Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 5 de septiembre de 1996.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en la reunión del 12 de septiembre de 1996.
Lunes:
El Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo propone que se incluya en el orden del día, al principio de la sesión de hoy, su pregunta oral a la Comisión sobre el Convenio sobre derechos humanos y biomedicina. El Grupo del Partido Popular Europeo propone asimismo que se incluya en el orden del día de hoy su pregunta sobre el mismo tema. Les recuerdo que esto estaba previsto inicialmente para el viernes. La propuesta pide que se trate la pregunta oral sobre el Convenio sobre derechos humanos y biomedicina al comienzo de la sesión.
Interviene la Sra. Roth para motivar dicha propuesta.

Roth
Señor Hänsch, Señorías, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa celebrará sus sesiones entre el 23 y el 27 de septiembre. Es entonces cuando se considerará, entre otras cuestiones, el proyecto de convenio sobre bioética. Nosotros hemos tratado en el Parlamento este importantísimo tema exhaustiva y prolongadamente. Por desgracia, no hemos sido capaces de emitir dictamen como Parlamento sobre el particular, porque el informe Pelttari no se aprobó en el período de sesiones de julio.
Consideramos absolutamente necesario que el Parlamento Europeo emita dictamen sobre este tema, dadas las enormes repercusiones que tiene para el presente y el futuro de la humanidad. Por esa razón, proponemos que se incluya en el orden del día de esta semana la pregunta oral de nuestro Grupo. Espero que los demócratacristianos hagan lo mismo con la pregunta oral del Grupo del PPE. El Parlamento Europeo tiene que decir algo sobre el asunto. De no hacerlo, se corre el peligro de que el Consejo de Europa adopte una decisión en una cuestión en la que el Parlamento Europeo carece por completo de postura, lo que sería, sencillamente, irresponsable.
De conformidad con el artículo 96 del Reglamento, hemos pedido que se vote hoy esta solicitud nominalmente, de acuerdo con el artículo 119. La fecha del debate depende de su discreción. Nuestra propuesta no significa que tengamos que comenzar hoy con el debate. Lo único que queremos es que se debata y se vote este asunto en el curso de esta semana.

El Presidente
Señora Roth, usted ha pedido por escrito que en el orden del día de esta semana se incluya el tema para el lunes 16 de septiembre a las 17.00 horas. Ahora veo que usted pretendía otra cosa. Lo que pretende es que se trate esta semana. O sea, que la propuesta pide que se incluya la pregunta oral en el orden del día de esta semana. La Sra. Oomen-Ruijten quisiera intervenir a favor de la propuesta.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, me parece extraño que, cuando un Grupo ha presentado una pregunta oral, sea otro el que hable primero. Pero, de cualquier forma, es sumamente importante que fijemos juntos una posición sobre el convenio de bioética. En junio no lo conseguimos debido a algunos malentendidos. Quisiera pedir encarecidamente a sus Señorías que expresaran una opinión como Parlamento Europeo, pues no tener una posición es lo peor que puede pasar. Hago de nuevo un llamamiento a sus Señorías para que en algún momento a lo largo de esta semana apoyen esa pregunta oral.

Cot
Señor Presidente, efectivamente, quisiera pronunciarme, en nombre de mi Grupo, contra la solicitud que acaba de expresarse. Sabemos muy bien que los debates sobre la bioética son difíciles, que dividen al conjunto de nuestros Grupos y plantean cuestiones de conciencia, pero el problema no reside allí. Quisiera dar tres razones por las que nos oponemos a esta solicitud. Primera razón: hubo una decisión y hubo un voto. Este debate se discutió ampliamente en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, bajo la autoridad del Sr. Pelttari, y asociamos a otras comisiones a nuestro debate. Este concluyó con un voto y no podemos comenzar, mediante preguntas orales, a poner en tela de juicio un voto que fue negativo: ningún Parlamento en el mundo puede trabajar así.
Segunda observación: contrariamente a lo que dijo la Sra. Oomen-Ruijten, no hubo confusión. En todo caso, como coordinador del Grupo Socialista para los asuntos jurídicos, quiero decir, en nombre de mi Grupo: habíamos fijado un tope mínimo por debajo del cual los derechos fundamentales tal como nosotros los concebimos, especialmente los derechos de la mujer, ya no se respetarían a través del texto presentado. La lista de los votos en la sesión nos indujo a acatar la responsabilidad de votar en contra. No hubo ninguna confusión en lo que concierne a nosotros. El voto fue perfectamente claro.
Tercera observación: en todo caso, nuestra opinión no tendrá ninguna importancia. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indicó claramente en marzo pasado que la Comunidad no podrá adherirse al Convenio. La Comisión se negó a pedir un mandato de negociación y la Sra. Cresson explicó las razones...
(El Presidente interrumpe al orador) Por ende, el nuestro será un voto piadoso que el Consejo de Europa necesariamente se verá llevado a no tomar en consideración.
(Aplausos)
El Presidente
Se procede a la votación de la propuesta.
(El Parlamento aprueba la propuesta)

El Presidente
No se han presentado propuestas de modificación al orden del día del martes al viernes. Quisiera recordar que se ha suprimido el turno de preguntas al Consejo del miércoles. Los diputados recibirán respuestas escritas a sus preguntas. Esto se debe, como ustedes saben, a que el orden del día del miércoles por la tarde está repleto.

Green
Señor Presidente, el miércoles por la tarde figura en nuestro orden del día una declaración del Consejo sobre la situación política en Turquía y una declaración de la Comisión sobre el establecimiento de la unión aduanera con Turquía.
La semana pasada la Conferencia de Presidentes acordó que el tema de Chipre, lo que ha sucedido en Chipre durante el verano y la tensión que existe actualmente en el país, se examinaría en el marco del debate de actualidad y urgencia el jueves por la tarde y no en el marco de las declaraciones sobre Turquía. Quiero decir en nombre de mi Grupo -y me consta que así lo manifestó nuestro representante en la Conferencia de Presidentesque eso es absolutamente inadmisible. Nosotros sostenemos que nuestras relaciones con Turquía deben verse influenciadas, como de hecho lo son, por el modo en que dicho país mantiene una ocupación e invasión del norte de Chipre.
Acabamos de oír en la Gran Asamblea Nacional turca que la titular de Asuntos Exteriores ha liberado 65 millones de liras turcas para enviar a Chipre al grupo de los Lobos Grises, que es una organización fascista, durante el verano. Esas mismas personas, pagadas por el Estado, participaron en los ataques y asesinatos en Chipre. Es inadmisible que tratemos a un Estado que aspira a convertirse en miembro de la Unión Europea y que atraviesa por unos momentos de crisis y tensión en el marco de un debate de tres o cuatro minutos como parte del debate de actualidad y urgencia.
Mi Grupo abordará lo ocurrido en Chipre como parte integrante de nuestra discusión sobre la situación política actual en Turquía. Esperamos que otros Grupos respeten esta postura. Asimismo intentaremos comentar dichos acontecimientos en la resolución. No queremos que este tema se retire del debate de actualidad. Si el Parlamento desea un segundo debate sobre Chipre y la cuestión de los derechos humanos, estamos de acuerdo. Pero esto es un tema político, tiene que ser tratado como tal y nos proponemos hacer lo posible para que así se haga.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, también nosotros nos hemos encontrado en el Grupo con el Sr. Matsis, líder del partido de Chipre, y hemos mantenido un buen debate con él. Comparto plenamente la opinión de la Sra. Green de que habríamos de intentar incluir a Turquía y a Chipre en el orden del día, y en cualquier caso para el miércoles por la tarde. No la he entendido bien en lo referente a la cuestión de si el jueves hemos de tener una resolución urgente. Esta es en concreto mi pregunta. Si lo hacemos, podríamos decir: el miércoles por la tarde celebraremos un debate un poco más largo y si hace falta haremos dos resoluciones. Eso no importa, pero entonces dispondremos en todo caso del jueves para hacer otra cosa.

El Presidente
En lugar de seguir discutiendo -todavía estamos en el orden del día-, les propongo, al hilo de las intervenciones de la Sra. Green y de la Sra. Oomen-Ruijten, lo siguiente. Evidentemente, los Grupos pueden abordar con completa libertad la cuestión de Chipre en el marco de los puntos del orden del día relativos a la declaración del Consejo sobre la situación política actual en Turquía y a la declaración de la Comisión sobre el establecimiento de la Unión Aduanera con Turquía. Eso depende de cómo quieran organizar el debate. Es una cuestión que depende de los Grupos, que son los que deciden lo que quieren incluir en la resolución. Por lo demás, tienen la posibilidad, si se ponen de acuerdo sobre el particular, de cambiar la lista de urgencias e incluir otro asunto en el lugar del primer punto «Chipre». Esto se puede hacer sin dificultad. Si el miércoles no hay tiempo suficiente, estoy dispuesto a prorrogar la sesión hasta las 20.00 horas.
Podemos proceder de esa manera si están de acuerdo.

Ephremidis
Señor Presidente, voy a expresar la opinión de mi Grupo, puesto que su presidente, por motivos ajenos a su voluntad, no puede estar presente en este momento. Así que, expresando la opinión de mi Grupo, quiero manifestar que estamos de acuerdo con la propuesta de que el miércoles el conflicto de Chipre se trate tanto en la declaración del Consejo como en la de la Comisión.
Es inconcebible, señor Presidente, que, dadas las experiencias que hemos tenido, al deliberar sobre la situación de Turquía y tratar la cuestión de si la Unión Aduanera se ha puesto en práctica y en qué medida, no se haga referencia alguna al conflicto de Chipre, que está absolutamente vinculado a esos dos temas, con lo cual podría mantenerse un debate más completo y se votaría una resolución que, naturalmente, se referiría a los tres aspectos: la situación en Turquía, la Unión Aduanera y la cuestión de Chipre. Es diferente el caso del debate sobre temas de actualidad y urgencia: en ese se trata del conflicto de Chipre provocado por los asesinatos cometidos a mediados de agosto. Esa es otra cuestión. Una cuestión no debe sustituir a la otra.

El Presidente
Entonces estamos de acuerdo sobre cómo vamos a proceder. Los Grupos acordarán el miércoles lo que estimen necesario y decidirán el miércoles por la mañana si se mantiene o no el punto del orden del día «Chipre» en el debate de actualidad.

Stewart-Clark, Sir Jack
Señor Presidente, espero que la cancelación del turno de preguntas al Consejo tenga carácter excepcional. Quisiera señalarle que cuando se decidió retirar el turno de preguntas de su hora avanzada de la noche para situarlo en una hora más temprana, nos aseguraron que no desaparecería del orden del día. Por consiguiente, desearía que nos asegurara que se trata de un hecho excepcional.

El Presidente
Sir Jack, se trata verdaderamente de una excepción. Los portavoces de los Grupos estuvieron de acuerdo en que, dadas las especiales circunstancias que concurren en esta semana, no habrá turno de preguntas por razones de tiempo.

Dell'Alba
Señor Presidente, una pequeña modificación del orden del día del martes con respecto al informe Rocard. En la Conferencia de Presidentes, el jueves pasado, se acordó que el debate empezaría a las 16.30 para satisfacer la petición del Consejo, pero no que duraría hasta las 17.30, es decir, sólo una hora. Se acordó que el informe Rocard comenzaría a las 16.30 y que, en su caso, podría continuar, dada la importancia del tema, también por la noche. Es una simple modificación que me parece conforme a lo que decidieron los presidentes de los grupos.

El Presidente
Así es, señor Dell'Alba. El debate del informe Rocard se puede proseguir después del turno de preguntas a la Comisión. Se trataba de contar con la presencia de la Presidencia irlandesa durante una hora más por la tarde. Tendría lugar entonces de las 16.30 horas a las 17.30, como estaba previsto en el orden del día.

Posselt
Señor Presidente, la supresión del turno de preguntas no constituye, en mi opinión, ninguna excepción. Desde que el turno de preguntas no se incluye en sesión de noche, se ha pospuesto o acortado varias veces y, si no me equivoco, es la segunda vez que se suprime. Me temo que vamos a seguir así, que no va a haber nadie en el turno de preguntas mientras no se incluya en sesión de noche. Por eso habría, a mi entender, que incluirlo otra vez en dicha sesión. La única consecuencia negativa sería que el Consejo tendría que trabajar después de la cena una hora y media. Y no creo que sea tan grave.

El Presidente
Con esto se da por concluido el asunto.

Berès
Señor Presidente, mi apelación al reglamento se fundamenta en el artículo 103 de nuestro Reglamento.
¿Podría usted verificar que efectivamente se transmitió a Jean-Marie Le Pen, diputado de nuestro Parlamento, el compendio de Tratados en el que figura la Declaración Común sobre el racismo y la xenofobia del 11 de junio de 1986?
Mediante esta declaración, nosotros condenamos enérgicamente, en particular, todas las manifestaciones de intolerancia, hostilidad y utilización de fuerza respecto a una persona o a un grupo de personas debido a su diferencia racial, religiosa, cultural, social o nacional.
Las recientes declaraciones de este diputado son una vergüenza para nuestro Parlamento y queda de manifiesto que se encuentran en total contradicción con el conjunto de los textos que fundamentan nuestra Comunidad.

El Presidente
Señora diputada, sus Señorías han recibido todos los documentos que usted ha mencionado.
No voy a permitir ningún debate sobre el asunto. El orden del día ha quedado establecido. Era una pregunta basada en el artículo 103 del Reglamento. No voy a permitir ningún debate sobre el asunto.

Modificación del apartado 1 del artículo 80
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0208/96) del Sr. Wijsenbeek, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del apartado 1 del artículo 80 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la conclusión del procedimiento de dictamen conforme.

Wijsenbeek
El informe que tengo el honor de presentar hoy aquí en nombre de la Comisión de Reglamento es un paso hacia la revisión de los procedimientos parlamentarios. No se trata tan sólo de un proceso natural que todo Parlamento atraviesa alguna vez para adaptarse a nuevas tareas y nuevos criterios, sino que también es necesario no atascarse en procedimientos que no acaban de ser del todo claros para aquellos en cuyo nombre desempeñamos nuestra tarea parlamentaria.
Como Parlamento Europeo, a veces nos cuesta mucho llegar suficientemente a la opinión pública. En parte es consecuencia de la desafortunada situación que implica la doble sede. Cuando nos reunimos aquí en Estrasburgo, a veces suceden tantas cosas interesantes en Bruselas que la prensa se queda allí. Si hay algo importante en el orden del día, hay que conocer muy bien nuestros procedimientos y estar siempre presente para comprender cómo son dichos procedimientos. Tenemos veinte competencias diferentes, cada una con características propias. Estos procedimientos varían desde una simple consulta en una única lectura, la codecisión, posiblemente en tres lecturas y una mediación, hasta el procedimiento presupuestario que con la promulgación incluye cinco diferentes trámites en el pleno. Esperemos, señor Presidente, que la CIG aporte alguna simplificación.
Sin embargo, este no es el tema del presente informe, que trata tan sólo de uno de estos procedimientos: el procedimiento de dictamen conforme. Este implica que el Parlamento ha de dar su aprobación final a un acuerdo internacional o una propuesta legislativa. Los procedimientos en materia de adhesión de los nuevos Estados miembros y los acuerdos internacionales están regulados en los artículos 89 y 90, respectivamente, del Reglamento. Los tres artículos tienen en común con el artículo 80 que cada vez, como es normal en el Parlamento, se vota sobre la base de un informe de la comisión parlamentaria competente.
Supongamos que la comisión parlamentaria competente llega a la conclusión de que el acuerdo, el tratado de adhesión o la propuesta legislativa que hay que aprobar, no merece el dictamen conforme. En tal caso, el pleno, si está de acuerdo con el rechazo, ha de votar afirmativamente, es decir con un «sí», pues ello tiene precisamente como consecuencia que no se realice el acuerdo de adhesión o la propuesta legislativa. Si, por el contrario, el pleno está de acuerdo con las propuestas, a pesar de la opinión de la comisión parlamentaria, ha de votar negativamente, es decir con un «no».
Señorías, pueden ustedes figurarse que lo último que pretendo es emitir un juicio de valor sobre la inteligencia de los miembros de este Parlamento, o de los periodistas que han de informar de nuestras visicitudes, por no hablar del elector que nos ha elegido y que por tanto debe de ser muy inteligente. Pero este procedimiento puede generar confusión, incluso para alguien con un elevado coeficiente de inteligencia. Es por ello que nuestra comisión, a instancias suyas, señor Presidente, me ha dado su venia para presentar este informe.
En él se evita la posible inversión sobre la base de los informes parlamentarios de la aprobación o rechazo del acuerdo, el tratado o la propuesta legislativa. A partir de ahora podremos votar simplemente «sí» cuando estemos a favor de la propuesta en cuestión y «no» -para quienes sepan griego, »kata»- cuando rechacemos la propuesta en cuestión.
Con ello, si se aprueba la modificación del Reglamento con la mayoría necesaria de dos terceras partes, el Parlamento contribuirá a ofrecer una mayor transparencia para la prensa y el público. Quiero terminar esta introducción expresando la esperanza de que el Consejo y la Comisión estén dispuestos a seguir este buen ejemplo dando mayor transparencia a sus procedimientos.

Ford
Señor Presidente, seré muy breve. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Wijsenbeek por su informe. Se trata de una revisión técnica del Reglamento que tiene por objeto simplificar y aclarar el Reglamento en relación con su estado actual. El propio Sr. Wijsenbeek lo ha resumido en su exposición de motivos, donde dice: »¿Cómo, en efecto, los medios de comunicación y a fortiori los ciudadanos de la Comunidad pueden entender y seguir en condiciones satisfactorias unos procedimientos en los que para decir una cosa es necesario expresar lo contrario?» Con la revisión del Reglamento, cuando queramos decir «sí» votaremos «sí», y cuando queramos decir «no» votaremos «no». Sobre esta base, el Grupo Socialista recomienda y dará su apoyo a la modificación del Reglamento.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Derechos humanos en la UE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0223/96) de la Sra. De Esteban Martín, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea en 1994.

De Esteban Martín
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a todos los Grupos políticos el interés y dedicación demostrados en la elaboración del informe sobre la situación del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea en 1994.
Como todos ustedes saben, un informe de esta naturaleza no está exento de ciertas dificultades que han requerido un mayor esfuerzo de diálogo y cooperación para intentar alcanzar un acuerdo que unifique, en la medida de lo posible, los diferentes criterios y posiciones.
Todos sabemos que el tratamiento y estudio de los derechos humanos es una tarea amplia y compleja ya que nos encontramos con una multitud de normas nacionales, distintas en su naturaleza, y que corresponden a diferentes tradiciones constitucionales derivadas de la historia y particularidades de cada uno de los Estados miembros. Igualmente, a nivel internacional, son numerosos los instrumentos que abordan la problemática de los derechos humanos. Como resultado de esta complejidad y atendiendo a lo establecido en el Tratado de la Unión, en el apartado 2 de su artículo F, consideré en su momento que era el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 la base jurídica fundamental para la elaboración de este informe. Es importante que sepamos distinguir entre lo establecido, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como derechos humanos clásicos y la incorporación, que hemos recogido en este informe, de la protección de ciertos derechos económicos y sociales que -a sus Señorías no se les escapa-, se diferencian tanto por su naturaleza jurídica como por el grado de protección de los mismos. Los derechos humanos clásicos son derechos propios de las personas de acuerdo con lo que establezca el derecho aplicable, que implica la aptitud del sujeto jurídico de demandar a quienes los vulnere, brindando los medios necesarios para ello. Por el contrario, los derechos económicos son programáticos, derivados de la evolución del derecho, de la política y de la economía y, por ello, el Estado tiene que garantizarlos como consecuencia de un compromiso por parte de este Estado. Pero esto no significa que, con carácter general, el sujeto jurídico tenga la facultad directa e inmediata de exigir al Estado, concreta y específicamente, la prestación que está en la esencia del reconocimiento del derecho. La obligación del Estado radica en el imperativo de ver de dedicar, dentro de sus posibilidades económicas y financieras, los recursos necesarios para la satisfacción de estos derechos económicos, sociales y culturales.
Hecha esta distinción, señor Presidente, en el informe he intentado reflejar cuál es la situación real del respeto de los derechos humanos en Europa durante 1994, privilegiando las fuentes jurídicas directas o formales -tales como la legislación, la costumbre y la jurisprudencia- tanto a nivel nacional como internacional y comunitario, principalmente los informes del Consejo de Europa y las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, que nos han ayudado a recabar una información fidedigna sobre la situación real del respeto de los derechos humanos en Europa, así como las aportaciones de algunas organizaciones no gubernamentales.
Es evidente que los Estados miembros de la Unión pertenecen a un grupo de países que garantizan plenamente el respeto de los derechos humanos a través de sistemas políticos, democráticos y pluralistas, con efectivas instituciones parlamentarias y sistemas judiciales independientes. No obstante, hemos podido constatar a lo largo de 1994 casos en los que se han vulnerado estos derechos fundamentales: acciones perpetradas contra el derecho a la vida por parte de grupos terroristas, algunas situaciones de malos tratos -sobre todo los referidos a la situación de sobrepoblación de las cárceles-, la preocupación por los derechos de los acusados y, sobre todo, la lentitud de los procesos, el establecimiento de ciertas garantías procedimentales en las legislaciones de los Estados miembros, los derechos de la infancia y la garantía del principio de igualdad de trato y no discriminación en el más amplio sentido, atendiendo a la condena específica de cualquier manifestación racista o xenófoba.
Es fundamental el compromiso de que la evolución del derecho ha de realizarse en el marco del respeto universal de los derechos fundamentales del ser humano y cualquier proyecto de sociedad auténticamente democrática debe tener como principal objetivo la libertad y la dignidad del ser humano. Por ello, la Unión Europea, que camina hacia un futuro político común cuya legitimación se debe basar en los principios democráticos fundamentales, ha venido preocupándose por la defensa y protección de estos derechos fundamentales y el Parlamento Europeo, como institución elegida por sufragio universal libre y directo, tiene un especial deber de vigilancia del respeto de estos derechos. No podremos tener autoridad moral para dictar resoluciones sobre la situación del respeto de los derechos humanos en terceros países si este Parlamento fuera incapaz de hacer un acto de reflexión y autocrítica constructiva sobre la situación interna del respeto de los derechos humanos en la Unión.
Es por ello que apelo a la responsabilidad de los miembros de esta Asamblea para que entre todos hagamos un esfuerzo para sacar adelante un informe de estas características, de cuyas dificultades y complejidad he hecho mención anteriormente. El Parlamento Europeo debe ser capaz de aprobar resoluciones como la que hoy se presenta para poder seguir manteniendo su prestigio, autoridad e influencia.

Schulz
Señor Presidente, Señorías, para empezar, me permito felicitar a la Sra. de Esteban Martín por el trabajo tan comprometido que ha desarrollado en los últimos meses. Espero que este trabajo -y con ello me sumo al llamamiento que nos acaba de dirigir a todos- conduzca al resultado deseado, es decir, a que el Parlamento Europeo esté en disposición de aprobar este año un informe sobre la situación de los derechos humanos en Europa.
El año pasado no lo conseguimos debido a que hubo un debate ideológico que tuvo, por cierto, unas repercusiones muy amargas. No resulta muy presentable que este Parlamento debata y resuelva extensamente sobre violaciones de los derechos humanos fuera de Europa y no elabore o pueda elaborar un informe sobre la situación y los abusos en su propia casa porque no hay posibilidad de ponerse de acuerdo sobre el sesgo que debe adoptar la definición y la descripción de los derechos humanos.
Por eso quiero insistir una vez más dentro de nuestro Grupo en que el informe en su redacción actual coincide ampliamente, también gracias a Laura de Esteban, con nuestras ideas. De hecho, en gran parte lleva también la firma de nuestro Grupo. Esto hay que agradecérselo a la ponente y a la comisión que lo ha examinado y adoptado.
Se trata de que en el umbral del siglo XXI acometamos con seriedad la ampliación del concepto burgués tradicional de derechos humanos acuñado en los siglos XVIII y XIX incluyendo dentro de él derechos básicos que hoy son fundamentales para los hombres de Europa y de todo el mundo. Me refiero a derechos básicos medioambientales (la inviolabilidad de la persona tiene también algo que ver con el medio ambiente), sociales y culturales que una sociedad progresista como la europea ha de garantizar. Esto es lo que queremos inscribir en el informe como perspectiva, como estímulo del debate.
Señorías, esperamos, y me dirijo de manera especial a los diputados y diputadas de Grupo del PPE, que sigan a la ponente. Ella apoya lo anterior y ha incluido en este informe la necesidad de buscar conjuntamente una ampliación del concepto de derechos humanos, sin desatender por ello el examen tradicional de la situación de los derechos humanos y de las violaciones cometidas contra ellos en la Unión Europea. Con ello harían algo muy importante, contribuir a que este informe consiga la mayoría y se apruebe por amplio consenso y conseguir que no se rechace, lo que quizá podrían conseguir si votan con la extrema derecha de esta Asamblea contra el informe de Laura de Esteban.
Este año no puede pasar lo del año pasado, que el debate sobre derechos humanos fracasa en esta Asamblea porque la extrema derecha impide la aprobación del informe con sus votos. Eso fue precisamente lo que sucedió el año pasado. ¿O vamos a permitir que gente con escaños en esta Asamblea y que realmente deberían figurar en el informe decidan el rumbo que debe seguir el debate sobre derechos humanos en la Unión Europea? ¿Queremos que Le Pen, un racista y un archifascista, codecida sobre el rumbo de este debate? Él puede llevar ante los tribunales en Francia a todo el que le llame racista y fascista. También lo puede intentar conmigo, pues eso es lo que es. Los partidos de extrema derecha de la Unión Europea intentan apelar a los bajos instintos por los medios del fascismo de los años veinte y treinta para someter más todavía a los oprimidos, a las minorías, a los marginados. ¡Y esta gente tiene escaños en este Parlamento y participan en las votaciones sobre derechos humanos!
Depende de ustedes, diputados de la UPE y del PPE, que, juntos, consigamos que esta pandilla no tenga la posibilidad de decidir sobre los derechos humanos en la Unión Europea. Por eso damos la bienvenida al informe de Laura de Esteban en su redacción actual. Apoyaremos las enmiendas que hemos presentado y también parte de las de Laura de Esteban. Espero, Señorías de los Grupos conservadores, que este año encontremos por fin una plataforma conjunta que consiga concluir con dignidad el debate del Parlamento Europeo sobre derechos humanos.

El Presidente
Señor diputado, no puedo dejar pasar la expresión «pandilla» para referirse a diputados.

Nassauer
Señor Presidente, ante todo el informe sobre derechos humanos no se puede convertir en el arma arrojadiza del debate político interno. El cariz de su intervención, señor Schulz, iba claramente en esa dirección. ¿Cómo puede usted hablar de derechos humanos si luego le tiene que censurar el Presidente? Nosotros deseamos tanto como usted que Le Pen y sus compañeros desaparezcan de este Parlamento. Pero esa decisión corresponde a los electores. Ustedes no se pueden proponer eso como minoría. Eso es tarea de los electores.
La señora Laura de Esteban ha hecho un trabajo óptimo y su intervención ha sido excelente. La suscribo sin reservas. Hasta ahora el Parlamento ha tenido poca suerte, para decirlo con prudencia, con su informe de derechos humanos. Los informes o bien no se aceptaron o fueron polémicos. La explicación es que reflejaron menos la situación de los derechos humanos en Europa y mucho más el debate político interno sobre el concepto de derechos humanos. Mientras esto no cambie, mientras no encontremos un concepto conjunto de derechos humanos, no podremos aspirar a tener credibilidad y legitimación para hablar de derechos humanos.
No puede ser que el concepto de derechos humanos se diluya en lo sin límites. En el informe pasado se pedían cosas como derecho a la vivienda, al trabajo, a un entorno sano, a una formación perpetua. Son posiciones políticas legítimas, pero, como acertadamente ha señalado Laura de Esteban, no son derechos humanos, sino posturas programáticas. Dichas posturas sucumben ante la lucha política, pero los derechos humanos no deben hacerlo. Por eso, la cuestión consiste en limitarse al concepto de derechos humanos y renunciar a las peticiones político-programáticas. La clave para conseguirlo es muy simple: el Convenio de Derechos Humanos que todos han firmado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Lo que es justiciable ante él pertenece a los derechos humanos, el resto no.

Andrews
Señor Presidente, un debate sobre los derechos humanos debería ser una ocasión para poner de relieve temas de la máxima importancia. No obstante, muchos elementos del informe que ahora examinamos, aunque no por culpa de la ponente, resultan inaceptables. Volveré en seguida sobre este punto.
No tengo inconveniente en apoyar la solicitud a la Comisión para que presente una comunicación sobre los instrumentos destinados a combatir el tráfico de seres humanos, tema que tendremos la oportunidad de estudiar esta misma semana en el contexto de una pregunta oral presentada por nuestro Grupo sobre la necesidad de adoptar medidas a nivel de la UE para atajar la violencia contra los niños, tema particular y trágicamente candente a raíz de los sucesos ocurridos recientemente en Bélgica. Asimismo tampoco tengo ningún inconveniente en respaldar -y de hecho en subrayar- la necesidad de una cooperación eficaz para luchar contra las redes de narcotráfico, cuyos miembros, si es que les preocupa en lo más mínimo, son responsables de tantas muertes y de haber arruinado la vida de tantas personas. Las políticas actuales en materia de droga han fracasado en su intento de frenar el narcotráfico ilegal, que en la actualidad ha cobrado intensidad y es más mortífero de lo que había sido nunca. Hay que poner fin a los días en que se daba un trato considerado a los narcotraficantes y a los señores de la droga que se mantienen en el anonimato. Es una cuestión de quién representa la ley: los señores de la droga y los escuadrones de la muerte o bien la policía y el Ministerio de Justicia o los políticos.
En mi país, las luchas entre las bandas de malhechores, los actos de intimidación y los asesinatos se están convirtiendo en actos demasiado frecuentes, especialmente en mi circunscripción. En Dublín Occidental, mi circunscripción, y en el centro de la ciudad, el problema de la droga y la adicción a la heroína han alcanzado proporciones epidémicas. En algunas zonas, la gente parece haberse tomado la justicia por su mano en un esfuerzo por proteger a sus hijos, y en ocasiones van más allá de la ley. El asesinato a sangre fría de una periodista irlandesa, mi amiga Veronica Guerin, a manos de uno de nuestros señores de la droga, cuya identidad se conoce, pero que está consiguiendo evitar ser procesado, no es más que un caso reciente. A estos malhechores que juegan con las vidas de adultos y niños por igual y las destrozan, que no respetan los derechos humanos, hay que pedirles cuentas y aplicarles todo el rigor de la ley. Los beneficios que han obtenido por medios tan viles deben ser congelados. Hay que impedir que puedan transferir sus bienes a cualquier punto de la Comunidad. Tenemos que hacer realidad la cooperación policial y judicial a nivel europeo y tenemos que hacerlo con carácter de urgencia.
Debemos preguntarnos quién gobierna la sociedad. Muchos de nuestros ciudadanos se lo preguntan actualmente. ¿Son las fuerzas legítimas de la ley y el orden, o bien son los señores de la droga que operan en toda la Unión Europea con sus vastas fortunas y sus sicarios que siembran el terror en nuestras ciudades?
A raíz de la votación en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos de Interior y de la adopción de numerosas enmiendas, se ha roto el equilibrio del informe de la Sra. de Esteban Martín. Por un lado pedimos cooperación eficaz para luchar contra los señores de la droga y, por otro, estamos convirtiendo el informe en una carta sobre los derechos de los prisioneros, con escasas referencias a las necesidades y los derechos de las víctimas de la delincuencia. Muchos de estos prisioneros son los responsables del crimen organizado y de asesinar y aterrorizar a personas de edad avanzada en sus propios hogares. Tampoco se hace ninguna referencia a la necesidad de trasladar a los reclusos, algo que podría dar un fuerte impulso a restablecer el alto el fuego por parte del IRA.
Es muchísimo lo que puede decirse a favor del presente informe. Felicito a la Sra. de Esteban Martín por el inmenso trabajo que ha dedicado a su elaboración, pero creo que cuando llegue el momento de la votación, tendremos que abstenernos o votar en contra debido a su complejidad.

Haarder
Señor Presidente, quiero empezar haciendo una advertencia en relación con este debate. El mundo nunca ha visto listas tan largas de derechos humanos como las de las constituciones de los antiguos países comunistas. Contenían página tras página de derechos reconocidos en las democracias populares comunistas. Habiendo tantos, era siempre posible suprimir uno haciendo referencia a otro. Los derechos sociales fueron utilizados como excusa para suprimir los derechos de libertad política y sin ésta era imposible controlar que no fuesen suprimidos los derechos sociales, por lo que lo fueron, obviamente, y, por lo tanto, no existía ni uno ni otro tipo de derechos.
Este es el motivo por el que hemos tenido repetidas disputas al ocuparnos de los informes sobre derechos humanos en esta Asamblea. Algunos de nosotros opinamos que el deseo de incluir todo el contenido de los programas de los partidos políticos nacionales perjudica los derechos humanos en Europa. El motivo por el que el informe del Sr. Newton sobre derechos humanos nunca fue aprobado fue que incluyó una serie de puntos seguramente muy sensatos del programa de su partido en el Reino Unido, pero el informe sobre derechos humanos no es el lugar adecuado para ellos.
Este informe, de la Sra. de Esteban, es mucho mejor. Es más breve y tiene, por lo tanto, más fuerza. Me alegro de que aborde la libertad de asociación. Es importante no subrayar únicamente la libertad de asociarse y de luchar por los derechos, sino también la libertad de no afiliarse sin peligro de perder el puesto de trabajo. Me parece, asimismo, necesario incluir una referencia a la sanción de los delitos contra los menores, aun cuando se cometan en países en los que no exista una prohibición. Como ya se sabe, el derecho a la vida está mencionado en la declaración de independencia norteamericana como el primero de los derechos.
El Grupo liberal votará en contra de varios puntos de este informe. Les ruego comprendan que vamos a votar en contra de algo con lo que estamos de acuerdo, pero lo hacemos porque el informe sobre derechos humanos no nos parece el lugar adecuado para ello. Esperamos que el Grupo socialista considere la posibilidad de no incluir tantos puntos de su programa político en el informe, ya que finalmente nos obligan a votar en contra. Deseamos votar a favor de él en su forma actual, pero existe una limitación en lo que podemos aceptar. Nos parece que varios puntos del informe deben ser eliminados. En calidad de liberales, apoyamos fervientemente los derechos humanos. Los valoramos tanto que no queremos que sean mezclados con ninguna otra cosa.

Pailler
Señor Presidente, Señorías, los derechos humanos implican vastos problemas y, sin olvidar todos los demás aspectos que atañen a estos derechos humanos, a menudo burlados en los Estados miembros, sólo hablaré hoy de la situación de las familias de las personas sin documentación, víctimas de la violencia del Gobierno francés.
Estas familias aspiran a una solución rápida de su problema. Nuestra Asamblea puede contribuir a ello mostrándose solidaria con su lucha. En Francia, las leyes Pascua de 1993 sobre la inmigración han «clandestinizado» -si puedo decirlo así- a muchas familias inmigrantes y colocándolas en una situación de constante inseguridad jurídica. Padres de niños nacidos en Francia ven que se les niega el derecho de estancia y son amenazados de expulsión. Personas que solicitan asilo son expulsadas en los vuelos afretados de la vergüenza y el Ministro del Interior se felicita de estas expulsiones como si se tratara de verdaderas piezas cobradas.
Desde el mes de marzo, las personas sin documentación lleva a cabo acciones admirables y quisiera proclamar de manera particular el valor de las personas que hacen huelga de hambre. Gozan del apoyo de asociaciones, iglesias, sindicatos y partidos políticos, mal que les pese. Una importante delegación de personas sin documentación se presentará en Estrasburgo este miércoles para informar a los parlamentarios de las razones y los objetivos de su acción y dejar sentir en nuestro recinto el espíritu de San Bernardo que mucho bien nos haría a algunos de nosotros. A su sed de reconocimiento y justicia, el Gobierno francés ha respondido con el desprecio, la violencia más extrema o la arbitrariedad más absoluta a la hora de resolver los casos individuales.
Nuestro Grupo sostiene la lucha de las personas sin documentación en contra de un gobierno que ha reducido su política de inmigración a operaciones meramente policiales al servicio de sórdidos cálculos políticos. La lucha necesaria en contra de la inmigración clandestina, sus redes y sus traficantes, no puede llevarse a cabo sin tomar en consideración el derecho de las personas. Exigimos que la situación de las personas sin documentación, instaladas por razones legítimas, sea regularizada sin demora respetando los derechos humanos y los convenios internacionales. Y desde este punto de vista, me felicito de lo que ocurre en España y Portugal.
En el plano europeo, en cambio, lamento y condeno las recomendaciones o resoluciones del Consejo que cada vez son más restrictivas y discriminatorias en materia de inmigración y asilo. ¡No a la Europa fortaleza! Sí a la Europa de la fraternidad, de la solidaridad. Es preciso poner coto de toda urgencia a esta estrategia de chivo expiatorio, ya que es peligroso manipular la inmigración como una puesta política destinada únicamente a reforzar y dar credibilidad a todos aquellos que incitan a una política demagógica de exclusión y xenofobia. El hacha blandida por la policía francesa en la iglesia de San Bernardo preparó el terreno para las escandalosas declaraciones racistas de Le Pen sobre la desigualdad de las razas y, que yo sepa, es un diputado en este recinto.

Roth
Señor Presidente, Señorías, justo en el momento en que se ha de hablar entre nosotros, a la puerta de nuestra casa, de los derechos humanos, me da la impresión que algunos hablan como el fariseo del Evangelio de San Lucas 18, versículo 11, que dice: »Oh Dios, te doy las gracias porque no soy -porque no somoscomo el resto de los hombres». O sea, bajo el lema: las violaciones de los derechos humanos quedan muy lejos, hay en todas partes menos entre nosotros. Esta postura es un doble rasero: los derechos humanos se invocan con fervor, pero se practican muy selectivamente. Entre nosotros la política de derechos humanos es, ante todo, una política de intereses.
En las relaciones con Estados que practican la tortura y que violan los derechos humanos rige una teoría de la relatividad política: cuanto más grande sea el Estado y mayor sea su importancia, más bajará el tono de la indignación europea.
Ciertamente, para retornar a mi comienzo, es más fácil denunciar los crímenes cometidos en otros lugares que reconocer los propios, pero precisamente eso es lo que hace falta para resultar creíble, analizar a conciencia la solidez del fundamento de los derechos humanos en la Unión Europea. O en palabras de Brecht: »Que cada cual hable de su vergüenza». La credibilidad propia comienza por no encapricharse, exclusivamente sobre el papel, con la forma noble de los derechos humanos que encontramos en protocolos, convenios, actas de conclusión y declaraciones. La credibilidad comporta en mucho mayor grado investigar la realidad de estos derechos. El juicio que se emita sobre esta realidad ha de basarse en un concepto de derechos humanos abarcador y muy amplio, y no estrecho y restrictivo. Cuando hablo sobre derechos humanos, me estoy refiriendo también al derecho a un medio ambiente intacto, a los derechos de la mujer, de los niños, de la tercera edad, de los disminuídos, de los homosexuales, de los extranjeros y de los refugiados y hablo también de la pobreza y la exclusión. Los conservadores se han mofado sobre una supuesta pérdida de pureza del concepto clásico burgués de los derechos humanos. Para ellos el concepto de derechos humanos se diluye al incluir los derechos sociales y ecológicos. Desde hace mucho tiempo se critica a los países en desarrollo precisamente porque, ante la contemplación de la miseria y el sufrimiento, exigen derechos humanos sociales para superar su estado de necesidad.
¿Y qué hace Europa? Son los Estados de la Unión Europea los que degradan los convenios clásicos, como el de Ginebra sobre Refugiados, aplicándolos abusivamente. El peligro al que se enfrentan los derechos humanos de perder su carácter vinculante no procede tanto de su ampliación como de su no aplicación por parte de la Unión Europea. Sólo enfrentandonos verdaderamente en esta Asamblea a los abusos existentes y lanzándonos al debate político interno conseguiremos que el informe anual sobre derechos humanos sea algo más que el cumplimiento de una obligación moral.
Agradezco expresamente a la ponente su esfuerzo para que se reconozca un concepto más amplio y abarcador de los derechos humanos. Espero que este informe sobre la situación de los derechos humanos en Europa en 1994 pueda contar por fin en septiembre de 1996 con la necesaria mayoría.

Pradier
Señor Presidente, nuestro Grupo votará, desde luego, el excelente informe de nuestra compañera la Sra. de Esteban Martín. Sin embargo, no puede hablarse de los derechos humanos en el seno de la Unión contentándose con mencionar cómo se comportan los Estados y los Gobiernos europeos hacia sus nacionales. Es preciso hablar aquí, en este Parlamento, sobre la manera en que nos comportamos en relación con los ciudadanos de países terceros, comportamientos que deben inscribirse en los textos de ley, en los reglamentos, en la actitud de los poderes públicos y en la vida diaria y concreta.
Pero, ¿qué significa con exactitud, muy concretamente, luchar en favor de los derechos humanos? Es oponerse a que las puertas de una iglesia se hagan astillas a hachazos para prender a las personas que allí hacen huelga de hambre y guardan cama. Es aplastar la infame afirmación que pretendería hacernos creer que los hombres no nacen iguales en derecho. Claro está, la salva de advertencia que el fascismo militante acaba de tirar en Francia tiene un alcance limitado. No obstante, ¡tengamos cuidado! La manera como se trate hoy a los africanos, a los turcos o a los árabes, la falta de humanidad que hemos demostrado hacia ellos, prefiguran, con toda seguridad, la manera como nosotros, ciudadanos de la Unión, seremos tratados si se deja la vía libre a los nacionalistas, enemigos de la democracia, que con tanta facilidad se convierten en asesinos, como ya lo han demostrado en nuestro propio continente todavía hace pocos meses.

Berthu
Señor Presidente, el respeto de los derechos humanos, cuyas raíces han de encontrarse en nuestra adhesión a la dignidad de la persona y, por ende, en nuestras tradiciones espirituales más antiguas, merece que los países europeos le presten una gran atención. Por ello, los Estados miembros de la Unión son especialmente vigilantes a este respecto, y sobre todo Francia, que ha respetado perfectamente los derechos humanos en el asunto de los inmigrantes sin documentación, inmigrantes que habían violado nuestras leyes mal que le pese a la Sra. Pailler. Para proteger estos derechos, los países miembros se adhieren al Convenio europeo que salvaguarda los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Hoy por hoy, la cuestión que se plantea es la de saber si la Unión Europea debería adherirse, por su parte, a este Convenio. El informe De Esteban Martín responde positivamente. Nosotros no compartimos su opinión sobre este punto, ya que esta adhesión, de poca utilidad práctica, hará dar a la Unión un salto institucional que no domina. En efecto, el artículo F del Tratado proclama ya que la Unión respeta los derechos fundamentales tal como los garantiza el Convenio europeo sobre derechos humanos y el Tribunal de Justicia, por su parte, los ha integrado en su jurisprudencia.
En realidad, la única cuestión que queda por zanjar es la de la una eventual discordancia en la apreciación sobre aspectos de derecho comunitario entre el Tribunal de Estrasburgo y el de Luxemburgo, hipótesis bastante secundaria y que no implica ninguna dificultad que no pueda resolverse con el tiempo.
En cambio, la propuesta de adhesión de la Unión al Convenio europeo implicaría un montaje jurídico complejo y mayor lentitud en su utilización, ya que sería preciso añadir a los plazos de nuestro Tribunal de Justicia, los de una posible apelación ante el Tribunal de Estrasburgo. En estas condiciones, esta adhesión directa de la Comunidad tendría por todo mérito aproximarla un poco más al objetivo al cual tiende desde hace mucho tiempo: hacerse pasar por un Estado. Por lo demás, si la Unión, por su parte, debiera adherirse al Convenio, antes sería preciso darle la personalidad jurídica, lo que nos llevaría una vez más por un camino no trazado.
Por último, si la Comunidad, o la Unión, pudiera celebrar convenios internacionales en materia de derechos humanos, ello significaría sin duda alguna que posee de ahora en adelante una competencia general en este ámbito que los Tratados siempre le han negado. Esto sería todavía más cierto, evidentemente, si se inscribiera en el Tratado una lista de derechos fundamentales, como algunos lo reclaman. Al producirse un vuelco semejante de competencias técnicas hacia competencias generales, ya no andaríamos demasiado lejos de un cambio de naturaleza de las instituciones europeas.

Blot
Señor Presidente, Señorías, resulta gracioso oír a este Parlamento hablar de derechos humanos cuando hace un momento el propio Presidente del Parlamento me negó la palabra dos veces cuando quise contestar a la Sra. Berès y luego al Sr. Schulz por haber insultado directamente a nuestro compañero Jean-Marie Le Pen y, por ende, indirectamente, a los otros diez diputados del Frente Nacional miembros de esta Asamblea, entre los que me cuento yo mismo.
Por lo demás, debo decirles que, en lo que concierne a este debate, el pueblo ha zanjado la cuestión, puesto que ayer por la noche hubo cuatro elecciones parciales que se señalaron por una gran progresión del Frente Nacional, a pesar del debate lanzado desde hace una semana en los medios de comunicación.
Por ello, no se cumplió el artículo 108 del Reglamento. Para que así conste. Los derechos humanos son, es verdad, el tema más favorable al culto de un vicio especialmente detestable que se llama hipocresía, y el informe que hoy nos ocupa arrastra lamentablemente una tradición histórica sumamente pesada, puesto que desde 1793, Robespierre hizo aprobar por la Convención Nacional una declaración de los derechos humanos particularmente demagógica a la que asoció un terrorismo de Estado conocido como El Terror.
Otro ejemplo citado hace un momento por un diputado: la Unión Soviética de Stalin, que firmó sin pesteñear una magnífica Declaración universal de los derechos humanos en la Convención de San Francisco. Ello no le incomodó en lo más mínimo para tener un goulag con millones de prisioneros. Por lo demás, el gran filósofo Hegel, en sus análisis sobre la Revolución francesa, demostró muy bien cómo el totalitarismo moderno se fundaba precisamente en la aplicación de normas jurídicas y filosóficas generales, denominadas derechos humanos, para aplastar al individuo.
Aparte de este debate filosófico, constato que el informe no habla de un determinado número de violaciones de los derechos humanos que son, sin embargo, innegables. Por ejemplo, la violación de la libertad de expresión -citaré el caso de mi país porque es el que mejor conozco- nuestro movimiento -el Frente Nacional- es el blanco de violaciones a la libertad de expresión sumamente graves, fruto no solamente de comportamientos a veces arbitrarios de los medios de comunicación y del Gobierno, sino también de una ley de inspiración comunista -la ley Gayssot- ley totalitaria que no debería existir en un país democrático. Por lo demás, en el momento de su votación, el ministro de Justicia reconoció su carácter totalitario.
Otro ejemplo: la violación de la libertad de las naciones, en Europa, de decidir o no, por referéndum, si desean realmente convertirse en países de inmigración. A este respecto, les remito a los trabajos de Kant que afirmaba, en su proyecto de paz perpetua, que las poblaciones de origen tenían siempre el derecho a pronunciarse sobre la aceptación o no de las poblaciones inmigrantes en su territorio. Es preciso decir que Kant quería proteger a los indios de América que padecieron la inmigración a tal grado que hoy día -los desgraciados- casi han desaparecido, en todo caso, como pueblo soberano.
Un ejemplo más: la violación de la seguridad de las personas de la que, curiosamente, se habla muy poco en este informe. Compruebo que, desde 1957, los crímenes y delitos se han quintuplicado en el conjunto de los países de la Comunidad Europea. Como siempre ocurre en las violaciones de los derechos humanos, las víctimas son sobre todo los pobres.
Otra violación, muy grave, la violación del derecho al trabajo -la ponente lo mencionó, por lo demás- pero se cuidó muy bien de decir que el paro masivo es producto de la política europea de deflación monetaria y del librecambismo desenfrenado. Veinte millones de desempleados que afectan, como por casualidad, a los más débiles, al igual que la inmigración y la inseguridad.
Todas estas violaciones ignoradas, u olvidadas, en este informe afectan evidentemente a los más débiles de nuestros conciudadanos y constituyen un paso atrás de nuestra civilización en la vida diaria, a pesar de todos los textos que se encarnizan en publicar, día a día, sobre los derechos humanos.
Todo ello demuestra en realidad que la Europa mundialista es un proyecto oligárgico, que defiende los intereses de una clase dirigente sumamente arrogante, que se ha adueñado del poder en Europa y dirige su política sin tomar en cuenta los intereses populares.
Algunos ejemplos concretos me han llamado la atención de manera especial: en primer lugar, me sorprende que el informe no diga una sola palabra sobre el derecho a la vida del niño por nacer que, visiblemente, no se reconoce en lo más mínimo, burlando con ello dos mil años de tradición cristiana y dos mil quinientos años de tradición humanista, puesto que el propio Hipócrates ya reconocía ese derecho cinco siglos antes de Jesucristo.
Otro ejemplo: la inmigración. El informe no menciona la necesidad de una cláusula democrática para que, una vez más, los pueblos puedan pronunciarse sobre lo bien fundado de esta inmigración.
Asimismo, quisiera denunciar el apartado 60 que condena la actitud del Estado griego. Considero que se trata de una violación a la soberanía nacional de Grecia que yo no puedo admitir en el marco de las instituciones europeas.
Por lo que se refiere al ejemplo de la condena del racismo, en el apartado 86, compruebo que, en ningún lado, se menciona la necesidad de proteger a las poblaciones de origen contra el racismo que ejercen en contra suya algunos inmigrantes. Se tiene la impresión de que el racismo se ejerce siempre contra los mismos, pero, de hecho, toda población puede padecer efectivamente violaciones de tipo racista. Esto es lo que ocurre con la mayoría de las poblaciones de origen de los países europeos, pero el informe no toca el tema.
Por último, el apartado 93 afirma que los partidos de extrema derecha favorecen la xenofobia. Haré notar que la xenofobia siempre ha estado presente, tanto de derechas como de izquierdas, en todas las épocas. Los hebertistas, durante la Revolución Francesa, eran xenófobos; Blanqui era xenófobo. Existe hoy día una xenofobia antiiraquí en todas las cadenas de televisión y no hablo de la xenofobia antirrusa, que se ejerce en algunos diarios franceses como el gran diario Le Monde .
Tratándose del derecho al reagrupamiento familiar, habría debido precisarse que debe hacerse en el país de acogida.
Última observación: la economía europea actual burla los derechos económicos, pero ya lo mencioné hace un momento. Por tanto, creo que hay enormes lagunas en este informe que es un cúmulo de hipocresía sumamente característica del estado en que se encuentra el debate político actual.

Lindeperg
Es sumamente penoso, Señor Presidente, escuchar lo que acabamos de oír cuando aún se tienen...
(Interrupción de un diputado) ¡Esa es la libertad de expresión! Déjenme expresarme, yo no dije nada mientras hablaba el Sr. Blot.
Decía que era sumamente penoso, Señor Presidente, escuchar lo que acabamos de oír cuando aún se tienen presentes las imágenes vistas en la televisión francesa, ayer por la noche, de una manifestación, de una explotación innoble de un drama humano que ha golpeado a Francia, por parte del partido al que pertenece el Sr. Blot...
(Interrupción) ¡Libertad de expresión, Sr. Blot, libertad de expresión!
No, yo no ataco al Sr. Blot personalmente, ataco simplemente la explotación de un drama que ha golpeado a Francia por un partido político con un objetivo únicamente racista y electoralista. ¿Por qué? Porque la decisión de la manifestación, Sr. Blot, fue tomada...
Esta decisión, usted bien lo sabe, fue tomada únicamente cuando la gente del Frente Nacional tuvo la confirmación del origen, no digo la nacionalidad, sino del origen de la persona autora del crimen. Esta era de origen marroquí y el Sr. Le Pen, ayer por la noche, en la televisión, habló de un marroquí. Insistió, ante Christine Ockrent, diciendo: »No, no era un francés, era un marroquí». Cuando todos sabemos que era un francés, con un documento de identidad francés. Lamentablemente, tenía una madre marroquí. Pero ello indica claramente las intenciones. Quiere decir con toda exactitud -que, por lo demás, ya se ha dicho en bastantes declaraciones anteriores del Frente Nacional- que si ustedes llegan al poder, no harían gran caso de la nacionalidad de las personas y podrían, como se hizo en la época de Vichy, volverse para atrás.
Perdóneme, señor Presidente, pero ahora retomo lo que deseaba decir, o sea, que nuestro Parlamento dedica una parte nada despreciable de su tiempo a denunciar las violaciones de los derechos humanos en los países terceros y tiene toda la razón en hacerlo. Se dice en Francia de antes de hablar hay que enjuagarse la boca. Ahora bien, se puede permitir dar lecciones cuando los derechos humanos no se respetan a la perfección en la Unión Europea, cuando todos saben bien que existen efectivamente numerosas violaciones.
Durante el poco tiempo que me queda, sólo citaré un ejemplo: la suerte cada vez más triste que se reserva en Europa al derecho de asilo, el que se reduce año con año como una piel de zapa. Sin embargo, es un deber imprescriptible para la Unión Europea brindar protección a los perseguidos, tal como la obliga la Convención de Ginebra. No obstante, a fuerza de hacer interpretaciones restrictivas de la Convención de Ginebra, esta protección ya no está garantizada y, actualmente, disminuye el número de estatutos concedidos, aunque el respeto de los derechos humanos en el mundo no haya hecho progresos considerables. Por ejemplo, en París, entre las personas sin documentación se encontraba gente a la que se le había negado el derecho de asilo aun cuando el ACR reconocía que corrían un verdadero riesgo en su país.
Quisiera terminar diciendo que al menos es indispensable denunciar, tal como lo hacemos para los países terceros, las violaciones de los derechos humanos en el interior de la Unión Europea. Ese es el objeto del informe que hoy nos ocupa. Ahora bien, el año pasado, fuimos incapaces de adoptar y ponernos de acuerdo sobre el informe relativo a los derechos humanos de 1993. Este rechazo confirmaba la oposición de dos concepciones diferentes de los derechos humanos: una concepción estática, afianzada en los derechos fundamentales y una más amplia, evolutiva, que toma en consideración la evolución de la sociedad. Esta discrepancia perdura, acabamos de comprobarlo, todavía este año, con el riesgo de llegar a las mismas consecuencias.
Por ello, yo también quisiera subrayar los notables esfuerzos realizados por la ponente para llegar a conciliar estos puntos de vista divergentes. Ha debido demostrar mucho valor, en condiciones sumamente difíciles. Espero que esos esfuerzos no sean en balde. Quizás dé pauta a un enfoque más sereno en los años siguientes. Está en juego nuestra credibilidad en el exterior.

Bazin
Señor Presidente, quiero protestar respecto a la manera como aplicó usted el Reglamento, o más bien la manera como no lo aplicó. Es absolutamente escandaloso, sea cual fuere el fondo del debate, que un orador inscrito, que beneficia de un tiempo de palabra, pueda, de hecho, verlo casi duplicarse para, por un lado, lanzar invectivas contra uno de los diputados, trátese de quien se trate, y luego hacer su intervención.
Es totalmente inadmisible y pido que se dé fe en el Acta.

El Presidente
Señor Bazin, sin lugar a dudas figurará en el Acta, pero mi generosidad tiene que ver con la interpretación que he dado a los hechos. Me ha parecido que nuestra colega se había visto intempestivamente interrumpida y le he concedido veinte o treinta segundos más. No me parece que eso haya sido una violación del Reglamento.
Pero vamos a proseguir nuestro debate con serenidad -espero- con la Sra. Colombo Svevo.

Colombo Svevo
Señor Presidente, nosotros necesitamos un informe de este tipo y necesitamos también plantearnos el tema, es decir, la naturaleza de este informe. Pero también es necesario que cada año analicemos, sintéticamente, la situación de estos derechos en la Unión. Es lo que ha tratado de hacer, en mi opinión muy bien, la ponente, pero sobre el fondo de la cuestión todos los años se repite la disputa entre los que consideran que el informe debe ocuparse estrictamente de los derechos humanos fundamentales y los que, en cambio, los amplían a los derechos económicos y sociales.
Existen razones que abogan por cada una de las dos escuelas, pero si se tuviera que seguir rigurosamente la primera, es decir, la posición de los que incluyen en él exclusivamente los derechos fundamentales, deberíamos, junto con el Consejo de Europa, ser capaces de poner de manifiesto de manera cada vez más escrupulosa todas las violaciones y las carencias de este ámbito. Por ejemplo, tendríamos que reflexionar sobre el derecho a la vida y sobre los derechos humanos, sobre lo que ocurre en el ámbito de la bioética, buscar expresiones libres y lenguajes nuevos que siempre abren nuevas vías de reflexión.
Esto no sería limitativo, pero honradamente deberíamos decir que los demás derechos deberían ser el objeto de un informe análogo sobre los derechos sociales y económicos. Si se quiere intentar incluirlos, y a mí me parece posible, en un único informe, entonces está claro que en el informe sobre los derechos humanos los derechos sociales y económicos no pueden reducirse a una lista reiterativa de todos los objetivos que nosotros elevamos a derechos, pero que, jurídicamente, en realidad no lo son.
Habrá que encontrar el punto justo de convergencia para determinar también este informe, y ese punto es posible encontrarlo porque existen sentencias del Tribunal de Justicia que ponen de relieve que aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos enuncia esencialmente los derechos civiles y políticos, éstos tienen generalmente repercusiones económicas y sociales y no existen paredes estancas que los dividan. En efecto, dicho Convenio se propone defender no sólo derechos teóricos sino también derechos concretos, razón por la cual los medios aplicados por el Estado para llevar a efecto estos derechos sancionan una interdependencia entre derechos civiles y políticos.
Por lo tanto, pido que sobre este tema, sobre esta posibilidad de convergencia, se abra un debate antes del próximo informe para que nuestro Parlamento pueda proceder a una aprobación lo más amplia posible de este informe sobre los derechos humanos. Es importante para todos los países conseguir a este respecto el consenso más amplio posible, y éste es el fin que se ha propuesto nuestra ponente, a la que doy las gracias por el trabajo que ha realizado.

Caccavale
Señor Presidente, aunque no he asistido a todo el debate, he escuchado con atención la última intervención, que me parece que ha centrado el problema de que se trata. En efecto, la diputada Colombo Svevo, con su experiencia, lo ha enfocado perfectamente: en este momento el informe está de nuevo en el ojo del huracán porque en este Parlamento no nos ponemos de acuerdo sobre el concepto «derechos humanos» ni logramos establecer si en nuestra Comunidad podemos o no llevar efectivamente a la consideración general las violaciones de los derechos civiles, generales, de los ciudadanos de la Unión.
El problema es que, efectivamente, este concepto se ha ampliado, en nuestra opinión, a un ámbito extremadamente arriesgado, extremadamente peligroso. Cuando se empieza a hablar de derechos sociales, económicos, sindicales, genéricamente del derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, pues bien, entramos, efectivamente, en un terreno extremadamente minado. Y creo que es necesario reflexionar sobre esto. No creo, por ejemplo, que se pueda hablar de derecho al trabajo, sino de derecho al acceso al trabajo; no creo que se pueda hablar de derecho a la vivienda, sino de derecho a habitar; no creo que se pueda hablar de derecho a la salud, en sentido estricto, sino en el sentido de que el ciudadano tiene que poder elegir entre sistemas sanitarios de distinto tipo.
Sobre este punto, la diputada Colombo Svevo tiene efectivamente razón cuando dice que tenemos que ponernos de acuerdo. Me temo que acabaremos por discutir de nuevo o quizás por no aprobar, de nuevo, este informe 1994 sobre los derechos humanos en la Unión, mostrando por enésima vez la gran debilidad de este Parlamento, mostrando por enésima vez que no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo sobre las violaciones de los derechos civiles, fundamentales, de los ciudadanos.
Presento sólo un caso emblemático: la cuestión de la justicia en nuestros países. Pues bien, si no nos ponemos de acuerdo sobre la base de partida, es decir, sobre este punto, no llegaremos a ningún resultado. Por consiguiente, en esta ocasión sugeriría -mejor dicho, esta petición mía es una petición oficial- encontrar un mínimo común denominador, redactar un código de autorreglamentación interno del Parlamento para podernos poner de acuerdo finalmente sobre lo que son los derechos humanos. Sin ese código interno de reglamentación seguiremos discutiendo, señor Presidente, señores diputados, seguiremos sin aprobar ningún informe sobre los derechos humanos, ni de 1993, ni de 1994, ni de 1995.

Bertens
Señor Presidente, el informe de la Sra. Esteban es el primer intento logrado de respetar, en cierto sentido, aquello de lo que hablamos: los derechos humanos dentro de las fronteras europeas. Gracias, señora Esteban.
Pero hay una cuestión que quiero criticar, y es la del derecho de asociación de los soldados que realizan el servicio militar y de los militares profesionales. Hace ya varios años que yo, y muchos otros en este Parlamento, luchamos por conseguirlo. En la resolución se reconoce ciertamente este derecho, pero de tal forma que ofrece demasiadas posibilidades de cerrar la puerta a este derecho a los militares y los soldados que hacen el servicio militar. Hay un ejemplo: características específicas en el ámbito de la jerarquía y la disciplina, y las limitaciones consideradas necesarias con vistas a las tareas de defensa. Les diré que cualquier cabo en activo sabe que no tiene ningún derecho a pensar siquiera en lo que llamamos derechos humanos.
El derecho de asociación en un Estado democrático es un derecho fundamental. Me opongo a las duras condiciones que propone la ponente en este sentido. Por ello convendría que se aceptara la enmienda presentada al respecto. Ya va siendo hora de que los Estados miembros hablen de ello en un contexto europeo, porque la creación de tropas multinacionales y la ampliación de la identidad de defensa europea nos obliga a ello.

Mohamed Alí
Señor Presidente, quisiera empezar mi intervención felicitando a esta Asamblea por el paso adelante que da y la madurez política que demuestra al abordar un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea; porque, efectivamente, en los Estados miembros de la Unión se vulneran los derechos humanos, no sólo los denominados modernos, esto es, los sociales, económicos y ecológicos, sino también -lo que es más grave- los contenidos en la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
Tengo confianza en que, sin más dilaciones, mañana seamos capaces de aprobar la resolución contenida en el informe de la Sra. Esteban y, por consiguiente, tengamos el suficiente coraje político y coherencia como para hacer una autocrítica en voz alta que conduzca a nuestros Estados a tomar las medidas pertinentes para corregir estas violaciones de los derechos humanos.
Tengo que recordarle a esta Asamblea que, cuando tuvo ocasión, en la sesión de julio, de incluir en la lista de debates de urgencia una resolución sobre la expulsión ilegal de 103 inmigrantes sin documentación en Melilla (España), la rechazó tajantemente y así dejó escapar una oportunidad de oro para denunciar públicamente la vulneración de los derechos humanos en un caso concreto, el creado por las autoridades españolas con la expulsión de estos inmigrantes con absoluto desprecio de la Convención Europea de los Derechos Humanos y de las propias leyes españolas, como ha señalado recientemente el Defensor del Pueblo español. Me felicito ahora, en cambio, de que el tema vaya a ser tratado en esta sesión y de que por fin esta Asamblea haga gala de coherencia, ya que no tendría ningún sentido celebrar este debate y olvidar lo anterior.
Y es que, señor Presidente, pedimos en nuestra resolución que se garantice que la detención previa a la expulsión en los casos de inmigrantes sin documentación sólo se disponga para un período breve, y que la expulsión de una persona hacia un país en el que corre peligro de sufrir persecución signifique una violación de los derechos de la persona, fenómenos ambos que se produjeron en el caso de Melilla, sobre todo cuando la mayoría de estos expulsados estaban a la espera de recibir la contestación formal a su expediente de petición de asilo y refugio.
Me parece, en consecuencia, importante que abandonemos la retórica y actuemos ante los casos concretos. Como se dice en mi tierra, que pasemos del dicho al hecho, porque estoy convencido de que nuestra sensibilidad para con los derechos humanos no sólo se pone de manifiesto cuando se trata de la vulneración de los mismos más allá de los límites de la Unión Europea.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, Señorías, el excelente informe de la Sra. de Esteban Martín debería incitarnos a la modestia, a nosotros parlamentarios europeos, tan prontos a denunciar las violaciones de los derechos humanos en el resto del mundo. Ya que muestra hasta qué punto los derechos fundamentales de la persona humana también son burlados en nuestros países dichos democráticos. Efectivamente, en la Unión Europea, la noción de derechos humanos debe ser comprendida, sin duda alguna, de manera más fina. Así es, el paro, la exclusión, la pobreza que padecen un número cada vez mayor de nuestros conciudadanos abren un campo de derechos que convendría respetar mejor, y la Carta Social europea responde a esta nueva exigencia.
Sin embargo, no puede acomodarse todo en la expresión «derechos humanos». Sería hipócrita e inoperante, ya que las carencias que comprobamos en materia de justicia social requieren una política voluntarista que no es totalmente de la misma naturaleza que la solución de esos problemas de violación de las libertades públicas. Tanto más cuanto que se trata -y no es, sin duda, una casualidad- precisamente de los campos en donde la Unión Europea demuestra bastante timidez debido, sin duda alguna, a la subsidiariedad.
Como quiera que sea, una actualidad reciente acaba de demostrarnos cuán precarias son las conquistas en materia de derechos humanos, especialmente en mi país. No hablaré de nuevo sobre el escandaloso racismo de algunas declaraciones. Tampoco sobre la expulsión de las personas sin documentación que acaba de producirse en Francia. La brutalidad con la que fueron tratadas es particularmente inaceptable, con mayor razón, se los recuerdo, que llevar colectivamente a la frontera es totalmente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En conclusión, también quisiera mencionar los derechos del niño. Las violaciones a estos derechos hacen urgente que se inscriba en el Tratado sobre la Unión Europea una carta de derechos del niño.

Van der Waal
Señor Presidente, existen buenos argumentos para defender la tesis de que los derechos humanos son indivisibles, pero es preciso establecer una diferencia entre los derechos fundamentales clásicos y los objetivos socioeconómicos. El informe Esteban Martín no lo consigue.
En las últimas décadas, los derechos sociales han avanzado mucho, pero al mismo tiempo hemos perdido la noción de que los derechos conquistados crean otras tantas responsabilidades. En el informe percibo el espíritu de nuestra cultura: exigimos, pues tenemos derechos.
Pero mientras tanto no somos capaces de pronunciarnos de forma fundamental sobre la vida humana. La nota rechaza la pena de muerte, pero no habla de la vida del feto. Por lo visto, está regulada por la legislación de los Estados miembros. En mi país se da la absurda situación de que alguien que comete un aborto ilegal se arriesga a una condena de 12 años de prisión, por poner fin con violencia a una vida humana, y esto se considera asesinato. Pero, si el embarazo se interrumpe a petición de la mujer, el sistema social se encarga de pagar todos los gastos, porque entonces se hace uso del derecho de autodeterminación.
Afortunadamente, en el ámbito social ya se han realizado muchos logros, y es útil formular objetivos claros para los problemas de nuestra sociedad. Pero no hemos de olvidar que una sociedad no puede prescindir de los fundamentos y las normas espirituales.
Da que pensar que nunca antes hayamos tenido esta prosperidad, esta calidad de seguridad social, de nivel de enseñanza y sanidad y que nunca antes el crimen, la violencia y la toxicomanía hayan tenido tal envergadura.
En una sociedad en la que el Dios de la Biblia y sus mandamientos son los grandes ausentes, y los ideales no van más allá de vivir aquí y ahora, se sugiere que la verdadera felicidad reside en adquirir y en nuestros derechos autónomos. Pero entonces no ha de extrañarnos que muchos luchen con el sentido de la vida y que las fuerzas de la codicia, el crimen y el racismo exijan su tributo.

Newman
Señor Presidente, existen diferentes enfoques de los derechos humanos en la Unión Europea. A aquellos de nosotros que incluimos los derechos sociales y el derecho a un puesto de trabajo entre los derechos humanos se nos acusa de recurrir a la demagogia estalinista que utiliza las disposiciones sociales o colectivas como excusa para suprimir los derechos humanos. Eso fue cierto en el caso del antiguo bloque soviético, pero no lo es en absoluto en mi caso ni en el de aquellos que apoyan el informe enmendado.
Todos los temas habituales que se recogen como derechos humanos -incluido el derecho a la vida, la libertad de conciencia, de religión, de expresión y los derechos democráticos y el respeto a la vida privada, el pluralismo, el Estado de derecho- están incluidos y reciben el respaldo mío y de aquellos que piensan como yo.
Nuestro nuevo enfoque tiene por objeto incluir cuestiones como los derechos sociales, los derechos ecológicos y los derechos culturales, y considerarlos derechos humanos fundamentales.
¿Qué puede decirse de los enfoques de los dos Grupos principales de este Parlamento que se oponen a este concepto más completo de los derechos humanos fundamentales? Los Liberales tiene políticas sólidas en lo relativo a determinados derechos individuales que están relacionados con los derechos y las libertades del individuo. No obstante, los Liberales parecen dar prioridad a la libertad económica del laissez-faire para que cada uno pueda hacer en los mercados económicos lo que desee sin preocuparse demasiado por los efectos que sus acciones tienen sobre aquellas personas con menos espíritu emprendedor o menos poder económico. En este planteamiento ideológico, los Liberales cuentan con el apoyo de otros Liberales económicos, entre los que se incluye la mayoría de los Conservadores británicos. Porque el individuo Liberal goza del derecho fundamental de intentar enriquecerse, fundar una gran empresa o vivir en una mansión, pero el individuo a secas no tiene el derecho fundamental de vivir fuera de la pobreza, tener un puesto de trabajo o una vivienda digna. Cuando la Sra. Thatcher afirmó que la sociedad no existe, sino sólo individuos, cristalizó esta filosofía.
El otro Grupo importante que se opone a la definición que abarca todos los derechos humanos es el de los democristianos. En el oeste y el sur de Europa, los Conservadores no se incluían entre los que se encontraban en la vanguardia de la lucha por las libertades del individuo. No hay duda de que ahora las aceptan, al igual que las normas democráticas que existen en la UE. Los Democristianos aprecian quizá en mayor medida que los Liberales la idea de la solidaridad social en los valores colectivos y que existe algo así como una sociedad que tiene el deber de apoyar a los individuos más débiles, aunque cuando llega el momento de asumir compromisos específicos en este ámbito, los Democristianos siempre parecen encontrar motivos para votar en contra o, en el mejor de los casos, limitarse a recurrir al paternalismo.
La sociedad tiene el deber de organizarse -de organizarnos- para proporcionar trabajo para todos, una vivienda digna y enseñanza gratuita. Y sí, ello conlleva planificación e intervención, y no limitarse a dejarlo todo a merced de la anarquía del libre mercado que no conoce trabas. ¿Apoyarán los Democristianos estos derechos fundamentales si los describimos como deberes fundamentales? -porque se trata de deberes al mismo tiempo que de derechos.
Para terminar, hago un llamamiento a los diputados demócratas al Parlamento Europeo para que apoyen el presente informe y tengan el coraje de apoyar unos derechos humanos plenos en la Unión Europea cuando nos disponemos a entrar en un nuevo siglo.

Cederschiöld
Señor Presidente, señoras y señores, la fuerte protección de los derechos humanos constituye uno de los pilares más importantes de la Unión. Para ser admitido como Estado miembro, el respeto de los derechos humanos es un requisito previo. Este Parlamento reivindica una mayor influencia. Por eso debe mostrarse digno de ella. Si el Parlamento no lo hace así, merece quedarse estancado en la situación, en ocasiones anormal, en que ahora se encuentra desde el punto de vista constitucional. Un mayor poder legislativo requiere unos niveles más altos de rigor. Los políticos no pueden solucionarlo todo, y no puede solucionarse todo a nivel europeo.
Existe una esfera privada que se sitúa fuera de lo político, una esfera que debe aumentar en muchos países. Nuestro ponente, Sr. Hänsch, que verdaderamente se interesa por el bien del Parlamento, lo ha formulado del siguiente modo en la Comisión de Asuntos Institucionales. Ha dicho: »No debemos asignar a la UE unas tareas para cuya realización sabemos que no tiene ni mandato ni medios».
Precisamente es cierto. Pero los partidos de izquierda proponen unos derechos que no pueden asumirse, para los que nadie sabe si existen los recursos necesarios, y que carecen de apoyo legislativo. La izquierda amenaza con ello la posibilidad del Parlamento de funcionar como un órgano legislativo eficaz. Nos arriesgamos a que resulte menoscabada su influencia, y lo más grave es que puede deteriorarse la protección de los derechos humanos.
El PPE defiende los derechos fundamentales que deben ser asumidos por el Tribunal de Justicia para las cuestiones de derechos humanos. Pero aquel que no se opone a los deseos de la izquierda no se arriesga a nada. Estos deseos políticos no son otra cosa que una explotación de la idea de los derechos para lograr unos objetivos políticos en beneficio propio, para de un modo subrepticio obtener los medios económicos para los que no existe un consenso por la vía nacional.
Ha sido en vano la lucha heroica del ponente por establecer unos derechos fundamentales. Los 126 derechos del informe constituyen una lectura pesada, un ejemplo triste que refleja claramente el hecho de que un parlamento no debe ocuparse de todo. Si de todas formas, el Parlamento quiere presentar estos informes anuales, los partidos de la izquierda deberían reflexionar sobre el siguiente refrán: »Quien mucho abarca, poco aprieta» o «en la modestia está la sabiduría». Dejemos que el tema de hoy cumpla con su función de ejemplo disuasorio para el futuro.

Lindqvist
Señor Presidente, estimados colegas, la protección de los derechos humanos es probablemente la cuestión más importante de las que condicionan la opinión pública, y que sometemos a debate como diputados elegidos democráticamente al Parlamento Europeo, juntamente con el Consejo de Europa y los Parlamentos nacionales. Se aplican a todos los ámbitos, desde el derecho a la vida, la condena de la pena de muerte, de la tortura y de la violencia perpetrada contra detenidos y presos, además del derecho al asilo.
En este sentido me preocupa especialmente, señor Presidente, que la política en torno a los refugiados políticos, la de inmigración, concesión de visados y asilo se esté volviendo cada vez más estricta, y que la UE esté a punto de construir un muro a su alrededor cara a los países que no son miembros de la Unión. Esto no debe suceder. El Convenio de Schengen es un ejemplo lamentable que apunta en esta dirección. Precisamente esto es lo que puede abonar el terreno para que se extiendan el racismo y la xenofobia que deseamos impedir, lo cual constituye la intención manifiesta principal de este informe.
Lo más importante en este debate, señor Presidente, es que sometamos a examen los años anteriores, y que los países miembros actuales, en relación con los que han solicitado la adhesión y tienen acuerdos con nosotros, como Turquía, respeten los requisitos que hemos establecido, y que les demostremos que nos tomamos en serio el cumplimiento de los derechos humanos.

Manisco
Señor Presidente, el presente informe sobre los derechos humanos ha tenido precedentes accidentados y una trayectoria difícil. No podemos, pues, dejar de felicitar a la ponente, la Sra. de Esteban Martín, por haber llevado a término una empresa muy ardua, que ya intentó en vano, con gran ánimo y dedicación el Sr. Newman, al que, por lo tanto, expresamos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud.
Hay muchos aspectos válidos y positivos en el informe de Esteban Martín, un informe completo que no deja zonas de sombra en su planteamiento general, en la temática que aborda, aunque hubiéramos preferido que determinara con mayor precisión las violaciones de los derechos humanos, no sólo dentro sino también fuera de la Comunidad. Si bien es conveniente que en el preámbulo el informe enumere nada menos que diecisiete tratados existentes sobre derechos humanos, es asimismo obligado destacar, con creciente consternación, cuántas de esas enunciaciones de principios sacrosantos se han quedado en letra muerta durante muchos años. Una consternación que desde luego no atenúa el hecho de que esta Asamblea o sus formaciones de derecha prefieran a menudo pasar por alto aquellas violaciones que conciernen a los respectivos países de origen.
Unos pocos ejemplos: ese decreto-ley aprobado por el Parlamento italiano que viola los derechos de los inmigrantes; en Francia, la expulsión mediante un acto ejecutivo de los sans papiers , cuestión sobre la cual ha hablado con elocuencia la Sra. Pailler; en Alemania, la política persecutoria y discriminatoria con respecto a miles y miles de antiguos ciudadanos de la RDA. ¿Cómo es posible ignorar que de repente se admite a Turquía en la unión aduanera mientras sigue encarcelando -los acontecimientos se remontan a la semana pasada- a los opositores políticos del régimen?
Hubiéramos preferido también que el informe hiciera alguna referencia a las violaciones en los países que aspiran a entrar en la Comunidad o que, por su potencia y por su peso específico, desde hace tiempo influyen positiva o negativamente en sus decisiones. Hablamos de las recientes masacres en Chechenia, del drama del pueblo kurdo, de los 560.000 muertos, en su mayoría niños, en Iraq a causa de las prolongadas sanciones económicas de los Estados Unidos, sanciones agravadas por intervenciones militares ya efectuadas o en vías de ejecución en estos momentos. El informe de la Sra. de Esteban Martín sigue siendo válido, tomamos nota de ello, por lo tanto, votaremos a favor de su aprobación.

Zimmermann
Aunque la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye una de las tareas principales de la Unión, siempre acabamos consiguiendo que resulte muy difícil. Esto se aprecia en el debate de hoy y en la no aceptación del informe del Sr. Newman el año pasado.
Son precisamente las violaciones de los derechos humanos que se cometen ante la puerta de nuestra propia casa las que deben ser objeto de nuestra mirada más atenta. En materia de derechos humanos fuera del territorio de la Unión, aprobamos resoluciones todos los meses y debatimos con frecuencia, pero sobre derechos humanos en la Unión sólo una vez al año.
Quisiera servirme de tres ejemplos, tomados del informe de la Sra. Esteban Martín, para resaltar lo que me parece importante. El primero es el derecho a la educación.
Todos estamos de acuerdo en que todos los niños deben tener derecho a la educación para poder desarrollarse y tener un sitio en nuestra sociedad. Pero no se incluye el derecho a la educación de los niños de la calle y de los hijos de los solicitantes de asilo. Estos niños no tienen, sin más, el derecho a la enseñanza.
En segundo lugar, me quiero referir al tratamiento de los solicitantes de asilo. Algunos de mis predecesores en el uso de la palabra ya lo han hecho. Los solicitantes de asilo son personas que buscan refugio entre nosotros. Cuando se les expulsa a los llamados terceros países seguros no existe la seguridad de que no se les vaya a expulsar nuevamente y acaben en un país donde se pisotean los derechos humanos. En mi opinión, no se puede aceptar que se expulse a estas personas a estos países o que se les retenga junto a otros reclusos en prisiones antes de hacerlo. Una solicitud de asilo no es ningún acto criminal y no se la puede tratar así.
Por último, me quiero referir a una cuestión que ya he tratado varias veces. El derecho a la objeción de conciencia no se reconoce en todos los países de la Unión. Creo que ha de aceptarse la objeción de conciencia y que no se la puede considerar un acto punible.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, yo sé lo que son los derechos humanos. Este informe viene precedido de una polémica que ya acompañó al informe que hicimos el año pasado. Si perdemos esta oportunidad vamos a dejar correr la segunda posibilidad de mirar al interior de la Unión Europea y ver qué es lo que está pasando en esta materia de derechos humanos, y creo que aunque sea a nivel intuitivo todos -todos si hacemos un cierto ejercicio de sinceridad- sabemos de qué estamos hablando.
Estamos hablando de incluir en este informe en qué situaciones el respeto por los derechos humanos -que, insisto, creo que sí sabemos qué es cuando hablamos de terceros países- se deteriora o simplemente no existe. Y, a partir de ahí, debemos hacer un trabajo eficaz sobre ello, porque creo que ninguno de los ciudadanos de la Unión va a estar seguro si sobre nuestros grupos de población más débiles y más desprotegidos se ejerce este deterioro de los derechos humanos.
Soy consciente de que muchos socialistas españoles nos abstuvimos el año pasado en la votación de este informe. Yo creo que a veces, contra lo que piensa alguna gente de nuestro Grupo, hay que hacer un esfuerzo de concreción y hay que salvaguardar este informe como un informe sobre lo que intenta ser -que, insisto, creo que todos nosotros sabemos qué es-. Por ello, deberíamos hacer un esfuerzo y no perder esta segunda oportunidad. Y pediría también a los demás Grupos que hicieran lo mismo, porque me parece que será bastante frustrante salir de esta votación sin aprobar el informe y que además esto pondría en peligro el trabajo en esta línea para los próximos años.

Elliott
Señor Presidente, hemos tenido dificultades considerables durante estos últimos años con estos informes sobre los derechos humanos debido a las diferencias de opinión sobre qué es lo que constituye los derechos humanos y otros problemas similares. Pero creo que en esta ocasión tenemos un informe que, aunque tal vez no sea lo que todos nosotros hubiéramos deseado en todos los sentidos, goza de un apoyo muy amplio. Nos hemos esforzado mucho en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores para elaborar un informe que supone un gran paso adelante en la lucha contra muchas de las injusticias y abusos en materia de derechos humanos que se producen en nuestra Comunidad. La Unión Europea sería un lugar inmensamente mejor si todas las propuestas incluidas en el presente informe fueran adoptadas.
Sería magnífico si el presente informe fuera adoptado por una amplia mayoría en el Parlamento. Me encuentro entre aquellos que creen que las injusticias como la pobreza, la falta de vivienda y el desempleo son negaciones y abusos de los derechos humanos. Quisiera decir a aquellos que tienen dudas al respecto que no es posible realmente gozar ni siquiera de las estrechas concepciones de los derechos legalistas como la libertad de expresión o de religión y demás, a menos que se tenga un empleo, una vivienda y cubiertas las necesidades más básicas para vivir. Es posible que todos coincidamos en que el derecho a la salud es uno de los más importantes, pero todas las estadísticas demuestran que las personas que no disponen de una vivienda, que están en el paro y que se encuentran en la pobreza viven mucho menos años y su salud es mucho peor que aquellas otras cuyos derechos sociales están salvaguardados.
Quisiera, en particular, comentar dos de los muchos buenos puntos que contiene el presente informe. La letra P. y el apartado 34 tratan de la difícil situación de los empleados domésticos en mi país y en varios otros países. Algunas personas adineradas están autorizadas a introducir en el país a empleados domésticos que no gozan de ningún tipo de derechos. Es necesario garantizar a estas personas los mismos derechos en materia social y de empleo que al resto de los residentes en dichos países. El apartado 51 hace referencia al derecho de las personas que han sido detenidas y encarceladas fuera de su país a que no se les retrase el juicio indefinidamente y a que no tengan que padecer deficiencias de tipo técnico como son la falta de servicios de traducción y el desconocimiento del sistema judicial de otros países. Son apenas dos ejemplos de los muchos y valiosísimos puntos contenidos en el informe, que espero reciba un amplio apoyo en el Parlamento.

Van den Broek
Señor Presidente, yo también quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias, en nombre de la Comisión, a la Sra. Esteban Martín por su informe, y deseo volver a recalcar la importancia de que podamos tratar aquí un informe como éste y ofrecerle mi pleno apoyo, para que el informe reciba la atención que se merece.
La Unión Europea, señor Presidente, es ante todo una comunidad de derechos. Los derechos humanos ocupan aquí un lugar prominente, igual que también lo ocupan en nuestras relaciones exteriores. Por ello me complace que el próximo viernes se examine en este Parlamento el informe del Sr. Carnero González sobre las cláusulas de derechos humanos y los tratados con terceros países.
La mayoría de peticiones en relación con el presente proyecto de resolución se dirigen de hecho a los Estados miembros. Al fin y al cabo, los Tratados no otorgan a la Unión competencias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en los Estados miembros. Aunque la Comunidad sí tiene competencias en materia de aplicación de las disposiciones comunitarias basadas en el respeto de estos derechos. Por ello, en mi intervención me limitaré a comentar las observaciones dirigidas de forma específica a la Comisión Europea.
Antes de pasar a los elementos específicos de este informe, quiero decir algunas palabras sobre la explotación sexual de los niños, con motivo de la conversación mantenida por los ministros de Asuntos Exteriores durante su consulta informal en Tralee. La Comisión apoya las diferentes iniciativas propuestas por los Estados miembros para luchar contra este terrible fenómeno. Por su parte, la Comisión ha desarrollado tres iniciativas concretas que guardan relación directa o indirecta con esta problemática.
En primer lugar, a raíz de la Conferencia sobre la trata de mujeres, celebrada en junio del año pasado en Viena, la Comisión tiene previsto presentar una comunicación al Parlamento y al Consejo antes de finales de año, en la que se proponen medidas en este ámbito. Además, en otoño la Comisión hará una propuesta para luchar contra el turismo sexual. En tercer lugar, la Comisión hará propuestas para luchar contra las redes de pedofilia, como por ejemplo en internet. La Comisión espera que estas acciones concretas contribuyan a aportar soluciones rápidas y eficaces, y aplaude que este Parlamento trate estos temas el próximo miércoles.
Como saben ustedes, en el pasado, la Comisión defendió con fuerza la adhesión de la Comunidad a la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta cuestión se retomará en la Conferencia Intergubernamental. Sin embargo, he de decir, también en vista del reciente dictamen del Tribunal de Justicia, que pienso que será muy difícil hacer progresos en este ámbito. En realidad, hace años que se mantiene este debate y no detectamos que en los Estados miembros, o en la mayoría de los Estados miembros, se sienta la necesidad de dar este gran paso.
Por lo que respecta al principio de igualdad de trato, todavía no se ha aprobado la recomendación del Consejo de una participación igual de hombres y mujeres en la toma de decisiones. El 30 de mayo de 1996, la Comisión presentó una propuesta revisada en la que se habían incorporado las enmiendas del Parlamento. En este sentido, hay que señalar que las directivas existentes en el ámbito de la igualdad de trato, actualmente siete en total, han contribuido considerablemente a mejorar las circunstancias laborales de mujeres y hombres en Europa. Por otra parte, la Comisión quiere tomar algunas medidas específicas para mejorar la situación jurídica de mujeres y hombres.
Por lo que respecta a la lucha contra el racismo y la xenofobia, como es sabido, el Consejo de Ministros ha declarado oficialmente el año 1997 Año Europeo contra el racismo. Se trata de un hito en la historia de la Comunidad. Por primera vez, las instituciones comunitarias están de acuerdo, en base a una propuesta de la Comisión, sobre las medidas concretas a tomar para luchar contra el racismo dentro del marco institucional existente. Se trata de una señal positiva muy importante.
Por supuesto, el Año Europeo no es más que una parte de la estrategia para luchar contra el racismo, y desde el Consejo Europeo de Cannes se han logrado bastantes progresos. Se han aprobado dos resoluciones en el marco de las competencias compartidas y una acción común en el marco del tercer pilar. Por ello somos optimistas en torno a la posible creación de un Observatorio sobre el racismo en un futuro próximo.
En su dictamen sobre la Conferencia Intergubernamental, la Comisión se ha mostrado partidaria de incluir en el Tratado disposiciones que prohíban toda forma de discriminación y condenen el racismo y la xenofobia. La Comisión opina que la aprobación de la legislación comunitaria que suponga una protección mínima contra la discriminación en la Comunidad, puede suponer un paso sumamente importante en la realización de los objetivos del Tratado. La Comisión volverá a estudiar esta cuestión a la luz de los progresos realizados en la Conferencia Intergubernamental.
Señor Presidente, para terminar quiero llamar la atención sobre el hecho de que, en los últimos 20 años, la pobreza ha sido tratada en todas sus facetas a nivel europeo en el marco de los programas iniciados por el Consejo. Por lo tanto, creo que en los últimos años se ha debatido mucho sobre este tema y se le ha prestado la atención que se merece.
Quiero volver a dar las gracias a la ponente por un informe tan completo y tan claro. Estoy convencido de que, al igual que en años anteriores, el informe de este Parlamento sobre los derechos humanos dentro de la Unión podrá contribuir de forma importante a la cohesión de nuestra política de derechos humanos así como, y esto sin duda no es menos importante, a la credibilidad de la Unión en este ámbito respecto a terceros países.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Transportes por vía férrea, carretera y vía navegable
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0252/96) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre las posiciones comunes aprobadas por el Consejo con vistas a la aprobación:
I.de la directiva del Consejo (C4-0367/96-95/0121(SYN)) relativa a las modalidades de flete y de formación de precios en el ámbito de los transportes nacionales e internacionales de mercancías por vía navegable en la Comunidad; II.del reglamento del Consejo (C4-0366/96-95/0122(SYN)) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1101/89 del Consejo relativo al saneamiento estructural de la navegación interior; III.del reglamento del Consejo (C4-0368/96-95/0123(SYN)) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el ámbito de los transportes por vía férrea, carretera y vía navegable,
(Ponente: Sr. van der Waal)

Van der Waal
Señor Presidente, quiero empezar anunciando que el Comisario Kinnock me ha informado de que, muy a su pesar, esta noche no podrá estar aquí presente. Me ha informado de ello por carta, lo cual agradezco mucho, y naturalmente queda excusado. El hecho de que lo sustituya el Comisario Van den Broek lo compensa en buena medida.
Señor Presidente, en febrero del presente año, el Parlamento dictaminó sobre el paquete de medidas propuestas por la Comisión en relación con la flota de navegación interior. Después, el Consejo no tardó en presentar su posición común. Se trata de tres propuestas estrechamente relacionadas y que tienen por objeto sanear el mercado de la navegación interior. De la posición común se desprende que el Consejo está de acuerdo con las medidas propuestas, pero que se han introducido algunas modificaciones en cada una de las tres partes. Quisiera hacer algunas observaciones al respecto.
En primer lugar, el programa de saneamiento. La modificación más drástica es que el Consejo ha limitado la cofinanciación comunitaria hasta el año 1996. La Comisión y el Parlamento habían propuesto la participación europea en los costes de desguace para todo el período de tres a cuatro años. La Comisión de Transportes considera que la posición del Consejo es muy decepcionante, pero dadas las limitaciones presupuestarias, y la lenta toma de decisiones en el seno del Consejo para facilitar los 20 millones de ecus que habían sido consignados para este fin en el presupuesto de 1996, la Comisión de Transportes ha renunciado a volver a presentar sus enmiendas. No obstante, seguimos pensando que la dramática situación de exceso de capacidad en el sector de los barcos cisterna exige medidas suplementarias de desguace. De ahí que se haya mantenido la enmienda para crear un mecanismo adicional para ello.
En lo que respecta a las medidas de liberalización, el Consejo ha aceptado la propuesta inicial de la Comisión. Esta tiene por objeto una supresión gradual del sistema de turnos hasta el año 2000. La Comisión de Transportes y el Parlamento dieron anteriormente su visto bueno. Pero esto no puede ser todo. Se trata del período hasta el año 2000, pero también de la situación posterior. Precisamente en el período posterior a esta fecha, cuando se haya realizado el saneamiento y la liberalización de la flota de navegación interior, y se haya logrado un equilibrio razonable del mercado, es muy importante disponer de instrumentos que corrijan las distorsiones del mercado. Con vistas a ello, el Parlamento había presentado dos enmiendas complementarias en la primera lectura. La primera de ellas con objeto de prorrogar el régimen «viejo por nuevo» hasta después del 1 de enero del año 2000, la segunda para ampliar la composición y las tareas del grupo de expertos que controlan la acción de desguace a fin de lograr una consulta periódica continua con la Comisión, también después de que se hayan ejecutado las medidas actuales.
Durante el debate, el Comisario se declaró favorable a ambos deseos. Aunque se consideraba que las enmiendas en cuestión no encajaban bien en las propuestas actuales. Por ello, la Comisión de Transportes ha vuelto a incluir estas enmiendas en la segunda lectura. Sin embargo, sigue estando convencida de que la navegación interior, después del 1 de enero del 2000, merece la misma atención. Por ello, la Comisión de Transportes ha presentado ambas cuestiones en dos escritos independientes al Comisario y le ha pedido que tome las medidas necesarias. La Comisión habría querido conocer la opinión del Comisario Kinnock, pero quizás el Comisario Van den Broek pueda intervenir en su lugar. El motivo es que la navegación interior corre a cargo de un gran número de pequeños empresarios, por lo cual las fluctuaciones del mercado pueden volver a provocar fácilmente un exceso de capacidad. Además, el transporte por cursos navegables tendrá que desempeñar un papel cada vez más crucial en la política de transporte sostenible. Por ello, la navegación interior habrá de permanecer en el orden del día incluso después del 1 de enero del año 2000. Pero también a corto plazo hay algunas cuestiones que tienen que ver con la navegación interior. Me refiero al mandato que tiene la Comisión para firmar un acuerdo con países de la Europa Central y Oriental. Pero, sin duda, el Parlamento podrá pronunciarse dentro de poco sobre el resultado de estas negociaciones.

Simpson
Señor Presidente, permítame expresar mi agradecimiento al Sr. van der Waal por su informe y su intervención de hoy.
Ciertamente mi Grupo siente preocupación por la crisis del sector de la navegación interior, y apoyamos el informe del Sr. van der Waal y sus esfuerzos encaminados a reducir el actual exceso de capacidad. Estamos a favor del programa de desguace y de la contribución financiera que lo haga posible. Es lamentable que dentro del sector del transporte, las vías navegables estén infrautilizadas en toda la Unión Europea, del mismo modo que lo están los ferrocarriles, debido principalmente a que en la actualidad se transporta la mayor parte de las mercancías por carretera; y los atascos y la contaminación que este medio de transporte provoca está a la vista de todos.
Por lo tanto, nuestro Grupo apoya siempre cualquier iniciativa encaminada a ayudar a sectores que alejen de las carreteras el transporte de mercancías, ya sean las vías férreas o las vías navegables. No hay ninguna duda de que durante muchos años, las vías navegables han sido la Cenicienta de la industria del transporte, pero eso no significa que debamos olvidarnos de ellas y que no debamos invertir en ellas, porque eso es precisamente lo que necesitan. Hace falta inversión para poder reducir el exceso de capacidad, y eso significa contribuir al programa de desguace. Significa asimismo ayudar a las pequeñas empresas a entrar en el mercado. Pero además necesitamos invertir en la infraestructura portuaria de nuestra red de vías navegables, y hasta que no lo consigamos, mucho me temo que el sector de la navegación interior continuará sufriendo, continuará siendo el servicio discriminado y tendrá que arreglárselas con las migajas que caen de la mesa de la industria del transporte por carretera.
A nuestro Grupo le gustaría ver prosperar al sector de la navegación interior. Apoyamos el informe del Sr. van der Waal porque creemos que sus principios son acertados, sus opiniones correctas y que es el único medio para que el sector de la navegación interior prospere.

Grosch
Señor Presidente, señor Comisario, también el Grupo del PPE considera la navegación interior como un medio de transporte seguro y favorable medioambientalmente. Quizá no sea muy conocido como medio de transporte, pero merece el apoyo y la estima del Parlamento, de la Comisión y del Consejo. Damos la bienvenida al informe van der Waal. Nos satisface el trabajo que ha desarrollado -y también las propuestas de la Comisión- por la sencilla razón de que han introducido iniciativas muy positivas en los temas de flete y saneamiento de estructuras y también para los reglamentos de subvenciones a la navegación interior.
También nos alegra que se vayan a eliminar las perturbaciones del mercado (por ejemplo, las producidas por el sistema de turnos) y el exceso de capacidad a través del fondo de desguace y del régimen «viejo por nuevo». Sin embargo, también deben existir subvenciones para mejorar y modernizar este medio de transporte. La posición de la Comisión y la labor del Sr. van der Waal son muy positivas. Lo decepcionante para nosotros ha sido la posición del Consejo, que sólo ha aceptado muy pocas de nuestras propuestas.
Con todo, estamos dispuestos a ser razonables, como recomienda el ponente, y no vamos a presentar otra vez todas las enmiendas. El Consejo nos habría dado una alegría, naturalmente, si hubiera prolongado las subvenciones a este sector importante y poco reconocido. Por otra parte, se podría haber suprimido antes el sistema de turnos, que perturba el mercado y que en algunas áreas provoca que para el mismo flete y la misma distancia existan diferencias de hasta el 100 %.
En cualquier caso, estamos convencidos de que el presente trabajo es un paso importante. Mantenemos algunas enmiendas y somos de la opinión que en los casos en que el empresario quiera abandonar voluntariamente el sector habría que adoptar medidas sociales de acompañamiento. Se le tendría que apoyar en esa decisión. Por otra parte, La Unión Europea podría pagar una mayor parte de las subvenciones que los Estados miembros conceden en la actualidad al sector del transporte, donde reina una gran competencia.
Siguiendo el principio de más vale pájaro en mano que ciento volando, aceptamos estas propuestas y nos adherimos a las sugerencias del ponente.

Wijsenbeek
Señor Presidente, hace unos cuantos años mantuvimos aquí un debate sobre la navegación interior, en el que intervino el Sr. Van der Lek, después del Sr. Van der Waal, mientras que el encargado de preparar la respuesta en la Comisión fue el Sr. Van Rijn, del Servicio Jurídico. El Sr. Van den Broek también tiene algo que ver con el agua, pero se trata de pantanos y allí no se puede navegar, pero sentimos curiosidad por conocer la respuesta de la Comisión. Dicho esto, queremos prometer nuestro apoyo al ponente, que ya nos ha presentado muchos informes sobre navegación interior. Pero hay un problema y quiero formular una pregunta a la Comisión al respecto, y espero que recibamos una respuesta adecuada. Los regímenes de apoyo y desguace: todo eso está muy bien, con ello estimulamos la navegación interior, todos estamos a favor de ello, es ecológico, hay suficiente espacio, hay nuevas instalaciones para los contenedores y para el almacenamiento, instalaciones en los puertos, puertos interiores, todo en orden. El problema es y sigue siendo que la navegación interior se utiliza sobre todo para las mercancías a granel, y concretamente para la mercancía a granel por excelencia: los derivados del petróleo. Dado que la OTAN ya no necesita toda esa gasolina, ahora los oleoductos de la OTAN se utilizan para el intercambio de derivados del petróleo sobre una base comercial. Estupendo, menos peligro, pero esto significa que hay un exceso de capacidad en la flota de barcos cisterna, y es esto lo que ha de llamar nuestra atención, también en opinión del ponente, en el régimen de desguace. El problema es que en el régimen de desguace se llama primero a los barcos pequeños. Y eso tiene el efecto contrario, pues el resultado será que ya no se podrá llegar a los puertos pequeños y que sólo quedarán barcos grandes, y esto significa navegar entre Basilea y Rotterdam. Mi pregunta a la Comisión es, por consiguiente: ¿No tendría que diferenciarse el régimen de desguace de modo que no sólo desaparezcan los barcos pequeños, limitando así el radio de acción de la navegación interior?

Tamino
Señor Presidente, nosotros los Verdes consideramos muy importante el desarrollo, el saneamiento y el fomento de la navegación interior porque, como ya han recordado los señores diputados, se trata de una forma de transporte ecológicamente compatible, siempre que no suponga proyectos de infraestructura importantes que a veces pueden tener una fuerte repercusión medioambiental.
En cualquier caso, es indudable que se trata de una forma de transporte que nosotros consideramos válida. En efecto, estamos convencidos de la necesidad de reequilibrar el transporte transfiriendo mercancías y pasajeros del transporte por carretera al transporte por vía férrea, marítima y fluvial, y además, por lo que respecta a las mercancías peligrosas, la navegación interior resulta menos arriesgada.
Por las razones antes mencionadas consideramos muy negativo que el Consejo haya rechazado la mayor parte de las enmiendas aprobadas por el Parlamento en primera lectura. De todos modos, comprendemos las razones expuestas por el ponente, el Sr. van der Waal, que compartimos, e invitamos al Parlamento Europeo a que vote a favor de las pocas enmiendas que se han vuelto a presentar. Evidentemente esperábamos un comportamiento distinto por parte del Consejo.
La crisis del sector requiere que la liberalización vaya acompañada de normas de seguridad social, y eso concierne al sector de los barcos cisterna. Consideramos adecuado que se haya vuelto a presentar la enmienda que prevé medidas adicionales para el sector. Por último, tomamos nota de que, por lo que se refiere al fomento de la navegación interior, de hecho el Consejo ha aceptado la posición del Parlamento Europeo. Creo que eso puede constituir también un precedente para la normativa sobre el fomento en el sector del ferrocarril, de la que soy ponente. Como conclusión, insisto en el voto a favor de las enmiendas y de la propuesta que ha presentado el ponente, el Sr. van der Waal.

McIntosh
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. van der Waal por la paciencia que ha demostrado en su recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común. Deseo informar a los colegas que en esta ocasión, parece que el Nuevo Laborismo coincide con el Antiguo Conservadurismo.
El énfasis debe ponerse en encontrar soluciones al problema del exceso de capacidad y, en este sentido, acojo con satisfacción los comentarios del Sr. van der Waal de que debemos asegurarnos de que la financiación esté garantizada no sólo para 1996, sino también para 1997 y 1998, e insto al Consejo a que prorrogue el programa de desguace hasta finales de 1999. Debemos garantizar que se asignarán los fondos hasta que la situación del exceso de capacidad quede resuelta. Como ya se ha dicho, el exceso de capacidad es posible que suponga nada menos que el 20 % del sector de los barcos cisterna. Por consiguiente, apoyo en particular el programa adicional de desguace del sector con el fin de eliminar al menos un 10 % adicional de capacidad en el primer año.
Quisiera recordar a los colegas que las disposiciones de esta posición común están encaminadas a la liberalización y apertura del mercado. La posición común consta de tres partes: liberalización, reconversión y fomento del sector de navegación interior. Espero que las tres tengan el mismo peso.
En cuanto a la última posición común sobre la concesión de subvenciones a los transportes por vía férrea, carretera y vía navegable, merece ser acogida con especial satisfacción, habida cuenta de que permitirá modernizar el proceso de toma de decisiones y reducir la burocracia. Lo único que me preocupa es que, a pesar de que acogemos con satisfacción que se haga hincapié en el transporte combinado, y especialmente en el caso del Reino Unido, donde el Gobierno Conservador intenta fomentar el transporte por ferrocarril y alejarlo de la carretera siempre que sea posible, ello no debe hacerse en total detrimento del buen funcionamiento del transporte convencional por carretera. No nos olvidemos del antiguo y buen camión. Quizá el Comisario desee hacer algún comentario al respecto.

Lindqvist
Señor Presidente, se trata de dilucidar la cuestión que el Parlamento abordó en febrero, cuando emitimos nuestra opinión sobre un paquete de medidas para el tráfico por vías navegables. El aspecto más importante de las enmiendas es en mi opinión que ahora se sugiere que se estimulen y desarrollen las vías navegables internas dentro de todos los países miembros, también en el mío, Suecia, que tiene muchos ríos y lagos.
Los transportes por vía férrea y navegable constituyen unas alternativas ecológicas mejores que el transporte mediante vehículos pesados, que ha aumentado de forma alarmante en los últimos años. Hay que hacer algo, porque los vehículos pesados emiten gases de escape de un modo totalmente distinto. Por consiguiente, apoyamos el informe.
Los diversos programas de saneamiento y los incentivos son importantes para que se realice esta política y para que se reduzca el tráfico mediante vehículos pesados. Las modificaciones propuestas van en esta dirección. En este sentido, cabe criticar duramente la actitud del Consejo, que no ha comprendido la situación. Votamos, por tanto, a favor de las enmiendas presentadas, porque en nuestra opinión nos llevarán a un transporte mejor y más amplio utilizando unas vías más respetuosas con el medio ambiente.

Cornelissen
Señor Presidente, ahora que, muy a nuestro pesar, el Comisario Kinnock no puede estar presente, quisiera expresar mi alegría por el hecho de que el Comisario Van den Broek lo sustituya. A fin de cuentas, se trata de una actividad en la que los transportistas holandeses se han distinguido desde hace mucho tiempo. Yo también deseo felicitar al ponente. El Sr. Van der Waal no sólo ha trabajado deprisa, sino que ha trazado una línea excelente, que por un lado hace justicia a los graves problemas actuales de la navegación interior, pero que además ofrece una perspectiva de futuro a este sector. Es evidente que la navegación interior puede y debe desempeñar un papel importante en una política de transportes sostenible.
Naturalmente, en primer lugar es la navegación interior la que ha de sacar provecho de las nuevas posibilidades, pero el Estado ha de ofrecerle la ayuda necesaria. Pido especial atención para los problemas de la navegación de barcos cisterna, donde muchos se ven con el agua al cuello.
Una parte importante de nuestro enfoque son las dos cartas que nuestra comisión ha dirigido al Comisario Kinnock. Haciendo referencia a un anterior debate, para mí dichas cartas son un pacto de caballeros entre la Comisión y el Parlamento. ¿Puedo suponer que la Comisión también lo considera así? ¿Puede garantizarme el Comisario Van den Broek que es consciente de la necesidad de evitar la competencia desleal y la distorsión del mercado por parte de los transportistas procedentes de la Europa Central y Oriental? ¿Para cuándo podemos esperar acuerdos con los países en cuestión? ¿De qué forma? ¿Se implicará al Parlamento en ello?
Por último, señor Presidente, quizás el Comisario Van den Broek pueda aprovechar la ocasión para explicarnos su enfoque de los problemas prácticamente insuperables en las fronteras con los países de la Europa del Este, en especial en el transporte por carretera.

Van den Broek
En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por tener el honor esta noche de reemplazar al Comisario Kinnock. Asimismo deseo dar las gracias especialmente al Sr. Van der Waal, por las palabras con las que ha aceptado esta sustitución de esta noche. Para mí se trata de una ocasión especial porque quiero comunicarle al Sr. Van der Waal que empecé mi carrera de abogado en asuntos relacionados con colisiones en la navegación interior. Sin duda, al Sr. Van der Waal le encantará saber que el primer expediente que tuve que tramitar -los expedientes en la abogacía llevan el nombre de los barcos implicados en una colisión- se llamaba: »El Señor reina» contra «Siempre pasa algo». Señor Presidente, seguramente seguirá siendo así durante mucho tiempo en la navegación interior.
Como saben sus Señorías, las propuestas que se examinan hoy en el Parlamento abarcan un paquete integrado de medidas encaminadas a potenciar la competitividad en el sector de la navegación interior, y con ello creo haber contestado a la pregunta del Sr. Cornelissen de que la Comisión es muy consciente de la necesidad de estimular la competitividad de la navegación interior, y con ello de luchar contra la competencia desleal. Permítame que deje que sea el Sr. Kinnock quien explique oportunamente el método y la manera con los que la Comisión piensa recalcar más este enfoque y cómo se implicará en ello al Parlamento.
Las medidas de las que hablamos tienen por objeto permitir que el sector de la navegación interior, que opera en un mercado liberalizado y, por decirlo así, con sus propias fuerzas, mantenga y aumente su participación en el conjunto del mercado de transporte europeo. Este objetivo se ajusta por completo al marco de la llamada «movilidad sostenible».
La primera propuesta sobre los sistemas de fletamento y cálculo de precios en el sector del transporte nacional e internacional de mercancías por aguas interiores tiene por objeto liberalizar la navegación interior por medio de la armonización de las iniciativas legislativas que en estos momentos emprenden los Estados miembros implicados con vistas a una plena liberalización del mercado a partir del 1 de enero del año 2000.
La segunda propuesta tiene que ver con una ampliación de las mejoras estructurales repartidas en tres años -el período de 1996 a 1998-, y se trata de medidas paralelas al proceso de liberalización, que además prevé la posibilidad de una contribución financiera de la Comunidad para complementar los fondos de desguace nacionales de los Estados miembros afectados.
La tercera propuesta relacionada con las medidas de apoyo en el ámbito del transporte por vía férrea, carretera y vía navegable, dará a los Estados miembros la oportunidad de subvencionar las inversiones en las terminales de navegación interior y en material fijo y móvil de carga y descarga. Las nuevas disposiciones que se han consignado en la posición común del Consejo concuerdan con los objetivos de las propuestas de la Comisión.
En el caso de la segunda propuesta, el Consejo consideró necesario limitar la contribución de la Comunidad a las mejoras estructurales hasta 1996. La Comisión puede aceptar la posición del Consejo, dado que en ella se mantiene el objetivo de reducir un 15 % la capacidad de la flota en tres años. Para lograr este objetivo, los Estados miembros implicados han de facilitar conjuntamente suficientes medios.
La Comisión ha aceptado las enmiendas del Consejo y por ello quiero pedir al Parlamento, en nombre del Sr. Kinnock y de la Comisión, que apruebe la posición común.
La Comisión ha estudiado atentamente las dos enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes en segunda lectura. Muy a pesar mío he de comunicarles que estas enmiendas no son aceptables para el Sr. Kinnock, es decir, para la Comisión. Pero quiero explicarlo.
La enmienda nº 1 tiene por objeto dar a los Estados miembros la oportunidad de tomar medidas sociales a favor de los transportistas que abandonan su actividad profesional. Esta nueva consideración fue rechazada por el Consejo, y la Comisión estaba de acuerdo porque el Reglamento nº 1101/89 del Consejo ya prevé tal posibilidad, concretamente en el artículo 9.
La enmienda nº 2 tiene que ver con el memorándum financiero de la línea presupuestaria para acciones de desguace y transporte por vías interiores, la descripción de la medida y el objetivo general. La Comisión de Transportes considera que el exceso de capacidad en el sector de los barcos cisterna es por lo menos del 20 %. Por ello se propone emprender medidas suplementarias de desguace en el primer año del programa de desguace en el sector de los barcos cisterna, como complemento del programa de la Comisión, para que se pueda desguazar por lo menos un 10 % adicional de la flota de barcos cisterna. Para ello, los Estados miembros implicados tendrían que constituir fondos de desguace separados con un nuevo régimen de financiación. La Comisión considera que esta segunda enmienda sobra, porque en base al actual reglamento ya existe la posibilidad de dedicar una parte más amplia de los fondos disponibles al desguace de los barcos cisterna, en caso de resultar necesario. Por otra parte, una modificación del memorándum financiero no afectaría al texto de la ley desde el punto de vista del procedimiento.
En este sentido considero que la posición común se ajusta a los objetivos de las propuestas. Por ello creo poder pedir al Parlamento que otorgue su apoyo a la posición común y al mismo tiempo quiero expresar mi aprecio, como ya he hecho, por el trabajo realizado por el Sr. Van der Waal y la Comisión de Transportes.
Antes de terminar quiero examinar tres preguntas que se han formulado. El Sr. Van der Waal ha hablado de las cartas que la Comisión de Transportes ha escrito al Sr. Kinnock, y en una de estas cartas se aconseja la creación de un grupo de expertos para los cursos de agua interiores. La respuesta, cuyo borrador obra en mi poder, llegará dentro de poco a la comisión. Sólo quisiera comunicar la conclusión y decirle que el Sr. Kinnock considera que en estos momentos no es tan necesario crear un nuevo grupo de expertos. Sin duda lo explicará él mismo cuando tenga ocasión de hacerlo. Pero añade que la Comisión seguirá manteniendo estrechos contactos con el sector socioeconómico asociado a la navegación interior y que también consultará al sector en el marco de las comisiones existentes y las reuniones específicas a fin de mantenerse al corriente de su criterio, escuchar sus consejos, etc. Es decir, que en estos momentos el Sr. Kinnock no ve suficiente razón para intensificar aún más el contacto con este sector por medio de la creación de un nuevo grupo de expertos.
La segunda pregunta que le fue formulada por escrito, se refiere a la posibilidad de ampliar el período de cinco años del «régimen de viejo por nuevo». Su explicación sería que la Comisión no es necesariamente contraria al sistema de prórroga, pero que considera que es prematuro emitir un juicio al respecto. Por lo que a esto se refiere, el Sr. Kinnock preferiría que la decisión sobre una posible prórroga del régimen dependiera del futuro desarrollo del mercado y estaría de acuerdo con la comisión en que la petición a la Comisión de publicar un informe sobre el desarrollo del mercado en la primera mitad de 1998, podría ser un instrumento para juzgar la utilidad de una prórroga de este tipo después del plazo establecido.
Esto es lo que infiero de los conceptos que están a mi disposición. Sin duda lo explico con menos claridad que el Comisario Kinnock, pero pienso que ofrece ciertos indicios del rumbo que toman sus pensamientos.
El Sr. Wijsenbeek ha preguntado si no sería posible ocuparse de que en la navegación de barcos cisterna no fueran automáticamente los barcos pequeños -y ahora utilizo mis propias palabras- los primeros en ser liquidados, dado que ahora es posible utilizar los oleoductos de la OTAN con fines comerciales.
Los expertos del Sr. Kinnock que me flanquean hoy, me aseguran que el régimen actual estriba en el principio de que quien primero viene, primero tiene, pequeño o grande, y que en este sentido la diferenciación no ha de hacerse de forma artificial, sino que de hecho se presenta sobre la base de que se atiende primero a quien presente antes la solicitud, sea grande o pequeño.
Por último, la pregunta de la Sra. McIntosh sobre la cuestión de los fondos para el régimen de desguace. Me comunican que, de hecho, los Estados miembros han dado garantías de que se podrá disponer realmente de los fondos necesarios previstos.
Con ello quisiera dar por terminada mi intervención. Quiero excusarme nuevamente, pues quizás hayan quedado algunas cosas confusas, pero el Comisario Kinnock estará sin duda dispuesto a darles más explicaciones.

Wijsenbeek
Con el debido respeto por la respuesta del Sr. Van den Broek, naturalmente también nosotros sabemos que quien primero viene, primero tiene, pero el problema es que los barcos grandes son los primeros en presentarse, pues reportan más. Por tanto, quisiera preguntar al Comisario Kinnock que aclarara si en los futuros regímenes, que tendrían que prolongarse hasta después del año 2000, podría establecerse una diferenciación para que no sólo desaparecieran los barcos más grandes, con lo que se reduciría el radio de acción y la eficacia de la navegación interior.

Cornelissen
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Van den Broek por el esfuerzo que ha hecho por contestarnos lo mejor que ha podido. Ahora que hay un par de borradores de cartas, quisiera preguntarle si querrá pedirle al Comisario Kinnock que los lea detenidamente. Naturalmente conozco el contenido de dichas cartas, porque las he firmado en nombre de la comisión, y nosotros no pedimos una comisión nueva, nosotros decimos precisamente que ésta no es nuestra intención, sino que pedimos si dentro de las comisiones existentes es posible satisfacer nuestros deseos. Para evitar una correspondencia innecesaria, quisiera rogarle al Comisario Van den Broek que pida a su colega Kinnock que examine nuestras cartas.

Van den Broek
Señor Presidente, por supuesto transmitiré puntualmente las peticiones y también la pregunta que ha formulado el Sr. Wijsenbeek, aunque ya sospecho cual será la respuesta, pero prefiero que sea el Sr. Kinnock quien se ocupe de ello. Y supongo que el Sr. Wijsenbeek también lo prefiere así.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Responsabilidad de las compañías aéreas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0228/96) del Sr. Sánchez García, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(95)0724 - C4-0209/96-95/0359(SYN)) relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente.

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la responsabilidad civil de las compañías aéreas en caso de accidente sobrevenido en viaje internacional ha estado regulada, hasta la fecha, por las disposiciones del Convenio de Varsovia y otros instrumentos complementarios que conforman el llamado «sistema de Varsovia».
Las disposiciones de este Convenio establecen la presunción de responsabilidad de la compañía y un límite de responsabilidad de 10.000 dólares. No obstante, prevé que la compañía puede quedar exenta de responsabilidad si demuestra que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o, en su caso, pagar una indemnización inferior si demuestra negligencia por parte de la persona que sufre las lesiones.
La insuficiencia de este sistema de responsabilidad subjetiva y la ausencia de un mecanismo automático de adaptación de la cuantía de la indemnización han dado lugar a una acción unilateral, por parte de numerosos Estados contratantes, tendente a aumentar los límites establecidos. Así, el Acuerdo de Montreal de 1966 aumentaba la cantidad a 75.000 dólares para todas aquellas compañías con destino, origen o escala prevista en los Estados Unidos. Del mismo modo, la mayoría de los países europeos han establecido en los últimos años límites de responsabilidad más altos que los previstos por el sistema de Varsovia, tanto para sus vuelos nacionales como para los internacionales.
El resultado de esta acción unilateral -necesaria, por cierto- ha sido una creciente heterogeneidad entre las normativas nacionales relativas a la responsabilidad de las compañías aéreas, situación que amenaza con fragmentar el actual mercado interior de la aviación civil. Por otro lado, la política comunitaria de transportes aéreos intenta que la aviación sea percibida como el medio de transporte más seguro que existe, y esta finalidad se contradice con la actual regulación de la responsabilidad que ve al pasajero como alguien que tiene que correr un riesgo.
Además, también existe una contradicción entre la normativa sobre responsabilidad y la política de defensa de los consumidores que defiende la Comunidad, puesto que los pasajeros y sus familiares se ven obligados a afrontar situaciones de incertidumbre cuando pretenden recibir indemnizaciones superiores al límite establecido, además de verse confrontados a procedimientos largos y costosos.
En estas circunstancias, la Comunidad ha considerado necesario tomar medidas para crear unas condiciones aceptables para el sector del transporte aéreo, garantizando normas de responsabilidad comunes así como un trato equitativo a los usuarios.
La propuesta de reglamento que hoy nos ocupa responde a este compromiso. La Comisión ha conservado en su propuesta los elementos básicos del sistema vigente, ya que el sistema de Varsovia constituye, a pesar de sus deficiencias, un fundamento jurídico uniforme, mundialmente reconocido. Partiendo de esta base, se ha intentado adaptar el contenido normativo a las necesidades actuales, eliminando todo tipo de límites y garantizando procedimientos sencillos y rápidos, mejorando sustancialmente el nivel de protección de los usuarios y la posición de los transportistas.
Comparto, sustancialmente, la propuesta. Las enmiendas que formulo en mi informe pretenden introducir algunas mejoras y matices, sin cambiar, por supuesto, la filosofía del texto. En esta línea, considero conveniente aumentar el límite propuesto por la Comisión para la responsabilidad objetiva, que debería pasar de 100.000 a 120.000 ecus. En realidad, esta enmienda no hace sino reflejar legislativamente lo que ya vienen haciendo en la práctica la gran mayoría de las compañías aéreas. Este incremento no conlleva, en ningún caso, un perjuicio para las compañías, ni siquiera en términos de prima de seguros tal como quedó demostrado en los estudios previos realizados por la Comisión, y en cambio es una cantidad que resulta más adecuada al momento vigente.
En cuanto a la anulación de todos los límites de responsabilidad previstos en el Convenio, considero que es una medida coherente con la minimización de los riesgos en el sector del transporte aéreo y coherente con el objetivo de aumentar la protección de los consumidores, teniendo en cuenta, además, que, desde el punto de vista de las compañías, sólo comportará un incremento mínimo de los costes operativos.
Asimismo, he considerado conveniente eliminar la referencia a la cantidad que se ha de abonar para hacer frente a los primeros gastos, por considerar que las disposiciones previstas a tal efecto por los planes de cada compañía son más beneficiosas que los 50.000 ecus que propone la Comisión.
Por último, quiero hacer hincapié en un aspecto que considero de la máxima importancia: debido a la estructura del sistema de Varsovia, cualquier modificación de la normativa implica previamente un acuerdo entre las partes contratantes. Es obvio que la acción comunitaria verá limitados sus efectos a las compañías aéreas comunitarias, quedando excluidas compañías de países terceros que operan dentro del territorio comunitario. Y vista la imposibilidad jurídica de extender esta normativa a compañías de terceros países, propongo a la Comisión que incremente sus esfuerzos en las negociaciones sobre el Acuerdo de Aviación Civil.
Aprovecho la oportunidad, señor Presidente -y permítamelo-, para despedirme de este Parlamento, pues mañana me voy. Por tanto, quiero agradecer a todos, y especialmente a los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo, la deferencia que han tenido conmigo. Regreso a las Islas Canarias. Muchas gracias.

El Presidente
Muchas gracias, señor Sánchez García. También nosotros le deseamos éxitos en su nueva etapa, profesional o política.

Megahy
Señor Presidente, hago mías sus palabras de buenos deseos al ponente y le felicito por su informe. Aunque se marche, al menos su nombre quedará grabado en el Parlamento. Le deseo que tenga un buen viaje y que no necesite recurrir a ninguna de las disposiciones sobre la responsabilidad de las compañías aéreas.
Se trata de un informe complicado, como reconocerá todo aquel que haya escuchado al ponente. Intenta actualizar el Convenio de Varsovia de 1929 y armonizar los acuerdos voluntarios vigentes entre las compañías aéreas europeas, como ha dicho el ponente. Tenemos aquí un gran número de acuerdos. El Convenio de Varsovia está muy desfasado ya que fue aprobado en una época en la que el transporte aéreo era un asunto peligroso. Es fácil darse cuenta del tiempo que ha pasado ya que fue en 1929, el año que yo nací. En aquel tiempo nadie pensaba demasiado en tomar un avión.
Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión porque mejora la situación para aquellas personas que necesitan reclamar una compensación en caso de accidente, tanto en términos de la suma que percibirán, como de la rapidez con que será atendida su solicitud. Para ello, la Comisión propone abolir los límites del Convenio de Varsovia que, como decía, han quedado completamente desfasados, e introducir una definición más objetiva de la responsabilidad en vez de una definición subjetiva -aunque aquí estoy de acuerdo con el ponente, cuando sugiere que la cifra debe ascender a 120.000 ecus, en vez de los 100.000 ecus propuestos, porque eso la acerca más a la línea de los acuerdos vigentes de la IATA y causaría menos confusión.
Asimismo acojo con satisfacción la provisión de un sistema de pagos de urgencia y, en particular, la ampliación de las posibilidades de presentar recurso jurisdiccional, que permite a las personas iniciar acciones en los tribunales del Estado miembro en que sean residentes. Esto supone un gran avance.
Apoyo los distintos acuerdos que ha mencionado el ponente, incluidas las enmiendas por las que se pide que se ofrezca plena información, y no apenas información adecuada para ser facilitada a los pasajeros y otras personas.
Un tema que ha ocasionado problemas ha sido el caso de las compañías aéreas de terceros países. Lo ideal hubiera sido que todas ellas estuvieran sujetas a la nueva normativa de la UE. Tenemos algún precedente de esto en ámbitos como la compensación en caso de que a un pasajero no se le permita embarcar. Como ha dicho el ponente, el Convenio de Montreal, aunque es aplicable en los Estados Unidos, incluye también a las compañías aéreas procedentes de otros países. No obstante, cuando este aspecto se discutió en profundidad en la comisión, tuvimos que aceptar la rigurosa opinión jurídica de la Comisión en el sentido de que eso no sería posible. No obstante y en conjunción con el ponente, presenté enmiendas que fueron aceptadas en las que proponía que la Comisión debía intentar incluir en sus negociaciones sobre acuerdos en materia de aviación civil con terceros países un compromiso de aplicar la normativa que recoge el presente reglamento. Si esto se logra, pienso que, habida cuenta de que la mayoría de las compañías aéreas ofrecen una compensación razonable a título voluntario y que son muchas las que están suscribiendo el acuerdo de la IATA, cuyas disposiciones ya están contempladas en sus propios reglamentos, al final no sólo habrá uniformidad en lo que se ofrece a los pasajeros de la Unión Europea, sino además un nivel más realista de compensación, independientemente de la compañía aérea que utilicen.

McIntosh
Señor Presidente, yo también deseo unirme a las felicitaciones al ponente y desearle mucho éxito en su futura etapa profesional, y decir al Sr. Megahy que, obviamente, 1929 fue un año excelente.
Existe el consenso general sobre la necesidad de actualizar el Convenio de Varsovia, y son varios intentos en este sentido. Por si el Comisario o cualquier otra persona tiene alguna duda sobre la necesidad urgente de dicha renovación, me limitaré a recordar a los colegas el desastre de Lockerbie. El avión nº 101 de Pan Am fue bombardeado y derribado cuando sobrevolaba Escocia. Los familiares de las víctimas están aún intentando clasificar las reclamaciones de compensación de conformidad con el Acuerdo Intercompañías de Montreal. Las compensaciones aún no han sido pagadas en su totalidad. Más tarde Pan Am abandonó su actividad. Recientemente he leído en la prensa una noticia muy desalentadora según la cual, es posible que Pan Am resucite como una compañía diferente, pero manteniendo el mismo nombre. Con toda sinceridad, esta Asamblea debe ocuparse de que se hagan efectivas todas las compensaciones pendientes antes de que otra compañía aérea con ese mismo nombre sea autorizada a transportar pasajeros -desde luego, dentro de la Unión Europea.
La falta de uniformidad de los acuerdos sobre la responsabilidad de las compañías aéreas a nivel de la Unión Europea es causa de especial preocupación no sólo para la Comisión, sino también para el Parlamento Europeo.
Deseo referirme, en particular, a la propuesta de la Comisión y a varias de nuestras enmiendas. Lamento informar al ponente que en lo relativo a las enmiendas 3, 6 y 16, el texto de la Comisión es mucho más claro. Comprendo que pueda existir cierta confusión, especialmente por tratarse, en gran medida, de un texto jurídico, entre los significados de «domicilio» y «residencia permanente». El texto de la Comisión para ambas enmiendas, la 6 y la 16, es mucho más claro. Es cierto que nosotros hemos introducido lo que se conoce como la quinta jurisdicción para aquellas personas que actualmente tienen su domicilio o residencia permanente en un país de la Unión Europea. Sería un craso error que esta Asamblea intentara suprimir dicha jurisdicción.
La enmienda 4 eleva la cuantía de responsabilidad estricta de las compañías aéreas de la Unión Europea a 120.000 ecus, en vez de los 100.000 ecus propuestos por la Comisión. Ciertamente apoyo esa cifra por ser mucho más realista. Debemos recordar que la responsabilidad total sería ilimitada. Pero en el caso de dicha suma, el solicitante deberá demostrar que la compañía aérea tuvo una conducta dolosa.
Mi pregunta directa a la Comisión es la siguiente: ¿en qué medida cambiará esta nueva situación, es decir, la de la responsabilidad ilimitada? En aquellos casos en que podamos demostrar que una compañía aérea tuvo una conducta dolosa, ¿en qué medida cambiará la situación con respecto a aquélla de Pan Am, en la que se han puesto tantas pegas a la cuestión de la compensación?
Para terminar, acojo con satisfacción la disposición de que el nuevo reglamento será aplicable a los vuelos nacionales y también a los internacionales, a la quinta jurisdicción y al domicilio y la residencia permanente. El hecho de que la acción de la Unión Europea refleje algo que ya ha sido emprendido por la IATA y a lo que se sumará la OACI, incrementa la protección del consumidor y la competencia justa en el sector de la aviación civil europeo. Felicito al ponente y a la Comisión por la presentación de esta propuesta.

Donnay
Señor Presidente, Señorías, el texto que hoy nos ocupa sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente constituye una base muy interesante. Por ello, se lo agradezco al ponente.
Esta propuesta de reglamento consigue, en efecto, un equilibrio bastante satisfactorio entre las partes presentes: por un lado, la posición de las compañías será reforzada gracias a una redefinición precisa de las responsabilidades de una y otra parte; por otra, los derechos de los usuarios de las compañías aéreas estarán mejor garantizados gracias a la introducción de un principio de responsabilidad objetiva de la compañía.
Por lo demás, esta propuesta instaura un régimen de pago de urgencia y amplía las posibilidades de un recurso jurisdiccional. Claro está, podemos lamentar que sea preciso adoptar así una reglamentación meramente comunitaria y no haya una revisión profunda del Convenio de Varsovia. Esta acción sigue siendo siempre deseable, para mejorar la indemnización de los pasajeros.
Asimismo, puede esperarse que este paso servirá de ejemplo para una mejor protección de los pasajeros a nivel mundial.
Mientras esperamos esta revisión, el informe que hoy nos ocupa propone un determinado número de mejoras a la propuesta de la Comisión, para garantizar más coherencia entre este texto comunitario, el Convenio de Varsovia y el Acuerdo IATA del 31 de octubre de 1995. Es por ello que mi Grupo votará en favor de este informe.

Simpson
Señor Presidente, seré breve, puesto que gran parte de lo que quería decir ya lo han dicho el ponente y mi colega Tom Megahy. Es cierto que el Convenio de Varsovia está anticuado y necesita ser actualizado. Está además la necesidad de armonizar los distintos acuerdos que existen en la actualidad. Uno de los problemas relativos a la responsabilidad de las compañías aéreas es que los pasajeros no parecen ser la principal preocupación. Parecen ocupar un lugar secundario cuando ocurre un accidente importante.
Por ejemplo, la Srta. McIntosh ha señalado muy acertadamente que los familiares de las víctimas de Pan Am aún están esperando recibir las compensaciones. Y no existe ninguna garantía de que las familias de las víctimas del avión de la TWA que se hundió en el Atlántico no tengan que soportar una espera similar hasta recibir cualquier compensación a la que puedan tener derecho. Es una situación intolerable cuando nos acercamos al próximo milenio y se cumplen casi 100 años de aviación civil.
El Convenio de Varsovia parece favorecer a las compañías aéreas. Reconozco que es importante que en toda negociación, los terceros países deban aceptar la legislación y las prácticas de la UE. En este aspecto, me hago eco del argumento de mi colega Tom Megahy, porque en la aviación civil estamos asistiendo actualmente a un crecimiento del número de casos de pabellones de conveniencia. Lo que se conoce como pabellón de conveniencia en el sector marítimo se está extendiendo ahora al sector de la aviación. En particular, las compañías aéreas registradas en los países de la Europa oriental están actualmente desarrollando su comercio de forma regular en la Unión Europea: ¿qué derechos tienen las personas que sufren un accidente en alguna de dichas compañías? Es algo que necesitamos aclarar con cualquier país que quiera integrarse en la Unión Europea.
Agradezco al ponente su informe. Sé que recibirá mucho apoyo y el informe lo merece. Le deseo mucha suerte en su regreso a las Islas Canarias.

Van den Broek
Señor Presidente, quiero empezar sumándome a los buenos deseos que han expresado otros oradores al Sr. Sánchez García, y también nosotros le deseamos mucho éxito en su nueva andadura. Asimismo queremos darle muy especialmente las gracias por su informe.
Me permito recordarle, señor Presidente, que desde 1989 la Comisión viene tomando cartas en el asunto de la responsabilidad. Estábamos y seguimos estando preocupados por el hecho de que la situación es poco clara y también confusa, y ofrece escasa protección al viajero. Un punto positivo del sistema de Varsovia ha sido siempre que se ha creado cierto grado de uniformidad. Sin embargo, esta uniformidad no existe en lo que respecta al importe máximo de indemnización. Los derechos de los pasajeros y los deberes de las compañías aéreas dependen en estos momentos del punto de partida y del tipo de servicio, es decir, de si se trata de un vuelo nacional o de un vuelo internacional. Además, en virtud del Convenio de Varsovia, la responsabilidad de la compañía aérea se limita a unos 10.000 o 20.000 dólares, salvo que el pasajero pueda demostrar una negligencia deliberada por parte de la compañía aérea. Después de dos décadas de conversaciones infructuosas, la cuestión de la responsabilidad recibe por fin la atención que se merece. La IATA ha redactado incluso un acuerdo notable, y con ello ha conseguido una victoria que los gobiernos no han sido capaces de lograr desde el Protocolo de La Haya de 1955.
La Comisión ha apoyado desde el principio esta iniciativa, y sigue haciendo todo lo posible por lograr que se complete la labor. Sin embargo, la Comisión no quiere que el acuerdo entre las compañías aéreas y la IATA se aplique tan sólo a unas cuantas compañías aéreas. Esta situación sería indeseable, por lo menos dentro de la Unión Europea. La Comisión fijó su propuesta del pasado diciembre con este propósito.
El principal objetivo de la propuesta es la mejora de la protección de los pasajeros de avión. En la propuesta se determina que se suprimen los importes máximos de indemnización, de forma que un pasajero, o la persona que depende de él, esté totalmente cubierto en caso de lesión o fallecimiento. Las reglas propuestas son aplicables a los vuelos nacionales e internacionales de las compañías aéreas de la Comunidad.
En la propuesta se fija asimismo el principio de responsabilidad indiscutible, con un límite máximo de 100.000 ecus. La compañía aérea está obligada también a pagar o facilitar un anticipo al pasajero o sus parientes más cercanos. Esta disposición es excepcionalmente útil, por ejemplo, en caso de fallecimiento y cuando la familia de la víctima se encuentra en graves dificultades económicas. En este sentido, quiero decirle a la Sra. McIntosh, en respuesta a su pregunta, que de hecho esta propuesta es un complemento de la propuesta del Convenio de Varsovia. De hecho introduce una responsabilidad estricta y además la posibilidad de un anticipo, un pago por adelantado, en caso de situaciones económicas precarias, y esto como complemento de la responsabilidad ilimitada. Sin duda abrirá nuevas posibilidades, ofrecerá nuevas vías para la compensación en caso de indemnización por los atentados terroristas a los que se ha referido la Sra. McIntosh.
Junto a la jurisdicción generada por el Convenio de Varsovia, la propuesta abre la posibilidad de llevar un caso ante un tribunal del Estado miembro de la UE en el que el pasajero tenga establecido su domicilio, o donde esté establecido de forma permanente el pasajero.
Por último, los terceros países, aunque no entran en estos preceptos, están obligados a informar claramente a sus pasajeros de estos hechos. Creo que los pasajeros de avión podrán estar seguros de que recibirán la protección debida. La Comisión de Transportes y Turismo comparte esta opinión, dado que las enmiendas de la comisión suscriben expresamente este enfoque. Me complace poder comunicarles que la Comisión aprueba las siguientes enmiendas. Se trata de las enmiendas números 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16 y 18. Además, la Comisión aprueba también parcialmente las siguientes enmiendas. Se trata de las enmiendas números 7 y 15, en lo que respecta a la promesa de propugnar la aplicación del reglamento en las negociaciones con terceros países; la enmienda nº 11, en la que se mejora la definición de las personas con derecho a indemnización; la nº 13, dado que con ella se introduce una mayor flexibilidad con respecto a los pagos anticipados del artículo 4; la nº 14, puesto que con ella se aumenta el derecho de información de los pasajeros de avión del artículo 5. Además, la Comisión está dispuesta a aceptar en principio, aunque con algunas modificaciones del texto, las enmiendas números 3 y 10, dado que con ellas se aclara que este reglamento sólo guarda relación con los importes máximos de indemnización; la nº 12, en la que la responsabilidad indiscutible del artículo 3 se aumenta de 100.000 a 120.000 ecus de acuerdo con las reglas de la IATA; la nº 17, con la que se añade el nuevo artículo 7bis, que ofrece a las compañías aéreas la oportunidad de recurrir; la nº 19, en la que se exige un informe de evaluación antes de 1999.
Señor Presidente, sobre la base de las enmiendas aprobadas, la Comisión puede mejorar diversos aspectos de las medidas propuestas, al tiempo que el reglamento sigue siendo equilibrado en su conjunto. Quiero volver a dar las gracias al Sr. Sánchez García y a la Comisión de Transportes y Turismo por sus esfuerzos, pues ello beneficiará sin duda a la calidad de las conversaciones del próximo mes en el Consejo.

McIntosh
Señor Presidente, me doy perfecta cuenta de que ésta no es competencia del Comisario Sr. van den Broek, pero hay algo que me preocupa, y es que el Comisario se ha mostrado dispuesto a sustituir una referencia a las cuantías que aparecen en la enmienda 9 y la consiguiente enmienda en lo relativo al importe monetario. En segundo lugar, el Comisario se ha mostrado asimismo conforme con que se cambie la referencia de la propuesta relativa al domicilio o la residencia permanente del demandante, por aquella otra de «su domicilio en el momento del accidente». Como he dicho en mi intervención, preferiría que conserváramos el texto original de la Comisión, a menos que la Comisión nos dé motivos inexcusables para introducir esas dos enmiendas. Lo esencial en cuanto a protección del consumidor debe ser dónde yo, en calidad de persona con derecho a indemnización, tengo mi domicilio o residencia permanente en el momento de presentar una reclamación de indemnización. ¿Por qué querría la Comisión cambiar eso?

Van den Broek
Señor Presidente, muy brevemente, el Comisario Kinnock se basó en el asesoramiento jurídico que recibió en el sentido de que la definición defendida por el Parlamento seguramente es más clara y mejor. De ahí que optara por ella.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas)

