Reglamento por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (debate) 
Presidente
El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral presentada por Daniel Caspary, en nombre del Grupo PPE, Kader Arif, en nombre del Grupo S&D, Niccolò Rinaldi, en nombre del Grupo ALDE, Yannick Jadot, en nombre del Grupo Verts/ALE, Joe Higgins, en nombre del Grupo GUE/NGL, y Robert Sturdy, en nombre del Grupo ECR, a la Comisión sobre el Reglamento relativo al plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas (B7-0018/2010)
Daniel Caspary
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con el sistema de preferencias generalizadas, la Unión Europea garantiza actualmente el acceso al mercado mediante la reducción de los derechos de importación a 176 países en desarrollo. Estos son ventajas que nosotros como Unión Europea ofrecemos sin esperar nada a cambio de nuestros asociados. También existe el sistema de preferencias generalizadas SPG Plus para determinados países que se enfrentan a retos especiales y para aquellos que cumplen unas condiciones especiales.
¿Cuál es nuestro punto de partida? Necesitaremos un nuevo reglamento del 1 de enero de 2012 en adelante porque el antiguo habrá expirado. Necesitamos tiempo para diseñar un procedimiento adecuado que nos permita realizar dos lecturas. En nombre de mi grupo, espero que la Comisión presente una nueva propuesta lo antes posible. Como acabo de decir, necesitamos el tiempo suficiente para un procedimiento que permita dos lecturas y sería inaceptable que nosotros, como Parlamento Europeo, tuviéramos que tomar dudosas decisiones bajo presión. También necesitamos una evaluación del sistema actual. Espero que pronto nos envíen datos y cifras que pongan de manifiesto el éxito que ha tenido el sistema existente en la práctica. ¿Ha facilitado realmente el sistema actual el comercio para los Estados que se benefician del mismo? ¿Han aumentado también las cifras de exportación? ¿Se están beneficiando de este sistema los países adecuados? Lanzaré esta pregunta a todos los aquí presentes: ¿está todo en orden con el sistema actual? Por ejemplo, si se incluye a países como Qatar, cuyos ingresos per cápita son superiores a los de 25 Estados miembros de la Unión Europea, en el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, estoy seguro de que debemos examinar esto de un modo crítico a la hora de revisar el sistema en su conjunto.
Me gustaría hacer una petición a los Miembros de todos los grupos en relación con la votación que se celebrará mañana: la resolución debería ser muy general, tal y como acordamos en el borrador original. Estaría muy agradecido a los Miembros si no mencionáramos en la resolución los casos específicos que se han debatido.
David Martin
suplente del autor. - Señor Presidente, al igual que el señor Caspary, acojo con beneplácito los tres regímenes de preferencias que ofrece el sistema de preferencias generalizadas; Todo menos armas, SPG y SPG Plus.
Es cierto que los 49 países más pobres del mundo deberían disfrutar de acceso pleno a nuestros mercados para cualquier producto excepto para sus armas. Es cierto, como ha declarado el señor Caspary, que debería concederse a los 176 países en desarrollo acceso preferente a nuestro mercado. También es cierto que 16 países deberían disfrutar de un acceso aún mayor a nuestro mercado, a través del SPG Plus, a cambio de que establezcan y apliquen 27 convenios internacionales en materia de derechos humanos, principales normas laborales, desarrollo sostenible y buena gobernanza.
No obstante, también es cierto que esperamos que esos 16 países beneficiarios cumplan y respeten sus compromisos en virtud de esos convenios.
Si permitimos que los países incumplan sus compromisos o las leyes establecidas en esos convenios, perdemos el incentivo que se supone ofrece el SPG Plus. Y eso no es todo, dado que nosotros en la práctica castigamos al resto de países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas erosionando sus preferencias y dando preferencias a los 16 países que no respeten sus derechos.
Por esta razón, acojo con beneplácito la investigación de Sri Lanka ordenada por la Comisión, que también ha propuesto adoptar medidas contra ese país. Es por eso también por lo que estoy convencido de que la Comisión debería investigar si Colombia respeta o no los 27 convenios. Eso no quiere decir que adoptaremos medidas contra Colombia. Significa simplemente que lo investigaremos, como ocurrió en el caso de El Salvador, que fue investigado pero decidimos que no era necesario adoptar medidas.
Tengo tres preguntas para el señor Comisario.
¿Acepta la Comisión que, en el futuro, se conceda al Parlamento el derecho a solicitar una investigación en virtud del sistema de preferencias generalizadas+?
En segundo lugar, entretanto, ¿presentará la Comisión al Parlamento el informe solicitado sobre la situación de la ratificación y aplicación de los convenios por los beneficiarios actuales del SPG Plus?
Por último, ¿cuándo tiene previsto la Comisión transmitir al Parlamento el Reglamento revisado para la siguiente etapa del sistema de preferencias generalizadas? Nos prometió que la fecha límite sería junio y me gustaría que cumpliera su palabra.
Niccolò Rinaldi
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, poco después de que se votara este Parlamento, nos enfrentamos inmediatamente con la cuestión de suspender el SPG Plus, en particular, en lo relativo a aplicar o no aplicar este mecanismo a Sri Lanka y Colombia.
En el primer caso, fuimos testigos de una serie de errores, algunos de ellos graves, cometidos por Sri Lanka, país que cuenta con la circunstancia atenuante de haber salido de una larguísima guerra civil contra una terrible organización terrorista. En mi opinión, la Comisión actuó de forma algo precipitada en este caso, y rápidamente esto condujo a la propuesta de suspender el SPG Plus. Sin embargo, Sri Lanka no contaba con "guardianes", si se les puede llamar así, en el Consejo, y por tanto la decisión fue tomada. En lo respecta al Parlamento Europeo, no tenía ninguna función que desempeñar: nadie nos pidió nuestra opinión.
En el segundo caso, tenemos un país que tiene que combatir terribles guerras internas de guerrillas y donde se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen frecuentes asesinatos de sindicalistas. Hasta ahora, la Comisión no se ha pronunciado sobre la oportunidad de abrir una investigación y, en la práctica, ha continuado en el camino del acuerdo de libre comercio, con el que personalmente coincido. En el Consejo, sabemos que existen gobiernos que trabajan muy activamente en la protección de los intereses de las autoridades colombianas y, una vez más, el papel del Parlamento Europeo ha sido inexistente: nadie ha pedido la opinión del Parlamento, a pesar del hecho de que nosotros debemos escuchar las opiniones de los demás casi a diario.
En ambos casos, no se han realizado estudios sobre las consecuencias ocupacionales y económicas de la posible suspensión. No obstante, entre todas las incoherencias, hay un elemento común: el papel marginal del Parlamento Europeo. Y estas decisiones son eminentemente políticas, no técnicas, y lo considero inaceptable. Por lo tanto, necesitamos una nueva regulación, aprovechando la fecha de vencimiento de 2011, y creo que estos dos ejemplos concretos lo demuestran. Entretanto, sin embargo, convendría debatir lo que viene ocurriendo en los últimos meses en estos países en particular.
Por ejemplo, sería interesante saber cuál es el umbral de violaciones de los derechos humanos que la Comisión considera que debe superarse para iniciar una investigación en Colombia o en otro país, y qué medidas concretas debería adoptar el Gobierno de Sri Lanka, por ejemplo, mediante la suspensión de la ley marcial, para detener la suspensión.
Señor Comisario, pedimos lo siguiente: una nueva propuesta, si es posible para junio; criterios de idoneidad claros para los países beneficiarios, teniendo en cuenta que el sistema de preferencias generalizadas es un instrumento de desarrollo y que tenemos algunos países en la lista que no son realmente países en desarrollo; la firma y aplicación de los 27 convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los países beneficiarios; transparencia de las normas sobre su conducta; un sistema para evaluar el impacto del sistema de preferencias generalizadas; y una comunicación al Parlamento. Como también ha señalado el señor Martin, el Parlamento debe participar plenamente en el caso de que tenga lugar la suspensión, dado que se trata, repito, de una decisión eminentemente política.
Nicole Kiil-Nielsen
Señor Presidente, el debate de hoy está motivado por tres aspectos relativos al sistema de preferencias arancelarias generalizadas.
En primer lugar, el reglamento actual vence el 31 de diciembre de 2011. Para permitir al Parlamento ejercer las facultades que posee en virtud del Tratado de Lisboa, la Comisión debe ofrecernos un nuevo proyecto de reglamento en junio de 2010, como fecha límite.
En segundo lugar, la manera en que opera el SPG Plus opera es de todo menos perfecta. ¿Quién decide la lista de países beneficiarios y con arreglo a qué criterios? ¡Es asombroso! ¿Quién supervisa la aplicación de los 27 convenios internacionales sobre cuestiones sociales y medioambientales que constituyen un requisito para ser beneficiario de un SPG Plus? No lo sabemos.
¿Cuáles son los resultados del sistema de preferencias generalizadas? ¿Ha facilitado el desarrollo sostenible, la diversificación de la producción y creación de empleo respetable, o más bien la proliferación de contratos de corta duración, el aumento del número de granjas abandonadas y la concentración de amplias extensiones de tierra destinadas a la exportación? No tenemos ni idea.
Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una reforma a fondo del Reglamento para velar por el control democrático y garantizar que las medidas adoptadas alcancen verdaderamente los objetivos deseados.
No obstante, la verdadera razón por la que se está celebrando este debate hoy es para debatir el lamentable caso de Colombia. Hasta hoy, la Comisión se ha negado a iniciar una investigación sobre las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se cometen en ese país. Sin embargo, el Reglamento contempla dicha investigación.
No se puede concebir, teniendo en cuenta los valores que promueve la Unión Europea, que, en la búsqueda de beneficios en los sectores de productos lácteos, automovilístico, farmacéutico, de telecomunicaciones, y bancario para nuestras propias multinacionales, la UE abandone la condicionalidad del sistema de preferencias generalizadas y, en los últimos años, se haya precipitado en la celebración de un acuerdo de comercio libre con Colombia. Este representa un golpe mortal para los sindicatos, pequeños agrícolas y consumidores colombianos y para la producción industrial de ese país.
Joe Higgins
autor. - Señor Presidente, el sistema mediante el cual la UE concede un trato preferencial en el comercio a algunos países está en vigor desde 1971. Se supone que es un mecanismo destinado a corregir los desequilibrios comerciales entre los países capitalistas y los países pobres del mundo y a contribuir al desarrollo sostenible.
Señor Comisario, ¿está usted de acuerdo en que, en ese sentido, ha sido un fracaso total y que las principales beneficiarias de los acuerdos comerciales de la UE han sido las empresas transnacionales con base en la UE que utilizan sus recursos superiores para vapulear a los pequeños productores locales en muchos países más pobres, causando graves perturbaciones, incluidas la pérdida de empleo local y la destrucción medioambiental? ¿No es ese el verdadero significado del documento de estrategia de la Comisión de la UE "Europa global: competir en el mundo", publicado hace tan sólo tres años?
Y, señor Comisario, dígame qué esperanza pueden albergar los trabajadores de África, Asia y América Latina cuando su Comisión, hace tan sólo unas semanas, se arrodilló pusilánimemente ante la especulación delictiva de los comerciantes filibusteros de fondos de cobertura buscando enormes ganancias rápidas a través de la infame especulación contra el euro y Grecia en particular. Y pusieron en manos de estos parásitos (en realidad delincuentes) a la clase trabajadora de Grecia y a los pobres de Grecia. ¿Qué esperanza les queda a los pobres y a los trabajadores fuera de las fronteras europeas en vista de esta situación?
Ahora me gustaría preguntar cómo evalúa la Comisión de la UE si los Estados que disfrutan de acuerdos comerciales preferenciales protegen los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Por favor díganoslo.
Y podría explicarnos también por qué sigue manteniendo relaciones con el Gobierno de Colombia, país en el que, claramente, organismos controlados por la administración pública, en particular el ejército, son autores reincidentes de los crímenes más atroces, como ha puesto de manifiesto recientemente el descubrimiento de la fosa común de víctimas inocentes de asesinato en La Macarena.
Por último, ¿cuál es la opinión actual de la Comisión con respecto a mantener el SPG Plus con Sri Lanka?, sobre todo teniendo en cuenta que, tras las elecciones, las políticas del Gobierno del señor Rajapaksa siguen incumpliendo los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en ese país.
Syed Kamall
suplente del autor. - Señor Presidente, creo que todos entendemos que uno de los objetivos del sistema de preferencias generalizadas era integrar a los países más pobres en el sistema comercial mundial. La concesión de trato preferencial era considerada una medida positiva para corregir algunos de los desequilibrios comerciales entre los países ricos y los países pobres.
Yo, que tengo muchos amigos y familiares en muchos de esos países pobres, creo que basta con mirar a los gobiernos de muchos de esos países: una gobernanza deficiente; monopolios estatales y gobiernos corruptos que impiden a los emprendedores de esos países crear riquezas; el hecho de que les resulte difícil importar materiales que necesitan para añadir valor y crear riqueza; también el hecho de que se niegue el acceso a muchos ciudadanos de esos países a bienes y servicios que aquí en la UE y en muchos países ricos damos por hecho.
Reconozcamos que la mejor forma de ayudar a las personas a salir de la pobreza es ayudando a los emprendedores. Los emprendedores crearán puestos de trabajo, crearán la riqueza y sacarán a los pobres de la pobreza.
Durante las recientes negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica, muchos Miembros procedentes de todo el espectro político expresaron su preocupación sobre el enfoque único de la Comisión a los acuerdos de asociación económica (AAE).
En un caso en el que estuve implicado, al interrogarse en comité al oficial de la Comisión, éste declaró que los acuerdos de asociación económica no sólo abordan el comercio, sino también la integración regional y la exportación del modelo de la UE. Pero cuando se le preguntó si podía ofrecerse a algunos de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) que tenían preocupaciones especiales la alternativa del sistema de preferencias generalizadas, la respuesta fue que era imposible porque estos contravienen algunos de los convenios y, por lo tanto, no cumplen los requisitos para poder beneficiarse del SPG Plus.
Para avanzar, sin duda deberíamos intentar ser más flexibles en nuestra aplicación del SPG Plus, tal vez como alternativa a los acuerdos de asociación económica. Esto puede hacerse de diversas formas. O bien imponiendo sanciones a los países que no cumplan las normas, o entablando un diálogo continuo para garantizar que se mejoren las condiciones en estos países, y entender que, al igual que Roma no se construyó en un día, tampoco se construyeron en un día las estrictas normas de Europa. Ha llegado el momento de comprometerse y ayudar a los emprendedores de los países en desarrollo en lugar de politizar excesivamente la cuestión.
Karel De Gucht
Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, el actual plan del sistema de preferencias generalizadas finaliza el 31 de diciembre de 2011. La Comisión ya está trabajando en una actualización y revisión de fondo del actual plan. A medida que avance el mes, iniciaré una amplia consulta pública sobre las posibles mejoras y cambios seguido de una nueva evaluación exhaustiva de los efectos. Por lo tanto, cabe esperar que la propuesta de la Comisión sobre el reglamento esté lista para el primer trimestre de 2011. Obviamente, esta propuesta estará sujeta al procedimiento legislativo ordinario, cuya duración puede superar la fecha de vencimiento del plan actual, el 31 de diciembre de 2011.
Todos los aquí presentes estarán de acuerdo conmigo en que debemos evitar una situación en la que los beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas pierdan todas sus preferencias el 1 de enero de 2012. Por lo tanto, presentaremos, en paralelo con el inicio de este trabajo preparatorio esencial para un nuevo plan de sistema de preferencias generalizadas, una propuesta para ampliar el reglamento actual garantizando la continuidad hasta la puesta en marcha del nuevo plan. Esto les dará tiempo para trabajar concienzudamente en la elaboración de un nuevo plan garantizando al mismo tiempo que los beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas no se queden fuera. Se prevé que reciban este documento en abril.
He tomado nota de las preguntas sobre todas las preocupaciones expresadas relativas a la forma en que la Comisión supervisa el cumplimiento de los países beneficiarios con los criterios actuales para el trato de SPG Plus. El criterio básico para este sistema es la ratificación y aplicación efectiva de 27 convenios internacionales en materia de derechos humanos, principales normas laborales, desarrollo sostenible y buena gobernanza. La Comisión vigila de cerca el cumplimiento de estos criterios por todos los países beneficiarios.
La Comisión tiene la obligación y está decidida a operar el sistema de preferencias generalizadas de forma justa y objetiva. A este respecto, nuestra supervisión y evaluación de la aplicación efectiva de los acuerdos del sistema de preferencias generalizadas se basan en la medida de lo posible en los resultados e informes de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos pertinentes, así como en los mecanismos de vigilancia previstos en los propios convenios.
Esto permite realizar un proceso de revisión imparcial e inequívoca. La vigilancia también está respaldada por el diálogo bilateral que mantiene la Comisión con los países del SPG Plus sobre cuestiones relativas a la aplicación. Si esos informes revelan que no se están cumpliendo plenamente los criterios del sistema de preferencias generalizadas, el reglamento de este sistema permite a la Comisión la posibilidad de llevar a cabo una investigación para esclarecer la situación real y proponer las medidas que estime oportunas.
Esta herramienta de investigación es un instrumento muy serio que puede desplegarse cuando la situación lo justifique, pero iniciar una investigación no es un paso que debe tomarse a la ligera dado que podría tener efectos de mayor alcance en nuestra relación con los países asociados. Piensen, por ejemplo, en el reciente caso de Sri Lanka.
Habida cuenta de que el objetivo del plan del SPG Plus es alentar a los países que se ajusten a las normas internacionales de buena gobernanza, ante todo debería ofrecerse a los países beneficiarios de ese sistema la oportunidad de demostrar su compromiso con los objetivos del sistema, su voluntad de cooperar con los órganos internacionales de supervisión y de corregir las deficiencias identificadas.
Este enfoque da crédito a las medidas ya adoptadas por esos países y está en consonancia con el enfoque general basado en el incentivo que sustenta el SPG Plus.
Tengo mucho interés en entablar un debate con ustedes sobre el futuro del plan del sistema de preferencias generalizadas y del SPG Plus en particular. A la hora de preparar la revisión del plan actual, que también tendrá en cuenta los criterios del SPG Plus y la vigilancia del cumplimiento, se examinarán seriamente las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo.
Dado que este examen seguirá ahora el proceso legislativo ordinario, el Parlamento Europeo estará en igualdad de condiciones que el Consejo para determinar la forma final del plan del sistema de preferencias generalizadas.
Laima Liucija Andrikienė
en nombre del Grupo PPE. - Señor Presidente, continuando en la línea de lo que ya ha dicho nuestro colega el señor Daniel Caspary, a quien apoyo plenamente, me gustaría hacer hincapié en una serie de puntos. En primer lugar, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa redefine de muchas maneras el papel desempeñado por el Parlamento en la formulación de la política comercial de la UE. El sistema de preferencias generalizadas es una de esas esferas en las que el Parlamento tendrá una mayor participación e influencia.
Señor Comisario, también me gustaría instarle a tenga muy en cuenta las funciones ampliadas del Parlamento en el ámbito que usted supervisa. Por lo tanto, le insto a que consulte al Parlamento en lo relativo a la conclusión o el examen de la lista de beneficiarios del Sistema de preferencias Generalizadas y del SPG Plus.
En tercer lugar, también debería permitirse al Parlamento participar en el proceso de vigilar si los beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas respetan -no sólo ratifica sino que también aplican de manera efectiva -los 27 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas. La Comisión debería, al menos, consultar al Parlamento sobre esta cuestión y es, obviamente, nuestro deber en el Parlamento garantizar el desarrollo de mecanismos dentro de nuestros organismos pertinentes, nuestros comités, para contribuir a esa vigilancia. Como apunte final, me gustaría reiterar el llamamiento expresado en el proyecto de resolución que someteremos a votación mañana. La Comisión debería redactar el nuevo reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas lo más pronto posible.
Por último y no por ello menos importante, deseo expresar mi desacuerdo con lo que han declarado algunos compañeros sobre Colombia. Colombia es un país como muchos otros de la región y no podemos pasar por alto los desarrollos positivos, los avances alcanzados en la esfera de los derechos humanos y en la situación de los defensores de los derechos humanos en ese país. No veo la necesidad de nombrar y avergonzar a este país en concreto, dado que nuestra resolución trata sobre el nuevo reglamento y la necesidad de elaborar uno nuevo.
Vital Moreira
Señor Presidente, señor Comisario, me complace escuchar al Comisario De Gucht asegurando que, en breve, la Comisión enviará al Parlamento la iniciativa legislativa que tiene como objetivo examinar el plan de preferencias generalizadas, de manera que el proceso legislativo disponga de tiempo suficiente para que no expire el actual plan de preferencias generalizadas, que expira a finales del año que viene.
Es necesario revisar este sistema. En primer lugar, es un instrumento de ayuda al desarrollo, que proporciona a los países un acceso privilegiado al mercado europeo, sin reciprocidad alguna. En segundo lugar, este plan es también un instrumento destinado a mejorar la situación en el ámbito de los derechos humanos y la buena gobernanza en estos mismos países, dado que su concesión está sujeta a condiciones que los países beneficiarios deben cumplir.
Por estos dos motivos, la Unión Europea debe renovar el uso de este instrumento, que pone el comercio al servicio del desarrollo y los derechos humanos. No obstante, la renovación debe hace uso de una evaluación de los resultados del periodo anterior.
Por otro lado, el nuevo reglamento debe tener en cuenta los siguientes requisitos, que se basan en la práctica hasta el momento. En primer lugar, se debe mantener el carácter temporal de la concesión del plan de preferencias generalizadas para poder retirarla cuando ya no sea necesaria. En segundo lugar, es preciso intensificar y perfeccionar los métodos de diferenciación y selección de los países beneficiarios, basados en el nivel de desarrollo de cada uno y su competitividad exterior. En tercer y último lugar, se deben mejorar los mecanismos de control del cumplimiento de las condiciones en relación con el plan de preferencias generalizadas, en particular en lo que respecta a la observancia de los derechos humanos.
Por último, señor Comisario, el hecho de que la opinión del Parlamento se haya tenido en cuenta desde el comienzo del proceso legislativo ha resultado muy positivo.
Georgios Papastamkos
(EL) Señor Presidente, debemos centrarnos en el tratamiento que deriva del sistema de preferencias generalizadas, como excepción al principio de la OMC de la nación más favorecida; en otras palabras, los países en desarrollo deben aceptarlo, ya que son ellos los que tienen mayor necesidad. La nueva lista de países beneficiarios debe reflejar la verdadera situación económica y competitividad de los países en desarrollo.
Además, la falta de diferenciación entre los países en desarrollo perjudica en última instancia a los países menos desarrollados. Resulta lógico que la revisión propuesta esté precedida por una evaluación del impacto que el sistema ha tenido en los países beneficiarios durante el periodo de aplicación anterior.
La política comercial, especialmente la condicionalidad comercial, puede, sin duda alguna, contribuir a una gobernanza mundial más efectiva a través del ejercicio del poder de persuasión. Puede contribuir, gracias a la concesión de incentivos, a promover la dimensión social de la globalización en el sentido amplio: el trabajo decente, el desarrollo viable y la rendición de cuentas democrática.
El Parlamento Europeo debe poder participar de manera creativa en el marco del nuevo sistema revisado y supervisar de manera eficaz la aplicación de los contratos por parte de los países beneficiarios.
Bernd Lange
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, todos sabemos que el sistema de preferencias generalizadas es un buen sistema y que el SPG Plus es un muy buen sistema. También necesitamos garantizar su ampliación, y necesitamos su propuesta para que podamos celebrar un debate apropiado en el Parlamento. Por lo tanto, señor Comisario, haga el favor de agilizar el proceso.
Incluso en el caso del SPG Plus, podríamos introducir algunas mejoras. En este sentido, hay cinco puntos que me gustaría mencionar con respecto a las esferas en las que podríamos realizar dichas mejoras. En primer lugar, ¿quién determina cómo ejecutar realmente, no sólo reconocer en la práctica, sino aplicar formalmente, los 27 convenios? ¿Esa tarea recae únicamente en la OIT, o necesitamos un comité de evaluación que proporcione un apoyo específico durante dicha aplicación?
En segundo lugar, ¿qué participación se está ofreciendo a la sociedad civil? Me gustaría ver reflejada la coordinación de la sociedad civil del país en cuestión en la evaluación de la aplicación del SPG Plus, como acabamos de pactar en el acuerdo celebrado con Corea del Sur.
En tercer lugar, ¿quién inicia verdaderamente la investigación si se detecta algún problema? El Parlamento tiene que participar a este respecto, porque me da la impresión de que, en el Consejo, entran en juego otros intereses distintos al de llevar a cabo una investigación. El Parlamento debe también iniciar una investigación en este sentido.
Además, definitivamente necesitamos estructuras claras para los próximos pasos que estamos a punto de dar, así como estructuras más precisas para la retirada, pero quizá podamos hablar sobre esto con más detalle en otra ocasión.
Thomas Mann
(DE) Señor Presidente, principalmente el sistema de preferencias generalizadas concede privilegios comerciales a los países en desarrollo y a economías emergentes. Esta moderna modalidad de ayuda al desarrollo desde las reducciones arancelarias a las desgravaciones arancelarias en los mercados de las naciones industrializadas ha tenido resultados muy positivos. El régimen especial del SPG Plus está diseñado para promover la aplicación de normas sociales y medioambientales. También explica el aumento de países signatarios de convenciones de las Naciones Unidad y de la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, señor Comisario, ¿cómo controla la Comisión la aplicación de esos criterios? ¿Se lleva a cabo de manera rigurosa la retirada de privilegios cuando se exportan mercancías que se han producido gracias a trabajos forzados o de esclavos, cuando se descubren prácticas mercantiles deshonestas y cuando no se garantiza el control de los productos originarios? Además, ¿no debería también incluir la mejora en materia de derechos humanos que se pretende alcanzar a través del SPG Plus en última instancia a Estados más grandes? Pienso en el caso de China, por ejemplo. Ni todas nuestras resoluciones, ni las manifestaciones, ni las negociaciones bilaterales entre la UE y China han causado mejora alguna de la situación en el ámbito de los derechos humanos. Por ello, cientos de miles de personas se lanzarán a la calle mañana, con motivo del Día Internacional en Memoria del Tíbet, y se izarán las banderas tibetanas en diez mil ciudades y comunidades de la Unión Europea. Expresaremos nuestra solidaridad con aquellas personas que están luchando por su autonomía cultural, lingüística y religiosa
Señor Comisario, ¿está de acuerdo en que las normas en materia de derechos humanos y las normas sociales y medioambientales tienen que desaparecer de las medidas especiales para incorporarse a la lista de criterios del sistema de preferencias generalizadas? La cooperación con nuestros socios comerciales no debe restringirse a asuntos puramente económicos.
Gianluca Susta
(IT) Señor Presidente, Señorías, estamos ante una oportunidad vital para reafirmar, ante todo, la importancia del sistema de preferencias generalizadas. Tanto el sistema de preferencias generalizadas básico como el SPG Plus, ambos ligados a la iniciativa "Todo menos armas", contribuyen a reducir la pobreza, de conformidad con la obligación fundamental de garantizar el respeto por los derechos humanos. Precisamente, la violación de dichos principios básicos de coexistencia llevó recientemente a la Unión Europea a retirar los beneficios del arancel preferencial a Sri Lanka tras una investigación detallada realizada por la Comisión.
El nuevo marco institucional debe, sin embargo, incluir plenamente al Parlamento en el proceso legislativo que pretende modificar la legislación vigente. Por lo tanto, esperamos que incluya una revisión completa del reglamento, de conformidad con los procedimientos ordinarios, ya que tiene muchas deficiencias, incluyendo deficiencias en el propio ámbito de las investigaciones. El siguiente paso será la resolución conjunta.
La efectividad del reglamento depende de su credibilidad, la objetividad de los criterios sobre los que se basa y la rigurosidad con la que se aplique. En una Europa donde la inmensa mayoría de ciudadanos no están dispuestos a exportar la democracia a punta de pistola, el comercio y la ayuda relacionada con éste son vehículos esenciales para diseminar los principios de coexistencia basados en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Es nuestro deber no caer en la indiferencia -que sería un error- pero también evitar realizar juicios precipitados sobre algunas partes, juicios que parecen sentencias irrevocables, como es el caso de Colombia.
Por este motivo, me siento incapaz de apoyar actitudes inflexibles casi unilaterales hacia un país u otro, pero apoyo firmemente la necesidad de mejorar el control de todas las situaciones problemáticas, al amparo de la legislación vigente y de acuerdo con los principios del Reglamento sobre el que queremos basar la revisión legislativa que estamos exigiendo.
Christofer Fjellner
(SV) Señor Presidente, el sistema de preferencias generalizadas que se está debatiendo hoy es un instrumento excelente y esencial, porque facilita la exportación y el comercio con Europa a algunos de los que quizás sean los países más pobres del mundo. Muchos de los países de Europa han construido su riqueza de este modo, y por ello nos parece tan importante tratar de extenderlo a otros países.
En un debate como el de hoy y en el trabajo venidero de revisar el sistema de preferencias generalizadas, tenemos que pensar y centrarnos en la tarea básica y en el objetivo básico de este sistema, que es combatir la pobreza. El comercio es, por un amplio margen, la manera más eficaz de combatir la pobreza y generar crecimiento económico, y es importante no olvidar este aspecto.
Por supuesto, el sistema de preferencias generalizadas también es una buena manera de ejercer presión en países para conseguir que acaten acuerdos internacionales y convenciones, así como compromisos en materia de derechos humanos, etc. No debemos olvidar, sin embargo, que el objetivo es el desarrollo. Naturalmente, la UE debe ser capaz de denegar o retirar este trato preferencial a países que no cumplan sus compromisos, pero es importante también recordar que caminamos sobre una línea muy delgada. Para un país al que se priva de una mayor libertad para comerciar y nuevas oportunidades de exportación será difícil cumplir los compromisos y las exigencias que pedimos.
Existe una relación: la corrupción, unas condiciones de trabajo precarias y la falta de respeto a los derechos humanos contribuyen a la pobreza, pero la pobreza también dificulta la lucha contra la corrupción, los problemas en el ámbito de los derechos humanos y las condiciones de trabajo precarias. Me gustaría conocer la opinión del señor Comisario sobre el párrafo 22; en otras palabras, el riesgo de que la retirada de preferencias comerciales limite la capacidad de los países para erradicar situaciones como las precarias condiciones de trabajo.
Del mismo modo, me gustaría señalar que en este momento estamos pidiendo a un número de países que ratifiquen 27 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas y las apliquen en su totalidad. Me gustaría ver un análisis documentado sobre si los Estados miembros de la UE han aplicado en su totalidad y ratificado todos estos convenios de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que es al menos improbable que se hayan aplicado todos de manera rigurosa, y es importante que tengamos en cuenta esta situación antes de exigir nada a los demás.
Rareş-Lucian Niculescu
(RO) Tengo una pregunta sencilla para el señor Comisario. Según el Reglamento (CE) nº 732/2008, los Estados que deseen obtener términos preferenciales como parte del SPG Plus tienen la posibilidad de presentar sus solicitudes hasta finales de abril de este año. Dado que se aproxima la fecha límite, me gustaría preguntar al señor Comisario, si dispone de esta información, qué Estados lo han solicitado hasta ahora y si concederemos términos preferenciales a algunos Estados nuevos cuando nos dispongamos a cambiar los criterios necesarios. También me gustaría unirme a los Miembros que han destacado que la aplicación del sistema de preferencias generalizadas debe consultarse al Parlamento Europeo.
Gracias.
Karel De Gucht
Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, se han formulado varias preguntas sobre Sri Lanka y sobre Colombia, y sobre por qué, en un caso, hemos decidido hacer averiguaciones y tomar una decisión y en el otro no.
En el caso de Sri Lanka, la atención de la Comisión se centró en informes disponibles al público y en declaraciones de las Naciones Unidas, así como otras fuentes pertinentes, incluidas organizaciones no gubernamentales, que indicaban que Sri Lanka no estaba aplicando de manera eficaz varias convenciones de derechos humanos, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y la Convención de los Derechos del Niño.
Sin embargo, a diferencia de Colombia, la postura generalizada de Sri Lanka fue la de negar la existencia de cualquier problema y no cooperar con la Comisión en ninguna etapa de la investigación.
En el caso de Colombia, los resultados de la vigilancia de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo desvelan interrogantes en el nivel de aplicación efectiva de algunas convenciones de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, pero también es indudable que Colombia está comprometida con la Organización Internacional del Trabajo y los organismos de las Naciones Unidas, que ha realizado cambios sustanciales en su sistema jurídico, y que el Gobierno está tomando medidas para enmendar la legislación y mejorar la aplicación sobre el terreno. Existen conversaciones en curso en cooperación con las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Se está entablando un diálogo en cooperación con las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo.
En relación con la pregunta formulada por el señor Moreira, me gustaría decir que en la revisión del reglamento del sistema de preferencias generalizadas, estamos trabajando para encontrar un equilibrio entre las distintas peticiones que se han realizado aquí. Se nos ha pedido que lo hagamos con la mayor brevedad posible, y así será. Se nos pidió la realización de una evaluación de impacto y recibiremos los datos sobre el sistema de preferencias generalizadas de 2009 en julio este año, al que sucederá, por supuesto, la consulta del Parlamento.
También me gustaría recordar el compromiso que realicé a la Comisión de Comercio Internacional durante mi audiencia y seguidamente establecer un calendario para nuestras propuestas legislativas que se presentará a esa Comisión en los próximos meses. Como sabrán, está previsto que nos reunamos mañana. Intentaremos estudiar la manera de conseguir que el Parlamento pueda debatir con toda libertad los distintos documentos, incluido el nuevo reglamento del sistema de preferencias generalizadas y el sistema de renovación, que presentaremos ya en abril.
Presidente
He recibido dos propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 115 del Reglamento.
Se cierra el debate.
La votación se celebrará el miércoles 10 de marzo de 2010.
