

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Vittorio Agnoletto, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057(INI)) (A6-0004/2006). 
Vittorio Agnoletto (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, Señorías, la cláusula sobre derechos humanos y democracia tiene una larga historia en este Parlamento y parte del presupuesto de que los derechos civiles y políticos, y en un sentido más amplio también los derechos económicos, sociales y culturales, deben ocupar un lugar central en la política de la Unión Europea.
La cláusula nació a principios del decenio de 1990 con el Acuerdo de Lomé y en ese mismo año de 1990 se aplicó también a Argentina. En su informe anual, el Parlamento Europeo pide cada año que se dé más importancia a esta cláusula y exhorta al Consejo a que confiera al Parlamento un papel más importante en la supervisión de su aplicación. Hasta ahora, las peticiones del Parlamento no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria. Ahora, la cláusula consta en más de 50 acuerdos y se aplica en más de 120 países. A este respecto, hay que resaltar la importancia del Acuerdo de Cotonú, firmado con los países ACP en junio de 2000, que potenció el papel de esta cláusula.
El primer punto que quisiera abordar se refiere al Parlamento Europeo. Este debe emitir su dictamen conforme antes de la entrada en vigor de un acuerdo, pero no se pide su opinión al iniciar las consultas o suspender parcialmente un acuerdo. Esto menoscaba su papel institucional y, más en general, político. 
Por este motivo, me parece importante resaltar que el Parlamento ya no está dispuesto a emitir su dictamen conforme a ningún nuevo acuerdo internacional que no contenga una cláusula sobre los derechos humanos y la democracia. El Parlamento considera que debe participar en la definición del mandato de negociación para un nuevo acuerdo con un país tercero, sobre todo en lo que respecta al establecimiento de sus objetivos políticos y de promoción de los derechos humanos. Además, el Parlamento pide participar en el proceso de toma de decisiones sobre el inicio de consultas o la suspensión de un acuerdo, así como en la decisión de suspender posibles medidas oportunas negativas ya impuestas a un país. Por último, el Parlamento pide que se le asocie a los Consejos de Asociación y a las subcomisiones de derechos humanos y espera que sus delegaciones interparlamentarias desempeñen un papel más destacado en este terreno e incluyan en el orden del día de sus visitas debates sobre la cláusula de democracia. 
Otro punto que quisiera abordar es la reciprocidad entre la Unión Europea y países terceros, que todavía no se ha explotado por completo. Considero además que la cláusula debe aplicarse en relación con la violación de que se trate y no en relación con el país de que se trate. 
Es necesario asimismo hacer extensiva la cláusula a todos los nuevos acuerdos entre la Unión Europea y países terceros –industrializados o en desarrollo–, incluidos los acuerdos sectoriales y las ayudas comerciales, técnicas o financieras, a semejanza de lo que se ha hecho hasta ahora para los países ACP. 
Es necesario incluir sistemáticamente las cuestiones relativas a los derechos humanos en el orden del día del Consejo de Asociación. A este respecto, se considera que los responsables de las delegaciones exteriores de la Comisión en países terceros deben desempeñar un papel más importante y se pide que se elaboren documentos estratégicos plurianuales para cada país, que deberán debatirse de forma regular. 
Está previsto además un diálogo estructurado entre el Consejo de Asociación y su subcomisión de derechos humanos. Se pide que se generalice la constitución de subcomisiones de derechos humanos encargadas de comprobar el respeto y la aplicación de la cláusula democrática y proponer acciones positivas concretas de mejora de la democracia y de los derechos humanos. Es importante destacar que se pide que estas subcomisiones incluyan y consulten a representantes de los Parlamentos y de organizaciones que representan a la sociedad civil. 
Hay otro aspecto extremadamente importante. Esta resolución reconoce que hasta ahora la aplicación de la cláusula se ha visto dificultada por la necesaria unanimidad en el Consejo para iniciar un procedimiento de consulta. Se pide, por tanto, la supresión de la unanimidad y, a tal fin, la revisión del apartado 2 del artículo 300 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que limita el papel del Parlamento Europeo en estos casos. 
Por último, si por un lado se considera que la cláusula debe aplicarse a todos los países y todos los acuerdos, por otro se estima que, con los países afectados por la nueva política de vecindad, podría considerarse la firma de acuerdos que vayan más allá de la cláusula democrática, basados en la participación común en instituciones de fomento de los valores democráticos y de los derechos humanos que sigan el modelo del Consejo de Europa u otros acuerdos regionales. 
Benita Ferrero-Waldner
   , . Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe relativo a la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea elaborado por sus Señorías y, en particular, el señor Agnoletto, así como la resolución sometida hoy al Parlamento. 
Desde 1995 se incluyen sistemáticamente cláusulas relativas a los derechos humanos en los acuerdos exteriores y, diez años después, es hora de hacer balance de lo que se ha conseguido. Todas las instituciones de la UE tienen que trabajar juntas con este fin, y destaco mi compromiso a favor de un diálogo continuo, pero también muy práctico, con el Consejo y el Parlamento, para el cual este informe constituye una buena base.
Empezaré subrayando todo lo que ya se ha logrado: hay que decir que el vaso está más que medio lleno. Tras frecuentes conversaciones difíciles y negociaciones muy duras, la Comisión ha asegurado la inclusión de una cláusula sobre derechos humanos y democracia, tal como ha dicho usted, en más de 50 acuerdos con más de 120 países. Un ejemplo significativo es el de los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú. En el ámbito de la política comercial, el acuerdo sobre incentivos especiales para el desarrollo sostenible y la gobernanza, el llamado «SPG+», prevé mejoras adicionales para los países que apliquen, entre otras cosas, determinadas normas internacionales relativas a los derechos humanos y sociales; se trata por tanto de un incentivo positivo.
El efecto de las cláusulas sobre derechos humanos ya es patente y numerosas actividades relacionadas con los derechos humanos se apoyan en su mera existencia. Los derechos humanos ocupan un lugar destacado en todo diálogo político con nuestros socios. Se crean subcomisiones de derechos humanos con un número creciente de socios y los Planes de Acción de la política de vecindad de la Unión Europea contienen capítulos muy detallados sobre los derechos humanos.
Todos los años, la Comisión, en el marco de la troika, realiza numerosas gestiones sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos financia proyectos sobre derechos humanos en todo el mundo. La Comisión también financia numerosos proyectos de asistencia técnica que repercuten en los derechos humanos y que van desde la mejora de la formación del cuerpo de policía hasta la modernización del sistema judicial en los países asociados. El Estado de Derecho es uno de los ámbitos más importantes donde creo que realmente podemos marcar una diferencia.
También quiero mencionar la intensa actividad que llevan a cabo tanto las embajadas de los Estados miembros como las delegaciones de la Comisión en este sentido. Los Jefes de Misión de la UE elaboran conjuntamente y de forma periódica fichas descriptivas sobre los derechos humanos, informan de la aplicación de las diversas directrices comunitarias sobre derechos humanos y realizan análisis detallados sobre los desarrollos en determinados países en lo que se refiere a los derechos humanos y la democracia. Cada vez con más frecuencia, los informes políticos de las delegaciones de la Comisión incluyen cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
La evaluación de la eficacia de la cláusula de los derechos humanos hasta ahora ha de realizarse de forma integral. La cláusula sobre derechos humanos y democracia es, en sí misma, una manera importante de demostrar el compromiso compartido de la Unión Europea y sus interlocutores para defender y también para promover los derechos humanos. La cláusula sobre derechos humanos abre la puerta al desarrollo de un diálogo más a fondo e intensivo sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Asimismo, en algunos casos, la existencia de estas cláusulas puede incluso ayudar a impedir violaciones potenciales de los derechos humanos.
En cuanto a las sanciones, quiero subrayar que es evidente que la frecuencia de imposición de las mismas depende menos del texto de la cláusula sobre derechos humanos que de la voluntad política de los Estados miembros, así como de la de los demás Estados. Estoy de acuerdo en que cuando no se aplican sanciones en respuesta a violaciones graves de los derechos humanos, la credibilidad de la política europea sobre derechos humanos podría verse perjudicada.
Por su parte, a veces a la Comisión le gustaría que se hiciera un uso más enérgico de estas cláusulas, pero la solución, no obstante, no pasa por incluir más cláusulas en el acuerdo. En vez de ello, es necesario que impulsemos la sensibilización y el consenso en toda la Unión Europea sobre la importancia de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos con relación a otras prioridades. Por consiguiente, este informe hace una valiosa contribución en este sentido.
En cuanto a la participación del Parlamento en la negociación o suspensión de un acuerdo, comprenderán ustedes que estos procedimientos están claramente establecidos en el Tratado y reflejan la estructura interinstitucional de la Unión Europea. El Parlamento ya ha desempeñado un papel inestimable a la hora de llamar la atención sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, gracias a la intensísima actividad de la Subcomisión de Derechos Humanos con su informe anual sobre derechos humanos en el mundo y las numerosas resoluciones y debates sobre determinados aspectos relativos a los derechos humanos. Asimismo, acojo con satisfacción la sugerencia de que delegaciones interparlamentarias retomen de una manera más sistemática estas cuestiones. Creo que también en este campo tienen sus Señorías un papel importante que desempeñar.
También estoy a favor de revisar el formato del actual informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos con el fin de elaborar un informe totalmente interinstitucional y para incluir un análisis de la aplicación de las cláusulas sobre derechos humanos.
Para concluir, reitero que el éxito de las cláusulas sobre derechos humanos debe evaluarse en función de los progresos realizados con vistas a mantener un auténtico diálogo y consultas sobre los derechos humanos con los interlocutores y de las mejoras resultantes en este terreno.
Durante los últimos diez años, las cláusulas sobre derechos humanos han constituido un fundamento indispensable del desarrollo de un diálogo efectivo en materia de derechos humanos con nuestros interlocutores, ya que esa es la manera en que estos países cambian lentamente su comportamiento. Naturalmente, esto no significa que no se pueda mejorar: siempre se pueden mejorar las cosas, y espero con interés el debate de hoy y un debate continuo y activo con el Parlamento. Estamos a la escucha, pero también nos gustaría contribuir a mejorar los derechos humanos en el mundo.
Fernando Fernández Martín (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, señores diputados, la inclusión de una cláusula de respeto a los derechos humanos en nuestros acuerdos internacionales es una de las señas de identidad de la Unión Europea. Su contenido ha ido evolucionando con el tiempo y en función de la naturaleza de los sucesivos acuerdos: más de 50 en la actualidad con más de 120 países, como acaba de recordar la Comisaria. Desgraciadamente, ello no ha impedido que, en ocasiones, la violación de derechos humanos haya obligado a la interrupción de la vigencia de nuestros acuerdos.
En relación con el informe que hoy debatimos, la Comisión de Desarrollo quiere poner de relieve los siguientes puntos:
Primero, afirmamos que los derechos humanos son de carácter universal e indivisible y que existe una estrecha interdependencia entre ellos, la democracia y el desarrollo.
Segundo, queremos destacar que la lucha contra la pobreza es nuestra prioridad y que no tendremos éxito sin una aproximación global a los procesos de democratización y desarrollo.
Tercero, insistimos en un doble enfoque de la condicionalidad: una discriminación positiva con los países que logren mayores avances y otra negativa en los casos de violaciones graves y persistentes.
Cuarto, subrayamos los valores ejemplares del Acuerdo de Cotonú, por su extensa aplicación a 77 países y por la eficacia y flexibilidad de la cláusula suspensiva prevista en el artículo 96, siendo así el único acuerdo que ha dado lugar a sanciones y que ha funcionado relativamente bien.
Quinto, insistimos en la transparencia como uno de nuestros principios rectores.
Sexto, apoyamos todas las medidas tendentes a alcanzar los Objetivos del Milenio y, en este sentido, celebramos la decisión del G8 de cancelar la deuda de los 18 países más pobres del planeta.
Séptimo, apelamos a un mayor compromiso de los países con los que cooperamos en la consecución de estos Objetivos.
Y, octavo, lamentamos algunas decisiones de la Comisión que no compartimos, como el levantamiento de sanciones a Sudán a propósito de los graves sucesos ocurridos en Darfur.
Glyn Ford (PSE )
   , . – Señor Presidente, mi comisión acoge con agrado el informe del señor Agnoletto que, con muy pocas reservas, apoyamos plenamente. En efecto, nuestra opinión, que refleja lo dicho por el señor Agnoletto, ha sido aprobada por veinte votos contra uno.
Tal como ha explicado la Comisaria, catorce años después de comenzar a incluir los acuerdos sobre derechos humanos, es hora de hacer balance. Desde 1995, la cláusula de derechos humanos se ha invocado en 12 ocasiones. Lo hemos hecho contra Níger, Guinea-Bissau, la República Centroafricana, Togo, Haití (de donde acabo de volver de una misión de observación electoral), las Comoras, Costa de Marfil, Fiyi, Liberia y Zimbabue. La cláusula de derechos humanos también ha impedido la conclusión de acuerdos con Australia y Nueva Zelanda y con Belarús tras la evolución cada vez más autoritaria del régimen del señor Lukashenko.
Celebramos la inclusión de esta cláusula y quisiéramos que se extendiera también a los acuerdos comerciales de tipo sectorial. Creemos que debe haber referencias comparativas concretas y, posiblemente, un conjunto de referencias comparativas más matizadas para responder a las violaciones de derechos humanos. Pedimos a la Comisión que establezca un mecanismo de control que vincule la aplicación y la suspensión temporal de los acuerdos comerciales y de las medidas comerciales autónomas con el cumplimiento de normas democráticas básicas y el respeto de los derechos humanos y de las minorías en los países beneficiarios, tal como se contempla en el informe anual del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el mundo.
Comparto la opinión de la Comisaria de que, aunque se ha previsto nuestra participación en la aprobación de la cláusula en acuerdos comerciales y de otro tipo, no está prevista formalmente en lo relativo a la aplicación de la cláusula. Sin embargo, pedimos a la Comisión que, por propia iniciativa, en el futuro cuente de forma más sistemática con el Parlamento Europeo para valorar el respeto de las cláusulas de derechos humanos y exigencias similares. 
Giorgos Dimitrakopoulos,
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar dando la enhorabuena al ponente, el señor Agnoletto, por el excelente trabajo que ha presentado.
Creo que es muy importante que el ponente se refiera en este informe a la nueva función que hay que dar al Parlamento Europeo, no solo con respecto a la negociación de acuerdos con terceros países, sino también en relación con su aplicación y control. Ello cambiaría de forma considerable el marco institucional dentro del que se formalizan estos acuerdos.
El señor Agnoletto tiene razón al recomendar la ampliación de la cláusula sobre derechos humanos a todos los sectores y a todos los países y el precedente que utiliza para respaldar esta opinión es interesante. El señor Agnoletto tiene razón al hacer un llamamiento para un mejor control y un mejor procedimiento de seguimiento a fin de determinar si las partes observan lo que han suscrito, ya que, a menudo, como todos ustedes saben, firmar es fácil, pero cumplir es difícil. El señor Agnoletto lleva razón cuando menciona la necesidad de un mecanismo para la aplicación de acuerdos, entre otras cosas. Está en lo cierto cuando insiste en que la dimensión de los derechos humanos debe ser extremadamente visible en este mecanismo. Por último, tiene razón en su conclusión final de que ha llegado la hora, por fin, de que estudiemos una nueva cláusula con un contenido que refleje todo lo que estamos debatiendo y todo lo que recomendamos en numerosas ocasiones o que, en otras, criticamos a través del proceso europeo.
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado, como bien saben, una enmienda que, a mi entender, el señor Agnoletto acepta y, por consiguiente, dicho Grupo respalda su informe. 
María Elena Valenciano Martínez-Orozco,
   . Señor Presidente, el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial de los acuerdos internacionales de la Unión Europea.
Esta engorrosa y vaga formulación de la cláusula democrática que acabo de leer tiene muchas limitaciones y carece de mecanismos que aseguren su operatividad. El resultado es que la cláusula, a menudo, es utilizada como coartada o ejemplo retórico, sin que ello tenga realmente consecuencias.
El informe que debatimos hoy pretende acabar con esta situación, reforzando jurídicamente la eficacia de la cláusula. Para ello, los socialistas hemos realizado varias propuestas, que han sido recogidas en este informe, del que estamos muy satisfechos. Aprovecho la ocasión para felicitar al señor Agnoletto y agradecerle su trabajo y su comprensión.
Pero no queremos engañarnos. Este informe de iniciativa se verá de nuevo confrontado a la realidad cuando vayamos a aplicar la cláusula.
La Unión Europea debe promover la introducción de la cláusula siguiendo las recomendaciones de este informe, y así lo solicitamos hoy en esta Asamblea. Seguiremos necesitando mucha voluntad política por parte de la Unión para que el respeto de los derechos humanos constituya realmente un valor añadido en los acuerdos internacionales, en la promoción de la dignidad, para que la introducción de la cláusula no sea letra muerta y para que su uso no sea hipócrita y solo aplicable a conveniencia de nuestros intereses. Para ello necesitamos un verdadero compromiso de Europa con los derechos humanos; un compromiso eficaz, creíble y coherente. 
Podemos poner en marcha un sistema de alerta ante las violaciones de los derechos humanos que permita una actuación adecuada y una reacción a tiempo. Europa debe mantener la reciprocidad en la aplicación de la cláusula de derechos humanos, porque tenemos que ser capaces de mantener un diálogo franco y abierto con los países con los que hayamos establecido un acuerdo, y debemos ser capaces también de escuchar las críticas de los países socios, sobre, por ejemplo, cómo tratamos los europeos a sus nacionales, y reaccionar en consecuencia.
Europa debe mantener una posición creíble. Los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio. No podemos ceder en su defensa en aras de otros intereses momentáneos. Europa debe ser honesta y limpia en su actuación. Debemos pedir el fin de la pena de muerte en la India, en China, en Japón y en los Estados Unidos. Debemos exigir el fin de la tortura allí donde se produzca, sea en Guantánamo, sea en Iraq, sea en Siria.
En un mundo obsesionado por los beneficios a corto plazo y por la seguridad, no podemos bajar la guardia en la defensa de nuestros derechos universales.
Sajjad Karim
   , – Señor Presidente, en mayo de 1995 el Consejo decidió que para promover los derechos fundamentales y los ideales democráticos de la UE había que incluir una cláusula que insistiera en el respeto de los derechos humanos como elemento fundamental de todo acuerdo bilateral.
En los diez años desde su introducción, dicha cláusula ha resistido el riguroso escrutinio del Tribunal de Justicia Europeo y se ha incluido en más de cincuenta acuerdos de la UE. Sin embargo, en esos diez años la UE ha sido criticada por dejar de utilizar sus herramientas a favor de los derechos humanos en las relaciones exteriores, y ha quedado cada vez más claro que, al tratar con países clave, los derechos humanos fundamentales que esta cláusula pretende proteger se han visto eclipsados por las asociaciones estratégicas y los dobles raseros de la 
Sirva de ejemplo el hecho de que, pese a lo que exigimos sobre el papel, el debate iniciado a raíz de las elecciones para la Autoridad Nacional Palestina ha dejado claro que la aplicación depende en primer lugar de la voluntad política de la UE de dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos sobre los intereses económicos y políticos. Antes de que la Autoridad Nacional democráticamente elegida tuviera ocasión de organizarse, se planteó la revisión del acuerdo UE-Palestina por motivos de derechos humanos de una forma que ha sido descartada tanto por el Consejo como por la Comisión por inútil y porque nos restaría capacidad de influir. En cambio, si observamos el Acuerdo de Asociación EU-Israel, pese a los numerosos desacatos de este país con respecto a las resoluciones del Consejo de Seguridad y el flagrante desprecio al Tribunal Internacional de Justicia al continuar con su anexión de Jerusalén Este y negar al pueblo palestino el derecho de autodeterminación, ¿cuál es la respuesta de Europa?
He criticado duramente la gestión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y he fiscalizado la escrupulosa aplicación de la cláusula de derechos humanos en muchas intervenciones ante esta Cámara. Pero no oigo más que eufemismos, como que debemos mantener nuestra influencia y seguir dialogando. Si el Consejo y la Comisión no pueden explicar a esta Cámara de forma coherente, efectiva y transparente cómo aplica la cláusula de derechos humanos, ¿cómo pueden esperar que el Parlamento esté dispuesto a dar su consentimiento a nuevos acuerdos internacionales?
La vaguedad de criterios y los procedimientos insuficientes que contiene este instrumento no me han permitido comprender la lógica de ciertas decisiones de la UE, ni ayudan a la UE a defenderse de acusaciones de ambigüedad y discriminación ante graves violaciones de los derechos humanos. Al revisar el texto será preciso establecer un mecanismo concreto y aplicado gradualmente, desde el diálogo hasta las señales de advertencia, y prever una serie de herramientas, desde sanciones dolorosas hasta la suspensión del acuerdo, a fin de incrementar la influencia y la autoridad de nuestras intervenciones ante los infractores persistentes. Además, el instrumento debe basarse en el principio de reciprocidad respecto a los abusos que tienen lugar en el territorio de la UE y fuera de él. Si hay algo que ha quedado claro a raíz de la controversia sobre las operaciones ilegales de la CIA en Europa es que desde el punto de vista de los derechos humanos, la UE no ha sabido mantener su casa en orden.
No se puede exagerar el significado de este último giro en la guerra contra el terrorismo, en una asombrosa complacencia de la UE con su historial de derechos humanos, iniciando investigaciones por parte del Consejo de Europa y de esta Cámara con amenazas de poner en marcha el mecanismo sancionador del artículo 7. Es hora de que la UE comience una revisión profunda y completa y de que vincule y equilibre las dimensiones externa e interna de su política de derechos humanos.
Mientras la UE se ha esforzado por promover continua y sistemáticamente una visión coherente de los derechos humanos, este Parlamento ha sido elogiado por diversas ONG por el efecto positivo que ha tenido la reinstauración de la Subcomisión de Derechos Humanos. Bajo la presidencia de la señora Flautre, la subcomisión ha ido ganando fuerza y, a partir del nombramiento del señor Matheson, hemos hecho grandes avances en la aplicación de las directrices sobre derechos humanos.
Concluiré diciendo que, dado que los derechos humanos ostentan un papel destacado en muchos de los ámbitos de la política exterior y de seguridad, y dado que los asuntos de carácter general exigen una participación más constante, debemos aprovechar nuestro conocimiento y eficacia como poder de decisión único cuando se trate de iniciar consultas y suspender acuerdos por motivos de derechos humanos. 
Hélène Flautre,
   . – Señor Presidente, la cláusula que debatimos hoy constituye el fundamento y la fuente de legitimidad de la acción de la Unión Europea ante países terceros en materia de respeto de los derechos humanos. El informe del señor Agnoletto formula algunas propuestas importantes que, como ven, cuentan con un amplísimo consenso en este Parlamento. Dicha cláusula presenta algunas deficiencias. En primer lugar, adolece de una falta de uniformidad: la formulación de la cláusula puede variar de un tipo de acuerdo a otro. Yo abogaría, junto con el ponente, por una mejora de la cláusula con el fin de reforzar su alcance político y también jurídico. Por ejemplo, hay que establecer claramente que las partes en estos acuerdos están obligadas a cumplir las normas internacionales y las obligaciones que les imponen.
En segundo lugar, en la mayoría de los casos, como se ha subrayado ya, esta cláusula adolece de una falta de métodos de aplicación concretos. La Unión Europea, para ser coherente, debe establecer dichos métodos. No podemos esperar que sigamos siendo creíbles a los ojos de nuestros socios si, por una parte, pretendemos hacer del respeto de los derechos humanos un elemento esencial de nuestra política pero, por otra, no tomamos las medidas necesarias cuando un país viola sistemáticamente dichos derechos. Actualmente, los acuerdos ACP representan probablemente el modelo más avanzado, en el que deberíamos inspirarnos. 
También hay que graduar los mecanismos de aplicación de la cláusula. No podemos contemplarlos como meros instrumentos de reprimenda en caso de violación de los derechos humanos, sino también como una manera de ayudar a reforzar los derechos humanos en países terceros. Por ello es tan importante el enfoque positivo de la cláusula relativa a los derechos humanos.
Por lo que respecta al papel del Parlamento, con el fin de garantizar la coherencia, la credibilidad y la transparencia de nuestra política, es absolutamente crucial que participemos en las distintas etapas de aplicación de la cláusula. Cuando el Parlamento se remita a la cláusula en sus resoluciones o reclame la aplicación de medidas adecuadas, el Consejo debería dar curso a esta demanda y estudiar su conveniencia.
El segundo punto esencial es el vínculo entre la cláusula y las estructuras de diálogo político. Debe quedar claro el vínculo existente entre esta cláusula y la creación de subcomités de «derechos humanos», que también conviene reforzar. A este respecto, lamento la revisión a la baja de las exigencias de la Unión Europea, en particular en relación con algunos de nuestros vecinos. Si esperamos aplicar eficazmente la cláusula, debemos crear los foros necesarios para un intercambio franco y constructivo de puntos de vista sobre los derechos humanos.
Por lo que respecta al principio de reciprocidad, también el diálogo debe ser recíproco, justo cuando se está señalando con el dedo a algunos Estados miembros por su política en materia de lucha contra el terrorismo, por ejemplo, o por la situación inhumana en las prisiones. Debemos ser capaces de escuchar toda crítica que puedan formular nuestros socios.
Por último, es importante que los derechos humanos no sean una preocupación exclusiva de los Ministros de Asuntos Exteriores, sino una preocupación de todos los órganos gubernamentales. Por esta razón defiendo, junto con el ponente, que la cláusula sea un «elemento esencial» de todos los acuerdos y, por último, que en adelante el Parlamento no dé su dictamen conforme a nuevos acuerdos que no contengan una cláusula relativa a los derechos humanos y la democracia.
Jiří Maštálka,
   . – Señorías, quiero felicitar al ponente por un trabajo excelente. En mi opinión, está equilibrado, es objetivo y, sobre todo, nos da un resumen excelente no solo de los logros alcanzados en el ámbito de los derechos humanos, sino también de los aspectos importantes en los que hay que centrarse en el futuro. Quiero mencionar los siguientes aspectos fundamentales.
En primer lugar, respaldo el punto de vista de que no hay que entender los derechos humanos únicamente como si se tratara de derechos civiles y políticos, sino que también es imprescindible centrarse en los derechos económicos, sociales y culturales, y no solo en el contexto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. En segundo lugar, hemos de aprovechar las experiencias positivas que se derivan del Acuerdo de Cotonú hasta hoy, y garantizar que se incluyan cláusulas sobre el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos en todos los acuerdos sectoriales o todos los acuerdos con los Estados desarrollados, con el fin de conseguir la igualdad de condiciones de todas las partes del Acuerdo. En tercer lugar, es necesario hacer más hincapié en la aplicación de las denominadas medidas positivas para motivar a los Estados, y emplear medidas negativas solo cuando sea absolutamente necesario, cuando se hayan agotado otras opciones. Al sopesar dichas opciones es evidente que es necesario considerar el impacto de las medidas en los ciudadanos de a pie.
A mi entender, uno de los factores principales, desde el punto de vista de la garantía de la transparencia, es que el Parlamento Europeo y la sociedad civil desempeñen un papel más importante en la aplicación de cláusulas relacionadas con los derechos humanos y los principios democráticos. La labor de la Comisión y del Consejo ha sido poco transparente hasta hoy y, a menudo, engañosa, lo que ha generado preocupación por el hecho de que los intereses políticos, estratégicos y comerciales estén invalidando la aplicación coherente de normas claramente definidas. Es absolutamente necesario, si queremos aumentar la transparencia y la democratización en los procesos de toma de decisiones, que la Comisión Europea informe regularmente al Parlamento y a las partes interesadas en la esfera pública, idealmente cada año, sobre la aplicación de cláusulas que contemplen el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, con inclusión de estudios de casos individuales y del enfoque adoptado por el Consejo durante un determinado periodo, el resultado de determinadas medidas y de enfoques propuestos para el futuro, en el caso de que una situación no mejore. Una metodología objetiva y un procedimiento claro para la aplicación de la cláusula que he mencionado anteriormente serán, por supuesto, esenciales. 
Gerard Batten
   , . – Señor Presidente, esta cláusula fue redactada hace diez años y se ha incluido en determinados acuerdos. El presente informe pretende que se apliquen nuevos criterios entre los Estados miembros de la UE y terceros países. Se suspenderían los acuerdos con esos países en caso de incumplimiento de la cláusula.
El informe critica que la cláusula no se incluya en los acuerdos relativos a tres grandes campos: agricultura, pesca y textiles. Por supuesto, es preciso impulsar la democracia y los derechos humanos en todos los países del mundo que no tengan la suerte de disfrutar ya de ellos. Todos los países democráticos decentes deberían utilizar sus relaciones –diplomáticas, comerciales, culturales, etc.– con otros países para favorecer el desarrollo de la democracia y los derechos humanos, cosa que mi país, el Reino Unido, ha hecho durante muchos años.
Sin embargo, este informe dice que la cláusula debe aplicarse a todos los países por igual. ¿Se ha meditado bien sobre esto? Si es así, ¿se aplicará a China y a otras economías emergentes de Extremo Oriente y de otras partes del mundo? Hay muchos puestos de trabajo que dependen de las relaciones comerciales con China, y su número aumentará en el futuro. ¿Creemos de verdad que cambiaremos el curso de la historia diciendo a China que se convierta de la noche a la mañana en un país democrático que respeta plenamente los derechos humanos, solo porque lo dice un informe del Parlamento Europeo? Yo no lo creo.
Hoy las Naciones Unidas han reclamado el cierre de la Bahía de Guantánamo y hay muchas cuestiones relativas a los derechos humanos sobre lo que los estadounidenses están haciendo allí. Si este acuerdo ha de aplicarse por igual a todos los países, ¿suspenderemos nuestras relaciones con los Estados Unidos si creemos que están conculcando derechos humanos en Guantánamo?
Me ha sorprendido también la arrogancia de la Comisaria al exigir que otros países, como China y Japón, deroguen la pena de muerte si quieren tener relaciones con la UE. Creo que es una insólita intromisión en el derecho democrático y soberano de otros Estados a tener un sistema penal que sea adecuado para ellos y para sus ciudadanos, y no para la Unión Europea. La misma Unión Europea está socavando la democracia en todos sus Estados miembros. Yo conozco de primera mano la forma en que la democracia del Reino Unido ha sido socavada por la Unión Europea y por nuestra creciente integración política en los Estados Unidos de Europa. Por eso, creo que tal vez la Unión Europea debería poner primero su propia casa en orden, en lo que respecta a la democracia. Podría comenzar por prestar algo de atención a los resultados de los referendos de los Países Bajos y Francia sobre la Constitución.
Tengo la impresión de que este informe no ha sido debidamente meditado. Sí, queremos democracia y derechos humanos en todos los países del mundo, pero intentémoslo dando ejemplo en la amistad, en vez de fijar criterios y condiciones que no se van a cumplir. 
Ryszard Czarnecki (NI ).
   –  Señor Presidente, si nuestros sucesores intentan evaluar los principales valores y ventajas de la Unión Europea dentro de cien años, observarán que uno de los principales motivos por los que la Unión Europea vio la luz fue para defender y promover los derechos humanos en todo el mundo. Deberíamos hacer ondear la bandera de los derechos humanos en todo momento y no bajarla en circunstancias desfavorables, como lamentablemente ocurre a veces.
Me preocupa nuestro tristemente famoso doble rasero. Estamos dispuestos a exigir el respeto de los derechos humanos y a condenar a determinados países que no cumplen. Sin embargo, cuando se trata de países más grandes o de países particularmente importantes desde el punto de vista económico para las empresas de los Estados miembros de la Unión, estamos igualmente dispuestos a guardar silencio o a hablar en voz baja sobre los derechos humanos. La calamidad de este doble rasero es una mancha en el honor de la Unión. Es una mancha en una impoluta bandera azul de estrellas doradas.
Los derechos humanos también hay que entenderlos en un contexto económico. Por ese motivo defendemos la condonación de la deuda de los países en desarrollo, como ha señalado el señor Martin. Sin embargo, también estamos a favor de controlar la aplicación de la ayuda comunitaria a fin de garantizar que no se utilice para respaldar dictaduras en África y en Asia.
Creo que merece la pena hacer hincapié en la necesidad de incluir cláusulas sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos sectoriales suscritos, por ejemplo en relación con la agricultura, la pesca y los textiles. En conclusión, siempre debemos tener presente que, en lo que respecta a los derechos humanos, nunca se puede decir que se ha hecho todo lo que debería hacerse. 
Simon Coveney (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me complace poder hablar sobre este informe de propia iniciativa del señor Agnoletto sobre la cláusula de derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE. Creo que es una iniciativa ambiciosa y seria del ponente. Ha redactado un informe que la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores ha calificado de uno de los más importantes de los últimos tiempos.
Se han incluido cláusulas de derechos humanos en acuerdos internacionales y comerciales de la UE durante más de cincuenta años. Como ha dicho la Comisaria, afectan a más de ciento veinte países distintos. Este informe valora la efectividad de dichas cláusulas en cuanto a su aplicación y respeto, y propone nuevas vías de fortalecimiento de la cláusula para hacerla más eficaz y controlarla mejor.
Las cláusulas de derechos humanos han dado algunos resultados en el pasado. Pero, a decir verdad, en muchos casos las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos de la UE con terceros países no valen el papel en que están escritas. De esta manera, se desarrolla una relación de comercio y cooperación a resultas de un acuerdo, pero continúa habiendo flagrantes violaciones de los derechos humanos; las cláusulas de derechos humanos se incumplen o no se toman en serio, pero no hay consecuencias. Es una situación lamentable: no solo supone una oportunidad perdida para que la UE utilice mejor su considerable influencia a fin de elevar el grado de respeto de los derechos humanos, sino que también mina la credibilidad de la UE en un ámbito político vital.
Este informe estudia de forma bastante pormenorizada cómo debe redactarse una cláusula de derechos humanos, cómo se puede controlar y hacer cumplir a fin de hacerla más efectiva, y qué consecuencias debe tener su vulneración en los distintos casos. Esencialmente, sin embargo, el informe se plantea dos objetivos. En primer lugar, asegurar que se incluya en todo nuevo acuerdo internacional de la UE una nueva cláusula mejorada de derechos humanos y democracia basada en el respeto del Derecho internacional y de las convenciones suscritas por la UE. En segundo lugar, hay que poner en marcha un mecanismo que permita vigilar mejor la observancia de la cláusula de derechos humanos, de modo que sus infracciones tengan una serie de consecuencias reales para todo el acuerdo. Eso aseguraría que se diera a los derechos humanos la prioridad política de que hoy ha hablado la Comisaria. 
Richard Howitt (PSE ).
   – Señor Presidente, una vez más, a lo largo el año pasado la UE fue acusada de faltar a su compromiso de defensa de los derechos humanos al negarse a hacer uso efectivo de las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos comerciales y de cooperación. En Uzbekistán se sentó un importante precedente tras la masacre de Andizhán, pero el hecho de que la reacción tardara cuatro meses es un triste testimonio de la falta de seriedad que se daba a las cláusulas en el pasado.
Pese a la gran preocupación por los derechos humanos y la influencia de la UE en el Próximo Oriente, las cláusulas de derechos humanos no han sido invocadas nunca en relación con Egipto, Israel ni Túnez, en este último caso a pesar de las rotundas declaraciones de la UE del año pasado sobre los límites a la libertad de expresión y el bloqueo de la financiación de las ONG.
Con los países ACP reconozco que han tenido lugar las llamadas «consultas del artículo 96» en quince países durante los últimos ocho años, y once de esos casos han desembocado en las medidas oportunas. Sin embargo, la UE mantiene estrechas relaciones con Angola, Etiopía y Ruanda pese a condenar los abusos que tienen lugar allí y sin ejercer una auténtica presión ni acciones de ningún tipo tras esas condenas. En Eritrea, hasta ahora se ha respondido muy tímidamente a los acontecimientos: reclutamientos forzosos, detenciones arbitrarias, acoso a los refugiados y continuo recurso a la tortura.
¿Qué podemos hace para asegurar el éxito de las consultas sobre las cláusulas de derechos humanos? Es necesario un compromiso por parte del país tercero. Sin embargo, esto hoy parece estar demasiado ligado a la dependencia de los fondos de la UE. Es preciso identificar las violaciones y los pasos que hay que seguir para corregirlas, como en el caso de Guinea-Bissau, cuando se celebraron elecciones libres y limpias en el plazo previsto. Y hay que mantener un estrecho diálogo político, que puede bloquearse y como hemos visto hoy que lamentablemente tanta falta hacía en el caso de Irán.
Estamos de acuerdo con la Comisaria en que a menudo hay razones políticas que impiden la acción de los Estados miembros. No creo que ella sea arrogante; al contrario, veo nobleza en ella cuando defiende el inquebrantable compromiso por la abolición de la pena de muerte. Me parece asombroso que el Partido por la Independencia del Reino Unido haya dicho esta mañana que debemos mirar a otro lado ante las violaciones a los derechos humanos en China simplemente porque comerciamos con ese país. Felicito a la Comisaria y al ponente.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, me satisface realmente el alto grado de consenso que hay en esta Cámara en cuanto al hecho de que el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, son —aunque deben serlo más— un objetivo global de la política exterior y de seguridad común, y deben ser parte integrante de la política exterior de la Unión Europea.
Y digo que deben serlo más porque, como se ha dicho, son numerosos, demasiados, los ejemplos en que estos principios quedan matizados, cuando no anulados, en favor de determinados intereses económicos, comerciales o políticos particulares. Es cierto que en más de cincuenta acuerdos se ha incorporado la llamada cláusula sobre derechos humanos y democracia, y que ello afecta a 120 países, pero también lo es que el grado de cumplimiento y de exigencia de su cumplimiento por nuestra parte es de lo más variado.
Por tanto, después de diez años de aplicación de este sistema, debemos hacer balance y tomar ciertas medidas correctoras, y por ello felicito al señor Agnoletto por su trabajo, por su informe y por sus conclusiones, las cuales, lógicamente, compartimos.
En primer lugar, quiero subrayar que es preciso recordar que muchos acuerdos con países desarrollados y acuerdos sectoriales, como los relativos a los productos textiles, a la agricultura y a la pesca, aún no contienen dicha cláusula, lo que es un déficit claro.
En segundo lugar, aunque la cláusula se aplica tanto a la Unión Europea como al país tercero, aún no se ha sacado plenamente partido de la dimensión de reciprocidad de la misma y, como ha dicho la señora Valenciano Martínez-Orozco, yo creo que la Unión Europea debe empezar por dar ejemplo.
En tercer lugar, uno de los motivos que han comprometido su aplicación es el carácter genérico de su formulación, ya que no prevé modalidades precisas de intervención positiva o negativa en la cooperación entre la Unión Europea y terceros países, dando paso a una preponderancia del Consejo y de las exigencias nacionales de los Estados miembros sobre exigencias más generales en materia de derechos humanos.
Por todo ello, apoyamos la elaboración de un nuevo texto para un modelo de cláusula que perfeccione la actual formulación del llamado artículo 2, con objeto de garantizar un enfoque más coherente, eficaz y transparente de la política europea de derechos humanos en los acuerdos con terceros países.
Bruno Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, hablamos de las cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos que la Unión impone a los países con los que trata. Así sea, pero antes de buscar la paja en el ojo de nuestros vecinos, ¿no deberíamos quitar la viga del nuestro?
En mi país, Francia, como en el resto de la UE, la tiranía de la corrección política está resultando completamente intolerable. En teoría, uno puede decir lo que le plazca sobre la inmigración masiva, pero si está en contra se verá condenado por incitación al odio racial. Si uno habla, como ha sucedido hace poco, de la islamización de Alsacia, aunque uno sea representante electo, será objeto de indignas condenas que solo deshonran a quienes las pronuncian. En teoría, uno puede decir lo que le plazca sobre la historia contemporánea, pero en la práctica solo lo puede hacer ateniéndose a las disposiciones de una ley de inspiración comunista, pues de lo contrario se arriesga uno a ir a la cárcel. Por haber discutido esa ley en una conferencia de prensa política, yo mismo he perdido, al menos de forma provisional, mi cátedra en la Universidad de Lyon. Si uno declara que prefiere la familia natural frente a las uniones homosexuales, también corre el riesgo de ser condenado, como lo ha sido muy recientemente un diputado al Parlamento francés perteneciente al partido mayoritario. Un alcalde no tiene derecho a dar preferencia a uno de sus compatriotas frente a un extranjero al asignar una vivienda social y tampoco un particular puede otorgar este tipo de preferencia en ningún terreno. Podría citar más ejemplos.
Cada grupo, cada grupo de presión, cada minoría, cada desviación ha desarrollado sus medios de presión, intimidación y persecución de la mayoría, con la complicidad activa o pasiva de las autoridades. En estas condiciones, Señorías, antes de imponer a nuestros socios una cláusula que ustedes parecen interpretar de un modo totalmente unilateral, estaría bien que empezáramos poniendo orden en nuestra propia casa.
Georgios Papastamkos (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el principio democrático en las relaciones exteriores de la Unión, que estamos debatiendo hoy tras el informe del señor Agnoletto, a quien felicito, plantea una serie de cuestiones cruciales. Por motivos de tiempo me limitaré a cinco de ellas.
Primera cuestión: ¿Seguirá la Unión limitándose al carácter más o menos declaratorio de la cláusula sobre derechos humanos y democracia o intentará –y esta es mi propuesta– convertir el principio de democracia en un auténtico mecanismo jurídico, en una condición indispensable para el buen funcionamiento de los acuerdos con terceros países?
Segunda cuestión: ¿Son lícitas las rebajas selectivas de la cláusula sobre democracia? ¿Es lícito diferenciar la intensidad con que se formula el principio en cuestión? La respuesta es evidente. La credibilidad de la invocación de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales debe respetar la regla de la uniformidad de las normas.
Tercera cuestión: ¿Bastan los elementos de una confrontación electoral y elecciones libres por sí solos para considerar que un sistema es democrático? La vida democrática moderna implica exigencias imbricadas con la calidad de la democracia. Exige la vigencia de derechos civiles participativos y responsabilidad política horizontal. Exige una gobernanza honesta, seguridad institucional y cohesión social.
Cuarta cuestión: ¿Tiene intención la Unión –y nosotros, la Cámara democráticamente legitimada por excelencia– de adoptar indicadores cualitativos para medir y evaluar la conducta democrática de nuestros socios privados económicos y comerciales y, más aún, de terceros países europeos a los que se les exige o exigirá el cumplimiento de los llamados criterios de Copenhague?
Quinta y última cuestión: en las relaciones exteriores europeas, el principio democrático y la economía de mercado aparecen juntos en todos los discursos, pero en la práctica se da prioridad a la economía de mercado. ¿Vamos a restablecer por lo menos este equilibrio? 
Panagiotis Beglitis (PSE ).
   – Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando a mi distinguido amigo, el señor Agnoletto, por el importante informe que nos ha presentado.
La incorporación de una cláusula de derechos humanos en los acuerdos de la Unión Europea, desde principios de la década de 1990, ha sido una marca distintiva política e institucional. Sin embargo, al hacer hoy una evaluación, debemos ser honestos y decir que los resultados no son particularmente positivos. Esto se debe principalmente a la falta de voluntad política por parte de los Estados miembros, como ha manifestado honesta y francamente la Comisaria, a la sensibilidad selectiva ante la aplicación de la cláusula, a la prevalencia del doble rasero y, por último, a la supremacía de los intereses y conveniencias nacionales por encima de la posición común y decisiva de la Unión Europea.
Existen numerosos ejemplos y esta situación está creando un grave problema de credibilidad de las instituciones europeas entre los ciudadanos de Europa. Por un lado, la Unión Europea puede congelar relaciones y acuerdos –como ilustran los ejemplos del señor Ford– y, por otro, permanece impasible ante las violaciones de los derechos humanos en Túnez, Egipto, Israel o Turquía. En las relaciones con Rusia, China y los Estados Unidos prevalecen los intereses estratégicos por encima del respeto de los derechos humanos y de las minorías.
La necesidad de la unanimidad para adoptar medidas y suspender un acuerdo seguirá poniendo freno en la práctica a cualquier esfuerzo serio. La Unión Europea no podrá emprender una política exterior dinámica con el requisito de la unanimidad. Hay que retomar esta dimensión en el debate sobre el futuro de Europa. Comparto todas las propuestas realizadas por mi distinguido amigo el señor Agnoletto. Sin embargo, debemos entender que el grave déficit que aqueja a la política exterior y de derechos humanos se debe y está relacionado con el carácter trasnacional y el principio de unanimidad, bajo los que subyacen los intereses nacionales y distintas conveniencias y prioridades políticas. Si esto no cambia, por muy sólidas que sean las cláusulas, seguirán siendo, por desgracia, papel mojado. 
Cem Özdemir (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, señor Frattini, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al ponente por este informe. De las respuestas que ha suscitado es evidente que goza de amplia aprobación. En varias ocasiones hemos oído que nos resulta más fácil criticar a pequeños Estados como Myanmar e imponerles sanciones que hacer lo mismo con otros más grandes, en los que hay en juego intereses económicos. Aquí es donde se nos plantea un problema, un dilema, que deberíamos abordar abiertamente en lugar de marear la perdiz. La Unión Europea tiene un problema de credibilidad, un problema de doble rasero, y eso hemos de tenerlo presente en la situación actual con las caricaturas y lo que se ha venido a denominar un choque de civilizaciones. Compartimos muchos de los puntos planteados en el informe.
Me gustaría señalar, no obstante, que abordaremos una cuestión similar –la de la Agencia de los Derechos Fundamentales– en un próximo debate en esta Cámara. Esa Agencia se encargará de muchas de las cuestiones que hoy nos ocupan. Me gustaría llamar la atención de sus Señorías sobre el hecho de que podremos utilizar esta Agencia de los Derechos Fundamentales no solo para mejorar la protección de los derechos humanos en los Estados miembros de la Unión Europea, sino también como una especie de sistema de alerta temprana que nos informará de lo que ocurre en los países que nos rodean y cuál es la situación de los derechos humanos en ellos. Esto nos ofrece una oportunidad única de mejorar la política europea en materia de derechos humanos. Esta Cámara tomará muy pronto una decisión al respecto y pido a sus Señorías que la apoyen. 
Philip Claeys (NI ).
   – Señor Presidente, me gustaría hacer tres observaciones con respecto a la cláusula de derechos humanos.
En primer lugar, hay que señalar que esta cláusula se invoca en muy raras ocasiones: solo 12 veces desde 1995. Si lo comparamos con el número de Estados no democráticos con los que la Unión Europea concluye tratados, la cláusula debe considerarse en la mayoría de los casos un elemento superfluo a efectos prácticos.
Mi segunda observación se refiere a las políticas de inmigración y asilo de los Estados miembros, que el ponente desea asociar a la cláusula de derechos humanos. Esto se me antoja muy poco realista y, en cualquier caso, no muy deseable, ya que estaríamos invitando a los países en desarrollo a criticar la acogida de sus propios nacionales que solicitan asilo en Europa. De hecho, deberíamos poner empeño en animar a estos Estados a que acepten el retorno de aquellos de sus ciudadanos que no obtengan el asilo político en Europa. A menudo, no obstante, la experiencia ha demostrado que ocurre justo lo contrario.
Por último, no es recomendable involucrar a las organizaciones no gubernamentales en la evaluación de la aplicación de la cláusula de derechos humanos con respecto a terceros países. Estas organizaciones no tienen ningún tipo de legitimidad democrática y no se les debería conceder una responsabilidad política de esta índole. Si acaso, Europa debería estar en condiciones de rendir cuentas en mayor medida de lo que ocurre con el dinero de los contribuyentes. 
Bogusław Sonik (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, que se respete debidamente la cláusula de derechos humanos dependerá, sobre todo, de la voluntad política de los Estados miembros. Lamentablemente, sus esfuerzos por defender sus propios intereses impiden a menudo que la Unión actúe efectivamente.
La tarea que tenemos hoy ante nosotros es garantizar que las cláusulas sobre derechos humanos se incluyan de modo que podamos ejercer una presión efectiva sobre terceros países. Ya no basta con una mera declaración de principios y requisitos. Estos deben aplicarse realmente y ello requiere más firmeza y decisión.
Me entristece observar que el comportamiento de los líderes de la Unión tiende a regirse por el temor y el oportunismo. Con demasiada frecuencia, los intereses económicos y políticos pesan más que la necesidad de responder con rapidez a casos lamentables en los que se humilla a personas y se restringe su libertad. El principio de solidaridad no debe ser considerado un lastre que hay que echar por la borda en cualquier momento, sino que hay que convertirlo en un instrumento crucial de la política de la Unión Europea.
Por tanto, las cláusulas de derechos humanos deben dotarse de medios adecuados de persuasión y presión política. Esto, a su vez, requiere un cambio de enfoque de la Política Exterior y de Seguridad Común. Esta política debería caracterizarse permanentemente por una lucha constante por defender los principios de la libertad y la democracia.
Necesitamos urgentemente instituciones europeas que tomen como modelo las fundaciones estadounidenses públicas y que sean capaces de apoyar efectivamente a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. En la actualidad estas instituciones no existen, pero los planes de crear la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales deberían contribuir a colmar este vacío. De hecho, la Agencia de Derechos Humanos sería un nombre más adecuado para este organismo.
En su informe anual, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch concluyó que en 2005 la Unión Europea se había interesado principalmente en los ámbitos de la empresa, la política y la energía.
Ya no basta con criticar meramente de palabra a los regímenes totalitarios y dictatoriales. La Unión Europea debe demostrar la voluntad de aplicar los derechos fundamentales en todo el mundo. ¿Hay alguien en la Unión Europea que se esté encargando de las restricciones a la libertad de expresión y a las actividades de las organizaciones no gubernamentales en Rusia? ¿Hay alguien dispuesto a sacrificar los contratos comerciales con China a cambio de la liberación de los monjes tibetanos encarcelados pos supuestas actividades subversivas? ¿Seremos capaces finalmente de hacer frente abiertamente al régimen cubano?
Para terminar, me gustaría expresar mi apoyo a la acción de protesta contra el motor de búsqueda . Hoy no lo voy a utilizar. ha creado una versión especial de su motor de búsqueda para páginas chinas, controlada por el Gobierno chino. Esta es una forma de censurar materiales que se contradice con la línea oficial china. 

Józef Pinior (PSE ).
   – Señor Presidente, los derechos humanos y la democracia son los cimientos sobre los que se construyó la Unión Europea. La política de derechos humanos de la Comunidad Europea y, de hecho, de la comunidad internacional en general, desempeñó un papel importante en la caída de los regímenes antidemocráticos del sur de Europa en la década de 1970 y en Europa Central y Oriental a partir de 1989. En la actualidad, los derechos humanos y la democracia forman el eje en torno al cual se está construyendo la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. La política exterior de la Unión pretende crear un orden mundial basado en la paz, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible y el crecimiento estable.
La cláusula sobre derechos humanos y democracia debería aplicarse de modo más amplio e incluirse en todos los acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros países, independientemente de si son países industrializados o en desarrollo. La cláusula antes mencionada también debería figurar en los acuerdos sectoriales, intercambios comerciales y ayuda técnica y financiera. En virtud de esta cláusula, las instituciones pertinentes de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo, deberían tener la autoridad para controlar de forma eficaz que las partes en los acuerdos con la Unión Europea respeten los derechos humanos y los principios democráticos. A este respecto, es importante recordar la relación entre el respeto de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Los principios generales que engloban la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el respeto de los valores democráticos constituyen una condición indispensable para la erradicación de la pobreza.
Una buena forma de abordar esta cuestión sería incluir en estos acuerdos la recomendación de que la UE y el Estado parte en el acuerdo intercambien cada año informes sobre los derechos humanos. Asimismo, sería deseable crear un mecanismo de consulta con organizaciones no gubernamentales. Las misiones de vigilancia de las elecciones desempeñan un papel crucial en la protección y el fomento de los derechos humanos y la democracia más allá de las fronteras de la Unión, al igual que la ayuda que la Unión debe proporcionar a la sociedad civil en terceros países. 
Bernat Joan i Marí (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente, el señor Agnoletto, en que el Parlamento no solo debe opinar, sino que también debe desempeñar un papel en derechos humanos, democracia y respeto de la diversidad en los acuerdos con terceros países.
El desarrollo económico, la paz social y una economía en crecimiento están estrechamente relacionados con la democracia y los derechos humanos. La cooperación para el desarrollo solo se puede garantizar en el contexto de una sociedad democrática. Si analizamos la eficacia de nuestra cooperación para el desarrollo, constataremos que en los países en que se impulsan la democracia y el respeto de los derechos humanos todo funciona mejor. En las dictaduras, en los regímenes poco transparentes y con Gobiernos corruptos, nuestro trabajo puede quedar totalmente distorsionado.
Quiero señalar que hemos de entender plenamente la democracia y los derechos humanos. Democracia significa respeto de la diversidad; los derechos humanos no son plenos sin el respeto de la diversidad, la pluralidad y las diferencias culturales. Hemos visto a minorías de países próximos a incorporarse a la Unión Europea confiar en nosotros para asegurar el respeto de sus derechos. Las instituciones europeas pueden brindarnos una oportunidad para la pluralidad y el respeto de los derechos culturales y nacionales, independientemente de que muchos países europeos no los respeten. Debemos impulsar el papel de nuestro Parlamento, porque es la sede de nuestros representantes europeos. 
Justas Vincas Paleckis (PSE ).
   – Me gustaría dar las gracias al ponente por su firme voluntad de dotar de mayor transparencia y coherencia a la expansión y consolidación de los derechos humanos. Parece como si en este informe viéramos los principios de claridad y transparencia a través de una lente de aumento. Las diversas interpretaciones del concepto de «derechos humanos» impiden a la Unión Europea adoptar medidas adecuadas en casos de violaciones graves. Cuando el Consejo somete a debate la preocupante situación de los derechos humanos en un Estado, normalmente algún país de la UE insiste en actuar conforme a sus propios intereses nacionales y veta la decisión. El principio de unanimidad debería ser más flexible.
Al debatir la posibilidad de sanciones, resulta inevitable considerar el poderío político y económico del país en cuestión, así como su tamaño y la probabilidad de represalias. Deberíamos evitar esta situación en la medida de lo posible y algunos Estados, que violan descaradamente los derechos humanos, no deberían sentirse superiores a otros.
El instrumento de las sanciones, dirigidas contra un régimen o un Gobierno que se ha comportado de forma indebida, debe ser utilizado con extrema precisión. Las sanciones no deben golpear al pueblo, que a menudo vive en condiciones particularmente duras y no tiene la oportunidad de oponerse al régimen.
Dentro de unos meses, la UE iniciará las negociaciones con un Estado que todavía tiene dificultad a la hora de aplicar políticas de igualdad de género y de derechos de las mujeres; un Estado que todavía tiene que liberarse de las ataduras de la discriminación étnica. Los derechos humanos serán un aspecto importante de estas negociaciones, de modo que el procedimiento para definir este proceso de negociación también debería ser más transparente. 
Libor Rouček (PSE ).
   – Señorías, el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como la protección y la defensa de los derechos humanos y las libertades, se ha convertido en una parte integral del funcionamiento de la Unión Europea y de su política exterior. La cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE constituye uno de los instrumentos de esta política. La cláusula, como ya se ha dicho, se ha incorporado hasta el momento en más de 50 acuerdos y se aplica a más de 120 países. Sin embargo, a pesar de las frecuentes experiencias positivas, considero necesario reflexionar sobre el modo de mejorar o perfeccionar la cláusula.
En este contexto, el informe Agnoletto ofrece numerosas propuestas importantes e interesantes. Señala, por ejemplo, que el concepto de derechos humanos y derechos y libertades civiles también incluye los derechos económicos, sociales y culturales. Hace hincapié, asimismo, en que la UE, en su apoyo a los derechos humanos, debería centrarse en la aplicación de políticas en el ámbito de la igualdad de género y de derechos de las mujeres y debería oponerse a toda forma de discriminación por motivos, por ejemplo, de orientación sexual o de los derechos de las personas con discapacidad. Me gustaría apoyar la idea de que el Parlamento Europeo deba participar en mayor medida en los preparativos para la aplicación y la evaluación de la cláusula sobre democracia, y me gustaría añadir que tanto la sociedad civil como la red internacional de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos deben desempeñar un papel más importante en este proceso. 
John Attard-Montalto (PSE ).
   – Me sorprende la manera en que, en este Parlamento, a menudo detectamos pequeñas deficiencias en Europa, cuando por todos es sabido que este continente realmente es un adalid que intenta exportar estos nobles derechos fundamentales a otras partes del mundo. Cabe señalar que la cuestión de si los derechos humanos pueden ser administrados internamente por el Estado o Gobierno o si deben ser universales siempre ha estado en el centro del debate. Sin lugar a dudas, está claro que los derechos humanos son universales y que ningún dictador ni ningún Estado tienen derecho a denegar a los seres humanos el más mínimo aspecto de sus derechos fundamentales. El problema radica en saber cómo Europa debe hacer uso de sus recursos para intentar exportar estos nobles objetivos. En este sentido, a menudo criticamos a Europa por no utilizar sus derechos y su poder, incluido el poder económico, y, al mismo tiempo, criticamos a la administración o a las instituciones por cerrar sus ojos ante determinadas deficiencias. Hay que tomar una decisión. Debemos decidir cómo puede Europa exportar mejor sus objetivos, bien por la vía de la persuasión, bien por la de su poder económico. Quiero concluir diciendo que tenemos que dotar a nuestras instituciones de todos los recursos necesarios para garantizar que nuestros valores sean suficientemente coherentes para ser exportados por la Comunidad. Gracias. 
Ana Maria Gomes (PSE ).
   – Apoyo todas las recomendaciones formuladas por el señor Agnoletto en este informe y, especialmente, la inclusión de una cláusula de reciprocidad en todos los acuerdos con terceros países. Es lamentable que la aplicación de la cláusula sobre derechos humanos estuviera pendiente, hasta ahora, de consideraciones geopolíticas y geoeconómicas que no tienen nada que ver con la Unión en su conjunto, pero que, a menudo, dependen de las estrategias interesadas de algunos Estados miembros y de algunos servicios de la Comisión.
El ejemplo más llamativo de la falta de aplicación sustancial de esta cláusula es el de Etiopía, a pesar del hecho de que el Parlamento ha pedido repetidamente a la Comisión y al Consejo que abran consultas conforme al artículo 96, a raíz de las masacres y graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar tras las elecciones.
El silencio y la pasividad del Consejo en esta cuestión son inaceptables. Solo la Comisión y un Estado miembro –el Reino Unido– han suspendido las ayudas directas al presupuesto del Gobierno etíope, lo mínimo que podían hacer en estas circunstancias. Sin embargo, no han aclarado en qué términos y condiciones, y esto no ha surtido ningún efecto en dicho Gobierno, enviando una señal desastrosa no solo al pueblo etíope, sino a todos los africanos –la sede de la Organización para la Unidad Africana se encuentra en la capital de Etiopía–, así como a todos los Estados miembros de la UE y a todos los países con los que la UE mantiene relaciones. 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE ).
   – Señor Presidente, no cabe duda de que el fomento del respeto de los derechos humanos y la democracia en terceros países constituye uno de los principales objetivos de la política exterior de la Unión Europea. Sin embargo, no lograremos este objetivo si los acuerdos internacionales siguen centrándose exclusivamente en cuestiones económicas y políticas. La inclusión de cláusulas sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos comerciales y en la ayuda técnica y financiera sería un paso vital en la buena dirección.
La Unión Europea podrá actuar de forma más rápida y eficaz para defender los derechos humanos si tiene la opción de suspender la cooperación económica en caso de infracciones graves de los derechos fundamentales en terceros países. De forma paralela a este proceso, el Parlamento Europeo debería participar más en las consultas en relación con el contenido de los acuerdos y cláusulas, así como en su aplicación y cumplimiento.
Una vez que tengamos un sistema eficaz para supervisar las libertades fundamentales sobre el terreno, con el respaldo de la opción de imponer sanciones económicas, lograremos finalmente pasar de las palabras a los hechos. Hasta la fecha suele darse el caso de que las bonitas palabras de las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la defensa de los derechos humanos se quedan sencillamente sobre el papel. 
Katalin Lévai (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero felicitar y dar las gracias al ponente por su ambicioso trabajo. La protección de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la gobernanza es un elemento fundamental de la Unión Europea, por lo que también debe ser parte integrante de la política exterior de la UE.
Quisiera recalcar especialmente la promoción de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual. Estas cuestiones representan aún hoy graves problemas en todos los países. Los derechos de las mujeres y de los niños y los derechos de las personas con orientaciones sexuales diferentes son violados cada día.
Para facilitar la consecución de estos objetivos, la Unión Europea debe crear nuevos procedimientos y nuevos criterios de aplicación de las cláusulas de derechos humanos y democracia. Estoy de acuerdo en que, para conseguir una política europea de derechos humanos más coherente, eficaz y transparente, es indispensable revisar el texto vigente.
Apoyo la constitución de subcomisiones de derechos humanos al amparo de los acuerdos de la UE con terceros países, que se responsabilicen de vigilar el cumplimiento de la cláusula, controlen su aplicación y propongan medidas para afrontar los problemas relativos a la democracia y los derechos humanos. 
Benita Ferrero-Waldner
   , . Señor Presidente, hemos presenciado un debate muy útil sobre la cláusula de derechos humanos y democracia en general.
No olvidemos que los asuntos relativos a los derechos humanos ya se plantean sistemáticamente en el diálogo político con nuestros socios. Hemos iniciado intensos diálogos y consultas sobre derechos humanos con algunos países, y se han constituido asimismo subcomisiones de derechos humanos. En otros casos, los derechos humanos pueden debatirse en consejos de asociación y en reuniones de comités de asociación.
El propósito de la cláusula de derechos humanos no es la mera posibilidad de imponer sanciones, sino crear una base para el diálogo sobre derechos humanos y para la creación de instituciones dedicadas a ellos, porque es necesario dar una oportunidad a esas instituciones y fomentar su desarrollo. La creación de instituciones es tan importante como la cláusula misma, y la existencia de la cláusula de derechos humanos en acuerdos de asociación o en acuerdos de asociación y cooperación representa la base para ello. Por eso, no es necesario reiterarla en los acuerdos sectoriales.
También quiero recordar que nuestros acuerdos tienen un amplio espectro de objetivos políticos. Queremos contribuir a la estabilidad y al incremento del bienestar en todas las poblaciones afectadas. No es por falta de coraje si no siempre tenemos la misma cláusula de derechos humanos o si no aplicamos sanciones. También debemos contribuir al desarrollo de una población: es el caso de África y de algunos países asiáticos, como algunos de ustedes han mencionado. Liberarse de la indigencia y liberarse del miedo son también aspectos estrechamente relacionados con los derechos humanos y con el concepto de seguridad humana. Es decir, no podemos echarlo todo por tierra por una sola causa. Hay otras muchas cláusulas que defender, como la cláusula antiterrorista, la cláusula contra las armas de destrucción masiva y la cláusula por la democracia. Todo ello está interconectado y no podemos centrarnos solo en los derechos humanos: debemos contemplar todo el conjunto, que incluye la erradicación de la pobreza. Tal es el complicado equilibrio que a veces debemos buscar.
No es sencillo armonizar esta cláusula, porque estamos negociando con todos los socios y, en definitiva, tenemos que encontrar soluciones. No todas las partes aceptan exactamente la misma redacción. Sin embargo, no se trata tanto de la redacción como de la aplicación y de la forma de animar a las partes a aportar sus propias soluciones, pues, como ya hemos dejado claro, no queremos imponerlo todo a los demás: nuestro propósito es animar a sus sociedades a progresar y a cambiar.
Ya he dicho que la creación de instituciones es tan importante como la reforma jurídica, judicial y policial, porque así es como se aplican los derechos humanos.
Por último, quisiera expresar que, con el debido respeto, en muchos casos individuales hemos logrado sacar de la cárcel a personas y hablar de ellas. Hablamos de la pena de muerte con cada uno de nuestros socios, hablamos en contra de la tortura, y poco a poco vamos obteniendo frutos. Quizá algunas veces sea un problema de rapidez, pues no todo se hace al mismo tiempo, pero seamos realistas: no se puede cambiar el mundo en un día. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0406/2005) del señor Brejc, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros y por el que se modifica el Convenio de Schengen y la Instrucción consular común [COM(2005)0056 C6-0049/2005 2005/0006(COD)]. 
Franco Frattini
   , . Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias al ponente por el gran trabajo realizado en relación con esta propuesta. Me complace observar que, una vez más, las tres instituciones –el Consejo, la Comisión y el Parlamento– han logrado colaborar con eficacia y rapidez en el marco del procedimiento de codecisión.
El año pasado, con el acuerdo alcanzado sobre el código fronterizo de Schengen, se sentó un buen precedente de cooperación interinstitucional, y este reglamento representa un buen complemento de ese acuerdo. Por eso podemos decir que con la aprobación de este reglamento el componente legislativo de nuestra estrategia de gestión integral de fronteras estará completado y, si se me permite, confío sinceramente en que podamos seguir colaborando así en el futuro, por ejemplo en el proceso de toma de decisiones y en otros sensibles asuntos como el fundamento jurídico del VIS y del SIS.
La aprobación de esta propuesta será un importante y equilibrado paso adelante, pues aportará la necesaria flexibilidad a nuestras fronteras exteriores para que puedan cruzarlas las personas de buena fe que residan en la zona fronteriza, sin menoscabo, por otro lado, de la seguridad. Esto es especialmente importante para los nuevos Estados miembros, sobre todo con vistas a su próxima integración en el espacio Schengen, donde asumirán la responsabilidad de controlar las fronteras exteriores del espacio y deberán, por tanto, realizar los controles en nombre de todos los Estados de Schengen. 
En este contexto, deseo recordar que la aprobación de normas comunitarias sobre el tráfico fronterizo menor está incluida en la estrategia europea de vecindad, que es mucho más amplia. Así, es una de las medidas encaminadas a fortalecer la cooperación transfronteriza con los países vecinos de la Unión y el contacto entre personas.
Por último, quiero subrayar otra vez que el texto sometido hoy a examen es una propuesta muy equilibrada e importante. 
Mihael Brejc (PPE-DE ),
   . –La propuesta de reglamento tiene por objeto establecer normas comunes respecto a los criterios y las condiciones de creación de un régimen de tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros. Dado que el documento original –la propuesta de la Comisión– imponía exigencias importantes a las personas que viven junto a las fronteras exteriores de la Unión Europea, en el presente informe he destacado lo siguiente:
Tenemos que facilitar el paso de los residentes locales que tienen razones legítimas para cruzar a menudo la frontera exterior de los Estados miembros y prevenir la inmigración ilegal así como las posibles amenazas contra la seguridad que suponen las actividades delictivas. El reglamento propuesto tiene por objeto regular el tema del tráfico fronterizo menor, que implica el cruce frecuente, a veces diario, de la frontera, por ejemplo para asistir a la escuela o por razones familiares, y, en consecuencia, también habría que tener en cuenta que estos migrantes diarios vuelven cada día a su hogar.
Las fronteras exteriores difieren debido a circunstancias históricas, geográficas y sociales, y no debemos permitir que se deteriores las condiciones de vida a lo largo de la frontera. Hay que tener en cuenta las condiciones reales de las fronteras exteriores y los Estados miembros deberían permitir, en la medida de lo posible, mantener las buenas prácticas aplicadas hasta ahora mediante acuerdos bilaterales.
La esencia de las enmiendas que propongo y que están en el texto es la siguiente:
En lugar de un visado especial «L» habrá que entregar a los residentes fronterizos un llamado «permiso de tráfico fronterizo menor», que incorporará todas las normas de seguridad exigidas y, sobre todo, que no habrá que sellar cada vez que se cruce la frontera. No será necesario distinguir entre las distintas fronteras terrestres exteriores, puesto que los nuevos Estados miembros se adherirán antes o después a la zona Schengen.
La definición de la zona fronteriza ha sido objeto de intensos debates. Hemos acordado que no debe superar los 30 km y en casos excepcionales quizá los 50 km. De hecho, al ampliar la zona fronteriza podríamos encontrarnos con que ya no es posible cumplir las normas de seguridad. Sin embargo, en ningún caso los límites de la zona fronteriza se equipararán a límites étnicos. Un residente fronterizo es un nacional de un país tercero que ha residido en la zona fronteriza durante un año como mínimo; no obstante, en el debate hemos armonizado la propuesta a fin de incluir una amplia variedad de excepciones en caso de matrimonio, herencia, etc.
Los Estados miembros fijan en los acuerdos bilaterales una duración máxima de estancia, que no deberá ser superior a tres meses en total. En otras palabras, se trata de decidir si un nacional de un país tercero puede residir en esa zona fronteriza durante un periodo de tres meses en total. Habrá que permitir también determinados privilegios, cuando se den circunstancias especiales, para facilitar el cruce en lugares distintos de los pasos fronterizos autorizados. Por ejemplo, hay agricultores que tienen la mitad de su propiedad en un su propio país y la otra mitad en otro y, por supuesto, no pueden llevar sus herramientas con ellos cada vez que cruzan la frontera.
La aprobación de este reglamento demostrará que la Unión Europea no está cerrando sus fronteras y que no está creando condiciones inhumanas junto a sus fronteras exteriores. La Unión Europea desea garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes, pero de ningún modo es su objetivo hacer más difícil la vida junto a la frontera. La coexistencia de las personas a ambos lados de la frontera y su cooperación constituyen elementos importantes de la estabilidad y la seguridad junto a las fronteras exteriores. Por este motivo, otro logro extremadamente importante del presente reglamento es que, mediante acuerdos bilaterales con países vecinos, en otras palabras, con terceros países, los Estados miembros crearán las condiciones para el desarrollo de las zonas fronterizas, que, en su mayoría, están menos desarrolladas.
El presente reglamento ofrece una base para el fortalecimiento de los vínculos económicos, culturales y de todo tipo a ambos lados de la frontera, de modo que es importante para los países fronterizos y para la Unión Europea en su conjunto. También quiero señalar que hemos celebrado varias rondas de armonización con la Comisión y el Consejo. Aunque nos llevó tiempo, las negociaciones fueron un éxito, hasta tal punto que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobó por unanimidad este reglamento en su debate y en la votación.
Permítame, señor Presidente, concluir dando las gracias a todos los que han cooperado en este proceso, en otras palabras, a la Comisión, al Consejo y, en particular, al señor Cashman y al señor Lax, que han contribuido de forma especialmente activa a la elaboración de este informe.
Karl von Wogau (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, al abrir las fronteras entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas y al establecer las cuatro libertades de la Unión Europea, nosotros, en Europa, nos hemos convertido en una de las sociedades más libres del mundo, pero la libertad sin seguridad no es nada, de ahí la importancia especial que reviste la seguridad de las fronteras exteriores creadas hacia el este, hacia los Balcanes y a lo largo de todo el Mediterráneo, teniendo esta última zona sus propios problemas singularmente graves. Estas fronteras deben ser tan seguras como sea posible y, para ello, deberemos utilizar las tecnologías más modernas. Al mismo tiempo, también deben ser lo más flexibles posible a fin de no imponer restricciones innecesarias a las empresas en las regiones fronterizas y a las personas que viven allí.
Para ello necesitamos dos cosas. Una es la gestión integrada de las fronteras, una gestión compartida por las autoridades aduaneras y la policía de fronteras, cosa que, lamentablemente, no siempre se puede garantizar, aunque esta gestión integrada también debe compartirse con los países vecinos. El hecho es que una frontera solo es verdaderamente segura y flexible cuando los que se encuentran a ambos lados trabajan juntos en la mayor medida posible y, sin lugar a dudas, una de las tareas de nuestra política de vecindad es lograr que este aspecto de la seguridad bilateral sea abordado conjuntamente por ambas partes.
La otra cosa que necesitamos hacer es crear una «tarjeta de trabajadores fronterizos» –el término «permiso de tráfico fronterizo menor» es magnífico, pero es demasiado largo y suena burocrático– para las personas que viven en la frontera y tienen que cruzarla con frecuencia. Solo si hacemos estas dos cosas podremos evitar que las personas que viven en las nuevas regiones fronterizas sufran desventajas innecesarias.
Ewa Klamt,
   . – Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías, lo que llamamos tráfico fronterizo menor no es sino una simple pieza del enorme mosaico de la protección de las fronteras exteriores. Por un lado estamos asegurando las fronteras exteriores frente a los cruces ilegales y a fenómenos que a menudo ocurren en ellas, como el contrabando de drogas, el tráfico de seres humanos, la prostitución y otras formas de delincuencia organizada. Por otro lado, también podemos hacer más fácil la vida diaria de las personas que viven en lados opuestos de las fronteras exteriores, pero hacerlo en calidad de buenos vecinos.
Es más que razonable asegurar nuestras fronteras en la medida de lo posible frente a la entrada de personas indeseadas, pero es igual de razonable querer facilitar la convivencia de las personas que viven en ellas, ya que no queremos –como ya han dicho muchos diputados– que Europa sea una fortaleza, sino una comunidad que coexiste amistosamente con sus vecinos. Por este motivo, creo que el ponente tiene razón al proponer que se modifique la propuesta de la Comisión para no introducir nuevas disposiciones con respecto a las fronteras actuales en Europa. Después de todo, todos estamos trabajando con la hipótesis de que los Estados miembros ya habrán transpuesto para entonces el acervo de Schengen, que el SIS II estará plenamente en funcionamiento y que Europa no necesitará normas internas adicionales de este tipo.
El informe del señor Brjec es un buen ejemplo de la cooperación fructífera entre los diputados a esta Cámara por encima de las fronteras partidistas y un modelo a seguir en lo que respecta a la cooperación fructífera con el Consejo en el marco de la codecisión. Todos juntos hemos logrado reunir soluciones bien meditadas y prácticas para la coexistencia diaria de nuestros conciudadanos y sus vecinos y, por ese motivo, me gustaría expresar mi más sincera gratitud al ponente y sus homólogos alternativos.
Michael Cashman
   , . – Señor Presidente, quiero dar las gracias al Vicepresidente Frattini por sus comentarios. Como ponente sobre el código fronterizo de Schengen, creo que efectivamente hemos sentado un precedente de cooperación estrecha y eficaz.
Todos conocemos la sustancia de este informe. Se trata de facilitar la vida de las personas y mejorar la vida diaria de nuestros ciudadanos. Podemos decir que es ahí donde debemos centrar nuestros esfuerzos. Es algo que fortalece el código fronterizo de Schengen. Sabemos que, una vez aseguradas las fronteras exteriores, la libre circulación dentro de la UE será mucho más sencilla y controlable. Asimismo, no debemos dejar de ser sensatos. Igual que el señor Brejc, el señor Lax y otros, yo también he adoptado este enfoque.
Si lo que nos llega de la Comisión es sensato, solo tendremos que modificarlo para mejorarlo, simplificarlo o aclararlo. Esa debe ser nuestra postura. Así conseguiremos sacar adelante una normativa efectiva y comprensible que sea fácil de aplicar en nuestras fronteras.
Como ponente alternativo del Sistema de Información sobre Visados, también es ese el planteamiento que quiero adoptar. Sé que está aquí hoy el ponente sobre el Sistema de Información de Schengen y creo que, si colaboramos para asegurar nuestras fronteras y garantizar que se emplee efectivamente la información disponible, estaremos aumentando el mayor de todos los beneficios de ser miembro de la UE: la libre circulación. Felicito a todos los partícipes.
Henrik Lax,
   – Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias al ponente por su constructiva labor. El reglamento sobre tráfico fronterizo menor que tenemos ante nosotros ha demostrado ser muy importante para las regiones que se encuentran en fronterizas de la UE, especialmente en el este. Tradicionalmente, estos distritos fronterizos se consideran a menudo periféricos y se caracterizan por un desarrollo lento. Creer que este es el caso puede dar lugar fácilmente justo a esta situación. Por tanto, se trata de enviar una señal clara a las poblaciones de las zonas fronterizas en el sentido de que hay que permitirles mantener contactos en todas las direcciones y que sus horizontes no deben estar limitados por sus fronteras nacionales.
La posibilidad de cruzar las fronteras sin problemas es la base de los contactos, la amistad, el comercio y la innovación creadora. Sin lugar a dudas, hay muchas personas que viven, por ejemplo, en la frontera entre Rusia y Estonia o entre Eslovenia y Croacia que se sentirán agradecidas por la solución tan flexible que ahora se propone.
La coherencia es necesaria a la hora de fomentar los contactos entre personas. No resulta coherente empezar, como ahora, adoptando medidas positivas en lo que respecta al tráfico fronterizo menor y otros pasos igual de positivos, como el acuerdo bilateral sobre visados firmado con Rusia en octubre del año pasado, para después casi doblar las tasas de expedición de visados de 35 a 65 euros. De hecho, el Consejo de Ministros, a propuesta de Francia, está a punto de adoptar una decisión la semana próxima. Si esa decisión se llega a adoptar, Rusia no tardará en aumentar las tarifas aproximadamente en la misma cuantía. Huelga decir que esto supondrá un jarro de agua fría para el turismo en las fronteras. Por ejemplo, una persona en el este de Finlandia que quiera cruzar en barco al lado ruso del Canal de Saima se vería obligada a pagar más en tasas de visado que por el propio viaje. Duplicar las tasas sería totalmente contrario a nuestro objetivo en lo que a la política de visados se refiere. No hay mejor forma de poner freno a los contactos naturales entre pueblos que aplicar un aumento tan drástico del coste de un visado. El hecho es que la tendencia debería apuntar en la dirección contraria.
Por tanto, insto a sus Señorías a que aprovechen esta oportunidad y que, en el último momento, se pongan en contacto con sus respectivos Gobiernos para anticiparse a esta decisión. La mano derecha tiene que saber lo que hace la izquierda. Debemos actuar de acuerdo con nuestros valores. Tal como ha destacado hace unos momentos la señora Klamt, no debemos dar la impresión de que la UE se está amurallando. 
Jaromír Kohlíček,
   . – Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo con el orador anterior en que si aprobamos este texto, tendremos que hacer todo lo posible por impedir que los Gobiernos lo torpedeen. En 1957, cuando los seis Estados miembros de la Comunidad Europea aprobaron los Tratados de Roma, parecía que el logro de las llamadas cuatro libertades, a saber, la libre circulación de mercancías, capital, servicios y personas, no era más que una perspectiva muy lejana. Tras la introducción del llamado sistema de Schengen, el desmantelamiento de las barreras aduaneras entre los Estados miembros de la UE y la aplicación de una serie de medidas para regular las relaciones entre Estados en esta materia, nos acercamos un poco más a la consecución de este objetivo. La cuestión que nos ocupa hoy no es si será posible en un futuro próximo asegurar la libre circulación de personas entre los Estados miembros de la UE, sino determinar un calendario realista y rápido para la implementación de esta libertad.
Mientras tanto, convendría llegar a un acuerdo al menos en lo que se refiere al tráfico fronterizo menor. Este acuerdo serviría para mejorar las perspectivas de las relaciones bilaterales entre Estados que no forman parte del sistema de Schengen, pero que sí pertenecen a la UE o al Espacio Económico Europeo. Los autores de las medidas objeto de debate son conscientes de que la UE solo abarca la mitad del territorio geográfico de Europa. Nos conviene asegurar el máximo grado de apertura frente a nuestros vecinos. Estas medidas ofrecen la posibilidad de establecer un tráfico fronterizo menor con Estados que no forman parte de la UE. No debemos olvidar que, a partir del 1 de enero de 2007, estas medidas se aplicarán a las fronteras terrestres con Rusia, Belarús, Ucrania, Moldova, Macedonia, Serbia, Albania, Croacia y Turquía, y que estos países vecinos las considerarán una señal positiva. Abrirán la puerta a la cooperación mutua en las regiones fronterizas, por supuesto siempre que rechacemos las medidas a las que se ha referido el señor Lax. La introducción de tipos especiales de visados y otras condiciones incluidas en las medidas nos permitirán, previa evaluación, hacer uso de este régimen especial a fin de fortalecer la cooperación con todos nuestros países vecinos. Esto también será de gran valía para el futuro desarrollo de relaciones, máxime con socios más grandes como Rusia, Turquía y Ucrania. En mi opinión se han propuesto muchas enmiendas destinadas a mejorar la posibilidad de que estas medidas sean eficaces, mientras que solo unas pocas intentan modificar las normas para hacerlas menos viables. Señorías, por tanto les pido que distingan con cautela entre estas dos categorías a la hora de votar las enmiendas propuestas. No olviden que la directiva representa un modelo para las relaciones de vecindad y, por tanto, es indicativa de la voluntad de la UE de ser una sociedad abierta o de erigir barreras contra los países vecinos que lindan con sus fronteras. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, hay mucha gente que vive en nuestras fronteras para la que la ampliación al este apenas cambió nada, ya que en muchas regiones fronterizas la gente se había adelantado a la política y el tráfico fronterizo menor llevaba mucho tiempo formando parte de su vida diaria. Por eso, tanto más importante es que, a la vez que nos ponemos de acuerdo sobre unas normas comunes para el tráfico fronterizo menor, permitamos, como está previsto, a los Estados miembros concluir acuerdos bilaterales para su aplicación.
La desaparición de las fronteras interiores, por supuesto, refuerza la importancia del control de la frontera exterior de la zona Schengen. El intercambio transfronterizo de información, en combinación con la coordinación y los controles conjuntos, han hecho posible reducir las actividades delictivas en algunas regiones fronterizas.
Aunque está claro que debemos facilitar las cosas a los residentes transfronterizos, también debemos contar con la opción de imponer sanciones estrictas para impedir que se abuse de estas concesiones. También debe haber garantías de que estas personas no constituyan un peligro para la seguridad y el orden públicos y, por ese motivo, apoyo en particular la propuesta de la comisión de realizar controles minuciosos y repetidos en intervalos irregulares. 
Carlos Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, me gustaría felicitar al señor Brejc por su excelente informe. Se trata de una propuesta equilibrada que no solo facilitará los tradicionales movimientos de población en los cruces fronterizos, sino que también garantizará unos niveles de seguridad adecuados en las fronteras exteriores de la UE.
Es preciso impedir la inmigración ilegal y las amenazas potenciales a la seguridad que plantean las actividades delictivas. También es necesario facilitar el tráfico fronterizo menor, es decir, facilitar el cruce de la frontera a los residentes que tienen razones legítimas para cruzarla con frecuencia.
Nuestros esfuerzos por aumentar la seguridad en nuestras fronteras exteriores, en particular mediante la aprobación de la segunda generación del Sistema de Información de Schengen (SIS), emiten una señal política positiva. Las fronteras no deben ser una barrera frente al intercambio comercial, social y cultural o a la cooperación regional. Las poblaciones de las regiones fronterizas deben tener realmente la posibilidad de mantener los contactos tradicionales sin encontrarse con obstáculos administrativos excesivos. 
Genowefa Grabowska (PSE ).
   – Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que la simplificación del tráfico fronterizo menor se haya hecho en forma de reglamento. Esto significa que las disposiciones en cuestión no tendrán que ser transpuestas a la legislación nacional, sino que, por el contrario, serán aplicadas directamente por los Estados miembros en toda la Unión. Se trata de un reglamento muy importante para la Unión en su conjunto, pero especialmente para los países responsables de la seguridad en sus fronteras exteriores. Mi país, Polonia, tiene la frontera exterior terrestre más larga de la Unión y, por ese motivo, aplaudo la simplificación que conlleva este reglamento.
Sin duda, la forma en que las personas que viven en las zonas centrales de un país perciben las cuestiones fronterizas difiere de cómo lo hacen quienes viven en las regiones fronterizas. Para estos, la frontera forma parte de su vida diaria. Tienen una experiencia práctica constante y se ven obligados a vivir con las consecuencias de la existencia de esa frontera. Por ese motivo, no quiero que haya ningún tipo de dificultades ni de retrasos administrativos, porque las fronteras no deben ser un impedimento para el intercambio cultural y social o para la cooperación regional.
¿Qué significado tiene para nosotros el contenido del reglamento? Este reglamento asegura la igualdad en la Unión y la solidaridad con sus vecinos más próximos. También genera un sentido de unidad y elimina las divisiones artificiales. Además, estimulará la cooperación entre regiones. En cuanto a sus aspectos prácticos, estoy convencida de que pondrá fin a las colas en los consulados de los países que expedían visados. Por tanto, también significará el fin de la corrupción asociada a la concesión de documentos de esa naturaleza.
Para concluir, me gustaría decir que, si se aprueba este reglamento, enviaremos una señal de que la Unión Europea no es un bastión inaccesible y que no existe nada parecido a una fortaleza europea. Se verá cómo la Unión desmantela sus fronteras interiores al tiempo que se abre al mundo exterior. Para terminar con una nota poética, nuestros vecinos más cercanos podrán entrar en la Unión, aunque por poco tiempo, con la cabeza bien alta, en lugar de arrodillados, como ocurría hasta ahora. 
István Szent-Iványi (ALDE ).
   – A los nuevos Estados miembros les gustaría entrar en el espacio Schengen lo antes posible. Sin embargo, las buenas expectativas se mezclan con cierto grado de ansiedad y preocupación. Los nuevos Estados miembros temen que se levante un nuevo Telón de Acero, esta vez no en las fronteras occidentales, sino en las orientales. Temen que su entrada en el espacio Schengen les cree dificultades a la hora de mantener el contacto con sus familiares, que les impida mantener o establecer relaciones en los ámbitos de la economía, la educación y la cultura.
Gran parte del mérito del informe y de la cooperación entre la Comisión y el Parlamento es que dan una respuesta tranquilizadora a estas ansiedades. El presente informe y este texto son ahora más favorables en todos los aspectos que la propuesta original de la Comisión. Aborda tres cuestiones importantes. En primer lugar, establece una franja fronteriza de 30 km, pero admite la posibilidad de ampliarla a los 50 km. En segundo lugar, se exige como mínimo un año de residencia, pero también admite la posibilidad de ampliar este periodo a varios años mediante acuerdos bilaterales; esto responde a la preocupación de que se produzcan desplazamientos masivos hacia las zonas fronterizas, que podrían interferir en el equilibrio étnico de estas regiones. En tercer lugar, amplía la duración de la estancia en los países vecinos de los siete días propuestos en un principio a tres meses. Estas disposiciones permiten ejercer libremente todas las actividades relacionadas con la cooperación transfronteriza. Por tanto, se trata de una propuesta muy positiva. Sin embargo, carece de todo valor por sí sola, ya que propone introducir permisos de tráfico fronterizo menor. No obstante, para esto es necesario modificar el Reglamento del Consejo relativo a Schengen para que sea posible introducir este tipo de permiso de tráfico fronterizo menor.
Las palabras del señor Frattini son muy positivas; espero que el Consejo tenga la misma actitud constructiva que la Comisión y que modificará el Acuerdo de Schengen y el reglamento tan pronto como sea posible para permitir que este excelente texto entre finalmente en vigor. 
Barbara Kudrycka (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, la simplificación de los procedimientos para el tráfico fronterizo menor en las fronteras exteriores es un paso en la buena dirección. Sin embargo, gran parte dependerá del modo en que los Estados miembros apliquen las disposiciones del reglamento. Otros factores que hay que tener en cuenta serán el tamaño del grupo de beneficiarios de estas medidas y si los motivos por los que se introduce el nuevo régimen reflejan los destacados en la propuesta de reglamento. Me refiero a la cohesión social, familiar y cultural y a la cooperación económica. Los países vecinos se enfrentarán al reto de garantizar la plena reciprocidad de la aplicación eficaz de los acuerdos de readmisión.
Durante la introducción del régimen de tráfico fronterizo menor competerá a los Estados miembros actuar responsablemente para garantizar que el nuevo sistema SIS no beneficie a la delincuencia transfronteriza, el contrabando o la organización de la inmigración ilegal. Por tanto, está claro que el documento que estamos debatiendo está allanando el camino a la regulación del tráfico fronterizo menor en nuestras fronteras exteriores. Su aplicación en la práctica deberá ser objeto de un control constante. Será necesario determinar si realmente vale la pena desde el punto de vista de los beneficios reales para las comunidades que viven en las zonas fronterizas y si cumple los requisitos de seguridad. El resultado de esta valoración puede variar en los distintos Estados miembros que se encuentran en las fronteras exteriores de la Unión.
En conclusión, si realmente queremos entablar un debate serio sobre soluciones integradas que faciliten el tránsito por nuestras fronteras exteriores de viajeros que son nacionales de terceros países, deberíamos asegurarnos de que todas las instituciones y los Estados miembros colaboren para garantizar que los 10 nuevos Estados miembros apliquen plenamente el acervo de Schengen lo antes posible. La política en materia de visados de estos últimos con respecto a sus vecinos debería ser más transparente una vez que puedan expedir visados Schengen de corta duración.
Además habría que debatir conjuntamente la posibilidad de ampliar el uso de los visados nacionales de larga duración de entrada múltiple para los casos en los que la aplicación de lo previsto para el tráfico fronterizo menor no sea viable ni interesante para la comunidad fronteriza. Pienso en casos en los que la comunidad intenta acceder a todo el territorio de un país vecino, no solo a una zona pequeña claramente definida. 
Kinga Gál (PPE-DE ).
   – Acojo con satisfacción el proyecto de reglamento que se aprobará hoy y felicito al ponente por su contribución a la elaboración de un texto mejor que realmente sirve al fin para el que fue creado.
Este reglamento es particularmente importante para nosotros, los húngaros, ya que garantiza una forma más de contacto para los húngaros que viven en las zonas fronterizas de países vecinos y les facilita su vida cotidiana. El proyecto tiene en cuenta las particularidades y diferencias de las regiones fronterizas y puede beneficiar a estas regiones sin violar ninguna garantía. Esperamos que no afecte a las actuales particularidades tradicionales de las regiones fronterizas. Los Gobiernos tienen ahora la responsabilidad y la oportunidad de aprovechar las condiciones previstas en el reglamento para la conclusión de sus acuerdos bilaterales. Creemos que esto asegurará los contactos entre los que viven a ambos lados de la frontera y, al mismo tiempo, servirá de filtro frente a posibles abusos. 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias otra vez al ponente, a los ponentes alternativos y a los oradores. Gracias a la contribución de cada institución, se ha conseguido el equilibrio entre la simplificación por un lado y la seguridad por otro, y este reglamento, como bien se ha dicho, también será muy beneficioso para favorecer el desarrollo local en importantes regiones europeas cercanas a las fronteras exteriores.
La introducción de un permiso específico para el tráfico fronterizo menor para los residentes de las zonas aledañas ayudará a identificar a las personas con derecho a beneficiarse del régimen simplificado. Los Estados miembros tendrán derecho a examinar cuidadosamente a quienes soliciten este permiso. Sin embargo, creo que está plenamente justificado por las ventajas que aportará.
En primer lugar, sus beneficiarios ya no necesitarán un visado, y esta exención de visado para los titulares del permiso para el tráfico fronterizo menor se incluirá muy pronto en la próxima propuesta de la Comisión para revisar la normativa vigente sobre visados, que presentaré a finales de marzo. Avanzada la primavera, también saldrá a la luz el nuevo documento sobre las instrucciones consulares comunes para emitir visados. Sobre la base de este reglamento, los Estados miembros podrán aportar mecanismos prácticos, como puntos específicos de tránsito fronterizo reservados a los residentes de la zona y, en casos muy excepcionales, darles la posibilidad de cruzar la frontera fuera de los puntos autorizados.
Para contrarrestarlo, los Estados miembros deberán garantizar la vigilancia continua de las zonas fronterizas para evitar el abuso del régimen de tráfico fronterizo menor y aplicar sanciones específicas.
Por último, la Comisión informará sobre la puesta en marcha del régimen de tráfico fronterizo menor dos años después de la entrada en vigor del reglamento y, en su caso, propondrá modificaciones.
Quisiera concluir mis comentarios recalcando que confío plenamente en que el Parlamento respalde con su voto la propuesta presentada por el ponente, y animaré al Consejo a que haga lo propio lo antes posible.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0020/2006) de la señora Rothe, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía renovables [2005/2122(INI)]. 
Mechtild Rothe (PSE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, señor Piebalgs, nosotros –y usted, señor Comisario– damos por sentado que hoy esta Cámara, y por una amplia mayoría, instará a la Comisión a que presente una propuesta legislativa sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía renovables. Para ello, optamos deliberadamente por un informe legislativo de propia iniciativa, que se utiliza en contadas ocasiones y que requiere mayoría cualificada, y lo hicimos así para que nuestra iniciativa tuviera mucho más peso. El hecho de que nuestro informe fuera aprobado en comisión por unanimidad, salvo unas pocas abstenciones, demuestra que una mayoría de diputados de todas las familias políticas pedirán a la Comisión que haga algo de una vez por todas y digo «de una vez por todas», ya que la Comisión debería haberse puesto manos a la obra hace tiempo, en mayo de 2004, cuando presentó su Comunicación sobre las energías renovables en la UE. Esa Comunicación dejó bien claro que la imposibilidad prevista de lograr el objetivo de doblar la cuota de energía renovable en el consumo general para 2010 era, básicamente, atribuible a la escasa penetración en el mercado de las tecnologías renovables de calefacción y refrigeración.
En la actualidad, alrededor del 10 % del calor procede de fuentes renovables como la energía solar térmica, la energía geotérmica y la biomasa, mucho menos de la mitad de lo que es potencialmente viable a medio y largo plazo. Los expertos suponen que, de aquí a 2020, será posible obtener al menos el 25 % del calor y el frío que necesitamos de las fuentes de energía renovables, pero que estas fuentes solo podrán usarse si cambian las condiciones marco. El hecho de que las subvenciones concedidas por algunos Estados miembros dependan de sus respectivos presupuestos implica, no obstante, que el desarrollo no ha sido realmente continuo, sino intermitente. Lo que necesitamos es una amplia penetración en el mercado promovida por una directiva marco europea.
No es razonable prescribir un sistema de apoyo europeo, y no lo hemos hecho. Los Estados miembros deben decidir el tipo de ayuda que se presta; lo importante es que realmente se preste y que se eliminen todas las barreras que obstaculizan el progreso. Para ello hay que suprimir los obstáculos administrativos, aplicar normas transparentes en materia de competencia y establecer procedimientos claros y racionales para las solicitudes de autorización.
Con el presente informe instamos a la Comisión a que presente una propuesta de Directiva que obligue a los Estados miembros a legislar en favor de la calefacción y la refrigeración a partir de fuentes de energía renovables y a que también elabore planes de acción para su futuro desarrollo. La intención es que se tomen medidas basadas en objetivos nacionales reales y que vayan destinadas a conseguir, como mínimo, una duplicación de su cuota en la UE para 2020.
Señor Comisario, muchos ciudadanos de la Unión Europea están esperando que la Comisión actúe. Están preocupados por el medio ambiente y por nuestro clima; entre ellos hay muchas pequeñas y medianas empresas con un gran potencial de empleo y que quieren aportar su particular granito de arena a la producción de calor a partir del sol, de la tierra y de la biomasa.
Nos complació observar que el plan de acción sobre la biomasa incluía el anuncio de una futura directiva. Me sorprendió leer un proyecto preliminar del Libro verde sobre energía, que lleva tiempo dando vueltas por los pasillos de Bruselas, y ver que en ninguna parte se hace referencia a la necesidad de adoptar nuevas medidas en relación con la cuestión de la calefacción. Es increíble que en este proyecto de Libro verde apenas se haga referencia a las fuentes de energía renovables.
Señor Piebalgs, espero que pueda disipar las preocupaciones suscitadas tras la lectura de este proyecto de Libro verde y, también, que vuelva a hacer gala del compromiso con la eficacia y las energías renovables por las que le conocemos. Espero que anuncie que la Comisión elaborará este año una propuesta de directiva sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía renovables.
Andris Piebalgs,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Rothe por su trabajo y por su firme compromiso a favor de la energía renovable. Mis servicios ya han comenzado a elaborar una evaluación de impacto sobre medidas a favor del uso de fuentes de energía renovables en calefacción y refrigeración. No cabe duda de que el completo y equilibrado informe presentado por la señora Rothe le será muy útil a la Comisión al preparar sus actuaciones en este nuevo campo.
La situación energética internacional, nuestra fuerte dependencia de la importación y la lucha contra el cambio climático nos recuerdan la urgente necesidad de afrontar los asuntos relacionados con las energías renovables. Como saben, la Comisión pretende aprobar un Libro Verde sobre una política energética segura, sostenible y competitiva el día 8 de marzo. Nada de lo que han visto hasta ahora es el Libro Verde. Este será aprobado el 8 de marzo por la Junta de Comisarios, y no habrá pasos atrás en eficiencia energética y en energías renovables. Demostrará también que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad de abastecimiento, para combatir el cambio climático y para alcanzar objetivos medioambientales, así como para aumentar la competitividad. Haremos lo posible por llegar a un punto de equilibrio, pero eso no significa renunciar: sin duda no es esa la forma en que queremos presentarlo. Sin embargo, aún queda algo de tiempo hasta que la Comisión finalice su trabajo en este Libro Verde.
Desde 1997, la Unión Europea ha estado persiguiendo el objetivo del 12 % de energías renovables para 2010, pero, a día de hoy, solo hemos llegado a la mitad de eso. Aunque ya tenemos una normativa sobre el fomento de la generación de electricidad a partir de energías renovables y sobre la promoción de biocombustibles, la producción de calefacción y refrigeración a partir de esas energías (tercer pilar de la cartera de energías renovables) carece de una estrategia específica. Sin un fuerte desarrollo de la energía renovable en el sector de la calefacción y refrigeración no alcanzaremos el objetivo del 12 % para 2010.
La promoción de la calefacción y refrigeración a partir de energías renovables contribuirá a una serie de objetivos básicos: reducirá nuestra dependencia energética externa, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, creará una industria europea y favorecerá el empleo local. Por tanto, nos ayudará a avanzar hacia los objetivos de la estrategia de Lisboa.
Quisiera hacer algunos comentarios sobre puntos concretos del informe de la señora Rothe. Estoy de acuerdo en que debemos dar pasos prácticos para fomentar más decididamente la calefacción y refrigeración a partir de energías renovables. Les prometo que pondremos todo por nuestra parte para presentar una propuesta legislativa lo antes posible, en todo caso antes de que acabe este año, pues ya está en el programa de trabajo de 2006. Sin embargo, es preciso un enfoque diferente del de anteriores directivas, ya que los principales problemas residen en la confianza del mercado y en actitudes, antes que en costes.
La subsidiariedad es otro asunto clave. Por naturaleza, todas estas energías están descentralizadas, por lo que deberán aplicarse en el ámbito local. Debemos adaptar nuestra legislación a este hecho.
Más que un instrumento legislativo, sería interesante valorar el progreso que se podría lograr mediante la estandarización. Estoy convencido de que nosotros debemos crear el escenario para que la industria desarrolle un mercado de este tipo de equipamiento.
El informe de la señora Rothe contribuye a los objetivos de la política energética europea, y lo celebro de todo corazón.

Lambert van Nistelrooij,
   . – Señor Presidente, señor Comisario Piebalgs, si bien sabemos que la calefacción y la refrigeración representan casi la mitad del consumo energético de la Unión Europea, no se ha hecho nada para aumentar la eficiencia del consumo energético. Esta directiva es, de hecho, la piedra angular de la política energética europea. Por tanto, el informe de la señora Rothe, que responde a una de las iniciativas del Parlamento, es muy oportuno.
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en el Parlamento Europeo está a favor de la duplicación de la cuota actual de fuentes de energía renovables en el consumo energético para calefacción y refrigeración para el año 2020. En muchos casos esta energía puede generarse localmente, y la tecnología necesaria para ello, además del empleo del sol, el viento, el agua, la biomasa y el calor del suelo, ha mejorado notablemente. 
Si bien Europa va por delante en cuanto a experiencia tecnológica, vamos a la zaga con respecto a su aplicación práctica. Europa ha de situarse a la cabeza de la carrera de la innovación y la comercialización de productos. Si se logra mantener este ritmo de desarrollo en el sector, también se crearán numerosos puestos de trabajo. Solo tenemos que fijarnos en el ejemplo alemán, donde entre 1998 y 2002 el empleo en el sector energético se duplicó hasta rondar los 125 000 puestos de trabajo a raíz de ello. 
A fin de aplicar esta política, los Estados miembros han de presentar objetivos nacionales viables y presentar una panoplia energética acorde con sus posibilidades. El Grupo del PPE-DE se opone en estos momentos a una sobrerregulación y a objetivos vinculantes. Esto puede ser ambicioso, pero principalmente es realista, y por este motivo estamos a favor de objetivos nacionales efectivos combinados con metas viables.
Por último, quiero pedir al Comisario Piebalgs que aproveche mejor el alcance de la ayuda económica con cargo a los Fondos Estructurales en el período 2007-2013. Las directrices brindan oportunidades, pero corresponde a los Estados miembros decidir si aprovecharlas o no. También en esta política de incentivos hemos de garantizar que estas iniciativas se lleven a cabo con los fondos existentes de la Unión y de los Estados miembros. Este es un grito del corazón que me gustaría que asumieran. 
Reino Paasilinna,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a la señora Rothe. Apoyamos el enfoque que ha elegido y, desde luego, su idea de una directiva marco.
Los últimos meses han demostrado muy claramente lo importante que es desarrollar fuentes de energía alternativas y ahorrar energía. Es crucial reducir de una vez por todas la dependencia de Europa con respecto a importaciones de combustibles fósiles y energía. ¿Cómo vamos a afrontar una dependencia del 70 % en el año 2030? Si no cambiamos la situación, nuestro futuro estará en manos de otros.
Es preciso que en la Unión Europea se respalden las nuevas tecnologías y las innovaciones que hacen uso de formas alternativas de energía para calentar y refrigerar. Estas innovaciones podrían ampliar notablemente nuestra gama de fuentes energéticas. El uso de biomasa y nuevas tecnologías creará puestos de trabajo y oportunidades de negocio y, por tanto, también es deseable desde este punto de vista. Me alegro de que la Comisión haya aprobado el programa de trabajo que emprenderá la ejecución del programa de Energía Inteligente para Europa. Creo que el Parlamento apoyará a esta medida.
Al amparo de este programa y a iniciativa de la Unión se ha llevado a cabo una serie de análisis SWOT. Su objetivo específico es promover la calefacción y la refrigeración mediante el uso de fuentes de energía renovables y bombas de calor. Esta nueva técnica ya ha demostrado ser un método que reduce notablemente –de hecho, un tercio– el consumo eléctrico en calefacción y refrigeración. Con estos equipamientos, que pueden montarse e instalarse fácilmente en cualquier lugar en un edificio, podemos ahorrar mucha energía. Creo que es mejor reducir el consumo, cosa que también es un buen principio rector para la vida en general.
Ha sido breve, pero quería decirlo. Creo que nuestro Comisario ha escuchado lo que queríamos decir.
Lena Ek,
   . – Señor Presidente, quiero empezar haciéndome eco de este informe de iniciativa propia e instar a la Comisión a que no demore la presentación de un proyecto legislativo relativo a la cuota de energía renovable en el sector de la calefacción y la refrigeración. Aquí en el Parlamento se apoya ampliamente el contenido que debería tener una directiva así. De acuerdo con la ambición fijada en el Libro Blanco de 1997 de la Comisión por el que se establece una estrategia y un plan de acción comunitarios, «Energía para el futuro: las fuentes de energía renovables», nuestro propósito es complementar las dos directivas sobre la promoción de fuentes de energía renovables en relación con la electricidad y el transporte, respectivamente, con una tercera directiva, esta vez relativa a la calefacción.
Del consumo energético total de Europa, casi la mitad corresponde a la calefacción. Dadas las señales de aviso actuales con respecto al cambio climático y en vista de que somos tan dependientes de las importaciones de fuentes de energía tradicionales con altas emisiones de dióxido de carbono, es vital que explotemos el gran potencial de las fuentes de energía renovables de Europa, además de nuestros recursos existentes de dichas fuentes renovables. Aumentar su proporción en el sector de la calefacción y la refrigeración puede comportar grandes beneficios. Permítanme mencionar unos pocos. Deberíamos reducir las emisiones de dióxido de carbono; deberíamos reducir nuestra dependencia de las importaciones y aumentar el grado de autosuficiencia en Europa; no nos deberían afectar con tanta facilidad las crisis energéticas de otras partes del mundo; y, promoviendo fuentes de energía renovable, tendríamos que incentivar la innovación y el desarrollo técnico en este ámbito que, a su vez, impulsaría un consumo energético más limpio y más eficiente. Si la elección de la fuente de energía renovable se hiciera a la luz de las necesidades de cada uno de los Estados miembros, contribuiríamos al desarrollo regional. Además, crearíamos numerosos puestos de trabajo, ya que es una de las pocas esferas en que esto ocurre y en que avanzamos como es debido hacia un mayor crecimiento.
Estas son las necesidades y los beneficios, pero ¿cómo satisfacemos estas necesidades y obtenemos estos beneficios? Creo que los objetivos vinculantes a escala nacional con respecto a la cuota de energía renovable son un primer paso, pero no bastan. Espero que la Comisión también cree las condiciones básicas necesarias si las empresas se atreven a realizar inversiones a largo plazo en tecnología que permitan aumentar el uso de fuentes de energía renovables, y le insto a que lo haga. También espero que la Comisión asegure una investigación crucial con los recursos necesarios para descubrir y desarrollar nuevas tecnologías y, de nuevo, le insto a que lo haga.
Por último, quiero llamar la atención sobre las soluciones técnicas que ya existen y con las que podemos hacer un uso más eficiente de la energía que utilizamos para calentar las casas, en concreto la calefacción central. Las soluciones técnicas y las opciones de fuentes energéticas van de la mano. La calefacción central moderna y técnicamente avanzada es parte de la solución y también puede combinarse con lo que se conoce como producción de electricidad por trigeneración.
Este informe de iniciativa propia demuestra clara e inequívocamente lo que el Parlamento quiere que suceda desde el punto de vista del futuro proyecto legislativo. Espero que la Comisión responda rápidamente a esta iniciativa para no perder tiempo y obtener los incentivos necesarios para cambiar y pasar a utilizar una proporción más elevada de fuentes de energía renovables a fin de calentar Europa o refrigerarla.
Como dijo una vez Einstein, se precisa una forma de pensar completamente nueva para resolver los problemas que hemos creado con nuestra vieja manera de pensar. El Parlamento ha realizado grandes esfuerzos en este sentido. Ahora esperamos que la Comisión complete la labor. 
Claude Turmes
   , . – Señor Presidente, solo dispongo de un minuto, por lo que seré breve. Muchas gracias, señora Rothe, incansable luchadora, por este buen trabajo. Quiero dar un ejemplo del potencial de esta cuestión; en la Alta Austria se construyen todos los años 1 500 casas nuevas. Hace diez años, en 1 200 de ellas se instaló calefacción a base de petróleo. Este año, en la Alta Austria solo se ha instalado en siete; en todas las demás, en su lugar se emplea biomasa, redes de distribución o briquetas para calentar. Ello ha supuesto la creación de empleos en el sector forestal, en el sector agrícola y de ingenieros de instalación locales, por lo que hoy, de hecho, los comerciantes de petróleo se dedican a vender briquetas.
Eso es lo que debemos hacer o, por decirlo de otro modo, hemos de tomar las buenas prácticas que se encuentran en los niveles locales y regionales y ponerlas en marcha en toda Europa. Quisiera añadir que Dinamarca también ha hecho un trabajo ejemplar a este respecto, un ejemplo a favor de cuya continuidad votaremos esta tarde en esta Asamblea. Después le corresponderá a usted ponerlo en marcha.
Una última cosa en cuanto al Libro Verde, señor Comisario: si queremos ganarnos a los europeos, entonces es necesario un capítulo que lleve el título «Para ganarnos los corazones de los europeos, hay que seguir con las renovaciones». Esto es lo que los ciudadanos europeos esperan de nosotros, y en ese sentido no debería usted quedarse corto.
Vladimír Remek,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero decir que el informe me parece un trabajo bien hecho. Presenta un esbozo preciso de la situación actual en materia de uso de fuentes de energía renovables para fines de calefacción y refrigeración. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha declarado repetidamente la necesidad de incrementar el uso de fuentes renovables y ha adoptado las decisiones y recomendaciones correctas, solo para que cambien unas pocas cosas. Los políticos hablan más de la necesidad de utilizar fuentes renovables que quienes toman las decisiones efectivas en este terreno, es decir, el público en general. Una de las razones de ello es que los Estados miembros no han sido capaces de crear las condiciones apropiadas para incrementar el uso de fuentes renovables y no han convencido a los ciudadanos de esta necesidad. Así ocurre, tal y como dice el informe, que el norte de Dinamarca utiliza más energía solar que el sur de Italia, por ejemplo. Por tanto, las recomendaciones resaltan la importancia de informar y convencer a los ciudadanos. Sin embargo, solo lo tendrán en cuenta cuando las fuentes renovables les resulten más ventajosas. Por tanto, el precio de estos tipos de energía es importante y forma parte integral de la creación de las condiciones apropiadas para el empleo de fuentes renovables. Un ejemplo actual de esto, de la República Checa, no se refiere directamente a las fuentes renovables, pero es muy instructivo. El llamamiento a utilizar gas natural como forma más ecológica de calefacción tuvo una respuesta rápida, no solo de los particulares, sino también de las autoridades locales y municipales, que la compararon con otros combustibles y, apoyados por varios instrumentos, optaron por el gas. No obstante, ahora, tras varias subidas considerables de los precios del gas, los ciudadanos están volviendo masivamente a tipos de combustible muy perjudiciales para el medio ambiente, como las variantes de carbón baratas y de baja calidad, además de la combustión poco eficiente no solo de madera, sino también de plástico y neumáticos en plantas de calefacción locales. En pocas palabras, no pueden permitirse el gas. Por tanto, es tan importante crear las condiciones propicias como tomar las decisiones razonables, hacer uso de todos los elementos en el conglomerado de la energía y apoyar las medidas de ahorro energético. De lo contrario, podemos encontrarnos siguiendo el ejemplo de la polilla que, en su vivo deseo de acercarse a la luz y al calor, a menudo encuentra la muerte. 
Leopold Józef Rutowicz (NI ). –
   Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Rothe por el informe que tenemos ante nosotros. La calefacción, la refrigeración y el consumo de energía renovable forman parte de la cuestión más amplia de la seguridad del suministro energético de la Unión Europea. Se trata más de ahorro energético que de protección del medio ambiente. Asimismo, está muy relacionado con la economía y se asocia al desarrollo de fuentes de energía renovables.
Los últimos casos de terrorismo energético han realzado la importancia de este problema. Me refiero al aumento del coste del combustible, con implicaciones negativas para la salud financiera de las empresas y el nivel de vida de los ciudadanos. Quiero mencionar tres cuestiones que me preocupan.
En primer lugar, fijar en 2020 el plazo de aplicación de los programas de ahorro energético refleja un enfoque estático del problema. No tiene en cuenta las actividades del mercado mundial y viene a ser mera inercia.
En segundo lugar, deberían aplicarse ventajas fiscales y tipos de IVA más bajos en todas las actividades que implican el uso, la explotación y la creación de nuevas fuentes de energía renovables.
En tercer lugar, convendría acelerar el uso de tierras de cultivo que actualmente están sin explotar para la producción de biomasa y combustibles sostenibles. Aquí entra en juego la regulación de la producción agrícola en la Unión Europea, con la falta de subvenciones apropiadas para la producción de frutas y hortalizas, especialmente de fruta blanda.
La superficie de tierras sin explotar está abocada a aumentar, provocando un aumento de la pobreza y del desempleo en las zonas rurales. Si se desarrolla con rapidez la producción de biomasa y combustibles que he mencionado, se creará empleo y mejorará la seguridad del suministro energético de nuestros países. 
Jan Březina (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, la calefacción y refrigeración suponen el 49 % de la energía consumida en nuestro continente. Supongo que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono formará parte de todo plan energético responsable. Estoy convencido de que, junto a las centrales nucleares, que sirven sobre todo para generar electricidad, es principalmente mediante el uso de energías renovables para calentar y refrigerar que conseguiremos reducir las emisiones de dióxido de carbono en el futuro. Cuanto menos utilicemos combustibles fósiles para estos fines, tanto mejor, no solo desde el punto de vista del cambio climático mundial, sino también para reducir la dependencia de las importaciones de fuera de Europa. El uso de las fuentes renovables también tiene una gran influencia positiva en la economía rural, que es donde se localizarán las nuevas centrales energéticas, con la creación de nuevos puestos de trabajo.
Este informe, que la ponente ha redactado sobre la base de investigaciones y debates detallados, presenta un montón de medidas estratégicas que deben aplicarse si queremos superar los obstáculos que frenan el aumento del uso de fuentes renovables. Sin embargo, en calidad de diputado al Parlamento Europeo de la República Checa, he de decir que la posición de las energías renovables en el mercado se ha debilitado tras la adhesión a la Unión Europea, porque la aplicación obligatoria de tipos de IVA más elevados, por ejemplo, a las briquetas y pastillas de biomasa supuso un declive radical de un mercado que había dado muestras prometedoras de desarrollo. Todos los Estados miembros nuevos se encuentran en la misma situación. Es paradójico que en los Estados vecinos, Alemania y Austria, haya excepciones que permitan aplicar a estos productos in tipo de IVA más bajo. Todo ello ha creado una situación en la que toda la producción de briquetas a partir de biomasa en la República Checa se exporta a esos países. Al mismo tiempo, nuestro mercado nacional está experimentando un aumento del coste de la energía y, en lugar de optar por las fuentes renovables, los ciudadanos se deciden por fuentes de energía más baratas, que en nuestro caso significa lignito de baja calidad.
Por tanto, apoyo plenamente la petición de la Comisión y del Consejo de revisar la sexta directiva del Consejo para permitir la aplicación de tipos de IVA más bajos a las fuentes renovables. Podemos y debemos hacerlo a escala europea. Apoyo el informe y quisiera agradecer a la ponente el buen trabajo que ha hecho. Además, quiero decir que ese trabajo muestra un camino prometedor para la Comisión y cada uno de los Estados miembros. 
Andres Tarand (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera hacer hincapié en la necesidad de recomendar encarecidamente el informe de la señora Rothe, sobre todo para imponer obligaciones vinculantes a los Estados miembros en materia de consumo de energía renovable.
Como sabemos, el actual mercado energético de la Unión Europea está gravemente distorsionado. Debido, entre otras cosas, a una subvención irregular y al hecho de que las subvenciones de los combustibles fósiles (carbón, carbón bituminoso, esquisto bituminoso) y la energía nuclear son notablemente mayores que las destinadas a la energía renovable. En varios Estados miembros esta situación está motivada por la posición monopolística de las centrales eléctricas que emplean combustibles fósiles. Esta situación también ha constituido el obstáculo principal a la formación de una política energética común en la Unión Europea.
En estos momentos, dado que la fiabilidad de nuestro suministro externo es también insuficiente, solo puede esperarse que la lección dada por Rusia a Europa a principios de año suponga un estímulo adicional para el desarrollo de la energía renovable en la Unión Europea, y que la mejora de la cooperación entre los Estados miembros nos conduzca a una política energética común europea. 
Patrizia Toia (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, intervengo en sustitución de mi colega, Fiona Hall, que esta mañana está ausente debido a un compromiso inaplazable con el Comisario Mandelson. Quiero agradecer a la señora Hall el valioso trabajo que ha realizado en esta resolución, al igual que los demás ponentes alternativos y la ponente, que, con un inteligente trabajo de mediación y debate, ha llegado a un texto ampliamente compartido por el Parlamento.
El objetivo que se fija el Parlamento Europeo con esta resolución es, a mi entender, ambicioso. En primer lugar, es ambicioso en sus métodos, porque el Parlamento asume un papel activo de acuerdo con el procedimiento del artículo 39 del Reglamento y pide a la Comisión que presente un acto legislativo que es importante para llenar un vacío, para poner la pieza que falta en la estructura del marco legislativo y jurídico, a fin de dar un paso adelante significativo en la utilización de las energías renovables, en particular para fines de calefacción y refrigeración. 
Creo que todos nos quedamos sorprendidos al saber que el 50 % de las necesidades energéticas de Europa se utiliza en calefacción, lo que pone de manifiesto la clara necesidad de una disposición legislativa sin la que el sector no puede crecer, como ha reconocido también la Comisión en su informe sobre la eficiencia energética. El sector también necesita alguna certeza. Sin la certeza de un posible crecimiento no habrá inversiones, no habrá investigación, no habrá, en suma, el tipo de concentración de recursos y energía que permitirá al sector dar un salto cualitativo.
En segundo lugar, el objetivo del Parlamento también es importante y ambicioso porque fija el plazo en 2020. Algunos quizá consideren que este plazo es tímido y limitado, pero creo que debemos considerarlo un objetivo a batir.
Señor Comisario, Señorías, cuando hacemos referencia a una cuota superior al 20 %, esperamos que se llegue a un porcentaje significativo, superior al doble de la cuota actual de fuentes de energía renovables.
En conclusión, creo que hay un claro compromiso por parte del Parlamento y de algunos diputados, y veo que está presente Vittorio Prodi por el tema de la biomasa. Pedimos también a la Comisión y después a los Estados miembros cuando apliquen la directiva que se esfuercen por reducir nuestra dependencia energética, que podría causar un efecto grave en nuestro crecimiento y desarrollo futuros. 
Peter Liese (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la seguridad del suministro energético ha sido el tema estrella en las semanas y meses pasados, y si queremos abordarlo necesitamos muchas cosas. Sin embargo, creo que la calefacción a base de energías renovables también es un tema importante. ¿Por qué? Porque su potencial es especialmente grande. La asociación de esta industria en mi país, Alemania, el que mejor conozco, habla de nuestra capacidad, en un espacio de diez años, para aumentar del 8 al 80 % la proporción de centrales nuevas que funcionan con energías renovables, es decir, diez veces más. Esto implica multiplicar por diez las nuevas instalaciones, en lugar de la cuota del consumo de energía entre todos. No es Greenpeace quien lo dice, sino una asociación industrial. El consumo de energías renovables para fines de calefacción también es una buena solución en comparación con otras fuentes de energía, como la radiación solar o las células fotovoltaicas; los precios pueden diferir en una proporción de 1 a 45. Por tanto, hemos dado el mínimo apoyo al máximo potencial, por lo que algo ha de cambiar al respecto.
Asimismo, creo que no es solo una cuestión nacional, sino también europea, porque el motivo de que la calefacción y la refrigeración a base de energías renovables no estén en el orden del día no tiene nada que ver con la tecnología generalmente compleja. Lo que hace falta en vez de ello es producir equipos en mayor cantidad para lograr una masa crítica en la que el equipo se convierta en un valor mayor para el usuario final. Por supuesto, será más fácil alcanzar esta masa crítica a escala europea que si cada uno de los países tuviera que trabajar por su cuenta.
No creo que la aprobación del informe de la señora Rothe se contradiga en modo alguno con mi apoyo, y el de mi partido, a la energía nuclear. Creo que tanto la energía renovable como la energía nuclear son necesarias. Es preciso eliminar la falsa antítesis; también hay que borrarla del Libro Verde, y por este motivo también apoyo lo que se ha dicho sobre ese documento. Lo que hace falta, y lo antes posible, es una propuesta concreta de la Comisión, y doy las gracias al Comisario Piebalgs por haberla anunciado para 2006; esto significa que podemos ahorrar muchos miles de millones gastados por los consumidores europeos en energía importada e invertirlos en algo más constructivo. 
Vladimír Maňka (PSE ).
   – Quiero expresar mi agradecimiento a la señora Rothe por su excelente informe. Solo unas pocas regiones de Europa han formulado y aplicado estrategias acertadas de generación de energía de fuentes renovables. Las diferencias de desarrollo no se basan en diferencias de oportunidades, sino en programas de trabajo políticos. El único camino adelante pasa por establecer importantes objetivos conjuntamente, y reitero la palabra conjuntamente, y supervisar su consecución.
Quiero hacer hincapié en la necesidad de ofrecer incentivos a los inversores que han tomado el camino de las fuentes de energía renovables. Uno de los incentivos propuestos, también mencionados por mi colega, el señor Bøezina, sería ofrecer un tipo de IVA inferior. Es un buen incentivo, pero por un lado no motivará a los países con un impuesto de tarifa única. Creo que el futuro de Europa no se orientará hacia ese tipo de impuestos. Sin embargo, debemos tener en cuenta el hecho de que los países que ya han aplicado el impuesto de tarifa única no estarán dispuestos a abandonarlo.
Para concluir, permítanme citar un ejemplo. La ciudad donde he desempeñado el cargo de alcalde durante los últimos siete años genera el 15 % de su energía de fuentes renovables. Gracias en parte a los Fondos Estructurales, esa proporción alcanzará el 50 % en un plazo de dos años, por lo que quiero dar las gracias. 
Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, los recientes cortes de suministro de gas natural en Ucrania han puesto delante de nuestros ojos un problema al que, quizá, no habíamos dado la importancia que merecía.
Además, durante las últimas semanas, la cotización del barril de crudo ha oscilado entre 60 y 65 dólares, un precio que hace años nos hubiera parecido imposible.
Si a todo ello sumamos la inestable situación en Oriente Medio, la conclusión es evidente: la Unión Europea debe actuar con urgencia. No podemos seguir observando con complacencia nuestra dependencia energética exterior. Hemos de actuar con inteligencia y decisión, porque no hay tiempo que perder.
No me cabe duda de que las iniciativas que ha anunciado el Comisario tendrán importantes beneficios para el futuro de la Unión, pero no podemos olvidar la legislación que ya ha entrado en vigor y que no ha sido trasladada con suficiente diligencia al Derecho nacional por algunos Estados miembros.
Sin duda, los actuales precios del petróleo son una referencia para los umbrales de rentabilidad de las tecnologías de sustitución: hay una gran oportunidad para que las fuentes de energía renovables alcancen precios competitivos con ayudas públicas, en línea con la legislación de ayudas de Estado.
Como acertadamente ha diagnosticado el Comisario, el cumplimiento de la directiva sobre energías renovables se presenta difícil. La biomasa debe desempeñar un papel fundamental, ya que su potencial está poco aprovechado. La directiva sobre eficiencia energética en edificios ya contiene algunas disposiciones, sobre la utilización de biomasa en calefacción, en las que habrá que profundizar.
Creemos que una nueva directiva sobre calefacción y refrigeración que tenga en cuenta el excelente informe de la señora Rothe, con fuentes de energía renovables, debe incluir objetivos a la vez ambiciosos y realistas: directrices claras sobre mecanismos de financiación y un papel ejemplar para el sector público.
Estamos seguros de que la Comisión responderá una vez más a las expectativas.
Justas Vincas Paleckis (PSE ).
   – Quiero felicitar a la ponente, la señora Rothe, y a la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Esta iniciativa animará a los Estados miembros de la Unión Europea a aceptar el uso de fuentes de energía renovables para fines de calefacción y refrigeración y a crear incentivos económicos para ello.
Cuando se habla de normas de eficiencia energética en los edificios, merece la pena subrayar un problema común a Lituania, todos los países bálticos y algunos de los demás nuevos Estados miembros de la Unión Europea. Una gran parte de su población urbana vive en bloques de apartamentos de mala calidad, construidos hace unos 20 a 40 años, si no antes. Estos edificios están mal aislados del calor, el uso del calor se regula desde una caldera central y los residentes no pueden seleccionar la temperatura deseada. Tanto los Gobiernos nacionales como la Comisión Europea deberían dedicar más atención a este problema. Convendría asignar dinero de la Unión y de los Fondos Estructurales a la renovación de dichos edificios, para garantizar que las casas se calienten eficientemente. La Comisión podría recopilar los mejores ejemplos de reconstrucciones similares de viviendas para ayudar a los Gobiernos nacionales a decidir si renovar o demoler dichos edificios. 
Den Dover (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me gustaría, en primer lugar, felicitar a la ponente por el informe tan claro que ha elaborado, en particular la exposición de motivos, que contiene gráficos. Esto es fantástico y ojalá ocurriera lo mismo con otros informes.
Hablo en calidad de Presidente del Foro para la Construcción en el Parlamento Europeo. No puedo insistir más la necesidad de aislar debidamente los edificios y, como acaba de decir mi colega, de detener el despilfarro energético en estos enormes bloques de planchas de los países de Europa del Este que ahora forman parte de la Unión Europea. Necesitamos medidas urgentes en este ámbito.
Pido disculpas, en nombre del Reino Unido, por no haber seguido el ritmo de otros países a la hora de adoptar estas medidas en materia de calefacción y refrigeración a base de energías renovables. Estoy seguro de que en los próximos años iremos escalando puestos en la clasificación.
Apoyo plenamente el argumento de la ponente sobre la aplicación de regímenes de apoyo nacionales. La ponente destaca el hecho de que los Estados miembros puedan utilizar estas cuestiones de principio de conformidad con el principio de subsidiariedad y señala que estas ayudas deberían ser de plazo limitado y reducirse paulatinamente. No puedo estar más de acuerdo. También dice que deben instaurarse mecanismos incentivadores para lograr un alto grado de penetración en el mercado y, por último, que es necesario fomentar las redes de calefacción y refrigeración asociadas.
La industria y el Parlamento Europeo deben acoger con satisfacción este informe que garantizará que tengamos un suministro de energía seguro en el futuro. 
Bernadette Bourzai (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar a la señora Rothe por su excelente informe de propia iniciativa, que pide claramente a la Comisión Europea que elabore, antes de julio de 2006, una propuesta legislativa en la que se prevea un aumento de la cuota de las fuentes de energía renovables en la calefacción y la refrigeración. En efecto, las redes de calefacción y refrigeración y la biomasa, en particular la leña, representan salidas importantes para el sector de la madera, se integran perfectamente en una estrategia forestal europea sostenible y pueden apoyar los esfuerzos europeos en materia de desarrollo sostenible, y en particular el objetivo de que para 2010 el 12 % de la energía total consumida provenga de fuentes renovables. Ahora bien, no existe por el momento ninguna legislación que determine el uso de energía renovable para fines de calefacción y refrigeración y esta carencia debe colmarse tras la publicación del plan de acción sobre biomasa de la Comisión Europea el 7 de diciembre del año pasado.
Quisiera insistir en tres puntos que a mi modo de ver son importantes. En primer lugar, el Consejo Ecofin alcanzó el pasado 28 de enero un acuerdo político para prolongar hasta 2010 la experiencia de los tipos reducidos de IVA sobre los servicios con gran intensidad de mano de obra. La novedad importante en el tema que nos ocupa es la integración de la calefacción urbana en la opción prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo12 de la sexta Directiva sobre el IVA, bajo la misma rúbrica que el suministro de gas natural y electricidad. Por tanto, a partir de ahora, los Estados miembros pueden poner fin a la desigualdad de trato fiscal entre las ventas de energía de calefacción y la integración en redes de calefacción y refrigeración que utilizan energías renovables y el suministro de gas natural y electricidad.
Suscribo por completo la recomendación del ponente sobre el recurso a los Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesión y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Romana Jordan Cizelj (PPE-DE ).
   – Promover el uso de fuentes de energía renovables implica una aplicación directa de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. En efecto, sitúa en primer plano la preocupación por el medio ambiente, la promoción de la innovación y la infraestructura que deben facilitar la competitividad y el crecimiento independiente en Europa.
Las fuentes de energía renovables son la riqueza natural de la Unión Europea, reducen nuestra dependencia de las importaciones y mejoran nuestro medio ambiente. Al mismo tiempo, su uso aumenta la diversidad de fuentes de energía y mejora la fiabilidad del suministro energético. Hemos de explotarlas no solo para producir electricidad, sino también para calentar y refrigerar edificios, ya que esto solo constituye más del 40 % del consumo de toda la energía en Europa.
Una encuesta reciente del Eurobarómetro demuestra que los ciudadanos están a favor de una política energética común europea. Por este motivo, en Europa también debemos formular directrices y establecer incentivos claros en el ámbito de la refrigeración y la calefacción. Hemos de fijarnos un objetivo común, y dejar que sean los Estados miembros quienes formulen sus propios objetivos nacionales, que deberían ser razonables y vinculantes. Los objetivos han de establecerse en relación con las características naturales de los países particulares, pues no todos disfrutan de las mismas condiciones, por ejemplo respecto de la explotación de la energía solar o la biomasa.
De hecho, precisamente en relación con la biomasa deberíamos ser muy cautos con la promoción de su uso. También es una materia prima para la industria maderera y sirve para crear numerosos puestos de trabajo y un alto valor añadido. Con el uso de madera como material natural se consume menos energía para obtener el producto final, al mismo tiempo se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la madera retiene el dióxido de carbono que se ha ido acumulando en el árbol durante años.
Permítanme acabar señalando que con respecto al objetivo de la energía, es prudente utilizar solo residuos de madera poco adecuados para reciclar, mientras que el resto puede transformarse en materias primas útiles. La política energética europea también debe formularse de forma que contemple esto. 
Péter Olajos (PPE-DE ).
   – Europa es el mayor importador de energía del mundo. Sin embargo, el precio de la energía importada va en aumento y la energía se importa de regiones política y económicamente inestables. Estos hechos nos obligan a reducir y, si es posible, eliminar, nuestra dependencia de la energía importada y nuestra vulnerabilidad. Para ello, aparte de racionalizar nuestro consumo energético y hacerlo más eficiente, también hemos de aumentar el uso de fuentes de energía renovables situadas en Europa.
Los pasos adoptados a este respecto en la última década por la Unión Europea han demostrado ser satisfactorios: con respecto a la energía eólica, la Unión Europea ya alcanzó el año pasado el objetivo fijado para 2010, las centrales eléctricas de biomasa se extienden rápidamente y los biocombustibles van ganando terreno de forma espectacular. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Estoy convencido de que se trata principalmente de la normativa de la Unión Europea y las reglas de obligado cumplimiento aceptadas aquí, en el Parlamento. Estoy en contra de la sobrerregulación, pero sería difícil negar que los límites jurídicos impuestos por la Unión Europea y los objetivos que hemos fijado conjuntamente sean medios eficaces para animar a los Estados miembros. La refrigeración y la calefacción en el sector doméstico constituyen el 40 % de nuestro consumo energético actual. En promedio, la energía renovable se utiliza en el 10 % de casas europeas, pero esta cifra solo se debe a la extraordinaria actuación de unos pocos países, como Austria, Alemania, Grecia, etc. Otros países, incluido el mío, apenas utilizan energía renovable, no apoyan las inversiones en este ámbito y no tienen programas gubernamentales; al contrario, crean obstáculos administrativos.
Este ámbito ha de regularse a escala de la Unión Europea, para que podamos reducir eficazmente y a un coste relativamente bajo la utilización de energía fósil en las casas, la emisión de gases de efecto invernadero y nuestra dependencia energética. Por este motivo apoyo la creación de una directiva que aborde esta cuestión. 
Paul Rübig (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar dando las gracias a la señora Rothe por su sincera defensa de la energía renovable, y agradecer también al señor Turmes el cálido elogio de la provincia austriaca de la que procedo por el trabajo ejemplar a favor de la energía renovable que realiza, y que además lleva a cabo en el conjunto de la economía, pues lo que nos importa, simplemente, es que la producción energética sea barata, segura y limpia. Estos tres aspectos siempre deben considerarse en su contexto.
El lema «pensar globalmente y actuar localmente» también se aplica a este caso. Hemos de ser siempre conscientes de la situación global, al mismo tiempo que nos centramos en cómo se pueden aplicar las medidas. A la hora de extender licencias de obras o permisos para urbanizar terrenos, las autoridades deberían dar prioridad a instalaciones que emplean energía renovable y, por tanto, ayudan a cumplir el objetivo de Kyoto. La propuesta de requerir una decisión dos meses después de la aplicación es totalmente prioritaria, ya que se nos va a echar encima el tiempo y, asimismo, a este respecto deberíamos estipular la inversión de la carga de la prueba, si las autoridades rechazan un plan.
Además, es necesario que los proyectos generen un beneficio de la inversión realizada en ellos, y en este caso disponemos de una amplia gama de opciones. Tengo la impresión de que en el futuro los servicios energéticos brindarán una gran oportunidad a las pequeñas y medianas empresas. Algunos de los diputados que ya han intervenido aquí, en vista de la directiva sobre servicios cuya aprobación vamos a acordar esta semana, han destacado los desafíos totalmente nuevos que plantea en general el suministro de energía para cada uno de los Estados miembros y la necesidad de procedimientos simplificados en este ámbito. Una prioridad concreta es que la burocracia debería dejar de poner obstáculos en el camino.
Lo que importa en el análisis final es que se utilicen los recursos nacionales y se promuevan los pequeños circuitos. Ese es nuestro objetivo y queremos conseguirlo con la Comisión.
Herbert Reul (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en esta Asamblea se ha debatido con mucha frecuencia sobre las exigencias que nos plantean las cuestiones energéticas; hemos debatido sobre el tiempo que tardarán en agotarse los recursos, su demanda natural –limitada– y también la demanda adicional que generan grandes países con industrias en expansión. Desde enero hemos debatido nuestra dependencia de proveedores individuales y nos hemos percatado de la necesidad de actuar en este ámbito. Por tanto, es correcto que también nos preguntemos cómo desarrollar nuevas capacidades adicionales para fines de calefacción y refrigeración. Es correcto y crucial, y también quiero agradecer las numerosas enmiendas aceptadas e incorporadas.
Me preocupa que, aunque nos fijemos el objetivo correcto –recortar el consumo y acceder a nuevas fuentes de energía renovables–, este reduzca nuestro campo de visión y nos haga creer que este es el único camino correcto, que es el único racionalmente justificable y el que conduce a la salvación.
No me fío de los enfoques que dan a entender que solo hay una solución a todos los problemas, y lo que ha dicho el señor Turmes hace un momento apunta en este sentido. Por otro lado, estoy totalmente convencido, y en esto coincido con los diputados que lo dicen, de que, si bien es una opción adicional y que debemos aprovechar, no nos evitará la necesidad de responder a otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones como «¿qué hacemos con la energía nuclear?» o «¿cómo usar de manera más limpia los combustibles fósiles que ya tenemos?».
Además, tengo mis dudas con respecto al método que deberíamos adoptar o a los medios que nos permitirán crear la nueva normativa para el futuro, porque se plantea la cuestión –y es una cuestión apremiante– de si vamos por buen camino creyendo que la única forma de hallar soluciones a los problemas políticos pasa por diseñar nuevos reglamentos o mediante su aprobación por parte de esta Asamblea, tras lo cual nos relajamos y nos decimos que todo está arreglado. Las directivas que imponen nuevas obligaciones a los Estados miembros no son la respuesta.
Esta mañana el Comisario nos ha dicho que se han aprobado 42 directivas solo en el ámbito energético, y que 22 de ellas se ocupan de la eficiencia energética, y a pesar de todo no estamos satisfechos y afirmamos que no avanzamos con la rapidez suficiente. Para abreviar, debemos promover nuevas tecnologías y evaluaciones comparativas y desarrollar normas e indicadores, para que quienes han de tomar en última instancia la decisión de cambiar o no re rumbo puedan hacer comparaciones y ver dónde residen las oportunidades y sus propias ventajas.
Los sueños no bastarán; bastarán objetivos ambiciosos pero realistas que difieran de un país a otro y dependan de entornos naturales distintos y mercados individuales diferentes. Por este motivo, las respuestas «de talla única» no sirven. 
Andris Piebalgs
   , . Señor Presidente, me gustaría darles las gracias por este debate tan interesante y agradecer a la ponente, la señora Rothe, y a todos los ponentes alternativos, el trabajo realizado. Soy consciente de que esta cuestión levanta pasiones y que esta no es ni mucho menos la única respuesta que debemos buscar en el sector energético. Este informe también me apasiona. La votación en la Comisión de Industria, Investigación y Energía y el debate de hoy han demostrado el impresionante apoyo de que gozan las ideas expresadas en el informe.
Creo que la Comisión ya ha dado pasos importantes en esa dirección. En el Plan de Acción sobre la biomasa, de diciembre de 2005, la Comisión anunció que trabajaría con la vista puesta en una iniciativa sobre calefacción y refrigeración a partir de energías renovables. No obstante, al mismo tiempo, como han indicado algunos Estados miembros, nos preocupa legislar mejor y elaborar una legislación que pueda aplicarse debidamente y de conformidad con el principio de subsidiariedad. Por este motivo, he pedido a mis servicios que realicen una evaluación de impacto en este terreno, porque será de gran valor en una fase ulterior de este debate para ajustar la propuesta sobre la base de una evaluación de impacto adecuada. A partir de esta evaluación tomaré una decisión sobre cómo avanzar en esta cuestión tan importante.
Sin embargo, al mismo tiempo puedo decir a sus Señorías que la Comisión estará a la altura de sus expectativas, como ha señalado el señor Vidal-Quadras Roca, y estamos trabajando no solo en esa dirección, sino también con vistas a la aplicación de la legislación. Hoy me complace informar a la Comisión de Industria de los pasos exactos que estamos dando a este respecto. Hemos adoptado el Plan de Acción sobre la biomasa que ya he mencionado y hace poco adoptamos la Comunicación sobre biocombustibles. Esto demuestra que la Comisión habla en serio cuando se refiere a lograr una mejor implantación de las energías renovables en una panoplia energética europea.
Les doy las gracias por el enorme interés que han demostrado en este debate y espero que a finales de año pueda presentar a la Cámara una propuesta legislativa. 


El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

Graham Booth (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, quiero intervenir sobre la observancia del Reglamento. Aunque probablemente usted sea el mejor Vicepresidente que tenemos en este Parlamento, ¡ya ha cometido dos errores hoy! Y en un reciente turno de votaciones presidido por el señor Mauro, este dijo que una enmienda había sido rechazada cuando de hecho había sido aprobada por 584 votos a favor y 41 en contra. ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar este ridículo sistema? 
El Presidente.
   El problema es que cuando no se trata de un voto nominal, los diputados no suelen levantar la mano. Yo trato de que lo hagan, pero no puedo obligarles. Por ese motivo tenemos tantas comprobaciones. 

 Dado que la primera parte ha sido rechazada, deduzco que la segunda y la tercera parte deberían decaer. ¿Puede ayudarnos al respecto, señor Hökmark? 
Gunnar Hökmark (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, estoy de acuerdo con usted en que las partes dos y tres no tienen sentido tras el rechazo de la primera parte. No es una de mis enmiendas, pero yo diría que la votación que ya hemos realizado es suficiente.
El Presidente.
   Usted es el ponente. Decaen las dos partes siguientes.
Gunnar Hökmark (PPE-DE )
   , . – Me gustaría presentar la siguiente enmienda oral, que ha sido acordada por el ponente alternativo del Grupo del PSE: «considerando que las ayudas estatales que no distorsionan la competencia son un instrumento legítimo para estimular el desarrollo económico y pueden, por lo tanto, ser una manera de promover la agenda de Lisboa para el crecimiento económico y el empleo, junto con otros instrumentos, incluida la financiación comunitaria, como los Fondos Estructurales». 


Vittorio Agnoletto (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, la enmienda está ya en el Acta, pero de todos modos voy a releerla.
«Señala que, en sus relaciones con terceros países y en el contexto de la promoción de los principios democráticos y de los derechos humanos a través de la cláusula sobre derechos humanos y democracia, la Unión Europea está llamada a prestar una atención particular a la aplicación de políticas en favor de la igualdad de sexos y de los derechos de las mujeres, cerciorándose al mismo tiempo de que las autoridades del tercer país de que se trate respetan los derechos fundamentales consistentes en no detener arbitrariamente, ni torturar ni ejecutar, y, con carácter prioritario, de que los ciudadanos de dicho país tienen acceso a tribunales imparciales;»

Catherine Stihler (PSE )
   , . – Señor Presidente, quiero intervenir brevemente sobre mi informe relativo a las restricciones de pesca en virtud de la Política Pesquera Común.
Pido a sus Señorías que den todo su apoyo a este informe relativo a las restricciones de acceso establecidas en la PPC que afectan al coto de las Shetland y al coto de la solla. Este informe es positivo para la política de pesca sostenible de la UE, ya que reconoce la necesidad de hacer un uso sensato de las restricciones de acceso.
Me gustaría dar las gracias al Grupo del PSE por su valioso apoyo. La importancia de las restricciones contempladas en el informe es evidente y pido a todos los compañeros que voten a favor del apartado 8 y de la resolución en su conjunto.
El Presidente.
   Con esto concluye la votación. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   .  El texto del Reglamento del Consejo (CE) nº 1786/2003 contiene una serie de errores que deberían corregirse sin demora.
Por consiguiente, siguiendo la enmienda a la Nomenclatura Combinada, los códigos CN 1214 90 91 y 1214 90 99 deberían sustituirse por el código CN 1214 90 90. La cantidad máxima garantizada de forraje seco de 4 855 900 toneladas debería sustituirse por 4 960 723 toneladas, que corresponde a la suma de cantidades nacionales actuales. Además, es preciso modificar el método para calcular la reducción en caso de superarse esta cantidad.
La propuesta de la Comisión satisface la necesidad de corregir el Reglamento del Consejo nº 1786/2003.
La enmienda propuesta es apropiada y el Parlamento debería apoyar la opinión favorable de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   .  El acuerdo de asociación entre la CE y las Islas Salomón se basa en el mandato que el Consejo concedió a la Comisión en junio de 2001 a fin de negociar los acuerdos de pesca de atún bilaterales con países ACP del Pacífico oeste central, con vistas a establecer una red de acuerdos sobre el atún para que la flota comunitaria opere en la región del Pacífico.
Apoyo sin reservas la posición de la ponente en este documento, pero deseo destacar la importancia de la Enmienda 5, según la cual, cuando se celebre la primera reunión del Comité Mixto, la Comisión ha de informar a las autoridades de las Islas Salomón sobre la asistencia de los representantes de los armadores a las posteriores reuniones del Comité Mixto.
Por tanto, respaldo la aprobación de este informe. 
Alyn Smith (Verts/ALE )
   , . Básicamente, este informe exporta la desastrosa Política Pesquera Común a las Islas Salomón, sin apenas argumentos que lo recomienden; por lo tanto, he votado en contra y es una pena que la Cámara haya decidido aprobarlo. La Política Pesquera Común es un desastre absoluto que debería borrarse del mapa y no perpetuarse ni exportarse a terceros países. 
Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM ),
   El informe trata un asunto con respecto al cual ha de sopesarse el valor del mercado interior en el trasfondo de la autodeterminación nacional. En estos mismos momentos hay en curso en el Tribunal de Justicia Europeo un caso relevante (C-156/04). No nos parece que mediante una declaración aquí y ahora del Parlamento Europeo se vaya de ningún modo a avanzar el debate sobre este asunto.
Por lo tanto, hemos optado por votar en contra de este informe, pero queremos recalcar que no estamos adoptando una posición determinada en el debate continuo. En primer lugar, el Tribunal de Justicia Europeo ha de aprobar una posición y dictar sentencia. Posteriormente, las autoridades griegas y el Parlamento nacional tendrán que debatir cómo van a ocuparse de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo. 
Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, por lo que respecta al informe de mi colega, el señor Őry, estoy dividida entre tres sentimientos: la satisfacción, el pesar y un deseo.
Satisfacción por la conclusión de los esfuerzos emprendidos en 1994 por llevar a cabo una acción concertada frente a los riesgos a que se enfrentan los trabajadores. La actitud de nuestras sociedades ante los riesgos para la vida es un elemento clave del modelo social europeo, que lo diferencia de otros muchos.
Pesar por el hecho de que la Comisión Europea, presionada por el Consejo, no haya querido negociar con el Parlamento la solución más razonable, que era remitirse a la subsidiariedad. Esto nos habría evitado un temor: que los Estados se vean obligados a transponer normas relativas a la radiación solar debido a su inclusión en la directiva marco. Ver al Consejo desdeñar el principio de subsidiariedad con la complicidad de la Comisión: ¡realmente es una paradoja!
Mi deseo es que la cuestión solar pueda abordarse en el futuro, pero de forma flexible, sin normativas ni burocracias inútiles. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, podría lanzar una gran campaña de información dirigida a los trabajadores europeos sobre los riesgos que entraña la radiación solar.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   .  Nos abstenemos de la votación porque la Comisión y el Consejo han permitido la presión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y los liberales, y han excluido la radiación solar del ámbito de esta directiva.
Esta posición es atroz, porque se sabe que la radiación óptica entra en la categoría de la radiación electromagnética, que principalmente comprende la luz directa, los rayos infrarrojos y ultravioletas, y los rayos láser. La radiación solar está formada por rayos ultravioletas e infrarrojos y luz directa. Se sabe que los efectos de dicha radiación en la salud de las personas producen cambios en el sistema inmunitario y causan enfermedades en la piel, en los ojos, cánceres y trastornos psicológicos.
La calidad de la vida de varios millones de personas que trabajan en la Unión Europea en la agricultura, la pesca y la construcción, en salinas exteriores, canteras y minas, así como en actividades de ocio, se ve afectada negativamente por la exposición a la radiación solar mientras realizan su trabajo.
Por consiguiente, si bien no hemos votado en contra de esta directiva, que contiene una serie de notables mejoras con respecto a la radiación artificial, su ámbito es limitado debido a la omisión de la radiación solar. 
Ian Hudghton (Verts/ALE )
   , . He votado a favor de este resultado de la conciliación. Solo cabe felicitarse por el hecho de que el título y el ámbito de aplicación de la Directiva hayan sido modificados a fin de incluir las radiaciones ópticas de origen artificial. Espero que la Comisión aprenda de esto, después de haber ridiculizado en un principio a la UE al proponer la prohibición de la luz solar, dando un regalo publicitario a los euroescépticos y los medios de comunicación afines.
Podríamos habernos ahorrado esta disputa innecesaria, pero aplaudo esta tardía aceptación de la sensata decisión del Parlamento Europeo.
Ahora tendremos una directiva que pretende proteger legítimamente a los trabajadores que utilizan rayos láser y material de soldadura eléctrica y a los que trabajan en la industria del acero y del vidrio, así como en los centros de bronceado artificial. Las recomendaciones aceptadas están destinadas a prevenir los posibles efectos agudos y a largo plazo sobre los ojos y la piel de una exposición a niveles extremadamente elevados. 
David Martin (PSE )
   , . Acojo son satisfacción este informe relativo a la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de las fuentes de radiación ópticas y artificiales. Creo que la decisión del Parlamento de fijar valores límite de exposición es sensata, ya que esto ofrece a los trabajadores una garantía frente a las fuentes artificiales como los rayos láser, los tubos catódicos y los instrumentos de soldadura. 
Frédérique Ries (ALDE ),
   . – Por supuesto, he votado a favor de la directiva destinada a proteger a los trabajadores de los riesgos asociados a la exposición a las radiaciones ópticas. Este texto se inscribe en la continuidad de tres directivas anteriores concebidas, también ellas, para proteger a los trabajadores de los peligros de varios «agentes físicos», como la exposición al ruido, a las vibraciones y a los campos electromagnéticos.
Esta directiva contempla principalmente las fuentes de radiación, como los rayos láser o las lámparas de infrarrojos. Prevé, en particular, la adaptación de los métodos de trabajo con el fin de reducir los riesgos de la radiación, la duración y el nivel de exposición. Encarga también a la Comisión Europea que elabore una guía práctica destinada a las empresas, en especial a las PYME. Esta última medida merece destacarse; en efecto, considero que la Unión debe hacer más por las PYME, que son la auténtica punta de lanza de la innovación y la creación de empleo en la Europa de los 25. 
Esta legislación aplicable combina flexibilidad para las empresas con seguridad para los trabajadores. Es, pues, un ejemplo concreto que demuestra que, contrariamente a las ideas propagadas por los nuevos euroescépticos, especialistas y no especialistas, la Unión Europea se ocupa de los trabajadores asalariados y no asalariados del Oeste y del Este, y a menudo preconiza la normalización de la legislación social de los Estados miembros en el nivel más alto. 
Carl Schlyter (Verts/ALE ),
   En primera lectura voté en contra de esta propuesta, pero los Gobiernos de los Estados miembros la han mejorado. Esta directiva no supone crear una nueva normativa, sino que simplemente aplica la legislación vigente a ámbitos en que la Unión Europea ya ha asumido competencias. Se ha eliminado la estrambótica propuesta de incluir la radiación solar.
Además, las normas se basan en convenciones internacionales y, a falta de tales convenciones, se acepta la legislación nacional. La vigilancia de la salud y los subsiguientes controles han de realizarse de acuerdo con las prácticas nacionales. Por tanto, esta es una propuesta decentemente equilibrada y aceptable. Las ventajas desde el punto de vista de la protección de los trabajadores superan el problema del aumento de la normativa, porque esta directiva, en la práctica, no da lugar a ninguna nueva competencia de la Unión Europea. 
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   .  Este es un ejemplo clásico de la naturaleza a menudo dolorosamente lenta del proceso europeo de toma de decisiones.
La propuesta que hemos votado hoy lleva sobre la mesa desde 1992, aunque aborda una cuestión tan crucial como la protección de la salud de los trabajadores.
El enfoque del Parlamento ha tardado 13 largos años en prevalecer.
El texto recién aprobado aborda la exposición de los trabajadores a la radiación artificial y excluye la radiación de fuentes naturales del ámbito de la directiva. Se decidió que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, esta última es una cuestión que ha de abordarse en el ámbito nacional, en función de las condiciones y necesidades nacionales.
He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que es inviable que la Unión Europea obligue a los empresarios de los 25 Estados miembros a evaluar los riesgos que para la salud y la seguridad supone la exposición de los trabajadores a la luz solar. Creo que las valoraciones de este tipo deberían realizarse en el ámbito nacional, acorde con la situación de cada país.
De acuerdo con esta directiva, los empresarios deben ejecutar medidas relativas a la elección de equipos, el diseño del lugar de trabajo y la duración del tiempo de exposición con vistas a prevenir o reducir los riesgos de sus empleados de verse expuestos a la radiación artificial. 
Alyn Smith (Verts/ALE )
   , . Esta directiva se aplica ahora de forma más clara a la radiación artificial; me complace que haya vuelto al Parlamento y he votado a favor. Es lamentable que los primeros proyectos legislativos dieran pie a historias tontas sobre los intentos de la UE de regular la luz solar, cuando los objetivos de la Directiva –proteger a los trabajadores europeos de la radiación nociva– son tan loables. Me complace que el Parlamento haya podido dotar a esta normativa de sensatez en el transcurso de nuestros trabajos y me satisface votar hoy a favor. 
Albert Jan Maat (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero dar una explicación de voto para aclarar por qué en el Partido CDA hemos votado en contra del informe. Así lo hemos hecho porque, si bien estamos a favor del bienestar de los animales, sobre todo en el sector avícola, es inaceptable que no prescribamos los mismos requisitos para las importaciones.
Un segundo motivo es que este informe propicia una mayor burocracia, mientras que en Europa necesitamos menos. Queremos menos burocracia, también porque el impacto de la introducción de esta directiva solo se evalúa tras el evento y no antes. Esto nos parece política barata a costa de los granjeros avícolas europeos, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es mejorar el bienestar, a condición de que este se establezca sobre la base de una distribución justa de la carga entre consumidores y productores.
Me gustaría que se diera a la señora McGuinnes otra oportunidad para hablar a este respecto. 
Mairead McGuinness (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, comparto las preocupaciones de mi colega el señor Maat. Creo que esta directiva desencadenará una carrera a la baja, ya que forzará a la cría de pollos de engorde a salir de la Unión Europea, fuera de nuestras fronteras, y no podremos controlar lo que está ocurriendo. La gente no saldrá ganando para nada, ya que no tenemos etiquetado. 
Frank Vanhecke (NI ).
   – Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con los dos oradores anteriores. Es cierto que, si bien el grado de civilización de una sociedad se define en parte por la forma en que los integrantes de esa sociedad tratan a los animales, tengo el convencimiento de que no convendría en absoluto acusar a los criadores, en este caso los criadores de pollos de nuestros países, de crueldad o insensibilidad hacia a esos animales.
Sin embargo, y ante todo, quiero llamar su atención sobre el hecho de que nuestras empresas europeas han de afrontar una competencia irrazonable de las importaciones de carne procedente de países no europeos, como Brasil y Tailandia, donde se aplican normas totalmente diferentes a aspectos como densidades de población, seguridad alimentaria, rastreo, uso de harina animal y de antibióticos.
Sin duda los criadores de pollos destinados a la producción de carne no quieren volver a una época del «todo vale» y están dispuestos a criarlos pensando en el bienestar de los animales y de forma ecológica, a condición de que toda la carne importada cumpla las mismas normas, cosa que, en la actualidad, por desgracia, no ocurre. Es triste decirlo, pero en realidad estamos dejando a nuestros criadores europeos en la estacada. 
James Hugh Allister (NI )
   , . En la votación de hoy sobre el informe relativo a las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne he votado a favor de aumentar la protección de nuestra industria avícola frente a las amenazas que representan las importaciones de bajo coste, que recientemente han conducido al cierre de una explotación avícola en Irlanda del Norte.
Nuestra preocupación por el bienestar de las aves de corral es comprensible, pero no tiene sentido exagerar las obligaciones relativas al bienestar en la UE de tal modo que nuestros productores quedan fuera de juego y nosotros nos dependamos más de las importaciones de países de Extremo Oriente y Sudamérica, donde no se aplican tales restricciones a la producción. Esto solo sirve para aumentar el número de aves de corral criadas en condiciones terribles. Así pues, es necesario equilibrar los requisitos en materia de bienestar animal en la UE con la existencia de una industria viable.
Por tanto, en la votación de hoy en el Parlamento me he opuesto a cualquier reducción adicional de la densidad de población, ya que esto afectaría gravemente a la economía de la producción de pollos destinados a la producción de carne en Europa. 
Robert Evans (PSE )
   , . Me he abstenido en la votación final sobre el informe Berman. Como vegetarianos, tengo grandes reservas acerca del sector cárnico en su conjunto. Si el negocio de la cría de animales con fines de producción de carne continua, y acepto que así sea, creo que esta debería ser orgánica y natural. En su defecto, las normas deben ser lo más estrictas posible. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   .  Hemos votado a favor de este informe. Aunque no apoyamos todas sus recomendaciones, estamos ampliamente a favor del carácter general de sus objetivos.
Nos parece necesario llegar a un equilibrio entre las mejoras que deben hacerse para el bienestar de los animales, los derechos y los intereses de los pequeños y medianos criadores, y los derechos de los consumidores.
Sabemos que es necesario ejecutar un sistema para evaluar el bienestar de todos los rebaños en el matadero, pero también sabemos que hay costes que es preciso tener en cuenta y que las operaciones pequeñas normalmente no reúnen las condiciones para llevar a cabo esas evaluaciones.
Por tanto, abogamos por un plazo ampliado para permitir un período de prueba y la posterior adaptación a un sistema que no existe en Portugal.
Además, pensamos que, tal y como están las cosas, algunas de las propuestas planteadas en el pleno han sido excesivas, y no las apoyo dadas las consecuencias perjudiciales que pueden tener para los pequeños productores, si no hay período de prueba. 
Glyn Ford (PSE )
   , . Este informe llega en un momento muy oportuno, al coincidir con el primer plan de acción sobre protección animal. La UE vuelve a tomar la iniciativa en la mejora de las normas sobre bienestar animal.
La propuesta responde a las preocupaciones de los ciudadanos de que las actuales normas sobre bienestar para los pollos destinados a la producción de carne son demasiado poco estrictas. El resultado es que los pollos de engorde sufren trastornos en las patas y cojera, ensanchamiento del corazón, síndrome de muerte súbita y quemaduras de amoniaco.
El informe insta a la reducción de la densidad de población, una profundidad mínima de la cama, mejor ventilación y un periodo de oscuridad ininterrumpida mínimo de seis horas. También aborda la crueldad del recorte del pico y solo lo autoriza cuanto se han agotado las demás medidas destinadas a evitar el canibalismo.
Acojo con satisfacción el informe, aunque se hayan retirado algunas de las propuestas antes mencionadas. Yo quería ir más lejos, pero la propuesta que tenemos ante nosotros es positiva para los pollos y los consumidores. Unas aves más sanas dan un producto de mejor calidad. No estamos exportando normas deficientes de bienestar animal, sino que mejoramos las normas tanto para las aves como para los ciudadanos. 
Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM ),
   Hemos intentado votar a conciencia a favor de la mejora de la ganadería. Sin embargo, algunas de las enmiendas que debían votarse son demasiado prolijas para que los representantes políticos elegidos pudieran adoptar posiciones al respecto. Las cuestiones detalladas relativas a los períodos de oscuridad, lesiones de pododermatitis y mortalidad durante la primera semana de vida en relación con los pollos destinados a producción de carne son difíciles de decidir para una persona profana en estos temas. En su lugar, deberíamos haber celebrado ser capaces de tomar decisiones sobre principios generales, con expertos que posteriormente diseñan reglamentos más precisos. Lo que aquí tenemos es un procedimiento de consulta para el Parlamento Europeo y no un procedimiento de codecisión, que podría habernos permitido hacer una declaración de principios más al respecto.
Asimismo, queremos hacer hincapié en lo importante que es avanzar más en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, a fin de lograr un consenso general a favor de requisitos de producción más estrictos con respecto a la seguridad alimentaria y la protección de los animales. 
Ian Hudghton (Verts/ALE )
   , . He apoyado las enmiendas, presentadas por mi propio Grupo entre otros, que pretendían reforzar las propuestas, en particular las destinadas a reducir las densidades de población y las que destacaban las consecuencias que unas condiciones alimentarias deficitarias tienen sobre la seguridad de los alimentos.
Aunque gran parte de las enmiendas más contundentes no han salido adelante, he votado a favor del informe con la esperanza de que la propuesta de la Comisión suponga un avance a la hora de abordar los problemas de bienestar significativos en el sector de la carne de pollo. 
David Martin (PSE )
   , . Acojo con satisfacción este informe y creo que es muy oportuno dados los resultados aprobados recientemente del primer Plan de Acción sobre protección animal. El informe muestra que la UE vuelve a asumir el liderazgo en la mejora activa de las normas sobre bienestar animal.
La propuesta aborda una complicada cuestión de interés público, dado que las actuales normas sobre bienestar animal para los pollos destinados a la producción de carne son muy endebles, lo que produce dolorosos trastornos de las patas y cojera, ascitis (ensanchamiento del corazón), síndrome de muerte súbita y quemaduras provocadas por el amoniaco.
Aplaudo las propuestas de la Comisión de Agricultura, pero creo que no han sido lo suficientemente ambiciosas. Por este motivo he apoyado las enmiendas Jørgensen y me decepciona que no hayan sido aprobadas por el Parlamento. 
Frédérique Ries (ALDE ),
   . – ¿Es la mejora del bienestar de los pollos de verdad un tema que merezca un debate parlamentario? ¿Tiene acaso una dimensión europea que justifique que se consagren cincuenta minutos de debate a las aves de corral destinadas a la producción de carne?
Son dos preguntas que ya empiezan a contestarse por sí mismas. Es cierto que no es la primera vez que el Parlamento Europeo se pronuncia sobre un tema ajeno a las preocupaciones de los ciudadanos. Sin embargo, no creo que interese nada al Parlamento Europeo hacer suyo el lema de «Europa metomentodo»; al contrario, estoy convencida de que su máximo interés es frenar el frenesí legislativo. 
Esto es particularmente cierto en casos como el del informe Berman, cuando las puntillosas normas propuestas resultan completamente absurdas: los pollos criados en batería tendrán dos inspecciones médicas diarias, contarán con una cama seca y gozarán de una temperatura ambiente no superior en tres grados a la de sus que han elegido la vida al aire libre. Son solo algunas propuestas entre otras muchas igualmente grotescas.
En conclusión, Europa no tiene nada que ganar con este tipo de normativa. ¡De hecho, se arriesga a salir desplumada!
Carl Schlyter (Verts/ALE ),
   He votado a favor de este informe, que me parece muy flojo, porque a pesar de todo conlleva mejoras en la mayoría de los países y versa sobre una legislación de mínimos, lo que significa que se nos permite tener normas más estrictas. Nuestras enmiendas relativas a una menor densidad de población son compromisos muy razonables que han recibido el apoyo casi unánime de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Es trágico que no sea aprobaran. El Parlamento apoya intereses a corto plazo en lugar de una ganadería de animales que sea digna de la confianza de los consumidores, y actuando de este modo no hace ningún favor al sector. He votado a favor de la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de una densidad de población que no supere los 34 kg para 2013, por el único motivo de que es mejor que la propuesta original. Como son bastantes pocos los países representados en el Consejo que deseen superar los 38 kg, será posible invocar esta propuesta en contra del Consejo. En cualquier caso, el Parlamento Europeo señala que podría tomarse una dirección diferente.
Los pollos seguirán sufriendo más que ningún otro animal. Cómo tratamos a nuestros animales dice mucho del grado de desarrollo de nuestra civilización. En este sentido, hemos demostrado ser unos bárbaros. 
Alyn Smith (Verts/ALE )
   , . Señor Presidente, hace tiempo que necesitábamos este informe sobre el bienestar de los pollos de engorde. Ya era hora de que la UE adoptara medidas para mejorar el bienestar de los pollos destinados a la producción de carne en la UE, muchos de los cuales viven en condiciones terribles durante su corta vida. Es lamentable que varias enmiendas de mi Grupo presentadas a este informe no hayan salido adelante, aunque el propio informe supone un pequeño avance en la mejora de las normas y me ha complacido apoyarlo. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   .  Es bien sabido que la ayuda estatal es un importante instrumento de política económica que ayuda a revitalizar el desarrollo económico, social, ambiental y regional. El objetivo principal es permitir a los países que actúen para aplicar sus políticas estratégicas, garantizar la financiación de servicios públicos y compensar a las empresas que promueven los llamados «servicios de interés general».
Con este informe, que tiene un sesgo decididamente neoliberal, la mayoría del Parlamento quiere restringir la ayuda estatal a un «último recurso», basándose en un intento ideológicamente sesgado de reducir la única intervención estatal de la economía, en nombre de la vaca sagrada de la benevolente «economía de mercado» y para prevenir la llamada «competencia desleal». Por eso hemos votado en contra.
El ponente apoya las propuestas de la Comisión de reforma, dirigidas a dar mayor importancia a la competencia por la ayuda estatal, a los incentivos para reducir la ayuda estatal y a su reducción a políticas horizontales asociadas a la Estrategia de Lisboa, como las cuestiones relativas a la innovación y la investigación y el desarrollo. 
Bruno Gollnisch (NI ),
   . – Durante decenios, las ayudas estatales solo fueron autorizadas o prohibidas por la Comisión de acuerdo con las necesidades del dios de la competencia. Y si es lamentable que haya habido que esperar a 2006 para pensar en tener en cuenta criterios de sentido común como el empleo, la innovación, el crecimiento, la cohesión económica y social, etcétera, no tenemos que rechazar esta reorientación de la política, puesto que no podemos evitar su existencia.
Sin embargo, me preocupa la suerte reservada a los servicios de interés general, en especial porque no están realmente a salvo de la capacidad de Bruselas de dar la lata. Las consecuencias de la liberalización de las actividades en red (servicios postales, transporte ferroviario, electricidad y otras por el estilo), que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, deberían servir de lección a todos los que piden a la Comisión que legisle en este terreno.
Me preocupa asimismo la primacía del respeto de la competencia sobre todos los demás criterios, característica de una política que sigue privilegiando sus dogmas más que los intereses de los europeos.
Quiero destacar, por último, que muchas actividades, incluso emergentes, no tendrían necesidad de subvenciones o ayudas si gozasen de un entorno fiscal, reglamentario e internacional, favorable, un entorno que las políticas de Bruselas contribuyen en gran medida a degradar.
Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM ),
   Todo análisis de la ayuda estatal ha de basarse en una idea clara de las diferencias entre los ingresos y los costes relacionados, por un lado, con las finanzas privadas y, por el otro, con las finanzas públicas, es decir, una idea de la existencia de los efectos externos. Este informe evita el análisis fundamental y, por tanto, acaba con conclusiones generales que no pueden corroborarse. Más aún, en el debate no hay verdaderos intentos de valorar los efectos externos. A pesar de ello, hemos votado a favor del informe porque, en general, aconseja en contra de la ayuda estatal. La experiencia en general demuestra que la ayuda estatal se utiliza ampliamente con motivos proteccionistas. 
Sérgio Marques (PPE-DE ),
   .  La finalidad de este informe sobre la reducción del nivel general de la ayuda estatal garantizada por los Estados miembros es canalizar la concesión de la ayuda hacia los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Es preciso modificar radicalmente las normas que rigen la ayuda estatal establecidas por la Unión Europea y la actitud de los Estados miembros si queremos hacer frente a este desafío.
Las normas de la Comisión sobre la ayuda regional también se están cambiando de acuerdo con el principio de «menos ayudas estatales con un objetivo mejor definido». Desde mi punto de vista, como ponente, quiero expresar todo mi apoyo para esta iniciativa de la Unión Europea.
Me ha complacido advertir que la Comisión ha incorporado en la reforma de las nuevas directrices sobre ayuda regional nacional que las regiones más exteriores sigan teniendo la categoría de regiones menos favorecidas, independientemente de su PIB. Así, pueden ser compatibles con el mercado común de ayuda asignada para promover el desarrollo económico de regiones cuyo nivel de vida es excepcionalmente bajo, y también pueden seguir disfrutando de ayuda operativa. 
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  La ayuda estatal se presenta como medio para rectificar deficiencias del mercado, y sin embargo, tal y como señala acertadamente el ponente, a menudo conduce a la injusticia y la falta de eficacia. Por consiguiente, compartimos la preocupación de la Comisión en este sentido, de acuerdo con la posición del ponente.
Sería tanto irreal como incorrecto intentar poner fin inmediato a toda la ayuda estatal. Sin embargo, el hecho de que en los últimos años esta ayuda haya ido menguando, y en gran parte de acuerdo con la voluntad de la Unión Europea, es una señal positiva para quienes creen que una economía que respeta totalmente las normas sobre el buen funcionamiento del mercado es la que ofrece los máximos beneficios para los consumidores, productores y trabajadores. En otras palabras, la ayuda estatal es un modelo que debería sustituirse gradualmente por formas más justas y eficaces de impulsar un verdadero mercado. 
Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE ),
   Los conservadores suecos hemos votado hoy a favor del informe sobre los efectos de la globalización en el mercado interior. Estamos de acuerdo con el supuesto subyacente al informe de que, a raíz de la globalización, se precisarán reformas económicas para mantener la competitividad europea. Sin embargo, no estamos a favor de crear un fondo de globalización, porque las consecuencias de la globalización se tratan mejor por medio de una economía de mercado dinámica. 
Bruno Gollnisch (NI ),
   . – Errar es humano, perseverar es diabólico. Esto podría aplicarse a cada uno de los muchos informes que este Parlamento consagra a la globalización y sus efectos; se deploran las repercusiones negativas, pero en definitiva no se propone otra solución que conceder más poderes a la Europa de Bruselas. Nadie pone nunca en entredicho la globalización y el modo en que nos la impone Bruselas.
Sin embargo, ahí reside el verdadero problema. La Unión Europea sacrifica nuestros puestos de trabajo, nuestras industrias, nuestra agricultura y nuestros sistemas de protección social en el altar del libre comercio mundial y del dogma de la competencia internacional; no protege nuestras economías frente a la competencia desleal, el dúmping social o monetario, la piratería ni la falsificación; no apoya a nuestras empresas, que encuentran múltiples barreras arancelarias y no arancelarias en los países competidores en que quieren comerciar, mientras se enfrentan en nuestros países a una competencia exacerbada, pues nuestras economías son de las más abiertas del mundo; y multiplica las normas y reglamentos que nos incapacitan.
La conclusión insoslayable es que Europa paga el pato de la globalización y los ciudadanos europeos son sus principales víctimas. Sería hora de que, por fin, sus intereses primaran sobre la obediencia utópica a los dogmas ultraliberales.
Sérgio Marques (PPE-DE ),
   .  Quiero felicitar a la señora Herczog por su importante informe sobre los efectos de la globalización en el mercado interior, que cuenta con todo mi apoyo. Celebro en especial la referencia a la necesidad de crear un entorno saludable y de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, y fortalecer su posición y su acceso a la innovación y los instrumentos financieros.
Asimismo, me parece que la creación de un mercado interior de servicios es esencial para aumentar la competitividad de la Unión Europea. 
David Martin (PSE )
   , . Acojo con satisfacción este oportuno informe sobre los retos que plantea la globalización en el mercado interior de la Unión Europea. Se trata de una cuestión cuya importancia la pusieron de manifiesto los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el 27 de octubre de 2005 en la cumbre informal organizada por la Presidencia británica en Hampton Court.
Como miembro de la Comisión de Comercio Internacional he estado presionando a favor de que se tengan en cuenta las preocupaciones sociales y ambientales en una época de globalización y sobre el telón de fondo del ascenso de China, India y Brasil. Esto no es simple proteccionismo: mis preocupaciones están motivadas por la necesidad de garantizar que la liberalización de la economía mundial, en particular a través del sistema de comercio multilateral, no conduzca a una reducción de las normas laborales y sociales ni a una carrera a la baja.
Aunque he apoyado las enmiendas destinadas a incrementar el acceso preferencial al mercado de la UE de los países terceros que hayan ratificado y aplicado adecuadamente los convenios internacionales fundamentales en materia laboral y ambiental como incentivo añadido, creo que la Comisión debería trabajar más estrechamente con la OIT a fin de investigar e informarse sobre el cumplimiento y la ejecución de estos convenios fundamentales en la práctica con el objetivo de evitar futuros abusos del nuevo sistema SPG+. 
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   .  Los efectos de la globalización ofrecen nuevas oportunidades desde el punto de vista del acceso a los mercados del mundo, y sin embargo, muchos ciudadanos europeos tienen una opinión poco halagüeña dados los efectos de gran alcance sobre la industria textil europea consistentes en la reestructuración y traslados que actualmente tienen lugar.
La Unión Europea ha de hacer frente a estos desafíos, sin abandonar sus valores históricos y sociales, que se reflejan en las características principales de los sistemas existentes de protección social.
Al mismo tiempo, la Unión Europea debe ofrecer incentivos para aumentar la competitividad de la industria europea desarrollando toda una gama de instrumentos, tal y como se señala en la Estrategia de Lisboa.
Con un aumento del 1 % o el 2 % no hay espacio para maniobrar. Por consiguiente, a fin de completar el mercado interior, las reformas del ámbito económico, especialmente los aspectos relacionados con la liberalización del mercado, son muy urgentes.
Por último, desde el punto de vista de la política exterior, la Unión Europea debe recalcar a las futuras grandes potencias mundiales, como China, la India y Brasil, que los diferentes procesos de desarrollo han de tener lugar sobre la base de un equilibrio entre la política social y económica. 
Alyn Smith (Verts/ALE )
   , . Este informe nos ofrecía la oportunidad de considerar qué consecuencias ha tenido la globalización en el mercado internacional, pero lamentablemente la hemos desperdiciado. Por tanto, mi Grupo no ha podido apoyarlo. 
Bruno Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, esta mañana he dicho lo chocante que es que demos lecciones de derechos humanos a todo el mundo cuando la Unión Europea los viola alegremente, en especial en materia de libertad de expresión, en su propio territorio.
Pero hay otros motivos de reticencia con respecto al informe del señor Agnoletto. En efecto, en él se invoca el artículo 60 de la Convención de Viena y, en particular, la cláusula de no ejecución que nos permite hacer caso omiso de las obligaciones de un tratado cuando la otra parte haya incumplido alguna de sus obligaciones. El único problema en este punto es que la Unión Europea es el único árbitro al respecto y esto me parece un planteamiento totalmente abusivo. Deberíamos recurrir al menos a un sistema de arbitraje, a falta del cual esta reserva es en realidad una cláusula potestativa que nos permite liberarnos a voluntad de nuestras obligaciones o, por el contrario, mantenerlas cuando se trate de Estados poderosos y que puedan tomar represalias. Esto no es aceptable. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, es muy probable que la Unión Europea haya hecho algo importante con respecto a los derechos humanos y la democracia –de hecho, la entrada a la Unión Europea depende de ellos–, pero ciertamente ha fallado a este respecto en lo concerniente a Turquía. Este país no solo no está cerca de reconocer al fin que el genocidio armenio realmente ocurrió, sino que además amenaza con castigar a los periodistas que manifiesten cualquier tipo de crítica, y también ha de decirse que se ha producido un notable retroceso en la libertad de opinión y de prensa desde que se iniciaron las negociaciones. Bajo esta luz ha de contemplarse el hecho de que en 2004 se aceptara el 11 % de las solicitudes de asilo por parte de turcos y de que, en 2005, Turquía fuera el Estado miembro del Consejo de Europa condenado con más frecuencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ello se desprende que su historial de observancia de los derechos humanos no puede ser especialmente bueno.
Sobre todo, el reciente asesinato de un cura católico en Turquía, un crimen cometido por motivos políticos y religiosos, demuestra que Turquía no es capaz o no quiere proteger a las minorías que viven en este país. Que Turquía pase a estar entre los mejores de la clase de derechos humanos supondrá algo más que la ayuda desembolsada para la preadhesión de 500 millones de euros. 
Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM ),
   El informe trata la cuestión de la cláusula sobre derechos humanos incluida en los acuerdos celebrados por la Unión Europea; por ejemplo, el Acuerdo de Cotonú, que la Unión Europea ha firmado con los países de la comunidad ACP. La cláusula tiene diez años de existencia, y por este motivo el ponente piensa ahora que resulta apropiado evaluarla.
Actualmente, el Parlamento Europeo no puede mantener debates abiertos si cree que un país ha incumplido la cláusula. Entre las propuestas presentadas por el señor Agnoletto hay una que propone que el Parlamento tenga la oportunidad de emprender conversaciones de este tipo. Más aún, el ponente también desea ver que el Parlamento Europeo puede participar en todo el procedimiento en lo que respecta a la cláusula.
De todo ello se deduce que existe un deseo de dar al Parlamento más poderes, algo a lo que nos oponemos en principio. Por lo tanto, en la votación de hoy hemos votado en contra del informe Agnoletto. 
Marine Le Pen (NI ),
   . – Exigir que nuestros socios económicos y políticos respeten los derechos humanos es un magnífico sentimiento, pero las instituciones europeas deberían poner primero en orden su propia casa, con mayor razón cuando Turquía es su vecina de al lado.
La discriminación que sufre la minoría cristiana, la supresión de información sobre el genocidio armenio, la ocupación por el ejército turco de la tercera parte del territorio chipriota son otras tantas violaciones flagrantes del Derecho, que no impidieron a los dirigentes europeos, en particular a los señores Chirac y Villepin en Francia, abrir las puertas de Europa a este país asiático.
¿Acaso la perspectiva de una adhesión incita a las autoridades turcas a compartir los valores de nuestra civilización? Cabe dudarlo. La llegada al poder en 2002 del partido islamista, el AKP, amenaza en particular los escasos derechos hasta entonces concedidos a las mujeres. Dos hechos ilustran este fenómeno: la violencia con que el año pasado se reprimió una manifestación pacífica de mujeres y el retorno de la poligamia.
En un momento en que asociaciones islamistas ponen en entredicho la libertad de prensa en nuestros países, la Unión Europea, acogiendo a Turquía, renegaría de los valores en los que pretende basar su política exterior.
Cristiana Muscardini (UEN ),
   . Tras el acuerdo de cooperación entre los países ACP y la Unión Europea, firmado en Cotonú y modificado en Luxemburgo, el problema de la cláusula sobre los derechos humanos y la democracia en los acuerdos de la UE parecía resuelto. En efecto, con la aceptación del principio de protección de los derechos humanos se dio un gran paso adelante. No obstante, la aplicación de este principio todavía presenta algunas lagunas. 
No es una cuestión sencilla. Se complica por el hecho de que si se quisiera suspender el acuerdo suscrito por violación de la cláusula sobre derechos humanos, habría que tratar de no perjudicar a la población del Estado incumplidor. Junto a la cláusula sobre derechos humanos se establecen requisitos análogos en materia de observancia de las normas democráticas básicas y respeto de los derechos de las minorías. Citaré el caso concreto de las negociaciones con Croacia, en cuyo curso jamás ha habido indicios de que la Unión se interesase ni protegiese para nada los derechos de la minoría italiana ni de los exiliados juliano-dálmatas, llegando a justificar esta actitud con la afirmación de que se trata de cuestiones bilaterales. Quiero señalar a la Comisión que la protección de los derechos de las minorías debe salvaguardarse más allá de las relaciones bilaterales. Es un derecho fundamental, máxime cuando no se trata de un acuerdo comercial, sino de un Tratado de Adhesión. Este problema no se ha resuelto ni siquiera en este informe.
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  El interés y la preocupación desplegados por el ponente con respecto a la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea son dignos de elogio.
Diez años después de su redacción ya es hora de evaluar su aplicación y cómo puede mejorarse, y en mi opinión hay un aspecto que nuestra evaluación debería dejar claro: es preciso evaluar el impacto de esta disposición. Celebro el hecho de que la Unión Europea incluya esta cláusula y la considere uno de los principios rectores de la política exterior y de cooperación. Dicho esto, si esto simplemente se convierte en un mantra repetido en todos nuestros acuerdos, y si no consigue marcar una verdadera diferencia, especialmente cuando sus términos se incumplen, por supuesto será inútil. La repetición ociosa de las buenas intenciones es motivo de errores y fracasos en la política internacional. 
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   .  La rápida liberalización del comercio mundial, caracterizada por normas poco exigentes en materia de empleo y medio ambiente, representa un desafío considerable para la competitividad de la economía europea.
La UE no puede, y no debe, competir con economías basadas en las subvenciones a la exportación, que no cumplen las normas medioambientales y sociales básicas y que violan los derechos humanos.
La integración europea está basada en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de las normas medioambientales y sociales y el desarrollo sostenible. Los valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales constituyen la base del proyecto europeo.
La UE ha conseguido incorporar una «cláusula relativa a los derechos humanos y la democracia» en los acuerdos internacionales con países terceros.
Pero lamento que una cláusula tan fundamental continúe ausente de los acuerdos sobre los textiles.
Como es sabido, China viola sistemáticamente las reglas del juego desde su adhesión a la OMC en 2001. En este caso concreto, la UE tendría derecho a imponer unas normas sociales y medioambientales mínimas en los sucesivos acuerdos comerciales celebrados con este socio. Si queremos que haya competencia, tiene que ser con las mismas reglas para todos. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   .  El presente informe no plantea objeciones a la propuesta de la Comisión. Por el contrario, acepta y apoya todas las ideas propuestas.
La decisión de mantener los caladeros de Shetland y los de platija constituye una respuesta oportuna y equilibrada a la revisión del funcionamiento y la eficacia de estos caladeros y a la consulta efectuada en este ámbito.
Las recomendaciones de este informe permitirán defender los principios básicos de la nueva política pesquera común, es decir, gestionar la explotación sostenible de los recursos marinos vivos garantizando al mismo tiempo unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.
Por tanto, apoyo la aprobación de este informe. 
Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM ),
   La Lista de Junio se opone a la Política Pesquera Común de la UE y desea que se elimine a largo plazo. Creemos que la UE no debería decidir si los cotos de las Shetland y de la solla tienen que mantenerse. Esta cuestión tienen que resolverla los organismos internacionales existentes. 
Ian Hudghton (Verts/ALE )
   , . He votado a favor de este informe, que salió sustancialmente reforzado de la comisión gracias a la aprobación de todas las nueve enmiendas que había presentado yo.
La decisión abrumadoramente mayoritaria del Parlamento Europeo de apoyar una zona de aguas protegidas en torno al norte de Escocia es un hecho muy saludable. Diputados al Parlamento Europeo de toda Europa han reconocido la importancia de esta agua para las comunidades del norte de Escocia.
La Comisión debe admitir ahora que el principio de acceso ilimitado a las aguas es insostenible. Los derechos de pesca deben asignarse a las comunidades que dependen de ellas. Esta es la voluntad política del Parlamento Europeo y no deberíamos tolerar que la presión ejercida por parte de los que exigen un acceso igualitario a las aguas y recursos acabe minando estos derechos.
La votación del Parlamento es una buena noticia que Europa da, en raras ocasiones, a los pescadores escoceses y pido al Consejo de Ministros, que tiene la última palabra, que siga nuestro ejemplo. 
David Martin (PSE )
   , . Acojo con satisfacción el informe sobre el coto de las Shetland y el coto de la solla. Me alegra que la Comisión decidiera mantener los cotos de las Shetland y de la solla y aplaudo el respaldo dado por el Parlamento a esta propuesta; la prórroga de tres años es buena para la conservación de la pesca escocesa y para sus intereses. 
Alyn Smith (Verts/ALE )
   , . Señor Presidente, felicito a nuestro ponente por traer de vuelta a Estrasburgo este importante asunto. Me ha complacido apoyar el informe, dado que las medidas que recoge son importantes para mejorar los efectos desastrosos de la política pesquera común. Deberíamos acabar con la PPC, ya que ha sido un desastre para las comunidades pesqueras, la industria pesquera y, de hecho, para los propios peces. No hace ningún favor a Europa, ya que una política inviable como esta perjudica a la UE ante los ojos de nuestros ciudadanos. 
Lydia Schenardi (NI ),
   . – Uno de los principales desafíos para los países europeos reside en su política energética y su capacidad para utilizar las energías renovables con el fin de reducir su dependencia del abastecimiento de petróleo y gas y del precio fluctuante de estos recursos.
Las energías renovables deberían ocupar un lugar predominante en el ámbito de la calefacción y la refrigeración, que actualmente representa cerca del 70 % del consumo de energía en Europa.
Por tanto, apoyaremos todo lo que pueda alentar el empleo de energía renovable: información a los usuarios, supresión de los obstáculos administrativos, ayudas a la implantación, estímulo de la investigación, etc.
Pero estaremos especialmente atentos al respeto de la soberanía de los Estados en materia de abastecimiento energético, así como a los aspectos fiscales de las propuestas que puedan hacerse.
Todavía no hemos medido todas las consecuencias de la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas sobre los balances energéticos nacionales. Y no se puede pensar en dar más poderes a la Comisión en materia de política energética a través de propuestas fiscales, poderes que los Tratados no le conceden, pero que la Comisión ya ha demostrado su habilidad para apropiarse por vía indirecta.
Alyn Smith (Verts/ALE )
   , . Señor Presidente, este importante informe destaca un gran potencial para Europa. Mi país, Escocia, es potencialmente un líder mundial en las ventajas energéticas renovables, pero debido a la inacción interna no las hemos capitalizado todavía. Este informe muestra cómo la UE puede contribuir a fomentar el crecimiento de esta tecnología vital del futuro y me complace apoyarlo, aunque algunas de las recomendaciones clave no hayan salido adelante en la Cámara. 


El Presidente.
   Procedemos al debate del informe de Evelyne Gebhardt, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (COM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD))(A6-0409/2005).
El Parlamento es plenamente consciente de la importancia de este debate.
Evelyne Gebhardt (PSE ),
   Señor Presidente, señor Bartenstein, señor Barroso, Señorías, hoy llegamos a la ronda final del proyecto legislativo más importante de la Unión Europea después de la Constitución, y no nos hemos dado prisa en llegar hasta aquí. Podría hablar de los esfuerzos de los últimos meses y de las montañas de papel que hemos tenido que sortear, pero tardaría horas en hacerlo.
Por tanto, me limitaré a unas cuantas observaciones básicas que no serán del agrado de todo el mundo, pero tengo que decir, señor Presidente, que son importantes para mí.
Los servicios tienen que ser tan móviles como las mercancías y el dinero, así que, tras una larga espera, hay que acoger con satisfacción la elaboración del proyecto de Directiva de servicios de la Comisión. 
Pero es lamentable que se haya dado la impresión de que este proyecto pretende favorecer los intereses de los 15 «antiguos» Estados miembros en detrimento de los de los diez «nuevos» que se adhirieron en mayo de 2004. La razón por la que entrecomillo las palabras «antiguos» y «nuevos» es que todos los miembros de nuestra comunidad de Estados tienen los mismos derechos y responsabilidades independientemente del tiempo que hace que pertenecen a ella.
La Unión Europea existe para fomentar el bienestar de sus 470 millones de ciudadanos sobre la base de la igualdad; no existe para servir a la valoración de las acciones o a los intereses de los liberalizadores de dientes afilados y de sus mecanismos de mercado.
Creo que es fundamental que la política y la legislación tengan en cuenta a los ciudadanos por encima de todo. Nuestra principal preocupación tiene que ser los trabajadores y sus familias en lugar de las grandes empresas y sus mercados, y también hemos de pensar en las pequeñas empresas y los artesanos, que no deben ser pisoteados.
Por estas razones, la Cámara tenía que mejorar el proyecto de la Comisión, y hemos realizado progresos considerables a pesar de las diferencias ideológicas entre nosotros. Confío en que el voto en la sesión plenaria nos permita tomar las últimas medidas cruciales.
El producto final tiene que ser una directiva no burocrática y que beneficie a los trabajadores, de los cuales depende la capacidad de Europa para competir. Dicha directiva tiene que respetar las idiosincrasias de los Estados miembros y evitar el peligro de una espiral descendiente en las condiciones de trabajo y en los salarios, en la calidad y en la protección de los consumidores y del medio ambiente.
En primer lugar, tenemos que abandonar el principio del país de origen con todos sus efectos devastadores.
He propuesto una solución sencilla: una empresa que ofrece sus servicios en un Estado miembro debe poder ofrecerlos también en cualquier otro, siempre y cuando las normas y leyes del país de destino sean aplicables al contrato. La simplicidad de este procedimiento refleja nuestra experiencia en la vida real; por ejemplo, un permiso de conducir alemán me permite conducir en Inglaterra, pero no puedo conducir por la derecha.
Así pues, se proporciona libre movimiento de servicios y se garantiza la competencia justa.
Mi segunda propuesta es que esa libertad de movimiento se aplique solo a los servicios comerciales y que todos los demás queden fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Europa no puede verse obligada a conceder libertad de movimiento a la versión moderna de la esclavitud que realizan las agencias de trabajo temporal.
También tenemos que garantizar que los servicios de interés general –en el sentido amplio de la palabra– no se vean afectados, protegiendo el autogobierno municipal y el deseo de los ciudadanos de gestionar sus propios asuntos en todos los ámbitos, desde el suministro de agua hasta las guarderías.
El Parlamento podrá aprobar la Directiva de servicios si se realizan los ajustes necesarios a la propuesta original de la Comisión.
Hemos trabajado en el proyecto original en detalle y lo hemos vuelto del revés; al hacerlo, hemos frustrado la creación de un esquema de creación de empleo para los abogados que hubiera estado fuera del alcance de las pequeñas empresas.
En mi opinión, este complicado instrumento legislativo podría resultar más claro y sencillo, pero una empresa tan compleja también requiere la fortaleza de alcanzar compromisos.
Tengo la impresión de que la Comisión valora el trabajo constructivo de la Cámara y no se aferra a la versión antigua que tanta indignación ha provocado en los Estados miembros. Las voces combinadas de los sindicatos, las asociaciones de artesanos, los municipios y todas las demás partes interesadas han tenido un efecto poderoso y visible.
Hemos llegado a una parte delicada. Podemos promulgar una ley que no nos venga impuesta ni por la Comisión ni por el Consejo. Si lo hacemos, habremos dado a los servicios en la Unión Europea la libertad de circulación que necesitan y, al mismo tiempo, se habrá dado un gran paso hacia una Europa social; garantizaremos los derechos de los trabajadores y protegeremos la calidad y el medioambiente. Con dicho resultado, esta Cámara podría enorgullecerse de haber servido a los intereses de los 470 millones de ciudadanos de nuestra Comunidad.
Teniendo esto en cuenta, quiero volver a dar las gracias a mis colegas de todos los Grupos por su cooperación constructiva. Creo que en los debates finales que aún nos esperan esta tarde, esta noche y mañana encontraremos las soluciones adecuadas que nos permitan obtener una amplia mayoría en esta Cámara, que obligue a la Comisión y al Consejo a emprender el camino que el Parlamento ha trazado.
Martin Bartenstein
   , Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Comisario McCreevy, señora Gebhardt, Señorías, como acaba de decir la señora Gebhardt, en febrero de 2004 la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre servicios en el mercado único europeo. La idea era que su aplicación nos acercara a los objetivos de Lisboa. En noviembre de 2004, el informe del grupo de expertos de alto nivel presidido por Wim Kok –quien fue nombrado por la Comisión para preparar una revisión intermedia de la estrategia de Lisboa– pedía que se creara un mercado europeo de servicios, lo que supondría una gran oportunidad de más crecimiento en Europa. Desde un punto de vista económico, sabemos que Europa necesita un esfuerzo de crecimiento: el crecimiento y el empleo que se deriva de él son objetivos prioritarios para todos nosotros.
En sus primeros diez años de existencia, el mercado interior europeo ha conseguido algunos éxitos considerables, sobre todo la creación de 2,5 millones de nuevos empleos. Precisamente por eso tenemos que atar todos los cabos sueltos, pero las cargas administrativas y legales que la Comisión ha impuesto a los proveedores de servicios nos han demostrado que los mercados de servicios europeos están muy fragmentados, lo que implica altos precios innecesarios, consumidores que salen perdiendo a causa de la competencia insuficiente y oportunidades perdidas de aumentar el crecimiento y la creación de empleo.
La propuesta a la que ya he hecho referencia fue presentada por la Comisión Prodi, y el Comisario responsable era Frits Bolkestein. Desde febrero de 2004 ha sido objeto de debates muy profundos en el grupo de trabajo relevante del Consejo. En el contexto del debate público ha sido objeto de fuertes críticas, algunas de las cuales están justificadas. Algunas personas también la han usado de forma injustificada para sembrar la ansiedad.
Cabe decir que la directiva es bastante clara sobre lo que pretende, y hay un apoyo amplio del principio que la sustenta: una mayor liberalización de los servicios y la eliminación sistemática de las barreras injustificadas a los proveedores de servicios.
Ha llegado el momento de que la Comisión revise la forma en que se conseguirá, y el voto en la Cámara será esencial para ello. La intención es que la consecución del mercado interior de servicios resulte beneficiosa para los ciudadanos europeos, para los consumidores y para las empresas y que no permita que el modelo social europeo se vea socavado o puesto en peligro.
Los ciudadanos europeos tienen derecho a un mercado interior de servicios que esté a salvo del dúmping salarial o del dúmping social. Para ello, la Directiva de servicios tendrá que ser neutral en términos de la legislación laboral; también tendrá que haber normas claras que garanticen que la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no se vea comprometida, sobre todo respecto de las opciones de supervisión.
También tiene que quedar fuera de toda duda que esta Directiva de servicios no compromete a los servicios de interés general en términos de calidad, de prestación universal y de asequibilidad. La señora Gebhardt ya ha mencionado la necesidad de todo ello.
La Presidencia del Consejo tiene ahora los ojos puestos en la Cámara, mientras la Presidencia y el Consejo en general esperan el resultado de la primera lectura con gran interés y, si se alcanza una gran mayoría, esto será útil en términos de la evolución del proyecto en el seno del Consejo. Teniendo esto en cuenta, también acogemos con satisfacción las iniciativas y esfuerzos de los dos grandes Grupos de la Cámara por alcanzar un consenso mediante un buen compromiso, en especial en los puntos controvertidos, lo cual han realizado con éxito.
En cuanto la Cámara haya votado pasado mañana, es decir el 16 de febrero, la Comisión tendrá que desempeñar un papel activo en el procedimiento de codecisión. La Presidencia, en estrecha colaboración con la Cámara, pero por supuesto también con la Comisión, exigirá una directiva equitativa que tenga en cuenta los recelos que se han expresado sobre la propuesta actual, al tiempo que cree la base jurídica para un mercado interior de los servicios que haga el mejor uso posible de nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo. Se nos ha informado que según dos estudios, uno de Copenhague y otro de Viena, existe la posibilidad de que la Directiva de servicios resulte en la creación de unos 600 000 empleos.
La Presidencia también acoge con satisfacción el anuncio del señor Barroso en Viena en el sentido de que al voto en la sesión plenaria le seguirá muy pronto, y a tiempo para el Consejo Europeo de marzo, una propuesta sobre los puntos esenciales para un acuerdo político. La Presidencia austriaca los debatirá en profundidad e irá más allá, e insisto en que lo hará con la total implicación de los agentes sociales.
Tenemos la oportunidad de maximizar nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo mediante un mercado interior de servicios, al tiempo que aumentamos la confianza de los ciudadanos en una Europa social. Ese tiene que ser nuestro objetivo.
José Manuel Barroso,
   . Señor Presidente, señor Bartenstein, señora Gebhardt, Señorías, esta semana representa una etapa crucial para la Directiva relativa a los servicios, para la plena realización del mercado interior, para nuestra estrategia de crecimiento y empleo en Europa. Por ello me encanta que el Parlamento Europeo esté dispuesto a pronunciarse sobre esta propuesta y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos europeos. Me permito dar las gracias especialmente a la señora Gebhardt y a todos los diputados directamente implicados, en particular a los ponentes alternativos, que en los últimos meses han realizado un trabajo admirable que ha hecho posible que alcanzáramos la fase a que hemos llegado hoy.
El debate de hoy y la votación que tendrá lugar el jueves representan un momento importante para el futuro de la Unión Europea y esto, permítanme decírselo, más allá incluso del tema tan importante de los servicios en el mercado interior. Nadie duda de que tenemos aún mucho que hacer para que nuestras economías puedan materializar plenamente las libertades fundamentales previstas en el Tratado y sacar provecho de ellas. Dentro de un momento, el Comisario McCreevy les recordará los progresos realizados en este terreno.
Pero quisiera destacar ahora un aspecto muy importante, que va mucho más allá de la dimensión puramente económica: ¿es capaz o no la Unión Europea ampliada de 25 Estados miembros de encontrar, de común acuerdo, soluciones adecuadas para afrontar problemas extremadamente difíciles y delicados? Añadiré a esto: ¿para afrontar, sobre todo, los problemas considerados más delicados por la opinión pública? Para ser aún más claro: estoy convencido –y es también la opinión de la Comisión– de la conveniencia de construir un consenso fuerte en el Parlamento en torno a esta directiva; un consenso fuerte que después permita, así lo esperamos, llegar a un acuerdo en el Consejo y crear las condiciones para una convergencia entre las tres instituciones. Confío en que el Parlamento logre materializar esta semana el gran sentido de la responsabilidad que ha demostrado a lo largo de todo este proceso.
Como saben –y en esto tenemos que ser francos–, esta directiva, presentada en enero de 2004 por la Comisión de mi predecesor, el señor Prodi, suscitó a partir de un momento dado vivas preocupaciones en algunos medios de los Estados miembros y, en general, entre la opinión pública europea. Algunas críticas, aunque basadas en temores legítimos relacionados con la protección de las conquistas sociales, se debieron en ocasiones a auténticos malentendidos. Pero esas críticas también alimentaron polémicas totalmente ajenas a la directiva en sí.
La Comisión que presido y yo mismo siempre hemos dejado muy claro que queremos un verdadero mercado interior de los servicios. Queremos un mercado que funcione y aporte valor añadido a nuestra economía. Ahora queremos traducir en hechos los principios de las cuatro libertades que nos legaron los padres fundadores de Europa. Y queremos responder también a las legítimas preocupaciones que se han expresado.
El resultado será, pues, si les parece bien, Señorías, el fruto de un compromiso. Por definición, necesitamos un compromiso, un compromiso que preserve y respete los principios del Tratado y que se inscriba en nuestro programa de crecimiento y empleo. En este sentido, la Comisión está dispuesta a apoyar y recoger, en el marco de su propuesta revisada, todos los elementos que representen un paso adelante en la vía de la realización de un auténtico mercado interior de los servicios, y que obtengan una amplia mayoría en su Asamblea. 
Al término de un debate de casi dos años, ya es hora de dejar atrás las discrepancias, de construir puentes, de crear las condiciones para un acuerdo. Es hora de demostrar a nuestros conciudadanos que la Unión de 25 Estados miembros funciona, que es consciente de su destino común y que sabe lograr resultados en interés de todos. Se trata ahora de discernir qué es realista y realizable en esta fase.
Tras un año difícil en 2005 estamos ahora recuperando la confianza en la Unión Europea. Debemos trabajar en torno a soluciones pragmáticas para responder a los problemas reales de nuestros conciudadanos. Si la primera lectura en sesión plenaria de la Directiva de servicios conduce el jueves a un voto que reconcilie las exigencias de competitividad y nuestras preocupaciones sociales, será una victoria, no solo para ustedes, Señorías, para el Parlamento Europeo, sino también para toda la Unión. 
Señorías, no duden de nuestras ambiciones para Europa. Y a este respecto, debemos ser claros por lo que se refiere a la cuestión económica. ¿Es aceptable tener veinte millones de desempleados en la Unión Europea? ¿Hace falta un argumento de más peso para justificar nuestra iniciativa? ¿No es esta una de las razones principales de la falta de confianza en la Unión? Hoy, los dos principales sectores que pueden crear puestos de trabajo en Europa son los servicios y las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, debemos dar prioridad a esos sectores: la creación de un verdadero mercado de los servicios y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Es a ellos ante todo a quienes beneficiará la directiva. Aunque solo sea una primera etapa, no veo que exista estrategia más social que la que crea puestos de trabajo de calidad. 
Antes de pasar la palabra al señor McCreevy, con su permiso, señor Presidente, quiero desearles a todos un debate fructífero, constructivo y positivo. Trabajemos juntos para dotarnos de una Directiva de servicios que, de forma equilibrada, traduzca nuestra ambición para Europa: una Europa ampliada, una Europa más moderna y competitiva, una Europa basada en las cuatro libertades fundamentales que nos legaron los padres fundadores.
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, desde que vio la luz hace dos años, esta propuesta ha copado los titulares. Tanto sus defensores como sus detractores la consideran un símbolo. En el curso de toda la controversia suscitada, que se centró en un número relativamente reducido de cuestiones, era fácil olvidar que hay otros muchos ámbitos en los que, en mi opinión, existe un amplio consenso y en los que se reconocen los beneficios de la propuesta.
En primer lugar, gracias a la simplificación administrativa, será más fácil establecer un negocio en la UE. Esto constituye un impulso crucial para el espíritu empresarial y un elemento vital del fomento del crecimiento y de la creación de puestos de trabajo. Los prestadores de servicios podrán obtener información y cumplimentar los trámites administrativos a través de puntos de contacto únicos en cualquier Estado miembro; de este modo se simplifican, se aceleran y se reducen los costes del proceso de autorización sin necesidad de tener que tratar con autoridades de distintos niveles.
También será posible realizar estos procedimientos por vía electrónica, de modo que las empresas ahorrarán tiempo y dinero y evitarán incurrir en costes considerables derivados de las visitas personales –a menudo repetidas– para realizar las formalidades necesarias ante las autoridades pertinentes.
En segundo lugar, será bueno para los consumidores. Mejorar su confianza es un componente fundamental que permitirá estimular las posibilidades que les ofrece el mercado interior. Dispondrán fácilmente de información clave sobre empresas y sobre los servicios que prestan y, de esta forma, podrán tomar decisiones con conocimiento de causa a la hora de adquirir servicios. Se establecen con claridad los derechos de los consumidores y se pide la eliminación de cualquier discriminación por motivos de nacionalidad o lugar de establecimiento.
En tercer lugar, los Estados miembros tendrán que cooperar desde el punto de vista administrativo para garantizar que las empresas están sometidas a un control adecuado y eficaz en toda la UE, al tiempo que se trata de evitar la duplicación de los controles. Esta obligación jurídica se verá respaldada en la práctica por un sistema electrónico que permitirá a las autoridades intercambiar información de forma directa y eficaz. Estas, entre muchas otras en el proyecto de Directiva, son disposiciones que aportarán ventajas significativas, tanto para las empresas como para los consumidores, y sé que sus Señorías siempre lo han tenido en cuenta.
Al valorar las enmiendas aprobadas en la opinión de la comisión competente y el resto de enmiendas presentadas, la Comisión adopta una posición muy constructiva y positiva. En particular, tenemos intención de aceptar e incorporar en nuestra propuesta revisada las enmiendas que consideramos que son apoyadas por una amplia mayoría de esta Cámara.
La Comisión acoge con satisfacción las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo con el objetivo de aclarar y mejorar la propuesta inicial de la Comisión. Estas se refieren principalmente a la simplificación administrativa, al establecimiento y a la cooperación administrativa.
La Comisión acoge asimismo con agrado, en términos generales, muchas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en relación con los servicios de interés general. Esta es una cuestión sensible que ha dividido las opiniones a lo largo de todo el debate y queda claro, a mi juicio, que la votación en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha permitido avanzar mucho a este respecto. Por otro lado, creo que los servicios de interés económico general deberían permanecer dentro del ámbito de aplicación de la propuesta, mientras que la exclusión de otros sectores debería limitarse estrictamente.
Los textos de compromiso que he visto, si se aprueban, nos ofrecerán una buena base para elaborar nuestra propuesta modificada. No obstante, debemos dejar claro cómo abordaremos las posibles exclusiones de la propuesta. Si el Parlamento vota a favor de suprimir los artículos 24 y 25 de la propuesta, relativos al desplazamiento de trabajadores, entonces la Comisión formulará orientaciones para hacer frente a cualquier carga administrativa indebida que pueda obstaculizar las oportunidades de las empresas para aprovechar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Esto se puede hacer con relativa rapidez. Existe una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que hay que cumplir.
Igualmente, si los servicios sanitarios quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, esto no nos exime de la necesidad de abordar la creciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia con respecto a la movilidad de los pacientes. Por tanto, será necesario que la Comisión presente una propuesta separada que trate esta cuestión.
Los textos de compromiso también reconocen la libertad que los prestadores de servicios deberían tener para acceder a los mercados en los demás Estados miembros y para ejercer en ellos sus actividades. Acojo con satisfacción el hecho de que se reconozca la obligación de suprimir toda una serie de barreras que obstaculizan la prestación de estos servicios, aunque, por supuesto, se permitirán determinadas restricciones por motivos bien fundados de política pública.
Es importante destacar que cualquier enmienda que aceptemos debe cumplir el objetivo de que esta Directiva suponga un paso hacia la creación de un mercado interior de servicios. Como guardiana de los Tratados, la Comisión tiene que asumir la responsabilidad de garantizar que el resultado sea compatible con las libertades fundamentales establecidas en ellos y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Asimismo, las restricciones que los Estados miembros puedan aplicar a los prestadores de servicios de otros Estados miembros deben juzgarse a la luz de los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Esto hay que tenerlo en cuenta, en particular a la hora de examinar las modificaciones que se voten en relación con el artículo 16 y la libre prestación de servicios.
Estoy seguro de que la mayoría de los diputados estarán de acuerdo en que esta es la única forma en que podemos garantizar que se mantenga el valor añadido real de esta propuesta, que facilitará la prestación de servicios transfronteriza y, al mismo tiempo, garantizará la salvaguardia de los criterios legítimos de política pública. Este es el equilibrio por el que todos estamos trabajando. Me parece que es la esencia de las enmiendas de transacción al artículo 16.
Puedo confirmarles que, tras la votación del jueves, la Comisión presentará una propuesta revisada con vistas a facilitar una posición común tan pronto como sea posible, esperemos que antes de finales de abril. Siempre que haya un consenso amplio en esta Cámara sobre las enmiendas que deben introducirse, la Comisión, en virtud de lo que he dicho antes, basará sus propuestas modificadas en dichas enmiendas.
Mientras tanto, espero ansioso el debate de hoy y, por último, al resultado de la votación del jueves. El Parlamento tiene una verdadera oportunidad para demostrar que, después de dos años de trabajo, puede sentar las bases para el avance consensuado de una propuesta importante, aunque muy controvertida. Se trata de un reto que creo que muchos diputados al Parlamento Europeo desean afrontar. Les insto a que sigan trabajando a favor del consenso que, en mi opinión, está a su alcance. Ustedes pueden producir una Directiva de servicios mejor que libere el enorme potencial económico del sector de los servicios. Esta es la base sobre las que nos juzgarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los desempleados europeos que esperan beneficiarse de ella.
El Presidente.
   – Comunico al Pleno que al exterior de este edificio se está desarrollando en estos momentos una enorme manifestación. La policía de la ciudad de Estrasburgo evalúa en 30 000 el número de personas concentradas entre el Palacio de Exposiciones y la Plaza de la República.
Quiero señalar el carácter pacífico de esta manifestación.
Me informan de que se desarrolla en muy buen ambiente con música en vivo y toda una serie de atracciones. El acceso al Parlamento ha sido libre hasta las tres de la tarde. Estoy seguro de que la masiva presencia de los ciudadanos europeos en las puertas de nuestro Parlamento será un poderoso estímulo para que hagamos nuestro trabajo con responsabilidad.
Hans-Gert Poettering,
   Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, nuestro Grupo acoge con satisfacción la manifestación, porque demuestra que, por fin, los ciudadanos de Europa se están dando cuenta del poder de esta Cámara. Pero he de decir que tengo mis dudas sobre si las preocupaciones de los manifestantes están justificadas, porque se están manifestando en contra de algo que ya no es objeto de debate, pero en esencia es una buena señal que se celebre la manifestación. 
El Consejo Europeo de marzo de 2000 en Lisboa intentó que la Unión Europea fuera más competitiva. Se concluyó que el sector de los servicios era uno de los más importantes para nuestra economía, pero que Europa no estaba usando todo su potencial. Desde 1958, la libertad de prestación de servicios ha sido una de las cuatro libertades que los padres fundadores han consagrado en el Tratado, pero –en contraste con la circulación de mercancías y capital y la movilidad personal– siempre se ha descuidado, y la razón es que en este terreno los Estados miembros no han aplicado plenamente el Tratado y han dejado que el Tribunal de Justicia dicte las normas por medio de resoluciones en torno a casos individuales.
La intención de la Directiva de servicios es que todo eso cambie. La Directiva es la esencia de la Estrategia de Lisboa. Permitirá que los prestadores de servicios europeos sean más competitivos; ayudará a crear empleos en este sector y dará a los consumidores y a los clientes comerciales mayor libertad de elección. Pero hay que decir que la directiva es, en primer lugar, el resultado de una decisión política, la decisión a favor de la clara aplicación del Tratado. Es la piedra de toque para la Comisión y para los Estados miembros; también demuestra que en esta Cámara nos tomamos muy en serio la Estrategia de Lisboa. La propuesta presentada por la Comisión era ambiciosa; algunas partes eran cuestionables, otras se quedaban cortas, y ha sido objeto de críticas, algunas de las cuales estaban justificadas y muchas otras no. Lo que se conoce como Directiva Bolkestein ha dado lugar a expresiones de inquietud sobre las consecuencias de la globalización, de la ampliación de la UE, sobre la presión de una mayor competencia y recelos en torno a las realidades económicas en general.
Incluso en esta Cámara se tenían ideas equivocadas que se hicieron evidentes en los intentos de bloquear la Directiva o de facilitar que los Estados miembros levantaran barreras en el mercado interior. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ofreció algunas mejoras sustanciales a la propuesta de la Comisión, y estoy muy agradecido a nuestro ponente, el señor Harbour, y a todos los diputados de nuestro Grupo, de otros Grupos y también a la ponente, la señora Gebhardt, por todo el trabajo que han realizado. Nuestro Grupo prácticamente ha vuelto a escribir la Directiva, y el documento que tenemos ante nosotros hoy es el resultado de esos esfuerzos, en los que demostramos nuestra voluntad de alcanzar los compromisos necesarios. Si bien deseamos alcanzar un amplio acuerdo en esta Directiva, no queremos un compromiso a cualquier precio. Lo que queremos es que la posibilidad de establecerse en más de un Estado miembro y la prestación de servicios más allá de las fronteras nacionales mejoren sustancialmente y sean mucho más sencillas.
No queremos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo se transponga al pie de la letra, junto con todos sus imponderables y las circunstancias específicas de los casos individuales. Lo que queremos es que las empresas y las autoridades de los Estados miembros tengan más seguridad jurídica; queremos que los Estados miembros cooperen más para luchar contra el trabajo temporal ilegal y el falso autoempleo. Pero, sobre todo, queremos una Directiva con normas claras y justas que establezcan de una vez por todas un mercado interior de servicios, un mercado interior en que todos los prestadores de servicios, en particular las pequeñas y medianas empresas, y también todos los consumidores puedan realmente participar. Queremos una Directiva que nos permita competir en el ámbito internacional, que garantice la rápida integración de los nuevos Estados miembros en el mercado interior, una Directiva que nos permita hacer el mejor uso posible de todo nuestro potencial de crecimiento y de creación de empleo, al tiempo que seguimos siendo fieles a los principios de la economía social de mercado.
En la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo queremos ver un acuerdo político basado en el resultado de la votación de esta Cámara. Tiene que incluir los puntos que se hayan apoyado en dicha votación. Antes de que acabe este año –quizá, señor Presidente en ejercicio del Consejo, incluso bajo la primera mitad de su mandato– podremos aprobar el componente legislativo más importante de la Estrategia de Lisboa.
Cada día que perdemos significa menos competitividad, menos mercado interior y, por tanto, menos empleo y menos crecimiento. Tenemos que demostrar a los ciudadanos de la Unión Europea que nos tomamos en serio sus preocupaciones y miedos. Pero también tenemos que darles el liderazgo que restablezca su esperanza y confianza y dar un futuro a nuestro gran proyecto europeo. La Unión Europea es nuestro proyecto compartido, y como tal debemos defenderlo y llevarlo al futuro. 
Martin Schulz,
   Señor Presidente, Señorías, comenzaré expresando mi agradecimiento a nuestra colega, la señora Gebhardt, cuyo calvario, que ha durado semanas, espero que acabe felizmente el jueves. También quiero expresar mi gratitud al señor Harbour, quien seguro que recuerda semanas aún más duras y a quien le deseo un final igualmente feliz. Volviendo a mi propio Grupo, también deseo dar las gracias a la señora Van Lancker, quien ha contribuido a nuestro trabajo en circunstancias muy difíciles.
Esta directiva es el proyecto más controvertido y polémico de los últimos años, y con razón, porque trata de la cuestión del modelo social que queremos en Europa, ni más ni menos, y nosotros habremos de responder a dicha cuestión esta misma semana. Para los socialdemócratas europeos está claro que todos los avances económicos y técnicos que podemos considerar un éxito en la segunda mitad del siglo XX vinieron de la mano de un aumento de los salarios, una mayor seguridad social, más derechos ambientales y mayor protección de los consumidores. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de nuestro modelo social. Frits Bolkestein intentó generar crecimiento basándose en el supuesto de menos salarios, menos seguridad social, menos normas ambientales y menos protección de los consumidores, y esto es lo que vamos a parar hoy. A partir de hoy, se acabó «Bolkestein». Esta es la primera buena noticia del debate de hoy.
El segundo punto que tiene que desempeñar un papel crucial en nuestro debate es que Europa no permitirá que la dividan. Tanto en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos como en nuestro propio Grupo ha quedado claro que hemos luchado contra el intento de dividirnos inherente a la Directiva Bolkestein. La filosofía de Bolkestein era que aquellos que ganan menos y tienen normas menos estrictas deberían tener acceso libre al mercado para conseguir un ajuste a la baja allí donde los salarios sean más altos y las normas más estrictas. Hubo un intento de enfrentar a los nuevos Estados miembros con los antiguos, a la Vieja Europa con la Nueva Europa. En esta Cámara podemos demostrar que ese intento ha fracasado. En mi propio Grupo, así como en el del PPE-DE, delegaciones de los viejos y los nuevos Estados miembros están trabajando juntas para solucionar este problema. Es otra buena noticia.
Hay un tercer mensaje sobre el que no debemos formarnos ideas falsas: muchos han intentado usar esta Directiva de servicios para fomentar sus propios intereses y crear un mercado interior europeo a imagen de su propia mentalidad liberal-purista. Estoy bastante seguro de que lo que he descrito es lo que quería el señor Bolkestein. He tenido la impresión de que, durante un tiempo, esto es lo que también quería el Comisario McCreevy, pero en vista de la relación de fuerzas efectiva, de la que tendrá constancia escrita el jueves, ha entrado en razón.
Así pues, hemos escuchado con gran interés que ustedes –Señor Barroso y señor McCreevy– querían basar sus acciones futuras en el resultado de las deliberaciones de la Cámara, porque está claro que se está formando una amplia mayoría a favor de una nueva Directiva de servicios, una directiva basada en la idea de que hay que garantizar el acceso libre al mercado siempre y cuando los servicios estén sometidos a las leyes del país en el que se prestan. La consecuencia de todo ello es que los derechos en relación con la seguridad social, los salarios, el medio ambiente y los consumidores se mantendrán, que los servicios se prestarán sobre esa base, y esto es precisamente lo que hemos conseguido. Por así decirlo, hemos dado la vuelta a «Bolkestein» para que tome el rumbo correcto, y con esto ha quedado desbaratado el embate de los que querían lo contrario.
Para decirlo con claridad, esto significa –y hablo en nombre de mi Grupo– que los que quieren cambiar el modelo social europeo o destruirlo se encontrarán con la oposición firme de los socialistas europeos. También es positivo que se encuentren con la oposición firme de una buena parte del movimiento social-cristiano europeo, y nos alegramos de ello.
Oímos ruidos de disconformidad, pero puedo decirle al señor Langen que las minorías del PPE-DE suelen expresar su opinión con franqueza. ¡Eso lo sabemos muy bien!
Pero hay un mensaje subyacente a lo que estamos debatiendo hoy aquí y a lo que decidiremos el jueves, un mensaje para las instituciones; el señor Bartenstein lo ha recibido, y también el señor Barroso. Ambos han entendido –y permítanme subrayar que es positivo que lo hayan hecho– que, independientemente de las decisiones fundamentales que intentan tomar, decisiones que determinarán la dirección futura de la Unión Europea, no se puede ningunear al Parlamento Europeo.
Al igual que el Consejo ha fracasado en su intento de colarnos una Comisión que no queríamos, también fracasará con sus poco acertadas perspectivas financieras. El Consejo ha tenido que tomar nota del hecho de que fue el Parlamento quien aprobó una política sobre productos químicos adecuada y equilibrada. Fue el Parlamento quien mantuvo el debate sobre la ampliación dentro de la racionalidad y no permitió que se precipitara, y, en esta ocasión, es el Parlamento quien está demostrando a las otras dos instituciones que es posible hacer lo que el último Presidente de mi país, Johannes Rau, pedía en casi todas sus intervenciones, a saber, ser el protector del hombre de a pie en un mundo liberalizado.
Las grandes multinacionales pueden defenderse en la competencia global, pero los ciudadanos ordinarios –los trabajadores de los puertos y las fábricas, los camioneros en sus vehículos, los trabajadores de correos o los ferroviarios, los artesanos en sus talleres y las enfermeras en los hospitales– necesitan protección en esta lucha por el llamado modelo social europeo. No les respalda ningún patrimonio; necesitan que alguien defienda sus derechos en una Europa liberalizada, y ese alguien es el Parlamento Europeo, y esperamos que el jueves lo haga por amplia mayoría. 
Graham Watson,
   – Señor Presidente, puedo asegurar a la Cámara que Frits Bolkestein está vivo y coleando y por eso Martin Schulz parece tan mustio estos días.
Este Parlamento tiene que elegir. Siguiendo el camino de la reforma se encuentra una Unión dinámica y competitiva que crea puestos de trabajo y ofrece oportunidades a sus ciudadanos. Siguiendo el camino del proteccionismo encontramos ganancias a corto plazo para algunos y pérdidas a largo plazo para todos, especialmente para nuestros 20 millones de desempleados.
El 70 % de la economía y de la mano de obra de Europa dependen de la buena salud del sector de los servicios, un sector que está siendo lentamente asfixiado por una estúpida maraña de reglamentaciones.
La señora Gebhardt dice que pensemos en las pequeñas empresas. Y como pensamos en ellas estamos a favor del principio del país de origen. El 90 % de las empresas de servicios son PYME y el principio del país de origen les permite evaluar un mercado extranjero para luego probarlo. Envían gente para estudiar el mercado. Luego comercian para probarlo antes de establecer una oficina o una filial. Eliminando el principio del país de origen se reducen a la mitad los efectos que esta medida tiene sobre el crecimiento.
Los demócratas y liberales estamos a favor de buscar un compromiso, pero un compromiso entre políticas que se excluyen mutuamente no es un compromiso. Lo llamamos el «bloqueo de Berlín». Esta directiva no abre la puerta al dúmping social. Si tienen alguna duda, el señor Schulz y el señor Rasmussen deberían leer la Directiva de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores. Sigue estando en vigor. En cambio, el proyecto que tenemos ante nosotros transforma principios como la libre circulación de productos, servicios, capitales y personas en una realidad para 450 millones de habitantes. Estos son los principios fundadores de nuestra Unión que simplemente no son compatibles con una ciudadanía de segunda clase para nuestros nuevos Estados miembros.
Sin lugar a dudas, tendremos que tomar decisiones difíciles, pero nuestra tarea no es proteger a un sector en detrimento de otro, sino que consiste en legislar en aras del interés de la economía europea en su conjunto. Si podemos crear un mercado único de servicios para que compita con nuestro mercado único de bienes, podremos aumentar el PIB casi un 2 % y crear hasta 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Esto es lo que Frits Bolkestein quería para Europa. Permitir a los Estados miembros que justifiquen barreras a la prestación de servicios con argumentos de política social y protección del consumidor supondría clavar una estaca en el corazón de esta propuesta. Sin embargo, ahora no estaríamos contemplando un proyecto legislativo mutilado si el señor Barroso y sus Comisarios hubieran defendido su proyecto de directiva en lugar de luchar contra molinos de viento.
Señor Comisario McCreevy, ¿cree usted que la presión ejercida por su gabinete sobre este Parlamento la semana pasada ha beneficiado al mercado único de Europa? ¿Sabe que el apartado 3 de la enmienda de transacción 293 es contrario a la jurisprudencia del TJE y a las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de servicios? Espero, señor Comisario McCreevy, que conteste a este punto en su respuesta. No, en lugar de indicarnos el camino, esta Comisión se esconde tras las sombras de la opinión pública y tras la vacilación de los Estados miembros.
Más productividad, más empleos, salarios más altos, empresas más fuertes: todo esto está al alcance de nuestra mano y, por ese motivo, insto a la Cámara a que vote a favor de un mercado dinámico para el empleo y los servicios.
Heide Rühle,
   . Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero decir tres cosas. Primero, ninguna medida legislativa europea había polarizado nunca tanto a las sociedades europeas, así que la ponente, la señora Gebhardt, tiene el mérito de haber conseguido restar fuerza al proyecto de la Comisión. Pero tengo que decir –y esto me lleva al tercer punto– que se ha hecho en detrimento de la claridad y la seguridad jurídica de esta directiva marco. Si quieren saber por qué, echen una ojeada al material que ha tenido que trabajar, porque el proyecto de la Comisión es opaco y casi incomprensible, todo lo contrario a «legislar mejor». Las cosas como son.
Es una pena que esta Cámara no haya podido centrarse en lo que era fundamental y viable. Nadie discute que necesitamos una directiva marco europea. La prestación de servicios más allá de las fronteras comporta muchos problemas que no pueden resolverse a través de los tribunales de justicia, como se hacía antiguamente, sino que los tienen que resolver quienes tienen autoridad para aprobar la legislación europea, es decir, el Parlamento y el Consejo. La amenaza intrínseca en lo que tenemos ante nosotros es que dichos problemas volverán a acabar sobre la mesa de los jueces.
Hay alternativas claras y sencillas que reducen la burocracia que comporta la prestación de servicios a través de las fronteras. Nuestra propuesta, que el ponente ha apoyado durante bastante tiempo, es esencialmente bipartita e implica, por una parte, que esta directiva se limite a los servicios comerciales, respetando la legislación vigente. Los denominados servicios de interés general –y permítanme decir, en interés del Comisario McCreevy, que me refiero a los servicios que benefician a todos y redundan en interés económico de todos– tienen que describirse y tratarse en otra directiva, porque no tienen cabida en la que nos ocupa.
En lugar de una demarcación tan clara, en este momento tenemos un catálogo de excepciones individuales. Aún no incluye todo: no incluye la educación; la posición de los servicios sociales todavía tiene que resolverse, así como la de la construcción de viviendas sociales. Algunos servicios están completamente excluidos; otros –como los grandes servicios prestados por redes– solo parcialmente. El conjunto equivale a un mosaico de normas y reglamentos individuales, lo que dificulta una perspectiva del conjunto y carece de transparencia y seguridad jurídica, sobre la cual todos han dicho algo hoy. Sobre todo, la necesitan las pequeñas y medianas empresas, porque de lo contrario no invertirán, y los consumidores no comprarán sus productos.
Nuestra propuesta tiene que ver con el artículo 16, el principio del país de origen, que constituye la manzana de la discordia. También se le podría haber dado una alternativa sencilla en forma de apertura del mercado de servicios basada en el principio del país de origen para la UE en su conjunto, pero con la condición de que los servicios se prestaran de conformidad con las leyes y normas locales. En lugar de eso, la Gran Coalición propone una normativa que se abstiene de nombrar el principio del país de origen y en su lugar abre mercados ilegalizando ciertas restricciones locales. Pero esto también conduce a cuestiones no resueltas, con falta de claridad y seguridad en torno al significado de la ley y da la última palabra a los tribunales. No podemos apoyar este proyecto de directiva. No fomenta la confianza en la capacidad de Europa para hacer sus propias leyes, y de ese modo, esta Cámara se está perjudicando a sí misma.
Francis Wurtz,
   . – Señor Presidente, señor Barroso, señor Bartenstein, habríamos podido conmemorar el día de San Valentín debatiendo un tema más romántico que la Directiva Bolkestein. Pero así las cosas, ¿qué observaciones puede hacer el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre el último refrito de este proyecto de directiva tan emblemático? 
En primer lugar, por fuerza hemos de constatar con placer que las excepcionales movilizaciones sociales y políticas contra esta directiva que se han desarrollado durante más de un año han dado un primer resultado: hemos puesto a la defensiva a los partidarios de la directiva. Después, como acaba de destacar el señor McCreevy, portavoz de la Comisión y sucesor del señor Bolkestein, hemos de ser realistas: ha habido referendos en Francia y en los Países Bajos. O también, como ha precisado John Marks, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, el éxito del «no» ha «cambiado el paisaje europeo, [porque] después de eso todo el mundo comprendió que había que situar los asuntos sociales en el centro de las políticas europeas». Por esta razón, no ponemos mala cara a los cambios que se han introducido a lo largo de las distintas negociaciones en torno a la directiva en la Comisión.
La cuestión que se plantea es si la directiva así modificada se ha convertido en una buena directiva, si ha cambiado su contenido esencial. En resumen, si, como afirman algunos, los trabajadores pueden estar tranquilos por lo que respecta al futuro de sus derechos sociales. Nuestra respuesta es por desgracia «no», y los que afirman lo contrario asumen a mi entender una grave responsabilidad. En primer lugar, subestiman gravemente los efectos del actual acervo comunitario en que se inscribiría esta directiva, si es aprobada. Más allá de los propios Tratados, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia Europeo, a la que el Comisario McCreevy acaba de referirse de modo insistente y muy significativo, protege sistemáticamente a las empresas prestatarias de servicios que siguen el principio del país de origen y continúa alzándose en contra de las normas del país de acogida, acusadas de obstaculizar las actividades de esas empresas. 
Ante semejante secuestro de soberanía, pienso que hay que organizar una verdadera contraofensiva si queremos poner freno a la máquina de nivelar las conquistas sociales a la baja. Al renunciar a una referencia explícita al principio del país de destino, el compromiso alcanzado entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se mantiene abierto, por el contrario, al acoso de la Comisión y del Tribunal.
Por otra parte, los partidarios de este compromiso sobrestiman mucho, en mi opinión, el alcance de las garantías sociales que dicen haber introducido en el proyecto de directiva. En efecto, bastará que una empresa establecida en un país dotado de normas sociales menos rigurosas ofrezca sus servicios en la Unión a través de trabajadores denominados «autónomos» para que el país de acogida pierda todo derecho a imponerle el respeto de las normas locales. Otro ejemplo: se dice que las disposiciones sobre el desplazamiento de trabajadores ahora integradas en el proyecto de directiva permiten garantizar a los trabajadores de otros Estados miembros el respeto de la duración máxima de la jornada laboral. ¡Bonita cosa! Les recuerdo que la duración máxima de la semana laboral es de 48 horas en la UE y hasta de 65 horas en algunos países.
Se considera que esas mismas disposiciones garantizan el respeto de los convenios colectivos. De hecho, no hay nada menos seguro. Se trata de una zona gris del Derecho comunitario, como reconoció recientemente el portavoz de la Dirección General de «Mercado Interior y Servicios» de la Comisión. En un contexto tan precario, hay que descartar toda ambigüedad, toda vacilación, todo margen de interpretación para la Comisión y el Tribunal. El mensaje que hay que transmitirles es claro: tenemos que rechazar la directiva en la votación de este jueves y, si no lo conseguimos ahora, este seguirá siendo nuestro objetivo a lo largo de todo el proceso.
Entre tanto, mi Grupo trabajará al menos por que se incluya explícitamente en la directiva la primacía de las normas del país de destino y se limite cuanto sea posible el ámbito de aplicación de este texto, en particular excluyendo de él todos los servicios públicos. Del Atlántico al Báltico, de Laponia al Peloponeso, decimos sí a la igualdad, sí a la solidaridad, sí a la promoción de los derechos de cada una y cada uno, y por tanto no a la Directiva Bolkestein. Con este espíritu me uno a usted, señor Presidente, para desear una calurosa bienvenida en Estrasburgo a las decenas de miles de trabajadores que han venido a defender sus derechos y la idea de una Europa en la que puedan reconocerse de nuevo.
Nigel Farage,
   . – Señor Presidente, qué bien recuerdo la declaración de la Agenda de Lisboa en esta misma Cámara. Íbamos a convertirnos en la economía más dinámica y vibrante del mundo, con pleno empleo. Bien, aquí estamos, a mitad de camino, y ¿qué tenemos? Veinte millones de personas en paro y, en la zona del euro, índices de crecimiento desesperadamente bajos y una caída absoluta de la inversión directa extranjera. Vamos dando tumbos en un desierto económico y, como los soldados de la Legión Extranjera Francesa en , de repente hemos tenido una visión: la Directiva de servicios. Nos dará un mercado libre, una economía liberal y la solución a todos nuestros males. Por desgracia, naturalmente, es un espejismo, porque nada nunca es lo que parece en la Unión Europea. Esta creencia de que más legislación mejorará la situación siempre es errónea.
Cuando hablábamos en 1999 de la creación de un mercado único de servicios financieros, todos mis amigos del mundo real de la City de Londres dijeron: «Nigel, os habéis equivocado». Estoy acostumbrado a que la gente me diga que me he equivocado. Pero, siete años después, ¿qué ha ocurrido? Tenemos un plan de acción de servicios financieros, se han aplicado 42 nuevas directivas y la carga sobre los servicios financieros es más pesada que antes. Todos los días hay empresas que se marchan a Suiza y a las Bermudas y lo mismo ocurrirá con la Directiva de servicios.
La aplicación de esta directiva variará de país a país. La Comisión dirá que necesitamos más medidas de armonización para que funcione. La carga sobre las empresas aumentará y, lo peor de todo, será el Tribunal de Justicia Europeo quien pueda legislar y decidir sobre todo esto. Esta directiva representa otra cesión masiva de poder de los Estados miembros a estas instituciones fallidas. Ya no podrán dirigir sus propias economías. Votaremos «no».
Adam Jerzy Bielan,
   . Señor Presidente, uno de los objetivos fundamentales de los padres fundadores de la Comunidad Económica Europea era la creación de un mercado interior en el que imperara la libre circulación de personas, mercancías, capital y servicios.
Han pasado cincuenta años y este objetivo aún no se ha alcanzado. En el sector de los servicios, cualquier actividad más allá del mercado nacional aún se considera una prestación de servicios en el extranjero y no dentro de una única entidad, la Unión Europea. Los miles de disposiciones existentes y los permisos necesarios son un obstáculo para el desarrollo del sector de servicios europeo. Quiero recordar a la Cámara que el sector de los servicios representa el 70 % del PIB de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia Europeo ha resuelto en repetidas ocasiones a favor del derecho de los prestadores de servicios a beneficiarse de su libertad como empresarios y de la libre circulación de los servicios que prestan en otros Estados miembros. Hay muchos indicadores fiables de que la plena aplicación de la directiva propuesta conducirá a la creación de 600 000 empleos en la Unión Europea y también reducirá en más de un 50 % las barreras existentes a la prestación de servicios. Además, habrá una reducción en el coste de los servicios que contempla la directiva, lo que beneficiará tanto a los consumidores como a las empresas que hagan uso de los servicios. Los consumidores europeos, las empresas y los Gobiernos también se beneficiarán a resultas de un aumento de la productividad, mayor empleo y salarios más altos.
Esta sesión parlamentaria nos brindará la oportunidad de demostrar qué tipo de europeos somos. Confío en que demostremos valor, responsabilidad y sabiduría. Abogo por el compromiso, un enfoque que esta Cámara ha adoptado desde hace mucho tiempo. Pero no puedo aceptar una situación en la que, a pesar del difícil compromiso alcanzado y consagrado en el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, algunos Grupos políticos responsables vuelvan a correr el peligro de sucumbir al chantaje y al fraude. Después de todo, ¿cómo describir si no la aprobación de más restricciones al ámbito de aplicación de la directiva y la eliminación del principio fundamental del país de origen?
También espero que la Cámara rechace la eliminación de las disposiciones que prohíben las barreras ilegales para la prestación de servicios por parte de los trabajadores desplazados en el extranjero. Estas barreras no afectan a los ciudadanos de países específicos sino que limitan la libertad y la movilidad de todos los europeos, de los consumidores y de los empresarios.
Concluyo con un llamamiento al señor Barroso, Presidente de la Comisión Europea, y al Comisario McCreevy para que prosigan sus esfuerzos por alcanzar un verdadero mercado libre y el desarrollo económico de Europa. Eso es lo que también esperan de nosotros los ciudadanos europeos. 
Marine Le Pen (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, igual que sucedió con el mandato quinquenal y con el tipo reducido de IVA para los restauradores, Jacques Chirac habrá mentido por tercera vez con la Directiva Bolkestein. No fue retirada en marzo de 2005 como había prometido, solo se aplazó el tiempo necesario para el referendo sobre la Constitución Europea. Hoy vuelve al Parlamento Europeo, un año después, enmendada y modificada, es cierto, pero igual de polémica.
A juzgar por el gran número de enmiendas presentadas, 404, no se puede decir que se haya alcanzado el consenso tan buscado por la ponente de la Directiva de servicios, la señora Gebhardt. Nos dicen que se ha alcanzado un acuerdo entre los dos principales Grupos del Parlamento Europeo para retirar el principio del país de origen, principal escollo de la directiva. No es así en absoluto, puesto que ese compromiso solamente ha sido firmado por los representantes de los Grupos, pero no ha sido sometido a los propios Grupos. Es una extraña idea de la democracia representativa transmitida con la connivencia de los medios de comunicación.
No nos dejemos impresionar por esos falsos rumores y atengámonos al texto del informe. Es un informe complejo, poco claro, ambiguo, contradictorio y, lo que es más, peligroso. No solo los servicios de interés económico general, es decir, los servicios de mercado públicos, siguen figurando en el informe, con algunas excepciones, sino que han desaparecido algunas salvaguardias. En aras de la simplificación, el régimen de autorización previa se ha suprimido y se ha sustituido por el muy burocrático sistema de ventanilla única europea.
De hecho, Bolkestein no es más que un títere de la OMC, cuyo Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios impondrá el principio del país de origen a los Estados, muy contentos de subirse al carro ginebrino. El riesgo de dúmping social no está descartado, desde el momento en que la Comisión Europea puede apoyarse en una mayoría de Estados liberales deseosos de beneficiarse de sus ventajas comparativas.
Como todas nuestras competencias se han transferido a Bruselas, en especial en materia de competencia, no debería sorprendernos que arremetan contra nuestros servicios públicos, se opongan a nuestros colegios profesionales y se haga caso omiso de nuestras peculiaridades. El nuevo orden mundial no soporta las resistencias nacionales. Todo debe uniformizarse por ley o por la fuerza del mercado; a falta de tiempo, el mercado se encargará de destruir los elementos más preciados de nuestra industria, nuestro comercio, nuestra artesanía y nuestras profesiones literales, antes de atacar nuestros servicios sanitarios y de enseñanza y nuestra cultura. Eso es contra lo que luchamos.
Christopher Heaton-Harris (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario quiero decir que fue un placer que la ponente tuviera en cuenta todas las cuestiones que planteamos.
Todos en esta Asamblea saben cuánto tiempo se ha dedicado a esta directiva. A juzgar por las enmiendas de transacción presentadas por el Grupo del PPE-DE y el Grupo del PSE, en el mes pasado se ha notado bastante el espíritu de San Valentín. Es una vergüenza que esos compromisos se alejen tanto del texto aprobado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, tras algunos heroicos esfuerzos del señor Harbour, el ponente alternativo.
Personalmente creo que a veces las concesiones son necesarias, pero no estos compromisos, no ahora en una Europa donde es verdaderamente necesaria la reforma económica. El Presidente Barroso, como comunista reformado, sabe que a menudo en política casi todo del ruido procede de los extremos políticos. Muy a menudo es la izquierda la que chilla más. De hecho, unas 30 000 personas se manifiestan hoy en Estrasburgo con la intención de proteger los mercados en los que operan. Aunque eso pueda hacer que se sientan más cómodos a corto plazo, no les ayuda en sus perspectivas de empleo a largo plazo. Se han olvidado de los 20 millones de personas que actualmente están en paro en todo nuestro continente.
Si no liberalizamos, si no mantenemos el principio del país de origen, en el futuro muchas otras personas se sumarán a esos 20 millones y muchas otras seguirán estancadas. Como era de esperar, señor Presidente, siendo conservador no suelo estar de acuerdo con mi Primer Ministro, el señor Blair. Sin embargo, estoy de acuerdo con su Gobierno cuando dice que esta directiva ya está muy aguada. Me pregunto si los diputados laboristas británicos al Parlamento Europeo están de acuerdo.
Es un reto para esta Asamblea que votando a favor de las enmiendas aprobadas en la Comisión del Mercado Interior establezca una directiva que permita a Europa recorrer el camino de la liberalización y no solo hablar de ella, y que cree nuevos puestos de trabajo y no se limite a proteger la situación actual. 
Pervenche Berès (PSE ),
   . – Señor Presidente, debo el privilegio de intervenir en este debate a un resultado desafortunado de la discusión del informe de la señora Wagenknecht en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Al final, tras la votación en comisión, ella retiró su nombre del informe.
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, nuestra ponente de opinión, la señora Wagenknecht, quiso proponer el rechazo de la directiva porque el artículo 16 estipula el principio del país de origen, que no es compatible con el principio de subsidiariedad, pone en peligro los servicios de interés general y puede comportar un dúmping fiscal, social y ambiental, poniendo en peligro los fundamentos mismos del modelo social europeo.
Nuestra ponente propuso también oponerse al principio del país de origen y a la llamada Directiva «Bolkestein», que de ahora en adelante deberíamos llamar «Directiva McCreevy», puesto que ponía en competencia 25 sistemas jurídicos, generaba inseguridad jurídica y podía conducir a una competencia desleal entre las empresas, que no estarían ya sujetas a las mismas condiciones.
Por desgracia, con su voto, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no la siguió. Por lo que respecta en particular al principio del país de origen, nuestra comisión pensó que debía ser la norma, aunque probablemente esto será rebatido en el Pleno. No obstante, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios consideró que debían excluirse cierto número de servicios, en la medida en que son objeto de reglamentaciones específicas que figuran en otros instrumentos comunitarios. Se trataba en particular de los servicios financieros. El riesgo de incoherencia de semejante base de exclusión quedó felizmente descartado por la votación de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
Espero que suceda lo mismo en el Pleno. No es menos cierto que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios descartamos asimismo la liberalización de los servicios de interés económico general, la privatización de las entidades públicas que prestan servicios y defendimos la idea de que esta directiva no debe atentar contra las normas comunitarias que rigen la competencia y las ayudas estatales. 
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL ),
   Señor Presidente, en este momento hay más de 30 000 manifestantes fuera de este edificio. Han venido para manifestarse en contra de la Directiva de servicios. Y no es la primera vez que los ciudadanos de Europa nos hacen saber que no están a favor de esta propuesta de liberalización.
Si bien soy consciente de que muchos de los diputados presentes probablemente apoyarán la directiva, no es la primera vez que esta Cámara se muestra totalmente incapaz de representar a la opinión pública europea. Un ejemplo es el fracaso de la Constitución Europea.
Se ha dicho mucho sobre el famoso compromiso entre los dos grandes Grupos. Es típico que un tema importante como este sea tan a menudo objeto de intrigas. Esto es indigno de una democracia.
También es un compromiso cobarde porque, en lugar de tomar una decisión política clara, se está pasando la responsabilidad a los tribunales. Aunque la propuesta original de Bolkestein era inaceptable en todos los aspectos, al menos era clara. Con este compromiso, el Parlamento solo está demostrando su falta de poder político y pronto los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente sufrirán esa falta de poder.
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria todo ha sido muy diferente, ya que una amplia mayoría ha tenido el valor político de rechazar la propuesta original, el principio del país de origen y la socavación de los servicios públicos y las estructuras sociales. Es una pena que los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor hayan demostrado menos sentido común en su votación. Espero que el jueves esta Cámara demuestre tener mucho más sentido común. 
Jorgo Chatzimarkakis (ALDE ),
   . Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta semana es bastante crucial para la credibilidad de la Unión Europea y de esta Cámara en particular.
Se están haciendo peticiones a los responsables políticos europeos y a esta Cámara, y tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cumplirlas. Continuamente afirmamos nuestro deseo de reducir el desempleo masivo, pero solo seremos creíbles si hacemos algo por las personas que no tienen trabajo, y podemos hacerlo ahora.
Esta semana votaremos sobre la directiva de servicios que, si se aplica, será capaz de crear 600 000 nuevos empleos en Europa, siempre y cuando se apruebe en la misma forma que se aprobó en mi Comisión de Industria o en la Comisión de Mercado Interior. El compromiso ha tenido en cuenta las críticas justificadas a la propuesta original de la Comisión, al tiempo que garantiza una nueva inyección de dinamismo en el mercado de los servicios de la UE.
La Comisión de Industria ha aceptado mi opinión y solo seis miembros han votado en contra, pero el intento de alcanzar el compromiso que hoy tenemos ante nosotros, el resultado del regateo entre los dos grandes Grupos da fe de su desprecio por las comisiones especializadas y el laborioso trabajo que han realizado. En el análisis final, el denominador común es tan pequeño que no justifica los esfuerzos de los últimos años.
Este compromiso no solo constituye un ataque al principio del mercado interior, al que debemos nuestra prosperidad e integración, sino también una bofetada a los nuevos Estados miembros, que han quedado prácticamente excluidos de las negociaciones. 
La votación sobre la Directiva de servicios nos da la oportunidad de contribuir a la estrategia de Lisboa en el ámbito europeo, porque sabemos que los Estados miembros están haciendo un esfuerzo por hacer lo que prometieron, y esta Cámara irá a la deriva si no consigue enviar un mensaje claro sobre la necesidad de nuevos empleos.
A los sindicatos, que siguen difundiendo mentiras y miedo, no les importan estos argumentos. Hoy veremos a 30 000 sindicalistas bien organizados intentando impedir la creación de 600 000 nuevos empleos. Algunos están aquí para intentar conservar lo que ya tienen. Ahora tenemos la oportunidad de afirmar de manera clara nuestro deseo de que Europa sea un lugar mejor para hacer negocios. Aprovechémosla. 
Marie-Hélène Descamps (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, en 1957 los seis países fundadores de la Comunidad Económica Europea se comprometieron a realizar un gran mercado en el que circularían libremente las personas, las mercancías, el capital y los servicios. Casi 50 años más tarde, solo queda por aplicar la libre circulación de los servicios.
La propuesta de Directiva relativa a los servicios, que se inscribe en el proceso de reformas económicas lanzado por el Consejo Europeo de Lisboa para hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en 2010, representa, tal como se nos propone hoy, un importante paso adelante político para la Unión Europea. Durante 18 meses, el Parlamento Europeo se ha esforzado por reescribir la propuesta inicial de la Comisión a fin de llegar a una versión profundamente modificada. Se trata de una versión equilibrada cuyo objetivo es conciliar la eficacia económica mediante la apertura del mercado de servicios y la justicia social mediante la preservación de las conquistas sociales que protegen a los ciudadanos de la UE. Esta versión reconoce también el carácter específico de determinados servicios, en particular los servicios culturales y audiovisuales, que son portadores de identidad y valor y, en este sentido, no pueden considerarse bienes de consumo o servicios comerciales como los demás.
Además, los servicios audiovisuales son objeto ya de un enfoque sectorial a escala comunitaria a través de la Directiva de «Televisión sin fronteras». Esta última responde a los objetivos fijados por la Directiva de servicios, es decir, garantiza la libre prestación de servicios al mismo tiempo que permite perseguir otros objetivos, como la promoción de contenidos europeos, el respeto de la diversidad cultural y el fomento del pluralismo de los programas. Teniendo en cuenta estos principios, la Comisión de Cultura y Educación, seguida por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, se ha pronunciado, por una amplia mayoría, a favor de la inclusión de una cláusula de reserva cultural y la exclusión de los servicios audiovisuales del ámbito de aplicación de la directiva.
En efecto, es esencial que la Directiva de «Televisión sin fronteras», hoy en curso de revisión, siga siendo el único texto de referencia en la materia. Pero es igualmente necesario que vea la luz una Directiva de servicios para que podamos crear un verdadero mercado interior de los servicios en la Unión Europea.
Para concluir, quiero felicitar a la señora Gebhardt por la calidad de su informe, pero también al señor Harbour, a la señora Thyssen, al señor Toubon y al señor Karas por su gran esfuerzo por elaborar un texto a favor del cual votaremos con mucho gusto el jueves.
Kurt Lechner (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, Señorías, solo dispongo de dos minutos, pero son suficientes para subrayar algunos puntos importantes. Tras el debate público, uno podría tener la impresión de que la libertad de prestar servicios es algo que se había inventado esta directiva, pero de hecho tiene la fuerza de la ley. El problema es que es una ley que muchos países no cumplen; en su lugar, han levantado barreras y usan todo tipo de artimañas para frustrarla. Todo lo que hay que hacer es eliminar ese proteccionismo, ya que de eso tratan todas esas artimañas, y esta directiva nos proporciona los medios legales adecuados para hacerlo.
La integración política y económica de Europa en el sector de los servicios, que representa el 70 % del PIB, será beneficiosa para todos. Pero no es crucial para los grandes actores globales o en términos de valor accionista, y sobre este punto quiero hacer referencia a lo que ha dicho el Presidente Barroso y el señor Watson. Los grandes actores globales no necesitan la directiva, porque tienen filiales y agencias en todas partes a través de las cuales ofrecen sus servicios, pero sin duda es crucial para las pequeñas y medianas empresas. También beneficia a los particulares en forma de más elección y libertad, en especial a los trabajadores, porque generará más empleo, y el empleo es la mejor forma de política social.
Algunos están usando a un Comisario que ya no está aquí para defenderse como pretexto para evocar términos como mercado libre liberal, mercado libre radical y neoliberal, lo cual no conduce a ningún sitio y es alarmista. Lo que importa es el texto, porque con él se harán avances importantes. A mí también me hubiera gustado que las votaciones en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y en la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la que hoy represento, hubieran aprobado menos derogaciones.
Pero hay algunas cosas que me parecen decisivas. En primer lugar, no se está haciendo nada para empeorar la situación actual. En segundo lugar, el progreso es una certeza absoluta; la única cuestión es que tal vez no sea suficiente. En tercer lugar, no se está impidiendo a nadie que tome medidas más tarde, cuando haya llegado la hora. Es muy posible que esa hora llegue antes de lo que imaginamos. 
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, no hay nada malo en querer reducir las barreras injustificadas a la libre circulación de servicios en el marco de un mercado único, siempre y cuando se haga de forma responsable, garantizando que ello no menoscaba los derechos sociales y ambientales, y avanzando hacia una armonización a escala europea de la legislación de servicios.
Pero, tal y como está planteada, esta propuesta de directiva plantea numerosos riesgos, muchos de los cuales ya se han evocado. En mi condición de ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, voy a referirme específicamente a aquéllos relacionados con la dimensión de género.
Los riesgos para las mujeres tienen que ver básicamente con la creación de empleo femenino y con sus condiciones laborales, así como con su condición de consumidoras de servicios. 
En primer lugar, la puesta en marcha de la directiva en sus términos actuales conllevaría, sin duda, efectos negativos sobre el empleo femenino, especialmente, en los sectores con mano de obra mayoritariamente femenina. Lo que se necesita hoy, y se ha dicho en varias ocasiones, es mayor inversión en formación y, por tanto, un incremento del gasto público y no, como plantea esta directiva, simplemente mayor competencia.
Por lo demás, es preocupante que la Comisión no haya llevado a cabo un análisis del impacto social y laboral, sobre todo, teniendo en cuenta los efectos que hemos visto en otras liberalizaciones anteriores, las cuales han conllevado la destrucción de numerosos puestos de trabajo y en muchas ocasiones han erosionado también la cohesión social. 
Por otro lado, la liberalización de los servicios sanitarios y sociales podría conducir a un deterioro del bienestar social y de la cobertura en cuidados sanitarios en favor de seguros privados, lo que afectaría sobre todo a las mujeres en tanto que principales consumidoras de estos servicios.
Por último, la aplicación del principio del país de origen, tantas veces mencionado, a proveedores de servicios, podría provocar abusos y manipulaciones ya que en los ámbitos que no están armonizados a escala europea, que son la mayoría, este principio permitiría la coexistencia de varios regímenes nacionales y permitiría también la yuxtaposición, en su caso, de veinticinco reglamentaciones nacionales, lo cual repercutiría en que las consumidoras no supieran a quién y cuándo reclamar.
Marcin Libicki (UEN ),
   . Señor Presidente, la Comisión de Peticiones ha apoyado el proyecto inicial de la Directiva de servicios. Acogimos con satisfacción incluso la propuesta anterior del Comisario Bolkenstein. Estoy obligado a recordárselo a la Cámara. En el transcurso de nuestras conversaciones y deliberaciones sobre el tema en la Comisión de Peticiones también hemos afirmado que, en nuestra opinión, la integración europea está basada en lo que suscribimos, es decir, las cuatro libertades fundamentales. Dichas libertades tenían que representar una nueva oportunidad para Europa. Tenían que hacer posible el éxito de la Estrategia de Lisboa.
Queríamos que la integración europea fuera una realidad. Estamos totalmente a favor, pero solo en lo que respecta a lo que suscribimos. Y lo que suscribimos era básicamente la integración económica europea. Nos entristece escuchar que algunos Estados miembros no están contribuyendo a la integración. Quiero señalar que nosotros no rechazamos el Tratado Constitucional y no queremos limitar la economía europea.
Estoy preocupado por la idea de alcanzar un compromiso y pasar por alto las diferencias de opinión. Eso engañaría a la opinión pública europea. Los ciudadanos tienen que saber que, al igual que la opinión está dividida fuera, también lo está en esta Cámara. No queremos crear la impresión de que nadie quiere libertad económica y que nadie quiere ayudar a que Europa se convierta en la principal fuerza motora y no en una de las muchas fuerzas motoras del éxito europeo. Me ha entristecido escuchar referencias al dumping social en la Cámara. No es coherente con una economía normal y sana. No me sorprende que los manifestantes de hoy estén tan contentos, porque parece que van a tener éxito. Conseguirán el tipo de éxito que los sindicalistas bien pagados siempre consiguen. 
Anne van Lancker (PSE ),
   Señor Comisario, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la señora Gebhardt por el duro trabajo que ha realizado hasta la fecha. Le tengo un gran respeto. También quiero dar las gracias a los diputados de los demás Grupos. Creo que podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos realizado en las últimas semanas. No se ha debatido nada a puerta cerrada; se ha celebrado un debate abierto.
También estoy en deuda con los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. En efecto, vamos a enviar un mensaje contundente, porque esta Cámara tiene ahora una gran responsabilidad. Tenemos que demostrar que es posible crear un mercado interior de servicios en un intento de desarrollar plenamente nuestro modelo social. Por ello tenemos que votar a favor de una directiva que cierre el paso al dúmping social. Esto también recuerda a uno de los mensajes que ha enviado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Creo que los ciudadanos de Estrasburgo pueden estar de acuerdo con esos mensajes, y también la mayoría de nuestros colegas diputados.
En primer lugar, creo que hay suficiente material sobre la mesa, como el cumplimiento de la legislación laboral, la protección social, los convenios colectivos y las relaciones laborales, incluidas las acciones colectivas, que la Cámara puede incorporar para ofrecer garantías absolutas.
En segundo lugar, mi comisión ha dicho que la Directiva de servicios no debe socavar de ninguna manera las disposiciones sociales europeas existentes. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, en particular, es una cuestión delicada a este respecto. Muy a menudo, se considera que la Directiva de servicios es una carta blanca para la eliminación progresiva de las condiciones laborales de los trabajadores y el recorte de salarios, y en algunos países –de hecho, en un buen número de ellos– últimamente se ha informado de incidentes derivados de prácticas fraudulentas. Hemos visto ejemplos como Laval en Suecia, Struik Foods en Bélgica e Irish Ferries, pero hay muchos más.
Estas prácticas son sencillamente ilegales, pero como la Directiva de servicios amenaza con dificultar todavía más la inspección, es importante que aclaremos que los artículos 24 y 25 están eliminados mientras que la Directiva de servicios permanece plenamente en vigor.
Pero este no es el final. En efecto, señor McCreevy, tendremos que tomar medidas para que los empresarios de buena fe tengan un mejor acceso a la información y las medidas antiburocráticas. Sin embargo, señor Comisario, también necesitamos tomar medidas para garantizar que la legislación sobre el desplazamiento de trabajadores, que en teoría es buena, se cumpla. Es demasiado fácil eludir esta legislación y hay demasiados ejemplos de mal uso de la misma.
En tercer lugar, mi comisión ha dicho que hay que hacer algo con respecto al ámbito de aplicación de esta directiva. Es positivo que ya haya un consenso para eliminar los servicios sociales, los servicios sanitarios, las agencias de trabajo temporal y los servicios de seguridad de esta directiva, porque trabajan de una forma completamente diferente. De hecho, mi comisión opina que tienen que excluirse todos los servicios de interés económico general, por la sencilla razón de que no tienen una razón de ser comercial, sino que la principal intención es dar un servicio de interés general, o dicho de otro modo, garantizar los derechos humanos básicos. Creo que sería positivo que se eliminaran de la directiva.
Seré breve respecto del principio del país de origen. Según la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, este principio es inaceptable. Creo que el compromiso que está sobre la mesa es bueno, porque permite que los países donde se presta el servicio sigan tomando medidas legislativas en beneficio del interés general.
Para concluir, espero que el jueves esta Cámara pueda enviar un mensaje contundente –en forma de un nuevo texto revisado– a la Comisión y al Consejo sobre el ajuste social radical al documento original de la Comisión que este Parlamento Europeo apoya, porque solo entonces podremos convencer a los ciudadanos de que lo que esta Cámara ha elaborado no es un permiso para el dúmping social. 
Malcolm Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hace ya más de dos años que empecé a trabajar en torno a esta directiva y desde el principio he estado convencido de que sus objetivos y la ambición de abordar las barreras al mercado interior de los servicios han sido totalmente correctos. ¿Por qué se ha tardado dos años? Al final de la anterior legislatura ya estaba lista; hemos visto algunas de las cuestiones planteadas en las numerosas intervenciones de hoy, que, en muchos casos, han exagerado los problemas pero han minimizado las oportunidades.
Después de la altisonante retórica que hemos podido escuchar hoy en torno a cuestiones como el dúmping social y otros, que nunca he creído que surgirían de esta directiva, es muy importante que no olvidemos las oportunidades, así que voy a hablar un poco sobre ellas esta noche.
En primer lugar, quiero agradecer en particular a todos los diputados de mi Grupo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor que han trabajado incansablemente conmigo para reformular este texto. Calculo que tres cuartas partes de todas las enmiendas al texto sobre las que votaremos el jueves proceden de nuestro Grupo. En particular, toda la idea de una cláusula central llamada «libertad de prestación de servicios» la desarrollamos nosotros en la fase previa a la votación de la comisión. Esta cláusula formará la base del compromiso que quiero recomendar esta tarde a todos mis colegas. También quiero dar las gracias a los colegas del Grupo ALDE y del Grupo UEN que nos ayudaron a obtener un resultado muy importante en la comisión el pasado mes de noviembre.
Es uno de los temas que más debate y controversia han suscitado en los dos últimos años. Este será el último debate de este ciclo, pero estoy seguro de que tendremos muchos más. En el centro del debate ha estado la señora Gebhardt, una ponente trabajadora y decidida. Aunque no esté escuchándome –creo que está ocupada con su lista de votación–, quiero rendir homenaje a ella y a la manera muy cortés y meticulosa de dirigir nuestro trabajo en torno a una propuesta muy complicada y difícil.
He dicho que quiero examinar el efecto del conjunto de la directiva, porque deberíamos pensar en particular en las pequeñas y medianas empresas, que se frustran constantemente por su incapacidad para acceder en estos momentos al mercado interior. Hay toda una serie de disposiciones en esta propuesta –no menos de 81 disposiciones sobre los Estados miembros– para abordar estos tipos de barreras, porque las empresas quieren poder entrar en los mercados; quieren poder empezar sin barreras innecesarias y burocráticas; quieren poder enviar a sus expertos a otros países. Pero también quieren saber que no estarán sujetas a restricciones desproporcionadas e innecesarias, y esto incluye exigirles que cumplan conjuntos de reglas por duplicado y obtengan autorizaciones que ya han conseguido en sus propios países. No creo que esto sea razonable. Los tribunales europeos no creen que sea razonable y que esto esté recogido en este compromiso. Si ese es el devastador principio del país de origen, entonces, ¿de qué hemos estado discutiendo todo este tiempo? Está en la jurisdicción del Tribunal de Justicia. Mi lectura de este compromiso es que no está en modo alguno rebajado y debemos asegurarnos de que no quede rebajado cuando lleguemos a la votación.
Se ha mencionado el papel de la Comisión. Si el Comisario McCreevy también me escuchara –cada vez que me dirijo a alguien, ese alguien está hablando–, le diría que como Comisario tiene una responsabilidad crucial en ese sentido. No quiero que se limite a elaborar una propuesta basada palabra por palabra en este texto. Tenemos que trabajar más en torno a ella, porque es necesario que beneficie a las empresas, de lo contrario no tiene ningún sentido. Creo que podemos hacerlo.
Para concluir, quiero decir al señor Bartenstein –y todavía llevo mi corbata austriaca, porque le dije que la llevaría mientras vislumbráramos un acuerdo claro– que aún puede conseguir que esto se ponga sobre el tapete de la cumbre económica de marzo si pone en ello todo su empeño.

Robert Goebbels (PSE ).
   – Señora Presidenta, rara vez un proyecto de directiva habrá suscitado tantas pasiones. Bolkestein se ha convertido en el Salvador para unos y el Anticristo para otros. Pero, a juzgar por ciertos discursos, está claro que pocas personas han leído realmente el texto inicial. Muchos de los que se oponen no se han dado cuenta de que el Parlamento ha reescrito por completo la denominada propuesta «Bolkestein» y aun así siguen reclamando que rechacemos la directiva. Yo les pediría que no lo hagan. El Parlamento debe hacer su trabajo de legislador, si no el Tribunal de Justicia Europeo impondrá su jurisprudencia, cosa que podría ser peligrosa.
Actualmente están pendientes ante el Tribunal de Luxemburgo 53 asuntos relativos a la libre prestación de servicios. El Tribunal espera manifiestamente alguna aclaración por parte del legislador europeo. Si el Parlamento Europeo no hace su trabajo, el Tribunal hará el suyo. Pido que se vote a favor del compromiso establecido entre la señora Gebhardt y el señor Harbour, que abre el mercado interior de los servicios al mismo tiempo que evita la competencia salvaje y desleal y salvaguarda el derecho de cada Estado a defender de un modo no discriminatorio su modelo social y sus servicios públicos.
La propuesta Bolkestein fue torpe, intentó obviar el método comunitario de armonización progresiva con el principio del país de origen. Ahora bien, este principio no está consagrado en los Tratados, aun cuando se haya utilizado, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal, para favorecer la libre circulación de mercancías. Pero los servicios los prestan seres humanos, que deben estar protegidos contra el dúmping social. El principio del país de origen era un incentivo al menor postor reglamentario, pero el principio del país de acogida invita a un proteccionismo ciego y brutal. Hay que abolir el proteccionismo y los obstáculos al comercio que se han acumulado desde 1957, sobre todo en los Estados miembros fundadores.
El Tratado de Roma consagró el objetivo de la libre circulación de servicios. Estamos lejos de ello, aun cuando nuestros países se hayan convertido en lo esencial en economías de servicios. No todos los servicios son exportables. Los servicios públicos seguirán dependiendo de las autoridades públicas. Para los servicios públicos comerciales, los Estados tienen la facultad de definir qué entienden por servicios de interés económico general y regular su organización y financiación.
En algunos países se intenta deificar el concepto de servicio público sin preguntarse si los servicios públicos son realmente servicios al público. Es difícil aceptar que Francia, por ejemplo, intente preservar sus denominados mercados de servicios públicos cuando empresas públicas y privadas francesas están saqueando otros mercados. El equilibrio que se ha encontrado gracias al trabajo de la señora Gebhardt, el señor Harbour, la señora Lancker, la señora Thyssen y algunos otros garantiza el control por los Estados de los servicios a los ciudadanos, al mismo tiempo que se evitan las medidas discriminatorias.
Terminaré, señora Presidenta, diciendo que la aprobación de la directiva modificada hará caer la directiva Bolkestein en el olvido. Gracias a las nuevas facilidades, en particular las ventanillas únicas, el mercado interior de la Unión progresará.
Anneli Jäätteenmäki (ALDE ). –
   Señora Presidenta, Señorías, el debate sobre la Directiva de servicios ha suscitado fuertes emociones y aún no estamos completamente en calma.
En democracia se toman decisiones a través del debate, y a veces se trata de un largo debate. A resultas de los debates en el Parlamento Europeo se ha mejorado la propuesta de la Comisión; ahora es aceptable.
La directiva no ha quedado aguada con enmiendas: es una cuestión del funcionamiento de la democracia. Algunos dicen que los diputados al Parlamento Europeo tienen miedo de llevar a cabo reformas atrevidas y que tenemos miedo de sacar adelante la directiva original. En respuesta a eso quiero decir que no estamos trabajando en una torre de marfil. Tenemos en cuenta las preocupaciones legítimas cuando es necesario, y modificaremos la directiva si lo creemos oportuno. Escuchamos a la opinión pública, y así tiene que ser. Esto se llama democracia, que la Unión Europea afirma respetar y que incluso vende al mundo exterior.
Estoy dispuesto a apoyar propuestas razonables para llegar a un compromiso, porque es mejor tener alguna clase de armonía imprecisa que un gran desacuerdo. Pero estoy seguro de que podremos alcanzar un buen consenso respecto de esta cuestión. Será positivo para el mercado interior europeo. Por otra parte, tenemos que asegurarnos de que los Estados miembros no tengan libertad para impedir la circulación comercial de los servicios por motivos demasiado endebles.
Para concluir, quiero dar las gracias a la señora Gebhard y a todos los presentes, incluido el Comisario McCreevy. 
Pierre Jonckheer (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, también yo quiero sumarme a la gratitud expresada por otros a la señora Gebhardt y la señora Van Lancker por su excelente labor, pero asimismo por la lealtad y el espíritu de cooperación que han mostrado tanto con mi Grupo como con los demás. Dicho esto, y tras haber escuchado la intervención del señor Harbour, después de la señora Gebhardt y la señora Van Lancker, no estoy realmente seguro de que el famoso texto común signifique lo mismo para todos, lo que me preocupa y me reafirma en la idea expresada por la señora Rühle de que quizás se trate de un compromiso que incremente la inseguridad jurídica en vez de reducirla.
Señor McCreevy, el señor Barroso ha hablado de un malentendido. Está claro que el malentendido se debe en especial al famoso principio del país de origen. Todos deseamos la creación de puestos de trabajo, pero no se crea empleo simplemente aumentando la competencia y bajando los precios con vistas a incrementar la demanda. La demanda aumenta cuando la gente –tanto los ciudadanos como los trabajadores– tiene confianza. Para que tengan confianza, es necesario que estén convencidos de la equidad de las reglas de competencia. Por esta razón, el principio del país de origen no solo no existe jurídicamente en los Tratados, sino que, a mi juicio, sería económicamente desastroso. No queremos una Unión de 25 en la que se desarrolle una competencia de «norma nacional contra norma nacional». Si queremos enviar señales políticas positivas a los nacionales de los nuevos Estados miembros, dotémonos de un presupuesto a la medida de la solidaridad que debemos demostrar; hagamos, como ha aconsejado la Comisión –y al decir esto me dirijo a la Presidencia del Consejo–, que todos los Estados miembros levanten las restricciones a la libre circulación de los trabajadores; hagamos que el 1 de mayo de 2006 sea efectivamente un 1 de mayo para todos los trabajadores de los 25 países de esta Unión Europea.
Por último, señor McCreevy, durante la legislatura anterior, una mayoría de miembros del Parlamento Europeo que se expresaron en el Pleno pidieron en dos ocasiones a la Comisión una propuesta de directiva marco sobre los servicios de interés general –también llamados servicios públicos– para evitar que se vean sometidos a la jurisprudencia del Tribunal o sean objeto de excepciones con respecto al derecho de la competencia. ¿Qué le impide presentarnos esa propuesta? Hemos contraído ese compromiso electoral: tratar, en paralelo, una directiva marco sobre los servicios de interés general y una directiva sobre el mercado interior de los servicios. Al no presentar esta propuesta, usted, su actitud y su Comisión ocasionan un desequilibrio y generan o refuerzan la desconfianza que sienten una parte de los ciudadanos. Desde este punto de vista, usted no alienta la realización de una Unión de 25 en la que prevalezcan la solidaridad entre el Este y el Oeste y la igualdad de trato para todos los trabajadores.
Sahra Wagenknecht (GUE/NGL ). –
   Señora Presidenta, Señorías, siempre se cuentan las mismas mentiras para justificar las políticas neoliberales, que se crearán empleos y se fomentará el crecimiento, y hoy las hemos escuchado repetidamente. Pero, de hecho, la reconstrucción neoliberal de Europa durante los últimos quince años ha tenido el efecto contrario. Cada nueva ronda de medidas de liberalización efectivas ha dejado sin empleo a miles de personas y las ha sumido aún más en la pobreza. Cada abuso de los derechos de los trabajadores reduce su poder adquisitivo y, por tanto, impide el crecimiento. Están los que quieren un capitalismo a toda costa, y la directiva Bolkestein es uno de sus grandes proyectos; si se hace realidad, asistiremos a los albores de una Europa en la que imperen las fuerzas del mercado y el beneficio, en la que la calidad y las normas ambientales se degraden y la espiral descendiente de los salarios y la seguridad social se acelere de forma intolerable.
El endeble compromiso alcanzado por los conservadores y los socialdemócratas aún apunta en esa dirección; en ámbitos esenciales como el suministro de agua o la educación, aún está presente la filosofía de libre mercado de la directiva original. El principio del país de origen aún no ha sido enterrado –como ha quedado muy claro en las intervenciones de ambas partes–, sino que se ha dejado en manos del Tribunal de Justicia Europeo. Recordando las sentencias pasadas de ese tribunal, no es probable que los principales grupos de presión tengan problemas al respecto. No queremos una directiva Bolkestein; no queremos una Europa Bolkestein.
No queremos una Europa que use los conceptos de igualdad de oportunidades y de libertad de prestación de servicios como excusa para crear las mejores condiciones posibles para las grandes empresas y para permitirles maximizar sus beneficios a costa de los trabajadores y los consumidores. No queremos una Europa en la que los servicios básicos de interés general se conviertan en los juguetes de las fuerzas de mercado capitalistas. Tenemos que detener y cambiar la manía privatizadora. La resistencia a ese brutal proyecto neoliberal tiene que continuar. 
Gracias a ese compromiso se están celebrando las protestas, y creo que no hemos llegado al final de esta historia. La lucha contra la directiva tiene que continuar hasta que…
Philippe de Villiers (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, Señorías, asistimos a la mascarada Bolkestein, que ha vuelto al Parlamento Europeo. Este compromiso, este disfraz, este engaño, es a la vez una mentira y un escándalo.
Una mentira porque quieren hacernos creer que la Directiva Bolkestein ha sido vaciada de su esencia, de su contenido. ¡Nada más falso! El principio del país de origen está ahí, de eso no cabe ninguna duda, con la libertad de prestación de servicios, en particular para los artesanos autónomos. El principio de prevalencia del Derecho nacional sobre el Derecho europeo está ausente, y hemos escuchado en varias ocasiones, a varios oradores, explicarnos que todo esto dependía del arbitraje del Tribunal de Justicia Europeo, cuya jurisprudencia ya conocemos. Es un escándalo.
Guntars Krasts (UEN ).
   – Gracias, señora Presidenta. Ahora, viendo las últimas enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, se diría que es una lástima que la Directiva relativa a los servicios no se aprobara antes de la última ampliación de la Unión Europea. Está claro que la opinión pública de los antiguos Estados miembros, a la que han hecho caso los dos Grupos políticos más grandes, percibe actualmente cualquier medida de liberalización del mercado como una amenaza, cuando en realidad el propósito de estas medidas es fortalecer la Unión Europea. Por ello, en primer lugar quiero rebatir la opinión errónea según la cual la liberalización del mercado de servicios solo beneficia al segmento inferior del mercado, a saber, los nuevos Estados miembros. En los sectores de servicios de alto valor añadido, como son los servicios financieros y de asesoría, este flujo ya es hoy en día mayor de los antiguos Estados miembros hacia los nuevos. El movimiento de los servicios tras la liberalización no es y no puede ser de sentido único. Así, por ejemplo, la proporción de antiguos Estados miembros en el valor añadido total del sector de la construcción de la Unión Europea representa el 95 %, mientras que el porcentaje es aún mayor en el ámbito de los servicios financieros, a saber, un 98 %. Por esta razón, los mercados de los nuevos Estados miembros ocuparán sin duda un lugar permanente en el sector de servicios de los antiguos Estados miembros, con su alto valor añadido y su gran capacidad y disponibilidad de capital. La aplicación del principio del país de origen a la prestación de servicios abriría el mercado interior de la Unión Europea a los prestadores de servicios más importantes de los Estados miembros, las pequeñas y medianas empresas. El hecho de mantener el principio del país de origen canalizaría una parte de la presión competitiva del mercado laboral a la esfera empresarial. Esto tendría consecuencias positivas para el desarrollo de la actividad empresarial en toda Europa. Los empleados que trabajasen fuera de su país mantendrían un vínculo estrecho con sus países de origen a través de sus empresas nacionales. Lo que interesa a los nuevos Estados miembros es la exportación de bienes y servicios y no la exportación de mano de obra. Uno de los argumentos que se esgrimen en contra del principio del país de origen es el temor de que se vean amenazados los niveles de vida en los antiguos Estados miembros, pero la supresión de este principio o su limitación significativa haría que la Directiva relativa a los servicios fuera ineficaz, y ello, sin lugar a dudas, erosionaría dichos niveles en el futuro. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ).
   – Señor Presidente, el texto inicial de la Directiva Bolkestein representaba una oportunidad para la Europa de los 25 y también para la Europa de los 15. Poco queda de aquel texto ahora. Los intereses nacionales han desbancado a los intereses europeos y el principio de solidaridad se ha visto barrido por el egoísmo del que han hecho gala algunos países. ¿No será la preocupación por las condiciones sociales una simple cortina de humo para ocultar la preocupación por los mercados nacionales? ¿Tiene algún valor el compromiso alcanzado por la derecha y la izquierda? ¿Merece nuestra confianza?
Durante el debate que tuvo lugar recientemente en Francia sobre la Constitución Europea salieron a la luz serios recelos acerca de la última ampliación de la Unión. A pesar de ello, se iniciaron las negociaciones con Turquía. Los nuevos Estados miembros no suponen una amenaza para la Unión.
En su forma inicial, la Directiva relativa a los servicios era una oportunidad para corregir el desequilibrio provocado por las injustas condiciones de adhesión impuestas a los nuevos Estados miembros. Sus ciudadanos no tienen derecho a trabajar en otra parte de la Unión y las subvenciones agrícolas son muy bajas. Al mismo tiempo, supermercados extranjeros y otras empresas, principalmente francesas, están cosechando beneficios récord en Polonia. Contratan a personas que trabajan hasta las 10 de la noche, domingos incluidos, por una quinta parte del salario normal, y prácticamente no pagan ningún impuesto a las arcas del Gobierno polaco.
El señor Schulz, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, puede dormir tranquilo. Nuestros países saben mejor que nadie lo que es bueno para ellos. Ese programa ambicioso parece estar muerto y enterrado, aunque estaba en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Teníamos la opción de viajar hacia una Europa mejor en tren expreso o en bicicleta y elegimos la bicicleta.
Hoy es el día de San Valentín, pero no hay muchas muestras de amor entre los Estados miembros de la vieja y la nueva Unión. 
Marianne Thyssen (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, desde el preciso momento en que vio la luz esta Directiva relativa a los servicios, los demócrata-cristianos flamencos se situaron entre los que la consideraban sumamente polémica. Su ámbito de aplicación era demasiado amplio para nuestro gusto y la tendencia a desregular demasiado fuerte. No se respetaba lo suficiente la devolución de poderes a los Estados miembros y la propuesta resultaba demasiado ambigua en muchas cuestiones. Todo ello dio lugar a que se extendiera el temor acerca de las consecuencias que podría tener esta Directiva, temor que se ha utilizado y del que se ha abusado, convirtiéndose progresivamente en el símbolo del abismo entre las instituciones y la opinión pública.
Por otra parte, siempre supimos que el mercado interior de servicios es una necesidad y puede cambiar realmente nuestro grado de prosperidad. Si este Parlamento desea asumir una parte de la responsabilidad con respecto a la estrategia de crecimiento y empleo, una buena Directiva relativa a los servicios es nuestro instrumento por excelencia. La posibilidad de crear 600 000 puestos de trabajo no es algo que se pueda ignorar sin más.
Esa es la razón por la cual no hemos votado nunca en contra y nos hemos mostrado desde el principio a favor de su revisión, y hasta el momento hemos logrado nuestro objetivo. Cualquiera que haya leído los textos y que los haya examinado en su contexto puede atestiguarlo.
Con la votación realizada en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, los diputados y diputadas al Parlamento Europeo hemos orientado el debate. Hemos demostrado que la propuesta se puede modificar de forma que permita lograr el objetivo de reducir la burocracia y suprimir los obstáculos irresponsables a la libre circulación, sin que ello afecte a la protección social.
Estoy muy orgullosa del resultado que ha alcanzado nuestro Grupo, bajo la dirección del señor Harbour en la citada comisión. Conseguimos introducir muchas de nuestras enmiendas con la ayuda del Grupo Unión por la Europa de las Naciones y del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Esta fue inequívocamente la base para proseguir con la labor de persuasión y atar cabos sueltos en las negociaciones de las últimas semanas.
Quiero dar las gracias a todos los diputados, incluidos los del Grupo socialdemócrata, por su aportación, puesto que todos hemos puesto nuestro granito de arena para garantizar que tengamos ante nosotros un buen paquete de medidas.
No debemos quedarnos ahora atascados con la letra pequeña. Es inevitable que tengamos puntos de vista divergentes en algunas cuestiones. Después de todo, las sensibilidades son diferentes en cada partido y en cada Estado miembro. En lugar de mirar a la izquierda o a la derecha, deberíamos mirar el conjunto de medidas que tenemos ante nosotros, medidas que nos ayudarán mucho en nuestro anhelo común de mayor crecimiento y mayor empleo.
Conseguir una mayoría aplastante en la votación del jueves también contribuirá a cerrar una triple brecha: la brecha que hay entre las instituciones y la opinión pública, la brecha que se ha abierto –seamos lo bastante magnánimos para reconocerlo– entre los antiguos y los nuevos Estados miembros y también la brecha que existe entre la teoría del Tratado y las dificultades de hecho que han obstaculizado el desarrollo del mercado de servicios durante demasiado tiempo.
Esperamos con impaciencia las propuestas que ha anunciado la Comisión y espero que consigamos nuestro objetivo el jueves. 
Richard Falbr (PSE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, este debate confirma las pasiones que ha levantado el proyecto de Directiva relativa los servicios en el mercado interior. Tanto los que se oponen como los que apoyan la propuesta han esgrimido argumentos en algunos casos un tanto sospechosos. Ya se ha dicho aquí en numerosas ocasiones que la libre circulación de servicios, que constituye uno de los cuatro pilares del mercado único interior de la Unión Europea, no se está llevando a la práctica. Esta situación prevalece desde hace ya tiempo y el hecho de que estemos intentando cambiarla justo después de una ampliación sustancial de la Unión Europea es una mera coincidencia, que en sí misma es uno de los factores que han motivado la reacción emocional.
Si se aprueban los cambios acordados, los sindicalistas que están manifestándose frente a este edificio pueden descansar tranquilos. Sus temores de que se exporte mano de obra barata para prestar servicios no se materializarán. Como antiguo sindicalista, me alegro de que haya sindicalistas de los nuevos Estados miembros entre los manifestantes. Mucha gente se pregunta por qué. La respuesta es porque se solidarizan con los sindicalistas de los antiguos Estados miembros y porque la ampliación de la Unión Europea seguirá adelante. Lo que algunos quizá consideran irrelevante ahora puede parecer muy distinto cuando haya pasado otro año. La cuestión es saber si la directiva que debate el Parlamento será buena o mala. La cuestión más amplia es saber si, tras el aluvión de enmiendas, la directiva puede parecer tan incomprensible que sea mejor rechazarla. Si aprobamos la directiva con las enmiendas acordadas, daremos mucho trabajo a los juristas de todos nuestros países. En mi opinión, las instituciones europeas, como en muchas otras ocasiones, no elaboran directivas suficientemente claras y concisas para poder comprobar después sin dificultad si están se aplican y ejecutan correctamente. No me sorprende que la comunidad empresarial muestre tanto interés por la suerte de esta directiva. Las empresas del sector de los servicios, en particular de los servicios públicos, no sufren la presión competitiva que vemos en la industria.
A mi juicio hay que suprimir de la directiva la disposición controvertida en virtud de la cual los Estados miembros pueden exigir que se cumplan requisitos adicionales en materia de política social o de protección del consumidor. No quiero que se distorsione la protección del consumidor y se convierta en proteccionismo. En la actualidad se manifiestan muchas opiniones en torno al tópico de la desconfianza que sienten los antiguos Estados miembros hacia los nuevos. Demos un paso adelante eliminando uno de los elementos de esta disputa y votemos a favor de la directiva, siempre que se apliquen los compromisos que hemos alcanzado. 
La Presidenta.
   Señor de Villiers, quiero informar de que hemos tenido un problema con el tiempo. Usted debería tener un minuto y medio y, sin embargo, solo se le ha asignado un minuto. Esto ha sido un error y no podemos aclarar de dónde procede. No obstante, cuando doy la palabra a alguien siempre indico de cuánto tiempo dispone. En el futuro agradecería que, en caso de discrepancia, lo diga de inmediato. Ahora le concederé un minuto para intervenir, porque es imposible hablar coherentemente en los 30 segundos que le quedan. 
Philippe de Villiers (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, evidentemente me parece muy lamentable que el azar haya querido que este error se haya deslizado en el momento en que debía intervenir uno de los principales portavoces franceses del «no» en el referendo. Por tanto, me ha quitados la palabra; puede usted protestar.
El pueblo francés dijo «no» el 29 de mayo de 2005, «no» a la Directiva Bolkestein. Y me parece lamentable que se me quite la palabra, amputando un tercio de mi tiempo de intervención, justo cuando estoy diciendo que la Directiva Bolkestein fue expulsada sin ceremonias por el sufragio universal de una patada en el trasero dada por el pueblo francés, y he aquí que vuelve al Parlamento Europeo. Se trata pura y simplemente, para el pueblo francés, que va a ver esta noche las imágenes en todas las televisiones, de una provocación, porque el pueblo francés escuchó a Jacques Chirac, el Presidente de la República, decir el pasado mes de mayo que «Bolkestein se acabó». No se acabó, ¡esto es una provocación!
Bernard Lehideux (ALDE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, como miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, los diputados de la Unión para la Democracia Francesa somos, por supuesto, fervientes defensores de la libre circulación de servicios. Es necesario, es una verdadera necesidad, poner fin a las prácticas discriminatorias y proteccionistas de los Estados miembros y, por consiguiente, estamos a favor de una Directiva relativa a los servicios que se elabore aquí y no a través de la jurisprudencia del Tribunal.
Pero exigimos que se encuentre un equilibrio entre esta libertad favorable al desarrollo económico de Europa y el respeto del Derecho laboral, la protección del medio ambiente y la protección de los consumidores.
Es cierto que habríamos preferido una auténtica armonización al texto torpe e imprudente que se nos ha propuesto. Todos aquí habríamos debido saber que este proyecto provocaría el rechazo masivo y justificado de la opinión pública europea. En el punto en que estamos ya, habríamos podido evitar este golpe añadido a la imagen de la construcción europea.
Debo decir, señora Presidenta, que la falta de juicio político de la Comisión solo es equiparable a la de las autoridades gubernamentales francesas, que resultaron ser un socio inesperado en esta serie de patinazos. Pero, para ir al fondo, quisiera celebrar los progresos que se han realizado en nuestros debates del Parlamento.
Señorías, podemos asegurar la protección del Derecho laboral suprimiendo los artículos 24 y 25. Podemos rechazar el principio del país de origen aprobando el compromiso del artículo 16, que se ha convertido en la enmienda «de transacción» 293, que por lo demás abre la vía a la armonización que tanto esperamos y deseamos.
Podemos, espero, conseguir la exclusión de los servicios sociales y los servicios económicos de interés general de esta directiva votando nuestras enmiendas. A lo largo de todo este proceso hemos apoyado a las ponentes, la señora Gebhardt y la señora Van Lancker, a quienes agradezco su capacidad de escuchar y su apertura de espíritu. Si el Parlamento sigue esta línea, cosa que deseamos, en la votación final podremos dar nuestro apoyo a este texto, porque habrá sido profundamente modificado.
Jean Lambert (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, yo también quiero sumar mi voz a quienes han dado las gracias a la señora Gebhardt y a la señora Van Lancker por su notable labor en torno a este asunto. Al escuchar el debate de esta tarde he tenido la sensación de que la votación ya se ha celebrado, tal es la seguridad con la que se está hablando de lo que se ha aceptado y lo que no. Nada es definitivo hasta que votemos el jueves por la mañana.
No cabe ninguna duda de que era necesario reescribir esta directiva. Es una pena que lo esté haciendo el Parlamento; pedimos a la Comisión que la retirara de la mesa y la reescribiera, pero no lo haría. Tal y como han dicho otros, a muchos de los aquí presentes nos ha parecido que el comportamiento de la Comisión durante todo el debate sobre la directiva ha sido muy problemático. Hemos sido incapaces de aclarar las cosas; hemos sido incapaces de obtener respuestas a preguntas concretas; y ha habido una falta de respuesta pública a las enmiendas presentadas, sobre todo en nuestras reuniones de la comisión, así como una falta de evaluación efectiva del impacto social, que podría haber contribuido a aplacar los miedos en este sentido.
Es cierto que hay pocos puntos de desacuerdo, pero sin duda son importantes. Si nos fijamos en el contexto internacional, para algunos de nosotros se trata del AGCS, donde hemos oído ciertas cosas en relación con lo que hay realmente, en teoría, sobre la mesa, y después hemos oído hablar de posiciones de negociación entre bastidores que conducen a otra cosa.
Muchos de nosotros hemos tenido grandes problemas con toda la teoría del país de origen –no creo que sea un principio– y cómo, por ejemplo, podría encajar con la capacidad de los Estados miembros para establecer niveles más elevados, lo que también está permitido. De nuevo, muchas de nuestras preguntas sobre cómo primará en esto el interés público primordial no han sido totalmente contestadas.
Estoy de acuerdo en que la salud debería quedar fuera de esta directiva; no tendría que haber estado nunca en ella, en primer lugar, y muchos de nosotros esperamos que la Comisión lance pronto una propuesta sobre las cuestiones de la movilidad de los pacientes y no la movilidad de los servicios, el motivo por el que nunca debería haber estado en la directiva en primer lugar.
Roberto Musacchio (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, Señorías, hoy en Estrasburgo una enorme manifestación ha expresado, de forma clara y rotunda, la necesidad de otra Europa. Este deseo de otra Europa es lo contrario a la Directiva Bolkestein y no puede satisfacerse ni siquiera con el compromiso, que en ningún punto se acerca a la comprensión de esta necesidad. De hecho, lo que crea es un derecho predominante a la obtención de beneficios con los servicios como si fueran mercancías, convirtiendo en ley fundamental las normas del comercio y del GATS, en vez de los derechos y las mejores prácticas. 
¿Quién decide qué es necesario, proporcionado y no discriminatorio? Esta directiva acabará por crear un gran número de controversias judiciales, lo que se ve agravado por el hecho de que el compromiso no excluye del ámbito de aplicación de la directiva los servicios públicos y los servicios ciudadanos, si bien sorprende que estén excluidas las profesiones y los servicios financieros y de seguros, es decir, los sectores poderosos. Los trabajadores autónomos quedan a merced del dúmping y es fácil imaginar qué ocurrirá. Queremos algo nuevo, y se nos vuelve a proponer lo viejo. Por este motivo, votaremos en contra de esta directiva y de este mal compromiso.
Mario Borghezio (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, Señorías, estamos y siempre hemos estado en contra de la directiva, incluso en su versión modificada. En efecto, las enmiendas introducidas no eliminan del todo las graves consecuencias que puede tener en términos de dúmping social y, sobre todo, de debilitamiento del papel y los poderes de los organismos regionales.
Además, la propuesta general de eliminar las barreras a la entrada de los prestadores de servicios extranjeros puede reducir el nivel de calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, por ejemplo con respecto al suministro de alimentos biológicos en los comedores escolares y la emisión de licencias para determinados servicios. Después hay toda una serie de normativas que los Estados miembros y las autoridades locales han adoptado para proteger a los consumidores y los usuarios y a las que tendremos que renunciar definitivamente.
Además, este compromiso abre la puerta a un inmenso contencioso y no permitirá en absoluto desburocratizar y agilizar el mercado de los servicios. Baste pensar en todos los conflictos que se someterán al Tribunal de Justicia y, por tanto, en la jurisprudencia europea, un auténtico superderecho europeo que aplastará la normativa legal de los Estados y las normativas locales y territoriales. Por esta razón, decimos decididamente «no» a este intento de imponer, aunque sea subrepticiamente, el principio supuestamente rebajado en la directiva…
Roberta Angelilli (UEN ).
   – Señora Presidenta, Señorías, siento decirlo, pero con esta directiva el Parlamento Europeo se arriesga a crear un monstruo. Por desgracia, el objetivo de abolir las odiosas barreras burocráticas que yugulan efectivamente la libre circulación de servicios no se ha cumplido. Lo que queda de la directiva es una chapuza, fruto de la lógica del compromiso a ultranza, que une lo que no se puede unir, es decir, la liberalización salvaje y la defensa de los privilegios corporativos de determinadas categorías y sectores.
Hay que recordar que quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta directiva todos los sectores fuertes –las telecomunicaciones, los servicios bancarios y financieros, los seguros y los servicios jurídicos–, es decir, todos los sectores que han tenido la fuerza necesaria para quedar fuera de la directiva, mientras que esta se aplicará a todos los sectores débiles, los que necesitan más protección social y tienen menos capacidad para estar representados y ejercer presión.
De todos modos, quiero ver el vaso medio lleno. Constato que se ha eliminado con razón el principio del país de origen y esperamos que se excluyan del ámbito de aplicación todos los servicios de interés general. 
Quisiera destacar dos contribuciones que hemos hecho al texto: en primer lugar, la obligación impuesta a la Comisión de presentar un informe al Parlamento Europeo sobre el estado de aplicación de la directiva, a fin de comprobar su correcta aplicación y verificar que esta no viole las normas de protección de los derechos de los trabajadores y consumidores y, en segundo lugar, la petición de instituir en cada Estado miembro un organismo supervisor nacional que elabore un informe anual y compruebe la aplicación de la directiva, para que esta no viole los derechos de los trabajadores y no genere prácticas de dúmping social. El organismo deberá vigilar que se apliquen a los trabajadores todas las disposiciones en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. En conclusión, pido que el organismo vigile...
James Hugh Allister (NI ).
   – Señora Presidenta, en la tensión entre el acceso totalmente libre al mercado y la defensa del empleo nacional autóctono, no me arrepiento de considerar prioritaria la protección de los empleos locales. De ahí que el principio del país de origen, en particular en su forma original en la directiva propuesta, va a mi juicio demasiado lejos: sería injurioso para el empleo nacional permitir a los proveedores de servicios operar en el país anfitrión de su elección sin estar sujetos, a diferencia de los proveedores locales, a las mismas costosas restricciones legislativas en materia laboral, de consumo y medio ambiente. Así, los empresarios locales, los empleados y, en última instancia, los consumidores locales serían los perdedores. La competencia no solo debe ser libre: también ha de ser justa, y me parece que este principio se está pasando por alto.
Mi segunda objeción se refiere al alcance de esta directiva. No puedo aceptar que deba aplicarse a los servicios públicos básicos. Todo país tiene la obligación de prestar estos servicios y esa obligación no debería eludirse, como tampoco debería reducirse la calidad de dichos servicios, permitiendo que los presten empresas baratas carentes de escrúpulos. Los servicios comerciales son una cosa, pero los servicios públicos básicos, como las viviendas sociales y el bienestar, son otra cosa muy diferente, y no deberían ser el juguete de proveedores con ánimo de lucro. Por tanto, es una directiva que no puedo apoyar ni apoyaré. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, durante algún tiempo todo parecía ir bien en lo que respecta a la Directiva de servicios. El Consejo está presente hoy, representado por el Ministro de Economía y Trabajo de un país donde la cooperación social funciona y donde la economía social de mercado es una realidad viva. La unidad entre los interlocutores sociales, la economía social de mercado y la compatibilidad del crecimiento económico y la competitividad con la seguridad en la esfera social son los principios en los que se han basado los diputados al Parlamento Europeo, durante las últimas semanas, para ponerse de acuerdo entre ellos y reescribir la Directiva Bolkestein.
Durante los últimos meses y semanas se han dicho y escrito muchas falsedades acerca de la Directiva de servicios y se ha intentado deliberadamente avivar ansiedades y prejuicios. Aún hoy hay quienes preferirían manifestarse antes que informar, salir a la calle en lugar de negociar y buscar la división en vez de soluciones políticas adecuadas.
Nosotros en esta Cámara hemos tomado otro camino, pero incluso aquí hay quienes desinforman sin haberse leído el texto. A la señora Wagenknecht debo decirle que esta directiva no trata de la liberalización o la privatización, y a nuestros amigos del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiero recordarles que la primera frase del artículo 16 dice: «Los Estados miembros garantizarán el libre acceso a los servicios y su libre prestación.»
Lo que realmente hace esta Directiva es suprimir la burocracia y la inseguridad jurídica. Genera crecimiento económico y empleo manteniendo a la vez la seguridad social. Toma como punto de partida la libre prestación de servicios y procede a regular dicha libertad. Toma como punto de partida la libre prestación de servicios y procede a regular dicha libertad.
Lo que hemos hecho al reescribir la propuesta de la Comisión y la resolución sobre el mercado interior, así como a través de las negociaciones entre los Grupos, es confeccionar una tarjeta de visita para el modelo europeo de economía social de mercado. No estamos oponiendo una cosa a la otra. También hemos escuchado a los ciudadanos y hemos asumido sus temores y preocupaciones en la labor que hemos llevado a cabo en esta Cámara.
Europa necesita esta Directiva de servicios. Esta traerá más crecimiento y más empleo, y beneficiará a trabajadores, a empresarios y a Europa. No existe ni una sola razón para rechazar esta directiva en la forma en que la someteremos a votación, y tampoco hoy existe ningún motivo para manifestarse en contra de esta Directiva en la forma en que la vamos a aprobar.
Los manifestantes también lo han reconocido, ya que, de los 35 000 que han venido a Estrasburgo, menos de 1 000 se han acercado al edificio del Parlamento. Ellos también saben que estamos trabajando a su favor.
Hannes Swoboda (PSE ).
   – Señora Presidenta, quisiera ante todo agradecerle sinceramente que haya dejado intervenir a tres austriacos justo antes de la pausa. Es un tributo a la Presidencia. En todo caso, así es como lo veo yo.
Señorías, señor McCreevy, el Presidente de la Comisión y el Ministro Bartenstein están en lo cierto cuando dicen que la votación del jueves será muy importante, tanto para el desarrollo del mercado de servicios y del mercado interior como para la cuestión de la ampliación. El hecho de que coincidan estos dos asuntos ha provocado sin duda un gran temor a que aumente la competencia y a que se apliquen recortes sociales. Nuestra crítica a la directiva en su forma actual se refería precisamente a que traerá estas consecuencias. Opino, no obstante, y debemos estar todos convencidos de ello, que nos hemos comprometido a que el mercado interior sea uno de los instrumentos de la Unión Europea, y debemos por tanto convertirlo progresivamente en realidad. También nos hemos comprometido con la ampliación. Esto significa asimismo permitir que los vecinos que se han unido a nosotros participen en ese mercado interior sin discriminación. Lo que debemos hacer con esta directiva es convertirla en realidad desde un punto de vista social.
Vengo de un país que linda con los países de la ampliación. Mucho de lo que quizás no haya ocurrido aún de manera formal ya es de hecho una realidad. Sé que los problemas existen, y sé que, si utilizo el término «dúmping social», algunos de los colegas de mi propio Grupo dirán que es discriminatorio. Sin embargo no estoy refiriéndome a los trabajadores. Estoy hablando de un número pequeño de empresas que utilizan mano de obra barata para practicar dúmping social. Debemos evitar por consiguiente que, por culpa de unos pocos, se cree una mala imagen del proceso de ampliación o del mercado interior, porque el mercado interior y la ampliación son una buena cosa en sí. Estoy convencido de que en esto hemos progresado.
Los periodistas nos preguntan hoy si esta directiva traerá algún beneficio. El artículo 16 es particularmente importante en su forma actual, puesto que enuncia con claridad lo que está permitido y lo que no está permitido. Estoy de acuerdo con la Comisión en que los elementos discriminatorios deben suprimirse, al igual que las disposiciones que resulten desproporcionadas o innecesarias para lograr los objetivos. Por otra parte, es importante dejar claro que esto no contribuye al dúmping social ni menoscaba los progresos realizados, ya que no se entendería que utilizáramos la ampliación o el mercado interior bloquear el progreso o deshacer lo conseguido. Teniendo todo esto en mente, es importante que seamos capaces de ejecutar mañana los acuerdos alcanzados hoy. Las manifestaciones han contribuido a llamar nuestra atención al respecto. Al fin y al cabo, no estaban en contra de una directiva, sino a favor de una mejor.
Si la Presidencia y la Comisión contribuyen a elaborar una directiva mejor, entonces podemos darnos realmente por satisfechos.
Martin Bartenstein,
   Señora Presidenta, Señorías, estoy de acuerdo con ustedes y con el Comisario McCreevy en que estamos ahora ante una directiva mejor, una directiva que, espero, cosechará una amplia mayoría en primera lectura; y esto lo digo no solo porque he seguido el debate, sino por la labor realizada durante los últimos meses y semanas.
No sé si por simple coincidencia o gracias a la sabiduría de la Presidenta, me alegra poder intervenir como conciudadano de los dos oradores anteriores, el señor Karas y el señor Swoboda, no solo por ser conciudadanos, sino porque ambos han contribuido de modo considerable a alcanzar este acuerdo en las últimas semanas. Ya he expresado mi agradecimiento a la señora Gebhardt y quisiera dar las gracias a los dos así como por supuesto al señor Harbour y a otros muchos. Estoy seguro de que podrá usted llevar la corbata presidencial durante los próximos meses, señor Harbour, porque esta directiva seguirá siendo una buena directiva y abrirá el camino a una mayor libertad de prestación de servicios.
Era y es uno de los asuntos más controvertidos, sino el más controvertido, de los que ha tratado el Parlamento Europeo, y en todo caso uno de los más sustanciales si juzgo por el número de enmiendas presentadas. Con el programa , que se puede equiparar en importancia, el Parlamento Europeo también realizó una excelente labor y realmente inició el camino hacia una directiva razonable sobre productos químicos. El Parlamento Europeo puede estar orgulloso de ello. Es importante que haya una amplia mayoría pasado mañana, no solo por una cuestión de principio, sino porque todos sabemos que hay una carta de seis Estados miembros a la Comisión, que aún quedan asuntos pendientes en la Comisión y que una amplia mayoría del Parlamento advertirá a la Comisión y al Consejo de que deben atenerse a su opinión al respecto.
En mi opinión y en la de la Presidencia, este texto de compromiso está muy logrado, ya que produce un valor añadido claro en el mercado interior de los servicios y liberaliza la prestación de los mismos, mientras que por otra rechaza de plano el dúmping social y salarial. Personalmente, no creo que la seguridad en materia social en Europa constituya un obstáculo a su competitividad y a su fuerza, sino que es precisamente una condición indispensable para que Europa sea todavía más competitiva.
Esta directiva posee asimismo un alto valor simbólico. Si bien, como ha señalado la señora Thyssen, esta directiva se erigió en los últimos meses en el símbolo de la brecha abierta entre Europa y sus instituciones por una parte y la opinión pública por otra –fue una lástima, pero eso es lo que ocurrió desafortunadamente–, también simboliza la capacidad de esta Europa para avanzar hacia un mayor crecimiento y empleo. En el plano político no tenemos tantas oportunidades de favorecer el crecimiento y el empleo. La Directiva relativa a los servicios es una de estas oportunidades.
Vista desde ese ángulo, es un símbolo importante en muchos aspectos, y vamos por buen camino. En los últimos meses he tenido la sensación de que todos los sectores interesados, incluidos los interlocutores sociales, es decir, todos los interesados responsables, quieren que se apruebe esta Directiva relativa a los servicios porque la necesitamos. Quisiera señalar que el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos ha afirmado que se trata de un buen compromiso que debería aprobarse. Muchos han dicho que se manifestarían hoy de una directiva mejor. Si queremos dar vida a la Estrategia de Lisboa, si queremos demostrar a los ciudadanos que trabajamos a favor del crecimiento y el empleo, entonces necesitamos esta Directiva de servicios.
Nuestra Presidencia seguirá trabajando intensamente en las próximas semanas. Examinaremos los puntos de vista y la posición del Parlamento, presentaremos la propuesta a debate con los interlocutores sociales el 9 de marzo y en el Consejo de competencia el 13 de marzo, y la debatiremos en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo. Tan pronto como el señor McCreevy y la Comisión nos envíen, a finales de abril, la nueva propuesta revisada, que se basará en gran medida en la labor del Parlamento, haremos cuanto podamos para hacer avanzar que este expediente todo lo posible. Le prometo, como también prometo a todo el Parlamento, que nos tomamos muy en serio su posición y que la seguiremos en gran medida.
Toine Manders (ALDE ).
   – Señora Presidenta, lamento profundamente que la Presidencia no pueda quedarse hasta el final, pues debemos fijar nuestras prioridades y es una pena que los integrantes de los Grupos más pequeños tengan que intervenir esta tarde sin la presencia de la Presidencia. Me siento muy decepcionado al respecto, y esto es en realidad la respuesta a todos los comentarios que se han hecho. Quería desahogarme al respecto en primer lugar.
También considero lamentable que los Grupos pequeños no participen en las negociaciones. El hecho de no invitarles es una forma de trabajar totalmente inaceptable. Me parece lamentable que ahora se pongan de acuerdo el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Si así van a ir las cosas en política, pienso que vamos por mal camino y que la democracia en Europa se está desgastando cada vez más. Estos son otros dos gritos del alma que necesitaba expresar.
El objetivo de esta directiva es fortalecer la economía europea, y ello no con el fin de competir unos con otros, sino de competir con el resto del mundo. Se trata de conseguir un equilibrio entre los intereses del consumidor y los intereses de las empresas y de colocar a nuestra economía en buen lugar frente al resto del mundo.
Espero que podamos alcanzar un compromiso aceptable de aquí al jueves por la mañana. De no ser así, me temo que estaremos cometiendo el mismo error que hicieron los egipcios en el momento cumbre de su civilización. Se dedicaron a proteger sus logros y dejaron de centrarse en preservar su prosperidad de cara al futuro, y todos sabemos lo que le ocurrió con la cultura egipcia. Por ese motivo…
Elisabeth Schroedter (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, me temo que voy a empañar este alarde de armonía y señalar que la Comisión ha hecho un mal servicio a la Unión Europea con la Directiva Bolkestein. Ni siquiera tiene la excusa de haber heredado la directiva, ya que no la retiró el pasado marzo. Bolkestein divide a Europa entre pobres y ricos, entre el este y el oeste. La Directiva Bolkestein es una propuesta con unos pocos ganadores y muchos perdedores. No es un paso adelante, sino un paso atrás en lo que respecta a la integración europea. Precisamos una directiva sobre el mercado de servicios donde no haya perdedores, que combine la libre prestación de servicios con el reconocimiento de los derechos sociales de cada Estado miembro y la protección de los trabajadores. Por otra parte, el principio del país de origen podría ocasionar una espiral a la baja para los derechos sociales en Europa.
Muchos ciudadanos de toda Europa, de Francia, Italia, Polonia y Alemania, están hoy en las calles de Estrasburgo para protestar contra la directiva. No están protestando contra la Unión Europea, están protestando contra la deriva de Europa hacia el neoliberalismo, contra la fragmentación de Europa. Disponemos ya de leyes europeas que establecen el principio de «salario igual por un trabajo igual en un empleo igual» en la legislación en materia de prestación transfronteriza de servicios. En esta legislación no hay perdedores. Y ahora se está menoscabando este principio.
¿Lo he entendido bien, señor Bolkestein? Si el Parlamento suprime los artículos 24 y 25 de la propuesta de la Comisión, ¿tiene usted intención de presentar una nueva propuesta? Esto significa, señor Bolkestein, digo, señor McCreevy –ha sido un lapsus, aunque quizás venga a cuento–, esto significa que tiene usted que socavar retrospectivamente la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. ¡No si podemos evitarlo, señor Comisario! Sus palabras demuestran que la presencia de tanta gente en las calles de Estrasburgo hoy tiene sobrados motivos. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Nos oponemos de plano a esta propuesta de directiva destinada a liberalizar los servicios.
No podemos pasar por alto el hecho de que esta directiva es uno de los instrumentos más importantes, en realidad una de las piedras angulares de la llamada Estrategia de Lisboa, destinada a impulsar la liberalización y privatización de los servicios públicos y a fomentar el dúmping social y la competencia entre trabajadores en beneficio de grupos económicos y financieros.
Aunque la presión de la opinión pública, los movimientos sociales y las luchas de los trabajadores, incluida la manifestación de hoy, han permitido que se matizara la redacción original, el objetivo central sigue en pié. Por consiguiente, resulta crucial rechazar esta propuesta si queremos evitar que este tipo de legislación se cuele por la puerta de atrás. En aras de la seguridad jurídica y de la protección de los derechos sociales, laborales, ambientales y del consumidor, es de vital importancia que se rechace esta propuesta, y así es como votaremos. 
Johannes Blokland (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, apoyo la esencia de la directiva, teniendo en cuenta las restricciones que han acordado los dos Grupos mayoritarios. De esa forma se respetan las normas laborales y ambientales que se aplican en los Estados miembros.
Es importante que la directiva contribuya a reducir la carga administrativa soportada por los prestadores de servicios que operan en otros Estados miembros.
Tenemos todos los motivos para pensar que el principio del país de origen va a desaparecer, cosa que acojo con satisfacción. Me pregunto no obstante si el Consejo y la Comisión pueden garantizar que los Estados miembros ofrezcan servicios acordes con los requisitos de la ética médica.
El tema del agua potable es igualmente problemático, por lo que conviene mantenerlo fuera del ámbito de aplicación de la directiva.
Lo mismo ocurre con la asistencia social y los servicios sociales. Los beneficiarios de esos servicios a menudo no se encuentran en condiciones de elegir a sus prestadores. Por consiguiente, podrían verse negativamente afectados los cuidados que reciben personas discapacitadas.
La directiva no contempla las condiciones laborales del personal temporal, ya que están reguladas por la Directiva relativa a trabajo temporal. En consecuencia, no hay razón por la que no deba aplicarse la directiva al sector del trabajo temporal.
La directiva debe tomar forma en su puesta en práctica. En este sentido, la calidad de su aplicación será decisiva.
Eoin Ryan (UEN ).
   – Señora Presidenta, durante mucho tiempo Europa ha estado dominada por la política del miedo: miedo a la globalización, a la inmigración y a una carrera a la baja. Sin embargo, en realidad el miedo es un miedo al cambio. Esto es tan cierto para Irlanda, como lo es para cada uno de los Estados miembros. En Irlanda estos temores no se han basado en análisis económicos concretos, sino en pruebas anecdóticas del cambio negativo que la Directiva de Servicios comportar.
Por supuesto, es vital que se protejan y no se socaven las normas y condiciones de los trabajadores; es preciso seguir garantizando que con el paso del tiempo no se debiliten en absoluto los avances logrados con respecto a los salarios y las condiciones de los trabajadores. Por tanto, es crucial que apoyemos un compromiso que garantice el control efectivo y el respeto de los derechos de los trabajadores manteniendo la finalidad original de la directiva.
No obstante, ninguna barrera puede protegernos de las fuerzas de la globalización. Europa necesita dar un paso seguro y unificado. El verdadero peligro para Europa no es el peligro de una carrera descendente, sino que reside en la necesidad que tiene Europa de asegurarse la victoria en esta carrera para permanecer en cabeza y de asegurarse de que no se hunda.
Si se obtiene un consenso viable en torno a esta directiva demostraremos a nuestros ciudadanos que la Unión Europea está comprometida y es capaz de competir a escala mundial. Habría que evitar que los mercados europeos sigan estancados económicamente. La mayoría de las reformas empiezan con buenas intenciones pero pueden perder su finalidad original en el Parlamento debido a las enmiendas. No podemos permitir que se produzca una situación en la que, tal y como se ha citado hoy a un economista, «la Directiva de Servicios podría terminar como un buen ejemplo de ‘muerte parlamentaria’».
Es esencial, como ha señalado el Comisario McCreevy, que establezcamos una Directiva de Servicios mejor, que liberará el enorme potencial económico del sector de los servicios en Europa. 
Jana Bobošíková (NI ).
   – Señorías, estoy plenamente a favor de que el Parlamento Europeo apruebe la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior. Esto incluye las medidas clave del artículo 16, que dispone claramente que los prestadores de servicios estarán sujetos exclusivamente a las disposiciones nacionales de su Estado miembro. También apoyo la propuesta de la Comisión plasmada en los artículos 24 y 25, que facilitará enormemente la circulación de trabajadores dentro del mercado de la UE. Solo si aprobamos la directiva en esta forma podremos establecer cimientos firmes para la consecución de un mercado único en el sector de los servicios. Me referiré ahora al primer acuerdo sobre integración económica entre los Estados de la Unión, a saber, la Declaración de Messina, que ya tiene 50 años. Los gobernantes de entonces se fijaron el objetivo de crear un mercado común y la introducción gradual de la libre circulación de trabajadores.
Cito: «Los Gobiernos de la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos creen firmemente que ha llegado el momento de dar un paso más hacia la unidad de Europa». Pensaban que dicho objetivo debía conseguirse en primer lugar dentro de la esfera económica y que una Europa unida debía desarrollar instituciones comunes, vincular gradualmente las economías nacionales, crear un mercado común y armonizar progresivamente las políticas sociales. Considero que dicho programa es esencial si queremos que Europa mantenga su posición y renueve su influencia y prestigio en el mundo, a la vez que siguen mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Aquí termina esta referencia a un texto de hace 50 años.
Señorías, hago un llamamiento, en especial a aquellos diputados de los Estados mencionados anteriormente, para que se mantengan fieles a los objetivos de sus predecesores políticos y no abandonen el ideal de una economía abierta. Actuando de otro modo nos arriesgamos a liberar de la lámpara el genio rojo y negro del populismo y el nacionalismo, que solo deparó tiranía y pobreza a este continente. 
La Presidenta.
   Se suspende el debate, que se reanudará a las 21.00 horas.
Pasamos ahora al Turno de preguntas y quiero agradecer al representante de la Presidencia del Consejo, el señor Winkler, su flexibilidad al permitirnos que hayamos sobrepasado un poco el tiempo previsto. 

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0002/2006).
Deseo llamar su atención, Señorías, sobre el nuevo procedimiento, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, que ya se aplicó durante el período parcial de sesiones de enero. Pido por tanto la cooperación del Consejo y de los diputados a esta Cámara para garantizar que se puedan debatir y contestar el máximo número posible de preguntas.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, el Turno de preguntas consta ahora de dos partes. El representante austriaco del Consejo de Asuntos Generales, el señor Winkler, contestará a las preguntas en la primera parte del turno y, en función del asunto que se debata, en la segunda parte contestará el Ministro competente.
Se han formulado al Consejo las siguientes preguntas:
El Consejo Europeo de Salónica (20 de junio de 2003) decidió abrir la perspectiva de una adhesión a todos los países de los Balcanes occidentales. Sin embargo, Serbia y Montenegro quedó excluido de las negociaciones europeas y sólo el 10 de octubre de 2005 el Comisario Olli Rehn, encargado de cuestiones de ampliación, inició unas negociaciones para lograr un acuerdo de estabilización y de asociación entre la Unión Europea y Serbia y Montenegro.
¿Podría exponer el Consejo a qué se debe ese retraso? ¿Se van a aplicar a Serbia y Montenegro los mismos criterios que en el caso de Croacia? ¿Considera el Consejo que la actitud de Serbia en el marco de las negociaciones referentes al estatuto definitivo de Kosovo va a influir en las negociaciones con vistas al acuerdo de estabilización y de asociación?
Hans Winkler
   , . Señor Presidente, Señorías, contestando a la pregunta del señor Papadimoulis, me gustaría subrayar que, por supuesto, se aplican los mismos criterios a todos los países de los Balcanes Occidentales. El Consejo siempre ha defendido ese principio y huelga decir que también se aplica a Serbia-Montenegro.
Permítame recordarle que en la Cumbre de noviembre de 2000 en Zagreb, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y de los Balcanes Occidentales expresaron su firme apoyo al proceso de estabilización y asociación. Quedó constancia de que la adhesión a la Unión Europea está condicionada a la observancia de los términos del Tratado de la Unión, al cumplimiento de los criterios de Copenhague y a los progresos con respecto al Acuerdo de Estabilización y Asociación. Huelga decir que todos los países deben satisfacer dichas condiciones de igual manera y sin discriminación.
Existe asimismo un compromiso de cooperación regional y de buenas relaciones con países vecinos, que constituyen una parte esencial del proceso de estabilización y asociación.
Este compromiso se reafirmó en la declaración de la Cumbre de Salónica en 2003, en la que también se hacía referencia a la perspectiva europea de estos países. Llegados aquí, quisiera señalar que una de las prioridades de la Presidencia austriaca es reafirmar dicha perspectiva europea, centrándonos en los Balcanes durante los seis meses de la Presidencia. Los países de los Balcanes Occidentales deben tener la oportunidad de unirse a la Unión Europea siempre que cumplan las condiciones para ello.
En lo que respecta a Serbia-Montenegro, este país ha gozado de preferencias comerciales y de ayuda técnica y financiera desde el año 2000 en el marco del proceso de estabilización y asociación. Desde el año 2001, la Unión Europea también ha prestado a Serbia-Montenegro asesoramiento político a través del grupo de trabajo consultivo, que más adelante fue sustituido por el diálogo permanente reforzado, con vistas a las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación.
Si quiere progresar en las diferentes fases del proceso de negociaciones, Serbia-Montenegro deberá seguir cooperando de forma estrecha y efectiva con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Esto es tan válido para Serbia-Montenegro como lo fue para Croacia y como lo es para todos los demás países de que se trata aquí.
La Comisión Europea también está al tanto de la cooperación de Serbia-Montenegro con el Tribunal Penal Internacional durante las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Si la Comisión concluyera que esta cooperación no es completa, podría decidir, de común acuerdo con el Consejo, suspender las negociaciones.
Como ya he señalado, Serbia-Montenegro y todos los países de la zona deben cumplir por supuesto los criterios de Copenhague. Estos incluyen estabilidad política, respeto de los derechos humanos y capacidad para satisfacer las condiciones particulares del proceso de estabilización y asociación.
Su Señoría también ha planteado la cuestión relativa a Kosovo. Quiero subrayar que el Consejo Europeo dejó claro en junio de 2005 lo que la Unión Europea espera de las partes con respecto a Kosovo. Pidió tanto a Belgrado como a Pristina que no obstruyeran la introducción de las normas necesarias en Kosovo. Como usted sabe, se están llevando a cabo negociaciones sobre el estatuto de Kosovo. Ambas partes tendrán que demostrar su buena voluntad en el proceso, de forma que si se encuentra una solución, esta deberá ser aceptada por ambas partes.
El Consejo declaró entonces que la solución debe ser plenamente coherente con los valores y normas europeos y debe contribuir a poner en práctica la perspectiva europea para Kosovo y en toda la zona. Dijo asimismo que el estatuto final de Kosovo debe dar lugar a una mayor estabilidad y seguridad en la zona y que cualquier solución unilateral o impuesta por la fuerza sería por tanto inaceptable. 
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta. He tomado nota con particular interés de que el Consejo y la Presidencia austriaca tendrán exactamente los mismos criterios y mostrarán el mismo interés por las perspectivas europeas de Serbia-Montenegro que de Croacia.
Quiero preguntarle, más concretamente, hasta qué punto exactamente vincula el Consejo las perspectivas europeas de Serbia-Montenegro a las discusiones sobre el futuro de Kosovo. 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, Señoría, las conversaciones sobre Kosovo se desarrollan bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El proceso de estabilización y asociación se desarrolla bajo los auspicios de la Unión Europea. Sería poco prudente ponerse a especular en este momento sobre lo que podría pasar si tal o cual cosa ocurriera.
Ambos procesos deben seguir adelante. En última instancia tendrán que confluir. Queda claro, asimismo, que cualquiera que sea el estatuto acordado para Kosovo, también Kosovo tendrá una perspectiva europea, de alguna forma u otra. No debemos dejarnos influir por la cuestión de las negociaciones sobre el estatuto en este momento, sino seguir adelante con el proceso de estabilización y asociación de Serbia-Montenegro. 
Bart Staes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo es sin duda consciente del hecho de que durante los bombardeos que tuvieron lugar al comienzo de la guerra de Kosovo en marzo de 1999, miles de personas fueron secuestradas y desaparecieron. A día de hoy siguen desaparecidas 2 500 personas, lo que ocasiona un gran sufrimiento en Kosovo. Hermanos, hermanas, padres e hijos no saben dónde están sus familiares. Se ha establecido una comisión conjunta compuesta por serbios y croatas para resolver este asunto, pero los serbios no están poniendo mucho de su parte.
¿Está de acuerdo conmigo el Presidente en ejercicio del Consejo en que una de las condiciones de adhesión a la Unión Europea debería ser la obligación de resolver estos problemas humanos, de forma que se sepa si estas personas siguen en vida, y que se conozca su paradero para que puedan volver a Kosovo? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, deseo puntualizar que todos los asuntos relacionados con los derechos humanos se abordan, por supuesto, en las conversaciones y negociaciones con Serbia-Montenegro. Los valores comunes europeos cobran particular importancia en estas negociaciones, y también se abordan las cuestiones que ha planteado su Señoría. 
Hubert Pirker (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el hecho de que Austria se implique en el sureste de Europa es motivo de gran satisfacción en interés de la estabilidad de la Unión Europea. Sabemos ahora que en abril podría tener lugar una votación sobre la independencia del territorio de Montenegro. ¿Hasta qué punto puede cambiar o cambiará la estrategia de la Unión Europea hacia ese nuevo Estado de Montenegro? ¿Qué tipo de ayuda debería aportar entonces la Unión Europea para la construcción de un país estable? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, para contestar a esta pregunta me gustaría decirle que quizás no sea prudente en este momento anticipar cuáles serían las consecuencias del resultado de un posible referendo para las relaciones entre Serbia y Montenegro o entre un posible nuevo Estado de Montenegro y la Unión Europea. Ni siquiera sabemos en qué condiciones se realizará dicho referendo.
En todo caso, la Presidencia y la Comisión desean que Serbia y Montenegro progresen lo más rápidamente posible hacia la integración en estructuras europeas. Ese es nuestro objetivo. No podemos decir por ahora de qué manera se llevará esto a cabo si se separan las dos partes del actual Estado. No obstante, y esta es quizá la respuesta directa a su pregunta, no queremos de ninguna manera que se interrumpa el proceso de convergencia con la Unión Europea aunque Montenegro se convierta en un Estado independiente. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Sin embargo, de momento el proceso debe seguir coherentemente al tiempo que debemos estar preparados para cualquier eventualidad. 
Presidente.
¿Podría indicar el Consejo si, en su conjunto, hace suyas las críticas formuladas recientemente por su Presidente, el Sr. D. Wolfgang Schüssel, en relación con el Tribunal de Justicia?
¿Considera el Consejo ilegítima la jurisprudencia del año 1985 en lo que se refiere a la aplicación del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad al acceso a la educación superior?
En caso afirmativo, ¿podría indicar el Consejo la razón por la que no ha expresado antes su punto de vista y por qué tampoco ha solicitado a la Comisión que presente propuestas para modificar la situación jurídica?
Hans Winkler
   , . La institución del Tribunal Europeo es sin duda alguna un elemento importante de la Unión Europea. Nadie ha dudado nunca de esto y está claro que el Consejo no lo ha cuestionado jamás como tal, porque está fuera de toda duda.
Si cualquier político, y en este caso el Canciller austriaco, contribuye al debate sobre el funcionamiento de las instituciones europeas, con ello no está cuestionando en absoluto la institución del propio Tribunal Europeo. Tenemos que poder debatir y cuestionar el funcionamiento de las diferentes instituciones de la Unión Europea, incluido el Tribunal Europeo, pero, repito, esto no significa en modo alguno que estemos poniendo en tela de juicio la propia institución.
El Consejo, como institución, no ha hablado de esto y, por tanto, no puedo darles una respuesta en nombre del Consejo. Creo que está justificado hablar y pensar sobre el funcionamiento del Tribunal y otras instituciones. Esto ha sido una aportación al debate sobre el futuro de Europa. 
Richard Corbett (PSE ).
   – Gracias por esa respuesta, pero he de recordarle que, a diferencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es nombrado por las instituciones federales de los Estados Unidos, nuestro Tribunal de Justicia lo designan realmente los Estados miembros y, sin embargo, al parecer son los propios Estados miembros quienes se quejan de algunas de sus sentencias. 
El Tribunal no puede intervenir en ninguna cuestión: solo puede ocuparse de las disputas que le son remitidas. Concluiré con las palabras de un antiguo Presidente del Tribunal de Justicia, quien dijo: «el Tribunal no toma decisiones políticas, pero a veces tiene que recordar a los políticos las decisiones que han tomado». 
Hans Winkler
   , . Me parece que realmente no puedo responder a esa pregunta. Es cierto que aceptamos que el Tribunal es una institución creada, como lo ha descrito usted, por los Estados miembros, y aceptamos que el Tribunal decida y dicte sentencias y que los Estados miembros hayan de aceptarlas. Ello no significa que no se puedan hacer comentarios sobre la sentencia. 
Reinhard Rack (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, las críticas expresadas por el Canciller austriaco tienen una base concreta, a saber, los problemas de números y de tipo financiero entre Austria y la República Federal de Alemania en lo que concierne al acceso a la educación superior, problemas parecidos a los que surgieron entre Francia y Bélgica. Debido a las diferencias de tamaño, los Estados miembros más pequeños tienen dificultades a la hora de garantizar todo lo que un acceso completamente libre a la educación superior requeriría en materia financiera y organizativa.
¿Ve Austria alguna solución al problema específico del acceso a la educación superior? ¿Qué solución? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, las críticas a las que usted se refiere, formuladas por Austria acerca de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el acceso a la enseñanza superior, concernían principalmente a los problemas que han surgido, a raíz de la sentencia y de la aplicación, a nuestro parecer demasiado estricta, de la prohibición de discriminación en el ámbito de la política educativa. También comentamos, y esto es algo que realmente se debería haber tomado en consideración, que, siguiendo plenamente la tradición de los tribunales supremos, convendría haber establecido períodos transitorios en lugar de estipular un efecto retroactivo de la sentencia. Todos estos puntos forman parte del comentario sustancial de la sentencia.
La sentencia ha dificultado el acceso por parte de ciudadanos austriacos a muchos sectores de la enseñanza superior, en particular a sectores importantes para que Austria disponga, en este caso particular, de médicos. Los trastornos ocasionados en un asunto nacional que al fin y al cabo es muy importante deben remediarse. Debemos encontrar una solución que garantice la formación cada año en Austria –o en Bélgica– de suficientes médicos para satisfacer las necesidades del país. Esta es sin duda una petición legítima.
Se han avanzado ideas para superar y eliminar este problema. Entre estas propuestas, que en última instancia tendrá que decidir el Parlamento Europeo, pues deberá darse en forma de ley, radica en el establecimiento de una cuota para el estudio de medicina –odontología y medicina humana– que no se basen en la nacionalidad, sino en la existencia de un certificado austriaco de fin de estudios secundarios que autorice el acceso a la enseñanza superior. De esta forma se verían satisfechas las necesidades del servicio nacional de salud austriaco, en lo que respecta al número de médicos y de estudiantes de medicina.
Creemos que esta solución es conforme a la legislación europea así como a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, el cual, de hecho, consideró que el único defecto estaba en que no se había documentado numéricamente el alcance del trastorno. Un año después disponemos de dicha documentación. Pienso que esta solución, que es muy similar a la que se propuso en el caso de Bélgica y Francia, resistirá el examen a la luz de la legislación europea. Pienso que estamos en el buen camino para encontrar una buena solución al respecto. 
Paul Rübig (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa es un objetivo prioritario para el Consejo, la Comisión, el Parlamento y en última instancia también para la opinión pública de aquí a 2010. ¿Qué función piensa que debe desempeñar la política educativa y el acceso a la educación superior en la Estrategia de Lisboa? 
Hans Winkler,
   Al igual que el Parlamento Europeo y la Comisión, el Consejo considera que la educación ofrece grandes posibilidades a la hora de lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Tiene mucho que aportar y es sin duda uno de los temas en los que debemos centrarnos si queremos alcanzar los objetivos fijados por la Estrategia de Lisboa.
A la vez que aprobamos las nuevas directrices integradas para el crecimiento y el empleo, que comprenden las líneas generales de las políticas económicas y las directrices de empleo, pensamos asimismo que es importante reflexionar sobre la compatibilidad recíproca de la Estrategia de Lisboa y del proceso de Bolonia en el marco del actual debate sobre el futuro de la Unión Europea y sus instituciones.
El proceso de Bolonia, que implicará el establecimiento de un espacio europeo de la educación superior de aquí a 2010, es importantísimo, en particular para nuestros jóvenes. Las razones de ello son probablemente que las normas por las que se rige el acceso a la educación superior se encuentran atrapadas, por una parte, entre los derechos de los ciudadanos de la Unión en el mercado interior y, por otra, la estricta observancia del criterio de responsabilidad de los Estados miembros en lo que respecta a los contenidos y la forma del sistema educativo, criterio que está consagrado en el Tratado CE.
Esta tensión existe en otros ámbitos de la Estrategia de Lisboa, en los que las competencias nacionales se enfrentan a los objetivos europeos, y debemos encontrar soluciones que respeten ambos principios. Es particularmente cierto en el tema de la educación. De ahí que sea importante que encontremos soluciones en este terreno, ya que no conseguiremos alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa si no mejoramos el acceso a la educación. 
Presidente.
En la Declaración conjunta con la Unión Europea emitida durante la Cumbre UE-Rusia celebrada en Roma el 6 de noviembre de 2003, Rusia contrajo la responsabilidad de concluir rápidamente los acuerdos sobre fronteras pendientes de finalizar con Estonia y Letonia, zanjando así toda cuestión relacionada con sus fronteras con la Unión ampliada. No obstante, en 2005, el Gobierno ruso anunció que no tiene la intención de convertirse en parte de dos acuerdos sobre fronteras ya concluidos con Estonia, que acababan de ser firmados por ambas partes y ratificados por el Parlamento estonio. Moscú, en un gesto sin precedentes, retiró incluso la firma del Gobierno ruso y, recientemente, ha presionado a Estonia para que dé marcha atrás y reabra las negociaciones que se habían prolongado durante más de diez años. La posición del Consejo y de la Comisión sigue sin estar clara a pesar de que la provocación de Rusia está poniendo en peligro la credibilidad de toda la Unión ante los ojos de los nuevos Estados miembros. ¿Se puede permitir la dirección de la UE mantenerse al margen en este asunto, desempeñando el papel de observador indiferente? ¿Es adecuado que la Comisión se niegue a ser parte en una disputa en nombre de la UE?
Hans Winkler,
   Señor Presidente, señor Landsbergis, no puedo sino estar de acuerdo con usted. El Consejo comparte absolutamente su preocupación, que es también la de muchos, por la continua reticencia de Rusia en firmar y ratificar los acuerdos fronterizos con Estonia y Letonia.
No obstante, no puedo estar de acuerdo con usted en otro punto. La Unión Europea no es de ningún modo un observador indiferente, como dice usted, sino que ha expresado clara y reiteradamente su preocupación en sus conversaciones con Rusia, la última vez en la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Rusia en noviembre de 2005. Y seguirá haciéndolo mientras sea necesario. Si mal no recuerdo, habrá mañana una reunión entre Rusia y la Unión Europea, en la que sin duda alguna se planteará dicho asunto. 
Vytautas Landsbergis (PPE-DE ).
   – La situación en la frontera entre la Unión Europea y Rusia en Estonia se convertirá en un verdadero desafío para la solidaridad europea si se deja sola a Estonia bajo la presión y la burla de Rusia. Por tanto, ¿cuál es el mensaje general del Consejo? ¿Está el Consejo a favor de una solidaridad clara o de una confusa diplomacia en torno al gas y una situación sin respuestas? 
Hans Winkler
   , . Profesor Landsbergis, solo puedo responder a esta pregunta con un «sí» claro: por supuesto que la Unión Europea muestra solidaridad con un Estado miembro. No hay duda al respecto, y no puede haber otras consideraciones que resten valor a esta solidaridad. 
Richard Seeber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Rusia se queja reiteradamente de que los Estados bálticos no cumplen con sus obligaciones, en particular en lo que se refiere a las minorías rusas que viven en esos países. Ha habido dificultades, especialmente en Letonia, en torno a la cuestión de la obtención de la nacionalidad y el pleno restablecimiento de los derechos civiles de la minoría rusa.
¿Qué piensa hacer el Consejo con respecto a estos Estados miembros? ¿Cómo ve usted ese problema? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, en el marco de su diálogo con Rusia, el Consejo señala reiteradamente que los Estados Bálticos, en su calidad de Estados miembros de la Unión Europea, cumplen los criterios de Copenhague y que, por tanto, el trato dado a la minoría rusa es conforme con las disposiciones pertinentes de la legislación internacional, en particular las recomendaciones del Consejo de Europa y de la OSCE, a la vez que la minoría rusa tiene acceso a la obtención de la nacionalidad y goza de derechos civiles plenos.
El Consejo puede por tanto subrayar sin reservas que los derechos de las minorías están siendo respetados y que la Unión Europea se esfuerza muchísimo por combatir todo tipo de discriminación en los Estados miembros. Tal discriminación no se ajusta a las normas pertinentes ni a los criterios de Copenhague. Huelga decir que todo Estado miembro de la Unión Europea está obligado a ajustarse a dichas normas. 
Bernd Posselt (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, simplemente me gustaría preguntarle si el Consejo es consciente de que los problemas de los Estados bálticos se produjeron debido a que estuvieron ocupados durante décadas conforme al Pacto entre Hitler y Stalin en incumplimiento del derecho internacional. En la actualidad forman la frontera entre Rusia y la Unión Europea. ¿Considera el Consejo que el reconocimiento de esa frontera debería estar sujeto a condiciones, o quizás depende de Rusia reconocer esta frontera con la Unión Europea como requisito esencial para una relación positiva y fructífera? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, permítanme dejar totalmente claro que el reconocimiento de fronteras no puede estar condicionado.
Señor Posselt, déjeme que le diga algo que he aprendido con la experiencia propia. Yo era Representante permanente de Austria en el Consejo de Europa cuando Rusia y los Estados bálticos fueron admitidos. Por supuesto soy consciente de cómo se produjo históricamente esta situación. Debemos tener claro que esto es resultado de un acontecimiento histórico. Lo importante es que, como Miembros de la Unión Europea, los Estados bálticos deberían cumplir las correspondientes disposiciones, normas y reglas del derecho internacional, del Consejo de Europa y de la OSCE en particular. Porque los estándares con que contamos, gracias a Dios, en la Europa del Consejo de Europa, pero especialmente también en la Europa de la Unión Europea, son realmente superiores a los del derecho internacional en general. Podemos estar orgullosos de ello. El Consejo también se siente obligado a cumplir con estas normas y estándares más estrictos. 
Presidente.
El 21 de diciembre de 2005, el Consejo adoptó conclusiones para mejorar la apertura y la transparencia en el Consejo.
El punto 4 de estas conclusiones prevé que la votación de todos los actos legislativos adoptados en el marco del procedimiento de codecisión será pública y que el resultado de la votación se mostrará visiblemente en la pantalla de televisión que transmite la votación al público. 
¿Puede confirmar el Consejo que, de la información proporcionada, será posible enterarse de la posición de cada delegación en el Consejo y que estas votaciones y un registro público de estas votaciones y de las posiciones adoptadas por cada delegación estarán más tarde disponibles en Internet?
Hans Winkler,
   Señor Presidente, puedo responder a la pregunta del señor de De Rossa sobre la votación pública en el Consejo del siguiente modo: como dijo el pasado mes el Canciller Federal en su discurso sobre la Presidencia austriaca, esta Presidencia desea que haya transparencia. Así que, en la medida en que sea posible y que las normas lo permitan, queremos conseguir la mayor transparencia posible entre las instituciones.
Aunque debemos ser claros respecto al hecho de que esto tiene sus límites, a la Presidencia le complacerá hacer lo que pueda en los cinco meses que todavía nos quedan, y también estamos tratando este tema con la Presidencia finlandesa.
En la actualidad la postura es la siguiente: cuando el Consejo actúa como legislador, el resultado de la votación, las explicaciones de voto de los Miembros del Consejo y las declaraciones introducidas en las actas del Consejo se publican. La información relativa a cómo han votado las delegaciones se publica en el sitio Web del Consejo y puede accederse a ella.
Este sitio también proporciona información sobre los actos legislativos finalmente adoptados por el Consejo en un mes determinado y la lista mensual de los actos legislativos del Consejo. Asimismo recoge los votos en contra o abstenciones, las explicaciones de voto y las normas de votación.
Estamos haciendo un esfuerzo por introducir nuevas mejoras. Actualmente la Secretaría del Consejo está tomando medidas para publicar también en el sitio Web del Consejo los resultados de las votaciones del Consejo sobre propuestas legislativas aceptadas conforme al procedimiento de codecisión para que los ciudadanos puedan verlos.
Por último, también quisiera señalar que cuando finalmente se aprueba un acto legislativo, la Secretaría general pone a disposición del público, sin restricciones, todos los documentos que ya se han elaborado con relación a dicho acto, al que no se aplican normas excepcionales.
En la Presidencia queremos tratar de garantizar que las restricciones que existen y se establecen se aplican en la menor medida posible. 
Proinsias de Rossa (PSE ).
   – Gracias por su respuesta y por su defensa de la transparencia. ¿Puedo preguntarle concretamente si el debate en torno a la Directiva de Servicios en el seno del Consejo durante los próximos meses estará abierto al público y si las decisiones tomadas por cada uno de los Estados miembros serán conocidas por el público? En caso negativo debería explicar por qué, teniendo en cuenta que es una de las cuestiones más controvertidas que debatirá la Unión Europea durante varios días y que más interesan al gran público. Si nos tomamos en serio el acercamiento de Europa al público, a los ciudadanos europeos, este es el tipo de debate que necesitamos hacer público en el Consejo. 
Hans Winkler
   , . Confirmo que estamos indudablemente a favor del acercamiento de la Unión Europea a sus ciudadanos. Actuaremos en relación con la Directiva de servicios de la misma forma que en todos los procedimientos de codecisión –existen reglas muy claras–, lo que significa que al principio y al final del procedimiento hay un debate abierto. Si los Estados miembros están o no dispuestos a ir más allá de lo que dicen las normas es algo que no puedo aclarar en este momento, pero, por supuesto, las acataremos en cuanto se refiere a la Directiva de servicios. Las reglas ya han abierto ciertos segmentos del procedimiento al público y esto se aplicaría a la Directiva de servicios como a cualquier otra. Los resultados de la votación, las explicaciones de voto, las declaraciones que constan en acta, todo esto se publica.
Estoy de acuerdo con su Señoría en que no hemos avanzado tanto como nos gustaría. El acuerdo de diciembre puso en marcha el proceso. La Presidencia austriaca se encuentra ahora en proceso de aplicación y está intentando ir más allá, con nuestros amigos finlandeses, porque será un proceso largo. Estamos intentado que las normas sean más transparentes, pero esto llevará un poco de tiempo. 
Richard Corbett (PSE ).
   – Acojo con agrado esta excelente iniciativa emprendida durante la Presidencia británica. Sin embargo, me pregunto si el Consejo está de acuerdo en que el principio de que debería legislar en público tendría que aplicarse lógicamente a toda la legislación y no solo a los asuntos de codecisión. ¿Estudiará el Consejo la posibilidad, llegado el momento, de ampliar esta decisión para que toda la legislación se apruebe en público? Lógicamente, es aún más importante que la legislación que no precisa la aprobación de esta Asamblea sea aprobada por el Consejo de la forma más transparente posible. 
Hans Winkler
   , . Confirmo que se trata de un objetivo conveniente, pero no estoy seguro de que pueda conseguirse hoy por hoy. Como he dicho, es un proceso a largo plazo y llevará algún tiempo. Hoy por hoy deberíamos contentarnos con dar tantos pasos como podamos, seguir trabajando en torno a lo que ya tenemos, interpretar las normas más generosamente e intentar –si no en nuestra Presidencia, entonces en la próxima– modificar el Reglamento una vez más a fin de lograr aún más transparencia.
Este es el objetivo, pero llevará cierto tiempo. Lo siento si me repito, pero es lo que hay. 
Gay Mitchell (PPE-DE ).
   – ¿Está de acuerdo el Presidente en ejercicio en que, si cualquier otro poder legislativo de la Unión Europea tomara decisiones y después publicara sus actas y algunas notas sobre los debates y ofreciera colocar la información en un sitio de Internet, el público lo consideraría muy poco democrático y sospechoso? ¿No va siendo hora de que el Consejo de Ministros se reúna en público en relación con estos asuntos cuando actúa como poder legislativo? Reconozco los avances realizados, pero es del todo inaceptable que en el siglo XXI la legislación siga haciéndose de esta forma. 
Hans Winkler
   , . Me temo que no puedo añadir mucho a lo que ya he dicho. El objetivo a largo plazo debe ser más transparente. No hay ninguna duda al respecto y la Presidencia austriaca comparte ese objetivo. Sin embargo, es preciso modificar algunas normas; hay procedimientos que necesitan adaptarse y solo podemos trabajar con los ojos para alcanzar ese objetivo.
Sin duda estoy de acuerdo con todos los diputados y diputadas que han intervenido diciendo que precisamos acercarnos más al público y ayudarle a entender mejor lo que pasa en la Unión Europea y todas sus instituciones. 
Presidente.
En su Resolución del 18 de enero de 2006, el Parlamento Europeo ha señalado claramente que sus prioridades para las nuevas perspectivas financieras 2007-2013 son la prosperidad, la competitividad, la solidaridad, la cohesión y la seguridad. La cohesión no sólo es importante para los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, sino también para los antiguos, como por ejemplo España, Portugal, Grecia y otros. El Parlamento Europeo rechazó las conclusiones del Consejo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005 y manifestó su intención de entablar unas negociaciones constructivas con el Consejo, sobre la base de sus posiciones respectivas, una vez que la Presidencia austriaca disponga de un mandato de negociación real. ¿Ha llegado el Consejo a un acuerdo sobre el mandato? ¿Comparte la posición del Parlamento Europeo de que la cohesión debería seguir siendo una prioridad durante el período 2007-2013 junto con la competitividad, la seguridad y la prosperidad? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, en respuesta a la pregunta de la señora Andrikiené, solamente puedo decir en este momento que la posición del Consejo respecto a las Perspectivas Financieras para 2007-2013 es por supuesto la acordada en la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005. El Consejo Europeo ha destacado que el objetivo de la cohesión económica y social debe seguir siendo el centro de atención de la política de la Unión Europea para las próximas Perspectivas Financieras.
Esto también se refleja en el hecho de que el Consejo Europeo ha acordado dedicar más del 35 % del total de sus recursos presupuestarios para el período 2007-2013 a esta área política. 
Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE ).
   – Lo cierto es que el tiempo se acaba y ambas autoridades presupuestarias de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento, son conscientes de que a fin de lograr un acuerdo a tiempo han de entablar sin demora unas negociaciones constructivas. ¿Cuándo estará dispuesto el Consejo a entablar negociaciones constructivas con el Parlamento? ¿Cuándo tendrá el Consejo un mandato? ¿Cuáles son las prioridades de la Presidencia en las negociaciones sobre las nuevas perspectivas financieras? 
Hans Winkler
   , . Permítanme asegurar a Su Señoría que estamos manteniendo negociaciones constructivas. Nos interesa; interesa al Consejo tanto como al Parlamento Europeo que estas negociaciones tengan una conclusión fructífera. Para gozar de credibilidad, el conjunto de la Unión Europea ha de actuar rápida y constructivamente. El Consejo está dispuesto a actuar tan rápida y constructivamente como sea posible. Puedo garantizarle que, en la tradicional reunión del 19 de enero de la Comisión con los miembros del Gobierno austriaco, se acordó entre el Presidente de la Comisión y el Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Schüssel, que las propuestas de la Comisión deberían presentarse lo antes posible y que el Consejo negociaría lo antes posible y de buena fe.
Según el acuerdo entre las tres instituciones, esperamos llegar en abril –y estamos trabajando con este objetivo– a una conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo interinstitucional. No puedo concretar más. No obstante, es un objetivo creíble que esperamos alcanzar. Puedo garantizar a su Señoría que estamos esforzándonos mucho por conseguirlo. 
Reinhard Rack (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por supuesto la pregunta sigue sin respuesta. ¿Ha recibido ya la Presidencia austriaca un mandato concreto del Consejo para iniciar estas negociaciones? Si no es así, ¿a qué nivel y con qué fin pueden celebrarse las conversaciones en el Comité de Representantes Permanentes II hasta que se reciba ese mandato? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, puedo responder a la pregunta del señor Rack diciendo que, conforme al plan de trabajo de la Presidencia, las reuniones del diálogo a tres bandas serán preparadas por el Comité de Representantes Permanentes II. Todo esto ya está en curso.
Puedo garantizarle –ya que lo sé por experiencia propia– que están trabajando mucho en ello. Sin embargo, comprenderá que a estas alturas no puedo hablar sobre el estado exacto de las aclaraciones necesarias entre el Consejo y la Comisión, independientemente de dónde se encuentre el expediente en esta fase. Esto afectaría a las negociaciones.
Quisiera reiterar una vez más y recalcar que por supuesto haremos todo lo que podamos en interés del Consejo y del Parlamento Europeo para hacer que estas negociaciones se inicien, continúen y lleguen a buen término con la mayor rapidez posible. Se lo debemos a los ciudadanos europeos. La credibilidad de la Unión Europea también dependerá de lo rápido y lo bien que alcancemos un acuerdo sobre este tema. 
Agnes Schierhuber (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Ministro, todos sabemos los grandes esfuerzos que está haciendo la Presidencia austriaca por llevar a término las nuevas Perspectivas Financieras. Mi pregunta es: ¿sigue convencido el Consejo de que la política agrícola común y la política para zonas rurales contribuyen significativamente a conseguir los objetivos de Gotemburgo y Lisboa? ¿Sigue considerando el Consejo una prioridad garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios, concretamente en las Perspectivas Financieras? 
Hans Winkler,
   Señor Presidente, Señoría, ya lo he mencionado y lo reitero, ya que esta es la posición del Consejo: nos basamos en el acuerdo que se alcanzó en diciembre. Este es el marco en el que nos movemos y las prioridades que saldrán de ahí deberán establecerse ahora en las negociaciones. Por supuesto estamos comprometidos con los objetivos que usted ha mencionado y así seguirá siendo. 

El Presidente.
   Dado que se refieren al mismo asunto, las siguientes preguntas se tratarán de forma conjunta y las responderá el señor Martin Bartenstein, en representación del Consejo.
¿Qué opina el Consejo de la extrema dependencia energética de la UE respecto a Rusia y los países del Golfo, y qué posibilidades ve para su reducción a través del fomento sistemático de las materias primas renovables y las energías alternativas?
¿Hasta qué punto está preocupado el Consejo por la seguridad energética en Europa?
Martin Bartenstein,
   Señor Presidente, en respuesta a ambas preguntas puedo decir que la seguridad del suministro energético, junto con la competitividad y la sostenibilidad –después de todo son los tres pilares pertinentes– durante años ha sido una de las principales preocupaciones de la política energética europea. Esto también se aplica a la nueva política energética para Europa que se está desarrollando en la actualidad. Concretamente la disputa del gas, la disputa por los precios de las últimas semanas y meses, ha dejado claro que también deben tenerse en cuenta las preocupaciones de nuestros vecinos y socios internacionales.
La Unión Europea mantiene estrechos vínculos con productores energéticos como Rusia y la OPEP y con usuarios importantes como China y la India. En este sentido, también quisiera recordarle acuerdos internacionales como el Tratado sobre la Carta de la Energía y la Comunidad de la Energía en el sudeste Europa. La diversificación de las fuentes de energía, la promoción de las fuentes de energía nacionales, especialmente las renovables, y la eficiencia energética constituyen aspectos importantes de la seguridad del suministro energético. También debe destacarse la importancia de la inversión en infraestructuras y exploraciones. Las redes transeuropeas de energía también forman parte de ambos aspectos.
Por lo tanto se ha adoptado una serie de instrumentos en la Unión Europea en distintos ámbitos. Respecto a la seguridad de abastecimiento, debería mencionarse especialmente la Directiva 2004/67/CE del Consejo, 26 abril de 2004, relativa a unas medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural; respecto a la diversificación de fuentes de energía, la Directiva de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, que pretende que el 22 % de la electricidad comunitaria se genere a partir de fuentes renovables para 2010, y la Directiva de 2003 relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte.
También quisiera mencionar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, de diciembre de 2005, sobre la eficacia en el uso final de la energía y los servicios energéticos, que se espera que se apruebe durante los próximos meses.
Tampoco deberíamos olvidar el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo y concretamente el Programa «Energía inteligente para Europa» que, entre otras cosas, pretende promover fuentes nuevas fuentes de energía renovables en el ámbito local y regional, así como en países en desarrollo. El Consejo también está demostrando la importancia que concede a las fuentes renovables de energía fuera del ámbito legislativo. En su contribución al Consejo Europeo de primavera celebrado en marzo de 2005, los ministros de energía respaldan dar prioridad a una estrategia sobre fuentes de energía renovables más allá de 2010.
La política energética y la seguridad del abastecimiento energético, en particular, también formarán parte del orden del día –sin duda de forma destacada– de la próxima reunión del Consejo en primavera. Dos áreas más en las que se centrará la Presidencia son el Plan de acción sobre la biomasa y la propuesta de Plan de acción sobre eficiencia energética.
En su contribución al plan de acción internacional de la Conferencia Internacional de Energías Renovables celebrada en Bonn en junio de 2004, el Consejo señaló que la política energética de la UE debería tratar de aumentar de forma significativa el uso de las fuentes de energía renovables, y que un incremento del uso de la energía renovable, una mejora de la eficiencia energética y el uso de la energía sostenible también contribuirán a la seguridad del abastecimiento como áreas políticas complementarias.
En su reunión de 29 de noviembre de 2004, el Consejo adoptó una serie de conclusiones sobre energías renovables en las que se destacó la importancia de hacer que las energías renovables sean más competitivas mediante la reducción de los costes de producción, entre otros aspectos. Todos estos instrumentos y medidas constituyen una base sólida para la seguridad del abastecimiento energético en la Unión Europea a corto, medio y largo plazo, que también han demostrado su valor en acciones de solidaridad con relación a las consecuencias de los desastres climatológicos del último año. 
Bernd Posselt (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, como diputado de Munich de madre estiria, me complace ver la política progresiva que reivindica Austria en el área de la biomasa. Mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué están haciendo ustedes para introducir cada vez más esta política tan progresista en el Consejo de la Unión Europea y cómo valora usted concretamente la importancia de la biomasa, no solo como carburante de motores, sino también , y más concretamente, con fines de calefacción? 
Martin Bartenstein,
   Señor Presidente, Señoría, como austriaco y estirio, pero de madre alemana, me complace oír esta aquiescencia en su pregunta suplementaria.
Estoy seguro de que las fuentes de energía renovables –particularmente la biomasa, por supuesto, aunque no solo esta– tendrán mayores oportunidades de mercado en los próximos meses y años, ya que el precio del petróleo no volverá a bajar de nuevo a 10 o 20 dólares el barril; esto será positivo, ya que constituirá una oportunidad para aumentar la independencia de Europa. Sin embargo, no deberíamos engañarnos: esto podría hacer posible la reducción de la tasa de aumento de la dependencia de los combustibles fósiles, pero solo la tasa de aumento, no la tasa de dependencia. Al mismo tiempo, esto implicará fuentes adicionales de ingresos para numerosas zonas rurales y para mucha gente, especialmente los agricultores, no solo provenientes de la producción de alimentos, sino también de la producción de plantas generadoras de energía. De hecho, a largo plazo, los recursos renovables y de biomasa podrían ser no solo fuente de carbono, sino también indirectamente de hidrocarburos, y entonces podrían utilizarse para accionar vehículos privados. Creo que las centrales eléctricas y similares pueden seguir un camino distinto a largo plazo, pero concretamente los combustibles fósiles, los cuales se utilizan en la actualidad casi exclusivamente para el transporte, pueden sustituirse gradualmente por fuentes de energía renovables e hidrocarburos de este tipo.
Reitero que las oportunidades para que esto suceda son mejores, es más fácil hacer que los recursos renovables –las fuentes de energía renovables– sean una propuesta comercializable si el precio de mercado del barril de crudo se sitúa alrededor de los 60 dólares o un kilovatio de electricidad cuesta hoy dos veces y media lo que costaba hace dos años. Un megavatio-hora cuesta hoy 50 euros; todavía puedo recordar cuando costaba 20 euros. 
Gay Mitchell (PPE-DE ).
   – El Presidente en ejercicio ha dicho que disponemos de un montón de instrumentos, pero a pesar de ello se prevé que la dependencia de la Unión Europea de los 25 con respecto a la importación de energía, que en 2002 era del 48 %, aumentará para 2030 al 71 %. La Unión Europea de los 15 depende de los países de Oriente Medio en un 31 % con respecto a la importación de petróleo, de Rusia en un 30 % con respecto a la importación de gas y en un 28 % respecto de la importación de petróleo, y de Argelia en un 22 % con respecto a la importación de gas.
Dadas las recientes medidas adoptadas por Rusia y la vulnerabilidad de algunos Estados miembros ante la petulancia rusa, ¿está de acuerdo el Presidente en ejercicio que el elemento básico para mantener la seguridad del suministro es la liberalización completa del mercado energético de la Unión Europa y tomará medidas para llevarla a cabo? 
Martin Bartenstein,
   Señor Presidente, Señoría, lo que Europa necesita es una política energética coherente, una política energética más orientada a nuestros intereses comunes. Debemos aprender las lecciones del campo de la protección climática y de la marcada subida de los precios de los combustibles sólidos –debido no solo, aunque principalmente, a la escasez de capacidad de refinado, más los huracanes y las dificultades geopolíticas– así como la lección del 1 y el 2 de enero de este año en que, por las razones que sea, la cantidad de gas natural ruso que entraba a Europa a través de gasoductos ucranianos se vio considerablemente reducida. Estos son tres motivos por los que deberíamos reconsiderar nuestra postura.
Una vez más: debemos esperar que la dependencia de Europa de las importaciones, sobre todo de combustibles fósiles, aumente durante los próximos años, posiblemente décadas. Sin embargo, esto no debería ni debe impedir que sigamos buscando nuestras propias fuentes de energía renovables y que finalmente ajustemos la eficiencia energética.
Respecto a esto estoy de acuerdo con la Comisión cuando afirma que ya es suficientemente difícil hacer que los Estados miembros se comprometan con un 1 % anual; veremos si el compromiso del 2 % anual es posible en el futuro. Todavía hay cosas que todos podemos hacer en aras de la eficiencia energética y en este ámbito podemos mejorar algunos aspectos; normalmente los nuevos Estados miembros tienen un mayor potencial en esta área. Su eficiencia respecto al producto interior bruto por unidad de energía consumida es mucho menor que en los países de la UE de los 15, en donde comenzaron a romper el vínculo entre consumo de energía, producto interior bruto y crecimiento ya en la década de los setenta, como consecuencia de los sobresaltos en el petróleo de 1973 y 1974.
Necesitamos una política energética coherente que no pase por alto ninguna de las posibilidades que ya se han mencionado: las fuentes de energía renovables, el aumento de la eficiencia energética, pero al mismo tiempo también la diversificación de los combustibles fósiles, es decir, el gas, y por supuesto también la diversificación en las líneas de distribución. El problema básico no fue la escasez de gas. La raíz del problema del 1 y el 2 de enero fue que solo existe un gasoducto a través de Ucrania que suministra a muchos países europeos y que el 80 % de todo el gas que viene de Rusia a Europa se transporta a través de ese gasoducto.
Realmente es prudente que se celebren contratos entre las empresas alemanas y rusas. Es verdaderamente importante que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea también respalden el proyecto del gasoducto de Nabucco que podría aportar unos 12 mil millones de metros cúbicos de gas al año a Europa Central desde el Mar Caspio a través de Turquía a partir de 2011 y aproximadamente 30 mil millones de metros cúbicos de gas al año a partir de 2020.
Sin embargo, respecto a la cuestión del gas, tampoco deberíamos olvidar el gas natural licuado; aparte de varios Estados miembros del sur, Europa no ha almacenado demasiado hasta el momento. Esto también es necesario si queremos reducir nuestra dependencia.
Asimismo celebro con entusiasmo los anuncios de Rusia y su ministro de finanzas en una reciente cumbre del G8 celebrada en Moscú de que van a reconsiderar o abolir el monopolio de exportación de Gazprom. Lamentablemente no han dicho cuando sucederá esto, pero al menos lo han anunciado. Es cierto que la cooperación con Gazprom ha superado la prueba del tiempo, pero esto significa que también podremos conversar, negociar y trabajar con otros socios rusos en el futuro.
Desde mi punto de vista, la ruta que ha seguido Europa hasta el momento para la liberalización del sector energético ha sido importante y correcta. También ha contribuido a estabilizar concretamente los precios, pero en los próximos años tendremos que caminar por la cuerda floja entre la mayor seguridad de suministro –y en última instancia proporcionando a los inversores garantías de recuperación de sus inversiones a través de contratos a largo plazo– y sin embargo creando un mayor mercado interior de energía, que también integre a los países del sudeste de Europa, incluida Ucrania, y quizás incluso Rusia. Si no podemos hacerlo a través de la Carta de la energía, quizás sea posible a través de la Comunidad de la energía, y esta es una propuesta concreta que probablemente presentará la Comisión durante las próximas semanas.
Debemos adoptar todos estos planteamientos. La política energética es una prioridad destacada y durante los últimos meses nos ha demostrado su importancia. 
Paul Rübig (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Bartenstein, la dependencia energética es la prioridad número uno. La seguridad del suministro de energía nos mantendrá muy ocupados en el futuro.
¿Prestará atención el Consejo de Energía al Protocolo de Kyoto y al período posterior a 2012, así como al efecto que tendrá la aplicación conjunta en este ámbito? ¿Será este un foco de inversión en Europa? ¿Cuál es el modo más eficiente para conseguir el objetivo de reducción general de CO2? 
Martin Bartenstein,
   Señor Presidente, señor Rübig, con respecto al Protocolo de Kyoto y la protección del clima, puedo informar al Parlamento de que, cuando se le preguntó en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos cuáles consideraba que eran las prioridades mundiales para los próximos años, el ex presidente estadounidense Bill Clinton afirmó que la principal prioridad era la protección del clima. Puede que esto parezca un poco descarado viniendo de un americano, pero fue el ex presidente estadounidense el que lo dijo, y este firmó el Protocolo de Kyoto. Sin embargo, tal como sabemos, en su momento el Congreso no lo ratificó.
Estoy de acuerdo con usted y con muchos otros en que la protección del clima constituye una prioridad absoluta. Se trata de una necesidad, ya que el clima global está amenazado. Sin embargo, en Europa debemos tener presente que en la actualidad somos responsables de aproximadamente el 14 % de las emisiones mundiales de CO2, y que para 2050 la cifra será de aproximadamente del 10 %. En otras palabras, entorno al 86 % actual y en el futuro el 90 % de las emisiones de CO2 se originarán fuera de Europa. Existe una gran diferencia en que la Unión Europea esté sola o que al menos cuente con sus socios estadounidenses –que por supuesto también son nuestros competidores. Sin embargo, de momento esto no es previsible.
Por supuesto, otra cuestión es cómo deberíamos tratar con países como China o la India, que no tienen obligaciones conforme al Protocolo de Kyoto. Preveo que estos países dirán lo siguiente, lo cual es bastante comprensible: «ustedes los Europeos generan aproximadamente 10 toneladas de CO2 per cápita, los americanos en torno a las 20 toneladas, y nosotros producimos entre una y dos toneladas. Primero déjennos llevar nuestro desarrollo industrial y de otra índole a su nivel y entonces contribuiremos a su protección climática». Hacer que China, la India y otras economías en desarrollo y emergentes se incorporen lo antes posible y convencerles con nuestros argumentos constituye una cuestión muy delicada.
En Europa deberíamos ir un paso más allá, pero al mismo tiempo tenemos que tener presente nuestra competitividad y proteger el clima de la forma más rentable posible. En este sentido la aplicación conjunta es muy valiosa.
Si podemos invertir en países europeos, por ejemplo en los nuevos Estados miembros, y por lo tanto reducir las emisiones de CO2 a cambio de una menor inversión que la que sería posible, por ejemplo, en los Estados miembros de la UE de los 15, deberíamos seguir esta ruta, y esto se establece en el Protocolo de Kyoto. Esto a su vez significa que la protección del clima tiene la máxima importancia. Sin embargo, al mismo tiempo también somos conscientes de que los precios de la energía tienen un efecto sobre la competitividad y por lo tanto sobre el empleo.
Avanzamos en la dirección adecuada y durante los próximos meses averiguaremos cómo se aplicará la segunda fase posterior a Kyoto en los Estados miembros de la UE y cómo serán los planes de asignación nacional. El comercio de los derechos de emisiones de CO2 ha tenido un buen inicio y los precios son considerablemente superiores a lo que esperábamos –en su momento se habló de 10 euros por tonelada y la cotización más reciente, según sé, fue de 28 euros, lo cual casi triplica la suma inicial. Si ahora le decimos a la industria europea que se le asignará menos que en pasado deberemos encontrar buenos argumentos.
En aras del empleo en la vieja Europa, quisiera abogar claramente por que seamos extremadamente cuidadosos y sigilosos a la hora de tratar con nuestra industria y economía, que utilizan una gran cantidad de energía. Con respecto al futuro de Kyoto, estoy muy a favor de que se realicen avances y de un planteamiento ofensivo, pero este planteamiento no debe hacer que ningún empleo corra el riesgo de ser reubicado fuera de Europa en países que siguen sin prestar atención a la protección climática. 
Richard Seeber (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Bartenstein, en los primeros días de su mandato como Presidente en ejercicio del Consejo usted tuvo que afrontar el difícil problema con Rusia y Ucrania. Inicialmente el problema no fue que se cortase el suministro de gas, sino simplemente que Rusia demandaba un precio mucho mayor por su gas natural.
¿Pretende ahora la Presidencia austriaca afrontar esta vulnerabilidad de los precios de la energía, que no solo afecta a Ucrania sino también a la economía europea? Todos sabemos que un aumento importante en los precios de la energía provocaría una elevada inflación y podría ralentizar considerablemente el crecimiento económico o incluso provocar una recesión. ¿Qué pretende hacer con respecto a la vulnerabilidad de la economía europea en relación con los precios de la energía? 
Martin Bartenstein
   , Señor Presidente, por suerte nuestra economía y nuestro producto interior bruto son ahora mucho menos sensibles a las fluctuaciones de los precios de la energía que en 1973-1974. Tanto la OCDE como la Comisión Europea estiman que esta vulnerabilidad, esta sensibilidad, se ha reducido a casi la mitad, precisamente por el hecho de que nuestra gestión y nuestra producción son actualmente muchos más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía. Sin embargo, por supuesto esto no significa que, incluso hoy, podamos afrontar con facilidad un aumento del precio del petróleo de 30 a 60 dólares estadounidenses; y hay quienes afirman –espero que no demuestren tener razón– que se prevén precios de tres cifras en un futuro próximo.
Con respecto al gas, debe decirse, para ser justos con nuestros amigos rusos, que su intención era la de hacer que Ucrania pagase el precio de mercado mundial, aunque este es un término relativo, por lo que sería mejor hablar de precio estándar en Europa, de aproximadamente 220 dólares estadounidenses por mil metros cúbicos. Esto se acordó finalmente en la noche del 3 al 4 de enero en las negociaciones entre Gazprom y Ucrania. El compromiso establece –y ahora ya se han redactado y firmado los contractos– que se producirá una mezcla de gas ruso a aproximadamente 220 dólares estadounidenses y un gas mucho más barato proveniente de Asia central, y Ucrania pagará aproximadamente 95 dólares por esa mezcla.
Con respecto a los precios del mercado mundial y los precios europeos del gas, deberían ser conscientes de que los Estados Unidos compran su gas a un precio muy superior al que pagamos en Europa. Obviamente todavía no contamos con un precio de mercado mundial estándar y que las diferencias en el caso del gas son considerablemente mayores que en el del petróleo. Esto, a su vez, es un argumento a favor de un planteamiento a más largo plazo de la política energética y a favor de un aumento de la asociación. Debe continuarse y reforzarse este diálogo entre la Unión Europea y Rusia, por una parte, y la OPEP, por otra. En este sentido cabe desear un mayor grado de transparencia para consolidar la confianza en ambos grupos de socios.
También quisiera recomendar que prestemos una mayor atención no solo al trabajo con los productores de energía, sino también a establecer un diálogo con los consumidores. Es importante para nosotros en Europa que alcancemos acuerdos con Japón, los Estados Unidos y asimismo con otros consumidores, para conseguir un objetivo que también persiguen los países productores de petróleo: precios estables a largo plazo. Es incorrecto creer que el principal interés de los países de la OPEP consiste en alcanzar un precio de 100 dólares estadounidenses lo antes posible. En primer lugar, son muy conscientes de que no duraría mucho tiempo y que entonces los mecanismos del mercado podrían reducir los precios a un nivel relativamente bajo. También son conscientes de que el funcionamiento de nuestra economía y nuestro constante crecimiento son importantes en última instancia para sus ventas de petróleo y gas.
Por lo tanto, existe un interés común en la creación de mercados energéticos estables y fiables, así como en garantizar precios estables y un abastecimiento seguro. Podremos hacer avances en este sentido durante los próximos meses. El Libro verde que está debatiendo actualmente la Comisión, aunque todavía no se denomine así, lo es en la práctica. En el futuro constituirá una directriz para nosotros. 
El Presidente.
   Dado que su autor no está presente, la Pregunta nº 8 decae.
¿Puede indicar la Presidencia austriaca del Consejo si piensa adoptar la propuesta de directiva de la Comisión relativa a la portabilidad de los derechos de pensión complementaria y cómo se abordará dicha propuesta?
Martin Bartenstein,
   Señor Presidente, dado que esta es la primera vez que recibo preguntas del Parlamento Europeo, todavía estoy arraigado en las tradiciones de mi Parlamento, en el que las preguntas siempre se repiten. Estoy seguro de que aprenderé como funciona todo antes de que termine la Presidencia: después de todo, todavía nos quedan cuatro meses y medio por delante.
Las pensiones de jubilación complementarias son una cuestión importante, incluso con relación a nuestro concepto de «flexiguridad», es decir, flexibilidad a través de la seguridad. El Consejo ya ha comenzado a examinar la propuesta enviada por la Comisión a finales de octubre de 2005 para una directiva sobre la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria. A finales de febrero, el órgano preparatorio responsable del examen de esta cuestión, es decir, el Grupo de trabajo del Consejo sobre cuestiones sociales, habrá tratado la propuesta en seis reuniones. La Presidencia austriaca ha incluido la propuesta en sus proyectos de orden del día para la reunión del Consejo. Sin embargo, dado que la cuestión es técnicamente muy compleja, todavía necesitamos examinar el grado de avance de este trabajo para la reunión del Consejo de junio. No ocultaré el hecho de que, aparte de la complejidad general, todavía existen algunas cuestiones fundamentales que necesitan respuesta, pero en un principio considero que contribuirá y debe contribuir de forma importante a la mejora de la movilidad de los trabajadores en Europa. 
Othmar Karas (PPE-DE ). –
   Señor Bartenstein, puedo asegurarle que no tiene nada que aprender, dado que usted ya es mucho mejor desde un principio que muchos de sus predecesores. Quisiera ampliar lo que usted ha dicho añadiendo que la cuestión es que, cuando se trata de las pensiones de jubilación, obviamente también debemos tratar las diferencias de competencias y de los sistemas tributarios. Las diferencias de competencias en los Estados miembros han creado importantes barreras para la movilidad. ¿Cree usted que necesitamos estándares mínimos en este campo, una base de coste común para los productos europeos y un debate más exhaustivo sobre las pensiones europeas, al tiempo que salvaguardamos las competencias nacionales? 
Martin Bartenstein
   , Señor Presidente, señor Karas, esta propuesta de directiva realmente constituye un paso en la dirección que queremos y debemos seguir. Todo aquel que quiera que los empleados tengan movilidad a través de las fronteras europeas debe hacer posible que estos puedan llevar consigo sus derechos de pensiones complementarias sin demasiada dificultad. Por otra parte, es bastante obvio que, en lo que respecta a la seguridad social, cada país cuenta con sus propias tradiciones y por lo tanto cualquier intento de armonización estaría condenado al fracaso. No queremos que eso suceda; respecto a la seguridad social, realmente no existe un modelo válido para todos.
Por lo tanto se trata de un problema en áreas en las que es sensato y adecuado establecer estándares mínimos. En el ámbito de los derechos de las pensiones, no deberíamos olvidar que la mayoría de los países europeos emplean un sistema contributivo como base para la ayuda estatal. Al mismo tiempo, sabemos que sería adecuado complementar este sistema basado en las contribuciones parcialmente con uno basado en el capital, incluido el sector estatal. Además, como parte de esta oportunidad –teniendo en cuenta desde luego los ingresos de los empleados y ahorradores europeos– también deberíamos fomentar la provisión de pensiones privadas y ocupacionales.
Trabajo basándome en que los Estados miembros mantendrán y deberían mantener su autoridad para la toma de decisiones y su competencia relativamente a largo plazo, pero que también deberíamos establecer –especialmente a través de esta directiva– modos para hacer que los empleados europeos con fondos de pensiones transfieran sus derechos de pensiones por toda Europa, lo cual se facilitará considerablemente con la introducción de estándares mínimos. 
Hubert Pirker (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Bartenstein, comparto su punto de vista de que la posibilidad de transferir las pensiones ocupacionales complementarias sin duda aumenta la movilidad. Toda medida que aumente la movilidad aumenta al mismo tiempo la seguridad del empleo. Estoy muy seguro de que, como parte de su Presidencia, ustedes tienen previstas medidas adicionales para aumentar la movilidad y por lo tanto la seguridad del empleo. ¿Cuál de estas medidas destinadas a aumentar la movilidad propondrán ustedes a los restantes Estados miembros durante su Presidencia? 
Martin Bartenstein,
   Señor Presidente, sabemos que los ciudadanos de Europa tienen una menor movilidad que los de otros lugares. Muchos de los datos estadísticos disponibles indican que la movilidad en los Estados Unidos es dos meces mayor que en Europa. Por supuesto, no podemos eliminar las barreras lingüísticas de Europa de la noche a la mañana –y quizás no queramos hacerlo– ni instituir los principios federales que se aplican en los Estados Unidos como tales.
Sin embargo, en general esto proporciona a los jóvenes una oportunidad de aumentar su movilidad y les abre un mercado europeo con interesantes empleos y oportunidades profesionales. Con estos requisitos, dado que realmente no queremos adoptar aquí la situación estadounidense de la noche a la mañana, nuestra meta es una mayor movilidad para los empleados y los jóvenes.
La mejora de la movilidad de los trabajadores implica adoptar medidas, paso a paso. Con respecto a esta directiva específica, puedo decirle que la Comisión ha declarado 2006 como Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores, que existirá un portal de empleo, EURES, del cual se presentará una versión mejorada en una reunión que se celebrará en unos días, el 20/21 de febrero en Bruselas, en donde se dará la salida oficial. Yo mismo tendré el honor de participar y el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, el Comisario Špidla y el Presidente del Parlamento Europeo también han acordado estar allí.
Esta reunión incluirá el debate del tema de la «movilidad, una herramienta para más y mejores empleos» y este debate continuará en los talleres. No queremos simplemente una directiva sobre la portabilidad de los derechos de las pensiones complementarias, lo que queremos es una integración general. También es importante que se inicie un proceso de mejores prácticas entre las autoridades, los sindicatos y el sector privado, y asimismo deseamos ampliar la base de conocimiento. Esto por lo tanto constituye una importante parte de la Estrategia de Lisboa.
El Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores está empezando; la conferencia final se celebrará en noviembre, durante la Presidencia finlandesa. Sin embargo, creo que es positivo que ya existan planes a los que dar seguimiento en este primer Año Europeo de la Movilidad. 
Richard Seeber (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Bartenstein, estoy seguro de que todos somos conscientes de que la movilidad es especialmente elevada entre los académicos y los jóvenes que han disfrutado de una educación universitaria, pero ¿qué planes específicos tiene ahora la Presidencia para los aprendices y las personas con menores niveles de educación? ¿Qué podemos hacer para aumentar su movilidad? 
Martin Bartenstein,
   Señor Presidente, considero que todas las personas de Europa, sea cual sea su nivel educativo –y en los países de lengua alemana esto incluye a un gran número de aprendices que cursan formación profesional– deberían tener las mismas oportunidades que quizás solían estar limitadas a personas con formación académica terciaria. Sé que existen ejemplos de mejores prácticas en Austria de aprendices en formación que tienen la oportunidad de pasar un tiempo en el extranjero. Considero que es totalmente esencial –con el mayor de los respetos por todos los regímenes lingüísticos que tenemos en Europa– que principalmente les proporcionemos a nuestros jóvenes el conocimiento del inglés como lengua de movilidad. Espero no recibir ahora un aluvión de protestas de París u otros lugares.
Si queremos proporcionar a los jóvenes europeos oportunidades laborales en toda Europa, naturalmente debemos estar también preparados para establecer programas durante la formación y para conceder ayudas, de forma que los jóvenes puedan tener un primer contacto con esta movilidad en el contexto de dichos programas, que les permita poder conseguir empleos en otros países europeos posteriormente durante su trayectoria profesional. 
El Presidente.
   Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).
Con esto concluye el Turno de preguntas.

El Presidente.
   A continuación reanudamos el debate sobre el informe de la señora Gebhardt sobre los servicios en el mercado interior. 
Jacques Toubon (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, como nuevo diputado al Parlamento Europeo, quisiera decir que, con ocasión de este debate, desde hace ahora 18 meses, he descubierto la riqueza y la calidad del trabajo que se hace en esta Cámara.
Quisiera rendir homenaje a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, a su difunto presidente, el señor Whitehead, a su ponente, la señora Gebhardt, así como a la ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la señora Van Lancker. Quisiera dar las gracias a los responsables de nuestro Grupo, a cuyo trabajo debemos el proyecto que debatimos hoy: el señor Harbour, ponente alternativo y coordinador de nuestro Grupo; la señora Thyssen, nuestra vicepresidenta; y nuestra infatigable secretaría. Celebro también el trabajo de la señora Descamps y de la señora Bachelot, miembros de la delegación francesa.
Gracias a todos y a todas, hemos obtenido un resultado importante: el compromiso es un texto nuevo. Establece, primero, el mercado interior de los servicios. Este proyecto retira al Tribunal de Justicia el monopolio que desde hace 50 años ejerce de hecho sobre la aplicación de los principios de los Tratados. El mercado interior de los servicios descansa en la confianza mutua y conlleva la cooperación y la simplificación administrativa, así como la abolición de los obstáculos proteccionistas, tanto para la instalación de las sociedades de servicios como para la prestación temporal. Solamente se aplica a los servicios de interés económico general en lo que respecta a la libertad de establecimiento, excluyendo muchos servicios esenciales, como los servicios audiovisuales y el cine, el juego, la sanidad y las profesiones jurídicas. Así, el compromiso propone al Parlamento que vote una ley marco que impulse el crecimiento económico, la innovación y el empleo, que es lo que quieren los pueblos de Europa.
Pero el compromiso nos aporta también el respeto de nuestro modelo y nuestras preferencias colectivas nacionales. ¿Va a acarrear la directiva el desmantelamiento de nuestras conquistas sociales? ¿Va a provocar una nivelación a la baja? Con la propuesta inicial de la Comisión, el riesgo era indudable. ¡Por eso la rechazamos! Pero el compromiso que se les propone corta el paso al dúmping social, se basa en la subsidiariedad y adopta un enfoque razonable y restrictivo de la aplicación de la libre prestación de servicios. El compromiso excluye de forma totalmente explícita las conquistas sociales y el Derecho laboral. La competencia social está prohibida. Para la libertad de establecimiento se respetan muchas normativas nacionales. Y la libertad de prestación de servicios va acompañada de la garantía de que los Estados miembros podrán aplicar sus normas nacionales cuando el interés público lo justifique. Es un verdadero compromiso: es objeto de críticas desde ambos lados, lo que demuestra que se encuentra en el justo medio.
Deseo, pues, en nombre de mis colegas franceses, que lo apoyen, votando a favor por una muy amplia mayoría. Sería una victoria del Parlamento Europeo, sería una victoria de la Unión Europea.
Harlem Désir (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Barroso, señor Winkler, completar el mercado interior es una cosa, es un objetivo que compartimos. Pero desmantelar el modelo social europeo es otra cosa muy distinta y es una iniciativa a la que nos oponemos enérgicamente. Nos oponemos porque es contraria al interés de los ciudadanos, de los trabajadores y de los consumidores europeos, pero también porque pone en peligro la adhesión de los ciudadanos al proyecto europeo.
La propuesta inicial de Directiva Bolkestein fue rechazada de plano porque parecía estar concebida para hacer que la realización del mercado interior dependa de la rebaja de los derechos sociales y de la rebaja de las normas ambientales y de la protección de los consumidores, que habían alcanzado un grado de protección más alto en algunos Estados miembros que en otros.
Al tratar de basar el mercado interior, no ya en la competencia entre las empresas, sino en la competencia entre los sistemas sociales de los distintos Estados miembros, la propuesta Bolkestein dio la impresión de enfrentar entre sí los intereses de los Estados miembros. Creó un clima de suspicacia entre antiguos y nuevos Estados miembros, contrariamente a lo que es la misión de la Comisión Europea, que consiste en unir a todos los europeos en torno a un proyecto común. Al incluir numerosos servicios sociales y una parte de los servicios económicos de interés general en el ámbito de la directiva, la Comisión trató de someter actividades esenciales para la cohesión social nada menos que a la lógica de la competencia y del mercado.
Con el principio del país de origen, dio la espalda al método comunitario, que procede mediante la armonización sectorial; un método que siempre ha consistido en aproximar la normativa legal vigente en los Estados miembros, esforzándose así por favorecer el reconocimiento mutuo y la integración económica sin poner en peligro el modelo social europeo y –repito– el nivel de protección más alto alcanzado en algunos países. Se trataba de armonizar hacia arriba.
Con este proyecto, la Comisión Europea propuso por vez primera una legislación que, a la inversa, alienta la disparidad entre los Derechos nacionales y prima a los Estados miembros menos exigentes. Es cierto que la Comisión actual no es responsable de la propuesta inicial. No obstante, tiene una responsabilidad: tras reconocer que el texto estaba mal pensado, mal ensamblado –usted lo ha dicho, señor McCreevy–, era su responsabilidad retirarlo y proponer otro más acorde con los principios sociales europeos y capaz de restablecer la confianza de los ciudadanos.
Por esta razón, los diputados franceses del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo votarán a favor de una enmienda de rechazo del texto. Señor Barroso, usted ha declarado que la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas que contribuyan a hacer avanzar el mercado interior de los servicios, pero no ha dicho qué hará con las enmiendas encaminadas a garantizar los derechos sociales, las normas ambientales y el derecho de los consumidores. Tampoco ha dicho nada de la suerte que reservará a las enmiendas que excluyan los servicios sociales y determinados servicios de interés económico general del ámbito de la directiva. El señor McCreevy ha dicho incluso, esta tarde, que quiere mantener una parte de los servicios de interés económico general en el ámbito de la directiva. Pueden dar así la impresión de no escuchar al Parlamento o de escucharle solo cuando sale en defensa de la liberalización.
Señor Comisario, señor Presidente, terminaré diciendo que la manifestación de esta tarde ha sido la expresión del deseo de una Europa más protectora desde el punto de vista social. Supeditaremos nuestro voto a la exclusión del ámbito de aplicación de la directiva de todos los servicios públicos, a la supresión del país de origen y al establecimiento de unas normas jurídicas claras sobre el Derecho aplicable. Por desgracia, no sucede así en el compromiso actualmente propuesto, por lo que hemos presentado enmiendas en este sentido.
Ona Juknevičienė (ALDE ).
   – Soy la ponente alternativa para el informe de Anne van Lancker, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Hablaré sobre la regulación del movimiento de trabajadores en la Directiva.
Señor Presidente, la primera vez que viajé al extranjero fue en 1990, cuando Lituania declaró su independencia. Con anterioridad a esta fecha, los comunistas no me habrían dejado salir, ya que mi padre era opositor a su régimen.
Ahora Lituania se ha deshecho de los comunistas y nos encontramos en la Unión Europea.
Nos hemos incorporado a la Comunidad con el deseo de ser útiles. Creímos que seríamos socios y ciudadanos de la Unión en igualdad de circunstancias. Pero por desgracia no es así. La mayoría de los veteranos de Europa nos temen más que a la gripe aviar. El 2006 ha sido declarado año de la libre circulación de trabajadores en la Comunidad, pero los miembros no quieren abrir las puertas en absoluto. La Directiva propone nuevas restricciones.
Las cifras de la Comisión demuestran que existe una ventaja clara para aquellos países que han liberalizado sus mercados laborales. Entretanto los políticos amenazan a la gente con una invasión procedente del este e ignoran los hechos. ¿Por qué se tolera a los inmigrantes ilegales de la antigua Yugoslavia en Austria, a los marroquíes en Francia y a los turcos en Alemania? Mientras tanto, los eslovacos, polacos y lituanos son considerados la mayor amenaza.
Los antiguos Estados miembros de la Comunidad llevan mucho tiempo beneficiándose de los mercados de los nuevos países. Consideramos que esto está bien, ya que creemos en los beneficios mutuos. Nuestras comunidades empresariales también buscan nuevos mercados y están dispuestas a competir honradamente. Saben que la competencia equivale a progreso y crecimiento. También saben que solamente una Europa integrada y unida soportará los retos que plantea la globalización Pero, ¿sabemos esto?
Lamentablemente, para los lituanos la Directiva propuesta significa que poco ha cambiado desde los días del telón de acero.
Señor Presidente, Europa seguirá dividida si se enfrenta a sus pueblos. Una Europa unida es aquella en la que todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos: principalmente la libertad de movimiento y la libre prestación de servicios. 
Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Barroso, Señorías, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea pido que durante la votación del jueves programemos una interrupción de la sesión justo antes de la votación final.
El Parlamento y la Comisión deberían erigir una estatua al señor Bolkestein, el europeo más conocido de los años 2005 y 2006, para que todos recuerden que no queremos más propuestas de este tipo sobre la base de una iniciativa de la Comisión Europea.
Es cierto que hoy no estamos ya en la situación en que nos hallábamos con la Directiva Bolkestein inicial: nuestras comisiones parlamentarias han trabajado y han hecho un gran esfuerzo. Pero ¿es esta una razón suficiente para aceptar este compromiso? Sinceramente, yo –de hecho, nosotros– no lo creo. Todavía hay demasiadas zonas grises en el texto, en particular sobre las posibilidades de control por lo que se refiere a la normativa laboral, ambiental y de protección del consumidor. No podemos aceptar que servicios económicos de interés general, como los servicios sociales o la vivienda social, se vean afectados por esta directiva.
Si queremos recuperar la confianza de todos nuestros conciudadanos, que cada vez dudan más del papel que desempeña la integración europea en la mejora de su vida cotidiana, debemos pasar pronto a una verdadera armonización social al alza, en particular elaborando prioritariamente una directiva que defina las nociones de servicio público europeo.
Jonas Sjöstedt (GUE/NGL ). –
   Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre servicios es reaccionaria. Amenaza los derechos de los trabajadores y corre el peligro de conducir al dúmping social. Por lo tanto, queremos que la propuesta sea rechazada en su totalidad. De no ser así, votaremos a favor de toda propuesta que limite los efectos nocivos de la Directiva, por ejemplo las propuestas para eliminar el principio del país de origen y para eximir a determinados sectores del ámbito de la Directiva.
El compromiso propuesto entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos elimina importantes defectos de la propuesta, pero siguen quedando grandes ambigüedades, que supuestamente debe resolver el Tribunal de Justicia Europeo. Nosotros, por nuestra parte, no queremos que el Tribunal determine los derechos de los trabajadores. No podemos aceptar una situación en la que los derechos de los empleados, conjuntamente con la legislación diseñada para proteger a nuestros ciudadanos, sean sacrificados en el altar del libre mercado. 
Jens-Peter Bonde (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los numerosos manifestantes que, de forma decorosa, demostraron hoy su oposición a la Directiva Bolkestein. Al igual que los manifestantes, el Movimiento de Junio desea rechazar la Directiva Bolkestein. El compromiso entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no cambia el quid de la cuestión. El principio del país de origen se va a eliminar pero no se sustituirá por un claro principio de país anfitrión. La Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores sigue proporcionando a los países con salarios bajos el derecho a minar nuestros salarios y el modelo danés de convenio colectivo. Se están eliminando de la Directiva las áreas sensibles, de forma que se deja en manos de los jueces la liberalización de los servicios públicos y su supeditación al mercado. Esto ya ha sucedido en la educación, la salud y los asuntos sociales.
Mediante la enmienda 5 se invita directamente al Tribunal de Justicia Europeo a que legisle. Esta enmienda confirma los principios del Tribunal de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Estos principios suenan bien, pero las tres palabras reflejan el hecho de que son los jueces de Luxemburgo los que decidirán si la legislación nacional puede considerarse ilícita si en la práctica las empresas extranjeras no tienen los mismos derechos conforme a esta para presentarse a licitaciones para trabajar y prestar servicios. El Movimiento de Junio acoge con agrado a los fontaneros polacos y a los demás trabajadores extranjeros, pero estos deben recibir salarios no discriminatorios, no salarios que provoquen dúmping. Nos gustaría ver la libre competencia, pero esta también debe ser justa, y por lo tanto proponemos servicios regulados por el método abierto de coordinación, de forma que los jueces de Luxemburgo no conviertan nuestras democracias en barreras comerciales ilegítimas. 
Rolandas Pavilionis (UEN ).
   – Todo el mundo está de acuerdo en que la Directiva sobre servicios legalizaría la circulación de servicios dentro del territorio de la Unión Europea. Dado que esta se adoptó sin enmiendas importantes no discriminará a los nuevos países. Con esto me refiero principalmente a la conservación del principio del país de origen. Por otra parte, sobre todo cuando se tienen en cuenta los peligros que plantean la mayoría de las enmiendas, esta Directiva podría distanciarse del proyecto original y convertirse en un obstáculo insalvable para el desarrollo ulterior de la Unión Europea.
Otra cuestión es la variedad de servicios. Estoy de acuerdo en que, conforme al Tratado comunitario y a la Directiva, en realidad la educación es principalmente una cuestión de responsabilidad nacional y la Unión Europea simplemente financia programas de educación generales. Sin embargo, si existe una falta de responsabilidad nacional y la financiación de los programas generales de educación europea no aumenta, entonces la Directiva sobre servicios, al limitarse a confirmar la responsabilidad de las autoridades nacionales, al tiempo que desatiende los servicios educativos, no contribuye a resolver los problemas que rodean a la expansión de la educación en Europa, simplemente los perpetúa. Esto se confirma, por cierto, con el descenso de la financiación a los programas generales de cultura y educación para 2007-2013, tema sobre el que versa una persuasiva carta de la Comisión de Cultura y Educación dirigida a los líderes de todos los Grupos del Parlamento Europeo. 
Hans-Peter Martin (NI ).
   – Señor Presidente, el debate que estamos presenciando hoy es bastante extraño. Al escuchar a los representantes de los principales partidos parece que realmente hemos encontrado una solución, pero ¿qué tipo de solución? La montaña se ha bamboleado y ha provocado a una quimera burocrática. Simplemente analícenlo ustedes, los que se denominan socialdemócratas. ¿Exactamente cómo pretenden aplicar lo que creen que han negociado? Y encontramos la misma situación desesperada en el lado opuesto. Los que realmente creen que pueden crear un mercado más abierto también han fracasado. ¿Qué hacen ustedes en una situación así en la vida real, en la que no cabe lugar para el derroche ni la admiración mutua? Vuelven al punto de partida, comienzan de nuevo desde el principio. Es una tragedia para Europa que ustedes no lo hayan hecho en este caso. Es una tragedia que no hayan escuchado a la señora Rühle. Los que realmente quieren defender la idea de Europa son los que tendrán que soportar las consecuencias de todos los problemas que ahora se han creado, así como de las quejas que surgirán en nuestro camino. 
Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos de la UE se basan en libertades reconocidas: la libre circulación de mercancías, personas, capital y servicios.
Pese a que la promoción de la libre circulación de servicios se adapta al marco del Proceso de Lisboa, siendo necesario conseguir crecimiento y empleos, la propuesta que tuvimos ante nosotros resultó ser una solución aguda, la cual, pese a que puede ser letal, también puede tener efectos positivos. Esta resultó ser beneficiosa para los nuevos Estados miembros, pero quisiera advertirles que el descontento social que puede provocar podría hacer que vayamos de mal en peor, y la Directiva no solo provocaría descontento social, sino también desharía el trabajo bien hecho.
Existen otros problemas. El desplazamiento de los trabajadores es uno de los que me gustaría mencionar. ¿Qué pretende hacer ahora la Comisión en la práctica? Dado que provengo de una región fronteriza, soy consciente de que debemos impedir que los obstáculos administrativos obstaculicen el desplazamiento de los trabajadores o lo impidan en general. Debemos eliminar todos los obstáculos, sobre todo con el objetivo de hacer que el expediente sobre el empleo temporal se encauce en el Consejo. Una vez que todo funcione bien en el sector del empleo temporal, por lo pronto estaré a favor de hacer que este sector entre en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios, pero todavía no se ha alcanzado este punto, ahora lo que importa es que se encauce la Directiva sobre trabajo temporal.
Todo gira alrededor de los procedimientos de control que se establecerán: control del desplazamiento de los trabajadores, control de los comerciantes individuales por cuenta propia... Respecto a los primeros, no solo examinaremos la seguridad social y los impuestos, también podríamos estipular que se especificasen salarios mínimos respecto a los formatos empleados.
Esto es lo que hace tan efectivo el proceso de la Directiva sobre servicios y me complacen los compromisos que se han alcanzado. 
Poul Nyrup Rasmussen (PSE ). –
   Señor Presidente, el compromiso que tenemos ante nosotros y sobre el que votaremos el jueves es una Directiva sobre servicios bastante distinta a la Directiva Bolkestein. Por lo tanto puedo decirle al señor Bonde que los miles de respetados sindicalistas que se están manifestando hoy ante el Parlamento respaldan el compromiso que se ha alcanzado en esta Cámara. El señor Bonde solamente tiene que leer la declaración realizada a la prensa por John Monks, secretario general de la confederación de sindicatos europeos, para saber que es así. También debo decir que no tengo dudas respecto a por qué lo apoyan. Yo mismo me he implicado para que las cosas avanzasen en esta dirección. Los acuerdos y la legislación laboral los decidirán cada país y cada movimiento sindical. Esta normativa creará más empleos. El sector público se verá salvaguardado y habremos evitado una división entre los nuevos y los antiguos Estados miembros.
El jueves votaremos sobre una apertura equilibrada del mercado interior. Durante mucho tiempo he dicho que la Unión Europea no debe desarrollarse a modo de competición entre Estados. Esto es algo que hemos evitado mediante el compromiso que ahora tenemos ante nosotros. Ahora tendremos una competencia conforme a condiciones justas y transparentes, y protegeremos los intereses que sirven a la ciudadanía en el sector público, tal como se ha manifestado de diversas formas en nuestras sociedades. Creo que lo que tenemos ante nosotros constituye un importante compromiso, y también creo que es una tendencia de desarrollo crucial que debemos consolidar, independientemente de si hablamos sobre la Directiva relativa al tiempo de trabajo o las muchas otras cuestiones que debemos afrontar. También en calidad de Presidente del Partido de los Socialistas Europeos, puedo recomendar por lo tanto el compromiso que tenemos ante nosotros. Con toda seguridad, este nos hará avanzar en la dirección correcta. 
Cecilia Malmström (ALDE ). –
   Señor Presidente, llevamos casi dos años debatiendo esta Directiva sobre servicios por toda Europa. Por supuesto es excelente que finalmente haya algo para que la gente se interese de forma activa por algunas de las materias que se tratan en esta Cámara. En ocasiones surgen numerosos malentendidos y a veces estos se explotan de forma bastante lamentable.
La Directiva sobre servicios está diseñada para eliminar los miles de obstáculos burocráticos que dificultan las cosas a las empresas europeas, especialmente a las de pequeño tamaño. No debemos olvidar que son las empresas las que crean empleo. Sin las empresas no habría trabajadores. El sector de los servicios constituye una parte cada vez mayor de nuestras economías, el cual ofrece importantes oportunidades de empleo y crecimiento. Urge abrir y reformar las economías europeas. El principio del país de origen es inteligente en la medida en que crea un verdadero mercado interior sin discriminación. Esto constituye un importante avance para las personas y las empresas. El principio se aclaró y se especificó en el compromiso de la Comisión de Mercado Interior, que establece que las que se aplican son las normas del país anfitrión que rigen el derecho laboral, la salud pública y la seguridad.
El compromiso que ahora circula entre los grandes Grupos ha introducido un concepto extremadamente impreciso, el de la política social. Esto es lamentable, ya que abre el camino al proteccionismo y a numerosas interpretaciones jurídicas distintas. De hecho puede verse como los representantes de los diversos Grupos ya están interpretando el compromiso. Sin embargo, ahora parece que este está pasando de moda, una situación que solo podemos celebrar.
La Directiva de servicios trata sobre cómo Europa se mantendrá en un mundo globalizado, trata sobre el crecimiento, la economía, el empleo y la libertad de elección. Desde el Tratado de Roma nuestro objetivo ha sido establecer la libre circulación también para los servicios. Es hora de que lo hagamos. 
Carl Schlyter (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, este día el Parlamento ha capitulado y renunciado a su papel político. Este compromiso significa la eliminación del concepto del principio del país de origen y su sustitución por un vacío político. Este vacío será llenado por el Tribunal de Justicia Europeo, el cual volverá a introducir a su vez el principio del país de origen, ya que el Tribunal siempre ha antepuesto las consideraciones relativas al mercado interior a todas las demás. El Tribunal no puede ser destituido ni es responsable ante nadie. ¿Es eso la democracia?
Únicamente las grandes empresas que cuentan con un gran número de abogados podrán utilizar la Directiva sobre servicios para defender sus intereses. El único desempleo con el que acabará esta directiva será el de los abogados. Los perdedores serán los municipios, los funcionarios públicos, los consumidores y las pequeñas empresas. Votemos en contra de esta directiva. En lugar de imponer la liberalización de todo, deberíamos respetar las decisiones adoptadas democráticamente para impedir que a algunos sectores se les apliquen ideas a corto plazo basadas en el mercado. La UE no puede vivir únicamente de la eficiencia económica. También necesitamos una eficiencia democrática en la que las malas directivas no pasen por encima de las personas sin ninguna consideración. 
Georgios Toussas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la Directiva sobre la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento forma parte de una política antipopular más general de la Unión Europea y se basa en el Tratado de Maastricht y en el objetivo ratificado de la Estrategia de Lisboa, consistente en crear un mercado único cuyo objetivo primordial es fortalecer la competencia, maximizar la rentabilidad de los monopolios mediante la privatización de los servicios públicos y los servicios de interés público, y atacar los derechos fundamentales laborales y sociales de las clases trabajadoras.
La promesa de mantener el principio de la plena irresponsabilidad de los monopolios fue repetida con gran arrogancia hoy por el señor Barroso, Presidente de la Comisión Europea.
El acuerdo político entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, con el paquete de enmiendas, no modifica el carácter reaccionario de esta Directiva, cuyo principio básico es el país de origen, en otros términos, la plena impunidad del capital y la destrucción de miles de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores autónomos. Las recomendaciones relativas al supuesto respeto de los derechos de los trabajadores constituyen un intento de dorar la píldora y de atenuar la respuesta de los trabajadores.
El argumento de que la liberalización conllevará servicios más baratos para todos no es sólido, ya que, con la Directiva, los servicios se concentrarán en un menor número de manos y los monopolios determinarán la calidad y los precios para incrementar sus beneficios, y es por ello que votaremos en contra de esta Directiva. Están sembrando vientos y sin duda cosecharán tempestades.
Hélène Goudin (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, la Lista de Junio sueca defiende un mercado interior eficiente y, por lo tanto, mantenemos una postura favorable a la Directiva sobre servicios. Al mismo tiempo, damos un gran valor a la autodeterminación nacional. Deben existir buenos motivos para que los Estados miembros transfieran poder y competencias a la UE. Si aceptamos el principio del país de origen, renunciamos a parte de la soberanía nacional. Consideramos que las ventajas que ofrece este principio son demasiado escasas como para que estemos dispuestos a hacerlo. Este principio se refiere sobre todo a servicios como la construcción, la limpieza y la consultoría. Se trata de sectores importantes, pero no influyen de forma decisiva sobre la prosperidad y el PIB de Suecia.
Asimismo es positivo que la Directiva no incluya los monopolios nacionales de servicios. Si estos deben ser objeto de una reorganización, esta debe llevarse a cabo de forma democrática, es decir, mediante un amplio debate en aquellos países que consideren conveniente dicho cambio. Votaremos a favor del compromiso. 
Zbigniew Krzysztof KuŸmiuk (UEN ). –
   Señor Presidente, en teoría, el mercado común europeo se basa en tres libertades. Me refiero a la libre circulación de bienes y servicios, la libre circulación del capital y la libre circulación de las personas.
En las últimas décadas, la aplicación de la primera de estas libertades permitió a los antiguos Estados miembros registrar excedentes de decenas de miles de millones de euros en su balanza comercial con países como Polonia. Estos excedentes permitieron mantener cientos de miles de puestos de trabajo en los antiguos Estados miembros.
La segunda libertad permitió que los empresarios de los antiguos Estados miembros participaran en la privatización de los activos del Tesoro del Estado Polaco en condiciones excepcionalmente favorables, sobre todo en el sector bancario y de los seguros.
Desgraciadamente, cuando se trata de la libre circulación de personas, es decir, la libertad que resultaría más ventajosa para los nuevos Estados miembros, nos encontramos ante restricciones importantes.
La denominada Directiva sobre servicios podría haber contribuido a mejorar esta situación. Desgraciadamente, el proyecto actual que figura en el informe de la señora Gebhardt es un remedo muy lejano de la versión que presentó la Comisión Europea y tiene muy poco que ver con la idea de la libre circulación de servicios. Este hecho resulta especialmente sorprendente en vista de que los servicios representan casi un 70 % del PIB de la Unión Europea, y que la libre circulación de servicios aceleraría sin duda el crecimiento del PIB tanto en los antiguos Estados miembros como en los nuevos. 
Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, imaginemos la continuación de nuestros trabajos. Es hora de recordar que nos encontramos en un procedimiento de codecisión. Nuestro colega el señor Harbour ha tenido la inteligencia de abandonar la idea de una victoria parlamentaria, que era el resultado probable pero que conducía directamente a la lenta agonía de elaborar un texto crucial sobre los servicios. Su gira por las capitales europeas le confirmó lo que ya sabemos. El compromiso elaborado con la señora Gebhardt, a quien quiero felicitar, es el único posible dentro del Consejo y entre el Parlamento y el Consejo; no hay ninguna mayoría cualificada en el Consejo para la versión del mercado interior que defienden algunos. Empeñarse en impulsar este tipo de mercado sería una victoria pírrica.
Lo que salta más a la vista es también que las divergencias entre nosotros se han convertido en una divergencia entre Este y Oeste. Sobre la base de esta observación, lo que está en entredicho hoy es la lógica de la ampliación. No olvidemos que el fracaso de la Directiva de servicios se añadiría a una lista que incluye el colapso de la Constitución, las preocupaciones en torno a las perspectivas financieras y las dudas sobre la Agenda de Lisboa.
Ahora tenemos que participar en una estrategia de reconciliación para mantener viva la ambición comunitaria. He detectado un auténtico problema en el sentimiento de discriminación que tienen los nuevos Estados miembros ante los obstáculos impuestos a la libre circulación de los trabajadores. Quiero decirles amablemente que no pondrán fin a esa discriminación rechazando el compromiso, y por tanto a la larga la Directiva de servicios, o poniendo en entredicho la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, sino todo lo contrario. Este es el sentido del trabajo que hemos realizado bajo la dirección de la señora Van Lancker en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales cuando suprimimos los artículos 24 y 25 del texto inicial.
A partir de ahora debemos pedir solemnemente el abandono de la moratoria y el levantamiento de todas las restricciones a la libre circulación de los trabajadores de los nuevos Estados miembros. También valdría la pena vincular estas cuestiones en el debate de la Directiva de servicios en el Consejo. Pero el examen del texto ha demostrado también las muchas lagunas del arsenal jurídico comunitario. Algunos han expresado temores justificados; hay que abordarlos. Conservemos el innegable avance que supone este texto, pues nuestro trabajo legislativo no ha hecho más que comenzar.
Edit Herczog (PSE ). –
   En el año de mi nacimiento, el Presidente Kennedy dijo: «Yo soy berlinés». En aquel entonces, todo mundo lo comprendió y se mostró de acuerdo con él en que la división entre Oriente y Occidente era una trasgresión histórica. Si hoy yo dijera: «Soy fontanero polaco», me pregunto si todos nosotros nos daríamos cuenta de que lo que se trata aún es de la unidad de Europa y si todos estaríamos de acuerdo.
La Directiva de servicios va más allá de los intereses, pues trata de valores. Trata de las cuatro libertades fundamentales contempladas en el Tratado de Roma y de la igualdad de oportunidades. En la Europa del siglo XXI resulta inaceptable discriminar a un proveedor de servicios por motivos de origen, nacionalidad o lengua materna.
Un objetivo importante consiste en reducir el número y la vulnerabilidad de aquellos que se ven obligados a permanecer en la economía sumergida. ¡Queremos una Europa mejor! Queremos una Europa en la que los proveedores de servicios gocen de seguridad jurídica en los Estados miembros. Queremos una Europa mejor en la que los proveedores de servicios puedan crear puestos de trabajo europeos y satisfacer las necesidades de los consumidores dentro de la legalidad. Tenemos que crear un marco seguro, estable y de claridad jurídica. Este marco reviste especial importancia para las pequeñas y medianas empresas. Los diputados y diputadas socialistas de los nuevos Estados miembros siempre hemos apoyado este interés común europeo. Hemos adoptado una posición constructiva y hemos aceptado que se elimine completamente el derecho laboral de esta directiva. Hemos reconocido que en lugar de regular el país de origen, debemos regular la libre prestación de servicios. Reconocemos que la directiva no puede entrar en conflicto con otras normas europeas vigentes y que no puede sustituir al Tratado. No podemos relajar la seguridad, la estabilidad y la claridad del marco que va a establecerse. No podemos aceptar excepciones no definidas, ya que estas permitirían a los Estados miembros adoptar decisiones arbitrarias.
No estamos a favor de la completa eliminación de los servicios públicos de carácter económico, pero estamos dispuestos a examinar cada una de las excepciones sectoriales. Reconocemos y de hecho nos felicitamos de la protección a la que tienen derecho los consumidores europeos en todo lugar y momento, pero no aceptamos que la protección de los consumidores limite la libre prestación de servicios. Finalmente, ante el desafío de la competencia mundial, Europa no puede permitirse gastar el PIB generado conjuntamente en tareas de supervisión administrativa. 
Karin Riis-Jørgensen (ALDE ). –
   Señor Presidente, este es un momento decisivo para Europa. El jueves deberemos elegir entre dos opciones. Podemos demostrar la tan buscada solidaridad con los nuevos Estados miembros y mostrar que nos tomamos en serio a los ciudadanos de Europa, así como el deseo de los consumidores de contar con un mayor número de alternativas más económicas y la exigencia de más puestos de trabajo, o bien podemos embaucar a los europeos y adoptar una Directiva sobre servicios a cualquier precio, basada en el menor denominador común, un documento que no cambia en nada las actuales condiciones proteccionistas en el ámbito de los servicios – un documento que ni siquiera mantiene el status quo, sino que, para colmo, constituye un paso hacia atrás en la medida en que crea todavía más obstáculos para nuestras empresas.
Desgraciadamente, la Comisión ha optado por esta última opción, señor McCreevy, y ha contribuido a un compromiso entre los dos grandes Grupos parlamentarios. Yo esperaba que la Comisión sería el adalid de un auténtico mercado interior de servicios, que constituye la piedra angular del proceso de Lisboa que tanto destaca la Comisión. El compromiso de los grandes Grupos no acercará de ningún modo la EU a sus ciudadanos, que es lo que normalmente intentamos lograr. Únicamente un verdadero mercado interior de servicios puede crear los puestos de trabajo que tanto necesitamos en Europa. Cualquier otra cosa es una estrategia errónea de marketing.
Debemos repudiar con firmeza las campañas de miedo, desinformación y manipulación, que llevan a cabo algunos círculos –algunos de ellos presentes en esta Cámara– sobre el dúmping social, el desempleo masivo y otros despropósitos. Este proceder es escandaloso. 
Hélène Flautre (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, como muchos han señalado, la propuesta inicial de la Comisión Europea era socialmente peligrosa, estaba mal redactada y era jurídicamente complicada, en resumen, exactamente lo contrario de un buen instrumento legislativo, es decir, uno que sea beneficioso para el proyecto europeo y para los europeos.
Somos los representantes de los ciudadanos. Esta tarde había muchas decenas de miles en las calles de Estrasburgo. Creo que la manifestación era un sano ejercicio de democracia en el que han participado los ponentes alternativos y los ponentes con vistas a rechazar la directiva tal como está y proponiendo algunos cambios sustanciales de su contenido.
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea desea, por supuesto, un mercado europeo de servicios, pero rechaza categóricamente que esté regido por la competencia entre legislaciones nacionales que conlleva el principio del país de origen y que, de hecho, comportaría una armonización a la baja. Por esta razón, votaremos a favor de la propuesta. Por otra parte, hemos propuesto enmiendas que rompen con el principio del país de origen y excluyen los servicios económicos de interés general del ámbito de aplicación de la directiva. 
Bairbre de Brún (GUE/NGL ).
 Les insto a que rechacen la Directiva de servicios. La reciente disputa en torno a los transbordadores irlandeses ha ilustrado lo que puede deparar el futuro para los trabajadores y sus derechos con la Directiva de servicios y, de forma similar, muchos de los comentarios públicos del Comisario McCreevy en tiempos recientes han puesto de relieve los peligros que corren los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva.
La directiva comercializa casi todos los servicios dentro de la Unión Europea. Privará a millones de personas de servicios públicos de calidad. Afectará desproporcionadamente a las mujeres, tanto en su calidad de mayoría de la mano de obra en el sector de los servicios como de usuarias de dichos servicios, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho esta noche sobre las decisiones que terminan en el Tribunal de Justicia. Hoy se han manifestado decenas de miles de personas en contra de esta directiva, y queremos poner sobre aviso a los Gobiernos: la lucha será más intensa a escala nacional. 
Dariusz Maciej Grabowski (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, la tasa de crecimiento de la Unión Europea desciende desde hace años y hace poco se redujo por debajo del 2 % anual. El mundo nos está dejando atrás por lo que hace a la competencia a escala mundial, pues son aquellos que logran costes y preciso más bajos, y crean nuevos productos los que acaban triunfando.
La Unión Europea se está quedando rezagada por tener un sector agrícola muy costoso y una política errónea, económicamente onerosa e ineficaz para subvencionar dicho sector. La Unión también tiene un sector industrial costoso, que tiene que cargar con privilegios sociales excesivos, la política común aduanera y onerosas normativas burocráticas. Y lo que es más importante, los servicios en la Unión son caros. El sector de los servicios crea la mayoría de los puestos de trabajo, pero los prestadores de servicios más baratos no pueden acceder al mercado.
La tentativa de detener la liberalización de los servicios recuerda el intento de detener el flujo de bienes de consumo baratos procedentes de Asia. Esta tentativa resulta onerosa e ineficaz. Es onerosa porque requiere la extensión del sistema administrativo, y es ineficaz porque contribuye a la propagación de servicios ilegales, lo que va en detrimento de los trabajadores. Quienes defienden las disposiciones comunitarias vigentes en materia de servicios alegan que luchan por los puestos de trabajo de los ciudadanos y contra el aumento del desempleo. Mi argumento en contra es el siguiente. Veamos lo que ha sucedido en Irlanda y Gran Bretaña. Estos dos países han abierto sus mercados. ¿Y qué sucedió? ¿Aumentó o disminuyó la tasa de desempleo? ¿Aumenta o desciende el desempleo? Solo podemos sacar una conclusión de ello. El estado del mercado de los servicios ha contribuido a acelerar el desarrollo económico.
Creo que unos servicios más baratos son la clave para acelerar el desarrollo de la Unión. La reducción de los precios de los servicios reduciría los costes de producción y de consumo. También es necesario ampliar el mercado e introducir nuevas tecnologías. Los servicios baratos son la única forma de resolver, o al menos atenuar, el problema de encontrar recursos para...
Jacek Protasiewicz (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en el mundo contemporáneo de la competencia globalizada surgen en casi todos los debates que se celebran en este Parlamento.
Nos gustaría que Europa se desarrollará de forma dinámica y se convirtiese en la economía más competitiva del mundo en unos cuantos años. Los ciudadanos europeos también lo quieren y confían en que las decisiones que tomemos en esta Cámara conduzcan a la Unión hacia esa meta. Sin embargo, no cumpliremos esas expectativas si no tenemos el valor de crear un auténtico mercado común que conceda a las empresas europeas una oportunidad para crecer, independientemente de dónde tengan su sede. Nunca crearemos las condiciones adecuadas para el desarrollo si adoptamos prácticas proteccionistas. Estas prácticas son además una forma de discriminación, no solo entre Occidente y Oriente, aunque es entre ellos que resulta más evidente. También suelen ser muy negativas para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros.
La economía europea necesita desesperadamente desarrollarse y los ciudadanos de los Estados miembros exigen puestos de trabajo. La propuesta de Directiva que debatimos hoy, que fue elaborada por la Comisión anterior, era una respuesta adecuada y racional a estas demandas. Ante el hecho de que los servicios representan un 70 % de la renta que se genera dentro de la Unión Europea y dan trabajo a la mayoría de los europeos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este sector pueda desarrollarse sin obstáculos burocráticos superfluos. Desgraciadamente, este es el sector en el que existen mayores obstáculos a la libre circulación. Este hecho es contrario al sentido común y a lo dispuesto en los Tratados.
La propuesta de directiva provocó reacciones muy emocionales desde un principio. Se presentaron varias enmiendas y, hace poco, se acordó una versión de compromiso en el marco de los trabajos realizados por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Se trata de un compromiso de amplio alcance, que modifica de modo importante el significado de este texto. Sin embargo, la introducción de nuevos cambios implicaría rehuir los retos a los que se enfrenta Europa.
La Unión no podrá competir en el mercado mundial si se ve paralizada por el miedo a la competencia interna. 
Arlene McCarthy (PSE ).
   – Señor Presidente, mi predecesor, el diputado al Parlamento Europeo Philip Whithead, habría estado orgulloso de hablar en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Habría estado orgulloso del trabajo realizado por nuestra ponente, la señora Gebhardt, y de todos los diputados y diputadas que se han esforzado tanto duro por mejorar y modificar la propuesta de la Comisión. Habría querido estar aquí para ser testigo de la madurez y la responsabilidad con que este Parlamento construye un consenso en nombre de nuestros ciudadanos para la apertura del mercado de los servicios. Si lo hacemos bien podemos abrir el mercado, impulsar la creación de puestos de trabajo y el crecimiento en toda la Unión Europea, y ayudar a Europa a competir mundialmente con el mercado de servicios en expansión de India y China.
La propuesta Bolkestein fue un fallo porque no reconoció que si se busca el apoyo del público para la apertura del mercado es preciso convencerle de los beneficios y asegurarle que no socavará los derechos laborales o de los consumidores. Si uno quiere animar a los ciudadanos a apoyar el cambio y la reforma, ha de explicarles en qué les beneficiará desde su perspectiva. El Parlamento habla en nombre del ciudadano y hace suyas las preocupaciones de todos nuestros ciudadanos, empresas, consumidores, trabajadores y desempleados.
Así que simplifiquemos. Hemos de acabar con las absurdas prácticas discriminatorias que impiden a nuestras empresas poner pie en el mercado europeo. ¿Por qué tiene una empresa que solicitar la adhesión a una cámara de comercio local solo para que le digan que hay una lista de espera de cinco años? ¿Por qué una empresa ha de instalar cuatro oficinas y pagar un depósito de 500 000 euros? La economía sumergida está prosperando en Europa en el sector de los servicios porque estas complejas y costosas barreras animan a las empresas a llevar a cabo operaciones no declaradas e ilegales. Hagamos que sean legales con estas reglas. Acabemos con el proteccionismo, pero protejamos los derechos de los consumidores y trabajadores.
Creo que los consumidores pueden darse cuenta de la ventaja de elegir y competir si pueden tener la seguridad de que si algo va mal dispondrán de una solución rápida en un tribunal local y no tendrán que perseguir a un mal proveedor hasta Lisboa, París, Varsovia o Londres para que se reconozcan sus derechos. Es lo que intentamos conseguir en estos compromisos.
Quienes trabajan en el sector de los servicios necesitan la garantía de que se protegen sus derechos laborales. No se trata de la vieja o la nueva Europa. No se trata de la izquierda o la derecha. Los ciudadanos esperan de nosotros que hagamos la elección correcta: acabar con el proteccionismo agobiante en el mercado único de los servicios y proteger los derechos laborales y de los consumidores. Creo que si lo hacemos bien será una victoria para la democracia parlamentaria e impulsará el empleo y el crecimiento para futuras generaciones de europeos.
Por último, quiero pedir a la Comisión que intente garantizar estos objetivos, estas ventanillas únicas tan vitales para prestar, controlar y supervisar el tipo de servicios que queremos. Debería examinar la creación de una marca de confianza de la Unión Europea o un plan de aseguramiento de la calidad de la Unión Europea para dar al consumidor confianza y seguridad en el uso de estos servicios que respetan los derechos del consumidor y los derechos laborales. 
Bronisław Geremek (ALDE ). –
   Señor Presidente, de vez en cuando una de las numerosas decisiones que toma el Parlamento Europeo resulta vital para el futuro de la Unión Europea.
Esto es lo que sucede con la Directiva sobre servicios. Su intención era aplicar los principios de las cuatro libertades europeas. Se supone que eliminará las discriminaciones en la prestación de servicios en toda la Unión Europea. El origen nacional carecerá de relevancia y los ciudadanos de los antiguos Estados miembros y de los nuevos serán tratados con arreglo a los mismos principios. La aplicación de esta Directiva fomentará el crecimiento económico y ampliará aún más el modelo social europeo. La libertad económica refuerza la dimensión social de Europa en lugar de debilitarla.
Las soluciones de compromiso constituyen sin duda un aspecto esencial de la labor parlamentaria. También en este caso, y deberíamos intentar llegar a un compromiso a pesar de nuestras discrepancias de opinión. Sin embargo, la Directiva sobre servicios carecería de significado si rebasara ciertos límites.
Considero racional no someter al mercantilismo aquellos ámbitos en que la lógica del mercado no funciona. También creo que la declaración en que se señala que la Directiva no afectará a las legislaciones laborales nacionales está justificada. Sin embargo, no veo motivo alguno para incluir excepciones del ámbito de aplicación de la Directiva si estos carecen de justificación y de una base jurídica evidente. Me parece que en cuestiones de tanta importancia estratégica es necesario contar con una legislación clara. Lo que necesitamos es una decisión racional que sea pertinente para el futuro. Los espectros de Frankenstein y del fontanero polaco deben desaparecer de la conciencia europea para ser reemplazados por la confianza, la libertad y la solidaridad.
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica pide la retirada de la propuesta de Directiva Bolkestein y, en todo caso, deseamos la abolición del principio del país de origen, que se mantiene con el nuevo nombre de «principio de libre prestación de servicios». La oscuridad intencionada del nuevo texto deja las puertas abiertas a interpretaciones negativas por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de las que nos ha hablado el Comisario McCreevy.
También pedimos que los servicios de interés económico general queden expresamente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. Pedimos disposiciones europeas uniformes y la prevención del dúmping social y de la competencia desleal por parte de empresas que gozan de una legislación flexible en lo social y lo medioambiental. El frágil compromiso entre la derecha europea y los socialistas, bajo la presión de las reacciones y manifestaciones de los sindicatos, modera pero no suprime la filosofía neoliberal y los aspectos negativos de esta propuesta.
La izquierda europea rechaza esta Directiva Bolkestein disfrazada y pide la introducción de enmiendas que limiten sus consecuencias negativas. 
Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, el temor que ha generado en los países de Europa Occidental el fenómeno del «fontanero polaco» se ha manifestado en las sucesivas tentativas de debilitar la propuesta de Directiva sobre servicios en lo referente a la liberalización del mercado de servicios. El gran número de enmiendas de compromiso acordadas sobre todo por los grandes Grupos políticos indica que algunos de los antiguos Estados miembros no desean acatar el principio de la libre circulación de bienes dentro de la Unión que consagra el Tratado. Sin embargo, si tomamos al Reino Unido e Irlanda como ejemplo, podremos ver que la apertura del mercado de trabajo a los trabajadores polacos y de otros nuevos Estados miembros ha sido beneficiosa para la economía nacional.
Por ello podemos llegar a la conclusión de que la fuerte resistencia a la adopción de la Directiva en su forma original se debe a temores irracionales que rayan en la xenofobia. 
Avril Doyle (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el año que viene celebraremos el 50º aniversario del Tratado de Roma, cuando la Comunidad Económica Europea abogó por la supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, como principal objetivo para lograr un mercado común o interior.
Sin embargo, en el sector de los servicios, durante más de 50 años los Estados miembros han aplicado políticas proteccionistas y prácticas restrictivas que van desde complejas barreras burocráticas y retrasos hasta sanciones económicas por infringir requisitos poco transparentes. En Austria, los instructores de esquí extranjeros no pueden prestar sus servicios durante más de dos semanas. En Bélgica y Francia, las reparaciones de emergencia solo pueden realizarse previa notificación con ocho días de antelación, lo que es contradictorio en sí mismo. A fin de contratar pilotos e ingenieros aeronáuticos temporales en Italia, las compañías aéreas deben efectuar un depósito de 400 000 euros y tener establecidas cuatro oficinas. Y cada uno de estos obstáculos se justifica invariablemente mediante el engañoso pero emotivo argumento de evitar «la carrera a la baja». Los Estados miembros proteccionistas se presentan como defensores de los trabajadores contra el dúmping social. En la práctica, lo que hacen es estimular una galopante economía sumergida.
Lo cierto es que los países que se han sumado al mercado comunitario no han dejado de crecer. Desde 1993, la libre circulación de mercancías, capitales y personas ha ofrecido enormes ventajas económicas y sociales. Casi un 70 % de la población que trabaja en Europa lo hace en el sector de los servicios, que representa un 55 % del PIB de la UE, pero los servicios tan solo representan actualmente un 20 % de los intercambios entre los Estados miembros. Este mercado incompleto ha generado mil millones de euros de riqueza y 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo en Europa. La Directiva de servicios podría generar otros 600 000 empleos.
Cierto número limitado de servicios –en particular los del sector sanitario– deberían ser objeto de medidas sectoriales específicas. Acojo con agrado la promesa del Comisario McCreevy de proponer una directiva separada sobre la movilidad de los pacientes y toda la cuestión de la prestación transfronteriza de servicios sanitarios. Sin embargo, apoyo las demás disposiciones de lo que ya es una directiva rebajada. Es sumamente importante que no se excluya a las empresas de trabajo temporal de su ámbito de aplicación, en vista de que en un mercado de trabajo moderno y flexible es necesario recurrir en buena medida a las empresas de selección de personal y de trabajo temporal. ¿Y por qué se excluye a los trabajadores de transporte y a los de las guarderías?
Apoyo de todo corazón lo dispuesto en el artículo 16...
Jan Andersson (PSE ). –
   Señor Presidente, en estos momentos, la atención de toda Europa se concentra en el Parlamento Europeo. Tenemos la oportunidad de establecer el orden del día político. Debemos aprovechar esa oportunidad y dejar nuestra marca en esta Directiva de decisiva importancia. Esta no es la Directiva Bolkestein, sino un compromiso en proceso de elaboración, que es algo muy distinto.
Citaré algunos ejemplos del ámbito de responsabilidad de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. La legislación laboral, los convenios colectivos y el derecho de huelga no se ven afectados por esta Directiva. En el futuro, los Estados miembros podrán exigir a las empresas de servicios que tengan representantes que puedan acordar convenios colectivos y que sean responsables del entorno de trabajo, etc. Los servicios en beneficio de todos, como la atención sanitaria y los servicios médicos, la educación y los servicios sociales, no se incluyen en la Directiva. Al igual que las empresas de trabajo temporal, a la espera de la Directiva específica para dichas empresas.
Por lo que se refiere a los servicios de interés económico general, corresponde a los Estados miembros decidir si abren o no estos servicios a la competencia. Si lo hacen, no obstante, también deberá hacerlo todo el mercado interior. Se trata de un compromiso constructivo que combina las ventajas del mercado interior con la seguridad del mercado laboral, y que además protege los servicios públicos a los que tienen acceso actualmente los ciudadanos de nuestros Estados miembros y regiones. Algunas personas creen que se trata de un compromiso poco claro. Sin embargo, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué sucede si rechazamos la Directiva? ¿Cuántos asuntos languidecen a la espera de las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo, en lugar de ser resueltas mediante una Directiva que establezca las normas básicas? Sostengo que esta Directiva implicará un avance sin lugar a dudas. Presenta más claridad que las normativas vigentes y, por ello, debemos votar a su favor. 
Luigi Cocilovo (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, creo que todos estamos absolutamente convencidos de la exigencia de completar el mercado interior de servicios, eliminando barreras, prácticas restrictivas y el proteccionismo. Se trata de un problema real y extendido. 
No obstante, las disposiciones inicialmente propuestas con la Directiva Bolkestein eran contradictorias y, en muchos sentidos, ambiguas y equivocadas. El error fundamental fue haber provocado percepciones opuestas y negativas. Por un lado, la impresión de que el relanzamiento de una competencia virtuosa se redujera en esencia a dar un salvoconducto al dúmping social y democrático. Por otro, debido a las más que legítimas resistencias ante estas ambigüedades, la impresión en muchos países, sobre todo los recién llegados, de que se quisieran consolidar o defender las barreras proteccionistas y los obstáculos a la libre circulación de los servicios.
Considero que hoy, sobre la base de los textos de compromiso presentados, es posible corregir de forma sustancial esas contradicciones y defectos. Una crítica fundada residiría, si acaso, en algunas exclusiones y excepciones relativas a determinados sectores, que tienen realmente repercusiones negativas sobre las perspectivas de crecimiento competitivo de los sistemas productivos, económicos y sociales europeos, por ejemplo las actividades profesionales, los servicios bancarios, financieros y de seguros, y los suministros energéticos.
Muchos afirman que la montaña puede parir un ratón. En respuesta a esas objeciones, señalo que es preferible correr este riesgo al del parto del escorpión, pues el veneno contenido en la cola de esta pequeña criatura habría contaminado sobre todo el equilibrio del modelo social europeo.
Vladimír Železný (IND/DEM ).
   – Una emisora comercial de televisión de la Unión nos anunció hoy que los trabajadores de la UE protestan en contra de la Directiva sobre servicios. Esta información se olvidó de añadir que estos trabajadores proceden únicamente de los antiguos Estados miembros, mientras que los trabajadores de los nuevos Estados miembros, que son ciudadanos de segunda de la UE, desean esta Directiva. Los checos, al igual que los demás ciudadanos de los Estados miembros, no pueden trabajar libremente en Alemania y en otros países. Lo que resulta realmente ridículo es que comamos alimentos subvencionados provenientes de Europa Occidental y que compremos bienes occidentales que cruzan libremente nuestras fronteras sin pagar impuestos de importación. El artículo clave es el artículo 16, que en el texto de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor reconoce con mucho cuidado que los prestadores podrán quedar sometidos a la normativa de su país de origen, y que ha sido víctima de un compromiso entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Sin embargo, más que un compromiso se trata de una castración de la totalidad de la Directiva. La transferencia de responsabilidades no es manera de aplicar una legislación que pretende regular a los prestadores de servicios, pues los coloca en una posición de inseguridad jurídica. Y aunque solo sea una declaración no vinculante, en ella se hacen amplias referencias al interés público para justificar la limitación de las actividades de los prestadores de servicios. Esto hace que todo el texto resulte confuso, ya que el párrafo primero indica que se aplicará la legislación del país de destino, mientras que el tercer apartado puede interpretarse como que se aplicará la legislación del país de origen.
Si retrasamos la apertura de nuestra economía incluso a la competencia interna en el marco de la UE, ¿cómo esperamos poder competir con el mundo exterior? Si no aprovechamos el rápido desarrollo de los nuevos Estados miembros para lograr una mayor eficiencia en el lugar de trabajo, nos privaremos de una de las mayores ventajas de la ampliación de la Unión. 
Zuzana Roithová (PPE-DE ). –
   Estamos a punto de tomar una decisión de grandes consecuencias sobre la suerte de una de las libertades fundamentales de la Unión, que ha formado parte de la legislación comunitaria durante más de 50 años. Al tiempo que Europa se abre a las economías de terceros países, los Estados miembros de la Unión están erigiendo obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios. Ha llegado el momento de derribar estos muros artificiales o bien de darles nuestra aprobación, algo que sería muy aplaudido entre los sindicalistas. El resultado de este debate pondrá de manifiesto hasta qué punto la Unión ha sabido aprovechar la ampliación. El Muro de Berlín ya ha caído, los nuevos Estados miembros han abierto sus mercados a los bienes y servicios de toda Europa, y aún así, algunos Estados miembros de la UE no han aplicado como es debido la legislación europea en materia de libre circulación de servicios. Estos Estados miembros protegen de forma hipócrita sus mercados contra la mutua competencia, contraviniendo así la legislación comunitaria y la jurisprudencia de los tribunales. Nos enfrentamos a la idiotez del fantasma invocado por Chirac en la figura del fontanero polaco que deambula por Francia y otros países. Ha llegado la hora de saber quién se toma en serio las ideas de la Estrategia de Lisboa y de un mercado flexible, y quién no.
Me pregunto en que basan sus argumentos aquellos que se oponen a la Directiva. No nos han presentado estudios, sino que han preferido utilizar al ponente para propagar falsedades entre los sindicalistas. Simplemente no es cierto que la Directiva transformará la legislación laboral, ni tampoco modificará la legislación sobre programas de los trabajadores ni socavará su protección. Al contrario, todos los estudios muestran que creará 600 000 nuevos puestos de trabajo, 37 000 millones de euros para la economía y pondrá fin a la discriminación. La dilución propuesta de la directiva y la renuncia al principio del país de origen van en contra de los intereses de todos, incluidos los de los consumidores, y representaría un golpe ideológico contra el concepto de desregulación y la continuación de la armonización. La experiencia que hemos tenido con la libre circulación de bienes ha puesto de manifiesto que dicha opción no es viable. Los Estados miembros nunca la adoptarán y, lo que es más importante, la introducción de una nueva reglamentación en lugar de simplificar y flexibilizar la existente, tan solo retrasará el objetivo de que Europa funcione en el marco de una economía globalizada. Así pues, esta Directiva demostrará si preferimos un proteccionismo nacional de pocas miras o la prosperidad colectiva de Europa. 

Barbara Weiler (PSE ). –
   Señor Presidente, Señorías, esta Directiva lejos de «legislar mejor», hace precisamente lo contrario. Es sobre usted, señor Comisario, que recae la responsabilidad de esta irritación, de esta indignación que se ha apoderado de todos los grupos de la sociedad europea y de lo que acaba de decir la señora Roithová – el enfrentamiento entre los antiguos Estados miembros y los nuevos. No estamos hablando de subir el puente levadizo. El mercado interior no es un fin en sí mismo. Es por ello que necesitábamos tres grandes excepciones: la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, que debe seguir siendo una excepción mientras el Consejo la mantiene congelada, y en particular, la Directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, que todos aprobamos en esta Cámara.
Un mercado interior eficiente, sin obstáculos ni discriminación, con condiciones marco equitativas, es una ventaja para Europa: para los prestadores, prestadores de servicios, consumidores y trabajadores. Pero eso no es lo que nos ofrece esta Directiva. Quiero dar las gracias en especial a la Confederación Europea de Sindicatos, que ha estado colaborando con nosotros para defender la protección, sin caer en la trampa de la estrechez de miras del nacionalismo. La solución no es rechazar, sino reformar. 
Sophia in 't Veld (ALDE ). –
   Señor Presidente, en primer lugar me gustaría decir que la cuestión no radica en el enfrentamiento entre Occidente y Oriente, porque yo vengo de Occidente y estoy totalmente a favor de la Directiva de servicios. No debemos perder de vista el objetivo de la directiva, a saber, derribar los obstáculos superfluos para las pequeñas y medianas empresas, permitirles que ofrezcan sus servicios en otros países. Con la dilución de la Directiva que proponen los socialistas y algunos miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, corremos el riesgo de tapiar aún más los mercados. Si bien debemos proteger los logros sociales, no debemos caer en el proteccionismo, el nacionalismo y, menos aún, en la xenofobia.
En la economía globalizada es importante reforzar el mercado europeo, en lugar de fragmentarlo y debilitarlo. El mercado de servicios ofrece espléndidas oportunidades a muchos, y en él se pueden crear puestos de trabajo innovadores y de calidad.
Este debate raya en la hipocresía, pues mientras que los antiguos Estados miembros de Occidente temen la competencia del Este, se olvidan de que las empresas occidentales operan en Europa Oriental desde hace quince años y con muy buenos resultados.
La directiva que se apruebe deberá tener un ámbito de aplicación tan amplio como sea posible, lo que significa que los servicios de interés general o servicios de interés económico general –y en esta ocasión al parecer hemos definido ambos términos– que se prestan en la actualidad deben entrar sin más en dicho ámbito de aplicación, al igual que la atención sanitaria, las empresas de trabajo temporal y el juego. No debemos tocar el principio del país de origen, incluso si le cambiamos el nombre.
Votaré a favor de esta directiva únicamente si tiene por resultado una mayor libertad en la prestación de servicios. No votaré a favor de un compromiso que pretenda cerrar aún más los mercados. 
Charlotte Cederschiöld (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, este es un paso enorme para la UE y un pequeño paso para el libre comercio. De la votación del jueves dependerá que sea un paso hacia adelante. Se contemplan demasiadas excepciones y el principio no debe debilitarse sin motivo. Es muy importante para las pequeñas empresas y, en particular, para los países pequeños. Sin valor añadido, este compromiso será inútil. Por ello la Comisión tiene la responsabilidad de los trabajos en curso.
El proteccionismo comunitario que se esconde detrás de la política social o la protección de los consumidores resulta absurdo. Permítanme citar dos ejemplos. Cualquier persona que desee construir 25 casas particulares idénticas en Alemania tiene que presentar 25 planos a las autoridades para su aprobación y pagar 25 veces, a pesar de que se construirá la misma casa. ¿Es eso sensato? No, es costoso para el consumidor y es absurdo. Si un grupo de turistas suecos va a Grecia a pasar sus vacaciones en compañía de un instructor de submarinismo, este debe poder hablar griego. De lo contrario no se le permite trabajar ni hablar con un grupo de suecos en Grecia, a pesar de que ninguno de los miembros del grupo habla griego. Es una idiotez.
Por ello necesitamos mejorar las normas aplicables a la prestación transfronteriza de servicios. Podemos mejorar este compromiso el jueves si reducimos el número de excepciones e incluimos la atención sanitaria privada. A continuación debemos llevar a cabo lo que la Presidencia austriaca dice que pretende, a saber, una Directiva sobre servicios ambiciosa que contribuya a aumentar la prosperidad de todos nosotros. 
Maria Matsouka (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el debate sobre los servicios en el mercado interior podría resultar beneficioso si lo centráramos en la armonización de las normativas laborales, con el objetivo de mejorarlas en todo lo posible y de hacer converger las estructuras económicas y las capacidades tecnológicas.
Sin embargo, esta propuesta de Directiva intenta imponer una estrategia que es ajena a los intereses sociales, que pretende reforzar aún más el capital y dar marcha atrás en los logros de la clase trabajadora, con el pretexto de los déficit institucionales y el mal funcionamiento.
Los socialistas europeos nos encontramos en medio de una batalla histórica. Cualquier tentativa de llegar a compromisos para mejorar el texto legislativo no logrará ni con mucho su objetivo, en vista de que, si tenemos en cuenta las circunstancias recientes, no hay motivo para creer que se logre una normativa favorable a los trabajadores o al desarrollo, que proteja el modelo social de la Unión.
El principio del país de origen será el principio que se aplicará en última instancia, ya que el controvertido artículo 16, que constituye la esencia y el arma fundamental de la Directiva, no introduce en ella cambios radicales, y que los servicios de interés económico general no quedan excluidos en principio del ámbito de aplicación de la Directiva.
En un momento en que se supone que deseamos acercarnos a los ciudadanos mediante la simplificación de la legislación comunitaria, se nos pide que adoptemos un texto que encierra ambigüedades y contradicciones muy graves, un texto que, por intentar complacer a todos, no dilucida cuestiones vitales que los tribunales inevitablemente deberán aclarar.
Casi no queda tiempo para un nuevo análisis técnico, pero cierto es que el liberalismo económico en el que se basa todo el texto no es un camino sin retorno. 
Diana Wallis (ALDE ).
   – Señor Presidente, hoy se han dicho muchas cosas, pero espero que cualquiera que sea el compromiso que votemos el jueves, suponga un paso adelante. Espero que apoye e impulse la libre circulación de servicios consagrada desde hace tiempo en el Tratado y que por fin hagamos de esta libertad una realidad más efectiva que hasta ahora. Sin embargo, debemos sacar una lección muy clara para el futuro de todo esto: una cuestión de tanta importancia merece una preparación exhaustiva y prolongada, en particular la preparación del público europeo, es decir, de los ciudadanos a que tratamos de representar y a los que en gran parte hemos llevado a adoptar una posición contraria a esta propuesta.
Comparemos esto con lo sucedido en 1992: los años de preparación, el número de textos legislativos diferenciados, el entusiasmo general con que finalmente se acogió el libre mercado de productos. Y comparémoslo con el método actual: una propuesta de directiva de largo alcance presentada literalmente a toda prisa al final de la última legislatura. Esta no es la manera de hacer las cosas. Realmente espero que aprendamos la lección de cara al futuro en materia de comunicación de Europa.
Małgorzata Handzlik (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, en el debate de hoy abordamos uno de los actos legislativos más importantes para el futuro de Europa. Posiblemente con él la Unión adquiera una nueva dimensión, pero esa debe coincidir con la visión de los padres fundadores. Las críticas vertidas por algunos de los que se oponen a esta Directiva no guardan mucha relación con su propuesta. De hecho son un esfuerzo para detener la integración económica de Europa basada en las cuatro libertades fundamentales.
No podemos aceptar esta hipocresía ni estos llamamientos para que se impongan restricciones a la libertad de las empresas para prestar servicios y a la libertad de los consumidores para acceder a dichos servicios, todo ello con el pretexto de proteger la soberanía nacional. Tampoco podemos aceptar la propuesta de dar nuevos pasos atrás respecto a la situación jurídica vigente, y la jurisprudencia del Tribunal de este año, que limiten el ámbito de aplicación de la Directiva y permitan que las administraciones nacionales sigan gozando de plena libertad para imponer nuevos obstáculos y mantener los ya existentes.
También nos preocupa que en algunos Estados miembros el debate se haya centrado en el fontanero polaco o en el obrero de la construcción letón o portugués, cuando los obstáculos administrativos discriminatorios son en realidad el problema más grave. El mercado único sigue plagado de divisiones entre la vieja Europa y la nueva. Muchos Estados miembros aplican prácticas discriminatorias a los prestadores de servicios de otros Estados miembros. Esta tendencia se ha hecho más evidente desde la ampliación de la Unión. El resultado de las restricciones discriminatorias que afectan al flujo transfronterizo de servicios es que las pequeñas y medianas empresas están perdiendo oportunidades de desarrollo y creación de empleo.
Europa necesita una buena Directiva sobre servicios con un amplio ámbito de aplicación, un artículo 16 sólido, al igual que los artículos 24 y 25. Dicha Directiva tan solo eliminaría los obstáculos administrativos y no influiría sobre la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores, en contra de lo que se quiere hacer pensar. Europa necesita una Directiva sobre servicios que garantice que las disposiciones de la Estrategia de Lisboa no se quedan en el papel. Necesitamos un texto claro y sin ambigüedades para alcanzar este objetivo.
Gracias a la labor del Parlamento se han mejorado algunas partes del texto que resultaban poco claras, pero no debemos crear nuevos problemas durante la votación de la propuesta. El sentido y la finalidad originales de la Directiva no deben sacrificarse en aras de lo que a menudo son compromisos de gran alcance. El proteccionismo no crea empleo. El proteccionismo es un instrumento erróneo corto de miras para defender los derechos de los trabajadores. Es una manifestación de la falta de capacidad política de las burocracias nacionales para hacer frente a los retos que plantea la realidad económica y política del mundo. 
Proinsias de Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la señora Gebhardt, a la señora Lancker y a los ponentes alternativos de los Grupos políticos por la excelente labor que han llevado a cabo para reforzar la Directiva de servicios.
Para la mayoría de los presentes en esta Cámara resulta evidente que una carrera a la baja en cualquier ámbito no despertará lealtad ni confianza en el proyecto europeo entre los ciudadanos de la Unión. Yo esperaba que el Comisario McCreevy, aquí presente, demostrara que había comprendido el mensaje, pero desgraciadamente sus observaciones sobre los servicios de interés económico general no me hacen pensar que sea así.
Entiendo a aquellos que desean votar simbólicamente contra la Directiva Bolkenstein por motivos de índole nacional. Pero en ese caso, les pido que apoyen a la amplia mayoría progresista de este Parlamento para lograr una Directiva «desbolkesteinizada» y voten a favor de las principales enmiendas de transacción que han sido objeto de negociaciones tan meticulosas. Esta Cámara abdicaría de sus responsabilidades si se negase ahora a adoptar la propuesta modificada de Directiva y dejase nuestro mercado de servicios, nuestros derechos laborales, los derechos de nuestros consumidores y los derechos ambientales en este ámbito a merced de las distintas resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo. Este Tribunal no ha sido elegido para legislar... nosotros sí.
Por último, me gustaría decir a la señora De Brún, que ya ha abandonado la Cámara, que si desea evitar una carrera a la baja como la de los transbordadores irlandeses en el sector de los servicios, tendría la obligación de votar las enmiendas que se presentarán en esta Cámara mañana, como primer paso –no como paso único, sino como primer paso– para evitar lo que tanto teme. 
Šarūnas Birutis (ALDE ).
   – En mi opinión, la Directiva sobre servicios es el documento más importante que el Parlamento Europeo aprobará en esta legislatura. ¿Por qué? Porque es un indicador único de los cambios en la mentalidad europea. Veremos si Europa está preparada para establecer un mercado único, para liberalizarlo y legitimar las disposiciones fundamentales de la Unión Europea. Es una pena que las declaraciones sobre los objetivos de Lisboa no vayan acompañadas de actos. El temor al cambio, a la competencia y a la presión de los votantes sigue influyendo en los actos de los políticos. No es necesario amenazar a la gente con la destrucción de un modelo social; tenemos que hablarles de la realidad y de los cambios que son necesarios para que Europa sea competitiva. Tarde o temprano liberalizaremos el mercado, pero un retraso podría tener consecuencias desastrosas. Y el bienestar social en la Unión Europea es como agua en vasos interconectados. Actualmente, el bienestar social solo existe en todo el Espacio Económico Europeo. Los compromisos son posibles y necesarios hasta cierto punto. Creo que debemos mantener la esencia del principio del país de origen. Debemos tener confianza los unos en los otros. 
Zita Pleštinská (PPE-DE ).
   – Rara vez el Parlamento Europeo ha sido más el centro de todas las miradas que en esta ocasión, en la que debe adoptar una decisión sobre esta importante Directiva. La Comisión Europea, el Consejo, las pequeñas y medianas empresas y los sindicatos esperan el resultado de nuestra votación. Este es un alentador resultado de la democracia y un reconocimiento para aquellos que representan a los ciudadanos europeos. Sin embargo, exige un alto grado de responsabilidad. Estamos a punto de adoptar una decisión sobre una Directiva sobre servicios que representa un nuevo aliento de vida y de nuevo dinamismo para la Estrategia de Lisboa tras su revisión.
La Directiva sobre servicios beneficiará directamente a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo al simplificar y facilitar la prestación de servicios en otros Estados miembros. Una liberalización completa del mercado de servicios reviste especial importancia para los nuevos Estados miembros. Por ello estoy a favor de que se vuelvan a introducir en la Directiva los artículos sobre el traslado de trabajadores.
Quisiera elogiar la labor del ponente alternativo, el señor Harbour, que ha logrado, gracias a un acuerdo entre el Grupo de la derecha y el liberal, mantener el principio del país de origen, denominado igualmente «libertad de prestación de servicios», al tiempo que los Estados miembros pueden rechazar un prestador de servicios por motivos de protección de la salud y conservación del medio ambiente.
Sin embargo, la enmienda de transacción presenta un problema pues incluye, en particular, la posibilidad de hacer constar una reserva por motivos de protección de los consumidores o de política social, ya que esto permitiría a las autoridades del país de destino impedir en todo momento el acceso a los prestadores de servicios de otro Estado miembro, por lo que niega el principio del país de origen. Me parece que el discurso público sobre esta Directiva se ha centrado excesivamente en las críticas a dicho principio.
Muy poco se ha escrito hasta ahora sobre las importantes ventajas de la Directiva, que simplifica la cooperación administra y establece un único punto de contacto o un formulario uniforme disponible en formato electrónico. Como conclusión, permítanme expresar mi agradecimiento a la ponente, la señora Gebhard, por la gran labor realizada para elaborar este informe. 
Ieke van den Burg (PSE ). –
   Señor Presidente, puesto que el compromiso que tenemos ante nosotros se ajusta a las mejores tradiciones neerlandesas consistentes en combinar la apertura de los mercados con un grado razonable de protección social, cuenta con el pleno apoyo de mi delegación. Nuestro Ministro de Asuntos Económicos dijo hace poco que su principal preocupación era el gran número de excepciones que recoge la Directiva. No puedo compartir su inquietud y me gustaría por qué, en mi opinión, algunas excepciones son sumamente válidas.
En primer lugar, en relación con la exclusión de la atención sanitaria y otros sectores en los que existe un gran número de motivos de interés general, me parece que es mejor que esos sectores sean regulados caso por caso, y también es necesario aprobar una Directiva marco horizontal sobre los servicios de interés general, que determine claramente las competencias de las autoridades periféricas, con el fin de imponer normas a estos sectores por razones de interés general.
Otro sector que me gustaría mencionar es el del trabajo temporal. Como sus Señorías saben, hace cuatro años alcanzamos un muy buen compromiso a este respecto en esta Cámara, que obtuvo un amplio apoyo entre nosotros, pero que desde entonces ha quedado congelado en el Consejo. La Directiva que propusimos entonces establecía un equilibrio entre la protección y la apertura de mercados en el sector del trabajo temporal, equilibrio que era una base mucho mejor para adoptar la legislación europea en este sector con más precisión y cuidado, y me gustaría pedir al señor McCreevy que asuma el compromiso de adoptar actos legislativos en el ámbito de la atención sanitaria y el trabajo temporal por separado de la presente Directiva.
Luisa Fernanda Rudi Ubeda (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, a lo largo de la tarde del día de hoy mucho se ha hablado de la necesidad de abrir el mercado de los servicios en la Unión Europea y también de la necesidad de eliminar barreras para conseguir alcanzar, o poner en marcha, algunos de los objetivos previstos en la Estrategia de Lisboa. Para ello esta directiva de servicios es un instrumento, no solamente necesario, sino imprescindible.
Pero ¿qué requisitos debería tener esta directiva, este texto, para que cumpla con la misión que le hemos encargado? A mi modo de ver, en primer lugar, debería fijar unos criterios claros, que den seguridad jurídica a todos, consumidores y empresarios, y, sobre todo, que den seguridad jurídica de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, que son las que conforman en mayor parte —en un 80 o 90 %— el tejido empresarial de la Unión Europea. Y también haría falta que este texto, claro —repito— y con seguridad jurídica, sea aplicado en todos los países de la Unión Europea.
Debo decir que, en mi opinión, el texto que fue aprobado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor reunía estos requisitos. Pero he de decir aquí que, en este momento, tengo mis dudas de que los textos de compromiso que se han acordado cumplan los requisitos de claridad y seguridad jurídica.
Por último, señor Presidente, me gustaría hacer una breve reflexión. A lo largo de la tarde del día de hoy, ha habido quienes han pretendido contraponer dos modelos en Europa: quienes dicen defender —y se autoerigen en sus únicos defensores— el modelo social europeo pretenden contraponer su posición a la de quienes defendemos la necesidad de la competitividad y de la competencia. 
Yo quiero decir aquí que la mejor política social es aquella que genera crecimiento económico y creación de empleo. Yo quiero decir aquí que el único peligro que puede caber para el modelo social europeo es una Unión Europea sin crecimiento económico, instalada en viejos prejuicios e incapaz de competir con otras economías, porque, si no crecemos, será imposible que mantengamos nuestra política social.
Dariusz Rosati (PSE ). –
   Señor Presidente, la Unión Europea se basa en cuatro libertades fundamentales. Se trata de la libre circulación de bienes, capitales, mano de obra y servicios. Estos pilares de la Comunidad Europea se acordaron en 1958, porque ya desde entonces se sabía que eran la condición para una auténtica integración europea.
Han transcurrido varios decenios, pero hasta ahora no existe libre circulación de servicios en Europa. La principal razón de ello es la debilidad de la clase política. Los políticos no han sido capaces o no han estado dispuestos a explicar a los ciudadanos que la libre de prestación de servicios crea nuevos puestos de trabajo y acelera el crecimiento económico. En lugar de explicar el significado de la ampliación de la Unión Europea y de destacar la oportunidad que ofrece la competencia, los políticos han preferido alarmar a los votantes con el fantasma del dúmping social, la famosa Directiva Frankenstein y el célebre fontanero polaco.
Éstos son los antecedentes del debate de hoy en esta Cámara sobre la Directiva sobre servicios. La aprobación de esta Directiva facilitará la vida de consumidores y empresarios, acelerará el crecimiento económico y creará 600 000 nuevos puestos de trabajo en Europa. Desgraciadamente, la Directiva es objeto de crecientes ataques por parte de personas de convicciones populistas y proteccionistas. Hemos escuchado una y otra vez que la apertura del mercado de servicios provocará dúmping social y empeorará las condiciones de trabajo, pero estas opiniones carecen de todo fundamento.
No obstante, todavía podemos llegar a un compromiso. Me gustaría recordar a esta Cámara que las cuestiones relativas al empleo y a la legislación laboral han sido retiradas del ámbito de aplicación de la Directiva, lo que debería disipar los temores que expresan los sindicatos. Asimismo se han excluido los servicios de interés público. Creo que con ello se logrará un equilibrio entre la necesidad de competitividad y la necesidad de proteger los derechos laborales. Por ello hago un llamamiento al Parlamento Europeo para que apruebe esta Directiva en su versión actual. Permitirá reforzar la competencia y liberalizar los mercados laborales. Asimismo facilitará la vida de los consumidores y las empresas. 
Alexander Stubb (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tengo dos malas noticias, dos buenas noticias y una recomendación. La primera mala noticia es que la atmósfera de debate que tenemos actualmente en Europa más bien me entristece, pues soplan aires de proteccionismo, de nacionalismo, casi de racismo y de xenofobia. Para mí, que soy proeuropeo y federalista, el proteccionismo es antieuropeo.
La segunda mala noticia se refiere a la Comisión. Yo soy un gran partidario de la Comisión. Siempre la he apoyado. Sin embargo, señor McCreevy, por favor, no haga que su oficina me llame para rebajar la Directiva de servicios. Su labor consiste en defender la Directiva de servicios y no en defender el proteccionismo. Su oficina quería que lo hiciera, no a favor de la libertad de prestación de servicios, sino a favor de la libertad de impedir la prestación de servicios. ¡Le ruego que sea la última vez que lo haga!
Las buenas noticias son, en primer lugar, que creo que llegaremos a un compromiso mañana. Creo que avanzaremos. Necesitamos esta directiva. La segunda buena noticia es que probablemente obtengamos una amplia mayoría en el Parlamento Europeo. Espero que la Presidencia austriaca obtenga una amplia mayoría en el Consejo.
Y por último, mi modesta recomendación es que se apruebe la solución de compromiso entre el Grupo del PSE y el Grupo del PPE-DE sobre el artículo 16 en su versión actual, siempre que se incluyan tres elementos en la Directiva: en primer lugar, los servicios sanitarios, en segundo lugar, las empresas de trabajo temporal, y en tercer lugar, el traslado de trabajadores. Esos elementos son indispensables.
Me parece que la manera en que tiene lugar este debate es sumamente injusta, pues lo vemos como la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Y no es así. Se trata de la lucha entre el proteccionismo y la liberalización de los mercados. Y me temo que algunos de nosotros la estamos perdiendo. 
Manuel Medina Ortega (PSE ). –
   Señor Presidente, creo que la señora Wallis dejó las cosas claras al señalar que la Comisión había trabajado mal en este aspecto. Al final de la última legislatura, de repente, nos sueltan una pieza de legislación equivalente al conjunto que había preparado Delors para la liberalización de las mercancías entre 1988 y 1992.
Pero, además, esta propuesta de directiva de la Comisión ni siquiera trata de la liberalización de los servicios, porque el punto central es la liberalización del mercado de trabajo. Es decir, el artículo 16, con el principio del país de origen, no va a liberalizar los servicios; lo que pretende es liberalizar el mercado de trabajo, porque hay determinadas concesiones otorgadas por el entonces Comisario que van en contra de la protección social, de la protección ambiental y de la protección de los consumidores.
En consecuencia, este Parlamento se ha encontrado con una enorme dificultad: nos ha costado dos años de trabajo, con una labor muy importante por parte de la ponente principal, señora Gebhardt, y por parte de la ponente de opinión, entre otros, la señora Van Lancker. Pero, creo que en este momento el Parlamento está a punto de preparar una auténtica directiva sobre la liberalización de los servicios. Que no lo mezcle con el tema laboral, que está provocando tantas discusiones en este momento.
En este momento, la propuesta de directiva de servicios que va a aprobarse —creo— el jueves, como consecuencia del acuerdo entre los dos grandes Grupos políticos, va a permitir, efectivamente, la liberalización de los servicios, de conformidad con los procedimientos normales. Hay que recordar que ya tenemos un espacio en el que hay liberalización de servicios. Se han liberalizado servicios en transportes, en comunicaciones, en las transmisiones audiovisuales y en las actividades profesionales. Se trata de seguir por este camino.
Esta directiva, si es aprobada por el Consejo —y espero, como decía el señor Stubb, que la Comisión apruebe las propuestas del Parlamento Europeo—, va a permitir efectivamente que se liberalicen los servicios. 
Y además, se ha introducido entre las enmiendas una enmienda en virtud de la cual la Comisión, en el plazo de cinco años, de acuerdo con los agentes sociales, debería presentar propuestas concretas para la liberalización de los servicios. Si la Comisión aprueba las enmiendas del Parlamento, el Consejo podría seguirla y podríamos asistir al comienzo de una auténtica liberalización de los servicios.
Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, personalmente tenía muchas reservas respecto al texto inicial que la Comisión Europea presentó hace dos años. Sin embargo, las reservas que hemos tenido carecen ahora de importancia, ya que este texto ha sufrido amplias modificaciones en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, y creo que será objeto de nuevas enmiendas en el Pleno de pasado mañana.
En un principio, la Comisión presentó un texto con un gran número de exageraciones fuera de lugar y, con ello, no hizo favor alguno al propósito de realizar el mercado interior de la Unión Europea. En otras palabras, no buscaba la manera correcta de superar los obstáculos administrativos y legislativos a fin de facilitar la inversión en este sector. Un objetivo correcto quedó falseado por las políticas, sobre todo la política de comunicación, de la Comisión Europea. Esto dio lugar a reacciones de diversos grupos sociales, al tiempo que la OCDE afirma que una apertura racional del mercado de servicios de los Estados miembros podría crear 2 500 000 nuevos puestos de trabajos e incrementar en consecuencia el PIB europeo en un 1,8 %. La Comisión de Mercado Interior ha realizado varias intervenciones importantes, tanto en lo relativo al ámbito de aplicación de la Directiva, como en que respecta a los derechos de los trabajadores, y me parece que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos representan una nueva mejora de la Directiva al abordar algunos problemas relacionados con el país de origen y al crear las condiciones necesarias para un amplio consenso social y parlamentario.
Los objetivos de la mayoría de las diputadas y diputados al PE, de todos los Estados miembros y de los sindicatos europeos no es rechazar cualquier forma de Directiva sobre servicios, sino alcanzar una mejor Directiva en esta materia y, en mi opinión, entre todos lo hemos logrado. 
Bernadette Vergnaud (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Barroso, Señorías, en primer lugar quiero ensalzar la labor de nuestra ponente, la señora Gebhardt, que, en realidad, ha logrado reescribir completamente el texto.
¿Cómo hay que decirle, señor Barroso, que los ciudadanos europeos ya están hartos del dúmping social? ¿Utilizando la lengua relacionada con el principio del país de origen, quizás? A pesar de los grandes avances, como la preservación de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores y la exclusión de la asistencia sanitaria y los servicios de interés general, lamento que los servicios de interés económico general y los servicios sociales sigan sin estar excluidos. Me niego a que estas tareas de servicio público estén supeditadas a las reglas del mercado competitivo.
Del mismo modo, sería muy útil excluir el Derecho laboral del artículo 2, a fin de no provocar una disputa peligrosa. Aunque a fin de cuentas ya no se menciona el país de origen, el compromiso propuesto entregará el poder efectivo del legislador al juez comunitario, que dictará el rumbo de la política social europea. Habría sido preferible aplicar el principio del país de destino al ejercicio de las actividades de servicios y el principio del país de origen solo al derecho de acceso.
En cuanto a los que declararon falsamente que votar en contra del proyecto de Constitución Europea significaba la muerte de la Directiva Bolkestein, la situación actual les demuestra por el contrario que esta directiva está muy viva y que nos exige estar muy al tanto y seguir luchando.
Stefano Zappalà (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, una vez más afrontamos un tema importante para la verdadera realización del mercado interior. 
He sido ponente de la Directiva relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios, a la que se presentaron unas 800 enmiendas, así como sobre la Directiva relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, a la que se presentaron unas 600 enmiendas. En ambas circunstancias trabajé con el señor Harbour y la señora Gebhardt, como con otros muchos. Los resultados obtenidos obtuvieron un apoyo tan amplio que el pasado mes de mayo esta segunda directiva fue aprobada por unanimidad tanto en el Parlamento como en el Consejo, con la sola abstención de dos Estados miembros. Deseo dar de nuevo las gracias a ambos colegas. 
Los principios subyacentes a estas dos directivas son análogos a los que deben animar la Directiva relativa a los servicios y sus objetivos son los mismos. Por desgracia, la propuesta de la Comisión Prodi no atinó ni en los motivos ni en los contenidos, por lo que este Parlamento hubo de reescribir esas dos directivas, igual que hoy nos vemos obligados a reescribir también la directiva que estamos examinando. 
Todos deseamos que los mercados se abran al trabajo, a las mercancías y al dinero, pero consideramos que esto debe hacerse, una vez más, armonizando entre sí los sistemas nacionales, y no tergiversándolo todo. La cláusula de revisión en cinco años como máximo permite transiciones graduales. 
Queremos esta directiva sin traumas ni enfrentamientos ideológicos, por lo que deseamos un enfoque prudente con soluciones políticas de sentido común. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha expresado ya una posición que comparto y, por la experiencia personal que he adquirido en esta materia, no aprecio a quienes, en vez de buscar un compromiso, quieren rechazar el conjunto de la idea, lo que es contrario a los Tratados. En cambio, aprecio los compromisos alcanzados y espero que también esta directiva goce de una amplia mayoría. Por último, deseo dar las gracias una vez más a la señora Gebhardt por el trabajo que ha realizado.
Joel Hasse Ferreira (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, este es un debate crucial para el futuro de Europa, que resuena en los ámbitos económicos, sociales y políticos. La solución de compromiso a la que han llegado los dos principales Grupos políticos me parece equilibrada.
Es indispensable suprimir la aplicación del principio del país de origen, el trabajo temporal en el sector sanitario, otros sectores sociales, los servicios de interés general y las loterías. También es indispensable que los criterios relativos a los servicios de interés general queden totalmente claros, se supriman totalmente o sean establecidos por cada uno de los Estados miembros. Al igual que en el compromiso, quiero destacar la importancia de no interferir con la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores.
Señorías, si bien es necesario continuar con la construcción del mercado interior, igual importancia reviste garantizar una competencia leal en todos los Estados miembros que no fomente las desigualdades sociales, no distorsione los mercados de trabajo ni desmantele las relaciones laborales, sino que acabe con las prácticas burocráticas y eche abajo los obstáculos técnicos injustificables.
Aunque el proceso de creación de un mercado interior en el sector de los servicios es de suma importancia para el desarrollo económico de Europa, es necesario cumplir las normas que garantizan la cohesión social europea. Si no se hiciera esto con la versión inicial de la Directiva, podemos adoptar, en tanto que diputados de esta Cámara, un texto que haga una contribución equilibrada y lúcida a la creación de un verdadero mercado europeo en el sector de los servicios que, al mismo tiempo, garantice la cohesión social.
Para ello son indispensables claridad y valor. 
José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, empezaré diciendo que voy a votar a favor del compromiso, que el compromiso me satisface mucho más que la directiva original, y centraré mi intervención en un solo tema: el reembolso de los gastos generados por un ciudadano afiliado en un Estado miembro por servicios médicos que se le hayan prestado en otro Estado miembro.
Si el señor Presidente me permite utilizar el método del caso me serviré del ejemplo de la Comunidad Valenciana, aunque podría referirme a cualquier otra región, una región italiana, por ejemplo.
Cada día recibimos más turistas; cada día más ciudadanos europeos adquieren allí una segunda residencia; cada día recibimos más ciudadanos que vienen a tratarse en nuestra Comunidad, exclusivamente, por la calidad de sus servicios médicos. Esta presión constituye un atentado contra los servicios de salud. Una presión financiera que difícilmente podemos aguantar.
El Tribunal de Justicia ha reconocido en multitud de ocasiones que, por aplicación de los artículos 49 y 50 del Tratado CE y de los reglamentos que los desarrollan, el Estado miembro que preste unos servicios médicos tiene derecho a ser reembolsado por el Estado en que el ciudadano estuviese afiliado. Pero, en la práctica, la realidad es que este derecho no se cumple, que este derecho es una pura declaración retórica.
La Comisión ha entendido que esta Directiva es un buen instrumento para hacer efectivo este derecho y lo ha plasmado en el artículo 23. En este momento no sé cuál es la situación del artículo 23 ni de las enmiendas que pretenden suprimirlo. Simplemente manifestaré aquí mi deseo, mi propósito, de que ese artículo se mantenga tal como se ha redactado por la Comisión. Que el Comisario no se limite a hacer una declaración formal prometiendo una vez más que el problema se va a resolver. Queremos que este artículo se apruebe como está, a lo que yo contribuiré con mi voto favorable.
Mia de Vits (PSE ). –
   Señor Presidente, hay quien piensa que hemos proporcionado información capciosa en relación con esta Directiva. Hoy, me complace decir que con estas enmiendas hemos introducido cambios radicales en la Directiva Bolkestein. Me pregunto, sin embargo, si este documento modificado ofrece seguridad jurídica. Y me temo, al igual que otros, que no es así.
Señor Comisario McCreevy, habría logrado nuestro apoyo si nos hubiese dicho en este debate que lo mejor es mantener los servicios de interés económico general fuera del ámbito de aplicación de esta Directiva, pero ha declarado justamente lo contrario. No ha dicho ni una sola palabra sobre una Directiva marco sobre los servicios de interés general.
Como conclusión, en nuestro veredicto final tendremos en cuenta que la Directiva que tenemos ante nosotros no pretende una armonización, sino precisamente lo contrario. Se ha tomado una decisión a favor de la legislación basada en la diferencias que existen entre los 25 Estados miembros, y no creo que esa sea la manera correcta para la integración de los mercados. 
József Szájer (PPE-DE ). –
   Algunos dicen que una directiva rebajada es mejor que nada. Sin embargo, no es así, porque existe un límite ras del cual ya no contribuimos a la libre prestación de servicios, sino que creamos nuevos obstáculos para esta. Desgraciadamente, eso es lo que hacen las propuestas de enmienda presentadas la semana pasada. Si votamos a favor de ellas, destruiremos la esencia de esta propuesta.
Tenemos mucho que perder, pues el Tribunal de Justicia Europeo ha protegido en repetidas ocasiones en las últimas décadas los derechos de los proveedores de servicios contra las prácticas restrictivas de los Estados miembros. Si ahora aceptamos una directiva repleta de nuevos obstáculos, en conflicto con el espíritu y la letra de los Tratados constitutivos de la Unión Europea, no podemos esperar que tenga éxito la Agenda de Lisboa, que pretende crear nuevos empleos y fomentar un nuevo crecimiento en Europa, porque estaríamos limitando ese mercado por otros treinta años.
Los nuevos Estados miembros liberalizaron hace algunos años sus mercados de capitales y productos. Lo que no fue una decisión fácil. Nosotros también podríamos haber dicho que nuestras economías eran demasiado débiles e incapaces de competir. Es por ello que muchas de las diputadas y diputados de los nuevos Estados miembros se sorprenden de que ahora, cuando deberíamos liberalizar juntos el mercado de servicios, vacilen algunos antiguos Estados miembros que tienen una economía fuerte.
Señorías, ahora es su turno. ¿Defenderán una de las cuatro libertades fundamentales de nuestra Unión Europea o no? Una Directiva de servicios fuerte será positiva para las pequeñas y medianas empresas, para los antiguos y nuevos Estados miembros y para todos los ciudadanos de Europa. Señorías, eliminemos de la propuesta cualquier intento de limitar la libertad en el mercado de servicios. Los húngaros solo podemos apoyar una directiva que haga algo más que mantener nominalmente el principio de la libre prestación de servicios que contempla el Tratado de Roma. 
Pier Antonio Panzeri (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la directiva que estamos debatiendo sin duda será recordada, dado el tortuoso y difícil itinerario que ha seguido.
Desde sus orígenes, la directiva ha sido criticada de forma abierta y contundente. No por casualidad, aún hoy, una gran manifestación sindical europea ha expresado con fuerza la necesidad, para el mundo del trabajo europeo, de que Europa se dote de una directiva de servicios que complete el mercado interior sin mermar la cohesión social. En el Parlamento hemos estado trabajando en este sentido con el objetivo de contribuir al desarrollo y el crecimiento europeo en un sector importante, como el de los servicios, sin perder nunca de vista la dimensión social que Europa debe tener y la exigencia de no aplazar indefinidamente el proceso de armonización. 
Las modificaciones introducidas y el compromiso alcanzado responden en buena medida a las cuestiones y reivindicaciones planteadas, tanto con respecto al Derecho laboral como en lo relativo al denominado principio del país de origen. No obstante, quedan algunos problemas por resolver, entre ellos los servicios de interés económico general, que espero encuentren una solución en la votación final sobre la base de las enmiendas presentadas. 
En definitiva, pienso que hasta hoy se ha hecho un buen trabajo, entre otras cosas gracias a la señora Gebhardt. No hemos eludido el debate sobre el contenido, es más, hemos contribuido a identificar algunas soluciones posibles y pretendemos seguir defendiéndolas también después de la votación en primera lectura.
Thomas Mann (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, tras conversar con el personal y los directivos de dos docenas de pequeñas y medianas empresa de Hesse, y con los representantes de los sindicatos y la patronal, las perspectivas para lograr una directiva aceptable en materia de servicios no parecen muy brillantes, para ser sincero. A la vista de la tan parcial propuesta Bolkestein, el compromiso alcanzado ahora logra el equilibrio correcto entre la eliminación de obstáculos y barreras nacionales dentro del mercado interior y la necesidad de cohesión social. Los servicios de interés general no deben liberalizarse, ni deben privatizarse las empresas públicas. Tampoco debe restringirse la legislación en materia de competencia ni limitar las normas en materia de ayudas públicas. Los temores de que con ello se produzca un dúmping social y salarial ya no están justificados.
El nuevo principio de la libre circulación de servicios prevé que los países en que se presten los servicios pueden insistir en que se cumplan sus normativas nacionales y supervisar dicho cumplimiento, tanto en lo que se refiere a garantizar la seguridad y el orden públicos, como a la protección del medio ambiente y de la salud. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales dio un nuevo e importante ímpetu al proceso de cooperación. Creemos que es importante que la seguridad industrial no se ponga en entredicho y que deben mantenerse los acuerdos alcanzados sobre tarifas.
La directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores tiene prioridad, lo que significa que es posible proteger el sector de la construcción y otros sectores sensibles de los Estados miembros y mantener los sueldos mínimos. A fin de evitar que las empresas registren simplemente un apartado postal en otro Estado miembro, se ha redactado una normativa favorable a los consumidores: solo se reconocerán las sucursales si estas pueden demostrar que tienen la infraestructura adecuada y una presencia permanente.
Muchas de las consignas de la manifestación de hoy no estaban actualizadas. La gente tiene derecho a protestar en público, pero tendrán más credibilidad si el motivo de sus protestas es real. Los ciudadanos, la Comisión y el Consejo están a la espera de la decisión de este Parlamento, y todos conocen la verdadera importancia de esta Cámara. El compromiso de los dos Grupos es el camino a seguir. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se ha mostrado coherente en su intención de infundir un nuevo dinamismo al mercado interior –con la Agenda de Lisboa como consigna– y de mantener las normas sociales. 
Lasse Lehtinen (PSE ). –
   Señor Presidente, es mejor aceptar el compromiso propuesto que rechazarlo. En todo caso, este es el punto de partida para un mercado de trabajo unificado y viable.
En nuestra calidad de legisladores debemos aspirar a la exactitud y a la precisión. Cada apartado vago en una Directiva es un caso potencial para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Al leer la propuesta uno tienen la sensación de que mientras más educada o cualificada sea la persona, más posibilidades tiene de que sus actividades queden fuera del ámbito de actividad de la Directiva y más protegido estará contra una auténtica competencia.
Europa necesita crecimiento económico. Para crecer es necesario trabajar más o incrementar la producción. No podemos oponernos al dúmping social evitando la movilidad humana, sino creando un régimen transfronterizo en el que cada persona que preste servicios sea responsable del cumplimiento de las condiciones de empleo. ¿Cómo podemos pensar en competir con China e India si no podemos eliminar los obstáculos innecesarios a la competencia en el territorio de la Unión? 
Bogusław Sonik (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, la Unión Europea se encuentra en una búsqueda constante de estímulos para el desarrollo, para crear una Unión capaz de hacer frente a los desafíos del tercer milenio. Se suponía que esta Directiva debía hacer que la Unión Europea fuese más fuerte a nivel mundial y más capaz de competir con otras economías de todo el mundo. Al parecer se olvida que ahora somos una Comunidad de 25 Estados miembros y no de 15. Los diputados de esta Cámara cada vez piensan más que son los nuevos Estados miembros los que compiten contra la Unión, no China ni los Estados Unidos.
La Unión Europea parece tener miedo de sí misma. Los antiguos Estados miembros, que han unido sus fuerzas para combatir esta Directiva, han recrudecido el lenguaje combativo. La división entre la vieja Unión y la nueva cada vez resulta más evidente. Una vez más se divide a los Estados miembros en países mejores y peores. Los países ricos apoyan una política con poca visión de futura que se basa en el miedo, no en indicios racionales. Resulta paradójico que los países ricos que hasta ahora se habían presentado como los mayores defensores de la integración, sean los que se resistan a la plena aplicación de las disposiciones de los Tratados. Difunden la alarma haciendo referencia al dúmping social que practicarían los nuevos Estados miembros y a supuestas amenazas para el nuevo social europeo.
Yo creo que los nuevos Estados miembros saldrán adelante. El crecimiento económico en la zona del euro es prácticamente nulo y su economía se desarrolla con lentitud. La resistencia a la plena apertura del mercado de los servicios encierra el riesgo de perder un estímulo muy importante que podría acelerar el crecimiento económico de la Unión y crear nuevos empleos. Hasta ahora se ha dicho que los nuevos Estados miembros se dedican a quejarse. Sin embargo, en la Europa de dos velocidades que está surgiendo, deberán desarrollar formas para responder rápidamente a las coaliciones tácticas que se forman contra ellos con cada vez mayor frecuencia.
La propuesta original de la Directiva representaba una nueva oportunidad para la Unión Europea de 25 Estados miembros. En su versión actual, tras la supresión de las disposiciones que prohíben la discriminación de empresas que presten servicios en el extranjero y del principio del país de origen, está perdiendo progresivamente significado y transparencia. 
Joseph Muscat (PSE ).
   – Señor Presidente, soy ciudadano de uno de los nuevos Estados miembros. Estoy a favor del compromiso, ya que lo contrario equivaldría a una miopía social y política. La manera en que la mayoría del Parlamento parece haber convergido para revisar a fondo la Directiva de servicios pone de manifiesto la importancia de esta institución. Estamos convirtiendo una propuesta que podría tener consecuencias desastrosas para nuestras sociedades –sobre todo en las más necesitadas– en una propuesta mucho más sensata. No estamos plenamente satisfechos, ya que deseamos que los servicios públicos queden expresamente excluidos y deseamos salvaguardias más claras en otros sectores. No obstante, hemos de que admitir que tenemos ante nosotros un texto legislativo mucho más realista. Renovamos nuestro acuerdo con el principio de la libre circulación de servicios y la facilitamos, pero estamos de acuerdo en que los derechos sociales son los primero. Tras nuestro rechazo de la Directiva de servicios portuarios, por segunda vez en un breve espacio de tiempo, volvemos a mostrar nuestro compromiso con la Europa social. Creo que el señor Whitehead habría estado orgulloso de la señora Gebhardt y de todos nosotros. 
Astrid Lulling (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en el punto en que estamos esta noche, sé que es políticamente incorrecto oponerse a un compromiso trabajosamente elaborado por dirigentes de dos Grupos políticos. Cada uno de los arquitectos de este compromiso clama victoria, lo que me molesta porque no me gusta que me tomen por tonta.
Mis colegas me juran que el principio del país de origen está implícito en el texto de compromiso. El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo presume de haberlo matado antes de nacer.
Para mí, como para otros, el principio del país de origen y la historia de la integración europea están íntimamente ligados. Rechazarlo por dogmatismo es ir en contra de lo que construimos pacientemente, es instaurar el principio de la desconfianza generalizada.
Por supuesto, este principio no podría prevalecer por encima de todos los demás, porque lo hemos controlado y gestionado.
Hemos precisado que en todos los aspectos sociales se aplica el Derecho del país de destino. Seguir hablando de atentado contra las conquistas sociales es por tanto sumamente engañoso.
Se nos dice que no hay que mezclar servicios comerciales y servicios no comerciales. Pero también en este punto hemos mezclado las cosas y hemos acabado rebajando la directiva, que contempla ahora tantas excepciones que más valdría definir a qué se aplica realmente y no a la inversa.
Por último, las normas del país de destino relativas al desplazamiento de los trabajadores nunca han sido objeto de controversia. Por tanto, ¿qué más quieren? ¿Qué nos retractemos del acervo del Tratado de Roma?
El compromiso en torno al artículo 16 apenas confirma ese acervo. ¡Esto no es en absoluto un progreso! En estas condiciones, a mi entender, en vez de desmantelar una directiva hasta que no quede nada de ella, sería mejor atenerse a la versión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
Señor Presidente, no estoy dispuesto a tragar con todo para llegar a una solución que, so pretexto de defender las normas sociales, defiende de hecho normas proteccionistas, y votaré en consecuencia.
Vladimír Maòka (PSE ). –
   Hace una hora hemos sabido que sindicalistas de los antiguos Estados miembros estaban manifestándose en Estrasburgo contra esta Directiva. De hecho, se les han unido compañeros de los nuevos Estados miembros, y quienes les escucharon con atención pudieron ver que no todos se oponen a la Directiva.
Sus Señorías recuerdan perfectamente que hace poco rechazamos por amplia mayoría una propuesta acordada por el Consejo al aprobar las Perspectivas Financieras para 2007-2013. En ese momento, preferimos los intereses europeos a los propios. Fuimos capaces de unirnos en interés de toda la Unión Europea. Me siento orgulloso de haber resistido los intentos de influenciarnos y de que hayamos logrado un acuerdo en el Parlamento Europeo.
Un compromiso es algo muy importante para un documento tan fundamental como la Directiva sobre servicios. Creo que la ponente ha realizado una muy buena labor. En mi opinión, hemos llegado a varios compromisos aceptables. Por ello considero que deberíamos votar por lo que representa una situación ventajosa para todos en beneficio de Europa, que ofrece la mejor solución tanto para los antiguos Estados miembros como para los nuevos. 
Gunnar Hökmark (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, habiendo escuchado el debate que se ha producido en el Pleno, existen motivos justificados para recordar por qué necesitamos una Directiva relativa a los servicios y por qué estamos trabajando para conseguir un comercio más abierto en materia de servicios. Se debe a que, básicamente, todos estamos de acuerdo en que un mayor comercio de servicios se traducirá en más puestos de trabajo, más empresas nuevas, un crecimiento más intenso y una mayor competitividad. No obstante, en vista del debate de esta Cámara, parece que muchos se han olvidado de esto. Un comercio de servicios libre es algo positivo, no negativo. Lamentablemente, quienes se oponen a la Directiva han conseguido moderarla. Esto significa que conseguiremos una competencia menor de la que, de otro modo, podríamos haber obtenido. Significa un menor número de puestos de trabajo nuevos y empresas nuevas. Eso no es lo que esperan los europeos.
Junto con otros conservadores, apoyaré el compromiso, no porque sea lo que estamos buscando, sino porque representa un paso en la dirección correcta. No obstante, quiero insistir en que no acepto la imagen presentada, según la cual lo que nos preocupa aquí es un conflicto entre oriente y occidente, y entre antiguos y nuevos Estados miembros. Por el contrario, lo que tenemos es una división entre quienes quieren que el comercio de los servicios produzca una mayor integración y cooperación europea, unas fronteras más abiertas y un mayor número de puestos de trabajo, y quienes tienen una opinión diferente.
Intentaremos que la atención sanitaria privada se incluya en la Directiva, que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores esté abierta a todos, de forma clara e inequívoca, y evitar cualquier discriminación contra la población de cualquier país. También nos esforzaremos para que se puedan incluir las agencias de trabajo temporal en el ámbito cubierto por la directiva. Quiero decir a la Comisión lo siguiente: esto supone un primer paso y ustedes son los responsables de garantizar que continuemos avanzando en la dirección establecida por el Tratado. 
Amalia Sartori (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, también yo intervengo para explicar los motivos que me llevan a votar, junto con mi delegación, a favor de esta directiva. Estamos convencidos de que representa el comienzo de un camino y un paso adelante en la idea de completar el mercado interior. 
Desde este punto de vista, se trata de un voto convencido. No obstante, quisiera hacer una observación sobre lo que ha sucedido en el último año y medio, y sobre todo en las últimas semanas, dentro de los Grupos políticos, así como hoy por la tarde y esta noche dentro de esta Cámara. Esto demuestra –y quiero que esto quede muy claro– que existe una diferencia entre los 25 Estados miembros. Se trata de la diferencia entre quienes consideran que se puede conseguir crecimiento y desarrollo apostando y arriesgando por lo nuevo, por la innovación, por la flexibilidad y por la posibilidad de trabajar en un mercado más libre y más abierto y, sobre todo, un mercado de casi 500 millones de ciudadanos, y aquellos que consideran en cambio que pueden defender mejor las conquistas hasta ahora alcanzadas cerrándose con en un cascarón.
Esta ha sido la auténtica confrontación. Por este motivo espero que, con la conclusión de este debate, acabe también el razonamiento basado en la división entre países nuevos y viejos, porque esa división no ha existido. Ha existido en cambio otra división, que ha conducido a una directiva que, en mi opinión, representa solo un primer paso. No obstante, votaré a favor con convicción, porque considero que un paso adelante, aunque sea pequeño, es importante.
Simon Busuttil (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, resulta irónico que debatamos la Directiva de servicios el Día de San Valentín, ya que para la Directiva de servicios –pero sin duda también para el señor Bolkestein– se trata sin duda de un caso de amor no correspondido.
El mes pasado rechazamos por mayoría aplastante la Directiva de servicios portuarios y, en esta ocasión, podríamos haber hecho otro tanto de no ser porque esta Cámara transformará la propuesta de la Comisión en una solución de compromiso, tal vez no la mejor posible, pero al menos una que sea viable y, sobre todo, que establezca un equilibrio entre nuestro objetivo de liberalizar el mercado de servicios y nuestra intención de abordar cuestiones sociales que están justificadas. Y subrayo lo de «justificadas», porque todos sabemos que esta propuesta ha dado lugar a mucho alarmismo. Como procedo de uno de los nuevos Estados miembros, este alarmismo me resulta conocido. En mi país, los opositores a la adhesión a la UE solían evocar escenarios dantescos en los que los trabajadores extranjeros nos invadían y nos arrebataban nuestros puestos de trabajo. Estas mismas Casandras desempeñaron idéntico papel en los antiguos Estados miembros, pero ahora sabemos que estas proyecciones fatalistas simplemente no eran realistas, no se hicieron realidad, y lo mismo pasará con la Directiva de servicios.
La liberalización del mercado de servicios es positiva y debemos decirlo con toda claridad. Es buena para las empresas –sobre todo para las PYME– y es buena para el empleo. Tenemos ante nosotros un compromiso razonable. Yo propongo que lo aprobemos. 
Ivo Strejèek (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, es muy tarde para un debate tan serio y el Comisario debe de estar cansado. Tan solo quiero hacer algunas observaciones que podrían refrescar el debate o bien cansarle todavía más, señor Comisario.
Al inicio del debate de este día pensé que sería simplemente un choque ideológico entre el proteccionismo y una tentativa de liberalizar el mercado de servicios. Tengo que reconocer que fui un iluso. Por desgracia la cosa es más seria que esto: el debate en torno a la directiva rebajada empieza a presentar los rasgos de un choque entre lo nuevo y lo viejo.
Estamos acostumbrados a escuchar interminables especulaciones acerca del motivo por el que los ciudadanos de los Estados miembros no comprenden las nuevas y grandiosas ideas europeas. ¿Y por qué iban a hacerlo? Yo represento a la República Checa en el Parlamento Europeo y defiendo los intereses de los checos. La República Checa liberalizó por completo el acceso a su mercado a principios de los años noventa. Muchas empresas tradicionales, pero ineficientes, tuvieron que cerrar. Esto provocó un aumento de la tasa de desempleo y fuertes pérdidas políticas. ¿No es justo esperar lo mismo de los antiguos Estados miembros? Si intenta usted explicar a un proveedor local de servicios de cualquier población checa situada en la frontera con Austria que no puede prestar sus servicios del mismo modo que lo hacen sus competidores austriacos –y repito, – en su población checa, apuesto a que no lo conseguirá. Una cosa es hablar de los nobles ideales europeos y otra decir que las empresas no pueden ejercer sus actividades libremente en el lugar de su elección. La idea de liberalizar el mercado interior fue una idea valiente, pero actualmente solo se escucha el conocido lamento del cuento de la lechera.
Agradezco a los intérpretes checos su animosa labor. 
Simon Coveney (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, es difícil hacer una verdadera contribución al debate sobre la Directiva de servicios en tan solo dos minutos. Esta directiva pretende hacer muchas cosas en un único y valiente paso. Por eso el debate ha sido tan vigoroso y todos los Grupos han tenido a sendos diputados trabajando casi a tiempo completo en torno a esta Directiva en los últimos meses. A este respecto quiero reconocer en particular la labor del señor Harbour, que ha realizado un esfuerzo enorme por hacer avanzar hasta este punto el texto de compromiso en nombre del Grupo del PPE-DE.
Sin embargo, no perdamos de vista el objetivo general que intentamos alcanzar en la intensidad del debate sobre enmiendas concretas, en particular la relativa al artículo 16 sobre la libre prestación de servicios. Esta es la primera fase de un proceso que pretende la adopción de una directiva que promueva una mayor apertura y un mejor funcionamiento del mercado interior de los servicios. si se aprueba la directiva en la forma correcta, facilitará el crecimiento, la creación de empleo y una mayor actividad económica en el sector terciario.
Lo cierto es que la economía de la UE necesita un impulso para arrancar. Esta directiva puede contribuir a ello. Un 68 % del empleo y más del 60 % de la riqueza generada en la UE proceden del sector de los servicios y, por consiguiente, estos constituyen un motor fundamental de la perezosa economía de la UE. En pocas palabras, esta nueva directiva de compromiso no dará a todos los Grupos políticos todo lo que desean, pero suprimirá muchos de los obstáculos que impiden los intercambios y la prestación de servicios transfronterizos, y reducirá los tramites burocráticos con los que se topan las empresas al intentar expandirse a otros Estados miembros. Este compromiso establece un equilibrio entre la protección del derecho laboral y los convenios colectivos dentro de los Estados miembros, por una parte, y la apertura de un mercado de servicios más eficiente, por otra.
Espero que este Parlamento dé a la Comisión el firme mandato de proseguir con esta directiva con ímpetu renovado tras la votación del jueves y espero igualmente que en un futuro no muy lejano se presente ante este Parlamento una versión mejorada de esta directiva. 
Riccardo Ventre (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, probablemente huelga decir que la aprobación de esta directiva constituirá un hecho político de gran magnitud. 
No obstante, si el Parlamento aprueba la directiva por una amplia mayoría, la señal política enviada sería aún más importante, pues se resaltaría una vez más el papel de mediadores que desempeñamos en el proceso legislativo entre la burocracia europea y los Estados miembros. Como mediadores, tenemos la obligación de conciliar las exigencias de liberalización del mercado con los derechos de los sectores más débiles de la sociedad. 
Considero que el compromiso del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo es válido con vistas a la liberalización de un sector que afecta a una grandísima parte de nuestra economía, un sector que el Tratado define como una libertad fundamental. Sin duda habríamos podido hacer más en la vía de la liberalización, pero no se puede tener todo y pronto. 
La cláusula de revisión quinquenal permitirá mejorar el texto y proseguir el proceso de liberalización. En lo que respecta al aspecto económico, nos hemos planteado ambiciosos objetivos en términos de crecimiento y empleo. 
Quisiera comentar algunas enmiendas presentadas, sobre todo las enmiendas 13, 72, 73 y 86, que no solo excluyen los servicios de interés general, sino que dejan a la discreción de cada Estado miembro la definición del concepto de servicio público y las obligaciones que incumben a este tipo de servicios.
La enmienda 13, además, excluye la obligación para los Estados miembros de liberalizar dichos servicios o privatizar organismos públicos y monopolios existentes, como por ejemplo las loterías. También las enmiendas 17 y 80 proponen la exclusión de los juegos de azar. Creo que en el debate general debemos reafirmarnos en estas enmiendas. 
John Purvis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el Comisario seguramente se sentirá aliviado de que nos acerquemos al final de este debate. Después de mí solo vienen dos oradores.
Fue el pasado mes de abril, durante la acalorada campaña del referendo francés, cuando la Comisión de Industria, Investigación y Energía adoptó la opinión del señor Chatzimarkakis sobre la Directiva de servicios. Dicha opinión cuestionaba la hostilidad que prevalecía entonces contra esta directiva, exagerada al absurdo por la imagen del fontanero polaco y el dúmping social que circulaban en esos momentos.
Desde su primer pleno tras su elección directa en 1979, este Parlamento siempre ha defendido la causa de un mercado único verdaderamente libre y abierto, como lo contemplaban los Tratados originales. El Grupo Canguro y el programa del mercado único de 1992 previsto en el Acta Única Europea de 1992 salieron de una subcomisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a la que tuve el honor de pertenecer.
Me resulta difícil comprender o justificar por qué los servicios se excluyeron de ese proyecto. Ahora tenemos la oportunidad de emular el valor y la previsión de nuestros predecesores para asegurar la creación de un verdadero mercado único en el sector de los servicios. No debemos tener miedo de los sindicalistas, de los ciudadanos franceses que votaron «no», de los fontaneros franceses: realmente no hay nada que temer. Del mismo modo que un mercado único de productos ha creado más empleo y mejores puestos de trabajo, otro tanto hará la Directiva de servicios si votamos a favor de una versión firme y liberal. Esta Directiva puede brindar la oportunidad que todos buscan, en particular las PYME, al ser un elemento indispensable para el éxito, la competitividad y la prosperidad de la economía europea.
La opinión de la Comisión de Industria, Investigación Energía, que ha adoptado un talante liberal, ha sido apoyada con 34 votos a favor –de los conservadores, liberales e incluso de la mayoría de los socialistas– y 6 en contra. Espero que el Parlamento en su conjunto adopte una postura igual de valiente y de amplias miras. Adam Smith tenía razón: la liberalización del comercio funciona; un mercado de servicios realmente libre y abierto funcionará y permitirá que cada vez más ciudadanos europeos regresen al mundo del trabajo. 
Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quiero dar las gracias, sinceramente, al Comisario McCreevy y a los miembros de mi Grupo, Malcolm Harbour, la señora Thyssen y otros, que han estado luchando por defender una directiva y que han tenido que ver ante sus ojos cómo iban cayendo y cayendo lo que podríamos considerar como los mejores aspectos de la misma.
He de decir que, a veces, los políticos y los gobernantes andamos por detrás de la sociedad, y lo digo porque hay dos aspectos que me interesan muchísimo de la directiva y que, desgraciadamente, en gran medida, no van a reflejarse: uno, el reconocimiento de los títulos y la libertad de trabajo para la gente cualificada, y, otro, el tema de la salud.
Entiendo que en Europa, cuando uno va a trabajar a otro país, es mucho más fácil trabajar en oficios manuales, en oficios de escaso reconocimiento, aunque se tengan altas titulaciones, porque el egoísmo corporativo no permite otra salida. Esta barrera no se ha conseguido echar abajo.
En segundo lugar, quiero hablar de la salud. La directiva incluía la posibilidad del retorno y la obligatoriedad del retorno de los fondos a aquellos residentes que reciben asistencia médica en otro país. El Mediterráneo está lleno de millones de europeos que se han ido al Sur en busca del sol y en busca de otra vida y, sin embargo, no se les reconoce el derecho a que les devuelvan los fondos relativos al servicio social que se les está prestando y, sobre todo, a la sanidad.
Están en una situación de incertidumbre, están en una situación difícil, pero, sobre todo, están abandonados de los políticos. Y lo mismo digo respecto a la medicina privada.
Apoyo, por tanto, que se integre la medicina privada, porque tenemos cientos de clínicas que están sirviendo y ayudando a los alemanes, a los británicos, a los suecos, que están en el Sur y en el Mediterráneo. Estos ciudadanos tienen derecho a hablar en su idioma, a que les atiendan en su idioma, a que les presten el servicio en su idioma. Esta situación existe; la sociedad la ha creado, y nosotros no queremos reconocerlo.
Valdis Dombrovskis (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor McCreevy, Señorías, el objetivo de la Directiva relativa a los servicios consiste en fomentar el crecimiento económico y el empleo en la Unión Europea. Actualmente un gran número de obstáculos administrativos impiden el funcionamiento efectivo del mercado interior de la Unión Europea. El impacto más negativo de los obstáculos administrativos y los costes asociados con ellos se produce sobre la capacidad del sector de las PYME para ofrecer servicios fuera de sus propios países. El sector de los servicios representa en torno al 70 % de la economía de la Unión Europea, por lo que la eliminación de obstáculos administrativos en este sector potenciaría notablemente su desarrollo. El análisis de la Comisión Europea demuestra que, en el período de 1992 a 2002, las medidas tomadas para mejorar el mercado laboral interior de la Unión Europea y para abrir sus fronteras interiores permitieron un aumento del PIB de la Unión de un 1,8 % y la creación de dos millones y medio de nuevos puestos de trabajo. Este aumento se consiguió principalmente garantizando la libre circulación de mercancías y liberalizando los sectores de las telecomunicaciones y la energía. El análisis de la Comisión Europea demuestra también que un buen funcionamiento del mercado interior de los servicios en la Unión Europea podría provocar un crecimiento similar en la economía y los puestos de trabajo. Por lo tanto, es importante votar a favor de una Directiva sólida relativa a los servicios, que incluya el principio del país de origen, al menos en la variante votada por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, manteniendo los artículos de la Directiva que establecen los derechos de los proveedores de servicios relativos al desplazamiento de trabajadores a un país donde se van a prestar servicios, y limitando también la lista de excepciones. El hecho de no incluir estos principios distorsionaría considerablemente el significado de la Directiva relativa a los servicios y se desaprovecharían las oportunidades de un crecimiento económico adicional en la Unión Europea. Algunos de los diputados del Parlamento Europeo están intentando seriamente distorsionar la importancia de la Directiva relativa a los servicios y aplicar una política proteccionista con respecto a los proveedores de servicios de los nuevos Estados miembros, sin tener en cuenta las pérdidas económicas que eso causaría al conjunto de la Unión Europea. El voto del Parlamento Europeo demostrará si la mayoría de los diputados ven el futuro de la economía de la Unión Europea como un mercado interior dinámico y abierto o como una jungla proteccionista de 25 Estados miembros. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, hemos celebrado un prolongado y animado debate. Sin duda nadie necesita cafeína para mantenerse atento durante un debate tan estimulante. Quiero dar las gracias a todos los participantes por sus intervenciones en defensa de diversas opiniones.
Hemos escuchado todos los argumentos, tanto a favor como en contra de esta propuesta. Lo que me parece claro es que, a pesar de las divergencias, existe un amplio grupo de opinión que apoya la Directiva de servicios, que existe un deseo común de llegar a un amplio acuerdo sobre la forma de avanzar. Y esto me complace, pues demuestra el papel tan importante que puede desempeñar el Parlamento Europeo para conciliar las numerosas opiniones divergentes que se expresan en esta Cámara.
A la vista del debate de hoy, confío en que el Parlamento pueda señalar el camino para llegar al consenso que necesita esta propuesta para que sea aprobada. Estamos en deuda con la ponente, los ponentes alternativos y los dirigentes de los Grupos por su enfoque constructivo.
Ya he dicho que la Comisión tendrá plenamente en cuenta todas las enmiendas que sean objeto de un amplio consenso en esta Cámara. Creo que estamos cerca de dicho consenso, sobre todo por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la propuesta y la libertad de prestación de servicios, tal como se plantea en el artículo 16.
Me he sentido animado al escuchar a numerosos oradores decir que deseaban una Directiva de servicios con auténtico valor añadido. Por ello debemos reducir al mínimo cualquier otra excepción sectorial del ámbito de aplicación, y es necesario prestar especial atención al texto del artículo 16. No debemos dar marcha atrás sobre las disposiciones del Tratado o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En respuesta a la crítica del señor Watson con respecto a nuestros esfuerzos para tender puentes en lo referente al artículo 16, es una pena que no comprobara la procedencia del proyecto del que se quejaba. No procede de mi oficina, pero estoy acostumbrado a que me acusen de tantas cosas –buenas y malas– de las que no soy responsable.
En cuanto al fondo del debate de hoy y al traslado de trabajadores, entiendo perfectamente a quienes les preocupa que se impongan cargas administrativas innecesarias a los trabajadores destinados a otro Estado miembro. Es necesario cumplir la legislación comunitaria y respetar la jurisprudencia del Tribunal. Si una gran mayoría del Parlamento vota a favor de la supresión de los artículos 24 y 25, la Comisión presentará rápidamente recomendaciones sobre esa importante iniciativa.
Es muy importante que el mensaje que salga de este debate y de la votación del jueves señale que Europa avanza y propone un marco para mejorar la Directiva de servicios, que ofrezca los incentivos y la confianza necesarios para que las empresas, los empresarios y los consumidores aprovechen plenamente las ventajas que brinda nuestro mercado interior e inviertan en nuevas oportunidades, y desarrollen y adquieran nuevos servicios que creen más empleo y generen más crecimiento. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Alessandro Battilocchio (NI ).
   – La Directiva de servicios, sobre la que votaremos el jueves en Estrasburgo, nos brinda la ocasión de demostrar a los 450 millones de ciudadanos europeos que Europa, y en especial el Parlamento Europeo, escuchan las demandas y preocupaciones de la población y tratan de conciliarlas con una estrategia de crecimiento y desarrollo que solo una armonización y una apertura real de las actividades económicas pueden permitir. 
El texto que espero salga del Pleno será un documento moderado, con zonas grises que habrá que aclarar. No obstante, en un contexto variado como el europeo, con nuevos países en busca de oportunidades y viejos países que intentan protegerse, con pequeñas y grandes empresas y 25 ordenamientos jurídicos diferentes, el compromiso es la única vía que se puede seguir. Por tanto, debemos acoger favorablemente el gran empeño puesto por todos los Grupos políticos y los agentes interesados en alcanzar un acuerdo. Es una ocasión importante para Europa de recuperar confianza y relanzar la apuesta por un crecimiento económico que no dañe nuestro modelo social, una apuesta que en los últimos meses, por desgracia, ha perdido credibilidad. Necesitamos crecer y relanzar nuestra economía, y la Directiva de servicios es un primer e importante instrumento, a condición de que no se pongan en entredicho ni el bienestar ni los derechos de los trabajadores. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ).
   – La Directiva relativa a los servicios en el mercado interior fue propuesta por la Comisión cuando su Presidente era el socialdemócrata Romano Prodi y mantenida por la actual Comisión, liderada por el señor Barroso.
Esta propuesta desempeña una función fundamental en el ataque del capitalismo en la Unión Europea. Es una propuesta que complace los intereses de las grandes multinacionales, preparándoles el terreno para que exploten a los trabajadores y dominen nuevos sectores económicos.
Lo que se está proponiendo es la liberalización total de los servicios, incluyendo los servicios públicos, lo que tendrá consecuencias negativas para los trabajadores y para la soberanía de los Estados miembros individuales. Si es aprobada, esta propuesta actuará como una palanca, una especie de «caballo de Troya», en contra de los salarios, los contratos colectivos de trabajo y los derechos de los trabajadores. También actuará en contra de la capacidad de los Estados miembros para ofrecer una protección efectiva a los servicios públicos y, en general, para controlar la forma en la que se ofrecen esos servicios.
Es imposible «reformar» esta propuesta, como pretenden hacer el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, en un intento de conservar los principales elementos negativos de la Directiva y, al mismo tiempo, de salvar las apariencias.
Tal y como los trabajadores exigen y defendemos desde el principio, esta Directiva debe ser rechazada. 
Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE ). –
   La existencia de barreras en el mercado europeo de los servicios provoca unos precios superiores, un crecimiento económico limitado y un número menor de nuevos puestos de trabajo. ¿Es esto lo que realmente quieren los europeos? Yo no lo creo.
Sobre todo, los europeos quieren más puestos de trabajo. ¿Por qué deberían impedirlo los políticos? Algunos supuestos defensores de los trabajadores quieren mutilar la Directiva y dejarla desdentada. Se podría decir que estos individuos están a favor de liberalizar el mercado de los servicios o incluso en contra de ello. Indudablemente estoy de acuerdo en que la Directiva afecta a cuestiones delicadas. No obstante, no podemos enterrar la cabeza en la arena. Me pregunto si quienes se oponen a la Directiva han pensado detenidamente en la competitividad y en el futuro de los proveedores de servicios, y si realmente quieren un mercado único. Se ha hablado mucho de la igualdad, pero parece ser una igualdad orwelliana, solamente para aquellos que son «más iguales». También se ha hablado de proteger los logros en materia social, pero esto parece significar protegerlos solamente en los países ricos y no en toda Europa.
Las pequeñas y medianas empresas son las que crean más puestos de trabajo. Los servicios son los que más contribuyen al PIB de Europa. Concedámosles una oportunidad a los empresarios. Concedamos una oportunidad a los 20 millones de desempleados europeos. Concedámosle una oportunidad al espíritu empresarial. Tenemos una buena oportunidad de hacerlo. No debemos desaprovecharla. Esa es la razón por la que debemos votar en contra de las enmiendas destinadas a moderar la Directiva, obstaculizar su aplicación y poner en peligro el logro de los resultados deseados. Optemos por la libertad real. No podemos permitir que el proteccionismo y el egoísmo nacional perjudiquen a Europa. 
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – El informe de la señora Gebhardt sobre la Directiva Bolkestein ha llegado hoy al Pleno para ser debatido y votado.
Básicamente se trata de una nueva expresión del misterioso Club Bildeberg para imponer la apisonadora de la globalización y las normas del nuevo orden.
Como diputado electo del Parlamento Europeo (y no elegido por algún poder político controlado por las personas del nuevo orden), me opongo totalmente a las filosofías reescritas en la Directiva en cuestión, que ejecutan a sangre fría décadas de derechos de los trabajadores.
Como presidente del Partido Popular Ortodoxo de Grecia, quiero animar a todos los grupos atacados por la Directiva a que opongan máxima resistencia.
No participé en el debate, sencillamente porque la presencia de todos aquellos que son ideológicamente contrarios legaliza las posturas extremistas de la persona de la que partió la Directiva.
He votado en contra de la Directiva y quiero que esta afirmación sea incluida en el Acta. 
David Martin (PSE ).
   – El 70 % del PIB europeo lo genera el sector de los servicios. La mayor laguna para completar el Mercado Único Europeo es el sector de los servicios. Si pudiésemos crear un mercado único y dinámico en este sector se podrían generar 600 000 nuevos empleos en la UE.
Por ello, la eliminación de los obstáculos administrativos y técnicos para las empresas que operan fuera de su país de origen es un objetivo recomendable e importante, y fomenta la competencia en el sector. Sin embargo, la rebaja de los derechos y salarios de los trabajadores, así como las medidas en materia de seguridad y salud, no tienen cabida en la creación de un sector de servicios dinámico, y por ello votaré a favor de las enmiendas que excluyen el derecho laboral y los convenios colectivos del ámbito de aplicación de la Directiva.
Asimismo creo que algunos servicios, como los sanitarios, los servicios sociales y algunos aspectos de la educación son tan delicados que no deberían incluirse en esta medida particular. 
Kathy Sinnott (IND/DEM ).
   – Señor McCreevy, en una ocasión me perdí en las carreteras rurales de su país. Al preguntar a un señor por la dirección que debía seguir, este me contestó: «Bueno, yo no partiría de aquí».
Y ese es el consejo que le doy, señor Comisario: si desea facilitar la libre circulación de servicios en los 25 Estados miembros, yo no partiría de este punto.
«Este punto» es una maraña vaga e incomprensible que definirán nuestros tribunales. «Este punto» es una receta para llegar al caos y crear una situación en que podrían existir 25 reglamentaciones distintas, y las empresas se trasladarían al país que ofrezca las mayores ventajas legales, dando lugar así a una crisis cuya única solución será una completa armonización federal, y ¿quién lo desea? 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el nuevo mecanismo de financiación para el desarrollo en el marco de los Objetivos del Milenio.
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, el Parlamento Europeo pidió la semana pasada a la Comisión que hiciera una declaración sobre fuentes innovadoras para financiar la cooperación al desarrollo. El Comisario Michel no ha podido venir a este debate, ya que se encuentra de viaje en África Oriental, cumpliendo compromisos anteriores que no pudo posponer. Siente mucho no poder exponer a sus Señorías los puntos de vista de la Comisión sobre este tema y me pidió que lo hiciera en su nombre.
Es necesario aumentar considerablemente las ayudas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Unión Europea no ha rehuido las responsabilidades que ha contraído con sus países socios. Al contrario: el Consejo Europeo de junio de 2005 reiteró firmemente su apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante ambiciosos compromisos en torno a la calidad y la cantidad de las ayudas.
En particular, el Consejo Europeo se comprometió a aumentar la ayuda oficial al desarrollo a fin de alcanzar el objetivo de dedicarle un 0,7 % de su PIB en 2015. A este fin se ha fijado un objetivo colectivo del 0,56 % del PBI para 2010.
Sin embargo, no bastará con incrementar la ayuda. Tenemos que asegurar que los aumentos de la financiación en curso y los prometidos se apliquen de tal forma que realmente ayuden a los países a alcanzar sus Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En la declaración conjunta del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre el consenso europeo por el desarrollo, aprobada recientemente, la Unión Europea asume el compromiso de adoptar mecanismos de ayuda más previsibles y menos volátiles. La Comisión considera que los mecanismos innovadores para financiar el desarrollo tienen un papel útil que desempeñar. Por este motivo, la Comisión elaboró en 2005 y a instancias del Consejo una serie de documentos de trabajo que presentan análisis técnicos de nuevas fuentes de financiación para el desarrollo.
Además, la Comisión adoptó en abril de 2005 una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo – Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio». Esta Comunicación comenta, entre otras cosas, nuevas fuentes de financiación y nuevos mecanismos de ayuda, e invita al Consejo a que «apruebe la aceleración de los trabajos sobre las opciones más prometedores para obtener nuevas fuentes adicionales de financiación». La Comisión señalaba que cualquier nueva fuente de financiación debe evaluarse a la luz de una serie de criterios. Por ejemplo, ¿cuánto se recaudaría con cada una de las propuestas? ¿Hasta qué punto los fondos se sumarían a los compromisos ya adquiridos? ¿Hasta qué punto serían estables y previsibles? ¿Qué efectos tendrían sobre la competitividad y determinados sectores? ¿Qué coste implicaría su puesta en marcha y administración? ¿Qué propuestas pueden avanzar con más rapidez? ¿Se necesita un apoyo universal o pueden aplicarse las propuestas a escala regional, es decir, de la UE?
La Comisión toma nota de la disposición de Francia para comenzar a aplicar una de las propuestas surgidas de este debate, a saber, la imposición de una contribución solidaria sobre todos los billetes de avión que se vendan en Francia a partir del mes de julio de 2006. Esta iniciativa podría tener un efecto favorable sobre la voluntad de otros países para llevar a cabo iniciativas en el ámbito de la financiación del desarrollo.
Asimismo, la Comisión desea comunicar al Parlamento Europeo que, con el fin de promover el debate y mantener el interés por estos temas, el 9 de febrero de 2006 se celebró un seminario de carácter técnico entre la Comisión y representantes de los Estados miembros. No obstante, la Comisión ha estudiado la forma de modificar y complementar los sistemas de ayuda actuales a fin de que los recursos se distribuyan de manera más previsible.
Por último, la Comisión desea señalar que, en el curso de dicho seminario, los representantes franceses presentaron las últimas novedades sobre la conferencia de alto nivel que se celebrará en París del 28 de febrero al 1 de marzo. A este acto asistirán representantes de la Comisión. 
Tokia Saïfi,
   . Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea debe encabezar la lucha por la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tras la Conferencia de Monterrey de 2002 y la Cumbre de las Naciones Unidas de septiembre de 2005, la comunidad internacional comprendió que había que superar el desafío del desarrollo practicando una política común que integrase los Objetivos del Milenio. En un momento en que ella brecha entre el Norte y el Sur no deja de ampliarse y en que la prosperidad creciente de los países industrializados refleja la pobreza de muchos países del Sur, ya es hora de que la movilización de la comunidad internacional se traduzca en acciones concretas.
Si la Unión Europea es la principal donante, hoy debe hacer más; debe trabajar de modo más eficaz y debe moverse con más rapidez. El consenso europeo para el desarrollo y la nueva estrategia para África apuntan en este sentido, al igual que el reciente anuncio de la creación de un fondo europeo para financiar proyectos africanos, y me alegro de estos avances. A pesar del aumento de la ayuda pública tradicional, las cifras actuales demuestran que la realización de los Objetivos del Milenio pasa por la adopción de mecanismos de financiación complementaria. Por iniciativa de varios Estados miembros están creándose instrumentos financieros innovadores y complementarios. La Unión Europea debe esforzarse por implementarlos a fin de obtener recursos estables y previsibles para responder a las necesidades insatisfechas de los países en desarrollo, en particular en el sector sanitario. Varios Estados miembros apoyan ya esas iniciativas. Algunos de ellos, entre otros Francia, como ha señalado usted, señor Comisario, se han comprometido a establecer contribuciones de solidaridad internacional, por ejemplo sobre los billetes de avión. 
En la próxima conferencia ministerial, los Estados miembros reforzarán el consenso internacional en torno a la necesidad de instaurar fuentes innovadoras y concretas de financiación. Esa cita debe ser la ocasión para continuar la dinámica iniciada en Nueva York en la última Cumbre de las Naciones Unidas.
Glenys Kinnock,
   – Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría hablar de las posibilidades que ofrece el Mecanismo Internacional de Financiación que ha propuesto Gordon Brown, el Ministro de Hacienda del Reino Unido. Este mecanismo saca fondos de los mercados internacionales de capitales mediante la emisión de obligaciones que podrían alcanzar 50 000 millones de dólares estadounidenses al año de 2005 a 2015.
La ventaja que esto presenta, en relación con algunas de las observaciones que ha planteado usted en su introducción, señor Comisario, es que este dinero procede directamente del mercado, es a largo plazo, es estable y es previsible. Puede recaudar 1 000 millones al año, que podrían utilizarse para ayudar a la escolarización de los niños y suprimir las tasas que ponen en peligro la educación de millones de niños en los países en desarrollo, sobre todo niñas.
El Mecanismo Internacional de Financiación ya ha creado un proyecto piloto de inmunización que busca vacunas para la malaria y el VIH/sida, enfermedades que son el azote de África y de muchas otra partes del mundo y para las que no existe curación. El acuerdo consiste en establecer un programa mundial de compra anticipada para asegurar que estas vacunas se produzcan comercialmente a precios asequibles y de un modo que todos en este Parlamento podamos aprobar y que deberíamos considerar indispensables en este momento.
Reconocemos la dificultad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que forman parte de los objetivos de este debate, pero si somos capaces de suministrar los fondos –un dinero previsible–, entonces podremos escolarizar a todos los niños y evitaremos la muerte innecesaria de 30 000 niños cada día. De eso es de lo que estamos hablando, se trata de un intento de traducir la esperanza en realidad.
Cuando oyó hablar sobre el Mecanismo Internacional de Financiación, Nelson Mandela dijo que era una iniciativa absolutamente necesaria y oportuna que merece una respuesta activa de la comunidad internacional. Realmente espero que la Unión Europea preste un firme apoyo a esta iniciativa y se comprometa en su realización. 
Fiona Hall,
   – Señor Presidente, mi Grupo acoge favorablemente esta resolución. Existe un amplio consenso en que la falta de financiación y de inversión ha contribuido de forma considerable al retraso de los países en desarrollo, sobre todo en África. Algunos economistas, como el norteamericano Jeremy Sach, admiten que hasta ahora la ayuda al desarrollo ha sido insignificante en comparación con la magnitud de las inversiones necesarias en infraestructuras.
El título de esta resolución resulta algo restrictivo y menciona un nuevo instrumento financiero como si solo existiese una solución a este problema, pero afortunadamente el texto es mucho más amplio. El meollo del problema es que debemos encontrar la manera de financiar el desarrollo por encima del compromiso del 0,7 % del PIB nacional.
Esta resolución avanza la idea de una contribución solidaria sobre los billetes de avión, pero esa no debía ser la única vía y, al igual que la señora Kinnock, me gustaría proponer otras posibilidades. En primer lugar, los Estados miembros podrían acelerar el calendario para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB e incluso ir más allá de este. En el Reino Unido, los demócratas liberales se han comprometido a alcanzar el 0,7 % en 2011, dos años antes del plazo fijado por el actual Gobierno británico.
En segundo lugar, la inversión extranjera directa debe desempeñar el papel que le corresponde. Ningún país ha salido de la pobreza únicamente con ayudas, y los países que han logrado las tasas de crecimiento más espectaculares, como China, han gozado de elevadas tasas de inversión extranjera directa. El problema reside en que si las inversiones extranjeras se negocian mediante convenios bilaterales de inversión o como lo propuso la OMC en Cancún, pueden implicar la explotación del socio más débil y la renuncia a la protección ambiental y social. Lo que se necesita es un nuevo convenio internacional en materia de inversiones bajo la égida de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
En conclusión, debemos explorar todas las maneras posibles para obtener más inversiones para el desarrollo, pero los métodos que elijamos deben contar con el apoyo del público y ser transparentes. 
Caroline Lucas
   , . – Señor Presidente, doy las gracias al Comisario. Uno de los motivos por los que debatimos hoy esta cuestión es que a finales de este mes se celebrará una conferencia en París que brindará una gran oportunidad para avanzar en el tema de las nuevas fuentes de financiación para el desarrollo. Mi Grupo acoge con particular agrado que en esta reunión se pretenda acordar un gravamen sobre los billetes de avión, cuya recaudación se destinará a algunas de las personas más pobres del planeta. Desde luego, también existe una amplia gama de otras herramientas e instrumentos. La señora Kinnock ya ha hablado con gran elocuencia de las ventajas que ofrece el Mecanismo Internacional de Financiación. Sin embargo, considero que el gravamen sobre los billetes de avión también es importante, ya que implica una inflexión en la introducción de gravámenes mundiales para financiar las necesidades de desarrollo a escala mundial. Merece nuestro pleno apoyo. No obstante, me gustaría subrayar que los nuevos recursos deben ser realmente nuevos, es decir, que sean suplementarios y no sustitutivos de los actuales presupuestos destinados al desarrollo.
Me complace mucho que la Comisión esté representada en la reunión de París, pero me gustaría saber si tiene previsto invitar a los demás Estados miembros a que asistan, si habrá un mecanismo para informar al Parlamento sobre los resultados de esta reunión y si prevé difundir el contenido del seminario que tuvo lugar el 9 de febrero entre la Comisión y el Consejo. Estoy segura de que muchos de nosotros estamos interesados en conocer esta información. 
Alessandro Battilocchio (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano y en calidad de miembro de la Comisión de Desarrollo. 
Los datos y las cifras de la pobreza envían a esta Cámara una ensordecedora petición de ayuda. Más de mil millones de personas en el mundo viven en condiciones de extrema pobreza, sobreviviendo con menos de un dólar diario. Millones de niños siguen muriendo cada año debido a la ausencia de atención sanitaria, de agua potable, de viviendas decentes y de una nutrición adecuada, mientras 20 000 personas al día mueren por causas relacionadas con la escasez de alimentos.
En las condiciones actuales de desarrollo tecnológico y producción agrícola, la persistencia de esta situación es económicamente irracional, políticamente inaceptable y moralmente vergonzosa. Esperamos pues con gran interés los trabajos de la ya próxima Conferencia de París, teniendo bien presente que es necesario disponer no solo de más recursos, sino también de otros tipos de recursos, diversificados e innovadores y, a ser posible, predecibles y estables. 
El gran escándalo no es que todavía haya hambre en el mundo, sino que siga existiendo a pesar de que la comunidad internacional dispone de los medios necesarios para acabar con ella. Ha llegado realmente la hora de pasar a la acción.
Karin Scheele (PSE ). –
   Señor Presidente, el debate internacional sobre un aumento sustancial de la ayuda al desarrollo por parte de los principales países industrializados se había intensificado, y es una situación reconfortante, porque es muy probable que no alcancemos los objetivos de desarrollo establecidos por la comunidad internacional a finales del milenio.
Existe un consenso internacional con respecto a que se necesita un aumento importante de los fondos públicos para el desarrollo, si queremos conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, de este modo, reducir a la mitad la pobreza de los países en desarrollo. En su informe de 2004, el centro de desarrollo de la OCDE insiste en la importancia de la rapidez con la que se pueda disponer de más fondos. Así pues, el tiempo apremia, al igual que la creciente pobreza en muchos países en desarrollo. El Parlamento Europeo debe utilizar la decisión de continuar ejerciendo presión sobre los Estados miembros para conseguir el umbral del 0,7 % para los fondos destinados a la cooperación al desarrollo y para presionar a los Estados miembros –incluyendo el mío propio– que todavía no tienen un plan para conseguirlo antes de 2015, para que elaboren dicho plan lo antes posible.
También es importante que insistamos en que estos métodos de financiación innovadores siempre implican recursos adicionales. No debemos buscar ninguna forma de financiación que se financie mediante compromisos que ya hemos alcanzado. Ya se ha mencionado que el instrumento financiero internacional es un método para duplicar los fondos necesarios para el desarrollo. No obstante, creo que es una lástima que el compromiso que está sobre la mesa no tenga en cuenta otros métodos que serán necesarios, si queremos aportar suficiente dinero en el futuro. Quizás podamos continuar mejorándolo mañana. 
Michel Rocard (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, desde hace ahora treinta años los países ricos se muestran incapaces de cumplir el compromiso contraído ante la ONU de elevar su ayuda al desarrollo al 0,7 %. Es un escándalo, y todos estamos aquí para buscar ideas nuevas.
Me parece muy lamentable que la Comisión tenga tan pocas y que la Comunicación que le han pedido que lea sea tan insustancial. Ni siquiera ha mencionado usted la idea británica de un impuesto sobre los movimientos de capitales. Solo ha mencionado la idea francesa de un impuesto sobre los movimientos de aviones. En esta búsqueda de ideas nuevas, déjeme que le proponga una más.
La Comisión, creo que en su documento del mes de abril del año pasado, propuso la idea de una lotería mundial. El señor Michel, en respuesta a una pregunta mía en el Pleno de esta Cámara, reconoció que era una posibilidad. Ni siquiera la ha recogido usted. Señor Comisario, me parece que la posibilidad de una lotería mundial es más fácil de realizar que muchas otras opciones.
El Programa Mundial de Alimentos, que recogió esta idea para estudiarla más a fondo, concluyó que sobre la base de una estimación mínima del 1 % del volumen de negocio del juego en nuestros países, con cuatro sorteos anuales se recaudarían 400 millones de dólares al año, que el Programa Mundial de Alimentos propone destinar a la prevención de la muerte infantil por inanición en el mundo. ¿Por qué la Comisión no ha hecho suya esta idea? No me gusta nada buscar una solución fuera de nuestros presupuestos: nuestros países deberían ser lo bastante serios para hacer realmente lo que dicen que van a hacer, pero como no son capaces de cumplir sus promesas, esta nueva idea tiene al menos el mérito de no molestar a nadie y de no estar restringida si en cada uno de los Estados miembros es la autoridad legislativa la que asigna esta cuota al Programa Alimentario Mundial en vez de a las autoridades estatales locales. Esto es fácil de hacer. Sugiero, pues, a la Comisión que tome la iniciativa de crear la lotería y anime firmemente a nuestros Estados miembros a ponerla en práctica.
El Presidente.
   Comunico que he recibido cinco propuestas de resolución con arreglo al apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas.

