«Legislar mejor 2006» (breve presentación) 
Presidente
El siguiente punto es una breve presentación del informe elaborado por Manuel Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre "Legislar mejor 2006" de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Manuel Medina Ortega
Señor Presidente, presento un informe de iniciativa sobre "Legislar mejor 2006", de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
El informe es un informe un poco amplio, pero yo querría centrarme en dos o tres aspectos. El primer aspecto es la importancia del proceso legislativo en el ámbito de la Unión Europea. Hay una tendencia, diríamos, de deslizamiento, de adopción de lo que se llama el Derecho indicativo o soft law, en virtud de la cual ciertas comunicaciones o informes o escritos se vienen a considerar como si fueran normas de carácter jurídico obligatorio. La preocupación de mi informe es que se distinga netamente lo que son simples indicaciones de instituciones administrativas de lo que es el proceso legislativo.
El proceso legislativo, a través de reglamentos y directivas, está en este momento perfectamente previsto en los Tratados de la Unión Europea, a través de una iniciativa de la Comisión que requiere la aprobación, o bien del Consejo solo, o bien del Consejo en proceso colegislativo con el Parlamento.
En este aspecto, yo creo que es importante insistir en la importancia de ese carácter legislativo, porque el carácter legislativo supone la incorporación del interés general a través de la concentración de las peticiones en los órganos que tienen la facultad legislativa.
Hay un peligro y otra desviación que va en el sentido de que ciertas entidades o ciertos sectores se puedan autorregular a sí mismos. Bueno, esto cabe, por ejemplo, para ciertas asociaciones, colegios profesionales, entidades de carácter corporativo, etc., pero de ahí a pretender que un sector determinado se autorregule a sí mismo, me parece que es un gravísimo error y lo hemos visto recientemente como consecuencia de las medidas de desreglamentación en los Estados Unidos, que han llevado a que el sector financiero se autorreglamentara a sí mismo, con gravísimas consecuencias para toda la economía mundial. Es decir, la reglamentación no se puede dejar en manos de aquellas personas que están sometidas a la reglamentación. La autorreglamentación es una contradicción de principio, solamente cabe en la medida en la que órganos de carácter interno se regulen a sí mismos, pero no cabe pensar que un sector determinado se pueda regir por un sistema de autorreglamentación, y lo mismo cabe decir con respecto a la correglamentación.
Desde el punto de vista del Parlamento Europeo, lo importante es que se establezcan procedimientos legislativos claros, es decir, que las propuestas de la Comisión sean discutidas en el Parlamento y en el Consejo y que se aprueben resoluciones de carácter legislativo.
Una segunda parte de esto es la complejidad que está adquiriendo el Derecho de la Unión Europea y la dificultad para el ciudadano ordinario, incluyendo a los especialistas en Derecho de la Unión Europea, para comprender lo que realmente está pasando. Es necesario simplificar el conocimiento del Derecho de la Unión Europea, y la única forma de simplificarlo es a través de la codificación, refundación o algo parecido; es decir, no podemos continuar elaborando normas jurídicas a medida que hacen falta y luego olvidarnos de que las hemos ido adoptando.
Es cierto que en los últimos años se ha producido una mejora en este aspecto, en cuanto que, trabajando conjuntamente Parlamento, Comisión y Consejo, se han modificado, por ejemplo, los procedimientos de comitología, pero idealmente tendríamos que tener, en la era de la informática, un procedimiento de codificación automática, es decir, que toda nueva norma jurídica que se apruebe obtenga inmediatamente un reconocimiento, una consolidación a través de procedimientos de codificación.
El informe insiste en la codificación periódica; yo diría que debería ser prácticamente automática, de modo que en cuanto adoptásemos normas jurídicas, esas normas jurídicas se incorporarían al corpus jurídico de la Unión Europea y constituirían el nuevo código de la Unión Europea. Es decir, no estoy proponiendo una especie de código de Napoleón con respecto al Derecho de la Unión Europea, pero sí una codificación permanente, que creo que no resultará difícil, como he dicho antes, en la era de la informática.
Joe Borg
Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, una mejor regulación no supone un final en sí mismo. Se trata de beneficiar a los ciudadanos y a las empresas mediante la simplificación y mejora del marco regulador europeo.
Por tanto, la Comisión acoge con satisfacción el informe que ha elaborado el señor Medina sobre legislar mejor. Mantiene el enfoque en una agenda de regulación mejorada en consonancia con iniciativas anteriores similares que el Parlamento adoptó el año pasado. También he percibido muchas observaciones delicadas que ha hecho el señor Medina Ortega.
Ahora quisiera recordar los pasos importantes que ya se han dado y el trabajo en curso para responder a las solicitudes e inquietudes que ha manifestado el Parlamento Europeo sobre una regulación mejorada.
Una regulación mejorada es la primera prioridad para ello y hemos progresado a tal efecto en los años de evaluación de impacto, simplificación y reducción de barreras administrativas. El Comité de evaluación de impacto que el Presidente Barroso estableció en 2006 está tendiendo un gran impacto en la calidad de nuestro trabajo. No obstante, somos conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo constante para mejorar el sistema.
Muchas de las mejoras que queremos hacer se plantearán sobre la base de las directrices revisadas con las que contamos en materia de evaluaciones de impacto. Esta revisión está basada en la experiencia del Comité de evaluación de impacto (CEI), en una evaluación externa y, posteriormente, en una consulta a las instituciones, las empresas y las partes interesadas.
Estamos reforzando la orientación sobre cuestiones como la subsidiariedad, los impactos regionales y nacionales y los impactos específicos como, por ejemplo, en el caso de las PYME y de los consumidores. Además, junto con el Consejo y el Parlamento, también estamos revisando el enfoque común de cara a la evaluación de impacto con el objetivo de identificar dónde es posible avanzar. Ya hemos empezado a trabajar a nivel técnico y esperamos conseguir algunos resultados concretos, al menos, mediante la puesta en común de experiencias dentro de las tres instituciones a finales de este año.
En cuanto a la simplificación, la Comisión ha adoptado 19 propuestas de las 162 que se han presentado desde el lanzamiento de los programas comprendidos entre 2005 y 2009. Un desafío clave es garantizar que las propuestas de simplificación pendientes en el Consejo y en el Parlamento se adopten con rapidez. En cuanto a las barreras administrativas, el ejercicio de asignación de las principales obligaciones informativas de la UE que está llevando a cabo la Comisión por medio de un consorcio externo se ha completado y la evaluación de costes de tales obligaciones se terminará a final de año.
En la revisión estratégica de enero, intentamos transmitir el progreso y presentar un plan de trabajo sobre cómo el ambicioso objetivo de reducción de un 25 % se conseguirá para el período comprendido entre 2010 y 2012.
Por último, en lo que respecta a la cooperación interinstitucional sobre una mejor reglamentación tenemos que ser conscientes de que Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la reglamentación, en vigor desde diciembre de 2003, no ha sido fácil de aplicar. Esto no debería desalentarnos a la hora de seguir dialogando. Al contrario, la Comisión ha manifestado hace poco que es el momento de dar más tenor político a los debates sobre la mejora de la reglamentación en términos generales. He animado al Parlamento para que convoque un intercambio interinstitucional de opiniones sobre la mejora de la reglamentación en un futuro próximo a un nivel que sea lo más político posible, produciéndose así en el contexto del grupo técnico de alto nivel para cooperación interinstitucional, de la Conferencia de Presidentes o de la Conferencia de Presidentes de Comisión.
Para concluir, quisiera hacer hincapié en que la mejora de la reglamentación es la responsabilidad conjunta de todas las instituciones europeas y, además, de los Estados miembros. Podemos hacer más y mejor a la hora de mejorar las calidad de nuestras propuestas legislativas y de nuestro marco reglamentario general.
Presidente
Queda cerrado este punto del orden del día.
La votación tendrá lugar el martes.
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Bert Doorn  
por escrito. - (NL) La adopción del informe del señor Medina es un signo claro de que la legislación está establecida para mejorar. El informe contiene lo más importante de las opiniones de los miembros del Grupo del PPE-DE, entre las que se incluyen:
Supervisión independiente de la aplicación de las evaluaciones de impacto por parte de la Comisión Europea;
Consultas oportunas y amplias de las partes interesadas;
El objetivo de reducir las barreras administrativas en un 25 % debe suponer un objetivo neto. La reducción en las barreras administrativas que exista con motivo de la legislación existente en determinadas áreas no debería cancelarse con motivo de una barrera administrativa adicional con motivo de una nueva legislación.
Lamentablemente, los siguientes puntos no cuentan con el respaldo suficiente de los demás grupos:
Apoyo a la Comisión para considerar la autorregulación y la corregulación como opciones importantes de política estratégica.
Una aplicación más amplia de la evaluación de impacto sobre, entre otros aspectos, las reglamentaciones de comitología y las enmiendas importantes del Consejo y el Parlamento a las propuestas legislativas.
Además, el Grupo del PPE-DE considera que es importante para la Comisión tener en cuenta las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas ("Grupo Stoiber"). Un signo prometedor a este respecto es el hecho de que la Dirección General de Mercado Interior y Servicios Financieros haya anunciado su intención de eximir a las pequeñas empresas de tener que realizar el proyecto de rendición de cuentas, así como su intención de enmendar la Cuarta y Séptima Directivas para este propósito.
