
El Presidente.
   Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 4 de diciembre de 2003.(1)

El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 11 de diciembre de 2003.
No he recibido ninguna petición de cambios. 
Papayannakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, no estoy demasiado seguro de estar en el orden del día. Pero quiero pedir, si es posible, que la votación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental que estamos debatiendo esta noche no se celebre mañana a mediodía, sino el miércoles a mediodía. Sé de buena tinta que tanto mi grupo político como otros grupos están discutiendo todavía algunos asuntos relacionados con la votación, cómo se organiza, etc.
Los plazos han sido fatales. De manera que, si no hay problema, estaría muy agradecido de que la votación pudiera celebrarse el miércoles a mediodía. 
El Presidente.
   El problema, señor Papayannakis, es que de conformidad con el Reglamento, los servicios han de recibir las peticiones de cambios del orden de los trabajos al menos una hora antes de que comience la sesión. No se ha recibido ninguna y, por lo tanto, si me atengo al Reglamento, he de rechazar su petición. ¿Algún otro comentario sobre este asunto? 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, aunque puede que sea formalmente incorrecto, debo suponer que se ha llegado al acuerdo de aplazar la votación. Los grupos creyeron que podríamos tratar de resolver el problema –o los problemas– a tiempo y así mantener el calendario original, pero entretanto se ha comprobado que ese intento, al menos hasta ahora, es infructuoso. Siendo así, nosotros también apoyaremos la propuesta si usted la considera factible. 
Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, he de llamar la atención de esta Asamblea sobre el hecho de que se trata de un importante texto de codecisión en segunda lectura, por lo que necesitamos una mayoría cualificada para aprobar enmiendas. Dado que la asistencia a esta Asamblea es relativamente baja los jueves –no voy a comentar los motivos de ello– es inaceptable que se tome una decisión sobre un importante texto de codecisión el jueves. Desaconsejo encarecidamente que consideren este texto. Les hablo en calidad de coordinador adjunto de mi Grupo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que es competente para este texto. 
El Presidente.
   Quiero aclarar las cosas. El Sr. Papayannakis quiere que la votación tenga lugar el miércoles en lugar del martes, en cuyo caso sería razonable presuponer que habrá el número de diputados necesarios. De conformidad con el Reglamento, no debe efectuarse ningún cambio puesto que no he recibido ninguna petición por escrito. Sin embargo, si la Asamblea quiere avenirse a la petición, estoy dispuesto a utilizar colectivamente nuestro sentido común para que así sea. 
Manders (ELDR ),
   . – Señor Presidente, como ponente quiero reiterar la petición del Sr. Papayannakis y solicitar que la votación se aplace del martes al miércoles. La razón es que ha habido problemas porque las enmiendas no se han traducido a algunas lenguas. Esto dará también a los distintos grupos la oportunidad de llegar a compromisos. Ahora bien, y en este aspecto apoyo al Sr. Harbour, no estoy en absoluto a favor de trasladar la votación al jueves. Si lo hacemos, correremos el riesgo de que, al tratarse de un procedimiento de codecisión, nos quedemos con un número insuficiente de personas y no alcancemos el quórum, sobre todo ahora que se acerca la Navidad. Por lo tanto, estoy a favor de aplazar la votación al miércoles. Este compromiso podría convertirse en el punto de partida para que todos los grupos y ponentes se pongan de acuerdo respecto al procedimiento utilizado con este informe. 
El Presidente.
   Tengo la impresión de que quizás los Grupos estarán de acuerdo en que la votación se efectúe el miércoles. 
Grossetête (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tenemos el mismo problema con el informe Lisi sobre la conciliación en materia de compensación y asistencia a los pasajeros aéreos. Lo lamentable es que los jueves los diputados se marchen durante la votación, y esto es un verdadero problema. Entonces, o bien estas votaciones, que son realmente muy importantes y exigen una mayoría cualificada, se trasladan efectivamente al miércoles, o bien se celebran el jueves, pero al principio de la sesión, para que haya el quórum necesario.
El Presidente.
   En esta cuestión hemos señalado varios puntos. Respecto a la petición del Sr. Papayannakis, en vista del intercambio de puntos de vista que se ha producido, a pesar de que no se ha presentado ninguna petición por escrito, parece existir un consenso de que la votación se traslade al miércoles.
En cuanto al jueves, es el día en que tiene lugar la votación sobre el presupuesto anual. Mejor será que haya quórum en la Asamblea –de hecho, más que quórum– o corremos el riesgo de no tener presupuesto. Así pues, el jueves será como de costumbre.
El Presidente.
   La semana pasada, en la Conferencia de Presidentes anuncié que habían concluido los trabajos de sustitución del equipo de interpretación simultánea de Estrasburgo. Sin embargo, por motivos técnicos, el anillo de sus micrófonos, que normalmente se enciende con una luz de color rojo al hablar, no funcionará durante esta sesión. Ruego que pulsen el botón para hablar como de costumbre y luego procedan, esperando –y esperemos que sea así– que su micrófono funcione aunque la luz roja no esté encendida. 
El Presidente.
   Quiero dar la bienvenida a los miembros de una delegación del Senado rumano a la Tribuna Oficial. Está encabezada por el Sr. Nicolae Pătru, Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. Han venido a Estrasburgo para una visita de familiarización. Les damos nuestra más afectuosa bienvenida.
Schulz (PSE ).
   – Señor Presidente, es muy amable de su parte que me conceda la palabra. Quiero decir algo que le concierne a usted. Esta mañana me encontraba en mi distrito electoral y, al abrir el periódico, he leído que usted será galardonado el año que viene en Aachen con el premio internacional Carlomagno. A título personal, le felicito con toda sinceridad por esa distinción.
El Sr. Lachet, que es miembro del comité del premio Carlomagno, no parece encontrarse en la sala. Él es demócrata cristiano, por lo que yo no siempre estoy de acuerdo con sus decisiones; es más, a veces pienso que está totalmente equivocado. Pero esta decisión de proponerle a usted como candidato para el premio cuenta con mi total aprobación, y le felicito sinceramente, no sólo en mi nombre, sino en nombre, creo, de la mayoría de los diputados de este Parlamento.
El Presidente.
   En su ausencia, quiero dar las gracias al Sr. Laschet. La presentación del galardón será en mayo de 2004, unas semanas antes de las elecciones. Además del honor personal que representa, y del que soy muy consciente, es un magnífico tributo al papel desempeñado por el Parlamento Europeo en un año electoral y estaré encantado de recibir este galardón en este contexto en nombre de esta Asamblea y la contribución que supone para los asuntos de la Unión Europea.
Beazley (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero responder a los comentarios efectuados en los meses anteriores sobre este punto del orden del día por los diputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que criticaban la situación en Letonia y, en particular, la posición de los oradores rusos. Creo que muchos de estos comentarios han sido injustos y engañosos. No hacen referencia a la ocupación soviética ilícita de Letonia, ni al Pacto Hitler-Stalin o Ribbentrop-Molotov. Estoy seguro de que los comentarios tuvieron motivaciones políticas, ignorando la enorme diversidad que existe entre los letones de habla rusa.
Mi último punto –ya que creo que es necesario una refutación oficial– tiene que ver con la ley electoral letona. Por lo que tengo entendido, a los ex miembros del KGB no les está permitido presentarse a las elecciones; creo que esto es acorde con la legislación nacional. En esta Asamblea estoy seguro de que acogemos con satisfacción a todos los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. Es importante que entendamos las sensibilidades y las historias respectivas de estos países. Espero que no se producirán más comentarios sobre este tema por parte del Grupo GUE/NGL. 
Zrihen (PSE ).
   – Señor Presidente, en un momento en que creo que todos estaremos muy preocupados con la movilidad, pues son las fiestas de fin de año, quisiera señalar, a usted y también a la Presidencia italiana, una situación muy específica que afecta a los residentes italianos en Bélgica.
¿Sabe usted, señor Presidente, que los ciudadanos italianos residentes desde hace tiempo en Bélgica todavía se ven obligados hoy a desplazarse a su lugar de nacimiento para renovar su documento de identidad? Además, si por casualidad deciden prescindir de él y utilizar en su lugar el pasaporte –cuyo coste se puede usted imaginar–, y tienen la mala suerte, o la suerte, de estar divorciados, todavía deben pedir el acuerdo de su antiguo cónyuge.
Todo esto puede parecer anecdótico, pero pienso que la Presidencia italiana debería comprender que, de este modo, se impide a una parte de su población tener una movilidad plenamente europea y, por consiguiente, tener un poco más fe en Europa. ¿Podría transmitir usted estas observaciones a la Presidencia italiana?
Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero referirme a la tragedia de los resultados tan ajustados de las elecciones parlamentarias de hoy en la parte norte turcochipriota, que son insuficientes para desbancar al Sr. Denktash, que se opone activamente al generoso plan de los Estados Unidos y Kofi Annan para la reunificación de la isla a tiempo para poder incorporarse a la Unión Europea el próximo mes de mayo. ¿Podría pedir usted al Sr. Denktash que reabra las negociaciones urgentemente y acepte que el gran viraje que se ha producido en su contra en las elecciones indica un deseo de sus empobrecidos habitantes de que se llegue a un arreglo en torno a la isla?
En segundo lugar, hemos vuelto a ver en la región rusa de Daguestán la acción brutal de las guerrillas chechenas, que decapitaron al comandante de la guardia de fronteras y tomaron rehenes, entre ellos a trabajadores sanitarios locales. Esto con el telón de fondo de un atentado suicida en Moscú la semana pasada que mató a seis civiles inocentes. Quiero pedirle que exprese al Presidente de la nueva Duma, que se reunirá la semana que viene, las condolencias e indignación de esta Asamblea por este tipo de acciones terroristas. 
Por último, en otro orden de cosas, felicito al Primer Ministro Berlusconi que haya conseguido para la histórica y gastronómica Parma la sede de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
Vallvé (ELDR ).
   –Señor Presidente, quiero informar a la Asamblea de la prohibición de Som Ràdio en las Islas Baleares. El nuevo recién elegido Gobierno del Partido Popular de las Islas Baleares ha prohibido sus emisiones. Som Ràdio era la única emisora que utilizaba la lengua catalana, el idioma oficial de Mallorca, Menorca e Ibiza.
Hace unos meses hablamos de la prohibición del periódico en el País Vasco. El Gobierno español prohíbe periódicos y estaciones de radio cuyas opiniones difieren de las suyas, en particular cuando la cuestión de la que se trata es que se utiliza otro idioma, como el catalán o el vascuence.
Otro ejemplo de esta conducta lamentable ha sido la posición del Gobierno español sobre la Constitución Europea el pasado sábado en Bruselas, que pensamos que es inaceptable y con la que tanto mi partido como yo estamos totalmente en contra. Como puede ver, el Gobierno español no sólo prohíbe la Constitución Europea. 
Evans, Robert J.E. (PSE ).
   – Señor Presidente, estoy seguro de que habrá una serie de diputados como yo que estarán alarmados ante los indicios de que Francia se plantea prohibir que las jóvenes musulmanas lleven pañuelos de cabeza en sus escuelas públicas. De hecho, un estudio en Francia sugiere ahora que estos pañuelos, los solideos de los jóvenes judíos y otros símbolos religiosos son ostentosos y provocadores. Se ha afirmado que el Presidente Chirac ha dicho que el hecho de que las jóvenes musulmanas lleven pañuelos de cabeza es una forma de agresión.
No es que yo quiera entrometerme ni mucho menos en la política interna francesa –no soy musulmán, de hecho no soy seguidor de religión alguna–, pero creo que esto no aborda el reto a que se enfrenta Francia de integrar a los musulmanes y a otras minorías en su sociedad. En la zona de Londres donde vivo –Brent, Harrow, Hounslow, Ealing, etc.– constatamos que la política opuesta de respeto de las diferencias de las personas, el respeto de sus diferentes religiones, el respeto de las diferentes prácticas y tradiciones, es una manera mejor de incorporar a las minorías en la sociedad. Espero que a través de usted, señor Presidente, y a través de nuestros colegas franceses que se hallan aquí presentes, podamos transmitir este mensaje al Presidente Chirac y a las autoridades francesas.
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la última vez que nos reunimos planteé una cuestión sobre la industria escocesa del whisky que era tema de gran preocupación pública. Muy amablemente, en nombre de la Asamblea, usted la planteó al Comisario Byrne, quien por casualidad se encuentra hoy aquí. Me complace informarles de que la Asociación del Whisky Escocesa ha llegado, por el momento, a un consenso sobre esta cuestión. Espero que todo el asunto pueda resolverse conforme a criterios satisfactorios del sector.
La atención que esta Asamblea y otros organismos públicos prestaron a este asunto ayudó a alcanzar una solución, por lo que les doy las gracias y les aliento a todos a que celebren el Año Nuevo 2004 con una bebida adecuada.
El Presidente.
   En particular si la patrocina usted, señor MacCormick. 
Andrews (UEN ).
   – Señor Presidente, hay que acoger con gran satisfacción la captura de Sadam Husein en el Iraq. Sin embargo, en el sitio web del Pentágono de los Estados Unidos aparece una lista de los denominados países favorecidos que el Presidente Bush quiere incluir en el proceso de licitación de contratos por valor de 18 000 millones de dólares estadounidenses para la reconstrucción del Iraq. El Sr. Bush ha excluido de esta lista a una serie de Estados miembros europeos –incluida Irlanda–, que han sido durante largo tiempo aliados de los Estados Unidos. Todo esto a pesar de que la Unión Europea ha hecho donación de 40 millones de euros del dinero de los contribuyentes de la Unión Europea este año, y que esta semana votaremos a favor de otros 500 millones de euros. Para añadir el insulto al agravio, se ha considerado que era necesaria la exclusión de esos países para la protección de los intereses de seguridad fundamentales de los Estados Unidos. La opinión pública en Europa ha estado claramente dividida sobre la cuestión de la invasión del Iraq. Yo estaba en contra. No creí que las justificaciones que se daban resistirían un examen riguroso, como así ha sido.
Pido a la Comisión, a la nueva Presidencia irlandesa y a usted, señor Presidente, en particular dado que la Cumbre UE-EE.UU. se celebrará durante la Presidencia irlandesa, que recalque ante el Presidente Bush la grave equivocación que está cometiendo en este asunto y las consecuencias negativas y potenciales para todos nosotros en Europa Occidental. 
Santini (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, estamos en Navidad, que es la época de las buenas intenciones en toda Europa. Desde el estrado de este Parlamento quiero pedir al Gobierno de la República Federal de Alemania que haga un regalo a los que ex internados militares italianos, a los antiguos prisioneros condenados a trabajos forzados, que todavía no han recibido indemnización alguna por ese trabajo no voluntario.
Quiero destacar que la fundación alemana «Memoria, Responsabilidad y Futuro» –una expresión directa del Gobierno alemán y de la industria alemana– ha decidido excluir de esta indemnización a los ex internados militares italianos, lo que entra en conflicto tanto con la resolución B2-0147/1985 del Parlamento Europeo como, más importante aún, con toda la legislación relativa a la igualdad de oportunidades que está adoptando el Parlamento. Esos prisioneros, esos internados, no son distintos de otros. Incluso el Gobierno austriaco decidió saldar su deuda en el año 2000. La fecha límite para presentar solicitudes es el 31 de diciembre.
Señor Presidente, quiero preguntarle algo: en vista de que existe una resolución sobre este asunto redactada por el Sr. Borghezio, pero que los plazos van a ser muy largos, ¿por qué el Gobierno alemán no actúa inmediatamente? Setecientos mil de esos internados siguen vivos. Las estadísticas más crueles indican que su número disminuye un 10% cada año. No podemos aceptar esta resolución. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, en un momento en que la Organización Mundial del Comercio está reunida en Ginebra, quiero llamar la atención sobre la necesidad de revisar las políticas actuales para la liberalización del comercio, con el fin de promover unos sistemas comerciales justos y equitativos que permitan verdaderamente a cada país desarrollar su pleno potencial y que contribuyan a resolver los problemas de la pobreza y promover unas mejores condiciones de vida, sin imponer relaciones de dominio ni dependencia.
Señor Presidente, es importante que este Parlamento reconsidere el mandato actual de la Comisión, ante el fracaso de la Cumbre Ministerial de la OMC en Cancún, incapaz de alcanzar ningún acuerdo, y que presentemos las propuestas adecuadas de cara al futuro teniendo en cuenta esas consideraciones. La Comisión tiene que pensar en dichas consideraciones el mismo día en que se celebra esa reunión en Ginebra. 
Grossetête (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera responder con todo a nuestro colega, que se ha permitido dirigirse al Parlamento sobre una cuestión que es exclusivamente competencia de la política interior francesa. Me gustaría resaltar que no es de recibo que los diputados al Parlamento Europeo interfieran en los asuntos de política interior de un país. Es bueno recordar esta regla, sobre todo cuando se acusa a Europa en general y a nuestro Parlamento en particular de entrometerse en todo. 
Roure (PSE ).
   – Señor Presidente, Francia, como todo el mundo sabe, es un Estado laico. El laicismo es para los franceses un valor fundamental y forma parte intrínseca de nuestra cultura. El pañuelo islámico es un signo de opresión de la mujer, un signo de superioridad masculina. Es inaceptable para los franceses, pero también para cada hombre y cada mujer que abogan por el humanismo. Militamos aquí por la igualdad entre hombres y mujeres. El problema del pañuelo islámico es un problema complejo y sería de desear que algunos de nuestros colegas no lo magnificasen con sus certezas. Si están en posesión de la verdad, mejor para ellos. Por nuestra parte, buscamos la verdad y haremos todo lo posible por promover el laicismo, que constituye la única esperanza de paz entre todas las religiones.
Helmer (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera felicitar a España y a Polonia por sus respectivas tomas de posición valientes y de principios en la reciente CIG, que tuvo como resultado el fracaso del malogrado proyecto de Constitución.
Sin embargo, lamento que fracasara por la ponderación de votos, que es esencialmente una cuestión técnica, cuando hubiera sido mucho mejor que hubiera fracasado por el rechazo de principio de este gran paso adelante en la integración europea para la que no existe demanda pública.
Existe, por un lado, un paralelismo inquietante entre las elites políticas de la UE y la antigua URSS por otro. Las dos partes estaban obsesionadas con su propia visión estrecha de la unificación de sus continentes. Ambas mostraron tener un desprecio arrogante por las ambiciones y aspiraciones de las personas de a pie y, finalmente, podemos decir que ambas han fracasado. 
De Keyser (PSE ).
   – Señor Presidente, casi me da vergüenza contarle un simple suceso en un momento en que la actualidad internacional es tan importante y en que lamentamos el fracaso de la Conferencia Intergubernamental. En mi país, en mi región, unos trabajadores han tomado como rehenes a los directivos de su empresa. Esto es reprensible y no es, se nos dice, una forma de negociar socialmente aceptable. Justo después de que se consiguiera la aceptación del plan francés por parte de la Comisión –yo diría que después de una larga y reñida batalla–, Alstom decidió pura y simplemente cerrar una de sus empresas en mi región, para trasladarla a Montrouge, cerca de París. Si la Europa para los trabajadores se plantea admitir que un plan de reestructuración aceptado por la Comisión conduzca a medidas tan proteccionistas, es una visión deplorable. Entonces no deberá extrañarnos que los trabajadores tomen rehenes a los directivos cuando no les quedan otros medios para negociar.
Sumberg (PPE-DE ).
   –Señor Presidente, los graves acontecimientos del fin de semana no deben pasarse por alto en este Parlamento, así que hagamos llegar nuestras felicitaciones a las fuerzas de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y a los demás países de la coalición cuyos esfuerzos valerosos han asegurado que durante el fin de semana el tirano Sadam Husein esté ahora bajo custodia. Estos dos países y otros han asegurado que la democracia y la libertad puedan florecer en el Iraq, donde quizás en el pasado esto no se hubiera producido.
En segundo lugar, haciéndonos eco de los comentarios del Sr. Helmer, deberíamos felicitar a los Gobiernos polaco y español por asegurar que esta malograda Constitución se aplace.
Puede que este punto de vista no obtenga vítores dentro de este Parlamento, pero va a obtener muchos vítores en los hogares y las calles de los países que todos representamos. Acojamos con satisfacción esta iniciativa y felicitémosles por haberlo conseguido. 
El Presidente.
   Todos tendremos la oportunidad, mañana por la mañana, con la Presidencia italiana, de aportar nuestro buen criterio sobre estas cuestiones. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, mientras que el general Wesley Clark –un criminal de guerra declarado, aunque todavía no procesado– testificó ante el denominado Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia en absoluto secreto, el Secretario adjunto del mismo «Tribunal» ha emitido una decisión en la que prohíbe prácticamente todo contacto entre el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el mundo exterior. Se ha tomado una decisión similar respecto al Sr. Vojislav Seselj. Los dos son candidatos en la lista del Partido Socialista de Serbia para las elecciones del 28 de diciembre.
Independientemente de cuál sea la opinión que uno pueda tener sobre el caso Milosevic, es más que evidente que la prohibición es una medida punitiva para impedir que el Sr. Milosevic ejerza su derecho a la libertad de expresión y su derecho, con arreglo a la legislación serbia, de presentarse como candidato en el proceso electoral. Por lo tanto, la decisión del Secretario adjunto es una intervención burda en las elecciones serbias a favor de aquellos que vendieron su país a los poderes imperialistas y un intento de denegar al pueblo serbio el derecho a decidir su propio destino. Y por último, es ante todo una clara amenaza a los derechos civiles de todos nosotros. 
Perry, Roy (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento al Sr. Berlusconi por regalarme una corbata. Ha sido un gesto muy amable por parte de la Presidencia italiana. Supongo que las diputadas habrán recibido pañuelos, aunque me sorprende no ver aquí a ninguna de las señoras usando pañuelos esta tarde.
Quiero decir que el 25 de septiembre de 2003, el Parlamento aprobó una resolución en la que solicitaba a la Comisión que respondiera a determinadas cuestiones sobre la regulación de Lloyd’s de Londres y facilitara información antes del 15 de noviembre de 2003. Esta no llegó, si bien obtuvimos la promesa por parte de la Comisión, el 18 de noviembre, de que se recibiría el 15 de diciembre.
La semana pasada el despacho del Comisario Bolkestein me aseguró que la información estaría disponible. Lamento informar a la Asamblea, como ponente sobre este punto, que aún no he visto ninguno de estos documentos. Tengo entendido que el Gobierno británico está censurando gravemente este tipo de documentos a medida que están disponibles. A menos que me pueda informar, por el contrario, de que se han recibido ahora, espero que podamos remitir a la Comisión un recordatorio, amable pero firme, para que cumpla sus promesas. 
El Presidente.
   No estoy en condiciones de confirmarlo. Esperaré hasta el 16 de diciembre para ver si esto es verdad. En ese momento podremos recordar a la Comisión el incumplimiento del plazo para remitir este material. 
Korakas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, he escuchado al Sr. Beasley repetir los desvergonzados argumentos de que en Letonia y en Estonia se están violando de manera flagrante los derechos de casi la mitad de la población de esos países, que ha nacido y trabaja en ellos y cuyo único crimen es ser de origen ruso o hablar ruso. Estas personas se están viendo obligadas con interrogatorios humillantes a abandonar su país. Al mismo tiempo, los partidos comunistas están prohibidos en estos países y se persigue a sus dirigentes, como también se persigue a los veteranos de la guerra antifascista, mientras se erigen monumentos en honor de las SS y de los conquistadores nazis. Al mismo tiempo, se cierran universidades, mientras se obliga a la Antigua República Yugoslava de Macedonia a abrir universidades y a garantizar que la minoría albanesa, que constituye el 25% de la población, esté representada en el Parlamento y en el Gobierno.
El problema está en que el Comisario principalmente responsable de la ampliación, Sr. Verheugen, y el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, apoyan puntos de vista similares y este tipo de violaciones. Éste último, en su respuesta a una reciente carta mía, dijo que, en su opinión, la prohibición del partido comunista no es razón para impedir que un país ingrese en la Unión Europea. Ahora bien, como los partidos comunistas de los Estados miembros de la Unión Europea todavía son legales, mucho me temo que todo esto no sea más que un anticipo de las medidas autocráticas y antidemocráticas que están por llegar. Ese es el motivo de mi protesta e insisto hoy en que mi protesta conste en acta. 
El Presidente.
   Lo ha hecho en el doble de tiempo de lo permitido. Así pues, puede usted explicar a su colega, quien no va a poder hablar sobre este punto, a qué se debe. 
Gorostiaga Atxalandabaso (NI ).
   – Señor Presidente, la película de Julio Medem es una oferta para iniciar el diálogo utilizando la metáfora del juego nacional vasco. Ha sido muy aclamado por el pueblo vasco, pero condenado por el Gobierno español y por ¡Basta Ya!, el ganador del Premio Sajarov de este Parlamento hace dos años.
Para los nacionalistas españoles, el diálogo político en el País Vasco es inaceptable ya que, según dicen, esto querría decir estar de acuerdo con la voluntad de ETA. De hecho, puede que esta reacción sea el mejor respaldo para la película, tal como demuestra el éxito que está teniendo.
La semana pasada, el Gobierno español anunció un cambio del Código Penal, según el cual las autoridades que consulten a sus ciudadanos mediante un referendo estarán sujetas a penas de prisión. Esto también puede afectar a los ciudadanos que participen en el procedimiento de consulta. Desde esta mañana, el Sr. Maragall, el nuevo Presidente de Cataluña, al igual que el Sr. Ibarretxe en el País Vasco, corren el riesgo de verse sometidos a estas disposiciones legales.
Señor Presidente, Señorías, en su experiencia como políticos, ¿han oído ustedes alguna vez hablar de algún Gobierno supuestamente democrático que actúe de un modo similar? 
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, he solicitado la palabra después de la intervención de mi colega, el Sr. Gorostiaga. Es difícil entender su planteamiento, puesto que confunde una película con una disposición de un Gobierno que pretende garantizar la democracia. Y, además, lo dice como representante de un partido político ilegalizado en España, que defiende a aquellos que son terroristas y mata a quienes defendemos nuestras ideas.
Señor Gorostiaga, su planteamiento se sale completamente de lo que en esta Cámara defendemos: la libertad de expresión, que usted no defiende en ninguno de sus planteamientos y menos aún en la intervención de esta tarde.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A5-0387/2003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos [10133/3/2003 – C5-0416/2003 – 2002/0128(COD)] (Ponente: Peter Liese). 
Liese (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, lo que está aquí en juego es el trasplante de células y tejidos, una rama de la medicina que está creciendo muy deprisa. Aunque no sea la cura de todos los males que en la actualidad se promete, el trasplante de células y tejidos será capaz, en el futuro, de ayudar a mucha gente que padece enfermedades hoy por hoy incurables. En la actualidad, algunas personas ya consiguen sobrevivir a ellas gracias a los trasplantes de médula ósea, válvulas de corazón y piel, y la nueva disciplina biotecnológica de la ingeniería de tejidos conseguirá con toda seguridad grandes logros en el futuro.
Sin embargo, también tiene sus riesgos, como por ejemplo la transmisión de agentes patógenos o el crecimiento incontrolado de células, que puede desembocar en cáncer, así como los problemas éticos que plantea y que no deben olvidarse nunca. Tenemos que aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología, pero limitando los riesgos. Estoy convencido de que las enmiendas del Parlamento a la Posición Común, que tienen ante ustedes, realizan una contribución importante en ese sentido. La semana pasada conseguimos llegar a un acuerdo con la Presidencia italiana del Consejo respecto a una gran variedad de enmiendas, lo que significa que lo que votarán ustedes mañana a mediodía es un paquete de compromisos que el Consejo ya ha acordado con los representantes permanentes y, si esta Cámara lo aprueba, podremos evitar un procedimiento de conciliación. Estoy agradecido a todos aquellos que han ayudado a conseguir ese acuerdo, en especial a la Presidencia italiana del Consejo y, sobre todo, al Ministro de Sanidad, el profesor Sirchia, que se ha comprometido personalmente con él. También quiero expresar mi agradecimiento al personal de la Comisión y, por supuesto, a mis colegas diputados.
El Parlamento quería evitar a toda costa que se comercializara la donación de células y tejidos y, en gran medida, hemos conseguido ese objetivo tan importante. En contraste con la vaga formulación propuesta por el Consejo y la Comisión, las disposiciones contenidas en este acuerdo no son ambiguas. Hemos hecho una distinción entre el pago por la donación de células y tejidos, que tiene que estar prohibido, y el reembolso de los costes incurridos por el donante, lo cual es perfectamente lícito. Queremos que esa remuneración esté perfectamente definida y que los Estados miembros asuman su responsabilidad en este sentido.
Este punto ha sido motivo de gran controversia, ya que el Consejo y la Comisión argumentaron en un principio que las peticiones del Parlamento carecían de base legal. Sin embargo, conseguimos convencerlos a ambos de la necesidad de un enfoque no comercial, tanto por consideraciones éticas como para la protección de la salud. Es simplemente impensable que, por ejemplo, se ofrezca primero una gran cantidad de dinero por la donación de células y tejidos y sólo después se pregunte al donante si corre algún tipo de riesgo médico. La posibilidad de que existan riesgos médicos encubiertos es siempre un factor a tener en cuenta cuando están en juego grandes sumas de dinero, y eso supone un peligro no sólo para el donante, sino también para el receptor.
Hemos dejado también claro que no debe existir comercio de células y tejidos como tal, pero que no existen objeciones al comercio de medicamentos fabricados a partir de ellos. Como queda claro en uno de los considerandos, la industria representa un papel importante en todo esto.
Este Parlamento opina que es absolutamente necesario prohibir la comercialización, y eso es algo que no sólo se contempla en la Carta de los Derechos Fundamentales, sino que también es un requisito en el que el Parlamento ha insistido en repetidas ocasiones, tanto dentro de Europa como fuera de ella. Permítanme que aproveche esta oportunidad para recordar la visita que hará a este Parlamento el miércoles una mujer ucraniana que lucha por los derechos humanos y que, con tal motivo, nos contará casos de recién nacidos que son robados a sus padres supuestamente con la finalidad de utilizar sus órganos o tejidos para transplantes. Yo creo que incluso fuera de Europa debemos estar atentos a todo esto.
En primera lectura, este Parlamento pidió también la prohibición total de la clonación de seres humanos, pero no hemos sido capaces de convencer al Consejo para que la acepte. El Consejo de Ministros rechazó con firmeza la aceptación de esta enmienda y, en las negociaciones, yo no insistí más en ello para evitar la necesidad de un procedimiento de conciliación. Pero eso no significa que el Parlamento haya cambiado de opinión al respecto. Creo que se trata de otro terreno donde las consideraciones de seguridad nos exigen ser extremadamente cuidadosos, y seguiremos prestándole nuestra atención en el futuro.
Además, hemos logrado introducir toda una serie de mejoras, con disposiciones mejor formuladas sobre el anonimato, el refuerzo de los derechos del Parlamento en caso de que la Directiva se modifique, y una serie de aclaraciones sobre la importación de células y tejidos, entre otras cosas. El efecto acumulativo de esas pequeñas mejoras es una Posición Común más clara y precisa, y el aspecto de la no comercialización ha mejorado enormemente. Por lo tanto, puedo recomendar a los diputados de este Parlamento que mañana por la mañana voten a favor de las enmiendas de transacción, que han sido presentadas por varios grupos y negociadas con el Consejo, y que lo hagan para que podamos beneficiarnos de un Reglamento sin ambigüedades y de una Posición Común mejorada. 
Byrne,
   .  Señor Presidente, han transcurrido ocho meses desde que tuve el placer de dirigirme a sus Señorías sobre la propuesta de la Comisión de una Directiva para el establecimiento de requisitos de calidad y seguridad para células y tejidos humanos. Desde esa ocasión en abril de 2003, se han realizado grandes esfuerzos y se han entablado conversaciones y negociaciones por parte del Parlamento y del Consejo para llegar al compromiso que tienen ustedes sobre la mesa.
Soy plenamente consciente de la labor enorme que estas instituciones han llevado a cabo con la Comisión durante los últimos meses. Permítanme expresar explícitamente mi agradecimiento al ponente y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por lo mucho que han trabajado en esta importante propuesta.
El paquete de compromisos asegurará que el número creciente de pacientes de Europa que reciben tratamiento con células y tejidos humanos puedan confiar no solo en la seguridad de estas sustancias, sino también en su buena calidad. Constituye un nuevo paso adelante en el marco regulador sobre sustancias de origen humano de conformidad con el artículo 152 que iniciamos hace un par de años con la Directiva sobre la sangre.
En mi opinión, en el compromiso se han abordado satisfactoriamente las principales preocupaciones del Parlamento Europeo, cosa que se debe en gran medida a su ponente.
Permítanme que comente ahora algunos de los aspectos que más preocupan. Entiendo las cuestiones difíciles que ha tenido que abordar la Comisión de Medio Ambiente, en particular, en lo que se refiere a cuestiones éticas y otras relacionadas. La Comisión está dispuesta a aceptar la posición de compromiso que establece el equilibrio entre el deseo del Parlamento de «asegurar» las donaciones voluntarias y no remuneradas, y la propuesta actual, que «fomenta» este tipo de donaciones. Esta enmienda introducirá los términos «esforzarse por asegurar» donaciones voluntarias y no remuneradas y la idea de una compensación en casos determinados, dejando la responsabilidad de definir este tipo de compensación a los propios Estados miembros. Sin embargo, he de dejar claro que esta solución de compromiso llega hasta el límite de lo que la Comisión cree que es aceptable legalmente, dadas las restricciones del Tratado.
El Consejo de Europa y el Grupo Europeo de Ética han insistido en el principio de que la obtención de células y tejidos se efectúe sin ánimo de lucro. Por consiguiente, la Directiva debe coincidir con este principio. Sin embargo, conviene que haga una distinción entre el acto de obtención, al que se debe aplicar el principio de «sin ánimo de lucro», y las actividades secundarias, como pueden ser el posterior procesamiento, la manipulación, la evaluación o la fabricación de productos, a los que no se debe aplicar.
Por ejemplo, mientras se puede considerar inaceptable extraer válvulas cardiacas de un donante fallecido y venderlas, es preciso tratarlas para asegurar la ausencia de agentes infecciosos y conservarlas para que se puedan almacenar durante un período más largo. Estos y otros procesos que han servido para mejorar la calidad y la utilidad de la válvula cardiaca no deben estar condicionados por el principio de «sin ánimo de lucro». Este punto ha quedado aclarado en el paquete de compromiso.
Algunas enmiendas se refieren a la prohibición de utilizar «células derivadas de embriones clonados» para «transplantes», la denominada «clonación terapéutica». Este tipo de aplicaciones siguen siendo extremadamente controvertidas sin ninguna opinión coherente entre los Estados miembros sobre si tienen legitimidad ética o si son seguras. Quiero añadir que no hay ninguna posibilidad de que surjan opiniones de este tipo en un próximo futuro.
Por lo tanto, consideramos que es necesario no interferir en las decisiones que tomen cada uno de los Estados miembros sobre el uso o no uso de un tipo específico de células o tejidos humanos.
Creo que la mejor solución es establecer un marco comunitario sobre requisitos de calidad y seguridad con un alcance suficiente que abarque el uso de este tipo de células en aquellos Estados miembros donde está autorizado. El paquete de compromisos refuerza la confianza de la propuesta de la Comisión en este sentido.
El anonimato es otra cuestión importante. Se acepta generalmente que la donación de células y tejidos ha de respetar el anonimato tanto de los donantes como de los receptores. Este principio tiene como primer objetivo respetar la confidencialidad del donante y del receptor y, en segundo lugar, fomentar las donaciones altruistas.
La posición común introduce la posibilidad para los Estados miembros de mantener o adoptar legislaciones diferentes en circunstancias excepcionales, como el derecho de un niño a conocer a sus progenitores genéticos en caso de donación de gametos. Puedo aceptar una mayor clarificación de los derechos de los Estados miembros para hacer excepciones.
Por último, unas palabras sobre los órganos. Mientras que la calidad y seguridad de los órganos es, por descontado, importante, en esta etapa conviene dar prioridad a la necesidad de abordar la enorme escasez de órganos y la prevención del tráfico de órganos.
La Comisión quiere reflejar de qué modo se puede responder mejor a las preocupaciones del Parlamento en este ámbito tan sensible. Primero es necesario que logremos un marco general adecuado antes de proponer soluciones específicas. A este fin, la Comisión está dispuesta a declarar lo siguiente: «Las importantes diferencias existentes entre el transplante de órganos y el uso de otras sustancias humanas como la sangre, las células y los tejidos significa que es necesario un enfoque específico para los órganos a fin de asegurar la seguridad y la calidad.
Este enfoque, en la situación actual, caracterizada por la escasez de órganos, ha de equilibrar dos factores: la necesidad de un transplante de órganos, que normalmente es una cuestión de vida o muerte, y la necesidad de asegurar altos niveles de calidad y seguridad.
La Comisión cree que antes de considerar toda propuesta es necesario llevar a cabo una evaluación científica exhaustiva de la situación relativa al trasplante de órganos. La Comisión presentará un informe sobre las conclusiones del análisis que lleve a cabo a la mayor brevedad posible.»
Para concluir, espero con interés su aprobación de la orientación presentada en el paquete de compromiso. Creo que si el Parlamento y el Consejo pueden respaldar las enmiendas, también puede hacerlo la Comisión.
Me decepcionaría mucho si no pudiéramos llegar a un acuerdo. Las deliberaciones sobre las 70 enmiendas serán muy complicadas, y dudo mucho de que logremos hallar una mejor solución que la que se ofrece en este paquete de compromisos. 
Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, defiendo aquí la posición adoptada por el Parlamento en primera lectura. Queríamos salvaguardar la donación voluntaria y no remunerada de células y tejidos, prohibir el comercio de células y tejidos no modificados y proteger al mismo tiempo la actividad industrial en este terreno. El Consejo quiso derogar la posición del Parlamento sobre la no retribución, alegando que se trataba de una cuestión ética ajena a las competencias de la UE.
En mi opinión, sería un gran error ignorar las cuestiones éticas en las decisiones que toma la UE, sobre todo cuando hablamos de una Comunidad a la que le gusta llamarse a sí misma comunidad de valores. Además, las cuestiones éticas rara vez se plantean aisladas en medio de un vacío moral. Son éticas justamente porque afectan a la salud de la gente, por ejemplo, como en este caso. Aquí se nos plantea una cuestión política clave en donde el trabajo del Parlamento, bajo la dirección de mi colega Peter Liese, es sumamente importante.
Cierto director de cine italiano –si se me permite volver a mencionar en este Parlamento el tema de las películas italianas en honor a la Presidencia italiana, que ahora toca a su fin– dijo que la forma en que uno define su ángulo de visión es una elección ética. Las cuestiones éticas no pueden pasarse por alto, porque eso también es una elección ética. Me veo obligada a decirlo, ya que he estudiado filosofía.
También somos responsables de cómo el resto del mundo imita nuestras prácticas. Si consentimos que se comercie con partes del cuerpo humano, debemos tener en cuenta que los países en desarrollo seguirán el ejemplo europeo. Ese tipo de comercialización derivará en explotación y, lo que es más, a un mayor riesgo. El enfoque adoptado por el Consejo puede ser acusado también de falta de coherencia. Algunos Estados miembros de la Unión Europea han ratificado una Convención sobre bioética que prohíbe de forma categórica la explotación económica del cuerpo humano y de sus partes.
La conclusión de nuestro ponente está bien argumentada. El fundamento jurídico de la Directiva es el artículo 152 del Tratado de la Unión Europea, que tiene que ver con cuestiones de salud, pero todas las «cuestiones éticas» planteadas por el Parlamento están también vinculadas a la protección de la salud de los donantes y los receptores. Cualquier donación realizada en circunstancias dudosas, por ejemplo en respuesta a una presión económica, constituye también un peligro para el receptor de células y tejidos. El Consejo comparte también en general esta opinión. 
Bowe (PSE ).
   – Señor Presidente, se trata de un informe importante que debe aprobarse e incorporarse a la legislación en toda Europa lo más pronto posible. Por esta razón puedo confirmar que, aunque los Socialistas no han suscrito el paquete de enmiendas de compromiso, le vamos a dar nuestro apoyo, ya que estamos a favor de la mayoría de ellas y no queremos obstaculizar su legalización.
Necesitamos urgentemente esta legislación sobre la calidad y seguridad de los tejidos y células en toda Europa. Se trata de un sector en crecimiento, con infinidad de nuevas oportunidades para el alivio del dolor y sufrimiento y no queremos ser un obstáculo a que alguien se beneficie de ello. Muchas de las enfermedades y dolencias que las personas están padeciendo actualmente pueden curarse mediante diversas terapias derivadas de este sector. Es importante que, mientras se satisfagan las necesidades humanas, se mantengan los niveles de salud, así como la seguridad y la calidad. Es necesario respetar y abordar las normas éticas sobre donación, confidencialidad, libertad de elección y otras cuestiones que preocupan a los Estados miembros. Me complace que la Comisión lo haya reconocido aceptando las enmiendas que ha aceptado del Parlamento.
Las nuevas tecnologías, como la investigación sobre células madre embrionarias, no pueden excluirse como fuentes de terapias futuras por razones médicas ni éticas. Hemos ido tan lejos como hemos podido para satisfacer a aquellas personas con preocupaciones éticas específicas sobre estas cuestiones y respecto a otras nuevas tecnologías. Hemos de reconocer que nuestra primera obligación hoy aquí es asegurar la calidad y seguridad de las células y los tejidos que se utilizarán para aliviar el sufrimiento humano mientras circulan por el mercado único con varios destinos. Esta es nuestra obligación: dar a los ciudadanos de Europa opciones comunes, oportunidades comunes y alivio común para muchas enfermedades y dolencias que padecen actualmente. 
Ries (ELDR ).
   – Señor Presidente, hace más de un año que esta Directiva está en debate y la posición del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas es clara y prácticamente no ha cambiado. Se trata, como se ha dicho, de una Directiva de salud pública, como acaba de indicar hace un momento el Comisario Byrne. Además, si es cierto –y respondo a la Sra. Korhola– que los principios éticos ocupan un lugar central y están en la base de la mayoría de nuestras decisiones, no corresponde a Europa reglamentar y menos aún armonizar en esta materia. 
Por tanto, debemos concentrarnos en las enmiendas que responden concretamente a las necesidades de los receptores potenciales. Se han realizado muchos progresos en este sentido, incluso en esta Cámara, gracias a la incansable labor del Sr. Liese, a quien doy las gracias. Tomemos nota de que el progreso incluye una trazabilidad efectiva y en todo momento; la posibilidad de autorizar de forma excepcional la supresión del anonimato para las donaciones de gametos: esto era crucial para miles de parejas estériles en espera del don de la vida; y la introducción en el texto de una enmienda, que yo había presentado, sobre campañas de información para sensibilizar a los ciudadanos en vida en torno a la donación de tejidos y células.
Para pasar a la controvertida cuestión de la donación voluntaria y no retribuida, el Grupo liberal está satisfecho con el compromiso alcanzado, un compromiso mejor que el obtenido con la Directiva 100. El texto precisa que la donación debe efectuarse por la libre voluntad del donante y sin pago alguno, exceptuadas posibles compensaciones cuya regulación detallada se remiten a los Estados miembros sobre la base de la subsidiariedad. Con todo, lamento el rechazo de las enmiendas que alentaban explícitamente la donación de sangre de cordón umbilical y el registro de potenciales donantes de médula. 
Por lo que se refiere a los órganos, la Comisión ha venido prometiéndonos una iniciativa legislativa desde que se planteó esta cuestión por primera vez, dado que es un problema de calibre que adopta varias formas: tráfico organizado, escasez, etc. No obstante, no quiere, y se comprende, actuar con precipitación y nos ofrece una declaración comentada en detalle por el Comisario. ¡Vale! Dicho esto, y con respecto a la dificultad de encontrar órganos compatibles, se podría sugerir la inclusión, en el marco de esta declaración, de una propuesta para alentar la cooperación europea a través del consorcio Retransplant. Actualmente, solo seis países participan en él, y esto es insuficiente.
En conclusión, señor Presidente, celebro que, en este expediente complejo y sensible, como se ve, la ley europea que estamos elaborando en esta Cámara establezca ante todo unos principios generales y unas normas que deben ser flexibles y progresivas en el interés prioritario de los pacientes. Era importante y vital no cerrar la puerta a la investigación genética, en particular sobre células madre. Lo hemos conseguido y, por tanto, recomiendo, en nombre del Grupo liberal, la aprobación sin modificaciones del compromiso global alcanzado entre el Sr. Liese, los ponentes alternativos y la Presidencia italiana. El objetivo perseguido con este texto, recuerden, es luchar sin fisuras contra la escasez y contra el tráfico, a favor de la solidaridad y de la calidad. Es el único mensaje que Europa debe enviar a los cientos de miles de pacientes que esperan trasplantes de válvulas cardiacas, de córneas, de célula ósea, donaciones de esperma y de ovocitos, o simplemente de trasplantes reparadores para los grandes quemados.

Caudron (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, Señorías, en abril de 2003, con ocasión del debate en primera lectura del informe Liese, intervine ya en nombre de mi Grupo en relación con esta importante cuestión. Entonces recordé tres principios que me llevaban a rechazar muchas enmiendas. Primer principio: el proyecto de Directiva tenía un ámbito de aplicación que, ante todo, no había que ampliar, en especial para no reabrir el debate sobre la investigación con células madre embrionarias, o incluso sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Segundo principio: si es cierto que son necesarias unas normas éticas estrictas, lo que no hace falta son prohibiciones religiosas o sectarias, vengan de donde vengan. Tercer principio: el cuerpo humano no es ni para vender, ni para comprar, ni para robar.
En aquel entonces, el Parlamento Europeo siguió en buena medida estos principios a la hora de votar y dejó en minoría a los autores de enmiendas que podríamos calificar de reaccionarias en el sentido objetivo del término.
Durante la preparación de la segunda lectura, el ponente, el Sr. Liese, fiel a sus ideas y siempre tan tenaz, intentó de nuevo ampliar el ámbito de aplicación del proyecto de Directiva para relanzar otros debates y quizás, algún día, ganar un combate que pierde regularmente desde la adopción del sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. Me preparaba, pues, esta noche, para una nueva carga en nombre de una amplia mayoría de nuestros conciudadanos, en nombre de muchísimos investigadores, en nombre de la salud humana y, sobre todo, en nombre de los enfermos que esperan tratamientos y trasplantes. En efecto, algunas enmiendas, por lo demás aprobadas en comisión, me parecían inoportunas, incluso peligrosas.
Felizmente –¿es un regalo de Navidad?– el ponente nos propone esta noche 21 enmiendas transaccionales más o menos satisfactorias. Por fortuna aclaran algunas disposiciones del texto. Fijan claramente principios que para nosotros tienen gran importancia: las donaciones son voluntarias y gratuitas, pero es posible una compensación; los Estados miembros garantizan dichas donaciones; se reafirma el respeto del anonimato, con las excepciones indicadas en los artículos 8 y 16, que remiten a las legislaciones de los Estados sobre la base de la subsidiariedad; la trazabilidad se sanciona oficialmente y se valida.
Celebro muy especialmente la desaparición de dos enmiendas: la 35, que trataba del aborto, y la 38, que no hacía distinción entre clonación terapéutica y clonación reproductiva.
En consecuencia, en nombre de mi Grupo, puedo apoyar las 21 enmiendas transaccionales con el Consejo, acompañadas por lo demás de algunas apreciaciones de legalidad que he comprendido bien por parte del Comisario Byrne, y me alegro de que el sentido común haya salido vencedor. Por tanto, quiero dar las gracias, valga por una vez, al ponente, el Sr. Liese, que sin duda ha desempeñado un papel muy positivo en la elaboración de estas enmiendas transaccionales.
Ó Neachtain (UEN ).
   – Señor Presidente, felicito al ponente, el Sr. Liese, por su dedicación a un tema tan delicado y técnico. Mañana procederemos a la votación de un paquete de compromiso de 21 enmiendas. El hecho de que se haya alcanzado un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo se debe, en gran medida, a que el ponente no ha escatimado esfuerzos, ha hecho todo lo posible por convencer a todos los Grupos políticos y ha defendido con vigor los puntos de vista del Parlamento ante las demás instituciones.
La posición común era totalmente inaceptable desde el punto de vista del Parlamento. El Consejo apenas tuvo en cuenta las más de 50 enmiendas aprobadas por esta Asamblea en primera lectura. El acuerdo final que está tenemos ante nosotros esta semana refleja mucho más la realidad del Consejo y del Parlamento como colegisladores en este ámbito. Gracias a nuestra perseverancia, el Parlamento ha mejorado claramente la propuesta original. En lo que respecta a los principios éticos, acojo con satisfacción el lenguaje más concreto utilizado para reforzar el principio de las donaciones voluntarias y no remuneradas de células y tejidos.
También me complace mucho la nueva redacción en relación con la protección del anonimato del donante. Ahora la redacción es más clara en numerosos aspectos cruciales: el principio básico de que las partes del cuerpo humano, ya sean células o tejidos, no deben tratarse como un producto comercialmente negociable.
En cuanto a los órganos, el Parlamento ha aceptado que esta Directiva no es el lugar adecuado para tratar los trasplantes de órganos. Sin embargo, esperamos con interés una propuesta de la Comisión sobre este tema de gran relevancia.
Respecto a la cuestión de la clonación, hubiera preferido la enmienda 38 original, pero en este compromiso se incluyen suficientes garantías. Los Estados miembros tienen un derecho explícito de poner en práctica normas sanitarias estrictas, incluida la exclusión total como fuentes de material de trasplante los embriones humanos clonados o los embriones híbridos humano-animales. Además de los evidentes riesgos para la salud que implica el trasplante de material clonado cuando existe tanto desconocimiento sobre las consecuencias posteriores, me opongo a la creación de vida humana como materia prima para células y tejidos. Creo que esto es una grave violación de los conceptos de la dignidad humana y el derecho a la vida consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales.
Este Parlamento ha expresado repetidamente su oposición a la clonación humana y se ha comprometido en la prohibición universal de la misma.
Para concluir, mi Grupo apoya el compromiso y ha presentado el conjunto completo de enmiendas en cuestión. Se trata de una Directiva importante que, estoy seguro, será una contribución vital a la salud pública en la Unión Europea al asegurar una alta calidad de las células y los tejidos para trasplantes y, al mismo tiempo, al respetar consideraciones éticas fundamentales. 
Blokland (EDD ).
   – Señor Presidente, es lamentable que casi la totalidad de las enmiendas del Parlamento se hayan suprimido de la posición común para la aprobación de la Directiva relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, obtención, verificación, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. Se ha hecho caso omiso de puntos importantes como las donaciones voluntarias y no remuneradas, la referencia a los principios éticos fundamentales y la exigencia de una Directiva aplicable también a los órganos. Por esta razón hemos estado de acuerdo en que se volvieran a presentar estas enmiendas en segunda lectura.
Para evitar que el Parlamento y el Consejo llegaran a un punto muerto y tuvieran que seguir un largo procedimiento de conciliación, el ponente ha derribado todas las barreras para poder llegar a compromisos y, gracias a su considerable esfuerzo, tenemos ahora ante nosotros un paquete de enmiendas de transacción. Apoyamos la mayoría de esos compromisos, pese a que no todo es exactamente cómo quisiéramos, pero esa es, al fin y al cabo, una de las características fundamentales de un compromiso. El compromiso sobre las donaciones no remuneradas nos pone ante un dilema. La enmienda 31, que afirma claramente que los Estados miembros deberán garantizar las donaciones voluntarias y no remuneradas, está siendo canjeada por un texto que afirma que los Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para alentar las donaciones voluntarias y no remuneradas. Las donaciones pagadas o involuntarias dentro de la Unión Europea deben rechazarse de plano. Además de considerarse poco éticas, pueden representar también un riesgo para la salud pública. La inclusión del considerando es un mero pretexto.
Tras haber considerado todos los aspectos, apoyaremos el paquete de compromiso, pero lo haremos con muy poco entusiasmo. El comentario que ha hecho el Comisario Byrne hace un momento sobre la Directiva relativa al trasplante de órganos sólo satisface en parte los deseos de este Parlamento, tal como se expresaron en primera lectura. A pesar de todo, quiero darle las gracias por haber dejado claro que se trata de un área a la que debemos dar prioridad. 
Jackson (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, se trata de una cuestión sumamente sensible y el Sr. Liese y yo nos hemos peleado por culpa de ella, cosa que es lamentable, ya que pertenecemos al mismo Grupo. Sin embargo, los dos somos sinceros en nuestros respectivos puntos de vista, aunque sean opuestos. Tal como ha dicho el Sr. Bowe, se trata de una propuesta excelente y muy necesaria y la acojo con satisfacción. También celebro la flexibilidad que ha mostrado el Sr. Liese –finalmente– sobre las enmiendas y en estos momentos tenemos posibilidades de incluir esta legislación en el código de leyes lo más pronto posible.
Sin embargo, esta cuestión sobre las células y los tejidos y la manera de abordarla ha planteado una cuestión interesante en materia de subsidiariedad. Una de las razones por las que he estado tan agitado sobre todo esto es que he sido el receptor final de un gran número de cartas de personas de mi propio país que padecen la enfermedad de Parkinson, enfermedades cardíacas crónicas o diabetes, o de sus cuidadores en el caso de quienes padecen Alzheimer. Las personas que padecen estas enfermedades cumplen una condena a cadena perpetua: no se mueren, sino que siguen vivos y su estado degenera. Saben que degenera y saben que continúa la investigación que puede ayudarles, que a menudo tiene que ver con células madre. Es su único rayo de esperanza.
Permítanme que les cite parte de una carta que he recibido de un elector de Cornwall. El Sr. Alan Cole, de Liskeard, padece la enfermedad de Parkinson. Expone lo siguiente: «Ya sea acertado o no, cada día escucho la televisión o la radio esperando oír que está en vías de descubrirse una curación de la enfermedad de Parkinson. En ese momento fui consciente de la investigación de células madre y cómo puede conducir a un gran avance para los que sufren la misma enfermedad que yo. Un rayo de esperanza que –aunque muy lejano– podría ser mi milagro. Entonces, descubrí que hay gente que se oponen a este tipo de investigación. ¿Quienes son estas personas? Sin duda no deben padecer la enfermedad de Parkinson ni ninguna otra discapacidad.»
¿Quienes son estas personas? Bueno, somos aquí, sentados en el más bien remoto Parlamento Europeo. La decisión de si debe continuar o no la investigación de células madre y el tipo de investigación que el Sr. Liese ha abordado en su informe se abordará mucho mejor en el contexto nacional que en el más bien remoto contexto europeo.
También señalaré que una de las ironías de la situación es que aquellas personas que sufren de Parkinson en países donde no se autoriza esta investigación con células madre podrían muy bien beneficiarse de la investigación que se lleva a cabo en países en los que está permitida y, al final, estar muy agradecidas por ello.
La otra cuestión que surgió entre nosotros fue la del pago a los donantes. En el Reino Unido existe una situación concreta respecto al pago a los donantes. Necesitamos que en este tema se imponga la subsidiariedad, de modo que algunos países puedan seguir adelante y continuar pagándoles. Todos tenemos un compromiso. El Sr. Blokland ha observado acertadamente que es una forma de irse por la tangente. Sin embargo, el texto tal como ha sido acordado en la enmienda 69, es un compromiso aceptable. Ese es el camino adelante.
Lamento que hayamos dado la impresión en este Parlamento de que estamos en contra de la investigación con células madre. De hecho, en el último período parcial de sesiones votamos para que se financiara la investigación de células madre con cargo al presupuesto de la UE. Ahora el Consejo de Ministros lo ha rechazado. Mostremos que en estas deliberaciones estamos francamente a favor de una propuesta razonable de la Comisión sobre la seguridad de las células y los tejidos y que todos podemos estar de acuerdo, incluidos el Sr. Liese y yo mismo, para desear que esta propuesta llegue a buen puerto. 
Malliori (PSE ).
   – Señor Presidente, Comisario, nos encontramos en la segunda lectura de una medida legislativa muy importante sobre las especificaciones relativas a la calidad y la seguridad de las células y tejidos humanos utilizados en trasplantes, y cuyo objetivo prioritario es proporcionar un nivel muy alto de protección para la salud humana. Está demostrado que los tejidos y las células ayudan todos los días a recobrar la salud a muchas personas, razón por la cual tenemos que crear un marco europeo específico que garantice un suministro suficiente y, al mismo tiempo, salvaguarde la integridad física de los receptores. La demanda de tejidos y células en Europa es mucho mayor que la oferta; así que, las necesarias importaciones de terceros países deben respetar también el mismo marco legislativo, porque es la única forma de prevenir el comercio ilegal.
En cuanto a los códigos de conducta que tanto nos preocupan, todo el mundo está de acuerdo en que las nuevas tecnologías tienen que respetar la dignidad humana y la no comercialización del cuerpo humano. Al mismo tiempo, las donaciones de células y tejidos humanos tienen que basarse en la libre voluntad del donante, no en el precio. El cuerpo humano, como ya se ha insistido en numerosas ocasiones, es inviolable e inalienable y, por tanto, no debe convertirse en una fuente de lucro económico.
El compromiso alcanzado durante las negociaciones incorpora satisfactoriamente los anteriores principios. El anexo, en virtud del cual los donantes pueden recibir una compensación que se limita estrictamente a cubrir los gastos y los procedimientos relacionados con la donación, no viola el principio de donación voluntaria y ofrece a los Estados miembros la posibilidad de establecer las condiciones previas para otorgar dicha compensación. También es positivo que esta Directiva establezca, como con la sangre, la necesidad de conservar al menos hasta treinta años después del uso clínico, los datos necesarios para garantizar en todo momento la trazabilidad de las donaciones. Un requisito previo necesario para el libre consentimiento del donante es que reciba información completa y exhaustiva de una persona cualificada sobre el fin, la naturaleza, las consecuencias y los riesgos que implica la donación. La protección de los datos del donante y el secreto médico están, creo, debidamente protegidos por los puntos correspondientes del anexo.
Quiero decir que, aunque el paquete de las enmiendas de transacción no incluya otros puntos importantes aprobados por la comisión pertinente de la Unión Europea, votaré a su favor, pues considero que la prioridad es conseguir que la Directiva actual entre en vigor lo antes posible. Por supuesto, estamos esperando directamente la propuesta de la Comisión sobre las condiciones previas para el trasplante de órganos que usted, señor Comisario, nos ha prometido.
Permítanme terminar dando las gracias y felicitando al ponente, el Sr. Peter Liese, por su trabajo y por el gran esfuerzo que ha realizado para conseguir que este procedimiento se concluya lo más rápido posible. 
Byrne,
   . Señor Presidente, el acuerdo general que ha presentado hoy el ponente es un buen compromiso, que tiene en cuenta las enmiendas clave del Parlamento Europeo al tiempo que se ajusta a la propuesta de la Comisión en las cuestiones esenciales. Para los pacientes, que dispongamos pronto de una legislación comunitaria sobre células y tejidos es una buena noticia.
También logra dar una solución óptima de cara a la actualización de las normas técnicas, manteniendo todas las cuestiones políticas con arreglo al procedimiento de codecisión, mientras deja los detalles técnicos a la comitología.
Observo que muchos de ustedes, incluido el Dr. Liese, no están totalmente satisfechos de que la Comisión no se haya propuesto a ir más allá en las denominadas cuestiones éticas. Y no es porque no nos parecen importantes las consideraciones éticas. Más bien al contrario: es precisamente porque las consideraciones éticas son tan importantes para nuestros ciudadanos que no podemos pasarnos de la raya. Me refiero a lo que la Sra. Jackson ha dicho con respecto a la subsidiariedad, con lo que estoy de acuerdo.
La Comisión tiene que velar por la aplicación del Tratado. Tenemos que seguir los consejos de nuestro Servicio Jurídico; consejos de los que se ha hecho eco el Servicio Jurídico del Consejo. Hoy se propone un compromiso satisfactorio sobre la donación voluntaria y no retribuida y el carácter sin ánimo de lucro de la obtención de células y tejidos como tal, que refleja la buena voluntad de todas las partes. Algunas enmiendas tratan de restringir el uso de determinados tipos de células, como las células procedentes de la clonación o de abortos.
Con esta propuesta, no tratamos de exigir ni prohibir el uso de tipos específicos de células. Pero en el caso de que se autorice un uso específico de esas células en un Estado miembro, entrará en juego la Directiva, exigiendo la aplicación de todas las disposiciones necesarias para proteger la salud pública. La calidad y seguridad de los órganos es una preocupación principal del Parlamento Europeo. La Comisión es plenamente consciente de la importancia de este asunto y hemos tomado medidas concretas para abordar esta cuestión.
La declaración sobre los órganos propuesta por la Comisión en el marco de este compromiso es una obligación real de continuar trabajando en este ámbito y encontrar el mejor enfoque posible de la situación actual, que se caracteriza por una escasez de órganos. Tal como ya he dicho, todo enfoque necesita sopesar dos factores: la necesidad de un trasplante de órganos –que suele ser una cuestión de vida o muerte– y la necesidad de asegurar altos niveles de calidad y seguridad de estos órganos.
La declaración de la Comisión se complementa con la declaración del Consejo de que tiene la intención de intensificar los esfuerzos para combatir el tráfico de órganos.
En resumen, me alegra mucho poder aceptar el paquete de compromiso que se ha propuesto hoy.
Les agradezco de nuevo a todos ustedes los denodados esfuerzos que han hecho en torno a este expediente. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0469/2003) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las ofertas públicas de adquisición [COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 2002/0240(COD)]. 
Bolkestein,
    Señor Presidente, el pasado mes de octubre presenté a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior la nueva propuesta de la Comisión para una directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición. Con dicha propuesta se pretendía principalmente responder a las críticas del Parlamento de que la anterior propuesta no había ido suficientemente lejos en la creación de unas reglas de juego equitativas.
Dicha propuesta fue discutida y modificada por los Estados miembros y el 27 de noviembre de 2003 el Consejo de Competitividad adoptó una orientación general para un texto de compromiso presentado por la Presidencia italiana. El mismo día, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento aprobó el informe del Sr. Lehne, basado en el mismo texto de compromiso.
Llegados a este punto, quiero expresar mi sorpresa por los cambios que ha sufrido este informe entre la votación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la sesión plenaria. La propuesta que tenemos ahora sobre la mesa se basa en el texto, de 7 de mayo de 2003, elaborado durante la Presidencia griega, que incluye los derechos de voto múltiples durante el período de aceptación, y recurre a la sugerencia presentada por la delegación portuguesa de introducir opciones para los Estados miembros y las empresas en la aplicación de los artículos 9 y 11.
Solo puedo repetir aquí lo que ya dije en el Consejo. Los artículos 9 y 11 son elementos esenciales de esta propuesta. El artículo 9 contiene el principio básico de que el consejo de administración de una sociedad afectada solo puede tomar medidas de defensa previa consulta con la junta general de accionistas. El artículo 11 permite a la sociedad oferente que ha adquirido el 75% del capital abrirse paso ante determinados mecanismos de defensa establecidos por la sociedad afectada. Durante el debate he dejado muy claro que no iba a aceptar como compromiso la eliminación de estos artículos. Tampoco puedo aceptar ningún acuerdo según el cual estos artículos se conviertan en opcionales. Con ello no se conseguiría la armonización que la Comisión pretendía cuando presentó esta propuesta. Además, retrocede al nivel de armonización que acordamos la última vez, antes de que el Parlamento rechazara la primera propuesta argumentando que no iba suficientemente lejos en la creación de unas reglas de juego equitativas. Hasta el momento no se han creado reglas de juego equitativas de ningún tipo.
Por lo tanto, no les sorprenderá que no pueda aceptar la enmienda 5 o la enmienda 21, que introducen estos acuerdos de opcionalidad. También tengo algunas dificultades con la enmienda 4 y la enmienda 20, cuyo último apartado se refiere a los «derechos especiales». Se confunden los derechos que otorga el Derecho privado con los del Derecho público, que no entran en el ámbito de la directiva.
Sé que el tiempo pasa y que ya hemos perdido mucho tiempo debatiendo esta propuesta. Pero no creo que estemos enviando el mensaje correcto a los mercados aprobando la propuesta en su forma actual. ¿Es realmente una aportación valiosa a nuestro proyecto con el que pretendemos crear un mercado más competitivo en el mundo antes de 2010? Sinceramente, estoy seguro de que podemos hacerlo mejor, aunque para ello necesitemos más tiempo. 
Lehne (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, la historia de esta Directiva es interminable. El Parlamento, el Consejo y la Comisión llevan fácilmente más de 15 años debatiendo este tema. Ahora mismo no tengo ningún deseo de recordar todo lo que se ha hecho con ella en el pasado. Comparto la opinión del señor Comisario de que habría sido deseable algo más. Sigo creyendo que era preferible la iniciativa conjunta que pusimos en marcha durante la Presidencia griega del Consejo con el fin de encontrar una solución global que creara unas condiciones de competencia en Europa verdaderamente equitativas. Como suele ocurrir con los cambios políticos, al final tuvimos que aceptar compromisos, y lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo que tenemos ante nosotros es lo que se negoció con la Presidencia italiana y se aprobó por unanimidad en el Consejo como parte de un acuerdo político. En esencia, es lo mismo que aprobó la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de esta Cámara. Es un compromiso que todas las partes pueden aceptar en las circunstancias actuales, y que en sí mismo demuestra que es bueno.
Conseguiremos los objetivos de los que hablaba el señor Comisario pero, de momento, no hacen más que indicar lo que resulta actualmente factible en términos de legislación europea. El resto podemos dejarlo en manos de los mercados. Se nos ha marcado un objetivo, pero, según esta propuesta, al final serán los mercados los que decidan si lo que se propone es correcto o no y en qué dirección van a cambiar las cosas.
Después de haber negociado exhaustivamente con las diversas Presidencias del Consejo – empezando con la danesa, después con la griega y ahora con la italiana – se nos presenta en estos momentos la oportunidad de acabar con este tema de una vez por todas. La Presidencia italiana del Consejo nos ha ofrecido la posibilidad de completar este procedimiento en una sola lectura y, como de todos modos nos estamos acercando al final de este Parlamento, creo que debemos aprovechar esa oportunidad.
En los últimos meses se ha informado con regularidad al ponente y a las comisiones sobre el progreso de las deliberaciones. Se han implicado en ello personas de todos los sectores de esta Cámara. Por lo tanto, les pido que voten a favor de la propuesta de la Comisión. No puedo más que lamentar el hecho de que algunos grupos hayan presentando enmiendas dirigidas expresamente a ampliar aún más los derechos de los trabajadores. En este sentido, quiero dejar claro que este compromiso ya contempla los derechos de los trabajadores; se indica expresamente en el compromiso alcanzado respecto al artículo 9 que los representantes de los trabajadores tienen que estar informados y que pueden hacer una declaración que, junto con la declaración del consejo de administración, tiene que ponerse a disposición de los accionistas y del público. A modo de compromiso, el artículo 13 garantiza que todos los derechos actuales de los trabajadores a la participación y a la codeterminación, ya sean otorgados por los respectivos Estados naciones o por Europa, se mantengan y no se vean afectados por la presente Directiva.
También en este aspecto, creo que se trata de un compromiso aceptable. En vez de querer aplicar constantemente la doctrina pura, en algún momento hay que aceptar un compromiso. Hay algo positivamente paradójico en una situación en la que son los gobiernos socialistas en el Consejo los que quieren evitar que los trabajadores obtengan más derechos – y pongo como ejemplo al Gobierno sueco y al Gobierno laborista británico – y aquí, en nuestra Cámara, es la Izquierda, encabezada por los socialistas, la que está dispuesta a dejar que fracasen estas directivas y esta propuesta, mientras sus gobiernos en el Consejo bloquean estos compromisos que van aún más lejos.
En mi opinión, el compromiso alcanzado ofrece una protección adecuada para los derechos de los trabajadores. No hay motivo para ir más lejos. Por tanto, les pido que rechacen estas enmiendas, porque, de lo contrario – por lo que el Consejo nos ha dicho claramente – se verá en peligro todo el compromiso conseguido.
Si aprobamos esta Directiva, este compromiso, demostraremos que la Unión Europea es capaz de actuar en momentos difíciles. Por ese motivo les pido que voten a favor. Ahora podemos poner fin a esta historia interminable.
Quiero dar las gracias especialmente a todos los coponentes y ponentes alternativos de todos los grupos. Quiero hacer una mención especial, por su nombre, del Sr. Huhne, de quien he recibido la máxima cooperación posible. Hemos aplicado a la perfección el apartado a) del artículo 162 del Reglamento – cooperación reforzada – y hemos conseguido un buen resultado. Lo que pido a esta Cámara es que acabe definitivamente con esta historia interminable votando a favor y permitiendo que el final de este año quede marcado por un verdadero éxito para la Unión Europea. 
Huhne (ELDR ),
   .  Señor Presidente, no voy ha pedir gran cosa para este proyecto de directiva. Simpatizo totalmente con lo que ha dicho el Comisario y quienes argumentan que así no vamos a tener unas reglas de juego equitativas en cuanto a adquisiciones transfronterizas en la Unión. No hay ninguna duda al respecto. Los Estados miembros seguirán teniendo capacidad para autorizar a sus empresas a tomar medidas contra las ofertas públicas con la mera aprobación del consejo de administración y no de los accionistas. Por lo tanto, con ello no conseguimos eliminar el principal obstáculo para las adquisiciones transfronterizas y la reestructuración. La opción de aplicar o no las normas no es más que una hoja de parra para disimular esta realidad.
Muchos Estados miembros, incluidos algunos, como Alemania, que se declaran favorables a una mayor integración política, están en contra de que los extranjeros adquieran compañías de su país. En Gran Bretaña tenemos muchos complejos, pero, afortunadamente, no este. Hemos perdido inversión directa extranjera debido a que no conseguimos unirnos al euro, pero el mensaje que esta parte de la directiva transmite sobre Francia y Alemania puede ayudar a sostener la cuota británica. Para la zona euro en concreto este fallo es un grave gol en propia meta.
Entonces, ¿por qué vale la pena apoyar este proyecto? Las disposiciones de este texto para proteger a los accionistas minoritarios son importantes y fomentarán una mayor participación transfronteriza en los valores de cartera. Al asegurar que en cada Estado miembro un límite a partir del cual quien adquiera el control de una sociedad tenga que lanzar una oferta de adquisición de las demás acciones, esta directiva impide el control furtivo de una sociedad. Por lo tanto, significa que un nuevo accionista con quizás solo el 30% de las acciones, si no ofrece una salida para todos los demás accionistas, no puede decidir pagar dividendos especiales o liquidar activos a bajo precio a favor de otra empresa privada que ellos mismos controlen. Al tranquilizar a los inversores respecto a estas prácticas, que no son desconocidas en absoluto en muchos mercados financieros de la Unión, la directiva fomentará una mayor participación transfronteriza. Y esto es esencial para la eficiencia y la rentabilidad de los fondos de pensiones, para el apoyo de los jubilados y para los fondos de seguros destinados a la compensación de las personas con dificultades.
Pero, en general, es evidente que se trata de una medida modesta. No hace daño, nos beneficia un poco. Envía un mensaje equivocado pero, en realidad, cambia demasiado poco; no le da la vuelta a nada. Ciertamente, denominarla directiva sobre adquisiciones es un error y probablemente sería una infracción de la Ley de Denominaciones Comerciales del Reino Unido. Pero todo esto es políticamente accesible en el presente. Para quienes quisieran ver una apertura más radical de las fusiones transfronterizas, también existe la promesa de una visión más clara en el próximo Parlamento y la perspectiva de que los propios mercados puedan añadirse a las presiones para que las empresas apliquen las mejores prácticas en la consulta de sus accionistas. La transparencia en este asunto, como en otros, puede ayudar, y no debemos permitir que lo mejor sea enemigo de lo bueno.
Para terminar, permítanme reiterar algo sobre el debate con el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en cuanto a la consulta a los trabajadores. Con toda seguridad el Sr. Lehne, a quien quiero dar las gracias, se ha esforzado mucho, igual que yo, con un texto que habría satisfecho al Grupo del PSE, aunque la postura sobre las adquisiciones, como hemos visto, en realidad no ha cambiado. Las adquisiciones no resultarán más fáciles, pero, aún así, el Grupo del PSE quería una redacción del texto que implicara una cierta concesión política, como si fueran a resultar más fáciles. En realidad, el texto de sus enmiendas no es más que un eco de lo que ya se encuentra en la directiva sobre información y consulta. No ofrece nada nuevo a los trabajadores, pero las posibles diferencias de redacción del texto jurídico entre este proyecto de directiva si se vota y la otra podrían significar un riesgo de litigio en materia de adquisiciones si se aprueba. Por este motivo, deberíamos votar en contra de estas enmiendas y apoyar lo que es, en mi opinión, un compromiso deficiente y parcial, pero, de todas formas, un compromiso que implica un cierto progreso. 
Van den Burg (PSE ),
   . – Señor Presidente, hace un año, imbuida de espíritu navideño, preparé una opinión para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que se aprobó en febrero de 2003. Es algo que en cierta manera se ha ignorado en el conjunto del debate, aunque ya hemos oído hablar de los progresos más recientes.
Quisiera recordarles que la falta de mecanismos de información y consulta de los trabajadores fue una de las principales razones por las que se rechazó la propuesta anterior de una directiva sobre las ofertas públicas de adquisición en 2001. La Comisión así lo reconoció, en cierta medida, al ofrecernos el artículo 13, pero nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales fue casi unánime en su opinión de que no era suficiente. La Comisión se refiere solo a las prácticas nacionales de los Estados miembros, y la opinión de la Comisión de Empleo dice explícitamente que la información y la consulta es una parte obligatoria del procedimiento de oferta pública de adquisición, tanto para las sociedades oferentes –artículo 6– como para las sociedades afectadas –en el artículo 9–.
El Grupo del PSE sigue opinando lo mismo, y durante el mes pasado estuve preparando un texto que se adapta a las situaciones de los diversos Estados miembros. Ha sido una gran concesión para el Reino Unido, cuyas normas relativas a las ofertas públicas de adquisición difieren de las de los Estados miembros del continente. También hemos adaptado el texto para ponerlo en consonancia con las disposiciones de la directiva sobre información y consulta a los trabajadores. Por este motivo las referencias están ahí. De modo que no existe ningún problema grave respecto a las diferencias de opinión.
Lo único es que los artículos principales de la directiva deberían mencionar explícitamente la información y la consulta. Mi Grupo desea resaltar que debería ser una parte normal del procedimiento. Y lo hemos puesto de manifiesto en tres enmiendas que ahora hemos vuelto a presentar: las enmiendas 35, 36 y 37, y otras enmiendas que han presentado los grupos Verts/ALE y GUE/NGL.
El Sr. Lehne, el Sr. Huhne y yo habíamos llegado a un compromiso al respecto, pero entre el lunes 24 de noviembre, cuando se aprobaron estas tres enmiendas casi por unanimidad en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y el jueves 27 de noviembre, antes de que el Consejo asumiera su posición, ellos abandonaron el pacto y votaron en contra de las tres enmiendas en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Este es el motivo por el que ahora dicho compromiso ya no existe.
El argumento del Sr. Lehne de que habría complicado el proceso de toma de decisiones no es convincente. El único motivo por el que no quiere que se incluya es que desea presionar para conseguir un acuerdo en primera lectura, pero en nuestra opinión así se elimina el derecho del Parlamento a realizar su aportación al debate. Todavía es demasiado pronto para adoptar esta postura en las negociaciones. La Presidencia italiana ha debatido esto con suficiente seriedad con el Consejo: todavía tenemos una oportunidad.
Nuestro Grupo está dispuesto a apoyar el compromiso, aunque no estamos muy entusiasmados. Nuestra postura original era conseguir una directiva sin que los artículos 9 y 11 protegieran los derechos de los accionistas minoritarios. Pero solo lo vamos a apoyar si se aprueban estas tres enmiendas. Si no es así, votaremos en contra del paquete de compromiso. 
Chichester (PPE-DE ),
   .  Señor Presidente, quizás resulte tranquilizador para la Sra. van den Burg saber que las preocupaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apenas se debatieron en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, pero, de hecho, varias de las enmiendas que aprobamos en nuestra opinión en primera lectura eran, desde mi punto de vista como ponente, más propias de su comisión. Sin embargo, la opinión que presentamos reflejaba las preocupaciones de una mayoría de nuestros miembros, y dichas preocupaciones se referían específicamente a la necesidad y la importancia de informar y consultar a los trabajadores. Varias de las enmiendas se referían a la información de los trabajadores de la sociedad objetivo o afectada, y otra enmienda se refería a la importancia de consultar a los trabajadores de la sociedad oferente o depredadora.
El segundo aspecto que nos preocupaba, y en ello coincidimos con varias otras comisiones, es el tema de la jurisdicción. Consideramos que es muy importante que la jurisdicción sea la del Estado miembro de la sociedad afectada, para evitar ambigüedades o confusiones. También presentamos una enmienda sobre el tema de la jurisdicción en las ofertas procedentes de sociedades de países de fuera de la Unión Europea –terceros países– y la necesidad de que se sometan a una autorización nacional interna.
Un tercer aspecto que nos preocupaba y que se trataba en la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía era el de los países escandinavos en concreto sobre las múltiples clases de acciones. Estos son los tres puntos que preocupaban a nuestra comisión. 
Fiori (PPE-DE ).
    Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente, el Sr. Klaus-Heiner Lehne: el asunto de la Directiva sobre ofertas públicas de adquisición parece realmente interminable. Desde enero de 1989, cuando se presentó la primera propuesta de la Comisión, una propuesta que era, además, ambiciosa y que perseguía el objetivo de conseguir un mercado único en el control corporativo, el paso de la Directiva sobre ofertas públicas de adquisición por el proceso legislativo ha sido como una carrera de obstáculos, con textos que alternaban propuestas maximalistas inaceptables para algunos (los Estados y el Consejo de Ministros) con compromisos minimalistas inaceptables para otros (el Parlamento Europeo).
De esta carrera de obstáculos recuerdo que el Parlamento Europeo rechazó el 4 de julio de 2001 un texto conjunto del Comité de Conciliación. Y recuerdo también la propuesta extremadamente interesante de la Comisión de octubre de 2002, redactada después de haber consultado a un grupo de expertos de alto nivel. Esta propuesta, además de mantener la regla de la pasividad en el artículo 9, pretendía conseguir los objetivos establecidos por el Parlamento Europeo y los expertos consultados, la neutralización de algunas medidas defensivas previas a la oferta y la proporcionalidad entre el capital en riesgo y los derechos de voto, aunque me temo que quedaban excluidos los puntos que podríamos considerar más peligrosos, como las grandes corporaciones y los derechos de voto múltiple.
Ahora ha empezado otra carrera de obstáculos, respecto a la cual creíamos que la intuición de la Presidencia del Consejo ofrecía una vía de salida en junio de 2002: dar a los Estados miembros y a las empresas que cotizan en Bolsa, respectivamente, la posibilidad de elegir entre el modelo de Directiva con la regla de la pasividad y la neutralización de las medidas defensivas – empresas tipo A – o la preservación de las medidas defensivas – empresas tipo B – siempre con la obligación de máxima transparencia en un sistema al que se sometería la empresa.
Para que todos los operadores se encuentren en igualdad de condiciones, se incluye una disposición para que las empresas de tipo A puedan decidir en contra de su absorción por una empresa del tipo B. La solución tiene muchas ventajas: indica cuál es la solución ideal – el tipo A, el punto de referencia – y crea reciprocidad. Además, la neutralización de las medidas defensivas impone una regla uniforme inicial del derecho de sociedades europeo: el artículo 11, que prevé las opciones, es básicamente una derogación del sistema ordinario. Estas opciones se podrán eliminar cuando el mercado, favoreciendo a las empresas de tipo A, haya creado las condiciones adecuadas.
Y aun hay más. Con el sistema actual, las empresas que cotizan en Bolsa y están sujetas a sistemas que no establecen reglas de pasividad o neutralización pueden optar por la competitividad, lo cual no sería posible sin la Directiva. Además, la máxima transparencia de los sistemas y normas internas de las sociedades que exigen tanto el artículo 10 de la propuesta de Directiva como la propuesta paralela de una Directiva sobre la transparencia de las empresas que cotizan en Bolsa – que también se está debatiendo en el Parlamento y en el Consejo – garantiza que las empresas que acepten en su totalidad los artículos 9 y 11, los principales, sean las verdades empresas europeas y puedan identificarse claramente como tales. De esta forma, se hace posible que el mercado las recompense. De hecho, los inversores institucionales deben explicar a sus clientes por qué invierten en empresas del tipo B, no competitivas, en vez de invertir en empresas del tipo A, competitivas.
Finalmente, el compromiso, que prevé las ofertas preventivas de adquisición parcial, permite que muchos países no tengan que realizar cambios considerables en su legislación y, a la vez, no se arriesga a exponer a las empresas a una competición desleal por parte de las empresas de otros países. 
Berenguer Fuster (PSE ).
    Señor Presidente, Señorías, créanme que no me mueve un interés excesivo en tratar de remover asuntos del pasado, pero, si eso es cierto, también lo es que, cuando parece que se ha llegado a un alto grado de consenso en determinadas cuestiones, es bueno ver lo que ha ocurrido, por lo menos para que, si no en este caso, al menos en el futuro, podamos extraer conclusiones de cómo se realizan las tareas parlamentarias en el proceso de codecisión.
Por lo tanto, voy a centrarme exclusivamente en dos aspectos de la primera ocasión en la que -como todas sus Señorías recordarán- en esta legislatura el Parlamento no aprobó el texto del Comité de Conciliación, que coincidía básicamente con el texto de la posición común.
El primero de estos aspectos me permitirá recordarles a sus Señorías las diferentes fórmulas que se barajaron por iniciativa del Parlamento Europeo a la hora de regular la obligación de neutralidad de los órganos de administración y compararlas -en su caso- con las fórmulas que ahora se traen. Y a la vista de esa comparación no creo que se pueda afirmar que lo que hoy vamos a aprobar mejore aquello que, en aquella anterior ocasión, había propuesto al menos el Parlamento Europeo. Porque entonces esta Cámara proponía que se mantuviera la obligación de neutralidad de los órganos de administración -lo cual es positivo-, si bien, simplemente para algunos supuestos en los que no fuera posible reunir a la junta general, arbitraba algunas fórmulas, que no fueron aceptadas ni por el Consejo ni por la Comisión.
¿Qué ocurre ahora? Pues que sólo ha podido lograrse un consenso rebajando mucho las propuestas iniciales de la Comisión. En definitiva, no regulando el apartado relativo a la obligación de neutralidad y, en consecuencia, permitiendo que las legislaciones de los Estados miembros regulen por la vía de la socorrida subsidiariedad las cuestiones relativas a la prohibición o no prohibición de las maniobras defensivas.
Creo que ésa no es una buena fórmula de legislar. Creo que, de haberse aprobado en aquel momento algunas de las propuestas que este Parlamento presentó, habríamos tenido una legislación más idónea.
El segundo aspecto -lo ha citado mi compañera, Ieke van den Burg-, se refiere al capítulo relativo a la información y consulta de los trabajadores. Quiero recordar que, en aquella ocasión, una amplia mayoría de los miembros de este Parlamento aprobó unos derechos de información y consulta de los trabajadores que fueron compartidos por la inmensa mayoría de estos miembros. Hubo quien comentó en aquella ocasión que se había producido una alianza entre algunos sectores conservadores y los socialistas, en virtud de la cual los primeros obtenían un tratamiento flexible para la prohibición de maniobras defensivas, mientras que los segundos obteníamos un amplio reconocimiento de la participación de los trabajadores. Incluso en aquellos momentos se propuso que los socialistas rompiéramos el pacto y votáramos a favor de las propuestas de la posición común a cambio de reconocer el derecho a la información de los trabajadores.
Pues bien, no lo hicimos en aquel momento, pero -como ha dicho la Sra. van den Burg- si no se reconoce este aspecto y no se aprueban las enmiendas correspondientes nos veremos también obligados a votar en contra.
De Clercq (ELDR ).
   – Señor Presidente, la propuesta de Directiva que tenemos ahora ante nosotros es una versión muy diluida de la que el Parlamento rechazó hace dieciocho meses, desafortunadamente por un solo voto.
La propuesta actual deja un gran margen de actuación a los Estados miembros y a las propias empresas, como el permiso opcional, o incluso temporal, de una sociedad para adoptar mecanismos de defensa cuando se enfrente a lo que considere una oferta de adquisición hostil. Por lo tanto, se puede plantear la cuestión de si las adquisiciones siguen siendo posibles en el ámbito europeo y si esta Directiva, en la práctica, supondrá algún cambio real respecto a la situación actual.
No obstante, creo que debemos aprobar esta propuesta, aunque fuera a terminar de una vez por todas con el debate en la Unión Europea sobre las ofertas públicas de adquisición –que dura ya trece años– y adoptar un primer reglamento, por muy vacilante que sea.
Según un famoso proverbio, más vale pájaro en mano que ciento volando. La Directiva sobre adquisiciones es, de hecho, un componente importante de la agenda de Lisboa para crear una Unión Europea fuerte y competitiva, e imprescindible para seguir perfeccionando el mercado interior europeo. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que esta Directiva entre en vigor lo antes posible para que, junto con los operadores del mercado, podamos saber lo antes posible si podemos dar mayor profundidad a este reglamento y cómo. 
Schmid, Herman (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, cuando por primera vez participé en el debate sobre esta cuestión, hace ya un par de años, me sorprendió en gran manera que solo se discutieran determinadas formas de participación en el accionariado: la tradición alemana, por oposición a la tradición anglosajona, etc. Al final, el tema volvió a la Comisión, que ha podido dedicarle mucho tiempo y, por tanto, tendría que haber mejorado la propuesta. 
Ahora se nos presenta un compromiso entre las diferentes estructuras del accionariado y diferentes participaciones en el mismo, pero sin mostrar en ningún caso preocupación por los empleados. Me parece increíblemente asombroso. Tiene que ser obvio que los empleados, igual que los accionistas, son partes interesadas en las ofertas de adquisición, y no es realista ignorar ese hecho. En cierto modo, los empleados son posiblemente partes más interesadas incluso que los accionistas, porque las ofertas públicas de adquisición hostiles vienen casi siempre acompañadas de planes de reestructuración y, a veces, recortes de plantilla.
En otros contextos hablamos solemnemente del diálogo social en la estrategia europea sobre el empleo como un progreso de la política comunitaria. Hablamos de la estrategia de Lisboa, en la que las dos caras de la industria y el diálogo social son también importantes. En el contexto actual, todo esto brilla por su ausencia, y aún prevalece la vieja idea de que las empresas solo pertenecen a sus propietarios y que, en general, los empleados no son más importantes que las máquinas u otros accesorios. Es una idea anticuada, irreal y obsoleta. No puede haber una legislación sobre ofertas de adquisición que de alguna manera ignore el hecho de que los empleados también forman parte de la empresa. Eso es absolutamente fundamental.
Por supuesto, votaremos a favor de las enmiendas referentes a la mejora de la información y las consultas. La información es, lógicamente, importante, pero quiero decir también que no es suficiente. Esa información tiene que poder utilizarse, de una u otra forma, para algo. Tiene que haber unos determinados derechos. Los empleados tiene que tener la oportunidad de actuar en situaciones como estas.
Si el asunto tuviera que volver ahora a la Comisión, me gustaría darle un consejo al Sr. Bolkestein. Creo que el oferente tendría también que estar obligado a presentar un plan de adaptación para la nueva empresa que se esté formando. Este tipo de programa de desarrollo y adaptación debe considerar también los intereses de los empleados y decir lo que les ocurrirá a ellos. Debe existir al menos también una garantía contra el despido a corto plazo. 
MacCormick (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, sin duda recordará tan bien como yo las largas noches pasadas en Luxemburgo en junio de 2001 cuando realizamos este ejercicio por última vez, seguido poco después de un acalorado debate en tercera lectura en esta Cámara, que se perdió por empate.
Vale la pena que recordemos que aunque técnicamente ahora estamos en primera lectura, de hecho se trata de una cuarta lectura, incluso para aquellos de nosotros que hemos participado en el Parlamento actual. Hace mucho tiempo que estamos con este tema y yo soy de los que piensan que si ahora podemos llevarlo a una conclusión satisfactoria, deberíamos hacerlo.
Coincido con el Sr. Huhne y el Sr. Bolkestein en que ahora han surgido nuevos problemas que antes no teníamos. Es un poco como la historia de los libros Sibilinos. La primera vez se los ofrecieron a Tarquino en número de 12, y él los rechazó. Tres de ellos fueron quemados y se los ofrecieron en número de nueve a un precio más alto: cada vez el precio es más elevado y la calidad es menor. Quizás sea así, o quizás no, pero ahora nos encontramos en una tesitura en la que tenemos que tomar una decisión.
Mi Grupo está firmemente convencido de que debemos tener en cuenta los derechos de los trabajadores en este contexto. Los trabajadores no son como los peones de un tablero de ajedrez. Los trabajadores son las personas que hacen que las empresas funcionen, y que funcionen con eficacia. Hay que tener en cuenta sus intereses de forma justa y plena. Hay que tomar muy en serio su derecho a consulta e información.
En este sentido, en la votación de mañana mi Grupo votará, por supuesto, a favor de los grupos de enmiendas acordados entre nosotros, el Grupo GUE/NGL y el Grupo del PSE. A partir de aquí, tenemos dos puntos de vista: algunos opinan firmemente que deberíamos mantener esta postura hasta el final, y que si no se aceptan entonces votaremos en contra de la directiva en su forma actual. Si esto significa que el compromiso se rompe, simplemente tendremos que ir a una segunda lectura, y así sucesivamente.
Otros –y yo soy uno de ellos– creen que ya es hora de llegar a una conclusión. Votaré a favor de dichas enmiendas, pero en última instancia intentaré que esta directiva se apruebe en esta lectura. 
Abitbol (EDD ).
   – Señor Presidente, la cuestión de las OPA a escala europea ha ilustrado no hace mucho, y con cierta resonancia, dos de los principales problemas de la integración europea. En primer lugar, la ciega sumisión de la Comisión de Bruselas a las exigencias de los mercados financieros, en detrimento, la mayoría de las veces, de los intereses económicos, industriales e incluso financieros de la Unión Europea. La Comisión se distinguió en numerosas ocasiones, el año pasado, por esta porfía. Después, el lugar preponderante concedido a Alemania en este Parlamento, cuya eficacia hemos podido medir, puesto que toda la representación alemana ha votado en el mismo sentido. 
Dice la sabiduría popular que, de dos males, hay que elegir el menor. Siempre que se preserve el Derecho de los Estados miembros, en particular a través del artículo 5, votaremos a favor del nuevo proyecto de Reglamento.

Della Vedova (NI ).
    Señor Presidente, creo que puedo decir, en línea con las opiniones expresadas por el Comisario Bolkestein, que hemos perdido otra oportunidad para modernizar el mercado de capitales, sobre todo con unas reglas capaces de garantizar una mayor competitividad de las empresas europeas y, por lo tanto, una protección más eficaz de los accionistas.
Necesitamos entendernos mutuamente: Como ha dicho ya el Sr. Huhne, creo que es una exageración llamar a esto una Directiva sobre ofertas públicas de adquisición. Lo que estamos haciendo es reconocer que existen diferentes reglamentos y garantizar a los diferentes países que puedan conservar una legislación proteccionista en relación con sus empresas, los líderes de sus mercados nacionales públicos o privados. Creo que tendríamos que haber ido mucho más lejos y decidir entre crear un mercado europeo de capitales integrado, eficiente y competitivo que ofreciera nuevas oportunidades de crecimiento a la Unión Europea, sobre todo en materia de empleo, o rechazar este llamado «riesgo» y quedarnos en la situación actual.
Las normas, tal como las ha propuesto el Consejo, eliminan muy pocos de los obstáculos que impone la legislación de algunos países a la competitividad de las empresas, y el resultado es –me entristece decirlo– que resulta imposible lanzar ofertas hostiles, como ocurre en los mercados financieros maduros, donde los capitales se trasladan allí donde se cree que existen márgenes de eficiencia para recuperarlos, en interés de las empresas, de los trabajadores de estas empresas y de otras empresas y en interés de los consumidores de productos, bienes o servicios. También existe el riesgo de que esta cristalización de la situación actual suponga un retroceso. En Italia, donde la legislación vigente – la ley Draghi – es extremadamente abierta y eficaz desde este punto de vista, ya se nos está pidiendo que demos un paso hacia atrás, y yo diría que no vamos a llegar tan lejos en Europa en cuanto a la competitividad de las empresas.
Espero que si esta medida –que, repito, no es una Directiva de ofertas de adquisición– se adopta mañana también en el Parlamento, genere una auténtica competencia entre los sistemas jurídicos y consiga que los que penalizan y dificultan las ofertas de adquisición paguen un precio por ello al obligar a sus inversores internacionales a «votar con los piés». Hay muy pocos elementos positivos: el reconocimiento de la protección de los derechos de las minorías y la cláusula de suspensión – la idea de que el debate sobre el tema se puede reabrir. Quizás solo por este motivo valga la pena adoptar esta medida, que no es una ley europea sobre ofertas públicas de adquisición.
Terminaré, señor Presidente, diciendo que el empleo en Europa, los intereses de los trabajadores y los desempleados, debe protegerse también con unos mercados de capital efectivos. De momento no los tenemos, y me temo que esta Directiva tampoco creará las condiciones necesarias. 
Inglewood (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, no ocurre muy a menudo que esta Cámara sea testigo de verdaderos dramas políticos. Sin embargo, así fue un día de hace dos años y medio cuando el Parlamento rechazó la directiva sobre adquisiciones. Nada de lo que he visto u oído desde entonces ha hecho cambiar mi opinión de que lo que hicimos no solo fue un error, sino también una locura. En un mundo cada vez más interdependiente, donde la economía mundial se está integrando sin fisuras, la única gran dificultad económica con que nos enfrentamos en Europa –una dificultad que estamos permitiendo que nos supere– es la competitividad mundial. Todos sabemos que somos los mejores hablando de ello y hacemos muy mal todo lo que es importante para resolver el problema. Además, cada vez que Europa tiene que enfrentarse cara a cara con las dificultades que plantea la competitividad, nos rajamos. Nos rajamos aquel día de hace dos años y medio, y desde entonces nos hemos rajado regularmente. Siempre utilizamos argumentos especiales sobre minucias como excusa para evitar las decisiones más duras. Hay que decir que todo es de lo más transparente.
Para pintar la situación claramente: puede que yo sea un conservador británico, pero no soy el equivalente contemporáneo de aquellos caraduras que ganaron dinero con la guerra. No soy thatcherista –nunca lo he sido– y no soy euroescéptico, pero, aunque algunos piensen que es un punto de vista excéntrico, creo que deberíamos hablar del mundo tal como es y no del mundo que nos gustaría tener.
Si Europa tiene que ser útil para sus ciudadanos –y debe serlo–, nuestra economía tiene que ser competitiva. Una parte de esta situación de competitividad consiste en tener un sistema de derecho de sociedades y mercados de capitales que le permita competir. Ahora no lo tiene, y este es el problema que debemos resolver.
Las propuestas que estamos debatiendo esta tarde son una respuesta miserable e insuficiente al mundo actual. Sin embargo, debemos empezar a partir de donde nos encontramos. Espero que el Comisario Bolkestein pueda confirmar que en el caso de que esta propuesta se convierta en ley seguirán nuevas propuestas, para que el tema siga adelante, y un poco más deprisa que esta, porque si no vamos un poco más rápido, con un poco de suerte ya estaré cobrando mi pensión y, si no tengo suerte, ya estaré muerto.
Sin embargo, es un paso singular, miserable y lento, en el viaje que esta Europa tiene que emprender. No hay elección. Por este motivo lo apoyaremos en la medida en que las propuestas del Sr. Lehne no se modifiquen o se diluyan. Mirándolo bien, resulta que es peor rechazarlo que apoyarlo, y para un conservador es razón suficiente para votar a favor. 
Gebhardt (PSE ).
   – Gracias, señor Presidente. Honestamente, no sabía que había 275 diputados alemanes en esta Cámara. Por eso tantos diputados rechazaron los resultados del primer procedimiento de conciliación. Señorías, cuando pensamos en Europa como una comunidad social y como un ejemplo para los demás, los derechos de los trabajadores tienen que desempeñar un papel importante. Precisamente porque no se tuvieron suficientemente en cuenta, esta Cámara rechazó la primera Directiva sobre adquisiciones por considerar insuficiente el resultado de la conciliación que se había acordado con el Consejo. Nosotros teníamos claro que las decisiones relativas a la continuación de una empresa no se podían dejar solo en manos de los accionistas, sino que las personas que trabajan en ella debían, desde el principio, estar informadas y poder influir en los acontecimientos. Al fin y al cabo, cuando se adquiere una empresa, no es solo poder y mucho dinero lo que está en juego, sino también el destino de muchas personas. También están en juego temas como la ubicación de la empresa y la seguridad de los puestos de trabajo. Por eso hay que pedir la opinión de las personas afectadas e implicarlas en lo que ocurra.
Hoy nos encontramos en un nuevo punto de partida con esta Directiva sobre adquisiciones, y el ponente quiere que la aprobemos con una sola lectura. Desde el principio, nosotros, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, prometimos darle nuestro apoyo, pero con la condición de que se encontrara una solución satisfactoria a la cuestión de los derechos de los trabajadores. Así nos lo prometió, pero ahora me sorprende, como sorprende a todos los demás que pensaban que sería una buena solución, encontrar una Directiva sobre adquisiciones que no es ni un ápice mejor que la primera. Ante semejante impertinencia, no aprobaremos esta Directiva por la vía rápida hasta que no se haya resuelto la cuestión de los derechos de los trabajadores de una forma favorable para ellos. 
Schmidt, Olle (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, si queremos que la UE sea la economía más dinámica y competitiva del mundo, los responsables de la toma de decisiones de la UE tienen que actuar con coherencia y rapidez. Ésta podría haber sido una Directiva importante para crear unas mejores condiciones previas para el crecimiento y favorecer la reestructuración del marco corporativo de Europa. Las empresas dinámicas que pueden reestructurarse son las que crean puestos de trabajo. Sin puestos de trabajo, Europa no sobrevivirá. Es puramente una cuestión de intereses de los trabajadores.
La expresión «mucho ruido y pocas nueces» describe bastante bien esta controvertida Directiva. Durante catorce años hemos intentado aprobar estas normas básicas comunes y justas. En realidad hemos fracasado, pero aún así hemos dado un paso en la dirección correcta.
Yo, personalmente, he tenido algunas dificultades con este debate. En principio, mi opinión es que el derecho de voto diferencial no favorece la creación de empresas eficientes capaces de competir en un mercado mundial. Con el tiempo, la diversidad de valores de voto tiende a consolidar unas estructuras corporativas deficientes. También creo que existen objeciones legales importantes a la legislación retroactiva, y comprendo la utilidad de que los empresarios puedan recurrir a la bolsa de valores para obtener un capital extra por el trabajo de su vida sin perder todo el control del mismo. A pesar de ello, a nosotros nos parece enormemente importante que se establezcan unas normas básicas comunes antes de permitir en el mercado europeo una reestructuración más liberal.
Ahora bien, tenemos que asumir ese compromiso. Podríamos haber conseguido más, y realmente queríamos más. Ahora, esta Directiva habla más sobre la apertura y de la protección de los accionistas minoritarios, y menos sobre las normas de adquisición. Pero es un paso en la dirección correcta, y creo que podemos apoyar este compromiso aunque demuestre que hacen falta dieciséis años para que la legislación de la UE entre en vigor. Catorce años iniciales y después dos años más para incorporarla. A este paso, nunca seremos dinámicos ni competitivos.
Figueiredo (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, sabemos que permitir a las empresas lanzar ofertas públicas de adquisición hostiles puede perjudicar el derecho de los Estados a mantener el control sobre los negocios estratégicos y los organismos de toma de decisiones que son esenciales para su desarrollo, sobre todo cuando se trata de empresas que prestan un servicio público. Estas ofertas de adquisición suelen perjudicar a los accionistas por la pérdida de productividad y, lo que es aún más grave, la destrucción de puestos de trabajo.
Es fundamental que los trabajadores de las empresas y sus representantes estén adecuadamente informados en todas las fases del proceso y se les consulte sobre los posibles efectos de una oferta de adquisición hostil en el empleo y la reestructuración de la empresa. Es inadmisible que no se ofrezca ninguna de esas garantías. Por ello, el Parlamento Europeo tiene que aprobar las propuestas de enmienda dirigidas a esta finalidad, aunque tenemos que ir más allá y proporcionar a los trabajadores y a sus representantes mecanismos para obstruir una oferta de adquisición hostil que tendría consecuencias potencialmente desastrosas para el empleo y otros derechos. 
Bouwman (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Bolkestein, señor Lehne, Señorías, quiero hacer algunas observaciones.
Aunque ya hace tiempo que lo sabemos, acabo de caer en la cuenta de que el Sr. Bolkestein rechaza los mecanismos de defensa que se proponen ahora en las enmiendas, que son más o menos opcionales en cada país y que darían lugar, como él pretendía, a una versión muy diluida de esta Directiva. Lo cual tiene también algunas ventajas para los empleados, porque significa que, en algunos casos, estos mecanismos seguirán dando a los empleados y a los empresarios el control de algunos derechos.
Al margen de eso, celebro en cualquier caso que la nueva Directiva haya incorporado lo que habíamos decidido entretanto, es decir, nuevas directrices sobre la información y la consulta en una serie de casos, lo que debe merecer nuestro elogio, ya que fue uno de los obstáculos más importantes la última vez. Sin embargo, me gustaría añadir que en realidad queríamos que se tomaran medidas proactivas en las ofertas de adquisición que no prosperan, algo que ocurre en casi un 50% de los casos. Eso significa que la oferta vaya precedida de una consulta, que la consulta sobre esa oferta tenga lugar antes de hacerse pública, etc.
Señor Bolkestein, una gestión moderna, una gestión socialmente responsable, exige una consulta más detallada, de manera que todas las partes interesadas, y no sólo los accionistas, tengan derecho a una consulta cuando sea necesario.
Hemos presentado estas enmiendas para mejorar la Directiva. Aunque mi grupo está dividido en este asunto, creo que la mayoría defendemos esta posición. Queremos que se introduzcan estas enmiendas; de lo contrario, tendremos que votar en contra de la propuesta. La mayoría del grupo está conmigo en esto. Se ha dicho que más vale pájaro en mano que ciento volando. En lo que a mí respecta, pueden seguir volando. Quizás entonces podríamos encontrar otra forma de conseguir una consulta más detallada. 
El Presidente.
   Recuerdo a las señoras y señores diputados que con el nuevo sistema electrónico no se enciende el círculo rojo, o sea que no tienen que hacer ningún esfuerzo ni golpear el micrófono al empezar a hablar.
Sin duda, por la inercia del pasado, todos estamos esperando ver la luz roja ...
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, en los últimos meses hemos seguido con gran interés los acontecimientos relacionados con la Directiva sobre las ofertas públicas de adquisición. Al inicio del debate parlamentario ya estaba claro que solo la cooperación con el Consejo y la Comisión podría asegurar un amplio apoyo a la propuesta.
En consecuencia, el compromiso propuesto cuenta con nuestra aprobación. En concreto, el reconocimiento de los derechos de los empleados es una mejora considerable respecto a la propuesta original. Pese a ello, estamos también considerando votar a favor de algunas enmiendas que hacen hincapié en la implicación de los empleados. La continuidad y el empleo siguen teniendo una gran importancia en las adquisiciones.
Acogemos con satisfacción que la propuesta ya no incluya una prohibición de los mecanismos de defensa temporales. Estados como los Países Bajos y Alemania tenían razón en oponerse rotundamente.
No nos convencen los argumentos del ponente contra la aprobación de la enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre los derechos de los empleados, y nos gustaría saber si el Comisario Bolkestein la adoptará. 
Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, tras catorce años de negociaciones para llegar a un acuerdo mínimo sobre las fusiones y adquisiciones, las instituciones europeas siguen divididas. El Parlamento era favorable a la armonización de la legislación. Por su parte, la Comisión preconizó un principio de competencia, pero deploró las posiciones dominantes, que son fruto de esta política. El Consejo no quería privar a los Estados miembros de la posibilidad de intervención en caso de ofertas públicas de adquisición hostiles sobre sus grandes empresas nacionales. En efecto, desde hace veinte años, Europa destruye de forma metódica a los actores estratégicos, que son los Estados nacionales, sin que por lo demás consiga reemplazarlos.
La Directiva se propone defender los intereses de los accionistas minoritarios y la información a los trabajadores. En realidad, suprime muchos obstáculos a la adquisición de nuestras empresas por parte de intereses extraeuropeos, en la medida en que, en su artículo 6, por ejemplo, designa una autoridad de supervisión única y prohíbe a las autoridades de los Estados miembros dar su aprobación o exigir la inserción de información complementaria. Además, esta Directiva no dice nada sobre el control específico que ejerce la Comisión Europea sobre las fusiones que puedan conducir a un abuso de posición dominante, control que, curiosamente, se opone siempre a este tipo de fusiones cuando la posición dominante es ejercida por una empresa europea, pero muy raras veces cuando lo es por una empresa extraeuropea. Nuestros competidores norteamericanos no se dejan despojar tan fácilmente. Los asuntos Pechiney, Crédit Lyonnais y Vivendi Universal lo demuestran ampliamente.
Brunetta (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Directiva sobre ofertas públicas de adquisición es un acto legislativo fundamental para la creación de un auténtico mercado interior en el control corporativo: un acto legislativo que puede dar un impulso decisivo a la libre circulación de capitales en Europa. La libre circulación significa más productividad, más crecimiento, más competitividad y – me dirijo a los diputados de la izquierda – más empleo. Después de 14 años, por fin hemos conseguido nuestro objetivo y es una pena que la Comisión no perciba los aspectos positivos del compromiso alcanzado.
En los últimos meses ha habido una intensa cooperación entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y ese es un resultado positivo en sí mismo. ¡Y Europa necesita resultados positivos ya mismo! Por supuesto, se trata de un compromiso, el único compromiso posible en estos momentos. Nos habría gustado conseguir más, sobre todo en mi país, donde tenemos una legislación muy avanzada y abierta en esta materia; nos habría gustado una Directiva que creara unas condiciones verdaderamente iguales para todos con la regla de la pasividad y la neutralización total de las medidas defensivas.
Lo hemos intentado, pero no se ha podido por la oposición de algunos Estados miembros que ahora probablemente se esconden detrás de las llamadas enmiendas sociales. El compromiso que se presentará a votación mañana refleja la situación del capitalismo europeo, que sigue siendo una mezcla de capitalismo a pequeña escala y capitalismo a gran escala. Con todo, ofrece una protección adecuada de los derechos de los trabajadores. Y de ahí el sistema de inclusión/exclusión voluntaria en relación con la igualdad de condiciones. No obstante, se acepta el compromiso de intentarlo de nuevo dentro de unos años, con una cláusula de suspensión muy útil, cuando los mercados financieros hayan favorecido a las compañías que opten por la competitividad. Lo único que tendremos que hacer entonces es suprimir el apartado A del artículo 11, realizar algunos retoques estéticos y tendremos una nueva Directiva lista para el futuro.
Con esta Directiva y las demás que estamos adoptando en el marco del Plan de Acción de Servicios Financieros, las empresas competitivas, su gobernanza y sus balances serán transparentes. Tenemos una gran necesidad de transparencia, tras los recientes casos de , y . Se animará a las empresas a que opten por la competitividad por el hecho de que las empresas competitivas podrán negarse a ser adquiridas por empresas no competitivas. Hemos establecido el punto de referencia y lo hemos protegido, lo cual es mejor que una Directiva que simplemente establezca unos procedimientos de transparencia como la que existe en los Estados Unidos. En el fondo, podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido. 
Grönfeldt Bergman (PPE-DE ).
    Señor Presidente, durante muchos años un numeroso grupo de personas ha realizado una inmensa labor. A pesar de ello, los compromisos que tenemos ante nosotros son, en mi opinión, inaceptables. La propuesta significaría permitir la diferenciación de votos en el tema de las acciones durante un período de transición, como excepción a la norma general. Posteriormente tendría lugar una revisión, que implicaría al sistema de acciones A y B y también a otras formas de accionariado.
Muchos creen que con ello se ha rescatado el sistema nórdico de acciones con diferentes valores de voto. Quienes sostienen que es un buen compromiso no comprenden el problema de principios subyacente: si la UE tiene o no derecho a interferir en cómo se organizan los accionistas de las empresas privadas. Me parece lamentable que muchos diputados de este Parlamento acepten con tanta facilidad una infracción del derecho de propiedad. Nadie menciona el importante principio de respetar el derecho de la propiedad. La organización de las acciones de una empresa no incumbe más que a los propios accionistas. Es un requisito previo básico de la economía de mercado.
Si se aprueba el compromiso, significará en la práctica que el Parlamento acepta la apropiación de activos. Si alguien ha comprado a precio de mercado una acción con un valor de voto más alto, ¿qué derecho tiene la UE o cualquier estado a robar a esa persona su inversión diciéndole que por lo que ha pagado ya no tiene ningún valor?
El Gobierno sueco sostiene que esta cláusula de revisión es una victoria porque la revisión abarcará más formas de accionariado y no solamente el sistema de acciones con distintos valores de voto. Es posible que así sea, pero el Gobierno sueco sabe sin duda tan bien como todos que, dentro de cinco años, cuando tenga lugar la revisión, ya nadie podrá o querrá investigar la multiplicidad de formas de accionariado que existan en la UE. Lo más seguro es que también entonces el debate se centraría en el sistema de acciones A y B. El motivo es sencillo. Los diferentes valores de voto son un sistema claro y directo. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los demás sistemas de accionariado, es muy fácil saber a cuantos votos corresponde un tipo de acción, y es igual de fácil saber el valor que tiene la acción en el mercado. No hay trampas o secretos en este sistema.
El principal objetivo de los nuevos reglamentos que regulan las ofertas públicas de adquisición es que la UE llegue a ser un mercado abierto y se eliminen los obstáculos para las adquisiciones. Pero lo cierto es que el número de adquisiciones en países donde se aplican diferentes valores de voto no es en absoluto inferior a su número en países que no permiten ese sistema.
En resumen, la propuesta que tenemos ahora ante nosotros es, en mi opinión, inaceptable porque, en primer lugar, infringe el derecho a la propiedad; en segundo lugar, no respeta los acuerdos alcanzados; y, en tercer lugar, considera las acciones con distintos valores de voto como un obstáculo para las adquisiciones.
Bolkestein,
     Señor Presidente, en primer lugar quisiera referirme a determinadas enmiendas. Como he dicho antes, no puedo aceptar las enmiendas 5 ó 21 porque introducen los mecanismos opcionales que la Comisión rechaza.
También tengo algunas dificultades con la enmienda 4 y la enmienda 20, en el último párrafo, en relación con los derechos especiales, que mezclan de forma no deseable los derechos especiales que otorga la escritura de constitución de determinadas empresas que podrían quedar exentas de la aplicación del artículo 11, y los derechos especiales que otorga la ley, que, como he dicho antes, en ningún caso entran en el ámbito de esta directiva.
Se ha hablado mucho esta noche de este tema, pero solo se han formulado dos preguntas a la Comisión. La primera pregunta es sobre la inclusión de los derechos de consulta y codeterminación para los trabajadores, y en respuesta a esta pregunta quiero decir que esta directiva no es una directiva social. Por lo tanto, no sería bueno introducir en esta directiva nuevos derechos de consulta y codeterminación.
Después de la petición del Parlamento, hemos incluido en nuestra nueva propuesta un nuevo artículo 13 que deja bastante claro que todos los derechos de información, consulta y, en su caso, codeterminación, que forman parte del derecho comunitario, también se aplican aquí.
También se dice con mucha claridad que los Estados miembros son libres de introducir derechos que vayan más allá del derecho comunitario, siempre que respeten las normas referentes a las operaciones con información privilegiada. Además, después de la petición del Parlamento, hemos indicado en el artículo 8 de la directiva que toda la información referente a la oferta debería ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores o a los trabajadores tanto de la sociedad afectada como de la sociedad oferente.
La segunda pregunta la ha planteado el Sr. Inglewood a la Comisión. Ha preguntado si la Comisión podrá proponer nuevas medidas. Por supuesto, la Comisión revisará regularmente lo que ocurre en este sector, en concreto la reacción del mercado a esta propuesta, si es aceptada, pero el momento adecuado para revisar la situación y modificar la propuesta es cinco años después de su adopción. Si se tiene en cuenta el período normal de adopción, esta fecha será en 2011.
Este es otro motivo por el que la Comisión no se siente en absoluto satisfecha con la propuesta tal como parece que ahora será aprobada por el Parlamento, porque el mundo va a cambiar mucho entre ahora y 2011 y, como ya he dicho, no se revisará hasta 2011. Y esto queda muy lejos.
La Comisión está de acuerdo con el Sr. Inglewood en su valoración de esta propuesta.(1)
El Presidente.
   Muchas gracias señor Comisario. El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0467/2003) del Sr. Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que atañe al impuesto sobre el valor añadido aplicado en el sector de los servicios postales (COM(2003) 234 - C5-0227/2003 - 2003/0091(CNS)).
Bolkestein,
    Señor Presidente, en 1977 el Consejo adoptó la Sexta Directiva sobre el IVA. Fue un gran paso adelante hacia la eliminación efectiva de las restricciones a la circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, y la integración de las economías nacionales. Por primera vez la Comunidad tenía una base tributaria armonizada y una lista armonizada de productos y servicios exentos. Entre ellos, el legislador de la Comunidad incluyó en 1977 los suministrados por los servicios postales públicos.
Esta exención se remonta a una época en que en la mayoría de los Estados miembros la oficina de correos era una sucursal del Gobierno que ejercía el monopolio sobre los servicios postales. En aquel entonces, el servicio de correos era sin duda un servicio postal público y la exención de estos servicios no ocasionaba ninguna distorsión de la competencia porque no había competencia posible.
Pero ahora las cosas ya no son así. En la mayoría de Estados miembros, la oficina de correos ya no es una sucursal del Gobierno, sino una empresa comercial sujeta al derecho mercantil. En algunos casos sus acciones se venden en los mercados de valores. Algunos Estados miembros ya aplican el IVA al correo, o a algunos o todos los servicios prestados por el proveedor del servicio universal, porque reconocen los problemas que ocasiona una exención anticuada.
Algunas de estas empresas están ampliando ahora sus operaciones a otros Estados miembros para llevarse los beneficios del mercado interior al igual que están haciendo otros operadores postales de terceros países. Ahora los consumidores exigen servicios que solo pueden prestar las empresas con presencia en varios mercados europeos. Pero con las normas actuales una empresa que suministra servicios postales exentos en el Estado miembro A está obligada a cargar el IVA en el Estado miembro B, porque dicho país no la reconoce como servicio postal público.
El mercado postal ya está liberalizado en gran parte. Aunque, como ocurre a menudo, después de la liberalización el proceso avanza a un ritmo distinto en cada Estado miembro, en todos ellos, en gran medida gracias a la aprobación de la Directiva 97/67/CE, pueden operar y operan otros operadores además de los antiguos monopolios. Dado que varios operadores prestan servicios postales y la legislación del IVA no los trata a todos por igual, inevitablemente existe una distorsión de la competencia.
Una exención del IVA no es una bendición. Principalmente comporta una incapacidad para deducir el IVA soportado, lo que a su vez desalienta la inversión. En unos momentos en que hay competencia en el mercado de los servicios postales y la revolución de las comunicaciones ha creado nuevos canales que en cierta medida compiten con el correo, un nivel de inversión más bajo pone en situación de riesgo a los operadores públicos.
Como ocurre a menudo con la legislación fiscal europea, la Directiva sobre el IVA se ha quedado rezagada en este proceso y ahora exige cambios urgentes porque ya no refleja las necesidades o la situación real en la Comunidad.
Según el artículo 93 del Tratado, deben adoptarse disposiciones referentes al IVA en la medida en que la armonización sea necesaria para asegurar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Al presentar esta propuesta, la Comisión cumple sus obligaciones conforme al Tratado. Y lo ha hecho después de una amplia consulta con los servicios postales universales y demás operadores postales, así como con representantes de los consumidores de servicios postales.
Ha tenido en cuenta sus opiniones, en concreto las de los clientes privados y organizaciones benéficas, proponiendo que se aplique una tarifa reducida a aquellos servicios como el correo de cartas, pequeños paquetes y correo directo que dichos clientes más necesitan. Con el efecto combinado del ahorro que implicaría para los operadores postales el derecho de deducción que la propuesta les otorgaría y la aplicación de una tarifa reducida para una amplia gama de servicios postales se pretende limitar o incluso neutralizar todo posible aumento de los precios postales.
La Comisión propuso el concepto de servicio universal en el núcleo de la Directiva 97/67/CE y considera que todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a una amplia gama de servicios postales asequibles y de buena calidad. Los proveedores del servicio postal universal no estarán en condiciones de prestar un servicio de este tipo si no se les anima a invertir y modernizarse y, en consecuencia, no podrán seguir compitiendo con otros operadores en aquellas partes del mercado que ya están abiertas a la competencia. Para poder competir en dichos mercados necesitan una presencia a escala europea y herramientas como la trazabilidad de paquetes, que los operadores privados y de terceros países ya ofrecen a los clientes europeos. La actual exención del IVA hace que las inversiones necesarias sean más caras. Los operadores del servicio postal universal en Europa reconocen estas dificultades y en consecuencia la mayoría apoyan los objetivos de esta propuesta.
Para terminar, quiero invitar a sus Señorías a apoyar la propuesta de la Comisión. 
Schmidt, Olle (ELDR ),
   .  Señor Presidente, quiero empezar pidiendo disculpas por no haber podido presentar un informe coherente. Este informe podría ser el último que presente en este Parlamento y, señor Comisario, no me siento orgulloso del resultado. 

 Señor Presidente, el mercado de los servicios postales se está liberalizando a escala europea y también a escala nacional. Como ha dicho el Comisario Bolkestein, la situación actual no permite la igualdad de condiciones. Los operadores públicos tienen una ventaja competitiva sobre los clientes que no pueden reclamar el IVA, como las personas físicas, las organizaciones benéficas y los bancos. Los operadores privados son más atractivos para las sociedades que declaran el IVA, aunque el precio global pueda ser superior, porque el cliente puede recuperar el IVA, lo que generalmente reduce el coste neto para la empresa.
Otra desventaja de la exención del IVA para los operadores públicos es que favorece el autoabastecimiento. Por lo tanto, al operador le resulta más rentable prestar él mismo el servicio que subcontratarlo.
Con este telón de fondo, la Comisión propone ahora que se elimine la exención y se aplique el tipo estándar de IVA a todos los envíos que superen los 2 kg de peso. Al mismo tiempo, se concede a los Estados miembros la oportunidad de aplicar un tipo de IVA reducido a los envíos que no superen el peso mencionado.
Estoy de acuerdo con la valoración de la Comisión. Como ponente, propuse también unos cambios de menor importancia en la lectura de la comisión, pero todas mis propuestas fueron rechazadas. En la práctica, la propuesta de la comisión significa que el Parlamento Europeo debe rechazar en su totalidad lo que propone la Comisión. Creo que eso sería lamentable y, junto con mi colega la Sra. Lulling y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, he presentado por ello una serie de propuestas de transacción. Personalmente, no me siento del todo satisfecho con estas enmiendas, pero puedo aceptarlas. Espero que también el Comisario Bolkestein pueda aceptarlas. Las enmiendas apuntan a la dirección correcta y significarán el principio de un mercado que funcionará mejor. Los grandes cambios que proponemos ahora pretenden, por ejemplo, eliminar el límite de 2 kg para el tipo de IVA reducido. Esto significa también unas demandas más claras para un mismo margen del IVA entre el 5% y el 10%.
Permítanme en primer lugar que me dirija a aquellos de mis colegas diputados, especialmente los británicos, que estaban preocupados por el aumento de los precios. Como todos sabemos, el IVA se puede aplicar y eliminar. La Comisión prevé que el precio de un sello de primera clase en el Reino Unido, por ejemplo, aumentaría 3 céntimos de euro, en caso de que se aplicase un tipo de IVA reducido del 5%, mientras que el aumento sería de 5 céntimos de euro si se aplicase el tipo estándar de 17,5%. En este sentido hay que señalar que el órgano regulador postal del Reino Unido, Postcomm, ha llegado a la misma conclusión. Hablar de aumento de precios es muy exagerado.
A fin de cuentas, aunque el correo cumple una función social importante, el franqueo y similares sólo representa entre un 0,1 y un 0,2% de media del presupuesto familiar en la UE. El operador postal de mi propio país, Suecia, ha comunicado a su Gobierno que el gasto medio por familia que se dedica a las cartas y tarjetas de Navidad es de 190 SEK (21 EUR). En el caso del Reino Unido, las cifras correspondientes a 1996 y 1997 indican que el gasto medio anual de una familia británica era de 29,40 GBP (42 EUR) al año. Suponiendo que esta cantidad correspondiese por completo al envío de cartas por correo ordinario con un coste de 28 peniques, las repercusiones que ello tendría sobre la economía de las familias, en caso de que el operador postal nacional aumentase el precio en 1 penique, se traducirían en un gasto anual de 30,45 GBP, lo que supondría un aumento anual de 1,05 GBP. Creo que esto debe tenerse en cuenta durante la votación de mañana.
Otro tema delicado es la repercusión sobre las organizaciones de beneficiencia. Igual que el Comisario Bolkestein, yo también pienso que esa repercusión debe contrarrestarse con la posibilidad de reclamar el IVA o con unos tipos impositivos especiales.
Por último, quienes en esta Cámara creen en un mercado mejor y más eficiente, sin obstáculos ni injusticias, no pueden rechazar esta propuesta. Deseo dirigirme especialmente a la Sra. Lulling y darle las gracias. Quiero dar las gracias al Sr. Radwan, al Sr. Brunetta y al Sr. Karas. Ellos han ayudado, en cualquier caso, a conseguir una cierta unidad. Sra. Randzio-Plath y Sr. Goebbels, que han demostrado tener tanto sentido común en muchos otros temas, confío en que lo tengan también mañana. Al menos, podrían escuchar a los operadores postales de su país, o a los que apoyan la propuesta. 
Ferber (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Comisario, Señorías, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha estudiado a fondo este expediente, habiendo tenido el privilegio de seguir el desarrollo de los servicios postales en el pasado, y con la esperanza de poder seguir haciéndolo también en el futuro. Por este motivo estudiamos la posibilidad de introducir el IVA en las condiciones de trabajo liberalizadas por las que todos luchamos, y espero que al final de la década habremos podido concluir esta importante tarea.
Permítanme empezar diciendo que la propuesta que la Comisión nos ha planteado es un serio intento de resolver este problema pero, a la vez, también es cierto que lo bueno se puede mejorar. Este fue el planteamiento de la Comisión de Política Regional, y hay tres aspectos que me gustaría comentar.
El primero es que, en un principio, queríamos aplicar a los servicios postales el tipo de IVA mínimo, el 5%. Somos conscientes del problema legal que plantea en algunos Estados miembros la obligación de introducir lo que sería un cuarto tipo de IVA. También comprendemos que es un tema que hay que tratar con especial cuidado. En segundo lugar, hay que pensar en qué limite de peso máximo se aplicaría a un tipo de IVA reducido. El Comisario tenía razón al referirse a la obligación de ofrecer un servicio universal, pero también existe el Convenio de la Unión Postal Universal que, entre otras cosas, describe los derechos de los consumidores y, por lo tanto, tomando dicho Convenio como guía, proponemos que se apliquen tipos reducidos de IVA a los envíos por correo de hasta 10 kg de peso.
En tercer lugar, proponemos que la entrada en vigor de la Directiva se armonice con la próxima liberalización de los servicios postales prevista para 2006. Después de estudiar este tema, la Comisión debe redactar y remitir sus propuestas al Parlamento y al Consejo de Ministros para que las consideren.
Me complacería en gran manera que se tuvieran en cuenta estas propuestas de la Comisión de Política Regional. 
Lulling (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el Comisario Bolkestein tiene razón al recordarnos que la Sexta Directiva sobre el Impuesto del Valor Añadido no prevé el pago del IVA en los servicios postales. Esto se aplica a los proveedores tradicionales de servicios postales, principalmente los antiguos monopolios, cuando los proveedores de servicios postales privados sí tienen que sumar ya el IVA en sus facturas.
Hace algún tiempo, para que el mercado interior fuera una realidad en el sector de los servicios postales, empezamos a liberalizar progresivamente el sector, permitiendo así que la empresa privada operara en él cada vez a mayor escala. Las nuevas empresas privadas tienen que cargar el IVA, mientras que los antiguos monopolios están exentos, y, antes o después, esto implicará una distorsión de la competencia. Para empezar, el IVA se refleja en el precio del producto final de las empresas privadas, pero no en el de los operadores postales tradicionales quienes, y éste es el segundo punto que quería tratar, no pueden deducir el IVA que tienen que pagar cuando compran o invierten. Pero entiendo que el importe del IVA que podrían deducir sería bastante insignificante, ya que casi un 80% de los costes – al menos en Luxemburgo – corresponde a salarios, que en ningún caso están sujetos a IVA.
El ponente y yo nos hemos puesto de acuerdo para presentar una solución que permite aplicar un tipo reducido de IVA a todos los servicios postales, aunque los Estados miembros que ya imponen unos tipos muy reducidos a otros productos y servicios también podrían aplicarlos a los servicios postales. Se trata de una solución equilibrada, que tiene lo más en cuenta posible los intereses de todas las partes, sin comportar un aumento del precio de los sellos.
Además, la Comisión ha propuesto una nueva definición de servicios postales que me sorprende bastante. Desde la Directiva sobre los servicios postales de 1997, hemos tenido una definición reconocida por todos los participantes en el mercado y utilizada sin problemas. Una nueva definición no haría más que aumentar la inseguridad jurídica, porque las partes implicadas se preguntarían si los servicios postales prestados de acuerdo con la Directiva de 1997 eran los mismos que a los que ahora se les impone el impuesto.
Para que podamos evitar esta inseguridad jurídica y la consiguiente confusión que produciría, el ponente y yo hemos propuesto que, cuando defina los servicios postales, la Directiva sobre el IVA se remita simplemente a la definición que aparece en la Directiva de 1997.
Una última e importante enmienda trata de la fecha a partir de la cual se aplicará el IVA a los servicios postales. Como, en esencia, estamos hablando de un problema de posible distorsión de la competencia, el IVA debería imponerse sólo cuando este problema sea realmente evidente. En la situación actual, algunos mercados nacionales están más liberalizados que otros. La enmienda que presentamos prevé la introducción del IVA sólo cuando se haya liberalizado al menos un 50% del mercado nacional.
No me queda más que dar las gracias al ponente por su excelente cooperación, y pedir a aquellos diputados que en la comisión votaron en contra de la propuesta de la Comisión en su totalidad, que reconsideren su postura, porqué no sería adecuado rechazarla ahora. Hago un llamamiento a los diputados socialistas en particular. Tenemos que enfocar este tema de una manera constructiva, porque solo así tendremos la oportunidad de que nuestras propuestas sean acogidas favorablemente por el Consejo y la Comisión. 
Meijer (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, los servicios postales han sido un monopolio estatal durante 150 años. En la legislatura actual, la mayoría de esta Cámara ha estado de acuerdo en que empresas internacionales de servicios asumieran parte de este trabajo. En el debate sobre el tema se mencionaron algunos inconvenientes, como el temor a que en el futuro se cobrase un precio cada vez mayor por un servicio cada vez peor. Pero apenas se prestó atención a su repercusión fiscal.
Ahora las complicaciones son evidentes. Las empresas de servicios públicos no pagan IVA, pero si los clientes pueden recuperar su IVA, en algunos casos las empresas privadas se convierten en la opción más barata. A medida que la subcontratación del transporte postal a los servicios ferroviarios se hace cada vez más cara, aumenta el uso que las propias empresas hacen del transporte por carretera con camiones muy poco ecológicos. No se sabe si los Estados miembros declararán aplicables sus tipos de IVA altos o sus diversos tipos de IVA más bajos. Es posible que en muchos casos los precios aumenten para los usuarios.
Al ponente le conviene ahora proponer que se aplace la aplicación hasta que el mercado se haya liberalizado más y el ponente de opinión expresa su deseo de aumentar el límite de peso hasta diez kilogramos. La mejor solución habría sido no privatizar. No es el mercado a quien debemos proteger, sino los empleados y a los clientes, y la mejor forma de protegerlos sería sin esta medida. 
Santos (PSE ).
   – Señor Presidente, debo confesar que me ha resultado difícil intervenir en este debate y, de hecho, empezaría remarcando que debemos tener en mente las palabras de la Sra. Lulling. Pero, por encima de todo, tenemos que considerar el enorme esfuerzo que ha hecho el Comisario Bolkestein para consolidar el mercado interior, que es absolutamente crucial para la integración europea y también para la recuperación económica de Europa.
Por lo tanto, creo que esta iniciativa de la Comisión tiene sentido de ser, pero por desgracia el Parlamento Europeo no debe apoyarla todavía, porque un paso de este tipo, de forma aislada, aportaría muy poco al debate real, que gira sobre la liberalización esencial del sector de los servicios postales. En este momento y con la estructura actual del mercado, la propuesta de la Comisión podría tener algunos efectos no deseados, el más adverso de los cuales sería seguramente el aumento general de los precios de los servicios postales para los ciudadanos, sin que ello generara ningún beneficio inmediato. Ni siquiera las propuestas de enmienda – y no tenemos ninguna garantía de que se aprueben – lo evitarían.
De hecho, a veces conviene sacrificar un beneficio a corto plazo, especialmente en el caso de los servicios públicos, aunque sólo si ese beneficio se salvaguarda a medio y largo plazo, con las evidentes ventajas que ello comporta. Lamentablemente, no parece que ese sea ahora nuestro caso, o al menos no está claro que la propuesta acepte este principio fundamental.
El sector de los servicios postales ha estado exento de IVA desde 1977, si bien es cierto que en aquellos momentos el sector estaba dominado por los monopolios estatales, lo que significa que apenas había competencia. A pesar de los cambios que han tenido lugar desde entonces, no hay ningún motivo para pensar que este ámbito de los servicios públicos opere ahora en un mercado abierto. Y, sin embargo, se trata de la única situación en la que el Estado podría ejercer con justificación su poder exclusivo de control político sin tener que recurrir a los impuestos ni a otros tipos de incentivos para garantizar la eficacia social. Por lo tanto, si reconocemos que el mantenimiento de la situación actual durante mucho tiempo podría perjudicar al tan necesitado desarrollo de este sector, también hemos de aceptar que esta propuesta por sí sola no eliminará ni reducirá las distorsiones de la competencia actuales, sobre todo con la diversidad de tipos de IVA que se siguen aplicando en la Unión.
De modo que, el rechazo de esta iniciativa solo se puede interpretar como una recomendación a la Comisión para que incluya la propuesta en el marco de un debate más amplio sobre la liberalización total del sector, que garantice la plena eficacia de los servicios prestados, sin aumentar el precio que pagan los ciudadanos por esos servicios. 
Laguiller (GUE/NGL ).
   – El informe únicamente trata de las distorsiones de la competencia que pueden perjudicar a las empresas privadas que invaden el sector postal; en absoluto refleja los intereses de los usuarios o de los trabajadores de correos.
Hace más de un siglo, los Estados europeos establecieron unos servicios públicos de correos que funcionaban de forma más o menos aceptable hasta que se empezaron a sustituir los criterios de servicio público por criterios de rentabilidad. El buen funcionamiento de los servicios públicos, en particular los postales, fue durante mucho tiempo uno de los indicios más claros del grado de desarrollo, y diría incluso del grado de civilización de un país. Fue precisamente porque los servicios postales se protegieron en cierta medida de la competencia y del afán de lucro que pudieron desempeñar su función; fue porque su razón de ser no era generar beneficios sino prestar un servicio que alcanzaba hasta las aldeas más remotas y cubrían el territorio con una densa red de oficinas de correos. Este es el progreso que los Estados nacionales, al igual que las instituciones europeas, están destruyendo sistemáticamente. Me opongo absolutamente a esta empresa de destrucción de los servicios públicos, que constituye una regresión y una injusticia social.
A esta razón fundamental para votar en contra de este informe se añade otra. Sí, estamos en contra del IVA, y por tanto en contra de su aplicación y en contra del encarecimiento de los precios que resultará de ello, un encarecimiento cuyas principales víctimas serán los usuarios de rentas más bajas.

Lulling (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tengo que preguntar a pesar de todo al Sr. Bolkestein si apoya las enmiendas que hemos propuesto. ¿De qué se trata? O bien seguimos a los socialistas y a todos aquellos que no han comprendido bien el interés de aquellos a los que pretenden defender y rechazamos pura y simplemente la propuesta de la Comisión, o bien seguimos el camino que yo he propuesto, pero que no he podido explicar por no disponer de suficiente tiempo de palabra. Pedía a todos los que quieren rechazar pura y simplemente la propuesta de la Comisión, que reflexionen. Si votan las enmiendas que hemos presentado el Sr. Schmidt y yo, en nombre de nuestros Grupos, entonces daremos una buena señal para una directiva razonable, lo que no va a hacer subir los precios. ¿Puede indicar el Sr. Bolkestein si apoya o no nuestras enmiendas?
Bolkestein,
     Señor Presidente, con mucho gusto responderé a la pregunta planteada por la Sra. Lulling. Podría haberlo hecho antes, pero ella no lo había pedido y por lo tanto no pensé que era necesario responder.
En respuesta a su pregunta, la Comisión considera que todo estudio del sector postal y en especial los que deben llevarse a cabo de conformidad con la Directiva 97/67/CEE deberían tener en cuenta el impacto del IVA en el sector, y que esto conlleva tener en cuenta el espíritu de la enmienda 6.
En cuanto a las enmiendas 7 y 13, que proponen retrasar la entrada en vigor de la directiva hasta que cada Estado miembro haya conseguido un cierto grado de liberalización, la posición de la Comisión es que no puede aceptar vincular los dos temas, que son bastante independientes, pero la Comisión podría aceptar una fecha de entrada en vigor de la directiva que no fuera posterior a enero de 2006, fecha en la que el mercado postal comunitario en general debería haber superado dicho grado de liberalización.
La Comisión no apoya las enmiendas que vinculan el ámbito de la norma propuesta sobre el lugar de la prestación y las tarifas reducidas al apartado 1) del artículo 2 de la Directiva 97/67/CE. Los servicios postales tal como se definen en dicho artículo son los que suministra el proveedor de servicio universal. La vinculación que propone esta enmienda no eliminaría las distorsiones actuales de la competencia en el mercado postal y, por lo tanto, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 8, 11 y 12.
Por motivos de subsidiariedad, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 4 y 9, que pretenden obligar a los Estados miembros a aplicar una tarifa reducida y prescribir cómo debería gastarse una parte determinada de los ingresos nacionales procedentes del IVA. Tampoco puede aceptar ampliar el ámbito de las tarifas aplicables, como se sugiere en las enmiendas 3 y 10. Estas enmiendas no deberían ser aceptables tampoco para una mayoría del Consejo.
En cuanto a la enmienda 5, la Comisión considera que el problema que se plantea en relación con los sellos filatélicos no es distinto del que existe en la actualidad. Con la legislación actual, los sellos solo están exentos cuando se venden a valor nominal. Son imponibles en todos los demás casos. Dado que esta distinta responsabilidad fiscal no causa problemas en la actualidad, tampoco debería causarlos cuando se apruebe esta propuesta. 
El Presidente.
   Muchas gracias, Comisario Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0461/2003) del Sr. Manders en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la responsabilidad ambiental en relación con la prevención y la reparación de daños ambientales (10933/5/2003 - C5-0445/2003 - 2002/0021 (COD)). 
Manders (ELDR ),
   . – Señor Presidente, pido disculpas por llegar tarde, pero hemos estado intentando llegar a un compromiso de última hora para alcanzar una mayoría cualificada.
Señor Presidente, Consejo, Comisión, Señorías, por encima de todo, gracias por la agradable relación de trabajo que hemos mantenido en este tema tan complicado y difícil, tan complejo desde el punto de vista jurídico y tan delicado desde el político. Gracias a esa cooperación, al final pudimos votar en diciembre, y creo que existe la posibilidad de llegar a un compromiso con el Consejo sobre este tema. Ya hemos consultado al Consejo y me parece que existe cierto margen; es decir, si el Parlamento se atreve a otorgar una mayoría cualificada al paquete que he repartido hace un momento, porque lo considero, al fin y al cabo, un requisito mínimo en los grandes grupos.
También doy las gracias por la posibilidad de aplazar la votación hasta el miércoles, dado que no todo el mundo había recibido las traducciones. Ahora ya se han entregado, pero al menos dispongo de más tiempo para llegar a estos compromisos. Y en el análisis final, esto es muy de agradecer.
Todo el procedimiento ha resultado ser muy difícil. El Parlamento tuvo que votar sobre qué comisión debía ocuparse del informe y, por lo que yo sé, ese es un caso único en la historia de este Parlamento. Eso ha herido bastantes susceptibilidades, lo que en algunos casos me parece excesivo.
Considero que el texto que adoptamos en primera lectura era razonablemente equilibrado. Por desgracia, el Consejo lo ha vuelto a diluir bastante al intercalar en muchas ocasiones la palabra «puede». Es decir, los Estados miembros «pueden» hacer algo. Cuando en realidad debería decirse en casi todos los casos «deben» hacer algo. De hecho, opino que tanto el medio ambiente como la economía saldrían beneficiados si pudiéramos asegurar la igualdad de condiciones en vez de crear este mosaico de leyes medioambientales en Europa, que no beneficia ni a la economía ni al medio ambiente. Es muy importante que exista igualdad de condiciones. Durante el debate del informe anterior, observé que muchos diputados no decían nada más que en Lisboa se había acordado que Europa debía convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Por lo tanto, debemos atrevernos a tomar decisiones que transciendan nuestros intereses nacionales, y trascendieran determinados fines políticos que nos gustaría hacer realidad. Porque al fin y al cabo, lo que importa es el resultado y no el hecho de que yo pueda decir a mis electores: «Mirad lo valiente que he sido al proponer esto. Puede que no haya conseguido nada, pero lo he propuesto». Lamentaría que no fuéramos capaces de conseguir una mayoría cualificada, al menos en algunas áreas clave, que nos proporcione un cierto margen de negociación con el Consejo para eliminar algunos de esos «puede».
Afortunadamente, la propuesta conjunta contiene muchos de los textos que estaban incluidos en el texto aprobado por el Parlamento, aunque bastante diluidos por esos «pueden», y, la semana pasada, creo, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Anterior aprobó otras textos pertinentes, en particular sobre seguridad financiera con un límite incorporado y sobre los seguros financieros obligatorios que son posibles durante un cierto período de tiempo. Es útil y necesario poder garantizar la asegurabilidad. Si la responsabilidad es ilimitada, ninguna compañía de seguros querrá contratar pólizas, a menos que las introduzcan ellas mismas. Me temo que entonces acabaríamos en una situación completamente fuera de control, que yo no creo que funcione; ni para la economía ni para el medio ambiente.
En consecuencia, hemos apoyado una vez más la responsabilidad del Estado y la función de los gobiernos como redes de seguridad. Es necesario que todos los Estados miembros se vean obligados a vigilar de cerca las licencias que se están concediendo y a controlarlas. Necesitamos este gran acicate.
Además, se ha rechazado una enmienda sobre un sistema de atenuación, un sistema en el que los factores se compensan. Tras haberse aprobado una enmienda que contenía medidas defensiva de gran alcance, plenas exenciones y excepciones, es de lamentar que esta enmienda se haya rechazado. Ahora que se ha vuelto a presentar, espero que podamos conseguir una mayoría cualificada para estos tres puntos importantes, y que podamos introducirla también en Europa. Creo que el medio ambiente se va a beneficiar con ello, al igual que nuestra economía, porque conseguiremos una armonización mínima, lo cual es especialmente beneficioso para el medio ambiente, que no conoce fronteras. En el mercado interior que queremos optimizar, tampoco existen fronteras para nuestras empresas, de modo que, en lo que a esto respecta, creo que una armonización mínima es un punto de partida excelente que beneficiará tanto al medio ambiente como a nuestra economía.
Si no conseguimos una mayoría cualificada en estos puntos, en vísperas de elecciones, creo que a este Parlamento se le debería caer la cara de vergüenza, porque habremos dado al Consejo rienda suelta para decidir los detalles de algo que es tremendamente importante, y yo lo lamentaría. Espero que nos evitemos esa vergüenza y consigamos encontrar una mayoría cualificada, especialmente para los puntos que acabo de mencionar. Evitaré por todos los medios algo así, y ahora disponemos también de todo el día de mañana. 
Bolkestein,
     Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Manders, por su trabajo sobre la responsabilidad ambiental.
El proceso de conseguir que esta propuesta llegue hasta aquí no ha sido fácil, como ya ha dicho el Sr. Manders. Se tardó mucho en desarrollar la propuesta y los debates posteriores han sacado a relucir una gran diversidad de opiniones en el Consejo y en el Parlamento. Teniendo en cuenta los objetivos globales de la propuesta, la Comisión ha demostrado flexibilidad para ayudar a conseguir un compromiso equilibrado dentro del Consejo.
Este compromiso ha permitido preservar el objetivo global de la propuesta. La posición común pretende establecer un marco comunitario en el cual se puedan prevenir o remediar los daños ambientales mediante un sistema de responsabilidad medioambiental.
Las principales características del régimen de responsabilidad no se han alterado de forma significativa excepto en un punto, que es el de la excesiva discreción de que ahora gozan los Estados miembros para decidir remediar o no el daño ambiental cuando ningún contaminador solvente puede asumir la responsabilidad.
Las enmiendas que está considerando el Parlamento se refieren a varios puntos esenciales que me gustaría comentar. En primer lugar, en la enmienda 6 se propone que las medidas reparadoras en caso de daños a los hábitats y a las especies solo se tomen dentro de los espacios Natura 2000 designados. En realidad esto significa que el ámbito de la futura directiva se limitaría a la red Natura 2000.
La Comisión no puede apoyar este planteamiento, que limitaría el ámbito de la futura directiva aún más que lo acordado en la posición común, que ya de por sí abarcaba menos que la propuesta original de la Comisión. En cambio, la Comisión no cree que sea ni justificable ni viable ampliar la responsabilidad estricta a todas las actividades ocupacionales de la UE. Por lo tanto, no puede apoyar la enmienda 45.
El ámbito de la directiva también se ve afectado por las enmiendas 41, 42, 50 y 51, que pretenden asegurar que la directiva se aplique en el futuro cuando los daños ambientales ocasionados por un incidente en el que se hayan visto implicadas actividades nucleares no se reparen de conformidad con las correspondientes convenciones internacionales. En cierto modo la directiva sería un «complemento» de las convenciones internacionales.
En cuanto al planteamiento propuesto de «complementariedad», la Comisión no cree que pueda funcionar porque obligaría a los Estados miembros que hubieran ratificado aquellas convenciones a denunciarlas. En cambio, creemos que debe preservarse el régimen de responsabilidad internacional por los daños causados por las actividades nucleares. Es cierto que los daños medioambientales solo quedarán cubiertos por este régimen internacional una vez que entre en vigor el nuevo protocolo de las convenciones de París y Bruselas, recientemente negociado bajo los auspicios de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE. Este protocolo no permite que la UE participe en el mismo. De modo que dependerá de los Estados miembros ratificar este protocolo para que pueda ser aplicable.
También quiero mencionar que la aplicación de las correspondientes convenciones internacionales será una parte de la revisión que la Comisión llevará a cabo, de conformidad con el artículo 18 del proyecto de Directiva.
En cuanto a la acción subsidiaria del Estado, las enmiendas 11, 13, 47, 59 y 60 exigen que los Estados miembros tomen medidas reparadoras en determinados casos. El punto de vista de la Comisión, después de 13 meses de difíciles negociaciones con los Estados miembros, fue que el momento y las condiciones no eran propicios para un planteamiento de este tipo. En consecuencia, se acordó modificar la propuesta. La posición común deja un amplio margen de discreción a los Estados miembros para decidir si hay que tomar medidas reparadoras o no. Este fue un punto esencial para conseguir un acuerdo entre los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión no apoyará estas enmiendas.
En cuanto a la denominada cuestión de riesgo de cumplimiento de una orden o del estado de los conocimientos científicos y técnicos, se han presentado algunas enmiendas, como las enmiendas 9 y 16, para intentar excluir del ámbito de la directiva los daños causados por acontecimiento autorizados o que fueran científicamente imprevisibles y asegurar que, en las mismas condiciones, el operador quede totalmente exento de toda responsabilidad financiera.
La Comisión declaró con motivo de la primera lectura que consideraba que sería útil especificar mejor el ámbito de la denominada «garantía jurídica por autorización», para evitar cualquier sugerencia de que esto puede ser el equivalente a una «carta blanca» para contaminar. La Comisión no ve que el texto alternativo propuesto en estas dos enmiendas constituya ninguna mejora al respecto.
Las enmiendas 48 y 61, por su parte, pretenden asegurar que el operador responsable tenga derecho a invocar el cumplimiento de una orden y el carácter imprevisible de los daños como factores mitigantes. Estas enmiendas son aceptables en parte y en principio en la medida en que su idea central se acerca más al pensamiento actual en estos temas, según se deriva de los debates que comportaron la adopción de la posición común.
Las enmiendas 52, 53, 57 y 58 pretenden excluir del ámbito de la directiva las buenas prácticas agrícolas y forestales, como se definen en algún reglamento agroambiental. Solo se podría garantizar una exclusión total si el reglamento agroambiental asegurara el mismo nivel de protección medioambiental que la directiva sobre responsabilidad. Y no parece que este sea el caso. La Comisión preferiría que las buenas prácticas agrícolas y forestales formaran parte de las circunstancias que permitirían una atenuación de la responsabilidad.
La enmienda 17 pretende imponer una responsabilidad proporcional en el caso de daños causados por varias partes.
La Comisión considera que los Estados miembros deberían conservar el derecho a optar ya sea por la responsabilidad conjunta y solidaria ya sea por la responsabilidad proporcional –o una mezcla de ambas– de acuerdo con sus tradiciones legales nacionales.
En cuanto a la biotecnología, las enmiendas 43, 44, 54 y 55 exigen que la Comisión presente una propuesta para complementar el marco regulador de la responsabilidad por daños económicos ocasionados por organismos modificados genéticamente.
El tema de los daños económicos a los agricultores convencionales y orgánicos se ha debatido y se sigue debatiendo en el contexto del denominado debate de la «coexistencia». En la medida en que este tipo de daños representa un daño que tradicionalmente se ha regido por las leyes de responsabilidad civil de cada país, no queda claro en absoluto claro si la acción comunitaria es necesaria y si representaría un valor añadido tal que quedara justificado bajo el principio de subsidiariedad. Creo que no debemos prejuzgar aquí el resultado de este debate.
En cuanto a la cuestión de la seguridad financiera, las enmiendas 22 y 49 exigen que la Comisión presente propuestas para una garantía financiera obligatoria armonizada, en el caso de que no se hayan establecido instrumentos o mercados de seguro adecuados u otras formas de seguridad financiera.
Todo el mundo está convencido del importante papel que la seguridad financiera, incluidos los seguros, aunque sin limitarla a ellos, pueden desempeñar en la aplicación de la directiva. Los Estados miembros y los operadores del mercado, así como la Comisión, tendrán un papel importante para fomentar que surjan a su debido tiempo sistemas, productos y mercados de seguridad financiera a tal efecto.
Dicho esto, para mí está claro que los Estados miembros deberían tener la posibilidad de desarrollar soluciones de garantía financiera a su propio ritmo y que se adapten a sus propias necesidades y condiciones institucionales.
Sería especialmente difícil adoptar normas que impusieran la seguridad financiera cuando los operadores económicos más reconocidos y económicamente interesados en desarrollar dichos productos no han sido capaces de hacerlo.
Por lo tanto, la Comisión no está en posición de apoyar la enmienda sobre la seguridad financiera. Pero, por supuesto, sí quiere fomentar las iniciativas que aumenten el impulso del mercado y de los proveedores de seguridad financiera para desarrollar productos de seguridad financiera que satisfagan la nueva demanda resultante de la adopción de la directiva y el hecho de que los operadores no queden expuestos a responsabilidad.
Finalmente, sobre el tema de hasta qué punto deben repararse los daños, existe un acuerdo general de que el principio de que quien contamina paga debe implicar, para el operador responsable y para el contaminante el pago de todos los daños causados al medio ambiente. Además, existe una necesidad evidente de un entendimiento común dentro de la Comunidad en cuanto a que los costes de los daños medioambientales deben correr a cargo del contaminador. Y las normas establecidas en la propuesta especifican toda la gama de acciones reparadoras que debe llevar a cabo el operador responsable.
Las enmiendas 31 a 36 reducen el ámbito de la reparación de los daños suprimiendo la reparación de las pérdidas provisionales, junto con la supresión del concepto de medidas reparadoras compensatorias. Eliminar elementos de esta gama de acciones comportaría inevitablemente que el contaminador no tuviera que soportar todo el coste de los daños que ha causado.
Dicho todo esto, la Comisión puede apoyar en su totalidad, en parte o en principio varias de las enmiendas propuestas. Estas enmiendas son: 4, 9, 10, 12, 14, 15, 23, 27, 40, 48, 61 y 63.
Todos estamos de acuerdo en que queremos una legislación ambiciosa y viable. La Comisión considera que la posición común es lo mínimo en este sentido. Encontrar un compromiso equilibrado será difícil, pero la Comisión hará todo lo que pueda para ayudar a conseguirlo.
Finalmente, quiero dar las gracias una vez más al ponente, el Sr. Manders. 
Niebler (PPE-DE ).
   – Gracias, señor Presidente. Señorías, quiero empezar expresando mi especial agradecimiento a nuestro ponente, el Sr. Manders, que ha defendido esta Directiva en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y ha tratado de conciliar los distintos puntos de vista sobre el ámbito de aplicación de la Directiva para llegar a compromisos que todos los grupos puedan aceptar. De modo que, una vez más, le doy mis más sinceras gracias por ello.
Más de 300.000 plantas industriales de la Unión Europea están contaminadas, y por ello es vital y correcto que se adopte esta Directiva, que supone un progreso importante en la protección del medio ambiente Permítanme reiterar, en nombre de mi grupo, que aunque apoyamos esta Directiva, ya en la primera lectura nos mostramos claramente a favor de mantener un sentido de la proporción con esta Directiva, porque lo mejor es a veces enemigo de lo bueno. Lo que es bueno, en nuestra opinión, es el consenso conseguido en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Lo que está fuera de toda duda es que quienes dañan el medio ambiente con sus actividades tienen que asumir la responsabilidad de dichos daños. Nadie está tratando de interferir con el principio de «quien contamina paga». Si se demuestra que alguien ha causado un daño, tendrá que hacerse responsable del mismo. Si esta Directiva se aprueba, habremos dado un paso más para la protección eficaz del medio ambiente en Europa.
Hasta ahora, en ningún Estado miembro había que pagar indemnización alguna por la simple interferencia con la flora y la fauna. La presente Directiva cambia eso, siendo precisamente tal la novedad. Por primera vez tiene se prevé el pago de una indemnización por daños causados a especies protegidas y también a sus hábitats. Aunque eso nos parece muy bien, tengo que insistir de nuevo en que nos parece necesario mantener un sentido de la proporción cuando nos preparamos para dar este paso, porque todavía hay muy pocos datos fiables que permitan valorar los daños puramente ecológicos y calcular lo que debe pagarse por ellos.
Permítanme hablar de algunas cuestiones puntuales que han sido motivo de controversia en la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior. En primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias si una empresa, en el desempeño de su actividad, permanece dentro de los límites de la autorización que se le ha concedido? Se aplica el principio de «quien contamina paga»; las empresas que dañan el medio ambiente deben aceptar su responsabilidad por ello. Pero creo que la justicia exige que quienes has respetado el marco de la autorización que se les ha concedido deben poder confiar en que las autoridades lo tendrán en cuenta si en realidad se demuestra que ha habido un daño.
El segundo punto es el seguro obligatorio por daños que prevé esta Directiva. No creo que sea correcto imponer un seguro obligatorio por daños medioambientales hasta que se disponga de datos fiables. Debemos esforzarnos por obtener esos datos. La Directiva ayuda a ello porque, por primera vez, impone la obligación de pagar una indemnización por los daños causados sólo al medio ambiente, pero las empresas y, en consecuencia, también el sector de los seguros, deben tener tiempo para diseñar unos planes de seguros que sean asequibles y con unas primas que se puedan calcular. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior quiere que se les conceda ese tiempo. En la práctica, esto significa que nuestro grupo se opone a la introducción de un seguro obligatorio con efectos inmediatos a partir de la promulgación de la Directiva.
El último punto que quiero abordar tiene que ver con los agricultores y los silvicultores. Si la Directiva no se clarifica de forma adecuada, los agricultores y silvicultores recibirán un duro golpe con estas disposiciones. Los agricultores viven en la naturaleza y se ganan la vida con ella. De ahí se deduce, pues, que deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva si adoptan las mejores prácticas agrícolas en el curso de sus actividades. Enmarcar la Directiva en estos términos no significa dar carta blanca a los agricultores y silvicultores. El concepto de «mejor práctica» está reconocido en la legislación nacional y europea; es un concepto que la Comisión ha definido hace muy poco tiempo que y da expresión a una definición aceptada.
Permítanme acabar resumiendo la postura de nuestro grupo. Queremos que la Directiva se convierta en ley para que pueda mejorar, a largo plazo, la protección del medio ambiente en la Unión Europea, pero no queremos cometer el error de dejarnos llevar por nuestras buenas intenciones y tratar de dar el segundo paso antes de haber dado el primero. 
Gebhardt (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, no solo por nosotros mismos, sino también por las futuras generaciones, tenemos que abordar de forma adecuada los problemas del medio ambiente, porque un medio ambiente en buen estado es uno de los bienes más valiosos que se nos han confiado. Por este motivo tenemos ante nosotros una Directiva que da prioridad a la protección del medio ambiente y a la prevención de daños en el mismo. Para conseguir este objetivo, tenemos que aplicar con coherencia el principio de «quien contamina paga», según el cual quienes causan daño al medio ambiente o son responsables de ese daño deben pagar su reparación o demostrar su inocencia. Solo de esa forma pondremos fin a la negligencia y la evasión de responsabilidades a expensas de la sociedad en conjunto.
Los nombres de dos barcos, y son sinónimos de catástrofes que han resultado desproporcionadamente gravosas para las arcas públicas y han costado a muchas personas sus puestos de trabajo y su modo de ganarse la vida. Incluso los desastres ambientales de menor importancia pueden llevar a una comunidad al borde de la ruina y, aunque nunca podremos descartar del todo la posibilidad de que ocurran esos desastres, puede que si exigimos responsabilidades por los daños ambientales, eso disuada a quienes puedan causarlos. Mi grupo piensa que aquí no tienen cabida las excepciones, razón por la cual queremos que esta Directiva incluya a todos los sectores que comportan graves riesgos para el medio ambiente, como la energía nuclear o los organismos modificados genéticamente. Se han presentado a esta Cámara enmiendas que van en esa dirección.
Permítanme acabar añadiendo algo sobre el tema del seguro obligatorio, que ha encontrado tanta resistencia, especialmente por parte del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. En Alemania, cuando se compra una casa o un piso, se tiene que contratar un seguro contra incendios y desastres naturales, aunque, en caso de duda, el propietario tiene que hacer frente solo a los gastos. Seguro que la situación es similar en todas partes. Así pues, resulta difícil de entender que los operadores de plantas peligrosas para el medio ambiente o los que utilizan substancias peligrosas no tengan que suscribir un seguro que cubra su responsabilidad. ¿Tiene que ser siempre el contribuyente, a través del erario público, el que pague cuando los costes son realmente elevados? ¿Y vamos a ser nosotros, en este Parlamento Europeo, los que aceptemos menos protección, menos aplicación del principio de «quien contamina paga» en este ámbito, de lo que el Consejo está dispuesto a autorizar? 
Thors (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, esta vez no puedo hablar en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, puesto que no hemos adoptado ninguna posición sobre algunos de los temas más importantes.
Como decía la Sra. Gebhardt, nos encontramos en una situación poco habitual. Existe el peligro de que el Parlamento rechace la posición común del Consejo sobre temas ambientales, como también parece deducirse de la intervención del Comisario Bolkestein. Podría incluso suponer un deterioro respecto a la posición de la mayoría de los Estados miembros. Sería un escándalo que no debe ocurrir. A la Sra. Niebler quiero decirle que existe una responsabilidad estricta que es mucho más amplia en muchos ámbitos que la que resultaría de esta posición común. Por lo tanto, la propuesta tampoco es especialmente radical.
Permítanme poner un ejemplo práctico. Si la comisión responsable se saliera con la suya o si se adoptara la enmienda 61, estaríamos aprobando una situación en la que difícilmente podría exigirse a las autoridades portuarias de Helsinki que repararan los daños que está provocando allí el tóxico TBT como consecuencia de las operaciones de dragado y su vertido a las corrientes de agua del este de Helsinki y al archipiélago circundante. Eso se debe a que todas las operaciones de dragado se están realizado con permiso, sin que las autoridades pudieran prever la presencia de ese tóxico en los residuos del dragado. Ahora este caso se está tratando también en la Comisión de Peticiones. Quería mencionarlo para demostrar lo poco razonable que sería que aprobáramos las reservas que ahora expresa la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior respecto a los niveles actuales de conocimiento y las exenciones de responsabilidad cuando se dispone de un permiso.
Los acuerdos financieros tienen que ser aceptables en la propuesta de compromiso que ahora tenemos. Pero no se pueden armonizar demasiado porque tenemos acuerdos distintos, bastante creativos, en cada Estado miembro.
Por último, quiero pedir a Sus Señorías que recuerden que «estado» no es sinónimo de «autoridad». Este tema afecta también en gran medida a las administraciones locales, y eso es algo que debemos tener en cuenta cuando votemos. 
Papayannakis (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, la Directiva que estamos debatiendo es muy importante; quizás se trate de Directiva de esta legislatura. Porque no estamos diciendo solo que «quien contamina, paga» y, en consecuencia, quien tiene que pagar, puede contaminar; estamos diciendo que quien contamina paga el coste de recuperar los daños que ha causado. En consecuencia, la Directiva puede responder a las enormes esperanzas de nuestros ciudadanos en materia de salud pública y medio ambiente, y no debemos diluirla.
En este debate se han expresado opiniones diferentes. Hemos demostrado que podemos encontrar soluciones de compromiso como, por ejemplo, la introducción gradual del seguro obligatorio para que el coste de los daños no se transfiera nunca al contribuyente y que quien contamine pueda hacer frente a los daños con su seguro, o el compromiso de los Estados miembros de reparar los daños si quien contamina no puede pagarlos o si no se puede encontrar al responsable.
Pero existen algunos problemas frente a los cuales parecemos incapaces de encontrar soluciones de compromiso: ¿Cómo podemos hablar de prácticas agrícolas y forestales que de alguna forma consienten el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas químicos cuando todos conocemos – por las propias estadísticas de la Unión – los daños que pueden causar a la biodiversidad, el suelo y el agua? ¿Cómo podemos extender, por así decirlo, un cheque en blanco a los contaminadores aceptando la exención completa de quienes tengan licencias o utilicen la más moderna tecnología? También aquí tenemos que encontrar la fórmula adecuada, y ya existen las correspondientes propuestas de compromiso. Si no hacemos algo al respecto, la industria nunca querrá abandonar los procesos contaminantes.
De modo que la situación sigue siendo grave y creo que deberíamos debatir también las demás cuestiones respecto a las cuales he oído una opinión muy negativa al Comisario. No podemos aprobar una Directiva que no diga nada sobre los organismos genéticamente modificados y los daños que su uso libre puede causar, o que no haga ninguna referencia a los daños ocasionados por el transporte marítimo o el uso de energía nuclear.
Se han propuesto enmiendas de compromiso que encuentro excepcionalmente moderadas y realistas y no entiendo como se puede responder a esta cuestión citando convenios internacionales, sobre todo convenios que no todos los Estados miembros de la Unión Europea han firmado. Así pues, Señorías, tendría que verse mayor voluntad tanto por parte de la Comisión como por la nuestra, para que esta Directiva sea realmente legislación de la presente legislatura.
También quiero decir algo, porque algunos miembros han hablado de «teratogénesis» Frankestein, con su tecnología, creó un monstruo todavía mayor que él mismo. Por lo tanto, no nos pongamos en la ridícula situación de crear un pequeño monstruo muy inferior a nuestros poderes. 
Lannoye (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, creo que todos somos conscientes de que esta Directiva sobre responsabilidad ambiental es, en potencia, una pieza clave del arsenal legislativo tendente a hacer las actividades económicas compatibles con la protección del medio ambiente.
En efecto, su objetivo declarado es tanto materializar el principio de que quien contamina paga, haciendo asumir al contaminador la reparación de los daños causados al medio ambiente, como actuar de forma preventiva a través de un mecanismo de responsabilidad financiera que se considera estimula a los actores económicos a minimizar los riesgos.
La propuesta de la Comisión y, hay que decirlo, la posición común del Consejo, nos resultan totalmente insatisfactorias, pues nos sitúan ante un texto que por desgracia no está a la altura de las ambiciones declaradas. En efecto, se ofrece a los agentes económicos varias escapatorias, a través en particular de exenciones legales a su responsabilidad, de la existencia de un permiso adecuado o de la disponibilidad de tecnología moderna. 
Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior siguen pensando que estas derogaciones son insuficientes, y han aprobado una enmienda que propone una exención adicional para el sector agrícola y forestal: el respeto de la buena práctica profesional en la agricultura y la silvicultura. 
Sé que nos encontramos en segunda lectura, y he aprendido a ser realista desde que hace unos años formo parte de este Parlamento. Nuestro margen de maniobra es limitado. Debemos obtener una mayoría cualificada. Por ello he suscrito, en nombre de mi Grupo –y apoyaré otras enmiendas– las que se pueden calificar de moderadas, puesto que prevén una entrada en vigor muy progresiva de las medidas legislativas vinculantes sin invalidar por ello las propuestas básicas esenciales. 
Las citaré sin seguir un orden particular. Primera propuesta: se suprimen las exenciones previstas, pero se transforman en factores atenuantes de la responsabilidad. Es totalmente aceptable, y entiendo que el Comisario está abierto a esta sugerencia. Son, por tanto, circunstancias atenuantes, lo cual es muy distinto de exenciones. 
En segundo lugar, para que la Directiva sea realmente una herramienta de prevención, hay que instaurar un sistema de responsabilidad financiera obligatoria, que comprendería varias fases, es decir, se implantaría de forma progresiva. 
En tercer lugar, es absolutamente necesario ampliar, dentro de un tiempo, tras un período introductorio, el ámbito de aplicación de la Directiva. En cuarto lugar pedimos, y somos muchos los que lo hacemos en este Parlamento, una legislación adicional sobre la responsabilidad de los productores y usuarios de organismos genéticamente modificados en caso de contaminación. Recuerdo que la Comisión la prometió cuando se aprobó la Directiva 2001/18. 
En quinto y último lugar, hay que mejorar manifiestamente la situación en lo referente a los riesgos de la energía nuclear y las contaminaciones marinas por hidrocarburos. La Sra. Gebhardt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, ha mencionado los dramas del y del . No recordaré esta problemática, pero sabemos que ha ocasionado considerables daños al medio ambiente. 
Sin embargo, quisiera decir unas palabras sobre la energía nuclear. En materia nuclear, en particular, la responsabilidad de los operadores sigue siendo limitada. El hecho de que haya convenios internacionales no significa que la situación sea satisfactoria. ¿Hay que recordar que un accidente importante en una central nuclear costaría, según un estudio de un equipo de investigadores de la Universidad de Londres, 10 000 millones de dólares, y un accidente del tipo de Chernobil, con una contaminación muy elevada del territorio, unos 40 000 millones de dólares?
Pido a mis colegas que tengan en cuenta estos elementos al hablar de energía nuclear. No se puede aceptar que una actividad tan peligrosa escape a una legislación tan importante sobre la responsabilidad de los agentes económicos. 
Andersen (EDD ).
    Señor Presidente, es inaceptable que una Directiva sobre responsabilidad ambiental no incluya la contaminación por el uso de plantas modificadas genéticamente (OMG). En las lecturas de directivas como las del maíz de siembra y la trazabilidad y el etiquetado de los OMG en este Parlamento, ha quedado claro que existe un riesgo de contaminación no intencionada, incluso con un uso correcto de los OMG. Estamos hablando de contaminación producida por la diseminación de polen y semillas residuales guardadas en los bancos de semillas. Los expertos discuten sobre cuántas semillas residuales se pueden acumular en los bancos de semillas de la tierra y por cuánto tiempo. Dicho esto, la contaminación por OMG no se incluye en la propuesta de una Directiva sobre responsabilidad ambiental. Eso es increíble, en parte por el hecho de que en los Tratados se establece el principio de «quien contamina, paga».
Por lo tanto, puedo apoyar las propuestas sobre los OMG presentadas por el Sr. Lannoye y otros. Creo que el principio de «quien contamina, paga» debe ser algo más que palabras. Ha llegado el momento de que la UE defienda sus ideales. La UE debe exigir a los Estados miembros que graven un impuesto sobre las semillas y la harina de maíz modificado genéticamente, un impuesto que se utilizaría para financiar las labores de control y supervisión, así como para indemnizar por los daños que puedan derivarse de un uso correcto. 
Beysen (NI ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe sobre responsabilidad ambiental ha provocado unos debates extremadamente complejos y, en efecto, muy apasionados, en las comisiones competentes. Creo que el intento permanente de conseguir un equilibrio ha hecho que la Directiva que tenemos ahora sobre la mesa sea demasiado vaga pero, de todas formas, creo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y su ponente, en particular, han hecho un trabajo excelente para tratar de alcanzar un compromiso más o menos aceptable. Celebro que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior haya aprobado mi enmienda sobre los riesgos del desarrollo y la defensa de los permisos. Tanto los riesgos del desarrollo – que, por definición, son desconocidos y no se pueden prever con los conocimientos científicos actuales – como la defensa de los permisos se incorporarán a la Directiva con la exención de responsabilidad para los empresarios.
Por lo tanto, insto a la Comisión a que acepte esta enmienda. Es absolutamente esencial para promover la innovación y la creatividad de las empresas europeas, sobre todo teniendo en cuenta que sus rivales americanos disfrutan de un acuerdo de este tipo desde hace ya mucho tiempo. Lamento, no obstante, que el texto no haga más hincapié en el principio de «quien contamina, paga», La redacción actual de la Directiva es muy confusa y creo que puede ocasionar inseguridad jurídica. Me parece que es una clara deficiencia del texto legislativo. 
Gargani (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, quiero unir mi voz a la declaración unánime de que esta Directiva es importante y fundamental, quizás la más importante de la legislatura actual. Por lo tanto, en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, quiero remarcar el excelente equilibrio conseguido por el Sr. Manders con la presentación de las enmiendas adecuadas sobre un tema en el que se ve fácilmente que tanto la exageración como la subestimación son igual de inútiles.
La Directiva es compleja y su repercusión – positiva o negativa – en el medio ambiente y el sistema de producción en su conjunto dependerá precisamente de que consigamos el equilibrio adecuado. Una Directiva que fuera más allá de lo razonable correría el riesgo de imponer en la práctica a las empresas unas obligaciones y unos costes pesados e insoportables, posiblemente incluso obligándolas a trasladarse a otros países donde no hubiera normas de este tipo – aunque lo hicieran a disgusto – para poder competir en el mercado internacional.
Quiero remarcar también la importancia del principio de «quien contamina, paga» – que no es trivial sino importante – según el cual quienes causan daños tienen que reparar los bienes dañados, es esencial en una sociedad que quiere garantizar una calidad de vida suficiente también en el futuro. Es también importante indicar lo que queda cubierto por la protección y, por lo tanto, la responsabilidad resultante: quién es responsable, por cuánto tiempo y en qué medida. Creo que la posición común del Consejo es, en sí misma, una contribución útil en este sentido, y debemos apoyarla. Así, el principio de «discernimiento y equilibrio» - que remarco reiteradamente y que ha sido un tema constante en nuestro debate – nos ha llevado a designar sitios protegidos, definir responsabilidades y prever la exención de responsabilidad para quienes cumplan las normas y autorizaciones legales.
Me limitaré a añadir a las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Sra. Niebler – la ponente alternativa, que realmente ha hecho un trabajo excelente, como quedó claro también en su intervención de ayer – una enmienda que creo que es especialmente importante para aclarar la definición de operador que, tal como está redactado ahora el texto, no permite eximir a los bancos y demás instituciones financieras implicadas de la responsabilidad por los daños medioambientales ocasionados por operadores financieros. Tal como yo lo entiendo, la Comisión no está de acuerdo en este punto, que me gustaría que se estudiara más a fondo, para considerar más detenidamente si es razonable presentar una definición que no contempla todas las posibles eventualidades y que podría, de hecho, dar lugar a la reclamación de daños a un intermediario financiero. Me parece una petición válida y, de hecho, recomiendo a esta Cámara que apoye la Directiva.
En resumen, creo que la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha vinculado a una posición común; espero que en la votación obtenga un amplio apoyo de la Cámara. 
Miller (PSE ).
    Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente. También quiero dar las gracias a los ponentes alternativos porque han trabajado muy duramente y en estrecha colaboración con el ponente para intentar llegar a un compromiso en torno a esta directiva.
Me gustaría comentar un par de puntos. Primero, esta noche ha salido a relucir varias veces el principio de «quien contamina paga». Ya tenemos una legislación que dice que «quien contamina paga». En el pasado quien contaminaba sólo pagaba una multa, pero hemos hecho un cambio fundamental y ahora quien contamina paga hasta eliminar el daño que ha causado. Es un cambio fundamental en la legislación. Si queremos que entre en vigor tenemos que echar un vistazo a los sistemas de seguridad financiera subyacentes. Por este motivo creo que es importante que la seguridad financiera sea obligatoria. Es un punto esencial. Acepto la opinión de la Sra. Niebler y del Comisario de que el mercado todavía no está preparado. Por este motivo, en varias enmiendas pedimos a la Comisión que estudie el conjunto del mercado y asegure que cuando al final tengamos un sistema obligatorio, en una fecha posterior, se abarque todo el sector.
Me gustaría añadir que también hemos valorado los puntos de vista de los Estados miembros y les hemos responsabilizado de definir las actividades de bajo riesgo, es decir, de descartarlas. Es un gran paso adelante para las empresas de todas las formas y dimensiones.
En cuanto a la opinión del Comisario sobre la responsabilidad de los Estados miembros, me doy cuenta de que ha tenido dificultades en los últimos meses para negociar con el Consejo sobre este punto, y que no ha sido fácil. Pero tenemos que llegar a una situación en la que si alguien comete una infracción, o si un operador no es solvente y no tiene este seguro, alguien tenga que limpiar. ¿Quién va a hacerlo? No puede recaer siempre en las autoridades locales, tiene que recaer en un Estado miembro y no podemos permitir que los Estados miembros simplemente se evadan de esta obligación y permitan que la contaminación siga aumentando. Por lo tanto, los Estados miembros tienen una responsabilidad.
Brevemente, en cuanto a las circunstancias atenuantes, me complace ver que el Comisario acepta las enmiendas 40 y 61. Espero que se aprueben. Y me complace ver que se tienen en cuenta las circunstancias atenuantes, junto con la garantía jurídica por autorización. 
MacCormick (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi amigo y colega el Sr. Miller. En estos momentos no es más que un tópico decir que quien contamina paga; en general, quienes contaminan no pagan, o pagan solo una pequeña parte de lo que deberían pagar. Sería una gran cosa avanzar hasta una situación en la que el principio de «quien contamina paga» fuera un principio de derecho y no un simple tópico.
Agradezco al Comisario Bolkestein sus observaciones sobre las enmiendas 48 y 61. Es importante tener en cuenta las autorizaciones y los avances técnicos. Sin embargo, como se indica en la posición común, hay autorizaciones y autorizaciones. El grado de detalle y especificidad de lo que se autoriza varía de una situación a otra. En estas circunstancias, parece un error tener un principio de o todo o nada, o bien algo está cubierto por una autorización y por lo tanto está exento de toda responsabilidad o bien no está cubierto y hay que asumir la responsabilidad. Parece correcto adoptar un principio de atenuación para que exista una escala descendente que tenga en cuenta la variabilidad de las autorizaciones y las circunstancias.
El Comisario ha hablado también de responsabilidad nuclear. Resulta que soy el ponente para el informe todavía bloqueado sobre la reforma de la Convención de París. Estoy de acuerdo con él en que esto ampliará la gama y el nivel de responsabilidad de los operadores nucleares, pero desafortunadamente la energía nuclear sigue viajando en barco propio, sujeta a una excepción bastante especial respecto al principio de «quien contamina paga». Quien contamina paga mucho, pero no necesariamente todo en este caso. Mi Grupo es reacio a este tratamiento especial de la industria nuclear. Lo dijimos en el debate de Euratom y sin duda habrá otras ocasiones para decirlo.
También nos preocupa que seamos demasiado tolerantes con los casos de OMG. Es otro ejemplo de que una actividad económica deliberada, que pretende muy encomiablemente conseguir beneficios y ganancias, puede ocasionar daños exponencialmente propagables, de lo más alarmantes. Y que esto no entre en el ámbito de esta directiva sería crear una exención injustificable.
Podría comentar otros puntos, pero hay mucho oradores en este debate. Estamos muy a favor de esta directiva y esperamos que salga de esta Cámara en un estado realmente fuerte. 
Berthu (NI ).
   – Señor Presidente, la propuesta de Directiva que debatimos esta tarde sobre la prevención y la reparación de los daños ambientales nos parece muy importante, pues desarrolla un régimen de responsabilidades basado en el principio de que quien contamina paga para toda una serie de daños que las actividades económicas pueden causar al patrimonio natural. El patrimonio natural es un bien colectivo y debemos permanecer muy atentos para protegerlo. No hay que cerrar los ojos ante daños que, a veces, pueden pasar inadvertidos porque no perjudican directamente a propiedades privadas. 
Por ello, en esta segunda lectura, no estamos de acuerdo, en particular, con la enmienda 9 del Parlamento Europeo, que excluye del ámbito de aplicación de la Directiva las actividades que gocen de autorización administrativa o las que no se consideren perjudiciales de acuerdo con el estado de los conocimientos en el momento en que se produjo el daño. Es necesario que quienes corran el riesgo lo asuman, y por tanto no estamos de acuerdo tampoco con la enmienda 39, que aspira a complementar la enmienda 9 eximiendo por adelantado los organismos modificados genéticamente o atenuando la responsabilidad de quienes los utilizan. En cambio, apoyamos la enmienda 22, que a diferencia de las anteriores, va más en el sentido de una mayor protección, puesto que reintroduce la idea de una garantía financiera obligatoria que debe implantarse de forma progresiva. En efecto, en este punto, no podemos contentarnos, señor Presidente, con la vaga redacción del texto actual.
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, en primer lugar, permítame que felicite, como ya han hecho otros colegas, al ponente, Sr. Manders, y a la ponente de mi Grupo, la Sra. Niebler, que no solamente ha sido capaz de llegar a acuerdos con el Sr. Manders, sino también de buscar consenso dentro del Grupo e informarnos puntualmente de lo que ocurría con esta propuesta de Directiva.
Como bien se ha dicho, nos encontramos ante una Directiva realmente importante. Todos somos conscientes de la importancia que tiene la protección del medio ambiente y el hecho de que esta Directiva refleje el principio de "quien contamina, paga". Sin embargo, también debemos ser conscientes de que los contaminantes muchas veces son empresas, y tenemos que preservar la pervivencia de las mismas en nuestro entorno económico. Por ello, creo que hay dos principios importantes: el primero, que ha citado el Sr. Gargani, es no impulsar la deslocalización de nuestras empresas hacia otros mercados, y el segundo, encontrar la máxima armonización posible dentro de la Unión Europea.
Creo que todos los países de la Unión tienen que cumplir esta Directiva, y ésta debe obligar a los Estados miembros en la misma medida: no debemos permitir que cada Estado miembro la aplique de forma distinta. El ámbito de aplicación tiene que ser lo más amplio posible, tal y como establece la posición común, y, en cuanto a las excepciones posibles a los operadores con respecto al cumplimiento de alguna legislación previa, creo que es cierto que las enmiendas 9 y 16 son excesivas, como aquí se ha dicho, y permitirían a algunas empresas escaparse de su compromiso de pago. Pero sí es cierto que tenemos que encontrar algún mecanismo por el cual se contemple como efecto mitigante el hecho de que las empresas cumplan la legislación vigente.
En cuanto a las medidas de reparación, tenemos que permitir que los Estados miembros sean capaces de cubrir los daños que se produzcan, como medidas reparadoras, tal y como establecen las enmiendas 10, 11 y 12 aprobadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
Por último, en cuanto al tiempo durante el cual se puede perseguir a una empresa, creo que los 30 años que establece la posición común es un período excesivo. La contingencia medioambiental que tendría para las empresas me parece excesiva, y apoyo la enmienda de la Sra. Thyssen, que reducía a 10 años ese plazo: es mucho más lógico reducir el plazo durante el cual deben considerarse responsables las empresas por los daños medioambientales causados.
Koukiadis (PSE ).
    Señor Presidente, el Consejo se ha alineado parcialmente con la posición del Parlamento Europeo en la cuestión de la exención de los operadores respecto a la responsabilidad ambiental que, en el texto inicial de la Comisión, era tan amplia que anulaba a todos los efectos la aplicación del principio de «quien contamina, paga». Pero al mismo tiempo, con objeto de mitigar las consecuencias onerosas para las empresas que no tengan culpa, el Parlamento ha aceptado que el permiso para realizar una actividad o el hecho de no haber previsto a su debido tiempo las consecuencias peligrosas derivadas de la actividad en cuestión, puedan considerarse circunstancias atenuantes cuando se exija al operador la reparación de los daños ecológicos.
Esta posición moderada por parte del Parlamento Europeo corre ahora el riesgo de ser cancelada en segunda lectura, puesto que algunas enmiendas, si se aceptan, implicarían una exención completa. Las licencias y los conocimientos tienen que considerarse exclusivamente como circunstancias atenuantes. En cuanto a los seguros, el coste tampoco debe trasladarse al contribuyente. Insistimos en la necesidad de especificar las fases de aplicación de la Directiva, a intervalos razonables, e indicar los tipos de actividades y de daños que abarca el texto de la Directiva en su redacción actual. Para terminar, quiero decir que las posturas contradictorias del PPE-DE anulan la protección y vale la pena preguntarse cómo es posible que pidan aquí la responsabilidad colectiva cuando en otras partes defiendan la responsabilidad individual. 
De Roo (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la responsabilidad ambiental es un tema delicado. Esto es evidente, entre otras cosas, por la lucha que han entablado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. El Consejo ha alcanzado un compromiso poco convincente, que solo tendrá efecto después de la revisión dentro de unos años. De momento, es poco convincente en todos los aspectos y no ayudará mucho a mejorar la situación del medio ambiente. En lo que se refiere a la biodiversidad, estamos incluso por detrás de los Estados Unidos en términos de legislación.
Nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, consideramos muy importante que se amplíe el ámbito de aplicación de esta Directiva. Ya se ha dicho antes. En primer lugar, a la energía nuclear; en segundo lugar, a la contaminación de los barcos; y en tercer lugar, a los daños causados por los cultivos modificados genéticamente. Comisario Bolkestein, usted tiene fama de hablar sin ambigüedades y de no andarse con rodeos, pero debo decirle que no tiene sentido que ponga como pretexto la norma de la coexistencia. Lo que ocurre aquí es que la Comisión tiene miedo de la presión de los Estados Unidos, y eso es algo que debería admitir simplemente. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor estaba a favor de ampliar la Directiva con esos tres suplementos; el ponente liberal, lamentablemente, no lo estaba.
Otro punto importante es el seguro obligatorio. Es esencial. Lamentablemente, los Demócrata-Cristianos se oponen a ello, igual que el ponente liberal. La pregunta crucial es: ¿Quién debe pagar la factura de los daños ambientales? En este proyecto, la Comisión ha querido pasarle el problema a los gobiernos, y hemos tenido suerte de que éstos, en la posición común, se hayan negado a ello. Quien contamina paga, y así debe ser. Son las empresas, no los gobiernos, quienes contaminan.
Tengo que confesar algo. El ponente ha acabado de estropear las cosas. Solo ha tenido en consideración las opiniones de la derecha, como demuestran las enmiendas relacionadas con las buenas prácticas agrícolas. Él es el responsable de la falta de poder del Parlamento, y a él tendrá que agradecérselo la industria. 
Twinn (PPE-DE ).
    Señor Presidente, nosotros, el Grupo Conservador Británico, tenemos un sólido compromiso con la protección de nuestro medio ambiente y esta es una directiva importante que puede ser buena tanto para el medio ambiente como para las empresas. Sin embargo, al igual que muchos otros instrumentos legislativos, pueden pasar años antes de que veamos todo el impacto que va a tener. Por lo tanto, es importante asumir una visión de futuro. Por una parte, como todos sabemos, la actividad comercial sin límites puede destruir el medio ambiente. Por otra parte, el exceso de regulación cierra de golpe las puertas de la vida comercial. Y es precisamente esta vida comercial, de la que todos dependemos, la que constituye la base de nuestra cultura y nuestra sociedad. La posición para la segunda lectura es un punto de partida excelente y podemos apoyarla. Sin embargo, hay varios aspectos importantes que debemos tener en cuenta. El primero es la necesidad absoluta de permitir que se conserve el respeto por las autorizaciones y el estado de los conocimientos técnicos. Sería terrible ver que dentro de 20 años las empresas deben hacer frente a juicios por cosas que han hecho ahora, y que después quizás puedan considerarse erróneas.
También me preocupa mucho la viabilidad de la seguridad financiera obligatoria, ya sea en forma de seguro, de garantía u otras formas de seguridad. Sabemos perfectamente que las compañías aseguradoras todavía no pueden ofrecer programas que satisfagan las necesidades de este Parlamento o de la Comisión para sacar adelante esta legislación. También sabemos que sería una carga desproporcionada para las pequeñas empresas. ¿Queremos ser responsables de que las pequeñas empresas se hundan porque les estamos imponiendo esta responsabilidad obligatoria? De hecho, ya se ha mencionado que el contribuyente tiene que asumir la carga, pero si hacemos que sea obligatorio, serán los contribuyentes de los Estados miembros quienes al final tendrán que dar la cara para asumir esta garantía. Es mucho mejor dejar esto a un lado de momento, ver cómo empieza a funcionar la directiva, y volver a tratar el tema en el futuro.
Tampoco podemos estar seguros de que la contaminación respetará los límites de la UE, por grande que llegue a ser. Por lo tanto, es importante, sobre todo en los temas nucleares y la contaminación marítima, que utilicemos dichos modelos para asumir nuestras obligaciones internacionales y trabajar con nuestros socios de todo el mundo.
Demasiado a menudo, en la legislación lo mejor es el enemigo de lo bueno. Necesitamos ser moderados en lo que queremos conseguir hoy. Si cumplimos lo que proponemos en la posición común, esta parte de la legislación puede ser realmente buena y debería ser bien acogida, y hoy la acogemos con agrado y queremos ver la directiva en aplicación.
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, soy un defensor convencido del modelo europeo de una economía de mercado responsable con el medio ambiente, lo que deja claro que el mercado liberalizado no es tan irresponsable como a menudo se sospecha que es, sino que tiene responsabilidades sociales y ambientales y, en consecuencia, una responsabilidad ante las generaciones futuras. De ahí se deduce que, sin lugar a dudas, una política europea responsable en lo económico y lo medioambiental debe garantizar, junto con el procedimiento de aprobación, la prevención de daños graves para el medio ambiente y la reparación de los daños causados, de tal manera que los costes corran a cargo de las personas o los organismos que hayan causado los daños. Pero de momento, no todos los Estados miembros aplican el principio de quien contamina paga, de modo que necesitamos una legislación europea que evite la aparición de distorsiones de la competencia en el mercado.
Y es en este sentido que mi colega la Sra. Flemming y yo apoyamos la nueva presentación de dos enmiendas importantes que piden que los daños nucleares se incluyan en el ámbito de esta Directiva. Pido que se aprueben las enmiendas 41 y 42, porque la presente Directiva debe abarcar las actividades que son realmente peligrosas. Me parece incomprensible la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de excluir las centrales nucleares del ámbito de aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental, puesto que abarca todas las formas alternativas de energía y establece que los responsables de los daños provocados en el medio ambiente por la energía eólica, la biomasa, el biogás y las instalaciones de energía solar, deben asumir la responsabilidad. ¿Por qué no es igual con los daños provocados por la energía nuclear? Pedimos, por tanto, que se incluya este tipo de energía en las enmiendas 41 y 42.
Además, quiero defender una mayor seguridad jurídica, motivo por el cual estamos a favor de que el período de responsabilidad adopte la forma prevista en la enmienda de la Sra. Thyssen, y que la seguridad jurídica se consiga eximiendo a las plantas autorizadas de su responsabilidad. Hay que aclarar la cuestión del reparto de costes cuando haya varios contaminadores diferentes. Agradezco a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior el planteamiento sensible y moderado que ha adoptado. Es una directiva jurídica más que una directiva medioambiental. Ante todo, agradezco a nuestros ponentes, el Sr. Manders y la Sra. Niebler, el trabajo que han realizado. 
Thyssen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, al igual que el Sr. Karas, estoy a favor de una economía de mercado respetuosa con el medio ambiente y, en consecuencia, no me preocupa que se adopte una legislación muy estricta en materia de responsabilidad. Al fin y al cabo, puede tener un importante efecto preventivo que, de por sí, lo justificaría. Pero, en mi opinión, no debemos olvidar que en la propuesta que estamos debatiendo esta tarde estamos introduciendo la «responsabilidad sin falta». Algunos consideran evidente que puede haber responsabilidad sin falta; personalmente, creo que, comparado con la teoría tradicional sobre la responsabilidad de la tradición jurídica continental, se trata de un instrumento muy radical y, precisamente por ser tan radical, debemos tratarlo con mucho cuidado. Precisamente por ser un instrumento tan radical, debemos asegurar que se den una serie de condiciones previas.
Esas condiciones previas deben garantizar que la Directiva tenga seguridad jurídica, sea factible en la práctica, sea equitativa y no interfiera demasiado con la innovación y el desarrollo. No citaré todas las enmiendas que son útiles en este sentido. Quien haya seguido el debate sabrá que estoy hablando, entre otras cosas, de los motivos para la exención de los titulares de licencias, de las disposiciones relativas a los conocimientos científicos, de los motivos para la exención de las personas que apliquen buenas prácticas agrícolas y de la sustitución de la responsabilidad colectiva por la responsabilidad proporcional.
El informe Manders, tal como lo hemos votado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, establece esas condiciones previas, de modo que debo felicitar al ponente y a la ponente alternativa de nuestro grupo por su trabajo y esfuerzo colectivo. Quiero pedir a aquellos de mis colegas eurodiputados que tienen problemas con las limitaciones introducidas en el informe, y también a la Comisión en cierto modo – porque, tal como yo lo veo, también tiene dificultades con varias de nuestras enmiendas – que vuelvan a examinar con atención el concepto de responsabilidad sin falta, que tengan en cuenta la difícil y grave repercusión que puede llegar a tener, y aseguren que al final consigamos una legislación mejor que, por razones económicas y por razones de equidad, está mostrando cierta clemencia.
Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que el planeta siga siendo viable, pero creo que también tenemos que asegurarnos de tener una economía viable y de encontrar a personas que preocuparse por estas cuestiones. 

García-Orcoyen Tormo (PPE-DE ).
    Señor Presidente, un accidente como el de Aznalcoyar -ocurrido en mi país en 1998- más cerca de 300 000 parajes identificados como definitiva o potencialmente contaminados en la Unión Europea -los ha señalado la Sra. Niebler- son ejemplos directos de la necesidad de una norma jurídica eficaz en el ámbito de la Unión Europea que haga realidad el principio de "quien contamina, paga".
Entiendo y comparto la preocupación por avanzar en términos ambientales y mantener a la vez la buena salud económica de las empresas, aunque creo que es un argumento utilizado en exceso y que muchas veces no responde a la realidad del esfuerzo que las empresas pueden y deben hacer por adecuarse a ésta y otras normativas comunitarias.
Creo que la posición común habría conseguido, o ha conseguido -de hecho-, un equilibrio satisfactorio entre seguridad jurídica, protección del medio ambiente y desarrollo de la actividad industrial. Sin embargo, me parece que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, aun habiendo hecho un buen trabajo, presenta mañana algunas enmiendas -como la 9 y la 16- que debilitan en exceso la posición común y que no puedo apoyar. No se puede aceptar que el mero hecho de cumplir con las actividades legales sea una patente de corso para poder incumplir o para poder actuar irresponsablemente. De aplicarse unas medidas como éstas -como las que proponen estas enmiendas-, accidentes como el de Aznalcoyar volverían a quedar libres de toda culpa en cualquier país donde se produjeran.
En cambio, quisiera manifestar que apoyo la enmienda 46, ya que creo que, de no hacerlo, se debilitaría más el régimen de responsabilidad ambiental en ciertos transportes marítimos que me parecen importantes.
En cuanto al asunto de las garantías financieras, creo que mejora la propuesta de la Comisión -que no las contemplaba- pero que no ha sido ni todo lo ambiciosa que se esperaba inicialmente ni todo lo concreta a lo que se podía llegar. Entiendo esa necesidad de dar un plazo de adaptación a las compañías y espero, evidentemente, que se produzca en el menor tiempo posible.
Bartolozzi (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que se perfila en las recomendaciones presentadas por el Sr. Manders – a quien doy las gracias por el inmenso trabajo que ha realizado – va por buen camino. En realidad, no significa ningún cambio considerable respecto al planteamiento del Consejo, pero aclara varios de sus principios fundamentales y permite que la Directiva pueda aplicarse de una manera más uniforme en todo el territorio de la Unión.
Dado el impacto que esta legislación tendrá en la actividad industrial, consideramos que es necesario eliminar la asimetría entre la legislación de los países de la Unión con el fin de evitar distorsiones en el comercio o en la competencia entre empresas. Sin embargo, hay que insistir claramente en una serie de principios: tenemos que evitar que el concepto de «operador» se extienda a las partes responsables de la supervisión de las actividades. La identificación de daños puramente potenciales es contraria a los principios de la seguridad jurídica y, por lo tanto, podría generar conflictos interminables que no se resolverían con los instrumentos técnicos y científicos actualmente disponibles.
Los operadores responsables de los daños deben tener la posibilidad de adoptar ellos mismos las medidas necesarias e informar puntualmente a las autoridades competentes. La intervención de las autoridades, ya sea con medidas preventivas o reparadoras, debe limitarse a los casos en que el operador no esté preparado para actuar o sea incapaz de hacerlo, porque no es aceptable que las propias autoridades tengan el poder de tomar la decisión incuestionable de adoptar dichas medidas ellas mismas. 
Por lo tanto, es evidente que esa intervención solo será necesaria cuando afecte a lugares «huérfanos» o «públicos», o en el caso en que el operador no actúe. Estas disposiciones deben establecerse de modo que las decisiones no se dejen demasiado en manos de los Estados miembros. El texto de la posición común dice que cada uno de los Estados miembros podrá, a su discreción, conceder exenciones para excepciones en caso de daños causados por una emisión, actividad o acontecimiento permitidos por la legislación vigente o por una autorización concedida al operador, o que no se hubieran considerado peligrosos en virtud de los conocimientos científicos y técnicos disponibles en el momento de la emisión o la actividad.
En cuanto al reparto de los costes cuando el daño haya sido ocasionado por más de una parte, el Consejo ha concedido a cada Estado miembro el derecho a decidir si se aplica la responsabilidad colectiva y solidaria o la responsabilidad proporcional, dependiendo de la legislación nacional vigente. La divisibilidad de la responsabilidad financiera conjunta y solidaria, además de entrar en evidente conflicto con el principio de «quien contamina, paga», haría aun más difícil, por no decir imposible, que los operadores de los sectores de producción calculasen las primas de seguros y otros tipos de seguridad financiera.
Así pues, la responsabilidad y los costes relacionados solo deben repartirse aplicando unos criterios justos y razonables, con el requisito adicional de que cada operador se encargue de una parte de la reparación proporcional a su parte de responsabilidad. 
Bolkestein,
     Señor Presidente, seré breve porque no se ha planteado ninguna pregunta a la Comisión y por lo tanto puedo limitarme a las siguientes observaciones.
Es evidente que la posición común que se ha enviado al Parlamento para segunda lectura es un compromiso. El principal problema en esta fase es si es posible mejorarlo sin abrir una caja de Pandora y posiblemente perjudicar lo que ya se ha conseguido hasta ahora.
Soy muy consciente de que esta propuesta es compleja y delicada. Es una elección difícil entre intereses conflictivos. Creemos que la posición común conserva un equilibro satisfactorio en general, y es con este afán de buscar nuevas mejoras, y a la vez conservar el equilibrio, que la Comisión considerará las enmiendas aprobadas por el Parlamento.
En resumen, quisiera dar una vez más las gracias al ponente, el Sr. Manders, y también a usted, señor Presidente, por darme la palabra una vez más en este debate. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario. El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día pasamos al debate del informe (A5-0418/2003) del Sr. Koch, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 74/408/CEE del Consejo, relativa a los vehículos de motor, en cuanto a los asientos, sus anclajes y reposacabezas [COM(2003) 361 - C5-0283/2003 - 2003/0128(COD)].
Liikanen,
   . Señor Presidente, la Comisión agradece al Sr. Koch su excelente informe. Esta propuesta de modificación de la Directiva del Consejo, de 22 de julio de 1974, relativa a los vehículos de motor, en cuanto a los asientos, sus anclajes y reposacabezas, es una de las dos propuestas asociadas a la Directiva de 1977 sobre la instalación de los cinturones de seguridad. Por lo demás, esta última Directiva se modifica para hacer obligatoria la instalación de los cinturones de seguridad en todos los vehículos. Estas disposiciones suceden al uso obligatorio del cinturón de seguridad en los vehículos en virtud de la Directiva de 8 de abril de 2003. Actualmente, solo los asientos de los turismos deben responder a los criterios técnicos previstos en la Directiva de 1974 y pasar las pruebas de resistencia contempladas en ella. A partir de ahora, todos los asientos, y en particular los de los autocares, que se instalen en los vehículos puestos en circulación en la Comunidad a partir de julio de 2004 deberán ensayarse de conformidad con la Directiva. Deberán ser compatibles con la instalación de cinturones de seguridad.
La propuesta de la Comisión conlleva asimismo la prohibición de instalar asientos orientados hacia los lados en todos los vehículos destinados al transporte de personas, excepto en los autobuses urbanos de más de 22 plazas. La Comisión no puede apoyar la propuesta del ponente de permitir, a pesar de todo, la instalación de asientos orientados hacia los lados en los autocares. Hay que recordar que ya se había debatido esta cuestión con ocasión de la elaboración de la Directiva de 20 de noviembre de 2001 relativa a la seguridad de los autobuses y autocares. Entonces se pidió a la Comisión que llevara a cabo un estudio sobre la seguridad de los pasajeros transportados en asientos orientados hacia los lados. Dicho estudio demostró la inexistencia de soluciones técnicas adaptadas a esta disposición de los asientos y recomendó la prohibición de los asientos orientados hacia los lados en todos los vehículos destinados al transporte de personas. Otro estudio, promovido por la Comisión en 1996, había demostrado ya los daños que corren los pasajeros que llevan un cinturón de seguridad no adaptado a esta configuración de los asientos.
La Comisión no puede aceptar, por tanto, las enmiendas 1 y 2.
Koch (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Comisario, Señorías, en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes nos marcamos unos objetivos ambiciosos, sobre todo en lo que respecta a mejorar la seguridad en las carreteras. Lejos de exigirnos enfocar este tema con un espíritu de activismo irreflexivo, esos objetivos nos obligan a actuar con acierto en varios sectores para conseguir algún resultado. Es cierto que las medidas en cuestión no siempre implican elevados costes de inversión; un buen ejemplo es la imposición por ley del uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los asientos de los vehículos de motor que los lleven. Me parece una medida acertada, eficaz y muy satisfactoria. Puesto que ya tenemos la obligación de utilizar el cinturón de seguridad, tiene sentido que la ley exija también que se instalen dichos cinturones, con pocas excepciones, y eso es algo que hay que defender. Agradezco a la Comisión que lo haga.
Incluso en los autobuses, que en cualquier caso constituyen uno de los medios de transporte más seguros de la Unión Europea, los cinturones de seguridad ayudarán a reducir el número de heridos y a salvar vidas humanas en caso de accidente. Teniendo en cuenta todo esto, la Comisión propone ahora que los asientos orientados hacia los lados, para los que todavía no existen sistemas de retención eficaces, se permitan solo en los autobuses urbanos e interurbanos de línea regular porque, en opinión de la Comisión, no suponen ningún peligro especial para las personas que utilicen dichos asientos. Aquí se incluyen los asientos de miles de autobuses, utilizados para el transporte de millones de adultos y escolares cada día. El hecho es que no podemos consultar análisis de accidentes, porque no existen. En cambio, me sorprende y me parece profundamente ilógico que la Comisión, en su propuesta de Directiva, pretenda sencillamente prohibir los asientos orientados hacia los lados solo en los autocares de lujo, en los que suele haber muy pocos asientos de este tipo, como asientos individuales que forman parte de grupos de asientos cómodos que pocos de nosotros conocemos. La Comisión considera que esos asientos pueden suponer un peligro para los usuarios, pero no hace ningún intento de incentivar u obligar a la industria a que desarrolle sistemas de retención adecuados para esos asientos. Como no tengo prejuicios en este tema, inicialmente me pregunté si se trataba de un caso de negligencia o un descuido. Encontré la respuesta durante el debate en la comisión, que me llevó a plantearme dos preguntas – reconozco que populistas: ¿Pretende la Comisión exponer a las personas que ocupen los asientos orientados hacia los lados de los autobuses urbanos e interurbanos (más «baratos») – que quiere autorizar – a un riesgo mayor que el de las personas que utilizan asientos similares en los autocares de lujo? O, dándole la vuelta a la pregunta, ¿su propuesta de prohibir los asientos del denominado «rincón acogedor» de los autocares de lujo responde a la envidia y la mala voluntad hacia quienes pueden permitirse viajar en lo que se considera vehículos de lujo? Creo que podemos tener la conciencia tranquila si nos negamos a responder afirmativamente a ambas preguntas.
Por lo tanto, propongo que el sector del turismo pueda utilizar los asientos del «rincón acogedor» en sus autobuses de lujo, que autorizamos hace tan solo unos años cuando aprobamos la Directiva sobre el uso de autobuses de 15 metros. Ahora bien, debemos pedir a la industria que desarrolle sistemas de retención adecuados también para los asientos de este tipo orientados hacia los lados. Tenemos que tratar de ofrecer el mismo grado de protección a todas las personas, con independencia del asiento que ocupen, es decir, tanto si ocupan asientos orientados hacia los lados como si ocupan los asientos orientados en dirección a la marcha. La política europea no debe servir tanto para prohibir como promover y apoyar. Eso nos haría mejores como base económica para el logro de los objetivos de Lisboa, pero no la prevención del desarrollo. 
Watts (PSE ).
    Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Koch, por lo que es un informe realmente excelente, que cierra este gran vacío existente en la legislación sobre cinturones de seguridad. En nombre del Grupo del PSE, también quiero aprovechar esta oportunidad en concreto para agradecer al Comisario Liikanen que haya presentado esta propuesta.
No hay diferencias entre nosotros en cuanto al núcleo de la propuesta, excepto en este tema de los asientos orientados hacia los lados. En el poco tiempo disponible quiero centrarme solamente en este tema. Esto no significa que no aplauda al ponente por sus esfuerzos en el conjunto de la propuesta. Pero este tema es importante. Si prohibimos que haya asientos orientados hacia delante sin cinturones, ¿por qué, si el ponente lo consigue, no vamos a hacer lo mismo con los asientos orientados hacia los lados? Nada más lejos de mi intención que defender al Comisario; estoy seguro de que responderá a esos puntos. Pero no podemos apoyar las enmiendas de la comisión. No existe ningún argumento lógico sólido para defender que los asientos orientados hacia los lados sean seguros. Con toda seguridad la ley de la gravedad se aplica también a las personas que ocupan asientos orientados hacia los lados, de la misma forma que a las que se sientan en asientos orientados hacia delante. En realidad todas las investigaciones de la Comisión sugieren que estos asientes simplemente no son seguros y que no existe ninguna tecnología segura para asegurar a los ocupantes de los asientos orientados hacia los lados.
Utilizar la comparación de los autobuses urbanos no es creíble. Los autobuses urbanos, en general, viajan a poca velocidad en los centros de las poblaciones y ciudades. Estamos hablando de autocares, que pueden viajar a 90 kilómetros por hora en las autopistas. Para nuestro Grupo, y para mí –y estoy seguro que también para el Parlamento, cuando votemos–, la gran pregunta es cómo podemos exigir a nuestros ciudadanos que utilicen el cinturón de seguridad si enviamos mensajes confusos. Si la mayoría de las personas tienen que llevar cinturón en un autocar, pero los que están en la parte de atrás, en el denominado rincón intimo, no tienen que llevarlo, simplemente no tiene sentido. No olvidemos que una de las causas principales de muerte y heridas graves en las carreteras de la Unión Europea es, tristemente, que la gente no lleva cinturón de seguridad.
El Parlamento tiene que enviar un mensaje muy claro y simple cuando votemos mañana, y decir que las personas que viajen en uno de estos vehículos deben llevar cinturón de seguridad. Dado que no existe ninguna tecnología para los asientos orientados hacia los lados, debemos decir a la industria que progresivamente vayan eliminando este tipo de asientos.
Para ser prácticos y pragmáticos, si la industria puede conseguir un cinturón de seguridad para los asientos orientados hacia los lados, entonces, por supuesto, el Grupo del PSE reconsiderará su posición, de la misma forma que, estoy seguro de ello, lo hará el Comisario. No nos separa gran cosa. Pero es importante que mañana enviemos un mensaje claro y simple, que en el futuro cuando alguien viaje en estos vehículos deberá llevar un cinturón de seguridad y que no habrá excepciones, sin lugar a dudas. Debe ser así de claro y simple. Estoy seguro de que esto es lo que diremos mañana. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
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La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (excepto la letra a del apartado 5), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41 y 42.
La Comisión rechaza las siguientes enmiendas: 4, 5, 20 (solo la letra a del apartado 5), 21, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 44 y 45.
