Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 19 de julio de 1996.

Elogio póstumo
El Presidente
Señorías, lamento tener que comunicarles que nuestro colega Ken Stewart falleció el pasado domingo 2 de septiembre. El Sr. Stewart era diputado al Parlamento Europeo por Merseyside West desde 1984. Fue miembro del Grupo Socialista y de la Comisión de Transportes y de la de Peticiones. Sirvió en el Ejército británico durante la última guerra y fue condecorado por sus servicios. Después de la guerra, fue durante muchos años miembro del Consejo Municipal de Liverpool y se dedicó a abordar el problema de la vivienda en esa ciudad.
Siempre estuvo de parte de los desfavorecidos. Luchó por la justicia social y su experiencia durante la guerra hizo de él un ferviente partidario de la paz. En nombre de Sus Señorías, he enviado un mensaje de pésame a su viuda. Les ruego que guarden conmigo un minuto de silencio.
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio)

Declaración de la Presidencia sobre los
asesinatos de niños
El Presidente
Estimadas y estimados colegas, hoy es un día de luto. En este país se han descubierto crímenes indescriptibles contra niños. Compartimos el duelo junto con las personas de este país, que está sobrecogido de espanto y vergüenza, y pensamos en los numerosísimos niños que aquí y en otros lugares son raptados y utilizados sexualmente por criminales, violados y obligados a prostituirse.
El Parlamento Europeo no puede callarse en un día como este, por lo que les voy a proponer una modificación del orden del día. Comenzaremos tal como estaba previsto con una comunicación de la Comisión sobre asuntos políticos urgentes, en concreto sobre las reacciones de la Unión Europea a la ley Helms-Burton, relativa a la restricciones al comercio. A continuación, les propongo que, tras deliberar con los grupos políticos, la Comisión emita una declaración sobre los atropellos cometidos contra los niños, seguida de un corto debate.
Finalmente, les propongo que el informe del Sr. von Wogau relativo a los impuestos al consumo, que estaba previsto para esta tarde, se aplace a un período parcial de sesiones posterior. El resto del orden del día queda sin modificaciones. Como parece que todos están de acuerdo, vamos a proceder de este modo.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la última sesión ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?
(El Acta queda aprobada)

Kranidiotis
Señor Presidente, quisiera someter a deliberación un tema no incluido en el orden del día, en nombre de los diputados al Parlamento Europeo del Partido Socialista Panhelénico y expresando también, si no me equivoco, la postura de los griegos en general y de otros compañeros míos en esta Asamblea. Quiero denunciar los hechos siguientes: los días 11 y 14 de agosto, las tropas de ocupación turcas en Chipre asesinaron a sangre fría a dos jóvenes grecochipriotas e hirieron a decenas de ellos, disparando imprudentemente sobre la zona neutral de Chipre.
Estos asesinatos son el saldo de una reacción armada del régimen de ocupación a unas manifestaciones pacíficas. La conducta de Turquía no sólo es incompatible con cualquier concepto de justicia, sino también con el Acuerdo de Unión Aduanera que hemos firmado. Por lo tanto, creo que el Parlamento Europeo debe abordar la cuestión mediante la denuncia de esa acción y la adopción de las medidas oportunas.

El Presidente
No vamos a comenzar ahora ningún debate al respecto.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. La Conferencia de Presidentes ha propuesto una serie de modificaciones.

Jacob
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se ha pronunciado, efectivamente, en contra de la solicitud de urgencia que presentó ayer el Consejo, debido a que la misma nos llegó ayer por la mañana y hubiera sido necesario pronunciarse sobre el conjunto de la reforma de la OCM «carne de vacuno» y su financiación en un plazo de 24 o 48 horas.
En cambio, y es por ello por lo que nos hemos mostrado contrarios a la urgencia, creo que ahora corresponde al Consejo volver a formular eventualmente una solicitud para el Pleno de Estrasburgo y dividir dicha solicitud en tres partes. En ese caso, podríamos volver a estudiarla.
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

Asuntos políticos urgentes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a una comunicación de la Comisión sobre asuntos políticos urgentes, relativa a las medidas contra la ley Helms-Burton. Tiene la palabra Sir Leon Brittan.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, Señorías, me alegro de tener esta oportunidad de dirigirme al Parlamento respecto de las medidas adoptadas en relación con la ley Helms-Burton sobre Cuba. También podría citar en passant la situación respecto de la ley sobre el Irán y Libia, la llamada ley D'Amato.
Como sabe el Parlamento, el Congreso de los Estados Unidos ha introducido una legislación encaminada a obligar a terceros países a seguir la política de los Estados Unidos respecto de esos países. Muy en particular, pretende hacerlo imponiendo sanciones a personas y empresas que contravengan la legislación de los Estados Unidos. Es justo decir que en un principio el Gobierno se opuso a esa legislación, pero al final -a consecuencia, en particular, por lo que se refiere a Cuba, de los sucesos que entrañaron el derribo de unos aviones por parte del Gobierno cubano-, el Presidente Clinton firmó las dos leyes.
Desde el principio, tanto durante el período en que se estaba debatiendo esa legislación en el Congreso de los Estados Unidos como posteriormente, la Unión Europea ha expresado una oposición enérgica y decidida a esa legislación, como también países cercanos a los Estados Unidos como el Canadá y México y, de hecho, la Organización de Estados Americanos. Hemos hecho muchas gestiones, hemos presionado al Congreso directamente, como también lo han hecho el Parlamento Europeo y la comunidad empresarial europea. La razón por la que nos lo hemos tomado tan a mal es la de que creemos que tanto la ley Helms-Burton como la ley D'Amato son contrarias al Derecho internacional, que son improcedentes en principio y contraproducentes en la práctica. Compartimos las preocupaciones americanas por los países contra los que va dirigida esa legislación, pero consideramos profundamente injusto que, en lugar de atacar a esos países, la Asamblea legislativa de los Estados Unidos haya atacado a los aliados y a los amigos más próximos de los Estados Unidos, haya coligado a los aliados y amigos más próximos de los Estados Unidos contra este país y haya fortalecido la posición de los partidarios de la línea dura en países como Cuba, el Irán y Libia.
No obstante, esas leyes han entrado en vigor. Cierto es que, por lo que a la ley Helms-Burton se refiere, el Presidente de los Estados Unidos, en parte a consecuencia de la enérgica expresión de nuestra opinión y nuestra oposición, suspendió la entrada en vigor de una parte de esa legislación, el Título 3, en el sentido de que suspendió la capacidad de las personas físicas para presentar demandas judiciales durante un período de seis meses, si bien las responsabilidades que se habrían acumulado seguirán acumulándose, aun cuando no se puedan llevar ante los tribunales.
Como he dicho, expresamos nuestra profunda preocupación, pero llegamos a la conclusión de que debía llegar el momento no sólo de expresar preocupación, sino también de proteger los intereses de la Unión Europea. La Comisión presentó ideas concretas para hacerlo en el Consejo de Asuntos Generales celebrado en julio y tengo el gusto de decir que el Consejo de Asuntos Generales demostró un gran apoyo y unanimidad a la hora de adoptar una declaración en la que reafirmaba su interés por promover la reforma democrática en Cuba, pero también su profunda preocupación por la ley Helms-Burton. Formulaba diversas medidas que la Unión Europea podía adoptar en respuesta: recurrir al grupo de trabajo de la OMC -y ya hemos iniciado el proceso de consultas-, cambios en los procedimientos que rigen la entrada de los ciudadanos de los Estados Unidos en la Unión Europea; la introducción, sobre todo, de una legislación encaminada a neutralizar los efectos extraterritoriales de la legislación de los Estados Unidos y la creación de una lista en observación en la que figurarán los nombres de empresas o personas que hayan presentado demandas judiciales contra entidades de la Unión Europea en virtud de dicha legislación.
La Comisión reaccionó urgentemente ante la decisión del Consejo y ya ha presentado una propuesta de legislación comunitaria antiboicot que tendría el efecto de anular las acciones basadas en esa legislación por lo que se refiere al Derecho europeo, pero que, además, establece la posibilidad de obtener indemnización en los tribunales europeos, en caso de que en tribunales americanos se obtenga indemnización contra empresas europeas. Si una empresa europea fuera demandada en los Estados Unidos, dicha empresa podría obtener indemnización en cualquier país de la Unión Europea contra la empresa que la hubiera obtenido en los Estados Unidos. Por poner un ejemplo: si se tratara de una empresa alemana que no tuviera activos en Alemania, podría promover acciones judiciales en España, Francia o cualquier otro país de la Unión Europea.
La Comisión ha trabajo también a ese respecto y el Consejo está estudiando ahora la propuesta y también está examinando la cuestión de los visados. La Comisión publicará en breve un anuncio en el Diario Oficial en el que pedirá a los ciudadanos que aporten la información necesaria para confeccionar la lista en observación.
Como ha de saber la Asamblea, ayer el enviado especial del Presidente Clinton, Sr. Stuart Eizenstat, antiguo embajador ante la Unión Europea, se reunió con miembros de la Comisión REX. También se ha reunido hoy conmigo y con mis colegas Sr. Marín y Sra. Bonino. Su mensaje principal ha sido el de que los Estados Unidos quieren trabajar en colaboración con la Unión Europea y paralelamente a ella a fin de mejorar las perspectivas para la democracia y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Ha dicho que cuanto más se haga en pro de la creación de un marco internacional de cooperación más fácil le resultará al Presidente Clinton repetir su decisión de julio, que sólo tiene efecto durante seis meses, de suspender el derecho a presentar demandas con arreglo al Título 3 de la ley Helms-Burton. También ha hecho varias propuestas de medidas que deberían adoptar los gobiernos, las ONG y el sector privado.
Yo he expresado nuestro deseo de que la democracia llegue a Cuba, pero he señalado que la introducción y promulgación de legislación del tipo de la ley Helms-Burton era la peor base sobre la que fundamentar un planteamiento de ese problema entre los Estados Unidos y Europa. He reiterado nuestras objeciones a esa legislación y he subrayado nuestra determinación de defender los intereses de la Unión Europea con vigor, decisión y urgencia. He dicho que reflexionaría sobre lo expuesto por el Sr. Eizenstat, consultaría a mis colegas, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo y que juntos examinaríamos cuál debe ser la respuesta de la Unión Europea -en caso de que deba dar alguna- a esa iniciativa particular.
Las acciones unilaterales son siempre lamentables, pero resulta particularmente lamentable que un país con el que tenemos relaciones tan estrechas como los Estados Unidos se haya internado por esa vía. Me resulta tanto más lamentable a mí que dediqué una parte considerable del año pasado a la consecución de la nueva iniciativa transatlántica y al plan de acción encaminado a fortalecer las relaciones con los Estados Unidos. Eso nos enseñó -a mí y a todos los que trabajaron en ello- que nuestras relaciones con los Estados Unidos son muy amplias y, por grande que sea nuestra contrariedad respecto de la ley Helms-Burton y por firme que sea nuestra determinación de adoptar todas las medidas para proteger los intereses europeos, es importante también examinar la relación en conjunto.
Las iniciativas que condujeron a esa legislación partieron del Congreso y, con vistas al futuro y no sólo al problema actual, conviene subrayar la importancia de que esta Asamblea, el Parlamento Europeo, mantenga estrechos contactos con el Congreso americano a fin de evitar acciones semejantes en el futuro. Debemos seguir instándolos a entablar un debate y hacerles comprender por qué semejante legislación es inaceptable y repugnante para los europeos y, por tanto, absolutamente contraproducente para la promoción de nuestros objetivos comunes de reforma democrática en Cuba y de lucha contra el terrorismo procedente del Irán y de Libia. Entretanto, estamos absolutamente decididos a proteger los intereses europeos y hacer todo lo que podamos para contrarrestar esa legislación y lograr su revocación en última instancia.

De Clercq
Señor Presidente, creo que todos coincidimos en la necesidad de hacer una política de doble vía con respecto a la reciente legislación norteamericana. En primer lugar, debemos mantener y reafirmar con energía nuestra postura: que la ley que los norteamericanos pretenden aplicar es inaceptable para nosotros. En segundo lugar, hay que evitar un agravamiento de la situación. De hecho, nos hace tanta falta una guerra comercial como un dolor de muelas. Así que mi primera pregunta es: ¿cómo conciliar adecuadamente ambos objetivos? ¿Es posible dicha conciliación? y, ¿cómo conseguirla? Mi segunda pregunta es: ¿ha consultado la Comisión a los demás países afectados, en especial, a Canadá y a México? ¿Se puede adoptar en esta materia un planteamiento coordinado cuyas prioridades sean la democracia y el respeto de las normas del derecho mercantil internacional?

Brittan
Estoy de acuerdo con el planteamiento propuesto por el Sr. De Clercq. Es cierto que debemos adoptar una actitud firme, pero también lo es que no se debe extremar la situación. ¿Cómo podemos combinar esos dos principios? La respuesta es que debemos adoptar las medidas que defiendan directamente los intereses de las empresas europeas afectadas por esa legislación, pero no hacerlas extensivas a sectores que nada tengan que ver en absoluto con ella. Ésa es la forma como podemos combinar los dos principios a que se ha referido el Sr. De Clercq. Hemos consultado al Canadá y a México. En cierto sentido, estamos trabajando en colaboración con esos países. Naturalmente, ellos tienen otra vía, la de las disposiciones del TLC, y están presentando sus quejas también mediante los mecanismos del TLC. Estamos en estrecho contacto con ellos.

Donnelly, Alan
Agradezco a Sir Leon Brittan su declaración. La delegación del Parlamento Europeo se reunió con el Congreso de los Estados Unidos a finales de julio y nos entrevistamos con el diputado al Congreso Sr. Burton, que es uno de los autores de esa legislación. He de decir que el intercambio de opiniones que celebramos con el Congreso demuestra que, a no ser que adoptemos medidas extraordinariamente enérgicas y proporcionadas con la naturaleza de esa legislación, en el futuro los Estados Unidos adoptarán otras medidas unilaterales. Si bien reconozco que debemos tener amplitud de miras en nuestras políticas relacionadas con los Estados Unidos, se trata de una grave violación del Derecho internacional. Mi pregunta concreta a Sir Leon Brittan es la de si ha estado en contacto directo con el Presidente de la Cámara de Representantes. ¿Velará por que el Presidente y los diputados al Congreso reciban una copia de su declaración, que revela la cooperación que Europa ofrece y también nuestra determinación de no quedarnos con los brazos cruzados ante semejante ataque del Congreso de los Estados Unidos a intereses europeos?

Brittan
Estoy de acuerdo con el Sr. Donnelly en que es necesario hacer frente a esa legislación no sólo para proteger los intereses directamente atacados, sino también para disuadir respecto de acciones futuras. Durante la tramitación de esa legislación, hemos protestado repetidas veces ante los dirigentes de los grupos parlamentarios del Congreso de diversas formas: gestiones, cartas y demás. Tendré mucho gusto en ocuparme de que dichos dirigentes reciban una copia de la declaración que he hecho hoy.

Pex
Señor Presidente, quisiera felicitar al Comisario por velar por los intereses europeos en esta cuestión. Me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿ha previsto la Comisión la posibilidad de centralizar, inventariar y, en su caso, solucionar adecuadamente los posibles problemas que comuniquen las empresas europeas en relación con este tema?

Brittan
Gracias por sus amables palabras. Por lo que se refiere a las empresas europeas interesadas, estamos siempre en estrecho contacto con la UNICE, que es la organización tal vez más apropiada para coordinar y analizar el alcance del problema. Naturalmente, también hemos estado en contacto directo con varias empresas que se han visto o se verán afectadas. Me gustaría considerar si hay alguna otra medida que podamos adoptar con vistas a lograr un panorama completo de la naturaleza del problema. Eso es algo que se debe examinar en primer lugar con la UNICE, pero agradezco profundamente al Sr. Pex su constructiva propuesta.

Mann, Erika
Señor Presidente, es estupendo que se haya fijado en mi, muchas gracias por ello. Señor Comisario, usted ha mencionado que la actual política de los EE.UU. conduce a una inseguridad de las relaciones políticas y económicas trasatlánticas en su totalidad, lo que es aún más lamentable ante la nueva esperanza que teníamos en el marco de la Agenda trasatlántica. Lo lamento expresamente y subrayo que también deben condenarse en su totalidad las medidas extraterritoriales. De lo contrario, la credibilidad del derecho internacional y de las organizaciones e instituciones internacionales -menciono solamente la ONU y, por supuesto, la OMC- se cuestionarán en su globalidad. No podemos admitirlo pues conduce a una inseguridad de la estabilidad política y económica internacional.
Señor Comisario, ¿cuándo se va a encargar oficialmente al Parlamento que se ocupe de un reglamento comunitario? Sé que se lo ha transmitido al Consejo, pues esta cuestión debe plantearse al Consejo. Pero, ¿cuándo nos va a encargar el Consejo que nos ocupemos del tema?
Segunda pregunta: ¿piensa usted recurrir a La Haya?

Brittan
Estoy enteramente de acuerdo en que, aparte de los perjuicios causados a los intereses económicos europeos, lo más censurable es el principio de la extraterritorialidad. Creo que la historia de la civilización moderna entraña la iniciativa de resolver las controversias de todo tipo, pero en particular las comerciales, recurriendo a órganos internacionales como la OMC y no tomándose la justicia por la propia mano. Eso es absolutamente decisivo. Estoy enteramente de acuerdo con la Sra. Mann por lo que a eso se refiere. Hemos llegado a la conclusión de que la OMC es el foro fundamental al que se deben presentar las quejas. También es conveniente decir que en los debates de la OCDE sobre la propuesta de inversión se planteó la cuestión indirectamente y examinaremos la posibilidad de presentarla en otros foros. Ya he dicho que el Canadá y México están utilizando el foro del TLC. Personalmente, no estoy seguro de que el Tribunal de La Haya sea la forma más rápida y eficaz de abordar la situación, pero estamos dispuestos a examinar todas las propuestas.

Santini
Señor Presidente, como miembro de la delegación de este Parlamento para los problemas de Cuba, a finales del mes de junio pude visitar la isla. Ahora, deseo pronunciar unas palabras en favor de este pueblo al efecto de desmentir un viejo prejuicio según el cual todos los que están a favor de Cuba son, a la fuerza, filocastristas; los que la critican están en contra del sistema; y, ahora, los que están en contra de la ley HelmsBurton, están necesariamente en contra de Estados Unidos.
El verdadero objeto de esta diatriba debe ser el pueblo que está pagando en nombre de todos el precio de una situación como mínimo inaceptable. Hoy, señor Presidente, en Cuba hay hambre. No se trata ahora de entonar como de costumbre el llanto del pobre cubano, sin embargo, a mi juicio, el Parlamento Europeo debe intervenir precisamente desde este punto de vista y también en lo referente a los aspectos económicos. Está bien que se defiendan las empresas europeas que quieren promocionar actividades en la isla, pero con la finalidad primordial de ayudar a este pueblo para que pueda hacer frente a una situación respecto a la que en parte es causa, pero sobre todo víctima.
Por consiguiente, señor Comisario, ¿qué piensa hacer para proteger las empresas que sufren el chantaje de Estados Unidos en su propio territorio?

Brittan
Estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Santini. Naturalmente, tenemos que proteger nuestros intereses, pero también tenemos que preguntarnos qué es lo que será de ayuda para el pueblo cubano. Somos tan entusiastas como el que más en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar respecto del regreso de la democracia y los derechos humanos a Cuba. Gastamos una suma considerable de fondos comunitarios en ayuda humanitaria en Cuba. No discrepamos de los Estados Unidos respecto de los fines. Discrepamos respecto de los medios. Ése es un mensaje que debe llegar al pueblo cubano como a todos los demás.

Antony
Señor Presidente, queridos colegas, el pueblo cubano sufre, como sufrió el pueblo sudafricano, unas medidas de boicot intolerables. Pero también sufre el pueblo de Irak, país en el que mueren cientos de miles de recién nacidos y niños en condiciones espantosas. ¿No cree que va siendo hora de poner fin a nuestro acuerdo con los Estados Unidos, país que ha condenado a muerte a dicho pueblo y que actualmente se está inmiscuyendo en los asuntos de otros países violando así no sólo el Derecho internacional, sino también un reglamento interno que no interesa a la comunidad internacional.

Brittan
No es ésa mi opinión ni hay consenso al respecto en la Unión Europea o en la Comisión Europea, pero últimamente no se han adoptado medidas relativas a esa cuestión en el nivel europeo.

Cassidy
También yo estuve recientemente en Washington y participé en el debate, bastante acalorado, que los miembros de la delegación mantuvieron con miembros del Congreso de los Estados Unidos. Resultó patente que la ley Helms-Burton causa una profunda preocupación a algunos diputados al Congreso. Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: en primer lugar, ¿cuáles serían las posibilidades de impugnar con éxito algunos aspectos de la ley Helms-Burton en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en particular la parte de esa ley que castiga a los cónyuges y a los hijos con medidas del Ejecutivo, como la retirada de visados, permisos de residencia y demás: el principio bíblico de que los pecados de los padres recaerán en los hijos?

Brittan
Sobre la base del año -cada vez más lejano- que pasé en la Facultad de Derecho de Yale, no me atrevo a dar una opinión personal sobre el derecho constitucional americano. Lo único que diré es que personas mejor preparadas que yo sostienen la opinión que ha expresado el Sr. Cassidy y consideran que las disposiciones a las que se ha referido, además de ser censurables en principio, son de dudosa constitucionalidad. Desde luego, hay voces en el Congreso que desean introducir enmiendas a esa legislación para eliminar esos aspectos censurables. Me parece que subsistirían muchos otros.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, señor Comisario, los EE.UU. ven por lo visto en Cuba un peligro para su seguridad nacional, por lo que no consideran competente a la OMC. ¿Comparte la Comisión esta relación y opinión del Gobierno de los EE.UU. y va a solicitar la Comisión un procedimiento panel ante la OMC antes de las elecciones en los EE.UU.? Es muy importante en este contexto. Curiosamente, la Comisión presentó hace cuatro semanas una propuesta para proteger a las empresas europeas frente a la ley Helms-Burton. ¿Porqué tan tarde? ¿Porqué no lo hizo ya hace cuatro años con motivo de la ley Torricelli? Hay unos paralelismos interesantes. ¿Qué piensa la Comisión de un país que ratifica Tratados y que cuándo de repente no le convienen quiere evadirlos con la ayuda de la legislación nacional? ¿Cómo lo considera la Comisión? Muchas gracias de nuevo por su atención. Siempre funciona cuando una mujer guapa situada a mi derecha levanta la mano.

El Presidente
Ciertamente su Señoría ha adivinado totalmente mi pensamiento.

Brittan
No me corresponde a mí considerar por qué no introdujimos una legislación sobre otras leyes hace cuatro años, pero no creo que nadie pueda reprochar a la Comisión no haberse apresurado a presentar una propuesta legislativa al Consejo de Ministros inmediatamente antes de las vacaciones estivales. Antes se me ha preguntado cuándo llegaría al Parlamento y me disculpo por no haber dado una respuesta concreta al respecto. Llegará al Parlamento en cuanto el Consejo de Ministros haya alcanzado la fase apropiada en sus deliberaciones. Pero nos apresuramos mucho más de lo que muchos esperaban a la hora de formular esa legislación.

González Álvarez
Señor Comisario, hace dos meses, en Sitges, hubo un seminario convocado por Irela -institución conocida en esta casa- y el Centro de estudios internacionales de Washington, y allí todos los expertos, incluidos los norteamericanos, consideraron esta ley -lo que usted mismo considera- contraria al Derecho internacional, al comercio internacional y, desde luego, a la soberanía de los países.
Ahora bien, hay países que han tomado medidas más tibias y hay países que han tomado medidas más enérgicas. Sería bueno que la Unión Europea tomara medidas suficientemente enérgicas para que los Estados Unidos no se apoyaran en su amistad y en nuestra amistad para vulnerar lo que es un principio sagrado: la soberanía de los Estados y de los pueblos y su libre decisión de comerciar con quien quieran.
Si no se hace así, si no hay una respuesta enérgica de la Unión Europea, los Estados Unidos se creerán que pueden decidir en el futuro todo lo que quieran con respecto a otros países.
Señor Comisario, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar la Unión Europea, dentro de los límites de la amistad, para evitar los efectos perniciosos de esa ley?

Brittan
Las iniciativas de determinados países a la hora de adoptar medidas para abordar este problema son encomiables, pero la auténtica enseñanza para la Unión Europea, en este asunto y en todos los demás, es la de que nuestra unidad es nuestra fuerza, por lo que la auténtica energía y fuerza de la reacción y del efecto a la hora tanto de afrontar esta medida como de disuadir otras equiparables será directamente proporcional a nuestra unidad y rapidez de respuesta. Así, pues, espero que esta Asamblea haga un llamamiento al Consejo de Ministros para que responda urgente y rápidamente a los preparativos hechos por la Comisión para adoptar medidas rápidas y eficaces a fin de defendernos. Tenemos que ser fuertes. La mejor forma de ser fuertes es estar unidos.

Rack
En su introducción, usted mismo ha indicado que la ley Helms-Burton es solamente la punta de un iceberg y que los Estados Unidos preparan leyes sobre una serie de otros países, situados al menos geográficamente más cerca de Europa. Es muy importante limitar las repercusiones de la ley Helms-Burton sobre la economía europea o en general sobre Europa y el mundo, pero también es muy importante, por no decir primordial, que adoptemos medidas para que los norteamericanos no incluyan en su legislación a otros países y otros sectores económicos, a de toda la comprensión que podamos tener por la finalidad que persiguen. ¿Qué está haciendo la Comisión en este contexto?

Brittan
Estoy en gran medida de acuerdo con Su Señoría. No podemos abordar una legislación que no ha entrado en vigor. De momento la ley Helms-Burton y la ley D'Amato ya forman parte de los códigos. No es poco precisamente y lo estamos abordando rápidamente y espero que enérgicamente, sin lugar a dudas por la parte que le toca a la Comisión. Pero, en realidad, creo que la adopción de esas medidas redundará en beneficio no sólo de la Unión Europea, sino también de los Estados Unidos.
Muchas personas en los Estados Unidos comprenden que se han adoptado esas medidas apresuradamente y lo que se hace apresuradamente muy raras veces es acertado. También comprenden que perjudica al papel de dirección que los Estados Unidos desempeñan en el mundo. Estoy convencido de que el mundo será mejor, si Europa y los Estados Unidos pueden trabajar en cooperación y que todo lo que perjudique a esa cooperación no sólo redundará en perjuicio de los intereses de Europa, sino también de los de los Estados Unidos. Así, pues, hacer frente a los Estados Unidos y disuadir una futura legislación de ese tipo es algo que contribuirá a que a largo plazo trabajemos con una mejor cooperación. No espero que hoy lo vean así en Washington, pero creo que es la verdad.

Newens
Quisiera agradecer al Comisario su declaración y felicitarlo por las medidas que ha adoptado. Ha de saber -estoy seguro- que el Parlamento ha hecho constar su oposición a la ley Helms-Burton en varias ocasiones, una de ellas en un informe que presenté yo aquí. Al mismo tiempo hemos dicho con toda claridad que creemos en la necesidad de hacer avanzar la democracia en Cuba. Sin embargo, éste es el peor medio posible para intentar lograrlo. ¿Conviene el Comisario en que es importante que presionemos todo lo posible en el momento actual, porque, después de las elecciones presidenciales americanas, puede que se considere este asunto de forma muy diferente? En esas circunstancias, ¿examinará el Comisario qué otras medidas se pueden adoptar por mediación de la Organización Mundial del Comercio, por mediación del GATT y en otros sentidos a que se han referido algunos de mis colegas esta tarde? Las presiones ejercidas ahora son absolutamente decisivas para el resultado final que deseamos lograr.

Brittan
Estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Newens. Estamos celebrando un proceso de consultas, que es el necesario paso previo al de recurrir a un grupo de trabajo, por lo que la Comisión ha ido por delante por lo que a la OMC se refiere. Pero, cuando digo que el papel de este Parlamento es importante, no es una muestra de cortesía normal y habitual.
Esa legislación procede del Congreso, si bien el Gobierno americano ha de asumir la responsabilidad de no vetarla. Eso significa que, cuando se elija el próximo Congreso, será de importancia decisiva para todos nosotros, pero, evidentemente, más en particular para los diputados de otras legislaturas, establecer contacto pronto con los diputados a ese Congreso. Sea cual fuere el resultado, habrá muchos diputados nuevos y uno de los problemas en el pasado ha sido la falta de conocimientos y a veces de interés por los asuntos europeos en el Congreso reciente, bastante radicalizado.
Así, pues, espero que, cuando se elija al nuevo Congreso, todos hagamos de verdad un esfuerzo en nuestros diferentes ámbitos para explicar la auténtica senda de cooperación entre Europa y los Estados Unidos y los escollos que se deben eludir. Estoy seguro de que ellos nos dirán los escollos que también nosotros debamos eludir y hemos de estar dispuestos a escucharles, además de decirles lo que, a nuestro juicio, se debe hacer y lo que se debe evitar.

Van der Waal
Señor Presidente, secundamos a la Comisión en su oposición a las medidas norteamericanas y me gustaría agradecer a Sir Leon Brittan su declaración. No obstante, debemos establecer, a mi juicio, una distinción clara. El caso de Cuba es un problema principalmente americano, mientras que Libia e Irán son países que conciernen por igual a la Unión Europea y a Estados Unidos. Los indicios de que estos países apoyan el terrorismo internacional son cada vez más manifiestos y, además, obstaculizan el proceso de paz de Oriente Medio. Es lamentable, por tanto, que Estados Unidos y la Unión Europea estén enfrentados en su lucha contra el terrorismo internacional, y más teniendo en cuenta la rapidez con la que Irán incrementa su arsenal. Mi pregunta es: ¿cómo se justifica que mantengamos inalterado nuestro diálogo con Irán y Libia, y qué nos impide desarrollar un planteamiento coordinado con Estados Unidos frente a esos países?

Brittan
Con toda sinceridad no considero práctico hablar de una sola y simple actitud frente al terrorismo. En un cargo anterior tuve que ocuparme de cuestiones relativas al terrorismo y puedo asegurar a Sus Señorías que su complejidad internacional es considerable. Así, pues, no me parece justo criticar a los Estados Unidos ni a ningún otro país por no idear una política mágica que resuelva el problema. Si hemos de ser totalmente sinceros, la verdad es que la política americana de sanciones y confrontación no ha puesto coto al terrorismo. Como tampoco se lo ha puesto la política europea de diálogo. Debemos ser sinceros a ese respecto.

Kittelmann
Señor Presidente, aún puedo aprender mucho, pero tendrá que decirme cómo 16 ojos, unos miopes y otros hipermétropes, pueden adoptar siempre la decisión correcta mirando en diferentes ángulos. Señor Presidente, felicito expresamente a la Comisión por su capacidad de acción y por su opinión concreta en el presente caso. El Parlamento ha adoptado muy a tiempo un resolución muy extensa sobre la ley Helms-Burton y sobre Irán/Irak que contempla en lo esencial plenamente los acontecimientos actuales. Creo que el Parlamento ha cumplido muy a tiempo su obligación y que va a seguir cumpliéndola. Me interesaría saber qué diferencias jurídicas ve usted entre la ley Helms-Burton y la ley D´Amato, pues tengo la sensación de que también en el interior de la Comisión, al menos así ha sido en la reunión de esta semana de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, existen diferentes valoraciones jurídicas que yo no comparto. Ambas leyes son contrarias al derecho internacional y ambas atentan contra la legislación de la OMC. El Sr. Eizenstat ha indicado que hay motivos políticos que no pueden ser reconocidos por la OMC. ¿Cuál es su opinión?

Brittan
No aceptamos ningún tipo de exclusión de la OMC. Es inaceptable decir que haya algo que la OMC no pueda siquiera examinar. La decisión de recurrir a un grupo de trabajo aún está por adoptar, porque aún estamos en el proceso de consultas. Pero eso es totalmente inaceptable y no podemos transigir en absoluto al respecto.
Por lo que se refiere a las diferencias entre la ley Helms-Burton y la ley D'Amato, la más importante es la de que al menos el Título 3 de la Ley Helms-Burton, aunque se ha suspendido por seis meses, permite en principio que las personas físicas y las empresas americanas presenten demandas judiciales por su cuenta. No así la ley D'Amato. La otra diferencia principal es la de que, mientras que el Presidente tiene la facultad discrecional de suspender total o parcialmente la aplicación del Título 3 de la ley Helms-Burton durante seis meses cada vez, en la ley D'Amato tiene muchas más facultades discrecionales sobre cómo aplicarla, sobre si aplicarla y sobre el alcance de su aplicación. Así, pues, las posibilidades de protesta razonada son mucho mayores y, como se acaba de formular esa legislación, ésa es la vía apropiada que seguir. De modo que hay importantes diferencias jurídicas, prácticas y económicas entre las dos leyes.

Kerr
Quisiera felicitar a Sir Leon y a la Comisión por su firme postura sobre esta cuestión. Me parece que la preocupación de los Estados Unidos por la democracia en Cuba es bastante parecida a su preocupación por la paz en el Irak, donde están asestando la paz mediante misiles de crucero. Como he visitado Cuba y los Estados Unidos en varias ocasiones, he de decir que en muchos sentidos Cuba es una sociedad más democrática que los Estados Unidos de América, donde los dos partidos más importantes son propiedad de la América empresarial. Tal vez la mejor forma de hacérselo comprender a los Estados Unidos sea la de proponer que piensen en una política de bloqueo para con Arabia Saudita y otros Estados clientes de los Estados Unidos en los que no existe democracia ni derechos humanos y, aun así, los americanos expresan muy poca preocupación sobre ellos.

Brittan
Algunas de las observaciones que Su Señoría ha hecho tendrían más fuerza, si no hubiera afirmado algo que es manifiestamente falso sobre la democracia en Cuba. No hay ni rastro de ella. Así de sencillo.

Robles Piquer
Señor Comisario, todos estamos de acuerdo en rechazar la ley Helms-Burton por sus efectos extraterritoriales y, naturalmente, no todos compartimos, ni mucho menos, las increíbles expresiones que acabamos de oír sobre la democracia cubana.
Pero lo que yo quiero preguntarle al Sr. Comisario es lo siguiente: puesto que la ley Helms-Burton se aplica sólo en los casos en que se trata de propiedades que eran de súbditos norteamericanos que fueron confiscadas por el gobierno castrista sin pagar ninguna indemnización, y que ahora salen de las manos del Estado cubano para ser entregadas a un empresario extranjero que las recibe sin pagar tampoco la indemnización a los propietarios legítimos de esas empresas, ¿puede la Comisión decirme si existen ya, o todavía no, casos concretos de empresas o empresarios de la Unión Europea que hayan sido denunciados ante tribunales norteamericanos por estar incursos en las prohibiciones de esta ley, o si bien estamos todavía ante una hipótesis teórica en la que no se han manifestado casos concretos en este sentido?

Brittan
En virtud del Título 3 -el que se ha suspendido por lo que se refiere a las demandas judiciales-, no ha habido, evidentemente, demandas por parte de empresas particulares, porque el Presidente ha suspendido esa posibilidad. Pero, en virtud del Título 4, que es la disposición que obliga al Gobierno de los Estados Unidos a impedir la entrada en ese país de las personas a las que se aplique esa legislación -y ya han oído Sus Señorías al Sr. Cassidy decir que es aplicable a las familias de dichas personas-, determinadas empresas han recibido cartas del Gobierno de los Estados Unidos en las que se les indica que son sospechosas en unos casos y en otros un poquito más que eso.

McGowan
Estoy seguro de que el Parlamento dirá a Sir Leon que valora en mucho la relación entre la Unión Europa y los Estados Unidos de América. También sabe que el Parlamento Europeo lleva mucho tiempo preocupado, antes incluso de la ley Helms-Burton, por el aislamiento de Cuba. En el sector, por ejemplo, de la cooperación para el desarrollo, no tenemos relaciones oficiales con Cuba, a diferencia de lo que sucede con los demás países del Caribe y de América Central y Sudamérica, por lo que hay problemas muy graves. Me gustaría saber hasta qué punto cree el Comisario que es posible utilizar esa cuestión concreta para lograr avances rápidos con vistas a formalizar las relaciones con Cuba. Ello redundaría en beneficio mutuo de Cuba y de la Unión Europea.

Brittan
Ésa era la orientación que íbamos a seguir y, de hecho, el Consejo era partidario de iniciar negociaciones con Cuba. Pero después mi colega el Sr. Marín visitó Cuba, celebró reuniones con los dirigentes de la oposición y muy poco después la inmensa mayoría de dichos dirigentes fueron detenidos. Así, pues, el Consejo consideró que no era oportuno proseguir las negociaciones en aquel momento. Yo comparto esa opinión.

El Presidente
El turno de preguntas queda cerrado. Agradecemos a Sir Leon Brittan sus explicaciones.

Abuso de menores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a una comunicación de la Comisión sobre el abuso de menores. Tiene la palabra Sir Leon Brittan.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, los recientes y trágicos acontecimientos sucedidos aquí, en Bélgica, que se nos recordaron brutalmente ayer y hoy también, al descubrirse más víctimas de la violencia y la pedofilia, han colocado en primer plano toda la cuestión de la horrorosa explotación sexual de los niños. Hablo en nombre de todos mis colegas de la Comisión, al unirme al Parlamento para expresar nuestra profunda sensación de escándalo y pesar por los acontecimientos de este verano, sentimientos compartidos por todas las personas civilizadas en toda la Unión Europea y fuera de ella.
Así, pues, acojo con beneplácito, en nombre de mi colega la Sra. Gradin, la oportunidad de hacer hoy una declaración ante Sus Señorías. Esa tragedia, que refuerza la oportunidad de la primera Conferencia mundial sobre la explotación sexual de los niños, celebrada en Estocolmo al final de agosto, nos acucia a todos nosotros para que asumamos nuestras responsabilidades y reaccionemos lo más rápida y eficazmente que podamos. Esa Conferencia Mundial fue organizada por el Gobierno sueco, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización «Fin de la Prostitución Infantil en el Turismo Asiático».
Representantes de 130 gobiernos participaron en la conferencia, además de organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. La Comisión estuvo representada por mi colega la Sra. Gradin. Naturalmente, la Comisión estudiará detenidamente las conclusiones y el plan de acción decididos en la conferencia. Resulta ya patente que es necesario un planteamiento claro y amplio basado en la cooperación internacional y la colaboración activa entre los gobiernos y las ONG. Como parte de esa actuación y con vistas a determinar iniciativas concretas en el nivel de la Unión Europea, la Comisión está trabajando ahora en una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la trata de blancas, incluidas las mujeres jóvenes, para su explotación sexual. Viene después de los resultados de una conferencia celebrada en junio y organizada por la Sra. Gradin sobre la trata de blancas. Ese planteamiento abarcará cuestiones tales como las migraciones, la cooperación judicial y policial y los aspectos sociales y la mayoría de las recomendaciones serán aplicables más ampliamente a la lucha contra la trata de niños y niñas.
Además, la Comisión está preparando actualmente una propuesta de medidas especiales contra el llamado turismo sexual infantil. En tercer lugar, la Comisión está examinando el problema de la pornografía infantil y la utilización de redes como Internet entre pedófilos y propondrá medidas encaminadas a la utilización delictiva de las redes de información. Se trata de un sector difícil, en particular en un marco internacional, ya que afecta a las cuestiones constitucionales nacionales relacionadas con la libre circulación de la información.
La libertad de expresar las ideas y opiniones propias es un derecho humano fundamental y debe seguir siéndolo. Pero no se debe permitir que se haga un uso flagrantemente indebido de esa libertad, por lo que debemos encontrar formas de impedir que los pornógrafos infantiles persigan sus fines sin obstaculizar la expresión normal de las ideas y la opinión.
Por último, está claro que es necesaria una mejora en la cooperación policial y judicial, por lo que la Comisión acoge con satisfacción la rápida reacción de la Presidencia irlandesa con el anuncio hecho ayer de una propuesta para hacer extensivo el mandato de la Unidad de Drogas de Europol al tráfico de seres humanos. La Comisión espera que la reunión oficiosa de Ministros de Justicia y de Interior que se celebrará el 27 de septiembre brinde una oportunidad para celebrar un debate productivo sobre esa propuesta y otras como las anunciadas por Bélgica y también la contribución de la Comisión.

Dury
Señor Presidente, queridos colegas, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, quiero expresar aquí nuestra emoción y nuestra solidaridad, y dar nuestro pésame a las familias de estas pequeñas víctimas de las monstruosidades que hoy evocamos y que se han visto sometidas a tanto sufrimiento. Leatitia y Sabine han podido ser salvadas a tiempo, pero Julie, Mélissa, An y Eefje han muerto. Y continuamos sin saber nada, quiero recordarlo, de Gevrij, de 6 años, Ilse, de 19 años, Élisabeth, de 12 años -a cuyo padre recibimos aquí, quien expuso sus cuadros que son un extraordinario grito de dolor-, Nathalie, de 9 años, Lubna, de 9 años, Sylvie, de 19 años, Ken, de 8 años ni de Yann, de 12 años. Y sabemos que Catherine, Kim y Carola han muerto, pero no sabemos en qué circunstancias.
Más allá de estas condolencias, quiero alabar la actitud de los padres, que han sabido dominar, contener su emoción y rechazar el abatimiento fácil ante los micrófonos tentadores. Ellos nos han dado en Bélgica una lección de responsabilidad, una lección de sentido cívico, una lección de valor moral. Hoy son nuestro ejemplo.
Los acontecimientos son espeluznantes. No son únicos y no son exclusivos de Bélgica. Básicamente plantean el problema de la protección, y más sencillamente, del respeto a los niños, del respeto a su dignidad y, añado también, del respeto a la mujer. Nos obligan a reflexionar sobre la imagen de estos niños en un entorno forjado por los medios de comunicación, por los actos de violencia y de fascinaciones malsanas. Con demasiada frecuencia, además, en los juicios por casos de pederastia, y diría incluso de violaciones, se constata una negativa a comprender la gravedad de los hechos. A veces se habla de que son inevitables, y se ha llegado incluso a apuntar al consentimiento de las víctimas.
Creo que, en nuestras reflexiones debemos llegar mucho más lejos. No nos encontramos solamente ante la presencia de unos monstruos desequilibrados. El comercio de la pederastia y el tráfico de niños es un comercio organizado, con filiales nacionales, europeas e internacionales, con sus ramificaciones y con sus financiaciones. Para responder a demandas perversas, existe la producción de material, su comercialización, su distribución y su consumo, ya sea en miles o millones de cintas de vídeo, ya sea en la forma de espectáculos, o bien, lo que es más brutal y terrible, la explotación de los propios niños tanto aquí como en el Tercer Mundo.
En el fondo de todas estas redes encontramos, en primer lugar, el lucro, la búsqueda de lucro, el ansia de lucro. Lucro para los proxenetas, los pornógrafos, las agencias de viajes que organizan y ofrecen un turismo sexual que llega incluso a convertirse en algo banal. Lucro para los bancos que gestionan las cuentas y blanquean el dinero. Estas redes crecen a la sombra de las legislaciones y de la demanda. Hoy Bélgica o Tailandia, mañana Francia, Gran Bretaña o América Central.
Ustedes han podido verlo, la sociedad belga está consternada. ¿Están protegidos nuestros hijos? ¿Qué hay de esas instituciones que no responden a las expectativas? Todos juntos, belgas y europeos, debemos hallar respuestas a estos interrogantes. El Comisario ya lo ha indicado. Es necesario que Europol, como ya hemos dicho en el Parlamento Europeo, asuma, entre sus funciones, aquélla de perseguir el tráfico de niños, de menores y de mujeres. Hay que revitalizar nuestras legislaciones para impedir el turismo sexual. Es necesario que desaparezcan de una vez no las fronteras de la pornografía, la cual se ríe de todo, sino de que desaparezcan nuestras propias fronteras, las fronteras de nuestras mentalidades y de nuestras leyes. Éste será el único acto que verdaderamente puede rendir homenaje a la memoria de todas las víctimas, a las que hoy recordamos.

Chanterie
Señor Presidente, Señorías, mi país está conmocionado por las noticias difundidas hace unos días sobre el secuestro, los malos tratos y el asesinato de niñas y jovencitas. Durante días hemos conocido, con estupor, las macabras situaciones que sufrieron esas niñas. Cada día nos cuesta más entender cómo ha podido suceder todo esto. Al iniciar este debate quisiera expresar, en nombre del Grupo del PPE, mi condolencia a los padres y familiares de las muchachas asesinadas. Compartimos su pena y su dolor y admiramos la valentía y dignidad con que atraviesan este difícil momento.
Quisiera insistir, en nombre del Grupo del PPE, en cuatro cuestiones. En primer lugar, lo sucedido en Bélgica - la Sra. Dury también lo ha señalado - no es una situación exclusivamente belga. Todos sabemos que el secuestro de niños y su utilización en la prostitución y en circuitos de vídeos pornográficos se ramifican en redes que operan en Europa y en todo el mundo. Se trata de tráfico de niños, de prostitución y de grave delincuencia internacional. Es preciso responder a algunas preguntas, tales como: ¿Cuánto tiempo seguiremos tolerando que se haga publicidad del turismo sexual hacia Asia? ¿Cuánto tiempo seguiremos haciendo la vista gorda ante el floreciente tráfico de personas, niñas y mujeres con los países de la Europa Central y Oriental, Tailandia, Filipinas y otros países asiáticos? ¿Cuánto tiempo seguiremos tolerando que países como Túnez y Marruecos se nieguen a colaborar? Pongo por ejemplo el secuestro de Milena Bianco, de Basano del Grappa, pero hay decenas e incluso centenares de casos más.
En segundo lugar, ¿qué iniciativas se van a adoptar para intensificar la cooperación en los ámbitos policial y judicial? Es preciso que los Parlamentos de los Estados miembros ratifiquen el Convenio Europol. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Un año, dos años, o quizá incluso más? Es preciso que planteemos la necesidad urgente de concluir las negociaciones sobre el Convenio del Sistema Europeo de Información y que la ratificación de dicho Convenio en los Estados miembros coincida con la del Convenio Europol ya que, de lo contrario, no dispondremos de los instrumentos necesarios. El Convenio Europol y el Sistema Europeo de Información son instrumentos necesarios para crear un centro que reúna todos los datos útiles. Los políticos nacionales y europeos que ahora se muestran indignados, ¿serán capaces de actuar con rapidez, también en los Estados miembros?
Es obvio que cada país debe poner orden en su propia situación. Es preciso adoptar medidas judiciales contra la delincuencia. Lamentablemente, los ciudadanos observan, hoy en día, que las redes de delincuencia tienen libertad de acción y, en ocasiones, incluso reciben el apoyo de personas de los círculos judiciales.
En tercer lugar, y ésta es nuestra propuesta al Parlamento, además de intensificar la cooperación entre los organismos oficiales, el Grupo del PPE desea prestar su apoyo a grupos de acción como Marc en Corinne y a las familias afectadas.
En cuarto lugar, y con vistas a la Conferencia Intergubernamental, la modificación del Tratado de Maastricht se encuentra en plena preparación. ¿Sacarán los gobiernos europeos consecuencias políticas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Declaración de Estocolmo de la semana pasada, es decir, aprobarán enmiendas al Tratado de la Unión Europea para que éste incluya los derechos del niño? Por otra parte, el Grupo del PPE espera que la Comisión Europea presente pronto una propuesta para convertir, lo antes posible, la Declaración de Estocolmo en propuestas políticas concretas para la Unión Europea. Sólo entonces se recuperará un poco la quebrantada confianza de los ciudadanos de Bélgica y de los demás Estados miembros. Están en juego, sin duda, la dignidad de nuestra sociedad, el respeto a los niños y el futuro que ellos representan.

Hermange
Señor Presidente, los hechos ocurridos recientemente han sacado a la luz de forma trágica el grave problema de la prostitución infantil. Queridos colegas, todos somos culpables de indiferencia y de laxismo, porque ha sido necesario que surja el drama del caso Dutroux para que este debate se incluya en el orden del día de nuestra Asamblea, a pesar de que es notorio el hecho de que numerosos niños son entregados cada año al mercado del sexo en el mundo y en Europa.
Hoy con las declaraciones y los comités de reflexión nos damos por satisfechos. Es necesario actuar mediante la elaboración de un plan a nivel europeo para luchar contra la pederastia. En nombre de los niños que han sido asesinados, nuestro Grupo desea proponer un plan de este tipo que actúe en el plano jurídico. En este sentido, proponemos que la Conferencia Intergubernamental integre un fundamento jurídico que permita aplicar una política comunitaria en el ámbito del tráfico de seres humanos. Que los Estados miembros tomen medidas para armonizar las legislaciones nacionales en lo relativo a la protección del menor. Que apliquen su legislación y eliminen sus deficiencias. Que todo abuso sexual perpetrado contra un menor sea considerado en el plano jurídico como un crimen contra la humanidad. Que se penalice la posesión de material pornográfico destinado a los niños.
Solicitamos asimismo que se amplíe el campo de acción de Europol en el ámbito de los abusos sexuales y de explotación sexual de los niños. Por último, solicitamos la creación de un observatorio europeo de la legislación y de su cumplimiento. Solicitamos también que se aplique una política de prevención. En este sentido hace falta una campaña de sensibilización destinada a la opinión pública y, en particular, a los niños.
Queridos colegas, un niño es, por otra parte, tan esencial como un euro o un ecu. Movilicémonos de manera concreta para proteger el futuro de Europa que estamos construyendo para nuestros hijos.

André-Léonard
Señor Presidente, llegado mi turno, deseo expresar mi más sincero pésame a los padres de las niñas belgas asesinadas, los cuales han hecho gala de una dignidad ejemplar ante el drama que viven en estos momentos.
Durante mucho tiempo, la pederastia apenas ha despertado interés entre la opinión pública, y la ley del silencio, por un afán de acallar el escándalo, ha constituido siempre la regla en estos casos. Hoy, las deficiencias de la acción policial y judicial de Bélgica se han visto verificadas en el caso Dutroux, y nos vemos obligados a reaccionar con carácter de urgencia en este clima de psicosis y espanto.
El hecho de que la prostitución infantil haya adquirido una magnitud semejante se debe a que la sociedad ha preferido ignorar su existencia y, cuando ha tenido conocimiento de ella, se ha mantenido incrédula. Ha hecho falta que un drama incalificable, que afecta directamente a nuestros hijos, salga a la luz en uno solo de nuestros Estados miembros, para que el niño encuentre por fin el lugar que le corresponde en el seno de nuestras sociedades.
Vivimos en un mundo en el que la cultura, el comercio y la tecnología cruzan las fronteras con demasiada rapidez como para poder ser controlados con precisión. Por ello no es sorprendente que la actividad criminal siga este proceso de internacionalización. Para hacerle frente, aún no disponemos de armas realmente eficaces. El reforzamiento del tercer pilar del Tratado podría proporcionarnos los medios para luchar contra estas redes internacionales del crimen organizado. Solamente la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial encaminada a la prevención y la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional deben ser contempladas por los Estados miembros de la Unión como de interés común. Entre las recomendaciones de la CIG, aprobadas el pasado mes de enero, no se contemplaba incluir la lucha contra el tráfico de seres humanos entre las competencias de Europol. Europol debe estar en condiciones de garantizar una investigación activa de las redes criminales a través de las experiencias y de las informaciones especializadas relativas al crimen organizado, y específicamente aquél que afecta a los niños.
En este sentido, la creación de una base de datos internacional específica para pederastas y otros criminales sexuales que ya hayan sido condenados podría ser utilizada en el marco del turismo sexual y para prevenir la reincidencia. En el marco del diálogo estructurado, la cooperación y la coordinación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior con los países terceros aspirantes a la adhesión deben convertirse en una prioridad, pero también y sobre todo, en una exigencia clara.
Esperemos, señor Presidente, que el mal que actualmente carcome Bélgica y que nos indigna a todos sea el detonante tan esperado que nos permita decir por fin: eso nunca más. Quisiera añadir también, señor Presidente, que me hubiera gustado que nuestra Asamblea guardara un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Pailler
Señor Presidente, nos gustaría que esto no fuera cierto. Nos gustaría guardar silencio. Nos gustaría comprender y, quizá, preferiríamos que no fuera más que la obra de unos locos aislados. La pena de muerte, en relación con el fantasma de erradicación de este tipo de criminales, no es la solución.
El asesinato es una evidencia. Lo que conduce a ello es complejo y nos interroga a todos los niveles de la sociedad. Dejemos a los jueces, a los psiquiatras aquello que es responsabilidad del criminal para preguntarnos qué mundo produce, nos guste o no, estos crímenes y estos criminales. A pesar de que el escritor belga Paul Vandrommes decía en la edición de ayer de Le Monde que el caso Dutroux demuestra que ya no existe una sociedad belga de manera orgánica, que ya nadie cree en la justicia ni en los magistrados, que el Estado ya no existe, debemos guardarnos de estigmatizar a un país y a su pueblo, pero tomemos estos asesinatos como una advertencia dolorosa y seria de lo que puede suceder en cada uno de nuestros países.
No ignoramos que Internet permite el reforzamiento, la eficacia y la impunidad de las redes pederastas. Internet no conoce fronteras. Algunos, incluso aquí, se alegran de ello y se hacen apóstoles de una seudolibertad de comunicación que se regularía por sí sola. ¿Los oiremos hoy?
Este asunto nos recuerda cifras que suenan como una condena del modelo ultraliberal, en el que todo se compra y en el que el valor supremo es el del consenso: dónde está el dinero deja de haber reglas. Más de un millón de niños en el mundo, y sobre todo en el Tercer Mundo, son víctima del mercado del sexo. En cuanto a Europa, el 18 % de los clientes del turismo del sexo son alemanes, el 12 % británicos y el 6 % francés.
Cómo podemos sorprendernos de la escasa eficacia de los convenios internacionales, cuando el Congreso de Estocolmo, a pesar de la importancia de sus debates, se niega a tomar en consideración entre sus conclusiones las causas relacionadas con la pobreza, con las relaciones Norte-Sur y con las políticas de ajuste estructural.
Por consiguiente, para aplicar al menos y de la mejor forma posible las leyes existentes, pedimos que la UE pueda perseguir a sus nacionales culpables de cometer abusos sexuales en el extranjero, que se proponga realmente salvar el vacío Norte-Sur, que reflexione seriamente sobre medidas de penalización para aquellos países que no aplican las leyes de protección del menor.

Lannoye
Señor Presidente, nuestros conciudadanos y más especialmente aquéllos de mi país, Bélgica, viven un auténtico trauma desde que se descubrió la suerte abominable que corrieron algunos niños y chicas jóvenes durante largos meses antes de ser asesinados, por no hablar de los casos que aún no conocemos.
Más allá de la enorme emoción que siente todo ser humano dotado de un mínimo de sensibilidad, hay que decir que a nuestros propios conciudadanos les cuesta reconocer que puedan cometerse prácticas y actos tan terribles. Y reconocen aún menos que ello no sea únicamente el acto de un perverso psicópata con una personalidad probablemente excepcional, sino obra de un grupo criminal organizado, cuyas idas y venidas no han sido vigiladas en ningún momento ni, con mayor motivo, obstaculizadas, ni en el interior del territorio nacional belga ni fuera de él.
Todo el mundo, y los colegas también lo han hecho aquí, hace hincapié, con razón, en el valor y la dignidad de los padres de las jóvenes víctimas, y hago mío lo que se ha dicho. Pero ello no sería más que una fórmula cortés de circunstancia si los políticos, a todos los niveles, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, no se deciden a intervenir.
Y para empezar, la primera acción debe ser reconocer los errores y las faltas cometidos. Todos los oradores han reconocido una falta de voluntad en la lucha contra la explotación sexual de los niños. Hay que recordarlo y hay que denunciarlo. La escasez de los medios que se destinan al ejercicio de la justicia en varios Estados miembros, especialmente en el mío, es manifiestamente insoportable. Un sistema judicial que no dispone de medios no puede ser eficaz.
Y por consiguiente, en segundo lugar, más allá de reconocer los errores, hay que presentar propuestas. Creo que es prematuro encontrar fórmulas y respuestas ya estén listas hoy mismo. Pero en todo caso se puede asumir un compromiso solemne de recurrir a todos los medios posibles para intentar erradicar este fenómeno malsano y, especialmente, la explotación de las perversiones sexuales y de la miseria sexual por parte de las redes criminales que operan en el mundo entero, y en particular en el Tercer Mundo.
¿Qué hay que hacer a nivel nacional? Creo que está claro que en materia judicial, en materia penal, en materia social y en materia educativa, es necesario que los Estados proporcionen los medios indispensables para poder actuar con eficacia. A nivel europeo, que es lo que aquí nos preocupa, es evidente que ante una criminalidad internacional organizada es necesario actuar. Y creo que existen varios puntos concretos que podemos destacar ya desde ahora en lo relativo a la desaparición de menores. La necesidad de cooperación internacional es evidente. Se trata de informarse mutuamente. Hay que dar un seguimiento concreto a los trabajos del Congreso de Estocolmo.
Por último, y termino con esto, creo que también es necesario que cuestionemos la escala de valores que actualmente predomina en Europa. La calidad de una sociedad se mide por el valor humano de sus miembros y por el lugar que se concede al ser humano en las decisiones políticas prioritarias. Cuando el dinero, el consumo, la conquista de nuevos mercados, el valor de la moneda son los valores dominantes en el plano político, no debemos extrañarnos al ver cómo surgen patologías sociales graves, como el caso que hoy nos ocupa.
Europa debemos volver a cuestionarnos a fondo y situar en un primer plano el bienestar de los ciudadanos y, en particular, aquél de los más necesitados y de los más débiles. Y entre los más débiles se encuentran los niños. Me temo que todas las medidas represivas y de organización policial, aún siendo las más justificadas, no sean a fin de cuentas eficaces, si no se produce el mencionado cambio en la escala de valores.

Vandemeulebroucke
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, quisiera expresar mi más profunda condolencia a los padres y a las familias de las muchachas asesinadas en mi país. Lo sucedido supera todo lo imaginable. Hechos alucinantes que salieron a la luz en el momento en que se celebraba en Estocolmo la Conferencia Mundial sobre los derechos del niño y la explotación sexual a que se ven sometidos. Por lo visto, en la antesala del siglo XXI, todo es posible y todo, incluso los niños, está en venta. La aplicación más pérfida de la ley de la oferta y la demanda.
Sabíamos del abuso de menores en los países asiáticos pero, en la práctica, no hicimos gran cosa. Además, los intereses comerciales eran más importantes para nosotros que los derechos del niño. También sabíamos de la prostitución infantil en las grandes ciudades de nuestros países. En definitiva, no hicimos nada a pesar de las posibilidades que el artículo K del Tratado de Maastricht nos brindaba para dar respuestas concretas.
Si queremos convertir nuestra condolencia en actos concretos, es preciso que busquemos respuestas sociales dentro de Europa, como la creación de un registro de niños desaparecidos, la intensificación de la cooperación policial transfronteriza, incluido el intercambio de experiencias en materia de política penitenciaria, la inclusión de los derechos del niño en nuestros códigos, la exigencia obligatoria de que los terceros países respeten esos derechos y la introducción de leyes penales extraterritoriales que refuten los delitos sexuales cometidos fuera de nuestras fronteras. La Comisión ha anunciado ya algunas iniciativas. No es preciso que las realice hoy mismo pero, por favor, que no espere demasiado.

Blokland
Señor Presidente, también el Grupo Europa de las Naciones se estremece y conmociona ante el sufrimiento de esas niñas y jóvenes inocentes. Queremos transmitir nuestro más profundo pésame a las familias de las víctimas. Las imágenes televisivas nos encaran de un modo tan directo con el mal y con sus consecuencias, que ya nadie puede eludir su responsabilidad.
¿Cómo es posible que se haya llegado tan lejos? Cierta tolerancia e indolencia se habían apoderado de nuestros políticos y dirigentes. Ahora bien, como diputados al Parlamento Europeo, es nuestro deber romper con esta actitud y hacer todo lo necesario para alcanzar un entorno de vida seguro para nuestros hijos. A tal fin, debemos revalorizar nuestras normas éticas.
Los hombres deben volver a ser conscientes de las consecuencias que tiene la satisfacción desenfrenada de sus necesidades. Como mínimo, es preciso limitar las imágenes pornográficas en los mensajes publicitarios. Alrededor de la pornografía, también la pornografía infantil, de la prostitución y del turismo sexual ha ido creciendo una red de delincuencia internacional que no se arredra ante nada.
Espero que, gracias a la publicación de estas obscenidades por los medios de comunicación, el sentimiento general de horror permanezca en nuestra memoria. Espero que esto lleve a la adopción de acuerdos internacionales adecuados sobre penalización y extradición. Por su contenido y difusión, la Conferencia de Estocolmo era una señal de esperanza para todos los que en Europa se esfuerzan por la protección de nuestros hijos y nietos. Esta iniciativa llegó demasiado tarde para las víctimas de la violencia y de los asesinatos que ahora recordamos. Que su sacrificio no sea en vano, y que nos impulse a entablar la lucha contra el abuso sexual, el asesinato y el homicidio, con todos los recursos legales de los que disponemos los políticos.

Parigi
Señor Presidente, toda Europa, aunque con cierto retraso, se ha dado cuenta de la gran difusión del fenómeno criminal de la pederastia. Ahora, y no sólo empujados por la conmoción que nos embarga, sino racionalmente, la Unión Europea debe ejercer su acción de estímulo, urgente y apremiante, a fin de que los Estados miembros hallen un único lenguaje jurídico para prevenir y reprimir este infamante fenómeno que afecta al sector más débil de la sociedad: los niños. Consideramos que este llamamiento de la Unión Europea debe incluirse en el Informe Anual sobre los derechos humanos.

De Coene
Señor Presidente, éste no es momento de debate, sino de luto. No es hora de grandes discursos, sino de reflexión. En primer lugar, nuestros pensamientos son para las familias afectadas, las familias Russo y Lejeune de Grâce-Hollogne, las familias Marchal y Lambrechts de Hasselt y todas las familias que aún no tienen noticias de sus hijos desaparecidos. Quisiéramos expresar nuestra estima y respeto por la dignidad y el espíritu cívico de todas esas familias afectadas.
La confianza en el estado de Derecho y en el estado político ha sufrido un serio revés. Los ciudadanos no comprenden la impotencia de los tribunales y de las autoridades en la lucha contra esa violencia brutal y esos actos execrables. Por tanto, conviene que reflexionemos y mostremos la modestia apropiada.
No obstante, Europa nos mira también a nosotros, ya que no sólo se trata de los autores de estos hechos repulsivos, sino de una sociedad que parece estar enferma hasta la médula. Se trata de niños del tercer mundo que se prostituyen aquí para tener algo que comer. Se trata de organizaciones que se enriquecen con todo tipo de actividades perversas. Se trata de una sociedad que no logra aunar fuerzas suficientes para proteger en eficacia los derechos más elementales de los niños y de otros grupos indefensos en todo el mundo.
Hoy podríamos hablar de que sigue sin funcionar el Convenio Europol, lo cual se ha señalado con insistencia suficiente. Podríamos debatir sobre la necesidad de que la Conferencia Intergubernamental garantice los derechos de los niños. Podríamos hablar de la falta de regulación de un medio de comunicación como Internet, que permite las aplicaciones más indignas. Podríamos hablar de la escasa cooperación entre los servicios judiciales de los diversos Estados miembros.
No obstante, no mantengamos un improvisado debate político de partidos. Mostremos, en cambio, nuestro respeto por todas las víctimas de Bélgica y de otros lugares, de hoy y del pasado, desde el convencimiento de que mañana tendremos la fuerza y el valor suficiente para atacar con serenidad estos problemas y erradicarlos, en la medida de lo posible, de este mundo.

Casini, Carlo
Señor Presidente, a pesar de que es justo aprovechar el drama de Marcinelle para afrontar el tema de la violencia, en particular, de tipo sexual que se ejerce sobre los niños en todo el mundo, sin embargo, hay que reconocer que los hechos ocurridos en Bélgica presentan aspectos tan extraordinariamente graves que despiertan un profundo malestar en nuestra sociedad, cuyas raíces tienen que descubrirse.
Primer aspecto: las increíbles violencias de Marcinelle no fueron el fruto de un repentino raptus de locura o de una horrible pasión, sino de una larga y lúcida premeditación en la que participaron muchas personas de mutuo acuerdo.
Segundo aspecto: parece que existe una deleznable red de sexualidad pervertida y dinero, relacionada con el tráfico de niños y de pornografía infantil incluso a escala internacional.
Tercer aspecto: los hechos ocurrieron en una Europa que se considera muy civilizada y que aboga sin cesar por los derechos humanos y del niño.
Por consiguiente, los hechos requieren un serio examen de conciencia. Éste ya comenzó en Estocolmo con una reflexión sobre el turismo sexual, sin embargo, hay que ir más allá. Estoy de acuerdo con todas las sugerencias formuladas y pienso que habrá otras de la Comisión de Asuntos Jurídicos, siempre comprometida junto con el Parlamento en defender los derechos de los niños, tal como sucedió a través de la Carta de los Derechos del Niño y como esperamos que suceda tras la conclusión de los dos informes sobre las condiciones de los niños en Europa y sobre la adopción internacional.
De cualquier modo, creo que el caso de Marcinelle, que ofrece una siniestra visión de la pornografía infantil, nos impone también una coherencia por lo que respecta a la pornografía en general. No creo que para proteger a los niños sea suficiente luchar contra la pornografía infantil, sino que hace falta luchar contra la pornografía en general y, tal como se recalcó, sobre esto recae la responsabilidad de todos los adultos, debido al clima hedonístico dominante en que placer y dinero son los fines últimos de evaluación y de comportamiento.
Debemos preguntarnos en qué medida dicho clima incide en mentes frágiles o enfermas, por una parte, y en mentes criminales, por otra. Por ello, debemos preguntarnos si no cabría la posibilidad de sanear este ambiente que, en consecuencia, además de las necesarias medidas de represión y prevención, exige también un seguimiento y un compromiso moral por parte de cada uno de nosotros.

Todini
Señor Presidente, no cabe duda de que esta tarde el Parlamento Europeo se ha reunido sobre todo para mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas de unos sucesos ocurridos precisamente aquí en Bélgica. Otro motivo fundamental por el cual el Parlamento Europeo celebra este debate es que ayer se clausuró la Conferencia de Estocolmo. Se han puesto en evidencia muchos puntos en relación con lo decidido a lo largo de los cinco días que duró la conferencia en Estocolmo, sin embargo, deseo hacer hincapié en un aspecto que quizás no ha sido puesto suficientemente en evidencia: la peculiaridad de la Conferencia de Estocolmo se basa sobre todo en el testimonio directo de niños que fueron explotados y que sufrieron abusos sexuales y violencias, así como en haber escuchado en vivo su voz, lo que, sin duda, facilitó muchísimo los trabajos de la propia conferencia. Quisiera que esto sirviera de ejemplo para los trabajos que esta Institución comunitaria llevará a cabo y para todas las iniciativas que nuestro Parlamento va a proponer al respecto.
Volviendo a los asuntos más estrechamente vinculados con las Instituciones comunitarias, deseo subrayar asimismo que la Conferencia Intergubernamental, durante estos meses, deberá absolutamente considerar la posibilidad de incluir en la reforma del Tratado un capítulo que contemple disposiciones referidas a los menores, al igual que lo hace el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia. Hay que pensar en crear un fondo comunitario ad hoc para seguir de cerca los casos más relevantes de violencia sobre los menores. Es asimismo urgente que la Comisión y los Estados miembros lleven a cabo una iniciativa coordinada para luchar contra los medios que los pederastas tienen a disposición, haciendo especial hincapié en la explotación sexual a través de Internet y de los demás sistemas tecnológicos y telemáticos. Por consiguiente, es imprescindible una acción coordinada de los Estados miembros y de todas las organizaciones no gubernamentales y un trabajo conjunto con las organizaciones como la UNICEF, la UNESCO y la UNDP. Todos juntos, y solamente todos juntos, podremos modificar estas graves perturbaciones sociales y culturales que azotan a Europa y al mundo entero.

Monfils
Señor Presidente, queridos colegas, tras los dramáticos acontecimientos que hemos vivido, es conveniente que en nuestra condición de belgas exijamos clara y firmemente responsabilidades y que aprendamos la lección para el futuro, y nosotros velaremos por que así sea.
Como diputados al Parlamento Europeo, tenemos naturalmente unos deberes que cumplir. En particular, como ya se ha dicho, tenemos el deber de alentar a los Estados a que se doten de los medios legislativos, materiales y humanos necesarios para poder luchar eficazmente contra la lacra de la pederastia, en particular, perseguir en su país de origen a aquellos ciudadanos que se entregan a prácticas pederastas en el extranjero. Pero además y sobre todo tenemos el deber de desarrollar, a nivel europeo, los instrumentos necesarios para ello. No debería resultar demasiado difícil llegar a un acuerdo sobre el conjunto.
Debemos, por ejemplo, favorecer la coordinación y acrecentar los medios de acción de los organismos existentes, como Europol, y apoyar las iniciativas, a menudo voluntarias, que en numerosos países se dedican a la búsqueda de niños desaparecidos. Me alegra, por otra parte, oír decir al PPE que está de acuerdo con la propuesta de la asociación sin ánimo de lucro Marc y Corine, que hemos presentado y apoyado. Debemos además, como ha dicho la Sra. Todini, insertar en el Tratado de la Unión Europea un nuevo artículo relativo a los derechos del menor y a la voluntad de la Unión Europea de ayudar a los Estados a luchar contra la pederastia, poner a punto los mecanismos necesarios para dar caza a los pederastas de las nuevas redes de comunicación e incluir en las negociaciones de adhesión de los nuevos Estados miembros condiciones que garanticen que dichos países no dan muestra de tolerancia culpable en lo relativo a acciones y redes pederastas.
Hoy, queridos colegas, la desgracia, la solidaridad en los discursos y las promesas están de actualidad. Pero mañana será necesario concretizar todo esto. Jamás deberá el olvido alejarnos de nuestro deber, que es el de contribuir a que se le reconozca a cada niño su dignidad y se garantice su integridad física y moral. Al hacerlo, Europa demostrará que no es una máquina económica y monetaria y que es capaz de responder a los problemas sociales que preocupan a los 350 millones de europeos.

Sornosa Martínez
Señor Presidente, estamos todos conmocionados al contemplar de forma tan dramática cómo la violencia sexual se ejerce sobre los menores. La expectación y repulsa que han provocado los recientes sucesos y descubrimientos han sensibilizado de forma excepcional a la opinión pública. Porque no son sólo los actos de violencia directa sobre el menor lo que se ha puesto en evidencia, sino la tolerancia y participación en ellos de organismos financiados por los ciudadanos para que velen por la integridad y seguridad de todos.
Pediría a mis colegas que, por esta puerta que se ha abierto con los últimos sucesos, entremos de lleno en el tema de la violencia sobre el menor y que utilicemos todos los recursos de que disponemos para sacar a la luz, de forma clara y sin cortapisas, todas las manifestaciones y los intereses a los que sirve.
No podemos olvidar que muchos de los abusos que se cometen se llevan a cabo dentro del hogar, que el número de niñas objeto de violencia es mayor que el de niños, y que, en algunos casos, esta violencia se comete de forma masiva en nombre de la tradición.
Debemos considerar muy seriamente las formas de prevención de estos delitos. Si nos limitáramos a endurecer las penas, seguiríamos dejando de lado, en cierto modo, los derechos naturales de las niñas y niños víctimas de abuso. Las redes de secuestro y prostitución dependen de un engranaje al servicio de intereses económicos, sociales y culturales. Ponerlos de manifiesto sería un primer paso para su desmantelamiento y es nuestro deber hacerlo así.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, más allá del drama que enluta Bélgica y que nos concierne a todos, debemos preguntarnos sobre el desarrollo de esta explotación de niños con fines sexuales y su cortejo de crímenes, asesinatos, secuestros y prostitución. Debe llevarnos a la reflexión y a la acción.
Sería conveniente, en primer lugar, integrar en el Tratado de la Unión Europea una auténtica carta de los derechos del menor que, especialmente por mediación de Europol, la hagamos respetar no sólo en Europa sino también fuera de ella. Porque, como sabemos, la mundialización tiene efectos perversos sobre el desarrollo del tráfico de niños. Ha hecho posible la creación de auténticas redes de turismo sexual en Asia, América del Sur y a nuestras mismas puertas, especialmente, en la Europa oriental. En cuanto a Internet, sabemos que constituye una cobertura perfecta para desarrollar y promover la pederastia.
Por ello, queridos colegas, hoy debíamos celebrar este debate y debemos continuar movilizándonos para proteger a nuestros hijos y devolverles su infancia.

Seillier
Señor Presidente, hago mías las palabras de mis colegas y su emoción, pero añadiré algo más. Una reflexión sobre la sociedad de la información: ¿acaso no es absolutamente indispensable que reflexionemos, nosotros, políticos elegidos, con los responsables de los medios de comunicación sobre la forma de tratar los distintos hechos.
No dispongo de tiempo para profundizar, pero del mismo modo que resulta normal suscitar la indignación y la emoción a propósito de los hechos que nos ocupan, debemos interrogarnos sobre el traumatismo que puede representar, al cabo de 15 días, también entre los niños que miran, ven y escuchan todos los medios de comunicación, el tratamiento que reciben estas acciones. Hay que tomar en serio los hechos, hay que tomar las medidas necesarias, pero creo que en lo que respecta a los adultos perturbados que quizá por su tendencia nunca pasarían a la acción, el tipo de información que se facilita sobre acciones como éstas podrían desencadenar posteriormente una serie de comportamientos como los que hemos presenciado.
Por otra parte, en lo relativo a la pornografía: no deja de ser un hecho constatado, tanto en el caso de Marc Dutroux, como en el de todos aquellos que han cometido acciones semejantes, que siempre encontremos material pornográfico. En este caso se trata de más de 300 cintas de vídeo de contenido pornográfico. La protección del menor no consiste solamente en impedir que los niños vean cintas pornográficas. ¿No se trata quizá de que los adultos pueden llegar a sufrir trastornos con el tiempo a raíz de contemplar producciones de este tipo? No, la pornografía no es realmente uno de los derechos humanos.

Vanhecke
Señor Presidente, es obvio que en este Parlamento expresemos unánimemente nuestro horror ante los terribles delitos que se han cometido en Bélgica. No obstante, este luto y profunda condolencia hacia las familias de las niñas secuestradas y asesinadas no deben convertirse en pretexto para enmascarar la duda de que, dentro y fuera de este Parlamento, exista la misma unanimidad para atajar y extirpar las causas, las verdaderas causas que han permitido y propiciado estos delitos de pedofilia.
En consecuencia, plantearé algunas preguntas: ¿existe la voluntad de poner fin a la permisividad descabellada de esta sociedad, que hace que parezcan normales todo tipo de perversiones sexuales? ¿O es que alguno de ustedes pretende ignorar que la propaganda pedófila se exhibe libremente en numerosos Estados miembros? ¿Existe la voluntad de tomar medidas contra empresas, y me refiero también a grandes empresas como Benetton o Mexx, que a menudo utilizan a niños desnudos con los fines comerciales y lucrativos más vulgares? ¿Existe la voluntad de poner fin a esa otra forma de permisividad demencial que presenta incluso a los delincuentes más atroces como víctimas de la sociedad, que a toda costa deben tener una segunda o, incluso, una tercera oportunidad? ¿O es que alguien pretende aún ignorar que ese monstruoso asesino, Dutroux, quedó en libertad en 1992 gracias al indulto del ministro belga Whatelet, sin haber cumplido siquiera la mitad de una condena anterior por secuestro y violación infantiles? ¿Ignora este Parlamento que, después de aquello, el mismo Sr. Whatelet fue nombrado juez del Tribunal de Justicia y que ahora se lava las manos?
No confío en absoluto en las lágrimas de cocodrilo que tantos políticos supuestamente responsables demandan ahora, aunque puedo admitir que el espanto y la conmoción que sienten sean sinceros. No obstante, si no se atreven a tomar las medidas necesarias para proteger a los más débiles de nuestra sociedad, les consideraría corresponsables de lo sucedido y de lo que, mucho me temo, pueda suceder en adelante.
Hace algunos meses, este país abolió la pena de muerte. La propuesta de mi partido que preveía la posibilidad de imponer penas no reducibles, al menos para los delitos más graves, fue desestimada de un modo ultrajante por los demás partidos. Por consiguiente, incluso un criminal como Dutroux podría estar en libertad en un futuro no muy lejano. Me gustaría pedir a los denominados políticos responsables que hoy lloran con lágrimas de cocodrilo que reflexionen sobre este tema esta noche antes de dormir.

Andrews
Señor Presidente, los acontecimientos que estamos examinando hoy son simplemente la punta del iceberg. No están limitados sólo a Bélgica, sino que se dan en toda la Unión Europea y en gran parte del mundo en desarrollo. En la Unión Europea debemos prepararnos para afrontar más revelaciones de colusión entre la policía y los políticos.
Mientras la tragedia de raptos y asesinatos de niños inocentes sigue desplegándose aquí, en Bélgica, y en otros lugares, no puede haber nadie que no se sienta profundamente conmovido, perturbado e irritado ante lo que ha estado sucediendo.
Existe un gran peligro de que las instituciones de la Unión Europea no reaccionen de forma sistemática ante esas atroces cuestiones de la violencia contra los niños. Es necesario que las instituciones europeas actúen coherentemente y den a los 120 millones de niños de la Unión Europea la protección que merecen y tienen derecho a esperar, que es el reconocimiento pleno de los niños como ciudadanos de la Unión Europea y nada menos.
El pasado mes de julio, antes de que la actual tragedia saliera a la luz, insté al Parlamento en Estrasburgo a celebrar en el otoño un debate completo y abierto sobre la violencia contra los niños. Me alegro de que ahora vayamos a tener otra oportunidad de abordar ese asunto en el Pleno de septiembre a partir de una pregunta oral del Grupo UPE.
Repito la petición concreta que formulé a la Presidencia irlandesa en julio de que conceda prioridad a la inclusión de un capítulo en el Tratado en el que figuren la disposiciones relativas a los derechos humanos de los menores a fin de que, como cualquier otro ciudadano, puedan gozar plenamente de los derechos y libertades fundamentales y la protección reconocidos por la Comunidad, exceptuadas, naturalmente, las limitaciones establecidas por la ley específicamente para los niños. Cualquiera o cualquier Gobierno que ponga objeciones a ello ahora tendrá que responder a algunas preguntas muy serias ante los ciudadanos europeos. Hay que salvaguardar plenamente los derechos de los niños como ciudadanos europeos.
En julio pedí una cruzada en pro de los niños; ahora más que nunca resulta imperativa dicha cruzada. También me refería al uso indebido de la tecnología, como, por ejemplo, Internet, por los pedófilos. Resulta urgentemente necesaria una iniciativa de la Unión Europea a ese respecto. El Presidente en ejercicio del Consejo, Gay Mitchell, en respuesta a mi propuesta, dijo que la Presidencia acogería con beneplácito las propuestas en ese sentido procedentes del Parlamento. Insto a la Comisión a que adopte una actitud igualmente positiva y nos haga saber hoy si apoyará la inclusión de los niños en los Tratados durante la CIG y una iniciativa de la Unión Europea sobre Internet para impedir la diseminación de la información de carácter pedófilo.

Pettinari
Señor Presidente, hoy estamos celebrando un debate en torno a los abusos perpetrados contra la infancia, partiendo de un hecho especialmente trágico y deleznable, respecto al que no existen palabras suficientes para expresar el horror y la condena. Me sumo a lo manifestado por mis colegas, sin embargo, sería hipócrita, deseo decirlo claramente, que nos limitáramos a condenas morales: hipócrita y tardío. La Conferencia de Estocolmo facilitó datos terribles y espantosos. Voy a citar sólo uno de ellos: cada año en el mundo se induce a la prostitución un millón de niños menores de doce años. Parece increíble: ¡un millón de niños menores de doce años! Parece increíble, sin embargo, y por desgracia, es verdad.
Ante estos datos, no podemos limitarnos a hablar de cuestiones morales y de cintas de video pornográficas. Estoy de acuerdo con todas las propuestas y también con las del Comisario, respecto a Internet, a la pornografía, etcétera, sin embargo, sabemos, todos nosotros en Europa sabemos, que esto no es suficiente. Debemos hablar y actuar también respecto a los grandes intereses económicos que son la base de la explotación infantil, así como de las connivencias de las instituciones e incluso de los Gobiernos de los países que acogen el llamado «turismo sexual». Creo que Europa debe prepararse para actuar sin demora en dos frentes: luchar contra quien practica y fomenta el «turismo sexual», lo que representa una cuestión de policía y de cooperación de policía, y al mismo tiempo -y Europa puede hacerlo- luchar con mucha fuerza contra las economías de los países que obtienen beneficios a través de la explotación de los niños y, vuelvo a repetirlo, de niños menores de doce años. ¡Es increíble!

El Presidente
El debate queda cerrado.

Servicios públicos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a una declaración de la Comisión sobre los servicios públicos. Tiene la palabra el Comisario, Sr. Van Miert.
Señor Van Miert, esperamos que no haya perdido su energía.

Van Miert
Señor Presidente, le puedo asegurar que la energía está totalmente intacta.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por este debate y la ocasión que se nos brinda de expresarnos sobre este asunto, aunque debo excusar al Presidente Santer que, por un pequeño malentendido relativo a su agenda, no está disponible en estos momentos. No obstante, sí estará a disposición del Parlamento para el debate que, sin duda, se celebrará en una fecha posterior. Por otro lado, puedo adelantarles que la Comisión discutirá la semana próxima, una vez más, un proyecto de comunicación sobre el tema de los servicios públicos y de los servicios universales. Por consiguiente, a partir de la semana próxima, la Comisión dispondrá con toda probabilidad -creo que podremos concluir las negociaciones la semana próxima- de un documento como es debido, el cual será puesto naturalmente a disposición del Parlamento. Creo poder afirmar que la naturaleza del mismo presentará, por el momento, la forma de una comunicación. Aunque no hay que descartar por ello la posibilidad de introducir modificaciones más tarde. La comunicación será una aportación a la Conferencia Intergubernamental y estudiaremos, en función de las necesidades, la forma de desarrollar la naturaleza del documento.
Porque, a pesar de que existen sin duda divergencias de opinión bastante considerables sobre algunos puntos -como ya ha quedado demostrado en otras ocasiones tanto en el seno del Parlamento, como en el seno del Consejo-, compartimos muchas de las preocupaciones del Parlamento, un gran número de ellas, porque bajo el impulso de toda una serie de elementos de naturaleza tecnológica, la mundialización, la situación de los consumidores, etc. y, además, el elemento específico de la Unión Europea como es el gran mercado, se ha producido en poco tiempo una evolución muy rápida que tiene una influencia muy desestabilizadora. Hay que reconocerlo.
Pensemos, por ejemplo, que en el marco del gran mercado, al cabo de una decena de años, existe toda una gama de servicios que han sido objeto de una liberalización que ha traspasado las fronteras -los transportes, los bancos, los seguros, las telecomunicaciones (el servicio de correos está en trámites de negociación, pero sé que es un tema que despierta muchas controversias), la energía -toda una serie de sectores que, anteriormente, gozaban de amplia protección a nivel nacional y disponían a menudo de un monopolio o de derechos especiales, pero protegidos. Ahora la situación ha cambiado en buena parte de los sectores.
La Comisión y la Unión Europea han intentado hacer avanzar las cosas a través de las políticas que elaboramos, sin olvidar las inquietudes que despierta el servicio público o el servicio universal. Aunque reconozco que también existen divergencias sobre dichas nociones entre el Parlamento y la Comisión. Pero creo que no se puede negar el hecho de que cada vez que la Comisión ha elaborado una política, siempre ha intentado integrar en ella dichas inquietudes al tiempo que debe tener en cuenta la, en ocasiones, enorme diversidad que existe entre los Estados miembros y entre las mentalidades de algunos Estados miembros. Hay gobiernos y Estados miembros que se encargan de garantizar los servicios universales aunque tengan que recurrir a empresas privadas, imponiéndoles condiciones, un pliego de condiciones. Otros tienen una tradición distinta y garantizan dichos servicios a través de empresas públicas que están a medio camino entre el monopolio y los derechos especiales. En el seno de nuestros Estados miembros existe, pues, una multitud de situaciones.
Pero en la dinámica del gran mercado se plantean, evidentemente, los fenómenos transfronterizos, como es natural en un mercado único en desarrollo. Ello crea a veces numerosos conflictos que, a menudo se traducen en la presentación de quejas a la Comisión. Cuando se abre un mercado en un país determinado, las compañías de dicho país desean poder acceder a otros mercados fuera de su país. Por consiguiente, ahí existe una evolución extraordinaria, hay que reconocerlo, que engendra también una incertidumbre que, a veces, sobrepasa la realidad, porque se proyecta también sobre otros ámbitos. Por ejemplo, hay quien piensa que dicha evolución se hará también en la Seguridad Social, opinión que no comparte en absoluto la Comisión Europea. Además, ese sector no entra en nuestras competencias. Pero hay que reconocer que dicha ansiedad existe.
A ello se debe que la Comisión, al igual que muchos de ustedes, esté convencida de la necesidad de aclarar las cosas, de explicar mejor -porque hay cosas que a menudo se ignoran y necesitan ser explicadas-, pero también hay que garantizarlas, y por ello hay que crear un marco que permita equilibrar mejor la situación, que lo tenga todo más en cuenta, al tiempo que asume la necesidad de evolucionar. Es igualmente típico constatar que algunos conceptos evolucionan. El concepto del servicio universal evoluciona y necesita ser enriquecido a medida que avanzamos. He aquí, pues, un elemento nuevo, un sector en el que anteriormente la situación había permanecido inmóvil durante mucho tiempo, durante largos años, pero hoy la situación ha cambiado. Las cosas evolucionan muchísimo, como ustedes bien saben.
En una palabra, la Comisión, como ya he dicho, ofrecerá más explicaciones, algo que ya ha intentado introducir, por ejemplo, en las políticas de transporte o de telecomunicaciones, pero además hará hincapié, al mismo tiempo, en una serie de principios que posiblemente conviene respetar en mayor medida. Me explico.
La Comisión, la Unión Europea, no están capacitadas para ocuparse de la cuestión de saber si una empresa debe ser pública o privada. El artículo 222 del Tratado les obliga a mantenerse neutral en la materia. Otro principio, que está contemplado en el Tratado y que es ignorado a menudo, recoge el hecho de que son los gobiernos nacionales los responsables de conceder derechos especiales, derechos específicos o derechos exclusivos. Eso no compete a la Comisión. La Comisión, es cierto, ha recibido una responsabilidad. Debe verificar aquellos casos en los que las autoridades nacionales establecen este tipo de derechos, debe asegurarse de que éstos no van demasiado en contra de algunos otros requisitos.
Por ejemplo, si un gobierno declara que mantiene un monopolio, ello implica, no obstante, que la empresa que tiene el monopolio puede atacar el mercado de los demás e introducirse en el mismo. Hay que aceptar, evidentemente, la reciprocidad en la materia; es natural. Por ello no se puede escapar al hecho de que la Comisión intente, en ese caso, encontrar un equilibrio entre estos diferentes imperativos. Ése es el papel que en virtud del artículo 90 le ha sido encomendado a la Comisión. Sé que a menudo se hace una lectura distinta, una interpretación distinta de este artículo, pero, básicamente, ése es su papel. Creo poder decir también, a pesar de que algunos de ustedes puede que no compartan esta opinión, que la Comisión ha utilizado este artículo en el momento oportuno, una vez que se ha fijado una política global.
Por ejemplo, la hemos utilizado en varias ocasiones y de común acuerdo con el Parlamento en el caso de las telecomunicaciones, puesto que se había establecido un marco a nivel político. La Comisión elaboró algunas directrices, por ejemplo, en el caso de la liberalización de las infraestructuras alternativas, porque pudo comprobar que los servicios que habían sido liberalizados por decisiones políticas normales, no podían ejercerse realmente al tener que pasar por el monopolio de las infraestructuras existentes. Ésta ha sido la tónica en la que la Comisión ha hecho uso de este tipo de instrumento.
Para terminar con este tema, permítanme repetir que lo que la Comisión se propone es que, llámese servicio universal o servicio de interés general, podemos inventar aún otros términos, debe quedar perfectamente claro que el contenido de este tipo de servicio consiste en proporcionar un acceso equitativo a todos los ciudadanos y garantizarles un trato no discriminatorio. Permítanme también recordarles, queridos amigos -a veces oigo observaciones un poco negativas sobre el concepto de servicio universal- que dicho concepto de servicio universal tiene por objeto obligar a todos los Estados miembros a servir a todos los ciudadanos. Eso es el servicio universal y, reconozcámoslo, es algo que en algunos países no siempre se cumple, ni siquiera con los monopolios públicos. Por consiguiente, el principio de acceso para todos y en condiciones no discriminatorias a este tipo de servicio es de la máxima importancia.
Hablemos asimismo de la seguridad y fiabilidad de la prestación, aspectos que también deben ser integrados, como, eventualmente, el fomento de los recursos de un país. Luego tenemos la continuidad del servicio, su calidad y los resultados concretos, la transparencia y la apertura de la gestión con respecto a los usuarios. Este último punto es muy importante, porque cuando existían ciertos monopolios, los usuarios tenían poco que decir, reconozcámoslo. También aquí se trata de una nueva dimensión que conviene integrar en una política equilibrada.
Luego hay que tomar en consideración, específicamente, algunas categorías de usuarios por motivos sociales o de otra índole. No existe ninguna razón por la que no se puedan mantener o por la que las autoridades no puedan incluir estos elementos en su política. Por ello, no se debe afirmar que la política que intenta elaborar la Comisión hará imposible todo eso a partir de ahora. No es cierto. Y, naturalmente, hay que procurar también que estos servicios sean puestos a disposición del público a unos precios asequibles, algo que, reconozcámoslo, no siempre se ha hecho.
No entraré en los ámbitos específicos de los transportes, de las telecomunicaciones, etc. Sin duda tendremos ocasión de volver sobre el tema. Añado, no obstante, que se presenta un problema importante que conviene que discutamos con mayor detenimiento entre nosotros. Cuando se habla del servicio público o del servicio de utilidad general, es necesario, evidentemente, que éste pueda financiarse. A veces ello se consigue gracias a la competencia, pero en otras ocasiones no ocurre eso. Por ello es necesario prever, sector por sector y según sus características, la financiación del servicio universal o del servicio de interés general. Me apresuro a añadir que eso sólo puede hacerse dentro de ciertos límites, porque si se interpretara esta idea de manera que se le permita a un monopolio lanzarse sobre cualquier sector y acabar con la competencia que no dispone de los mismos medios, eso plantearía un problema.
Ese caso se dio en Francia, cuando las compañías de seguros privadas se quejaron de las prácticas de correos, que se lanzó al mercado de los seguros en todo el territorio nacional. Es cierto que correos había obtenido ventajas. Aunque también resultó tener algunas obligaciones, y se llegó a la conclusión de que, en líneas generales, se había mantenido el equilibrio. Pero hay que verificarlo, incluso aunque existan buenas razones para permitir la apertura. Este problema es, pues, más complicado de lo que se cree a menudo, y es conveniente discutirlo, espero, en base a los hechos y de manera realista para llegar a buenas conclusiones.
Una observación más: creo que, aprovechando la ocasión, será necesario reflexionar también sobre los elementos del servicio de interés general a nivel europeo. En varios ámbitos hablamos de grandes redes. Es una cuestión que comienza a plantearse. Estoy pensando, por ejemplo, en el transporte ferroviario y deseo indicarles que, también en este caso, la Comisión está dispuesta a avanzar en la dirección que ya he indicado.
La última cuestión, y con ella termino, porque los demás temas volverán a ser planteados sin duda, y el Presidente Santer se encargará personalmente de presentarlos al Parlamento. Me refiero a la cuestión, que también se planteó el Parlamento, de saber si es necesario modificar el Tratado. La Comisión, en todo caso en lo relativo al artículo 90, cree que no es necesario. Pensamos que, con un marco adecuado, es posible continuar aplicando el artículo 90 dentro de su propio equilibrio y que hay que mantener este instrumento al tiempo que reiteramos nuestra disponibilidad para discutirlo a fondo con el Parlamento Europeo. Quiero recordarles que he aceptado varias enmiendas del Parlamento y que las he incluido directamente en una directiva de la Comisión.
Ésta es la posición de la Comisión, porque el debate que ya hemos celebrado despejó estas tendencias generales, y será la posición que encontrarán en el documento que presentará la Comisión. En cuanto a saber si conviene modificar otros artículos del Tratado, o un artículo determinado, el debate está abierto. Digo bien, el debate está abierto. Por ello no puedo prever qué sucederá y al decir esto, no estoy diciendo que el debate esté cerrado, y que, por consiguiente, la posición de la Comisión sea necesariamente negativa. Reflexionaremos y discutiremos juntos para ver si existen buenas razones, buenos argumentos para considerar dicha modificación.
Pido disculpas, señor Presidente, por haberme extendido tanto, pero se trata de un problema complejo y muy importante.
(Aplausos)
Fayot
Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer al Comisario Sr. Van Miert sus explicaciones. Aunque aún no disponemos de la comunicación de la Comisión, creo que es bueno que la Comisión tome el pulso de la Asamblea.
Señor Presidente, este debate no es un debate académico; es un debate de gran actualidad política. Conviene subrayar, sobre todo, que gira en torno a la Conferencia Intergubernamental. Creo que será necesario que el Tratado reconozca la importancia de los servicios de interés general y que se delimiten las implicaciones en una carta de servicios públicos. Será necesario que, aparte de los instrumentos que actualmente recoge el Tratado -reconozco que abarca el servicio del modelo social europeo-, incluya una señal inequívoca y clara en favor de los servicios públicos.
Quisiera decir, en nombre de los Socialistas, que la definición que hace la Comisión del concepto de servicio universal, del que también ha hablado el Comisario, nos parece minimalista. No puede ser, como mucho, más que el comienzo y esperamos que la Comisión considere dicho concepto como algo evolutivo, no solamente en lo relativo a la evolución tecnológica o económica, sino también en lo relativo a la situación social.
El debate sobre los servicios públicos trata asimismo sobre el trasfondo de la decisión de la Comisión -hay que hablar de ello, señor Presidente- de 31 de julio de 1996 de eliminar de un revés la práctica totalidad de las enmiendas importantes aprobadas aquí por una gran mayoría sobre los servicios postales, para que se tengan en cuenta todos los elementos que nos preocupan, como el fomento de los recursos de un país, el empleo o la cohesión social y económica. Esa decisión, señor Presidente, ha causado estupor, ya que la Comisión rechaza lo esencial de las enmiendas que van encaminadas a garantizar la financiación de los servicios postales.
El debate, por último, gira en torno al trasfondo de una opinión pública cada vez más escéptica en lo relativo al desmantelamiento de unos servicios que los consumidores dan por descontado desde hace mucho tiempo gracias a la intervención de los poderes públicos. En una época en la que el paro es nuestro principal problema, que está poniendo en peligro la cohesión de la sociedad, hay que saber que el sector público da trabajo a unos veinticinco millones de trabajadores en Europa. La desregulación puede dar al traste con cientos de miles de puestos de trabajo en unos momentos en que los servicios públicos continúan siendo hoy en día el núcleo duro en cuanto a la seguridad del empleo y, a menudo, de los modelos sociales.
Sé bien que las cosas son realmente más complicadas. Habida cuenta de la evolución económica y de que el mercado único está abierto en gran medida a la competencia, hay que conseguir que las empresas públicas sean más eficientes y más competitivas. Todo el mundo coincide en eso, incluso los sindicatos y también nosotros, los Socialistas. Pero de ahí a servir en bandeja los servicios de interés general al sector privado, hay un paso que nosotros, los Socialistas, no estamos dispuestos a dar. Conviene recordar que la lógica por la que se rige el sector privado es la obtención de beneficios y no el altruismo; es prevalecer sobre la competencia y no la solidaridad con la sociedad. Y creo que lo que más valoran los europeos de la construcción europea es el bienestar de todos y no la lógica económica brutal.
Señor Presidente, no dispongo de tiempo para entrar en detalles. Creo que el meollo del problema es, sin duda, la financiación de los servicios públicos. Será necesario que la lógica elaborada por la Comisión al respecto, el rechazo, por ejemplo, de las financiaciones mixtas, sea sometida a un debate muy serio, porque no puedo imaginarme que empresas públicas o empresas que ofrecen prestaciones de servicio público reciban subvenciones por ofrecer dichas prestaciones y, por otra parte, dejen todo el sector dinámico a empresas de la competencia. No puedo comprender cómo podrá funcionar una empresa de esta manera. Si las empresas públicas deben seguir siendo viables, habrá que permitirles que dispongan de sectores reservados en ámbitos altamente avanzados.
Señor Presidente, y con esto termino, se nos ha dicho que la Comisión tiene intención de expresar ideas favorables al sector de interés general en la comunicación que emitirá próximamente. Pero, a la espera de que ello ocurra, no será posible fingir que este debate no ha tenido lugar y continuar desmantelando mientras tanto el sector público, como por ejemplo los sectores postales o el ferrocarril. La inquietud por el empleo es demasiado grande y las divergencias demasiado fuertes como para poder salir airosa en esta ocasión con declaraciones de buena intención.

Pronk
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi alegría por las palabras del Comisario. Creo que están en la línea correcta. Me gustaría preguntarle cuándo se presentará dicha comunicación; la esperamos con impaciencia para poder celebrar un verdadero debate.
En segundo lugar, permítame referirme a una cuestión en la que el Comisario ha profundizado poco. Evidentemente, no sólo hay que tener en cuenta el sistema. No sólo debemos considerar a las autoridades, sino también a los consumidores. Esta es una cuestión importante que debemos tener presente.
En tercer lugar, debemos matizar con precisión este tema. Algunos monopolios públicos no funcionan bien. En los últimos años, hemos podido comprobar que se han llevado a cabo, con éxito, algunas privatizaciones. En cambio, otras han dado como resultado monopolios privados, que tampoco benefician al consumidor. Así que hemos de matizar.
Nuestro Grupo ha aprobado la modificación del Tratado, precisamente con el objeto de formular de un modo más positivo la cuestión de los servicios públicos. Al final de su exposición, el Comisario también se ha referido a ello. En la actualidad, el Tratado emplea términos bastante negativos al respecto. Cada uno de los países tiene derecho a decidir sobre esta cuestión, pero nos encontramos en un mercado europeo único y, por consiguiente, las decisiones individuales de los distintos países entrañan determinadas consecuencias. Quizá sea éste el motivo por el que conviene dar una expresión más positiva al Tratado o a la comunicación que nos anuncia el Comisario. No pretendemos modificar en esencia el sistema pero, teniendo en cuenta sobre todo las últimas palabras del Comisario, quizá sea conveniente buscar una formulación más positiva.
Por último, y precisamente porque nuestro mercado se unifica cada vez más, también en el ámbito de los servicios públicos, el diálogo social reviste una enorme importancia. En el ámbito de los servicios públicos es difícil establecer ese diálogo con los empresarios, pero sigue siendo la única forma de conciliar unos intereses que, a veces, están muy enfrentados. Este aspecto tiene mucha importancia y, en consecuencia, quisiera pedir al Comisario que lo incluya en su comunicación.

Schaffner
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, puede que yo les parezca severa, pero el hecho de que se haya mantenido en el orden del día un debate semejante, lo encuentro, personalmente, una aberración e, incluso, una irresponsabilidad. En efecto, ¿cómo se puede discutir seriamente con la Comisión de un tema sobre el que ésta sigue sin emitir una comunicación que, en principio, estaba prevista para junio de 1996? El retraso de la Comisión, a pesar de ser lamentable, no es una catástrofe en sí. Bastaba con aplazar este debate a una fecha posterior. Al aceptar este debate en semejantes condiciones y sobre un tema tan crucial para nuestros conciudadanos, nuestra Asamblea se ha puesto en ridículo.
Por consiguiente, al no poder debatir sobre las ambiciones de la Comisión y no teniendo nada que decir a priori sobre las mismas, me limitaré a recordar algunos principios a los que mi Grupo atribuye gran importancia. Dichos principios son tres. El primero es el de preservar la solidaridad entre los ciudadanos. Dicha solidaridad se articula en torno a cinco grandes ejes: la igualdad de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos, la ayuda a los más necesitados, la cohesión social y el fomento de los recursos de un país. Los valores de igualdad y solidaridad pueden parecer a veces estar amenazados por los avances de la técnica y por la primacía que con demasiada frecuencia se concede a la competencia dentro de una lógica ultraliberal. Nuestro deber es regular dicha lógica.
Ahí reside el segundo principio de una buena gestión de los servicios públicos. Aceptemos la idea de competencia para las empresas públicas que están relacionadas con el sector de la competencia. Esta idea es indispensable para determinadas actividades del sector público, a fin de evitar la esclerosis de sectores enteros de la economía y de reforzar su competitividad. Pero neguémonos a generalizar a ultranza este espíritu y organicemos la competencia de manera transparente.
El tercer principio consiste en garantizar a los Estados la libertad de elección. La clave, iba a decir la válvula de escape, de la voluntad europea en el ámbito de los servicios públicos reside en la aplicación coherente del principio de subsidiaridad. Permítame, para argumentar mis palabras, que tome el ejemplo de Francia, país en el que la esencia misma del pacto republicano, símbolo de su propia existencia, se definió en sus estructuras del servicio público. Sin excluir, no obstante, las adaptaciones necesarias a la realidad contemporánea, a la República Francesa le será imposible sacrificar sus propios servicios públicos, deseados por sus conciudadanos. No se trata de imponer los valores franceses a los demás, sino de permitir, en virtud de la subsidiaridad, que los Estados que así lo deseen, conserven su modelo social en el respeto natural del Derecho comunitario.
Aunque me parece fundamental proseguir con la adaptación y la modernización del servicio público, es importante confirmar su existencia a nivel del Derecho comunitario. La revisión del Tratado debe ofrecernos esa posibilidad. Dicha revisión debería ser la ocasión para modificar el artículo 90, con el fin de que la Comisión, en materia de competencia en el sector público, no ejerza más que un poder de supervisión que excluya la posibilidad de tomar decisiones unilaterales.

Wijsenbeek
Señor Presidente, si el Comisario me lo permite, me gustaría hablar en mi propia lengua. Naturalmente, puede que sea conveniente que la Comisión redacte una comunicación, aunque no me agrada mucho el modo en que el Comisario ha exhibido aquí su ideología política. Muy pocas veces he oído abusar tanto del artículo 222 porque, al fin y al cabo, y el Comisario también lo sabe, el artículo 90 precede al artículo 222 e incluso hace referencia explícita a los artículos 85 y 86 anteriores, en los cuales es competente precisamente este Comisario. Ahora bien, ¿qué hace la Comisión? Pisotea constantemente sus propios principios.
Claro que el Parlamento tampoco es del todo inocente. En efecto, el Sr. Fayot señaló, acertadamente, el modo sumamente infame en que aquí se echaron por tierra las propuestas de la Comisión relativas al servicio postal. Este es, sin duda, un buen ejemplo de cómo la voluntad política y un monopolio estatal impiden el funcionamiento de un servicio verdaderamente público. Resulta que países como el Reino Unido y los Países Bajos, en los que se ha privatizado el servicio postal, logran obtener beneficios y prestar un buen servicio a los ciudadanos.
En pocas palabras, ¿qué es lo que, en realidad, le interesa a la izquierda de esta Asamblea? ¿El poder de los sindicatos y que los puestos de trabajo corran a cargo del contribuyente? Ese no es el objetivo del servicio universal ni del servicio público.
A propósito, señor Comisario, ¿por qué una aseguradora privada no va a poder hacerse cargo, con iguales garantías, del servicio social? Por lo general, parece que el seguro médico de las compañías aseguradoras privadas ofrece un servicio mejor que los seguros generales de enfermedad. Fíjense en la public health del Reino Unido. Una catástrofe.
Así que espero con impaciencia la comunicación de la Comisión y me gustaría abundar en este debate formulando algunas preguntas. ¿Qué servicios considera esenciales la Comisión? ¿En qué medida se utilizarán recursos públicos para los prestatarios privados, para la prestación universal de servicios? Y, señor Presidente, la pregunta más importante: ¿qué servicios son esenciales para el ciudadano?

Ribeiro
Señor Presidente, una declaración de la Comisión sobre los servicios públicos ha creado cierta expectación. ¿Por qué mantener para ahora la declaración, cuando no hay documento alguno, dado que se ha aplazado su presentación? ¿Por qué insistir en el debate, tras habérsele amputado un documento, un texto básico? Así, queda debatir las líneas generales de una orientación. Pero ésta la conocemos todos. Reafirmamos nuestro desacuerdo y subrayamos la importancia del asunto, pues nunca está de más examinarlo, aunque sea en sus líneas generales, si bien procurando no trivializar su examen y, así, desvalorizarlo.
A nuestro entender, siempre hay lugar en una declaración de principio para afirmar el concepto de servicio público y su perennidad, etimológica incluso. Al mismo tiempo, debemos evitar que ese debate pueda parecer una cortina de humo, que oculte el hecho de que una dinámica que endiosa el mercado destruye los servicios públicos y anula el «servicio público» como concepto operativo.
Vivimos en un período histórico, pasajero como todos, en el que se está llevando al absurdo la mercantilización, sin dejar espacio para actividades que no se evalúen reductivamente con criterios economicistas y de competitividad, y no se consideran viables muchas actividades, algunas de ellas indispensables y sólo posibles como objeto de servicio público.
En la llamada «construcción de Europa» creemos que debe estar presente el concepto de servicio público, no sólo en las afirmaciones de principio, evaluando con cuidado las evoluciones, sino también desconfiando de cambios de designación como «servicio universal» y sobre todo en la moderación de prácticas y ambiciones que encuentran en la privatización de todo la panacea para los males económicos, como si, en caso de que la economía llegara a funcionar bien, no hubiera mal social, con lo que se olvida que la economía debería tener como fin la organización racional y el aprovechamiento de los recursos para satisfacer necesidades sociales.
Y como estamos en este período histórico, sería necesario que la Comisión, en sus declaraciones, con o sin documento, dijera, en efecto, lo que piensa hacer para contribuir a la compatibilización de las innovaciones técnicas -que, por ejemplo, nos conducen a y por autopistas de información- con la operacionalidad y un concepto imprescindible como es el del servicio público que deben prestar los servicios públicos.

Green
Señor Presidente, quisiera recordar a los diputados a esta Asamblea que en realidad fuimos nosotros quienes pedimos esa declaración. No es la Comisión la que insiste en hacerla. Nosotros la pedimos, porque creemos que tenemos capacidad para pensar por nosotros mismos sobre lo que deseamos de los servicios públicos en la Unión Europea. Con ello esperamos ejercer una influencia en lo que salga de la Comisión. De modo que, como algunos diputados parecen confusos a ese respecto, me ha parecido importante subrayar que fuimos nosotros quienes pedimos la declaración.

Wolf
Estimados colegas, señor Comisario, entendemos la democracia en el sentido de que esta Asamblea plantee consideraciones y que las transmita a la Comisión, esperando que ésta las escuche muy atentamente y extraiga las consecuencias. Se trata de un problema ante el trasfondo del debate sobre los servicios postales y las resoluciones que adoptamos que, por cierto, no encontraron precisamente un claro eco en las posteriores deliberaciones. Espero que en esta ocasión los resultados sean mejores.
Debemos tener claro que en las próximas y muy profundas modificaciones que van a experimentar nuestra economía y nuestras sociedades va a ser muy importante que se establezca como tarea realmente propia la producción de bienes públicos y frenar -si me permiten que exprese este concepto- la furia neoliberal que quiere transformar todo en mercancías que sirven al enriquecimiento privado. No puede tratarse solamente una cláusula de excepción o de una categoría parcial, pues se contempla actualmente en el Tratado. En este aspecto, existe realmente la necesidad de modificar el Tratado europeo, de tener en cuenta la Carta del servicio público europeo y también de examinar seriamente esta cuestión en el capítulo del empleo.
Pero el servicio universal no es suficiente. El servicio universal es, por así decirlo, una categoría parcial que es razonable para ciertos sectores que, en cierto sentido, se encuentran entre el campo público y privado, pero no para los sectores centrales del servicio público en los que se trata de la producción de bienes públicos y donde es cierto que necesitamos una renovación. Naturalmente, no podemos seguir con los monopolios estatales centralizados que existen en algunos sectores y que pertenecen realmente a una época pasada. Pero no queremos sustituirlos por monopolios privados que operan a nivel mundial o transnacional o preparar el mercado para estos monopolios privados. Incluso el Comisario Bangemann ha indicado en alguna ocasión que este es el peligro concreto en algunos sectores centrales.
Como Parlamento debemos indicar que tenemos ideas concretas sobre cuáles son las tareas esenciales de los servicios públicos, a las que me he referido en abstracto pues no puedo tratar ahora sobre ellas en detalle. Hay que formular objetivos claros. Las tareas deberían ejecutarse teniendo en cuenta la gran variedad de posibles configuraciones entre los operadores y reguladores, respetando la necesaria democratización y pluralidad de configuración. Debe estar claro que el servicio público debe solucionar toda una serie de tareas continuadas de carácter superior o prevalente que alcanzan hasta el tercer sector de la economía social y que debe ocuparse seriamente e impulsar también realmente las grandes tareas de nuestro tiempo, como la transformación ecosocial, la feminización y la orientación al ciudadano. Entonces podrá el servicio público convertirse en un factor esencial en la construcción de una Europa con sentido y aceptada también por todos los Estados miembros.

Lalumière
Señor Presidente, durante mucho tiempo, a pesar de sus palabras optimistas, señor Comisario, no se ha hablado en absoluto de los servicios públicos en la Comunidad. Hoy hablamos de ello y convendría que habláramos cada vez más. Pero no debemos abordar esta cuestión de una manera puramente técnica y jurídica. Es cierto que existen múltiples interrogantes sobre las actividades que deben crearse en materia de servicio público, cuando el mercado no es capaz de proporcionar las prestaciones adecuadas. Existen asimismo múltiples interrogantes sobre la forma de organizar los servicios públicos, por ejemplo, en la forma de monopolio o sin monopolio, y sobre las reglas que conviene aplicar a dichos servicios, el régimen aplicable a los usuarios, el estatuto del personal, etc.
Pero más allá de estas cuestiones técnicas o jurídicas se plantea un opción política sobre la manera en que se concibe la sociedad y el papel de la Unión Europea. En la lógica del Tratado de Roma, reforzada por las ideas que predominan desde hace quince años, la competencia, el mercado, el liberalismo económico son las palabras claves de la política comunitaria. No estamos en contra del mercado ni en contra de la competencia, los cuales pueden favorecer el dinamismo, la emulación y, en definitiva, una bajada de los precios y una mejor calidad de los productos o servicios. Pero estamos en contra de una Europa que tenga un solo objetivo: un gran mercado orientado únicamente hacia la competencia. Europa debe tener también otros objetivos.
La crisis de confianza que mina la construcción europea y debilita el futuro de la Unión obedece en gran medida al sentimiento que tiene la población de encontrarse ante una máquina inhumana que no se preocupa más que de la rentabilidad económica y financiera, y abandona a las personas a su suerte. Necesitamos construir una Europa en interés de todos, que se preocupe de reducir las desigualdades entre las distintas partes de un territorio. El recurso al servicio público puede ser una forma de reducir dichas desigualdades, porque, precisamente, tiene por objeto ofrecer una prestación a todos con el máximo grado de accesibilidad, mientras que el mercado busca en primer lugar la rentabilidad.
Algunos dirán que, en numerosos países, los servicios públicos han funcionado mal, han estado mal gestionados. En estos casos es necesario aplicar reformas, naturalmente. Además, en ciertos casos, la evolución demuestra que no existe ya ningún motivo para hacer un servicio público de una actividad que ha pasado a ser banal y ordinaria. En cuyo caso, la privatización es una fórmula mejor. Pero continúa siendo cierto que en muchos casos, en particular, aunque no exclusivamente, en el vasto campo de los servicios sociales, la iniciativa y el control por parte del poder público son indispensables. La privatización total, la desvinculación del Estado y de los colectivos públicos en ese ámbito no supone un progreso, sino un retroceso. Algunos ejemplos recientes así lo demuestran de manera trágica.
La Unión Europea debe comprenderlo, señor Comisario, y aprovechar la CIG, por ejemplo, para crear una noción europea del servicio público que no se reduzca a este concepto tan minimalista que a menudo oímos evocar en estos tiempos del servicio universal. La Unión, y en particular la Comunidad, deben tener una política que esté basada a la vez en la competencia y en el interés general. La Unión debe disponer también de servicios públicos que sean propiamente europeos. Volveremos a hablar de ello en base a los trabajos que usted dirigirá, señor Comisario.

Berthu
Señor Presidente, la declaración de la Comisión sobre los servicios públicos que acabamos de oír no nos tranquiliza en absoluto. Es cierto, como hemos tenido ocasión de observar perfectamente, que en estos últimos tiempos, la idea de servicio público ha terminado por ser reconocida tanto por la jurisprudencia, como por una cierta práctica de las instituciones comunitarias.
Pero estas innovaciones positivas se inscriben en una tendencia más amplia, la cual continúa siendo inquietante. Porque si las instituciones comunitarias no tenían, hasta fecha reciente, una doctrina del servicio público, ello era debido a una creencia muy extendida y espontánea de que este ámbito era competencia de los Estados en aras de una sana subsidiaridad. Hoy, por el contrario, asistimos a una presión continua de la Comisión, que se basa en las normas sobre la competencia que recoge el Tratado para definir, en lugar de los Estados miembros, por dónde se debe trazar la línea del servicio público, o sea, cuál debe ser su naturaleza y cuáles deben ser los instrumentos susceptibles de ser utilizados por los Estados nacionales al servicio de sus ciudadanos.
Peor aún, intenta dar definiciones uniformes bajo el pretexto de igualar la competencia, a pesar de que, naturalmente, las situaciones nacionales y las voluntades nacionales divergen mucho al respecto. No podemos aceptar semejantes orientaciones, como mínimo, por dos motivos.
En primer lugar, el hecho ce que el Tratado apenas mencione los servicios públicos, lo hace básicamente en el apartado 2 del artículo 90, en el que se citan indirectamente los servicios de interés económico general, como excepción a las normas sobre la competencia, ello es debido a que en aquel entonces se imaginaba, como es natural, que este tipo de actividades no figuraba entre las competencias de la Comunidad. Que yo sepa, ningún tratado que haya sido ratificado por los pueblos europeos ha abolido hasta ahora esta posición.
Además, y segundo motivo, esta posición está perfectamente justificada, porque los servicios públicos nacionales son los instrumentos de que disponen los Estados para aplicar las políticas decididas democráticamente por los pueblos. Suprimir la libertad nacional para definir los servicios públicos equivaldría a contribuir a disminuir los Estados, o incluso a hacerlos desaparecer con el tiempo, la cual es una política tan disparatada que, supongo, no es compartida por ninguno de los presentes.
En estas condiciones, si no vamos a cuestionarnos la idea de una concertación europea sobre estas materias, queremos que al menos la Conferencia Intergubernamental diga con toda claridad que cada país soberano es libre de definir los límites de su servicio público, tal y como ya prevé el Tratado que cada país es libre de definir el límite de la propiedad pública de las empresas. No estamos intentando sustraer estos sectores de toda competencia, porque de todas maneras, actualmente, los propios Estados están sujetos a una competencia global y no pueden hacer lo que les apetezca.
Muchos de nosotros pensamos además, como en mi caso, que es de interés general que, siempre que sea posible, se opte por los métodos de la gestión privada y que los servicios públicos las integren siempre al máximo. Pero, sobre todo, lo que aquí deseamos y sobre los que deseamos insistir en este debate, es que, al final, se mantengan las condiciones de la soberanía de las naciones de Europa. Ello significa, naturalmente, que la unanimidad debe ser la regla en el Consejo cada vez que una cuestión de competencia afecta a un servicio público.
Paralelamente, convendría retirar los poderes de regulación de la competencia a la Comisión y ser confiados a alguna agencia específica, con el fin de separar la técnica y la política, y poner los medios para que dichos poderes no puedan ser utilizados en el futuro de forma indirecta con vistas a construir un Superestado.

Desama
Señor Presidente, señor Comisario, estamos aquí para entablar un diálogo entre el Parlamento y la Comisión, por ello le diré de entrada los puntos en los que estamos de acuerdo con usted, sobre los que existe claramente, no diré una comunión de pensamiento, no exageremos, pero en todo caso, una proximidad de pensamiento.
Al igual que usted, constatamos, naturalmente, la necesidad de los servicios de interés general para promover lo que llamamos el modelo social europeo. Al igual que usted, consideramos también que el debate sobre el modo de organización y sobre la naturaleza jurídica de los servicios de interés general es un debate desfasado. De hecho, nuestros países encuentran en su cultura, en su historia, raíces que desarrollan una u otra forma, una u otra naturaleza jurídica del servicio público, y está bien que así sea.
En tercer lugar, coincidimos con usted al decir que, al igual que todas las empresas europeas, los servicios públicos se enfrentan a los avances tecnológicos y a la necesidad de culminar el mercado interior. Como usted, por último, estamos a favor de unos servicios públicos modernos, eficaces, dinámicos, que sean mañana elementos esenciales para el desarrollo económico europeo.
Pero después de haberle escuchado, creo que, de algún modo, usted es la encarnación del principio según el cual, el propio infierno está lleno de las mejores intenciones. En otras palabras, la mano izquierda de la Comisión ignora con demasiada frecuencia lo que hace la mano derecha, como demuestra su manera de abordar el tema de las telecomunicaciones, pero también y sobre todo, las amenazas que se ciernen sobre el servicio postal y sobre los demás servicios públicos.
¿A qué se debe, si no, ese alejamiento entre las palabras, las intenciones, que yo no pongo en duda, y las acciones de la Comisión? Puesto que no se puede acusar razonablemente a nadie, y a usted menos que a nadie, de esquizofrenia política, hay que encontrar razones objetivas que expliquen esta situación. ¿Qué razones son ésas?
En primer lugar, si escuchamos bien sus palabras, constatamos que no estamos del todo de acuerdo sobre el campo de aplicación del servicio de interés general. Tenemos naturalmente el concepto de servicio universal. Algunos, además de mí, ya han dicho hasta qué punto lo consideramos restrictivo. Pero tenemos también el hecho de que el servicio de interés general no es solamente un servicio al consumidor, o algún tipo de tentativa de fomentar los recursos de un país, sino que es también un elemento esencial para la defensa del medio ambiente, es también un elemento esencial para la cohesión económica y social, es también un elemento esencial para la política de empleo. Elemento que no aparece en sus palabras y supongo que tampoco aparecerá en la comunicación de la Comisión; aunque aún está a tiempo de rectificar.
En segundo lugar, somos conscientes del hecho de que distinguir hoy, por un lado, la economía de mercado y, por otro, una economía de servicio público, se ha convertido en una distinción ilusoria. Entre los sectores que tradicionalmente dependían del servicio público, cada vez es mayor el número de ellos que se enfrentan actualmente, con razón o sin ella, nos pese o no, a los constreñimientos de la economía de mercado. Debido a ello se nos plantea hoy, en mayor medida que hace veinte o veinticinco años, una necesidad, a saber, la de distinguir, en estas actividades económicas, entre aquello que puede ser objeto de una regulación por la competencia en interés de los ciudadanos, y aquello otro que, por el contrario, debe ser protegido de las turbulencias y de los excesos de la misma. Y la Comisión no hace esa distinción.
La Comisión considera que, en la medida de lo posible, todo debe ser regulado por la competencia, a la que usted atribuye virtudes que no tiene y que jamás ha tenido, y con ello usted reduce unas actividades que son meramente de interés general, a actividades extremadamente marginales, como demuestra su interpretación del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. Tenemos aquí, pues, claramente, un desvío en el que usted adopta una forma de pensar que otorga a la competencia unas virtudes reguladoras que no le corresponden.
Por otra parte, usted también ha defendido una convicción según la cual no era posible la modernización ni la organización sin pasar por la competencia, como si las empresas del sector sujeto a la competencia fueran las únicas capaz de modernizarse y de situarse a la cabeza de la tecnología. Eso es cierto en el caso de algunas empresas, pero existen muchas otras pertenecientes al sector público que gozan de monopolio y que alcanzan unos niveles de rendimiento tecnológico y económico sumamente importantes.
Resumiendo, existe una infravaloración manifiesta del campo de aplicación del interés general, una infravaloración grave del coste social de la regulación por parte de la competencia, y al mismo tiempo, una sobrevaloración manifiesta del papel de dicha competencia como elemento de modernización y progreso. Constatamos que, ante eso, el Tratado no constituye una defensa suficiente. Por ello será necesario modificarlo, y otros, aparte de mí, hablarán y han hablado de ello.
La financiación: sus propuestas en la materia son completamente insuficientes. Si nos atenemos a aquello que la Comisión autoriza actualmente, llevaremos al servicio público derecho hacia la privatización, contrariamente a aquello que querían los autores del Tratado de Roma en 1957.
Por último y en lo que a la competencia se refiere, le diré, señor Comisario, que si, en efecto, usted es el guardián de la competencia y del Tratado, no hay que olvidar que más allá del Tratado, usted es guardián de algo más precioso, que es el modelo social europeo que deseaban los que redactaron el Tratado de Roma, y es ese papel de guardián del modelo social el que le da a usted su legitimidad. No lo olvide.

Herman
Señor Presidente, los servicios públicos se crearon para el público. Siempre que usted esté de acuerdo con eso, nosotros estaremos de acuerdo con usted. Pero esos servicios no pueden convertirse, como suele ocurrir, en coto privado de una tecnocracia que se ha elegido a sí misma, de un sindicato de funcionarios o, lo que es peor, de una coalición de partidos. Pida a todos los usuarios de la red telefónica belga que comparen su situación con aquélla de los países en los que se ha roto aún en mayor medida con el monopolio del servicio telefónico, y verá qué diferencia de servicios, qué diferencias de precios, y cómo se atienden las reparaciones. Luego permita que todo el mundo elija, y veremos quién de los dos tiene razón. En lo que a mí respecta, apoyo completamente la tesis del Sr. Van Miert y me complace hacerlo. Las convicciones socialistas y sociales del Sr. Van Miert están por encima de toda duda, y es por eso por lo que estoy completamente de acuerdo con él.
Llamo también la atención de todos nuestros amigos socialistas que han escuchado lo que ha dicho el Sr. Berthu, porque el Sr. Berthu ha dicho exactamente lo mismo que usted sobre algunos puntos. Hay que despojar a la Comisión de los poderes que tiene en este ámbito. Pero es para hacer algo completamente distinto, es para permitir a los Estados que vuelvan a hacer lo que deseen, en detrimento de los ciudadanos, pero a favor de la tecnocracia nacional. Ése es el alegato del Sr. Berthu. Por eso yo digo, ojo antes de tocar. Y, señor Van Miert, permítame llamar su atención: usted ha dicho que la Comisión está muy abierta a que se negocien las modificaciones del Tratado sobre este asunto. Tenga cuidado. Todo lo que he oído hasta ahora, ya sea del Gobierno federal alemán, que se dice muy federalista, ya sea de otros gobiernos, apunta a despojar a la Comisión de los poderes que ostenta. Y yo desearía que al menos en este Parlamento exista una mayoría que apoye a la Comisión en ese punto.

Cox
Señor Presidente, acojo con beneplácito la oportunidad de participar en el debate de hoy sobre los servicios públicos. Quiero comenzar haciendo hincapié en la cuestión de la política de empleo y, en particular, en los servicios públicos con carácter comercial, que no son lo mismo que el servicio público en general, y en que, desde el punto de vista de la política de empleo, son decisivos para la creación de puestos de trabajo sostenibles en la Unión.
Muchos diputados a esta Asamblea están preocupados por quienes trabajan en empresas públicas. Pero quienes trabajan en general y las posibilidades de quienes no tienen trabajo de lograr un puesto de trabajo sostenible están vinculados en parte con esta cuestión, porque las telecomunicaciones, la energía, el transporte y el correo son, todos ellos, estructuras esenciales en materia de costos dentro del sector privado para el que el servicio público con carácter comercial es de importancia decisiva desde el punto de vista de la eficiencia.
Si creemos de verdad en la creación de empleo -y sé que en esta Asamblea hay un gran compromiso con ese objetivo programático-, el proteccionismo de los servicios públicos, que no es lo mismo que una ética de los servicios públicos, no debe desempeñar papel alguno en nuestras políticas.
Respecto de la política en materia de competencia, el Grupo Liberal cree que los prestadores de servicios públicos deben seguir sujetos a la política de la competencia, con arreglo al artículo 90. No se debe cambiar ese artículo ni tampoco atenuarlo para que sea un caballo de Troya que detenga o frene el proceso de la competencia en el Mercado Interior. Ello seguirá siendo así, ya correspondan los prestadores de los servicios públicos al sector público o al privado.
Desde el punto de vista de los consumidores, el Grupo Liberal cree, en función de las observaciones que acabo de hacer, que se debe garantizar a los consumidores la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos y respetamos y recomendamos el principio de universalidad. Al pasar al crecimiento, la creación de empleo y puestos de trabajo sostenibles, la eficiencia en función de los costes, la calidad y unos servicios públicos con carácter comercial y accesibles constituyen los elementos fundamentales de esa empresa. Niveles inferiores a ese respecto serán perjudiciales para el interés público y no menos perjudiciales para la sostenibilidad en última instancia de una capacidad idónea de los servicios públicos en la Unión Europea.

Bowe
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito las observaciones del Sr. van Miert y su planteamiento positivo y enérgico de la cuestión de los servicios públicos en la Unión. Sus observaciones nos han dado una idea, en mi opinión, de lo que podemos esperar en el próximo documento de la Comisión.
Hasta ahora todos hemos reconocido aquí que los servicios públicos, como muchos otros sectores económicos europeos, están -y seguirán- experimentando una transformación estructural, al integrarse la economía europea y seguir avanzando la transformación tecnológica. Además, hemos de confesar que todos hemos visto peticiones de cambio en los servicios públicos provocadas por los fallos y las disfunciones habidos en ese sector, por diversas razones. Con semejante situación tan variable, con gran pluralidad y diferencias en los servicios de toda la Unión, me resulta muy difícil entender por qué pretende la Comisión conseguir una solución simple para el problema actual de los servicios públicos.
La solución que propone, a saber, la liberalización y privatización de los servicios y la introducción de los mecanismos del mercado en esos sectores, ya se ha experimentado en alguna medida en algunos países de esta Unión. Sobre la base de esa experiencia, he de decir que yo no garantizaría que vaya a producir servicios públicos mejores, más eficientes o más baratos. Con mucha frecuencia, el resultado ha sido la inexistencia de servicios o peores servicios o servicios pagados que han dejado de ser servicios públicos, ya no universales o asequibles, y con frecuencia son de propiedad privada y por lo general van encaminados a la consecución de beneficios. Hemos de reconocer que en la Unión hay servicios públicos que son de interés general y no pueden estar simplemente sujetos a la liberalización o a la privatización, sino que se deben prestar como servicios públicos en pro del bien público.
Eso sólo se puede conseguir, si lo aceptamos y reconocemos haciendo un cambio en el Tratado en que se basa el funcionamiento de esta Unión. Se puede hacer de diversas formas, ora cambiando artículos, como el artículo 90 o el artículo 3, ora añadiendo otros nuevos. Como quiera que se haga, debe ser una expresión concreta de nuestra creencia de que los servicios públicos han de desempeñar un papel importante en una economía europea dinámica, creadora de riqueza y que cree puestos de trabajo y facilite el funcionamiento eficiente de la economía, pero también respalde la justicia social y cree solidaridad.
Si ésos son los objetivos de la comunicación de la Comisión, cuando la presente a esta Asamblea, será digna de beneplácito; si no, deberemos formular argumentos graves contra la Comisión.

Berès
Señor Presidente, el hecho de que hoy celebremos un debate específico en sesión plenaria sobre la cuestión del servicio público demuestra que las cosas han cambiado. En 1958, el problema no se habría planteado en las mismas condiciones. Hoy, la aplicación rigurosa y con éxito de los principios de libre competencia del Tratado de Roma nos obliga a plantearnos la cuestión del equilibrio entre las leyes de la competencia y aquellas otras del servicio público. Está claro que la apertura y la liberalización no es el único ni siempre el mejor estimulante para fomentar los intereses de los consumidores que, ante todo, son ciudadanos.
Todo el mundo reconoce que el servicio público forma parte integral del modelo social europeo, que es un elemento constitutivo de la cohesión económica y social de Europa. Entonces, si estamos de acuerdo en ese punto, también debemos estarlo para inscribir el servicio público en las tablas de la ley de la Unión Europea. Desde nuestra resolución del pasado año sobre la Conferencia Intergubernamental, este Parlamento viene solicitando una modificación del Tratado de Roma para que en él se incluya el servicio público. Una comunicación de la Comisión está bien, pero carece de fuerza vinculante. Ahora bien, la CIG es la ocasión ideal para establecer un nuevo equilibrio del orden establecido en tres aspectos.
El servicio público debe inscribirse en el texto mismo del Tratado de Roma. Las propuestas pertinentes están sobre la mesa para modificar, en particular, el artículo 90. Dicha inscripción debe ir acompañada de una carta de los servicios públicos que defina los modos de organización y de financiación, que permita hacer del servicio público una herramienta de la política industrial, de la competitividad de la Unión Europea y del modo en que ésta fomenta los recursos de un país.
En mi opinión, estos dos primeros puntos están estrechamente relacionados entre sí, porque la carta de los servicios públicos debe basarse en la fuerza jurídica del Tratado. Por último, debe ser posible la creación de un observatorio de los servicios públicos para garantizar la adaptabilidad y para que más allá de los simples comités de usuarios o de consumidores, los ciudadanos puedan participar en la buena marcha de los servicios públicos. Se trata aquí de un dossier de prueba. Al lado de la comunicación de la Comisión de hoy, la apertura, sector por sector, se traduce con demasiada frecuencia en la destrucción masiva de puestos de trabajo, lo que viene a agravar el escepticismo de los ciudadanos de Europa con respecto a una maravillosa aventura colectiva, que con demasiada frecuencia se percibe ya como la responsable de todos los males. Cuidémonos de no convertir Europa en una máquina de suprimir puestos de trabajo, y sepamos aprovechar la ocasión de la Conferencia Intergubernamental para demostrar que Europa se está construyendo en beneficio de los ciudadanos y del interés general.
Quisiera decirle, señor Comisario, que nos alegra la idea de que usted se muestre a favor de los servicios públicos europeos. Nosotros también lo estamos. Pero también estamos convencidos de que la Comisión se equivoca cuando vuelve, en particular, sobre las enmiendas del Parlamento Europeo relativas al sector postal. Tenemos la convicción de que usted debería proponer una modificación del Tratado de Roma para que en éste se incluya el servicio público.

Tongue
Señor Presidente, yo también acojo con beneplácito la oportunidad de celebrar este debate con el Comisario. Quiero formular una pregunta, al comienzo: ¿irán incluidos en su comunicación los servicios públicos de radiodifusión y televisión, señor Comisario? En esta época de desempleo en aumento y confusión social, los servicios públicos, como han dicho muchos diputados de mi Grupo, constituyen una estructura común básica que contribuye a la cohesión social. Ello es tanto más así en el caso de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, que tan decisiva importancia revisten para nuestra democracia. Resulta básicamente esencial para la preservación de nuestras libertades políticas que los ciudadanos reciban todas las informaciones, debates y expresiones que les permitan la participación democrática en nuestra sociedad. Quisiera afirmar que sólo los servicios públicos de radiodifusión y televisión pueden desempeñar ese papel.
Sin embargo, la radiodifusión y la televisión, como otros servicios públicos, son híbridos; el mercado desempeña un papel, pero el mercado puede también ser -y es- imperfecto. Los gobiernos en los niveles nacional y europeo no pueden abdicar de su cometido de velar por que todos los ciudadanos reciban noticias e información independientes e imparciales, así como todos los programas -desde la enseñanza a distancia hasta las representaciones teatrales de gran calidad- que nuestra democracia requiere. Y, sin embargo, el Comisario van Miert afronta en este preciso momento toda una serie de quejas jurídicas contra la naturaleza misma de los servicios públicos de radiodifusión y televisión. ¿De qué elementos dispone para formular un dictamen? La competencia manda pura y simplemente.
No es suficientemente válido que las resoluciones sobre la radiodifusión y la televisión se basen exclusivamente en excepciones a las normas de la competencia y a la política de mercado interior. Necesitamos un nuevo fundamento y, como han dicho muchos, eso significa cambios en los Tratados, ya se trate del artículo 2, del artículo 90 o, de hecho, de cualquiera de los artículos relativos a los derechos de los ciudadanos. Eso permitiría formular propuestas positivas sobre los servicios públicos. Por ejemplo, en la esfera que he mencionado, ¿por qué no una propuesta para la creación -y perdóneseme momentáneamente el patriotismo- de una BBC europea?
Los ciudadanos deben saber que Europa no es simplemente un mercado libre. Los ciudadanos quieren y merecen un compromiso con los servicios públicos, consagrados claramente en la constitución de Europa.

Van Miert
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han intervenido en el debate, a pesar de que he creído constatar que sólo cuento con un partidario incondicional, el Sr. Herman, a quien le doy mis más sinceras gracias por ello, porque comenzaba a sentirme un poco solo.
Dicho esto y habida cuenta de que algunos de ustedes han vuelto a plantear la cuestión, confirmo que se espera que la Comisión adopte su comunicación la semana próxima pero, naturalmente, el debate continuará. Supongo que el Parlamento elaborará un informe y que habrá un debate en comisión, etc. Por lo tanto, el proceso continuará. Por su parte, la Comisión considera el documento una contribución a la Conferencia Intergubernamental, y reflexionará sobre el momento de determinar la naturaleza de la misma. En lo que a mí respecta, he hablado con bastante frecuencia de una carta. No sé si la Comisión retomará la idea. Se puede discutir también algo nuevo. Ya veremos más adelante qué forma toma este tipo de comunicación.
Para que tampoco haya malentendidos, señor Herman, en lo que respecta a las modificaciones del Tratado, he recordado cuál es la posición de la Comisión en lo relativo al artículo 90, y la buena disposición de los Comisarios que están negociando -por el momento no puedo prever el resultado de estas negociaciones- con vistas a saber en qué medida conviene modificar uno u otro artículo. El debate no ha concluido.
Soy prudente, como usted ha constatado, pero debo señalar sin embargo que tengo una mentalidad abierta en este aspecto.
Ahora desearía aclarar entre nosotros cuál es la situación. Estamos hablando de las competencias de la Unión Europea y de la Comisión, no de la Seguridad Social. Aunque hay que decir también que, en una comunicación de este tipo, no actuamos a ese nivel. Y, querido amigo Wijsenbeek, usted puede tener sus ideas al respecto, yo tengo las mías, y se las digo porque le hablo desde fuera de la comunicación de la Comisión. Estoy en contra de la privatización de la Seguridad Social evidentemente, porque es el corazón mismo de la solidaridad de una sociedad. Estoy en mi derecho de tener esa opinión, pero no es eso sobre lo que aquí discutimos hoy. Estamos discutiendo de los servicios públicos y de los servicios universales -llamémosles como queramos- en el marco de las competencias comunitarias. Y debemos atenernos a eso.
Tenemos el artículo 222. Algunos han hecho referencia al mismo, en particular, el Sr. Wijjsenbeek. La Comisión debe mantenerse neutral en ese sentido. Ello, querida amiga Carole, explica por qué la Comisión no puede inmiscuirse en los debates internos de los Estados miembros para saber si conviene mantener una cadena pública o privada. También en este caso, mi postura personal es que espero que en Gran Bretaña se mantenga la BBC tal como está. Soy un defensor acérrimo de la BBC y de su calidad. Pero la Comisión no puede intervenir en la política interna de Gran Bretaña en la materia, ni imponer una solución en un sentido u otro.
Por otra parte, -y lo hemos demostrado, porque con demasiada frecuencia, repito, su Parlamento ignora lo que nosotros hacemos- tomemos el caso de los derechos de retransmisión de los grandes acontecimientos. La Comisión, en base al artículo 90 -no lo olvidemos- ha podido comprobar que existía una cooperación que, en realidad, es un cartel entre las cadenas públicas, aunque hay también una cadena privada, TF1, que se agrupan para adquirir los derechos. Basándonos en la noción de interés general, hemos considerado que podemos aceptarlo. Aparte de eso, otras cadenas han presentado quejas y el Tribunal, lamentablemente, no nos ha dado la razón. Volveremos a la carga, porque creo que conviene mantener esta línea, si bien hay que corregir algunas cosas, pero continúa habiendo buenas razones para mantener esta política. O sea que, como pueden ver, la Comisión, concretamente, integra bien estas nociones en su política. Y sería injusto hacerle un proceso sobre ello, ¿no es cierto? Tendremos sobradas ocasiones de volver a discutirlo, porque existen muchos problemas. Recibo decenas de quejas en este ámbito de las cadenas privadas contra las cadenas públicas, en el ámbito de las ayudas estatales, etc. Esto no termina nunca. Por consiguiente, tendremos sobradas ocasiones de volver a discutir sobre el tema.
En lo que respecta al servicio universal, también aquí, queridos amigos, hay que tenerlo todo en cuenta. Puedo darles al menos una decena de ejemplos de monopolios de servicios públicos que no garantizan el servicio universal. Para conseguir el teléfono era necesario esperar durante meses, como ha dicho el Sr. Herman. ¿Es eso servicio universal? No, el concepto que nosotros tenemos del servicio universal es el de ofrecer un servicio rápido al público a unos precios asequibles y garantizando buena calidad, algo que no siempre han garantizado las instituciones públicas. Reconozcámoslo.
Ésa es la realidad. Debemos tenerlo todo en cuenta. Muchos de ustedes han llamado también la atención sobre otro punto. Hoy, el consumidor tiene algo que decir. Ya no acepta que una sola casta -porque, a menudo, de eso es de lo que se trata- decida por él sin que él no tenga nada que decir. Ésa es la realidad. Las cosas han cambiado y la Comisión intenta integrar también esos cambios en su política. Se trata de ofrecer al público el mejor servicio posible y si eso se consigue a través de la competencia, querido amigo, estoy a favor. Porque hoy, finalmente, podemos optar por tener un teléfono móvil, algo que antes no podíamos. ¿Y tenía la sociedad acceso a dicha tecnología? No, no se la podía pagar. Ésa era la situación. La competencia garantiza, en efecto, un mejor servicio a un número mucho mayor de personas y a precios más asequibles. Pero no defiendo la competencia a ultranza, porque puede ir demasiado lejos. Puedo darles algunos ejemplos. Pero atribuir todos los males a la competencia, como hacen algunos de ustedes, no es realmente la mejor forma de servir a la sociedad.
(Aplausos) En numerosos ámbitos, algo de competencia beneficiaría al interés público. Permitan que les dé otro ejemplo, ya que alguien se ha referido al transporte. En veinte años, el transporte de flete, o sea, de mercancías, ha perdido la mitad de su cuota de mercado por numerosas razones, pero en parte también porque no funciona bien. ¿Debemos mantener el sistema? ¿O debemos cambiarlo para intentar transportar más mercancías por el ferrocarril que por carretera? Por favor, tengan el coraje de abordar este debate no solamente desde una posición a favor de mantener las estructuras en su estado actual, sino también de que las cosas cambien para intentar instaurar una auténtica política de transportes en la materia. Éstas son las cuestiones que se nos plantean. No hay que olvidarlo.
Para terminar, diré que estoy de acuerdo con algunas inquietudes. Hay algo peor que un monopolio público, a saber, el monopolio privado. Pero cuando eso ocurre, deben reconocer también que la Comisión interviene y, mediante la aplicación de la política de fusión de empresas, impide que surja una situación dominante, señor Wijsenbeek, como sucede incluso en su país, porque cuando las cadenas privadas aúnan sus esfuerzos para intentar dominar el mercado, nosotros intervenimos. ¿Es ésa una mala política de la Comisión? Seamos sinceros entre nosotros.
(Aplausos)
El Presidente
El debate queda cerrado.

Informe anual 1994 sobre los Fondos estructurales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0211/96) del Sr. Teverson, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el sexto informe anual de la Comisión (COM(95)0583 - C4-0009/96) relativo a los Fondos estructurales.

Teverson
Señor Presidente, el informe sobre los Fondos estructurales versa específicamente sobre el año 1994, pero es el primer año de un programa de seis que abarca hasta 1999 y ascenderá a 141.000 millones de ecus a lo largo dicho período, lo que representa el 30 %, más o menos, del presupuesto de la Unión Europea. Por esa razón, en lugar de limitarme a 1994, he preparado un informe más estratégico, dado que 1994 es ya historia antigua para muchos de los diputados a esta Asamblea.
Quiero que quede claro que, aunque este informe critica varias cosas, no critica en concreto a la Comisión Europea. De hecho, este informe revela muchos aspectos positivos: que hay relativamente poco fraude en relación con los Fondos estructurales, que el nuevo documento único de programación ha funcionado satisfactoriamente y que hay una gran número de programas que han funcionado satisfactoriamente en las regiones de la Unión.
Los malos de la película son los propios Estados miembros y las instituciones europeas juntas han causado diversos problemas estratégicos en ese sector. Tal vez podría repasarlos y después pasar a algunas de las soluciones que quisiera presentar a la Comisión aquí, en esta Asamblea.
Remontándonos al período 1992-1993 y a la creación de esos fondos, se caracterizaron por un particular secretismo, el secretismo habitual del Consejo de Ministros, la adulteración del proceso presupuestario y en ello participó este órgano, el Parlamento Europeo. Pero en general el Parlamento quedó excluido de todo el proceso de creación de los fondos regionales. Cuando se trata de una gran proporción del gasto europeo, eso resulta totalmente inaceptable.
En segundo lugar, cuando estaba procurando averiguar lo que se intentaba lograr con los Fondos estructurales, no pude descubrir en parte alguna objetivos para ese gasto. A consecuencia de ello, resulta casi imposible evaluar sus resultados o su valor. Lo considero una importante deficiencia de todo el programa.
En tercer lugar, la complejidad. Como diputado al Parlamento encargado de asesorar a los ciudadanos de mi circunscripción, a veces me resulta muy difícil darles detalles sobre determinados fondos europeos a los que deben recurrir. Tenemos muchas direcciones generales participantes, tres fondos diferentes, seis objetivos diferentes y diversos programas que van desde las iniciativas de la Comunidad con arreglo al artículo 7 y al artículo 10 hasta los propios Fondos estructurales principales. No es comprensible y, si lo que intentábamos era inventar algo que debiera ser complejo y difícil de entender para nuestros ciudadanos, lo hemos conseguido. Eso es inaceptable.
Una de las otras cosas que me asombraron en particular fue la de que, aunque se trata de un programa europeo y representa una proporción tan grande del presupuesto, hay muy pocos elementos transnacionales en él. En realidad, son 15 programas nacionales. Aparte tal vez de los sectores a que se refieren los artículos 10 y 7 y, en menor medida, las iniciativas de la Comunidad, echamos en falta los numerosos beneficios sinérgicos que brinda la cooperación transnacional y el fortalecimiento de las regiones de Europa. La financiación estructural no lo permite. Nunca será un programa plenamente europeo, siempre tendrá una orientación en gran medida nacional, pero lo estamos llevando demasiado lejos.
Me deprime que, respecto de la labor de seguir la pista a los pagos, se exprese cierta satisfacción en el informe por que durante el año se llegaran a efectuar tal vez el 75 % de los pagos presupuestados. Bueno, pues, un 75 % no es un resultado demasiado bueno, pero lo peor para mí es que esa proporción sólo se refiera a los pagos de la Unión Europea a los Estados miembros y no indique cuándo recibieron efectivamente los pagos los usuarios finales allí donde se crea empleo y se produce el desarrollo regional. No hay estadística alguna al respecto, por lo que en ningún punto de este informe ni en información alguna de que disponga la Comisión se nos ofrece el criterio fundamental para calibrar cómo se han utilizado esos fondos y con qué rapidez se han aplicado.
Pasando al medio ambiente una vez más, en el informe del Tribunal de Cuentas tenemos ejemplos de utilización de los Fondos estructurales para reparar daños medioambientales causados por programas estructurales anteriores. Eso sigue pareciéndome vergonzoso y es algo que se debe corregir muy rápidamente. Sé que se han adoptado medidas, pero deben ser aún más eficaces.
Ahora pasamos a lo que podríamos llamar actuaciones idóneas. Tenemos una profusión de experiencias de financiación estructural y de labor positiva de las regiones desde el punto de vista del desarrollo y, sin embargo, no parece que estemos aprovechando al máximo las actuaciones más idóneas para difundirlas entre las diferentes regiones. La Comisión dice que lo hace y yo lo acepto, pero no lo menciona ni una sola vez en este informe y eso revela su auténtica prioridad más que volúmenes enteros.
Por último, en materia de problemas, quisiera criticar a nuestra propia institución, el Parlamento Europeo. Cuando nos referimos a una proporción tan grande de nuestro gasto total, nuestra consideración de ese sector se debe basar en un examen mucho más riguroso que el que hacemos en este momento. Debemos salir al exterior y ver lo que funciona y lo que no y debemos convocar a testigos y celebrar audiencias; en realidad, deberíamos tratar este asunto mucho más en serio y ampliamente de como lo hacemos ahora.
Concluiré diciendo que tenemos soluciones a nuestra disposición: simplificar, erradicar la burocracia en el nivel nacional en particular, seguir la pista a los gastos, pero, por encima de todo, prepararnos para la próxima ocasión. Los Fondos estructurales son un programa valioso y esencial; en general, están funcionando bien, pero aún no cuentan con la confianza total del público. Son necesarios cambios fundamentales para el futuro y debemos dar esos primeros pasos ahora.

Ribeiro
Señor Presidente, subrayamos, como lo hicimos en la exposición de motivos de la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, que el año a que corresponde el informe fue el primero del nuevo período de programación después de la revisión de los reglamentos de los Fondos estructurales. Lo que justifica el mayor interés y rigor en el análisis del modo como se han aplicado los medios transferidos y, al mismo tiempo, cierta tolerancia respecto de aspectos derivados de la transición, tal vez demasiado brusca.
Por eso, sería fundamental aprovechar el primer año para obtener de él enseñanzas a fin de mejorar el nuevo sistema que va a funcionar hasta 1999. Nos sorprende que no haya reflexiones en ese sentido. Lógicamente, no se puede aceptar que el modo como funcionó el sistema en su primer año de aplicación sirva de pretexto para juzgar, no el sistema y la ejecución, sino toda la concepción en que se basan los Fondos estructurales y el papel que deben desempeñar en la persecución del objetivo de la cohesión económica y social.
Nos congratulamos de que el ponente aceptara lo que propusimos y la Comisión de Asuntos Sociales adoptó y nos permitimos reiterar la petición a la Comisión de que en el futuro se evalúen mejor las repercusiones de las intervenciones estructurales en el empleo, en particular en lo relativo a su estabilidad y a la participación de las mujeres en la vida activa.
Reiteramos también la exigencia de que se den indicaciones sobre las repercusiones de los criterios de la Unión Económica y Monetaria, en particular en lo que se refiere a los requisitos de adicionalidad, al tiempo que alertamos sobre los intentos de establecer vínculos de condicionalidad entre la aplicación de políticas regionales y el respeto de esos criterios, intentos que consideramos tan significativos como inadecuados.
Queremos reafirmar también, en defensa del objetivo de cohesión económica y social, lo que en la opinión de la Comisión de Presupuestos se puso de relieve y se integró en el informe en cuanto a las dificultades habidas en la absorción de las dotaciones financieras presupuestadas y esperamos que, en coherencia con esa posición, no surjan en la misma comisión líneas de orientación y posiciones que se fundamenten capciosamente en tasas insatisfactorias de ejecución y no tengan en cuenta las dificultades que, aquí y ahora, se reconocieron para 1994 y no se superaron.

McCarthy
Señor Presidente, cuando intervine en este debate el año pasado, dije que los informes anuales brindan la oportunidad, no de mirar atrás, de atribuir culpas y criticar, sino de mirar hacia adelante y aprender de las dificultades que hemos encontrado en la aplicación de los programas. En resumen, que, al celebrar este debate, no debemos repasar los mismos y antiguos problemas. Por desgracia, parece ser así con demasiada frecuencia. El problema fundamental que quiero poner de relieve hoy en relación con el informe Teverson, a la luz del debate presupuestario de 1997 y de la decisión del Consejo de 25 de julio de reducir los pagos con cargo a los Fondos estructurales en algunos sectores, es el problema, ya advertido, de la infrautilización de los Fondos estructurales. Tenemos que abordar urgentemente esa cuestión, pero lo que temo que esté sucediendo es un intento de algunos Estados miembros de desdecirse de acuerdos que aceptaron en Edimburgo y no cumplir con los objetivos que acordaron. Eso es algo que debemos abordar, porque podría acabar produciendo un descrédito a largo plazo de la política regional.
Quisiera felicitar al Comisario por su decisiva actuación al presentar una propuesta al Consejo oficioso de Venecia para mejorar la eficiencia de los Fondos estructurales. Quisiera felicitar a la Comisión por su Programa SCM 2000 y, naturalmente, en el marco del informe Teverson, quisiera agradecer al Sr. Teverson que aceptara en comisión las enmiendas de mi Grupo a dicho informe.
Naturalmente, hay sectores en los que podemos -creo yo- mejorar los resultados: mejor formación de los administradores mediante intercambios; racionalización de los procesos administrativos; fortalecimiento del papel de las regiones y de las autoridades locales; lucha contra las irregularidades fraudulentas mediante la creación de pistas claras para la comprobación de cuentas; mejor acceso a la información. Pero algunas de sus propuestas requerirían una burocracia en Bruselas diez veces mayor que la Comisión actual. Sencillamente, no es realista pedir a la Comisión que verifique cada uno de los pagos concretos hasta los beneficiarios finales. Los Estados miembros tienen que tomarse en serio sus propios compromisos a ese respecto.
Temo que las propuestas no lleguen a nada sin un cambio de mentalidad en varios Estados miembros, incluido el mío, naturalmente. Ahora parecen especializarse en poner nuevos obstáculos en el camino y, desde luego, el último es el del cumplimiento de los criterios de convergencia. No nos cansaremos de subrayar que, para reducir el desfase entre los Estados miembros ricos y los pobres y lograr la cohesión, los Estados miembros deben tomarse en serio su responsabilidad. Me desagrada profundamente que el desaprovechamiento de los fondos haya sido un asunto dominante en los medios de comunicación y esté desacreditando la labor positiva que hacemos con los Fondos estructurales. Creo que ahora los Estados miembros están inclinándose por no utilizar los fondos y aminorar nuestros procesos relativos a ellos, lo que a largo plazo creará problemas. Cuando los Estados miembros firmaron el Acuerdo de Edimburgo, conocían los compromisos que subscribían; sabían que tenían que cumplir con los criterios de convergencia y, sencillamente, ahora no basta con hacer una vinculación, que no redundará en beneficio de nuestros programas de política regional.
Así, pues, he de decir, en nombre de mi Grupo, que rechazamos el intento del Gobierno francés de vincular los gastos con cargo a los Fondos estructurales con los criterios para la UEM. No podemos cambiar las normas en plena aplicación de los programas y debemos denunciar la hipocresía del Consejo de Ministros de aparentar convencimiento al lanzar acciones en materia de desempleo y después incumplir sus compromisos de lucha contra el desempleo mediante los Fondos estructurales. La amenaza real a la aplicación procede de los propios Estados miembros. Necesitamos una rendición de cuentas más estricta, más transparencia, más transferencia de competencias, pero sobre todo necesitamos más compromiso. Quisiera pedir a la Comisaria que continúe con sus informes anuales, pero que acuda ante nosotros periódicamente para que podamos ayudarla a mejorar la utilización presionando a los Estados miembros a fin de que podamos adoptar medidas rápidas cuando se produzcan estrangulamientos y obstáculos.
No debemos llegar a una situación en la que los Estados miembros puedan sacar conclusiones falsas y socavar nuestros programas de gasto en los sectores en que sabemos que revisten importancia decisiva para las oportunidades de los ciudadanos. Así, pues, quisiera alentar a la Comisaria en su labor, apoyarla en su defensa de una política regional enérgica y en su insistencia en nuestro objetivo de la cohesión económica y social.

Berend
Señor Presidente, señoras y señores, el período de informes que ahora nos ocupa despierta un mayor interés que el que despertó en 1994, el primer año del nuevo período de planificación de programas tras la revisión del Reglamento de los Fondos Estructurales. Esta revisión pretendía hacer más simple y abreviada la planificación de programas. Pero los hechos que se reflejan en los informes de 1994 muestran en parte otra realidad. Ahora, en que nos encontramos a la mitad de camino del período de programas, el sexto informe anual debería impulsarnos a adoptar unas posiciones estratégicamente orientadas para el próximo período de planificación. Pues, al fin y al cabo, excluyendo la agricultura, examinamos la partida más importante de gastos de la Unión Europea. En consecuencia, las valoraciones anuales de los programas de los Fondos Estructurales representan una importante tarea del Parlamento y, en especial, de la Comisión de Política Regional. El informe de la Comisión es muy amplio. Contiene unos buenos enfoques para enlazar los fondos estructurales con otros sectores, actividades y políticas de la UE.
Mi grupo político coincide en gran medida con el ponente en que en el futuro hay que simplificar los procedimientos a nivel administrativo y político. Los diputados somos testigos día a día en las regiones que reciben ayudas del modo cómo se expande la incomprensión y la inseguridad entre los ciudadanos de la Unión y los beneficiarios potenciales a causa de la complejidad de los fondos y de su complicada administración. Piénsese que para tres fondos existentes, cuyos objetivos no siempre están claramente delimitados, hay diferentes Direcciones Generales en la Comisión así como numerosos órganos nacionales y regionales con diversas competencias.
Coincidimos con el ponente en que tras el primer año de la revisión, la elaboración, el control y las solicitudes de financiación siguen siendo complicadas y no suficientemente transparentes. Segundo: hay que garantizar una mejora en favor de todos los beneficiarios potenciales del Fondo en los territorios y regiones periféricas desfavorecidas, donde las informaciones llegan con frecuencia a cuentagotas o muy tarde. Tercero: hay que intentar lograr una mayor comprensión, una simplificación gramatical de estos programas si no queremos que haya permanentemente personal auxiliar que tenga que explicar su contenido a los que quieren presentar solicitudes. Cuarto: otra conclusión a extraer del sexto informe anual es que la Comisión debería modificar los criterios y métodos de ejecución de los fondos estructurales, en especial, en lo tocante a la administración de los créditos, para posibilitar transferencias financieras no complicadas. Me refiero aquí muy en especial a una mayor flexibilización de los criterios para determinar el importe de la cofinanciación comunitaria.
Al igual que el ponente, lamentamos la insuficiente participación del Parlamento en la determinación de las previsiones financieras de los Fondos Estructurales para el período 1994-1999 y subrayamos la necesidad de una participación regular en las decisiones que se deben adoptar para el próximo período 2000-2006.
Extraigamos pues unas conclusiones generales de las evaluaciones anuales de los programas de los Fondos Estructurales; estos informes no son solamente inventarios sino también unos buenos orientadores para las próximas actividades.

Costa Neves
Señor Presidente, estamos evaluando la aplicación de una tercera parte del presupuesto de la Unión Europea, el resultante de los Fondos estructurales, lo que, en mi opinión, está justificado, porque son los que contribuyen a realizar en la práctica el principio de la cohesión económica y social.
Principio de la cohesión económica y social que, en mi opinión -y en la de todos nosotros, me parece a mí-, es esencial para la consolidación de la propia Unión Europea. Claro, que quisiera subrayar que la cohesión económica y social no se puede calibrar sólo mediante la aproximación, mediante la convergencia entre los Estados miembros, sino también entre todas las regiones de Europa, por lo que entraña también la lucha contra las asimetrías regionales.
Quisiera felicitar al Sr. Teverson por evaluar tan bien el informe de la Comisión y haber hecho algo más que un puro y simple comentario, al referirse a tres aspectos:
En primer lugar, la necesidad de que profundicemos en los procesos de acompañamiento, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, en relación con las repercusiones, con los resultados, de las políticas aplicadas por la Unión Europea, y, en particular, mediante los Fondos estructurales. Necesitamos disponer de información: información de calidad, pero también oportuna. He de recordar que en los documentos que vamos a examinar dentro de unos minutos sobre los Fondos estructurales, las cifras relativas, por ejemplo, a Portugal, que figuran en el documento corresponden a 1991 y no abarcan todas las regiones portuguesas.
Por otro lado, ese acompañamiento permite que podamos ir encontrando vías relativas a lo que es preciso rectificar, a lo que ha sido el resultado de nuestra evaluación de la aplicación de los Fondos estructurales, en particular para poder tener ya bases de trabajo seguras con vistas a las nuevas formulaciones, al iniciarse, a partir de 1999, un nuevo período de realización de la cohesión económica y social.
Concluyo subrayando la necesidad de articular políticas dentro de la Unión Europea, ya sean de medio ambiente, de transportes o de construcción de infraestructuras, y de articular más enérgicamente las políticas que contribuyen a deshacer las asimetrías y que son cometido, por un lado, de la Unión Europea y, por otro, de los Estados miembros, que también tienen cometidos a ese respecto.

Sierra González
Señor Presidente, en nuestro Grupo consideramos que, tal como dice el Sr. Teverson en su magnífico informe, los Fondos estructurales constituyen el principal instrumento para paliar las desigualdades entre los distintos países de la Unión Europea y para reforzar la cohesión económica y social. Por ello es necesaria la simplificación de todos los programas, para que los ciudadanos de la Unión puedan comprender el beneficio de la solidaridad entre las naciones que la componen. Sin embargo, creemos que han sido y son insuficientes los proyectos en los cuales participan las mujeres y ello debe ser una obligación en los restantes programas y futuros ejercicios.
La igualdad entre mujeres y hombres constituye un compromiso que la Unión Europea adquirió en Pekín en la IV Conferencia mundial sobre la mujer, así como en el IV Programa de acción para la igualdad de oportunidades, por lo que su inclusión en los Fondos estructurales debe ser una obligación para los Estados miembros, para la Comisión y para este Parlamento.

Schroedter
Señor Presidente, señoras y señores, ante el hecho de que el abismo existente entre las regiones ricas y pobres se sigue agrandando y ante el hecho de que la política de ahorro inspirada en la Unión Monetaria sacude y pone en peligro todo el sistema de cohesión económica y social, es urgentemente necesario realizar los máximos esfuerzos para lograr una aplicación efectiva de los Fondos Estructurales.
El nuevo reglamento ofrece enfoques para lograr un desarrollo sostenible en las regiones más desfavorecidas. Pero a pesar de que este es un criterio del reglamento, la Comisión no ha examinado en los programas ni en su ejecución si los Fondos Estructurales aplican realmente un desarrollo sostenible en las regiones teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales. En el informe tampoco se habla sobre otras normas, como por ejemplo, el respeto al principio de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, los Estados miembros no han tenido que demostrar que han incluido a tiempo en las fases de planificación y ejecución a los interlocutores medioambientales. Hay que exigir a la Comisión que cumpla mejor sus obligaciones; debe controlar y ante todo intervenir. El Parlamento no puede aceptar que las PYME sigan teniendo aún tantas dificultades para acceder a los créditos. ¿De qué sirven maravillosas estrategias para ayudar a las PYME a nivel europeo si los Estados miembros, como es el caso de Alemania, les dificultan el acceso limitando las posibilidades de ayudas europeas? ¿Porqué permite la Comisión que se ignore de tal modo el nuevo reglamento sobre los Fondos Estructurales? ¿Qué hace en contra?

Antony
Señor Presidente, hasta ahora no se había elaborado ningún balance completo de la aplicación de los fondos estructurales, y reconocemos que el informe de nuestro colega Teverson tiene un mérito indiscutible desde ese punto de vista. Los informes anuales consistían únicamente en un estado de cumplimiento del presupuesto y una descripción de las actividades de los fondos por objetivo y Estado miembro. El informe anual de 1994 presenta una evaluación de las intervenciones en función de los distintos objetivos, que tiene por objeto determinar el impacto económico y aislar los efectos específicos que dependen de las contribuciones comunitarias.
Este informe reconoce la existencia de numerosas irregularidades e incluso de casos de fraude por parte de los Estados miembros o de las regiones en la utilización de los fondos estructurales. No obstante, no podemos por menos de lamentar que la Comisión no se comprometa a reforzar con mayor rapidez y rigor los controles existentes con el fin de garantizar la buena ejecución de los proyectos. Con respecto al presupuesto comunitario, la parte correspondiente a los fondos estructurales que en 1984 se elevaba a un 12 %, alcanzó el 30 % en 1994, y alcanzará el 35 % en 1999. El informe se congratula del incremento de la asignación concedida a los fondos estructurales para el período 1994-1999, el cual asciende a 141.000 millones de ecus.
En lo que a nuestro Grupo se refiere, no somos de la misma opinión. Como contentarse con la existencia de unos fondos que tienen como única vocación dar con una mano para poder recibir más con la otra. El incremento masivo de los medios financieros no es ciertamente la respuesta adecuada al objetivo de cohesión económica y social que Europa desea. ¿Acaso es necesario recordar que los fondos estructurales ofrecen resultados muy diferentes entre sí? En efecto, en términos de crecimiento, Grecia e Italia no han recuperado su retraso en relación con la media comunitaria, a pesar de todas las ayudas recibidas. En términos de empleo, la situación se ha deteriorado en la mayoría de los Estados, salvo en Portugal. En términos de convergencia de los criterios económicos, los objetivos fijados por el Consejo en materia de reducción de los déficits excesivos no se han cumplido hasta ahora.
Por consiguiente, si debemos congratularnos de las denuncias de las disfunciones inherentes a los fondos estructurales, con mayor motivo debemos negarnos a ser garantes de esa política.

Speciale
Señor Presidente, el ponente Sr. Teverson y la comisión en su conjunto han llevado a cabo un excelente trabajo y me parece que en el informe se formulan sugerencias y críticas muy útiles. Lo que estamos debatiendo es el análisis de 1994, sin embargo, y es justo que sea así, hemos ido más allá. Para hacer unas reflexiones más generales, nos hemos basado en el hecho de que -y esto no solamente en 1994- la utilización de los Fondos estructurales no es satisfactoria. Sabemos que existen diferencias entre los Estados, las regiones y los objetivos y que las circunstancias no son todas iguales, pero globalmente no es satisfactoria. Siguen existiendo determinadas responsabilidades de los Estados, de las regiones y de las realidades nacionales, que conocemos y respecto a las que se han dicho algunas cosas fundamentales. Por otra parte, son los mismos Estados -y respecto a esto tiene razón el Sr. McCarthy- los que luego nos proponen el recorte del presupuesto asignado a los Fondos estructurales. La cuestión es muy seria y muy grave.
En el debate acerca del informe Teverson hemos abordado dos cuestiones que deseo mencionar. El primer lugar, el procedimiento de los Fondos estructurales se ha convertido en demasiado complejo, difícil y farragoso, por lo que es necesario simplificarlo. Debemos proponernos este objetivo: hay que empezar en seguida y hace falta, dentro de lo posible, modificar cuanto antes la programación y la gestión de estos Fondos, sobre la base de las orientaciones del Consejo de los Ministros de los días 3 y 4 de mayo, en particular con vistas a la simplificación y transparencia de los procedimientos.
En segundo lugar, debemos empezar a reflexionar sobre los reglamentos que deben ser reformados y elaborados de nuevo antes de 1999 a fin de convertirlos en más útiles y más acordes con la nueva fase de la Unión Europea. De todos modos, será un paso obligado, sobre todo si se lleva a cabo la ampliación. La Comisaria Sra. WulfMathies hizo públicas unas manifestaciones muy interesantes respecto a este punto. Quizás ahora haría falta traducirlas en algún documento y hacer una amplia reflexión entre nosotros. Así y todo, debemos decir claramente que existen demasiados fondos y demasiadas instituciones que se ocupan de los mismos, así como demasiadas direcciones generales y demasiada complejidad y por ello, existe el riesgo de una superposición de objetivos e instrumentos. Es una cuestión que no podemos soslayar. Es evidente que no vamos a solucionarla antes de 1999, sin embargo, debemos empezar a afrontarla, junto con el papel del Parlamento Europeo, en el reglamento de los Fondos estructurales, así como en las perspectivas financieras, que son un aspecto fundamental. Creo que éstas son las cuestiones que debemos empezar a debatir.

Rusanen
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, entre los principios fundamentales del Tratado de Maastricht figura el reforzamiento de la unión económica y social. En dicho tratado se especifica que la Comunidad debe intentar compensar los desequilibrios existentes en el desarrollo de las diversas regiones. Con este objetivo se persigue que también los habitantes de las regiones más aisladas puedan vivir y desarrollar actividades económicas. Gracias a la política regional y estructural de la Unión se puede dar un considerable impulso para reducir las diferencias de desarrollo regional, ya que los fondos correspondientes a la política regional representan ya un tercio del presupuesto de la Unión Europea. Es posible reforzar en una medida aún mayor la contribución de los programas de iniciativa comunitaria en la política regional de cada país mediante, por ejemplo, la aplicación combinada del programa INTERREG 2 con la cooperación transfronteriza y la intensificación del aprovechamiento del resto de programas en materia de política urbana y rural. Es perfectamente posible establecer una mayor interacción entre los diversos programas, por ejemplo, en el marco de URBAN y LEADER. Desde la perspectiva de Finlandia, uno de los nuevos Estados miembros, resulta de gran interés conceder una mayor importancia a la región del mar Báltico. En la práctica, esto implica que la política báltica de la Unión Europea deberá apoyar la interacción espontánea en la región. Por lo que respecta a los países periféricos del mar Báltico, debemos hacer un uso más eficiente de las posibilidades que nos ofrecen los programas englobados en INTERREG 2C y los puntos de ayuda de los programas PHARE y TACIS en territorio finlandés. Si, por ejemplo, se escogieran las zonas fronterizas finlandesas como base del programa TACIS para la Rusia noroccidental y se destinaran fondos de ayuda para la aplicación de los propios programas, en vez de llevar a cabo meras labores de planificación y de consulta, se podría fomentar de una manera más efectiva que en la actualidad el desarrollo de la actividad de las PYME en las regiones fronterizas. Desde mi punto de vista, la propuesta lanzada por el Comité de las Regiones para que la Comisión elabore un programa de principios y de acción específico para las regiones nórdicas merece todo nuestro apoyo. Espero que se puedan tomar en consideración, y que se tomen de hecho, estas observaciones a la hora de reformar los fundamentos de la política regional, lo cual deberá hacerse, a más tardar, en 1999. Sabemos que actualmente hay doce Estados aspirantes a ingresar en la Unión Europea, así como que su incorporación incrementará desmesuradamente los gastos comunitarios. A pesar de que la ampliación representa la respuesta de la Unión a los nuevos retos del continente europeo, es perfectamente posible que nos veamos obligados a reformar tanto la política regional como, incluso, la política agrícola de la Unión Europea. Por este motivo y, ante todo, con el fin de evitar la aparición de crisis, tanto los países candidatos como los que ya son miembros de la Unión deberán tratar de una manera muy sistemática la ampliación y las soluciones que ésta requiera.

Nußbaumer
Señor Presidente, el informe sobre el sexto informe anual de la Comisión sobre los Fondos Estructurales 1994 critica justificadamente los puntos flacos de dichos fondos y confirma nuestra tesis de que su dotación debe reducirse por el momento. La ausencia de transparencia de su estructura organizativa, la reducida dimensión transfronteriza de los programas estructurales, la ausencia de datos sobre el flujo de pagos realizados a los Estados miembros o la deficiente cooperación de las autoridades estatales, impiden un trabajo administrativo concentrado y eficiente, la optimización de los sistemas de control y abre por tanto de par en par las puertas a los abusos y al fraude.
El Tribunal de Cuentas se queja de que los Estados afectados no han escuchado sus propuestas de mejora. Pero también el hecho de que los Fondos Estructurales tengan que ser cofinanciados por los diversos Estados, supone un anacronismo entre las normas necesarias para respetar los criterios de convergencia para llegar a la UEM, por un lado, y los créditos necesarios adicionalmente para la cofinanciación de los programas estructurales en los Estados miembros, por otro.
De esta forma, los Fondos Estructurales no crean nuevos puestos de trabajo o sólo muy pocos. Los ya existentes a lo sumo se redistribuyen. Debemos recapacitar al respecto.

Myller
Señor Presidente, señor Comisario, el desempleo constituye el mayor problema en todo el territorio de la Unión Europea. En casi todos los países miembros los índices de desempleo, y en especial del creciente desempleo de larga duración, han aumentado hasta alcanzar dimensiones insostenibles. El total del presupuesto de la Unión Europea equivale al dos por ciento de la suma de los productos nacionales brutos de todos sus Estados miembros. Los recursos disponibles anualmente en los Fondos estructurales corresponden a un tercio del total del presupuesto. A partir de estas cifras resulta fácil deducir que los recursos de que disponemos para encontrar soluciones a los problemas de orden estructural, y -por lo tanto- también al problema del desempleo, son muy limitados. Así pues, por este motivo, debemos prestar una atención cada vez mayor al uso que se hace de estos recursos y a la elaboración de programas eficaces que permitan reducir el desempleo y, especialmente, crear nuevos puestos de trabajo. Tan importante como el análisis de los anteriores programas en materia de política estructural es, como ya se ha dicho aquí, nuestra capacidad para aprender de dichos programas a fin de elaborar mejor los venideros. La aplicación de los programas en materia de política regional se llevan a cabo respetando el principio de subsidiariedad. Sin embargo, a todos, la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, la Comisión y, también, el Consejo, nos corresponde velar por que determinados asuntos se lleven a cabo en el marco de la política regional europea. Además de fomentar la creación de empleo, los proyectos que se apliquen con financiación europea deberán, ante todo, promover el progreso y el desarrollo social. Los proyectos habrán de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad del mañana. Así pues, todos aquellos temas a los que el Comisario ha hecho anteriormente referencia como, entre otros, la oferta de la cultura, los medios de comunicación, la formación y la sociedad de información al servicio de los nuevos puestos de trabajo, deberán incluirse en una medida aún mayor en los nuevos programas para, de este modo, lograr la creación de verdaderos puestos de trabajo en Europa.

Hatzidakis
Señor Presidente, creo que el informe del ponente, con las enmiendas presentadas por la Comisión de Política Regional, está bien encaminado y expresa con claridad la posición del Parlamento Europeo respecto a la aplicación de los Fondos estructurales en 1994. No obstante, me parece necesario hacer cuatro o cinco observaciones que, desde mi punto de vista, son de especial importancia.
En primer lugar, creo que estamos otra vez ante un retraso en la publicación del informe, aunque menor que en el caso de informes anteriores; soy consciente de que se ha realizado un progreso. Tan sólo quería dejar constancia de este hecho para que los informes de los años siguientes se sometan antes a examen, ya que hoy, en 1996, cuando han transcurrido dos años, estamos hablando sobre lo que sucedió en 1994.
En segundo lugar, creo que hay que poner más el acento en el aspecto transeuropeo de la aplicación de los Fondos estructurales, apoyando la cooperación entre las regiones periféricas y los Estados miembros, a fin de que haya un mayor acercamiento a la Unión tanto de las regiones periféricas como de los ciudadanos.
En cuanto a la evaluación de la aplicación de los Fondos estructurales, opino también que hay que encontrar una metodología clara, práctica y fiable de hacerlo, durante y después de su desarrollo. Sé que esto no es fácil, ni algo que se pueda hacer de un día para otro. Tan sólo quisiera indicar que me gustaría que nuestras deliberaciones se basen en datos más fiables.
Además, en mi opinión, habría que intensificar y ampliar los controles locales que ejerce la Comisión sobre la correcta realización de las obras, ya que esto ayudaría a que los proyectos subvencionados con cargo al presupuesto comunitario se llevaran a cabo de forma más rápida y fiable.
Por último, quisiera subrayar que sería oportuno estudiar métodos que faciliten una mayor participación del sector privado en los Fondos estructurales, ya que los resultados de su aplicación serían así mucho más sustanciales, dado que las cantidades disponibles, lógicamente, serían mucho mayores.

Howitt
Señor Presidente, comenzaré felicitando no sólo al ponente, sino también a la propia Comisión. El informe presentado toma nota detenidamente de las recomendaciones hechas el año pasado por mi estimada colega la Sra. Frutos Gama y la resolución aprobada por el Parlamento Europeo.
Así, pues, lo que sigue preocupándonos no es, en general, el contenido o los análisis del informe, sino lo que dice y lo que no dice sobre los resultados de los propios programas ejecutados con cargo a los Fondos estructurales. Lo que el informe sí que dice es que se dan importantes y perjudiciales retrasos en los pagos a las localidades y regiones y que algunos gobiernos pasan por alto deliberadamente el principio de adicionalidad y utilizan el dinero con cargo a los Fondos estructurales para pagar los sueldos de sus propios funcionarios.
Se trata de una historia con la que estamos familiarizados en el Reino Unido y que debería intensificar nuestra determinación de velar por que los fondos lleguen rápidamente a aquellos a los que van destinados sobre el terreno. Lo que el informe sí que dice es que se asignan fondos para iniciativas comunitarias y medidas innovadoras, algunas de las cuales quedan fuera de los objetivos principales y que no se gastaron o sólo se empezaron a gastar durante el año a que corresponde el informe. La Comisaria sabe que tuve mucho gusto en hacer de ponente sobre estos últimos programas conocidos colectivamente como artículo 10. Lo que el informe no dice es que el retraso en dichos programas perjudica concretamente a las localidades y regiones que padecen problemas económicos reales -por ejemplo, en sectores industriales o de formas nuevas y diferentes-, pero que no reúnen los requisitos para recibir otros tipos de asistencia europea. No se debe utilizar ese retraso en los pagos como excusa para atacar el presupuesto para esas importantes medidas ni se debe permitir que quienes no estén familiarizados con los programas europeos se desanimen y no se beneficien plenamente de ellos. En el oportunísimo debate sobre la concentración, no se deben dejar de lado esos aspectos.
Por último, lo que el informe sí que dice es que en las consultas han participado los interlocutores sociales. Lo que no recoge es la profunda preocupación que hemos expresado sobre la mala utilización del dinero con cargo a los Fondos estructurales para beneficiar a servicios privatizados, entre ellos «Anglia Water» en mi circunscripción de Essex, en el Reino Unido. Pedimos a la Comisaria que mantenga sus investigaciones a ese respecto y yo le agradecería que abordara este aspecto en particular en su respuesta.

Valverde López
Señor Presidente, yo también me sumo a las felicitaciones que han expresado mis colegas al ponente porque realmente ha realizado un gran trabajo que compartimos y, por lo tanto, no es necesario repetir muchas de las cuestiones que ya están en este informe, que hacemos también nuestro.
Yo comprendo que también para la Comisión debe ser un poco aburrido ir oyendo, diputado tras diputado, las mismas cuestiones. Pero creo que esto le debería servir de base para comprobar que todo el arco parlamentario, desde un extremo al otro, coincidimos bastante en las críticas, apreciaciones y también en las propuestas. También creo que es muy importante tener en cuenta el sentido general de todas nuestras intervenciones. No van, en general, contra el trabajo de la Comisión, sino muchas veces contra el propio sistema que tenemos y la insuficiencia de medios, tanto de la Comisión como de este Parlamento. Y esto también debe quedar muy claro. Parlamento y Comisión trabajan en estos ámbitos desde hace muchos años de una forma muy coordinada y muy positiva.
Dicho esto, también hay que decir que los informes anuales no son suficientes para nuestro trabajo parlamentario y para nuestra responsabilidad de hacer el seguimiento y control de estos Fondos. Y estos Fondos -hay que recordarlo- son muy importantes. Después de las inversiones agrícolas es el capítulo más importante del presupuesto comunitario. Y nosotros lo único que hacemos cada año es aprobar una línea presupuestaria y después nos encontramos con informes con dos o tres años de retraso. Creo que este Parlamento no puede trabajar con este tipo de informes. Aunque los informes han mejorado paulatinamente -y esto hay que reconocerlo-, creo que se tiene que superar la fase contable y entrar en las valoraciones, que para nosotros son esenciales y que venimos exigiendo año tras año. Tal puede ser el caso de la valoración que debe hacerse de la adicionalidad, uno de los requisitos esenciales de la organización de los Fondos estructurales, que en el propio informe de la Comisión es muy decepcionante. Para cualquiera de nosotros es decepcionante estar trabajando sobre un informe de 1994 donde hay un párrafo, en la página 174, que dice que no se puede dar una valoración adecuada de la adicionalidad porque no se dispondrá de todos los datos hasta final del año 1995. Pero estamos discutiendo de estos temas ya casi a finales de 1996. Esto no es positivo ni para la Comisión ni para nosotros a la hora de hacer una evaluación positiva.
Yo creo que nosotros necesitamos también tener acceso a los informes de seguimiento. Yo he conocido algunos. Realmente yo creo que ni para la Comisión ni para este Parlamento pueden ser satisfactorios. Son unos meros informes de carácter administrativo, que prácticamente no dicen nada y que son decepcionantes. Creo que podemos y debemos exigir que esos informes de seguimiento tengan un contenido.
Señor Presidente, hay otros temas sobre los que quería haber insistido, sobre todo en el ámbito del Fondo Social Europeo, al que algunos compañeros ya han hecho referencia, pero nos causa una gran preocupación el control del Fondo Social Europeo y tendremos que insistir entre todos y llegar a una evaluación mucho más positiva y detallada.

Rack
Señor Presidente, el informe Teverson se refiere al año 1994. Austria no era aún miembro de la Unión Europea. A pesar de ello o precisamente quizás por ello, este informe es importante para nosotros, pues no solamente se aprovechan los errores mostrados para criticar el «perfomance» pasado sino que además se apela para corregir este estado de cosas. Tales errores los hemos registrado también en Austria en estos dos primeros años de nuestra pertenencia a la Unión Europea en los que hemos practicado una política regional en cooperación con Europa, por lo que también debemos extraer de este informe algunas cosas relevantes para nosotros.
Me voy a referir en especial a dos puntos: en el punto 9 se critica con razón que las estructuras de la ayuda regional europea son demasiado complicadas. Tanto la administración como las estructuras generales están configuradas de tal modo que nadie puede vanagloriarse de conocer realmente este campo. Se puede formular también de otro modo: muchos no entienden cómo funcionan los diversos Fondos con las unidades administrativas y todo esto a su vez con la cofinanciación nacional.
En el punto 17 se dice que nadie, tampoco la Comisión, sabe dónde y de qué modo concreto se gasta el dinero de la UE pues, por lo visto, hay una grave carencia de información. Ambos puntos de crítica afectan también a las primeras experiencias que hemos tenido en Austria con el tema de la ayuda regional, por lo que debemos aprender de estos errores. En especial, en un país, que se incluye entre los contribuyentes netos de la Unión, por lo que existe también una obligación de justificar lo que se hace, no debemos cometer errores pues sólo puede ser negativo para la Unión Europea y para nosotros, en especial pocas semanas antes de las elecciones europeas en nuestro país. Por ello, en Austria tenemos que intentar aprender de este informe y no cometer los errores mencionados.
Hay algo de lo que podemos estar orgullosos en la política regional. No tenemos tampoco porqué ocultar nuestros méritos. La Sra. Comisaria ha estado dos veces en nuestro país y ha podido cerciorarse. Una delegación de la Comisión de Política Regional ha estado también en Austria, en Estiria, y ha comprobado que hacemos cosas razonables con el dinero, con el propio y con el de Europa.
De lo que se trata aquí es de mostrárselo con transparencia a nuestros ciudadanos. Hay un principio que creo debería tenerse en cuenta de modo general y muy en especial en tiempos electorales: actúa bien y habla al respecto.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente de la Comisión de Política Regional, Sr. Teverson, así como a los demás ponentes de las otras comisiones, por haber presentado al Parlamento una propuesta de resolución muy amplia sobre el sexto informe anual de la Comisión sobre los Fondos Estructurales 1994 para que emita una resolución.
Comprendo su crítica al retraso que hemos tenido y también me parece lamentable que en septiembre de 1996 debatamos en el Parlamento sobre 1994. Creo que en el futuro podremos coordinar algo mejor nuestras actividades para garantizar la rápida aplicación de las observaciones realizadas.
El informe Teverson muestra que la política de cohesión despierta un gran interés y apoyo en el Parlamento Europeo. Exige con razón que los créditos político-estructurales no sólo se apliquen con eficacia sino que se informe también con rapidez a las ciudadanas y ciudadanos sobre estas ayudas. La propuesta de resolución y las opiniones de las comisiones plantean en parte unas importantes cuestiones básicas sobre la política estructural que van más allá del mandato y del período de un único informe anual. Son, por ello, unas importantes sugerencias para nuestro trabajo futuro aunque hoy no podamos aclarar de modo definitivo todas las interrelaciones existentes entre la política regional europea y nacional y las repercusiones de la Unión Monetaria sobre la cohesión.
Veo la propuesta de resolución como parte de un diálogo continuado entre el Parlamento y la Comisión que deberemos profundizar en los próximos meses cuando se haga un balance intermedio de la política estructural en el marco del informe de cohesión. La propuesta de resolución recuerda con razón a los Estados miembros su responsabilidad en estos casos. Me parece importante que el Parlamento Europeo apoye a la Comisión en el intento de llegar a regulaciones con los Estados miembros que mejoren el control financiero y la ejecución presupuestaria, garanticen una evaluación sistemática y fortalezcan el principio de cooperación en la ejecución de la política estructural.
Permítanme que me refiera más detalladamente a algunas cuestiones. El ponente se queja de que el Parlamento ha participado insuficientemente en la determinación de la política estructural para el período 1994-1999 y exige una mayor participación en el futuro. Ustedes saben que desde un principio he apoyado esta exigencia y la Comisión, en su opinión emitida sobre la Conferencia Intergubernamental, ha exigido entretanto que el procedimiento de codecisión se amplíe a los Fondos Estructurales. Creo que esta es una regulación clara y directa que ya no haría necesario andar mendigando información adicional.
Se exige una precisión y cualificación de los objetivos de la política estructural. No comparto la crítica fundamental del informe en el sentido de que los objetivos no están claros en absoluto, pues, en primer lugar, están los objetivos 1 a 6, que se entrecruzan en parte pero que muestran muy claramente cuáles son y, en segundo lugar, en los programas se muestran objetivos que son evaluados ex ante por expertos independientes antes de que los programas sean aprobados por la Comisión. Naturalmente, también aquí hay algunos a los que les gustaría la máxima precisión, mientras que otros se han pronunciado en favor de una mayor flexibilidad. Yo creo que debemos encontrar una vía intermedia razonable entre la claridad de los objetivos básicos y una actitud flexible para reaccionar ante las peculiaridades regionales. No podemos planificar en Bruselas un programa sobre la mesa, ni tampoco en la Comisión o en el Parlamento, sino que las regiones deben tener también la posibilidad de participar en la configuración introduciendo modificaciones durante la aplicación de los programas.
No obstante, me parece importante que la Comisión, dentro del marco del Reglamento de los Fondos Estructurales en vigor, se siga esforzando en concentrar las medidas estructurales en los objetivos prioritarios, por ejemplo, en la lucha contra el desempleo. A propuesta mía, la Comisión, tras una extensa deliberación en la Comisión de Política Regional del Parlamento, ha presentado unas líneas directrices para la elaboración de los nuevos programas del objetivo 2 y creo que las encontrarán en el correspondiente informe.
Por lo demás, esto ha permitido que al adoptar las decisiones sobre los programas del objetivo 2 se hayan acelerado los procedimientos al posibilitar también que los programas en vigor prosigan tras el correspondiente acuerdo con los Estados miembros.
También hemos logrado progresos en la cuantificación de las perspectivas de política estructural, pero coincido con ustedes en que no son aún suficientes, lo que es en especial aplicable al número de puestos de trabajo creados, a su duración, a las medidas dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades y a los efectos medioambientales. Creo que debemos ser más precisos al respecto en los próximos informes anuales.
Los métodos de evaluación se han mejorado en cooperación con los expertos. Creo que los Estados miembros tienen una mayor comprensión sobre la necesidad de la evaluación y espero que esto conduzca a una mejora de las futuras propuestas de programas.
En la propuesta de resolución se llama la atención sobre el significado de las medidas transnacionales y comparto la positiva valoración que se hace. En el marco de las perspectivas de política estructural acordadas en Edimburgo, hemos utilizado las posibilidades de participación, por ejemplo, en lo tocante a la distribución de la reserva de las iniciativas comunitarias de acuerdo con el Parlamento. No solamente hemos elevado INTERREG sino que hemos creado unas nuevas posibilidades de cooperación interregional con INTERREG II C. También se ha fortalecido el artículo 10, medidas piloto, aplicándolo a proyectos transnacionales, redes urbanas, intercambio de experiencias transnacionales y best practices . Si queremos hacer algo razonable, reconozco que deberíamos hablar más al respecto, tal como se ha expuesto.
Pero permítanme que diga también otra cosa: el carácter regional de la política estructural tiene su propia justificación cuando se trata de que las regiones desfavorecidas alcancen la media comunitaria. Los retrasos mencionados en el flujo de créditos de 1994 fueron motivo para mí para espolear tanto a los servicios de la Comisión como a los Estados miembros para que decidiesen y ejecutasen con rapidez las medidas de política estructural. A este respecto, la clara mejora de la ejecución presupuestaria de 1995 y la aceleración que se espera para 1996 del flujo de créditos no es aún motivo para bajar la guardia.
También las autoridades nacionales y regionales competentes tienen que ser conscientes del peligro de que los retrasos en la tramitación de los programas acumulen los pagos al final del período de planificación. Pero esto no debe repercutir negativamente sobre la calidad de los programas. Tenemos que encontrar, por ello, un camino para combinar la necesaria solidaridad con las regiones de estructuras más débiles de la Unión con el derecho del contribuyente europeo a una utilización ahorrativa y eficaz de los fondos. Les ruego encarecidamente que tengan en cuenta -expreso mi agradecimiento a la Sra. McCarthy por el apoyo otorgado- que en Bruselas no podemos construir una superburocracia sino que el principio de subsidiariedad en vigor exige que los Estados miembros realicen adecuadamente sus tareas. No debemos intentar establecer aquí una doble burocracia sino exigir una mayor responsabilidad a los Estados miembros mediante nuestros esfuerzos en el marco de SEM 2000.
Respecto a la política de medio ambiente, ruego al Parlamento, que cuando adopte su resolución tenga en cuenta que la Comisión ha reaccionado a la exigencia de una política estructural compatible con el medio ambiente. En la letter of understanding , que la Comisión ha transmitido al Parlamento y en la comunicación de la Comisión sobre la política de cohesión y medio ambiente se enumeran una gran cantidad de medidas en cuya aplicación hemos logrado también unos claros progresos, tal como ha mostrado el último debate con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, si bien sólo se podrán reflejar en futuros informes.
Para finalizar, quiero asegurarles que la Comisión va a utilizar su resolución con el objetivo de que el informe anual de 1995 sea aún más informativo. Quiero anunciar ya que se va a incluir un capítulo propio sobre política de medio ambiente y espero que algunas de las mejoras no se apliquen sólo a partir del nuevo período del año 2000 sino que se haga ya hoy en el marco de lo que es posible y que ustedes puedan leerlo también en los futuros informes.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Intervenciones estructurales en Grecia, Portugal y España
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0240/96 del Sr. Klironomos, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la decisión de la Comisión relativa al establecimiento del marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones de Grecia afectadas por el objetivo nº 1, es decir, la totalidad del territorio, -A4-0087/96 del Sr. Chichester, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre problemas de desarrollo en el marco de las medidas estructurales del objetivo nº 1 en Portugal; -A4-0163/96 de la Sra. Sierra González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria EuropeaIzquierda Verde Nórdica, sobre los problemas de desarrollo/intervenciones estructurales a título de los objetivos 1, 2 y 5b en España (1994-1999).
Klironomos
Señor Presidente, el establecimiento del marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales en la totalidad del territorio griego, como región del objetivo nº 1, constituye un importante medio de apoyo a los esfuerzos de desarrollo económico y social de Grecia, para darle un impulso en su camino hacia la Unión Económica y Monetaria y para que asuma el papel que debe y puede desempeñar en la región de los Balcanes y en el sudeste de la cuenca mediterránea.
La estrategia del programa de desarrollo regional, tal como fue presentado a la Comisión por el Gobierno griego y aprobado por la Comisión el 13 de julio de 1994, es coherente con las grandes metas definidas en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo y gira en torno a cinco ejes básicos de desarrollo: la modernización de la infraestructuras básicas, la mejora de las condiciones de vida con acciones globales en el ámbito del desarrollo urbano, el sistema sanitario y el medio ambiente, el desarrollo de los recursos humanos, el fomento de la competitividad del tejido económico, la reducción de las desigualdades regionales y la supresión del aislamiento de las regiones insulares mediante 13 programas regionales.
Para la financiación del marco comunitario de apoyo durante el período de 1994-1999, se prevé conceder a Grecia 13.980 millones de ecus con cargo a los Fondos estructurales, sin contar los recursos del Fondo de Cohesión, ni los procedentes de la financiación de las restantes iniciativas comunitarias. Tanto las autoridades griegas como la Comisión expresan su optimismo en cuanto a la importancia que el marco comunitario de apoyo tendrá como contribución al conjunto de la economía griega. Se calcula que los recursos comunitarios alcanzarán un 4, 2 % del PIB, como promedio anual, y que el índice anual de variación del PNB aumentará en 0, 9, mientras que, en materia de empleo, se calcula que sin el MCA, al finalizar el período se contaría con unos 100.000 puestos de trabajo menos.
Me parece oportuno mencionar algunas características básicas de la economía griega, a fin de hacer más comprensible la estrategia global del programa de desarrollo regional:
Las infraestructuras básicas del país se consideran insuficientes: presentan enormes deficiencias en todos los ámbitos. El sector más importante de la economía griega es el agrario, que representa más del 20 % al 22 % del PNB. La participación del sector industrial en el conjunto de la economía nacional aumenta a un ritmo muy lento, mientras que el sector de servicios ha experimentado un progreso importante durante los últimos años. En el epicentro del sector de servicios se encuentra el turismo, que, sin embargo, al igual que el conjunto de la economía griega, encuentra gravísimos problemas relacionados con las infraestructuras, en especial en el ámbito de los transportes y de las telecomunicaciones.
El volumen de la economía griega es limitado, y el bajo rendimiento de sus sectores básicos, especialmente de la industria y de la agricultura, la insuficiencia de infraestructuras y equipos, así como el bajo nivel de formación profesional de la población activa, son factores que dificultan por igual el desarrollo del país.
Pese a todo, la economía griega presenta varios elementos dinámicos, tales como importantes recursos naturales por explotar, condiciones climatológicas y medioambientales favorables, un riquísimo patrimonio histórico, una situación geográfica estratégica, y un gran número de empresarios dinámicos y en situación ventajosa para beneficiarse de la situación estratégica del país.
Por lo demás, el procedimiento de ejecución del MCA puso al descubierto la magnitud de las deficiencias de la administración pública griega al programar, proyectar y, por último, llevar a cabo las grandes obras públicas incluidas en el programa, y obligó al Gobierno griego a establecer un nuevo marco legislativo para la planificación, licitación y ejecución de las grandes obras públicas, y a crear mecanismos que ayuden en la puesta en práctica de estos grandes proyectos: la Unidad de Organización de la Gestión, la Comisión mixta de orientación, el Centro Griego de Inversiones etc. Como consecuencia de estas deficiencias de la administración pública y de las decisiones que, en consecuencia, tuvo que adoptar el Gobierno griego, se retrasó el inicio de la realización de las grandes obras, lo cual dio lugar a una absorción y una utilización insuficiente de los recursos comunitarios.
En términos generales, la imagen que se va conformando de la evolución de la aplicación del programa es desigual: hay sectores en los que esa imagen es negativa, dado que el coeficiente de utilización de los recursos es de insignificante a nulo, mientras que en otros sectores es positiva. Es positiva la evolución de las grandes obras de infraestructuras en los transportes y la energía, el medio ambiente, la investigación y la tecnología. Por el contrario, es negativa en la industria, la sanidad, la administración pública, la educación y el empleo. Por lo tanto, es absolutamente necesario imprimir un ritmo más veloz a la ejecución de los programas, con el fin de acelerar también el ritmo de aumento del PNB, en la medida que éste se ve influido por el MCA. De otro modo, los objetivos de la cohesión económica y social y de la convergencia real se alejarán. La demora en la ejecución del MCA resultará muy costosa, no por falta de recursos comunitarios, sino, principalmente, por el retraso en la aparición de los efectos positivos que se espera obtener de la realización de los programas en él previstos.
No se puede pasar por alto el hecho de que los esfuerzos realizados por el Gobierno griego para alcanzar los objetivos del MCA, y los sacrificios económicos a los que el pueblo griego se ve sometido a fin de poner en práctica el costosísimo programa de convergencia de la economía griega, esfuerzos compatibles e interrelacionados, están realizándose en condiciones que resultarían extremadamente adversas para cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, dado que Grecia es el único país de la Unión cuya soberanía territorial está amenazada, lo cual le obliga a asignar a la defensa nacional un porcentaje de su PNB, ya de por sí muy bajo, que duplica con creces el de cualquier otro país de la Unión.
Por último, aunque la cuantía total de los recursos comunitarios previstos para la realización del programa se considera grande, y lo es, se estima insuficiente para cubrir las grandes necesidades que Grecia tiene en el ámbito de las obras de infraestructuras básicas. Si además se tiene en cuenta que el enorme déficit público absorbe gran parte de los recursos nacionales de Grecia, dejando un porcentaje mínimo para inversiones públicas, no cabe duda de la importancia que tiene utilizar los recursos disponibles de la manera más productiva, efectiva y eficaz posible.

Chichester
Señor Presidente, tal vez debería comenzar señalando que soy ponente como diputado de un país diferente de aquel a que se refiere este informe. No sé si esto podría o debería ser un precedente.
La primero que quisiera hacer es señalar los avances reales logrados en Portugal para reducir el desfase entre su producto interior bruto y la media de la UE durante el período de vigencia del anterior marco comunitario de apoyo en el período 1989-1993.
En segundo lugar, quisiera señalar que el programa actual entraña una transferencia muy substancial de fondos a Portugal con cargo al presupuesto de la UE por un importe de casi 24.000 millones de ecus, incluidos los préstamos del BEI. Se trata de una suma respetable, se mire como se mire. Sin embargo, los primeros resultados indican que la ejecución del programa fue lenta al principio y en los primeros años se utilizaron pocos fondos. Ese fenómeno parece común a todos los programas ejecutados con cargo a los Fondos estructurales, a juzgar, desde luego, por nuestra experiencia de mi circunscripción de Devon con el objetivo 5b. Me parece que se debe en parte a que la Comisión lo denomina programa para el período 1994-1999, cuando el primer año suele estar dedicado a las negociaciones sobre los detalles del marco y, por lo general, no se pueden hacer las aplicaciones hasta que se haya acordado el documento. Eso puede provocar confusión y decepción entre quienes no estén familiarizados con el sistema.
Otro problema en el programa portugués ha sido el de la supervisión y la evaluación. Es esencial que los Estados miembros ejerzan el control idóneo de los gastos con cargo a los Fondos estructurales para velar por que se dediquen al objetivo correcto y se consiga el rendimiento idóneo con los fondos. En el párrafo 3 de este informe se pide a las autoridades de Portugal, así como a la Comisión, que tomen nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas a ese respecto en su informe especial. Este informe hace también varias referencias a la educación, en particular en los párrafos 7 y 9, y resulta digno de mención que la prioridad 1 del programa marco sea la formación de los recursos humanos y la promoción del empleo, con insistencia en la educación y la formación profesional. Lo que me preocupa a este respecto es que las metas fijadas para la mejora en materia de educación, como, por ejemplo, el aumento de la proporción de jóvenes en la enseñanza superior del 19 % al 34 %, del 35 % al 40 % durante el período de vigencia del programa. Resulta difícil de lograr y sería una lástima que se les infundieran esperanzas que después resultaran defraudadas.
Asimismo, en la prioridad 3, que es la de mejorar la calidad de vida y la cohesión social, hay algunos objetivos muy ambiciosos en materia de suministro y tratamiento de agua. Uno de ellos es el aumento de la proporción de conexiones con el sistema público de suministro de agua del 77 % en 1990 al 95 % en 1999. Otro es el de que el porcentaje de la población que cuente con sistemas de tratamiento de desechos urbanos pase del 43 % al 98 %, un gran salto; otro es el de que el porcentaje de la población cuente con sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el país pase del 21 % al 90 %, un salto enorme. Se trata de ambiciones encomiables, son medidas esenciales en pro de la salud pública y la calidad de la vida, pero parecen casi irrealizables en el período de tiempo fijado.
He de hacer otra observación. Portugal depende mucho de la energía importada. Este informe pide un estudio fundamental del abastecimiento energético por el Gobierno portugués. El Grupo Socialista en la Comisión de Política Regional rechazó mi propuesta de que se incluyera en ese estudio la energía nuclear como una opción. Espero que Portugal, en particular con su nuevo Gobierno, no tenga miras tan estrechas como los socialistas y al menos examine ese proyecto. Creo que no hay enmiendas, señor Presidente, y tengo mucho gusto en recomendar este informe a la Asamblea.

Sierra González
Señor Presidente, sobre los problemas de desarrollo examinados en relación a las intervenciones estructurales en España propuestas para el periodo 1994-1999 y su conveniencia y eficacia debo decir lo siguiente:
Primero: que los marcos comunitarios de apoyo de los Objetivos 1 y 2 y los documentos únicos de programación del Objetivo 5 b) correspondientes a este periodo en España se caracterizan por la continuidad, en lo esencial, con la etapa precedente de programación en lo que concierne a las estrategias seguidas, habida cuenta de que perduran en gran parte los problemas existentes en el periodo anterior.
Segundo: habría que señalar que es observable que el problema más acuciante, sin duda, es la elevada tasa de desempleo existente en las regiones Objetivo nº 1, que abarcan gran parte del noroeste, centro y sur de España y Canarias. En esta última región, el desempleo alcanza el promedio explosivo de un 25 % de la población activa, significativo, desde mi punto de vista, no sólo de los grandes desequilibrios del sistema productivo sino también de las políticas educativas y de cualificación profesional seguidas hasta hoy.
Para resolver parcialmente este grave problema, en el nuevo marco comunitario de apoyo del Objetivo 1 se ha prestado una especial atención a la mejora y adaptación del sistema productivo, así como a los recursos humanos, dando mayor relevancia a la formación profesional, si bien sigue siendo bajo el nivel de las intervenciones integradas del FEDER y de Fondo Social Europeo.
Tercero: en términos generales, hay que decir que España sigue caracterizándose por la existencia de grandes disparidades que no han disminuido sustancialmente tras el primer periodo de programación 1989-1993, por lo que siguen siendo necesarias intervenciones como las programadas en el presente periodo.
Sobre la persistencia de estas disparidades y la necesidad actual de practicar estas intervenciones, lamento que no pudiera disponerse de un balance completo de los resultados de los primeros marcos comunitarios de apoyo al abordarse la programación del periodo presente, porque ello hubiera permitido formular un juicio más informado sobre la conveniencia y eficacia de las intervenciones. A pesar de ello, en el examen de las mismas ha resultado evidente que los Fondos estructurales han sido un instrumento favorecedor de la cohesión económica y social, si bien hubiera sido deseable una mayor coordinación de los Fondos estructurales con otros instrumentos financieros comunitarios y, particularmente, hubiera sido deseable que se formularan previsiones que tuvieran en cuenta las aportaciones al marco comunitario de apoyo del Objetivo 1 por parte del BEI y del Fondo de Cohesión.
Cuarto: sobre las expectativas de éxito de las presentes intervenciones, hay que decir que no se puede perder de vista que, durante el periodo 1994-1999, los Fondos estructurales se aplicarán en España en un contexto de austeridad presupuestaria, marcado por el plan de convergencia hacia la moneda única, y las políticas de ajuste no dejarán de influir, de uno u otro modo, en los resultados de las intervenciones programadas con los Fondos estructurales.
Por otro lado, la escasa integración entre los distintos Fondos, expresiva de la compartimentación excesiva de los distintos departamentos de la administración española, y una cooperación, a mi juicio, insuficiente entre ésta y las Direcciones Generales V y XVI inciden negativamente sobre la posibilidad de alcanzar unos resultados óptimos de estas intervenciones.
En otro orden de cosas, quisiera hacer algunas consideraciones finales sobre la programación y la vigilancia de su ejecución. Falta una mayor participación en programación de las autoridades locales, quienes han tropezado con dificultades para acceder a la información y no se ha tenido en cuenta, en la gestión de los recursos, el nivel competencial asumido por las administraciones autonómicas. Sería deseable que se potenciara su presencia en los comités de seguimiento, ya que no ha sido así en la programación. También sería deseable establecer una mayor vigilancia en materia medioambiental, particularmente en las inversiones realizadas en infraestructuras viarias.
Finalmente, quiero añadir que, si bien España, en términos absolutos, es el mayor receptor de ayuda, esta circunstancia no le convierte en el principal beneficiario de las políticas estructurales. Si atendemos al indicador de los Fondos estructurales recibidos por habitante y si atendemos a las aportaciones de los distintos Estados al presupuesto de la Unión, entre 1989 y 1993, mientras que la aportación de España supuso un 1, 09 % de su producto interior bruto, la de países como Alemania, Francia, Dinamarca, Italia y el Reino Unido está por debajo de esta aportación. No cabe duda de que cualquier análisis de la eficacia de los Fondos estructurales en España ha de atender a estos datos.

Crowley
Señor Presidente, al comienzo quiero felicitar al ponente Sr. Klironomos por su informe y también rendir homenaje a la Comisaria y a su personal por la asistencia que me prestaron para redactar la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el MCA para Grecia en el sector del objetivo 1.
En particular, quisiera centrar la atención en la dimensión social de los beneficios del MCA para las regiones periféricas y ultraperiféricas de la Unión Europea. En Grecia, con su proliferación de comunidades insulares dentro del archipiélago griego y dado también el carácter montañoso de gran parte del país, hay una desventaja geográfica que se puede superar mediante la asistencia prestada con cargo al marco comunitario de apoyo. Lo que se ha puesto de relieve en todos los países que han recibido apoyo comunitario es que, cuando se emplean los fondos de forma eficiente y en consulta con las asociaciones y las autoridades locales, los beneficios son enormes desde el punto de vista económico, pero también desde el social.
Resulta particularmente importante que en el Parlamento reconozcamos que, al impulsar el desarrollo de las zonas subdesarrolladas hasta un nivel cercano al de la media europea o incluso superior, se producen no sólo beneficios económicos, sino también sociales, al mostrar a todos y cada uno de los ciudadanos que todo el mundo tiene derecho a recibir los beneficios y la magnificencia de la Unión Europea. En particular, quisiera hacer hincapié en el aspecto relativo al Fondo Social y el acceso a la educación, la educación permanente y la formación profesional en particular. Hemos visto cifras espantosas sobre el número de jóvenes a los que se ha negado el acceso a la educación simplemente por su situación geográfica o los imperativos económicos de los Estados miembros en los que viven. Es esencial que, como Comunidad, trabajemos en cooperación para aportar más fondos a esos grupos que padecen la mayor marginación. Quisiera pedir a este Parlamento que preste todo el apoyo necesario a la Comisaria. Tiene una idea clara de cuál es la forma mejor de hacer realidad el ideal de la Unión Europea mediante la cohesión y los Fondos estructurales. Si consigue llevarlo a cabo, podrá contar con nuestro total apoyo.

Lage
Señor Presidente, señor Chichester, lo felicito por su informe, por el esfuerzo de comprensión que ha hecho de la economía portuguesa, por la capacidad que ha tenido para encontrar las fragilidades estructurales de la economía portuguesa y las debilidades de sus capacidades productivas, pero también quisiera hacerle una observación. La estructura económica portuguesa ya no es tan arcaica como se dice en su informe. Hoy Portugal no tiene el 20 % de la población en la agricultura, sino un 9-10 %. Y, además, la educación en Portugal, pese a ser un gran problema nacional, no está en una situación tan precaria como Su Señoría la presenta en su informe. La educación básica en Portugal es de nueve años, la enseñanza superior tiene hoy una afluencia extraordinaria en el país y el gran problema que se nos plantea es el de transformar esa demanda cuantitativa de la enseñanza superior en una enseñanza de calidad.
Por otro lado, quisiera decir que Portugal ha pasado por tres etapas fundamentales en la utilización de los fondos comunitarios. La primera es una etapa de éxito, que corresponde al primer marco comunitario de apoyo. Portugal convergió, se reabsorbió el desempleo, fue un período de convergencia. Pero el desarrollo económico es traicionero. Siguió una segunda etapa, a partir de 1993, en la que Portugal tuvo una interrupción en su crecimiento económico respecto de la media europea, a pesar de que el segundo marco comunitario de apoyo infundió grandes ambiciones y esperanzas. Si bien Portugal ganó tres puntos de avance y de convergencia entre 1985 y 1994, en tan sólo tres años -1993, 1994 y 1995- perdió 2, 7.
En 1996 se esboza una tercera etapa. Una etapa de esperanza, en la que Portugal parece haber encontrado, o reencontrado, los caminos de la convergencia con la Comunidad Europea. Aunque este año el crecimiento económico en Portugal sea moderado, será, desde luego, superior a la media comunitaria. Al mismo tiempo hemos sido capaces también de equilibrar el presupuesto del Estado portugués y reducir la inflación, sin que el desempleo haya aumentado espectacularmente, si bien constituye un fenómeno dramático.
Así, pues, eso significa que en esta aplicación del segundo marco comunitario de apoyo hay esperanzas fundadas de que Portugal vuelva a converger y de que la justicia social en el país y en la Comunidad sea mayor.

Hatzidakis
Señor Presidente, el ponente y yo tenemos un elemento que nos une y un elemento que nos separa. Nos une nuestro origen: los dos somos de Creta. Y nos separa nuestra afiliación a distintos partidos políticos. No obstante, debo reconocer que el Sr. Klironomos ha realizado un trabajo que, aunque probablemente yo no lo hubiera hecho así, sino desde otro punto de vista, es correcto en líneas generales y carece de anteojeras de partido político, lo cual es algo que quisiera elogiar. Ya lo dije en la comisión y lo repito aquí.
Respecto al contenido del informe, quisiera decir que, sin duda, el apoyo de la Unión Europea a Grecia mediante el MCA es absolutamente necesario, porque Grecia es un país atrasado en términos de desarrollo -es el último país de los 15 respecto al PNB-, porque el esfuerzo que tiene que realizar para cumplir los criterios de convergencia, y por lo tanto para limitar su déficit, requiere la concesión de determinados créditos, cuya concesión a través del MCA evitaría presiones respecto al déficit y a la inflación y, además, porque padece el problema concreto de los gastos de defensa. Somos, con diferencia, el primer país de la Unión Europea en cuanto a gastos de defensa en proporción al PNB. Es cierto que, si las cantidades del MCA se absorbieran de aquí al año 2000, la imagen de Grecia podría transformarse radicalmente, ya que se habría duplicado la longitud de sus carreteras, la electrificación de los ferrocarriles habría pasado del 3 % al 21 %, se habría atendido un 12 % de la necesidad de gas natural y, seguramente, se conservarían y se crearían decenas de miles de puestos de trabajo.
Sin embargo, debo observar -y en este punto quiero expresar mi preocupación- que hay un retraso en la absorción de los créditos del MCA, al cual ya se ha referido el ponente. Naturalmente, no quiero pasar por alto ciertos avances positivos, como la creación de la Unidad de la Organización de la Gestión del MCA (MOD) y del Centro Griego de Inversiones (ELKE) para facilitar el acceso de inversores extranjeros, que fueron posibles gracias también a la persistencia de la Comisión. Sin embargo, hay serios problemas que requieren una solución, dado que el coeficiente de utilización es inferior al 50 %, y la situación es especialmente grave en sectores decisivos, como la sanidad y la educación, donde el coeficiente de utilización es nulo, y la industria, donde es también extremadamente bajo.
¿Qué hay que hacer? En mi opinión, tenemos que centrar nuestra atención en tres áreas:
En primer lugar, hay que realizar un avance considerable en materia de administración pública, ya que a ella son atribuibles muchos de los problemas que retrasan actualmente la ejecución del MCA.
En segundo lugar, hay que revisar el marco institucional de las obras públicas. Se han efectuado algunas modificaciones. No las considero suficientes, y tenemos que fijarnos en lo que han hecho otros países donde la situación es más próspera, con el fin de progresar con mayor transparencia y rapidez.
Y, en tercer lugar, tenemos que estudiar la forma de aprovechar las posibilidades que ofrece el sector privado, para obtener mejores resultados, como se hizo por ejemplo con el aeropuerto de Spata, y debemos hacerlo sin demora y sin obstinación ni prejuicios contra el sector privado.

Girão Pereira
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar recordando que el Parlamento va a examinar este informe tres años después de la aprobación del plan de desarrollo regional presentado por el Gobierno portugués y mediado su período de ejecución, cuando ya es posible, por tanto, hacer un análisis de su desarrollo y de su adecuación a la realidad socioeconómica actual.
Quiero felicitar al ponente. Creo que su trabajo plasma, a mi entender, con bastante aproximación y analiza con cierto rigor la situación portuguesa. Ahora bien, quisiera subrayar algunos aspectos que me parecen oportunos. Este marco comunitario de apoyo fue elaborado en una época de marcado crecimiento económico, mientras que ahora su ejecución se da en un marco muy diferente, con posibles inadecuaciones respecto de la realidad de hoy de algunas medidas y programas.
Creo que en su momento será necesario hacer adaptaciones y reajustes que la Comisión ha de comprender. Además, me parece urgente reducir la complejidad de todo el sistema de los fondos y de su gestión -se trata de un asunto que ya se ha abordado hoy aquí- dándoles mayor flexibilidad de comprensión y agilidad con vistas a sus destinatarios.
Naturalmente, no será necesario subrayar aquí la importancia de este marco comunitario de apoyo para Portugal, para su economía y para la cohesión económica y social en el nivel de la Unión, y recordar los esfuerzos que Portugal ha hecho e incluso los éxitos obtenidos en el aprovechamiento de los fondos comunitarios.
Ahora bien -como muy bien pone de relieve el informe-, hay diferencias estructurales que seguirán exigiendo un enorme esfuerzo tanto a Portugal como a la propia Unión. Quisiera subrayar dos o tres ideas del informe que me parecen particularmente oportunas. La primera se refiere a la importancia de la participación de las comunidades locales en la promoción de las iniciativas, en la definición de las estrategias de desarrollo económico y, en consecuencia, en la creación de empleo.
La experiencia nos demuestra que las iniciativas y los programas operacionales formulados y gestionados localmente tienen una tasa de ejecución y eficacia superior a los de concepción y gestión centralizadas.
Por último, agradezco al ponente que haya mencionado como elemento político importante para el desarrollo económico y social el potencial geográfico y estratégico para las relaciones entre Europa, África y las Américas, con la posibilidad de desarrollo de las industrias y los servicios marítimos. Ése es un ámbito, a mi entender, en el que Portugal puede recuperar un papel en consonancia con su historia, trabando lazos con espacios culturales y económicos que interesan no sólo a Portugal, sino también a la Unión Europea.

Costa Neves
Señor Presidente, hablando de Portugal, quisiera felicitar al Sr. Chichester por el trabajo realizado y por la disponibilidad que desde el comienzo ha tenido para trabajar con sus colegas.
El informe confirma los buenos resultados para la convergencia real conseguidos en Portugal a lo largo de los últimos años, pero también se advierte la necesidad de seguir esa evolución con más detalle, de conocer con más detalle las repercusiones de las acciones financiadas por los Fondos estructurales, de conocer con más detalle los resultados obtenidos, de saber exactamente cuáles son los resultados obtenidos.
Esto viene a cuento de la dificultad para obtener todos los elementos de que se desea disponer y que nuestro colega habrá intentado obtener. Por ejemplo, el cuadro constante de la página 15 de su informe está en blanco respecto de las dos regiones insulares portuguesas y que son exactamente las regiones más periféricas y las que, como consecuencia de ello, tendrán mayores dificultades. Y todas las cifras presentadas corresponden a 1991 y datan, por tanto, de hace cinco años. Si la Comisión dispone de todos esos elementos, nosotros deberíamos contar con ellos; si la Comisión no dispone de ellos, debe conseguirlos.
De los datos disponibles se puede concluir que se han acentuado las asimetrías regionales. Portugal se ha aproximado a las medias europeas, pero no todas las regiones lo han hecho. Hay dos formas de contrarrestar las disparidades advertidas: una mayor concentración de medios, por un lado, en las regiones que afrontan mayores desequilibrios y acciones más encaminadas a la resolución de sus problemas específicos, siempre que ello esté justificado: respuestas diferentes para problemas diferentes, al fin y al cabo. Por otro lado, es necesaria una mayor articulación de acciones financiadas por la Unión Europea con las del propio Estado miembro, porque éste también tiene obligaciones con vistas a la superación de esas asimetrías y dificultades.
Entendamos, por tanto, la cuestión de la cohesión económica y social en una perspectiva más amplia. Nuestro trabajo sólo será eficaz si luchamos contra las asimetrías dentro de la Unión Europea y contra las asimetrías dentro de los Estados miembros.

Novo
Señor Presidente, señores diputados, señora Comisaria, el análisis de las acciones estructurales en Portugal confirma que, en lo esencial, se han cumplido los objetivos previamente acordados entre la Comisión y el Gobierno portugués: a lo largo del primer marco comunitario de apoyo o durante los dos primeros años del segundo marco comunitario.
Ahora bien, no por ello debemos dejar de reafirmar nuestra exigencia de mayor transparencia y control en los gastos comunitarios, pero extensible a todos los sectores y no sólo a los gastos estructurales de forma especial o particular. Una nota muy evidente en el examen de este informe -muy actual, por cierto, en Portugal- confirma que la participación de los interlocutores sociales o de las autoridades locales y regionales -en este caso agravada por la comprobación de la ilegitimidad democrática en cinco de las siete regiones con que el entonces Gobierno portugués presentó Portugal a las autoridades comunitarias-, esa participación -decía- fue muy limitada en la definición y el acompañamiento de los planes de desarrollo regional adoptados. Lo que por sí solo justifica -si bien no es el único factor al respecto- la admisibilidad de una revisión de las prioridades así fijadas que pueda permitir una mejor adecuación de las acciones estructurales a las necesidades reales de desarrollo sostenido de todo el país y que asegure, por último, la participación plena de dichas entidades.
Se comprueba también que, a pesar de los efectos globales de los marcos comunitarios de apoyo, las acciones estructurales no han impedido la agravación de las asimetrías regionales entre el litoral y el interior, entre las grandes metrópolis urbanas y las pequeñas poblaciones, entre buena parte del territorio continental y las islas ultraperiféricas. Tal como hemos venido insistiendo, ese hecho confirma que, pese a todo, las dotaciones estructurales resultan, cualitativa y cuantitativamente, insuficientes para promover el tan reclamado objetivo de cohesión económica y social, lo que exige, como mínimo, el cumplimiento riguroso del compromiso de Edimburgo, que en 1992 decidió la elaboración del presupuesto comunitario sobre la base del 1, 27 del PIB de la Unión.
Por último, la deseada recuperación de los retrasos de la ejecución habidos en los dos últimos años del segundo marco comunitario de apoyo, que no se deben a incapacidad, a falta de proyectos y mucho menos a falta de necesidad, y el cumplimiento de los objetivos globales en 1999 sólo serán posibles en caso de que el presupuesto nacional llegue a estar en condiciones de generar dotaciones propias que permitan satisfacer la adicionalidad exigida por las acciones estructurales, cosa que no sucederá, a menos que se aumenten aún más la carga fiscal, si se insiste, como en el caso actual del Gobierno portugués, en el estricto y ciego cumplimiento de los criterios de convergencia nominal de Maastricht.
Quisiera concluir felicitando al Sr. Chichester y haciendo constar la disponibilidad que ha manifestado para trabajar con los diferentes miembros de la Comisión y para aceptar muchas de las enmiendas que yo presenté en nombre de mi Grupo.

Schroedter
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, aunque los diputados saludemos la diversificación de la nueva planificación de programas en Grecia, España y Portugal y, en especial, la limitación de las inversiones a las medidas esenciales de infraestructura, el fomento más amplio de los servicios y de la fuerza de trabajo, sin embargo creemos que es urgentemente necesario mejorar la aplicación de los Fondos Estructurales en estos países. Me refiero a Grecia. Este país sigue impidiendo los proyectos innovadores debido a la ineficacia y falta de transparencia de su administración. En especial las entidades pequeñas encargadas de realizar proyectos lo tienen especialmente difícil. También es urgentemente necesario que las autoridades griegas apliquen las normas del reglamento, incluyan a los entes locales y regionales en la planificación y aplicación y que los proyectos, en especial, los de tráfico se integren en una estrategia de desarrollo sostenible para evitar repercusiones negativas sobre la ordenación del territorio y el medio ambiente.
Para España, la gestión del agua se está convirtiendo cada vez más en una cuestión central para su desarrollo. Por ello, la gestión cuidadosa de este recurso debe ser un indicador esencial a la hora de decidir los proyectos. Para Portugal son los recursos energéticos. En su totalidad, se demuestra la veracidad de la constatación del capítulo décimo del Libro Blanco de Delors en el sentido de que la UE será ineficaz mientras apueste por la explotación de recursos naturales limitados e ignore el potencial de la fuerza de trabajo.

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, importante informe el que presenta la diputada Sierra González por cuanto se refiere a una política que afecta al mapa de la Europa comunitaria de finales de siglo, donde España aporta regiones bien definidas como las 17 Comunidades Autónomas.
Con tal motivo, quisiera subrayar algunos aspectos que entiendo oportunos en este debate:
1.La coincidencia en lo sustancial, con algunas matizaciones, con los conceptos vertidos por la diputada a la hora de evaluar globalmente los objetivos de los Fondos estructurales previstos para la etapa 1994-1999 para algunas regiones españolas.2.El reconocimiento de la importancia económica y social de estas ayudas estructurales para un Estado con alto índice de paro y disparidades territoriales significativas.3.La valoración positiva de la inclusión de infraestructuras de carretera en la red de transportes, con estudio de impacto ambiental incluido, ya que es bueno invertir en infraestructuras en momentos de crisis laboral, además de otros aspectos que hay que mencionar como la coordinación con otros instrumentos financieros y la importancia dada a la formación profesional a través del Fondo Social Europeo.4.La preocupación por la poca atención que recibe la importancia del ciclo del agua para un Estado como España, caracterizado por un déficit de recursos hídricos significativo, así como preocupación por el apoyo insuficiente a la modernización de las estructuras más frágiles, como son las agrarias, a través del FEOGAOrientación.5.La necesidad de incorporar al proceso de los Fondos estructurales a los ayuntamientos españoles y, por último, la ausencia de referencia al mantenimiento reglamentario de Canarias dentro del Objetivo 1 por ser región ultraperiférica de la Unión Europea.
Frutos Gama
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero, en primer lugar, felicitar a la Sra. Sierra por el buen trabajo realizado y, además, manifestar mi coincidencia con ella por lo que se refiere al conjunto de su informe. Es verdad que todavía persisten en España grandes disparidades regionales, pero también lo es que nuestro PIB se aproxima cada vez a la media comunitaria. La aportación de los Fondos estructurales ha resultado, en este sentido, de una gran importancia, no sólo para este proceso de convergencia, en términos de renta per cápita, sino también para el fuerte cambio experimentado en las regiones españolas por lo que se refiere a la modernización de la base productiva, la mejora de la articulación territorial, la formación de los recursos humanos y, en general, la mejora de los niveles de bienestar.
España está realizando un gran esfuerzo para acercarse a los objetivos de convergencia nominal necesarios para acceder a la moneda única. Es obvio que esta aproximación a los objetivos de convergencia exige una política monetaria y presupuestaria muy estricta y que cuanto más débil es una región más acusa el impacto negativo de esta política restrictiva. Los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión son, en este sentido, una ayuda inestimable al proceso de convergencia real de las regiones españolas menos desarrolladas.
Quisiera añadir que coincido con la Sra. Sierra en la necesidad de hacer llegar una información puntual y completa a los posibles beneficiarios de los Fondos estructurales, de tal manera que nunca tengamos que escuchar que tal o cual ayuda no ha sido solicitada por desconocimiento de su existencia. Considero muy positivo todo esfuerzo que la Comisión realice en este sentido, sobre todo por lo que se refiere a las autoridades locales -las más próximas al ciudadano-, y también a los interlocutores sociales. Y coincido totalmente con la ponente en que el éxito en la lucha contra las disparidades territoriales en el seno de la Unión Europea solamente se alcanzará cuando el objetivo de la cohesión económica y social esté presente en la formulación y la aplicación de todas las políticas comunitarias.

Campoy Zueco
Señor Presidente, mi felicitación a la ponente Sra. Sierra por su trabajo así como por la delicadeza y comprensión en el proceso de integrar consideraciones y opiniones ajenas a ella. La importancia de la cohesión económica y social para el proyecto de la Unión Europea está fuera de toda duda. Habrá Unión en tanto en cuanto haya cohesión real. Por ello, hemos de centrar nuestra atención y esfuerzo en aquellos instrumentos que la hagan posible y en mejorar su eficacia real y no sólo estadística. Ello supondría una importante contribución a la construcción de la Unión Europea.
De ahí que sea de todo punto necesario evaluar el impacto regional de los Fondos estructurales. La evaluación es necesaria, pero como medio que ha de servir fundamentalmente para sacar consecuencias y tratar de incorporarlas para mejorar tanto el ámbito de los Fondos como el propio sistema de evaluación.
Constata el informe de la Sra. Sierra que, así como los Fondos han contribuido en España a la convergencia con el resto de los Estados miembros, ésta ha sido lenta y desigual. Lenta en su conjunto y desigual respecto a sus regiones, hasta tal punto que han aumentado los desequilibrios y las diferencias regionales. Ello nos debe hacer reflexionar seriamente. Los Fondos estructurales, como instrumentos para lograr la cohesión entre las regiones, son intrínsecamente buenos, pero su eficacia depende tanto del monto económico como del factor humano; depende igualmente de la actitud y de la cultura como de la economía. Cada Estado miembro, en última instancia, es el responsable de la aplicación del instrumento para la cohesión. En España, adquieren una especial relevancia, en cuanto a factor de eficacia, los poderes regionales y locales.
Los nuevos marcos comunitarios de apoyo reflejan la importancia que tiene para la cohesión económica y social el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos, lo que nos debería llevar a establecer un sistema educativo en el que la creatividad y el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y el de adaptación fueran sus principales objetivos en una sociedad en cambio permanente, así como una formación profesional alejada de todo academicismo, socialmente valorada y adecuada al contexto de pasado mañana.
¿Por qué esa eficacia relativa? Habrá que mejorar la información y, sobre todo, la transparencia en esa información. Que llegue -y de forma veraz- a los entes locales y a los propios beneficiarios potenciales. Es necesario el asesoramiento y ayuda técnica a los entes locales que, por su dimensión y envergadura unido a la complejidad de los propios Fondos, tienen enormes dificultades tanto para el diseño de los proyectos como para su gestión. Es obligatorio que la bomba impelente del sótano eleve el agua hasta el último piso, pero es condición inexcusable que allí, en el último piso, haya grifo para abrir y un vaso con una mano hábil que lo sostenga.
Estamos hablando, Señorías, de hacer posible la Unión Europea. Estamos hablando de que los ciudadanos se lo crean.

El Presidente
Quisiera pedir a la Asamblea, y supongo que no habrá ninguna objeción, que prolonguemos un poco el debate en vez de pasar al descanso, como estaba previsto, para que tres diputados que están esperando a intervenir tengan la oportunidad de hacerlo, y la Sra. Wulf-Mathies pueda contestar, dado que no estará aquí después de las 21.00 horas, y no quisiera que este debate quede cerrado sin la respuesta de la Comisaria.

Vallvé
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que es muy importante el debate que estamos celebrando esta noche en este Parlamento sobre los Fondos estructurales y querría recalcar que, si bien los Fondos estructurales representan prácticamente el 30 % del presupuesto de la Unión Europea, también hemos de recordar que este presupuesto no llega al 2 % del producto interior bruto de todos los países que integran la Comunidad. Por lo tanto, esperemos buenos resultados de los Fondos estructurales, pero sepamos también su montante en relación con el producto interior bruto comunitario.
Yo querría felicitar a la Sra. Sierra González por su magnífico trabajo sobre la influencia de los Fondos estructurales a nivel de España y de la influencia que han tenido en el desarrollo regional durante todos estos años. Yo creo que se ha avanzado en este sentido y que la participación de las autoridades locales y regionales, en una aplicación estricta e inteligente del principio de subsidiariedad, puede contribuir a una utilización más eficaz de los Fondos estructurales.
En este sentido, es bueno reconocer que cada Estado de la Unión Europea tiene una estructura interna distinta y, en algunos de ellos, las competencias que tienen las regiones y los municipios permitirán una mayor eficacia en la utilización del dinero asignado a los Fondos estructurales.
Yo querría también hablar de un tema que ya ha mencionado aquí el presidente de la Comisión de Política Regional, Sr. Speciale, sobre la influencia que pueda tener en el futuro, a partir del año 1999, la nueva composición de los Fondos estructurales, y especialmente en un marco que puede contemplar la ampliación de la Unión Europea. La Comisaria Sra. Wulf-Mathies ha hablado ya algunas veces de la perspectiva de estos Fondos estructurales, y yo creo que es un tema que no puede dejarse en el olvido y que se debe empezar a analizar porque España, que es hoy la receptora, en valor absoluto, más importante de dinero de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, puede, evidentemente, ver alterada su situación en el futuro, y este es un tema que hay que plantear con el tiempo necesario, con el fin de prever las consecuencias que ello pueda tener.

Lucas Pires
Señor Presidente, queridos colegas, yo también quiero felicitar al Sr. Chichester por este trabajo equilibrado, concienzudo y consensual. Por lo demás, comparto su juicio global y considero que estos informes son en gran medida un juicio sobre el pasado, como un balance, y tal vez incluso su aspecto más importante sea el de volver indiscutible el hecho de que los Fondos estructurales se han aplicado bien, al fin y al cabo.
Corren inmensos rumores de que se están desvirtuando los Fondos estructurales, hay argumentos interesados que se han aducido en el debate europeo contra los Fondos estructurales, y, en resumidas cuentas, siempre que en esta Asamblea se trata de evaluar los Fondos estructurales, se comprueba que tal vez tuvieran desviaciones ocasionales, tal vez desviaciones aisladas, pero que en ningún caso se puede confundir el árbol podrido con la floresta, ésta positiva.
En mi país, por ejemplo, al que se refiere la intervención del Sr. Chichester, es evidente, es consensual, que ha habido un crecimiento como no había habido nunca antes y que, al mismo tiempo, se han hecho reformas profundas que nos permiten hoy afrontar como una economía competitiva el siglo XXI. Tal vez se pueda decir incluso que, si el país hubiera crecido desde el comienzo del siglo por encima de la media europea -cerca del 1 % al año-, como ha crecido durante estos años, hoy podría ser, como los otros, uno de los países más desarrollados de Europa.
Eso demuestra suficientemente la utilidad de estos fondos que, por lo demás, no han beneficiado sólo a la economía portuguesa ni a los portugueses. Han beneficiado a muchas empresas europeas que han invertido en Portugal, han permitido una ampliación del mercado en términos, por lo demás, moderados -no se ha tratado de un Far West - y muchas grandes empresas europeas como la Ford , Volkswagen o Siemens u otras, pueden dar cuenta de lo mucho que han podido beneficiarse de estos Fondos estructurales, de cuánto han contribuido éstos también a la competitividad de las grandes empresas europeas y a la ampliación de su mercado, por lo que sus inversiones han demostrado que, a fin de cuentas, algunas de la economías periféricas estaban mucho más pertrechadas y eran mucho más capaces y aptas para el desarrollo de lo que parecía.
Puede ser que hayan favorecido tal vez demasiado las infraestructuras básicas, es verdad que sigue habiendo debilidades sectoriales graves, pero no sólo Roma y Pavía se hicieron en un día, como también se negoció el segundo marco comunitario de apoyo correctamente con vistas a compensar algunas de esas debilidades, introduciendo factores cualitativos, apelando incluso a la inversión en ciencia y tecnología en países como Portugal. Porque la verdad es que estaría bien no considerar la ciencia y la tecnología algo reservado a los países más avanzados, mientras que para los países más atrasados se reservan las infraestructuras. Pues eso crearía una nueva desigualdad en Europa.
Por tanto, es preciso afrontar el nuevo desarrollo de una forma más positiva. Además de eso, no debemos adoptar la táctica del avestruz, porque la verdad es que, después de la ampliación, esta política tan positiva de cohesión, que ha dado resultados absolutamente evidentes, precisa claramente de otro presupuesto comunitario. No se puede hablar hoy de otro presupuesto. La verdad es que, por ejemplo, en los informes del Parlamento sobre la Conferencia Intergubernamental nadie podía intervenir sobre el presupuesto, porque la palabra dinero era una palabra prohibida.
Ahora bien, o aceptamos en serio que esa palabra es esencial o no resolveremos estos problemas que son esenciales, no para Portugal, no para España, no para Grecia, sino para toda la economía europea. Es una política de cohesión sin la cual, por lo demás, no se hará una ampliación. Sería, de hecho, un mal comienzo, por ejemplo, si la ampliación de la Unión Europea tuviera que financiarse con las asignaciones para la cohesión, como se ha dicho recientemente. Porque la verdad es que la ampliación es, en sí misma, también un instrumento de cohesión y se debe ver en esa perspectiva.
Por tanto, considero que el resultado fundamental que se nos ha traído aquí es que, aunque el desarrollo cree nuevos problemas, no podemos caer en la nostalgia del subdesarrollo y que la política de cohesión es esencial para la unidad europea.

Valverde López
Señor Presidente, creo que están siendo muy ilustrativos para nosotros los debates y estudios realizados en comisión, así como este debate de carácter general sobre la situación y la aplicación de los Fondos estructurales en tres «países de la cohesión», como decimos normalmente. Yo creo que compartimos todos, en líneas generales, el informe que ha realizado la Sra. Sierra González. Tenemos que felicitarla y nos ha ayudado a todos mucho.
Tenemos que intentar sacar algunas conclusiones complementarias de las que han señalado otros colegas. Yo creo que una primera es que las desigualdades persisten y, por lo tanto, tendremos que sacar consecuencias. La Comisión podría hacerle un gran servicio a los tres «países de la cohesión» si pudiera hacer un informe de evaluación profundo que pudiera servir a los gobiernos para corregir políticas. En el caso del Gobierno de España, otra conclusión clave es que hay que corregir la tendencia que han tenido gobiernos anteriores de no hacer coherente la política que han desarrollado a nivel nacional y los objetivos fijados por las políticas comunitarias y los marcos de apoyo. Por eso, ese documento de evaluación podría ser muy importante. Debemos transmitir el mensaje de que la dimensión europea de las políticas nacionales debe estar presente en todos los ámbitos.
Por otro lado, señor Presidente -y aquí lo hemos repetido en distintas ocasiones y lo recordamos a la Comisión-, la Comisión tiene que evaluar la calidad de las obras realizadas. Hemos hecho preguntas en varias ocasiones sobre este asunto, porque se está dando la circunstancia de que obras que se han realizado hace dos o tres años están totalmente degradadas. Yo he recordado en más de una ocasión el caso de la llamada «Autovía del 92» en Andalucía, que se terminó en 1992 y en el momento actual es intransitable. Yo creo que aquí puede haber un fraude al presupuesto comunitario y sería necesario que la Comisión Europea abriese una investigación.
Todos hemos insistido en la necesidad de la información a la población, a los entes sociales que tienen que iniciar sus inversiones y, por supuesto, a los entes locales. ¿Por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, los marcos comunitarios de apoyo en España ni siquiera fueron consultados con algunos parlamentos regionales, y esta tendencia, desde luego, hay que modificarla.
Y por último, señor Presidente, señora Comisaria, hay que decir de cara al futuro que estos Fondos estructurales, a pesar de los problemas de gestión y de evaluación, son tremendamente importantes para los países que tienen un bajo nivel de desarrollo y esperamos que se encuentre la fórmula entre Consejo, Comisión y Parlamento para que tengan una continuidad después de 1999.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, felicito a los tres ponentes y a las comisiones participantes por los excelentes informes y, sobre todo, por el trabajo realizado en las audiencias, que representa una buena descripción de la situación de los programas in situ. En mi informe y en la opinión que he expuesto sobre el informe del Sr. Teverson he respondido en parte a las cuestiones fundamentales que se plantean en los tres informes. Permítanme por ello constatar en primer lugar que, a pesar de las diferencias de las posiciones de partida, de los problemas y de las difíciles condiciones marco económicas debidas a la crisis estructural y coyuntural y a la consolidación presupuestaria, se pueden ver claramente unas repercusiones positivas en los tres países, en lo que coincidimos todos.
Pero también se revela que los éxitos significativos de política estructural solamente se pueden lograr a largo plazo y que su alcance depende esencialmente de la eliminación de los obstáculos administrativos tanto en la Comisión como en los países miembros, de la participación de los niveles locales y regionales, de los interlocutores sociales así como de la calidad de los programas y de su evaluación. Hay que seguir trabajando intensamente en la mejora de estos elementos.
Coincido con ustedes en que en la aplicación de los aspectos centrales debemos colocar aún más en el centro de mira la lucha contra el desempleo, la ampliación de los recursos humanos y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En lo tocante a las inversiones de infraestructura, hay que dirigirlas aún más a las regiones de estructuras más débiles e incluirlas en una estrategia de desarrollo sostenible.
Si se tienen en cuenta los objetivos de política de medio ambiente, hay que superar aún grandes obstáculos, aunque creo que la testarudez de la Comisión no solamente conduce a un respeto más estricto de las normas europeas de medio ambiente sino también a una mayor comprensión para los conceptos de desarrollo regionales integrados, de los que se benefician conjuntamente la calidad de vida, las posibilidades tecnológicas y el potencial que la protección del medio ambiente significa para los puestos de trabajo. La Comisión puede adherirse en los puntos esenciales a las valoraciones y preocupaciones de los tres ponentes.
Tal como ha constatado acertadamente el Sr. Klironomos, en Grecia se trata de crear nuevas estructuras y mecanismos para una ejecución más eficiente del segundo MCA y, ante todo, de aplicarlo. Reconozco las valientes decisiones del Gobierno griego para mejorar la situación del servicio público y para modificar de raíz el régimen público de contratas. Para la reforma del sistema de trabajos públicos, para la creación de las llamadas MOU's-Management Organisation Unions y del one-stop shop y para la utilización de posibilidades privadas de financiación de grandes proyectos eran necesarias unas medidas legislativas muy amplias. Con la ayuda de las nuevas estructuras y de equipos cualificados, ahora se trata de acelerar la aplicación de las ayudas estructurales y de atraer al país más inversiones privadas.
Aunque, en contra de todos los temores expresados, Grecia se mueve casi exactamente en la media de los quince Estados miembros en lo que se refiere a la absorción de los fondos para 1994-1996 y el último año incluso se pudieron afectar 400 millones de ecus más de los planeados, hay programas aislados que precisan urgentemente de una reorientación. El Gobierno griego, mi colega Flynn y yo estamos trabajando para poner en marcha programas en los que la absorción de fondos es alarmantemente negativa.
Del informe del Sr. Chichester se deduce claramente que Portugal se incluye entre los grandes éxitos de la política estructural, lo que han subrayado aquí otras personas. Esto es especialmente aplicable a los compromisos y a la absorción de fondos aunque el país haya sido superado precisamente ahora por España, pero quizás esto impulse la competencia para hacer lo mismo y lograr unos resultados mejores para todos.
Por tanto, es también correcto fortalecer las tendencias de desarrollo iniciadas con el segundo MCA y ampliar los objetivos cualitativos y cuantitativos. La creación y conservación de puestos de trabajo es una prioridad que debe fortalecerse de dos maneras en la valoración intermedia de las medidas operativas, a saber, aplicando preferentemente el elemento deflacionista a las medidas destinadas a la creación de puestos de trabajo y creando en cooperación iniciativas de empleo regional. Quiero subrayar lo que han dicho casi todas las oradoras y oradores, que la calidad de los programas será mejor cuantas más personas afectadas participen in situ en los procesos de decisión y aplicación.
Señor Chichester, los objetivos son sin duda ambiciosos, pero no los considero totalmente irreales si nos esforzamos conjuntamente. Mediante la evaluación intermedia de las medidas operativas que el Gobierno portugués y la Comisión han iniciado conjuntamente, se pretende que la estrategia, las estructuras administrativas y los créditos disponibles se orienten de un modo aún más eficaz a las necesidades de desarrollo portuguesas. En este contexto, hay que comprobar también si es necesario crear polos de desarrollo en el interior del país, para evitar un distanciamiento aún mayor entre los territorios costeros y del interior.
El último año, la Comisión ha mejorado considerablemente en Portugal la coordinación entre los Fondos regionales y estructurales, de modo que ambos instrumentos contribuyen de un modo aún más eficaz a impulsar el desarrollo regional. Pero también con los demás Fondos se fortalecen los efectos sinergéticos para mejorar la eficacia de las medidas, por lo que recogemos gustosamente las recomendaciones hechas.
Un problema común que se menciona en los informes del Sr. Chichester y de la Sra. Sierra González es la necesidad de utilizar los recursos de agua de la península ibérica de modo que se puedan combatir con éxito los problemas de sequía y se impulse el desarrollo en ambos países. La Comisión ha apoyado a España y Portugal mediante los correspondientes estudios y con INTERREG 2 C ofrece un instrumento para realizar actividades conjuntas en este campo. Esperamos que esta ayuda contribuya también al éxito de las negociaciones sobre los recursos hidráulicos comunes pues, a la postre, los dos podrán beneficiarse si llegan a unos resultados.
La Comisión se adhiere en lo esencial a las conclusiones de la Sra. Sierra González sobre la situación de las regiones de España. Sin embargo, quiero subrayar que el segundo MCA concede un gran peso a la mejora del sistema de producción con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y de crear puestos de trabajo. Es nuestro objetivo común reducir el elevadísimo desempleo, por lo que se fomentan también de modo considerable las medidas de formación profesional. En consecuencia, hemos tenido en cuenta también todos los puntos mencionados críticamente por usted.
Respecto a la participación de las autoridades regionales y locales, quiero indicar que a instancias de la Comisión se creó en cada región un comité de seguimiento para incluir a las regiones en la adopción de decisiones y mejorar la integración de la ejecución de los programas. Ambas cosas son importantes, pues allí se van a adoptar determinaciones y decisiones conjuntamente. Por lo demás, en el marco del MCA para el objetivo 1, a proyectos que caen bajo la competencia de las autoridades locales se va a dedicar aproximadamente el 10 % de los créditos y el 16 % para el objetivo 2. Nos esforzaremos mucho en mostrar claramente a los afectados que pueden utilizar en concreto estos créditos.
En el caso de España y también de todos los demás Estados miembros, la Comisión, al realizar el balance intermedio, examinará junto con ellos si la estrategia elegida para hacer realidad los objetivos marcados para 1999 es adecuada o si es necesario realizar correcciones en las diversas intervenciones. Quiero indicar que, gracias a Dios, hemos superado la resistencia de los Estados miembros a que la Comisión participe en la evaluación. En el pasado, precisamente España era de la opinión de que la evaluación no era en absoluto de la incumbencia de la Comisión. Por ello, estamos satisfechos de haber superado este punto, que podamos evaluar conjuntamente y que las evaluaciones intermedias ofrezcan ante todo la oportunidad de modificar las cosas de modo que se apliquen mejor y con mayor eficacia y que no estemos obligados a proseguir durante el resto del período cosas que no consideramos óptimas.
Muchas gracias por el debate y a los participantes en el mismo.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación sobre los tres informes tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 20.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Informe anual para 1995 sobre las actividades de I+D
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0195/96) del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el Informe Anual para 1995 relativo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea (COM(95)0443 - C40437/95).

Lange
Señora Comisaria, el informe anual para 1995 sobre las actividades de investigación sobre las que debatimos aquí es el primero que la Comisión presenta de conformidad con el artículo 130 P. En la comisión coincidimos en que para un primer intento de este tipo el informe es aceptable pero que para el futuro esperamos algo más. Esperamos que este informe proporcione en el futuro una visión de conjunto estructurada de las actividades de investigación y, de este modo, sea una ayuda para la evaluación de dichas actividades.
Hasta ahora este informe ha proporcionado una amplia y positiva visión de conjunto de las actividades de investigación, lo que supone sin duda un efecto positivo. Pero falta una labor analítica en el mismo. No ofrece una justificación suficiente para los ámbitos prioritarios de nueva creación, lo que es de lamentar pues estamos continuamente debatiendo sobre la ampliación y posterior desarrollo de las actividades de investigación. Tras la refinanciación del cuarto programa ahora debatimos sobre el quinto. No se ha realizado un análisis consistente de lo que hemos hecho hasta ahora. Me remito a otro campo. Es extraño que, por ejemplo, discutamos sobre la evaluación del programa de tráfico para el tercer programa marco y, al mismo tiempo, desarrollemos el quinto.
Es decir, en total, la evaluación y el análisis sobre la actividad de investigación de la Comisión debe ser más consistente y rápida para extraer de las experiencias unos resultados útiles. Por ello, de las experiencias del informe de investigación de 1995 hay que extraer cinco claros criterios para el informe de investigación de 1996.
Primero: necesitamos un esquema de evaluación unitario para los diversos programas para poder equipararlos así mejor y ver al cabo de los años qué es lo que hemos logrado con este programa. Segundo: debemos profundizar en la evaluación de lo que hemos logrado con los programas. No debe tratarse solamente de una exposición como hasta ahora, sino intentar realizar una evaluación con las correspondientes conclusiones. En este contexto, se pueden mostrar perfectamente los problemas. Naturalmente, es bonito si se presenta un informe de investigación en el que figura lo bueno pero es conveniente un modo de observación sincero que toque y se enfrente también a los problemas. Tercero: hay que conceder más atención a la inclusión del fomento a la investigación en los demás programas de la Unión Europea. Hay que poner de relieve las intersecciones y los posibles complementos. Cuarto: debe mostrarse con mayor claridad qué problemas prácticos han surgido en el fomento de la investigación, ya sea en la fase de solicitud, de autorización o de ejecución. En base a este análisis de los problemas prácticos, necesitamos naturalmente propuestas de solución para mejorar algo. Quinto: existen los informes de evaluación sobre los programas específicos. Creo, al igual que la comisión, que en el próximo informe anual de investigación deben incluirse los resultados de aquellos comentados por la Comisión y no las 700 páginas.
Si se tienen en cuenta estos cinco criterios, el informe podrá aportar realmente algo sustancial al desarrollo de la actividad investigadora de la Unión Europea. El informe de investigación de 1995 se presentó algo tarde. Se debió a que se trataba de la transición del tercero al cuarto y que era el primero de su clase. Desearía que el informe se presentase con algo más de rapidez al comienzo de cada nuevo año para que podamos debatir en un plazo adecuado y obtener resultados.
Señora Comisaria, por favor, tenga en cuenta estas cinco sugerencias para el próximo informe de investigación. Muchas gracias por su atención.

Quisthoudt-Rowohl
Muchas gracias, señor Presidente. Señora Comisaria, estimados colegas, se nos ha presentado un informe de evaluación de 1995 que se ocupa de la transición del tercer al cuarto programa marco. Exactamente al mismo tiempo nos dirigimos a plena marcha hacia el quinto. Al contrario que el orador anterior, debo decir que como grupo político comprendemos que haya un cierto espacio temporal entre la ejecución y la evaluación. Sin embargo, me pregunto realmente cómo podemos aprender de las experiencias si programamos el futuro antes de haber podido analizar críticamente el pasado. En segundo lugar -sobre lo que ya se ha hablado- desearía ir un paso más allá: se debería exponer mejor la relación existente entre segmentos de investigación de otros programas, los programas de ayuda así como TACIS y PHARE, o todos los programas de cohesión que tenemos -hoy hemos hablado mucho sobre política estructural-, repito, la relación existente entre los segmentos de investigación de estos programas y los programas de investigación en sentido estricto. Precisamente este año la Comisión ha hablado muy frecuentemente sobre la coordinación de las diferentes políticas de investigación. Sería un comienzo muy conveniente que la Comisión realizase una coordinación adecuada en su propia casa.
Tercero: para mi grupo político, una evaluación no debe basarse en seguir actuando siempre igual. A lo largo de los años, hemos visto que los programas específicos se han elaborado siempre así pues así se había hecho siempre. Se deberían desarrollar estrategias para mejorar la eficacia y en los programas siguientes deben cuestionarse las mismas y analizarse mejor y más claramente los éxitos o fracasos.
Ultimo punto: me pregunto si no sería necesario recapacitar a fondo, precisamente de cara al quinto programa marco, sobre el sentido o sinsentido de la evaluación tal como existe ahora. Necesitamos unos criterios objetivos y comprensibles a pesar de todas las dificultades que puedan entrañar. Tampoco tienen que ser de validez general para todo el mundo sino representar para nosotros año tras año una continuidad. Actualmente somos testigos de que cada informe de evaluación representa una unidad propia en si. Apenas existe una comparabilidad.
Vuelvo al inicio: solamente podremos aprender de los errores del pasado si los tenemos continuamente en cuenta, lo que, ante el quinto programa marco, es urgentemente necesario.

Pompidou
Señor Presidente, señora Comisaria, mis queridos colegas, en primer lugar debo felicitar al Sr. Lange por haber realizado un trabajo de calidad. Su informe permitirá mejorar la transparencia del quinto PMID, o cuando menos, por el momento, del cuarto Programa marco de investigación y desarrollo. Es la respuesta al compromiso preciso que establece el artículo 130 P del Tratado de la Unión Europea.
El presente informe incluye una serie de datos específicos relativos a los diferentes programas, sin que por ello incluya un análisis adecuado. En efecto, faltan datos precisos relativos a la evaluación de los distintos programas así como los elementos relativos al desglose de los fondos asignados a universidades, empresas e institutos de investigación, respectivamente.
Quiero subrayar asimismo que el informe no aborda tampoco los problemas más importantes. Se ha producido, efectivamente, un claro aumento de las solicitudes de participación no satisfechas, en la medida en que los Estados miembros han reducido una parte de los fondos destinados a la investigación. En este contexto, y con el fin de limitar las pérdidas de tiempo y de dinero por parte de los solicitantes, es indispensable realizar un esfuerzo para simplificar las solicitudes de acceso a los programas.
La medida es fundamental para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, cuyos medios financieros no les permiten hacer frente a semejantes gastos complementarios. Creo que no se debe reducir el presupuesto comunitario destinado a la investigación. Es precisamente la política de investigación y desarrollo de la Unión Europea la que hará posible el desarrollo futuro y la competitividad de las empresas de cara a nuestros competidores, sobre todo de cara a nuestros competidores naturales que son los Estados Unidos y Japón, pero también en relación con los nuevos países emergentes, cuya capacidad de producción y de comercialización debe ser tenida en consideración de aquí en adelante.
Además, será necesario promover la participación de determinados laboratorios que se dedican a la investigación fundamental. Hasta ahora se han beneficiado muy poco de los programas propuestos por la Comisión. La investigación fundamental, aparte del hecho de que amplía el campo de conocimientos, permite preparar el futuro e incluso evitar dramas; la enfermedad de las vacas locas es un excelente ejemplo.
Por último, habría que hacer un esfuerzo de coordinación entre los programas comunitarios y las actividades de investigación de los Estados miembros, y promover una difusión adaptada de los resultados, por ejemplo de esto último.
Me suscribo, pues, a las conclusiones del informe que insiste en la necesidad de establecer un plan de evaluación uniforme. Su finalidad será la de permitir una comparación entre la creación y los resultados de los diferentes programas. Para poder tener en consideración un plan semejante hacen falta informes de seguimiento elaborados por expertos independientes, algo que, por otra parte, no figura en el informe anual. Si contamos con una medida de este tipo, la evaluación a posteriori será difícil. La Comisión y la elaboración de las opciones políticas, propias de las responsabilidades de nuestro Parlamento, se verán privadas en el futuro de la necesaria evaluación.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, me sorprende que la Comisión logre despistar una y otra vez al Parlamento Europeo haciendo malabarismos con los datos. Pongamos por caso el presente informe. No se trata del Informe Anual para 1995, tal y como sugiere su título, sino del Informe sobre las actividades de investigación de la Unión Europea llevadas a cabo en 1994 y sobre el Tercer programa marco. Al igual que otros diputados, me pregunto por qué el Parlamento recibe siempre tan tarde los informes de evaluación. Después de todo, es preciso que conozcamos los resultados de las investigaciones realizadas para establecer una política de investigación adecuada de cara al futuro. Por tanto, pido a la Comisión que tome buena nota de la conclusión nº 12 y que presente los futuros informes anuales a principios del año siguiente al año en cuestión y, a más tardar, el 31 de marzo.
La misión fundamental de la Unión Europea en los ámbitos de la investigación y el desarrollo es fomentar la cooperación, y no tanto fomentar proyectos y programas. La coordinación de las políticas de investigación de los Estados miembros sólo es posible si existe cooperación. Por tanto, es preciso que, en los futuros informes anuales, la Comisión incluya una sección específica sobre la relación entre las actividades de investigación de la Unión Europea y las de los Estados miembros. De esa manera, se evitarán estrategias divergentes y duplicaciones y se extraerá el máximo rendimiento de los fondos de investigación.
El Quinto programa marco se encuentra en plena fase de preparación. Además, la Comisión dispone ya de un documento que contiene proyectos de directiva. Excelente. Para adoptar decisiones políticas en esta materia, es necesario analizar periódicamente y de un modo crítico los distintos programas incluidos en el Cuarto programa marco, aplicando un método uniforme.
Por último, aunque de las evaluaciones de la Comisión no se derivan actos obligatorios, sí son decisivas para establecer las futuras prioridades de investigación.

Holm
Señor Presidente, más vale tarde que nunca, y finalmente el Parlamento ha recibido el primer informe anual de la Comisión, de lo cual yo me congratulo. En calidad de diputado del Parlamento, considero de la mayor importancia que tengamos acceso a él, ya que hay que evaluar las actividades que constituyen la base sobre la que se aprobarán en adelante los diversos proyectos de investigación. Esto es esencial, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de unas sumas de dinero considerables. El IV Programa Marco incluye miles de millones de ecus repartidos en cinco años, y es necesario que sepamos en qué se van a invertir.
En base a lo expuesto es lamentable que el informe no esté a la altura de las esperanzas que se tienen puestas en el artículo 130p del Tratado. El informe anual es simplemente un escrito en términos optimistas, y no figura nada en él sobre los problemas que necesariamente existen dentro de este tipo de actividad. Por eso echo a faltar un apartado de análisis, y unas propuestas por parte de la Comisión sobre cómo abordar los problemas existentes.
El grupo sueco de expertos para análisis sobre asuntos de economía pública publicó en febrero de este año un informe que entre otras cosas establecía que las valoraciones de la UE son a menudo erróneas. El informe anual de la Comisión confirma el informe sueco en este sentido. Por ello espero que en el próximo se incluya una evaluación de los resultados obtenidos y unas conclusiones. El informe sueco criticaba además certeramente la actividad investigadora de la UE, sobre todo en lo concerniente a la divulgación de sus resultados. En este sentido la UE debe mejorar mucho más en el futuro.
Finalmente, espero que la Comisión tenga en cuenta lo que dice el informe del Sr. Lange, lo cual apoyamos los Verdes, y que la próxima vez, aprendiendo de su experiencia, nos presente un informe anual mejor.

Cresson
Señor Presidente, señoras y señores diputados, ante todo, quisiera agradecer al Sr. Lange la atención con la que ha examinado el informe anual para 1995 sobre las actividades de investigación de la Unión. El Sr. Lange se ha entregado a un análisis minucioso que le ha llevado a formular recomendaciones muy útiles.
Añadiré, no obstante, que algunas de las opiniones contenidas en el presente informe y expresadas en la resolución que hoy discutimos me parecen, quizá, algo severas. Por una parte, dicha severidad se debe, a mi entender, a un malentendido. En pocas palabras, quisiera recordarles esta noche la naturaleza y la función del informe anual sobre las actividades de investigación de la Unión, situar dicho informe en el conjunto del dispositivo de información, de evaluación y de seguimiento de las actividades de investigación y, por último, indicarles las mejoras que la Comisión se propone aportar a este dispositivo en base a las recomendaciones contenidas en su propuesta de resolución.
La presentación por la Comisión de un informe anual sobre las actividades de investigación de la Unión responde a la obligación que recoge el artículo 130 P del Tratado. El informe anual no es un informe de evaluación. Su función no es tampoco la de permitir una reorientación de las actividades de investigación ni la de definir nuevas prioridades. Su función es, ante todo, la de informar. Ni que decir tiene que es indispensable hacer una evaluación rigurosa de los programas de investigación y de sus resultados. Pero dicha evaluación está garantizada mediante otros instrumentos, aparte del informe anual.
Éste es el segundo punto que quería abordar. La comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 1996 sobre la evaluación y el seguimiento de los programas hace una clara distinción entre dos funciones. La función de seguimiento está garantizada mediante los informes de seguimiento anuales de los programas específicos y del programa marco. El carácter de dichos informes es básicamente factual.
A continuación, la función de evaluación: el objetivo en este caso consiste en apreciar el grado en el que los programas han alcanzado los objetivos que les habían sido fijados y su nivel de adaptación a las necesidades. Se trata también de identificar los puntos que deben servir de orientación a la acción de la Unión. Con este fin, grupos de expertos independientes elaboran informes de evaluación a cinco años de los programas específicos y del programa marco.
Los primeros informes de seguimiento han sido presentados al Parlamento Europeo. Los primeros informes de evaluación a cinco años están siendo elaborados y estarán disponibles a finales de año, fecha en que se debatirá el Quinto programa marco. En cuanto al programa marco, el Sr. Étienne Davignon es quien preside el grupo encargado de elaborar el informe. El informe anual que, al igual que los informes de seguimiento, tiene un carácter básicamente factual, viene a ocupar, a su vez, un lugar junto a este doble dispositivo.
Para terminar y como hemos convenido, diré unas palabras sobre nuestras intenciones de cara al futuro. El informe anual para 1995 es ciertamente perfectible. Mencionaré tres hechos para ilustrar este período de rodaje. En primer lugar, el presente informe ha sido el primero en su género. Su elaboración ha coincidido con la puesta en marcha del nuevo plan de evaluación y de seguimiento. Ha coincidido igualmente con el lanzamiento del Cuarto programa marco, para el que las primeras informaciones no estuvieron disponible hasta bien avanzado el año. Pero quisiera ser muy clara. La Comisión se propone garantizar las tareas de evaluación y de seguimiento con todo el rigor necesario.
La comunicación inventada mañana, que presenta orientaciones para el Quinto programa marco hace referencia expresa a la necesidad de desarrollar un instrumento, del tipo de cuadro de mandos que permita medir los avances y los resultados de los programas. Se introducirán mejoras al conjunto del dispositivo de información, de evaluación y de seguimiento que habrá que tener en cuenta de forma global. Dichas mejoras se ajustan precisamente a las recomendaciones de su resolución. Se creará un plan armonizado que recoja los datos sobre la ejecución de los programas.
Los elementos relativos a los aspectos que causan el mayor número de preocupaciones, a saber, los retrasos en la aplicación y la repartición de las financiaciones por perfil del participante o por región serán puestos en evidencia. Se facilitarán detalles de evaluación cualitativa sobre la ejecución de los programas y los resultados obtenidos. Se realizarán esfuerzos para acelerar la elaboración del informe anual dentro de las limitaciones que establecen los plazos necesarios para disponer de los datos cifrados.
En conclusión, creo que con el informe anual, los informes de seguimiento y los informes de evaluación, los diputados al Parlamento y también las autoridades de los Estados miembros dispondrán de una panoplia de instrumentos muy compleja. Ésta debería permitirles formarse una idea precisa y completa de las actividades de investigación de la Unión y apreciar el grado de logros de los objetivos que se fijaron.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar maãna a las 11.00 horas.

Sistema común del impuesto sobre el valor añadido
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0225/96) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(95)0731 - C4-0153/96-95/0362(CNS)) por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (nivel mínimo del tipo normal).

Langen
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre la modificación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido ha sido debatida muy extensamente durante los últimos meses en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, competente para el fondo. En un total de cuatro reuniones, esta comisión ha examinado la propuesta de la Comisión y sus miembros han expuesto su opinión. El 26 de junio de 1996 se aprobó la presente resolución legislativa.
Con la presente propuesta de directiva se quiere impedir una divergencia progresiva de los tipos de impuesto sobre el valor añadido y de las estructuras fiscales en los Estados miembros. Como la decisión de transferir a partir de 1997 la recaudación del impuesto sobre el valor añadido al país de origen ya no se puede aplicar a tiempo, la Comisión intenta acertadamente evitar otras distorsiones con ayuda de esta propuesta mínima.
Para que los tipos de impuesto sobre el valor añadido no diverjan aún más, junto al tipo mínimo del 15 % se quiere determinar un tipo máximo del 25 %. Como todos los tipos normales de impuesto sobre el valor añadido -hay muchas excepciones no sólo para productos agrícolas sino también para otros, como los libros- en los países miembros de la Unión Europea se encuentran entre el 15 %, en Alemania y Luxemburgo, y el 25 %, en Dinamarca y en Suecia, esta fijación que debe aplicarse desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1998, es decir para dos años, no representa ningún cambio en cada uno de los tipos del impuesto sobre el valor añadido en los Estados miembros.
Sin embargo, la propuesta de la Comisión es positiva pues impide una divergencia aún mayor de los tipos de impuesto en unos tiempos en los que hasta ahora no era posible adoptar ninguna decisión. Según la propuesta de la Comisión, el Consejo deberá adoptar a más tardar hasta en 1998 una decisión sobre si en el futuro se debe seguir reduciendo el margen de los tipos del impuesto.
El Sr. Comisario Monti ha presentado en julio un programa para el mercado interior con un calendario preciso y muy ambicioso que nosotros apoyamos plenamente. La actual propuesta de la Comisión persigue en lo esencial mantener el estado de la armonización. Sin embargo, el Consejo en funciones -y no la Comisión- ha bloqueado hasta ahora una armonización de los sistemas fiscales amparándose en el principio de unanimidad lo que tampoco se excluye ni mucho menos para el futuro.
La armonización de los sistemas fiscales en la Unión es de importancia esencial tanto de cara a la tercera fase de la Unión económica y Monetaria como para una política de empleo eficaz. En consecuencia, es urgentemente necesaria una aproximación de los tipos fiscales para un funcionamiento sin trabas del mercado interior así como para evitar distorsiones. Sólo mediante la pronta creación de un área fiscal europea lo más unitaria posible se podrán reducir los numerosos obstáculos administrativos al comercio así como crear y asegurar puestos de trabajo duraderos.
En este contexto, deseo decir algo como ponente sobre la presente propuesta del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que rechaza el límite superior del 25 %. En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial no ha encontrado una mayoría y pido a las y los colegas que lo hagan también en el Pleno.
La Comisión ha hecho sus deberes. Les pido que modifiquen la regulación transitoria actual de la imposición en el país de destino por la de en el país de origen, pues no se deben infravalorar los gastos administrativos, las posibilidades de fraude fiscal y los numerosos problemas para las pequeñas y medianas empresas.
Hay que felicitar personalmente al Sr. Comisario Monti por no haber perdido de vista el objetivo de la armonización fiscal a pesar de que el balance intermedio es más bien desesperanzador y por no haber perdido el valor para presentar propuestas constructivas a pesar de las numerosas resistencias de los Estados miembros. El Consejo debe hacer ahora bien las cosas en la armonización del impuesto sobre el valor añadido.

Metten
Señor Presidente, me referiré sobre todo a la enmienda presentada por el Grupo socialista para que no se fije un tipo máximo en las tarifas del IVA. A mi juicio, sería conveniente definir la situación económica actual de los Estados miembros y las reducciones de gastos que dicta la Unión Económica y Monetaria. Por otra parte, el Libro Blanco de Delors, al que se refirió el Comisario Monti en su comunicación del pasado mes de marzo, establece como objetivo que, en los Estados miembros, la presión fiscal sobre el trabajo se transfiera a otros factores. Si comenzamos con esta última cuestión y estudiamos hacia dónde transferir la presión fiscal, observamos que de ningún modo se puede obtener capital a corto plazo. Por otra parte, el capital es el factor más móvil y, de hecho, el incremento de los impuestos sobre consumos específicos, y más sobre el IVA, es probablemente la única posibilidad que tienen los Estados miembros de transferir las cargas fiscales del trabajo a esos otros factores. En su documento de trabajo del pasado mes de marzo, la Comisión reconoce este hecho cuando propone que, en el régimen transitorio hacia el sistema definitivo, se debería optar por un porcentaje que fuera unos puntos superior al de la media, a fin de compensar la presión fiscal sobre el trabajo.
Sobre este fondo, cabe calificar de poco consistente, cuando menos, el criterio que la Comisión establece aquí porque reduce, sin que sea necesario de inmediato, el margen de maniobra de los Estados miembros en materia de política fiscal. El Sr. Langen ha indicado que por lo menos dos Estados miembros han alcanzado ya este tipo máximo del 25 %.
¿Por qué no hay una urgencia inmediata? Porque el único motivo que justifica una mayor convergencia de los tipos es la transición al régimen definitivo. Según las conclusiones de un estudio realizado por encargo de la Comisión, en el régimen actual no existen distorsiones de competencia fundamentales entre los Estados miembros. En otras palabras, la convergencia de los tipos sólo sería necesaria para el régimen definitivo. ¿Pero cuándo entrará en vigor ese régimen definitivo? La Comisión todavía no ha elaborado una propuesta real; sólo presentó un documento de debate que, dicho sea de paso, todavía no he recibido. Entretanto se ha visto claramente que, de cualquier modo, entrará en vigor después del año 2000. A mi juicio, es probable que se pueda convencer a los Estados miembros para que avancen hacia el régimen definitivo, a menos que en el régimen actual se produzca un fraude tan grande que la situación se vuelva insostenible. No obstante, las noticias que he recibido hasta la fecha indican que precisamente este fraude no es verificable, lo cual debo admitir que me sorprende. Tengo curiosidad por escuchar los argumentos de la Comisión cuando afirme que el régimen actual es tan deficiente que debemos pasar al definitivo.
Resumiendo, en vista de que todavía no disponemos de datos exactos sobre cuándo se introducirá el régimen definitivo y sobre cuál será su aspecto, opino que sería muy prematuro, dada la enorme presión fiscal que la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria impone a todos los Estados miembros, limitar sus posibilidades de política fiscal. Por esta razón, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda para eliminar el tipo máximo.

Friedrich
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al colega Langen por su claro y convincente informe que merece naturalmente nuestro apoyo. Hoy damos un importante paso para seguir aproximando los impuestos en la Unión Europea. Precisamente porque queremos la competencia entre los lugares de asentamiento empresarial y de los sistemas en la Unión Europea, necesitamos unas reglas de juego comunes a las que se atengan todos. El tipo propuesto entre el 15 y el 25 % cumple plenamente con las necesidades actuales. Los social-demócratas alemanes se han pronunciado incluso en contra de una elevación del 15 al 16 % y consideran como absolutamente errónea una supresión del límite superior. Estimado colega Metten, es por ello para mí muy difícil de comprender que cuestione aquí el tipo del 25 %, lo que significaría la posibilidad de tipos incluso superiores.
Sin los límites y normas propuestas por la Comisión no existiría una competencia entre los sistemas sino una especie de catch as catch can . No podemos permitirnos ni queremos esto sino por el contrario, estoy plenamente convencido de que la Unión Europea debe adoptar medidas adicionales durante los próximos meses y años en el sector fiscal para evitar, por ejemplo, la evasión fiscal. No se puede aceptar que las personas que tienen grandes ingresos paguen menos impuestos cambiando simplemente de domicilio a un país vecino de la UE.
Si queremos frenar la evasión fiscal no necesitamos menos sino más cooperación europea. En especial, es una gran lacra que en los impuestos sobre las rentas del capital se trate peor a los nacionales que a los extranjeros. En el momento en que tratemos igual en toda la Unión Europea a los nacionales y a los extranjeros en lo tocante a los impuestos sobre las rentas del capital, habremos colocado el fundamento más importante para combatir la evasión fiscal y dado un gran paso para lograr la justicia fiscal.

Svensson GUE/NGL)
Señor Presidente, la armonización del impuesto sobre el valor añadido es, además de incorrecta por principio, imposible de realizar en la práctica. El IVA tiene un peso específico muy diverso, y unos propósitos muy divergentes, en los presupuestos nacionales. Su armonización creará confusión en las finanzas nacionales. La reducción de la tasa más elevada constituye además una amenaza contra la infraestructura de los servicios públicos en aquellos países donde el impuesto representa una fuente considerable de ingresos.
La armonización de los impuestos contradice además un importante principio de todas las constituciones democráticas, que es el derecho del pueblo a fiscalizarse a sí mismo. Por consiguiente, deberíamos admitir que no se puede realizar desde el punto de vista político una política impositiva común. Tampoco es necesaria para la cooperación europea, sino que puede, por el contrario, menoscabarla.

Wibe
Señor Presidente, pertenezco a aquéllos que critican el informe bajo su forma actual por varios motivos. En primer lugar, no creo que la variedad de los IVA constituya un obstáculo significativo para el comercio. Los obstáculos económicos al comercio que distorsionan la competencia aparecen cuando se discriminan los productos procedentes de un país o una región, por ejemplo, imponiendo derechos de aduana a los productos que procedan de un país determinado o de todo el mundo. En este caso se perjudica a los bienes de consumo de otro país en beneficio de los del propio, y las ventajas comparativas del comercio no benefician a los consumidores. Por lo que respecta a los diversos tipos de IVA, no existe esta discriminación. Si un país tiene unas tasas elevadas, éstas van dirigidas a toda la producción y no solamente a un ámbito especial. Por tanto, unas tasas diferentes no equivalen, señor Presidente, a la distorsión de la competencia.
En un sistema democrático cada país debería poder decidir sobre sus propios impuestos. Existen ideas políticas divergentes en los distintos países de la Unión sobre la amplitud que debería tener el sector público o el sistema de seguridad social. Estas ideas divergentes tienen por fuerza que reflejarse en una imposición distinta.
Además estoy completamente de acuerdo con la enmienda presentada por mi colega Metten. Estamos en una situación de grandes déficit presupuestarios en los países miembros. Actualmente muchos intentan resolverlos recortando los servicios públicos. Pero un presupuesto no se arregla solamente mediante recortes, sino también a través de unos incrementos de los ingresos. Los países miembros deben poder, si lo consideran necesario, tener un IVA por encima del límite propuesto del 25 %. Establecer este límite máximo equivale a establecer un límite máximo para los servicios públicos.
Finalmente, señor Presidente, opino que la propuesta de un IVA idéntico es incorrecta por la sola razón de que cada país necesita su propia combinación óptima de impuestos (por ingresos, IVA, etc.) para lograr la eficacia económica. Creo que la propuesta de un IVA común es económicamente inoperante, no eficaz.

Monti
Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo felicitar al ponente, Sr. Langen. Como ustedes saben, la presente propuesta de directiva está orientada a fijar en el 15 y el 25 %, respectivamente, el nivel mínimo y el nivel máximo del tipo normal del IVA desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de enero de 1998. En la actualidad, y hasta el 31 de diciembre de 1996, los Estados miembros están obligados a aplicar un tipo normal no inferior al 15 % en el marco del régimen transitorio, mientras que no se prevé nivel máximo alguno. En la práctica, los Estados miembros aplican tipos normales del IVA que van del 15 al 25 %.
La legislación comunitaria sobre el IVA establece que la Comisión debe presentar una propuesta para regular la situación después del 31 de diciembre de 1996. La directiva que proponemos no impone a ninguno de los Estados miembros modificar el tipo normal del IVA actualmente en vigor, ya que se limita a garantizar el mantenimiento del grado de armonización de los tipos del IVA alcanzado hasta hoy, asegurando así que el régimen transitorio pueda seguir funcionando correctamente, es decir, y en otros términos, que su funcionamiento no empeore. Sobre la base de un pormenorizado estudio de la situación, llegamos a la conclusión de que ésta es la solución más adecuada. En efecto, una divergencia progresiva de tipos de IVA podría provocar, por sí sola, desequilibrios estructurales y distorsiones de la competencia en varios sectores económicos. Sería además inoportuno permitir una más amplia divergencia de los tipos normales de IVA en vigor en los Estados miembros, en un momento en el que se proyecta la introducción en el mercado único de un nuevo sistema común del IVA, basado en el principio de imposición en el país de origen. Sin embargo, para que este tipo de sistema funcione, será necesario en todo caso armonizar los tipos del IVA. La propuesta que les fue presentada establece la horquilla en la que deberá situarse el tipo normal del IVA para un período de tan sólo dos años, o sea 1997 y 1998.
Consideramos que no era oportuno adoptar una decisión definitiva al respecto, dado que el régimen actual es transitorio y que, de cualquier modo, hará falta abordar la cuestión del nivel mínimo y máximo del tipo normal en cuanto se defina el nuevo régimen del IVA. Al respecto, deseo precisar y garantizar a los miembros del Parlamento Europeo que la Comisión presentará propuestas específicas para un régimen del IVA tomando como base el principio de la imposición en el país de origen. El programa estratégico, presentado por la Comisión y adoptado antes del verano, contempla este compromiso. Sólo un compromiso de este tipo es compatible con un verdadero mercado único -cuestión que abordó también el Sr. Friedrich- y es un enfoque que podrá simplificar la vida de las empresas, reducir los costes y, en definitiva, aportar un beneficio estructural al empleo. Y es precisamente en ésta perspectiva que nos movemos.
Deseo asimismo recalcar que con esta propuesta cumplimos una disposición expresa de la Sexta Directiva relativa al IVA y, al mismo tiempo, damos el primer paso hacia el desarrollo del programa para pasar al nuevo régimen común. Si queremos que el mercado único sea verdaderamente tal y produzca todos sus efectos positivos en materia de crecimiento y de empleo, debemos complementarlo desde el punto de vista fiscal, aspecto este último que han subrayado varios miembros de este Pleno.
La adopción de la directiva que hoy están examinando, constituirá una señal política importante de que la Comunidad ha tomado la determinación de facilitar la vida de sus empresas y de sus ciudadanos. Por estas razones y con arreglo a este enfoque, la Comisión no puede aceptar la enmienda presentada por el Sr. Donnelly, quien propone la abolición del nivel máximo del tipo normal del IVA. Al respecto, deseo manifestar que he sopesado las argumentaciones de los Sres. Metten y Wibe, sin embargo, deseo hacer hincapié que la propuesta de la Comisión que les fue presentada, es perfectamente coherente con el análisis y las sugerencias contenidas en el documento del mes de marzo para el Consejo informal Ecofin celebrado en Verona, a quien se sugirió transferir la carga fiscal a otros factores que no fueran el del trabajo. Hemos estudiado con atención la situación respecto a los distintos Estados miembros más potencialmente interesados en establecer el tipo máximo del 25 %. Dichos Estados, de hecho, ya llevaron a cabo, con éxito, la transición de las cargas fiscales a la imposición indirecta. Por consiguiente, la actual propuesta muy difícilmente podrá representar para los mismos una efectiva inhibición respecto a un margen de fluctuación que en definitiva ya utilizaron. Es importante, por el contrario, no obstaculizar mayormente el funcionamiento del mercado interior.
Por ello, limitamos a dos años el plazo de aplicación de esta propuesta. Vamos a utilizar este período de tiempo para dar seguimiento a los debates iniciados en Verona, seguimiento que permitirá formular una perfecta evaluación del futuro papel del IVA en la estructura global de los ingresos fiscales de los Estados miembros. Esta propuesta debe ser entendida, ni más ni menos, como una medida de salvaguardia temporal, que no perjudica al nivel de los tipos necesarios del IVA para el régimen común del IVA. Deseo añadir, no obstante, que ante la posibilidad de aplicación de fuertes subidas del tipo de IVA, el IVA se considera como un impuesto regresivo y, por consiguiente, dicha aplicación excesiva podría conllevar consecuencias sociales preocupantes.
Para finalizar, señor Presidente, deseo expresar una vez más la gran satisfacción de la Comisión por el fructífero espíritu de colaboración que ha caracterizado hasta ahora los debates con el Parlamento y que permitió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial emitir un informe favorable, así como renovar mi agradecimiento a usted, Sr. Langen, en particular.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar maãna a las 11.00 horas.

Permiso de conducción
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0206/95) del Sr. Farassino, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0055 - C4-0207/96-96/0040 (SYN)) por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE relativa al permiso de conducción.

Farassino
Señor Presidente, Señorías, a través de este informe se propone: modificar la Directiva 91/439/CEE a fin de adoptar una codificación armonizada de base para las menciones adicionales que deberán figurar en los permisos de conducción y para los principios que rigen su funcionamiento con arreglo a las disposiciones de la Directiva, tal como se deduce del artículo 1; crear un comité encargado de asesorar a la Comisión sobre cualquier problema que pudiera plantearse en relación con los anexos de la Directiva 91/439/CEE y como consecuencia del progreso científico y técnico (artículo 2); modificar el tercer guión del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 91/439/CEE con el objeto de lograr una mayor aproximación de esta disposición a la designación comercial, incluida la reducción del criterio de velocidad máxima por construcción de 50 km/h a 45 km/h, por lo que atañe a las motocicletas.
Como ponente acojo favorablemente la propuesta de la Comisión por la que se armoniza el sistema de codificación de las menciones relativas a las condiciones en las se expide el permiso de conducción y que deberán figurar en el propio permiso. En efecto, ello va a contribuir a la libre circulación de personas en la Comunidad -en particular en el caso de conductores minusválidos- y a la seguridad vial, agilizando, en caso de necesidad, el control de los permisos de conducción -independientemente del Estado que haya expedido el permiso, de la nacionalidad del agente que lleve a cabo el control o de la administración que lo gestione- en gran parte de Europa. El sistema de codificación armonizado se aplicará, asimismo, a los países del Espacio Económico Europeo.
Hecha esta salvedad, en mi calidad de ponente, con las enmiendas que presenté a la Comisión de Transportes y Turismo y que ahora presento al Parlamento, he pretendido hacer frente a determinadas necesidades y solicitudes de algunos Estados miembros.
En primer lugar, sería deseable que la Comisión propusiese, lo antes posible, no sólo los códigos de las menciones, sino también los subcódigos -en particular para los códigos 04 (certificado médico), 05 (restricciones por razones médicas), 44 (adaptaciones de la motocicleta) y 55 (combinaciones de adaptaciones de la motocicleta), ya establecidos en el marco de las reuniones mantenidas entre la Comisión y los expertos de los Estados miembros.
En segundo lugar, sería asimismo útil prever un nuevo código universal 00 con el objeto de poder cubrir todos los casos excepcionales como, por ejemplo, el citado por la Sra. Muscardini con la enmienda 8.
Además, las adiciones solicitadas en los códigos 70 y 71 y que hacen referencia a la indicación de la sigla del tercer país con arreglo a la lista armonizada en el marco CE/ONU serían útiles para mejorar la comprensión en caso de que un titular que haya obtenido el documento en un país tercero desee cambiar el permiso de conducción. Así pues, el objeto de la adición de un código 79 es hacer frente a las necesidades específicas de algunos Estados miembros. De este modo se cubrirían los casos de equivalencia entre categorías de permisos expedidos antes del 1 de julio de 1996 y las categorías definidas en el artículo 3 de la Directiva 91/439/CEE. La utilización de este código 79 se limitaría al posible mantenimiento de los derechos adquiridos por los titulares de un permiso de conducción expedido antes del próximo 1 de julio. El objeto de las demás modificaciones de la mencionada enmienda 5 a los códigos 02 (prótesis auditivas) y 03 (prótesis/órtosis) es precisar aún más estas menciones.
La Directiva 91/439/CEE sólo se refiere a la expedición del permiso, por lo que deberá emprenderse a escala europea la necesaria armonización de las normas relativas a la retirada de dicho permiso en caso de infracción cometida en un Estado miembro distinto del de expedición, problema directamente vinculado con la necesidad, tantas veces señalada por el Parlamento Europeo, de establecer un sistema europeo de permiso de conducción por puntos.
Con tal fin, con la enmienda 3 se establece un límite -el 31 de diciembre de 1996- para que el grupo de trabajo que deberá estudiar la implantación de dicho sistema, concluya sus trabajos. Sobre la base de las conclusiones de dicho grupo de trabajo, la Comisión podría presentar una propuesta legislativa antes del 31 de marzo de 1997.
Finalmente, con las enmiendas 2 y 6 se pretende sustituir el comité de gestión (tipo II a) para la adaptación al progreso técnico y científico de los anexos I y IA (modelos de permiso de conducción), II (requisitos para los exámenes de conducción) y III (aptitud física) de la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción por un comité técnico de carácter consultivo más eficaz, con arreglo a las sugerencias de la Conferencia de Presidentes para la aplicación del modus vivendi a la comitología.

Farthofer
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, como político siempre me satisface que aprobemos proyectos de ley que los funcionarios pueden aplicar con relativa facilidad. La armonización de los códigos en los permisos de conducción puede contribuir sin duda a que cualquier funcionario de seguridad de la Unión Europea pueda ver y controlar de un vistazo las normas pertinentes de los permisos de conducción de las conductoras y conductores de todos los países miembros.
No se puede uno cansar de repetir que el euro-carnet armonizado contribuye a la movilidad de los ciudadanos en la Unión y al mismo tiempo supone una aportación a la seguridad en el tráfico. Sin embargo, la aplicación práctica de la Directiva 91/339 me preocupa. Desde el 1 de julio de 1996 todos los Estados miembros deberían aplicar las normas del euro-carnet. Pero sólo ahora aprobamos en primera lectura una parte no despreciable de dicho carnet, es decir, los códigos armonizados.
Si los Estados miembros no quieren emitir cada año nuevos permisos de conducción, se ven imposibilitados de aplicar la directiva. Por ello, esperaría de la Comisión que nos presentase por fin unas propuestas de directiva consistentes y no nos presente cada seis meses nuevas normas parciales. Los políticos somos los que tenemos que explicárselo y defenderlo a la postre ante los ciudadanos de la UE.
Quiero felicitar al ponente por haber presentado de nuevo la exigencia del permiso de conducción por puntos, lo que viene planteando desde hace muchos años esta Asamblea. De innumerables debates en mi país de origen, Austria, sé cuántos argumentos se exponen en contra, también por parte de organizaciones de automovilistas que dicen defender sus intereses pero que ignoran el asunto más importante, la seguridad en la carretera.
El ejemplo de Francia ha demostrado con total claridad que se ha podido reducir la cifra de accidentes de tráfico en un 10 % en solamente un año. Cada tanto por ciento menos de muertos en el tráfico debería ser para nosotros un estímulo. Por ello, ruego a la Comisión que apoye las exigencias de este informe. El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos lo apoya. Solamente vemos dificultades en el artículo 8.

Stenmarck
Señor Presidente, me permito empezar agradeciendo al Sr. Farassino el trabajo de gran calidad que ha efectuado en la cuestión sobre la armonización de las disposiciones para la obtención del permiso de conducción dentro de la UE.
Ya en el Tratado de Roma se crearon las condiciones previas para la libre circulación. Con ello surgió asimismo la necesidad de ir armonizando paulatinamente las disposiciones de los distintos países miembros en una serie de ámbitos, también en las cuestiones que afectan al tráfico y a los transportes. Uno de estos ámbitos consistía en la necesidad de unas disposiciones comunes para la obtención del permiso de conducción. También el Tribunal de la Comunidad Europea hizo referencia a este hecho con ocasión de un juicio emitido ya en 1978. La motivación del Tribunal era que las distintas disposiciones existentes para la obtención del permiso nacional podían encerrar una limitación directa o indirecta en cuanto a la libre circulación de las personas. Más tarde se han adoptado una serie de iniciativas que facilitan la movilidad para aquellas personas que se establezcan en un Estado miembro distinto de aquel donde han obtenido el permiso. Toda iniciativa que lo haga posible es naturalmente positiva.
La Comisión ha presentado más propuestas que van en esta dirección. Hay razones de peso para dar la bienvenida a las propuestas que suponen una armonización de la codificación de los informes que deben figurar en el permiso, y que hacen referencia a las condiciones bajo las que se ha expedido. Es excelente que queden claras en el permiso las condiciones bajo las cuales se ha expedido por muchos motivos, también porque facilitará la libre circulación, especialmente para los conductores minusválidos. La armonización también contribuirá a una mayor seguridad vial, facilitando los controles de permisos independientemente del país que los haya expedido. En mi opinión, esto se facilita aun más haciendo que el sistema armonizado de codificación también se aplique en los países de la AELC.
También quiero subrayar las posibilidades que también ganamos con la armonización de este sistema de codificación. Las personas afectadas por una enfermedad especial o que sufren un serio accidente en otro país experimentan a menudo dificultades de comunicación con el personal del hospital donde se les ingresa. Esto también le puede suceder a una persona que necesite agudamente un medicamento especial y que no esté en situación de comunicárselo al personal médico. En el futuro se podrá disponer de este tipo de información con un sistema de codificación internacional y armonizado, escribiendo en forma codificada la enfermedad que sufre una persona o el medicamento del que depende para sobrevivir. Esto podría salvar muchas vidas humanas.
Pienso que todo lo que estamos debatiendo y sobre lo que adoptamos una posición, es completamente positivo. No obstante, el grupo PPE votará en contra de algunas de las enmiendas aquí presentadas. Se trata de las enmiendas 3, 4 y 7. El resultado de estas votaciones será por tanto decisivo a la hora de votar sobre la totalidad del informe.

Van der Waal
Señor Presidente, desde el año 1980 se han adoptado diversas medidas para llegar al permiso de conducción comunitario, todas ellas encaminadas a mejorar la seguridad vial y la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Con motivo de la modificación del pasado mes de junio, el Parlamento se pronunció a favor de un modelo alternativo en forma de tarjetas plastificadas, además del permiso de conducción de cartulina. La propuesta hoy debatida contiene una descripción más detallada de las condiciones en las que se autoriza al titular para conducir un vehículo.
El ponente ha presentado algunas enmiendas con las que estamos de acuerdo. No obstante, hacemos una salvedad con las enmiendas núms. 4 y 7, en las que el ponente prevé la posibilidad de transferir los efectos jurídicos de una infracción cometida en determinado Estado miembro al Estado miembro que expidió el permiso de conducción. Si bien cabe alegar argumentos a favor, esta problemática jurídica deberá debatirse en las consultas correspondientes al tercer pilar, y no en la presente directiva relativa al permiso de conducción. Agradezco al ponente el trabajo que nos ha presentado.

Watts
Señor Presidente, permítaseme ante todo agradecer al ponente Sr. Farassino su informe y, en particular, la forma tan clara como ha analizado los evidentes beneficios que entraña esta propuesta de la Comisión de armonizar el sistema de codificación de la información que se incluirá en los permisos de conducción, teniendo en cuenta las condiciones de expedición de dicho permiso. Yo también creo que la propuesta contribuirá a la libre circulación de personas en la Comunidad, en particular personas con discapacidades y contribuirá a la seguridad en la carretera, al hacer más fácil en la mayor parte de Europa la verificación de los permisos de conducción, en los casos necesarios.
Sin embargo, esta noche quisiera poner de relieve las enmiendas 4 y 7, encaminadas a la consecución del reconocimiento mutuo de la suspensión o la retirada de los permisos de conducción. En la actualidad, las prohibiciones impuestas por conducción peligrosa sólo son aplicables en el Estado miembro en que el delito se haya cometido, no en el resto de la Unión Europea. Eso significa, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que a un ciudadano de otro país al que se le retire el permiso de conducción por un delito grave durante sus vacaciones en el Reino Unido, se le devolverá el permiso, una vez concluidas las vacaciones, y después podrá conducir libremente en cualquier otro país de la Unión Europea. De forma semejante, un conductor británico que, por ejemplo, cometa un delito grave estando de vacaciones en el Continente puede pasar por alto la suspensión o la retirada de su permiso de conducción y después regresar a su país, potencialmente libre, me temo, para cometer el mismo delito. Las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo van encaminadas a colmar esa laguna jurídica muy grave.
Sin pretender en absoluto subestimar los graves obstáculos que hemos de superar, hemos de legislar para que exista el reconocimiento mutuo de los permisos de conducción en toda la Unión. También debemos procurar velar por que, en los casos en que se retiren dichos permisos en un Estado miembro, la retirada se aplique a todos.
También quisiera hablar de una enmienda que mi Grupo no podrá apoyar, a saber, la enmienda nº 8, presentada por la Sra. Muscardini y 28 diputados más. Si bien estamos de acuerdo con la necesidad de aclarar la situación relativa a los conductores diabéticos, creemos que hay muchas otras condiciones que se podrían citar. Además, nos tememos que la redacción no propiciaría la consecución del objetivo que quienes han presentado las enmiendas pretenden -estoy seguro- lograr.
Por último, esperamos que la Comisión considere las observaciones que la comisión ha hecho esta noche, la observación tan importante sobre la retirada del permiso de conducción y diga si cree o no que se pueden presentar propuestas en el futuro para colmar esa grave laguna jurídica.

Ferber
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el tema de debate de hoy, el permiso de conducción, no es un asunto de trascendental importancia. Definimos los números de código para el permiso de conducción que debe ser válido en el futuro para toda la Comunidad. No se trata pues de un asunto de gran importancia, pero como siempre, el problema se esconde en los detalles. Estimados colegas Farthofer y Wats, deberíamos recapacitar a fondo sobre qué es lo que queremos. En esta Asamblea había colegas que querían un permiso de conducción bastante limitado en el tiempo. Había colegas que querían un permiso de conducción como documento universal, a ser posible incluso con función de tarjeta de crédito. Gracias a Dios, hemos podido impedir todo esto.
Ahora nos enfrentamos de nuevo con dos deseos especiales. Por un lado, se quiere introducir un permiso de conducción europeo por puntos. Sólo puedo advertir en contra. No necesitamos una central para toda Europa donde se acumulen todas las infracciones que conllevan una anotación en el registro de puntos. ¿Porqué no dejamos esto a los Estados miembros, que son la instancia adecuada? En segundo lugar, no necesitamos la posibilidad de que se le pueda retirar a uno el permiso de conducción para toda Europa. También deberíamos dejar aquí las cosas en su sitio. No me refiero ahora al tráfico por la izquierda o la derecha. ¿Qué hace un turista de Gran Bretaña si el primer día se coloca en la vía errónea cometiendo una infracción? Entonces tampoco puede conducir en Gran Bretaña. Si los ingleses de aquí están tan entusiasmados deberíamos introducir también el tráfico por la derecha.
En tanto no tengamos un catálogo unitario de multas, tampoco podremos retirar el permiso de conducción en toda Europa pues precisamente en época de vacaciones se cometen infracciones que quizás suponen la retirada del permiso en el país donde se pasan las vacaciones pero no en el país de origen. A este respecto, los ciudadanos no están precisamente entusiasmados. Felicito al ponente por el trabajo realizado y sólo quiero pedir a los colegas que no apoyen las enmiendas nº 3, 4 y 7.

Koch
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, por fin se completa el modelo comunitario de los permisos de conducción nacionales. Si hace pocas semanas aprobamos la primera regulación adicional sobre la directiva de permisos de conducción de 1991 relativa a su ejecución en forma de tarjeta de crédito plastificada, hoy se trata de una segunda regulación adicional. Se refiere a datos adicionales, pero no menos necesarios, que deben figurar en los permisos de conducción, relativos a las condiciones de uso para los conductores y los vehículos. Estos datos deben figurar de una forma unitaria y codificada, lo que es positivo, pues si en los permisos de conducción emitidos por los diferentes Estados miembros siguen figurando diferentes codificaciones sobre los datos, seguirán existiendo problemas prácticos para los conductores, empresas, administraciones y policía.
Saludo, por ello, la creación de códigos internacionales unitarios. La partición en dos es adecuada pues los números hasta 99 son códigos comunitarios armonizados y a partir de 100 son códigos nacionales, en concordancia con el principio de subsidiariedad.
Esta codificación conduce sin duda a una mayor libertad de circulación y movilidad de las personas en la UE, ante todo de las personas con minusvalías, así como a una mayor seguridad jurídica y en el tráfico. Precisamente esto es lo que notan directamente nuestros ciudadanos, pues se benefician de ello.
Por ejemplo, ya no dependen de posibles decisiones policiales arbitrarias. Mediante la simplificación del control, revisión y administración, se alcanza al mismo tiempo una mayor transparencia y cercanía al ciudadano. No se debería destruir esto de nuevo mediante la unificación de procedimientos para retirar el permiso de conducción o con la introducción de un permiso de conducción por puntos a nivel europeo.
Creo que para ello debería seguir siendo competente exclusivamente el Estado que emite el permiso.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, ésta es la primera ocasión en que he tenido el placer de dirigirme al Parlamento desde el lamentado fallecimiento de Ken Stewart, que era diputado a esta Asamblea y miembro de la Comisión de Transportes y del partido que en tiempos tuve el privilegio de dirigir. Quisiera rendir tributo a la memoria de Ken Stewart. Sus numerosos amigos y colegas no sólo aquí, en esta Asamblea, sino también en el Reino Unido, en particular, en el movimiento laborista y sobre todo en su amada Liverpool lo echarán de menos con tristeza.
Señor Presidente, la Asamblea ha de saber que la Directiva de 1991 sobre los permisos de conducción entró en vigor el 1 de julio de este año. Sin embargo, cuando la Comisión hizo su propuesta, conocía perfectamente ciertas dificultades prácticas que esa disposición iba a provocar a los Estados miembros. Así, pues, propusimos que cualquier adición o restricción con que contara el permiso iría en forma de códigos y no en palabras para que la policía griega, por ejemplo, pudiera revisar un permiso danés, no sólo en el caso de turistas, sino también en el de personas que hayan adoptado la residencia permanente en ese país.
Tanto en esta Asamblea como en el Consejo se ha examinado detenidamente la lista de códigos y me complace ver que hay un amplio acuerdo, como lo han evidenciado de nuevo las contribuciones hechas en este debate, sobre la formulación básica. El nuevo comité establecido por esta directiva actualizará esa lista de códigos en los casos necesarios y dicho comité será útil también para ayudar a resolver posibles problemas como los que podrían plantear, por ejemplo, las modificaciones en las normas médicas impuestas a los conductores.
Tengo el gusto de informar a la Asamblea de que, como varias de las enmiendas a la propuesta son coherentes con dichos objetivos, la Comisión puede darles su conformidad. Así, pues, aceptamos la enmienda nº 1 y la mayoría de los cambios propuestos en la enmienda nº 5. Sin embargo, no podemos apoyar un código OO universal, que por su naturaleza misma no se podría entender, como tampoco podemos dar nuestra conformidad a la creación de una subdivisión de los códigos por el comité propuesto. Estoy de acuerdo en que el comité haga las subdivisiones lo antes posible, al tiempo que reconozco que al cabo de un tiempo pueden ser necesarias otras subdivisiones.
En cuanto a las otras enmiendas, la nº 2 es una adición innecesaria, ya que la Comisión respetará, naturalmente, el acuerdo sobre el código de conducta. La enmienda nº 6 no es conforme a la Decisión 87/373 del Consejo sobre comitología, por lo que no podemos aceptarla. La enmienda nº 3 no es apropiada para su inclusión en el texto. Sin embargo, la Comisión volverá a examinar las cuestiones relativas a las sanciones en su labor en el marco del grupo de expertos que se creará para que examine las consecuencias de la incorporación de algún microcircuito integrado en el modelo de permiso de conducción tipo «tarjeta de crédito».
Sin embargo, repito -tan sólo para subrayarlo- que esta Asamblea tendrá la oportunidad de dar su opinión sobre cualquier modificación de ese tipo, en consonancia con el procedimiento de cooperación. Es evidente que mis colegas y yo estamos de acuerdo con los argumentos expuestos a lo largo de este debate a favor de la modificación y de la que sería la enmienda nº 3. Las enmiendas núms. 4 y 7 quedan fuera del ámbito de aplicación de la propuesta. La Directiva 91/439 amplía ya eficazmente las consecuencias de la suspensión o de la retirada de un permiso de conducción a todo el territorio de la UE, si es impuesta por el Estado miembro en que resida el titular del permiso.
El reconocimiento mutuo de una suspensión o retirada del permiso de conducción impuesta por un Estado miembro distinto de aquel en que resida normalmente el titular es, como han dicho esta noche algunos diputados, un asunto jurídico complejo, que a veces entraña dificultades constitucionales. Sin embargo, se está examinando actualmente en el tercer pilar con el fin de redactar un convenio relativo a la cooperación judicial. Es evidente que es mejor dejarlo en ese ámbito, donde espero, la verdad, que se obtengan resultados positivos, ya que estoy de acuerdo en gran medida con el tipo de observaciones hechas esta noche por el Sr. Watts, por ejemplo.
Reconozco que existe un argumento contra la centralización. También reconozco que hay un argumento contra quienes de forma habitual no respetan los límites de velocidad o contra quienes de forma habitual empuñan el volante de un vehículo estando bebidos. Me da igual, la verdad, dónde hayan cometido su delito originalmente, lo que quisiera es que toda suspensión que se les imponga tenga efecto en toda la Comunidad. Así, pues, espero que el resultado de los debates celebrados en el tercer pilar sea el de volver más seguras nuestras carreteras y preservarlas contra quienes hayan cometido delitos graves. Si la posición sobre este punto evolucionara, el comité creado de conformidad con el artículo 2 tendrá competencia para introducir los cambios necesarios.
En conclusión, permítaseme agradecer a la Comisión de Transportes y Turismo y, en particular, al ponente Sr. Farassino el rápido y muy serio examen que ha hecho de esta propuesta concreta.

El Presidente
Señor Comisario, deseo darle las gracias por las palabras pronunciadas en memoria de nuestro colega Sr. Stewart, que nuestro Presidente recordó esta tarde al declarar reanudado el período de sesiones.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Normas de seguridad aplicables a buques de pasaje
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0230/96) del Sr. Stenmarck, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0061 -C4-0208/96-96/0041(SYN)) de reglas y normas de seguridad aplicables a buques de pasaje.

Stenmarck
Señor Presidente, durante muchos años el Parlamento Europeo ha adoptado diversas iniciativas en favor de la mejora de la seguridad de los pasajeros que utilizan el transporte marítimo. Esto es naturalmente en gran parte consecuencia de una serie de accidentes muy trágicos que han costado la vida a muchas personas. Especialmente en relación con la catástrofe del «Estonia» ocurrida hace unos años, el Parlamento Europeo reaccionó de modo vigoroso y exigió unas propuestas y medidas por parte de la Comisión. Creo que muchos le estamos agradecidos por ello.
Naturalmente tenemos distintas ideas sobre el poder y la influencia que debe ejercer el Parlamento Europeo. Pero en calidad de grupo de presión, y en lo concerniente a exigir el cumplimiento de requisitos, también para mejorar la seguridad en otros sectores, este Parlamento es seguramente incontestable. Pienso que deberíamos hacer un uso mucho mayor de este poder con vistas a reforzar también los requisitos en torno a la seguridad en otros sectores.
En lo relativo a la seguridad de los buques de pasaje, el objetivo estaba claro. Las aguas que rodean a los países miembros de la UE deben ser las más seguras del mundo. Con este principio como base debemos trabajar en favor de unas mejoras en etapas futuras. Los pasajeros deben atreverse a viajar en los buques que navegan por los países de la UE con plena confianza y sintiéndose seguros. Los padres tienen que dejar que sus hijos viajen en estos buques sin la menor preocupación. En base a que se trataba de establecer un sistema de normas eficaz con la mayor rapidez, he dado curso a los trabajos sobre el tema lo más ágilmente posible, con la intención de demostrar la importancia de que tengamos unas aguas y unos buques seguros.
El informe que debatimos se aplica a los buques «no-SOLAS», es decir, navíos que sobre todo se utilizan para el tráfico nacional. Por eso esta modalidad de tráfico no la cubre el Convenio SOLAS, adoptado por la Organización Marítima Internacional. En este ámbito existen hoy en día únicamente unas legislaciones nacionales de calidad muy diversa. La propuesta de la Comisión consiste en aplicar el Convenio de Seguridad Internacional al tráfico marítimo nacional. Creo que esto es excelente y goza del apoyo de la Comisión de Transportes. Como resultado de los trabajos, nos adherimos a la mayor parte de la propuesta de la Comisión. Voy a mencionar unos aspectos en los que vamos más lejos que la Comisión por lo que respecta a los requisitos en torno a la seguridad, y espero que el Parlamento también les conceda hoy su apoyo.
1.Cuando se armonice la normativa sobre seguridad, existe el riesgo de que empeore el nivel en algún país. Nosotros pensamos que esto no debería suceder. Por consiguiente, sostenemos que un país, que en un aspecto dado tenga un nivel más elevado, también tenga la posibilidad de mantenerlo.2.Como eslabón en los trabajos para la mejora de la seguridad, es esencial que sea eficaz la formación de la tripulación. Ésta se reglamenta en otro contexto; por tanto, en el informe hemos decidido hacer referencia a dicho contexto.3.Es importante que se proteja el medio ambiente, y es importante el hecho de que una mayor seguridad resulte beneficiosa desde el punto de vista ambiental. También este aspecto se trata en otro contexto, el del Convenio MARPOL, que reglamenta las cuestiones que afectan al ecosistema marino. Por tanto, en este punto también hemos decidido hacer referencia al Convenio mencionado.4.Vamos más lejos que la Comisión en lo referente a los documentos de tenencia obligatoria que informen sobre el nivel de seguridad del buque. Proponemos la obligación de llevar un certificado de seguridad para los navíos de pasaje.5.También queremos una normativa para el equipo de salvamento de los buques que naveguen en aguas donde la temperatura del agua sea menor de un nivel determinado. Creo que estoy defendiendo la opinión de muchos de nosotros cuando digo que la Comisión debería presentar unas propuestas sobre este punto.Por último, señor Presidente, se han producido durante una serie de años numerosos accidentes en las aguas de los países miembros de la UE. Han perdido la vida muchas personas. Les debemos a ellas, y a sus familiares, todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para que nunca más pueda producirse este tipo de accidentes. Le pregunto al Comisario que está presente entre nosotros esta noche: ¿Qué nuevas iniciativas adoptará la Comisión para reforzar más la seguridad en el tráfico marítimo?
Con ello me permito además, señor Presidente, dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en la elaboración de este informe, además de a la Comisión, por un diálogo sumamente constructivo.

Miller
Señor Presidente, felicito a mi colega el Sr. Stenmarck por su informe. Abundando en las palabras del Comisario Kinnock, también yo quisiera rendir homenaje a mi compañero Ken Stewart. Resulta irónico que esta noche estemos debatiendo la seguridad en el mar, porque, como saben muchos de Sus Señorías, ése era el principal asunto de que se ocupaba Ken en este Parlamento. Durante muchos años se ocupó de los aspectos de la seguridad de los buques dedicados a la navegación de altura. Si Ken siguiera vivo, habría ocupado mi lugar esta noche en este debate. Pero, si así hubiera sido, estoy seguro de que, como a mí, le habría encantado ver a alguien de la derecha de esta Asamblea adoptar, en realidad, una opinión seria sobre las normas y los niveles de seguridad para los buques de pasaje.
En los últimos años hemos presenciado varias tragedias en el mar. Como ha observado el Sr. Stenmarck, hubo la del Estonia . También hubo la del Herald of Free Enterprise . Son dos que nos vienen a la cabeza inmediatamente. Pero todos los días hay decenas de accidentes en el mar, de muchos de los cuales no se da información, ya sea porque no haya habido pérdida de vidas humanas o porque los barcos afectados fueran tan pequeños, que no estuviese justificada su mención en la prensa.
Sin embargo, la seguridad de la vida en el mar debe ser una prioridad. Como señala correctamente este informe, la avanzada edad de muchos de los buques dedicados a la navegación de altura y el rápido deterioro de los niveles de mantenimiento hace que cada vez resulte más difícil respetar las normas de seguridad. Si a ello se suma el registro de muchos buques con pabellones de conveniencia, en particular en los países que tienen niveles de seguridad muy deficientes, el riesgo de pérdida de vidas en el mar está aumentando en lugar de disminuir, como habría sido de esperar.
En el informe queda claro que la seguridad de los buques dedicados a la navegación de altura no es sólo cometido de los Estados. Eso es cierto. Pero el mantenimiento de las normas de seguridad y su aplicación son un cometido de los Estados, que no deben eludirlo. Sin embargo, si bien el Estado puede cumplir las diversos reglamentos relativos a la seguridad, la responsabilidad mayor corresponde a los propietarios, ya sean personas físicas o empresas. En ese ámbito es en el que vamos a tener que ejercer una mayor presión por cualesquiera medios posibles. Demasiadas empresas están incumpliendo las normas internacionales de seguridad y eludiendo sus responsabilidades judiciales. Si bien tenemos el deber de abordar este problema en las aguas de la UE, se trata en última instancia de un problema que requiere la adopción de medidas internacionales.
Pasando ahora a las enmiendas que ha presentado la Comisión de Transportes y Turismo, el Grupo Socialista va a apoyar todas las enmiendas, exceptuada la enmienda nº 16. Acogemos con beneplácito el compromiso con un nivel mínimo de formación para las profesiones marítimas, la introducción de trajes de protección que permitan la supervivencia de los pasajeros y la tripulación en los buques de pasaje que surquen aguas cuya temperatura sea baja, inferior, por ejemplo, a 15º centígrados.
La única enmienda que nos plantea algunos problemas es la nº 16. Al comienzo de esta intervención he mencionado los accidentes que ocurren constantemente en el mar, muchos de los cuales nunca se comunican, porque muchos de los barcos afectados son tan pequeños, que no merecen la atención de la prensa. Ésa es la razón por la que nos opusimos a la enmienda nº 16 presentada por la Comisión de Transportes y Turismo. Creemos que el texto de la Comisión es mucho más enérgico y comprende todos los buques, por lo que nadie podrá eludirlo. Ésa es la razón por la que vamos a oponernos a la enmienda nº 16, si bien apoyaremos todas las demás.

Jarzembowski
Señor Presidente, quiero adherirme a las palabras del Comisario y del orador anterior. Siempre he apreciado mucho a Ken Stewart. Estábamos de acuerdo en que en la navegación marítima la persona desempeña un papel muy especial y que debe protegerse, ya sea pasajero o marinero. Creo que siempre recordaremos a Ken Stewart. Es muy importante haber tenido entre nosotros a tales personas, que las recordemos y esperamos que tengamos sucesores de su gran espíritu.
Pero volvamos al triste tema de los pasajeros. Me parece positivo lo que ha propuesto la Comisión. También me parece positivo que existan unos estándares unitarios de seguridad para los barcos de pasajeros de navegación nacional, pues el ciudadano no comprende que en una Comunidad de 15 Estados existan diferentes estándares.
Señor Comisario, lo que no consideramos positivo es que existan unas largas normas transitorias que llegan en algunos detalles hasta el año 2010. Espero que estemos de acuerdo en apelar a los Estados miembros para que no utilicen plenamente estas normas transitorias, pues si opinamos que deben existir estándares mínimos de seguridad, deben aplicarse en todas las partes de la Comunidad. Los ciudadanos y turistas tienen el mismo derecho a seguridad en cualquier parte de la Comunidad cuando utilizan un barco de pasajeros. Quizás nos pueda decir algo al respecto, señor Comisario.
En segundo lugar, quiero felicitar al ponente, nuestro colega Per Stenmarck, por su excelente informe y rogar a la Comisión que recoja y defienda frente al Consejo una enmienda especial suya que también apoyan los socialistas. Reza como sigue: las normas comunes no deben perjudicar la aplicación de normas de seguridad más estrictas existentes en los Estados miembros. Todos estamos de acuerdo en que esta directiva no debe ser utilizada por ningún Estado miembro para eludir estándares de seguridad superiores ya existentes. Señor Comisario, le agradecería que expusiese también su opinión al respecto.

Lindqvist
Señor Presidente, nadie desea que se produzca un accidente como el del «Estonia», tampoco que se produzcan nuevos accidentes marítimos. No obstante, cada año se pierden una media de 230 buques, que se cobran miles de vidas. Nosotros, en calidad de diputados elegidos democráticamente, debemos hacer todo lo posible por impedir que se produzcan más catástrofes en el futuro. Este informe es un paso en nuestros trabajos. Se trata de un informe de calidad, y el Grupo liberal lo apoya, como también apoya la propuesta de directiva.
Aparte de las mejoras de los niveles de calidad de los buques de que trata el informe, también es necesario minimizar los riesgos de que se produzcan fallos humanos. Como ejemplos de estrategias a seguir, nombraremos la de una mejor formación, mejores equipos de salvamento y condiciones de trabajo, inspecciones periódicas, controles y ejercicios de simulacros de catástrofe. Por último, señor Presidente: debe configurarse la Directiva de modo que los requisitos comunes, como ya ha dicho el ponente, no menoscaben los niveles ya existentes, ni impidan que se establezcan unos nuevos requisitos. Esto significa que aplaudimos la enmienda nº 1.

Van der Waal
Señor Presidente, la Comisión ha presentado últimamente diversas propuestas para mejorar la seguridad en el mar. La actual propuesta de reglas y normas de seguridad aplicables a buques de pasaje constituye otra contribución a este objetivo. En lo relativo a los buques de alta mar, la mayoría de las normas se adoptan en el seno de la OMI, aunque sigue habiendo importantes diferencias entre los Estados miembros. Por esta razón, todos los países adheridos han de observar de forma consecuente las normas internacionales de la OMI, aunque las normas del Convenio SOLAS no se aplican a los buques de pasaje que efectúan viajes nacionales fuera del ámbito de aplicación internacional.
Aplaudimos, pues, que en virtud de la presente directiva la Comisión cubra ese vacío, pero esto no debe implicar que los Estados miembros cuya legislación nacional dicte normas de seguridad más severas que las contenidas en la presente Directiva vayan a estar obligados a rebajar sus niveles de seguridad.
Por lo tanto, apoyamos las enmiendas del ponente que permiten a los Estados miembros mantener unas normas de seguridad más rigurosas. Asimismo, suscribo las demás enmiendas del excelente informe del Sr. Stenmarck. Hago extensiva esta calificación de excelente a la importancia que concede a las normas sobre tiempo de trabajo y de descanso, a las condiciones de trabajo, a la formación y la cualificación, a la inspección de seguridad por parte de las sociedades de clasificación, etc. Finalmente, en aras de la seguridad, las medidas han de estar integradas en un conjunto coherente.

Watts
Señor Presidente, todos los años millones de europeos utilizan buques de pasaje. En opinión de mi Grupo, todos deben contar con un alto nivel de seguridad. Sin embargo, los buques de pasaje en travesías nacionales no gozan del mismo alto nivel de seguridad requerido para los viajes entre Estados miembros. A consecuencia de ello, dos buques similares que a veces navegan por la misma zona marítima están sometidos a requisitos de seguridad muy diferentes. De hecho, los resultados de las investigaciones de los trágicos sucesos ocurridos recientemente en el mar confirman que los buques que hacen travesías nacionales están expuestos, como era de esperar, a los mismos riesgos que buques similares que siguen rutas internacionales.
Además, los buques de pasajeros que hacen travesías internacionales pueden quedar exentos en ciertas circunstancias de los requisitos de seguridad y nuevos tipos de embarcaciones de gran velocidad están sometidas a normas inadecuadas y muy diferentes en los diversos Estados miembros. Todo eso crea un doble o incluso triple sistema confuso y complicado. Así, pues, acojo con el mayor beneplácito la iniciativa de la Comisión de garantizar un alto nivel de seguridad para todos los buques de pasaje, incluidas las embarcaciones de gran velocidad que entren en los puertos de cualquier Estado miembro de la UE o salgan de ellos, independientemente de que hagan travesías nacionales o internacionales.
También quisiera felicitar al ponente Sr. Stenmarck por la elaboración de un informe completo que no sólo hace suyas positivamente las propuestas de la Comisión, sino que, además, les hace aportaciones constructivas. También quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a nuestro colega Ken Stewart, que falleció a principios de esta semana. El Sr. Stewart sentía una justificable pasión por la tarea de hacer seguros nuestros mares y reducir la atroz cifra de más de 200 barcos e incontables vidas perdidos innecesariamente todos los años. Su informe sobre unos mares seguros ponía de relieve la necesidad de adoptar medidas en sectores como el que estamos debatiendo aquí esta noche. Su informe, en mi opinión y en la de muchos diputados a esta Asamblea, seguirá siendo durante muchos años el punto de referencia para juzgar los avances logrados en esa esfera.
En conclusión, quisiera expresar mi aprobación del informe del Sr. Stenmarck, que contribuirá a la consecución de un alto nivel de seguridad tanto para los navegantes como para los pasajeros. Con excepción de la enmienda nº 16, tal como ha expuesto mi colega el Sr. Miller, merece el apoyo total de esta Asamblea.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, tengo mucho gusto en tomar nota de que existe un acuerdo común sobre esta propuesta y de que se ha aceptado su objetivo principal -la armonización de las normas de seguridad para los buques de pasaje que hagan travesías nacionales- y todos los oradores que han intervenido en este debate así lo han expresado con toda claridad.
Estoy seguro de que todos compartimos la opinión expresada por el Sr. Stenmarck y por otros de que, cuando se aplique, esta medida será otro apoyo para nuestras medidas con vistas a intentar garantizar un nivel alto y uniforme de protección de la vida humana en las aguas de la Comunidad y evitar la distorsión de la competencia que se produciría, si escatimáramos en materia de seguridad marítima.
Quisiera responder a la pregunta formulada por el Sr. Stenmarck sobre otras medidas que está adoptando la Comisión para aumentar la lista de iniciativas que hemos adoptado con vistas a mejorar las normas de seguridad. Quisiera decir simplemente que nuestras propuestas sobre el sistema de concesión de permisos para los trasbordadores de carga rodada serán presentadas a la Comisión antes del final de este año y después pasarán por el procedimiento en el que, evidentemente, participará esta Asamblea. Dentro de dos semanas presentaremos a la Comisión nuestras propuestas relativas al registro de pasajeros en los buques de pasaje. Además, habrá actividades resultantes del importantísimo Acuerdo de Estocolmo de comienzos de este año, en el que la Comisión tuvo una participación muy activa.
Tengo mucho gusto en decir que varias enmiendas aprobadas por la comisión son coherentes con los principios fundamentales de la propuesta de la Comisión y aportan un valor añadido, al aclarar algunas de las disposiciones de dicha propuesta. Así, pues, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 14, 15, 20 y 16. Como la nº 16 ha creado cierta preocupación, por razones que entiendo perfectamente, en algunos sectores de esta Asamblea, permítaseme decir que la Comisión considera que esa enmienda aporta suficiente aclaración sobre el límite de longitud de 24 metros, pero no aceptamos ninguna propuesta que excluya los buques de las clases C y D del requisito de la estabilidad intacta. En consecuencia, espero que, tras reflexionar al respecto, el Grupo Socialista reconsidere su posición y concluya -esperémoslo- que la posición de la Comisión como respuesta a dicha enmienda es satisfactoria.
Además, la Comisión puede aceptar la enmienda nº 17, que aplaza del 1 de julio de 1997 al año 2000 la aplicación de algunos de los requisitos que figuran en el anexo técnico. Sobre la cuestión de los aplazamientos, las exenciones y el largo período para la aplicación plena, planteada, por razones comprensibles, por el Sr. Jarzembowski, con cuya opinión -y no es la primera vez- estamos de acuerdo, quisiera decir simplemente que en este ocasión la razón por la que hay un período tan largo para la aplicación plena es muy práctica. Evidentemente, para satisfacer los requisitos de esta ley, en muchos casos tendrá que haber importantes modificaciones estructurales en los buques existentes. Ello entrañará probablemente gastos considerables, por lo que no es irrealista ni injustificado que haya un período de transición relativamente largo.
En segundo lugar, el calendario relativo a esta medida está totalmente en consonancia con el del convenio sobre la seguridad de la vida en el mar. En consecuencia, con un período de transición similar, no hay peligro de distorsión entre las consideraciones internacionales y las nacionales. Naturalmente, comparto la esperanza del Sr. Jarzembowski de que, independientemente de las disposiciones de esta medida, quienes participen en el funcionamiento de los barcos que navegan por aguas nacionales apliquen lo más rápidamente posible los principios de esta legislación.
La Comisión puede entender también la preocupación básica a que obedece la enmienda nº 18. Reconocemos que se debe considerar adecuadamente desde el punto de vista práctico la idoneidad y la utilidad de la aplicación de los requisitos técnicos de esta propuesta a los barcos más pequeños. Así, pues, para atender esa preocupación, la Comisión, como he dicho antes, propone primero que los barcos existentes de menos de 24 metros de largo queden excluidos del ámbito de aplicación de la propuesta.
En segundo lugar, la Comisión está dispuesta a pedir que el comité establecido con arreglo a esta directiva examine y modifique el anexo técnico respecto de la aplicación a los barcos nuevos de la limitación del tamaño. Será necesaria una modificación del artículo 8 para autorizar al comité a emprender la tarea de reexaminar el anexo técnico.
La Comisión acoge con particular beneplácito la enmienda nº 12 y la segunda parte de la enmienda nº 11, que establece un papel más activo del Estado miembro anfitrión en los casos en que los buques existentes de las clases C y D que enarbolen el pabellón de otro Estado miembro vayan a hacer travesías nacionales en el Estado miembro de acogida. La Comisión cree que ese planteamiento es mucho más apropiado que la petición de cambiar esta propuesta por una directiva sobre normas mínimas.
Hay algunas enmiendas que la Comisión no puede aceptar. Espero que la Asamblea entienda nuestros motivos. No podemos aceptar la enmienda nº 1 ni la primera parte de la enmienda nº 11 ni la adición de las palabras «al menos» que figura en las enmiendas núms. 6 y 8. En nuestra opinión, esas enmiendas debilitarían la propuesta y menoscabarían la armonización prevista de la seguridad en el nivel más alto posible. Sólo se pueden imponer otros requisitos de seguridad, si están justificados por las condiciones locales y siempre y cuando se sometan al estudio del comité, de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado 1 del artículo 7. Sólo ese planteamiento garantizará una aplicación justa de las medidas suplementarias de seguridad en la Comunidad a todos los buques que se encuentren en las mismas condiciones. Si la Asamblea apoya ese planteamiento, la Comisión puede aceptar el principio de la enmienda nº 8, siempre y cuando se traslade del apartado 1 al apartado 2 del artículo 5. Espero que la Asamblea entienda claramente lo que estoy proponiendo.
En este mismo marco, no puedo aceptar la enmienda nº 19, que pide que se lleven a bordo obligatoriamente trajes de protección que permitan la supervivencia de los pasajeros y la tripulación en los buques que naveguen por aguas con temperatura inferior a los 15º centígrados. Ése es un claro ejemplo de una medida suplementaria de seguridad que podría estar justificada por las condiciones locales, a las que se debe aplicar el apartado 1 del artículo 7. Hay una disposición que abarca la cuestión planteada específicamente por el Sr. Miller desde el punto de vista de esta legislación.
Nos parece que las enmiendas que piden referencias suplementarias a otros instrumentos legislativos de la Comunidad son superfluas, por lo que no podemos aceptar las enmiendas núms 4, 9 y 13. Respecto de la petición que figura en la enmienda nº 5 de que se mencione la protección del medio ambiente como uno de los objetivos de la directiva, he de señalar a la atención de la Asamblea que la prevención de la contaminación provocada por los buques está regulada por el Convenio Internacional Marpol, que también es aplicable a los buques de pasajeros que hagan travesías nacionales. Así, pues, no veo la necesidad de duplicación de esas obligaciones medioambientales internacionales en nuestras propuestas, por lo que propongo que se retire esa enmienda.
El mismo razonamiento es aplicable a la enmienda nº 3, que pide que las embarcaciones de gran velocidad para el transporte de pasajeros cumplan normas especiales, además de las que figuran en esta directiva. Conviene señalar que esas normas especiales ya están formuladas claramente y mencionadas en esta directiva y que la enmienda propuesta no haría otra cosa que crear confusión.
Respecto del establecimiento de las zonas marítimas, la propuesta de referencia al más cercano punto de amerizaje seguro, que figura en la enmienda nº 7, es, en nuestra opinión, demasiado imprecisa, por lo que la Comisión no puede apoyarla. Además, no veo la necesidad de la adición propuesta en la enmienda nº 10, ya que, para la aplicación de cada uno de los requisitos que figuran en esta propuesta, se definen claramente las zonas marítimas y se hace referencia explícita a ellas.
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 12, 14, 15, 16, 17, 20 y la segunda parte de la nº 11 y puede subscribir los principios de las enmiendas núms. 8 y 18, siempre y cuando se redacten de nuevo y se tengan en cuenta las indicaciones que he hecho.
Concluyo agradeciendo a la Asamblea que haya facilitado la rápida aprobación de una posición común sobre estas importantes medidas que tendrán considerables repercusiones directas en las disposiciones relativas a la seguridad para nuestros conciudadanos que viajen por las aguas comunitarias. Permítaseme expresar mi gratitud particular a la Comisión de Transportes y Turismo y en particular al ponente Sr. Stenmarck por su excelente informe sobre una propuesta muy detallada. De hecho, el detallismo de dicha propuesta es lo que me brinda mi única excusa para ocupar tanto tiempo a la Asamblea a ese respecto.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Cítricos, frutas y hortalizas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0233/96) del Sr. Colino Salamanca, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0177 - C4-0321/96-96/0120(CNS)) por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos y sobre la propuesta modificada del Reglamento del Consejo (COM(96)0177 - C4-0321/96-95/0247(CNS)) por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas.

Colino Salamanca
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, a pesar de las pequeñas diferencias que se han plasmado en las enmiendas, felicitar a la Comisión por las propuestas que nos ha hecho. Me parece sumamente importante que el régimen de ayudas a la transformación de cítricos se haya separado de la organización común de mercados referido a productos frescos, pues ello posibilitará seguramente la responsabilidad del sector, favorecerá su competitividad y la búsqueda de salidas comerciales verdaderas. Ese, además, será el camino para que la industria de la Unión Europea se pueda diversificar hacia productos tales como el zumo en fresco o pasteurizado donde seguramente podremos ser más competitivos.
Igualmente, la desaparición del precio mínimo y el incremento del protagonismo de las organizaciones de productores deben ser estimadas como propuestas positivas. Que las organizaciones de productores sean las que contraten con la industria, bonificando, en su caso, los contratos plurianuales, debe conducir a una concentración de la oferta, experiencia ya, por otra parte, existente en el caso de las satsumas.
Finalmente, la inclusión de las clementinas en gajos en las ayudas a la transformación es una buena noticia, por ser una vieja reivindicación del sector transformador.
Sin embargo, en la propuesta de la Comisión hay algunos aspectos que deberían ser mejorados y, en ese sentido, se han aprobado algunas enmiendas en la Comisión de Agricultura y que quiera consignar. En primer lugar, aceptamos la disminución progresiva durante cinco años de las ayudas a la transformación para dejarlas establecidas en el valor correspondiente a las ayudas para clementinas en la campaña 2000-2001. Sin embargo, nos parece necesario que estas ayudas sigan guardando una relación proporcional con las indemnizaciones de retirada de los productos en fresco, aunque sólo sea para fomentar la transformación frente a la retirada o la destrucción.
En segundo lugar, en cuanto a los umbrales, y concretamente al establecido para los pequeños cítricos -265.000 toneladas-, parece que es una cifra demasiado ajustada la que propone la Comisión -teniendo en cuenta que la media de las últimas cinco campañas ha sido cercana a 264.000 toneladas-, y de ahí que la Comisión de Agricultura haya considerado la necesidad de elevar el umbral a 365.000 toneladas.
La tercera precisión consiste en establecer un cierto límite a la penalización que prevé la propuesta. Aceptamos -como es el sistema actual- el 1 % de penalización de la ayuda por cada 1 % de rebasamiento del umbral, pero, sin embargo, la Comisión de Agricultura propone que nunca se pueda llegar en esa penalización más allá del 20 % de lo que supone la ayuda, pues superar esa cifra nos parece que haría inviable el sistema de ayuda y, por otra parte, se trataría de confirmar una norma hoy ya vigente de no penalizar más allá del 20 % en caso de rebasamiento.
Finalmente, debo decir que la Comisión de Agricultura aceptó todas aquellas enmiendas que le fueron sugeridas por la Comisión de Presupuestos en relación con los sistemas de control y su aplicación y, en ese sentido, son incorporadas al informe de la Comisión de Agricultura en relación con el tema.
Creemos que la Comisión debería hacer suyas estas enmiendas que mejoran, en nuestra opinión, su texto y que pueden permitir asegurar el futuro del sector de transformados de cítricos, teniendo en cuenta los riesgos a los que se enfrenta en la hora actual este sector. De una parte, la apertura de nuestros mercados interiores a las importaciones derivada tanto de los acuerdos del GATT como de los acuerdos bilaterales y, en segundo lugar -y es importante-, como consecuencia de la recientemente aprobada reforma de la organización común de mercado de frutas y hortalizas, que ha limitado de manera sustancial el volumen de las retiradas y el montante de su financiación. Por estas razones, me parece que esta aportación que hace la Comisión de Agricultura en el sector de transformados de cítricos debería ser tomada en cuenta por la Comisión.
Finalmente, debo decir que fomentar el recurso a la transformación siempre será preferible a una política de retiradas o destrucción de producto y, en ese sentido, no podemos estar más de acuerdo con las propuestas que ha hecho la Comisión.

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señoras y señores diputados, estamos en un debate en el que, salvo pequeñas pinceladas que ahora expondré, estamos en sintonía con la propuesta de la Comisión. En el sector de cítricos hay variedades que, aunque orientadas hacia el consumo en fresco, producen excedentes que o bien se orientan hacia la transformación o se entregarían a la retirada.
Nuestro criterio es que el régimen de ayudas debe ser lo suficientemente amplio y apetecible para evitar las retiradas que tantos problemas económicos, medioambientales y de imagen social producen con las destrucciones, y que se fomente el régimen de ayudas a la transformación, creando valor añadido e impulsando la introducción en el mercado de productos innovadores y competitivos, tanto en los mercados de la Unión Europea como en países terceros, como pueden ser los zumos frescos, pasteurizados o clementinas en gajos, tradicionalmente reclamados por nuestro sector.
Pedimos a la Comisión, como ya se propuso en nuestra enmienda nº 10, que se incrementen los umbrales de transformación en 190.000 toneladas para las naranjas; en 64.000 para limones, y 110.000 para las mandarinas, clementinas y satsumas. La Comisión no debería ser tan cicatera a la hora de fijar el precio, pues se ha tomado el de las clementinas que es el más bajo de todos ellos. También lamentamos que los montantes de las ayudas previstas bajen 10 mecus en cinco años, o sea, hasta el año 2001, cuando en otros sectores no es así. Sí estamos de acuerdo con lo propuesto en cuanto a las indemnizaciones comunitarias de retirada, y apoyamos la enmienda presentada por el ponente para que estas indemnizaciones comunitarias de retirada se ajusten a mayores o a menores en función de los precios que el Consejo fije en su momento para productos frescos.

Santini
Señor Presidente, el Comisario Kinnock viene a recibir auténticas ovaciones por este informe que, sin lugar a dudas, debe presentarse de forma positiva. Nos es frecuente que todos estemos de acuerdo respecto a una propuesta puntual, objetiva, pero, sobre todo importante, habida cuenta de que permite dar un salto hacia delante y un salto cualitativo a este sector. El ponente puso de relieve estos aspectos perfectamente y, en consecuencia, para no repetir lo que manifestó y lo mencionado por el Sr. Redondo, deseo centrarme sólo en algunos aspectos que revisten especial interés.
En primer lugar, la posibilidad de conceder directamente la ayuda comunitaria al sector de producción a través de las organizaciones de productores. Esto permitirá fortalecer la relación entre productores e industria a través de la reducción de los costes de transformación. En segundo lugar, la diferenciación de la ayuda en función del tipo de contrato, anual, plurianual o relativo a productores autónomos. Otro aspecto interesante es el protagonismo que se atribuye a las organizaciones de productores, consideradas como partes privilegiadas a la hora de celebrar contratos con las industrias de transformación. También reviste interés y parece adecuado el período transitorio de cinco años, entendido como plazo de tiempo tras el cual se pasará a una ayuda idéntica para todos los cítricos. Debe subrayarse asimismo el establecimiento de umbrales de transformación específicos para las naranjas, los limones y los pequeños cítricos.
La ayuda, dividida en tres niveles, también es aceptable por algunas razones de las que voy a mencionar las principales: el nivel de referencia para los contratos celebrados por las organizaciones de productores; el incremento del 15 % para los contratos plurianuales celebrados por las propias organizaciones y la disminución del 10 % en lo referente a los contratos celebrados por los productores autónomos. Sin embargo, es oportuno observar, a fin de equilibrar la relación con el coste industrial de los terceros países, que el montante de la ayuda del nivel de referencia deberá incrementarse al menos hasta el 80 % del precio de retirada del mercado del producto fresco. Es importante asimismo el objetivo de la Comisión dirigido a fortalecer el papel de las organizaciones de productores, según lo ya manifestado, implicándolas directamente en la negociación, la celebración de los contratos y, sobre todo, en la asignación de la ayuda comunitaria.
El sistema -es justo recalcar también este punto, ya que si no el elogio sería demasiado global- podría ser todavía más perfecto si se asignara a los Estados miembros la tarea de decidir directamente las modalidades de asignación.
Por el contrario, no se puede coincidir, y ello demuestra que existe una faceta no del todo positiva, con la propuesta de la Comisión dirigida a reducir la ayuda en las próximas cinco campañas.
Finalmente, el umbral comunitario deberá repartirse en umbrales nacionales y, en el caso de rebasamiento, se deberán llevar a cabo compensaciones entre los Estados miembros. Por ultimo, en el caso de que hayan excedentes será suficiente aplicar el régimen de los estabilizadores financieros, previsto para las retiradas normales del mercado de las frutas y hortalizas frescas.

Kinnock
Señor Presidente, como ha de saber la Asamblea, el proyecto de reforma del régimen de apoyo de la Comunidad para los cítricos es la fase final de la reforma de la organización común de los mercados del sector de las frutas y hortalizas. El Consejo de Agricultura celebrado los días 23 y 24 de julio, como también ha de saber la Asamblea, llegó a un acuerdo político sobre los proyectos relativos a las frutas y hortalizas frescas y a los productos elaborados. El pasado mes de mayo, para concluir la reforma completa de ese sector, la Comisión presentó dos proyectos de reglamento que esta Asamblea esta examinado ahora.
Una de las propuestas establece un nuevo plan de ayudas para los productores de ciertos cítricos y, a partir de ella, la otra modifica la propuesta relativa al sector de las frutas y hortalizas frescas. El Consejo examinará esas dos propuestas al mismo tiempo.
Antes de que la Asamblea decida sobre las enmiendas propuestas, quisiera indicar la posición que la Comisión adopta sobre dichas enmiendas. Las dos primeras enmiendas se refieren a los «considerandos». Su objetivo es establecer principios generales: uno relativo a los compromisos del Consejo de septiembre de 1993 con vistas a la solidaridad financiera y la preferencia comunitaria, el otro relativo a la necesidad de orientar la industria europea de elaboración de cítricos hacia la fabricación de nuevos productos. La Comisión ofrece dos observaciones sobre dichas enmiendas.
En primer lugar, no se redactará el texto final de los «considerandos» hasta que se haya ultimado el texto de los propios reglamentos, evidentemente. Lo más apropiado sería tener en cuenta en ese momento esas propuestas hechas en las enmiendas.
En segundo lugar, la Asamblea ha de saber, sin embargo, que la redacción de los «considerandos» debe tener en cuenta solamente las necesidades jurídicas. Ésa es la razón por la que la Comisión considera que la declaración de principio o de objetivos que no sean jurídicamente necesarios no debe figurar en los textos de los «considerandos». Por lo que se refiere a los propios proyectos de enmiendas sobre el reglamento, respondo lo siguiente.
La enmienda nº 3 propone la aprobación automática de la ayuda expuesta en el anexo del reglamento actual según la indemnización comunitaria de retirada para las frutas y hortalizas frescas. Esa modificación de las disposiciones del reglamento parece innecesaria, pero la Comisión procurará, velar por que la decisión final del Consejo sobre las cantidades que figuran en el anexo tenga en cuenta la decisión del Consejo celebrado los días 23 y 24 de julio sobre la indemnización comunitaria de retirada.
No podemos aceptar la enmienda nº 4, que propone un aumento del umbral correspondiente a las mandarinas, las clementinas y las satsumas en 100.000 toneladas, porque va contra el principio utilizado para fijar el umbral de otros cítricos, basado en las cantidades habitualmente elaboradas.
La enmienda nº 5 limita la reducción de la ayuda, en caso de superación del umbral. La Comisión no puede aceptarla, porque cualquier limitación de la reducción de la ayuda menoscaba la eficiencia del sistema de umbrales y, además, podría provocar, en realidad, extralimitaciones presupuestarias.
La enmienda nº 6 figura ya en la propuesta actual, dado que, en caso de superación del umbral, se reduce la ayuda, por lo que siempre se respetarán los créditos disponibles. En cuanto a la información al Parlamento de los acuerdos relativos a la aplicación, ya se hace, como han de saber Sus Señorías, con arreglo a los procedimientos institucionales existentes.
Las enmiendas núms. 7 y 8 son superfluas, porque ya están abarcadas por el artículo 6 de la propuesta.
En conclusión, expreso el deseo de la Comisión de que esta reforma permita al sector de los cítricos de la Comunidad afrontar el desarrollo del mercado intensificando aún más su creatividad, su eficiencia y su competitividad para beneficio mutuo de los productores, los elaboradores, los comerciantes y, naturalmente, los consumidores. Al recomendar las dos propuestas a la Asamblea, expreso mi agradecimiento al Sr. Salamanca por su labor y, naturalmente, por las gestiones de la Comisión de Agricultura en conjunto. También expreso mi agradecimiento a mi querido colega Frantz Fischler, cuya ineludible ausencia de esta noche, por estar ocupado con otras tareas, me ha brindado el gran honor y la oportunidad de contribuir a un debate sobre asuntos agrarios.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.05 horas)

