Aprobación del Acta
Janssen van Raay
Señora Presidenta, me gustaría decir algo sobre el Acta con motivo de la carta que ayer anuncié al Presidente. Quiero agradecer inmensamente a todos los Cuestores que hayan aceptado mi petición de plantear al asesor jurídico, en quien tengo mucha confianza, la legalidad, no la oportunidad, sino la legalidad del sistema de voto obligatorio, la disciplina financiera y las consecuencias fiscales. Muchísimas gracias, señores Cuestores, y también una palabra de agradecimiento a nuestro colega, el Sr. Falconer, que ha puesto todo en movimiento en nombre de los backbenchers de esta Casa. Señor Falconer y señores Cuestores, gracias de todo corazón.

Rübig
Señora Presidenta, en el turno de preguntas a la Comisión, yo retiré la pregunta que había presentado, pero esto no consta en el Acta.

El Presidente
Se realizará, naturalmente, la correspondiente rectificación. ¿Hay alguna otra observación sobre el Acta?

Hardstaff
Señora Presidenta, observo en el Acta que mi voto no ha sido incluido en las dos primeras votaciones, en las que estuve presente y que creía que mi aparato electrónico había registrado. Voté "no» en la primera votación y "no» en la segunda votación.

El Presidente
Se realizará la correspondiente rectificación.
(El Acta queda aprobada)

El Presidente
Tiene la palabra la señora González Álvarez para una cuestión de orden.

González Álvarez
Señora Presidenta, quiero hacer un ruego a la Presidencia. En la sesión pasada aprobamos una resolución condenando la situación de los presos y condenados a muerte en Guinea Ecuatorial.
Anteayer murió el líder bubi Martín Puye. Encarcelado en unas condiciones terribles en las prisiones ecuatoguineanas, no se le permitía hablar con nadie, se le tenía racionada el agua y la comida, y estaba en una celda de 1, 50 por 1, 50.
Nosotros rogamos a la Presidencia -ya que no da tiempo a presentar una resolución de urgencia- que pida a las autoridades de Malabo una investigación y que nuestra institución tome las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir nada parecido porque, en esa situación en la que estaba este líder bubi, hay varios presos más. Nosotros debemos impedir desde aquí que vuelva a ocurrir una cosa como ésta. Este hombre tenía 58 años. Es terrible que haya muerto así; a los demás presos no se les ha condenado a muerte pero van a morir de forma igual por sus condiciones en prisión.

El Presidente
Señoría, desde luego resulta difícil intervenir desde aquí. Tenemos que reflexionar sobre el procedimiento más adecuado para que nuestras propuestas puedan servir de ayuda en el futuro. Yo creo que lo más conveniente será, tal vez, que transmita su petición a la comisión competente o quizá primero a la Mesa.
Tiene la palabra el señor Morris.

Morris
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. Ayer por la tarde, durante el turno de preguntas, no fue posible llegar a la pregunta que pensaba dirigir al Consejo. Es una pregunta importante.
Actualmente hay cinco encarcelados en una prisión saudí, acusados de apostasía, que se enfrentan a la pena capital por decapitación. Dos son europeos y es muy probable que, a raíz de las peticiones de siete Estados miembros, se les conmute la pena de muerte, posiblemente por penas de cárcel. Los otros tres son filipinos, y es muy probable, como ya sucediera en el pasado, que los filipinos -en otras palabras, los no europeos acusados de apostasía en Arabia Saudí- sean realmente ejecutados por la espada.
Quisiera hacer un llamamiento al Presidente y al Parlamento, y ciertamente al Consejo, para que presentemos una petición urgente a las autoridades de Arabia Saudí para que concedan clemencia a los cinco acusados. En realidad, estaríamos haciendo un llamamiento en favor de la libertad fundamental de libertad religiosa en Arabia Saudí. Quisiera hacer un llamamiento urgente, en nombre de estas cinco personas, para que se emprenda dicha acción con carácter de urgencia.

El Presidente
Señor Morris, la Presidencia del Consejo se encuentra presente. No sé si habrán tomado nota de su petición; de lo contrario, yo le recomendaría que vuelva a presentarla por escrito, con objeto de que la Presidencia pueda darle curso.
Tiene la palabra la señora Ferrer.

Ferrer
Señora Presidenta, quiero suscribir plenamente las palabras de la Sra. González porque no se trata sólo de que hoy haya ya desgraciadamente un muerto -el líder de los bubis- sino de que hay diez u once personas más en peligro. Yo creo que este Parlamento, que se ha pronunciado con rotundidad contra la pena de muerte en general y, concretamente, también contra las condenas a muerte de ciertos presos en Guinea Ecuatorial, debería actuar a través, al menos, de la Presidencia del Consejo. Podríamos dirigir al Consejo este mensaje para que intervenga ante las autoridades de Guinea Ecuatorial y, en todo caso, para que éstas permitan la visita por parte de autoridades de la Unión Europea para controlar la situación de estos presos y garantizar así la justicia para este pueblo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Ferrer. Tomamos nota de su petición y se procederá como usted pide.
Tiene la palabra el señor Smith.

Smith
Señora Presidenta, quiero hacer unos comentarios breves que espero sean tenidos en cuenta por la Presidencia.
Tengo entendido que el Gobierno de Corea del Sur, a raíz de los disturbios de los trabajadores de aquel país, ha pedido la detención de 55 sindicalistas. Quisiera pedir a la Presidencia que intervenga ante dicho Gobierno para hacerle partícipe de la oposición del Parlamento Europeo a dicha conducta.

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones - Modificación del apartado 3 del artículo 156 del Reglamento del Parlamento - Modificación del artículo 156 del Reglamento del Parlamento
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0250/98 del Sr. Fontana, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 1997-1998; -A4-0209/98 del Sr. Evans, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación deCredenciales e Inmunidades, sobre la modificación del apartado 3 del artículo 156 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo al derecho de petición; -A4-0158/98 del Sr. Wibe, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del artículo 156 del Reglamento (derecho de petición).
Fontana
Señora Presidenta, Señorías, el período parcial de sesiones del mes de julio acostumbra a brindar a la Comisión de Peticiones la posibilidad de presentar su Informe anual y es una ocasión para que los miembros del Pleno debatan la figura de la petición, cuya comprensión a veces parece inversamente proporcional a su importancia.
El derecho de petición permite al ciudadano europeo acercarse con sus peticiones a las Instituciones comunitarias y a estas últimas conocer las preocupaciones y las expectativas de los ciudadanos, sobre todo cuando el nexo entre el ordenamiento comunitario y el nacional acaba por violar los derechos individuales. En realidad, muchas peticiones -yo diría, demasiadasdemuestran que los Estados miembros incumplen o aplican incorrectamente esas mismas normas que han contribuido a aprobar en las instancias europeas.
Desde el caso más general de la discriminación entre ciudadanos comunitarios y nacionales al más específico de la amenaza de expulsión de los ciudadanos comunitarios sólo porque se han convertido en desempleados, pasando por el del profesional que no consigue y que no ve reconocido su título, hay una infinidad de casos de máximo interés que el ciudadano europeo somete al Parlamento Europeo a través de las peticiones.
Se trata de casos humanos, a veces dolorosos y siempre ricos en enseñanzas que tratamos de resolver pese a la estrechez de nuestros medios, de nuestros recursos y de nuestras competencias. Esto es posible gracias a la cooperación de la Comisión y de sus servicios que, insisto, a diferencia del Consejo y de los Estados nacionales, mantienen abierto un diálogo constante y casi cotidiano con nuestra comisión.
De los numerosos casos abordados y resueltos emerge una advertencia y un estímulo para reivindicar una función legislativo más incisiva y directa del Parlamento Europeo que encuentra el apoyo popular, así como para promover la mejor información posible sobre el propio Parlamento y la figura de la petición.
Se impone, por tanto, una profunda reflexión, también con vistas a la ampliación, al objeto de establecer nuevos instrumentos y procedimientos de cara a la tramitación de las peticiones. Dichos procedimientos deben implicar principalmente y de forma más directa a las autoridades nacionales y las instituciones, sobre todo el Consejo, muy a menudo silenciosas e inertes ante nuestras solicitudes de información y de intervención.
En el informe, nos alegramos de que las relaciones con el Defensor del Pueblo sean fructíferas y constructivas en interés del ciudadano europeo y de la trasparencia de las acciones comunitarias. Asimismo, confiamos en una mejor utilización de las nuevas tecnologías de la información y en la puesta a disposición del Parlamento de los instrumentos adecuados.
A pesar de que los datos cuantitativos nunca deben prevalecer sobre los cualitativos, los mismos son de por sí muy elocuentes. Quiero recordar que en este lapso de tiempo se han dirigido 1312 peticiones y que se han aceptado 582 y rechazado 529. A pesar de esto, quiero recordar que se están examinando todavía 959 peticiones: entre éstas hay algunas peticiones que como la que acaba de recibirse y que atañe a la caza, recogen más de 1.800.000 firmas, que prueban el interés que muestran muchos ciudadanos por este instrumento.
Y termino, señora Presidenta, con una pregunta. Nosotros somos conscientes de que la figura de la petición se ha convertido en un instrumento sumamente importante y delicado para acercar al ciudadano a la Unión Europea y para permitir al Parlamento percibir las verdaderas expectativas de los ciudadanos. En definitiva, en un Parlamento que, desgraciadamente, carece todavía de la facultad de iniciativa legislativa, la petición representa, hoy por hoy, un instrumento insustituible para la plena afirmación de la ciudadanía europea, para realizar la utopía concebida por los grandes espíritus europeos e ilustrada por Voltaire cuando, en el año 1700, sostenía que Europa debe convertirse en el único continente en que un ciudadano italiano o alemán, que se encuentre en Francia u otro lugar, nunca debe sentirse en el exilio.
Si esto es verdad, le pregunto, señora Presidenta, si los medios y los instrumentos de que disponemos están a la altura de nuestras ambiciones y de las mencionadas expectativas de los ciudadanos europeos.

Ford
Señora Presidenta, pido disculpas en nombre del Sr. Evans que no se encuentra presente por razones inaplazables, aunque espera estar de vuelta antes de la hora del almuerzo, cuando votemos sobre esta cuestión.
El informe Evans trata sobre la posibilidad de presentar peticiones al Parlamento Europeo en lenguas distintas de las 11 lenguas oficiales. Existen dos grupos de las que podríamos denominar lenguas no oficiales. En primer lugar, están las lenguas de algunas regiones de la Unión Europea. Por ejemplo, en mi circunscripción tenemos el galés o gaélico. En segundo lugar, están las lenguas de inmigrantes en la Unión Europea que, una vez más, en el caso de mi país, serían lenguas como el gujrati, el urdu, el bengalí, etc.
La propuesta del Sr. Evans está encaminada a permitir a la población presentar peticiones al Parlamento Europeo en cualquiera de estos dos grupos de lenguas, a condición de que vayan acompañadas de la correspondiente traducción oficial. Esta medida beneficiaría a muchos millones de personas residentes en la Unión Europea, que son ciudadanos de la Unión, pero cuya primera lengua no es una de las 11 lenguas oficiales.
Espero que la Asamblea apoye el informe. La enmienda presentada por el Sr. Evans es acerca de esta cuestión. Hay varias otras enmiendas a las que, lamentablemente, nos oponemos, ya que mayormente trazan una distinción entre las lenguas reconocidas oficialmente y aquellas que no lo están. Creemos que cualquiera de las lenguas de uso común en la Unión Europea deberían ser admitidas, a condición de que vayan acompañadas de la traducción oficial. Ciertamente, algunas de las enmiendas son bastante disparatadas, una de ellas da a entender que deberemos contratar a personal que, por ejemplo, pueda ocuparse de las peticiones en galés. Estamos perfectamente de acuerdo con que las peticiones se presenten en galés, pero no estamos de acuerdo con la enmienda que declara que debe ser posible presentarlas sin una traducción.
Insto a la Asamblea a apoyar la enmienda Evans, pero a que no apoye las demás enmiendas. Espero que podamos introducir esta pequeña, pero significativa modificación, en nombre de los pueblos de Europa, cuando votemos a las 12.00 horas.

Wibe
Señora Presidenta, mi informe tiene su origen en una propuesta de Dell'Alba para hacer una pequeña enmienda al artículo 156 que posibilitaría el envío de peticiones a través del correo electrónico. La esencia de mi propuesta es que aprobemos esta enmienda de Dell'Alba y, consecuentemente, que permitamos el envío de peticiones por medio electrónicos. Además, mi informe contiene otra propuesta, a saber, que esas peticiones formen parte de un registro público y, por tanto, estén a disposición del público.
Se puede discutir mucho en torno a mi informe. Sin embargo, permítanme decir que el punto de vista más importante es, con todo, que las peticiones sean independientes de la forma cómo se envíen. No debe tener importancia si se envían por medio de telefax, correo ordinario o correo electrónico. También debe señalarse que en muchos órganos similares en los parlamentos nacionales y donde nuestro propio Defensor del Pueblo, se permite que se envíen peticiones por medios electrónicos.
Fundamentalmente se han hecho tres objeciones. La primera es que, de algún modo, es injusto ya que no toda la gente tiene un ordenador. Los ordenadores están en primer lugar, principalmente, en manos de hombres y, en segundo lugar, en poder de personas con altos ingresos. Es una objeción evidentemente correcta que esto aumenta las posibilidades para aquellos que poseen un ordenador y no para los demás. Al mismo tiempo, debe destacarse que cuando se inventó la máquina de escribir hace cincuenta o cien años, tampoco estaba en poder de cualquier persona, sino que tal vez en manos de los grupos mejor situados en la sociedad. No obstante, no sería razonable prohibir el envío de peticiones a través del correo electrónico solamente porque un grupo especial de personas podría utilizar esta posibilidad.
La segunda objeción se refiere a la posibilidad de falsificación, es decir, si se envía una petición a través del correo electrónico, se le puede firmar con un nombre falso. Es totalmente correcto, esto puede ocurrir. Sin embargo, quiero señalar que no existe nada en el sistema actual que diga que hay que controlar las firmas de las cartas que llegan. Por mi parte, se trata de un asunto para la administración. Si la administración quiere controlar las firmas, no hay problemas para hacerlo, independientemente de si se ha enviado electrónicamente o como una carta ordinaria.
El tercer punto de críticas se refiere a que esto producirá un aumento de la cantidad de peticiones y, por tanto, se requerirá más personal, lo cual de por sí también es correcto. Sin embargo, creo que cuando se usa el correo electrónico hay posibilidades de hacer el trabajo más eficientemente. Con todo, el punto de vista más importante es que la democracia tiene sus costes. Es posible que esto nos lleve a que necesitemos más personal para las peticiones en la Comisión, pero la democracia cuesta y tenemos que estar dispuestos a pagar este pequeño precio.
Además del asunto fundamental nombrado anteriormente, el informe contiene también una propuesta de registro público de peticiones, en tanto quien la hace no desee que ésta sea tratada confidencialmente. En nombre de la transparencia, también es ésta una demanda razonable.
Quiero terminar diciendo que felizmente este informe ha alcanzado unanimidad en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. Estos son, ciertamente, pequeños pasos que se dan aquí, son casi insignificancias, pero son, aún así, pasos encaminados hacia una mejor transparencia. Todos los grandes viajes comienzan con un pequeño paso.

Thors
Señora Presidenta, desde la Comisión de Peticiones damos la bienvenida a esta iniciativa que deseamos que se convierta en realidad cuanto antes. Estimamos que se necesita rápidamente una reforma. Al mismo tiempo deseo, igual que el ponente, felicitar al Defensor del Pueblo Europeo por haber abierto una página web donde hay un formulario para hacer reclamaciones. Es un buen modelo, también para nosotros, para cuando realicemos prácticamente el cambio en los procedimientos de trabajo que esto conlleva.
Es verdad que de acuerdo a nuestras reglas actuales se debe controlar la identidad del peticionario. Tenemos que tratar de apresurar esto y, simultáneamente, tal vez, tratar de usar nuevas propuestas legislativas sobre firmas electrónicas.
Compartimos el criterio del ponente sobre la necesidad de desarrollar las bases de datos de modo que el público pueda ver qué peticiones existen. Además, estamos de acuerdo en que las peticiones deben ser tratadas por igual, independientemente de la forma de su presentación.
También espero con satisfacción la propuesta de enmienda del procedimiento de trabajo, de modo que las peticiones sean públicas, salvo en los casos en que el peticionario haya solicitado que su petición sea tratada confidencialmente. Lo significativo es que esta modificación de los procedimientos de trabajo va a estar en contradicción con el artículo 12.3 de las normas aprobadas por el Parlamento sobre acceso a la documentación. Esas normas tienen otra orientación, es decir, que para tener acceso a un documento que haya sido enviado al Parlamento, no hay que solicitarlo al Parlamento sino a quien lo haya escrito. Este conflicto es sustantivo, pero la línea correcta es la que hemos elegido en este documento, es decir, que se les deberá considerar como documentos del Parlamento.
Finalmente quiero decir que es importante que en el futuro sigamos teniendo posibilidad de presentar peticiones masivas. Al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad como parlamentarios a la hora de asignar prioridades, atender a la naturaleza de los asuntos y no a la cantidad de peticiones presentadas.

Schmidbauer
Señora Presidenta, yo quisiera felicitar a los tres ponentes, ya que, según he podido saber a través de la otra comisión, los tres informes fueron aprobados por unanimidad. Nuestra tarea como diputados elegidos directamente por los ciudadanos y ciudadanas es representar las aspiraciones de los mismos y hacer nuestras sus preocupaciones. Ninguna institución o administración es infalible. Las disposiciones europeas pueden presentar insuficiencias en la práctica y en la transposición del Derecho europeo al Derecho nacional, por bien intencionada que sea, siempre se puede incurrir en algún error. Las administraciones, todos lo sabemos, tienden a actuar de manera burocrática y esto se traduce en un distanciamiento de los ciudadanos.
La proximidad al ciudadano es una de nuestras palabras favoritas en nuestros discursos parlamentarios. La Comisión de Peticiones garantiza con su trabajo práctico que la proximidad al ciudadano se cumpla en la práctica. El trabajo de la comisión consiste en prestar asistencia frente a las deficiencias o los incumplimientos del Derecho comunitario y velar por la defensa de los derechos ciudadanos. Afortunadamente, los ciudadanos y ciudadanas ejercen cada vez más sus derechos y, en consecuencia, el número de reclamaciones y peticiones ha vuelto a aumentar en los últimos años. Lamentablemente, la dotación del personal de secretaría de la comisión no se ha ampliado automáticamente a la par con el incremento del trabajo y estamos procurando acelerar el examen de las peticiones mediante una modificación y una mayor concisión en nuestro método de trabajo y su organización. Por otro lado, confiamos que la decisión sobre la modificación del Reglamento que propone el Informe Wibe abra nuevas posibilidades, ya que permitiría también el envío de peticiones a través de Internet, lo cual agilizaría todo el procedimiento de tramitación y de examen.
El hecho de que puedan transcurrir incluso varios años antes de que sea posible completar la tramitación de algunas peticiones no sólo resulta molesto, sino que también transmite una imagen nada positiva de Europa. El período de tramitación se alarga con frecuencia por muy diversos motivos. Por un lado, la traducción de los documentos y la presentación de un resumen en las once lenguas lleva tiempo. Por el otro lado, en la mayoría de los casos se solicita información a la Comisión y su respuesta también tiene que traducirse a las once lenguas antes de que las peticiones puedan ser examinadas en comisión.
El mayor problema lo plantean, sin embargo, nuestros Estados miembros, que responden con lentitud y evasivas a las quejas, sobre todo cuando son manifiestamente justificadas, y a veces incluso no reaccionan y sólo la amenaza de una actuación ante el Tribunal de Justicia Europeo les incita a actuar. Los 17 procedimientos por incumplimiento de los Tratados, iniciados a instancias del Parlamento, que se enumeran en el informe de la Comisión Europea sobre el ejercicio de este derecho en el ámbito de la Unión son un resultado del trabajo que realizamos en la Comisión de Peticiones. A pesar de todas las dificultades, resulta satisfactorio constatar que muchas peticiones se han podido resolver de manera positiva.
En el Informe anual se describen, a modo de ejemplo, algunos casos que yo quisiera recordar ahora. Por ejemplo, un trabajador alemán que había desarrollado parte de su actividad laboral en Bélgica y Francia, solicitó con pleno derecho su pensión en los tres Estados miembros. La caja de pensiones francesa le reconoció este derecho, pero recortó su pensión a sólo la mitad, aduciendo como argumento que no se podría abonar el importe total hasta que no presentase la notificación de las cajas de pensiones alemana y belga. Sin embargo, dado que al mismo tiempo también tenía dificultades con la caja de pensiones alemana, con la cual tiene pendiente un litigio, corría el riesgo de tener que esperar un buen tiempo antes de poder percibir la pensión francesa.
La decisión relativa a la pensión francesa fue modificada gracias a una iniciativa y a la intervención de la Comisión y se le abonó la pensión completa, pues las autoridades francesas habían aplicado una disposición antigua. En este caso, las autoridades nacionales habían cometido, por lo tanto, un error, pero la intervención de la Comisión de Peticiones consiguió que a un ciudadano le fuese reconocido su derecho.
No todas las peticiones se pueden resolver con resultados tan favorables. Además, continuamente topamos con las limitaciones de las competencias que nos concede el Tratado. Sin embargo, es importante que los ciudadanos y ciudadanas estén informados y sepan que pueden acudir a la Comisión de Peticiones para hacer valer sus derechos y que haremos cuando esté en nuestro poder para conseguir que éstos les sean reconocidos.

Perry
Señora Presidenta, durante el debate sobre el informe Anastassopoulos de esta misma semana, muchos diputados dijeron que no debemos escatimar esfuerzos para acercar este Parlamento a la sociedad europea. Es una meta importante. Así, la posibilidad de presentar peticiones al Parlamento y la labor de la Comisión de Peticiones son unos de los medios más eficaces de que disponemos para que ciudadanos individuales puedan recurrir al Parlamento de una forma clara y directa en busca de soluciones a sus preocupaciones.
Felicito al Sr. Fontana por la claridad de su informe y también por el compromiso que, en su calidad de presidente de la Comisión de Peticiones, ha demostrado con las necesidades de ciudadanos europeos. El Sr. Fontana cuenta con la útil asistencia de una plantilla competente y responsable y, de forma similar, los informes que nos proporciona la Comisión son siempre minuciosos y bien presentados. En ocasiones, cabe desear que sus informes lleguen con algo más de celeridad a la Comisión de Peticiones.
El obstinado boicot a la comisión de algún representante del Consejo, lamentablemente, sigue siendo una gran omisión. No veo a ningún representante del Consejo asistiendo a este debate. No logramos que la Presidencia británica se tomara en serio las necesidades de ciudadanos individuales. Espero que la Presidencia austríaca se ocupe de este asunto y garantice que, de manera natural, un representante del Consejo asista a todas las reuniones de la Comisión de Peticiones. En ellas el Consejo aprendería mucho más sobre cómo marcha realmente Europa, que en toda una serie de reuniones a puerta cerrada del Consejo.
También quiero respaldar las observaciones que han hecho otros diputados sobre la necesidad de utilizar métodos modernos -correo electrónico e Internet- para presentar las peticiones. Al tiempo que no dudo en respaldar el informe del Sr. Evans, la principal preocupación es la rapidez en las consideraciones. Es realmente lo que los diputados desean.

El Presidente
Muchas gracias, señor Perry. Sólo quiero indicarle que la Presidencia del Consejo se encuentra presente y sus representantes están tomando notas diligentemente aquí delante.

Vallvé
Señora Presidenta, creo que la modificación del derecho de petición al Parlamento Europeo en el sentido de que sean reconocidas las lenguas que son oficiales en una parte del territorio de los Estados miembros es un paso positivo. Debemos recordar que este Parlamento aprobó, en el mes de diciembre de 1990, el informe presentado por la diputada de Luxemburgo, Sra. Reding, en el cual destacaba la importancia de las lenguas minoritarias en el marco de la Unión Europea y la necesidad de que los ciudadanos de todos los pueblos de Europa no viesen la Unión Europea como un cuerpo extraño a su propia identidad.
No estamos hablando de un reconocimiento de más lenguas de trabajo ni de más lenguas oficiales. Únicamente de que estos ciudadanos puedan dirigir sus peticiones al Parlamento Europeo, que es la institución que representa a la totalidad de los ciudadanos de Europa, en su propia lengua, cuando tenga reconocido un estatuto de oficialidad en el Estado correspondiente.
Yo quiero recordar que muchas de estas lenguas fueron prohibidas en algunos Estados durante épocas de dictadura todavía recientes, pero que la democracia las ha reconocido y les ha otorgado también un estatuto propio de oficialidad.
Tenemos que tener en cuenta también que estos ciudadanos tienen el derecho de utilizar su lengua materna en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y otros órganos judiciales. Por lo tanto, el reconocimiento del uso de la lengua propia por parte del Parlamento Europeo sería un hecho de justicia en lo que concierne al derecho de petición, y sería un buen ejemplo de cara a esta futura ampliación a los Estados del centro y del este de Europa, donde se encuentran también grupos minoritarios con lenguas propias en el marco de los Estados, para que dichos grupos vean que esta institución europea está abierta a la pluralidad de todos los pueblos de Europa.

Hyland
Señora Presidenta, cada vez resulta más evidente que una de las innovaciones más significativas del Tratado de Maastricht fue la de instaurar el derecho de presentar peticiones. Es un derecho fundamental del que gozan todos los ciudadanos de la Unión Europea. En el período que abarca el informe, la Comisión de Peticiones ha recibido 1.300 peticiones. La mayoría de las cuales se centran en cuatro ámbitos principales, a saber, el no reconocimiento de las titulaciones, problemas relativos a la libre circulación en los Estados miembros, el medio ambiente y la salud pública. Se trata de problemas reales planteados por los propios ciudadanos de la UE, e ignorarlos supondría un peligro para nosotros. El derecho a presentar una petición ayuda a romper barreras y crea un nexo vital entre el funcionamiento de las instituciones de la UE y nuestros ciudadanos. A raíz de las peticiones presentadas por ciudadanos de la UE, los Estados miembros pueden ser declarados culpables de infringir el Derecho comunitario.
Deseo referirme brevemente a Sellafield. La instalación nuclear situada en la costa occidental británica, lejos de la cómoda sede del poder en Londres, ha sido y sigue siendo causa de seria preocupación para ciudadanos irlandeses. La única Sellafield segura es una Sellafield cerrada. La Comisión no puede seguir haciendo caso omiso a lo que dicen los ciudadanos. No es una cuestión de subsidiaridad: la contaminación transfronteriza es un asunto que nos preocupa a todos y ha dado lugar a numerosas peticiones.
Sellafield tiene un historial estremecedor: es propensa a los accidentes, contamina el aire y nuestro mar. Existe una larga letanía de incidentes y disputas. ¿Por qué British Nuclear Fuels se negó a facilitar información suficiente al Radiological Protection Institute de Irlanda para que éste pudiera evaluar la seguridad del almacenamiento nuclear de Sellafield? Un informe del Consejo General de Consejos de Condados irlandeses, publicado en junio, advertía que un accidente nuclear en Sellafield podía originar un desastre de diez a cien veces mayor que el de Chernóbil. Incluso un pequeño seísmo en la región de Cumbria podría romper los depósitos de almacenamiento. Dicho informe, elaborado por el director del Institute for Research and Security Studies con base en los Estados Unidos, acusa a los inspectores de la instalación nuclear del Reino Unido de no tomar con la suficiente seriedad la posibilidad de un accidente grave en Sellafield y de no tener un plan de emergencia. Va siendo hora de que la Comisión corte las alas a la ambición nuclear del Britrish Nuclear Fuels cuando se dispone a extender su imperio hasta los Estados Unidos.
Para terminar, en lo relativo a la petición del Sr. Peter Downs de Irlanda sobre la seguridad de los cascos de equitación, insto a la Comisión a presentar ya un informe de actividades sobre los asuntos planteados. La norma EN 1384 propuesta es un compromiso que no garantiza la mejor protección posible, como exige la directiva sobre equipos de protección del personal. Sólo se consultó a una de las 17 federaciones de equitación que existen en Europa. ¿Por qué se nos niegan normas de seguridad más seguras a pesar de que existen, habida cuenta, por ejemplo, de que las normas estadounidenses proporcionan mejor protección? Por lo tanto, le rogamos que presente un informe de actividades, porque la vida está en juego.

Gutiérrez Díaz
Señora Presidenta, la modificación del apartado 3 del artículo 136, que se propone en el informe del Sr. Evans, no es una modificación del régimen lingüístico, cuya responsabilidad corresponde al Consejo, sino la voluntad de que los ciudadanos puedan utilizar, en las quejas o peticiones que dirigen al Parlamento Europeo, la lengua que les es propia.
Ciertamente, el Sr. Evans ha hecho un esfuerzo, y ha introducido esa modalidad de presentar el escrito en la lengua propia con una traducción. Pero esto no es satisfactorio: es una solución formal pero no una solución real. Y no lo es, sobre todo, en algunos casos, señora Presidenta, como son los de aquellas lenguas que son oficiales en uno de los Estados miembros de la Unión. En este caso, señora Presidenta, nosotros entendemos que deberían aceptarse las peticiones y las quejas de los ciudadanos con su lengua propia.

Tamino
Señora Presidenta, creo que a nadie se le pasa por alto que las peticiones, junto con la posibilidad de recurrir al Defensor del Pueblo, representan para los ciudadanos europeos un aspecto importante del derecho de ciudadanía y, en consecuencia, considero que debemos fomentar al máximo esta actividad democrática y este derecho de información de los ciudadanos.
Las peticiones son, al mismo tiempo, para los ciudadanos un instrumento para conocer las Instituciones europeas, y para nosotros los diputados y para las Instituciones europeas una importante ocasión para conocer cuáles son los problemas más relevantes para los ciudadanos y, por ende, cuáles son los aspectos más destacables en que ha de centrarse nuestra actividad.
Hay que considerar asimismo que las peticiones siguen aumentando -el año pasado fueron más de 1.300- y que son cada vez más los ciudadanos que firman las peticiones -hay peticiones con más de 30.000 firmas- lo que demuestra que son cientos de miles los ciudadanos que cada año utilizan este importante instrumento de democracia. Evidentemente, esto exige mejorar la organización de los trabajos de la Comisión de Peticiones, así como facilitar a los ciudadanos la posibilidad de hacer uso de este instrumento. Estamos, por lo tanto, a favor de la utilización de nuevos medios como Internet y de las lenguas que no son oficiales, siempre y cuando exista una síntesis y una traducción a una de las lenguas oficiales.
Tampoco hay que olvidar que casi la mitad de las peticiones es inaceptable. Esto significa que no existe una información adecuada de los ciudadanos europeos sobre qué pueden pedir y cómo deben dirigirse las peticiones.
Otro aspecto significativo es la colaboración con las Instituciones de la Unión Europea, en particular, con el Defensor del Pueblo europeo en lo que se refiere a las peticiones límite, así como con la Comisión, con la cual la colaboración, que hasta ahora ha sido buena, podría mejorarse en cuanto a los plazos y la calidad de las respuestas.
También es de esperar una mejora de la colaboración entre la Comisión de Peticiones y las demás comisiones del Parlamento Europeo. Asimismo, como ya se ha dicho, han de mejorar las relaciones con los Estados miembros, puesto que las respuestas que hemos obtenido hasta el momento son insatisfactorias y tardías.
Como representante del Grupo de los Verdes, permítanme manifestar que estamos muy satisfechos porque los ciudadanos europeos estiman que el instrumento de las peticiones es muy importante para que se conozcan los problemas medioambientales de su territorio.

Novo Belenguer
Señora Presidenta, comienzo felicitando a los tres ponentes, aunque voy a centrar mi intervención en el informe del Sr. Evans por la gran importancia e interés que tiene para las lenguas y culturas de la Unión Europea. Efectivamente, las lenguas que gozan de un estatuto de oficialidad en un Estado miembro podrán gozar, a partir de este momento, de los mismos derechos que actualmente tienen cada una de las 11 lenguas de trabajo oficiales de la Unión Europea en lo que se refiere al derecho de petición al Parlamento Europeo, favoreciendo así el desarrollo de las diferentes culturas de los pueblos de Europa.
Y, señora Presidenta, este es el sentido de nuestra enmienda: promover y desarrollar el uso de y la comunicación, en su lengua propia, de los ciudadanos europeos, respetando su propia cultura e idiosincrasia, con las instituciones comunitarias, en este caso con el Parlamento Europeo.
Con todo esto, no estamos haciendo otra cosa que reforzar y desarrollar el sentimiento de ciudadanía europea en todos los pueblos de la Unión, ya que lo que pretendemos conseguir es que, llegado el caso, un ciudadano, por ejemplo de la Comunidad Valenciana, tenga la oportunidad de dirigirse al Parlamento Europeo tanto en español como en valenciano, al estar esta última lengua oficialmente reconocida en nuestro estatuto de autonomía.
Esta es una buena oportunidad para dar sentido al gran esfuerzo que la propia Unión Europea, a través de la Comisión, está realizando, desde hace ya varios años, en favor de la promoción y desarrollo de las lenguas minoritarias de la Unión, sobre todo por medio del programa ARIANE cuya dotación financiera superó en 1997 los 3.700.000 ecus, y gracias también a los trabajos desarrollados por la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias.
Finalizo ya, señora Presidenta, con la esperanza de que esta Asamblea apruebe un informe cuyas enmiendas tratan de ampliar y consolidar el espíritu de integración de los pueblos y sus culturas.

Striby
Señora Presidenta, los informes de nuestros colegas Evans y Wibe aspiran a ampliar aún más el derecho de petición establecido por el artículo 156 de nuestro Reglamento. Pero en estos mismos textos encontramos disposiciones que, en previsión de las dificultades que pueden derivarse de dichas reformas, convierten a estas últimas en un modelo de statu quo .
En el momento en que los servicios de traducción de la Comisión Europea piden que se introduzca una jerarquía entre los documentos, con el fin de determinar cuáles requieren una traducción integral -habida cuenta de la ampliación, que aumentará a dieciséis el número de lenguas oficiales-, el Sr. Evans propone reformar el Reglamento para que se puedan presentar peticiones en una lengua distinta de las once lenguas oficiales de la Unión. Feliz idea para quienes hablan una lengua minoritaria. Pero, ¿dónde está el ahorro de tiempo si el peticionario debe adjuntar una traducción o un resumen redactado en una lengua oficial de la Unión Europea? ¡Esta propuesta es un engaño, una hipocresía, ya que la única simplificación consiste, de hecho, en proponer al Parlamento Europeo que admita unos documentos que, como muy bien sabemos, serán completamente inútiles!
Por su parte, el Sr. Wibe sugiere simplificar el procedimiento para la presentación de las peticiones gracias a los medios electrónicos, pero aclara que sería necesario, tras la recepción de la petición a través de la Web, enviar al peticionario una carta solicitándole que confirme su propuesta presentada por correo electrónico. ¡Aquí tampoco hay ninguna simplificación, como se promete! El presidente Fontana constata en su informe el aumento del número y de la complejidad de las peticiones, lo que supone cada vez más retrasos y dificultades para tratarlas. En estas condiciones, ¿cuál será la eficacia y la credibilidad de la Comisión de Peticiones si se multiplican las vías de consulta del Parlamento, como sugieren los diferentes informes que debatimos esta mañana?
Para concluir, señora Presidenta, nosotros votaremos en contra de dichos informes no porque sean malos, sino porque no responden a los problemas planteados, ya que tras comprobarse una gran acumulación de solicitudes en la Comisión de Peticiones, los ponentes proponen como solución un aumento de la burocracia.

Amadeo
Señora Presidenta, no cabe duda que uno de los resultados más importantes conseguidos por el Tratado de Maastricht fue la creación de esa ciudadanía europea que ha equiparado todo ciudadano de un Estado miembro a un ciudadano de la Unión y que, implícitamente, ha dado lugar a una mayor incidencia de la tutela de sus derechos en el ámbito de la construcción comunitaria.
Junto con la figura del Defensor del Pueblo, instituida por el Tratado, también el derecho de petición, reconocido por el mismo Tratado, tiene como fundamento superar ese déficit democrático que sigue perjudicando al ciudadano comunitario. En realidad, el derecho de petición es fundamental, no solo para los ciudadanos, sino también para las Instituciones de la Unión, habida cuenta de que las peticiones permiten a las Instituciones conocer las verdaderas expectativas de los ciudadanos.
Queremos subrayar, sin embargo, que un examen eficaz de las peticiones depende siempre de la existencia de los recursos humanos y de los servicios responsables adecuados, e insistimos para que, a través de los medios más apropiados, sean publicitados con frecuencia entre los ciudadanos europeos el derecho de petición y, aún más, si cabe, las vías de acceso al Parlamento Europeo que es el que canaliza las peticiones. Finalmente, debe atribuirse gran importancia a la aceptabilidad de las mismas.
El señor Presidente de la Comisión y nosotros con él confiamos en que mejoren las actuaciones de los Estados miembros en los casos en que se señalan infracciones, y subrayamos la necesidad de que los propios Estados miembros respondan de forma exhaustiva e inmediata a las solicitudes de información y de actuación que reciben de la Comisión Europea, y cumplan la obligación de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión, a tenor de lo establecido en el artículo 5 del Tratado. Por desgracia, sin embargo, hoy todo esto no ocurre.
El presidente Sr. Fontana, a quien agradezco la excelente labor que realiza como presidente de la Comisión de Peticiones, llama justamente la atención sobre los poderes reales del Parlamento Europeo que, actualmente, tan sólo dispone del poder de codecisión y carece de una verdadera potestad legislativa que permita realmente al elector ejercer, a través de los electos, el control democrático de las medidas que se adoptan.
En consecuencia, la importancia que reviste poder acudir a la figura de las peticiones que registran las aspiraciones y expectativas del ciudadano y que reciben sus quejas de la normativa europea que consideran inicua, es un vector de nuestro sistema democrático. Gracias a las distintas peticiones dirigidas al Parlamento Europeo se han conseguido ajustar las disposiciones vigentes a través de las necesarias medidas correctoras de tutela, al objeto de promover la integración europea que ya es inaplazable.
Una última observación a los tiempos de trabajo demasiado largos: no sé cómo, pero tenemos que estudiar la manera de ser más ágiles y rápidos.

Smith
Señora Presidenta, ser un miembro activo de la Comisión de Peticiones es, en buena medida, una formación. La Comisión de Peticiones es una fuente inagotable de información, de conocimientos -y a veces, de algo de desconcierto- cuando nos adentramos en los entresijos de la legislación que dan lugar a las quejas de los ciudadanos.
Pero es aquí, en contacto directo con los ciudadanos de la Unión Europea, donde encontramos los fallos y las limitaciones de la legislación comunitaria. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, descubrimos que los proyectos que fueron planeados antes de la entrada en vigor de la legislación no necesitan una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. Lo que significa que se puede sacar del cajón un plan de hace 20 años, desempolvarlo y no será necesario presentar ninguna evaluación sobre las repercusiones sobre el medio ambiente para su aprobación. Sobre el reconocimiento mutuo de las titulaciones, la Unión Europea tiene aún un largo camino por recorrer. En el caso del acceso a las prestaciones de la seguridad social, los gobiernos se confabulan entre sí para negar a los ciudadanos sus derechos.
Todas estas cosas juntas actúan como impedimento a la libre circulación de ciudadanos y la Comisión de Peticiones ha llamado continuamente la atención al respecto.
Quisiera rendir homenaje a la Comisión y expresarle mi agradecimiento por su cooperación durante el tiempo que he estado en la comisión. No obstante, esta alabanza es limitada. A veces podría mostrarse más colaboradora. Los asuntos que se presentan a la Comisión de Peticiones podrían haber sido llevados un poco más lejos por la Comisión antes de llegar a la comisión.
Pero, al igual que el Sr. Perry, reservo mis críticas para el Consejo. Muy rara vez coopera con nosotros, y la clave de la solución de muchas reclamaciones de los ciudadanos depende de su cooperación; una cooperación que, lamentablemente, se queda corta.
Por tanto, me complace apoyar dichos informes, con algunas reservas. Doy las gracias a los ponentes por sus esfuerzos. El Sr. Wibe me ha pedido que señale que su informe es un trabajo de significado histórico. Me complace mencionarlo a modo de recordatorio -aunque les dejaré que juzguen por ustedes mismos.

El Presidente
Hasta el momento, en el presente debate, ninguno de los oradores y oradoras ha respetado su tiempo de uso de la palabra. Si continuamos procediendo así, este mediodía también iniciaremos las votaciones con media hora de retraso. Yo sólo quisiera llamarles una vez más la atención sobre este hecho, con el ruego de que procuren estar un poco más atentos al reloj.

Donnelly, Brendan
Señora Presidenta, intervengo en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo sobre los informes Evans y Wibe. El informe Wibe es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para el Parlamento Europeo. Sabemos que el Sr. Wibe, proviniendo como proviene de Escandinavia, está especialmente interesado en la tecnología de la información. Es un nuevo enfoque, un nuevo aspecto de nuestro trabajo que ha sido especialmente enfatizado y subrayado por su trabajo y el de sus colegas escandinavos. Lo acogemos con satisfacción y es acertado que nos conduzca suavemente hacia el siglo XXI en este sentido.
En lo que respecta al informe Evans, también intervengo en nombre del Grupo del PPE. Quisiera señalar que la enmienda 3 ha sido retirada. La enmienda no ha sido presentada por el Grupo del PPE. La Sra. Ferrer y 28 diputados más han presentado una enmienda idéntica que será sometida a votación.
Hecha esta observación preliminar, quisiera decir que el Grupo del PPE apoya el informe Evans. Creemos que es un compromiso muy viable y valioso entre dos objetivos, uno de los cuales es respetar los Tratados y las normativas en vigor. El otro es reconocer el derecho y el deseo de las personas de poder dirigir sus peticiones al Parlamento Europeo en la medida de lo posible en su lengua materna.
El informe del Sr. Evans parece contemplar ambos objetivos. Se ajusta a los requisitos jurídicos del Tratado y de las directivas. Es un importante paso para permitir a los que hablan lenguas minoritarias o las lenguas de Cataluña, Gales, Irlanda, Cerdeña, etc. que se dirijan al Parlamento Europeo en su propia lengua. Los colectivos de inmigrantes también se verán favorecidos.
Sería una pena que el Parlamento Europeo se viera involucrado en exceso en cuestiones de acuerdos lingüísticos que pueden ser resueltos mejor a nivel nacional. Tenemos nuestras lenguas oficiales. Debemos respetar su situación en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. Recomiendo los informes Evans y Wibe a la Asamblea.

Ephremidis
Señora Presidenta, el contacto más puro, directo y vivo del Parlamento Europeo con el ciudadano, tanto de forma individual como colectiva, es esta institución de la Comisión de Peticiones. Eso es algo que remarcan los tres informes, especialmente el del Sr. Fontana, y eso es algo con lo que estoy de acuerdo. Pero vengo observando que hay un tipo de reseña que se refiere al número de peticiones llevadas a cabo pero que no nos habla de su resultado. Lo que nos interesa saber es si el ciudadano al que nos referimos en estos casos ha encontrado su parte de razón, y, en caso contrario, quién había reaccionado en contra; si ha sido el Consejo, la Comisión o las autoridades nacionales. También nos interesa saber qué es lo que ocurre después. Posiblemente, después se desarrolle un debate, un proceso que consume tiempo sin que dé por ello resultados.
Señora Presidenta, quisiera añadir, en primer lugar, que dicho informe debería hacer referencia a si quien ha presentado la petición ha quedado satisfecho al término del procedimiento y, en segundo lugar, quién ha sido el responsable y por qué razones. También quisiera proponer el refuerzo institucional y jurídico de esa Comisión y sus procedimientos para que cuando no sea satisfecha una justa petición haya algún tipo de sanción. Por último, quisiera pedir que no se desarrolle el debate una vez al año, que se realice, si es posible, cada vez que haya una Asamblea - si es que valoramos la importancia que tiene la institución- o al menos una vez al semestre para que el Parlamento esté informado, supervise y apoye a dicha Comisión en el desarrollo de su labor.

Kuhn
Señora Presidenta, yo podría repetir hoy casi al pie de la letra mis intervenciones de los últimos años. Cada año recibimos más peticiones, a pesar de que la mayor parte de los ciudadanos de la Unión Europea desconocen su derecho a presentar peticiones ante el Parlamento Europeo en relación con temas comunitarios. La utilización de los medios de comunicación más modernos, además de los folletos informativos, podría contribuir también a dar a conocer sus derechos democráticos a los ciudadanos y ciudadanas.
Lamentablemente para los peticionarios, la tramitación de las peticiones hasta su resolución definitiva se alarga demasiado. La Comisión de Peticiones ha optimizado su método de trabajo. La cooperación con los funcionarios de la Comisión ha mejorado considerablemente, a mi parecer. En la mayoría de los casos -como ya se ha señalado-, el problema se encuentra en el Consejo, o sea, en el Estado miembro al cual se dirige en cada caso la petición. Se requiere verdadera paciencia para obtener una respuesta. Con frecuencia se requieren varios meses, a menudo no hay respuesta y a veces sólo las presiones de la Comisión consiguen que se inicie un procedimiento e inducen al Estado miembro a responder.
Es inevitable tener la impresión de que algunos Estados miembros no se toman en serio el derecho de los peticionarios, incumpliendo el compromiso enraizado en el Tratado de Maastricht. Personalmente, yo considero satisfactorio que durante el período que abarca el Informe se haya reducido apreciablemente el número de peticiones relativas a la falta de transposición o de aplicación de la legislación europea en materia de protección del medio ambiente. Lo cual parece indicar que los Estados miembros han empezado a tomarse más en serio las disposiciones relativas al medio ambiente.
Gran parte de las peticiones se refieren al ámbito social y en particular a los derechos de los trabajadores migrantes. La Directiva 1408 relativa a la coordinación es, ciertamente, positiva, pero con frecuencia no permite evitar las injusticias. Sería particularmente de desear que el Consejo manifieste sensibilidad en relación con este tema, a fin de evitar que la libre circulación acarree desventajas. En este sentido, yo me remito al informe de la señora Weiler que se someterá a votación esta tarde.

Ferrer
Señora Presidenta, la Unión Europea, que se define y actúa como una comunidad fundamentada en el respeto de los derechos humanos y que siempre ha defendido y se ha comprometido a promover la diversidad cultural de Europa, no puede ignorar el derecho de un pueblo a ver reconocidos y respetados sus signos de identidad. Por ello, este Parlamento, en tanto que representante de los pueblos que integran la Unión Europea, se ha manifestado en reiteradas ocasiones en favor de medidas que contribuyan a preservar esta identidad, uno de cuyos signos más evidentes es su lengua. Baste recordar el informe Reding sobre la situación de la lengua catalana, o el informe Killilea sobre las lenguas minoritarias.
Pues bien, hoy el Parlamento tiene la oportunidad de dar cumplimiento a uno de los acuerdos adoptados en el informe Killilea y de reiterar así su compromiso con la defensa de aquellas lenguas que son parte del rico patrimonio cultural europeo.
Por ello, solicito el voto favorable de esta Asamblea a la enmienda que diversos grupos y varios diputados hemos presentado al informe Evans, pidiendo que las peticiones redactadas en la lengua oficial de una parte del territorio de un Estado miembro sean también admitidas a trámite. Lo pido por coherencia con nuestros propios planteamientos y decisiones y en prueba del empeño de este Parlamento en la construcción de una Europa respetuosa de la diversidad de los pueblos y culturas que la integran y que constituyen una de sus mayores riquezas.
No se trata de aumentar el número de lenguas oficiales ni de lenguas de trabajo, sino de permitir a los ciudadanos que tienen una lengua propia y reconocida como tal por el ordenamiento jurídico de su Estado miembro, formular sus peticiones en su lengua, porque esta lengua es uno de los exponentes de la riqueza cultural de Europa, porque utilizarla constituye uno de sus derechos, y porque, haciéndolo así, ganaremos muchos ciudadanos para la causa europea.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, los derechos colectivos de las minorías históricas y la diversidad cultural son bienes que todos tenemos que proteger y las instituciones europeas no han escatimado nunca esfuerzos para hacerlo. Pero el derecho de petición no es un derecho de los pueblos; es, precisamente, todo lo contrario: es un derecho individual anclado en la defensa de los derechos humanos, que el Tratado reconoce no sólo a los ciudadanos de la Unión sino a cualquier persona, a cualquier ser humano, que esté en la Unión Europea. Por lo tanto, nada hay más contrario a ese espíritu que discriminar entre aquellos que tienen una lengua minoritaria reconocida por una cuestión territorial y aquellos otros ciudadanos, que normalmente son los más necesitados, cuya lengua, también minoritaria, no tiene, sin embargo, reconocimiento oficial.
Señora Presidenta, la enmienda de la Sra. Ferrer no es concorde con los Tratados y, además, atenta gravísimamente contra algo esencial de la Unión Europea: la real protección de los derechos humanos. Quien más necesita la posibilidad de dirigir una petición en su propia lengua no es el ciudadano europeo perteneciente a una minoría histórica cuya lengua tiene un reconocimiento.
Por lo tanto, seamos serios. Si reconocemos esa posibilidad, reconozcámosla sin ninguna limitación. Y me parece, por ello, que la enmienda del Sr. Evans representa una solución razonable a este complicadísimo problema.

Banotti
Señor Presidente, dedicaré mi minuto y medio a ofrecer al Parlamento un informe muy breve sobre mi trabajo como mediadora del Presidente para casos de rapto internacional de niños. Fue para mí un honor aceptar este papel que me propuso la Comisión de Peticiones. Tan pronto como se nos notifica una petición relacionada con el rapto de un niño, generalmente por parte de uno de los padres, llamamos por teléfono a los interesados para que sepan inmediatamente que alguien del Parlamento se está ocupando directamente de su caso.
Así se eliminan las dificultades a las que se han referido muchos oradores en lo relativo a los retrasos de las peticiones, aunque reconozco que la situación ha mejorado considerablemente desde la reciente reorganización de la comisión.
Creo que la rapidez es un factor decisivo cuando nos ocupamos de muchas de las peticiones, especialmente las relacionadas con el rapto de niños. Nos ponemos en contacto con los padres afectados, con los jueces que han llevado el caso y con las autoridades nacionales, y todos ellos nos muestran su reconocimiento. No obstante, seguimos estando en seria desventaja, ya que muchos países de la Unión Europea parecen obstinarse en incumplir el Convenio de La Haya.

Oreja Aguirre
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mi acuerdo con el excelente informe Fontana en sus comentarios sobre la importancia del derecho de petición. Las peticiones permiten a las instituciones conocer las verdaderas dificultades y problemas que tienen los ciudadanos. Y el derecho de petición se sitúa así en lo que podríamos llamar el corazón de la relación de confianza entre el ciudadano y las instituciones que debe presidir el buen funcionamiento de la Unión.
Al dirigir una petición al Parlamento, el ciudadano no denuncia únicamente lo que parece que es un mala aplicación de la legislación comunitaria, sino que manifiesta al mismo tiempo su confianza en el Parlamento y en el conjunto de las instituciones con la esperanza de que el error sea reparado.
Por eso celebro que la colaboración entre el Parlamento y la Comisión haya permitido que también este año -como señala justamente el informe Fontana- puedan extraerse soluciones y mejoras concretas en gran número de casos.
Debo decirles también que la Comisión, que hace todo lo posible para acercar Europa a los ciudadanos, comparte la posición adoptada por la Comisión de Peticiones sobre los procedimientos de infracción y aprecia en todo su valor la acción que desarrolla el Parlamento en la materia.
Estamos convencidos de que una tarea esencial que nos incumbe es garantizar el pleno respeto a la legislación comunitaria y detectar las debilidades de esta legislación para mejorarla y para ponerla más adecuadamente al servicio de los ciudadanos.
Precisamente por esa preocupación de examinar rápidamente y en detalle las peticiones que nos han sido sometidas, haré únicamente una brevísima observación al informe Evans. Es cierto que la cuestión de las lenguas en las que se formulan las peticiones es esencialmente un problema de la responsabilidad del Parlamento. Pero es cierto también que, gracias a una cooperación -que yo me atrevería a llamar creativa- entre la Comisión de Peticiones y los servicios de la Comisión, se podría resolver el examen de un gran número de peticiones. Eso es lo que quería simplemente decirles. Reitero mi felicitación al ponente y al conjunto de los miembros de la Comisión de Peticiones por el excelente trabajo que han realizado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Informe de actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 1997 - Acceso del público a los documentos (Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo) - Modificación del artículo 161 del Reglamento del Parlamento
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0258/98 del Sr. Newman, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual sobre el ejercicio de las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 1997 (C4-0270/98); -A4-0265/98 de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo elaborado tras la investigación de oficio sobre el acceso del público a los documentos (C40157/98); -A4-0416/98 del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del artículo 161 del Reglamento del Parlamento.
Söderman
Señor Presidente, siguiendo las mejores tradiciones de los Estados miembros, se ha convertido en una práctica establecida que el Parlamento Europeo invite al Defensor del Pueblo Europeo a presentar personalmente su informe anual. Se han distribuido copias del Informe anual 1997 a todos los diputados al Parlamento Europeo. El informe también está disponible en el sitio de Internet del Defensor del Pueblo Europeo. Recientemente se ha modificado la presentación de dicho sitio, de cara a aprovechar todas las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para comunicarnos con los ciudadanos. Desde comienzos de mes hemos iniciado la publicación regular en la red de todas las decisiones que siguen a una consulta. El sitio de Internet incluye asimismo el nuevo modelo estándar para presentar una reclamación. Podrá ser utilizado por el creciente número de ciudadanos que eligen enviar sus reclamaciones por correo electrónico.
El prólogo del Informe anual 1997 contiene una amplia introducción a los temas sustantivos del informe. Me limitaré aquí a tratar sobre tres cuestiones relativas al futuro.
La primera es: ¿qué queda por hacer para que la oficina del Defensor del Pueblo Europeo sea plenamente operativa y pueda ocuparse eficazmente de las reclamaciones de los ciudadanos?
La segunda es: ¿cómo podemos contribuir a mejorar la calidad de la Administración europea desde el punto de vista del ciudadano?
Y la tercera cuestión es: ¿qué se puede hacer para ayudar a las numerosas personas que se quejan de algún agravio relativo a la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros, en particular, cuando intentan ejercer su derecho a la libre circulación?
En cuanto a la primera cuestión, conviene recordar que 1996 fue el primer año de trabajo completo del Defensor del Pueblo Europeo. Entre 1996 y 1997 se produjo un incremento del número de reclamaciones del 40 %. Durante la primera mitad de 1998, se ha producido un nuevo aumento del 15 %. Según he podido comprobar, también a nivel nacional, el aumento del número de reclamaciones admitidas a trámite parece ser constante, si bien el aumento de las reclamaciones no admitidas a trámite es aún mayor. No obstante, el ciudadano que tiene una reclamación con un buen fundamento, pero que no es admisible, no suele marcharse con las manos vacías. Especialmente en lo que respecta a los derechos recogidos en el Derecho comunitario, el Defensor del Pueblo Europeo siempre intenta comunicar al interesado qué organismo competente y eficaz puede ocuparse de su reclamación. Actualmente podemos solucionar de este modo el 70 % de las quejas no admitidas a trámite.
Durante 1997, la oficina del Defensor del Pueblo Europeo se ha ocupado de un total de 1.412 casos. De los cuales, 1.181 eran nuevas reclamaciones recibidas en 1997. Durante el año se lanzaron cuatro consultas por iniciativa propia, y 101 se cerraron con una decisión razonada. En el 40 % de estos casos, las instituciones solucionaron el asunto, se encontró una solución amistosa o se cerró el caso con una observación crítica. En el 59 % de los casos no se detectó ninguna mala administración. El dictamen de que no hay mala administración no siempre es negativo para el ciudadano. El proceso de reclamación e investigación permite a la institución explicar al público qué ha hecho y por qué. En algunos casos, consigue incluso convencer al autor de la reclamación de que ha actuado debidamente.
Nuestra meta es decidir sobre la admisibilidad a trámite de una queja en el plazo de un mes, y que los casos en los que se ha abierto una investigación queden cerrados en el plazo de un año. La primera meta la hemos alcanzado en buena medida: son pocos los casos que siguen pendiente después de un mes. En cuanto a la segunda meta, hemos conseguido incrementar progresivamente el número de casos solucionados, aunque la acumulación de casos sigue creciendo.
He tardado bastante tiempo en solicitar los recursos necesarios para el establecimiento de la oficina. Montar una oficina, seleccionar y formar al personal y establecer los procedimientos de trabajo adecuados lleva su tiempo, y he insistido en dar prioridad a la tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos. No obstante, es obvio que ahora necesitamos urgentemente más recursos para poder ocuparnos eficaz y debidamente de las reclamaciones actuales, y prepararnos para el nuevo trabajo que creará el Tratado de Amsterdam, cuando traiga al tercer pilar (que incluye a Europol) plenamente al ámbito de competencia del Defensor del Pueblo.
En sus observaciones sobre el informe anual de 1996, la Comisión de Peticiones pidió una definición más precisa del término "mala administración». Me encargué de ello y he incluido una definición en el Informe anual de 1997, que el Sr. Newman acoge con satisfacción en su informe. El informe Thors sobre la investigación de oficio sobre el acceso del público a los documentos demuestra asimismo que la labor del Defensor del Pueblo Europeo y la del Parlamento Europeo, especialmente la de su Comisión de Peticiones, pueden compaginarse en beneficio de los ciudadanos europeos.
En este contexto, deseo hacer hincapié en que la mejor manera de mejorar la calidad de las actividades administrativas de las instituciones y los organismos comunitarios pasa por la adopción de un código de buena conducta administrativa, al igual que las instituciones y los organismos comunitarios adoptaron las normas de acceso del público a los documentos. En mi informe anual menciono dos iniciativas importantes en este sentido. La primera es el informe Perry, relativo a las actividades de la Comisión de Peticiones entre 1996 y 1997. La segunda fue adoptada por el Secretario General de la Comisión, Sr. Carlo Trojan, que en octubre de 1997, me comunicó que se habían iniciado los trabajos sobre la redacción de un código de buena conducta administrativa para los agentes de la Comisión.
Espero realmente que adoptemos el primer código a nivel comunitario este mismo año. La aprobación y publicación de un código de estas características es una señal importante del compromiso de crear una cultura administrativa más enfocada al servicio de los ciudadanos. Significa asimismo que tanto los funcionarios, como los ciudadanos conocerán las normas en este ámbito y sabrán qué cabe esperar de una administración.
La última cuestión que me gustaría plantear aquí es el elevado número de reclamaciones que siguen llegando de ciudadanos europeos relativas a la aplicación del Derecho comunitario por parte de las autoridades públicas de los Estados miembros. También ha ido en aumento el número de reclamaciones que hemos ido pasando o que hemos sugerido que sean tramitadas como peticiones al Parlamento Europeo, cuando incluyen una cuestión de principio que exige experiencia política o el ejercicio de presión para poder resolverla, o bien por los defensores del pueblo nacionales u organismos similares. La Comisión y, especialmente, sus asesores jurídicos "Euro-Jus» que asisten a los ciudadanos en las representaciones de la Comisión en los Estados miembros, también desempeñan una función en este ámbito.
En mi opinión, es importante reconocer que muchas de estas reclamaciones pueden resolverse fácil y rápidamente a nivel nacional. Nuestro objetivo es crear una red eficaz de reparación de estos agravios, en cooperación con los defensores del pueblo nacionales y organismos afines (en la mayoría de los casos, las comisiones de peticiones de los parlamentos nacionales). En el informe anual he presentado una relación de las actividades realizadas hasta ahora en este ámbito.
Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a todas las instituciones y organismos comunitarios por un año más de cooperación constructiva. Quisiera dirigirme especialmente a la Comisión y a la Comisaria responsable, Anita Gradin, y agradecerle su firme y continuo compromiso con una administración abierta y democrática.
También quiero expresar mi agradecimiento al Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Gil-Robles, y a sus colegas por su actitud positiva y comprensiva ante la labor del Defensor del Pueblo. También debo agradecer al presidente de la Comisión de Peticiones, Sr. Fontana, y a todos los miembros de la comisión su claro interés y su actitud colaboradora en sus contactos con la oficina del Defensor del Pueblo Europeo. Un agradecimiento especial al Sr. Newman y a la Sra. Thors por sus informes exhaustivos y minuciosos que ahora tienen ante ustedes.
Gracias por su atención.

El Presidente
Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo. Como puede oír, estamos muy satisfechos con el modo en que ha iniciado su importante labor como Defensor del Pueblo del Parlamento Europeo. Iniciamos ahora el debate y le concedo la palabra al Sr. Newman, ponente de uno de los informes.

Newman
Señor Presidente, durante 1997, el Defensor del Pueblo Europeo ha continuado investigando la posible mala administración en las instituciones y los organismos de la Comunidad Europea. Lo ha hecho de una manera exhaustiva y minuciosa, y en mi informe pido al Parlamento que así lo reconozca. Los diputados al Parlamento Europeo democráticamente elegidos que sirven en la Comisión de Peticiones tienen la misión de vigilar el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. En nuestra opinión, Jacob Söderman es un auténtico campeón de los derechos de los ciudadanos. Su trabajo actúa como un amparo vital, porque sin un Defensor del Pueblo eficiente, el ciudadano individual podría fácilmente ser una víctima indefensa de la mala administración por parte de la burocracia europea poderosa y, a veces, inalcanzable.
En el informe anual del año pasado sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo, el Parlamento le pidió que presentara una definición clara del término "mala administración». Ha respondido al reto con un fórmula satisfactoria, a saber, se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente. Y lo que es quizá más significativo, también nos recuerda en su informe de los casos de mala administración que incluía en su primer informe anual. Dichos casos incluyen irregularidades administrativas u omisiones, abuso de poder, negligencia, procedimientos contrarios a la ley, injusticias, mal funcionamiento o incompetencia, discriminación, retraso evitable y falta o negación de información. El Defensor del Pueblo observa acertadamente que dichos ejemplos no son exhaustivos y que no puede incluir quejas relativas a decisiones políticas o judiciales o que incluyan juicios de valores sobre iniciativas legislativas.
La Comisión de Peticiones ya apoyó con anterioridad un código común de buena conducta administrativa para las instituciones y los organismos de la Unión Europea, y nos complace que el Defensor del Pueblo haya propuesto un código de estas características. Como declara en su informe, esta medida ciertamente mejoraría la calidad de las prácticas administrativas de las instituciones y potenciaría sus relaciones con los ciudadanos europeos. La actuación administrativa de la oficina del Defensor del Pueblo quizá nos proporcione un ejemplo muy útil del tipo de prácticas que deben incluirse en un código. Cuando el Defensor del Pueblo recibe una reclamación, su autor recibe un acuse de recibo en el que se explica el trámite que seguirá la reclamación y, lo que es muy importante, se facilitan nombre y número de teléfono del funcionario que se encargará de su reclamación. Esta práctica administrativa convierte al burócrata comunitario sin rostro en una persona real, a la que puede dirigirse el autor de la reclamación, y espero que la Comisión incluya esta modalidad.
El Defensor del Pueblo ha examinado las prácticas administrativas de la Comisión Europea, cuando, en virtud del artículo 169, ha iniciado un procedimiento de infracción del Tratado de la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia. Es algo que preocupa a muchos de nuestros ciudadanos que, con razón o sin ella, opinan que la Comisión cede con demasiada facilidad a la presión de los Estados miembros, por ejemplo, en posibles infracciones de las directivas sobre la protección del medio ambiente. La Comisión también ha sido acusada de mantener a los autores de las quejas en el total desconocimiento de la marcha de las gestiones.
Es cierto que el Defensor del Pueblo pudo cerrar sus investigaciones sobre las prácticas de la Comisión en el procedimiento de infracción sin hacer observaciones críticas. No obstante, en base a nuestros estudios de muchas peticiones relevantes, la Comisión de Peticiones cree que hay muchos problemas sin resolver relativos a la aplicación del procedimiento de infracción y continuamente estamos pidiendo al Defensor del Pueblo Europeo que analice la actuación administrativa de la Comisión cuando utiliza el procedimiento. Puede que el código de buena conducta administrativa también ayude en este asunto.
Acojo con satisfacción el compromiso del Defensor del Pueblo Europeo de concluir sus investigaciones e informar al autor de la queja, normalmente, en el plazo de un año a partir de la llegada de la reclamación. Para ayudar al Defensor del Pueblo a cumplir este compromiso, el Parlamento necesitará garantizar en el procedimiento presupuestario que su oficina recibe el personal adicional necesario.
En conclusión, coincido con la decisión del Defensor del Pueblo de dirigir su publicidad más reciente a los ciudadanos y organizaciones que trabajan con las instituciones y los organismos de la Comunidad Europea, habida cuenta de que sus poderes son limitados para investigar la mala administración por parte de dichos instituciones y organismos comunitarios. Otras quejas que tengan un carácter comunitario pueden ser estudiadas mediante una petición al Parlamento Europeo.
La Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo desempeñan funciones complementarias, pero distintas. Una de las funciones de la Comisión de Peticiones es informar sobre el trabajo en general del Defensor del Pueblo, y nuestro informe, que hoy presentamos al Parlamento, es que nos sentimos completamente satisfechos con el modo en que el Defensor del Pueblo ha desempeñado sus funciones.

Thors
Señor Presidente, el trabajo para aumentar la transparencia en la UE ha comenzado en serio. La resolución concerniente a los tribunales de primera instancia que conocen de documentos del Consejo de Ministros, las reglas del Tratado de Amsterdam y los nuevos métodos de trabajo del Consejo de Ministros son, todos ellos, ejemplos de esto. El informe especial del Defensor del Pueblo Europeo que vamos a discutir, y muchas otras iniciativas, son contribuciones de especial importancia para aumentar la transparencia.
En primer lugar, permítanme constatar que éste es un informe especial de carácter histórico. Es la primera vez que el Pleno del Parlamento ha votado un informe semejante. La manera en que tratamos este informe especial puede, de algún modo, constituir un modelo para el futuro.
Lo jurídicamente importante de este informe es que la Comisión de Peticiones propone y encuentra que queda dentro de la competencia del Defensor del Pueblo Europeo realizar la investigación por propia iniciativa. Por otro lado, compartimos el criterio del Defensor de que no hay motivos para recomendaciones formales, con el significado jurídico que tienen las recomendaciones de acuerdo al estatuto del Defensor del Pueblo.
Por el contrario, el informe especial, tal como lo propone también el Defensor del Pueblo, da motivos para iniciativas políticas de parte del Parlamento. Por eso es importante, en estas circunstancias, que demos indicaciones políticas de lo que esperamos de la Comisión en la propuesta sobre transparencia que ella debe presentar, según el artículo 191a del Tratado de Amsterdam, acerca del derecho al acceso a los documentos.
Como decimos en el informe, lo que esperamos de la Comisión es, entre otras cosas, lo siguiente:
Lamentamos que la nueva norma del Tratado de Amsterdam sobre transparencia que se va a aprobar rija sólo para la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Muchos de nosotros nos sentimos desilusionados al ver que es tan limitada. Sin embargo, permítaseme decir que el nuevo artículo A del Tratado también obliga a los otros órganos, es decir, que las decisiones tienen que tomarse tan abiertamente y tan cerca de los ciudadanos como sea posible.
Hoy hemos discutido mucho el asunto del code of good administrative praxis , un código de conducta para la buena administración y que resalta el significado de ésta, basándonos en el discurso de Söderman - Defensor del Pueblo Europeo - y del informe de Newman. Mediante un código de este tipo, aprobamos normas mínimas para una buena administración. Buena administración significa servicio rápido, pero también buena administración es que se tenga acceso a los documentos. Esto significa que puede ser importante para las demás instituciones a las que quizás el artículo 191a no obliga formalmente.
En nuestro informe también hacemos hincapié en que el acceso a los documentos no tiene gran valor si no se puede saber qué documentos existen y posteriormente se puede solicitar una parte de ellos. Si no se tiene un registro o diario que contenga los documentos existentes, tendremos una transparencia para iniciados. El informe presupone por eso que los preceptos sobre registro se integrarán en la propuesta de enmienda legal que la Comisión debe presentar tan pronto como sea posible.
En la discusión habida después de la Conferencia Gubernamental se ha afirmado que las reglas sobre transparencia que se aprobarán solamente se podrán referir a documentos recibidos dentro de las instituciones. Aquí nos remitimos a la explicación que sobre este asunto acompañaba al Tratado. Con buenos motivos se puede sostener lo contrario. La declaración que acompañaba al Tratado se refiere expresamente a la correspondencia de los Estados miembros. Se puede interpretar, y es lo que nosotros hacemos, como que otro tipo de correspondencia recibida es pública. Solamente será secreto lo que los Estados miembros hayan solicitado. Además, deseo hacer una petición a todos los Estados miembros que dicen estar a favor de la transparencia para que limiten al máximo sus demandas para que un documento sea confidencial. También debemos preocuparnos de que estas exigencias se cumplan en la práctica.
Quiero agradecer al Defensor del Pueblo Europeo por esta iniciativa. Podemos comprobar que ha conducido a que prácticamente todos los órganos e instituciones tengan reglas sobre transparencia, siendo el Tribunal una lamentable excepción. También podemos comprobar que después de la aparición del informe y durante el tiempo de tratamiento aquí en el Parlamento, también ha mejorado la transparencia de las normas. La gran mayoría de las instituciones tienen normas sobre acceso a documentos en todos los idiomas. Ellas han publicado las normas sobre acceso a documentación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o en sus páginas web. También el Comité de las Regiones lo ha hecho, ha llegado como un suplemento después de que el informe estuvo listo en nuestra comisión.
Permítanme decir una cosa en cuanto a nuestro procedimiento de votación. Creo que el Presidente va a proponer que el punto D es un punto innecesario en el informe. Allí había un error. Espero que el Presidente decida esto en la votación.
Para continuar con nuestro trabajo por la transparencia, es importante que en el futuro tengamos normas más exactas para todas las instituciones, en que las excepciones al principio de la transparencia sean tan precisas y escasas como sea posible.

Crowley
Señor Presidente, quiero dar la bienvenida al Defensor del Pueblo Europeo a la Asamblea. También doy la bienvenida a la Comisaria. Ella ha sido una fuerza muy activa para sacar adelante algunas de las propuestas que hoy debatimos aquí.
Para comenzar, quisiera indicar a los diputados que mi informe trata acerca de modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo para acomodar la operación del Defensor del Pueblo, etcétera. En este sentido, quiero agradecer a la secretaría de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades su colaboración en la elaboración del presente informe, que estuvo rodeado de polémica cuando apareció por primera vez ante el anterior Parlamento.
Es necesario que, como Parlamento, garanticemos la independencia de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo. En cierto sentido, si los que constituimos el Parlamento somos los representantes de los ciudadanos europeos, y la Comisión y el Consejo tienen sus funciones bien definidas, el Defensor del Pueblo es la persona que puede hacer de intermediario entre todas estas diferentes instituciones de una manera neutral y objetiva; es la persona que puede hacer comentarios y tomar decisiones favorables o no favorables, en base a los derechos de los ciudadanos y en apoyo de dichos derechos. Por consiguiente es fundamental que, como Parlamento, modifiquemos nuestro Reglamento de cara a garantizar dicha independencia, así como poner de relieve el nexo que existe entre el Parlamento -a través de sus comisiones- y el Defensor del Pueblo.
Desde esa óptica, el Defensor del Pueblo y el Parlamento con los dos puntos de acceso más importantes para los ciudadanos europeos: porque nosotros somos elegidos por votación y el Defensor del Pueblo está ahí para proteger sus derechos en caso de mala administración o de incumplimiento en el funcionamiento de las instituciones europeas.
La versión original del artículo 161 de nuestro Reglamento se prestaba a interpretaciones en el sentido de que no garantizaba la independencia del Defensor del Pueblo, especialmente en asuntos como: cuándo debía el Defensor del Pueblo comparecer ante el Parlamento, si podía ser convocado o no para pedir información, y si una comisión del Parlamento podía solicitar su presencia para recabar información. En virtud de los Tratados, el Defensor del Pueblo tiene derecho a establecer sus propias disposiciones y normas de actuación. Eso se hacía de manera provisional, cuando la oficina quedó equipada y entró en pleno funcionamiento en enero del presente año. Lamentablemente, el Parlamento no ha decido hasta ahora enmendar nuestro Reglamento para tener en cuenta dichas normas que afectan al Defensor del Pueblo.
Con este fin, hemos introducido algunas modificaciones al artículo 161. Es importante que los diputados comprendan que nuestro Reglamento es la luz que guía el funcionamiento de este Parlamento. Sé que muchos diputados lo encuentran demasiado técnico, muy aburrido y a veces, incluso, pedante. Pero tenemos un Reglamento que garantiza el buen funcionamiento del Parlamento y que es además la estructura adecuada de las relaciones entre el Parlamento y las demás instituciones.
Éste es el motivo por el que se ha modificado el artículo 161. La mayor modificación del Reglamento obedece al deseo de garantizar que el Defensor del Pueblo tenga la iniciativa con respecto a informar al Parlamento y a sus comisiones. La única obligación que se le exige a la oficina del Defensor del Pueblo es la presentación de un informe anual. Dicho informe anual permite la celebración de un debate en este Parlamento, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Por lo demás, el Parlamento Europeo garantiza al Defensor del Pueblo su colaboración, ya sea a través del acceso a documentos, facilitando información o a través de la Comisión de Peticiones, garantizando que las peticiones de información serán atendidas.
Lo que estamos haciendo hoy aquí al enmendar el Reglamento es, en primer lugar y sobre todo, garantizar la independencia del Defensor del Pueblo. Es un mensaje muy claro que hoy podemos transmitir desde el Parlamento a los ciudadanos europeos para demostrar que, a pesar de que las personas que constituyen el Parlamento cambian, a pesar de los cambios que se producen en la Comisión y a pesar del cambio de Presidencia del Consejo cada seis meses, la única constante que permanece en todo momento es la oficina del Defensor del Pueblo: el puerto de destino para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales y para la garantía de la buena administración de todas las instituciones europeas.
Recomiendo el presente informe a la Asamblea. Quisiera asimismo agradecer a la Comisión de Peticiones su opinión, presentada por el Sr. Gutiérrez Díaz, que es favorable a mi posición.

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, el Sr. Brian Crowley nos presenta una propuesta de modificación del artículo 161 del Reglamento del Parlamento Europeo, después de un intercambio fecundo de opiniones y de observaciones en el que ha participado plena y activamente la Comisión de Peticiones. Fruto del buen trabajo realizado por el Sr. Brian Crowley, contamos hoy con una propuesta de modificación plenamente satisfactoria que, por otra parte, viene a coincidir con el dictamen emitido ya, con anterioridad, por el Parlamento Europeo.
La propuesta del ponente deja constancia explícita de la plena independencia del Defensor del Pueblo Europeo, así como del hecho de que la vía normal de relación entre el Defensor y el Parlamento Europeo es la Comisión de Peticiones -relación que queda claramente ratificada en la propuesta de modificación que tenemos que votar.
Por ello, señor Presidente, al tiempo que expreso mi felicitación al Sr. Brian Crowley, invito también sus Señorías a emitir un voto positivo sobre la propuesta de modificación del Reglamento.

Ullmann
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, señora Comisaria, ¿qué expresa el Tratado de Maastricht cuando establece que las políticas y las decisiones de la Unión serán tomadas de la forma más próxima a los ciudadanos que sea posible? Dicha exigencia expresa muchas cosas, pero sin duda también se refiere al tema que aborda el Informe Especial del señor Defensor del Pueblo, a saber, el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los documentos de la Unión. En consecuencia, señor Defensor del Pueblo, yo tengo el honor y la satisfacción de agradecerle en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, no sólo que haya tomado esta iniciativa de conformidad con el fundamento jurídico de su actividad, sino también el servicio fundamental que con ello presta a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión en el ejercicio de sus derechos.
Desde luego, a la vez también plantea a los órganos e instituciones de la Unión Europea la exigencia de que revisen sus prácticas. Por ejemplo, el Consejo debe preguntarse si está autorizado a determinar por sí mismo el alcance de la legislación. También el Parlamento debe preguntarse si sus normas de acceso se han establecido de conformidad con el Reglamento.
El presente Informe Especial representa un paso importante para el cumplimiento del nuevo artículo 191 A, que no sólo prevé unas normas de acceso en lo que respecta al Consejo, el Parlamento y la Comisión, sino que también debe interpretarse, a la vista del nuevo redactado del párrafo 2 del artículo A, como un criterio aplicable a todos los órganos e instituciones de la Unión Europea.
Yo quisiera acabar expresando mi especial agradecimiento a la señora Ponente que, además de dejar patente la importancia del Informe Especial Söderman, también ha sentado un ejemplo de colaboración con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, que desde luego no siempre se da en esta Cámara.
Señora Ponente, ¡muchas gracias!

Gradin
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo Europeo, honorables diputados, en primer lugar deseo felicitar tanto al Defensor del Pueblo como a los honorables diputados Newman, Thors y Crowley por sus excelentes informes. Ellos tratan del informe anual del Defensor del Pueblo Europeo del año 1997, de su informe especial sobre acceso público a los documentos y de una modificación del reglamento de trabajo interno del Parlamento que justamente concierne al Defensor del Pueblo. He leído todos los informes con gran interés. Con todo, es a través del Defensor del Pueblo como los ciudadanos europeos han tenido oportunidad de saber cómo funciona la administración.
En el informe anual del año 1997 del Defensor del Pueblo, igual que en el del año 1996, la mayoría de las investigaciones se referían a la Comisión. Esto es normal pensando que es la Comisión la institución que adopta la mayoría de las decisiones que afectan directamente a los ciudadanos.
En el informe Newman sobre el informe anual del Defensor del Pueblo hay cuatro asuntos que quiero comentar especialmente. En primer lugar, doy la bienvenida, igual que Newman, al hecho de que se haya definido claramente el alcance del término " mala administración «. Esto hace más nítida la misión del Defensor del Pueblo. También facilita nuestro trabajo y el del Defensor del Pueblo para definir cómo vamos a combatir esas anomalías.
El segundo asunto trata de la importancia de que los ciudadanos obtengan información sobre su derecho a presentar peticiones al Defensor del Pueblo. Comparto el criterio de que debemos continuar con esta labor informativa dentro de la UE. La información también tiene que mejorar respecto al derecho a presentar peticiones a la Comisión de Peticiones del Parlamento.
El tercer punto se refiere a los esfuerzos del defensor del Pueblo para mejorar el procedimiento del artículo 169 sobre violaciones de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. De lo que se trata es justamente de ampliar la confianza de los ciudadanos en este procedimiento. Por su parte, la Comisión se ha comprometido a comunicar al peticionario cuando tengamos la intención de desestimar una queja. También vamos a comunicar los motivos que haya tenido la Comisión para juzgar que no se ha cometido violación de la legislación comunitaria.
Finalmente, el diputado Newman destaca la instauración de un código de conducta para la administración dentro de las instituciones y órganos de la Unión. El Parlamento trató esta materia en relación con el informe Perry sobre las demandas de la Comisión de Peticiones del año 1996-1997. También el propio Defensor del Pueblo ha tocado este asunto. La Comisión apoya esta propuesta y ha elaborado un primer borrador de este código de conducta. Se le ha enviado al Defensor del Pueblo quien nos ha dado muchas opiniones constructivas. Ahora precisamente estamos trabajando en una nueva propuesta que preparamos dentro de un marco de amplio acuerdo interno. Estoy convencida de que un código de conducta de esta naturaleza nos permitirá crear mejores hábitos administrativos y que podremos mejorar las relaciones entre la Comisión, la rama de los servicios y los ciudadanos.
También el año 1997 el Defensor del Pueblo presentó un informe especial sobre las posibilidades del público de acceder a los documentos. Este informe también es mencionado en el informe de Thors. La Comisión apoya el criterio del informe de que el acceso a los documentos constituye un paso importante si queremos mejorar la transparencia en la Unión. También es una condición básica para que los ciudadanos puedan participar en los debates públicos. Mediante un aumento de la transparencia contribuimos a mejorar el procedimiento de toma de decisiones y por esa vía también vamos a acrecentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión. La transparencia es una buena herramienta si se quieren evitar abusos de poder y corrupción. Al igual que el Defensor del Pueblo, doy la bienvenida a que los órganos e instituciones de la UE estén aplicando reglas para el acceso del público a los documentos. También estoy de acuerdo con la demanda de Thors de que cada negación de acceso a los documentos se deba motivar, señalándose por qué se hace una excepción.
El asunto del acceso a los documentos también está directamente relacionado con la existencia de registros de documentos en las instituciones. Opino que éste es un instrumento importante, tanto para el trabajo diario como para alcanzar mayor transparencia.
Thors propone también en su informe que haya personas especiales a las cuales el público se pueda dirigir con sus preguntas. A modo de información, puedo comunicar que la Comisión ha nombrado a estas personas de contacto en todas las Direcciones Generales. Además, hay una unidad dentro de la Secretaría General que se hará cargo de manera centralizada de los asuntos de transparencia y de responder acerca de la accesibilidad a los documentos.
Finalmente, quiero dar la bienvenida al informe del diputado Crowley sobre una modificación al artículo 161 del reglamento de trabajo del Parlamento. Esas enmiendas van a mejorar aún más las ya buenas relaciones de la Comisión de Peticiones con el Defensor del Pueblo Europeo.
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam ha establecido que la transparencia en la toma de decisiones deberá ser uno de los principios básicos de la Unión. La Comisión ya ha empezado a preparar una propuesta, que tratarán el Consejo y el Parlamento Europeo, sobre el derecho del público a tener acceso a los documentos en las tres instituciones. Esperamos que ya exista un primer documento de trabajo en el curso del otoño.
Para terminar, deseo agradecer a Söderman, Defensor del pueblo Europeo, por la buena cooperación que tenemos con él en la Comisión.

Fayot
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, me congratulo de que podamos discutir los excelentes informes del Defensor del Pueblo Europeo, del Sr. Newman y de la Sra. Thors en una hora de gran audiencia, como se dice, ya que la cuestión de sobra lo merece. Se trata de los derechos de los ciudadanos frente a la administración y de la transparencia de esta última.
Señor Presidente, la dificultad de la labor del Defensor del Pueblo estriba en que tenía y en que aún tiene que crear, ahora y en los próximos años, todo un conjunto de normas y de procedimientos. Éste debe aplicar un dispositivo teórico y práctico para tramitar las reclamaciones. Puedo decir, ya que he seguido de cerca sus trabajos, que el Sr. Söderman se ha aplicado a ello con mucha energía y dentro de un espíritu de continuidad, y por esta razón lo felicito en nombre del Grupo Socialista.
El Sr. Söderman ha aclarado en particular la noción de mala administración, que está contenida, aunque no definida, en el Tratado. Los esfuerzos del Defensor del Pueblo por clarificar el concepto van bien encaminados y deberían definir las tareas respectivas de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo. No se trata de dos rivales, sino que se complementan. Ambos son instrumentos de la democracia parlamentaria para controlar a la administración.
Es necesario en este sentido que el propio Parlamento establezca procedimientos claros para tratar los informes del Defensor del Pueblo. La publicidad es un arma eficaz de lucha contra los excesos de la burocracia. Por lo tanto, resulta útil proporcionar al Defensor del Pueblo normas parlamentarias, en el Pleno, para utilizar dicha arma; y puedo decir que la Comisión de Reglamento se esfuerza en ello.
Sin embargo, los casos concretos expuestos en el informe del Defensor del Pueblo, cuya lectura es apasionante, demuestran claramente que el trabajo con respecto a las reclamaciones también permite objetivar el debate. Ocurre muy a menudo que los ciudadanos a quienes se les rechaza una petición acusan a la administración nacional o europea de llevar a cabo prácticas discriminatorias, y pienso en este sentido que las investigaciones del Defensor del Pueblo tienen una virtud pedagógica, ya que enseñan a los ciudadanos a conocer mejor el funcionamiento de nuestra Comunidad.
No obstante, si se considera que en 1997, sobre la base de una población de 370 millones, se recibieron 1.181 reclamaciones, descubrimos que todavía queda camino por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta que sólo el 27 % de las reclamaciones recibidas incidían en las competencias del Defensor del Pueblo.
Permítanme decir otras dos palabras sobre el informe especial relativo al acceso a los documentos. Se trata de un principio esencial de la transparencia, reforzado por el Tratado de Amsterdam, y, a petición del Defensor del Pueblo, todas las instituciones deben dotarse de una normativa en la materia. El Parlamento Europeo lo hizo en 1997, pero esta normativa, señor Presidente, es en mi opinión muy restrictiva, muy formalista, y sobre todo no ha sido objeto de un debate democrático en el seno de esta institución. Estoy de acuerdo con todos aquellos que, como la Sra. Thors, deploran que una decisión del Parlamento en este sentido sea, en realidad, una decisión de la Mesa, que no está habilitada para ello; y, para comprobar si esta normativa es verdaderamente sólida, estoy esperando que se someta el primer caso al Tribunal de Justicia, por ejemplo, cuando se le deniegue a un ciudadano el acceso a los documentos referentes a la política inmobiliaria del Parlamento.
Para finalizar, señor Presidente, desearía lamentar algo. Los diputados al Parlamento Europeo han transmitido diecisiete reclamaciones de ciudadanos. Es una cifra ínfima, y eso demuestra que los diputados, nosotros, debemos realizar un esfuerzo personal in situ frente a los ciudadanos para informarles de su derecho a recurrir al Defensor del Pueblo.

Chanterie
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, señora Comisaria, estimados colegas, quiero, en nombre del Grupo del PPE, detenerme en el informe Newman y me gustaría, antes que nada, felicitar al ponente, el Sr. Newman, por su informe. En segundo lugar, y especialmente en lo que respecta al trabajo del Defensor del Pueblo, quiero expresar la consideración excepcional que el Grupo del PPE otorga al trabajo realizado por el Defensor del Pueblo y su equipo, y al informe anual de 1997. Éste, contiene una estructura particularmente clara y, además, tiene especialmente en cuenta elementos que efectivamente son muy importantes. Por otra parte, nuestro colega, el Sr. Fayot, se ha referido a la gran preocupación por el contexto jurídico en que debe actuar el Defensor del Pueblo Europeo ¿Cuáles son los poderes que el Tratado otorga al Defensor del Pueblo? ¿Cómo se delimita el concepto de mala gestión administrativa? Al revés, ¿cómo se intentan determinar las reglas para lograr una administración adecuada? Creo que se trata de elementos que, ya desde 1996, nuestro grupo también ha solicitado y nos alegra el trabajo que concretamente figura en el informe anual que está sobre la mesa.
Queremos felicitar también al Defensor del Pueblos y a sus servicios por la transparencia y rapidez con que han rendido cuentas sobre sus actividades, no sólo a la Unión sino también directamente a los ciudadanos y asociaciones de los Estados miembros. Creo que es un buen ejemplo para otras instituciones europeas, también por lo que respecta a la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el informe anual, aparecen muchas cifras interesantes, no obstante, quiero detenerme en dos de ellas. En primer lugar, solamente el 27 % de las quejas inciden en las competencias del Defensor del Pueblo, el 27 % de las quejas presentadas, de las que alrededor de dos tercios fueron admitidas a trámite. Se han producido 1.000 nuevas quejas. Finalmente, una cantidad muy limitada incide en los poderes del Defensor del Pueblo. Únicamente el tres por ciento de los casos tramitados tuvo como resultado una observación crítica por parte del Defensor del Pueblo o un arreglo por parte de la institución concernida.
Como grupo, extraemos tres conclusiones de todo esto. Primera, el ciudadano no conoce demasiado la tarea del Defensor del Pueblo ni el papel de la Comisión de Peticiones del Parlamento.
Segunda, tanto la Comisión como el Parlamento y el Defensor del Pueblo tienen una responsabilidad conjunta en cuanto a la comunicación y también, por lo que respecta al Parlamento, la responsabilidad de poner a disposición más medios financieros.
Tercera, es necesario que los ciudadanos, los cuales, sabemos, tienen muchas preguntas en relación con las instituciones, puedan dirigirse desde el Parlamento de una manera más positiva. Señor Presidente, quiero hacerle una pregunta. Todas las semanas tenemos miles de visitantes, ¿por qué no les proporcionamos un librillo, un folleto sobre la tarea del Defensor del Pueblo y las actividades concretas del Parlamento en este ámbito?

De Clercq
Señor Presidente, hay dos motivos por los que el cargo de Defensor del Pueblo es importante. En primer lugar, el derecho mismo de dirigirse al Defensor del Pueblo es uno de los derechos del ciudadano europeo que puede ser ejercido por todas las personas físicas y jurídicas que tengan residencia legal en la Unión Europea. Ello significa que este derecho es un derecho y un proyecto político.
En segundo lugar, el gran número de quejas muestra cuán necesario es este cargo y que, seguramente, no todo marcha sobre ruedas en las instituciones europeas. Permítanme que me refiera a las conclusiones de mi informe «Ciudadanía de la Unión» en relación con la actividad del Defensor del Pueblo Europeo.
Primero, es esencial que el ciudadano esté mejor informado del papel del Defensor del Pueblo. Es, sobre todo, el Parlamento quien debe ocuparse de que el ciudadano conozca sus derechos europeos, sepa cómo, cuándo y dónde puede ejercerlos.
Segundo, las instituciones deben aprender de los expedientes relacionados con ellas que llegan al Defensor del Pueblo. Las quejas presentadas dan una buena imagen de lo que piensa el ciudadano y de lo que considera erróneo en la administración europea. Cada institución debe rectificar su manera de actuar para estar lo más cercanamente posible del ciudadano.
Tercero, las actividades del Defensor del Pueblo pueden mejorarse mediante el establecimiento de instancias nacionales en los Estados miembros. Esto reforzará el papel del Defensor del Pueblo y estas instancias pueden servir para enviar aquellos asuntos en los que los Estados miembros sean competentes a sus propios servicios del Defensor del Pueblo y viceversa.
En resumidas cuentas, como Parlamento Europeo debemos preocuparnos por que también el Defensor del Pueblo contribuya a acercar Europa al ciudadano. Confiamos plenamente en el actual Defensor del Pueblo, el Sr. Söderman.

Ojala
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar a los tres ponentes por su excelente trabajo. Ante todo, quiero expresar también mi agradecimiento al Defensor del Pueblo, el Sr. Söderman, por su extraordinaria y enérgica labor para lograr una mayor transparencia, publicidad y credibilidad en la Unión Europea. Su contribución ha sido fundamental y es posible decir ya que, durante su breve mandato, la institución del Defensor del Pueblo ha consolidado su posición en la Unión Europea.
También es importante que haya elaborado el primer informe especial sobre el acceso del público a los documentos. Me muestro totalmente de acuerdo con las conclusiones que ha extraído la Sra. Thors en su informe. Desgraciadamente, parece que la labor por la transparencia sigue siendo en numerosas ocasiones un mal trago para algunas instituciones, pero creo que estamos avanzando también en este sentido.
Otro punto importante es la presentación por parte del Defensor del Pueblo de una definición de mala administración. Sin embargo, no basta en absoluto con saber qué es una mala administración. Tal como ha expuesto el Defensor del Pueblo, debemos dotarnos de unas normas de procedimiento relativas a un sistema administrativo apropiado. Espero también que este Parlamento gestione el aumento de su personal de manera que sea posible ofrecer más recursos al Defensor del Pueblo, lo cual resulta imprescindible.

Hautala
Señor Presidente, cuando se somete a examen cuáles son las instancias que dotan de credibilidad a la Unión Europea, cabe hacer una agradecida mención del trabajo fundamental que desempeña el Defensor del Pueblo. El Grupo de los Verdes desea expresarle por todo ello su más sincero agradecimiento. Como consecuencia de esta labor, casi todas las instituciones de la Unión disponen de normas que deben respetar cuando los ciudadanos les solicitan algún documento. Ahora corresponde, por lo tanto, a los ciudadanos examinar y poner a prueba el buen funcionamiento de estas normas a su servicio y, si fuera necesario, recurrir a la posibilidad de llevar ante la justicia aquellos casos en que se les niega el acceso a algún documento. Por medio de sus soluciones y de su labor, el Defensor del Pueblo ha obligado también al Consejo y a la Comisión a ofrecer explicaciones más detalladas de las razones por las cuales las instituciones no han facilitado en todo momento documentos a los ciudadanos. Y el Consejo tampoco puede esconderse detrás de pilares y estructuras, ya que los ciudadanos han de tener un amplio derecho a obtener documentos de las instituciones de la Unión Europea.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta llegar a una situación en la que la denegación de documentos constituya una rara excepción extremadamente justificada. A este respecto, es importante que el Parlamento Europeo asuma sus responsabilidades en la elaboración de un reglamento sobre la transparencia. Ha resultado gratificante escuchar a la Comisaria decir que este documento de trabajo podría estar ya listo para el otoño. Como se señala en el informe de la Sra. Thors, este reglamento deberá afectar a la totalidad de las instituciones, puesto que se debe respetar un procedimiento administrativo adecuado. Es muy importante que se restrinjan detalladamente las excepciones al carácter público de los documentos. En demasiadas ocasiones se recurre a conceptos como seguridad general o relaciones internacionales para justificar la denegación de documentos. Nuestro Grupo espera que el Defensor del Pueblo contribuya a definir estos conceptos con mayor detalle.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, desearía felicitar al señor Defensor del Pueblo por este segundo informe sobre el ejercicio de las actividades, el cual aporta un nuevo enfoque sobre las acciones que éste lleva a cabo al servicio de los ciudadanos europeos, hoy en que sus diferentes servicios e infraestructuras son operativos y en que se han establecido los contactos con los Estados miembros y sus Defensores del Pueblo nacionales. Los servicios del Defensor del Pueblo han podido hacer frente a 1.200 reclamaciones recibidas; eso demuestra que dicha institución empieza a ser conocida, aunque todavía no lo suficiente.
Comparto, por tanto, el punto de vista expresado por el Sr. Newman en su excelente informe. Independientemente de la tramitación de las reclamaciones, las iniciativas tomadas por el Defensor del Pueblo son bienvenidas, concretamente por lo que se refiere a la definición de esta noción de mala administración, que no siempre es fácil de entender.
De este modo, se debería poder distinguir mejor entre lo que es competencia de la Comisión de Peticiones y lo que es competencia del Defensor del Pueblo. Es evidente que eso supone una mayor cooperación entre estas dos instituciones, así como también que ambas estructuras cuenten con los medios, incluyendo los medios presupuestarios, para cumplir sus respectivos cometidos. En este sentido, como usted sabe, señor Defensor del Pueblo, mi Grupo apoyará sus peticiones en la materia.
Finalmente, también es importante dar a los ciudadanos una información de calidad, gracias sobre todo a las nuevas formas de comunicación como Internet, y ello en nombre de la transparencia a la que todos los ciudadanos europeos tienen derecho.

Striby
Señor Presidente, los tres informes que se nos someten están llenos de buenas intenciones. Es preciso reconocer que el informe del Sr. Crowley responde a una evidente preocupación de clarificación jurídica del texto del Reglamento de nuestra Asamblea y del texto del estatuto del Defensor del Pueblo. Lo hace en beneficio de este último, situando a cada uno frente a sus propias prerrogativas y obligaciones, lo que constituye una garantía, entre otras, de buen funcionamiento.
Por el contrario, el Informe Newman sobre el informe del Defensor del Pueblo, vuelve a plantear la necesaria cooperación entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo. ¿Cuántas veces no se ha expresado esta reivindicación? Y, sin embargo, al leer el informe nos inclinamos a decir que: o bien nada se hace en este terreno, o bien el ponente se contenta con presentarnos, por principio, unas declaraciones de intención que él mismo sabe que carecen de fuerza. También en este caso, para lograr una colaboración fructífera, se requiere un funcionamiento satisfactorio de la cooperación.
En efecto, el retraso acumulado por ambas partes es considerable: 959 peticiones pendientes en el Parlamento y 227 recursos presentados al Defensor del Pueblo, que se aplazan de un año a otro. El propio Tribunal de Justicia observa que las instituciones comunitarias deben, cito: "garantizar su funcionamiento interno en beneficio de una buena administración».
En cuanto al informe de la Sra. Thors, señor Presidente, el mismo se hace eco del informe especial del Defensor del Pueblo, y pide un mayor acceso del público a los documentos de las instituciones comunitarias.
No podemos menos que adherirnos a esta demanda. En efecto, la construcción europea siempre ha estado demasiado alejada de las poblaciones, incluso voluntariamente oculta, como para no congratularnos de esta propuesta. Pero la Sra. Thors también subraya en su exposición de motivos que la transparencia no es la única reforma necesaria y que conviene realizar otras reformas estructurales en todas las instituciones comunitarias, con miras a mejorar su eficacia y transparencia.

Schmidbauer
Señor Presidente, en primer lugar, yo quisiera felicitar al señor Söderman por su excelente informe y también a los ponentes que han expuesto su opinión sobre el Informe anual del Defensor del Pueblo y sobre la transparencia del mismo. Yo me alegro de que se nos ofrezca la posibilidad de debatir esta mañana estos informes juntamente con los informes sobre las modificaciones del Reglamento y el informe anual sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones.
Son temas que van unidos, ya que, aparte de que la colaboración con el Defensor del Pueblo es de la competencia de la Comisión de Peticiones, sus trabajos se complementan -como podemos constatar continuamente- y en los últimos años se ha establecido una base sólida de confianza entre los miembros de la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo, señor Söderman, que podemos utilizar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas europeos.
Los informes del señor Söderman demuestran que las quejas contra las instituciones son justificadas y que es posible dar solución a los problemas. Por lo que respecta a la iniciativa en relación con la transparencia de las instituciones, yo sólo puedo decir que merece todo mi respeto. El señor Söderman abordó con plena soberanía un tema candente y tuvo éxito. Precisamente porque las instituciones llevan asociada una imagen de burocratismo, es favorable y útil que los ciudadanos y ciudadanas sepan que existe una instancia que ilumina las sombras de la burocracia y les abre con ello un camino para exponer con éxito sus quejas.
No obstante, el Tratado también impone unas limitaciones a la labor del Defensor del Pueblo y muchas quejas se refieren a acciones administrativas indebidas no por parte de las instituciones europeas, sino más bien de las instituciones nacionales. La segunda limitación es la dotación de personal de su oficina y, a la vista del número creciente de quejas y dado nuestro deseo de poner en práctica la proximidad a los ciudadanos, nosotros apoyamos la petición de una ampliación de su personal a fin de que sea posible resolver todos los casos.

Camisón Asensio
Señor Presidente, en líneas generales, estamos de acuerdo con la ponente, Sra. Thors, en apoyar la iniciativa del Defensor del Pueblo que procura una mayor transparencia de todas las actividades comunitarias y en instar a todas las instituciones a que faciliten, a los ciudadanos y a las personas jurídicas que residan o tengan su domicilio en cualquier Estado miembro que así lo soliciten, información relacionada con el ámbito de actividad del órgano concernido. Todo ello porque es de destacar que refuerza el carácter democrático de estas instituciones, por lo que es procedente instar, sobre todo, a la Comisión y al Consejo a avanzar en esta dirección.
Quizá sea el momento de recordar que ya se están dando destellos positivos en esa dirección. Por ejemplo: el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas acaba de dictaminar que una decisión del Consejo de denegar el acceso a ciertos documentos ha de anularse, ya que no se justificaron de forma clara los motivos del rechazo. Los documentos habían sido solicitados por la asociación sueca de periodistas, que recibió del Consejo sólo 4 de los 20 requeridos y, sin embargo, a través de las autoridades de Suecia, había logrado 18 de los 20.
Otro destello es que el Tribunal de Justicia de las Comunidades acaba de pronunciarse por primera vez sobre la directiva relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Por todo ello, estamos de acuerdo con este informe y, naturalmente, en que pueda accederse a los documentos dentro de las reglas del juego pertinentes.
Por todo ello, Señorías, apoyamos este informe y felicitamos tanto a la ponente como al Defensor del Pueblo.

Thors
Señor Presidente, me alegré mucho al escuchar al Presidente de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades compartir el criterio expresado en el informe sobre acceso a los documentos, es decir, que es erróneo que la Mesa haya aprobado normas relativas a nuestra propia transparencia que son defectuosas. Espero que conjuntamente, entre varias comisiones, podamos conseguir una rápida rectificación, ya que esto es una vergüenza para el Parlamento.
Me alegra también que la Comisaria anuncie que la Comisión está dispuesta a aprobar sistemas para registrar documentos. Lo que falta, sin embargo, es una respuesta sobre si los documentos que ingresen también deberán registrarse allí.
Además, deseo comunicar que nuestro Grupo no puede dar su apoyo al punto G del informe. Este punto hace hincapié en el secreto, lo que se contradice con el resto del informe. El Grupo ELDR también va a votar en contra del punto 22, que es simplemente erróneo.

Sjöstedt
Señor Presidente, es evidente que el Defensor del Pueblo ya ha representado un papel importante en la mejora de la transparencia en la UE. Quisiera aprovechar la ocasión para expresar mi aprecio por el trabajo de Söderman, Defensor del Pueblo.
Las demandas en el informe de Thors acerca de las futuras reglas de transparencia son beneficiosas, pero quisiera señalar dos puntos que considero que faltan. El primero está en relación con el hecho de que hay muchos juicios importantes en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por ejemplo el caso Guardian y el caso de la asociación sueca de periodistas, que han hecho avanzar las posiciones de la transparencia. El procedimiento judicial también adolece de muchas deficiencias. Cuesta mucho dinero recurrir al Tribunal y el procedimiento es muy demoroso. En las nuevas reglas se tienen que incluir posibilidades, rápidas y gratuitas, de recurrir al Tribunal.
En segundo lugar, hay que fortalecer el derecho de los funcionarios de la UE a hacer declaraciones a los medios de comunicación, concediéndoles exención de responsabilidades por ellas. En consecuencia con lo anterior, también votaré en contra del punto G del informe.

Papakyriazis
Señor Presidente, creo que no es casualidad que hoy estemos debatiendo el asunto de las peticiones y entremos ahora en el tema del Defensor del Pueblo. Me parece muy acertada esta correlación porque creo que el derecho de petición del ciudadano al Parlamento Europeo y el derecho de denuncia del ciudadano ante el Defensor del Pueblo Europeo son dos derechos fundamentales en la Unión Europea. Naturalmente, se trata de dos funciones paralelas y complementarias. Son funciones destacadas que resaltan la independencia del Defensor del Pueblo Europeo. Pero, tanto el derecho de denuncia como el derecho de petición, constituyen una capacidad a desarrollar, suponen una prueba práctica y una encuesta continua, por decirlo de alguna manera, del funcionamiento de la Unión Europea y que cuenta para ello con la participación activa del ciudadano. Por consiguiente, constituyen un instrumento político valioso, un elemento importante para la marcha de la Unión Europea.
Hace justamente un año tuve el honor de ser ponente del informe anual del Defensor del Pueblo y de presentar las opiniones de la Comisión de Peticiones. Lo que quiero decir hoy es que tengo la gran satisfacción de saludar personalmente el importante progreso que se ha logrado hasta la fecha. El informe del presente año del Defensor del Pueblo fomenta, refuerza y desarrolla la institución del Defensor del Pueblo Europeo. El Sr. Newman, nuestro experto ponente de la Comisión de Peticiones ha analizado el informe y también la labor del Defensor del Pueblo. Resumiendo, quisiera decir que considero que el Parlamento Europeo ha hecho una buena elección y la Unión Europea está representada de forma meritoria por el Defensor del Pueblo Europeo, porque realmente, el Sr. Söderman, está construyendo con incansable esfuerzo dicha institución. Le doy las gracias y le felicito por su labor como Defensor del Pueblo Europeo.
Como ya se ha dicho, señor Presidente, cada año nos repetimos a nosotros mismos este debate sobre las peticiones y las denuncias. Pero el presente año no es un año corriente. Nos encontramos próximos a las elecciones, es decir, es necesario difundir hoy desde aquí un importante mensaje a los ciudadanos para que participen en la evolución de la Unión Europea.

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, la posibilidad de que disponen los ciudadanos de la Unión Europea para recurrir ante el Defensor del Pueblo constituye uno de los derechos más importantes del ciudadano comunitario. La eficacia de las actividades del Defensor del Pueblo depende en gran medida de los recursos de los que éste disponga. La oficina del Defensor del Pueblo Europeo se enfrenta continuamente a un número cada vez mayor de reclamaciones. Esta circunstancia muestra que los ciudadanos consideran necesaria la actividad del Defensor del Pueblo para corregir las irregularidades que se producen en la administración de la Unión Europea. La tarea del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo Europeo consiste en garantizar de manera conjunta los derechos de los ciudadanos y la labor democrática de la Unión.
Los ciudadanos de la Unión tienen derecho a exigir que la oficina del Defensor del Pueblo Europeo que examina sus reclamaciones tenga a su disposición un personal jurídico suficiente con una experiencia en este campo, cuando menos, equivalente a la del equipo jurídico de las instituciones que son objeto de las reclamaciones. El problema del Defensor del Pueblo, que se enfrenta con presiones laborales cada vez mayores, reside en la cantidad y en el nivel de los puestos de personal. Se debe acabar con esta deficiencia, puesto que, si no fuera así, estaríamos dando pie a una situación en la que el Defensor del Pueblo, que defiende al ciudadano de la Unión, tendría a su disposición una maquinaria pequeña y de poca potencia.
Espero que apoyemos todos en esta importante tarea al Sr. Söderman, logrando una oficina del Defensor del Pueblo dotada de recursos flexibles, eficaces y suficientes, ya que ésta es la única manera de garantizar a los ciudadanos de la Unión que sus reclamaciones son objeto de un examen diligente por parte de esta institución.

Banotti
Señora Presidenta, quiero unirme al coro de alabanzas al Defensor del Pueblo. Ha realizado una labor magnífica que, acertadamente, ha obtenido el reconocimiento del Parlamento.
Su trabajo ha acercado, en muchos sentidos, a los ciudadanos de Europa a nosotros, una aspiración de la que hablamos continuamente aquí en el Parlamento. Además, para muchos países que no tienen la tradición del Defensor del Pueblo, ha acercado su misión y la ha explicado a la sociedad -lo que es muy importante. En su primer informe nos indica cuántas peticiones se han recibido y cuáles no han sido admitidas a trámite. Como ya señalé en mi anterior intervención en este debate, el Defensor del Pueblo ha respondido con celeridad a aquellos que han presentado peticiones al Parlamento. Es muy importante, porque muchas personas, cuando escriben, piensan que sus cartas desaparecen en algún pozo sin fondo y nadie vuelve a encontrarlas jamás. Por tanto, es sumamente importante.
Quiero aprovechar esta oportunidad, al tiempo que manifiesto mi apreciación por la labor de nuestro Defensor del Pueblo, para plantear también el tema de la necesidad de que en Europa exista un Defensor del Pueblo especial para niños. Mi trabajo en el ámbito de los niños y de los derechos de los niños me lleva a pensar sin ninguna duda que se trata de una ampliación importante y muy necesaria de la función que el Sr. Söderman ha venido desempeñando tan espléndidamente. Espero que el próximo Parlamento se ocupe de este tema y decida nombrar a un Defensor del Pueblo especial para niños.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar durante el turno de votaciones, que se realizará a continuación.

Galeote Quecedo
Señora Presidenta, el ministro del Interior de su país ha declarado que los asesinatos, en el País Vasco, de representantes democráticamente elegidos -y leo- «son insoportables para toda la Unión Europea porque atentan contra la esencia misma de la democracia». Y como ésta es la casa de la democracia de Europa y además la expresión más visible de la paz y la libertad de que la que disfrutamos la inmensa mayoría de los europeos, yo le pediría, señora Presidenta, que diera la bienvenida a un grupo de concejales del País Vasco cuya vida está amenazada en razón de sus ideas y que nos acompañan hoy durante nuestros debates.

El Presidente
Señor Galeote Quecedo, tengo el gusto de saludar a nuestros visitantes y me adhiero sinceramente a los deseos de bienvenida que acaba de expresar.

Votaciones
Wibe
Solamente quiero que quede constancia en el protocolo que hay un pequeño problema con las traducciones alemana, española y francesa, en las que no queda claro que las peticiones tendrán que seguir presentándose por escrito y que, por tanto, no podrán ser presentadas por teléfono.
Evidentemente esto no influye en mi informe. Solamente deseo que quede constancia en el protocolo antes de la votación.
(El Parlamento aprueba la decisión)

Manzella
Señor Presidente, quiero simplemente llamar la atención del Pleno sobre la importancia negativa de esta enmienda, con la que se pretende introducir siempre y en todo caso la doble lectura. La finalidad de esta enmienda es rechazar lo que hemos conseguido con gran dificultad con el Tratado de Amsterdam. Si se aceptara, trastocaría el informe y no se trataría de un reforma, sino de una contrarreforma.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Frischenschlager
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, yo creo que antes de proceder a la votación de la enmienda sobre los apartados 10, 11 y 12, debo informarles que estos tres puntos son el resultado de un compromiso alcanzado en la Comisión de Asuntos Institucionales. El texto original se manifestaba, contrariamente, mucho más claramente en contra de que, si bien, por un lado, la cooperación reforzada podrá aplicarse por mayoría cualificada, al mismo tiempo se ofrezca, empero, a cualquier Estado miembro que no participe en la misma la posibilidad de oponer un veto contra dicha cooperación reforzada de la mayoría.
El compromiso también incluye, en consecuencia, el punto 12, en el que se insta a la Comisión a que incluya en sus trabajos con vistas a la revisión del Tratado de Amsterdam un punto por el que vuelva a suprimirse dicho veto nacional. Este compromiso fue adoptado por una gran mayoría y yo insto al Pleno a que lo acepte, entre otras cosas y no en último término porque el Parlamento Europeo siempre se ha manifestado con toda claridad en favor de que el procedimiento de decisión por unanimidad se sustituya por la mayoría cualificada, salvo en los casos que afecten al ámbito constitucional. Yo creo que sería un error que una vez más no se suprima el veto nacional, habida cuenta que se trata de un punto concreto adoptado por mayoría, y por esto pido que se respete el compromiso.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Killilea
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. ¿No considera que lo correcto y adecuado sería continuar? Ayer comenzamos con casi 30 minutos de retraso. Hoy hemos comenzado con casi 20 minutos de retraso. Lo correcto y acertado es que continuemos. De hecho, debería hacerse algo para que, cuando usted dice que la votación tendrá lugar a las 12.00 horas, la votación tenga lugar a las 12.00 horas.

(El Presidente decide continuar el turno de votaciones tras verificar que una mayoría de la Asamblea era favorable)

Posselt
Señora Presidenta, yo he votado en contra del informe Evans porque pienso que el Parlamento adoptó una decisión muy equivocada en este caso. En efecto, siempre pedimos el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las lenguas regionales. Lo pedimos al Consejo, como hicimos en el Informe Maij Weggen/Dury. Lo pedimos a los Estados asociados, pero no nos imponemos la misma exigencia. En nuestro Reglamento no somos consecuentes con lo que pedimos a los demás. El Informe Evans es inadecuado, por un lado, porque no distingue entre nuestras lenguas regionales reconocidas y cualquier otra lengua x y, por el otro, porque yo no acabo de entender cuál es la finalidad de la traducción resumida, ya que esto sólo puede significar que no se leerá la petición en la lengua original. Pero si ésta no se lee, tampoco tiene ningún sentido que se ofrezca la posibilidad de presentarla.
Yo tengo la impresión de que esto induce a error y, por consiguiente, tengo que manifestar con toda claridad que, en mi opinión, debemos atenernos a las lenguas oficiales, si bien a mitad de camino entre dichas lenguas oficiales y las demás lenguas x se sitúan nuestras lenguas regionales, que debemos salvaguardar y proteger.

Palacio Vallelersundi
He votado a favor de la enmienda al Reglamento propuesta por la Comisión, de acuerdo con la cual, las peticiones se admitirán aunque estén redactadas en una lengua no oficial de la Unión Europea; para su tramitación se incorporará una traducción o resumen en alguna de las lenguas oficiales, lengua en la que discurrirán los trámites subsiguientes, incluida la correspondencia de la institución dirigida al peticionario.
Como he tenido ocasión de destacar en mi intervención en el debate, esta enmienda respeta escrupulosamente la esencia misma del derecho de petición, que es, por su misma naturaleza, un derecho individual que el Tratado otorga a todo hombre o mujer que se encuentre entre nosotros, sin admitir discriminación alguna y, en particular, sin hacer distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos.
La norma complementaria -y por lo tanto ancilar- es una norma de procedimiento que, independientemente de otras consideraciones, es respetuosa con los Tratados: con carácter general, el procedimiento en una institución europea debe llevarse a cabo en una de las lenguas oficiales.
Las enmiendas presentadas y rechazadas que discriminan, en nombre del derecho de los pueblos, a unos individuos frente a otros a la hora de formular una petición -porque su lengua de expresión no tiene reconocimiento territorial- son, en última instancia, contrarias a la esencia misma del derecho de petición.

Titley
Me complace respaldar este informe encaminado a hacer el sistema de peticiones del Parlamento Europeo más accesible a nuestros ciudadanos.
El informe de mi colega Laborista Sr. Evans presenta una grata reforma para permitir que las personas que se sienten más cómodas utilizando una lengua no oficial, puedan presentarnos sus peticiones en su lengua materna. Naturalmente, por motivos administrativos, también será necesario un resumen en una lengua oficial para que la petición sea tramitada. Habida cuenta de que reconocemos las lenguas minoritarias de la UE como válidas cuando provienen de los Estados miembros, no existe ninguna razón por la que el urdu o el hindi, por ejemplo, no deban también ser reconocidas.
Los ciudadanos de la UE pertenecientes a las minorías étnicas deben enfrentarse a menudo a problemas de racismo que la mayoría de nosotros debemos tener presente de cara a encontrar soluciones. Cualquier cosa que facilite la exposición de ese tipo de problemas merece nuestro apoyo -motivo por el que las lenguas no oficiales deben ser tan válidas como cualquier otra para su utilización en las peticiones de los ciudadanos.
Informe Hautala (A4-0253/98)
Pinel
Señora Presidenta, lamentamos comprobar que ni en la versión inicial del Informe Hautala ni en el texto de las enmiendas se aclara que los mencionados vehículos sólo conciernen al transporte de animales a partir de una determinada distancia.
Al igual que el ponente, nos preocupa evitar el estrés, el frío, el calor, las sacudidas, etcétera, que sufren los animales, y habríamos votado a favor de la mayoría de las enmiendas, así como del texto en su conjunto, si los autores hubiesen pensado en los pequeños productores que transportan sus dos o tres animales al mercado de la población vecina, pequeños productores que naturalmente no utilizan camiones climatizados ni poseen el suficiente poder adquisitivo como para realizar ese tipo de inversión.
A falta de estas aclaraciones, se penaliza una vez más a los pequeños productores, o incluso se les elimina, y de ningún modo podemos tolerarlo.

Carlsson y Virgin
Hemos optado por votar en contra de algunas propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial porque constituyen una reglamentación en detalle que es innecesaria y, hasta cierto punto, contradice el principio de subsidiariedad. No obstante, damos por descontado que los expertos técnicos de la Comisión han analizado correctamente las exigencias que demanda el transporte de animales. Con todo, esperamos que los Estados miembros dicten normas complementarias que tomen en consideración las condiciones locales con el objeto de obtener el mayor bienestar posible de los animales.

Holm y Schörling
El transporte de animales dentro de la UE comprende una gran cantidad de animales. Cada año se transportan entre los Estados miembros alrededor de 14 millones de reses, cerdos, caballos, ovejas, etcétera. La mayoría de ellos van a mataderos, algunos se exportan, al mismo tiempo que, sin embargo, la UE también importa muchos animales, alrededor de 2, 3 millones.
Los últimos años hemos visto en reiteradas oportunidades imágenes que muestran la forma cruel e indigna en que se llevan a cabo estos transportes. La propuesta de la Comisión para mejorar las directivas vigentes en cuanto a cómo deben ser los vehículos y remolques que se usan, es un buen punto de partida, pero no es suficiente. Por eso apoyamos a la ponente Hautala, que en su informe mejora la propuesta de la Comisión imponiendo exigencias más severas. Entre otras cosas, se trata de cómo se van a diseñar las rampas de carga y cómo se podría mejorar la ventilación en los vehículos. Enorme importancia tiene la enmienda sobre controles regulares de los vehículos para que así cumplan con las exigencias. En caso contrario, la directiva no tiene sentido.
Éste es un paso en la dirección adecuada para terminar con los repugnantes transportes de animales que existen actualmente en la UE.

Lindqvist
La propuesta de la Comisión sobre normas comunes para los vehículos y remolques que se usan en el transporte de animales por carretera ha sido mejorada sensiblemente mediante el excelente informe de Hautala, que propone rampas de descenso con menor inclinación, elevadores eléctricos, mejor ventilación y temperatura además de controles continuos. Esto es beneficioso.
Por estas razones he votado favorablemente este informe. Sin embargo, lo básico tiene que ser que disminuya la cantidad de transportes de animales. Lo mejor para conseguir esto es suprimir las subvenciones a los transportes de animales dentro de la UE. En varias votaciones he apoyado esta idea, entre otras, en relación con los presupuestos.

Nicholson
La preocupación por la seguridad de los animales de granja en los procedimientos de transporte es respaldada, aunque con reservas, como un éxito de las propuestas de la Comisión. Habida cuenta de que los planes afectarán a 14 millones de animales, debemos también tener presente los intereses de sus propietarios, que deberán correr con los gastos de las modificaciones de las especificaciones del transporte.
Existen tres temas principales de preocupación que deben ser analizados más detenidamente, antes de poder dar nuestro apoyo. Primero, la inclinación de las rampas de carga no deberá sobrepasar los 20º de conformidad con el Comité Científico Veterinario (1992). Este informe permite un incremento de la inclinación de 5º. En segundo lugar, los compartimentos a base de metal "ligero» presentan dos problemas en potencia. Podrían conducir a niveles más altos de bacterias en caso de punturas, e incrementaría los costes para los transportistas. Parece ser una medida menos eficaz que otras alternativas, si la desinfección del área de transporte se convierte en un problema añadido (opinión de ECOSOC, Dic. 1997, ref: CES 1378/97). En tercer lugar, las modificaciones de los techos de cara a la protección contra los cambios de temperatura y las condiciones climatológicas se viene solucionando con sistemas de control por ventilación.
Con estos problemas obvios de modificar las sugerencias de los veterinarios para la seguridad e incrementar los costes para el transportista, no podemos dar nuestro apoyo incondicional al informe. Debe estudiarse si dichas modificaciones aumentarían de manera significativa la seguridad de las reses o sólo los costes de transporte. Debemos estudiar la conveniencia de una aplicación diferente de los planes de seguridad.

Rübig
Ya sabemos que el tema del transporte de animales es muy importante y que es imprescindible que procuremos adoptar orientaciones y soluciones políticas en este ámbito. Los ciudadanos de Europa conceden gran importancia a la protección de los animales. Por lo tanto, también es necesario prestar seria atención a los estudios que indican que los animales de abasto están sujetos a condiciones particulares de estrés durante el transporte y en las operaciones de carga y descarga, y que dichos estudios se debatan en el plano político.
Las orientaciones políticas son una cosa y la ejecución parcial y la traducción técnica de dichos principios, algo distinto. Justamente en los últimos tiempos hemos debatido muy a menudo, tanto en la Comisión de Asuntos Económicos como en el Pleno, en el contexto de la propuesta de directiva relativa a las características técnicas de los autobuses, sobre posibles nuevas vías para la adopción de la legislación de carácter técnico. El presente informe nos ofrece otra ocasión para reflexionar sobre las ventajas del "nuevo enfoque».
Dicho procedimiento nos permite poner en práctica el reparto de papeles propuesto y decidir de conformidad con el mismo. La misión del Parlamento Europeo, como representante de los ciudadanos de Europa, es responder a sus preocupaciones y temores con medidas preventivas y formular propuestas políticas básicas que permitan garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de las personas y los animales. Los expertos técnicos, los profesionales, que trabajan habitualmente en dicho ámbito son, en cambio, los encargados de concretar dichas propuestas sobre la base de las orientaciones políticas. Todos los grupos de interés -los fabricantes, los consumidores y otros grupos afectados- deben ser escuchados y deben participar en el procedimiento.
Esto nos permitirá evitar adoptar normas legislativas abstractas, alejadas de la práctica y excesivas, y promover, en cambio, regulaciones escuetas, eficientes y modernas, que en definitiva también contribuyen a la plena realización del mercado interior.

Souchet
Nuestro Grupo, en conjunto, apoya por principio las medidas que favorecen el bienestar de los animales. Sin embargo, es lícito interrogarse sobre la conveniencia de imponer normas uniformes en materia de fabricación de vehículos destinados al transporte de animales, independientemente de sus condiciones de "empleo» y de su carácter operativo.
En efecto, ¿por qué ha de imponerse la instalación de un sistema de aire acondicionado para el transporte de animales en Finlandia o en Suecia? ¿Por qué ha de establecerse para el transporte de animales normas idénticas tanto para viajes cortos como para viajes largos? Estas son algunas de las preguntas reales que necesariamente deben tomarse en consideración. ¿Cuál es la preocupación primordial? ¿La voluntad uniformizadora o la utilidad y el carácter operativo de las reglamentaciones?
Existe otra pregunta: ¿cómo hacer que la reglamentación europea se aplique en materia de importación de animales vivos procedentes de terceros países? Salvo que deseemos autopenalizarnos, es indispensable aplicar nuestras propias disposiciones a todos los productos importados, y ello desde el primer eslabón de la cadena de producción, y no sólo a partir del momento en que estos productos pasan las fronteras del espacio económico europeo.
Más que legislar sólo en el plano europeo, deberíamos esforzarnos por definir este tipo de reglamentación en el ámbito internacional, en el marco de las negociaciones internacionales de la OMC. Estaremos particularmente vigilantes en este punto, como en muchos más, con respecto a la manera en que la Comisión sabrá o no defender los intereses europeos, en particular en materia de reciprocidad de los dispositivos reglamentarios.
Finalmente, hay que evitar imponer cargas insoportables a nuestros agricultores y en este caso concreto a nuestros ganaderos, con la loable intención de garantizar el mayor bienestar posible a nuestros animales. Estamos en vísperas de una reforma de varias OCM y las propuestas de reglamento de la Comisión nos preocupan mucho. En efecto, si se aceptan, las mismas supondrán una fuerte reducción de los ingresos de los agricultores. Si, además de estas propuestas, otros servicios de la Comisión imponen normas draconianas en todos los sectores, la Comisión penalizará y desanimará tanto al conjunto del sector agrícola como al conjunto del medio rural.

Titley
Señor Presidente, a pesar de que acojo con satisfacción el hecho de que la normativa británica se ajusta a las normas de diseño de los vehículos para el transporte de animales, según se recoge en el presente informe, éste es uno de los casos en que desearía que a toda Europa se exigiera el cumplimiento de las normativas unificadas de la UE, por el bien de los 14 millones de animales que cada año se transportan por las carreteras europeas.
Si pudieran votar, estoy seguro de que dichos animales viajarían en camiones o remolques con buena ventilación, un espacio adecuado para cada animal, un alumbrado decente y una buena instalación para la carga y descarga. En particular, el último aspecto necesita cumplir unos requisitos mínimos, ya que los expertos -y el sentido común- sugieren que la carga y descarga es un momento especialmente estresante para los animales.
También comparto la opinión del ponente de que debemos esforzarnos más para garantizar la supervisión de la ventilación y la debida inspección de los vehículos para comprobar que se ajustan a la letra y al espíritu de la normativa comunitaria. Espero que muchos países elijan, como hemos hecho en Gran Bretaña, ir más allá de lo que exige la normativa comunitaria, pero necesitamos unas normas mínimas para el transporte de animales en toda la UE.
Suele decirse que se puede juzgar a una sociedad por cómo trata a sus miembros más débiles. Los seres más débiles de Europa son sus animales, de los que dependemos para alimentarnos, y lo menos que podemos hacer por ellos es transportarlos en condiciones civilizadas.

Wibe
La ponente ha presentado muchas y muy buenas proposiciones de enmiendas a las propuestas de directivas de la Comisión. Con todo, deseo formular una objeción que yo suelo manifestar cuando se tratan informes de este tipo.
Me pregunto si el Parlamento tiene que dedicarse a legislar sobre estas materias técnicas. ¿Está calificado este Parlamento para tomar decisiones detalladas acerca de la altura del techo interior de cada cubierta para establecer así con exactitud milimétrica las dimensiones para el transporte de cerdos lechones, de ovejas, etcétera?
Por el contrario, este Parlamento debería fijar el marco y los objetivos para que el transporte de animales, por ejemplo, se realice de la mejor manera posible. Después serán los funcionarios quienes busquen los medios para cumplir con los objetivos señalados por los políticos.
Informe Rothley
Cot
Me felicito por la adopción en primera lectura del informe del Sr. Rothley. La directiva propuesta instituye el principio de una acción directa de la víctima contra la empresa aseguradora del responsable del accidente. La misma obliga a la empresa aseguradora a proponer una reparación dentro de un plazo determinado y acompaña dicha obligación con una sanción financiera. Estas diferentes y necesarias medidas mejoran la situación de las víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea.
La ampliación de la directiva a Estados que no son miembros de la Unión plantea problemas complejos. No creo que la directiva sea el instrumento adecuado en esta materia. Habrá que volver a plantear la cuestión en segunda lectura.

Deprez
El informe presentado por el Sr. Rothley es uno de esos informes que uno vota de muy buen grado.
Ante todo porque se trata de un verdadero "estreno» institucional. Es la primera vez, en efecto, que nuestro Parlamento debe pronunciarse sobre una propuesta de directiva cuyo origen se encuentra en el poder de iniciativa otorgado al Parlamento Europeo en virtud del artículo 138 B del Tratado.
En segundo lugar, porque se trata de una propuesta de directiva que, tras su aplicación, aportará una ayuda práctica y eficaz a muchos ciudadanos europeos. En efecto, se evalúa en más de 500.000 el número de accidentes de tráfico de que cada año son víctimas ciudadanos europeos, fuera de su país de residencia. El ponente observa en este sentido que la liquidación de siniestros en el extranjero es, como mínimo, ¡quince veces más cara que en el país de residencia y, por lo general, se prolonga hasta ocho años! Así pues, la iniciativa es a la vez necesaria y urgente.
El dispositivo propuesto por la Comisión, con las enmiendas incorporadas por nuestro Parlamento, comprende cuatro medidas esenciales, prácticas y sencillas de adoptar en los Estados miembros:
1) la instauración de un derecho inmediato de la víctima;
2) la designación por la empresa de seguros de un representante para la liquidación de siniestros;
3) la creación de un organismo de información;
4) la creación de un organismo indemnizatorio encargado de suplir a una empresa de seguros que no se haya manifestado procedentemente.
Deseo que estas medidas se apliquen lo más rápidamente posible, y espero que todas las instituciones de la Unión actúen en este sentido.

Malone
Esta directiva beneficiará enormemente a las personas que se ven involucradas en accidentes de tráfico durante sus vacaciones en otros países europeos.
Cada año, decenas de miles de irlandeses viajan en coche a Gran Bretaña y al continente. Si un irlandés se ve involucrado en un accidente en Francia con un turista neerlandés, puede ser muy difícil obtener compensación.
Aparte de las lesiones personales que puedan sufrir, pueden surgir problemas terribles con los trámites, los diferentes procedimientos y un sinfín de retrasos. Regularmente recibo cartas de personas que han visto arruinadas sus vacaciones como resultado de todo esto.
A pesar de que esta directiva no resolverá todos sus problemas, supondrá que la presentación de una reclamación contra alguien en otro país por un accidente ocurrido en un tercer país no será tan difícil como hasta ahora.
También acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión haya dado curso a la iniciativa de 1995 del Parlamento Europeo, en la que se pone de relieve este problema. La Comisión debe conservar el derecho exclusivo de iniciar actos legislativos con el fin de garantizar que la legislación de la UE recoge los intereses de todos los Estados miembros. Pero es acertado que el Parlamento pueda presentar propuestas legislativas sobre problemas que la Comisión haya podido pasar por alto y en aquellos casos en que un enfoque a nivel europeo sea la mejor solución.

Titley
Me complace respaldar hoy este informe, por haber tenido que ocuparme de varios casos en los que miembros de mi circunscripción han debido hacer frente a problemas con el seguro tras sufrir el estrés de un accidente mientras viajaban por otro país de la UE.
Para facilitar y acelerar en la medida de lo posible las reclamaciones en unas condiciones tan estresantes, respaldo las prácticas medidas que propone el presente informe -a favor de un sistema de reclamaciones directas a la compañía de seguros del motorista culpable, de que cada compañía de seguros nombre a un representante especial en los países de la UE para que acelere los trámites y a favor de que nuevos organismos de compensación puedan solucionar más disputas fuera de los tribunales, permitiendo ahorrar tiempo a los solicitantes.
La imagen de recorrer la UE en automóvil puede evocar unas gratas vacaciones de verano, según nos anuncian los programas televisivos sobre vacaciones. No obstante, cuando ocurre un accidente de tráfico en el extranjero, en el mundo real necesitamos un sistema de seguros que funcione con rapidez a nivel internacional. Espero que nuestras sugerencias sean tomadas en consideración por el sector y por la Comisión para ayudar a los desafortunados que sufren un accidente de tráfico en un país de la UE que no es el suyo. Independientemente de que el accidente en el extranjero sea un simple arañazo del coche o una tragedia en la que resulten heridos o mueran seres queridos, el estrés que origina no debe verse agravado ni prolongado más de lo necesario como consecuencia del papeleo en las reclamaciones transfronterizas a la compañía de seguros.

Posselt
Señora Presidenta, es una gran satisfacción para mí que hayamos conseguido adoptar por una gran mayoría una posición clara sobre el tema de Kosovo. Aun así, debo decir que, lamentablemente, tendríamos que haberla adoptado hace dos o tres años, pues entonces hubiese sido posible alcanzar efectivamente la solución de una autonomía amplia, internacionalmente garantizada, como la que ahora se pide. Con nuestros largos años de inactividad, desautorizamos la vía pacífica del señor Rugova y ahora es lógico que los albaneses de Kosovo intenten defender pura y simplemente su vida. Nada menos que esto es lo que está ocurriendo allí. Se ha actuado sencillamente demasiado tarde. No obstante, yo me alegro de que con la Presidencia austriaca parezca haberse iniciado un cambio en relación con este tema. El señor Schlüssel ha sido el primer Presidente del Consejo que se ha expresado sobre Kosovo con palabras claras y con miras al futuro. Presionamos durante años para que se abriese una oficina de la UE en Pristina. Siempre se nos respondió que no era posible. El señor Schlüssel ha establecido ahora, en un plazo de pocos días, una oficina de la Presidencia del Consejo y yo me congratulo de que la Europa del señor Schlüssel pueda estar representada ahora en Kosovo.

Eriksson, Ojala y Sjöstedt
Hemos votado a favor de la primera propuesta de enmienda de los Verdes que implica que la ONU tiene que autorizar una acción militar para evitar un genocidio de los habitantes albanos de Kosovo. El texto de la resolución propuesta no es claro en este punto y es posible interpretarlo como que la OTAN y la UEO pueden actuar sin mandato de la ONU. Para nosotros, el mandato de la ONU es imprescindible para que se pueda llevar a cabo una eventual acción militar.
Con todo, la línea directriz en el asunto de Kosovo tiene que ser la mediación y la presión internacional para alcanzar una solución política del conflicto.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una decisión que condena las violaciones de derechos humanos fundamentales en Kosovo y las acciones violentas cometidas por las fuerzas de seguridad serbias, unidades del ejército yugoslavo y fuerzas paramilitares contra la población de Kosovo. Apoyamos, sin embargo, una enmienda que subraya la necesidad de que exista una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas antes de que se lleve a cabo una acción militar.

Souchet
Apenas un mes después de la última resolución sobre Kosovo, nuestra Asamblea acaba de votar una nueva resolución sobre el mismo asunto. ¿Era necesario? Ciertamente, el deterioro de la situación es preocupante, ¿pero qué utilidad real puede tener un texto redundante, que se limita fundamentalmente a condenar una vez más los crímenes cometidos, así como a sus autores? No debe confundirse la manifestación de trivialidades moralizadoras con tomas de posición o acciones de política exterior que tengan un verdadero alcance.
Por otro lado, hay que evitar todo tipo de excesos. En este recinto se han escuchado palabras irresponsables que vinculaban cualquier progreso que condujera a la paz al reconocimiento de la independencia a una supuesta nación kosovar. Comprometerse en esta dirección, siguiendo la vía abierta para el reconocimiento de un Kosovo independiente por las autoridades de Tirana, sería la mejor manera de que los actuales enfrentamientos llegaran a ser absolutamente despiadados. No olvidemos que Kosovo, a pesar de que hoy el 90 % del territorio esté habitado por poblaciones de origen albanés, constituye el origen histórico y espiritual de la nación serbia y que los primeros colonos albaneses fueron instalados por iniciativa del poder otomano. A la opresión de las naciones llevada a cabo por el sistema comunista no debe sucederle un afán de desmembramiento y de desmantelamiento capaz de desembocar en la creación de naciones artificiales, que a la larga plantearía problemas peligrosos.
El primer elemento de desestabilización de la unidad de Yugoslavia fue la puesta en entredicho del estatuto de autonomía de Kosovo en 1989. El grupo de contacto trabaja activamente en favor del restablecimiento de un estatuto, en medio de grandes dificultades, ya sea por la violencia de las acciones del gobierno de Milosevic o por el estado de anarquía en que se encuentra el Ejército de Liberación de Kosovo, conjunto de guerrilleros que carece de una representación susceptible de ser considerada como un interlocutor válido. El grupo de contacto, que reúne la parte activa de la Unión Europea, se esfuerza por encontrar la correcta dosificación de advertencias y de incitaciones positivas para evitar una radicalización y una extensión del conflicto.
Junto con el grupo de contacto, y apoyando su acción, las diplomacias nacionales tienen un importante papel que desempeñar. La OSCE, actualmente presidida por Polonia, puede también contribuir positivamente, y los proyectos anunciados por la Presidencia austríaca, que van en el mismo sentido, pueden ser útiles.
Informe Fourçans
Berthu
Señora Presidenta, el Informe anual del Instituto Monetario Europeo, último informe de dicho organismo antes de su transformación en Banco Central Europeo, el pasado 1 de julio, demuestra, como lo dice perfectamente el ponente de nuestra Asamblea, cierta voluntad de quedarse en generalidades.
Sin embargo, en la primera página del mismo aparece una fotografía del Consejo del IME, en la que no falta nadie, que dice mucho más que el resto. Allí están los gobernadores de los Bancos centrales nacionales, bien alineados, de pie, en la segunda fila, mientras que en la primera, hay cinco personajes confortablemente sentados en sillones: el Presidente del IME, que se ha convertido en Presidente del BCE, el Sr. Duisenberg, así como su Vicepresidente, lo cual es normal, rodeados por las dos gobernadoras de Bancos centrales, lo que también es explicable. El quinto personaje es el Sr. Hans Tietmeyer, gobernador del Bundesbank , el cual, que yo sepa, no pertenece a ninguna de las dos categorías anteriores. Sin duda su presencia pretende ilustrar la célebre afirmación del Sr. Duisenberg, cito: "El euro habla alemán, y eso nos agrada mucho».
Nosotros esperábamos que este informe del IME nos explicara, a seis meses de la entrada en vigor de la moneda única, qué hay que hacer para realizar una política monetaria unificada en una zona económica, social y políticamente heterogénea. ¿Según qué criterios, por ejemplo, se determina el nivel único de los tipos de interés? ¿Qué hay que hacer para no disgustar a todos a la vez, y sobre todo para evitar un resultado económico globalmente inferior al que habrían producido unas políticas hábilmente adaptadas a cada caso nacional?
Pero el informe es totalmente oscuro sobre todos estos puntos que son vitales y muy urgentes en la etapa a la que hemos llegado, lo que no le impide, por otra parte, proclamar una vez más que, cito: "reconoce la necesidad de que el SEBC garantice la transparencia de sus objetivos y de las políticas que realizará, de tal modo que la comunidad financiera y el público comprendan y apoyen su acción».
En cambio, el informe del IME, tanto en el texto como en la exposición de motivos firmada por su Presidente, no escatima precisiones sobre la política que debe realizarse en el ámbito -claro está- presupuestario. El Sr. Duisenberg explica en el mismo, para simplificar, que hay que acelerar la reducción de los déficits públicos si no se quiere obligar al BCE a aplicar una política monetaria restrictiva. Repite lo que dijo al margen del último Consejo sobre el euro. Naturalmente, todo está íntimamente relacionado, pero hay que respetar ciertos límites, sobre todo por una persona que está fuera, de una forma tan excepcional, de todo control democrático.

Blot
Este informe nos brinda la ocasión de hacer una reflexión necesaria sobre el sistema monetario internacional.
Como lo indica el ponente, el informe del IME es vago. De todas maneras, nuestro sistema monetario internacional está viciado en su origen, puesto que se basa en un patrón dólar: eso otorga a los Estados Unidos el desmesurado privilegio de emitir la moneda internacional y, por lo tanto, de escapar, en parte, a la disciplina monetaria que se impone a los demás países.
La introducción del euro no cambiará en nada este sistema criticable. Además, la voluntad de ajustar el euro al marco alemán puede provocar una deflación en Europa y poner en peligro el nivel de empleo en los Estados europeos menos competitivos.
Para restituir a cada Estado el control sobre su moneda en el marco de una disciplina que obligue a todos, habría que restablecer un patrón oro. Así, los excesos inflacionarios podrían combatirse sin otorgar un poder abusivo a los Estados Unidos y a un futuro Banco Central Europeo.
Este último, como reconoce claramente el ponente en el punto 13 de su informe, será indiferente a las condiciones particulares de uno u otro Estado miembro. Se corre un riesgo considerable al querer centralizar la emisión monetaria en una Europa plural y diversa en cuanto a sus características económicas.
En materia monetaria, a menudo es peligroso confiar en los gobiernos. Pero también lo es confiar excesivamente en un Banco central. Un sistema automático centrado en el oro, como ocurrió en Europa antes de 1914, permitiría un fuerte crecimiento dentro de la estabilidad con un mínimo de arbitrariedad. Es lamentable que no se haya examinado seriamente esta posibilidad, debido a la idea preconcebida en favor de un instituto de emisión supranacional.

Caudron
Este ejercicio ritual marca nuevamente sus límites, y deseo dar mi apoyo a nuestro colega André Fourçans y a las reservas manifestadas sobre algunos aspectos de las relaciones que existen entre el Instituto Monetario y el Parlamento Europeo.
Es pernicioso, en efecto, que las herramientas y los análisis facilitados no sean más precisos. Un cuadro de mando más pormenorizado de la economía europea permitiría que cada uno tuviese una visión real de ésta, y apoyaría de manera más constructiva nuestra propia reflexión.
En este sentido, sería efectivamente pernicioso que las futuras relaciones entre nuestra Asamblea y el Banco Central Europeo tomaran dicha dirección. Tenemos derecho a esperar algo más de una institución de esta naturaleza. Añado que, incluso recientemente, algunos colegas se han manifestado en este sentido durante las discusiones sobre el BCE, y parecía que se habían asumido compromisos. Espero que se respeten.
Además, si tenemos derecho a expresar reservas en cuanto al fondo, también tenemos derecho a examinar la orientación político-económica en la que se basa la redacción de un informe.
Si bien no ha lugar a poner en entredicho la independencia del Banco Central, debo recordar que los intercambios de puntos de vista entre el Parlamento Europeo y dicha institución implican una actitud receptiva por ambas partes. En estos tiempos difíciles y complejos, nadie puede pretender ser dueño de la verdad...; ¡baste con recordar el episodio de la crisis asiática y las "predicciones» de nuestros doctos economistas de aquel momento!
Sí, los políticos deben tomar en consideración los análisis de los economistas, pero también creo necesario que éstos integren en sus reflexiones nuestras observaciones. ¡En cualquier caso, son los diputados los únicos que tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos!

Holm y Schörling
El informe sobre la memoria Anual del año 1997 del IME trata, en realidad, de la implantación del euro. Desde este punto de vista, el informe es bastante "revelador», visto desde la perspectiva del debate sueco sobre la UEM, sobre lo que la UEM va a significar. Entre otras cosas, se escribe:
que la política monetaria común va a servir de base para el cambio de la política económica en los Estados miembros que han introducido el euro (considerando A), -que, sin embargo, es necesario desarrollar una política económica real en el ámbito de la Unión, mediante una coordinación más eficiente y control de la política económica de los Estados miembros (considerando G), -que son necesarias paulatinas reformas del mercado laboral (punto 5), -que es lamentable que el IME no haya querido manifestarse acerca del problema general relacionado con la coordinación de la política presupuestaria y fiscal en la UE, que va a ser una de las grandes consecuencias previsibles del proceso económico y monetario de la Unión (punto 7).Esos ejemplos del informe demuestran claramente que el Parlamento Europeo considera obvio que la UE, en relación con la puesta en marcha de la UEM en 1999, intervendrá y empezará a hacerse cargo de la política económica de los Estados miembros en mayor medida que hasta ahora.
"Paulatinas reformas del mercado de trabajo» suena bien, pero suele significar peores reglas para las contrataciones y mayores diferencias salariales, lo cual no podemos aceptar.
Suecia va a estar fuera del sector del euro desde el comienzo en 1999. Consideramos que ésta es una buena decisión porque creemos que la política económica debe ser aplicada desde los Estados miembros y no desde la UE.
Sin embargo, hay algunas cosas que, evidentemente, están bien en el informe. Por ejemplo, lo relativo a las demandas de transparencia en el actual IME y en su sucesor, el BCE. Evidentemente que apoyamos esas exigencias.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Fourçans. Estamos de acuerdo con el señor ponente en que el IME ha avanzado mucho en su mejora de los instrumentos y procedimientos necesarios para la puesta en práctica de la política monetaria común en la tercera fase. Estamos de acuerdo en que es necesario disponer de más inversiones públicas y privadas para estimular la demanda interna, en que la explicación dada por el IME del SME II es insuficiente y en que hacen falta perspectivas para los Estados de Europa Central y Oriental y un ingreso asociado en el SME II vinculado a la estrategia de adhesión.
Mostramos, sin embargo, nuestra reserva ante el punto de vista del señor ponente sobre la necesidad de diseñar una política auténticamente económica en el plano comunitario, sin embargo, estamos a favor de una coordinación de la política económica entre los países miembros, sobre todo con vistas a fomentar el empleo.
No compartimos plenamente el punto de vista relativo a que sea lamentable que el informe anual de actividades no haga referencia a la cuestión de la coordinación de la política tributaria y presupuestaria en la Unión. No le corresponde al IME pedir la coordinación de esta política en su informe anual de actividades.

Trizza
El Informe anual del Instituto Monetario Europeo, el último antes de su liquidación y de la constitución del Banco Central Europeo, no es muy voluminoso debido a la supresión de un largo capítulo que hasta hoy ha constituido su parte principal: el examen de la evolución de la convergencia de cada uno de los Estados miembros.
Dicho Informe, sin embargo, redactado en un momento muy peculiar del histórico camino que ha llevado hasta el euro, adolece de un examen detallado de los siguientes puntos:
un estudio en profundidad de la evolución del proceso de armonización de cada una de las políticas fiscales europeas: las actuales distorsiones y disparidades de cada uno de los sistemas fiscales nacionales, si no son objeto de examen y de análisis por parte de un Grupo de expertos independientes podrían convertir en inútiles los esfuerzos realizados con vistas a la realización de la Unión Económica y Monetaria, y eliminar las ventajas y las oportunidades potenciales que ofrece el mercado único en términos de desarrollo económico y de reducción progresiva del desempleo estructural existente; -no existe en absoluto una reflexión sobre los países candidatos a la ampliación, al objeto de conocer sus esfuerzos en materia de política económica, monetaria y financiera y de constatar su evolución real.Por último, considero necesario poner el acento en la debilidad estructural de la economía italiana que, junto con la de Francia y Alemania, ha sido objeto de examen en el informe: éste es un timbre de alarma que debe encontrar remedios adecuados tanto en las acciones horizontales comunitarias como en las estrategias de cada uno de los Gobiernos nacionales. El problema del desempleo estructural precisa soluciones rápidas y específicas. El Banco Central Europeo, aunque tiene un importante papel que desempeñar en este ámbito, no podrá sustituir las acciones internas de modernización de los distintos mercados de trabajo. En consecuencia, es imprescindible una estrategia para el empleo que, haciendo frente al desarrollo demográfico europeo, abandone las políticas rígidas que crean -quizás de buena fe- una seguridad social sólo momentánea e ilusoria, para adoptar nuevas formas más flexibles y en línea con las exigencias del mercado en lo que se refiere a las relaciones laborales. Por eso, a pesar de apreciar el esfuerzo del señor ponente, en nombre de Alianza Nacional, me abstengo de votar el informe objeto de examen.
Informe Manzella
Féret
Señora Presidenta, el Sr. Manzella se ha convertido en mensajero de una buena noticia: acelerar y simplificar los procedimientos legislativos en el seno de nuestro Parlamento.
¿Se logrará con ello colmar el déficit democrático que afecta de manera patente a nuestras instituciones europeas? Evidentemente, la respuesta es negativa. No es abreviando y haciendo las cosas más rápidamente como abordaremos lo esencial del problema. No disminuiremos el peso aplastante de los dos grandes grupos que dominan nuestro Parlamento. En el Parlamento Europeo siempre se correrá el riesgo de volver a pasar por la experiencia de una Presidencia socialista aparentemente aquejada por una hemianopsia del lado derecho, que excluya de modo casi sistemático a los diputados no inscritos, como si estuvieran permanentemente fuera de juego.
El deseo de intensificar los contactos con los Parlamentos nacionales es muy noble; pero, además, en algunos casos, como en Bélgica, será inútil, puesto que sabemos que en dicho país tanto las elecciones legislativas como las europeas están claramente amañadas bien por los medios de comunicación subvencionados, bien por el dinero de los contribuyentes o por el dinero sucio de los chanchullos político-financieros.
Esto con respecto a la fase previa de nuestro trabajo parlamentario; y, en cuanto a la fase posterior, ¿de qué sirve legislar cuando Bélgica se niega nuevamente a someterse a las directivas que le resultan incómodas, como ocurre con el derecho de voto en las elecciones municipales para los naturales de la Unión Europea?

Bébéar
Maastricht ha ampliado nuestras competencias y nuestras responsabilidades. El post Amsterdam reformará los procedimientos actuales, demasiado complejos, para orientarnos hacia una mayor simplicidad.
A diario reflexionamos y actuamos para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos. Hoy el Informe Manzella nos brinda una nueva oportunidad para poner de manifiesto nuestros esfuerzos y sobre todo para concretizarlos.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de textos que examinamos en las reuniones de las comisiones parlamentarias y en el Pleno, debemos aceptar un doble desafío: simplificar definitivamente el proceso legislativo y equilibrar los papeles que desempeñan el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo.
Simplificar, racionalizar y acelerar la elaboración de nuestro trabajo legislativo es ahora jurídicamente posible. En el seno de nuestras respectivas comisiones deberemos incentivar en este sentido a los Presidentes. Puede instaurarse un nuevo diálogo estructurado. La mayoría de nuestros países de origen se rigen por el sistema bicameral. Su eficacia está probada. Su transposición en el plano europeo es realizable. Basta simplemente, en una primera etapa, con definir nuevas normas para regir el funcionamiento del Parlamento Europeo y las relaciones entre nuestras diferentes instituciones.
La realización de debates informales, un trabajo coherente y conjunto de nuestra Asamblea, de la Comisión Europea y del Consejo permitirán, de esta forma, lograr muchos acuerdos en la primera lectura, sin perjudicar la transparencia del mecanismo y haciendo posible un mayor intercambio de información.
Por lo tanto, apruebo el Informe Manzella por sus esfuerzos con miras a mejorar cualitativamente nuestra labor jurídica en primera lectura, en segunda lectura y en el procedimiento de conciliación, así como por su voluntad de realizar una planificación más completa del programa legislativo anual, en beneficio de una mayor concentración en nuestros objetivos prioritarios.

Berthu
El Informe Manzella, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar propone algunas reformas técnicas destinadas a extraer las consecuencias del nuevo procedimiento de codecisión que establece el artículo 251 del TCE modificado por el Tratado de Amsterdam.
Ciertamente, nuestra Asamblea tiene derecho a comenzar a reflexionar sobre las consecuencias de Amsterdam, pero va un poco lejos cuando, en la resolución aprobada, menciona dicho Tratado como si éste estuviera definitivamente reconocido y como si la etapa de la ratificación perteneciera ya al pasado. Esto no es así, concretamente en Francia. No habría que llegar al extremo, en esta nueva Europa, de considerar la aprobación de los pueblos como una formalidad reconocida automáticamente.
En esta cuestión nos mostramos menos inclinados a fiarnos del Parlamento Europeo en la medida en que tanto el principio de codecisión, introducido por Maastricht, como las ampliaciones establecidas por Amsterdam nos parecen poco satisfactorias. Señalo, por otra parte, que el Consejo Constitucional francés, en su decisión del 31 de diciembre de 1997, consideró por primera vez que la codecisión, aplicada a ciertos ámbitos, podía menoscabar las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional.
En efecto, este procedimiento permite que el Parlamento Europeo, donde los diputados franceses sólo alcanzan el 13 % de los votos, tenga la última palabra sobre cuestiones vitales para nuestro país, sobre todo en el ámbito de la circulación internacional de las personas. ¡Se puede incluso imaginar el caso en que la codecisión podría permitir que el Parlamento Europeo se opusiera a una decisión deseada por la totalidad de los gobiernos, apoyados por la totalidad de los Parlamentos nacionales! Nos encontramos frente a un caso de supranacionalidad tanto más peligroso por cuanto la Asamblea europea se basa en la autoridad de un pueblo europeo que no existe y se apoya en eurócratas que, desgraciadamente, sí existen y son demasiados.
Ahora bien, el Tratado de Amsterdam agrava aún más esta situación: con el pretexto de simplificar el procedimiento, refuerza la posición del Parlamento Europeo, convirtiéndolo en colegislador en igualdad de condiciones que el Consejo, y establece así una situación de equilibrio en la cual el Informe Manzella descubre con satisfacción "características bicamerales». Al mismo tiempo, multiplica los casos de aplicación de dicho procedimiento reforzado, aplicándolo a veinticinco nuevos ámbitos. Todos estos cambios dan mayor peso al Parlamento Europeo, que representa una de las grandes vanguardias federalistas del Tratado de Amsterdam.
Por lo tanto, antes de pasar precipitadamente a las medidas de aplicación del nuevo procedimiento, y a la vista del debate de ratificación de Amsterdam que se realizará en Francia, nosotros deseamos ante todo formular la pregunta fundamental: ¿el refuerzo de la codecisión, así como la propia codecisión, son oportunos? Nosotros respondemos "no», ya que la codecisión otorga al Parlamento Europeo un papel esencial de autoridad decisoria, cuando no debería desempeñar más que un papel secundario. La misma les quita a los pueblos el control de su destino, sin que los mecanismos europeos ofrezcan un carácter democrático y una proximidad similares a la de los Parlamentos nacionales. En el futuro habrá que hacer retroceder la codecisión -por ejemplo, para empezar, rechazando el proyecto de Amsterdam-, o bien introducir un nuevo equilibrio instituyendo un derecho de veto de los Parlamentos nacionales.

Caudron
Este informe presentado por nuestro colega Andrea Manzella reviste una gran importancia ya que se trata de traducir en los hechos los progresos realizados por el Tratado de Amsterdam. Soy partidario de un poder real y reconocido para el Parlamento Europeo, y apoyo las medidas que hoy se nos proponen.
Esta revisión del procedimiento de codecisión constituye verdaderamente un paso importante para nuestra institución, como todos estamos de acuerdo. Por lo demás, es importante recordar nuestro acuerdo unánime cuando se trata de que nuestro trabajo tenga un mayor peso.
Esta situación no sólo se traduce en nuestras relaciones con la Comisión, sino, además -y también es importante-, en nuestra voluntad de iniciar un diálogo fructífero con el Banco Central Europeo. En ambos casos, parece ser que en nuestra Asamblea existe una toma de conciencia para que se reconozca nuestro papel legislativo.
Esta aspiración es legítima, sobre todo teniendo en cuenta que va acompañada de una voluntad de la gran mayoría de nuestros colegas en el sentido de acercar la construcción europea al ciudadano. Hay quienes desde una óptica pesimista, aunque son cada vez menos, arguyen que determinadas medidas no van lo suficientemente lejos en uno u otro ámbito. Sin embargo, para hacer un balance del camino recorrido, debe tomarse en consideración el conjunto de estas disposiciones.
Sí, estoy íntimamente persuadido de que debemos seguir avanzando por esta vía; parece que ha llegado de nuevo la hora de tomar una decisión política, y es primordial otorgarle todo su sentido y alcance al poder legislativo del Parlamento Europeo. Espero que los próximos meses sean fecundos en el plano del debate político, dejando las diatribas y la demagogia para los xenófobos y los racistas. Esto fortalecerá nuestro papel y acrecentará nuestra credibilidad.

Deprez
Suelo pensar que el euroescepticismo que deploramos en muchos de nuestros conciudadanos está alimentado y sustentado por nuestras propias decepciones. Así pues, ¿cuántos diputados europeos han consagrado más tiempo y palabras en deplorar los puntos débiles del Tratado de Amsterdam que en poner de relieve los progresos -a veces esenciales- que éste supone?
Por eso agradezco ante todo a nuestro ponente, el Sr. Manzella, por el carácter positivo y fundado de un informe sobre los cambios introducidos por el Tratado de Amsterdam en el procedimiento de codecisión.
Deseo congratularme, al igual que el ponente, por el hecho de que este Tratado no sólo ampliará los mecanismos del procedimiento de codecisión, sino que también los reformará haciéndolos menos complejos, de tal manera que mañana el Parlamento Europeo se convierta en un verdadero colegislador.
Creo asimismo que tiene toda la razón en insistir en los cambios más importantes que permite el Tratado de Amsterdam a partir de la denominada fase de "primera lectura». En efecto, el Tratado establece que esta primera fase pueda ser, en realidad, la última -y, por lo tanto, dar origen a una "ley» de la Unión- si el Consejo aprueba una propuesta de la Comisión que el Parlamento no haya modificado, o si el Consejo aprueba todas las enmiendas aprobadas por el Parlamento.
Comparto plenamente la opinión del ponente, que ve en esta posibilidad ventajas sustanciales desde el punto de vista de la aceleración, de la racionalización y de la simplificación de la labor legislativa.
Pienso, finalmente, que tiene razón en insistir en el hecho de que el Parlamento debe aprovechar esta oportunidad para introducir cambios importantes con respecto a su actitud en la primera lectura: mejora de la calidad jurídica de los textos, concentración en las prioridades más importantes, instauración de nuevas relaciones interinstitucionales. Buen trabajo, señor Manzella. Le apoyo, casi, sin reservas.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Manzella. Se ha hecho considerando que el informe brinda un buen análisis del nuevo procedimiento de codecisión, aprobado con el Tratado de Amsterdam. Apoyamos claramente la influencia ganada por el Parlamento Europeo, en muchos campos políticos hemos alcanzado la misma influencia que el Consejo. Los socialdemócratas daneses votamos, sin embargo, en contra del punto relativo a que deba proporcionarse una explicación de motivos por escrito en todas las enmiendas del Parlamento Europeo en un contexto legislativo. El motivo para que nos opongamos a este punto del informe es que hará el procedimiento más burocrático y lento, y ésta sí que no puede ser la intención de una simplificación del procedimiento de codecisión.

Wibe
Me abstengo en la votación de este informe porque mi posición es que el Parlamento Europeo no debe tener un procedimiento de codecisión junto con el Consejo. Estimo que la cooperación en la UE se debe basar en la colaboración entre los parlamentos de los Estados miembros. El debate político en los Estados miembros se basa actualmente en las elecciones a los parlamentos nacionales. Por el bien de la democracia, debe disminuirse el poder del Parlamento Europeo.
Informe Frischenschlager
Ahlqvist y Theorin
Durante largo tiempo se ha discutido sobre cooperación y diferentes velocidades en el ámbito comunitario. El ponente ha hecho un vehemente intento de dilucidar este asunto. No obstante, hay especialmente tres puntos en la resolución por los que no podemos votar a favor, son los puntos 10, 12 y 21. También estamos dudosos respecto al punto 11.
La cooperación es una condición para toda forma de trabajo internacional, especialmente para la UE. Sin embargo, nunca se podrá alcanzar el objetivo buscado obligando a otros Estados miembros a hacer algo que no desean. Para que tenga sentido, la cooperación tiene que ser voluntaria. Por este motivo, no podemos votar a favor de los puntos 10, 11, 12 y 21.

Andersson, Hulthén, Lööw y Waidelich
Por razones democráticas, opinamos que lo que se aprobó en el Tratado de Amsterdam debe ser lo que rija hasta que una nueva eventual Conferencia Gubernamental modifique este Tratado. Esto también fomenta la claridad y la posibilidad de los países miembros de controlar la legislación comunitaria.

Berthu
El Grupo Europa de las Naciones ha votado en contra del Informe Frischenschlager sobre la aplicación de las cooperaciones reforzadas establecidas por el Tratado de Amsterdam. Nuestro Grupo ha explicado su posición en una opinión minoritaria que la Comisión de Asuntos Institucionales ha incluido en el anexo del informe.
En efecto, mientras que hoy en Europa las cooperaciones entre los Estados son totalmente libres (con excepción, evidentemente, de lo que está legislado en los textos comunitarios), el Tratado de Amsterdam desearía integrarlo todo en el dispositivo comunitario, y atribuir a las cooperaciones específicas un estatuto particular dentro de los Tratados. Su objetivo final consiste, por lo tanto, en reducir la diversidad de las cooperaciones en Europa, incluyéndolas en un marco institucional único, orientado hacia la construcción de un super-Estado.
Esta orientación nos parece inoportuna: tras el desmantelamiento del régimen soviético, los europeos pueden vislumbrar la posibilidad de un continente libre de totalitarismos, capaz de realizar por fin sus ideales de respeto de las personas y de los pueblos. El super-Estado y las diferentes unificaciones que lo acompañan, no tienen utilidad alguna. Más aún, al contradecir la naturaleza diversificada de Europa, la debilitarían en lugar de fortalecerla.
Además, las cooperaciones específicas, pero integradas al mismo tiempo en el dispositivo comunitario, establecidas en el Tratado de Amsterdam nos parecen criticables desde el punto de vista técnico, puesto que son complejas y poco eficaces. Contrariamente a las intenciones declaradas, las mismas llevarían a una gran complejidad desde el punto de vista de la gestión, como lo demuestra la nueva cooperación "Schengen». De igual modo, las múltiples condiciones previas y el derecho de la Unión Europea de intervenir en los acuerdos particulares, desalentarán a algunos candidatos y frenarán cooperaciones que hubiesen podido ser beneficiosas.
Los debates realizados ayer por la noche en este hemiciclo han demostrado que incluso para los federalistas esto no estaba claro y que dudaban del fundamento de las nuevas disposiciones. Nuestro colega Ole Krarup subrayó, con razón, que si los ciudadanos conocieran estas disposiciones tan complejas, no sabrían si reír o espantarse.
El Grupo Europa de las Naciones piensa que las cooperaciones en Europa deben ser muy libres y estar bajo el control de los Parlamentos nacionales. Este método será mucho más simple y ventajoso. Las diferentes cooperaciones sólo deben alcanzar el marco de la Unión Europea cuando éste demuestre ser más eficaz en cada caso. Debe crearse, de este modo, una dinámica de cooperación en libertad.

Delcroix
La cooperación europea ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los logros comunitarios. Se han podido acumular éxitos gracias a la voz de una soberanía voluntariamente compartida, pero es posible que hoy, además de la profundización y de la ampliación, la Unión Europea deba hacer un sitio a la cooperación reforzada.
Esta cooperación reforzada entre los Estados miembros está destinada a superar los bloqueos causados por las expectativas a veces divergentes de la Unión Europea. En muchos casos, eso es debido a los mecanismos de votación por unanimidad. Sin embargo, nadie desea tener que aplicar los mecanismos de la cooperación reforzada, lo que sería percibido por los ciudadanos como la constatación de un fracaso.
Por otro lado, existe una cierta oposición, por una parte, entre las reformas institucionales previstas para permitir la ampliación y la profundización de Europa y, por otra, la cooperación reforzada, que constituye un medio de presión para forzar la construcción de Europa en caso de que fracasaran nuevamente los procedimientos intergubernamentales. Por lo tanto, debe optarse claramente por las reformas institucionales, y debemos destinales todos nuestros esfuerzos. Hoy parece ilusorio confiar en que la cooperación reforzada sea el marco adecuado para hacer frente a los principales retos de la Unión Europea. Europa debe elegir el mecanismo correcto para adaptarse a las circunstancias.
Por lo tanto, debemos prepararnos para lo peor y hacer todo lo posible para que la Unión Europea no se disgregue. Una Europa "a la carta» es inaceptable. Si fuese necesario recurrir a las cooperaciones reforzadas, ésta deberían responder a ciertos criterios:
1) el acervo comunitario y el buen funcionamiento del mercado interior no deben ser puestos en tela de juicio;
2) debe mantenerse el marco institucional único;
3) las cooperaciones reforzadas deben ser compatibles con los objetivos de la Unión Europea, que comparten todos los Estados miembros;
4) la cooperación reforzada debe ser una solución de último recurso y prever posibilidades adecuadas para los países que no participen, a fin de que éstos puedan adherirse en una fase posterior;
5) la Comisión debe desempeñar un papel central en la aplicación de criterios y de modalidades, especialmente en las materias comunitarias.
Estas condiciones figuran en el memorándum de Bélgica, de Holanda y de Luxemburgo, del 8 de marzo de 1996.
Me congratulo por el punto 7 de la propuesta de resolución, donde se subraya el carácter excepcional y limitado del ámbito de aplicación de la cooperación reforzada, así como por el punto 20, que considera ilusorio esperar que la cooperación reforzada pueda constituir un marco institucional adecuado.
Hago mía la conclusión del grupo de reflexión encargado de preparar la Conferencia intergubernamental. La cooperación reforzada podría constituir un progreso, pero también podría tener como efecto poner en tela de juicio anteriores logros. Según algunos se trata de permitir a los Estados más ambiciosos de avanzar, y según otros, por el contrario, de no tener que participar en proyectos comunitarios. Por lo tanto, hay que hacer frente a dos amenazas, la de la fragmentación y la de la parálisis.

Deprez
El excelente informe de nuestro colega Friedhelm Frischenschlager es un texto intelectualmente efectista. En efecto, el mismo aborda con sensibilidad y matización uno de los dispositivos más controvertidos que ha introducido el Tratado de Amsterdam, es decir: la cooperación reforzada.
Desde el punto de vista de quienes la han inventado, se puede pensar que el objetivo de la cooperación reforzada -es decir, en líneas generales, la posibilidad de que una mayoría de Estados miembros avancen más rápido por la vía de la integración, sin que se vean retrasados por los demás, que no desean o no pueden seguir el ritmo propuesto- consiste en permitir superar los bloqueos en el seno del Consejo.
Si esta es la intención, ¿era necesario establecer un derecho de "casi veto» para cada Estado miembro, siempre que invoque "importantes razones de política nacional», lo que obligaría entonces al Consejo Europeo a decidir por unanimidad?
Si esta es la intención, ¿era necesario establecer el respeto de un número tan elevado de garantías no sólo en cuanto al fondo -las cuales están totalmente justificadas-, sino también en cuanto al procedimiento, las cuales son a la vez complicadas y ambiguas (concretamente la noción de "último recurso»)?
En realidad, al igual que el ponente, no puedo dejar de pensar que la cooperación reforzada tendrá sobre todo una eficacia virtual: casi no se utilizará, pero se espera que el riesgo de su utilización haga superar uno u otro bloqueo.
Si sólo debiera servir para eso, la cooperación reforzada sería muy útil. Dentro de este espíritu, he aprobado el informe del Sr. Frischenschlager.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Frischenschlager. Se ha hecho considerando que el informe supone un buen seguimiento de las intenciones que trajo consigo el Tratado de Amsterdam. Hemos votado, con todo, en contra de los puntos 10 y 12 del informe, puesto que no estamos de acuerdo con la posición del señor ponente en relación con la posibilidad específica de empleo del veto. Pensamos, al contrario que el señor ponente, que es razonable disponer de un freno de emergencia en la cooperación. Debe existir la posibilidad de invocar el derecho de veto en caso de que existan razones nacionales de peso. Con esto no queremos decir que esta posibilidad deba emplearse en todos los asuntos en los que no exista unanimidad. Sin embargo, estamos convencidos de que el espíritu del compromiso de Luxemburgo de 1966 debe mantenerse. Esto significa que nos sumamos a que los miembros del Consejo, cuando estén en juego intereses muy importantes para uno o varios Estados miembros vinculados a decisiones que puedan adoptarse por mayoría a propuesta de la Comisión, dentro de un plazo de tiempo razonable traten de llegar a soluciones a las que puedan sumarse todos los miembros del Consejo considerando tanto sus intereses respectivos como los intereses de la Comunidad en virtud del artículo 2 del tratado.

Lindqvist
Una "colaboración reforzada» entre determinados países dentro de campos específicos crea una división entre equipos A y B dentro de la UE. El Tratado de Amsterdam da ahora semejante posibilidad bajo condiciones estrictas y con el resguardo de que en último término los países pueden usar el veto para detener estas propuestas. El Parlamento no puede y no debe modificar los textos propuestos en el Tratado aunque éste aún no haya sido ratificado por todos los países miembros.
Reemplazar el sistema de unanimidad por el de mayorías calificadas tiene, en la práctica, el mismo efecto que si se suprimiese el veto, es decir, que un país que quiera detener una "colaboración reforzada» ya no lo podría hacer. Unanimidad y veto deberían ser obvios en la colaboración entre estados soberanos. Por eso he votado en contra del informe.

Spaak
El Tratado de Amsterdan ha eludido las reformas institucionales que resultan insoslayables en el marco de la Unión ampliada a los países de Europa Central y del Este.
La extensión de la mayoría cualificada en el seno del Consejo es naturalmente la piedra angular de las reformas institucionales que deben iniciarse si deseamos evitar un bloqueo institucional en la Unión Europea. Ahora bien, se ha comprobado rápidamente que los Estados miembros no estaban listos para avanzar en esta materia.
Mientras tanto había surgido un concepto político nuevo, "la flexibilidad». Propuesto en el contexto del grupo de reflexión, con anterioridad a la Conferencia intergubernamental, dicho concepto parecía ser, en un primer momento, la solución milagrosa para hacernos superar la situación de parálisis que nos acechaba.
Desgraciadamente, Amsterdam nos ha demostrado que no es así y que las "cooperaciones reforzadas», tal como están establecidas en el nuevo Tratado son muy limitadas (se circunscriben principalmente al tercer pilar) y probablemente inoperantes.
El Grupo ELDR deplora la posibilidad que ofrece el Tratado de Amsterdam a cualquier Estado miembro de oponerse a la aplicación por mayoría cualificada de las disposiciones sobre la cooperación reforzada por "importantes razones de política nacional», sin que se dé ninguna definición de este concepto.
El Grupo ELDR considera la posibilidad de veto a la vez contradictoria con la intención de resolver de esta manera algunos bloqueos y desproporcionada con respecto a la importancia de las aplicaciones factibles.
Nosotros consideramos, por otra parte, que nunca debería ocurrir que un Estado miembro invocara tales razones, y es evidente que nosotros no podemos apoyar un informe que preconiza esta posibilidad y que acaba por convertir las "cooperaciones reforzadas» en una disposición absolutamente inoperante e inútil.
Quienes hoy votan a favor de este informe deben ser conscientes del hecho siguiente: si las "cooperaciones reforzadas», tal como las define y establece el Tratado de Amsterdam, hubiesen existido en la época del inicio de la UEM, es muy probable que el euro no se hubiese implantado.

Souchet
Antes incluso de que nuestros pueblos o sus representantes ratifiquen el Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo se somete a sí mismo una disposición del Tratado que abre la posibilidad a los Estados miembros que lo deseen de profundizar la cooperación en algunos ámbitos.
La reacción del Parlamento Europeo se ajusta a la ideología dominante en el mismo: en esta nueva disposición éste no quiere ver más que una amenaza para la construcción federal que desea privilegiar, y querría restringir al máximo su alcance.
La cooperación voluntaria entre Estados constituye, sin embargo, la modalidad europea que hasta ahora ha producido mayores resultados positivos, de Ariane a Airbus.
Lo mismo ocurre en el ámbito de las relaciones internacionales. El Parlamento Europeo se lamenta invariablemente de la ineficacia de la PESC, sin querer reconocer que este estancamiento es estructural. Pero si Europa, en lugar de desear inscribir a todo trance el conjunto de las acciones exteriores de la Unión en el marco rígido de una política comunitaria única, supiera fomentar y apoyar las iniciativas de algunos de sus Estados miembros que poseen mayor competencia, y reconocerles una dimensión europea cuando considera que estas últimas convienen a los intereses de toda Europa, la acción exterior de la Unión sería mucho más real, comprensible y respetada. Al ignorar deliberadamente la pertinencia y la eficacia de las diplomacias nacionales, la Unión se priva a sí misma de bazas importantes. Al privilegiar una visión ideológica de la PESC, se condena a la impotencia.
Sustentando la visión arcaica y monolítica de una Europa con un marco institucional único y con una política uniforme, nuestro Parlamento acaba nuevamente de dar la espalda a la vía fecunda de una Europa de la cooperación voluntaria entre naciones soberanas.

Wibe
Como es costumbre cuando se tratan asuntos institucionales, el Parlamento Europeo va más lejos que la Cumbre Gubernamental. En este informe se nota esto muy claramente en los puntos 10, 12 y 21.
No creo en la creación de una Europa federal y por eso voto en contra de los puntos 10, 12 y 21.
Informe Weiler
Caudron
No tengo nada contra nuestra colega Barbara Weiler, su texto es bueno y suscribo sin ningún género de duda sus recomendaciones. Sin embargo, desde hace algunos años se suceden los informes más o menos relacionados con esta cuestión.
Lamentablemente, debemos constatar que en este ámbito avanzamos por pequeñas etapas. Las personas que desean o deben trabajar en un Estado miembro distinto del suyo son víctimas de dificultades administrativas que están completamente desfasadas respecto al discurso dominante, que preconiza la flexibilidad, la movilidad y demás.
Deben reconocer que resulta extraño comprobar, por un lado, la desconcertante facilidad con la que pueden circular por el planeta varios millones de ecus y, por otro, las dificultades de todo género que existen para que una persona pueda trabajar a 50 kilómetros de su domicilio, cuando se pasa una frontera. ¡Sorprendente paradoja en estos tiempos de mundialización!
Sí, me exacerban las cartas de ciudadanos europeos que me explican sus problemas con respecto a los impuestos, al derecho de residencia y demás, así como conocer el verdadero maratón administrativo que hay que efectuar para obtener un resultado a menudo incierto.
Sí, realmente, queda por realizar la Europa del ciudadano, la Europa de cada día. Así pues, me sorprende que algunos colegas se opongan a simples soluciones de sentido común, en nombre de no sé qué espejismo. Son los mismos que rechazan cualquier forma de construcción europea...
Debemos necesariamente avanzar en estas cuestiones, ya que más allá de los problemas individuales que éstas plantean, lo que está en juego frente a nuestros ciudadanos es la construcción europea.
¡No podemos decepcionarlos respecto a las grandes opciones políticas, no podemos permitirnos olvidar la vida de cada día de los europeos!

Eriksson y Sjöstedt
Nos abstenemos en la votación del informe Weiler. Estamos de acuerdo con muchas cosas del informe y es extraordinariamente importante que se estudie el problema de los trabajadores fronterizos. No obstante, opinamos que los sistemas fiscales, de pensiones y de seguridad social no se deben armonizar. No creemos que la movilidad de la mano de obra sea la piedra angular del crecimiento ni de la continuación del bienestar.

Lis Jensen
El informe Weiler debe ser elogiado por que no distingue entre aquellas personas procedentes de un país comunitario y aquellas otras cuyo país de origen no es un país comunitario. A pesar de la simpática toma de posición del informe, no puedo apoyarlo.
Querer armonizar sistemas educativos, regímenes de seguridad social, normas fiscales, etc. con vistas a la libre circulación de los trabajadores es matar moscas a cañonazos. El problema es mínimo. La norma fundamental para aquellos que deseen trabajar en el extranjero debe ser que no trabajen en peores condiciones que los trabajadores del propio país desde el mismo día que comiencen a trabajar. Es deber de las autoridades nacionales vigilar que éste sea el caso. Como se ha dicho, la cuestión sobre la libre circulación de los trabajadores a través de las fronteras nacionales es un asunto de poca importancia. Sólo el 0, 2 % del total de trabajadores comunitarios hace uso de esta posibilidad. Aunque la UE fuera a alcanzar, por ejemplo, el nivel de los Estados Unidos, situado en el 0, 5 %, en contra de lo cual hablan una serie de reservas lingüísticas y culturales, apenas disminuiría el importantísimo desempleo, de lo cual la misma Sra. Weiler también es consciente.
No puedo apoyar de ningún modo el deseo de una "suavización» del Reglamento 1408/71. Apoyo totalmente el bloqueo del Consejo en este sentido. De ahí que pida a los negociadores daneses en el Consejo que "permanezcan firmes». El movimiento sindical danés se opone firmemente a la idea de un estatuto comunitario para los "aprendices europeos». La UE no debe influir en el contenido de las formaciones profesionales o, si vamos al caso, en cualquier otra forma de formación. El campo educativo es cuestión que sólo compete a los Estados nacionales.
Por estas razones, entre otras cosas, no puedo apoyar el informe Weiler.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de la mejora de la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea. Una de las ideas fundamentales detrás de la cooperación europea es crear la posibilidad de la libre circulación de personas - no sólo de bienes, capitales o servicios. Europa no debe ser sólo una comunidad de empresas. Debe ser la Europa de los ciudadanos.
Podemos, por tanto, sumarnos a la petición para que desaparezcan los numerosos obstáculos a la libre circulación. Sólo un 0, 2 % de los ciudadanos comunitarios trabajan en un Estado miembro distinto al suyo. Una de las razones son las dificultades que supone mudarse a otro país. De ahí que debamos tratar de disponer de normas claras y de fácil comprensión en lo relativo a, por ejemplo, regímenes de pensiones, asistencia sanitaria y seguridad social. Probar suerte en otro país miembro debe volverse para las personas menos burocrático.
La señora ponente del informe se lamenta de la reserva danesa en el ámbito jurídico. Aquí queremos llamar la atención sobre el hecho de que la reserva danesa en el ámbito jurídico es una cuestión danesa y que sólo puede ser modificada en Dinamarca a través de un referéndum.

Lindqvist (ELDR), Holm y Schörling (V)
Nos oponemos en el informe, entre otros, al capítulo sobre Schengen y a los puntos sobre supresión de la exigencia de unanimidad.
Aún así, hemos votado a favor del informe para fortalecer los derechos de los ciudadanos de terceros países.

Lulling
El informe de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el fomento de la libre circulación de los trabajadores fue aprovechado indebidamente una vez más por una minoría de dicha Comisión escorada a la izquierda, con el propósito de cargarlo con su lastre ideológico en lo tocante a la política de inmigración y los derechos de los nacionales de terceros Estados.
Esta semana no hemos votamos afirmativamente el informe sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa a las normas de admisión de nacionales de terceros Estados en el territorio de los Estados miembros porque una mayoría política con inclinaciones análogas lo ha llenado de peticiones que habrían anegado nuestro mercado de trabajo -que ya cuenta con más de 18 millones de parados- con otros varios centenares de miles de demandantes de trabajo, predominantemente bajo la forma de fuerza de trabajo barata.
Las manifestaciones del informe con respecto a la reagrupación familiar de las personas procedentes de terceros países van mucho más allá de lo admisible o, en cualquier caso, de lo que hemos concedido hasta ahora a los países candidatos a la adhesión durante el período de transición y de lo que podemos conceder en un plazo inmediato a los nuevos Estados miembros. La ampliación de la reagrupación familiar a las parejas del mismo sexo, a los miembros de la familia con independencia de su nacionalidad, a familiares que no conviven con el trabajador migrante, a quienes tienen más de un cónyuge o una pareja, daría lugar a una oleada inmigratoria cuya carga mi pequeño país -donde ya viven más de un 37 % de no luxemburgueses-, por lo menos, no podría soportar.
El informe también contiene peticiones poco meditadas en relación con la fiscalidad de los trabajadores migrantes, al igual que la afirmación totalmente injustificada de que los trabajadores transfronterizos corren el riesgo de sufrir una considerable merma de sus ingresos debido a las diferentes disposiciones en materia fiscal y de seguridad social.
Esto desde luego no es así en el caso de los casi 70.000 trabajadores transfronterizos empleados en Luxemburgo.
Yo tampoco puedo votar favorablemente la petición de que se suprima la obligatoriedad del visado para los desplazamientos interiores de los nacionales de terceros países.
Talleyrand dijo que lo exagerado resulta intrascendente. Las exageraciones del presente informe, si se toman en serio, no resultarían, sin embargo, de ningún modo intrascendentes, además de que son agua que alimentaría los molinos de los extremistas contrarios a Europa.
Por estos motivos no me ha sido posible votar afirmativamente el informe.

Theonas
En principio hay que destacar la importante demora que sufre la regulación de la libre circulación de las personas en contraposición con la completa liberalización de la circulación de mercancías, servicios y capitales. También hay que subrayar los graves problemas a los que se enfrentan los trabajadores migrantes en cuanto a sus derechos laborales y de seguridad social.
El problema de circulación dentro del territorio de la Unión Europea al que se enfrentan los ciudadanos de terceros países que viven de forma estable dentro de un Estado miembro es especialmente grave. Pero estamos en contra de cualquier intento de asociar los asuntos que conciernen a la libre circulación con el Acuerdo de Schengen, cuyo elemento principal no es facilitar la libre circulación de las personas en el interior de la Unión Europea sino el fichaje electrónico de millones de ciudadanos y su seguimiento a través de centros unificados y la escalonada transformación de la Unión Europea en un castillo inexpugnable para los ciudadanos de terceros países tal y como resulta también de las recientes propuestas relativas al derecho de entrada y de permanencia en la Unión.
Partiendo del hecho de que los trabajadores migrantes no son trabajadores de segunda categoría, pedimos igualdad de trato para ellos a nivel económico, social y fiscal. Además, deberán regularse los vacíos existentes en cuanto al ejercicio del derecho de permanencia de los solicitantes de empleo y de los jubilados que viven de forma permanente en otro Estado miembro.
Consideramos que el Consejo deberá proceder a la aprobación de las propuestas relativas a la modificación del reglamento para la coordinación de los sistemas de seguridad social de los trabajadores migrantes y la ampliación de su ámbito de aplicación a los sistemas de seguridad social de los funcionarios y de los ciudadanos naturales de terceros países que ya estén asegurados por un sistema de seguridad social de un Estado miembro. También deberá haber una regulación que consiga la igualdad de trato de los trabajadores migrantes y la preservación de sus derechos complementarios de jubilación en caso de que se tengan que desplazar a otro Estado miembro a prestar sus servicios. También señalamos los problemas que surgen de las distintas definiciones de incapacidad laboral, de la distinta valoración del grado de incapacidad y de los distintos sistemas de cálculo de los períodos de cotización a la seguridad social.
Informe Hulthén
Deprez
Hoy son pocos, en nuestros países, los que no están de acuerdo en que el desarrollo económico debe inscribirse imperativamente en un respeto del medio ambiente que evite hipotecar las condiciones de vida de las generaciones futuras. Generalmente, todos están de acuerdo en decir que la creación de empleos debe ser una preocupación constante para todos los que tienen que tomar decisiones políticas.
Esto es tan cierto que el Tratado de Amsterdam ha incluido el "progreso económico y social», un "alto nivel de empleo» y un "desarrollo equilibrado y sostenible» entre los objetivos fundamentales de la Unión.
Una de las preocupaciones primordiales de las instituciones europeas debe ser integrar transversalmente el medio ambiente en todas las políticas de la Unión y de los Estados miembros. Lo mismo debe ocurrir con respecto a la política de empleo.
Lejos de ser un freno para las inversiones y el crecimiento, una política transversal bien pensada de protección del medio ambiente permitirá un aumento de la competitividad de nuestras empresas, la producción de nuevas plusvalías y la creación de muchos empleos suplementarios, en todos los niveles de cualificación. Este es el interés de la comunicación de la Comisión que hoy nos ocupa.
No puedo menos que suscribir la estrategia y los principios generales enunciados por la Comisión, y desear que algunos expedientes -como el relativo a la propuesta de directiva de la Comisión por el que se crea un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y la energía- lleguen a buen término lo antes posible.
Dentro de este espíritu, doy mi apoyo a la resolución que se nos propone.

Souchet
La exigencia de protección del medio ambiente introduce en nuestras sociedades importantes obligaciones, pero no se hace suficiente hincapié en las nuevas perspectivas que ofrece en materia de empleo. En el plano europeo, la cifra de empleos relacionados con el medio ambiente se eleva actualmente a algo más de 3, 5 millones (fuente: Eurostat). Según la OCDE, el crecimiento anual del empleo en el sector medioambiental debería alcanzar el 5, 5 % en los próximos años.
La creación y, ahora, la generalización de los ecoimpuestos demuestra que los sectores y las empresas que no invierten en procesos que integren la perspectiva medioambiental en su producción pueden sufrir inevitablemente un debilitamiento de su competitividad, o incluso corren el peligro de desaparecer.
Con el fin de garantizar un crecimiento que tome en cuenta la problemática del medio ambiente, hay que enfrentar a la vez el problema de la escasez de los recursos y el de la relación que existe entre el empleo y el medio ambiente.
Eso supone que nuestras economías ya no deben caracterizarse por una excesiva utilización de los recursos naturales y por una infrautilización de los recursos humanos. Habrá de buscarse la mejor adaptación posible entre utilización de los recursos naturales y empleo. Una reducción de la fiscalidad para aliviar las exacciones obligatorias sobre el empleo y el hecho de transferirlas, al menos parcialmente, a los ecoimpuestos, podría favorecer esta evolución. Por lo tanto, debe acelerarse la transición de nuestras economías con miras a la utilización de tecnologías nuevas y limpias, destinadas a sustituir las tecnologías antiguas y contaminantes, y a la adopción de medidas de reducción de los residuos al final del ciclo de producción.
No obstante, debido a la internacionalización de nuestras economías, el factor determinante es la toma en consideración de los parámetros medioambientales en las normas del comercio internacional. Este combate debe llevarse a cabo y ganarse en el plano de la OMC. Este es el sentido de las enmiendas que ha presentado el Grupo Europa de las Naciones, algunas de las cuales han sido aprobadas por nuestra Asamblea. Las lagunas de los actuales dispositivos son, en efecto, particularmente importantes. Es relativamente simple imponer a los productos importados de terceros países ecoimpuestos relativos a los residuos de envases, pero en el marco de los acuerdos internacionales actuales, es imposible gravar (y, por tanto, compensar el dumping medioambiental) las consecuencias de los procesos de producción en la contaminación del agua y del aire.
Finalmente, si bien es indispensable desarrollar cualificaciones profesionales que correspondan a unos criterios de nuevos empleos específicos de los sectores medioambientales, no olvidemos que será necesario integrar el planteamiento medioambiental en el conjunto de las formaciones técnicas, económicas y jurídicas.
(La sesión, interrumpida a las 13.30 horas, se reanuda a las 15 horas)

Bertens
Señor Presidente, le agradezco que me dé la palabra con motivo del orden. Entramos ahora en el debate de actualidad y debo presentar alguna queja, quizá, también en nombre de algunos de mis colegas. El orden del día establece que de las 15.00 a las 18.00 horas nos dediquemos a las cuestiones de actualidad y vemos que figura: Nigeria, Bielorrusia, derechos humanos, etc. y después algunos números, una especie de código escrito, a partir del cual absolutamente nadie puede deducir de quién son las resoluciones y por qué son tratadas estas cuestiones. El debate de actualidad ha dado un bajón. Lo sabemos. Por ello estos días se habla de reorganizarlo. Sin embargo, no encuentro justo lo que sucede ahora, es decir, que no se indique quién, qué grupo, qué personas defienden la cuestión de Bielorrusia o Nigeria, etc., además, desde hace mucho tiempo, los resúmenes de prensa apenas dedican atención al debate de actualidad, simplemente porque, por lo visto, el personal debe coger el tren de las 15.00 para regresar a casa. Señor Presidente, estoy muy defraudado. Usted sabe, o tal vez no lo sepa, que desde hace nueve años intento hacer algo con el debate de actualidad, no de forma irreflexiva, sino con total dedicación.

El Presidente
Señor Bertens, tomo buena nota de su observación y la transmitiré a quien corresponda.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0723/98 del Sr. Bertens, entre otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Nigeria; -B4-0739/98 de los Sres. Pasty y Andrews, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Nigeria; -B4-0741/98 de la Sra. Maij-Weggen, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Nigeria; -B4-0749/98 de los Sres. Hory y Macartney, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Nigeria; -B4-0752/98 del Sr. Telkämper, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Nigeria; -B4-0767/97 de los diputados Vecchi y Kinnock, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Nigeria; -B4-0769/98 del Sr. Marset Campos, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Nigeria.
Fassa
Señor Presidente, Señorías, la repentina y, en cierto modo, misteriosa muerte del General Abacha ha abierto un nuevo capítulo en la historia de ese atormentado país que es Nigeria. La Unión Europea no puede dejar de tomar nota de que el sucesor provisional del General Abacha, el General Abubakar ha dispuesto la puesta en libertad de algunos presos políticos, pero, al mismo tiempo, debe constatar que no todos han sido liberados y que no existen garantías concretas respecto a la puesta en marcha de un proceso de democratización en Nigeria.
En consecuencia, el Parlamento Europeo debe pedir al Consejo y a la Comisión que sigan atentamente la situación política en ese país y que, en este período transitorio tan inestable, exhorten enérgicamente al Presidente a comprometerse seriamente a restablecer el orden democrático en Nigeria.

Maij-Weggen
Señor Presidente, la situación política en Nigeria se ha vuelto dramática en cuestión de semanas. Primero, la inesperada muerte del general Abacha, después, el nombramiento de un nuevo dirigente, el general Abubakar, y a continuación, la también inesperada muerte del líder de la oposición encarcelado, el presidente electo Abiola. De todos estos acontecimientos, la muerte de Moshood Abiola ha sido el que más ha conmocionado al mundo. Si bien es cierto que se ha debido a un ataque al corazón, todos sabemos lo mal que se trata a los presos políticos en Nigeria. Era por todos conocido que Abiola, quien desde hace tiempo padecía del corazón, no recibía el tratamiento médico adecuado en la cárcel. Realmente puede hablarse de muerte por negligencia.
Entre tanto, y de forma comprensible, han estallado las revueltas en Nigeria y esto ha dado lugar a violentos incidentes entre la policía, el ejército y los manifestantes, que representaban a la oposición, y que han ocasionado decenas de muertos. Estamos ante una escalada de los acontecimientos y un aumento de la desestabilización en Nigeria.
Señor Presidente, ¿qué hace la Unión Europea, en la que residen muchísimos refugiados nigerianos, para ayudar a la oposición democrática? Ya en febrero, pedimos en este Parlamento, mediante preguntas orales con debate, que se prestara atención al empeoramiento de la situación en Nigeria. La presidencia británica mostró comprensión por nuestras preguntas, pero no se ha hecho mucho. Ahora la situación se ha recrudecido más, teniendo consecuencias dramáticas. Pensamos, como grupo del PPE, que la Unión debe presionar más a Nigeria y al nuevo presidente Abubakar para lograr inmediatamente el fin de las violaciones de derechos humanos, la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de la democracia mediante la celebración de elecciones democráticas.
No obstante, la Unión tampoco debe dudar a la hora de aplicar rigurosamente las acciones necesarias contra Nigeria para, así, presionar a las autoridades. Ya he solicitado cuatro veces, mediante resolución, la adopción de sanciones económicas. Sin embargo, el llamamiento más importante es para definir conjuntamente, como Unión Europea, una línea de acción, enfrentar al nuevo régimen nigeriano con firmeza y exigir el restablecimiento de la democracia y de los derechos humanos. La posibilidad de lograr algo positivo en Nigeria es, en este momento, más grande que nunca. Por tanto, Comisión y Consejo: ¡hagan algo!

Macartney
Señor Presidente, quisiera comenzar rindiendo homenaje a la vida del Jefe Moshood Abiola. Es una antigua tradición africana esperar hasta después del entierro y la celebración de los funerales para reanudar las actividades normales. Lamentablemente, Nigeria no nos ha permitido el lujo de hacerlo, pero no debemos dejar pasar este momento sin rendir homenaje a ese hombre, un hombre que ganó las elecciones hace cuatro años, en contra de todos los pronósticos, que unió al norte y al sur, yorubas y musulmanes. Su hazaña le fue arrebatada por las brutales acciones del finado General Sani Abacha. Nigeria -el gigante de África- está pagando ahora por ello.
Lo que me preocupa de este gigante de África es la población; no han sido los gobiernos de Nigeria los que han hecho del país un gigante, sino su población. Es acertado que en los apartados 1 y 2 de la presente resolución pidamos la rápida restauración del poder al pueblo de Nigeria, con el fin de que pueda ocupar el lugar que le corresponde como líder de África.

Aelvoet
Señor Presidente, es normal que uno no se alegre nunca de la muerte de alguien. En el caso de determinados dictadores debo decir sinceramente, estimados colegas, que hago una excepción. La muerte del dictador Abacha ha permitido que la evolución política de Nigeria se haya desbloqueado en cierta medida. El motivo de esto es que el sucesor Abubakar ha dado pequeñas muestras de caminar en la dirección correcta, pero queda muchísimo por hacer. Resulta especialmente lamentable que, precisamente en este momento, haya fallecido el jefe de la oposición, Moshood Abiola, y como otros ya han señalado, debido a un descuido, por no haber tenido derecho a unos cuidados médicos adecuados, etcétera.
Creo, por tanto, que, efectivamente, debe presionarse precisamente ahora a las autoridades nigerianas a fin de que supriman todas las medidas represivas, restablezcan el respeto del estado de derecho y liberen a los treinta presos políticos que todavía quedan. Sólo entonces puede pensarse eventualmente en la posible reanudación de la ayuda de Lomé tan pronto como se forme un gobierno civil.

Vecchi
Señor Presidente, realmente ya no hay excusas que puedan justificar la persistente situación que, por desgracia, caracteriza hace años a Nigeria.
Desde que, en 1993, el proceso de democratización entonces en curso quedó brutalmente interrumpido por un golpe de Estado militar en Nigeria, se ha cometido todo tipo de abusos y violaciones de los derechos humanos más fundamentales y se ha consolidado un régimen, vinculado a la camarilla de militares y especuladores en el poder, que ha hecho prevalecer la corrupción generalizada y la violencia más ciega.
Nuestro Parlamento se ha expresado en repetidas ocasiones sobre la situación en Nigeria, al igual que lo ha hecho de forma muy significativa la Asamblea Paritaria ACP-UE.
El fallecimiento del dictador, General Abacha, ocurrido el mes pasado, ha avivado la esperanza de un posible cambio. La repentina muerte del ex presidente y líder de la oposición, Albiola, que se produjo en vísperas de su puesta en libertad, por contra, ha sido un duro golpe para el posible proceso de democratización, porque ha hecho desaparecer de la escena a una figura clave que gozaba de un amplio consenso y apoyo popular con vistas a la puesta en marcha de una transición democrática.
El nuevo Presidente proclamado, General Abubakar, ha puesto en libertad a algunos presos políticos, sin embargo, no se conocen todavía sus verdaderas intenciones en cuanto a abrir una nueva página de la historia de Nigeria.
Por eso pedimos a las autoridades de Lagos que emprendan lo antes posible un verdadero proceso de democratización, basado en el comienzo de un diálogo político con todos los partidos de la oposición y la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos, así como en el final de la represión política y étnica y la implementación de un proceso que desemboque en unas elecciones libres.
Consideramos que para las comunidad internacional y, en particular, para las Instituciones comunitarias y los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión, ha llegado el momento de coordinar la acción y la presión política sobre el régimen nigeriano empezando por el pleno respeto de las sanciones en curso, a fin de exigir ese cambio que esperamos desde hace ya muchos años, sin haber logrado ningún resultado hasta la fecha.

Carnero González
Señor Presidente, en efecto el dictador Abacha ha muerto, pero la dictadura todavía sigue en pie; eso sí, con una nueva cabeza visible en otro militar: Abubakar. Se ha puesto en libertad a algunos presos políticos, pero las estructuras autoritarias siguen ahí. Muchos otros presos políticos y de conciencia siguen en las cárceles y, de momento, las promesas de democratización son solamente eso: promesas y palabras, que puede llevarse el viento.
Por eso, a mí me parece muy importante que, en estos momentos, la Unión Europea mantenga una posición de firmeza y de exigencia con respecto a las autoridades de Lagos, y que de ninguna manera se dé credibilidad absoluta a las promesas realizadas, ni siquiera en una medida mínima. En este sentido, a mí me parece más que preocupante alguna que otra insinuación de Jefes de Estado de países miembros de la Unión Europea, como por ejemplo del Presidente Chirac, que parece empeñado en convencer a los europeos de la bondad de las promesas del nuevo dictador Abubakar.
En esta situación, es evidente que hay que mantener las sanciones, que hay que reforzarlas, que hay que tratar de que la Unión Europea, y no sólo ella, lleve a cabo una política de esas características, con el objetivo de que se instaure un gobierno civil, un gobierno fundado en la participación de la oposición política, de las fuerzas democráticas de Nigeria, que pueda preparar unas elecciones libres. Y, antes de eso, hay que lograr que se ponga en libertad a todos los presos políticos y se restablezcan las libertades fundamentales mínimas.
Ciertamente, hay que lamentar que el Presidente electo, Abiola, haya fallecido -seguramente por falta de cuidados médicosy haya fallecido en la cárcel, días después de Abacha.

Bertens
Señor Presidente, el fallecimiento de Abacha, como ya se ha dicho, es lamentable, pero, gracias a Dios, abre nuevas posibilidades. A pesar de todos los mensajes contradictorios, el nuevo dirigente, Abubakar, está más dispuesto a proceder a la democratización. Además, tras el fallecimiento de Abiola, la situación se ha hecho extremadamente tensa. La Unión debe ahora proyectar claridad y consenso -debo decir honestamente que esto es pedir peras a un olmo- pero bueno, el Consejo y la Comisión deben sumarse al deseo de que se produzca un rápido traspaso de poderes a un gobierno civil de transición. Ésta es la única manera de que puedan celebrarse elecciones democráticas. Las sanciones, por simples que sean, sólo pueden levantarse cuando se restablezca verdaderamente la democracia. La Unión debe ofrecer su apoyo al diálogo para que la transición se desarrolle de la forma más exitosa posible.
Las tentativas de explotar las diferencias étnicas deben abordarse. Sin embargo, este riesgo no puede constituir un motivo para bloquear la democratización. La democracia, señor Presidente, el respeto de los derechos humanos, la construcción del estado de derecho son todavía las mejores garantías para la estabilidad y el desarrollo. Sin embargo, hagamos ver a los nigerianos que la Unión no sólo trata de hacer declaraciones sino de colaborar, de cooperar.

Moorhouse
Señor Presidente, Nigeria ha sido escenario de una larga saga de disturbios y brutalidad, y las expectativas de democracia y derechos humanos siguen siendo altamente inciertas. La repentina muerte del General Abacha puede que deje vía libre a un futuro más prometedor, pero que en ningún caso está garantizado.
Nuestra resolución pide al Consejo y a la Comisión para que reanuden las presiones sobre las autoridades nigerianas, pero lamentablemente no todos los Estados miembros han sido sinceros en su apoyo a previas sanciones. Es de desear que algunos se resistan a la tentación de desentenderse del asunto por intereses personales.
Me interesaría saber si la Comisión está intentando supervisar la situación de las sanciones.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, tras un largo período de deterioro de las condiciones políticas y económicas y de graves violaciones de los derechos humanos en Nigeria, ahora parece encenderse una luz de esperanza -aunque tenue- de un cambio más positivo de la situación.
El nuevo Jefe de Estado, General Abubakar, ha puesto en libertad a varios presos políticos y ha declarado abiertamente su intención de dirigir el país hacia un gobierno civil. Este cambio merece ser acogido con satisfacción. El impulso político que se ha generado ahora debe ser alentado y también aprovechado para presionar en favor de medidas complementarias en pos de la democracia y del pleno respeto de los derechos humanos. Acojo con satisfacción las declaraciones realizadas en este debate que nos instan a hacer precisamente eso.
Recuerdo que el 13 de julio, el Consejo instó al General Abubakar a poner en libertad a todos los presos políticos restantes y a exponer sus planes respecto a futuras elecciones. Estamos a favor de mantener un diálogo más estrecho con las autoridades nigerianas para promover y, en lo posible, ayudar en la transición hacia la democracia. La Unión Europea ya ha dado los primeros pasos en lo que al diálogo se refiere, con ocasión de la reciente visita del ministro Lloyd en representación de la Presidencia de la UE. Dichos esfuerzos deberían continuar y es importante que otros organismos internacionales, como la ONU y la OUA trabajen con ahínco en la misma dirección.
Naturalmente, la Comisión lamenta profundamente la repentina y trágica muerte del Jefe Abiola el 7 de julio. La Unión Europea ha pedido reiteradamente su liberación. Su muerte arroja más incertidumbre sobre el panorama político nigeriano y ha provocado un clima de creciente desconfianza, disturbios y violencia, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de que los que ahora ocupan el poder adopten medidas que infundan más confianza a la población nigeriana en su conjunto.
Puedo asegurar al Sr. Moorhouse que la Comisión se mantendrá muy atenta a la evolución de la situación en Nigeria, yen los próximos meses, la Unión Europea mantendrá bajo revisión su política para Nigeria, incluida la cuestión de las sanciones. El objetivo de nuestra política será apoyar y exigir la plena restauración de la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. Ello exige un proceso de reconciliación nacional basado en un plan creíble para la transición hacia un gobierno civil y la liberación de todos los presos políticos. Puedo asegurar a la Asamblea que nuestros esfuerzos irán en ese sentido.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0728/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Belarús; -B4-0732/98 del Sr. Saint-Pierre, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Belarús; -B4-0756/98 de la Sra. Schroedter, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Belarús; -B4-0758/98 de los diputados Mann, Hoff y Botz, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Belarús; -B4-0770/98 del Sr. Carnero González, entre otros, sobre la situación en Belarús; -B4-0784/98 de los diputados Habsburg-Lothringen, Ferri y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Belarús.
Bertens
Señor Presidente, los liberales se alegran del consenso alcanzado en este caso por el Consejo, la Comisión y el Parlamento, además de un importante número de terceros países, respecto del régimen de Minsk, Bielorrusia. El llamado incidente de la embajada demuestra a la vez la megalomanía y lo apartado de la realidad que está el presidente Loekasjenko. La tranquilidad con que viola los convenios internacionales da pocas esperanzas para establecer una buena cooperación. La reacción de Loekasjenko, quien espera que el common sense y el realismo, y no las emociones definan la política europea, constituye una bofetada para nosotros.
Sin embargo, su política internacional no es ni la sombra de su autoritaria política interior. Los tiempos del estalinismo, quizá deba decirlo, parecen haber vuelto. Ante esto, un frente internacional debe adoptar una postura firme. Se valora la dedicación de la OSCE a promover la democracia; lo mismo sucede, si no es bloqueado por el gobierno bielorruso, con el programa de promoción de la democracia TACIS.
La Unión debe estar dispuesta a dialogar. Antes que nada, Loekasjenko debe cumplir las condiciones para ello. Conoce las cláusulas sobre derechos humanos y democracia que figuran en la política de acuerdos exteriores de la Unión Europea. Es culpa suya que Bielorrusia sea el paria de Europa.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que nos enfrentamos a un doble problema, un problema psiquiátrico -y en ese caso, evidentemente, podemos hacer muy poco- y un problema político.
Creo que, por una vez, podemos felicitar al Consejo por la posición firme que ha adoptado frente a Belarús. Sin embargo, habría que ir más lejos. Dado que Rusia, gracias en parte a la Unión Europea, acaba de recibir un préstamo de alrededor de 20 millardos de dólares, tendríamos buenas razones para esperar que este país se esforzase más para poner punto final no ya a un restablecimiento, como ha dicho el Sr. Mertens, sino a la persistencia, en medio de Europa, de una zona sometida a la influencia comunista, estalinista. Es conveniente ejercer presiones sobre Rusia. Y también se impone la necesidad de tomar medidas en el ámbito del Consejo de Europa. Creo que los quince Estados miembros deberían esforzarse para conseguir que se suspenda la participación de Belarús en el Consejo de Europa. Esto es válido para la OSCE y otros organismos. Pienso que debemos ser muy enérgicos y continuar por la vía del Consejo.

Schroedter
Señor Presidente, el Presidente Lukashenko lleva hasta límites extremos el aislamiento autoimpuesto de Belarús. Después de los parlamentarios del Parlamento disuelto, de los medios de comunicación independientes y de los jóvenes, Lukashenko ha escogidos ahora como enemigo personal y objetivo de sus escarnios a los embajadores extranjeros. La comunidad internacional sólo ha reaccionado cuando se ha visto directamente afectada. Ha tardado mucho en comprender que Lukashenko no está dispuesto a acatar las normas internacionales en Europa y que la única esperanza de que dicho país recupere la democracia es apoyar a la oposición, ya que en ella reside la esperanza.
La denegación de los visados ha sido la única medida consecuente del Consejo. Sin embargo, también esta medida se tendría que haber adoptado mucho antes. El efecto ha sido asombroso. Tengan en cuenta que la población ha comprendido ahora quién es el causante de su situación. No son ellos mismos, ni tampoco Occidente, sino los responsables del Gobierno. ¡Un instrumento claro con un efecto sorprendente! Lo importante ahora es dar continuidad a este resultado de manera consecuente, o sea, que es preciso exigir que Lukashenko colabore con el grupo de supervisión de la OSCE. Debe exigírsele que dé luz verde al programa TACIS y que la población civil deje por fin de verse afectada por esta situación. Debe exigírsele que acepte que su mandato concluirá el año próximo y que se tienen que iniciar los preparativos para la celebración de elección libres y justas.
En este contexto, señor Leon Brittan, yo quisiera preguntarle cuál es la posición de la Comisión y qué condiciones tiene previsto proponer al Consejo para el levantamiento de la suspensión de los visados.

Mann, Erika
Señor Presidente, Señorías, Sir Leon Brittan, me congratulo de que se encuentre usted aquí. Nuestras relaciones con Belarús han alcanzado un punto crítico y yo desearía muchísimo que ésta fuese la última resolución que adoptamos y que por fin pudiésemos empezar a avanzar en una dirección positiva.
Las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno de Belarús constituyen una grave violación del Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas y las decisiones del Consejo merecen nuestro pleno apoyo. No obstante, al parecer se han iniciado entre tanto nuevas negociaciones y la superación del conflicto parece previsible. El Gobierno de Belarús ha indicado su serio interés por alcanzar una solución positiva, lo cual acogemos, naturalmente, con manifiesta satisfacción. Sin embargo, tendríamos que aprovechar el conflicto para tomar nota de la fragilidad del terreno sobre el cual nos movemos. Se requiere urgentemente un cambio de rumbo en las relaciones.
Belarús forma parte de la familia europea. No deseamos su aislamiento. Belarús será muy pronto nuestra vecina directa. Por consiguiente, yo quiero apoyar explícitamente la formulación de la posición común del Consejo y quisiera proponer que se añada al punto 1 la frase siguiente -yo propondría que nos basemos en el texto inglés, pero ahora no dispongo de la versión original, sino sólo de la versión alemana, que corresponde indirectamente a aquélla-, a saber: "y apoya plenamente el deseo del Consejo de desarrollar unas relaciones más constructivas con Belarús, tal como se expresa en la posición común del 13 de julio».
Esto exige, no obstante, también unas señales positivas claras por parte de Belarús. El Parlamento Europeo ha manifestado, con el apoyo de todos los Grupos políticos, nuestro serio interés por que mejoren las relaciones. Sin embargo, para ello también es preciso, obviamente, que se respeten las reglas del juego democrático. No podemos pasar por alto este aspecto y naturalmente tampoco lo haremos.
La Delegación ha celebrado una reunión absolutamente positiva con Belarús en Bruselas. El embajador Wick expuso con claridad y de manera muy pragmática cuál es el camino que se propone seguir para iniciar una mejora en las relaciones. Tenemos previsto celebrar una nueva reunión en noviembre en Belarús y yo desearía que todos los colegas aquí presentes tuviesen la oportunidad de acompañarnos para seguir trabajando en favor de unas mejores relaciones.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, ante todo yo también quisiera expresar mi satisfacción porque hoy se han vuelto a recibir señales de Belarús que indican que la situación, que se había agravado mucho en los últimos días, parece haberse normalizado tal vez un poco. Representantes de Belarús nos han reprochado muchas veces que con frecuencia medimos con dos raseros, justamente también en relación con los temas que afectan a los derechos humanos. Ante este reproche, a mí siempre se me ocurre sólo una respuesta, a saber, que es natural que observemos con ojos particularmente críticos a los países que son nuestros vecinos directos, que damos por supuesto que desean integrarse algún día en nuestra Comunidad y que nos son culturalmente muy próximos, como ocurre en efecto en el caso de Belarús.
No medimos con dos raseros, sino que sólo examinamos quizá con mayor atención a unos países que a otros, sencillamente porque deberíamos y queremos mantener una relación estrecha con dichos países. En esas circunstancias, también nos vemos obligados a decir, como hemos hecho en este caso, que determinadas actuaciones son sencillamente inaceptables. La semiclausura de las embajadas era evidentemente del todo inaceptable para nosotros y nuestra reacción ha sido, por lo tanto, muy mesurada a mi parecer. Desde luego, tampoco podemos aceptar que se prohíba la entrada en el país y el trabajo de diversas ONG. También en este aspecto ha habido algún cambio y se observan alguna tendencia a que mejore la situación, pero ciertamente todavía no en un grado que podamos considerar aceptable.
Para nosotros también es sumamente importante, obviamente, la exigencia de que la OSCE pueda actuar libremente y cumplir su misión, su mandato, allí. Desde luego, evaluaremos también a este país por sus actos y no por las palabras que nos llegan continuamente desde allí. Consideramos que esto es muy importante para que este país europeo cumpla unos criterios que también respondan realmente en la práctica a nuestras aspiraciones y a las de la población de Belarús, de manera que sea posible una negociación razonable sobre una base adecuada.

Féret
Señor Presidente, el proyecto de resolución sobre la situación en Belarús es una obra maestra, una obra maestra que debe catalogarse entre las maravillas del mundo, junto al engaño de las campañas mediáticas de Timisoara o de la guerra del Golfo, guerra que se denominó "quirúrgica» y que fue una carnicería atroz. Las autoridades belarusas han decidido -nada más normal- reparar los conductos de agua que databan de más de medio siglo, y se nos habla de expulsión de embajadores, de violaciones graves del Convenio de Viena y de derechos humanos.
Conozco bien al pueblo belaruso y a su Presidente Lukashenko. El pueblo belaruso ha sufrido y continúa sufriendo la catástrofe de Chernóbil, en medio de la indiferencia escandalosa de los occidentales. Hay que recordar que el Presidente Lukashenko fue elegido democráticamente por un pueblo entusiasta, ante el cual se había comprometido a luchar contra la corrupción, y está haciéndolo. Un político que cumple este tipo de promesas electorales debería servir de ejemplo a nuestros viejos partidos corruptos, como los que se conocen en Francia, en Bélgica, en Italia, nuestros viejos partidos atrapados en los chanchullos, manchados por ajustes de cuenta criminales, cuyos autores a menudo se benefician de una total impunidad.
¿Quiénes somos nosotros para dar a Belarús lecciones de democracia, cuando en nuestros países las elecciones están amañadas por la prensa servil y por el dinero sucio? ¿Nuestro Parlamento sería entonces una tertulia donde se habla y se miente? Aquí mismo se nos ha dicho que en Belarús no había prensa libre. Ahora bien, he ido allí para conocer la situación, y en cada quiosco he encontrado dos diarios pro gubernamentales que se vendían libremente, así como dos diarios de la oposición. Todos conocemos la parábola de la paja y la viga. Sería conveniente que reflexionáramos detenidamente al respecto.
Señor Presidente, Señorías, tengo a la vista, y puedo mostrárselas, las copias de dos cartas dirigidas el 11 de julio a la Presidencia del Consejo, una del propio Presidente Lukashenko y otra del ministro de Asuntos Exteriores de Belarús; los dos se comprometen a satisfacer la voluntad y las exigencias de los embajadores acreditados en Minsk. El embajador de Alemania ya ha sido designado por el Consejo para viajar a Minsk dentro de dos o tres días a fin de llevar a cabo el acuerdo. Pienso que sería lamentable que una resolución del Parlamento Europeo pusiera en peligro la negociación que se ha iniciado y que prácticamente ya ha concluido.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, la resolución del Parlamento no tendrá ninguna de las peligrosas consecuencias a las que se han referido hace un momento, sino todo lo contrario. La Comisión acoge con satisfacción las propuestas de resolución del Parlamento sobre Belarús. En su mayor parte, el debate ha sido sumamente equilibrado, se han expresado críticas acertadas a lo que ha venido sucediendo en Belarús, así como el deseo de no aislar a dicho país, sino de ayudarle a seguir por el buen camino.
En respuesta al último orador, el hecho de que un gobierno haya sido elegido democráticamente no le exime de la obligación de cumplir las normas internacionales y de respetar los derechos humanos. Lamentablemente, es perfectamente posible que un gobierno democrático no lo haga, y cuando eso ocurre, es acertado e incluso necesario que la comunidad internacional así lo diga y tome las medidas adecuadas.
Por consiguiente, la Comisión acoge con satisfacción las propuestas de resolución del Parlamento, porque demuestran la profunda preocupación de todas las instituciones de la Unión Europea por hechos como las reiteradas violaciones del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares. Asimismo, demuestran solidaridad institucional con la posición común de la Unión Europea sobre Belarús, que ha sido considerada bastante severa.
No obstante, la Comisión espera también que las recientes promesas de Belarús de buscar una solución a la crisis diplomática se materialice en breve en medidas constructivas. En ese caso no habría necesidad de adoptar medidas adicionales que Belarús no desea y, evidentemente, la Unión Europea tampoco.
Uno de los oradores se ha referido a Rusia. El 24 de junio, el ministro de Exteriores Primakov dijo a la Troica ministerial de la Unión Europea que Rusia comparte la preocupación de la Unión por Belarús y que intentaría utilizar sus buenos servicios. Siempre que hay una reunión bilateral oficial, la Comisión insta reiteradamente a Rusia a intervenir para devolver a Belarús al camino acertado. La Comisión ya ha tomado importantes medidas, aparte de suspender el grueso del programa TACIS. Hasta el momento no ha reanudado las conversaciones sobre el programa para el desarrollo de la sociedad civil TACIS con el coordinador, pero esperamos que las actuales dificultades en nuestras relaciones con Belarús no impidan la reanudación de un diálogo constructivo con Belarús y homólogos sobre este programa. El programa cuenta con el apoyo de la misión de la OSCE en Minsk, habida cuenta de que viene a complementar los objetivos de la OSCE.
Espero, por tanto, que la política que sigamos -con el apoyo del Parlamento, lo que valoramos profundamente- continúe siendo una política equilibrada, que intente ser muy firme y adopte las medidas severas necesarias ante cualquier violación de las normas internacionales por parte del Gobierno de Belarús. Al mismo tiempo, la política debe intentar también extender una mano amiga y demostrar disposición a cooperar con dicho gobierno, si éste cumple su promesa de buscar una solución a la crisis y proceder de una manera aceptable para aquellos que han manifestado su preocupación en esta Asamblea y en otros foros acerca de lo que ha ocurrido en el pasado.

Schroedter
Señor Presidente, el Comisario no ha respondido a la pregunta que le he dirigido. Yo le ruego que también la responda.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, creo entender que la pregunta era qué medidas adicionales tomaremos. La respuesta es que estamos observando la situación, y no considero que sea de utilidad lanzar una serie de amenazas específicas. No obstante, en respuesta al debate, he dicho que queremos evitar tener que imponer sanciones adicionales contra Belarús, lo que implica que nos reservamos el derecho a hacerlo, si no mejora la situación.

Schroedter
Señor Presidente, mi pregunta era la siguiente: ¿qué condiciones se impondrán para el levantamiento de la suspensión de los visados?

Brittan, Sir Leon
No estoy en la situación de anunciar condiciones específicas. La posición común habla por sí sola y no considero adecuado intentar añadir nada hoy.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Togo -B4-0725 de la Sra. André-Léonard, entre otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre las elecciones presidenciales en Togo; -B4-0744/98 de la Sra. Günther, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Togo; -B4-0754/98 de los diputados Aelvoet, Telkämper y Schroedter, en nombre del Grupo V, sobre las elecciones presidenciales en Togo; -B4-0761/98 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del PSE, sobre las elecciones presidenciales en Togo; -B4-0773/98 del Sr. Wurtz, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las elecciones presidenciales en Togo;
Guinea-Bissau -B4-0740/98 de los Sres. Pasty, Girão Pereira y Andrews, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0743/98 del Sr. De Melo, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0748/98 del Sr. Hory, entre otros, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0753/98 de los diputados Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la situación humanitaria en GuineaBissau; -B4-0759/98 del Sr. Barros Moura, entre otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0772/98 del Sr. Miranda, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Guinea-Bissau; 
Birmania -B4-0731/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Myanmar; -B4-0733/98 de los Sres. Dupuis, Dell´Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación de las poblaciones karen y su persecución por parte de Birmania; -B4-0742/98 de la Sra. Maij-Weggen, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Myanmar; -B4-0760/98 de los diputados Harrison, Kinnock y Junker, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en la Unión de Myanmar; -B4-0778/98 del Sr. Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Myanmar; 
Sudán -B4-0724/98 de los Sres. Bertens y Fassa, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en el Sudán; -B4-0745/98 de la Sra. Maij-Weggen, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en el Sudán; 
Situación en Georgia y en Abjasia -B4-0729/98 del Sr. La Malfa, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Georgia; -B4-0735/98 de los Sres. Dupuis y Hory, en nombre del Grupo ARE, y de la Sra. Carrère d´Encausse, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Georgia y en Abjasia; -B4-0762/98 de los diputados Jöns, Hoff y Needle, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Georgia; -B4-0774/98 de los Sres. Alavanos, Marset Campos y Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Georgia; 
Vietnam -B4-0736/98 de los Sres. Dupuis, Dell´Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Vietnam y sobre los casos de los Sres. Doàn Viêt Hoat, Nguyen Dan Que y Thick Khonh Tanh.
Togo
André-Léonard
Señor Presidente, en el pasado mes de octubre denuncié en la Asamblea ACP-UE, en Togo, las violaciones de los derechos humanos, las sanciones arbitrarias, el no respeto de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Denuncié el poder dictatorial del Presidente Eyadema, que está en el poder desde hace más de treinta años. Esto no me valió precisamente las felicitaciones de las autoridades, que se esforzaron en demostrarme hasta qué punto yo estaba equivocado.
Señalo que la cooperación de la Unión con Togo está interrumpida desde 1992 y que la reanudación de la misma estaba condicionada al respeto de los principios democráticos y a la organización, en un marco de transparencia, de las elecciones de junio de 1998. Constatamos que las autoridades togolesas no han respetado los principios democráticos esenciales a fin de que las elecciones fuesen declaradas válidas. La Comisión Electoral Nacional acabó incluso por dimitir el 23 de junio pasado. La oposición no ha podido expresarse libremente, la prensa ha sido amordazada y la victoria del Presidente Eyadema fue proclamada sin que ni siquiera se finalizara el recuento de votos.
En estas condiciones, es evidente que la Unión debe mantener sus sanciones con respecto a Togo, y no reanudar la cooperación mientras no se esclarezca el proceso electoral. Togo debe saber que la democracia tiene un precio y que no se aceptará la impunidad.

Günther
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, Togo constituye, de hecho, un símbolo de la cooperación entre Europa y África. El Convenio de Lomé ha sido en todo momento y sigue siendo un referente fundamental de dicha cooperación. Por esto, lamentamos particularmente que sólo nos fuese posible mantener con grandes dificultades la celebración de la antepenúltima Asamblea ACP en Togo y aceptar la invitación de dicho país. Una serie de colegas tuvieron especiales dificultades para decidirse a viajar allí.
Lo que ahora está ocurriendo en Togo puede enseñarnos una lección, a saber, que no siempre debemos dar crédito a las promesas vacías. En efecto, el lamentable culto a la personalidad que se exhibió con motivo de la citada Asamblea ACP ya indicaba sin duda cuál era el curso de los acontecimientos. Por un lado, existía la voluntad de celebrar elecciones, pero por el otro ya se había buscado ciertamente la manera de atrincherarse y activar un freno de urgencia si el resultado apuntaba en una dirección que no fuese del agrado de quienes detentan el poder.
En nuestra resolución también señalamos -y la colega André-Léonard acaba de mencionarlo- que hubo asimismo una fuerte manipulación de los medios de comunicación. Sin embargo, yo debo recordar que ésta tampoco nos es totalmente ajena en Europa; basta recordar el grado de la manipulación de los electores a través de los medios de comunicación que tuvo lugar en las supuestas contiendas electorales en Serbia y en otros lugares.
Yo me alegro de que no se haya reanudado aún la cooperación con Togo y creo que los recientes acontecimientos también demuestran que fue acertado no acelerar su reanudación.
Se han presentado algunas enmiendas al texto de la propuesta. En lo que a éstas se refiere, yo sólo quiero añadir que puedo aceptar las enmiendas 4 y 5; la primera, porque recuerda el artículo 366 A, o sea, la decisión de Mauricio. La enmienda 5 es, en realidad, superflua, puesto que yo doy por sentado que recibiremos el correspondiente informe.

Schörling
Señor Presidente, es realmente trágico para la evolución democrática de Togo que la elección presidencial, al parecer, se haya desfigurado totalmente. No es porque el pueblo haya demostrado desinterés; al contrario, la participación en la elección fue muy alta y también se realizó en un marco muy pacífico. No, al contrario, es porque el gobierno y las autoridades han socavado totalmente la credibilidad del proceso electoral, de modo que ya no puede garantizar el control democrático ni la transparencia ni todo lo demás que es propio de una elección democrática. A pesar de las promesas que se hicieron en relación con la reunión de países ACP en Lomé, a pesar de que Togo ha recibido toda la ayuda que ha pedido a la UE, a pesar también de que organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de derechos humanos se han interesado muchísimo en la elección y a pesar de la responsabilidad del pueblo de Togo, se engaña a todos y se da vuelta la espalda a todas las promesas de que se respetarían los principios democráticos.
Tengo que decir que tanto la Comisión como la UE y el Consejo de ACP realmente deben estar atentos y observar el desarrollo de los acontecimientos políticos en Togo.

Vecchi
Señor Presidente, Togo es un país que pudimos conocer quizás más que los demás países de África, porque, como han recordado los demás colegas, durante la Asamblea ACP-UE del pasado mes de octubre, estuvimos casi a punto de negociar o, de alguna manera, conseguir promesas formales por parte de las autoridades togolesas, así como de los líderes de la oposición, en lo que respectaba a sus poderes, en cuanto al proceso electoral que se estaba organizando y a la posibilidad de garantizar unas elecciones realmente limpias y libres.
Como es obvio, fue sobre las base de estas garantías y promesas formales que la Comisión Europea se comprometió justamente a apoyar el proceso electoral, también desde el punto de vista financiero.
Hemos constatado que la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 24 de junio, no ha respondido en absoluto a estas expectativas y promesas. Hay que resaltar positivamente la amplia y correcta participación en las votaciones de los ciudadanos que, en consecuencia, han demostrado que están preparados para la participación democrática.
Sin embargo, se registraron muchas irregularidades en la organización de las elecciones y en el recuento de los votos. Las mesas electorales, especialmente en la capital, Lomé, se abrieron con retraso, se bloqueó el escrutinio de los votos, aunque esta circunstancia no impidió que se anunciaran los resultados, y se produjo la dimisión de la comisión electoral.
Evidentemente, esto significa que, al menos por ahora, el General Eyadema no está en absoluto dispuesto a renunciar al poder, sea cual sea la opinión de los ciudadanos de su país. Por lo tanto, los resultados de esta primera vuelta de las elecciones no son creíbles y así los ha considerado toda la comunidad internacional demostrando que hay que seguir ejerciendo fuertes presiones sobre las autoridades togolesas. También en este caso es de esperar que - aunque en el pasado no siempre fue así - haya una coherencia de posiciones entre los distintos Estados miembros, al objeto de que se reanude sin límites el proceso de democratización en ese país. Personalmente, considero que se dan todas las condiciones para que esto ocurra.

Robles Piquer
Señor Presidente, si Nigeria -de la que se acaba de debatir- podría, con las trágicas muertes inesperadas del General Abacha y del Jefe Abiola, haber suscitado quizá una tragedia escrita por un Sófocles moderno, el caso de Togo más bien podría dar pie a un vodevil. Y ello se podría decir así si no fuera ofensivo para el pueblo de Togo, que ha participado realmente con entusiasmo y con vocación democrática en esta primera ronda de las elecciones presidenciales.
Señor Presidente, la resolución que algunos grupos hemos preparado es, a mi modo de ver, extremadamente moderada y razonable y, naturalmente, mantiene el criterio de quienes, ya antes de acudir a la penúltima reunión de la Asamblea Paritaria, teníamos serias dudas sobre la conveniencia de celebrar tal acontecimiento en aquel país.
Ahora sólo cabe esperar que el General Eyadema, satisfecho por más de 30 años de poder, reconozca que no puede seguir siendo una especie de «Mobutu bis» y dé entrada a una solución democrática en la que el pueblo togolés pueda pronunciarse con la libertad de la que hasta ahora ha carecido. Hasta ese momento no cabe duda de que el mantenimiento de los criterios restrictivos de la ayuda europea ha de seguir recibiendo un apoyo firme y decidido.

Nordmann
Esta posición no ha recabado la unanimidad del Grupo Liberal, señor Presidente. Considero -y ayer voté en ese sentido- que hubiese sido mejor aplazar la resolución hasta tanto no se dispusiera del informe de la comisión, de tal modo que pudiésemos pronunciarnos con mayor conocimiento de causa y con mayor serenidad.
No creo, señor Presidente, para recoger la fórmula audaz de un orador anterior, que ocurra a menudo que un dirigente sea elegido democráticamente sin el entusiasmo de las poblaciones, sobre todo en África. Pienso que habría sido útil ponderar más el texto de las resoluciones, en particular teniendo en cuenta que las controversias parecen concentrarse en el problema de la transmisión de sólo algunos resultados.
En cualquier caso, la imposibilidad en la que nos encontramos para realizar, por ejemplo, un debate sobre Angola, donde el Presidente Dos Santos se niega a proceder a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que podrían legitimarlo, demuestra que para Togo utilizamos una doctrina distinta de la que utilizamos para Angola. Nuestro Parlamento aplica a África la ley del embudo, y eso no me parece muy sano.

Giansily
Señor Presidente, varios grupos políticos de nuestra Asamblea han decidido recabar informaciones sobre las elecciones presidenciales en Togo. Naturalmente, no acudió ninguno de los preconizadores y signatarios de la resolución. Yo estaba presente, ya que fui enviado como observador por mi Grupo, y puedo dar fe que en Lomé las actuaciones se desarrollaron satisfactoriamente en la mayoría de los 617 colegios electorales, en los que pude efectuar un amplio muestreo, incluso en el barrio de Be.
Tengo aquí la Decisión nº E 05/98 de 8 de julio del Tribunal Constitucional de Togo, que confirma lo que yo mismo pude comprobar y explicar el mismo lunes 22 de junio en un comunicado. Esta decisión expresa, cito: "Algunas irregularidades se debieron al hecho de que no se respetó la hora legal de apertura o de cierre». En un colegio electoral que cerró a las 23 horas, yo mismo solicité que no se iniciara el escrutinio antes de que la última persona presente hubiese votado. Pero oficialmente los colegios cerraban a las 18 horas.
El Tribunal Constitucional señala igualmente que en tres distritos de Lomé el recuento de los votos no se pudo efectuar en el colegio electoral y que tuvo que realizarse en el organismo centralizador del escrutinio. Pero en estos colegios, el presidente electo había obtenido menos del 10 % de los sufragios. Por lo tanto, si hubo fraude, no fue naturalmente en provecho de éste. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha adjuntado a su decisión todos los documentos, empezando por el resultado del escrutinio de los votos.
Por eso me interrogo sinceramente sobre el papel desempeñado por ERIS y Reporteros sin Fronteras, y pregunto quién los ha elegido. ¿Cómo se han podido gastar 2 millones de ecus, cuando el informe final aún no está listo debido a un desacuerdo no resuelto entre estos observadores que pretendían expresarse en nuestro nombre? Doy mucho más crédito al Tribunal Constitucional togolés, a los observadores africanos de la OUA, a los delegados de las poblaciones francófonas, a los norteamericanos del Center for Contemporary Diplomacy y al Presidente de la Asamblea Nacional de Malí, el Sr. Diello, que al pequeño equipo designado por la DG VIII, y espero que el Tribunal de Cuentas estudie el destino de los fondos, que mucho me temo se hayan malgastado por razones ideológicas y partidistas.

Scarbonchi
Señor Presidente, yo estaba en Togo en calidad de representante del Partido Radical de Izquierda y formaba parte de un grupo de diputados que se encontraban en aquel país. Yo era observador en cincuenta colegios electorales, junto con juristas norteamericanos e ingleses.
Puede comprobar que las elecciones se desarrollaron sin violencia alguna, con algunas imperfecciones con respecto a las tarjetas y a las listas electorales, pero que, en conjunto, cuando se comparan estas elecciones con otras en el mismo continente, el desarrollo del escrutinio fue ejemplar.
Por el contrario, en la fase de la centralización de la contabilización de los resultados surgieron algunas disfunciones, desajustes, siendo el más importante, naturalmente, la dimisión de la Comisión Electoral y el traslado de dicha contabilización de los resultados al Ministerio del Interior.
Permítanme decir que, a pesar de basarnos en la norma que rige en nuestra Asamblea -y, por tanto, haber llevado a cabo en este continente a través de la DG VIII una asistencia técnica bastante excepcional ante unas elecciones presidenciales-, no es normal que para un escrutinio de esta naturaleza nuestro Parlamento no haya enviado una misión parlamentaria de observadores a fin de asistir a estas elecciones. Quizá tendríamos aquí un debate muy diferente del que hemos iniciado con motivo de esta resolución.
Tampoco es normal que las empresas encargadas por la Unión Europea y por la Comisión para organizar la ayuda técnica confíen la tarea a estudiantes, más allá de las cualidades de éstos.
Señor Presidente, desearía aclarar que mi enmienda 6 no pretende sustituir el artículo 4, sino simplemente completarlo. ¿Por qué? Porque nos parece normal recordar que la Comisión ha sometido este asunto a las autoridades togolesas y que, por lo tanto, debemos esperar también estos resultados.
Para concluir, señor Presidente, en este asunto es el pueblo togolés el que resulta penalizado y sancionado, y no el Sr. Eyadema.

Fassa
Señor Presidente, qué duda cabe de que, cuando se habla de elecciones en un país africano, un país donde las consultas electorales no tienen lugar desde hace tiempo, no podemos pretender la misma regularidad y la misma precisión de las elecciones que se celebran en Occidente, en Europa o en países acostumbrados hace tiempo a la democracia. Por otra parte, lo cierto es que las modalidades conforme a las cuales se han celebrado las elecciones presidenciales en Togo dan lugar, desde muchos puntos de vista, a las peores sospechas. Es difícil establecer cómo se han desarrollado realmente los acontecimientos, pero no podemos olvidar que, cuando decidimos celebrar la Asamblea Paritaria en Lomé, nuestra decisión se basó en el restablecimiento de las condiciones de democracia plena y no sólo de democracia formal, y éste es el aspecto en que debe centrarse la reflexión de todas las Instituciones comunitarias.
Guinea-Bissau

Girão Pereira
Señor Presidente, señor Comisario, la reciente crisis en Guinea-Bissau ha causado ya, según los últimos cálculos, varios centenares de muertes y casi 400.000 desplazados. Tan sólo en la capital, en Bissau, la población ha pasado de 300.000 habitantes a casi 25.000. La situación alimentaria y sobre todo la asistencia médica empiezan a ser dramáticas.
Hay que elogiar la actitud de la Comisión de prestar ayuda humanitaria rápida y cuantiosa. También hay que decir que Portugal ha hecho un esfuerzo notable en esa esfera. Pero es incomprensible que hasta este momento no se haya podido convencer a Senegal para que autorice corredores humanitarios, a partir de Dakar, que permitan el apoyo a las poblaciones desplazadas.
Propugnamos el restablecimiento del orden constitucional, pero sabemos que la crisis tiene su causa en razones de degradación política, social, de tipo interno, y debemos ser conscientes de que la presencia de tropas extranjeras, en particular senegalesas, tiene un significado especial en el ámbito regional y en nada contribuye al restablecimiento del orden institucional, sino que, al contrario, puede llevar al país a una nueva fase de lucha de guerrilla de consecuencias y duración imprevisibles. También en esa esfera la Unión Europea puede y debe desempeñar un papel importante.
A propósito del conflicto en Guinea-Bissau, tal vez fuera oportuno reflexionar sobre lo que ocurre en la costa occidental africana en constantes convulsiones, particularmente en los nuevos corredores del petróleo y de las materias primas. Es fundamental que los países industrializados de Europa o de otras partes del mundo no transporten a África la bandera de la diplomacia de los intereses, que muchas veces provoca tensiones, sino que ayuden a África a encontrar su camino de desarrollo, democracia y respeto de los derechos humanos.
Señor Presidente, Señorías, en este momento no puedo por menos de hablar de Angola. En ese país hay cada vez más petróleo, pero cada vez más síntomas también de degradación del proceso de paz, reclutamiento de jóvenes para el ejército, traslados de tropas y material militar, creaciones artificiales de escenarios de guerra, ejecuciones sumarias: todo ello mientras las Naciones Unidas, incomprensiblemente, no designan un mediador para que substituya al fallecido Maître Beye. Creo que la Comisión y la comunidad internacional pueden desempeñar un papel importante para detener esa degradación del proceso de paz.

Cunha
Señor Presidente, Señorías, la situación que se vive en la República de Guinea-Bissau hace casi mes y medio está alcanzando proporciones preocupantes y trágicas para el futuro del país, con sacrificios de vidas humanas y de los derechos humanos fundamentales de las poblaciones y la destrucción de importantes infraestructuras físicas y económicas.
A ese respecto, quisiera subrayar tres aspectos fundamentales en la línea, por lo demás, de la propuesta de resolución presentada por mi Grupo.
En primer lugar, resulta de todo punto lamentable que, por falta de voluntad de las partes, las gestiones llevadas a cabo hasta ahora por diversas organizaciones internacionales, incluida una misión lusoangolana, no hayan propiciado un cese el fuego definitivo y una solución pacífica y política para el problema. Como también son lamentables las dificultades creadas por países vecinos a la llegada de ayuda de emergencia a las poblaciones afectadas por la guerra.
En segundo lugar, quisiera decir que resulta de todo punto lamentable la intromisión, directa o indirecta, de tropas extranjeras en un conflicto interno de un país soberano, por lo que resulta urgente e inevitable para cualquier solución de paz que dichas tropas se retiren de Guinea-Bissau.
En tercer lugar, quisiera subrayar que es fundamental encontrar por vía política una solución pacífica para el conflicto a fin de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, preservar su futuro colectivo y respetar las instituciones democráticamente elegidas.
Y con esta esperanza apoyo el llamamiento hecho al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la OUA y a la Unión Europea para que se comprometan activamente con una solución política que termine con ese lamentable conflicto fraticida.

Schörling
Señor Presidente, es obvio que la comunidad internacional no debe ahorrar energías para hacer que las partes en conflicto se sienten en la mesa de negociaciones y traten de alcanzar una solución política sostenible que lleve la paz a la región y que pueda garantizar que se respeten las fronteras de Guinea-Bissau y los derechos humanos.
Desgraciadamente, las informaciones que hemos recibido son inquietantes. Entre otras cosas, hay problemas para conseguir ayuda humanitaria, por ejemplo, medicinas, agua potable y alimentos. Espero realmente que la Comisión ejerza influencias para conseguir la creación de un corredor para la ayuda humanitaria.
También es inquietante que se mantenga a personas encarceladas o como rehenes. Se les trata muy mal, según informes de Amnistía Internacional. Además, hay mucho miedo entre los periodistas y las personas que trabajan a favor de los derechos humanos. Por eso doy realmente mi apoyo al punto 11 de esta resolución en la que se propone que se envíe al país a una delegación de los países de ACP y de la UE para averiguar cómo se pueden conseguir ayudas de forma rápida y cómo se puede ayudar a resolver el conflicto.

Scarbonchi
Señor Presidente, para recuperar el retraso acumulado hace un momento, seré muy breve.
Nuestro Grupo no desea que en la resolución figure el punto 9, donde se solicita la no intervención y la retirada de todas las tropas extranjeras, ya que pensamos que la presencia de las tropas senegalesas es aún necesaria para luchar contra los rebeldes y estabilizar la situación en el país.
Por lo tanto, deseamos simplemente que el punto 9 no figure en esta resolución. Ese es el deseo del Grupo ARE.

Apolinário
Señora Presidenta, señor Comisario, en un principio estaba previsto que hablara mi colega el Sr. Barros Moura, que, por razones de última hora, no puede estar presente. Pero, al ser yo uno de los firmantes de la resolución, quisiera subrayar aquí, en mi nombre y en el del Sr. Barros Moura, tres o cuatro aspectos.
En primer lugar, sólo hay paz o mediación para la paz, si las fuerzas en conflicto, los beligerantes, lo quieren. En segundo lugar, consideramos fundamental subrayar la necesidad de retirar las tropas extranjeras y detener una progresiva internacionalización de ese conflicto. En tercer lugar, es importante, en ese marco, admitir la posibilidad de la posible instalación de fuerzas de interposición bajo la égida de las Naciones Unidas y de la OUA y con la condición de que los beligerantes den su conformidad.
Por otro lado, nos preocupa la situación humanitaria de la población de Guinea Bissau. Los obstáculos al encaminamiento de la ayuda humanitaria, en particular por las propias fuerzas militares de Senegal, van a agravar la situación. Si no actuamos rápida y eficazmente, la situación se deteriorará desde el punto de vista humanitario de día en día. Por otro lado, como ya hicimos anteriormente, este Parlamento condenó el golpe militar y defendió el restablecimiento del orden constitucional e institucional, restablecimiento que requiere el respeto de las instituciones, en particular del parlamento elegido, pero también de los derechos humanos (véanse en particular las peticiones a ese respecto de las ONG y de la propia Amnistía Internacional).
Por último, es necesario un cese el fuego inmediato, que salve vidas humanas y permita que el país empiece de nuevo a funcionar mientras se busca una solución política y pacífica que garantice la independencia y la integridad territorial de Guinea-Bissau.

Ribeiro
Señora Presidenta, señor Comisario, hemos seguido con gran preocupación la evolución de la situación en Guinea-Bissau. Como conocemos el país (que visitamos recientemente), desde que estalló el conflicto, que se prolonga desde el 7 de junio, estamos con los que han propugnado sin ambigüedades una solución política negociada para acabar con la guerra y sobre todo con el sufrimiento de un pueblo.
Pese a haber habido varios intentos de mediación, se ha prolongado el conflicto, se ha mantenido una intervención directa de fuerzas militares exteriores que en nada han contribuido a esa situación política negociada que propugnamos y han aumentado las gravísimas consecuencias humanas, con pérdida de vidas y bienes materiales y centenares de millares de refugiados.
Esa dramática situación se prolonga y urge ponerle fin en un país que ya se encontraba entre los más pobres del mundo, lo que angustia más porque compromete el futuro y la independencia real de un país, la República de Guinea-Bissau, después de una lucha heroica encabezada por el PAIGC y por un hombre con la dimensión política y humana de Amílcar Cabral.
Así, insistimos en la búsqueda de una solución política que propicie y garantice la paz con respeto de la integridad del espacio territorial y cultural de Guinea-Bissau y ponga fin a una internacionalización militar del conflicto y promueva el regreso a sus países de las fuerzas militares extranjeras. Entretanto, urge que se haga realidad la ayuda humanitaria a las poblaciones y se abran corredores que permitan la llegada de dicha ayuda a quien la necesita e impidan todo lo que pueda constituir un obstáculo. Nuestra posición, como diputados y como portugueses, sólo puede ser la de la afirmación y materialización de una solidaridad práctica y desinteresada en el plano político y de la ayuda humanitaria.

Mendes Bota
Señora Presidenta, 350.000 desalojados, 100.000 de ellos en riesgo de morir de hambre, centenares de muertos civiles y militares, atrocidades contra mujeres y niños, miedo entre los sectores intelectuales de la oposición política interna, falta de alimentos, de medicamentos y de agua potable: ésos son los ingredientes de la catástrofe.
Las fuerzas militares no pueden seguir impidiendo la llegada de la ayuda humanitaria a las poblaciones en peligro. Las gestiones de mediación se suceden sin demasiado éxito. Ahora se habla de sumar a la mediación lusoangolana a Mozambique o a la CPLP en conjunto o de utilizar una fuerza de interposición de la OUA o de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. La consigna para resolver un conflicto con peligrosa tendencia a eternizarse y generalizarse es la de cese el fuego inmediato. Es necesario el restablecimiento del orden constitucional. El 4 de julio concluyó el mandato del Gobierno. Por eso, Nino Vieira tiene, como presidente electo, legitimidad -pero una responsabilidad mayor- para promover el cese el fuego, el diálogo y la negociación. Sólo después de todo eso se estará en condiciones de plantear un proceso político con un gobierno de reconstrucción nacional y la fijación de elecciones legislativas y presidenciales que permitan a GuineaBissau iniciar en 1999 una nueva fase de su historia.

Fassa
Señora Presidenta, Señorías, la situación en Guinea Bissau no es más que un caso específico en un marco mucho más amplio, en una región de África que, igual que las demás, sufre una constante desestabilización desde el punto de vista político, que culmina con la falta total de una verdadera autoridad política y de cualesquiera garantías concretas para la población.
Está claro que la Unión Europea no puede hacer mucho más, sin embargo, dentro de poco no podrá dejar de centrar su atención al menos en dos puntos. El primero, es permitir que lleguen cuanto antes las ayudas humanitarias, los víveres y las medicinas a las poblaciones de esa zona tan atormentada. El otro objetivo a medio y largo plazo es promover un proceso de pacificación que, a pesar de que es ciertamente peligroso e difícil, es la única condición para que exista un desarrollo en esta zona.
Birmania

Bertens
Señora Presidenta, el Grupo liberal se alegra de que sobre la mesa esté un severo texto sobre Birmania. Espero que esta resolución abra los ojos a la empresa neerlandesa IHC Caland ante la dura e inaceptable realidad de Birmania. Aunque todavía no existe un boicoteo económico oficial porque Francia protege de nuevo los intereses comerciales de Total, es una vergüenza que esta empresa neerlandesa se oponga al consenso, que casi es completo, a fin de desmantelar las inversiones existentes y no realizar nuevas inversiones. Creo que es especialmente lamentable tener que echar la reprimenda al Comisario Sir Leon Brittan, pero manifiesto mi sorpresa por su condena de la política de boicoteo realizada por el estado de Massachusetts. La Unión Europea debe apoyar -según nosotros, los liberales- el llamamiento realizado por el presidente Clinton en mayo de este año. Su llamamiento a fin de prohibir nuevas inversiones debería constituir un ejemplo para nosotros, señor Comisario. La Unión debe estar dispuesta a anticiparse a las sanciones de la ONU.
Por último, señora Presidenta, debe presionarse con dureza a las autoridades birmanas y debe ponerse fin a la aniquilación sistemática de las minorías de ese país.

Maij-Weggen
Señora Presidenta, la situación en Birmania empeora rápidamente en estos momentos. Esto afecta tanto a la situación económica como a la política. La economía está en Birmania al borde del abismo, el régimen militar que se sostenía con el tráfico de drogas y, en parte también, con el trabajo estatal obligatorio, lleva ya meses sin poder contener el retroceso económico y la población parece sufrir cada vez más. La represión política también ha aumentado durante los últimos meses; puede decirse que tanto respecto de la oposición como de los grupos minoritarios. La sufre la población karen, los shan, así como los naga, los mon, los karenni y la gente de Kachin. Las matanzas sistemáticas y las limpiezas étnicas provocan un sinfín de refugiados en los países vecinos, especialmente en Tailandia, India y Malasia. Éstos han aumentado de forma dramática en los últimos tiempos; tanto el ataque de los campos de refugiados como los asesinatos y los secuestros están a la orden del día. Así mismo, la oposición padece esta situación. La Sra. Suu Kyi fue detenida porque quería viajar al norte y vuelve a estar bajo arresto domiciliario reforzado con la amenaza de ser enviada a prisión. Los diferentes miembros de la oposición son amenazados o ya están encarcelados en un país en el que existen ya numerosos presos políticos. Es sabido que el gobierno militar teme que la situación empeore hacia el 8 de agosto, puesto que entonces se conmemora el levantamiento de los estudiante que tuvo lugar hace algunos años y que costó tantas vidas. Además, el régimen teme las repercusiones de la situación indonesia en Birmania. Entre tanto, Birmania también recibe críticas por parte de los otros países de la ASEAN, ya que ese país fue aceptado en esta organización con la promesa de hacer algo positivo respecto a los derechos humanos y la democracia. Algo que, de momento, no ha sucedido.
Señora Presidenta, hemos solicitado ya más veces en este Parlamento que se paralicen las inversiones europeas. Es necesario un boicoteo económico. Ante este historial, es incomprensible -me dirijo a Sir Leon Brittan- que haya reprendido al estado de Massachusetts por sencillamente haberlo iniciado. Quizá jurídicamente tenga usted razón, pero moralmente no. Lo que exigimos a la Comisión y al Consejo es precisamente con el fin de seguir el ejemplo de los Estados Unidos y paralizar las inversiones y, así, presionar más al régimen. Esto debe suceder, señora Presidenta y es algo que la Comisión puede hacer.

Dupuis
Señora Presidenta, ante todo desearía señalar nuevamente la ausencia de un colega que apreciamos mucho, el Sr. Avgerinos, que se encarga, como todos sabemos, de reflexionar sobre la reforma de los debates de urgencia. Como no le hemos visto durante estos últimos meses, me parecía importante hacer notar que hoy tampoco está presente. Quizá piensa que es más interesante recabar los consejos de unos y otros en los pasillos del Parlamento, lo que explicaría, por otra parte, las primeras propuestas que nos ha presentado.
Considero que, sobre Birmania, no hay mucho que añadir a lo que el Sr. Bertens y la Sra. Maij-Weggen han manifestado: la Unión Europea no debe quedarse rezagada con respecto a los Estados Unidos. Ya se han ejercido presiones. Éstas no han tenido los resultados que podíamos esperar. La supresión de las tarifas preferenciales no ha supuesto ningún cambio por parte de las autoridades birmanas. Pienso que hay que ir más allá y optar decididamente por el boicot. Como los norteamericanos, por una vez, tienen una posición muy clara en la materia, la Unión Europea podría asociarse a los Estados Unidos y tratar de poner un punto final a este régimen absurdo.

Harrison
Señora Presidenta, Birmania está sumida en la confusión, y ahora se está convirtiendo en una confusión detestable. Cincuenta representantes elegidos han sido encarcelados, mientras que otros diputados sufren el oprobio de tener que presentarse dos veces al día en las comisarías de policía locales por orden del gobierno. Trescientos mil karen desplazados en el interior del país huyen del ejército birmano. La destrucción sistemática de poblados karen va unida a la violación de mujeres pertenecientes a las minorías birmanas. La destrucción de los almacenes de alimentos precede a las masacres y a la limpieza étnica de las poblaciones naga, shan, mon, karen y kachin. Y ahora, el aumento de refugiados karen y shan en Tailandia presenta nuevos problemas para los países de la ASEAN.
La Unión Europea debe oponer resistencia. Acertadamente, la Comisión Mixta UE-ASEAN no se ha reunido, ya que de hacerlo, habría significado permitir la plena representación de Birmania. Podemos hacer más. Debemos alentar a la Comisaria para los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, a destinar a observadores permanentes en Birmania para vigilar los derechos humanos. Hacemos un llamamiento a la Comisión para que imponga sanciones económicas contra Birmania y prohíba la inversión en Rangún hasta que se respeten como es debido los derechos humanos.
El Consejo de Seguridad de la ONU también debe promover sanciones económicas a nivel mundial contra los crueles dictadores birmanos. El Gobierno tailandés también podría ayudar. Una mejor protección de la frontera entre ambos países infundiría confianza a los refugiados que huyen del régimen antidemocrático y despótico birmano.
Hacemos un llamamiento al Gobierno birmano para que autorice al enviado especial de la ONU en Birmania viajar libremente por el país, y permitirle que desempeñe su mandato garantizándole pleno acceso a las regiones habitadas por la población karen. Asimismo exigimos que las empresas extranjeras que invierten en Birmania, como Total y Premier Oil, congelen sus inversiones con carácter inmediato. Reconocemos y apoyamos el derecho de la ASEAN a decidir qué países pueden ser miembros, pero a medida que pasan los días y los meses, resulta cada vez más evidente que la ASEAN ha invitado a su nido de naciones a un cucú intruso, arruinando con ello sus posibilidades de desarrollar democracias modernas y que respeten los derechos humanos, al tiempo que fomentan el desarrollo económico para abastecer a sus pueblos.
Ha llegado el momento de que la UE se ponga firme y se haga escuchar.

McKenna
El enviado especial de la ONU para observar la situación de los derechos humanos en Birmania ha manifestado su seria preocupación ante las noticias aparecidas recientemente de que miembros de la LND continúan siendo víctima de arrestos arbitrarios y de varias formas de represión. La LND ha pedido que se convoque el Parlamento antes del 21 de agosto y ha hecho reiterados llamamientos a los gobernantes militares para que inicien el diálogo. No obstante, como acaba de señalar el Sr. Harrison, el gobierno ha respondido ordenando a todos los diputados elegidos que no están en prisión o exiliados, que se presenten dos veces al día ante las autoridades locales, básicamente para impedirles que se reúnan por su cuenta.
Va siendo hora de que la UE adopte una posición moral sobre la situación en Birmania. La Comisión y el Consejo deben imponer sanciones económicas contra Birmania y prohibir toda inversión hasta que se haya resuelto la situación de las violaciones de los derechos humanos. Como decía el Sr. Harrison, la Alta Comisaria de la ONU, Mary Robinson, debe enviar a un observador permanente para investigar la situación de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por las autoridades birmanas en las regiones habitadas por las minorías oprimidas. Esta situación dura ya demasiado y debemos hacer algo al respecto.
Sudán

Bertens
Señora Presidenta, los periódicos publican hoy la feliz noticia de que se ha alcanzado el alto el fuego en Sudán del Sur y Sudán del Norte. Espero que esos cientos de miles de personas de Sudán del Sur puedan ahora sobrevivir a la hambruna. No obstante, hemos aprendido una lección en Sudán.
Esa evolución constituye, efectivamente, un primer paso en el marco de una política europea activa y, ojalá que, basándose en ésta, pueda ahora comenzarse a preparar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur. Ambas partes se habían comprometido a esto, pero ahora debe confirmarse. El control internacional será muy necesario para que este referéndum cuente con garantías suficientes. Ambas partes deben, además, ocuparse de la organización del mismo. Entre tanto, el gobierno de Jartún debe demostrar su credibilidad como socio, comprometiéndose con la democracia, el respeto de los derechos humanos, la liberación de presos políticos y el desarrollo del estado de derecho.

Schiedermeier
Señora Presidenta, yo puedo suscribir en muchos puntos las palabras del colega Bertens, ya que lo que está ocurriendo en Sudán es, en efecto, una historia triste e interminable. Así me consta en mi calidad de ponente en la Asamblea ACP. Desde hace muchos años nos enfrentamos siempre con el mismo problema, que sencillamente no logramos superar. En efecto, las partes enfrentadas no están dispuestas a alcanzar un acuerdo de paz. Existe el riesgo de que la guerra llegue a cumplir treinta años.
A mi parecer, es acertado que el Consejo dé su apoyo a la IGAD en relación con este tema y que intente orientar la situación de manera que podamos enviar una misión ministerial a Jartún y Nairobi y conseguir que se suspendan los combates. Como ha señalado correctamente el colega Bertens, el SPLA ha manifestado a través de un comunicado de prensa que está dispuesto a declarar un alto el fuego de tres meses. Yo espero que así sea, pues es lo único que permitiría empezar a ayudar a la población. En cualquier caso, ya es muy tarde para actuar debido a la fuerte sequía.
A continuación, tendremos que procurar que se establezca cuanto antes la paz. Si conseguimos que se alcance la paz, luego sería posible desarrollar con tranquilidad todas las medidas necesarias para ayudar a la población. En mi opinión, incluso entonces, una vez alcanzada la paz, no será nada fácil resolver los problemas que existen allí, ya que los daños causados, las estructuras destruidas, no se podrán reparar de un día para otro. Yo me temo que, una vez se cumplan los requisitos fundamentales, todavía habrá que trabajar mucho antes de que se consiga la reagrupación de las familias desmembradas y se haya hecho todo lo necesario para ello. ¡Tenemos que hacer todo lo posible para que al fin se cumplan dichos requisitos fundamentales! Luego ya podremos comenzar la tarea de reconstrucción. Ése debería ser el primer paso.

Vecchi
Señora Presidenta, desgraciadamente en la región del Cuerno de África y en las zonas limítrofes, la situación sigue deteriorándose y agravándose y no hay duda de que lo que ocurre en Sudán desde hace ya muchos años representa, hoy por hoy, uno de los elementos de desestabilización más preocupantes.
Las dramáticas imágenes que nos han llegado en estas semanas, al igual que en otras ocasiones, reflejan las consecuencias de la hambruna y del conflicto, especialmente en las regiones del sur de Sudán, y han vuelto a llamar nuestra atención sobre la situación de ese país.
Sabemos que siempre han existido enormes dificultades, también en los casos de hambruna más dramáticos, para hacer llegar las ayudas de la comunidad internacional a las poblaciones afectadas, sobre todo porque las partes enfrentadas y, en particular, las autoridades de Jartum, lo han impedido en todo momento.
Ahora, es necesario tratar de actuar políticamente con mucha firmeza y, al mismo tiempo, con mucha inteligencia, al objeto de aprovechar todas las ocasiones para contribuir a cambiar esta situación de una vez por todas. La posibilidad de que se acuerde el alto el fuego es algo que siempre hemos pedido y deseado y, según las noticias que estamos recibiendo, parece que quizás podría darse una situación de este tipo, una situación que, evidentemente, esperamos que se produzca.
Al mismo tiempo, sin embargo, hace falta, por un lado, la voluntad política de comprometerse concreta y urgentemente, a fin de que hacer llegar la ayuda humanitaria, que deberá ser ingente, a las poblaciones que padecen hambruna y, por otro, una acción política coherente que implique ante todo a los actores regionales y al IGAD, así como a la Unión Europea, con vistas a encontrar una solución pacífica y, a ser posible, definitiva a los conflictos en Sudán.

Van Bladel
Señora Presidenta, a fin de mejorar la situación humanitaria en Sudán, este Parlamento ha adoptado en los últimos diez meses cinco resoluciones con el mismo contenido. Ayer, el presidente austriaco contestó a las preguntas de algunos colegas, en mi opinión, de manera concluyente. No puedo agregar más sobre esto.
Por ello, estimo conveniente requerir la atención del Parlamento sobre un país en el que el conflicto está a punto de estallar. Un país que en el año 2000 puede suministrar un millón de barriles de petróleo y en el que el 60 % de la población vive por debajo de los ingresos mínimos. Un país en el que el gobierno, en este momento, recluta jóvenes en las ciudades y los moviliza para la lucha, en el que la elite es corrupta, en el que los generales se han convertido en negociantes, en el que el destino del activista de derechos humanos Sahandu Neto es confuso. Un país en el que los presidentes Kabila, Dos Santos y Nujoma han pactado para que el ejército angoleño, porque hablamos de Angola, realice una operación en su propio territorio. La amenaza parece seria puesto que las autoridades portuguesas han creado un grupo militar para evacuar a sus ciudadanos de Angola.
Pido al Comisario que, a través de nuestra misión en Luanda, advierta que este conflicto no puede estallar, que haga un llamamiento para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones y, sobre todo, que diga que los beneficios obtenidos por el petróleo no pueden destinarse a la compra de armas, sino a los angoleños.

González Álvarez
Señora Presidenta, cuando el resultado de una guerra civil se une a la represión, a la vulneración de los derechos humanos y a la sequía, se produce lo que hemos estado viendo en la prensa estos días: la amenaza de una hambruna terrible sobre cientos de miles de personas. Por eso las Naciones Unidas han solicitado a la Comisión y a los Estados miembros que aporten toda la ayuda humanitaria posible. Y hay que exigir a las autoridades sudanesas que permitan pasar esa ayuda a la población civil desplazada porque, si no, se repetirá lo que tantas veces se repite por las causas que todos conocemos.
En todo caso, hay que apoyar el proceso de paz. Y no estaría de más echar un vistazo al Informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, que dice claramente que este y otros países no saldrán de su absoluta pobreza si no se logra una distribución más justa de la riqueza y un mayor respeto de los derechos humanos básicos: el derecho a comer, a vivir, a educarse y a gozar de salud.

Castagnède
Señora Presidenta, Señorías, una vez más nuestro Parlamento debe pronunciarse sobre la situación en el Sudán, aunque tenga algunas dudas no sólo de la eficacia de sus anteriores intervenciones, sino también del carácter actual y exhaustivo de sus informaciones. De este modo, la propuesta de resolución común que se nos somete ignora claramente las mejoras -autorizadas por el Gobierno sudanés- del acceso a las zonas afectadas por la carencia alimentaria, así como el alto el fuego decretado por el movimiento sureño, dirigido por John Garang. La misma tampoco menciona los relativos progresos realizados por la vía de la institución de un sistema democrático, como la aprobación de la Constitución sudanesa, ni la evolución del proceso de negociación entre las principales partes en conflicto.
En general, la propuesta no parece apoyarse ni en un análisis a fondo de las razones del conflicto civil en el Sudán, ni en un suficiente conocimiento de la situación in situ , ni en la toma en consideración de las intervenciones exteriores, en una región donde la inestabilidad política es casi general.
Si bien es evidente que hay que acoger favorablemente el interés manifestado por Europa a favor del restablecimiento de la paz y de la democracia en el Sudán, creemos que los esfuerzos tendentes a la realización de estos objetivos requieren un nuevo planteamiento, un nuevo método basado ante todo en una mejor información, mediante el envío de una misión in situ o la organización de audiciones de representantes de las partes en conflicto. Un método que luego sustituya una condena sistemática y no siempre equilibrada por el aliento sistemático a las partes en conflicto a fin de progresar en el sentido del diálogo, de la búsqueda de la paz y de la institución de la democracia.
Situación en Georgia y Abjasia

Bertens
Señora Presidenta, el conflicto en Abjasia, el Cáucaso, ha vuelto a estallar. Muchos cientos de personas ya han muerto, decenas han emprendido la fuga. El alto el fuego del 25 de mayo no ha podido durar mucho tiempo. A pesar de todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la OSCE, la situación es todavía tensa, por utilizar otro término.
Todos los esfuerzos deben destinarse a limitar la fuerza destructiva de este conflicto. Las partes en conflicto deben convencerse de que la violencia no es la solución. Precisamente ahora, la democratización de Georgia va por buen camino y justamente ahora, que con la ayuda de la propia Unión, se ha avanzado algo en la reconstrucción del país, debe evitarse en todo momento que este proceso se desvíe.
Debemos redoblar nuestros esfuerzos para fomentar una paz duradera y el desarrollo de la región. Por ello, me alegro también, señor Comisario, de que su colega, el Sr. van den Broek realizara una visita el mes pasado a la región y que con la ayuda extraordinaria que ha prometido, la civil society realice algún avance.

Dupuis
Señora Presidenta, se trata nuevamente de una mala pasada. Dentro del apartado de los derechos humanos se inscribe una cuestión eminentemente política puesto que Georgia ha tenido que soportar las catástrofes naturales cuando éstas ya no forman parte de las prioridades de nuestro Parlamento.
La cuestión de Georgia es política -y también en este caso, en cierto modo, cerramos los ojos, ya que nos disponemos a votar una resolución muy razonable que no añade nada al problema-. Lo que se debe hacer es permitir que Georgia se adhiera rápidamente a la Unión Europea, evitar lo que ocurrió con Yugoslavia, donde durante años la Comisión y el Consejo veían como se deterioraba la situación. Es necesario proponer sin más dilación a las autoridades de Georgia, que no esperan otra cosa, la adhesión inmediata a la Unión Europea.
Georgia es una región estratégica para la Unión Europea. Representa el acceso a Asia Central, la famosa ruta de la seda de Marco Polo, las reservas de petróleo de Azerbaiján, donde los ingleses, los franceses, los italianos y otros países de la Unión tienen ya una importante presencia. La única forma de garantizar la estabilidad en la región es permitir que Georgia entre rápidamente en la Unión Europea. Como dijo ayer el profesor Gerenek: no se nace europeo, sino que uno se hace europeo. Los georgianos lo han demostrado. De forma unilateral, ellos se han propuesto adaptar su legislación a la de la Unión. Por lo tanto, es necesario alentarlos, ya que no esperan otra cosa.
La entrada de Georgia en la Unión también permitiría hacer frente de manera constructiva al problema de Abjasia, que, como sabemos, mientras no haya una perspectiva clara de adhesión, estará siempre sometida a la buena voluntad de los rusos, quienes están muy interesados en mantener cierto tipo de influencia en la región.

Hoff
Señora Presidenta, en la resolución común condenamos explícitamente los recientes actos de violencia contra la población georgiana. También expresamos con la misma nuestro pleno apoyo al Presidente de Georgia, que ha iniciado el proceso de reformas políticas y económicas.
Dicho proceso incluye también el fortalecimiento de la estabilidad interna, que había mejorado en el pasado, y sólo falta una solución pacífica de la crisis de Abjasia, que es un requisito importante para el ulterior proceso de consolidación y una condición fundamental para la estabilización de dicho país. Es de lamentar la reanudación de los combates en la región en mayo, con un saldo de muertos y de decenas de miles de refugiados.
Para que prosiga la política de reformas en Georgia es preciso que se encuentren nuevas soluciones políticas y pacíficas para el conflicto de Abjasia. Nosotros recomendamos, por lo tanto, encarecidamente a los partidos políticos que participen en el proceso de paz impulsado por la ONU y volvemos a reiterarlo en el punto 2 de la resolución, donde pedimos que se respete el Acuerdo de Moscú de 1994 sobre un alto el fuego y la separación de fuerzas, y el protocolo de alto el fuego firmado en 1998, así como su obligación de abstenerse de recurrir en ningún caso a la fuerza. Dirigimos esta petición a ambos bandos y yo realmente espero que la presente resolución sea aprobada por unanimidad bajo esta forma.

von Habsburg
Señora Presidenta, después de leer la presente resolución y de contrastarla con los hechos ocurridos en las últimas 48 horas, yo debo decir que observo una considerable discrepancia. En efecto, lo cierto es que una colaboradora polaca de la ONU, Maria Magdalena Wewiorska, de 31 años, fue muerta a tiros anteayer mismo en Georgia, probablemente por obra de criminales georgianos.
Yo sólo quiero dejar constancia de ello porque este hecho demuestra una vez más que, en ciertos casos, las bellas declaraciones sobre países de los que se sabe muy poco no conducen a nada y que es preciso que reconozcamos al fin que las circunstancias son muy graves allí. No debemos quitar importancia a este hecho y, sobre todo, tenemos que preguntarnos seriamente si tiene en verdad sentido que se envíen ahora europeos a Georgia en apoyo del ejército ruso porque así se ha declarado oficialmente.

Schroedter
Señora Presidenta, el conflicto de Abjasia forma parte de aquellos que son motivo de reiterada preocupación porque, después del enfrentamiento militar, el odio entre la población es tan profundo que ha creado una fisura y los esfuerzos en favor de la paz apenas avanzan.
El retorno de las familias a Gali ofrecía una gran esperanza de que por fin se conseguiría impulsar algún progreso en la resolución del conflicto. Los combates han vuelto a destruir esta esperanza. ¿Qué hace, sin embargo, la UE para reforzar las posibilidades de restablecimiento de la paz? A veces se requieren pequeños pasos. En este sentido, el Consejo de Europa se ha esforzado por impulsar medidas para reinstaurar la confianza, como el programa de apoyo a la «Compañía de Radiodifusión Ertoba». Hasta el momento, ningún Estado miembro ha manifestado su disposición de apoyar dicha medida de ayuda.
El restablecimiento de la comunicación entre la población depende de un pequeño número de proyectos modestos. En consecuencia, nosotros pedimos al Consejo que financie medidas en este ámbito que permitan que vuelva a resurgir la confianza entre la población y que les preste mucha más atención.
Vietnam

Dupuis
Señora Presidenta, sobre Vietnam no hay mucho que decir, salvo que es la primera vez que nuestro Parlamento se dispone a pronunciarse sobre una cuestión que, desgraciadamente, aún es tabú para muchos diputados del Parlamento Europeo. Doy las gracias a los colegas del PPE y del Grupo Liberal por haber apoyado esta resolución.
Lamentablemente, el Grupo Socialista y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea no la apoyan. Quizá podría recordarles que su posición fue idéntica con respecto a Corea del Norte y a China, con respecto a Mongolia, al Turkestán oriental, y no les será difícil comprender que existe un común denominador a esta actitud del Grupo Socialista y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria.
Tratándose de antiguos camaradas se admite todo, aun cuando, como en Vietnam, se sabe que la situación no ha variado. Evidentemente, no hay un Pinochet, pero la situación de los derechos humanos no mejora. Existe una dictadura, una dictadura roja, y, por lo tanto, mucho más tolerable, pero se trata de una dictadura, y pienso que es importante que nuestro Parlamento lo señale.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, señor Comisario, la resolución lo dice, de hecho, todo en lo que se refiere a los derechos humanos y el Parlamento Europeo se ha manifestado siempre con una gran claridad sobre este tema. Yo pienso que el problema de los derechos humanos se tiene que considerar siempre en cierta medida dentro del contexto histórico del país en cuestión. Si consideramos la totalidad de la historia de Vietnam, veremos que hay una parte del país en la que ya estamos habituados a que los derechos humanos sean vulnerados y violados por principio, y otra zona en la que esto no ha ocurrido de la misma forma -por decirlo así- hasta los años 70 por lo menos.
Desde entonces y desde el gran conflicto de Vietnam, hemos borrado en mayor o menor medida a este país de nuestros pensamientos, lo hemos expulsado de nuestra conciencia, y ya va siendo hora de que la conciencia se despierte y volvamos a tener presente lo que en realidad está pasando allí, y de que manifestemos también en el Parlamento Europeo que no podemos permanecer callados cuando allí están ocurriendo, de hecho, esas cosas, esos crímenes.
La presente resolución es muy importante por este motivo y es bueno que ésta se debata en el Parlamento, que sencillamente se proponga denunciar por una vez la situación, a fin de hacer posible una futura relación entre la Unión Europea y Vietnam.

Brittan, Sir Leon
Señora Presidenta, en lo relativo a Togo, las condiciones en las que se celebraron los comicios el 21 de junio llevaron a la UE a adoptar una declaración el 26 de junio manifestando nuestra profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones y nuestras dudas acerca de la credibilidad del resultado anunciado por el ministro de Interior, a saber, una victoria en la primera ronda del Presidente Eyadema.
A raíz de una propuesta de la Comisión, la Unión Europea ha invitado al Gobierno togolés a celebrar consultas de conformidad con el procedimiento recogido en el artículo 366 A del Convenio de Lomé. La primera fase de las consultas dará al Gobierno togolés la oportunidad de explicar las irregularidades observadas durante el proceso y comunicar qué medidas han sido adoptadas o se piensan adoptar para remediarlas. Si esta fase preliminar no da resultados satisfactorios para ambas partes, nuestro compromiso de cooperación podría peligrar.
El inicio de este procedimiento demuestra la importancia que atribuimos a este proceso electoral. Su finalidad es iniciar un diálogo con vistas a encontrar el modo de restablecer el Estado de derecho y respetar los principios democráticos de cara a la normalización de las relaciones, incluida la provisión de los proyectos de cooperación financiados por la UE.
En lo que respecta a Guinea-Bissau, la Comisión coincide con los comentarios contenidos en la propuesta de resolución presentada al Parlamento para su aprobación. Hemos mantenido la vigilancia sobre los acontecimientos en Guinea-Bissau, y deploramos que el conflicto militar interno haya continuado durante el mes pasado e incluso, durante los últimos días, se haya recrudecido en violencia e intensidad. Hacemos un llamamiento en favor de una resolución pacífica que garantice la paz.
Tenemos conocimiento de las dificultades a las que se enfrenta la población civil, en particular, la falta de alimentos, medicinas y agua. Por ello, a través de ECHO, la Comisión ha liberado 1 millón de ecus en ayuda humanitaria para la distribución de alimentos, agua y medicinas a las personas que han sido desplazadas hacia el interior del país.
La Comisión apoya los esfuerzos de mediación de varios líderes de la región y de los Estados miembros, entre los que se incluyen aquéllos de Angola y Portugal, y hace un llamamiento a todas las partes del conflicto para que negocien un alto el fuego definitivo.
Con respecto a Birmania, la Comisión lamenta los abusos generalizados contra los derechos humanos en aquel país, incluidas las ejecuciones, la detención arbitraria de presos políticos y refugiados, el desplazamiento forzoso de los aldeanos shan, combinadas con la destrucción sistemática de aldeas karen, shan y karenni, así como la de sus provisiones, a manos de los militares birmanos. Aprovechamos todas las oportunidades para instar al Gobierno a iniciar conversaciones de paz y a participar en un diálogo sustantivo con la oposición encabezada por Aung San Suu Kyi y las minorías étnicas. Habida cuenta de que Birmania es actualmente miembro de la ASEAN, instamos especialmente a nuestros socios de la ASEAN a utilizar su influencia sobre el más reciente de sus miembros.
La Comisión ha explicado a esta Asamblea en numerosas ocasiones que no tiene competencia para imponer sanciones ni para hacer un llamamiento al sector privado para que se abstenga de invertir. Este asunto debe ser decidido por los distintos organismos del Consejo, que hasta ahora, no han optado por esta vía.
Con respecto a los Estados Unidos, independientemente de la posición de la Administración estadounidense, no es adecuado que un Estado aislado -Massachusetts- intente coaccionar a las empresas de la Unión Europea a emprender medidas determinadas. Eso no es compatible con el Derecho internacional y, acertadamente, hemos presentado una firme protesta. Eso no implica en absoluto que apoyemos nada de lo que sucede en Birmania, que hemos criticado reiterada y frecuentemente. Pero es un gran error, por expresarlo en términos suaves, que un Estado individual de un país amigo intente imponer una política exterior ejerciendo presiones inadmisibles sobre empresas de la Unión Europea. Apoyamos activamente el movimiento democrático birmano a través de nuestra línea presupuestaria para los derechos humanos y la democracia. Estamos cofinanciando un proyecto de la Friedrich Ebert Stiftung , que ha abierto una oficina euro-birmana en Bruselas, destinada a concienciar y difundir información precisa sobre la situación real en Birmania. La iniciativa ofrece además formación sobre la buena forma de gobernar y la democracia a miembros de la oposición birmana y futuros líderes.
En cuanto a Sudán, la Comisión Europea comparte la opinión general de que el único medio de llegar a una solución pacífica del conflicto es a través de un acuerdo duradero negociado, basado en un proceso político que incluya a todas las partes. Toda expresión de preocupación de la UE debe, por tanto, ir dirigida a ambas partes del conflicto. Seguimos apoyando todos los intentos de mediación y esfuerzos por alcanzar la paz, y en particular, los esfuerzos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Hemos promovido y manifestado nuestro apoyo incondicional a sus esfuerzos diplomáticos. Hemos mantenido frecuentes contactos con los que dirigen las conversaciones y hemos intervenido en varias ocasiones para dar a conocer nuestra opinión. Asimismo, la Unión Europea ha instado reiteradamente a las partes del conflicto a alcanzar una solución negociada en las conversaciones de paz de la IGAD. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyo en la última reunión del Partners's Forum Committee celebrada el mes pasado en La Haya. A raíz de la actual grave crisis humanitaria, los interlocutores de la IGAD decidieron enviar una misión ministerial a Jartum y Nairobi para estudiar las posibilidades de garantizar un cese de las hostilidades. Espero realmente que sean ciertas las recientes noticias de un alto el fuego. Estamos estudiando qué forma de tregua o corredores de paz serían los más idóneos para la ayuda humanitaria, a la vez que gratos para todos los afectados.
A la luz de sus contactos con los representantes del Gobierno sudanés y los representantes del SPLA, los interlocutores de la IGAD han observado asimismo que las partes del conflicto se han comprometido a celebrar la tercera ronda de conversaciones de paz en agosto de 1998. En colaboración con otros interlocutores e instituciones involucrados, estamos cofinanciando varias iniciativas preparatorias sobre el buen gobierno y el ejercicio constitucional y técnicas de negociación.
Mientras tanto, no modificaremos nuestra posición declarada sobre la interrupción de la cooperación formal para el desarrollo, aunque seguimos proporcionando ayuda humanitaria a la población necesitada del sur, al igual que a la del norte del país.
Con respecto a Georgia y Abjasia, la Comisión respalda plenamente la declaración de la Presidencia de 2 de junio, y saluda el comedimiento propio de un estadista que ha demostrado el Presidente Shevardnadze, evitando así una escalada de la violencia. La Comisión hace un llamamiento a todas las partes para que cumplan sus compromisos, incluido el protocolo de alto el fuego firmado el 25 de mayo.
Compartimos el pesar y lamentamos profundamente la trágica muerte hace pocos días de un trabajador mientras ayudaba a la población. Como, acertadamente, ha dicho el Sr. von Habsburg, resulta muy difícil pedir a personas que vayan a una zona peligrosa cuando ocurren acontecimientos como éste. No obstante, hemos puesto a disposición 200.000 ecus a través de ECHO. La Comisión decidió la semana pasada hacer una contribución complementaria de 1, 5 millones de ecus para el suministro de agua potable limpia, medidas sanitarias y asistencia médica. Además, aún queda algo de los fondos para las contrapartidas establecidas por la Comisión en 1995-1996 para el suministro del equipamiento necesario y de agua potable. ECHO está dispuesta a redoblar sus esfuerzos en caso de que se produzcan brotes de epidemias o si la situación no mejora antes del invierno.
Por último, con respecto a Vietnam, el Gobierno vietnamita ha anunciado una amnistía general para el 2 de septiembre de este año. Ha habido serios indicios de que se liberará a un número considerable de presos políticos en dicha fecha. Sería la amnistía más importante en Vietnam de los últimos años.
Debemos mantener la presión sobre el régimen vietnamita para que mejore el respeto de los derechos humanos, en particular, la libertad religiosa. También debemos alentar y apoyar los iniciativas en la dirección acertada, como la promesa de conceder una amnistía general en septiembre. Es importante no desalentar al régimen vietnamita acerca de la liberación de un importante número de presos con motivo de la amnistía, y tenemos la esperanza de que lo haga. También es fundamental que nuestros esfuerzos y los de otros donantes para promover el diálogo con Vietnam sobre el buen gobierno continúen y no sean puestos en cuestión por cambios políticos de mayor alcance.
Con motivo de la revisión provisional del grupo de concertación de los días 15 y 16 de junio, el jefe de la Delegación en Hanoi transmitió al Gobierno vietnamita un claro mensaje, al declarar que la UE considera el ejercicio de buen gobierno con Vietnam como un elemento importante para dar una dimensión política a las relaciones entre ambas partes.
La Comisión espera que el Parlamento Europeo aproveche la actual resolución para enviar un llamamiento positivo al actual régimen vietnamita para que utilice la amnistía de septiembre como una oportunidad única para responder a las expectativas de la comunidad internacional, haciendo especial hincapié en los casos individuales, por los que la Unión Europea ya ha expresado su seria preocupación.
La futura Comisión Mixta CE-Vietnam de octubre nos proporcionará la ocasión de juzgar el alcance de la amnistía de septiembre y, en particular, de ver qué consideración se ha dado a las personas que aparecen en la lista de detenidos políticos de la UE.

Maij-Weggen
Señora Presidenta, quisiera retomar la cuestión de Birmania, ya que el Comisario no ha comentado uno de los puntos a los que me he referido. Ha señalado que el Consejo no ha acordado todavía la paralización de las inversiones para, así, seguir la decisión adoptada por los Estados Unidos. No obstante, mi pregunta es la siguiente: ¿ha presentado tal propuesta la Comisión al Consejo? El Parlamento la ha solicitado en numerosas ocasiones, pero para que el Consejo adopte una decisión, la Comisión debe primero presentarle la propuesta de decisión. Creo que usted no puede reprender al estado de Massachusetts cuando nosotros mismos somos demasiado débiles para secundar las acciones del Congreso americano, sobre todo porque el Parlamento entero opina del mismo modo.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, podemos echar la culpa a Massachusetts. No es competencia de Massachusetts, y es totalmente contrario al Derecho internacional que un Estado aislado de los Estados Unidos decida dirigir una política exterior encaminada a coaccionar a empresas de la Unión Europea. No podemos oponernos a la Ley Helms-Burton o a la Ley Ilster, y luego decir que Massachusetts actúa correctamente. Eso es contrario al Estado de derecho y debo hacer hincapié en que no es admisible.
En lo relativo a las sanciones, no cuentan con ningún apoyo y, por consiguiente, no existe ningún motivo para dirigir esta pregunta al Consejo, como sabe perfectamente la Sra. Maij-Weggen, dada su experiencia. No es una cuestión de limitarse a presentar una resolución. Debe hacerse un sondeo para establecer si existe apoyo o no.

Van Bladel
Señora Presidenta, he preguntado al Comisario si la misión de la UE en Luanda va a hacer algo por evitar una nueva guerra en ese país. Es importante. Es urgente. Deme, por favor, alguna indicación. Tal vez ahora no pueda dar una respuesta positiva, pero ¿va a tratar este asunto con sus colegas? Ésta es mi pregunta.

Brittan, Sir Leon
Me encargaré de que reciba una respuesta a esa pregunta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Seísmo en las Azores -B4-0727/98 del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el seísmo en la isla de Fayal (Azores); -B4-0746/98 del Sr. Costa Neves y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las Azores; -B4-0747/98 del Sr. Rosado Fernandes y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el seísmo en las Azores; -B4-0768/98 del Sr. Marinho y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el seísmo en las Azores;
Terremoto en Turquía -B4-0764 del Sr. Papakyriazis y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el terremoto de Adana (Turquía); -B4-0777/98 del Sr. Alavanos y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el terremoto de Adana, en Turquía; -B4-0782/98 del Sr. McMillan-Scott y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el reciente terremoto en Turquía; 
Incendios en Grecia -B4-0776/98 del Sr. Ephremidis y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los incendios en Grecia.
Novo
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, más muertos, heridos y desalojados. De nuevo la destrucción de edificios y de infraestructuras: daños superiores a 12.000 millones de escudos. Ahora ha sido un seísmo que ha afectado a las islas de Faila, Pico y São Jorge. De nuevo, la catástrofe se abate sobre una población sacrificada, pocos meses después de otros temporales, de otras muertes y heridos, de más daños.
Las condolencias, así como nuestro profundo pesar y dolor, vuelven a juntarse al drama de la población azoreana, que cobra una dimensión tal vez mayor ante la repetición de tragedias. Mayor dolor, señor Comisario, señor Presidente, Señorías, y más destrucción exigen más y mayor solidaridad: del Parlamento Europeo, pero también de la Comisión y del Consejo. Resulta fundamental reprogramar y reforzar iniciativas comunitarias -como REGIS II- y el programa operativo. Decidir, además, ayuda especial de emergencia es una exigencia que se plantea a la Comisión y al Consejo. El apoyo del Parlamento Europeo a esas decisiones es total, la necesidad de que se adopten de inmediato resulta, más que una necesidad, una exigencia de toda la población comunitaria.

Girão Pereira
Señora Presidenta, seré muy breve, en vista de que mi colega el Sr. Novo ha planteado claramente el problema. Quisiera tan sólo decir que pocos meses después de una catástrofe natural en las Azores que causó varias muertes, constituida por inundaciones y corrimientos de tierras, ahora hay, dramáticamente, una nueva catástrofe.
Quisiera manifestar, en nombre de mi Grupo, todo el apoyo a esta propuesta de resolución, afirmando, además, mi convicción de que la Comisión ayudará también al Gobierno portugués y al gobierno regional de las Azores a encontrar medidas como las que aquí se han mencionado, en particular el fortalecimiento del programa REGIS, el programa operativo de las Azores, en el sentido de manifestar la solidaridad para con esa población tan sacrificada, porque creo que, sin esa manifestación y sin solidaridad, no habrá un verdadero espíritu de construcción europea.

Apolinário
Señora Presidenta, como soy uno de los firmantes, quisiera abordar tres aspectos.
En primer lugar, sabemos que en el presupuesto comunitario no existe una dotación financiera para catástrofes y, por eso, pedimos un fortalecimiento de la reasignación de los fondos comunitarios para el programa operativo de las Azores y de la iniciativa REGIS II a fin de que la solidaridad nacional del Gobierno portugués para con las Azores no resulte comprometida en las redes de la burocracia de Bruselas. En segundo lugar, la repetición de esos fenómenos demuestra perfectamente la especificidad de las regiones ultraperiféricas y exige las necesarias iniciativas por parte de la Comisión para dar cuerpo a lo que quedó consagrado en el Tratado de Amsterdam. En tercero y último lugar, la renovación urbana y el realojamiento de las poblaciones -en el caso de catástrofes naturales- justifican que esas medidas puedan acogerse al FEDER, con lo que se brindarán apoyos a la inversión en el sector de la vivienda. La reforma actual de los reglamentos de los Fondos es una buena oportunidad para abrir esa puerta.

Costa Neves
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, el seísmo del 9 de julio, que se sintió principalmente en las islas de Faial, Pico y São Jorge, tuvo efectos devastadores: el número de desalojados que están viviendo en tiendas sobrepasa los 2.000, los estragos en estructuras públicas son enormes.
Dada la dimensión del desastre, las familias víctimas del seísmo no pueden por sí mismas restablecer la normalidad en su vida. Por otro lado, las Azores carecen de medios para apoyarlas como exigen las circunstancias. Así, pues, tenemos que contar con la solidaridad del exterior. Nadie puede permanecer indiferente ante la situación de quien, al perderlo todo en veinte segundos, se queda sin el fruto del trabajo de toda una vida.
Yo estuve con las familias desalojadas. Nos miran con una mezcla de fragilidad y fuerza, de impotencia y esperanza, esperando un apoyo, pero dudando si creer que llegará. No podemos dejarlas abandonadas a sí mismas. Sobre todo en un momento como éste, la solidaridad no puede ser tan sólo un concepto. Ahora veremos con quién podemos contar.
En las Azores cumpliremos con nuestra parte, pero es esencial el apoyo extraordinario del país y de la Unión Europea en las tareas de reconstrucción. Hay que garantizar que, sin perjuicio del esfuerzo que hemos venido haciendo para aproximarnos a los parámetros medios de desarrollo de la Unión Europea, tendremos los medios necesarios para garantizar en tiempo útil condiciones de vida a los centenares de víctimas del siniestro.
El tiempo apremia. La Unión Europea dispone de medios para ello. Falta la decisión que, dadas las circunstancias, estoy seguro de que se adoptará. No obstante, es necesario precisar los conceptos. No hablo sólo de la ayuda humanitaria de emergencia; ésta también es necesaria, pero normalmente es tan exigua y tan grande o incomprensible es el contencioso entre el Parlamento Europeo y la Comisión en cuanto a la utilización de esas cantidades, que no es en eso en lo que pongo lo esencial de mis esperanzas. Lo que espero y creo que es razonable esperar es el fortalecimiento de los fondos destinados a las Azores en el marco comunitario de apoyo, así como los procedentes de la iniciativa comunitaria REGIS, teniendo en cuenta que el total de los estragos comprobados hasta ahora es al menos de 90 millones de ecus (18.000 millones de escudos).
Sólo así será posible garantizar la prosecución de las inversiones programadas, que son indispensables y urgentes, y garantizar simultáneamente los trabajos de reconstrucción, aún más indispensables y urgentes. No hacerlo así sería retrasar irremediablemente nuestra aproximación a los parámetros medios de desarrollo de nuestro país y de la Unión Europea o no llevar a cabo los trabajos de reconstrucción, dos hipótesis inconcebibles: cuando más necesitamos es cuando menos perdonamos las omisiones de aquellos con quienes contamos; cuando más necesitamos es cuando más apreciamos la solidaridad de quienes quieren estar con nosotros.

Correia
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el día 9 de julio de 1998 será otra fecha trágica que sumar a muchas otras que, por desgracia, deberá recordar el pueblo azoreano. En efecto, en la madrugada del 9 de julio la población de las islas de Faial, Pico y São Jorge fue despertada por una violenta sacudida sísmica de la que resultaron ocho muertos, un centenar de heridos y más de un millar y medio de desalojados. Los daños materiales se calculan en cerca de 20.000 millones de escudos.
Una vez más -y aquí- reafirmamos la importancia de la introducción en el Tratado de Amsterdam de un artículo que consagre un trato diferenciado y específico para las regiones ultraperiféricas. También dijimos ya aquí que, en virtud de la repetición de esas situaciones, en el futuro la iniciativa REGIS debería contar con un componente que permitiera afrontar situaciones de catástrofes naturales. En estas situaciones, además de lamentos, exclamaciones de pesar y manifestaciones de solidaridad verbal, siempre dignas de beneplácito, son necesarias acciones concretas que se materialicen en un apoyo directo e inmediato al Gobierno y a los ciudadanos a fin de que no sólo se reconstruyan las infraestructuras de utilidad pública, sino que, además, se garantice también la reconstrucción de viviendas para familias ancianas y sin recursos económicos.
Somos conscientes de que en el presupuesto comunitario no hay fondos para atender a situaciones de catástrofe. Por eso, después de que se manifestara la solidaridad nacional ya expresada, propusimos a la Comisión el fortalecimiento del programa concreto de desarrollo de la Región Autónoma de las Azores, cuya actuación va encaminada a fortalecer la iniciativa comunitaria REGIS con fondos de otras iniciativas comunitarias no utilizados en el horizonte de 1999. Esa solidaridad europea permitirá que esos ciudadanos, también ellos europeos, pese a todo aquello por lo que han pasado, sientan que vale la pena seguir viviendo y creyendo en el ideal europeo.
Terremoto en Turquía

Papakyriazis
Señora Presidenta, el domingo 28 de junio todo el mundo se quedó helado ante la tragedia de dimensiones bíblicas que provocó el terremoto de Adana. Era natural que todos los países de la Unión Europea, y entre ellos mi país como vecino, acudieran en ayuda de las poblaciones afectadas en esa región turca.
Creo que el Parlamento Europeo debería ocuparse de esas catástrofes que ocasionan cientos de víctimas, miles de afectados y heridos de diversa consideración y que producen unas consecuencias económicas y sociales incalculables.
Quisiera, como se refiere en la resolución común, que el Parlamento Europeo expresase - y eso creo que es lo que estamos haciendo en estos momentos - su condolencia, simpatía y apoyo a los familiares de todas las víctimas. Creo que nosotros debemos pedir a la Unión Europea y a la Comisión que se ocupen de encontrar medios de apoyo económico y humano para afrontar esa situación y contribuir a paliar los daños ocasionados por la enorme tragedia sufrida en dicho país.
Por último, quisiera referirme, con la oportunidad que me brinda este debate sobre diversas catástrofes naturales, a que la Unión Europea debería apoyar, de una vez por todas y de forma sustancial, una cooperación internacional encaminada a la investigación de sistemas, medios de previsión y de señal de alarma en casos de terremoto. Finalmente, quiero creer que en un asunto así, Turquía, a pesar de los problemas que pudiera tener con la Unión Europea, debería contar hoy con su más completo apoyo.

Papayannakis
Señora Presidenta, comparto el sentimiento y la solidaridad con las víctimas que ha ocasionado el reciente terremoto de Adana y apoyo cualquier ayuda económica y técnica que pueda ofrecer la Unión Europea.
Pero incluso la desgracia puede ofrecer oportunidades para una actuación positiva. En la zona que comienza en Italia, sigue por Grecia y pasa por Turquía y el resto de Oriente Medio se observan terremotos con características bastante parecidas y desgraciadamente con consecuencias similares. También se sabe, y así se ha podido verificar en Adana, que la prevención, la política antisísmica de las construcciones y una adecuada intervención tras la catástrofe han sido insuficientes y que se precisa una modernización radical. Naturalmente, una coordinación general en todas esas fases podría ayudar a paliar las consecuencias de la catástrofe. En este punto creo que la Unión Europea puede jugar un papel decisivo. Me pregunto si puede la Comisión exponernos algunas primeras consideraciones sobre este asunto.

Langen
Señora Presidenta, Señorías, el terremoto de Turquía ha sido efectivamente una catástrofe natural de gran magnitud -con 150 muertos, 1.500 heridos graves y millares de edificios dañados- y es una buen costumbre y una necesidad apremiante que nuestra solidaridad se manifieste no sólo con palabras, sino también con hechos, concretamente en forma de ayuda. El terremoto ha tenido lugar, en efecto, en el sur de Turquía, en una región que depende mucho del turismo. Las primeras noticias, sólo unas pocas semanas después de este terrible seísmo, indican que las reservas turísticas se han reducido drásticamente. Turquía anuncia un descenso de más del 40 % en dicha región central del turismo europeo, que recibe casi 5 millones de turistas europeos al año.
Se trata, por lo tanto, de una catástrofe que va más allá de los daños personales y del sufrimiento de las familias. Una catástrofe que trasciende los daños concretos sobre el terreno. Una catástrofe que afecta directamente a los medios de vida de unos cuantos millones de turcos y, en consecuencia, es necesario que también aportemos ayudas concretas y rápidas. Sobre todo es necesario que la Unión Europea no se limite a comunicar su solidaridad como hacemos ahora desde el Parlamento -y yo me alegro de que los colegas griegos también lo hayan hecho ahora mismo-, sino que cumplamos por fin nuestros compromisos, tal como se desprenden del Acuerdo de Unión Aduanera con Turquía.
Nosotros -no el Parlamento Europeo, sino la Unión Europea- hemos mantenido bloqueados hasta ahora los pagos a Turquía, por un montante considerable. No hemos cumplido fielmente nuestros compromisos en este sentido y yo quisiera aprovechar la ocasión para pedir a la Comisión, además de la solidaridad con los afectados, que también levante por fin, junto con la Presidencia austriaca del Consejo, el bloqueo de los recursos financieros destinados a Turquía, con objeto de que sea posible ofrecer una ayuda concreta real.
En este sentido también es necesario, obviamente, adoptar precauciones y yo puedo suscribir sin reservas las palabras de los dos colegas que han manifestado que se trata de una obligación.

Schörling
Señora Presidenta, Turquía está sobre una fisura sísmica que va de Este a Oeste y por eso allí son muy frecuentes los terremotos. No podemos evitar que se produzcan seísmos, pero evidentemente podemos paliar sus efectos construyendo casas técnicamente más estables y buscando medios para predecirlos.
Este terremoto fue de gran intensidad, 6, 3 en la escala Richter. Además de las muertes enormemente lamentables, también se produjeron cuantiosos daños materiales, entre otras cosas, en la red eléctrica y en las cisternas de petróleo de la ciudad de Adana.
En Turquía se producen seísmos. Por eso es incomprensible que el gobierno turco, a sólo 100 kilómetros de esta región, esté planificando la construcción de una planta de energía atómica, la primera en Turquía.
Quiero preguntar al Comisario qué piensa hacer la Comisión para pedir a Turquía y decirle que el país no debe construir una central atómica en una región tan afectada por seísmos. Ya es suficientemente deplorable que se construyan centrales de energía nuclear, pero tenemos que impedir la catástrofe que puede ocurrir si se construye una precisamente en esta región.
Incendios en Grecia

Ephremidis
Señora Presidenta, rogaría al señor Comisario que no se quedase en las palabras de solidaridad y apoyo ante las enormes catástrofes ocasionadas por los fuegos durante los dos últimos meses en Grecia y que manifieste el compromiso de que va a haber una ayuda directa para la reparación de los daños. El fuego ha arrasado decenas de miles de hectáreas de tierras de cultivo y un considerable número de instalaciones agrícolas y ganaderas; tanto viviendas como infraestructuras se han visto gravemente afectadas y también ha habido muertos y heridos. Le rogaría que declare que va a haber esa ayuda directa. También le rogaría que ejerciese de su influencia, hasta donde sea posible, para que el gobierno griego elabore de una vez el catastro forestal y que establezca una legislación más severa para la compraventa de terrenos y para la construcción, pues la actual es tan débil que las mafias de incendiarios, de acuerdo con los intereses comerciales de algunas empresas de construcción, se aprovechan para provocar fuegos en Grecia de forma casi impune.
Con esta oportunidad, quisiera señalar también que hace falta una política preventiva y eficaz para la protección de los bosques por parte de la Comunidad. Falta una institución que coordine y faltan los recursos correspondientes para aprovechar los modernos medios de que dispone la ciencia y la tecnología para que Europa no se convierta en un desierto, porque hay que decir que no sólo se producen fuegos en Grecia.

Papakyriazis
Señora Presidenta, Grecia tiene el triste privilegio en Europa de ser el país donde, cada año, el fuego arrasa mayor superficie de terreno.
Pero Grecia no tiene el monopolio de esos catastróficos incendios. La mayoría de las regiones de los países del sur de Europa, dadas sus condiciones geofísicas y climáticas, sufren también esa clase de fuegos. En estos momentos, mientras estamos hablando, en el Peloponeso, en el sur de Grecia, se están produciendo nuevos incendios. Creo que el Parlamento Europeo quiere expresar su apoyo y su solidaridad a mis compatriotas. Se han producido víctimas, pues se han perdido vidas humanas en todos los fuegos ocurridos en Grecia en los últimos días. Creo que la Comisión Europea deberá conceder una ayuda económica y técnica a esas regiones devastadas. Por mi parte desearía subrayar que la Unión Europea deberá ocuparse de este asunto de forma sistemática y en cooperación con todas las autoridades nacionales para que se tomen las iniciativas correspondientes para poder desarrollar un sistema de prevención y para poder afrontar los daños.
Para terminar, quisiera subrayar que se debería solicitar de manera firme la prohibición total de urbanizar las zonas afectadas por el fuego, es decir, que se debería animar a la recuperación y la reforestación de esas zonas.
Señora Presidenta, de parte de mis colegas del PASOK del Grupo Socialista Europeo, quiero manifestar que estamos totalmente de acuerdo con la resolución presentada.

Trakatellis
Señora Presidenta, cada año, tanto en Grecia como en otros países mediterráneos de la Comunidad, se queman enormes extensiones de bosque. No cabe la menor duda de que algunos de esos fuegos se deben a actuaciones criminales que tienen como objetivo obtener algún beneficio económico, pero la mayor parte de ellos son debidos a las particulares condiciones climatológicas. También es un hecho que la inexistencia de estructuras administrativas adecuadas y la débil coordinación para la lucha contra dichos fuegos agravan su poder destructivo. Además, el frágil sistema de prevención y de correcto control es debido a la demora en confeccionar un catastro forestal nacional y también a la inexistencia de planes de acción nacionales dentro del marco del Reglamento 308/97 de la Comunidad relativo a la protección contra el fuego en los bosques comunitarios. Señor Comisario, quisiera pedirle que nos informe, primero, si el gobierno griego le ha presentado algún plan de acción a lo largo de 1997 y qué cantidades han sido destinadas a ese fin en el presupuesto comunitario y, en segundo lugar, qué es lo que ha ocurrido con la confección del catastro nacional financiado por el segundo marco comunitario de apoyo para el que el gobierno griego había solicitado recortes y la transferencia de dinero a otras obras.
Ya desde el año pasado, debido al gran incendio que se produjo en Salónica, yo había solicitado que se adoptase una estrategia de prevención global y que se constituyera el Centro Europeo de Protección Contra el Fuego para el estudio riguroso y la prevención de catástrofes en regiones de gran biodiversidad y para el que la Unión Europea había firmado un convenio especial. Por consiguiente, es preciso que protejamos de manera eficaz esos bosques y esas valiosas regiones.

Daskalaki
Señora Presidenta, no voy a describir las catástrofes que hoy nos ocupan pues los colegas que me han precedido ya lo han hecho muy bien, sólo quisiera añadir dos palabras. Primero, que hay una cuestión sin resolver en el Parlamento acerca de las catástrofes. Nosotros mismos habíamos suprimido la línea correspondiente en el presupuesto, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? En cuanto al tema de los fuegos en Grecia estoy de acuerdo con mis colegas en preguntar a la Comisión si tiene la intención de ejercer las presiones que está obligada a realizar sobre el gobierno griego acerca del asunto del famoso catastro que sin que exista todavía ya permite que Grecia se queme todos los años y que los trasgresores se aprovechen de las extensiones afectadas por el fuego. También quisiera señalar que nos encontramos ante un problema y que es necesario encontrar un modo para la concesión de una ayuda, dado que el considerable alcance de estas catástrofes. Nosotros tenemos la obligación de encontrar ese modo y de no suprimir las líneas del presupuesto cuando las vamos a necesitar.

Papayannakis
Señora Presidenta, quizás no haya muchas posibilidades de disponer de una ayuda material. A pesar de ello, la Comisión, en el marco de sus competencias y responsabilidades, tiene que jugar un papel muy importante en la prevención de los fuegos a largo plazo.
Más allá de los caprichos de la naturaleza, señora Presidenta, los fuegos se ven provocados o favorecidos por la falta del catastro, porque, mientras no exista, siempre hay la esperanza de apropiarse de las extensiones quemadas, y también por aquellas construcciones y urbanizaciones ilegales que, al carecer de infraestructuras o accesos adecuados, se convierten en obstáculos para la extinción. Finalmente, quisiera indicar a la Comisión que los vertederos ilegales e incontrolados que carecen de vigilancia y de infraestructuras fundamentales son otro importante foco de fuegos.
La Comisión puede ayudar y mucho: en primer lugar, puede presionar para que se acelere el proceso de la elaboración del catastro que ella misma financia. También puede negarse a conceder aquellas financiaciones que de forma directa o indirecta sirvan de sostén a las construcciones ilegales. Y, por supuesto, puede presionar mucho más a las autoridades, particularmente a las locales y regionales, para que construyan vertederos adecuados y protegidos. Puede utilizar para ello la amenaza de recurrir al Tribunal o la interrupción de otras financiaciones. Así es como la Comisión contribuiría a reducir los riesgos de incendio en Grecia.

Brittan, Sir Leon
Señora Presidenta, comenzando por la situación en las Azores y en Grecia, permítame decir que, evidentemente, la Comisión se solidariza con las víctimas de los incendios en Grecia y del terremoto en las Azores. En primer lugar, quiero dar nuestro más sincero pésame a los familiares de las personas que han perdido la vida. No podré responder a todas las preguntas que se han formulado. No obstante, les ofreceré la información de que dispongo.
En lo relativo a la ayuda a las víctimas de estas catástrofes, el presupuesto comunitario para 1998 no contiene asignaciones para ayuda de emergencia dentro de la Comunidad Europea, pero las zonas afectadas por estas calamidades son beneficiarias de las ayudas de los Fondos estructurales de Objetivo 1. Dentro del marco de las asignaciones disponibles, las autoridades públicas pueden reorientar sus gastos para tener en cuenta las nuevas necesidades.
En lo que respecta más especialmente al terremoto en las Azores, la Comisión ha iniciado contactos con las autoridades regionales y nacionales para examinar las posibilidades, dentro del marco de ayuda comunitaria a Portugal, de financiar los trabajos de reconstrucción que deberán realizarse a raíz del terremoto.
La Comisión ha sido informada de que posiblemente las autoridades regionales afectadas presenten una petición oficial al Comité Supervisor del marco de ayuda comunitaria, que se reúne hoy en Lisboa. Si es así, la Comisión, naturalmente, estudiará dicha petición con un talante abierto.
Con respecto a Grecia, existen programas operativos que podrían cofinanciar la restauración del medio ambiente y el patrimonio forestal con cargo a los Fondos estructurales. Asimismo, el programa específico para la prevención de incendios forestales también puede contribuir a mejorar los sistemas de prevención, y cabe observar que las asignaciones en virtud de dicho programa han sido reducidas de los 23 millones de ecus en 1997 a 17 millones de ecus en 1998. Permitánme destacar, para terminar, que la Comisión está dispuesta a examinar con carácter de urgencia cualquier solicitud concreta que presenten las autoridades competentes de ambos países. No dispongo de más información de la que he dado respecto a si dichas solicitudes se presentarán o no.
Puedo confirmar también que la Comisión adoptará todas las decisiones formales necesarias relativas a posibles enmiendas de los actuales programas para permitirnos hacer lo que he descrito.
Con respecto a Turquía, como se ha dicho, el 27 de junio se produjo un grave terremoto que causó la muerte y heridas a muchas personas. Una vez más, quisiera expresar nuestra simpatía y dar nuestro sincero pésame a las familias y a las personas afectadas en este trágico suceso. Las últimas noticias de la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dicen que hay aproximadamente 300.000 personas viviendo en tiendas de campaña, pero la evaluación de los daños continúa.
La Media Luna Roja turca, Kizie Ay, proporcionó inmediatamente ayuda de urgencia en la forma de tiendas, mantas, alimentos y cocinas portátiles, y también se suministraron más de 1000 unidades de sangre. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja emitieron una petición de fondos para poder comprar artículos de ayuda de emergencia. Una misión de evaluación de la ONU realizada los días 1 y 2 de julio informó que el gobierno y las autoridades locales tenían la situación bajo control y no necesitaban ni solicitaban ayuda internacional. La situación no ha cambiando desde entonces.
OCHA, la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de los asuntos humanitarios, emitió informes regulares sobre la situación y ha actuado como canal de distribución. Todas las contribuciones recibidas estaban destinadas a ser utilizadas en coordinación con las organizaciones competentes de la ONU. ECHO ha tomado la decisión de liberar 500.000 ecus en respuesta a la petición de la Federación Internacional de la Cruz Roja para la adquisición de artículos de primera necesidad, como mantas, tiendas, cocinas portátiles y generadores eléctricos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0763/98 de los Sres. Colajanni y Augias, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0775/98 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0780/98 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0781/98 de la Sra. Muscardini y otros, en nombre de los diputados no inscritos, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0783/98 del Sr. Dimitrakopoulos y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto.
De Giovanni
Señora Presidenta, considero oportuno explicar muy brevemente el contenido de esta resolución, a través de la cual se pide al Consejo y a la Comisión de la Unión Europea, en el respeto de la memoria de millones de víctimas de los derechos fundamentales del ser humano, que ejerzan todas las presiones necesarias sobre los Gobiernos afectados, a fin de que se conozcan y devuelvan a sus legítimos propietarios o a sus actuales caushabientes los bienes que fueron robados a los judíos y que fueron objeto de saqueo, para luego ser tal vez depositados en bancos especialmente secretos. Se trata de bienes que han representado y siguen representando un enorme problema para la opinión pública.
Éste es el contenido de nuestra resolución, un texto que quiero comentar muy brevemente con mucha simplicidad recordando las responsabilidades de Europa en el holocausto. Europa es una síntesis de tolerancia y de violencia. No es cierto que el holocausto vino de otro mundo; desgraciadamente, el holocausto vino desde dentro de la historia europea. Por lo tanto, hay algo en él que nos afecta profundamente, porque nos impone nuevas responsabilidades. Quiero romper una lanza y hacer una reflexión en este Pleno en contra de ese revisionismo historiográfico que está anulando el pasado y que, haciéndolo, convierte en imposible la construcción del presente y del futuro. Considero, por tanto, obvio que la civilización europea ha de basarse ante todo en el rechazo del holocausto, así como en el rechazo de toda violencia y en la necesidad de un profundo reconocimiento de las diversidades. Ésta es la cuestión.

Ephremidis
Señora Presidenta, estamos absoluta y explícitamente a favor de la resolución y de la aceptación de todas las peticiones que hay en ella y pedimos que la Comisión cumpla con su deber de forma responsable pues sería inaceptable que haga el papel de Poncio Pilatos en esos temas.
Con esta ocasión quisiera decir que también hubo holocaustos en otros países, incluido el mío, aunque no han tenido la extensión y las consecuencias del holocausto del que estamos ahora debatiendo. Hasta hoy, las autoridades alemanas se niegan a pagar la indemnización - y se trata de daños de miles de millones de dólares - e incluso se niegan a devolver el crédito contractual que firmaron para devolver cuando terminase la guerra, cualquiera que fuese su desenlace. Encuentran diversas excusas y ninguna es válida, especialmente después de la reunificación de los dos estados alemanes. Rogaría al señor Comisario que hablase acerca de las consecuencias del holocausto de la población europea y también sobre la inaceptable postura de un país, miembro de la Comunidad, que aparenta ser el gigante de la riqueza y del poder.

Ullmann
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, a la vista de la sensibilidad del tema que estamos tratando sería una decisión prudente, a mi parecer, que el texto de la resolución deje abierta a la decisión del Consejo y de la Comisión la elección de las vías para presionar a las instituciones y los Gobiernos implicados para que los bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto sean devueltos a sus derechohabientes. Sin embargo, precisamente por este hecho, porque en este caso era necesario dejar abierta esta decisión, yo quisiera resaltar explícitamente lo que ya ha manifestado el colega De Giovanni.
Nos encontramos ante una necesidad moral y jurídica de actuar. La necesidad moral procede del hecho de que el holocausto constituye el paradigma de la abolición de la dignidad humana y de los derechos humanos. ¡Debe mantenerse la condena contra dicha abolición! Y es preciso actuar en consecuencia. La obligación legal procede del hecho de que en todos los ordenamientos jurídicos están previstas normas que establecen cómo puede hacerse efectiva una indemnización a los damnificados o la devolución de lo robado.
Yo quiero acabar, no obstante, recordando la necesidad histórica de una acción por parte de la Unión Europea. Yo confío en que Auschwitz pase a formar parte del territorio de la Unión en la próxima legislatura como resultado de la ampliación. Por esto es necesario que la Unión Europea deje claro ya desde ahora lo que ese lugar significa para ella.

Van Bladel
Señora Presidenta, transcurridos 50 años desde la tragedia más grave de este siglo, no se ha tratado con justicia a las víctimas, y sus pertenencias y bienes no han sido devueltos a sus herederos. Ahora se conoce el papel real que desempeñaron los bancos suizos en todo esto y, es, por tanto, el momento adecuado para que con razón este Parlamento haga un llamamiento a Suiza a fin de que se trate con justicia a las víctimas del holocausto. Mi grupo no tiene nada más que añadir sobre esta cuestión y respalda todo lo anterior.

Dimitrakopoulos
Señor Presidente, creo que en esta sala estamos todos de acuerdo en que tan condenable es el holocausto como las actuaciones e inhibiciones que han provocado sus consecuencias.
Está claro que se debe afrontar de la manera más justa posible el asunto de los bienes de las víctimas del holocausto. Es algo que debe añadirse al esfuerzo por impartir justicia a favor de las víctimas de ese hecho terrible del pasado. Suiza, que es el primer país implicado en el asunto de los bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto ha procedido, tras la presión de la comunidad internacional, a iniciar algunas regulaciones. No hay duda de que son necesarias más actuaciones para que al menos, en lo que concierne a ese país, se tenga un resultado sustancial. Pero las mismas actuaciones deben hacerse también con otros países que están implicados en ese asunto. Quiero creer que la presente resolución del Parlamento Europeo supone un gran impulso en esa dirección.

Newman
Señor Presidente, hoy, cuando han transcurrido 53 años de la derrota militar del régimen nazi, es vergonzoso que aún deban hacerse llamamientos a los gobiernos y a los bancos para que los bienes robados a la población judía durante el Holocausto sean devueltos a los supervivientes y a sus herederos. Evidentemente, los supervivientes vivos son en su mayoría personas de edad avanzada, y muchos tienen una salud delicada o viven el resto de sus días en la pobreza.
A los parientes herederos de las víctimas asesinadas se les ha negado la compensación por la absurda razón de que los bárbaros nazi no emitieron certificados de defunción ni los enviaron a los judíos que consiguieron librarse de las cámaras de gas y los fosos de la muerte que los nazis habían previsto como destino de toda la población judía.
En los casos en que existe la certeza de que no quedan herederos vivos, los bienes robados a las víctimas del Holocausto deben destinarse a financiar la ayuda material para los numerosos supervivientes que ahora son ancianos y viven en la pobreza, y que originalmente provenían de un medio pobre. Apoyo plenamente la resolución del Parlamento Europeo que exige la restitución de los bienes robados, y confío en que la Comisión y el Consejo no escatimen esfuerzos en este sentido.
No obstante, nunca podrá compensarse el Holocausto, el asesinato de 6 millones de niños, mujeres y hombres judíos en Europa. Debemos preservar la memoria de los 6 millones de mártires judíos, de sus vidas y emociones, de su cultura y su potencial. Y es muy importante que las viles ideas, los medios de comunicación y las acciones racistas y antisemitas de los fascistas y neonazis de nuevo cuño que existen en Europa sean combatidos y eliminados por los medios que sean necesarios.

Nordmann
Señor Presidente, tras la intervención de otros oradores, el Sr. Newman ha dicho todo lo que había que decir, y el Grupo Liberal, en cuanto al fondo, comparte evidentemente, el sentir y las posiciones que acaban de expresarse.
Sin embargo, nosotros no somos signatarios del texto común porque pensamos que la redacción del punto 1 es muy desacertada y podría alterar el objetivo esencial de este texto y convertirlo en una mediocre cuestión de lobbing .
Por eso, utilizando las propias palabras del Sr. Newman, desearía presentar ahora, y lo reiteraré dentro de un momento, una enmienda oral para sustituir "ejerzan todas las presiones posibles sobre los gobiernos interesados» por los términos "hagan todo lo posible según sus competencias respectivas». El alcance del texto no resultará alterado, y ya no podría ser utilizado de manera mezquina y nauseabunda.
Deseo que esta enmienda oral, que reiteraré si es necesario, pueda ser aceptada por todos nuestros colegas.
( Vivos aplausos)

Ojala
Señor Presidente, me muestro totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha expuesto el Sr. Newman. Desde mi punto de vista, nos ha recordado que, hoy por hoy, debemos seguir luchando contra el fascismo.
Esta resolución trata precisamente sobre los judíos, el colectivo que más sufrió las atrocidades del poder nazi. Desearía recordar que, además de los judíos, otros muchos grupos fueron víctimas de esta barbarie y opresión. Desearía hacer mención en especial de los gitanos y de los homosexuales. También es necesario devolver el honor a estos colectivos. En los últimos tiempos se han venido creando fundaciones en Suiza y Alemania para permitir a los judíos, los gitanos y las minorías sexuales obtener compensaciones. Desgraciadamente, estas compensaciones son prácticamente simbólicas, pero son una muestra de que también en nuestros días se respeta el derecho al honor. Espero que, además de a los judíos, la Comisión y el Consejo tengan en cuenta también a los gitanos y a los homosexuales a la hora de restituir sus bienes.

Amadeo
Señor Presidente, Señorías, Alianza Nacional apoya la resolución común del Parlamento Europeo sobre la restitución de los bienes de las víctimas del holocausto y muestra su satisfacción por la inclusión en el debate en el Pleno de su propuesta de resolución originaria, cuyos primeros firmantes son los Sres. Muscardini y Patsy, así como el presidente de Alianza Nacional, Sr. Gianfranco Fini.
La delegación de Alianza Nacional está especialmente satisfecha por este pronunciamiento de nuestra Asamblea, ya que representa la culminación del proceso parlamentario incoado precisamente a través de sus dos iniciativas políticas relativas a este asunto: la declaración escrita de 14 de enero de 1998 y la siguiente propuesta de resolución de 20 de mayo de 1998. En ambas iniciativas se pedía las restitución de los bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto.
Es evidente, por lo tanto, que los contenidos y las solicitudes de la resolución común que estamos a punto de votar, merecen nuestro acuerdo. El terrible crimen perpetrado por los criminales nazis contra los que profesaban la religión judía, la infamia con la que se mancharon los aliados de los nazis en los distintos países europeos colaborando en la persecución, la delación y el rastreo y, por último y no por ser menos importante, en la trágica legislación racial promulgada por el régimen fascista en el poder en Italia, no pueden sino convertir en más injustificable la innoble burla de la requisa de los bienes y de la ocultación de los capitales pertenecientes a las víctimas de esta horrenda persecución. Una ocultación que nosotros consideramos una apropiación indebida propiamente dicha y un robo, porque es evidente que las entidades de crédito y financieras afectadas no podían y no pueden desconocer la identidad de los titulares de las cuentas.
En consecuencia, Alianza Nacional propone que los bienes y los capitales pertenecientes a las víctimas del holocausto, también por la imposibilidad de hallar a los titulares y a los herederos de los titulares de dichos bienes, sean depositados en un fondo único gestionado por el Congreso judío mundial o por cualesquiera otras asociaciones o organizaciones que éste último indique y oficialice para los fines que se consideren más oportunos.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, no creo que sea necesario decir lo mucho que respeto los sentimientos y las opiniones que han manifestado en este debate tantos diputados representantes de todas las tendencias de esta Asamblea. A título personal, no sólo respeto esos sentimiento y opiniones, sino que además no tengo el menor inconveniente en afirmar que comparto la mayoría de los sentimientos expresados.
Por otro lado, debo declarar la posición de la Comisión y, a pesar de que no creo que ninguno de mis colegas pudiera no estar de acuerdo con la opinión que acabo de exponer, es un hecho que el asunto del oro nazi no se incluye entre las competencias de la Comisión. Lo único que puede hacer la Comisión en sus contactos con los suizos es manifestar la opinión de que, a mi modo de ver, a los suizos les conviene hacer todo lo posible por solucionar este asunto de una manera satisfactoria e, incluso, de una manera que satisfaga a los que han intervenido en esta Asamblea.
A pesar de que la Comisión no tiene competencia en este asunto, a título personal, puedo afirmar que acojo con satisfacción la celebración de este debate en la Asamblea y que se hayan manifestado las opiniones que se han manifestado. No dudo de que entre el sinfín de actividades por parte de individuos y organizaciones, representativas y no representativas, las opiniones firmes y universales manifestadas por los miembros de esta Asamblea no caerán en saco roto, y espero que surtan el efecto que desearían aquellos que las han manifestado.

El Presidente
Se procede a continuación al turno de votaciones.
Sobre la resolución relativa a las restitución de los bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto

El Presidente
Señor Nordmann, ya he apuntado su solicitud de enmienda oral. Lo comunicaré yo mismo durante su intervención. Antes de pasar a la votación, les comunico que he recibido dos enmiendas orales. Una de ellas ha sido presentada por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y su objeto es sustituir los primeros términos del apartado 1 «Pide al Consejo y a la Comisión de la Unión Europea, en el respeto de la memoria», por los siguientes términos «invita a los Estados miembros a que hagan todo lo posible para respetar la memoria...». Lo que sigue permanece inalterado.
¿Señor Nordmann, me ha sido transmitido correctamente?

Nordmann
Señor Presidente, no pedimos que se suprima la petición al Consejo y a la Comisión, sino que nosotros añadimos "y a los Estados miembros» y pedimos que se sustituyan los términos "ejerzan todas las presiones posibles sobre los gobiernos interesados» por "hagan todo lo posible según sus competencias respectivas», términos que la intervención del Sr. Bittan ha justificado -si era necesario- y que yo recojo de la propia intervención del Sr. Newman.

El Presidente
Señor Nordmann, seguramente, ha habido una confusión entre la solicitud del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y el texto que se me ha presentado, ya que durante su intervención esta formulación quedó muy clara. De todos modos, ahora sus Señorías podrán juzgar. Por mi parte, sin embargo, tengo que dirigirme al Pleno para comprobar si hay alguna objeción a la solicitud de enmienda oral.

Aelvoet
Señor Presidente, creemos que el texto actual es mejor que la enmienda oral propuesta y, por tanto, ponemos objeciones a la votación de la enmienda oral.

El Presidente
Señoría, como usted sabe, el Reglamento prevé que las enmiendas orales no podrán someterse a votación si se opusieren al menos 12 diputados. Señoría, desgraciadamente, su declaración no me basta. Ruego a sus Señorías que se levanten.
(Se levantan 12 diputados) El Sr. Dimitrakopoulos solicita que en el apartado 2 se sustituyan los términos «Congreso judío mundial» por los términos «Gobierno de Israel, a la Knesset, así como a las organizaciones que representan al pueblo judío en el mundo».
(El Parlamento aprueba la resolución) El turno de votaciones sobre los problemas de actualidad y urgencia queda cerrado.

Votaciones
Bourlanges
Señor Presidente, desearía hacer una observación sobre la votación anterior. Debo decir que me ha impresionado la forma en que la enmienda oral ha sido descartada de la votación, debido a que la razón esgrimida no era satisfactoria.
El objeto legítimo del procedimiento de rechazo de la enmienda oral es proteger a los diputados contra los peligros de una mala comprensión de una enmienda. Ahora bien, lo que aquí se nos ha dicho es que se rechazaba someterla a votación porque, entre dos versiones, se prefería la otra. Era la Asamblea la que debía decidirlo.
Usted no tenía otra elección posible, señor Presidente. Ha actuado muy bien, pero creo que se ha conculcado el procedimiento por parte de nuestros colegas, ya que de este modo doce personas han impuesto el texto de la minoría a una Asamblea que mayoritariamente era partidaria de otro texto.

El Presidente
Señor Bourlanges, el tema es muy delicado y afecta a la sensibilidad de todos nosotros y por eso le he permitido hacer este comentario. Podríamos considerarlo como una especie de explicación de voto. Por supuesto que se puede comentar el motivo de la Sra. Aelvoet, sin embargo, he tenido que ceñirme al Reglamento y, en consecuencia, obviamente, no he puesto en evidencia el motivo de la Sra. Aelvoet, lo único que he visto es que los diputados que se han levantado han sido 12.

Aelvoet
Señor Presidente, el Reglamento es el Reglamento y el Reglamento no dice qué clase de motivación se necesita. Por tanto, la observación de nuestro colega está totalmente injustificada. Puede tener otra opinión, para mí no supone ningún problema, pero el Reglamento no dice nada sobre el tipo de motivación que es necesario.
Informe (A4-0258/98) del Sr. Newman, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual sobre el ejercicio de las actividades del Defensor del Pueblo europeo en 1997.
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución)

Deprez
El derecho de petición es uno de los más antiguos de que disponen los simples particulares. Por lo tanto, es absolutamente normal que los ciudadanos de la Unión Europea dispongan igualmente de la posibilidad de utilizar este recurso, legislado a partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht.
No obstante, es indispensable que los peticionarios -generalmente motivados por el hecho de considerar que la autoridad pública les ha perjudicado actuando en contra de sus legítimos derechos- no tengan, además, la impresión de que el Parlamento Europeo, institución a la que se han dirigido, no se preocupa por examinar con esmero y celeridad su solicitud. Es importante, por lo tanto, que la Comisión de Peticiones disponga de los medios necesarios, tanto materiales como en personal, para tratar con eficacia y diligencia las numerosas solicitudes que desde ahora se le someten cada año.
Por otro lado, es lamentable que, contrariamente a la actitud de la Comisión, que parece colaborar de buen grado con los trabajos de la Comisión de Peticiones, el Consejo demuestre una voluntad aparentemente mucho menos firme. El Parlamento tiene el derecho de contar con que también los funcionarios del Consejo participen en los trabajos de la Comisión de Peticiones.
La actitud del Consejo y la escasez de medios son lamentables en la medida en que el examen detenido de las peticiones constituye, además, un excelente medio para que las instituciones evalúen el nivel de aplicación y de respeto efectivos del Derecho comunitario en los diferentes Estados miembros.
Al votar a favor de la resolución que se nos somete, insisto, por lo tanto, muy particularmente en la necesidad que tienen todos los ciudadanos europeos de que las instituciones colaboren estrechamente, incluso en el marco de la Comisión de Peticiones.
Informe Newman
Deprez
Junto con la Comisión de Peticiones, el Defensor del Pueblo Europeo es el otro pilar del derecho de petición, gracias al cual los ciudadanos y los residentes europeos tienen la posibilidad de participar personal y directamente en la construcción de una Unión respetuosa de sus propios principios y de sus propias leyes.
Al igual que el ponente, podemos ciertamente congratularnos de que el Defensor del Pueblo, siguiendo la recomendación del Parlamento Europeo, haya definido lo que debe entenderse por "mala administración». También hay que señalar con idéntica satisfacción la acogida favorable por parte del Defensor del Pueblo de nuestra propuesta de redactar un conjunto común de normas administrativas generales, aplicables a todas las instituciones y a todos los órganos de la Unión Europea, en forma de código de buena conducta administrativa. El mismo deberá establecer, evidentemente, las sanciones aplicables en caso de que se demuestre la existencia de una transgresión.
En resumidas cuentas, este balance muy positivo no puede, sin embargo, ocultar el hecho de que sólo el 3 % de las 1.412 reclamaciones por mala administración tramitadas durante el año pasado tuvo como resultado una observación crítica, un arreglo o una solución amistosa. En este punto, no puedo dejar de compartir el escepticismo que demuestra el ponente en cuanto a la imagen de la realidad que resulta de estas cifras.
La finalidad del estudio cuidadoso de las reclamaciones dirigidas al Defensor del Pueblo es también la de contribuir a una mejora del funcionamiento de las instituciones y de los órganos comunitarios y a su credibilidad. Dentro de este espíritu, resulta necesario ampliar y reforzar la cooperación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones. También es deseable que la Comisión disponga de medios de control suficientes para verificar la correcta aplicación de la legislación comunitaria en cada Estado miembro.
En un Estado de derecho que se respete, el hecho de recurrir al Defensor del Pueblo no puede ser un medio complementario para asegurarse de la correcta actuación de las instituciones. En ningún caso puede ser el medio principal.
Con este espíritu doy mi apoyo a la resolución que se nos propone.

Titley
Señor Presidente, me complace apoyar este informe que trata sobre un nuevo e importante componente de las instituciones de la UE, la oficina del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo viene a llenar el vacío que existía en nuestro funcionamiento, al permitir a los miembros de la sociedad presentar una reclamación cuando son víctima de una mala administración por parte de las instituciones comunitarias.
Es una buena noticia que, en más de la mitad de los casos concluidos el pasado año, se haya determinado que no hubo mala administración. No obstante, el Defensor del Pueblo ha desempeñado un papel de gran utilidad para la sociedad con su petición a la Comisión de que mejore los derechos de las personas en la preparación de los casos judiciales resultantes de reclamaciones, lo que la Comisión ha hecho ahora.
Había que perdonar a las personas por pensar que eran el David que se enfrentaba al Goliat de Bruselas cuando se quejaban sobre la Comisión Europea -pero ahora todos deben saber que, si su queja tiene fundamento, David contará con un fuerte aliado en el Defensor del Pueblo, que se enfrentará junto con ellos a Goliat.
Informe Thors
Lindqvist (ELDR), Eriksson, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL), Holm y Schörling (V), Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (I-EDN)
Los firmantes de esta explicación de voto se suman totalmente a las iniciativas adoptadas por el Defensor del Pueblo Europeo relativas al acceso del público a los documentos y con ello, también al informe de la Sra. Thors. Es hora de que la Unión Europea comience a actuar dejando a un lado las bellas palabras y las numerosas declaraciones de intenciones sobre apertura, las cuales sirven también de apoyo al tratado. La apertura y transparencia son requisitos decisivos para un sistema democrático, así quienes toman decisiones pueden ser obligados a responder de las decisiones que adopten.
Puede hacerse mucho por aumentar la apertura en la UE, y esto es también la base de la investigación del Defensor del Pueblo Europeo. Para hacer más sencilla a los ciudadanos la labor de solicitar acceder a los documentos y facilitar la tramitación de causas relativas al acceso del público a los documentos, las instituciones y organismos comunitarios deben disponer en este campo de similares disposiciones administrativas generales, claras y asequibles.
La investigación y las recomendaciones del Defensor del Pueblo a las instituciones y organismos comunitarios sobre una mayor apertura son pasos en la dirección correcta. Esperamos que las instituciones comunitarias quieran seguir el camino marcado por la investigación y las recomendaciones y trabajar en favor de la introducción de mejores normas sobre el acceso del público a los documentos. El derecho al acceso del público a los documentos debe, en nuestra opinión, ser la norma en la Unión Europea y no la excepción.

Ryynänen
El primer informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento es ya de por sí una prueba consistente de la gran importancia que reviste la institución del Defensor del Pueblo Europeo. En la construcción de la sociedad de los ciudadanos europeos y en el desarrollo de una Unión cercana a sus ciudadanos se necesita un elemento jurídico que defienda al ciudadano normal, al ciudadano de a pie, ante las acometidas de la maquinaria burocrática. El Defensor del Pueblo es una institución y una figura absolutamente fundamental para lograr los objetivos del Parlamento.
El tema del primer informe especial del Defensor del Pueblo, la aplicación práctica del principio del acceso público, reviste una importancia inconmensurable para lograr un acercamiento hacia los ciudadanos. Este estudio, elaborado por propia iniciativa del Defensor del Pueblo, ha promovido ya de por sí el acceso del público a los documentos. Así pues, ya se ha comenzado a aplicar las disposiciones anteriores de un modo completamente distinto.
Sobre esta base, resulta sin duda necesario seguir desarrollando disposiciones administrativas comunes para los órganos y las instituciones de la Unión. Los ciudadanos tienen derecho a obtener información, consejos e instrucciones en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de los órganos y las instituciones de la Unión. Se debería poder responder a las reclamaciones a la mayor brevedad posible, aplicando el denominado procedimiento de la ventanilla única, es decir, poniendo en contacto al reclamante, si fuera necesario, directamente con la institución oportuna. Si no se logra asentar estos principios en los procedimientos prácticos, más vale no hablar de una Unión próxima a sus ciudadanos.
Por lo que respecta específicamente al acceso del público a los documentos, hay que ir más lejos que las disposiciones internas de las instituciones. Se deben recoger en la legislación comunitaria unas disposiciones comunes en materia de publicidad y transparencia que refuercen, también en el plano práctico, el compromiso con unas actividades acordes con estos principios.

Compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0240/98) del Sr. González Triviño, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0041 - C4-0106/98-98/0022(SYN)) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 295/91, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular.

González Triviño
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el asunto que vamos a debatir es de gran importancia para los ciudadanos europeos. Gracias a la política de liberalización del transporte aéreo en los últimos años, hemos experimentado, al mismo tiempo, una considerable reducción de los costes de muchos vuelos y un notable aumento del número de pasajeros. Pero, al mismo tiempo, se han producido consecuencias menos deseables, como es el crecimiento de las ocasiones en que algunos pasajeros, con billete válido, no pueden embarcar por haberse producido una venta de billetes superior a la de los asientos disponibles. Este fenómeno, conocido ya por su nombre en inglés de overbooking , supone un serio trastorno para aquellos que lo sufren.
La Comisión Europea ha tomado la decisión de revisar la legislación actualmente en vigor, que data del año 1991, con el doble propósito de garantizar que los ciudadanos conozcan con precisión sus derechos y adecuar la compensación al daño material y al trastorno que supone ser víctima del overbooking .
El proyecto que se trae a la consideración de este Pleno es el resultado de amplias consultas evacuadas con todas las partes interesadas del sector: usuarios, consumidores, sindicatos, empresas de aerolíneas, etc.
La presente propuesta tiene como finalidades principales las siguientes: poner fin a la distinción entre vuelos regulares y no regulares, que ha quedado obsoleta por la liberalización del transporte aéreo y el nacimiento de nuevas compañías; garantizar que los pasajeros reciban la información adecuada respecto a sus derechos en el caso de que se les deniegue el embarque aun estando en posesión de un billete válido; ajustar las compensaciones monetarias con arreglo a la situación económica actual; y evitar que los pasajeros cuyos vuelos son anulados por razones comerciales queden indefensos y no reciban compensación alguna.
Proponemos, de acuerdo con la Comisión, que las normas sobre el derecho de compensación por overbooking se redacten en lenguaje claro e inteligible y se distribuyan por la Comisión a las principales organizaciones de consumidores de la Unión Europea. Igualmente, es nuestro deseo que los derechos de los pasajeros sean expuestos al público en los mostradores de embarque en inglés y en la lengua o lenguas locales con letras de un tamaño mínimo de 1 centímetro.
Otro aspecto a destacar es que los billetes recibidos por los pasajeros como compensación a su fidelidad a las compañías estén igualmente protegidos por este reglamento, aunque fueran emitidos de forma gratuita.
Y como conclusión, quiero expresar mi opinión de que el conjunto de las enmiendas presentadas mejoran el texto de la Comisión. Todas las enmiendas son aceptables, pero me gustaría hacer una matización respecto de la enmienda nº 10, donde se pide que se introduzca el texto en cuestión en el billete. Eso tiene un inconveniente, en primer lugar debido a que la literatura de los billetes es consecuencia de una normativa universal y sería inviable o sería una excusa para las compañías y, en segundo lugar, porque ya hay muchas compañías que no emiten billetes, sino que notifican por fax el acuerdo del mismo. Y por lo tanto, yo sustituiría «el billete» por «con el billete». Ese sería un matiz que creo haría más factible poder llevar adelante esta actuación.
Y en cuanto a la enmienda nº 23 de la Sra. Van Dijk, a la que quiero felicitar, diré que la acepto plenamente. Lo que hace ella, con su añadido, es clarificar y hacer que, en ese estudio anual que hará la Comisión, aparezcan las empresas de aerolíneas que más fallos tengan. Por lo tanto, le reitero mi felicitación. Quiero decir también que se mejora la información a los usuarios y se les garantizan sus derechos, y que el reglamento es de obligado cumplimiento por las empresas.
Y me van a permitir que aproveche esta intervención para agradecer de verdad, como ciudadano europeo y como diputado, a la Sra. Van Dijk su dedicación y su trabajo en este Parlamento, y desearle que en las nuevas funciones que va a desempeñar tenga los mismos éxitos, porque tesón y esfuerzo va a seguir teniéndolos. Perdemos a una gran compañera, una gran trabajadora, y también a una gran mujer. Mucha suerte y muchas gracias por su contribución a la Unión Europea.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, el Grupo Socialista va a apoyar el completo y buen informe del Sr. González Triviño que, después de debatirse en la Comisión de Transportes y Turismo, presenta unas enmiendas prudentes y enriquecedoras que mejoran los intereses de los consumidores.
Quiero felicitar a la Comisión, porque su propuesta para modificar este Reglamento supone un nuevo avance en su política -lenta a veces pero firme- de protección del consumidor y, en este caso, de un sector muy importante y específico de los consumidores, como es el de los pasajeros de la aviación comercial.
Todo se basa en una premisa en la que se cree o no se cree. Nosotros sí creemos en ella. Quien posea o gestione una compañía de aviación debe saber que no posee una empresa cualquiera -sea del sector público o privado-, un medio de producción con fines lucrativos exclusivamente, sino que se trata de una empresa suministradora de servicios de interés general, y que por ello tiene dos características que no tienen las demás. Por un lado, la protección de quien compra estos servicios de interés general es más importante, si cabe, que la de cualquier otro comprador de otros servicios menos necesarios. Y, en segundo lugar, el afán de lucro, la cuenta de resultados de la empresa, por legítimos que sean estos conceptos, no son el valor supremo sino que deben coexistir con un extraordinario grado de transparencia, de equidad y de seguridad comercial para el comprador.
Pero debo mencionar un reparo de fondo, señor Presidente: en la propuesta de la Comisión y en el informe se proponen mejoras importantes a favor del comprador, pero no se cuestiona el overbooking . Han pasado suficientes años para reflexionar si es justo que continúe la cifra autorizada de sobrereserva de plazas. No cuestiono ahora el overbooking -que también habrá que revisarlo alguna vez- pero sí la cifra autorizada. Hay suficientes datos para hacer un trabajo estadístico con el objetivo de poder rebajar la cifra autorizada e incluso aproximarla a cero. Cuando fue autorizada esta cifra, la totalidad de los billetes tenía derecho de anulación, por lo tanto esta compensación era justa. Pero hoy una gran cantidad -más de la mitad de los pasajeros- viaja con billete que no tiene derecho a anulación, por lo cual el asunto se aproxima a cualquier otra transacción comercial.
Pero en fin, bienvenida sea la reforma de este Reglamento, porque el overbooking aéreo constituye hoy, por su frecuencia y por los perjuicios que ocasiona, el principal incumplimiento del que es víctima el viajero, y este Parlamento, al aprobar un informe de propia iniciativa hace muy pocos meses, del que tuve el honor de encargarme, consideraba necesario mejorar la información a los pasajeros, la información sobre sus derechos, aumentar la cuantía de las compensaciones, extender el sistema a los vuelos chárter, regular el caso inverso al overbooking , es decir, el de las compañías que suprimen un vuelo a causa del escaso número de pasajeros, camuflando esa anulación con explicaciones ambiguas -cuando no falsas. En fin, casi todo ello se plantea en el Reglamento propuesto por la Comisión, y se mejora en el informe de González Triviño y de la Comisión de Transportes y Turismo, que mañana aprobaremos, y a ello contribuirán, desde luego, los votos del Grupo Socialista de esta Asamblea.

Jarzembowski
Señor Presidente, apreciado señor Comisario, estimadas y estimados colegas, una vez más nos encontramos reunidos a una hora avanzada, tal como lamentablemente es de rigor. Yo creo que podemos estar muy satisfechos con las propuestas de la Comisión para la compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo. El Grupo del PPE apoya la mayor parte de las mejoras propuestas por la Comisión de Transportes y Turismo. Sobre todo, nos parece acertado que los pasajeros que no puedan embarcar a pesar de disponer de un billete válido y confirmado reciban una compensación más elevada a partir del año próximo -doy por sentado que la norma entrará en vigor el próximo año-, concretamente de 185 ecus en el caso de los vuelos de hasta 3.500 km y de 379 ecus en los vuelos de más de 3.500 km.
También me parece acertado que se suprima la distinción entre los vuelos "chárter» y de línea, si bien ésta no desaparece del todo. En los vuelos "chárter» la norma sólo será aplicable cuando se trate de plazas reservadas, pero no cuando se haya contratado un paquete turístico. Para los viajeros que hayan contratado un paquete turístico se mantendrá, por lo tanto, la antigua norma y no se introducirá ninguna modificación. Sin embargo, es adecuado que cuando se venda un billete sencillo, por decirlo así, para un vuelo "chárter», las consecuencias sean las mismas y se tenga que pagar una compensación.
También me parece importante que informemos a los ciudadanos de sus derechos. Hay compañías aéreas muy buenas -que son la mayoría- que ofrecen motu proprio una compensación cuando han realizado un exceso de reservas. Sin embargo, al parecer también hay otras que en el caso de un exceso de reservas no comunican al pasajero que tiene derecho a una compensación. Por esto son adecuadas las nuevas normas que proponemos junto con la Comisión, o sea, que en los mostradores de embarque se exhiban los correspondientes carteles informativos.
En este aspecto, los democratacristianos no coincidimos, sin embargo, con la propuesta aprobada en la comisión. En nuestra opinión, no debe determinarse mediante una norma comunitaria el tamaño de la letra de dichos carteles informativos. En primer lugar, existe el principio de subsidiariedad y, en segundo lugar, también existen algunas diferencias. Algunos países tienen una lengua, otros tienen varias, y establecer en una norma común para todos los países, desde Finlandia hasta Portugal, qué tamaño tienen que tener los carteles -con la indicación de los centímetros- me parece que es llevar las cosas demasiado lejos. El Parlamento debería abstenerse de regular este aspecto; en cualquier caso, mi Grupo anunciará mañana que no votaremos a favor de esta propuesta.
También queremos añadir -y en este aspecto yo discrepo ligeramente de la opinión del Ponente- que es acertado que dicha información se imprima también en los billetes de vuelo.
Sin duda, será necesario mantener negociaciones internacionales para aclarar algunos aspectos. El pasajero que haga una reserva por intermedio de su secretaria a través de una agencia de viajes y obtenga la confirmación de su reserva no precisará tampoco que se le informe sobre el sistema de compensación. Sin embargo, el ciudadano de a pie que reserva su billete tendría que tener la posibilidad de leer sus derechos en el mismo.
También rechazamos la petición mayoritaria de la comisión de que la compensación se haga extensiva también a los vuelos con salida en terceros países. No podemos crear una normativa doble. Las compañías comunitarias tendrían que pagar compensaciones y sus competidoras americanas u otras no. Es preciso que esto se establezca a escala mundial, ya que sin duda no es posible que situemos a nuestras compañías aéreas europeas en una posición de desventaja frente a las americanas u otras.
Yo creo que se ha alcanzado un compromiso justo entre los intereses de los pasajeros y los de las compañías aéreas y, en este sentido, todos deberíamos votar afirmativamente el informe en sus aspectos esenciales.

Elmalan
Señor Presidente, numerosas asociaciones de usuarios y de consumidores se han hecho eco del descontento de algunos pasajeros, que han sido víctimas de las prácticas de exceso de reservas. A la vista del número total de pasajeros transportados en Europa, es evidente que este problema sólo afecta a un porcentaje reducido, pero eso no quita que estas prácticas tienden a convertirse en un hecho anodino y a ir más allá de lo razonable. Algunas compañías aéreas no dudan, por otra parte, en hacer de las mismas el eje esencial de su gestión comercial. En estas condiciones, es urgente revisar el reglamento comunitario sobre el sistema de compensación por denegación de embarque, con el fin de aumentar la protección y los derechos de los usuarios y de disuadir a las compañías de que utilicen tales métodos, evitando legalizar una práctica comercial condenable e inaceptable para los usuarios.
Comparto las propuestas de enmiendas contenidas en el informe de nuestro colega González Triviño, que obligan a las compañías a atenerse a unas normas más estrictas mediante la mejora del sistema de compensación en beneficio de los usuarios y una información más completa y accesible. Los fenómenos de exceso de reserva se han acentuado por la desregulación aérea y la competencia encarnizada que practican las compañías. La multiplicación del número de vuelos y la carrera para llenar los aviones han conducido a un abuso de estas prácticas. Ello refuerza la necesidad de realizar un balance de todas las consecuencias sociales y económicas de la liberalización del transporte aéreo y de sacar conclusiones, sobre todo para introducir nuevos criterios y cometidos en las prestaciones del servicio público en el ámbito del transporte aéreo, basados en una mayor participación de los usuarios gracias al establecimiento de nuevos derechos de control y de intervención.

Van Dijk
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Sr. González Triviño por su informe. Es un buen informe y quiero agradecerle de todo corazón las palabras amistosas que me ha dedicado, puesto que éste es, efectivamente, el último debate en que participo en este Parlamento.
Quiero, sin embargo, centrarme en el problema. Es verdad que he presentado una enmienda en nombre de mi grupo a fin de aclarar el contenido, especialmente en lo relativo a las organizaciones de consumidores, ¿qué compañías aéreas son las que más deniegan el embarque de los pasajeros en el caso de un vuelo con exceso de reserva y, por tanto, son culpables por dejar pasajeros en tierra? Si se revelan esos datos, entonces, aunque una compañía aérea no lo considere apropiado, quizá sea extraordinariamente efectivo mostrar al público que sería mejor utilizar otra compañía en la que la denegación de embarque de los pasajeros en el caso de un vuelo con exceso de reserva no sea el pan nuestro de cada día. No puede ser, por supuesto, que los pasajeros que tienen hecha una reserva terminen quedándose en tierra
Quiero hacer otra observación. Creo que es positivo que esta propuesta de la Comisión se haya presentado y estoy de acuerdo con las enmiendas del Sr. González Triviño. No obstante, me gustaría que también se contemplara la protección de los consumidores en las otras modalidades de transporte. Si uno viaja en tren por Europa, resulta que existen condiciones de viaje que realmente son del siglo pasado y están totalmente anticuadas. Nunca he visto una propuesta de la Comisión con el objeto de proteger a los consumidores que viajan en tren. Creo que ésta realmente sería muy positiva porque se trata de proteger no sólo a las personas que viajan en avión, también debemos mimar a los viajeros que eligen un medio de transporte más ecológico. Me parece una idea extraordinariamente buena y quisiera pedir al Comisario que reflexionara sobre ella.

El Presidente
Le doy las gracias, señora van Dijk, y lo hago de forma muy especial, puesto que ésta es la última vez que va a intervenir en este Pleno. Le agradezco la contribución que nos ha prestado y, en particular, la manera en que ha presidido la Comisión de Derechos de la Mujer que ha sido apreciada por todos.

Van Dam
Señor Presidente, por cada diez mil pasajeros que se presentan con un billete válido en los aeropuertos de la Unión Europea, según el ponente, de tres a doce personas no son aceptadas en el avión. Esta negativa es, por tanto, porcentualmente baja. No obstante, vista la enorme cantidad de vuelos, afecta a unas diez mil personas cada año.
La Comisión y la mayoría de la Comisión de Transportes desean justificadamente establecer una indemnización razonable. Esto puede lograrse con la modificación del Reglamento 295/91.
Es muy importante que se mejore la comunicación dada al viajero. Como ahora no conoce suficientemente su situación jurídica, pierde las indemnizaciones. La propuesta de la Comisión, endurecida con las enmiendas del ponente, mejora este aspecto.
Sobre lo detallado de la propuesta se ha dicho mucho, ¿debe adoptarse a nivel comunitario la decisión relativa al tamaño de las letras del texto que debe figurar en los mostradores de facturación? Somos partidarios de la estricta aplicación del principio de subsidiariedad. Lo que los Estados miembros puedan regular por sí mismos, deben regularlo. Sin embargo, no hay en este caso ningún reparo contra lo detallado de la propuesta. Se trata de un reglamento que tiene aplicabilidad directa en los Estados miembros. La aparición de detalles no sólo es inevitable sino que garantiza a las compañías aéreas de la Unión un level-playing field .
La propuesta mejorará sustancialmente con la introducción de la enmienda 20. Ésta elimina el comité propuesto por la Comisión cuya tarea sería adaptar la compensación al desarrollo económico. Coincido con el ponente en que la creación de otro comité conllevaría una burocracia innecesaria.
Por último, quiero felicitar al ponente por su claro informe.

Linser
Señor Presidente, el Reglamento objeto de este debate no siempre ha obtenido los resultados deseados en su forma original, ya que algunas compañías aéreas no ofrecían la información necesaria a los afectados. Una norma protectora sólo tiene sentido, sin embargo, si aquellos a quienes se propone proteger conocen también sus derechos. Es preciso evitar ofrecer a las compañías aéreas la posibilidad de eludir sus obligaciones a través de una falta de información o una desinformación deliberadas. Por lo tanto, es particularmente de agradecer la propuesta de que se incluya una referencia a la posibilidad de que en los mostradores de embarque se exhiba la información sobre las normas vigentes. Sin embargo, con vistas a ofrecer a los pasajeros una información completa y que contemple sus derechos como usuarios, yo creo que sería razonable indicar también por el mismo procedimiento la compensación máxima, lo cual mejoraría considerablemente la información.

Camisón Asensio
Señor Presidente, todo cuanto decíamos ayer, en el turno de preguntas al Consejo, sobre esta misma materia podríamos reiterarlo hoy, fundamentalmente en lo que afecta a la obligación de las compañías aéreas de publicitar los derechos por daños en caso de exceso de reservas -rompiendo el desconocimiento actual- y a la conveniencia de promover una normativa encaminada a cubrir los perjuicios derivados por las pérdidas de conexiones con otros vuelos.
El informe del Sr. González Triviño es, en líneas generales, suscribible. Y le felicitamos por ello, sobre todo en cuanto que debe modificarse el Reglamento existente -que data del año 1991- y también en lo que se refiere a la adaptación de la normativa a la evolución experimentada por la industria del transporte, atendiendo a las exigencias de información a los pasajeros e incrementando la cuantía de las compensaciones.
Máximo interés tiene asimismo el propósito de que el pasajero, para tener derecho a la compensación, debe haberse presentado al menos treinta minutos antes a la salida, pero a la cola de la facturación. No se olvide que la última experiencia americana evidencia que la no presentación al check-in ha caído del 10 % al 8 % como consecuencia de la mejor información.
Sin embargo, menos transcendente es la exigencia de la lengua local en la información o el tamaño de las letras en los anuncios, como ha explicado muy bien el Sr. Jarzembowski.
Pero, en fin, resumiendo: vamos a apoyar este informe.

Papayannakis
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al ponente. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha dicho.
Estamos en una época, señor Presidente, en la que, gracias a internacionalización y la tecnología, subir a un avión es casi como subirse a un autocar. Esto quiere decir que el consumidor relativamente está menos protegido aunque los precios sean más bajos. Tiene menos posibilidades de demostrar que tenía y tendrá derecho a su plaza y probablemente tendrá menores posibilidades de reclamar y exigir, especialmente si se encontrase en otro país y estuviese obligado a hacerlo en otra lengua. Creo que todo lo que propone el ponente es muy positivo pero tenemos que reforzarlo en algunos puntos, por ejemplo, en el caso de aquellos terceros transportistas, que cada vez establecen comunicaciones aéreas más fácilmente con Europa, debe ser mucho más rigurosa la intervención de la Unión y si, con la nueva estructuración, no incluyesen la obligación de indemnizar su licencia podría verse anulada. Además, las compañías comunitarias que operan en terceros países deben ser incluidas. Ahí es donde están ocurriendo los mayores escándalos que conocemos y de los que yo tengo constancia. Por descontado que las indemnizaciones, señor Presidente, deberán ser abonadas in situ, y además en metálico, como ya se ha referido, aunque las compañías puedan tener dificultades para liquidarlas en el momento.
La lista negra de las compañías que de forma sistemática tengan overbooking me parece también una idea excelente y la Comisión debería estudiar cómo promoverla.

Amadeo
Señor Presidente, mediante la propuesta que hoy nos ocupa se pretende modificar la legislación actualmente en vigor en materia de compensación por denegación de embarque, mejorar la gestión de los problemas que ocasiona la sobrereserva de plazas y proteger, en última instancia, al ciudadano de cualquier abuso cometido, en su caso, por las compañías aéreas. De hecho, la denegación de embarque puede ocasionar enormes trastornos al viajero.
Las estadísticas, pese a que recogen cifras que a primera vista parecen irrisorias, al final, si se comparan con los elevados volúmenes de tráfico que se registran en los más grandes aeropuertos europeos -cada uno de los cuales ve transitar más de 5.000.000 de pasajeros cada año- revelan numerosos casos de denegación de embarque y, de hecho, las estadísticas registran unos 5-10.000 casos al año.
Ciertamente, esto puede ser debido a varios motivos. Uno de los más frecuentes es que se agotan las plazas disponibles. El llamado overbooking está vinculado al hecho de que, con frecuencia, los pasajeros, pese a tener una reserva confirmada, no se presentan en el mostrador de embarque, seguros de la flexibilidad que les ofrece la tarifa normal. Se trata de una tarifa que en la práctica les consiente la anulación o el cambio de reserva, sin obligarles a ninguna penalización, en perjuicio, sin embargo, de los titulares de billetes sujetos a extensión.
Asimismo, el crecimiento del sector de los transportes aéreos, debido a la liberalización del mismo y a la admisión de nuevos operadores en el mercado, hace prever que el fenómeno empeore. La comisión parlamentaria, por lo tanto, se ha alineado con las nuevas propuestas presentadas por la Comisión, al objeto de proteger lo mejor posible a los miles de pasajeros a quienes cada año se les deniega una plaza a bordo, incluso después de haberla reservado a tiempo, así como para tutelar a todo el mundo ante la confusión que genera la falta de transparencia existente en las normas aplicables a los casos de compensación por anulación del vuelo.
Por último, nos alegramos de la normativa porque prevé, por fin, la protección de los derechos de los ciudadanos consumidores en el ámbito del transporte aéreo.

Stenmarck
Señor Presidente, antes que nada, permítame decir que creo que lo que estamos tratando no es algo de lo que la UE y el Parlamento Europeo deban ocuparse. Cuando estamos trabajando para alcanzar un mercado interior, creo que tenemos que ser muy cuidadosos para no reglamentarlo en extremo. Con esto manifiesto mi posición de principios, es decir, que esto es algo que las compañías aéreas realmente pueden y deben arreglar por sí mismas. Tiene que ser posible para una compañía aérea demostrar que es mejor que otra.
Pagar una indemnización en casos de sobrecontratación es básicamente un medio de competencia como todos los demás. Siempre hay algo que dice que la competencia no funciona tratándose de los transportes aéreos. Estoy consciente de que hay muchas deficiencias en este sentido. Sin embargo, la mejor manera de hacer que las compañías aéreas traten a sus pasajeros de manera adecuada es consiguiendo que se mejore la competencia en más rutas que en las actuales. En ese caso, si no se está satisfecho, se elige otra compañía. Así funciona el sistema en todos los otros campos.
Esto requiere que la Comisión, en cambio, dedique tiempo y energía a cosas importantes. Por ejemplo, a presentar propuestas para la distribución de slots . Sería interesante que el Comisario responsable nos diese hoy una respuesta acerca de esto.
Tengo que reconocer que es muy bochornoso que, como Parlamento Europeo, tengamos que decidir sobre una propuesta de la Comisión que dice que la información en los aeropuertos deberá hacerse en letreros "en los cuales las letras deberán tener al menos dos centímetros de altura». Desgraciadamente, no se percibe mucho mejor cuando el ponente dice que basta con un centímetro. Es evidente que tanto la Comisión como el ponente consideran que quienes están fuera de este edificio no pueden pensar por sí mismos sobre cómo informar a sus pasajeros. Si no es ésta una broma que el Comisario nos ha querido gastar, entonces la mejor manera de tratar este artículo es tirándolo a la papelera más cercana. Tenemos grandes y trascendentales asuntos que tratar en materia de aviación y dentro del sector de los transportes que requieren nuestro tiempo y energía. ¡Dénnos posibilidades de concentrarnos en ellos!
Kinnock, Neil, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, afortunadamente no existe ninguna norma en este Parlamento ni en ningún otro que obligue a pagar compensaciones por sobrepasar el tiempo de intervención. Si fuera así, todos seríamos más pobres.
Antes de responder al debate sobre el informe del Sr. González Triviño, quiero decir, al igual que han hecho otros, lo mucho que lamento que la Sra. Van Dijk abandone esta Asamblea. Sé que es por decisión propia y, naturalmente, todos los políticos prefieren abandonar por propia decisión, antes que por deseo del electorado. Espero que sea muy feliz en su nueva actividad. Debo decir que en los tres años y medio que hemos trabajado juntos, he llegado a admirarla como una excelente diputada y una colega de talante abierto y con la que se podía contar. Le deseo que sea feliz y se sienta realizada en el futuro.
Quisiera asimismo agradecer a la Comisión de Transportes y Turismo y, especialmente a su ponente, Sr. González Triviño, el excelente informe sobre la compensación por denegación de embarque. Oigo decir al Sr. Stenmarck que se siente avergonzado por ello. Probablemente se sentiría mucho más avergonzado si no obtuviera información puntual sobre sus derechos como consumidor e, incluso, se sentiría abrumado si fuera rechazado de un vuelo y no tuviera ningún sistema de regulación lo suficientemente fiable que, en semejantes circunstancias, le garantizase el ejercicio de sus derechos como consumidor.
También es cierto que por minúsculo que parezca el detalle, en relación con la magnitud real de una notificación, si existieran grandes diferencias en el mercado único, estoy convencido de que habría consumidores que se sentirían afligidos por el trato y decidirían poner un pleito que sería prolongado, caro y que ni siquiera garantizaría la defensa adecuada de sus derechos. Por tanto, aunque pueda parecer trivial para un intelecto instruido y refinado como el del Sr. Stenmarck, al resto de nosotros nos alegra tener derechos fiables con los que poder contar.
La viabilidad del funcionamiento de las compañías aéreas implica que algo de overbooking es lamentablemente inevitable. Pero tenemos el deber de garantizar que los pasajeros a los que se les niega un asiento, aunque tengan un billete válido y confirmado, o equivalente, reciban una compensación por los inconvenientes que deben soportar y que pueden ser muy graves.
Las normas establecidas en el Reglamento de 1991 sobre compensación por denegación de embarque han sido de utilidad para proteger los intereses de los pasajeros, pero los cambios que se han producido en el sector y el cumplimiento insuficiente del reglamento por parte de muchas compañías aéreas ciertamente justifican una serie de mejoras. Esta propuesta, por lo tanto, mejora y actualiza el reglamento actual, ya que proporciona mejor información a los pasajeros, incrementa los niveles de compensación en base a las tendencias económicas desde 1991 y tiene en cuenta las modificaciones, relativamente recientes, que se ha producido en la aviación civil, como unificación de códigos, viajes sin billete y una distinción cada vez menor entre los vuelos regulares y los no regulares.
Todo ello es importante de cara a demostrar a los pasajeros que el marco comunitario para la aviación civil aporta ventajas tangibles, no sólo a través de tarifas más bajas y mayor elección en muchas rutas, sino también gracias a la calidad del servicio y la protección del usuario. El Sr. Stenmarck y el resto de esta Asamblea pueden tener la completa seguridad de que no permitiremos que las cosas sigan así, y que no nos limitaremos únicamente a las tarifas. Los demás asuntos a los que se ha hecho referencia en el transcurso del debate -como las franjas horarias y el cumplimiento del reglamento- son constantemente motivos de preocupación que, al igual que en el caso de muchos diputados, reciben la atención de la Comisión. Esperamos poder seguir avanzando también en estos ámbitos. En la propuesta de legislación que hoy se presenta ante esta Asamblea no hemos descuidado en absoluto estas importantes actividades.
Me complace comprobar que la Comisión de Transportes y Turismo comparte la opinión que ha presentado la Comisión, habida cuenta de que muchas de sus enmiendas apoyan, en buena medida, nuestro planteamiento. Por ello, me alegra afirmar que la Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 7, 11, 12, 18, 21, 22 y 23. La Comisión puede asimismo aceptar, en principio y a condición de una modificación de la redacción, las enmiendas 3 y 8, primer apartado, ya que aclaran el hecho de que por motivos de seguridad perfectamente legítimos, podrían imponerse restricciones a la capacidad.
Las enmiendas 5 y 19, que hacen extensiva la aplicación del reglamento a los vuelos de las compañías aéreas comunitarias procedentes de terceros países, también son aceptables, en principio, al igual que la enmienda 6, porque define de manera precisa la responsabilidad de la compañía aérea de identificar a los pasajeros que aún permanezcan en la cola al cierre de la facturación. La enmienda 13 es aceptable, ya que subraya el hecho de que incluso el agente emisor será considerado como la compañía aérea para estos fines. Las enmiendas 15 y 20 simplifican los procedimientos al sustituir una nueva comisión por otra ya existente. Lo que también consideramos aceptable, al igual que la enmienda 17, que contempla la posibilidad de utilizar otros medios de pago. La Comisión puede aceptar también, en parte, la enmienda 9 que establece un mejor fundamento para mejorar la información al cliente.
No obstante, hay algunas enmiendas que no podemos aceptar. Las enumeraré rápidamente al tiempo que expongo nuestros motivos fundamentales. No podemos aceptar la enmienda 1. Creemos que hay mayor claridad y transparencia si en el reglamento se estipula un tiempo mínimo de 30 minutos para la facturación. La enmienda 2 relativa a entregar el reglamento a los pasajeros no es aceptable, porque esta obligación ya existe en el reglamento actual. El tercer apartado de la enmienda 8 no es aceptable porque, a pesar de que un pasajero acepte ocupar un asiento en una clase inferior, se le sigue denegando el embarque en la clase que le corresponde de acuerdo con su billete. El pasajero merece, por consiguiente, la compensación correspondiente, incluso en dichas circunstancias.
La enmienda 10, segundo y tercer apartados, añade una burocracia innecesaria y dificultaría la lectura de las notificaciones, especialmente para alguien como yo, que necesita recurrir a las gafas en todo momento. Además, sugiere que se haga una notificación en el billete, lo que la Comisión considera poco viable. Por último, no puedo aceptar las enmiendas 14 y 16, puesto que, en algunos casos, obligarían a las compañías aéreas a pagar compensaciones por encima del precio que el pasajero ha abonado por su billete -el denominado arreglo "bingo». Tal vez sea mejor que no legislemos eso.
Para terminar, me complace poder anunciar mi aprobación de la mayoría de las enmiendas, que permitirán a la Comisión fortalecer el reglamento propuesto, y quisiera, una vez más, agradecer al Sr. González Triviño y a la Comisión de Transportes y Turismo su constructivo y esclarecedor trabajo. No hay duda de que será una aportación positiva a las negociaciones que se avecinan en el Consejo de Transportes.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Programas de los Fondos estructurales hasta el final de 1999
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0214/98) del Sr. Howitt, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre las orientaciones de la Comisión sobre las prioridades para el ajuste de los programas de los Fondos estructurales hasta el final de 1999 (C4-0640/97).

Howitt
Señor Presidente, mi informe sobre las orientaciones para el ajuste de los programas de los Fondos estructurales, en un primer momento, puede parecer que trate de un tema aburrido y técnico. Pero en realidad, esta noche, debatimos sobre cómo podemos hacer los programas de financiación comunitaria, encaminados a crear puestos de trabajo y prosperidad, más eficaces para la consecución de dichos objetivos; en qué y por qué se diferencian, como programas comunitarios, de las ayudas a las regiones ya adoptadas en los Estados miembros; cómo puede establecerse un diálogo auténtico entre la población local de las regiones de toda Europa, que permita un intercambio real de mejores prácticas y eleve la calidad para todos nosotros; y quizá más que ninguna otra cosa, cómo pueden lubricarse los engranajes del proceso de toma de decisiones para hacer todo el sistema lo más fácil posible a todos los niveles.
Como explica el informe, este primer intento de poner en práctica las orientaciones sobre los Fondos estructurales, en principio, es acertado, es bien intencionado, pero debemos sacar las lecciones pertinentes: fue publicado con cuatro años de retraso en Merseyside y otros lugares, cuando las modificaciones que debían ser influenciadas por estas orientaciones ya habían sido llevadas a cabo; estaban redactadas en un lenguaje denso y abstruso; identificaban 27 ámbitos prioritarios - demasiados para una consideración seria; y su difusión se hizo únicamente a través de los gobiernos de los Estados miembros, algo que, discutiblemente, ni siquiera se hizo. Como resultado, la consulta que dirigí junto con 11 asociaciones a nivel europeo de autoridades regionales y locales reveló que el 40 % ni siquiera había oído hablar de las orientaciones y ninguna conocía ninguna modificación positiva que se hubiera introducido.
Con toda seriedad, debo decir que este es el tipo de cosas que alimenta el euroescepticismo y es el ámbito en el que Europa debe mejorar. Esta noche presentamos una serie de propuestas prácticas para hacer precisamente eso y espero, señor Comisario, que reciban su apoyo.
Permítanme, a continuación, centrarme en tres cuestiones que representarán el mayor reto. Primero, el estado legal de lo que propone la Comisión. Las autoridades locales y regionales sostienen que éste ha sido un ámbito en el que la propia Comisión ha intentado explotar la ambigüedad. Hemos encargado esta opinión jurídica al Servicio Jurídico del Parlamento, según el cual, en el apartado 4 del artículo 9 del proyecto de reglamento sobre los Fondos estructurales, la Comisión busca la aprobación de orientaciones que constituyan un instrumento jurídico vinculante, basado en la sentencia del Tribunal de Justicia de mayo de 1970 sobre reglamentos necesarios y demás jurisprudencia. Sencillamente, la Comisión busca el modo oculto de determinar el reglamento comunitario sobre los Fondos estructurales, sin obtener la debida aprobación de los gobiernos de los Estados miembros a través del Consejo de Ministros y sin el pleno escrutinio del Parlamento Europeo.
Esta noche pedimos al Comisario que nos confirme su disposición a replanteárselo, así como su reconocimiento de que opinión significa opinión, y no normas adicionales innecesarias y que sólo ocasionan dificultades en la práctica.
En segundo lugar, este debate nos brinda la oportunidad de combatir la cultura de los retrasos, que se ha hecho endémica en el funcionamiento de dichos programas: retrasos en el acuerdo del programa, retrasos en los acuerdos sobre los distintos documentos de programación país por país; retraso en las solicitudes de participación; plazos excesivamente cortos; retraso en la notificación de las aprobaciones; e incluso retraso en el pago de los fondos -con demasiada frecuencia, los pagos se hacen demasiado tarde para las personas que necesitan el dinero, pero nunca con demasiada antelación para que el Parlamento pueda intervenir al respecto.
Por consiguiente, esta noche hacemos un llamamiento a la Comisión para que publique sus nuevas propuestas de orientaciones nueve meses -y, a ser posible, seis meses como mínimo- antes de la fecha de presentación de los programas. Esto significa, a más tardar, antes del 31 de diciembre de 1998, en el caso del próximo programa de los Fondos estructurales. Si no lo hace, dicho programa no podrá iniciarse a tiempo. Y debe iniciarse puntualmente. Espero que oigamos un claro compromiso de la Comisión al respecto.
Tercero, ¿cómo podemos debatir los ajustes hasta el momento del cierre de los programas sin reconocer las deficiencias existentes? Cuando negociamos el próximo régimen de los Fondos estructurales a partir de 1999, quedan 51 programas en el Reino Unido y 58 en Francia, del anterior período de los Fondos estructurales que finalizó en 1993, que siguen pendientes de cierre. En el Reino Unido existen en la actualidad pagos pendientes a regiones por valor de 120 millones de libras (150 millones de ecus) por proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que se completaron durante los años 1994-1996: los fondos para hacer frente a las reclamaciones se están agotando esta misma semana en mi región, en el este; proyectos del nordeste están recibiendo únicamente el 45 % de los costes; los proyectos del sector público están recibiendo apenas una tercera parte de sus costes en el sudoeste; e historias similares se repiten en todos los países de la Unión Europea.
Esta noche, el Parlamento reafirmará nuestro compromiso de poner fin a este enfoque de "interrupción-inicio» de la ayuda comunitaria a las regiones, de garantizar la continuidad siempre que sea posible y de agilizar la transición allí donde haga falta. Esto sólo puede conseguirse a través de la planificación previa. Hacemos un llamamiento a la Comisión para que garantice que las nuevas orientaciones harán precisamente eso.

González Álvarez
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera mostrar mi acuerdo con el informe del ponente de la Comisión de Política Regional, el Sr. Howitt. Pero sobre todo quiero hacer hincapié en que las orientaciones de la Comisión para las prioridades respecto de los Fondos estructurales han de ser claras, concisas y de fácil lectura. También deben figurar en un solo documento, si es posible, y ha de dárseles también suficiente difusión, porque el Sr. Howitt ha puesto de manifiesto en su informe, basándose en una consulta que ha hecho en diferentes regiones de la Unión Europea, que las orientaciones llegan a las propias regiones de modo confuso, tarde y a veces no influyen en los proyectos que se ponen en marcha. Por tanto, yo creo que se trata de una cuestión prioritaria.
También comparto con él que haga hincapié en tres cuestiones de carácter horizontal: el empleo, el medio ambiente y la igualdad de oportunidades. En el Tratado de Amsterdam, esos tres temas quedaron clarísimamente vinculados a las otras políticas de la Unión Europea.
La Comisión de Empleo presenta una serie de propuestas y se lamenta, en primer lugar, de no disponer de los resultados de la revisión de los Fondos a medio plazo, saber poco de la aplicación real del objetivo 4, que no haya datos estadísticos sobre la incidencia de los Fondos en la igualdad de oportunidades o en la integración de personas con minusvalías y tampoco la incidencia en los nuevos «yacimientos» de empleo. Ayer mismo discutíamos el informe de la Sra. Hulthén y veíamos que el medio ambiente, en el tema del empleo, es fundamental. De hecho, la OCDE considera que, probablemente en los próximos años, los empleos en medio ambiente crezcan un 5, 5 %. Si se tiene en cuenta lo poco que crecen en otros sectores o que a veces disminuyen, esa cuestión es fundamental.
También solicitamos transparencia, participación y tener en cuenta siempre la igualdad de oportunidades y aquellos proyectos que tengan que ver con el medio ambiente; deseamos un equilibrio entre las políticas de creación de empleo y también políticas económicas que tiendan a reducirlo. No es la primera vez que regiones como la mía, en la que yo vivo -Asturias-, reciben fondos del objetivo 1, a veces de otros objetivos y a veces de algunas iniciativas comunitarias y, sin embargo, es una región en declive donde se toman decisiones sobre políticas económicas que producen reducciones en el empleo.
También debe encontrarse un equilibrio entre los presupuestos para infraestructuras -que suelen crear empleo temporal-, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, los nuevos «yacimientos» de empleo, y las ILDE (Iniciativas Locales de Empleo), etc., que crean empleo más estable.
Los Fondos deben facilitar servicios para niños y personas mayores, es decir, que deben tenerse en cuenta proyectos que puedan facilitar después la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo de las mujeres en relación con los hombres.
Y ya acabo, señor Presidente: necesitamos un mayor presupuesto en el ámbito medioambiental -el objetivo 2 sólo dedica el 5, 2 %- y la participación de las autoridades locales y regionales en aquellos proyectos que tengan carácter medioambiental, porque es fundamental que aquellas controlen que no se vulneren los principios medioambientales.

Botz
Señor Presidente, señor Comisario, el Ponente ha ofrecido también -aunque naturalmente esto no formaba parte de su cometido formal- una importante aportación al debate sobre la reforma de los Fondos estructurales. Si el objetivo es realmente que las presentes orientaciones reflejen los objetivos y la dimensión europea de la política en relación con los Fondos estructurales, o sea, si en verdad también establecen las prioridades para la programación, obviamente dichas orientaciones no deben ser excesivas. ¡Las orientaciones no deben acabar generando desorientación!
El punto 7 puede dar la impresión de que se conciben estas orientaciones como unos indicadores cuantitativos muy específicos, o sea, unas cifras y cuotas concretas. Yo quisiera hacer una firme advertencia contra ello, ya que pienso que es posible cumplir las orientaciones europeas aunque en algún caso se incumplan ligeramente los indicadores cuantitativos concretos. Detrás de este hecho -como todos naturalmente sabemos- subyace también el problema de la presente propuesta de la Comisión: la reserva del 10 %. En efecto, en este contexto se plantea de manera muy concreta el tema del fundamento de la Comisión -cuando adoptemos la decisión sobre esta línea el año próximo, por ejemplo-, o sea, del fundamento sobre el cual decidirá en el futuro la Comisión si debe aplicarse esta deducción a un Estado miembro y repartir luego dichos recursos entre otras regiones. Esto sólo debería suceder, si llega a darse el caso, cuando se hayan incumplido realmente las orientaciones y no sólo unas indicaciones cuantitativas puntuales. Deberá tratarse de un verdadero incumplimiento de algunas de las pocas orientaciones europeas importantes.
Para que los Estados miembros tengan realmente en el futuro la posibilidad de disponer de un mayor margen de acción en la transposición nacional de los programas europeos -tal como está previsto y como es también el deseo de la Asamblea-, las orientaciones no deben ser excesivamente detalladas ni demasiado numerosas. De lo contrario, concederíamos un mayor margen de acción a los Estados miembros y las regiones en el aspecto formal, pero no en los detalles.
Antes de acabar -aunque seamos muy pocos-, permítanme que exprese mi felicitación a nuestro colega Howitt por el trabajo que ha realizado. En efecto, quien lea detenidamente el informe -y yo recomiendo su lectura a nuestros colegas-, podrá constatar que el ponente no se ha limitado a hacer unas reflexiones formales, sino que ha hablado realmente con todo el mundo, desde los funcionarios responsables en el ámbito de la Comisión hasta los titulares de proyectos en diversos Estados miembros y que ha incorporado muchas sugerencias, cuya detenida lectura yo recomiendo a los colegas en el contexto del futuro debate.

Bianco
Señor Presidente, señor Comisario, los Fondos estructurales han representado un capítulo especialmente importante de la política comunitaria y, sin duda, han alcanzado resultados muy satisfactorios de cara al relanzamiento de algunas regiones que padecen históricas y tradicionales depresiones.
Actualmente, nos encontramos ante un año de transición y el riesgo es que superponiendo líneas demasiado rígidas, puede producirse una especie de bloqueo, en lugar de un ulterior relanzamiento. Yo también estoy convencido de que el informe del Sr. Howitt contiene una indicaciones especialmente importantes y, sin duda, marca un camino a seguir muy acertado. Me planteo, sin embargo, de qué modo se pueden conciliar los planteamientos y las orientaciones que deberán seguirse con vistas a la conclusión del programa hasta 1999, y las líneas directrices de enlace con el nuevo programa que abarcará los años 20002006.
Hay unos criterios que deben establecerse desde el principio con absoluta claridad. Creo que no se puede prescindir, precisamente por el papel que han desempeñado las regiones, así como los Estados, de un diálogo que parta desde abajo. La idea de facilitar unas directivas es, sin duda, útil para establecer orientaciones comunes dentro de la Unión Europea, al objeto de alcanzar determinados objetivos comunes, pero no hay que subestimar la vitalidad de las regiones, una vitalidad que procede de la capacidad que cada Estado tiene de conocer los problemas que deben afrontarse y los programas que han de elaborarse.
El criterio fundamental del Tratado que se centra en la cuestión social, asigna este papel protagonista a los Estados y a las regiones que, por otra parte, están demostrando que tienen mucha vitalidad. Es un aspecto que no puede olvidarse en absoluto y que deberá ser tenido muy en cuenta.
En el informe hay asimismo indicaciones que, en mi opinión, revisten mucha importancia: la transparencia, la rapidez, la información que debe facilitarse, la agilidad y, al mismo tiempo, la capacidad de incorporar las numerosas indicaciones en aspectos extremadamente mesurados. Sin ninguna duda, las directivas son positivas, pero deben adaptarse a estas exigencias.

Ryynänen
Señor Presidente, el objetivo de la Comisión de fomentar una política regional a escala europea por medio de orientaciones comunes es, naturalmente, merecedor de todo nuestro apoyo. Sin embargo, como ya lo hace el Sr. Howitt en su excelente informe, cabe preguntarse qué uso se hace en realidad de las orientaciones y si se lleva a cabo una aplicación de estos objetivos según las modalidades propuestas. De alguna manera, se trata de un marco de referencia común de cara al control de los programas.
Creo que es muy importante utilizar las orientaciones precisamente para fomentar la calidad de la política regional. En el mejor de los casos, constituyen un instrumento consultivo que permite intercambiar experiencias acerca de las prácticas más adecuadas, aumentando así la eficacia de los programas. Esta circunstancia exige, sin embargo, que se introduzcan mejoras en la práctica, especialmente atendiendo a los planteamientos de los actores regionales.
Sin duda alguna, la situación actual y la gran cantidad de directrices distintas son motivo de una gran confusión. La Comisión ha de presentar claramente los objetivos prioritarios en un único documento. Además, debemos hacer caso omiso de las exigencias de control formuladas por la Comisión cuya presentación tiene lugar en una fase tan tardía que no ocasionan más que retrasos y frustraciones. Si se desea que influyan verdaderamente en la planificación de los programas, las directrices se deben publicar a tiempo. Por lo que respecta al próximo período de programación, esto implica que se debe llegar a un acuerdo antes de que finalice el presente año. Además, se debe aumentar la formación e información a nivel regional si se quiere potenciar el grado de influencia de estas directrices.
Como ya ha señalado el ponente, entre los objetivos prioritarios debería figurar también una estrategia sobre la prórroga de las ayudas, las medidas del período transitorio y la finalización de un programa en una determinada región. Una estrategia adecuada para el período transitorio podría evitar numerosos problemas, como los retrasos, la falta de responsabilidades en los resultados o el despilfarro de recursos, que constituyen actualmente una lamentable realidad.
Habida cuenta de que las condiciones son muy distintas en los diversos Estados miembros y regiones, es necesario mantener en estas directrices y estos objetivos comunes una cierta flexibilidad. Sin embargo, los ámbitos prioritarios más importantes, como el desempleo, el medio ambiente y la igualdad de oportunidades, se beneficiarían sin lugar a dudas de la existencia de unos claros indicadores comunes.

Schroedter
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento al señor Howitt por el presente informe. No podría haberle sacado mayor partido, dada la tardanza con que ha sido consultado el Parlamento. Sinceramente, debo decir que lamento mucho que la señora Wulf-Mathies no se encuentre ahora aquí. ¿Intenta eludir acaso esta discusión?
El punto conflictivo es la obligatoriedad de las orientaciones. Este conflicto vuelve a plantearse en el nuevo reglamento. Lo más concluyente en este sentido es la pregunta que plantea el ponente en la exposición de motivos del informe. Las orientaciones son en la práctica un tigre de papel. Los Estados miembros las ignoran. La Comisión tampoco presiona para que se apliquen como orientaciones con vistas al cumplimiento de los objetivos europeos, de la política de cohesión europea. Esto merece una valoración sumamente crítica, si se considera que las orientaciones deben situarse en el centro de la política estructural europea en el futuro y que entonces también tendrán que ser prácticamente el eje central de un reglamento sobre los Fondos estructurales para que todavía sea posible hablar de una política de cohesión europea.
La Comisión ha modificado, en efecto, el reparto de las tareas en el nuevo Reglamento. Esto es muy razonable, pero si se limita a establecer los marcos y a aplicar los controles, necesita las orientaciones como apoyo. Si éstas no adquieren una importancia central, no habrá una política de cohesión europea. Ésta es una manera sumamente peligrosa de serrar el puente más importante tenemos.
El desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades y el empleo sólo podrán conseguirse si son un objetivo común. Este objetivo común también requiere unas vías comunes para alcanzarlo, aunque éstas se tengan que recorrer de manera diferenciada sobre el terreno, en las distintas regiones.
Por esto es sumamente importante que prosigamos intensamente el presente debate. Sabemos que muchos Estados miembros no desean ningún tipo de orientaciones. Esto sólo ya nos impone la responsabilidad de desarrollarlas desde aquí como un instrumento central.

Taubira-Delannon
Señor Presidente, señor Comisario, desearía centrar mi intervención en uno de los aspectos del excelente informe del Sr. Howitt, y sobre todo en las orientaciones de la Comisión, que -según se ha dicho- podrían revestir un carácter obligatorio a pesar de que el fundamento jurídico sobre el que, en principio, se apoya este derechoobligación no parece muy claro.
Previamente, desearía recordar que este dispositivo de los Fondos estructurales es un dispositivo original y muy eficaz, y ello por diversos aspectos: por su clasificación en zonas de objetivos, tomando en consideración las disparidades regionales; por la manera a veces ejemplar en que los Fondos han beneficiado a las políticas regionales -porque estos Fondos estructurales han estructurado realmente-; por las infraestructuras que han servido para desarrollar las comunicaciones en diferentes regiones; por la ayuda y el apoyo a las actividades económicas, concretamente en el medio rural y en particular en el sector de la diversificación agrícola; por la ayuda a la formación y a la reconversión, que han ayudado mucho a mantener el empleo. La manera en que dicho dispositivo ha sido concebido es interesante: el procedimiento de concertación se basa en los planes de desarrollo regionales y los "docup», los documentos únicos de programación, cuya duración y periodicidad hoy ya se han definido y puesto a punto.
Los principios que han estado presentes en su elaboración son también interesantes: mencionaremos en particular el principio de la adicionalidad, que provoca una sinergia entre las intervenciones de los Estados miembros, las intervenciones de las autoridades regionales y las intervenciones de la Unión Europea; el principio de la compatibilidad con los textos, es decir, los Tratados, los reglamentos, pero también con los grandes principios de la Unión -por ejemplo, las prioridades en el plano del medio ambiente, del empleo y de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres-; y, finalmente, el principio de la subsidiariedad en el ámbito de la política regional, que ilustra admirablemente su necesidad y eficacia.
Pasemos a los instrumentos; pienso en este sentido en el marco comunitario de apoyo, que garantiza una síntesis y una coherencia al programa, así como en los programas operativos, que definen sus modalidades de ejecución. Es evidente que quedan por realizar muchos progresos en materia de evaluación no sólo en el plano de la elaboración, sino también en el de los plazos de publicación de dichas evaluaciones, de tal modo que éstas puedan ser útiles.
Es absolutamente lógico e incluso tranquilizador que la Comisión se preocupe, a este nivel de intervención, por no permitir que la Unión Europea se deje desposeer de su capacidad de inflexión respecto a las orientaciones sobre las políticas regionales y a la utilización de los Fondos estructurales. Esto plantea evidentemente la cuestión de la legitimidad, que yo mencionaba hace un momento a propósito del fundamento jurídico, pero también plantea la cuestión de la participación y de la contribución activa del Parlamento Europeo -el cual, al fin de cuentas, es un órgano político- y, por lo tanto, de su contribución a la elaboración de estas orientaciones.
En cualquier caso, se trata sobre todo de encontrar un equilibrio, sin duda delicado, entre un principio, a saber: la subsidiariedad, que no puede ponerse en tela de juicio, y un objetivo, el de la cohesión, que requiere necesariamente intervenciones coordinadas o incluso reajustes.
El reto es importante porque se trata de lograr una articulación y una compatibilidad entre la necesaria coordinación y la voluntad de las economías de evitar la dependencia.

Nicholson
Señor Presidente, al tiempo que muestro mi satisfacción por el informe, permítame felicitar al ponente por su trabajo y por sus esfuerzos de ampliar todo lo posible sus consultas de cara a determinar, en términos generales, cómo deben funcionar las orientaciones sobre los Fondos estructurales.
Confío en que la Comisión tome buena nota esta noche del informe del Parlamento elaborado por el Sr. Howitt, habida cuenta de que no sólo identifica los ámbitos problemáticos, sino que además hace una crítica constructiva sobre cómo pueden resolverse los problemas para dotar de más eficaz la aplicación de las orientaciones, contribuyendo así a una mayor transparencia y eficacia.
Simpatizo con la opinión de que, debido a las diferentes circunstancias existentes en los Estados miembros, debe permitirse una cierta flexibilidad. Si hay demasiadas orientaciones, debe solucionarse el problema sin obligar a los Estados miembros a aceptar lo que podría ser una uniformidad contraproducente. Simplificación debe significar algo más que un sistema claro y ordenado de Bruselas que no sea viable a nivel del Estado miembro.
El ponente nos asegura que los programas actuales deben completarse eficazmente y que deben aclararse más detalladamente los futuros programas. Es inadmisible que se hayan establecido normas sin un fundamento jurídico adecuado y que, en buena medida, hayan permanecido sin ser leídas. Naturalmente, la Comisión podría argumentar que se estaba adentrando en un terreno inexplorado y que debería mostrarse cierta comprensión con la naturaleza experimental de las orientaciones. Pero ésa es una respuesta inadecuada para los ciudadanos europeos, a los que, en última instancia, debemos dar cuenta. La Comisión tiene mucha experiencia y vastos conocimientos en ámbitos similares, por lo que no deberíamos permitir que acuda ante el Parlamento con lamentos acerca de que hay un trabajo que hacer y que debemos seguir adelante con él. Quisiera pedir a la Comisión que tome en consideración esta observación.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento y, en particular, al Sr. Howitt por este importante informe y propuesta de resolución. A pesar de algunos comentarios críticos del informe, principalmente por los retrasos y el formato de las orientaciones de la Comisión, la propuesta de resolución contiene muchas cosas con las que estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, recuerda el objetivo global de las orientaciones, que es el de proporcionar una política general y un marco de prioridades en el que se realicen los ajustes de los programas actuales. En ningún momento fue intención de la Comisión tocar los proyectos que ya están en marcha y se están ejecutando de manera satisfactoria.
La resolución reconoce que, a pesar de que las orientaciones proporcionan un medio para el establecimiento de las prioridades para toda la Unión, también deben tenerse en cuenta las circunstancias locales a la hora de tomar decisiones sobre los ajustes de los programas, y las orientaciones confirman esta opinión.
De forma similar, quisiéramos respaldar plenamente la sugerencia de la resolución de que las orientaciones deben considerarse como un mecanismo de intercambio de mejores prácticas entre todos los interlocutores a nivel regional, nacional y europeo, y éste es un aspecto que podría ser reforzado para mayor utilidad en las futuras orientaciones de la Comisión para el próximo período de programación.
En lo que respecta a la naturaleza de asesoramiento de las orientaciones, quiero reiterar que la Comisión siempre tuvo la intención de que las Orientaciones solamente constituyan un marco general. En lo relativo a su estado legal, la Comisión siempre ha hecho hincapié en su opinión de la naturaleza consultiva de las orientaciones y del papel de los comités de seguimiento y de las demás autoridades relevantes en el ajuste de los programas. De hecho, las orientaciones fueron la respuesta a la solicitud de los propios Estados miembros a la Comisión para que, de conformidad con el principio de subsidiaridad, formule orientaciones políticas para facilitar el ejercicio de ajuste en la evaluación intermedia de los programas. Por lo que las orientaciones no tienen la siniestra intención ni el siniestro efecto que algunos temen o que quieren ver.
De hecho, se ha puesto especial énfasis en que toda modificación de los actuales programas de Objetivo 1 y 6 vaya encaminada a incrementar la creación de empleo. Es evidente que eso es precisamente lo que persiguen las orientaciones. Por eso, la Comisión no puede compartir la opinión de que en las orientaciones no se hace suficiente hincapié en la economía social ni en las nuevas fuentes de empleo.
Una parte considerable del documento está dedicada a la promoción del potencial local, a través de iniciativas que fomenten el desarrollo local y el empleo. Las orientaciones, por ejemplo, destacan el objetivo de que las empresas obtengan beneficios económicos de la comercialización puntual de productos y servicios locales de calidad, y hacen hincapié asimismo en el potencial de las cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones.
A pesar de que las acciones en el ámbito de la igualdad de oportunidades puede que hayan sido financiadas en la mayoría de los casos con cargo al Fondo Social Europeo, la Comisión coincide con el ponente en que estos aspectos horizontales deben ser objeto de consideración en todos los ámbitos financiados con cargo a los fondos. Lo mismo es válido, por ejemplo, para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pero éste es más un tema del que deben ocuparse los Estados miembros, a la hora de elaborar sus programas, ya que las orientaciones fueron pensadas para que pudieran aplicarse a todos los fondos.
Muchos de los puntos restantes de la resolución hacen referencia no a las orientaciones para ajustar los programas actuales, sino a las propuestas de la Comisión para futuras orientaciones en virtud del apartado 4 del artículo 9 de su proyecto de reglamento general para los fondos a partir de 1999. Como declara el ponente en su informe, no tiene intención en el presente ejercicio de dar prioridad a las negociaciones de la reforma que se está produciendo en otros ámbitos. Pero estoy convencido de que la Comisión tendrá muy en cuenta las observaciones realizadas sobre la necesidad de que en el futuro, las orientaciones sean más puntuales y que su lectura resulte más fácil, aunque no puedo estar de acuerdo con que la revisión intermedia ya se había casi completado cuando se difundieron las orientaciones en el caso que nos ocupa.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Seguridad en la comunicación electrónica
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0189/98) del Sr. Ullmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa al fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica - Hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado (COM(97)0503 - C4-0648/97)

Ullmann
Señor Presidente, la equiparación jurídica de las firmas digitales con las firmas escritas tradicionales constituye el núcleo central del presente informe, el objetivo del cual es formular la respuesta del Parlamento a la Comunicación de la Comisión sobre la comunicación electrónica y un marco europeo para la firma digital y el cifrado.
Si no se pierde de vista este enfoque central, enseguida se advierte cuáles son las consecuencias que deben tomarse en consideración. Se trata de establecer unas normas en lo que respecta a la fiabilidad jurídica de la identificación, con vistas a la validez de los contratos o a la integridad de los textos intercambiados en el marco de la comunicación electrónica, por ejemplo. Es necesario conseguir el reconocimiento de su fuerza probatoria en las acciones legales, con objeto de que también en este contexto se acepte su equivalencia con el documento escrito tradicional.
En la presentación del informe no voy a entrar en detalles como, por ejemplo, las posibilidades de garantizar por medio de técnicas digitales la autenticidad de la firma, la integridad del texto y la fiabilidad de la comunicación. Mi objetivo es resaltar sobre todo que la Comunicación prepara y forma parte de todo un conjunto de iniciativas legislativas que está elaborando o ya ha elaborado la Comisión, todas las cuales tienen por objeto la aplicación de las nuevas tecnologías para el ulterior desarrollo del mercado común, particularmente en el ámbito de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales.
El informe propone que el Parlamento fomente y apoye firmemente dichas iniciativas. En lo que respecta al tema de la firma digital y el cifrado, deberíamos respaldar a la Comisión para que mantenga al menos dos de las orientaciones que propone en su Comunicación. En relación con los certificados, cuyo uso ya se ha extendido en las transacciones electrónicas, debería prevalecer el principio del reconocimiento mutuo a escala europea frente a cualquier intento de establecer una certificación única.
También es importante que el Parlamento siga el criterio de la Comisión en el sentido de que la protección de la intimidad debe tener prioridad frente a las tendencias que se observan en algunos Estados miembros a establecer como norma el acceso estatal a las comunicaciones digitales por razones de seguridad. También en el correo digital debe prevalecer un principio análogo al del secreto de la correspondencia en el sentido tradicional.
Es una satisfacción para mí que las comisiones que han participado en el procedimiento de consulta orienten su voto en el mismo sentido. Si bien no puedo aceptar una de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos, esto se debe únicamente a razones formales, pero no de contenido. Dicha enmienda se refiere al tema de la responsabilidad, que, como ya he señalado, rebasa el marco del presente informe. La Comisión se ocupará de este tema en la directiva marco sobre las transacciones electrónicas.
Finalmente, quisiera acabar expresando el deseo de que el proyecto de directiva sobre la firma electrónica que ha anunciado la Comisión pueda ser examinado y adoptado cuanto antes con el mismo espíritu de cooperación, a fin de que las nuevas regulaciones sobre las transacciones electrónicas contribuyan junto con la moneda única a dar un impulso adicional al mercado común.
¡Desde la rúbrica ejecutiva de los documentos imperiales medievales a la equiparación de la firma digital! ¿No creen que esto marca una perspectiva a la cual es imprescindible que nos mantengamos fieles justamente en el contexto de las condiciones que impone la globalización?

van Velzen, WG.
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la comunicación de la Comisión que tenemos ante nosotros constituye un paso importante en el refuerzo de la confianza de los ciudadanos y de las empresas en la conclusión de las transacciones electrónicas. Quisiera dar las gracias al Sr. Ullmann por su informe y a la Comisión por su muy constructiva colaboración.
En vista del tiempo que tengo, me limitaré a algunos puntos. Primero, el Grupo del PPE celebra la decisión de la Comisión de distinguir claramente entre, por una parte, la firma electrónica y, por otra, el cifrado y desvincular claramente ambas cuestiones. El Grupo del PPE se alegra de esto; vistas las acaloradas discusiones sobre las normas en materia de acceso a las claves de cifrado, la legislación relativa al comercio electrónico indudablemente se retrasaría, mientras que, precisamente, debemos actuar con rapidez en Europa para mantenernos a la altura de los Estados Unidos.
No obstante, el punto de partida del Grupo del PPE respecto de la introducción de normas legales en materia de acceso al cifrado es muy clara. La pregunta de si por razones de seguridad debe pasarse a crear un depósito central de claves es contestada de forma negativa por el Grupo del PPE. El argumento más importante contra el depósito de claves es su falta de efectividad. Además de los elevados costes que conllevan las normas de acceso y el daño de la privacidad para los usuarios, la disposición relativa a los servicios de investigación y seguridad es ingenua. Después de todo un ciudadano correcto podría entregar una copia de su clave, pero, por supuesto, un criminal, nunca.
Resumiendo, el depósito de claves no es efectivo y puede, además, dañar seriamente la confianza en la comunicación electrónica. Me alegra que también el gobierno de los Estados Unidos se haya convencido de esto. Sin embargo, los servicios de investigación deben tener derecho a pedir la clave a las personas sospechosas tras la autorización de las autoridades judiciales.
Con esto llego a mi segundo punto. Es indispensable una reglamentación estricta de la responsabilidad para ganar la confianza de los ciudadanos y de las empresas a la hora de concluir transacciones electrónicas. La norma debe ser jurídicamente reconocida, si no los ciudadanos y las empresas no perciben nada en caso de daños. Naturalmente el desarrollo de una norma semejante corresponde en primer lugar a los Estados miembros. Sin embargo, también es importante que la Comisión, a causa de las transacciones transfronterizas y las reglas del mercado interno, vigile cuidadosamente y proponga, cuando sea necesario, medidas armonizadoras. Así mismo me alegro de que la directiva recién publicada por la Comisión también confirme esto.
He mencionado estos dos puntos porque desgraciadamente la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aceptó por abrumadora mayoría los puntos que acabo de señalar, mientras que la Comisión Jurídica los rechazó y, por tanto, espero sinceramente que esta Casa corrija el error de la Comisión Jurídica.

Berger
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, también yo quisiera expresar ante todo mi más sincero agradecimiento al señor Ponente por su informe. Todos coincidimos, creo, en que el desarrollo de los medios electrónicos de comunicación es tan veloz que también exige que nos apresuremos a establecer rápidamente el marco jurídico para esta nueva forma de comunicación. También es de agradecer el propósito de la Comisión de elaborar una política europea encaminada a establecer un marco común para la firma digital y el cifrado, no en último término porque el comercio electrónico, al igual que todas las demás aplicaciones de las nuevas tecnologías, ya no permanece restringido dentro de los límites de las fronteras nacionales. En la Unión Europea tenemos la posibilidad de desarrollar un marco jurídico común en este sentido.
A la vista de la urgencia perentoria, también es de agradecer que ya se haya presentado la propuesta concreta de directiva, mientras todavía estamos debatiendo el documento preparatorio. El comercio electrónico también se extiende, no obstante, mucho más allá de la Unión y en la actualidad prácticamente no conoce fronteras. Por esto instamos asimismo a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan con ahínco acuerdos a escala internacional.
En relación con el tema de la seguridad y la fiabilidad de las comunicaciones electrónicas deben contemplarse, como ya se ha señalado, dos ámbitos centrales, el aspecto de la seguridad y el aspecto más bien criptográfico. En lo que respecta a la seguridad de la información transmitida, por un lado tiene que poder verificarse la procedencia de la comunicación y, por el otro lado, es preciso garantizar que ésta llegue a su destinatario sin sufrir alteraciones durante la transmisión.
Estos temas son de vital importancia desde el punto de vista del consumidor y para promover la confianza de los usuarios en estos medios de comunicación. Esta tendencia representa un enorme cambio y un reto para los usuarios y también para la economía. Todas las partes implicadas sólo harán uso de estas posibilidades si está garantizada la fiabilidad de los datos intercambiados y, sobre todo, una seguridad jurídica suficiente de los contratos que se establezcan y los medios de pago electrónicos utilizados en los servicios de pago electrónico.
Yo quisiera solicitar asimismo desde aquí que los órganos de la Unión Europea y la Comisión sienten también un precedente en el uso de la firma electrónica, tanto en sus relaciones mutuas como en las relaciones con terceras partes. Yo creo que sería un paso importante para reforzar la confianza de la gente en la firma digital y en la comunicación electrónica en general.
Precisamente de esta última consideración se desprende también la exigencia de que en todos los Estados miembros se disponga de una norma explícita que equipare la firma electrónica con la firma tradicional. Sin embargo, aunque yo apoyo plenamente que se establezca una política común y el desarrollo del comercio electrónico en general, será preciso examinar algunos problemas que todavía quedan por resolver y para los que se han propuesto diversas alternativas. Así sucede, en particular, en el caso de la responsabilidad. Aun así, yo creo que pronto podremos resolver este problema, con la consiguiente generación de un enorme potencial para la creación de nuevos puestos de trabajo en Europa y de apoyo a la economía.

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, el texto presentado por la Comisión Europea es un buen texto, pero sigue siendo un documento de debate y de reflexión. Como primera observación, deseo manifestar que existe una urgencia, una necesidad, un impulso por parte de la Comisión Europea, al objeto de implementar el trabajo legislativo en este sector, dado que se están preparando importantes iniciativas legislativas en materia de firma digital en el mundo, así como en los propios Estados miembros de la Unión.
Me parece, como ha señalado el Sr. van Velzen, que es importante subrayar la diferencia que existe entre servicios relacionados con la autentificación y los servicios relativos a la confidencialidad. Existe una urgencia para los primeros, para la firma digital. Se plantea la necesidad de establecer unos sistemas o un conjunto de sistemas que tengan valor jurídico para la firma digital, que es la base fundamental de la consolidación de la confianza del consumidor y el fundamento del contrato del comercio electrónico.
El reto, sobre todo desde el punto de vista cultural, no es insignificante; hace falta una reeducación del sector público y privado y un replanteamiento de algunos aspectos del Derecho administrativo y de la figura del contrato, al objeto de dar contenido al principio de equivalencia entre firma escrita y firma digital. El premio del éxito será la obtención de un beneficio cuantitativo y cualitativo en lo que se refiere a la productividad, sobre todo en los procesos desde fuera de las empresas. Se trata de un camino necesario para hacer frente a la creciente complejidad de los procesos creadores de riqueza en nuestra sociedad y, permítanme decirlo, para librarnos de cierta dosis de ineficacia burocrática.
Este proceso de puesta al día de las normas del comercio electrónico, debe ser impulsado por la industria, aunque debe implicar las administraciones y recibir impulso y legitimación de los órganos legislativos y políticos. En mi opinión, la transformación producida por el comercio electrónico contiene un germen revolucionario y me pregunto si no sería incluso necesario superar la tradición de la ley integrada por normas y prohibiciones, en favor de una legislación constituida por principios y modalidades y, en consecuencia, más flexible, evolutiva y aceptable a nivel global.
Considero que la iniciativa del señor Comisario Bangemann dirigida a la globalización de la sociedad de la información y a la cooperación internacional, a veces es apuntada como una iniciativa para una tarjeta de Internet, es conforme a esta orientación. Quisiera añadir que sería oportuno que también nosotros los diputados del Parlamento Europeo constituyéramos en el seno del Parlamento una unidad de trabajo, transversal respecto a los partidos y a las comisiones, aprovechando las competencias existentes y reforzando la coordinación interparlamentaria interna con los Estados miembros, y externa con los Parlamentos americano y japonés.
Indudablemente, el debate de hoy no es más que un capítulo, una fase de este proceso.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el profesor Pompidou, quien se halla retenido en una reunión, me ha pedido que interviniera en su lugar, y les ruega que acepten sus excusas por no poder estar presente.
El Informe Ullmann nos introduce en el meollo de la sociedad de la información y de sus dificultades, que nosotros, diputados europeos, tenemos el deber de controlar. Se trata de fomentar la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica, concretamente con miras al comercio electrónico y a la información económica.
En ambos casos, se recurre a las llamadas "redes abiertas», cuya autenticidad, integridad y confidencialidad es necesario fomentar. Un informe elaborado por el grupo de trabajo STOA a petición de la Comisión de Libertades Públicas trata sobre la evaluación de las técnicas de control político.
En materia de control electrónico, conviene garantizar la validez de los contratos y la seguridad jurídica de los ciudadanos. En el momento en que la firma digital recurre a la biometría, es conveniente impedir cualquier menoscabo de las libertades individuales y en particular evitar relacionar el comportamiento del consumidor con estos caracteres físicos e incluso psicológicos. La biometría permite, en efecto, identificar al usuario basándose en las características del iris de su ojo o simplemente mediante el registro electrónico de su firma, cuyo interés para los grafólogos es bien conocido.
Nuestro objetivo es proteger las libertades públicas y evitar la mercadotecnia feroz fundada en el estudio del comportamiento de individuos "marcados» electrónicamente. La criptografía, es decir, la codificación electrónica de datos, presenta ventajas en todo lo relacionado con la confidencialidad de la información, pero ofrece al mismo tiempo un refugio para la delincuencia organizada. Los desafíos globales que representa para la sociedad conducen a descartar la utilización, demasiado fácil, de la ocultación de información mediante la criptología.
Con respecto a la utilización de la información abierta se debe hacer todo lo posible por evitar el empleo de cualquier forma de coacción física o mental frente a un ciudadano indefenso y en situación de desventaja debido a su ignorancia de los sistemas complejos de gestión de la información electrónica.
Lo mismo puede decirse de los peligros de que se produzcan distorsiones de competencia vinculadas a la comunicación electrónica entre empresas que deben hacer frente a la competencia internacional. Sus comunicaciones electrónicas pueden ser fácilmente tratadas, es decir, analizadas, y luego sintetizadas por observadores exteriores.
Eso nos lleva a formular tres preguntas a la Comisión. Primera pregunta: ¿qué lugar asigna la Comisión, en el marco de la competencia internacional actual, a la información electrónica abierta? Segunda pregunta: ¿considera que la industria europea está en desventaja por el hecho de que existen sistemas de observación exteriores a la Unión Europea, y que, por lo tanto, están al servicio de terceros países? Tercera pregunta: ¿qué medidas piensa recomendar la Comisión, sobre todo frente a los proveedores de servicios identificadores, con el fin de hacer más seguras las comunicaciones de las empresas europeas, así como el comercio electrónico para uso particular?

Hager
Señor Presidente, cada vez resulta más evidente para todos los ciudadanos que el comercio electrónico es el futuro. La solución de los problemas asociados en el ámbito de la seguridad jurídica será determinante para la aceptación de la comunicación electrónica entre los ciudadanos, pero también es un requisito para la equiparación jurídica de la firma digital con la firma tradicional. El ponente ha expuesto exhaustivamente estos problemas y los ha encauzado por el camino adecuado.
El problema de la autenticidad parece tan resoluble como el de la integridad. En cambio, me parece difícil resolver el tema de la fiabilidad. El rápido progreso técnico en el campo de la electrónica permite esperar, no obstante, que pronto se podrá disponer también de métodos satisfactorios en este aspecto. Éstos tendrán que satisfacer, por un lado, las exigencias del uso cotidiano y de la protección de los datos, pero, por el otro lado, no deben dificultar la lucha contra el delito. No obstante, no debería contemplarse, a mi parecer, la regulación jurídica del acceso.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, en primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento al ponente por su admirable informe, y afirmar que lo encontramos muy alentador y positivo.
El objetivo de la comunicación era destacar la importancia del libre acceso a productos y servicios criptográficos para los consumidores y para el sector europeo. La respuesta general al Sr. Giansily es que la consideramos una contribución importante -sólo una contribución, pero importante- para que el sector europeo pueda beneficiarse a nivel internacional de todos los avances que se están produciendo actualmente.
En estos momentos, Europa no está en desventaja, pero la situación avanza rápidamente. Por consiguiente, estará en desventaja a menos que tomemos las medidas necesarias, además de otras medidas que van más allá en lo que a la sociedad de la información se refiere, ya sea en foros internacionales o a través de nuestra propia legislación. Si lo hacemos, no estaremos en desventaja. En realidad, existe la necesidad de actuar. Otras organizaciones internacionales trabajan activamente en este sentido.
Paso, a continuación, al ámbito específico que abarca el presente debate en lo relativo a la criptografía. Estoy de acuerdo con el informe en que debido al carácter global de Internet, el diálogo internacional es de la máxima importancia. En el seno de la UE, hay varios Estados miembros que han emprendido actividades en este ámbito y no cabe ninguna duda de que si tuviéramos enfoques jurídicos y técnicos divergentes, ello constituiría un serio obstáculo a la libre circulación de bienes y servicios en el mercado interior. Es por lo que necesitamos con urgencia un marco político comunitario para el cifrado.
El informe coincide con la opinión que hemos declarado firmemente, a saber, la importancia de hacer una distinción entre los servicios de autenticidad e integridad, por un lado, y los servicios de confidencialidad, por otro. Así se recoge explícitamente en nuestro informe.
Con respecto a los servicios de autenticidad e integridad, el primer paso importante es la directiva sobre las firmas electrónicas. La propuesta fue enviada al Parlamento el 1 de julio. Naturalmente también está en manos del Consejo. El objetivo es crear un marco jurídico armonizado y adecuado que facilite la utilización de firmas electrónicas en la Comunidad. La propuesta se ajusta a los requisitos establecidos en el informe del Parlamento Europeo. Es un enfoque que hace hincapié en la neutralidad tecnológica. Se espera que se desarrolle toda una variedad de mecanismos de autenticidad, y la directiva debe tener un alcance suficientemente amplio para que abarque todo el espectro de las firmas electrónicas, incluida la firma digital.
Asimismo se hace hincapié en la importancia del reconocimiento jurídico. La directiva debe favorecer el establecimiento de un marco jurídico armonizado a nivel comunitario, que garantice el reconocimiento jurídico de las firmas digitales como si se trataran de firmas estampadas de puño y letra. También se considera importante el establecimiento de unas condiciones comunes para los suministradores de servicios de autenticidad y de certificados, así como el reconocimiento mutuo, la introducción de un reglamento sobre responsabilidad y disposiciones transfronterizas. En todos estos aspectos, la propuesta se ajusta a lo que se propone en el informe del Parlamento Europeo.
Volviendo a la cuestión de los servicios de confidencialidad, estamos hablando aquí sobre la enmienda al reglamento relativo al doble uso, y esa propuesta de reglamento del Consejo fue aprobada por la Comisión el 15 de mayo. La principal modificación fue la propuesta a favor de la notificación, en vez de procedimientos para la concesión de licencias para el comercio intracomunitario. Por el momento no está prevista ninguna actividad reguladora, pero la Comisión seguirá examinando la proporcionalidad de las restricciones nacionales con vistas a descubrir si alguna de ellas pudieran convertirse en un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior.
Quiero expresar, una vez más, mi agradecimiento al Parlamento por este informe tan positivo. Espero que obtengamos el mismo apoyo para la propuesta de directiva y, dada la importancia de la iniciativa en términos de su impacto sobre el crecimiento y el empleo, espero que el Parlamento dé su dictamen conforme a la propuesta.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)

