Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la última sesión ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Janssen van Raay
 Señor Presidente, le agradezco que haya incluido mi intervención en el Acta. Si bien ahora aparece de forma bastante críptica, pues la razón por la que intervine fue que el secretario general Vinci mencionó la posibilidad de aplicar eventualmente la violencia, yo era ponente, pero el motivo fue naturalmente una pelea en la pasarela. No quiero entrar en detalles, pero la víctima ha presentado una queja, y espero que responda usted seriamente a esta queja, al margen de la modificación del Reglamento.

El Presidente
Permítame que primero consulte el Acta.
¿Qué hay de erróneo allí?

Janssen van Raay
Señor Presidente, debido a mi propia parquedad, todo es bastante críptico. El Acta es correcta. Ya le he dado las gracias por ello, pero es preciso hacer algunas aclaraciones, que estoy dispuesto a darle al margen de esta sesión.

McMillan-Scott
Señor Presidente, en el punto 5 del Acta de ayer -Composición de los grupos políticos- usted anuncia que el Grupo Europa de las Naciones queda disuelto por no cumplir el número mínimo de naciones .
Como mis colegas saben, Sir Jimmy Goldsmith tiene otro partido -el Partido del Referéndum- y se presentará a las elecciones en el Reino Unido como ciudadano británico.
Usted ha hecho referencia al apartado 2 del artículo 29 del Reglamento, pero dicho artículo dice simplemente que «El número mínimo de diputados necesario para construir un grupo político será de veintinueve si pertenecen a un solo Estado miembro...» -»si pertenecen a», señor Presidente, podría confirmar que eso significa elegidos en, de lo contrario el Sr. Goldsmith podría intentar utilizar su ciudadanía británica para añadir una nación .
(Aplausos)
Haug
Señor Presidente, en el acta sobre el debate relativo a la eficiencia energética y a la distribución de gas y de electricidad, se mencionan todas las comisiones que han emitido su opinión excepto la de Presupuestos. Yo también he emitido una opinión en nombre de la Comisión de Presupuestos. Escandaloso ¿no es cierto?

El Presidente
Esto se va a corregir, estimada colega.

Hallam
Señor Presidente, a raíz de mi intervención de ayer relativa a los fotógrafos equipados de potentes teleobjetivos en el Parlamento, varios diputados preocupados me preguntaron a quién fotografiaban. Las personas en cuestión eran el Sr. Francis Demange de la Agencia Gamma Press y el Sr. Jean-Philippe Ksiazek de la Agencia AFP, lo cuales dijeron a los servicios de seguridad del Parlamento que estaban fotografiando el exterior del edificio con fines arquitectónicos. Dejaré que sean mis colegas franceses los que decidan si esas personas estaban realmente interesadas en la arquitectura del edificio.
Una investigación más a fondo apunta a que, al parecer, estaban espiando el despacho IPE2 425, perteneciente a uno de nuestros antiguos diputados, Sr. Bernard Tapie.

El Presidente
Me dirijo al Sr. diputado y también a todos los demás para informarles. La Mesa se ocupó ayer de esta cuestión y estuvimos todos de acuerdo en que hay que respetar en el Parlamento las normas que existen desde hace mucho tiempo y que están determinadas por escrito. Entre estas normas se incluye que no está permitido hacer fotos o filmar en los restaurantes, bares y cafeterías o en los despachos de los diputados así como en un tercer sector cuyo nombre no recuerdo ahora. Me han ido a buscar precisamente el correspondiente decreto administrativo.
Esta es la norma desde hace mucho tiempo y la Mesa acordó ayer por unanimidad encargar a la administración del Parlamento que garantice su respeto.
(El Acta queda aprobada)

Decisión sobre la urgencia
Theato
Señor Presidente, se trata de la cuestión del fundamento jurídico. En la Comisión de Control Presupuestario tenemos ya este informe pero no se trata de una cuestión de urgencia ya que desde diciembre de 1993 estamos trabajando en este asunto y no hemos recibido aún del Consejo ninguna respuesta. Por ello, ayer acordamos rechazar la urgencia en la Comisión de Control Presupuestario.
(Se rechaza la urgencia)

Theato
Señor Presidente, también debatimos sobre este asunto en nuestra reunión de ayer. Como el informe del Tribunal de Cuentas proporciona unas claras observaciones sobre la gestión de los créditos, la comisión propone no tratar este asunto como urgencia sino examinarlo a la luz de los nuevos datos para poder emitir una opinión bien fundada. Es decir, solicito que se rechace la urgencia.
(Se rechaza la urgencia)

Arias Cañete
Señor Presidente, la Comisión de Pesca, por unanimidad, acordó ayer rechazar esta urgencia.
(Se rechaza la urgencia)

Posselt
Señor Presidente, hemos aprobado casi unánimemente el Acuerdo Europeo y el 1 de enero tiene que entrar en vigor el acuerdo interino que anticipa los aspectos de política económica y comercial hasta que se lleve a cabo el proceso de ratificación en los Estados miembros. La comisión decidió ayer unánimemente apoyar la urgencia y también aprobó el informe. Les ruego la apoyen.
(Se aprueba la urgencia)

Informe anual del Tribunal de Cuentas y
actividades del presupuesto general
El Presidente
De conformidad con el orden del día, el Sr. Friedmann, Presidente del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, va a presentar el informe anual y la declaración de fiabilidad relativa a las actividades del presupuesto general para el ejercicio 1995.

Friedmann
Señor Presidente, señorías, señor Comisario Liikanen, es para mí un gran honor poder presentar a la Asamblea en el primer año de mi presidencia el informe anual y la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas Europeo para el presupuesto 1995. Tiene lugar en un momento en el que se deben adoptar importantes decisiones para el futuro de Europa, como la Unión Económica y Monetaria, el desarrollo de los Fondos estructurales y de la política agraria, la futura financiación de la Comunidad así como la ampliación hacia el Este. Los resultados del control del Tribunal de Cuentas no son sin duda el único criterio para el futuro rumbo a adoptar pero sí uno importante.
Permítanme que les presente los resultados de nuestro último informe anual. En el lado del Debe se encuentran los siguientes datos: los ingresos del IVA retrocedieron en 1993 entre un 5 y un 6 %. Sin duda, esto hay que verlo en relación con la supresión de las fronteras fiscales desde el 1 de enero de 1993. El cálculo de producto social bruto por parte de los Estados miembros no siempre es fiable ni tampoco es comparable entre los diversos Estados miembros. Esto tiene repercusiones sobre los pagos de los Estados miembros a la UE y sobre los reembolsos de la UE a los Estados miembros. Debido a la insatisfactoria aplicación de las normas jurídicas sobre la importación y exportación de productos transformados, la Comunidad pierde anualmente varios millones de ecus.
El Tribunal de Cuentas Europeo expresa su agradecimiento a la Asamblea por haber encargado a su primera Comisión de Investigación la revisión del procedimiento comunitario de expedición. En nuestros informes anuales hemos indicado en varias ocasiones la necesidad de aportar claridad, por lo que apoyamos gustosamente el trabajo de esta Comisión de Investigación.
Se puede comprobar que la reforma de la PAC introducida en 1992 comienza a dar frutos. Se han podido reducir sensiblemente las existencias de cereales. En el caso de la carne de vacuno, la evolución ha sido igualmente positiva si bien se ha visto afectada por la enfermedad de la EEB. La reducción de excedentes tuvo como consecuencia que tanto en 1994 como en 1995 los costes de almacenamiento y las subvenciones a la exportación fueran menores. En su informe anual, el Tribunal de Cuentas Europeo tiene que observar críticamente que de los 160 millones de ecus que se pusieron a disposición de los Estados miembros en 1994 y 1995 para descubrir los fraudes, 16, 5 millones, es decir, aproximadamente un 10 % no se han podido justificar.
En Alemania, no siempre se han podido demostrar las rutas comerciales seguidas por el ganado porcino amenazado de peste porcina. Esto significa que ha existido el peligro de que la carne haya vuelto de nuevo al mercado.
En lo tocante a la exportación de queso graso de Dinamarca al Irán, se pagaron 16 millones de más en restituciones a la exportación. Esta cifra se basa en una estimación del Tribunal de Cuentas Europeo. Se basa en resultados de tests que las autoridades danesas realizaron y que el Tribunal de Cuentas danés resumió en un informe especial.
En los países miembros que tienen la mayor producción de aceite de oliva, no se han mejorado las fichas del aceite de oliva, tal como exigieron el Consejo y el Parlamento, por lo que en este campo falta un sistema de control fiable.
Tampoco se puede constatar ningún progreso en la introducción de registros catastrales para las regiones arroceras. Por contra, se han introducido unos métodos de control mejorados en el mercado del algodón, lo que ya exigió el Tribunal de Cuentas en su informe anual 1992.
Debido al aumento de las ayudas para el cultivo de lino existe el peligro de superproducción.
En la política de pesca, las ayudas para los equipos destinados al control de la actividad pesquera se han tratado de un modo demasiado generoso. La Comisión no ha vigilado suficientemente la imposición de sanciones a los barcos de pesca que han cometido infracciones. Se han pagado ayudas para la modernización de empresas en el sector pesquero incluso allí donde no existen peces o la necesaria infraestructura. Allí donde se han financiado inversiones en el sector pesquero mediante leasing, la suma global ha sido considerada como un gasto subvencionable. Esto es incorrecto pues los plazos se deben pagar solamente a partir del siguiente año.
En el marco de nuestro control de certificación hemos comprobado, entre otras cosas, que no existían superficies para las que se solicitaron ayudas, que los datos o superficies, los productos y ganado alegados no coincidían con la realidad y que las oficinas de pagos nacionales solicitaron ayudas a pesar de que no se habían realizado aún los correspondientes pagos.
La segunda partida de gastos más importante en el presupuesto de la UE recae sobre los Fondos estructurales. Desde un punto de vista político-presupuestario, los problemas radican en la discrepancia entre los créditos de pago y los pagos realizados realmente. Los créditos de pago en 1995 ascendieron a casi 24.000 millones de ecus mientras que los pagos realmente realizados solamente fueron de 19.500 millones de ecus. Los motivos de ello se deben, entre otras cosas, a las dificultades de cofinanciación, al exceso de trabajo de las administraciones nacionales y a dificultades de absorción en sentido económico. No obstante, quiero indicar que no tiene ningún sentido querer gastar necesariamente el dinero con rapidez; tiene que realizarse correctamente. Tal como parece, en el caso de los Fondos estructurales esto es posible solamente de un modo insuficiente. Por ejemplo, en el caso de los Fondos sociales de 850 programas operacionales para el período ya expirado 1990-1993, a comienzos de este año solamente se había concluido un 37 %. En el caso de las iniciativas comunitarias la situación es aún peor, aquí solamente se concluyó el 15 %. Independientemente de ello, hay que observar críticamente que la Comisión tiene dificultades a la hora de concluir proyectos en suspenso. En el marco de los Fondos estructurales, solamente en el año 1995 estaban afectados aproximadamente 900 millones de ecus para los llamados proyectos en suspenso, para los que los compromisos se pudieron anular. Las ayudas están demasiado dispersas. Entretanto, las ayudas llegan aproximadamente al 50 % de la población de la UE; sería conveniente revisar los criterios de ayuda con la finalidad de lograr una concentración. La Comisión debe proseguir sus esfuerzos de evaluación. Las inversiones lucrativas deben financiarse más mediante préstamos.
Al igual que en años anteriores, se puede comprobar que se subvencionan gastos no subvencionables, que Estados miembros retienen comisiones y exacciones sobre las ayudas de la Comunidad, que se solicitan subvenciones para gastos que aún no se han realizado, que se notifican gastos calculados como gastos reales y que se presentan comprobantes de gastos por importes superiores a los que realmente se han pagado.
También en el caso de los países de la Europa central y oriental así como de los países sucesores de la Unión Soviética, a finales de 1995 las conclusiones de contratos quedaron por detrás de los compromisos, en el caso de PHARE en aproximadamente 2.000 millones de ecus y en el TACIS en 644 millones de ecus. Lo grave que puede ser esto lo muestra el ejemplo de Chernobil, donde el flujo de créditos es muy lento a pesar de las gravísimas deficiencias de seguridad. Además, en el campo de los programas PHARE y TACIS se puede constatar que es absolutamente necesario mejorar la gestión de los recursos humanos de la Comisión. En la transferencia de tareas públicas a terceros, la Comisión debería ser más moderada. Las delegaciones de la UE en los países de la Europa central y oriental deben tener más competencias para que las tareas de control y dirección sean llevadas a cabo más in situ. Debe considerarse seriamente la posibilidad de cofinanciación por parte de los países de la Europa central y oriental para despertar su propio interés. Debe evitarse la colisión de intereses en la concesión de contratas públicas.
En lo tocante a los países en vías de desarrollo y a terceros países fuera de la Europa central y oriental, hay que constatar que la discrepancia entre los créditos de compromiso y de pago es demasiado grande. Muchos compromisos se han realizado en diciembre de 1995 para evitar la anulación de créditos no utilizados. Los créditos de pago no empleados se han transmitido al siguiente año, lo que es ilícito presupuestariamente.
Al revisar los Fondos para el desarrollo en el marco del Convenio de Lomé, el Tribunal de Cuentas ha constatado que algunos países no han cumplido sus obligaciones de prestar especial atención a los grupos más desfavorecidos, es decir, los pobres, desempleados, mujeres y niños. En lugar de ello, en algunos países se han dedicado considerables sumas para pagar deudas públicas. El pasado año, el Tribunal de Cuentas elaboró también un informe especial sobre los detalles del contrato para la nueva construcción del Parlamento aquí en Estrasburgo. En dicho informe ha indicado que el contrato se concluyó sin el previo visado del interventor financiero pero que, a pesar de ello, el Parlamento Europeo tiene que cumplir los compromisos contraídos y que debe realizar internamente la necesaria aclaración de competencias.
El Tribunal presentó también un informe especial sobre los programas del Mediterráneo y sobre la administración de la UE en la ciudad de Mostar. En el caso de los programas para el Mediterráneo, entre otras, el Tribunal llega a la concusión de que la transferencia de competencias a la Agence pour les Résaux Trans-Méditerrannéens - ARTM fue demasiado lejos, que existían enormes conflictos de intereses ya que raramente las asesorías habían participado en la elaboración de los programas y en la elaboración de la financiación y que los pedidos se otorgaron arbitrariamente a oficinas técnicas cuyos directores eran al mismo tiempo miembros del consejo de administración de ARTM.
En el informe especial sobre Mostar se constata que la ayuda de la UE representa una importante aportación para la reconstrucción económica de la ciudad pero que el objetivo político de facilitar la convivencia de los diversos grupos nacionales no se ha podido lograr plenamente, que el administrador de la UE no tuvo apenas influencia sobre la política de personal, que no existía una clara delimitación de competencias entre el Consejo, los grupos de trabajo asesores, la Comisión y el Parlamento y que para lograr una política exterior y de seguridad comunes hay que crear estructuras duraderas y que se ponga a disposición de la Comisión el personal adecuado.
Me voy a referir ahora al certificado. El Tribunal ha emitido por segunda vez declaraciones de fiabilidad sobre el presupuesto general así como sobre los Fondos de desarrollo europeos. Ambos certificados se refieren a la legalidad y regularidad de las cuentas y de las operaciones analizadas, es decir, no a la racionalidad económica. En lo tocante al certificado sobre el presupuesto general se puede constatar que las cuentas son fiables, es decir, la contabilidad presupuestaria del ejercicio 1995 transmite en lo esencial una imagen fiel de los ingresos y gastos. Por el contrario, al igual que en 1994, el Tribunal no ha podido emitir una declaración positiva sobre la legalidad y regularidad de las operaciones analizadas en los pagos del presupuesto 1995 debido al número de irregularidades constatadas. Partiendo de las irregularidades encontradas en las pruebas aleatorias por un importe de unos 180 millones de ecus, se puede apreciar una tasa de irregularidades del 5, 9 % de todos los pagos realizados en 1995, lo que equivale a un importe de aproximadamente 4.000 millones de ecus. Pero quiero añadir expresamente que esta constatación no afecta solamente a la Comisión, pues el 80 % del presupuesto es gestionado por los Estados miembros. En estas llamadas irregularidades materiales esenciales se trata de irregularidades que pueden repercutir directamente sobre el presupuesto de la Comunidad. La mayor parte con diferencia se debe a los ejemplos ya mencionados de la retirada de tierras de la producción, cabañas de ganado, etc.
Al igual que en 1994, el Tribunal ha constatado una frecuencia demasiado elevada de irregularidades formales en la legalidad y regularidad en lo tocante a los pagos. Estas irregularidades consisten en infracciones de las normas jurídicas y de control pero no tienen necesariamente unas repercusiones mensurables sobre las operaciones financiadas por el presupuesto de la Comunidad. Por ello, no se han indicado aquí cantidades o porcentajes. Quiero expresar en este lugar mi agradecimiento a mi colega inglés, el Sr. John Wiggins, quien es competente para el certificado global.
La magnitud de las llamadas irregularidades materiales esenciales constatadas por la Comisión es en gran medida comparable a la del año 1994, lo que es satisfactorio. Quiero destacar que los casos en los que el Tribunal no ha podido realizar controles, debido, por ejemplo, a documentación insuficiente, se han reducido sensiblemente. En 1994 no pudimos controlar el 14 % de todos los gastos. Ahora solamente ha sido el 2, 3 %. En los Fondos estructurales, la frecuencia de irregularidades es superior que en la agricultura. Aproximadamente la mitad de las irregularidades constatadas recae sobre las administraciones nacionales y locales y la otra mitad sobre los beneficiarios finales.
Estimado Sr. Comisario Liikanen, el Tribunal puede certificar a la Comisión una serie de mejoras en su gestión presupuestaria, por ejemplo, en el trato de los pagos anticipados. También a nivel de los Estados miembros, quienes, como ya he indicado, administran el 80 % de los créditos presupuestarios, se han podido constatar ciertas mejoras. El Sr. Liikanen se referirá con seguridad a este tema. Quiero expresarle en este lugar mi agradecimiento así como a la Sra. Gradin por la cooperación mostrada.
En lo tocante a la fiabilidad del sexto y séptimo Fondos de desarrollo europeos en el ejercicio de 1995, para lo que es competente mi colega italiano Georgio Clemente, el Tribunal ha podido extender un certificado positivo al contrario que el último año, a pesar de que persisten algunas deficiencias. En las operaciones de pago analizadas estimamos unas irregularidades esenciales de 32, 6 millones o del 2, 1 % de la totalidad de los pagos.
Quiero aprovechar la ocasión para mencionar muy brevemente algunas otras actividades del Tribunal. En relación con la Conferencia Intergubernamental de 1996, el Tribunal ha difundido propuestas que pueden mejorar la eficacia de sus controles. El Tribunal de Cuentas Europeo constata con satisfacción que existe una fructífera relación de trabajo con el Consejo, en especial con el Consejo ECOFIN, la Comisión y los Tribunales de Cuentas nacionales. Dentro de pocos días se van a reunir en Luxemburgo los Presidentes de todos los Tribunales de Cuentas de los países miembros. Hace poco hemos tenido como invitados a los Presidentes de los Tribunales de Cuentas de los Estados de la Europa central y oriental para un seminario de dos días y medio de duración. Pero muy especialmente nos satisface la fructífera cooperación con ustedes, el Parlamento Europeo, en especial con la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Presupuestos. Me permito expresarle mis felicitaciones, señora Theato, como representante de la Comisión de Control Presupuestario así como al ponente principal, el Sr. Wynn. Si no recogiesen y aplicasen ustedes los resultados de nuestro control, seríamos como un caballero sin espada. Con su ayuda, muchas de nuestras sugerencias se han aplicado. Y viceversa, en nuestros numerosos debates hemos recibido valiosas sugerencias de ustedes. En nombre del órgano colegiado así como de las colaboradoras y colaboradores del Tribunal de Cuentas Europeo quiero expresarles mi agradecimiento por haberme escuchado durante tanto tiempo.

Liikanen
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, para un auditado nunca resulta agradable escuchar el informe de su auditor, y menos aún en público. Pero a pesar de que parte de este proceso pueda resultar doloroso, es un dolor útil que permite a la Comisión y a la Comunidad mejorar la utilización que hacen de las finanzas comunitarias.
Cualquier mejora sólo puede producirse lentamente. El presupuesto comunitario no es grande en volumen, pero complejo de ejecutar. Son muchas las personas que deben cambiar su planteamiento: desde la Comisión hasta los Estados miembros, en las regiones y los municipios. El informe anual del Tribunal de Cuentas para 1995 demuestra que no hay la menor duda sobre la dirección que debemos seguir. Sólo hace falta tomar la determinación de llegar hasta allí. En muchos idiomas existe el proverbio de que los buques grandes giran despacio. Pero estoy convencido de que girará y de que ya ha comenzado a hacerlo.
El informe anual para 1995 reconoce las iniciativas tomadas en el marco del Plan 2000 para una gestión buena y eficaz, y volveré sobre ello. Pero hay además un buen número de otros cambios que hemos introducido ante la insistencia del Tribunal de Cuentas y el Parlamento Europeo, en particular, de su Comisión de Control Presupuestario, y que según reconoce el Tribunal en su informe para 1995, han permitido mejorar la utilización de las finanzas comunitarias. Por ejemplo, me alegró oír mencionar explícitamente al Tribunal los buenos resultados que ha tenido el programa PHARE para las PYME de Hungría y Eslovaquia. Informar de los resultados positivos puede ser también una herramienta para el cambio.
Desde el informe del año pasado hemos acometido algunas mejoras específicas que se notarán en los próximos años. Hemos cambiado algunas normativas como, por ejemplo, las nuevas organizaciones del mercado común de la fruta y las hortalizas, tema que despertó bastante polémica el año pasado, o la mejora de los mecanismos para seleccionar proyectos en el programa LIVE II. También está la gestión mejorada de las delegaciones exteriores y el nuevo inventario electrónico del mobiliario de la Comisión, otro asunto que tuvo amplia repercusión en la prensa el pasado año.
En las respuestas de la Comisión al informe anual para 1995 también encontrarán un mayor afán por sacar provecho de las observaciones del Tribunal. Incluida en esta mejora específica de la política tenemos el intento de la iniciativa SEM 2000 de modificar la cultura presupuestaria de la Comunidad desde la Comisión hasta la actual Autoridad de ejecución. Las primera y segunda fase de la iniciativa, relativas a la propia Comisión, ya han dado resultados visibles. Permítanme que aborde tres aspectos y comenzaré por la nueva estructuración de las Direcciones Generales con objeto de fortalecer su gestión financiera. Esto incluye a los nuevos directores financieros, muchos de los cuales ya se han incorporado, de conformidad con el deseo del Parlamento Europeo.
En segundo lugar tenemos el nuevo procedimiento presupuestario. Ahora, la Comisión discute primero sus prioridades antes de tomar decisiones sobre cada una de las asignaciones de créditos. Este tipo de debate sobre las prioridades presupuestarias tiene lugar en enero, mucho antes de que se tomen las decisiones definitivas sobre el contenido del presupuesto. El nuevo procedimiento fortalece asimismo el nexo entre la asignación de recursos financieros y humanos, como debe ser. En tercer lugar, hemos puesto un énfasis mucho mayor en la evaluación en toda la Comisión, especialmente en el caso de las nuevas propuestas de gastos.
En lo relativo a la fase tercera del presente proyecto -la nueva asociación con los Estados miembros-, era evidente desde un comienzo que sería el elemento más difícil, aunque también el más importante. Me alegra poder informarles hoy de que ayer pude presentar un primer informe a Ecofin. Dicho informe, que también recibirá el Parlamento, contiene una serie de recomendaciones importantes que incluyen también ámbitos que son competencia de mi colega la Sra. Gradin. Existe un amplio margen de acuerdo acerca de dichas recomendaciones, pero en los temas clave aún debemos trabajar para alcanzar el consenso.
Me refiero al problema que surge con mayor frecuencia en el informe anual del Tribunal, aunque también en la DAS, a saber, la cuestión de elegibilidad para los Fondos estructurales. El Tribunal ha demostrado que es sumamente importante aclarar qué gastos tienen derecho a recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales. Comparto plenamente esta opinión. Si no está claro el aspecto de la elegibilidad, resulta muy difícil seguir una cultura presupuestaria coherente en la Comunidad.
Voy a proponer junto con la Comisaria Sra. Gradin que la Comisión adopte orientaciones que aclaren el reglamento. Para ello necesitaremos el apoyo de los Estados miembros. Una gran mayoría de los representantes personales de los ministros de Ecofin apoyó nuestro planteamiento. Por ello, me siento optimista y pienso que lograremos el apoyo necesario cuando llegue el momento de tomar las decisiones formales. Aún no lo hemos conseguido, pero espero que podamos alcanzar el consenso antes de la Cumbre de Dublín, en la que Ecofin ha prometido presentar un informe que nosotros hemos elaborado. También hacen falta unas normas claras sobre la elegibilidad, entre otras cosas, para aclarar las circunstancias en las que la Comisión debe hacer reajustes financieros netos del gasto de los Fondos estructurales allí donde se hayan detectado irregularidades sistemáticas.
Aunque este enfoque es para los Fondos estructurales actuales, está previsto celebrar una importante negociación sobre la forma que deberemos dar en el futuro a los instrumentos de cohesión. Tomo nota de las reflexiones del Tribunal y de su Presidente en este sentido. La Comisión presentará un informe sobre el futuro de los Fondos estructurales de la Comunidad antes de la primavera del año próximo. Dicho informe servirá de base para un debate que también deberá tener en cuenta los requisitos para una gestión financiera eficaz.
Por otra parte, quiero decir que existen también desacuerdos entre la Comisión y el Tribunal. Hay casos en los que la crítica del Tribunal resulta algo difícil de entender. Por ejemplo, el Tribunal critica determinadas obligaciones de rendir cuenta que la Comisión impone a las organizaciones agrícolas que utilizan fondos comunitarios. Pero ¿no se criticaría a la Comisión en caso contrario por falta de transparencia y control? Segundo, en otros casos es importante que el Tribunal trace una línea clara entre su dictamen como auditor y su opinión política. Por ejemplo, en lo relativo al sistema agromonetario, el Tribunal, en calidad de auditor, debe limitarse al cumplimiento estricto del reglamento actual. Toda crítica al sistema en sí debe mantenerse claramente separada. No quiero decir con esto que comparta algunas opiniones políticas con el Tribunal. En mi calidad de Comisario responsable del presupuesto, debo respetar los reglamentos en vigor. No puedo decidir que como esos reglamentos no nos gustan, haremos las cosas a nuestra manera. El Tribunal está en su derecho, pero es importante mantener separados estos dos aspectos.
Junto con su informe anual, el Tribunal ha presentado por segunda vez su declaración de fiabilidad, o DAS, sobre la legalidad y la regularidad de las cuentas comunitarias y las transacciones correspondientes. Para llegar a sus resultados, el Tribunal depende principalmente de la técnica de muestreo cuantitativo introducida el pasado año, y de que en esta ocasión se ejecute aún con mayor vigor y rigor. La aplicación de semejante técnica al presupuesto de la Comunidad, heterogéneo y de capas múltiples, está aún en fase experimental. La Comisión comparte por lo tanto la opinión del Tribunal de que serán necesarios varios años hasta que la auditoría DAS consiga la madurez suficiente para permitir identificar las tendencias de los índices de error. Con esta advertencia en mente, la Comisión acoge con satisfacción que el Tribunal haya confirmando el resultado satisfactorio del pasado año con respecto a las cuentas, los ingresos y los compromisos. Reconoce que, una vez más, los errores han sido demasiado grandes en lo relativo a los pagos y que necesitamos mejorar. Dichos errores se centran principalmente en dos sectores, el Fondo de garantía agrícola y los Fondos estructurales. Por ello resulta muy esperanzador que para 1995, el Tribunal ofrezca una DAS más detallada para dichos ámbitos. Esta tentativa tiene por objeto establecer con mayor claridad en qué nivel se producen los errores.
También es necesario establecer con mayor claridad cuáles han sido los daños reales y permanentes que ha sufrido el presupuesto comunitario. Tanto el gasto agrícola como los Fondos estructurales tienen procedimientos que permiten detectar errores y evitar daños permanentes al presupuesto comunitario. Así pues, por ejemplo, cada error detectado por el Tribunal relativo al gasto agrícola será examinado y reembolsado siempre que así lo justifique el contexto del procedimiento de liquidación de cuentas. Hemos visto informes que apuntan a que actualmente existen ámbitos claramente problemáticos, pero cuando lleguemos a 1995 en nuestros sistemas de liquidación de cuentas, está claro que haremos pleno uso de la información que ahora recibimos del Tribunal para recuperar los fondos de los Estados miembros.
En lo que respecta a los Fondos estructurales, ya me he referido a la labor sobre la elegibilidad y los ajustes. DAS, como tal, ha supuesto un ejercicio de gran utilidad para nosotros porque nos ha permitido identificar dónde radican los problemas. Ha fortalecido nuestra posición en nuestras negociaciones con los Estados miembros. Pero, al mismo tiempo, quiero observar que existe también un sistema de anticipos que evita que aquellos proyectos que han sido declarados exentos de derecho, tengan un efecto permanente sobre el presupuesto comunitario. Dichos errores deben, por consiguiente, clasificarse por separado de los errores importantes.
Por último, permítanme concluir felicitándole, señor Presidente Friedmann, por el primer informe anual que se elabora bajo su dirección. La Comisión se ha comprometido plenamente a colaborar con la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, y con el ponente, Sr. Wynn, y con todos los diputados al Parlamento interesados con objeto de sacar las conclusiones necesarias.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Comenzamos el debate. Tiene la palabra el Sr. Tomlinson en nombre del Grupo del Parido de los Socialistas Europeos.

Tomlinson
Señor Presidente, me alegró recibir anoche el Diario Oficial y comprobar que incluso esta publicación intenta colaborar con la Comisión. Cuando abrí la versión inglesa descubrí que las páginas 17 hasta 24 aparecen en finés para que las entienda bien el Comisario, aunque los demás no entendamos nada.
Cuando nos encontramos al inicio de este proceso, deberíamos reconocer que no debemos precipitarnos a censurar en base al informe del Tribunal de Cuentas que ha aparecido en gran parte de la prensa de esta mañana y de estos últimos días. Los miembros de esta Asamblea, en particular, debemos analizar lo que sucede actualmente desde la perspectiva correcta. Se trata de informes importantes, pero en lo que respecta al Parlamento, marcan el inicio de un proceso, no el final. Marcan el inicio del proceso en el que el Parlamento ejerce uno de sus principales poderes -la aprobación de la gestión. En ese sentido, el informe del Tribunal de Cuentas es importante y además reúne a cuatro instituciones: el Tribunal, que hace las acusaciones, la Comisión, que debe defenderse, el Consejo de Ministros, que también es criticado en sus capacidades individuales o en las capacidades de sus Estados miembros, y que debe darnos su opinión, y el Parlamento, que debe decidir. El Parlamento no tendrá que decidir hasta abril del año próximo, hasta que no hayamos deliberado plena y debidamente.
Por ello, acojo con satisfacción el informe que no me precipitaré en juzgar en base a lo que he dicho. Esta mañana deseo reconocer que contiene algunos comentarios serios, pero reconozco también lo que ha dicho el Sr. Comisario, a saber, que debemos distinguir entre la responsabilidad auditora y las políticas que a veces son el origen de las críticas.
En lo que respecta a la declaración de fiabilidad, se trata de un instrumento relativamente nuevo a nuestra disposición. Es un instrumento de la máxima importancia. Este poder fue otorgado al Tribunal de Cuentas por el Tratado de Maastricht, y ésta es la segunda vez que el Tribunal de Cuentas, con toda la razón, no ha podido darnos la declaración de fiabilidad. Y no se trata del gasto. Si miramos los recursos propios, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas nos está diciendo muy claramente en la declaración de fiabilidad que evidentemente no es posible asegurar que realmente se hayan declarado todas las importaciones tributables. Sabemos que es una declaración exageradamente modesta. Podríamos decir que, sin lugar a dudas, no se han declarado todos los ingresos, y ése es el motivo por el que este Parlamento ha establecido una Comisión de Investigación en el sistema de tránsito. Es uno de los ámbitos en los que se produce una pérdida importante de recursos propios del presupuesto de la Unión Europea.
Cuando analizamos las críticas al apartado de pagos que se hacen en la declaración de fiabilidad, podemos sacar dos o tres conclusiones muy claras. Me sentí algo decepcionado de que el Tribunal de Cuentas no hiciera hincapié en uno de sus propios comentarios; al estudiar los importantes errores, podría haber señalado en la declaración, que aparecerá en la prensa de hoy, que la mayoría de los errores que persigue en el procedimiento de la declaración de fiabilidad tuvieron lugar en los Estados miembros. Dice que el 90 % de los errores por los que no pudo dar una declaración de fiabilidad fueron errores que tuvieron lugar en los Estados miembros, principalmente en aquellos Estados miembros que aprovechan la primera oportunidad para señalar con un dedo acusador a la Unión Europea. Éste es ciertamente uno de los aspectos que mi Partido estudiará muy detenidamente en el procedimiento de aprobación de la gestión. Acogemos con satisfacción los dos informes del Sr. Friedmann. Felicitamos al Tribunal de Cuentas por ellos, porque constituyen la base para nuestra labor, pero no de la declaración definitiva, la cual será el resultado de nuestras deliberaciones.

Theato
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, dispongo de poco tiempo para expresarle mis felicitaciones por la presentación del importante informe anual 1995 así como de una serie de informes especiales con las correspondiente declaraciones de fiabilidad. Queremos felicitarle en especial porque no se trata de un listado de escándalos en perjuicio de Europa, tal como le gustaría a alguno, sino de una crítica constructiva que puede proporcionar las pautas para el futuro, tal como acaba de decir usted.
Señor Presidente, sobre esta base el Parlamento va a comenzar sus trabajos para el procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, e indirectamente también de los Estados miembros, y explicar a los electores cómo se ha utilizado el dinero pagado por los contribuyentes no sólo desde un punto de vista contable sino también político y para mejorar su aplicación. Esto es así, por ejemplo, en el caso de las irregularidades y negligencias de los Fondos sociales, tal como el Tribunal ha expuesto con toda claridad en el capítulo 6 de su informe. La Comisión ha declarado que su máxima prioridad es la lucha contra el paro. ¿Cómo se puede explicar entonces que casi una cuarta parte de los créditos disponibles no se hayan gastado? El 90 % de las irregularidades constatadas por el Tribunal en su certificado se cometen en los países miembros.
Otro ejemplo: créditos millonarios destinados a fortalecer la lucha contra el fraude en la agricultura han sido destinados a otras finalidades, sobre todo, a cubrir costes de personal. Aquí hay que exigir responsabilidades a la Comisión. Deberá aclararnos cómo quiere recuperar de los Estados miembros los 16, 6 millones de ecus gastados ilícitamente.
Señor Friedmann, en la declaración de fiabilidad usted habla de una mejora sustancial respecto al año anterior. Sin embargo, creo que el certificado es más bien negativo. El importe de las irregularidades materiales graves asciende, según los datos del Tribunal, a casi el 6 % de todos los pagos, es decir, unos 4.000 millones de ecus. El año pasado fueron muchos menos, 2.400 millones de ecus. ¿Cómo puede explicarse este aumento?
Le expreso de nuevo mi agradecimiento por el informe así como al Sr. Comisario Liikanen por los esfuerzos realizados en especial, en el campo de SEM 2000, para la mejora de la gestión presupuestaria.

Killilea
Señor Presidente, quiero felicitar al Presidente del Tribunal de Cuentas por su informe de esta mañana, y me gustaría formular una pregunta en particular. Teniendo en cuenta la pesada carga financiera que supone la construcción de los nuevos despachos y edificios del Parlamento Europeo, ¿está satisfecho el Tribunal de Cuentas en lo relativo a que: (a) se ha seguido el procedimiento adecuado en la adjudicación de contratos para la construcción de dichos despachos en Bruselas; (b) se han aplicado controles suficientemente rigurosos para impedir que se sobrepasen los costes; y (c) que el coste final de este complejo presenta una buena relación coste-eficacia de los fondos del Parlamento Europeo, en realidad, de los fondos de los contribuyentes europeos? ¿Tiene el Tribunal de Cuentas alguna recomendación que hacer al Parlamento Europeo respecto a los procedimientos a seguir en la adjudicación de futuros contratos, en base a la experiencia acumulada durante estos últimos años en torno a este edificio en particular?
Por último, me sentí consternado la semana pasada por los ataques personales dirigidos a nuestros amigos Sr. Tomlinson, Sr. Wynn, al Tribunal de Cuentas, a su Presidente y al Sr. Balfe, todos ellos representantes de las estructuras de este Parlamento, en un programa de la televisión independiente, y también al ver que el Presidente del Parlamento no haya hecho una declaración al respecto. Ha sido muy injusto que, de entre todas las personas, hayan elegido a John Tomlinson. Puede que no siempre esté de acuerdo con él, pero como diputado a este Parlamento que cumple con su deber, él es un buen ejemplo y siempre lo ha sido.

El Presidente
El Sr. Killilea, como todos ustedes acaban de comprobar, ha aprovechado este cambio de Presidencia, sin embargo, no sucederá lo mismo respecto a los próximos oradores.

Kjer Hansen
Señor Presidente, a pesar de los progresos, sigue habiendo grandes problemas y resulta increíble que una vez más haya sido necesario hacer una crítica exhaustiva a la contabilidad de la Comisión y a la gestión económica de los recursos de la Comunidad. Es increíble que se repita la misma crítica año tras año. Por eso, el Grupo Liberal ya no puede aceptar que la Comisión siga haciendo caso omiso de la crítica exhaustiva del Tribunal de Cuentas. A menudo, los Estados miembros incumplen las obligaciones de control; no obstante, la Comisión es responsable de la gestión de los fondos comunitarios. Por ello, exigimos que los comisarios se presenten ante la Comisión de Control Presupuestario, también después de la aprobación de las cuentas, pues tienen la obligación de cumplir las directrices que reciben. Si estos problemas no se corrigen tal como se ha indicado en el informe anual, sería conveniente que un comisario pudiera recibir un voto de censura.
Propongo que se proceda a modificar el Tratado con objeto de establecer un procedimiento para el seguimiento de las críticas del Tribunal de Cuentas. El problema es que, una vez aprobada la gestión globalmente por el Parlamento Europeo, no se subsanan los errores. Hay que acabar con todo esto.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Presidente Friedmann, señor Comisario, creo que debemos decir políticamente a las cosas por su nombre. Ante la prioridad de la lucha contra el desempleo en masa y la exclusión social, tenemos que denunciar el escándalo consistente en que los Estados miembros se amurallan cuantitativa y cualitativamente y la Comisión solamente dispone de unos instrumentos romos en su mano cuando se trata de definir los objetivos o de ejecutar sanciones. En el sector agrícola, la Comisión tiene otras posibilidades para adoptar sanciones. ¿Porqué no es así en el caso de los Fondos estructurales?
Señor Comisario Liikanen, le dirijo a usted también la pregunta. En relación con SEM 2000, ¿no existe el peligro de que actuemos formalmente y creemos en consecuencia una fachada formal tras la cual los encargados de gestionar el presupuesto practiquen la refinanciación, den el dinero en función de sus necesidades presupuestarias determinadas arbitrariamente dejando fuera de juego a los departamentos especializados?
Un último punto: ¿no es posible llegar en todos estos campos a una coordinación con los Tribunales de Cuentas nacionales? Sólo así dispondremos de un control político real con el que se puedan aplicar los objetivos de una política social europea.

Wemheuer
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, señor Comisario Liikanen, estimadas e estimados colegas, cuando el Tribunal de Cuentas presenta su informe, incluso ya algunas semanas antes, la opinión pública interesada espera el gran escándalo que se pueda vender bien en los titulares de los periódicos. Una vez vendido, una vez mencionado, retorna el orden. Esto es precisamente lo que no queremos que pase. En primer lugar, naturalmente no deseamos que haya escándalos, pero en segundo lugar, desearíamos que se prestase más atención al pequeño trabajo cotidiano que representa todo esto. Por ello, quiero adherirme al Sr. Tomlinson quien ha dicho que nuestro trabajo comienza ahora.
Quiero explicarlo en base a un ejemplo de actualidad: esta mañana hemos votado sobre una urgencia del Consejo. El ponente era el colega Garriga Polledo. Se ha dicho que en la Comisión de Control Presupuestario existía acuerdo unánime sobre el informe. Es cierto. Estábamos de acuerdo, pero en el debate nos quedamos muy sorprendidos del modo cómo los Estados miembros habían actuado con el mandato que se les había otorgado.
Precisamente esta sorpresa que hemos experimentado, esta increíble constatación de que los mandatos sencillamente no se aplican, por lo que hay que prorrogar los plazos, se refleja en el informe del Tribunal de Cuentas. La urgencia se ha rechazado hoy por buenas razones. Sólo que esto es el trabajo oscuro, no es lo espectacular que se pueda mostrar a la opinión pública. Pero esto es lo que crea dificultades, es decir, el hecho de que también existen muchos y buenos reglamentos pero que no se aplican o sólo de modo insuficiente o bien que es difícil controlar realmente su aplicación.
Tengo una gran preocupación. Se ha hablado de SEM 2000 y se ha dicho que los Estados miembros están de acuerdo en líneas generales. Pero también he oído que precisamente en el campo de los Fondos estructurales los Estados miembros o parte de ellos ya están anunciando que lo que se dice en SEM 2000 no coincide con su Constitución o su realidad administrativa. Es decir, nosotros encontramos un medio de ayuda pero los Estados miembros cierran ya filas para socavar lo que se acuerda. Esto me preocupa mucho más que un gran escándalo aislado.

Garriga Polledo
Señor Presidente, el Sr. Tomlinson ha expuesto con su agudeza habitual cuál es el procedimiento parlamentario normal en la tramitación del informe del Tribunal de Cuentas.
Pero debo indicar que se ha producido una anomalía respecto de dicho procedimiento en lo relativo al aceite de oliva. En efecto, el Comisario de agricultura parece haber utilizado interesadamente un futuro informe del Tribunal de Cuentas para justificar la presentación de una reforma de la OCM del aceite de oliva que es claramente perjudicial para los intereses de los productores.
En el presente informe del Tribunal de Cuentas no aparece ninguna modificación sustancial de lo que había mencionado otros años, por lo cual deducimos que se ha producido una utilización interesada y parcial para justificar una reforma que realmente no aparece de una manera técnica y contable en el informe del Tribunal de Cuentas.
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, sin dejar de felicitarle por la valía de los informes de su institución, creo que este caso puede perjudicar la imagen de la misma.

Mulder
Señor Presidente, quisiera concentrarme en los ingresos de la Unión Europea.
El informe del Tribunal de Cuentas ya indica que -aunque para el año 1995 hay una excepción- el dinero tendrá que proceder cada vez más de la estimación del producto nacional bruto. Ahora, la estimación del producto nacional bruto está sujeta a grandes dudas, esto se desprende del informe. Si todo va bien, en 1998 se iniciarán las nuevas negociaciones sobre las finanzas de la Unión Europea. ¿Qué confianza tienen la Comisión y el Tribunal de Cuentas de que antes de esta fecha se logre un sistema con el que pueda realizarse una estimación más exacta del producto nacional bruto? Por ejemplo, ¿es posible hacer una estimación aproximada de cuál es el producto nacional bruto y, por ejemplo, qué participación tiene en él la economía sumergida?

Blak
Señor Presidente, el informe anual es un buen instrumento de trabajo para los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. Lamento constatar una vez más que Dinamarca aparece mencionada en el informe de forma nada halagüeña. Me parece que el Tribunal de Cuentas ha realizado un buen trabajo. Expone el caso de Dinamarca con todo detalle. Si los comentarios del Tribunal de Cuentas y los de la Comisión son correctos, Dinamarca tendrá que devolver 16 millones de ecus. Por desgracia, la persona responsable de este caso ya no es ministro. Otro gobierno ha de corregir las irregularidades. Trabajaremos para lograr este objetivo y para que el tema de Dinamarca quede esclarecido. No perderé de vista este caso en la Comisión de Control Presupuestario hasta que quede totalmente claro lo que es correcto y lo que no.
Deseo añadir que es difícil para un ministro que se ha hecho cargo de un ministerio mal llevado enderezar las cosas. Me parece impropio que aquí no se haya tenido en cuenta esta realidad. Por ello, quiero felicitar al Tribunal de Cuentas por su trabajo.

McCartin
Señor Presidente, es lamentable que la primera noticia que hemos tenido de este informe haya sido a través de los medios de comunicación, como sucedió el año pasado. Si el Tribunal de Cuentas no puede controlar este tipo de filtraciones, ¿de quién podemos esperar que controle nada en la Unión Europea?
Debemos acoger con satisfacción que la situación agrícola haya mejorado, y que la experiencia y la PAC reorganizada presenten una situación mejor y más transparente. Es lamentable, aunque comprensible, que hayan aumentado los problemas en el ámbito de los Fondos estructurales, porque hemos alcanzado un nivel de gastos sin precedentes y el reglamento, para empezar, era difícil, como ya se señaló el año pasado. Espero que aprendamos la lección para el próximo programa de los Fondos estructurales y que se redacte un reglamento que sea más fácil de administrar y que no intente hacerlo todo para todo el mundo en toda la Comunidad con muy pocos fondos.
Hay una observación que quiero hacer: el 5, 9 % del gasto. Esto significa que el 5, 9 % de nuestro presupuesto corre peligro. Eso no significa que perdamos el 5, 9 %; significa que perdemos una pequeña parte de esa suma, quizá el 1 % del presupuesto total. Si el Presidente puede confirmar este extremo, creo que no es una mala actuación, y demuestra que estamos comenzando a controlar el problema.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Profesor Friedmann y a sus colegas por el informe anual y la DAS. Ambos documentos demuestran que el Tribunal de Cuentas, la Comisión de Control Presupuestario y los interventores tienen mucho trabajo por delante.
Tengo dos preguntas. La primera es acerca del informe anual y es relativa a las agencias y a los organismos satélites. Las dos páginas y media abarcan 1994 y 1995, salvo Salónica y Dublín. ¿Tiene el Tribunal intención de elaborar informes separados para los organismos satélites sobre los que el Parlamento pueda dar su aprobación de la gestión para 1994 y 1995?
En lo relativo a la DAS, me doy cuenta de la difícil situación por la que atraviesa el Tribunal al no haberse asignado recursos humanos suficientes para la doble tarea que debe llevar a cabo, a pesar de lo cual está realizando una buena actuación con pocos recursos. Me alegra comprobar que se habla de mejoras en la actuación de la Comisión, pero la palabra «mejora» no se emplea aún con la debida frecuencia. Mi pregunta es relativa al anterior control, porque si resulta que el 5, 9 % de las transacciones presentan irregularidades, eso es más de 1 de cada 20, y los dos tipos diferentes de control de la Comisión y el Tribunal deben estar acorde.

Le Gallou
Señor Presidente, mi intervención y mi pregunta tienen relación con las políticas internas y con el ámbito social y, principalmente, con la línea relativa a la lucha contra la pobreza y la marginación social, en los que el informe muestra los aspectos más insignificantes de la acción emprendida, pues en la Unión Europea afectará a 38.000 personas sobre una población de pobres estimada en 52 millones, es decir, que afectará a una de cada 1.500 personas, lo que es, efectivamente, insignificante.
Por otra parte, el informe destaca que la Comisión no aporta en este ámbito ninguna ratio «costes-resultados». Finalmente, el propio informe observa también que no se ha demostrado ni evaluado en ningún momento la eficacia de muchas de las redes europeas financiadas ni su contribución a la reducción de la marginación social.
Por tanto, creo que el problema que se plantea en este informe es el de la pertinencia de las intervenciones puntuales de la Unión Europea, así como la de gran número de subvenciones a diversas asociaciones no siempre bien controladas.
Así pues, mis preguntas al Tribunal de Cuentas son las siguientes: ¿Prevé el citado tribunal proceder a un inventario de las subvenciones concedidas a asociaciones en el marco del presupuesto de la Unión Europea, cuando ningún documento público hace una lista de dichas subvenciones y existe en este ámbito una gran opacidad, es decir, la falta total de transparencia?
En segundo lugar, ¿prevé el Tribunal de Cuentas proceder al análisis de las relaciones relativas a los convenios entre la Unión Europea y las asociaciones subvencionadas?¿cuáles son las relaciones y las reglas de juego en este ámbito?
Finalmente, ¿prevé el Tribunal de Cuentas proceder a un estudio «costes-eficacia» de la acción de las asociaciones subvencionadas con relación a los objetivos que oficialmente se persiguen?

Friedmann
Señor Presidente, señorías, han planteado muchas preguntas por lo que quiero expresarles mi agradecimiento. Pero como el tiempo es limitado voy a expresarme brevemente.
El Sr. Comisario Liikanen y el Sr. Tomlinson han indicado que el Tribunal de Cuentas Europeo es a veces demasiado político. Han mencionado el sistema agromonetario. ¿Qué hemos hecho? Solamente hemos dicho que desde que el anterior sistema «Switch-over» fue sustituido por el sistema agromonetario y que mediante determinadas medidas se puede ahorrar dinero, en concreto, la mitad del importe que estaba previsto, más de 680 millones de ecus, se dispone de pagos equivalentes pero con diferentes niveles de ayudas. Es decir, hoy se pagan las ayudas a diferentes niveles para tener al final pagos equivalentes. Se plantea pues la cuestión básica de si esto es compatible con el mercado común. Solamente planteamos la pregunta sin criticar la decisión política.
Señor Tomlinson, sé que el tiempo apremia y que no ha podido estudiar aún todo. Sin embargo, muchas gracias por el trabajo realizado en su comisión. Muchas gracias por la cooperación. Sin duda, va a proporcionarnos también unos resultados importantes. Creo que precisamente el tráfico de tránsito va a necesitar también en el futuro de un control más intenso.
Quizás existan ciertos paralelismos con los problemas del IVA después de que el IVA se impone en el lugar de destino y no en el de origen. Es decir, las mercancías están fuera de los impuestos durante el transporte, un problema similar al del tráfico de tránsito.
La Sra. Theato así como algunos diputados más han preguntado cómo deben valorarse las irregularidades del 5, 9 %. Quiero decir expresamente que esto no significa que sean casos de fraude sino que son irregularidades en el sentido más amplio, en las que se incluyen cosas como retiradas de tierra de la producción no anunciadas con exactitud.
Señora Presidenta Theato, usted pregunta como debe valorarse esto en comparación con el año pasado, en el que denunciamos un 4, 0 % de irregularidades graves. Esto hay que verlo en relación con el hecho de que el año pasado no se pudo comprobar el 14 % del volumen presupuestario ya que no existían suficientes justificantes. En esta ocasión, exceptuando un 2, 3 %, hemos podido revisar casi todos los justificantes. Si el último año hubiésemos podido verificar todos, el porcentaje de irregularidades habría sido sensiblemente superior al 4, 0 %, por lo que la diferencia con este año no habría sido tan grande como parece a primera vista. Sin embargo, muchas gracias por la observación.
Señora Hansen, usted ha indicado que no se debe reaccionar con indiferencia ante nuestro informe, por lo que le expreso mi agradecimiento. En el debate he tenido la impresión de que realizamos el trabajo muy concienzudamente, por lo que creo debemos proseguir del mismo modo en el futuro. Si SEM 2000 es una fachada es una cuestión que debe dirigirse más bien a la Comisión. Ustedes de han referido también a la coordinación con los Tribunales de Cuentas nacionales.
El hecho es que los derechos y posibilidades de los Tribunales de Cuentas nacionales son muy diferentes. Se ha mostrado que la cooperación bilateral con cada Tribunal de Cuentas funciona excelentemente, por lo que la cuidamos y queremos ampliarla. Actualmente, estoy visitando todos los Tribunales de Cuentas y, como he dicho, sus Presidentes van a visitarnos próximamente. Hemos creado grupos de trabajo conjuntos para fomentar la cooperación.
Estamos pues en el buen camino en la intensificación de la cooperación con los Tribunales de Cuentas nacionales, pero hay que ver también honestamente las diversas posibilidades y prioridades de los Tribunales de Cuentas nacionales. Cada uno de ellos considera en primer lugar su propio Parlamento y sus deseos, como también es nuestro caso. Pero vamos a hacer también buenos progresos.
Señora Wemheuer, le estoy agradecido por su aclaración: el informe del Tribunal de Cuentas no es un libro de escándalos. Tiene toda la razón. Siempre es difícil para un Tribunal de Cuentas encontrar la vía adecuada. Por un lado, tenemos que indicar claramente qué es lo que se pude hacer mejor, pero nuestra crítica no debe ni puede ser destructiva ni tampoco lo es. Está totalmente claro: donde se corta leña, saltan astillas y si un presupuesto es primordialmente un presupuesto de subvenciones, como el europeo, entonces el peligro de que se produzcan irregularidades es mayor que en los presupuestos nacionales, en los que no se trata de subvenciones.
Señor diputado Garriga Polledo, muchas gracias también por su aclaración de que nuestro informe sobre el aceite de oliva es objetivo.
Señor diputado Mulder, en lo que se refiere a las nuevas negociaciones de financiación, creo que el informe anual debe valorarse positivamente en este contexto.
Señor Blak, respecto a lo que usted ha dicho sobre el Gobierno danés ya he dicho que nuestro trabajo se apoya en el del Tribunal de Cuentas danés. Se trata de la cuestión de cómo se debe valorar que el queso en masa seca tenga un contenido de 40 % de grasa y un 60 % de agua. Los diferentes métodos de test aportan diferentes resultados. Hemos calculado el importe mínimo del 3, 3 % por lo que han resultado 16 millones.
Para finalizar, quiero expresarles de nuevo mi agradecimiento por su interés y espero -estoy seguro de ello- que nuestra cooperación siga siendo tan positiva.

Liikanen
Señor Presidente, en primer lugar, la pregunta del Sr. Mulder: en lo que respecta a las cifras del PIB, nuestro parecer es que la comparabilidad de las estadísticas nacionales es actualmente bastante sólida. Las preguntas acerca del carácter exhaustivo de las cifras del PIB siguen estando justificadas. Los Estados miembros y los expertos de la Comisión están trabajando intensivamente en ello. La conclusión es que la repartición de la carga es razonablemente justa, pero es posible que se haya subestimado el contravalor del límite máximo de los antiguos recursos.
En cuanto a la observación, bastante crítica, de la Sra. Kjer Hansen sobre lo que no se ha hecho, sólo puedo decir que cuando lea el informe del Tribunal -debo mostrar aquí mi reconocimiento por el informe y el documento de la DAS-, verá que señala cuidadosamente los sectores en los que la Comisión -especialmente en lo relativo a la DAS- ha tomado medidas sobre lo que proponía.
Uno de los cambios introducidos por la actual Comisión es que siempre que encuentre una observación del Tribunal que esté justificada, tomará medidas. Si consideramos que una observación no está justificada, explicamos por qué. El problema es que, a pesar de que hemos aplicado todas esas medidas, son decenas de miles las personas de la Unión Europea que intervienen en la ejecución de nuestro presupuesto. Lamentablemente es un proceso lento y pesado intentar que las medidas queden reflejadas en las cifras definitivas, y tenemos que esforzarnos para conseguirlo. Volveré sobre este punto un poco más adelante. Siempre estoy dispuesto a acudir a la Comisión de Control Presupuestario y a responder a cualquier pregunta. Si existe alguna duda acerca de que no hayamos seguido la recomendación del Tribunal, invítenme a la comisión. O mejor aún, inviten al Comisario responsable del gasto, para que cada Comisario que dirige un programa de gastos hable directamente al Parlamento. Asumo toda mi responsabilidad. Estoy seguro de que todo el mundo está dispuesto a participar en este debate.
La pregunta del Sr. Wolf y de la Sra. Wemheuer sobre los Fondos estructurales y la elegibilidad plantea un problema muy serio. El ejercicio SEM 2000 que hemos llevado a cabo con los Estados miembros y en el que también ha participado de forma muy positiva el ponente de la Comisión de Control Presupuestario, Sr. Colom i Nadal, plantea un problema constitucional en algunos Estados miembros, porque creen que al haberse descentralizado el poder de ejecución del presupuesto hacia los Estados confederados y las autonomías, la autoridad central no dispone de los instrumentos necesarios para tomar decisiones. Una de las conclusiones acerca de este presupuesto -y que resulta de gran utilidad- es que el 90 % de los errores importantes se producen en los Estados miembros: el 42 % de todos los errores son relativos a los Fondos estructurales. Si queremos tener una DAS positiva allá por 1999, tenemos que encontrar una solución al problema más candente; necesitamos una solución que proporcione un buen entendimiento de lo que es la elegibilidad. El mismo entendimiento es aplicable a todo el mundo -en la Comisión, en los Estados miembros y en cada comunidad, región, municipio y organización. También debemos tener el mismo entendimiento con el Tribunal de Cuentas, porque si existen interpretaciones diferentes de lo que está permitido y lo que no, nunca lograremos una cultura presupuestaria clara, rigurosa y coherente. Aún no lo hemos conseguido. Debo reconocer que no existe unanimidad sobre este punto. Pero la Comisión no puede ceder. Necesitamos normas claras sobre la elegibilidad, así como un instrumento para los ajustes financieros.
Hemos discutido mucho sobre la posibilidad de ampliar el sistema de liquidación de cuentas a los Fondos estructurales. No funciona demasiado bien porque tienen un carácter diferente. En los Fondos estructurales aprobamos programas completos y los financiamos; en la liquidación de cuentas trabajamos ingreso por ingreso, ya que a menudo descubrimos que cada partida de gasto es elegible. Son conceptos diferentes. Pero los ajustes financieros, cuando se aplican correctamente, nos ofrecen las mismas posibilidades. Estoy convencido de que si entre los Estados miembros existe la voluntad firme de modificar la DAS en un futuro, éste es uno de los ámbitos en los que necesitamos una solución. Necesito el apoyo y también la colaboración del Parlamento en esta tarea.
El Presidente Friedmann ha respondido muy acertadamente a la pregunta del Sr. McCartin, pero permítame que haga apenas una observación. ¿Cuál es el problema a la hora de interpretar errores importantes? He mencionado brevemente que los Fondos estructurales financian los programas sólo en parte mediante anticipos con cargo al presupuesto. Los anticipos se pagan en base a las declaraciones de gastos que presentan los Estados miembros. Deficiencias en los sistemas de los Estados miembros pueden significar que dichas declaraciones contengan algunas partidas de gastos que no son elegibles. No obstante, los Estados miembros habitualmente declaran unos gastos considerablemente más altos que la suma necesaria para el desembolso del anticipo siguiente. Esto significa que, incluso si la declaración contiene algunos gastos no elegibles, el gasto elegible será más que suficiente para desembolsar el anticipo en su totalidad. Al menos estos anticipos eran regulares. Francamente, 30 de cada 31 casos eran de este tipo, en los que existían errores importantes. Necesitamos un reglamento claro y estricto sobre la elegibilidad para evitar estos problemas de interpretación.
Generalmente me niego a hablar de fraude en un debate como éste, porque no tiene mucho que ver con eso, pero el Sr. McCartin ha citado una cifra y quisiera mencionar que el informe elaborado por la Sra. Gradin, que es la responsable del tema de fraudes, presentó la cifra del 0, 6 % del gasto. Estas cifras no son comparables; su único objetivo es dar una idea de la magnitud del problema. El 5, 9 % no tiene nada que ver con esto. Se han llevado a cabo estudios para determinar si existen problemas intrínsecos a las transacciones y si éstas se basan en un método estadístico. En realidad, el número de irregularidades detectadas -errores importantes- asciende a un valor de 163 millones de ecus. Lo más probable es que esta estimación esté basada en una extrapolación estadística. Pero estoy seguro de que la Comisión de Control Presupuestario examinará cuidadosamente el método.
A largo plazo, espero que lleguemos a una situación en la que podamos comparar las tendencias. Pero, como decía el Tribunal, evidentemente no existen diferencias importantes. Actualmente se han tomado medidas y continuamos trabajando para mejorar más. Tenemos un largo camino por delante, pero espero que cada año el barco siga girando un poco más y que cuando usted llegue al final de su mandato, y nosotros al final del nuestro, nos encontremos sobre una base mejor y más sólida.

El Presidente
Deseo dar las gracias al Presidente Sr. Friedmann, al Comisario Sr. Liikanen y a todos los señores diputados que han intervenido.
Este punto del orden del día queda cerrado.

Radiodifusión televisiva
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0346/96) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común del Consejo (C4-0380/96-95/0074(COD) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Ponentes: Sres. Galeote Quecedo y Hoppenstedt).

Galeote Quecedo
Señor Presidente, durante el debate sobre la reforma de la Directiva sobre la televisión sin fronteras, creo que a todos nos ha animado el mismo objetivo: el desarrollo de la industria audiovisual europea. Pese a que éste es un objetivo compartido, es evidente que existen diferencias en cuanto al modo de lograrlo.
Quiero iniciar estas palabras, sin embargo, con dos consideraciones que creo compartimos: en primer término, la conveniencia, e incluso la necesidad, de proceder a una reforma del texto vigente, que, si bien merece una valoración globalmente positiva, ha quedado desfasado por la rápida evolución del sector; en segundo término, la voluntad de entendimiento que para mí ha de estar siempre presente en la acción política y que resulta ahora obligada si queremos que nuestra Asamblea participe plenamente en el procedimiento de codecisión.
Ambas consideraciones hemos de tenerlas presentes en nuestra decisión respecto a la imposición legal de cuotas obligatorias de producción europea en las pantallas de televisión. Con todos los respetos para los que la defienden, los ponentes hemos mantenido que es un error. La experiencia demuestra que no existe una relación directa entre cuotas obligatorias y desarrollo de la industria audiovisual, más bien podrían citarse ejemplos que contradicen esta hipótesis. Por otra parte, el carácter supuestamente europeo de la medida queda desmentido en la práctica, ya que el porcentaje de producción europea no nacional emitido en nuestras pantallas es simplemente insignificante. Me remito al modelo francés como el más paradigmático. Además, el establecimiento de barreras en la Unión puede poner en riesgo gravemente el acceso de la industria audiovisual europea a mercados emergentes como el iberoamericano. Se trata, por último, de una medida impopular pues, de lo contrario, no estaríamos aquí debatiendo la conveniencia o no de reforzar su obligatoriedad.
A nuestro entender, las medidas que desde el ámbito europeo han de promoverse para ayudar a nuestra industria deben orientarse al apoyo financiero directo a las producciones europeas a través del programa MEDIA o del Fondo de Garantía.
Otra cuestión que se ha debatido con detenimiento durante la tramitación del proyecto de reforma es la referente a la inclusión de los llamados nuevos servicios interactivos. Los ponentes hemos sostenido que resulta prematuro abordar una regulación sin conocer las verdaderas circunstancias del desarrollo de los servicios regulados ya que todavía se encuentran en una fase inicial de implantación. La Comisión Europea acaba de aprobar una serie de propuestas que inician el proceso de regulación de los nuevos servicios. Creo, no obstante lo dicho, que hemos avanzado significativamente en la Comisión de Cultura como para afrontar el trámite de conciliación con una base suficientemente sólida.
Y lo mismo puede decirse respecto a las limitaciones cuantitativas de la publicidad, terreno en el que hemos de ser capaces de encontrar un fino equilibrio entre el mercado publicitario y la protección del espectador. La publicidad constituye la aportación principal en la financiación de las televisiones comerciales, que son imprescindibles para el adecuado desarrollo del sistema audiovisual y de la pluralidad informativa.
Durante la segunda lectura, se ha introducido en el debate la restricción de los derechos exclusivos para la radiodifusión de acontecimientos especialmente importantes y de interés general. Estoy de acuerdo en que unos juegos olímpicos o los campeonatos del mundo de fútbol han de ser retransmitidos en directo y garantizando el libre acceso a todos los ciudadanos como propone la enmienda presentada. En sintonía con esa sensibilidad compartida, la Comisión Europea ya se ha comprometido a presentar en breve una comunicación sobre la materia y a ella habremos de atenernos.
Existe una percepción evidente -un clamor, diría- en nuestra sociedad, sobre los frecuentes excesos de la programación televisiva en lo que se refiere a la emisión de imágenes de violencia gratuita o de pornografía, que perjudican el desarrollo de los menores. Aun reconociendo que ha habido avances en la posición común, producto -dicho sea de paso- de las iniciativas de esta Asamblea, no se han producido los suficientes. Por lo tanto, insistimos en nuestra propuesta de que las entidades de radiodifusión, bajo la tutela del Estado, establezcan el marco para la creación de órganos nacionales de autocontrol que clasifiquen los programas en función de su contenido perjudicial; tal calificación se aplicaría mediante un sistema de codificación en los propios aparatos receptores, lo cual pone en manos de los padres o tutores la responsabilidad que les corresponde respecto a la educación de los menores a su cargo.
Es evidente que estas medidas no coartan en absoluto la libertad de emisión sino que ponen a disposición de la sociedad un instrumento eficaz de protección de los menores, que es lo que a nosotros, colegisladores en este caso, se nos pide.

Hoppenstedt
Señor Presidente, como coponente de las directivas sobre televisión, me permito constatar de nuevo que el interés de los medios de comunicación es enorme, lo que no podría ser de otro modo. La presencia de otros círculos interesados es excepcional. Mis felicitaciones al Consejo, si bien limitadas, pues ha recogido partes importantes de la primera lectura en su posición común. Nuestro agradecimiento también a la Comisión que, bajo la dirección del Sr. Oreja, ha seguido nuestros debates en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y nos ha informado siempre sobre los movimientos que tenían lugar en el Consejo.
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha planteado una serie enmiendas básicas. Primera: en el artículo 1, al contrario que en la primera lectura, se ha recogido una propuesta de compromiso cuyo contenido, dicho a grosso modo, es el de regular de igual manera los contenidos también iguales, es decir, las emisiones de televisión. Pues el interés público en un nivel de protección igual de los jóvenes, en unos estándares mínimos iguales definidos unitariamente para la publicidad, en un nivel de protección definido unitariamente para el derecho de la persona en forma de un derecho de réplica o rectificación es siempre el mismo para los mismos contenidos, con total independencia de qué vía de transmisión técnica se produzca una emisión de televisión de este tipo.
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha reconocido también el principio básico de que la directiva de televisión no debe impedir bajo ningún concepto las necesarias inversiones en las nuevas tecnologías. A este respecto existe una cierta inseguridad debido a los posibles márgenes de interpretación de las enmiendas nº 12, 13 y 46, ante todo en lo que se refiere a la futura globalidad de los nuevos servicios. Por ello, la gran mayoría del Grupo del PPE no puede apoyar estas enmiendas. No obstante, considero extraordinariamente importante que se reconozca la necesidad de debatir al respecto, pues el desarrollo tecnológico avanza a tal velocidad que lo que actualmente es considerado como una instantánea del momento, tendremos que debatirlo en el futuro.
No creo que haya alguien en la sala que no esté a favor de fomentar la dimensión cultural europea y las obras culturales. La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha presentado de nuevo las enmiendas aprobadas mayoritariamente en el Pleno sobre la introducción obligatoria de cuotas. Como todos ustedes saben, el Grupo del Partido Popular Europeo y, naturalmente, yo mismo tenemos otra idea. Las cuotas obligatorias no producen nuevas películas y programas. Esto se logra mediante estructuras razonables. La vía correcta es la buena formación de profesionales y unas estrategias de comercialización mejoradas, apoyadas por programas de fomento europeos que ya se han mencionado, por ejemplo, MEDIA I y II, el plan de acción 16: 9, Fondos de Garantía y quizás desgravaciones fiscales y medidas para realizar inversiones en películas y programas.
Hay que mencionar la reintroducción de las antiguas enmiendas sobre publicidad. Está claro que en el desarrollo del sistema dual se incluye también una publicidad equilibrada. La cuestión de si todo debe ser tratado por el legislador de modo restrictivo o si el consumidor no está suficientemente emancipado para cambiar de programa en caso de una publicidad exagerada es algo que está en el aire.
Se han recogido en parte las normas de protección de la juventud de la posición común, pero no sufientemente. La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha vuelto a introducir la enmienda originaria, según la cual se crea una última posibilidad de desconexión técnica tras una codificación previa de los programas. Naturalmente, el objetivo es también -lo que siempre hemos subrayado- que este tema desate un debate global, que se sensibilice a todos los agentes del mercado, incluyendo a las consumidoras y consumidores, pues no es aceptable todo lo que se difunde de violencia, obras pornográficas y representaciones sexuales exageradas a través de la televisión, los nuevos servicios y también de Internet. Por ello, de cara a los nuevos servicios, ante todo de Internet, debe perseguirse una estrategia común y global.
Un nuevo tema para la segunda lectura es la transmisión de acontecimientos deportivos. La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha presentado una enmienda, la nº 20, que está pensada al menos como aportación a un posterior debate sobre el tema de las transmisiones deportivas, ante todo a nivel nacional. Creo que aquí se puede encontrar una vía junto con la Comisión para tratar en el futuro este asunto tan sensible y que despierta tanto interés entre el público, de modo que se encuentre una solución aceptable.
Sigo siendo de la opinión de que las organizaciones deportivas mismas y aquellos que difunden el deporte deberían ponerse de acuerdo sin medidas reguladoras del Estado. Pero si no pueden hacerlo, creo que la Unión Europea y los Estados miembros tienen que encontrar reglas. Muchas gracias por su atención.

Castellina
Señor Presidente, estoy aquí para manifestar las razones de fondo que indujeron a la Comisión de Cultura a apoyar, por amplia mayoría, las enmiendas que como comisión les presentamos. Sirva esto para informarles que intentamos interpretar de forma correcta el espíritu del principio de codecisión establecido en el Tratado de Maastricht que impone la búsqueda de un entendimiento y, por consiguiente, de un diálogo entre las distintas Instituciones Europeas.
A este fin, y a raíz de la posición común adoptada en el pasado mes de julio por el Consejo, que en muchos puntos no acogía ni nuestras propuestas ni tampoco las de la Comisión, que eran muy parecidas a las del Parlamento Europeo y, más bien, ignoraba los motivos que nos impulsaron a adoptarlas, intentamos comprender los motivos reales que habían animado a una parte de los Estados miembros y a una parte de nuestros mismos colegas a pronunciarse en contra del texto aprobado en primera lectura por este Pleno. Con arreglo al espíritu del procedimiento de codecisión y de la búsqueda de un consenso, aprobamos en el seno de la comisión, en segunda lectura, nuevas enmiendas que suponen un compromiso sobre puntos decisivos: primero, para atender las preocupaciones, sobre todo de los Estados pequeños, de no poseer la suficiente producción nacional de obras de ficción para transmitir fácilmente el 51 % de obras europeas por lo menos, incluimos en la llamada cuota también las obras de plató; segundo, en lo que se refiere a los nuevos servicios, aclaramos mejor las definiciones que distinguen los que, a pesar de usar nuevas tecnologías y, por consiguiente, nuevos canales, siguen siendo transmisiones audiovisuales, tales como la televisión de pago o la televisión previa petición, de las que, por el contrario, se consideran a petición individual como, por ejemplo, Internet, que carecen de estas características. Incluimos las primeras en el ámbito de aplicación de la directiva en espera de una legislación adecuada que todavía no existe y a fin de no dejar un peligroso vacío legal, pero -y he aquí el punto de compromiso fundamental- excluimos la televisión a la carta de la aplicación de las cuotas tanto de difusión como de inversión. El Comisario Oreja reconoció, por otra parte, que nuestra comisión realizó un notable esfuerzo para limitar sus enmiendas y afirmó asimismo que será políticamente difícil para el Consejo no tenerlas en cuenta. Confiamos en que el Consejo sea políticamente razonable y sea posible llegar al procedimiento de conciliación sin encontrarse ante un rígido cierre que ridiculizaría el principio de codecisión y representaría, por consiguiente, una ofensa para el Parlamento Europeo.
Como verán, estamos debatiendo acerca de dos cosas muy importantes: una de metodo: el papel, la dignidad del Parlamento Europeo y la credibilidad democrática de nuestras Instituciones; y la otra de contenido: haber creado un mercado europeo -el MEC- podía ser una buena idea en los años 50 o 60, pero hoy, cuando ya existe el mercado global, si la Unión Europea se limita a ser sólo un mercado, ya no tiene razón de existir. Tiene sentido y razón de existir sólo si es otra cosa, si conserva y alimenta su identidad histórica y cultural. Esta identidad está hoy por hoy amenazada, porque nuestras culturas nacionales se ven aplastadas por la competitividad internacional, así como por las industrias culturales que gozan de grandes mercados interiores y que, gracias a la fuerza económica y financiera que generan, logran imponer a escala mundial miles de reglas no escritas que acaban dejando tras de sí una empobrecedora monocultura. Ciertamente, Europa puede afrontar el desafío, pero sólo si logra crear lo que todavía no existe: un mercado cultural europeo que vaya más allá de los limitados y reducidos horizontes nacionales. La directiva que les proponemos prevé, precisamente, medidas dirigidas a crear este mercado audiovisual europeo, para proteger del empobrecimiento la fantasía, las imágenes y la personalidad de nuestros hijos y nietos.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, quisiera decir que este Parlamento, en primera lectura y sobre la base de los trabajos de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, y de las Comisiones que han emitido opinión, entre ellas la de Asuntos Económicos de la que yo mismo era ponente, ha elaborado un buen texto que ha definido una buena política europea en materia de creación y difusión televisiva, audiovisual y cinematográfica.
Desafortunadamente, el Consejo de Ministros no ha hecho lo mismo y el texto de la posición común es confuso en cuanto a la forma y claramente insuficiente en cuanto al fondo. Sin embargo, en segunda lectura es preciso ir a lo esencial pues no se puede reescribir todo. Eso es lo que yo mismo he hecho como ponente, al proponer a la Comisión de Asuntos Económicos las cuatro enmiendas que ésta ha votado, habiendo sido aprobados mi informe y mis conclusiones por 28 votos contra 15. Dos de esas enmiendas estaban orientadas a hacer eficaces y jurídicamente obligatorias las cuotas excluyendo los programas producidos principalmente en estudio e impulsando la difusión de las obras europeas. Una tercera enmienda importante pretendía reforzar la eficacia de los controles por parte de la Comisión y una cuarta reintroducía el plazo de 10 años para la revisión.
A título personal puedo decir que me identifico bastante con el espíritu de las enmiendas votadas por nuestra comisión, entre ellas las aprobadas por mayoría en la Comisión de Cultura, si bien, personalmente, hubiera preferido un poco más de precisión para la exclusión de los programas producidos en estudio que desvían el principio mismo de las cuotas e incluso aunque personalmente lamento la falta de medidas de salvaguardia contra las deslocalizaciones.
Como ponente para opinión, espero que haya mayoría en este Parlamento para confirmar nuestra votación de la primera lectura sobre los puntos esenciales mencionados. El mundo cultural europeo, en su conjunto, espera del Parlamento Europeo lo que nuestros Ministros no han sido capaces de hacer, es decir, ser voluntariosos y decididos a la hora de defender y promover nuestra cultura europea.

Barzanti
Señor Presidente, Señorías, las propuestas planteadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, ilustradas de forma excelente por la presidenta, Sra. Castellina, demuestran que se ha querido, con ocasión de la segunda lectura, adoptar una línea equilibrada y responsable.
No hemos vuelto a proponer, sic et simpliciter, todo lo que propusimos en la primera lectura, sino un espacio serio de mediación y de encuentro que esperamos que encuentre el amplio consenso de este Parlamento. De hecho, es cierto que hemos propuesto que el ámbito de aplicación de la directiva abarque también algunos nuevos servicios, pero no todos los nuevos servicios. Fundamentalmente, queremos que se extienda a la televisión a petición, a fin de que no se creen situaciones graves desde el punto de vista de la competencia y una duplicidad de mercado que penalizaría la televisión de todos en favor de la televisión de unos pocos o viceversa.
Y no sólo esto, sino que a través de la enmienda 46, cuya importancia les recuerdo, hemos dicho que la directiva no se aplica mecánicamente a este tipo de nuevos servicios, sino sólo en lo referente a los principios fundamentales y, en primer lugar, la protección de la infancia. Sería absurdo reglamentar Internet, tal como la Comisión se propone, y reglamentar las televisiones genéricas y las temáticas y no colmar un vacío, una tierra de nadie, que no responde a principio alguno.
En consecuencia, el que propone la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, es un enfoque profundamente responsable. Y ello también en lo que se refiere a las cuotas. Es cierto que queremos que las mismas sean obligatorias, sin embargo, hemos subrayado que todo el mecanismo debe volverse a examinar dentro de diez años y, por lo que se refiere a las televisiones temáticas, existe la posibilidad de optar por las cuotas de inversión.
Finalmente, en cuanto a la publicidad, volvimos a introducir elementos que servirán para convertir en más rigurosa la propia publicidad tanto desde el punto de vista de los principios a los que debe inspirarse, como en lo que se refiere a los techos admisibles a lo largo del día y de una determinada hora. En efecto, es perfectamente inútil prever techos rigurosos durante el día y luego, en cambio, alargarlos de forma indiscriminada con respecto a una determinada hora.
Lo mismo vale para los menores y para la cuestión de la llamada deslocalización que abordamos desde dos perspectivas muy importantes: la necesidad de que una emisora deba, de todos modos, transmitir para el país donde se encuentra y la posibilidad de poner en marcha el procedimiento abreviado, previsto por la misma Comisión, no sólo para que se cumplan los artículos 22 y 22 bis, sino también otros artículos.
Hemos llevado a cabo un buen trabajo y por esto, nos dirigimos también a los sectores de este Parlamento que no están totalmente de acuerdo con esta línea y, en particular, al Partido Popular Europeo, para que se adopte una actitud de consenso, la única que, en el trámite de conciliación, podrá darnos la fuerza necesaria para hacer valer las buenas razones de todas las fuerzas democráticas de este Pleno.

Whitehead
Señor Presidente, declaro mis intereses en calidad de radiodifusor televisivo, no meramente como proveedor de contenido o moderador de la superautopista de la información, sino como radiodifusor, aunque es posible que seamos además todas esas cosas. Ésta es una directiva sobre la radiodifusión televisiva y debería versar sobre asuntos específicos de la radiodifusión, es decir, lo que ofrecen los radiodifusores a través del televisor, pero nada más.
Cuando hoy debatamos el artículo 1, debemos tener presente que se trata de un intento de compromiso que trata de muchas de las reservas que han expresado los representantes de intereses del sector de las telecomunicaciones y otros. Ellos temen verse atrapados por unos reglamentos pensados para otra era. Nosotros decimos que no. Lea mis labios, le diría a aquellos como British Telecom. No están siendo atrapados. Gran parte de lo que hacen no puede ni podrá jamás ser considerado como algo que entra en el reglamento de la radiodifusión. Aquí nos limitamos a estudiar aquellos servicios que ofrecen los radiodifusores y que no están sujetos a la interactividad, ya sea de palabras, datos o imágenes que proporcionarán unos servicios realmente novedosos. Sólo en aquellos casos en que analizamos los servicios que entran en el ámbito de la radiodifusión, podemos decir que deberían entrar en el campo de acción de la directiva, aunque en el caso del vídeo a la carta somos inflexibles en que no debe estar sujeto al régimen de cuotas. Espero que estos aspectos tranquilizadores faciliten hoy la labor de la Asamblea, porque ésta es una directiva flexible. Aspira a lograr el consenso. Creo que ya lo ha logrado y lo ha hecho en muchos ámbitos, sin duda en términos de cómo la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha redactado ahora los artículos 1 y 4, y cómo ha alcanzado el objetivo, por el que el Sr. Comisario, que hoy se encuentra aquí presente, ha expresado su satisfacción.
Una última observación sobre la publicidad. Necesitamos medidas flexibles de protección, una medidas que acepten que en países como el Reino Unido, la publicidad financia a veces la televisión pública y ésta no debe verse obligada a suprimirla. El objetivo de esta directiva debe ser, sin lugar a dudas, avanzar siguiendo los mejores ejemplos de que dispongamos, cualesquiera que éstos sean. Oculta tras este debate está la esencia del que podría ser el mejor servicio de radiodifusión televisiva del mundo en el que la calidad importa, la variedad cuenta y la abundancia es el amiga y no enemiga de la excelencia. Por todo ello recomendamos las enmiendas.

Lage
Señor Presidente, Señorías, está es otra etapa de una larga batalla por el futuro del sector audiovisual europeo o, lo que es lo mismo, para la economía y la cultura europeas. Y el Parlamento Europeo, al ejercer plenamente sus competencias, está desempeñando un papel útil para esa misma cultura europea que nos compete defender y preservar. Pero en esa lucha debemos procurar no deslizarnos hacia una concepción caracterizada por algunos vestigios de patrioterismo cultural. Ésa es la mayor acusación que se puede hacer a la Directiva «Televisión sin fronteras». A fin de cuentas, la cultura americana es hija de la cultura europea y, si hoy no queremos someternos a la hegemonía de las imágenes, los símbolos y los modelos estéticos que la industria audiovisual americana difunde en Europa, debemos hacerlo con inteligencia y equilibrio.
Y eso sí que lo está haciendo el Parlamento Europeo, en particular su Comisión de Cultura. Lo que se pretende es equilibrar la cultura europea respecto de la hegemonía de la cultura americana. Lo que se pretende también es transformar la producción audiovisual europea en una defensa de las culturas europeas, no sólo de las grandes culturas europeas por el espacio nacional que representan, sino también de las pequeñas grandes culturas europeas universalistas, como la cultura portuguesa. Esa lucha por el mantenimiento de la diversidad, la complejidad y la riqueza de las culturas europeas es la que está en la médula del debate sobre la Directiva «Televisión sin fronteras». Por eso mismo, quiero expresar mi apoyo a la Comisión de Cultura y a este conjunto de propuestas votadas en segunda lectura, que son propuestas de transacción y respecto de las cuales el Parlamento Europeo no puede retroceder.

Pex
Señor Presidente, me cuesta menos aceptar el texto de la actual posición común que algunas enmiendas del Parlamento. Lo importante es que para los próximos años se cree una legislación clara y no ambigua para la radiodifusión en Europa. En estos tiempos, y dado el nivel actual de la tecnología de la información en el mundo digital, necesitamos un régimen de radiodifusión que garantice la pluriformidad y optimice la calidad de los programas. Esto significa que hay que proteger al ente público, lo cual no implica necesariamente que la televisión privada no pueda desarrollarse. La técnica digital nos ayudará a mantener la pluriformidad en la radiodifusión.
A mi entender todavía quedan tres puntos importantes en este debate. El principal es la definición de broadcast . Los nuevos medios de comunicación no pueden entrar en las limitaciones de esta directiva. Los nuevos medios de comunicación han de poder desarrollarse libremente. Quizás haya que crear regulaciones estatales, pero estas tendrán que ser especiales para los nuevos medios de comunicación. No se pueden aplicar las disposiciones de la televisión a los nuevos medios. No todo lo que tiene imagen y sonido es televisión.
Una segunda cuestión es la protección de los menores de edad. Se trata en primer lugar de una tarea de los padres. Estos cuentan con la ayuda de recursos técnicos que les permiten determinar lo que pueden ver y oír sus hijos, y regular sus aparatos y programas de acuerdo con ello. Las reglas estatales en materia de protección no deben mermar la libertad de expresión, pero tampoco el derecho fundamental a la intimidad. Por ello, la radiodifusión como concepto ha de seguir separada de los nuevos medios de comunicación. En este contexto es preciso establecer una distinción entre las emisiones para el público y los programas para el individuo.
Por último, las cuotas. Como bien saben -lo he dicho otras veces-, soy contrario a las cuotas. En este contexto me parece que es un disparate. La mayoría de las cadenas públicas, y en los Países Bajos también las comerciales, cumplen ampliamente las cuotas propuestas actualmente. Lo mismo puede decirse de otros países de la Unión Europea. Por otra parte, considero que estas cuotas son contrarias al espíritu de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. La industria audiovisual europea ha de desarrollarse mejor para poder ofrecer protección contra la americanización. La industria audiovisual europea no se desarrolla mejor gracias a las cuotas. Las cuotas tienen el efecto de un somnífero. La industria europea necesita un mercado interior libre y también necesita ayuda, por ejemplo, en la financiación de películas, ayuda que puede ofrecer el fondo de garantía que se ha creado.
Diversas enmiendas del Parlamento Europeo no tienen en cuenta los criterios antes mencionados. Sin embargo, desde mi punto de vista, el principal escollo está en el texto de la enmienda nº 12.

Guinebertière
Señor Presidente, lo que nos proponen los Ministros competentes en la industria audiovisual en la posición común aprobada por la Comisión y por el Consejo es construir Europa cada vez que ello sea factible. Nos encontramos ante la segunda lectura del texto de la Directiva «Televisión sin fronteras».
El desafío que plantea este texto es la consecución de una armonización legislativa y reglamentaria por parte de los Estados miembros en el ámbito de la radiodifusión y de la televisión, y las enmiendas presentadas van en este sentido.
La voluntad de los parlamentarios de llegar a un texto aplicable y razonable ha llevado a numerosos compromisos con respecto a las posiciones adoptadas por la mayoría en la primera lectura. Así, aceptamos los nuevos servicios de vídeo a la carta y hacemos una concesión en lo relativo a los servicios en línea.
Respecto a esto, seguimos esperando la directiva de la Comisión, aunque me tranquiliza comprobar que ésta nos la ha prometido para mañana. Uno de los desafíos más importantes de esta directiva se encuentra en la aplicación de las obligaciones de difusión, cada vez que ello sea realizable, tal como nos propone el Consejo. Esto es inadmisible. No es un texto legislativo y de ningún modo puede constituir un reglamento. Esto me hace pensar en mi abuela, que decía a su hija: »tienes permiso para salir hasta las 10. Si a las 11 no has llegado, a las 12 cierro la puerta». Esto no es serio.
¿Para qué hemos luchado juntos durante las negociaciones del GATT con el fin de conseguir la excepción cultural?¿Acaso no se trata de hacer del espacio europeo un lugar de difusión de nuestras diferentes culturas a través de nuestras propias imágenes, nuestra música, ante 370 millones de telespectadores hoy y en el futuro quizá ante más de 500 millones? Realmente el Parlamento tiene voluntad de armonizar las legislaciones. Prefiere respaldar a su industria cinematográfica y apoyar todos los empleos que surjan de nuestras propias producciones en lugar de comprar, a otros, producciones que generarían paro.
Una vez más, para conseguir una difusión mayoritaria de obras europeas estamos dispuestos a aceptar la ampliación de la base de cuotas compatibilizando los programas producidos en estudio aunque, personalmente, no creo que las producciones sean obras, si bien, cuando se trata de emisiones literarias, conservamos un testimonio cultural de la evolución de los autores, lo que es muy importante. Esta aceptación debe permitir a algunos países responder a las cuotas y hacer esta cláusula factible. Debo añadir que pueden asimismo tomarse en consideración las emisiones difundidas en lenguas minoritarias en atención a poblaciones específicas.
Si la enmienda sobre las cuotas no resulta aprobada, pretendemos que se adapte la cláusula de salvaguardia que autoriza a un Estado de recepción a luchar contra las deslocalizaciones abusivas. Esta cláusula está ya en vigor en el ámbito de la banca e intenta evitar distorsiones. Por lo que respecta a la publicidad y la televenta, no ignoramos el papel que representa en los ingresos de las televisiones comerciales. Sabemos también que demasiada publicidad mata la publicidad. No pretendemos matar ni la publicidad ni la televenta por intentar encuadrarlas dentro de unos límites razonables y por velar por el respeto de algunas reglas de protección del menor y del consumidor.
Defendemos también el desafío de pluralidad y garantía de acceso, a todas las personas, a los acontecimientos especialmente importantes como los campeonatos mundiales de fútbol o los juegos olímpicos y, para resumir porque dispongo de poco tiempo, deseamos hacer factible la aplicación de esta directiva en cada ocasión, porque constituye uno de los instrumentos importantes de que dispone la política audiovisual europea junto con el programa MEDIA II y el Fondo de Garantía.

Larive
Señor Presidente, voy a expresar mi interés personal por esta directiva. En primer lugar, quiero trabajo para mis hijos, y en segundo lugar quiero ver programas de televisión, porque me gustan y no porque no me quede otra opción debido a las cuotas obligatorias. Por ello, la gran mayoría de mi Grupo considera que, en primer lugar, no hay que incluir nuevos servicios en la directiva, ni el corsé legal que nos cuesta empleos porque no podemos seguir compitiendo con Estados Unidos y Japón. En segundo lugar, hay que estimular la producción a través del Fondo de Garantía Europeo, etc., pero no aplicar cuotas obligatorias para las producciones europeas. En tercer lugar, los Liberales consideran esencial el reconocimiento mutuo. La única excepción justificada a este principio tiene que ver con la protección de los niños contra la pornografía o la violencia extrema; esto debe seguir así, pero ya no hay que poner más excepciones, es decir, no aceptamos ninguna de las enmiendas socialistas que pretenden hacer más estrictas las reglas para el tabaco, el alcohol y la publicidad infantil. No olvidemos que la directiva ha de garantizar el tráfico transfronterizo libre de servicios y nosotros consideramos que las reglas, tal como están fijadas en la directiva, ofrecen una protección adecuada. En cuarto lugar, los Liberales quieren recurrir a la tecnología para proteger a los niños, integrando un chip u otro mecanismo en el televisor. Y a partir de ahí, son los educadores quienes deciden si hacen funcionar o no este instrumento. Se trata de un buen principio liberal, y por consiguiente hay que elegir entre la técnica o una legislación más estricta. Yo elijo la técnica. En quinto lugar, los liberales son partidarios del acceso por parte del público en general a los grandes eventos en la televisión, como los Juegos Olímpicos y la llegada a Marte.
Si se aprueban las enmiendas que he mencionado -cuotas, nuevos servicios, etc.-, la mayoría de mi Grupo ya no estará interesada en este texto. Damos preferencia a la primera directiva de 1989. Nos parece pueril entablar una lucha institucional porque sí. Lo que nos interesa es el contenido, el empleo, la elección y se da la casualidad de que esta vez el Consejo y la Comisión llevan la razón.

Pailler
Señor Presidente, en estos momentos nos encontramos entre la espada y la pared. A los que todavía les quepan dudas sobre las obligaciones claras, es preciso recordarles o más bien subrayarles que, en estos momentos, tenemos la certeza de que será muy difícil, incluso imposible, poner en práctica el Fondo de Garantía, que el presupuesto en general, y MEDIA II en particular, son y serán ridículos con respecto a los desafíos del sector. Además, para garantizar el pluralismo, se ha dejado de lado la directiva antimonopolio, y el Libro Verde sobre los nuevos servicios ha quedado reducido únicamente a la protección del menor.
El deseo del Sr. Bangemann de diluir la industria audiovisual en los Telecom, en nombre de la convergencia, no hace más que ensombrecer el contexto en el que vamos a votar sobre la televisión sin fronteras, único punto claro a nuestro alcance.
Europa no debe hipotecar la pluralidad de sus propias culturas. Me pregunto si dejaremos pasar esta oportunidad para que el mercado no sea la única seña de identidad europea. En el plano de la civilización el desafío es, en estos momentos, concedernos la libertad para reflejar, con nuestras propias imágenes, nuestra historia, nuestras historias, nuestros mitos y sueños. Para que Europa pueda salvar y desarrollar su industria cinematográfica y audiovisual tenemos que votar hoy, y mañana el Consejo deberá comprender, las enmiendas orientadas a reforzar la seguridad jurídica relativa a las obligaciones de difusión y producción.
Si nuestro objetivo es reforzar la producción de obras de ficción y documentales, es necesario excluir los programas producidos en estudio y votar la enmienda 55. En cuanto a la enmienda 51, recordemos que, en primera lectura, este Parlamento ha votado estas medidas antideslocalización por 423 votos a favor, porque la enmienda en cuestión no pone en tela de juicio las reglas del mercado interior, sino que está dirigida a las emisiones piratas que desprecian las reglas nacionales y europeas. ¿Por qué razón el Parlamento Europeo se vería obligado a desdecirse hoy en parte?
En fin, si el mercado de los nuevos servicios es portador de futuro, tal como permiten pensar las grandes maniobras de la industria audiovisual y de multimedios, no dejemos escapar esta oportunidad. No pedimos la luna, es decir, aplicar obligaciones de producción a los nuevos servicios, sino solamente aplicar las disposiciones a los menores y a la publicidad.
No concluiré hoy, excepción cultural obliga, con una cita sino con una cifra. Ello al menos no planteará ningún problema de traducción, y ahora me dirijo a las cabinas. No pongo en duda su competencia sino la capacidad de algunos de mis colegas para comprender en ocasiones, y especialmente algunos del Consejo. Así pues, voy a citar una cifra y no a un hombre o una mujer ilustres. La cifra es el déficit del comercio audiovisual entre los Estados Unidos y Europa. Aumentó en un 14, 5 % entre 1994 y 1995, un 14, 5 % en un año, hasta alcanzar los 6.500 millones de dólares. ¿Se puede ser más claro?

Tamino
Señor Presidente, una vez más nos damos cuenta de la profunda divergencia que existe entre las propuestas del Parlamento Europeo y las decisiones adoptadas por el Consejo. A pesar de reconocer que algunas de las mejoras sugeridas en junio por el Consejo de Cultura se han hecho realidad con respecto a la protección de los menores, las televentas, la libertad de recepción y otras más, siguen siendo del todo insatisfactorias las decisiones que afectan a las cuotas y a los ulteriores desarrollos de la televisión en un futuro próximo, por ejemplo, de la llamada «televisión a la carta» o de la televisión de pago.
Considero oportuno, también en nombre del Grupo de los Verdes, recordar que existe una estrecha relación entre la democracia y los medios y no hay duda de que hoy la televisión es el más importante servicio de información.
Por lo tanto, para el futuro de los Estados miembros, es fundamental una directiva que garantice, también en el futuro, un servicio público de televisión capaz de hacer frente a la exigencia colectiva de garantizar, de forma transparente y sin condicionamientos políticos y económicos, el derecho a la información. Sin embargo, reviste la misma importancia la relación entre la televisión y la cultura, porque el futuro de las distintas culturas que representan una riqueza para la Unión Europea, depende en gran manera del desarrollo televisivo.
Por ello, debemos reiterar que el instrumento de las cuotas, a pesar de los ajustes aportados por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, no puede ser facultativo como desea la Comisión.
En efecto, no nos hallamos ante una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa por la cinematografía, aunque debemos, por el contrario, reconocer que sin las cuotas, la cinematografía europea corre el riesgo de desaparecer.
Esto no significa que las obras europeas de escasa calidad deben preferirse a las obras estadounidenses más válidas. Junto con las cuotas es necesaria una acción para el fomento y desarrollo de la cinematografía de calidad de los Estados miembros, también a través de otros instrumentos a los que se han referido sus Señorías: el Fondo de Garantía y el programa MEDIA.
Garantizar un servicio público en el campo televisivo, supone también la profunda protección de los menores, la extensión del concepto de televisión a las nuevas tecnologías, la reglamentación adecuada de la publicidad y de las televentas, así como evitar que los grandes acontecimientos culturales y deportivos sean inaccesibles a una parte de la población y defender todas las lenguas y culturas que, como manifesté, constituyen una riqueza para Europa.
Los Verdes van a votar a favor tanto de las enmiendas presentadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, aunque las mismas se limitan y están orientadas, ante todo, a obtener el máximo consenso posible respecto a la primera lectura, como de las que vuelven a plantear el problema de la interrupción, mediante publicidad, de los programas infantiles y el problema de la deslocalización, es decir de las televisiones que transmiten fuera del Estado hacia el que dirigen sus transmisiones.

Leperre-Verrier
En el mes de febrero último, con motivo del debate en primera lectura, este Parlamento dio muestras de una determinación real al insistir para que, en la perspectiva del desarrollo de las nuevas tecnologías, la televisión sea un vector cultural positivo, sinónimo de entretenimiento e información, un instrumento de creación y producción, respetuoso con aquellos que la miran.
Es necesario que hoy, cuando abordamos la segunda lectura, manifestemos la misma actitud. Efectivamente, ni la opinión pública, que se muestra cada vez más expectante ante el futuro de su televisión, ni los profesionales, que a veces nos han ilustrado y apoyado, comprenderían que diéramos marcha atrás y pusiéramos en tela de juicio lo que ellos consideran logros.
En la fase de conciliación aún estaremos a tiempo sin duda para encontrar los ajustes necesarios, pero sería completamente perjudicial que, ante la perspectiva de las negociaciones, aceptáramos revisar a la baja nuestras demandas. Sería por otra parte totalmente contrario al procedimiento de codecisión. Por ello es importante mantener el nivel de nuestras exigencias que, por lo demás, sigue siendo completamente legítimo si pretendemos evitar desviaciones posteriores.
Por lo que respecta a mi grupo, hay tres problemas que nos parecen fundamentales: los nuevos servicios, las cuotas y las deslocalizaciones. Ciertamente, no desconocemos la necesidad de reglamentar mejor la publicidad y la televenta; sin duda, nos gustaría que se controlara mejor la influencia de la televisión sobre los jóvenes, y no solamente con relación a la violencia, pero consideramos que se han producido algunos progresos y que una directiva bien entendida podría aportar una notable mejora. En compensación, deseamos hacer hincapié en los puntos que he mencionado anteriormente y apoyaremos las enmiendas orientadas en este sentido.
El primer punto es la inclusión de nuevos servicios. Sabemos, señor Comisario, que pronto habrá un Libro Verde que vendrá a llenar el vacío jurídico existente en materia de vídeo a la carta. Sin embargo, en aras a la coherencia de nuestras propuestas, sería bueno que esta directiva mostrara la vía y ofreciera un marco general que este Libro Verde tan esperado no dejará de completar.
El segundo punto son las cuotas. Efectivamente, es importante reforzar las obligaciones de difusión de obras europeas. Ello implica la aplicación de un verdadero sistema de cuotas coherente y homogéneo. No podemos aceptar, en este sentido, el mantenimiento de esa idea de que «cada vez que ello sea factible», que parece se intenta imponer una vez más. Sabemos que se trata de una brecha abierta a todo tipo de desvíos y corrupciones. Por tanto queremos cuotas, y reales, para permitir el fortalecimiento de una verdadera industria de programas audiovisuales europeos y ello supone, por consiguiente, que se excluyan los programas producidos en estudio.
El último punto es la inclusión de una cláusula antideslocalización. Debemos reconducir la enmienda votada en primera lectura por amplia mayoría el pasado mes de febrero. Sin esta medida sabemos que hay un gran peligro de que se instalen difusores de otros Estados miembros y se sustraigan a sus obligaciones.
Como conclusión, desearía hacer algunas puntualizaciones. Me parece completamente paradójico el credo de la desregulación que han entonado algunos de nuestros colegas. Comprendo que se mantengan reservas sobre algunos puntos; comprendo menos que en el momento en que los mismos americanos entienden la necesidad de imponer un cierto número de reglas, sobre todo para proteger a los jóvenes, algunos puedan todavía preconizar la desregulación. Sabemos que la cultura no es un producto económico como los demás, y no debe someterse al principio de la libre circulación.
En consecuencia, Señorías, no seamos ni ingenuos ni hipócritas. Debemos asumir nuestras responsabilidades y considerar que nuestra cultura dependerá de las producciones audiovisuales que difundamos.

Kuhne
Señor Presidente, señoras y señores, fue muy alentador que el Grupo del PPE aprobase el 29 de octubre en la comisión que la televisión a la carta debería incluirse en el ámbito de aplicación de la directiva. Es, por ello, muy lamentable lo que el Sr. Hoppenstedt nos ha comunicado esta mañana. Quiero recordar lo siguiente: en la enmienda presentada se aclara que no se trata de incluir a todos los servicios posibles, que se excluyen expresamente las ediciones electrónicas y que una serie de normas de la directiva sobre la televisión, como la regulación de cuotas no se aplicarán a la televisión a la carta. No tiene justificación el argumento de que el desarrollo de nuevos servicios podría verse en peligro por la inclusión de la televisión a la carta.
Me gustaría coniocer al oferente de televisión a la carta que retire su inversión porque tenga que aplicar a sus ofertas las mismas normas sobre la protección de la juventud que son aplicables a la televisión tradicional. No lo conozco. En la decisión que debemos adoptar hoy, debemos prestar también atención al entorno político. La Comisión no ha cumplido su promesa de presentar en un Libro Verde sobre los nuevos servicios normas paralelas sobre la directiva de la televisión. En el enmagrecido Libro Verde sobre los nuevos servicios y la protección de la juventud se dice incluso expresamente que se quiere aplazar a un momento indeterminado las normas jurídicas. Me dirijo a los ponentes: quien quiera disponer en la televisión tradicional de dispositivos técnicos para filtrar programas pero renunciar a unas normas jurídicas para la protección de la juventud en la televisión a la carta, deberá explicarnos esta contradicción.
Además, actualmente se financian con fondos de la Comisión estudios orientados a la comercialización de la totalidad del sector televisivo pero que apoyan abiertamente nuestra argumentación de que no se trata de la vía de transmisión sino que solamente debe preverse una especie de asilo electrónico para pobres con escasez de recursos.
Creo que la única oportunidad de regular la televisión a la carta la tenemos con esta directiva y puede ser que hoy sea la última oportunidad.

Pack
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, lamento extraordinariamente que a pesar de los intensos esfuerzos realizados en un ambiente más colegial que en la primera lectura, no hayamos logrado aproximar nuestras posiciones en todos los campos y demostrar una mayor unidad de criterios.
En lo tocante a las cuotas, nuestra posición no ha cambiado respecto a la primera lectura. Seguimos opinando que no son un medio adecuado para llevar a la pantalla más obras europeas. Una demanda superior de obras europeas por parte de los espectadores y, ante todo, un mayor apoyo en la distribución de obras europeas lograrán mejores resultados que las cuotas. Sin cuotas, en muchos países europeos hay ya actualmente más de un 60 % de obras europeas en las pantallas.
Nos hemos esforzado realmente por encontrar un compromiso sobre el artículo 1 de la directiva «Ampliación del concepto de radiodifusión a los nuevos servicios», entre otras cosas porque la Comisión nos ha comunicado entretanto que el anunciado Libro Verde sobre los nuevos servicios no se va a publicar. Las enmiendas nº 12 y 46 al artículo 1 me parece que eran factibles. Pero el griterío levantado entre los medios de comunicación, desde la prensa hasta la televisión, fue tan enorme que debo suponer que los especialistas han encontrado unas trampas que yo no había visto. Pero, personalmente, sigo siendo de la opinión de que el compromiso adoptado no supone ningún obstáculo a la expansión económica de estos nuevos servicios en Europa, pues debe verse en estrecha relación con la enmienda nº 46 que regula las excepciones.
En lo tocante al deporte, creo que los diputados deberíamos abogar por que los derechos en exclusiva de las transmisiones -contra lo que no tenemos nada en contra- no conduzcan a que amplias partes de la población se vean excluidas de importantes acontecimientos deportivos. La enmienda nº 20 no está orientada solamente a los compradores, es decir, las televisiones, sino también a las organizaciones deportivas, quienes deberían tener al menos el mismo interés en sus espectadoras y espectadores que nosotros en nuestras electoras y electores. La dependencia es similar.
La enmienda nº 48 pretendía precisar solamente la enmienda nº 20 al anteponer la palabra «deporte» a los llamados acontecimientos importantes. Algun ser que tiene hacia mí una disposición muy poco amistosa ha falseado totalmente esta enmienda nº 48. Por ello, tengo que retirarla, pero ruego a las y los colegas que aprueben que al menos añadamos oralmente la palabra «deporte» a la enmienda nº 20. Espero que estén de acuerdo.

Arroni
Señor Presidente, señor Comisario Oreja, Señorías, el sector audiovisual es el sector más reglamentado de todos los medios de comunicación. El conjunto de enmiendas presentadas quiere imponer una reglamentación todavía más restrictiva. Esto es injustificado y contraproducente, especialmente en un momento en que el sector está preparado para invertir recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías, que generarán nuevos puestos de trabajo y un mejor acceso para el ciudadano a las fuentes de información.
Las nuevas enmiendas imponen a las televisiones mayores cuotas de difusión y reducen la cantidad de espacios publicitarios. Como es obvio, esto representa una contradicción: no se puede, por una parte, obligar a las televisiones a aumentar sustancialmente sus contribuciones al desarrollo de la producción europea y, por otra, reducir sus beneficios publicitarios que son -no hay que olvidarlo- la única fuente de financiación para las televisiones comerciales y una fuente importante para las televisiones de pago. Es contradictorio pretender salvaguardar la oferta audiovisual, justamente gratuita, indispensable para que los ciudadanos tengan un acceso democrático a la información y, al mismo tiempo, privar a quienes garantizan esta oferta, es decir, a las televisiones de los medios necesarios para hacer frente a sus costes. Hace unos momentos, un colega se refirió a las televisiones para las minorías en beneficio de las televisiones para las mayorías. Considero que se refería a las televisiones comerciales que, sin lugar a dudas, son televisiones para todos los ciudadanos.
Por lo que se refiere a la protección de los menores, las televisiones deben asumir completamente su parte de responsabilidad. Estamos en contra de la violencia y de la pornografía y lo estamos por principio y por los efectos negativos que pueden tener sobre los adultos. Por lo tanto, debemos apoyar las enmiendas presentadas al Pleno sobre la protección de los menores, excepto algunas y, en particular, las que se refieren a la codificación. La codificación, de hecho, no es una solución eficaz ni adecuada para solucionar los complejos problemas que plantean la violencia y la pornografía.
Por último, señor Presidente, Señorías, si queremos una televisión mejor debemos votar en contra de este tipo de modificación de la directiva, pues, votar estas enmiendas restrictivas significaría ignorar los principales mecanismos que regulan el sector.

Monfils
Señor Presidente, quisiera recordar una vez más que las cuotas de obras europeas, la aplicación de la Directiva al vídeo a la carta y las medidas orientadas a impulsar las producciones independientes, no constituyen un proteccionismo intraeuropeo. Todo ello resultaría inútil si los Estados Unidos respetaran las reglas normales de competencia, lo que no es el caso.
No podemos aceptar que consideren a Europa como su campo de juegos audiovisuales, muy lucrativo por otra parte, no respetando ni siquiera las reglas europeas como las que prohíben los abusos de posición dominante, bien encarnados por el UIP, órgano de distribución de las películas americanas. Para garantizar nuestra diversidad cultural y desarrollar nuestra creación cultural son necesarias medidas de protección. Pero éstas también son esenciales en el plano económico: en los diez próximos años habrá dos millones de empleos en la industria audiovisual, y es preciso conseguirlos.
En fin, aunque el Consejo de Ministros haya ignorado de manera escandalosa la votación del Parlamento en primera lectura, hemos querido presentar enmiendas de conciliación, principalmente en lo relativo a las cuotas y a los nuevos servicios. Al votarlas, ayudarán ustedes a desarrollar la creación cultural y el empleo, pero al mismo tiempo defenderán la credibilidad y la influencia de este Parlamento. Mi liberalismo no es el de la zorra en libertad en un gallinero libre. Es la puesta a punto de reglas que permitan el pleno desarrollo de cada cual, la salvaguardia de la diversidad y el desarrollo de los intereses europeos frente a la voluntad hegemónica de otras partes del mundo.

Papayannakis
Señor Presidente, estas modificaciones de la Directiva vigente eran necesarias, por lo tanto, apoyo las enmiendas de la Comisión de Cultura. Sin embargo, señor Presidente, tengo dudas en cuanto a la aplicación y el control de la Directiva vigente realizados hasta la fecha por la Comisión, y quisiera dirigirme a la misma alegando dos ejemplos de Grecia. En primer lugar, la directiva vigente se está incumpliendo gravemente en Grecia de manera escandalosa e indignante, mientras la Comisión no hace nada. La duración de la publicidad, por ejemplo, supera todos los límites y ocupa cualquier espacio, noticias, programas políticos, películas, todo, pasando por alto cualquier limitación prevista en la Directiva. Obviamente, así se financia la televisión, pero esta impunidad provoca una distorsión del mercado de la publicidad en perjuicio de la prensa, creando enormes problemas. Así lo confirman, además, las denuncias procedente tanto del sindicato europeo como del griego, y es intolerable desde varios puntos de vista, pero sobre todo, desde el punto de vista político. Este exceso de publicidad desvirtúa tanto a los creadores como a sus obras, además de ser una molestia para los telespectadores. ¿Qué es lo que hace la Comisión ante esta situación? Creo que nada. Segundo ejemplo: los menores de edad; a mí me parece evidente que se les debe proteger de la avalancha de publicidad dirigida, especialmente, a los niños. Mediante esta publicidad, además, se ejerce un chantaje moral terrible sobre los padres. Muchos países han adoptado medidas razonables: entre otros, Suecia y, también, Grecia. ¿Qué es lo hace la Comisión? Recurre contra ellos ante el Tribunal de Justicia con argumentos de la índole de que hay que proteger la libre prestación de servicios. Entonces, ¿por qué, señores Comisarios, no se protege, igualmente, la libertad de prestación de servicios de la industria del tabaco o de otras industrias y actividades más peligrosas? Considero ridículo ese argumento e insto a la Comisión a que guarde en el cajón todos los expedientes relativos a recursos ante el Tribunal de Justicia.

Ullmann
Señor Presidente, señor Comisario, el hecho de que esta directiva haya despertado una especial atención y también críticas es prueba de la importancia de la misma. Por ello, me voy a dirigir a los críticos con dos observaciones.
El derecho de la Unión recoge en este caso la posición ya adoptada en 1989 y la confirma. No se trata de reglamentación o de limitación sino de una decisión en favor de la libertad cultural a la que nos obliga el artículo 128 del Tratado de la Unión. Todos sabemos que las fuerzas del mercado no garantizan ellas solas dicha libertad.
Segunda: la crítica en el sentido de que aquí se está intentando someter las nuevas técnicas de información y de transmisión a un entramado normativo ajeno al tema es errónea. Los nuevos medios de comunicación son objeto de la directiva solamente mientras contengan elementos de la televisión. Si se los excluyese de la directiva, todo su entramado normativo perdería validez. Una cosa está clara: allí donde la libertad cultural está en peligro, la libertad de mercado también lo está. La libertad es indivisible. Espero, por ello, coincidir también con los representantes de la televisión comercial y de la industria de los medios de comunicación.

De Coene
Señor Presidente, si hoy no se logra una mayoría absoluta en el Parlamento a favor del presente informe, o si se logra, pero el Consejo no está dispuesto a aceptar las enmiendas fundamentales del Parlamento, nos encontraremos en una situación permanente en que la industria audiovisual en Europa tendrá que emprender una lucha desigual contra la norteamericana. Por ello, la defensa de la cuota de emisión e inversión no viene dada tan sólo por cuestiones culturales, sino sobre todo por motivos económicos. Los productos norteamericanos llegan al mercado europeo a precio de dúmping , se venden en paquetes, mientras que el mercado norteamericano sigue cerrado a los productos europeos, debido, entre otras cosas, a la concentración vertical entre productores y distribuidores. Por consiguiente, tal como ha señalado la Sra. Larive, hoy en día no puede hablarse de una libre elección del telespectador. Las cuotas no son un objetivo, sino un medio provisional para lograr por fin una competencia leal.
Los oponentes quieren instrumentos más ofensivos. Nosotros nos preguntamos por qué una cosa habría de excluir a la otra. Además, seamos realistas, hay pocas noticias buenas. MEDIA II sufrió una amputación de 400 millones a 300 millones de ecus. En segundo lugar, y dada la unanimidad exigida, es muy poco probable que la versión reducida del Fondo de Garantía para el cine llegue algún día a ver la luz, aunque hemos de elogiar los esfuerzos de la Presidencia irlandesa en este sentido.
Por último queremos defender un principio, concretamente que el establecimiento de una organización de radiodifusión en un Estado miembro se apoye en un vínculo económico y cultural real con este Estado miembro. Además, hacemos un llamamiento a la Comisión para que ponga fin a los monopolios televisivos ilícitos en algunos Estados miembros. Si queremos luchar contra los monopolios públicos, y lo hacemos de buen grado, no hay razón para tolerar los monopolios comerciales.

Perry
Señor Presidente, en esta Asamblea todos estamos de acuerdo en que la televisión es una industria decisiva no sólo por sí misma, sino por la influencia que ejerce sobre la sociedad, la cultura y la economía europeas. Cruza las fronteras nacionales, por ello necesitamos normativas europeas. Está claro que la actual directiva necesita ser actualizada, pero no debemos ser demasiado rígidos. Francamente, la posición común del Consejo y de la Comisión era bastante acertada. Son muchas de las enmiendas las que la han estropeado.
En un plano superficial, dichas enmiendas se jactan de apoyar la producción de la TV europea. Lo cierto es que lo que harían sería causar graves daños a la televisión europea. Sólo dispongo de tiempo para tratar unos pocos aspectos. Cuotas: ¿Aplicaremos unas cuotas a las ventas en las librerías? ¿Racionaremos la Coca Cola? Todo esto me huele a apartheid cultural. Las cuotas no mejorarán la calidad de los programas ni un ápice. Lo único que les incumbe es la cantidad. Para mejorar la calidad de los programas lo que hace falta es alentar a los radiodifusores del sector público, ayudar a la producción de cine europeo, y no imponer cuotas.
Publicidad: los programas de calidad necesitan financiación. Con una regulación excesiva de la publicidad, lo único que lograremos será poner en peligro la calidad de los programas europeos. Contemplemos las restricciones que se están imponiendo a los programas infantiles, a la publicidad de medicamentos, a los anuncios que ofenden las creencias filosóficas, los controles sobre la duración de la publicidad. Todo esto reducirá los fondos que van destinados a realizar buenos programas europeos. El año pasado, la televisión independiente del Reino Unido destinó 40 millones de libras a programas infantiles de calidad. Todo esto está ahora en peligro si a los programas infantiles se les priva de su financiación. En vez de programas mejores, lo que tendremos serán programas peores.
Nos encontramos en una etapa en la que la tecnología está experimentando cambios radicales. La digitalización marca el comienzo de una nueva era. No debemos imponer una normativa que exija esperar diez años para que se analicen las cuotas, sino que deberíamos hacer una revisión a más tardar al cabo de cinco años. Me parece que lo que dicen estas enmiendas es: no confíen en los televidentes, no confíen en los productores de televisión, no confíen en las compañías ni en los anunciantes europeos, impongamos controles, cuotas y reglamentos. Francamente, creo que debemos confiar en los televidentes y recordar que ellos son electores.

Ryynänen
. Señor Presidente, señor Comisario, los ponentes sobre la Directiva relativa a la televisión merecen reconocimiento por su excelente trabajo, a pesar de que las prolongadas fases de su examen han exasperado a muchos. La contraposición entre libre competencia y fomento de la cultura europea carece, en mi opinión, de fundamento. Y es que todos nosotros estamos de acuerdo en lo que respecta a la importancia del desarrollo del conjunto de la producción audiovisual europea tanto desde el punto de vista cultural como económico y laboral. Nuestras divergencias se refieren sólo a los medios para hacerlo. El objetivo de la reforma de la directiva sobre la televisión es buscar unas reglas del juego para la revolución que se está produciendo en la sociedad de la información, ya que las nuevas tecnologías, cuyo progreso se produce a una velocidad vertiginosa, están vaciando de contenido la anterior política normativa. Por ello son necesarios nuevos medios para apoyar el conjunto de la producción europea en una situación de libre mercado. Hay que reforzar la competitividad del sector audiovisual y el desarrollo de nuevos servicios. El sector de las comunicaciones, de rápido crecimiento, puede proporcionar un incremento significativo del número de puestos de trabajo. En lugar de cuotas estrictas y de una normativa restrictiva, la UE debe comprometerse a conceder una mayor ayuda a la producción de calidad, por ejemplo, a través del programa Media 2 y de un fondo de garantía para el sector audiovisual. Debe animarse a los productores europeos a realizar programas de calidad, que interesen a los espectadores, a fin de que las compañías de televisión tengan interés en emitirlos en sus canales. La protección de los menores representa un objetivo importante habida cuenta del incremento de la oferta de programas nocivos. Hay que realizar un seguimiento de la evolución de los sistemas técnicos de control a fin de hallar soluciones adecuadas. No obstante, la búsqueda de soluciones relacionadas con la protección de los niños debe realizarse a nivel nacional.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, desde un punto de vista político industrial y social aquí se trata de la cuestión clave de la futura sociedad de la información, de la producción de contenidos. Se trata de la decisión sobre si nos decidimos por una configuración democrática o una mera superación de consecuencias, por un lado en lo tocante a la reflexión colectiva y activa de las sociedades civiles como una globalidad europea y como pueblo mundial y, por otro, en lo tocante a la producción cultural y servicios como fuente de nuevos y buenos puestos de trabajo. Esto no es un producto residual automático de la creciente competencia monopolística en la que el Comisario Bangemann sigue lamentablemente creyendo, cuando la racionalización, la concentración, la uniformización y el comercio se encuentran en primer plano. Necesitamos por ello el compromiso sobre el concepto de radiodifusión, necesitamos cuotas vinculantes, programas de ayuda sin agujeros y con suficiente dotación, necesitamos Fondos de Garantía suficientes. Lo que no necesitamos es una discriminación de los oferentes públicos de programas. Murdoch, Kirch y Berlusconi son la alternativa errónea a la cultura de la CocaCola.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, muchos colegas, con una extraordinaria capacidad de trabajo y de buen sentido, han conseguido presentar unas enmiendas que pueden ser aceptadas por la mayoría. Merecen nuestra felicitación. Queda, como se está viendo en el debate, algún desacuerdo que empaña tanto el buen resultado final como la fuerza de este Parlamento en el procedimiento de codecisión.
Sigo creyendo que debería legislarse, en términos jurídicos, no retóricos, una mayor obligación para nuestras televisiones de emitir productos que hayan sido pensados, realizados, interpretados, creados en los países de la Unión Europea. No se es imparcial tratando igual a situaciones desiguales. No es proteccionismo, sino equidad, facilitar una mayor salida a los productos de la industria audiovisual europea que hoy no pueden competir en igualdad de condiciones, por razones de mercado ajenas a su calidad, con los de otros países.
No se hace Europa tratando a las empresas de televisión como si fueran cualquier medio de producción o a sus productos como si fueran Coca-Cola e ignorando su gran componente de servicio público. Pero, en fin, estamos escribiendo todos -Consejo, Comisión y Parlamento- la historia de la Unión Europea y esta historia es suficientemente joven para que, a pesar de todos los reparos que he expuesto, consideremos que hoy da este Parlamento un paso adelante con la aprobación de estas enmiendas que deben tener ante el Consejo, en la conciliación final, todo el peso de la opinión de los ciudadanos europeos a quienes siempre, y especialmente en este caso, estamos representando.

Vaz da Silva
Señor Presidente, queridos colegas, pocos documentos han provocado una polémica como el relativo a la televisión sin fronteras. Dentro del Parlamento, en el propio interior de cada Grupo político, en los sectores profesionales y en los grupos de ciudadanos surgen objetores y defensores apasionados de esa directiva. No sin razón, pues del éxito de su aplicación depende la proyección de Europa en el siglo XXI.
¿Qué se pretende con la revisión de la Directiva? Se pretende, mediante la armonización de las legislaciones nacionales, conciliar objetivos comunes, simultáneamente culturales y económicos, como son los del desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y el del fortalecimiento de la industria de programas en Europa.
La dificultad de esa conciliación estriba en que las lógicas de esos sectores son contradictorias. En el sector audiovisual predomina una lógica nacional y cultural; en las telecomunicaciones, una lógica transnacional y de mercado. Pero esas lógicas están, señor Presidente, señor Comisario, condenadas a cruzarse y fundirse. Y al éxito de ese cruce es a lo que llamaremos el modelo europeo de la sociedad de información.
Queridos colegas, el texto de la directiva, tal como la Comisión de Cultura lo propone ahora en segunda lectura, es un milagro de equilibrio. Milagro que se debe al sentido de la responsabilidad, pero también al pragmatismo de los diputados que, en primera lectura, se enfrentaron en posiciones que parecían inconciliables. Para la transacción que ahora se presenta a votación se han tenido en cuenta los principales objetivos por alcanzar: disciplinar los nuevos servicios, cuya explosión puede subvertir las reglas del mercado, mientras se espera a la formulación de una legislación propia, y estimular la producción europea para volverla competitiva con la urgencia que impone su alarmante caída libre.
El compromiso expresado sobre los nuevos servicios para que el ponente y la coordinadora de mi Grupo, en la comisión, hicieran una lúcida contribución merece todo mi apoyo. Las enmiendas referentes a las cuotas han pasado a ser aceptables -creo yo- incluso para algunos de sus opositores, ya que dan carácter gradual a su aplicación. Ahora bien, para Portugal presenta la limitación de establecer un estatuto equiparado para las producciones no europeas en lengua portuguesa.
Termino, señor Presidente, diciendo que, tras hacer balance, esta directiva es, a fin de cuentas, un texto minimalista: con menos, sería ineficaz; con más, podría estrangular el mercado. Al contrario de lo que muchos piensan, necesitamos esta directiva para afrontar las negociaciones de la OMC, que se inician en breve en Singapur.

Vallvé
Señor Presidente, estamos debatiendo un tema muy importante como es el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Mi posición es que hay que reforzar la difusión y la producción de obras europeas, lo que, a mi parecer, pasa por el establecimiento de unas cuotas que refuercen la producción europea. Por otra parte, esta producción europea debe reflejar la diversidad cultural existente y permitir en el futuro la creación de puestos de trabajo en la industria de producción audiovisual.
Me complace, asimismo, exponer la opinión del Colegio de directores de cine de Cataluña, que están de acuerdo con un mercado libre; pero ¿puede hablarse realmente de un mercado libre frente a la concentración de tantos grupos de empresas como existen en los Estados Unidos y a la invasión de sus productos? Solamente si aprobamos unas legislaciones anti-trust será posible ese mercado libre, gracias a la aplicación temporal de unas cuotas.
Por último, quisiera añadir que las cuotas es algo que afecta, también, a algunos Estados en los que existen lenguas minoritarias, de nacionalidades y regiones que, también, pueden solicitar cuotas en estas lenguas. Por lo tanto, que no se escandalicen los Estados que solicitan cuotas si después, en su seno, algunas minorías nacionales piden que se respeten allí las cuotas de emisión en su propia lengua.

Ahlqvist
Señor Presidente, hoy el Parlamento se encuentra ante una encrucijada. Hemos de adoptar una decisión que es vital para la posibilidad de crear un mercado interno de la televisión. La cuestión de la cuota es una de las que hacen que el informe resulte discutible. Pero para fortalecer la cultura europea y la diversidad cultural, son necesarias las cuotas. Al igual que la mayoría de la Comisión de Cultura, apoyo la redacción actual del apartado 4. No obstante, para mí es igualmente central que se aclaren las competencias jurídicas sobre la televisión que tienen los Estados miembros, los consumidores y los niños. La reglamentación en cuanto a los anuncios dirigidos a la población infantil, queridos colegas, es una cuestión que ha sido mi caballo de batalla durante toda la tramitación de la Directiva sobre la televisión. He recibido el apoyo, no sólo de mi Grupo sino de otros, lo cual me permito agradecer.
Para los que continuan dudando sobre si deben apoyar mis enmiendas, les diré que el primer debate celebrado en el Parlamento emitió una fuerte y clara señal política. Los diputados de todos los países miembros votaron a favor de una rigurosa reglamentación de los anuncios dirigidos a los niños en base a la manipulación de su inocencia, no en contra de la industria del juguete. Lo que quiero lograr es que productores y agencias publicitarias asuman su responsabilidad. Quiero que éstas últimas respeten a nuestros hijos y su necesidad de desarrollarse antes de que se les someta al «fuego cruzado» que los consumidores más experimentados hemos aprendido a evadir. No podemos aceptar que las fuerzas del libre mercado, escudándose tras la libertad de expresión, expongan al niño a la violencia, la pornografía y los anuncios de la televisión. Los votos de sus Señorías serán hoy muy importantes. Debemos intentar decidirnos por un mercado común sin fronteras para la televisión, que garantice la diversidad cultural y unos programas de calidad.

Chanterie
Señor Presidente, Señorías, muy brevemente cinco cuestiones.
En primer lugar, la protección de los jóvenes. Espero que la Comisión y el Consejo acepten la enmienda nº 40, pues de nada sirve promocionar el filtro o el chip si los televisores no están equipados con ello y si los programas de televisión no están codificados. En este sentido, el papel de los padres es esencial.
En segundo lugar, la cuota. No a las regulaciones restrictivas, sí a una regulación flexible para dar una oportunidad justa a la cultura europea.
En tercer lugar, es preciso cortarle las alas a la publicidad, pero no hay que prohibirla. Es decir, publicidad con restricciones sobre cuándo y dónde.
En cuarto lugar, en relación con las reglas de origen, quisiera apoyar la enmienda nº 16. Pero quiero preguntarle al Comisario Oreja si es compatible con las dos sentencias del Tribunal de Justicia contra Gran Bretaña y Bélgica de septiembre de 1996.
En quinto lugar, las retransmisiones deportivas han de seguir llegando a las masas.

Lang, Jack
Señor Presidente, permítame formular brevemente dos duras preguntas en mi calidad de coautor en 1989, con otros Ministros de Cultura, de la primera Directiva «Televisión sin fronteras». La primera es que tenemos deseos de preguntar a Europa: ¿todavía tienes alma? ¿realmente puedes preservar tu creatividad, tu capacidad imaginativa, tu genio creador?
Sabemos, Señorías, que la capacidad creativa de las nuevas generaciones está, cada vez más, educada por medio de las imágenes de la televisión o del cine. Nosotros, parlamentarios europeos, ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a los bombardeos de series de televisiones internacionales y estandarizadas, que matan en el corazón y en la mente de esos jóvenes su originalidad, su identidad y singularidad? La cuestión que se nos plantea es de vida o muerte de nuestra cultura viva, y ese poder lo tenemos en nuestras manos.
Deseo que hoy seamos suficientemente numerosos para responder con un no a la uniformización, a la colonización cultural, con un sí a la diversidad, a la creatividad y a la libertad. Sólo una directiva clara y reforzada lo permitirá.
Y la segunda pregunta que planteo es, ¿aceptaremos que nuestro Parlamento deje de existir en momentos cruciales? Ya hemos perdido en el pasado muchas ocasiones para manifestar una voluntad decidida. Estoy pensando en la designación de los Comisarios europeos o también en nuestra aceptación por mayoría, bajo la presión de los Gobiernos, del acuerdo económico con Turquía.
Como conclusión deseo, señor Presidente, que preservemos hoy la cultura europea y la democracia europea con un voto claro.

Banotti
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes por los muchos esfuerzos que han dedicado al presente informe. Este informe es probablemente el que está sujeto a mayores presiones por parte de los grupos de interés de cuantos hemos tenido en el Parlamento. ¿Pero que es lo que preocupa a las personas que se encuentran en la tribuna de invitados, a los hombres y mujeres de la calle en lo que se refiere a su propia televisión?
Evidentemente quieren que se les entretenga y se les informe. Les preocupa el contenido de los programas que ven sus hijos, en particular, el nivel de violencia y los programas inadecuados. Muchos se quejan de que les resulta imposible supervisar los programas que ven sus hijos, y los padres necesitarán ayuda para poder conocer más a fondo los medios de comunicación del futuro, si realmente quieren proteger a sus hijos.
También les inquieta la presión a la que se ven sometidos para comprar juguetes caros para sus hijos. Están enfadados ante la creciente monopolización de encuentros deportivos que gozan de gran popularidad y que ya no pueden ver sin hacer una inversión considerable por cada encuentro. También les preocupa la avaricia de muchas de las organizaciones deportivas que intervienen en los encuentros. Además quieren oír sus propias historias contadas en la forma en que están acostumbrados y en sus canales nacionales. Quieren apoyar a los productores y directores jóvenes que realizan dichos programas, los cuales cuentan en muchos casos con una financiación insuficiente.
No creo que las cuotas mejoren las cosas, aunque pienso que necesitamos las cuotas para controlar a nuestros radiodifusores con objeto de que tomen nota de nuestros deseos de que nuestros programas se realicen en nuestro idioma y a nuestra manera.

Sanz Fernández
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Cultura permite mejorar la actual directiva de televisión sin fronteras para ayudar a desarrollar una industria audiovisual europea de calidad. Con este texto, se protege a los niños frente a los contenidos nocivos en programas y anuncios mediante normas más severas; se clarifica y precisa una reglamentación estricta en materia de publicidad televisiva; se garantiza el acceso de la mayoría de los espectadores a la retransmisión en directo de grandes acontecimientos deportivos, frente a los derechos exclusivos de las cadenas de pago.
Se ha ampliado el consenso entre los Grupos políticos del Parlamento, pero subsisten las diferencias en un punto esencial: la obligación de reservar una parte mayoritaria del tiempo de emisión a obras europeas. Los socialistas, con la mayoría de los diputados de la Comisión de Cultura, hemos flexibilizado la postura que siempre mantuvo el Parlamento Europeo, aceptando que se considere obra europea los programas efectuados en estudio. De este modo, las televisiones no tendrán dificultad en poder cumplir con el requisito de la cuota de emisión de obra europea.
Coincidimos así, en sustancia, con la posición de la Comisión. Pero los ponentes del Grupo del Partido Popular Europeo rechazan esta propuesta de compromiso y no proponen ninguna fórmula alternativa, con lo que será casi imposible alcanzar la mayoría de votos necesaria para mantener vivo el debate con el Consejo. Si esto ocurre, se habrá beneficiado a la poderosa industria audiovisual norteamericana y será muy difícil que se desarrolle una industria audiovisual europea competitiva y de calidad.

Decourrière
Señor Presidente, con ocasión del examen en segunda lectura de la revisión de la Directiva «Televisión sin fronteras», hay motivos de preocupación por la suerte del paisaje audiovisual europeo si no se introducen una serie de modificaciones a la propuesta de la Comisión.
Como parlamentario preocupado por la aplicación de una política basada en la promoción de obras europeas, les pido que se pronuncien masivamente en favor, en primer lugar, de la inclusión de nuevos servicios como el vídeo a la carta, con el fin de someter estos últimos a un cierto número de reglas sobre la publicidad o la protección de menores.
Conviene también reforzar las obligaciones de difusión, llamadas comúnmente «cuotas», haciéndolas obligatorias, y excluir del cálculo de éstas los programas producidos en estudio. Las cuotas favorecerán la producción y difusión de obras europeas, pero también nos permitirán (es inútil ocultarlo) hacer frente a la competencia internacional y especialmente a la norteamericana.
En fin, Señorías, debemos luchar contra las deslocalizaciones abusivas con el fin de garantizar la protección y desarrollo de la industria cinematográfica de los países miembros de la Unión. Les recuerdo que una cláusula así no tiene nada de excepcional, ya existe por ejemplo en el ámbito de la banca, y el Parlamento Europeo la aprobó por una gran mayoría en primera lectura.

Hawlicek
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, uno de los objetivos principales de la nueva directiva sobre la televisión es el de fomentar la industria europea de programas y asegurar la variedad cultural de Europa en el mercado audiovisual. Junto al aspecto más importante que mi colega Lang ha destacado de un modo tan sugerente, es decir el de la variedad cultural y la creatividad, la nueva directiva sobre televisión pretende fomentar inversiones de gran magnitud en la industria europea del cine mediante la producción y emisión de programas de origen europeo.
Los expertos calculan que debería ser posible crear en los próximos diez años dos millones de nuevos puestos de trabajo y hacer posible la participación de nuestras televisiones europeas en el rápido incremento de nuevas tecnologías y en las anunciadas ampliaciones de la industria audiovisual, para establecer así la igualdad de oportunidades en la competencia frente a las producciones norteamericanas.
Otro importante objetivo de la nueva directiva de televisión es el libre acceso de toda la población a transmisiones deportivas importantes. En el futuro, cada ciudadano debe poder seguir los acontecimientos deportivos importantes no sólo a nivel europeo sino también a nivel nacional sin tener que pagar más por ello. Por ello, es importante tratar en la Comisión -me dirijo en especial al Comisario, Sr. Oreja- sobre los derechos en exclusiva para acontecimientos importantes.
Quiero exponer aún mi opinión sobre un último punto, el concerniente a la protección de la juventud. Sin duda, el autocontrol no es suficiente. Todos sabemos de la pedagogía y de las experiencias personales que las prohibiciones y las medidas coercitivas con frecuencia son contraproducentes. Por ello, estoy también a favor de medidas positivas, a saber, de un importante fomento de emisiones para niños y jóvenes que sean buenas e interesantes. Esto tiene que ser posible dentro de los programas MEDIA existentes.

Oreja Aguirre
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero en primer lugar felicitar al Parlamento por la consolidación de una política audiovisual que es lo que, en definitiva, estamos buscando en este momento, y en el centro de esta política está la directiva «Televisión sin fronteras». No me extiendo sobre la misma por falta de tiempo, y me voy a limitar a comentar las enmiendas presentadas en esta segunda lectura.
Evidentemente, el texto que aprobemos tiene que ser un texto respetado. Y en ese sentido, indico al Sr. Papayannakis, que se refería a la responsabilidad que puede tener la Comisión en relación con este tema, que -como él sabe muy bien- la ley griega ha sido objeto de transposición y, por consiguiente, también las disposiciones de la directiva en materia de publicidad. Nosotros sabemos que no ha habido una correcta aplicación al respecto y, en consecuencia, se ha abierto un procedimiento de infracción, una vez que se han presentado las correspondientes quejas.
En relación con la posición de la Comisión sobre las distintas enmiendas que han sido presentadas, quiero decirles que la Comisión es favorable a todas las enmiendas sobre los considerandos de la directiva -enmiendas 1 a 9-, y a la enmienda 11, con excepción de la 10. Nos parece, ciertamente, que la enmienda 1 sobre los Libros Verdes, relativos a los nuevos servicios, está en cierta forma superada porque la Comisión adoptó el 16 de octubre pasado el Libre Verde sobre protección de menores y dignidad humana en los nuevos servicios. Y, por otra parte, no nos parece que tenga su lugar en un texto jurídico.
Llego así a las enmiendas que la Comisión considera más importantes: las que pretenden ampliar el ámbito de aplicación de la directiva al vídeo a la carta, es decir, las 12, 13, 46 y 54. La Comisión considera que la nueva versión de estas enmiendas, en relación con las aprobadas en primera lectura, representa una mejora sensible. Queda claro que el texto sólo se refiere a la transmisión de programas de televisión disponibles previa petición individual -y así lo han dicho varios oradores de una forma muy clara-, cuyo contenido sea total o prácticamente comparable a la televisión tradicional y no al conjunto de los servicios en línea.
Por otro lado, la enmienda 46 precisa que sólo determinadas disposiciones de la directiva le serán de aplicación: la norma básica de libre circulación, las disposiciones sobre protección de menores y ciertas normas en materia de publicidad.
La Comisión aprecia indudablemente las mejoras que se han introducido en relación con la primera lectura, aunque sigue sin estar totalmente convencida de la conveniencia de incluir el vídeo a la carta en la directiva pero, como es lógico, tendrá muy en cuenta los resultados de la votación parlamentaria y puede anunciar también que será favorable a la enmienda nº 13.
Las enmiendas 14 y 15 se refieren a la definición de publicidad y telecompra. Estamos de acuerdo con la primera, aunque su redacción podría mejorarse. En cambio, no estamos de acuerdo con la 15 porque la telecompra, es decir, la compra a distancia de bienes o servicios es una actividad contractual.
Las enmiendas 16, 51 y 53 en relación a los criterios de competencia jurídica establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la posición común no son aceptables. Si se aprueban, nuestro dictamen será negativo al igual que en la enmienda 17. Quisiera explicar brevemente cuál es el razonamiento de la Comisión al respecto.
Primero, estas enmiendas debilitarán el principio fundamental de la directiva, es decir, que la libertad de emitir debe tener como único control al Estado de origen de la emisión, y este principio se desprende claramente del artículo 59 del Tratado. Las tres enmiendas conducirían a crear conflictos entre los Estados y serían, a nuestro juicio, un factor de perturbación en el sector. Además, estas enmiendas plantearían unos problemas técnicos y jurídicos específicos.
Las enmiendas 16 y 17 son, por otra parte, incompatibles con la jurisprudencia del Tribunal. La enmienda 16 produciría el efecto opuesto al que se busca, y en ese sentido, quiero referirme a la mención que ha hecho expresamente el Sr. Chanterie. Consideramos que la enmienda plantea dos tipos de problemas: es incompatible con el Tratado y con la jurisprudencia del Tribunal que, en su sentencia sobre el asunto Comisión contra Bélgica del 92, ha declarado la incompatibilidad con el artículo 59 de medidas semejantes a las propuestas en la enmienda 16 basadas en la lengua. Y esta posición ha sido recientemente confirmada, el pasado día 10 de septiembre, en la sentencia sobre el asunto Comisión contra el Reino Unido, en la que el Tribunal ha dicho que el único criterio correcto para la determinación de la competencia jurídica de un Estado miembro es el vínculo del establecimiento de la difusión.
En cuanto a la enmienda 17, tiene por objeto añadir, a los diversos motivos por los cuales un Estado miembro puede suspender las emisiones procedentes de otro Estado miembro, las violaciones a las que se refieren los artículos 14, 15 y 16. Esta posibilidad se limita actualmente a las violaciones graves y repetidas de normas sobre protección de menores, y la enmienda propuesta es, a nuestro juicio, incompatible con las sentencias del Tribunal en la materia.
Se emitirá por parte de la Comisión un dictamen positivo sobre la enmienda 18.
La enmienda 19 sobre sanciones financieras plantea problemas institucionales porque el artículo 189 A del Tratado establece que una directiva vincula a los Estados miembros en cuanto a los resultados que deben obtenerse pero les deja la elección de los medios para alcanzarlos.
En cuanto a la enmienda 20, que tiene por objeto garantizar que el público pueda seguir teniendo acceso sin codificación y en directo a las retransmisiones televisadas de los grandes acontecimientos, en particular, deportivos, debo decir que he visto la sensibilidad que hay en la Asamblea en relación con este tema, y pueden estar seguros de que yo plantearé este asunto ante el Colegio de Comisarios y recogeré el sentir que la Asamblea ha expresado.
La Comisión puede dar su acuerdo a las enmiendas 21 a 25. En cambio, no está de acuerdo con la enmienda 26 puesto que un período de diez años nos parece demasiado largo para un simple procedimiento de evaluación del impacto.
Estamos de acuerdo respecto a la enmienda 29 sobre los plazos de difusión de las obras cinematográficas. En cuanto a la enmienda 30 sobre emisiones para audiencias locales, parece en exceso restrictiva, dadas las especificidades de estas emisiones, y, en cuanto al capítulo de publicidad, aceptamos las enmiendas 31 y la primera parte de la 36 pero creemos que las limitaciones cuantitativas impuestas en la enmienda 37 y en la segunda parte de la 36 son demasiado restrictivas.
En cuanto a la enmienda 32 sobre cortes publicitarios, la Comisión no ve motivo para cuestionar la norma de duración programada que creemos que funciona bien desde el año 1989. El dictamen es, por consiguiente, negativo y es también negativo sobre la enmienda 35.
El dictamen de la Comisión es positivo para la enmienda 33, con la añadidura de las palabras filosóficas en la letra c) del artículo 12, y, en cambio, damos un dictamen negativo a las enmiendas 45, 57, 58 y 34.
En cambio, el dictamen es positivo para la enmienda 38, que indica un objetivo encomiable en cuanto al contenido de las emisiones y en cuanto al filtrado de programas previsto en la enmienda 40; la Comisión comparte el interés del Parlamento por este dispositivo de control. Sin embargo, pensamos, en relación con este tema, que tal vez sea prematura una obligación impuesta en un plazo tan breve como es el de un año. Creemos que es necesario más tiempo para poder llegar a esa misma conclusión.
En cuanto a la cuestión del Comité de Contacto, el dictamen es positivo sobre la enmienda 43, y, por último, aunque la Comisión comparte la preocupación expresada en la enmienda 45, de tener en cuenta el desarrollo de los servicios a petición individual en el informe trienal de evaluación, nos parece inoportuno limitar el alcance del informe a este único tipo de servicios.
En conclusión, la Comisión dictaminará positivamente sobre las enmiendas siguientes, si son aprobadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, primera parte de la 36, 38, 39, 43 y 44.

El Presidente
Agradezco al Comisario Oreja su intervención y las precisiones que acaba de darnos. El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.

Pasty
Señora Presidenta, desearía un poco de atención por parte de sus Señorías, puesto que mi intervención se basa en el artículo 108 del Reglamento, relativo a alusiones personales.
El pasado sábado día 9, el diario nacional neerlandés «Volkskrant», publicó una entrevista con la Sra. d'Ancona, del grupo socialista, en la que se lee que «la Sra. Van Bladel ocupa ahora un escaño al otro extremo del hemiciclo, donde se encuentra el grupo del Sr. Le Pen. Ha ido a ocupar un escaño a la derecha y vota como el grupo del Sr. Le Pen».
Consideramos que se trata de una mezcolanza inexacta, tendenciosa, calumniosa y difamatoria, y debo precisar que todos los miembros de mi grupo nos solidarizamos con la Sra. Van Bladel y que cada uno se considera gravemente ofendido. Es necesario poner estos hechos en relación con los que ayer mencionó el Sr. Janssen van Raay relativos a los lamentables incidentes que se produjeron entre las mismas personas la semana pasada. Por tanto pido al autor de estas palabras y de estos actos que pida disculpas o retire sus afirmaciones.

Votaciones
Torres Marques
Señora Presidenta, como sabe usted, mi informe fue aprobado en el mes de septiembre por una amplia mayoría. Pero, mientras que la víspera del debate, la Comisión había reconocido la importancia de este informe, cuando fue invitada a dar a conocer su posición, el Comisario presente, que era el pobre Sr. Fischler (pido excusas por llamarle «pobre» porque es más rico que todos nosotros, puesto que dispone de más de la mitad del presupuesto), me respondió que la Comisión no podía adherirse a mis propuestas. Por tanto he pedido que el informe sea devuelto a la Comisión de Derechos de la Mujer con el fin de retomar el trabajo con la Comisión. Señora Presidenta, ¿puede pedir a la Comisión que nos informe acerca de su posición en estos momentos?

Oreja Aguirre
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en relación con la pregunta formulada por la Sra. Torres Marques puedo comunicarles que las enmiendas que la Comisión está dispuesta a aceptar son las siguientes: la enmienda nº 1, parte de la nº 4 y la totalidad de la nº 5, todas ellas referidas al trabajo atípico. Podemos, asimismo, aceptar parte de la enmienda nº 2 y la totalidad de la enmienda nº 7 relativa a períodos de permiso, así como la segunda parte de la enmienda nº 11 sobre flexibilidad en la edad de las personas que tienen derecho a la jubilación.
Se trata de enmiendas importantes en términos políticos, ya que reflejan la preocupación del Parlamento por los trabajadores a tiempo parcial, por alentar a los padres a que tomen los permisos por motivos familiares al igual que las madres, así como la posibilidad de aplicar la flexibilidad a la edad a la que se tiene derecho a la jubilación aplicable por igual a ambos sexos. Por consiguiente, me complace anunciar su aceptación en nombre de la Comisión.
En cuanto a las enmiendas restantes, soy consciente de cuáles son las que atraen un mayor interés: son las cuatro relativas a los factores actuariales, que el Parlamento desearía que se prohibieran para siempre. La Comisión comprende la orientación política del Parlamento al respecto, pero considera imposible aceptar estas enmiendas en este momento.
La Comisión ha encargado ya un estudio a expertos muy cualificados en relación con este tema. Tan pronto como esté concluido este estudio, la Comisión debatirá sus resultados con la Comisión de Derechos de la Mujer. A partir de estos resultados, la Comisión podría abordar el problema específico en su próxima propuesta para completar el tema de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la seguridad social, que podrá sustituir a su propuesta de 1987, todavía pendiente ante el Consejo.
No debemos engañarnos. Sabemos que es un problema difícil de abordar, pero hay una cosa clara: este asunto no puede seguir su curso hasta que no se haya realizado este trabajo preparatorio que acabo de mencionar. En este momento, podemos y debemos trabajar juntos para determinar cuál es la mejor manera de abordarlo. Confío en que, sobre esta base, podamos considerar que hemos logrado un acuerdo político y que la propuesta de la Comisión pueda seguir su curso para su adopción por el Consejo modificada después de la aprobación del dictamen del Parlamento.

Torres Marques
Señora Presidenta, hoy tengo la suerte de que sea el Sr. Oreja quien responda. Permítaseme señalar que, si los artículos que ha aprobado el Parlamento sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres y las acciones positivas en beneficio del sexo con menos representación fueran defendidos por la Comisión en el transcurso de la CIG, este informe no sería ni siquiera necesario.
Señor Comisario Oreja, me felicito por su presencia y disponibilidad para ratificar hoy estas enmiendas que son políticamente muy importantes y que se refieren al trabajo atípico, a la maternidad y a la flexibilidad en la edad de la jubilación. Como ponente me felicito por ello y les pido que aprueben este informe.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Desama
Al no encontrarse presente el Sr. Adam, deseaba simplemente señalar que, como sabe usted, señora Presidenta, en este caso se trata de la primera aplicación del resultado de la conciliación que hemos tenido con el Consejo sobre las redes transeuropeas, por tanto de la aplicación de la codecisión a los añadidos y modificaciones incorporados a los anexos.

Manzella
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Reglamento, solicito que la votación de este informe se aplace hasta el turno de votaciones que tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

El Presidente
Vamos a proceder en la forma que lo hacemos habitualmente. Estoy ante una modificación del orden del día, puesto que se trata de alterar el momento de la votación. Por tanto voy a oír a un orador en contra y a otro a favor.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, no veo ninguna razón para aplazar la votación. Por otra parte, el Sr. Manzella dice hablar en nombre de la Comisión de Reglamento. Como el presidente presente puede atestiguar, nunca se trató este tema en el seno de la Comisión de Reglamento. Que yo sepa, por el hecho de haber estado presente en las reuniones de esta comisión, lo que pretende el Sr. Manzella no se corresponde con la realidad.

Fayot
Efectivamente, señora Presidenta, esto no se ha debatido ni decidido en comisión. Pero supongo que, puesto que el ponente lo solicita y se trata de un aplazamiento hasta mañana a la misma hora, no debería plantear ningún problema.
(El Parlamento decide aplazar la votación)

Bloch von Blottnitz
Me tomo este derecho. He invertido una gran cantidad de trabajo en el informe y la comisión también. Ustedes se ríen. Puede ser que quizás no se esfuercen tanto. Quiero decir que estoy muy sorprendida de que el mismo Parlamento, al renunciar a cualquier tipo de medidas legislativas con la ayuda de ustedes allí enfrente, se deje quitar las armas de la mano después de que la comisión aprobó algo unánimemente. Me parece vergonzoso.
Recomendación para la segunda lectura (A4-0346/96) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común del Consejo (C4-0380/96-95/0074(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Ponentes: Sr. Galeote Quecedo y Sr. Hoppenstedt)
Sobre la enmienda nº 20

Pack
En la enmienda nº 20 se dice: los acontecimientos especialmente importantes tienen que poder transmitirse y ser accesibles para todos. No debe decirse acontecimientos especialmente importantes pues puede tratarse también un pase de modas, sino que debe decirse acontecimientos deportivos especialmente importantes. Para mí se trata solamente de añadir la palabra «deportivos» a la enmienda nº 20. Ruego a los colegas que la apoyen.
Sobre las enmiendas nº 29 y 56

Barzanti
Señora Presidenta, acabamos de aprobar la enmienda 29 sobre los plazos, pero dicha enmienda puede considerarse compatible con la enmienda 56. De hecho, la enmienda 29 que hemos aprobado, dice que «los Estados miembros -por otro lado, no podría ser de otra forma- se asegurarán de que los organismos de radiodifusión sujetos a su jurisdicción no emitirán obras cinematográficas fuera de los períodos acordados con los titulares de los derechos», mientras que la enmienda 56 prevé lo que debe hacerse en el caso de que no existan contratos para regular los plazos de difusión de los medios y, en consecuencia, puede ser considerada como una enmienda adicional.
Asimismo, nuestro Grupo comunica ya desde ahora que ha solicitado una votación por partes y no votará la primera parte, desde «salvo» hasta los dos puntos, mientras que votará la segunda parte de esta enmienda que también empieza por: »salvo acuerdo contrario de los titulares de los derechos».
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses votan a favor del informe del Parlamento Europeo sobre igualdad de trato en la seguridad social. El informe incluye importantes propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres en casos como la pensión y el empleo a tiempo parcial, que no se contemplaban en el documento de la Comisión.
Las mujeres que se incorporan tarde al mercado de trabajo o que lo abandonan de forma temporal para cuidar de sus hijos no deben encontrarse en situación de inferioridad respecto a los demás al final de su vida. Es triste que la Comisión no se haya dado cuenta de que es necesario corregir esta situación en los Estados miembros para que la ley sobre igualdad de trato no sea únicamente palabras vacías, sino una realidad.
Las mujeres de la UE son escépticas ante la cooperación. Debemos demostrarlas que tenemos algo que ofrecerlas.

Ojala, Seppänen
Hemos votado a favor de la aprobación del informe de la Sra. Torres Marques porque en él se proponen ciertas mejoras de la propuesta de la Comisión.
En Finlandia por ejemplo, la edad de jubilación de las mujeres se ha elevado ya en todos los sistemas de pensiones hasta los 65 años, es decir, hasta la misma edad que los hombres. No obstante, se ha fijado un largo período de transición para proteger los derechos adquiridos anteriormente por las mujeres. A raíz de la propuesta de directiva que ahora se está examinando, el Gobierno de Finlandia tiene previsto, sin embargo, proponer una nueva modificación de la ley, de manera que 40.000 mujeres pueden llegar a perder los derechos de pensión que habían obtenido anteriormente.
En nuestra opinión, el Consejo debería conceder a los Estados miembros un período de transición para la aplicación de la directiva, a fin de que ello no ocasionase excesivas pérdidas a las mujeres.
Informe Adam
Ahern
Me refiero en particular a la propuesta de decisión de la Comisión que define la especificación de proyectos de interés común ya identificados por la Decisión nº 1254/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía.
En cuanto a la propuesta de que «se proceda a una información previa [al Parlamento] relativa a los proyectos de interés común incluidos en la actualización de la lista, especialmente por lo que se refiere a posibles modificaciones de proyecto ya identificados anteriormente», debo llamar la atención sobre las irregularidades que se han producido en torno al interconector de electricidad entre Escocia e Irlanda del Norte, en el que se han incumplido los principios básicos de las directrices sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía con la conexión eléctrica propuesta, en la que el apoyo de la Comisión al proyecto contribuirá a la creación de daños económicos y contra el medio ambiente en las zonas afectadas. Es necesario que se tomen medidas para evitar que vuelvan a producirse casos como éste.

Marset Campos
En la construcción europea es de vital importancia contar con una red de distribución de energía. El Parlamento Europeo ha modificado de forma positiva la propuesta presentada por la Comisión al incluir no solamente tramos significativos en la zona del mar Báltico, al hacer especial hincapié en relación con el Acuerdo de Asociación Euromediterránea en el ámbito de la energía, sino además al incorporar el compromiso de jerarquización y la seguridad en las perspectivas financieras para que la ejecución de los proyectos de interés común pueda ser garantizada.
Por estas razones, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica apoya de buen grado el informe del Sr. Adam y se suma a la solicitud, en su caso, de que se inicie el procedimiento de concertación.
Segunda lectura Howitt
Dillen
Nadie que tenga el corazón en su sitio, nadie que deje hablar a la razón, nadie que sea normal y humano puede permanecer insensible, impasible ante el sufrimiento de millones de refugiados y desarraigados en Asia y América del Sur, y también en Africa. Nadie que tenga el corazón en su sitio negará que es necesario y urgente prestar ayuda masiva a estos desgraciados. Europa puede y debe contribuir a aliviar esta necesidad.
Pero no sólo Europa. A menudo, a la hora de pedir ayuda se recurre únicamente a Europa. Que llamen también a Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. De lo contrario se demostrará que lo único que se pretende es imbuir a Europa el enésimo complejo de culpabilidad idiota y criminal. En efecto: idiota y criminal.
A fin de cuentas, es innegable que cuando Europa quiera ayudar -y Europa debe ayudar- tiene que poder hacerlo. Ahora bien, sólo una Europa fuerte y próspera puede y tiene que ayudar cuando sea necesario, y lo hará.
Europa ha de seguir siendo ella misma. Europa ha de conservar su bienestar y su prosperidad. Europa no puede ser inundada con lo que Jean Raspail describe tan penetrantemente en su Le camp de Saints . De lo contrario, Europa se consumirá y se empobrecerá hasta el nivel de aquellos a quienes tendría que poder ayudar gracias a su prosperidad.
Por ello, el indispensable alegato en favor de la ayuda a Asia, Africa y América del Sur -y no es una paradoja- es a la vez un alegato por una Europa fuerte, libre y próspera con pueblos orgullosos que conservan su identidad. Esta es la condición primera y necesaria para la generosidad de Europa, para la generosidad de los pueblos europeos.
Segunda lectura Taubira-Delannon
Holm
Pienso que es profundamente lamentable que el Consejo no haya aprobado las enmiendas presentadas anteriormente por el Parlamento, y sobre todo el hecho de que se haya destinado una cantidad ridícula en el presupuesto a la línea «Medio ambiente en los países en desarrollo».
Es nuestra obligación ayudar a los países en desarrollo para que no cometan las mismas faltas que nosotros. Por ello es de la mayor importancia que les hagamos partícipes de nuestra riqueza, tanto económica como tecnológica, así como de nuestros conocimientos, sin que la UE extraiga beneficios de ello. Tampoco hemos de decidir sobre el modo en que deben actuar estos países. Eso pueden decidirlo ellos por sí mismos, partiendo de sus diversas circunstancias. El Parlamento creó esta línea tras la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas en Rio, lo cual significa que se trata de un acuerdo global para conseguir un desarrollo duradero.
Teniendo en cuenta el enorme presupuesto de la UE, la cantidad de 5 millones de ecus por año, comparada con los 1.000 millones que se destinan al apoyo de la cosecha de tabaco me parecen un insulto. La amenaza ecológica global contra nuestras vidas es mayor que la necesidad de que se produzca tabaco.
He votado a favor de las propuestas que van en el sentido apuntado anteriormente.
Segunda lectura Bloch von Blottnitz
Alavanos
El programa de la eficiencia energética, para que sea realmente «eficiente», debe cumplir los siguientes requisitos:
En primer lugar, tener una fuerte base de financiación, por lo que hay que volver a la propuesta de 150 millones de ecus presentada por la Comisión, en lugar de los 45 millones de ecus que propuso posteriormente el Consejo.-En segundo lugar, establecer una mejor coordinación con los otros programas energéticos ALTENER, THERMIE, SYNERGY, para evitar la excesiva dispersión.-En tercer lugar, crear todas las medidas legislativas y no legislativas que faciliten la aplicación del programa.-En cuarto lugar, velar por el funcionamiento del programa especialmente en los países más pequeños, como Grecia.
Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk
Nos parece sumamente importante que se haga un esfuerzo por conservar la Tierra. Existen infinitas formas de ahorrar energía y debemos aprovechar todos los medios a nuestro alcance para reducir el consumo de energía.
Nos parece especialmente importante hacer un esfuerzo en el ámbito de las fuentes de energía permanentes para fomentar el uso de la energía hidráulica, eólica y solar, y de esta forma reducir las emisiones de CO2 .

Lindqvist
El informe contiene muy pocas iniciativas en favor del ahorro energético y de las energías renovables. Muchos proyectos de la UE, por ejemplo el proyecto TEN, tienen su punto de partida también en el aumento de la utilización de energía.
A pesar de sus fallos, he decidido, no obstante, que hay que apoyarlo.
Segunda lectura Galeote Quecedo/Hoppensdedt
Ahlqvist, Theorin y Wibe
El 76 % del mercado cinematográfico de la UE se compone de películas americanas. En los Estados Unidos ya han amortizado sus costes de producción y se venden a las cadenas europeas a precios muy bajos. Se trata de un abuso de su posición preponderante en el pasado, y no de un mercado libre. Para garantizar la cultura europea y la diversidad, son necesarias las cuotas. Estas cuotas no representan un ataque a la libertad de expresión.
La propuesta goza del favor de las organizaciones europeas de actores y de otros representantes del ramo.
En 1995 el déficit comercial de la UE dentro del sector cinematográfico, en comparación con los Estados Unidos, fue de 6, 3 mil millones de dólares (triplicando el de 1988). Esto corresponde aproximadamente a 200.000 puestos de trabajo por año.
La Directiva sobre la televisión, con una normativa más estricta en lo referente a los anuncios y a la venta televisiva, ofrece una mayor protección al consumidor, ya sea éste niño o adulto. Es nuestro deber proteger a la infancia, y no permitir que se la exponga al mismo «fuego cruzado» que los consumidores más experimentados hemos aprendido a esquivar.
No podemos aceptar que las fuerzas del libre mercado, escudándose en la libertad de expresión, obliguen a los niños a contemplar escenas violentas, pornográficas, y anuncios.

Alavanos
En esta batalla entre EEUU. y Europa, entre los intereses de los gigantes de televisión a nivel mundial y los derechos del ciudadano, entre un mercado inmune y una creatividad cultural, ni el Consejo ni la Comisión, sino, únicamente, la Comisión de Cultura del Parlamento actúa en defensa de la Unión Europea:
En materia de cuotas obligatorias, al permitir una protección eficaz de la industria europea frente a la invasión americana, al menos durante la próxima década, hasta que se elabore un sistema de protección de la inversión.-En materia de publicidad, al establecer que es necesario respetar al ciudadano como consumidor, tanto en la duración como en los contenidos.-En materia de protección de menores, al establecer que es necesario crear una protección a escala europea. A este respecto, quisiera expresar mi consternación y mi desaprobación por la osadía de los servicios de la Comisión de recurrir contra Grecia respecto a las limitaciones -que no la prohibición- impuestas a la publicidad de juguetes infantiles.Es lamentable que el Pleno, principalmente por culpa del Grupo del PPE, no haya dado su apoyo a las enmiendas más importantes de la Comisión de Cultura.

Andersson y Waidelich
El objetivo del informe es reforzar la industria cinematográfica europea, lo cual, evidentemente, consideramos central. También pensamos que la propuesta es excelente en líneas generales, pero que los métodos propuestos relativos a las cuotas no son los más adecuados.
Recomendamos, en su lugar, que se apoye la producción cinematográfica europea a través de unas acciones positivas. La regulación debe aplicarse cuidadosamente, y sólo cuando resulte absolutamente necesaria, como, por ejemplo, en lo relativo a la protección de la infancia.

Blak, Sindal y Kirsten Jensen
Aprobamos la propuesta sobre la prohibición de interrumpir la programación infantil con anuncios y espacios de televenta, la de prohibir los anuncios de medicamentos que requieren receta médica y la que dice que los fabricantes de productos farmacéuticos no podrán patrocinar programas de televisión sobre sus propios productos. En cuanto al debate sobre las cuotas, queremos manifestar que, en Dinamarca, difiere del que está teniendo lugar en otros países que, ante todo, quieren promocionar su propia producción para que pueda competir con las telenovelas baratas, etc., procedentes de otros lugares. Al hablar de producción propia, cabría, obviamente, una producción propia danesa, ya que Dinamarca es un país europeo. Sin embargo, una mayoría en Dinamarca desea fortalecer la producción propia, ante todo, a través de subvenciones procedentes de programas de ayuda a los medios de comunicación. Dinamarca ha incluido las normas de las cuotas en su propia legislación conforme al «veto suspensivo», pero no quiere que se supriman las palabras «siempre que sea posible» del objetivo que dice que la mitad de los programas han de ser producidos en Europa. Este es el tema del debate.

Cushnahan
A los aficionados a los deportes les resulta cada vez más difícil poder ver grandes encuentros deportivos en televisión. La transmisión del reciente combate por el título mundial entre Tyson y Holyfield es el último ejemplo de esta situación.
Lamentablemente, los derechos de exclusiva para transmitir grandes acontecimientos deportivos se venden al mejor postor. A nivel europeo, esto ha dado lugar a que la cadena Sky TV domine prácticamente este ámbito debido a que las cadenas nacionales de televisión como RTE o la BBC no pueden competir por disponer de recursos muy limitados. En el futuro, los aficionados al deporte deberán pagar precios exorbitantes (como sucedió para ver el combate de Tyson), en términos de abonar una cuota para poder ver la televisión, o bien está la otra opción que consiste en que las cadenas nacionales de televisión se verán obligadas a elevar sus cuotas muy considerablemente para poder competir. Ambas opciones son una mala noticia para los televidentes.
El Parlamento Europeo debe enviar a los avariciosos magnates de los medios de comunicación un claro mensaje de «¡aléjense!».
Pero también las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de intervenir. Los gobiernos deben introducir leyes a través de sus parlamentos nacionales para impedir que los acontecimientos deportivos tradicionales caigan en manos de estos depredadores. En Irlanda, estos acontecimientos incluyen las finales de la GAA, la liga de fútbol y los partidos internacionales de rugby, el Derby irlandés, la Irish Grand National y el torneo Irish Golf Open , entre otros.
(Hace algún tiempo dirigí un escrito al ministro responsable de las Artes, la Cultura y la Gaeltacht , el Sr. Michael D. Higgins, T.D., exponiendo esta opinión. Aún estoy esperando la respuesta.) Hace falta una acción conjunta de las autoridades europeas y nacionales si queremos proteger los derechos televisivos de los aficionados a los deportes.

Darras
En febrero pasado, esta Asamblea tomó decididamente posición en favor de un futuro positivo para el sector cinematográfico y audiovisual europeo. Por desgracia el enfrentamiento con el Consejo ha sido inevitable pues éste no ha recogido la mayoría de nuestras enmiendas de la primera lectura. La posición común sobre la que debemos emitir nuestro voto suscita vivas reacciones y se trata de un día histórico.
Por mi parte, desearía volver sobre dos puntos. Como apasionada por los grandes acontecimientos deportivos (al igual que millones de personas), creo que es responsabilidad de los Estados miembros velar para que los difusores que dispongan de unos derechos exclusivos no abusen, mofándose del derecho a la información.
Finalmente, me declaro ferviente defensora de la cláusula «antideslocalización», que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación no ha recogido. Es indispensable incluirla en el texto final, pues es el único medio para evitar que el principio de la libre circulación se vea en peligro. Sobre estos dos puntos, la posición común no dice ni una sola palabra.
A mi declaración, deseo sumar a mi colega François Bernardini que, por los avatares del transporte, puede no llegar a tiempo para la votación.

Eriksson y Svensson
Por principio, las autoridades de un Estado democrático deberían reflexionar mucho sobre la necesidad de tener unas directivas en torno a la televisión. Por otro lado, la libertad de expresión presupone que se garantice la diversidad, y que no se dé una situación en la que unos productos o intereses específicos predominen sobre otros.
La política a adoptar en torno a la televisión debe, además, seguir unos criterios de servicio público que, en lo referente a la producción cinematográfica, persigan unos niveles de calidad desde el punto de vista artístico, y que promuevan unas producciónes serias. Es preferible tener una normativa nacional e interestatal, pero las normas supraestatales están justificadas cuando así lo exije la situación del mercado.
El 76 % del mercado cinematográfico europeo consta de películas americanas. Estas producciones ya han sido amortizadas en los Estados Unidos, y se venden a las cadenas europeas a precios de rebaja. Se trata de un abuso de su posición preponderante en el pasado, y no de un mercado libre. Para garantizar la cultura europea y la diversidad cultural son necesarias las cuotas. Estas cuotas no constituyen un ataque a la libertad de expresión.
En el año 1995, el déficit comercial de la UE en el sector cinematográfico en relación con Estados Unidos fue de 6, 3 mil millones de dólares. Esta cifra representa 200.000 puestos de trabajo por año.
La Directiva sobre la televisión, con unas normas más estrictas en cuanto a anuncios y ventas televisivas, ofrece una mayor protección al consumidor, ya se trate de niños o de adultos. Es nuestro deber proteger a nuestros hijos, y no permitir que se les exponga a un «fuego cruzado» televisivo, que los consumidores más experimentados hemos aprendido a esquivar.
No podemos aceptar que las fuerzas de mercado, aprovechando el principio de la libertad de expresión, obliguen a los niños a presenciar escenas violentas, pornográficas o anuncios.

Gallagher
La imposición de cuotas según las propuestas de la Televisión sin fronteras abrirá nuevos mercados a la programación europea. Ésta sólo puede ser una buena noticia para el sector audiovisual de Irlanda, ya que se ponen en marcha nuevas áreas de actividad comercial. Creo que es una noticia especialmente buena para la cadena Teilifis na Gaelige , que fácilmente cumplirá su cuota de programación europea. Dicha programación podrá venderse después a otros mercados en versión doblada o subtitulada.
Creo que la imposición de cuotas de emisiones europeas será de utilidad en el proceso de proteger la diversidad cultural de los países. Esta directiva supone un avance gratificante, habida cuenta de la creciente prevalencia de programación norteamericana en nuestras pantallas de televisión. La imposición de cuotas ayudará a incrementar la diversidad de la programación, y no a reducirla.
La cuota del 51 % no debe aplicarse a cada cadena de radiodifusión pública de forma individual, sino que debe referirse al 51 % de la programación global de las cadenas en cuestión. En el caso de Irlanda, eso significaría no tomar RTE, Network 2 y Teilifs na Gaelige por separado, sino tomar la producción total de las tres cadenas.

Holm y Schörling
No compartimos la opinión de que las cuotas sean un modo aconsejable de conseguir que los países de la UE emitan más producción televisiva europea; el nacionalismo es tan perjudicial a nivel nacional como europeo. Esto no significa que deseemos promocionar la producción americana, sino que consideramos mejor promover la de la UE de otro modo. Además, no pensamos que sea una buena idea introducir cuotas, ya que también se producen películas en otros países fuera de los Estados Unidos y la UE. De algún modo hay que promocionar la producción cinematográfica asiática y de la Europa oriental para que entren en el mercado europeo. Como un caso típico tenemos la India, que es uno de los mayores productores mundiales de películas, pero sólo unas pocas tienen éxito, y con las reducciones a través de cuotas, se dificulta aun más su distribución.
Hemos votado en cambio a favor de las enmiendas en favor de la reducción de los anuncios de bebidas alcohólicas y de preparados farmaceúticos, además de los que van dirigidos a la población infantil. También pensamos que es una buena idea reducir la parte proporcional de tiempo que ocupan los auncios dentro del tiempo total de emisión.

Le Gallou
Los parlamentarios europeos están luchando por conseguir las cuotas de difusión de obras europeas, es decir, por favorecer la preferencia comunitaria en materia audiovisual, incluyendo los nuevos servicios audiovisuales y la introducción de una cláusula antideslocalización.
Lo aprobamos, pero nos sorprende que los propios parlamentarios, con todas las tendencias políticas al unísono, rechacen la preferencia nacional y comunitaria en ámbitos tan importantes como el empleo, la formación profesional, la vivienda o las prestaciones sociales, con el argumento de que esta distinción sería discriminatoria.
¿Cómo explicar esta diferencia de trato si no es a través del egoísmo corporativista de los medios audiovisuales que ven sus problemas a través del pequeño objetivo de su cámara y del prisma deformante de sus intereses de clase?
¿En nombre de qué los ciudadanos franceses y europeos, víctimas de la inmigración-invasión, no habrían de tener los mismos derechos que los medios audiovisuales?
En unos momentos en que la Unión Europea cuenta con más de 20 millones de parados y millones de nuevos pobres, ésta es la cuestión central que plantea el informe Galeote Quecedo/Hoppenstedt. Esperamos con interés la respuesta tanto de las instituciones como de las formaciones políticas.

Reding
En la segunda lectura del informe Hoppenstedt/Galeote, solamente puedo dar mi voto favorable al documento si se solucionan de modo razonable los siguientes puntos:
Mediante las cuotas de emisión no se ha producido aún ningún programa europeo de alta calidad. En este informe se debería mostrar una actitud más flexible en vez de imponer cuotas fijas. Lo que se debería hacer es poner a disposición suficientes créditos financieros para fomentar las producciones europeas.
El concepto de radiodifusión no debe ampliarse a los nuevos servicios (online, video on demand, teleshopping , etc.) para no poner en peligro su desarrollo. Sin embargo, en campos importantes (p. ej., en teleshopping ) debería garantizarse la protección del consumidor.
En lo tocante al problema del país emisor sería irresponsable querer introducir de nuevo artificialmente las fronteras que han desaparecido en el campo del mercado interior para los medios de comunicación.
Para la protección de la juventud es absolutamente necesario incorporar sistemáticamente en los aparatos de televisión posibilidades de desconexión (chip V) para dejar de este modo a los padres la última decisión. Actualmente, los niños y los jóvenes no están suficientemente protegidos frente a la gigantesca oferta de violencia y sexo en los programas.

Trautmann
El Parlamento Europeo se ha pronunciado hoy sobre la modificación de uno de los principales instrumentos de que dispone la Unión para la puesta en marcha del mercado europeo audiovisual. En el momento de la votación de un texto así no debemos perder de vista los objetivos que perseguimos a largo plazo.
La Directiva «Televisión sin fronteras» debe inscribirse en un marco global, definido en coherencia total con los demás instrumentos de la Unión, sobre todo con el programa Media II. Estos diferentes instrumentos deben permitirnos llevar a cabo una acción verdaderamente estructuradora para la industria de los programas y para el mercado europeo.
La Directiva debe favorecer una circulación efectiva de las obras audiovisuales y ser garante de una mínima regulación del mercado, que debe organizarse de manera equitativa y transparente. En este sentido, me parece legítimo que todos los servicios que ofrezcan obras audiovisuales al público se sometan a las mismas disposiciones.
La Directiva «Televisión sin fronteras» debe participar asimismo en el fortalecimiento de la industria de programas europeos y garantizar su promoción.
Por tanto, he votado en favor de la definición de un texto apremiante, que obliga a los difusores a programar una mayoría de obras audiovisuales europeas que, en mi opinión, sólo deben ser obras de ficción.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

XXV informe de la Comisión sobre la política de competencia - Mercado único en 1995 - Concentración de empresas - Reestructuración industrial - Préstamos a las PYME (ELISE)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0324/96 de la Sra. García Arias, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el XXV informe de la Comisión sobre la política de competencia, -A4-0323/96 del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(96)0051 - C4-0146/96) sobre el mercado único en 1995, -A4-0332/96 del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(96)0313- C4-0536/96-96/0224(CNS)) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración de empresas, -A4-0339/96 del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el control de las operaciones de concentración en la Comunidad: Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración (COM(96)0019 - C40106/96), -A4-0335/96 de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la reestructuración industrial y la deslocalización en la Unión Europea (INI0329), -A4-0318/96 del Sr. Kuckelkorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(96)0155 - C4-0314/96-96/0107(CNS)) relativa a la concesión de garantías sobre préstamos para las inversiones generadoras de empleo de las PYME.
García Arias
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer la presencia de los Comisarios competentes para los distintos sectores sobre los que viene debatiendo la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Y quiero empezar mi intervención constatando que existe una creciente preocupación entre los ciudadanos europeos respecto a las consecuencias que tendrán para su vida laboral y familiar las importantes mutaciones económicas e industriales, nacionales, europeas y mundiales que se vienen desarrollando.
La apertura de los mercados, la aceleración de la competencia internacional y los cambios tecnológicos provocan en la sociedad sentimientos encontrados, de nuevas oportunidades pero también de inseguridad sobre su futuro laboral, el de sus hijos o sobre su nivel de bienestar social.
Los procesos de liberalización y desregulación del servicio público o de los servicios de interés general en curso provocan, asimismo, sentimientos contradictorios. La introducción de elementos de competencia, para algunos, garantizará mejores prestaciones; para otros, provocará temor, muchas veces fundado en vista de algunas experiencias de reducción de los niveles de prestación o de encarecimiento de los servicios.
El Libro Blanco de Delors -que conviene recordar insistentemente- ofreció una respuesta europea a estos retos, oportunidades o temores, planteando, acertadamente, que debe darse un desarrollo simultáneo de objetivos de crecimiento económico, competitividad y empleo. Y todo ello enmarcado también en el concepto general de cohesión económica y social.
En este marco de análisis y debate, le ha correspondido a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios presentar ante el Pleno un grupo -a mi juicio, importante- de informes que tratan sobre la política de competencia, el mercado único, el control de operaciones de concentración de empresas, la reestructuración industrial y la deslocalización, así como el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Todos estos temas van unidos. Quizás tendríamos que haber incluido en este debate otro de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores respecto a la competencia internacional.
El informe sobre la política de competencia de este año ha querido concentrarse básicamente en cuatro puntos: en primer lugar, la necesidad de que la Comisión, en su política de control de los entendimientos restrictivos y de los abusos de posición dominante, profundice más y controle mejor las actividades que determinados grupos financieros o industriales pueden ejercer sobre la economía. Y me explico. Creo que hay que delimitar claramente las conexiones financieras entre los diversos sectores, especialmente en el energético y en el de telecomunicaciones, que, cada vez más, tendrán un carácter estratégico, no vaya a estar sucediendo que la liberalización y privatización de empresas y monopolios de carácter público -que han tenido hasta ahora su justificación como garantes de servicios públicos o de servicios de interés general- esté dando lugar a la creación de monopolios, duopolios o fenómenos de características similares cuando observamos que las personas, entidades jurídicas o personajes que conforman los distintos consejos de administración coinciden, directa o indirectamente, en unos sectores o en otros.
En España se ironiza mucho cuando se toman medidas de tipo económico o político y se habla de la respuesta de los mercados, y muchos ciudadanos empiezan a preguntarse quiénes son esos «señores de los mercados» cuya opinión, a veces, parece que tiene una respuesta mejor o más rápida que las respuestas de los parlamentos o de la sociedad.
En segundo lugar, el informe ha querido también concentrarse en el debate sobre el servicio público. Constato con preocupación que, en este tema, no existe un consenso dentro del Parlamento Europeo y el resultado de la votación mañana nos indicará que tenemos que seguir buscando una posición conjunta de los distintos Grupos del Parlamento Europeo. En todo caso, creo que debemos lanzar un mensaje a los ciudadanos que les garantice con total claridad que deben preservarse los servicios públicos, al amparo de las presiones que el sector privado pueda ejercer para reducir los niveles de prestación de estos servicios.
En tercer lugar, el informe se ha querido centrar en la coherencia que debe existir entre la cohesión económica y social y el control de las ayudas públicas que se otorgan a las empresas en las regiones en la Unión Europea. Este tema está provocando una importante distorsión de la competencia, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas de unas regiones y otras, y creemos que la Comisión debe empezar a presentar objetivos para reducir esta tendencia y, en concreto, unos objetivos de convergencia.

Secchi
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, en mi calidad de ponente, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el tercer informe anual de la Comisión sobre el mercado interior en 1995, quisiera referirme brevemente al tipo de reflexiones realizadas y al tipo de propuestas que se hicieron, dejando sentado que la comisión a la que pertenezco acoge favorablemente este texto, aunque considera oportuno hacer hincapié en algunos aspectos prioritarios que podrían contribuir al desarrollo más rápido del mercado interior y a su funcionamiento más satisfactorio.
Tras haber examinado los resultados alcanzados y, ante todo, los problemas que siguen pendientes, nos centramos en una cuestión importante como es la de hacer el mercado interior más accesible a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, sin su plena y consciente participación, no será posible hablar de mercado interior que funcione correctamente en una perfecta democracia económica. No sólo son necesarias las campañas de información y de sensibilización, sino que es preciso avanzar con celeridad en el proceso de simplificación de la correspondiente normativa europea y vigilar para que los Estados miembros la traspongan de forma correcta, sin excesos y sin complicaciones añadidas.
Asimismo, el buen funcionamiento del mercado interior requiere que se potencie la eficacia de los procedimientos de infracción, así como que se incremente la acción judicial y que la Conferencia Intergubernamental elabore a dicho fin instrumentos para defender la unicidad e integridad del mercado, que tengan como mínimo la misma eficacia que los que ya protegen la libre competencia.
No nos queda más que reiterar que un mercado interior que funcione correctamente constituye la condición fundamental para la positiva puesta en marcha de la Unión Monetaria. Ambos procesos representan las dos caras de la misma moneda, a fin de lograr una estrategia de relanzamiento de la competitividad del sistema económico europeo, con el objetivo prioritario de fomentar el bienestar, el empleo y la sostenibilidad de las políticas sociales.
A dicho propósito, y a la luz de los actuales avances de la política económica común, hay que manifestar una fuerte preocupación con respecto a dos ámbitos problemáticos y especialmente prioritarios. En primer lugar, y con respecto a lo previsto para la moneda única y para la futura política monetaria común, algunos aspectos fundamentales de la gestión no monetaria de la economía se definen, por el momento, de forma mucho menos precisa, satisfactoria y coordinada, incluso desde el punto de vista de las competencias de las Instituciones europeas.
Si, por un lado, se debe acoger favorablemente una ocasión, como la presente, que permite una reflexión conjunta sobre temas de política industrial, de competencia, comercial y de mercado interior, por otro, sería deseable un enfoque sistemáticamente integrado, que tuviera debidamente en cuenta también las principales políticas comunes de tipo sectorial horizontal, distintas de las mencionadas (medio ambiente, investigación, formación, política de los consumidores, etcétera). Por consiguiente, el primer problema a resolver será el de establecer un mayor equilibrio entre la futura política monetaria y el conjunto de las políticas económicas no monetarias.
En segundo lugar, cuando se aborda la cuestión desde un punto de vista ligeramente distinto, nos exponemos a que surja un desequilibrio igualmente preocupante entre la política monetaria común, la estrecha coordinación de las políticas presupuestarias, garantizada por el Pacto de Estabilidad, y la política tributaria. Los insuficientes avances registrados hasta ahora en este último ámbito impiden un funcionamiento más satisfactorio del mercado interior, con repercusiones negativas sobre los consumidores, las empresas y, en consecuencia, el empleo. Los ejemplos negativos de competencia fiscal, de erosión de la base imponible y de traslado de la presión fiscal del capital al trabajo, ponen claramente en evidencia la urgencia de evolucionar hacia formas de armonización, cuando no de comunitarización propiamente dicha.
En consecuencia, la urgente reflexión que debe llevarse a cabo deberá abarcar no sólo la manera de dirigir la problemática tributaria hacia soluciones más satisfactorias, sino también todo el contexto de la gestión no monetaria de la economía de la Unión Europea en el próximo futuro.
Las Instituciones deben hacerse cargo de esto, sin embargo, es una tarea específica de la Conferencia Intergubernamental llevar a cabo esas reformas que se solicitan desde hace tiempo, en particular, a través de la superación del principio de la unanimidad para todas las decisiones relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior.

Rapkay
Señor Presidente, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, las fusiones y concentraciones transfronterizas son unos de los medios más importantes de que dispone la industria para poder enfrentarse con éxito a los nuevos desafíos del mercado interior. Si no perjudican la competencia, pueden ser ser positivos para la integración del mercado. En sus resoluciones sobre la política de competitividad industrial del pasado año, el Parlamento Europeo mostró claramente que la competencia global exige de las empresas la capacidad de afianzarse como global Player y que la política debe crear el necesario margen de actuación para aumentar la competitividad de la industria europea. Es decir, la política de competencia de la Unión debe adaptarse a la situación de la competencia global.
Tengo muy claro que esto a veces puede ser un ejercicio de equilibrio sobre el alambre, pues el aumento de la competitividad global no debe realizarse en detrimento de unas condiciones de competencia iguales para todos en el mercado interior. En nuestra Asamblea no es casual que exista una amplia coincidencia de pareceres en que la competencia interna reanima el mercado interior, eleva la eficiencia y, en consecuencia, puede ser garantía de nuestro bienestar. Pero, por otro lado, la competencia no es un objetivo en si mismo sino un instrumento para alcanzar los objetivos supraordenados del empleo, la conservación del medio ambiente, el bienestar y la cohesión social.
Con la política monetaria queremos dar un gran paso. Con la moneda única no sólo profundizaremos la integración. Al menos para una gran mayoría en esta Asamblea, esta reforma histórica es también un instrumento para preparar a Europa para la competencia global y para los objetivos que acabo de mencionar. Esta política monetaria es diseñada de acuerdo con nuestra voluntad común pero es gestionada por una institución fuerte e independiente.
Estamos avanzando en la integración. Por el contrario, en la política concreta de competencia a veces se tiene la impresión de que se debe dar marcha atrás. Por ejemplo, en la política de ayudas, en mi propio país algunos cabecillas provinciales elevan el grito al cielo diciendo que al fin y al cabo son los señores de la casa. El que estos gritos no solamente se pronuncien en mi país no es de mucho consuelo. Todos parecen olvidar que nuestra casa es Europa y que esta casa no puede ser una endeble chabola. Tiene que ser fuerte y todos queremos vivir en ella. Una casa de este tipo necesita también un administrador. Pero este administrador no puede hacer lo que quiera sino que tiene que moverse dentro del marco claramente acordado por los habitantes de la casa. Pero este marco tiene que conceder al administrador -lo voy a llamar también Comisión- un margen de actuación suficiente. Esto es aplicable también al control de las concentraciones. Es cierto que tenemos este instrumento, es decir, el Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración de 1989 que debe seguir siendo el margen de actuación. Pero nada queda tal como era en un campo tan dinámico como el mercado interior al que además viene a sumarse la globalización de la economía. Por ello, los detalles de un instrumento de este tipo deben colocarse en el banco de pruebas y modificarse. Debería haberse hecho hace ya mucho tiempo. Los criterios concretos que se contemplan en el marco del reglamento ya no son adecuados.
No quiero entrar en detalles de cuál es la situación real actual o de cuáles son los umbrales determinantes para que entre en juego la competencia de la Comisión. El dominio del mercado puede producirse ya por debajo de esos umbrales. Con la creciente integración de los mercados en la Comunidad, el número de concentraciones transfronterizas ha aumentado. Pero sólo un reducido número de esos casos cae bajo el ámbito de aplicación del reglamento actual. Para mí no es comprensible. El punto determinante no es si para mi salta a la vista o no. Lo que está claro es que las concentraciones que no caen bajo el reglamento repercuten sobre las condiciones de competencia en toda la Comunidad y me permito dudar que esto se pueda valorar adecuadamente a través de las gafas de las autoridades nacionales encargadas de la competencia.
Todo esto no tiene ya mucho sentido desde una perspectiva de política de competencia. Tenemos que corregir lo que tenemos. En su Libro Verde, la Comisión propuso originariamente fijar los mencionados umbrales en 2.000 millones de ecus o 100 millones de ecus para el volumen de negocios a nivel comunitario en caso de participación de al menos dos países miembros. A esto siguen oponiéndose una serie de países miembros. En cualquier caso, estaría justificado. La actual propuesta de reglamento prevé 3.000 millones de ecus para un volumen de negocios a nivel mundial y 150 millones de ecus para al menos 2 países miembros. Para el caso de que fuesen necesarias tres o más participaciones nacionales deben aplicarse 2.000 millones de ecus y 100 millones de ecus.
Les ruego que aprueben las propuestas de reglamento de la Comisión para modificar el Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración. Insto al Consejo de Ministros de Industria para que también lo apruebe así. En su reunión del próximo jueves puede dar la señal al respecto. Es absolutamente necesario. Por lo demás, también lo exige la subsidiariedad aunque no haya que manipular este concepto para renacionalizar la política de competencia.

Hautala
 Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha elaborado un informe de propia iniciativa que aborda los cambios estructurales en la industria y los traslados internacionales de empresas tanto dentro de la Unión Europea como desde la Unión Europea hacia terceros países. Este fenómeno, comúnmente denominado mundialización o deslocalización, rebasa todos los límites sectoriales. No podremos comprender dicho fenómeno si lo contemplamos únicamente desde el punto de vista de la política de competencia o simplemente desde la perspectiva de la política industrial o comercial. Hace falta un nuevo enfoque que rebase los límites sectoriales, a fin de poder comprender lo que está ocurriendo en realidad.
Hasta ahora, el mejor seguimiento de los traslados de empresas se ha podido realizar estudiando el espectacular crecimiento de las cifras de inversiones extranjeras directas, que se han triplicado a nivel mundial en diez años y que se han convertido en un elemento normal del mecanismo de funcionamiento de la economía de mercado. Naturalmente, con ellas se crean muchos empleos a la vez que se fomentan los cambios estructurales, pero este fenómeno tiene también consecuencias negativas. Una empresa industrial puede, por ejemplo, hacer las maletas y dejar tras de sí a un número muy considerable de personas desempleadas, sin que las autoridades o los propios trabajadores de la empresa apenas hayan podido hacer nada para evitarlo.
Mi intención es proponer algunas medidas concretas con las que poder realizar un seguimiento y un análisis más precisos. En primer lugar, me gustaría que la Comisión considerase la posibilidad de crear un organismo de seguimiento con este fin. A diferencia de lo que algunos han afirmado, no propongo ningún tipo de política intervencionista, la cual llevaría a la Comisión a intervenir en la actividad de las empresas y en sus inversiones. No obstante, la Unión tiene un interés evidente en este asunto de cara a favorecer el bienestar de los ciudadanos, de manera que, en mi opinión, sería necesario crear un observatorio, ya que con los medios actuales no es posible realizar un seguimiento de la deslocalización de manera suficientemente sistemática.
En segundo lugar, resulta obvio que también revisten gran importancia las acciones de propia iniciativa de las empresas. Una buena fórmula sería que las empresas elaborasen unas directrices voluntarias, insisto voluntarias, tipo código de conducta, con las que, por ejemplo, evitarían trasladar sus actividades a aquellos países no pertenecientes a la Unión Europea en los que los trabajadores no disfruten de derechos fundamentales, o en los que el Estado viole los derechos humanos de manera flagrante. Creo firmemente que la actividad de las empresas que respeten estas directrices puede ser muy próspera, debido a que este procedimiento puede convertirse en un factor de estímulo de la competitividad.
Considero esencial igualmente continuar el debate acerca de cómo podemos crear en el seno de la Unión unas condiciones de competencia cada vez más uniformes para las empresas. La cuestión reside en cómo se podría reforzar el mercado interior: La comisión ha centrado su atención, en particular y de manera unánime, en la imposición fiscal. La fiscalidad constituye el ámbito en el que quizás más cabría actuar. Hemos recordado nuevamente que la Comisión publicó la pasada primavera un documento muy valioso, en el que se pone de relieve que la presión fiscal sobre los factores de producción de mayor movilidad ha descendido significativamente en los últimos años, en tanto que la fiscalidad sobre los factores de producción con menor movilidad, como la mano de obra, ha aumentado a su vez.. Naturalmente, de esta forma no se fomenta la actividad empresarial, al menos la de las empresas que emplean gran cantidad de mano de obra.
Me gustaría asimismo atraer la atención de la Comisión sobre el hecho de que en la política regional de la Unión puede haber factores que distorsionan las condiciones de la competencia. La comisión pone de relieve el fenómeno que en inglés se designa con el nombre de «subsidy shopping». La Comisión debería investigar decididamente si las diferentes formas de ayuda de la UE se utilizan con total falta de escrúpulos para la creación de puestos de trabajo de corta duración, y si después de obtener las ayudas se hacen de nuevo las maletas.
La comisión hace hincapié igualmente en que deben reforzarse los vínculos de las inversiones directas y de las nuevas empresas que se asientan en una región con la actividad productiva y la economía locales. No se puede infravalorar tampoco la importancia de la formación, a fin de que los trabajadores puedan adaptarse a una situación en la que las empresas pueden variar de estrategia con gran rapidez.
Señor Presidente, antes de concluir, quiero señalar que en los informes del Sr. Kittelmann y del Sr. Kreissl-Dörfler se tratan con mayor profundidad las cuestiones relativas a la OMC, así que no voy a referirme a ellas en esta ocasión.

Kuckelkorn
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en la Comunidad Europea hay más de 18 millones de parados. Ante esta cifra, solamente se puede llegar a la conclusión de que la Comunidad se encuentra inmersa en una gran crisis de empleo. De cumbre a cumbre, el Consejo no se cansa de subrayar su gran compromiso en la superación de la crisis de empleo. Tras cada cumbre se dice a la opinión pública europea que se han puesto en marcha acciones que tienen como objetivo una mejora sostenible de la situación del empleo.
Desde que se ha visto que las redes transeuropeas no son suficientes para una ofensiva de empleo porque los hechos demuestran otra cosa, la Comunidad tiene que aprobar unas iniciativas de empleo creíbles. Esto podría ocurrir en el marco de las PYME. La consecuencia lógica sería el enérgico apoyo a estos motores de empleo por parte de la Unión Europea y, en especial, del Consejo de Ministros, tanto más cuando el Consejo califica en cada ocasión a las PYME como el auténtico motor de empleo de la Unión Europea.
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han reconocido que es posible emplear al sector artesanal y de las PYME como motor para la creación de nuevos puestos de trabajo con un esfuerzo reducido. En consecuencia, la Comisión y el Parlamento han aprobado un programa de concesión de bonificaciones de intereses para acciones generadoras de puestos de trabajo en el sector de las PYME. En el presupuesto de la Comunidad de 1996 se aprobaron 50 millones de ecus para este programa. El único que tiene dificultades con la creación de puestos de trabajo es el Consejo de Ministros. Negó su aprobación al programa y no creó un fundamento jurídico alegando además unos seudo-argumentos: a) la subsidiariedad, porque los Estados miembros temen supuestamente una pérdida de competencias y b) la esperanza de obtener créditos financieros para agujeros presupuestarios surgidos negligentemente. Precisamente aquí el Consejo de Ministros realiza una apreciación errónea de fondo. La Comisión de Presupuestos distribuirá entre otras líneas presupuestarias los fondos de que se dispone mediante el procedimiento «Notenboom» si el Consejo no crea por fin el fundamento jurídico.
Mediante garantías de préstamo se quiere facilitar a las PYME el acceso a una financiación externa para inversiones dirigidas a crear puestos de trabajo, una iniciativa convincente que ha encontrado una resonancia muy positiva incluso entre las mismas PYME. La suma de los préstamos garantizados debe vincularse al número de puestos de trabajo creados.
El nuevo programa ELISE radica en interés de las PYME y si se ve las dificultades que tiene el Consejo para llegar a una aprobación, hay que decir también que en especial mi país bloquea sistemáticamente en el Consejo la adopción de una resolución. Si no se llegase a un acuerdo sobre el programa ELISE, también aquí se espera un reflujo de créditos para pagar antiguas deudas. Muy grande debe ser la miseria financiera de un Gobierno Federal o de los Gobiernos, cuando ante los agujeros de miles de millones en el presupuesto, dependen de unos créditos financieros tan pequeños y detienen un programa de empleo europeo tan prometedor, debiéndose además en cuenta que tras un fracaso del programa se distribuyen los créditos en otras líneas presupuestarias.
Solamente se puede desear éxito a la Comisión en la difícil tarea de convencer al Consejo de la utilidad del programa ELISE. Como ponente del Parlamento, estoy convencido de que podremos lograrlo con resoluciones del Parlamento y conjuntamente con la Comisión.

Janssen van Raay
Señor Presidente, en realidad habría querido hablar de la enmienda Wijsenbeek, que ha sido aceptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la regla de los dos tercios. En nuestra opinión no es tan buena, opinión que por cierto compartimos con la Comisión, pero ahora que el Comisario Bangemann y el Comisario Van Miert están juntos, no puedo resistir la tentación de hablar de otra gran concentración en la que los comisarios estaban implicados en gran medida. Se trata de la concentración en el fútbol.
El Comisario Bangemann ha hecho muchos méritos al intentar lograr un acuerdo amistoso con los arrogantes mandamases del fútbol sobre la cláusula de nacionalidad. Dijeron que sí, pero no lo apoyaron con hechos, y después perdieron el proceso frente a Jean-Marc Bosman, el héroe belga que he calificado de pequeño David, a quien se dio la razón en Luxemburgo, algo que tanto el Comisario Bangemann como el Comisario Van Miert les habían advertido que iba a suceder. Ahora hay una reciente sentencia del Tribunal en Amsterdam que está totalmente en contra de la KNVB y dice exactamente lo que usted siempre ha dicho: que es necesario que haya competencia en la KNVB en lo que respecta a los derechos televisivos; pero eso les trae sin cuidado.
Por consiguiente, ruego que reconsideren si el reglamento de concentración, que también aplaudimos en la Comisión de Asuntos Jurídicos, no puede aplicarse en este sentido. El Sr. Wijsenbeek presentó con éxito en el último minuto una enmienda que ha sido más o menos sopesada en la Comisión de Asuntos Económicos, no de forma tan crítica como los hacemos los juristas, sino de forma más tolerante y moderada, pero no obstante les pedimos que consideren si la regla de los tres cuartos, que por otra parte concuerda con su propuesta, no puede dejarse de lado después de examinar esta cuestión.

Chanterie
Señor Presidente, después de esta relocalización de los futbolistas quisiera volver a la cuestión. Como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo quiero recalcar algunos elementos de nuestra opinión.
En primer lugar, la relocalización no es en sí un fenómeno censurable, sino que forma parte de un movimiento mundial de racionalización, modernización, adaptación y ahorro. Pero en la economía de mercado corregida, el Estado ha de identificar, evitar, controlar y combatir las consecuencias sociales negativas de las relocalizaciones.
En segundo lugar, queremos señalar que la relocalización no es un fenómeno unívoco. Hay relocalización en general dentro de la Unión, fuera de la Unión, entre los países de la OCDE, entre la Unión y la Europa Central y Oriental, Africa del Norte, etc. Pienso que hemos de mantener varios principios generales. La Comisión de Asuntos Sociales quiere que las relocalizaciones y la reconsideración del libre comercio mundial tenga en cuenta el mercado interior por un lado y la regionalización a escala mundial por otro.
En tercer lugar, en cuanto a la relocalización dentro de la UE, hemos adoptado una postura clara en lo que respecta a la internacionalización por una estrategia y una evaluación de la reestructuración de las empresas. Si dentro de la Unión Europea se produce un traslado de empresas hacia las regiones que se atreven a ofrecer ventajas muy competitivas, surgirá en la Unión una situación que conllevará grandes dificultades. Por consiguiente, pedimos a los dos comisarios que examinen seriamente la política de subvenciones y que analicen cuáles serán las consecuencias para los mercados laborales locales. Ya que cuando las empresas pasan de una a otra región con subvenciones, se produce al mismo tiempo un traslado de trabajadores, un traslado de puestos de trabajo, y la Unión Europea hace como si no supusiera problema alguno cuando en realidad es un problema muy grande.

Vieira
Señor Presidente, en vista de la dimensión del desempleo en la Unión y la importancia que las pequeñas y medianas empresas tienen en el mercado de trabajo, no resultará difícil prever el gran interés que presentará el programa ELISE. Mediante él, dichas empresas pasarán a tener un acceso más fácil y menos onerosos al crédito bancario, siempre indispensable para poder realizar sus inversiones. De hecho, las pequeñas y medianas empresas, casi siempre descapitalizadas, afrontan inmensas dificultades, mucho tiempo de espera y costos elevadísimos cuando recurren a préstamos bancarios, entre otras cosas porque tampoco pueden ofrecer, por lo general, las garantías adecuadas, exigidas por las diversas instituciones financieras, que en los diferentes Estados miembros los conceden.
Cuando haya, como hay, una entidad que substituya a las pequeñas y medianas empresas en la asunción de la responsabilidad por las garantías de los préstamos bancarios necesarios, el Fondo Europeo de Inversiones, y otra institución que apoye el costo de las primas de dichas garantías -y la Comunidad propone serlo-, entonces las barreras que impiden el acceso al mercado financiero serán superadas fácilmente.
Si bien concordamos con el espíritu del programa ELISE, queremos ir todavía más al fondo de las cuestiones que en él se abordan, procurando ser, por un lado, más extensivos y, por otro, más incisivos. Yo mismo elaboré una opinión, por lo demás aprobada por unanimidad por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, en la que propugnamos no sólo la creación de empleo como algo indispensable para la concesión de esas subvenciones de la Comunidad, sino también la preservación o el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en las empresas, para lo que se debería atender la necesaria y adecuada enmienda de la rúbrica presupuestaria, vinculada a la creación de empleo, a fin de que abarcara ese nuevo tipo de gastos.
También en esa opinión se consideró necesaria una referencia expresa a las microempresas, las empresas artesanales, e idéntica mención explícita a las regiones periféricas y ultraperiféricas, para lo que debería haber una amplia red de instituciones financieras interesadas en todo el territorio comunitario. Y una gran facilidad de acceso a las garantías de préstamos. Asimismo, se consideró importante procurar garantizar que los puestos de trabajo creados o por mantener en las empresas candidatas a las subvenciones tuvieran un carácter duradero.
Por último, nos manifestamos a favor de una flexibilización de la tasa de cobertura de los préstamos de las pequeñas y medianas empresas por las garantías del Fondo de Inversiones, para que se utilicen valores mayores cuando las inversiones vayan encaminadas a la creación de muchos puestos de trabajo o cuando se destinen a beneficiar, mediante las empresas interesadas, a los grupos potencialmente más afectados por el desempleo.
Si bien el informe hoy examinado es bueno, y no sólo porque abarque algunas de nuestras propuestas, hemos de lamentar, y lo hacemos muy vivamente, que no se haya inscrito en él una idea que para nosotros es igualmente prioritaria y que conviene repetir: la de apoyar lo más posible el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. Si se hubiera tenido en cuenta, este informe merecería, a nuestro juicio, la calificación máxima. Así, nos queda la satisfacción de haberla propuesto en el debate y en tiempo útil.

Schroedter
Señor Presidente, soy ponente para opinión de la Comisión de Política Regional y para esta comisión los desplazamientos de los lugares de asentamiento de las empresas y los efectos sobre la política estructural derivados de los mismos son un tema central. La Comisión de Política Regional no entiende porqué a la disposición a cooperar con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial se responde diciendo que sus cifras no deben ser tenidas en cuenta en el informe.
Para la Comisión de Política Regional, es de importancia central la cuestión de hasta qué punto los actuales Fondos estructurales son adecuados para frenar o facilitar los desplazamientos. Los Fondos estructurales están vinculados a unas regiones geográficas determinadas y a criterios de un desarrollo débil. Ahora bien, actualmente nos encontramos con un fenómeno que aumenta enormemente, a saber, el subsidy shopping . El hecho es que las regiones débiles sacrifican todo su potencial a este fenómeno en lugar de dedicarlo a un desarrollo sostenible. Se trata de restablecer la consonancia entre la política económica, la de competencia y la cohesión económica y social. Instamos por ello a la Comisión para que se ocupe más intensamente de este fenómeno.
Todos tenemos claro que la futura reforma de los Fondos estructurales tiene que ser más eficiente, por lo que hay que oponerse al fraude. La Comisión de Política Regional es por tanto de la opinión de que hay que revisar la cuestión de la referencia geográfica. Pero ya tiene una respuesta pues no considera razonable eliminar totalmente este criterio. Tampoco considera razonable impulsar aún más la burocratización de los Fondos estructurales, por lo que propone un instrumento casi competitivo por el que las ayudas de la UE a las empresas se hagan depender de un compromiso a largo plazo en la región e impedir así que las empresas migren de una región objetivo a otra solamente con la finalidad de aprovecharse de las ventajas de la UE sin vincularse a largo plazo a la actividad económica de una región.

Haug
Señor Presidente, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, esta es al menos la tercera vez en esta semana de Plenos -que ciertamente está aún en sus inicios- en que tenemos que achacar al Consejo su falta de actividad tras su ampulosa declaración de cara a los medios de comunicación realizada en la cumbre. Continuamente declara la lucha por el empleo como la máxima prioridad de la Unión y de sus Estados miembros, pero cuando hay que actuar no ocurre nada. Tras cada cumbre retorna la tranquilidad tanto si se trata de programas de eficiencia energética, de la aplicación de los Fondos estructurales y regionales o, como ahora, del apoyo a las PYME. En cada ocasión se presenta al Consejo en bandeja de plata la oportunidad para crear puestos de trabajo y nunca la recoge. Las PYME son el motor del empleo, el crecimiento y la competitividad en la Unión Europea. Más del 70 % de todos los puestos de trabajo de la Unión están en las PYME. Al contrario que el Consejo, con su política de cara a la galería, el Parlamento Europeo quiere aplicar también los aspectos políticos que aprueba, por lo que el último año ha aumentado los créditos de la línea presupuestaria B5-322, »Empleo y crecimiento para Europa», en 50 millones de ecus hasta los 57 millones, porque el programa para la concesión de subvenciones a las PYME para inversiones destinadas a crear puestos de trabajo ha tenido éxito y era de esperar que gozase de una amplia aceptación. Sin embargo, el Consejo no ha estado dispuesto a crear el necesario fundamento jurídico.
El programa ELISE, como programa de concesión de garantías a las PYME, pretende al menos cerrar el hueco existente entre la política anunciada y la real. Esta iniciativa de 25 millones de ecus está prevista en principio para dos años y con esa suma se puede lograr quizás un volumen de créditos de 1.000 millones de ecus. Se plantea la pregunta de si con esa suma se pueden lograr realmente unos efectos palpables sobre el empleo. Creemos que las dotaciones de créditos son más bien modestas ante el trasfondo de los créditos presupuestarios disponibles para 1996. Estamos convencidos de que debemos ayudar a las PYME a eliminar sus déficits allí donde sea posible pues las reservas de empleo que se pueden movilizar en este campo merecen un generoso esfuerzo. ¡Actuar en vez de hablar! No debemos sacrificar nuestra prioridad -la lucha contra el paro- a rellenar los agujeros presupuestarios en los Estados miembros.

Donnelly, Alan
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los ponentes por sus informes. Los distintos informes contienen algunas ideas excelentes, y espero que la Comisión adopte muchas de ellas en el desempeño de sus funciones durante 1997.
Me gustaría decir a los Comisarios que no es en absoluto una coincidencia que esta tarde estemos celebrando un debate conjunto sobre todos estos informes. El motivo de este debate es que queremos unir la política industrial, queremos unir la política de competencia, queremos unir el mercado único, queremos unir las políticas sobre las PYME entre sí, porque, francamente, en estos momentos, el Parlamento es de la opinión de que, a pesar de que los servicios de la Comisión en sus respectivas Direcciones Generales están desarrollando una función excelente en nombre de los ciudadanos de la Unión Europea, aún no existe un nivel suficiente de coordinación y colaboración en lo relativo a todas estas políticas. Quiero plantear algunos problemas en mi corta intervención.
Tenemos que reconocer que, dados los índices de crecimiento de la Unión Europea entre ahora y el final de la década, estamos hablando de un crecimiento que alcanzará posiblemente el 2 % o el 2, 5 %. Eso significa que no será posible atajar el problema del desempleo en Europa. Seguiremos teniendo unos niveles muy altos de desempleo cuando lleguemos al final del siglo.
También es cierto que vendemos en mercados de todo el mundo. Ya ha pasado la época en que teníamos compañías europeas. Ahora tenemos compañías mundiales que operan en los mercados europeos. En consecuencia, necesitamos crear un clima que permita prosperar a esas compañías y que permita a las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de abastecimiento avanzar también hacia el futuro. Éste es el motivo por el que es necesario aunar en un núcleo más claro la política sobre las pequeñas y medianas empresas, la política industrial, la política de la competencia y el mercado único.
Solicitaremos -mi Grupo lo hará sin duda- que la Comisión Europea elabore un nuevo informe anual dentro del contexto de su programa de trabajo para 1997. Dicho informe aunaría todos esos ámbitos de la política, analizaría claramente la competitividad de la Unión Europea y se aseguraría de que existe compatibilidad entre las diferentes políticas mencionadas.
También necesitamos estudiar el impacto económico de todas estas políticas. Sé, por ejemplo, que la DG II de la Comisión Europea elabora informes sobre el aspecto económico de algunas de las principales políticas que podría presentar la Comisión Europea. Sospecho que dichos informes se filtran hacia arriba hasta llegar al nivel de director general de la Comisión Europea. Sospecho que dichos informes no llegan hasta los escritorios de los Comisarios europeos. Es fundamental que la DG II -las personas que analizan el rendimiento económico de las políticas de la Unión Europea- estén autorizados a expresar sus opiniones directamente al Colegio de Comisarios. Queremos que eso sea posible en el futuro.
Quiero tratar sobre algunos cambios en el entorno empresarial y cómo dichas políticas en materia de competencia, PYME, industria y el mercado único necesitan colaborar más estrechamente entre sí. En particular, quiero analizar la cadena de abastecimiento en la que intervienen las industrias. Veamos, señor Comisario Bangemann, una industria de la que usted y yo nos hemos ocupado recientemente -la industria automovilística. En la industria del automóvil del pasado, toda la investigación y desarrollo tecnológico, muchos de los componentes, etcétera, se incluían en las actividades de las propia casa central. Pero esos días han quedado atrás.
Ahora tenemos una cadena de abastecimiento, lo que significa que en muchos casos, la investigación y el desarrollo tecnológico ha hecho retroceder la cadena de abastecimiento hasta abastecedores de primera, segunda e incluso tercera fila en este sector. Hay muchos otros sectores de la economía en los que la cadena de abastecimiento es ahora completamente diferente de la que existía hace diez años. Son las pequeñas y medianas empresas las que constituyen la clave de esta cadena de abastecimiento, industrias innovadoras que actualmente están inventando, que participan en los servicios de producción con valor añadido. Por ello, nuestras políticas tienen que reflejar eso.
Si contemplamos la política de competencia, descubrimos que con demasiada frecuencia se utiliza como excusa para la política industrial. Una vez más, si contemplamos la industria del automóvil, hemos tenido las excepciones de grupo en la industria automovilística incluso en lo relativo a la venta de coches. Eso equivale realmente a utilizar la política de competencia como un mecanismo para la política de industria. Luego hemos tenido los acuerdos voluntarios sobre la exportación que estarán en vigor hasta 1999, una vez más, utilizando ampliamente la política de competencia o la política de comercio para la política industrial.
Es necesario que consigamos que estas políticas del mercado interior, de industria, de pequeñas y medianas empresas, de investigación y desarrollo estén más estrechamente coordinadas. A menos que lo consigamos, continuaremos teniendo unos índices de crecimiento en torno al 2 %. Seguiremos con unos niveles de desempleo de 18 millones, y nuestro impacto como Unión Europea será absolutamente mínimo. Por ello queremos que el año próximo, la Comisión presente un informe anual que aúne a todas estas políticas, que las aúne en la competitividad, para que veamos si existe auténtica compatibilidad entre las diferentes Direcciones Generales y las políticas que persigue la Unión Europea.

von Wogau
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el debate de hoy sobre una serie de informes tiene un objetivo esencial. Pretende mostrar que la Unión Europea dispone de instrumentos para lograr, si así lo desea, una política económica coherente y eficaz. Esto se pretende reflejar con los informes sobre el mercado interior 1995, la política de competencia, el control de las operaciones de concentración de empresas, garantías a los préstamos para las PYME y la reestructuración y traslado de empresas en la Unión Europea.
Estos diversos informes son un ejemplo de que hoy tendemos demasiado a contemplar por separado el funcionamiento del mercado interior, la aplicación de las reglas sobre la competencia, la política industrial y las acciones para las PYME, como si los artículos 85 a 90 del Tratado no estuviesen en relación con el mercado interior o con la competitividad de este o aquel sector industrial.
Desde hace mucho tiempo venimos exigiendo -y hoy lo hacemos de nuevo- que la Comisión Europea coordine sus políticas a través de las diversas Direcciones Generales y de los ámbitos de competencias de los diferentes miembros de la Comisión. Como un primer paso, podemos constatar que el número de Comisarios que hoy están aquí alcanza casi el número de diputados presentes. Estamos esforzándonos por construir a partir del 1 de enero de 1999 una Unión Monetaria fuerte con instituciones sólidas, con un Banco Central independiente que garantice una administración sana de las finanzas, con precios estables, con déficits reducidos y controlados, así como con una moneda única fuerte, el euro. De este modo, la Unión Europea dispondrá de un marco monetario y político presupuestario estable para el desarrollo de sus actividades económicas.
Pero, ¿no debemos desarrollar paralelamente una política económica dinámica que favorezca e impulse en especial el crecimiento y el empleo? Esta política no debe limitarse a ser un mero contrapeso frente al Banco Central. Hay que dotar a la Unión Europea de todos los instrumentos que le permitan fomentar el desarrollo económico. Aunque en los Tratados no figure de tal modo esta coordinación de las políticas en favor de la competitividad, no necesitamos modificarlos pues disponemos de todos los instrumentos económicos y políticosociales para seguir esta política económica.
Sin duda, uno de los instrumentos más eficaces que tenemos hoy son las normas de competencia de la Comisión Europea. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que se limite de algún modo la capacidad de actuación de la Comisión en este campo.
Es tarea de la Comisión Europea proponer en un marco coherente la forma en que piensa utilizar los diversos instrumentos de la política económica con ayuda de las competencias que le otorga el Tratado. La responsabilidad por una política de este tipo es también de la incumbencia de nuestra Institución. El Parlamento Europeo debe participar del modo más estrecho posible en su configuración. Esto nos permitiría desempeñar el papel que los Tratados aún no nos han concedido del modo suficiente de cara a la culminación de la Unión Monetaria.
Como las decisiones son adoptadas actualmente por el Consejo de Ministros, hay que garantizar que esté en situación de introducir una política de este tipo. Por ello, propongo que durante cada Presidencia del Consejo, es decir, dos veces al año, se celebre una reunión extraordinaria. Este «Consejo de Política Económica» debería exponer su opinión sobre las directrices que la Comisión debería presentar tras consultar al Parlamento. Naturalmente, este «Consejo de Política Económica» debería incluir a los Ministros de Hacienda pero también deberían participar todos los demás ministros que tienen que ver de algún modo con cuestiones de política económica, pues de este modo se establecería la necesaria vinculación entre la política económica y la política monetaria dirigida en el marco del Consejo ECOFIN.

Garosci
Señor Presidente, los informes -o mejor dicho el grupo de informes- que el Parlamento está examinando proceden de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, que los evaluó en su conjunto, porque en realidad están relacionados entre sí. No podría ser de otra forma, pues, no puede pensarse en la política de competencia sin evaluar las reglas de las concentraciones ni tampoco puede pensarse en las reestructuraciones y deslocalizaciones sin saber evaluar su repercusión en las pequeñas y medianas empresas. Por consiguiente, dirigimos nuestro aplauso a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por el trabajo llevado a cabo y por las indicaciones facilitadas a la Comisión para una mejor redacción de las directivas finales.
Sin embargo, existen algunos aspectos específicos que deseamos subrayar en esta evaluación global de la economía comunitaria. El primero puede resumirse en la indicación política de ofrecer una evaluación distinta de carácter dimensional: no ésta en lo «grande» el futuro de la economía, sino que las mayores oportunidades de crecimiento, desarrollo, inversiones y, por consiguiente, en última instancia, de nuevos puestos de trabajo están en lo «mediano» y en lo «pequeño».
El segundo aspecto es una indicación operativa, destinada a evaluar de forma distinta la repercusión sectorial en la economía: en el futuro, merecen cada vez más una mayor atención los sectores que hasta hoy se han subestimado en razón de su potencialidad: me refiero en particular al turismo, al comercio, al artesanado y a los servicios, incluyendo entre estos últimos, sectores como el medio ambiente, tecnología, economía social y demás.
El tercer aspecto lo acaba de recordar el Sr. Secchi en su informe sobre el mercado interior. Desde hoy existe una relación distinta entre la política monetaria y la política no monetaria y, por consiguiente, en última instancia, la política tributaria, es decir, debemos permitir a la empresa y a los empresarios, por un lado, una mayor desregulación administrativa y burocrática, concederles el tiempo y la posibilidad de ser empresarios y no burócratas en su trabajo y, por otro, una consiguiente mayor y mejor armonización fiscal, tal como desea el Comisario Monti en el que él prefiere llamar, justamente, mercado interior más que mercado único.
Cuarto y último aspecto: en la búsqueda de mejoras cualitativas y cuantitativas hay que razonar desde la óptica de satisfacer las demandas del consumidor, que es el único verdadero objetivo de los esfuerzos que cientos de miles de empresarios en Europa -pequeños, medianos y grandes- con millones de colaboradores realizan diariamente. Sólo el mercado, de hecho, es quien debe regular los esfuerzos normativos que las Instituciones europeas realizan y dictan a los Estados miembros, es decir será el mercado que dirá dónde conceder, dónde regular, dónde reducir. Si logramos poner en marcha el mercado que, en la actualidad, sufre una peligrosa disminución de los consumos, volveremos a poner en marcha todo el sistema económico y social comunitario.

Cox
Señor Presidente, deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar, en nombre de mi Grupo del Partido Europeo de Liberales Demócratas y Reformistas, a los distintos ponentes.
Debido a que dispongo de tiempo limitado, sólo quiero hacer dos observaciones políticas. En lo relativo al informe García Arias sobre la política de competencia, deseo enviar una señal política inequívoca de que aunque el Grupo de los Liberales está dispuesto a apoyar dicho informe en general, existe un impedimento y una condición específica para que demos nuestro apoyo; me refiero al apartado 15 y a la solicitud de que en la CIG se modifique el artículo 90.2. Mi Grupo está firmemente convencido de que la enmienda de este artículo sería una especie de caballo de Troya. Introduciría una forma de proteccionismo progresivo y un intento de bloquear la culminación del mercado interior en sectores delicados. Representa una respuesta muy reaccionaria a problemas que sin duda existen, pero para cuya solución ya se han previsto políticas. En un mercado competitivo mundial no tenemos otra opción que la de garantizar que seguimos presionando hacia adelante, y creemos que el artículo 32 debe permanecer como está. Apelo, en particular, al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos para que intenten ofrecernos una salida en este asunto, porque queremos apoyar el impulso general de las recomendaciones del informe García Arias.
Con respecto al informe Hautala, muy brevemente, nos oponemos de forma categórica al concepto de una tasa especulativa sobre los movimientos de capital. En el apartado 2 reaparece este tema de manera implícita. Quiero que se modifique. Si se modifica, lo apoyaremos; de lo contrario, votaremos en contra.

Theonas
Señor Presidente, tenemos ante nosotros una serie de informes muy importantes y quisiera felicitar a los ponentes tanto por su esfuerzo como por sus ideas.
Sin embargo, quisiera referirme especialmente a las deslocalizaciones de empresas. La práctica de la deslocalización constituye un arma básica en manos de aquellos que ejercen presión en favor de una protección social reducida, la inmunidad fiscal, la restricción de medidas de protección medioambiental y en favor de la relajación en materia de normalización y protección del consumidor. No es casualidad que, precisamente, en nombre de esta tendencia amenazadora, se estén cometiendo descaradamente infracciones contra privilegios y concesiones, que terminan en un abuso de los recursos de los Fondos Estructurales. Tampoco es casualidad que se estén reforzando cada vez más las deslocalizaciones desde la Unión Europea hacia terceros países, principalmente, hacia los nuevos países industrializados de Asia y los países de Europa central y oriental. Para algunos países, como el mío, este fenómeno ha asumido las dimensiones de una catástrofe nacional y constituye una causa fundamental de la disminución de la base productiva, del desmantelamiento de la economía, de la desindustrialización y de la decadencia. Hay muchos ejemplos, los últimos son los de GOODYEAR y LEVIS, mientras SIEMENS hace chantaje para conseguir nuevos contratos, utilizando a sus trabajadores como rehenes.
Queremos felicitar a la diputada, Sra. Hautala, por examinar el problema desde muchos ángulos. Queremos subrayar que, más allá de las afirmaciones y preocupaciones, lo que se necesita, en la actualidad son medidas inmediatas y eficaces a escala internacional para limitar la acción impune del gran capital multinacional.
Instamos a la Unión Europea y a los Estados miembros a que demuestren la misma decisión con respecto a este tema que para imponer políticas que reducen el nivel de protección social, derrumbando derechos fundamentales de los trabajadores, legítimamente adquiridos. La Unión Europea, por ejemplo, podría contemplar en el seno de la Organización Mundial del Comercio la modificación de los estatutos, de manera que la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, como se establecen en los respectivos convenios firmados por la Organización Internacional del Trabajo, se incluyan en los acuerdos multilaterales, constituyendo un criterio para la aplicación del principio de nación más favorecida.
Debemos ser conscientes, señor Presidente, de que el desmantelamiento y la desindustrialización de los países menos desarrollados de la Unión en una primera etapa, y a continuación, de toda la Unión acabará siendo una pesadilla también para los que rigen sus estrategias políticas por la lógica de la mayor apertura de los mercados, el sometimiento de todo, tanto de necesidades sociales, como medioambientales, a la aclamada competitividad y a la transformación de nuestra sociedad en un mundo oscuro.

Wolf
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, parece que se trata de muy diversos temas: política de competencia, PYME, fomento del empleo, deslocalización, mercado interior. Pero en realidad se trata siempre de lo mismo, que vivimos en unos tiempos muy interesantes en lo que se refiere a la política económica. Son tiempos en los que es evidente que el proyecto neoliberal se está acabando, en los que la idea de que los mercados van a encontrar por si mismos las soluciones se muestra como irreal y en los que se muestra claramente la necesidad de recuperar en muchos aspectos el control democrático de la política económica.
Me remito solamente al informe de la OIT sobre el trabajo infantil. Ciertamente, en la cuestión de los estándares medioambientales y sociales existe necesidad de regulación. Los mercados no son un fenómeno natural sino que debemos crear las condiciones políticas para que funcionen como agencias y mecanismos racionales. Esto tenemos que logralo en la letra pequeña de muchos textos y me alegraría si la Comisión, Karl van Miert y Martin Bagemann, se sumaran a esta versión avanzada de economía de mercado.

Ewing
Señor Presidente, habida cuenta de la gran cantidad de trabajo que ha realizado la Asamblea -los informes elaborados por los ponentes, las ideas y políticas presentadas- resulta sorprendente lo baja que es la asistencia, y resulta también muy sorprendente que aunque un tal Sr. Goldsmith aparece en todas nuestras televisiones en hora de máxima audiencia, ese antieuropeo no se encuentre hoy aquí presente para decirnos todas las cosas que estamos haciendo mal. Su asistencia se limita al 3 % de las sesiones, por lo que supongo que sería cuestión de suerte que lo pescáramos en este debate en particular.
En lo relativo al informe García Arias, la ponente ha acertado más o menos en su intento de encontrar un equilibrio entre el servicio público y el sector privado. No existe ninguna panacea, pero lo que tengo que decir es que si a usted le preocupan las zonas periféricas, debe reconocer que, normalmente, sólo el servicio público pondrá el elemento social entre sus principales prioridades, y que en general, no cabe esperar que los organismos privados hagan lo mismo.
¿No sería extraordinario si, independientemente del país en el que nos encontremos, pagáramos un franqueo diferente dependiendo de si somos de París o del sur de Francia, la isla de Tiree o de Londres? Damos por descontado que eso no es así, y sin embargo tenemos que aceptar que en el caso del agua, la electricidad y otros servicios de primera necesidad, eso es exactamente lo que sucede. Y eso está mal, a menos que, naturalmente, queramos que todas las personas que viven en esos lugares apartados abandonen esos lugares apartados y se vengan a vivir a las ciudades, donde probablemente no podrían encontrar un puesto de trabajo y se convertirían en una carga, mientras que los lugares apartados se convertirían en desiertos carentes de interés para los turistas.
Represento una zona periférica que a menudo es calificada de desierto. Pero se convirtió en desierto por la codicia de los hombres que explotaron sus recursos y cada vez fue quedando menos gente. Debemos darnos cuenta de que si bien tanto lo público como lo privado tiene ventajas y cosas buenas, es necesario reconocer el elemento social. Me pregunto si eso es del todo posible si fomentamos la privatización para que pase a sustituir la función pública.
Con respecto al informe Secchi, se supone que el mercado interior y la integración deben ir de la mano con nuestros avances hacia la UEM. Como ciudadano del Reino Unido -aunque no me jacto de ello-, eso me parece muy interesante y a veces me pregunto si se trata de un sueño que tienen los alemanes, porque francamente los artículos que aparecen en la prensa de los dos principales Partidos nos inducen a pensar que tal vez no estemos yendo hacia la UEM. Resulta interesante que el ingreso de tres nuevos Estados no haya interrumpido nuestro avance hacia la integración. Se dijo que lo harían, pero no ha sido así. Lo hemos sacado adelante. Ha habido cosas buenas y también fallos, y las cosas buenas han sido muchas -el programa Aduana 2000, la administración, el Convenio sobre la quiebra y la armonización técnica de determinados productos. Es posible que también haya fallos -los contratos públicos, los seguros y la propiedad intelectual.
Me inclino por la propuesta del Sr. Rapkay de reducir el umbral. Estamos a favor del código de conducta de la Sra. Hautala para las multinacionales y sabemos que las multinacionales, cuando se instalan en zonas como la mía, a veces no se quedan mucho tiempo. Por eso estoy de acuerdo con la frase sobre la longevidad de la inversión.
Apoyo al Sr. Kuckelkorn incondicionalmente en la defensa que hace del programa ELISE.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, el informe que nos presenta nuestra colega Hautala sobre las deslocalizaciones y la reestructuración industrial es esencial y deseo rendir un homenaje a su trabajo.
También yo creo que la Unión Europea debe tomar medidas urgentes contra los efectos negativos de deslocalizaciones que se ven favorecidas por algunas reglas del comercio internacional que estimulan la instalación de los centros productivos en aquellos países en que los costes son menores. Todos los días tenemos ocasión de ver el mal que provoca el dumping tanto fiscal como social. El poder político está, pues, obligado a contrarrestar las injusticias flagrantes de algunos mecanismos del mercado.
En el interior de la Unión, la UEM puede constituir un elemento decisivo en la lucha contra las especulaciones monetarias que aceleran las deslocalizaciones. Deseo, en este caso, dar mi apoyo a nuestro ponente en sus propuestas orientadas a la puesta en marcha de consejos europeos de trabajo encargados de examinar cuidadosamente las deslocalizaciones o las reestructuraciones. Esto es al mismo tiempo fundamental y urgente.
De la misma manera, debemos utilizar los fondos estructurales para lograr un desarrollo duradero del empleo en regiones desfavorecidas. Estos fondos y ayudas se sienten con demasiada frecuencia como una especie de «jackpot comunitario» que provoca deslocalizaciones insoportables sin beneficio duradero para nadie. Todo el mundo tiene en mente ejemplos de tales escándalos. Tenemos los medios para evitarlos a condición de tener también voluntad política.
Finalmente, en el plano internacional, coincido con el ponente y con otras muchas personas en este hemiciclo, en considerar como indispensable la instauración de cláusulas sociales para asegurar la economía europea, pero también para ayudar a los países en vías de desarrollo a salir de sus difíciles condiciones. Ello todavía es posible y sólo falta desearlo.
Nuestro debate es, por tanto, señor Presidente, un verdadero debate político en el que se oponen los defensores de un liberalismo absoluto y los partidarios de una economía regulada. Se trata de una lucha difícil, pero la credibilidad de nuestra Unión Europea, incluso su existencia en nuestras opiniones públicas, dependen de ella así como algunas medidas que tomaremos en este sentido.

Konrad
Señor Presidente, señoras y señores, el informe presentado por la colega García Arias sobre el XXV informe de la Comisión sobre política de competencia evidencia un rechazo ideológicamente fundamentado de la política de la Comunidad que se caracteriza por la competencia, la economía privada y la liberalización. En consecuencia, el proyecto de informe presentado por la Sra. García Arias se pronuncia contra la política de liberalización y deregulación de la Comisión en los campos del transporte, la telecomunicación y la energía así como contra los Estados miembros que han concedido a la privatización y deregulación la preferencia frente a la conservación de monopolios públicos.
Señoras y señores, este preenjuiciamiento político se encuentra en especial en la exposición de motivos y menos en la propuesta de resolución. En nombre de mi grupo político me permito aclarar lo siguiente: si mañana en la votación no eliminamos del informe el punto 15 será la causa de que rechacemos totalmente este informe. Por lo demás, el Grupo cristiano-demócrata rechaza al igual que la Comisión una modificación del apartado 2 del artículo 90 del Tratado de la CE. Mi grupo político rechazará la exigencia de que se limite la aplicación de las normas de competencia del Tratado de la CE para las empresas de servicios públicos y la supresión del apartado 3 del artículo 90, ante todo con la finalidad de conservar las empresas públicas como empresas del Estado.
Por lo demás, se reduciría el papel de la Comisión y, en consecuencia, se ampliarían las potestades de los Estados miembros.
La supresión del apartado 3 del artículo 90 del Tratado de la CE socavaría nuestra política de liberalización en los campos de las telecomunicaciones, energía y servicios postales. las propuestas conducirían a una reorientación del Tratado en favor de los servicios públicos nacionales a costas de la integración de los mercados.
Permítanme añadir algo más: me parece muy cuestionable el punto 16 del informe que, por lo visto, coincide con la opinión de la Comisión. Un complemento del artículo 3 del Tratado de la CE tendría repercusiones considerables y básicas sobre la UE. Si se produjese este cambio, las prestaciones de servicios básicos alcanzarían una dimensión que no se podría controlar. Un artículo de este tipo tendría una considerable influencia sobre la aplicación de las normas de competencia, en especial, sobre la normativa que regula las ayudas y sobre el campo de la cohesión.
Un cambio es además un medio adicional -al menos, ofrece la posibilidad- para preservar la posición monopolística de las empresas estatales; por ello, se trata de una segunda vía. Esta no puede ser nuestra política. El Grupo del PPE ha abogado siempre por una política fuerte de integración y de competencia. Hemos mostrado por ello nuestras objeciones con claridad y espero que mañana, en la votación, podamos modificar algo en este informe.

Van Bladel
Señor Presidente, en el poco tiempo de que dispongo, me centraré en el informe Kuckelkorn.
Recientemente, el presidente de la pequeña y mediana empresa de mi país fue nombrado comisario de la Reina. Esto demuestra la estima que siente el Estado por la experiencia y los conocimientos de personas procedentes de la pequeña y mediana empresa. Hasta ahora se hablaba mucho, aquí y en los Estados miembros, de la importancia de las PYME para el empleo. Me complace la propuesta Kuckelkorn. No sólo da más oportunidades al empleo, sino que además el ciudadano europeo ve que el Parlamento y la Comisión se toman en serio el bienestar de los europeos.
El acceso a los mercados financieros no es fácil para el pequeño empresario. Podemos afirmar sin más que en este sentido el empresario se encuentra en la retaguardia. El Consejo tiene que comprender de una vez por todas que con la iniciativa ELISE se asume una responsabilidad comunitaria valiosa, también la integración europea ha de tener en cuenta a las pequeñas empresas. En este contexto, constato un profundo abismo entre las ambiciones de la Comisión y el objetivo y los medios. Además, creo que el apoyo financiero que se pondrá a disposición debe vincularse al número de puestos de trabajo que se crean. Lo considero esencial. Facilitar dinero para un período de 24 meses con una evaluación después de 18 meses me parece una actuación pragmática. Me complace. Pero el programa sólo puede tener éxito si hay suficientes préstamos. Un éxito real exige también una garantía de una mayor continuidad. A corto plazo, espero que este proyecto tenga el mismo éxito que la composición homónima de Beethoven. Comisario Bangemann: ich bin für Elise.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, me concentraré en el informe sobre la política de competencia y las ayudas estatales. Por desgracia, no es posible suprimir las ayudas en este momento, por lo que hemos de garantizar su transparencia y su notificación. Es preciso que tanto los competidores como los consumidores conozcan la situación. Por esta razón, el Grupo Liberal ha propuesto la apertura de un registro público de las ayudas estatales concedidas por las autoridades de los Estados miembros. Espero que el Comisario Van Miert acepte el punto 18 del informe, que coincide con la propuesta de la Presidencia irlandesa de la apertura de un registro.
El otro punto al que quiero referirme es el de las posibles ventajas para la Comisión de establecer una cooperación con las empresas que sufren las consecuencias de las ayudas estatales. Estas empresas serán las más idóneas para evaluar la distorsión de la competencia en su propio sector, y es posible que sus puntos de vista ayuden a la Comisión a resistir la presión de los Estados miembros en casos dudosos. La forma más segura de garantizar la notificación es mediante la elaboración de una reglamentación en la que se establezcan las normas relativas a las solicitudes de ayudas estatales, la publicación de los casos y los plazos, es decir, un marco para todo el proceso que contemple asimismo el procedimiento de recurso por parte de terceros, las normas de acceso a las actas y la posibilidad de comentar los casos, por ejemplo, en una audiencia pública. Por todo ello, ruego a sus Señorías que apoyen el punto 26 del informe, que ya cuenta con el respaldo del Grupo Liberal, y me gustaría conocer la opinión de la Comisión respecto a la participación de terceros y empresas competidoras en la lucha contra las ayudas estatales.

Elmalan
Señor Presidente, cientos de miles de empleos se verán sacrificados o amenazados a corto plazo en la Unión Europea por las deslocalizaciones operadas por las empresas en nombre de la competitividad, sobre todo en los sectores textil, del calzado, de la electrónica y cada vez más en el de los servicios.
Estas deslocalizaciones, que obligan a los pueblos a competir jugando con las diferencias salariales, se llevan a cabo sin preaviso ni consulta con las organizaciones sindicales, con desprecio por los asalariados y por el interés económico de las regiones.
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos avanza unas propuestas interesantes para luchar contra la especulación monetaria, sobre todo la defendida por nuestro grupo de aplicar el «impuesto Tobin» a los movimientos de capitales. Pero el impacto de estas propuestas será limitado en la medida en que éstas queden inscritas en la lógica del Tratado de Maastricht basada en la liberalización y desregulación en beneficio exclusivo del capital.
Nosotros, en contacto con las organizaciones sindicales, nos oponemos a estas deslocalizaciones mutiladoras y reclamamos nuevos derechos en los planos nacional y comunitario para los trabajadores, con el fin de que puedan mantener sus logros, defender su empleo y controlar la utilización de los fondos públicos asignados a las empresas.

Blokland
Señor Presidente, por si alguien todavía tenía dudas, ahora ha quedado claro que la pequeña y mediana empresa es la hija predilecta de las instituciones europeas. ELISE, qué nombre tan precioso para una garantía de préstamo que ha de estimular el empleo en las PYME. Nadie puede tener nada en contra de algo tan bonito, ¿no? Y encima es el nombre de mi hija.
Sin embargo, detrás de un nombre bonito puede esconderse algo menos bello. Y esto parece suceder en este caso. Por algo los gobiernos de los Estados miembros europeos esgrimen el argumento de que los programas de subvención comunitarios para las PYME son contrarios al principio de subsidio. A pesar de ello, la Comisión Europea llevó adelante esta propuesta. Según ella, el enorme desempleo en la Unión Europea hace necesario un enfoque comunitario.
Estaría dispuesto a seguir este razonamiento si la medida ELISE fuera única en su género. Pero no lo es. En los Países Bajos conocemos un régimen de garantía parecido. El Consejo Neerlandés para la pequeña y mediana empresa afirma que ELISE estorbará al buen funcionamiento de este régimen en lugar de complementarlo. Parece que ELISE no tiene un efecto subsidiario, sino contrario. La Comisión Europea ha de esclarecer esta cuestión.
Por otra parte, quiero referirme también a algunos de mis compañeros. Las enmiendas núms. 3 y 6 frustran el efecto de este régimen para los empresarios. Para las empresas pequeñas es importante que una garantía de préstamo llegue pronto, de forma simple y directa; es decir, sin implicar demasiadas obligaciones administrativas. De lo contrario, ya de entrada, los empresarios se desinteresarán por esta propuesta europea. Y en lugar de una bella hija casadera, ELISE se quedará para vestir santos.

Randzio-Plath
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el informe sobre el mercado interior de la Comisión Europea es en realidad una exigencia dirigida a nosotros para que utilicemos el instrumental de que disponemos para configurar más eficazmente la gestión económica pero también, señor Konrad, para que no olvidemos la dimensión social de la economía de mercado, no pensemos solamente en la libre circulación de mercancías, capitales y de servicios sino también en la de las personas. Tenemos que considerar que construimos Europa en interés de las personas para lo que los informes que se nos han presentado hoy son un buen enfoque. Sería positivo si también de la Comisión viniesen reacciones y propuestas.
Cuando pienso en el mercado interior y en su culminación, tengo que recordar que ya el año pasado teníamos un catálogo de puntos que criticamos como Parlamento: insuficiencia de normas armonizadoras sobre medio ambiente, de aproximación fiscal o en la formación de funcionarios de aduanas o de finanzas que hay que establecer para que puedan trabajar también en el mercado interior.
Independientemente de ello, en este debate se muestra también con claridad otra cosa, a saber, que con el Tratado de Maastricht, que se ha mejorado desde la existencia del mercado interior, disponemos de unos instrumentos realmente eficaces para configurar la política europea. El mercado interior es uno; por otro lado tenemos la política de competencia, de concentraciones, estructural e industrial así como la política en favor de las PYME -sobre la que ha hablado muy claramente el Sr. Kuckelkorn-, que conjuntamente configuran la base para que podamos establecer un pacto de confianza para la Unión Europea. Sin embargo, aún falta este elemento y creo que en nuestros afanes no debemos cejar en exigir a los Jefes de Estado y de Gobierno que añadan dicho elemento.
Menciono estos elementos conjuntamente también porque en el informe García Arias se indica muy claramente que la política de competencia, por ejemplo, la política de control de las ayudas, tiene que encontrarse en una relación razonable con la revisión de la política estructural. Así pues, existen instrumentos pero no son utilizados aún eficazmente y tenemos que convencer también a los Estados miembros para que realicen una aportación adicional.
Me parece muy lamentable que en el campo de la aproximación fiscal exista aún esta distorsión de la competencia, de tal modo que entretanto en parte se habla de una competencia ruinosa dentro de la Unión Europea, es decir, una Comunidad, un mercado interior. Creo que muchos miembros de la Comisión pueden contribuir a que esto finalice. Señor van der Miert, me parecería muy positivo si en el próximo informe sobre la competencia se hablase de un modo más extenso sobre hasta qué punto la exención fiscal, los programas y normas de bonificación de intereses pueden contribuir en los diversos Estados miembros a falsear las condiciones de competencia y qué es lo que debemos hacer en contra.
También me gustaría saber cómo podemos coordinar de un modo más eficiente la cooperación regional y la política industrial sin poner en peligro la competencia. Por ello, pienso que este informe sobre el mercado interior es un paso adicional para que a nivel europeo podamos afirmar con la conciencia tranquila que tenemos que hacer una propuesta cuando la división del trabajo entre la regiones, los Estados miembros y la Unión funcione.

Peijs
Señor Presidente, en primer lugar me referiré al informe García Arias. Las grandes concentraciones de poder o las perturbaciones debidas al apoyo estatal socavan el mercado interior. La Comisión Europea tiene aquí una tarea muy clara. Casi siempre se otorga ayuda estatal por objetivos nobles. Por ello, actuar en contra no es nunca una medida popular. Para salvar puestos de trabajo en el sector textil francés, el Gobierno francés ha tomado medidas experimentales para reducir las cargas sociales en el sector textil de este país. Y lo ha hecho manejando la regla del mínimo para las empresas con menos de 50 trabajadores. En total, casi 11.700 de las 13.000 empresas. Esto es contrario a la política de competencia europea. La medida ha supuesto un aumento de la competitividad de más del 10 %, concretamente del 12, 5 %, frente a los sectores textiles extranjeros.
En lo que se refiere al sector del acero, mi Grupo vuelve a pedir a la Comisión que se siga ciñendo a un código de apoyo estricto, incluso después del 2002, en favor del sector del acero; véase la enmienda que hemos presentado al respecto.
Luego está el programa ELISE. Mi Grupo votará en contra de las enmiendas núms. 3, 6 y 8. A fin de cuentas, en estas enmiendas se establece una conexión entre el importe de la garantía y el número de puestos de trabajo a crear. A diferencia de mi colega Van Bladel, considero que es una barbaridad. Las pequeñas empresas no pueden indicar de antemano cuántos puestos de trabajo van a crear exactamente si hoy reciben una garantía para una nave industrial. Es imposible. Si el programa fracasa, en parte debido a estas razones burocráticas, el Consejo tendrá una razón de más para negarse el año que viene a dar continuidad este tipo de proyectos.
Mi Grupo tiene algunas objeciones fundamentales contra el informe de la Sra. Hautala. Votaremos en contra de varios artículos en los que, por ejemplo, la ponente pide que se trabaje menos con derivados financieros, se asuman obligaciones a largo plazo por parte de empresas de una región en materia de empleo y se cree un observatorio permanente para poder seguir el traslado de cerca. Mi Grupo considera que este tipo de cuestiones van demasiado lejos.
Sobre el informe del Sr. Secchi: el Sr. Monti prometió en su momento una ventanilla de reclamación para las empresas, que daría una respuesta al cabo de seis meses. Quisiéramos recordárselo y hemos presentado una enmienda en este sentido.

Kestelijk-Sierens
Hablaré de un traslado de empresas. Siempre hay deslocalización. En una economía de mercado libre, nunca se podrá impedir a las empresas que se establezcan donde puedan producir en las circunstancias más favorables.
Dos observaciones sobre el informe. En primer lugar, no es conveniente someter a las empresas a demasiadas reglas y condiciones. Los países terceros han de considerar las inversiones como un medio para fomentar el desarrollo económico, que tiene como resultado una mejora del nivel de vida. Es preciso atravesar este proceso si se quiere lograr prosperidad social. Un exceso de reglas de antemano asusta a las empresas.
La política regional europea, en lugar de posibilitar la caza del subsidio apoyando directamente a las empresas, ha de centrarse en los factores estructurales del entorno que favorecen a las reglas.
Además, tal como ha señalado el Sr. Cox, los Liberales son muy contrarios a un impuesto sobre las operaciones de mercado de divisas. Ello implica un traslado de las corrientes de capital dentro de la Unión. Con ello, los mercados financieros pierden liquidez con grandes fluctuaciones monetarias y ello es precisamente lo que querríamos evitar.

Ribeiro
Señor Presidente, los traslados de empresa son un fenómeno de nuestro tiempo vinculado a la libre circulación de factores, en particular de capitales, que aprovecha los avances tecnológicos y cumple estrategias transnacionales de especialización productiva y de concentración en connivencia con los ejecutivos de algunos Estados.
Ya se hagan en el espacio comunitario y europeo o afuera de Europa, el objetivo es siempre el mismo: creación y aprovechamiento de oportunidades de acumulación de capital financiero .
La liberalización mundial de capitales, ahora en el marco de los acuerdos TRIM de la OMC, posibilita que salten de país en país, de región en región, explorando recursos naturales y humanos, pasando por alto totalmente el objetivo de la cohesión económica y social, sin preocuparse de las consecuencias regionales, de las repercusiones sociales que acarrean, aumentando las asimetrías regionales, creando -además- empleos precarios y transitorios, agravando -aquí y allá- el ya tan grave nivel de desempleo.
El informe del Sr. Hautala -al que felicito por su trabajo- refleja preocupaciones serias, plasmadas en formulaciones interesantes y válidas, aunque acepte, contradictoriamente, la razón de fondo de los traslados transnacionales de empresas y los justifique con una reestructuración industrial que parece existir sólo para servir de pretexto o coartada para dichos traslados.

Torres Couto
Señor Presidente, yo también quisiera comenzar felicitando a los ponentes y subrayar que, en materia de política de competencia, subsisten, de hecho, grandes preocupaciones en cuanto a las recientes alianzas anticompetencia en los sectores privados de la energía y las telecomunicaciones. En esta materia creo que la transparencia está a la orden del día. Por estar la transparencia a la orden del día, conviene adoptar un conjunto de medidas ingentes, en particular prestando atención a la disparidad cada vez mayor en el monto de las ayudas públicas entre regiones (y creo que para eso es importante que la Comisión publique rápidamente una lista exhaustiva en la que figuren dichas ayudas); también conviene movilizar más recursos para la DG IV y rechazar de entrada cualquier propuesta, venga de donde venga, de creación de cárteles independientes para la aplicación de política alguna de competencia; resulta urgente la coordinación entre las diferentes políticas comunitarias que influyen en la competencia industrial, en particular la política de competencia industrial del Mercado Interior y la política comercial, y conviene también luchar contra todos los obstáculos, que, por desgracia, subsisten, a la libre circulación de personas y de mercancías.
En cuanto a los traslados de empresas y la reestructuración industrial en la Unión, debemos tener en cuenta las repercusiones económicas y sociales y muchas de las motivaciones que por desgracia originan dichos traslados. No debemos olvidar que la especulación monetaria constituye la causa mayor de la inestabilidad monetaria que falsea las decisiones adoptadas en el nivel de la economía real. Los traslados de empresas deberán obligar a la Comisión a presentar rápidamente propuestas que disuadan la especulación con los bienes financieros resultantes. La liberalización de la inversión extranjera y las otras formas de movilidad de capital han de hacer hincapié en el desarrollo sostenible y no podrán ser una escapatoria para no respetar y destruir intereses y derechos sociales fundamentales de los trabajadores. Es importante, en nombre de la lucha contra el desempleo y de la defensa de una Europa con dimensión social, la tributación de los movimientos de capital, además de la lucha sin tregua contra el dumping fiscal y social. En cuanto a las PYME, por su importancia para la competitividad, el crecimiento y el empleo, se exige la mejora de su acceso a las fuentes de financiación, así como un esfuerzo presupuestario de la Unión, como se propone en el informe, que estimule y facilite la ejecución de proyectos con repercusiones positivas en la creación de empleo.

Wijsenbeek
Señor Presidente, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento relativa al artículo 13 de nuestro Reglamento sobre los mandatos políticos en nuestra Asamblea.
Ya no responde usted a las condiciones del artículo 13, párrafos 1º y 3º. El párrafo 1º señala que un vicepresidente, que, obviamente, cumple un mandato como vicepresidente y ha sido elegido por la totalidad de la Asamblea, debe ser propuesto por un grupo político o por 29 diputados. Usted mismo fue propuesto por un grupo político, concretamente el Grupo de los Liberales. El párrafo 3º del artículo 13 señala que, en la elección de Presidentes, Vicepresidentes y Cuestores, se procurará la representación equitativa de los Estados miembros y de las fuerzas políticas.
Usted comenzó su mandato representando al Grupo de los Liberales, pero, cuando se cambió de chaqueta política, no tuvo ni siquiera la decencia de renunciar a su cargo de vicepresidente, y me pregunto qué hace usted ocupando ese cargo.

El Presidente
Señoría, le recuerdo, por si usted lo ha olvidado, el artículo 17. «Cuando un diputado cambie de grupo político, conservará, si lo tuviere, su cargo en la Mesa o en la Junta de Cuestores durante el resto de su mandato de dos años y medio.»
Está claro, señor diputado, que, si de lo que se tratase fuera de la permanencia en este lugar por un período más largo, yo no vacilaría en seguir su consejo o el del presidente de su Grupo, si existiera. Simplemente, como va a haber una sesión constitutiva en enero, no se plantea el problema en el plano ético, como tampoco en el jurídico. Eso es lo que se me ocurre decir al respecto.

Cassidy
Debo hacer extensivo mi agradecimiento al Sr. Wijsenbeek por la cuestión de orden que acaba de plantear. Esta tarde me propongo intervenir brevemente sobre la cuestión de la deslocalización del empleo en la Comunidad Europea, el tema del informe de la Sra. Hautala. Resultó difícil la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en el caso de este informe en particular, que al final derivó en una clara división entre la derecha y la izquierda. Quisiera, no obstante y a pesar de la amplia división política, alabar la valiente labor que ha emprendido la Sra. Hautala para intentar unir posiciones y llegar a un acuerdo de compromiso. Me temo, sin embargo, que no ha sido posible llegar a un acuerdo de compromiso que nos permita a los que nos encontramos a este lado apoyar el informe en su forma actual. Pediremos que se realicen votaciones por separado, sobre todo en aquellos ámbitos que contienen frases bastante provocativas sobre el dumping social y sobre la persecución hasta las capas más bajas de la escala social, implicando que algunos Estados miembros ejercen deliberadamente competencia desleal con respecto a otros mediante recortes de las prestaciones sociales. Eso no es cierto en absoluto, y lo sé porque procedo de un país recibe frecuentes críticas por su actitud ante el Capítulo Social, pero que en realidad tiene unas normativas en materia de salud y seguridad mucho más estrictas que otros Estados miembros. De hecho, el famoso paquete de seis normativas se ha aplicado en exceso en el Reino Unido, imponiendo unas cargas que no se han impuesto sobre otros países.

Watson
Señor Presidente, resulta interesante observar que el Sr. Cassidy está sin aliento. No aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida a su Grupo. Sin duda se ha quedado sin aliento porque, habida cuenta de su escasa mayoría en la última ronda, los Liberales Demócratas le estamos pisando los talones.
Deseo hacer dos observaciones en este debate con respecto al informe Secchi. La enmienda 4: en lo que se refiere a la industria farmacéutica, continuamos teniendo una situación en Europa en la que los controles de los precios nacionales están distorsionando seriamente el libre mercado. En Europa existe una gran capacidad para el desarrollo de medicamentos genéricos. En los Estados Unidos se prevé un fuerte crecimiento del mercado de medicamentos genéricos durante los próximos diez años, y eso mismo podría suceder aquí. Actualmente exportamos puestos de trabajo a Turquía, Islandia y otros países debido a nuestras políticas, y mi enmienda a este informe intenta rectificar esa situación.
La segunda observación sobre la que deseo llamar la atención es el acceso a la Justicia. Llamé la atención sobre ello en mi informe del año pasado. Para muchas empresas pequeñas de la Comunidad aún no existe un acceso real a la Justicia cuando el mercado interior no le ofrece las libertades que promete. El «Paquete Monti» ha mejorado las cosas, pero aún queda mucho por hacer.
Pienso que el proyecto europeo se ve obstaculizado por lo que François Mitterand llamó la presencia obstinada de los siglos. Cada vez que intentamos hacer avanzar un país o un continente, la historia nos sujeta por los tobillos. Lo que ahora necesitamos es un esfuerzo adicional para completar el mercado interior antes de que se implante la unión monetaria.

Wibe
Señor Presidente, careciendo de cualquier fundamento en la teoría económica y de datos reales, sostiene el ponente, Sr. Secchi, que las diversas tasas de impuestos de los países miembros son causa de una «grave distorsión en el flujo de productos, servicios y capital».
Esta es una de las típicas malinterpretaciones en torno al mercado interno. En primer lugar, las tasas de impuestos no son discriminatorias, es decir, que afectan de modo similar a la producción nacional y extranjera. La distorsión causada por la disparidad en los impuestos es una bagatela, y no una grave pérdida de eficacia, que asciende quizás a unas décimas del porcentaje del producto nacional bruto. En segundo lugar, los impuestos reflejan una elección democrática por parte de los ciudadanos de los diversos países.
En Suecia tenemos unos impuestos elevados. Esto se debe entre otras cosas a que el ciudadano sueco tiene una idea positiva sobre el sector público y sobre el sistema de bienestar construido socialmente. La armonización de impuestos con los otros países de la UE significaría en cualquier caso una reducción, y con ello una disminución del nivel de los servicios públicos. Esto traería consigo una pérdida de bienestar para la sociedad sueca, dado que no obtendríamos la sociedad que los ciudadanos desean.
A menudo me he preguntado a mí mismo cuál es el motivo de este ardor armonizador. Es una falacia pensar que nos llevará a unas ganacias económicas y a un mayor crecimiento. Por el contrario, no es ninguna falacia que va en contra de los deseos de los ciudadanos de la Unión. Ellos quieren diseñar sus propios sistemas tributarios de modo que se adapten a las diversas culturas, hábitos y configuraciones políticas de los países. No quieren que la Comisión interfiera en estos asuntos en base a un principio abstracto.

van Velzen, W.G.
Señor Presidente, a diferencia del Sr. Wijsenbeek, quiero darle a usted la bienvenida en el Grupo del PPE. Lamento que el Sr. Wijsenbeek se haya marchado. Espero que no sea simbólico para su Grupo.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. García Arias, y quisiera decir que por desgracia no puedo aprobar la tendencia completa de su informe. Por un lado, expresa su confianza en la política de competencia de la Comisión Europea, pero por otro tiene dificultades con la política de esta misma comisión hacia las empresas con derechos exclusivos y con el principio de liberalización.
En lo que respecta a la liberalización, la Sra. García Arias quiere fijar de forma muy estricta la calidad y los costes de un servicio. También mi Grupo está a favor de un paquete de servicios a ofrecer al ciudadano, pero fijarlos de forma estricta como pide la Sra. García, perjudicaría al principio de competencia.
Veamos lo que sucede en Suecia, o en mi propio país, los Países Bajos. Justo después de que apareciera la competencia en el mercado de la telefonía móvil, el precio del servicio descendió, la disponibilidad aumentó y la calidad mejoró considerablemente. Esto es exactamente lo que quiere la Sra. García Arias. Por ello, pienso que la definición en mi enmienda refleja mejor la realidad de la política de liberalización.
Luego la modificación del artículo 90. Considero que el debate en este Parlamento ha de ser claro. Examinemos detenidamente el texto del artículo 90. Este artículo hace referencia directa a los artículos 85 y 86 del Tratado. Prohíbe a los Estados miembros y a las empresas mantener posiciones dominantes para cobrar precios más altos a los consumidores, para imponer condiciones injustas en los contratos con los contratistas, etc. Por consiguiente, ¿es correcto que el artículo 90 sea modificado por el PSE? Pido encarecidamente al PSE que reconsidere por qué está en contra de la enmienda de mi Grupo.

Harrison
Señor Presidente, el informe Secchi sobre el mercado único nos muestra hasta dónde hemos llegado, pero también hasta dónde tenemos que llegar para lograr un mercado único que sea realmente eficaz y funcione para los ciudadanos de Europa. Nos encontramos ya en 1996, pero el mercado único de 1992 no ha llegado aún. Aún no se han implantado las cuatro libertades y los perdedores somos nosotros. ¿De quién es la culpa? Sin duda de los Estados miembros, a los que se acusa de un tercio de los 128 procedimientos de infracción que ha iniciado el Comisario Sr. Monti este año. La mitad de los gobiernos acusados de no aplicar el Derecho comunitario aún no han respondido a los escritos del Sr. Monti cuando han transcurrido seis meses desde que fueron despachados.
También la Comisión debe asumir parte de la culpa. El valor y el compromiso demostrados en la aplicación de la política de competencia comunitaria se debilita cuando se trata del mercado único. ¿Y quiénes son los perjudicados? Desde luego, las pequeñas empresas. Existe una agencia de turismo en la ciudad ferroviaria de Crewe, que se encuentra en mi circunscripción europea, que se está viendo perjudicada por las operaciones transfronterizas de Francia, como consecuencia de la amenaza de la doble imposición, y la confesión de que el progreso continúa basándose en el ámbito delicado de los controles fronterizos a individuos es una mala noticia para el sector turístico de Europa y para sus turistas. ¿Cuándo vamos a dejar de cachear a ciudadanos libres en nuestras fronteras? La semana pasada descubrí que es más fácil entrar en Eslovenia, país que no pertenece a la UE, con mi salvoconducto parlamentario, que escapar de la jurisdicción británica, donde este tipo de controles se realizan generalmente por triplicado. Ante la ausencia de Europol, ciudadanos deshonrosos de la UE como los grandes delincuentes, traficantes de pornografía infantil, pederastas y grandes capos de la droga parecen tener la libertad de cruzar como piratas y bucaneros a lo largo y ancho del mercado único europeo. Los más vulnerables son los niños, para quienes el mercado único debería significar esperanza y prosperidad para el futuro, y no el peligro que existe actualmente. Todo esto es tanto más lamentable habida cuenta de que han aparecido los primeros indicios de éxito asociados con el mercado único. Me refiero a los 36 informes sobre el mercado que ha presentado el Comisario Sr. Monti, en los que detalla el origen de 900.000 nuevos puestos de trabajo, que son atribuibles directamente al noble ejercicio de Europa en la ejecución de un mercado mágico.
Necesitamos reavivar el espíritu de Delors de 1992 y garantizar que antes de que finalice el siglo tendremos realmente un mercado único listo y funcionando. En este sentido, me congratulo por la determinación del futuro Primer Ministro británico -Tony Blair- de culminar el mercado único durante la próxima Presidencia británica.

Camisón Asensio
Señor Presidente, voy a referirme al informe Hautala sobre deslocalizaciones. Desde el punto de vista de la política regional, hemos estudiado con todo detenimiento este informe, y hay que reconocer que tiene partes positivas, por lo cual felicitamos a la Sra. Hautala. Pero hemos encontrado algún problema que hemos intentado mejorar en el debate mantenido en la Comisión de Política Regional. Ciertamente algo se ha conseguido, pero no lo suficiente como para poder asumir el informe completamente. Este informe presenta carencias y alguna desviación de conceptos, que nos tememos puede constituir un obstáculo para cualquier inversor industrial extranjero que se proponga invertir en cualquier país de la Unión Europea.
Aún no encontramos justificación convincente al hecho de no haber incluido la propuesta sobre la procedencia de adecuar el uso de los Fondos estructurales de modo que potencien la cooperación económica entre las regiones europeas. Además, en su apartado 15, se hace una crítica feroz a dichos Fondos, generalizando hechos aislados de descoordinación, llegando a enfatizar el carácter contraproducente de los efectos de los Fondos estructurales. Nada más lejos de la realidad que dicha generalización. Todo ello hace que tengamos ciertas reservas para asumir plenamente este informe.

Malone
Señor Presidente, con objeto de ilustrar cuál es la situación de manera gráfica, puedo informarle sobre unos 600 trabajadores de Ballyfermot, en Dublín, que trabajaban en la Semperit Plant, una filial de Continental AG, una de las empresas que más trabajo proporcionan en la deprimida región de Dublín. Hace dos meses, los empleados recibieron la notificación de que la planta cerraría este mes de diciembre. He podido ver documentos del comité de empresa en los que se habla de que la producción será trasladada a la India.
Existe asimismo el rumor de que Continental AG está poniendo obstáculos en cuanto a las condiciones de venta de la empresa a otra compañía o a la compra de la misma por parte de su dirección y sus trabajadores. Las negociaciones aún están en curso, y cabe esperar que lleguen a buen puerto, pero hay otras empresas de Escocia, Bélgica y Austria que corren peligro. Éste es un ejemplo gráfico.
Creo que debemos decidir ahora, con carácter de urgencia, crear unos procedimientos que garanticen que las empresas no pueden ser trasladadas simplemente para beneficiarse de unos controles menos estrictos y que, en caso de que lo hagan, no podrán adoptar prácticas contrarias a la ley de competitividad para impedir que otros ocupen su lugar.

Wijsenbeek
Un hecho personal, el artículo 108. Sólo quiero señalar al Sr. van Velzen que es posible que algunos Liberales no estén presentes, pero el liberalismo está creciendo -por lo menos en nuestro país y en algunos países vecinos-, lo cual no puede decirse de la democracia cristiana. En estos momentos, nuestro partido es el partido más grande de nuestro país.

Parigi
Señor Presidente, el alto nivel de empleo, la estabilidad económica y social, la competitividad del sector industrial, el desarrollo sostenible y la distribución equitativa de los beneficios, son los objetivos que una política comunitaria de reestructuración y deslocalización industrial debería perseguir. Las deslocalizaciones industriales, sin embargo, representan hoy por hoy un problema complejo que puede tener dos efectos: positivo, cuando crea empleo en determinados sectores y negativo, cuando penaliza el empleo de esas regiones que no tienen posibilidades de reconversión.
No cabe duda de que podríamos limitar los efectos negativos si lográsemos conjugar un doble plan de acción, que incida tanto dentro como fuera de la Unión.
En el plano comunitario interno se trata de privilegiar el objetivo del desarrollo sostenible duradero y adoptar las medidas para desalentar las especulaciones monetarias que se derivan de las coyunturas económicas.
Consideramos que una válida armonización social y fiscal que, entre otras cosas, limite la concesión de cualquier excepción, puede evitar cualesquiera formas de proteccionismo fiscal o social, al igual que estamos convencidos de que el apoyo comunitario que se facilita a través de los Fondos estructurales, debe incluir una cláusula de protección, íntimamente relacionada con un preciso compromiso, garantizado a largo plazo, en orden a proteger los puestos de trabajo existentes, crear garantías de empleo y garantizar la posibilidad de un desarrollo localizado.
Hoy lamentamos, aprovechando el informe Hautala, la falta de una eficaz coordinación de las políticas comunitarias en materia de competencia, política industrial, comercio y mercado interior.
Por consiguiente, y como derecha social, confiamos en que la Unión en su acción exterior insista en la necesidad absoluta de incorporar cláusulas sociales en los acuerdos comerciales relativos al comercio y a las inversiones, basadas en las normas previstas por la Organización Internacional del Trabajo y que sirvan, por fin, para proteger la libertad de asociación, el establecimiento de la edad mínima para trabajar, la no discriminación y la prohibición del trabajo forzado.

Bangemann
Señor Presidente, naturalmente, un debate de este tipo es también un debate sobre la política económica y ésta, a su vez, se ve afectada por las diferentes posiciones que los partidos tienen sobre este importante problema. Sin embargo, quiero dirigir la atención de sus Señorías a los Tratados de Roma, pues allí se adoptó una decisión ineludible sobre una importante cuestión relativa a la globalización y que, como yo pienso, es la única decisión posible. Me explico:
Si se desea que diversos mercados crezcan juntos, si diversos sistemas sociales quieren someterse a la competencia en un importante sector, para ello hace falta reglas. Esto significa que si se parte del hecho de que no todos los sistemas sociales se van a igualar de hoy a mañana, es decir que no todos van a ser socialistas, liberales o lo que sea sino que van a mantener sus diferentes couleurs pero que a pesar de ello quieren formar un mercado común, hace falta reglas que impidan que esta competencia sea desleal. Precisamente este es el problema del mercado interior, de la globalización, de la deslocalización y de cosas similares de las que nos ocupamos aquí, por cierto, también es el problema del paro. Pues, ¿cómo se puede conservar la competitividad o crearla cuando se ha perdido? Solamente mediante la competencia.
En la competitividad se esconde la palabra competencia. Naturalmente, también se puede uno imaginar que un servicio público puede existir y realizar ciertas prestaciones sin trabajar óptimamente. Esto es posible. Muchas administraciones de correos tradicionales, es decir, monopolios públicos, han sobrevivido porque nunca han estado en peligro gracias a su posición monopolística. Han ofrecido un cierto nivel de prestaciones pero no el nivel óptimo. Los Tratados de Roma han adoptado también en este caso una decisión salomónica. No se han decidido ni a favor ni en contra de las empresas públicas. Les da absolutamente igual si una empresa es gestionada privada o públicamente. Solamente han hecho una cosa: si una empresa es gestionada públicamente su comportamiento debe ser enjuiciado según el artículo 90 pues, de lo contrario, no existe esa igualdad de condiciones que se da automáticamente en la competencia entre empresas privadas. Un monopolio público puede hacer más que una empresa privada en la competencia.
Por ello, existe una relación muy lógica entre los artículos 85, 86 y 90 -sobre lo que va a hablar más detalladamene mi colega Karl van Miert- y la decisión sobre la competencia. Si lo transferimos al sistema global, tendremos que responder a una pregunta muy sencilla, la siguiente: ¿podemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Podemos, por así decirlo, establecer un orden político determinado? El colega sueco ha dicho que se deje a los suecos decidir qué sistema quieren costear y cuántos impuestos quieren pagar por ello. Del mismo modo, se podría decir para toda la Unión: dejadnos decidir a nosotros mismos qué es lo queremos hacer; tanto si hay más o menos competencia nos vamos a despedir de esta acción económica y política global. Plantearse esta pregunta es pura retórica. Todo el mundo lo sabe. Así pues, ¿qué podemos hacer? Tendremos que introducir paulatinamente en el mercado global las mismas reglas que hemos establecido en el mercado interior para nosotros y éstas son reglas de competencia. No hay otras reglas con las que se pueda organizar esta convivencia. Por supuesto, hay límites para la competencia. Subrayo lo que ha dicho alguien en el sentido de que la competencia no es un objetivo en si. Es cierto. La competencia es un instrumento, una herramienta si se quiere. Pero ha creado más empleo que cualquier otro método. Esto significa que si nos lo tomásemos en serio, si no nos limitásemos a esta retórica -tenemos 18 millones de desempleados, el objetivo prioritario es la lucha contra el paro y vamos a hacer todo lo que sea necesario al respecto- deberíamos hacer lo que hemos propuesto hace poco; en el marco de los debates sobre nuestra política industrial hablaremos aún al respecto, es decir, sobre el benchmarking .
Comparemos. Comencemos con empresas. ¿Cómo es, por ejemplo, la política empresarial en lo referente al empleo de la Ford en Colonia o de la VW en Wolfsburg comparada con otras empresas de automóviles? ¿Se trata de algo en contra de la voluntad de los trabajadores si, por ejemplo, ambas empresas han acordado con sus plantillas introducir un empleo flexible en el marco de las jornadas máximas de trabajo? En la primavera o en el verano, cuando los pedidos son mayores, los trabajadores pueden trabajar más de la jornada normal. Se les anotan las horas trabajadas de más en una cuenta de horas de trabajo y no se les pagan ya suplementos por horas extraordinarias. En el invierno, cuando los pedidos disminuyen, se deduce este plus de horas que tienen en la cuenta. Esto funciona. Esto ha hecho que los puestos de trabajo sean más seguros y que las empresas conserven la competitividad a pesar de que el nivel salarial es mucho más elevado que en la India o en otra parte.
Siempre he dicho y repito de nuevo que los costes, en especial, los costes salariales no son determinantes en exclusiva para la elección del lugar donde se van a realizar inversiones. Una empresa irá allí donde pueda trabajar del modo más productivo y podrá soportar un cierto nivel salarial si su organización del trabajo es lo suficientemente flexible. El debate sobre la exigencia de reducir los salarios es un debate erróneo pero el debate sobre la flexibilidad es un debate muy importante. Algunas propuestas que han hecho aquí no solamente van en contra del espíritu sino contra la práctica de la flexibilidad.
Voy a tomar ahora como ejemplo una pequeña empresa en el sentido del benchmarking : supongamos un hombre que quiere crear una empresa. Una gran empresa de automóviles no quiere fabricar ya ella misma los faros o cualquier otra pieza de conformidad con el outsourcing . Nuestro hombre posee unos ciertos conocimientos adquiridos en la Universidad y piensa que podría realizar esa actividad. Ha heredado una casa que vende por la que recibe 1 millón. Quizás tenga además una abuela que le da 500.000. Así pues, dispone de 1 millón y medio. A continuación va a un Banco y dice a sus empleados: si juntáis aún algo de dinero quizás recibamos de 10 a 20 millones y podremos empezar. Entonces se impone a este empresario la siguiente condición: puedes invertir aquí pero no puedes irte nunca de este lugar a no ser que pagues una cláusula penal o unas indemnizaciones por un porcentaje X del salario. Les ruego que, dejando de lado toda ideología, se pongan en la situación de esta persona, de esta gente que quiere crear esta empresa. ¿Adónde irán? No irán adónde tengan que confrontarse con tales normas. O tomemos el ejemplo de la industria farmacéutica...
Estimado señor Caudron, quizá es demasiado pragmático, pero esto no es ideología...
(Interrupción del Sr. Caudron: »es demagogia») Tomo el ejemplo del Sr. Watson sobre la industria farmacéutica. No, voy a tomar otro ejemplo, solamente el benchmarking . En los últimos cuatro años hemos perdido tres importantes laboratorios de la industria farmacéutica frente a los Estados Unidos, no frente a un país en vías de desarrollo o un país con unos salarios muy inferiores a los nuestros. ¿Porqué? Porque nuestras normas no conceden ni siquiera margen de actuación en el sentido de la biotecnología y similares, porque son sencillamente demasiado clumsy , porque son demasiado engorrosas y embrolladas para una empresa. Si tales empresas -se trata de grandes empresas- se encuentran ante la alternativa de ir a un país en el que pueden trabajar, en el que sus empleados no tienen que ir a buscar una autorización para cualquier cosa, entonces se van sencillamente a ese país. ¿Les extraña? No puede extrañarle a nadie. Me pregunto si queremos combatir seriamente el problema del paro o si solamente queremos lamentarnos y no hacer lo que se puede hacer.
El benchmarking es válido para diferentes sistemas y a veces los sistemas nacionales muestran que se mueven. En Alemania, por ejemplo, se ha permitido hacer panecillos los domingos por la mañana, lo que no estaba autorizado. Cuando leo los artículos en la prensa alemana, da la sensación de que se ha producido una nueva revolución, tan extrañados están de que tanta gente quiera tener panecillos los domingos y de que les parezca estupendo obtenerlos. Señoras y señores, quien sepa lo tristes que son los domingos, en que quizás el único placer sea un panecillo caliente para el desayuno, sacudirá la cabeza y se preguntará en qué mundo viven esas personas que han prohibido hasta ahora a los panaderos u otras profesiones producir algo para lo que existía una demanda. Hemos llegado tan lejos que impedimos lo que podemos hacer y a continuación nos extrañamos de porqué tenemos desempleados. No lo entiendo.
Voy a tomar como ejemplo a Allan Donnelly y su región. Quien realmente quiera aprender cómo se puede combatir el paro debe ir a la región de Newcastle. Allí se han reunido todos, la industria, los sindicatos, las organizaciones y administraciones municipales y también una Universidad, a cuya construcción hemos contribuido. Allí no se lamentan de cómo son las divisiones del trabajo o cosas similares sino que se han arremangado la camisa en una región que ha sufrido todas las crisis: la crisis del acero, de la construcción naval, de la industria textil, del carbón y de la pesca. Todas las crisis posibles en la Unión las ha pasado esta región. Ahora tiene la máxima tasa de crecimiento, es una región en la que la gente trabaja realmente porque nadie les impide trabajar.
¿Quieren que les diga porqué una gran empresa de otro país ha ido allí y ha realizado una inversión de miles de millones que ha creado al principio 3.000 puestos de trabajo y va a crear más más adelante? Yo he ido y les he preguntado. Ustedes deberían también hacerlo. Vayan allí donde se han establecido empresas de otros países de la Unión. Pregunten porqué han ido a ese país. La respuesta fue: »sin duda, tenemos que pagar menos salarios. Pero a la postre esto no fue lo decisivo. Lo decisivo fue que en tres semanas se nos dijo que podíamos construir aquí mientras que en el país del que provenimos habríamos tenido que esperar al menos de 6 a 8 meses y, en la práctica, más de un año». ¿Qué pasa con la competitividad de estas decisiones públicas?
Voy a tomar como ejemplo un país que no es totalmente extraño al Sr. Caudron, con lo que entro en el debate sobre los servicios públicos. En base a una decisión libre que el colega sueco ha descrito, un país puede decidirse en favor de un service public como empresa monopolística pública y gastarse mucho dinero para ello. Puede mantener también otras empresas públicas en campos en los que la idea del service public no está tan arraigada como, por ejemplo, en los Correos, pues aquí tiene cierta tradición. Si se tiene unas líneas aéreas, unos ferrocarriles y uno o varios Bancos estatales, todas estas empresas requieren para si una gran parte de los ingresos fiscales debido a su ineficiencia. Hay que meter en tales empresas mucho dinero que se podría gastar en cosas más razonables, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Continuamente hay que rellenar agujeros con el dinero de los contribuyentes. Se puede hacer esto. Todo el mundo tiene el derecho a actuar así. Sólo que también allí el mercado interior impone algo muy razonable, es decir, la competencia de los sistemas. No existe solamente un benchmarking de las diversas empresas que tienen que probar su eficacia en el mercado sino que también existe un benchmarking de los sistemas.
Señoras y señores, el secreto de la délocation es que el benchmarking de los sistemas hace que la gente vote con los pies marchándose. Quien no lo vea así es que vive en un mundo de ensueño. Desearía vivir en un mundo en el que hagamos realmente algo por reducir este elevado nivel de paro pues una mejora de la situación coyuntural durante los próximos años no va a ser suficiente por si sola. Si no tenemos la fuerza de quitarnos las cadenas que nosotros mismos hemos forjado y nos hemos colocado -exceso de regulación, obstáculos para las inversiones, en especial para la existencia de las pequeñas y medianas empresas-, si no tenemos la fuerza para ello no combatiremos el paro.

Van Miert
Quisiera empezar expresando mi alegría por este debate combinado que -de hecho- intenta examinar la problemática de la competencia, el desarrollo económico, el empleo y el mercado interior desde varios puntos de vista, y de ahí sacar las consecuencias que haga falta. Por consiguiente, quiero dar las gracias a quienes han tomado esta iniciativa -sé concretamente que el Presidente de la Comisión de asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se ha preocupado de ello- por haberla tomado, junto con otros.
Quisiera dar las gracias a los tres ponentes, de los cuales dos tienen que ver directamente con mi área de competencia, la Sra. García Arias y el Sr. Rapkay, pero también al Sr. Kuckelkorn, pues mi colega el Sr. de Silguy me pidió que incluyera su informe hoy aquí, lo que he hecho con mucho gusto, no sólo por el tono de los informes, que por lo general es muy positivo -aunque sin duda haya que hacer algunas observaciones y alguna que otra crítica, como es debido-, pero sobre todo por la buena calidad de sus informes. Pienso que de esta manera se puede entablar un buen debate. Ahora, dado que andamos justos de tiempo y tenemos la suerte de que el Sr. Monti se haya podido unir a nosotros, quisiera tratar rápidamente algunas cuestiones que se han planteado durante el debate. Pero me disculpo si he de hacerlo en estilo telegráfico.
Quisiera volver a celebrar, sobre todo en lo que respecta al informe de la Sra. García Arias, el hecho de que en realidad, sobre la política de competencia existe básicamente un gran acuerdo entre la Comisión Europea y gran parte de este Parlamento. Ello no está exento de críticas, lo repito, pues se han hecho observaciones concretas sobre diversos puntos, seguro, pero en conjunto creo poder constatar que hay un consenso bastante amplio que, por otra parte, seguramente se debe a la regularidad con que hablamos de este tema. Hemos llegado a un acuerdo especial con la Comisión, entre otras cosas, en materia de cuestiones económicas, monetarias e industriales, para debatir abierta y conjuntamente, y con regularidad, los diferentes expedientes, los diferentes problemas que surgen. Ello me complace, como también el hecho de que, después del debate más bien largo, la Comisión adopte la posición que ya había tomado hacía un tiempo, que no es necesario fundar una agencia independiente en el ámbito de la Unión Europea en relación con algunos aspectos de la política de competencia, sino que es mucho más útil que esta política siga al nivel de la Comisión y como es debido, es decir, que hemos de hablar de una política de competencia. Una política que forme la base de otras políticas, que sea, por así decirlo, el corazón de la política industrial o como se llame. Que cuando se liberalicen determinados sectores, se tengan en cuenta la competitividad, pero que no se olviden otras cuestiones. Incluidas las preocupaciones sociales. Incluidas las preocupaciones ambientales, las preocupaciones de seguridad, etc. De este modo intentamos aplicar la política de competencia como un núcleo, como un instrumento, introduciendo a la vez los equilibrios necesarios en la política. Para ello hace falta una política, no basta con una agencia que, por así decirlo, en casos concretos coja un manual y se pronuncie al respecto. Se trata de algo más. Se trata de una política como tal, una política completa, y agradezco que la Comisión y el Parlamento sigan esta línea, que la defiendan, pues creo que es útil y que el control de esta política también pueda ejercerse en este Parlamento, como debe ser.
Ahora quisiera decir algo sobre los servicios públicos y el artículo 90, pues sé que se trata de un punto muy delicado, y con razón, en este Parlamento. Ya saben ustedes cuál es la posición de la Comisión. Creemos que el artículo 90 se utiliza como equilibrio a la luz de la práctica de la Comisión, a la luz de los documentos que aceptamos juntos hace unas semanas en la Comisión. Si es así, no veo razón para modificar dicho artículo. Por consiguiente, para ser sincero, comparto las preocupaciones que diferentes diputados han expresado en el debate, de que si se modificara un artículo se rompería ese equilibrio. Por lo tanto, quisiera defender con fuerza, como he hecho a menudo en el pasado, y sé lo delicada que es esta cuestión en este Parlamento y lo divididas que están las opiniones, no sólo en el Parlamento, sino también en la Comisión, el que no se modificara este artículo, a la luz de la posición de la Comisión en relación con la práctica del pasado, sino -y me dirijo especialmente al Sr. Konrad- que se registre con una mente abierta y una actitud positiva una referencia en el artículo 3 que, por así decirlo, sería una confirmación del enfoque equilibrado que la Comisión ha evidenciado en la práctica. Entonces, quienes se preocupan un poco a través del artículo 3 -sí, señor Konrad, sé que usted se preocupa, yo no, la Comisión tampoco-, pensamos que convendría que ello se registrara en el artículo 3, pero a la vez quiero instar de nuevo a que el Parlamento reflexione antes de adoptar la posición de modificar el artículo 90. Sea como fuere, esta es la postura de la Comisión. Por cierto, quiero recordarles que en una comunicación de la Comisión todavía no nos hemos pronunciado sobre lo que sucederá exactamente. En el transcurso de los debates en la Conferencia Intergubernamental se puede seguir reflexionando sobre si se hará un pacto. Es un debate que todavía está abierto. La Comisión aún no se pronunciado al respecto. Pero repito que hemos de concentrarnos en el artículo 3, eventualmente averiguar qué puede hacerse con esta comunicación de la Comisión, pero dejar en paz al artículo 90.
Por lo demás quisiera recordarles de nuevo que la Comisión, en su política -ya sea en el ámbito de las telecomunicaciones o en otros ámbitos, incluido el de correos, del que es responsable mi colega, el Sr. Bangemann-, dado que se trata de una propuesta clásica sobre la base del artículo A y en el que después de amplias deliberaciones no hemos aplicado el artículo 90, entre otras cosas porque el Parlamento nos lo ha pedido. Hemos accedido a esta petición y de ahí que se siga el procedimiento clásico. Pero, independientemente de la política sectorial en cuestión, incluso si se trata de crear competencia en ese ámbito, lo hacemos teniendo plena conciencia de que se garantiza la prestación de servicios universal allí donde sea necesario. Que se tengan en cuenta las preocupaciones sociales siempre que sea necesario. Es decir, que es una política equilibrada.
Por ello, mi conclusión, entre otras cosas, es que sobre la base de la comunicación de la Comisión podría celebrarse un gran debate en este Parlamento sobre la base de un documento de este tipo, y un informe de una o varias comisiones de forma que podamos llegar a acuerdos claros.
Permítanme examinar rápidamente el informe del Sr. Rapkay y una vez más, señor Rapkay, le felicito por la excelente calidad de este informe, no sólo el apoyo que otorga usted a la posición de la Comisión. No hace falta que debatamos más esta cuestión, pues se trata de una constatación objetiva. Pero hoy he de comunicarles -el próximo jueves se celebrará el Consejo- que por desgracia nuestra propuesta, que cuenta con el apoyo del Parlamento, no cuenta con un apoyo mayoritario en lo que se refiere a los thresholds . Son sobre todo los Estados miembros grandes los que no lo quieren. La mayoría de los Estados miembros pequeños o más pequeños van en la misma dirección que la Comisión y, si de ellos dependiera, podríamos llegar a un acuerdo, pero la mayoría de los grandes se oponen a ello. No quiero examinar ahora las razones, pues son en sí algo contradictorias, pero lamentablemente he de constatar que la posibilidad es muy pequeña, aunque el jueves volveremos a luchar por ello con el apoyo del Parlamento, pero he de confesarles que la posibilidad de que el Consejo de Ministros siga a la Comisión y al Parlamento es muy pequeña.
Hay otro aspecto más positivo, concretamente cuando en varios países han de comunicarse este tipo de fusiones. En el Consejo de Ministros hay mucha disposición para encontrar una solución, quizás no exactamente la que hemos propuesto, pero podría surgir algo interesante. Y le digo al Parlamento que por supuesto le volveremos a consultar al respecto. Si llega una nueva propuesta, suponiendo que sea necesaria, en relación con los thresholds , se volverá a consultar al Parlamento. Hemos llegado a un claro acuerdo básico al respecto. La Comisión desea cumplirlo al 100 %. Que quede claro aquí, en el Parlamento.
Por lo demás, espero que podamos conseguir algo, y para ilustrar lo necesario que es, mencionaré un ejemplo concreto. Como saben ustedes, se está preparando una gran fusión entre BT y MCI. Hoy todavía estamos debatiendo si esta cuestión encaja realmente dentro del marco de un reglamento de fusión, pues se trata de la cifra de negocios de MCI dentro de la Unión Europea y de la regla de los dos tercios. Todo indica que la Comisión tendrá que tratar esta cuestión, pero noto que incluso en tales casos no siempre es evidente que sea una cuestión que la Comisión haya de tratar sobre la base del reglamento de fusión. Y así señala usted que es necesario, y en eso tiene usted toda la razón, señor ponente, que reconsideremos diversas cosas en la medida de lo posible, y la regla de los tres tercios, diversos diputados han aludido a ello, lo reconozco, no hemos propuesto modificarla, simplemente por el hecho de que sabemos que, en estos momentos, no hay la más mínima posibilidad de conseguir una mayoría en el Consejo. Pero admito que es una preocupación que en el futuro tendremos que seguir considerando conjuntamente, y en caso necesario quizás podamos tomar una iniciativa más adelante. Nuevamente, señor Rapkay, gracias por su informe y por el apoyo del Parlamento.
En relación con el informe del Sr. Kuckelkorn, quisiera volver a felicitarlo. La iniciativa procede del Parlamento. La Comisión la ha aceptado, con gratitud he de decir, y ha intentado convencer al Consejo de Ministros de que se trata de una iniciativa necesaria para la pequeña y mediana empresa, pero también como contribución en la lucha contra el desempleo. Por desgracia, ayer, se ha vuelto a poner de manifiesto en el Consejo de Ministros, que por mucho que queramos el programa ELISE, por lo visto su hermosura no ha conseguido ablandar a algunos ministros. Por ello, lamentablemente, las posibilidades son pequeñas. Pero el Parlamento está del lado de la Comisión y el Sr. de Silguy y sus colaboradores han dicho que seguirán intentando luchar por ello y por conseguir algo. Pero desgraciadamente, hay una gran oposición en el Consejo de Ministros.
Señorías, rápidamente, no me queda mucho tiempo, pero rápidamente, pues el Sr. Janssen van Raay ha planteado muchas cuestiones concretas, aunque veo que ya no está aquí, así que tendremos que dejar el fútbol para otra ocasión. El Sr. Chanterie tampoco está, de lo contrario podríamos hablar de subvenciones y deslocalización. Tendré que hablarlo con él.
El Sr. Donnelly ha hablado de car-distribution . Por supuesto, se trata de un régimen que no concuerda del todo con las relaciones de competencia normales. No lo rebatiré. Usted sabe que el régimen actual, el reglamento actual, es mucho más flexible que el anterior y más limitado en el tiempo, de forma que después de este período podremos considerar seriamente si seguirá siendo necesario un régimen de este tipo. Hoy por hoy no me atrevo a pronunciarme al respecto, aunque como podrá usted apreciar, vamos hacia una mayor competencia en este sector, pero por otra parte pensábamos que había buenas razones para conservar un reglamento específico sobre la distribución de automóviles y camiones.
Señora Riis Jorgensen, sé lo mucho que se esfuerza por una mayor transparencia en relación con los expedientes de la ayuda estatal. Señora, usted sabe que precisamente a instancias de este Parlamento se celebrará un gran debate, por lo menos eso esperamos, el próximo jueves, en el Consejo de Ministros, donde la Comisión junto con la Presidencia irlandesa, y deseo rendir homenaje a la Presidencia irlandesa, ha elaborado una resolución para lograr transparencia en este tipo de cuestiones, así como la posibilidad para la Comisión de intentar reducir la proliferación del número de casos, etc. Pienso que ahora nos encontramos con un debate sobre una mayor transparencia, más seguridad también para los competidores, y espero que el Consejo se muestre favorable a esta intención de la Comisión y del Parlamento, lo cual ha de permitirnos presentar propuestas concretas al Consejo, que naturalmente serán debatidas en este Parlamento. Quisiera llegar ahora a un acuerdo claro con el Parlamento. Si la Comisión piensa que, sobre la base de este debate, tenemos posibilidad de lograr resultados, por supuesto que iniciaremos un profundo debate al respecto en este Parlamento y en la comisión competente.
Señorías, esto es todo, aunque la Sra. Randzio-Plath, que tampoco está presente, también ha planteado un tema interesante: en qué medida se puede dar apoyo estatal a través de las reducciones fiscales y las reducciones en el ámbito de la seguridad social. Puedo asegurarle a ella y a otros colegas que, por supuesto, la Comisión lo estudiará, y eventualmente lo condenará como ayuda estatal si es necesario. Permítanme retomar el ejemplo, que alguien ha citado, del sector textil en Francia. Por supuesto, se trata de la regulación de mínimos. Hemos de cumplirla. Si esa ayuda no se presta a nivel de mínimos, tampoco hay razón para que la Comisión actúe, ni siquiera hay que notificarlo. Pero si se presta a este nivel, aunque se realice a través de la seguridad social, como era el caso en Italia para el sector del calzado o en Bélgica la operación Maribel en favor de la industria exportadora, o en Francia en el sector textil, entonces la Comisión ha de actuar, pues se trata de una competencia desleal a través de la ayuda estatal, que ha elegido el camino de la reducción de las cuotas a la seguridad social o de la disminución de la fiscalidad. También esto es responsabilidad nuestra.
Señorías, esto es todo. Me disculpo, pues me he explayado demasiado y no quisiera que el Sr. Monti no tuviera oportunidad de responder a las preguntas y observaciones que le han dirigido sus Señorías.

Monti
Señor Presidente, Señorías, ante todo, deseo dar las gracias a los ponentes y en particular al Sr. Secchi por su informe sobre el mercado único, cuya calidad considero excelente y de gran ayuda para la Comisión a fin de orientar más aún, si cabe, la acción de construcción del mercado único.
Es muy satisfactorio para la Comisión encontrar en el informe el reconocimiento del nuevo impulso dado durante 1995 y la referencia a las principales iniciativas adoptadas. Asimismo, es muy útil la mención que en el mismo se hace respecto a las carencias de ese «mucho» que todavía queda por hacer, a fin de lograr un mercado interior real y que funcione correctamente. El estudio sobre el impacto del mercado único que la Comisión acaba de hacer público, sirve especialmente para proseguir la acción dirigida a la realización de dicho mercado, ya que ha quedado de manifiesto que allí donde se ha conseguido el mercado único, de hecho, hay que hablar de resultados. El estudio de la Comisión puso asimismo en evidencia que, incluso en los años más difíciles para la economía europea, se aprecia el efecto del mercado único que se manifiesta en términos de Producto Interior Bruto de la Comunidad -un 1, 5 % al año de crecimiento- y de creación de puestos de trabajo, estimada en 900 mil puestos. Además, y deseo hacer hincapié en ello, se estimó que la inflación en los Estados europeos es, a causa de la mayor competencia y de la determinante apertura del mercado único, un punto, un punto y medio por ciento al año menor de la que debería ser realmente. En consecuencia, esto, como es obvio, ofrece un respiro a la economía europea en lo que a oferta se refiere.
Los Sres. Donnelly y von Wogau se refirieron a la necesidad de una mayor coordinación entre las políticas y los documentos relativos a la industria, a la competencia y al mercado único. Habida cuenta de que los dos colegas que me precedieron no se refirieron expresamente a esta solicitud, deseo manifestar que tuvimos muy en cuenta lo que ya el año pasado, en esta misma ocasión, se dijo en este Pleno. En nuestra opinión, existe, de hecho, una notable coherencia en los tres sectores en lo que atañe a las decisiones políticas que se adoptan diariamente. Además, en el estudio del impacto se tuvieron en cuenta los tres aspectos. El estudio sobre los efectos del mercado único, por ejemplo, tiene muy en cuenta los tres sectores. Por último, me parece que también este debate conjunto representa una ocasión propicia para subrayar más aún, si cabe, estas complementariedades.
El informe Secchi establece lo «mucho» que todavía queda por hacer, y yo diría que podemos resumir en tres puntos las principales carencias existentes para la realización de un mercado único a la altura de nuestras expectativas. Los tres puntos que podemos considerar como las tres carencias principales se refieren a la aplicación concreta, es decir al enforcement, al régimen fiscal y a los ciudadanos.
Por lo que se refiere a la aplicación concreta, al enforcement, que la Comisión considera como su prioridad número uno en el ámbito del mercado único, hay algunas cosas que pueden hacerse en el actual marco institucional, y otras que, por el contrario, requieren una modificación del propio marco institucional. Las que podemos llevar a cabo en el actual marco institucional, creo que ya las estamos llevando a cabo. Este año, y solamente en el ámbito del mercado único, hemos instado 195 procedimientos de infracción contra los Estados miembros y se ha dado traslado de once casos al Tribunal de Justicia; aprobamos una mejora de los procedimientos de infracción para hacerlos más rápidos y transparentes en cuanto a la gestión de los procedimientos de infracción en el seno de la Comisión. A dicho fin, deseo manifestar a la Sra. Peijs que tengo muy en cuenta la solicitud que formuló hace tiempo referida a un help desk, pues yo también la considero un elemento importante para mejorar los procedimientos de infracción. Le confirmo, Señoría, que su idea, que abordamos en concreto, y que queremos llevar a la práctica en el sentido de que -y lo digo porque no sólo puede interesarle a la Sra. Peijs- estamos intentando poner a disposición de los ciudadanos, las empresas, las asociaciones profesionales, una fuente organizada de informaciones sobre los procedimientos relativos a la aplicación de las reglas del mercado único.
Es mi intención llevar a la práctica de forma concreta y simple esta idea. Los aspectos básicos son los siguientes: estamos creando en los servicios de la Comisión, una línea telefónica con un número ad hoc, que en su etapa inicial no va a ser todavía un número verde; las personas que van a atender las llamadas estarán capacitados para facilitar informaciones inmediatas respecto a cómo se instruye un procedimiento de infracción por parte de la Comisión y cómo pueden dirigirse a la Comisión para denunciar las posibles violaciones de las normas del mercado único; asimismo, y con respecto a una información más detallada sobre un dossier específico, las personas que contestarán la llamada van a dirigir a los interesados a los competentes servicios administrativos. Obviamente, el objetivo es el de introducir una mayor transparencia, información y agilidad y, si usted me lo permite, Señoría, le ruego que la acepte como mi regalo de Navidad, porque entrará en funcionamiento antes de Navidad. Ciertamente, más tarde de lo que usted y yo hubiéramos deseado, aunque lo cierto es que va entrar en funcionamiento muy pronto.
En su intervención el Sr. Watson planteó un punto que es complementario del discurso sobre la aplicación concreta, pues lamentó cierta dificultad, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, en materia de acceso a la justicia. No creo que el Sr. Watson se equivoque, habida cuenta de que las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos tienen menos facilidades o, de cualquier modo, mayores gastos, para hacer valer sus derechos judicialmente. Nuestra acción para obviar este problema se centra en tres líneas: en primer lugar, simplificación y aceleración de los procedimientos administrativos en materia de infracciones; en segundo lugar, acción de formación de los jueces nacionales para que apliquen más frecuente y correctamente el Derecho comunitario; en tercer lugar, la próxima adopción por parte de la Comisión de un programa específico dedicado a Schuman.
Tal como acabo de manifestar, sin embargo, no sé si el actual marco institucional es suficiente para garantizar una aplicación concreta a la altura de las expectativas del mercado único. Se ha observado que en el marco de la competencia y de las ayudas estatales, la aplicación concreta es muy eficaz y, como es natural, yo también lo considero así. Soy el primero en reconocer que en el ámbito del mercado único no es tan eficaz, a pesar de que les he informado respecto a la acción que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque, mientras en el caso de la competencia y de las ayudas estatales, las posibles violaciones de las normas dan lugar a avisos y la Comisión tiene la posibilidad de intervenir antes de que se cause el daño -estoy simplificando, pero usted conocen la materia perfectamente- en el caso del mercado único todo lo que podemos hacer es perseguir las violaciones instando procedimientos de infracción, llevándolos hasta el Tribunal de Justicia, a pesar de que todo esto requiere tiempo. Por consiguiente, he apreciado en el informe Secchi las referencias respecto a la posibilidad de que, en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, se estudien y establezcan los instrumentos para una aplicación concreta más rápida. En otros términos, estamos haciendo todo lo que podemos hacer -y, no cabe duda de que podemos mejorar- sin embargo, en el marco institucional actual, por desgracia, es impensable que en el mercado único haya una aplicación concreta tan eficaz como para la competencia y las ayudas estatales.
La segunda carencia importante, subrayada en el informe y también en las varias intervenciones a lo largo del debate, es la atañe a la imposición. Me satisface mucho que este Parlamento se manifieste con firmeza respecto a las distorsiones que sufre el mercado único por la insuficiente armonización fiscal. También en este caso, al igual que para la aplicación concreta, hay algunas cosas que podemos hacer respecto al sistema actual y algunas requerirán una modificación. En el sistema actual estamos haciendo un notable esfuerzo para convencer a los Ministros de Finanzas que es en beneficio de los propios Estados miembros conseguir una mayor coordinación. He acogido favorablemente las enmiendas del Sr. Secchi a su propio informe y puedo decir que ayer el Consejo ECOFIN tomó nota positivamente del informe de la Comisión sobre la evolución de los sistemas fiscales, mencionada en la enmienda del Sr. Secchi y sometió este documento a la atención del Consejo Europeo de Dublín, en particular, en lo referente a las cuestiones de competencia fiscal y a la necesidad de armonizar, desde el punto de vista fiscal, el mercado interior. Sin embargo, también aquí -ustedes conocen bien la cuestión- el principio de la unanimidad, sin lugar a duda, dificulta avances de cierta importancia en este campo. Éste será otro tema para la Conferencia Intergubernamental.
Finalmente, la tercera carencia que voy a abordar más brevemente, pero no porque revista menos importancia, y que es muy conveniente abordar en el Parlamento Europeo, es la que se refiere al insuficiente acercamiento del mercado único a los ciudadanos. Ustedes saben hasta qué punto este tema es importante para mí y yo sé hasta qué punto lo es para el Parlamento. No podemos pretender que los ciudadanos presten su apoyo a la continuación de la construcción europea si no ven de cerca a Europa, si no ven de cerca el mercado único que, a pesar de todo, está funcionando en beneficio de los ciudadanos, sin que los mismos se den cuenta.
Como ustedes saben, las dos principales acciones que está llevando a cabo la Comisión son: primero, garantizar por fin la cuarta libertad de movimiento -que, no obstante, debía ser la primera, tal como acertadamente denuncia el informe Secchi- o sea, la libertad de movimiento de las personas, un paquete de propuestas para llegar a la supresión de los controles en las fronteras internas en un marco de seguridad, propuestas respecto a las me satisface que el Parlamento haya otorgado su fundamental apoyo recientemente; segundo, puesta a disposición de los ciudadanos de informaciones adecuadas respecto a lo que el mercado único puede hacer por ellos: en particular, me refiero al programa de información «ciudadanos en primer lugar» y al respecto agradezco al Parlamento su apoyo y estímulo en favor de esta iniciativa. Se trata de un programa que se lanzará el próximo 29 de noviembre y que es importante para que los ciudadanos de Europa sean conscientes de los derechos que el mercado único les confiere, y sepan cómo ejercitar tales derechos, así como dónde y cómo tienen que protestar cuando dichos derechos encuentran obstáculos.
Creo que puedo detenerme aquí, sabiendo, sin embargo - y pido disculpas por ello- que no he abordado todos los puntos de este amplísimo informe y de esta amplísima materia. Deseo dar las gracias de nuevo al ponente y a todos los oradores, porque su contribución sirve de guía y representa un importante apoyo para la Comisión. Se trata de temas en los que, por lo demás, la cooperación con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y con la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Públicas de este Parlamento, nos ha permitido y espero que en el futuro nos permita avanzar con bastante rapidez.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-1218/96):

Wijsenbeek
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. ¿Podría explicar la urgencia de Internet, las baterías de níquel-cadmio y del «Europartenariat» de Gales que le ha llevado a situar esas tres preguntas a la cabeza de la lista?

El Presidente
Señor Wijsenbeek, no puedo hacerlo. Es una prerrogativa de la Presidencia, la cual, en su sabiduría, ha decidido que ésos son los únicos tres asuntos urgentes.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 25 no se formula.

Truscott
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Me pregunto si podría formular yo la pregunta en sustitución del Sr. Collins, porque el asunto me interesa.

El Presidente
Lo lamento, pero no es posible. El único modo de poder haberlo sería presentando una solicitud por escrito antes de que comience el turno de preguntas. Comprendo sus sentimientos y los de aquellos diputados que deseaban formular preguntas complementarias sobre este importante asunto. Pero al no presentarse el Sr. Collins, no hay nada que podamos hacer.

El Presidente
Pregunta nº 26 formulada por Ivar Virgin (H-0864/96):
Asunto: Baterías de níquel-cadmio
El cadmio, sustancia que figura en las baterías de níquel-cadmio, es un metal pesado muy peligroso que se acumula en el hígado y los riñones y que puede provocar cáncer de pulmón. De conformidad con el principio de sustitución, las sustancias peligrosas para el medio ambiente deben sustituirse por otras sustancias alternativas existentes que no resulten perjudiciales desde el punto de vista ecológico. La baterías hídridas metal-níquel son un tipo de batería que ya se utiliza en Suecia. ¿Tiene intención la Comisión de adoptar algún tipo de medida para acelerar el paso de las baterías de níquel-cadmio a las baterías hídridas metal-níquel? En caso afirmativo, ¿podría señalar la Comisión si tiene intención de proponer a los Estados miembros que recurran a medidas de tipo económico para llevar a cabo este paso?

Bjerregaard
Señor Presidente, agradezco de la pregunta la definición del cambio como «metal pesado muy peligroso» y el riesgo que supone para la salud humana. Existe una Directiva comunitaria relativa a baterías, es decir, la Directiva 91/157, que fija el contenido de ciertos metales pesados en las baterías. Como ya ha mencionado el autor de la pregunta, hay que vigilar el uso de metales pesados y, por lo tanto, obviamente, también su uso en las baterías. Le puedo informar de que la Comisión está estudiando si es necesario un reforzamiento de la Directiva, ya que, al igual que el autor de la pregunta, somos conscientes de los problemas que plantea. El estudio en curso incluye la posibilidad de usar baterías hídridas metal-níquel. Todavía es pronto para informar sobre los resultados de la investigación, pero quiero subrayar que la Comisión es consciente del problema planteado por su Señoría.
En cuanto a medidas de tipo económico, quiero decir que los Estados miembros son libres de utilizarlas en virtud del Tratado y los artículos indicados para este caso son los núms. 30, 36 y 95.

Virgin
En primer lugar, le agradezco a la Comisaria Bjerregaard su respuesta, que considero positiva. No hay duda de que el cadmio conlleva un gravísimo riesgo para la naturaleza y las personas. No voy a entrar en el hecho de quizá constituya un asunto de urgencia. No obstante, hay evidencia de que está en aumento la concentración de cadmio en la naturaleza, y de que hay muchas razones para que tratemos esta cuestión.
En nuestro país, Suecia, se ha introducido un impuesto verde sobre la baterías de níquel-cadmio, que ha reconducido rápidamente el consumo hacia las híbridas metal-níquel, con las que no existe peligro para el medio ambiente. Por tanto pienso que hay motivos suficientes para que la Comisión trabaje activamente por que los países miembros introduzcan este tipo de impuesto, que ciertamente no hace sino reflejar el coste del deterioro del medio ambiente. Es, por consiguiente, justo introducirlo.

Bjerregaard
Como he dicho en mi primera intervención, la Comisión comparte la preocupación del autor de la pregunta y, en consecuencia, -como ya he dicho- estamos examinando la posibilidad de modificar la Directiva relativa a baterías, a fin de garantizar que en otros Estados miembros se produzca una evolución como la que, según el autor de la pregunta, ha dicho que está teniendo lugar en Suecia. En este momento, no puedo determinar cómo reducir el uso de cadmio, pero me alegro del favorable resultado conseguido en Suecia.

Truscott
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si ella considera la normativa sobre las baterías de níquel-cadmio más importante que la normativa sobre la red Internet, en particular, el control de la pornografía infantil a la que actualmente se puede acceder vía Internet.

El Presidente
Señora Comisaria, ¿desea responder a la pregunta? Creo que se trata de un intento desleal por parte del Sr. Truscott de imponer su primera pregunta.

Bjerregaard
Creo sinceramente que el Presidente ya ha contestado esa pregunta hace un momento, cuando se planteó la cuestión reglamentaria. Como corresponde a un miembro de la Comisión, me he limitado a responder a una pregunta formulada por el Parlamento, pero es el Parlamento el órgano que decide lo que es urgente.

El Presidente
Dado que su autor no se encuentra presente, la pregunta nº 27 no se formula.
Me temo que la disciplina de nuestros diputados deja hoy mucho que desear. Señora Cresson, le presento mis más sinceras disculpas.

Cresson
Señor Presidente, la Comisión es muy consciente del problema de salud que representa la diabetes, sobre todo en una población que está envejeciendo como le ocurre hoy a la europea. También es consciente del enorme progreso que, para las personas afectadas, supuso la introducción, hace ya 75 años, de la utilización terapéutica de la insulina. Tampoco ignora las repercusiones positivas que ha supuesto la investigación sobre la diabetes en diversos ámbitos así como el interés que ésta presenta en la comprensión y tratamiento de otras enfermedades crónicas.
La investigación sobre la diabetes goza por tanto de una gran atención en los programas de investigación de la Unión. Se le ha dedicado expresamente una línea del programa Biomed, en el cuarto programa marco. En este marco se han impulsado también nueve proyectos de investigación que incluyen al mismo tiempo los aspectos epidemiológicos y la investigación clínica.
Además, los aspectos genéticos de la diabetes se estudian en la parte del programa dedicada a la investigación sobre el genoma humano; es sabido que en este campo la investigación ha experimentado recientemente unos progresos extremadamente importantes, y es éste uno de los éxitos de la investigación europea.
De hecho, a la vez por su importancia e interés, la investigación sobre la diabetes debería seguir siendo objeto de una atención también en el quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico que estamos actualmente iniciando. Pero la lucha contra la diabetes es también la prevención. La prevención, mediante la adaptación del tipo de vida y la alimentación principalmente, ha sido inscrita en los temas de las acciones de educación, formación y promoción de la salud, dentro del contexto de la política de salud pública de la Unión.
Como los medios financieros a disposición de esta política son bastante reducidos, esta acción de prevención es aún modesta con relación a las necesidades. Sería por tanto muy útil sensibilizar a los Estados miembros en la importancia que tiene un esfuerzo más sostenido en este ámbito.
Agradezco en todos los casos a sus Señorías que hayan reclamado la atención de la Comisión sobre esta cuestión, y no dejaré de tener en cuenta estas preocupaciones en la preparación del quinto programa marco de investigación.

Holm
Muchas gracias por su respuesta, señora Cresson. Me satisface mucho oir que son conscientes del problema de la diabetes. Pero tengo que añadir que se mencionan muy pocas cosas sobre el tema en los diversos programas, sobre todo en el IV Programa Marco. Quizá tengamos que concentrarnos en el quinto, sobre el que estamos trabajando. En él se menciona muy poco sobre la diabetes, y las líneas presupuestarias propuestas son ínfimas. Me gustaría atraer su atención sobre este punto para que dediquen más energía a tratar estas cuestiones, ya que la diabetes necesita más recursos. Si la Comisión se toma en serio el problema, será posible también en el futuro disminuir los costes que supone en términos de asistencia sanitaria.

Cresson
Señor Diputado, tiene usted casi toda la razón, si no fuera porque el quinto programa marco, como acabo de decir sólo está esbozado; se han presentado grandes orientaciones pero, como sabe usted, ello va a exigir trabajos extremadamente profundos y (hay que recordarlo) las decisiones relativas a las prioridades de los programas marco se toman todavía por unanimidad de los Estados miembros.
¿Por qué hay 21 prioridades en el cuarto programa marco? Es una de las consecuencias (debo decir que posiblemente no de las más positivas) del voto por unanimidad. Espero, por tanto, que la Conferencia Intergubernamental, que está en la actualidad preparándose, culminará en un voto por mayoría cualificada y podremos, de este modo, en aquellos casos en que una gran mayoría de Estados miembros juzgue como más importantes, llegar a decisiones razonables.
Con respecto a las grandes orientaciones del quinto programa marco, tenemos la intención de insistir en todo aquello que afecta a la salud humana, a la prevención, a los riesgos a los que se exponen las personas, tanto los relativos al deterioro del medio ambiente como los relacionados con la alimentación en los que la actualidad nos proporciona, por desgracia, un ejemplo especialmente sangrante. Deseamos por tanto, orientar el quinto programa marco, en primer lugar, a los aspectos que afectan a la persona, a la salud y a los ciudadanos.
Con respecto a la diabetes, por supuesto, no puedo decirles mucho en estos momentos; nos encontramos todavía en un estadio muy primario para que yo pueda proporcionar indicaciones más precisas. Pero en todo caso se trata de un ámbito que afecta de forma manifiesta a la salud, al fenómeno demográfico del envejecimiento de la población y también al de la prevención. Me atrevo a decir, por tanto, que deberían estar ustedes tranquilos sobre este punto. Nunca podremos reemplazar a la política de los Estados miembros pues nuestro presupuesto sólo representa el 4 % del total que los Estados destinan a la investigación. Sólo podemos mantener una acción de incitación, que está presente en el ámbito de la investigación, como también lo está en los ámbitos de la educación y de la prevención. Pueden estar ustedes seguros que esta preocupación será tomada en consideración.

Harrison
Muchos de nosotros en la Unión Europea estamos muy agradecidos por la labor de los canadienses Bantin y Best, los científicos que descubrieron la insulina hace 75 años. Quisiera señalar a la Sra. Cresson que en la Unión Europea existen unos 10 millones de diabéticos reconocidos, pero creemos que hay otros 10 millones a los que no se les han reconocido los síntomas. Si los detectamos pronto y les aplicamos las medidas sanitarias adecuadas, se ahorrarán grandes sumas en presupuesto sanitario de los quince Estados miembros, en los que actualmente la diabetes supone un 8 % del total de gastos. Es un motivo importante para centrarnos en el Quinto programa marco sobre este ámbito.
Aunque me alegra oír las palabras que acaba de decir la Sra. Comisaria, es decepcionante que el Cuarto programa marco no haya identificado la diabetes como un problema muy importante. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la diabetes puede adquirir proporciones epidémicas importantes debido a que se trata de una enfermedad de la prosperidad, lamentablemente. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos. Le ruego que en el Quinto programa marco se asegure de que se encuentra la forma de ayudar a la investigación sobre la diabetes.
Debo hacer referencia a la observación que ha hecho hace un momento, señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Uno de los motivos de la escasa asistencia en la Asamblea se debe a que, por ejemplo, yo he debido abandonar una reunión en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial en la que en estos momentos se está sometiendo a votación uno de mis informes, porque he dado prioridad a la diabetes sobre la Tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Es una locura que este Parlamento celebre sesiones parlamentarias sobre cuestiones importantes -como ahora- al mismo tiempo que se está votando en las comisiones. Es una vergüenza.

El Presidente
Señor Harrison, tomo nota de sus opiniones algo subidas de tono. Comunicaré la observación a la Presidencia. Me parece que es una cuestión de organización, el que sepamos qué están haciendo las comisiones cuando se reúnen durante la semana de Estrasburgo. Quizá sea éste un argumento a favor de que las comisiones no se reúnan durante la semana de Estrasburgo, aunque esto es un aparte de esta Presidencia.

Cresson
Sí, señor Diputado, efectivamente he estado muy sensible ante el hecho de que haya decidido usted venir a dar su opinión sobre este tema tan importante que afecta al mismo tiempo a la salud pública y a la investigación. Posiblemente sería necesario señalar en primer lugar algunas indicaciones relativas a la enfermedad y su tratamiento, y después a la acción directa de la Comisión.
Ha dicho usted con toda razón que hay diez millones de ciudadanos europeos afectados por la diabetes. Los costes directos de esta enfermedad se estiman en la actualidad en un 8 % de los presupuestos destinados a la salud en Europa. Sólo hablo de los directos y no de los indirectos que son, por otra parte, importantes.
Sabe usted que existen dos tipos de diabetes: la insulín-dependiente y la no insulín-dependiente, que afectan respectivamente a niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y personas mayores. Acabo de hablar de la insulina, utilizada para tratar la diabetes insulín-dependiente pero, por definición, no es utilizable en el otro caso. Por tanto queda mucho por investigar.
Por lo que respecta a la acción de la Comisión, quisiera señalar simplemente que los proyectos de investigación sobre la diabetes emprendidos en el marco de Biomed II, abarcan los diferentes aspectos de la prevención, tratamiento y gestión de la diabetes, incluyendo la determinación del riesgo genético y de los factores vinculados con el medio ambiente y la detección de los pacientes de alto riesgo.
Quisiera señalar asimismo que, en marzo de 1997, se organizará un grupo de trabajo en Bruselas sobre la dimensión europea de la investigación sobre la diabetes, por iniciativa de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en colaboración con la Comisión y con su apoyo. El objetivo es identificar las estrategias y las prioridades a adoptar en materia de investigación sobre la diabetes a nivel europeo. Ello se inscribe naturalmente en la preparación de nuestro vigésimo programa marco.
Como he dicho hace unos momentos, un arma importante en la lucha contra la diabetes es también la prevención. En ese sentido se ha hecho muy poco hasta el momento a nivel europeo. A pesar de todo la diabetes ha sido inscrita por primera vez para 1997 en muchos de los temas de las acciones de formación, educación y promoción de la salud, emprendidas en el contexto de la política de salud de la Unión. Por tanto, nos encontramos totalmente en la actualidad. Es decir, que el presupuesto total anual de la política de salud pública de la Unión es, como saben ustedes, de sólo 32 millones de ecus, a compartir con acciones relativas al cáncer y al sida, que exige efectivamente acciones enérgicas en materia de prevención.
Es previsible que, para el próximo período, esta acción de prevención sea de nuevo, en todos los casos, por razones presupuestarias, relativamente limitada. Deberá mantenerse dentro de esos límites ya muy reducidos de 32 millones de ecus que debemos compartir con otras acciones de prevención relativas a otras enfermedades igualmente muy importantes. Pero creo que, por fin, comienza a aclararse el horizonte en este tema que tanto les preocupa; es un primer paso esta inscripción y este coloquio que se organizará en 1997 sobre esta cuestión tan trascendente.

El Presidente
Pregunta nº 30 formulada por Florus Wijsenbeek (H-0755/96):
Asunto: Monopolio estatal de la empresa suiza Telecom PTT
¿Está informada la Comisión de que la empresa suiza Telecom PTT, justo antes de la entrada en vigor, el 1 de julio de 1996, de la nueva ley de competencia y estando pendiente una propuesta legislativa que armoniza la legislación suiza en materia de telecomunicaciones con la de la Unión Europea, ha participado en la absorción de una gran empresa del sector de la distribución por cable, a pesar de que se había comprometido a frenar su expansión en el mercado del cable?
En caso afirmativo, ¿comparte la Comisión la opinión de que la Telecom PTT suiza, al participar en esta concentración de mercado, ha reforzado su posición monopolística en la telefonía vocal de tal modo que en la práctica resultará imposible que futuras empresas de la competencia del sector de las telecomunicaciones puedan ofrecer los mismos servicios?
A la vista de las negociaciones de la Comisión con Suiza en curso, ¿puede la Comisión indicar si las telecomunicaciones serán objeto de negociación en un futuro acuerdo entre la UE y Suiza, habida cuenta de que este sector por el momento no está incluido en el paquete de negociaciones con este país?

Van den Broek
En respuesta a la pregunta de su Señoría, el Sr. Wijsenbeek, quisiera observar que, por supuesto, Suiza no está sujeta a las disposiciones de la directiva sobre redes de televisión por cable. La Comisión sabe que, el 29 de noviembre de 1995, la empresa suiza Telecom PTT propuso y firmó un código de conducta con la autoridad suiza competente en política de competencia, el llamado Verhaltenskodex, TeleKom, PTT, Kartel Kommission, que obliga a la empresa suiza Telecom PTT a abstenerse de conductas que puedan repercutir negativamente en la posición de posibles competidores y que tuvieran para ellos una ventaja ilegal en el marco de las futuras relaciones competitivas.
En dicho código se establece concretamente que la empresa suiza Telecom PTT, en el ámbito de las redes por cable, incluidas las redes de televisión por cable, está obligada a pedir autorización de antemano a la autoridad competente antes de lograr o aumentar la participación en empresas en este sector.
Los servicios de la Comisión Europea se han enterado a través de la prensa de esta cuestión planteada por parlamentarios, pero no tenemos ningún derecho formal de interponernos entre ambos. Sigue siendo un asunto que atañe a las autoridades suizas.
Por su parte, en las negociaciones de la OMC sobre la telecomunicación básica, la Comisión sigue esforzándose por lograr la promesa de que -hacia enero de 1998- el mercado suizo se habrá abierto plenamente, incluida por cierto la telefonía vocal. Esperamos que, hacia el 15 de febrero de 1997, habremos logrado un acuerdo con nuestros socios de la OMC, y que Suiza en este contexto aprobará una liberalización completa de los servicios de telecomunicaciones.
En lo que respecta a las negociaciones bilaterales, el 31 de octubre de 1994 y el 14 de marzo de 1995, el Consejo decidió iniciar negociaciones con Suiza en seis sectores -como saben ustedes- de libre circulación de personas, agricultura, reconocimiento mutuo de las evaluaciones de conformidad, investigación, gasto público y transportes, y a la vez sin duda excluir por de pronto las negociaciones en otros sectores, como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones. Estas negociaciones en los seis sectores antes mencionados siguen en marcha, y por lo pronto no podemos decir cuándo concluirán, aunque estoy implicado de cerca en dichas negociaciones; considero posible que en el primer trimestre del próximo año podamos llevar estos seis acuerdos a buen término. Esto es por lo menos lo que pretende la Comisión, pero para ello necesitamos naturalmente al Consejo de Ministros.
Sobre la base de las negociaciones en curso, la Comisión decidirá si es conveniente proseguir con las negociaciones en otros sectores. En estos momentos, las negociaciones todavía no han avanzado suficientemente como para tomar ahora una decisión de este tipo. Repito que tendríamos que hacer esta propuesta también al Consejo.

Wijsenbeek
Agradezco al Comisario Van den Broek su amplia y documentada respuesta. No obstante, sigo teniendo una pregunta complementaria, en el mismo sentido de mi pregunta original, concretamente: si en los seis sectores se incluye la competencia. En primer lugar, salta a la vista que aquí se ha excluido la competencia. En segundo lugar, también está claro que Suiza hace caso omiso, de manera ostentativa, de la libre competencia, algo que no sólo debería tener consecuencias en las actuales negociaciones, sino también en la continuación de las negociaciones en otros sectores. Los suizos piden continuamente un acceso libre a nuestro mercado, algo que nosotros otorgamos generosamente. En realidad, considero que la Comisión se toma de forma muy limitada su mandato de negociación si no se incluyen este tipo de cuestiones. Mi pregunta es por lo tanto: ¿no podría incluir el Comisario ahora, en las actuales negociaciones, este tipo de violaciones de la libre competencia?

Van den Broek
Creo que en este sentido cabe hacer dos observaciones importantes. En primer lugar, pienso que es importante que en cualquier caso intentemos -a través de las negociaciones en curso sobre la OMC- obtener promesas de Suiza en esta cuestión. Como he indicado anteriormente, cabría esperar que quizás a principios de 1998 se logre claridad al respecto.
Una segunda observación es, y no sé si soy del todo cabal y exacto, pero si reflexiono sobre le mandato que hemos recibido para los seis acuerdos sectoriales sobre los que negociamos en estos momentos con Suiza, no veo directamente forma de incluirlo. Esto no quita que una vez que se haya creado el paquete de seis -del que está probado que ha de existir un equilibrio tanto dentro de cada acuerdo como entre los seis diferentes acuerdos, sé que también Suiza está interesada en negociar en nuevos sectores, y en un momento dado podríamos plantear que se analizara cuáles son los principales puntos de tensión en las relaciones con Suiza. En cualquier caso, pour acquit de conscience averiguaré en qué medida los expedientes actuales hacen posible una conversación al respecto, pero no quiero suscitar falsas esperanzas al Sr. Wijsenbeek. Sé que en estos momentos hay un gran consenso, pero sigue siendo necesario solucionar problemas muy delicados, concretamente en el sector del transporte y en el sector de la libre circulación de personas. Pero doy las gracias al Sr. Wijsenbeek por habernos advertido sobre esta situación.

Seal
A pesar de la pregunta del Sr. Wijsenbeek, podría el Sr. Comisario tener presente en sus negociaciones con la empresa suiza Telecom que las telecomunicaciones operan en la actualidad en un mercado mundial y, en este sentido, ¿podría indicarnos el volumen relativo de la nueva compañía fusionada en Suiza en relación con British Telecom y tras la nueva fusión de 15.000 millones de libras esterlinas llevada a cabo con la MCI de los Estados Unidos?

Van den Broek
Lo lamento, pero mi respuesta ha de ser negativa; en estos momentos no sabría decírselo. Pero la observación general es correcta, de que precisamente cuando se habla de telecomunicaciones, se habla de un sector de la economía que, de hecho, está sujeto a fuertes tendencias de globalización. En lo que respecta, por ejemplo, a la fusión de empresas de telecomunicaciones en la Unión Europea, su Señoría sabe que habría que imponer limitaciones. Ello entra dentro de la competencia de la Comisión sobre el código de fusión.

Haarder
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta, pero quisiera preguntarle también si ¿debo entender su respuesta en el sentido de que la Comisión presionará a Suiza, y que en las próximas negociaciones, una de las condiciones que imponga será que Suiza abandone su actual posición dominante de monopolio en este ámbito?

Van den Broek
No quiero que haya malentendidos. He intentado indicar que, en el mandato que tenemos con respecto a los seis sectores que se están negociando con Suiza, no veo posibilidad directa de introducir esto. Le he dicho al Sr. Wijsenbeek que puedo imaginarme que una vez completados los seis paquetes de negociaciones, cuando se haya logrado un acuerdo al respecto y se abra el debate sobre posibles nuevos ámbitos de cooperación, que también se tenga en cuenta este sector de las telecomunicaciones. Pero es algo sobre lo que tendrá que pronunciarse el Consejo si en efecto lo considera prioritario. Por otra parte, me consta que Sir Leon Brittan, que dentro de la Comisión es responsable de todo lo que tiene que ver con las negociaciones de la OMC, aspira constantemente a lograr una mayor liberalización del mercado de las telecomunicaciones.

El Presidente
Pregunta nº 31 formulada por Bertel Haarder (H-0857/96):
Asunto: Regreso de los refugiados bosnios y croatas
El Ministerio del Interior danés me ha informado en respuesta a una pregunta mía formulada en el Parlamento danés de que los refugiados bosnios y croatas desean regresar a sus hogares pero su regreso se demora debido, entre otras cosas, a dificultades de tráfico. Por otra parte, el Presidente de la Asociación danesa de Ayuda a los Refugiados ha manifestado que hay que esperar durante algún tiempo hasta conseguir los documentos de entrada en Bosnia y Croacia y que es muy difícil transportar a los refugiados en autobuses debido a que tanto Croacia, como Bosnia y Austria, este último Estado miembro de la UE, obstaculizar su transporte por carretera.
Es totalmente insatisfactorio que determinados países obliguen a los refugiados a regresar a la antigua Yugoslavia mientras que otros no pueden o no quieren acelerar el regreso de aquellos refugiados que desean regresar a sus hogares. Especialmente extraño es el hecho de que aparentemente Austria impide el paso de los autobuses.
¿Se propone la Comisión ejercer presiones, incluyendo si fuera necesario el condicionamiento de la ayuda de la UE, para que no se demore el regreso de los refugiados de Bosnia y Croacia que desean regresar y participar en la reconstrucción de su país y de sus hogares?

Van den Broek
Sinceramente he de decir que tengo la impresión de que, en estos momentos, las tristes noticias que se hacen sentir en la pregunta del Sr. Haarder, también los problemas en el tránsito de los refugiados bosnios y croatas repatriados, no tienen lugar a gran escala. Observarán que me expreso con sumo cuidado porque es difícil seguir la situación allí día a día.
Pero lo que quiero decirle expresamente al Sr. Haarder es que en contacto con los Estados miembros, en contacto con el alto representante Carl Bildt y sobre todo en contacto con la Alta Comisaria para los Refugiados, la Sra. Ogata, que hace unos días visitó Bruselas, estudiamos detenidamente de qué manera podemos contribuir para facilitar el regreso de los refugiados.
La Comisión Europea lleva tiempo interviniendo en este ámbito a través de sus programas de rehabilitación y reconstrucción, en los que se hace hincapié en proyectos que nos pasa el Alto Comisionado para los Refugiados para intentar facilitar el regreso. Concretamente mantenemos un contacto regular con la República Federal sabiendo que, entre los Estados miembros europeos, la República Federal es la que asume la carga más pesada en lo que se refiere a los refugiados de la antigua Yugoslavia.
Repito que si estuvieran en juego la libertad de movimientos o la libertad de tránsito -últimamente no me han llegado noticias preocupantes al respecto-, pero si este fuera el caso, tendría que hacerse un llamamiento al gobierno de los países en cuestión, Bosnia, Croacia o incluso Serbia, y además a IFOR, que tiene la tarea de ocuparse de que se obstaculice lo menos posible la libre circulación.

Haarder
Quiero dar las gracias al Comisario por su exhaustiva respuesta. Para dejar claro este asunto, quiero preguntarle si está de acuerdo conmigo en que es totalmente inaceptable que países que reciben ayudas de la Unión Europea no quieran que sus propios ciudadanos regresen lo antes posible si así lo desean. Quiero preguntarle si está de acuerdo conmigo en que es aún más inaceptable que no sólo Bosnia y Croacia, sino también un Estado miembro de la UE, Austria, pongan obstáculos al transporte en autobuses de los refugiados que desean volver a su país. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que esta situación es insatisfactoria y que la Unión Europea debe presionar, incluso por medios económicos, a fin de cambiarla? Sabemos que ciertos países obligan a los refugiados a regresar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ciudadanos que por propia voluntad desean volver, pero cuyo regreso es obstaculizado por la burocracia y la falta de voluntad de cooperación no sólo en Bosnia y Croacia, sino, para mi gran sorpresa, también en Austria.

Van den Broek
Comparto plenamente la opinión del Sr. Haarder de que sería totalmente inaceptable que los países se negaran a acoger a sus propios ciudadanos que desean regresar voluntariamente. Ello sería contrario a las obligaciones que han asumido las partes en el Tratado de paz de Dayton, en que el regreso de los refugiados y la cooperación para facilitar el proceso son una condición expresa e incluso una condición para recibir, por ejemplo, ayuda económica o para la reconstrucción. No discrepamos en este sentido.
Me sorprende lo que ha dicho sobre Austria. Lo he leído por primera vez en la pregunta del Sr. Haarder. No tengo ninguna confirmación al respecto y creo a pies juntillas que no podemos esperar que las autoridades austriacas quieran poner obstáculo alguno al regreso de los refugiados. Dentro de la Unión, todo el mundo está de acuerdo en que es preciso hacer lo posible por facilitar este proceso.

Titley
¿Podría confirmar el Comisario Sr. Van den Broek que, en realidad, lo que está diciendo es que aún nos encontramos en una situación en la que la libre circulación no está garantizada en el interior de Bosnia, es decir, continúa existiendo de facto la limpieza étnica? ¿Podría decirnos también cómo evolucionará la situación, según sus previsiones, cuando se retiren las Fuerzas internacionales de paz? Me refiero a las fuerzas que intentan sacar a flote el acuerdo de paz de Dayton.
¿Qué evaluación le merece a la Comisión el éxito de la ayuda que la propia Comisión ha prestado a los refugiados que regresan a su país, y cómo se propone desarrollar programas de este tipo en el futuro?

Van den Broek
Creo poder decir que en Bosnia-Herzegovina existe en gran medida libertad de movimientos y sé que IFOR tiene la tarea de llamar la atención de las autoridades cada vez que se ponga trabas a esta libertad, y si es necesario de obligar a que se abra el paso. Que yo sepa, últimamente no se les ha pedido que lo hagan, porque estos casos eran sólo incidentales.
No quisiera achacar la lentitud del regreso de los refugiados a la falta de libertad de movimientos. Hemos hablado extensamente de ello con la Sra. Ogata, la Alta Comisaria. Los principales problemas radican en el hecho de que muchos refugiados no desean regresar a sus domicilios si el poder está en manos de una mayoría de otra composición étnica. Es algo que vemos concretamente con muchos refugiados bosnios que permanecen en Alemania, que proceden en muchos casos de la República Sprska y prefieren no regresar a su país. Un segundo obstáculo es que la situación de la vivienda sigue siendo muy crítica y limitada, y hacemos todo lo posible por intentar dar cierta prioridad al arreglo y a la reconstrucción de las casas destruidas, antes de que los refugiados puedan acomodarse en ellas. A menudo surge también el problema de las relaciones de propiedad que, evidentemente, son muy poco claras. La gente vive en casas que pertenecen a otros, y si se exigen responsabilidades, la situación se hace muy compleja.
Con todo, estos factores han contribuido a que el Alto Comisionado para los refugiados no haya podido hacer regresar a todos los que tenía previstos en un principio. Pienso que desde la paz de Dayton, y según una estimación optimista, podemos decir que han regresado sólo 200.000 de los 800.000 que se esperaban. Nos enfrentamos a una problemática de enorme complejidad. El próximo jueves viajaremos a París, donde se volverá a examinar la aplicación de Dayton y donde también se tratará el aspecto del regreso de los refugiados, y contaremos con la presencia de la Sra. Ogata, Carl Bildt y todos los interesados. A principios de diciembre, en Londres, volveremos a hablar de la cuestión durante una conferencia sobre Yugoslavia. Esto da fe de que se presta toda la atención posible a estas cuestiones, pero que nos enfrentamos a una situación muy compleja.

von Habsburg
Señor Comisario, en primer lugar quiero hacer una observación. Yo viajo bastante por Austria y estoy extraordinariamente extrañado por la pregunta de si los austríacos han impedido de alguna manera el retorno de los refugiados. Yo al menos no he oído nada de ello in situ.
La pregunta que le dirijo a usted, señor Comisario es la siguiente: ¿no tiene la impresión de que en el trato que se da a la cuestión de los refugiados, un comportamiento demasiado burocrático impide que se avance en el asunto? Hay grandes partes de Bosnia en la que no se puede exigir a nadie que regrese que no tenga una casa pues hace un frío terrible. Hay otras regiones en la que los refugiados pueden volver pues la temperatura es más suave. Habría que diferenciar la situación de región a región y de municipio a municipio. ¿No opina que las autoridades actúan con demasiada burocracia, lo que obstaculiza toda la operación?

Van den Broek
El Sr. Habsburg habrá observado que comparto plenamente su opinión, que yo tampoco tengo información y que no tengo indicación alguna de que Austria no coopere en el regreso de los refugiados. Por cierto que vuelvo a repetir que creo que todos los Estados miembros tienen mucho interés en crear cuanto antes las posibilidades para el regreso. Por lo tanto, estamos de acuerdo al respecto.
La burocracia, he de admitirlo, desempeña sin duda un papel. La cuestión es sólo cómo evitarlo. Si tomamos como ejemplo a Bosnia, donde de hecho todavía se están constituyendo los nuevos órganos estatales. Después de las elecciones surgió una presidencia colectiva. Todavía no existe un gobierno como tal. Es decir, que el interlocutor es el gobierno de transición. No sabemos quién será mañana. Esta es la primera cuestión.
La segunda es, y vuelvo a mencionar a Alemania, que en efecto ha seguido una política muy humanitaria en lo que respecta a la acogida de los refugiados -se trata de unos 450.000 refugiados-, allí la situación es tal que en realidad los Estados federales todavía han de indicar con exactitud cuántos refugiados tienen en su territorio, de dónde vienen, si están dispuestos a regresar, y en caso afirmativo, adónde. Y ello, a su vez, ha de conectar con las actividades que se realizan en Bosnia para acoger a estas personas, para procurarles una vivienda, por no hablar del empleo y este tipo de cuestiones.
Por consiguiente, estoy de acuerdo con el Sr. Habsburg en que estas cuestiones en sí, debido a su complejidad, más bien empeoran la burocracia, en lugar de aliviarla. Pero es una cuestión difícil, no sólo del lado receptor, sino también del lado de los países que en estos momentos acogen a un gran número de refugiados.

El Presidente
Pregunta nº 32 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0860/96):
Asunto: Los últimos acontecimientos en Belarús
El Presidente de Belarús, Sr. Lukasjenko, intenta reforzar su poder constitucional en Belarús, disolver el actual Parlamento y establecer un régimen presidencial autoritario. Ha convocado un referéndum sobre su propuesta para el día 7 de noviembre. El Parlamento ha contestado con la convocatoria de otro referéndum el 24 de noviembre. El Presidente de Rusia ha presionado firmemente al Presidente de Belarús para que llegue a un compromiso con el Parlamento sobre la nueva Constitución del país. Sin embargo, el Presidente de Belarús ha modificado únicamente un detalle en su propuesta de Constitución.
¿Ha expresado la Comisión su oposición al intento del Presidente de Belarús de marginar al Parlamento democráticamente elegido y establecer un régimen presidencial autoritario? ¿Seguirá el programa TACIS como si nada hubiera sucedido en el caso de que el Presidente obtenga el mandato, tras el referéndum de noviembre, de aplicar sus propuestas constitucionales en el país?

Van den Broek
La Comisión está plenamente de acuerdo con la evaluación esbozada en la pregunta de la Sra. Ahlqvist sobre Belarús. En diversas ocasiones hemos podido hablar de la situación en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y con el grupo de parlamentarios que sigue la relación con Belarús. La Sra. Ahlqvist sabe que aprovechamos cualquier contacto con Belarús para recalcar hasta qué punto la relación entre la Unión Europea y Belarús está determinada por la manera en que Belarús, sus autoridades, se toman en serio el respeto por los derechos humanos, los principios democráticos, etc. Podríamos hablar durante un buen rato de esto. Pienso que ahora es de suma importancia que esperemos a ver qué pasa con el próximo referéndum. Usted sabe que la oposición en el parlamento de Belarús ha unido fuerzas y ha dicho al presidente: creemos que las cuestiones planteadas aquí no tienen nada que ver -lo expreso en mis propias palabras- con intentar crear una situación más democrática en Belarús; el presidente ha dicho que quería llegar a un compromiso con el Parlamento sobre lo que se plantearía exactamente en el referéndum en cuanto a las modificaciones en la constitución. En estos momentos, no podemos prever cómo acabará este proceso. Sabemos que hasta ahora el Parlamento Europeo ha aplazado su dictamen sobre un acuerdo interino con Belarús, y supongo que por las mismas razones que motivan nuestra reserva a la hora de intensificar la cooperación con Belarús.
Sí, hay varios programas Tacis en marcha o en ejecución, que por cierto ya se estancaron anteriormente porque no había coordinador del lado de Belarús. Creo, eso sí, que los programas que están en marcha en estos momentos han de seguir adelante. Diría que podremos efectuar una nueva evaluación cuando esté claro qué pasará con el referéndum. Entonces sabremos si la constitución en Belarús se convierte en una especie de dictadura encubierta o si cabe detectar todavía algo de una democracia real.

Ahlqvist
Gracias por su respuesta, señor Comisario. He formulado esta pregunta con anterioridad, y hoy he vuelto a recibir más o menos la misma respuesta. Estamos luchando por parte de la UE, dirigiendo la atención del Presidente de Bielorrusia sobre la situación, pero el Presidente sigue actuando como siempre. No sucede nada especial en este ámbito.
Me pregunto, señor Comisario, si no sería conveniente romper la cooperación dentro del programa Tacis, y así conseguir que el Presidente escuchara a su Parlamento, democráticamente electo. ¿Existen otros caminos? Porque está claro que son necesarias unas acciones más contundentes que limitarse a conversar con el Presidente.

Van den Broek
De nuevo comparte la evaluación de la Sra. Ahlqvist sobre la situación. Nos encontramos un poco en una encrucijada: ¿hemos de utilizar el programa TACIS para ejercer presión o no, o debemos intentar más bien utilizar el programa TACIS para ayudar a cambiar determinadas situaciones. Nuevamente creo que quizás convenga esperar a ver cómo marchará el referéndum y que pasará exactamente con él, y qué pensamos entonces de la situación política de Belarús, pues esta determinará en gran medida si llevaremos o no adelante, por ejemplo, una cooperación estrecha como la que se desprende del acuerdo interino, que todavía no ha entrado en vigor. Como ya he dicho, el Parlamento ha aplazado ya dos o tres veces el tratamiento de los informes sobre este acuerdo interino por las mismas razones que las que menciono ahora: esperemos a ver qué pasa con el referéndum, pero mientras tanto hemos de dar las señales políticas necesarias, también a través de otros países. Esto es exactamente lo que están haciendo la Presidencia y la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 33 formulada por Maj Theorin (H-0861/96):
Asunto: Turquía
La unión aduanera de la UE con Turquía significa que se ha concluido una unión aduanera con un país donde se practica la tortura, donde las personas detenidas por la policía desaparecen durante su traslado y donde se realizan operaciones armadas. Un país en el que, pese a anteriores promesas de liberación, se mantiene encarcelados a parlamentarios. Un país que sigue violando la división de Chipre, que según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es ilegal. A raíz de las promesas de mejorar la situación de los derechos humanos, el Parlamento Europeo votó a favor de la unión aduanera. Se esperaba que se produjeran cambios, pero esto no ocurrió.
El asesinato de dos jóvenes chipriotas y las noticias recientes según las cuales al menos 11 personas habrían muerto en las cárceles turcas ponen de manifiesto la necesidad recurrir a todos los instrumentos de que disponga la Unión para mejorar esta situación.
Ahora, aunque algo tarde, el Parlamento ha reaccionado con su resolución de 19 de septiembre, en la que se encarece a la Comisión a que bloquee todos los créditos concedidos a Turquía en el marco del Programa MEDA, excepción hecha, naturalmente, de las ayudas para la promoción de la democracia y de los derechos humanos.
¿Puede indicar la Comisión qué medidas de presión se propone adoptar en el marco del Programa MEDA, para que Turquía cumpla con su parte del acuerdo? Pese a que el Consejo declaró en el mes de junio que Turquía debía aceptar determinados principios, hasta la fecha aún no ha habido reacción alguna al respecto. ¿Hasta cuándo se contentará la Comisión con bellas promesas, que luego no se llegan a cumplir?

Van den Broek
Me temo que sólo podré repetirle a la Sra. Theorin las cosas que dije anoche en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, donde estaban presentes algunos de los diputados del Parlamento Europeo, miembros de la comisión parlamentaria mixta UE-Turquía, y que naturalmente tenían que ver en gran medida con la situación de los derechos humanos en este país, de la que hemos hablado extensamente en el informe que la Comisión Europea presentó en octubre al Parlamento Europeo sobre la Unión aduanera, y en el que se dedicaba un capítulo importante a la situación de los derechos humanos. Resumiéndolo brevemente: lo que comuniqué anoche a la comisión es que hemos observado que no discrepamos sobre el modo en que contemplamos la situación actual de los derechos humanos en Turquía. Esta es preocupante y hemos de hablar sin tapujos: en 1996 es peor de lo que era en 1995. Anoche indiqué también qué cosas intentamos mejorar en este ámbito, y concretamente volví a aclarar que, debido a la situación y debido a la actitud turca en el conflicto del Egeo con Grecia, y debido a la cuestión chipriota, ahora hay que constatar que de hecho se han aplazado la mayor parte de los instrumentos financieros para Turquía, razón por la que he abogado por que en cualquier caso siga aplicándose para Turquía el programa MEDA, que es un programa más horizontal y amplio para la cuenca mediterránea en su conjunto. Lo he corroborado, lo he argumentado, pero con la comunicación de que la Comisión tiene en cuenta la resolución aprobada en septiembre por el Parlamento sobre la situación de los derechos humanos en Turquía y también las recomendaciones hechas sobre el gasto del dinero procedente del fondo MEDA. Anoche también señalé que la descripción del Parlamento quizás no sea exactamente igual a la de la Comisión Europea, pero, de común acuerdo con el Presidente del Parlamento, estoy dispuesto a hablar de cómo podemos tener contacto con el Parlamento Europeo antes de proceder a la ejecución del programa MEDA 1997.
Espero poder dejarlo así, en el marco de esta breve respuesta, pero vuelvo a repetir que el informe sobre los derechos humanos que publicamos el mes pasado como parte de la evaluación de la Unión aduanera indica en gran medida cuál es el punto de vista de la Comisión sobre la situación en Turquía, lo importante que es para nosotros Turquía como socio con el que hay que normalizar las relaciones y cómo creemos poder proseguir por este camino.

Theorin
Gracias por su respuesta. Me alegra comprobar que por fin estamos de acuerdo en que los derechos humanos no se respetan en Turquía, y en que nos hemos despertado algo tarde. Naturalmente, y para decirlo diplomáticamente, es sorprendente que un diestro representante político turco pudiera engañar a unos políticos experimentados sin que mediaran cambios reales o garantías fiables de que se respetasen los derechos humanos, y que estos políticos experimentados, sin esperar a que se celebrasen las elecciones en Turquía, acordasen celebrar un acuerdo de Unión Aduanera con este país. Es evidente que se trata de una doble señal si el Parlamento dice una cosa, y el Comisario reacciona diciendo que desea continuar con el programa Meda y que al mismo tiempo escuchará al Parlamento. Porque los instrumentos de que disponemos, políticos, económicos y jurídicos de la UE, deben naturalmente aplicarse para conseguir que se respeten los derechos humanos. ¿No es hora ya de que dejemos de esperar a que se escuchen unos términos más amigables por parte de Turquía, y de que les demostremos que han sobrepasado los límites, disolviendo la Unión Aduanera con este país? Mi otra pregunta es: ¿Se habría tenido tanto interés en celebrar una Unión Aduanera si el Comisario hubiese sabido entonces lo que sabemos hoy sobre la situación de los derechos humanos?

Van den Broek
Comprendo que cuando se habla de la situación de los derechos humanos resulte difícil hablar también de la economía, pero la Sra. Theorin lo hace al plantear muy claramente en este marco la cuestión de la Unión aduanera y su supervivencia. Quiero indicar a la Sra. Theorin que desde la entrada en vigor de la Unión aduanera, el comercio con Turquía ha aumentado de aproximadamente 20 millardos de dólares o ecus -la diferencia no es tanta-, a aproximadamente 35 millardos, y que seguramente hay un excedente comercial favorable a la Unión Europea de 8 a 10 millardos. Por consiguiente, no pienso que, dada la importancia que se presta en este Parlamento a las cuestiones del empleo, debamos afirmar de buenas a primeras que convendría eliminar la Unión aduanera; sea como fuere, por de pronto la Unión aduanera sirve en gran medida a los intereses de la Unión Europea. Lo único que cabe lamentar es que -por ahora- no hayamos sido capaces de ejecutar las medidas que acompañaban a la Unión aduanera, que debían compensar los efectos negativos para Turquía. Se trata entre otros de los tres o cuatro programas que en estos momentos están bloqueados por las razones conocidas. Pero en el poco tiempo de que dispongo, no puedo repetir íntegramente el constructivo intercambio de ideas que tuvo lugar anoche en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, y por tanto permítame acabar aquí, aunque siempre estaré dispuesto a proseguir el debate.

Lomas
¿Estaría dispuesto a reconocer el Sr. Comisario que el Consejo, la Comisión y aquellos diputados a este Parlamento que fueron tan necios como para votar a favor de la unión aduanera creyendo que con ello alentarían a Turquía a convertirse en un país más democrático, demostraron ser bastante ineptos políticamente y cometieron un trágico error?

Van den Broek
Si puedo responder sin rodeos, repetiría lo que dije anoche, que, a pesar de que estamos de acuerdo en que la situación de los derechos humanos en Turquía es muy censurable, no hemos de olvidar cómo era la situación en 1995, cuando la Unión aduanera fue aprobada en este Parlamento, y cuando se habían dado realmente progresos en relación con las enmiendas a la constitución turca y en relación con la revisión del artículo 8, sobre cuya base se puso en libertad a unos 150 prisioneros de conciencia. Por consiguiente, no puede decirse que nada haya cambiado. Lo malo es que ahora la situación ha vuelto a estancarse debido a numerosas circunstancias que expuse extensamente ayer en la comisión, y que en sí no pueden servir de excusa, ni han de desalentarnos a seguir trabajando en nuestra relación con Turquía para lograr una mejora de la situación. Esto es lo que hacemos de forma intensiva y regular.

El Presidente
Pregunta nº 34 formulada por Hans Lindqvist (H-0872/96):
Asunto: Política exterior de seguridad
Suecia es un país que lleva más de 200 años sin guerras. Gracias a nuestra neutralidad y no alineación hemos podido crear estabilidad en el norte de Europa. Suecia y Finlandia, un país neutral también, fueron Estados interpuestos entre la OTAN y el Pacto de Varsovia en los años posteriores a la guerra, especialmente durante la guerra fría. Con la caída del Muro de Berlín se modificó el mapa en materia de política de seguridad. La OTAN tiene enfrente a Rusia, que en materia de política de seguridad, es en cierto modo una incógnita. Nadie sabe el rumbo que tomarán las futuras relaciones entre estas potencias. Una gran mayoría del pueblo sueco es favorable al mantenimiento de la neutralidad y contraria a la participación en alianzas militares. ¿Podrá Suecia seguir controlando su propia política exterior y de seguridad? ¿Tiene la UE la intención de limitar el derecho de veto en cuestiones de política exterior y de seguridad?

Van den Broek
Al adherirse a la Unión Europea, Suecia aceptó las disposiciones del Tratado referentes a la Unión Europea. El título 5 del Tratado, relativo a la política exterior y de seguridad común, abarca todas las cuestiones en materia de seguridad de la Unión. Aún recuerdo muy bien que al cerrar las negociaciones, todos los candidatos a la adhesión, incluida Noruega, firmaron una declaración en la que reconocían que en la constitución de estos países no había nada que impidiera la aplicación de las disposiciones en materia de política exterior y de seguridad común en el Tratado de Maastricht. Supongo que lo mismo puede decirse de Suecia. Usted sabe que en la Conferencia Intergubernamental se está debatiendo la política exterior y de seguridad común, y que uno de los elementos importantes es la cuestión de cómo puede mejorarse la toma de decisiones, sobre lo que se han realizado varias propuestas, y ya puede decirse que tratándose de cuestiones puramente militares y del uso de medios militares, no se decidirá por mayoría cualificada, sino que cada Estado miembro podrá determinar sus ideas, tomar sus propias decisiones sobre esta cuestión.
Resumiendo, creo que no hay posibilidad de que el resultado de la CIG sea que, en caso de mayoría de votos, se pueda obligar a un país a participar en las operaciones militares.

Lindqvist
Gracias por su respuesta. Esta es una pregunta importante para nosotros como miembros relativamente nuevos, dado que la cuestión de conservar la independencia en materia de política exterior y de seguridad fue decisiva para muchos a la hora de votar en el referéndum sobre la adhesión. Yo he interpretado la última parte de la respuesta como que Suecia debe aceptar el Tratado suscrito, lo cual es evidente, dado que no disponemos de ninguna salvaguardia, pero que en realidad, y conforme a la respuesta dada, se va a ir pasando lentamente cada vez más de unas decisiones por unanimidad a la mayoría cualificada. Esto significa además que Suecia, aunque así lo deseara, no podría impedir que otros Estados, o una mayoría de países de la UE, adoptasen decisiones dentro del ámbito de la defensa y de la seguridad militar. Si lo he comprendido bien, esto puede incluso significar que Suecia puede verse forzada a participar en la financiación de una acción que el país no apoya ni tampoco puede impedir que se realice. Así interpreto yo la respuesta, y en este caso esto conllevaría un fuerte distanciamiento de la posición de neutralidad para los países participantes en una cooperación europea militar o de defensa.

Van den Broek
Pongámonos de acuerdo sobre una cosa: todas estas cuestiones son tema de conversación en la Conferencia Intergubernamental. Sobre todo en lo referente a la política exterior y de seguridad seguirá existiendo un fuerte componente intergubernamental. No pienso que la Comisión deba anticiparse a este debate. Permítanme observar que me ha complacido mucho constatar que los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Finlandia, dos países con una política de neutralidad en el ámbito de la política de seguridad, hayan hecho propuestas de cómo pensaban participar, por ejemplo en las llamadas tareas de Peterberg. Se trata de tareas que pueden realizarse, por ejemplo, bajo la dirección de la Unión Europea Occidental en el ámbito de las tareas de paz, la ayuda humanitaria, y cosas por el estilo. Esto demuestra asimismo que en Suecia y en Finlandia se piensa de forma constructiva sobre el papel de estos dos Estados miembros en el amplio ámbito de la seguridad. Lo considero sumamente positivo, y con todo lo que digo no quiero anticiparme al debate que se está celebrando en la Conferencia Intergubernamental, y en el que el Estado miembro de Suecia tiene por supuesto todo el derecho a dar a conocer su opinión y participar en la toma de decisiones.

Posselt
Señor Presidente, tengo un gran respeto frente a la voluntad de libertad del pueblo sueco, pero quiero plantear la pregunta de si el hecho de que Suecia haya mantenido su libertad e independencia tras la Segunda Guerra Mundial, tal como se dice en la pregunta, no se debe también al hecho de que muchos Estados en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea han contribuido con grandes sacrificios a mantener la libertad en el mundo occidental contra el comunismo. ¿No cree que también en el futuro solamente se podrán mantener la paz y la libertad si todos los Estados están igualmente dispuestos a llevar la misma carga y no, por así decirlo, a eludirla y que los demás tengan que llevarla sobre sus hombros?

Theorin
Muchas gracias. ¡Me permito recordarles que Suecia ha sido neutral y no alineada militarmente durante 200 años! No se trata solamente de su neutralidad durante la Segunda Guerra mundial. El 70 % de la población sueca exige que se conserve la neutralidad. Los ministros de Asuntos Exteriores sueco y finlandés han hecho hincapié en que estamos dispuestos a participar en operaciones de mantenimiento de la paz , pero no en nada que tenga que ver con una intervención militar. La distinción entre lo que se considera como mantenimiento de la paz, y promoción de la paz, o paz impuesta, es muy importante, y creo que el Comisario van den Broek la conoce bien. Suecia no participa en ninguna operación militar activa, y no va a hacerlo ni antes ni después de la Conferencia Intergubernamental.

Van den Broek
Tomo nota.

El Presidente
Doy la palabra al Sr. Smith por una cuestión de orden.

Smith
¿Puede explicarme, si a los Comisarios se les ha asignado 20 minutos a cada uno, a qué se debe que el Comisario Sr. Van den Broek intervenga durante el doble de tiempo que todos los demás Comisarios? Sé que tiene mucho talento, pero ¿es el doble de bueno?

El Presidente
Imagino que me ganaría la simpatía del Sr. Van den Broek si dijera que sí, aunque no la del Sr. Monti. La causa, señor Smith, se debe a que por nuestra falta de disciplina, dos diputados no se han presentado para las preguntas urgentes al comienzo, y la Presidencia, en su sabiduría, sólo había asignado tres preguntas urgentes. En consecuencia terminamos muy pronto.
A continuación pasamos a las preguntas dirigidas al Sr. Monti, que espero duren una media hora completa, puesto que comenzamos la sesión más tarde de lo habitual.
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 38 y 39 se contestarán simultáneamente.
Pregunta nº 38 formulada por Sören Wibe (H-0867/96):
Asunto: Exención sueca sobre importación de alcohol para uso personal
Se han celebrado negociaciones entre el Gobierno sueco y la Comisión sobre la excepción de Suecia en lo relativo a la importación de alcohol para uso personal. Suecia desea mantener esta excepción. Ahora bien, ¿qué piensa la Comisión al respecto? ¿Se propone la Comisión llevar al asunto ante el Tribunal de Justicia para suprimir la excepción de Suecia el 1 de enero de 1997? En caso afirmativo, ¿es razonable adoptar una línea de negociación dura contra un Estado miembro que desea aplicar una política restrictiva en materia de bebidas alcohólicas? La política restrictiva de Suecia en materia de bebidas alcohólicas produce considerables ingresos fiscales y se aplica basándose en razones de salud pública. ¿No son éstas razones suficientes para que Suecia, de conformidad con el principio de subsidiariedad, pueda continuar aplicando su propia política en este ámbito y establecer normas especiales para la importación de alcohol? Pregunta nº 39 formulada por Jan Andersson (H-0869/96):
Asunto: Restricciones a la importación de tabaco y alcohol
El tabaco y el alcohol tienen consecuencias muy negativas para la salud. Un elemento importante de la política sobre alcohol y tabaco en los países nórdicos ha sido el de reducir el acceso a estos productos. Esto ha hecho que el consumo pueda mantenerse a un nivel relativamente bajo. Una forma de mantener el consumo a un nivel bajo ha sido el establecimiento de normas estrictas para la importación de tabaco y alcohol. Una atenuación de las normas de importación conllevaría con toda seguridad el aumento del consumo y los consiguientes daños para la salud.
En vista de esto, ¿no deberían los países nórdicos tener derecho a mantener sus relativamente estrictas restricciones a la importación de estos productos perjudiciales?
Monti
Las argumentaciones aducidas por sus Señorías en estas dos preguntas, parecen deberse a un malentendido.
La situación es la siguiente. La opinión de la Comisión es que las excepciones de referencia pueden mantenerse sólo hasta el 31 de diciembre de 1996, plazo de vencimiento establecido actualmente. En consecuencia, si los Estados miembros interesados no emprenden ninguna iniciativa para levantar las restricciones existentes a partir de dicha fecha, o sea, el 31.12.1996, la Comisión, como guardián del Tratado, estará obligada a instar procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia. Por otra parte, si la Comisión no adoptara una iniciativa en dicho sentido, es presumible que los ciudadanos del Norte de Europa, al considerarse perjudicados, sometan el asunto al Tribunal de Justicia.
Dicho esto, y habida cuenta de los derechos de los viajeros comunitarios y de las argumentaciones aducidas por sus Señorías en sus preguntas, consideramos que los países nórdicos necesitan un margen de tiempo más amplio para adaptarse a las normas comunitarias. Por consiguiente, la Comisión está elaborando una propuesta de directiva que prorrogue el plazo más allá del 31 de diciembre de 1996 y ello, a fin de permitir una gradual liberalización de las actuales restricciones.
Como verá, lejos de adoptar una línea dura contra los países del Norte de Europa, la Comisión está, por el contrario, haciendo todo lo que está en su mano para solucionar sus dificultades.

Wibe
Le agradezco al Comisario su respuesta. Si se obliga a Suecia a abandonar sus cuotas actuales, también tendremos que disminuir las tasas impositivas sobre el alcohol, lo cual sabemos que motivará un mayor número de muertos por daños causados a raíz de su consumo. También sabemos que esto nos llevará a una gran disminución de ingresos fiscales. Por consiguiente, se trata de unos grandes recursos humanos y económicos, que están en juego para nosotros.
Tengo dos preguntas para el Comisario Monti. La primera es: ¿Han intentado de algún modo calcular las posibles ganancias en términos económicos que se derivan de la eliminación de las restricciones sobre el consumo, y las han comparado con sus costes humanos y económicos? La otra pregunta es ¿Pueden dar algunos detalles sobre la Directiva que van a presentar con propuestas de plazos más largos? ¿Significa esto que vamos a poder conservar las restricciones actuales, o que se trata de unos recortes progresivos de éstas, y en este caso a lo largo de cuánto tiempo se van a producir?

Monti
Respecto al primer punto, la Comisión es plenamente consciente de la gran importancia social, sanitaria y financiera que reviste la cuestión. Sólo así se explica la gran atención que la Comisión le deparó y sigue deparándole, a fin de alcanzar una solución distinta de la normal y que sería inevitable, o sea, acudir al Tribunal de Justicia. En este momento, Señoría, no estoy en situación de ofrecer más detalles en lo referente a la duración de dicha posible prórroga. Lo único que puedo decirle es que en las negociaciones con las autoridades suecas, danesas y finlandesas, la posición que como Comisario expuse hace referencia al año 2002.

Andersson
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Actualmente, la cuestión del alcohol se trata como si sólo perteneciera al ámbito del mercado interno. Al mismo tiempo sabemos que existe una clara y evidente conexión entre su consumo y una serie de enfermedades como las hepáticas, infartos, ciertas formas de cáncer, etc.
El artículo 36 del Tratado se centra en el mercado interno y las excepciones a dicho mercado. Se dice aquí que hay que hacer salvaguardias cuando se trate de «proteger la vida y la salud de las personas y los animales». Formularé dos preguntas. ¿No es el alcohol una cuestión de salud que influye en gran medida sobre la vida y la salud de las personas? La otra pregunta es si no puede aplicarse en este caso el artículo 36.

Monti
Es evidente que para el presupuesto de un Estado, la cuestión del alcohol reviste importancia desde el punto de vista de la salud pública y de los aspectos sociales, así como financieros. Por otra parte, usted sabe perfectamente que varios instrumentos integran una política orgánica dirigida a conseguir determinados objetivos en esta materia. Es precisamente para permitirles a los Estados miembros interesados valerse de los instrumentos que puedan requerir cierto tiempo y que no vayan en contra de las exigencias del mercado único, que la Comisión se ha manifestado dispuesta a considerar la posibilidad de una prórroga que, como acabo de decir, está en trámites de negociación con las autoridades de los países nórdicos.

Svensson
Gracias, señor Presidente. Dos preguntas al Comisario Monti: ¿Es consciente el Comisario Monti del ataque que se está perpetrando contra la política sueca en torno al alcohol, que en este caso tiene su origen en la reducción del consumo en varios de los grandes países de la UE, y de que por ello los productores están interesados en tener acceso al pequeño mercado de consumo sueco? ¿Tiene el Comisario Monti alguna propuesta sobre quién va a sufragar las repercusiones sanitarias del hecho de que la Comisión intente destruir las restricciones en torno al consumo que tiene Suecia?

Monti
En realidad no tengo nada más que añadir. En las anteriores respuestas ya comenté hasta qué punto la Comisión es consciente de la importancia de este problema y, por ello, hasta qué punto está dispuesta, habiendo demostrado una gran flexibilidad al respecto, a considerar unas prórrogas, siempre que se establezca una fecha exacta y precisa. Por lo que se refiere al tema de cómo las autoridades financieras de los países interesados pueden hallar los medios financieros, que podrían fallar al finalizar el régimen actual, su Señoría comprenderá que no le corresponde a la Comisión formular propuestas al respecto.

Sjöstedt
Gracias por darme la palabra, señor Presidente. También mi pregunta roza el tema de la introducción de alcohol. En el debate anterior a la celebración del referéndum sueco sobre la adhesión a la UE, la cuestión más importante era la de qué cosas conllevaría este acuerdo. De conformidad con la descripción que se hizo al pueblo sueco, es necesaria una decisión unánime del Consejo de Ministros para modificar las normas para la entrada de alcohol en el país. Por consiguiente, Suecia disfruta de derecho a veto en lo referente a la cuestión de la introducción de alcohol. ¿Comparte el Comisario esta opinión?

Monti
No debo pronunciarme respecto a posibilidades. Lo único que dije -y no se trata, creo, de que vuelva a repetirlo- es hasta qué punto la Comisión es consciente del problema y hasta qué punto demostró y sigue demostrando una flexibilidad temporal en lo que se refiere a hallar soluciones que permitan conciliar, desde el punto de vista de la política en materia de salud, social, etcétera, los objetivos de los Gobiernos interesados con las normas del mercado único que la Comisión tiene el deber de proteger.

El Presidente
Pregunta nº 40 formulada por Simon Murphy (H-0870/96):
Asunto: Guest Beer (cerveza de barril vendida en establecimientos ligados por contrato a un cervecero distinto)
¿Tiene intención la Comisión de informar sobre los progresos realizados en las conversaciones tripartitas celebradas por la DG XV, la Confederación de los Cerveceros del Mercado Común y el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido para encontrar una fórmula de transacción aceptable para todas las partes en el problema de la ley sobre la «Guest Beer»?

Monti
En su pregunta, su Señoría pide a la Comisión que informe sobre los progresos realizados en las conversaciones tripartitas celebradas para encontrar una solución aceptable respecto al problema de la ley británica sobre la guest beer (cerveza de barril de un determinado fabricante vendida en un establecimiento ligado por contrato a un fabricante distinto). La Comisión, ante todo, desea recalcar que es muy consciente de la importancia que revisten para el mercado interior los productos típicos y tradicionales como la real ale. Por consiguiente, no es intención de la Comisión tomar medidas que causen perjuicios a la fabricación de dichos productos. Al contrario, la actuación del principio del reconocimiento mutuo que representa, como es sabido, uno de los pilares del mercado interior, promovida por la Comisión en los últimos quince años, contribuye a proteger el patrimonio de las especialidades europeas.
En el presente caso, y después de un recurso, la Comisión, en el marco de uno de sus mandatos prioritarios, o sea, el de garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias, instó un procedimiento por incumplimiento que tiene por objeto la modificación de una disposición nacional discriminatoria. La Comisión, deseo subrayarlo, no está en contra de la ley sobre la guest beer en su conjunto, sino sólo de los criterios utilizados para definir la guest beer, que en la actualidad provocan la exclusión de las cervezas semejantes de los demás Estados miembros.
La Comisión y las autoridades del Reino Unido están intentando hallar una solución al problema que evite discriminar las cervezas de los demás Estados miembros. Con ocasión de la reunión tripartita, celebrada en Bruselas el pasado 11 de octubre de 1996, entre los servicios de la Comisión, las autoridades del Reino Unido y la CBNC (Confederación de los Cerveceros del Mercado Común), se debatieron las posibles alternativas en cuanto a la actual definición de la guest beer. Se está intentando hallar una solución y se prevén nuevos contactos a lo largo de este mes. La Comisión se ha fijado como fecha límite el próximo 1 de diciembre.

Murphy
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta. Muchos de los que pertenecemos a esta Asamblea reconocemos que está intentando llegar a un acuerdo de compromiso viable que sea aceptable para todos, que respeten los requisitos del bebedor de cerveza británico, por así decirlo, y al mismo tiempo, la ley sobre el mercado único.
Quisiera formular al Sr. Comisario una pregunta específica sobre la naturaleza de la producción de cerveza en la Unión Europea actualmente. ¿Está informado de que durante los últimos 12 meses una cantidad en torno a los 7.000 hectolitros de cerveza de barril Hoegaarden «blanche» fabricada en Bélgica por Interbrew, fue en realidad importada al Reino Unido y vendida en los pubs británicos que se acogen a la ley sobre la «Guest Beer»? En otras palabras, esta versión en particular de Hoegaarden «blanche» era una «ale» sujeta a las condiciones de barril. Si eso es cierto, seguro que no existe la necesidad de modificar las leyes sobre la «Guest Beer» de Gran Bretaña, sólo para dejarlo aún más claro a los ojos de otros productores de cerveza de la Unión Europea exactamente quien puede vender en el mercado europeo.

Monti
El objetivo de las negociaciones es el de encontrar una definición de «Guest Beer» que no resulte discriminatoria al identificar una definición en particular como la que incluye el condicionante del barril, y que se limita básicamente a un proceso que sólo se utiliza en el Reino Unido. La finalidad, como he subrayado, no es la de eliminar las ayudas a los pequeños productores, sino simplemente el deseo de descubrir la forma de que se mantenga esta práctica, pero sin que incluya ningún elemento discriminatorio.
Permítame decir que es precisamente esa voluntad de preservar el mercado único en ese sector lo que llevó a la Comisión hace algún tiempo a intervenir de forma similar en el caso de dos otros Estados miembros, intervenciones que favorecieron a productores de cerveza del Reino Unido, entre otros.

Spiers
Me siento alentado por esa respuesta, en el sentido de que la entiendo. Espero que lo que la Comisión se propone lograr es una nueva definición de «guest beer» que venga a significar lo mismo y que garantice que la «ale» auténtica continúe vendiéndose en los pubs británicos como «guest beer». Si desaparece la normativa sobre la «guest beer», no cabe duda de que el resultado será que habrá menos opciones en general, en vez de crear mayores oportunidades para que los cerveceros del continente exporten a Gran Bretaña.
También me gustaría preguntar al Sr. Comisario si está dispuesto a admitir que es muy importante que no convirtamos la armonización en un fetiche por su propio bien, y que reconozcamos que la Unión Europea no es únicamente el mercado único. Muchas de las preguntas que se están planteando actualmente acerca de la normativa escandinava sobre el alcohol, las «guest beers», la franquicia arancelaria, el IVA, etcétera, nos llevan a pensar que si la implantación del mercado único se hace impopular entre los electores de la Unión Europea, como sin duda sería el caso si se eliminara por completo la normativa sobre la «guest beer», y si sus efectos fueran al final perjudiciales, no se debería insistir en ello, y la Comisión debería mostrar una actitud más abierta y flexible en este respecto.

Monti
La pregunta es tan general que podría haberse formulado perfectamente hace unas horas durante el debate general sobre el mercado único.
Quiero decir que, ciertamente, la política de la Comisión se propone no convertir la armonización en un fetiche. Todos sabemos que, a menudo y quizá de forma involuntaria, tras lo que aparentemente es la protección de una u otra situación regional, se esconde el elemento proteccionista. No cabe duda de que el mercado único, cuyo único inconveniente es que aún no se haya implantado como a todos nos gustaría, tiene la indiscutible virtud fundamental de aumentar la opción del consumidor, y el consumidor, naturalmente, debe beneficiarse también en este caso.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Angela Billingham (H-0882/96):
Asunto: Arrendamientos turísticos en España
La Ley de Turismo 7/1995 promulgada en España, que entrará en vigor en julio de 1997, tiene como consecuencia obligar a todos los dueños de propiedades dentro de un complejo de apartamentos a no arrendar éstas o a ceder los derechos exclusivos de arrendamiento a una sola agencia, encargada de todo el complejo. Esto priva a los propietarios de la libertad personal de utilizar su propiedad cuando deseen y resultará en graves problemas económicos para numerosos propietarios con compromisos financieros.
¿No conculca esta norma legislativa de modo directo las libertades personales y cívicas? ¿No constituye una total vulneración de la libertad de prestación de servicios en la Unión Europea?

Monti
La Comisión ha llevado a cabo un estudio completo de la Ley de Turismo 7/1995 desde la perspectiva del derecho de establecimiento y para comprobar su compatibilidad con la libertad de prestación de servicios. En particular, el estudio de las disposiciones relativas al arrendamiento turístico a través de una agencia autorizada demuestra que dichas disposiciones no son discriminatorias y se aplican tanto respecto a los propietarios de nacionalidad española como a los nacionales de otros Estados miembros.
Estas cláusulas se introdujeron a fin de proteger a los turistas en cuanto usuarios de servicios -me refiero al párrafo 2 del artículo 1 de la Ley- objetivo este último que equivale al de protección de los consumidores y que fue reconocido por el Tribunal de Justicia Europeo como de obligado cumplimiento en beneficio del interés general.
En las actuales circunstancias, las viviendas y, si fuera necesario, los edificios deben satisfacer, además de otras, algunas normas de higiene, limpieza y seguridad. Dada la importancia que reviste el arrendamiento de apartamentos en las Islas Canarias y, a pesar de que las nuevas medidas adoptadas, pueden resultar incómodas para los propietarios, las mismas parecen adecuadas para garantizar la consecución del objetivo fijado y, a dicho efecto, no van más allá de lo necesario. Sin embargo, conforme a las disposiciones de la Ley, las medidas de referencia entrarán en vigor a partir del 20 de julio de 1997. Por consiguiente, será posible llevar a cabo una evaluación global del nuevo régimen sólo a partir de dicha fecha.

Billingham
Quiero dar las gracias al Sr. Comisario por la respuesta que me ha dado, aunque ésta no me tranquiliza en absoluto. Tras haber escuchado su respuesta a la anterior pregunta, veo similitudes directas cuando hablamos de examinar la práctica discriminatoria. Siempre pienso que toda ley que se apruebe y que tenga carácter retroactivo, desencadena también todo tipo de problemas. Debo decir que aunque estamos analizando las inquietudes de los turistas, creo que los propietarios han recibido un trato bastante injusto. Ellos dicen, y sospecho que con razón, que el valor de su propiedad se verá seriamente reducido. Por ello creo que es muy lamentable que yo reciba esta respuesta negativa de la Comisión, porque creo que, como han dicho otros oradores anteriormente, la imagen del mercado único es muy importante, al igual que nuestra colaboración con otros Estados miembros. Sospecho que se trata del tipo de asunto que no se limita a los propietarios procedentes del Reino Unido, sino también de otros países, y no queremos que esto sea visto como un nuevo motivo de queja. Sospecho que a menos que hagamos algo, eso será lo que suceda.

Monti
Hemos examinado la cuestión desde varias perspectivas. Nos hemos preguntado, en particular, si detrás de la protección de los turistas en su calidad de usuarios de servicios, la finalidad principal de la ley era regular todo tipo de arrendamiento en las islas Canarias y, en consecuencia, privar a los propietarios de sus derechos, y nuestra respuesta fue que, fundamentalmente, no es así. El sistema introducido por esta ley es aplicable únicamente a los arrendamientos turísticos, otros tipos de arrendamientos entran dentro de la normativa del Código Civil español, según especifica la propia ley. También podríamos preguntarnos si la protección de los turistas no es a expensas de los propietarios de los complejos, aspecto introducido por la Sra. Billingham, en la que los propietarios deben soportar toda la carga de dicha protección. En respuesta a esa pregunta, quisiera decir que la ley que ha aprobado el Parlamento canario no intenta proteger a los turistas únicamente cuando éstos alquilan su alojamiento, sino siempre que puedan ser considerados usuarios de servicios turísticos. Por consiguiente, muchas categorías de proveedores de servicios como restaurantes, agencias de viajes, clubes deportivos y empresas de transportes tienen que cumplir también una serie de requisitos, entre los que se incluye la cualificación profesional, para poder obtener la autorización de ejercer sus actividades.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Karin Riis-Jørgensen (H-0884/96):
Asunto: Profesores de esquí daneses en Italia y Francia
En relación con la controversia jurídica del invierno pasado entorno al derecho de los profesores de esquí daneses a ejercer su profesión en Francia y de problemas similares en Livigno, ¿puede contestar la Comisión a las siguientes preguntas?
¿Puede garantizar la Comisión que los profesores de esquí daneses en posesión de una «equivalence» podrán enseñar a ciudadanos daneses en Francia sin complicaciones jurídicas deriva de la falta de congruencia entre la legislación nacional francesa y la legislación de la UE? ¿Cuándo piensa dar a conocer la Comisión su posición acerca de la adaptación de la legislación francesa a la legislación comunitaria?
¿Puede confirmar la Comisión que conforme a la legislación italiana, los profesores de esquí daneses sólo pueden ejercer su profesión en Italia en la medida en que cumplan una serie de cualificaciones que se les piden para su inclusión en el registro profesional de profesores de esquí de la región? ¿No contraviene esta práctica los principios del mercado interior?

Monti
La Comisión está al corriente de las dificultades encontradas por los profesores de esquí daneses en Francia durante la temporada de esquí 1995-1996. Varios profesores de esquí extranjeros -alemanes, británicos y daneses- fueron detenidos por la policía francesa por no estar en posesión ni de un título francés ni de un título extranjero, reconocido como equivalente por las autoridades francesas para el ejercicio de la profesión.
Los servicios de la Comisión consideran que la legislación francesa contraviene el artículo 59 del Tratado, que sanciona la libre prestación de servicios. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no está autorizado para imponer a los prestadores de servicios las mismas condiciones impuestas a las personas establecidas de forma permanente en su territorio. En los últimos meses, los servicios de la Comisión han venido celebrando frecuentes reuniones con las autoridades francesas para solucionar este problema.
La Comisión reconoce que está en juego una cuestión de interés público propiamente dicha, como es la seguridad de todos los que utilizan las pistas de esquí. La misma, sin embargo, ha intentado conciliar esta exigencia fundamental con los derechos garantizados por el Tratado.
Las autoridades francesas presentaron unas propuestas de medidas, que deberán adoptarse cuanto antes, que permiten a los profesores de esquí, nacionales de otros Estados miembros, prestar sus servicios en Francia sobre la base de una simple declaración, renovable cada año. En casos excepcionales, y por motivos de seguridad pública, la concesión de la autorización podría quedar supeditada a pruebas adicionales: en primer lugar, en los casos en los que exista una diferencia sustancial del nivel de competencia técnica, sería obligatoria una prueba técnica similar a la que se someten los profesores de esquí franceses; en segundo lugar, el candidato podría someterse a una prueba que permita comprobar que conoce las condiciones medioambientales en las que se practica dicho deporte, es decir el sistema francés de información sobre los riesgos meteorológicos, los servicios de socorrismo, etcétera.
Las autoridades francesas se comprometieron a tramitar con la máxima celeridad todas las solicitudes presentadas de conformidad con las nuevas normas, a fin de garantizar que el sistema funcione plenamente en la próxima temporada y a aplicar, de hecho, las nuevas normas incluso antes de su adopción formal. Las mismas garantizarán, en particular, que las pruebas que acabo de mencionar se celebren de forma regular y, de todos modos, cada vez que fuera necesario para satisfacer la demanda. La Comisión considera que con la adopción de estas medidas se garantizará la adaptación de la legislación francesa al artículo 59. La misma, como es obvio, vigilará de cerca la aplicación de dichas disposiciones, a fin de garantizar que los trámites llevados a cabo por las autoridades francesas sean conforme con el Tratado. A mi juicio, éste es un buen ejemplo de solución concreta de un problema, a raíz de una intervención de la Comisión ante las autoridades del Estado competente.
Los servicios de la Comisión han sido informados de que también en Italia existen problemas similares. Hasta ahora, sin embargo, no hemos recibido denuncias específicas. Como es obvio, se aplicarán los mismos principios y los servicios de la Comisión han solicitado a las autoridades italianas más información sobre su legislación en la materia. En el caso de que se comprobara que las normas italianas violan el Derecho comunitario, la Comisión adoptará las medidas necesarias para poner fin a dicha violación.

Riis-Jørgensen
Muchas gracias, señor Comisario. Quiero expresar mi gratitud por que haya usted intervenido en estos temas, lo que demuestra realmente que las palabras «los ciudadanos, primero» tienen un significado especial. Espero con ilusión que se modifiquen las normas, pero tengo otro problema. Se trata de las pruebas que tienen que pasar los profesores de esquí. He recibido muchas cartas de profesores de esquí que dicen que resulta casi físicamente imposible cumplir las normas, pues se les impone una especie de barrera comercial al someterles a pruebas sumamente difíciles. En la práctica, hace falta ser campeón mundial de eslalon para obtener la acreditación como profesor. Estas normas se aplican a los profesores daneses y británicos, mientras que existe una cooperación entre los llamados países alpinos, Francia, Austria e Italia, que reconocen mutuamente sus exámenes sin problemas. Por tanto, le agradecería que investigara si se trata realmente de una barrera comercial o una barrera para el ejercicio de la profesión, ya que se exige mucho más a los profesores de esquí nórdicos que a los procedentes de los países alpinos.

Monti
Le doy las gracias, Señoría, por sus amables palabras. Como usted sabe, se trata de una materia que sigo con atención, siendo, por otra parte, un deber de la Comisión hacerlo. Como es natural, en el ámbito de este seguimiento, que no dejará de prestarse por el hecho de haber conseguido el resultado deseado, la Comisión seguirá de cerca la aplicación de las nuevas normas y, si se comprobara que las mismas se aplican de forma demasiado restrictiva, adoptará las disposiciones adecuadas. Ésta es una materia que seguimos teniendo en observación y bajo vigilancia.

Billingham
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta. Deseo formular la pregunta en nombre de la Asociación británica de instructores de esquí, ya que es un asunto que también les concierne a ellos. Los instructores británicos sienten una gran preocupación por las causas que ha expuesto mi colega danesa. Consideran que las pruebas a las que son sometidos son injustas. Sé que usted examinará la situación. Usted ya ha mencionado la observación que yo quería hacer y, en ese sentido, ha dicho que había iniciado negociaciones con las autoridades francesas y que espera poder llegar a una solución de este problema. Creo que ha hablado de la próxima temporada. La cuestión que deseo plantear es que es imprescindible que la situación quede aclarada lo antes posible, porque la temporada de esquí ya la tenemos prácticamente encima, y queremos asegurarnos de que los instructores de esquí británicos y daneses tienen la oportunidad de enseñar en los Alpes a partir de esta temporada.

Monti
La Comisión sabe perfectamente que el deporte del esquí presenta un faceta muy de temporada. Por esto, hemos ejercido la debida presión sobre las autoridades francesas, concediéndoles un margen de tiempo no indeterminado, sino que tuviera en cuenta el carácter estacional del tema que estamos abordando. Como acabo de manifestar en mi respuesta anterior, tal vez de forma algo sucinta, las autoridades francesas adquirieron el compromiso de tramitar con la máxima celeridad todas las instancias presentadas con arreglo a la nueva normativa, a fin de garantizar que el sistema funcione plenamente a partir de la próxima temporada, y de aplicar, de hecho, las nuevas disposiciones incluso antes de su adopción formal. En este supuesto, nos encontraríamos ante un caso no de aplicación tardía, sino más bien de aplicación preventiva de normas que todavía no han entrado en vigor.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Elly Plooij-van Gorsel (H-0895/96):
Asunto: Obstaculización de las empresas transfronterizas por la legislación en materia de automóviles
Un empresario neerlandés residente en los Países Bajos y propietario de una empresa con sede en los Países Bajos y en Alemania puede obtener una licencia para conducir un automóvil con matrícula alemana (licencia 3 de conformidad con el sistema aduanero neerlandés). Esto es especialmente importante para visitar a los clientes alemanes. Sin embargo, ese automóvil no puede utilizarse en los Países Bajos por motivos profesionales. Si en el viaje de regreso de Alemania a los Países Bajos el empresario decide visitar a un cliente neerlandés, se arriesga a tener que pagar una multa. De esta forma, el empresario se ve obligado a poseer dos automóviles con matrículas distintas para cumplir la legislación neerlandesa. De los contactos mantenidos con la Comisión se deduce que este problema también existe en el tráfico transfronterizo en otros Estados miembros. Por otra parte, en diversas ocasiones se han denunciado casos similares ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
¿Considera la Comisión que con ello se obstaculizan las actividades de las empresas transfronterizas y el funcionamiento del mercado interior? ¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión al respecto?

Monti
La Comisión es consciente de la dificultades que existen en un cierto número de Estados miembros con relación a la utilización de automóviles por parte de personas residentes en zonas transfronterizas y que por motivos de trabajo están obligadas a frecuentes desplazamientos en el territorio de dos o más Estados miembros. Estas dificultades a menudo se derivan del hecho de que, con arreglo a las condiciones establecidas en el momento de la introducción del mercado único, los Estados miembros conservaron la facultad de mantener o adoptar impuestos sobre bienes o servicios, como los que gravan los automóviles. En realidad, todos los Estados miembros, excepto dos, aplican un impuesto sobre el alta de automóviles y dichos impuestos no están sujetos a la normativa comunitaria. Los mismos pueden variar sensiblemente, como de hecho sucede, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, el tipo impositivo, el fin y los medios de aplicación. Asimismo, los quince Estados miembros en su conjunto aplican impuestos de circulación sobre la base de criterios muy diferentes y tipos impositivos muy distintos.
Normalmente, los automóviles deben ser dados de alta en el Estado miembro de residencia del propietario. Asimismo, se suele prohibir la utilización, en el Estado miembro de residencia, de un vehículo dado de alta en otro Estado miembro. Por consiguiente, es inevitable que se originen algunas dificultades en el supuesto de trabajadores residentes en zonas transfronterizas, agentes comerciales, etcétera.
Éste es uno de los problemas relativos a la imposición de los automóviles que más me preocupa por sus repercusiones en el buen funcionamiento del mercado único. Sus Señorías están al corriente, creo, que mis servicios están llevando a cabo un estudio global acerca de todos los aspectos de la imposición en materia de vehículos en Europa. Esto es necesario, habida cuenta de que, por un lado, cada Estado miembro aplica una serie de medidas fiscales dirigidas a distintos fines y, por otro, dichas medidas a menudo generan inevitables formas de interacción. El problema planteado por su Señoría representa uno de los aspectos específicos que pedí que se examinara en el ámbito del estudio sobre la imposición fiscal de los automóviles, un estudio que, como ustedes saben, figura en el programa de trabajo de la Comisión del año 1997.

Plooij-Van Gorsel
Gracias, señor Monti, por esta respuesta. El problema que le expongo tiene que ver con los trabajadores en la zona fronteriza. Por consiguiente, no se trata de la circulación fronteriza de trabajadores que pasan de un lado al otro. Se trata de un propietario de una empresa de los Países Bajos que hace poco compró una segunda empresa en Alemania. Por consiguiente, se trata de un pequeño y mediano empresario, al que tanto queremos estimular en Europa porque crea empleo. La aduana neerlandesa no permite que este nuevo empresario, que ahora tiene dos empresas, una en Alemania y otra en los Países Bajos, utilice en los Países Bajos un coche con matrícula alemana, con el que visita a sus clientes alemanes, aunque cumpla todas las obligaciones fiscales. Simplemente, no está permitido. Podría hacerlo si este señor fuera trabajador, pero no si es empresario. Y ahí está la diferencia. La aduana neerlandesa tiene una legislación especial que obstaculiza enormemente las actividades de las empresas transfronterizas. De eso se trata ahora. Pienso que en la Unión Europea hemos de fomentarlo.

Monti
Le agradezco, Señoría, esta puntualización y esta ulterior aclaración acerca de la cuestión. La cuestión estriba en que el vehículo está matriculado en Alemania, donde los impuestos son más bajos, mientras que los Países bajos consideran que el vehículo se utiliza en los Países Bajos y, en consecuencia, debe estar sujeto a imposición en dicho Estado. La libre utilización de los vehículos en toda Europa exige una armonización global de los impuestos, lo que es difícil, habida cuenta de que no sucede así para otro bienes. En consecuencia, como se puede comprobar, la fuente del problema es, en definitiva, de carácter fiscal. Ante la existencia del problema, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que se trata de un problema y de un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado único. Es por esto que decidimos llevar a cabo el estudio al que me he referido hace unos momentos.

El Presidente
El turno de preguntas queda cerrado. Las preguntas no examinadas por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito.
(La sesión, interrumpida a las 19.27 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Restitución de bienes culturales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0309/96), en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el Anexo de la Directiva 93/7/CEE del Consejo (C4-0379/96-95/0254(COD)) relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro (Ponente: Sr. Escudero)

Escudero
Señor Presidente, el principio general de la libre circulación de bienes y mercancías en el seno de la Unión fue objeto de las oportunas restricciones a propósito de las obras de arte calificadas por los Estados miembros como parte de su tesoro y patrimonio nacional. Se arbitró así una catalogación de los bienes culturales que, a partir del tope económico fijado para cada uno de ellos, necesitaban autorización para ser exportados o bien, de conformidad con la directiva que nos ocupa, debían ser restituidos al Estado miembro si es que habían salido ilegalmente de él.
Ese catálogo, sin embargo, resultaba conflictivo para ciertos bienes culturales -las acuarelas, pasteles y aguadasque en determinados países eran considerados dibujos, con un montante económico, y en otros como pinturas, con montante económico distinto. De esta suerte, la solución arbitrada -que mereció la aprobación por unanimidad- fue el establecimiento de una categoría intermedia para esos bienes algo superior al de los dibujos y muy inferior al de las pinturas.
A la aprobación del Parlamento Europeo -por unanimidad, en primera lectura- siguió la aprobación del Consejo, sin modificaciones de fondo de la propuesta en su posición común. El Consejo, sin embargo, aportó dos modificaciones a la propuesta de la Comisión: una relativa al procedimiento y otra de carácter técnico. La primera consiste en que, a fin de garantizar la entrada en vigor simultánea de esta propuesta y de aquella otra que modifica el reglamento relativo a la exportación de bienes culturales, dado que son dos textos -el reglamento y la directiva- interdependientes y con un anexo común, se sugería que el plazo de seis meses fijado para la incorporación de la directiva se contara a partir de su publicación y no de su adopción.
La segunda modificación, a su vez, consistía en precisar que cierta nota a pie de página del anexo -la nº 1- se aplicara a la nueva categoría -la 3 bis- que se había creado para las acuarelas, aguadas y pasteles.
A mi parecer, señor Presidente, tanto la prescripción relativa al plazo de incorporación de la directiva como esta otra de la nota a pie de página que, lógicamente, debe extenderse también a la nueva categoría 3 bis, son sumamente razonables y coadyuvan a una equitativa aplicación de la norma cuya modificación ha votado esta Asamblea.
Así pues, desde esta casi absoluta soledad en el hemiciclo, me permito requerir el apoyo de la Asamblea para esas dos propuestas y contribuir, en definitiva, a la normalización de lo establecido en la directiva.

El Presidente
Espero que mañana, durante la votación, tenga la compañía de la Asamblea.

Féret
Señor Presidente, Señorías, la directiva del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales suscita nuestro entusiasmo y despierta una gran esperanza pues, cada Estado miembro podrá, si así lo desea, restituir los bienes culturales que salieron de forma ilícita del territorio de otros Estados miembros antes de 1993.
A finales del siglo XVIII, Bélgica vivió uno de los períodos más sombríos de su historia. En aquel momento mi país fue víctima de un saqueo de obras de arte sistemáticamente organizado por la Francia revolucionaria. Iniciado en 1792, después de la batalla de Jemappes, e interrumpido en 1793, este saqueo se reinició con más intensidad después de la batalla de Fleurus en 1794. La orden dada por Francia fue sacar de Bélgica todo el oro y plata posibles. Charles-Hilaire Laurent, miembro de la Convención en misión en nuestro país, escribía en aquella época al Comité de Salvación Pública: »Sacaremos minuciosamente de este país todo aquello que pueda embellecerlo y convertirlo en el más hermoso del universo.» Esta decisión fue escuchada y fueron robados cientos de manuscritos de un valor inestimable y libros antiguos únicos, muchas obras de nuestros grandes pintores como Rubens, Jordans o Van Eyck, fueron llevadas a París y, en marzo de 1795, se creó la Agencia de Comercio y Extracción de Bélgica. Un historiador francés declaró: »Los cuadros de las iglesias de Bélgica fueron sacados sin cumplidos y enviados a París por el simple derecho de conquista.»
Ya en 1792, Dumouriez había tomado conciencia de este asalto, entonces solamente en sus inicios. En una carta, dirigida a La Fayette, constataba que el saqueo de los pueblos de Europa formaba parte de la Revolución.
Actualmente se puede leer en la reseña destinada a los visitantes del museo de Caen: »En 1801, la ciudad de Caen recibió un segundo envío de cuadros, que habían sido traídos (hermoso eufemismo) por Napoleón en el transcurso de sus campañas.» En 1818, los Aliados reclamaron las telas procedentes de sus países pero, gracias a la inteligencia (nuevo eufemismo) del conservador, no se devolvió ninguna obra de importancia.
Señor Presidente, Señorías, en 1945 la Alemania vencida restituyó a Bélgica las cuarenta obras de arte robadas en nuestro país por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Me atrevo a esperar que Francia, vencida en 1815 en Waterloo, hará su acto de contrición y devolverá a Bélgica todas las obras sacadas por los diabólicos revolucionarios.

Monti
Señor Presidente, no puedo ser más breve que el honorable ponente que, con toda la razón, les propone que aprueben la posición común del Consejo. En efecto, a semejanza del dictamen de esta Asamblea durante la primera lectura, la posición común aprueba sin modificaciones de fondo la propuesta de la Comisión, y tengo que felicitarme por ello ya que la adopción definitiva de esta propuesta, que así se hace posible, permitirá en lo sucesivo garantizar un trato idéntico para las aguadas, pasteles y acuarelas en el conjunto de la Unión en materia de restitución de bienes culturales que hayan salido de manera ilícita del territorio de un Estado miembro.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Vigilancia epidemiológica
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0287/96) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0078 - C4-0189/96-96/0052(COD)) por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad Europea.

Cabrol
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de decisión del Parlamento y del Consejo por la que se crea una red de vigilancia y control de las enfermedades transmisibles en la Unión Europea llega en el momento preciso. Como ha destacado mi ilustre colega, están reapareciendo enfermedades (como la tuberculosis), aparecen otras que no se consideraban importantes, y la encefalopatía del tipo Creutzfeldt-Jakob es un ejemplo. Por consiguiente, era esencial que nos preocupáramos por la vigilancia de las enfermedades transmisibles. El ciudadano europeo necesita esta vigilancia para estar tranquilo y, para ello, es preciso que la Unión Europea pueda conocer las diferentes enfermedades transmisibles, dar la alarma en caso de aparición de un peligro y actuar en consecuencia.
Para «conocer», evidentemente, es preciso que informadores competentes recojan datos fiables y los transmitan a informadores que los reúnan. En este sentido nos parece esencial que esta red sea de una excelente calidad y que converja en un centro común, donde se recojan todos los datos que, para ser utilizables, deberán armonizarse y cuyas definiciones habrán de ser las mismas en todos los Estados miembros. Por ahora lamentamos que todos los Estados miembros no tengan una red de informadores tan avanzada como la de algunos Estados. No podemos conformarnos con algunas observaciones clínicas sino que, como he señalado, sería necesario, cada vez que ello sea posible, un cierto número de observaciones bacteriológicas, para detectar las diferentes cepas microbianas consideradas peligrosas.
Por tanto, conocer es el primer objetivo, pero también es necesario poder «alertar», lo que implica obligatoriamente que esos datos sean centralizados por una agencia que permita vigilar en todo momento la evolución de esas enfermedades. Esta agencia, que yo he propuesto en diferentes informes, deberá ser un verdadero observatorio europeo de la salud, encargada de ver si aparecen nuevos peligros y amenazas, y capaz de alertar oportunamente. En efecto, no basta con tener una serie de datos, es necesario que haya un organismo central que pueda prever, que pueda sobre todo sospechar de cualquier amenaza y prevenir de ella a todos los Estados miembros.
Pero no basta con alertar. Es necesario que el organismo que ha detectado el peligro y que ha recogido y reunido los datos pueda «actuar» al menos incitando a los Estados miembros a luchar contra la epidemia, o mejor aún, que pueda dictar la actuación a seguir.
Sé que esto plantea enormes problemas en el marco de la Unión Europea donde la subsidiariedad sigue siendo un elemento esencial, pero cuando se trata de la salud de los ciudadanos europeos, esta subsidiariedad debe dejar lugar a la seguridad y es absolutamente necesario que el organismo central que hemos definido se vea dotado de los medios indispensables para incitar, incluso obligar, si no convencer a los Estados miembros a tomar las disposiciones necesarias.
Aun disponiendo de los medios indispensables, todavía será necesario garantizar la financiación pues resulta sorprendente constatar que, en la actualidad, no hay asignado absolutamente ningún crédito a este programa.
Como conclusión diré que, si deseamos disponer de los medios para vigilar perfectamente la evolución de las enfermedades transmisibles actualmente y poder proteger a nuestros conciudadanos, es importante disponer de los medios suficientes para construir un observatorio europeo de la salud, que sea al mismo tiempo eficaz en la detección, en la alerta y en la protección de los ciudadanos europeos.

Needle
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría hacer una breve observación, y es que mi estimado colega, Sr. Ken Collins, se sentirá encantado, o así lo espero, al ver cómo me precipito en este tema. Que alguien llamado «Needle» [aguja] hable sobre vacunas e inyecciones creo que, ciertamente, despertará su sentido del humor.
Dejando de lado las bromas, me complace enormemente mostrar mi satisfacción por este cuidadoso informe y agradecer al Profesor Cabrol el esfuerzo que ha dedicado a su elaboración. El Grupo Socialista no dudará en apoyar su paso por el Parlamento, y desea que entre en vigor cuanto antes.
Permítame asimismo mostrar mi satisfacción por el hecho de que la Comisión haya presentado este análisis y estas propuestas tras varios años de preparativos, en particular, en lo relativo a su observación de que no es fácil realizar un análisis exhaustivo de la situación actual, y mucho menos emitir un dictamen sobre la misma. De hecho, resulta especialmente adecuado que ahora demos nuestro apoyo a esta iniciativa. En primer término, el contexto de la crisis de la ECJ ha dominado los debates sobre la salud que se han celebrado en Europa desde hace más de un año. Pero 1996 marca también el 200 aniversario de la primera vacuna realizada con éxito por Edward Jenner en Inglaterra.
Ahora, gracias a los avances médicos y sociales podemos prever la erradicación de enfermedades como la lepra, la poliomielitis y la oncocercosis. Pero las diez principales causas de mortandad en el mundo continúan siendo agentes infecciosos, muchos de los cuales pueden prevenirse o curarse con apenas un dólar por persona. Si no lo hacemos, se producirán 50 millones de muertes al año por enfermedades transmisibles. Hace algunos meses, el director general de la Organización Mundial de la Salud alertó de que el mundo se encuentra al borde de que se desate una crisis global de enfermedades infecciosas. «Ningún país es inmune», fue su advertencia. En semejantes circunstancias, ninguna comunidad puede ignorar la amenaza, especialmente una comunidad que es relativamente tan rica como la Unión Europea.
Avanzar en este ámbito es posible y necesario. La Organización Mundial de la Salud ha tomado la iniciativa mediante reglamentos y programas de vacunación, pero el informe de la Comisión muestra un panorama mundial, cuando menos, errático, en el que no existe coordinación entre las redes sanitarias ni en los países en desarrollo ni en gran parte de la Europa oriental, donde las privaciones económicas y sociales son un factor clave.
Es significativo que ésta sea una propuesta a corto o medio plazo como mucho, y muchos de los que componemos este Parlamento están de acuerdo en que podemos y debemos hacer muchísimo más de lo que se propone, y que no lo hacemos como consecuencia de las mentes estrechas de los Estados miembros. Por ello es importante que en el plazo máximo de cinco años se lleve a cabo una evaluación y una revisión en profundidad del papel que tiene la red de la UE, y que este Parlamento sea debidamente informado. A ello se debe también que la lista de enfermedades y agentes patógenos que se incluya en el sistema de vigilancia sea adaptable. Durante los últimos 20 años han aparecido 30 enfermedades transmisibles nuevas. Pensemos tan sólo en el SIDA, la legionelosis, el virus ébola, la hepatitis C y E y los nuevos tipos de cólera, que según acabo de oír, están afectando ahora a los refugiados del Zaire. A ese ritmo, la revisión dentro de cinco años podría detectar una media docena más de enfermedades. Pero la cuestión clave es cómo se propone la UE intervenir en los acontecimientos mundiales y nacionales. Está clarísimo que los organismos internacionales de salud son, cuando menos, reacios al concepto de añadir otra capa más de burocracia. Prefieren que los temas como la creación de capacidad en los Estados miembros sean abordados dentro del marco existente, con cascadas de información común.
Eso significa francamente que es poco probable que se destinen fondos para algo más imaginativo. Además, hay que tener en cuenta la competencia de la OMS, el proyecto del G-7 y las negociaciones actualmente en marcha con los Estados Unidos. Los contactos permanentes serán cruciales, al igual que un acuerdo rápido sobre tecnologías y términos comunes y la formación de los usuarios.
Por ello mantengo mis reservas, pero la comisión se ha guiado por la opinión del Profesor Cabrol de que un Centro europeo de vigilancia epidemiológica es algo deseable, y debemos esperar la opinión del Consejo con interés. Aunque existe un firme acuerdo de que lo más urgente de todo es disponer de información clara, exacta y rápida y que sea fácilmente asequible. Me parece que la UE se encuentra en una posición ideal para convertirse en un radio sólido, cuando no en el propio eje de esa importante rueda. Apoyaremos a la Comisión y al Profesor Cabrol para que trabajen hasta convertirlo en una realidad.

Valverde López
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme a los comentarios que ha hecho el profesor Cabrol y felicitarle por su trabajo. No podemos olvidar que esta propuesta de decisión es complementaria de otra que hemos estudiado recientemente sobre la vigilancia general sanitaria, y como tal hay que verla. También debemos recordar otras iniciativas como el Centro europeo de vigilancia epidemiológica del sida, que se puso en marcha en 1987, y otras parecidas. Es decir, que ya la Unión Europea tiene establecidas bastantes iniciativas en este ámbito.
El Parlamento Europeo tiene la obligación esencial de apoyar a la Comisión en todas estas propuestas, pues hay que reconocer que las está haciendo en un plazo breve y cumpliendo el espíritu y la letra del Tratado de Maastricht. Pero también tenemos que hacer un llamamiento a los Estados miembros para que refuercen, estimulen y complementen estas acciones pues, de otro modo, no se van a conseguir los objetivos que se están planteando.
Además, como la situación sanitaria en Europa está demostrando que la prevalencia en este tipo de transmisión de enfermedades está aumentando de forma alarmante, nosotros tenemos que denunciar desde este Parlamento que se trata de una situación inaceptable para un área geográfica, económica y social como Europa. Aquí hay un claro fallo de las políticas de prevención sanitaria de todos los Estados miembros y, por lo tanto, hay que tomar medidas activas. Hay que recordar, y lo vengo denunciando insistentemente, que los Gobiernos sólo están dedicando en Europa una media del 2, 4 % en medicina preventiva, cantidad claramente insignificante para los desafíos que hay que afrontar en estos momentos, cuando las fronteras prácticamente ya no existen a nivel mundial y, por lo tanto, las posibilidades de transmisión ya son múltiples. No se puede ya seguir hablando de enfermedades de países subdesarrollados puesto que todos podemos contraerlas en cualquier momento.
Hay un segundo elemento que deseo subrayar, y es el enfoque que hace la Comisión -que yo creo que tenemos que apoyar-, pues propone la coordinación y mejora de los sistemas existentes en vez de la creación de otros nuevos, salvo la necesaria coordinación de los mismos. Yo creo que se trata de una idea esencial que tenemos que desarrollar.
Y cuando se habla de sanidad obligatoria, señor Presidente, también hay que ocuparse de la confidencialidad de los datos recopilados, que plantea problemas éticos y jurídicos, y aquí en este Parlamento ya nos hemos ocupado de ello en diversas ocasiones. Pero además hay que hacer un llamamiento firme a los ciudadanos, con una llamada clara a la responsabilidad personal de los enfermos o portadores de algunas enfermedades transmisibles, ya que su comportamiento personal y su solidaridad son factores esenciales para cortar y controlar la transmisión de estas enfermedades.

Kaklamanis
Señor Presidente, no se presenta a menudo un informe sobre salud pública en este Parlamento. Por tanto, yo también celebro hoy la presentación del que nos ocupa, informe, que, como ha señalado mi antecesor en la palabra, es complementario de otro, y felicito a un médico en ejercicio, el Sr. Cabrol, por su labor.
Pedí la palabra, no para añadir algo esencial al contenido del informe, sino, principalmente, para apoyar la propuesta del Sr. Cabrol de crear, no ya una red, sino un Centro Europeo de Vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades contagiosas y, al mismo tiempo la aplicación de un sistema de alerta precoz, como él ha indicado.
El Centro tiene ventajas que no puede ofrecer la red de vigilancia que proponen la Comisión y el Consejo. Incluye la posibilidad de prevenir, la posibilidad de realizar investigaciones experimentales de las que extraer las líneas directrices para los Estados miembros, no ya sobre cómo tratar el problema cuando surja, sino sobre cómo prevenirlo y, ante todo, servirá para lanzar la voz de alarma con más antelación a través de sus representaciones en los países miembros, que deben existir. Será en definitiva un elemento que hará más eficaz la lucha contra el problema.
Para terminar, quiero expresar mi preocupación por lo que el Sr. Cabrol ha comentado en relación con la financiación de todo este asunto. Señorías, es más importante que el Parlamento Europeo encuentre la fórmula de recibir dinero de la Comisión para este objetivo que los 50 millones de ecus anuales aprobados para la campaña publicitaria de la Unión Económica y Monetaria. Ha llegado la hora de que dirijamos nuestra mirada hacia los pueblos de Europa y nos fijemos más en las personas que en las cifras.

Eisma
Señor Presidente, la crisis de la EEB nos ha tenido ocupados durante meses en Europa, y nos sigue teniendo ocupados. A todos nos ha preocupado mucho la incapacidad de la Unión Europea para reaccionar de forma adecuada a la enfermedad de la EEB. Este suceso vuelve a demostrarnos una vez más que la Unión carece de una política clara para luchar contra las enfermedades contagiosas. Los sistemas discrepan de un país a otro. No están coordinados y por tanto no son suficientemente eficaces. Sin embargo, el ciudadano europeo tiene derecho a que le avisen, a que lo tranquilicen. Por ello me parece muy lógico que se establezca una red europea que haga posible avisar a tiempo a todos los sistemas sanitarios, y coordinar medidas. ¿No es extraño que los gobiernos se escondan detrás del principio de subsidiariedad y se nieguen a participar en la creación de una estructura europea eficaz que haga posible incluir todos los sistemas sanitarios e informar sobre las enfermedades contagiosas y las epidemias?
Considero muy preocupante que el Consejo no parezca darse cuenta de la importancia de una red de este tipo y no esté dispuesto a facilitar suficientes recursos.

Marset Campos
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya totalmente el informe Cabrol, que mejora sustancialmente la propuesta de creación de una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en Europa. Es de destacar esta iniciativa por tres razones de gran actualidad: en primer lugar, porque en Europa están aumentando, como se ha dicho, las enfermedades infecciosas que reflejan -no hay que olvidarlo- que las condiciones sociales están empeorando y, con la política económica que se lleva, me temo que van a continuar empeorando. Por lo tanto, es imprescindible disponer de este instrumento para poder actuar adecuadamente.
En segundo lugar, porque, quizá, también como consecuencia de efectos colaterales de nuestra política, en los países del Este europeo están también aumentando de forma alarmante las enfermedades infecciosas y, por lo tanto, con la relación que existe, es un peligro evidente para nosotros.
Por último, hay un tercer ámbito geográfico de gran actualidad -África-, donde también, por otras razones, están aumentando de forma alarmante muchas enfermedades infecciosas, y por ello es también necesario tomar estas medidas.
Sin embargo, yo creo que habría que señalar que no es suficiente tener -como se ha dicho- la red de vigilancia para poder hacer las funciones que se han mencionado sino que, además, haría falta que adoptásemos, además de la prevención y tratamiento, medidas para erradicar las condiciones sociales que desencadenan estas enfermedades. Por lo tanto, sería imprescindible actuar en esa línea apoyando totalmente a la Comisión, el informe Cabrol y lo que va a hacer el Consejo.

Pradier
Señor Presidente, creo que es necesario agradecer a nuestro colega Christian Cabrol su trabajo que, como ha dicho, llega en su momento, pero que rápidamente se convertirá en una urgencia.
Es necesario saludar hoy la iniciativa europea, que supera un poco la pusilanimidad, las reticencias, las preocupaciones un poco estrechas o las subsidiariedades para, por fin, servir a la salud pública de todos nuestros conciudadanos europeos.
Ha destacado los tres objetivos más importantes; en primer lugar la recogida de la información, dando en este sentido indicaciones especialmente precisas sobre la naturaleza, el método y el carácter idéntico de las informaciones que se buscan; en segundo lugar la puesta en marcha de un sistema de alerta precoz de las administraciones responsables; finalmente la coordinación de las actuaciones. Estoy especialmente de acuerdo con lo que ha dicho cuando, en una inteligente graduación, ha mencionado que era necesario sugerir, después aconsejar, más tarde convencer y, si es necesario, obligar.
Es preciso decir que, actualmente, en Europa, casi todos los Estados tienen su red, su sistema y resulta evidente que es necesario unificar esas redes. Me gustaría sin embargo poder insistir en dos elementos. El primero es la existencia y el carácter especialmente activo de la Oficina Regional Europea de la OMS. Naturalmente, es con la Organización Mundial de la Salud, y en especial con sus centros colaboradores, que en Europa son especialmente activos, con quien será conveniente trabajar, y pienso que evitar la duplicidad será probablemente también una preocupación general.
El segundo elemento tiene relación con el contagio por vía oral, de una serie de enfermedades, entre las que la de Creutzfeldt-Jakob es un ejemplo muy importante. La encefalopatía espongiforme bovina nos ha mostrado las carencias de nuestro sistema actual. Es de esperar que esta iniciativa sea un primer paso hacia un progreso necesario en la protección de los ciudadanos. Para decir la verdad, habría que trabajar por la constitución de una gran administración, que podría ser análoga a la Food and Drug Administration tal como funciona en Estados Unidos y que hace verdaderas maravillas en la protección de los ciudadanos americanos.
Esperando esta constructiva innovación, es preciso en todo caso alegrarse de cualquier iniciativa que refuerce la solidaridad de los ciudadanos de la Unión y, más especialmente, de la iniciativa que acaba de tomar Christian Cabrol.

Martinez
Señor Presidente, el informe del profesor Cabrol, que todo el mundo coincide en reconocer como excelente, propone una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles. Se trata de una buena iniciativa, un tema de actualidad ahora que están reapareciendo antiguas enfermedades, bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos además de la aparición de nuevas patologías como el sida o la EEB. En fin, si entiendo bien al profesor Cabrol, es necesario rehacer Atlanta, incluso si ya tenemos las redes de vigilancia epidemiológica, estoy pensando en la EEB, lo que hace la Sra. Alterovitch, por ejemplo, en Francia.
Se crearía, pues, un centro europeo de vigilancia, un observatorio europeo. Profesor Cabrol, yo, cada vez que veo la palabra «europeo», no saco mi revólver pero me preocupa. Por otra parte, la Comisión de Investigación sobre la EEB ha mostrado que Europa tiene motivos reales para preocuparse. Me dice usted, para comenzar, que la primera misión de este observatorio sería «conocer». Pero cuando, en la Comisión de Agricultura, ante la Comisión, propongo clasificar las zoonosis potenciales, como lo hace la OMS o la Oficina Internacional de Epizootias, ¿quién se opone al término de zoonosis potencial, frente a las zoonosis comprobadas? sencillamente, la Comisión.
Dice usted «alerta precoz», pero ninguna autoridad europea ha alertado y, menos sin duda esos guiñoles del Comité Veterinario Permanente, del que hemos tenido un ejemplo en la Comisión de Investigación, con una danesa que ha irritado incluso a los más europeístas.
Dice usted «actuar», pero fueron los Estados nación, mediante el principio de subsidiariedad, los que permitieron actuar en el caso de la EEB. Todo lo que ha hecho la Comisión es perseguir a los cinco Länder alemanes que se negaron a comer o recibir carne de bovino británico. En este caso, señor Cabrol, veo al cirujano que llega al final y trata de manera sintomática.
Las causas verdaderas de todas estas enfermedades transmisibles son la inmigración, la droga, el subdesarrollo y el ultraliberalismo. Esto es lo que ha provocado el paro, lo que ha preparado el terreno para la miseria y lo que ha hecho resurgir la tuberculosis. Ha sido la construcción europea, por su ceguera, la que ha estado en el origen de la EEB, tanto como la más terrible de las enfermedades transmisibles; el prión ideológico en el origen de todo, es quizá la encefalopatía espongiforme europea, y en ese caso somos los médicos de alerta, señor Cabrol.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, en una excelente exposición de motivos, y con una excelente intervención hace unos minutos, el profesor Cabrol apoya, con sentido común y con rigor científico, las enmiendas que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor propone a este Parlamento.
Para ello parte de una pregunta, que debe ser la única que guíe en materia de salud pública a quienes representamos a los ciudadanos: ¿cuáles son las necesidades del ciudadano europeo? Nos parece mentira que, todavía en el Consejo, algún Estado miembro -cada vez menos según mis noticias; uno sólo en este caso- a través de sus Gobiernos, que también representan a los ciudadanos, no se hagan la misma pregunta, o bien consideren más importante otra pregunta que es: ¿qué competencias pierdo?
La subsidiariedad se ha convertido en una coartada moral de quienes no creen en el proceso histórico de la Unión Europea, de quienes se resisten a la desaparición de nuestras fronteras políticas. El carácter prudentísimo del artículo 129 del Tratado, en materia de salud, nos encomienda acciones concretas que apoyen las de los Estados miembros.
Si hay algo en materia de salud que requiera un enfoque transnacional, son las enfermedades transmisibles. Si hay algo de dimensión comunitaria, es la vigilancia epidemiológica y la necesidad de crear una red y un centro europeo con esta finalidad. Si hay alguna necesidad racional y científica en la legislación comunitaria, es una norma que obligue a los Estados miembros a armonizar sus legislaciones, a informarse mutuamente y a coordinar sus actuaciones en materia de enfermedades transmisibles. Confiemos en que así lo entienda el Consejo -o todos los miembros del Consejo-; así se lo pide, una vez más, este Parlamento, que acoge positivamente la propuesta de la Comisión y la enriquece, a nuestro juicio, con las enmiendas que ha aprobado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Flynn
Yo también me alegro de que estemos debatiendo la propuesta de decisión por la que se crea una red de vigilancia y de control de enfermedades transmisibles en la Comunidad Europea. Nos encontramos en un momento crucial porque, por primera vez, tenemos ante nosotros una medida que incentiva, como prevé el artículo 129 del Tratado de Maastricht, y adopta la forma de un instrumento jurídico vinculante. Un instrumento que impone obligaciones a la Comunidad y, sobre todo, a los Estados miembros, en términos de vigilancia y control de las enfermedades.
Hemos estudiado detenidamente el impacto de los recientes brotes de enfermedades transmisibles, y es mucho lo que la Comunidad puede mejorar en cuanto a su organización en este ámbito. Habida cuenta de las limitaciones jurídicas y financieras intrínsecas a la acción comunitaria en este sector, la Comisión llegó a la conclusión de que la contribución más eficaz y valiosa que podía hacer la Comunidad era crear una estructura y un procedimiento comunitarios para la vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles.
En ese sentido, la propuesta de la Comisión prevé un marco regulador para hacer ciertas cosas que me gustaría enumerar para la Asamblea: obligación de compartir la información y los datos sobre enfermedades transmisibles; obligación de notificar las enfermedades transmisibles; obligación de mantener una vigilancia rutinaria de enfermedades escogidas en base a unas definiciones y metodologías comunes, que deberán establecerse mediante el procedimiento de comitología; obligación de realizar consultas entre los Estados miembros sobre medidas de control y protección antes de ser introducidas, también a través de la comitología; obligación de coordinar las medidas preventivas que deben adoptar los Estados miembros mediante la comitología y las medidas de protección que deberán promulgarse a nivel comunitario, sobre todo en los casos de emergencia y en las fronteras comunitarias, mediante la comitología.
La finalidad de esta red sería la creación de un sistema para la estrecha cooperación y coordinación eficaz entre los Estados miembros en el ámbito de la vigilancia, tanto rutinaria como de emergencia. Estoy convencido de que mejorará la prevención y el control en Europa en buen número de enfermedades transmisibles graves o poco frecuentes que exigen la introducción de medidas para proteger a la población. El sistema que prevé la Comisión contiene algunas características específicas con objeto de producir el mayor valor añadido posible para la Comunidad.
El sistema propuesto es amplio. Su finalidad es cubrir todos los grupos de enfermedades transmisibles, incluidas aquellas que se transmiten por agentes no convencionales como la ECJ, que está causando tanta inquietud en estos momentos. Permítame que haga aquí un inciso para recordar a la Asamblea que la inclusión de la ECJ en estas propuestas tuvo lugar antes de se desatara la crisis y constituyó la respuesta más adecuada a las peticiones de medidas en el ámbito de la salud pública sobre la conexión entre la ECJ y la EEB. Permítame añadir también que la inclusión de la ECJ en las propuestas hace obligatoria la notificación de la enfermedad, lo cual llega mucho más lejos de lo que se había solicitado en esta materia.
El sistema también es global. Trata de la situación de las enfermedades transmisibles tanto dentro de la Comunidad, como fuera de su territorio. El sistema es progresivo sobre la base del marco general que proponemos, y el número de enfermedades transmisibles que debe mantenerse bajo vigilancia rutinaria es bastante limitado, pero podemos añadir nuevas enfermedades específicas si la evolución de la situación a nivel comunitario así lo requiere, y esto es algo a lo que se ha hecho referencia específica en este debate.
El sistema es también pragmático, porque se basa en las redes existentes, a las que se está dando mayor importancia y campo de acción, y permite la posibilidad de ampliar en el futuro la vigilancia -o de crear nuevos campos- a nivel comunitario, por ejemplo, de la tuberculosis.
Nuestra intención no es que exista un solo centro, situado en algún lugar de la Comunidad, sino varios centros de coordinación según los distintos grupos de enfermedades o a las necesidades de respuesta, proceso que permite a los Estados miembros mantener plena discreción sobre su participación. El sistema exige la participación de los Estados miembros en la creación de una red de vigilancia de enfermedades transmisibles a nivel comunitario, aunque dicha red se propone sin prejuicio de la vigilancia que se lleva a cabo a nivel nacional.
El sistema traza el marco comunitario para encontrar respuestas adecuadas -es decir, controlar las enfermedades. Las actividades de prevención y la intervención precoz no pueden llevarse a cabo en nuestra Comunidad sin fronteras sin un entendimiento mutuo y sin una coordinación adecuada de las medidas de prevención por parte de las autoridades de la sanidad pública, incluidas algunas que pueden tomarse en beneficio de todos a nivel comunitario sin necesidad de que exista armonización, implícita o explícita, de la legislación nacional. Éste debe ser nuestro objetivo en todo control de las enfermedades transmisibles.
Quisiera pasar a continuación al informe en sí y a las enmiendas presentadas, y agradezco al Profesor Cabrol su excelente labor. También doy las gracias a los miembros de la comisión que han ayudado a elaborar este informe. En cuanto a las 17 enmiendas, puedo comunicar a la Asamblea que la Comisión está en dispuesta a aceptar 12, en su totalidad o en parte. Aceptamos plenamente las enmiendas 9, 13, 14, 16 y 17 que hacen referencia exclusiva a los artículos y evidentemente mejoran la propuesta inicial. Aceptamos parcialmente las enmiendas 1, 2, 4, 5 y 6 relativas al texto, y otras dos sobre los artículos, que son las 12 y 15. En el caso de las enmiendas aceptadas en parte, la Comisión propone una nueva formulación.
Cinco enmiendas son inadmisibles para la Comisión. La enmienda 3 relativa al considerando 12 no es aceptable porque el texto debe ajustarse al artículo 129 del Tratado. Otras enmiendas relativas a los artículos tratan de añadidos que no tienen ningún objetivo real, bien porque son superfluos desde el punto de vista jurídico - enmiendas 10 y 11- o porque están implícitos, en el caso de la 7. La enmienda 8 que trata de la creación del Centro europeo es la enmienda más importante de cuantas debe rechazar la Comisión. Alteraría por completo la naturaleza de la propuesta de decisión de la Comisión, cuyo objetivo es la creación de una red. La Asamblea debe saber que la propuesta actual incluye temas reguladores que deben mantenerse bajo el pleno control de la competencia nacional y de las autoridades comunitarias.
Como sin duda ya saben, la Comisión declaró en el transcurso de unas conversaciones acerca del programa de acción comunitaria sobre la vigilancia de la salud, que estudiaría la idea de crear un observatorio de la salud, y hoy vuelvo a repetir que cualquier decisión adicional relativa a la creación de un observatorio tendrá que esperar al resultado del estudio de viabilidad. Estoy seguro de que el Parlamento comprenderá las razones por las que no se aceptan las enmiendas que acabo de mencionar. Espero que el Parlamento emita un dictamen favorable del marco jurídico que estoy intentando establecer, y que envíe una señal muy fuerte al Consejo para que examine su dictamen y la propuesta modificada de la Comisión.
Hoy ha celebrado una reunión el Consejo de Ministros de Salud, en la que ha habido un debate orientativo. Me sentí decepcionado por el tono general y el contenido de las intervenciones de los ministros de Salud. Es un asunto que deberá ser debatido más a fondo una vez que el Parlamento Europeo haya emitido su dictamen, pero aquí interviene el proceso de codecisión. Quisiera indicar a la Asamblea que necesito un apoyo muy fuerte del Parlamento Europeo para fortalecer la base en la búsqueda de un resultado positivo. Quisiera pedir el respaldo del Parlamento en este asunto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Flynn.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Programa comunitario
»Hacia un desarrollo sostenible»
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0300/96) de la Sra. Dybkjær, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)0647 - C4-0147/96-96/0027(COD)) relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sostenible» .

Dybkjær
Señor Presidente, en calidad de ponente de la Comisión de Medio Ambiente, me alegro de presentar este informe con sus correspondientes enmiendas. Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todos los que han intervenido, es decir, al Presidente, a los ponentes de otras comisiones, a los ayudantes y a los funcionarios de la comisión, por sus constructivas aportaciones al proceso, tanto técnicas como prácticas. El motivo del trabajo ha sido que, en relación con la aprobación del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, se decidió realizar una valoración a medio plazo, en 1995, basada en análisis concretos del desarrollo desde 1992. Con este motivo, la Comisión elaboró un informe de situación que fue complementado por un informe de la Agencia de Medio Ambiente. El informe de la Comisión es ligeramente optimista y además bastante lírico, habla del cuidado y del riego de semillas, yemas y flores. El informe concluyente de la Comisión, elaborado sobre la base del informe de situación, es más concreto. Faltan las necesarias modificaciones de actitud y la voluntad para recorrer el largo camino hacia la sostenibilidad. El informe de la Agencia de Medio Ambiente dice que la Unión Europea avanza en sus esfuerzos por reducir ciertos impactos medioambientales, pero no lo suficiente para mejorar la calidad general del medio ambiente y, sobre todo, no para garantizar un desarrollo sostenible. En otras palabras, si no tenemos cuidado, no tendremos muchas semillas, yemas ni flores que regar, ni hay garantías de que tengamos agua de buena calidad para regarlas. La conclusión es que la realidad de los procesos negativos anula las mejoras. Se requieren modificaciones para alcanzar los objetivos.
Hay que considerar el examen y el debate de la propuesta presentada por la Comisión sobre el telón de fondo de sus grandes palabras, tanto las de ahora como las de antes. Ha recibido fuertes críticas de todas partes por su carácter poco concreto; así lo ha confirmado indirectamente el director de la DG XI, al calificar la propuesta «directrices» para el trabajo de la Comisión, denominación en absoluto aplicable a una nueva evaluación sobre cómo alcanzar el objetivo del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. Las propuestas no indican nada de cómo será la situación en el año 2000. No hay coherencia entre los actos y las palabras.
Para corregir estas faltas, la comisión ha presentado 50 enmiendas, aprobadas prácticamente por unanimidad, en un intento de mejorar la situación. Debido a que la Comisaria ha criticado en público la forma de trabajar de la comisión con expresiones como errores de fondo y malentendidos, creo que debo explicar el desarrollo del proceso. La comisión debatió primero la posibilidad de devolver la propuesta a la Comisión con las palabras «para rehacer». Abandonamos esta idea por dos motivos. No teníamos confianza en que recibiéramos una propuesta mejor y perderíamos mucho tiempo. Una vez alcanzada esta conclusión, presenté en calidad de ponente 100 enmiendas que fueron aumentadas con otras 100 de otros miembros de la comisión. En la votación final se aprobaron aproximadamente 100 enmiendas. Después de este éxito -por llamarlo de alguna forma- se me rogó reducir el número de enmiendas en cooperación con los ponentes de los otros grupos, no por falta de apoyo a las propuestas, sino porque el número de enmiendas era excesivo para un procedimiento de cooperación. El trabajo se hizo, y como ya he dicho, los grupos se pusieron de acuerdo para dar prioridad a 50 propuestas de enmienda. En otras palabras, la Comisión de Medio Ambiente no considera inadecuadas las enmiendas presentadas, aunque reconocemos que, a pesar de la mala calidad de la propuesta inicial, sería imposible manejar tal número de enmiendas.
Ahora volveré al informe. La propuesta de la Comisión de una nueva evaluación es, en realidad, un paso atrás con respecto al Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente en su forma original. Las medidas positivas han quedado deslavazadas y no hay ni rastro de ningún plazo. Por eso, el objetivo principal de las enmiendas propuestas por una amplia mayoría es concretar las acciones, con indicación en varios casos de un plazo fijo para finales de 1997. La comisión sabe que este plazo no es realista, ya que en el mejor de los casos la propuesta será aprobada en 1997, pero dejamos así constancia de la urgencia de este tema, y sin calendarios ni prioridades concretas no tendríamos ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos.
Finalmente, sólo quiero añadir una cosa. La Comisión debe conseguir el apoyo de los Estados miembros. Sabemos que éstos a menudo se oponen a las propuestas relativas al medio ambiente, pero no llegaremos a ninguna parte si la Comisión no se pone al frente. Ser la fuerza propulsora en éste y en otros ámbitos es y seguirá siendo la función principal de la Comisión. Esto es lo que da sentido a la Comisión. Si falla en esta tarea, su existencia no tiene justificación. Por tanto, en vez de criticar la labor de la Comisión de Medio Ambiente y las enmiendas, la Comisión debería estar contenta del apoyo que brinda el Parlamento Europeo al medio ambiente con estas enmiendas. Se supone que deberían servir para que la Comisaria tenga una mejor posición negociadora ante la Comisión y ante el Consejo. En otros casos, el Parlamento Europeo ha podido observar que los comisarios entienden así nuestro trabajo.

Ahern
Señor Presidente, el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente subraya la importancia de las estrategias energéticas a largo plazo para asegurar que la presión medioambiental resultante del suministro y del consumo de energía se reduce a niveles sostenibles. Se necesitan mayores esfuerzos para lograrlo, en particular, si se tienen en cuenta las previsiones que apuntan a un crecimiento considerable en el sector del transporte.
Con respecto a la eficiencia energética, la comisión considera que una de las iniciativas políticas de la Unión Europea que puede tener un impacto sobre la demanda es el programa SAVE. El Parlamento ha apoyado el programa SAVE II, pero el Consejo no ha reconocido la importancia del mismo para introducir importantes medidas en materia de eficiencia en el sector energético. Si el programa SAVE II no se adopta plenamente, no habremos adoptado ninguna política energética en la Unión Europea para combatir el calentamiento global. No necesito insistir en la gravedad de la situación.
Mientras que la mayoría de los ámbitos de interés medioambiental se abordan con una cierta profundidad en el programa, los asuntos nucleares sólo se contemplan brevemente, a pesar del hecho de que amplias extensiones situadas en el interior y cerca de las fronteras de los Estados miembros de la UE han resultado contaminadas por incidentes o accidentes nucleares de un tipo u otro. Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, si los Estados miembros de la Unión Europea se proponen continuar con esta tecnología, ha de evaluarse todo el sector en su conjunto para asegurar que se adoptan medidas en el marco del programa que sitúen el principio del desarrollo sostenible en el centro de la toma de decisiones. Cualquier nueva contaminación como, por ejemplo, un nuevo accidente del tipo Chernóbil, creará un déficit medioambiental y una carga para las generaciones futuras que hará que la sostenibilidad sea un objetivo imposible de alcanzar.
Sé que la Comisión de Medio Ambiente ha aprobado enmiendas que sostienen que la energía nuclear es intrínsecamente insostenible. La Comisión de Energía del Parlamento Europeo se niega a apoyar esa posición. En consecuencia tenemos un conflicto en el seno del Parlamento. Sugiero que resolvamos este arduo problema convocando una audición en la que participen la Comisión, la Comisaria y las comisiones que apoyan estas opiniones divergentes. Se trata de un asunto muy serio.

Berthet-Mayer
Como ponente para opinión, estoy convencida de que el desarrollo económico agrícola y la mejora del medio ambiente son compatibles.
El desarrollo futuro de la agricultura y el mantenimiento de la población rural habrá de pasar obligatoriamente por una mejora de las condiciones de inserción medioambiental de la agricultura en los paisajes y ecosistemas rurales. El desarrollo duradero es, en agricultura, un sistema de desarrollo económico que permanece, a largo plazo, sin impacto notable sobre el medio ambiente.
Desde hace treinta años se han conseguido mejoras significativas en el medio ambiente en ámbitos como la reducción de pesticidas, los fertilizantes químicos y los residuos procedentes de la ganadería. Pero subsisten todavía algunos problemas a nivel de artificialización creciente de los modos de producción agrícolas y de la transformación de los productos alimentarios, de la eficacia de las medidas agroambientales y de la reforma de la PAC, de la ayuda efectiva a las políticas de calidad y a los métodos alternativos de agricultura, como la agricultura biológica, en especial en la ganadería, como lo demuestra la actual crisis vinculada a la EEB.
El desarrollo duradero en agricultura debe traducirse en términos de acciones técnicas claras y caracterizarse al menos por cuatro criterios: mantener o aumentar la capacidad productiva de los suelos agrícolas, producir alimentos de alta calidad biológica sin dejar residuos contaminantes, utilizar energías y materiales renovables, entre ellos la madera y, por último, mantener la biodiversidad.
Las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que iban todas en ese sentido y representan una toma de conciencia muy positiva de las responsabilidades de este sector para el medio ambiente, no han sido consideradas, cuando la propia Comisión había destacado su interés.
Con 29 de mis colegas, he vuelto a presentar las seis enmiendas rechazadas por la Comisión de Medio Ambiente, a saber: la 103, mejor integración de agricultura y medio ambiente, la 104, introducción del concepto de factor de producción agrícola, mucho más amplio que el de pesticida; la 105, impulso de todas las formas de agricultura duradera, en especial a nivel de investigación; la 106, puesta en práctica de una política de información al consumidor; la 107, promover los factores de producción agrícolas menos nocivos, las energías y materiales renovables como la madera para garantizar salidas duraderas a los productos forestales europeos; y, finalmente, la 108, definición y desarrollo de una estrategia forestal europea que descanse en el papel multifuncional de los bosques. Todas las enmiendas van orientadas en el sentido del desarrollo duradero en agricultura.
Señorías, desearía que tomaran conciencia de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural demuestra haciendo esto su sentido de la responsabilidad en materia de medio ambiente. Al votar a favor de estas enmiendas están estimulando ustedes esta actuación.

Graenitz
Señor Presidente, hacia un desarrollo sostenible -este es el título del programa y al mismo tiempo el objetivo. Con la revisión que hoy debemos realizar, tenemos como Parlamento una difícil tarea, pues la ponente, la Sra. Dybkjaer ha transformado la inconcreta declaración de la Comisión en un amplio informe. Sin duda, la amplitud del informe se debe también a las numerosas enmiendas. Mi grupo político apoya la retirada negociada de una parte de esas enmiendas para que podamos aprobar el programa de modo que sea de utilidad para lo que está destinado, es decir, una revisión, la obtención de una visión general de hasta qué punto son alcanzables los objetivos, hasta qué punto se han alcanzado y qué es lo que aún se debe hacer para lograr un desarrollo sostenible de la Unión.
Sabemos que estamos muy alejados de los objetivos, lo que nos ha confirmado también hoy la Agencia Europea de Medio Ambiente. No solamente será necesario realizar grandes esfuerzos sino además establecer un calendario muy concreto que se pueda cumplir y revisar.
Quiero decir algunas palabras sobre tres aspectos de especial importancia. Por un lado, pienso que es muy importante que en el campo del desarrollo sostenible nos ocupemos de los compromisos y acuerdos internacionales contraídos por la Unión Europea. No me refiero solamente al proceso subsiguiente a la Conferencia de Río, a la Agenda 21, a una estrategia europea sobre la biodiversidad, a las medidas para la reducción de las emisiones de CO2, sino que para mi es especialmente importante nuestra participación en el Environment for Europe Process , pues se trata de países que han solicitado que se les acoja en nuestra Comunidad y por los que debemos ya hacernos responsables.
También creo que es muy importante que los estándares medioambientales de la Comunidad se adapten al nivel de los tres nuevos Estados miembros para introducir en toda ella unos estándares mejores de los que se beneficien los ciudadanos.
También es muy importante y necesario revisar las políticas comunitarias existentes para ver hasta qué punto garantizan un desarrollo sostenible. Ya se han dicho muchas cosas. Me permito enumerar brevemente: la política química, cuestiones de la energía, estrategia de los residuos, cuestiones de transporte, de turismo y, ante todo, de agricultura. Existen también enmiendas que se ocupan en detalle del modo de modificar el presupuesto para que sea más compatible con el medio ambiente y de lo que se debe esperar del green accouting . Sin duda, lo más importante es la protección de la salud humana pues sólo si la protegemos podremos tener un futuro.
Para finalizar, deseo indicar que también hay que desarrollar políticas comunitarias orientadas al futuro, que respeten el medio ambiente y creen puestos de trabajo, pues sólo si nos marcamos unos objetivos medioambientales ambiciosos podremos desarrollar nuestra economía de modo que Europa tenga un futuro.

Jackson, Caroline
Señor Presidente, el Quinto programa de acción en materia de medio ambiente marca una ruta muy importante por la que Europa debe avanzar hacia el desarrollo sostenible. Los que pertenecemos al PPE felicitamos a la Sra. Dybkjær por su energía en la elaboración de semejante informe y por su voluntad de retirar grandes trozos del mismo cuando nos reunimos todos para depurarlo.
Creo que la Sra. Dybkjær ha adoptado el enfoque correcto al mostrarse muy crítica con la propuesta original de la Comisión y al presentar sus enmiendas para concretizar el enfoque de la Comisión Europea en torno a los problemas que se nos plantean. Creo también que tiene razón al establecer plazos para que la Comisión presente propuestas de legislación. Nunca ha causado ningún daño fijarse determinados objetivos, pero si causa mucho daño el que no nos fijemos objetivos como éstos.
En particular, las enmiendas que apoyamos en el Partido Popular Europeo son, como he dicho, aquellas que concretizan sobre todo el enfoque que se da a la reforma de la Política Agrícola Común, la promoción de energías limpias, la necesidad de que la Comisión estudie el impacto de sus propias propuestas y programas sobre el medio ambiente, la propuesta sobre procedimientos para incluir en los contratos públicos consideraciones medioambientales, una vigilancia más estrecha y requisitos estrictos de notificación, así como un papel más destacado para la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Quisiera llamar la atención sobre las enmiendas presentadas por el Sr. Trakatellis para que se incluyan consideraciones sobre la salud en las negociaciones sobre la política de medio ambiente.
Por último, quisiera invitar a la Sra. Bjerregaard a que no sea tímida. Tengo entendido que tenía ciertas cosas que decir sobre la Comisión de Medio Ambiente a la prensa danesa. No entiendo por qué se limita a la prensa danesa, cuando, en realidad, puede ser perfectamente directa esta noche, cuando nos hable a nosotros que, a fin de cuentas, somos miembros de la Comisión de Medio Ambiente. No sea tímida, señora Bjerregaard. Si tiene alguna crítica que hacer a la Comisión de Medio Ambiente, debe hacerlas aquí, y no en la prensa danesa. Por ello desearíamos que rompa su discurso que, sin duda, ha sido escrito con sumo cuidado por una serie de personas, y que nos diga lo que realmente piensa.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, ante todo, deseo felicitarme con la ponente por el excelente trabajo realizado. Este informe intermedio, sobre la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, tiene como objetivo evaluar y definir los obstáculos que pueden frenar su aplicación, así como proponer eventuales acciones de ajuste para los años 1997-2000.
Las palabras clave son «desarrollo sostenible», lo que significa llevar a cabo modificaciones de los modelos de desarrollo, de la producción y de los comportamientos actuales a fin de orientar de forma gradual las actividades humanas y el desarrollo hacia formas sostenibles, es decir aceptables, que permitan vivir en un medio ambiente en buen estado, garantizando, al mismo tiempo, un buen nivel de bienestar social y salud pública para todas las personas.
No cabe duda de que el objetivo es ambicioso y su consecución depende de la coordinación y coherencia de las estrategias políticas que se quieren actuar, así como de una efectiva integración del ámbito medioambiental en todas las demás políticas, a fin de limitar, dentro de lo posible, las presiones imparables que contribuyen a empobrecer los recursos naturales, a empeorar el estado del medio ambiente y, en consecuencia, a reducir la calidad de vida. En esta óptica, el programa comunitario vigente en la actualidad es el texto básico a través del cual se establecen las acciones a emprender en cinco sectores que, por sus características, interaccionan directa o indirectamente con el medio ambiente y que, de todos modos, tienen un fuerte impacto medioambiental.
Los sectores son los siguientes: industria, energía, transportes, agricultura y turismo. Por primera vez nos encontramos ante un nuevo enfoque en el que el medio ambiente, el desarrollo y las actividades socioeconómicas se consideran conjuntamente.
Es importante que todo esto se reafirme en el seno de las Instituciones europeas. Así y todo, no compartimos las acciones dirigidas a ejercer una presión fiscal difícil de aceptar y las imposiciones de plazos temporales demasiado rígidos, que penalizarían en exceso no sólo las empresas, sino también a los agentes del sector.

Ryyänen
Señor Presidente, señora Comisaria, todos compartimos seguramente la opinión de que las acciones de la Unión para lograr un desarrollo sostenible han sido insuficientes hasta este momento, lo cual se desprende también del informe de la Comisión.
Los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea esperan una prueba concreta de que la Unión trabaja realmente en favor de su seguridad y de su futuro. Espero que el Quinto programa en materia de medio ambiente llegue a aplicarse y que sus compromisos se pongan en práctica cuanto antes, así como que no se planteen entre las instituciones comunitarias cuestiones vanas de prestigio, por ejemplo, sobre el calendario. No debemos hacer peligrar los preparativos para el próximo programa de medio ambiente.
Por lo que se refiere a la Europa septentrional, me habría gustado que se hubieran puesto más de relieve los problemas de la región del mar báltica. En mi opinión, no se puede comparar el mar Báltico con el Mediterráneo. Casi todos los países que bordean el mar Báltico, o son ya actualmente países miembros de la Unión Europea o, en su mayoría al menos, han solicitado la adhesión. Espero que la Comunidad preste más atención que hasta el momento a los problemas medioambientales de la región báltica y que intensifique su actuación en esta zona. Ello implica igualmente una cada vez mayor inversión económica. Además, los nuevos países miembros deberán poder mantener normas más exigentes en materia medioambiental y proponer nuevas disposiciones para mejorar la situación del medio ambiente.

González Álvarez
Señor Presidente, señora Comisaria, parece estar usted castigada a permanecer las noches de los martes aquí, con los diputados de la Comisión de Medio Ambiente. En primer lugar, quiero decir que intervengo en nombre de mi compañera Maruja Sornosa, que no ha podido quedarse.
Tenemos que felicitar a la ponente por su trabajo, y también compartimos sus críticas a la propuesta. Compartimos las críticas y compartimos también la falta de concreción en las medidas que han de tomarse y la falta de decisiones vinculantes y de responsabilidades.
Desde la Comisión de Medio Ambiente se han presentado cerca de 200 enmiendas. Ayer, nos encontramos en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente con que, como eran muchas enmiendas, los Grupos políticos -no sé si todos- decidieron reducir su número. De todos modos, esperamos que se hayan decidido mantener las que son realmente sustanciales para este informe. Con esas 200 enmiendas se intentaba dar un giro a la propuesta de decisión, porque a nuestro juicio es necesario recuperar los objetivos iniciales del Quinto programa de acción.
Este debate y los principios que sostenían ese Quinto programa de acción son de mucha importancia, y si no gestionamos de forma racional los recursos, repartiéndolos también de forma más racional, no conseguiremos que esos objetivos primigenios del Quinto programa se cumplan. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, en ocasiones, el Derecho comunitario -y lo vamos a ver después en el informe del Sr. Lannoye- no se cumple.

Gahrton
Señor Presidente, según la FAO, el año pasado murieron siete millones de niños de hambre. En un informe del World Watch Institute para la cumbre de las Naciones Unidas de mañana en Roma sobre la catastrófica situación alimentaria en el mundo, se demuestra que una de las numerosas causas del hambre mundial es el uso exagerado de pesticidas. Otra causa es el efecto invernadero, que puede hacer que los campos de cultivo se sumerjan bajo el agua. ¿Cómo contribuye una de las regiones más ricas del mundo, la UE, a la lucha contra este tipo de amenaza?
De acuerdo con los propios modestos objetivos de la UE dentro del V Programa de acción para el medio ambiente, los pesticidas deberían reducirse al nivel cero en las aguas subterráneas en el año 2005, y deberían estabilizarse las emisiones de dióxido de carbono en el 2000 al nivel de 1990. Pero la propia Agencia para el Medio Ambiente de la UE ha señalado que no van a lograrse estos objetivos con la política actual. En el año 2000 el contenido de pesticidas seguirá sobrepasando el valor límite en el 65 % de las aguas subterráneas de la UE, y las emisiones de dióxido de carbono serán un 5-10 % más elevadas que en 1990. Estos son solamente dos ejemplos de cómo la política de la UE no nos llevará ni siquiera a conseguir los propios objetivos modestos en cuanto al medio ambiente que se ha fijado el V Programa de acción. Se trata además del fenómeno de la acidificación, del nitrato en el agua subterránea, de la contaminación acústica, de las energías alternativas y de muchas otras cosas. En pocas palabras: la política ambiental de la UE se encuentra literalmente, y de acuerdo con los propios cálculos de la UE, por debajo del nivel del suelo.
Y qué hace la persona que es responsable máximo, señora Comisaria del Medio Ambiente? La respuesta es penosa. No hace prácticamente nada. La revisión de la Comisión del V Programa de Acción para el medio ambiente carece de contenido. Ahora la Comisión de Medio Ambiente ha realizado, a instancias del grupo de los Verdes, el trabajo que Ritt Bjerregaard debería haber efectuado. Esto nos lleva inexorablemente a una pregunta delicada. Si Ritt Bjerrregaard no hace su labor, nos es necesaria? En este punto me veo obligado a hacer referencias personales...
Voy a decirlo en danés para subrayar que no hablo únicamente en nombre de los Verdes, sino también como alguien que tiene fuertes vínculos con Dinamarca. Nos sentimos decepcionados, muy decepcionados. Creíamos que una personalidad fuerte procedente de un país líder en materia de medio ambiente colocaría a éste y el desarrollo sostenible en primer lugar en el orden del día de la Comisión. Hemos podido comprobar que estos temas están en último lugar. Usted ha aparecido demasiado en los medios de comunicación daneses y ha actuado poco como portavoz del medio ambiente y de la solidaridad global ante los fuertes grupos de presión en favor de la política de crecimiento y explotación dentro y fuera de la Comisión. Si no acepta hoy nuestras enmiendas y las de la Comisión de Medio Ambiente y no cambia de táctica, exigiremos su dimisión y el envío por Dinamarca de uno de sus muchos buenos políticos de medio ambiente como nuevo comisario de medio ambiente.

Sandbæk
Señor Presidente, en Dinamarca existe un refrán que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La Comisión tiene la intención de desarrollar mejores procedimientos, marcos y acciones, además de una oferta más amplia de instrumentos, pero faltan sólo dos meses para 1997. ¿Qué resultados puede esperar la Comisión de tal forma de funcionar? La Comisión estará atenta a los factores perjudiciales, al desarrollo de conceptos y a los nuevos incentivos, pero también en este caso, uno se pregunta: ¿con qué resultados? La Agencia Europea de Medio Ambiente ha concluido en su informe que, si no se intensifican los esfuerzos, los impactos medioambientales seguirán sobrepasando las normas para la salud humana. Señala que nuestro consumo de materias primas y energía va en fuerte aumento, y un acusado crecimiento en el número de automóviles y en el turismo expone el medio ambiente a impactos cada vez mayores. El desarrollo de la reconversión de residuos y la importante presencia de nitratos en las aguas subterráneas son factores especialmente catastróficos. Los pronósticos indican que el volumen de residuos domésticos aumentará en un 30 % antes del año 2000, con lo que sobrepasará con mucho los objetivos. Se estima que las crecientes concentraciones de nitratos y plaguicidas en las aguas subterráneas sobrepasarán los objetivos en un 75 % en las zonas agrarias de la Comunidad. Es preciso revisar el Programa de Acción, aunque sólo sea para acercarnos a los objetivos. ¿No debería haber presentado la Comisión un programa así?
Finalmente, quiero dar las gracias a Lone Dybkjær por su informe.

Díez de Rivera Icaza
Señor Presidente, mi perplejidad es grande -como señalaba la Sra. Gonzálezcuando constato que la ponente había tenido que presentar ni más ni menos que 90 enmiendas, y la comisión parlamentaria correspondiente otras 100, para intentar que el texto propuesto por la Comisión, para la revisión del Quinto programa de acción -del que me cupo el honor de ser ponente en su origen- hacia un desarrollo sostenible resultase congruente con la Resolución adoptada por este Parlamento el 18 de noviembre de 1992, así como con el apartado 2 del artículo 130 R del Tratado de la Unión.
A pesar de haberse llegado -al parecer- a un acuerdo posterior entre los coordinadores de los Grupos con la ponente, como ella misma ha reconocido, para disminuir tan desorbitado número de enmiendas, sigue siendo evidente que el texto presentado por la Comisión no ha sido enmendado, sino reescrito a modo de un nuevo sexto programa de acción.
Y a mí me parece, señor Presidente, tal y como ha señalado la ponente, que la Comisión tenía, como mínimo, la obligación de presentar al Parlamento un texto adecuado ante la importancia de la revisión del Quinto programa, con objetivos, instrumentos y calendarios concretos para la evaluación, aplicación y concreción de los objetivos de un desarrollo sostenible y del principio de integración contenidos en el citado programa original aún vigente.
Nada de ello ha ocurrido, como resulta palmario ante el aluvión de enmiendas. Como el tiempo apremia, concluyo, señor Presidente, haciendo la siguiente pregunta: ¿cree sinceramente la Comisión que el texto por ella presentado sirve para acelerar la implantación del Quinto programa y para mejorar la calidad ambiental de la Unión, o habrá que esperar, como siempre, a un nuevo sexto programa de acción?

Trakatellis
Señor Presidente, el Quinto Programa de Acción para el Medio Ambiente se distingue de los anteriores en que prevé una revisión. El objetivo de la revisión era y sigue siendo adaptar los objetivos y medidas, como los establecidos hoy tras la aprobación del programa, a fin de aumentar su eficiencia. Entre las deficiencias de la propuesta de la Comisión, la que más llama la atención es, a mi juicio, la falta de una conexión expresa entre la protección de la salud humana y los riesgos medioambientales. Para lograr este objetivo en combinación con el desarrollo sostenible, el factor de la salud se debe tener seriamente en cuenta en todos los ámbitos de las políticas y acciones comunitarias, ámbitos como el de la agricultura, los transportes, la energía, la industria y el turismo, entre otros. Asimismo, hay que poner gran énfasis en la recopilación y elaboración de datos que registren el desarrollo de la salud humana y de las enfermedades de la población en relación con la situación medioambiental. Se debe efectuar un continuo estudio y adaptar los valores máximos permitidos de sustancias y agentes contaminantes en el aire, el agua, la tierra y los alimentos a los correspondientes datos científicos disponibles. Además, se debe realizar un estudio global de los factores que influyen en los accidentes provocados por medios de transporte, con especial énfasis en los que causan pérdidas de vidas humanas, discapacidades físicas o que requieran terapias de larga duración y, en general, los accidentes con grandes repercusiones económicas y sociales.
La Unión Europea debe preparar acciones que apunten al desarrollo y a la formación sistemáticas con respecto a las nuevas consideraciones medioambientales, para conseguir la plena participación de la sociedad europea en la gestión del medio ambiente, y el cambio de conducta de los consumidores.
Por último, señor Presidente, en el futuro, en la elaboración del VI Programa de Acción para el Medio Ambiente se debe incluir expresamente la protección de la salud frente a los riesgos medioambientales.

Olsson
Señor Presidente, señora Comisaria, no voy a hablar danés como el señor Gahrton, pero felicito a Lone Dybkaer por su informe de gran calidad. He de decir que estoy de acuerdo con la crítica de la revisión efectuada por la Comisión del V Programa de acción en favor del medio ambiente. El proyecto presentado por Ritt Bjerregaard es efectivamente un paso atrás, y lamentablemente no representa ningún compromiso político concreto con el medio ambiente en Europa.
Un objetivo importante de la revisión de la legislación de la UE en materia ambiental debería ser que a los nuevos Estados miembros, Suecia, Finlandia y Austria, se les permitiese mantener sus requisitos ambientales, y que se hiciera más rigurosa la legislación ambiental de la UE para lograr con ello el nivel más elevado de protección del ecosistema en 1999.
Otro requisito importante por parte sueca es la integración de los aspectos ambientales en la política agrícola común de la UE. Los objetivos y los recursos de la política agrícola deben ser acordes con la dirección que sigue la política ambiental, para que podamos lograr unos resultados y avanzar en el sentido de un desarrollo sostenido. Por tanto, la futura reforma de la PAC debe tener un marcado perfil ambiental. Esto puede lograrse haciendo que las ayudas a la agricultura pasen de promover la producción a favorecer la protección del medio ambiente. A través de esto se crearía un mejor ecosistema, al tiempo que se agilizaría nuestra participación en el mercado mundial de la producción alimenticia.

Sjöstedt
Señor Presidente, me permito felicitar a la Comisión de Medio Ambiente y a Lone Dybkaer por su excelente informe de un contenido político muy concreto. El grave problema actual que tiene la política ambiental de la UE y la Comisión es que son naturalmente necesarias las frases elocuentes, pero cuando hay que dar unos pasos concretos, éstos son minúsculos y a menudo llegan demasiado tarde.
Hay unos puntos que deseo verdaderamente destacar y subrayar respecto al informe, y son los siguientes:
La aguda necesidad de modificar la política agrícola en una dirección más beneficiosa para el medio ambiente; no hay que ignorar la gran ocasión que se nos presenta de hacerlo, ahora que hay que transformar a fondo dicha política, ante la inminencia de la ampliación hacia el este.-La importancia de que la Unión Europea cumpla verdaderamente con las promesas que dio a los nuevos países miembros, con ocasión de las negociaciones previas a la adhesión, consistentes en unos requisitos ambientales elevados.-La crítica del Tratado Euratom y su objetivo de promover la utilización de la energía nuclear para fines civiles, y de la distribución desigual de los recursos destinados a la investigación energética.-La necesidad de modificar la normativa sobre adquisiciones dentro del sector público para que se tenga realmente en cuenta el medio ambiente.-La exigencia de que se traten las cuestiones ambientales dentro de la Organización Mundial del Comercio.El informe contiene una serie de propuestas que señalan unánimemente las grandes carencias actuales de la política ambiental de la UE, y por eso es tanta su calidad.

Myller
Señor Presidente, los principios del desarrollo sostenible se están convirtiendo lamentablemente en un discurso vacío de contenido. Según la idea original, en toda actividad humana debería tenerse en cuenta la capacidad de crecimiento de la naturaleza a fin de que las actuales generaciones no pusiesen en peligro las posibilidades de subsistencia de las futuras.
Aún estamos lejos de este ambicioso objetivo. Tampoco la revisión del programa de acción en materia de desarrollo sostenible de la Comisión que ahora se está tratando elimina las carencias. La ponente critica el programa de acción de la Comisión, por ejemplo, porque en él no se establecen suficientes plazos ni objetivos para mejorar la situación del medio ambiente. También representa un grave problema el hecho de que aún no se hayan adoptado medidas encaminadas a que la normativa comunitaria en materia de medio ambiente alcance el nivel de la de los tres Estados miembros que se han incorporado recientemente.
En la pasada primavera, o en el verano, tuvo lugar un intenso debate sobre este tema en el Parlamento, que concluyó con la aprobación de una resolución en la que se exigía nuevamente a la Comisión que cumpliese las promesas formuladas en el curso de las negociaciones para la adhesión de los nuevos Estados miembros. Me gustaría saber qué acciones ha emprendido la Comisión hasta este momento en la materia.
Las cuestiones medioambientales no reciben tampoco la suficiente importancia en los programas de acción anuales de la Comisión ni tampoco figuran entre las prioridades de los países que ocupan la Presidencia. Debido a esto, los asuntos relacionados con el medio ambiente quedan inevitablemente en un segundo plano.
Los efectos de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos naturales no se detienen ante las fronteras. En las regiones próximas a la UE, tanto en el Norte, como en el Este o en el Sur, existen graves ejemplos de cómo la naturaleza ha sido ya destruida casi en su totalidad por el impacto de las emisiones contaminantes. Una de estas regiones es, por ejemplo, la región de Kola, en el norte de Rusia.
Las cuestiones medioambientales deben recibir una atención aún mayor en los programas de cooperación de la UE con terceros países. Se trata ante todo de una responsabilidad común que ha de asumirse de cara a la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos actuales y futuros.

Valverde López
Señor Presidente, tras haber oído a todos los colegas, yo creo que la reacción que se ha producido ante esta nueva propuesta de la Comisión ha sido de una insatisfacción generalizada en todos los miembros de este Parlamento. Quizá ello se deba a que habíamos estudiado muy profundamente el V programa y este Parlamento había elaborado una resolución muy firme, muy sólida, que fijaba objetivos que siguen siendo válidos, y por eso tenemos que recordar aquí el magnífico trabajo que hizo la Sra. Díez de Rivera en su momento.
A la hora de estudiar estas nuevas medidas, yo creo que tendríamos que haber fijado muy pocos objetivos y haberlos exigido con mucha claridad; yo me contentaría con 7 u 8 de las propuestas que contiene esta revisión -porque es algo que estamos repitiendo constantemente-, y había que haberlas transformado en pregunta: ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora la Comisión Europea para consolidar la internalización de los costes externos de todos los productos? ¿Qué ha hecho para la promoción del uso de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente? ¿Qué ha hecho para favorecer el desarrollo de energías renovables como la energía solar? ¿Qué ha hecho realmente para aplicar una política que integre y que vaya orientada hacia el ciclo final de la vida del producto? ¿Qué ha hecho realmente -y es algo que está encima de la mesa hace mucho tiempo- para la aplicación de la responsabilidad en materia de medio ambiente? Y así podríamos seguir parafraseando las propuestas que aquí se hacen.
A mí no me faltan cien enmiendas, yo me quedaría con cuatro o cinco propuestas con cuya puesta en marcha en un plazo razonable se pudiera comprometer la Comisión.

Virgin
Señor Presidente, el informe de Lone Dybkaer profundiza de un modo muy valioso en la propuesta de la Comisión. Voy a concentrarme en los aspectos relativos a la cuestión climática. Estoy convencido de que es absolutamente decisiva para el medio ambiente. Por ello es justo que, desde ahora, la UE se dirija hacia unos objetivos que puedan cumplirse en el año 2000.
Los requisitos de la Conferencia de Toronto de 1987 han tenido una gran influencia política. Se exigía que los países industrializados redujeran las emisiones de dióxido de carbono en un 20 % hasta el año 2005, a partir del 1987. Este objetivo es evidentemente el que más se acerca a la propuesta del grupo PPE, de una reducción del 20 % hasta el año 2010, dado que el año de partida se ha desplazado al 1990 tras la resolución adoptada en Rio. Este es un objetivo modesto, pero deberíamos poder cumplirlo. No obstante, la mayoría de la comisión votó a favor de un objetivo aún más modesto, de un -20 % hasta el año 2005 y de un -30 % hasta el 1910. Considero la propuesta poco realista.
Es interesante que la misma mayoría desee eliminar la energía nuclear con bastante rapidez. Esto convierte a los objetivos en más fantasiosos si cabe. Una política ambiental ofensiva sería conservar la energía nuclear mientras cumpla con unos requisitos elevados en torno a su seguridad, y al mismo tiempo invertir en el ahorro energético, los combustibles biológicos, etc., para con ello reducir la utilización de combustible fósil y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Ya es hora además de que admitamos que la energía nuclear de la UE ha salvado muchas vidas humanas. Si, partiendo del informe realizado por expertos independientes para la Comisión, se evalúa la utilización de la energía nuclear en los años 1985-1994, y se la compara con la del carbón condensado, llegamos a la conclusión de que la primera ha salvado 20.000 vidas humanas y nos ha ahorrado mucho deterioro natural. Siguiendo el camino contrario, tendremos que realizar fuertes inversiones para eliminar la energía nuclear en la Europa central y del este.

Rübig
Señor Presidente, señoras y señores, como debido a un cambio de los grupos políticos, esta sesión plenaria es la última en la que puedo intervenir como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, quiero aprovechar la ocasión por última vez para exponer un deseo imperioso de los austríacos con motivo de la revisión del Programa de la UE para un desarrollo sostenible. En la ampliación de la Unión Europea en 1995, en el Tratado de adhesión se hizo la promesa de revisar el acervo comunitario y de elevarlo a los estándares de los tres nuevos Estados miembros si fuese necesario.
Este asunto nos viene acompañando ya durante dos años en esta Asamblea y creo que ha llegado el momento de cumplir por fin las promesas de la Sra. Comisaria. Estamos esperando que los estándares se eleven y quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a la Sra. Comisaria por habernos prometido hacer todo lo que esté en su mano para que los estándares se respeten.

Bjerregaard
Señor Presidente, celebro que se mantenga en el Parlamento un debate sobre la propuesta de la Comisión de 24 de enero de 1996, relativa a la revisión del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. De hecho, es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene ocasión de debatir un programa de acción comunitario en materia de medio ambiente conforme al procedimiento de codecisión. Personalmente, me alegro de que el Parlamento quede involucrado de forma más activa en los temas medioambientales, ya que es un buen compañero de juego cuando se trata de mejorar el medio ambiente. Volveré a este tema más tarde. Espero que el resultado del debate de hoy permita al Consejo debatir la propuesta de la Comisión en la próxima cumbre del 9 al 10 de diciembre de 1997 y que el procedimiento decisorio finalice antes de junio de 1997, momento en que la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una cumbre como seguimiento de la Conferencia de Río. La ponente, Sra. Lone Dybkjær, ha trabajado duramente en la elaboración del informe presentado al Parlamento ahora, y ha habido debates extensos y útiles en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y en la Comisión de Transporte y Turismo. Tal como se ha dicho, el informe incluye un total de 53 enmiendas, a las que hay que añadir 13 nuevas propuestas.
En principio, la Comisión acepta 14 de estas enmiendas en todo o en parte. Por motivos institucionales, o porque las enmiendas modifican considerablemente el ámbito de aplicación de la propuesta de la Comisión, ésta no puede aceptar las 39 enmiendas siguientes: 1, 4 a 7, 13, 14, 15, 17, 20, 27, 35, 37, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 56, 57, 59, 66, 76, 81, 82, 85 a 87, 89, 91 a 93, 97 a 99, 100 a 102. De las 13 nuevas propuestas, podemos aceptar 6 parcialmente, en concreto, las enmiendas núms. 104, 105, 106, 107, 108 y 109. No podemos aceptar el resto. Quisiera hacer algunos comentarios sobre las enmiendas en su conjunto. En varias de ellas se pide a la Comisión que presente propuestas dentro de un plazo fijo especificando su contenido. El Parlamento sabe que, por motivos institucionales, no puedo aceptar un texto que indique lo que la Comisión debe hacer y cuándo. Un programa de acción no es un programa detallado de trabajo para la Comisión. Lo que estamos debatiendo es un informe a medio plazo y, con un esfuerzo común, espero que logremos mejorar el medio ambiente de Europa.
La propuesta está diseñada para garantizar una aplicación más eficaz del Quinto Programa de Acción antes del año 2000. Tal como ya se ha dicho, la propuesta se basa en el informe sobre la situación del medio ambiente, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, que es alarmante. La propuesta fija prioridades que se convertirán, o ya han sido convertidas, en medidas específicas y concretas. Algunas están incluidas en el programa de trabajo para 1996 y otras se incluirán en 1997. Mi idea no era, en absoluto, que la valoración del Quinto Programa de Acción fuese un impedimento para actuaciones concretas. Este es el tema que se ha debatido en la prensa danesa, y ya respondí a las críticas de la propuesta por parte de la ponente, igual que lo estoy haciendo hoy aquí; lamento tener que decir al Sr. Gahrton que creo que será imposible para muchos comisarios aceptar todas las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. Espero que, más tarde esta noche, podamos mantener un debate serio sobre una de las propuestas cuyo ponente viene del Grupo de los Verdes, y en cuyo caso me parece que ha habido una cooperación excelente.
Obviamente, la propuesta no puede cubrir las medidas que deben tomar los Estados miembros ni ninguno de los participantes en el Programa. Su éxito depende, ante todo, de la capacidad de cada cual para asumir su responsabilidad. Quiero recordarles que el Quinto Programa seguirá en vigor hasta el año 2000 y que incluye una serie de objetivos acompañados de indicaciones sobre los esfuerzos que deben realizarse a todos los niveles para poder cumplirlos. Tal como han dicho varios oradores, quizá todos, en el período transcurrido no se han alcanzado los objetivos. No obstante, las decisiones adoptadas por el Parlamento y el Consejo incluyen una disposición para realizar un ajuste del Programa. No se trata en absoluto de una revisión del Programa. Además, no es el momento de preparar un Sexto Programa, tal como ha dicho la Sra. Díez de Rivera en su intervención, con nuevos objetivos y nuevos plazos. No cabe duda de que ésta es la razón de las discrepancias entre la Comisión y el Parlamento. El texto es una respuesta política a las conclusiones tanto del informe sobre la aplicación como del informe medioambiental de la Agencia Europea de Medio Ambiente. El procedimiento de consulta ha sido bastante prolongado y la idea era dar un nuevo empujón al proceso a través de medidas comunitarias. Por ello, la Comisión propuso unos ámbitos clave prioritarios en los que acelerar el esfuerzo comunitario en los próximos dos años para lograr una aplicación más eficaz del Programa, y en este aspecto coinciden nuestras ideas con las del Parlamento. Se trata de conseguir una mejor integración de la consideración por el medio ambiente en los ámbitos de actuación, incluidos los ámbitos económicos. Muchos han mencionado la agricultura, que ya ha sido debatida en otras ocasiones. Se trata de considerar un abanico más amplio de instrumentos políticos como contrapunto al método tradicional de órdenes y control. Se trata de propugnar una legislación más amplia y mejor aplicada, y en este contexto quiero hacer referencia a la comunicación aprobada por la Comisión hace unas semanas. Y se trata, finalmente, de intensificar nuestros esfuerzos con el fin de reforzar nuestra posición líder en los aspectos internacionales, tal como ha dicho también la Sra. Graenitz.
En Europa tenemos una responsabilidad especial y un interés concreto por los problemas medioambientales de Europa central y oriental, de los países mediterráneos y de los países bálticos, por lo que la propuesta incluye medidas prioritarias para estas zonas.
Señor Presidente, al presentar la propuesta que estamos debatiendo hoy, la Comisión siguió el criterio de que la Unión Europea debe predicar con el ejemplo y afianzarse como líder tanto en el interior de la Unión como a nivel internacional, por lo que todas las partes en juego han de comprometerse políticamente y hacer mayores esfuerzos por alcanzar la estrategia global y los objetivos del Quinto programa. Nos encontramos ante un gran reto. Esta decisión ha de adoptarse en un plazo breve para garantizar la aplicación del Quinto programa. Confío en que el Parlamento tome las medidas necesarias para lograrlo. Aunque no estemos de acuerdo en la forma, coincidimos en que hace falta hacer más y en que las actuaciones concretas son absolutamente necesarias, y el resto del orden del día de hoy demuestra que estamos en ello.

Eisma
Señor Presidente, la Comisaria Bjerregaard anunció que explicaría por qué acusa en la prensa danesa a la Comisión de Medio Ambiente. No he oído ninguna explicación. ¿Qué ha dicho en la prensa danesa y por qué acusa a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo?

Bjerregaard
Sí, lo puedo hacer. He dicho brevemente en mi intervención que mantuve en la prensa un debate con la ponente sobre sus críticas al Quinto Programa de Acción. Como se ha podido apreciar hoy aquí, tengo una opinión diferente de la suya respecto al objetivo de una revisión como ésta. Por esa razón, he repetido los argumentos que se han publicado en la prensa danesa.

Gahrton
Señor Presidente, el proceso de contabilización de las enmiendas aprobadas y de las no aprobadas ha sido increiblemente rápido. Por ello pregunto sobre la número 4, 5 y 14. ¿Es cierto que no se aceptan?
Lo he entendido bien -no se aprueban. Seguimos con la «amenaza» a la que nos hemos referido anteriormente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

ONG de la protección del medio ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0258/96) del Sr. Rübig, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(95)0573 - C4-0104/96-95/0336(SYN)) sobre un programa comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales que actúan principalmente en el campo de la protección del medio ambiente.

Rübig
Señor Presidente, señoras y señores, hoy día es impensable dejar de lado en el debate sobre el medio ambiente a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en este campo. En el sentido de la subsidiariedad y de la deregulación no se va a producir un aumento esencial del entramado normativo en el sector del medio ambiente. Como las medidas fiscales y económicas son con frecuencia poco populares, no se puede apreciar lo suficiente la necesidad de una sensibilización global. Y aquí las ONG desempeñan un importante papel.
De las organizaciones de medio ambiente europeas vienen con frecuencia advertencias tempranas y propuestas concretas de actuación que son recogidas y aplicadas por los partidos políticos y los Gobiernos. Pensemos por ejemplo en los análisis aleatorios del agua potable por parte de las ONG que descubrieron una nueva necesidad política.
Pero hoy día ya no sólo observamos organizaciones honorarias sin finalidad de lucro. También en el campo del medio ambiente actúan organizaciones orientadas a obtener beneficios. Son dirigidas como agencias de marketing o de publicidad con sistemas de «Venture» y ejecutan para organizaciones privadas y estatales o empresas campañas políticas.
La finalidad del presente programa es apoyar financieramente a organizaciones de medio ambiente que trabajan para la Comunidad sin ánimo de lucro y que, ante todo, actúan con independencia política de los partidos.
Es perfectamente posible que las ONG tengan una tendencia política, pero en el punto central se encuentran las tareas específicas del medio ambiente. Por ello, no deseamos subvenciones para los partidos políticos sino para las ONG que se han comprometido plenamente con ese objetivo. La ayuda financiera a asociaciones independientes es también importante pues las ONG trabajan de un modo totalmente diferente a las organizaciones comerciales.
La Comisión de Presupuestos se ha pronunciado también decididamente a favor de un apoyo financiero para 1997 y ha previsto un total de 8, 65 millones de ecus. Para el programa aquí presentado serán probablemente de nuevo 2, 5 millones de ecus. Estos créditos están destinados a medidas generales de información y sensibilización sobre los problemas del medio ambiente, a determinadas organizaciones europeas que trabajan en el campo del medio ambiente y de la protección de animales, al desarrollo de bancos de datos y centros especiales de información y documentación así como a grabaciones de televisión y CD-ROM.
Para impedir de antemano cualquier abuso se deben establecer unas estrictas normas para la concesión. Al Parlamento le parece importante que estos criterios esenciales que hasta ahora figuraban en el Anexo elaborado por la Comisión, se incluyan en el programa ya que de hecho representan el fundamento jurídico para la concesión de los créditos.
Para el Parlamento es muy importante alcanzar una buena relación costes-utilidades, un efecto nultiplicador duradero y una cooperación efectiva y equilibrada pero, ante todo, transfronteriza. Hay que ayudar precisamente a las asociaciones centrales a nivel europeo y facilitar la cooperación entre esas organizaciones. Pero, ante todo, hay que fomentar las actividades novedosas como los ya mencionados disquetes de información que se puedan emplear ampliamente.
Se debe perseguir el fortalecimiento de las fuerzas sociales y la participación de los ciudadanos, en especial en las ONG. No obstante, la ayuda financiera solamente debe llegar hasta el 60 % de los costes de ejecución y administrativos. Creo que las mismas organizaciones deben ser también responsables en la aportación de fondos. Esto es necesario para poder trabajar en el futuro con independencia frente a la Comisión y a las influencias europeas.
Además, las ONG que han sido condenadas judicialmente en los dos últimos años en el área de la Unión no deben ser tenidas en cuenta a la hora de conceder créditos. El respeto de las reglas del juego democráticas es algo incuestionable para las organizaciones centrales europeas y tampoco ha habido problemas a este respecto en los últimos años. Queremos una política objetiva ordenada que permita a Europa practicar una política adecuada con el medio ambiente también en el futuro.

Waidelich
Señor Presidente, este informe no afecta al presupuesto de ninguno de los grandes ámbitos dentro de la Comunidad, pero sí a uno de los más importantes. Se trata de la posibilidad de las organizaciones de voluntarios de participar en los trabajos ambientales a nivel paneuropeo, de dar voz a la perspectiva ambiental europea, en la que, de otro modo, nos arriesgamos a que sean los meros intereses nacionales y empresariales los que predominen. Sin nuestras organizaciones ambientales, los trabajos en favor del medio ambiente en Europa no habrían llegado todo lo lejos que han llegado. Se trata de unos formadores de opinión pública y de una contribución esencial para la continuación de los trabajos. Una cuestión ambiental empieza a menudo su rodaje cuando las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente la destacan para, más adelante en el proceso, ser reglamentadas a través de unas propuestas legislativas u otro tipo de decretos. Se puede decir que estas organizaciones son algo así como la lanza de los políticos.
Es vital que, en todos los ámbitos comunitarios en que destinamos unos recursos para su utilización, existan unos marcos y unas normas para la aplicación de estos medios. Una gestión relajada, sin seguimiento ni control, da lugar solamente a la sospecha y la confusión. Esto también se aplica a las contribuciones a las ONGs. Al mismo tiempo es importante que no las atemos tanto que lleguen a perder por ello su capacidad de acción. Creo que en la propuesta del informe el ponente ha conseguido aúnar los dos objetivos.
Es necesaria la colaboración más allá de las fronteras para que podamos hacer frente a los problemas ambientales que tiene planteados Europa. Las naciones tienen naturalmente una responsabilidad importante, pero ninguna de ellas puede resolver estos problemas por separado. La cooperación es la clave de una política ambiental que consiga unos resultados.
El Parlamento propuso además hace poco, en el primer debate celebrado sobre el presupuesto para 1997, una asignación a las ONGs del medio ambiente más generosa de la que defendía el Consejo de Ministros. Esto expresa nuestra voluntad política de fortalecer los trabajos ambientales paneuropeos. El presupuesto no se ha aprobado de forma definitiva; tiene que someterse a un segundo debate, y el Consejo va a pronunciarse con brevedad. Pero espero que también el Consejo de Ministros esté dispuesto a contribuir a que nuestras organizaciones no gubernamentales, nuestras organizaciones en favor del medio ambiente, reciban el impulso que necesitan para que consigamos unos trabajos más allá de las fronteras, y en beneficio del medio ambiente, también el año que viene.

Valverde López
Señor Presidente, ante todo deseo apoyar las propuestas iniciales de la Comisión y, por supuesto, también las modificaciones que pretende introducir el ponente, Sr. Rübig, en su informe.
En este momento en que estamos debatiendo la financiación de las organizaciones no gubernamentales especializadas en este ámbito, yo creo que es el momento de reconocerles el trabajo que han realizado, sobre todo los últimos 30 años. Lo que han sido en estos años reivindicaciones de grupos minoritarios son los programas de gobierno que estamos llevando a efecto en estos momentos. Por ello, también tenemos que coincidir con la Comisión en que esta ayuda es necesaria, tanto desde el punto de vista económico como por razones medioambientales y, por lo tanto, la tenemos que apoyar.
Las organizaciones no gubernamentales también están siendo una herramienta muy importante para exigir el cumplimiento de la legislación comunitaria a nivel nacional y a nivel regional. Dicho esto, también hay que recordar que la financiación no lo es todo y que hay otras medidas que están esperando desde hace tiempo, como la potenciación del acceso de las organizaciones a la información y la facilitación del acceso a la justicia, de modo que en ese sentido también se podrían potenciar los recursos, que siempre serán escasos.
En otro ámbito, también hay que recordar que estas organizaciones tienen, fundamentalmente, una dimensión comunitaria, pero cada día se espera más de la financiación a nivel nacional, regional y local, por lo que es preciso que se aplique la subsidiariedad ya que, desde el nivel comunitario, no se pueden obtener todos los fondos necesarios para todo el movimiento.
Hay que volver a recordar que los movimientos de este tipo a nivel local desempeñan un gran papel y que también tendrán que recibir apoyo financiero. En cualquier caso, la financiación comunitaria debe ser básicamente de coordinación y de estímulo para esa coordinación general.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, señora Comisaria, el Sr. Rübig ha conseguido dar una impresión de las organizaciones no gubernamentales que, a mi juicio, no siempre corresponde a la realidad que yo conozco.
Señor Rübig, haga el favor de escuchar. Esto es importante.
Señor Presidente, estaba diciendo que el Sr. Rübig había dado una idea de las organizaciones no gubernamentales que no siempre corresponde a la que yo tengo de ellas y a las que veo, a mi vez, expresadas al respecto. Tampoco son siempre independientes de los partidos, por mucho que el documento del Consejo y de la Comisión nos hable de justificación medioambiental, de gran independencia y motivación. Es evidente que soy partidario de que existan como contribución importante a la educación de la población, y sobre todo a la de la población más joven, porque yo no creo sólo en una intervención de organizaciones no gubernamentales para que, de hecho, se proteja el medio ambiente. También en lo relativo a que no tengan fines de lucro, tampoco ha sido eso siempre lo que yo he visto, a mi vez. He visto muchos casos de gran protesta medioambiental que después eran acallados con la concesión de algunos proyectos a laboratorios medioambientales. Por tanto, la idea que el Sr. Rübig consigue transmitir en su opinión, una idea más pragmática desde el punto de vista de una evaluación costo/eficacia de las organizaciones no gubernamentales, es digna de beneplácito para nuestro Grupo. Por otro lado, también quisiera plantear otro problema: ¿quién mandata a las organizaciones no gubernamentales para que representen lo que representan? ¿Quién les da la fuerza política y la autoridad para pronunciarse sobre casos tan importantes como los del medio ambiente? ¿Qué preparación científica tienen en las esferas de la química, de la física, de la botánica, de la zoología? ¿Por qué razón, antes de dar dinero, no se hace una evaluación verdadera del valor de quienes mandan en las organizaciones no gubernamentales del medio ambiente para que, de hecho, puedan decidir sobre el futuro de nuestros hijos?

Dybkjær
Señor Presidente, yo quisiera preguntar al orador anterior -a pesar de que él no me está escuchando- sobre la formación y la base de los grupos de presión con los que a menudo se enfrentan las ONG. Quiero dar las gracias al ponente por el excelente trabajo realizado y también a las ONG por el esfuerzo que están haciendo en varios frentes. En mi opinión, las ONG son absolutamente necesarias, sobre todo teniendo en cuenta que, en el ejercicio del trabajo parlamentario, estamos expuestos a actividades unilaterales de grupos de presión, como los representantes de los intereses de la industria. Es evidente que no es posible cubrir ese trabajo únicamente con voluntarios. No están apoyadas ni financiadas por las empresas industriales, por lo que es indispensable que nosotros demos a las ONG el apoyo necesario para que puedan trabajar. No lo debemos hacer por el bien de las ONG, sino por nuestro propio bien y por el de la democracia.

Bowe
Señor Presidente, deseo alabar la labor del ponente y también de la Comisión. Es un informe al que deberíamos dar nuestro voto favorable mañana. Durante estos últimos años ha quedado muy claro que las ONG desempeñan un papel importante en el desarrollo de la política de medio ambiente, y en muchos casos han elevado la concienciación de problemas ambientales entre la opinión pública y los responsables de la toma de decisiones hasta el punto de que se han tomado medidas legislativas para corregir dichos problemas.
El reconocimiento de dicho papel está implícito en la asignación de estos fondos con cargo al presupuesto comunitario destinados a favorecer la labor y financiar dichos proyectos. Los fondos son modestos en comparación con muchas otras partidas del presupuesto comunitario y, por ello, deben ser utilizados con sumo cuidado y con el pleno conocimiento de que se trata de dinero público y no puede utilizarse indebidamente. Un aspecto gratificante de muchos de los proyectos que son financiados mediante esta línea presupuestaria es el hecho de que, en muchos casos, son también financiados o complementados por la labor de los voluntarios y las donaciones que muchos de sus partidarios dedican a las ONG.
A mí me parece que debemos intentar continuar ampliando esta línea presupuestaria y alentar a otras ONG a que también hagan uso de ella. Existen muchas otras, no sólo las organizaciones ecologistas que actualmente tienen acceso a estos fondos, y que en el futuro podrían beneficiarse de fuentes de financiación como éstas para llamar la atención sobre problemas ambientales no solamente a los legisladores de Bruselas, sino también dentro de las regiones y dentro de las ciudades de Europa, y abordar más problemas locales y asegurarse que se hace justicia en los tribunales.
Tenemos que tener esto presente cuando volvamos a revisar esta línea presupuestaria en el futuro y es algo por lo que debemos seguir presionando.

Bjerregaard
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Presupuestos y a sus ponentes, sobre todo al Sr. Rübig, por el gran trabajo realizado en relación con el examen de la propuesta de la Comisión. Me gustaría dejar claro que tengo gran interés en que se cree una base clara y estable para las ayudas de la Comisión al valioso trabajo que están realizando las ONG europeas. Hay numerosos ejemplos de aportaciones de las ONG que han ayudado a mantener aspectos importantes en materia medioambiental en el orden del día político. Las ONG han aumentado la concienciación de los ciudadanos con respecto a este tema y han creado la presión necesaria para que los políticos ideasen una política con visión de futuro. Vigilan también atentamente las políticas de la UE y de la Comisión. Es posible que esto no nos resulte muy agradable en algunas situaciones, pero sabemos que ése es el papel de las ONG en una democracia. Por eso, la Comisión aprecia mucho sus aportaciones a la política medioambiental y, como se ha visto ahora, el Parlamento comparte este punto de vista.
Como es sabido, el objetivo de la propuesta es la creación del fundamento jurídico para una práctica existente. Se trata del apoyo financiero a las ONG conforme al acuerdo que ha funcionado satisfactoriamente desde 1988. Ante todo, hay que ver la propuesta como una señal de que la Comisión atribuye mucha importancia a la prestación de ayudas a estas organizaciones. Por tanto, es decisivo que el texto sea claro y que permita aplicar las medidas, a la vez que se defienden los intereses de las organizaciones de la mejor forma posible. La Comisión ha examinado las enmiendas del Parlamento con ese espíritu.
En principio, la Comisión puede aceptar 13 enmiendas en todo o en parte. Las enmiendas núms. 1 y 5 aclaran el texto, al igual que la referencia a la exigencia de transparencia de la enmienda nº 3 y de la mayor parte de la definición de las ONG en la segunda parte de la enmienda nº 6. Ciertos elementos de las enmiendas núms. 8 y 18 contribuyen también a dejar el texto más claro, pero, por motivos prácticos, la Comisión no puede aprobar la parte de la enmienda nº 18 que modifica el calendario de su informe, ni la parte que fija de antemano el fundamento jurídico para una futura propuesta.
La Comisión apoya ciertos principios de la enmienda nº 7 destinados a esclarecer el texto, y los principios de las enmiendas núms. 2 y 14 relativos a los ingresos en especie de las ONG, después de una nueva redacción del texto. Aceptamos asimismo la enmienda nº 23, que fija un valor límite del 60 % como la parte del presupuesto de las ONG que puede ser financiada por la Comunidad. No obstante, se ha presentado una serie de enmiendas que la Comisión no puede aceptar, ya que no mejorarían la propuesta, y en algunos casos podrían incluso causar confusión o problemas en el momento de su aplicación, lo que perjudicaría a las ONG. Con las enmiendas núms, 4 y 13 y la primera parte de la enmienda nº 6 y la segunda parte de la enmienda nº 8, se intenta, por ejemplo, definir aún más las organizaciones, pero estas organizaciones ya han sido definidas en el artículo 1 de la propuesta de la Comisión, y su definición es muy amplia a fin de que pueda abarcar posibles nuevas ONG. Por tanto, más definiciones resultan superfluas.
La mayor parte de la enmienda nº 3 y las enmiendas núms. 9, 10, 17 y 21 limitarían la flexibilidad de la Comisión al distribuir las ayudas de cada año de la forma más ventajosa para las ONG. Sería imposible aplicar las enmiendas núms. 11 y 16 y la primera parte de las enmiendas núms. 14 y 25 en la práctica. La enmienda nº 15 sobra, ya que, conforme al régimen de ayudas, tal como funciona en la actualidad, todas las ONG que reciben subvenciones han de llevar cuentas correctas, cualquiera que sea la subvención. Según la enmienda nº 12, se podría cubrir la totalidad de los gastos, pero esto no sería una ventaja para las ONG que se encontrasen en esta situación, ya que en tal caso dependerían totalmente de la subvención de la Comisión, ni para las ONG en general, porque esto significaría una reducción de las organizaciones con acceso a los limitados medios financieros. Tampoco podemos aceptar las enmiendas núms. 19 y 20, ya que su aplicación significaría que habría menos fondos a disposición de la cooperación, de gran importancia para las ONG europeas.
En cuanto a la enmienda nº 22, la aceptamos en principio después de ciertas modificaciones del texto. Estamos dispuestos a revisar la duración máxima del período de ayudas, fijada en tres años en la propuesta original. Esta actitud armoniza con la política de la Comisión de reforzar la asociación con las ONG más dinámicas y representativas.
Finalmente, quiero dar las gracias una vez más al Parlamento por el gran trabajo que ha realizado en relación con esta propuesta. Creo que puedo decir que todos los presentes vemos en las ONG unos socios muy valiosos en el proceso decisorio político y, por ello, estoy segura de que juntos alcanzaremos una propuesta que favorecerá al máximo a las ONG y, por lo tanto, al medio ambiente.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Repercusiones de determinados proyectos
sobre el medio ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0343/96), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (C4-0371/96-94/0078(SYN)) (Ponente: Sr. Lannoye)

Lannoye
Señor Presidente, la Directiva sobre los estudios de impacto ambiental fue aprobada por el Consejo en 1985. Hace ya más de diez años y es un lapso de tiempo en el que han cambiado muchas cosas. Efectivamente, desde el Acta Única y el Tratado de Maastricht, la política sobre el medio ambiente ha adquirido (al menos sobre el papel) una nueva dimensión. Por otra parte, el Convenio de Espoo, que trata sobre el estudio de impacto de proyectos transfronterizos, fue firmado por todos los Estados miembros de la Unión Europea en 1991 pero, desgraciadamente, no ha sido ratificado.
Finalmente, y esto es quizá lo más importante, el uso ha constatado las deficiencias de esta Directiva de 1985. Efectivamente, si ustedes se dirigen a nuestros colegas de la Comisión de Peticiones, y sobre todo a su presidente, habrán de saber que sobre la base de esta Directiva ha salido adelante el mayor número de peticiones ante este Parlamento.
Todo ello justificaba y justifica ampliamente que ésta se vea modificada y mejorada.
Y, para ser justos, hay que decir que el Consejo, después de la primera lectura del Parlamento y la propuesta de la Comisión, la ha mejorado en parte. Y digo bien, »en parte».
Voy a comenzar por las flores pues, en lo que respecta al procedimiento de concertación para los proyectos transfronterizos (por tanto dependientes del Convenio de Espoo aplicado a la Unión Europea) se puede considerar que, de manera global, la propuesta es satisfactoria.
El segundo punto positivo es la lista de proyectos que son objeto de un estudio de impacto obligatorio (la lista del Anexo I), que se ha alargado de forma considerable, algo que resulta positivo, pero también debo manifestar una reserva. Contiene algunas lagunas graves, sobre todo en lo que respecta a la industria ganadera intensiva, a la adopción de umbrales demasiado elevados, más incluso que en la directiva IPPC, lo que ya es el colmo.
Por lo que respecta a las líneas de transporte de energía eléctrica de alta tensión, se ha elegido una tensión umbral de 225.000 voltios, algo totalmente incomprensible o demasiado comprensible, pues en 220.000 voltios se encuentran los proyectos más numerosos. Finalmente, excepciones para empresas fabricantes de lubricantes, y la no consideración de las instalaciones de producción de hidrocarburos en el mar. He aquí toda una lista de carencias.
En lo referente al Anexo II para los estudios de impacto no obligatorios, se puede constatar un retroceso por parte del Consejo con relación a la propuesta de la Comisión. Tenemos que lamentarlo. En nombre de la subsidiariedad se devuelve la responsabilidad a los Estados miembros para decidir, respecto de las zonas de protección especiales, si es necesario un estudio de impacto ambiental o no, puesto que serán los propios Estados los que definan los criterios.
Importante laguna igualmente, se han rechazado todas las enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento, orientadas a reforzar la información y consulta a los ciudadanos afectados. Es asombroso cuando se está hablando de participación y democracia. Cuando el Parlamento propone mecanismos concretos, absolutamente realistas, se ven rechazados.
Una última observación, para terminar, la «opción cero». Se trata de la posibilidad de no realizar el proyecto porque se pueda actuar de otra manera para responder a la demanda. Pues bien, esta «opción cero» no aparece claramente en el proyecto del Consejo. En consecuencia, tenemos un conjunto de elementos que han llevado a la Comisión de Medio Ambiente a proponer una serie de enmiendas, que me parecen perfectamente realistas y mejoran de manera importante la propuesta del Consejo e incluso la propuesta inicial de la Comisión.
Si es necesario mejorar un texto, ha de hacerse completamente. No comprenderé, y creo que la Comisión de Medio ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor tampoco comprendería, que se dotara de un instrumento realmente cualificado y que no se llegara hasta el límite del sentido común. Es decir, se trata de un instrumento de política de medio ambiente esencial y, en el caso que nos ocupa, estamos un poco a medio camino, se adopta un instrumento que tiene ventajas pero que no llega muy lejos.
Ahora me dirijo a los colegas de los demás grupos, o bien seguimos planteando objetivos ambiciosos en materia de medio ambiente y cuando se trata de nuevos proyectos, como en este caso, es necesario dotarse de un instrumento especialmente cualificado para que esos proyectos sean compatibles con los objetivos del futuro. El objetivo del estudio del impacto ambiental es elegir los proyectos para que tengan un impacto mínimo en el medio ambiente. Por tanto, creo que aquí tenemos una excelente posibilidad. Si mañana conseguimos una mayoría de 314 votos y la Comisión nos apoya en una mayoría de enmiendas, creo que habremos dado un gran paso adelante en pos de una buena política de medio ambiente.
Desearía oír a nuestro Comisario sobre este tema para saber cuál es la posición de la Comisión. Ello pudiera quizá determinar el voto de algunos colegas mañana a las 12.00 horas.

Berthet-Mayer
Señor Presidente, desde hace unos veinte años, la política europea incluye al medio ambiente en las prioridades de las políticas comunes. Entre los instrumentos técnicos de esta política, las medidas de prevención e integración del medio ambiente en la concepción de los distintos proyectos constituyen un hecho incuestionable para nuestros países industrializados, en los que las modificaciones de los ecosistemas y paisajes han sido, en cuarenta años, desde el Tratado de Roma, más rápidas y profundas que en cualquier período anterior.
La creciente demanda de los ciudadanos con respecto al medio ambiente y las distorsiones de competencia provocadas por enormes diferencias entre Estados miembros nos exigen, como parlamentarios, un alto nivel, alcanzado ya en diversos países, en numerosos Estados miembros, entre ellos Francia junto con los últimos incorporados, Austria, Finlandia y Suecia.
En el marco de los estudios de incidencia o de impacto medioambiental, es necesario ejercer una vigilancia especial en los campos de definición de los diversos proyectos de urbanismo, industrias e infraestructuras, pero también de agricultura y ocio, como lo demuestra el informe sobre la aplicación imperfecta de la directiva de 1985. Han debido ser evaluados mediante procedimientos equivalentes y técnicamente equitativos.
El proyecto de modificación de la directiva incide en este sentido para hacer obligatorio, en su Anexo I, este procedimiento para proyectos o modificaciones importantes de actividades que se le escapaban hasta ahora, creando así deslocalizaciones intraeuropeas y distorsiones de competencia. Esta medida va en el buen camino de la armonización de los procedimientos a nivel europeo y nosotros apoyamos al ponente, Sr. Lannoye, por su importante trabajo de fondo.
Sin embargo, al tratarse de la agricultura, sabiendo que la directiva «nitratos» ya existente establece la cantidad de nitrógeno de origen animal en 170 kilos por hectárea y por año en aplicación sobre el terreno, me he visto obligada, con otros veintinueve colegas, a presentar una enmienda de compromiso para la ganadería intensiva. En una preocupación por la simplificación, la enmienda 26, para el Anexo I, propone 200 UGM para las ganaderías intensivas y 10 toneladas por año para las capturas pesqueras, como umbral de inicio de un estudio de impacto ambiental. Una dimensión límite para una nueva ganadería es un criterio sencillo y controlable por las autoridades administrativas.

White
Una vez más se acerca la medianoche y una vez más la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor celebra su debate. Un día sobrepasaremos la medianoche y al salir, descubriremos zapatos de cristal en las escaleras y a todos los coches con chófer convertidos en ratones, porque los temas de la Comisión de Medio Ambiente son la Cenicienta del debate. Creo que es una pena. Este aspecto ya se planteó como motivo de preocupación la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y antes de eso, mantuve una correspondencia considerable con el Sr. Vinci. Podría pedir, por favor, que se remedie esta situación. Alguien tiene que ser el último los martes por la noche, pero no tiene por que ser siempre la Comisión de Medio Ambiente.
Los temas que estamos debatiendo tienen una importancia tremenda para los ciudadanos europeos. Felicito al Sr. Lannoye por su excelente informe, y quisiera dirigir algunas palabras a través de la Asamblea a los representantes del PPE y de los Liberales, de manera que podamos formar algún tipo de coalición. Estoy impresionado por la forma en que el PPE parece haberse alejado de la postura bastante negativa que defendió en el debate en la Comisión de Medio Ambiente, hasta llegar a aceptar algunas de las principales enmiendas que nosotros consideramos importantes. No creo, sin embargo, que el PPE haya ido lo suficientemente lejos y quisiera pedirles, en particular, que estudien la enmienda 7, que según tengo entendido, aún siguen decididos a rechazar. Dicha enmienda es relativa a la definición de la palabra «proyecto». En el PSE creemos que es muy importante porque si definimos el término «proyecto» de forma satisfactoria, podremos evitar casos en los que se emprenda toda una serie de pequeños proyectos para evitar la definición de un proyecto principal. En el Reino Unido, por ejemplo, hemos tenido una serie de casos en los que con el pretexto de construir vías de circunvalación en ciudades relativamente pequeñas, se construyó una autovía a hurtadillas. De forma similar, en el caso de la minería a cielo abierto a la que se hace referencia en el Anexo II, puedo prever una situación en la que una serie de minas a cielo abierto entrarían bajo el límite necesario, pero que si se toman conjuntamente, tendrían un efecto tremendo sobre el medio ambiente local. Permítame, por consiguiente, pedir al PPE que estudie la enmienda 7 a la luz de lo que he dicho, y que tenga en cuenta esa posibilidad.
Permítame también llamar la atención del Parlamento sobre la enmienda 23. Quisiera pedir al PPE que la estudie detenidamente, porque estamos hablando de carreteras y esa enmienda, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, intentaba tener en cuenta la posibilidad de una gran carretera de 10 kilómetros o más de longitud continua. Está claro que puede aplicarse el mismo argumento que en el caso de las carreteras de circunvalación.
Permítame felicitar también al PPE porque parece haber avanzado en lo relativo a la enmienda 38. Ahora parece que se ha aceptado el concepto de opción cero y espero por ello que con el apoyo de los Liberales, el PSE y los Verdes se reivindique un principio en el votación de mañana.

Schleicher
Señor Presidente, señoras y señores, al contrario que el ponente, en la opinión común no veo una mejora esencial frente al proyecto de la Comisión. Sintiéndolo mucho, señora Bjerregaard, esto es así tanto en lo que se refiere a la nueva versión de los Anexos I y II como a los Anexos III y IV que precisan los criterios de selección de los proyectos.
No obstante, sigo viendo unos puntos de crítica graves. Incluso los textos legales muy bien intencionados no funcionan en la práctica cuando no se cumplen determinadas condiciones. Una de esas condiciones sería la de coordinar sistemáticamente las restantes directivas relativas al medio ambiente que afectan a los mismos asuntos, como la directiva sobre el IPPC, la de Seveso o la auditoría ecológica, pues esta carencia de coordinación dificulta considerablemente la aplicación.
Además, tengo que constatar que casi todas las nuevas enmiendas están dirigidas a dificultar la aplicación práctica del control de la compatibilidad medioambiental en los Estados miembros. Tanto los titulares de los proyectos como las autoridades que examinan las solicitudes se verían enfrentados a más cargas procedimentales y retrasos, lo que no creo repercuta en favor del medio ambiente. Por el contrario, la mayoría de esas enmiendas menoscabaría la calidad del control de la compatibilidad medioambiental y, en consecuencia, de la protección del medio ambiente. Coincido con el Sr. White en que es ciertamente lamentable que discutamos siempre los martes por la noche los trabajos legislativos importantes en los que el Parlamento tiene realmente potestades decisorias y que la información en la prensa se produzca solamente dos días más tarde, con lo que no se obtiene el efecto deseado. El Presidente en funciones no tiene la culpa de que se haya dispuesto así pero es tarea de nuestro grupo político que nos reunamos y tomemos las medidas necesarias para que los temas de medio ambiente se debatan a unas horas en que los ciudadanos puedan estar sentados y escuchar en la Tribuna, pues el medio ambiente es un campo que interesa realmente a una gran parte de los ciudadanos y son conscientes de que solamente se puede regular conjuntamente.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, deseo dar las gracias al ponente por el trabajo llevado a cabo y, en especial, a la Comisión de Agricultura que quiso resaltar la importancia de armonizar las directivas sobre el medio ambiente y, por consiguiente, disponer de estrategias claras y mantener una coordinación y coherencia a la hora de hablar de intervenciones, en particular, en relación con el medio ambiente.
La propuesta objeto de examen está dirigida a mejorar el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, creado en virtud de la Directiva 85/337/CEE, y a aclarar y ampliar las listas de los proyectos que forman parte del ámbito de aplicación de la Directiva. En consecuencia, el objetivo reside en garantizar una actuación más coordinada y eficaz de la propia directiva, ante todo, a la luz de los progresos internacionales que afectan al sector.
El informe aprobado el año pasado por el Parlamento Europeo, a pesar de reconocer las mejoras aportadas al texto por la Comisión, quiso reforzar esta orientación presentando modificaciones sumamente importantes, encaminadas tanto a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva como a definir los criterios comunes y a precisar la noción de «zona sensible», que obligan a realizar un estudio de las repercusiones sobre el medio ambiente.
Asimismo, se quiso poner como condición fundamental a los efectos de la aplicación de la directiva, el tema de la información que debe facilitarse al ciudadano lo antes posible y, en todo caso, antes de tomar cualquier decisión.
Este concepto de democracia participativa que la Comisión de Medio Ambiente quiso subrayar a través de las enmiendas presentadas en segunda lectura, reviste una importancia prioritaria, habida cuenta de que no se pueden tomar decisiones que repercuten sobre el medio ambiente, sin que los ciudadanos, primeros usuarios del medio ambiente y del territorio, las conozcan. De hecho, el público debe poder expresar su opinión y estar informado de forma clara y transparente acerca de la realización de determinados proyectos públicos y privados y ello, interviniendo en el correspondiente procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente.
No hay que olvidar que el medio ambiente pertenece a todo el mundo y que el respeto del territorio se logra a través de una educación adecuada, dirigida a responsabilizar a los usuarios. Por último, deseo recordarles que la salvaguardia y el respeto del medio ambiente se alcanzan cuando se interviene sobre el territorio de forma adecuada y, por consiguiente, con intervenciones claras. Sin embargo, hay que tener cuidado y recordar que la degradación se produce también de otras maneras.

Dybkjær
Señor Presidente, quiero empezar dándole las gracias al ponente por el gran trabajo que ha realizado en este ámbito, pero al mismo tiempo quiero decir que creo que, en el caso de esta propuesta, debemos debatir el tema de la subsidiariedad de forma algo diferente de como lo hemos hecho hasta ahora. Estoy de acuerdo con el ponente en que una serie de las enmiendas presentadas son necesarias, pero, por otra parte, quiero decir que, al entrar tanto en detalle como lo ha hecho el ponente y al describir minuciosamente las relaciones entre el público, las autoridades competentes y los contratistas, se está entrando en el ámbito de la gestión de un sistema, y precisamente, en cuanto a la gestión de los sistemas, hemos de admitir que los Estados miembros tienen tradiciones muy diferentes. En comparación, por ejemplo, con la tradición danesa, las enmiendas de esta propuesta son excesivamente detalladas. En Dinamarca tenemos experiencias excelentes respecto a los efectos sobre el medio ambiente y, aunque yo mismo he criticado algunas de las cosas que se han hecho, son experiencias importantes. Varias de las enmiendas no son válidas para Dinamarca. Como ejemplo quiero mencionar la enmienda nº 14, en la que el ponente especifica la formación de los expertos que realizarán los estudios de impacto ambiental. Me parece que corresponde a cada país decidir sobre este tema. Por tanto, opino que el ponente ha sido excesivamente minucioso en la gestión, quizá a consecuencia de la tradición francesa, y no ha tenido en cuenta lo que puede ser apropiado, por ejemplo, en los países nórdicos, o, por lo menos, para la tradición danesa.

González Álvarez
Señor Presidente, nosotros estamos completamente de acuerdo con la propuesta del Sr. Lannoye y con las enmiendas que él propuso y se aprobaron por mayoría en la Comisión de Medio Ambiente.
También estamos de acuerdo con la necesidad de reformar una Directiva, la 85/337, cuyas lagunas y problemas quedaron de manifiesto a la hora de su aplicación práctica. Respecto de las enmiendas, sólo nos referiremos a algunas que nos parecen más importantes: nosotros vamos a estar de acuerdo en que se limiten las excepciones, pues dichas excepciones están produciendo verdaderos desastres en algunos países.
Se debe subrayar la importancia de la definición de criterios comunes para las zonas especiales, el ámbito de aplicación y, sobre todo, la información y consulta a los ciudadanos. Nosotros sabemos que eso es complicado porque ni siquiera la Directiva de exigencia de información a los ciudadanos -la 91/313- ha sido trasladada al derecho de algunos Estados, por ejemplo, el mío. Y, por tanto, es muy difícil conseguir que los ciudadanos se enteren y participen, y ya sabemos que no hay posibilidad de conservar el medio ambiente si los ciudadanos no participan, si no son conscientes de la riqueza que supone conservarlo.
Y, al contrario que la Sra. Dybkjær, yo sí creo muy importante la enmienda que se refiere al rigor en los estudios sobre impacto ambiental. Yo recuerdo que hace 2 ó 3 años, un estudio de la propia Comisión demostraba que probablemente sólo el 20 % de los estudios sobre impacto ambiental eran rigurosos y, en ocasiones -eso ocurre en mi país, de acuerdo con las diferentes culturas de las que hablaba la Sra. Dybkjær-, son las propias empresas las que contratan los equipos que van a hacer el estudio sobre impacto ambiental. Por tanto, así no se puede seguir, y nosotros apoyaremos esas y otras enmiendas que el Sr. Lannoye propuso en la Comisión de Medio Ambiente.
Pero, además, hay otro problema, y se refiere a las medidas que han de tomarse por el incumplimiento flagrante de muchos países con respecto a la Directiva 85/337 y otras, al Derecho comunitario ambiental en general. El señor Presidente sabe muy bien -ya que él ha sido ponente en algunas ocasiones sobre el informe anual relativo al cumplimiento del Derecho comunitario- que el Derecho comunitario relativo al medio ambiente es reiteradamente incumplido por los diferentes Estados. Por lo tanto, ahí hay mucho que trabajar, y nosotros vamos a apoyar el informe del Sr. Lannoye.

Blokland
Señor Presidente, puedo ser breve sobre esta recomendación. En los países de la Unión hay opiniones muy diferentes sobre el uso del instrumento de estudio de impacto ambiental. Algunos países dicen: cuantos más, mejor; mientras que otros, como mi propio país, los Países Bajos, dicen: hay que hacer estudios de impacto ambiental sólo cuando se esperan importantes consecuencias negativas para la naturaleza y el medio ambiente.
Soy partidario de esta última visión. Prefiero un único informe de impacto ambiental sobre grandes proyectos, que miles de informes sobre proyectos más pequeños. Esto provoca el debilitamiento del instrumento de estudio de impacto ambiental.
El Consejo ha llegado a una posición común, que nos satisface en términos generales. Se ha hecho bien en ampliar considerablemente el anexo de un estudio de impacto ambiental obligatorio. El anexo II, que indica a partir de qué umbrales hay que determinar la opción a favor o en contra de un estudio de impacto ambiental, sigue siendo suficientemente amplio.
Con todo significa una mejora de la antigua directiva de 1985, que presentaba grandes diferencias de ejecución.
Quiero tratar por separado una enmienda. Se trata de la enmienda nº 26. Con ella se obliga a la agricultura neerlandesa a hacer estudios de impacto ambiental. No me parece conveniente. En este sentido, el texto de la comisión es mejor. En él se propone sólo un estudio de impacto ambiental para la cría intensiva de aves de corral que supere un determinado número. Con ello creo que quedan cubiertos los casos que pueden tener consecuencias importantes para el medio ambiente.
Por último, quisiera formular una pregunta a la Comisaria: ¿es realista mantener el 31 de diciembre de 1997 como plazo de aplicación de esta directiva, dada la necesidad de modificar la legislación y la reglamentación en los Estados miembros?

Graenitz
Señor Presidente, según el apartado 2 del artículo 130A, del Tratado, la política de medio ambiente de la Comunidad se basa en los principios de la previsión y de la prevención y en el de combatir los peligros del medio ambiente en sus orígenes. El instrumento para lograr esto es la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente.
Hoy se realiza la segunda lectura del informe del Sr. Lannoye sobre este tema. Me permito expresarle mi agradecimiento por su informe. Quisiera decir en este punto que, al contrario que la Sra. Dybkjaer, considero muy importantes y acertadas las unificaciones que el Sr. Lannoye propone al respecto. No podemos tener por un lado un mercado interior y, por otro, realizar de diferente manera en los países miembros las evaluaciones de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente.
La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente es el instrumento para un desarrollo sostenible de la economía pues nos permite evitar inversiones erróneas, los elevados costes de los daños medioambientales o destrucciones irreparables y creo que para ello es necesaria la cooperación de las autoridades, las empresas y la opinión pública. Por ello, apoyo decididamente la enmienda del Sr. Lannoye en la que insiste sobre la necesidad de participación de la opinión pública. En la ciudad donde yo vivo se ha llevado a cabo de modo experimental una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente exactamente en base a los principios mencionados, con el resultado de que se pudo desarrollar un procedimiento que ahorraba una fase y, en consecuencia, elevados costes a la empresa así como evitar residuos altamente tóxicos que deberían haberse también eliminado. Además, no se plantearon recursos tras el primer procedimiento y se pudo adelantar el inicio de las obras pues el procedimiento administrativo concluyó muchos meses antes de lo que había imaginado la empresa. La consecuencia fue una aceleración. Incluir a los ciudadanos no supuso ninguna desventaja.
Creo que precisamente esto es lo que deberíamos tener en cuenta: si queremos un desarrollo sostenible, solamente se podrá alcanzar mediante la participación de los ciudadanos, la claridad y la transparencia. No informar plenamente a las ciudadanas y ciudadanos no conduce a otra cosa que a recursos y retrasos y esto es precisamente lo que queremos evitar.

Rübig
Señor Presidente, señoras y señores, a veces me pregunto cómo proyectos en si razonables o, al menos, defendibles, como es el caso en la presente modificación de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, se pueden devaluar de tal modo mediante criterios formales, por ejemplo, introduciendo unos plazos de aplicación tan cortos. En mayo de este año, aprobamos en esta Asamblea unas normas para evitar e impedir la contaminación del medio ambiente y consideramos que el plazo de aplicación de tres años era necesario y razonable. No ha sido así, pues, según el procedimiento normal, la presente directiva se va a publicar a partir de marzo del próximo año y se prevé un plazo de aplicación de hasta el 31-12-1997. Es decir, solamente quedan nueve meses para la aplicación en los Estados miembros. Tal como muestra la experiencia tenida hasta ahora en la aplicación de leyes anteriores relativas a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, hace falta un plazo mucho más largo para que un procedimiento de este tipo se recoja en el orden jurídico de los países.
Queremos tener la oportunidad de que esta materia se trate adecuadamente y no se apliquen medidas chapuceras. Ruego por ello que se considere un plazo de aplicación de dos años, tal como dice la enmienda nº 42, ya que de lo contrario, no se tratará el asunto como se merece y conducirá a numerosos problemas que los afectados deberán sufrir en los diferentes Ministerios y empresas. Por ello, insisto de nuevo en que se tenga en cuenta un plazo de aplicación de dos años.

Jackson, Caroline
Señor Presidente, creo que todos coincidimos en que lo que hace falta es una aplicación más consistente de la directiva de 1985 en toda la Unión Europea. Al igual que la Sra. Dybkjær, creo que la posición común nos da esa consistencia. No veo motivo para las enmiendas que presenta el Sr. Lannoye. Creo que el Sr. Lannoye tiene su propia agenda. Su agenda, en realidad, no se ve impulsada por lo que él encuentra ampliamente en este informe, que es un informe de la Comisión con fecha de 1993 sobre cómo se está aplicando esta directiva. No comprendo cómo la Sra. Barthet-Mayer, que creo que está aún con nosotros al menos de cuerpo, si no de espíritu y mente, puede afirmar que Francia presenta un buen historial en la aplicación de la declaración sobre la evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente. Llamo su atención sobre la página 27 de dicho informe de 1993, donde dice, en lo relativo a la provisión de información al público sobre la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, que en Francia, esta fase tiene lugar a veces después de la ejecución del proyecto. Sin duda se trata de algo que merece ser abordado y, creo que es abordado por las enmiendas que ha presentado la Comisión.
Debo llamar la atención, en particular, del Sr. White, quien parece estar bastante informado de las deliberaciones en el seno del PPE, hasta el punto que sabe que nos opondremos a la enmienda 26. No creemos que eso sea tratar la agricultura adecuada ni inteligentemente. Causaría enormes perjuicios y no produciría un texto inteligente. Definitivamente nos opondremos a la enmienda 26, la cual espero sinceramente que sea rechazada.

Bjerregaard
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y, en especial, al ponente, Sr. Lannoye, por su esfuerzo y por la atención que ha demostrado al examinar esta propuesta. La Comisión se alegra de que se esté a punto de aprobar definitivamente una disposición legislativa importante en materia de medio ambiente. La Directiva relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente es un instrumento fundamental para la protección del entorno. El objetivo de la Comisión en la revisión de la Directiva de 1985 era llegar a disponer de un sistema EIA más claro y eficaz. No debía ser un procedimiento complicado ni demasiado burocrático. Obviamente, no apoyaremos los intentos de debilitar la Directiva.
Algunas de las enmiendas no pueden ser aceptadas por la Comisión por motivos técnicos, pero también porque modifican el método escogido. Llevaría demasiado tiempo debatir cada enmienda en detalle, por lo que me limitaré a indicar nuestra actitud ante las enmiendas y a comentar algunas de ellas. En principio, la Comisión acepta en todo o en parte las siguientes enmiendas: las enmiendas núms. 1, 32, 35 y 39 son aceptadas totalmente, las enmiendas núms. 5, 7, 15, 26, 30, 37, 42 y 43 en principio, y las núms. 12, 16, 38 y 41 parcialmente, lo que quiere decir que no podemos aceptar el resto de las enmiendas.
Algunas enmiendas, es decir, las núms. 3, 6 y 8, se refieren a la inclusión de evaluaciones ambientales de los programas de la propuesta. La Comisión está totalmente de acuerdo con la importancia de una evaluación de ciertos planes y programas y está trabajando en este ámbito en la llamada Directiva EAE, evaluación ambiental estratégica. Está previsto que este nuevo instrumento ambiental sea sometido a debate en la Comisión mañana, por lo que no hemos aceptado todas las enmiendas referentes a este tema.
La enmienda nº 9 se refiere a la supresión de la excepción para proyectos destinados a fines de defensa nacional. Desde un punto de vista medioambiental no hay motivos para mantener la excepción para la defensa nacional. Con una evaluación ambiental en mente, se puede entender la preocupación del Parlamento, pero la defensa nacional cae fuera del ámbito de competencias de la Comunidad, por lo que la excepción debe permanecer en la Directiva.
También tengo algunos comentarios sobre las enmiendas núms. 12, 37, 13, 17 y 18, pero, si no me lo piden específicamente, los omitiré por lo avanzado de la hora. La enmienda nº 42 modifica la fecha de aplicación, sustituyendo el 31 de diciembre de 1997 por «en los dos años siguientes a su notificación». El establecimiento de la fecha de aplicación depende de cuándo sea aprobada por el Consejo la Directiva modificada. No es probable que esto suceda hasta principios de 1997, por lo que la fecha actual, el 31 de diciembre de 1997, supone un margen demasiado estrecho para una aplicación en toda regla. Por otro lado, dos años desde su notificación puede significar el comienzo de 1999, lo que es demasiado tiempo. Un año después de la notificación parece ser un marco temporal adecuado para una aplicación satisfactoria de la Directiva modificada. Por ello, aceptamos, en principio, esta enmienda.
Esto me lleva a las enmiendas núms. 21 a 31 y 39 a 41, que añaden nuevos proyectos al Anexo 1 de la Directiva. Apoyo el principio de ampliar el Anexo 1. No obstante, para evitar evaluaciones innecesarias, debemos garantizar que el Anexo 1 incluya únicamente proyectos con importantes impactos medioambientales. Otro importante requisito al Anexo 1 es que las descripciones han de ser suficientemente claras para determinar qué proyectos pertenecen al Anexo. La enmienda nº 26 y la primera parte de la enmienda nº 41 se refieren a las instalaciones de ganadería intensiva, y varios oradores se han referido a este tema. Podemos aceptar estas enmiendas en principio, ya que es importante para el medio ambiente no incluir únicamente aves de corral y cerdos, como viene reflejado en la posición común, sino también otros tipos de ganadería intensiva que pueden causar impactos medioambientales importantes, sobre todo, debido a la concentración y producción de abono; sin embargo, el valor umbral más alto para los emplazamientos de ganado de la enmienda nº 41 es preferible para incluir los casos que con seguridad vayan a tener importantes impactos medioambientales. No obstante, debe añadirse otro valor umbral, como el que se ha incluido en la enmienda nº 26 sobre la producción de más que 170 kilos de nitratos por hectárea, ya que este punto cumple la Directiva relativa a nitratos.
La Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 30 y 39. La enmienda nº 40 introduce en el Anexo 1 proyectos financiados con los fondos comunitarios. No la podemos aceptar, ya que la fuente de financiación no influye en el impacto medioambiental de un proyecto. Este depende del carácter, del tamaño y de la situación del proyecto y, fuera de eso, los reglamentos de los fondos de cohesión estructural garantizan la concordancia con la legislación medioambiental de la Comunidad, y lo mismo sucede en el caso de la Directiva EIA.
Como conclusión se puede decir que el debate ha sido largo y difícil. La posición común ha introducido importantes mejoras en el procedimiento. Las enmiendas aceptadas mejorarán aún más la propuesta. Daré con mucho gusto toda la información adicional que deseen sobre enmiendas específicas, pero creo que podemos sentirnos satisfechos con esta propuesta, que contribuirá a mejorar la protección humana y medioambiental contra los impactos medioambientales importantes procedentes de proyectos públicos y privados.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Política de residuos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0364/96) de la Sra. Jensen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión (COM(96)0399 - C4-0453/96) sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos y el proyecto de resolución del Consejo sobre la política de residuos.

Jensen, Kirsten
Señor Presidente, los residuos no se producen por sí solos. Forman parte de una producción, que tiene otros objetivos. Esos objetivos son a menudo la causa de los problemas medioambientales, incluidos los problemas en el medio de trabajo. Los residuos son desperdicios y deben reducirse todo lo posible, ya que, de este modo, se podrán minimizar las consecuencias para el medio ambiente. Todos los intentos de normalizar los residuos y convertirlos en productos normales que no requieran el control de las autoridades de medio ambiente pasan por alto el hecho de que los residuos proceden de los sistemas de producción. En muchos sitios, se intenta socavar el posible control de los residuos con fines medioambientales. Igual que otros diputados al Parlamento Europeo, he recibido propuestas de la industria con el propósito de dictar a los representantes directamente elegidos por el pueblo cómo votar en el caso de la estrategia de residuos. Esta forma de proceder me resulta muy embarazosa, y espero que a los demás diputados les parezca tan vergonzoso que este hecho en sí les induzca a no prestar atención a esos intentos de manipulación. ¡Ojalá tuviéramos un sistema de audiencias abiertas, que permitiese a todos los afectados, no sólo a los más ricos, ser oídos y hacernos saber con quién ha estado en contacto la Comisión antes de presentar una propuesta!
La Comisión misma cuestiona en la Comunicación el alcance del principio de subsidiariedad. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no es partidaria del «turismo» de los residuos. Hemos estado paseando por montañas de residuos en la antigua Alemania del Este procedentes de la Alemania Occidental y hemos recibido informes sobre el envío de residuos peligrosos a países en desarrollo, que pagan las ayudas recibidas con depósitos de residuos peligrosos. Atribuimos gran importancia a las sentencias del Tribunal de Justicia que dejan claro que las autoridades pueden prohibir el transporte de residuos destinados a aprovechamiento o eliminación, siempre que el transporte no se ajuste a los planes de gestión de residuos, siendo las autoridades, a juicio del Tribunal, de nivel regional, municipal u otra forma de entidad local, las que podrán adoptar medidas adecuadas con vistas a recibir, tratar o eliminar los propios residuos. Las autoridades locales desempeñan un papel principal en la gestión de los residuos. La Comisión se limita a mencionar que las autoridades regionales y locales cumplen su función, pero tenemos buenos ejemplos de una cooperación excelente entre las autoridades y la industria sobre la gestión de residuos, que en el caso de Copenhague han supuesto una reducción importante de los residuos procedentes de la industria de la construcción y han propiciado que permanezcan vacías zonas previstas para vertederos.
Lo contrario existe también, es decir, algunos Estados miembros no garantizan la creación de vertederos y no informan a la UE de sus planes de gestión de residuos, a pesar de que se comprometieron a hacerlo en los acuerdos aprobados en el decenio de 1970.
La Comisión de Medio Ambiente solicita que se elabore un programa de acción para la gestión de residuos. Entiendo perfectamente esta petición, pues no es necesario que se presente una Comunicación como ésta al Parlamento, por mucho que tengamos competencias de decisión compartida o, por lo menos, influencia compartida concretamente en la propuesta sobre residuos una influencia que la Comisión ha reconocido teniendo en cuenta gran parte de nuestras enmiendas. Muchos se preguntan: ¿Qué es una Comunicación? ¿Es obligatorio aplicarla? La única respuesta que puedo dar es ésta: es una buena pregunta; las autoridades pueden atenerse a la comunicación si les gusta, o pueden hacer caso omiso de ella si no les gusta.
Ahora tengo algunas preguntas que hacer a la Comisión sobre los acuerdos voluntarios. La Comisión ha dicho en la Comisión de Medio Ambiente que no es ella quien se ha aficionado de repente a los acuerdos voluntarios; sin embargo, es innegable que aparecen mencionados en la Comunicación de la Comisión. Por ello, quisiera saber si la Comisión está de acuerdo en que los acuerdos voluntarios se pueden aplicar en un contexto regional o nacional que disponga de un sistema de arbitraje para aclarar las diferencias, pero difícilmente a nivel europeo, ya que no se pueden garantizar ni la cobertura ni la aplicación, ni las decisiones judiciales.
La responsabilidad de los fabricantes. La Comisión menciona la responsabilidad de los fabricantes y el principio de «el que contamina, paga». Palabras en boca de todos en el debate de medio ambiente. El tema es cómo interpretarlas. Puede haber muchos fabricantes en una cadena de producción, por lo que sería demasiado sencillo imaginarse acuerdos claros sobre quién debe retirar los residuos. ¿No sería mejor considerar la posibilidad de que los fabricantes compartiesen la responsabilidad de la gestión de los residuos? ¿Qué incentivos económicos puede ofrecer la Comisión en este sentido? ¿Está de acuerdo en que debe costar lo mismo deshacerse de residuos en toda la UE?
Los residuos como mercancía. Estoy de acuerdo en que los residuos pueden tener un valor oculto y que pueden utilizarse como materia prima secundaria, pero dudo de que este objetivo pueda lograrse sin una planificación a nivel local o regional. Sería un error dejar escapar residuos no destinados a su eliminación definitiva. Creo que los residuos siguen siendo una mercancía muy especial.
También quiero preguntar a la Comisión sobre sus planes para los residuos peligrosos, la clasificación en origen, los impuestos ecológicos y el control de los planes de gestión de residuos de los Estados miembros.

Bowe
Señor Presidente, intervengo no sólo para exponer la opinión de mi Grupo sobre este asunto, sino también para expresar mi satisfacción personal por la revisión de la estrategia para la gestión de residuos que ha presentado la Comisión, y por cómo se ha visto reforzada y desarrollada gracias a las enmiendas del ponente.
En calidad de autor de la respuesta del Parlamento a la anterior estrategia de la Comisión para la gestión de residuos, veo aquí un cuidadoso desarrollo de aquella estrategia en la que se hace hincapié de muchas maneras en gran número de los métodos que contemplábamos hace cinco años, permitiendo profundizar en ellos. Un elemento nuevo que acojo con gran satisfacción es el renovado énfasis que pone en la necesidad de garantizar que la estrategia para la gestión de residuos potencie y se construya en torno al principio de desarrollo sostenible. En particular, es importante que estudiemos la jerarquía, que aceptemos que la jerarquía de pasos puede mejorarse aún, que se le puede dar mayor protagonismo para asegurarnos de que hacemos lo correcto con los residuos que, inevitablemente, genera la sociedad y que, inevitablemente, debemos hacerlos inocuos para proteger el medio ambiente.
En la jerarquía de la gestión de residuos, la incineración tiene una función continua, pero dicha función necesita ser revisada constantemente. Existe, en particular, la necesidad de examinar algunos elementos de la forma en que se utilizan las fábricas de cemento para quemar residuos, especialmente residuos peligrosos. Aunque el compostaje ha sido una actividad que no ha recibido la debida atención en el pasado, debemos apoyar más esa actividad y promover su desarrollo a nivel local y regional.
La nueva estrategia para la gestión de residuos reconoce el papel de las autoridades locales y regionales en la tarea de facilitar, desarrollar y aplicar una auténtica gestión de residuos para Europa. Su participación y sus acciones positivas son esenciales para hacer realidad una estrategia para la gestión de residuos eficaz. Nos ayudan de muchas formas a reforzar el principio de proximidad y a eliminar la posibilidad del «turismo» de los residuos.
Por último, hay un aspecto que no podemos pasar por alto. Me refiero a la incesante presión para que se reduzcan los residuos tóxicos y peligrosos que acaban en el flujo de residuos. Algunas de esas substancias, por ejemplo el PVC, convendría tratarlas dentro de proyectos para los flujos de residuos prioritarios que podrían dar prioridad al reciclado como estrategia principal. Pero si queremos conseguir una estrategia real y auténtica para la gestión de residuos, tenemos que extraer los productos tóxicos del flujo de residuos.

Rübig
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme que me refiera primero a la gran complejidad e importancia del tema de la política de residuos. Complejo, porque a la luz de la jurisprudencia de Tribunal Europeo de Justicia, se ha llegado relativamente tarde al convencimiento de que los residuos tienen una posición especial en el libre tráfico de mercancías y existen aún algunos aspectos oscuros. Es importante el tema porque hay que encontrar una solución básica a la problemática del Reglamento sobre los residuos y porque nuestra calidad de vida dependerá en gran medida de ello en el futuro.
Comparto la crítica realizada por la ponente en el sentido de que la Unión Europea no tiene una estrategia clara, si bien lo veo de un modo algo más diferenciado. Por un lado, como Parlamento Europeo no podemos exigir permanentemente la subsidiariedad y la deregulación como si de una letanía se tratase y, por otro, exigir la competencia comunitaria total sobre el derecho de los residuos.
Me remito en especial al sistema austríaco, que confía la regulación del problema de la eliminación de residuos a los estados Federados y a los Municipios. Tenemos una Ley sobre gestión de residuos y varios planes al respecto. Así pues, si la Comisión Europea es criticada por tener una actitud poco decidida, puede deberse al hecho de que con frecuencia está muy alejada de los problemas reales para poder intervenir con rapidez y eficacia. Sin embargo, apoyo todos los esfuerzos para revisar y desarrollar la actual política de residuos de la Comunidad en el marco del programa de acción.
De este modo, apoyo también la presente resolución, ante todo teniendo en cuenta las razonables enmiendas de los miembros de mi grupo político. Nuestra tarea debe ser primero la de evitar los residuos, reciclarlos lo más posible y sólo después almacenar o eliminarlos adecuadamente.

Eisma
Señor Presidente, acabamos de hablar del quinto programa de acción en materia de medio ambiente y su revisión, pero en el presente programa de acción ambiental la gestión de residuos es un sector muy importante. El Grupo de los Liberales apoya en principio la estrategia, es decir, primero prevención, luego reutilización, después reciclaje y sólo en último lugar ha de encontrarse un modo seguro para eliminar los residuos a través de la quema o el vertido, pero sólo en último lugar.
A veces comprendo que debamos de aportar flexibilidad en esta jerarquía. Podría muy bien darse el caso de que la evaluación técnica ambiental demostrara que, en algunos casos, para el medio ambiente es preferible distanciarse en cierta medida de esta jerarquía. Esta es la primera cuestión.
Luego, para reducir los residuos habrá que aplicar una tasa sobre las materias primas y habrá que introducir instrumentos económicos. Pero también los convenios reguladores entre las empresas y el Estado pueden desempeñar un papel. Para disminuir las sustancias peligrosas de los residuos, como el cloro y los metales pesados, habrá que reducir su uso en el proceso de fabricación. Por ello hemos presentado las dos enmiendas y esperamos que ustedes, Señorías, que siguen en esta sala, cansados y pálidos, les otorguen su apoyo mañana.

Tamino
Señor Presidente, hace algún tiempo sólo nos preocupaba la eliminación de los residuos, sin embargo, el estudio de los flujos y del ciclo vital de los residuos hizo entender, ante todo, que era necesario preocuparse de la gestión de todo el ciclo -desde la producción hasta la eliminación- y hoy nos ha hecho entender que hace falta ir más allá, es decir hay que preocuparse de prevenir la producción de residuos reduciendo lo que se convierte en residuo, por ejemplo, los embalajes, y previendo la utilización de todos los productos que hace tiempo estaban destinados a entrar a formar parte de la cadena de residuos. Esto conlleva eliminar muchas sustancias que hoy se utilizan y que luego se convierten en residuos tóxicos y perjudiciales.
Esto significa pensar de otra forma en todo el ciclo productivo de las mercancías al objeto de evitar la formación de residuos y obtener, en todo caso, materiales utilizables y reciclables. Llevar a cabo esta tarea supone hacer lo mismo de que lo que sucede en la naturaleza. En el medio ambiente, y en términos de cantidad y variedad, las producciones son mucho más relevantes que las industriales, sin embargo, no existe ningún desperdicio que se transforme en residuo. Todo entra a formar parte de unos ciclos complejos que, gracias a la acción de una fuente energética exterior al sistema, la energía solar, reproduce las materias primas para continuar casi de forma indefinida la compleja y numerosa producción de vegetales y animales.
He hecho esta premisa para decir que es necesario reexaminar la estrategia comunitaria sobre la gestión de los residuos y, por consiguiente, resulta oportuna la comunicación de la Comisión en este sentido. Sin embargo, y tal como explicó la ponente Sra. Jensen, en la comunicación casi no existen indicaciones prácticas y operativas para remediar los problemas examinados.
La ponente y la Comisión de Medio Ambiente intentaron corregir estos límites de la comunicación de la Comisión. Nosotros, el Grupo de los Verdes, suscribimos la mayoría de las propuestas y nos alegramos de que una buena parte de nuestras enmiendas fuera acogida por la Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, debemos evidenciar que el punto 4A se formulaba más correctamente en el texto original de la ponente y que algunas de nuestras enmiendas fueron rechazadas, a pesar de ser coherentes con las anteriores elecciones hechas por el Parlamento Europeo y por la Comisión. Este es el caso, por ejemplo, de la enmienda sobre la necesidad de llevar a cabo, ante todo, una selección de los residuos y sólo después estudiar como llevarlos a descargar o a la incineradora y lo mismo vale por lo que se refiere a la selección de los residuos orgánicos.
He citado algunos ejemplos, sólo para anunciar que, por estos motivos, vamos a presentar algunas enmiendas a fin de mejorar el texto objeto de examen.

Bjerregaard
Para comenzar, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a su ponente, la Sra. Kirsten Jensen, por el trabajo que ha realizado en relación con la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la política de residuos. Este esfuerzo ha dado como fruto el debate de hoy. El Parlamento Europeo ha trabajado muy deprisa, pero sin perjuicio de la calidad del trabajo, lo que ha quedado demostrado en el debate. La revisión de la Comisión de la estrategia para la política de residuos es, ante todo, una reacción ante la petición del Parlamento Europeo y del Consejo a la Comisión de revisar la estrategia de 1989. La solicitud del Parlamento Europeo estuvo incluida en su Decisión del 22 de abril de 1994. Por ello, la Comisión ha presentado esta estrategia para la gestión de residuos. No tenemos la intención de elaborar un plan de acción en este ámbito, por varios motivos. El primero es de carácter formal, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo solicitaron a la Comisión que revisase su estrategia para los residuos de 1989. Sin embargo, el motivo más importante es que la elaboración de un plan de acción retrasaría la legislación. La Comisión espera poder terminar una propuesta sobre automóviles fuera de uso (end of life-vehicle) antes de final de año y estamos trabajando en otras propuestas en el ámbito de los residuos para 1997. La legislación comunitaria sobre residuos se inició hace 20 años y es ahora objeto de una revisión muy necesaria, tal como han dicho varios oradores. Hemos comenzado por revisar la legislación fundamental sobre los residuos, los residuos peligrosos y el transporte de residuos. Dentro del marco de esta legislación estamos adaptando la política de residuos a los nuevos requisitos y la evolución en curso, por lo que las propuestas presentadas por el Parlamento armonizan bastante bien con lo que ambiciona la Comisión.
La revisión de la estrategia mantiene la filosofía general y los principios fundamentales de 1989, pero recalca una serie de ámbitos que requerirán especial atención en el futuro, tal como ha dicho la ponente, Sra. Kirsten Jensen, en su excelente informe.
La Sra. Jensen ha formulado unas preguntas concretas que no me da tiempo a contestar muy a fondo en este momento. Me limitaré a contestar un par de ellas y a decir que volveremos a debatir los acuerdos voluntarios en otro momento. Estoy de acuerdo con la Sra. Jensen en que hay diferencias entre lo que es posible a nivel comunitario y lo que se puede hacer a nivel nacional, y quiero añadir que el motivo de trabajar con acuerdos voluntarios es que creemos que hacen falta unas normas de procedimiento más rigurosas que las existentes.
En cuanto a la pregunta sobre la responsabilidad de los fabricantes y la responsabilidad económica, quiero decir lo siguiente: Creo que tendremos un buen debate sobre la propuesta relativa a coches fuera de uso, ya que estará encaminado a encontrar maneras de influir en la producción a través de la legislación medioambiental, lo cual resultará conveniente en muchos sentidos.
Seguiremos basándonos en una jerarquía de principios. A pesar de que ésta goza de una aceptación general, los Estados miembros tienen diferentes opiniones sobre cómo aplicarla en la práctica. Las empresas abogan por una mayor flexibilidad que les permita, en definitiva, decidir cómo gestionar sus residuos, sobre todo en lo referente al reciclaje y a la reutilización. Este es uno de los temas de controversia en la gestión de residuos. La reutilización será siempre preferible a la extracción calórica, debido a que la recuperación de los materiales ayuda a disminuir el volumen de residuos y ahorra materia prima y energía.
Uno de los verdaderos problemas medioambientales es que los gastos económicos de la reutilización de residuos inducen frecuentemente a las empresas a abogar por la extracción calórica en vez de por la recuperación de los materiales. Esto no sirve, y, por suerte, la opinión pública tiene sus dudas con respecto a las incineradoras. A nadie le agrada tener una incineradora como vecino.
El depósito definitivo en vertederos es la solución menos ventajosa, ya que se ve y se nota que influye en el medio ambiente. Por ello, es importante que el depósito se realice de la forma menos perjudicial posible. Con este fin, la Comisión presentará en breve una nueva propuesta sobre vertederos.
Otro punto conflictivo de la revisión de la estrategia incluido en el informe es la responsabilidad de los fabricantes, y no la comentaré con más detalles. La he mencionado hace un momento en mi respuesta a la Sra. Jensen. Lo importante es que el fabricante sea responsable y, lamentablemente, una de las propuestas presentadas no apoya este punto de vista.
La dirección de la producción es otro elemento principal de la política de residuos, ya que una modificación de las características de los productos, de su forma o del proceso de producción puede contribuir a que el producto sea más manejable como residuo. Al procurar que los productos perjudiquen lo menos posible al medio ambiente, se contribuirá a un consumo y una producción sostenibles, lo que, a su vez, contribuirá a prevenir y disminuir los residuos. Un análisis del ciclo de vida de los productos será, por lo tanto, una parte integral de la dirección de la producción, tal como se subraya también en la declaración del Parlamento.
Otro ámbito más en el que pueden surgir conflictos es el de la aplicación estricta del principio de proximidad física en conexión con el mercado interior. Estos conflictos deberían terminar en un equilibrio correcto y en una mejor solución para el medio ambiente. Los fabricantes desempeñarán un papel importante en este sentido y tendrán responsabilidades que asumir en este ámbito. El medio ambiente debe tener prioridad absoluta.
Durante la ampliación de la estrategia de residuos de la UE, debemos utilizar todas las herramientas e instrumentos que tenemos a nuestro alcance, como ha dicho el Sr. Eisma. Más allá de la legislación, hay que examinar, sobre todo, los instrumentos económicos y fiscales. También estos puntos quedan subrayados en el informe. Tal como se desprende de mis comentarios, me siento muy satisfecha con el informe y con la propuesta de resolución, ya que las enmiendas contribuirán a ampliar aún más la política de residuos. Se trata de una contribución buena y muy constructiva, que ayudará a la Comisión a avanzar con la legislación necesaria.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.
Muchas gracias, en especial a las/los intérpretes.
(Se levanta la sesión a las 00.08 horas)

