«Legislar mejor» en la Unión Europea - Legislar mejor 2005: aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad - 13º informe anual - Estrategia para la simplificación del marco regulador - Uso de instrumentos de Derecho indicativo (debate) (debate) 
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
de Katalin Lévai, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre "Legislar mejor" en la Unión Europea;
de Bert Doorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre "Legislar mejor" 2005: aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad - XIII Informe;
de Giuseppe Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador;
de Manuel Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre las repercusiones institucionales y jurídicas del uso de los instrumentos de Derecho indicativo.
Katalin Lévai  
ponente. - Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a todos los que han intervenido en mi informe; les estoy muy agradecida por su ayuda.
En los últimos años, la Comisión viene preocupándose cada vez en mayor medida por la calidad de la normativa comunitaria, tanto en términos de claridad como de facilidad de acceso, por una parte, y de su eficacia e impacto positivo para los ciudadanos y las empresas, por otra.
La Comisión se refiere habitualmente a estos objetivos como "Legislar mejor". De hecho, una mejor legislación pretende maximizar los beneficios de una normativa moderna, racional y eficaz, al tiempo que minimizar sus costes, de manera que puedan garantizarse la productividad, el crecimiento y, en última instancia, el empleo al máximo nivel en toda la Unión Europea.
No existe ninguna duda de que "Legislar mejor" resulta fundamental para garantizar un mercado justo y competitivo, el bienestar de los ciudadanos y la eficaz protección de la sanidad pública y el medio ambiente. Es una parte importante de la Estrategia de Lisboa, ya que puede impulsar de forma significativa la productividad y el empleo. "Legislar mejor" es una responsabilidad compartida. Los Gobiernos y los Parlamentos nacionales transponen las leyes de la UE a la legislación nacional y a menudo se aplican a nivel regional y local. Existe el riesgo de que las leyes vayan adornándose progresivamente a lo largo de esta cadena desde la concepción hasta la ejecución. La responsabilidad de legislar bien es, por tanto, una responsabilidad compartida.
Muchos Estados miembros están realizando ahora evaluación de impacto y algunos han elaborado directrices. Sin embargo, sólo un número relativamente pequeño de países realiza de manera sistemática una evaluación de impacto integrado para nuevas propuestas legislativas.
La legislación a nivel europeo ha reducido mucho la burocracia. La aplicación de una norma común en todos los Estados miembros resulta mucho más sencilla y más eficaz que una compleja trama de normas diferentes a nivel nacional y regional. La legislación comunitaria ha demostrado su eficacia a la hora de eliminar barreras perjudiciales para la competencia y normas nacionales contradictorias, por lo que el programa de simplificación puede generar beneficios económicos tangibles, no sólo merced a la reducción de las cargas administrativas. La experiencia de los Estados miembros demuestra que las autoridades públicas pueden aportar mucho a la reducción de injustificadas cargas administrativas de la legislación. Tal acción, según la Comisión, impulsaría la economía de la UE por valor del 1,5 % del PIB y liberaría cerca de 150 000 millones de euros para inversiones.
En mi informe respaldo el objetivo de garantizar que el marco reglamentario sea necesario, simple y eficaz. Por otro lado, sin embargo, debemos resaltar que un proceso así sea totalmente transparente y se base en la plena participación del Parlamento Europeo sometido a control público y a consultas generalizadas y abiertas con expertos y la totalidad de las partes interesadas, no sólo los Gobiernos y las empresas, sino, en concreto, también las organizaciones no gubernamentales.
Además, me gustaría proponer la creación de un Comité independiente de evaluaciones de impacto. Es de la máxima importancia que este organismo, que prestará asistencia y apoyo al desarrollo de una cultura de evaluaciones de impacto de alta calidad dentro de la Comisión, actúe con independencia de los departamentos de adopción de normas. No obstante, eso no significa necesariamente que las evaluaciones de impacto tengan que ser realizadas por expertos externos que no pertenezcan a la institución. También es necesario que el Comité independiente de evaluaciones de impacto contribuya a desarrollar métodos comunes para todas las evaluaciones de impacto.
Además, quiero plantear un proyecto especial dentro del procedimiento de evaluación de impacto, el denominado "establecimiento de indicadores sociales". Este proyecto debe dirigirse en concreto a grupos destinatarios sensibles, por ejemplo, las personas discapacitadas, las mujeres, las minorías étnicas, los padres que educan a sus hijos, las personas de edad avanzada y las personas que padecen una enfermedad o discapacidad permanentes.
Resumiendo, quiero resaltar que "Legislar mejor" persigue una legislación más simple, clara, cordial para el ciudadano, con una evaluación continua del impacto, con especial atención a aquellos grupos vulnerables que no pueden defenderse por si solos. La claridad, la transparencia, la sencillez, la reducción de la burocracia tal vez sean los elementos clave de mi informe.
Bert Doorn  
ponente. - (NL) Señor Presidente, quiero retomar el excelente razonamiento de la señora Lévai. Es bueno que dediquemos tiempo en el Parlamento a analizar la calidad de la legislación y las reglamentaciones al menos una vez al año. Nuestros reglamentos y nuestra legislación constituyen la tarjeta de visita de la Unión Europea. Forman el marco dentro del cual trabajan y viven nuestros ciudadanos y dentro del que deben operar las empresas. Eso significa que hemos de poner un gran énfasis en la calidad de los mismos.
¿Cómo están las cosas en estos momentos? Están avanzando en la dirección correcta. La Comisión ha planteado una serie de iniciativas. Se ha creado un Comité de evaluación de impacto y está realizando una magnífica labor. Sin embargo, no basta con eso. Lo he dicho antes en multitud de ocasiones: necesitamos mayor transparencia y abogo de nuevo en favor de un grupo de expertos externos que evalúe si las evaluaciones de impacto de la Comisión se han realizado de acuerdo con la metodología correcta.
Necesitamos una revisión, no burocracia. La señora Frassoni siempre proclama: "Ustedes quieren más burocracia", pero yo no quiero burocracia para nada. Yo sólo deseo mayor transparencia y pienso que cualquier tipo de transparencia constituye una virtud en tareas de gobierno. Una ventaja adicional es que, cuando se realizan evaluación de impacto en relación con modificaciones del propio Parlamento -y debo decir que por ahora no han sido demasiado satisfactorias-, podemos analizar si cabe encomendárselas a un organismo independiente de esta naturaleza, más que al Comité de evaluación de impacto de la Comisión.
El hecho de vaya a haber un grupo de expertos en el problema de las cargas administrativas constituye un avance importante en la dirección acertada. Se trata de un acontecimiento muy positivo que habrá de desempeñar un papel en el ámbito de la burocracia. Desde luego, será muy importante quiénes van a formar parte de ese grupo. Desde luego, no debe convertirse en una procesión; no debe ser un seudo-parlamento, sino un reducido comité de expertos: nada de prohombres de la industria, nada de funcionarios, nada de políticos, sino profesionales normales que sepan lo que es una evaluación de impacto, que sepan lo que es la burocracia y que tengan mucha experiencia en este ámbito dentro de sus contextos nacionales.
La Comisión ha fijado un objetivo claro: las cargas administrativas tienen que haberse reducido en un 25 % para 2012. Eso está muy bien, pero desde luego debería ser un objetivo neto. Eso significa que a partir de ahora debe alcanzarse, de hecho, una reducción del 25 %y que las nuevas cargas administrativas deben estar incluidas en el cálculo y deducidas del resultado, pues de lo contrario no sería sino una pérdida de tiempo.
Quiero resaltar otro punto que requiere especial atención por parte de la Comisión. Estamos debatiendo la reducción de las cargas administrativas ahora, pero en el futuro también tendremos que trabajar en la disminución de los costes de ejecución. Los costes de ejecución son los costes que las empresas y los ciudadanos se ven obligados a soportar para cumplir la legislación y son tremendamente elevados. A la hora de debatir sobre los costes de las reglamentaciones, también debemos ocuparnos de los costes de ejecución, que de momento se han ignorado.
Giuseppe Gargani  
ponente. - (IT) Señor Presidente, Señorías, en noviembre de 2006, la Comisión aprobó un documento de trabajo, un informe inicial, sobre los progresos realizados en la estrategia para simplificar el entorno reglamentario, que es una continuación de otra comunicación de octubre de 2005. Se trata de un desarrollo importante que, tal como muy bien ha expuesto el señor Doorn, continúa un proceso que nosotros mismos iniciamos con vistas a lograr la simplificación, que equivale a transparencia, y que constituye un método transparente y comprensible de legislar.
El documento de trabajo ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que hace recuento del progreso alcanzado en la puesta en práctica del programa de simplificación introducido, como he dicho, en 2005. El programa incluirá concretamente 43 medidas de refundición y me gustaría ofrecer a la Cámara las siguientes cifras: 12 codificaciones, 8 derogaciones y 46 medidas diferentes relativas a simplificación del fondo. Además de las anteriores medidas, se han incluido 500 nuevas iniciativas legislativas en otro programa modulado destinado específicamente a la codificación, unas 200 solamente en 2007.
Llegado a este punto, quiero entresacar algunos puntos, por supuesto de manera muy breve, que forman la esencia de mi informe, a fin de informar a la Cámara sobre la situación real sobre el terreno, así como del pensamiento global de la Comisión de Asuntos Jurídicos en su conjunto.
Tengo tres mensajes muy claros para la Comisión. Creo que es importante dejar perfectamente claro que es necesario, en primer lugar, incluir a partir de ahora de manera sistemática las iniciativas de simplificación en una parte específica del programa legislativo y de trabajo; segundo, indicar en el mismo qué prioridad piensa dar a cada iniciativa de simplificación; y tercero, evitar la proliferación de documentos que incluyan listas de iniciativas de simplificación, para contar con un marco de referencia lo más preciso posible.
Por consiguiente, subrayo una vez más que la Comisión también debe ser coherente en cuanto a los objetivos de simplificación que ha puesto de relieve. Análogamente, la refundición debería convertirse, de una vez por todas, en la técnica legislativa corriente. En conjunto, como Presidente de la comisión a la que pertenecen nuestros compañeros, la señora Lévai, el señor Doorn y el señor Medina, creo que puedo afirmar que estas cuatro iniciativas cubren la situación de manera exhaustiva y que la Comisión está obligada a reflexionar sobre ellas.
Así pues, siempre resultaría posible adoptar en su totalidad el texto reglamentario, aun cuando existan modificaciones específicas, con una indicación clara a las partes nuevas y a las que permanecen inalteradas. Se trata de un proyecto crucial para el Parlamento, ya que provocaría que la legislación comunitaria resultara más comprensible y más transparente, que es lo que todo el mundo desea.
El documento de trabajo de la Comisión propone, de hecho, utilizar los resúmenes iniciales de sus propuestas para explicar mejor los objetivos de la simplificación. Sin embargo, esta iniciativa podría resultar contraproducente: si bien un resumen puede estar justificado para un texto discursivo, como una comunicación, no cabe aplicar lo mismo para un texto reglamentario, cuyo resumen inicial puede contener cierta falta de concreción. Es necesario prestar mucha atención a este punto.
Por último, el informe pretende subrayar la clara señal de buena voluntad enviada por la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo, propuesta por éste, en lo relativo a la mejora y la inclusión, respectivamente, del procedimiento de codificación (artículo 80) y de un nuevo procedimiento ad hoc para las refundiciones (artículo 80 bis). Son temas que el Paramento debe considerar, espero de que de manera consensuada y en general sin modificación, para que la Cámara pueda proclamar su aprobación de este importante asunto mañana.
Manuel Medina Ortega  
Ponente. - (ES) Señor Presidente, mi informe es una contradicción porque utilizo una expresión que es contradictoria: "Derecho indicativo". El Derecho no es indicativo, el Derecho es coercitivo. Lo que pasa es que en la jerga de la Unión Europea se viene utilizando esta expresión: "instrumentos de Derecho indicativo".
¿Y qué se quiere decir con eso? Se quiere decir, sobre todo, documentos procedentes de la Comisión: unos, de carácter interpretativo, otros, actos de ejecución u otros, simples documentos preparatorios. Y el problema que se plantea es que, teniendo en cuenta la confusión y el desconocimiento que hay sobre la naturaleza del Derecho comunitario en muchas jurisdicciones -incluyendo el propio Tribunal de Justicia-, se le da valor jurídico obligatorio a esos documentos de Derecho indicativo.
Esto supone una ruptura de los principios fundamentales de Derecho de los Estados que constituyen la Unión Europea y del conjunto de la Unión Europea. La única legitimidad existente en este momento para dar normas obligatorias con carácter jurídico procede de la voluntad popular, tanto a nivel de los Estados como a nivel de la Unión. Y la voluntad popular se expresa, normalmente, a través de órganos representativos, que pueden ser, bien, en este caso, el Parlamento Europeo, elegido directamente por el pueblo, o también el Consejo, integrado por Gobiernos que dependen y son elegidos por los pueblos de sus países respectivos.
Está claro que la Comisión tiene un papel importante que representar en la aplicación del Derecho europeo, es el garante de la aplicación de los Tratados, pero tiene que hacerlo junto con los órganos de carácter legislativo y, en todo caso, no puede sustituir la potestad legislativa que le confieren los Tratados al Parlamento y al Consejo.
La preocupación que tenemos en la Comisión de Asuntos Jurídicos es que, por un lado, nosotros no queremos entorpecer la iniciativa de la Comisión, no queremos entorpecer las funciones de ejecución que tiene que hacer la Comisión, no queremos limitar las posibilidades de desarrollo, pero sí creemos que es importante que se establezca una diferencia conceptual entre los dos tipos de instrumentos y que, cuando la Comisión considera que tiene que recurrir a este tipo de actos, que establezca por lo menos una colaboración con el Parlamento y, desde luego, en todo caso con el Consejo, al objeto de que la preparación de esos actos no dé lugar a malas interpretaciones o a interferencias.
Desde luego, lo que no es Derecho de ninguna manera es esto que se viene llamando "el método abierto de coordinación". El método abierto de coordinación puede ser un instrumento eficaz de realización de los fines del Tratado, pero solamente puede establecer obligaciones entre aquellas partes que participen. Se trataría, en definitiva, de contratos entre las partes, por ejemplo, entre los agentes sociales. Igual que un acuerdo, por ejemplo, entre sindicatos y empresarios puede tener valor vinculante para las partes que intervienen, el método abierto de coordinación sirve para redactar este tipo de contratos, pero sometido a la normativa comunitaria y, en ningún caso, puede sustituirla. Y la Unión Europea, en cuanto comunidad de Derecho, necesita la adopción de textos jurídicos.
Por tanto, no basta decir "vamos a recurrir al método abierto de coordinación", porque es un instrumento eficaz de realización de los fines de la Unión Europea. No es un instrumento eficaz, porque la Unión Europea sólo puede funcionar como ordenamiento jurídico.
La Unión Europea no tiene ejércitos, no tiene policía, ha funcionado sobre la base de la asunción, por parte de los Estados miembros, de una serie de obligaciones que son cumplidas por las instituciones de los Estados miembros y sobre cuyo cumplimiento velan la Comisión y el Tribunal de Justicia. Pero el método abierto de coordinación no es un método jurídico, no es un instrumento jurídico para dar normas generales y no se puede confundir una cosa con la otra.
La Comisión de Asuntos Jurídicos -como ha dicho antes el señor Gargani- está preocupada por esta deriva antijurídica dentro de la Unión Europea. El Parlamento Europeo quiere colaborar con la Comisión en la realización de sus fines, en sus funciones de ejecución, en sus funciones de preparación de textos normativos, pero no puede ni debe condonar la utilización de técnicas que no son conformes al desarrollo del Estado de Derecho, al desarrollo de la construcción de la Unión Europea como una comunidad de Derecho, una comunidad que tiene que tener una jerarquía normativa clara: unos Tratados -que yo sigo llamando constitucionales, a pesar de todo- que establecen las normas fundamentales, una legislación de la Unión Europea que cumpla todos aquellos ámbitos en los que la Unión Europea tiene que introducirse, respetando, desde luego, los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad, pero manteniendo las competencias de la Unión y estableciendo la acción en el plano normativo, dejando luego para la ejecución instrumentos como este método abierto de coordinación o cualquier otro instrumento que la Comisión pueda considerar que se debe adoptar para conducir a la realización de los fines de la Unión.
(Aplausos)
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - (DE) Señor Presidente, Señorías, "legislar mejor" es un proyecto sumamente político. Durante el último debate importante sobre este tema en esta Cámara en abril del año pasado, recalqué que queríamos alcanzar dos objetivos: primero, deseamos aumentar la confianza de los ciudadanos en todo el sistema de la integración europea, y segundo, hemos de establecer parámetros claros y fiables para la economía europea, de forma que pueda generar puestos de trabajo y crecimiento.
Desde entonces hemos hecho buenos progresos. Según las encuestas, el respaldo público de la integración europea es mayor de lo que venía siendo desde hace tiempo, nuestra posición económica ha mejorado notablemente y tiene buen aspecto, y contamos con un amplio consenso para continuar el rumbo en que estamos embarcados, sobre la base de nuestra asociación para el crecimiento y el empleo. "Legislar mejor" constituye un pilar clave como elemento de esta política en favor del empleo y el crecimiento. Aunque la situación política global es en la actualidad altamente favorable, no debemos aminorar nuestros esfuerzos ahora; al contrario, hemos de aprovechar el impulso actual.
Al fin y ala cabo, la tendencia puede invertirse con la misma rapidez y estaríamos engañándonos a nosotros mismos si creyéramos que la imagen de la Unión Europea ya ha cambiado definitivamente. La gente sigue teniendo muy presente que todo lo que procede de Europa es irrelevante, exagerado y centralista. Esta acusación resulta indudablemente exagerada, pero es importante reconocer que es la percepción de la opinión pública europea. Por tanto, hemos de pelear para contrarrestar esta actitud refleja.
Queremos una Europa de resultados. Queremos una Europa que aporte seguridad, prosperidad y protección medioambiental a todos los ámbitos de la vida. Eso debe quedar expresado en todas nuestras decisiones prácticas en cualquier ámbito político, ya sea en la legislación sobre productos químicos, en el sector de los fármacos, en la tecnología de la información o en la agricultura. No se equivoquen: "legislar mejor" no es una campaña de imagen. Hemos cambiado totalmente nuestro estilo político y la forma en que elaboramos y revisamos la legislación. Repito: "legislar mejor" no debe contemplarse aisladamente, sino como parte de una estrategia global, una dirección fundamentalmente novedosa en la política europea.
En el pasado se realizaron intentos similares, pero el proyecto del que estamos hablando hoy presenta dos características muy especiales: su alcance y sus sostenibilidad. En el pasado nos hemos centrado en ajustes ad hoc. Ahora, por el contrario, hemos ampliado el alcance del planteamiento de "legislar mejor" para abarcar todo el proceso legislativo europeo, desde la evaluación de la necesidad de una ley, con estrictos controles de la subsidiariedad, hasta la amplia consulta con los grupos de partes interesadas, la evaluación de los impactos de la política económica, social y medioambiental, hasta el asunto de la aplicación y ejecución mejores posibles del derecho comunitario. Sin embargo, "legislar mejor" no sólo hace referencia a nuevas iniciativas; también estamos en el proceso de revisar el acervo existente en toda su extensión para determinar dónde y cómo puede ser simplificado y actualizado.
El segundo aspecto nuevo es la sostenibilidad, que perseguimos con este enfoque. No se trata de una campaña aislada; como ya han expuesto algunos de los ponentes, éste es un proceso que es a la vez profundo y ambicioso y que se está planteando de manera coherente. Todas las iniciativas presentadas que no hayan sido aprobadas por la legislatura serán revisadas de manera regular y, en caso necesario, serán retiradas. Una de esas revisiones se está realizando actualmente con vistas al programa de trabajo de 2008.
Nuestro programa de simplificación tendrá continuación durante 2007 y también en 2008 y presentaremos aquí una serie de nuevas iniciativas. El resultado será la cobertura progresiva de todos los ámbitos de legislación de la Unión Europea. Estamos aplicando cuantos métodos se encuentran a nuestra disposición, tal como ha expuesto y respaldado el señor Gargani en su informe. La mitad de las iniciativas contempladas en el programa de simplificación ya han quedado completas satisfactoriamente, y vamos a continuar este trabajo con ahínco hasta 2009. Eso va a producir unos beneficios directos y tangibles apara las empresas, las autoridades públicas y los particulares. Nuestro objetivo consiste en alcanzar una situación en la que nuestra legislación sea, en todos los casos, clara, comprensible y respetuosa con el usuario y que además tenga en cuenta el progreso tecnológico.
A efectos del control de calidad y de la evaluación de impacto, hemos creado el Comité de evaluación del impacto, que opera de forma independiente de los pertinentes servicios de la Comisión y que ya está realizando una contribución muy positiva. Estoy enormemente agradecido a la señora Lévai por declarar su pleno apoyo a este órgano en su informe. No obstante, también me gustaría dejarles muy claro que nos hemos comprometido a revisar este sistema el año que viene y que daremos los pasos oportunos, a medida que sean necesarios, sobre la base de los resultados de esta revisión. Quiero subrayar esto a la vista de los importantes puntos planteados por el señor Doom.
Una de las principales prioridades este año consiste en reducir las cargas administrativas que gravan a las empresas a consecuencia de las normas de la UE. A tal fin, ya hemos expuesto 10 "acciones por la vía rápida", y gracias al inmediato apoyo del Parlamento Europeo, dos de ellas ya han sido puestas en práctica de manera satisfactoria. Luego vendrán nuevas propuestas.
Ahora estamos en el proceso de poner en práctica el control exhaustivo de las cargas actuales; este control se está realizando en 10 importantes sectores económicos, que en la práctica suponen cerca del 85 % de toda la economía de Europa. Eso deberá permitirnos identificar el potencia de reducción. El objetivo -como ya se ha dicho- consiste en reducir estos costes en un 25 % en 2012. Respaldo plenamente lo dicho por el señor Doorn. Por supuesto es importante garantizar que, una vez reducidas las cargas en un entorno, la nueva legislación no cree nuevas cargas en otro sitio. Ese es un punto muy importante y estoy sumamente agradecido al Parlamento por llamar la atención sobre el mismo.
Espero que los Estados miembros fijen unos objetivos igualmente ambiciosos antes de final de este año, ya que este proyecto sólo podrá alcanzar el éxito si se acomete conjuntamente a nivel europeo y nacional.
Naturalmente, los grupos de partes interesadas han de jugar un importante papel en este proyecto y necesitamos su apoyo. Esa es la razón por la que se va a crear un grupo de expertos independientes de alto nivel, que representará a las pequeñas y medianas empresas, a los consumidores y a las organizaciones medioambientales, cuyo papel consistirá en asesorar a la Comisión sobre posibles medidas para la reducción.
La Comisión se siente enormemente agradecida, lo mismo que yo, al Parlamento Europeo por su amplio respaldo, expresado en los informes que estamos debatiendo hoy. La Comisión está especialmente contenta de que el informe de la señora Lévai inste al Consejo y al parlamento a realizar evaluaciones de impacto sistemáticas de las modificaciones propuestas que tengan posibles impactos notables. Ya habíamos llegado a un acuerdo a este respecto en noviembre de 2005 en los planteamientos interinstitucionales comunes.
La Comisión quiere pedir al Consejo y al Parlamento que apoye la propuesta planteada por el señor Doom y adapte adicionalmente sus métodos de trabajo, a fin de que determinadas tareas para la simplificación de la legislación puedan realizarse con prontitud. Al fin y al cabo, no nos beneficia que los proyectos permanezcan en situación de espera.
En relación a los distintos instrumentos resumidos como Derecho indicativo en el informe del señor Medina Ortega, la Comisión desea resaltar que la legislación clásica no siempre representa la solución más apropiada. Quiero subrayar de nuevo ese principio: las leyes sólo deben aprobarse caso de ser absolutamente necesarias. Disponemos de otros instrumentos cuya aplicación está claramente regulada por los Tratados Comunitarios, así como de aquellos que únicamente sirven para allanar el camino hacia la legislación futura. En nombre de toda la Comisión, puedo prometerles sinceramente que en todos los instrumentos que estamos aplicando, respetamos plenamente los derechos del Parlamento y que le mantendremos perfectamente informado por el bien del respeto mutuo entre nuestras instituciones.
Permítanme finalizar reiterando lo que el Presidente Barroso definió en esta Cámara el pasado mes de abril como principio básico. La legislación europea es de hecho el rasgo unívoco y definitorio de la Unión Europea, ya que somos una comunidad jurídica. La integración europea se basa en la ley. Sólo la ley puede garantizar las libertades que los europeos tienen hoy, y sólo la ley puede dotar a la economía de parámetros fiables y equitativos. Los ciudadanos de Europa tienen el derecho a esperar no sólo una mejor legislación, sino la mejor legislación que humanamente sea posible.
Gunnar Hökmark  
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. - Señora Presidenta, ante todo quiero dar las gracias a la ponente sobre "Legislar mejor" en la Unión Europea, la señora Lévai, y a la Comisión de Asuntos Jurídicos por aceptar una serie de propuestas formuladas por mi Comisión, lo que agradecemos sinceramente.
Se trata de un ámbito en el que resulta muy fácil estar de acuerdo sobre nuestro objetivo. Sin embargo, no es ése el tema sobre el que gira el debate: se trata de cómo obtener resultados. Es necesario subrayar el papel de la Comisión a este respecto. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha propuesto que la Comisión realice un seguimiento anual de los resultados en cuanto a la reducción de la carga administrativa del 25 % para el año 2012. El papel de la Comisión es igualmente importante para permitir disponer de opciones a la hora de debatir la legislación o, por ejemplo, la autorregulación o el reconocimiento mutuo, así como para garantizar que contemos con esa legislación y -algo que la Comisión también ha hecho- para retirar la legislación que no sea coherente con el Proceso de Lisboa.
Nos gustaría que la Comisión considerara el proceso Lamfalussy como una experiencia válida que ha abierto los mercados financieros de forma armónica con la realidad. No obstante, también nos gustaría subrayar las responsabilidades propias de la Comisión, en el contexto de sus relaciones directas con los ciudadanos, para garantizar la simplificación y el proceso de "Legislar mejor" en cuanto a la financiación de la investigación, las subvenciones, la ayuda estatal, los subsidios de diversos tipos y la contratación pública. La Comisión tiene su propia función a desempeñar en este ámbito. Esperamos igualmente que la Comisión retome la idea de conceder a los ciudadanos el derecho a la acción cuando los Estados miembros incurran en la sobrerregulación. Es importante contar con un contrapeso a la burocracia cada vez mayor de todas nuestras autoridades locales y nacionales y, si se me permite, de las instituciones de la Unión Europea. Una forma de hacerlo sería concediendo a los ciudadanos el derecho de acción.
Ole Christensen  
Señora Presidenta, el entorno regulador en el que operan las empresas es determinante de su competitividad, del crecimiento sostenible y de las prestaciones de empleo en cuanto a la creación de más y mejores puestos de trabajo. Tal como dije en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respaldamos naturalmente el ejercicio de escarda de la legislación superflua, pero hemos de asegurarnos de que la legislación que estamos eliminando es efectivamente superflua. Desde mi punto de vista como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la respuesta dependerá de si la calidad de los puestos de trabajo en Europa empeora o mejora.
Respaldo la iniciativa de "legislar mejor" solamente si la intención consiste en hacer la legislación más transparente y flexible, y no si realmente significa desregulación. Lo que es vital es que se haga sin perjuicio para la salud y la seguridad de los trabajadores. El objetivo fijado de la reducción del 25 % es cuestionable, no obstante, ya que fue elegido de forma aleatoria. Si la legislación es superflua, no deberíamos detenernos en el 25 %. En líneas generales, no obstante, coincido plenamente con el objetivo del ejercicio y reconozco que las cargas administrativas innecesarias de la UE socavan la efectividad y la credibilidad de la legislación de la UE. Quiero invitar a la Comisión a que fomente asimismo el uso del diálogo social, una herramienta importante para alcanzar el objetivo de "legislar mejor".
Elspeth Attwooll  
ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. - Señora Presidenta, me refiero específicamente al informe de la señora Lévai. Le felicito a ella y a la Comisión de Asuntos Jurídicos por su excelente labor y les agradezco haber incorporado en ella una porción tan grande tanto del espíritu como de la letra de nuestra opinión.
Aunque la responsabilidad última de la conformidad con la legislación comunitaria corresponda a los Estados miembros, el cumplimiento real de los requisitos compete en gran medida a otros organismos, como las autoridades regionales y locales y a las agencias especializadas. Esto puede implicar garantizar su propio cumplimiento o el de otros respecto de los reglamentos y las directivas, en igual grado. Además, por lo que respecta a determinadas directivas, las regiones constitucionales tienen una función que desempeñar en el proceso de la transposición.
La Comisión de Desarrollo Regional desea, en consecuencia, subrayar la importancia de las consultas generalizadas en todas las fases del proceso legislativo, incluida la elaboración de las evaluaciones de impacto para que se puedan tener en cuenta las variaciones nacionales, regionales y locales. Resaltamos además la importancia de difundir la información. Propugnamos, en concreto, la orientación por adelantado sobre la transposición de las directivas y la dotación de directrices sobre la aplicación en lo concerniente a los reglamentos. El Vademécum sobre Ayuda Estatal elaborado por la DG Competencia constituye un modelo de lo último.
Abogamos además por el uso en la legislación de un lenguaje claro y comprensible y por que se faciliten cuadros de correlación para la transposición de directivas, de forma que se reduzca el riesgo de sobrerregulación. Con estas y las demás medidas propugnadas en el informe -de hecho, en los cuatro informes- creemos que deberíamos avanzar en el intento por conseguir "Legislar mejor" en la UE.
Andreas Schwab  
ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. - (DE) Señora Presidenta, Señorías, permítanme comenzar con una disculpa. No tenía conocimiento de que el anterior orador se hallaba ausente y que se había modificado el orden de intervención. Gracias por permitirme hacerlo ahora.
Yo he sido la ponente de opinión de la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor y tras una minuciosa deliberación, la comisión ha aprobado esta posición por consenso. Quiero señalar, ante todo, que ha habido acuerdo dentro de nuestra comisión en cuanto a que el Derecho indicativo -o como quiera que designemos a estas medidas que ahora se están aplicando con mayor frecuencia en el Derecho europeo, así como en la legislación nacional- se ha convertido en una práctica muy corriente, que ofrece la oportunidad de responder de una manera flexible y, por tanto, rápida, a los nuevos desarrollos, razón por la cual no debería criticársela per se.
Asimismo hemos estado de acuerdo en cierta medida en que la Comisión -por volver al plano europeo- utilice el Derecho indicativo en casos puntuales como medio de eludir las posibilidades de intervención del legislador previstas por la ley. Eso es, a nuestro juicio, un problema importante relacionado con el Derecho indicativo. Hemos debatido, asimismo, el hecho de que el Parlamento haya respaldado la reclamación contra la Comisión en un caso porque hemos averiguado que tal circunvolución efectivamente se ha producido.
Creemos que el legislador se enfrenta al Derecho indicativo actualmente de modalidades tan diversas que siempre hemos de traza una distinción clara entre lo que verdaderamente sólo llega al mercado en forma de libro verde, por una parte -en otras palabras, simplemente está previsto como un preparativo para una posterior legislación- y, por otra, lo que es auténticamente necesario en el contexto del Derecho indicativo.
Como miembros de la Comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor, no identificamos ningún impacto legislativo, ningún impacto directo de tales libros verdes y blancos, sino que pensamos que cuando se aprueba una nueva legislación, el legislador siempre debe adoptar una nueva decisión igualmente.
El debate, a la postre, no sólo se centra en el Derecho indicativo, sino también en otras referencias para "legislar mejor", y considero que en muchos ámbitos, ciertamente no hemos conseguido tantos progresos como los ciudadanos puedan pensar a partir de los medios de comunicación, lo que constituye la razón por la que todas las instituciones implicadas -el Parlamento, el Consejo y la Comisión- tiene la responsabilidad de conseguir mayores progresos en este ámbito.
Gary Titley
en nombre del Grupo del PSE. - Señora Presidenta, quiero comenzar formulando tres afirmaciones para fijar el contexto de este debate. Primero, no debemos olvidar que lo que para una persona es burocracia, para otra es una pieza fundamental de legislación. Segundo, no debemos olvidar, como ha afirmado en el pasado el Comisario Verheugen, que el 50 % de la carga administrativa relativa a la legislación de la UE lo añaden los Estados miembros. Por último, lo más importante es que la Unión Europea constituye, por sí misma, un proceso de simplificación, ya que al disponer de un conjunto de normas en lugar de 27, hemos recortado enormemente los costes empresariales en comparación con la situación existente antes de que se aprobaran muchas leyes de la Unión Europea.
Dicho esto, la legislación tiene que ser clara, sencilla de comprender y de aplicar, y adaptable a las circunstancias cambiantes. Ese no ha sido siempre el caso en el pasado y, a veces, uno se preguntaba si el esfuerzo global de elaborar y llevar a la práctica una disposición concreta no superaba, en algunos aspectos, los beneficios derivados de ella. Es por eso que apoyo lo que la Comisión ha intentado hacer en su afán por "Legislar mejor" y a favor de la simplificación y, en concreto, de la creación de un Comité independiente de evaluaciones de impacto.
Es importante que todas las instituciones entiendan su papel en este tema. Está muy bien que el Parlamento o el Consejo pontifiquen acerca de "Legislar mejor", siempre y cuando, a la hora de presentar enmiendas, nos fijemos en el impacto de las mismas. El Parlamento tiene asimismo la responsabilidad de estudiar la legislación existente y analizarla exhaustivamente para ver si ha producido el efecto que pretendía. Propendemos a atormentarnos durante meses con esta o aquella enmienda, pero a menudo no hacemos ningún esfuerzo por averiguar si la legislación ha producido el efecto deseado. Por consiguiente, espero que, como Parlamento, redoblemos nuestros esfuerzos para participar en este proceso.
Jan Mulder
- (NL) Señora Presidenta, yo también quiero comenzar dando las gracias a todos los ponentes por sus informes enormemente interesantes. Es muy importante que el Parlamento preste mucha atención a este asunto y comparto plenamente la opinión del señor Comisario de que muchos ciudadanos en Europa tienen la impresión de que todas las leyes malas proceden de Bruselas. Los parlamentarios nacionales proclaman con excesiva frecuencia que no hay nada que puedan hacer, que es Bruselas quien se las impone. Tenemos que hacer cuanto podamos para refutar esta idea tan pronto como sea posible.
Esta es la primera vez que hablo sobre un tema de la Comisión de Asuntos Jurídicos, e intervengo en este debate, sobre todo, porque el asunto me interesa en gran medida. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario. En año pasado, en la Comisión de Presupuestos, aprobamos una propuesta que yo había elaborado para crear un órgano, un proyecto piloto, para evaluar las cargas administrativas con independencia de la Comisión. Esto significa, por tanto, que el Parlamento pensaba que la evaluación interna en la Comisión no resultaba suficiente. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Doorn en que tenemos que contar con un organismo fuera de la Comisión que evalúe los efectos de la legislación. El texto contemplado, que entretanto ha sido aprobado por el Consejo y el Parlamento, debería servir de guía a la Comisión para emprender una acción ulterior. La Comisión de Control Presupuestario también ha elaborado un informe que fue aprobado en sesión plenaria en julio.
Respaldamos el objetivo de la reducción del 25 % de las cargas administrativas y, como es natural -y el señor Comisario y el señor Doorn también lo han confirmado-, no debe permitirse que las leyes que acabamos de rechazar vuelvan por la puerta de atrás como legislación nueva. Es importante que revisemos toda la legislación antes de 2013 para ver si es redundante o no. La Comisión debería publicar informes regulares u otros notificaciones describiendo lo que se ha conseguido. Las acciones de la Comisión y las medidas adoptadas para reducir las cargas administrativas deben ser transparentes. Tal vez resulte necesaria una reorganización interna de la Comisión.
Por último, para finalizar lo que tengo que decir, quiero dar las gracias al señor Verheugen por la excepcional cooperación que he tenido con sus departamentos a la hora de desarrollar el proyecto piloto que fue aprobado por esta Cámara el año pasado.
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk
en nombre del Grupo UEN. - (PL) Señora Presidenta, al hacer uso de la palabra en nombre del Grupo UEN en este debate sobre "legislar mejor" en la Unión Europea, quiero llamar la atención sobre los siguientes asuntos.
Primero, los autores abogan por "legislar mejor" con vista a aumentar la eficacia, la efectividad, la cohesión y la transparencia de la legislación de la Unión. En consecuencia, el proceso debería cumplir las condiciones siguientes, y yo apoyo tal planteamiento:
es esencial que el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo trabajen juntos en el asunto;
debe haber consultas exhaustivas y abiertas sobre el tema con todas las partes interesadas, incluidos los empresarios, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales, y me gustaría resaltar la importancia de dichas consultas;
debería conferirse mayor responsabilidad a los órganos comunitarios en el proceso de legislar y debería mejorarse la transparencia del proceso;
toda evaluación de la legislación encaminada a su simplificación debe conceder igual importante a los asuntos económicos y sociales, y tener en cuenta los asuntos relativos a la sanidad y la protección medioambiental;
además, el proceso de simplificar la legislación no debería conducir a rebajar los niveles consagrados en el actual acervo de la Unión.
Segundo, los autores señalan asimismo que deberían evitarse expresiones innecesarias y poco claras a la hora de elaborar disposiciones legales. El lenguaje debe ser directo y de fácil comprensión. Al mismo tiempo, la terminología debe ser precisa y debe estar garantizada la seguridad jurídica, de forma que la legislación de la Unión puede ser entendida por sus ciudadanos, que ahora se acercan a los 500 millones.
Tercero, la decisión adoptada en el Consejo de Primavera de 2007 de alcanzar una reducción del 25 % de la carga administrativa derivada de la legislación de la Unión en 2012 merece nuestro encendido aplauso. Esperemos que este objetivo resulte más realista y tenga mayores probabilidades de alcanzarse que los de la Estrategia de Lisboa.
Cuarto, conviene señalar también que los informes contienen propuestas de soluciones alternativas, referentes a la introducción de nueva legislación. Estas contemplan la autorregulación o el reconocimiento mutuo de las disposiciones nacionales, e incluso la opción de no emprender ninguna acción legislativa. Todas estas propuestas merecen un estudio detenido a la vista del enorme incremento de la legislación de la Unión.
Monica Frassoni
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (IT) Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias a mis compañeros por su esforzado trabajo y plantear un asunto diferente. Aunque éste es un asunto sumamente político, tal como ha afirmado el Comisario Verheugen, también es difícil y a menudo técnico; manejarlo resulta especialmente complicado, sobre todo a la hora de preguntar qué puede significar para los ciudadanos en la práctica la expresión "legislar mejor".
Quiero decir muy brevemente que, por lo que respecta a los informes del señor Gargani y el señor Medina, mi Grupo coincide prácticamente con la totalidad. Sin embargo, sobre el tema de las alternativas a la legislación quiero señalar, al igual que ha hecho el señor Comisario, la necesidad de dejar claro que su aplicación resulta extremadamente poco satisfactoria, y me estoy refiriendo sobre todo a la autorregulación y la corregulación. Tal como ha apuntado el señor Medina, lo principal es centrarse en el valor legal y legislativo de las leyes.
El señor Doorn sabe bien que yo y mi Grupo tenemos dudas acerca de la idea de concentrar toda nuestra atención en la subsidiariedad y la proporcionalidad, es decir, en el punto inicial de su informe, así como en los costes administrativos. Para nosotros, la cuestión de los costes administrativos constituye un problema menor comparado con el de la capacidad global de nuestros reglamentos y nuestras instituciones para elaborar una legislación que sea clara, pueda ser aplicada de manera justa y equilibrada, esté exenta de toda ambigüedad y, sobre todo, no quede abierta a interpretaciones divergentes. El debate de estos aspectos tiene al menos tanta importancia como debatir el coste.
Además, tal como ya ha dicho el señor Titley, la existencia de unos elevados costes administrativos es evidentemente algo que depende sobre todo de los Estados miembros, y a mi juicio no se está prestando suficiente atención a estos factores. Por ejemplo, me gustaría saber una cosa: ¿cuánto costaría, señor Verheugen, hacer todo lo que se le ha pedido que haga? Comisiones, informes, controles: todo eso cuesta dinero, y si verdaderamente vamos a emprender la senda de montar esta ingente estructura, debemos saber cuánto va a costar.
Daniel Strož
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (CS) Señora Presidenta, señor Comisario, considero un paso muy positivo que estemos debatiendo juntos todos estos informes, conectados por el tema común de crear y revisar el Derecho secundario de la Comunidad.
Quiero comentar brevemente el informe del señor Gargani. Creo que el informe es muy bueno en general y por tanto recomiendo su aprobación por la Cámara. Estoy plenamente de acuerdo con la propuesta en que la estrategia de simplificar el entorno jurídico debe tener prioridad política. Sin embargo, a ese respecto, considero que es necesario fortalecer el papel del Parlamento Europeo en el proceso legislativo. Lo que considero en este caso es que el Parlamento debe tener la misma iniciativa para hacer leyes que la Comisión, lo cual sin duda alguna tendría un efecto positivo sobre el proceso de simplificar y mejorar la calidad del entorno legal en Europa.
Asimismo quiero expresar mis reservas acerca de los objetivos fijados por la Comisión, que estipulan que no sólo la legislación comunitaria, sino también la nacional, deben quedar reducidas en un 25 % para el año 2012. El plan de simplificación para los años 2006-2009 prevé 43 refundiciones visiones, 12 codificaciones, 26 medidas de otro tipo y 8 derogaciones. Pero al mismo tiempo se esperan 500 nuevas iniciativas legislativas en el ámbito de las codificaciones solamente. Eso me hace pensar que los planes de la Comisión para la reducción en la legislación comunitaria secundaria no son realistas.
Jens-Peter Bonde
Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la Comisión de Asuntos Jurídicos y al ponente por un sólido informe sobre Derecho indicativo, una palabrota que afortunadamente no existe en danés. Yo soy el ponente del mismo tema en la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo y respaldamos plenamente las conclusiones del señor Medina Ortega. En 2005, los expertos en mercado interior de la Comisión publicaron una recomendación sobre la protección de los derechos de autor para compositores y autores. Estuvo coordinada con la Dirección General de Competencia en juicios contra las agencias de derechos. La sociedad danesa de derechos de autor KODA viene siendo amenazada permanentemente desde 1973 con una multa del 10 % de su volumen de ventas. Hago un llamamiento al Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, para que intervenga y defienda la diversidad cultural.
La recomendación y el juicio por abuso de competencia juntos equivalen a aplicación de la ley y expropiación, lo que constituye una infracción de la legislación de la UE, ya que ese efecto sólo puede conseguirse legalmente por medio de la legislación. Un poder ejecutivo no elegido por sufragio universal no puede legislar y expropiar por medio de recomendaciones y casos de abuso de competencia. En cambio, debería presentar una propuesta de Directiva sobre los derechos de los artistas y las agencias de derechos de autor, tal como solicitamos en el informe Lévai. Como representantes del pueblo elegidos por sufragio universal, representamos a los consumidores de música, los artistas, la radio, la televisión y mucha pequeñas y medianas empresas que se gana la vida mediante diferentes actividades culturales. Rechazamos la legislación administrativa que beneficia a un puñado de multinacionales. Los representantes elegidos por sufragio universal deberían ser siempre consultados antes de que la Comisión publique tales recomendaciones.
Andreas Mölzer
en nombre del Grupo ITS. - (DE) Señora Presidenta, por supuesto que es deseable menos burocracia y más claridad legal, y desde luego que va siendo hora de que suprimamos de Reglamentos y Directivas antiguas y obsoletas. Si tomamos, por ejemplo, la Directiva sobre radiación ótica, en principio estaba pensada para limitar la exposición de los trabajadores a la radiación UV, pero quienquiera que niegue a los ciudadanos normales un mínimo de sentido común desde un principio no debería extrañarse de las acusaciones sobre la demencia reguladora y la burocracia excesiva de la UE, reflejada actualmente en el sinfín de agencias de la UE que surgen por doquier.
Los ciudadanos son, indudablemente, más inteligentes de lo que el estamento oficial de la UE les reconoce, y ellos también han advertido que junto al afán regulador -la proverbial demencia reguladora-, se está produciendo un tipo de locura desreguladora, sobre todo cuando se trata de los derechos y la seguridad de los propios ciudadanos. Con el fin de que nadie pueda ser acusado de discriminación, por ejemplo, a los musulmanes y otros grupos de inmigrantes se les concede continuamente casi carta blanca para infringir la ley, y al mismo tiempo, la demanda de trabajadores cualificados no europeos está sometiendo al mercado laboral a una presión cada vez mayor con el fin de eludir los convenios colectivos y demás derechos sociales. Eso es, a mi juicio, ciertamente inaceptable.
Los ciudadanos se sienten ciertamente agraviados por una Constitución que ha sido negociada a puerta cerrada y ahora ha sido embellecida artificialmente, y por su falta de voz en las distintas rondas de ampliación de la UE. La acción bajo el slogan de acercar la UE a los ciudadanos no puede servir para apartar la atención de los problemas reales, a mi parecer. Bruselas tiene que aprender a aceptar que los ciudadanos digan "no", y tiene que aprender a basar sus decisiones en la voluntad de la gente. El objetivo ha de ser una Europa federal de subsidiariedad, una Europa en la que prevalezcan la democracia, el Estado de Derecho y la transparencia, una Europa con la que los ciudadanos finalmente puedan identificarse de nuevo.
Irena Belohorská
(SK) En primer lugar, quiero centrarme en la necesidad de la codificación. Existen incontables reglamentaciones legislativas dentro de la Unión Europea; atañen a una amplia gama de relaciones sociales. Dado que existe tal número de ellas, son demasiado complejas y no resulta fácil navegar por ellas. Las leyes legislativas de la UE no sólo van destinadas a los abogados: los ciudadanos normales de la Unión Europea también trabajan con ellas. Aquí existe un problema y se refiere a los vínculos entre estas leyes y las leyes legislativas nacionales.
Aun cuando los ciudadanos de la Unión Europea consultan una ley concreta, a menudo no tienen ni idea de si existen otras leyes de la UE que estén básicamente vinculadas con ella. Esa es la razón por la que propongo abordar en detalle el tema de la codificación de las leyes, de manera que resulte más sencilla la investigación y su posterior aplicación práctica.
En segundo lugar, quiero centrarme en las enmiendas presentadas en el Parlamento Europeo. A mi juicio, no resulta práctico "enriquecer" el texto original de la UE con modificaciones que a menudo carecen de sentido. Algunas de ellas no tienen un efecto fundamental sobre el tema en cuestión, tratándose simplemente de variaciones lingüísticas. Algunas amplían el alcance de la futura ley hasta tal punto, que se produce una duplicación de legislación y la consiguiente confusión. La solución a un problema no debería aportarse en varias leyes comunitarias, ya que eso resta claridad a la situación.
De resultas, para cuando un documento legislativo modificado sale del Parlamento Europeo, a menudo puede tener un tamaño casi doble del texto de la Comisión Europea; eso no hace las cosas más sencillas ni más claras. La codificación deberá estar basada en los principios de la eficacia, la efectividad, la responsabilidad, la transparencia y la continuidad.
Klaus-Heiner Lehne
en nombre del Grupo PPE-DE. - (DE) Señora Presidenta, Señorías, en nombre de mi Grupo, quiero hacer solamente tres comentarios en asuntos de principio. El primero se refiere a la evaluación del impacto para propuestas legislativas. Reconozco que se ha logrado un progreso notable desde 1999, cuando el Parlamento tomó la iniciativa en este asunto, y desde 2003, cuando se adoptó un acuerdo interinstitucional, que fue negociado por nuestro Presidente, señor Gargani. No obstante, sigue habiendo deficiencias. El parlamento está solicitando -como ya ha hecho antes en numerosas resoluciones- que las evaluaciones de impacto de las propuestas legislativas sean realizadas sobre una base más independiente. No oculto el hecho de que mi juicio, deberíamos pensar si adoptar el modelo estadounidense de una agencia independiente que esté creada fuera de la Comisión y que realice las evaluaciones de impacto de la legislación conforme a un procedimiento normalizado, no sólo para la Comisión, sino también para todas la demás instituciones.
No obstante, otro punto clave sobre la base de nuestra experiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos es que las evaluaciones de impacto realmente no se realizan de manera estándar sobre toda propuesta de la Comisión. Puedo citar dos ejemplos concretos de la Dirección General de Justicia y una de la Dirección General de Mercado Interior, que tengo grabadas en la memoria.
Considero asimismo que es importante conceder seriamente atención a la posibilidad de realizar evaluaciones de impacto en los procedimientos de comitología también, ya que a menudo es aquí donde florece la burocracia de resultas de las decisiones de comitología y las cargas asociadas.
En cuando al Derecho indicativo, el informe del señor Medina Ortega cuenta con mi pleno respaldo. De hecho, en la Comisión de Asuntos Jurídicos cada vez tenemos más la impresión de que la Comisión Europea está abusando del instrumento de Derecho indicativo con el fin de eludir los derechos de codecisión del Parlamento. No resulta de recibo que la Comisión tome decisiones como órgano legislativo a propuesta de la Dirección General de Competencia sobre las que consulta al Parlamento, pero no lo hace en el caso de recomendaciones referentes al mercado interno.
Como consideración final, quiero llamar la atención sobre el asunto de la simplificación. Necesitamos un acuerdo institucional sobre simplificación con carácter de urgencia, tal como tenemos en otros ámbitos, con el fin de garantizar que contemos con un procedimiento eficaz. No queremos abrir la caja de Pandora y en lugar de simplificar las cosas, acabar con una complejidad aún mayor.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(PL) Señora Presidenta, resulta agradable constatar que en los últimos años, la Comisión Europea se preocupa cada vez en mayor medida de la calidad de la legislación de la Unión. La Comisión aspira a garantizar a que, por una parte, la legislación sea transparente y accesible, y por otra, que sea eficaz y tenga un impacto positivo sobre los ciudadanos y el empresariado.
Unas leyes mejores incrementan los beneficios que se derivan de una legislación moderna y eficaz, al tiempo que se reducen al mínimo los costes de su implantación. La comunicación de la Comisión de 14 de noviembre de 2006 sobre la revisión estratégica de "legislar mejor" en la Unión Europea, junto con el objetivo declarado de alcanzar una reducción del 25 % de la carga administrativa en 2012, representa un primer paso clave en la andadura para resolver el problema, tanto a nivel europeo, como nacional.
La comunicación subraya asimismo la necesidad de que el Consejo y el Parlamento Europeo realicen evaluaciones de impacto periódicas en cuanto a los principales cambios a las propuestas, así como que se conceda mayor importancia a las propuestas referentes a la simplificación de la legislación en el contexto de la codificación y la derogación de actos jurídicos anticuados. A este respecto, resulta especialmente importante crear un Consejo especial para que trate de la evaluación de impacto y que refuerce la ejecución de la legislación comunitaria por medio de acciones preventivas emprendidas por los Estados miembros desde las etapas iniciales de la implantación de la legislación comunitaria.
Como parte del trabajo en curso sobre "legislar mejor", resulta vital para el Parlamento Europeo participar en el debate interinstitucional, así como actuar en calidad de colegislador en la aprobación de los actos jurídicos emanados de dicho proceso. Es importante resaltar los nuevos principios de comitología en esta Cámara. Refuerzan el control por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de los poderes ejecutivos de la Comisión, contribuyendo así a simplificar la legislación comunitaria.
Respecto del papel de la Comisión, esta última debería exigir, más que recomendar, a los Estados miembros que presenten tablas de correlación para su inspección, sobre todo con el fin de facilitar la comprobación del proceso de transposición de las Directivas en cada uno de los Estados miembros. Asimismo hay que pedir a la Comisión que introduzca un lenguaje fácilmente comprensible y transparente en las propuestas legislativas presentadas, al tiempo que mantenga la seguridad jurídica y la precisión de la terminología.
Leopold Józef Rutowicz
(PL) Señora Presidenta, "legislar mejor" resulta muy importante para armonizar la acción dentro de la Unión Europea. Quiero felicitar a todos los ponentes por sus excelentes informes. Debemos dar las gracias a la señora Lévai, al señor Doorn, al señor Gargani y al señor Medina Ortega.
En muchos Parlamentos nacionales y también en esta Cámara ha quedado patente una cierta tendencia a resolver el mayor número de problemas posible por medio de la reglamentación jurídica. A menudo es consecuencia de la creencia que los temas se pueden solucionar elaborando una disposición. Al hacerlo, intentamos tener en cuenta todos los argumentos, de los lobbys y de los intereses especiales afectados. De resultas, las disposiciones legales carecen de transparencia y resultan difíciles de entender para los ciudadanos, las empresas y la administración. Acaban convertidas en enormes documentos que carecen de transparencia y resultan difíciles de transponer a la legislación de todos los países.
"Legislar mejor" debería implicar el uso de instrumentos legislativos con vista a lograr los objetivos fijados en el Tratado. La corregulación y la autorregulación pueden utilizarse para complementar medidas legislativas, pero sólo cuando proporcionen un alcance mejor o igual que los métodos implicados en la aplicación de la legislación.
"Legislar mejor" y abstenerse de tratar con el mayor número posible de asuntos por medio de la legislación no constituyen ninguna novedad, pero deben ser resueltos cuanto antes. Evaluar las implicaciones legislativas, garantizar la precisión terminológica y la seguridad jurídica, limitar el recurrir a las abreviaturas y considerandos indebidamente extensos debe traducirse en una legislación mejor, más moderna, racional eficaz. La acción emprendida va a reducir de manera notable los costes administrativos soportados por el Parlamento, las partes interesadas y quienes se ven afectados por la legislación introducida.
La aplicación del llamado Derecho indicativo, basado en la práctica comunitaria, representa un nuevo reto. El Derecho indicativo no garantiza la plena protección jurídica, no tiene carácter obligatorio y da pie a las reservas legales. No debe utilizarse como sustituto de los actos jurídicos en ámbitos en los que la Comunidad tienen poderes legislativos. Los asuntos tratados en los estudio son de gran relevancia práctica y exigen una acción rápida. El éxito de "legislar mejor" va a depender en gran medida de la Comisión Europea, trabajando en colaboración con el Parlamento y el Consejo.
Roger Knapman
Señora Presidenta, este debate conjunto abarca cuatro informes, supuestamente elaborados para definir cómo "Legislar mejor" en la UE. ¡Eso es una contradicción en los términos! A pesar de lo mucho que se ha escrito y hablado sobre este tema, el aspecto central de este asunto se ha pasado totalmente por alto. El informe del señor Doorn es el que mejor resume la estrechez de miras con que se ha enfocado esta idea de "Legislar mejor". Al fin y al cabo, el informe afirma que el programa de acción de la Comisión para reducir las cargas administrativas en un 25 % para 2012 "no se puede equiparar [...] a una desreglamentación, ni debería desembocar en cambios en relación con los objetivos del programa o del nivel de ambición de la legislación comunitaria". Por tanto, ninguno de los informes contempla la posibilidad de que lo que se necesita es una menor reglamentación, o lo que es mejor, ninguna legislación.
Este concepto no será asumido por esta tribuna de charlatanería simplemente porque, si se aplicara este razonamiento, entonces "Eurolandia" se vería obligada a admitir lo que hemos sabido desde hace muchos años, que es que la UE no favorece en nada a los negocios.
Roger Helmer
Señor Presidente, a la hora de discutir sobre "Legislar mejor" deberíamos recordar primero la magnitud del problema. A nadie se le ocurre que pueda funcionar una economía moderna sin reglamentación pero, por lo mismo, una reglamentación excesiva puede resultar enormemente perjudicial, y las propias cifras de la Comisión así lo demuestran. En una entrevista en el Financial Times del año pasado, el Vicepresidente de la Comisión, señor Verheugen, afirmaba que había elaborado una nueva estimación del coste anual de la reglamentación para las economías de la UE y que ascendía a la espectacular cifra de 6 000 millones de euros. Eso es aproximadamente el 5,5 % del PIB de la UE.
¿Pero qué decir de los reconocidos beneficios comerciales del mercado único? En este caso podemos remitirnos a las cifras de la Comisión. La Comisión ha estimado los beneficios comerciales en 160 000 millones anuales. En otras palabras, el coste de la reglamentación de la UE supera los beneficios del mercado único en más del triple. El sistema normativo de la UE nos está haciendo a todos más pobres y está dañando nuestra competitividad frente a la globalización.
Mi temor reside en que toda la palabrería sobre "Legislar mejor" no sea sino un circunloquio de "más de lo mismo". No necesitamos "Legislar mejor", precisamos menos reglamentación.
Quiero hacer una propuesta práctica: adoptemos el acuerdo de no aprobar ninguna nueva ley en la próxima legislatura. En su lugar, apliquemos todo el poder de las instituciones de la UE a la tarea de la desreglamentación. Hagamos las evaluaciones de impacto, consultemos con la industria y luego eliminemos la legislación que nos está frenando.
La Presidenta
Muchas gracias, señor Helmer. Hasta donde yo sé, cuando me he levantado esta mañana seguía siendo mujer.
Georgios Papastamkos
(EL) Señora Presidenta, quiero centrarme en las modificaciones que he presentado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que han sido incorporadas al texto de la opinión de la comisión sobre el uso del Derecho indicativo.
El Derecho indicativo o permisivo es una forma ampliamente aceptada, basada en el diálogo, de política reguladora común que implica coordinación, cooperación, negociación y jerarquía. Mi comentario central se refiere a que los instrumentos de Derecho indicativo, que no poseen un carácter jurídicamente vinculante pero, no obstante, producen ciertos resultados jurídicos indirectos, han resultado adecuados para la reglamentación eficaz de determinados ámbitos de la actividad comunitaria, dentro del marco de los Tratados comunitarios, por supuesto, y sometidos a las exigencias fijadas en dichos Tratados.
Opino asimismo que los instrumentos de Derecho indicativo deberían utilizarse como elementos de preparación para actos jurídicos vinculantes. Quedan sobreseídos en el momento en que entran en vigor los actos legislativos y contribuyen a la interpretación y puesta en práctica de la legislación comunitaria.
No obstante, quiero subrayar que recurrir en exceso a los instrumentos de Derecho indicativo significaría un cambio del modelo de Comunidad Europea única hacia una organización internacional tradicional. El Derecho indicativo no debería ser un sucedáneo en los casos en que resulte esencial aprobar legislación comunitaria vinculante, sometida, por supuesto, a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Como ya he señalado en una de mis enmiendas aprobadas, la Comisión deber realizar un esfuerzo especial para garantizar la transparencia, visibilidad y responsabilidad pública en el procedimiento de aprobación de actos comunitarios no vinculantes, y para garantizar un mayor uso de la evaluación de impacto en el proceso de toma de decisiones.
Silvia-Adriana Ţicău
(RO) Señora Presidenta, señor Comisario, el Consejo Europeo de primavera propuso reducir la burocracia comunitaria y nacional en un 25 % para 2012. Los Estados miembros deberán desarrollar un plan para cuantificar y reducir los costes administrativos, evitando el exceso de reglamentación a la hora de transponer la legislación comunitaria a la nacional. Para garantizar "legislar mejor", deberán tener prioridad las propuestas para simplificar la legislación, reducir el número de actos normativos y conservar sólo los reglamentos absolutamente necesarios. Los instrumentos legislativos no obligatorios (Derecho indicativo) deberán desarrollarse con la cooperación de las instituciones democráticas y utilizarse con mucha cautela pero sin sustituir a la legislación comunitaria, cuando sean necesarios. Para que la legislación resulte sencilla de comprender y de aplicar, resultan esenciales los estudios de impacto y la consulta con las partes pertinentes, sobre todo en lo referente al impacto social de las propuestas legislativas. Deberá utilizarse la tecnología de la información con el fin de reducir los costes administrativos y de garantizar la transparencia del proceso legislativo. El futuro Tratado Europeo va a permitir a los ciudadanos de la Unión Europea ejercer un control, a través de los Parlamentos nacionales, del cumplimiento del principio de subsidiariedad en el contexto de las propuestas legislativas.
Marek Aleksander Czarnecki
(PL) Señora Presidenta, dura lex, sed lex es un proverbio latino que seguramente la mayoría de los abogados conoce muy bien. Su traducción es "la ley es dura, pero es la ley". Hoy estamos centrándonos en el Derecho indicativo, que representa un enfoque concreto, pero no constituye un acto jurídico vinculante. Es una expresión de declaraciones políticas, resoluciones, declaraciones del Consejo, conclusiones de la Presidencia, pero tales disposiciones no son vinculantes. Sin embargo, el Derecho indicativo también puede ser aplicado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para la interpretación de las disposiciones. Por consiguiente, es una modalidad de ley, aun cuando el Tribunal afirme que no está previsto que tenga un efecto jurídicamente vinculante ni siquiera en relación a las personas a las que es aplicable. Sin embargo, en la práctica, se exige a los tribunales nacionales que tengan en consideración las recomendaciones a la hora de dirimir contenciosos. Éstas contribuyen a la interpretación de las leyes nacionales aprobadas, garantizando su aplicación y complementando las disposiciones comunitarias vinculantes.
El ponente ha hecho un análisis muy crítico de las disposiciones jurídicas no vinculantes. En concreto, se considera inadecuada su ejecución por parte de la Comisión. El ponente subraya que en una situación e la que la Comunidad tenga autoridad legislativa, sería oportuno que un órgano como el Consejo o el Parlamento aprobara un acto, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Coincido con el ponente en que la única forma de garantizar la posibilidad de aplicar y llevar a la práctica la ley es mediante la aprobación de disposiciones dentro del contexto de los procedimientos institucionales establecidos en el Tratado.
Nils Lundgren
(SV) Señora Presidenta, como base para la cooperación dentro de la UE, los Estados miembros han firmado varios tratados que establecen las normas fundamentales que rigen lo que es la UE y lo que tiene que hacer la UE. Es lo que se denomina Derecho primario y no se permite a las instituciones de la UE tomar decisiones que no estén basadas en el Derecho primario.
Quiero llamar la atención de la Cámara sobre la resolución del ponente Manuel Medina Ortega en la que insta a la Comisión a evitar la expresión de Derecho indicativo. Como todos sabemos, el Derecho indicativo son documentos que no son jurídicamente vinculantes, presentados por la Comisión para clarificar las Directivas en distintos ámbitos políticos. Es una suerte, y no lamentable como afirma el señor Ortega, que los Estados miembros tengan poderes para votar en ámbitos en la que la plena armonización de la ley no constituye sino un sueño imposible de los federalistas. El Derecho comunitario sólo es vinculante en entornos donde los propios Estados miembros han delegado los derechos de toma de decisiones en favor de la Comunidad.
Tadeusz Zwiefka
(PL) Señora Presidenta, aplaudo el hecho de que, por primera vez, se hayan incluido iniciativas relativas a la simplificación de la legislación en los trabajos de la Comisión y el programa legislativo para el año en curso. Un mejor entorno regulador y una legislación clara y eficaz constituyen condiciones esenciales para garantizar una mejor ejecución de la ley. Eso, a su vez, afectará a la tasa de crecimiento económico y a la creación de empleo, realizando así una valiosa contribución al éxito de la Estrategia de Lisboa.
Además es preciso recordar que, en muchos casos, la forma en que se ha establecido hasta la fecha la legislación comunitaria ha provocado la aparición de la imagen de una lejana estructura burocrática entre la ciudadanía de los Estados miembros. Esta estructura ha sido percibida como carente de interés para resolver los problemas que padecen la gente normal o para hacer más sencilla su vida, una situación que los euroescépticos están explotando afanosamente.
Está claro la simplificación no puede quedar circunscrita al nivel europeo. También debe realizarse a nivel nacional, de manera que los beneficios de la simplificación comunitaria no se echen a perder por culpa de las reglamentaciones nacionales. Apoyo rotundamente las peticiones a la Comisión Europea, instándola a controlar este proceso, también a nivel nacional.
No obstante, la simplificación de la legislación por sí misma no garantiza que sea de mejor calidad. Tenemos que determinar si el llamado Derecho indicativo constituye un instrumento eficaz en el contexto comunitario. Todos somos conscientes de que el modelo actual de Derecho indicativo impone la exigencia de realizar la transposición a los sistemas nacionales. Eso no sólo conlleva unos costes más elevados, sino que también produce un impacto notable sobre la claridad y la eficacia de la legislación, precisamente a nivel nacional.
Además, esto origina problemas graves en el ámbito de la jurisprudencia, ya que aumenta el tiempo de espera debido a la necesidad de dirigir cuestiones previas al juicio al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Coincido con la afirmación de que el denominado Derecho indicativo constituye, con excesiva frecuencia, un instrumento ambiguo y carente de eficacia que puede producir un impacto negativo sobre la legislación comunitaria y el equilibrio institucional. No debería utilizarse cono remedo de una legislación deseable pero no aprobada.
Un sistema eficaz de evaluación del impacto de los actos jurídicos constituye una condición sine qua non para garantizar una legislación comunitaria o nacional de alta calidad y eficaz. Creo que es mucho lo que resta por hacer en este ámbito y me gustaría aprovechar la ocasión que nos brinda este debate para subrayar lo importante que es que la institución encargada de realizar las evaluaciones de impacto sea totalmente independiente.
"Legislar mejor" debe implicar asimismo la participación del Parlamento Europeo, tanto en el debate interinstitucional como en calidad de colegislador.
Andrzej Jan Szejna
(PL) Señora Presidenta, aplaudo el hecho de que estemos prestando mayor atención a la calidad de una legislación adecuada de la Comunidad Europea. Esta última es el tema de análisis en cuanto a su transparencia, accesibilidad y efectividad. No obstante, es preciso tener presente que "legislar mejor" abarca todos los aspectos del proceso legislativo, desde el concepto inicial hasta su introducción e implantación. En consecuencia, a la hora de debatir "legislar mejor", debemos contemplar también todos los niveles de la administración. No debe permitirse que la estructura administrativa crezca innecesariamente, con todas las cargas que eso implica.
Lo dicho es válido no sólo para la administración europea, sino también para las administraciones a nivel de los Estados miembros. En consecuencia, tanto la Unión Europea como los Estados miembros deberán plantear una ambiciosa estrategia para reducir las cargas administrativas, teniendo presente que tales cargas están originadas tanto por la legislación europea como por la nacional. No obstante, compete a los Estados miembros diseñar y ejecutar programas para simplificar las acciones administrativas y realizar una evaluación más sistemática de los efectos sociales y económicos de la puesta en práctica de la legislación comunitaria.
Diana Wallis
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, no pensaba que iba a poder realizar esta intervención, pensaba que tendría que enviársela más tarde, pero tenía claro interés por participar en nombre de mi Grupo. Evidentemente, son cuatro informes muy importantes los que hemos estado debatiendo sobre "Legislar mejor". Aunque suene raro, he de decir que coincido en cierta manera con nuestros compañeros de la derecha de la Cámara cuando afirman que redactar cuatro informes sobre "Legislar mejor" se antoja un tanto excesivo, ¿o no? ¿No podríamos haber contado con un informe claro y sencillo?
Quiero concentrar mis comentarios en el asunto del Derecho indicativo del informe del señor Medina Ortega. El Derecho indicativo presenta un problema. Tal vez sea un procedimiento muy útil usar el Derecho indicativo, pero también puede provocar confusión, falta de claridad y dificultades. El señor Medina Ortega intenta ser muy claro en su informe y aplaudo esa actitud, pero siempre existirá el deseo entre los legisladores de utilizar, como sea, métodos alternativos de regulación distintos de la ley escrita.
Hemos de aceptar que el Estado no puede hacerlo todo, pero si admitimos eso, también tenemos que tener muy claros los peligros de utilizar el Derecho indicativo. Ante todo, el Derecho indicativo, como ya han expresado muchos de mis compañeros en la Comisión de Asuntos Jurídicos, tiene una propensión a eludir al legislador, a eludir el Parlamento, a eludir la democracia, y eso es totalmente inaceptable. Debemos ser conscientes de este peligro y garantizar que no se produzca. Hemos presenciado un ejemplo muy claro en el caso de un proyecto muy importante que tenía que ver con la ley de contratos europeo, que, desde todo punto de vista, tenía que haberse sometido a debate y haberse discutido políticamente, pero que por la forma en que se manejó, llegó a nosotros como un instrumento de Derecho indicativo.
Existe un problema adicional cuando utilizamos métodos indicativos o alternativos para abordar la justicia y el acceso a la misma. Si utilizamos métodos alternativos -a menudo hablamos de sistemas alternativos de resolución de disputas a nivel europeo- tampoco están respaldados por una estructura estatal. Un ciudadano de mi distrito electoral volvió recientemente de unas vacaciones en otro país de la UE. Tuvo que prescindir del alquiler de automóviles y se vio obligado a utilizar un sistema alternativo y la empresa de alquiler de coches no quiso participar. Es ahí donde los sistemas indicativos no respaldados por la letra escrita no respaldan a nuestros ciudadanos y no hacen justicia.
Si queremos una UE que haga justicia tanto en la legislación que elaboramos, como en la forma en que resulta accesible a través de los tribunales, hemos de ser muy precavidos respecto del Derecho indicativo y asegurarnos de que siga estando respaldado de alguna forma por el Estado.
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - (DE) Señor Presidente, Señorías, estoy sumamente agradecido por el amplio consenso que ha existido en este debate, pero me gustaría aclarar algunos puntos. Ante todo, "legislar mejor" no es lo mismo que desregular. He de rebatir esta idea con toda firmeza. Esta no es la Comisión de la desregulación: como ya he dicho, la integración europea se basa en la ley, no en su abolición. "Legislar mejor" significa precisamente lo que su nombre expresa: pretende mejorar la reglamentación y hacerla más moderna, más transparente y, sobre todo, capaz de responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. A menudo las sometemos a las mismas cargas que a las grandes corporaciones, y eso no es justo.
En concreto, quiero confirmar lo que ha dicho las señora Frassoni: no se trata de rebajar los estándares. Si analizamos las numerosas iniciativas planteadas por la Comisión hasta ahora, veremos que no hay un solo caso en el que la Comisión haya planteado rebajar un estándar o reducir el nivel de integración europea que se ha logrado. El objetivo únicamente consiste en alcanzar las metas que ustedes -el Parlamento Europeo- consideren políticamente necesarias, pero hacerlo con medos más simples, más actualizados y más baratos. Quiero dejar eso muy claro.
Parece ser que existe una gran confusión en torno a las estadísticas. Realmente me sorprende. Voy a intentar aclarar este punto. Por lo que concierne a la simplificación, se trata de un programa en marcha en continua mejora. La Comisión está trabajando actualmente en 143 iniciativas de simplificación, de las que cerca de la mitad ya han sido aprobadas; 67 iniciativas ya han sido aprobadas. Estas iniciativas comprenden naturalmente un gran número de actos básicos con la subsiguiente reglamentación. Por tanto, si afirmamos que tenemos 143 iniciativas de simplificación, eso significa que se resultan afectados miles de actos. En este asunto, el objetivo es el que he descrito: revisar la legislación existente y determinar si continúa siendo adecuada para el presente. Está muy claro, al fin ya al cabo, que después de cerca de 50 años de integración europea, es algo que hay que hacer.
En cuanto al tema de los costes, se trata de un asunto bastante diferente. La reiteración por parte del señor Helmer de sus afirmaciones no las convierten en ciertas. Supongo que no se halla presente, pero quiero dejar esto claro de una vez por todas. Las cargas administrativas para las empresas se definen como los costes soportados por las compañías europeas de resultas de sus obligaciones de tipo documental, estadístico e informativo, y como consecuencia de la legislación europea, nacional o regional. Suponen el 3,5 % del Producto Nacional Bruto de Europa en total, aunque eso incluye los tres niveles: el europeo, el nacional y el regional. Ya tenemos un desglose en cuanto al lugar de origen de los mismos: cerca del 35 % de los costes son directamente imputables a la legislación europea, 15 % proceden de la transposición de la legislación europea a la nacional, y el resto, un 50 %, se originan puramente a nivel nacional.
Por tanto, es totalmente incorrecto afirmar, como hace el señor Helmer, que la UE le cuesta a la economía 350 000 millones de euros y que el mercado interno no genera tales beneficios, por lo que el coste de la reglamentación de la UE supera los beneficios del mercado único. Dicho con todo respeto, eso es hacer prestidigitación y va dirigida a la ignorancia de la gente; ignora el hecho, por ejemplo, de que si no tuviéramos legislación de la UE, seguiríamos teniendo las nacionales, incluso en el Reino Unido, y ciertamente en cantidades especialmente grandes, como bien sabemos. Ciertamente sería más costoso.
Permítanme ofrecerles un ejemplo del margen para una simplificación masiva y posibles ahorros proporciona la legislación europea. En Europa teníamos 1 400 disposiciones distintas de legislación técnica sobre aparatos de radio en 27 países. Eso significa que una empresa en el Reino Unido que produjera determinados aparatos de radio tenía que conocer 1 400 disposiciones de legislación nacional. En línea con la propuesta de la Comisión, este Parlamento aprobó una legislación que vino a simplificar estas 1 400 disposiciones y las refundió en una sola disposición legislativa. Pueden hacer un cálculo del ahorro exacto que eso supuso para las empresas, pero el mensaje global es claro.
La reducción del 25 % es perfectamente alcanzable. Con la propuesta les hemos dado las 10 acciones por la vía rápida para mostrarles que, desde un punto de vista técnico, es bastante sencilla. Lo único que tienen que hacer es repasar las reglamentaciones para ver qué obligaciones estadísticas, informativas y documentales existen y si realmente seguimos necesitándolas hasta ese punto, sobre la base de la práctica actual. En muchos casos, nos encontramos que no se necesitan para nada en ese mismo grado, o que las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones están haciéndolo todo mucho más sencillo.
Vamos a conseguir este 25 % y eso va a originar una ganancia de productividad para la economía europea del 1,5 % del PNB. Eso tiene, naturalmente, una dimensión macroeconómica, ya que no existen muchos programas económicos en la Unión Europea que produzcan un efecto económico positivo del 1,5 %. Quisiera decir de pasada que, si todo va bien, también lograremos un efecto de crecimiento muy elevado en el caso de que la nueva cooperación transatlántica -supresión de las barreras comerciales en el comercio transatlántico- llegue a un final satisfactorio.
Hemos pensado que era importante proporcionarles a ustedes esta aclaración, de forma que todos sepamos de lo que estamos hablando. Suscribo todo lo que se ha dicho aquí con respecto a la evaluación de impacto. Ese es el principio y el fin y la norma de la Comisión es ésta: ni una propuesta nueva sin una exhaustiva evaluación de impacto, y ni una propuesta nueva sin una evaluación de impacto que haya sido examinada por el Comité de evaluación de impacto. En el caso de que esta norma se infrinja en alguna ocasión, el Parlamento Europeo tiene todo el derecho a mi juicio -si no la obligación- de llamar críticamente la atención al respecto. Sin evaluación de impacto, el legislador no está en condiciones de valorar los resultados prácticos de su acción.
Aun cuando una evaluación de impacto revele que una propuesta nueva generará costes para la economía o para los ciudadanos, eso no significa necesariamente que haya que arrinconar la medida, ya que hay cosas que son más importantes que los costes. Cuando se trata de proteger nuestro medio ambiente, de combatir el cambio climático, de reducir nuestra dependencia respecto de los combustibles fósiles o de mejorar la sanidad de nuestros ciudadanos, no vale hablar de costes. En tales casos, hemos de hacer lo que sea necesario. No obstante, la Comisión siente la obligación de informar plenamente al Parlamento sobre las consecuencias sociales, medioambientales y económicas de cualquier propuesta nueva. Esa es la razón por la que son tan importantes las evaluaciones de impacto.
Estudiaremos muy detenidamente las propuestas que se han planteado aquí. El punto más importante que se expuesto repetidas veces en este debate es algo que respaldo plenamente: todo esto sólo podrá alcanzar el éxito si se trata de un proyecto comunitario. No lo tendrá si lo consideramos como un conflicto entre las instituciones. Sólo funcionará si las tres instituciones -el Parlamento, el Consejo y la Comisión- lo apoyan conjuntamente y lo convierten en una prioridad suya. Esa es la única forma de que triunfe esta iniciativa.
El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes.
