Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 14 de marzo de 2002.
Debo decirles que me encuentro ahora en la Presidencia porque el Presidente, Sr. Cox, se halla de camino hacia Estrasburgo desde Gran Bretaña, en donde ha estado hoy por la mañana para transmitir su pesar por la pérdida de la reina madre a la familia real británica.
Por esta razón, mañana guardaremos un minuto de silencio en memoria de la reina madre.

El Presidente.
Estimados colegas, la noche del 26 de marzo, en la ciudad de Nanterre, en Francia, tuvieron lugar acontecimientos trágicos. Durante la reunión del Consejo Municipal, una persona armada se puso a disparar contra miembros de dicho Consejo, resultado de lo cual fue el asesinato de ocho concejales y que otros catorce fueran heridos de gravedad.
Quisiera expresar mi más sentido pésame, en nombre del Parlamento Europeo, a la ciudad de Nanterre, al Consejo Municipal y a los familiares de las víctimas. Asimismo quisiera alabar el valor de los miembros del Consejo Municipal que consiguieron inmovilizar al atacante.
Por otro lado, el 21 de marzo Juan Priede Pérez, único concejal socialista en el pueblo de Orio, en el País Vasco, fue asesinado por dos terroristas. El mismo día transmitimos, en nombre del Parlamento Europeo, nuestro pésame a la familia del Sr. Priede y a la Presidencia del Partido Socialista Obrero Español. Igualmente, enviamos un mensaje de apoyo a las autoridades españolas. Con el asesinato de Juan Priede Pérez, los terroristas han demostrado una vez más que niegan, no sólo el derecho a la vida, sino también, en este caso, a una persona dedicada al bien de sus conciudadanos. Incluso rechazan el derecho a participar en la política local y el derecho a ejercer las libertades democráticas.
Señoras y señores colegas, por estos dos hechos les invito a guardar un minuto de silencio.
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio)

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, sé que se va a adoptar una resolución sobre el problema de Israel y Palestina durante esta sesión, pero creo que no podemos empezarla sin recordar que se han producido 200 asesinatos en el territorio de Palestina y que el pueblo palestino está siendo humillado por el ejército de un Estado.
Creo, por lo tanto, que necesitamos que esta sesión comience también...
(El señor Presidente interrumpe al orador)

El Presidente.
Señor Nogueira Román, le rogaría que repitiera su observación cuando lleguemos al punto sobre Oriente Medio.

Evans, Jonathan (PPE-DE).
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, quisiera, a través de su persona, dar las gracias al Presidente Cox por su visita de hoy al Reino Unido. En ese contexto, en nombre del Grupo PPE-DE, quisiera decir que algunos de mis colegas británicos desean participar, por lo menos de alguna forma, en el funeral de estado de la Reina Madre, que tendrá lugar mañana. Éste se celebrará a las 12.30 horas. He planteado la cuestión en mi Grupo, que apoya mi solicitud de que la votación de mañana sea adelantada a las 11.30 horas, de modo que los diputados británicos que lo deseen puedan al menos ver el funeral a las 12.30.
Duhamel (PSE).
Señor Presidente, quisiera darle las gracias por su intervención de hace unos momentos y decir en pocas palabras a los elegidos en las urnas, como somos nosotros, y a los ciudadanos que les escuchan, que cuando unos terroristas se vuelven locos y cuando unos locos se convierten en terroristas y matan a los elegidos en las urnas, en un momento en que se prodigan los ataques populistas cada vez más graves que quieren pisotear la política y a los elegidos en las urnas, es bueno recordar que estas personas, estos elegidos en las urnas, permanecen en primera línea de valor por el bien público.

Di Lello Finuoli (GUE/NGL).
Señor Presidente, quiero hacer constar que con frecuencia, cuando los diputados nos levantamos para guardar un minuto de silencio, el público presente en la tribuna permanece sentado. Ahora, puesto que ellos también son ciudadanos europeos, creo que también deberían levantarse con nosotros para guardar un minuto de silencio.

Murphy (PSE).
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, siguiendo el comentario expresado por el Sr. Evans, yo también quisiera dar las gracias al Presidente Cox por la visita que está realizando hoy a Londres para presentar sus respetos en nombre del Parlamento Europeo con motivo del fallecimiento de la Reina Madre. Confío en que la Conferencia de Presidentes pueda dar una respuesta positiva a la petición del Sr. Evans de que las votaciones sean adelantadas mañana, de suerte que se permita a aquellos diputados británicos, y otros diputados, que deseen ver el funeral en la televisión que así lo hagan.

El Presidente.
Gracias, señor Murphy.

El Presidente.
El proyecto definitivo de orden del día, establecido de conformidad con el artículo 110, tras la Conferencia de Presidentes de los Grupos políticos en la reunión del 4 de abril ha sido distribuido.
Martes:
En relación con el debate conjunto de los seis informes sobre la aprobación de la gestión de la Comisión de Control de Presupuestos, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha solicitado que la votación sobre dichos informes tenga lugar el miércoles a mediodía.
Tiene la palabra el Sr. Barón Crespo, Presidente del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que es quien ha redactado la solicitud del aplazamiento de la votación.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, el aplazamiento de la votación se plantea, específicamente, en relación con el informe Morgan referente a las demás instituciones. Pero claro, la aprobación de la gestión es una votación conjunta. Y la razón es que el Consejo tiene que dar un paso adelante en relación con el Parlamento en el tema concreto del desarrollo de la política exterior y de seguridad y su fiscalización.
El Consejo está en una actitud positiva y mañana tiene que responder a la Comisión. Creemos que es importante dar ese paso y que posponer la votación al miércoles nos ayudaría a valorar esa actitud positiva del Consejo. Por ello hemos solicitado este aplazamiento que, además, contribuirá a que el tiempo de votación de mañana sea más breve.

El Presidente.
Señor Barón, si usted me lo permite, creo que su intervención es a favor del aplazamiento de la votación al miércoles a mediodía.
¿Alguno de los Sres. diputados quiere decir algo en contra?
(El Parlamento aprueba la propuesta)
Martes:
En cuanto a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio, que iba a ser el primer tema del miércoles, el Alto Representante para la PESC, Sr. Solana, nos ha avisado de que puede hallarse entre nosotros y hacer una declaración, el martes después de las 17.00 horas.
En estas condiciones, el orden del día del martes por la tarde podría variar de la forma siguiente: de las 15.00 a las 17.00 horas debate conjunto sobre la defensa y el armamento, desde las 17.00 hasta las 19.00 horas debate conjunto sobre la situación en Oriente Medio, con las declaraciones del Sr. Solana y de la Comisión.
Debo informar al Parlamento de que si se acepta el cambio, el debate sobre la situación en Oriente Medio nos obligará a no tener el turno de preguntas a la Comisión.

Poettering (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo apoya la propuesta de aplazar la Declaración del Sr. Solana para mañana por la tarde a las 17.00 horas y de hacer un debate después, de 17.00 a 19.00. He de informar también a sus Señorías de que el Sr. Solana no podrá estar aquí el miércoles, ante lo que debemos mostrar comprensión porque irá a reunirse en Madrid con el Ministro de Asuntos Exteriores norteamericano. Esta es una razón que nosotros, como Parlamento, debemos aceptar.
Tengo una petición y me sentiría muy agradecido si los otros Grupos se sumasen a ella. Señor Barón Crespo, me dirijo a usted en particular porque no quise condicionar con nada nuestra aprobación del aplazamiento de la votación sobre control presupuestario. Hemos aceptado su argumento y le pido que usted acepte que nosotros, si preparamos una Resolución sobre Oriente Próximo, no planifiquemos la votación para el miércoles, sino para el jueves. Nuestro Grupo no está realmente por hacer una Resolución, pero la Conferencia de Presidentes opinó lo contrario. Somos demócratas y lo aceptamos.
Participaremos en la elaboración de una Resolución aún cuando, precisamente, la semana de sesiones pasada ya teníamos una muy fundamentada, pero participaremos y colaboraremos como corresponde a las reglas del juego parlamentario. Pero si el miércoles en Madrid negocian el tema la Unión Europea, esto es, Solana y Piqué, por una parte, y Powell por la otra, el resultado de esas deliberaciones tiene que poder ser incorporado al texto. No será muy fácil desde el punto de vista formal, pero en todo caso, los Grupos tienen que poder comentar oralmente los resultados de Madrid.
Por tanto mi más encarecida petición sería que no votásemos el miércoles el texto de la Resolución, que sería demasiado pronto respecto de las negociaciones de Madrid, sino que, con conocimiento de los resultados, lo votemos el jueves. Les estaría agradecido si sus Señorías la apoyasen, pues nosotros estamos siempre dispuestos a ello cuando sus Señorías nos plantean razones justificadas.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, permítame, estimado colega señor Poettering, que le haga una rectificación en relación con sus informaciones.
El miércoles en Madrid no habrá un encuentro bilateral europeo-estadounidense, sino una Cumbre presidida por el Presidente del Consejo -el Sr. Aznar, correligionario suyo- en la cual van a estar el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, que se encuentra en Madrid en este momento, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el Sr. Ivanov, el Sr. Powell, el Sr. Piqué y el Sr. Solana.
Responde a algo que ya ha votado este Parlamento. Creemos que es muy importante que estén todos, incluso, de ser posible, un representante de la Liga Árabe, pero eso todavía no está confirmado. Por lo tanto, la Cumbre del miércoles en Madrid tiene una especial importancia. Yo no voy a entrar en el debate que celebraremos mañana, pero creo importante y absolutamente necesario que el Parlamento pueda pronunciarse con una voz firme en defensa del papel de Europa y que trate de aportar un resquicio de luz y algo de esperanza en este momento trágico que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que la oportunidad política reside precisamente en que hagamos llegar nuestra resolución en caliente, en vivo, a la Cumbre de Madrid, cosa perfectamente factible.
Añado algo más. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que no se caracteriza por su filiación socialista, en su Comité Permanente del día 6 de abril ha planteado una resolución que creo acorde con lo que podemos plantear nosotros. Pienso y espero que podamos lograr una resolución en una línea parecida. Me refiero a algo muy querido por el Grupo PPE-DE, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Por tanto, insisto en que, de acuerdo con la doctrina del Presidente Cox, que no está aquí ahora mismo pero que la defiende, es muy necesario no quedarse rezagado respecto a los acontecimientos y, por ello, me parece que es especialmente oportuno que votemos el miércoles y que en Madrid se conozca a tiempo el resultado de la votación.

Watson (ELDR).
Señor Presidente, no deberíamos mover a la ligera el turno de preguntas a la Comisión. Está muy bien que en esta Asamblea hagamos alta política pero para muchos diputados el turno de preguntas a la Comisión es extremadamente importante. De hecho, gran parte de nuestra labor de control de la Comisión se lleva a cabo a través del Turno de Preguntas.
Lo acepto en esta ocasión, ya que queremos que los representantes del Consejo y de la Comisión estén presentes en el debate. En cualquier caso, apelo a mis colegas de los demás grupos para que no convirtamos la reubicación del turno de preguntas a la Comisión en costumbre. Este constituye una parte importante de nuestro trabajo.
Nuestra opinión respecto de la cuestión de la votación es que nos encontramos en una situación de muy rápida evolución. Con toda seguridad el jueves sabremos más que el miércoles. En esta ocasión hay buenos motivos para realizar la votación el jueves a la hora de comer, en lugar del miércoles.
El Presidente.
Señor Watson, puede estar seguro de que se han registrado sus observaciones sobre el tema de las preguntas a la Comisión.

Wurtz (GUE/NGL).
Señor Presidente, regreso de Jerusalén y de Ramala y quiero sobre todo apoyar el principio del debate mañana, cualesquiera que sean los arreglos necesarios en relación con las preguntas a la Comisión, aunque, por otro lado, este punto es importante.
Es necesario que este debate se celebre en presencia del Sr. Solana y lo que a mí me importa sobre todo, y a mi Grupo, es que el contenido de nuestra resolución común responda al acto de descaro inaceptable del gobierno israelí con respecto al Sr. Solana y el Sr. Piqué, es decir con los representantes de la Unión Europea. El que luego la votación tenga lugar el miércoles o el jueves me parece secundario. Si hay que elegir, prefiero el miércoles, por las razones expuestas por el Sr. Barón Crespo. Pero lo esencial es que nuestra posición sea clara, independientemente de lo que se vaya a decir y del compromiso que unos y otros adquieran en Madrid.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, voy a ser muy breve, puesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente Wurtz. En particular, quisiera subrayar la importancia, y aquí me dirijo al presidente Barón Crespo y al presidente Poettering - de que nuestro Parlamento adopte una resolución realmente unitaria. Creo que tenemos todos los instrumentos para hablar con una sola voz, al menos nosotros, y pienso que es importante hacerlo. También mi Grupo, como decía el presidente Wurtz, prefiere que la votación sobre la resolución se celebre el miércoles.

Puerta (GUE/NGL).
Señor Presidente, aunque naturalmente, como la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara, defiendo la prioridad absoluta de tratar el problema trágico de Oriente Próximo, como Vicepresidente responsable de las preguntas a la Comisión y al Consejo y en representación de todos los que han preguntado y quieren verificar cuál es la posición de la Comisión, me sumo a lo que acaba de explicar el presidente del Grupo Liberal, el Sr. Watson.
Creo que no se puede suprimir el turno de preguntas a la Comisión. Cámbiese de hora, búsquese la solución que sea precisa, pero el turno de preguntas no puede ser el comodín que, según la capacidad que tengan la Comisión o el Consejo de venir aquí, pueda suprimir el Parlamento. Me parece una falta de respeto suprimirlas y confío en usted y en el Pleno para que se mantenga el turno de preguntas, aunque sea en otro momento.

El Presidente.
Señor Puerta, quiero asegurarle que no hay intención alguna de suprimir el turno de preguntas a la Comisión. Es simplemente que, en este caso en concreto, hay ciertas dificultades que creo que todos entendemos. En cualquier caso, tomamos nota de sus observaciones como hemos hecho también con las del Sr. Watson.

Posselt (PPE-DE)
Señor Presidente, usted está por primera vez en esta situación. Por ello mi reproche no se dirige contra usted, pero yo he visto en estos años a muchos vicepresidentes y vicepresidentas que, respecto del turno de preguntas, han dicho procure que no vuelva a ocurrir, que sea una excepción. Pero cada vez más se está convirtiendo en una regla. Es un hecho que puedo demostrárselo estadísticamente, por lo que pido encarecidamente que se fije el turno de preguntas a una hora en la que siempre pueda tener lugar. Antes era al principio de la sesión nocturna del martes, puntualmente. Desde que se trasladó al martes por la tarde, cada dos o tres veces se suspendía. Ahora estamos oyendo que se quiere poner el jueves a las 17.30 horas, porque hasta las 18.30 o 19.00 horas no tenemos nada supuestamente qué tratar. Los viernes no hay sesiones, pero no tenemos tiempo para el derecho elemental y contractualmente asegurado de preguntar de que gozamos los parlamentarios. Me parece inaceptable y pido no sólo que se modifique, sino también que ese turno de preguntas con el Comisario Busquin y otros, que muchos de nosotros hemos preparado con todo detalle, se recupere lo antes posible. No queremos recibir respuestas escritas por funcionarios, sino que queremos poder repreguntar, como es usual en el ámbito parlamentario.
El Presidente.
Señor Posselt, ya he explicado antes que, especialmente esta vez, nos encontramos en una situación muy difícil. Tomamos nota también de sus observaciones, pero le aseguro que no hay intención alguna de eliminar el turno de preguntas.
A continuación procederemos a dos votaciones:
La primera es sobre si la Sala acepta que el debate sobre Oriente Medio se celebre el martes, tal como hemos dicho.
(El Parlamento emite su dictamen conforme)
La segunda votación es en relación con si la votación sobre las resoluciones relativas se celebra el miércoles o el jueves.
(El Parlamento vota a favor del miércoles)

Provan (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera que aclarase una cuestión anterior. Ha dicho que vamos a perder el turno de preguntas, pero ¿también vamos a perder la comunicación de la Comisión de las 17.30?
EL Presidente.
Señor Provan, tiene usted razón. La declaración de la Comisión deberá haber concluido a las 17.30 horas.
Miércoles:
Tengo el deber de informarles que, después de las decisiones que hemos tomado, el debate y las comunicaciones del Consejo y de la Comisión sobre Oriente Medio tendrán lugar el martes por la tarde.
Tengo una solicitud del Sr. Leinen para que el debate se celebre el miércoles.

Leinen (PSE)
Señor Presidente, ante situaciones extraordinarias se imponen actuaciones extraordinarias. Me habría gustado que el Presidente del Parlamento, el miércoles después de la votación, en la pausa de mediodía, nos hubiese llamado a un acto por la paz en Oriente Medio. Tenemos una sala maravillosa, donde otras veces se han celebrado fiestas. Tenemos un espacio precioso delante del Parlamento. Todos nuestros visitantes, toda nuestra gente, podrían participar. Lo único que se necesita es un micrófono. Si esto no fuese fácil, yo mismo ayudaría a conseguir uno.
Creo que un acto tan extraordinario como éste sería una clara señal de que Europa no está dispuesta a aceptar la espiral de violencia de Oriente Próximo. Sería un gesto contundente, justo el miércoles, el día en que se buscará una solución de paz para oriente Próximo. Pido que lo reflexione junto con sus colaboradores de la Conferencia de Presidentes.
El Presidente.
Señor Leinen, muchas gracias por su observación. La transmitiré literalmente al Presidente del Parlamento Europeo.
Jueves:
En cuanto al debate de actualidad y urgencia, hemos recibido una solicitud del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata - Cristianos) y Demócratas Europeos, así como del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, para que se añada debajo del título 'Derechos Humanos? un nuevo punto titulado 'Posición de la Unión Europea en la sesión Especial de la ONU a favor de la Infancia?.
(El Parlamento emite su dictamen conforme)
Igualmente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata - Cristianos) y Demócratas Europeos y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos han solicitado que el título del quinto punto sea el siguiente: 'Lluvias torrenciales en Tenerife y en el Este de España, así como cambios climáticos?.
(El Parlamento emite su dictamen conforme)
El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado.

Intervenciones sobre temas judiciales

Corrie (PPE-DE).
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, la Asamblea quizás quiera saber que en la Asamblea Parlamentaria conjunta celebrada en Ciudad del Cabo, que fue hábilmente copresidida por la Sra. Kinnock, aprobamos una resolución muy contundente. Estas son buenas noticias.
Las malas noticias son que bajo las leyes draconianas introducidas por el Presidente Mugabe, el editor del periódico que publicó la resolución en toda su extensión y fielmente, ha sido amenazado y multado con 2.000 dólares USA - o dos años de cárcel caso de no pagarla. Éste ha declarado que prefiere ir a la cárcel antes de dejar de decir la verdad.
Teniendo en cuenta que esta Asamblea se fundamenta en la libertad de expresión, ¿podría la Presidencia escribir una carta al Sr. Mugabe y expresarle que esperamos que este hombre no sufra ningún daño y que respaldamos la libertad de expresión?
Kinnock (PSE).
Señor Presidente, naturalmente apoyo lo que ha dicho mi colega el Sr. Corrie. Ésta constituiría la primera aplicación de la ley de acceso a la información recientemente aprobada por el Parlamento de Zimbabwe. No deberíamos subestimar la seriedad de las amenazas a estos periodistas aparecidas en The Daily News.
Por consiguiente deberíamos ser muy cautelosos y no avivar la situación en ninguna forma. Por lo tanto, sugiero que consideremos la posibilidad de enviar una carta al Ministro de Justicia en lugar de al Presidente Mugabe, y también decir que simplemente estamos confirmando los hechos ocurridos en Ciudad del Cabo. En la situación actual no deseamos decir nada que no parezca neutral. Solo les insto a que tengamos esto en cuenta a la hora de enviar la carta.
Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, usted ha mencionado que una persona ha sido asesinada en el País Vasco pero, de hecho, la semana pasada otra persona fue asesinada por la Guardia Civil. Su nombre era Joseba Andoni Urdaniz. Es posible que usted haya recibido informaciones incorrectas por parte de las autoridades españolas. Dos personas fueron asesinadas.
(El Presidente interrumpe al orador)
El Presidente.
Como ya saben, hemos guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo. Les ruego encarecidamente que respetemos la memoria de dichas personas.

Read (PSE).
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, quisiera presentar una queja respecto de mi colega el Sr. Helmer. Éste publica una revista electrónica cuyo nombre es 'Hablando Claro? y en la misma ha escrito algo que considero es un serio insulto a la Sra. Nicole Fontaine. Describe las ideas de ésta como socialistas rayando en el marxismo - lo que creo no dejaría de ser una sorpresa para la Sra. Fontaine, así como para otros diputados - pero lo más grave es que dice que el título de sus memorias debería ser 'Mein Kampf?. Esto es muy serio e invito al Sr. Helmer, con su mediación, señor Presidente, a que o se disculpe y retracte de esos comentarios o, alternativamente, los explique.
Helmer (PPE-DE).
Señor Presidente, le doy las gracias a la Sra. Read por dar tan buena publicidad a mi revista electrónica. Si cualquier colega desea entrar en la lista de distribución háganmelo saber y me satisfará mucho darles las gracias.
La Sra. Fontaine hizo un discurso antes de la Cumbre de Lisboa en el que criticó los males del capitalismo. Por ello sentí que estaba completamente justificado describir esos comentarios como socialistas rayando el marxismo. La observación que hice sobre el libro de la Sra. Fontaine Mes combats fue, si recuerdo bien, que los humoristas del Parlamento decían que la edición alemana debería titularse 'Mein Kampf? que creo es la traducción alemana de Mes combats. Por lo tanto, solo he repetido las habladurías, lo que me siento legitimado a hacer. Quisiera decirle a la Sra. Read, mi paisana, que la cuestión del discurso que la Sra. Fontaine realizó antes de la Cumbre de Lisboa fue aireada en esta Asamblea hace casi dos años. De modo que no está a la altura de los tiempos.
Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, intervengo solamente para recordar la carta que envié al Sr. Cox la semana pasada para darle cuenta de una catástrofe que azotó la isla de Tenerife, concretamente la capital, Santa Cruz de Tenerife, donde desgraciadamente, además de los daños materiales, perdieron la vida siete personas. Le agradecería que transmitiese la condolencia al alcalde de la ciudad y, al mismo tiempo, que esta Cámara apoyase el próximo jueves la propuesta de resolución que han presentado algunos compañeros canarios.

Eriksson (GUE/NGL).
Señor Presidente, el Consejo ha solicitado procedimiento de urgencia para las medidas restrictivas especiales contra determinadas personas, el denominado combate contra el terrorismo. La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos tiene una sesión especial esta tarde
Espero que se tome en cuenta que diputados del Grupo GUE/NGL han pedido a algunas víctimas de esta legislación antiterrorista en el ámbito comunitario que acudan al Parlamento el miércoles para asistir a una conferencia de prensa y a una mesa redonda. Tres ciudadanos suecos han caído en esta trampa. A mi juicio - y así lo entienden también muchas personas - estamos ante un escándalo judicial enorme.
Lamento también que el Consejo no esté dispuesto a enviar representantes a esta mesa redonda. Me parece muy vergonzoso, ya que se trata de ciudadanos que no pueden defenderse. Ni siquiera están acusados, pero se les han congelado todos sus medios de vida.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, quisiera informar al Parlamento de que la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, celebrada en Nicosia los días 5 y 6 de marzo, con la participación de 43 partidos políticos de izquierdas y otras organizaciones de 22 países, adoptó una resolución que condena el ataque por todos los frentes de Israel contra el pueblo, la Autoridad y el liderazgo palestinos.
Asimismo, la resolución expresa su solidaridad con las fuerzas pacifistas de Israel, y hace un llamamiento a la comunidad internacional, y especialmente a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Coalición Árabe, a fin de que presionen a Israel para que obedezca las resoluciones recientes y más antiguas de la ONU.
Señor Presidente, uno se pregunta cómo es posible que Israel realice tales salvajadas contra la población civil, incluso contra niños, bajo la mirada insensible de los poderosos de la tierra.
También se pregunta, de dónde saca valor para apalear a diputados griegos, prohibir la entrada a una representación del Parlamento chipriota y para prohibir incluso que altos mandos de la Unión Europea se reúnan con el presidente Arafat.
Se pregunta por qué la Unión Europea no utiliza los medios de que dispone para poner fin a la ofensiva israelí, por qué no toma medidas económicas, por qué no detiene la exportación de armas a Israel.
En estas trágicas condiciones, la no condena de Israel y el silencio equivalen a la complicidad en el genocidio del pueblo palestino y del asesinato de la paz.

Schulz (PSE)
Señor Presidente, voy a volver de nuevo sobre la observación de la Sra. Read y sobre las consideraciones del Sr. Helmer. El Sr. Helmer me fuerza a hacer una observación que, realmente, nunca creí que tuviera que hacer. Soy una persona que, en este Pleno, he criticado a menudo a la Sra. Presidenta Fontaine durante el período en que ocupó el cargo. Pero ahora tengo que dejar claro lo siguiente. Tengo que oponerme totalmente a lo que el Sr. Helmer ha escrito en su Newsletter sobre que las declaraciones de la Sra. Fontaine suenan a marxistas o a socialistas. Nicole Fontaine se merece muchas cosas, pero no calificarla de afín al marxismo o al socialismo. Sería más o menos lo mismo, señor Helmer, que calificar sus observaciones de inteligentes. Ambas calificaciones serían igualmente falsas.
Tengo que decir que no podemos permitir que se difame de este modo a miembros y representantes del Parlamento, pues junto a la observación chistosa, la recomendación a una representante del Parlamento Europeo de que mencione su 'Mein Kampf?, es una equiparación con ideologías históricas inaceptable desde todo punto de vista. Creo que esto debe ser reprendido por este Pleno.
Pregunto a los compañeros y compañeras del Grupo del PPE: este Parlamento prevé que los políticos de la misma línea se unan en un Grupo parlamentario, ¿cómo se puede estar en un mismo Grupo con un hombre semejante?
Bigliardo (UEN).
Señor Presidente, con referencia a la cuestión israelo-palestina, quisiera llamar su atención y la de sus Señorías sobre el hecho de que la Sra. Morgantini que viajó a los territorios ocupados con una delegación de diputados y sindicalistas italianos, fue retenida y utilizada como escudo humano por los soldados israelíes. Sé perfectamente que la cuestión es muy grave y que esto podría parecer un hecho irrelevante; sin embargo, considero que se ha de reprochar el tratamiento del que fue objeto no solo una mujer valiente, sino una representante de nuestro Parlamento. Agradecería al Presidente de este Pleno que enviara una nota de protesta al Gobierno israelí por el tratamiento reservado a la Sra. Morgantini.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, mi intervención guarda relación con la del Sr. Bigliardo, pero su tenor no es el mismo. Me solidarizo, como creo que todos nosotros, con lo que le ocurrió a la Sra. Morgantini, pero no como diputado europeo, sino como ciudadano europeo. Por lo tanto, me sentiría igual de solidario con cualquier otro ciudadano europeo.
Sin embargo, incluso antes de la intervención del Sr. Bigliardo, quería pedir que mañana en el debate sobre los acontecimientos de Israel y de Palestina, la Comisión recomiende a todos los ciudadanos europeos que no ocupan cargos en las organizaciones de las Naciones Unidas, de la OTAN y de la Unión Europea que se abstengan de participar en el macabro turismo de la curiosidad y de la falsa solidaridad. Quien viaja a una zona donde se lleva a cabo la que es una auténtica guerra, lo hace a propio riesgo y ventura y no puede pretender involucrar a toda la comunidad internacional. Creo que en estas zonas no necesitan ninguna presencia de este tipo: la solidaridad se manifiesta en nuestras ciudades, en nuestros Estados y en los hemiciclos de los parlamentos. Dos o tres delegaciones de diputados italianos de la izquierda fueron rechazadas en el aeropuerto de Tel Aviv: se limitaron a dar una vuelta dentro del aeropuerto causando más molestias y más motivos de preocupación. Creo que es del todo innecesario. Por lo tanto, pido a la Comisión que recomiende expresamente a los ciudadanos europeos que se abstengan de participar en este tipo de turismo.

Helmer (PPE-DE).
Señor Presidente, solo quisiera responder al Sr. Schulz. Ha hecho dos observaciones. La primera es una observación política respecto de la postura de la Sra. Fontaine, contenida en su discurso en Lisboa. Allí, realizó un discurso en el que atacaba al capitalismo en términos muy claros.
(El Presidente interrumpe al orador)
El Presidente.
Señor Helmer, creo que el problema ya se ha debatido en extenso. Usted ha tenido la posibilidad de expresar su punto de vista y los Sres. colegas de juzgar ciertas cosas. No demos comienzo ahora a todo un debate sobre un tema que creo que hemos agotado.

Brok (PPE-DE)
Señor Presidente, quisiera hacer una breve observación. El tema Helmer es una cosa, el ataque a un Grupo es otra. Primero: quien conozca el espectro de los socialdemócratas europeos y de su trasfondo histórico en los diez o quince últimos años, no debería pronunciarse sobre esa tal variedad en los términos en que el Sr. Schulz acaba de hacerlo. Segundo: sobre gustos no hay disputa, y en esto estamos otra vez de acuerdo.

Doyle (PPE-DE).
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, intervengo para pedirle que se ponga en contacto con las autoridades colombianas y que les pida que aclaren la situación y que garanticen la seguridad de dos trabajadores pro derechos humanos completamente acreditados, que se encuentran en la provincia colombiana de Bolívar, bajo los auspicios de la Corporación de Servicios Comunitarios Profesionales (Sembrar).
Se trata de dos ciudadanos de la UE. Uno es irlandés, Gearóid Ó Loinsigh, y el otro una mujer alemana, Gudrun Christa Kern. Ambos son trabajadores pro derechos humanos plenamente acreditados. Se desplazaron a la región el 13 de marzo para reunirse, habiendo sido previamente citados, con el consejo de administración de la Federación agrominera de Bolívar del Sur. Se toparon con muchas dificultades, de principio con la quinta brigada del ejército nacional que allí se encuentra, y posteriormente con el saqueo de su hotel. Solicito, a través de la Presidencia del Parlamento, que se ponga en contacto con las autoridades colombianas y que se garantice su paso franco para que puedan llevar a cabo el trabajo que les ha sido encomendado por el Gobierno irlandés y la ONG irlandesa, en el caso del irlandés, y estoy seguro de que lo mismo es aplicable a la mujer alemana.
McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera ampliar lo dicho por la Sra. Doyle. El Sr. Mr Gearóid Ó Loinsigh es un amigo personal y hace dos años viajé con él a Colombia. Estas personas, que están trabajando con una organización de derechos humanos, fueron invitadas por la comunidad agrícola y minera local para investigar la violación de los derechos humanos en una determinada zona. Tan pronto como llegaron fueron abordados por el ejército, que les interrogó acerca del motivo por el que se encontraban allí, etc. Entonces les recomendaron se hospedaran en un determinado hotel conocido por ser frecuentado por miembros de los escuadrones de la muerte. Afortunadamente no se quedaron allí, pero esa noche a medianoche el hotel fue asaltado por escuadrones de la muerte. El Parlamento tiene la obligación de enviar un claro mensaje a las autoridades colombianas. La cuestión de los escuadrones de la muerte, los paramilitares y el respaldo de las autoridades colombianas a los mismos, debe ser abordada.
La oficina de la ONU en Bogotá, que está cofinanciada por la UE, ha publicado en unas 100 ocasiones unas recomendaciones para desmantelar a estos paramilitares. La respuesta de las autoridades colombianas a estas recomendaciones, básicamente, no es más que palabrería. La ONU y Amnistía Internacional han confirmado que los paramilitares participan en el 75-80% de las violaciones de los derechos humanos que se perpetran en Colombia. Ya es hora de que las autoridades colombianas actúen conforme a las normas internacionales, y el Parlamento debe emitir un claro mensaje de que si algo les ocurriera a estos dos trabajadores pro derechos humanos serán consideradas responsables.
De Rossa (PSE).
Señor Presidente, tengo entendido que se le ha notificado a su oficina mi intención de plantear el asunto referente al ciudadano irlandés, Gealóid Ó Loinsigh, que actualmente se encuentra huyendo de los paramilitares de extrema derecha. La realidad de Colombia en este momento, lamentablemente, es que muchos cooperantes pro derechos humanos, tanto ciudadanos de la UE como colombianos, se encuentran bajo la amenaza de los paramilitares y, en algunos casos, ciertamente de las fuerzas de seguridad del estado. Se ha informado de que una joven, la Srta. Blanca Valencia, ha tenido que exiliarse en España después de recibir 50 amenazas de muerte a causa de su trabajo en nombre del pueblo de Colombia.
Estimo que el Presidente del Parlamento debería plantear esto como una cuestión de urgencia con las autoridades de Colombia y que debería considerar cualquier medida que pudiéramos emprender como Parlamento, con el fin de emitir la protesta más contundente que sea posible. Deberíamos analizar qué acciones podemos tomar para respaldar nuestra protesta. Es inaceptable que los ciudadanos colombianos y otras personas que acuden allí para ayudar en las investigaciones sobre derechos humanos sean asesinados o tengan que trabajar bajo la amenaza del asesinato.
De Rossa (PSE). -

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0047) del Sr. Deprez, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional (12175/1/2001 - C5-0067/2002 - 2001/0824(CNS)).

Deprez (PPE-DE)
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, el deporte en general -y el fútbol en particular- ocupa, ustedes lo saben bien, un lugar muy especial en nuestras sociedades, tanto en los comportamientos de nuestros conciudadanos como en la imagen colectiva. El gentío que se desplaza habitualmente con motivo de los grandes partidos -y en especial de los grandes partidos internacionales- así como el número de telespectadores causan simplemente estupefacción.
El fútbol profesional es hoy al mismo tiempo una gran actividad deportiva, un gran juego de sociedad, una gran empresa de espectáculos y también, hay que decirlo, un gran negocio. Pero, lamentablemente, los grandes partidos -y sobre todo los grandes partidos internacionales- son también demasiado frecuentemente el escenario de escenas de agresividad, de desórdenes, de actos de violencia inaceptables tanto en lo referente a la ética del deporte como en lo referente al respeto debido a las personas y a los bienes.
Además, ningún Estado miembro se escapa totalmente del riesgo de sufrir desórdenes, incluso aunque algunos partidos sean menos sensibles que otros y aunque, evidentemente, los seguidores de algunos clubes o de algunos equipos nacionales sean más fáciles de controlar que otros. Es precisamente para ayudar a prevenir mejor y a controlar mejor los riesgos de desórdenes que pueden producirse con motivo de partidos internacionales, por lo que el Reino de Bélgica ha tomado la iniciativa de la propuesta de decisión del Consejo sobre la que estamos llamados a pronunciarnos mañana.
Este proyecto de decisión, Señor Presidente, señorías, tiene su origen en una triple observación. En primer lugar, cada vez hay más partidos de fútbol internacionales, ya se trate de diferentes competiciones europeas, de campeonatos de Europa o de otros torneos, lo que ocasiona un incremento de los desplazamientos de los seguidores y, como consecuencia de ello, un incremento del riesgo de desórdenes antes, durante y después de las competiciones.
Segunda observación: la mejor forma de prevenir los desórdenes es garantizar el mantenimiento del orden con motivo de los partidos y disponer, en primer lugar, de un sistema organizado y eficaz de intercambio de información sobre los riesgos que determinados partidos representan globalmente -y muy especialmente determinado tipo de seguidores que se desplazan con motivo de estos partidos- y, por tanto, en segundo lugar, mejorar la coordinación entre los servicios encargados de la seguridad. A este respecto, hay que reconocer que el sistema actual de cooperación entre los cuerpos de policía, basado simplemente en acuerdos voluntarios y en contactos puntuales con motivo de cada partido, ha demostrado su debilidad cuando no su ineficacia. No es ni lo bastante fiable, ni lo bastante rápido, ni lo bastante sistemático.
Por ello, señorías, el proyecto de decisión propone formalmente hacer obligatoria, en cada Estado miembro, la creación o la designación de un punto nacional de información "fútbol" de tipo policial, que haga las veces de punto de contacto único, directo y centralizado entre las autoridades y los servicios de policía de los Estados miembros encargados de garantizar la seguridad con motivo de un partido internacional o de una competición internacional. Cada punto nacional de información "fútbol" debe, por tanto, estar dotado de equipamientos adecuados y de personal cualificado. Ni que decir tiene que las necesidades operativas no son las mismas en Finlandia, en Austria, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido o en los Países Bajos. Los diferentes puntos nacionales así creados o designados deben pues funcionar como una especie de red de intercambio de información que incluya al mismo tiempo datos de carácter general -número de seguidores que se desplazan, grupos de riesgo, presencia de núcleos duros- y datos de carácter personal, es decir de los seguidores que presentan riesgos específicos para la seguridad y el orden públicos.
Aprobando el informe propuesto, la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha dado su conformidad a las grandes orientaciones de esta propuesta de decisión del Consejo. También ha aprobado diecinueve enmiendas, las cuales tienen todas como objetivo bien reforzar el carácter operativo de la red, bien, señora Buitenweg, incrementar la protección de los ciudadanos con motivo del intercambio de datos de carácter personal.
Aprobando el informe, nuestra Asamblea demostrará su voluntad de luchar más eficazmente contra las acciones de los hooligans y, de este modo, ayudará al fútbol profesional a confirmar su vocación primera, que es la de ofrecer un espectáculo de calidad a los seguidores entusiastas, sin permitir a algunos salvajes que transformen los estadios o las ciudades que los acogen en terrenos de entrenamiento de destrozadores o en campos de batalla de bandas rivales.

Sanders-ten Holte (ELDR)
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, quisiera empezar felicitando sinceramente al Sr. Deprez por su informe. No ha sido una tarea fácil ya que el Consejo iba adaptando continuamente sus versiones. A pesar de todo, el ponente ha sido capaz de presentar un informe hecho a conciencia en esta materia que afecta directamente al ciudadano.
Con respecto al intercambio de información y a una mejor coordinación con los servicios encargados de la seguridad en los partidos de fútbol, estoy completamente de acuerdo con su propuesta. Sin lugar a dudas habrá un aumento de la eficiencia si la información se centraliza en cada Estado miembro en un centro que funcione como punto de contacto único para todos los implicados. Esto es urgente y muy necesario. En los Países Bajos por ejemplo, este sistema funciona muy bien.
Sin embargo, quisiera advertir que con este sistema no se pueden vulnerar el derecho a la intimidad ni los derechos individuales de cada hincha. Por lo tanto, el artículo 4.3 es de una importancia crucial. Las disposiciones nacionales e internacionales constituirán la base para la recogida, el tratamiento y la utilización de la información. Asimismo, le corresponde a la justicia tomar las medidas contra la violencia empleada por los hinchas futbolísticos y no a las federaciones que organizan los partidos de fútbol.
No obstante, la lucha contra la violencia y los desórdenes relacionados con los partidos de fútbol no sólo es una cuestión de una actuación policial más eficaz. A mi juicio, es más importante cambiar la mentalidad del aficionado. El deporte y tanto el fútbol profesional como el fútbol practicado por aficionados tienen una importante función social. Los expertos señalan que la violencia relacionada con el fútbol se debe fundamentalmente al afán de mostrar la masculinidad, el estatus y la lucha por el territorio. Esto es lo que hay que cambiar y en este ámbito los equipos, las asociaciones de aficionados y los jugadores mismos pueden desempeñar un papel muy destacado. Asimismo, la UEFA puede jugar un papel clave. Por su gran experiencia en la organización de partidos de fútbol y gracias a los contactos con las federaciones nacionales, la UEFA sabe mejor que nadie cuáles son los problemas que pueden surgir. Desde aquí hago un llamamiento para que colabore con nosotros. También quiero exhortar a los puntos nacionales de información para que inviten a los equipos, las peñas futbolísticas y la UEFA a colaborar estrechamente con ellos, de modo que sus tareas se puedan realizar de la mejor forma posible y más eficaz para aumentar la seguridad en los partidos de fútbol internacionales.

McCarthy (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera responder en nombre del Sr. Cashman, que es el ponente en la sombra del Grupo Socialista para este informe y que no ha podido estar presente aquí esta noche. Éste desea informar a la Asamblea de que el Grupo PSE saluda este informe y las medidas que contiene para prevenir las actividades de los fanáticos y de los alborotadores organizados en los partidos. No obstante, será necesario que hagamos un seguimiento del modo en que estos centros de seguimiento llevan a cabo sus funciones, con el fin de asegurar que toda la comunidad del fútbol se compromete plenamente con el intercambio de información. Lo más importante es la necesidad de garantizar unos recursos adecuados, tanto en términos financieros como de personal. Sería un error generar unas expectativas que no puedan ser alcanzadas. Desde luego, podemos vencer a este movimiento de violentos fanáticos del fútbol. Las propuestas evidencian que tenemos la voluntad de abordar la tarea, pero debemos obtener los recursos para ello.
Dicho esto quisiera intervenir personalmente en este debate. Yo también quisiera añadir mi respaldo al informe del Sr. Deprez y sus enmiendas, en especial su enmienda 10, que reclama una cooperación y un intercambio de información más estrechos. Si queremos que la red europea de información del fútbol nacional sea eficiente, entonces debemos abordar las actuales debilidades del sistema de intercambio de información y de los contactos ad hoc.
El viernes visité la unidad de información para el fútbol del servicio de policía de Manchester. Desgraciadamente, en mi ciudad tenemos una gran experiencia y cualificación en la lucha contra la violencia relacionada con el fútbol. El subjefe de la policía de Manchester ha leído este informe y saluda la iniciativa a la luz de lo que él denomina 'diferentes pautas para tratar, por ejemplo, los encuentros fuera de casa del Manchester United y los encuentros fuera de casa de la selección inglesa.? El viernes, esta unidad se preparaba para dos partidos clave del sábado. Uno de ellos era el de Oldham contra Stoke City: la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, aficionados violentos sobre los que se tiene conocimiento merodearon por la ciudad, causando daños en la propiedad y atacando a personas. En el Reino Unido tenemos una legislación sobre el fútbol proactiva para tratar el problema de los seguidores violentos. Ello nos permite imponer prohibiciones; así, cuando cien de esos seguidores fanáticos llegaron a Oldham, fueron inmediatamente detenidos puesto que tienen prohibido acudir a cualquier encuentro. Esas prohibiciones también son de aplicación a encuentros internacionales.
La unidad de información para el fútbol dispone de una sofisticada base de datos de los denominados 'eminencias del fútbol?, en la que emplean las últimas tecnologías de la imagen para actualizar y registrar los casos. Permítanme decirles en qué aspectos opina la unidad que el sistema de intercambio de información de la UE debe mejorar: 150 seguidores fanáticos fueron deportados de Charleroi en junio de 2000. Entre los que llegaron al aeropuerto de Manchester se encontraban ciudadanos belgas, algunos de los cuales quizá no habían participado en ningún acto de los fanáticos. Agrupar y después deportar sin que se produzca un procesamiento, no ayuda en nada a la red de información sobre seguidores fanáticos. Una lista y un informe sobre los deportados fueron posteriormente enviados a la unidad: muy útiles en principio, pero el informe no contenía ninguna información. Además, los funcionarios no pudieron leerlo por cuanto no estaba escrito en ingles y no pudieron actuar basándose en el mismo porque la información no permitía ninguna acción para un procesamiento o detención. Durante la Eurocopa del 96, algunos seguidores alemanes llegaron a Manchester. A consecuencia de las leyes alemanas de protección de datos y privacidad, no se pudo proporcionar a los servicios de información locales ninguna lista de fanáticos conocidos, y los funcionarios de la unidad no dispusieron, por tanto, de una información accesible, en un formato adecuado, para interceptar a los seguidores fanáticos. Por consiguiente, aquí estamos ante una cuestión, señor Comisario, en la que necesitamos armonizar el formato de la información, a la vez que debemos reconocer que en la UE existen diversas culturas policiales y de obtención de información. Quizá debiéramos considerar alguna suerte de protocolo sobre información. Esta es una idea de mis propios funcionarios de la unidad de información sobre el fútbol.
Debemos tratar el fenómeno de los seguidores fanáticos de forma activa, no reactiva. En cuanto a la cuestión del coste, que es objeto de una enmienda de la Sra. Sanders-Ten Holte, sin duda sería útil disponer de un estudio acerca de si los clubes deberían pagar más por la acción de la policía contra las actividades de los fanáticos. La dificultad estriba, en cualquier caso, en quién paga ese coste horas después cuando los fanáticos siguen cometiendo tropelías en las ciudades.
En 2004 seremos los anfitriones de la final de la Copa Europea de Naciones en Old Trafford en Manchester. Nuestra prioridad debe ser proteger al aficionado respetuoso de la ley y redoblar nuestros esfuerzos contra los fanáticos que arruinan los partidos. Necesitamos un enfoque práctico, activo respecto de la información que debe ser compartida por los centros nacionales de seguimiento. Su mera existencia, Comisario, no garantizará el fin del fanatismo violento en el fútbol.
De Clercq (ELDR).
Señora Presidenta, la propuesta de establecer unos puntos nacionales de información futbolística permanentes, que pretende, dicho de otra forma, mejorar la colaboración entre los Estados miembros en el mantenimiento del orden público en los partidos de fútbol internacionales, es una iniciativa belga basada en la experiencia adquirida en Euro 2000, el campeonato europeo de fútbol organizado, como saben, conjuntamente por Bélgica y los Países Bajos en junio de 2000. Me parece una propuesta excelente. El informe me parece también muy bueno y esta iniciativa merece todo nuestro apoyo. Sin embargo, me gustaría hacer dos observaciones.
En primer lugar, la propuesta sólo se aplicará, lógicamente, en los Estados miembros de la Unión Europea. Se plantea la pregunta de qué hacer con los países de fuera de la Unión Europea, cuyos equipos también participan en las competiciones internacionales. Los equipos de Turquía, Rumanía y Croacia juegan también con los de la UE. Ustedes dirán que los Estados miembros candidatos tendrán que adoptar el "acervo comunitario", y eso es cierto. Pero esto no se hará ni hoy ni mañana. Algunos lo adoptarán, como muy pronto, en el 2004. Y queda la cuestión de qué hacer con los demás, con los estados que no son candidatos a la adhesión. Por lo tanto, espero que se encuentren vías para colaborar con la UEFA y con las federaciones nacionales para solucionar esta situación.
Mi segunda observación va dirigida a que se busque una mayor implicación y colaboración de los equipos y las asociaciones de aficionados para que se mejore el ambiente y la calidad. Me parece fundamental que se trabaje en ello.

Sörensen (Verts/ALE).
Señora Presidenta, Señorías, los grandes partidos internacionales de fútbol son para los aficionados la esencia futbolística en su máxima expresión, pero para los encargados de mantener el orden público y las administraciones locales constituyen más bien una pesadilla con costes muy elevados. Asimismo, estos partidos son para los vecinos de los estadios de fútbol muchas veces una fuente de sufrimiento y desgracia por los destrozos causados en jardines, coches, terrazas, etcétera.
Esta decisión del Consejo tiene por objeto, en primer lugar, el núcleo duro de los ultras que hasta ahora han podido aprovecharse de las imperfecciones en el sistema de intercambio de información entre los diferentes servicios policiales. Por lo tanto, no constituye ningún lujo superfluo que se establezca por fin una coordinación eficiente en el intercambio de datos. Sí ha de quedar claro que se trata primordialmente de un instrumento preventivo para hacer una estimación sólida de los riesgos.
Por cierto, el informe del Sr. Deprez me parece muy bueno. Ha conseguido esclarecer el texto original y hacerlo más conciso prestando mayor atención a los periodos antes y después de los partidos.
Me parece que una buena red de puntos de información futbolística nos hará capaces de dirigir las dotaciones policiales de forma directa y eficiente. La competición internacional de fútbol absorbe mucha energía y medios de los servicios policiales implicados, por lo cual se corre el riesgo de que las otras tareas no se realicen de forma debida.
No obstante, la clave en estos instrumentos de control es cómo se puede controlar el control. Me parece que el primer paso, más que lógico, es informar a los individuos afectados de que sus datos se recogen y se guardan en este banco de datos y que pueden consultarlos. Se puede objetar que esto impide la función controladora de los servicios policiales y que constituye una ventaja para las personas recogidas en el mismo. Sin embargo, creo que la práctica desbarata esta objeción.
Porque no sólo se trata de un derecho fundamental, es decir el saber si uno figura en un banco de datos, sino que también se trata de un claro aviso que, además, tiene un efecto disuasorio.

Schröder, Ilka (GUE/NGL)
Señora Presidenta, Señorías, sinceramente, no me entusiasma esa gente que se sientan ante el televisor como sacos de patatas o que se pasan hora y media en un estadio de fútbol mirando a casi dos docenas de tipos en camiseta corriendo tras una bola de cuero y que, unas veces, manifiestan su emoción cantando guturalmente, y otras, se agitan temerosos en sus asientos retorciéndose las manos.
Pero aquí no se trata de lo que yo pienso, pues la protección de los derechos fundamentales - y, según mi opinión, está amenazada en este proyecto- sólo tiene sentido cuando se aplica a todas las personas de un Estado, y no sólo a aquellas cuyos actos e ideas tienen el beneplácito estatal.
Dentro del denominado espacio de libertad, de seguridad y de derecho, el informe Deprez aspira a la recopilación concreta de más información sobre los hooligans. En el debate sobre el proyecto, el ponente negó con insistencia que, a largo plazo, se trate de prohibiciones de viajar al exterior, de detenciones preventivas o de violación de derechos humanos, pues, afirmaba, aparte de la recopilación de datos, no están previstas otras medidas.
Recurriré a un ejemplo tomado del país en el que fui elegida para aclarar que, según mi opinión, a la larga no se quedará la cosa en mera recopilación de datos. En la RFA ha habido un proyecto judicial que limitaba los desplazamientos al extranjero de supuestos hooligans. Hace una año, sin embargo, no se aplicó a los hooligans, sino a gente que iba a la manifestación de Génova. Algunos de los que al principio aprobaron esa ley dijeron en los medios que ya no la querían. Habían aprobado la ley entonces porque suponían que sólo se aplicaría a los hooligans, no a gente que desease manifestar su opinión política.
Creo que ahí se ve muy bien lo que puede pasar con este proyecto. Me sorprendería que en este caso se tratase sólo de recopilación de datos. ¿Para qué queremos datos si luego no hacemos nada con ellos? La maniobra política que está detrás se percibe fácilmente. Los hooligans son un nuevo grupo que, desde una perspectiva ciudadana, son un objetivo adecuado para legitimar medidas policiales. Con ello se fundamentan medidas que limitan la protección de los derechos fundamentales y pueden ser aplicadas a otros grupos de personas. A largo plazo se irá más allá de la mera recopilación de datos. Las prohibiciones de viajar al extranjero, las detenciones preventivas, etc., encontrarán una entrada en esta política de la Europa-fortaleza y se aplicarán a otros grupos de personas.
Si ustedes le dan su beneplácito, si así es como conciben el espacio de la libertad, de la seguridad y del derecho, entonces voten el informe Deprez.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, la iniciativa del Consejo y el informe del Sr. Deprez, vienen a cubrir un gran vacío en todo lo referente a la prevención y la represión de los ultras violentos en los campos de fútbol, que ha tomado ya dimensiones peligrosas en los últimos años; entre otras cosas, también a causa de la debilidad de los Estados miembros a la hora de aplicar medidas efectivas.
Sin duda, la comercialización del fútbol y la búsqueda del beneficio es una de las causas de los episodios violentos en los campos de fútbol. El vandalismo no lo provocan multitudes salvajes de aficionados impetuosos, sino las mafias organizadas que se sirven del fanatismo y la violencia para servir a determinados objetivos ilegales que no guardan ninguna relación con el espíritu deportivo. En dos palabras, hay quien ha apreciado que la violencia en los campos de fútbol vende, aporta beneficios. La violencia en los campos de fútbol ya está organizada y dirigida y a menudo, con el nombre del deporte se cubren crímenes del Derecho penal común, como el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, según un estudio relativo británico.
En los últimos años, los diferentes grupos de ultras violentos están explotando al límite la nueva tecnología, los móviles e Internet para organizar mejor su actividad y, por supuesto, para despistar a la policía. Desde este punto de vista, considero que la creación de una red de centros de información y el fomento de la cooperación judicial y policial entre los 15 Estados miembros para reprimir la violencia en los campos de fútbol, constituye una condición necesaria para crear un especio europeo de libertad y seguridad.
Por supuesto, sigue siendo crucial el papel de las asociaciones deportivas que deben alejarse de los ultras violentos y educar a los aficionados en los ideales de la competición, de la cooperación, del diálogo, del respeto a toda diferencia y la coexistencia pacífica.
Para terminar, señor Presidente, quisiera subrayar que los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas constituyen una oportunidad importante para el resurgir del espíritu olímpico y de los ideales de la tregua sagrada y de la paz, como de propuesta alternativa de política a la lógica y la cultura de la violencia.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al Sr. Deprez, y de hecho también al Estado belga, por su excelente informe y excelente iniciativa. Es cierto que el azote de la violencia, en ocasiones violencia organizada, infecta desde hace demasiado tiempo el deporte internacional, especialmente el fútbol internacional. Apoyamos de todo corazón las iniciativas que tienen por objetivo aumentar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros. Constituyen una herramienta fundamental en la lucha por conservar el deporte limpio y conservarlo tal y como debe ser.
Quisiéramos que considerase una pequeña, aunque importante, enmienda relativa a la redacción. La decisión propuesta es imperfecta en cuanto a un punto: parece asumir que cada Estado miembro está representado por un único equipo nacional. Esto no es así, como usted bien sabe. Mi propio país, por ejemplo, está representado independientemente por el equipo de Escocia, al margen del hecho de que Escocia no es, en cualquier caso actualmente, un Estado miembro independiente. Tenemos un largo historial futbolístico y, de hecho, el primer encuentro internacional de fútbol celebrado fue el partido entre Escocia e Inglaterra en 1872. Los seguidores escoceses - el llamado 'Ejército de tartán?, que es de tartán aunque no ejército - tienen desde hace muchos años una reputación sin par por su buen comportamiento y buen humor.
Es por esta razón por la cual yo y mis colegas delGrupo EFA hemos presentado tres enmiendas al texto del Consejo. No cambiarán la esencia pero reconocerán las distintas tradiciones futbolísticas y ciertamente legales de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. No hablen del equipo nacional sino de los equipos nacionales. Veo que el Sr. Deprez acepta este punto y le doy las gracias por ello.
Buitenweg (Verts/ALE).
Señora Presidenta, me parece llamativo que haya habido tres intervenciones por parte del Grupo Parlamentario de los Verdes/Alianza Libre Europea, lo que demuestra dos cosas. En primer lugar, que nosotros sí estamos interesados, en contra de la Sra. Ilka Schröder, en los 22 hombres en pantalones cortos que corren detrás de un balón. Y en segundo lugar, que nuestro Grupo Parlamentario quiere abordar los problemas relacionados con estos partidos de forma seria.
Señorías, quisiera que se preste atención a una enmienda - mi colega ya la ha resaltado de alguna forma - porque espero que la aprueben. Se trata de la enmienda por la que se establece que las personas, cuyos datos se recogen y se guardan en un banco de datos porque suponen un peligro para la seguridad y el orden público, tienen que ser informadas del hecho de que sus datos quedan registrados. Me parece que se trata de una situación muy distinta que en el caso de criminales. Me puedo imaginar que en este caso no debe trascender que se les sigue la pista, porque todavía está abierta la instrucción del sumario. Pero en el caso de los hinchas va a tener un componente preventivo porque saben que se les está vigilando. O sea, este derecho de consulta no solamente purgará los bancos de datos de individuos que están injustificadamente registrados, sino que también tendrá un efecto preventivo. Las personas que saben que están en el punto de mira se lo pensarán dos veces antes de comportarse otra vez de forma violenta. Por lo tanto, espero que aprueben la enmienda 22.

Vitorino
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión considera una iniciativa importante esta sobre el vandalismo de los hinchas y que ilustra en cierto modo el avanzado estado de cooperación ya existente en esa esfera. Por lo demás, puedo decir que este ejemplo va a servir de fuente de inspiración para que se aplique en otras. La iniciativa de Bélgica se basa en una evaluación detallada del Compeonato Europeo de Fútbol del año 2000, que fue apoyada y financiada, por lo demás, por el programa OISIN de la Comisión y en la que ésta participó. Nuestra opinión es la de que el establecimiento de puentes de información nacionales sobre el fútbol y su estrecha cooperación puede ser un medio eficaz para prevenir las manifestaciones de vandalismo de los hinchas de fútbol y luchar contra ellas.
El objetivo fundamental es el de que los Estados miembros puedan intercambiar información sobre grupos de hinchas de los equipos de fútbol y sobre sus traslados a otros países y también que se puedan intercambiar informaciones sobre la clasificación de esos grupos como pacíficos o violentos. Ese intercambio de información tiene sobre todo como objetivo el de ayudar a los países que organizan los partidos de fútbol a prevenir posibles manifestaciones violentas y garantizar la seguridad de todos los amantes de ese deporte que quieran participar en paz, asistiendo a los partidos de fútbol.
El aspecto innovador de esta decisión es el de que, además de permitir la continuación del intercambio de informaciones ya existente, es jurídicamente vinculante, lo que significa que se trata de un paso en el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el tratamiento de esas informaciones. Por tratarse de intercambio e informaciones sobre datos personales, hay que resguardar su tratamiento y su garantía, teniendo en cuenta sobre todo que esos intercambios de informaciones se aplican no sólo a las normas de derecho internacional vigentes en materia de garantía de la intimidad, sino también que, a juicio de la Comisión, deberíamos también integrar ese intercambio de informaciones en un instrumento jurídico que regulara la protección de los datos personales en todas las materias relativas al tercer pilar, es decir, en todas las materias relativas a la cooperación judicial.
Quisiera concluir agradeciendo al Sr. Deprez el espíritu deportivo con que se ha entregado a la preparación de este informe y al Sr. McCormick, en particular, la información histórica de que el primer partido de fútbol se celebró en 1872 entre Escocia e Inglaterra, aunque lamento que no se nos haya dicho quién ganó...

La Presidenta. -
Gracias, Comisario señor Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

La Presidenta. -
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto del informe del Sr. Kirkhope (A5-0036/2002), en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la iniciativa del reino de los Países Bajos con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo relativa a la creación de una red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (11658/2001 - C5-0499/2001 - 2001/0826 (CNS)).

Kirkhope (PPE-DE)
. (EN) Señora Presidenta, tras el excelente informe del Sr. Deprez, me parece más bien trágico que tenga que dirigirme a esta Asamblea respecto de cuestiones que en siglo XXI, sinceramente, no deberíamos estar debatiendo y menos aun despachando: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Apenas hace algunos años desempeñé en el Reino Unido el cargo de Ministro de legislación, responsable del establecimiento de los mecanismos adecuados para tratar a los criminales de guerra de una época pasada. Es por ello especialmente triste que tengamos una situación en la que aun existen el mundo muchas personas extremadamente malvadas que actúan de forma completamente inaceptable para todas las personas decentes y creyentes en la democracia y la libertad del individuo, como es mi caso.
Quisiera decir una o dos palabras sobre este informe, ya que algunos han comentado que no es necesario que en Europa tengamos un sistema de puntos de contacto que se ocupe de estos asuntos, que ya existe bastante cooperación, por ejemplo, a escala policial y entre los ministerios de justicia. Lamentablemente, esto no es así. A pesar de que en julio de 1998 dispusiéramos del estatuto del Tribunal Penal Internacional, en última instancia esta es una cuestión que sigue siendo responsabilidad primordial de los gobiernos nacionales y de las jurisdicciones penales nacionales. La cooperación entre los gobiernos nacionales y las autoridades nacionales de policía, por ejemplo, es absolutamente esencial para llevar a capítulo a algunas de las personas más desagradables con las que tenemos que tratar, debido a la naturaleza internacional y abominable de sus crímenes.
Recuerdo, siendo ministro, hablar con mi homólogo polaco, el Sr. Miller - quien casualmente es ahora el Primer Ministro polaco - sobre algunos criminales de guerra. Aunque Polonia no es en la actualidad miembro de la UE, pero confía en serlo en breve, era evidente que aun quedaba mucho trabajo por hacer en el intento de producir un efecto más cooperativo entre las diferentes autoridades responsables del cumplimiento de la ley.
Una de las posibilidades consistía, como sugiere mi informe, en disponer de unos puntos de contacto que puedan ser rápidamente identificables en los diferentes Estados. De hecho, una enmienda que hemos presentado al informe deja claro que, en nuestra opinión, no deberíamos dejar esto como una vaga propuesta que haya de ser determinada más adelante en el futuro, sino que debería establecerse claramente que los puntos de contacto se insertaran en los ministerios de interior o de justicia de los Estados miembros. Este es el primer punto.
También es importante, como se evidenció en el debate previo, que debemos contemplar los últimos métodos y garantizar que existe una coordinación de esos métodos al instruir los necesarios procesamientos y detenciones. La cuestión de los datos, por ejemplo, es de la mayor importancia. Algunos han mostrado preocupación por la privacidad del individuo y por que los derechos de los acusados puedan verse afectados por la duplicidad de datos o un enfoque diferente respecto de la información. En este informe intento lograr coherencia. Estoy seguro de que el Comisario Vitorino estará de acuerdo en que necesitamos mayor coherencia en un esfuerzo cooperativo. No comulgo con todo lo que ocurre sobre una base europea, pero estamos ante una situación en la que hay una evidente necesidad de una cooperación en tal grado que sea coherente con nuestra estrategia. Así mismo, necesitamos disponer de unos sistemas que puedan ser fácilmente reconocidos y fácilmente transmitidos entre los Estados nacionales involucrados.
La cooperación es la llave del éxito. Es la llave del éxito en los ámbitos sobre los que ha hablado el Sr. Deprez. Es la llave del éxito en los ámbitos que estoy proponiendo aquí. Se trata de una medida necesaria. Este informe subraya esta necesidad y, sobre todo, muestra la determinación de todos nosotros, en los diferentes estados de Europa, por aliarnos al ocuparnos de las personas más repugnantes que, lamentablemente, aun existen en este mundo.
Keßler (PSE)
Señora Presidenta, hay que felicitarse por la presente iniciativa de los Países Bajos. Hay que apoyar la iniciativa relativa a promover una mayor colaboración europea para lograr una más efectiva persecución del crimen, particularmente cuando se trata de delitos tan despreciables como genocidio, crimen contra la humanidad y crímenes de guerra.
Mi objetivo era hacer todo lo fácil que se pudiera la iniciativa respecto al procedimiento de intercambio de información entre los puntos de contacto. Por la parte alemana y holandesa del Consejo se apoya esta opinión. En este sentido me hubiese parecido correcto referirse en el artículo 2, párrafo 2, a la legislación sobre cooperación judicial actualmente existente entre Estados miembros y que está reflejada en tratados bilaterales y multilaterales. Contra la opinión del ponente, sí existe en activo un Acuerdo entre todos los Estados miembros, a saber, el que se aprobó en el Consejo de Europa el 20 de abril de 1959. Además hay otro, adaptado a circunstancias más actuales: el Acuerdo de Cooperación Judicial de mayo de 2000, aunque aún no ha sido ratificado por todos los Estados miembros. Este nuevo Acuerdo representaría una clara simplificación, lo que convertiría en superflua la instauración de un nuevo procedimiento. El ponente estaba de acuerdo en la referencia a los Acuerdos existentes, pero no quería apoyar la eliminación de los artículos 3 a 6 del nuevo procedimiento a introducir.
Como no quiero correr el riesgo de que la Comisión apruebe un informe tan contradictorio, he optado finalmente por no introducir las enmiendas a que me he referido. Pero mis reparos continúan ahí. Quisiera resaltar también que considero extraordinariamente importante la creación de una red europea de puntos de contacto. Espero también que las disputas sobre procedimientos no empañen el éxito de esa red y de esa importante iniciativa.
Felicito al Sr. Kirkhope por su informe.

McKenna (Verts/ALE).
Señora Presidenta, mi Grupo apoya firmemente el informe del Sr. Kirkhope. Es muy importante por cuanto no ha cambiado el espíritu de la propuesta holandesa, y vamos a votar en su favor.
La creación de redes o puntos de contacto en cada Estado miembro para los crímenes de guerra es extremadamente importante. Es importante que exista un contacto con las autoridades policiales y judiciales que facilite la cooperación entre los Estados miembros en relación con los crímenes de guerra. Ello queda demostrado por la actual evolución del derecho internacional, en especial el éxito de los tribunales de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y Ruanda en la persecución y procesamiento de las personas que cometieron crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Esta medida está congregando el interés y el respaldo público más que nunca. 
Hay casos en los que las personas que han cometido crímenes contra la humanidad han escapado más o menos indemnes - por ejemplo, el caso de Pinochet - y hay otros casos en los que se cierran los ojos ante crímenes de guerra y capitales violaciones internacionales de los derechos humanos hasta que surge la ocasión en la que resulta políticamente correcto perseguirlos. Tenemos que plantar cara a esas violaciones desde el principio. Es importante que este informe no tenga por objetivo establecer un órgano central de coordinación. Básicamente, la iniciativa deja la puesta en práctica en manos de los Estados miembros, quienes deben entonces proporcionar información sobre los órganos establecidos. La iniciativa también destaca uno de los problemas esenciales, la protección de datos, que puede surgir con la transferencia de datos e información. Tampoco debemos olvidar en ningún caso que la protección de datos constituye una cuestión extremadamente relevante y no debe quedar al margen de ninguno de estos debates.
Vitorino
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión apoya la propuesta holandesa de crear esos puntos de contacto sobre los crímenes de genocidio, porque nos parece que se trata de una propuesta oportuna encaminada a la creación de una estructura ligera y no dispendiosa. Esa propuesta no afecta a los mecanismos jurídicos existentes de asistencia judicial, sino que representa un complemento importante en la precisa medida en que permite que los Estados miembros de la Unión Europea cumplan las obligaciones que les impone el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, creado en Roma por el Convenio de 1998 y que está a punto de entrar en vigor con la ratificación del número necesario de Estados miembros.
La cooperación entre los Estados de la Unión Europea en esa esfera, en el sentido de la prevención de ese tipo de crímenes, ya fue objeto de una posición común, de 11 de junio de 2001, por parte del Consejo. Y, por tanto, nos parece que la iniciativa holandesa se inserta en una línea coherente y consistente para abordar esos crímenes particularmente odiosos a escala internacional. La Comisión comparte la insistencia del ponente, Sr. Kirkhope, al que deseo felicitar por su excelente informe sobre la necesidad de que ese tipo de mecanismos de cooperación no afecten a las garantías de protección de los datos personales ni pongan en entredicho los derechos de defensa de los acusados. A este respecto están en vigor normas comunes aplicables -desde luego, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los convenios del Consejo de Europa al respecto- y éste es un ejemplo más de materias que, junto con las abordadas en el informe del Sr. Deprez, estamos examinando en relación con el estatuto jurídico para garantizar la protección de los datos personales en el ámbito de la cooperación judicial en la Unión Europea.

La Presidenta. -
Gracias, Comisario señor Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

La Presidenta. -
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto del informe del Sr. Coelho (A5-0082/2002), en nombre de la Comisión de Libertades y derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa marco sobre la base del Título VI del Tratado de la Unión Europea - Cooperación policial y judicial en materia penal (COM(2001) 646 - C5-0694/2001 - 2001/0262(CNS)).

Coelho (PPE-DE)
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, comienzo felicitando a la Comisión en la persona del Comisario António Vitorino, por la excelente iniciativa que nos presenta. Muchas veces criticamos con razón a la Comisión; hoy es justo felicitarla por la iniciativa que nos presenta y que responde positivamente a las recomendaciones que el Parlamento Europeo hizo, con la aprobación del informe Kessler, de juntar los cinco programas abarcados por el título VI en un único programa-marco.
Como todos sabemos, de conformidad con el artículo 29 del Tratado de la Unión, ésta deberá perseguir su objetivo de brindar a los ciudadanos un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante acciones en común entre los Estados miembros en la esfera de la cooperación policial y judicial también en materia penal. Con esa lógica se crearon los cinco programas de financiación bianuales abarcados por el título VI, que deberían concluir en diciembre de 2002 y que eran -y son aún- Grotius II, destinado a los profesionales de la justicia; OISIN II, destinado a las autoridades competentes para la aplicación de la ley de los Estados miembros; STOP II, destinado a los encargados de la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de los niños; Hipócrates, en la esfera de la prevención de la delincuencia, y Falcone; destinado a los encargados de la lucha contra la delincuencia organizada.
La propuesta que hoy está aquí en debate crea un programa-marco único encaminado a reagrupar y fundir en un marco legislativo y operativo armonizado todas las acciones correspondientes al título VI del Tratado de la Unión Europea, lo que refleja la evolución de los programas comunitarios en general y las experiencias de cinco años en el terreno. Así conseguimos, a nuestro juicio, un conjunto más coherente y unos efectos aún mayores de las acciones apoyadas: viabilizar una utilización más eficaz de los recursos financieros, evitar posibles superposiciones entre los diferentes programas y colmar las lagunas existentes.
Aunque considero bastante positivo el planteamiento de la Comisión, me parece oportuno y acertado introducir algunas enmiendas con los siguientes objetivos:
primero, dar una mayor claridad a la línea de acción del programa, así como una formulación precisa (entre otras cosas, porque los proyectos presentados deberán ser examinados a la luz de su conformidad con los objetivos del programa), con lo que se rechazan conceptos vagos o poco precisos;
segundo, dar nuestro aval a la inclusión en el programa de proyectos transfronterizos en la esfera de la asistencia a las víctimas de actividades delictivas, junto con el fomento de la cooperación policial y judicial. De ese modo fomentamos la defensa efectiva en los Estados miembros de los intereses de las víctimas en los procesos penales, en particular mediante la creación de una red de puntos de contacto. Podría también resultar pertinente, por ejemplo, disponer la realización de un estudio independiente sobre el estado de transposición de la decisión-marco, acompañado de propuestas de perfeccionamiento para cada uno de los países;
tercero, reconocer que la participación de los países candidatos es importante y oportuna, pero que conviene decir con claridad que deberán participar en el nivel de la elaboración o en el de la ejecución del proyecto. No se puede considerar suficiente una mera participación en el proyecto casi como simples consumidores;
cuarto, precisar que la capacidad de iniciativa para la formulación de propuestas no se puede limitar sólo al sector público de los Estados miembros y los países candidatos, sino que se debe ampliar a las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otras entidades interesadas:
quinto, respecto de la financiación, está prevista una cofinanciación máxima del 70 por ciento y que en algunos casos podría alcanzar el 100 por ciento. Se trata de proyectos concretos y medidas complementarias. La financiación del 100 por ciento en concepto de contrapartida comunitaria nos parece defendible sólo en el caso de proyectos que revistan mayor interés para la propia Unión Europea y que no se puedan ejecutar con un apoyo financiero inferior. Pero a este respecto conviene subrayar -y estoy seguro de que ése es también el criterio del Comisario António Vitorino- que la idea subyacente es intentar financiar el mayor número de proyectos posible con los recursos disponibles;
y, en penúltimo lugar, la propuesta de la Comisión coincide con el deseo de este Parlamento de incrementar el apoyo a los proyectos destinados al fomento de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero es un poco difícil aceptar una propuesta que exceda las actuales perspectivas financieras. A eso se debe la propuesta de que este programa-marco funcione en el período 2003 a 2006, después de lo cual se deberá renovarlo conforme a las nuevas perspectivas financieras.
Y, para concluir, considero lamentable que la posición del Parlamento Europeo no esté debidamente resguardada. Por eso, propuse que se brindara al Parlamento la posibilidad de participar, lo que brinda sin duda la posibilidad de que ejerza de la mejor manera posible su cometido como Autoridad Presupuestaria. La construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia constituye uno de los objetivos fundamentales de este Parlamento, por lo que su participación resulta de la mayor importancia.

Jensen (ELDR)
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias en nombre de la Comisión de Control Presupuestario al Sr. ponente, Sr. Coelho, y a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por haber incorporado al informe la mayor parte de las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario. La propuesta que la Comisión ha presentado concentra cinco programas existentes - Grotius II, Oisin II, Stop II, Hipócrates y Falcone- en uno y creo que la propuesta a grandes rasgos coincide con los deseos del Parlamento de asegurar mayor apoyo a aquellos proyectos que pueden ofrecer a los ciudadanos comunitarios una Unión con mayor seguridad. Pues la seguridad interna es naturalmente una de las prioridades que también el Parlamento destaca en las directrices para el proceso presupuestario de 2003 - el próximo año - aprobadas en la última asamblea celebrada aquí en Estrasburgo. Uno de los propósitos de la unión de programas es que exista en el futuro mayor correlación entre el trabajo policial y la cooperación judicial, y para la Comisión de Control Presupuestario, éste es un propósito con el efecto nada insignificante de un mejor aprovechamiento de los recursos financieros. Es motivo de alegría ver que también se permite a los países solicitantes tomar parte en los proyectos que se financien con cargo al programa, sin embargo, ha de quedar claro que el Parlamento como autoridad presupuestaria no puede aceptar que se sobrepasen los cálculos financieros, por lo que el programa debe limitarse al período 2003-2006 en primera instancia y así verse recortado un año. Naturalmente, tal cosa implica una reducción equivalente de la dotación asignada. Posteriormente podemos prorrogarlos. Por último, me parece importante que se consulte a la autoridad presupuestaria si de todas formas fuera necesario aumentar la dotación del programa. Un aumento de la dotación de este programa no ha de tener como consecuencia reducciones de la dotación de otros programas que también son financiados con cargo a la categoría 3 de los cálculos financieros.

Keßler (PSE)
Señora Presidenta, el Tratado de la Unión recoge nuestra obligación de crear un espacio de libertad, de seguridad y de derecho para nuestra ciudadanía. La propuesta del Consejo es un avance importante en esta dirección. Sólo se reagrupan cinco programas ya existentes, pero esta reagrupación crea unidad y perspectiva conjunta, lo cual es particularmente necesario en este espinoso ámbito de la cooperación judicial en materia penal.
Mediante esta reagrupación de los programas pueden evitarse solapamientos y pueden rellenarse huecos. La creación de un único Programa Marco mejorará también la utilización de los recursos financieros. Sólo mediante la ejecución y persecución criminal transfronteriza puede combatirse la criminalidad de hoy, porque los criminales se aprovechan ampliamente de las libertades de la UE. Los ciudadanos de la Unión se sentirán también fortalecidos en su sentimiento de seguridad. Saben que para los criminales no hay ningún resquicio judicial. Serán perseguidos igualmente en toda la Unión.
En relación a esto hay que felicitarse especialmente por la enmienda relativa a la publicación en internet de los resultados de las investigaciones y estudios cofinanciados en el marco de este programa. Es un paso hacia una mayor transparencia, pues se necesita transparencia para hacerles ver a los ciudadanos las ventajas de la cooperación europea.
Hay que destacar y saludar especialmente el fortalecimiento de la protección de las víctimas. Las víctimas son las que más sufren, pero no son las que están mejor protegidas ni asesoradas. Por tanto, hay que asegurarse de que el procedimiento criminal garantice la protección efectiva de los intereses de las víctimas. Respecto de la ampliación de la UE hay que felicitarse particularmente por el hecho de que la propuesta del Consejo tenga en cuenta a los candidatos a la adhesión y los incluya en los programas.
No puede ser aceptada la no consideración del Parlamento Europeo en la propuesta del Consejo. Es necesario, en consideración a la aportación presupuestaria del Parlamento, que éste sea informado al menos sobre el desarrollo de los programas y no que haya de limitarse a esperar un informe en el año 2005. Hay que apoyar, pues, al ponente en su propuesta de corregir esto.
Por último quisiera felicitar al Sr. Coelho por su informe y especialmente porque ha realizado con acierto las necesarias precisiones semánticas.

Krarup (EDD).
Señora Presidenta, en el gran cuadro político este informe es una bagatela. Desde el punto de vista económico, hablamos de menos de un 0,1% del presupuesto anual comunitario, y las consecuencias políticas inmediatas no inspiran ni el aplauso ni la oposición. Se trata de un programa en virtud del Título VI del Tratado de la Unión Europea. Es evidente que como jurista y demócrata he de decir que la cooperación y el desarrollo siempre son positivos, y que puede ser útil y enriquecedor, sin embargo, resulta muy difícil tomar en serio la retórica. En la exposición de motivos del informe aparece lo siguiente: ?Si se quiere garantizar a los ciudadanos europeos un espacio de libertad, seguridad y justicia, es necesario ocuparse de que la investigación de la delincuencia junto a los procesos y el cumplimiento de las penas se apliquen completamente de un país a otro.? Es como si la libertad, la seguridad y la justicia se hubieran descubierto por primera vez con estas decisiones, pero el caso es que la gran mayoría de la resolución policial, criminal y jurídica se produce nacional y localmente. Se trata de un número retórico que contribuye o puede ser visto como un paso más en el camino hacia una unificación de las decisiones criminales, jurídicas y policiales. En lo que respecta al aspecto económico, cabe decir que los 65 millones de euros también son dinero y es otro punto más de esta larga serie de programas que inmigran al proceso administrativo comunitario. No voy a profundizar más en ello, sin embargo, para acabar, sólo señalaré la particularidad de que, según aparece en la información de la Comisión, estos programas hayan sido evaluados. Sin embargo, han sido evaluados en el año 2000, a pesar de que la gran mayoría de los programas fueron aprobados por primera vez en el año 2001. Es una clarividencia impresionante que resulta prometedora para los programas.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Carlos Coelho y felicitándolo por su excelente informe. Subrayo que esta propuesta de programa-marco tiene como objetivo el de racionalizar y simplificar la ejecución de los programas de cooperación entre los Estados miembros en la esfera policial y judicial penal, lo que corresponde a una solicitud expresa formulada por el Parlamento Europeo en el informe Kessler.
En cuanto al contenido de este programa-marco, abarca la totalidad de los cinco programas anteriores y también la ejecución de acciones vinculadas con el plan de lucha contra la droga, en relación con la cual el Parlamento Europeo había creado una rúbrica presupuestaria específica que toca a su fin en el presente año. El programa abarca todas las esferas que son y deben ser objeto de una acción europea, lo que evidencia el empeño de las autoridades públicas y los beneficiarios de los proyectos, con los que estamos en estrecho contacto, y refleja también los resultados de la evaluación externa de hace dos años sobre el desarrollo de los programas anteriores a la evaluación, evidentemente. A veces se acusa a la Comisión de ser una institución esquizofrénica, pero aún no hemos llegado al extremo de evaluar lo que aún no se ha hecho.
En este planteamiento, se ha limitado voluntariamente el dispositivo jurídico básico en el sentido de enunciar las grandes orientaciones, porque la Comisión entiende que se debe dejar para los programas anuales la tarea de definir de forma más precisa las prioridades, en cada año, en función de la evolución de la situación política y de las propias necesidades de la situación penal. En esa óptica, las enmiendas que se proponen al artículo 2, cuando acentúan uno u otro asunto concreto, son, a mi entender, difíciles de aceptar. La Comisión entiende que en el programa-marco se deben fijar los objetivos genéricamente y dejar a cargo de cada programa anual la determinación de las prioridades. Sin embargo, la formulación general de la propuesta de la Comisión abarca, a mi entender, todos los asuntos y temas que figuran en las enmiendas y será posible incluirlos en cada uno de los programas anuales.
El programa-marco insiste también en el concepto de asociación. Se trata de un elemento fundamental, dado que se debe hacer la ejecución de los proyectos no sólo con una amplia participación europea, sino también -y desde su comienzo- en el ámbito de una estrecha asociación entre los principales participantes de los diferentes países. Por tanto, la enmienda introducida por el ponente que precisa mejor ese concepto de asociación es totalmente aceptable para la Comisión. Como ha dicho el Sr. Carlos Coelho, los países candidatos a la adhesión pueden participar desde ahora mismo en los proyectos. La Comisión desea ir más lejos y, en el ámbito de los acuerdos europeos, ha creado un sistema de protocolos financieros gracias al cual las organizaciones establecidas en los países candidatos podrán también presentar proyectos por las mismas razones y con las mismas normas que las organizaciones de los Estados miembros. Por eso, me congratulo de la enmienda también introducida a este respecto por el ponente, quien propone una formulación que me parece afortunada, en la medida en que insiste también más en el concepto de elegibilidad de los países candidatos.
En cuanto a las restantes enmiendas, la Comisión acepta las que se refieren a los considerandos y enriquecen el texto o ciertas precisiones, como, por ejemplo, la referencia más explícita a la inclusión de las universidades, organizaciones no gubernamentales y escuelas de policía en las organizaciones elegibles.
En relación con la petición de anticipación del informe provisional a junio de 2004, la Comisión propondría que se mantuviera la fecha de junio de 2005. En contrapartida, propondríamos que se adelantara la presentación del informe anual a junio de 2004 a fin de que el Parlamento Europeo sea informado lo antes posible sobre los primeros resultados de la ejecución del programa que hayan tenido efectos evaluables. Por último, sobre la duración del programa debo confesar que, en relación con otros programas vigentes en la Unión Europea, no se utilizó el argumento de que "el fundamento jurídico dispone su ejecución para después de 2006", es decir, para después de la expiración de las Perspectivas Financieras y, por eso, quisiéramos pedir al Parlamento que, teniendo en cuenta, claro está, que el plan financiero para el período posterior a 2006 siempre dependerá de las Perspectivas Financieras que se adopten después de 2006, la limitación del fundamento jurídico no se limite al 2006 y abarque acciones programadas hasta el año 2007, con la salvedad, naturalmente, de que la dotación financiera dependerá siempre de las nuevas Perspectivas Financieras. Para concluir, agradecería al ponente y al Parlamento Europeo el apoyo, el estímulo y el incentivo que han dado a esta importante tarea de racionalización de los programas en una esfera particularmente delicada, que es la de la cooperación policial y judicial en el nivel europeo.

El Presidente. -
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
informe (A5-0080/2002) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión marco del Consejo relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal (Nueva consulta) (15525/2001 - C5-0022/2002 - 2000/0801(CNS)), e
informe (A5-0099/2002) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal (COM(2001) 139 - C5-0116/2001 - 2001/0076(COD)).

Di Lello Finuoli (GUE/NGL)
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, conocemos muy bien la historia de esta decisión marco. Se nos consulta por segunda vez porque la decisión marco, sobre la que ya nos expresamos hace dos años, se ha revisado. Mientras tanto, sin embargo, la Comisión ha manifestado una reserva de carácter general respecto a la decisión marco al comprobar que a la protección medioambiental se dedican muchos textos comunitarios que en su inmensa mayoría prevén sanciones administrativas, y por lo tanto, considera que el asunto se debe tratar con un instrumento del primer pilar.
La Comisión insiste en que las sanciones existentes se han revelado insuficientes, hecho que queda demostrado por el estado en que se encuentra el medio ambiente en Europa. Por lo tanto, la propuesta de directiva que será objeto de debate en el ámbito del informe de la Sra. Oomen-Ruijten, se debe considerar complementaria al proyecto de decisión marco. Según la Comisión, es necesario que se adopte un instrumento del primer pilar y que dicho instrumento tenga preferencia respecto a un instrumento del tercer pilar. Esto significa que, cuando una materia compete a la Comunidad, a la Unión les es jurídicamente imposible adoptar normas comunes a través de un instrumento del tercer pilar sin conculcar los poderes de la propia Comunidad.
Quiero recordar que en este punto el Parlamento está de acuerdo con la Comisión, puesto que en la sesión de 15 de diciembre de 2001, por medio de un procedimiento sin debate, adoptamos una recomendación sobre las sanciones penales y leyes comunitarias que, en el apartado 6, invitaba al Consejo a que no emprendiera ninguna acción concerniente al Derecho penal en materia de medio ambiente antes de la adopción de la propuesta de directiva sobre protección del medio ambiente a través de sanciones penales. Ahora, estos dos documentos - la decisión marco y la directiva - se complementan entre sí y están pensados para estar juntos, al objeto de evitar la esquizofrenia de tener dos documentos que digan cosas diferentes sobre la misma materia. Como verán en las enmiendas, en lo que se refiere a las definiciones y a las sanciones, la decisión marco se remite a la directiva, puesto que estamos convencidos de que la directiva es el instrumento útil y necesario, precisamente por su carácter de instrumento comunitario, para proteger el medio ambiente de la devastación.
Debo añadir asimismo un aspecto muy importante: mientras que la directiva parece tener como filosofía la protección anticipada del medio ambiente, esto es, una protección que se lleve a cabo antes de que el medio ambiente sea devastado totalmente, la decisión marco, prevista por el Consejo, pretende imponer sanciones penales cuando el medio ambiente ya ha sufrido devastaciones o, en todo caso, daños irremediables. Obviamente, aquí no disponemos del tiempo suficiente, pero en la comisión expusimos con mucha claridad esta diferencia de filosofía. Por lo tanto, insisto en que se debe expresar un voto favorable tanto sobre la decisión marco, ya propuesta en comisión, como sobre la directiva, puesto que ambos documentos, tal como están pensados, se complementan entre sí. Por el contrario, si se adoptase una decisión incoherente en cuanto a la filosofía o, incluso, se aprobase la enmienda 28 al informe de la Sra. Oomen-Ruijten, que prevé el rechazo total, volveríamos a caer en la esquizofrenia más absoluta. Por lo tanto, es preciso estar de acuerdo con la complementariedad de estos dos documentos y aprobarlos ambos de acuerdo con la versión propuesta.

Oomen-Ruijten (PPE-DE)
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, la directiva relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal será un nuevo instrumento jurídico europeo que contribuirá a un mayor respeto de las leyes medioambientales europeas que se promulguen y que se apliquen en los Estados miembros. Me parece que el tema es apasionante. Apasionante, porque el marco jurídico por el que se ha optado es muy interesante, pero que al mismo tiempo dará mucho trabajo a los expertos jurídicos europeos en los próximos años. La Comisión, el Parlamento y el Consejo coinciden plenamente en que los Estados miembros deben disponer de la posibilidad de imponer sanciones penales como instrumento para que se respete la legislación europea en materia medioambiental. Sin embargo, la cuestión de quién, cómo y con qué procedimiento de decisión se debe establecer este sistema de sanciones penales para los delitos graves contra el medio ambiente, nos dividen profundamente.
Por mi parte, estoy de acuerdo con el ponente Di Lello de la Comisión de Libertades y coincido con la Comisión Europea de optar por el primer pilar para una directiva en materia de delitos contra el medio ambiente. El Consejo optó, con la denominada propuesta danesa, por unas medidas en el marco del tercer pilar. Con mucho acierto, los miembros de la Comisión de Libertades lo rechazan. Lo que nos une en el Consejo, el Parlamento y la Comisión es que todos queremos atender la petición explícita del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 de elaborar unas definiciones comunes, normas y sanciones penales centradas en una serie limitada de sectores de especial importancia, pero en las que figurara explícitamente la delincuencia medioambiental.
Como el fundamento jurídico basado en el primer pilar sigue suscitando dudas en el Consejo - y también entre algunos colegas de mi Grupo Parlamentario, como acabo de comprobar - haré una serie de observaciones para explicarlo, con las que espero poder convencer a los dubitativos. Quisiera hacerlo repasando algunas cuestiones. ¿Por qué optamos por el primer pilar y por qué yo misma aconsejo optar por él?
En primer lugar: el Consejo se basa, con la propuesta danesa, en el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, que dispone que los Estados miembros pueden intervenir conjuntamente en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y en la letra e) de dicho artículo, que prevé explícitamente la adopción progresiva de medidas que establezcan normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. Esta disposición está recogida en el Título VI. No obstante, según el artículo 29 del Tratado de la UE se establece, y lo voy a citar, "sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea". Pero también en el artículo 47 del Tratado de la UE se dice que el Tratado UE no menoscabará los Tratados CE. Por lo tanto, Señor Presidente, esto quiere decir que el Derecho penal no es competencia exclusiva de la Unión Europea. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, a la que por otra parte hago referencias en el informe, confirma que el Tratado de la UE no constituye ningún obstáculo.
En segundo lugar: la pregunta que surge a continuación es qué puede hacer explícitamente la CE, ahora que no quedan obstáculos para establecer sanciones penales en el marco del Tratado CE. Si consideramos el artículo 280, apartado 4 del Tratado CE, en relación con el artículo 5, en el que se establece el principio de la subsidiariedad, entonces llego a la conclusión de que también en materia de Derecho penal sobre medio ambiente habrá que procurar que la legislación comunitaria no altere el sistema penal de cada Estado.
En tercer lugar: esta directiva no tiene por objeto incluir disposiciones específicas en materia de Derecho penal, sino que se aplique el Derecho penal para asegurar el respeto íntegro de la legislación medioambiental. En muchos ámbitos, el Derecho penal es la pieza final para mantener el respeto de las disposiciones, cuya sintonización, sin vulnerar el prinicipio de la subsidiariedad, puede servir para que se lleven a cabo íntegramente las disposiciones comunitarias.
En cuarto lugar: la propuesta relativa al delito ecológico está basada en el apartado 1 del artículo 175, del Tratado CE, que dispone que el Consejo, con arreglo al procedimiento de codecisión previsto en el artículo 251, decidirá las acciones que deba emprender la Comunidad para la realización de los objetivos de política medioambiental fijados en el artículo 174, a condición de que el principio de la subsidiariedad no prevalezca.
En quinto lugar: la propuesta de directiva servirá de complemento a las directivas y disposiciones en materia de la protección del medio ambiente que están establecidas en el apartado 1 del artículo 175 y sólo añade un componente de Derecho penal a esta legislación. Por lo tanto, se mantiene la línea de actuación y la directiva obliga a los Estados miembros a aplicar sanciones penales para actividades que dañen significativamente el medio ambiente.
Señor Presidente, Señorías, a la hora de valorar la propuesta y las enmiendas presentadas me he dejado guiar por los criterios que acabo de enumerar.
Por otra parte, no he tocado el artículo 1 de la directiva, que tiene por objeto que se establezcan unas normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de delito. De esta manera, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer sus propias sanciones. Asimismo, he incluído en las definiciones del artículo 2 la inducción al delito ecológico, para lo cual, por cierto, me he basado en la denominada propuesta danesa. En tercer lugar, los delitos que ahora se enumeran en el anexo, los he agrupado en el artículo 3, con ligeras modificaciones. Por mi parte, rechazo enérgicamente la enmienda 22, porque me parece que carece de fundamento jurídico. En cuarto lugar: en el artículo 4 queda recogida una mejor definición del concepto "marco". En lugar de que los Estados miembros establezcan las sanciones, es mejor que se utilice el concepto de sanciones penales. Por otra parte, he adaptado la enmienda 25 porque tiene que ver con el principio de subsidiariedad.
A mi juicio, sólo cabe hacer una invitación a los Estados miembros para que tomen medidas como la confiscación cuando este elemento esté explícitamente establecido en su propio sistema jurídico.
Señor Presidente, esta directiva es una especie de malabarismo. Como Parlamento Europeo hemos de actuar con mucha precisión porque me imagino que el Tribunal de Justicia la va a investigar y que, posiblemente, nos personaremos allí llevados de la mano de la Comisión Europea.
Para terminar, quisiera dar las gracias a mis colegas, no sólo los de la Comisión de Medio Ambiente y al ponente de la Comisión de Libertades, sino también a los de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a todos los ponentes de partido. Señor Presidente, le puedo asegurar que hemos trabajado en buena armonía y aunque los resultados parezcan muy técnicos hay mucho debate político detrás que no sólo es importante para la Comisión, sino sobre todo también para el Parlamento Europeo. Además, todo esto es para una causa muy noble: una mejora de la protección del medio ambiente.

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, sólo quiero decir que a las 19.30 horas empieza una reunión extraordinaria de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores para una consulta urgente que nos ha hecho el Consejo. He pedido la palabra en los dos informes siguientes y creo que éste es el caso de varios miembros de dicha comisión que nos encontramos aquí en este momento.
Pido la palabra para que conste en acta el motivo del abandono de la Asamblea y para decir que, como coordinadora del Grupo del Partido Socialista Europeo en la comisión, no tengo más remedio que salir para manifestar también que deberíamos evitar ese tipo de situaciones.

El Presidente. -
Entendemos perfectamente su situación y así se hará constar en acta.

Wuori (Verts/ALE)
Señor Presidente, el número de normas medioambientales ha aumentado enormemente durante treinta años, hasta el punto de multiplicarse por más de cincuenta los protocolos y demás instrumentos relativos a este ámbito. En el marco de la ONU hay más de cincuenta tratados al respecto, y en el marco jurídico de la UE contamos con un centenar largo de directivas. Todos suelen tener la carencia de no ser lo suficientemente específicos y su aplicación es inadmisiblemente ineficaz.
En última instancia, necesitamos la existencia de responsabilidades penales y, por lo tanto, es importante que apoyemos ahora esta propuesta de directiva de la Comisión. Ésta es mucho más amplia, más coherente y más eficaz que el Acuerdo marco del Consejo, el cual presenta una debilidad general en materia de reglamentación medioambiental y cuya base jurídica es, además, claramente errónea. La propuesta de directiva, que tiene su base en el primer punto del artículo 75 del Tratado constitutivo de la CE, es el instrumento idóneo en este caso y, en virtud del artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, ese instrumento del Derecho comunitario del primer pilar es el que debe prevalecer con mucha ventaja en este ámbito, tal y como se expresa pormenorizadamente en la declaración de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando al Sr. Di Lello Finuoli y a la Sra. Oomen-Ruijten por el excelente trabajo que han llevado a cabo con vistas a aunar esfuerzos para crear instrumentos que permitan luchar contra la amplitud cada vez mayor de los delitos contra el medio ambiente y los frecuentes efectos transfronterizos. No puedo dejar de recordar uno de los últimos sondeos presentados por el Eurobarómetro, que confirma que el medio ambiente, junto con la seguridad, la salud y el desempleo, es una de las grandes preocupaciones sentidas por los ciudadanos de la Unión Europea. De modo que tenemos la obligación de contribuir a la búsqueda de soluciones que atiendan dichas preocupaciones y garanticen una protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos en pro de un aumento de la calidad de la vida de todos.
Tenemos ante nosotros, por un lado, una iniciativa presentada por Dinamarca (en 2000) con vistas a la aprobación de una decisión-marco del Consejo en materia de lucha contra los delitos graves para el medio ambiente que propone que los Estados miembros adopten medidas concertadas con vistas a su protección en el ámbito del Derecho Penal, incluidas investigaciones y acciones penales eficaces, así como una cooperación eficaz en materia policial, penal y administrativa, es decir, el establecimiento un acervo en materia de sanciones penales contra delitos medioambientales. Por otro lado, tenemos una iniciativa de la Comisión (en 2001) con vistas a la formulación de una directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, conforme al artículo 175 del Tratado de las Comunidades. Se aplicará dicha propuesta a actividades que violen la legislación comunitaria de protección del medio ambiente o las normas adoptadas por los Estados miembros para darles cumplimiento o ambas.
Creo que debemos elogiar la estrategia seguida por los dos ponentes, Di Lello Finuoli y Oomen-Ruijten, de procurar que los dos informes coincidieran lo más posible y permitir que resulte clara y coherente la posición del Parlamento Europeo en relación con las dos iniciativas. Se pretende dar indicaciones claras de la preferencia inequívoca del Parlamento en relación con el planteamiento de la Comisión, es decir, la adopción de un instrumento del primer pilar, pues la legislación sobre asuntos relativos al medio ambiente es competencia comunitaria. Pero conviene destacar aquí que el Derecho penal no es competencia exclusiva de la Unión Europea, es decir, que de lo que aquí se trata es de que el sistema actual de sanciones no es suficiente para garantizar la aplicación del Derecho comunitario y, como tal, es esencial que se garanticen normas mínimas que entrañen la existencia de sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias, si bien quedarán al arbitrio de los Estados miembros la aprobación de normas y sanciones más rigurosas en ese ámbito.

Paciotti (PSE).
Señor Presidente, los dos informes que estamos examinando son la prueba más evidente de la necesidad de una seria reforma institucional que consiga integrar en el ámbito comunitario las competencias de la Unión en materia de cooperación judicial, penal y policial que hoy corresponden al llamado tercer pilar. Ésta es la propuesta que el Parlamento Europeo ha formulado repetidas veces y que espero que sea asumida por la Convención sobre el futuro de Europa y después por la Conferencia Intergubernamental para la reforma de los Tratados. Sólo así se podrán evitar en el futuro disputas contraproducentes y conflictos institucionales y, sobre todo, se podrá actuar con eficacia para proteger los derechos de los ciudadanos.
Es fácil comprobar que, sin una acción comunitaria eficaz, algunos de estos derechos como, por ejemplo, el derecho a un nivel de protección del medio ambiente elevado y a la mejora de su calidad, un derecho reconocido en el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, no están debidamente protegidos por los Estados miembros. Ninguno de los Estados miembros ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa de 1998 sobre la protección del medio ambiente a través de las normas del Derecho penal. Las mismas y numerosas directivas comunitarias en materia medioambiental no implican una protección suficiente debido a su carente aplicación y a los frecuentes incumplimientos por la falta de sanciones eficaces.
Por lo tanto, merece plena aprobación la propuesta de directiva de la Comisión, modificada mediante las útiles enmiendas contenidas en el informe Oomen-Ruijten, que insta a los Estados miembros a que prevean sanciones penales. A pesar de que la Comisión, el Parlamento y el propio servicio jurídico del Consejo han reiterado muchas veces que, de conformidad con los artículos 3 y 6 del Tratado de la Unión, la protección del medio ambiente es un objetivo fundamental de la Comunidad, que el fundamento jurídico correcto para la protección del medio ambiente a través del Derecho penal es el artículo 175 del Tratado y que el Derecho comunitario prevalece sobre el Derecho de la Unión, el Consejo pretende adoptar en la misma materia una decisión marco que no se limita a integrar, sino que altera la propuesta de directiva, limita su ámbito de aplicación, reduce su alcance y no somete la materia al procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo. Muy acertadamente el informe Di Lello sostiene que esta decisión marco debe ser coherente con la directiva, esperar su adopción y hacer referencia a la misma, sin repetir los elementos ya abarcados por la directiva y, en su caso, integrando la misma.
Espero que el Parlamento apruebe ambos informes y que todos reflexionen sobre la conveniencia de evitar en el futuro este tipo de contraposiciones dañinas y de llegar a la plena comunitarización del tercer pilar.

Ries (ELDR).
Señor Presidente, el Grupo Liberal se felicita también por esta propuesta de directiva de la Comisión, y acoge así mismo muy favorablemente el proyecto de decisión marco elaborado por el Consejo en diciembre de 2001. Quiere también, lógicamente, dar las gracias a nuestros dos ponentes, la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Di Lello. Estas dos iniciativas constituyen una respuesta concreta a una de las mayores preocupaciones de la población: el 88% de los ciudadanos europeos desea que la Unión tome medidas concretas en materia de protección del medio ambiente. Es una de las indicaciones de un eurobarómetro realizado hace menos de un año y al que hacía referencia hace un instante mi colega el Sr. Coelho.
Frente a los actos de delincuencia ecológica, el Grupo Liberal apoya la posición defendida por la Sra. Oomen-Ruijten, a saber que el marco comunitario del primer pilar es el que mejor se adapta. Una directiva nos parece el instrumento más apropiado para confeccionar una lista europea de crímenes medioambientales y establecer una base común de sanciones penales.
Sobre el contenido más específico de esta propuesta, estimo, como la mayoría de mis colegas, que la incitación, al igual que el propio acto que trata de violar la legislación europea medioambiental, debe ser castigada. Así mismo, es mejor hacer referencia a las violaciones de la ley en términos generales con el fin de evitar que los delincuentes ecológicos se precipiten por un posible fallo jurídico.
Dicho esto, y más allá de la discrepancia sobre la base jurídica entre el Parlamento y la Comisión, por una lado, y el Consejo por otro, me parece fundamental actuar deprisa, tranquilizar a nuestros ciudadanos tomando medidas represivas contra esos contaminadores de los tiempos modernos, pues hoy, y diría que especialmente en el ámbito del medio ambiente, la no-aplicación de la ley es la que mata a la ley y beneficia a los individuos sin escrúpulos. Un ejemplo: la mayoría de nuestros Estados miembros ha reforzado su arsenal penal. Esto está bien. Al mismo tiempo es grave comprobar que en estos mismos países los casos penales relacionados con el medio ambiente solo representan un 2% del total de contenciosos. Por ello hay que utilizar el instrumento disuasivo a nivel comunitario para hacer que se apliquen las reglamentaciones en vigor, pero también para luchar eficazmente contra las redes organizadas que han hecho de la contaminación su nueva arma por excelencia.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, el Derecho penal en materia de delitos contra el medio ambiente sigue siendo un desastre en los Estados miembros. Por eso no se puede luchar como es debido contra los que contaminan nuestro medio ambiente deliberadamente. Una de las causas es que las directivas europeas ni se transponen, ni se aplican, ni se controlan. La experiencia nos ha enseñado que las sanciones actuales por infracción de la normativa europea y nacional en materia medioambiental son, por decirlo de forma suave, insuficientes. Por lo visto, sólo las sanciones penales constituyen el elemento disuasorio necesario para que se respete la legislación medioambiental.
Señorías, la legislación europea en materia de medio ambiente no es algo baladí ya que la contaminación del aire y del agua no entiende de fronteras nacionales y nos está afectando a todos. Además, venimos sufriendo muchos efectos negativos por los transportes de residuos tóxicos a lugares donde no hay un tratamiento medioambiental adecuado. Incluso el funcionamiento del mercado interior se puede ver afectado. Por estos motivos quiero apoyar sinceramente este enfoque internacional para luchar contra los delitos medioambientales. Me parece que la directiva presentada es el instrumento adecuado y efectivo para realizarlo. El informe de la Sra. Oomen-Ruijten lo fundamenta de forma convincente. Sin embargo, sigue la cuestión de si nos hace falta para ello la decisión marco del Consejo.
Por último, Señor Presidente, quiero decir que voy a votar a favor de la directiva pero tengo la intención de no adoptar la propuesta de la decisión marco, a no ser que el Comisario Vitorino me pueda convencer de que esta decisión marco es absolutamente necesario para la aplicación de la directiva.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la Comisión nos presenta hoy una propuesta de directiva que impone a los Estados miembros que castiguen mediante sanciones penales un determinado número de infracciones especialmente graves del Derecho comunitario sobre medio ambiente.
Que sea necesario proteger mejor un medio ambiente cada vez más degradado y que sea indispensable poner en marcha medidas represivas severas, nadie lo niega. Pero lo que representa un problema, a nuestro modo de ver, es la voluntad de la Comisión de utilizar con este fin el instrumento comunitario de la directiva basada en este caso concreto en el artículo 175-1 TCE. En efecto, este artículo establece las acciones comunes a llevar a cabo en materia de medio ambiente, pero respeta totalmente, de conformidad con la filosofía general de los Tratados, la autonomía de los Estados miembros en materia de Derecho penal. Pretender que el derecho a prever sanciones penales estuviera implícitamente incluido en la competencia comunitaria de protección del medio ambiente, porque era indispensable para su aplicación, y por tanto indisociable de ésta, sería totalmente engañoso. En efecto, si las sanciones penales están implícitamente incluidas en el artículo 175-1, ¿por qué no también en todos los demás artículos del Tratado que autorizan la promulgación de normas comunitarias en este o en otros ámbitos? Se llegaría así, poco a poco, a negar un principio fundamental del Tratado: la competencia nacional sobre el Derecho penal. Negando este principio, nos inclinaríamos un poco más hacia la concepción de una Unión centralizada que no es la que nosotros queremos.
Esto no significa que no haya nada que hacer. ¡Al contrario! La presidencia danesa presentó un proyecto de decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, que incitaba al endurecimiento de las sanciones al tiempo que respetaba más la libertad de los Estados al establecer su base jurídica sobre el tercer pilar, es decir sobre la parte puramente intergubernamental del Tratado. Esta es la vía preferible. Es la que, señor Presidente, deberíamos seguir.

von Boetticher (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, ¿por qué son tan importantes las propuestas que hoy nos han sido presentadas? Como algunos Estados miembros aún no han establecido un sancionamiento penal suficientemente de la normativa comunitaria sobre protección del medio ambiente, la cifra de delitos medioambientales investigados por la Comisión creció de 612 en el año 1999 a 755 en el año 2000. Como miembro de la Comisión de Peticiones quisiera añadir que se están investigando cada vez más casos debido al aumento de las peticiones. Pues los ciudadanos de la Unión han desarrollado especial sensibilidad medioambiental y denuncian cada vez más este tipo de delitos, es decir, se dirigen a nosotros en busca de ayuda porque a menudo no pueden recurrir a la protección de los Estados miembros. Estaría bien que la conciencia medioambiental de los gobiernos creciese hasta el nivel de la de los ciudadanos.
En 39 casos durante el año 2000, la Comisión ha formulado demandas judiciales contra los Estados miembros. Por tanto, ya es hora de que reaccionemos como Unión. No queremos con ello eliminar el Derecho penal nacional. La Directiva es válida sólo para las acciones de protección del derecho medioambiental comunitario y para la normativa mediante la que los Estados miembros han aplicado ese Derecho comunitario. Sólo hemos establecido exigencias mínimas de sancionamiento penal en materia medioambiental, de forma que los Estados miembros tienen competencia para conservar o crear medidas de protección más estrictas. Mediante esta Directiva se lucha, sobre todo, contra la contaminación del medio ambiente imputable a personas físicas o jurídicas. Junto a la acción positiva y a la omisión contraria al deber, es penalizable también la instigación.
Todavía parece que en algunos Estados miembros los delitos contra el medio ambiente son delitos de caballeros. Hay que poner fin a ello. La directiva, y también la Decisión marco, es el medio proporcional, apropiado y necesario.

Patrie (PSE).
Señor Presidente, señorías, existen, efectivamente, numerosas directivas y numerosos reglamentos europeos destinados a salvaguardar el medio ambiente en sus más diversos aspectos. Pero todos sabemos que muchos de estos textos son papel mojado por la falta de sanciones efectivas.
En efecto, la mayoría de las veces la imposición de sanciones financieras o materiales por aplicación del principio del contaminador-pagador es considerada insuficiente por una opinión pública totalmente consciente del carácter poco disuasivo de estas penalizaciones en relación con los considerables beneficios generados por las actividades que son el origen de las grandes contaminaciones.
Por otra parte, también sabemos que algunos daños medioambientales presentan un carácter totalmente irreversible y que, por tanto, no pueden ser reparados materialmente. Estas consideraciones justifican, por consiguiente, la adopción por los Estados miembros de disposiciones destinadas a sancionar desde el punto de vista penal el incumplimiento de las prescripciones europeas en materia de medio ambiente. Por esta razón, junto con mis colegas socialistas, apoyo totalmente la iniciativa de la Comisión.
Sin embargo, no debemos ignorar la principal dificultad que, en este caso, se nos presenta, es decir el problema de la base jurídica. Por mi parte, defiendo el punto de vista según el cual la cuestión que se nos somete se deriva completamente de las competencias atribuidas a la Unión en virtud del primer pilar e implica, por tanto, la adopción de una directiva marco votada por nuestra Asamblea.
Este es además el sentido de la recomendación votada por nuestro Parlamento en el mes de noviembre de 2001. Hay que recordar al Consejo que si hubiera finalizado su proyecto de decisión marco en relación con el tercer pilar, ciertamente lo habría hecho en contra de la voluntad política del Parlamento Europeo.
Por otro lado -y porque estamos interesados en reforzar la legislación medioambiental mediante la aplicación de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasivas- estamos totalmente obligados a aprobar un texto sólido, por encima de cualquier otra discusión jurídica, y que no sea susceptible de ser sancionado por el Tribunal de Justicia. Esto significa que debemos vigilar especialmente lo referente al principio de subsidiaridad y a las reglas de competencia previstas por el Tratado.
Aunque la Comunidad tiene la potestad de imponer a los Estados miembros que adopten sanciones penales en caso de violación de las normas materiales comunitarias, por el contrario, no es competente para determinar los tipos y los grados de las sanciones aplicables. Por ello, debemos mostrarnos especialmente prudentes en cuanto a referencias y a conceptos tales como extradición, que reflejan un grado de gravedad de las infracciones y de las penas. Sin embargo estoy tranquilo por la formulación que muy recientemente ha adoptado nuestra ponente, la Sra. Oomen-Ruijten.
Así mismo, la Comunidad no tiene competencia para adoptar disposiciones que se traduzcan por un acercamiento de las disposiciones nacionales de carácter penal. En consecuencia, hacer mención al concepto de incitación -que no existe en todos los Derechos nacionales- equivale a querer acercar disposiciones nacionales, lo que me parece hacer considerablemente frágil la validez jurídica de nuestro texto.
A reserva de estas observaciones, tengo que reiterar mi total apoyo a la aprobación de este texto y mis felicitaciones a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten. Este texto constituye para nosotros una señal política fuerte en relación con una forma de delincuencia cada vez menos aceptada por nuestros conciudadanos.

Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, tras los sucesos del 11 de septiembre ha habido una verdadera voluntad de racionalizar y mejorar los sistemas de extradición en relación con los actos de terrorismo. Si bien es cierto que el terrorismo puede generar un impacto medioambiental, por ejemplo con la liberación de patógenos o con la contaminación intencionada del agua, este informe va mucho más allá del terrorismo.
Coincido con el Sr. Berthu en que debemos resistirnos a la tentación de extender la esfera de influencia de la UE al ámbito judicial, ya sea en material de medioambiente o cualquier otra. Me preocupan especialmente las enmiendas que hablan sobre la extradición o sobre la rendición o sobre la confiscación de beneficios como competencias del primer pilar. El dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento es que no hay base legal en el artículo 175 para esta medida. ¿Para qué pagamos a estos juristas para que nos asesoren si luego les ignoramos?
Me complacería ver que los Estados miembros cooperan para adoptar medidas bajo el tercer pilar para combatir los delitos medioambientales, por ejemplo con definiciones comunes sobre los delitos, pero los Conservadores británicos van a votar en contra de este informe tal y como está enmendado porque carece de base legal. En los considerandos se cita profusamente la subsidiariedad, pero los artículos en concreto van absolutamente en contra del principio de subsidiariedad.
La Unión Europea haría mejor en concentrar sus energías en un ámbito en el que tiene competencia legal y llevar a los Estados miembros que se salen del camino ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de las directivas existentes, como ha sugerido anteriormente el Sr. von Boetticher.
Rack (PPE-DE)
Señor Presidente, si la Comunidad se quiere tomar en serio la tarea de proteger el medio ambiente, no puede ni debe limitarse a aprobar normativas proteccionistas. Debe preocuparse también de que se cumplan las que ya existen. Y si para ello no basta con sencillos mecanismos de sanción, entonces debe ponerse en juego todo el peso de la ley. Aunque, naturalmente, sólo en casos muy importantes y respetando la subsidiariedad, tanto en materia de protección medioambiental como en materia penal.
Hasta aquí, todos los Grupos del Parlamento estamos de acuerdo y apoyamos la presente propuesta de la Comisión y las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por lo que felicitamos a la ponente del Pleno, la Sra. Oomen-Ruijten.
Algunos de nosotros tememos que con esta propuesta se abra la puerta a un derecho medioambiental europeo uniforme y que más adelante, incluso, se cree una agencia medioambiental europea con el poder del FBI. Estas preocupaciones no están justificadas. Nada de ello está previsto. Se ha elegido el mejor medio - una directiva a aplicar por los Estados miembros - y mediante una serie de enmiendas nos hemos cuidado de no intervenir en las competencias penales, judiciales y estatales de los Estados miembros. Expressis verbis en la enmienda 30, donde explícitamente se hace referencia a que la extradición sólo se introducirá cuando esté prevista en la legislación del Estado miembro.
Con esta manera de proceder estamos persiguiendo el logro de un objetivo comunitario importante utilizando el instrumento correcto. Por tanto, se impone la aprobación de las propuestas de la Sra. Oomen-Ruijten y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.

Vitorino
. (EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Oomen-Ruijten y al Sr. Di Lello Finuoli por su excelente trabajo en dos documentos que cubren el mismo asunto: la propuesta de una directiva y un proyecto de decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal. Ambos informes hacen una sensible aportación a un debate que se desarrolla a escala de toda la Unión Europea.
En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Tampere en 1999 se acordó que se debían establecer unas definiciones comunes, unos tipos delictivos comunes y unas sanciones comunes en un ciertos ámbitos de especial importancia, y entre esos ámbitos se destacó la cuestión de los delitos medioambientales.
Como la Asamblea recordará - y varios diputados lo han mencionado - en el año 2000 Dinamarca presentó una iniciativa para una decisión marco sobre la lucha contra los delitos medioambientales graves. Esta decisión marco se basa en las normas del Tratado de la Unión Europea y por tanto pertenece al tercer pilar.
En el año 2001 la Comisión aprobó una propuesta de directiva sobre la misma cuestión, que se basa en el artículo 175 del Tratado de la Comunidad Europea. Ambas propuestas persiguen el mismo objetivo. Pretenden mejorar la aplicación de la legislación medioambiental comunitaria y comparten el mismo punto de partida: todos reconocemos que en los Estados miembros existe una falta de eficacia en la protección del medio ambiente.
En cualquier caso, la Comisión ha asumido un enfoque más ambicioso proponiendo una directiva. La Comisión ha seguido esta línea por diversas razones. La Comunidad tiene, dentro de los parámetros de las competencias otorgadas, el poder de regular determinados comportamientos con el fin de alcanzar un objetivo comunitario. La Comisión nunca ha discutido que, en lo que concierne a las sanciones penales concretas, la Comunidad no puede pretender actuar en el ámbito penal de forma aislada. No obstante, teniendo en cuenta que ello es necesario para la consecución de objetivos comunitarios, la Comisión está convencida de que la Comunidad puede obligar a los Estados miembros a que impongan sanciones penales en los casos en que la ley penal garantiza que la legislación comunitaria es efectivamente aplicada.
La Comisión considera que las sanciones actualmente en vigor en los Estados miembros no son suficientes y que no garantizan el pleno respeto del derecho de la Unión Europea. 
La Comisión no busca un conflicto interinstitucional. El objetivo esencial de nuestra propuesta es crear una garantía adicional de imparcialidad y dotar a las autoridades de mayor libertad para las investigaciones transfronterizas de delitos medioambientales.
Señor Blokland, esta es la razón por la cual es necesario disponer de una decisión marco junto a la directiva. Podemos establecer las disposiciones relativas a las sanciones penales en la directiva, pero el alcance concreto de esas sanciones penales debe incluirse en la decisión marco. La decisión marco tiene la capacidad de permitir a las autoridades judiciales de los Estados miembros llevar a cabo investigaciones transfronterizas sobre delitos medioambientales.
La cuestión de si las medidas referentes al Derecho penal deben basarse en las disposiciones del Tratado de la Unión Europea o del Tratado de la Comunidad Europea no es solo una interesante disquisición legal para los juristas europeos, sino que tiene una importancia institucional fundamental, en especial en lo que concierne al papel y las competencias del Parlamento Europeo, la jurisdicción del Tribunal de Justicia y los efectos de la legislación europea en este ámbito. Me adhiero completamente a los argumentos planteados por la Sra. Oomen-Ruijten. Quisiera informarles de que la Comisión nunca ha cuestionado el hecho de que los asuntos de cooperación judicial pertenecen al tercer pilar.
El proyecto de decisión marco debe, por tanto, ser contemplado como un texto complementario de la directiva. Todas las enmiendas presentadas buscan transformar el proyecto de decisión marco en un instrumento complementario de la propuesta de directiva de la Comisión. Todos los aspectos de la cuestión quedan cubiertos por la propuesta de directiva de la Comisión. La decisión marco del Consejo se ocupará de tres cuestiones esenciales: la responsabilidad de las personas jurídicas, la competencia jurisdiccional y los asuntos relativos a la extradición y el enjuiciamiento.
Respetamos la subsidiariedad por cuanto la decisión marco presentada por Dinamarca sigue muy fielmente la Convención del Consejo Europeo sobre delitos medioambientales. Hasta la fecha nadie ha acusado a la Convención del Consejo Europeo de estar en contra del principio de subsidiariedad.
Los informes de la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Di Lello Finuoli siguen exactamente la misma línea.
Por tanto, en nombre de la Comisión saludo la opinión respecto del proyecto de decisión marco de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.
En lo que concierne a las enmiendas concretas a la propuesta de directiva, me complace informarles de que la Comisión puede aceptar todas las enmiendas propuestas con las siguientes excepciones: enmiendas 8 y 9, 10, 11 y 13, 19, 20 y 27, 21, 24, 25, 28 y 29. En conjunto, estoy muy agradecido por la importante aportación del Parlamento, que ha contribuido a mejorar los dos textos que la Asamblea se dispone a votar.
Quisiera dar las gracias de nuevo a los ponentes, así como al Sr. Wuori, el ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior, por sus valiosas aportaciones y su respaldo, especialmente por que todos han tenido que trabajar en un asunto muy complejo con un tiempo muy limitado. Confío en que los informes reciban mañana el apoyo general de esta Asamblea.
El Presidente. -
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Oomen-Ruijten (PPE-DE)
Quisiera hacer una pregunta al Comisario. En las reuniones con la Comisión había entendido que la Comisión Europea sí estaba dispuesta a adoptar todas las enmiendas. Ahora me gustaría que la Comisión Europea me comunicara mañana por la mañana por qué no quiere adoptar algunas de ellas.

El Presidente. -
Saliéndonos un poco del procedimiento pero, dado que la pregunta es interesante, si el señor Comisario tiene a bien responder, le concedo la palabra.

Vitorino
. (EN) Señor Presidente, podría citar específicamente cada una de las enmiendas que la Comisión no puede aceptar, pero si la distinguida diputada está de acuerdo, le puedo hacer llegar por escrito las razones por las que no podemos aceptar la lista de enmiendas que acabo de leer. Por lo menos hay una enmienda en la que esto es fácil de entender: la enmienda 28. Ésta rechaza la propuesta de la Comisión en su totalidad. ¡Esta es una enmienda que estoy seguro la Comisión nunca va a aceptar!
El Presidente. -
Así se hará, por tanto. Le damos las gracias, Señor Comisario.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
informe (A5-0085/2002) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un programa de acción relativo a la cooperación administrativa en los ámbitos de fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración (ARGO) (COM(2001) 567 - C5-0553/2001 - 2001/0230(CNS))
informe (A5-0078/2002) del Sr. von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, del Reino de España y de la República Francesa, con vistas a la adopción por el Consejo de una decisión por la que se modifican los apartados 1 y 7 del artículo 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (11896/2001 - C5-0563/2001 - 2001/0820(CNS)).

Oostlander (PPE-DE)
Señor Presidente, me parece que el contenido de la propuesta ARGO es sumamente interesante. Sin embargo, al leer la propuesta de la Comisión me llamó la atención que los redactores ya se habían cubierto a priori sus espaldas por la oposición que podría haber por parte del Consejo. Me refiero a que está prevaleciendo, en mi opinión, la técnica, o casi prefiero decir el truco, de organizar las cosas en el traspaso de tareas del tercer pilar al primero de tal forma que la burocracia del Consejo siga teniendo la sartén por el mango, mientras que las competencias del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea sigan siendo pura formalidad.
Me parece que esta postura peca de un exceso de timidez, más propia de una Secretaría de Consejo que de un gobierno federal en ciernes. A fin de cuentas, la Comisión es la guardiana de los tratados y valores europeos y creo que debería asumirlo con mayor confianza.
Por mi parte, con la ayuda de la Comisión parlamentaria he intentado reforzar la dimensión comunitaria de la propuesta. O sea, queremos echarle una mano a la Comisión, sobre todo en relación con el derecho de iniciativa.
Señorías, la ejecución del Programa ARGO no debe corresponder sólo a las administraciones nacionales. Así por ejemplo, me parece muy extraño que en un programa tan exitoso como Odysseus las ONG sí tuvieran un papel y ahora en el programa ARGO llamado a sucederle no. Por este motivo, me parece muy importante que se refuerce el derecho de iniciativa de la Comisión. Esto ha de ser subrayado enérgicamente, porque a través de la Comisión se puede movilizar también a otras organizaciones para que ARGO sea un éxito. Tampoco puede ser que ARGO sólo se reduzca a una especie de cooperación entre las burocracias nacionales. ARGO requiere un acompañamiento comunitario, para que los fines de las directivas se vigilen de la forma más objetiva posible. También en este ámbito la Comisión es la guardiana de los tratados y de todo lo que quede reflejado en las directivas.
Lo que me ha molestado en cierto sentido es que tanto la ejecución como el control hayan pasado a otras manos e incluso bajo el pretexto de reforzar la transparencia. Me parece que la transparencia no tiene nada que ver con unos grupos de funcionarios, sino con representaciones parlamentarias. Esta acepción de la palabra transparencia está socavando todo el concepto y no deberíamos ir por ese camino. Por lo tanto, al amparo de esta palabra no podemos justificar que algunos grupos de las burocracias nacionales se encarguen del control del programa, mientras que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no tengan ninguna competencia. Me refiero sobre todo al artículo 3, letra e).
Según los principios parlamentarios normales de los estados de derecho las directrices de la política las ha de marcar y elaborar el poder ejecutivo, la Comisión, y a la representación popular, el Parlamento Europeo, le corresponde aprobarlas y controlarlas. Por otra parte, también tenemos competencias en el ámbito presupuestario. Los detalles sobre la ejecución se pueden solventar con la ayuda de consejos nacionales, tal como queda también reflejado en la propuesta.
Además, se requiere un reparto de tareas claro, un reparto de responsabilidades de quién controla y qué. Me parece que la Comisión y el Parlamento tienen competencias en los aspectos comunitarios, y las autoridades y parlamentos nacionales en los aspectos nacionales.
Como punto final, quisiera decir algo de las fronteras exteriores de la Unión Europea que dentro de poco no serán las mismas de ahora, más bien coincidirán con las fronteras exteriores de los pobres estados miembros candidatos. Creo que ARGO debería anticiparse a esa situación y prepararse para llevar a la práctica la política de formación y metodología comunitarias y una responsabilidad común relativa a las fronteras exteriores, y a ser posible a tiempo, porque esto está a la vuelta de la esquina.
Señor Presidente, he de decir que también he visto una enmienda con la que hay un problema. Se trata de la enmienda presentada por los liberales, que se refiere a las personas perseguidas por organizaciones no estatales. La mayoría de las veces sólo hablamos de personas que son perseguidas por razones políticas por su propio estado. Por regla general, me parece que es acertado. Si una persona es perseguida en su propio país por organizaciones no estatales y puede vivir en otro lugar de su país con seguridad, no tiene porqué establecerse en Amsterdam. En ese caso, también puede quedarse en Turquía o en Rusia. Siempre hemos defendido que tiene que haber capacidad de acogida en la región y si ahora vamos a defender en la enmienda de la Sra. Ludford que se acoja en la Unión Europea, por medio de la legislación de asilo, a todos aquellos que puedan irse a un lugar distinto dentro de su propio país, no me parece acertado y queremos expresarlo para que quede claro.
Para terminar, Señor Presidente, el Parlamento Europeo pide que la Comisión Europea se muestre más segura y espero que lo consideren como un apoyo. Si el Consejo finalmente no quiere dar su aprobación, todavía nos queda tiempo suficiente para protestar y decirlo a los cuatro vientos.

von Boetticher (PPE-DE)
 Señor Presidente, Señorías, la eliminación de nuestras fronteras interiores, la cooperación policial unida a ella así como la seguridad de nuestras fronteras exteriores serán uno de los mayores retos de la Unión Europea en este nuevo siglo. El Sr. Oostlander se ha referido ya en su informe a la necesidad de un régimen común de fronteras exteriores. Mi informe tiene por contenido el desarrollo del Acuerdo de Schengen en lo relativo a actuaciones en el ámbito de la investigación policial transfronteriza.
Allí donde ya se han eliminado las fronteras interiores, la policía nacional tiene la posibilidad, tras hablar con la policía del país vecino, de tener bajo observación a sospechosos de delitos transfronterizos. Junto a ello, el instrumento de la observación policial transfronteriza es el medio más efectivo de persecución criminal transfronteriza. Hasta qué punto es necesaria semejante regulación se puso de manifiesto en Alemania justo la semana pasada, cuando, tras un asalto a un banco, los atracadores tomaron rehenes y luego huyeron a Polonia y de ahí a Ucrania. Aunque la cooperación fue buena, una regulación como la del Acuerdo de Schengen del tipo que se propone hubiese facilitado aún más la persecución.
Con la propuesta del Consejo, los delitos penales respecto de los que es posible la observación transfronteriza, deben ser ampliados hasta incluir las estafas organizadas, la actividad de las organizaciones de los bajos fondos, el blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el tráfico de material radioactivo. Para mí queda planteado el tema de por qué no se ha incluido el catálogo de delitos terroristas que hemos aprobado hace pocos meses. Creo que es un acuerdo importante y deberíamos incluirlo en esta propuesta. Por ello, la propuesta del Sr. Buijtenweg y otros me parece una ampliación acertada.
Solemos perdernos cada vez más en una maraña de incontables regulaciones distintas relativas a la cooperación judicial. En el futuro debemos procurar más que hasta ahora obtener marcos penales uniformes. También se está ignorando, lamentablemente, no sólo que el Acuerdo de Schengen está vigente hasta ahora en un estrecho ámbito de aplicación, sino sobre todo que se ve limitado por obstáculos burocráticos. En vista de ello he propuesto algunas puntualizaciones sistemáticas que han encontrado un amplio apoyo en la Comisión. Deberíamos tener valor para lograr con este Acuerdo de Schengen nuevos desarrollos y progresos.
Desde la adopción de la observación transfronteriza se ha triplicado el número de veces que se ha aplicado. El obstáculo más frecuente al que se refieren los funcionarios competentes es la ausencia de un derecho de arresto. Hasta ahora, los funcionarios encargados de la observación en territorio extranjero son testigos de delitos penales sin tener poder para intervenir. No pueden intervenir, sino sólo informar a sus colegas del otro país, sometidos ya, a menudo, a una carga de trabajo excesiva. Desde que son informados hasta que intervienen, los delincuentes tienen tiempo de esfumarse. Mi propuesta es que, en vista de ello, las fuerzas policiales extranjeras que estén realizando una observación transfronteriza tengan la posibilidad de tener bajo arresto a los sospechosos hasta que intervengan las fuerzas policiales nacionales. Los arrestos podrán realizarse cuando, primero, los sospechosos hayan cometido un delito penal sujeto a extradición y, segundo, cuando la policía nacional sola no pueda impedir la realización de ese delito.
Es difícil de hacer comprensible a nuestros ciudadanos por qué fuerzas policiales extranjeras pueden observar pero no intervenir en casos graves de delitos penales. Deberíamos adaptar nuestras leyes a las realidades de una Europa que está creciendo unida.
Sea cual sea el desarrollo que se de a este Acuerdo de Schengen, estoy convencido firmemente de que la Unión Europea necesita también auténticas competencias policiales para esta Europa que está creciendo unida. En el marco de la Convención, que, como se sabe, prevé una reordenación de los tratados, no sólo debatiremos sobre las competencias que devolveremos a los Estados miembros, sino que también señalaremos los ámbitos en los que Europa necesita competencias propias añadidas. La lucha contra el crimen organizado, y, justamente, cuando éste es transfronterizo, es uno de esos ámbitos en los que, como Parlamento, debemos señalar expresamente que, bajo control parlamentario, bajo control de una fiscalía estatal, se necesita una policía propia con competencias específicas.
Naranjo Escobar (PPE-DE).
Señor Presidente, los programas de cooperación administrativa dentro de las políticas de inmigración y materias conexas tienen, a mi juicio, una gran importancia.
Hoy debatimos el programa Argo, cuyo fin último es obtener la garantía de un trato homogéneo para los nacionales de terceros países. Y quiero recordar que en los ámbitos cubiertos total o parcialmente por este programa, el número de directivas, reglamentos y otros instrumentos en vigor o en marcha es muy elevado, y que este acervo comunitario debe aplicarse de forma coherente, garantizando por igual los derechos de los nacionales de terceros países.
Hay aspectos muy relevantes que el programa debería tener en cuenta: es fundamental que se desplieguen acciones para prevenir la inmigración ilegal, acciones contra la falsificación documental y acciones ineludibles en el ámbito de la cooperación consular.
El objetivo de establecer una política común en esta materia es un gran reto y de su éxito depende en gran medida que la Unión constituya un verdadero espacio de seguridad y libertad.
Mi país ha pasado en pocos años de ser un país de emigración a un país que recibe un gran número de inmigrantes y que tiene al mismo tiempo problemas derivados de su situación de frontera exterior de la Unión.
Si bien no es una novedad -puesto que viene a continuar con nuevos enfoques el anterior programa Odysseus- el programa Argo es una pieza clave. El aumento de créditos es señal de que nos tomamos en serio el esfuerzo que hay que realizar para que las administraciones nacionales actúen de forma homogénea y aplicando las mejores prácticas.
Estoy de acuerdo con el enfoque del ponente, nuestro colega Oostlander, al que felicito, porque ha reflejado en su informe propuestas que mejoran el texto y dejan bien claro que la Comisión y el Parlamento deben tener un papel protagonista en el desarrollo del programa.
Señor Presidente, mucho se ha avanzado en este ámbito de la mano del Comisario Vitorino, pero el camino que queda por recorrer es aún muy largo. Por eso es un acierto que entre los objetivos de la actual Presidencia estén, justamente, los de avanzar en los compromisos de Tampere y Laeken en las políticas de asilo, inmigración y control de fronteras. Es una exigencia que no sólo deriva de la presente realidad de la inmigración en la Unión, sino también del anhelo de los ciudadanos por una verdadera Unión política.

Keßler (PSE)
Señor Presidente, debemos felicitarnos por el programa ARGO. Estoy convencida de que sólo mediante una fortalecida cooperación entre las autoridades estatales podremos superar las diferencias existentes en la aplicación de la normativa comunitaria. El gran número de peticiones dirigidas al Parlamento Europeo prueban que debe ser superado el trato desigual que se da en los Estados miembros. En los últimos años se han producido 468 peticiones cuyo objeto es el trato desigual en este ámbito. Es hora ya de regularlo más profundamente.
La inclusión expresa del ámbito Visa es una mejora respecto del actual programa ODYSSEUS. Numerosas peticiones se refirieron a ello.
En la cooperación europea, el intercambio electrónico de información es de primera importancia. Para ello pido la creación de un banco de datos europeo. Este banco de datos debe ser accesible a las autoridades competentes de los Estados miembros - y a terceros Estados en caso de necesidad - así como a las administraciones competentes de los organismos europeos. No obstante, hay que garantizar por completo la protección de la privacidad y el secreto de la información.
También debe garantizarse que las autoridades estatales, bajo solicitud de la Comisión de Peticiones, suministren información en un plazo razonable. Esta garantía es la que protege la seguridad jurídica del peticionario. Los retrasos que se han producido hasta ahora en el suministro de información han producido perjuicios inaceptables a los peticionarios. Esto, según mi opinión, sólo puede evitarse facultando a la Comisión de Peticiones para que saque a la luz pública, en casos extremos, la negativa de las autoridades respecto de la solicitud de información. Nadie quiere sufrir una campaña de prensa en su contra.

Pirker (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estos informes y el programa de acción muestran que la Unión va por buen camino, concretamente por el camino de una seguridad común, y ponen de manifiesto que la seguridad empieza en las fronteras. Si queremos tener fronteras interiores abiertas, necesitamos sistemas de vigilancia en las fronteras exteriores que funcionen y también elementos de compensación como la observación transfronteriza. Esto ha sido destacado abundantemente.
Para ello necesitamos el nuevo programa ARGO. No sólo porque el dinero de ODYSSEUS ya ha sido utilizado, sino porque nuestra meta debe ser conseguir un nivel de seguridad equivalente en las fronteras exteriores, también en las futuras, para, por una parte, estar protegidos contra la inmigración ilegal, el contrabando y el crimen organizado internacionalmente, y para, por la otra parte, tener instrumentos para el control, la ayuda, la emigración legal así como para estar preparados frente a una concesión de asilo.
Para mí es particularmente importante destacar medidas como los parámetros uniformes en la utilización de tecnologías de la información, o que finalmente intentemos crear una formación profesional básica común, es decir, un nivel de formación y cualificación común. Deberíamos intentar también acercarnos a lo que necesitaremos en el futuro, a saber, que equipos mixtos formados por expertos de varios Estados miembros se encarguen operativamente de la seguridad de las fronteras.
Me parece un punto importante que esté prevista la posibilidad - como antes en ODYSSEUS - de que los países candidatos también participen en el programa, pues con ello garantizamos una estructura óptima en los países candidatos en relación a una mayor seguridad para las fronteras de nuestra ampliada Unión Europea.
Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Oostlander y al Sr. von Boetticher por sus informes. Voy a concentrar mis observaciones en el informe Oostlander y el sistema Argos. Reconocemos que una aproximación común a la inmigración, a la cuestión de los visados y el asilo y nuestras fronteras exteriores, es esencial. No creo que la Unión europea funcione apropiadamente si no tenemos ese enfoque común. Esa es la dirección en la que nos movemos y necesitamos una interpretación realista y moderna que reconozca la situación existente en Europa y en el resto del mundo tal y como es, no una que pretenda que la situación es diferente o que la describa como quisiéramos que fuera.
Quisiera ocuparme de las enmiendas 41 y 42 a las que se ha referido el Sr. Oostlander y sobre las que el y yo hemos discutido mucho, ya que ambas son muy importantes. Le doy las gracias la Sr. Schmidt y a la Baronesa Ludford del Grupo Liberal por presentar la enmienda 42 porque esto fue objeto de una acalorada discusión en nuestra comisión y fue a causa de una ligera dificultad administrativa por la que faltó un voto para que fuera aprobada en comisión. La pugna en la enmienda 42, en comparación con la 41, residía en que la enmienda 42 habla sobre el ofrecimiento de asilo y protección a las personas que huyen de la persecución estatal y no estatal. Es a la persecución no estatal a la que debemos dedicar nuestra atención.
Todos podemos pensar en ciertos países cuyos regímenes no nos gustan y en los que la gente huye del acoso, de la persecución y de las agresiones del Estado, pero aquí, no obstante, debemos tener presentes los casos en los que esas personas huyen de organizaciones y entidades no estatales.
Antes he dado ejemplos sobre Afganistán, donde los talibanes no eran reconocidos como un Estado.
Si no hubiéramos incluido esto, no hubiéramos podido aceptar la persecución por los talibanes como una causa razonable para ofrecer asilo a una persona. Así, existen otros países en todo el mundo, Somalia, por ejemplo - país del que no soy un experto - donde es difícil saber qué es el Estado y qué no lo es. También hay personas que huyen de países devastados por la guerra que necesitan protección. Podemos elaborar una larga lista de tales países.
De modo que hay muchos países divididos por fuerzas de una facción u otra, algunas estatales y otras no estatales. Puede que solo sean unos pocos, pero mi Grupo opina que deberíamos ofrecerles protección: esa es la razón por la que apoyamos la enmienda 42, y creo que debiera ser votada antes de la enmienda 41 porque es más relevante y apunta en una dirección diferente. Si en la enmienda 41 se eliminaran las palabras 'y las practicas actuales? no tendríamos tantas dificultades en concederle nuestro respaldo por cuanto reza 'de acuerdo con la Convención de Ginebra? y hay pocas personas en esta Asamblea que se opondrían a cualquier cosa relacionada con la Convención de Ginebra, la cual apoyamos.
Permítanme decir algunas palabras acerca de la ampliación. Esto plantea un verdadero desafío. Tenemos que solucionar toda la cuestión del asilo, los visados y la inmigración antes de que se produzca la ampliación, pero no debemos emplear la cuestión de la ampliación para pretender que los países candidatos dispongan de unos niveles superiores a los que nosotros mismos adoptamos. Muchos países candidatos lo están haciendo muy bien y sus economías y niveles de vida se están aproximando a los de los países de la UE. La ampliación no consiste en la construcción de una nueva frontera exterior, más poderosa, más fuerte. Si tenemos una Unión Europea plenamente exitosa no debemos permitir que ello propicie una nueva división entre nosotros y los países que se encuentren entonces fuera de una nueva y ampliada Unión de 25 o 27 estados.
Se trata aquí de compartir responsabilidades, y de asegurar que la gente dispone de oportunidades y de derechos, y eso es lo que vamos a apoyar.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, me concentraré en el Programa Argo y empezaré por dar las gracias al señor Oostlander por su excelente informe. Durante la tramitación en la comisión se aprobaron numerosas propuestas que fortalecieron aún más la dimensión comunitaria de este Programa.
No exageramos, señor Presidente, cuando reiteramos la importancia para la UE de contar con una perspectiva común en materia de asilo. Es necesario que los procedimientos administrativos funcionen de manera parecida en todos los países. Los que buscan asilo en Europa deben ser tratados con respeto, dignidad y humanidad. Esas personas no deben ser trasladadas de un país miembro a otro como si fuesen mercancías, tal como desgraciadamente ocurre actualmente.
Los últimos años demuestran claramente la necesidad de contar con programas y financiación comunes en materia de asilo. Tal como lo han expresado otros colegas, se necesita formación, intercambio de experiencias y desarrollo de prácticas comunes. Los países candidatos, que configurarán las nuevas fronteras exteriores de la Unión, son también importantes en este contexto.
Desgraciadamente, y considero que merece la pena destacarlo aquí, en los últimos años la política de refugiados y asilo de la UE se ha caracterizado por tendencias totalmente opuestas. Los países miembros han actuado frecuentemente de manera irreflexiva y sin metas a largo plazo, con enormes sufrimientos humanos como consecuencia. A veces cabe preguntarse si algunos países miembros compiten sobre cuál es el que más ignora los derechos humanos y el imperio de la ley.
Como señaló el señor Oostlander, el Grupo liberal ha presentado una enmienda para ampliar la definición de refugiado contemplada en la Convención de Ginebra. Esta Convención constituye ciertamente un pilar esencial en el que se asienta la política de refugio y asilo, pero conviene adaptarla a las nuevas realidades. Como señaló Robert Evans, las experiencias de estos últimos años así lo demuestran. Los refugiados deben poder huir de los atropellos en sus países de origen, lo que hace necesaria una definición más amplia. Por tanto, proponemos una definición más amplia y esperamos que el Parlamento acepte nuestra propuesta.

Schröder, Ilka (GUE/NGL)
Señor Presidente, Señorías, el programa ARGO debe garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE contra ilegales. Como ejemplo de fortificación fronteriza valga aquí el régimen alemán en la frontera polaca. Partes constitutivas de esta estrategia son unos policías bien entrenados, instalaciones de alta tecnología, una eficiente cooperación entre las distintas autoridades y - se que les parece divertido, pero les estoy diciendo mi opinión - una creciente participación de servicios privados de seguridad así como la aparición de denunciantes entre la población.
El programa ARGO debe garantizar que se establezca el mismo nivel de seguridad en las nuevas fronteras del este de la UE antes de que los controles en las nuevas fronteras interiores surgidas tras la adhesión puedan ser eliminadas conforme al Acuerdo de Schengen. No es ningún secreto que los apologetas de una política europea de represión ven ahí el núcleo de una policía europea de fronteras.
El objeto del programa de acción es el cierre efectivo contra la llegada a la UE de refugiados no deseados. Estos sólo pueden entrar, prácticamente, con la ayuda de mafias. Una mayor fortificación - y esto es lo que se pretende - hará que aumenten los precios de esta prestación de ayuda remunerada según mercado y la harán más peligrosa. Todas las posiciones en favor de los refugiados y en contra de las mafias son, en el mejor de los casos, hipócritas, y en el peor, una ayuda al mortal cierre de fronteras. Las modificaciones previstas del Acuerdo de Schengen son también objetivos del programa ARGO. Para fortalecer a la policía de fronteras se están aumentando las competencias policiales en el interior.
Cuando se trata como aquí de la cooperación de las autoridades represivas, el papel de las fronteras pasa, curiosamente, a un segundo plano. La modificación prevista del Acuerdo de Schengen no tiene prevista en principio otra cosa más que, en casos de observación transfronteriza, proporcionar más competencias a la policía extranjera. En el futuro no sólo los sospechosos serán observados, sino también sus amigas y amigos. La iniciativa persigue el objetivo del gobierno europeo de primar la aplicación de medidas represivas antes que garantizar los derechos y libertades de las personas. Con ello, el ponente von Boetticher y la Comisión están dando un nuevo ejemplo de locura al creer que la seguridad se alcanza aumentando las medidas represivas.
Ambas iniciativas contribuyen a la transformación del Estado nacional competitivo directamente en un Estado policial y autoritario. Por este camino avanzan un paso más en la creación de un panóptico europeo.

Borghezio (NI).
Señor Presidente, algunas observaciones sobre el informe Oostlander. También yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, pero no puedo dejar de hacer algunos comentarios sobre el derecho de asilo, un principio humanitario que toda persona civilizada ha de compartir, pero que se debe acotar con precisión si se quiere evitar el riesgo grave y objetivo de ver que se utiliza con el fin, ciertamente no compartible, de vehicular la entrada de ilegales en el territorio de la Unión Europa.
El texto que nos ocupa afirma que pretende evitar que los solicitantes de asilo se trasladen de uno a otro Estado de la Unión; sin embargo, abrigamos ciertas dudas de que este objetivo se pueda alcanzar con unas normas mínimas como las que figuran en la propuesta, también en consideración de la facultad conferida a los Estados de acordar mejores y más amplias facilidades a los solicitantes de asilo.
Con respecto al fondo, quisiera hacer hincapié en dos límites de la propuesta. En primer lugar, se prevén muchos recursos ante la autoridad judicial para la concesión o la denegación de subvenciones, viviendas, tratamientos, etcétera. Esto significa incluir una infinidad de individuos en la asistencia pública, con posiciones jurídicas exigibles al Estado asilante que, en muchos casos, no las reconoce siquiera a sus ciudadanos. En segundo lugar, el principio de libre circulación por el territorio del solicitante y de los familiares a su cargo conlleva una clara consecuencia: cuantas menos probabilidades tiene el solicitante de asilo de obtenerlo, más fácilmente tratará de que se pierda su rastro, con lo cual se pasará a engrosar el número de ilegales difícilmente localizables.
Aquí se trata de problemas serios y concretos. En efecto, muchas normas tratan la posición del solicitante como si fuese la de un sujeto a quien ya se le ha reconocido dicho status, por ejemplo, regulando el acceso a actividades de larga duración como la formación laboral.
En conclusión, son necesarias medidas como las que figuran en el texto para convertirla en una directiva que defienda concreta y eficazmente a las personas que pueden gozar del derecho de asilo y no en un obstáculo. Esto es lo que tememos, es decir, que se convierta en un obstáculo de cara a reprimir la inmigración ilegal, un fenómeno grave y preocupante.

Kaufmann (GUE/NGL)
Señor Presidente, la propuesta del programa ARGO se detiene muy poco en los puntos esenciales. Hay que felicitarse porque en la propuesta de un programa sucesor de ODYSSEUS, entre otras cosas, se doten recursos financieros para la formación de funcionarios, pero de qué sirve un programa de formación, de intercambio y de cooperación si las condiciones generales vigentes hasta ahora permanecen inalteradas.
No puede ser que los solicitantes de asilo continúen como hasta ahora siendo devueltos por las autoridades fronterizas respectivas a las fronteras exteriores de la UE. No puede ser que corran peligro de ser devueltos, mediante una cadena de devoluciones, a los países donde son perseguidos. Sus solicitudes de asilo deben ser examinadas por una autoridad independiente del Estado miembro respectivo, tal y como propuso la Comisión a propósito de una Directiva del Consejo relativa al establecimiento de normas mínimas para la acogida de solicitantes de asilo en los Estados miembros. Los solicitantes de asilo tienen que poder recorrer el camino legal contra las decisiones negativas tomadas por la administración respecto a su solicitud. Este es el Estado de derecho mínimo que debemos exigirnos.
No olvidemos que los funcionarios de fronteras pueden estar todo lo bien formados que se quiera, pero si se les confían tareas que les sobrepasan, como la decisión entre acoger o no solicitantes de asilo, toda su buena formación no les valdrá para nada.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la vigilancia transfronteriza es un procedimiento bien delimitado que permite a los agentes de policía de un Estado miembro que procedan a seguir los pasos de un sospechoso, que prosigan su trabajo, si es necesario, atravesando una frontera hacia un Estado miembro, después de haber presentado a este último una petición de ayuda mutua judicial.
El proyecto de decisión examinado hoy a propuesta de Bélgica, de España y de Francia, mejora este procedimiento ampliando considerablemente la lista de crímenes que pueden motivarla. La comisión competente del Parlamento Europeo propone, además, añadir a la misma el terrorismo, lo que parece acertado.
Sin embargo, el informe de nuestra Asamblea nos deja un poco perplejos. Por otras propuestas de enmienda que, por ejemplo, amplían el derecho de vigilancia a ciertos lugares privados o bien dan la posibilidad, en ciertos casos, de sobrepasar la simple vigilancia y proceder al arresto de los sospechosos, nuestra comisión competente parece dar la impresión de que quiere hacer de la vigilancia transfronteriza el inicio de un derecho de intervención multilateral en el marco de una Unión sin fronteras interiores. Una evolución de este tipo debe ser evidentemente rechazada, Señor Presidente, pues engendraría a la larga una confusión de responsabilidades que ocasionaría inconvenientes mayores a las ventajas esperadas.

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera dar las gracias a los dos ponentes, Sr. Oostlander y Sr. von Boetticher, por sus excelentes informes.
La primera propuesta que discutimos hoy es una propuesta para un programa de financiación que trate de promover la cooperación entre los servicios nacionales responsables de la aplicación de las reglas comunitarias en el ámbito de los artículos 62 y 63 del Tratado. Este programa ARGO completará las iniciativas legislativas lanzadas o que vayan a lanzarse sobre la base de los artículos 62 y 63 del Tratado. Estoy de acuerdo con la Sra. Kaufmann en reconocer que el programa debe verse en estrecha colaboración con el acervo legislativo, y espero que haya un acervo legislativo. Pero hay que reconocer también que en ámbitos como éste, la legislación europea y su transposición nacional no son suficientes para armonizar las practicas. Hay un aspecto muy importante: las prácticas que los servicios nacionales adopten cuando se trate de controlar las fronteras exteriores, de expedir visados o de resolver las peticiones de asilo y los casos de inmigración.
Como muchos de ustedes han subrayado, el programa ARGO va a suceder al programa Odysseus. Pero hay diferencias sustanciales que más vale determinar muy claramente. En primer lugar, ARGO es un programa de cooperación administrativa. Por ello se concentra muy especialmente en las administraciones nacionales y los servicios competentes para la aplicación del acervo comunitario basado en los artículos 62 y 63 del Tratado. Es falso pretender que se trate únicamente de programas de cooperación entre los cuerpos de policía, porque en el terreno del asilo y de la inmigración hay tareas muy importantes que recaen en servicios de la administración civil de los Estados miembros.
En el caso presente -y debo subrayarlo, porque quizás aquí hay un punto de desacuerdo con el Sr. Oostlander- los actores principales del programa son las administraciones nacionales. Efectivamente, cuando tengamos un acervo legislativo, la primera tarea de aplicación del acervo legislativo europeo corresponderá a las administraciones nacionales de los Estados miembros. Lo que este programa no excluye es que las administraciones nacionales que se benefician de la financiación ARGO puedan delegar tareas de ejecución de programas en organizaciones no gubernamentales que propongan proyectos y programas de aplicación teniendo en cuenta los objetivos del programa.
La base jurídica de ARGO establece no solamente objetivos generales, sino que fija también objetivos más precisos en cada uno de los ámbitos: fronteras exteriores, visados, asilo, emigración. ARGO contempla nuevas formas de acción tales como la determinación de las mejores prácticas, las técnicas de recogida, de análisis y de difusión de la información, las acciones en terceros países.
Llamo su atención sobre el hecho de que en materia de control de fronteras exteriores, el acervo de Schengen ha sido clasificado, dentro de la Unión Europea, entre los elementos importantes del primer pilar y también entre los elementos importantes del tercer pilar. Es ahí donde reside la dificultad en distinguir bien el aspecto comunitario del aspecto de la cooperación intergubernamental para centrarlos bien. De cualquier modo, tengo que dar las gracias al Sr. Oostlander por su apoyo a la propuesta de la Comisión y garantizarle que podemos adherirnos al espíritu de muchas de las enmiendas que se proponen, en particular las que tratan de reforzar el papel de la Comunidad y las que tratan de completar o de reforzar los objetivos de la cooperación administrativa. Nuestra prioridad es que el programa sea aprobado lo más rápidamente posible por el Consejo, con el fin de que la Comisión pueda dar a conocer, este año además, los procedimientos necesarios para la puesta en marcha del programa y aplicar como debe ser el presupuesto asignado para este año.
La segunda propuesta, que se refiere a la enmienda del artículo 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, enmienda propuesta por Bélgica, España y Francia, trata de dar a la policía de los Estados miembros, como el Sr. von Boetticher subraya, bajo ciertas condiciones, el derecho a continuar ejerciendo una discreta vigilancia de una persona sospechosa de estar implicada en un delito sujeto a proceso de extradición cuando esta persona atraviesa una frontera. Desearía subrayar la mejora, a mi modo de ver sensible y concreta, que una enmienda así representa para el trabajo de los servicios encargados de aplicar la ley.
Como ha señalado el ponente, la vigilancia transfronteriza es un instrumento de mantenimiento del orden y de la seguridad pública que, desde la supresión de las fronteras comunes entre los Estados miembros de Schengen, reviste una importancia muy especial. Quiero también subrayar que la modificación propuesta, aunque facilita las investigaciones, no cambiará el marco jurídico que se aplique a las mismas, puesto que las autoridades nacionales solo podrán actuar respetando su propia legislación nacional, tal como está previsto en el Convenio de Schengen. Lo lamento mucho, pero estamos muy lejos de un Estado totalitario.
En conclusión, las dos iniciativas y propuestas que están sobre la mesa y sobre las que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos ha realizado un importante trabajo, deberían permitir progresos muy concretos en sectores que, creo, son esenciales para el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que se construye progresivamente.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
El Presidente. -
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0081/2002) de Luís Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (COM(2001) 447 - C5-0403/2001 - 2001/0182(CNS)).
Marinho (PSE)
Señor Presidente, cuando alguien llama a la puerta de Europa huyendo de alguna violencia, de alguna guerra, de alguna guerra civil, es un refugiado conforme al Convenio de Ginebra y viene a pedir asilo en nombre de los derechos humanos fundamentales. No se le puede responder cándidamente que se ha equivocado de calle o de número de portal y que no es allí donde se trata esa cuestión, sino en otro lugar, en algún otro país, que alguien le dirá cuál, si insiste, si insiste y pregunta...
Para desterrar esas y otras situaciones que frecuentemente afrontamos en Europa, la Comisión ha elaborado oportunamente esta propuesta de reglamento, como una hoja de ruta del derecho de asilo, que explica, respecto de cada una de las situaciones y casos concretos, quién -y dónde- tiene la obligación de dar una respuesta, cuál es el país que debe analizar una solicitud de asilo y, a fin de cuentas, qué puerta se abre ante la angustia de un refugiado que sólo espera a alguien con quien poder hablar.
Por la naturaleza del problema se ve el alcance de la iniciativa. No vamos a resolver toda la cuestión del asilo, pero estamos dando un paso sin lugar a dudas. Como ponente, me enorgullezco de haber hecho todo lo posible para conseguir -y por eso tengo la conciencia tranquila- la aprobación de esta iniciativa y dar fuerza a la Comisión en la lucha que aún habrá de entablar con algunos -espero que no sean muchos- Estados miembros. Y, por eso, expreso mi agradecimiento a los miembros y a mis compañeros de la Comisión de Libertades Públicas y muy particular y sentidamente a la Sra. Eva Klampt, la ponente, sin cuyos esfuerzo y comprensión difícilmente habríamos tenido hoy condiciones para apostar por una aprobación de esta iniciativa de la Comisión. Muchas gracias, señora Eva Klampt.
Es que hemos vivido, señor Presidente, sin ley y en un mar de buenas intenciones. Normas va habiendo, las ratifica quien quiere, valen aquí y no allá, unas puertas se abren y otras se cierran y en esa zona pantanosa es en la que el poco derecho se mide con ningún derecho, surgen los expedientes, las trampas, las habilidades, la escapatoria respecto de las autoridades. Y así nacen los clandestinos, las redes, proliferan las mafias, el delito, naturalmente indisculpable para quien lo practica, pero sólo posible porque los Estados, personas de bien, nunca se han entendido a propósito de normas mínimas para responsabilizar objetivamente a uno de ellos por el análisis de una solicitud de asilo.
La propuesta de la Comisión es valerosa. Desde luego, garantiza que se analizará en realidad una solicitud, impide la confusión de solicitudes múltiples y la existencia de refugiados en órbita y somete esas normas a su vigilancia y al control del Tribunal de Justicia. Básicamente, se basa en el principio de que cada uno de los Estados miembros es responsable de la entrada irregular o permanencia en el territorio de un candidato al derecho de asilo y obliga a todos los Estados a perfeccionar sus mecanismos de lucha contra la emigración clandestina. Esa responsabilidad, a partir de hechos objetivos, sólo cede ante criterios suplementarios que tienen que ver con los valores de la reagrupación familiar. Así, los menores van incluidos en la solicitud de asilo del adulto y los no acompañados son encaminados, en la formulación que propongo, hacia el Estado en el que haya algún pariente que quiera o pueda tomarlos a su cargo. Del mismo modo se pueden resguardar los criterios de entrada o permanencia cuando haya que garantizar la unidad del grupo familiar, cuando uno de ellos haya solicitado ya asilo en determinado Estado miembro.
Por último, señor Presidente, , en virtud de la propuesta inicial y de las enmiendas viables y sea cual fuere el resultado de la votación sobre éstas, está sobre la mesa el concepto más amplio de familia posible: abarca el matrimonio y la unión de hecho, cuando cualquiera de los Estados miembros le conceda reconocimiento jurídico, con lo que se elimina en este caso la discriminación en función del sexo y se hace extensivo a los demás hijos y a otros parientes el parentesco protegido a los ascendientes y a los hijos menores, cuando se demuestre la cohabitación y la dependencia de éstos en el país de origen. Y también, por razones humanitarias vinculadas con la salud o de otra índole, el solicitante de asilo podrá, en la formulación aprobada en mi informe, reunirse con cualquier otro pariente, siempre que lo acepte el Estado al que lo solicite.
Señor Presidente, lo esencial es velar por que la solicitud de asilo y el refugiado que hay tras ella tenga una respuesta y la malla jurídica europea esté al servicio de los derechos de los candidatos y las obligaciones de los Estados e impida que la ausencia de una ley propicie un recrudecimiento del racismo y la xenofobia. Esta iniciativa nos garantiza estos tres objetivos y, por eso, me inclino a creer que será, naturalmente, aprobada.

Sbarbati (ELDR)
. (IT) Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al ponente y luego recordar que, a tenor de la verdad, a menudo los Estados miembros han descuidado un hecho muy simple y obvio: en la historia, independientemente de las circunstancias geográficas, ninguna barrera ha podido impedir jamás a un ser humano en busca de refugio encontrar la manera de cruzar la frontera o de saltar la barrera. Por lo tanto, me parece que este informe rinde justicia al problema y trata, sobre todo, de encontrar una solución bastante convincente, también desde el punto de vista de la superación positiva de la misma Convención de Dublín. Por lo tanto, se trata de un enfoque importante y de una mejora indiscutible del propio reglamento.
Con respecto a la situación de hecho, debo decir que este informe pretende encontrar un equilibrio entre dos exigencias contrapuestas: por un lado, se trata de prevenir que se abuse del procedimiento de asilo, y por otro, de permitir un acceso efectivo a los procedimientos de otorgamiento de la condición de refugiado a quien realmente la necesita. Al mismo tiempo, hay nuevos criterios y nuevas excepciones que aceptamos en términos positivos, especialmente con el fin de preservar la unidad de los grupos familiares en un único Estado miembro. Lo mismo vale también por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado miembro que no emprende una acción eficaz contra la presencia irregular de nacionales de terceros países en su territorio que se equipara a la del Estado miembro que no realiza controles adecuados.
En consecuencia, consideramos que el Consejo tiene que poner en marcha un procedimiento de asilo justo y eficaz, un método claro y práctico en el que se puedan incluir estas nuevas disposiciones que conciernen a mecanismos para la determinación del Estado miembro competente para el examen de la solicitud de asilo.
En conclusión, nos felicitamos del contenido del artículo 27 del Reglamento en el que, señor Presidente, se prohibe toda discriminación basada en el sexo, la raza, el color de la piel e incluso en la edad, un criterio que consideramos fundamentalmente progresista y que nos convence plenamente.

Klamt (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar a la Comisión por su propuesta tan pragmática y equilibrada y al Sr. Marinho por su informe y su buena disposición para el trabajo constructivo. La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos ha aprobado mayoritariamente el informe fortaleciendo con ello el punto de vista del ponente. La propuesta de la Comisión representa un progreso tangible respecto del Acuerdo de Berlín y constituye un paso importante de cara a la construcción de un sistema común europeo de asilo.
Las principales novedades son:
Primero: la acentuación de la responsabilidad de los Estados miembros cuando autoricen la residencia en su territorio a personas que han entrado ilegalmente.
Segundo: la adaptación de los plazos procedimentales a los del reconocimiento o desposeimiento del estatuto de exiliado para que pueda garantizarse un rápido procesamiento de las solicitudes de asilo.
Tercero: la introducción de normas dirigidas a garantizar la unidad familiar del solicitante de asilo.
Los procedimientos para la determinación del Estado miembro competente deben tener en cuenta un reparto justo de las cargas. Por ello, la solicitud de asilo en un Estado miembro determinado no debe sancionar hechos ya consumados, es decir, no debe ser un criterio de competencia. Este principio es considerado en las medidas previstas para la simplificación procedimental con aceleración simultánea del procedimiento bajo cumplimiento del principio de responsabilidad así como en la planeada simplificación del procedimiento de prueba en la determinación del Estado miembro competente. 
Gracias al compromiso con el ponente pudimos aprobar en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos un informe que excluye enmiendas inaceptables e impracticables. Se abre así la posibilidad para que la Comisión, el Parlamento y el Consejo encuentren una solución inteligente que regule las competencias de los Estados miembros en materia de asilos. Las enmiendas rechazadas, que preveían la ampliación del concepto de familia y la eliminación de partes importantes del Reglamento, han sido incorporadas de nuevo. El Grupo del Partido Popular rechaza estas enmiendas. Especialmente la referente a la extensión indiferenciada del concepto de familia a familiares con derecho a manutención exteriores al núcleo familiar. 
Igualmente, en la votación de mañana rechazaremos la eliminación de partes esenciales del Reglamento. Repito: la propuesta de la Comisión es realista y equilibrada. Ofrece una serie de mejoras respecto del Acuerdo de Dublín. No hay ninguna razón para intentar modificar este proyecto en una dirección que no favorece ni a los solicitantes de asilo ni a los Estados miembros. Celebro la buena cooperación que ha habido.

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente por el contenido de su informe y por la manera en la que ha trabajado y cómo ha establecido un diálogo con los otros grupos de la Cámara que creo que ha sido positivo, y quiero felicitar también a la Comisión por su propuesta inicial.
Creo que se debe recordar hoy aquí que estamos diciendo a los refugiados que sólo un país de la Unión Europea va a considerar su demanda de asilo. Eso equivale a decir que catorce de los quince países europeos ya no van a figurar en la relativamente corta lista de países democráticos y prósperos donde un ciudadano perseguido puede legítimamente pedir asilo.
Creo que esto nos plantea a los países de la UE y a la propia Unión la seria responsabilidad de ofrecer, a cambio, unas firmes garantías de seguridad a estas personas en varios sentidos, que deben concretarse en el respeto a su persona y a su familia, en la adopción de una decisión rápida que sea favorable para las personas que solicitan el asilo, en la prohibición de toda discriminación y en el acceso garantizado de dichas personas a la justicia, a fin de recurrir tal decisión al Estado responsable para que se vuelva a examinar su caso.
También entiendo que esta propuesta es un paso necesario, que requiere de otros para tener pleno sentido. Yo creo que podemos afirmar que esta Cámara mañana debe apoyar esta propuesta para que se pueda avanzar en la dirección señala anteriormente. Estamos viendo cómo el Consejo Europeo tiene problemas para avanzar en la composición de esta política armónica y europea de asilo y cómo le cuesta dar estos pasos y creo que sería muy importante que mañana esta Cámara diese un apoyo fuerte a la propuesta en el sentido que he indicado para, entre todos, incitar al Consejo a que asuma la responsabilidad que contrajo en Tampere.
Por eso, tal como ha dicho el ponente, mi Grupo y yo vamos a pedir que se apruebe este informe con las enmiendas que han pasado ya por comisión y con pocas de las que se presentarán en el Pleno.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, la semana pasada visité Bosnia y Herzegovina y la Republica Serbska. Colegas, hace sólo diez años que tuvo lugar una atroz matanza de personas inocentes en una Europa que hemos asegurado que nunca más verá fosas comunes con cadáveres ultrajados. No ha sido así. Actualmente se encuentran fosas comunes y se identifican restos de cadáveres. Pude ver los restos de 500 personas alineados en un local industrial
Señor Presidente, nunca antes han sido tan evidentes las carencias de la UE. Cuando empezaron las primeras olas de refugiados, la UE procedió lentamente, incapaz de actuar. No había una estrategia común. Por eso, tanto el informe Marinho como la propuesta de la Comisión son extraordinariamente importantes. Quiero felicitar al ponente por este excelente trabajo y por la prudencia que ha demostrado.
El Grupo liberal acepta el principio esencial de la propuesta sobre cómo se debe examinar una solicitud de asilo, cómo hay que actuar y qué excepciones pueden existir. Sin embargo, queremos que estas normas sean más presumibles y que se dé más relevancia a los deseos de los individuos. Algunas propuestas fueron aceptadas con especial agrado en la comisión.
Permítanme referirme a algunos puntos importantes. Hay que dar más relevancia a los deseos individuales sobre el país de asilo. ¡Estamos actuando con personas! Las normas que determinan el país de asilo deben ser lógicas y justas. Cualquier persona que tenga lazos estrechos con los menores que solicitan refugio, aunque no sea un pariente, debe poder obtener su tutela, si es lo que más favorece al menor. Este tipo de factores debe ser decisivo a la hora de determinar el país obligado a otorgar asilo. Las solicitudes de los refugiados que tengan un pariente en un país miembro deberían tramitarse en ese país.
Los recursos de apelación respecto a qué países corresponde conocer las solicitudes de asilo deberían tener un efecto suspensivo, es decir, que debería estar prohibido trasladar a los recurrentes a otros países mientras la apelación esté pendiente. Los datos personales de los solicitantes de asilo sólo deberían entregarse a los países miembros que los acojan y no a todos, como propone la Comisión.
Permítanme destacar especialmente la enmienda 12, a la que aludió también la Sra. Klamt. Pensamos que un conviviente, independientemente de su sexo, debe ser considerado miembro de la familia en los países miembros donde se da un tratamiento igualitario a las parejas casadas y a las de hecho. La Comisión no es clara en esta materia. Confío en que mañana el Parlamento respaldará esta propuesta.
Para finalizar quisiera formular una pregunta al Comisario Vitorino. A mi juicio, la propuesta que usted ha presentado imposibilitaría las humillaciones que tienen lugar en Sangatte, en el túnel bajo el canal, donde se corretea con las personas y las responsabilidades de un país a otro. ¿Qué hace usted para impedir hechos como los de Sangatte? ¿Qué hace usted para que, junto con Londres y París, se aplique esta propuesta desde ahora?

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, parte de la respuesta a esa última pregunta sería que si hubiera un método legal para entrar en el Reino Unido para demandar asilo, muchos de los problemas se resolverían en Sangatte. Al tratar el informe Marinho que tenemos ante nosotros, en cualquier caso, nuestro Grupo ha criticado durante largo tiempo, y por diversas razones, la Convención de Dublín, y no sólo porque confunda los controles de inmigración con las demandas de asilo, y ambas cosas no son necesariamente lo mismo.
Somos conscientes de que la gente elige un determinado Estado miembro como país de destino por una larga lista de razones. Puede que se trate de un país del que han oído hablar. Puede ser que tengan lazos familiares en el mismo. Es posible que en esa zona haya una apreciable comunidad de personas de su propia región. El país puede que tenga la reputación de tratar justamente a los demandantes de asilo en lugar de tratarlos como criminales potenciales y confinarlos en áreas restringidas. Puede que ofrezca oportunidades laborales. Quizá se deba a anteriores lazos coloniales. Existen razones de todo tipo.
Existen numerosas investigaciones que demuestran que los demandantes de asilo se instalan mejor, tienen un mejor estado emocional, aprenden el idioma del país de residencia más rápidamente - especialmente los niños - si se dan algunas de las condiciones anteriores. Pero sabemos que los demandantes de asilo, por lo general, desean aportar algo a las sociedades que les admiten y no quieren sentirse indeseados y menos condenados a vivir de la caridad y de la tolerancia. Por tanto, la motivación personal es extremadamente importante para el éxito de la política de asilo.
Para nosotros, Dublín parecía basarse en la premisa de que el primer país 'seguro? era suficientemente bueno. También se basaba en la premisa de que el gobierno tenía entonces la obligación de encargarse de esos demandantes de asilo y acogerles efectivamente. Nos consta que ha habido toda clase de problemas, tanto administrativos como en términos de derechos humanos, a resultas de la Convención de Dublín.
La nueva propuesta al menos reconoce la importancia de la familia, incluso si los criterios de definición de 'familia? no van suficientemente lejos; mi Grupo ha presentado enmiendas porque no creemos que la familia nuclear sea el único modelo viable. En cualquier caso, las propuestas siguen basándose en que un Estado miembro debe de alguna forma responder ante el resto de Estados miembros de sus fallos en el control de las entradas y de las fronteras. No es ninguna sorpresa que los países con mucho litoral o fronteras terrestres cercanas a los países de origen sean los mayores puntos de entrada y, por tanto, es de esperar que soporten la mayor parte de la responsabilidad respecto de los demandantes de asilo, aliviados probablemente con el fondo para los refugiados.
Mi Grupo no está de acuerdo con este enfoque, que constituye la razón por la cual hemos presentado unas enmiendas diseñadas para desvincular los controles de inmigración del tratamiento de las demandas de asilo. Si realmente estamos cumpliendo la tarea de la que ha hablado la Sra. Terrón i Cusí y estamos creando una política común de asilo de alto nivel, efectiva y justa - lo que a veces pongo en duda - entonces los factores positivos que determinan el país donde se presenta la demanda de asilo no pueden ejercer más que un efecto positivo adicional. Si no estamos creando esto, entonces la gente debería tener el derecho de elegir dónde desea buscar asilo.
Pirker (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, celebro las propuestas de la Comisión y doy mi apoyo al ponente y al informe tal como ha sido votado en la Comisión. Sin embargo, creo que las enmiendas presentadas por los Verdes y otros Grupos son contraproductivas e inaceptables. Si se aceptan van a conducir a un rechazo total del informe, por lo que espero que se apoye el informe original y las propuestas de la Comisión.
Les voy a decir por qué respecto de algunos puntos. Los Verdes quieren ampliar lo más posible el concepto de familia, mucho más allá de la familia nuclear hasta incluir de facto a todos los familiares y amigos. Con ello sólo fomentarán la emigración. Sin embargo, aquí estamos tratando el tema de la ayuda a los refugiados.
Quieren introducir también la posibilidad de elección para los solicitantes de asilo respecto del Estado miembro en el que deba desarrollarse el procedimiento. Esto vulnera el principio del país de contacto y el del reparto de cargas, que queremos alcanzar indirectamente, y, como consecuencia, recrudecerían la situación en aquellos países que ya están luchando con grandes problemas por la integración. También quieren eliminar instrumentos que la Comisión y el ponente han previsto para combatir irregularidades en casos de documentos no válidos o falsificados, visados caducados o similares. Ustedes aceptarían no sólo estas irregularidades, sino que incluso las fomentarían así como el incumplimiento de normas existentes. No podríamos aceptarlo de ninguna de las maneras.
Si ustedes van a utilizar todos los medios legales para introducir demoras, estarán impidiendo la introducción de medidas seguras y rápidas y de soluciones adecuadas. Les digo ahora definitivamente lo que ya les dije en la Comisión: que el Grupo del PPE apoya las propuestas de la Comisión y del ponente. Pero si sus enmiendas o siquiera una de ellas recibe apoyo mayoritario, entonces rechazaremos totalmente el informe
Ceyhun (PSE)
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar al ponente por su trabajo porque se ha preocupado enormemente por la optimización de la política de asilo de la Unión. Su propósito ha marcado claramente la dirección hacia la creación de un espacio de libertad, de seguridad y de derecho. Se ha tomado muy en serio la tarea fijada en el Tratado de Amsterdam. Esto es muy deseable para todos.
Me parece correcto que se hable detalladamente sobre la responsabilidad de los Estados miembros respecto de la acogida y de la competencia en caso de solicitud de asilo. No sólo es provechoso para los ciudadanos de la Unión, sino también para los refugiados, pues saben exactamente a qué atenerse. A causa de la recrudecida amenaza del terror y el aumento generalizado de desplazamientos de refugiados en todo el mundo, debemos proporcionar de una vez claridad a las personas acerca de sus posibilidades de quedarse en la Unión Europea. Por ello es correcto reflexionar con todo detalle el aspecto de este proyecto de Reglamento relativo a la definición de la extensión familiar y dejarlo bien claro.
Es correcto e importante fomentar también la unidad familiar. Ambos principios responden a una política coherente de asilo. Queremos que cada Estado tenga el derecho de proceder según su legislación nacional. Naturalmente, esto no impedirá a nadie que aprenda de la experiencia de otros Estados miembros. Queremos garantizar conjuntamente el asilo y evitar los abusos. Pero para ello no todo debe ser idéntico en cada Estado, sino que se debe aprender unos de otros a proteger a los exiliados y a impedir los abusos.
Otra razón por la que discutimos ahora la regulación de la responsabilidad de los respectivos Estados miembros es que en un plazo breve de tiempo acogeremos a nuevos Estados en la Unión. Una cosa está clara: la Unión debe, antes de la incorporación de nuevos Estados, tener desarrollada todo lo posible su política interna, su política de asilo y su política de emigración. No podemos confrontar a los nuevos Estados con una política de asilo inmadura. El proceso de adhesión ya será para ellos suficientemente difícil. La reglamentación a escala UE de la responsabilidad precisa de los Estados miembros en materia de refugiados hay que efectuarla ahora, esto es, antes de que se incorporen los nuevos Estados.
El proyecto de una Unión Europea ampliada y de un espacio de derecho común será aún más seguro y fructífero merced a nuestro trabajo en este informe si conseguimos que todos los Estados miembros se acojan a una misma regulación. La propuesta de un Reglamento del Consejo nos da la oportunidad de evaluar la experiencia del Acuerdo de Dublín y de incluirla en una nueva legislación. Espero que lo logremos.
Ludford (ELDR).
Señor Presidente, es necesario, ciertamente, mejorar el funcionamiento de la Convención de Dublín y proceder a su transposición al derecho de la Comunidad Europea, con la supervisión del Tribunal Europeo y el Parlamento. Debemos atajar el problema de los refugiados 'en órbita?. Los demandantes de asilo no son paquetes que se puedan llevar de un lado a otro: se trata de seres humanos que quizá estén o no legitimados a recibir protección humanitaria aunque, en cualquier caso, deben ser tratados con respeto y dignidad. La mayoría de ellos estarán exhaustos, muchos desorientados, temerosos o débiles.
Es necesario repetir una y otra vez que las principales responsabilidades de los Estados miembros consisten en gestionar las demandas de asilo expeditamente, integrar rápidamente a los que sean aceptados y excluir a los que no lo sean. Esto no implica recortar los presupuestos ya que los casos en los que se decide torpe o injustamente propician el riesgo de llevar más tiempo a causa de las apelaciones. Por otra parte, esto no pretende poner en tela de juicio el derecho de los demandantes a apelar. Una de las enmiendas de mi Grupo concedería a las apelaciones un efecto suspensivo. Si no fuera así, y el demandante es transferido, no podrán estar en contacto con el procedimiento ni con sus abogados, lo cual es injusto.
Mi Grupo también tiene por objetivo reforzar las disposiciones relativas al agrupamiento familiar. Una de nuestras enmiendas otorgaría mayores derechos de agrupamiento a las parejas no matrimoniales, incluidas las del mismo sexo. También nos adherimos a la enmienda del Grupo de Los Verdes, a pesar de que me temo tiene menos posibilidades que la nuestra. Es necesario que se hagan progresos haciendo converger el desarrollo del derecho de familia a escala nacional y las normas de la UE sobre inmigración y libertad de circulación, reconociendo a las parejas no matrimoniales como familia, especialmente aunque no exclusivamente, a aquellas que estén registradas. Confío en que el Grupo Socialista respalde esta muy razonable postura del Grupo ELDR. 
Comprendo los motivos de aquellos que desean que la decisión del demandante sea el elemento determinante en la cuestión de dónde se debe procesar una demanda de asilo, en lugar de serlo el país responsable de la entrada. Sin embargo, lamentablemente, ello no será viable hasta que exista un sistema de asilo e inmigración común, plenamente operativo, en el que no existan distorsiones artificiales que influyan en esa decisión.
También confunde el asilo con la inmigración. El sistema de asilo se fundamenta en la necesidad urgente de protección. Si quedara determinado únicamente por la elección del destino corremos el riesgo de socavar, en última instancia, su integridad.
Esta nueva propuesta contiene una cláusula que obligaría a un Estado miembro a asumir responsabilidades en el caso de que hubiera tolerado conscientemente la presencia ilegal de personas en su territorio durante más de dos meses. Esto incluiría al Centro de Sangatte cerca de Calais. Insto al Gobierno francés a que reconozca la lógica y la urgencia de esto, aunque tengo entendido que están ofreciendo resistencia en el Consejo. Vamos a tener que enfrentarnos, más pronto que tarde, con la necesidad de tener una ruta de inmigración así como una ruta de asilo hacia la UE, y acabar con los traficantes. Pero no se puede permitir que la situación de Sangatte comience a supurar. El Centro no puede ser cerrado: eso sería inhumano y solo dilataría el problema. Pero es algo distorsionante y peligroso y el Reino Unido debe reconocer que también es problema suyo. Debe darse una solución bilateral, urgentemente necesaria, sustentada por la nueva Dublín II aunque alcanzada a través de un acuerdo bilateral pragmático.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, debemos recordar que ésta es una propuesta de directiva que establece única y exclusivamente unos criterios mínimos de aplicación, es decir, que su mayor virtud es la gran discrecionalidad que otorga a los Estados miembros a la hora de aplicar una parte de las normas nacionales y una parte de las normas comunes. De cualquier forma, podemos decir que esta directiva es algo así como la solución que exige el problema. En efecto, en muchos Estados, empezando por Italia, este tipo de acciones se practica desde hace mucho tiempo ante la que es una auténtica emergencia de la inmigración.
A este propósito, me parece que una vez más en este debate no todos tenemos muy clara la diferencia entre los tres tipos de peticiones de asilo, y por lo tanto, entre las personas que las presentan, ya que existen refugiados políticos, refugiados por motivos de emergencia contingente e inmigrantes en busca de trabajo. Está claro que se trata de tres especificidades muy diferentes, y por lo tanto, también son muy diferentes las soluciones que podrán regular estas cualidades.
En esta directiva se habla también de ARGO y de ODYSSEUS: dos programas, padre e hijo, con una única finalidad, unos programas que saben combinar, por fortuna de manera muy acertada, legalidad y rigor.
A lo largo del debate he escuchado alguna preocupación que yo tildaría de excesiva. Alguien ha dicho incluso que se podría ir hacia un Estado policial. Francamente, yo diría que éste no es el caso, puesto que antes de ahora no he escuchado aflorar ningún temor de este tipo en el debate. Sin embargo, hay que decir que si rigor supone, no un Estado policial, sino ante todo una garantía de regularidad en los expedientes de concesión de asilo; si rigor significa sobre todo distinguir los inmigrantes irregulares de los inmigrantes ilegales y de las personas con antecedentes penales y establecer una diferencia entre los inmigrantes honrados y los correos de la droga y los traficantes de esclavos, entonces, bienvenido sea, a estas alturas, un rigor, un rigor bien ponderado, puesto que las personas de bien no tienen nada que temer de este rigor y, gracias al mismo, los solicitantes de asilo sólo conseguirán hospitalidad, comprensión y ayuda.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión del asilo ha ocupado un lugar destacado en el programa político de la Unión Europea y sus Estados miembros, sobre todo después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que atribuyó nuevas competencias a la Comunidad, con lo que brindó nuevas posibilidades de acción a escala europea. La propuesta que hoy estamos debatiendo aquí se inserta en la dinámica de establecimiento de un sistema europeo común de asilo basado en la aplicación integral y exhaustiva del Convenio de Ginebra, que pretende crear un método claro, pero simple y operativo, para determinar el Estado competente con vistas al análisis de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un ciudadano de un tercer país en el marco de un procedimiento de asilo que pretende ser equitativo y eficaz.
La propuesta establece disposiciones innovadoras que pretenden concluir el proceso que resultó muy lento mediante la fijación de plazos de procedimientos más cortos, así como aumentar su eficacia facilitando la cooperación entre los Estados miembros, con lo que se pretende crear un sistema que sea justo y humano para los solicitantes de asilo, cosa que reviste la mayor importancia no sólo para los solicitantes de asilo, sino también para los propios Estados miembros, al crearse una reglamentación uniforme, directamente aplicable en toda la Unión Europea y garantizarse que toda solicitud de asilo sea, de hecho, objeto de análisis, con lo que se evita simultáneamente que haya presentación de solicitudes múltiples en varios Estados.
Acojo con satisfacción las gestiones del ponente, Luis Marinho, y la Sra. Eva Klamt, que han procurado viabilizar un texto equilibrado y ajustado al objetivo perseguido. Ahora urge que todos colaboremos para evitar la aprobación de enmiendas incoherentes que pueden volver inviable el equilibrio del texto logrado en la Comisión de Libertades Públicas.

Hedkvist Petersen (PSE).
Señor Presidente, es muy fácil sentirse impotente frente a la situación de los refugiados en Europa. Resulta fácil sentir impotencia frente al hecho de que tanta gente necesita protección y frente a la incapacidad para integrar a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes en nuestros Estados miembros.
Porque esta materia es extraordinariamente importante quisiera empezar dando las gracias a mi colega, el Sr. Marinho, por este informe. Obviamente quiero dar las gracias también a la Comisión por esta propuesta. Quisiera subrayar que el Sr. Marinho señaló la importancia de que los Estados miembros se preocupen con seriedad de esta materia y pasen de las palabras a los hechos.
La propuesta sobre responsabilidad por los solicitantes de asilo es un pequeño pero muy importante paso para instaurar una política común de asilo en la UE. A pesar del Tratado de Schengen y de la eliminación de las fronteras en esta región, los Estados miembros acogen a los refugiados de maneras muy diferentes, así como distintas son las posibilidades de los refugiados para obtener permisos de residencia. Los refugiados son los principales interesados en la existencia de una acogida solidaria y en que sus solicitudes de asilo reciban una tramitación indulgente. Por eso es satisfactorio que la UE vaya más lejos que lo contemplado en la Convención de Dublín. Los plazos de tramitación más cortos contribuirán a disminuir los largos periodos de espera que conllevan inseguridad para los refugiados.
Particularmente interesante es la propuesta para fortalecer los derechos de los menores en relación con su familia. Los menores que son abandonados para huir de las guerras y de la opresión deben recibir toda la ayuda que seamos capaces de ofrecer. Una importante contribución en este sentido es la ampliación del concepto de familia que votaremos en el Parlamento.
Finalmente, quisiera destacar la importancia de que respetemos las formas cómo las personas eligen sus relaciones familiares, de modo que intentemos equiparar las relaciones conyugales con las de hecho.

Matikainen-Kallström (PPE-DE).
Señor Presidente, es importante poner al día la excelente Convención de Dublín, base de esta propuesta de reglamento, con el fin de hacerla compatible con el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, puede existir el peligro de que no consigamos progresar, sino más bien desbaratar. Tiene que haber unas reglas del juego claras sobre cuál es el Estado miembro responsable en todas y cada una de las solicitudes de asilo. En cuanto a la tramitación de las solicitudes, es importante que los plazos sean lo más cortos posible. Cuanto más eficaz sea el sistema europeo, tanto mejor para todas las partes interesadas. No es justo que los verdaderos solicitantes de asilo se vean abocados a esperar ociosamente la tramitación de su petición durante largos períodos de tiempo sólo a causa de la burocracia. Los Estados miembros deben ser capaces de agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo y de las demandas de refugio. Un mes es el período máximo de espera humanamente aceptable.
La patria potestad sobre los menores no es una cuestión unívoca cuando los padres biológicos no están en condiciones de ejercer la custodia. Tampoco es necesariamente bueno para los niños que cualquier familiar que lo solicite voluntariamente pueda hacerse cargo de su custodia. Esto también puede ser usado subrepticiamente para entrar en el país, con lo cual se ven amenazados los intereses de los solicitantes realmente merecedores de asilo. El concepto de patria potestad debe ser definido con precisión. Existen concepciones muy diferentes de la familia en el norte y en el sur. ¿Qué es la familia natural? ¿Está formada por los padres y los hijos, o por todos los familiares hasta los primos segundos? La tramitación de la propuesta de directiva relativa a la reagrupación familiar está aún en curso, de modo que sería insensato definir por separado en cada directiva qué es la familia. La Directiva relativa a la reagrupación familiar debe entrar en vigor con urgencia.

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, la propuesta de reglamento que trata de remplazar la Convención de Dublín por un instrumento de Derecho comunitario, se inscribe, como dispone el artículo 63 del Tratado, en el paquete de medidas que se solicitó en Tampere y que comprende, además de este reglamento, tres propuestas de directiva relativas respectivamente a las normas mínimas comunes sobre los procedimientos de asilo, a las normas mínimas comunes sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y a los criterios de admisión al beneficio del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria y al contenido de estos estatutos. Su elaboración viene precedida de una amplia consulta, sobre la base de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, con los Estados miembros, con el Alto Comisariado para los refugiados de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales. Gracias al excelente trabajo del ponente, Sr. Marinho, al que felicito, el Parlamento Europeo va a aportar también su contribución a este informe.
Es verdad que si trabajáramos dentro de un sistema único de asilo, en el que todos los elementos estuvieran armonizados, la solución más práctica sería quizás reconocer la responsabilidad del Estado en el que se presenta la solicitud. Pero esto no es así. Estamos trabajando en un marco en el que la armonización se refiere a normas mínimas comunes. Estamos obligados a reconocer que en el momento actual, al ser muy limitada la armonización, la solución más pragmática y más eficaz es reconocer que el Estado responsable de la entrada de refugiados al territorio de la Unión Europea debe ser el que se pronuncie sobre la solicitud de asilo, con un espíritu de solidaridad y de leal cooperación. En consecuencia, la propuesta de la Comisión se basa en el mismo principio que la Convención de Dublín. El estudio de la solicitud de asilo incumbe al Estado miembro que más haya tenido que ver en la entrada o en la estancia del solicitante de asilo en la Unión Europea, con excepciones muy precisas para proteger la unidad de los grupos familiares.
No obstante, hay que reconocer que la Convención de Dublín no ha producido los efectos esperados. Hay que sacar enseñanzas del pasado. Por ello, hemos propuesto varias innovaciones: nuevas disposiciones, haciendo hincapié en la responsabilidad que adquiere un Estado miembro frente a los demás dejando que perduren situaciones de estancia clandestina en su territorio; plazos de los procedimientos mucho más breves con el fin de conseguir el objetivo de una tramitación rápida de las solicitudes de asilo, en beneficio de los verdaderos solicitantes de asilo, y de evitar dejar demasiado tiempo a los solicitantes con la incertidumbre sobre el resultado de su solicitud de asilo; plazos ampliados para proceder al traslado de las personas afectadas al país responsable con el fin de tener en cuenta las dificultades prácticas de ejecución; y disposiciones nuevas que tratan de preservar la unidad familiar de los solicitantes de asilo en la medida en que esto sea compatible con el objetivo de una tramitación rápida de las solicitudes de asilo.
La respuesta a la pregunta del Sr. Olle Schmidt es la siguiente: en primer lugar, la existencia de reglas claras sobre la responsabilidad del Estado miembro, en segundo lugar, unas observaciones, añadidas en nuestra propuesta, sobre el nivel de las pruebas requeridas para la determinación de los Estados responsables, y, por último, unas reglas sobre la responsabilidad subsidiaria del Estado que dé muestras de laxismo.
La Comisión es consciente de que ningún sistema para determinar la responsabilidad en materia de asilo puede pretender ser perfecto. Como bien lo ha señalado la Sra. Sarbati en su informe para la Comisión de Peticiones, hemos tratado de buscar un equilibrio, bastante difícil, lo reconozco, entre, de una parte, el legítimo interés de los Estados miembros por luchar contra el fenómeno del asylum shopping y de las múltiples solicitudes presentadas por un mismo individuo para permanecer el mayor tiempo en el territorio de la Unión Europea y, de otra parte, el interés de los solicitantes por ver que su demanda se estudia dentro de unos plazos razonables y por no estar permanentemente separados de los miembros de su familia, cuando ningún motivo razonable se opone a que su solicitud sea examinada en el mismo Estado miembro.
La Comisión puede aceptar las enmiendas que el ponente ha propuesto y que, en nuestra opinión, mejoran el texto y hacen más efectivas las intenciones que han animado a la Comisión al redactar este texto. No será una sorpresa, estoy seguro de ello, si la Comisión no está a favor de las enmiendas inspiradas en otra lógica que, por muy respetables que sean, desvirtúan la propuesta y contradicen la elección claramente manifestada por la Comisión de disponer de un texto pragmático, razonable y efectivo, en el plazo más breve posible.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
Muchas gracias, señor Di Lello Finuoli. Tomamos nota de su observación.

