SWIFT (debate) 
Presidente
El siguiente punto es el debate sobre la declaración del Consejo relacionada con la Sociedad de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales (SWIFT).
Diego López Garrido
Señor Presidente, estamos ante una declaración del Consejo sobre un programa, un acuerdo de la Unión Europea con los Estados Unidos, como saben, para el seguimiento de la financiación del terrorismo y, por tanto, el intercambio, la entrega de datos financieros con ese objetivo, que creo es un objetivo compartido por todos. Este acuerdo ha funcionado durante los últimos meses. Ha funcionado bien y se trata de dar continuidad al flujo de información destinada al programa de seguimiento de la financiación del terrorismo.
Este acuerdo caduca formalmente el 31 de enero. Por tanto, al Consejo, durante el anterior periodo de la Presidencia sueca, se le planteaba la necesidad de suscribir un acuerdo que hiciese posible que se mantuviese ese programa de seguimiento de la financiación del terrorismo. Por eso, el 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó una Decisión sobre la firma de ese acuerdo al que me he referido, el PSFT (Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo).
Es un acuerdo provisional. Por tanto, tiene un plazo de vigencia corto, que, en principio, vence el 31 de octubre de 2010. Por tanto, el acuerdo provisional, que es el que acordó el Consejo, como digo, el año pasado, va a terminar su vigencia, en todo caso -salvo una Decisión anterior que tome esta Cámara, el Parlamento Europeo-, en 2010.
Ésta es la situación en este momento y lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora es que no ha habido una comunicación por parte de la Comisión del contenido de ese acuerdo, que no es conocido todavía por el Parlamento Europeo, pero puedo anunciarles que se va a producir en la próxima semana, el día 25 de enero. El 25 de enero será conocido por el Parlamento Europeo. Llegará a esta Cámara ese acuerdo, traducido convenientemente y se transmitirá para recabar la aprobación del Parlamento Europeo respecto del mismo.
No se ha hecho antes por la siguiente razón que nos ha dado la Comisión: la Comisión no ha terminado las traducciones correspondientes y, por tanto, el Consejo no ha recibido de la Comisión esas traducciones. Como les acabo de decir, ya se están ultimando estas diversas versiones lingüísticas y, como saben ustedes, sólo cuando estén disponibles estas versiones lingüísticas, de las cuales se encarga la Comisión, es cuando el Consejo les puede transmitir al Parlamento ese documento, ese acuerdo. Eso es lo que se va a producir el día 25.
Además, para el futuro, y con vistas a un acuerdo, no provisional, sino definitivo, la Comisión tiene la intención de presentar recomendaciones al respecto, para la elaboración de un acuerdo a largo plazo, no un acuerdo que finalice en octubre del año que viene, como éste del que estamos hablando, sino a largo plazo. Y este acuerdo a largo plazo se tiene que negociar, se tiene que celebrar ya con arreglo a nuevas bases jurídicas. Las que proporciona el Tratado de Lisboa, en donde tiene una intervención plena el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ya tiene una intervención plena en esos acuerdos y así va a ser para el acuerdo futuro, sobre el cual todavía la Comisión no ha presentado recomendaciones.
Quiero decirles, para terminar, que estamos ante un asunto de extraordinaria importancia. Estamos ante un procedimiento, un programa para combatir el terrorismo. El incidente de Detroit ha mostrado que ese peligro está presente, esa amenaza persiste y, por tanto, los Estados miembros no pueden permitirse el dejar de mantener ese flujo de datos financieros al llamado PSFT. Lo explicó el juez Bruguière en su intervención filmada ante este Parlamento en el mes de noviembre, en una intervención in camera. Dijo que, en su opinión, varios Estados miembros habían podido beneficiarse y aprovecharon esa información que se proporcionó a los Estados Unidos para descubrir y evitar actividades terroristas.
Esto llevó al Consejo, durante el anterior periodo de Presidencia sueca, a una aplicación provisional de un nuevo acuerdo, para evitar que el 31 de enero caducase el vigente y, por tanto, se anulara toda posibilidad de flujo de información. Era la única opción que tenía el Consejo para hacerlo y, desde luego, sí que es comprensible la posición del Parlamento Europeo de recabar información. Lo que no se ha producido, como les digo, por la tardanza en realizar las correspondientes traducciones lingüísticas por parte de la Comisión Europea.
Manfred Weber
Señor Presidente, señor López Garrido, Señorías, al principio todo este debate ha estado, por supuesto, marcado por la frustración e irritación que muchos diputados europeos han sentido porque tenían la impresión de que, una vez más, el Consejo estaba precipitando las cosas antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por este motivo, me complace que el Consejo se haya dado cuenta de que es positivo consultar al Parlamento, para aplicar ahora el nuevo Tratado de Lisboa en el proceso de ratificación y también para brindarnos la oportunidad de evaluar si este acuerdo debe aplicarse o no.
En este proceso legislativo, si es que lo ponemos en marcha, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) aplicará criterios claros para la toma de decisiones. Hay dos caras de una misma moneda. Por una parte, en el Grupo del PPE apoyamos el principio de que, por lo que respecta a los datos europeos -independientemente de donde se almacenen-, deben aplicarse las normas de protección de datos europeos. Defendemos el principio de que queremos un derecho de recurso para las personas que consideran que han sido tratadas injustamente al ser sometidas a verificaciones de datos. Defendemos el principio básico de que los datos solo deben transmitirse en casos individuales y solo si la persona es sospechosa por algún motivo determinado, no simplemente como norma general. Estos son aspectos que consideramos importantes.
En la otra cara de la moneda está el hecho de que, por supuesto, deseamos cooperar con los Estados Unidos. Queremos cooperar con otros agentes en la lucha contra el terrorismo. No queremos una situación en la que cada uno de los Estados -en caso de que el acuerdo caduque- se vea sometido a presiones especiales, como Bélgica, por ejemplo, porque entonces los Estados pueden empezar a operar de forma bilateral. También es necesario prestar especial atención a este respecto. En el Grupo del PPE tendremos esto en cuenta cuando se presente la propuesta legislativa.
Una vez más, quisiera pedir al Consejo y a la Comisión que no traten de ganar tiempo, sino de presentar el texto ya, para que podamos debatirlo. Como Parlamento, podemos trabajar con rapidez y, por tanto, también podremos abordar esta cuestión con rapidez. Después corresponderá a los Ministros -y solo para dejarlo muy claro: los Ministros del Interior- convencer al Parlamento de que los métodos que se están proponiendo en el marco de este acuerdo son realmente necesarios para luchar contra el terrorismo.
Estamos abiertos a este proceso, pero la tarea de convencernos incumbe todavía al poder ejecutivo, es decir, de los ministros.
Martin Schulz
Señor Presidente, actualmente, con el Tratado de Lisboa, estamos iniciando un proceso legislativo serio.
Señor López, si nos dice que las traducciones o la falta de traducciones en este ámbito tan delicado están provocando retrasos que no tendremos más remedio que aceptar, entonces, con todos mis respetos, debo decir que se trata de una simple excusa para protegerse a sí mismo y para tranquilizarnos un poco. No obstante, no podemos tomarnos esto en serio. Me limitaré a tomar nota y lo dejaré estar.
El quid de la cuestión es otra cosa totalmente distinta: es la falta de implicación del Parlamento Europeo. En el caso de los acuerdos internacionales de gran importancia, eso es simplemente inaceptable. Queremos que el Parlamento se implique desde el primer día en la aplicación de este acuerdo. ¿Por qué? El señor Buzek, el Presidente de esta Cámara, lo ha expuesto con mucha precisión en su carta, diciendo que el acuerdo SWIFT conlleva importantes violaciones de las libertades fundamentales de los ciudadanos, que están garantizadas constitucionalmente en la mayoría de los Estados miembros y también en la Carta de los Derechos Fundamentales.
Sin embargo, si van a adoptarse medidas ejecutivas sobre la base de un acuerdo que provoca vulneraciones de las libertades fundamentales de los ciudadanos, es absolutamente necesario garantizar la protección legal de los ciudadanos frente a tales violaciones. Eso significa que la protección de datos debe garantizarse a todos los efectos, que debe garantizarse la eliminación de los datos al cabo de un periodo de tiempo determinado y razonable y que deben habilitarse dependencias para interponer recursos exclusivamente para los ciudadanos en caso de que se violen sus derechos fundamentales. Uno de los elementos constitutivos del principio del Estado de Derecho es que los ciudadanos puedan defenderse frente al trato arbitrario por parte del Estado.
La Unión Europea no puede invalidar esta tradición jurídica, que forma parte de los sistemas de los 27 Estados, esgrimiendo que no han llegado todas las versiones lingüísticas. Si nos tomamos en serio la voluntad de desarrollar el Estado de Derecho a nivel europeo, también tenemos que transferir a Europa el modelo de la necesidad de intervención por razones de seguridad, pero también por la protección legítima de los ciudadanos.
Por tanto, el Consejo debe explicarnos en qué consiste el valor añadido del acuerdo SWIFT si ahora va a entrar en vigor con carácter provisional, que es lo que desea el Consejo. No voy a hablar de las infracciones relacionadas con los datos que han cometido muchos servicios de seguridad de los Estados Unidos. Alguien se mete unos cuantos explosivos debajo de la ropa interior y sobrevuela el Atlántico; eso es lo que ha logrado hasta el momento el intensivo trabajo en materia de seguridad realizado por los servicios secretos americanos. Sin embargo, no puede depender de eso.
Me pregunto por qué tenemos que aplicar este procedimiento de rastreo rápido, cuando existe un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos desde el 1 de febrero en materia de asistencia judicial provisional, cuyo artículo 4 describe precisamente cómo deben transferirse los datos bancarios en caso de que haya sospechas fundadas y justificadas. Esto significa que la entrada en vigor del acuerdo SWIFT no aportará ningún valor añadido en materia de protección.
Por tanto, esta prisa injustificada -o "trote cochinero", como diríamos en Alemania-, esta presión por agilizar las cosas, es incomprensible y, por tanto, tenemos que pedir al Consejo con unanimidad y precisión que nos envíe los documentos pertinentes. Debatiremos sobre esta cuestión y concluiremos el procedimiento parlamentario con la rapidez necesaria, porque queremos seguridad, pero no solo para los organismos de seguridad; queremos seguridad también para los ciudadanos a los que se supone que protegen estos organismos de seguridad. Creo que esa es la finalidad de este acuerdo, pero, en ese caso, también queremos que adquiera rango de ley.
Guy Verhofstadt
Señor Presidente, Señorías, empecemos con la buena noticia: la Presidencia española ha anunciado que el documento se va a presentar el lunes 25 de enero -he tomado nota-, es decir, el próximo lunes. Así pues, esto significa que tenemos una semana para debatir al respecto en el Parlamento; esa es la realidad.
Lo que pido, señor Presidente -ya lo he dicho, y espero contar con el apoyo de los demás grupos políticos- es que en la Conferencia de Presidentes se decida celebrar al mismo tiempo una reunión de comisión y un periodo parcial de sesiones para examinar este acuerdo provisional, pues no tendría sentido que entrara en vigor el 1 de febrero sin que previamente el Parlamento haya debatido al respecto.
Por tanto, señor Rodríguez Zapatero, existen dos posibilidades: sí o no. Puedo decirle que el "sí" depende de una serie de condiciones; es importante que seamos conscientes de ello, y debemos obtener una respuesta antes del 25 de enero. No se ha recibido ninguna respuesta a las condiciones presentadas por el Parlamento.
Estas condiciones son las siguientes: en primer lugar, es necesario mantener completamente informado al Parlamento y que reciba toda la información necesaria; en segundo lugar, que el Parlamento participe en las negociaciones sobre un acuerdo definitivo; y, en tercer lugar, están las condiciones específicas, nueve en total, establecidas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en su resolución -aprobada por el Parlamento- relativa al contenido mismo del acuerdo.
Lo que le pedimos es muy sencillo: no solo tiene que remitirnos el acuerdo provisional el 25 de enero, sino que también debe darnos su respuesta a las tres peticiones del Parlamento. En caso de que dicha respuesta sea positiva, es posible que aprobemos el acuerdo. En caso contrario, creo que es probable que el voto sea negativo; en cualquier caso, esta será la opinión de mi Grupo.
Cabe señalar que un voto negativo dará lugar a que el acuerdo provisional no entre en vigor el 1 de febrero. Esta es la situación actual y, por tanto, mañana, en cualquier caso, pediré a la Conferencia de Presidentes que convoque una comisión adecuada sobre esta cuestión y que celebre un periodo parcial de sesiones para debatir acerca del acuerdo provisional.
Rebecca Harms
Señor Presidente, toda la frustración del Parlamento está cayendo de lleno sobre la Presidencia española, que acaba de asumir sus funciones. Lo acepto en nombre del Consejo en su conjunto, pero creo que ustedes, ustedes mismos, deberían implicarse a este respecto. Me molesta que no haya ningún representante de la Comisión en los escaños 21 y 22 porque, si lo he entendido bien, la Comisión tenía la obligación de agilizar esta cuestión después de que el Parlamento hubiese solicitado que se pusiera en marcha el procedimiento de aprobación. Sin embargo, la Comisión está eludiendo sus responsabilidades y se ha mantenido al margen del debate.
No quiero repetir lo que ya han dicho mis colegas, pero sí quisiera decir que creo que sería sumamente peligroso para el Consejo que este acuerdo SWIFT provisional entrara en vigor sin que el Parlamento haya votado sobre lo que su Señoría pretende presentarnos. Creo que el procedimiento -si sigue insistiendo en que se apruebe el 1 de febrero a una velocidad temeraria, o al "trote cochinero", como con gran acierto ha llamado el señor Schulz a todo el procedimiento- no solo sería una provocación del Parlamento, sino también una violación de los tratados, una violación del Tratado de Lisboa, después de que este no haya hecho más que entrar en vigor, y eso es una irresponsabilidad.
En asuntos de urgencia, tiene todas las posibilidades de intercambiar información fundamental por medio de acuerdos jurídicos bilaterales con los Estados Unidos y con cualquier otro país del mundo con el que mantenga dichos acuerdos. Por tanto, no hay prisa.
Quisiera destacar una vez más que los ciudadanos de la Unión Europea están observando con interés cómo respondemos al tan aclamado Tratado de Lisboa. Si, llegados a este punto, no garantizamos el control parlamentario, si aceptamos esta infracción de las leyes nacionales que velan por la protección de los datos y actuamos en contra de la Carta de los Derechos Fundamentales, que es un aspecto que tantas veces se ha mencionado en el debate sobre el Tratado de Lisboa, creo que será una acción kamikaze y totalmente injustificable. Sin embargo, señor López Garrido, usted comparte la responsabilidad de esta acción con la Comisión.
Quisiera preguntarle una cosa más. Me acaban de informar por mensaje de texto que ya se han publicado algunas versiones lingüísticas del acuerdo SWIFT. ¿Podría decirnos qué idiomas se han publicado en el Diario Oficial, en qué fecha se han publicado y por qué estas versiones no se han puesto todavía a disposición del Parlamento?
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR. - Señor Presidente, los acontecimientos recientes nos han recordado una vez más lo importante que es que compartamos información en aras de la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. El acuerdo SWIFT ha sido una herramienta muy valiosa para conseguirlo. Afortunadamente, tras haberme reunido recientemente en Washington con algunos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, en particular con el señor Cohen, subsecretario del Departamento del Tesoro estadounidense para asuntos de financiación terrorista, me han tranquilizado los sistemas de control y protecciones de varios estratos y una supervisión independiente, que espero que logren que la aplicación de este nuevo acuerdo sea intachable.
Un aspecto en el que quiero expresar mi gran preocupación, como han hecho otros oradores, se refiere a las insuficientes consultas del Consejo al Parlamento, y a los supuestos retrasos de la Comisión. Es fundamental que el Parlamento y los representantes electos de esta Cámara reciban información adecuada y con la debida frecuencia, y el consentimiento parlamentario no debe ser una herramienta retrospectiva. El hecho de que el Consejo lo haya tratado como tal socava los valores y los principios democráticos que sustentan esta Cámara y este Parlamento. Espero que el Consejo y también la Presidencia tomen buena nota de estas observaciones.
Rui Tavares
Señor Presidente, durante todo el proceso el trato que ha recibido esta Cámara ha sido insultante y casi humillante. Decirnos que tenemos que esperar a que se traduzcan las distintas versiones es inaceptable, cuando todos sabemos que ya hay varias versiones circulando en la prensa, tras haberse filtrado información.
No obstante, se nos ha presentado un esbozo del acuerdo un viernes en Bruselas, cuando los diputados se habían ido a Estrasburgo. Solo había un diputado en Bruselas y era yo.
También son inaceptables las constantes referencias al informe Bruguière, que es un informe secreto. Es muy poco convincente, pues el que lo haya leído sabe que casi no contiene datos empíricos.
Es inaceptable que se afirme que este es un informe provisional, cuando los datos recopilados durante los próximos meses caerán en manos del Gobierno de los Estados Unidos durante un periodo de cinco años, y es posible que se trate de la administración de Sarah Palin, en lugar de la de Obama. ¿Cómo pueden sentirse seguros los ciudadanos europeos? No nos dejan otra alternativa que la de rechazar este acuerdo, y no nos están poniendo las cosas nada fáciles.
Sin embargo, si lo rechazamos, haremos un favor a la Comisión, pues hay dos nuevas Comisarias, la señora Malmström y la señora Reding, que, como sabemos, sin duda sabrán negociar el mejor acuerdo posible desde cero, y estamos seguros de que están dispuestas a hacerlo.
Martin Ehrenhauser
(DE) Señor Presidente, en los últimos años se han adoptado muchas medidas con el pretexto de combatir el terrorismo, incluso por parte del Consejo. No obstante, muchas de ellas no son razonablemente proporcionales a la amenaza que supone hoy en día el terrorismo. Por el contrario, han dado lugar a restricciones inaceptables de los derechos de los ciudadanos. El intercambio sistemático de datos, sin relación con sospechas fundadas, que establece en el acuerdo SWIFT, evidentemente no es una excepción. Incluso la Policía Judicial Federal de Alemania, que en realidad no se conoce como un grupo encargado de la protección de datos, ha tenido que reconocer la naturaleza desproporcionada de esta medida. Debemos poner fin a las restricciones permanentes de los derechos de los ciudadanos y, por tanto, no debemos aprobar el acuerdo provisional.
Por cuanto atañe a los métodos del Consejo, una vez más, quisiera decir alto y claro que los Estados Unidos han examinado y almacenado los datos de los usuarios del SWIFT sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, el Consejo no ha sancionado este procedimiento, ¡sino que lo ha legalizado! Evidentemente, quisiera instar al Consejo a que transmitiera al Parlamento Europeo toda la información relacionada con esta cuestión.
Diego López Garrido
Ha habido alguna intervención, concretamente, me parece que ha sido la señora Harms, refiriéndose a la posible publicación de alguna de las versiones lingüísticas. No tengo ese dato, evidentemente. Voy a comprobarlo y le informaré por escrito de esa situación. Lo que les he dicho es que el día 25 de enero va a estar en poder del Parlamento Europeo el acuerdo que, provisionalmente, entra en vigor el 1 de febrero. Conforme al Derecho europeo, conforme al Derecho del Tratado de Lisboa, en su artículo 218, y conforme al Convenio de Viena, los acuerdos firmados pueden entrar en vigor provisionalmente. Por tanto, está dentro de la legalidad.
Para la Unión Europea, y desde luego, para el Consejo, es importante que este acuerdo siga en vigor. Es importante que estos acuerdos sobre el programa de seguimiento de la financiación del terrorismo sigan en vigor. Nos parece que es positivo, que sirve a la lucha contra el terrorismo y que se trata de una colaboración con un país fiable, un país socio y un país cercano, como son los Estados Unidos, y que tiene el mismo propósito que nosotros: luchar contra el terrorismo. No se trata, en absoluto, del tiempo que han tardado en llegar las versiones lingüísticas, no se trata de ninguna escapatoria, señor Schulz, en absoluto. No es un tema de ganar tiempo, señor Weber.
La Presidencia sueca, el Consejo, como saben ustedes, hace unas semanas, o meses incluso, propuso enviar al Parlamento, por parte del Consejo, esta versión, en este caso en un solo idioma y la Comisión entendió que eso no era posible, que tenía que ser la propia Comisión la que hiciera las versiones lingüísticas y enviase todas esas versiones. El Consejo tuvo esa buena voluntad por parte de la Presidencia sueca y no fue posible legal ni técnicamente. Por eso ha llegado ahora. Entiendo que el Parlamento Europeo hubiera querido disponer antes de esta versión. Absolutamente, lo comparto. Si hubiera sido yo diputado al Parlamento Europeo, pensaría exactamente lo mismo y hubiera deseado tener estas versiones antes. No ha sido así, por esa razón que les he dicho, que nada tiene que ver con ganar tiempo, ni con ocultar nada, ni con una escapatoria, en absoluto.
Creo que estamos ante un acuerdo donde va a tener toda la capacidad el Parlamento Europeo para intervenir, toda la capacidad. Porque ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa y hemos -creo que la inmensa mayoría de nosotros- aprobado ese Tratado y eso va a darle al Parlamento Europeo la capacidad de poder intervenir de forma soberana. El Parlamento Europeo va a poder interrumpir, si quiere, la vigencia del acuerdo provisional. El Parlamento Europeo va a intervenir en la negociación del siguiente acuerdo a más largo plazo. El Parlamento Europeo, naturalmente junto con el Consejo, va a tener todas las competencias para poder intervenir en ese Acuerdo SWIFT que nos parece un acuerdo importante, que merece ser debatido en este Parlamento detenidamente, seriamente y sin prisas, y no apresuradamente, por emplear una expresión que ustedes también han utilizado.
Además, estamos absolutamente de acuerdo, señor Verhofstadt y otros intervinientes, en que aquí hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la intimidad, la legislación europea sobre protección de datos y, además, ahora tenemos un instrumento más para garantizarlo, que es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que acaba de entrar en vigor porque va unida al Tratado de Lisboa, y que está plenamente en vigor. Y uno de los derechos que garantiza es el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Por tanto, tenemos todas las condiciones para hacer un buen acuerdo.
En cuanto a la propuesta del señor Verhofstadt de enviar una carta o fijar inmediatamente una posición del Consejo sobre las condiciones establecidas por el Parlamento, creo que se trata de que, cuando tenga el Parlamento Europeo ese documento, estemos a su disposición para poder debatirlo, en todos los sentidos, con todas esas condiciones y, por tanto, llegar a un acuerdo serio, riguroso y no apresurado a este respecto.
Pero sí que nos parece que es imprescindible que este acuerdo provisional entre en vigor de momento y, en todo caso, el Parlamento Europeo va a tener también todas las competencias que le confiere el Tratado de Lisboa para poder decidir, en última instancia, si va adelante o no va adelante el acuerdo. Eso dependerá de ustedes. Dependerá del Parlamento Europeo en toda su integridad.
Presidente
Se cierra el debate. He dicho antes que no es posible dar la palabra a los demás. Puedo darla en caso de que se trate de una cuestión de orden. Por favor, adelante.
Sophia in 't Veld
Señor Presidente, me gustaría entender una cosa: si solo hay disponible una o unas pocas versiones lingüísticas, quisiera conocer las competencias lingüísticas de los miembros de la Comisión y del Consejo que han firmado el acuerdo y que tomaron la decisión oportuna el 30 de noviembre; por lo que debe estar disponible.
Presidente
No era una cuestión de orden, pero la hemos permitido porque la señora in 't Veld ha sido muy educada al solicitar el uso de la palabra. Por favor, Ministro, continúe.
Diego López Garrido
Reitero lo que he dicho. Voy a comprobar ese dato que me proporcionaba la señora Harms, creo, sobre esa publicación. No lo sé, no lo tengo aquí, evidentemente, y le voy a informar de qué ha sucedido a ese respecto.
En todo caso, reitero, el 25 de enero ustedes van a tener ese acuerdo y vamos a poder hablar de ello todo lo que quieran. La Presidencia española y el Gobierno, y el Consejo, están a su disposición para poder hablar todo el tiempo que quieran, en profundidad, sobre ese acuerdo, que dependerá, en cuanto a su vigencia futura, del Parlamento Europeo.
Presidente
Una excepción no tarda en convertirse en varias, y no puedo negar el uso de la palabra al señor Schulz. Adelante, señor Schulz.
Martin Schulz
(DE) Señor Presidente, le pido disculpas por haber vuelto a solicitar el uso de la palabra. Es un acontecimiento insólito en mi vida, pero no estamos en una feria. Señor López Garrido, el acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 13 de enero. No es culpa suya, pero si ahora nos dice: "Primero necesito saber qué idiomas están disponibles", entonces tengo que volver a decirle que no estamos aquí para pasar el rato ni por pura diversión mutua de diputados y ministros. ¡Estamos en una cámara legislativa en la que hay que hacer el trabajo con seriedad!
Ahora quisiera decirle una cosa -no a la Presidencia española, sino al Consejo-, y es que la forma en que el Consejo ha abordado estas cuestiones ha puesto de manifiesto que no tiene respeto de ningún tipo de consideración hacia el Parlamento. Ya es hora de que digamos al Consejo que ya basta de juegos. Existe un procedimiento legislativo serio; en Europa, sin duda, este procedimiento implica que todos los documentos y expedientes deben estar disponibles en todos los idiomas al inicio del procedimiento, y no que tengamos que buscar los documentos con una varita mágica cuando se supone que el procedimiento ha terminado. Ese no es un procedimiento serio. Ahora le pediría que nos dijera qué idiomas estaban disponibles en el momento en que el acuerdo se publicó en el Diario Oficial el día 13 de enero. Le pido que nos facilite esta información formalmente en nombre de nuestro grupo.
Presidente
Por favor, Señorías, después de la intervención del señor Schulz, concederemos el uso de la palabra al Ministro para que dé su respuesta final y, a continuación, cerraremos el debate.
Diego López Garrido
Nosotros vamos a informar al Parlamento sobre todo esto que nos ha solicitado, sobre las versiones lingüísticas, las que se encuentran disponibles, etc. Y, sobre todo ello, de forma rigurosa y seria.
Creo que el Consejo en ningún momento ha tratado al Parlamento Europeo de forma humillante ni le ha negado información; en absoluto. Me estoy refiriendo a la Presidencia sueca, que en aquel momento se puso a disposición para poder entregar el acuerdo, pero no fue jurídicamente posible, porque faltaba la traducción de todas la versiones lingüísticas y, en este momento, cuando ya hay un Tratado de Lisboa en vigor, el Parlamento Europeo va a poder tratar este asunto en toda su integridad y el Consejo se pone a disposición del Parlamento Europeo para darle toda la información y para establecer un diálogo al respecto.
Creo que eso no es tratar mal al Parlamento Europeo y, por tanto, no puedo compartir las palabras que ha pronunciado el señor Schulz al respecto. Y los hechos van a ponerlo de manifiesto. Va a haber un texto completo a disposición del Parlamento Europeo y vamos a poder discutirlo entre el Parlamento Europeo y el Consejo todo el tiempo que quieran, con toda la profundidad que se desee y con una capacidad última del Parlamento Europeo para poder decidir al respecto.
Es así de claro. Por tanto, creo que no hay en absoluto ningún asunto sobre el que temer cualquier reserva por parte del Consejo, que cree profundamente en el respeto de los derechos fundamentales y que cree profundamente en el respeto al Parlamento, que es el representante del pueblo europeo.
Presidente
Se cierra el debate. No concederé el uso de la palabra a nadie más para hablar de esta cuestión.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Franz Obermayr  
A lo que hace referencia el acuerdo SWIFT (Sociedad de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales) es a la regulación de la transferencia de datos a partir de la red bancaria mundial. Diariamente, un total de 8 000 instituciones monetarias de 200 países se comunican entre sí a través de los canales de la sociedad, cuya sede se encuentra en Bélgica, con centros de datos en los Países Bajos y los Estados Unidos. Según la Comisión, las solicitudes de datos solo pueden estar relacionadas con las transferencias internacionales, y el uso del servicio se limita estrictamente a las investigaciones terroristas que llevan a cabo los servicios secretos. Sin embargo, los expertos en delincuencia y los políticos de alto rango dudan de que, en los Estados Unidos, los datos se utilicen única y exclusivamente para luchar contra las actividades terroristas. La utilización ilegal de los datos, las violaciones de los derechos humanos y la transferencia de información a terceros son peligros muy reales que pueden derivarse del acuerdo SWIFT. En calidad de eurodiputados, no debemos permitir en absoluto la entrada en vigor de este acuerdo ni la transferencia a los Estados Unidos de datos asociados y en ningún caso, desde luego, sin el consentimiento del Parlamento Europeo. La entrada en vigor provisional del acuerdo pendiente del debate que se celebrará en febrero en el Parlamento Europeo constituiría una importante violación del principio fundamental de la democracia.
