Reanudación del período de sesiones
La Presidenta
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 27 de octubre de 2000.

Declaración de la Presidenta
La Presidenta
Queridos colegas, como ya saben, durante el mes pasado, cuatro nuevas víctimas se han añadido a la lista intolerable de los que, en España, han perdido la vida en atentados terroristas de la ETA. Permítanme que los cite: José Francisco Querol Lombardero, general y magistrado de la Corte Suprema, Jesús Escudero García, policía y guardaespaldas del Sr. Querol, Armando Medina, chofer del Sr. Querol, Jesús Sánchez Martínez, chofer de autobús.
También pienso en las numerosas personas heridas en el atentado de Madrid, el 30 de octubre pasado. No podemos desgraciadamente sino reiterar nuestro sentimiento de indignación y la condena absoluta de esa violencia ciega. Y les invito a guardar un minuto de silencio.
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio)   
La Presidenta.- Mucho de ellos eran muy jóvenes. Se iban, alegres, a esquiar en las pistas austriacas: 155 de ellos han muerto en condiciones espeluznantes en la tragedia del funicular de Kaprun. En nombre de nuestro Parlamento, he enviado inmediatamente al Presidente, Sr. Thomas Klestil, y al Canciller, Sr. Wolfgang Schüssel, los mensajes de pésame y de solidaridad que semejante drama exige respecto a las víctimas, a sus familiares y al conjunto del pueblo austriaco.
Para manifestar hasta qué punto Europa se asocia al duelo que afecta a todo un país de la Unión, he pedido, en esta circunstancia excepcional, que se icen a media asta todas las banderas del Parlamento Europeo durante la totalidad del día de hoy. Y les propongo un minuto de recogimiento.
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio)

Swoboda
Señora Presidenta, quiero darle las gracias de todo corazón por su manifestación de pésame y de condolencia ante esta horrible catástrofe que acabamos de experimentar. Muchas de estas personas, sobre todo jóvenes, subieron al tren con una expectativa de alegría, de diversión, de tener una experiencia positiva y recibieron la experiencia horrible y trágica de la muerte. Quisiera darle las gracias - y no sé si alguien más desea intervenir sobre esto - en nombre de muchos diputados de esta Asamblea, en cualquier caso, en nombre de mi Grupo y de mi delegación.
Señora Presidenta, permítanme que en esta ocasión, una vez que usted se ha referido a este tema con palabras tan claras y compasivas, manifieste que por esta razón renunciamos a una cuestión de una cuestión de urgencia nuestra. Pido que se comprenda que por eso mismo no necesitamos en absoluto una cuestión de urgencia nuestra.

Stenzel
Señora Presidenta, permítame expresarle en nombre de nuestra delegación nuestro gran agradecimiento por la condolencia que usted, en nombre del Parlamento Europeo, ha manifestado a nuestro Presidente Federal, Klestil, a nuestro Canciller Federal, Wolfgang Schüssel, y, en consecuencia, a todo el pueblo austríaco por la catástrofe ocurrida en el Kitzsteinhorn. Muchas gracias, también, por colocar la bandera a media asta. En esta situación traumática y luctuosa por las 150 víctimas mortales nos encontramos unidos y compartimos el dolor con sus allegados. Queremos manifestarles nuestra profunda condolencia. " La muerte es grande, somos suyos los que sonreímos" escribió una vez el gran poeta lírico Rainer Maria Rilke. Ante ese infierno en llamas en uno de los funiculares, considerado como especialmente seguro, que conduce a uno de los paisajes más hermosos de los Alpes austríacos, pasa a segundo término todo lo demás y la disposición a compartir el dolor y el luto nos sirve de consuelo.
En este sentido me ha parecido apropiado que en un minuto de silencio hayamos dedicado un recuerdo a las víctimas que no sólo procedían de nuestro país, sino también de muchos países de Europa y también de ultramar, y pienso también que en este punto deberíamos abstenernos de cualquier resolución.

Aprobación del Acta de la sesión anterior
La Presidenta
 El Acta de la sesión del viernes 27 de octubre ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

MacCormick
Señor Presidenta, el acta de la sesión de 27 de octubre recoge nuestra decisión de aprobar una resolución sobre los "lettori" italianos; fue un motivo de gran alegría el que una amplia mayoría de este Parlamento diera su apoyo. Entretanto, los diputados de este Parlamento deberían saber que el presidente de la asociación de los lettori recibió en su aula la visita de la policía antiterrorista para comprobar si estaba planeando alguna manifestación violenta contra el Ministro de Educación. Resulta difícil considerar esto una respuesta a la resolución que hemos promovido.
(El Acta queda aprobada)

Orden de los trabajos
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes el jueves 9 de noviembre
a) Sesiones del 13 al 17 de noviembre de 2000 En lo relativo al lunes:
En lo que se refiere al informe del Sr. Ceyhun, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, tengo dos solicitudes: una en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, tendente a remitir ese informe a la comisión, y otra del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, tendente a aplazar ese informe hasta una sesión ulterior.
Doy la palabra al Sr. Ceyhun, que se expresa en calidad de ponente y en nombre del Grupo de los Socialistas.

Ceyhun
Señora Presidenta, quisiera decir también en nombre de mi Grupo que, en realidad, en este informe la manera correcta de proceder de este Parlamento sería devolverlo, a tenor del artículo 144 del Reglamento, a la comisión competente, pues acabo de preparar un informe y, a continuación, me he enterado de que el Consejo tiene en este ámbito algunos planes. Puesto que no hemos sido informados a su debido tiempo, tiene más sentido esperar primero las propuestas del Legislativo y, luego, que el Parlamento trate este punto, para poder atender debidamente esta problemática. Por esta razón, solicito la devolución hoy sin debate en el Pleno, y seguramente la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores podrá manejar acertadamente este asunto.

La Presidenta
Por lo tanto está muy claro: el ponente recomienda la remisión a la comisión. Se expresaba también en nombre del Grupo de los Socialistas, autor de la solicitud.
¿Alguien desea intervenir acerca de la solicitud de remisión a la comisión?

Hautala
Señora Presidenta, el informe de nuestro colega, Sr. Ceyhun, es de gran importancia, y nosotros también hemos escuchado que el Consejo tiene algunos planes nuevos al respecto de esta temática. Apoyo la propuesta presentada por el Sr. Ceyhun, y estaría muy agradecida de que el Consejo pudiera aclararnos si tiene verdaderas intenciones de presentar una nueva propuesta sobre este asunto.

La Presidenta
Por lo tanto usted quiere efectivamente que se remita a la comisión.
¿Alguien desea intervenir en contra de esa solicitud?

Speroni
Señora Presidenta, me parece que el Consejo sabía desde hace mucho que estabamos debatiendo este tema. Se me antoja cuando menos institucionalmente incorrecto que, en el último momento, haya tomado la decisión de adoptar una posición diferente manteniéndonos al margen hasta el último momento, al objeto de que alguien se viera obligado a pedir la devolución. Nosotros hemos realizado nuestro trabajo y pienso que nuestro trabajo debe concluir, independientemente de la posición del Consejo. No somos esclavos del Consejo: gozamos de autonomía institucional y, por lo tanto, considero esta devolución totalmente inoportuna.

La Presidenta
Someto a votación la solicitud de remisión a la comisión por parte del Grupo Socialista.
(El Parlamento aprueba la solicitud) En lo relativo al martes:
En lo que se refiere a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el tercer encuentro Asia-Europa, el Consejo nos ha informado que no desea intervenir en este momento. En esas condiciones, no queda más que la declaración de la Comisión.
A fin de reagrupar los puntos del Presidente en ejercicio del Consejo, que tiene una agenda muy cargada, propongo que la declaración de la Comisión se incluya después del debate común sobre la ayuda a la reconstrucción.
¿Hay alguna objeción? No la hay.
Así queda decidido.
En lo relativo al miércoles:En lo que se refiere a la declaración de la Comisión sobre la EEB y la prohibición de las harinas animales en la alimentación de todos los animales, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pide que el Consejo haga también una declaración al respecto. El Grupo Socialista no ignora que el miércoles por la mañana es un día muy difícil para los ministros franceses. Los primeros contactos que hemos calificado a nivel administrativo no son muy positivos, pero por supuesto me propongo intervenir a un nivel más político, esperando tener más éxito.

Napoletano
Señora Presidenta, pido la palabra por una cuestión de orden que no afecta al orden del día, sino al turno de votaciones. Para simplificar las cosas, quisiera proponer que se someta a votación al principio del turno de votaciones, es decir, a las 11.30 horas, la pregunta oral sobre la Conferencia Euromediterránea porque, como usted sabe, por la tarde, a las 18.00 horas, comienza la Conferencia. Dado que la votación será larga y que se verá interrumpida por la grata presencia del Presidente Kostunica, y puesto que algunos de nosotros tendremos que irnos para asistir a la apertura de la Conferencia de Marsella, podríamos votar enseguida la pregunta oral y después todos los demás informes. En consecuencia, sólo se trata de adelantar la votación.

La Presidenta
Señora Napoletano, desde luego podemos proceder de esa manera.
b) En lo relativo al jueves: La Presidenta. El Grupo PPE-DE propone que se suprima el punto titulado "Submarino británico en Gibraltar".

Poettering
Señora Presidenta, estimados colegas, nuestro Grupo considera tan importante este suceso que creemos que no recibiría un tratamiento adecuado bajo la forma de una cuestión de urgencia. Nuestra opinión es que deberíamos tratar esta eventualidad en el marco de una pregunta oral al Consejo y a la Comisión y nos gustaría formularla en toda regla para que el Consejo y la Comisión se manifiesten al respecto. Ahora no consideramos apropiado el momento de hablar sobre esto bajo la modalidad de una cuestión urgente y, en consecuencia, solicitamos que este punto sea eliminado del orden del día.

La Presidenta
Gracias, señor Poettering.
¿Alguien desea intervenir también acerca de esa solicitud? El Sr. Poettering se expresó en nombre del Grupo que solicitaba su supresión.

Galeote Quecedo
Señora Presidenta, ningún grupo es más sensible que el mío a la hora de compartir la preocupación, lógica por otra parte, de los habitantes de la zona del Campo de Gibraltar; por lo tanto, quisiera, como ya ha anticipado el presidente de mi Grupo, ofrecer al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos un consenso para que podamos debatir este asunto de manera seria y rigurosa a través de una pregunta oral al Consejo y a la Comisión. Si ésta no fuera la intención de los proponentes de esa resolución, si por falta de experiencia -estoy seguro de que no por falta de escrúpulos- lo que se pretendiera es traer a este Parlamento una cuestión interna, doméstica -como, por otra parte, así lo ha reconocido el portavoz de los socialistas españoles en el Congreso de los Diputados este fin de semana-, para ese juego desde luego no pueden contar con el Grupo del Partido Popular Europeo.

Barón Crespo
Señora Presidenta, mi Grupo ha escuchado atentamente esta propuesta. Tengo que señalar, en relación con las manifestaciones del Sr. Galeote, que no se trata de una cuestión doméstica: es una cuestión en la que la Comisión tiene competencias y así lo ha manifestado esa institución en contestación a una pregunta formulada por el diputado Sr. Aparicio. En esa contestación también se hacía constar la falta de información y las dificultades que planteaba el Gobierno británico; por lo tanto, no estamos hablando de ningún tema doméstico, estamos hablando de la presencia de un submarino nuclear cuya avería ha comportado que la Royal Navy decida que once submarinos atraquen en territorio británico. Por lo tanto, es una cuestión que, en función de los Tratados y en función del Tratado Euratom, es competencia de la Comisión; afecta, o puede afectar, a muchos ciudadanos que no son exclusivamente españoles porque en esa zona y dentro de su área, sin que haya ningún plan de emergencia, hay cientos de miles de ciudadanos europeos provenientes de los quince países de la Unión, aparte de muchos que vienen de fuera, porque es la Costa del Sol. Creemos, por ello, que el tema merece una consideración sustantiva.
Si lo que nos plantea el Partido Popular Europeo es, en el próximo Pleno, apoyar que esa pregunta se trate, podríamos considerarlo; si se trata de una maniobra dilatoria, estaríamos en contra. Por lo tanto, yo pediría que hubiera un compromiso formal del PPE en el sentido de votar a favor, conjuntamente, de que ese tema se incluya como una pregunta a la Comisión y al Consejo en el próximo Pleno.

La Presidenta
Señor Barón Crespo, quisiera estar segura de haberle entendido bien. Tengo una propuesta del grupo PPE tendente a suprimir ese punto de entre las cuestiones de urgencia, por unos motivos que el Sr. Poettering y el Sr. Galeote acaban de exponer. Tengo la impresión de que usted se adhiere a esos motivos, Señor Barón Crespo, si bien entendí.
¿Está usted a favor de la supresión de ese punto?

Barón Crespo
Sra. Presidenta, mi Grupo estaría a favor de aceptar la inclusión de esa pregunta como punto del orden del día para diciembre. En lo que no estamos de acuerdo es en suprimir ese asunto y luego ver si se aplaza ad calendas grecas.

La Presidenta
 Si, está bien, pero digamos que, formalmente, lo retiramos de las urgencias. Pero estamos de acuerdo en incluirlo, como usted lo acaba de decir.
Señor Monsieur Poettering, ¿se trata de eso?

Poettering
Sólo quiero decir a nuestro colega, el Sr. Barón Crespo, que puede confiar siempre en la palabra del Grupo Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos. Si el Presidente del Grupo emite aquí una declaración, puede dar por sentado que esta declaración seguirá siendo válida mañana. Por esta razón pondremos ahora en marcha de esta manera el procedimiento con el que está de acuerdo con toda claridad el Sr. Barón Crespo. Sería bueno que la Asamblea fuera unánime en esta cuestión.
(El Parlamento aprueba la propuesta).
b) Sesiones del 29 y del 30 de noviembre de 2000:
No se propone ninguna modificación.   

Gorostiaga Atxalandabaso
Señora Presidenta, es triste, pero muy ilustrativo enterarse a través del Ministro de Interior español, el Sr. Mayor Oreja, de que no hay posibilidad alguna de diálogo con los nacionalistas vascos, incluso si en el futuro se produjera una nueva tregua. Esta afirmación, evidentemente, no apoya la postura de nuestros colegas españoles en este Parlamento cuando afirman que en el Reino de España todos los partidos políticos pueden defender sus ideas, cualesquiera que éstas sean, con una única premisa fundamental: la ausencia de violencia.
¿Puede apoyar este Parlamento el rechazo al diálogo? ¿Puede cerrar este Parlamento la puerta a las soluciones políticas? ¿Puede cerrar este Parlamento la puerta al futuro democrático del País Vasco dentro de Europa?

La Presidenta
Quisiera que las cuestiones de orden sean verdaderamente cuestiones de orden y les agradecería que tengan a bien indicar al empezar, como además lo prevé el Reglamento, el artículo del Reglamento en el que se basa esa cuestión de orden.

Hautala
Señora Presidenta, quiero llamar su atención sobre cierta comunicación escrita que presenta el Sr. Ebner. Él propone que la Directiva relativa a las aves sea modificada de tal modo que el principio de secundariedad sea tenido más en cuenta. Quiero prevenirles a ustedes y a todos los colegas de que se hace publicidad de esta comunicación diciendo que es beneficiosa para las aves y que fomenta su bienestar, pero yo puedo contarles que no es así, sino que esto empeorará la situación de las aves migratorias en la Unión Europea. Hago un llamamiento general para que, por lo menos, sepan ustedes lo que están firmando si firman esta petición. Apoyo por completo la carta que ha enviado la Sra. Dorette Corbey en relación con este asunto: ¡Aquí sí que no hay publicidad falseada en torno a esta comunicación escrita!

Andrews
Señora Presidenta, hace ya algún tiempo discutimos en este Parlamento el asunto de las sanciones a Irak. Me complace mucho ver que los Liberales británicos han decidido solicitar una revisión de las sanciones a Irak. La semana antepasada fui a Irak, sobrevolando el espacio aéreo hasta Bagdad, en una misión humanitaria. En los seis meses transcurridos desde la última vez que había estado allí, la situación ha empeorado. Según los datos de UNICEF, cada mes mueren más de 5.000 niños. La Comisión debería comparecer en este Parlamento y abordar este asunto. Estos niños no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto de Oriente Medio. La Comisión ha adoptado de forma servil la postura estadounidense y británica, mientras que estadounidenses, británicos y turcos siguen bombardeando el sur de Irak.
Señora Presidenta, me gustaría que aconsejase a la Comisión hacer una declaración sobre la cuestión de Irak.

Doyle
Señora Presidenta, una cuestión de orden. Ya había indicado que deseaba intervenir antes de que usted cerrase el debate sobre el orden del día. Solicito que tomemos en consideración esta semana una afirmación de la Comisión sobre la decisión del Gobierno británico de introducir un tributo de carácter discriminatorio para los transportistas de nacionalidad no británica.
No creo necesario recordarle a usted ni a este Parlamento que ello es absolutamente contrario a los Tratados, que garantizan un acceso sin obstáculos al mercado único. Asimismo, es contraria a la Directiva 99/62/CE, que dispone, y cito literalemente: "Los peajes y tasas se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad del transportista o del origen o destino del vehículo" .
Ello incide de una forma particularmente grave en los intercambios comerciales irlandeses. El 70% de los camiones irlandeses, los transportistas irlandeses deben ir, o circular por el puente terrestre del Reino Unido hacia Europa. Solicito una declaración de la Comisión a este respecto y la insto a ejercer sus competencias para el mantenimiento de las libertades en el mercado interior y para que garantice el cumplimiento de la Directiva 99/62/CE. Es urgente que celebremos un debate antes de que se introduzca la modificación propuesta por las autoridades británicas, y que la Comisión señale con toda claridad cuál es la normativa que debe observarse a este respecto.

La Presidenta
 Señora Doyle, le he otorgado más tiempo porque no se trataba de una cuestión de orden. Eso estaba incluido en el orden del día y siento mucho no haber sido avisada. Pienso que la Comisión ha oído su solicitud- el Comisario Vitorino me lo confirma. Por consiguiente se le dará un curso muy favorable.

Fatuzzo
Señora Presidenta, con referencia al funcionamiento del Parlamento y a la seguridad de los diputados, quisiera decir que en el último período parcial de sesiones de Estrasburgo, precisamente el miércoles por la tarde, el diputado del PPE y colega de Forza Italia, Mario Mantovani, al bajar con su equipaje para tomar un taxi del Parlamento, rodó por las escaleras y se fracturó el pie izquierdo. Se quedó para votar hasta el jueves por la mañana y después se le escayoló y durante 60 días no podrá participar en nuestros trabajos. Por un lado, como representante de los pensionistas podría acoger favorablemente el hecho de que existan inválidos - quizá un pensionista más - pero, por otro, abogo por la seguridad de todos nosotros los diputados. En consecuencia, le pregunto cuándo estarán disponibles el ascensor o las escaleras mecánicas para ir a tomar el coche al final de nuestro trabajo.

Vattimo
Señora Presidenta, deseo informar al Parlamento de una grave iniciativa adoptada la semana pasada en Italia por el gobierno regional de Lacio. En efecto, éste ha creado una comisión de control para los libros de texto de historia en las escuelas, una comisión que debe controlar hasta qué punto - como dicen los neofascistas que están en el Gobierno en Lacio - estos textos están inspirados en el marxismo. El caso es que estos manuales presentan sólo la historia de Italia, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y del fascismo asumiendo que, como es obvio, no se pueden hacer pasar por el mismo rasero los valores por los que lucharon los resistentes y los antifascistas con las ideas que inspiraron a Hitler y a Mussolini.
Se trata de una iniciativa muy grave encaminada a reintroducir en Italia una censura, por ahora sólo de los libros de texto, pero que pronto podría extenderse a otras cosas. Dado que los partidos llamados liberales, incluso europeos, tienden cada vez más a aliarse con fuerzas de inspiración xenófoba, racista, autoritaria, creo que esto es un grave peligro no solo para Italia, sino que además es una señal que afecta a toda Europa. Ruego a sus Señorías que firmen un llamamiento que estoy haciendo circular que también han firmado otros intelectuales europeos.

Asistencia judicial
La Presidenta
 De conformidad con el orden del día se procede al debate común de los siguientes informes:
(A5-0313/2000) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre una iniciativa de la República Francesa para la aprobación de una decisión marco del Consejo relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (10232/2000 - C5-0393/2000 - 2000/0814(CNS)),
(A5-0312/2000) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción del Acta del Consejo por el que se establece, sobre la base del artículo 43, apartado 1, del Convenio por el cual se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el Protocolo que modifica el artículo 2 y Anexo de dicho Convenio (9426/2000 - C5-0359/2000 - 2000/0809(CNS)),
(A5-0314/2000) de la Sra. Roure, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de un Convenio relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia en materia financiera (10213/2000 - C5-0394/2000 - 2000/0815(CNS)).

Marinho
Señor Presidente, la lucha contra la delincuencia financiera -y muy en particular la relativa al blanqueo de capitales- se desdobla en varios puntos del Pleno de hoy, lo que refleja la importancia política de los mecanismos jurídicos con que la Unión quiere dotarse para la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Después de la creación del Mercado Único y la correspondiente liberalización de capitales y servicios financieros, la Unión se empeña en la lucha contra el blanqueo de capitales, delito complejo que presupone otro delito principal del que resultarán beneficios ilícitos que se pretende reciclar en la vida económica normal y regular. Como destino final que es de la delincuencia internacional, consecuencia de la mundialización de la economía y de la liberalización progresiva de los intercambios, está en el centro de la delincuencia organizada, como se dice en las conclusiones de Tampere. Como muchas veces es consecuencia del tráfico de estupefacientes, hoy resulta indiscutible que la lucha de que debe ser objeto requiere la aprehensión de los beneficios obtenidos con el delito principal, más tarde disfrazados de enriquecimiento respetable. La eficacia de esa lucha sólo puede ser resultado de la cooperación internacional que, ante la delincuencia internacional, cobra en Europa la forma de cooperación judicial entre todos los Estados miembros.
Así, pues, en este informe subrayamos positivamente las medidas propuestas por la Presidencia francesa que, junto con la portuguesa, han avanzado con iniciativas de aproximación de la legislación, en consonancia con el Consejo de Tampere y poniendo en práctica el Tratado de Amsterdam, sin olvidar lo que de bueno ha hecho la Comisión con el empeño y la lucidez del Comisario António Vitorino. Así, pues, hay coherencia entre las tres iniciativas que hoy son objeto de mi informe, del informe de la Sra. Karamanou y del informe de la Sra. Roure, cuando en la Decisión-marco los Estados se obligan a la consecución de un resultado, se hace extensiva la competencia de EUROPOL al blanqueo de capitales en cuanto a la investigación o se mejora por convenio o asistencia judicial mutua.
Así, pues, vamos, señora Presidenta, por el camino seguro de la creación de un marco jurídico amplio y eficaz para al menos cercar ese tipo de delincuencia. Es evidente que mi informe apoya lo esencial de la motivación de la Decisión-marco, propuestas que van encaminadas fundamentalmente a hacer posible que los Estados miembros puedan confiscar los bienes procedentes de delitos principales, del mismo modo que estarán obligados a sancionar e incriminar los delitos de blanqueo de capitales sin la flexibilidad ofrecida por las reservas que otros instrumentos jurídicos anteriores les facultaban y que permitían fácilmente a los delincuentes jugar con la ley y controlar economías. Como también apoyamos lo que se desprende del carácter vinculante de la Decisión-marco, al obligar a los Estados miembros a adecuar sus leyes al resultado común, al tiempo que quedan sujetos dichos Estados al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia.
Ahora bien, en el informe figuran también observaciones críticas para con la propuesta francesa. ¿Por qué transponer sólo parte de la anterior acción común, con lo que quedan divididas estas medidas entre normas débiles y fuertes, dada su distinta naturaleza, lo que cristaliza la fragilidad de la acción común, y no aceptar desde ahora mismo la transposición total del conjunto a la Decisión-marco, como se explica en las enmiendas que he propuesto, las núms. 9, 12, 13 y 14? Tampoco nos parece que la persecución de los bienes y su confiscación deban limitarse a los casos en que los delitos principales sean calificados de graves. Quedaría así abierto un enorme espacio judicial totalmente injustificable de infracciones sin ningún tipo de persecución. A eso se deben las enmiendas núms. 4, 5, 6, 7 y 8. Por último, si bien reitero el beneplácito a las iniciativas francesa y portuguesa en el marco de las posibilidades reales más amplias que, a pesar de todo, ofrece el Tratado de Amsterdam -y, seamos francos, la Comisión ha sabido aprovechar muy bien-, son aún tan diferentes en el origen y la eficacia los diversos medios jurídicos, directivas, acciones comunes, decisiones-marco, convenios y convenios internacionales, que resulta urgente comunitarizar el derecho judicial, penal y civil, creando un espacio judicial al servicio de la libertad y la seguridad.
Es una lástima que no sea ésa una prioridad ahora mismo en la reforma de los Tratados, entretenida como está la actual CIG con el equilibrio de los pesos y las medidas de los Estados miembros... Pero creemos que en breve los ciudadanos sabrán imponer esa nueva dimensión de Europa, sabrán imponer una revisión de los Tratados que tenga que ver con sus intereses reales y que esa revisión se hará efectivamente en nombre de la libertad, la seguridad y la justicia.

Watson
. (EN) Señora Presidenta, comparezco aquí, en mi condición de Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, para presentar el informe de la Sra. Karamanou. Desgraciadamente, a la Sra. Karamanou no le es posible estar aquí con nosotros esta noche, pero considero adecuado que su informe se debata conjuntamente con el excelente informe de la Sra. Marinho, sobre el cual acabamos de discutir.
La República de Portugal presentó un proyecto de Protocolo de modificación del artículo 2 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía, Europol. Esta iniciativa portuguesa está dirigida a ampliar las competencias de Europol con el objeto de crear un marco general de competencia para Europol en lo relativo al lavado de dinero. La lucha contra el lavado de dinero es, evidentemente, una de las principales prioridades de la Unión, como se señaló acertadamente en la cumbre de Tampere del año pasado. Habida cuenta de que el lavado de dinero se halla en el corazón del crimen organizado, en particular del tráfico de drogas, que constituye toda una amenaza a la salud y a la seguridad públicas, no cabe sino apoyar la medida propuesta. Las declaraciones deben venir seguidas de medidas concretas para proceder al seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de los beneficios del delito. Esta propuesta de Protocolo debe verse como una medida necesaria en una estrategia europea de cooperación policial en el ámbito del blanqueo de capitales. Pero, dada la urgencia del problema, nuestra ponente solicita en su enmienda 6 que este Protocolo se apruebe lo más pronto posible, es decir, de conformidad con lo establecido en al artículo 34, apartado 2, letra d) del Tratado de la Unión Europea, si la mayoría de los Estados miembros han comunicado su aprobación.
La comisión que tengo el honor de presidir adoptó el informe de la Sra. Karamanou prácticamente por unanimidad. A pesar de que aprobamos la iniciativa portuguesa, insistimos, sin embargo, en la necesidad de una revisión más amplia del Convenio Europol y, sobre todo, en la introducción de mecanismos que garanticen el control democrático y judicial de Europol. Permítanme que aborde brevemente estos dos asuntos. En lo relativo a la cuestión del control democrático, debo señalar que en la actualidad el artículo 39 del Convenio Europol exige que el Parlamento sea simplemente consultado en un informe anual. Esto es sin duda alguna inaceptable; últimamente, en diversas ocasiones, el Parlamento ha reclamado, en particular en los informes Nassauer y Cederschiöld, la introducción de modificaciones en el Convenio Europol para garantizar un auténtico control democrático de esta agencia. Con el objeto de que el Parlamento ejerza tal control democrático, Europol debe informar sobre sus actividades en un intercambio anual de puntos de vista, al igual que hacen otras Instituciones europeas como el BCE y el Defensor del Pueblo Europeo. Ha de exigirse al director de Europol que comparezca ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo cuando las circunstancias así lo exijan. Además, el Parlamento debe estar representado en el consejo de dirección de Europol y poder pronunciarse sobre el nombramiento del director de la agencia. Estas demandas están recogidas en las enmiendas 2 y 4 del informe de la Sra. Karamanou.
En lo relativo al control judicial, nos parece igualmente inaceptable que los posibles litigios o controversias entre Estados miembros o entre Europol y Estados miembros no puedan ser presentados ante el Tribunal de Justicia, a pesar de lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado, que se refiere precisamente a las cuestiones de cooperación policial y judicial en asuntos penales. Esta contradicción choca con nuestros valores democráticos, sobre todo con los relativos a los derechos humanos, y especialmente en el ámbito de la protección de los datos. Esta falta de control judicial de Europol es particularmente peligrosa, dado que Europol parece ir asumiendo responsabilidades cada vez mayores. Esta preocupación aparece recogida en la enmienda 5 de la Sra. Karamanou.
Cabe concluir que el Parlamento ha considerado atenta y positivamente esta iniciativa portuguesa, pero no estamos satisfechos con el limitado alcance de la propuesta de modificación del Convenio Europol. Enfrentado al desafío del crimen organizado a nivel internacional, el Parlamento Europeo debe ser capaz de representar efectivamente a los ciudadanos de la Unión; por ello, debemos estar plenamente informados de y participar en las actividades de Europol, sus programas, su eficacia, sus métodos y sus medios. Soy plenamente consciente de que en este ámbito la intervención del Parlamento se limita a ser consultado. No obstante, instamos a la Presidencia francesa, que ha mostrado su firme compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, a que tome en cuenta nuestras peticiones. La creación de una zona europea de libertad, seguridad y justicia no puede seguir estando en manos de una agencia especializada, sujeta al único control de los Gobiernos nacionales. Este es un ámbito fundamental de la integración europea, y el Parlamento Europeo está dispuesto a ofrecer su apoyo a las políticas en esta materia, siempre que pueda participar adecuadamente en ellas.

Roure
. (FR) Señora Presidenta, la delincuencia internacional se ha organizado y se ha reforzado considerablemente en los últimos años. Podemos comprobar que la mundialización, en particular, ha incrementado las posibilidades de blanqueo de dinero sucio y los medios para escapar de las actuaciones judiciales.
Según las cifras avanzadas por las Naciones Unidas, el volumen anual de capitales reciclados mediante operaciones de blanqueo ascendería a un billón de dólares. El blanqueo es una infracción difícil de detectar, y la gran delincuencia se aprovecha de cualquier posibilidad brindada por las diferentes legislaciones. Por consiguiente, sólo una cooperación policial y judicial internacional permitiría contrarrestar esa práctica criminal.
A escala europea, la asistencia judicial ha conducido ya, de manera general, a la adopción de varios textos, como el Convenio del Consejo de Europa del 20 de abril de 1959 y, muy recientemente, el Convenio Europeo del 29 de mayo de 2000, cuyo ponente era nuestro colega, el Sr. Di Pietro. Desde el punto de vista más específico de la lucha contra el blanqueo, podemos citar la Directiva del Consejo del 10 de junio de 1991, recientemente modificada, cuyo ponente era nuestro colega, el Sr. Lehne.
La iniciativa de la Presidencia Francesa que examinamos hoy tiene por objeto mejorar los dos Convenios generales de asistencia judicial en materia penal - que acabo de citar - en especial en el ámbito de la lucha contra el blanqueo. El Convenio que no es propuesto mejora los textos anteriores, y esas mejoras son bienvenidas. Gracias al artículo 2 del proyecto de Convenio, los Estados miembros ya no pueden negarse a los registros o a los embargos de objetos invocando las reservas que figuran en el artículo 5 del Convenio de 1959. De conformidad con el artículo 4, para facilitar las investigaciones, los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para favorecer el suministro y la protección de los datos relativos a la existencia, la ubicación y los movimientos de los productos de infracciones, y según el artículo 5 los Estados miembros están obligados a suministrar información en materia bancaria. En cuanto al artículo 6, permite extender las solicitudes complementarias de asistencia judicial, y gracias al artículo 7 las excepciones fiscales ya no son admisibles para denegar una asistencia judicial.
No podemos sino aprobar, en su conjunto, las medidas contenidas en este proyecto de Convenio, que responden a la preocupación manifestada por el Consejo Europeo de Tampere en lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de dinero, que está en el corazón mismo de la delincuencia organizada y que hay que erradicar allí donde exista.
Me parece que se podrían proponer algunas mejoras, y éste es el objeto de mi informe. La inoponibilidad del secreto bancario y comercial a las peticiones de asistencia judicial está contemplada en el artículo 3. Ahora bien, me parece indispensable ampliar dicha inoponibilidad a las actividades comerciales y a la asesoría financiera de los abogados o de los miembros de profesiones jurídicas reguladas, que por su naturaleza no están cubiertas por el secreto profesional.
Por otra parte, el artículo 8 del proyecto de Convenio limita únicamente a intereses esenciales los motivos de denegación de asistencia que podría invocar el Estado requerido. Eso representa un progreso. Sin embargo, para que la asistencia judicial no pierda su alcance en un ámbito en el que sólo una cooperación europea tiene sentido, me parece que debería concederse un plazo máximo de dos meses al Estado requerido para comunicar su respuesta.
El artículo 9 prevé que los Estados miembros crearán, en el plano nacional, equipos integrados, interdisciplinarios, para aumentar la eficacia de las investigaciones y favorecer el intercambio de informaciones. Propongo que se cree una célula de cooperación entre esos equipos interdisciplinarios, para facilitar los intercambios de información entre las autoridades implicadas de los Estados miembros y la selección y la utilización de las mejores prácticas.
Estas propuestas no tienen otra razón de ser que avanzar hacia una asistencia judicial que sea lo más eficaz posible y esté a la altura de los desafíos de la delincuencia organizada, en particular en materia de blanqueo de dinero.

Lehne
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, esto me resulta relativamente fácil: a la hora de emitir mi opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos acerca de la propuesta de la Presidencia portuguesa relativa a la inclusión de Europol en la lucha del blanqueo de dinero, no puedo menos que decir que es una buena propuesta. Por esta razón, hemos hecho muy pocas enmiendas, pues, naturalmente, nos declaramos de acuerdo con esta propuesta. Existe un gran consenso en todas las instituciones europeas, naturalmente también aquí, en esta Asamblea, acerca de que deseamos utilizar todo lo que sea adecuado y posible - quienes me han precedido en el uso de la palabra han dicho ya lo necesario al respecto - para combatir el blanqueo de dinero.
Pero ya que me encuentro aquí y dispongo de la ocasión de decir algo sobre el tema de la lucha contra el blanqueo de dinero, quisiera formular también algunas críticas. Formular algunas críticas sobre algo que no tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo, es decir, con el resultado de la posición política del Consejo sobre la cuestión de la segunda directiva sobre la lucha contra el blanqueo de dinero.
Desde el principio el Parlamento Europeo ha intentado trabajar con el Consejo en una estrecha cooperación. No me cabe decir más que el resultado final fue, ciertamente, un gran show por parte del Consejo, pero las enmiendas que presentamos y que fueron aprobadas por gran mayoría aquí, en la Asamblea, no fueron aceptadas en la misma proporción. No puedo menos que afirmar que si la idea de la lucha contra el blanqueo de dinero resulta perjudicada, la culpa será del Consejo y no del Parlamento. Por decirlo de alguna manera, se han transferido al ámbito de las profesiones liberales las regulaciones que en el pasado se habían establecido para los prestadores de servicios bancarios y financieros, aunque aquellas no encuentran ninguna cabida allí, conscientes del hecho de que en estas circunstancias no va a ser posible evitar al final una reñida segunda lectura con el Parlamento Europeo y un procedimiento de cooperación. En última instancia, no se trata, ciertamente, de los privilegios de los abogados o de otras profesiones liberales. Se trata de derechos fundamentales. Se trata, simple y llanamente, de que un mandante que busca un consejo jurídico o que demanda asistencia jurídica ante un tribunal, tal como figura, por lo demás, en la Carta de Derechos Fundamentales, tenga la posibilidad de acudir a un abogado de su confianza y recabar del mismo un consejo jurídico, sin que éste tenga que delatarlo al minuto siguiente ante el Ministerio público si aquél le ha revelado alguna cosa. Éste es un derecho fundamental. No hay que poner en cuestión este derecho fundamental. Lo mismo ha de decirse respecto de todos los demás ámbitos de la asesoría jurídica.
Por consiguiente, agradezco mucho la formulación transaccional que se ha encontrado aquí, en la comisión, sobre el Informe Roure, la cual ha puesto de manifiesto que debe seguir garantizada esta protección clásica de los Derechos Fundamentales. Sin embargo, quisiera también poner de manifiesto que si los abogados hacen lo mismo, no hay, naturalmente, ninguna razón para proteger esta actividad de los abogados, sino que aquí se trata de la asistencia jurídica, de la representación ante los tribunales. En este punto debe quedar garantizada la protección de los Derechos Fundamentales.
En resumen, desde este punto de vista apoyo las propuestas que están hoy sobre la mesa, pero, al mismo tiempo, quiero anunciar en esta ocasión un duro enfrentamiento con el Consejo acerca de la posición común sobre la segunda directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero.

Dimitrakopoulos
Señora Presidenta, creo que el debate que estamos celebrando hoy es muy importante, precisamente porque trata de cómo vamos a poner orden en nuestra casa.
Para empezar quiero felicitar al Sr. Marinho por la labor que ha realizado y quiero decir que, realmente, los intentos por combatir el crimen organizado deben gozar de apoyo y de atención. Señora Presidenta, estimados colegas, el problema de los delitos económicos es muy complejo, porque por una parte , está en relación con un esfuerzo por blanquear dinero en un laberinto de infracciones, y por otra, presupone una serie más de delitos, que precisamente conducen a dicho blanqueo.
Creo que hoy en día el crimen organizado oprime a las sociedades europeas. En toda su expresión. Y los delitos económicos, con el blanqueo quizás en primera posición, se encuentran en el epicentro del crimen organizado que asola Europa. Es un hecho que la iniciativa de la Presidencia francesa, a la que se suma el Sr. Marinho, es correcta; pero también es un hecho que el esfuerzo que ha realizado el Sr. Marinho, es decir: establecer normas más estrictas, también es correcto. Y, claro, si queremos tener resultados, debemos llegar al corazón, a la llave de la herramienta que ayude a la lucha contra estos delitos. Para mi, señora Presidenta, estimados colegas, el corazón de la lucha contra estos delitos es la mejora de la cooperación judicial.
Estaba leyendo las exposiciones de motivos que acompañan las enmiendas del Sr. Marinho y me he detenido en una que dice que en la actualidad Europa ha avanzado muchísimo a nivel económico. A nivel político avanza; pero dice que desgraciadamente hay aún 15 fronteras interiores en todo lo concerniente a los magistrados, los fiscales, los procedimientos, las sentencias judiciales. Esta frase me ha hecho reflexionar mucho porque la considero una frase clave. Y creo - y propongo vivamente - que demos muchos pasos, muchos pasos básicos para conseguir la cooperación judicial a nivel europeo y enfrentarnos así a delitos como los económicos.

Terrón i Cusí
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera felicitar a los ponentes, Sr. Marinho, Sra. Roure y Sra. Karamanou, por unos informes sobre un tema complejo que ha sido objeto de debates profundos en este Parlamento y en nuestra comisión en el pasado. La prueba de que mi felicitación no es retórica es que estos informes han obtenido una mayoría absoluta de votos en la Comisión de Libertades Públicas. Por ello, hago mías sus palabras y el contenido de sus informes y quisiera a partir de ahora dedicarme, Sra. Presidenta, en ausencia de la Sra. Karamanou, a expresar la posición de mi Grupo respecto a su informe.
Europol tiene por mandato prevenir y luchar contra algunas formas de actividad criminal. El proyecto de protocolo que se nos presenta, fruto de la iniciativa de la Presidencia portuguesa, que complementa otras iniciativas que hoy hemos estudiado, tiene por objeto extender las competencias de Europol al blanqueo de dinero en general. La lucha contra el blanqueo de dinero sólo entra en las competencias actuales de Europol de manera conexa con respecto a las formas de criminalidad de las que se ocupa.
El objeto de la revisión propuesta es establecer una competencia general de principio de Europol en cuanto al blanqueo de dinero. Por lo tanto, la revisión propuesta afecta al apartado 2 del artículo 2, la indicación de la lucha contra el blanqueo de dinero entre las nuevas tareas de Europol. No obstante, según el apartado 3 del mismo artículo, la competencia de Europol en cuanto al blanqueo no se extiende a las infracciones primarias, es decir, los delitos y crímenes que preceden al acto de blanqueo y que no figuran en este apartado 2. Para el resto del proyecto de protocolo, se presenta el procedimiento habitual de adopción por los Estados miembros.
Habida cuenta de la gravedad del fenómeno del blanqueo de dinero en el mundo y de su papel clave en el desarrollo de la criminalidad, es preciso aprobar la extensión de las competencias de Europol en este ámbito. Pero si la consulta al Parlamento Europeo se limitara a este aspecto formal y no pudiésemos introducir otros temas en este debate, un informe sin debate, habría bastado decirle a Europol que estamos de acuerdo y que es necesario poner todos los medios para la lucha contra el blanqueo de dinero.
Este informe sólo presenta algún interés si, con motivo de su debate, el Parlamento puede formular consideraciones y propuestas sobre el funcionamiento de Europol y sobre su control. Me limitaré en esta fase a estos dos tipos de consideración, dando por sentado que estamos a favor de la lucha contra el blanqueo de dinero y de que Europol se encargue de ello, aunque no somos partidarios de hacerlo a golpe de decisiones del Consejo y a base de iniciativas nacionales esporádicas.
Podríamos preguntarnos, y me centro en estos dos temas, que son los únicos que voy a tratar, cuál es el grado de eficacia del funcionamiento de Europol a la hora de extender sus competencias. ¿Cuáles han sido hasta ahora los resultados de Europol en la lucha contra el blanqueo de dinero en el marco de sus competencias conexas? ¿Qué ha sido del sistema informático de Europol, que debía ser operativo en el año 2001? ¿Qué es de los equipos comunes de investigación que debían extenderse en el futuro a la lucha contra el blanqueo de dinero? El Parlamento -lo ha recordado el Sr. Watson- ha expresado en varias ocasiones su descontento por la ausencia de control democrático real de las actividades de Europol. Lo ha hecho en los informes de la Sra. Cederschiöld y del Sr. Nassauer.
¿Podemos conceder hoy nuevas competencias a Europol sin exigir, aunque sea en este debate, una revisión del artículo 31 del Convenio, que limita el papel del Parlamento a ser destinatario de un informe anual? ¿No deberían, como ya pedimos, incluirse las finanzas de Europol en el presupuesto general de la Unión Europea? Y el Parlamento, ¿no debería ser consultado en el nombramiento del director de Europol? Lo mismo sucede con la ausencia de un control jurisdiccional -y vamos a ver más tarde el informe sobre Eurojust.
Considero -y así concluyo- que este informe sólo tiene sentido si es una ocasión más para que el Parlamento reconsidere el favor a la extensión legítima de las competencias de Europol, al conjunto del funcionamiento de este órgano, su eficacia, las modalidades de control, la posibilidad de valorar los logros y los avances. Se trata, nada menos, que del futuro de la cooperación policial en Europa.

Boumediene-Thiery
Queridos colegas, una de las cuestiones esenciales para la construcción de un espacio europeo de seguridad, de libertad y de justicia es la cooperación judicial y policial que permitiría que ese espacio se concretice rápidamente y sea eficaz para los ciudadanos. Al tratar esos puntos, nuestros ponentes han centrado su reflexión tanto en el protocolo que modifica el Convenio Europol como en la mejora de la asistencia judicial. No podemos sino felicitarles por ese trabajo.
Pero nuestra principal preocupación es la cuestión de la ampliación de las competencias de Europol. Reconocemos expresa e imperiosamente la necesidad de una asistencia judicial eficaz, pero al mismo tiempo denunciamos la deriva que puede originar Europol que fue constituido fuera de todo control parlamentario o jurisdiccional, y en términos generales la carencia democrática de una Europa que los Estados se empeñan en mantener dentro de la esfera opaca de los procedimientos intergubernamentales esquivando las obligaciones, los deberes y el control que emanan del sufragio universal.
Veo algunos puntos imprecisos en Europol: la inmunidad diplomática de sus miembros, ninguna definición de los medios autorizados ni de sus límites, anuncio de la creación de un fichero de datos personales, registro de datos en ámbitos protegidos por textos internacionales y declaraciones de derechos humanos, peligros para las libertades dados los riesgos de abusos, hoy o mañana, habida cuenta de la evolución de algunos Estados.
Si "la policía europea" recibe ese regalo del cielo de un autocontrol posible, hará todo lo posible para refrenar las veleidades de control democrático por parte del Parlamento Europeo teniendo en cuenta las carencias estructurales actuales o la falta de unidad en cuanto al fondo.
La iniciativa de Portugal con relación al Convenio Europol tiende a incitar al Parlamento Europeo a escoger el buen camino de la seguridad que pasaría por el registro discrecional de los ciudadanos en todas los ámbitos de la vida privada. Localizar, perseguir, condenar el blanqueo del dinero sucio de los terroristas y de los traficantes de armas y de droga, ¡por supuesto que sí! Pero eso no nos ofrecerá mas garantías en lo que se refiere al derecho de defensa y protección de los ciudadanos.
Es la razón por la cual estamos presentando enmiendas sobre la consolidación de esos derechos y de esas libertades, sobre la necesidad de adoptar un instrumento, sobre los derechos de defensa y el reconocimiento de la competencia del Tribunal de Justicia.
No ignoramos que un artículo del Acta del Consejo de Ministros, que curiosamente pasó desapercibido, estipula que Europol especifica si se pueden introducir en el fichero analítico, datos relativos al origen racial, a las creencias religiosas o de otro tipo, a las opiniones políticas, a la vida sexual o a la salud.
Entonces, ¿seguiremos con esas dudas acerca de las competencias de Europol cuando el control democrático está borrado de las Tablas de la Ley? Los valores democráticos que nos reúnen en este hemiciclo deben ser los que rigen nuestros actos y nuestros trabajos, para hacer de Europa una Unión solidaria y social y no una Europa policial y represiva.

Papayannakis
Señor Presidente, para empezar quisiera dar mi enhorabuena a nuestro ponente, Sr. Marinho. Creo que el análisis que ha realizado es correctísimo y muestra el camino para avanzar realmente en la lucha contra el blanqueo de dinero "negro", o del dinero "gris", como también se le llama. Recuerdo que, estamos hablando de la lucha contra el crimen organizado mediante esta política, es decir, contra los crímenes de la droga, de la trata de blancas y de niños y de muchos más crímenes miserables, con unas consecuencias terribles en toda la sociedad, incluso -y quiero decirlo crudamente- en la propia economía, puesto que ya se ha reconocido que este dinero consigue aumentar la liquidez monetaria y muchas veces desestabiliza las políticas económicas.
Muy correctamente señala el ponente - y quiero decirlo también yo - al abrir las fronteras, por otras razones, hemos abierto también las fronteras al crimen organizado, y debemos ahora abrirlas a aquellas autoridades - judiciales y policiales - que le asestan los golpes. Y, por supuesto, esto debemos hacerlo basándonos en definiciones idénticas de qué es el crimen, cuáles son los métodos que utiliza, no sólo por razones procesales, sino para que no pueda escapar de un país a otro. Naturalmente, como dice el Sr. Marinho - y yo también estoy de acuerdo -, el camino es la comunitarización. Claro, porque así entramos también en el camino del control parlamentario y democrático.
Sin embargo, señor Presidente, hay aún muchas cuestiones, incluso aprobando todo lo que hasta ahora nos han dicho. Hay muchas cuestiones muy serias. Y quiero decir lo siguiente: Hoy en día hay países en la Unión Europea que soportan y, podría decir, explotan situaciones extrañas, compañías costeras, extraños reglamentos bancarios y más cosas por el estilo, que a mi personalmente no me inspiran ninguna confianza sobre si lo que acordemos se aplicará.
La unificación política, el control político es posiblemente el que nos podría dar la solución a estas cuestiones, y por consiguiente, también a las inspecciones y a la armonización del derecho en estas cuestiones. Son cuestiones que indican que se deben realizar cambios institucionales, señor Presidente, que desgraciadamente, no los vamos a ver tampoco en Niza.

Andrews
Acojo con satisfacción la celebración de este debate. La venta ilegal de drogas y otras actividades delictivas como el tráfico de armas generan miles de millones de euros al año, y una gran parte de ellos en efectivo que ha de ser lavado. Nuestra misión consiste en proceder al seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de los beneficios del crimen organizado. Nos vemos enfrentados a criminales que emplearán todos los medios a su alcance para evitar ser detectados. Estamos en guerra con esa gente. La vida humana es un bien fungible en el negocio de beneficios ilegales.
Necesitamos coordinar al máximo nuestro planteamiento. El delito no tiene fronteras. La Ley sobre beneficios del delito, introducida por nuestro Gobierno en Irlanda, ha sido utilizada con éxito por nuestra Oficina de bienes procedentes de actos delictivos para privar a los implicados en actos delictivos de disfrutar del producto de su delito. Hasta finales del año pasado, la Oficina había obtenido resoluciones judiciales a su favor e inmuebles por valor de 20 millones de euros con arreglo a dicha ley y ha interpuesto reclamaciones tributarias por más de 40 millones de euros.
Si bien la cooperación entre los Estados miembros de la UE y nuestros organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes gana en intensidad, la escala del blanqueo de dinero y del fraude es tan grande que por ahora no estamos más que poniendo parches al problema. Un billón de dólares es el volumen anual estimado de capital reciclado mediante el lavado de dinero en forma de operaciones financieras. Estos fondos podrían emplearse en nuestras ciudades y para diversos fines sociales. Acojo con satisfacción este debate y esta discusión.

Newton Dunn
Quiero referirme al informe Karamanou sobre Europol. Todos los que han intervenido coinciden en que es una iniciativa muy valiosa y nosotros apoyamos sus afirmaciones.
Sin embargo, como han señalado muchos oradores, el control democrático es insuficiente. Ello constituye el punto central de las enmiendas conjuntas de los Grupos que presenta la comisión. Queremos ver que el Parlamento participa en el nombramiento del director, y además en votación mayoritaria, porque cuando la Unión se haya ampliado hasta los 28 Estados miembros, será muy difícil llegar a un acuerdo sobre la persona del director. Debe tratarse de una elección por mayoría -proponemos que sea de dos tercios- y también queremos que el Parlamento participe en la separación del director, si llega a ser necesaria tal medida, por mayoría igualmente de dos tercios.
Queremos que el Parlamento participe en el consejo de administración. Podríamos mejorar enormemente el control democrático. Y también queremos que las controversias que surjan en su seno se presenten ante el Tribunal de Justicia. Todas estas consideraciones están recogidas en las enmiendas y, a juzgar por el debate celebrado en la comisión, confío plenamente en que el Parlamento aprobará estas enmiendas.
No obstante, quiero dirigir mi atención por un momento hacia el futuro y a lo que suceda después de esta propuesta. Percibo dos señales, una buena y otra mala. La evolución negativa en el futuro de la que muchos colegas han hablado -incluido mi amigo, el Sr. Andrews- es el imparable crecimiento de la delincuencia organizada que observamos en toda Europa. La apertura de las fronteras en el mercado único fue una idea indudablemente buena, pero ha ayudado también a la mafia y a los criminales de Europa del Este a extender sus tentáculos por toda la Unión.
Cuando se produzca la ampliación, que es el aspecto positivo que percibo en el futuro, nos toparemos con dificultades cada vez mayores para luchar contra la delincuencia organizada. Los delincuentes pueden cruzar libremente las fronteras, pero nuestros cuerpos policiales no. Aún hoy existen más de 120 cuerpos diferentes de policía en la Unión Europea, y muchos de ellos, debo reconocer, en el Estado miembro del que procedo, dado que en el Reino Unido cada condado cuenta con su policía y su ámbito de competencia sólo se extiende hasta los límites de su respectivo territorio. En la actualidad tenemos demasiados cuerpos de policía y vamos a tener aún más cuando el proceso de ampliación haya finalizado; nuestra capacidad para combatir la delincuencia organizada va a ser mucho menor de lo que debería ser. Lo que necesitamos es que se conceda a Europol capacidad operativa para actuar de forma transfronteriza.
En reuniones públicas en que se trata el crecimiento de la delincuencia organizada, la invariable respuesta del público es: "Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes al respecto? Acometer el problema. Asumir las facultades necesarias. Organizar las fuerzas policiales de modo que podamos enfrentarnos al crecimiento de la delincuencia organizada." La opinión pública está a favor de estas actuaciones y -como sucede muy a menudo- va por delante de nosotros y del Consejo de Ministros.
Me gustaría mucho escuchar la reacción de la Comisión ante la posibilidad de crear un FBI europeo si, como deseamos, en la cumbre de Niza del mes próximo se abre paso la idea de incrementar la cooperación. No es necesario denominarlo un FBI europeo, pero en todo caso constituye el lógico paso siguiente. Contaría con el pleno apoyo de la opinión pública y es necesario para el futuro.

MacCormick
Señor Presidente, siento que esta noche mi voz sea una voz en cierto modo discordante en este Parlamento, salvo con respecto a mi colega la Sra. Boumediene-Thiery. No cabe duda de que este Parlamento se ha fijado un objetivo encomiable y positivo. Pero los fines no justifican los medios en ningún caso.
A mi juicio, el establecimiento de estas iniciativas está avanzando de un modo que puede ignorar la protección prevista en el artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. No veo que se estén teniendo en cuenta adecuadamente el derecho de defensa, como ha señalado la Sra. Boumediene-Thiery. Tampoco percibo que se esté teniendo en cuenta adecuadamente el derecho de los individuos a un juicio justo y a la justa presentación de imputaciones contra ellos. Si no tenemos en cuenta estos aspectos, estaremos creando, me temo, un monstruo de Frankenstein, aunque, al igual que el conde de Frankenstein, pretendamos hacer el bien. Debemos garantizar que, en la medida que nos movemos hacia el reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales, establezcamos en Europa el más alto estándar común y no el mínimo común denominador a la hora de proteger a los individuos demandados ante los tribunales.
En mi condición de diputado de este Parlamento se me han remitido diversos casos. Un ejemplo es el de una persona acusada de blanqueo de dinero, detenida durante 364 días en Portugal sin que se presentasen imputaciones en su contra. Cuando finalmente fueron presentadas, éstas contenían muchas páginas en portugués, con una insuficiente traducción de su resumen, aunque la persona afectada no sabía nada de portugués. Me han llegado casos de camioneros detenidos en Francia por ser sospechosos de tráfico de drogas, -un delito espantoso si efectivamente se ha cometido, pero estas personas están detenidas en condiciones inaceptables, sin disfrutar del derecho efectivo a disfrutar de la defensa legal que ellos mismos hayan elegido, con unos servicios de interpretación inadecuados o simplemente inexistentes, sin tener la oportunidad de probar su inocencia en un procedimiento judicial que se desarrolle en un plazo razonable.
Mientras vivamos en un Europa en la que aún existan estos manchones en nuestros blasones, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con que las bienintencionadas medidas que estamos adoptando no acaben por destruir algunos de los aspectos más importantes de las libertades civiles en Europa. El Sr. Andrews lo ha señalado acertadamente: estas graves penas deben recaer sobre los debidamente condenados, tras un juicio justo, por los delitos del tipo que estamos examinando. Debemos garantizar que a aquellos que sean las víctimas inocentes de la guerra -daños colaterales habría que llamar a esto, supongo- acusadas de delitos no se les deje languidecer en las cárceles, sin poder comunicarse con sus familias. Casos así son demasiados comunes en nuestra actual Europa. Por ello, antes de prestar mi apoyo a un precipitado furor de reconocimientos mutuos de resoluciones judiciales, desearía que existiera un reconocimiento conjunto de estándares justos.

Theonas
Señor Presidente, de verdad que quisiera aceptar que tanto las iniciativas de la Presidencia francesa como los informes de nuestros ponentes intentan encontrar formas más eficaces de combatir el blanqueo de dinero negro. Pero surgen dos grandes interrogantes:
Primero, las propuestas que estamos debatiendo, al final acaban en el refuerzo de la cooperación judicial y policial, y además con vistas a crear un espacio judicial europeo único con una comunitarización del procedimiento penal y civil. Pregunta: ¿Existe algún estado en Europa, o una zona, como por ejemplo los Estados Unidos, en donde ya esté en vigor el espacio judicial único y que haya combatido con eficacia el problema del blanqueo de dinero, o es que, en nombre de un problema existente, intentamos fomentar la comunitarización de instituciones cruciales unidas a la independencia nacional y a la soberanía popular de los Estados miembros?
Segundo, ¿el refuerzo de la cooperación judicial y policial está en situación de enfrentarse al papel de los paraísos fiscales, o de los centros y de las empresas off shore y, en muchas ocasiones, de los propios Estados miembros que, gracias a su política en los intercambios de títulos estatales, bonos del Estado y valores del Tesoro, están colaborando de forma esencial en el blanqueo de dinero? ¿No será que hace falta ser más sinceros y tomar medidas de otro tipo, económicas y sociales, para solucionar este tremendo problema unido al propio funcionamiento del sistema económico en total liberalización y en un mercado libertino?

Camre
Señor Presidente, todos los países de la UE están de acuerdo en combatir el blanqueo de dinero y naturalmente se debe aplaudir sin reservas este consenso. Sin embargo, en realidad todo esto no resulta tan sencillo. Pienso que este Parlamento complica los problemas en lugar de simplificar y agilizar su solución, y así queda patente en la propuesta de ampliación de las competencias de Europol. Esta Asamblea debería dar prioridad a la creación de instrumentos verdaderamente eficaces para la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la delincuencia organizada. La reacción a la iniciativa adoptada por Finlandia resulta tanto lamentable como aleccionadora. Es evidente que una cooperación entre los países podría contribuir a mejorar la lucha en este ámbito.
¿Por qué se considera necesario el nuevo sistema de la Comisión? En mi opinión, no está claro dónde debe actuarse, aparte del hecho de que se imponga a los países la tarea de mantener una protección homogénea de datos. O dicho de otra forma. La lucha contra el blanqueo de dinero no debe verse obstaculizada por el hecho de que la Comisión tenga que adaptar el trabajo a los países más condescendientes e indiferentes. El Parlamento no debe frenar las iniciativas del Consejo de Ministros ni las iniciativas de los países más dispuestos a atajar estos delitos. El Parlamento debe alentar al Consejo de Ministros y a los países miembros. El camino a seguir pasa por fijar definiciones homogéneas de los actos criminales, siendo necesaria una cooperación entre las policías y los sistemas judiciales de los países.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, he pedido estos cinco minutos para pronunciarme hoy en nombre de mi Grupo, el Grupo del PPE, sobre el informe de la Sra. Roure.
A partir de la intervención brillante del Sr. MacCormick, me gustaría hacer una reflexión previa. Aquí tenemos tres iniciativas que se dirigen a combatir el crimen organizado, que es una de las grandes lacras, y en las que hay una voluntad política clara de aunar esfuerzos, de ir más allá, de construir ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Para hacerlo, tenemos que tener cuidado de que no se produzca una dispersión de medidas y se establezca una situación absolutamente asimétrica en la que, como muy bien ha dicho el Sr. MacCormick, sufra una parte del proceso a la que debemos prestar especial atención puesto que se trata de la seña de identidad europea: la protección de los derechos fundamentales y las garantías procesales. Necesitamos que en el ámbito del tercer pilar, como consecuencia de los acuerdos de Tampere, se desarrollen las garantías procesales y que se desarrollen esas garantías cuando se producen situaciones transnacionales como las que él ha definido.
Esto viene al hilo también de la intervención del Sr. Lehne. El Sr. Lehne explicaba el problema del secreto profesional de los abogados en el marco de esta lucha contra el blanqueo de dinero. Pues bien, aquí tenemos otro buen ejemplo: por luchar contra el blanqueo de dinero, podemos poner en cuestión una cosa que, lejos de ser un privilegio de los abogados, es un elemento esencial de ese derecho de defensa que es a su vez un elemento esencial de toda nuestra construcción, cultura e identidad europeas. Comprendo que es muy difícil porque aquí tenemos que construir a partir de una dispersión de instrumentos. Tenemos una directiva para combatir el blanqueo, tenemos una decisión marco para combatirlo, tenemos una modificación del Convenio Europol. Necesitaremos en algún momento compilar todos esos textos porque, señor Presidente, usted y creo que todos los que aquí estamos sabemos que, para que esto sea aplicado por los jueces -que son los que lo tienen que aplicar con garantía de esos derechos de defensa- con este sistema de dispersión vamos desde luego muy mal orientados.
Y ahora me centro en otra cuestión, que hace también referencia a la calidad de la legislación. En este informe figura un visto sobre el llamamiento de Ginebra y el Grupo del PPE va a votar en contra de él, y no porque estemos en contra del llamamiento de Ginebra sino sencillamente porque como Parlamento debemos garantizar una legislación de calidad. El llamamiento de Ginebra no es un visto, no es una referencia jurídica ni una referencia cuasijurídica a un Consejo Europeo.
Por fin, a iniciativa del PPE se han recogido dos modificaciones al artículo 8, ya que, si estamos de acuerdo en una voluntad política de luchar contra el crimen organizado, no podemos introducir la posibilidad de que un Estado pueda negar esa cooperación -estamos hablando de cooperación judicial, entre jueces- argumentando cuestiones de interés nacional. ¿Qué es eso del interés nacional cuando se trata de que un juez de la Unión Europea está pidiendo cooperación a otro juez de la Unión Europea? ¿Qué autoridad intermedia va a interponerse diciendo que aquí hay un interés nacional? Entendamos que una de dos, o bien queremos construir ese espacio y no sencillamente dejar una bella frase en el Tratado o bien, rindámonos a la evidencia, no queremos llegar hasta las últimas consecuencias de lo que hemos puesto en el Tratado, de lograr ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia.
Por último, señor Presidente, el Grupo del PPE apoya la enmienda de transacción a la que hemos llegado con la Sra. Roure sobre las actividades de los abogados. Cuando un abogado actúa fuera del consejo profesional, fuera de lo que es su naturaleza de abogado, caiga sobre él la justicia como sobre cualquier hijo de vecino, porque su secreto profesional no es un privilegio para él, es un derecho que se deriva de la estructura jurídica y las garantías procesales. En ese sentido, entendemos que la enmienda de transacción es ciertamente redundante pero, en aras del buen consenso de la Asamblea, votaremos a su favor.
Señor Presidente, quisiera concluir pidiendo a la Comisión, en la difícil tarea que tiene ante sí y en la que está haciendo un enorme esfuerzo, que procure tomar en consideración estas iniciativas que, en nombre del Grupo del PPE, transmito.

Laguiller
Señor Presidente, Señor Comisario, el informe Marinho lamenta que las fronteras estén abiertas para los delincuentes pero cerradas para las instituciones encargadas de perseguirles. ¿Pero qué tiene de sorprendente? Ustedes quisieron una Europa basada en la única preocupación de abrir la puerta a la circulación de los capitales y de las mercancías. Los capitales sucios toman los mismos caminos que los otros, suponiendo que algunas actividades de empresas bien establecidas no sean iguales de sucias que los capitales del cartel de Cali. Me refiero al dinero de la corrupción o al provecho que se saca de la explotación de los niños en el tercer mundo.
Ustedes son incapaces de tomar verdaderas medidas para impedir el blanqueo de dinero sucio, porque para eso habría que incriminar a los grupos bancarios y financieros, puesto que son los que blanquean ese dinero amparándose en el secreto bancario. Todos los grandes bancos crean filiales en paraísos fiscales, y esos paraísos sólo existen porque hay bancos que los utilizan. Lo hacen con el estimulo de los Estados mismos, como Francia o los Países Bajos en San Martín, Gran Bretaña en las Islas Anglonormandas, y otros.
Somos los únicos aquí en querer medidas que impidan realmente el blanqueo del dinero, o sea la suspensión inmediata del secreto bancario, del secreto comercial, del secreto empresarial, la apertura de los libros de cuentas de todas las empresas bancarias o industriales y el derecho para todos los empleados de esas empresas, para todos los consumidores, de dar a conocer al público cualquier movimiento de fondos que va en contra de los intereses de la colectividad.

Pirker
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nuestro objetivo es y debe ser desarrollar la unión económica hacia una unión de seguridad. Ésta es una tarea que se deriva del Tratado de Amsterdam y de la cumbre de Tampere. Pero constituye también una necesidad a fin de fortalecer la zona económica de la Unión Europea, y es también un deseo de los ciudadanos, a los cuales hemos de corresponder, pues los ciudadanos de la Unión tienen un derecho a la seguridad.
Hoy estamos debatiendo acerca de cómo avanzar un paso más hacia esta Unión de seguridad. Estamos discutiendo esto con ocasión de las medidas sobre el blanqueo de dinero. Puesto que el dinero es el motor de la delincuencia organizada, las medidas que estamos discutiendo hoy para combatir el lavado de dinero a nivel mundial forman parte de nuestra lucha contra esta delincuencia organizada. La delincuencia organizada - esto se ha dicho ya de muchas maneras y lo sabemos - obtiene ganancias gigantescas del narcotráfico, del tráfico de personas, de la proliferación, del contrabando de vehículos a motor, de muchos ámbitos de negocio hasta el comercio de obras de arte. Sin embargo, todo este dinero, obtenido de manera ilegal, se introduce, una vez blanqueado, en el circuito legal de la economía. Éste es también el objetivo de la delincuencia organizada y de esta manera la delincuencia organizada y el dinero blanqueado dañan la economía legal de la Unión Europea. La economía se vuelve objeto de dramáticas infiltraciones. Por esta razón revisten una importancia tan grande estas medidas encaminadas a la lucha contra el blanqueo de dinero.
Sin embargo, sólo podremos abarcar la totalidad si disponemos de una combinación de varios instrumentos orientados a la lucha contra el blanqueo del dinero.
El primero es el desarrollo de la competencia de Europol. Sabemos que Europol tiene competencias, pero ahora se le suma el blanqueo de dinero como un ámbito de competencia autónomo. Esto es bueno. Sin embargo, no debemos olvidar dotar a Europol con suficiente personal y dinero para que Europol pueda asumir luego de manera fáctica estas competencias que le transferimos. También quiero aprovechar esta ocasión para instar, como los colegas que me han precedido, a que se remueva de una vez por todas la importante anomalía y a que Europol se someta al control al que están sometidas también otras instituciones de la Unión Europea.
La segunda medida, el segundo instrumento, es la armonización . Europol, con sus competencias, sólo tendrá sentido si logramos producir la armonización en el ámbito de las disposiciones formales y materiales en materia de Derecho penal, en lo que respecta a la tipificación de la figura punible, a la proporción de la pena o a la confiscación de las ganancias obtenidas de los actos delictivos.
El tercer punto, completamente esencial, es que se consiga también el mejoramiento de la asistencia judicial. Nuestra colega, la Sra. Palacio, ha aludido con insistencia a la importancia de vincular también aquí a los grupos profesionales pertinentes y de poner en claro a los Estados miembros que es preciso colocar los intereses europeos por encima de los intereses nacionales.
El último punto para mí - y lo añado a los demás - es la creación de EUROJUST o de la oficina provisional, pues con ellas se trata de conseguir una mejor coordinación en las diligencias y en las medidas de persecución penal.
La Unión Europea , nosotros, el Parlamento Europeo, acometen una nueva posibilidad en la lucha contra esta delincuencia organizada, que nos ocupa tanto. Con esto la Unión coloca una piedra más en el camino que va desde la Unión económica a la Unión de la seguridad.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la evolución de la economía y el fenómeno de la mundialización han ido acompañados en los últimos años de un aumento de la delincuencia internacional. Según las Naciones Unidas, el volumen anual de capitales reciclados mediante operaciones de blanqueo de capitales ascenderá a un billón de dólares. En la Unión Europea, debemos seguir llevando a cabo una lucha tenaz contra el blanqueo de capitales, conscientes de que, sobre todo después de la creación del Mercado Único y la liberalización de los mercados de capitales y de los servicios financieros, se impone una cooperación policial y judicial efectiva entre los Estados miembros, tan eficaz como sea posible.
Hoy debatimos tres informes que reconocen que el blanqueo de capitales está en el centro de la delincuencia organizada, por lo que se debe erradicar dondequiera que ocurra. De ese modo, el informe Marinho propone que se garantice la adopción de medidas concretas para descubrir, congelar, aprehender y confiscar los productos del delito, imponiendo una movilización conjunta de los recursos policiales y judiciales a fin de garantizar que los delincuentes o los productos del delito no puedan ocultarse en la Unión Europea. Convengo con lo esencial del informe, pero tengo dudas sobre la propuesta del ponente al pretender que se aplique esta Decisión-marco también a pequeños delitos. Lo que se pretende con esta Declaración-marco es luchar contra los grandes delitos que dan lugar al blanqueo de capitales y no pequeños delitos con tipificaciones penales inferiores, que, si se incluyeran en el ámbito de esta Decisión-marco, podrían llegar a desvirtuar su objetivo.
El informe Karamanou pretende hacer extensivas las competencias de EUROPOL al delito de blanqueo de capitales, reforzando la cooperación policial y dotando a EUROPOL de instrumentos más eficaces. Se trata de una iniciativa portuguesa que ya han elogiado varios oradores anteriores.
Y, por último, el informe Roure pretende suprimir un elevado número de obstáculos jurídicos a la ayuda judicial mutua, al tiempo que prevé la adopción de medidas prácticas destinadas a reforzarlo. En cuanto a este informe, me gustaría que se mantuviera la orientación ya votada por este Pleno, con ocasión de la aprobación del informe Lehne sobre el blanqueo de capitales, respecto del secreto profesional de los abogados. Como aquí reconocemos, el secreto profesional es un elemento indispensable en la administración de justicia, pues cualquier violación de ese derecho podría entrañar la violación de las libertades civiles de los ciudadanos.

Graça Moura
Señor Presidente, debo comenzar informando a la Asamblea de que soy abogado de profesión, aunque mi inscripción en el Colegio de Abogados de Portugal esté suspendida a solicitud mía. Así, pues, voy a intervenir sólo en esta perspectiva concreta, pues creo que la enmienda del artículo 3 en el informe Roure que estamos debatiendo entraña, incluso en la redacción de la transacción, una embestida inaceptable contra el secreto profesional del abogado. El secreto profesional es el presupuesto, el correlato y la consecuencia de una relación de confianza establecida entre el abogado y su cliente, independientemente de la existencia del mandato forense, pues se desprende del simple hecho de que con él el cliente se asesora o incluso lo toma como simple confidente. La recién aprobada Carta de Derechos Fundamentales establece, en el artículo 47, que toda persona tiene derecho a ser asesorada, defendida y representada en juicio y, en el artículo 48, que se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de defensa.
Desde ese punto de vista, el secreto profesional es un deber inalienable del abogado. ¿Adónde iríamos a parar si, en ese marco, el abogado no estuviera obligado a ese secreto o debiera convertirse de defensor en delator? El abogado no tiene que soportar la carga de la ineficacia o la impotencia de las autoridades a las que incumbe la investigación de los delitos de blanqueo o de otros delitos cualesquiera. Ahora bien, en cuanto a la situación de transacción a ese respecto, una de dos: o el artículo de que se trata se refiere a las personas que se dedican a determinadas actividades y no debe hablar de abogados ni de otras categorías profesionales o el hecho de que ese artículo se refiera a "los abogados" configura una situación que, por sí sola, entraña una amenaza para el secreto profesional, por mucho que especifique o delimite las actividades a que se refiere. Como consultor financiero, nada autoriza a suponer que el abogado, como tal, no esté ejerciendo su profesión.
Para concluir, me limito, señor Presidente, a reiterar la posición del Colegio de Abogados de mi país a ese respecto y que es extraordinariamente clara: el secreto profesional constituye la piedra angular y el presupuesto de la profesión de abogado, el abogado que sea acusado de autoría o complicidad en un acto delictivo habrá de ser objeto de persecución, como cualquier otro ciudadano, pero a ningún abogado se le puede imponer la declaración o denuncia de hechos cuyo conocimiento sea consecuencia del ejercicio de su actividad. Al abogado le está prohibido todo lo que no responda al respeto estricto de la legalidad. El Colegio de Abogados tiene la autoridad decisiva y última en materia de secreto profesional y corresponde a ese órgano autorizar -excepcionalmente- o no la revelación de hechos a solicitud de la autoridad judicial.
Por todas estas razones votaré, señor Presidente, en contra de la enmienda del artículo 3, incluso en la redacción de transacción que figura en la propuesta legislativa.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, conforme han subrayado varios oradores, en este momento tenemos ante nosotros tres instrumentos jurídicos relativos a una actividad que está en el núcleo de la delincuencia organizada, es decir, el blanqueo de capitales, y que representa al mismo tiempo la mayor vulnerabilidad de dicha delincuencia organizada, porque la actividad de blanqueo de capitales es el punto en el que el producto de las actividades ilícitas intenta entrar en el sistema legal. Y ahí es donde los Estados, mediante la cooperación policial y judicial, pueden intervenir con mayor eficacia para luchar contra la delincuencia organizada. Ésa fue la voluntad política expresada por los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, cuando pidieron una acción concreta de lucha contra el blanqueo de capitales. Y ése fue el objeto de la reunión conjunta del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior y del Consejo ECOFIN del pasado día 17 de octubre.
La Comisión se congratula de que se celebrara esa reunión y apoya la iniciativa francesa de aprobación de una Decisión-marco del Consejo relativa al blanqueo de capitales, la identificación, descubrimiento, congelación, aprehensión y pérdida de instrumentos y productos del delito. Estamos convencidos de que esta Decisión-marco constituirá un avance importante al permitir establecer sanciones comunes para todos los países de la Unión Europea. Eso significa que, con esta Decisión-marco, pasaremos a tener dos instrumentos jurídicos que establecen, para dos tipos de infracciones, no sólo incriminaciones comunes, sino también sanciones de carácter común. Me refiero a la Decisión-marco de la protección del euro y ahora la Decisión-marco contra el blanqueo de capitales.
Por eso, quisiera felicitar al Sr. Luis Marinho por su excelente informe y decir que comparto sus preocupaciones, en el sentido de que lleguemos cada vez más lejos en la definición de las infracciones de blanqueo de capitales que deben originar la adopción de sanciones comunes en el nivel europeo. Creo que, en particular cuando Su Señoría sugiere que debería haber infracciones comunes para los casos que están menos severamente castigados o para otros actos ilícitos establecidos en el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo de capitales, deberíamos reflexionar sobre esa perspectiva no de inmediato, sino a partir de la evaluación de los resultados concretos obtenidos en la aplicación de la acción común que se decidió en diciembre de 1998 y que en este momento aún no ha surtido todos sus efectos. Del mismo modo, quisiera solicitar a la Asamblea que, si fuera posible hacer, a la luz de las enmiendas propuestas, una nueva revisión de las fechas previstas para la aprobación de las normas internas de transposición de esta Decisión-marco, quisiera -repito- pedir al Parlamento que se revisara la fecha de 31 de diciembre de 2002, para que la Comisión pueda presentar un informe de evaluación de la transposición de la Decisión-marco en el ordenamiento jurídico interno, porque, con las nuevas fechas propuestas por el ponente, eso significaría que el 31 de diciembre de 2002 es el límite de transposición por los Estados miembros a su ordenamiento interno.
Por último, en cuanto a la cuestión de los motivos de rechazo de la cooperación judicial penal establecidos en el artículo 18 del Convenio de 1990, estamos de acuerdo con que se revisen en el sentido de limitar aún más las condiciones en que se pueda recurrir al rechazo de la cooperación judicial, como se dice en el informe de la Sra. Roure, al que me referiré más adelante. Del mismo modo, quisiera felicitar a la Sra. Roure por su informe sobre la iniciativa de la Presidencia francesa de un convenio relativo a la mejora de la asistencia judicial mutua en materia penal, en particular en la esfera de la lucha contra la delincuencia organizada, y recordar que se debe leer ese convenio en estrecha coordinación con el proyecto de directiva que se está debatiendo en el Consejo de Economía y Hacienda de revisión de la Directiva de 10 de junio de 1991 sobre el blanqueo de capitales y con el debate que ya celebró el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior con vistas a rechazar la inviolabilidad del secreto fiscal y del secreto bancario en un proceso penal para impedir la cooperación judicial en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Por parte de la Comisión -y esperamos el dictamen del Parlamento Europeo al respecto-, consideramos que las decisiones sobre la no invocación de los secretos fiscal y bancario como impedimentos a la persecución de los delitos de blanqueo de capitales son instrumentos esenciales para garantizar el éxito de la legislación en el nivel europeo. En relación con la propuesta de la Sra. Roure, quisiera que ésta reflexionara sobre este argumento: me parece más eficaz decir que el rechazo de la cooperación en materia judicial por el Estado requerido debe ser comunicado al Estado requiriente inmediatamente que imponer un plazo de dos meses. En mi interpretación, "inmediatamente" es más exigente que conceder un plazo de dos meses para el rechazo de la cooperación.
Del mismo modo, quisiera decir que soy consciente de la delicadeza de la cuestión planteada por varios de Sus Señorías sobre las condiciones en que la confidencialidad de las profesiones jurídicas puede constituir un rechazo fundamentado a la cooperación en materia judicial en la lucha contra el blanqueo de capitales. Como saben Sus Señorías, esa cuestión no es competencia del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, es competencia del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda y yo estoy esperando aún el dictamen del Parlamento Europeo a ese respecto.
Lo que quisiera subrayar hoy aquí, desde mi perspectiva, no sólo es que ese dictamen debe consagrar una norma clara y no ambigua sobre las garantías de defensa de los acusados y sobre las condiciones en que se puede ejercer legítimamente el secreto de las profesiones jurídicas -y de abogado, en particular-, sino que, además, y sobre todo, me parece digno de subrayar que se debería acoger la misma definición en todos los instrumentos jurídicos. Es decir, que la definición que adopte este Parlamento en su dictamen sobre la directiva relativa al blanqueo de capitales sea la misma solución jurídica que se adopte aquí cuando se haga referencia al Convenio relativo a la asistencia judicial mutua en materia penal, porque fórmulas diferentes en los dos instrumentos sólo contribuirían a aumentar la confusión de la interpretación y a dificultades de aplicación práctica.
Por último, la Comisión toma también nota con satisfacción del apoyo que el Parlamento da a la ampliación de las competencias de EUROPOL a todas las formas de blanqueo de capitales. El informe Karamanou, por el que también yo quisiera felicitar a la ponente, propone diversas enmiendas en lo relativo al fortalecimiento del control democrático y judicial de EUROPOL. Sus Señorías saben lo importante que considero yo la cuestión del control democrático y del control judicial de EUROPOL. Con todo, considero, para ser sincero, que esta iniciativa no es la ocasión adecuada para adoptar decisiones a ese respecto. Al contrario, la Comisión, en el marco de la labor prevista en el grupo de evaluación para la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, el llamado score board, está examinando en este momento la forma mejor de adoptar un instrumento jurídico que permita la comunitarización de EUROPOL y no sólo la adopción de medidas parciales en el ámbito del Convenio EUROPOL. La forma mejor de fortalecer el control parlamentario y el control judicial de EUROPOL es la integración plena del Convenio EUROPOL en el marco jurídico de la Unión Europea. Del mismo modo, dudo que sea una buena política la de recurrir al mecanismo de la letra d) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado para la entrada en vigor de esa enmienda del Convenio EUROPOL. Nos parece que la ampliación de las competencias de EUROPOL se debería hacer al mismo tiempo en todos los Estados miembros y no de forma diferida en el tiempo, lo que podría acarrear una mayor confusión.
Señor Presidente, la Comisión se congratula de que el Parlamento esté en condiciones de apoyar estas tres iniciativas, todas ellas, por lo demás, importantes para fortalecer una estrategia de acción en la lucha contra el blanqueo de capitales y esperamos que los Estados miembros correspondan no sólo con una rápida aprobación en el Consejo, sino también, y sobre todo, con una rápida ratificación de los convenios de que se trata para su entrada en vigor en los respectivos ordenamientos jurídicos internos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Unidad provisional de cooperación judicial
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0317/2000) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre una iniciativa de la República Portuguesa, la República Francesa, el Reino de Suecia y el Reino de Bélgica con vistas a la adopción de la decisión del Consejo por la que se crea una Unidad provisional de cooperación judicial (10356/2000 - C5-0395/2000 - 2000/0816(CNS))

Gebhardt
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el precio de la libertad implica con frecuencia que a la hora de perseguir a los malhechores el estado democrático de derecho no consigue atraparlos. Esto es cierto, especialmente, en el caso de delitos graves, de delitos de especial gravedad y de carácter transfronterizo. La delincuencia organizada es especialmente difícil de dominar pues las posibilidades no están distribuidas de igual manera. Los delincuentes no tienen consideración ni límites, no conocen las limitaciones ni las normas. Sus perseguidores están atados por buenas razones por los procedimientos del estado de Derecho. Puede que ésta sea una imagen triste, pero tenemos motivos de esperanza. La Unión Europea está realizando avances en la lucha contra la delincuencia grave. Tiene buenas posibilidades de recuperar la ventaja que llevan muchos malhechores y de aplicarles la pena justa. Las ciudadanas y los ciudadanos pueden exigir esto y, sobre todo, esperan que esto se haga en un ámbito en el que crezcan juntos el derecho y la libertad y les brinde protección y seguridad incluso en lo que se refiere a los bienes materiales.
Un paso en la dirección correcta que el Parlamento Europeo intenta dar desde hace tiempo es la creación de una unidad provisional de cooperación judicial. En mi opinión, el adjetivo "provisional" debería desaparecer lo antes posible y crear espacio para EUROJUST como un organismo eficaz de persecución penal. El impulso lo dio la Ministra de Justicia, por cuya sugerencia hace más de un año la cumbre de Tampere acordó la creación de Eurojust. Entretanto, Portugal, Francia, Suecia y Bélgica han hecho avanzar el tema con su iniciativa a favor de una unidad provisional de cooperación judicial. La intención de Tampere es reforzar con Eurojust la cooperación de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada. Los fiscales, jueces y funcionarios de policía, enviados desde los Estados miembros, deberán coordinar por encima de las fronteras los ministerios públicos nacionales y apoyar las investigaciones penales en relación con la delincuencia organizada. Se ha previsto una estrecha cooperación con Europa y con la red judicial europea.
En mi calidad de ponente tendría que añadir propiamente un solo deseo: la cooperación no debe limitarse únicamente a la delincuencia organizada. Debe abarcar, en interés de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión, todo el espectro de la delincuencia grave y transfronteriza. Por esta razón he propuesto como ampliación del fundamento jurídico el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea. La comisión competente me ha apoyado y las señales que proceden del Consejo son, afortunadamente, positivas.
También deberíamos ser unánimes en otro aspecto. La unidad provisional, de la que estamos hablando ahora, no puede ser sino el primer paso en el camino que conduce a través de Eurojust hacia un auténtico Ministerio Público europeo. Esto no es solamente necesario desde el punto de vista organizativo para poder luchar con seguridad contra los delitos graves. Se requiere también por razones del estado de Derecho. En conjunto, la tarea es tan grande y tan importante que no puede ser desempeñada únicamente por el Consejo. Al acuerdo del Consejo de Tampere hay que añadir la competencia y la experiencia de la Comisión así como la voluntad política del Parlamento Europeo. Si el Consejo, la Comisión y el Parlamento tiran juntos de la misma cuerda en la misma dirección se producirá al final una considerable plusvalía en derecho y seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos de Europa.
Creo que con el acuerdo de Tampere y con la iniciativa de los cuatro Estados miembros tenemos un buen comienzo. Permitan que sigamos trabajando conjuntamente sobre esta base.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, quiero efusivamente felicitar a la Sra. Gebhardt por su modo de conducir este informe y subrayar algo que ella ha dicho: esperamos que el adjetivo provisional deje pronto de figurar junto a esta unidad de Eurojust.
Señor Presidente, relacionando este debate con el anterior, tenemos aquí evidentemente un nuevo ejemplo de cómo ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia ha crecido de forma asimétrica. Espacio de libertad, pero las libertades, las garantías para los ciudadanos están prácticamente inéditas. Está mucho más desarrollado el espacio de seguridad, con el desarrollo desde hace años de Europol al que hoy hemos venido a añadir la lucha contra el crimen organizado; pero esto es la función represiva del Estado. Queda, y es urgente, desarrollar el aspecto de la justicia, que es la única manera de establecer un contrapeso entre esa función represora del Estado y la función de administrar justicia o, como muy bien ha dicho la Sra. Gebhardt, de dar una seguridad jurídica fundamental a los ciudadanos europeos.
El informe de la Sra. Gebhardt hace especial hincapié en estos tres puntos. Establece mayores garantías, es decir, va en el sentido de la creación de ese espacio de libertades, como lo ponen de manifiesto la enmienda tres o la enmienda cinco, que velan por que los datos personales de los ciudadanos, de los encausados, de los procesados se cuiden con esmerado cuidado, y la enmienda diez, que vela por que, únicamente cuando la legislación del Estado miembro lo permita, pueda un funcionario de policía formar parte de esta primera unidad. Éste es el sentido de las garantías, es decir, hacer progresar esa vertiente de las libertades.
Pero también las enmiendas de la Sra. Gebhardt van en el sentido de la eficacia: ser más eficaces, más razonablemente eficaces. Así lo hace, por ejemplo, su enmienda nueve, que tiende a que en el futuro se tenga en cuenta esta iniciativa para las decisiones finales que se tomen sobre la unidad Eurojust.
Por último, creo que hay un intento de ser más consecuentes con esa proclama de crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. El informe de la Sra. Gebhardt tiene esa idea muy clara. De ahí que haya modificaciones que a muchos les parecerán sencillamente de apariencia en las que, sin embargo, las palabras traicionan lo que hay detrás: en vez de contribuir en el marco del respeto se hace hincapié en la estrecha colaboración; en vez de coordinación, se habla de acciones comunes; se da un paso más allá.
Señor Presidente, de nuevo volvemos al debate anterior; si hemos de construir este espacio tenemos que establecer, que reforzar la confianza mutua entre los Estados, que llevó a establecer reglas comunes en el mercado interior. Ahora esa confianza mutua tiene que dar un salto y comprendemos que es un salto cualitativo desde el punto de vista de las culturas nacionales. Esa confianza mutua tiene que llegar a ese espacio de la justicia y de ahí ir al reconocimiento mutuo. No puede haber reconocimiento mutuo si no hay esa confianza mutua de Estados fundadora. En el debate anterior, hace un momento, el Comisario Vitorino lo resaltaba muy bien llamándolo por su nombre: la razón de Estado. No se puede excluir la cooperación en el interior de la Unión Europea alegando razones de Estado; tendrán que darse un trato igual. Además ése es el sentido de extrapolar los principios que han servido para construir el mercado interior: no discriminación por razón de nacionalidad. Si nosotros, de acuerdo con el Estado del que somos nacionales, damos determinadas informaciones a un juez nacional, evidentemente, si queremos ser consecuentes con la idea de construir ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia, se las tenemos que dar a un juez de la Unión Europea cuando nos las pida, porque ésa es la única forma en que vamos a plasmar esa confianza mutua entre los Estados de una manera que llegue a los ciudadanos.
Señor Presidente, me parece, y concluyo con ello, que éste es un paso, un paso tímido, que esperamos que pronto se consolide en esa red de Eurojust, que deje ya de ser provisional y se convierta en un red definitiva.

Boumediene-Thiery
Queridos colegas, aunque la necesidad de una futura fiscalía europea se plantee como un problema a plazo, la necesidad de armonizar nuestras políticas en materia de protección de los derechos de los ciudadanos y de contar con un auténtico procedimiento penal me parece más que primordial. En efecto, ¿cómo crear una fiscalía europea sin un código civil comunitario, y, más aún, sin un código penal europeo?
Aunque ese hecho no obstaculice directamente la iniciativa de la creación de Eurojust, resulta que existe efectivamente una institución cuyo control no ha sido todavía asumido por el Parlamento Europeo y sobre la cual no se aplica el control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de conformidad con el artículo 35 del Tratado. ¿Cómo pensar en la creación de Eurojust cuando Europol ya funciona como un electrón libre?
Debemos tener presentes dos puntos: no podemos pensar en una mejora efectiva de la cooperación judicial entre Estados miembros sin que esté claramente supeditada a la protección de los derechos de defensa en las actuaciones judiciales que afectan a varios Estados miembros. Este es el sentido de nuestras enmiendas. Por consiguiente hace falta reforzar los derechos de los ciudadanos adoptando un instrumento eficaz y reconocer la competencia del Tribunal de Justicia, en particular en cuanto a su derecho de interpretación y a su poder de decidir o no.
Por otra parte, las lagunas de las nuevas investigaciones para luchar contra el crimen organizado radican en la repartición de las competencias entre Europol y Eurojust, que en ningún caso y en ningún punto se plantean claramente. Ahora bien, como saben, la cuestión de la competencia y de sus límites es el núcleo de esa armonización comunitaria para una justicia mejorada.
La repartición clara de los ámbitos de intervención entre la cooperación judicial y la cooperación policial es no sólo necesaria para evitar cualquier conflicto de competencia, sino también fundamental para garantizar el ejercicio de las reglas democráticas que sustentan el Estado de Derecho. Los países miembros de la Comunidad Europea se adhieren a ellas sobre la base de su sistema legislativo, ejecutivo y judicial, de acuerdo con el principio de los derechos fundamentales y de los valores comunes. Eurojust debe por lo tanto respetar la relación entre cooperación judicial y cooperación policial. El Parlamento Europeo es la instancia supranacional comunitaria capacitada para establecer esa relación, y con esta intervención les propongo por lo tanto que respalden ese derecho apoyando a nuestra ponente

Crowley
Señor Presidente, deseo unirme a mis otros colegas para felicitar a la ponente por trabajo, si bien no puedo coincidir plenamente ni prestar mi apoyo a todas las propuestas.
En la Unión Europea hemos avanzando progresivamente hacia una cooperación y coordinación más estrechas, como la Sra. Palacio acaba de señalar, en ámbitos como el mercado único y el medioambiental. Sin embargo, han surgido dificultades en todo el ámbito de asuntos policiales y judiciales, en particular como consecuencia del miedo o la falta de confianza con respecto a la eficacia o a la capacidad de las diversas fuerzas policiales o de las distintas organizaciones jurisdiccionales para hacer frente a la gran cantidad de delitos que ahora estamos poniendo de relieve a nivel transfronterizo. Así, uno de las propuestas surgidas de la cumbre de Tampere fue el establecimiento de Eurojust.
Si bien no pongo ningún reparo a permitir que los órganos jurisdiccionales y los juristas de los Estados miembros intercambien información, cooperen, se reúnan y pongan en común las prácticas de cada uno, sí me plantea dificultades la conclusión final de todo este debate, que culminará con el nombramiento del Fiscal Europeo.
Aunque estamos convencidos de que el área de competencias de un Fiscal Europeo será limitada, ello no significa que se acaben los problemas, puesto que dentro de la Unión Europea tenemos diferentes sistemas jurídicos. Por ejemplo, el código penal irlandés y el del Reino Unido están basados en el sistema del Derecho común, mientras que en la mayor parte de países europeos se sustenta sobre la base del viejo Derecho romano o del Derecho civil. Existen entre ellos enormes diferencias que se ponen de manifiesto de forma cotidiana en Europol e Interpol, en las que hay una falta de certidumbre y muchas discusiones entre las policías de los Estados miembros acerca de qué pueda hacerse y qué puede conseguirse.
Asimismo, también hay preocupación en el seno de los Estados miembros, por lo que sé desde un punto de vista irlandés: me he ocupado de dieciséis casos de personas que han sido detenidas en España. No pudimos conseguir que los agentes de Europol o de Interpol intervinieran en este país, y no se comprendió la necesidad de que una persona fuera llevada a juicio lo más rápido posible. Por tanto, al tiempo que presto mi apoyo a una mayor cooperación y coordinación, creo que hacer de ello un sistema jurídico sería una decisión equivocada y nos opondremos a ella.

Turco
Señor Presidente, durante este período parcial de sesiones estamos llamados a pronunciarnos sobre numerosas propuestas que se refieren a la creación de un espacio de justicia y de seguridad. Omito la palabra "libertad" para tomar nota de la actitud del Consejo y de los Estados miembros - repito, del Consejo y de los Estados miembros - orientada a reforzar el marco represor europeo, y de la connivencia de este Parlamento que, sin la dignidad que una Institución elegida por los ciudadanos debería tener, está a punto de aprobar dichas propuestas.
En cuanto al fondo, los diputados de la Lista Bonino no están dispuestos a apoyar la estrategia del Consejo que continúa escondiéndose detrás de propuestas aparentemente minimalistas pero que sientan las bases para un verdadero sistema judicial y de Derecho penal y procesal europeo, así como de policía y de represión europea: un sistema que se asienta en EUROJUST y en el fiscal único, en la red judicial europea, EUROPOL y en la task force de los jefes de policía, en el corpus juris, en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, en los convenios de asistencia judicial mutua, ENFOPOL, etcétera, en esta infinita tela de araña burocrática y de por sí antidemocrática. También nosotros, como la Sra. Palacio, esperamos que lo provisional desaparezca lo antes posible de esta Unidad de cooperación judicial, sin embargo, nosotros, los diputados radicales, no estamos dispuestos a repetir la experiencia que vivimos con EUROPOL, cuando a la creación de la unidad "droga" le siguió la creación de un superorganismo en continua evolución y expansión que se escapa del control democrático de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeos.
Señorías, ¿están seguros de que los ciudadanos europeos, los parlamentos nacionales y ustedes mismos quieren perseguir una estrategia funcionalista en los ámbitos de la justicia y de la seguridad que son uno de los pilares de la democracia, o acaso no dudan de que al final las libertades y los derechos de los ciudadanos serán conculcados por Europa, en lugar de ser garantizados y potenciados por ella?
En lo que se refiere a este informe, hemos presentado una sola enmienda que pide al Consejo que aclare cuál es el espacio de justicia europeo que se propone desarrollar y, en particular, qué nivel de armonización de las normas de Derecho penal y procesal se quiere alcanzar, qué instituciones y organismos se van a crear, con qué poderes y competencias, y qué tipo de cooperación se establecerá entre los mismos, qué control democrático se prevé y, por último, qué libertades y derechos se garantizarán a los ciudadanos.
Sólo cuando el modelo institucional y las reglas que regirán el espacio de justicia europeo se aclaren, será posible para los ciudadanos y para el Parlamento pronunciarse sobre cada una de las medidas que nos propone el Consejo. Si no se marca un camino hacia un objetivo claro y concreto para todos, la Unión está destinada, en nuestra opinión, a la deriva institucional y democrática.
En virtud de estas consideraciones, los diputados de la Lista Emma Bonino, en nombre de esos valores federalistas europeos, liberales y democráticos, votaremos en contra de esta propuesta y del informe que nos ocupa. Y durante este período parcial de sesiones ocurrirá lo mismo con relación a muchas otras propuestas e informes.

Krarup
Señor Presidente, quiero sumarme al grupo de los pocos que discrepan y advertir de la peligrosidad de las ideas, planes y proyectos presentes en esta avalancha de informes de índole político judicial que se someten hoy a debate, entre ellos, el informe de la Sra. Gebhardt. En la exposición de motivos de éste se describe de forma muy precisa que en la actualidad se está produciendo una institucionalización de la cooperación judicial, o mejor dicho, que se tiende a hacer ésta supranacional. Ésta es, como se dice de forma muy precisa en el informe, "el embrión de una futura fiscalía europea que fortalezca la parte judicial de la Unión Europea con relación al derecho penal" , y se hace referencia a la elaboración de un Código Penal comunitario con sus instituciones, policía, fiscalía, enjuiciamiento, etc., correspondientes, como se aprobó, por ejemplo, a raíz del informe Wiebenga en 1999.
No obstante, se cometen fallos fundamentales en dos ámbitos. En primer lugar, con respecto a la supranacionalización misma del Derecho penal. Los sistemas penales se cuentan entre las manifestaciones culturales más claras de una sociedad. Son las culturas judiciales las que aquí chocan, pues no existe un único derecho penal europeo ni un único ideario europeo en materia de política criminal - hay quince. Y la incorporación -institucionalización- de estos proyectos a la burocracia de la Unión Europea lleva aparejado la aparición de un sistema opaco y elitista que choca en muchos puntos con ideales fundamentales en materia de democracia y de seguridad jurídica. El segundo punto también resulta interesante. Se están produciendo diversas iniciativas muy decisivas encaminadas al establecimiento de los Estados Unidos de Europa. Así leemos interesantemente en el título: "La creación de Eurojust - una necesidad legal" . ¿De qué Estado de Derecho se habla? ¿Se ha convertido la UE en un estado? Sí, está en vías de ello, pues ésta es precisamente la ambición, como queda manifestado muy claramente en el último párrafo de la primera parte de la exposición de motivos en el que se dice que la Unión Europea debe crear órganos provistos de un "equilibrio y un funcionamiento independiente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial" , es decir, lo que caracteriza a un estado. Por estas dos razones no cabe esperar ninguna colaboración por parte de mi Grupo.

Cederschiöld
Señor Presidente, se está creando el mayor territorio judicial del mundo. Nuestros valores comunes deben ser su fundamento y tiene que contar con vasto apoyo político.
Celebro la propuesta para crear la primera unidad provisional Eurojust. De esta manera, por primera vez el Consejo ha dado un paso hacia la institucionalización de la cooperación judicial, cosa que el Grupo PPE-DE ha exigido desde hace mucho tiempo. El estado de derecho requiere que se refuerce la cooperación judicial en materia penal, como contrapeso a las potestades de Europol. Por este motivo, Europol es un paso lógico en el proceso para dotar a los ciudadanos de un alto nivel de seguridad en un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada.
La misión principal de la unidad provisional debe ser la de facilitar la coordinación del trabajo de los fiscales nacionales y respaldar las investigaciones de los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Con el fin de evitar conflictos de competencia, el cumplimiento de esta tarea exige estrecha y claramente regulada colaboración con Europol. La creación de la unidad provisional sólo es el primer paso. La ponente opina que las experiencias deberían facilitar la instauración de la segunda etapa de Eurojust, opinión que comparto.
Otro asunto que debemos discutir es la instauración de una fiscalía europea. Creo que el papel de la futura fiscalía europea debe ser la lucha contra el fraude que amenaza los intereses financieros de la UE; este papel y no otro. Por eso, en atención al principio de subsidiariedad, rechazo la idea de un catálogo común de delitos y de que la UE pueda ser una instancia común para juzgar materias penales, en el evento que alguien, por alguna razón, considerase esto como posible.
El Parlamento debe decidir hoy sobre una cooperación judicial estrecha para combatir la delincuencia organizada. Esto es algo provechoso y resulta satisfactorio comprobar que tiene tanto apoyo en este Parlamento. Celebro especialmente la iniciativa para fortalecer la protección de los datos personales. Felicito a la Sra. Gebhardt por este excelente trabajo.
Para terminar, quisiera señalar algo que no debemos olvidar. Sin una cuota de cooperación no será posible conseguir un estado de derecho en una UE con libre circulación. Si deseamos mayor eficacia en la lucha contra el delito, habrá que fortalecer la protección a los derechos humanos, cosa que deberá fundamentarse en principios jurídicos comunes.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Sra. Gebhardt merece una felicitación por el excelente informe que presenta, en consonancia con una de las decisiones adoptadas en el Consejo de Tampere. Es justa la crítica de que, respecto de la cooperación policial, esta cooperación judicial comenzó tarde, en particular teniendo en cuenta las enormes proporciones que la delincuencia organizada y transfronteriza ha ido adquiriendo y que imponen una acción rápida, común y concertada. La creación de EUROJUST se enmarca en el dispositivo europeo de lucha contra la delincuencia organizada que pretende fortalecer y garantizar el desarrollo equilibrado de la cooperación policial y judicial en la Unión Europea.
Así, la propuesta que está hoy sobre la mesa de que se instituya una unidad provisional de cooperación judicial debe ser considerada una primera fase del proceso de creación de EUROJUST. En su acción deberá fortalecer la buena coordinación y la estrecha cooperación entre las autoridades nacionales competentes para las acciones de investigación e instauración de procesos cuando afecten a dos o más Estados miembros y el caso requiera una acción común, respetando siempre la legislación nacional de cada Estado miembro. La experiencia recogida en el ámbito del funcionamiento de esa unidad provisional deberá servir de base para la elaboración de la decisión mediante la cual se creará EUROJUST.
Y, en el marco del deseado fortalecimiento de los poderes de EUROPOL, este Parlamento ha venido señalando la necesidad de que se ejerza el control democrático. EUROJUST deberá funcionar, también a ese respecto, con el fortalecimiento de su control jurisdiccional. El Comisario António Vitorino acabó el debate anterior señalando a nuestra atención la iniciativa en curso de una medida encaminada a la comunitarización de EUROPOL: esperamos con ansiedad la presentación de esa propuesta para entonces pronunciarnos sobre ella.

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, quisiera para empezar, muy brevemente, felicitar a la Sra. Gebhardt por su excelente informe y decir que la Comisión está conforme con la casi totalidad de los elementos que sustentaron sus reflexiones.
Voy a aprovechar esta oportunidad- puesto que varios diputados han planteado cuestiones muy delicadas- para decirles muy francamente, como lo acaba de señalar el Sr. Coelho, que esta iniciativa nos parece ser ante todo una primera iniciativa que muestra la voluntad política del Consejo de superar el retraso en materia de cooperación judicial, con relación a la cooperación policial. Y les digo muy francamente que no puedo entender como se puede tachar esa iniciativa de cooperación judicial en el marco de Eurojust de atentado o amenaza contra la garantía y la protección de los derechos fundamentales. En efecto es necesario aclararlo. O nos suscribimos al modelo de democracia que conocemos, basado en la separación de los poderes, que reconoce que los tribunales son las instancias supremas garantes de los derechos individuales, y admitimos que la cooperación judicial europea en el ámbito penal consiste precisamente en reforzar la coordinación de los tribunales europeos en su papel de protección de los derechos fundamentales. Es el modelo al cual me adhiero. O no nos suscribimos a ello y, en ese caso, no entiendo cómo esa iniciativa con relación al desarrollo de un espacio judicial común pueda considerarse como una amenaza contra la garantía de los derechos fundamentales.
Seamos muy claros al respecto. No pretendemos armonizar brutalmente el derecho penal europeo. Lo que se nos pidió en Tampere, es adoptar reglas transnacionales para luchar contra delitos transnacionales, en esos ámbitos donde se reconoce que la transnacionalidad, o si prefieren la supranacionalidad, de los instrumentos jurídicos es un valor añadido para luchar contra manifestaciones ilícitas y criminales que son, por su naturaleza misma, supranacionales. Los criminales no deben de tener ninguna duda sobre esa naturaleza supranacional.
Cuando, en Tampere, se nos pidieron reglas comunes en materia de inculpación y de sanciones para los crímenes contra el medio ambiente, el trafico de drogas, el trafico de seres humanos, la pornografía pedófila, el terrorismo o los delitos cibernéticos, es porque se reconocía que son actividades criminales supranacionales a las cuales hace falta responder con instrumentos supranacionales.
Pero dado que con Eurojust, se plantea la coordinación de los fiscales y de los magistrados nacionales para luchar contra todas las formas de delitos graves - y en eso estoy de acuerdo con el enfoque de la ponente - se amplia el concepto: ya no se habla solamente de cooperación para los delitos puramente transnacionales, se habla también de cooperación para la represión de las actividades criminales. Podría ser el caso, por ejemplo, de un criminal que comete un crimen en un Estado miembro y huye a otro Estado miembro, si se trata de un crimen grave. Entramos así en el ámbito de la lucha contra la inseguridad en un sentido global, pero dentro del respeto, no solamente de las leyes sustantivas, sino también de los procedimientos nacionales. Eso significa que cada magistrado actúa de conformidad con su legislación nacional y que las competencias para intervenir y luchar contra ese tipo de delincuencia entran en el marco de la legislación nacional de cada Estado miembro.
No veo por lo tanto donde se ubica, aquí, el nacimiento de un Big Brother judicial europeo. Ni siquiera veo en ello el nacimiento de un fiscal europeo, desafortunadamente, podría añadir. Porque, como saben, la Comisión ha propuesto la creación de un fiscal europeo, pero no en ese contexto, no para esas cuestiones. La propuesta de la Comisión es muy específica y ha sido sometida a quien corresponda: la Conferencia Intergubernamental. ¿Que propuso la Comisión? La creación de un fiscal europeo para garantizar la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea. Ahí sí, se puede hablar de un fiscal europeo.
Pero en cuanto a Eurojust, es una red de coordinación de la acción de los magistrados y de los fiscales nacionales cuyo objetivo es mejorar la capacidad de lucha contra las formas de delincuencia grave a escala europea. Por lo cual lo considero también como un instrumento importante para garantizar el control jurisdiccional de Europol. En efecto en Tampere se dijo claramente que Eurojust sería la contraparte judicial de Europol. Eso significa que las investigaciones y las actuaciones judiciales que pueden contar con la participación de Europol deben ser acompañadas, seguidas por Eurojust concebido como una red de magistrados y de fiscales a escala europea. Por eso hará falta definir claramente las relaciones mutuales entre Eurojust, Europol, la OLAF, como organismo especializado en la lucha contra el fraude, y la red judicial europea que ya existe.
La Comisión acoge con satisfacción su informe, Señora Gebhardt. Espero que el Parlamento lo apruebe. Nosotros tendremos la oportunidad, a partir del 1 de enero de 2001, de adentrarnos en esa unidad provisional, pero la Comisión quiere celebrar un debate sobre lo que debe ser la unidad definitiva de Eurojust. Es por eso que presentaremos al Consejo y al Parlamento Europeo une propuesta de comunicación sobre la unidad definitiva de cooperación judicial, para disponer lo antes posible de un retrato, de una visión de lo que será luego la versión definitiva de esa red Eurojust.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Programa FAIR
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0310/2000) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial nº 9/99 sobre las acciones de investigación en el ámbito de la agricultura y de la pesca: programa FAIR ("Fisheries, Agriculture & Agro-Industrial Research"), acompañado de las respuestas de la Comisión (C5-0227/2000 - 2000/2133(COS))

Langenhagen
Señor Presidente, señor Comisario, dentro de dos días debatiremos en este lugar otro importante tema, en concreto, el informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio presupuestario 1999, el primer presupuesto que, al menos en parte, abarca el periodo de la nueva Comisión. Mientras que en este informe la Comisión rendirá cuentas y deberá hacerse responsable, en el caso del programa FAIR se trata, por decirlo así, de una vieja carga de una era pasada. El programa FAIR relativo a la investigación en el ámbito de la pesca, de la agricultura y de la agro-industria formaba parte del IV Programa marco de investigación que se extendió desde 1994 a 1998. En total, en estos años se gastaron en el programa FAIR 660 millones de euros procedentes de los recursos comunitarios, que aunque representan una cantidad pequeña, comparada con la suma global del IV Programa marco que fue superior a los 11,8 millones de euros, no por eso deja de ser merecedora de ser investigada.
He afirmado que el programa FAIR, analizado en el informe especial del Tribunal de Cuentas, es una carga del pasado. Se podría argumentar que el Parlamento no tiene por qué ocuparse más de estos temas obsoletos, pues ahora de todas maneras la nueva Comisión - tal como se dice - hace las cosas mejor. Pero no puedo permitir una argumentación así. En definitiva, como representantes de las ciudadanas y de los ciudadanos de Europa tenemos una función de control, que hemos de ejercer para seguir manteniendo nuestra credibilidad. Esta función incluye la tarea de revisión aunque en este caso llega realmente un poco tarde.
Durante la redacción de mi informe he mantenido numerosas conversaciones , tanto con el Tribunal de Cuentas como con la Comisión y he reunido también a todas las partes alrededor de una mesa. En este pequeño dialogo a tres bandas - lo llamo así- se discutió de manera clara y sin tapujos. Mis preguntas fueron respondidas satisfactoriamente. Cada parte mantuvo sinceramente su posición, así lo creo, sin caer en enfrentamientos rígidos. Observé una atmósfera constructiva con la transparencia y flexibilidad, con frecuencia tan necesarias, y en ningún caso dos tortugas blindadas que estuvieran mudas frente a frente. Creo que se puede hablar absolutamente de una nueva cultura de cooperación que ha sido puesta en práctica por vez primera en esta forma. Por ello quiero dar expresamente las gracias al Tribunal de Cuentas y a la Comisión. La actitud del inspeccionado hacia el inspector ha mejorado. En definitiva, los controles tampoco se realizan por el control mismo, sino para lograr una mejora. Quiero decir que en última instancia todos estamos tirando de una soga, los inspectores y los inspeccionados. ¿Para qué? Para lograr en el futuro una mejor utilización de los recursos europeos.
Éste es, a fin de cuentas, un informe equilibrado y que argumenta de manera conciliadora. Ciertamente, hay algunos puntos que deben ser comentados y también criticados. A esto sumo yo mi esperanza de que la Comisión cumpla sus promesas y que en el V Programa marco de investigación emprenda las mejoras oportunas.
¿Cuáles son los puntos centrales de mi crítica? Por un lado, la larga duración de todo el procedimiento de control. En su versión práctica no es aceptable así. Lo digo con toda claridad y ustedes lo saben. Es sencillamente imposible que entre el comienzo de la investigación y la entrega del al Parlamento transcurran dos años. Por consiguiente, es preciso garantizar un poco de actualidad. No se trata de la ejecución de los controles, los cuales requieren su tiempo, sino que se trata del procedimiento contradictorio y también, eventualmente, de la publicación. Por lo tanto, es preciso actuar. Es necesario encontrar urgentemente modalidades que permitan publicar el informe en un tiempo prudencial. Mi pregunta a la Comisión a este respecto ha mostrado maneras de proceder, pero lamentablemente hasta ahora no ha podido configurarse ningún resultado aprovechable.
De cara a la importancia del Programa de investigación para la agricultura y la pesca, es lamentable que se hayan constatado algunos problemas que se refieren a la organización del programa. Así, por ejemplo, queda poco clara la descripción de los criterios de selección, su aplicación no es consecuente, de manera que la selección de los proyectos subvencionados ha sido, en parte, incomprensible. A esto se han añadido errores en los gastos certificados, posibilidades de sanción insuficientes así como conexiones, dudosas en mi opinión, entre los expertos y algunas organizaciones participantes en las propuestas de investigación. Pero, sobre todo, es preciso señalar que la cooperación de las direcciones generales participantes. Investigación, Agricultura y Pesca, no ha sido satisfactoria y deberá ser configurada de manera más eficaz en el futuro. No obstante, y, en definitiva, en relación con mi ámbito de referencia, la pesca, deseo que las tres partes realicemos esfuerzos conjuntos a fin de que en el futuro podamos garantizar un desarrollo positivo.

McCartin
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Pesca ha sido más bien breve, en cualquier caso. Los problemas surgidos con los gastos no preocuparon excesivamente a la Comisión de Pesca, aunque sí prestaron más atención a otras cuestiones. El Tribunal de Cuentas presentó un informe constructivo y bien fundado, pero después de debatir en la Comisión, examinar a fondo los problemas y escuchar las diversas explicaciones, nos quedamos algo más satisfechos de que los problemas surgidos no fueran predecibles, pero sí subsanables. Recuerdo que se trataba de un gran número de proyectos. El importe de todos ellos no era despreciable -600 millones de euros-, pero no obstante había cerca de 600 proyectos entre los que se distribuyó muy ampliamente el dinero, lo que hacía muy difícil que, con sus limitaciones de personal y de recursos, la Comisión pudiera controlar rigurosamente su concreto desarrollo.
Al igual que ocurre con otros muchos capítulos del presupuesto, cerca del 80% de todos los gastos venían referidos a organismos públicos de los Estados miembros de un tipo u otro. Este dinero no se estaba entregando a la industria, aunque parte de él sí. Una gran parte de estos gastos han sido supervisados por los Estados miembros.
Acogemos con satisfacción el hecho de que se introduzca un cambio en la política mediante el nuevo programa, pasando de confiar el dinero a la clase política de los Directores Generales a entregárselo a quienes están comprometidos con la investigación. Podemos esperar un enfoque más constructivo de la investigación cuando éste es definido por quienes están interesados en la investigación y no por quienes gestionan las políticas, como en el caso de la agricultura.
En términos generales quiero agradecer a la ponente por llamar la atención sobre los problemas de la cuestión y deseamos que el reorganizado programa sea más efectivo y depare resultados más satisfactorios.

Morgan
Acojo con satisfacción el informe presentado por la Sra. Langenhagen, cuyo contenido me alegra apoyar.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre el programa FAIR, en el que se basa el informe de la ponente, no se publicó hasta marzo de este año, aunque las cartas de sector se enviaron a la Comisión en diciembre de 1998 y febrero de 1999. Como la ponente ha señalado, resulta simplemente inaceptable. Es un retraso excesivo que socava la relevancia del trabajo del Parlamento en el examen de tales informes. Dicho retraso se debe al procedimiento contradictorio entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión que precede a la publicación de cualquier informe del Tribunal de Cuentas, procedimiento en virtud del cual la Comisión tiene derecho a que se publique su respuesta al mismo tiempo. Como consecuencia del retraso producido en este caso, la ponente pone acertadamente en tela de juicio el mantenimiento del procedimiento contradictorio en su modalidad actual. Este es un aspecto que trataré con toda seguridad en el informe que presentaré a este Parlamento en diciembre. Basta con señalar que necesitamos examinar una vez más el procedimiento en su conjunto, y no sólo por lo que respecta al informe anual del Tribunal de Cuentas que se publicará mañana, sino también a informes especiales como éste.
El informe del Tribunal de Cuentas constató diversos problemas de importancia en la gestión del programa FAIR desde 1994 a 1998, incluida la falta de objetivos cuantitativos, lo cual hace difícil medir los resultados, la insuficiente transparencia en los procedimientos de selección y evaluación y la gestión por tres Direcciones Generales de las acciones llevadas a cabo en el marco del programa. Esto significaba que la gestión del programa adoleció de falta de claridad y homogeneidad. Esperamos que, como consecuencia de la reforma Comisión que se está llevando a cabo actualmente, veamos en el futuro una corrección en profundidad de estos problemas. Resulta de todo punto inaceptable que no contemos con objetivos claros ni podamos medir los resultados, algo que no ocurriría en ninguna otra Institución. Esto es algo que ya viene de lejos. Sabemos que el cambio se aproxima, pero queremos que lo haga muy rápidamente.
Un problema por resolver son los 3,4 millones de euros pendientes de recuperación, de los que un 92% han sido objeto de tres informes estudiados por los servicios jurídicos de la Comisión desde julio de 1996 y agosto de 1997 y cuyo plazo ya ha vencido. Es fundamental que la Comisión continúe su labor y recupere su dinero. En el futuro haremos un seguimiento de las recomendaciones de este informe y animaremos a la Comisión a que ponga las cosas en orden lo más pronto posible; de otro modo, en los informes de aprobación de la gestión de la Comisión se hará referencia a este y a otros informes especiales.

Busk
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Sra. Langenhagen por su informe. Creo que la Sra. Langenhagen ha descrito claramente de todas las formas posibles los enormes problemas surgidos a la hora de poner en marcha los programas FAIR y de vigilar asimismo el funcionamiento de estos programas. A este respecto, me gustaría recalcar que considerando la enorme experiencia de la que dispone la Comisión no podemos aceptar que tantas de las cosas que hemos aprobado en las resoluciones no hayan sido llevadas a cabo.
En nombre de la Comisión de Pesca, me gustaría destacar varios puntos. Antes de que se pongan en marcha nuevos programas, deben evaluarse los programas anteriores. Con ayuda de la investigación científica, que forma parte importante de nuestras políticas, en este caso, de la política pesquera, ha de llevarse a cabo un estudio previo de qué es lo que se quiere, y de cómo se emplearán los recursos de modo que siempre se puedan adaptar los recursos existentes a las técnicas y a las posibilidades de captura. Asimismo, en la Comisión de Pesca pensamos en vista de lo sucedido que cuando tres Directores Generales deben coordinar y dirigir las acciones, debe estar perfectamente claro qué Director General está al mando, quién es el responsable de que las cosas se lleven a cabo.

Bösch
Señor Presidente, estimados colegas, distinguido señor Comisario, quiero felicitar muy cordialmente a la ponente por este informe. Creo que es muy honesto, my prudente, muy equilibrado, inusitado y ha obtenido también en la comisión el pertinente apoyo por unanimidad. Quisiera destacar solamente unos pocos puntos que, en mi opinión, son muy decisivos para el futuro trabajo de control en relación con las tareas de investigación en general. En este punto me parece muy importante lo que ha dicho nuestro redactor de la opinión de la Comisión de Pesca: no es posible realizar en ultima instancia un control claro, un control de la eficacia, si no están también claramente definidos los objetivos. Éste me parece que es uno de los reproches centrales del informe del Tribunal de Cuentas. Efectivamente, en tal caso será extremadamente difícil analizar las cosas en relación con su eficacia.
Segundo punto: en el ámbito de la jerarquía en la facultad de ordenación de pagos se ha llegado aquí a intersecciones inaceptables, señor Comisario. Esto se muestra con relativa claridad en el punto 59 del informe del Tribunal de Cuentas. Cuando un ordenador de pagos que en 1996 ordenó el pago del 98% de los recursos está subordinado jerárquicamente al administrador de dossieres, entonces esto se convierte en un asunto perteneciente al ámbito de lo imposible. La respuesta que la Comisión da oficialmente a este respecto en el dossier en el sentido de que ahí habría además un director general es extraordinariamente pobre. No creo que alguien que tenga que ver con la administración financiera y también con el control de la administración financiera pueda hacer valer una respuesta semejante. Espero, señor Comisario, en el sentido de la reforma de la Comisión a la que ya se ha referido la Sra. Morgan, que no sólo demos importancia a la reforma del régimen presupuestario, sino que, sobre todo, pongamos plenamente en práctica el régimen presupuestario vigente. El régimen presupuestario constituye toda una historia sabia, en el mismo las cosas están muy bien separadas, pero uno no debe mezclarlas luego en la práctica, y parece que esto es lo que ha sucedido aquí.
Señor Comisario, en el futuro inmediato - y por tanto a la luz de la nueva Comisión - nos habremos de ocupar de otros informes del Tribunal de Cuentas o de informes de auditoría, como el relativo al Centro Común de Investigación, que ha parecido muy crítico, y también con el informe muy especial de auditoría relativo a un contrato muy especial con una empresa de consultoría. Espero que entonces veamos también la voluntad de mejorar en el terreno de los hechos los puntos a que se ha referido la Sra. Langenhagen.

Busquin
. -(FR) Señor Presidente, Señoras y Señores diputados, les agradezco su interés por el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre las actividades del programa FAIR. Doy las gracias muy particularmente a la Sra. Langenhagen por su muy constructivo informe y a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, así como a los miembros de la Comisión de Pesca, en particular a su ponente, el Sr. Busk.
Ustedes subrayaron, y se lo agradezco, el espíritu dentro del cual se elaboró ese informe, gracias al dialogo con el Tribunal de Cuentas y los servicios de la Comisión y al interés que ustedes le pusieron. El programa estaba incluido en el cuarto programa marco, como también lo han dicho. Estaba terminado cuando tomé posesión de mi cargo de comisario, pero le corresponde a la Comisión actual, a su comisario, velar por que se tomen en cuenta todas las enseñanzas del trabajo que ustedes realizaron y cumplir con las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas presentó también a ese respecto.
El informe constituirá un elemento que permitirá apreciar la evolución de la situación y la manera de trabajar. Quisiera sin embargo subrayar que no se comprobó ningún fraude o malversación. Hace falta recordarlo, ya que a veces existen ciertas confusiones. Es importante que se aclare frente al exterior. Como lo han subrayado, el programa FAIR ha sido financiado por un monto de 739 millones de euros. Originó más de 3 300 propuestas, de las cuales más de 600 han recibido un apoyo financiero. El programa FAIR fue también rápidamente movilizado cuando empezó la crisis de las vacas locas y a partir de ese año se lanzó, después de una invitación a presentar propuestas, un plan de acción europeo sobre las encefalopatías espongiformes transmisibles. Quiero con eso destacar que jugó un papel positivo para cierto número de problemas.
¿Cuáles son las preguntas planteadas, cuáles son las mejoras ya conseguidas? Quisiera señalarles algunas de ellas, que ya están incluidas en el quinto programa marco, dentro de la línea de las recomendaciones del Tribunal. En primer lugar, haría falta saber que la gestión de la investigación agronómica fue transferida de la DG "Agricultura" a la DG "Investigación" , a raíz de la reestructuración de los servicios de la Comisión, lo que da cierta uniformidad a los procedimientos de investigación de la DG "Agricultura" . Este no ha sido el caso para la investigación en materia de pesca, pero lo ha sido para la agricultura.
Luego, se nombró un grupo de directores para mejorar la coordinación entre la aplicación de los programas de investigación y las direcciones generales competentes responsables de las otras políticas.
En tercer lugar, la Comisión adoptó un procedimiento de evaluación de las propuestas de investigación comunes a todos los programas específicos, disponible públicamente mediante el manual común de evaluación. Se creó una base común y transparente de expertos para la evaluación de las propuestas y se realizó un particular esfuerzo para garantizar la independencia de esos expertos. Se estableció una base de datos comunes de investigación. Ahora el nuevo tipo de contrato de investigación define detalladamente todos los aspectos financieros y administrativos, con responsabilidades más claras para los participantes y un procedimiento de negociación mejor documentado. Además la Comisión aumentó sensiblemente el número de las auditorías, que han crecido en un 25% anual durante los últimos años. Estas son por lo tanto las medidas previstas en el quinto programa marco y que son aplicables.
Pero, desde que asumí mis funciones, también tomé la iniciativa de crear un grupo de trabajo informal que estudió la cuestión de la simplificación y de la mejora de los procedimientos. Ya tuve la oportunidad de hablar de ello ante la comisión ITRE. Eso demuestra que la Comisión no permaneció inactiva y que llevó a efecto las observaciones que ustedes han formulado. Debemos tener cierta conciencia de la evolución de la situación y estar vigilantes al mismo tiempo, porque la perfección nunca existe en esa materia. Tanto más cuanto que el informe puso en evidencia cierta cantidad de puntos que necesitaban mejoras, como ustedes lo han subrayado.
Volveré sobre algunos de ellos, para decirles cuál es nuestra impresión al respecto. En lo que se refiere a las actividades de control anual de los programas de investigación, que proporcionan una opinión independiente sobre el estado y la calidad de la aplicación de nuestros programas, hemos realizado varias acciones para tratar de mejorarlas: un análisis de los métodos de gestión de la investigación en el marco de los programas nacionales y de la Unión Europea, con vistas a intercambiar las experiencias exitosas y facilitar el aprendizaje mutuo; el financiamiento de estudios tendentes a evaluar el impacto socioeconómico del programa marco y el lanzamiento de proyectos pilotos para evaluar el impacto de los proyectos terminados, como además lo acaban de señalar, cuando hablaron de la necesidad de medir ese impacto.
Al igual que la Comisión, el Parlamento piensa que la responsabilidad conjunta de la realización de los proyectos no se diferencia mucho de la responsabilidad financiera conjunta. Pero quisiera sin embargo hacer hincapié en un punto: una responsabilidad financiera conjunta no se puede prever stricto sensu en el contexto del programa marco, cuyo objetivo es constituir consorcios constituidos por diferentes entidades, universidades, PYME, grandes empresas, institutos públicos o privados de investigación. Esas entidades no podrán asumir suficientes garantías entre ellas, y en el caso de las PYME, no necesariamente podrán ser responsables de la insolvencia de otros miembros del consorcio.
Es obvio que ese trabajo en consorcio no crea ninguna dualidad en la responsabilidad financiera conjunta. Es un problema más complejo. Es uno de los puntos para los que obviamente hace falta encontrar métodos que proporcionen una mayor seguridad, pero tenemos que evitar que se excluyan del programa marco a las PYME o a las instituciones públicas, por temor de que tengan que afrontar responsabilidades que no pueden asumir. Por consiguiente hay que hallar el justo equilibrio para la responsabilidad financiera conjunta, pero también, por otra parte, no asustar a los socios de un consorcio, puesto que, en ese caso, sólo participarían los más sólidos, cuando nosotros queremos fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Pero en cambio comparto totalmente su punto de vista sobre la necesidad de reducir al máximo los riesgos de doble financiamiento. A ese respecto, deben saber que en el marco de la acción 74 del Libro blanco de la reforma, los servicios de la Comisión ya están a punto de introducir un registro central de los contratos celebrados por la Comisión, que posteriormente será vinculado con los sistemas de información financiera de la Comisión.
Claro está que ustedes han planteado otras cuestiones, entre ellas el problema abordado por la Sra. Langenhagen en su introducción: el tiempo que transcurrió entre el envío de las cartas de sector y la discusión del informe en el Parlamento, que depende de las relaciones entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas. Eso pasó, como lo han subrayado, hace varios años, pero es obvio que se deben sacar lecciones de esa actuación. Desde entonces, se tomaron medidas centradas en la organización interna de nuestros servicios para acelerar en lo posible, las cartas de sector del Tribunal. Está claro que esos diálogos son necesarios. La responsabilidad es, evidentemente, conjunta: le corresponde también al Tribunal establecer esos diálogos, pero en cualquier caso puedo asegurarles que tanto el Tribunal y los servicios de la Comisión, como también el Parlamento, tienen la firme voluntad de solucionar esos problemas.
Paso ahora a la pregunta que la Sra. Morgan formuló en lo que se refiere a la recuperación de los importes. Hay un monto de 3,4 millones de euros, que se puede considerar como un importe elevado, pero que de hecho no representa sino un 0,3% del programa. Por supuesto, el hecho de que no sea más que un 0,3% no significa que no haya que recuperarlo, y hace falta intentar encontrarlo. A este respecto, tienen que saber que los servicios de la Comisión hicieron todo lo posible para recuperar esos montos. Pero hace dos años, los servicios competentes han transferido el expediente para someterlo a procedimientos judiciales. Hoy, dos de los tres expedientes examinados por el servicio jurídico de la Comisión se encuentran en fase de procedimiento judicial, puesto que están sujetos a las legislaciones nacionales vigentes. Por consiguiente, el procedimiento se inició, pero entramos en el ámbito de la jurisdicción de los Estados miembros, y, allí, los plazos no siempre dependen de nosotros. Pero subrayo que esos tres expedientes a los que me acabo de referir representaban un 92% del monto. Por consiguiente, hemos realmente actuado para recuperar esos 3,4 millones, y se puede decir que lo hemos logrado en más de un 90%.
Luego, otra pregunta se refería la pesca y a la persona que efectúa el control. Me acaban de dar la respuesta. Se ha colocado al nivel más adecuado. Y en lo que se refiere a la DG "Agricultura" , el problema ha sido solucionado mediante el traslado del equipo competente a la Dirección General de Investigación. Ese traslado ha permitido una mejor coordinación de las políticas.
Estos son los elementos con los cuales puedo responder a sus preguntas. Aún quedan aplicaciones por establecer, y aprovecho esta oportunidad para decirles cuáles son las orientaciones de la investigación comunitaria que queremos desarrollar en el próximo programa marco y que por lo demás la Comisión ITRE ya examinó, puesto que he presentado un documento de orientación a la comisión del Parlamento el 4 de octubre y que se elaborará un informe. Hay en esas grandes orientaciones varios elementos que permiten aligerar considerablemente las cargas burocráticas: se pasa de un enfoque por proyecto a un enfoque por programa, se fija un tamaño mínimo para los proyectos, se procede a la externalización de ciertas actividades, como las primas exploratorias para las pequeñas y medianas empresas, y en general se simplifican esos procedimientos.
Pienso que hace falta también introducir modificaciones sustanciales en el futuro programa marco. Veremos cuáles han sido los efectos de las modificaciones que se hicieron en el quinto programa marco y quisiera agradecerles la voluntad de mejora que han manifestado. La comparte la Comisión, y me atrevo a esperar que podremos trabajar en las mejores condiciones posibles para realizar ese programa de investigación, indispensable a nivel europeo, pero que debe ser ejecutado según las mejores reglas posibles de eficiencia y también de control financiero.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.00 horas)

