a los mercados europeos.
La vía negociadora, señor Comisario, ha demostrado que los Estados Unidos la desprecian. Por tanto, hay que actuar, en vez de insistir en una vía que, por lo visto, no se respeta. La Comisión debe asimismo reafirmar su compromiso de defender el Derecho comunitario, de cumplir sus obligaciones para con los ACP y los productores de plátanos comunitarios. La Comisión debe decir también a los Estados Unidos que no admite que ese país ponga o llegue a poner en entredicho las políticas sociales y de empleo de la Unión, que ponga o llegue a poner en peligro la salud pública y el medio ambiente de la Unión Europea.
Termino, señor Presidente, diciendo que la Comisión y todos los Estados miembros, sin excepción, tendrán que decir a los Estados Unidos que la táctica de dividir para reinar es ancestral, pero bien conocida de los europeos y que, por tanto, no dará resultado en la Unión Europea.

Van Bladel
Señor Presidente, el plátano se ha convertido en el símbolo de un amenazante y progresivo conflicto comercial que en realidad ya lleva seis años cociéndose a fuego lento. El aumento de la competitividad a escala mundial obliga a los participantes a tomar una postura clara e inequívoca. Sin embargo, los Estados Unidos sobrepasan con su boicot comercial el límite de esa postura clara y de la relación transatlántica. El boicot es jurídicamente impropio mientras no se haya pronunciado el comité de la OMC y políticamente inaceptable justo después de haber firmado el acuerdo de asociación comercial. Esta actitud carente de todo compromiso mina la autoridad y las reglas de la OMC, hipoteca gravemente la nueva ronda, la denominada ronda del milenio que empieza en diciembre en Seattle, y perjudicará - si todo sigue su curso - sobre todo a los exportadores británicos. Repito, Presidente, ninguna parte, y menos los productores de plátanos del Caribe, tiene nada que ganar en una guerra comercial.
El Comisario Brittan ha desempeñado un papel extremadamente importante en el debate sobre el libre comercio mundial. El «Financial Times» ha publicado hoy que su canto de cisne -porque ese sonará el día de su dimisión- tal vez tenga como tema el plátano. No se lo deseo, porque usted se ha esforzado muchísimo los últimos años por todos los asuntos comerciales. Por eso le pregunto, Comisario: ¿cómo hay que seguir ahora? ¿Seguimos a la espera del resultado del comité de la OMC? ¿Se sentarán Washington y Bruselas a la mesa de negociaciones o la UE va a pagarles con la misma moneda? En caso afirmativo, ¿con qué moneda entonces?

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, Estados Unidos está desarrollando, por descontado, una operación masiva de desarme de la OMC en el caso de los plátanos. Se han distorsionado e incumplido los estatutos de la OMC sólo porque Bill Clinton se comprometió en el otoño de 1998 ante el Congreso de Estados Unidos a imponer aranceles de castigo a partir del 3 de marzo. Esto continuará en cualquier caso después del conflicto por los plátanos; en mayo, por el tema de la prohibición de la carne hormonada y luego les tocará el turno a los alimentos genéticamente manipulados.
Hace tiempo que Estados Unidos anunció e inició masivamente esta campaña en favor del libre comercio, sin ninguna consideración por la salud humana y el medio ambiente. Desde luego, apelar ahora únicamente al buen sentido de los contrincantes es en verdad demasiado poco. Es preciso constatar que Estados Unidos se sitúa al margen del Derecho vigente. Con semejantes contrincantes no es posible continuar negociando con miramientos, pues con ello, Sir Leon Brittan, usted sólo contribuiría justamente a socavar todavía más la credibilidad de la OMC. El conflicto debe llevarse hasta su conclusión en el marco la OMC y mientras tanto deben suspenderse todas las demás negociaciones con Estados Unidos. Pienso en particular en el Programa Tecnología/Economía (TEP) y en los preparativos para la «ronda del milenio».
Yo, sinceramente, no soy proteccionista, pero les ruego que piensen qué medidas decisivas podemos adoptar para proteger a las empresas de la Unión Europea, porque esta situación es desde luego insostenible. Si no se consigue el objetivo de resolver este conflicto, yo me temo que la OMC acabará resbalando sobre una piel de plátano.

Ewing
Señor Presidente, cabe preguntarse realmente por qué el Estado más poderoso del mundo se ha hundido tan hondo en la inmoralidad global. Pero hemos podido saber por la prensa -si no se equivoca- que ambos Partidos políticos de los Estados Unidos reciben importantes donativos de las tres grandes empresas bananeras. Eso empeora aún la situación.
Una vez más, cabe preguntarse por qué son tan codiciosos, habida cuenta de que ellos tienen el 40 % de los plátanos que consume la UE y los países del Caribe sólo el 9 %. Parecen estar dispuestos a eliminar al Tercer Mundo. Me alegra que el Comisario Brittan haya mencionado los países ACP. ¿Para qué hemos estado en Lomé todos estos años? Siempre hemos tenido este compromiso de acceso a nuestros mercados. ¿Por qué ahora? Es una cuestión de lo más enrevesada.
Represento a Moray, donde existe una gran fábrica de artículos de cachemir. Junto con otras fábricas de Borders, están perdiendo pedidos por valor de un millón de libras. El Comisario Brittan debería saberlo. Me enteré el viernes. Incluso antes del acontecimiento, disminuyen los pedidos y hay personas que se están quedando sin trabajo. En mi circunscripción están también las galletas de mantequilla. Por tanto, pienso que en el norte de Escocia, en todo caso, toda reivindicación de relaciones especiales será motivo de escarnio.

Lukas
Señor Presidente, yo quiero instar a la Comisión a que en el presente conflicto de los plátanos tampoco pierda de vista los intereses de los ciudadanos europeos, de los ciudadanos de todas partes de la Comunidad. La ordenación común del mercado del plátano puede tener dos consecuencias negativas para la población y para los consumidores austriacos, por ejemplo. En primer lugar, el precio de los plátanos se incrementó drásticamente después de la adhesión a la Unión Europea. En un país de clima continental esto afecta particularmente al «hombre corriente», que en invierno depende en gran medida de los plátanos para abastecerse de fruta fresca.
Comprendo que este no es el tema que hoy nos ocupa. Sin embargo, si nuestras exportaciones a Estados Unidos, nuestro mercado de ultramar más importante, se reducen como resultado de la eventual imposición de aranceles protectores contra los productos de exportación europeos, podrían producirse quiebras y una reducción masiva de plantillas. Por consiguiente, a la vista de la dramática situación del mercado de trabajo europeo, la Comisión debería adoptar una posición más bien pragmática en relación con este tema -en el que no están en juego consideraciones de política sanitaria como en el caso de la carne hormonada-, a fin de evitar una escalada del conflicto.

Vecchi
Señor Presidente, lo que la Unión Europea debe hacer en esta fase de la llamada «guerra del plátano» es muy complicado. En realidad, hay que tratar de defender los intereses legítimos de la Unión y de sus socios ACP y al mismo tiempo evitar la escalada de una guerra comercial, basada en retorsiones recíprocas que corre el riesgo de ser sumamente negativa para los intereses políticos, económicos y comerciales de los Estados europeos.
El marco más adecuado para resolver esta disputa es, en primer lugar, la Organización Mundial del Comercio. En efecto, fue desde la OMC que llegó la condena de la anterior reglamentación de la importación y del comercio de plátanos en la Unión. Y es sobre la base de las decisiones del «panel plátanos» de la OMC que la Unión ha modificado sus reglas del juego. Ahora es de la OMC que ha vuelto a ser investida por los Estados Unidos en lo que respecta a la nueva reglamentación europea, donde debe llegar una firme y clara condena de las decisiones ilegales y unilaterales adoptadas por la administración americana.
En realidad, lo que los Estados Unidos están desencadenando es un verdadera guerra comercial que podría perjudicar gravemente no sólo los sectores vitales de las exportaciones comunitarias, en particular italianas, sino también las más generales relaciones transatlánticas.
Evidentemente, si es verdad que los intereses comerciales de los Estados Unidos y de la Unión Europea pueden no coincidir o, mejor dicho, estarán cada vez más en conflicto en un futuro próximo, lo que parece inaceptable es que la Unión se someta y respete las decisiones de la OMC, incluso cuando éstas tienen un claro carácter partidista, como en el caso de los plátanos y que, por el contrario, los Estados Unidos las infrinjan cuando ello responde a sus intereses.
Esta situación, por otra parte, confirma nuestra convicción de que, en el nuevo mundo de la globalización, los intereses de los Estados europeos y de muchos países en desarrollo, sobre todo de los países ACP, tienden con frecuencia a converger.
La Unión, por tanto, debe llevar a cabo una acción tanto a nivel bilateral y multilateral como en el seno de las organizaciones internacionales para fijar cada vez más a menudo un enfoque común con los países más pobres, comenzando por los países ACP, al objeto de permitirnos hacer frente con mayor fuerza a los retos que se nos plantean.

Elles
Señor Presidente, es sorprendente que nos enfrentemos a un conflicto sobre un producto del que ni la UE ni los EE.UU. son un productor importante. Comentarios desaforados están al orden del día. Hay quien tiene la cínica sensación de que en los Estados Unidos, el grado de intensidad de sus comentarios puede depender del grado de presión que ejercen los grupos de interés de, como ha dicho un orador, las tres empresas que controlan el 80 % del mercado mundial del plátano.
Quisiera felicitar las acciones adoptadas hasta ahora por el Comisario en nuestro nombre y, en particular, para velar por los intereses europeos en el contexto de la OMC y para garantizar que la solución sea justa para los productores ACP.
The Times publica en su edición de hoy un comentario que lo resume por mí: «La justicia, la imparcialidad y la responsabilidad mutua global deberían compensar el torpe reglamento. Chiquita y los demás no dependen desesperadamente de esta última pequeña porción del mercado europeo. Los productores del Caribe sí. Si los grandes productores pueden dormir tranquilos de noche después de defender esta causa innoble durante el día, no debería ser así en el caso de líderes mundiales responsables».
Por tanto, en segundo lugar, a la luz del hecho de que la UE y los EE.UU. son los líderes de la economía mundial, necesitamos una iniciativa a nivel de Presidencias: de la Presidencia de la UE y del Presidente Clinton, que garantice que se siguen los procedimientos adecuados en la OMC para que disminuya algunas de las crecientes repercusiones políticas de este conflicto, que podría llegar a ser muy peligroso.
Por último, me parece que es una lección para nuestra asociación transatlántica a largo plazo. Podemos inventar los diálogos que queramos o una asociación económica, pero la situación no mejorará a menos que consigamos que las comunidades políticas se involucren en este sistema con un acuerdo de asociación más amplio entre la UE y los EE.UU., de manera que, en su calidad de políticos, hablen no por vídeo conferencia, sino que mantengan un diálogo más profundo entre las dos partes del Atlántico. Por ello insto a la Presidencia alemana a adoptar la iniciativa que sea necesaria en la Cumbre UE/EE.UU. de junio.

Martinez
Señor Presidente, este expediente trivial es, en realidad, un western : «Érase una vez en el Oeste de Europa». Los Estados Unidos avanzan con un colt 301 en la cadera, mientras que el Sr. Brittan avanza con las manos a la espalda parloteando sobre el derecho. En eso el expediente del plátano resulta revelador de la verdad oculta de Europa.
Europa es la unión que hace la fuerza: llevamos tres años cediendo. Europa es la cooperación con África: abandonamos a Camerún y a Costa de Marfil. Europa son las regiones ultraperiféricas: abandonamos a Creta, Madeira, la Canarias, Guadalupe, Martinica. Europa es lo social: abandonamos a los obreros de los platanales, que cobran 10 euros por hora, en favor de los esclavos de las multinacionales, que cobran 2 euros por hora. Europa es el mercado, el libre cambio, el Sr. Brittan es un símbolo de ello: cedemos ante el proteccionismo americano, la sección 301, el 100 % de derechos aduaneros. Europa es el derecho, la superioridad del derecho europeo: cedemos ante el derecho de Ginebra.
Dos multinacionales, únicamente dos, dos empresas -Chiquita y Dole-, ponen de rodillas a la Comisión Europea, al Consejo de Ministros, a la Unión Europea. Por eso, hay que cambiar de Europa. Tenemos que adoptar también nosotros una sección 301. Hay que restablecer la unanimidad y no debe ser la Comisión Europea la que defienda nuestros intereses comerciales, pues donde está la soberanía está la libertad y la superioridad.

Medina Ortega
Señor Presidente, en primer lugar querría hacer una pequeña corrección a mi buen amigo James Elles. Estoy de acuerdo con su intervención, pero él dice que ni Estados Unidos ni la Unión Europea son productores principales de plátano (major producers of banana ). Esto es algo que viene repitiendo la cadena CNN en una campaña de propaganda norteamericana.
Yo no sé si eso es cierto con respecto a Estados Unidos, pero Europa sí es un productor importante de bananas. Dentro de la Unión Europea, concretamente en mi comunidad autónoma, en Madeira, en Grecia, en Martinica, en Guadalupe, producimos alrededor de un millón de toneladas. Eso es a major producer of banana . Pero por lo demás estoy de acuerdo con lo que ha dicho James Elles y estoy de acuerdo, desde luego, totalmente, con lo que ha dicho Erika Mann.
En este momento estamos en una disputa jurídica. Y cuando se está en una disputa jurídica, cuando un país como Estados Unidos actúa fuera del Derecho, a la Comunidad lo único que le corresponde es defender en Derecho su punto de vista.
Me parece peligrosa la postura defendida por el Partido Popular Europeo a través de su portavoz el Sr. Kittelmann, en el sentido de que ahora nos sentemos a negociar con Estados Unidos. Esto es como si alguien viene y me quita la cartera, y luego yo me siento a negociar con él. Si alguien me quita la cartera, yo voy a la policía, no me siento a negociar con el ladrón.
En este momento hay una infracción de las normas de la Organización Mundial de Comercio por parte de los Estados Unidos y lo único que cabe hacer es lo que está haciendo en este momento la Comisión, que es llevar el tema por la vía jurídica. Yo querría llamar la atención del señor Comisario sobre unas declaraciones que recoge el Financial Times , que puede que no sean correctas, pero que dice que el Sr. Rod Abbott, Embajador de la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio, dice que «they will find probably something out of line » y añadiendo que «I don't expect the answer to be zero because this is a political process as well ». En este momento no estamos en un proceso político. En este momento estamos en un proceso jurídico. Cuando la Organización Mundial de Comercio haya decidido cuál es la solución, entonces habrá que sentarse para negociarlo. Yo le he pedido a la Comisión que recomiende a su representante que tenga mucho cuidado con lo que hace porque cualquier declaración puede luego utilizarse contra nosotros.

Burenstam Linder
Señor Presidente, las crisis tienen su propia dinámica y desarrollan su propio nacionalismo pernicioso, y esto también vale para las guerras comerciales. Como podemos aprender de experiencias históricas, se produce fácilmente una escalada que es perjudicial para ambas partes.
Es importante respetar los compromisos contraídos en la OMC. La Rule of law favorece a todos, incluso internacionalmente. Es de vital importancia que las negociaciones y medidas de la UE se mantengan dentro del marco de los compromisos de la OMC. Esto fortalece las posiciones de la UE y me alegra ver que ésta parece ser también la posición de la Comisión.
En la fase actual se puede criticar a EE.UU. No obstante, hay motivos para que la UE también revise con autocrítica sus propias posiciones, con el objeto de alcanzar constructivamente un acuerdo. Es probable que el panel de la OMC opine que las medidas de la UE después de la anterior resolución son insuficientes, lo cual nos daría motivos para mostrarnos algo reticentes.
Las ayudas a las ex colonias mediante maniobras comerciales especiales conducen a la discriminación a través del proteccionismo. En parte, se puede entender la posición americana, especialmente cuando ella es compartida por determinados países miembros de la propia UE. Se suele decir trade is better than aid. Es verdad, pero es el libre comercio el que es mejor que las ayudas para el desarrollo. Hay que buscar caminos distintos del proteccionismo para ayudar a los países de ACP. Aid is better than trade distortion , y mejor que una guerra comercial.
Actualmente hay empresas que se ven afectadas por las medidas americanas. Esto es trágico y difícil de entender, especialmente cuando afecta a empresas en países como Suecia, que no ha sido impulsor de esta «guerra del plátano».
Confío en que rápidamente se pueda alcanzar un acuerdo en el marco de la OMC. Una vez más quiero subrayar que es de vital importancia que la UE fortalezca sus posiciones, manteniéndose en el marco de las medidas de la OMC, a la espera de las resoluciones del panel.

Smith
Señor Presidente, a causa de este conflicto y sus repercusiones sobre el sector del cachemir, los ánimos en Escocia están muy alterados. Las personas están dolidas y desconcertadas al verse involucradas en un conflicto con el que nada tienen que ver, pero que amenaza con devastar una parte significativa de la economía. El sentimiento es tan fuerte, que un importante periódico escocés, The Sunday Mail, ha organizado una campaña de boicot de los plátanos Chiquita y ha obtenido una respuesta masiva. Y es comprensible.
En esta Asamblea también estamos enfadados y consternados por el ruin afán de venganza de los Estados Unidos. Por eso, dejémonos de miramientos. Basta de cautela en el asunto Helms-Burton. Solicitemos un panel de la OMC para que se ocupe de este asunto. Esta Asamblea le brinda todo su apoyo a su lucha, señor Brittan, contra la extraterritorialidad de la Sección 301, reafirmemos nuestra solidaridad con los países ACP, proveedores tradicionales de la UE, enviemos una señal inequívoca a los Estados Unidos de lo que aquí está en juego; un régimen ordenado del comercio mundial sobre el que podamos avanzar, o un descenso al caos.
Quién podrá confiar ahora en la OMC y en su procedimiento de resolución de conflictos, en particular, el mundo en vías de desarrollo, que ve cómo se sacrifican sus intereses vitales en aras del libre comercio que se resume en nada más que una plataforma para las ambiciones imperialistas de los cárteles mercantiles de los Estados Unidos.
Aplausos

Mendonça
Señor Presidente, Señorías, como represento aquí a un país que tiene regiones ultraperiféricas productoras de plátanos, considero que puedo y debo afirmar aquí el sentimiento profundo de rebelión que muchas de las poblaciones de esas regiones sienten cuando tantas veces y a lo largo de tanto tiempo surgen conflictos en relación con la producción de plátanos.
No es, muchas veces, por la cantidad de producción de plátanos en esas regiones o en esos países, sino por los intereses que determina en la economía, en los aspectos sociales y medioambientales de esas mismas regiones y de esos mismos países. No podemos entrar aquí en detalles sobre el volumen, las cantidades, tenemos que tener en cuenta nuestras poblaciones, nuestra Unión Europea, nuestras regiones ultraperiféricas, lo que sucede con las pequeñas o con las grandes producciones que allí se hacen.
Los países ACP representan un compromiso que la Unión Europea asumió, compromiso que tiene que ser cumplido por la Unión Europea. Muchas son las cesiones que se han hecho ya a la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es lo que se pretende? Invadir la Unión Europea con plátano producido en países en los que el bajo costo de la mano de obra puede entrar en competencia casi -podemos afirmarlo- desleal. La actitud de los Estados Unidos resultante de todo esto, Señorías, esa inicua actitud, debe seguir suscitando por parte de la Comisión la misma posición de firmeza. La Comisión debe continuar, fundamentalmente, luchando por los intereses de las pequeñas y pobres regiones que aún existen en nuestra Unión Europea.

Kinnock, Glenys
Señor Presidente, habida cuenta, señor Comisario, de que la OMC remitió la petición de sanciones de los EE.UU. a arbitraje y que se ha creado un panel para determinar si el nuevo régimen propuesto de la UE es realmente ilegal, puede garantizar ahora a este Parlamento Europeo, como mis colegas le han pedido que haga, que la Comisión no se plegará ante la presión ilegal de los Estados Unidos. Esto es básicamente un chantaje y una manipulación del procedimiento de resolución de conflictos de la Organización Mundial de la Salud.
Este chantaje va encaminado a obligar a la Unión Europea a renegar de su obligación con nuestros proveedores tradicionales para potenciar los intereses de una corporación que está muy bien relacionada, a saber, Chiquita. Estará dispuesto a mantenerse firme ante este tipo de presión y a reconocer, señor Comisario, como hago yo, que en el pasado, empresas como la United Fruits Company compraron países como Costa Rica y Honduras. Ahora podemos afirmar que los barones del plátano de los Estados Unidos están comprando los Estados Unidos y comprando favores de algunos de Capitol Hill y Washington.

Brittan
Señor Presidente, deseo comenzar manifestando mi profundo reconocimiento por el amplio apoyo que el Parlamento ha dado a la posición adoptada por la Unión Europea y la Comisión, en particular. Dicho apoyo no es sólo estimado; es alentador, porque hay que sumarlo al apoyo dado por la comunidad internacional representada por los miembros de la OMC en sus deliberaciones en Ginebra. Puedo asegurar a todos los afectados que comparto la sensación de indignación expresada, por ejemplo, por el Sr. Smith y la Sra. Kinnock, ante el hecho de que personas inocentes, tanto en Europa como en los países ACP productores de plátanos, estén siendo secuestradas en una batalla sobre la que no tienen la menor responsabilidad.
Puedo garantizarles que en la Unión Europea tomaremos medidas en contra de los Estados Unidos, que hemos tomado medidas en contra de los Estados Unidos, pero lo haremos de conformidad con el Reglamento de la OMC. En las negociaciones con los Estados Unidos, como tuve la precaución de decir en mi intervención de apertura, haremos hincapié sobre todo en nuestras obligaciones con los países ACP, pero también con los productores de plátanos de la Unión Europea. Se da el caso de que las empresas afectadas cuentan ya con el 70 % y más del mercado. No es cierto en absoluto que se les esté excluyendo de Europa.
También es cierto, como acertadamente ha dicho el Sr. Medina Ortega, que estamos en estos momentos en una disputa jurídica, y no sólo política. Acataremos la ley cuando se pronuncie y condenaremos a aquellos, como los Estados Unidos, que la infringen antes de que exista una decisión. No sólo los condenaremos. Los llevaremos, como ya hemos hecho, ante la OMC y seguiremos las consecuencias de dicha acción.
Por último, deseo decir que se ha hablado de guerra comercial. Nosotros no hemos iniciado ninguna guerra comercial y no buscamos ninguna guerra comercial, pero haremos lo que tenemos derecho a hacer en virtud de las normas de la OMC. También se ha hablado mucho de las repercusiones de este asunto sobre las relaciones transatlánticas en general. Quisiera decir a esta Asamblea y también a nuestros amigos norteamericanos que es imposible que los Estados Unidos tomen medidas que violan flagrantemente el Reglamento de la OMC y que los Estados Unidos crean que ello no repercutirá en nuestras relaciones generales, importantes como son. Creo que he realizado tantos esfuerzos como cualquiera, no sólo para mantener, sino para mejorar dichas relaciones. Es algo que beneficia a Europa, es algo que beneficia a los Estados Unidos y es algo que beneficia también al mundo. No obstante, para que eso sea posible y para que realmente suceda y para que el trabajo de aquellos que se han esforzado por mejorar dichas relaciones no haya sido en vano, los Estados Unidos deben poner de su parte: deben dejar de recurrir al unilateralismo y respetar las normas del comercio mundial. Éste es el llamamiento que les he enviado, pero no es un llamamiento en vano; es expresado también con el apoyo de este Parlamento y la determinación de la Unión Europea de defender sus intereses legítimos.
Un orador se ha referido a un artículo que apunta a que los plátanos podrían convertirse en mi Némesis. A todos nos llega nuestra caída en su momento. Afecta a las personas y les llega en momentos distintos y por motivos distintos. No temo a ninguna Némesis del plátano, porque sé que la política que estamos siguiendo, con el apoyo del Parlamento, es una política de total adhesión al mercado mundial, de una determinación a establecer relaciones con los Estados Unidos, pero sobre la base sólida del respeto mutuo y de la igualdad de ambas partes del Atlántico. Sobre esa base, es posible evitar a Némesis. No obstante, al tiempo que evitamos a Némesis de esta manera, reconozcamos también que existen los consejos sabios. Tenemos el deber de garantizar que prevalecen los consejos sabios.

El Presidente
Gracias, señor Comisario, estamos con usted.
He recibido ocho propuestas de resolución , presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Recursos propios de la UE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0105/99) del Sr. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la necesidad de modificar y reformar el sistema de recursos propios de la Unión Europea.
Antes, tiene la palabra para una cuestión de orden el Sr. Fabre-Aubrespy.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, al iniciar el debate sobre el informe Haug, quisiera plantear una cuestión de no ha lugar a deliberar con vistas a considerar que este informe no es admisible. Lo hago por una razón de fondo, relacionada con su contenido, y una razón de procedimiento, relacionada con la forma como se elaboró en la Comisión de Presupuestos.
En primer lugar, sobre el fondo, en este informe figura una disposición, denominada, para simplificar, la cofinanciación de los gastos agrarios, cuando resulta que los gastos agrarios son, en virtud del Tratado, gastos obligatorios, razón por la cual no es posible establecer una financiación compartida entre el presupuesto de la Unión Europea y el presupuesto de los Estados miembros. Una opinión minoritaria emitida por uno de mis colegas -me refiero a Jean-Louis Bourlanges- expone ese punto.
Por lo demás, no se ha presentado ese informe a la Comisión de Agricultura para que dé su opinión, pese a que dicha comisión es competente para pronunciarse sobre una cuestión de ese tipo.
Otro problema de procedimiento: no se ha aplicado el artículo 150 del Reglamento, ya que se ha adoptado el principio -que se adopta con frecuencia en esa comisión- de las enmiendas de transacción, cuando en realidad habría sido necesario que la ponente presentara un nuevo informe, lo que brindaría un plazo para la presentación de enmiendas.
Éstas son las dos razones por las que, de conformidad con el artículo 128, presento una cuestión de no ha lugar a deliberar y le ruego que la someta a votación.

El Presidente
Entiendo, señor Fabre-Aubrespy, que desea que este asunto sea retirado del orden del día. Puedo dar la palabra a un orador que esté a favor y a otro orador que esté en contra.

Martinez
Señor Presidente, a los argumentos del Sr. Fabre-Aubrespy se suma el hecho de que el informe Haug no esté disponible en lengua francesa. Se puede ir al servicio de documentación y no está. Se puede sacar una versión pirata por ordenador, pero no está disponible en lengua francesa.

Müller
Señor Presidente, yo quiero intervenir en contra de la solicitud, sobre todo porque a mi parecer el Tratado CE no avala el argumento del Sr. Fabre-Aubrespy, según el cual el carácter obligatorio de los gastos excluye la cofinanciación. El tema de los gastos obligatorios no tiene ninguna relación con la legitimidad de la decisión y, por consiguiente, yo pido que se rechace la solicitud y se proceda al debate del Informe Haug.

Rübig
Señor Presidente, yo creo que en el Parlamento Europeo podría ser del todo habitual y necesario hablar también del futuro y poner sencillamente balizas que indiquen hacia dónde queremos dirigirnos, y este es el sentido del presente debate.

El Presidente
Someto a votación la propuesta del Sr. Fabre-Aubrespy para que se retire este asunto del orden del día.
El Parlamento rechaza la propuesta

Haug
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, es del todo evidente que esta semana vamos a abordar unos cambios importantes de orientación en la Unión Europea, aunque el Sr. Fabre-Aubrespy, con el apoyo de un par de colegas, haya intentado evitarlo ahora mismo. Además de los Fondos estructurales y la Política Agrícola Común, también la financiación comunitaria debe ser objeto de una reforma fundamental. El Presidente Santer ha señalado con razón que la reforma financiera es uno de los pilares fundamentales de la Agenda 2000.
Desde el Parlamento ya hemos marcado prioridades importantes para el ámbito del Acuerdo Interinstitucional a través de los principios que hemos definido, pero la reforma financiera seguirá siendo sencillamente insuficiente si no se introducen también modificaciones en el lado de los ingresos. En Acuerdo Interinstitucional y la reforma de los recursos propios son dos caras de una misma moneda. La estructura financiera actual ya no puede responder al incremento de las demandas. Necesitamos una mayor flexibilidad, transparencia e independencia de las finanzas europeas.
El sistema actual se basa en exceso en fuentes financieras cuyo cálculo resulta sumamente complejo y que, además, siguen teniendo de hecho el carácter de aportaciones de los Estados miembros. La reforma debe superar estas deficiencias y a la vez también los evidentes desequilibrios en el reparto de las cargas entre los Estados miembros más prósperos. La Comisión de Presupuestos propone, en consecuencia, una modificación gradual del sistema de los recursos propios.
Ayer por la tarde lo sometimos a votación y llegamos esencialmente a las siguientes conclusiones. Primero: es preciso simplificar y mejorar la transparencia de los ingresos del presupuesto europeo y someterlo a mayor un control democrático. Deseamos sustituir los recursos propios basados en el IVA y el PNB por una nueva fuente única de recursos propios simplificada, basada en el PNB. Este paso contribuiría también a eliminar los desequilibrios entre los Estados miembros en lo que se refiere a la financiación del presupuesto.
Segundo: las condiciones de financiación del presupuesto europeo deben ser, por principio, iguales para todos los Estados miembros. Esto significa que los actuales mecanismos de compensación tienen que extinguirse y no se deben introducir otros, ni mucho menos sistemas de reducción. Concretamente significa que el rebate británico debe extinguirse gradualmente antes de la adhesión del primer nuevo Estado miembro como muy tarde. Esta reducción se concedió en su momento como compensación por una participación demasiado reducida en la Política Agrícola Común. El porcentaje del gasto agrícola, con una cifra del 70 %, era sin embargo considerablemente superior al actual. Introducir también una reducción en la financiación de los Fondos estructurales o de los costes de la ampliación sería contrario al sistema y absolutamente injustificable.
Tercero, y permítanme que lo subraye: la compensación de las diferencias económicas y la solidaridad entre los Estados miembros son un pilar importante del Tratado y de la integración europea. Este importante objetivo no se puede intentar alcanzar, sin embargo, por el lado de los gastos. Este intento sólo se traduce en la introducción de normas que complican el presupuesto y lo hacen poco transparente. Para la solidaridad entre los Estados miembros disponemos de políticas creadas explícitamente con este objeto, como por ejemplo la política estructural. Nosotros deseamos que el principio definidor del presupuesto sea la equidad horizontal y la solidaridad vertical.
Cuarto: con el tiempo se han incrementado cada vez más los desequilibrios en la financiación del presupuesto. Éstos han llegado a lastrar entre tanto considerablemente el desarrollo de la Unión Europea. Una mirada a los actuales debates en el seno del Consejo sólo lo ratifica. Hablando claro: siempre habrá contribuyentes netos y receptores netos, nadie lo discute, pero es preciso evitar desequilibrios excesivos y un reparto no equitativo de las cargas. De lo contrario pondremos en peligro la legitimación de la Unión ante las ciudadanas y los ciudadanos.
Es evidente que sólo será posible suprimir esos desequilibrios si no se deja de controlar la partida más importante de los gastos -la política agrícola-, con un porcentaje de casi el 50 %. Una normativa que incluya el ámbito agrícola es particularmente importante, toda vez que una parte considerable de los desequilibrios tienen su origen en este ámbito. Por lo tanto, es conveniente y razonable prever la futura cofinanciación de la política agrícola, tal como decidió anoche la Comisión de Presupuestos.
En este contexto, yo quisiera resaltar una vez más lo siguiente: cofinanciación no significa renacionalización. Al contrario, más bien supone una mayor implicación, también cualitativa, de los Estados miembros en la configuración de una política comunitaria y, por consiguiente, conlleva una profundización de la integración. A nadie se le ocurriría negar a nuestra política estructural su carácter comunitario. Sin embargo, esta medida no debe imponer a nadie exigencias excesivas y yo puedo contemplar la posibilidad de que se establezca tal vez una normativa diferenciada para los Estados miembros económicamente más débiles, léase unas tasas de cofinanciación más reducida, en el momento de aplicar la cofinanciación.
Permítanme que añada, finalmente, lo siguiente: las considerables discrepancias en el seno del Consejo en este ámbito también han tenido, obviamente, repercusiones para las deliberaciones sobre nuestro informe y en el Parlamento. Dada la fuerte controversia en torno al instrumento de la cofinanciación, yo propuse un compromiso a la Comisión de Presupuestos, según el cual los gastos agrícolas se reducirían cada año en un determinado porcentaje y una parte de los créditos liberados se destinarían a medidas de apoyo estructural para las regiones rurales. Este compromiso no obtuvo el apoyo de la mayoría, precisamente por responsabilidad de los mismos que han rechazado rotundamente la cofinanciación. Sin embargo, puesto que una solución al margen de la política agrícola carecería de entidad y perspectiva, se volvió a incluir y se adoptó la petición original de una cofinanciación, si bien sólo después de que se hubiese rechazado la propuesta de compromiso.
Equilibrar el reparto desigual de las cargas es sólo la premisa para que el presupuesto pueda ser viable en el futuro. Para garantizar la independencia financiera de la Unión Europea, su financiación debería basarse a largo plazo en nuevos recursos propios que no tengan el carácter de aportaciones de los Estados miembros. Dichos recursos tendrían que proceder en primer lugar de unos impuestos propios. Como primer paso hacia ese objetivo, a la hora de establecer acuerdos entre los Estados miembros sobre determinados tipos de impuestos, al menos una parte se debería destinar al presupuesto de la Unión. En este contexto es preciso resaltar, no obstante, que estos nuevos recursos propios no se sumarían a los existentes, sino que los sustituirían, y no incrementarían la carga fiscal para las y los contribuyentes europeos.
A mi modo de ver, el objetivo es adaptar la financiación de la Unión a las exigencias del nuevo carácter de la comunitarización. Una vez completada la Unión Económica y Monetaria casi hemos alcanzado este nuevo carácter de la comunitarización. Las economías nacionales de los Estados miembros han quedado entrelazadas de un modo particular. En consecuencia, ya no es posible considerar tampoco aisladamente los presupuestos de los Estados miembros y el presupuesto europeo. La estabilidad de nuestra moneda única y la capacidad de desarrollo de nuestras economías estrechamente vinculadas dependen a largo plazo de que el presupuesto europeo también sea económicamente operativo.
Con la votación del presente informe adoptaremos también una decisión sobre nuestra propia operatividad. ¿Vamos a esperar las decisiones del Consejo o somos capaces de desarrollar nuestra propia creatividad política autónoma? Si el jueves aprobamos el informe y trasladamos sus peticiones a las negociaciones con el Consejo sobre el Acuerdo Interinstitucional, habremos hecho una importante aportación a la reforma de la Unión Europea. Yo les pido su apoyo para emprender este camino y les invito a que iniciemos unidos la marcha.
Aplausos

Bourlanges
Señor Presidente, yo estaría totalmente dispuesto a apoyar la revolución, pero lo que se nos propone es en realidad todo lo contrario. Voy a hablar en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales.
En efecto, la Comisión de Asuntos Institucionales tenía dos preocupaciones en relación con este asunto. La primera era la de lograr que se aclarara la cuestión de si en el futuro los recursos propios debían ser contribuciones nacionales o recursos pagados por los agentes económicos, recursos de carácter fiscal. La respuesta del informe de la Sra. Haug, que, por lo demás, ha hecho un trabajo de la mayor importancia al que me permito rendir homenaje, aunque no comparta sus conclusiones, es muy paradójico. Pues en un primer momento se nos dice que se trata de acabar con las contribuciones nacionales en un segundo momento se nos propone la ampliación de la contribución nacional a tenor del PNB y convertirla en el recurso principal del presupuesto de la Unión. Quien lo entienda que lo compre.
La segunda preocupación de la Comisión de Asuntos Institucionales era la de aclarar el estatuto de la cofinanciación. ¿Se trata de una subvención concedida por los Estados miembros, facultativamente, como lo desean, para alimentar ciertos gastos comunitarios? Si es así, entramos en un sistema de puesta en entredicho de la unidad del mercado común agrario. Entramos en un sistema de renacionalización y distorsión de la competencia. Pues todo el mundo subvencionaría su agricultura como quisiera. Si, al contrario, se trata de una cofinanciación obligatoria impuesta a los Estados, estamos ante un recurso propio nuevo -eso es, por lo demás, lo que justifica que el proyecto figure en el informe de la Sra. Haug- y entonces salimos del marco jurídico del Tratado, pues salimos del marco del artículo 201.
O entramos en el marco del sistema de recursos propios, con acuerdo unánime ratificación de los parlamentos nacionales, o salimos de él para entrar en el marco del artículo 43 y entonces entramos en la mayor ilegalidad. Señoría, la propuesta principal de su informe es contraria al Tratado.
Aplausos

Valdivielso de Cué
Señor Presidente, a pesar de la importancia creciente del recurso «producto nacional bruto», me gustaría hacer un análisis de las aportaciones al presupuesto de la Unión Europea desde la óptica de una Europa de los ciudadanos. Si tomamos como elemento de referencia el esfuerzo por habitante de cada Estado miembro en porcentaje sobre su renta, los habitantes de algunos países con niveles de vida más bajos aportan al presupuesto de la Unión un porcentaje de su renta por encima de la media comunitaria. Por el contrario, por ejemplo, la aportación al presupuesto comunitario, en los términos mencionados, de un ciudadano italiano o inglés se encuentra claramente por debajo de dicha media.
En la comunicación de la Comisión Europea se indican tres líneas de acción para resolver el problema de los desequilibrios presupuestarios, pero no hay que olvidar que se ha acusado a dicha institución de ser parcial en la formulación de estas propuestas, pues parece que sólo defiende los intereses de algunos contribuyentes netos.
Lo que sí está claro es que la comunicación de la Comisión no agota las soluciones posibles. Una de las más ingeniosas, desde el punto de vista de la equidad, consiste en compensar a aquellos países cuyo saldo se desvía de lo que le corresponde en función del producto nacional bruto y su riqueza relativa por habitante, financiándose el saldo negativo conjunto por el resto de los socios, excluyendo los Estados miembros de la cohesión.
Esta opción permite preservar la cohesión en el seno de la Unión y repartir más equitativamente entre todos el esfuerzo financiero necesario para mantener dicho nivel de cohesión.
Discrepando de la ponente de este informe -a la que, por otra parte, felicito por el trabajo que ha invertido en él-, debemos apostar por la equidad, que es un principio -la equitas - que data de los albores del Derecho romano.

Wynn
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la Sra. Haug por su informe, no sólo por pertenecer a nuestro Grupo, sino porque se ha embarcado en la misión imposible de intentar alcanzar el acuerdo del Parlamento Europeo sobre la futura financiación de la Unión Europea. Estoy seguro de que cuando lleguemos a la votación se dará cuenta de lo imposible de la situación. Sin embargo, los muchos esfuerzos que ha dedicado a este asunto ha permitido realizar ciertos avances hacia una posición que pueden apoyar todos los Grupos políticos.
Su versión original dio lugar a 241 enmiendas. Eso demuestra que el interés era considerable. El hecho de que se presentaran 241 enmiendas provocó una cierta inquietud en la Comisión de Presupuestos. Lo más lejos de nuestras intenciones era acudir ante el Parlamento con tantas enmiendas sobre las que votar. Por ello pedimos a la ponente que intentara obtener el mayor número posible de enmiendas de compromiso. Y eso es exactamente lo que hizo. La ponente elaboró una versión revisada, que el Grupo Socialista ha intentado secundar. La ponente ha complacido prácticamente a todas las nacionalidades menos a una, la mía, en la medida en que ha recogido la mayoría de los intereses. Ha hecho un gran trabajo.
No obstante, no sería sincero si dijera que apoyamos por unanimidad el informe final sobre el que votamos anoche en comisión. Si yo fuera griego o irlandés, si el PIB de mi país se viera afectado por la enmienda 141, que hace referencia a la cofinanciación de la agricultura, no querría votar a favor de dicha enmienda. Hay quien cree que la enmienda 141 debería ser apoyada sin reservas, porque ayudaría a reducir los pagos netos de sus Estados miembros, y si yo fuera alemán u holandés, apoyaría gustoso este nuevo apartado 13.
Catorce de las quince delegaciones integradas en el Grupo Socialista quieren eliminar la devolución al Reino Unido y votarán a favor de los apartados a los que he hecho referencia. Si yo hablara en nombre de los británicos, haría una defensa válida de por qué la devolución al Reino Unido es justa y está justificada, pero no estoy hablando en nombre de los británicos y por ello no puedo decir esas cosas.
Lo único sobre lo que mi Grupo puede estar de acuerdo es que hay que cambiar el statu quo . La situación no ha evolucionado de una manera sistemática ni de acuerdo con una estrategia europea o una auténtica planificación para avanzar. Los tradicionales recursos propios de un inicio eran los únicos recursos propios auténticamente europeos. Al mismo tiempo, dichos recursos propios auténticamente europeos están perdiendo importancia rápidamente. Sin embargo, los antiguos recursos propios de siempre son la causa de muchos quebraderos de cabeza debido a los controles y la preocupación por el fraude.
¿Y qué hay de los recursos propios basados en el IVA y el PIB? Como miembro de la Comisión de Presupuestos desde hace casi diez años, reto a cualquier miembro -salvo al Sr. Samland y al Sr. Colom i Nadal- a que explique la fórmula de los recursos propios basados en el IVA y el PIB, es decir, cómo se calculan las contribuciones de los Estados miembros. Intenten explicarlo al público en general y -aunque puedan hacerlo- ¿cómo puede entenderlo el público? Ésa es la situación actual. Tenemos un sistema de recursos propios sumamente complejo y carente de transparencia. Lo único que desea el Parlamento es un sistema claro e integral. Estamos cerca de conseguir un acuerdo al respecto a través del informe de la Sra. Haug. Me gustaría que cuando finalice la votación tuviéramos una posición clara y concisa, y la mayor parte de mi Grupo la apoyará.

Giansily
Señor Presidente, intervengo para una cuestión de orden.
Al final de esta mañana, el Presidente de la sesión ha cambiado el orden del día de esta tarde, sin una votación reglamentaria, para permitir al Sr. Leon Brittan acudir ante nosotros. Ahora estamos en el turno de preguntas. Pero ese cambio provoca un desequilibrio totalmente inaceptable entre los Grupos políticos en este debate. En efecto, acabamos de oír a la ponente Sra. Jutta Haug, socialista, durante ocho minutos, a la que ha seguido el Sr. Terry Wynn, socialista, durante cinco minutos. Eso quiere decir que se va a aplazar hasta la sesión de la noche el debate sobre un informe de suma importancia para las finanzas europeas y se va a impedir a los demás Grupos políticos expresarse antes de las 21.00 horas. Ésa es la razón por la cual le pido encarecidamente que haga que al menos un orador de cada Grupo político pueda expresarse ocupando una parte del tiempo de las preguntas, porque, si no, la prensa, que está en la sala de prensa escuchando, habrá oído durante trece minutos a un solo Grupo -en realidad, cinco, pero la ponente pertenece al mismo Grupo político- y nada a los demás Grupos.
Habida cuenta de la importancia de este informe, de la votación del jueves, que va a ser extraordinariamente seguida, con tres opiniones minoritarias, con votaciones nominales, en particular en lo relativo a la agricultura, me parecería totalmente deplorable que esta Asamblea pasara al turno de preguntas sin que se haya expresado al menos un orador por Grupo.
Señor Presidente, pido que consulte a Sus Señorías, porque me parece que así como antes ha sometido a votación la posible devolución del informe mediante la cuestión de no ha lugar a deliberar, los Grupos deben poder expresarse en este caso.

El Presidente
Señor Giansily, tiene razón al señalar los terribles problemas que surgen siempre que modificamos el orden del día. Es insufrible para los señores diputados, para los señores comisarios y para la prensa. Espero que también entienda que cuando se ha fijado el comienzo del turno de preguntas a las 17.30 resulta muy difícil como Presidente saltárselo a la torera. Sin embargo, si insiste en que celebremos una votación al respecto, naturalmente es posible. Aunque preferiría que lo evitásemos y empezara ahora el turno de preguntas. Me parece importante en cambio que el Sr. Giansily haya llamado la atención de los asistentes y de la prensa sobre el sesgo que supone que sólo sean miembros de un determinado grupo los que han tenido la palabra. Me parece que tiene usted razón. Sin embargo, quiero también llamar su atención sobre el hecho de que el Sr. Bourlanges también tuvo la palabra. Y el Sr. Valdivieso. ¿Insiste, Sr. Giansily, en la votación?

Giansily
Sí, señor Presidente, le pido que lo someta a votación.

Müller
Señor Presidente, yo sólo querría proponer un compromiso. Creo que todavía tienen que intervenir siete grupos y nos quedan pocos minutos. Quizá podamos alcanzar un compromiso. No es necesario reordenar toda la lista de oradores.

El Presidente
Según entendí al Sr. Giansily, éste quería que los siete diputados que hablan en nombre de los grupos tuvieran la palabra antes del turno de preguntas.

Giansily
Un orador por Grupo, señor Presidente.

Colom i Naval
Señor Presidente, quisiera hacer un comentario suplementario. Cuando se ha solicitado la opinión de la Asamblea sobre el momento en que debía tener lugar la declaración de la Comisión relativa a los plátanos, en ningún momento se ha informado al Pleno de que esto significaba truncar el debate sobre los recursos propios. Yo soy de los perjudicados porque a mí me tocará, de todas maneras, intervenir por la noche. Pero me parece políticamente impresentable que no puedan expresarse todos los Grupos, al menos una vez, antes de interrumpir el debate.

Rübig
Señor Presidente, yo propongo que el debate se reanude en el Pleno inmediatamente después del Turno de preguntas.

El Presidente
Someto a votación la propuesta del Sr. Giansily para que se permita a los grupos hablar antes del turno de preguntas.
El Parlamento aprueba la propuesta

Bardong
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Control Presupuestario se ha ocupado repetidamente del sistema de los recursos propios con motivo de los diferentes informes del Tribunal de Cuentas. La Sra. Haug ha realizado ahora un trabajo extraordinariamente extenso en nombre de la Comisión de Presupuestos, pero el gran número de enmiendas presentadas en la comisión no han contribuido -lamento tener que decirlo- a aclarar su planteamiento ni lo han hecho más convincente.
Yo quisiera declarar como principio que mientras sólo hablemos del reparto equitativo entre los Estados miembros de los recursos propios que es preciso obtener, siempre toparemos con intereses económicos y presupuestarios contrapuestos y tendremos que lamentar la falta de transparencia y de posibilidad de control, tanto de los ingresos como de los gastos. Sólo cuando nos tomemos en serio al ciudadano individual de toda Europa en su calidad de contribuyente que hace su aportación y sopesemos dicha aportación podremos acabar con este conflicto. Por esto yo lamento mucho que no se haya aceptado la enmienda de nuestra Comisión de Control Presupuestario, basada en las declaraciones de la Comisión, sobre la posibilidad de personalizar las aportaciones de las que se nutre el sistema de recursos propios.
Deberíamos conservar el principio de los recursos propios aunque sólo sean verdaderamente tales los recursos propios tradicionales -aranceles y exacciones agrícolas-, que ya hace años que están en regresión. Los Estados miembros computan, además, estos recursos propios como una aportación y exigen la devolución de un 10 % para sus administraciones de aduanas. Al menos habría que comprobar si es, de hecho, necesario destinar este 10 % a las administraciones de aduanas. En cualquier caso, todavía nos encontramos con una serie de reducciones y desviaciones en este contexto en el ámbito de los Estados miembros.
Los recursos basados en el IVA han ido adquiriendo cada vez más el carácter de aportaciones estatales al presupuesto de la UE. Su participación queda distorsionada porque la economía sumergida es importante en algunos Estados.
Los recursos propios basados en el PNB son, con todo, los que se pueden considerar más fácilmente aportaciones. Yo lamento, empero, que no se haya aclarado en absoluto el tema de los contribuyentes netos. Yo estoy a favor de la cofinanciación, de la extinción progresiva de la reducción británica y también de que se considere la introducción de recursos propios nuevos.

Brinkhorst
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Haug por su informe. Su misión era prácticamente imposible, pero nos gustaría hacer una distinción entre algunos puntos muy controvertidos y el sentido general en que el Parlamento puede expresarse. Es fundamental que el Parlamento diga antes de la Cumbre de Berlín que no le gusta el concepto de juste retour , que no desea más excepciones, que quiere revisar las excepciones de la devolución a los británicos y que no quiere seguir por la vía de un mecanismo de corrección general. Se trata de cuestiones fundamentales para el futuro. También es importante de cara al futuro que analicemos la perspectiva de disponer de recursos propios de auténtica naturaleza, aunque puede que esto tarde aún algún tiempo. En este sentido, es un informe de importancia fundamental que debemos acoger con satisfacción.
Evidentemente hay algunos puntos que presentan dificultades. El tema de la cofinanciación será compartido por una amplia mayoría de mi Grupo. Discrepo con el Sr. Bourlanges, que afirma que es ilegal. Lo dijo con tantas palabras. No es ilegal. Es la revisión de una política que debe seguir siendo communautaire . No hay ninguna duda al respecto. La cuestión es si en 1999 debemos seguir con la misma cantidad de financiación en el presupuesto comunitario para una política agrícola que necesita una revisión. Ese elemento nada tiene que ver con la legalidad. Es una cuestión de lo que es adecuado y de revisión.
Asimismo es muy importante que el informe sostenga claramente que debemos encontrar correcciones sobre el lado de gastos en el futuro. Sabemos, por ejemplo, que en el marco de la revisión, el Gobierno español ha presentado sugerencias relativas al asilo y a la inmigración. Puede que el modo específico en que han sido formuladas necesite una corrección, pero es ese tipo de correcciones las que, como dice la Sra. Haug, permitirán construir en última instancia una Comunidad solidaria y una Comunidad justa.
Ante este panorama general, el Grupo de los Liberales está a favor de su enfoque general. Ciertamente habrá algunos aspectos individuales sobre los que podemos no estar de acuerdo. También es evidente que no a todo el mundo le gustaría que desapareciera inmediatamente la devolución al Reino Unido. Ya hemos oído ese argumento antes. Pero, una vez más, conviene saber que en Europa una amplia mayoría no quiere que se adopte una posición específica en favor de un grupo concreto de países o de países individuales. De hecho, como acertadamente dice la Sra. Haug, debería estar claro asimismo que este tipo de acuerdos especiales deben desaparecer antes de la incorporación de la primera tanda de países. Es un argumento muy positivo. Sería totalmente ilógico que un Estado miembro no cofinanciara la ampliación de la Unión Europea; algo que nada tiene que ver con que en 1984 existiera una situación concreta en lo que respecta a la agricultura.
Ante este telón de fondo, también es importante que la Sra. Haug deje claro que, en el futuro, el Parlamento debería tener más democracia y un mayor poder de decisión. Nuestro colega Sr. Colom i Naval contará con un respaldo considerable en lo relativo a una mayor flexibilidad y transparencia.

Giansily
Gracias, señor Presidente, por haber aceptado someter nuestras propuestas a votación. Como ha visto usted, han surtido efecto, porque creo que el de la Sra. Haug es un informe extraordinariamente importante para el futuro de nuestra Asamblea y para el futuro de la Unión.
El informe de la Sra. Haug se reduce a algunas preguntas. ¿Son aún adecuados los recursos propios que permiten financiar las políticas comunitarias? ¿Garantizan la autonomía financiera de la Unión Europea? Y, por último, ¿serán suficientes para financiar la ampliación futura y permitir a la Comunidad mantener sus compromisos con las políticas comunes?
Así queda enunciada la problemática. Si bien la ponente ha formulado las preguntas adecuadas, la Comisión de Presupuestos, con su votación de ayer, les ha dado, en cambio, respuestas inadecuadas. En primer lugar, la Sra. Haug ha aplicado una auténtica caza de brujas a la Política Agraria Común, porque le basta con dejar constancia simplemente de la participación de los gastos agrarios en el presupuesto comunitario para afirmar que es una causa principal del desequilibrio presupuestario.
En modo alguno podemos avalar un postulado tan erróneo. La participación de los gastos agrarios en el presupuesto, si bien sigue siendo constante desde hace veinte años desde el punto de vista del PIB, no ha cesado, porque las otras políticas iban en aumento y por una limitación financiera muy estricta, de disminuir año tras año para representar hoy menos del 45 % del volumen total de gastos de la Unión, mientras que, cuando esta Asamblea fue elegida por primera vez en 1979, representaba más del 90 %.
En segundo lugar, al considerar muy incómoda la participación de la PAC en el presupuesto, la Sra. Haug propone nada menos que una cofinanciación por los presupuestos nacionales del gasto agrario y eso, como ha explicado antes el Sr. Bourlanges, es totalmente inaceptable, dado el estatuto específico del gasto agrícola, que por su naturaleza y su orientación de apoyo a los mercados, no se puede asimilar al conjunto de los gastos no obligatorios y no se puede someter al libre arbitrio de nuestra Asamblea. La cofinanciación, aun parcial, de la PAC por los presupuestos nacionales constituiría inevitablemente una renacionalización del gasto agrario y arrastraría a la Unión Europea a una peligrosa regresión del carácter de integración de las políticas comunes. ¿No corremos en ese caso el peligro de deslizarnos por la funesta pendiente de la desintegración de las políticas comunes, dado que, por comodidad financiera y oportunidad política, ya no se quiere garantizar su financiación íntegra?
Toda reforma de las finanzas de Europa debe consolidar la solidaridad comunitaria y, en particular en materia de Fondos estructurales, las opciones propugnadas por algunas delegaciones no dejan de inquietar. Creo que a ese respecto lo que debe prevalecer, como se recordó después de los Consejos Europeos de Bruselas en 1998 y de Edimburgo en 1992 y la firma del Tratado de Maastricht, es el respeto de la palabra dada a los Estados miembros que más lo necesitan -y aquí me erijo en intérprete de mi colega Nikitas Kaklamanis-, a saber, Grecia, Irlanda y Portugal esencialmente.
Para terminar, señor Presidente, ¿cómo podríamos admitir que no se cumplieran hoy los compromisos subscritos en el pasado, cuando se trataba de integrar esos Estados en la Unión Europea y solicitar su solidaridad total? La votación de hoy, señor Presidente, nos mostrará que la solidaridad debe seguir funcionando entre los diputados, entre los socios europeos.

Miranda
Señor Presidente, la primera cuestión que se plantea en materia de recursos propios es la de adecuación con las políticas que se pretende plasmar. ¿Cuáles y en qué nivel? O, si se quiere, y recordando una expresión nuestra muy conocida, es indispensable encontrar los medios para nuestras ambiciones. Ése es el punto de partida por el que debemos comenzar, teniendo presente, en el caso que nos ocupa, que se está preparando otra nueva ampliación, precisamente a un importante núcleo de países, que, además, tienen un grado de desarrollo sensiblemente inferior al nivel medio comunitario actual.
No se pueden ocultar esas cuestiones. Por eso, habrá que responder, a nuestro entender, con claridad las preguntas siguientes: ¿queremos o no dar continuidad a las actuales políticas comunitarias -y éste no es el momento para que examinemos su naturaleza- y deseamos o no preparar el terreno para ampliarlas en el futuro a los países candidatos? Más aún: es necesario considerar si habría otras esferas de deseable actuación comunitaria que requirieran una asignación de recursos.
Pienso, por ejemplo, en la lucha contra el desempleo. Lo que acabo de decir choca, evidentemente, con la orientación que se ha venido dando a este examen, ya que muchas veces se confunde la actuación en el nivel de los ingresos con la actuación en el nivel de los gastos, pero también y fundamentalmente porque parece haber una preocupación dominante: tomar el nivel actual de recursos propios como adecuado y como punto de partida y, dadas las nuevas situaciones -en particular, la preparación de la ampliación-, apuntar tan sólo a una nueva redistribución y asignación de los mismos recursos.
Naturalmente, no somos partidarios de esa orientación, que, por lo demás, se desvía de todo lo que al respecto se ha elaborado en esta Asamblea durante años y años. Somos los primeros en reclamar una profunda reforma de la PAC, pero eso no significa que una PAC correctamente reformada sea menos exigente en medios financieros. Habrá que garantizar -eso sí- una nueva asignación de los recursos disponibles por producciones, por productores y por regiones.
Por eso, rechazamos de entrada la propuesta de renacionalización de los recursos de la PAC, así como las intenciones de reducción progresiva que también se vienen señalando. Por otro lado, consideramos que la solidaridad y la cohesión tendrían que estar en la primera línea de las preocupaciones de la Unión Europea y consideramos incluso que la parte del actual 1, 27 % del PNB que se destina a esos objetivos resultará inadecuada para garantizar, en el futuro, una política redistributiva efectiva. Y, en particular -es necesario reafirmarlo claramente-, no habrá ampliación con semejante nivel de recursos propios.
Además de que se nos presentan como inaplazables algunos proyectos encaminados a la creación de empleo, que también presuponen medios suplementarios. He de decir que hay una cuestión fundamental que aún se plantea, que es la de cómo financiar correctamente la Unión Europea. Y, a nuestro entender, sin querer entrar en vuelos desmedidos, pensamos que sólo se puede resolver mejorando el actual sistema de recursos propios, en particular aumentando el peso del PNB en el cálculo de esas transferencias. Nos parece que ésa será la única vía cierta.

Müller
Señor Presidente, el Informe Haug seguirá estando en el aire, suspendido entre las estrellas europeas, el jueves, pero aún así yo agradezco el enorme esfuerzo realizado.
Yo quisiera resaltar que el tema de la cofinanciación de la política agrícola no guarda ninguna relación con la versión barata del debate sobre los contribuyentes netos, tal como la escuchamos a diario, sino que es necesario para hacer realidad lo que siempre hemos pedido: una reforma estructural que sirva para democratizar la política de gastos y, sobre todo, que nos permita asumir la ampliación, pues de lo contrario nunca conseguiremos resolver el tema de la financiación de la ampliación al Este.
Decir que se trata de la única política comunitarizada es, a mi modo de ver, sólo un cliché destinado a ocultar la ausencia de un control democrático en este ámbito, que representa casi la mitad del presupuesto. Cuando los Ministros de Agricultura se reúnen y deciden sobre sus 45.000 millones de euros, quien decide no es el Parlamento Europeo ni ningún Parlamento regional o nacional. Este es el error fundamental de la llamada comunitarización de la política en el ámbito agrícola. Subvencionar la política ecológica en las regiones rurales, sí, como una política estructural, pero subvencionar un sólo ámbito del sector agrícola es, a mi parecer, algo francamente desfasado, que pone seriamente en entredicho la credibilidad de la política europea y que debe ponerse sobre la mesa en las negociaciones sobre un nuevo marco financiero. ¡Yo agradezco en este sentido que la Comisión de Presupuestos haya enarbolado esta bandera!

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, es una pena que este debate tan importante que debemos a la Sra. Haug, se lleve a cabo con tan poca atención porque nos encontramos en el centro de una polémica, de un problema, de un debate que reviste una importancia muy diferente y que, a mi entender, salió de nuestra Comisión de Presupuestos de una forma, yo diría, para nada airosa y para nosotros inaceptable. Nos satisface que, por ejemplo, se haya descartado la cuestión del justo retorno, este concepto que -así como todas estas reivindicaciones sobre cuestiones que afectan a un importe total, cuyo contravalor en liras italianas equivale a 10.000 o 12.000 millardos, o sea, una gota del presupuesto global de un Estado miembro- está en el centro de un debate histórico que está minando la raíz misma de la integración europea.
Estoy de acuerdo y estoy contento de que se haya descartado este principio; por el contrario, no estoy satisfecho de algunas orientaciones que ha tomado el informe, en particular en la parte donde volvemos a plantear algo que ya no figura en la agenda de nuestros Gobiernos ni en la del Consejo de Ministros. Hace unos días, nos hemos enterado de que el Gobierno alemán que más que ningún otro había insistido en pedir otra fórmula para cofinanciar la política agrícola europea, ha retirado la propuesta. Ahora, el hecho de que nosotros, el Parlamento Europeo, que, por desgracia, sólo tenemos poder de consulta volvamos a la carga con esto, me parece un error que nuestra comisión cometió ayer. Nosotros votaremos a favor del informe si se eliminan esas consideraciones que no tienen en cuenta este elemento o que elevan el listón del reto. El problema de la integración europea no es una cuestión de pocos millardos, sino de concebir una unión efectivamente política entre los europeos.

Martinez
Señor Presidente, la característica de nuestros cuatro recursos propios es que no son propios. En primer lugar porque hay fraude en su base tributaria -así es en el caso del IVA y del PNB, porque no son claros, no son transparentes: aquí ninguno de nosotros sabría calcular la restitución británica- y, por último, porque, gracias a Dios, los recursos no pertenecen propiamente a Europa, sino que son contribuciones encubiertas de los Estados.
Actualmente, se quiere modificar este sistema por la presión de la apertura al Este y la presión alemana. La Comisión Europea ha hecho ciertas propuestas. En realidad, los recursos propios son un terreno de verdad. La Unión Europea no podrá mantener su límite máximo de 1, 27 del PNB y con el tiempo habrá que recurrir a un suplemento de impuestos europeos. El federalismo desplegará su implacable mecánica: como en los Estados Unidos, como en el Brasil, como en la India, como en Australia, deberemos pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades entre los Estados Unidos y Europa. Una sola cosa nos protege de esa deriva: la regla de la unanimidad.

El Presidente
Gracias, señor Martínez. En este punto suspendo el debate. Éste se reanudará esta noche a las 21.30 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0144/99). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Señorías, iniciamos este turno de preguntas a la Comisión con 26 minutos de retraso de acuerdo con el orden del día que aprobamos el lunes. Pido disculpas a la Sra. y Sres. Comisarios por este retraso. Les habíamos convocado a las 17.30 horas. Asimismo, también pido disculpas a los autores de las preguntas.

El Presidente

Pregunta nº 41 formulada por José Valverde López (H-0139/99):
Asunto: Unidad de análisis de alimentos del Instituto de Medio Ambiente (Ispra) El Instituto Europeo del Medio Ambiente, con sede en Ispra, cuenta con una unidad de análisis de alimentos que controla la calidad de ingredientes alimentarios, aditivos y productos químicos en general utilizados en la preparación de alimentos.
¿Puede la Comisión informar sobre cómo se relaciona esta unidad con los distintos servicios de la Comisión encargados de la seguridad alimentaria? ¿Puede la Comisión informar sobre si ha previsto la integración de dicha unidad en la futura Agencia Europea de Seguridad Alimentaria?
Doy la bienvenida a la Sra. Cresson y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Valverde.

Cresson
Señor Presidente, me complace contestar a esta pregunta relativa a un asunto importante, a saber, el Instituto del Medio Ambiente y el problema de la seguridad alimentaria. Desde el 1 de octubre de 1998, la unidad de «productos alimentarios» forma parte del nuevo Instituto de Salud y Protección del Consumidor del Centro Común de Investigación. Dicha unidad aporta conocimientos científicos independientes, necesarios para la elaboración y la aplicación de diferentes políticas de la Unión.
En la aplicación del Quinto programa marco de investigación, la unidad seguirá prestando un apoyo científico y técnico a diferentes direcciones generales de la Comisión: así, por ejemplo, a la Dirección General de Industria -la DG III-, a la Dirección General de Agricultura -la DG VI-, a la Dirección General de Medio Ambiente -la DG XI-, a la Dirección General de Aduanas -la DG XXI- y a la Dirección General de Protección del Consumidor: la DG XXIV.
Los principales ejes de investigación que habrá de desarrollar la unidad en el marco del Quinto programa marco de investigación son, en primer lugar, el control de la seguridad y la calidad de los alimentos y los productos alimentarios y, además, la detección de organismos genéticamente modificados en los alimentos y también en el medio ambiente.
Las actividades de la unidad se referirán esencialmente al desarrollo, la validación y la armonización de los métodos de análisis. Para que sean uniformes en toda Europa y podamos considerarlo referencias. Además, las actividades de la unidad se referirán al desarrollo de bases de datos y la fusión de los resultados de la investigación. Las esferas abarcadas por la actividad de esa unidad son, entre otras, la alimentaria y la alimentación animal, los productos cosméticos, los envases alimentarios, así como los artículos de puericultura y los juguetes.
Quisiera citar algunos ejemplos más concretos del trabajo que va a hacer ese Instituto: en particular, la validación de dos métodos -uno de detección, otro específico- para la detección de organismos genéticamente modificados en los alimentos básicos, por ejemplo, la harina de soja o de maíz. Ese estudio se ampliará a los productos transformados. Citaré también el desarrollo de métodos para la determinación de la presencia de materias grasas vegetales diferentes de la mantequilla de cacao en el chocolate. Ese estudio servirá de base científica para la nueva directiva sobre el chocolate, en preparación. También hay que citar la participación en los estudios sobre la migración de los ftalatos en los juguetes. Ese trabajo consiste en el desarrollo y la coordinación de la validación de un método mecánico para la simulación de la succión de los jugos y de los artículos de puericultura. Como saben Sus Señorías, recientemente ha habido un gran debate a ese respecto, pues los ftalatos pueden ser la causa de enfermedades graves en los niños que succionan y mordisquean los juguetes que se les dan.
Otro ejemplo es el de la validación de los métodos en el marco de la encefalopatía espongiforme bovina y de la seguridad de la alimentación animal: uno encaminado a probar el tratamiento térmico apropiado de las harinas animales según la legislación y el otro a permitir la detección de harinas animales en la alimentación del ganado. Por último, podría citar como ejemplo una base de datos para los vinos -que comprende más de 10.000 vinos- y la lucha contra los fraudes en la esfera de los vinos, los alcoholes y las bebidas espiritosas. Se trata de algunos ejemplos concretos de la actividad del organismo antes citado.
Por lo que se refiere a la referencia a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Comisión quisiera recordar que hasta ahora no ha hecho propuesta alguna al respecto. Así, pues, parece prematuro examinar hoy una posible participación de centros comunes de investigación, pero, naturalmente, es un asunto que se puede estudiar más adelante.

Valverde López
Ante todo quiero agradecer muy sinceramente a la Sra. Comisaria la extensa respuesta que ha dado a mi pregunta y que informa muy ampliamente a la opinión pública sobre la importante reestructuración que se ha producido en Ispra y, sobre todo, las nuevas actividades que ha asumido el Instituto para la Salud.
Lo que quiero es insistir en que, por favor, señora Comisaria, la Comisión siga trabajando en el proyecto de la creación de la nueva agencia de seguridad alimentaria que es la que puede coordinar todas estas actividades y dar eficacia al conjunto. Más que una pregunta es una nueva insistencia en este deseo y espero que la Comisión, lo mismo que ha sido realmente eficaz en la reestructuración de Ispra, pueda terminar su labor con la creación de la agencia.

Cresson
Sí, Señoría, quiero simplemente confirmar el interés que siento por ese problema de la seguridad alimentaria. En el marco de la reestructuración del Centro Común de Investigación, he deseado efectivamente que se prestara una atención muy particular a ese asunto.
Le indico que se pondrá un documento a disposición de los diputados. Es el programa de trabajo de este año, 1999, en el que Sus Señorías podrán ver en detalle, y, por tanto, de forma mucho más profunda de lo que puedo hacerlo yo aquí, lo que se ha hecho, así como la lista de publicaciones que se han hecho a raíz de los trabajos realizados en el Centro Común de Investigación.

El Presidente
Mucha gracias, Señora Cresson, por su respuesta. De nuevo, le pido disculpas por el retraso y la paciencia que usted ha tenido de esperar para responder a la pregunta del Sr. Valverde. Muchas gracias, Señora Cresson.

El Presidente

Pregunta nº 42 formulada por Christine Margaret Oddy (H-0211/99):
Asunto: Problemas de control financiero en Nicaragua Del 17 al 21 de febrero viajé a Nicaragua y me alarmó comprobar que, cuando visité la oficina de la Comisión en Waspam Río Coco, no parecía que se estuviera realizando ningún trabajo, las personas que estaban en la oficina estaban viendo la televisión, un conserje nos enseñó los locales y nos dijo que el gestor del proyecto se había ido a Managua en el mes de diciembre y todavía no había vuelto, al personal de base no se le había pagado desde hacía algunos meses, no había documentos en el archivo, el Land Rover que estaba aparcado fuera había perdido la rueda de repuesto y no estaba cerrado con llave y otro coche de la Comisión estaba desguazado en otra parte del pueblo, por lo que tengo serias dudas en cuanto a la conveniencia de esta extraña oficina de la Comisión en este pequeño pueblo perdido. ¿Va a investigar urgentemente la Comisión esta situación?
Doy al Comisario Marín una cálida bienvenida. Con el Sr. Marín tengo una larga trayectoria no sólo de amistad sino de lucha común en un periodo difícil para la consecución de las libertades en España, y no les puede extrañar a ustedes que, cuando le doy la palabra, sienta una especial calidez. Tiene usted la palabra, señor Marín, para responder a la Sra. Oddy.

Marín
Señor Presidente, gracias por su amabilidad una vez más.
La Sra. Oddy me plantea una pregunta respecto a la situación de una pretendida oficina de la Comisión Europea en la zona de Río Coco, en Nicaragua, y a este respecto tengo que señalarle que la Comisión Europea dispone de una única delegación en Nicaragua que tiene sede en Managua.
Los locales que visitó no pertenecen a la Comisión Europea y el personal con el cual usted mantuvo la entrevista no es personal de la Comisión Europea. Ese proyecto fue clausurado en el año 1997. En consecuencia, de las personas que allí estaban, ninguna tiene un vínculo profesional con la Comisión Europea.
En cuanto al material de oficina y a los dos Land Rover, que usted constató que no estaban en buen uso en 1997, debe saber que siempre que se cierra un proyecto, el remanente de oficina y los vehículos, que ya están suficientemente amortizados, se ponen a disposición de la autoridad local y, en este caso, esos vehículos y ese remanente de material de oficina fueron entregados precisamente al Gobernador nicaragüense de la provincia de Río Coco. En consecuencia, debe tratarse de un malentendido.
No obstante, he dado instrucciones al delegado de la Comisión en Managua para que se desplace a la región de Waspam, con objeto de verificar in situ por qué la autoridad nicaragüense eventualmente ha hecho mal uso de la donación de los dos Land Rover y del material de oficina.

Oddy
Gracias por su respuesta. Sé que el proyecto había sido clausurado, pero a pesar de ello, el local sigue funcionando a todos los efectos como un centro de la Comisión. Tiene un letrero en el exterior que así lo atestigua y los dos vehículos a los que me he referido tienen los logotipos de la Comisión. A los ojos del mundo exterior parece una oficina de la Comisión y la gente del pueblo se refiere a ella como la oficina de la Comisión. No acepto la respuesta que me ha dado, y las personas con las que hablé creen que aún son empleados de la Comisión.
Sólo puedo reiterar lo que he preguntado en mi pregunta original. Esta situación debe ser investigada con carácter de urgencia. Si existe un malentendido, hay que poner al corriente a las personas que piensan que tienen salarios atrasados.

Marín
Señora Oddy, hemos hecho ya las verificaciones oportunas y le confirmo que este edificio no es propiedad de la Comisión. Desconozco los motivos de lo que usted afirma aunque los puedo imaginar. Efectivamente, el delegado nos ha dicho que en el edificio figura el logotipo de la Unión Europea, que está pintado en la pared. De la misma manera, en los dos Land Rover está también pintado el logotipo de la Unión Europea.
Cuando se termina un proyecto, como le he explicado, se dan los vehículos que ya están amortizados a la autoridad local, en este caso al Gobernador de la zona. Pero hemos verificado que ese edificio no es de la Comisión Europea. Daré instrucciones al delegado para que borren los logotipos de los Land Rover. Pero insisto en que ese edificio no es de la Comisión Europea. Lo fue, pero se dejó de usar hace dos años. Se trata de un malentendido.
Otra cosa distinta es que, a causa de los problemas generados por el huracán Mitch , la Comisión haya decidido -y sin duda de eso está usted informada- reproducir este proceso, pero, naturalmente, de una forma diferente no a través del Gobernador local de la provincia de Río Coco, sino a través de un concurso que se ha hecho y que ha sido ganado por una ONG italiana. ¿Por qué hemos llegado a esa conclusión? Porque una vez más este pequeño ejemplo pone de manifiesto lo difícil que es lo que llamamos siempre desarrollo sostenible.
La Unión Europea estuvo financiando durante cinco años este proyecto para los indios misquitos. El desarrollo sostenible dice que, al cabo de un cierto tiempo, tenemos que transferir esta responsabilidad a las autoridades locales. Hace dos años, en 1997, transferimos a las autoridades locales la responsabilidad de este proyecto y usted misma ha podido constatar que, muchas veces, el desarrollo sostenible exige una presencia continuada de la cooperación europea porque, cuando la cooperación europea se retira, ocurren cosas como la que usted vio.
Pero créame, se han dado instrucciones al delegado para que pida cuentas al Gobernador de la zona de Río Coco y daré instrucciones para que se borren todos los logotipos de la oficina y de los Land Rover, para que no haya equívocos en la opinión pública del lugar.

Kellett-Bowman
Yo no he estado en Nicaragua, pero Christine Oddy sí ha estado y ha informado fielmente sobre lo que vio.
A mi entender parece apuntar a una situación desafortunada en la oficina del representante, porque lo que usted está ordenando ahora que se haga, debería haberse hecho hace dos años. Esa oficina debería haber sido inspeccionada ya por su departamento -posiblemente, por el Interventor y posiblemente también por el Tribunal de Cuentas.
Cuando surgió esta cuestión hace unos meses, el organismo responsable escribió tontamente a Managua diciendo que no tenía intención de realizar una visita este año. Cuando alguien está preocupado por que las cosas puedan no ser gestionadas debidamente, parece una pena que se publique el hecho de que no habrá controles.

Marín
Sr. Kellett-Bowman, no comprendo su intervención. ¿Me la puede explicar un poquito mejor?

Kellett-Bowman
Creía que había sido bastante claro. Lo que he venido escuchando sobre el representante en Nicaragua revela que el proyecto no fue clausurado debidamente.
Debería hacerse una visita a Managua. Le invito a anunciar que se realizará una visita de inspección, posiblemente de su departamento, del Interventor y del Tribunal de Cuentas.

Marín
Señor Kellett-Bowman, ahora le comprendo. El delegado tiene instrucciones de desplazarse para saber exactamente cuál ha sido el tipo de tratamiento que el Gobernador local de Río Coco ha dado a la transferencia de nuestro proyecto a las autoridades nicaragüenses pero -vuelvo a insistir- aquí hay un malentendido. Ustedes me preguntan por qué un local de la Comisión se encuentra en un estado tan lamentable y yo les respondo que ese local no es de la Comisión.
Y en segundo lugar, las personas que estaban dentro -aparentemente en una situación, como dice la señora, no muy correcta-, no son funcionarios de la Comisión. Eso quiero que quede rotundamente claro. Es decir, ni se trata de un edificio de la Comisión ni de funcionarios. ¿Cómo quiere que haga una inspección de control financiero sobre una situación basada en un malentendido sobre funcionarios que no son funcionarios de la Comisión?

Kellett-Bowman
He dicho Managua, no me refería al lugar del proyecto.

Marín
Señor Kellett-Bowman, cuando la Comisión dice cosas que son evidentes, a veces se genera una reacción que yo no comprendo. Me estoy refiriendo al proyecto de Río Coco. La delegación de Managua, naturalmente...
El Presidente interrumpe al Comisario

El Presidente
Señor Marín, le ruego que dé su respuesta sin entrar en diálogo porque esto no está dentro de las condiciones reglamentarias. He sido excesivamente generoso con el Sr. Kellett-Bowman porque él y yo compartimos los viernes, pero no puedo excederme tampoco en mi generosidad. Responda usted como considere oportuno y pasaremos a otra pregunta.

Marín
No hay ningún problema en que la delegación de Managua, nuestra delegación oficial, se audite como ustedes desean porque se tiene que hacer en el cuadro del SEM 2000. Pero en lo que se refiere a la sede de la pregunta de la Sra. Oddy, esa sede, que ella ha visitado, no es una sede de la Comisión Europea, y las personas que encontró la Sra. Oddy dentro no son funcionarios de la Comisión Europea. Es así de simple. Lo lamento pero es así.

El Presidente

Pregunta nº 43 formulada por Hans Lindqvist (H-0203/99):
Asunto: Seguridad aérea Es importante que el grado de seguridad aérea sea elevado. Con vistas a aumentar la seguridad se han elaborado planes para establecer un organismo europeo con competencias en materia de seguridad aérea (European Aviation Safety Authority, EASA). La Comisión está estudiando el tema, a instancias del Consejo. En un primer momento se prometió una propuesta para principios del año pasado. Posteriormente, esta fecha se ha ido aplazando de forma progresiva. En la actualidad se espera que a finales de febrero esté listo un proyecto de Convenio.
¿Se ha elaborado una propuesta de Convenio? ¿Cuándo podrá entrar en vigor el Convenio?
Doy la bienvenida al Sr. Kinnock. Estoy seguro de que hoy respetará a los intérpretes y a los trabajos de la Presidencia y le invito a que responda a la pregunta formulada por el Sr. Lindqvist. Señor Kinnock, tiene usted la palabra.

Kinnock, Neil
Agradezco a su Señoría la pregunta. En respuesta, quisiera decir que a raíz de la Decisión del Consejo de 16 de julio de 1998, la Comisión fue autorizada a iniciar negociaciones con los Estados cuyas autoridades responsables de la aviación civil son miembros de pleno derecho de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas, pero no de la Comunidad Europea, con vistas a celebrar un acuerdo sobre la creación de un organismo europeo con competencias en materia de seguridad aérea que tome la forma jurídica de una organización internacional.
Las negociaciones se llevarán a cabo de conformidad con las directivas de negociación y con los procedimientos ad hoc especificados por el Consejo, al objeto de garantizar una estrecha coordinación entre la Comunidad y sus Estados miembros. La autorización para iniciar las negociaciones conlleva la creación de un comité especial al que la Comisión está obligada a presentar un proyecto de texto del tratado constitutivo antes del inicio de las negociaciones. La Comisión ha elaborado un primer proyecto de texto que ha sido presentado recientemente a los miembros del comité especial.
Cuando se haya finalizado el texto, éste servirá de base para las negociaciones con los países europeos no comunitarios. Está previsto que dichas negociaciones finalicen en el transcurso de este año. Naturalmente mantendremos informado al Parlamento Europeo sobre el proceso. El convenio deberá entonces ser ratificado por las partes contratantes y signatarias, de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales.
En el caso de la Comunidad, esto se hará de conformidad con el artículo 228 del Tratado, es decir, previa consulta a este Parlamento por parte del Consejo. Para evitar retrasos en la implantación, se ha previsto que las posibles partes contratantes aprueben la aplicación del convenio con carácter provisional tan pronto como sea posible.

Lindqvist
Gracias por la respuesta. He formulado esta pregunta porque hay electores en mi país que están interesados en la respuesta. Personalmente no la sé muy bien, pero, por lo dicho por el Comisario Kinnock, entiendo que «va para adelante», que la tarea se esta realizando y que la convención que va a venir está en camino. Es evidente que el Sr. Kinnock no puede decir cuándo va a llegar o cuándo va a ser realidad; eso lo entiendo, ya que se trata de una ratificación por parte de los países miembros.
Sin embargo, de todos modos quiero preguntar cuánto tiempo puede pasar antes de que la convención haya entrado en vigor y pueda empezar a regir, porque es un asunto muy importante para todos los países miembros de la UE y para todos nosotros en general.

Kinnock, Neil
Poco a poco me voy acostumbrando a los procedimientos del Parlamento. Comparto el afán de su Señoría por garantizar que el organismo responsable de la seguridad se establezca cuanto antes y que pronto sea operativo. De hecho, creo poder afirmar sin temor a equivocarme que todo es buena voluntad en lo relativo a este proyecto, que es el motivo por el que, excepcionalmente, tenemos una disposición que permitirá el funcionamiento del convenio con carácter provisional tan pronto como sea posible. Todo el mundo está trabajando en un espíritu de cooperación y espero que no esté lejano el momento de la creación y el funcionamiento de este organismo para la seguridad. Dudo, sin embargo, que se produzca durante el mandato de esta Comisión. Sólo deseo ser invitado a la ceremonia de inauguración, porque hemos trabajado con mucho ahínco para hacerlo realidad.

El Presidente
Muchas gracias, señor Kinnock. Le deseamos que usted esté en esta ceremonia y en muchas más.

El Presidente

Pregunta nº 44 formulada por Bernie Malone (H-0209/99):
Asunto: Competencia desleal de la fruta enlatada en el mercado sudafricano ¿Conoce la Comisión las consecuencias sumamente perjudiciales que están teniendo algunos aspectos de la Política Agrícola Común en un gran número de agricultores del Tercer Mundo? Me refiero, en particular, a las ayudas concedidas a los productores de fruta de la UE y a la competencia desleal de la fruta europea en el mercado sudafricano.
¿No está de acuerdo en que esta situación está minando muchos de los aspectos positivos de la política de desarrollo de la Comunidad? Si es así, ¿qué medidas piensa tomar para remediar esta situación?
Le doy la bienvenida al Sr. Pinheiro y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Malone.

Pinheiro
Señor Presidente, Señorías, la pregunta que me ha formulado la Sra. Bernie Malone podría ser pertinente tal vez en relación con otros productos y en el pasado, en particular con la carne de bovino, respecto de la cual hubo un período de cierta perturbación en el mercado sudafricano. Y las exportaciones europeas fueron importantes durante ese período, situación que entretanto se ha corregido.
En cuanto a la cuestión de las conservas de fruta y hortalizas en el mercado sudafricano, he de decir que la exportación europea es extraordinariamente débil. El único producto que tiene alguna importancia son las conservas de tomate, que, aun así, no representan más que el 7 % del mercado sudafricano. Y, por tanto, no pueden crear una situación dramática ni una situación demasiado preocupante. Por lo que se refiere al mercado de frutas y hortalizas en Sudáfrica, hubo algunos problemas graves a raíz de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y, en particular, porque Sudáfrica tenía un arancel aduanero muy irracional, con arreglo al cual substituyó en muchos casos los límites cuantitativos por derechos aduaneros. Y, en algunos de ellos, la disminución de los derechos aduaneros fue excesiva. La situación era tal, que, cuando comenzamos a negociar el acuerdo de cooperación y comercio con Sudáfrica, tuvimos que aceptar -y aceptamos- que los principios del stand still y del roll back -que habitualmente son principios sagrados en una negociación, en un acuerdo de libre comercio- en el caso sudafricano pudieran tener numerosas excepciones precisamente para tener en cuenta esa anormal reducción de los derechos aduaneros en algunos productos sudafricanos y, en concreto, en algunos productos como las conservas de frutas y hortalizas.
Podría decir que se hizo la negociación y que nos obligó a un examen exhaustivo del comercio entre las dos partes, de las conservas de frutas y hortalizas y de todo lo demás y permitió llegar a una solución satisfactoria, lo que equivale a decir que las exportaciones sudafricanas a Europa continuarán dentro de límites congruentes con nuestra capacidad de absorción, con la capacidad de exportación y con la propia oferta comunitaria. Fue una negociación extraordinariamente difícil, pero puedo afirmar que el resultado final es equilibrado, aun cuando algunos países mediterráneos consideren que fuimos excesivamente generosos con los sudafricanos. Ahora bien, yo considero que la negociación fue equilibrada y que brinda algunas oportunidades para la sostenibilidad de ese mercado.

Malone
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Es un ámbito de la política europea que preocupa a muchos ciudadanos. Usted tiene conocimiento de la campaña que se está llevando a cabo en relación con los tomates enlatados, en particular. No es un puñado de personas los que hacen campaña, sino que es una campaña masiva.
Muchas de las cartas que recibo en Dublín son de miembros de órdenes religiosas, por ejemplo. Éstos sienten un respeto muy saludable por la Unión Europea, pero básicamente no aprueban el funcionamiento de la Política Agrícola Común con respecto a todas las zonas mencionadas en relación con los alimentos y también en relación con la pesca.
Como usted sabe, el acuerdo con Sudáfrica fue paralizado debido a la cuestión de la pesca. Los europeos viajan hasta aquel país y arrastran con lo que pueden, perjudicando al sector pesquero indígena.
Usted debe tener más en cuenta no sólo la cuestión de las ayudas, sino un comercio justo. Me gustaría que volviera y nos dijera qué respuesta debo dar a las personas que me han escrito.

Pinheiro
Respecto a los tomates enlatados, las mayores exportaciones que hemos realizado se elevan aproximadamente al 7 % del mercado sudafricano. En lo relativo a otros países africanos, nuestras exportaciones ascienden a aproximadamente 90.000 toneladas en toda la zona ACP. Por tanto, francamente, no creo que estemos trastocando el mercado interior de Sudáfrica.
En lo que a la pesca se refiere, los buques europeos no tienen actualmente acceso a las aguas sudafricanas. Hemos pedido a las autoridades sudafricanas que nos dispensen el mismo trato que a otros países que sí tienen acceso a las aguas sudafricanas. No es pedir demasiado que se nos considere en igualdad de condiciones, especialmente cuando estamos dispuestos a abrir nuestros mercados a los productos pesqueros sudafricanos del modo que Sudáfrica estime oportuno.
Resulta muy fácil culpar a Europa de algunas de las dificultades que de vez en cuando surgen en Sudáfrica. Pero permítame que le asegure que en el Consejo de Desarrollo y también en la Comisión hemos estudiado muy atentamente todas las posibles contradicciones entre la PAC y las políticas de desarrollo. El problema del vacuno surgió hace ya varios años y estoy convencido de que ha quedado resuelto y que ya no existe tal problema. Pero si surgiera algún problema, siempre estaremos dispuestos a buscar la forma de solucionarlo. Nuestra política se propone que exista coherencia entre la PAC y la política de desarrollo. Por tanto, siempre estamos abiertos a escuchar las quejas y a estudiarlas, en cualquier situación que se presente.

Spiers
Felicito al Comisario por su coraje para realizar el trabajo sucio de la DG VI sobre esta cuestión, pero la información de que dispongo dice que las prácticas de dumping de tomates baratos subvencionados en Sudáfrica tuvieron consecuencias muy graves para los productores nacionales de aquel país. Puede que sólo sea un 7 % repartido a lo largo de un año, pero la información que he recibido y que le haré llegar dice que una oleada de tomates baratos, en particular el año pasado, contribuyó a la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo en el sector de conservas en zonas con altísimos niveles de paro de Sudáfrica. Ciertamente, los sindicatos, entre otros, han culpado a la Unión Europea de ello. Creo que es necesario volver a analizar este asunto.
Sobre otra cuestión relacionada: como usted sabe, cuando el Consejo de Asuntos Generales rechazó el acuerdo comercial con Sudáfrica, Francia planteó el tema general de restituciones a la exportación como uno de los motivos por los que rechazó el acuerdo. ¿Puede informarnos hasta qué punto confía en que en la reunión de 22 de marzo se respalde el acuerdo comercial?

Pinheiro
A veces se conceden subvenciones a los productores de tomates enlatados, porque el precio al que deben comprar los tomates es más alto que el precio medio internacional. O sea que es para compensarles por los precios más altos que la PAC impone a los tomates, para garantizar la igualdad de condiciones en lo relativo a los tomates enlatados. A veces se nos acusa de prácticas de dumping debido a dichas subvenciones a los productores de tomates enlatados. No creo que sea adecuado utilizar ese término.
La cantidad total fue de 6.500 toneladas de tomates enlatados. Ése es el volumen de nuestras exportaciones a Sudáfrica, lo que representa el 7 % de su consumo. Sin duda, después de estas dos intervenciones, volveremos a analizarlo, junto con la DG VI.
En lo que respecta al acuerdo comercial y a las restituciones, lo cierto es que en un momento dado de las negociaciones se sugirió que si Sudáfrica redujera algunos aranceles, nosotros suprimiríamos gradualmente nuestras restituciones a la exportación.
Para la Unión Europea, la dificultad de Francia no son las características específicas de un producto determinado, sino el hecho de que este asunto pueda dar lugar o pueda abrir la puerta a la desaparición gradual de las subvenciones a la exportación, algo que Francia no está dispuesta a aceptar en estos momentos.
En lo relativo al compromiso de reducir aranceles y suprimir gradualmente las subvenciones a la exportación, al final, el que paga es el consumidor sudafricano. Por tanto, para Sudáfrica no era un gran acuerdo. Por ello, cuando Francia puso algunas dificultades, dije inmediatamente que no tenía la menor duda de que podría sacarlo del acuerdo sin el menor problema, porque al final sería Sudáfrica la que tendría que pagar por este tipo de acuerdo. Por eso dije que lo extraería inmediatamente, porque Sudáfrica, naturalmente, estaba dispuesta a aceptar eso.

Schierhuber
Señor Presidente, la respuesta del señor Comisario me da pie para formular una pregunta de carácter general a la Comisión. ¿Es realmente favorable para la UE que coloquemos con ello también en situaciones muy difíciles a muchos de nuestros socios comerciales? ¿Favorece realmente nuestros intereses que causemos de este modo distorsiones en los mercados, cuando a mi modo de ver sería mucho más importante mantener una competencia leal con unos socios sólidos?

Pinheiro
Señor Presidente, estoy en un 100 % de acuerdo con la Sra. Schierhuber. El problema es que en una negociación comercial debemos tener en cuenta los intereses de nuestros Estados miembros. Ésa es la primera obligación que tenemos. La segunda es intentar que el acuerdo sea lo más fair posible y tener en cuenta las especificidades de la otra parte. Y en ese encuentro de negociaciones a veces hay puntos difíciles para una parte y para la otra y ésa es la razón por la que a veces se encuentra alguna dificultad para concluir un acuerdo.
Ahora bien, debo decir que, desde mi punto de vista, la Unión Europea ha sido ejemplar por la forma como ha tenido en cuenta algunas preocupaciones sudafricanas legítimas, en particular el hecho de contar con una pesada herencia en lo relativo a la fraccionalidad de los aranceles aduaneros, a la reestructuración en curso en el sector automovilístico y en el sector textil, por dar sólo algunos ejemplos, del mismo modo que encontramos por parte sudafricana alguna comprensión para algunos problemas que nosotros tenemos en el interior de la Unión Europea y que se reflejan en algunos puntos concretos del acuerdo.
Sigo pensando que éste es un buen acuerdo y tengo muchas esperanzas de que el día 22 de marzo, con pequeñísimos ajustes, nuestros Estados miembros puedan considerar el resultado final positivo para la Unión Europea y aceptable para cada uno de nuestros Estados miembros. Pero, en cuanto al principio, concuerdo íntegramente con Su Señoría.

El Presidente

Pregunta nº 45 formulada por Fernando Pérez Royo (H-0121/99):
Asunto: Pesca en Gibraltar ¿Ha estudiado la Comisión la situación creada en Gibraltar, a raíz de los acontecimientos de la semana pasada (apresamiento del barco de pesca español «Piraña» por las autoridades gibraltareñas) y tiene la intención de adoptar alguna medida para asegurar el respeto de la legalidad comunitaria?
Le doy la bienvenida a la Sra. Bonino y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Pérez Royo.

Bonino
Efectivamente, lo único que la Comisión tiene que decir es que el origen del conflicto entre los pescadores españoles y la inspección de Gibraltar no tiene nada que ver con violaciones de reglamentos comunitarios en materia de pesca. Tiene que ver con la delimitación de las aguas territoriales, que no es competencia comunitaria.
Así que la Comisión, como ya ha dicho muchas veces y ha repetido recientemente, no tiene competencias para intervenir directamente en esta situación y sólo hace un esfuerzo para que las dos partes arreglen este problema, estando en contacto con los diferentes Gobiernos. Pero lamentamos mucho, en términos de fundamento jurídico, que no sea de competencia comunitaria.

Pérez Royo
Efectivamente, las circunstancias que motivaron mi pregunta -el apresamiento por la policía de Gibraltar de la tripulación de un barco español en aguas españolas- son cuestiones de Derecho internacional que no afectan directamente a la Comisión.
Lo que pasa es que esto se produce en un territorio en el que sí se aplica el Derecho comunitario. Es un territorio que forma parte del terreno de aplicación del Tratado y en relación al cual existen serias dudas sobre la efectiva aplicación de una serie de directivas comunitarias, no en pesca, sino en otras materias, como son materias fiscales, financieras, de lavado de dinero, etc.
Dicho esto, quisiera hacer una última consideración de carácter político. Coincido con las observaciones que hacía usted sobre los buenos modos y la necesidad de crear un clima en el cual este y otros litigios puedan ser tratados de una manera razonable, evitando una tensión innecesaria en la zona, que daña fundamentalmente a la población española y a la población gibraltareña, pero yo estoy pensando ahora fundamentalmente en la población española. No es creando dificultades a esta población, que vive en definitiva en esta zona, como se puede crear el clima para abordar razonablemente este conflicto.
La solución de este conflicto y de cualquier otro que se produzca en el futuro exige, en este momento, medidas para atenuar la tensión que se ha creado en la zona, de manera que se pueda alcanzar una solución razonable para este problema.

Bonino
Yo creo que la Comisión comparte la idea de que es necesario atenuar la tensión y ver cómo se puede arreglar. Pero me parece interesante también leerle una nota sobre la aplicación del Derecho comunitario a sectores que usted mencionaba y la nota es la siguiente:
La Comisión intenta garantizar el fiel cumplimiento de las directivas comunitarias en Gibraltar, al igual que en cualquier parte de la Comunidad, teniendo en cuenta el régimen especial aplicable a Gibraltar como se define, en particular, en el Acta de Adhesión del Reino Unido. Cuando lo ha estimado oportuno, la Comisión ha lanzado procedimientos de violación contra el Reino Unido por incumplimiento de directivas aplicables. En el ámbito del Derecho de sociedades, por ejemplo, la Comisión ha enviado cuatro dictámenes motivados al Reino Unido por incumplimiento de directivas relativas al Derecho de sociedades en el territorio de Gibraltar, etc. etc.
Esto es sólo para decirle que, aunque este asunto no es competencia directa de la Comisión, estamos intentando que se aplique, como para todos, el acquis communautaire .

Teverson
Le deseo suerte, señora Comisaria, en su campaña presidencial en Italia. Apoyaré su campaña.
Es un asunto muy importante el que ha sacado el Sr. Pérez Royo, en particular, el asunto de si está previsto adoptar algún tipo de medidas para garantizar que se cumple la legislación comunitaria. En términos de reducir la tensión en la zona, lo más importante es comenzar a aplicar la libre circulación entre Gibraltar y España. Si realmente comenzáramos a hacerlo y a solucionarlo a nivel local, como el conflicto pesquero, que ambas comunidades solucionaron muy bien a nivel local, las tensiones desaparecerían enseguida. Por tanto, ¿podría sugerir la Sra. Comisaria el modo en que el Sr. Pérez Royo podría contribuir a dicha libre circulación como exigen los Tratados, y reducir dichas tensiones?

Bonino
No creo que sea ésa la cuestión. Es mayormente un debate entre dos Estados miembros. La Comisión está realmente intentando rebajar la tensión y ayudar a ambos países a resolver este conflicto.
Quisiera aprovechar la oportunidad para decir al Sr. Teverson que no estoy haciendo campaña presidencial. En mi país eso es jurídicamente imposible. No existe la menor posibilidad. Soy Comisaria a tiempo completo y ejerceré como tal a tiempo completo, como es mi deber.

Morán López
Solamente una observación respecto de la delimitación de las aguas territoriales. El título que justifica y legitima el ejercicio de ciertas funciones por Gran Bretaña en Gibraltar -que es el Tratado de Utrecht- no determina que el Peñón tenga aguas. Se cede la ciudad y fortaleza de Gibraltar -como sabe la Sra. Comisaria- sin incluir toda la zona que fue ocupada por los británicos y que no tiene aguas territoriales. No ha habido delimitación de aguas territoriales entre España y Gran Bretaña porque, dentro del respeto del Tratado de Utrecht, España discute el título que tiene Gran Bretaña a este respecto.
Por otra parte, la adhesión de España a la Comunidad no cambia en absoluto los títulos españoles. El 12 de junio de 1985, España firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad, y Gran Bretaña también lo firma. Y el 15 de junio intercambio cartas con el ministro de Asuntos Exteriores británico estableciendo que la entrada de España en la Comunidad no altera los títulos españoles respecto a Gibraltar.

El Presidente
Muchas gracias, señor Morán. Señora Bonino, le invito a usted a hacer algún comentario sobre el comentario del Sr. Morán. La señora Bonino dice que no es necesario. Señora Bonino, le agradecezco su presencia, sus respuestas y su amabilidad.

El Presidente

Pregunta nº 46 formulada por Robin Teverson (H-0132/99):
Asunto: Fraude En caso de fraude, ¿quién asume la responsabilidad por las finanzas de una Dirección General: el Comisario encargado de dicha Dirección General, el Director General de la Dirección General en cuestión o la totalidad de la Comisión?
Doy la bienvenida a la Sra. Gradin y le invito a que responda a la pregunta formulada por el Sr. Teverson.

Gradin
La Comisión asume la responsabilidad política general por la ejecución del presupuesto y por la lucha contra el fraude. La Comisión puede delegar la gestión de líneas presupuestarias individuales a un miembro de la Comisión o a un Director General. En el caso específico de fraude, es el individuo que cometió el delito al que se le hace legalmente responsable. No obstante, la Comisión o el Comisario o el Director General afectado sigue siendo responsable de que se tomen las medidas adecuadas de control y de gestión.

Teverson
Agradezco a la Sra. Comisaria esa respuesta con palabras como «responsabilidad» y «responsabilidad individual en determinados ámbitos». Mi pregunta complementaria es muy precisa. Si el informe de los expertos detecta problemas muy concretos en el seno de la Comisión, significará eso que los distintos Comisarios asumirán en ese momento la responsabilidad por los ámbitos que tienen a su cargo y, si es adecuado políticamente, dimitirán a título individual? Sólo necesito una respuesta breve, bastará con una palabra en cualquiera de las lenguas oficiales.

Gradin
Ya he dado una respuesta y no diré qué sucederá cuando el Comité de Sabios presente su informe.

Posselt
Señora Comisaria, la Sra. Comisaria Cresson desmintió hace poco ante la Comisión de Control Presupuestario que tuviera conocimiento de determinados escándalos. Entre tanto hemos sabido que su administración la había informado al respecto y ahora nos preguntamos: ¿quién debe dimitir? ¿El funcionario que la informó o la Comisaria, que declaró falsamente a la Comisión que ignoraba por completo esa situación?

Bonde
Me gustaría preguntarle a la señora Gradin si va a readmitir al Sr. van Buitenen, quien fuera suspendido por molestarse en dar a un cargo electo un documento que consideraba que los cargos electos debían leer como parte del control que llevan a cabo sobre el fraude en la Comisión.

Gradin
Señor Presidente, creo que nos alejamos mucho de la pregunta que se me formuló. La he contestado. Con esto ya basta por hoy.

El Presidente

Pregunta nº 47 formulada por Jan Andersson a quien sustituye la Sra. Hulthén (H-0136/99):
Asunto: Programa de acción de la Comisión en cuestiones de narcotráfico El actual programa de acción de la UE en cuestiones de narcotráfico está a punto de concluir. La Comisión deberá elaborar un nuevo programa de acción.
¿Puede la Comisión indicar qué calendario existe para la elaboración del programa de acción de la Comisión en cuestiones de narcotráfico?
Señora Gradin, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Andersson que, en este momento, hace suya la Sra. Hulthén.

Gradin
Como es sabido, el actual plan de acción contra las drogas de la UE llega a su fin este año. Por eso, el Consejo de Europa ha pedido al Consejo de Ministros, al Parlamento Europeo y a la Comisión que preparen un nuevo plan para el período comprendido entre el año 2000 y el 2004. Este trabajo ya ha avanzado un buen trecho en la Comisión. Muchas ramas de servicios están involucradas directamente y trabajan a toda máquina para dar forma a sus contribuciones. Mis empleados y yo somos responsables tanto de la coordinación interna del trabajo como de los capítulos que específicamente se relacionan con el sector judicial y de interior.
La política europea en el sector de las drogas se ha desarrollado sucesivamente durante un período de muchos decenios. Por eso, mi punto de partida es que las contribuciones de la UE tienen que basarse en conocimientos muy sólidos y en experiencias debidamente evaluadas. Plazos largos, continuidad y coherencia son, por este motivo, temas centrales de nuestra próxima propuesta. Así nuestra contribución podrá asentarse en el antiguo plan. Además, va a contener una evaluación de lo que se ha logrado durante el último quinquenio. Por último, pero no menos importante, es que describimos las nuevas tendencias que requieren acciones especiales.
Nuestro objetivo es poder presentar en nuevo plan de acción al final de la primavera, en mayo. Después, nuestra propuesta se enviará como de costumbre al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros para su tramitación posterior.

Hulthén
Quiero dar las gracias a la Comisaria Gradin por su respuesta. Solamente podemos comprobar que probablemente será un nuevo Parlamento, y tal vez también una nueva Comisión, los que deban conocer de este nuevo plan de acción. Ahora que ya estamos discutiendolo y que la Comisaria Gradin ha mencionado algunos puntos esenciales del nuevo plan, también sería interesante escuchar en qué sectores se va a concentrar. ¿Puede desde ahora decir la Comisión, por ejemplo, tratándose del trabajo de prevención, las nuevas drogas, cómo vamos a controlar nuestras fronteras exteriores para evitar que entren aún más narcóticos que los que ya hay en la Unión actualmente? Sería bueno que se nos diera una respuesta a esto también.

Gradin
Hay muchos gabinetes y Direcciones involucrados. Por eso nos ocuparemos tanto de la represión como del compromiso social. Evidentemente que trataremos de alcanzar una política represiva combinada con responsabilidad social. Vamos a hablar de nuevas tendencias en cuanto al consumo y al comercio y de cómo es esa evolución. Vamos a discutir cómo vamos a trabajar internacionalmente, cómo vamos a evaluar y de qué forma enfrentaremos los nuevos retos. Queremos ver cómo podemos involucrar a los países de Europa Central y del Este que están golpeando nuestras puertas para ser miembros.
Por tanto, será una discusión sobre oferta y demanda y, evidentemente, también sobre las nuevas tendencias como, por ejemplo, las drogas sintéticas, y que Europa, en esta materia, tiene que limpiar su propia acera para que seamos una parte con credibilidad en las conversaciones, por ejemplo, en el contexto internacional.

von Habsburg
Señor Presidente, señora Comisaria, hace poco estuve de nuevo en América y pude constatar claramente que la lucha contra las drogas no sólo se puede desarrollar en las fronteras, a través del control de los transportes de los países productores a los países consumidores, sino que es mucho más eficaz cuando el sistema jurídico de los países consumidores está organizado de manera que el tráfico de drogas resulte más difícil, tal como ocurre por ejemplo en Estados Unidos. ¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para luchar contra las drogas en nuestro territorio?

Gradin
La Comisión también trabaja internacionalmente, igual que EE.UU. Colaboramos con América Latina, en triángulo, para fomentar cultivos alternativos a fin de limitar la oferta de narcóticos. Simultáneamente, nos ocupamos del consumo que tenemos en nuestros países miembros. En cuanto a esto, estamos evidentemente muy interesados en la participación de organizaciones de voluntarios y de colegios y padres, porque creemos que quienes abusan de las drogas no sólo nos escuchan a nosotros los políticos, sino que también son importantes las acciones preventivas y las influencias de los compañeros, en los lugares de trabajo o en los colegios. Es así como tratamos, en todos los frentes, de enfrentar este muy grave asunto.

El Presidente

Pregunta nº 48 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0149/99):
Asunto: Balance y perspectivas de la emigración clandestina a la UE desde el Norte de Marruecos ¿Qué balance y perspectivas hace la Comisión de la situación en la zona del Estrecho de Gibraltar y norte de Marruecos, en relación con la emigración clandestina?
¿Qué avances y mejoras puede contabilizar? ¿Qué medidas se adoptarán cara al próximo verano para evitar las «muertes en pateras»?
Señora Gradin, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Izquierdo Rojo.

Gradin
La inmigración ilegal del norte de Marruecos a la Unión Europea es, lisa y llanamente, un contrabando de personas. Éste es un asunto que interesa no sólo a los países miembros de la región del Mediterráneo sino que afecta, en alto grado, a toda la Unión. Los individuos que se dejan atraer por los contrabandistas de personas son, muchas veces, los más pobres y necesitados. Algunos buscan desesperadamente mejores condiciones de vida y están dispuestos a correr grandes riesgos para conseguir sus fines. Otros son víctimas del moderno comercio de esclavos con mujeres, que tiene lugar en toda Europa. Cada año se engaña con falsas promesas de trabajo bien remunerado a un creciente número de mujeres jóvenes que caen en la prostitución y otras formas de explotación sexual. Un gran número de vidas humanas se pierde cada año a causa de las acciones descaradas de los contrabandistas de personas. Sabemos con seguridad que las personas que intentan llegar a Europa por mar desde la costa de Marruecos, a menudo encuentran un destino muy cruel por el camino. Por este motivo, la lucha contra el contrabando de personas tiene que seguir teniendo prioridad en la Unión. En los últimos años, también se ha hecho mucho para intensificar la colaboración en el seno de la Unión en este campo.
El año 1996 se amplió el mandato a UDE para que también comprendiese el contrabando de personas. Ahora, con Europol, la capacidad de la Unión en este campo aumentará aún más. En noviembre del mismo año el Consejo de Ministros creó un programa especial llamado Stop. El objetivo era reforzar la capacidad de los Estados miembros para combatir el comercio con personas. Con su ayuda podemos respaldar y alentar el intercambio de experiencias y las actividades que aumenten la capacitación profesional en Europa.
También, hemos trabajado preventivamente en determinados países de origen, junto con el gobierno americano, para combatir la trata de blancas. Entre otras cosas, se han realizado campañas dirigidas a hacer conscientes a las mujeres de los riesgos que implica el intentar entrar en la Unión con la ayuda de contrabandistas de personas.
Esas medidas tienen que entenderse como un primer paso en la dirección correcta. Obviamente que hay que hacer mucho más para terminar realmente con el contrabando de personas. Hay grandes intereses económicos en juego y se ponen a prueba valores esenciales. Es obvio que la Comisión va a seguir utilizando todos los medios a su alcance para ayudar a detener el contrabando de personas. También es muy gratificante que el nuevo Tratado nos dé en el futuro mayores posibilidades de atacar este problema de forma global.

Izquierdo Rojo
Agradezco a la Sra. Comisaria su respuesta, sin duda, bienintencionada. Muy dura en el diagnóstico pero totalmente insuficiente en cuanto a lo que son las competencias de la Comisión, es decir, qué medidas van a tomar. Por aquí se ha dicho que nada, su respuesta es nada.
El problema, como usted misma ha señalado, es gravísimo. Hay medidas, señora Comisaria, que están al alcance de la mano. Por ejemplo, de cara a la cuestión de las pateras se pueden poner en marcha medidas de vigilancia, posibles durante el verano. Las hacemos con la pesca y los peces y no somos capaces de hacerlas con las personas. Se pueden hacer campañas de información disuasorias por las cadenas de televisión que se ven en el norte de Marruecos.
Señora Comisaria, realmente, yo creo que, ante los gravísimos problemas que tiene la frontera sur de la Unión Europea, la Comisión no está haciendo nada y es una enorme responsabilidad que usted conteste a una pregunta como ésta simplemente diciendo que todo lo posible. Eso es no decir nada.

Gradin
Por cierto que la Unión hace muchas cosas, lo cual también se deduce de la respuesta que dí a la diputada. La Europol tiene posibilidades, pero, asimismo, para llegar a un resultado concreto en forma de control tal como lo desea la diputada, tiene que haber colaboración con los países miembros. Sabemos que hay barcos que van entre Marruecos, Gibraltar y España y que hay una colaboración estrecha entre las distintas autoridades. He estado personalmente allí para estudiar lo que sucede, tanto en relación con el control del contrabando de personas como para verificar que no existen drogas a bordo de esos barcos.
Por cierto que también existen medidas concretas, igualmente con apoyo de Europol. Además, recientemente el Consejo de Ministros designó un Grupo de Alto Nivel que estudiará especialmente los países desde los cuales grandes grupos de personas intentan entrar en nuestros países. Uno de los países que se estudiará en este contexto es justamente Marruecos.

Hernández Mollar
Señora Comisaria, me parece que voy a contradecirle porque tengo conocimiento, por parte del propio Sr. Director de Europol, de que no se realiza actuación ni investigación alguna sobre las mafias organizadas que operan en la frontera suroeste de Europa, es decir, en la zona del norte de África que afecta muy directamente a la presión migratoria que procede de los países del Magreb.
Yo le quería preguntar qué valoración hace la Comisión de esta falta de atención reconocida por el propio director de Europol a esta zona de gran flujo migratorio sobre Europa y qué piensa hacer la Comisión para que se preste atención por parte de Europol a esa terrible lacra de criminalidad organizada que está causando trágicas muertes en la zona del Estrecho.

Gradin
En cuanto a Europol, estaría muy agradecida por la ayuda de esta Asamblea para, de una vez por todas, ponerla en funciones. Es cierto que la convención ha sido ratificada, pero hay una cantidad de protocolos que los Estados miembros tendrían que ratificar para que Europol alcanzara pleno vigor. Por tanto, agradecería esta ayuda porque así podríamos fortalecer este trabajo aún más.

Rübig
Señor Presidente, ¿cómo está previsto el reparto de las cargas dentro de Europa en relación con este problema? ¿Cuál es su opinión sobre las rutas con un destino determinado en este contexto?

Gradin
Como el honorable diputado sabe, durante los cuatro años que he sido miembro de la Comisión he trabajado mucho para crear una situación que permita distribuir las cargas. La primera propuesta no fue aprobada; ahora está la segunda en la mesa del Consejo de Ministros.
Desgraciadamente, ciertos países miembros están muy interesados en repartir las cargas, pero otros no lo están. Como es sabido, se necesita unidad para poder tomar decisiones en el tercer pilar, que es una colaboración entre estados. Creí que podríamos seguir adelante, pero ahora tenemos que cifrar nuestras esperanzas en que la presidencia alemana logre convencer a sus colegas de que realmente se necesita hacer algo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Gradin.
Señorías, con esta pregunta hemos agotado el tiempo destinado a las preguntas dirigidas a la Sra. Gradin. Por lo tanto, la pregunta nº 49 se contestará por escrito.

El Presidente

Pregunta nº 50 formulada por Concepció Ferrer (H-0111/99):
Asunto: Seguimiento de la queja sobre medidas comerciales desleales presentada en el seno de la OMC Ante las restricciones a la exportación de cueros y pieles que se producían en la India, la Comisión, a finales de 1997, inició un procedimiento de Solución de Diferencias en el marco de la OMC, a fin de salvaguardar los intereses del sector del cuero europeo que sufre las negativas consecuencias de estas medidas comerciales desleales desde hace tiempo.
Las primeras consultas que tuvieron lugar en Ginebra a principios de 1998 confirmaron claramente que la demanda presentada por la Comisión estaba bien fundada. Después de este primer encuentro en el marco del procedimiento establecido en la OMC, parece ser que se han interrumpido las conversaciones.
¿Podría explicar la Comisión por qué no ha fijado todavía una fecha para proseguir con el procedimiento de Solución de Diferencias?
Doy la bienvenida al Sr. Brittan y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Ferrer.

Brittan
La prohibición de facto de exportación de cueros y pieles por parte de India llevó a la Comunidad a presentar consultas formales a la OMC a comienzos de 1998.
La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación con respecto a la incompatibilidad del régimen de India con la OMC desde entonces. Las autoridades indias prometieron por fin en octubre de 1998 considerar seriamente la sugerencia de sustituir el actual plan de licencias de exportación por medidas basadas en aranceles que podrían tomar la forma de un impuesto sobre la exportación.
Las autoridades indias están discutiendo actualmente dicha propuesta en el contexto de la preparación del nuevo presupuesto. Estamos siguiendo de cerca el asunto y en las próximas semanas sabremos si se ha modificado el régimen.
Confío en que podremos resolver este delicado asunto. Si eso no sucede antes de mi visita a India, prevista para comienzos de abril, tengo intención de plantearlo a nivel ministerial.

Ferrer
Señor Comisario, le agradezco la respuesta y que se haya tomado con interés la cuestión del incumplimiento de las normas por parte del Gobierno indio en lo relativo a la apertura de los mercados para los productos del cuero, pero realmente le pediría con mucha insistencia que impulsara al máximo las actuaciones en este sentido para garantizar el auténtico respeto de las normas que rigen el comercio internacional.
Y no por una cuestión simplemente de principio sino porque es el único instrumento que permite que aquellas empresas que han estado haciendo grandes esfuerzos para ser competitivas y ponerse al día puedan de verdad hacer una labor de exportación y garantizar de esta forma su supervivencia.
Por eso, le insistiría en que esté atento porque puede ocurrir que si espera hasta el mes de abril, muchas empresas se hayan visto ya obligadas a cerrar a causa precisamente de la dificultad para exportar.

Brittan
Soy consciente de la importancia de las importaciones de materia prima para la industria del curtido y puedo asegurarle que me tomo este asunto muy en serio. No puedo prometer ningún resultado antes de abril. Estamos presionando firmemente y continuaremos presionando y tomaremos cualquier acción que esté a nuestro alcance.

El Presidente

Pregunta nº 51 formulada por Paul Rübig (H-0113/99):
Asunto: diferentes derechos aduaneros para influir en las votaciones del Consejo El litigio transatlántico a proposito de las importaciones de plátanos en la UE tiene muchos aspectos. Una cuestión fundamental es la referente a los diversos derechos aduaneros que aplican los Estados Unidos para gravar las importaciones procedentes de 13 Estados miembros. El importe anunciado equivale a unas pérdidas calculadas en 508 millones de euros.
La organización del mercado del plátano obliga por igual a todos los 15 Estados miembros. La UE habla también con una sola voz en la OMC. Los derechos aduaneros de castigo, que afectan de distinta manera a los países de la UE, desequilibran la situación competitiva y de costes dentro del mercado interior.
¿Qué piensa hacer la Comisión para asegurar que las sanciones de países terceros no favorezcan premeditadamente a algunos Estados miembros y evitar así que mediante tales «maniobras tácticas» se influya en las futuras votaciones en el seno del Consejo y se olviden los intereses comunes?
Señor Brittan, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig.

Brittan
Reconozco que el asunto planteado es grave. Existen dos razones por las que terceros países excluyen a algunos Estados miembros de las represalias contra la Comunidad.
Primero, los Estados miembros siguen siendo, independientemente de la Comunidad, miembros individuales de la OMC. En segundo lugar, las normas iniciales aplicables a las importaciones a terceros países desde la Comunidad siguen estando basadas en los Estados miembros individuales. A pesar de que la legislación comunitaria prevé la noción de origen comunitario, que es obligatorio en determinadas situaciones, los Estados Unidos y otros países terceros siguen haciendo una distinción entre los Estados miembros en este ámbito.
Conviene recordar que las represalias sólo pueden aplicarse legalmente previa autorización de la OMC. En el caso del conflicto de los plátanos, los Estados Unidos no han obtenido dicha autorización.

Rübig
Señor Presidente, mi pregunta complementaria se refiere, en concreto, a los aranceles punitivos impuestos unilateralmente por Estados Unidos. Según nuestro criterio jurídico, dichas medidas constituyen restricciones indirectas al comercio, que ya están causando graves perjuicios a las empresas locales en la actual fase de caución. ¿Cómo se propone reclamar compensaciones por los daños causados en el caso de que el panel de la OMC declare ilícitas dichas medidas, en el fondo o en la forma?

Brittan
Si prospera nuestra causa contra los Estados Unidos sobre la base de que las medidas adoptadas por dicho país son ilegales, o bien los Estados Unidos deberán retirar las medidas y ofrecernos compensación o, de lo contrario, tendremos derecho a adoptar represalias legales.

El Presidente

Pregunta nº 52 formulada por Arthur Stanley Newens (H-0127/99):
Asunto: Comercio con Cuba ¿Realizará la Comisión una declaración acerca de los acuerdos comerciales alcanzados con los Estados Unidos en mayo de 1998 y si es aún probable que entren en funcionamiento? ¿Dará detalles de la situación actual del comercio entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Cuba y de los efectos que la Ley Helms-Burton tiene sobre esas relaciones?
Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Newens.

Brittan
Los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos sobre la ley Helms-Burton e ILSA en mayo del pasado año representan un importante avance en este asunto. La Comisión continúa trabajando por la plena aplicación de dichos acuerdos. La responsabilidad la tienen los Estados Unidos, pero por nuestra parte estamos dispuestos a aplicar los acuerdos una vez que los Estados Unidos garanticen la exención en virtud del Título IV de la Ley Helms-Burton, tal y como está previsto en los Acuerdos de Londres.
Desde el inicio hemos expresado nuestra firme oposición a ambas leyes. En el marco de la defensa de la Unión Europea contra los efectos extraterritoriales de estos actos, el Consejo aprobó el estatuto de bloqueo en noviembre de 1996. Su objetivo es contrarrestar los efectos extraterritoriales de una ley sobre un tercer país, como en el caso de la Ley Helms-Burton e ILSA sobre la Comunidad. No disponemos de datos detallados sobre el comercio de la UE con Cuba. Sistemáticamente hemos defendido la opinión de que dicho comercio es legítimo. La Ley Helms-Burton ha tenido un efecto de enfriamiento en el pasado y puede haber distorsionado los canales por los que fluye el comercio. Por ello, el acuerdo de mayo 1998 supuso un importante avance.

Newens
Aunque agradezco al Sr. Comisario su respuesta, no admito que sea cierto que mientras el Congreso de los Estados Unidos se niegue a conceder la exención de los Títulos III y IV, no pueda llevarse a cabo un auténtico progreso en la aplicación de la base del acuerdo. Al mismo tiempo, personas particulares, empresarios y empresas que, de otro modo, realizarían negocios con Cuba, prefieren no arriesgarse y se abstienen. En semejantes circunstancias, ¿durante cuánto tiempo más podemos seguir con esta situación en la que existe una auténtica inseguridad para todos los afectados? ¿Prevé el Sr. Comisario que se produzca algún cambio en un futuro próximo?

Brittan
Es cierto que el acuerdo no se aplica plenamente y que no podrá aplicarse hasta que el Congreso apruebe la ley necesaria. No es cierto, sin embargo, afirmar que no tiene ningún efecto.
Quisiera llamar la atención de aquellos a los que usted describe sobre el hecho de que, desde que se celebró el acuerdo, no se ha tomado ninguna acción coactiva contra ninguna empresa europea ni contra ningún particular en virtud de ninguna de las dos leyes. Es algo que los empresarios deberían tener en cuenta, y se están realizando muchas operaciones comerciales.
En cuanto a nuevos progresos, estamos presionando al Congreso estadounidense y hemos dejado claro que no cumpliremos nuestra parte del resto del acuerdo hasta que ellos apliquen la suya.

El Presidente

Pregunta nº 53 formulada por Hugh R. McMahon (H-0174/99):
Asunto: Política de precios abusiva y dumping por parte de los productores noruegos de salmón en los mercados europeos ¿Puede informar la Comisión al Parlamento acerca de las medidas que ha adoptado recientemente contra las compañías noruegas que han burlado los acuerdos con la UE aplicando una política de precios abusiva en el mercado del salmón, e indicar qué compañías noruegas han participado en dicha práctica?
Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. McMahon.

Brittan
En junio de 1997 se alcanzó un acuerdo con Noruega dentro de las medidas definitivas de antidumping y compensatorias. Éstas consisten principalmente en el compromiso de 190 exportadores noruegos de fijar precios individuales. La Comisión destina considerables recursos a hacer un seguimiento de dichos compromisos y ya se han impuesto aranceles a 84 exportadores por haber incumplido o haberse retirado de dichos compromisos. Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento constante del mercado, se ha reducido el plazo dado para los informes sobre los compromisos y cuando los seguimientos han indicado que el precio mínimo del salmón en loncha era demasiado bajo, se ha incrementado para incluir una cantidad para los gastos de preparación. Cuando se descubrió que algunas de las partes que se habían unido al compromiso no eran exportadores, dichas partes fueron obligadas a retirar sus compromisos y cuando tuvimos noticia de que los procedimientos del impuesto noruego a la exportación, que forma parte de las medidas compensatorias, no se aplicaban de conformidad con el acuerdo, se celebró un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y las empresas noruegas en octubre de 1998 para abordar este asunto.
En fecha más reciente, la Comisión y las autoridades noruegas han acordado una nueva acción conjunta encaminada específicamente a erradicar las posibilidades de eludir las normativas. En diciembre de 1998, Noruega introdujo una normativa por la que declaraba ilegal la venta de salmón a la Comunidad a través de exportadores intermediarios que no estuvieran sujetos a los compromisos. La Comisión reflejó esta restricción incluyendo en el texto del compromiso otra disposición más estricta sobre el precio mínimo, según la cual los importadores que trabajan directamente con exportadores de Noruega se proveerán de otros importadores intermediarios de la Comunidad.

McMahon
Agradezco al Sr. Comisario su amplia respuesta. ¿Podría indicarme cuál es la situación actual? He podido saber de fuentes del sector escocés que en estos momentos hay una empresa importante implicada en Noruega. ¿Estaría dispuesto a dar a conocer a la Asamblea el nombre de esta importante compañía?

Brittan
No está del todo claro qué se supone que ha hecho la importante empresa ni a cuál se refiere su Señoría. Como he dicho, 84 exportadores han sustituido los compromisos por aranceles. No sé a qué empresa en particular se refiere su Señoría. Si desea escribirme facilitándome detalles, veré si existe alguna información adicional que yo pueda proporcionar.

El Presidente

Pregunta nº 54 formulada por Richard Stuart Howitt (H-0217/99):
Asunto: Ley de Adquisiciones Selectivas de Birmania En 1996, el Estado de Massachusetts en los Estados Unidos votó una ley de Adquisiciones Selectivas de Birmania prohibiendo al gobierno abastecerse de compañías que negocian con Myanmar. La CE manifestó su oposición ante el Gobierno federal y presentó una queja ante la OMC. Conscientes de que esta queja ha sido suspendida temporalmente en espera de los resultados de una investigación legal sobre la validez de la decisión, el hecho de que la Comisión presentase una queja ante la OMC no sólo es contradictorio respecto a sus propias políticas de imposición de sanciones contra Myanmar y sus expresiones de preocupación por las violaciones de los derechos humanos; sino que puede también considerarse un acto de cinismo al impedir que el intento de hacer que la política comercial internacional sea más coherente con los estándares de derechos humanos internacionales cree un precedente. ¿Puede la Comisión explicar la razón por la que aplica políticas tan contradictorias, y por qué ha llevado a cabo esta política, expresando de este modo desprecio por los derechos humanos en Myanmar? ¿Bajo qué circunstancias puede retirar su queja?
Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Howitt.

Brittan
Nuestra posición con respecto a Birmania es clara: deploramos la situación por la que atraviesa la población de aquel país y apoyamos a los Estados miembros en su determinación de mantener la presión sobre el régimen. Esto ha llevado a la aprobación de una posición común sobre Birmania y a la retirada de los beneficios del SPG.
El pasado octubre, el Consejo aprobó una prórroga de la posición común y la reforzó a través de una ampliación de la prohibición de visados y la suspensión de visitas gubernamentales de alto nivel a Birmania. También hemos intentado coordinar las políticas relativas a Birmania a nivel internacional con el fin de dar más eficacia a las acciones de todos los interesados.
A pesar de que nuestros objetivos en lo relativo a Birmania son similares a aquéllos de los Estados Unidos, ello no significa que aprobemos la flagrante violación de las obligaciones internacionales que se derivan de la Ley de Massachusetts. Adoptamos la decisión de solicitar al panel que dictamine sobre la compatibilidad de dicha ley con las normas pertinentes de la OMC, en particular, el acuerdo sobre contratos gubernamentales multilaterales de julio de 1998, tras haber sido imposible durante dos años resolver la cuestión de otro modo.
El Consejo Nacional de Comercio Exterior de los Estados Unidos ha desafiado también la Ley de Massachusetts y el Tribunal del Distrito estadounidense declaró inconstitucional dicha ley el pasado noviembre y suspendió su aplicación, por lo que, naturalmente, suspendimos nuestros procedimientos ante la OMC, pero el fallo del tribunal norteamericano ha sido apelado.
Nuestra decisión de presentar una queja a la OMC no supone el respaldo del régimen; se trata de garantizar la confianza en el entorno comercial internacional y la adhesión a las normas vinculantes del comercio. No existe ninguna contradicción entre las medidas que hemos adoptado contra el régimen de Birmania y nuestra expectativa de que los Estados Unidos respeten sus compromisos internacionales.

Howitt
Gracias, señor Comisario, creo que comprenderá que yo esté en total desacuerdo con su respuesta, a pesar de que ha sido de utilidad para la Asamblea que la haya expresado con tanta claridad. Lo que ha dicho contiene una contradicción. Es contradictorio que deploremos los abusos contra los derechos humanos en Birmania y afirmar que deseamos coordinar acciones internacionales para obligar al régimen birmano a cambiar sus políticas, y luego abstenerse de la oportunidad de aprovechar las oportunidades comerciales a través de la OMC para coordinar dichas acciones.
Me doy cuenta de que tenemos una serie de normas en virtud de la Organización Mundial del Comercio, pero esta Asamblea ha defendido reiteradamente, en septiembre del pasado año, cuando se condenaron las acciones de la Comisión, así como en mi informe sobre los códigos de conducta de las compañías multinacionales, la posición de que debemos aprovechar las relaciones comerciales a través de la OMC para defender un comercio que es ético y respeta el medio ambiente y los derechos humanos. ¿Puede el Sr. Comisario responder a la última parte de mi pregunta que es ¿bajo qué circunstancias, en caso de que la apelación tenga un resultado inesperado en los Estados Unidos, se retiraría la Comisión y garantizaría que el panel no es restablecido?

Brittan
Los procedimientos de la OMC están interrumpidos actualmente, debido a la decisión del Tribunal del Distrito estadounidense. Eso ya ha sucedido. Pero debo decir que es una cuestión muy diferente la de si debemos o no utilizar sanciones comerciales, por ejemplo bajo la OMC, en el caso de que la OMC lo permita, o si debemos limitarnos a aceptar que, sin consulta y no como parte de un acuerdo internacional, un Estado individual de los Estados Unidos emprenda acción para aplicar, como si dijéramos, su propia política exterior.
Puede que estemos muy de acuerdo con los motivos que están detrás de la legislatura de Massachusetts, pero en un sistema mundial de comercio no es posible que el Estado de un país determine el modo particular de imponer medidas de presión sobre otro país con los consiguientes efectos sobre el resto del mundo del comercio.
El hecho de que se tome una acción fragmentaria de este tipo perjudica al frente contra Birmania, lo cual perjudica a la Unión Europea, y no se inscribe en un paquete de medidas consolidado y aprobado a nivel internacional contra un país en particular con el que estamos en profundo desacuerdo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Brittan.
Señorías, con la pregunta del Sr. Howitt hemos completado el grupo de preguntas destinadas al Comisario Sr. Brittan. Le agradecemos su presencia.

El Presidente

Pregunta nº 55 formulada por Mihail Papayannakis (H-0107/99):
Asunto: Transparencia de las relaciones económicas entre los Estados miembros y las empresas públicas En respuesta a mi pregunta oral H-0761/98 , la Comisión informó de que las autoridades griegas le habían comunicado el 2 de julio de 1998 las disposiciones adoptadas para incorporar a la legislación griega la Directiva 80/723/CEE y su modificación. No obstante, al existir un desacuerdo acerca de las obligaciones derivadas de la citada Directiva, la Comisión decidió esperar las informaciones complementarias que había solicitado a las autoridades griegas, antes de emitir su dictamen con respecto a la posible suspensión del procedimiento de infracción.
¿Puede indicar la Comisión en qué consiste exactamente el desacuerdo relativo a las obligaciones derivadas de la Directiva 80/723/CEE, modificada por la Directiva 93/84/CEE , y si las informaciones complementarias proporcionadas por las autoridades griegas fundamentan, o no, la suspensión del procedimiento de infracción, que iniciara la Comisión en 1996 por la incompatibilidad de las informaciones que se habían proporcionado con las que preveía la Directiva citada?
Doy la bienvenida al Sr. Van Miert y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Papayannakis.

Van Miert
La Comisión pone efectivamente en conocimiento de Su Señoría que el desacuerdo de que se trata se refiere al alcance de la obligación de informar a la Comisión en virtud del artículo 5 de la Directiva 93 de 1984. En efecto, según esas disposiciones, los Estados miembros deben comunicar en particular a la Comisión, el 31 de marzo de cada año, a más tardar, una lista de sus empresas públicas del sector manufacturero. El incumplimiento de esa obligación de información constituye una infracción jurídica contra la cual la Comisión está obligada a reaccionar mediante un procedimiento apropiado.
El 3 de marzo -hace varios días, por tanto- Grecia facilitó por fin las informaciones solicitadas, que parecen satisfactorias por lo que se refiere a esas empresas. Así, pues, al hacerlo Grecia ha abandonado su posición diferente sobre las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva mencionada. En consecuencia la Comisión podrá muy probablemente concluir el procedimiento de infracción, a reserva de un análisis detallado de los elementos facilitados. Así, pues, tengo una buena noticia que comunicarle: creo que Grecia va camino efectivamente de ajustarse al Derecho comunitario.

Papayannakis
Señor Comisario, por lo que veo, el tema está relacionado, principalmente, con si se ha presentado o no, la lista de las compañías. Lo que más me interesa y sobre lo que quiero tener su opinión es, si se ha respetado todo lo que prevé la directiva en cuanto a, primero, la transparencia, y segundo, la utilización real de los fondos públicos.
Personalmente, estoy a favor de que los fondos públicos vayan a las empresas públicas, con la condición de que, para que realmente se haga algo, estén claros los objetivos, que haya transparencia en cuanto a la forma en que va el dinero y sobre si va a donde debe ir.
¿Tiene la Comisión alguna información, posibilidad u opinión sobre esto, o la diferencia con Grecia era sólo de procedimiento?

Van Miert
Hay que hacer una distinción entre la obligación en virtud de la directiva, que hasta ahora no había respetado Grecia, mientras que, como acabo de decir a Su Señoría, parece que ahora sí, y el examen por la Comisión del informe sobre las empresas que figuran efectivamente en la lista.
Se trata, por tanto, de un trabajo diferente, sobre el cual no estoy ahora, de momento, en condiciones de pronunciarme, dado que hace tan sólo unos días que recibimos un informe al respecto -debo decirlo- bastante completo.
Así, pues, me felicito por ello y agradezco a las autoridades griegas que hayan accedido finalmente a cumplir con el deber comunitario.

El Presidente

Pregunta nº 56 formulada por John Iversen (H-0144/99):
Asunto: Fusión La Comisión está examinando en la actualidad el expediente de fusión entre Danish Crown y la empresa Vestjyske Slagterier (mataderos de Jutlandia occidental).
¿De qué forma garantizará la Comisión que esta fusión no lleve a una situación en que la nueva empresa Danish Crown/Vestjyske Slagterier adquiera influencia sobre un competidor más pequeño como la Defco Food, de la que la Danish Crown es accionista minoritario, así como acceso a las informaciones internas del mismo?
La empresa Defco es una sociedad anónima que realiza trabajos de encargo y suministros para clientes como FDP y Danish Supermarked. Para una empresa como Defco reviste naturalmente suma importancia que la fusión prevista no lleve consigo que la nueva empresa Danish Crown/Vestjyske Slagterier adquiera influencia sobre ella o obtenga la posibilidad de conocer su funcionamiento interno.
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Iversen.

Van Miert
En primer lugar, quisiera informar a la Asamblea y a su Señoría en particular que la Comisión ha autorizado hoy la operación, pero con varias condiciones que han sido negociadas con las partes interesadas durante la denominada segunda fase del procedimiento de fusión.
La pregunta específica es relativa a la empresa Defco Food, que es un productor danés de productos cárnicos preparados, y a las relaciones con Danish Crown, la mayor cooperativa danesa de mataderos, que tiene una participación minoritaria en la empresa en cuestión.
La Comisión, como decía, ha decidido hoy autorizar la operación. Pero en lo que respecta a esta cuestión específica, no hemos encontrado ningún problema real. En este caso estamos hablando del mercado de productos cárnicos preparados. Los productores de productos cárnicos preparados, entre los que se incluye Defco Food, compran la carne de cerdo y de vacuno que necesitan para su producción en toda la CE y no sólo en el país en cuestión. Por tanto, las repercusiones de la fusión en dicho mercado deben ser contempladas desde una perspectiva más amplia que la situación en Dinamarca, mientras que los demás problemas son relativos principalmente a la situación en el interior de Dinamarca. Por consiguiente, a pesar de que hemos detectado varios problemas, no hemos encontrado ningún problema aquí, por lo que no podíamos insistir, en virtud de las normas, en reparaciones específicas en relación con la cuestión planteada.

Iversen
Quiero darle las gracias por su respuesta. El motivo para mi pregunta no era criticar la fusión. La entiendo perfectamente, de hecho me parece lógica. Lamento que no se haya querido examinar más detenidamente el problema que surge por ejemplo al depender la empresa mencionada de Danish Crown. Lo cual se traduce, entre otras cosas, en que esta empresa no pueda darle a sus empleados la posibilidad de efectuar ampliaciones de capital, pues la enorme y nueva empresa fusionada tendrá derecho a acudir a la adquisición de acciones antes que los empleados. Sin embargo, comprendo que sea una problema difícil de solucionar para la Comisión, por lo que le agradezco su respuesta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Iversen. El Sr. Van Miert me indica que no siente la necesidad de responder al comentario del Sr. Iversen.
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 57 y 58 se contestarán conjuntamente.

Pregunta nº 57 formulada por Juan de Dios Izquierdo Collado a quien sustituye la Sra. Frutos Gama (H-0161/99):
Asunto: Transparencia y control de las ayudas públicas en el marco de la política de la competencia En el marco de la política de la competencia, en ámbitos como el de las ayudas públicas en el sector del carbón europeo (Decisión 3632/93/CECA) , se ha establecido el criterio de la transparencia para facilitar su control, obligando a los Estados miembros a trasladar a los presupuestos públicos subvenciones hasta entonces contempladas en las tarifas eléctricas. ¿No piensa la Comisión que es necesario seguir esa misma línea jurídica en el caso de los costes de transición del sector eléctrico? ¿Qué razones justificarían, desde el punto de vista de la legislación de la política de competencia, un trato desigual entre los dos tipos de ayudas? ¿Cómo puede entender un consumidor, por ejemplo, que ya no se le descuenten de su recibo de la electricidad los costes del carbón europeo y en cambio se incorporen costes de transición a la competencia derivados de inversiones no rentables por obligaciones de servicio público?

Pregunta nº 58 formulada por Ludivina García Arias (H-0162/99):
Asunto: Protección de los consumidores dentro de la política de la competenciaLa Comisión ha expresado que los costes de transición a la competencia en los sectores liberalizados que podrían autorizarse, deberán referirse a inversiones realmente realizadas en razón de anteriores obligaciones de servicio universal. ¿No cree la Comisión que, desde el punto de vista de la política de la competencia, sería injusto y contradictorio con los principios de los Tratados que sean justamente los consumidores domésticos y las PYME, en el caso concreto del sector eléctrico y, en su caso, en el de las telecomunicaciones, quienes paguen estos costes a través de las tarifas y que por tanto esas ayudas públicas deben consignarse en los presupuestos de los Estados para facilitar así su transparencia y control?
Señor Van Miert, le invito a que responda usted conjuntamente a las preguntas de estas dos eurodiputadas.

Van Miert
Es una cuestión que preocupa, evidentemente, a los diputados, porque no es la primera vez que tengo el gusto de responder a preguntas al respecto. Como sabe Su Señoría, hemos insistido mucho ante el Gobierno español para que notifique ese caso, pues se trata de un caso de lucro cesante, como se suele decir.
Por lo demás, como sabe Su Señoría, ese problema no se plantea sólo en España. Se plantea también en varios Estados miembros, como consecuencia de la directiva sobre la electricidad. Hemos insistido en que, cuando se establece un régimen de lucro cesante, en principio puede tratarse de una operación de ayuda pública y, por consiguiente, como mínimo, la Comisión debe estar en condiciones de verificar si dicha ayuda está relacionada con lucro cesante. Actualmente, como el problema se plantea de forma diferente en varios Estados miembros, estamos intentando elaborar un método coherente.
Por lo que se refiere al caso español, como hemos recibido la notificación, estamos analizándola y seguramente en las próximas semanas se establecerán contactos con las autoridades españolas para debatir el análisis que la Comisión hará al respecto. En cuanto al consumidor, como se trata de un caso de ayuda pública, debemos juzgar con arreglo a las reglas, es decir, ver si «la ayuda» prevista es efectivamente una compensación por el lucro cesante. Por consiguiente, las preocupaciones en materia de consumo no entran en juego primordialmente en el caso de los expedientes de «ayudas estatales». Ésas son las reglas.
Ahora bien, se trata, evidentemente, de una cuestión que no perdemos de vista. Pero debo recordar que la regla en sí consiste en que la Comisión verifica si en semejante operación la ayuda prevista supera lo permisible. Y, al hacerlo, tengo la debilidad de creer que en última instancia actuamos también a favor de los consumidores.

Frutos Gama
Muchas gracias, señor Comisario, por su respuesta. Efectivamente, se trata de un tema que nos preocupa mucho a los diputados, pero preocupa especialmente a los consumidores domésticos y a las pequeñas y medianas empresas, que parece que van a ser los que paguen los costes de la transición a la competencia.
Por eso, señor Comisario, yo no buscaba tanto una respuesta técnica, sino una respuesta de sentido común.
Dado el oscurantismo del Gobierno de España y de su ministro de Industria, pienso que debe ser usted el que les diga a los consumidores domésticos y a las pequeñas y medianas empresas de regiones, por ejemplo, como la mía, que son de las más desfavorecidas de la Unión, que esto no va a ser así. Lo que tiene gracia, señor Comisario, es que el ministro de Industria español «venda» la reducción de la indemnización al sector, si la Comisión Europea decide finalmente recortarla, como un favor a los consumidores domésticos, que según él serían los grandes beneficiados por la consiguiente reducción de tarifas.
Así que, señor Comisario, explique por favor al consumidor español de a pie, con un lenguaje llano, quién es el que tiene que pagar los costes de transición a la competencia: el recibo de la luz o los presupuestos generales del Estado.

Van Miert
En el primer caso, si intentamos limitar al mínimo estricto cualquier ayuda estatal, ya sea en este caso o en otro, a fin de cuentas es en beneficio de los consumidores, porque ellos suelen ser además contribuyentes. Asimismo, seguiremos atentos a la evolución de este caso, porque, como he explicado antes, creemos que este caso debía haber sido notificado para que la Comisión pudiera realizar su trabajo.
Aparte de esto, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que la Comisión comparte plenamente el objetivo declarado de la política, a saber, la liberalización del sector eléctrico. Somos de la opinión que más flexibilidad, más competencia real significa que debemos velar por que en el sector eléctrico las empresas no tengan un control excesivo del mercado; por que exista competencia real, no sólo para las empresas, sino también para los consumidores particulares. Como usted sabe, éste no es aún el caso de la directiva. La directiva es más modesta. Pero ciertamente compartimos la opinión, que aparentemente es la que mantiene el Gobierno español, de que hay que liberalizar más allá de lo acordado en la directiva. Es a lo que está animando y lo que reconoce la Comisión de una manera positiva. Pero eso no debe distraernos de nuestro otro deber, examinar si los costes son estrictamente proporcionales a las sumas de dinero que se barajan.

García Arias
Señor Comisario, usted es consciente de que de momento esos costes los van a pagar los consumidores domésticos y las pequeñas y medianas empresas. Y no les van a reducir la tarifa, como se supone que tendría que reducirse incluso sin tener en cuenta la liberalización.
Sin embargo, yo tengo una pregunta más técnica que hacerle. Visto que el artículo 3 del Reglamento del Consejo sobre ayudas dice que las ayudas sólo se harán efectivas si la Comisión ha adoptado una decisión por la que las autoriza -y no sé si tiene conocimiento la Comisión de que ya se está descontando a las tarifas ese 4, 5 % (por lo tanto, ya están recibiendo las ayudas)-, ¿tiene pensado el señor Comisario mostrarse firme y requerir mañana al ministro de Industria español para que suspenda inmediatamente ese cobro y las cantidades ya cobradas ilegalmente a los consumidores, y que esas cantidades sean devueltas hasta que usted autorice esas ayudas?

Van Miert
Seguramente ha habido algunos malentendidos, porque era necesario notificar las intenciones de las autoridades de conformidad con la directiva y la mayoría de los Gobiernos lo han hecho. Pero lo que no se había advertido es que había que notificar también ese tipo de operación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 93 y a ese respecto hemos tenido que insistir -ha hecho falta cierto tiempo para ello- antes de que ciertos Gobiernos lo aceptaran.
Ahora ya está hecho. Así, pues, hay dos exámenes, si se quiere: el examen de conformidad con la directiva -y mi colega el Sr. Papoutsis es quien se ocupa de él- y el examen como problema o caso relativo a una ayuda estatal. En el caso que nos ocupa lo hemos registrado como una ayuda no notificada, ya que efectivamente la medida ya estaba en curso. Pero debo reconocer que, en vista de que la situación estaba un poco embrollada y no del todo clara, tal vez sin mala intención incluso -pues ciertos Gobiernos habían pensado que bastaba con notificar el caso de conformidad con la directiva-, nos hemos encontrado en una posición embarazosa con un Gobierno que creía -una vez más, me parece, de buena fe- haber hecho su labor, mientras que hemos tenido que recordarle que había una labor suplementaria.
Ésa es la situación. Por lo demás, Su Señoría ha de recordar que aquí mismo advertí a las autoridades interesadas que, como el asunto está en examen, tal vez no sea oportuno mantener esa medida, dado que normalmente hay que esperar ahora el resultado del examen de la comisión.

Pérez Royo
Efectivamente, en una ocasión como ésta, usted aconsejó un comportamiento prudente de no poner inmediatamente en aplicación el mecanismo previsto en la ley española hasta ver el pronunciamiento de la Comisión.
El hecho es que el Gobierno español y las compañías eléctricas no han seguido esa regla de prudencia y la han puesto ya en marcha, por lo cual se plantea el problema de que, en el caso de que las cantidades cargadas se revelen excesivas, haya que proceder a una devolución.
Y, entonces, ¿cómo se va a practicar esta devolución si ya se ha cargado en el recibo de la electricidad a millones de consumidores? ¿No piensa usted que de cara al control de las ayudas de Estado, puesto que en definitiva de esto se trata, sería más transparente y más fácil de controlar y más fácil, en su caso, de reparar el entuerto, el que los pagos se lleven a cabo por etapas, cada año, y a través de los presupuestos del Estado, como se hace en concreto con el régimen de ayudas al carbón? ¿No piensa usted que este sería un régimen más racional en lugar del sistema adoptado de cargar el 4, 5 % en el recibo de la electricidad, y, además, dar paso a una operación de titulización de estas ayudas en el mercado financiero?

Van Miert
Hemos advertido a las autoridades que, en primer lugar, si seguían adelante con la utilización, lo hacían por su cuenta y riesgo, ya que, una vez más, mientras la Comisión no haya hecho su trabajo, es decir, haya podido sacar las conclusiones del examen, sigue existiendo una incertidumbre, pero las autoridades son quienes deben asumirla.
En segundo lugar, por lo que se refiere a los importes, de momento nadie puede decir nada. En efecto, repito que sólo después del examen de la realidad del lucro cesante se puede llegar a concluir qué importe guarda una relación correcta, defendible, con el lucro cesante y sólo entonces se puede decir: «Tal y cual suma es aceptable para esta operación de lucro cesante y, más allá, no es aceptable», pero no podré decírselo a Su Señoría hasta que haya concluido nuestra investigación.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
La pregunta nº 59 no se responderá por haberse incluido en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones.
Señorías, con la respuesta conjunta a las preguntas 57 y 58 hemos agotado el tiempo destinado a las preguntas a la Comisión. En consecuencia, las preguntas 60 a 111 se contestarán por escrito.
Hoy, Señorías, por motivos ajenos a esta Presidencia, el turno de preguntas a la Comisión termina con un retraso de 42 minutos respecto del horario previsto. Esto ha pedido un sobresfuerzo por parte de los servicios de la Asamblea. Por lo tanto, al tiempo que les pido disculpas, les agradezco su colaboración.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
La sesión, interrumpida a las 19.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas

Recursos propios de la UE (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A4-0105/99) de la Sra. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la necesidad de modificar y reformar el sistema de recursos propios de la Unión Europea.

Colom i Naval
Señor Presidente, reconozco que en su día tuve dudas acerca de la oportunidad de que se realizase este informe, incluso por coherencia respecto al que me cabe el honor de realizar sobre la Agenda 2000.
Una vez votado el proyecto en la Comisión de Presupuestos -y no se trata de una cuestión personal-, confieso que me parece no sólo prescindible sino incluso contraproducente. Y lo digo reconociendo los esfuerzos de la ponente, Sra. Haug, que además organizó una excelente audiencia en la que todos aprendimos mucho sobre recursos propios. Pero creo que la Comisión de Presupuestos no ha sacado las conclusiones correctas.
Francamente, me preocupa que esta Comisión de Presupuestos envíe al Pleno un texto, dicho sea de paso, que no se corresponde con las propuestas de compromiso que la ponente defendía ayer mismo en la reunión. El texto del proyecto de resolución alcanza una altura de vuelo «gallináceo» pero, además, de gallina desorientada. ¿De qué estamos discutiendo en realidad? Teóricamente, de recursos propios; en la práctica, de contribuciones nacionales. Déjenme que les diga que este es un problema artificial, autocreado por políticos de los Estados miembros pero carente de base objetiva y profundamente antieuropeo. Jurídicamente no tiene base alguna.
Hace años que el Tratado indica que el presupuesto europeo debe financiarse íntegramente con recursos propios, sin menoscabo de otros posibles ingresos y, en 1992, el Tratado de la Unión Europea, que firmó el Consejo en Maastricht y que fue ratificado por todos los Parlamentos nacionales -incluidos los de los países que se han adherido después-, derogó el artículo 200, que era el que preveía las contribuciones nacionales y sus dos claves de reparto. Por motivos electorales y demagógicos se ha resucitado el tema. Los agravios comparativos entre países, los saldos presupuestarios, los cheques, los «I want my money back », lo que hacen es debilitar el proyecto de construcción política europea.
Se habla de tener más Europa, pero se quiere reducirla y todo este debate conduce a una renacionalización del presupuesto -y no me refiero a la cofinanciación sino al enfoque general del informe que ha salido de la Comisión de Presupuestos.
En mi opinión, la propuesta yerra el tiro totalmente. Es incapaz de salirse de la perversa lógica de las contribuciones nacionales y elevar el debate. A mi juicio, no cumple el cometido de mostrar al Consejo cuál debería ser el objetivo a medio plazo.
Señorías, ¿cómo hay que recordar que son los ciudadanos los que pagan impuestos y no los territorios? El primer problema de equidad no es si Alemania o el Reino Unido contribuyen en una proporción justa, sino si dos ciudadanos, con el mismo nivel de ingresos, contribuyen o no de manera totalmente distinta según residan en un país u otro. Por ello, puede resultar que los parados de Brandeburgo financien a los latifundistas andaluces.
Nuestro deber de equidad es pues que cada residente de la Unión Europea contribuya al presupuesto, ese mísero presupuesto que ronda el 1, 1 % del PNB, en función de su renta. Esta es la primera injusticia a resolver. Se debería pues poner como objetivo la introducción de un impuesto sobre la renta europeo sencillo y proporcional. ¿Qué hace la propuesta? Concentrarse en saldos nacionales que incitan a la rivalidad y desincentivan la solidaridad y, para colmo, se propone la cofinanciación de la PAC, que este mismo Pleno rechazó en noviembre último y que ya ha sido abandonada incluso por el Gobierno que la propuso ante el Consejo.
Mi propuesta, señor Presidente, quizás sea utópica, como la de Spinelli, pero la del informe es anacrónica. Lleva 25 años de retraso.

Christodoulou
Señor Presidente, el tema del sistema de los recursos propios es uno de los más complejos; no ahora, siempre; porque hace falta que haya unanimidad para reformarlo y, principalmente, porque mejorar las imperfecciones mediante la modificación de la decisión vigente sobre los recursos propios, nos llevaría a otras imperfecciones y, muy probablemente, ocasionaría diversas reacciones.
La propia Comisión Europea admite que las imperfecciones del sistema no son razón para una modificación urgente de la decisión sobre los recursos propios y se limita a presentar soluciones alternativas al problema de los desequilibrios presupuestarios, soluciones que algunos Estados miembros habían presentado. Tampoco se escapa de esta lógica el informe de la Sra. Haug que estamos debatiendo, ya que sitúa las medidas que propone a corto plazo, única y exclusivamente, en la consecución del mismo objetivo, es decir, en la reducción de las diferencias en cuanto a las contribuciones financieras, mientras que, a medio y largo plazo, no deja de presentar propuestas generales. La Sra. Haug ha intentado hacer compatibles las opiniones, pero desgraciadamente, siguen bastante distanciadas. Además, hemos centrado nuestra atención en el tema de la cofinanciación de las subvenciones agrícolas y nos hemos olvidado de otros muchos temas que podíamos haber gestionado y que, desafortunadamente, han pasado a un segundo plano.
La solución que propone el informe, es decir, la cofinanciación parcial de la política agrícola común, a pesar de pretender lo contrario, sobre el fondo del asunto acaba en una renacionalización parcial de la PAC y, de esta manera, pone en tela de juicio una política comunitaria básica por excelencia, aparte de las modificaciones que ésta debe sufrir por la proyectada ampliación hacia los países de Europa central y oriental en el marco de la Agenda 2000, y también por los compromisos que ha contraído la Unión en el marco del GATT, algo que estamos ignorando.
Además, el contenido de esta regulación se contradice con la filosofía que esperábamos en una Unión en la que la realización de la UEM, naturalmente, fomentase una mayor unificación y no la corrección de los desequilibrios presupuestarios que derivan de su funcionamiento y de la aplicación de sus políticas establecidas ya desde antiguo. Por tanto, el concepto de los saldos presupuestarios es un concepto de retroceso y el Parlamento Europeo debe rechazarlo. Igualmente deberá rechazar cualquier intento de cofinanciación directa o indirecta de la política agraria común. Ninguna mejora de los pagos de los Estados miembros debe basarse en una reducción de pagos de otro Estado miembro y no tener así el carácter de la corrección. Por el contrario, deberá ser creativa, es decir, debe ser el resultado de la participación en políticas ya existentes o que se están creando.
Señor Presidente, sería lamentable que rigiera la lógica financiera contable, especialmente en una época en que los ciudadanos europeos han centrado su atención en el Parlamento Europeo con vistas a las próximas elecciones, y que diéramos la impresión de que estamos vendiendo antiguas políticas y conquistas de la Unión Europea, de mucha historia y de gran importancia, sobre temas que, esencialmente, son soluciones contables.

Virrankoski
Señor Presidente, el informe de la Sra. Haug sobre el sistema de recursos propios de la UE es muy actual y necesario. Este informe llega al fondo del asunto, ya que las negociaciones sobre la Agenda 2000 se encuentran en una fase decisiva. Por este motivo, desearía expresar mi más profundo agradecimiento a la Sra. Haug con motivo de este informe.
La propuesta más importante del informe no se refiere a los ingresos de la UE, sino a sus gastos. En ella se sugiere que los Estados miembros financien la mitad de los gastos de la Política Agrícola Común, lo cual representa una propuesta radical. De esta manera se ahorrarían 18.000 millones de euros, es decir, el equivalente al coste de la ampliación hacia el Este. Así pues, esta propuesta solucionaría el problema de financiación que hace peligrar dicha ampliación. La cofinanciación de la agricultura tendría una enorme repercusión en las cuotas netas de participación. De acuerdo con unos cálculos aproximados, se rebajaría la cuota de participación anual de Alemania en unos 1.300 millones de euros, mientras que las cuotas de España, Grecia y Francia aumentarían en 1.000 millones de euros.
Vista como una cuestión de principios, la propuesta tendría también una gran repercusión. Si el punto de partida estriba en que los consumidores obtengan un beneficio de las ayudas agrícolas de la UE en forma de una caída de los precios de los alimentos, cabe preguntarse si es correcto que una parte de los países productores se vea obligada a pagar más. Para el agricultor, se trata también de saber si el nuevo sistema ofrecerá la misma seguridad que el sistema actual. La cuestión fundamental es, por lo tanto, averiguar si se va a mantener en una situación estable la Política Agrícola Común de la Unión Europea, para poder garantizar por lo menos la estabilidad en el importe de los subsidios y evitar que las ayudas nacionales representen una distorsión del mercado común.
El informe Haug incorpora un importante elemento en el debate sobre la Agenda 2000 y en los futuros preparativos de cara al próximo período de programación.

Seppänen
Señor Presidente, señor Comisario, me ha llamado la atención durante este debate el hecho de que los países receptores netos no quieran hablar de receptores o contribuyentes netos, mientras que los países que son contribuyentes netos sí desean hablar, precisamente, de esta cuestión. Se trata de cómo financiar la ampliación de la UE, y ahora nos batimos para ver quién es el que va a correr con los gastos. En este orden de cosas, desearía exponer algunos puntos de vista que, tanto mi Grupo como yo, consideramos que son de gran importancia.
No se debería superar el límite presupuestario del 1, 27 %. No debería otorgarse a la UE la posibilidad de ejercer una imposición tributaria a los ciudadanos en unos Estados miembros que son independientes, sino que corresponde a los propios países recaudar dichos fondos. El mejor fundamento para el pago de las cuotas lo constituye el Producto Nacional Bruto. No considero que sea imposible incrementar la cuota de financiación propia en el sector de la agricultura. Lo único que se lograría sería repartir los ingresos y los gastos de la UE de una nueva manera, pero no creo que deba existir oposición a este respecto por una cuestión de principio.

Blot
Señor Presidente, este informe nos ofrece la oportunidad de mencionar importantes cuestiones de principio relativas a la financiación de la Unión Europea. En efecto, el sistema de los llamados recursos fiscales propios de la Unión Europea, tal como funciona hoy, nos parece peligroso para el contribuyente, como, por lo demás, ha demostrado la evolución de los ingresos presupuestarios de estos últimos años.
Los estudios sobre la racionalidad económica de las asambleas parlamentarias -en particular, los del profesor Buchanan, premio Nobel, por ejemplo- han demostrado perfectamente que dichas asambleas tienen siempre interés en el aumento de los impuestos, que se reparte entre todos los contribuyentes, mientras que los gastos, por su parte, son individualizables y benefician a una clientela política muy determinada. Así, pues, con arreglo a ese tipo de racionalidad, cada diputado europeo recibe el reconocimiento por el beneficio de los gastos que puede brindar a su circunscripción y no se le achaca la carga del impuesto, que, por lo demás, recaudan las administraciones nacionales.
En cuanto al aparato burocrático mismo, que esencialmente corresponde a la Comisión, su interés en el aumento del sistema fiscal es evidente. Numerosos estudios han mostrado que, cuando los ciudadanos votan por sí mismos los impuestos, por referéndum -como en Suiza, por ejemplo, y como en ciertos Estados de los Estados Unidos-, en modo alguno votan como los diputados ni como los burócratas desearían. Resulta totalmente revelador. No obstante, semejantes referéndums sólo pueden ser -cierto es- nacionales o locales y resulta inconcebible un referéndum fiscal de la amplitud de la Unión Europea.
Por consiguiente, si se quiere evitar la deriva fiscal, parece preferible que la Unión sea financiada mediante cotizaciones de los Estados miembros fijadas por unanimidad y practicando el principio del justo retorno a fin de impedir la deriva hacia arriba. Así, pues, la defensa de los contribuyentes obliga a rechazar el informe Haug. La defensa del contribuyente es - conviene recordarlo- el núcleo de la defensa de la libertad de las naciones.

Tomlinson
Señor Presidente, el informe de la Sra. Haug constituye un significativo esfuerzo por aunar numerosos puntos de vista discrepantes. Quisiera felicitar a la ponente por este motivo. Sin embargo, la Sra. Haug me ha causado un grave dilema fisiológico: cómo puedo aplaudirla con una mano mientras que, con la otra, debo gesticularle enojado. Si bien una gran parte de su informe merece un aplauso, la ponente ha salido un tanto malparada de su intento de interferir en decisiones que fueron adoptadas en Fontainebleau e incorporadas en una decisión propia sobre recursos propios, una decisión para cuya modificación se exige unanimidad. En este importante ámbito de desacuerdo, intervengo en nombre de los diputados laboristas británicos.
La creación del cheque británico se debió a la desigualdad entre nuestra contribución neta y lo que recibíamos del presupuesto comunitario. Esta desigualdad persiste y no se ha registrado ninguna mejora de las circunstancias que nos condujeron a Fontainebleau. Si en algo han cambiado estas circunstancias durante todos estos años, ha sido para peor. En lugar de amenazar el cheque británico, lo que deberíamos hacer es centrar todos nuestros esfuerzos para atenuar la necesidad que tiene el Reino Unido de este cheque. Ello supone combinar un total de cuatro elementos: la reforma del gasto agrícola y un amplio recorte de dicho gasto; una cofinanciación que acompañe a esta reforma; una nueva evaluación de aquellos países beneficiarios de los fondos de cohesión que hayan logrado incorporarse a la moneda única europea y, por consiguiente, un examen de sus derechos en este sentido, y, finalmente, el establecimiento de un techo presupuestario y un estricto rigor presupuestario.
Por todo ello, si bien acojo muy favorablemente el informe Haug, los diputados laboristas británicos respaldamos firmemente los esfuerzos que han venido realizando sucesivamente los distintos primeros ministros, incluido Tony Blair, en su legítima demanda de igualdad y justicia presupuestaria.

McCartin
Señor Presidente, creo que hay mucho ruido y pocas nueces. Nos hemos pasado los tres o cuatro últimos años hablando de recortar el gasto a escala europea, de congelar el presupuesto y de mantener el nivel actual del gasto. En estos momentos estamos haciendo uso del 1, 11 % del PNB de la Comunidad, y se ha escrito mucho acerca de cómo debemos recaudar este dinero. Personalmente, creo que los recursos propios son lo que nosotros decidamos que sean. Recurso propio es lo que la legislación europea establezca como tal. Aunque pidamos a las administraciones regionales o a los Gobiernos nacionales que se ocupen de su recaudación y luego nos los transfieran, no por ello dejan estos fondos de ser recursos propios. Por lo tanto, creo que estamos dando una excesiva importancia a esta cuestión.
El otro punto es el relacionado con el justo retorno. Es posible que me equivoque cuando digo a la gente que, cuando se fundó la Unión Europea, la creación de la Política Agrícola Común no se debió al hecho de que fuera absolutamente necesario abordar este sector en particular o comunitarizarlo, sino que, como se admitió que un mercado único ofrecería grandes ventajas a un país cualificado e industrializado como Alemania, los franceses exigieron como contrapartida una Política Agrícola Común. De esta manera se reconocía que existían otras ventajas en el mercado único de la Unión Europea aparte del dinero que obtenía la gente con cargo al presupuesto.
Todo esto se confirma si tenemos en cuenta que no es posible evaluar las ventajas de la Unión Europea atendiendo únicamente al funcionamiento de la balanza de pagos del presupuesto europeo. En la actualidad, Alemania presenta un enorme superávit en su balanza comercial con el resto de la Unión, algo así como 25 000 millones. ¡Esto es más que suficiente! No estoy molesto con Alemania por esta suma, ya que la ha obtenido del mercado único gracias a su eficiencia y a su duro trabajo. Los holandeses registran un superávit aún mayor, cercano a los 35.000 millones. Algo de ello se podría explicar gracias al factor Rotterdam, pero incluso si así fuera, aún quedan beneficios que no existirían y que, por lo tanto, no contribuirían a la economía holandesa si no fuera por el mercado único. De todo esto se desprende que el mercado único beneficia a los holandeses y alemanes. Irlanda también se ve beneficiada porque registra un superávit comercial con el resto de la Comunidad, con la excepción del Reino Unido. Nosotros somos receptores netos, tenemos todas las ventajas, ¡así que no estoy a favor de cambios rápidos! Pero, hablando en serio, creo que estamos yendo demasiado lejos y que la exigencia de contribuciones nacionales a la Política Agrícola Común no es una propuesta razonable. Se trata, en definitiva, de una renacionalización.

Theonas
Señor Presidente, en el minuto de que dispongo deseo mencionar brevemente tres observaciones:
Primero: ¿Responde el total de los ingresos del presupuesto a las necesidades actuales de la Unión? Yo creo que no. El informe no dice nada sobre esto.
Segundo: yo creo que aquí se está distorsionando la realidad: estamos hablando del sistema de los recursos propios, o sea, del sistema de atesorar los ingresos, y sin embargo, el informe se dedica a los gastos; quiere reducir los gastos de la PAC; la Comisión de Presupuestos se convierte en una Comisión de Agricultura, propone la reestructuración de la política agraria y, al final, solicita la financiación nacional de dicha política. Del 70 % del presupuesto, la PAC ha descendido al 45 %. ¿A dónde queremos que llegue? ¿hasta dónde quieren ustedes que baje? Pensemos que sin la PAC no existiría hoy la Unión Europea.
Tercera y última observación: el concepto de los contribuyentes netos debe abandonarse de una vez por todas. Debemos aceptar que las contribuciones se juzgan por el total del mercado interno y no sólo por el presupuesto comunitario.

Lukas
Señor Presidente, el presente informe es un intento admirable y muy bien planteado de trazar una línea sinuosa que permita sortear una serie de megaintereses contrapuestos; un esquiador lo describiría como un eslalon. Le falta, sin embargo, una orientación clara. Para elaborarla, sería necesaria, de hecho, su devolución a comisión. A lo largo del presente debate se ha resaltado repetidamente con razón la exigencia de cohesión y solidaridad económicas y sociales. La solidaridad también supone, empero, que todos los Estados se comprometan al cien por cien en la lucha contra el fraude, la corrupción y la mala administración. En efecto, precisamente en la recaudación de los recursos se registran enormes pérdidas en los Estados miembros como resultado de irregularidades y fraudes. La futura organización del sistema de los recursos propios no puede tener como único objetivo configurarlo de manera más transparente, sencilla y racional, sino que su objetivo también debe ser reducir la carga total soportada por los contribuyentes europeos.
En este sentido, las eventuales ganancias del Sistema Europeo de Bancos Centrales no deberían ir a parar al Presupuesto comunitario, tal como se propone, sino al de los Estados miembros.

Bösch
Señor Presidente, quisiera manifestar mi sincero agradecimiento a la ponente por el trabajo que ha realizado en nombre de la Comisión de Presupuestos y de esta Cámara. Señorías, hoy he tenido en cierto modo la impresión de que parecía como si la Sra. Haug hubiese elaborado el informe para satisfacer un capricho personal. Todos y cada uno de nosotros deberíamos saber que con su elaboración ha asumido un trabajo de Sísifo y, a mi modo de ver, lo ha cumplido admirable y estupendamente bien. Cada uno de nosotros procede de un Estado miembro concreto y hoy hemos podido constatar de verdad que cada uno procede de un Estado miembro con intereses específicos. El debate lo ha demostrado ampliamente.
La Sra. Haug, según la lectura que yo hago del informe, ha intentado proponer medidas a corto y a medio plazo. Éstas incluyen poner sobre la mesa el tema de la reducción británica y también, obviamente, el de una cofinanciación en el ámbito de la agricultura, y a cualquier colega que afirme que lo que se pretende es una renacionalización de la economía -algo que a veces se dice en contra de las propias convicciones, tal como ya se ha debatido exhaustivamente-, yo quisiera decirle que éstas son cuestiones que obviamente deben estar sobre la mesa.
La Sra. Haug también ha desbrozado, no obstante, el camino en lo que se refiere a los ingresos que finalmente serán necesarios, o sea, unos ingresos europeos en forma de impuestos europeos. Sólo así conseguiremos superar el debate interminable sobre quién es el mayor contribuyente neto y quién es el mayor receptor neto, que es el tema en torno al cual parece girar todo, en efecto, en estos momentos. Yo quiero instarles a todos a que apoyen consecuentemente el informe porque éste está debidamente construido, de manera lógica y adecuada, y porque se aproxima mucho a la tarea que le encomendamos, que era formular y documentar una posición del Parlamento Europeo antes de que se adopten las decisiones en el nivel del Consejo Europeo.
No será el último informe de la Comisión de Presupuestos que nos plantee problemas. Si pensamos en el tema de las perspectivas financieras, es posible que para entonces se hayan modificado tal vez un poco los intereses, pero deberíamos procurar mantener nuestra capacidad de actuación en el ámbito presupuestario en nuestra calidad de Parlamento Europeo. Con el presente informe desde luego la mantenemos y por esto deberíamos apoyarlo el jueves.

Liikanen
Señor Presidente, el Parlamento Europeo subraya una vez más por medio del informe Haug su compromiso político por lo que respecta a los recursos propios de la Comunidad. A pesar de no ser muy elevada la presencia de diputados en el día de hoy, he de decir que, ahora que nos preparamos para la Cumbre de Berlín, se trata de una cuestión de la máxima importancia en la totalidad de los Estados miembros.
Al igual que sus predecesores, y en especial el célebre informe Langes de 1994, también el informe Haug combina el realismo a corto plazo con una visión de futuro. Me complace comprobar que el Parlamento Europeo se ha enfrentado con los mismos problemas que tuvo la Comisión en la elaboración de su informe. Y quisiera felicitar a la Sra. Haug por el equilibrio que ha logrado a la hora de aunar estos dos aspectos, el realismo a corto plazo y la visión de futuro.
El informe Haug y el informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los recursos propios que se publicó el pasado año están en muchos aspectos en la misma onda. Por ejemplo, ambos informes coinciden en que, si bien el actual sistema ha proporcionado los recursos suficientes para financiar el gasto comunitario, también es cierto que adolece de falta de transparencia, claridad y autonomía financiera. Los dos informes coinciden en que el concepto de justo retorno no es representativo de la relación de la UE con sus Estados miembros, y en que induce a errores en numerosos ámbitos. Ambos informes señalan que los recursos del IVA plantean una serie de dificultades en términos de transparencia y complejidad, así como señalan la posibilidad de sustituir los recursos del IVA con recursos procedentes del PNB. Esta proposición ha merecido una gran atención en el diálogo que se está entablando actualmente con los Estados miembros. Ambos informes reconocen igualmente la importancia cada vez menor que revisten los recursos tradicionales, por lo que resulta necesario tener en cuenta la relación coste/beneficio cuando se lleve a cabo su recaudación.
Finalmente, en caso de que aumente la importancia de los recursos del PNB -lo cual puede llegar a ser el caso en las próximas semanas-, será incluso más necesario recurrir a las últimas estimaciones del PNB, a las estimaciones más fiables que tengan presentes todos los aspectos de la economía sumergida.
Por lo que respecta a los nuevos recursos propios de carácter específico, los puntos de vista siguen siendo muy distintos. Estas diferencias se han puesto también de manifiesto en el seno del Parlamento Europeo. Si tenemos en cuenta la poca agilidad del procedimiento decisorio en este ámbito, será necesario un mayor acercamiento entre los diversos puntos de vista para lograr una iniciativa con alguna expectativa de éxito. Se trata de una cuestión muy interesante a nivel intelectual pero, hoy por hoy, no existen muchas opciones realistas desde un punto de vista político.
El calendario es un aspecto muy importante de esta cuestión. El éxito del lanzamiento del euro y las arduas negociaciones sobre la armonización de determinados impuestos en Europa se podrían ver frenados si se vinculan excesivamente con la cuestión de los posibles recursos propios de la Comunidad. Estoy completamente de acuerdo en que la cuestión de la financiación de la Unión ha de considerarse como un componente más del proceso de integración de la Unión, y en que deberá avanzar a la par con este proceso. Desearía finalizar felicitando una vez más a la ponente por su excelente labor.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Equipos a presión transportables
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0094/99), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la posición común (COM(96)0674 - C4-0068/97-97/0011(SYN)) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo relativa a equipos a presión transportables.

Camisón Asensio
Señor Presidente, como hemos dicho en ocasiones anteriores en que hemos debatido esta cuestión -por cierto tan técnica-, estamos ante una propuesta de directiva que se ha venido gestando fundamentalmente para subsanar los dos principales vacíos que se presentan en la normativa referida a la fabricación, transporte, comercialización, uso y mantenimiento de todos los equipos a presión transportables vacíos que vienen perturbando el normal desenvolvimiento y que consisten en la falta de seguridad en el transporte y en las dificultades en la libre circulación de dichos equipos en el mercado comunitario. Se trataba, pues, de cubrir esos dos objetivos fundamentales que, sinceramente, creo que se está en vías de conseguirse. En todo caso -y esto ofrece seguridad para el futuro-, la propuesta de directiva queda abierta ya que se ha incluido el procedimiento de recuperación de posibles ampliaciones futuras, cuestión que asimismo puede ser solventada con modificaciones potenciales en los convenios ADR y RID.
De conformidad con esta posición común aprobada por el Consejo, queda garantizada la figura del reconocimiento recíproco de las inspecciones según criterios que tengan en cuenta la experiencia, así como un nivel de independencia de los organismos dedicados a tal función con la suficiencia precisa para ser operativos y creíbles. Este Parlamento había presentado una serie de enmiendas que la Comisión ha aceptado en gran medida y que el Consejo ha retomado en su esencia en la posición común. Entre ellas se encuentra la enmienda que suprime la palabra «rellenables» del texto original, según lo sugerido también por el Comité Económico y Social, y la enmienda referente a la limitación de los organismos de inspección únicamente a las dos categorías más independientes. En una versión de la directiva figuran solamente los «organismos notificados» -los que llevaban tipo A- y los «organismos reconocidos», que se llamaban tipo B. La categoría C, que no presentaba un grado suficiente de independencia, ha quedado suprimida del texto, según solicitó en primera lectura este Parlamento, de conformidad con nuestro informe correspondiente aprobado en la Comisión de Transportes. Ahora queda explícita la exclusión del ámbito de aplicación de esta directiva de los equipos a presión transportables sólo utilizados para operaciones de transporte de mercancías entre el territorio de la Comunidad y los países terceros. Procede aceptarlo porque concuerda con los acuerdos internacionales en vigor, si bien advertimos la dificultad objetiva que supone distinguir con certeza cuáles son los equipos utilizados para tal tipo de transporte. Procede también, según nuestro criterio, aceptar la posibilidad de que los Estados miembros puedan autorizar que la conformidad de la producción en serie la efectúe un organismo reconocido -y, por tanto, vinculado en cierto modo a la empresa- sin la marca comunitaria prevista por la directiva. Pero sería procedente que se garantizara un derecho de control a organismos de inspección notificados de acuerdo con nuestras enmiendas.
Se propone también la posibilidad de conceder un período de transición. Creemos que también es aceptable pero siempre que no se admitan prórrogas.
Por otra parte, existen otras modificaciones de menor transcendencia. Algunas incluso hacen referencia solamente a aspectos lingüísticos y formales.
Por lo tanto, en líneas generales, nuestra postura es favorable a esta posición común e, incluso, valoramos positivamente alguna de las modificaciones aportadas por ella. Sin embargo, creo que es fundamental reafirmar la necesidad de mejorar otros aspectos, teniendo en cuenta que la eficacia y la calidad de la legislación en este delicado sector no pueden prescindir de normas precisas de transparencia y seguridad de conformidad con el Derecho en toda la Unión Europea, y en tal sentido van nuestra enmiendas actuales.
En todo caso y resumiendo, la cuestión trascendental del proyecto que se debate estriba en el gran dilema entre experiencia e independencia de los organismos de inspección -éste es el gran debate-. Ante tal dilema, la mejor solución consiste en lograr un equilibrio razonable entre ambas posturas, así como un reforzamiento de las comprobaciones oficiales sobre los diversos comportamientos. Sinceramente, creemos que con esta posición común y nuestras enmiendas se alcanza ese equilibrio razonable, por lo que pedimos el voto favorable para esta posición común aprobada por unanimidad en la Comisión de Transportes.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, hace un año el Sr. Camisón hizo un excelente trabajo, y así lo proclamó este Parlamento, durante la primer lectura de esta oportuna propuesta de directiva. Su visión, que permite aumentar la seguridad al mismo tiempo que mejorar las condiciones de libre circulación en el campo de la fabricación, uso y transporte europeo de equipos a presión, se mantiene en esta segunda lectura. El Grupo Socialista apoya los criterios de la Comisión de Transportes, que fueron los criterios iniciales del ponente, y por lo tanto votará a favor de las pequeñas pero importantes enmiendas que se contienen en este informe y que el ponente ha resumido.
La creación de un espacio económico único basado en un mercado común permanece a través del tiempo como un objetivo del Tratado de Roma que es preciso mejorar continuamente. La eliminación en este espacio de dificultades técnicas a los intercambios comerciales de productos industriales es, pues, una obligación permanente de este Parlamento y de la Comisión siempre que esta eliminación de dificultades se haga compatible con un alto nivel de seguridad. Ambas cosas se consiguen con este informe. Por cierto, sigo sin comprender cómo el Consejo se opone a homologar entre los Estados miembros y a hacer transparentes las restricciones horarias de fin de semana en el tránsito de camiones con carga por las autopistas europeas, aunque felizmente sólo nos quedan tres meses de Presidencia alemana tras los cuales es de suponer que esta homologación se consiga también.
Nuestra felicitación al Sr. Camisón por su trabajo a lo largo de estas dos lecturas y también a la Comisión por su excelente iniciativa y por su buena acogida a las enmiendas de este Parlamento.

Kinnock, Neil
Quisiera comenzar mi intervención felicitando a la Comisión de Transporte y Turismo y, en especial, al Sr. Camisón Asensio por el tiempo y los fructíferos esfuerzos que ha dedicado a este tema, no sólo en esta ocasión, sino durante todo el tiempo -18 meses o incluso más- que ha venido ocupándose de esta cuestión. El resultado de sus esfuerzos se refleja en una mejora de la propuesta de la Comisión. Hemos decidido reconocer esta circunstancia de la manera más práctica, es decir, aceptando un considerable número de sus enmiendas en primera lectura. Encontrarme con el Sr. Jarzembowski siempre me produce desconcierto. ¡Tal belleza a estas horas de la noche!
La posición de la Comisión, que incluye la totalidad de las enmiendas aceptadas por esta institución, es decir, la posición común, mejorará la seguridad de los equipos a presión transportables como los cilindros o tanques de gas, permitirá su libre circulación y uso, y alcanzará estos objetivos a través de disposiciones relativas, entre otros aspectos, a la conformidad de los nuevos equipos, la revaluación de los equipos ya existentes, la realización periódica de pruebas y el marcado comunitario correspondiente.
Permítanme hacer alguna observación a las enmiendas a la posición común que se presentan en este informe. En primer lugar, podemos aceptar la enmienda 2 puesto que introduce la notificación obligatoria a la Comisión en caso de marcado indebido.
No podemos, sin embargo, aceptar la enmienda 1, ya que la revaluación de un recipiente ya existente por parte de un organismo reconocido es solamente una posibilidad con arreglo a los términos de la propuesta. El Parlamento sabe seguramente que los Estados miembros que hagan uso de este disposición serán aquellos que ya disponen de abundante experiencia con organismos reconocidos. Estos países autorizarán únicamente unos determinados organismos reconocidos para llevar a cabo estas actividades de revaluación. En estas circunstancias, y teniendo en cuenta el hecho de que un organismo reconocido habrá revaluado con anterioridad el tipo de conformidad, no serán necesarias las visitas sin previo aviso por parte de organismos notificados.
Desearía felicitar a los intérpretes por la manera en que han seguido la lectura de este pasaje.
Dado que es una consecuencia de la enmienda 1, tampoco la enmienda 4 resulta aceptable. La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 3 por una sencilla razón de forma que comprenderá bien el ponente: el informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la adaptación de los avances técnicos queda recogido en las directivas de la Comisión que publica el Diario Oficial.
Espero que sus señorías reconozcan que los motivos por los que la Comisión no puede aprobar este reducido número de enmiendas son plenamente consecuencia de unos aspectos prácticos y de procedimiento, y no de objeciones por una cuestión de principios.
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente y a sus colegas por unos planteamientos tan constructivos, así como mis mejores deseos a un texto legislativo de tanta utilidad como es éste.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Puertos y terminales intermodales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0074/99) del Sr. Piecyk, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0681 - C4-0151/98-97/0358(COD)) por la que se modifica la Decisión nº 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos marítimos, puertos interiores y terminales intermodales, así como al proyecto nº 8 del Anexo III.

Piecyk
Señor Presidente, quizá no necesite agotar los siete minutos de que dispongo. También es posible abreviar un poco. Los políticos del transporte siempre procuramos ser concretos y no desorbitar las cosas.
Cuando empezamos los trabajos sobre la RTE, en 1994, ya estaba claro de entrada que no se resumiría en una única acción eruptiva, en una decisión, y luego ya estaría establecida, sino que era evidente que se requeriría un proceso que se prolongaría varios años y que también sería preciso revisar continuamente. Por esto, la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo de 1996 se titula, muy razonablemente, «Orientaciones para el desarrollo de una red transeuropea de transporte». En el curso del procedimiento de conciliación, El Consejo y el Parlamento Europeo no lograron llegar a un acuerdo sobre la necesidad -como la describimos entonces desde el Parlamento- de incluir los puertos en la RTE. Yo creo que incluso para un espíritu y un intelecto relativamente simples es obvio que una red de transporte sin puntos de interconexión viene a ser en última instancia sólo un rudimento, pero por otra parte nadie ha dicho que en el Consejo se reúnan sólo espíritus simples. Yo no me atrevería a afirmarlo de ninguna manera.
A continuación, la Comisión -usted, señor Comisario- declaró en el procedimiento de conciliación que presentaría en breve una propuesta sobre los puertos marítimos. En breve se ha convertido en un plazo un poco más largo que la definición habitual de dicha expresión. El resultado final ha sido, no obstante, la propuesta muy razonable, a mi parecer, de incluir los puertos marítimos, los puertos interiores y las terminales intermodales en una sola propuesta. Es una propuesta razonable porque en los tres casos se trata, en definitiva, de puntos de interconexión del transporte y como tales son sencillamente una premisa para el enlace de los diferentes modos de transporte. A lo cual se suma el hecho de que los puertos marítimos y los puntos de interconexión en el interior se influyen recíprocamente y son importantes y significativos para el desarrollo del transporte intermodal.
El mercado es decisivo para el desarrollo de los puertos marítimos. Nosotros no vamos a intervenir en este aspecto y, por consiguiente, que se establezcan unos criterios europeos para los puertos marítimos no debería generar ningún tipo de distorsiones de la competencia. Yo tan sólo considero que en lo que se refiere al criterio sobre el volumen de movimiento de mercancías, 1, 5 millones de toneladas anuales son, sin duda, un criterio mucho más razonable para una red transeuropea que sólo un millón, como propone la Comisión. La posición de la Comisión resulta, en cambio, totalmente incomprensible en lo que respecta a las especificaciones para los puertos marítimos. En este contexto dedica acertadamente una gran atención a la infraestructura portuaria, pero al final su propuesta acaba diciendo que los proyectos de infraestructura no podrán recibir financiación comunitaria. A nuestro parecer, a mi parecer, en esto se equivoca por completo. Nosotros seguimos manteniendo nuestra anterior posición. Queremos que se reconozca que la infraestructura de los puertos podrá recibir financiación comunitaria por principio, pero no así la superestructura, lo cual es distinto.
Para que quede claro qué se entiende por infraestructura, mi informe también propone una definición básica. Al fin y al cabo, todos tenemos toda clase de fantasías sobre la financiación de proyectos y sobre las posibilidades de financiar quién sabe qué. Con objeto de poner un límite a estas fantasías es preciso incluir una definición básica de lo que se entiende por infraestructura en el contexto de las futuras redes.
La situación es algo distinta en el caso de los puertos interiores. Es evidente que éstos deben estar equipados con instalaciones de transbordo para el transporte intermodal; éste sería un primer criterio. Pero los puertos interiores que sólo tienen movimiento de mercancías a granel deberían estar dotados de un volumen anual total de tráfico superior a 500.000 toneladas. La Comisión de Transportes ha incorporado este criterio al informe.
Yo quisiera detenerme en otros dos aspectos. La Comisión desea incluir también las superpistas ferroviarias europeas en la RTE. Ahora bien, el Parlamento siempre ha apoyado a la Comisión y también le ha respaldado personalmente a usted, señor Comisario, en lo relativo a las superpistas ferroviarias. Creemos que son necesarias para transferir un volumen creciente de tráfico de las carreteras al ferrocarril. Seguimos manteniendo dicho apoyo. Sin embargo, las superpistas constituyen, por su construcción, un servicio y no una infraestructura. Por consiguiente, nuestra Comisión y yo mismo opinamos que no se deben incluir en la RTE por razones de sistematización -no por el fondo de la cuestión, con respecto al cual coincidimos plenamente-, ya que sencillamente no constituyen una infraestructura.
Luego volvemos a encontrarnos con el famoso Proyecto nº 8, de los 14 importantísimos proyectos de la Cumbre de Essen. ¡Cielo santo, éstos ya se han revisado un millar de veces para comprobar si estaban maduros para iniciar su construcción! El Grupo Christophersen hizo un gran esfuerzo y ahora se pretenden introducir nuevos cambios. El Consejo ciertamente no se ha cubierto de gloria en este caso. No obstante, aun así yo creo que el Parlamento debería hacer un gesto de generosidad, junto con la Comisión, y dar su aprobación, pero con una precisión ya que, bien mirado, el Proyecto nº 8 se compone de diversos proyectos individuales. Así deberíamos hacerlo constar también en la decisión de mañana.
Ya sólo me queda agradecer la colaboración de mis colegas de comisión y también a los servicios de la Comisión, con los que también hemos colaborado, e instar, finalmente, al Consejo a que ultime una posición común antes del final de la legislatura, de manera que podamos continuar los trabajos en otoño.
Y el último punto: la Comisión se está planteando la posibilidad de presentar un libro blanco como base para la revisión de las redes. Nosotros consideramos que este planteamiento es erróneo. El artículo 21 de las Orientaciones establece que la Comisión deberá completar la revisión con unas propuestas y lo que no debe hacer justamente es iniciar un nuevo replanteamiento de fondo con la elaboración de un libro blanco. Nosotros esperamos, por lo tanto, que la revisión, cuando se realice, ofrezca nuevas propuestas adecuadas y mejoradas, pero que no se vuelva a empezar de cero, como quien dice. La verdad es que llevamos demasiado tiempo trabajando en el tema de las redes para que esto sea aceptable. Sólo me queda desearle suerte al señor Comisario en la revisión y confiar en que todavía se consiga alcanzar una posición común dentro de la presente legislatura.

Sindal
Señor Presidente, gracias a nuestro compañero, el Sr. Piecyk, por haber elaborado un buen informe y por una decisión heredera de nuestra decisión sobre redes transeuropeas. No logramos alcanzar un acuerdo sobre cómo debían quedar recogidos los puertos dentro del plan general. Desde entonces, hemos mostrado cómo la falta de efectividad y unos costes más elevados tanto en los puertos empleados en la navegación interior como en los puertos marinos han contribuido a limitar la navegación. El informe sobre shortsea shipping así lo indicaba. Hemos tramitado el libro verde sobre puertos y de hecho hemos avanzado mucho en nuestras discusiones sobre los puertos.
En toda Europa necesitamos desarrollo. Ahora estamos señalando juntos algunas prioridades y algunos puertos. Es importante que no sólo nos fijemos en lo funcional y que también tengamos en cuenta la necesidad de disponer de situaciones similares en lo que respecta a la burocracia. Esto es lo que quiero decir hoy. Hay una cosa que les resulta muy molesta a los barcos cuando llegan a puerto y es la heterogeneidad en la forma en que son recibidos y en la forma en que funcionan los puertos. Hago un llamamiento a los puertos de los países miembros, que ahora mediante la comunidad de la red transeuropea, por decirlo así, deben garantizar un transporte más sostenible, para que cumplan el compromiso de participar en la cadena de transporte y en toda su burocracia. Un segundo punto es que la selección debe tener también en cuenta consideraciones estratégicas y no sólo consideraciones regionales o locales. Un puerto puede tener gran trascendencia local, sin embargo, quizá no cumple la idea que supone una red transeuropea. Luego deben limitarse los deseos expansionistas locales cuando hablemos de desarrollar redes transeuropeas.

Jarzembowski
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el martes por la noche es la hora de la Comisión de Transportes y Turismo; por lo tanto, volvamos a lo nuestro.
Yo quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al ponente, Sr. Piecyk, por su informe. En él ha recogido también de manera excelente los puntos que ya tratamos en el debate del Libro verde sobre los puertos marítimos. Ha hecho suyos en su informe los planteamientos del Parlamento y ha conciliado el Libro blanco y la ampliación de la RTE. Una tarea muy importante para evitar dos actos jurídicos diferenciados y que se sigan dos caminos distintos. Yo creo que esto también demuestra que fue acertado que en 1996 nos mantuviésemos en nuestros trece y no aprobásemos la inclusión de los puertos marítimos, pues el Informe Piecyk nos permite contar ahora con una definición mucho más precisa y más clara de la misión que debe cumplir la financiación o la no-financiación comunitaria de los puertos marítimos y puertos interiores. Yo así lo reconozco, señor Comisario, y agradezco también a la Comisión las mejoras que incorpora la propuesta con respecto al texto original. En este sentido, hemos aproximado posiciones.
También yo creo que es importante que contemos con un mapa razonable de los puertos marítimos europeos, pues los ciudadanos no comprendían que existiera un mapa en el que se indicaban los aeropuertos, las líneas férreas y las carreteras, pero en el que no podían figurar de ningún modo los puertos. Yo comparto la opinión del Sr. Piecyk en el sentido de que la inclusión de los puertos en los mapas no significa que ningún otro puerto pueda llegar a adquirir importancia europea, pero tendrá que lograrlo con su propio esfuerzo. Éste es, sin duda, el aspecto decisivo.
Me parece sobre todo muy satisfactorio que en el Informe Piecyk se establezca una clara delimitación entre la infraestructura y la supraestructura portuarias. Una de nuestras tareas fundamentales es y sigue siendo evitar distorsiones de la competencia entre los puertos marítimos por efecto de las subvenciones nacionales o de las subvenciones con cargo al Fondo de Cohesión, procedentes de los Fondos estructurales. Para ello se requiere un esquema claro: ¿qué es infraestructura portuaria y qué es supraestructura portuaria?
Yo espero, señor Kinnock, que la Comisión también haga suya nuestra concreción relativa al Proyecto nº 8. El Consejo siempre habla de los proyectos de Essen y de Dublín, pero nosotros siempre hemos entendido que se trata de una codecisión y no de una decisión del Consejo. En efecto, se trata de una lista de proyectos prioritarios, no de una lista de compromisos prioritarios de carácter general. El proyecto nº 8 era lamentablemente un compromiso de carácter general. Nosotros lo hemos concretado sobre la base de las propuestas prácticas de la Comisión y estamos abiertos a la posibilidad de avanzar hacia una concreción común mayor y más clara, como próximo paso. Lo importante es, empero, que tengamos claras las prioridades y no nos limitemos a generalidades sin un compromiso.
Yo comparto asimismo la opinión del ponente Piecyk en contra de la elaboración de un libro blanco sobre la RTE, lo que siempre significa un debate de dos años, y todos los presentes y también todos los miembros del Consejo saben a lo que me refiero. Lo que necesitamos es un breve informe sobre las experiencias acumuladas y una revisión clara. Esta es nuestra tarea y yo creo que debería complacernos, señor Comisario.

Wijsenbeek
Señor Presidente, después de nuestro colega Jarzembowski que ha hablado de la noche del martes como la noche del transporte, sí puedo decir que es llamativo cómo estamos todos nosotros, los expertos en transporte, en los «backbenches». Tal vez, Comisario Kinnock, si usted se queda con esta cartera y pasamos al derecho de codecisión, todos nosotros podamos movernos un poco hacia el centro de la política y conseguir una posición un poco más importante.
Habiendo dicho esto, debo empezar felicitando también a nuestro colega Piecyk y decirle cuán llamativo ha sido lo bien que hemos colaborado en esto y si su antecesor Günther Topmann hubiera visto la buena armonía con la que hemos redactado este informe, creo que entonces le habría dado una hipertrofia del corazón.
Presidente, después de lo que se ha dicho y a lo que me sumo, me gustaría abordar un aspecto con más detalle. Los puertos son naturalmente los puntos de interconexión más importantes que tenemos en las redes transeuropeas. Porque desde allí sale nuestra importación y exportación hacia la Unión entera. La importancia de los puertos no sólo se determina por la historia sino también por la accesibilidad del interior a los puertos. ¿Por qué el puerto de Oporto, por ejemplo, tiene algo menos de actividad que el puerto de Rotterdam? Porque el transporte desde allí, a pesar del hecho de que sean dos o tres días menos de navegación desde el océano, hacia el interior es más dificultoso porque las infraestructuras desde el puerto no son todavía lo suficientemente fuertes. Esa es una de las razones por las que hemos desarrollado juntos esas RTE y porque es de vital importancia que se pueda realizar un transporte multimodal desde los puertos hacia el interior.
Por eso también felicito al ponente por haber mencionado de nuevo las vías navegables que son, por lo menos, igual de importantes, el Canal Elbe-Lübeck y el Canal Twente-Mittelland que se ha añadido en la enmienda de la Comisión. Apreciaríamos mucho que la Comisión recalcara también la importancia de esas vías navegables.

Torres Marques
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar a nuestro colega el Sr. Piecyk por el excelente e importante informe que ha presentado. Como comprenderán, en el poco tiempo de que dispongo, he de limitar mi intervención al proyecto prioritario nº 8, que trata de las conexiones entre Portugal y Europa vía España.
Se puede considerar este proyecto ahora presentado una auténtica revolución en el mundo de los transportes por lo que se refiere a Portugal. Integra completamente la nueva concepción que nosotros aquí, en la Unión Europea, en particular en el Parlamento Europeo, hemos venido defendiendo siempre. El hecho de que el actual Ministro de Fomento haya sido diputado europeo tal vez no sea ajeno a la profunda transformación registrada en lo relativo a las propuestas de proyectos comunitarios de Portugal.
El proyecto anteriormente previsto consistía en la autopista Lisboa - Valladolid, que también está integrada en los nuevos proyectos, pero lo que ha cambiado, en mi opinión, ha sido sobre todo la concepción. Lo que ahora se están examinando son los puertos y los transportes intermodales, con enlaces ferroviarios y por carretera que permitan un buen acceso de las mercancías a los puertos y buenos accesos de los puertos al interior de Europa. Como decía el Sr. Wijsenbeek, hay realmente una gran diferencia entre el puerto de Oporto y el puerto de Rotterdam por lo que se refiere a las infraestructuras.
Y, por tanto, lo que vamos a proponer en este proyecto -y que es, creo yo, una verdadera revolución en el nivel de los transportes en mi país, para el cual pido la adhesión de esta Asamblea y de la Comisión- permite que Portugal consiga modernizar completamente su sistema de transportes, crear una red lógica y complementaria conectando los diversos tipos de transportes y modernizando los diversos tipos de acceso a los puertos de Portugal. Eso significa que así podremos abrir un nuevo frente de desarrollo y pensamos, por consiguiente, que se debe aprobar este proyecto, porque reviste una importancia decisiva para Europa y para Portugal.

Sisó Cruellas
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Piecyk, ponente de este informe, porque, como nos tiene ya acostumbrados, ha hecho una vez más un excelente trabajo.
Debemos acoger con satisfacción la propuesta de la Comisión porque es importante y urgente completar el procedimiento de conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo celebrado en 1996, donde no se pudo alcanzar un acuerdo sobre la manera de integrar los puertos en las RTE. No obstante, la propuesta de la Comisión, como ya ha indicado el ponente, ha llegado con retraso y el procedimiento para la propuesta actual se solapará con la preparación del informe de la Comisión sobre la revisión fundamental de las orientaciones. De hecho, en la exposición de motivos de la Comisión contenida en su propuesta de modificación, hay continuas referencias a la próxima revisión que se realizará de acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 16/92.
Por otra parte, opino que la propuesta de revisión y actualización continua de las orientaciones no debe hacerse a través de un Libro Blanco. Y en lo que respecta a la enmienda 13, que hace referencia al proyecto nº 8, concretamente a los corredores de la propuesta de la Comisión «Vía de enlace multimodal Portugal/España con el resto de Europa», se incluyen Galicia (La Coruña)/Portugal (Lisboa), el Corredor Sudoeste (Lisboa/Sevilla) y un tercer corredor denominado Irún/Portugal (Lisboa), el cual no queda definido en lo que se refiere al territorio español. Se trata de un error, yo creo, de trascripción puesto que debe decir «Irún-Valladolid/Portugal (Lisboa)», por lo que ruego se haga esta corrección para evitar confusiones y pido al ponente que en el momento de la votación haga esta aclaración.

Baldarelli
Señor Presidente, señor Comisario, debo manifestar que con esta propuesta de la Comisión se cumple una programación importante que afecta a las redes transeuropeas, aunque con la solución que se ofrece no agotamos el debate sobre este tema.
Contrariamente a otros colegas, estoy convencido de que es necesario abrir un amplio debate sobre el nuevo proyecto relacionado con las redes transeuropeas, un debate que retome el espíritu originario del Libro Blanco de Jacques Delors y que sea capaz de implantar fuertes innovaciones sobre todo enlazando el esquema de las redes con el desarrollo de las áreas urbanas e industriales. En consecuencia, estoy a favor de una comunicación de la Comisión que abra un debate muy amplio con el Parlamento y con la sociedad europea y que no sea sólo una lista de proyectos recomendada por los Gobiernos nacionales.
En lo que concierne a la propuesta que nos ocupa, estoy fundamentalmente de acuerdo con la misma y pienso que se puede llegar a una mediación con respecto a un punto. La clasificación de los puertos sobre la base del volumen de mercancías, en mi opinión, no puede referirse exclusivamente a un volumen anual de 1, 5 millones de toneladas, sino que debe abarcar un plazo más amplio, al menos trienal.
En cuanto a la cuestión de la competencia, considero que es necesario deparar mucha atención a la distorsión, aunque pienso que son fundamentales las intervenciones de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión tanto en lo que atañe a las intervenciones estructurales como a las supraestructurales. En este sentido creo que el estudio que la Comisión está realizando sobre los puertos es muy útil, habida cuenta de que hay muchos puertos no mediterráneos en que, aunque indirectamente, las intervenciones públicas llegan igualmente. Es necesario un estudio muy transparente y preciso tanto de los puertos no mediterráneos como de los mediterráneos.
Desde este punto de vista, considero que deben fomentarse el concepto de nudo y el de intermodalidad, la innovación tecnológica, el desarrollo inteligente de las redes conectadas entre sí. En este caso, pienso en que es importante considerar las conexiones con los nudos ferroviarios. La intermodalidad es un aspecto significativo.

Mendes Bota
Señor Presidente, de los cuatro proyectos prioritarios de redes transeuropeas de transportes formulados en el Consejo Europeo de Essen, en diciembre de 1994, tres están en fase de conclusión, seis están en proceso de materialización hasta el año 2005 y cinco se encuentran en estado de gran indefinición ora en cuanto al calendario ora en cuanto a su costo y financiación. Ése es el caso del enlace multimodal de Portugal y España con Europa.
En 1996, con la llegada al poder del nuevo Gobierno socialista en Portugal, cambiaron las orientaciones, Madrid se adaptó y la Unión aprobó en el Consejo de Dublín la nueva concepción intermodal, con la cual, por lo demás, concordamos.
Ahora bien, dos años y medio después, no se sabe qué proyectos concretos de enlaces multimodales de Portugal y España y qué estudios de repercusiones económicas o medioambientales se han presentado ya en Bruselas ni cuáles son los costos y las fuentes de financiación. Es curioso que, al mismo tiempo que estamos aquí modificando la designación del proyecto nº 8, haciendo referencia a tres corredores multimodales ibéricos, el Gobierno portugués ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2000-2006 relativo a cuatro corredores ibéricos principales como integrantes en la actual cartera de proyectos de las redes transeuropeas, a saber: corredor galaicoportugués, de Vigo a Lisboa; corredor Irún-Portugal; corredor de Extremadura, de Lisboa a Madrid; y corredor mediterráneo Lisboa-Faro-Huelva-Sevilla.
Al final, ¿en qué quedamos? ¿Son tres o cuatro corredores? ¿Cuál de los textos expresa la voluntad política actual del Gobierno de Lisboa? ¿Cuál de ellos dará fe en el futuro? Hay que evitar un clima pantanoso de indefinición, de avance y retroceso, que deje para las calendas griegas la indispensable financiación de la Unión. En particular, regiones como el Algarve y Andalucía no pueden contentarse con figurar sólo en el mapa, pero en la práctica quedaron por mucho tiempo fuera de los corredores de enlace con Europa. El ferrocarril del sur de Portugal es el peor de Europa, le falta el enlace con Sevilla y la conexión con el aeropuerto de Faro. La autopista Lisboa-Algarve, la segunda fase de la vía del Infante y el enlace Ayamonte-Sevilla no pueden dejar de completar a corto plazo una red de carreteras según el modelo europeo. Es que ya está bien de inacción y vacilación.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, desearía excusarme en primer lugar por no ser tan preciso y breve como el Sr. Piecyk, lo cual se debe en parte a la complejidad de este informe. Quisiera ofrecer una respuesta franca y lo más completa posible a lo que se ha dicho aquí, ya que se trata de cuestiones de una gran importancia. Por este motivo, espero que el Parlamento sea benevolente conmigo si me extiendo más allá de los cinco minutos. Creo asimismo que, como siempre, el Sr. Wijsenbeek ha hecho una excelente sugerencia en el sentido de que, en estas sesiones nocturnas, deberíamos juntarnos más para ahorrar electricidad y no tener que proyectar la voz tan lejos y, quizá, al final de cada noche, podríamos congregarnos e interpretar algún cántico comunitario. Sería ciertamente una experiencia muy positiva.
En estas sesiones nocturnas, a veces me parece que estoy jugando a la taba en medio de Wembley. No me apetece en absoluto sentirme solo, aunque, como ha señalado el Sr. Wijsenbeek, estamos ante un hemiciclo atestado en comparación con lo que acostumbramos a presenciar en ocasiones. Esto es una muestra de la gran trascendencia que se concede a esta cuestión.
Me complace que el Parlamento haya adoptado la propuesta que hemos presentado y que dicha institución ofrezca un apoyo generalizado a la consecución de este objetivo que constituye el cumplimiento de las orientaciones en materia de transporte de las redes transeuropeas, con la incorporación de los puertos marítimos, los puertos interiores y las terminales intermodales.
El ponente, el Sr. Piecyk, ha debido de sentir una satisfacción especial durante la elaboración de este informe, ya que, desde que compartimos experiencias comunes en 1995 y 1996, siempre le he considerado el padre de las orientaciones de las RTE en materia de transporte.
Resultará evidente a sus Señorías que el desarrollo de una red transeuropea multimodal de transporte no estaría completa si no se incluyeran los principales puntos de interconexión. Éste es el motivo por el que, como ya sabrán algunos diputados, la Comisión, a instancias de este Parlamento, declaró durante el procedimiento de conciliación sobre las orientaciones que presentaríamos en 1997 una propuesta relativa a los proyectos de puertos marítimos. De hecho, esta circunstancia es coherente con el carácter de nuestra política sobre las RTE, la cual, teniendo presente el objetivo de desarrollar unas redes verdaderas, debe centrarse cada vez más en los puntos de conexión y en los accesos a las principales arterias, en vez de limitarse simplemente a los tradicionales tramos de infraestructura.
Me complace que la comisión parlamentaria haya dado su apoyo a los principios y objetivos más importantes de la Comisión. Es posible aceptar en su totalidad algunas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Transporte y Turismo o, por lo menos, en principio.
Antes de comenzar a abordar las principales enmiendas, desearía comentar la enmienda 1, una cuestión que ha salido a relucir en reiteradas ocasiones en el transcurso de este debate, y en la que se introduce un considerando por el que se establece que el Parlamento Europeo espera una propuesta legislativa de revisión de las orientaciones, en lugar del libro blanco anunciado por la Comisión. Comprendo perfectamente este punto de vista. Sin embargo, hay que señalar que en el artículo 21 de la decisión sobre las orientaciones se solicita a la Comisión que presente un informe, y no una propuesta, para modificar la legislación. Por consiguiente, estamos cumpliendo este requisito. Espero que la cámara esté de acuerdo en que es razonable elaborar el informe como un libro blanco para brindar, entre otros, también al Parlamento, la oportunidad de entablar un debate más amplio sobre la política en general de las RTE, antes de llegar a una decisión sobre una nueva propuesta. El Parlamento y la Comunidad en general no tienen nada que perder, y sí mucho que ganar, con este planteamiento, especialmente de cara a una participación verdadera en la política relativa a esta estrategia, que tan crucial resulta para la Unión Europea.
Así pues, no estamos eludiendo de ninguna manera la presentación inmediata de una propuesta legislativa, sino que, en su lugar, estamos intentando francamente hacer lo contrario, ser más transparentes y abiertos en el planteamiento sobre las orientaciones de las RTE que estamos sometiendo a examen, todo ello después de las experiencias y la evolución que se han registrado en esta política en los últimos cuatro años, un período en el que han tenido lugar numerosos cambios.
Voy a ocuparme del resto de las enmiendas clasificándolas en tres grupos principales: en primer lugar, las enmiendas relacionadas con las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías»; en segundo lugar, las relacionadas con los criterios para decidir cuáles son los puertos que deben incluirse y, en tercer lugar, las enmiendas relacionadas con las modalidades de ayuda a la inversión que reúnan las condiciones necesarias en materia de infraestructura, superestructura y material rodante.
Las enmiendas 2 y 7 hacen referencia a las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías» que, como ha dicho el Sr. Piecyk, han contado con el apoyo del Parlamento Europeo como un medio para lograr unos primeros avances en la tarea de revitalizar el transporte ferroviario de mercancías en toda la Unión. Esta revisión de las orientaciones nos ofrece un nuevo instrumento para potenciar el desarrollo de las superpistas ferroviarias de transportes de mercancías, dejando claro que se otorgará prioridad a las inversiones de infraestructura en los itinerarios de las superpistas. Se trata de una medida sensata ya que la viabilidad de las inversiones en infraestructura dependen obviamente de unos servicios lucrativos y competitivos, y unos servicios competitivos necesitan claramente una infraestructura de calidad. Así pues, la inversión en infraestructura contribuirá indudablemente a prestar unos mejores servicios. Pero yo pensaba que, en cualquier caso, en esto se resumía todo el objetivo de las inversiones en infraestructura.
De hecho, esto se ajusta a las enmiendas que presentó el propio Parlamento, y que nosotros hemos aceptado, acerca de las acciones planeadas para los programas de transporte combinado. Por consiguiente, no puedo respaldar las enmiendas 2 y 7, que motivarían la desaparición de toda referencia a las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías». Sin embargo, podría plantearme perfectamente una reformulación de esta disposición que no se refiriera a las «superpistas ferroviarias transeuropeas de transportes de mercancías», sino a los corredores ferroviarios de transporte de mercancías transfronterizos y de acceso abierto. Si se acepta esta proposición, espero que todo el Parlamento apoye dicha referencia.
Pasando ya a los criterios para seleccionar los puertos, la Comisión reconoce que una parte de la enmienda 4 otorga un trato especial a los puertos de las regiones más periféricas. No obstante, el aumento del volumen mínimo de tráfico que se establece en la propuesta, de 1 a 1, 5 millones de toneladas de carga, excluiría aproximadamente 27 puertos, principalmente en las regiones más remotas de Europa. Por este motivo, no podemos apoyar este punto, a causa del amplio compromiso que hemos contraído y, de hecho, a causa también de los criterios incluidos en el Tratado en lo relativo a la función y la estrategia de las redes transeuropeas a la hora de conectar las regiones periféricas europeas con el centro de la Unión. Además, la propuesta que se recoge en la enmienda para que los puertos sirvan de enlace con rutas transeuropeas de transporte ocasionaría la exclusión de una serie de puertos que no están conectados en la actualidad con la red transeuropea. De igual modo, la inclusión de un umbral mínimo de volumen de carga en los puertos de navegación interior que se contempla en la enmienda 3 alteraría el planteamiento actual, que se basa fundamentalmente en la mercancía intermodal. Por lo tanto, las enmiendas propuestas no pueden ser aceptadas en su totalidad. Espero que el Parlamento reconozca que los motivos de esta posición de la Comisión son de orden práctico y que se relacionan con una voluntad de ofrecer una cobertura amplia y eficaz a medida que vamos avanzando en la estrategia en el ámbito de las RTE.
La enmienda 6 introduce más transformaciones radicales en los mapas de las orientaciones, añadiendo nuevos enlaces y creando nuevas categorías de puertos. Estoy seguro de que el Parlamento reconocerá que éstas son, en realidad, cuestiones que han de examinarse en un futuro proceso de revisión general. Éste es, por lo tanto, el motivo por el que no puedo aceptar dicha enmienda.
En líneas generales, la enmienda 5 introduce una mayor precisión en las definiciones, por lo cual podemos aceptarla sin dificultades. Agradezco al Sr. Piecyk la presentación de esta enmienda.
Pasando ya a los tipos de inversiones que reúnen las condiciones necesarias, comparto sin más el argumento de que se debe, en principio, considerar todos los proyectos de interés común -incluidos los relacionados con los puertos- como hipotéticos beneficiarios de la financiación de las RTE. Ello implica la supresión de un párrafo restrictivo de nuestra propuesta sobre la falta de disponibilidad de financiación para infraestructuras en la zonas portuarias. Naturalmente, la financiación de estas infraestructuras, tal como ha señalado el Sr. Jarzembowski, no ha de distorsionar la competencia. Lo que sí crearía problemas reales sería la introducción de un nuevo concepto de superestructuras en los puertos, ya que la distinción entre superestructura e infraestructura dista mucho de estar clara. De esta manera, crearíamos un foco de incertidumbre en lo relativo a los criterios de selección, particularmente en el sector del transporte combinado. Si la Unión actuara sabiamente y designara al Sr. Jarzembowski inspector de las superestructuras RTE en todos los puertos de la Unión Europea, ello significaría para él un trabajo retribuido al servicio de la Comunidad. Lo único que lamentaría sería su ausencia prolongada en esta cámara. Sin embargo, si no se confiriera este poder al Sr. Jarzembowski, no estaría tan seguro de que pudiera aceptar ninguna definición que trazara claramente una línea entre superestructura e infraestructura. Ilustraré este punto profundizando aún más en este argumento.
Reconozco las buenas intenciones que se persiguen con este tipo de presentación, y la idea de ofrecer una definición detallada de las infraestructuras portuarias en las enmiendas 8 y 9 ha sido examinada muy meticulosamente por parte de la Comisión. No obstante, nos hemos visto obligados a concluir que con la inclusión de una definición detallada se correría indudablemente el riesgo de pasar por alto algunas características importantes, Por ejemplo, en el caso de esta enmienda en particular, la definición que se propone, a pesar de su cuidadosa formulación, se olvida de las áreas de embarque, los muros de muelle y las esclusas, elementos todos ellos de la máxima importancia tanto en los puertos marítimos como en los de navegación interior.
A fin de cuentas, y por razones de orden práctico, prefiero que el texto legislativo no incluya una definición más precisa y exhaustiva del término «infraestructura portuaria». Desearía insistir ante el Parlamento en que esto se debe a unas causas prácticas que están directamente relacionadas con la voluntad de la Comisión de contraer un compromiso eficaz en el desarrollo de los puertos.
Finalmente, la Comisión acepta en esencia la enmienda 13, que pretende describir de manera más precisa el proyecto específico nº 8 del Anexo III, y que ha sido objeto de diversos comentarios en el transcurso de este debate. Sin embargo, es necesario verificar su exactitud con los dos Estados miembros correspondientes.
En resumen, la Comisión no puede apoyar las enmiendas 1, 2 ni 3, la 4 -parcialmente-, las enmiendas 6, 7, la mayor parte de la 8, la 9 ni la 11. Podemos aceptar las enmiendas 5, 10, 12, la primera parte de la 8, la 9 y estamos naturalmente dispuestos a suscribir los principios de la enmienda 13 y, en parte, también de la 4.
Quisiera agradecer al Parlamento la presentación de esta propuesta y expresar mi agradecimiento en particular a la Comisión de Transporte y Turismo, sobre todo al ponente, el Sr. Piecyk, por la excelente labor que han llevado una vez más a cabo tanto él como sus colegas.

Jarzembowski
Señor Comisario, yo sólo quisiera recordarle que hace cinco años, cuando fue nombrado Comisario de Transportes, usted se comprometió a escuchar al Parlamento. ¡Lo que acaba de exponer, o sea, el rechazo de todas las enmiendas que presentamos, es algo inaudito! Sin embargo, ¡quizá volvamos a vernos el año próximo!

Wijsenbeek
Señor Presidente, también yo tengo una pregunta similar, muy breve. El Comisario no ha aceptado las enmiendas sobre los enlaces específicos de las vías navegables interiores con los puertos. ¿Podría el Comisario garantizar ante el Parlamento que, al menos, prestará una atención seria al enlace de las vías navegables interiores con unos puntos tan importantes para nuestra redes transeuropeas como son los puertos?

Kinnock, Neil
Señor Presidente, voy a ser muy breve, ya que soy consciente de que mi primera intervención ha sido, ineludiblemente, muy larga.
En primer lugar, comprendo perfectamente el punto de vista que ha expuesto el Sr. Wijsenbeek. Sin embargo, no es ésta la propuesta que se presenta ante el Parlamento. No se trata de una revisión general de la estrategia de las redes transeuropeas. Yo le prometo en firme que precisamente este punto que ha expuesto será un elemento de nuestra propuesta de revisión general. No debe preocuparse a este respecto.
En segundo lugar, le diría al Sr. Jarzembowski, quien es un diputado al igual que yo mismo, que he hecho la promesa solemne de escuchar al Parlamento, y en mi trabajo la cumplo en todo momento. No obstante, deberá admitir como buen demócrata que esto no significa que mi función consista únicamente en refrendar o aceptar todo lo que diga el Parlamento Europeo. Sí implica, sin embargo, que debo ofrecer al Parlamento mi opinión sincera, y así es en todo momento, independientemente de que le complazca o no. ¡Claro que, por suerte, mi opinión le satisface en la mayoría de las ocasiones!

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Ferrocarriles
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0058/99 del Sr. Sarlis, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(98)0480 -C4-0561/98-98/0265(SYN)) por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios-A4-0059/99 del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Transportes y TurismoI.sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(98)0480 - C4-0562/98-98/0266(SYN)) por la que se modifica la Directiva 95/18/CE sobre concesión de licencias a las empresas ferroviariasII.sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(98)0480 - C4-0563/98-98/0267(SYN)) relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad.
Sarlis
Señor Presidente, en su resolución del 13 de enero de 1998 sobre el Libro Blanco sobre la estrategia para la revitalización de los ferrocarriles comunitarios -labor personal del Comisario Sr. Kinnock- el Parlamento aprobó, con entusiasmo y coherencia, y en casi todas sus líneas, la estrategia de la Comisión. Sin embargo, también señaló algunos aspectos fundamentales. Una de las observaciones que hizo, era que la Comisión debía presentar propuestas que permitieran garantizar a las empresas ferroviarias, sobre la base de la modificación del artículo 10 de la Directiva 91/440/CEE, el derecho de libre acceso a la infraestructura ferroviaria para la explotación de servicios de transportes internacionales de mercancías, y también debía presentar medidas de acompañamiento.
Debo decir que la nueva propuesta de la Comisión, o mejor dicho, las tres propuestas, una de las cuales concierne a la modificación de la Directiva 91/440/CEE, realmente van en la dirección correcta, pero son de escasa importancia. Quizás el punto más importante que quiero señalar aquí, como he mencionado anteriormente, es que la Comisión no presenta propuestas para la ampliación gradual de la liberalización de los transportes ferroviarios, algo que había indicado el Parlamento en su resolución del 13 de enero de 1998. Esta omisión es todavía más llamativa debido a que hay una paralización sobre este tema en los círculos del Consejo y a que la tercera directiva que presentó la Comisión es, básicamente, una medida de acompañamiento de una política que conduce a la liberalización parcial, tal como la habían indicado el Libro Blanco y, especialmente, la resolución del Parlamento de enero de 1998.
Por consiguiente, de conformidad con lo que he dicho y, principalmente, con lo que el Parlamento decidió casi por unanimidad en enero de 1998, este ponente sometió al examen de la Comisión de Transportes y Turismo la enmienda 10, en virtud de la cual, en el caso de los transportes internacionales de mercancías, se ofrece a las empresas ferroviarias de la Comunidad el derecho de acceso a las infraestructuras ferroviarias de todos los Estados miembros y de tránsito por dichas infraestructuras.
En la actualidad este derecho sólo se ha otorgado a las denominadas asociaciones internacionales de empresas ferroviarias y no a las empresas ferroviarias aisladas. Señorías, existe una directiva de 1969, que menciona explícitamente la liberación gradual de los transportes ferroviarios en la Unión Europea, Comunidad Europea todavía, y no se ha aplicado desde aquel entonces. Por tanto, con esta enmienda, que ha sido aprobada por gran mayoría en la Comisión de Transportes y Turismo, de nuevo nos ponemos en camino hacia una liberalización gradual de los transportes ferroviarios, empezando por los transportes de mercancías.
Igualmente debo decir que con la enmienda 6 se propone una nueva disposición, en virtud de la cual, los Estados miembros están obligados a completar la separación legal entre las empresas ferroviarias y las que exploten las infraestructuras ferroviarias en un plazo máximo de 2 años a partir del momento de la entrada en vigor de la directiva.
Finalmente, el resto de las enmiendas que presenta este ponente y que ha aprobado la Comisión de Transportes y Turismo, se refieren a mejoras de las propuestas de la Comisión, como por ejemplo la enmienda 5, según la cual, al contrario de lo que propone la Comisión, se confirma que la responsabilidad de la explotación y de la supervisión de los sistemas de seguridad corresponde a los gestores de las infraestructuras ferroviarias.
Señorías, para terminar desearía subrayar tres cosas. Primero, que los informes que, esta noche, estamos debatiendo en debate conjunto están armonizados y el uno se adapta bien al otro. Segundo, que existe una declaración de la Presidencia alemana que dice que en breve, en marzo, va a emprender una iniciativa para fomentar los asuntos relacionados con los ferrocarriles. Tercero, que es un hito importante en la liberalización de este gran medio de transporte en Europa. Espero que la coherencia que ha habido en la Comisión de Transportes y Turismo, la haya también en la votación de mañana.

Swoboda
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar yo quiero manifestar mi sincero agradecimiento a las y los colegas de nuestra comisión, en la que ha reinado una magnífica cooperación, y en particular al colega Sarlis por la buena colaboración que hemos mantenido. También quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a los colaboradores de la Comisión que nos han brindado asimismo mucha información y comprensión, a pesar de que luego otro colaborador de la Comisión haya manifestado finalmente que no podía aceptar ninguna de las enmiendas, hecho que yo lamento mucho y no sólo yo, sino también toda la comisión. Yo no sé que dirá usted ahora, señor Comisario y, como demócrata, naturalmente tengo que aceptarlo. Pero no dejaré de lamentar que sencillamente se descarte el conjunto de las enmiendas propuestas.
Señor Comisario, yo comparto por completo el punto de vista que usted ha expresado repetidamente en cuanto a la necesidad de reformar el mercado ferroviario europeo. No puedo estar de acuerdo -a pesar de estar políticamente cercano a ellos en los sindicatos y en otros ámbitos- con quienes opinan que sería preferible dejar las cosas tal como están o consideran que los difíciles problemas en el ámbito de los ferrocarriles tienen su origen en las propuestas de la Comisión. No, la difícil situación de los ferrocarriles se debe, entre otras cosas, a que en muchos casos han pensado que no tenían que introducir reformas, que no era necesario ningún cambio y que podrían seguir desarrollando sus actividades en el marco nacional. Esto no es cierto y, por consiguiente, yo suscribo en lo esencial las ideas que han desarrollado el Comisario y la Comisión en este contexto.
Sin duda es cierto que la difícil competencia entre los ferrocarriles y la carretera es desfavorable para los primeros y que es preciso corregir esta situación. Yo he incluido también algunas consideraciones al respecto y comprendo asimismo que los sindicatos y las empresas ferroviarias sitúen en primer plano esta cuestión.
Se habla mucho de privatización y de liberalización. En este contexto, no se contempla en absoluto una privatización; no es esto lo que se propone. Sin duda se puede hablar hasta cierto punto de una liberalización. Yo la llamaría de otro modo, tal como hemos formulado nuestras propuestas. Lo que se propone es una europeización del mercado ferroviario. El transporte aéreo se ha europeizado, todas las empresas se están europeizando, tenemos un mercado común. Sin embargo, bastantes empresas ferroviarias siguen pensando que pueden continuar desarrollando sus programas dentro del ámbito nacional y luego se sorprenden ante el descenso del tráfico de mercancías, del empleo, etc. ¡Su actitud es insostenible!
Por consiguiente, yo considero, al igual que el colega Sarlis y mis enmiendas también apuntan en esa dirección, que debemos dar el siguiente paso hacia la liberalización o la europeización en aquellos ámbitos en los que existe un mercado europeo y en los que la competencia entre el ferrocarril y la carretera es particularmente intensa, o sea, en el transporte transfronterizo de mercancías, y en consecuencia esto es lo que propongo.
Yo suscribo, por lo tanto, plenamente la idea de fondo y las propuestas de apertura del mercado de la Comisión. Las empresas ferroviarias decidirán luego si prefieren abordarla sobre todo por la vía de la cooperación o por la de la competencia. Evidentemente no se deben crear nuevos monopolios. Se trata de conseguir la transparencia de las decisiones y de los gastos. También se trata de establecer, obviamente, un marco de condiciones técnicas, aunque este aspecto no se regula aquí. Es decir, que también es preciso avanzar hacia una armonización en el aspecto técnico. Y se trata de promover una competencia equitativa y en igualdad de condiciones, no sólo entre el ferrocarril y la carretera, sino también entre las diferentes opciones en relación con los propios ferrocarriles.
Paso a referirme ahora a un punto central, en el que mi posición se diferencia de la de la Comisión. La discrepancia se refiere en particular al grado de centralización o de descentralización de las normas. Yo creo que la Comisión ha realizado un excelente trabajo en muchos casos y sus propuestas en los aspectos de detalle también son posiblemente las más razonables. Yo no creo, sin embargo, que siempre sea razonable que la Comisión haga sus propuestas y quiera aplicarlas sin conceder la debida flexibilidad a las normativas nacionales. En consecuencia -y esto no debe entenderse, sinceramente, como un menosprecio hacia la labor de la Comisión-, he suprimido relativamente bastantes puntos, no porque no me parezcan acertados, sino porque pienso que no es tarea de la Comisión establecer una normativa tan detallada, más aún cuando tengo el convencimiento de que nadie puede controlar estos aspectos de manera centralizada. Por mi parte, opino que sólo se deben adoptar aquellas normas que también sea posible controlar y no una profusión de normas que no es posible supervisar.
En cuanto a los principios de tarificación, yo coincido asimismo con la Comisión en que deben contemplarse por principio los costes marginales. Únicamente opino que sólo será posible computar los costes externos en el mercado ferroviario cuando éstos sean aplicables también en un grado más o menos equivalente en el transporte por carretera. Yo creo que un beneficio que guarde una relación adecuada con los costes sería perfectamente factible y se podría imputar y que también se podrían imponer costes más elevados para determinadas inversiones especiales. En cualquier caso, en el informe he suprimido las disposiciones detalladas en este contexto.
Paso ahora al punto central relativo a los candidatos autorizados. Personalmente yo no tengo nada que objetar contra el planteamiento de la Comisión en los que se refiere a dichos candidatos autorizados. Sin embargo, he introducido una restricción que me parece importante con vistas a la compatibilidad y para que podamos concentrarnos realmente en los aspectos necesarios. Cada país tiene que poder seguir regulando como prefiera este aspecto en su ámbito de competencia. Todos los Estados miembros de la Unión deberán tomar conocimiento y aceptar, no obstante, que todas las empresas ferroviarias europeas son candidatos autorizados en el marco del transporte transfronterizo de mercancías, o sea, que tienen la posibilidad de obtener una adjudicación de capacidad. Esto es lo esencial, a mi modo de ver. Si el Parlamento adopta mañana esta decisión, yo creo que habremos superado un hito decisivo en el desarrollo de un mercado ferroviario europeo. Entonces habrá competencia en el transporte transfronterizo de mercancías; ésta es esencial en este ámbito y los ferrocarriles tienen que hacer un esfuerzo en este aspecto. Yo espero, en efecto, que también adoptemos una decisión en relación con todas las propuestas adecuadas de la Comisión, como por ejemplo sobre el logotipo europeo y también en lo que se refiere al paquete suizo y a un reparto equitativo de costes entre el ferrocarril y la carretera. Es absolutamente necesario que los ferrocarriles demuestren asimismo una disposición a introducir reformas y que procedan a reformarse en este sentido. Yo espero, por lo tanto, señor Comisario, que pueda hacer suyas algunas de las enmiendas y que este paquete contribuya a que por fin podamos contar también con un mercado ferroviario europeo.

Wibe
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial hemos aprobado una cantidad de enmiendas que implican la eliminación de algunas reglamentaciones detalladas que son innecesarias. En general, hay que ser muy cuidadoso con estas reglas de detalle, en este caso, por ejemplo, de aranceles, plazos de gracia y cosas semejantes. Lo que se gana en eficacia se puede perder fácilmente por el aumento de los costes administrativos.
Personalmente, me hubiera gustado ir aún más lejos y eliminar más reglas. No creo que se pueda imponer mayor eficiencia mediante directivas muy detalladas dictadas en Bruselas. Por ejemplo, en mi opinión, es totalmente innecesario que fijemos en una directiva la fecha exacta en la que todas las empresas ferroviarias de la Unión tienen que cambiar sus horarios. También es innecesario desde mi punto de vista que se exija a todas las empresas rendición de cuentas separadas, una para el tráfico de mercancías y otra para el de personas. Ambas propuestas pueden fácilmente producir grandes problemas, especialmente para las empresas pequeñas que quieren hacerse un espacio en el mercado, mientras que los grandes y antiguos monopolios las pueden cumplir sin dificultad. Por consiguiente, las propuestas pueden tener efectos contrarios a los pensados y constituir barreras para el aumento de la competencia.
Creo, personalmente, que habría sido más razonable que, en lugar de esta cantidad de reglas detalladas, hubiésemos esperado hasta ver los efectos a largo plazo de las directivas realmente fundamentales, que el Consejo aprobó en 1991 y en 1995, y que implican el establecimiento del principio del aumento de la competencia en el sector de los ferrocarriles.

Sindal
Señor Presidente, estas modificaciones de directivas existentes y la aprobación de una nueva directiva por la que se adjudican las capacidades y se establecen los pagos a realizar acaban real y definitivamente con los monopolios nacionales y posibilitan la competencia. ¿O no es así? Como acaba de mencionar el Sr. Wibe, hay algunos problemas. Hay un gran trecho de la decisión a la realidad. La atención al servicio público y los compromisos sociales complican las consecuencias para muchos. Muchos países y regiones están preocupados y quizá con razón. Debemos tener esto en cuenta. Sin embargo, la posibilidad de asistir al renacimiento de los ferrocarriles está ahí y eso es lo que debemos buscar. Es el objetivo. El objetivo es garantizar al transporte por ferrocarril una parte adecuada de todos los envíos. Y al igual que los puertos, también los ferrocarriles entran en la cadena de transporte y están obligados a desarrollar un transporte sostenible.
Hemos de solucionar junto a los ciudadanos los problemas que trae consigo este proceso. Esta mañana hemos discutido el servicio público, la competencia y las ayudas estatales con el señor Comisario Van Miert en un grupo de trabajo y ha sido muy interesante ver cómo están cambiando las cosas en Europa. Creo que debemos ser conscientes de que esta regulación o este desarrollo del mercado no surgirá porque sí. Estamos obligados a estimular este proceso de una u otra forma. Si es demasiada detallada, como mencionó el Sr. Wibe, o no, no es algo que debamos decir ahora. Si queremos lo mejor para los ferrocarriles, estamos obligados a trabajar en ello de manera seria. El Parlamento debe informar también al Consejo y a los países miembros de que si se quieren resultados en este sentido hay que actuar. Mucho se ha dicho sobre los ferrocarriles en estos últimos diez años, sin embargo de poco ha servido. Estas palabras deben ir acompañadas de decisiones. El mercado no regulará esta situación porque sí.

Jarzembowski
Señor Presidente, estimados colegas, apreciado señor Comisario, está por ver qué nos dirá hoy sobre las propuestas de los colegas Sarlis y Swoboda. Desde el punto de vista de los objetivos que yo mismo me planteo, lo que ambos piden todavía no es suficientemente riguroso, de hecho. Hace un año solicitamos una liberalización progresiva, que tomara en consideración las condiciones sociales secundarias, pero clara. Aun así, yo voy a votar positivamente ambos informes. Representan una combinación equilibrada de las posiciones de la Asamblea y yo espero, señor Comisario, que en esta ocasión se muestre un poco más generoso, con toda su suficiencia, en la aceptación de las enmiendas.
Permítanme que me detenga en un par de puntos. Yo creo que no es admisible que aceptemos la decadencia del ferrocarril como resultado de su política deliberada de no aplicar el derecho comunitario. Todos los Estados miembros debían empezar a aplicar la Directiva 91/440 -relativa a la separación entre la gestión de las infraestructuras y la explotación- a partir de 1986. Algunos sencillamente se niegan a hacerlo. Ahora que en los informes de ambos colegas se solicita que en el curso de los dos próximos años se avance hacia dicho objetivo, yo espero que al menos usted lo apoye, señor Comisario. En caso necesario tendremos que seguir el camino del recurso judicial. En efecto, sólo la separación de la gestión de las vías férreas y la explotación permite conseguir una utilización eficaz de la red ferroviaria con la participación de otras empresas ferroviarias y nosotros deseamos una utilización eficaz de la red y no queremos que algunos países levanten barreras y no permitan el acceso a nadie. Por esto necesitamos una clara separación entre infraestructuras y explotación, necesitamos unos derechos de acceso claros, tal como piden ambos colegas, derechos de acceso ampliados, derechos de acceso moderados, incluso, pero que introduzcan claras mejoras, y también necesitamos, en tercer lugar, unas normas comunes en lo que se refiere a la aplicación de cánones.
Colega señor Swoboda, yo en su lugar habría preferido no introducir el concepto de costes sociales marginales. Después de la audiencia celebrada en nuestra comisión, no deberíamos aventurarnos en ese terreno. Yo comparto, por otra parte, su opinión de que cuando se contemplan de cerca los costes de las infraestructuras -costes de construcción y mantenimiento-, la respuesta es que los costes externos sólo se pueden encarecer si los demás medios de transporte también tienen que soportarlos. Yo también deseo, en efecto, que unos cánones razonables y no demasiado elevados por la utilización de las infraestructuras ferroviarias ofrezcan al ferrocarril una oportunidad adicional en la competencia frente a otros medios de transporte.
No obstante, creo que también es preciso decir lo siguiente: independientemente de que el valor de los cánones fijados sea más alto o más bajo, éstos se deberán cobrar en todos los Estados miembros. No es posible admitir que algunos Estados miembros digan que durante los próximos dos años no cobrarán de momento ningún canon o no para determinados tramos. En tal caso, la Comisión también tendrá que intervenir para garantizar la igualdad jurídica. Nosotros estamos a su lado en este difícil combate entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en torno a la apertura de los ferrocarriles, con objeto de que estén orientados hacia el cliente y sean eficaces, ¡yo espero que ustedes también estén de nuestra parte!

Wijsenbeek
Señor Presidente, también aquí mis felicitaciones a ambos ponentes. Efectivamente, como ha dicho acertadamente el Sr. Jarzembowski: hay en este tema un gran consenso entre los diferentes grupos parlamentarios y en ese aspecto, han pasado aquellos tiempos en que las espadas estaban en alto especialmente en relación con los ferrocarriles. Pero hemos de constatar algunas cosas. No hemos llegado ni por asomo adonde teníamos que llegar con el tema de los ferrocarriles. La proporción del transporte de mercancías por ferrocarril sigue descendiendo. Eso es justo lo contrario de lo que realmente quisiéramos.
El Sr. Wibe ya ha abandonado la Asamblea pero como ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha señalado que realmente no hacía falta hacer una separación entre la explotación de las infraestructuras y la de los servicios de transporte. Estoy completamente en desacuerdo con él. ¿Cómo vamos a aceptar ahora en el sector ferroviario a los empresarios individuales si no hacemos esa separación? Me parece que la Comisión debe insistir también mucho en ello y no abandonar esta idea.
Es también por esa razón y ni siquiera porque nos importe mucho, pero más bien como señal, por lo que nuestro grupo parlamentario ha querido mantener una enmienda en la que se dice que queremos una separación entre la explotación de las infraestructuras y la explotación del material dentro de un año y no en un plazo de dos años. ¿Por qué decimos eso? Porque los ferrocarriles ya han tenido tiempo de realizarlo desde la directiva 44/91. Eso fue hace ocho años, Señor Presidente. No todos han hecho todavía lo que la Comisión quiere de los ferrocarriles. Por lo tanto, nos gustaría oír del Comisario cómo está la situación ahora y qué compañías no lo han llevado a cabo todavía y cuáles han sido las razones de ello. Pero que se trate de una separación de verdad, y no una como entre la SNCF y VFF, nominal y no en la práctica.

Hyland
Acojo con satisfacción este informe sobre la necesidad de mejorar los sistemas ferroviarios en la Unión Europea y de garantizar un uso más eficaz de las infraestructuras ferroviarias que responda a las necesidades de los consumidores. Se trata de una informe bastante actual desde el punto de vista irlandés. El Gobierno de este país anunció la semana pasada una doble estrategia para invertir 430 millones de libras irlandesas en la mejora de las condiciones de seguridad ferroviaria y en la ampliación de los servicios de trenes de cercanías en Irlanda. A raíz de estas inversiones, que cuentan con mi más ferviente apoyo, se aumentará en más de un 60 % la capacidad de las redes ferroviarias suburbanas. Como diputado al Parlamento Europeo por la circunscripción electoral de Leinster, también me complace esta noticia por el hecho de que ciudades como Naas, Newbridge, Kilcullen, Wicklow, Athy, Arklow, Kildare y Monasterevin deberán garantizar en un futuro no lejano la financiación necesaria para la mejora de sus respectivos servicios ferroviarios.
Si la mejora de las infraestructuras ferroviarias reviste una importancia fundamental, no ha de ser menos importante nuestra preocupación por la calidad del servicio, por lo que creo que la compañía de ferrocarriles irlandesa, Iarnród Éireann, habrá de estar a la altura de las circunstancias. Están totalmente justificadas las legítimas reivindicaciones de poblaciones como la de Monasterevin, para que se abra de nuevo su estación de ferrocarriles, o la de Portlaoise, para que se lleven a cabo mejoras del servicio. Asimismo, los problemas de congestión en los trenes suburbanos se aliviarán gracias a la incorporación de nuevos vagones de pasajeros y a la ampliación de andenes.

Moreau
Señor Presidente, con los informes de los Sres. Sarlis y Swoboda, el Parlamento Europeo afronta una toma de posición de consecuencias graves para el futuro del transporte ferroviario. Las directivas de la Comisión -y, en su prolongación, los dos informes- se inscriben en una lógica de liberalización que abre a la competencia el transporte internacional de mercancías.
El informe del Sr. Sarlis va incluso más lejos que las directivas de la Comisión, que no propugnan la liberalización, al proponer en particular la modificación del artículo 10 de la Directiva 91/440. Sin embargo, en el sector ferroviario, nada hay que valide el dogma de la liberalización como único medio de reactivación. Al contrario, el triste resultado de la liberalización de los ferrocarriles británicos constituye un auténtico ejemplo negativo. A la inversa, los trenes de gran velocidad, que han permitido un innegable desarrollo del ferrocarril, no habrían podido ver la luz en un sistema liberalizado. Lo mismo es aplicable al primer corredor de flete creado a partir de la cooperación entre servicios públicos.
Quisiera referirme de nuevo a dos puntos. En primer lugar, la modificación del concepto de candidato autorizado, que permite a toda persona, física o jurídica, reservar capacidades en la red, lo que muy bien podría propiciar una liberalización anárquica, con la multiplicación de nuevos participantes. Las empresas ferroviarias quedarían, así, reducidas a un papel de prestatarias de servicios de tracción de los trenes. Ese sistema ha de propiciar por fuerza una selección de los sectores más rentables, dejando a las empresas ferroviarias la carga del personal, la carga del mantenimiento del material y los sectores menos rentables. Así, pues, sólo se permite una libertad, la de que sociedades en modo alguno comprometidas con el sector ferroviario reciban la mejor parte de los beneficios sin garantizar las condiciones de desarrollo de ese sector. El matiz aportado por la Comisión de Transportes, al dejar a los Estados miembros la posibilidad de prever los candidatos autorizados, es una precaución ilusoria, ya que determinado candidato no autorizado en un país determinado se impondrá de hecho a los demás.
Mi segunda observación se refiere a la competencia. El transporte ferroviario está sometido a la competencia y qué competencia: la de los transportes por carretera favorecidos por su poca participación para la utilización de las infraestructuras y el muy bajo nivel de las condiciones sociales. Nada se hace para remediar esa distorsión de la competencia tan costosa en el plano del medio ambiente, en el plano social y en el de la seguridad. Lo que los informes de los Sres. Sarlis y Swoboda propugnan es la competencia dentro del propio sector ferroviario, cosa que no existe en ningún país y entraña el riesgo de comprometer los avances logrados, habida cuenta, en particular, de la especificidad de la infraestructura ferroviaria respecto de la de la carretera o del sector aéreo.
Los ferroviarios de la Unión Europea han expresado, con sus sindicatos y la CES, su oposición a la liberalización del ferrocarril mediante una intensa jornada de acción de huelga europea. En el Consejo, los Gobiernos están divididos: unos, entre ellos el de Francia, se oponen, otros piensan que no hay que imponer la liberalización a los países que no la deseen. Por eso, mañana, antes del comienzo de la votación, pediré la devolución de esos dos informes a comisión para que el Parlamento no adopte una decisión tan grave de forma precipitada.
El Parlamento Europeo debe rechazar las propuestas de liberalización y plantearse más bien medidas de fomento del desarrollo y la modernización del sector ferroviario, de sus misiones de servicio público, del desarrollo de la cooperación y la armonización social en un nivel elevado.

Lagendijk
Señor Presidente, voy a ser breve sobre la propuesta de la Comisión, aún siendo ella demasiado detallada, y sobre las propuestas de nuestros colegas, los Sres. Sarlis y Swoboda. Estamos de acuerdo con ellas. En las discusiones, sobre todo fuera del Parlamento, se supone muchas veces que los Verdes probablemente están en contra como nuestros compañeros de la izquierda. Es un gran malentendido. Los Verdes están a favor de un crecimiento del transporte de mercancías por ferrocarril y los Verdes están a favor de una competencia justa y en contra de los monopolios, sean privados o estatales. Por eso estamos también a favor de la ruptura de los monopolios nacionales de la gestión de las infraestructuras. Por eso estamos a favor de unas estructuras administrativas y financieras transparentes para gestionar las infraestructuras y la prestación de servicios. Por eso estamos a favor de que solamente las empresas serias tengan acceso y de que esto sea inspeccionado por un órgano independiente. Se lo voy a volver a recordar a la Sra. Moreau: eso es otra cosa que una especie de liberalización o privatización al estilo del salvaje oeste. Esto es, a nuestro juicio, un intento paulatino, cuidadoso pero muy firme, de crear por fin un futuro para el transporte de mercancías por ferrocarril. Todos sabemos que la proporción del transporte ferroviario ha disminuido en los últimos años. Esa tendencia ha de invertirse y estas propuestas son - creo - un buen punto de partida para ello.

Escolá Hernando
Señor Presidente, el ferrocarril europeo necesita profundas reformas tendentes a la liberalización, pero sin poner en riesgo su carácter de servicio público.
La propuesta de terminar con los monopolios y de separar la gestión de las infraestructuras y la explotación del ferrocarril es interesante, pero ¿cómo vamos a garantizar el perfecto mantenimiento de las líneas económicamente menos rentables pero socialmente necesarias? Porque no podemos olvidar que el ferrocarril es un elemento estratégico de desarrollo imprescindible en muchos territorios, y les voy a poner un ejemplo: la circulación por el único paso internacional existente por los Pirineos centrales, a través de Canfranc, se encuentra interrumpida porque en el lado francés se hundió un puente que no ha sido reparado. De esto hace ya 30 años. La explicación es muy sencilla, la línea no era económicamente rentable para la empresa pública que la explotaba y como resultado la línea hoy está cerrada y no hay posibilidad de que otras empresas más eficientes la puedan usar. Es decir, el deterioro de las infraestructuras impide la liberalización.
Esto, Señorías, significa que hay buscar fórmulas para asegurar el mantenimiento de las redes, independientemente de los usos y rentabilidad actuales, de lo contrario la liberalización sólo producirá una disminución de los servicios especialmente en la regiones europeas menos desarrolladas.

Van Dam
Señor Presidente, Señor Comisario, los ferrocarriles de la Unión Europea están viviendo tiempos difíciles. Las consecuencias de su pasado como empresa estatal y las variables circunstancias de mercado son dos aspectos que están todavía muy reñidos. Los resultados empresariales, tanto en lo relativo a los servicios como en el aspecto financiero, no responden a las expectativas. Tanto por el interés de los usuarios como por el medio ambiente es primordial que se modifique esto. Hemos de sacar provecho de las ventajas del ferrocarril como modalidad bastante limpia con una gran capacidad. La práctica nos demuestra que los ferrocarriles mismos no son capaces de hacerlo. Por eso se requiere un estímulo político para un planteamiento orientado hacia el mercado. Una liberalización del sector puede levantar un viento fresco por las oficinas polvorientas.
No obstante, sobre todo la situación financiera de los que oferentes no permite por el momento un acceso completamente libre al mercado ferroviario. La propuesta de implicar de momento sólo al transporte de mercancías, de forma paulatina y dirigida, es por esa razón acertada. Para obtener un buen resultado social, los servicios administrativos de los Estados miembros deben dirigir la realización de los planes. Ellos deben controlar la necesaria separación organizativa de los servicios dentro de las compañías ferroviarias.
Por último, el canon por utilización de infraestructuras. También en el transporte ferroviario se deben contabilizar todos los costes. Debemos esforzarnos por la igualdad de las condiciones de competencia. Vistas las ventajas de esta forma de transporte no debemos perder de vista su posición competitiva.
Señor Presidente, es imprescindible para los ferrocarriles un fuerte empujón. Estos informes constituyen un buen estímulo para ello.

Simpson
Señor Presidente, resistiré la tentación de enumerar todas las estaciones de ferrocarril de mi circunscripción electoral, de la línea principal de West Coast y de la ruta transapenina. Pero puedo ver que el Sr. Hyland ya no está presente.
En primer lugar, desearía felicitar en nombre de mi Grupo a Pavlos Sarlis y a Hannes Swoboda por su labor en este importante ámbito. La revitalización de los ferrocarriles viene siendo desde hace ya mucho tiempo una prioridad de mi grupo parlamentario. Asimismo, hemos podido comprobar que la supervivencia de nuestra industria ferroviaria precisa planteamientos radicales, un concepto innovador y unas acciones con coraje.
No se debe subestimar la dimensión de los problemas con los que se enfrenta la industria del ferrocarril. En un momento en el que se registra un incremento del 6 % en el mercado global del transporte, comprobamos que la cuota de este mercado que ocupa el ferrocarril se ha reducido en nada menos que un 6 % por lo que respecta al transporte de pasajeros, y en un 16 % en lo relativo al transporte de mercancías. En pocas palabras, el sector del ferrocarril corre tal peligro en toda la Unión Europea que hemos de cuestionarnos si seguirán existiendo servicios internacionales de pasajeros o de mercancías dentro de quince de años. Por lo tanto, si se me permite hacer una comparación médica, tenemos un paciente muy enfermo que necesita mucha ayuda, y creo que nuestros dos ponentes, al igual que la Comisión, nos han proporcionado la medicina para lograr que se restablezcan nuestros trenes y que puedan, así, entrar pletóricos de fuerza y salud en el nuevo siglo.
Hay personas en el sector ferroviario, y de hecho también en este Parlamento, que piensan que es posible continuar con un sistema basado en prácticas laborales antiguas, con un funcionamiento limitado únicamente a las redes nacionales, de acuerdo con ideales vigentes en los años treinta.
Mi Grupo estima que, en este caso, mantener la situación actual no representa ninguna opción. Estimamos que quienes piensan de esta manera contribuirán a acabar con nuestros ferrocarriles. Si queremos asegurar un futuro a los trenes que vaya más allá de los servicios de cercanías, y de manera especial en el sector de mercancías, deberemos emprender las medidas que nos han esbozado nuestros ponentes. El ferrocarril no puede competir en el sector de mercancías con el transporte por carretera si tarda 67 horas en recorrer 850 kilómetros, mientras que un camión ofrece el mismo servicio en solamente 13 horas.
No obstante, mi grupo admite que existe una gran preocupación entre los trabajadores ferroviarios puesto que, después de todo, lo que estamos proponiendo constituye una transformación bastante radical. Por este motivo hemos apoyado un mayor comedimiento en la incorporación de las reglas del libre mercado a otros sectores distintos al del transporte de mercancías, que deberían acompañarse con medidas de protección social y con la obligación de conceder una clara prioridad a los servicios públicos.
Tenemos ahora la oportunidad de sentar las bases de una nueva era del ferrocarril para un nuevo milenio. Mi grupo parlamentario acoge con satisfacción esta oportunidad, a la vez que ofrece su apoyo a la Comisión y a nuestros ponentes en sus esfuerzos por garantizar un futuro para el ferrocarril en Europa.

McIntosh
Señor Presidente, me producen una gran satisfacción las propuestas que nos ha presentado la Comisión esta noche con objeto de liberalizar los ferrocarriles europeos y abrir el mercado a una mayor competencia. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a los ponentes por la labor excepcionalmente ardua que han llevado a cabo en la elaboración de cada uno de estos informes.
Ahora que contamos aquí con la presencia del Comisario británico, me complace de manera especial asistir a este momento histórico en que la Comisión ha seguido el ejemplo del Reino Unido. Éste fue el primer país que liberalizó sus redes ferroviarias, lo cual supuso en su momento una medida muy valiente que anunciaba ya estas propuestas de la Comisión y que, en mi opinión, ha proporcionado resultados muy positivos: un aumento del número de viajeros, un mayor volumen de transporte de mercancías -lo cual implicaba un menor volumen en las carreteras- y todo ello con unos elevados niveles de seguridad.
Las propuestas principales recogidas en las propuestas de la Comisión y en los informes de los Sres. Sarlis y Swoboda son muy satisfactorias, al igual que lo son también los tres objetivos principales: una mayor transparencia que separe la provisión de infraestructuras de la explotación de los servicios, lo cual significa que, a efectos de contabilidad, se incorporarían las infraestructuras y los servicios de pasajeros y mercancías en ámbitos distintos. En segundo lugar, la ampliación del actual régimen E para conceder licencias a operadores internacionales en todos los sectores ferroviarios. Y, finalmente, basar el establecimiento de tarifas y la designación de los itinerarios de acuerdo con unos principios que tengan presentes las condiciones y circunstancias correspondientes.
Doy mi apoyo a estas propuestas y avances encaminados a lograr la liberalización del sector ferroviario. Pero éstos son pasos modestos. Creo que deberíamos haber registrado un avance mucho mayor para abrir el mercado europeo a todos los tipos de transporte internacional de mercancías. El desafío reside en lograr un verdadero mercado único para los ferrocarriles europeos. Es necesario hacer más a este respecto, especialmente por lo que respecta al sistema de licencias, exigiendo a los operadores que participen en determinados acuerdos comunes acerca del establecimiento de las redes y que resuelvan el asunto de la tarificación con arreglo al coste marginal.

Sainjon
Señor Presidente, la Comisión nos propone un conjunto de directivas encaminadas a la modernización del sector ferroviario, pero se apoya en un postulado falso, según el cual la competencia intramodal es la única forma de desarrollar los ferrocarriles comunitarios. Los diputados franceses del Grupo ARE se oponen a esa orientación que no les parece apta para resolver las dificultades actuales del sector ferroviario. ¿Por qué?
Introducir actualmente más competencia en los transportes ferroviarios no hará otra cosa que poner en entredicho un sector ya en dificultad. La privatización de los ferrocarriles británicos, a comienzos del decenio de 1990, dio como resultado una insatisfacción del publico y un descenso de la calidad de las prestaciones. Según el Sunday Times , los ferrocarriles británicos son ahora menos fiables y menos puntuales que los del Pakistán, la India y China. Así, pues, se comprende por qué se manifestaron los ferroviarios el año pasado contra las derivas del liberalismo.
No nos oponemos a que se desarrolle la cooperación entre sociedades ferroviarias, siguiendo los buenos ejemplos ofrecidos en los transportes de pasajeros, y demostrados por el Thalys o el Eurostar. Por lo que se refiere al transporte de flete, desde el final de 1997 se comenzó a establecer corredores de flete, a iniciativa de la Comisión, entre Francia y sus vecinos, que han permitido reservar para el flete las capacidades que necesita a fin de garantizar los enlaces a gran distancia. Entonces, ¿por qué cambiar de orientación antes de que se haya podido desarrollar ese planteamiento? La Comunidad debe más bien contribuir a la realización de infraestructuras y a la creación de redes transeuropeas y a facilitar la armonización técnica y social del ferrocarril.
Así, pues, nosotros luchamos por que se impulse al máximo la coordinación entre las empresas ferroviarias europeas. ¿Y quién mejor que el poder público puede asumir actualmente semejante imperativo, creando vastas redes, vastos corredores ferroviarios, que crucen la Unión? Aunque no estamos en contra de todos los aspectos de los proyectos de directiva, no podemos apoyar las medidas encaminadas a la apertura del mercado establecida por la definición del candidato autorizado en el proyecto de directiva 95/19 ni la enmienda 10 del Sr. Sarlis, encaminada a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 91/440.

Schierhuber
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, permítanme que agradezca muy cordialmente a ambos ponentes, los Sres. Sarlis y Swoboda, la buena colaboración que hemos mantenido en la comisión.
Se trata, sin lugar a dudas, de dos informes muy importantes. El paquete común de medidas tiene una importancia decisiva para el ulterior desarrollo de la política europea en el ámbito del transporte ferroviario, por no decir que el reloj de la estación nos indica que ya va siendo hora de que subamos al tren, de que el Parlamento y el Consejo se ocupen al fin de este tema, o de lo contrario acabaremos perdiéndolo. Yo acojo, por lo tanto, con satisfacción los enfoques de una liberalización y una imposición de la competencia progresivas.
Otro enfoque importante es también el de la separación entre las empresas ferroviarias, o sea, entre la utilización de los trazados, el ámbito de las infraestructuras y el mantenimiento de dichos trazados. Dicha separación es imprescindible para evitar que se produzcan distorsiones de la competencia y situaciones de ventaja.
Yo tampoco quisiera dejar de recordar en este contexto la importancia de los ferrocarriles en el marco del transporte combinado. Es preciso continuar promoviendo en el futuro el ferrocarril como medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente, más seguro y con mayor facilidad de ampliación. Como todos sabemos, las capacidades del ferrocarril distan mucho de estar agotadas, no sólo en lo que se refiere al transporte de mercancías, sino también al transporte de pasajeros.
Es imprescindible que el ferrocarril mejore su competitividad y llegue a constituir una alternativa seria frente a la carretera. La UE y los Estados miembros tienen que subsanar las deficiencias en este contexto, con objeto de que sea posible impulsar realmente una política creíble de apoyo a un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente. Esto incluye también los correspondientes recursos presupuestarios. Un desplazamiento del transporte de la carretera al ferrocarril contribuirá a la conservación del medio ambiente en toda Europa.
También es esencial ejercer la correspondiente presión en este sentido pensando en los nuevos Estados miembros que sin duda acogeremos un día en nuestro círculo.

Stenmarck
Señor Presidente, todos somos conscientes de que los ferrocarriles tienen que evolucionar para poder sobrevivir. En el marco de unas estructuras anticuadas, los ferrocarriles europeos han retrocedido sensiblemente desde la década del 60. El Libro Blanco de la Comisión sobre revitalización de los ferrocarriles comunitarios y la propuesta de corredores de mercancías a través de Europa fueron un primer paso en una nueva dirección. Es provechoso que este trabajo se esté realizando.
Los dos informes que tratamos hoy constituyen nuevos pasos necesarios en esta dirección. Sin ir más lejos, el debate de hoy demuestra que existe una comprensión cada vez mayor de la necesidad de que continúe la liberalización para poder detener el fuerte retroceso.
Son muchas las cosas que se van a necesitar para conseguir un cambio positivo. Entre otras, se necesitará que todos los países miembros distingan entre quienes responden por las vías y quienes las transitan.
Posiblemente sea del todo razonable que los respectivos estados sigan siendo mayoritariamente los dueños, que construyan y mantengan gran parte de la infraestructura. Igualmente lógico es que exista la competencia más libre imaginable a la hora de transitar por esas vías. Todo esto se financiará en gran parte mediante tarifas que pagarán todos los que usen las vías. En un futuro de este tipo, las empresas ferroviarias nacionales seguramente van a permanecer como grandes operadores, pero en competencia, en igualdad de condiciones con otros. En esta dirección va el desarrollo actualmente. El informe de la Comisión de Transporte respalda un desarrollo de esta naturaleza, en el que las nuevas empresas ferroviarias tengan posibilidad de competir.
Los dos informes de hoy constituyen pasos importantes en esta dirección. Así damos a los ferrocarriles europeos un futuro prometedor. Sin embargo, cabe subrayar que lo que se ha hecho hasta hoy son sólo los primeros pasos. Éste es un trabajo que tiene que continuar con más iniciativas de la Comisión si queremos que los ferrocarriles tengan un futuro en el siglo XXI.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, acojo con satisfacción los constructivos informes que han elaborado los Sres. Sarlis y Swoboda sobre las propuestas de la Comisión en materia de transporte ferroviario. Estos informes son, sin duda, un anticipo del debate sobre el futuro del ferrocarril, algo esencial de cara a las transformaciones que hemos de conseguir si queremos hacer uso del verdadero potencial del ferrocarril en una Europa moderna.
Se trata de una cuestión que han abordado y en la que han hecho hincapié prácticamente todos los oradores en el transcurso de este debate. Como dice la Sra. Moreau, el ferrocarril compite con la carretera, y lo trágico del asunto es que, durante las tres últimas décadas, el tren ha venido quedando relegado cada vez más a un segundo plano. Por lo tanto, la experiencia pone de manifiesto que, sencillamente, no sirve de nada seguir con los procedimientos actuales. Si queremos que el transporte por ferrocarril goce de una verdadera vitalidad, este sector tendrá que someterse a transformaciones. Lo que estamos planteando con ésta y, de hecho, con otras propuestas está relacionado muy estrechamente con la consecución de este objetivo, con todos los aspectos y las ventajas económicas, de transporte, de medio ambiente y de empleo que se derivan del mismo.
Voy a comenzar con el informe del Sr. Sarlis sobre la propuesta de la Comisión para modificar la Directiva del Consejo relativa al desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. Agradezco naturalmente el apoyo que han recibido nuestras propuestas en el informe y la dura labor que ha llevado a cabo el Sr. Sarlis durante mucho tiempo en torno a esta cuestión. Como me parece un informe satisfactorio, he tomado seriamente nota de las observaciones del Sr. Sarlis en el sentido de que, quizá, las enmiendas propuestas no son lo suficientemente significativas.
Me complace comunicar que podemos aceptar la mayoría de las enmiendas que se han propuesto en comisión. De hecho, he de decir que si rechazamos las otras, ello no se debe a que las consideremos inaceptables por una cuestión de principios, sino sencillamente porque es muy probable que, en la práctica, estas propuestas plantearan dificultades a la hora de alcanzar en el Consejo un acuerdo más amplio acerca de este conjunto de medidas. En pocas palabras, compartimos muchos de los puntos de vista del Sr. Sarlis pero, si aceptáramos algunas de sus enmiendas, correríamos el riesgo de hacer realidad el refrán de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Así pues, espero que comprenda que el hecho de que no podamos aceptar algunas de sus propuestas se debe a un motivo de pragmatismo necesario, y no a una oposición por cuestión de principios.
Existen dos ámbitos principales en los que la Comisión de Transporte y Turismo propugna un planteamiento más radical que el propuesto por la Comisión Europea, y me gustaría centrarme en ellos.
En primer lugar, desearía resaltar mi agradecimiento por el firme apoyo que se ha ofrecido a una mayor liberalización del sector ferroviario por medio de una meticulosa ampliación de los derechos de acceso. Yo también estoy convencido de que ahora resulta fundamental lograr un rápido avance y, de hecho, éste ha venido siendo el caso desde hace ya algún tiempo. Por consiguiente, espero que este Parlamento sea capaz de promover una perspectiva en este sentido entre los Estados miembros que se muestren aún reacios a aceptar la necesidad de este avance.
Dicho esto, debo destacar igualmente que las propuestas que se presentan esta noche ante el Parlamento no son propuestas de liberalización. Hemos venido sosteniendo firmemente y haciendo hincapié en todo momento en la necesidad de este conjunto de medidas sobre la separación de la gestión, la concesión de licencias, la adjudicación de la capacidad de infraestructura y sobre otros aspectos importantes como son las prácticas de tarificación, independientemente de que se produzca una ampliación de los derechos de acceso. Este paquete de medidas es necesario para adoptar las propuestas legales que, teóricamente, regularán el sector ferroviario en la Unión Europea tal como se preveía ya en 1991.
Naturalmente, el Consejo cuenta aún con nuestra propuesta para ampliar el artículo 10 de la Directiva 91/440 de una manera muy similar a la que estamos proponiendo hoy aquí.
Estos dos factores me llevan a creer que, si bien respaldo plenamente la posición que se recoge en el informe del Sr. Sarlis, no sería fructífero incluir en nuestra propuesta el texto que sugiere el ponente, por lo que, muy a pesar nuestro, nos vemos obligados a rechazar la enmienda 10.
Comparto el punto de vista expresado en el informe en el sentido de que la Comisión no ha exigido plenamente la separación entre la explotación de los servicios ferroviarios y la gestión de sus infraestructuras. No obstante, nuestra postura se ha centrado en alcanzar lo exigido desde un punto de vista legal, permitiendo al mismo tiempo a aquellos Estados miembros que no estén de acuerdo con una separación total el mantenimiento de una única empresa de ferrocarriles de carácter general. Así pues, hemos solicitado la separación de aquellas funciones que determinen el acceso a la infraestructura. Sin embargo, no tenemos ninguna objeción en principio a que se llegue más lejos, siempre y cuando esto se ajuste a los objetivos prácticos. Me complace poder incorporar la enmienda 6 en nuestra propuesta.
Igualmente, puedo aceptar también la enmienda 11, en la que se exige esta misma separación, pero en un espacio más breve de tiempo.
No obstante, incluso aunque se lograra esta plena separación, deberíamos todavía asegurarnos de que las funciones reguladoras fundamentales, como por ejemplo las relacionadas con la concesión de licencias, no son desempeñadas por los operadores ferroviarios titulares de las explotaciones. Esta situación roza en la actualidad la frontera de lo absurdo, a la vez que distorsiona enormemente la posible competencia.
Estoy seguro de que también sus Señorías comparten este punto de vista y, de hecho, así ha quedado patente en el transcurso de este debate. Por este motivo tenemos que rechazar la enmienda 4, la cual habría eliminado en la práctica este requisito particular.
Hay aún dos enmiendas más que tampoco podemos aceptar. La primera de ellas es la enmienda 3, que suprimiría la imposición de las normas de seguridad en el apartado 4 de la propuesta. Creo que esta función es tan importante como el control y la aplicación de las normas de seguridad y, por lo tanto, ha de ser mencionada en el texto. Espero que, tras reflexionar sobre este punto, sus Señorías acepten este punto de vista y no insistan en sacar adelante esta enmienda.
La segunda enmienda que no podemos aceptar es la número 12, que suprime la referencia a las empresas ferroviarias que han de prestar servicios de transporte ferroviario. Con esta enmienda se pierde claridad en la definición y se introduce, en nuestra opinión, una modificación innecesaria. Por lo tanto, La Comisión procederá en breve a aceptar las enmiendas 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, mientras que tiene previsto rechazar las enmiendas 2, 3, 4, 10 y 12.
Paso ahora a abordar el informe del Sr. Swoboda, que está relacionado con las otras dos propuestas de este paquete de medidas. Por lo que respecta a la propuesta de modificación de la Directiva 95/18 sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias, si bien nos complace aceptar la primera enmienda, debemos también rechazar la segunda de ellas, ya que nos da la impresión de que no se basa en un criterio adecuado.
La segunda parte del informe trata sobre la propuesta de directiva relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización. En este punto me satisface también comunicar que estamos dispuestos a incorporar en una propuesta revisada casi la mitad de las enmiendas. Entre ellas figura la mayor parte de los nuevos considerandos, los cambios introducidos en las definiciones y la creación de un marco para la aplicación de los cánones.
Comparto en gran medida la opinión de que la legislación comunitaria no ha de ser excesivamente preceptiva. El Sr. Swoboda ha sugerido amablemente una serie de enmiendas con las que se pretende simplificar esta propuesta.
Si, como ya he dicho anteriormente, algunas de estas simplificaciones son verdaderamente satisfactorias, nos vemos también incapaces de respaldar otras enmiendas que parecen perjudicar el fundamento de la propuesta, si bien estoy seguro que de manera involuntaria.
Muchas de estas últimas enmiendas tratan acerca de las normas que se proponen en torno a la adjudicación de la capacidad. Desde nuestro punto de vista, es importante establecer normas de procedimiento precisas que nos permitan garantizar que estos procesos, relacionados con la esencia misma de la prestación de los servicios ferroviarios, estén coordinados y sean justos para la totalidad de las empresas.
Por consiguiente, intentaremos por todos los medios simplificar algo nuestra postura respecto al texto que propone el Sr. Swoboda, pero quizá no en la medida por él prevista.
Hay una serie de aspectos clave a los que me gustaría referirme antes de concluir mi intervención. En primer lugar destacan las normas para la aplicación de los cánones. Estimamos que la propuesta recogida en la enmienda 12 para incluir una parte de beneficio en el apartado 3 del artículo 8 es innecesaria, ya que esta disposición ya se contempla en la propuesta relativa a las inversiones y a los servicios de pasajeros. Tampoco nos resulta aceptable la enmienda 13, encaminada a reducir el texto relativo a los costes externos del apartado 5 del artículo 8. Ello se debe que el propósito de nuestro texto era crear condiciones claras para el desarrollo de esta tarificación de los servicios ferroviarios sin dejar de protegerlos ante una experimentación indebida. Creo que el texto simplificado no es suficientemente preciso y, por lo tanto, me veo obligado a oponerme a su incorporación.
Igualmente, los cambios propuestos en la enmienda 15 a las disposiciones en materia de descuentos del artículo 10 establecen unos principios que, en nuestra opinión, deberían aplicarse a este tipo de actividad comercial, tal como queda definida en las normas de tarificación del aeropuerto de Zaventem. Es preferible para todos que estas normas queden bien claras. La modificación fundamental que se propone a la tarificación es la enmienda 14 sobre el artículo 9 de la propuesta. Aquí nos encontramos de nuevo un firme deseo de simplificar las normas y de permitir también algunas de las tarifas más elevadas para el sector del transporte aéreo de mercancías. Podemos aceptar estos principios, si bien la formulación que se propone entraña algunas dificultades que deberemos someter nuevamente a examen.
En segundo lugar, nos enfrentamos todavía con la cuestión de los solicitantes autorizados que se contempla en el artículo 19. La Comisión cree firmemente que, independientemente de que se avance o no en el tema de la ampliación de los derechos de acceso, la noción de solicitantes autorizados puede crear unas condiciones más atractivas para la adquisición a gran escala de servicios de transporte ferroviario. De esta manera será posible alentar una mayor confianza en esta modalidad de transporte. Estos solicitantes deberán contraer un compromiso más importante con el sector de los ferrocarriles. Cabría suponer que todas las empresas ferroviarias, y de hecho todos los trabajadores del sector, acogerían con satisfacción la aparición de un verdadero aliciente para que un gran número de usuarios, reales y potenciales, recurriera a esta nueva figura con el fin de reforzar o incluso renovar su compromiso con los ferrocarriles. Sé que tanto el Parlamento como la Comisión desean este mayor compromiso con el sector ferroviario. Estimo que ésta es una manera muy práctica de garantizar este objetivo.
Teniendo presente todo lo que he mencionado anteriormente, no podemos permitir que este concepto quede relegado a un ámbito de legislación nacional, tal como se propone en las enmiendas 5 y 19. Es precisamente este concepto de solicitante autorizado el aspecto que puede llegar a ser especialmente importante a escala internacional, habida cuenta de que en la actualidad no existe ninguna empresa ferroviaria de carácter transfronterizo. Citando las útiles palabras del Sr. Swoboda, queremos incorporar esta aplicación en la legislación comunitaria, literalmente, para europeizar este método de hacer más atractivo el transporte de mercancías por ferrocarril entre sus principales usuarios.
En tercer lugar, y como ya he dicho con anterioridad, las enmiendas 19 y 27 tienen por cometido una simplificación de los artículos relativos a la adjudicación de la capacidad. Desgraciada y -así lo creo- inconscientemente, estas enmiendas suprimirían elementos importantes como la exigencia de igualdad de trato para todos los servicios y de celebración de consultas durante los procesos de programación y coordinación, así como en la elaboración de planes de mejoras. Yo también suscribo el objetivo de simplificación, por lo que haré todo lo posible para ver cómo es posible ordenar este texto. Pero la desaparición de estos elementos como consecuencia de la aprobación de las enmiendas propuestas sería un motivo de grave preocupación.
Desearía abordar las enmiendas 17 y 18, y su implicación a la hora de introducir de nuevo las normas prioritarias de la Directiva 95/19. Uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión que estoy seguro que contará, entre otros, con el apoyo del ponente es el de hacer más atractivo el transporte de pasajeros y de mercancías por ferrocarril, no sólo porque garantizará un mejor uso de las infraestructuras sino también porque dará lugar a una reducción en el coste de todos los servicios. Está claro que es necesario elegir cuando exista una absoluta falta de capacidad. Nuestra propuesta no impide que una modalidad de tráfico se vea favorecida en estas circunstancias. Así pues, creo que sería un error intentar favorecer en el trato a una modalidad sobre otra durante el proceso normal de adjudicación. Además, la capacidad para conceder derechos de carácter especial con objeto de facilitar, por ejemplo, el desarrollo de infraestructuras nuevas o específicas ya queda claramente recogida en el artículo 27 de la actual propuesta.
No puedo aceptar las nuevas enmiendas que se proponen en el informe Swoboda. Las enmiendas 29 y 31 modificarían la definición de empresa ferroviaria. Su aprobación ocasionaría una pérdida de claridad en las definiciones que resulta innecesaria, y así espero que lo estime también este Parlamento.
Las modificaciones que se introducen en la enmienda 30 acerca de la cuestión de los solicitantes autorizados limita su ámbito de actuación a las empresas ferroviarias con licencia, negando así el objetivo y, de hecho, el efecto de toda la propuesta. En consecuencia, no podemos aceptar esta circunstancia,
En resumen, la Comisión acepta las enmiendas 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 y 28, así como los principios recogidos en la enmienda 14.
Espero que sus Señorías estén de acuerdo conmigo en que nuestros objetivos son en esencia similares, casi idénticos, y que confíen en que, incluso aun no pudiendo aceptar todas las enmiendas que se proponen, haremos todo lo posible para incorporar los objetivos de muchas de estas enmiendas en la revisión de nuestra propuesta. En especial, confío en que el informe del Sr. Swoboda servirá para fomentar de manera considerable un mayor debate en el seno del Consejo. Igualmente, también el informe del Sr. Sarlis tendrá consecuencias beneficiosas.
Resulta obvio que nos encontramos aún lejos del final de este proceso. Deseo agradecer desde aquí el continuo interés que ha venido demostrado el Parlamento, así como las presiones que está ejerciendo para que logremos un avance a este respecto. Para finalizar, quisiera agradecer a ambos ponentes, los Sres. Swoboda y Sarlis, el valioso apoyo que han ofrecido en todos los puntos fundamentales. Espero que esta cámara dé su pleno apoyo a un planteamiento tan constructivo como el suyo.

Sarlis
Señor Presidente, al comenzar el debate de hoy, el Sr. Comisario ha dicho, muy sabiamente, que un político escucha -y debe escuchar- pero no se compromete. Espero que el Sr. Kinnock, a pesar de su opinión negativa sobre algunos temas básicos, haya escuchado y que tenga cierto margen y cierta libertad de retirar tales opiniones con el paso del tiempo, porque mañana, por lo que sé, y como sus señorías conocen, se va a encontrar ante dos propuestas que habrán sido aprobadas por mayoría absoluta en el Parlamento. No podemos avanzar, es decir, no puede ser que la Comisión no fomente el artículo 10 y, por otro lado, que se nos pida «authorized applicant» 100 %»; esta es una postura que no creo que nadie acepte. Por favor, tengamos la ventaja de reconsiderar nuestras opiniones.

El Presidente
Lo siento, señor Sarlis. Se ha terminado el debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Seguridad de los servicios regulares de transbordadores de pasajeros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0061/99) de la Comisión de Transportes y Turismo respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo sobre un régimen de reconocimientos obligatorios para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad [12893/98 - C4-0004/99-98/0064(SYN)] (Ponente: Sr. Watts)

Watts
Señor Presidente, el historial en materia de seguridad de los transbordadores no puede describirse más que como escandaloso: a pesar de los trágicos acontecimientos de las décadas de los 50, 60, 70 y 80, no se ha hecho prácticamente nada a este respecto. Hubo que lamentar la pérdida literal de miles de vidas antes de que se remediaran las deficiencias más básicas, fundamentales y, en algunos casos, vergonzosas en el diseño y el funcionamiento de los transbordadores, y todo ello a pesar de las reiteradas advertencias de los sindicatos, los colectivos de consumidores y, de hecho, también de este Parlamento. Fueron necesarias las desapariciones del Herald of Free Enterprise, el Scandinavian Star y, el caso más trágico de todos, el Estonia, para que las compañías de los transbordadores y los Gobiernos comenzaran a asumir las consecuencias de su negligencia. Sin embargo, todos hemos podido comprobar cómo la Comisión ha venido interviniendo desde 1994, tanto con la palabra como con la acción, y el Parlamento le ha ofrecido en todo momento su respaldo y, así lo creo en mi condición de ponente, ha intentado continuamente facilitar su labor.
La última medida de la Comisión tiene como objetivo someter los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad ya existentes a unos regímenes de control obligatorios por parte de los países de destino antes de su entrada en servicio y, posteriormente, con intervalos de carácter periódico. La única peculiaridad reside en el hecho de que su aplicación no tendrá en cuenta el pabellón de las embarcaciones. Por consiguiente, estas medidas cierran el círculo vicioso que impedía a los Estados miembros investigar accidentes que afectaban a sus ciudadanos. Con el fin de facilitar la investigación, la propuesta incluye la exigencia de incorporar registradores de datos de la travesía (RDT), es decir, cajas negras.
Sin embargo, esta cámara ha resaltado en primera lectura la laxa formulación que, en mi opinión y en la del propio Parlamento, permitiría efectivamente a algunos transbordadores equiparse con una caja negra que no reuniera las normas establecidas, o prescindir por completo de dicha caja negra. De ahí que resulten razonables nuestras reivindicaciones para que se equipen en el plazo de cinco años todos los transbordadores con unas cajas negras que cumplan las normas más modernas. Esta petición ha sido desgraciadamente rechazada tanto por el Consejo como por la Comisión. En las observaciones a su propia comunicación, la Comisión hace saber al Parlamento que no puede aceptar este punto porque, en palabras de la propia Comisión, ello haría «económicamente inviables» las futuras actividades de los transbordadores o las naves.
Como ponente, sé que, en un transbordador sometido a reparación, la instalación con carácter retroactivo de una caja negra cuesta menos que la colocación de alfombras o cortinas nuevas. Invito esta noche a la Comisión a que se nos una a la hora de otorgar prioridad a los aspectos de seguridad y que apoye nuestra enmienda.
También queremos expresar en esta primera lectura nuestra satisfacción por el deseo de la Comisión de que se le facilite información en materia de conformidad, con el fin de establecer un nuevo sistema transparente que sea accesible a todas las partes implicadas. Sin embargo, se han rechazado nuestras demandas para lograr un acceso de carácter público. La Comisión ha hecho saber en su comunicación que ni ella misma ni el Consejo pueden aceptar la petición formulada por el Parlamento Europeo para que la información sobre los transbordadores y las embarcaciones sean de acceso público. Desearíamos señalar que este tipo de opiniones entra en clara contradicción con la propia iniciativa de la Comisión en defensa de un sector marítimo de calidad, cuando afirma que, para lograr este objetivo, es fundamental sacar a la luz pública los elementos que no cumplan los requisitos establecidos.
De hecho, la Comisión está estableciendo ya un sistema de información europeo y de acceso público para un sector marítimo de calidad. ¿Qué mejor manera hay de materializar esta iniciativa y esta campaña si no es plasmando su lista de buenas intenciones en hechos reales? Después de todo, ¿qué tiene que ocultar la industria? De todas las partes implicadas en esta cuestión, ¿acaso los viajeros no tienen derecho a acceder a la información sobre la seguridad de la embarcación en la que confían su vida y la de sus familias?
Es hora de obligar a instalar cajas negras en todos los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad, en aras de la seguridad y para lograr la confianza de los pasajeros. Es hora de que la información relativa a la seguridad de las embarcaciones sea de acceso público, de manera que podamos llamar por su nombre y avergonzarnos de las embarcaciones y los operadores que no cumplan las normas. Es hora de anteponer la seguridad de los transbordadores a cualquier otro aspecto.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando a la Comisión de Transporte y Turismo y, en especial, al Sr. Watts por su ágil y minuciosa labor sobre la posición común del Consejo en torno a esta importante propuesta. Como se reconoce en el informe, la mayor parte de las enmiendas aprobadas en primera lectura ha sido aceptada en la propuesta modificada de la Comisión, e incorporada en la posición común del Consejo. Obviamente, esta circunstancia implica la existencia de un consenso muy valioso acerca de los aspectos principales de la legislación.
Por motivos que comprendo bien y que el ponente ha expuesto una vez más de una manera muy patente, el Sr. Watts presenta ahora de nuevo dos enmiendas que la Comisión no pudo aceptar en primera lectura, por lo que esta noche me gustaría abordarlas más a fondo.
La primera enmienda se refiere a la cuestión de la concesión de exenciones a las especificaciones técnicas de los registradores de datos de la travesía (RDT) que se deberán instalar a bordo de los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad ya existentes. Cuando la Comisión presentó esta propuesta, tomamos debidamente en consideración las dificultades técnicas que pudiera plantear la instalación de dichos instrumentos en estos transbordadores y naves ya en funcionamiento y, consiguientemente, decidimos que el comité pudiera acordar exenciones a algunos de los requisitos técnicos que deberán reunir los RDT.
Según tengo entendido, el Sr. Watts está de acuerdo con este planteamiento pero desea que se limiten las exenciones por un período de tiempo para que, una vez transcurridos los cinco años de la propuesta, los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad estén equipados con RDT que cumplan plenamente todas las especificaciones técnicas aplicables a las nuevas embarcaciones.
Si bien comprendo este principio, hay que señalar que una disposición de estas características exige la sustitución de los registradores de datos de la travesía y, en prácticamente todos los casos, la sustitución de los equipos de navegación y control de las máquinas con el fin de garantizar la disponibilidad de los protocolos adecuados de comunicación a la hora de introducir información en los RDT. En numerosos casos, esta medida ocasionaría también un amplio recableado entre los RDT y los equipos de los que deben recuperar la información. Resulta obvio que los costes derivados de esta tarea de ingeniería superarían con creces los costes de adquisición de los RDT. Creo que se trata de una medida que no está justificada y que resulta desproporcionada, especialmente si tenemos en cuenta que el objetivo que se persigue con esta propuesta es el de permitir la recopilación de información para facilitar la investigación en caso de accidente.
Además, he de decir que no se puede penalizar a las empresas de transbordadores que han instalado ya de manera voluntaria los RDT a bordo de sus embarcaciones obligándolas a sustituir estos equipos, con toda la obra de ingeniería que ello supone. Así pues, éstas son las razones -de orden práctico, no por una cuestión de principios- que me impiden aceptar el período máximo de cinco años que se propone en la enmienda 1.
La enmienda 2 reitera la solicitud que se hizo ya en primera lectura acerca de la información sobre aquellos transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad con autorización para prestar servicios de carácter regular, incluida la información relativa a cualquier limitación operacional. Pide que la Comisión haga pública y disponible esta información. En respuesta a este punto, creo que este Parlamento recordará que, ya con motivo de la primera lectura, previne acerca del riesgo que entraña la publicidad de toda la información sobre los transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad que hayan sido sometidos a inspecciones, especialmente en lo relativo a la fiabilidad, la seguridad y la posibilidad de que se produzcan abusos de carácter comercial. Esta preocupación es lo que ha llevado a la Comisión a proponer que sea el comité creado a este afecto el que establezca las condiciones de acceso a estos datos. Por lo tanto, no estamos cerrando el asunto, sino que creemos que se trata de una cuestión que depende del criterio práctico de este comité. Espero que sus Señorías puedan aceptar la validez de este planteamiento.
Ha de considerarse la base de datos con la información de los transbordadores que se propone en esta directiva como un instrumento especializado, cuyo objetivo primordial es el de ayudar a los Estados miembros a vigilar y velar por la aplicación de la directiva por medio de información detallada sobre la aplicación de este régimen de control.
Dicho todo esto, comparto plenamente la opinión del Sr. Watts cuando afirma que se debe divulgar ante la opinión pública de la manera más amplia y clara posible cualquier información relevante por lo que respecta a la seguridad de los pasajeros. Atendiendo a este aspecto, y como ya ha destacado el Sr. Watts en su informe, la Comisión ha emprendido la creación de una base de datos denominada Equasis sobre la calidad del transporte marítimo, todo ello en el marco de nuestra campaña a favor de la calidad de este sector y con el fin de mejorar considerablemente la transparencia de la información acerca de las condiciones de seguridad del transporte marítimo en general. Vamos a cumplir este compromiso. La base de datos Equasis será ampliamente accesible al colectivo marítimo y a la opinión pública. Creo que esta base de datos proporcionará los medios más adecuados para divulgar toda la información relevante sobre las condiciones de seguridad de los transbordadores, una cuestión que suscita justificadamente el interés particular e, incluso me atrevería a decir, el celo apostólico del Sr. Watts.
Una vez que el comité haya elaborado las condiciones de acceso a la base de datos sobre el control de los transbordadores, mis servicios se dedicarán plenamente a traspasar la máxima información posible de esta base de datos a Equasis. Estoy convencido de que este planteamiento garantizará en la práctica el nivel de transparencia que reivindican, de una manera absolutamente justificada, el Sr. Watts y los demás diputados de este Parlamento, y todo ello sin tener que modificar el texto de la posición común.
Finalmente, querría comunicar a sus Señorías que respaldo los objetivos de la enmienda 3, ya que aclara con exactitud el fin y el ámbito de actuación de las inspecciones de los equipos salvavidas con arreglo a los criterios del Convenio SOLAS.
Para concluir, desearía felicitar al Sr. Watts y a sus colegas por facilitar la aprobación de esta directiva, la cual, junto con otras medidas ya aprobadas y en vigor desde hace unos pocos años, tendrá una repercusión directa y beneficiosa para la seguridad de los pasajeros de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad en aguas de la Unión Europea. El Sr. Watts ha hecho bien en recordarnos las tragedias acaecidas en estos últimos años en distintas embarcaciones de pasajeros. Esperemos que la aplicación de estas medidas haga prácticamente imposible -en la medida en que lo permite el transporte marítimo- que se repitan tragedias como éstas. Y cuando digo esto, he de aclarar también que la útil labor y la gran dedicación mostrada por los diputados de este Parlamento han desempeñado un papel fundamental a la hora de lograr esta anhelada regulación.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

«Capital Europea de la Cultura» (2005-2019)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0106/99) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común presentada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Ciudad Europea de la Cultura» para los años 2005 a 2019 [9268/1/98 - C4-0493/98-97/0290(COD)] (Ponente: Sr. Monfils)

Monfils
Señor Presidente, el expediente de las capitales europeas de la cultura, pendiente desde octubre de 1997, va a concluir -espero- mañana. El debate ha durado casi un año y medio porque las posiciones de la Comisión y del Parlamento Europeo, por una parte, y del Consejo de Ministros, por otra, eran profundamente divergentes.
El Parlamento Europeo quería una elección de las ciudades basada en la calidad de los proyectos, sin referencia alguna a una intervención de los Estados ni una elección mediante el método comunitario, es decir, la codecisión. El Consejo de Ministros, por su parte, había optado por una rotación establecida de antemano de los Estados que todos los años designarían sucesivamente una de sus ciudades como capital europea. El Parlamento Europeo rechazó en la segunda lectura la posición común del Consejo al votar una declaración de intención de rechazo.
Entonces nos encontrábamos ante una disyuntiva: ora proseguir el diálogo de sordos con el Consejo agotando durante meses el procedimiento establecido en el artículo 189 -y, por lo demás, creo que, como resultado de ese procedimiento, no habría habido ni vencedor ni vencido; ese procedimiento habría continuado interminablemente-, ora intentar ver si era posible una transacción. Elegimos la segunda fórmula y propusimos al Consejo de Ministros enmiendas de transacción que tenían en cuenta a la vez el punto de vista del Consejo y también la posición del Parlamento Europeo, naturalmente.
Ese procedimiento, un poco inusitado en el marco de contactos oficiosos, fue aceptado por el Consejo, que tomó como base para el debate la nota que nosotros habíamos presentado y la negociación concluyó con un acuerdo. Habida cuenta de la distancia que separaba al Parlamento del Consejo, creo que es un acuerdo honorable. Cierto es que se ha mantenido el punto de vista del Consejo encaminado a designar las capitales por turno por cada Estado, pero se ha abandonado la elección directa de una ciudad por el Estado, pues varias ciudades de un mismo país pueden presentar su candidatura.
Además, se ha restablecido el jurado, que se había suprimido en la posición común del Consejo. Estará compuesto de siete personalidades expertas en el sector cultural y deberá presentar un informe sobre las candidaturas. Por último, cada ciudad candidata deberá presentar un expediente muy preciso en el que detalle su proyecto cultural, cosa que el Parlamento deseaba y que tampoco figuraba en la posición común del Consejo. No hemos obtenido la codecisión en el nivel de la elección de la ciudad, pero el Parlamento Europeo puede emitir un dictamen previo sobre las candidaturas y la Comisión transmitirá al Consejo sus recomendaciones, basadas a la vez en el informe del jurado y en el dictamen del Parlamento.
Esa transacción, que recoge en gran parte la posición del Parlamento Europeo, ha sido posible por la voluntad de apertura, que me parece digna de beneplácito, manifestada por la Presidencia alemana. No es frecuente, señor Presidente, Señorías, que el Consejo se preocupe por la actitud del Parlamento, por lo que esta negociación me parece un ejemplo positivo del funcionamiento de nuestras instituciones. Pero esta transacción tampoco habría sido posible sin el apoyo permanente de los miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y de su presidente, que siempre han apoyado las posiciones del ponente, han colaborado estrechamente, mediante sus enmiendas, para la mejora del texto y han participado conmigo en las negociaciones.
En conclusión, deseo que mañana el Parlamento apruebe estas enmiendas, que el Consejo acepta, evidentemente, y estoy convencido de que, en el seguimiento concreto de esta decisión, el Comisario competente y su administración estarán particularmente atentos al valor cultural de los proyectos presentados.

Vaz da Silva
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el programa «Capital Europea de la Cultura» es una historia de éxito. Ha llegado a ser, para los Estados miembros, su mejor tarjeta de visita, por lo que se comprende que la de retirarles poder sobre su designación y gestión sea una cuestión delicada.
Pero precisamente por la misma razón por la que los Gobiernos no quieren ceder el control de las capitales culturales, la Comisión y el Parlamento consideran que no se podía mantener en la esfera intergubernamental un programa con tan grandes repercusiones públicas. Por eso, en mayo de 1998 la Comisión presentó una propuesta de comunitarización del programa que el Parlamento reforzó en mayo de 1998, al exigir la codecisión para la elección y la candidatura directa de las ciudades basada en criterios culturales sólidos.
Para el Parlamento era esencial lograr la participación del mayor número de agentes culturales en las celebraciones, instigar formas de cooperación duradera, fomentar la creación y la circulación de las obras de arte, valorizar al mismo tiempo el patrimonio histórico y el design urbano, abrir las iniciativas a un público vasto y evitar el eurocentrismo asociando al máximo a las culturas no europeas. En una palabra: el Parlamento procuraba garantizar que el programa contribuiría a un cambio real de la calidad de vida de las ciudades y de sus ciudadanos, además del período de celebraciones.
Las posiciones del Consejo y del Parlamento se extremaron al principio de tal modo, que no parecía haber conciliación posible. Ahora bien, la hubo. Ésa es una gran victoria de la democracia. La firmeza del Parlamento y la inteligencia negociadora del ponente Philippe Monfils hicieron el milagro de obligar al Consejo a abandonar su poco democrática arrogancia inicial y negociar. El resultado es una transacción honrosa en la que ninguna de las partes pierde la cara: los Gobiernos han conseguido conservar el poder de formular una rotatividad entre Estados miembros que tendrán derecho a presentar las candidaturas de ciudades, el Parlamento Europeo ha visto consagrado el principio de la candidatura directa de las ciudades dentro de ese sistema. Los Gobiernos aceptaron el principio de hacer que la elección se base en criterios culturales, según las opiniones de un jurado partidario y del Parlamento, como éste pretendía.
Así, la capital europea de la cultura tendrá, a partir del año 2005, mejores condiciones para afirmarse como la ocasión por excelencia de convivencia intercultural. Ojalá quieran los Gobiernos financiar generosamente, como el Parlamento empezó proponiendo, esa gran fiesta colectiva. Termino, señor Presidente, diciendo que lo que vamos a votar hoy y que, en nombre de mi Grupo, pido a Sus Señorías que apoyen es un ejemplo excelente de lo que se llama hacer política. Sólo por eso y porque la concertación interinstitucional va adquiriendo un lugar cada vez más importante en el proceso de decisión comunitario, el PE considera que debe votar «sí» sin vacilación ni remordimientos.

Sichrovsky
Señor Presidente, nosotros apoyamos el compromiso que se propone para optimizar la designación de una «Capital Europea de la Cultura». Sin embargo, quizá no tenga tanta importancia cuál será finalmente la ciudad designada, mientras que, en cambio, tal vez sea particularmente importante concretar con precisión la responsabilidad que recaerá sobre dicha ciudad. Lo importante en este contexto son los contenidos, tal como se enumeran en el artículo 2a, por ejemplo, entre ellos la exigencia de que se haga hincapié en el diálogo entre los círculos culturales europeos y otras culturas del mundo.
No debemos olvidar una cosa: en una futura Europa unida, la «Capital Europea de la Cultura» no se representará sólo a sí misma, sino que durante ese período será también la embajadora cultural de Europa.

Baldi
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada quiero dar las gracias al ponente que no solo ha realizado un excelente trabajo, sino que también se ha mostrado muy paciente en un momento delicado de la consulta.
El Tratado de Maastricht en su artículo 128 recalca la importancia de favorecer la cooperación entre los Estados miembros, en especial en el ámbito de la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea. En Europa vivimos la diversidad de las culturas, ya que Europa ha sido a lo largo de toda la historia y sigue siendo un polo de desarrollo cultural, sumamente rico y variado, en el cual la formación y la difusión de las culturas europeas siguen cumpliendo una función de primer orden. Es importante decir que la voluntad de integración cultural europea implica también tener en cuenta y comprender el espacio cultural europeo. Cada ciudad sometida a examen como posible capital europea de la cultura tiene características propias que pueden resumirse con cuatro palabras clave: conocimiento, tradición, movilidad y comunicación. Dichas palabras expresan la convivencia entre los procesos de fuerte modernización, la innovación y la protección del patrimonio histórico y artístico: una mezcla entre pasado, presente y futuro en que subsiste el recuerdo de los papeles y de las funciones que, a lo largo de la historia, han supuesto el encuentro de las culturas, del conocimiento y, por tanto, de la comunicación, entendida como una red de movilidad y de flujos de intercambio con las distintas realidades.
El Parlamento Europeo, según ha puesto perfectamente de manifiesto el señor ponente, pide, en lo que respecta a la propuesta de decisión sobre la Capital Europea de la Cultura 2005-2019, una comunitarización de la iniciativa mediante la introducción de algunas cambios en el procedimiento de designación automática, establecido en su momento por el Consejo.
Con respecto a lo previsto en la posición común, las hipótesis actualmente debatidas prevén, entre otras, la posibilidad de que hayan varias ciudades candidatas en un mismo año y la creación de un jurado de expertos independientes, nombrados por las Instituciones comunitarias, encargado de emitir un dictamen sobre dichas candidaturas. Una inmensa mayoría de las delegaciones del Consejo está orientada a atender las demandas del Parlamento Europeo y, por tanto, ha atribuido a la Presidencia alemana el mandato de alcanzar cuanto antes un acuerdo con este último.
Es importante llegar sin demora a una definición de la cuestión de acuerdo con el Parlamento Europeo, al objeto de que cada ciudad europea candidata pueda: 1) valorizar las corrientes culturales comunes a los ciudadanos europeos, inspiradas por ella y a las que ha contribuido de manera significativa; 2) promover manifestaciones que unan en el ámbito cultural las demás ciudades de los Estados miembros de la Unión y lleven, por tanto, a establecer una cooperación cultural duradera; 3) favorecer su difusión en la Unión Europea; 4) fomentar el diálogo entre las culturas de Europa y el resto del mundo, pero sobre todo valorizar el patrimonio histórico y artístico mejorando la calidad de vida de la ciudad. El patrimonio arquitectónico europeo es la expresión de nuestras diferentes identidades y, al mismo tiempo, de nuestros orígenes comunes donde los materiales, los elementos, las formas y los espacios se articulan, se unen y se dividen en la búsqueda continua de un equilibrio entre la tradición y lo nuevo. En consecuencia, el conocimiento y la comprensión del patrimonio arquitectónico son elementos fundamentales de cara a la definición de la identidad cultural propia y se convierten en testimonios reveladores de nuestros orígenes y de nuestra historia.

Oreja
Señor Presidente, yo les confieso que he sentido un gran alivio cuando he visto el acuerdo al que se ha llegado y la fórmula que se ha alcanzado, ya que, en un momento dado, tuve una seria preocupación porque no sabía si se iba a poder llegar a un acuerdo, y la falta de acuerdo hubiera sido extraordinariamente grave ya que hubiera significado la pérdida de uno de los resultados más emblemáticos en toda la acción cultural comunitaria como es el de la Ciudad Europea de la Cultura. Por eso, yo quiero felicitar muy especialmente al diputado Sr. Monfils por haber mantenido la firmeza y, al mismo tiempo, la flexibilidad necesaria para alcanzar esos acuerdos. Igualmente, quiero felicitar al Presidente de la Comisión por haber contribuido con su aliento y con su buen juicio a hacer posible este resultado.
Como ustedes recordarán, el 30 de octubre de 1997 la Comisión presentó una iniciativa comunitaria en favor de la Ciudad Europea de la Cultura y la propuesta de la Comisión se centraba en torno a tres grandes ejes: la presentación por los Estados miembros a la Comisión de la candidatura de la ciudad o ciudades que optan a la organización de la manifestación; la constitución de un jurado por la Comisión, compuesto por personalidades independientes que emitiría un dictamen sobre las candidaturas presentadas y lo remitiría a la Comisión y, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo designaría, por mayoría cualificada, la ciudad europea de la cultura.
Se trataba, en definitiva, de sustituir el procedimiento intergubernamental que había existido hasta entonces y que, por otra parte, se revelaba cada vez más trabajoso en un procedimiento comunitario que involucraba al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. Luego, el Consejo, en su posición común de julio de 1998, llegó a una solución poco satisfactoria, basada en la rotación ligada a la Presidencia. El procedimiento de designación se alejaba significativamente de la propuesta de la Comisión y, por otra parte, el Parlamento quedaba prácticamente excluido del procedimiento.
La firmeza de esta Asamblea y el anuncio hecho el 13 de enero pasado de su intención de rechazar la posición común llevó a la apertura de la llamada «miniconciliación», y hoy recogemos los frutos de la negociación entre las dos ramas del legislativo, a la que ha contribuido también la Comisión.
Las ocho enmiendas que tenemos ante nosotros -y que la Comisión considera aceptables- reintroducen en el cuerpo de la decisión el jurado de altas personalidades independientes, así como los criterios que permiten asegurar la calidad cultural y la dimensión europea del programa de la ciudad.
Por último -y ello es importante-, el Consejo adoptará su decisión excepcionalmente sobre la base de una recomendación de la Comisión y no sobre una propuesta, recomendación establecida a la luz del dictamen del Parlamento Europeo y del informe del jurado. Con ello se introduce una dimensión comunitaria que va más allá de la mera rotación de la presidencia. Por ello, nos felicitamos del resultado de las negociaciones y esperamos que ambas ramas del legislativo puedan aceptar el acuerdo que hoy se presenta ante nosotros, y quiero agradecer, una vez más, a la Comisión de Cultura y al ponente, Sr. Monfils, su activa implicación en este procedimiento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.
Se levanta la sesión a las 24.00 horas

