Recuperación de fondos comunitarios (debate)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Casaca, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la recuperación de fondos comunitarios.
Paulo Casaca 
Señor Presidente, señora Comisaria, si lo que pretendemos es recuperar las sumas que faltan del presupuesto comunitario, necesitamos la oportuna voluntad, documentación, transparencia, rigor, proporcionalidad y armonización de las normas y procedimientos. Lamentablemente, falta mucho para que lo consigamos.
Las instituciones europeas no deben encerrarse en un mundo de normas y reglamentos, ignorando la realidad. Por este motivo, este informe sobre la recuperación de los fondos comunitarios pone un ejemplo concreto como punto de partida: nunca antes la suma que se pretende recuperar había sido tan elevada -se estima que asciende a casi 100 millones de euros- y las circunstancias que rodean esta pérdida de dinero son todavía peores.
Se trata de un delito cometido por una organización criminal que contó con la colaboración de numerosas empresas europeas y, gracias a la investigación y la colaboración de las autoridades italianas, los pormenores del caso se notificaron a las instituciones europeas. La Guardia de finanzia llevó a cabo una investigación sobre la importación ilegal de mantequilla por parte de empresas controladas por la camorra napolitana, su adulteración con grasa de vaca, aceites vegetales y una sustancia química denominada lipostrol, la venta de decenas de miles de toneladas del producto final a varias empresas europeas y por último la utilización del mismo para el uso fraudulento de restituciones a la exportación y ayudas para la eliminación de productos de pastelería. Las averiguaciones de esta investigación se transmitieron posteriormente a las correspondientes autoridades nacionales y comunitarias.
Ya han pasado siete años desde la investigación italiana y ¿qué ha sucedido? En uno de los Estados miembros en cuestión las autoridades solamente decidieron hacer una consulta cuatro años después de que el informe italiano original saliera a la luz y ninguno de los 40 millones de euros que se calcula que faltan ha sido recuperado. En otro Estado miembro la consulta ni siquiera se ha iniciado, así que ninguno de los más de 50 millones de euros echados en falta ha sido recuperado. En un tercer Estado miembro, el problema se consideró meramente administrativo y las multas originales se han reducido a valores prácticamente simbólicos.
Fuera de Italia, donde gracias a una iniciativa nacional se realizaron docenas de detenciones por asesinato, posesión ilícita de armas y asociación delictiva, y donde todavía están en marcha complejos procesos legales, no existe una expectativa realista de que se produzcan condenas en los demás países implicados, ni de que se recupere el dinero comunitario. Todo indica que el proceso al completo prescribirá.
Debido a la confidencialidad legal, la mayoría de las autoridades nacionales responsables de la seguridad alimentaria no han sido informadas de este fraude hasta la fecha. Mientras las autoridades comunitarias y nacionales actúan con tanta falta de determinación y coordinación a la hora de abordar un delito de esta magnitud, son muchos los casos que han salido a la luz en los que, al amparo de los poderes discrecionales otorgados en nombre de la causa de recuperar los fondos comunitarios, las autoridades han obligado a agricultores honrados a devolver el dinero, sin una justificación real y debido a razones procesales que no siempre son genuinas, lo que en ocasiones les ha dejado en la miseria. Para estos granjeros los principios de la presunción de inocencia, el derecho a ser informados sobre la naturaleza de una acusación, la proporcionalidad y la garantía de los medios adecuados de defensa son palabras huecas. El quid de la cuestión es que se está ignorando el artículo 280 del Tratado. La cooperación entre la Comisión y los Estados miembros para proteger los intereses financieros comunitarios es una ficción. No se está proporcionando la protección efectiva y equivalente de estos intereses a los ciudadanos.
En estas circunstancias es necesario un cambio radical, ya sea mediante la redefinición de las funciones del Eurojust, el establecimiento de un Ministerio público europeo o por otro medio. Necesitamos una iniciativa europea que garantice que la cooperación en materia de justicia, con la intención de proteger los intereses financieros comunitarios, se ve respaldada por la acción y no se limita a la retórica, tal como ha sucedido en este caso, el mayor de este tipo en el ámbito de las finanzas comunitarias.
Dalia Grybauskaitė
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Casaca por un informe excelente, interesante y útil. Tiene en cuenta la gestión directa, que es principalmente responsabilidad de la Comisión, y la gestión conjunta, que la Comisión comparte con los Estados miembros.
En relación con las recuperaciones en la gestión directa, la Comisión quiere dar las gracias al ponente por su apoyo con motivo de la revisión en curso del reglamento financiero, que ya hemos puesto sobre la mesa, especialmente las propuestas encaminadas a fijar un plazo uniforme de cinco años, y por supuesto el grado de privilegio del derecho de la Comunidad a reclamar impuestos en la legislación nacional que, para decepción nuestra, el Consejo se ha mostrado remiso a apoyar.
En relación con las recuperaciones en la gestión conjunta, la Comisión está de acuerdo con la insistencia en la responsabilidad de los Estados miembros, puesto que esto representa la mayor parte del gasto comunitario. La Comisión comparte el análisis del ponente con respecto al bajo nivel de recuperaciones por parte de algunos Estados miembros. En un caso concreto, la cifra implicada es de 95 millones de euros.
No obstante, quiero mencionar que esta Comisión ha hecho especial hincapié en la recuperación. Entre 2003 y 2006, la Comisión ha conseguido reducir los importes de recuperaciones de 553 millones de euros a tan solo 160 millones de euros hasta septiembre de este año. El caso concreto de los 95 millones está siendo objeto de una investigación penal en un tribunal del Estado miembro y otro está implicado en este problema. Por lo tanto, son menos de 100 millones de euros los que tienen que recuperarse en un futuro cercano, y 95 millones de euros después de que la investigación haya concluido.
Estamos muy satisfechos con el informe en su conjunto. Estamos colaborando con el Parlamento, especialmente con el ponente, en torno al Reglamento Financiero. Estamos trabajando estrechamente con la Comisión de Presupuestos en torno a esta cuestión. Responderemos debidamente a su informe y sus recomendaciones por escrito.
Ingeborg Grässle
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, para empezar quisiera manifestar el agradecimiento de mi Grupo al ponente por un interesantísimo e importante informe, ya que quedan muchos fallos en el modo en que se recuperan los fondos a los que tiene derecho la Comunidad, sobre todo en el modo en que los Estados miembros afrontan esta cuestión, y es realmente lamentable que el Consejo brille hoy por su ausencia.
Señora Comisaria, podemos notar que ha habido un mayor avance desde que usted se hizo cargo de esta cuestión, pero creo que todavía tendremos que centrarnos seriamente en introducir mejoras en áreas específicas durante los próximos meses, especialmente en la política agrícola, situada en el centro del problema de la recuperación de fondos, en la que muchos aspectos todavía no son como deberían ser y a la que se adjudica el 70 % de las antiguas reclamaciones que datan del período de 1971 a 2002. Estamos hablando de un total de 3 100 millones de euros, el 70 % de lo que todavía queda por recuperar. La situación actual es totalmente vergonzosa. El total recuperado asciende a menos de una quinta parte de los 6 000 millones de euros pendientes en 2002.
El Presidente del Tribunal de Cuentas afirmó recientemente -y quisiera decir, señor Presidente, que me opongo a la fecha que se ha elegido para este debate, ya que en este mismo momento se está presentando un importantísimo informe ante la Comisión de Control Presupuestario- que la recuperación se estaba realizando a un ritmo cada vez más lento y que las penalizaciones son totalmente inaceptables. El problema radica en los Estados miembros; creo que en esta Asamblea todos estamos del mismo lado y, pase lo que pase, plantearemos la paridad de las demandas y las reclamaciones para la devolución de fondos como una cuestión en las deliberaciones sobre el Reglamento Financiero, ya que consideramos que es esencial.
También es importante que se conceda un mayor apoyo a los auditores que trabajan allí donde se producen estos casos, especialmente los que trabajan para las autoridades nacionales, ya que se enfrentan a la posibilidad de ser castigados por los fallos de su propio departamento, por lo que necesitan nuestra especial protección.
Existe otro problema en la propia Comisión. Hasta hace poco era imposible determinar qué cantidad estaba pendiente de devolución y espero que la optimización de los procedimientos contables mejore las cosas. Para concluir diré que nos aseguraremos que esta cuestión se mantenga en la agenda.
Jeffrey Titford
en nombre del Grupo IND/DEM. - (EN) Señor Presidente, creo que este informe es una justificación traída por los pelos para la creación de la figura del Fiscal Europeo. De hecho, a juzgar por el tono del señor Casaca, ha considerado una afrenta el hecho de que la legislación de un Estado miembro prevaleciera sobre la Comisión: ¡Dios nos libre! Según este documento, para resolver el problema debemos crear el cargo de un funcionario jurídico con autoridad para anular las leyes de los Estados miembros. Esto ha de hacerse "en aras de un procedimiento más unificado", y la otra razón vital citada es ayudar a reducir la complejidad.
Como firme defensor del Estado nacional, me opongo enérgicamente a la creación de un Fiscal Europeo, y todo aquel diputado a esta Cámara que crea sinceramente en la democracia y no la defienda tan solo de boquilla también debería oponerse. Solicito especialmente a los diputados de mi país al Parlamento Europeo que se unan a mí en defensa de la legislación británica.
Andreas Mölzer
(DE) Señor Presidente, es evidente que muchos consideran que el despilfarro de los fondos de la UE constituye un delito menor, ya que no parece haber otra explicación para el hecho de que, durante aproximadamente los últimos treinta años se hayan efectuado pagos irregulares que ascienden a 3 100 millones de euros, de los cuales solamente se ha recuperado el 17 %. Los procedimientos de control inadecuados y el incumplimiento de las normas y reglamentos de la UE parecen estar a la orden del día.
Ya es suficientemente malo que desaparezcan miles de millones de euros de los fondos de la UE en cuentas ficticias, pero cuando su recuperación se echa a perder o se lleva a cabo con tanta lentitud que los culpables se esconden y el dinero desaparece, incluso en las escasas ocasiones en que salen a la luz los pagos irregulares, se hace evidente que la Unión Europea sufre algo similar a la negligencia organizada.
Es intolerable que se repitan los casos de uso negligente de fondos comunitarios -y además en los propios Estados miembros- sin que nadie deba asumir las consecuencias. Creo que en aquellos casos en que los Estados miembros no hagan todo lo posible por recuperar los fondos perdidos en un máximo de dos años, estos mismos deberían compensar la pérdida.
Simon Busuttil
(EN) Señor Presidente, a menudo el dinero de la UE que se ha perdido o del que no se han rendido cuentas es noticia de primera plana. Es una pena que muchas veces la labor que se lleva a cabo, primero para evitar que se pierda dinero y después para recuperar los fondos que se han perdido, sea demasiado técnica y tediosa para que se informe de ella, por no decir que salga en los titulares de los periódicos. Sin embargo, se realizan esfuerzos por recuperar los fondos y dichos esfuerzos deben apoyarse, aunque, como señala claramente el ponente, hace falta hacer más cosas.
En particular, hay que esforzarse más por recuperar los fondos en los casos en que la gestión es conjunta. Necesitamos confiar en la plena cooperación de las autoridades nacionales para que nos ayuden a conseguirlo. A veces tengo la sensación de que, mientras hablemos de los fondos comunitarios, las autoridades nacionales no están muy dispuestas a contribuir a esta tarea. En efecto, dicen: "Nuestra responsabilidad es el presupuesto nacional, y eso es todo". No obstante, eso no es todo. Cuando el dinero de la UE se gasta a escala nacional, está claro que las autoridades nacionales están implicadas de lleno. Las autoridades nacionales también asumen una gran responsabilidad en asegurar que los fondos comunitarios no se gasten de manera equivocada, irregular o incluso fraudulentamente. Si eso ocurre, entonces se adoptan medidas para recuperarlos.
El informe pide, con razón, a los Estados miembros que intervengan y decidan, para cumplir con su parte, organizarse mejor y cooperar más con la Comisión para que la recuperación de los fondos sea efectiva y constituya un factor disuasorio en sí misma.
Markus Pieper
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, celebro enormemente el informe del señor Casaca, ya que como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional, debo decir lo vergonzoso que me parece el considerable aumento de los casos de fraude y las irregularidades.
El impacto financiero sobre las medidas de política estructural aumentó de 480 millones de euros en 2003 a 694 millones de euros en 2004, el último año sobre el que se ha informado, en el que un importante 70 % de los fondos malgastados fueron atribuibles a la política estructural. A esto debemos añadir un punto flaco. Si no llegamos a ser plenamente capaces de recuperar el dinero erróneamente desembolsado -tal como indica este informe de propia iniciativa- esto dará una imagen muy fea de la UE. Tener deudas pendientes que ascienden a 3 mil millones de euros no es precisamente poca cosa.
Sin embargo, no solo se trata de la pérdida económica de la UE. Si la recuperación de estos fondos no llega a ser eficiente, otros se animarán a hacer un mal uso del dinero proporcionado como ayuda. Independientemente de si el dinero se ha obtenido mediante un fraude deliberado o de si se ha pagado por error, su recuperación debe ser rápida y eficiente, y pese a que el procedimiento pueda parecer desproporcionado en los casos individuales, los Estados miembros deben aplicarlo. Por ello les pido que procedan con un mayor rigor y que coordinen a las oficinas de sus fiscales oportunamente, además de pedirles que permitan que la autoridad europea contra el fraude, la OLAF, tenga una mayor implicación en las acciones públicas. En lo que respecta a la Comisión, le pido más medidas para poner en la picota el mal uso de las ayudas.
Europa necesita transparencia, al igual que su sistema de subvenciones y ayudas. Debemos poner fin a aquellos casos en que los fondos se emplean para fines distintos a los que estaban originalmente destinados, y para ello necesitamos una mayor transparencia. Quiero agradecer al ponente que haya planteado esta cuestión.
Mairead McGuinness
(EN) Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente la labor casi forense que ha dedicado a este informe. Además de la pérdida evidente de dinero, lo que es muy grave desde el punto de vista de la UE, la percepción pública de que ha habido fraude está muy extendida y en cierta medida es desleal y desmerece la excelente aportación que supone el presupuesto de la Unión Europea en todos los Estados miembros. Hemos de recordarlo cuando nos centramos en el problema que existe realmente. Por desgracia, el público culpa a esta anónima Unión Europea, cuando el problema está mucho más cerca de casa, en cada uno de los Estados miembros. También es necesario que se emita este mensaje de forma muy clara.
Es inaceptable que exista tanto dinero pendiente de recuperar: en junio de 2002 se debían unos 3 500 millones de euros. Gran cantidad de dinero del sector agrícola no se ha recuperado por las dificultades que supone la falta de cooperación de los Estados miembros.
La reforma de la Política Agrícola Común en 2003 debería comportar una mejora de la situación en relación con la agricultura: la introducción del pago único por explotación, sus estrechos lazos con las medidas de ecocondicionalidad, asegurarán que el dinero se pague solamente cuando haya que hacerlo. Me preocupa constantemente que debido a incumplimientos anteriores en la agricultura, estemos reduciendo en exceso la supervisión de la ecocondicionalidad. Ha habido agricultores que han venido para decirme que no se les avisa de las inspecciones y que se enfrentan a sanciones considerables por faltas muy leves. Esto está llegando demasiado lejos, y es necesario que no presionemos tanto en esa dirección, ya que si bien es muy fácil afrontar y seguir la pista a 5 euros, parece ser que 5 000 millones de euros consiguen escabullirse. Me alegra que la Comisaria Fischer Boel haya dicho que mirará que la aplicación no sea tan draconiana, al mismo tiempo que se asegura de que cumplamos las normas.
Es necesario que consigamos que se devuelva el dinero. Pero quiero concluir insistiendo en que las conversaciones, y esperemos que la labor en pro de un reglamento mejor, comporten una mejora de la situación. El pasado no es una bonita imagen. Esperemos que la del futuro sea más bonita.
El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.
Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Véronique Mathieu
(FR) Hemos de constatar que la recuperación de los fondos comunitarios después de irregularidades o fraudes sigue siendo insuficiente. Se impone una aplicación más estricta del Reglamento financiero, así como la revisión del mismo.
El Parlamento considera que la simplificación de los procedimientos de recuperación y una mejor coordinación entre los servicios de la Comisión y los servicios competentes a escala nacional constituyen un eje de trabajo crucial. El principal problema es que ninguna autoridad nacional es plenamente responsable de la calidad y la supervisión de los controles nacionales, aunque la ejecución del presupuesto comunitario incumbe en un 80 % a los Estados miembros, pues lo gestionan conjuntamente. La complejidad de los mecanismos induce así a los medios de comunicación a achacar a la Comisión la responsabilidad sobre los problemas asociados a las operaciones ilegales, y por tanto sobre la recuperación del dinero, aunque esos problemas residen ante todo en los Estados miembros.
La intensificación de la cooperación entre la OLAF, Eurojust y Europol, una aplicación más amplia del procedimiento de recuperación por vía judicial y la petición del Parlamento de que la Comisión prevea un marco reglamentario para el tratamiento contable de las irregularidades y presente periódicamente un informe, a través de la Dirección General, sobre el estado del proceso de recuperación, son otras tantas medidas importantes que mejorarán la transparencia y la efectividad de los procedimientos.
