Aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (debate) 
Presidente
El siguiente punto se refiere a la Declaración de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Franco Frattini
Vicepresidente de la Comisión. - Señor Presidente, hemos observado con atención la evolución de la situación en Italia. Nos preocupa el aumento de la delincuencia callejera y queremos expresar antes que nada nuestra solidaridad a las familias de las personas que han sido victimas de actividades delictivas.
Aceptamos con agrado las medidas de cooperación bilateral anunciadas la semana pasada por los Primeros Ministros de Italia y Rumanía. Garantizaremos el respeto de los derechos de los rumanos, como el de todos los ciudadanos.
Mientras se llevan a cabo los procedimientos transitorios para dar por terminada la apertura de los mercados laborales, los ciudadanos rumanos deben solicitar permisos de empleo en algunos Estados miembros. Nos aseguraremos que los Estados miembros cumplan con el principio de no discriminación en su legislación nacional y en sus prácticas administrativas.
La Directiva 2004/38/CE sobre el derecho de libre circulación permite la expulsión de ciudadanos europeos cuando una persona represente una amenaza real y suficientemente grave que afecte a los intereses fundamentales de la sociedad. Ésta es una decisión que se tomará según cada caso individual y en el pleno respeto de las garantías de procedimiento. En los casos de expulsión inmediata, la urgencia debe ser debidamente justificada. Bajo el amparo de la Directiva, el Estado miembro anfitrión también puede expulsar a ciudadanos europeos si dejan de cumplir las condiciones vinculadas a su derecho de residencia. Los ciudadanos de la Unión que no trabajen pueden ser expulsados si se convierten en una carga excesiva para su sistema de asistencia social; dicho de otro modo, si carecen de medios legales de subsistencia para garantizar unas condiciones de vida adecuadas. En este caso, la expulsión se basará en elementos objetivos y no se puede imponer una prohibición de reingreso.
La expulsión de ciudadanos europeos es una medida extrema. Limita una de las libertades fundamentales del Tratado. Se deben adoptar medidas para lograr el equilibrio entre el derecho a la libre circulación y el deber de cada Estado miembro de proteger los intereses de los ciudadanos honrados en caso de que no se cumplan las condiciones jurídicas de residencia.
Las autoridades italianas notificaron oficialmente a la Comisión el texto del Decreto el 7 de noviembre de 2007. El Decreto debe ser aprobado por el Parlamento europeo en un plazo de 60 días. Como saben, el Parlamento italiano tiene la facultad de cambiar el texto del Decreto. La postura de la Comisión sobre la legislación italiana que transpone la Directiva 2004/38/CE dependerá lógicamente de la versión final de la ley que emane del Parlamento italiano. El Decreto entró en vigor de manera inmediata, pero los términos de la Directiva son lo suficientemente precisos para ser aplicados directamente por los órganos jurisdiccionales nacionales. Esto significa que si un ciudadano de la Unión cree que la medida de expulsión aplicada en su contra no respeta las garantías que se establecen en la Directiva, puede recurrir a los órganos jurisdiccionales nacionales. En caso de duda sobre la aplicación de la legislación europea, como bien saben, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a remitir el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Estaremos al tanto de la situación, pendientes de la revisión del Decreto por parte del Parlamento italiano.
Nos preocupan también las manifestaciones racistas y xenófobas que han acompañado la introducción del mencionado Decreto en Italia. Los grupos romaníes son la minoría más importante de Europa. Las comunidades romaníes se enfrentan a condiciones difíciles por toda Europa. Existe un largo pasado de persecuciones. Esta situación provoca sufrimiento humano y tensión social. Para la inclusión se necesita el esfuerzo de todos, incluidos también los romaníes. Se debe prestar una protección especial a las personas, en especial a los niños y las mujeres.
Los delincuentes de cualquier nacionalidad a menudo explotan a las personas especialmente vulnerables como los niños. Los niños romaníes sufren una doble discriminación. En primer lugar, son víctimas de los estereotipos y de los prejuicios. Pero también se enfrentan a la violación de sus derechos fundamentales, incluso dentro de sus propias comunidades. Con frecuencia vemos a niños romaníes desatendidos en nuestras calles, viviendo en condiciones de pobreza, a veces tolerada, en modernas favelas europeas. Los niños pueden caer en el mundo de la delincuencia o que se les obligue a mendigar. Los niños romaníes en edad escolar tienden a dejar el colegio a edades tempranas sin finalizar sus estudios o sin estar preparados para salir adelante u ocuparse de sus familias.
Si sólo consideramos un grupo cuando nos ocupamos de cómo proteger los derechos fundamentales, entonces nos arriesgamos a no dar protección a las personas de ese grupo, y dejamos pasar la oportunidad de romper el círculo del mal y del miedo.
Estamos preparados para ayudar a Italia y a Rumanía en hacer el mejor uso posible de todas las posibilidades existentes al amparo de la legislación y los fondos europeos. Habría que recalcar que las comunidades romaníes viven en muchos otros Estados miembros como Francia, Irlanda, España, Eslovaquia, la República Checa o Hungría. La inclusión social de las comunidades romaníes puede también mejorar de manera notable en los citados Estados miembros, a través de los fondos estructurales, que pueden ser de gran ayuda.
La financiación europea, dirigida en concreto a las necesidades de las comunidades romaníes, ya se encuentra disponible en áreas como la inclusión social, la lucha contra la discriminación, el desarrollo regional y la educación. En los periodos de programación previos, los fondos estructurales pusieron más de 275 millones de euros a disposición de proyectos relacionados con asuntos romaníes. Una partida adicional de 60 millones de euros se puso a disposición de Rumanía y Bulgaria entre 2004 y 2006, en concepto de instrumentos de preadhesión. La financiación de proyectos romaníes continuará en el periodo de programación de fondos estructurales 2007-2013. La Directiva europea sobre la igualdad racial (2000/43/CE), que da cobertura al pueblo romaní, ofrece protección contra la discriminación en el trabajo, educación, seguridad social, asistencia sanitaria, bienes y servicios y vivienda. Estamos garantizando de manera activa que la esta legislación se aplique en toda Europa.
Por último, del mismo modo que la Comisión no está dispuesta a tolerar ninguna forma de discriminación o intolerancia de sus ciudadanos, apoyaremos igualmente a los Estados miembros que deseen proteger de forma lícita a sus ciudadanos de la delincuencia, ya sean nacionales de tales Estados miembros o ciudadanos en general de la Unión. Al fin y al cabo, la justicia y la seguridad van de la mano.
Antonio Tajani
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (IT) Señor Presidente, Señorías, desearía dar las gracias al señor Frattini por su exhaustivo informe y por las propuestas, ideas, contenidos y valores defendidos en su discurso. Desde luego, la reunificación de Europa ha dado pie a un aumento de la circulación de ciudadanos dentro de la Unión, la cual, en algunos casos, se ha transformado en un verdadero fenómeno migratorio. Tal es el caso en Italia, donde actualmente hay en torno a medio millón de ciudadanos rumanos.
La UE intentó, con la Directiva 2004/38/CE, garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos comunitarios que emigran desde un país a otro y el derecho de los Estados miembros a los ciudadanos que no cumplen ciertas normas: me refiero a la capacidad de mantenerse y a los riesgos que puedan suponer para el orden público y la seguridad. Por desgracia, en Italia la Directiva se ha aplicado de manera deficitaria y con retraso. El resultado: se ha dejado de expulsar a muchos ciudadanos que, de haber sido deportados, no habrían cometido delitos en Italia.
Por desgracia, se han cometido delitos que han estremecido a la opinión pública, delitos cometidos por personas que disponían de pasaporte europeo. Ello ha provocado reacciones de inaceptable violencia xenófoba. La violencia y los homicidios cometidos en Italia deben condenarse con firmeza y ha de expresarse solidaridad a las familias de las víctimas. La violencia y la reacción xenófoba deben condenarse asimismo, aunque, por desgracia, cuando dejan de aplicarse las normas, cuando no se aplican las leyes, existe el riesgo de que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano, lo que francamente es inaceptable.
Los Estados miembros tienen responsabilidades claras, al igual que las autoridades locales. En Roma, pese a las numerosas denuncias, no se emprendió por desgracia acción alguna en relación con realidades sociales como las de los barrios chabolistas habitados por ciudadanos de etnia romaní. Se trata de situaciones con respecto a las que se deberían haber emprendido medidas con antelación. En ocasiones, las medidas que llegan tarde no contribuyen en absoluto a resolver los problemas que ya han estallado. No estamos a favor de las expulsiones multitudinarias. Todo ciudadano que comete un delito es personalmente responsable del mismo. No se trata de una cuestión de nacionalidad o de pertenencia a un grupo étnico concreto. Ciertamente, habría convenido contar con una mayor cooperación entre Rumanía e Italia. No en vano, el texto del PPE ha sido firmado por mí y por mi colega el señor Marinescu.
Se tata de una cuestión que concierne específicamente a la población romaní. No atañe a los ciudadanos rumanos y, por ello, pedimos que se cree una agencia específica para integración social de la comunidad romaní, una agencia europea que demuestre que Europa cumple con su parte a la hora de resolver un problema que, de otro modo, conlleva el riesgo de desatar una alarma social aún mayor.
Martin Schulz
en nombre del Grupo del PSE. - (DE) Señor Presidente, Señorías, nos hallamos en una situación muy complicada. Es difícil porque los acontecimientos acaecidos en Roma no hacen sino traer a la superficie algo que hasta la fecha no habíamos presenciado o no queríamos ver. El homicidio cometido allí representa un acto profundamente condenable y abyecto. Las reacciones desencadenadas por este homicidio son alarmantes. Sin embargo, el hecho de que a un único delincuente, que ha cometido un delito, se le incorpore, al juzgarlo, en un grupo de personas a las que, por así decirlo, se considera responsables colectivas de los actos de una sola persona, no es nuevo en la historia de la humanidad -ha sucedido siempre-, aunque no por ello deja de ser igualmente condenable. Así pues, lo primero que debemos hacer es diferenciar. Tenemos que analizar la situación con mucho detenimiento. Todo lo expuesto es cierto: hace tiempo que la integración de los romaníes en nuestra sociedad no funciona. Ello está unido asimismo al hecho de que estamos muy poco comprometidos con dicha integración de los romaníes en nuestra sociedad. Se trata de un pueblo complicado, con una cultura muy autónoma, y su integración requerirá grandes esfuerzos, aunque puede lograrse. Puede lograrse si los respetamos y respetamos su cultura.
Sin embargo, ha de quedar claro que el Estado de Derecho debe poder imponerse con todos los medios pertinentes. El Estado de Derecho debe mantener la seguridad y el orden públicos con todos los medios a su alcance. ¿Cuál es el mejor modo de lograr este fin? El mejor modo consiste en no generalizar, sino en evaluar cada caso por separado, y ello es exactamente lo que debe suceder en Europa. En lo que atañe a la libertad de circulación, tenemos que evaluar, en cada caso concreto, qué derechos ha adquirido un ciudadano de la Unión cuando se desplaza de un país a otro, qué derechos forman la base sobre la que ha de tratársele.
En la Unión Europea garantizamos la libertad de circulación. Todos los ciudadanos de los Estados europeos -al menos los que forman parte del espacio Schengen- gozan de esta libertad de circulación integral. Ello no significa que puedan hacer lo que quiera cuando se desplazan de un país a otro. Tienen que respetar los derechos y las leyes allí. En el sentido contrario, el Estado que pertenece al espacio Schengen también debe respetar los derechos del ciudadano de la Unión en su territorio. No es posible afirmar de un modo general que la culpa corresponde a este grupo y hay que echarlo, ya que ninguno de sus miembros dispone de permisos de trabajo, o bien porque no se adecuan a nuestros conceptos culturales, porque están desempleados o porque se dedican a la mendicidad. En lugar de ello, en cada caso concreto, debemos evaluar qué derechos amparan a un ciudadano, del mismo modo que se evalúa qué derechos ha violado. Tal es, precisamente, la labor que los gobiernos italiano y rumano han emprendido ahora y la que debe emprender la Comisión.
Al respecto debo decir, Comisario Frattini, que no está cumpliendo con la función que le corresponde. Me sorprendieron muchísimo sus declaraciones en Il Messaggero. Hasta la fecha, tenía la impresión de que era usted un Comisario moderado. Se había ganado usted el respeto de mi Grupo gracias a su trabajo, de gran sensatez, en un ámbito político muy delicado. Sin embargo, sus declaraciones en Il Messaggero en cuanto a los permisos de trabajo y la estructura de ingresos de las personas -en las que se da a entender que cabría visitar un campamento, preguntar a quien fuera de qué vive y, en caso de que la persona en cuestión no fuera capaz de dar una respuesta inmediata, expulsarla-, recuerdan a un Estado arbitrario. Sin embargo, no vivimos en un Estado tal. Es su cometido, Comisario Frattini -máxime como Comisario de Derechos Humanos- el defender los principios de la Unión Europea y no promocionarse, de nuevo, como ministro de un futuro gobierno italiano si surge la necesidad.
(Aplausos del centro y de la izquierda)
Graham Watson
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, la mayoría de nosotros reconocemos los beneficios de la emigración. Los Estados miembros que han abierto sus fronteras a los emigrantes de otros Estados miembros no han sufrido un aumento en el desempleo; antes al contrario, ha habido un crecimiento en su productividad, un aumento en el crecimiento económico y en la creación de nuevo empleo.
Es la vieja historia de siempre. Los inmigrantes hacen los trabajos que los ciudadanos del país no quieren hacer, trabajan duro, cuestan poco dinero y aportan nuevas ideas. Pero es importante reconocer que algunas personas cruzan fronteras no con el anhelo de trabajar - o al menos no con el anhelo de trabajar de forma legal. La legislación europea reconoce esto tal como usted lo ha expuesto, señor Comisario. Al tiempo que concede el derecho de residencia en otros Estados miembros, la legislación comunitaria permite al Estado anfitrión limitar dicho derecho a sólo tres meses en caso que no existan medios de subsistencia y a poner fin al mismo en caso de que el orden público se viese amenazado.
Uno de los grandes éxitos de nuestra Unión ha sido este derecho de libre circulación, del cual se benefician millones de ciudadanos en sus estudios, en sus vidas laborales, en sus jubilaciones. Los romaníes, alrededor de nueve millones de personas, un pueblo apátrida como los judíos, no eran bienvenidos en el pasado, en la actualidad sufren discriminación en muchos países anfitriones. Aún así, asociar al pueblo romaní con Rumanía, aunque en efecto muchos de ellos son ciudadanos rumanos, es no entender la naturaleza de ambos. También pueden asociarlos con la ciudad de Roma.
Los fondos de la Unión Europea están disponibles para la integración de los romaníes. Estamos trabajando con George Soros y su Decenio de la Inclusión Romaní. Pero para que esto salga adelante, es preciso que todos los Estados miembros se adhieran a lo anterior y a una estrategia marco común para la inclusión romaní.
Es una pena que Italia no dispusiera de ninguno de estos fondos. España dispuso de aproximadamente 52 millones de euros y Polonia de 8 millones. Pero no es sólo falta de previsión por parte del Gobierno italiano; también es falta de previsión por parte de la Comisión. Creo que el señor Barroso se equivocó al afirmar en su entrevista de ayer en el diario La Repubblica que es inconcebible que la Unión Europea deba promover la integración in situ. No debería ser inconcebible.
Señor Frattini, comparto la opinión del señor Schulz. No debería hacer política de partido con este asunto. Esta Cámara le exige que se centre en sus responsabilidades actuales, no en su posible futura carrera profesional. Los italianos son tan conscientes como otros de la vulnerabilidad de las comunidades emigrantes. En 1983, en Aigues-Mortes en Francia, trabajadores de las salinas de Peccais fueron linchados como consecuencia de ataques xenófobos en defensa del empleo local. Pero uno de los grandes logros de la Unión es que estos pogromos son parte del pasado.
Demasiado a menudo, sin embargo, las democracias funcionan en virtud de una gestión de crisis. Y quizás es más evidente en Italia que en ningún otro lugar. Pero si existen problemas en Italia, habrá problemas también en otros países. Si el derecho de residencia en el extranjero es un derecho de la UE, no podemos permitir que los Estados miembros redacten normas excepcionales, tal como ha hecho el Gobierno italiano con este Decreto. No se puede impedir que un país adopte medidas de excepción siempre que exista el derecho de recurso. El recurso a un juez de paz, que no es un experto en temas jurídicos, es insuficiente, tanto como el uso de sólo el italiano o inglés en los documentos legales. Pero confió en que el Parlamento italiano corrija estas disposiciones y garantice la coherencia de su legislación nacional con las disposiciones de la UE.
Para nosotros, éste es el primer caso real en el que el Parlamento Europeo vigila la aplicación de la justicia y la legislación de asuntos interiores, junto con los parlamentos nacionales. No sólo tenemos que fijarnos en lo que no funciona, sino también en lo que sí funciona, y necesitamos su compromiso activo, señor Comisario, para esta tarea.
(Aplausos del centro y la izquierda)
Roberta Angelilli
en nombre del Grupo UEN. - (IT) Señor Presidente, Señorías, también yo desearía dar las gracias al Comisario Frattini por el detallado informe de esta tarde. En mi opinión, la Directiva 2004/38/CE es un punto de referencia válido, sobre todo para garantizar la plena afirmación del derecho de circulación de los ciudadanos de la Unión, evitar toda forma de discriminación y afirmar el principio de la plena integración.
Esta Directiva se ocupa, en suma, de proteger, en el respeto del principio de reciprocidad, los derechos de quienes se establecen en un Estado miembro y los derechos de los ciudadanos de dicho Estado miembro de acogida. Ofrece una máxima protección para las personas que trabajan, estudian y desean integrarse pero es severa con quienes no respetan las normas. Y sobre este punto debemos celebrar un debate serio en esta Cámara.
No sólo existen derechos, existen asimismo deberes y normas que han de respetarse. No podemos seguir ignorando que existe un porcentaje -seguramente minoritario, absolutamente minoritario, pero existe- de personas que se desplazan a otros Estados miembros y no tienen intención alguna de señalar su presencia en los Estados miembros de acogida, simplemente porque no desean que se les reconozca, porque no tienen intención alguna de respetar las normas y trabajar legalmente.
Tenemos que abordar adecuadamente el problema de quién se desplaza y entra en un Estado miembro con la intención de situarse al margen de la vida social. Los instrumentos son seguramente mejorables, aunque algunos están ya a disposición de los Estados miembros con arreglo a la Directiva 2004/38/CE. Por ello, debemos pedir una aplicación rápida, rigurosa y concreta de la Directiva en todos los Estados miembros.
Acaso convendría asimismo mejorar la Directiva, estableciendo para los visitantes la obligación de declarar su presencia en el territorio del Estado miembro de acogida en unos términos inequívocos y la obligación a los Estados miembros de imponer sanciones a quien no se atenga a las normas. En Italia, por ejemplo, en el decreto de aplicación de la Directiva se establecen disposiciones pero no se prevén sanciones, por lo que la norma es completamente ineficaz.
Ante todo, tenemos que cerciorarnos de que se acompañe a los inmigrantes de vuelta a sus países, obviamente en caso en que existan motivos importantes para obrar así. Sin embargo, debo aclarar que a quien delinca, a quien no respete los derechos humanos, ya que también esto es importante, a quien explote a menores, a quien explote a mujeres y a quien represente una amenaza para la seguridad de los ciudadanos se le debe expulsar y devolver, de un modo exento de incertidumbre, a las autoridades de su país de origen. También necesitamos normas inequívocas para las personas que no trabajen, las personas que viven de manera precaria, quienes pueden por ello representar una carga excesiva para la comunidad del Estado miembro de acogida.
Por último, desearía mencionar a los niños romaníes y exponer el caso de Italia. Hay alrededor de 50 000 niños, al menos 50 000 niños que padecen explotación en Italia. Se trata de niños de origen romaní a los que se obliga a pedir limosna, que no están vacunados, que no van a la escuela y que viven en unas condiciones higiénico-sanitarias absolutamente deplorables. Desearía recordar a todos que, en torno a una semana antes de que asesinaran a la señora Reggiani en Roma, en el mismo poblado chabolista del que procedía su asesino murió de frío una niña romaní de dos meses de edad. En Roma, una gran capital europea.
Por ello, concluiré preguntando: ¿es ésta acaso la integración? ¿Es esto acaso respeto por los derechos humanos? Tenemos el deber de plantear preguntas serias, sin hipocresía, y tenemos el deber de afirmar que la ley es igual para todos.
Monica Frassoni
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (IT) Señor Presidente, Señorías, Comisario Frattini, el 2 de noviembre usted declaró lo siguiente: "Lo que hay que hacer es sencillo: se va a un campamento nómada, por ejemplo al Cristoforo Colombo de Roma, y se pregunta a los que allí estén: "¿Tú de qué vives?” Si la respuesta es "no lo sé” se les coge y se les envía de vuelta a Rumanía. Así es como funciona la Directiva europea, lisa y llanamente, y, posteriormente, habrá que pasar a la destrucción inmediata de tales campamentos nómadas". Ha declarado usted, asimismo, que el Reino Unido, Francia y Alemania expulsan habitualmente a ciudadanos sin trabajo y que Italia no lo hace, por lo que ha aplicado mal la Directiva 2004/38/CE.
Le hablo como Copresidenta de un grupo político europeo y me dirijo a usted en su calidad de Comisario Europeo, por lo que debemos dejar de lado el hecho de que, probablemente, en Italia militemos en fuerzas políticas incluidas en coaliciones distintas; aquí actuamos y debemos actuar como europeos. Creo que las declaraciones que hizo usted a Il Messagero son inaceptables y que, además, contradicen por completo cuanto nos ha dicho aquí esta tarde. ¿Cuál de los dos Frattinis es el verdadero? ¿El que dijo que había que ir y desmantelar los campamentos de los romaníes o el que dijo que, tal como establece acertadamente la Directiva, a los ciudadanos se les puede expulsar sobre la base de normas muy precisas y de garantías aún más precisas? La agradecería que me respondiera a esta pregunta.
En cuanto a la cuestión de los demás Estados miembros de la Unión Europea, querría saber cuál es la situación. Hemos hecho algunas indagaciones y comprobado que ninguno de los países citados -el Reino Unido, Francia o Alemania- ha deportado jamás a ciudadanos europeos por motivos económicos, lo que por otra parte prohíbe la Directiva, y que jamás se ha determinado que un ciudadano resulte una carga excesiva para la economía de los países de residencia. Así pues, desearía saber si tenía noticia de esto, ya que me parece un elemento muy importante.
Estoy muy de acuerdo con que esta Directiva establezca un marco preciso. Sin embargo, creo que podría haber sido más preciso y que se podía haber hecho mejor y soy de la opinión de que el caso o los casos que estamos debatiendo hoy tienen un valor simbólico del modo en que esta Directiva debe aplicarse y del modo en que los Estados miembros perciben la ampliación y la libertad de circulación, que es un valor absolutamente prioritario para nosotros. Me permito señalar, señor Presidente, señor Tajani y señora Angelilli, que un país en el que la mafia cuenta con un volumen de negocio de en torno a 90 000 millones de euros y en el que ocurren sucesos como los acaecidos hace unos días tiene muy pocas lecciones que dar en materia de inmigración.
Roberto Musacchio
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (IT) Señor Presidente señorías, nuestro debate no versa sobre Italia ni sobre Rumanía sino sobre Europa y la vida de sus ciudadanos: una mujer fue asesinada y a ella han de dirigirse nuestro pensamiento y nuestras condolencias; ciudadanos romaníes y rumanos han sido vergonzosamente agredidos; nuestra identidad, nuestros valores, nuestras leyes, nuestra historia, incluidas tragedias como la persecución de los romaníes, hoy hemos de debatir sobre todo ello, lo que exige no olvidar y procurar que no haya espacio para el racismo de índole alguna.
Estas tragedias nos han enseñado dramáticamente la importancia de las leyes que sancionan derechos: no existe seguridad sin el Derecho. Tal es el valor de nuestras leyes, de nuestros tratados, incluso de las disposiciones económicas, que sancionan los valores y el derecho de circulación y de residencia, que son derechos legítimos de los ciudadanos europeos y no concesiones, que pueden regularse pero no denegarse. Las leyes europeas son claras: todos los ciudadanos gozan del derecho de circulación y residencia y la deportación sólo puede llevarse a cabo en casos extremos, cuando está en juego la seguridad nacional. La expulsión es estrictamente individual y nunca colectiva y va acompañada de la garantía del derecho de defensa. Se trata de medidas proporcionales que ofrecen siempre la posibilidad de seguir ejerciendo el derecho de circulación, un derecho que jamás puede denegarse por motivos económicos, ya que la pobreza no puede ser un estigma o un motivo de discriminación de los ciudadanos.
Tal es lo que establece el artículo 27 de la Directiva, es la ley, tanto más sagrada cuanto que atañe a los derechos. La ley se aplica a todos, sobre todo a los Comisarios -y debo decir al Comisario Frattini que, en sus numerosas declaraciones, incluidas las formuladas en esta Cámara, me ha costado mucho encontrar el espíritu y la letra de las leyes, incluso me parece que no he llegado a encontrar ni al uno ni a la otra- a los Estados, que deben transponer su pertenencia a Europa y sus directivas para todos nosotros.
En esta Europa sigue muriendo mucha gente. En Italia, una mujer murió debido a un ataque violento perpetrado por un hombre rumano. El dolor es grande y quien la ha matado debe pagar el precio, pero ello no tiene nada que ver con los ciudadanos romaníes o rumanos, quienes han visto cómo se agredía de manera indigna a algunos de ellos. La culpa es individual, nunca colectiva. Muchos inmigrantes mueren tratando de llegar a Europa. Se trata de personas abatidas que nos urgen a actuar. Este sufrimiento nos insta a hacer de Europa una tierra de Derecho y de derechos, de leyes sagradas, sobre todo cuando nos referimos a la acogida. Tales leyes son la base de la seguridad.
Deseamos que este extremo se reafirme solemnemente en esta Cámara mediante una votación, de manera que no se puedan malinterpretar nuestras leyes europeas.
Presidente
De conformidad con nuestro Reglamento, invito a las Señorías que intervienen a que se abstengan de citar a otros diputados, por la sencilla razón de que, con arreglo a dicho Reglamento, los aludidos podrían solicitar una nueva intervención. Así pues, para que el debate se pueda desarrollar adecuadamente, pido a todos los presentes que se dirijan a la Cámara en general al citar los hechos; obviamente, esto no se aplica al Comisario, que tendrá todo el derecho a explicar sus razones al concluir el debate.
Jens-Peter Bonde
en nombre del Grupo IND/DEM - Señor Presidente, mis amigos en el nuevo Partido NIP en Rumanía enfurecieron cuando se enteraron de la expulsión de Italia de miles de rumanos. Les comprendo perfectamente.
Llamé al Comisario Frattini, que me aseguró que ningún rumano sería expulsado sin haber comparecido ante un juez. Sin embargo, se produjo una derogación: en el caso de que la gente, tras haber permanecido tres meses, careciera de dinero para vivir, podía ser expulsada sin sentencia del juez. Estoy de acuerdo con este procedimiento si se aplica de buena fe. La libertad de circulación no incluye el derecho a recibir ayuda financiera del Estado en que se está de visita. Uno debería ser capaz de vivir de los recursos propios o tener un trabajo.
Los delincuentes pueden ser expulsados asimismo cuando así lo dicte un juez, pero no compete a la policía decidir quiénes son delincuentes. Para tales decisiones debemos contar con jueces independientes. Espero que mis amigos en el Gobierno italiano estén de acuerdo con este principio fundamental de la Unión Europea.
Luca Romagnoli
en nombre del Grupo ITS. - (IT) Señor Presidente, Señorías, insigne Comisario Frattini, desearía comenzar dándole las gracias por su presencia constante, por su empeño y, asimismo, por su generosa disponibilidad, que honra a la nación a la que usted representa. Es una lástima que no pueda decir lo propio de otros representantes de las instituciones italianas, y lo lamento.
Hemos debatido -y seguimos debatiendo- el Convenio de Schengen y, pese a la urgencia de la grave alarma social que la libre circulación de ciudadanos en los Estados miembros de la Unión está causando indudablemente en Italia, el Ministro Amato ha pensado que conviene ocuparse de otros temas. Algo se debería hacer para evitar que esta alarma social aumente hasta alcanzar la gravedad que ya tiene en nuestro país. Sin embargo, no parece que se esté haciendo nada, habida cuenta del aumento de los índices de delincuencia a todos los niveles en Italia, desde los delitos que han causado la alarma social citada, hasta la delincuencia organizada, pasando por la continua llegada inmigrantes ilegales a nuestro país y, sobre todo, por el fenómeno menos evidente para los medios de las personas que no regresan a su país al expirar los permisos de estudio o trabajo los visados turísticos con que han entrado en Italia.
Por otra parte, el Gobierno italiano actual y el Ministro del Interior parecen ignorar el aumento de la delincuencia que, indudablemente, en Italia se debe en su mayor parte a extranjeros, algunos de los cuales son ciudadanos comunitarios, nómadas o supuestos nómadas, tal como se ponía de manifiesto hace unos meses en el informe que el prefecto Serra presentó al Parlamento italiano.
Pero a este Gobierno italiano que avergüenza y hastía a un pueblo, y no sólo, a este Gobierno, incapaz de comprender la inquietud social y de prevenirla, cuanto menos de solucionar el problema, no se le viene a la mente -habría que preguntarse qué mente- admitir el fracaso de las actuales políticas de migración o la falta de aplicación de las Directivas europeas, en este caso de la Directiva 2004/38/CE.
Al respecto, el Gobierno italiano lamenta la dificultad que entraña la determinación de la fecha exacta de la entrada. Está claro que, con el Convenio de Schengen, tales dificultades aumentan desmesuradamente. Es asimismo obvio que mi partido y yo deseamos la derogación del Convenio de Schengen. El Ministro Amato ha ignorado incluso los reiterados actos de fanatismo político sucedidos en Italia durante los últimos meses, sufridos en muchos casos por mi partido y perpetrados por seguidores del comunismo anarcoide más burdo a los que protegían los representantes de la denominada izquierda institucional,
Por desgracia, el señor Amato y el Presidente Prodi, al igual que numerosos alcaldes, para empezar el de Roma, no viven en barrios populares, no tienen contacto con campamentos de población nómada regulares o no tanto, no usan el transporte público y no sufren la prepotencia, la violencia y la prevaricación que incluso los visitantes de la Unión padecen de vez en cuando, se podría decir que a menudo, en Italia. Estos políticos irresponsables hablan de solidaridad social, en cuyo nombre se obliga a un pueblo a sufrir sus demenciales decisiones.
La Unión Europea, en lugar de lamentar que Italia no haya solicitado fondos, debería tomar nota de lo que dijo el Presidente Barroso: "si un Estado permite que en su territorio crezcan las favelas, ¿qué quiere que haga la Comisión?" De ahí que el Ministro Amato prefiera ausentarse de las reuniones que tratan este tema. Entretanto, los italianos desean hacer lo único que se antoja correcto: volver a votar y mandar al Gobierno a semejante parte.
Marian-Jean Marinescu
(RO) La Unión Europea es una comunidad de valores en la que prima el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y cuyas políticas incluyen la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra la delincuencia, así como la protección de los niños y la lucha contra la incitación a la violencia.
Condeno con firmeza la violencia y los delitos y lamento profundamente lo que ha sucedido en Italia. No obstante, creo que los abusos y la injusticia cometidos en nombre de la ley son inaceptables, provocan temor y humillación y pueden instigar el odio en las comunidades humanas.
He constatado una tendencia a la escalada injustificable de esta situación, alimentada por declaraciones políticas y xenófobas proferidas por determinados políticos.
Me preocupa que, con arreglo a la información publicada hasta la fecha, únicamente se haya expulsado de Italia a ciudadanos rumanos. Todos los Estados miembros tienen el deber y la obligación de elaborar actos legislativos que garanticen y consoliden el orden y la seguridad públicos.
Todos los ciudadanos europeos, sea cual fuere su nacionalidad, tienen la obligación de cumplir la ley y sus disposiciones en cualquier lugar del territorio de la Unión Europea en que se hallen.
Asimismo, tenemos que condenar la intolerancia y la xenofobia, especialmente, el injustificado aumento del resentimiento y la estigmatización, basados en unas pocas malas personas que incumplen la ley, de un grupo étnico completo y, lo que es aún más grave, de una nación entera.
Creo que el Estado italiano, al igual que todos los demás Estados miembros de la Unión Europea, tiene el deber de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos que residen en su territorio, que se integran en la comunidad y que acatan las leyes.
Es necesario un planteamiento europeo común de las políticas de inmigración e integración de minorías. La cuestión de las minorías y, especialmente, de la minoría romaní, es una cuestión europea y debería abordarse de un modo coherente y unitario, no solamente en momentos de crisis.
Deberían cooperar todos los órganos pertinentes, ante todo la Comisión Europea y la Agencia de Derechos Fundamentales, así como las instituciones competentes de los Estados miembros.
Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que revise las prioridades y los mecanismos del Fondo Social Europeo, con el fin de ampliar la financiación de las acciones comunes, lo que contribuiría a la inclusión social de la minoría romaní.
Al mismo tiempo, pido a la Comisión Europea que examine con urgencia la compatibilidad del decreto-ley emitido por las autoridades italianas con la legislación europea y que garantice que la aplicación de cualquier disposición de este tipo no dará lugar a abusos cometidos contra personas honradas, sea cual fuere su nacionalidad.
Gianni Pittella
(IT) Señor Presidente, Señorías, creo que es justo que nuestro Parlamento transmita a la familia de la señora Reggiani un mensaje de condolencia. También yo querría censurar las recientes declaraciones del Comisario Frattini, quien, en las entrevistas citadas, confundió su función de representante de la Comisión con el de exponente de la oposición, usurpando esta función al señor Tajani, cuando le habría convenido más utilizar su prestigioso cargo para serenar el clima político nacional.
Me desagrada decirlo, ya que a menudo hemos apoyado sus propuestas e iniciativas. El Comisario Frattini sabe bien, como han recordado algunas de sus Señorías, que no existe texto comunitario alguno que establezca la expulsión automática de ciudadanos de otro Estado miembro por motivos económicos.
Las recientes disposiciones del Gobierno italiano se adecuan a lo dispuesto en la Directiva comunitaria; se respeta el espíritu de la misma y se hace hincapié en determinados aspectos que se consideran importantes a la luz de la situación en que se halla Italia. Todas las instituciones italianas -se lo digo al señor Tajani, a la señora Angelilli y otros miembros de la oposición-, desde las autoridades de la ciudad de Roma hasta las regionales, pasando por los ayuntamientos más pequeños, avanzan en dicha dirección y es indigno tratar de enfangar el grado de civilización e integración que nuestro país ha logrado a lo largo de los años.
Espero que el Parlamento Europeo insista en su rechazo del principio de la responsabilidad colectiva, el cual se usa inútilmente para instigar el odio y la violencia en el corazón de Europa.
Por otra parte, debemos insistir asimismo en la necesidad de combatir toda suerte de racismo y xenofobia, así como cualquier discriminación por motivos de nacionalidad y pertenencia a un grupo étnico. Disponemos de un documento que nos indica el rumbo: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es importante que hagamos lo posible, tal como han pedido los primeros ministros de Italia y Rumanía, para garantizar una mayor integración social de las poblaciones desfavorecidas y la cooperación entre Estados miembros, tanto en lo que atañe a la gestión de nuestros propios flujos migratorios, como a través de programas de desarrollo y de asistencia social financiados con cargo a los Fondos Estructurales.
Lo que debemos hacer en el futuro es simple: ninguno de nosotros debe olvidar que la inmigración es un recurso, es parte de nuestro futuro pero es absolutamente necesario gestionarla. Propongo, pues, que los Estados miembros actúen sin demora para establecer una cooperación europea más estrecha para la regulación de los flujos migratorios en la Unión Europea.
Adina-Ioana Vălean
Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Comisario por informar al Parlamento sobre este asunto tan importante.
Se ha producido un enorme revuelo en Italia como consecuencia del asesinato de una mujer italiana por un ciudadano rumano. Asimismo se ha producido una gran convulsión en Rumanía tras las represalias contra ciudadanos rumanos por parte de bandas italianas.
Sin embargo, cuando dejamos al margen los sentimientos, recuperamos nuestros valores y principios básicos: libertad de circulación para todos los ciudadanos, el Estado de Derecho y su conformidad con el Derecho europeo.
Permítame recordarle, caso de que fuera necesario, que la libertad de circulación para los ciudadanos europeos es un derecho fundamental recogido en los Tratados fundacionales. Por desgracia, estos últimos sucesos nos han demostrado que necesitamos hacer un mayor esfuerzo para consolidar estos derechos y garantizar que se cumplan debidamente en toda Europa.
En la Europa de hoy no podemos aceptar que unas autoridades irresponsabilidades señalen con el dedo a determinadas nacionalidades o grupos étnicos. Tampoco podemos aceptar la alegación de que la libre circulación de trabajadores podría facilitar el aumento de la criminalidad, ya que el delito no tiene ni nacionalidad ni etnia. Esta actitud sólo puede conducir a una peligrosa escalada y a mayor xenofobia.
Por el contrario, creo que tenemos que seguir alentando la movilidad de la gente y ofrecer a los trabajadores las mismas oportunidades en toda Europa, a fin de reforzar una firme identidad europea. Ese fue el auténtico anhelo de los padres fundadores a la hora de crear la Unión Europea.
Al tiempo que reitero que la Unión Europea tiene que garantizar que todos sus ciudadanos vivan en un espacio de libertad, seguridad y justicia, pienso que deberíamos prestar mayor atención a la integración y a la libertad de movimiento.
La respuesta a la delincuencia no consiste en cerrar las fronteras. La respuesta a la delincuencia no reside en fomentar la xenofobia, la discriminación y la estigmatización de las nacionalidades u orígenes étnicos. La respuesta, en una Europa moderna, está en una mayor cooperación policial y judicial, más políticas de integración, más recursos para los encargados de atender y proteger a nuestros ciudadanos, sea cual sea su nacionalidad.
Me gustaría ver una Europa en la que todos los ciudadanos puedan vivir, trabajar y circular libremente. La Comisión Europea, como guardián de los Tratados, tiene que garantizar ahora que estos derechos básicos se lleven a la práctica y se ejecuten de forma correcta. Ruego a la Comisión que se mantenga firme en estos principios.
Elly de Groen-Kouwenhoven
Señor Presidente, la situación de la población romaní en Europa está empeorando. Los sucesos en Italia así nos lo demuestran. Todos hemos sido testigos de que una histeria xenófoba y racista descontrolada puede acabar con el sentido común. El delito de una sola persona ha desencadenado un linchamiento sin precedentes por parte de los medios de comunicación. Eso nos ha llevado a restricciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en razón de una histeria colectiva racista y xenófoba.
No debemos permitir que eso ocurra. Los asuntos criminales deben juzgarlos los jueces, no los políticos ni los civiles. Por muy horrible y censurable que sea el crimen que se ha cometido en Roma, no debería arrastrarnos a responsabilizar colectivamente a todo un país. Los sucesos en Italia han sacado a la luz la realidad de los campo nomadi, en los que viven tantos miembros del colectivo romaní. El hecho de que las tensiones y la inestabilidad surgen de tales situaciones resulta indiscutible. Esa es la razón por la que debemos actuar. Mi primer ayudante es romaní. La integración puede producirse rápidamente.
En 2005, nosotros aprobamos una resolución que solicitaba la acción concertada a nivel de la UE y nacional para acelerar la inclusión del colectivo romaní. Por tanto, propongo que nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, demostremos que es algo que nos preocupa y solicitemos a los responsables de la toma de decisiones a adherirse a nosotros. Propongo que el PE cree un ponente permanente del Parlamento Europeo para asuntos romaníes, que se encargue de controlar la situación de la población romaní en Europa y presente todos los años recomendaciones a la Comisión y a los Gobiernos. Además, deberíamos hacer un llamamiento a la Comisión para que establezca un fondo para la inclusión del colectivo romaní en la UE, junto con una estrategia de la UE para la inclusión del mismo y una unidad romaní dentro de la Comisión Europea. Eso aseguraría la correcta gestión de las políticas de inclusión romaní en la UE.
Umberto Guidoni
(IT) Señor Presidente, Señorías, en estos días posteriores a la muerte de Giovanna Reggiani, agredida brutalmente por un ciudadano rumano y a cuya familia transmitimos nuestro más sentido pésame, muchos grupos políticos italianos han señalado a Europa con el dedo, aunque lo sucedido no se debe a la ampliación de la Unión, a Schengen o a las directivas europeas sobre la libre circulación en la Unión Europea.
Se trata de problemas que vienen de lejos, que merecerían un planteamiento menos superficial y que no pueden afrontarse mediante un decreto elaborado a toda prisa para tranquilizar a la opinión pública. Por esta precisa razón, tenemos que prestar más atención y reevaluar todo este asunto dentro del marco de la legalidad, la cual no puede plegarse a las emociones o a las emergencias coyunturales. El Estado de Derecho impone que la responsabilidad penal sea individual y no colectiva. Desviarse de este principio constituiría un precedente peligroso que podría dar lugar a la criminalización de determinadas nacionalidades de inmigrantes.
Los efectos potenciales que esto podría tener son preocupantes. En Italia, hemos asistido a la consolidación de un clima de caza al extranjero referido a los ciudadanos rumanos y a los romaníes, con multitud de expediciones de castigo: incluso los niños en las escuelas han sido objeto de escarnio y de malos tratos. La exigencia de seguridad es, obviamente, legítima, pero no podemos caer en la trampa de las polémicas y de la instrumentalización creada deliberadamente para alimentar el odio y la xenofobia por meros fines partidistas. Si la política italiana reemprendiera la senda de la objetividad, la opinión pública se daría cuenta de que Italia no es un país repleto de migrantes delincuentes. La inmigración es, ciertamente, una materia que precisa una coordinación europea, pero no podemos invocar a Europa únicamente para limitar la libertad de circulación de los migrantes.
Debería condenarse la actuación del Comisario Franco Frattini, que no ha desaprovechado la ocasión para unirse a la polémica política nacional expresando opiniones contrarias a las directivas europeas. Habría sido más conveniente que el Comisario hubiera propuesto una política de integración seria, sobre la base, por ejemplo, del aumento de los recursos del Fondo de Integración y de la necesidad de liberar las políticas nacionales de acogida de las obligaciones que impone el Pacto de Estabilidad, tal como ya se ha hecho en relación con la política de seguridad.
Es asimismo importante que insistamos en la coordinación y el refuerzo de los instrumentos judiciales y policiales para luchar contra la delincuencia organizada y la trata de seres humanos, un crimen odioso que ha alcanzado ahora una dimensión transnacional. La discusión relativa a la aplicación de la Directiva 2004/38/CE es el ámbito adecuado en el que entablar un debate sobre la expulsión de los ciudadanos rumanos en su contexto legislativo correcto y representa la ocasión de confirmar que la libre circulación de ciudadanos rumanos es un derecho inalienable de la ciudadanía europea.
La Directiva es clara: no se puede expulsar a personas por motivos de prevención, sino que es preciso valorar la responsabilidad personal y dicha información ha de emplearse como punto de partida, de manera que el decreto del Gobierno pueda adecuarse a la tradición europeísta de nuestro país.
Alfredo Antoniozzi
(IT) Señor Presidente, Señorías, Comisario Frattini, deseo darle las gracias por su coraje y coherencia, que no dejan espacio para la hipocresía, que por desgracia reina a menudo en nuestras instituciones y de la que, en cierta medida, hemos sido testigos aquí. Señor Guidoni, el decreto que usted ataca es el decreto del Gobierno al que usted apoya, así que convendría que se aclarase un poco.
Los hechos acaecidos recientemente en Italia, en particular en la ciudad de Roma, no son sino los últimos y dolorosos acontecimientos de una larga cadena de incidentes a los que a menudo se ha hecho poco caso o que incluso han pasado desapercibidos. Europa se fundamenta en los principios de libertad y respeto de los derechos y las libertades fundamentales. El pueblo italiano ha demostrado siempre que apoya valores inalienables como la no discriminación, la igualdad entre los pueblos y la democracia.
Sin embargo, creo que es justo añadir, haciendo uso de la información procedente del informe oficial de Caritas, elaborado en colaboración con el Ministerio del Interior italiano, que se trata de una situación bastante grave que lleva dándose desde el 1 de enero de 2007, con una migración de ciudadanos rumanos hacia Italia que no tiene precedentes en el ámbito de la Unión Europea.
No me complace tener que citar ciertas cifras para que se comprenda lo absurdo de la situación. Sólo en 2006 se procedió a la detención de 17 900 rumanos en Italia. No es culpa de un pueblo, es culpa de las personas. Sin embargo, tenemos que reflexionar y, entonces, surge automáticamente la siguiente pregunta: ¿Por qué el Gobierno italiano no adoptó antes el decreto de transposición de la Directiva 2004/38/CE? Además, ¿por qué dicho decreto no incorpora las disposiciones de la Directiva relativas a las condiciones de residencia tras un plazo superior a tres meses? ¿Por qué el Ministerio del Interior no ha garantizado la adopción de unas medidas de aplicación adecuadas en relación con las condiciones y los requisitos que han de satisfacerse y con los controles, las comprobaciones y la posible repatriación de ciudadanos de la UE que incumplían las condiciones obligatorias establecidas en la Directiva?
Esta laxitud ha causado una permisividad que resulta incomprensible. Ha generado una llegada indiscriminada de ciudadanos indigentes que alimenta cada día el sentimiento de desesperación existente y que conduce inevitablemente al atajo que representa la violación de las leyes. Por ejemplo, el Alcalde de Roma ha tolerado el establecimiento de centenares de campamentos y poblados chabolistas romaníes en los que se vulneran los más elementales derechos humanos y donde se ignoran por completo la higiene y la dignidad de las personas -se trata de un acto de grave imprudencia que hoy pagamos dolorosamente- para después decidir desmantelarlos. Estamos a favor de la solidaridad y de la acogida, si bien en el respeto de las leyes, de la seguridad jurídica y del orden público.
Adrian Severin
Señor Presidente, hoy voy a intentar olvidar que soy rumano. Voy a procurar olvidar, aun cuando se esté deportando, atacando y asesinando a gente dentro de las fronteras de la Unión Europea, simplemente por ser culpables de ser rumanos, bien por etnia o por ciudadanía.
Hoy, voy a tratar de pensar como italiano y como europeo. Si yo fuera italiano, pensaría que debería tener el derecho a sentirme seguro en el país de mis antepasados. Me hubiera sentido indignado por los míseros campos de gente miserable alrededor de las maravillosas ciudades de mi país. Me hubiera molestado ver cómo un número creciente de delincuentes amenaza la vida placentera de mis compatriotas. Pero, en mi afán por preocuparme por mi seguridad, sería consciente de que esto se consolida cotidianamente a través del trabajo creativo de más de un millón de inmigrantes que están produciendo artículos italianos, ofreciendo servicios en zonas abandonadas por la mano de obra italiana, comprando mercancías italianas y pagando impuestos a las autoridades italianas. Por el contrario, pensaría que mi seguridad se vería debilitada si esos residentes no italianos abandonaran mi país, en el caso de que fueran violados sus derechos humanos y se convirtieran en objeto de prácticas xenófobas.
Si los derechos básicos de un solo ser humano fueran violados por las autoridades de mi país, que tratan de ocultar sus debilidades intensificando la ley tras unos planteamientos racistas, excusas xenófobas y medidas discriminatorias, mis propios derechos -y, más aún, los derechos de todo el mundo- se hallarían en peligro.
No es la primera vez que se ha contrapuesto la seguridad a los valores democráticos y humanitarios, cuando algunos creen que menores derechos humanos y civiles significan mayor seguridad, cuando la gente insegura busca refugio dentro de su comunidad nacional, pensando de forma equivocada que la semejanza étnica conlleva una mayor protección. Eso es falso. Un crimen ordinario tiene una o varias víctimas. El racismo también es un crimen, pero es un crimen extraordinario y todo el mundo, incluido el criminal, es víctima del racismo y la xenofobia. Así pues, el racismo y la legislación racial son fuentes de inseguridad.
Como demócrata europeo, no puedo aceptar de ninguna forma que diversidad signifique más inseguridad o que deba integrarse socialmente a algunos delincuentes, mientras que se excluye a otros. Algunos tienen derecho a una defensa y otros no. A algunos se les concede el beneficio de la duda y a otros no, dependiendo de su origen nacional o étnico. Como europeo, no permitiría que uno de los Estados miembros -digamos Rumanía- se convirtiera en un gueto para la población romaní o en una Siberia de la Unión Europea, a la que se deportaran ciudadanos europeos indeseables. Puedo entender que la extrema derecha sea xenófoba, pero no puedo comprender que los demócratas recurran a un lenguaje xenófobo y racista. No puedo entender la debilidad y el demagógico lenguaje racista de los demócratas y los condeno en mayor medida que a la extrema derecha por su xenofobia.
Por todas estas razones, ahora deberíamos alarmarnos y movilizarnos. Espero que la propuesta de resolución del Parlamento Europeo que va a ser aprobada en relación a este tema nos una en la defensa de los valores humanos y el futuro de Europa.
(Aplausos)
Alfonso Andria
(IT) Señor Presidente, Comisario, Señorías, el Gobierno de cualquier Estado miembro de la Unión tiene el derecho y el deber de adoptar acciones enérgicas contra la delincuencia para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de cuantos viven y trabajan en su territorio. El debate que hemos entablado hoy debe evitar la doble tentación de la emotividad y de la reacción política instrumental.
Hace tiempo que está en curso en Italia la elaboración de un proyecto de ley denominado "paquete de seguridad". Los trágicos acontecimientos del pasado mes de octubre determinaron que el Gobierno lo convirtiera en un decreto-ley, que entró en vigor de inmediato. Nada hay en ello de apresurado o improvisado y, en cualquier caso, se presentarán, como se sabe, enmiendas en el Parlamento. Analicemos el fondo de la cuestión y comprenderemos que el contenido del decreto es absolutamente equilibrado: se trata de ir a por quienes, con su propio comportamiento, amenazan la convivencia civil, comprometen la seguridad pública y perjudican a todos aquellos que llegan a Italia para mejorar con el trabajo sus condiciones de vida. No se trata, pues, de un decreto contrario a todos, sino a favor de quienes llegan a Italia para integrarse dentro del pleno respeto de nuestras leyes, quienes, en cualquier caso, representan una gran mayoría.
La presencia en Italia, como en cualquier otro país, de personas que no aceptan las reglas dificulta la integración para los demás. Quiero decir que surgen dinámicas de rechazo que complican los mecanismos de integración. De ahí la rauda respuesta del Gobierno italiano, que, por otra parte, no ha dejado de intervenir para evitar la instrumentalización política y la difusión de señales peligrosas, como la organización de expediciones de castigo o de patrullas que podrían transmitir un mensaje equívoco o, incluso, perverso a la opinión pública.
Evgeni Kirilov
Señor Presidente, de acuerdo con la Directiva, y en cumplimiento del principio de no discriminación, todos los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias que residen en un Estado miembro deben disfrutar de la igualdad de trato. Junto con el derecho a la libre circulación, tienen derecho a un empleo en el país de residencia, algo que merece la consideración de "derechos derivados" en el artículo 23 de la Directiva.
En este sentido, la libertad de circulación de los trabajadores es un derecho fundamental, acorde a la idea de una Europa unida, cuyos ciudadanos pueden ser contratados libremente en cualquier lugar. Por desgracia, eso no ocurre con los ciudadanos de la mayoría de los nuevos Estados miembros, incluida Bulgaria y Rumanía, que están sufriendo restricciones.
Tras un debate público acerca de si Bulgaria va a aplicar o no el Derecho comunitario en este ámbito, y de si adoptar un enfoque recíproco, se decidió no hacerlo y atenerse a los objetivos comunitarios comunes, de forma que la Unión Europea pueda responder adecuadamente a los retos globales contemporáneos.
Al tiempo que saludo a aquellos Estados miembros que han adoptado la misma posición hasta ahora, hago un llamamiento a los otros Estados miembros para que se adhieran y tengan en consideración el hecho de que los períodos transitorios constituyen un obstáculo para el desarrollo de un único mercado laboral europeo y dificultan su competitividad.
Los análisis apuntan que los antiguos Estados miembros que han liberalizado sus mercados han obtenido muchos más beneficios que problemas merced a los trabajadores acogidos. Por otra parte, los nuevos Estados miembros ya están sufriendo una grave escasez de trabajadores cualificados. El reciente estudio de Eurostat, publicado hoy, indica que no se producido una migración a gran escala de búlgaros o rumanos después de la adhesión. El estudio demuestra asimismo que el 80 % de los búlgaros en el extranjero están trabajando, lo cual representa sin lugar a dudas una cuota de empleo con la que soñarían algunos países de la UE.
A pesar del progreso alcanzado hasta ahora, la libertad de circulación sigue estando muy por detrás de otras libertades europeas. Queda también distorsionada la idea de la ciudadanía de la UE al crear ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, tal como estamos presenciando en nuestro debate de hoy.
Debería realizarse efectivamente cuanto antes, por el bien de todos nosotros, una transición real de ciudadanos de un mercado común de la UE a ciudadanos de la UE con plenos derechos y responsabilidades.
Viktória Mohácsi
(HU) Muchas gracias. Comisario, señor Presidente, Señorías, como saben, oficialmente hay 560 000 ciudadanos rumanos que residen en el territorio de Italia, aunque, con arreglo a ciertas estimaciones, la cifra supera el millón. Una gran parte de los mismos vive en asentamientos situados en las afueras de Roma, Turín, Milán y Nápoles. No hay excusas para el asesinato perpetrado en Roma: si alguien ha cometido un crimen, debería responder de sus acciones ante los tribunales.
Sin embargo, como liberal, no puedo aceptar y no acepto que un delincuente de cualquier nacionalidad, perteneciente a cualquier grupo étnico, sirva de fundamento a partir del que juzgar a todo el grupo de que se trate y que ello dé pie a actos de extrema violencia, cuyos objetivos y víctimas son personas inocentes, como atestiguan los lamentables acontecimientos que siguieron al asesinato.
Desearía recordarles que he hablado con el señor Rehn, Comisario de Ampliación, en numerosas ocasiones acerca de la posibilidad de que la migración posterior a la adhesión de personas que viven en malas condiciones sociales y en una deplorable situación de pobreza en asentamientos ubicados en los dos países que se adhirieron a la Unión el 1 de enero de 2007 se convierta en un grave problema en los Estados miembros de la UE, precisamente debido a la falta de integración. La advertencia no fue seguida de medidas serias durante las negociaciones de adhesión. Ni siquiera me atrevo a estimar la cifra de romaníes europeos que están huyendo de los nuevos Estados miembros hacia los Estados miembros de Europa Occidental y Septentrional con la esperanza de hallar una vida mejor, expresando su insatisfacción con la política de integración del país que dejan atrás.
Igualmente, durante el periodo previo a la adhesión de estos dos países, destaqué la importancia de prepararse para los problemas de migración vinculados a aquélla y muchas de sus Señorías rechazaron mi punto de vista, tachándolo de restricción de la libertad de circulación. Nuestra respuesta frente a este problema podría ser la siguiente: ¿Estamos elaborando un decreto gubernamental, en una reunión extraordinaria, que forme el fundamento jurídico de la expulsión? Se han expresado serias dudas a propósito de la constitucionalidad del decreto gubernamental y de su relación con el Derecho internacional y comunitario. Pienso asimismo en la infracción de la Directiva relativa a la libertad de circulación y de la Directiva sobre la igualdad racial.
¿Es éste en verdad el modo de afrontar problemas reales? Los 27 Estados miembros de la UE no pueden abandonarse a una situación en la que los problemas vayan pasándose de un país a otro, dentro de las fronteras de la Unión.
Permítanme que lea unos pocos datos extraídos de un informe de la Comisión Europea y de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 2002-2003, más de la mitad de los alumnos de las escuelas especiales de Eslovaquia se componía de romaníes. En Alemania, únicamente la mitad de los niños romaníes asistía a la escuela y el 80 % de éstos asistía a instituciones especiales. En Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria y Eslovenia, los niños romaníes representaban la mayoría de los alumnos de escuelas especiales. En 2003, el 80 % de los romaníes de Eslovaquia no tenía un puesto de trabajo registrado, el 80 % de los mismos en Rumanía y Bulgaria contaba con ingresos situados por debajo del umbral de la pobreza, y podría enumerar... (el Presidente interrumpe a la oradora.) Podría enumerar más casos como los expuestos. Gracias.
Jan Marinus Wiersma
(NL) Señor Presidente, creo que no tendremos dificultad en convenir en que un planteamiento eficaz en relación con la delincuencia merece nuestro apoyo y en que, por supuesto, no hay excusa para el asesinato, aunque creo que también estaremos de acuerdo en que el derecho de residencia en el espacio Schengen es una gran ventaja y un testimonio tangible de la ciudadanía europea. Cualquier que trate de restringirlo deberá ser capaz de aducir muy buenos argumentos. En concreto, hemos de tener cuidado con los acuerdos colectivos en este contexto, toda vez que cuando uno se refiere a acuerdos colectivos, se halla pronto hablando de un grupo y, en esta ocasión, resulta que estamos hablando de los romaníes. Me parece muy lamentable.
Me satisfacen los comentarios del Comisario Frattini a propósito de los romaníes y acerca del hecho de que la Unión Europea podría hacer más a favor de este grupo, pero siguen disgustándome, por supuesto, sus anteriores declaraciones a propósito de los romaníes en relación con los acontecimientos acaecidos en Italia. Se ha hablado mucho hoy a propósito de las repercusiones de la migración que se ha producido desde que se ampliara la Unión Europea y que también se produjo anteriormente dentro de la Unión Europea ampliada; desde luego, se trata de repercusiones que habrá que afrontar. Creo que también debemos analizar hasta cierto punto las causas, sin embargo, y de un modo que nosotros, la Unión Europea, podamos hacer más a favor de las personas que se desplazan al interior de la UE, ya que éstas no hacen sino buscar unas mejores condiciones de vida y trabajo y unas mejores condiciones para sus familias e hijos.
Apoyo decididamente un mejor uso de los fondos comunitarios para hacer más a favor de los romaníes, sobre todo en los nuevos Estados miembros, aunque desearía insistir en que, en el pasado, esta Cámara ha pedido ya que se reconozca a los romaníes como minoría europea, esto es, como grupo muy singular no comparable con otras minorías. El considerar a los romaníes una minoría europea brindaría a la Unión muchas más oportunidades para hacer algo en relación con sus problemas.
Querría reiterar nuestro llamamiento para que se asigne a un solo Comisario la responsabilidad de la política en materia de la población romaní, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, en la que varios Comisarios se ocupan del tema y uno de ellos coordina. La competencia debe estar en manos de un solo Comisario.
Por último, en lo que se refiere a la discriminación y a la exclusión social, tales han sido prioridades de esta Cámara, incluso durante las negociaciones con los nuevos Estados miembros. Señalo a los nuevos Estados miembros, aunque sabemos que también existen problemas en los antiguos.
En su momento se celebró toda suerte de acuerdos con los gobiernos de los nuevos Estados miembros, pero aquéllos se están aplicando de manera insatisfactoria o no se están aplicando en absoluto. Creo que la Unión Europea, la Comisión Europea, debe desempeñar su función revisando los acuerdos celebrados en el momento de la adhesión, máxime aquéllos relativos a la mejora de la situación de los romaníes. Los temas en cuestión en este caso son la discriminación y la exclusión social.
De ahí el llamamiento de nuestro Grupo para que se debatan tales temas, de nuevo, con estos nuevos Estados miembros. Desde luego, nosotros mantendremos tal debate, aunque se trata de un llamamiento dirigido al Consejo y, particularmente, a la Comisión: no sólo al Comisario Frattini sino, asimismo, a sus colegas.
Franco Frattini
Vicepresidente de la Comisión. - (IT) Señor Presidente, Señorías, está claro que también en esta ocasión tendré que hacer uso de la sinceridad y de la franqueza acostumbradas al tratar con esta Cámara, por la que albergo el más profundo respeto, aunque ello no me exime de replicar a las afirmaciones y consideraciones con las que no estoy de acuerdo.
No me vengo ocupando y hablando de este tema desde hace unos pocos días. Muchos de ustedes han recordado una o dos líneas de una entrevista, una de tantas, que concedí el 2 de noviembre. En cambio, comencé a ocuparme con interés de esta cuestión hace muchos, muchos meses. Lo hice a petición de los alcaldes italianos que, como sabemos, pertenecen a diversos partidos políticos, mayoritariamente de centro-izquierda.
En la conferencia de alcaldes italianos -en vista de cuán atentamente se cita las palabras que yo pronuncio, diré que yo también he tomado nota de éstas-, una importante reunión celebrada hace meses, el pasado 19 de mayo, los alcaldes italianos plantearon con vigor el problema de la seguridad en las ciudades y lo achacaron a Europa durante su encuentro con el Ministro del Interior italiano. Al concluir dicha reunión, el Ministro Amato afirmó que constituía un grave error pensar que el problema de la seguridad es un problema de los ricos que tienen algo que defender; se trata de un fenómeno que, de no afrontarse, hace sentir al ciudadano que no se considera defendido enemigo de su vecino. Tales fueron las declaraciones en las que se basó el llamamiento dirigido a la Comisión Europea ese mismo día 19 de mayo.
El 23 de junio, durante la reunión de la Asamblea de la ANCI -que, como bien saben los diputados italianos, es la Asociación Nacional de Municipios Italianos y que presidió el Alcalde de Florencia- se anunció el lanzamiento del plan de acogida de la población romaní, tras un encuentro que yo había celebrado unos días atrás con los representantes de la Asamblea. En dicha reunión, que se celebró en Bari, se presentó el plan de acogida de la población romaní y se solicitó financiación comunitaria, que hasta la fecha no había solicitado Italia, para sufragar los costes del mismo. Los alcaldes italianos convinieron en que el sistema de integración debería basarse en los valores de la reciprocidad y afirmaron, cito, que tenemos el deber de acoger e integrar a los inmigrantes, quienes, a cambio, deben aceptar las normas de nuestro país.
Tal fue la postura que adopté durante meses, hasta el inicio del verano, cuando un acto organizado por los alcaldes de Bolonia y Florencia dio lugar a una propuesta nacional de perseguir a las personas que limpian los parabrisas de los coches. El Alcalde de Florencia -al que obviamente conocen y que no es, desde luego, una persona sospechosa de albergar simpatías racistas- llegó incluso a proponer que se encausara a los mendigos que limpian los parabrisas de los coches.
Volví a reunirme de nuevo con los alcaldes el 25 de octubre pasado, hace unas semanas. Una nota de prensa de una agencia italiana, después de la enésima reunión, afirmaba que "los alcaldes no están de acuerdo, desean nuevas leyes de inmediato y afirman que la gente no entiende las divisiones que se están creando en el seno de la mayoría". Dichas afirmaciones incluían un llamamiento que los alcaldes italianos y del Ministro del Interior italiano me dirigieron, ya que por entonces nadie pensaba que Europa dispusiese de instrumentos como los adoptados posteriormente a través del decreto-ley para abordar situaciones de evidente vulneración de la Directiva 2004/38/CE.
Tal es la razón por la que empecé a ocuparme de esta materia y debo decir sinceramente a todos los que han intervenido para criticarme: no creo que puedan encontrar una sola ocasión en la que no haya contribuido y colaborado, con lealtad y de manera positiva, con el Ministro Amato, que es responsable estos asuntos. Les reto a que demuestren lo contrario, que me haya negado a cooperar cuando el Ministro me lo ha pedido y que no haya respondido a las peticiones que el Gobierno italiano ha transmitido legítimamente a Europa, tal como sucedió hace unos días.
Unas pocas semanas después de tales sucesos, se publicaron los primeros datos -lo recuerdo porque, como Miembro de la Comisión Europea, recibí las protestas de Bucarest- y el Alcalde de Roma declaró textualmente, confundiéndose, que los rumanos eran responsables del 75 % de los delitos cometidos en Italia, mientras que el dato real indica que ese 75 % se refiere a los delitos cometidos por extranjeros, lo que representa un porcentaje muy inferior. Muchos de ustedes recordarán que numerosas personas se manifestaron en las calles de Bucarest para protestar contra estas afirmaciones, pese a lo cual yo seguí manteniendo el diálogo con el Alcalde de Roma para ofrecerle los recursos del Fondo Social Europeo. Aquél me envió una carta, que obviamente se incluye en el expediente, en la que solicitaba la ayuda y el apoyo de Europa para las medidas de integración. Consideré que tal era mi deber y obré en consecuencia.
Para concluir, no creo que nadie en esta Cámara pueda dudar, aparte de lo que algunos han tenido a bien recordar, un punto de una entrevista concreta, no creo que ninguno de ustedes pueda ignorar, espero y deseo, lo que he logrado a lo largo de estos años. He trabajado y trabajo para garantizar que el espacio Schengen se amplíe, antes de las Navidades, para incluir a nueve Estados miembros nuevos.
¿Qué es tal cosa sino una mejora de la eficacia de la libertad de circulación? Si acaba produciéndose, se deberá en parte a mi trabajo. Llevo dos años y medio trabajando en este asunto y jamás he temido afirmar que el derecho a la libre circulación es uno de los pilares de la Unión Europea. No puedo creer que nadie pueda acusarme de ser alguien que no desea que tal derecho se reconozca.
Las últimas palabras las dedico a Rumanía. He escuchado a los diputados rumanos. Ellos más que nadie saben lo que he hecho personalmente para ayudar a que Rumanía se adhiera a la Unión, a través de informes, de consejos y de todas las visitas que he realizado. Desde luego, no creo que nadie en la Cámara pueda sospechar ni por un instante que no sienta por Rumanía y por el pueblo rumano-no por los delincuentes de nacionalidad rumana como tampoco por los de nacionalidad italiana- el mayor respeto y la más profunda amistad. De otro modo, no habría hecho todo lo que hecho a lo largo de los dos últimos años. Y no creo que extrapolar una frase de una entrevista pueda alterar estos hechos.
Presidente
Se cierra el debate.
La votación se celebrará el jueves a las 12.00 horas.
Declaraciones por escrito (artículo 142)
Alessandro Battilocchio  
por escrito. - (IT) La opinión pública internacional se ha visto sacudida por los recientes y trágicos acontecimientos acaecidos en Roma. Creo que es grave que algunos grupos políticos estén tratando torpemente de instrumentalizar esta situación con fines partidistas, invocando asimismo un peligroso y contraproducente regreso al pasado. La normativa comunitaria establece ciertos indicadores que deben respetarse en los 27 Estados miembros, teniendo presente que algunos países, por razones geográficas y logísticas, son más fáciles de alcanzar. Es necesario un sistema que sitúe en primer plano los derechos pero que no prescinda de los deberes de las personas: es justamente la síntesis de estos dos aspectos la que determina la eficacia de las políticas de este sector. Ha de adoptarse asimismo un planteamiento fundamental que, por una parte, obligue a los Estados miembros a integrar a los ciudadanos europeos en regla y, por otra parte, permita expulsar a quienes infrinjan las normas. Se trata de un desafío en que Europa tendrá una función crucial que desempeñar.
Silvia-Adriana Ţicău  
por escrito. - (RO) La delincuencia no tiene nacionalidad. Lamento y condeno cualquier acto delictivo, donde quiera que suceda; la justicia debe cumplir con su deber. No obstante, no se puede estigmatizar a un pueblo o a un grupo étnico entero por un delito cometido por uno de sus miembros.
La lucha contra la delincuencia no debería vulnerar del derecho a la libre circulación de las personas, un principio fundamental de la construcción europea.
Los ciudadanos europeos tienen derecho a vivir y desplazarse libremente, sin miedo a sufrir persecución o a ser objeto de actos de violencia en los Estados miembros.
Pido a la Comisión que examine el decreto aprobado recientemente en Italia, que permite las expulsiones, sin ofrecer garantía jurídica alguna a las personas expulsadas, máxime si éstos son ciudadanos de la Unión Europea. Este decreto ha permitido que se cometan abusos que ciertos ciudadanos rumanos han padecido ya. Pido al Estado italiano que emprenda medidas para poner fin a estos abusos.
Creo que esta situación debería resolverse urgentemente con objeto de que no se permita la discriminación de ciudadanos de la Unión Europea, independiente de que sean rumanos, italianos, alemanes, españoles o franceses. No deseo que este decreto constituya un peligroso precedente que ponga en tela de juicio el mismo respeto de los principios fundamentales de la Unión. Ello podría afectar la credibilidad interna de la Unión Europea, así como su credibilidad como actor mundial.
