Operaciones conjuntas de expulsión de inmigrantes ilegales hacia Afganistán y otros países terceros (debate) 
Presidente
El siguiente punto del orden del día son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las operaciones conjuntas de expulsión de inmigrantes ilegales hacia Afganistán y otros países terceros.
Tobias Billström
Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar agradeciéndoles la oportunidad que me han dado de asistir a este debate sobre un tema tan importante. A la vista de las preguntas que han formulado algunas de Sus Señorías, resulta evidente que éste es un asunto que provoca una cierta inquietud. Espero poder aclarar la posición del Consejo sobre esta cuestión y responder a sus preguntas.
El Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son principios básicos para la cooperación dentro de la Unión Europea. Tienen que ser los principios que guíen la cooperación de los Estados miembros dentro de la Unión. Estos principios son y deben seguir siendo el punto de partida de la cooperación en el ámbito del asilo y la inmigración.
La cooperación comunitaria en el ámbito de la inmigración se ha desarrollado rápidamente en los últimos años e incluye varios actos legislativos y otros tipos de medidas. En relación con los derechos de los solicitantes de asilo, me gustaría destacar la finalidad básica de la cooperación en materia de asilo. La meta de esta labor es crear un sistema común europeo de asilo que ofrezca a las personas una protección conforme con el Convenio de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados y otros convenios internacionales relativos a las personas que requieren protección. En el marco de esta cooperación existen disposiciones para poder ofrecer una protección subsidiaria y disposiciones relativas al procedimiento de asilo, acogida y retorno. Estas disposiciones abarcan todo el ámbito del asilo y constituyen la base del sistema común europeo de asilo.
Los principales actos legislativos en este ámbito son el Reglamento (CE) n° 343/2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (Reglamento de Dublín), la Directiva 2003/9/CE por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (Directiva de acogida), la Directiva 2004/83/CE por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (Directiva de cualificación) y la Directiva 2005/85/CE sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.
Todos estos actos legislativos son objeto de revisión en estos momentos con miras a una mayor aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito con el fin de hacerlas más completas y eficientes. Las propuestas de enmienda serán aprobadas por medio del procedimiento de codecisión, lo que significa que contaremos con una amplia base política para desarrollar el sistema común europeo de asilo.
Una inmigración bien gestionada implica tanto crear oportunidades para las personas que entran legalmente en la Unión Europea, como la posibilidad de expulsar a aquellos que no cumplan las condiciones de entrada o de estancia en el territorio o no tengan motivos para solicitar asilo. En relación con los derechos fundamentales de aquellos que no tienen derecho a permanecer en la Unión, me gustaría hacer referencia, en primer lugar, a los principios generales de derecho que deben constituir el fundamento de todas las actividades de la UE y, en segundo lugar y de modo más concreto, a las normas aplicables al retorno de nacionales de terceros países que no tienen derecho a entrar y permanecer legalmente en un Estado miembro. Estas normas se recogen en la Directiva sobre retorno que el Parlamento y el Consejo adoptaron en 2008. Esta Directiva es el primer paso importante hacia una legislación destinada a ofrecer justicia y procedimientos transparentes para lograr una política de retorno más eficaz a nivel europeo. Uno de los principios fundamentales para los trabajos relativos al retorno es que debe existir seguridad jurídica y ser humana y eficiente.
Los trabajos relativos al retorno incluyen igualmente disposiciones sobre los vuelos conjuntos de expulsión. La Directiva del Consejo relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión adoptada en 2002 en el marco del programa de acción de programa de acción de repatriación. La organización de vuelos conjuntos permite utilizar eficientemente los recursos y ayuda a mejorar la cooperación operativa entre los Estados miembros. Sin embargo, me gustaría subrayar que no se trata de ejecutar resoluciones de deportación colectiva. Se trata de una medida cooperativa destinada a utilizar con más eficiencia las capacidades de los Estados miembros. Las orientaciones comunes que acompañan la Decisión del Consejo establecen que se podrán organizarse vuelos conjuntos para las personas que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones para entrar, permanecer o residir en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. El Estado miembro que organiza el vuelo y cada uno de los Estados miembros participantes deben velar por que la situación de cada uno de las personas repatriadas de las que son responsables permita su expulsión.
El Reglamento por el que se crea una Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) también permite que esta Agencia preste a los Estados miembros la asistencia necesaria para organizar medidas conjuntas de expulsión. En octubre de este año, el Consejo Europeo pidió igualmente a Frontex que examinara la posibilidad de financiar los vuelos conjuntos de expulsión.
Todas estas medidas están destinadas a prestar protección internacional a las personas que la necesiten y que el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en la UE se lleve a cabo con seguridad jurídica y de forma legal. El empleo de vuelos conjuntos de expulsión no implica la violación de la obligación de no devolución o el incumplimiento de la obligación de que cada caso se examine de forma individual. Los Estados miembros deben tener en cuenta las circunstancias particulares de cada persona que se objeto de expulsión, incluida una posible solicitud de protección internacional. Algo que se aplica, como sería de esperar, a las personas procedentes de Afganistán.
Señor Presidente, Sus Señorías, la política comunitaria d expulsión es sin duda importante, pero tan solo constituye un aspecto de una amplia política de inmigración. El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo que aprobó el Consejo Europeo en septiembre del año pasado confirma el compromiso de la Unión Europea con un enfoque internacional para la inmigración, lo que implica que las cuestiones de inmigración deben ser parte integrante de las relaciones exteriores de la UE y que la gestión de la inmigración debe ser eficiente y uniforme. Y exige una estrecha colaboración entre los países de origen, tránsito y destino.
El programa de Estocolmo que hemos debatido esta tarde confirmará y seguirá desarrollando está estrategia general.
Jacques Barrot
Señor Presidente, intentaré mencionar los principales principios que rigen nuestro enfoque para estos problemas de inmigración y retorno.
La legislación comunitaria impone a los Estados miembros la obligación de velar por que los nacionales de terceros países presentes en su territorio puedan solicitar protección internacional si así lo desean. En relación con la posibilidad de que se conceda a estos nacionales, afganos en el presente caso, alguna forma de protección de internacional, los Estados miembros deben examinar cada solicitud de asilo por medio de la aplicación de los criterios establecidos en la legislación comunitaria a las circunstancias individuales de cada solicitante de asilo. Los Estados miembros deben decidir si el solicitante de asilo puede reclamar el estatuto de refugiado y, si no cumple los criterios necesarios para ser considerado como tal, deben comprobar si puede recibir la denominada protección subsidiaria.
Voy a enumerar estos principios. En primer lugar, los nacionales de países terceros no deben ser devueltos a su país si corren riesgo de sufrir atentados graves. La legislación de la Unión Europea y, más concretamente, la Directiva de cualificación, establecen que los Estados miembros deben respetar el principio de no devolución, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden devolver a Afganistán a personas que tengan el estatuto de refugiado contemplado en el Convenio de Ginebra o a las que se haya concedido protección subsidiaria. Asimismo, los Estados miembros están obligados a velar por que no se realicen operaciones de expulsión en contravención del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exige a los Estados miembros que garanticen que una persona no será devuelta a su país si puede ser objeto de persecución o atentados graves a su retorno.
La segunda observación es que no podemos generalizar las solicitudes en lo que respecta a la oportunidad de las operaciones de retorno a Afganistán. Afganistán es uno de los principales países de origen de los solicitantes de asilo presentes en la Unión Europea. Habría que añadir que la Unión recibe únicamente una pequeña parte del total de refugiados afganos, la mayoría de los cuales residen en países vecinos, sobre todo Irán y Pakistán.
No podemos sacar conclusiones de índole general acerca de si el retorno forzoso de ciudadanos afganos a su país de origen infringe el Derecho comunitario, el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Son los Estados miembros en que se efectúan las solicitudes los que tienen que tomar una decisión respecto a cada solicitud a la vista de las circunstancias de cada caso. Al examinar las solicitudes, los Estados miembros deben tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso a fin de determinar, en su caso, si el solicitante necesita protección.
Para ello es necesario examinar las condiciones políticas, humanitarias y de seguridad, y la situación de los derechos humanos en Afganistán, lo que implica igualmente examinar la situación concreta de la parte del país de la que procede el solicitante, así como sus circunstancias personales, como su situación familiar, sus actividades en el país de origen o cualquier otra característica específica que pueda hacerlo más vulnerable.
No podemos sacar conclusiones de índole general acerca de la necesidad de protección de los solicitantes de asilo afganos, pero las estadísticas indican que la tasa de reconocimiento de este grupo ha aumentado en los últimos meses. En el primer semestre de 2009, casi un 50 % de los solicitantes de asilo afganos obtuvieron protección internacional en la Unión Europea, en comparación menos del 30 % en el último trimestre de 2008.
Paso ahora a otra pregunta: ¿qué condiciones deben cumplirse para que se adopte la decisión de llevar a cabo una operación de retorno? En mi reciente declaración sobre la operación de retorno de ciudadanos afganos a Kabul, realizada conjuntamente por el Reino Unido y Francia, señalé que los Estados miembros habían tomado tres precauciones antes de regresar a una persona a un país tercero como Afganistán.
Deben velar por que, en primer lugar, el inmigrante de que se trate no haya querido solicitar protección internacional; en segundo lugar, si se presentó una solicitud de protección internacional, que ésta haya sido objeto de un examen individual minucioso y haya sido rechazada de conformidad con un procedimiento de evaluación adecuado, y en tercer lugar, que la vida del inmigrante que vaya a ser regresado a su país de origen no corra peligro en dicho país.
La Comisión ha pedido mayores aclaraciones sobre las circunstancias de esta operación de retorno de ciudadanos afganos realizada por Francia y el Reino Unido. Sin embargo, la Comisión no dispone actualmente de información alguna que indique que no se hayan cumplido estas tres condiciones en el caso de estas personas.
¿Fue evaluado individualmente el expediente de cada persona incluida en estas operaciones de retorno?
El Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíben las expulsiones colectivas, pero no existe obstáculo legal ni objeción en principio para realizar colectivamente varias medidas de retorno adoptadas por separado, basada cada una de ellas en una resolución, por ejemplo, en el mismo vuelo, ni existe obstáculo legal para que varios Estados miembros organicen conjuntamente estas operaciones.
El mandato actual de Frontex ya contempla la cooperación en el ámbito de las operaciones conjuntas de retorno. El Consejo Europeo ha pedido que se refuercen las capacidades operativas de Frontex y, en particular, que se examine la posibilidad de fletar periódicamente vuelos para llevar a cabo estas operaciones. Estas operaciones deberían hacer que las operaciones de retorno resulten más eficientes desde el punto de vista de la logística y podrían igualmente ofrecer una serie de ventajas en relación con las repatriaciones, que siempre resultan penosas.
Cabe señalar asimismo que la Directiva sobre retorno aún no ha sido transpuesta por la mayoría de los Estados miembros y la Comisión les insta a que velen, en estos momentos, porque sus decisiones en materia de retorno cumplan las normas que establece dicha Directiva. Esto significa, en particular, que debe darse prioridad a los retornos voluntarios, que debe garantizarse el derecho de recurso contra las decisiones de retorno y que deben tenerse en cuenta las necesidades especiales de las personas vulnerables. La Directiva sobre retorno todavía no entra en vigor, pero lo hará pronto y permitirá conceder algunas garantías complementarias a los interesados.
Ahora bien, éstas son las respuestas, Señor Presidente, Señorías, que quería presentar de conformidad con el derecho comunitario. El señor Billström también ha explicado que, en relación con todos estos problemas, hemos intentado establecer el equilibrio justo entre el deseo de proteger a las personas perseguidas por motivos políticos y que realmente merecen protección y, al mismo tiempo, la necesidad de reconocer también que algunas solicitudes carecen de motivos para ser aceptadas. Así pues, se trata de un equilibrio delicado que la Comisión sigue con mucha atención.
Eso es lo que tengo que decir al Parlamento y, desde luego, escucharé las intervenciones posteriores a esta declaración.
Véronique Mathieu
Señor Presidente, la Unión tiene la obligación de ofrecer condiciones de acogida dignas a las personas que huyen de la guerra y la persecución, y de brindarles sistemas de protección internacionales acordes con sus valores.
Sin embargo, durante varios años ha tenido que enfrentarse a variados flujos migratorios y a redes de traficantes que abusan de los regímenes nacionales de asilo para introducir a personas que no cumplen las condiciones necesarias para beneficiarse de esto regímenes.
Así pues, ¿qué podemos hacer? Esta pregunta se ha planteado en cada uno de nuestros Estados miembros. Lo cierto es que la capacidad de absorción de los Estados miembros es limitada. Debemos ofrecer sistemas de protección a las personas que cumplan criterios objetivos, y si queremos mantener nuestra tradición de acoger a los solicitantes de asilo, tenemos que mostrarnos firmes ante el abuso de estos procedimientos de asilo con fines de inmigración económica.
Asimismo es importante subrayar que todos los países que son destino de las redes de inmigración ilegal originarias de Afganistán o Irak llevan a cabo medidas de retorno forzoso. Están obligados a hacerlo. No necesito más que mencionar el número de Estados miembros de la UE que ponen en práctica dichas medidas a pesar de sus convicciones políticas.
Actualmente ya no existe un desacuerdo político en la Unión acerca de estas cuestiones, y es este consenso el que permitirá en un futuro cercano llevar a cabo operaciones conjuntas de retorno financiadas por Frontex. Tenemos que sentirnos orgullosos de esta iniciativa que constituye un instrumento común para gestionar los flujos migratorios. Por ello quisiera señalar que las operaciones conjuntas de retorno son alto totalmente distinto de las expulsiones colectivas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal de Estrasburgo prohíbe cualquier medida que obligue a ciudadanos extranjeros a abandonar un país en grupos, pero autoriza casos en que se ha tomado dicha medida al término de un examen razonable y objetivo de las circunstancias personal de cada uno de estos extranjeros.
El derecho internacional y comunitario sobre refugiados es sumamente complejo y permite que estos procedimientos de expulsión sean objeto de un control estricto y se lleven a cabo de acuerdo con el principio fundamental de la dignidad humana.
Sylvie Guillaume
Señor Presidente, he escuchado con suma atención a los oradores, pero me gustaría, no obstante, expresar una serie de dudas e inquietudes acerca del tema objeto de examen y, para hacerlo, tengo que recurrir inevitablemente a dos ejemplos recientes.
El primero se refiere a la deportación de 27 ciudadanos afganos a Kabul como parte de la deportación conjunta organizada por Francia y el Reino Unido. Me gustaría saber si la Comisión y el Consejo creen que Afganistán es un país en el que se garantiza la integridad física de las personas deportadas.
La Comisión acaba de decirnos que no está en condiciones de garantizar que estas deportaciones se llevaron a cabo tras comprobar que los interesados no habían presentado una solicitud de protección internacional ni si se cumplió de hecho cada una de las fases del procedimiento de examen de su solicitud, en caso de haber existido dicho procedimiento.
El segundo ejemplo hace alusión a la deportación por parte de Alemania, Bélgica y Austria de personas de etnia romaní a Kosovo, país con el que estos países han celebrado acuerdos de readmisión, a pesar de que el ACNUR, en sus directrices de 9 de noviembre, considera que, y cito: "la libertad de circulación y el ejercicio de los derechos fundamentales de los romaníes que viven en cualquier parte de Kosovo siguen siendo objeto de graves restricciones [...] y se ha informado sobre amenazas y actos de violencia física cometidos contra estas comunidades".
En vista de lo anterior, me gustaría que se me aclararan tres aspectos. ¿Por qué se aplica de forma tan deficiente el artículo 15, letra c) de la Directiva de cualificación de 2004, el cual concede el derecho a una protección subsidiaria a las personas que son objeto de, y cito, "amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno"?
Segunda pregunta: ¿Por qué se considera suficiente la idea de que resulta legítimo deportar a personas que residen ilegalmente en territorio de la UE porque no han presentado una solicitud de protección internacional, incluso si sabemos que, debido al Reglamento de Dublín II, muchos posibles solicitantes de asilo no presentan esta solicitud en el Estado al que han llegado primero debido a que sus posibilidades de tener éxito son escasas y las condiciones de acogida son terribles?
Tercera y última pregunta: ¿deberían los Estados miembros confirmar la decisión del Consejo de los días 29 y 30 de octubre de examinar la posibilidad de fletar vuelos regulares para retornos conjuntos financiados por Frontex, y tienen la intención, al mismo tiempo, de adoptar una lista europea de países seguros y de adoptar rápidamente medidas para la instauración de un sistema común de asilo que permita armonizar a un nivel superior las condiciones de examen, concesión y ejercicio del estatuto de refugiado?
Marielle De Sarnez
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero expresar la tristeza que sentimos muchos europeos cuando, el 20 de octubre, dos Estados miembros de la UE organizaron el retorno forzoso de inmigrantes afganos: tres de ellos procedentes de Francia y 24 del Reino Unido. Esos hombres, que dejaron un país en guerra para venir a Europa creyendo que aquí podrían obtener asilo y protección, han sido enviados de regreso a un país que sigue en guerra, y en el que no puede garantizarse en absoluto su seguridad.
Con esta operación se ha dado al traste con nuestra idea de los derechos humanos. Imagínense mi sorpresa, unos días después, cuando vi -y lógicamente hay una relación entre ambos hechos- que el Consejo Europeo decidió no sólo la organización de vuelos chárter conjuntos, sino también su financiación -algo que constituye un hecho nuevo- con cargo al presupuesto comunitario.
Señor Comisario, ésta no es la Europa que amamos. Europa no existe para legitimar las prácticas nacionales que violan los derechos fundamentales. Es demasiado fácil echar la culpa a Europa. Cuando escucho, por ejemplo, al Ministro de Inmigración francés declarar que los retornos forzosos deberían llevarse a cabo bajo la bandera de Europa, me parece que los padres fundadores no inventaron Europa para que actuara de esta forma.
Usted ha pedido a París y Londres que comprueben que los afganos deportados hayan tenido la oportunidad de solicitar asilo, que esta solicitud haya sido denegada y que sus vidas no corrían peligro en la región a la que fueron enviados. Por ello me gustaría que confirmara explícitamente que se llevó a cabo un examen individual de cada una de las solicitudes de asilo.
Asimismo me gustaría saber si la Comisión considera que Afganistán es un país seguro y, de no ser así, me gustaría saber si la Comisión está de acuerdo en que este retorno forzoso se llevó a cabo en contravención del artículo 3 del Convenio de Ginebra.
Le agradeceré todas las explicaciones que pueda darnos.
Hélène Flautre
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (FR) Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción por que celebremos hoy un debate sobre este tema, porque resulta evidente que los Jefes de Estado y de Gobierno esperaban que la deportación de inmigrantes ilegales de la Unión Europea a Afganistán se llevara a cabo sin alborotos, y no fue así.
Y no lo fue por dos razones: en primer lugar porque la Comisión Europea ha solicitado información a los Gobiernos de Reino Unido y Francia, algo que es positivo, y en segundo lugar porque hoy celebramos un debate sobre este tema.
Ya se han hecho algunas preguntas. ¿Es Afganistán un país seguro? Pues bien, se lo deberíamos preguntar al señor Obama que ha decidido enviar otros 34 000 soldados a ese país. Ningún ejército es capaz de garantizar la supervivencia de sus hombres en Afganistán, ¿y se supone que debemos garantizar que las vidas de los inmigrantes que enviamos de regreso a ese país no corren peligro? Esta situación es una burla, y el ACNUR tampoco la acepta, ya que ha recomendado vivamente a los Estados miembros que no continúen con las deportaciones de este tipo.
En segundo lugar, las expulsiones colectivas están rodeadas de ambigüedad. Todos -y yo la primera- acogemos con gran satisfacción que la Carta de los Derechos Fundamentales tendrá carácter vinculante. Su artículo 19, apartado 1 establece lo siguiente: "Se prohíben las expulsiones colectivas".
Y ahora usted nos dice que no se trata de una expulsión colectiva. El señor Billström tiene una forma encantadora de expresarlo, pues nos dice que se trata de una movilización razonable de recursos. Pronto nos venderán los vuelos chárter conjuntos de la misma manera como el hecho de compartir coche para luchar contra el cambio climático. Hay límites para todo, ¿pero dónde están?
Pues bien, le diré en mi calidad de representante electa del Pas-de-Calais, donde se encuentran muchos afganos -lo que dio lugar a estas deportaciones organizadas por el señor Besson en Francia- que cuando el Gobierno decida comunicar que organizará una operación conjunta de retorno para convertirlo en un evento mediático, habrá detenciones en Pas-de-Calais: detenciones colectivas que, por tanto, son ilegales por ser discriminatorias.
Por ello no veo garantía alguna en lo que ha dicho, señor Barrot, es decir, que ha sido una operación conjunta de retorno de personas a las que se consideró inmigrantes ilegales tras una evaluación personal. Ésta es sin lugar a dudas un caso de expulsión colectiva porque se produjo una detención colectiva.
Marie-Christine Vergiat
Señor Presidente, Señorías, podríamos alegrarnos de que se haya celebrado este debate. Sin embargo, estoy consternada por la mascarada que se nos ha presentado. Dejemos de jugar con las palabras. Sí, no cabe duda de que se han organizado expulsiones colectivas.
La Unión Europea se muestra muy orgullosa de defender los derechos humanos. El derecho de asilo es uno de esos derechos fundamentales. No obstante, ahora se han deportado a ciudadanos afganos a un país en guerra, una guerra en la que participan numerosos países europeos.
Lo siento, señor Barrot, pero esta legislación es tanto europea como nacional, y por favor no nos remita a cada una de las situaciones nacionales. Una gran parte de estas situaciones ha sido provocada por la Directiva sobre retorno, que lo prefiero denominar "Directiva de la vergüenza", por es una vergüenza para todos los que defienden los derechos humanos. Usted sabe que los solicitantes de asilo reciben un trato muy diferente en cada uno de los Estados miembros y, precisamente por estas diferencias, los afganos no pueden solicitar asilo en buenas condiciones.
Por ello uno mi voz a todas las preguntas planteadas por Sus Señorías y le pediría que se asegure de que los resultados de todas estas políticas se evalúen, de ser posible, caso por caso.
Christine De Veyrac
(FR) Señor Presidente, quiero brindar mi apoyo a la iniciativa conjunta del Gobierno laborista británico y del Gobierno francés para deportar a su país a inmigrantes ilegales afganos.
De hecho y en contra de lo que han dicho algunos, las solicitudes de asilo político de estas personas fueron rechazadas y esta iniciativa bilateral debe extenderse ahora a toda Europa. La presión de la inmigración es un reto al que debemos hacer frente de forma colectiva, y esa es la lógica en la que se basa el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo adoptado hace unos meses durante la Presidencia francesa. Ahora debemos ir más lejos y reunir nuestros recursos para organizar vuelos conjuntos de retorno financiados por Frontex.
La decisión de los 27 Estados miembros de pedir a la Comisión que estudie esta cuestión es un primer paso y espero, señor Comisario, que la Comisión apoye esta propuesta, ya que lo que el público quiere, en particular los inmigrantes legales, es que luchemos contra la inmigración ilegal.
Sari Essayah
(FI) Señor Presidente, los requisitos para obtener asilo tienen que examinarse por separado en el caso de cada individuo, con arreglo a la definición de refugiado del Convenio de Ginebra. Como ha dicho el orador precedente, las solicitudes de asilo fueron procesadas correctamente, lo que hace posible realizar operaciones conjuntas de retorno, a condición de que se examinen por separado los requisitos de cada persona.
Lo que preocupa a esta Cámara y a mí personalmente es que la situación de la seguridad en Afganistán es tal que ignoramos si podemos enviar a alguien a ese país. En Finlandia, por ejemplo, esta situación se ha resuelto mediante la expedición de permisos de residencia temporales, a pesar de que los beneficiarios no cumplían las definiciones de refugiado -por lo que no se les ha concedido asilo-, porque no deseamos enviar personas a un país en guerra. La situación de la seguridad en Afganistán es demasiado peligrosa para enviar actualmente a alguien a ese país, pero más tarde, cuando las cosas se tranquilicen, estas personas serán expulsadas.
Janusz Władysław Zemke
- (PL) Señor Presidente, quiero comenzar con lo siguiente: durante varios años trabajé en el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Polonia y durante ese periodo estuve en muchas ocasiones en Afganistán, ya que dos mil soldados polacos prestan servicio en ese país. El dramatismo de la situación se debe, por una parte, a que hay gente desesperada que no puede hacer frente a una situación difícil, porque la guerra les rodea permanentemente. Por la otra, en ese país hay personas, y no dudo en afirmarlo, que pelean en ambos bandos. Durante el día apoyan a quienes actualmente están en el poder y en la noche ayudan a los talibanes. Mi pregunta a este respecto es la siguiente: ¿contamos con los instrumentos y la capacidad para evaluar las verdaderas intenciones y situaciones de aquellos que vienen a Europa? Creo que algunos vienen simplemente porque no ven otra salida y están desesperados, pero también puede haber algunos casos de personas que apoyan a ambos bandos.
Franziska Keller
Señor Presidente, me parece que una parte del debate es algo extraña. ¿Por qué se encuentran estas personas aquí de forma ilegal? Lo están porque no tienen manera de salir legalmente de su país, que está en guerra. No tienen manera de llegar aquí de forma legal, por lo que no resulta realmente sorprendente que descubramos que llegan aquí ilegalmente. Todos sabemos cuán difícil es solicitar y obtener asilo, ya que el Convenio de Ginebra es sumamente estricto en este aspecto y el solicitante tiene que demostrar ser objeto de una persecución personal, algo que, desde luego, resulta difícil cuando se huye de la guerra. Ahora dice usted que, simplemente porque no ha sido aprobada su solicitud de asilo, debemos enviarlos de regreso a Afganistán, donde hay guerra y la gente no puede vivir, donde no pueden sobrevivir, donde no hay modo de ganarse la vida y donde, por cierto, se hace una violenta guerra contra las mujeres. Así pues, tan solo por este último motivo, todas las mujeres que huyen de ese país deberían obtener asilo.
Insto a todos los Estados miembros y a la Comisión a que se opongan al envío de estas personas a Afganistán.
Tobias Billström
Señor Presidente, Señorías, gracias por sus numerosas e interesantes aportaciones a este debate. Me gustaría empezar intentando resumir algunos de los principios más importantes de esta cuestión. Comenzaré con lo que ha dicho la señora Mathieu en su primer punto acerca de la variedad de los flujos migratorios. Es cierto que a la Unión Europea llegan diversos flujos y como la Unión no tiene una capacidad ilimitada para acoger a estas personas, como ha señalado la señora Mathieu, es importante llevar a cabo una evaluación personal que ofrezca seguridad jurídica a fin de poder determinar quién debe recibir protección con arreglo a la legislación europea y los convenios internacionales. La Comisión sigue muy de cerca este fenómeno por medio de las directivas que se han adoptado por unanimidad dentro de la Unión.
Esto me lleva directamente a los puntos de vista manifestados por la señora Guillaume y la señora De Sarnez, a saber, si Afganistán es un país en el que se puede garantizar la seguridad de una persona. Pues bien, sí lo es y es precisamente en torno a ello que gira este debate. Eso es precisamente lo que pretende aclarar y garantizar el examen individualizado. La finalidad de un sistema europeo común de asilo es alcanzar este objetivo. Me parece que varios oradores pasaron totalmente por alto este hecho en sus intervenciones, es decir, que un examen que ofrezca seguridad jurídica con el fin de aclarar que "sí" significa "sí" y "no" significa "no", es lo que debemos intentar lograr. En caso de que la respuesta sea "no", la persona debe ser regresada a su país, independientemente -y voy a repetirlo para que todos comprendan precisamente cuáles son las intenciones de la Presidencia- del país de que se trate. Si hemos determinado y nos hemos asegurado de que una persona no necesita protección especial, podemos regresarla a su país de origen con la consciencia tranquila. El hecho de que se haga, como ha dicho el Comisario Barrot, de modo coordinado en un vuelo con distintas personas cuyos casos han sido examinados de forma individual o viajen por separado tiene en realidad una importancia secundaria. En este contexto se trata simplemente de una cuestión de logística.
Ahora responderé a la señora Keller, que siempre presenta argumentos interesantes sobre estas cuestiones. Sí, coincido con Su Señoría en que la cuestión del acceso es un tema complicado. Resulta difícil cuando, como ahora, tenemos un sistema que, en principio requiere que el interesado se encuentre dentro de la Unión Europea para presentar una solicitud de asilo, en vista de que no siempre le resulta fácil llegar a la Unión Europea para hacerlo. Sin embargo, es precisamente por esta razón que durante la Presidencia sueca hemos continuado trabajando para establecer un sistema común europeo de reasentamiento, que permitirá ofrecer una ruta alternativa, un pasadizo, dentro de la Unión Europea para aquellos que quizás sean los que más necesidad tienen de protección, los más vulnerables y las personas que carecen de los recursos financieros para viajar a la Unión Europea.
Permítanme decir que si todos los Estados miembros pudieran ofrecer el mismo número de plazas que concede Suecia actualmente -1 900 plazas anuales- en relación con su población, la Unión Europea podría ofrecer 100 000 plazas anuales al ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata de un importante paso estratégico para poder cerrar los peores campos de refugiados de todo el mundo y mostrar la solidaridad que la Presidencia cree que la Unión Europea debería mostrar a los países fuera de nuestras fronteras, que de hecho albergan a la mayoría de los refugiados del mundo.
Jacques Barrot
Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los oradores.
El principal problema al que nos enfrentamos proviene de lo que la señora Mathieu ha denominado flujos variados, en los que encontramos inmigrantes que vienen aquí por razones económicas o medioambientales y, al mismo tiempo, personas que son perseguidas y tienen derecho a una protección internacional o a una protección subsidiaria. En ello reside la dificultad, y es lo que debemos entender con claridad para gestionar estos problemas. Realmente es muy, muy difícil.
Lo primero que quiero hacer es responder. Voy a leer algunos elementos de la respuesta francesa -no puedo responder a todo -, ya que Sus Señorías me han hecho preguntas sobre esta cuestión. Voy a leer lo siguiente de la respuesta francesa.
"Las partes interesadas que no presentaron una solicitud de asilo por iniciativa propia fueron sometidas a interrogatorio en calidad de inmigrantes ilegales y recluidas en detención administrativa bajo el control del magistrado encargado de su custodia y liberación.
Cada persona fue informada en la lengua de su país de origen sobre su derecho de recurso ante el magistrado administrativo, sobre la decisión de deportarla a Afganistán y sobre su derecho a solicitar asilo ante la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA) o de beneficiarse de una medida voluntaria de retorno aplicada en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones.
De estos extranjeros, únicamente uno no había presentado una solicitud de asilo ni un recurso ante el magistrado administrativo, y las solicitudes de otros dos habían sido examinadas por la OFPRA, donde fueron escuchados en presencia de un intérprete. Durante la audiencia ante el tribunal administrativo tuvieron oportunidad de explicar los riesgos a los que consideraban que quedarían expuestos de regresar a su país de origen, con la asistencia de un abogado y en presencia de un intérprete.
Si bien la OFPRA ha concedido el estatuto de refugiado o protección subsidiaria a varios nacionales afganos que habían pedido protección en circunstancias similares, la Oficina consideró que, en el presente caso, no había motivos graves o conocidos para creer que estas personas quedarían expuestas a un verdadero riesgo de sufrir persecución o amenazas graves para su vida o su persona en caso de ser deportados".
Asimismo hemos recibido una respuesta del Gobierno británico. He hecho todo lo que me exigía mi conciencia y mi obligación; hemos establecido la obligación de pedir información a los Estados miembros.
Lo que también quiero decir a Sus Señorías es que, en relación con esta idea de los países seguros, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que el simple hecho de proceder de un país o región en el que se producen disturbios no es motivo suficiente para conceder una protección absoluta contra la deportación o el derecho a la protección subsidiaria, excepto en casos excepcionales en que el nivel general de violencia sea tan elevado que cualquier persona corra peligro de sufrir amenazas contra su vida o su persona por el simple hecho de encontrarse en el país o región de que se trate. Además es cierto que estas circunstancias excepcionales no se invocaron en el caso que nos ocupa.
Ahora bien, también me gustaría responder a la pregunta sobre los vuelos conjuntos. Habría que señalar que Frontex ya ha organizado vuelos conjuntos y los ha financiado parcialmente. Me parece que hay que decirlo. Estos vuelos se efectuaron en 2008 y 2009, por lo que no son algo nuevo. Lo que Frontex intenta hacer -y creo que el Director de esta Agencia lo ha logrado- es asegurarse de que las repatriaciones conjuntas se realicen en condiciones dignas, en las que se respete a las personas. El Director de Frontex incluso me dijo hace poco que había observado que en Austria existe un defensor del pueblo que hace un seguimiento específico de las condiciones en que se efectúan estas repatriaciones.
También esperamos acumular conocimientos técnicos para garantizar que al deportar a estas personas -una vez que se ha verificado que no corresponden a la definición de personas con derecho a protección internacional o subsidiaria- sean admitidas a su país de origen en condiciones dignas. Es éste aspecto que examinamos actualmente a petición del Consejo Europeo. De hecho, no nos imaginamos la idea de realizar vuelos de retorno forzoso sin ofrecer garantías de que se respetará a las personas.
Ante todo me gustaría recordar a Sus Señorías -y quiero dar las gracias aquí al señor Billström y a la Presidencia sueca, quienes nos han sido de gran ayuda- que en primavera comenzaremos a presentar una serie de textos que nos ayudarán a avanzar hacia una Europa del asilo. Tenemos un texto sobre las condiciones de acogida, hemos examinado -y la señora De Sarnez ha apuntado acertadamente a esta cuestión- los problemas que presenta el Reglamento de Dublín, de hecho hemos planteado la posibilidad de adaptar el Reglamento de Dublín precisamente para evitar que atente en ocasiones en contra de los intereses de las personas vulnerables y, en particular, de los niños, y hemos aprobado en principio introducir determinadas excepciones en este Reglamento.
La Comisión aprobó el 21 de octubre otros dos textos importantes: uno sobre la Directiva de cualificación y el otro sobre la Directiva relativa a los procedimientos de asilo. Es en esta nueva propuesta de directiva relativa a los procedimientos de asilo que intentamos establecer criterios que sean auténticamente objetivos y uniformes en todas partes. Necesitaremos que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo verifique concretamente que las prácticas sean más o menos las mismas en toda Europa, de modo que finalmente aparezca esta Europa del asilo.
Quiero dar las gracias a la Presidencia sueca porque, en mi opinión, ha realizado una gran labor al presentar estos textos al Consejo, pero están aún muy lejos de ser aprobados. Y también tenemos algunos problemas. He hecho todo lo que está a mi alcance para poner en marcha esta Europa del asilo con la ayuda de la Presidencia sueca, que ha dado un ejemplo, y el señor Billström ha señalado, además, hasta qué punto su país es un ejemplo para Europa. En relación con este problema, los Estados miembros han mostrado una mayor solidaridad en lo referente a acoger a estos refugiados y garantizar su protección. Todos los Estados miembros deben comenzar a hacerlo. Todavía no llegamos a ese punto y algunos Estados miembros siguen sin recibir refugiados.
Eso es lo que quería decir. Soy perfectamente consciente de que no he respondido a todas las preguntas. Lo que puedo decir a Sus Señorías es que, a pesar de todo, en la Comisión hemos hecho todo lo posible por que se respete el derecho comunitario y, yo diría, incluso más para que se respeten los valores de Europa.
Presidente
Se cierra el debate.
