Convenio de La Haya sobre valores (debate)
El Presidente
El siguiente punto del orden del día es el debate sobre la pregunta oral sobre las repercusiones de la firma del Convenio de la Haya sobre valores formulada a la Comisión por Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau y Csaba Sándor Tabajdi B6-0447/2006).
Pervenche Berès 
autora. - (FR) Señor Presidente, señor Comisario, abordamos esta tarde la cuestión de la firma por la Unión Europea del Convenio de La Haya sobre la legislación aplicable a ciertos derechos sobre valores depositados en un intermediario.
Este Parlamento ha aceptado la adhesión de la Unión al Convenio de La Haya en la medida en que pretende ejercer un control democrático sobre cada ratificación sectorial. El Convenio de que hablamos nos preocupa por más de un motivo, en particular porque conducirá a la revisión de cierto número de directivas que adoptamos en el ámbito en cuestión. Pienso en las denominadas directivas sobre "acuerdos de garantía financiera", "firmeza de la liquidación" y "liquidación de entidades de crédito". Dicho esto, podríamos retomar esas directivas sin grandes dificultades si no temiéramos tres obstáculos fundamentales.
En primer lugar, la ratificación de este Convenio sobre la legislación aplicable a ciertos derechos sobre los valores deja tal margen de elección a las partes con respecto al Derecho aplicable que mucho nos tememos que todo el dispositivo que hemos establecido larga y meticulosamente en la Unión Europea para combatir el blanqueo de dinero pueda ser simplemente eludido.
En segundo lugar, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, GAFI, sobre la necesidad de poder identificar a los propietarios de los valores nos parecen absolutamente incompatibles con este Convenio de La Haya en la medida en que, una vez más, deja a las partes demasiada libertad para elegir la legislación aplicable.
En tercer lugar, tememos que la entrada en vigor de este Convenio permita eludir las disposiciones de que se ha dotado la Unión en materia de abuso de mercado. Una vez más, sin una identificación clara, tememos que sea posible eludir ciertas obligaciones establecidas a escala europea. Desde este punto de vista, invocaré ahora el dictamen del Banco Central -una vez al año no hace daño- para pedir la retirada de esta propuesta. Como saben, el Banco Central Europeo, en su dictamen, expresa reservas muy importantes, destacando en particular el riesgo sistémico y el riesgo de crecimiento exponencial de los litigios, que podría perjudicar un arbitraje claro por lo que respecta a la determinación del rango de las seguridades.
Señor Barrot, su Comisión casi ha hecho de "legislar mejor" el leitmotiv de su acción: he aquí un caso de libro de texto en el que podrían aplicar este principio. Por ello, pedimos a la Comisión que retire su propuesta de ratificación del Convenio de La Haya sobre la legislación aplicable a ciertos derechos sobre valores.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, señora Berès, Señorías, la propuesta de 2003 de la Comisión relativa a la firma del Convenio de La Haya sobre los valores está en punto muerto. Los Estados Unidos y Suiza firmaron el Convenio en julio de 2006, Europa se debate y el Consejo está dividido.
La introducción, en 1998, de la disposición sobre el lugar en que está situada la cuenta en la Directiva sobre la firmeza de la liquidación y, más tarde, en la Directiva sobre la liquidación de las entidades de crédito y en la Directiva sobre los acuerdos de garantía financiera, ha contribuido a la seguridad jurídica sobre la legislación aplicable a los valores depositados en un intermediario.
Si es cierto también que no hay pruebas de que existan problemas prácticos en el mercado interior, el alcance de este instrumento se limita esencialmente a las situaciones en que los valores sirven de garantías en el sector bancario. Determinar el lugar de una cuenta de valores en el mundo desmaterializado y virtual en que vivimos exigiría elaborar una nueva reglamentación común, por ejemplo a través de una numeración normalizada de las cuentas bancarias.
El objetivo de las negociaciones sobre el Convenio de La Haya relativo a los valores era crear un dispositivo único y común, aplicable a escala internacional. A este fin, el Convenio propone dejar a las partes la elección de la legislación aplicable a los derechos de propiedad sobre los valores. Dado que todos los Estados miembros aceptaron en aquel momento este compromiso, la Comisión propuso en 2003 que se firmara el Convenio. Desde entonces, varios Estados miembros plantearon nuevas cuestiones en relación con este proyecto. Después, el Consejo pidió a la Comisión precisiones sobre cuatro cuestiones jurídicas específicas. La respuesta se dio en la forma de una evaluación de impacto jurídico del Convenio realizada por los servicios de la Comisión y comunicada al Consejo el pasado 3 de julio.
En ese estudio, los servicios de la Comisión consideran que la firma del Convenio representa hoy la solución más sencilla para disponer de una norma única a escala internacional. El estudio de impacto propone asimismo alternativas a la firma del Convenio, en concreto la ampliación de la cláusula del lugar en que está situada la cuenta a todos los usos de los valores, y no solo a sus usos como garantías.
No obstante, para conseguir una solución internacional sobre esta base, habría que emprender nuevas negociaciones con países terceros. En esta fase, a propuesta de mi colega encargado del mercado interior, no consideramos que una evaluación de impacto económico y financiero del Convenio, tal como se indica en la pregunta oral, nos ayude a encontrar una solución. En efecto, los Estados miembros que negociaron el Convenio de 2002 y debaten hoy en el Consejo no consideraron necesario disponer de un estudio de ese tipo ni en aquel momento ni después.
Conforme al Acuerdo Interinstitucional y en aras de legislar más eficazmente, la Comisión acogería favorablemente cualquier análisis exterior adicional del impacto jurídico o económico que nos permita hacer avanzar las cosas.
Como ya les he dicho, el expediente está bloqueado en el Consejo, pero la Comisión sigue abierta a todas las propuestas. Esto es lo que quería responderles, en nombre del señor McCreevy y de la Comisión, destacando, evidentemente, la dificultad del problema y permaneciendo muy atento, por supuesto, a todas las propuestas y sugerencias que el Parlamento pueda hacer sobre esta cuestión.
Jean-Paul Gauzès
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Convenio de La Haya sobre valores depositados en un intermediario tiene por objeto, como se acaba de decir, determinar qué legislación es aplicable a los derechos patrimoniales resultantes de la inscripción de valores financieros depositados en un intermediario. Este texto dista mucho de contar con el apoyo unánime de la Unión Europea, y esto justifica las preguntas pertinentes formuladas por la señora Berès.
En primer lugar, el Convenio de La Haya establece la autonomía de la voluntad del inversor y de su intermediario para designar la legislación a la que desean vincularse en caso de litigio. Esto es contrario al Derecho vigente en la mayoría de los países de Europa, que fija el lugar de domiciliación de la cuenta en valores como factor relevante a la hora de decidir qué legislación es aplicable. En otras palabras, la elección de la legislación sería ahora puramente contractual, cosa que, a todas luces, es una fuente de inseguridad jurídica en este terreno.
Además -no caigamos en un optimismo inocente al respecto-, dada la importancia de las entidades de crédito estadounidenses activas en este campo, cabe temer que la elección de la legislación norteamericana se convierta en la norma contractual, lo que no deja de suscitar una serie de consecuencias negativas. Por una parte, con respecto a las actividades: existe un grave riesgo de que el dominio de la legislación estadounidense -que las entidades de los Estados Unidos, como es lógico, poseen- juegue a su favor y les proporcione una ventaja competitiva sobre las entidades europeas. Por otra parte, en lo tocante a la protección del inversor: en efecto, si en la mayoría de los sistemas jurídicos europeos el inversor y titular de un valor tiene de hecho derechos frente a su emisor, en la legislación estadounidense solo tiene derechos frente al intermediario. De ahí las preocupaciones legítimas en caso de quiebra del emisor.
Por último, las disposiciones del Convenio son tales -como ha dicho la señora Berès- que obviaráin completamente todo instrumento utilizado para combatir el blanqueo de dinero, ya que se basan en el principio de vinculación territorial. Las declaraciones de sospecha deben efectuarse ante la autoridad nacional competente, es decir, la del país en que tiene su sede el intermediario. Existe, pues, un conflicto potencial entre la legislación que sería aplicable al valor, que podría hacer prevalecer las normas de secreto bancario en beneficio del titular de la cuenta, y las obligaciones de declaración de sospecha del intermediario. El Banco Central Europeo ha manifestado sus preocupaciones, en particular por lo que se refiere al riesgo de incompatibilidad entre las normas prudenciales y de estabilidad del sistema financiero y las disposiciones de la legislación elegida por las partes. Además, parece difícil conciliar los principios de la mayoría de los países europeos, en los que la relación entre el inversor y el emisor de los valores es directa, con los principios del Derecho anglosajón, en los que no existe una relación directa entre el emisor de los valores y el inversor.
Usted ha dicho, señor Comisario, que el proceso de adhesión al Convenio de La Haya sobre valores depositados en un intermediario está en vía muerta: nosotros queremos efectivamente que permanezca en vía muerta.
Antolín Sánchez Presedo
en nombre del Grupo PSE. - (ES) Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, la Conferencia de La Haya trabaja desde 1893 con la finalidad de unificar progresivamente las normas de Derecho Internacional Privado a nivel mundial mediante la elaboración de convenciones.
El pasado 5 de octubre, el Consejo Europeo, previo dictamen del Parlamento, adoptó una Decisión relativa a la adhesión de la Comunidad Europea a la Conferencia.
La iniciativa actual surge con relación al Convenio sobre la ley aplicable a ciertos derechos sobre valores depositados en un intermediario, y que ha sido negociado en tres sesiones de la Conferencia diplomática celebrada en diciembre de 2002.
Este Convenio tiene un carácter abierto, y por ello, aunque la Comunidad Europea no era miembro de la Conferencia en que se redactó, la Comisión presentó, el 15 de diciembre de 2003, una propuesta de decisión para su firma.
El primer objetivo de esta iniciativa es manifestar la necesidad de que se respeten las competencias del Parlamento Europeo en este ámbito y que se garantice un control más democrático de los trabajos relacionados con la Conferencia.
El ámbito del Convenio afecta directamente a las competencias de la Unión Europea sobre cooperación judicial en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior, en las que el Parlamento Europeo tiene la condición de colegislador.
Además, según la opinión del Banco Central Europeo, puede tener consecuencias en la definición e implementación de la política monetaria, el funcionamiento de los sistemas de compensación y pago y la eficacia de las disposiciones que integran el acervo comunitario.
La firma propuesta del Convenio suscita importantes inquietudes y graves preocupaciones en el ámbito de la Unión Europea, que afectan tanto a la forma como al fondo. El corazón del Convenio, contenido en su artículo 4, de que la ley aplicable en esta materia es la del Estado que acuerden expresamente los contratantes, suscita enormes riesgos e interrogantes todavía sin resolver.
La trascendencia del impacto legislativo que puede tener exige que se apliquen los estándares comunitarios para legislar mejor, por lo tanto, un proceso de consultas y un debate público, como se hizo en los Estados Unidos cuando se acometieron cambios legislativos inferiores a los que se proponen en el Convenio.
El Convenio introduce una mayor complejidad e incertidumbre, al abrir la posibilidad de que se apliquen numerosos ordenamientos jurídicos a un mismo sistema de registro, compensación y liquidación. Ello, a falta de armonización en los aspectos sustantivos, puede producir efectos adversos y riesgo sistémico.
La solución que propone, lejos de contribuir al propósito unificador de la Conferencia, incrementa su incoherencia y es incompatible con la legislación comunitaria que establece el criterio del lugar donde se encuentra la cartera de valores. Este criterio había contribuido a incrementar la certidumbre y la eficiencia en el ámbito de la Comunidad.
Según el Convenio, el poder de negociación va a determinar la ley aplicable. Se abre así la puerta a una deslocalización legislativa, en detrimento de los inversores y de las entidades financieras. Su entrada en vigor puede alentar un proceso descontrolado de consolidación mundial y regional de actividades de compensación y liquidación, incrementando el riesgo de concentración fuera de la Unión Europea y con efectos perversos en materia de supervisión prudencial, de prevención de la financiación del terrorismo y de la lucha contra el blanqueo de dinero.
La fórmula elegida puede repercutir sobre los derechos políticos de los inversores, la transparencia y la buena gobernanza empresarial.
Plantea numerosas dudas, y, por tanto, señor Comisario, o se realiza un estudio más exhaustivo de impacto o se abandona y se retira la propuesta.
John Purvis
(EN) Señor Presidente, hace poco que estoy al tanto de este asunto. No obstante, me sorprende el hecho de que quienes han presentado esta pregunta oral parezcan querer aferrarse de forma incondicional a lo que constituye, en esencia, un régimen jurídico anticuado en materia de valores. Aunque en un contexto europeo funciona adecuadamente, en la actualidad nos interesa participar de forma plena en el mercado mundial. En este sentido, el Convenio de La Haya se ha concebido para proporcionar seguridad jurídica en las circunstancias -globales- modernas, donde los valores se adquieren, con bastante frecuencia, de manera indirecta a través de intermediarios electrónicos. El derecho se define según lo acordado de un modo específico por los participantes, en lugar de aplicar la fórmula de "localización de cuentas". Dadas las modernas condiciones electrónicas y en un sistema donde bien podrían existir varios intermediarios, parece que se trata que una solución sensata.
Por consiguiente, la Comisión ha decidido que la mejor solución es firmar el Convenio. De hecho, llegó a esta conclusión después de que el Consejo le pidiera investigar las posibles consecuencias jurídicas, labor que ya ha realizado. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado lleva trabajando desde 1893 en la armonización del derecho internacional privado y el 5 de julio de este año los Estados Unidos y Suiza -no solo los Estados Unidos, sino también Suiza- fueron los primeros en firmar el Convenio. La Comisión ha recomendado a los Estados miembros de la Unión Europea que también lo suscriban. Gran parte de los 64 Estados miembros restantes de la Conferencia están disponiéndose a firmarlo. En cambio, los Estados miembros de la Unión Europea no parecen dispuestos a aceptar la realidad, y a Europa le interesa tanto, si no más, lograr seguridad en este ámbito para poder participar de forma plena en los mercados financieros globales actuales. No hay duda de que el Convenio será fundamental para la consecución de un sistema de compensación y liquidación efectivo y eficiente.
Por este motivo, Señorías, debemos animar a la Comisión y a los Estados miembros a que lo suscriban. Es preciso que Europa se sitúe a la cabeza de la modernización y la armonización del contexto jurídico sobre valores. La Comisión está dispuesta a elaborar las enmiendas necesarias al Derecho comunitario. Por tanto, está claro que debemos alentar o, en realidad, insistir a nuestros Estados miembros a que lleguen a un acuerdo y procedan a firmar y posteriormente ratificar este importante Convenio.
Marc Tarabella
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos en esta Cámara sabemos hasta qué punto la eficacia de los mercados determina la economía mundial. Quien dice "mercado", dice activos líquidos y capacidad de los instrumentos financieros para circular rápidamente, y ello en unas condiciones de seguridad óptimas. El marco jurídico que regula dicha circulación es un parámetro esencial en materia de seguridad. Debido a la globalización, la cadena de agentes comprende un número cada vez mayor de Estados, lo que plantea esta pregunta legítima: ¿cómo determinar la legislación aplicable? El Convenio de La Haya de 13 de diciembre de 2002 debía responder a esta pregunta. Si este Convenio se ratificase, lejos de resolver el problema, aumentaría los riesgos sistémicos y debilitaría a los agentes europeos.
Dada la -supuesta- imposibilidad de definir un lugar objetivo para situar una cuenta de valores y, por tanto, determinar la legislación aplicable, el Convenio da prioridad a la libre elección de las partes para decidir la legislación aplicable a los contratos. Este principio jurídico es opuesto al principio comunitario, PRIMA, que garantiza la localización de las cuentas de valores y fue adoptado en tres directivas, la Directiva sobre la firmeza de la liquidación (1998), la Directiva relativa a los acuerdos de garantía financiera (2002) y, por último, la Directiva sobre las liquidación de entidades de crédito (2001).
Detengámonos en primer lugar en el método. No es normal que el Parlamento no haya sido consultado sobre las negociaciones celebradas en La Haya, en particular sobre el abandono del principio de localización de la cuenta de valores. Es necesario un control democrático sobre las negociaciones celebradas en el marco de la Conferencia de La Haya sobre el Derecho internacional privado.
Fundamentalmente, la adopción de este Convenio entrañaría un riesgo significativo para Europa, desde los inversores hasta los emisores. Tendría una repercusión negativa sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, pues potencialmente facilitaría la elusión de las obligaciones de declaración de sospecha y de los mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero. Tendría repercusiones sobre los sistemas de liquidación, sobre los riesgos prudenciales y sobre la normativa financiera, en particular sobre el objetivo de elaboración de una normativa financiera europea. Hay que añadir que la libre elección contractual recaería, en muchos casos, en la legislación que tuviera más influencia en el sector, es decir, la legislación estadounidense, lo que reduciría la competitividad de las empresas europeas.
Quisiera señalar cuatro cosas: primera, la localización de la cuenta de valores es posible y funciona muy bien en Europa; segunda, es necesario que se respeten las prerrogativas del Parlamento Europeo; tercera, es indispensable defender el interés general europeo, en particular los derechos de los inversores europeos y la competitividad de los agentes europeos en los mercados financieros; y cuarta, es importante favorecer un marco que permita luchar contra el blanqueo de dinero. Por estas razones, la Comisión debería retirar su propuesta de ratificación del 36º Convenio de La Haya.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, he escuchado con atención sus distintos comentarios y estoy seguro de que el señor McCreevy, Comisario responsable del mercado interior, los leerá atentamente. Hay que recordar que la Comisión propuso firmar el Convenio de La Haya porque consideraba que era una buena solución y que el Convenio pretendía aclarar la legislación aplicable, nada más. La Comisión piensa que hoy mismo los inversores pueden abrir una cuenta en los Estados Unidos y que, también en ese caso, se aplica la legislación estadounidense.
A este respecto, el Convenio cambia pocas cosas, ya que la libertad de elegir el lugar de las cuentas existe ya, aun cuando, para algunos de ustedes, el Convenio represente un avance en la materia. No obstante, señor Presidente, quisiera decir, tras haber escuchado a los distintos oradores, que la Comisión no piensa permanecer sorda a estas observaciones.
Este debate demuestra que el Convenio suscita aún vivas preocupaciones. Por consiguiente, la Comisión estará abierta a cualquier sugerencia relativa a este expediente, técnicamente complejo, que es hoy objeto de un bloqueo en el Consejo, a pesar del apoyo inicial de todos los Estados miembros al contenido del Convenio de La Haya de 2002.
Esto es lo que puedo añadir. La Comisión, por supuesto, aceptará gustosa trabajar con el Consejo y el Parlamento para encontrar una solución que permita elaborar un marco jurídico, y somos conscientes, por cierto, de los riesgos que entraña. Si hace falta, pueden ustedes contar con nosotros para mitigar los efectos negativos de la solución elegida.
Pervenche Berès
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, simplemente quisiera asegurarme de que cuando informe de este debate al Comisario McCreevy, se encargue de decirle que el debate que acabamos de mantener está dirigido a él, pero que él también debe informar y relatar lo que acaba de pasar aquí esta tarde cuando se aborde de nuevo este tema en el Consejo. Es preciso que el Consejo sea consciente de que la salida que se dé a este expediente preocupa al Parlamento.
El Presidente
He recibido el proyecto de resolución que ha sido presentado en virtud del apartado 5 del artículo 108 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.00 horas.
