
Dell'Alba
Señor Presidente, me parece recordar que, a raíz de unas transmisiones televisivas poco prudentes, por así decirlo, la Mesa decidió, entre otras medidas, prohibir que se tomaran imágenes mientras firmamos en la lista de asistencia. Deseo informarle que fuera hay un equipo de la televisión sueca que está haciendo precisamente esto último. En consecuencia, me pregunto qué finalidad tiene la decisión adoptada.

El Presidente
Hemos pedido a los periodistas que se abstengan de instalar cámaras de televisión. Los servicios competentes se ocuparán de aclarar este asunto, Sr. Dell'Alba.

Giansily
Señor Presidente, desde hace tres días una exposición de pintura que podría titularse «sabrá usted todo, todo, todo sobre el falo» agrede literalmente a los compañeros que tienen su despacho en el IPE II y tienen que pasar varias veces al día ante esta colección de «sexos» que ni siquiera tienen el mérito de ser pornográficos.
(Reacciones diversas) Se dice que los artistas tienen que liberarse, de acuerdo, pero en este caso, y haciendo un mal juego de palabras, quisiera saber, ¿son arte o guarradas? Si el Parlamento es realmente el lugar adecuado en el que deben expresar su libido mal asumida, pienso que en ese caso lo mismo da exponer estas pinturas en el hemiciclo.

El Presidente
Señoría, si se trata de arte no es pornografía y si se trata de pornografía no es arte.

Killilea
Señor Presidente, he intentado volver al Acta, antes de que pasara usted a otro asunto, pero, igual que ayer, cuando intervine, he sido el último orador antes de la votación y en esta Asamblea había un jaleo tremendo con diputados entrando y saliendo. En mi intervención hice una propuesta que no se registró, porque no me había dado cuenta de que el Vicepresidente había pedido silencio y seguí hablando. Quisiera que constara en el Acta la propuesta. Se refiere a los dos últimos párrafos. Por la razón de que yo presenté la enmienda a la propuesta de resolución del informe del Sr. Fabra Vallés en la que se pide la rotación de todos los nombramientos de funcionarios encargados de la información del nivel A en las oficinas del Parlamento de las capitales nacionales. Pedí al Secretario General, al Presidente entrante y al Vicepresidente que examinaran la posibilidad de rotar al personal de la categoría A por las ciudades de Europa durante períodos de cuatro años. Es una parte fundamental de mi contribución, pero, con todo el ruido que había en el Parlamento, se perdió.
Por último, creo que los Cuestores le pidieron que introdujera dentro del Parlamento las hojas en que firman los diputados, pero usted se negó. Tal vez como última medida, podría usted adoptarla antes de abandonar la Presidencia.

El Presidente
Nos ocuparemos del asunto que usted ha señalado. El Secretario General está examinando la cuestión y no se ha tomado aún ninguna decisión al respecto. En cualquier caso, la propuesta de trasladar las hojas de asistencia no es nueva.

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, mi intervención se refiere a una cuestión de orden en el sentido más amplio. Yo quisiera solicitarle una última intervención, como broche final, por decirlo así, de su exitoso mandato. ¿Podría actuar usted a fin de que en todas las cafeterías del Parlamento se instale un mostrador donde se sirvan alimentos biológicos, que son mejores y más sanos? Sería una medida beneficiosa para todos nosotros y también para los productores de estos alimentos, que constituiría sin duda un gesto importante.

El Presidente
Señoría, puesto que estamos en vísperas de Navidad, incluiré su solicitud en la lista de peticiones. El Sr. Cornelissen también quiere formular seguramente una petición, ¿o acaso ya está usted satisfecho y no desea nada?

Cornelissen
Señor Presidente, ayer recibimos dos actas literales. Una de la sesión del lunes, muy bien, y otra de la sesión del 27 de noviembre, en Bruselas. Es decir, señor Presidente, doce días después de la sesión. Tras recabar información, me enteré de que las actas de la sesión de Bruselas suelen tardar por lo menos una semana en publicarse. Mi pregunta, señor Presidente, es si quiere usted investigarlo y tomar medidas para que las actas literales de nuestras sesiones de Bruselas se publiquen con la misma prontitud que las de nuestras sesiones de Estrasburgo.

El Presidente
Nos ocuparemos de que así se haga. Tiene usted razón, Señoría.

Teverson
Señor Presidente, era una cuestión de orden respecto de algo anterior. Varios diputados estaban poniendo objeciones a que se filme a los diputados en el momento de firmar. Quiero decir que, por lo que a mí y a varios otros diputados respecta, no tenemos la menor objeción a que se nos filme en el momento de firmar. Ésta debe ser una Asamblea abierta, por lo que no ponemos objeción a eso.

Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción)
El Presidente
De conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 del Reglamento, he recibido los siguientes escritos de objeción a la lista de asuntos del próximo debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.
Después de la votación de los escritos de objeción sobre el punto V -Armas nucleares-

Theorin
Señor Presidente, lamento profundamente que la mayoría de esta cámara no haya comprendido lo importante que era que el Parlamento Europeo dejase oir su voz antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptase por una gran mayoría de votos la decisión sobre el inicio de negociaciones con el fin de eliminar las armas nucleares. Opino que es vergonzoso que el Parlamento Europeo no haya sido lo suficientemente maduro como para dejar constancia de que deseaba hacerse oir.

Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín y la situación en Serbia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los trabajos preparatorios de la reunión del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín, incluida la situación en Serbia.

Spring
Señor Presidente, dentro de dos días el Consejo Europeo se reunirá en Dublín por segunda vez en los seis últimos meses. Han sido, naturalmente, los seis meses de la Presidencia irlandesa del Consejo de Ministros y han sido a un tiempo ajetreados y llenos de acontecimientos. Al mismo tiempo, los ministros irlandeses que han participado en el Consejo de Ministros, incluido yo, han tenido que atender a sus obligaciones nacionales. Dichas obligaciones nacionales han hecho que deba comenzar esta mañana disculpándome. Debo informar a Sus Señorías de que los apremiantes asuntos de gobierno en Irlanda, entre los cuales figura la asistencia a los preparativos del Consejo Europeo, me obligan, por desgracia, a abandonar esta Asamblea inmediatamente después de mi intervención de esta mañana. Mi colega el ministro Gay Mitchell permanecerá en la Asamblea hasta el final del debate.
En el discurso que pronuncié ante esta Asamblea el pasado mes de julio, expuse en líneas generales las prioridades para la Presidencia irlandesa. Entre ellas figuraban la Unión Económica y Monetaria, el empleo, la Conferencia Intergubernamental, la seguridad interior y la gestión de las relaciones exteriores de la Unión. Ésas serán las cuestiones principales del Consejo Europeo. Pero tenemos también otra prioridad. Era la de ser eficientes y eficaces en nuestra dirección de los asuntos de la Unión. La prueba final y más importante de dicha prioridad comenzará a las 10 de la mañana del viernes, cuando se inicie en Dublín el Consejo Europeo.
El impulso para el avance hacia la tercera fase de la UEM se ha mantenido durante toda la Presidencia irlandesa. Nuestro objetivo es el de presentar conclusiones substantivas en el Consejo Europeo sobre tres cuestiones -el propuesto pacto de estabilidad, el nuevo mecanismo de tipos de cambio y el euro- y que ese resultado apuntale aún más la confianza en que la tercera fase de la UEM comenzará en el momento previsto. Ahora hay consenso en que los Estados miembros estarán obligados a presentar programas de estabilidad o de conversión. Los Estados miembros que participen en la UEM presentarán programas de estabilidad encaminados a velar por que los Estados miembros respeten los criterios de déficit establecidos en el Tratado de Maastricht durante todo el ciclo económico. Los Estados miembros que no estén en la UEM habrán de presentar programas de conversión. Dichos programas garantizarán que haya una mayor convergencia de los resultados económicos dentro de la UE y que las tendencias de los tipos de cambio no desbaraten el desarrollo económico. A ese respecto se han logrado avances muy substanciales, pero, como saben Sus Señorías, aún no se han zanjado todos los detalles.
Los ministros del Ecofin se reunirán en Dublín mañana para examinar de nuevo la posibilidad de concluir ese asunto. El Consejo Ecofin ha informado de que los elementos principales para el nuevo mecanismo de tipos de cambio están acordados, si bien la ultimación de ese proceso ha de esperar hasta la creación del Banco Central Europeo en 1988.
Por lo que se refiere a la legislación relativa al euro, los avances logrados por la Presidencia han superado los pedidos en plan para el paso al euro acordado en Madrid. Eso es importante porque los ciudadanos necesitan que se los tranquilice sobre asuntos como, por ejemplo, la continuidad de los contratos. El Consejo Europeo podrá hacer constar la conclusión virtual de esa labor, aun cuando la aprobación del reglamento deba esperar hasta la creación del Banco Central Europeo en 1998.
Todos tenemos un interés compartido en la creación de empleo y dicho interés se ha reconocido en la prioridad que sucesivas presidencias y reuniones del Consejo Europeo han concedido a esa cuestión. Ahora se reconoce que la acción en el nivel de la Unión debe complementar las medidas adoptadas en el nivel nacional para abordar los niveles, inaceptablemente altos, de desempleo existentes en todos los Estados miembros.
El Consejo Europeo examinará los avances logrados en la Estrategia de Essen, el conjunto de medidas reestructuradoras encaminadas a aumentar la capacidad de la economía europea para crear empleo, a partir de un informe sobre el empleo elaborado conjuntamente por el Ecofin, el Consejo de Asuntos Sociales y la Comisión.
El Consejo Europeo tendrá también la oportunidad de tomar nota de las novedades relativas al pacto de confianza sobre el empleo propuesto por el Presidente Santer. Como sabe esta Asamblea, algunos elementos del pacto, en particular los que entrañaban grandes gastos suplementarios, no recibieron apoyo, dada la actual necesidad de restricción fiscal. No obstante, se han desarrollado algunos elementos y ésos son los que examinaremos durante el Consejo Europeo.
Una prioridad fundamental de la Presidencia irlandesa ha sido la presidencia de la Conferencia Intergubernamental. En Florencia el Consejo Europeo indicó que esperaba que en su reunión de Dublín de este mes se hubieran logrado avances decisivos para la conclusión de la Conferencia Intergubernamental a mediados de 1997. Para ese fin, pidió a la Presidencia que preparara un esbozo general para un proyecto de revisión de los Tratados. Hemos organizado la labor de la Conferencia con vistas a cumplir ese ambicioso mandato. La Conferencia se ha reunido mensualmente en el nivel de los Ministros de Asuntos Exteriores y la labor de los Ministros de Asuntos Exteriores ha sido preparada por un grupo de representantes que se han reunido casi semanalmente desde el pasado mes de agosto.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más la esencial aportación constante que el Parlamento Europeo está haciendo a la labor de la Conferencia. El esbozo de proyecto de Tratado, cuya preparación ha corrido a cargo de la Presidencia, refleja dicha aportación y las aspiraciones para Europa que el Parlamento Europeo está exponiendo en las negociaciones. En el Consejo Europeo que se celebrará en Dublín esta semana se presentará el esbozo de Tratado, que refleja de forma equilibrada los debates que se han celebrado en la Conferencia, así como la necesidad de mantener un nivel adecuado de ambición en relación con los objetivos fijados por el Consejo Europeo.
Podríamos decir que el proyecto presentado por la Presidencia aborda cinco imperativos principales. Primero, el desarrollo de una Unión en la que los derechos fundamentales de las personas sean respetados plenamente y en la que puedan vivir sin miedo a amenazas a su seguridad personal. A ese respecto hemos propuesto fortalecer en muy gran medida los medios de que dispone la Unión para luchar contra la delincuencia internacional, incluidos el terrorismo, el tráfico de droga y los delitos contra los niños. También hemos propuesto la introducción de métodos comunitarios apropiados en los sectores de la libre circulación, el asilo y la inmigración y hemos propuesto la fecha del 1º de enero de 2001 para concluir el establecimiento de una zona de libertad, seguridad y justicia, en la que estaría garantizada la libre circulación de las personas.
Por lo que se refiere a los derechos fundamentales, hemos propuesto textos que reafirmen que el fundamento de la Unión son los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el imperio de la ley. Hemos hecho propuestas que permitirán al Consejo adoptar medidas para prohibir la discriminación por razones como el sexo, la raza, la edad y la discapacidad. También hemos propuesto el fortalecimiento del Tratado en gran medida con vistas a garantizar el respeto del principio de igualdad entre hombres y mujeres y hemos propuesto que se utilice en el Tratado un lenguaje imparcial a ese respecto.
En segundo lugar, disposiciones del Tratado fortalecidas en gran medida en relación con varias cuestiones que afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana y en cómo ven la Unión y sus instituciones, incluidos el empleo, el medio ambiente, la protección del consumidor, la transparencia y la subsidiariedad.
En tercer lugar, la formulación de una política exterior coherente y eficaz para la Unión en todos sus aspectos: la política exterior y de seguridad común, incluida su dimensión de seguridad y defensa, y el fortalecimiento de la capacidad de la Unión para actuar en las relaciones económicas exteriores. En cuarto lugar, el fomento de instituciones eficientes y eficaces que sean patentemente democráticas y estén firmemente enraizadas en la aceptación pública. Hemos propuesto una simplificación del procedimiento de codecisión y que se coloque al Parlamento en pie de igualdad en dicho procedimiento. Hemos propugnado una ampliación el procedimiento de codecisión haciendo referencia a criterios aceptados y propuestos por la Comisión y el propio Parlamento. En quinto lugar, una consideración de cómo se debería modificar el Tratado para permitir el desarrollo de lo que se ha llamado flexibilidad o aumento de la cooperación, que es sin lugar a dudas una de las cuestiones más importantes en la Conferencia.
En casi todos los casos nuestras propuestas revisten la forma de proyectos de textos del Tratado, exceptuados los sectores en que hemos aceptado la opinión general de que sería preferible no proponer textos del Tratado en esta fase. En esos casos hemos subrayado la importancia de las cuestiones y las hemos abordado detalladamente e incluso hemos expuesto opciones con vistas a la labor suplementaria de la Conferencia.
El proyecto de esbozo del Tratado es un documento de la Presidencia. No se pide a las delegaciones que lo rubriquen en todos sus detalles. En opinión de la Presidencia, representa una buena base para una labor suplementaria con vistas a la consecución del acuerdo final bajo la Presidencia holandesa en el Consejo Europeo de Amsterdam sobre un tratado que capacite a la Unión para abordar los imperativos futuros y atender las aspiraciones de los ciudadanos. Nos ha alentado mucho la reacción positiva del Parlamento ante nuestro documento y sus ambiciones para Europa.
La seguridad de los ciudadanos y, en particular, la seguridad personal es un asunto de importancia decisiva. Nos dimos cuenta cabal de ello de forma horrenda, cuando todos nosotros conocimos hechos terribles sucedidos en Bélgica. A veces lo incalificable puede acelerar una rápida adopción de medidas y, como Presidencia, hemos tenido la determinación de formular disposiciones que permitan la cooperación eficaz entre los Estados miembros y una más amplia cooperación internacional para prevenir la trata de personas y que contribuyan a la lucha contra el mal trato de niños. Los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior adoptaron medidas en seguida y se llegó rápidamente a un acuerdo sobre varias acciones comunes para intensificar la cooperación policial y judicial en la lucha contra la pedofilia organizada y la trata de blancas para fines de explotación sexual.
La Presidencia irlandesa subrayó enérgicamente la lucha contra el tráfico de droga y la toxicomanía. El Consejo Europeo podrá registrar avances muy substanciales respecto del programa de acción sobre la droga, incluidas medidas para proteger las fronteras exteriores contra el tráfico de droga y la aprobación del programa comunitario contra la toxicomanía. La Presidencia ha procurado también fomentar una sensación de objetivo común en la lucha contra la droga dentro de la Unión Europea y entre sus interlocutores internacionales. Confío en que el Consejo Europeo de Dublín dé pruebas claras de esa voluntad compartida.
También examinará la intensificación de la lucha contra la delincuencia organizada y procurará dar impulso a la cooperación entre los Estados miembros en esa lucha decisiva. También espero que pida la pronta ratificación del Convenio Europol por los Estados miembros al final de 1997, a más tardar. Además, el imperativo común de luchar contra la delincuencia organizada internacional, en particular en relación con el tráfico de drogas y la trata de personas, será el centro de los debates con los países asociados de la Europa central y oriental, junto con Chipre, en su reunión con el Consejo Europeo el 14 de diciembre.
Cada presidencia tiene un papel particular que desempeñar en la dirección de las relaciones exteriores de la Unión. Los imperativos y cometidos exteriores que la Unión debe abordar han pasado a ser cada vez más complejos y absorbentes con el tiempo y cada presidencia ha de hacerles frente. También es la tarea más difícil de planificar. Si bien durante nuestra Presidencia ha actuado en relación con muchas cuestiones en ese sector, tres asuntos determinados serán el centro del debate en el Consejo Europeo y a ellas voy a referirme ahora.
En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Dublín el 5 de octubre se examinó cómo podía el Consejo Europeo intensificar su papel en el proceso de paz y su apoyo en un momento de aumento de la tensión en el Oriente Medio. Entretanto, la Unión ha intensificado en gran medida sus gestiones al respecto. Yo viajé a esa región justo después de la reunión de octubre en Dublín y del 10 al 12 de noviembre hubo una visita de la troika completa. Se ha nombrado al embajador Moratinos enviado especial a la región con un amplio mandato para reunirse con las partes y ya ha tomado posesión de su cargo. La Presidencia ha acogido también al Presidente Arafat y al Primer Ministro Netanyahu para celebrar conversaciones sobre los avances logrados en el proceso de paz. Esta semana los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán en Dublín la oportunidad de examinar la evolución reciente de la situación en esa región y mantener el claro impulso en pro de un papel constructivo y substantivo de la Unión en la búsqueda de la paz en el Oriente Medio.
Durante la Presidencia actual la comunidad internacional afrontó una nueva crisis en la región de los Grandes Lagos, esa vez en el Zaire occidental. El subsiguiente regreso de centenares de miles de refugiados rwandeses a su patria provocó un cambio radical en la naturaleza de la crisis y en los parámetros para el despliegue de la asistencia humanitaria con el apropiado apoyo militar de conformidad con la resolución 1080, de 15 de noviembre, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Unión reaccionó ante todas las fases de la crisis en total cooperación con las Naciones Unidas, la OUA, los dirigentes regionales y otros miembros de la comunidad internacional. En este momento, la situación sigue evolucionando. La fuerza multinacional temporal para fines humanitarios sancionada por la resolución de las Naciones Unidas y encabezada por el Canadá está estableciendo su cuartel general en Kampala (Uganda). Los países participantes han elaborado y acordado un plan escalonado, progresivo y flexible para el despliegue. Con arreglo a dicho plan, el papel de la fuerza multinacional irá adaptándose a la evolución de las circunstancias en el Zaire oriental y su despliegue se hará paso a paso en el marco del objetivo global de facilitar la prestación de la asistencia humanitaria y la repatriación ordenada y voluntaria de los refugiados y los desplazados. La fuerza multinacional mantiene una estrecha coordinación con los organismos humanitarios internacionales bajo la dirección del coordinador de los asuntos humanitarios de las Naciones Unidas a fin de desempeñar plenamente su papel en la asistencia a los organismos y su labor en el Zaire oriental.
El imperativo decisivo sigue siendo el de garantizar la prestación de asistencia sanitaria de la forma mejor y más eficaz posible a quienes aún la necesitan en el Zaire oriental y facilitar la repatriación ordenada y voluntaria de los refugiados y los desplazados. A la luz de la rápida evolución de la situación sobre el terreno, es adecuado que reevalúen de forma permanente los medios para la prestación de dicha ayuda. La Unión Europea procurará desempeñar plenamente su papel en las tareas humanitarias futuras, en particular por mediación de ECHO. A ese respecto, quisiera recordar la acción común relativa a la contribución que la UE podría hacer a las gestiones que las Naciones Unidas han hecho para resolver la crisis en esa región y a la decisión del Consejo en que se pedía a la UEO que elaborara y aplicase ciertos aspectos de dicha acción común.
Otros importantes imperativos futuros se plantean en la región de los Grandes Lagos. Entre ellos figuran los siguientes: la reintegración de centenares de miles de refugiados que regresan a Rwanda, la rehabilitación y el fomento de la reconciliación en ese país, la continuación del proceso de transición democrática en el Zaire, el desarrollo del proceso de paz en Burundi y la rehabilitación de las zonas, incluida Tanzania, que han albergado a refugiados en tan gran número durante los dos últimos años.
La Unión Europea desempeñará su papel para abordar esos dos enormes imperativos. A ese respecto, acojo con beneplácito la iniciativa de la Comisión al emprender la formulación de un plan de acción estratégico y completo para la asistencia de la UE a la región de los Grandes Lagos, que abarca una gran diversidad de sectores. Acojo con beneplácito y alabo también las continuas gestiones de nuestro enviado especial a la región de los Grandes Lagos, Sr. Ajelle, que está desempeñando un papel importante en nombre de la Unión en esa región, en particular a la hora de transmitir el apoyo de la Unión a las gestiones de la propia región para resolver sus problemas.
En el marco de la región de los Grandes Lagos existe amplio consenso respecto de que la reacción humanitaria por sí sola no representa una solución para sus problemas. Es necesario un planteamiento amplio. Por esa razón, junto con las medidas adoptadas para atender las necesidades humanitarias inmediatas, la Unión ha apoyado la pronta convocación de una conferencia internacional con los auspicios de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana que mediante un planteamiento global aborde las causas primordiales de la crisis. Ése es el planteamiento idóneo para resolver de forma duradera los problemas que han agobiado la región de los Grandes Lagos durante demasiado tiempo.
El Consejo Europeo de Dublín se celebrará un año después exactamente de la firma en París del acuerdo de paz para Bosnia-Herzegovina. Resulta oportuno, en este importante aniversario, que los Jefes de Estado y de Gobierno examinen el proceso de paz hasta ahora. Se han logrado avances importantes con vistas a la aplicación del acuerdo de paz, si bien subsisten obstáculos difíciles. La reciente reunión en Londres de la conferencia para la aplicación de la paz ha establecido un detallado programa de acción encaminado en particular a acelerar el proceso de aplicación en zonas en las que se ha avanzado despacio. También habrá una oportunidad de examinar la evolución de la situación en los otros países de esa región, en particular la preocupante situación en la República Federativa de Yugoslavia.
Se ha mantenido y fortalecido la dinámica de las relaciones de la Unión con los países candidatos de la Europa central y oriental y con Chipre durante los últimos meses en los niveles multilateral y bilateral. La reunión del Consejo Europeo en Dublín brindará una oportunidad valiosa para examinar los avances logrados respecto de los preparativos en marcha de la Comisión con vistas a la ampliación.
En este momento, continúa la celebración de la conferencia ministerial de la OMC en Singapur. Esa reunión es un importante hito en el camino hacia una mayor mundialización del comercio y atribuimos importancia a que concluya con éxito. Debo decir también que el 16 de diciembre se celebrará en Washington una cumbre UE/EEUU. Se espera que en esa reunión se evalúen los avances logrados en la aplicación de las prioridades principales con arreglo al plan de acción UE/EEUU y el desarrollo global de las relaciones UE/EEUU. Cuando me dirigí a esta Asamblea el pasado 1º de julio dije que la Presidencia irlandesa coincidía con un momento de importantes imperativos para la Unión Europea. Dichos imperativos siguen existiendo. El Consejo Europeo que se celebrará en Dublín el viernes y el sábado próximo será un paso adelante con vistas a afrontar dicho imperativo.
Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Parlamento Europeo su constructivo compromiso con la Presidencia irlandesa del Consejo de Ministros durante nuestro período. Justo es decir que nuestras dos instituciones más importantes, el Consejo y el Parlamento, están empeñadas en el mismo proceso. Nuestro objetivo con arreglo al Tratado es el de velar por una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. Mediante nuestro constructivo compromiso conjunto contribuimos a la consecución de dicho objetivo. Rindo homenaje en particular a usted, señor Presidente, que ha velado por que se llevara a cabo nuestra labor de forma muy constructiva.
Antes he dicho que, en el marco de los debates de los Ministros de Asuntos Exteriores en el Consejo Europeo de Dublín, está previsto un intercambio de opiniones sobre la preocupante situación existente en Serbia, en la República Federativa de Yugoslavia. Conozco la petición por parte del Parlamento de que se haga una declaración a este respecto y puede informar a Sus Señorías al respecto de que la Presidencia ha hecho públicas, en nombre de la Unión, tres declaraciones sobre la situación en ese país, la más reciente de ellas en el 4 de diciembre, en las que se expresaba nuestra preocupación por la antidemocrática anulación de algunos resultados de las elecciones locales por las autoridades y se deploraban las medidas adoptadas por las autoridades con vistas a silenciar las emisoras de radio independientes, se pedía que Serbia respetara los derechos de los ciudadanos a protestar pacíficamente y se instaba a que se actuara con moderación. El 6 de diciembre, el Consejo de Asuntos Generales decidió, a la luz de la evolución de la situación en ese país, aplazar la ampliación del régimen autónomo de importaciones a la República Federativa de Yugoslavia. El Consejo cree firmemente que la República Federativa de Yugoslavia debe ocupar en su momento un lugar en la comunidad internacional de naciones en pro de la estabilidad y la prosperidad en la región, pero, si no observa normas básicas de democracia y derechos humanos, no podrá hacerlo.
Quisiera reiterar una vez más hoy que, a juicio del Consejo, la actitud de la República Federativa de Yugoslavia para con las cuestiones del respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías y la observancia de las normas democráticas serán los factores fundamentales para determinar la futura relación de la Unión con ese país.
(Aplausos prolongados)

Santer
Señor Presidente, Señorías, las reuniones del Consejo Europeo representan, por definición, un hito en la vida de la Unión Europea.
El Consejo Europeo de Dublín lo representa por más de una razón. En su orden del día, ha inscrito el empleo, la moneda única, la reforma de la Unión en el marco de la Conferencia Intergubernamental, es decir, temas importantes que nos interpelan respecto a nuestras intenciones en lo relativo al porvenir de nuestra Unión. Por ende, las señales que proporcionen los Jefes de Estado y de Gobierno en esta ocasión revestirán la mayor importancia.
La reunión de Dublín debe enviar mensajes de confianza y dinamismo. En efecto, ya es hora de dejar atrás esta morosidad que, a mi gusto, ha estado demasiado presente en la escena europea durante este año. Morosidad fuera de lugar ya que es totalmente injustificada habida cuenta de los buenos resultados económicos y fundamentales, en contraste patente con los progresos realizados. El Consejo Europeo de Dublín puede representar un viraje decisivo y encarrilarnos en la última recta hacia la conclusión de la Conferencia Intergubernamental y el establecimiento definitivo de la moneda única. En lo relativo a la lucha contra el paro, el Consejo Europeo debe dar un nuevo impulso.
Señor Presidente, en Dublín deberá ser posible llegar a un acuerdo político sobre todos los elementos técnicos necesarios para el establecimiento de la moneda única. El Consejo «Ecofin» ha prácticamente regulado las cuestiones relativas al estatuto jurídico del euro y las relaciones entre los ins y los pre-ins o los outs . En cuanto al Pacto de Estabilidad, me parece que tenemos al alcance de la mano un acuerdo en el Consejo «Ecofin», mañana en Dublín. Las diferencias versan en un solo punto capital: ¿en qué medida es preciso cifrar la recesión grave que exentaría a un Estado miembro de sanciones en el caso de que su déficit sobrepasará el 3 % del producto interior bruto?
En su propuesta, la Comisión había dejado abierta esta posibilidad, sin excluirla en el marco de un compromiso de conjunto que garantice la estabilidad y la solidez en cualquier circunstancia. Si, estando a un paso de la meta, debiera llegarse a este compromiso. No puede perderse esta ocasión. Queda por decidir, a principios de 1998, cuáles son los Estados miembros que participarán, desde el 1 de enero de 1999, en la moneda única.
Creo, con toda confianza, que la moneda única estará presente en la cita en un buen número de nuestros Estados miembros, ya que las perspectivas económicas han mejorado, los datos fundamentales siguen siendo sólidos, la confianza de los empresarios es más fuerte y la determinación política de los Estados miembros nunca ha sido tan evidente. No, no se trata de un optimismo ingenuo ni, por lo demás, de una actitud habitual de los operadores financieros. ¡Observen su reacción, observen la de los mercados y la de nuestros socios internacionales! Los bancos y las instituciones financieras se preparan. Los operadores financieros se disponen a explotar las ventajas y las posibilidades de diversificación del mercado del euro. Ya se anuncian los primeros productos financieros expresados en euros. Los Estados miembros reciben su rating , su cota de solidez, en relación con el euro e incluso en los Estados miembros a los que el Tratado no obliga a introducirla, el mundo de los negocios se posiciona para no desengancharse de la moneda única. Los Estados Unidos, Japón, las instituciones de Bretton Woods esperan, ellos también, y seriamente, la llegada del euro a los mercados financieros internacionales. El euro desempeñará allí un papel prominente.
Estas son, señor Presidente, otras tantas razones suplementarias -dictadas por la realidad de los mercados- para esperar que pueda superarse, este fin de semana, el último obstáculo técnico. Y yo añado una más. La moneda única no es un fin en sí misma: sin ella todo el potencial del mercado interior no podría ser explotado y sin el funcionamiento óptimo de este mercado, no sacaremos provecho de todas sus ventajas en materia de crecimiento y creación de empleo. Esta observación me lleva al segundo gran tema de Dublín «el Pacto de confianza para el empleo».
Señor Presidente, Señorías, el paro continúa haciendo estragos. Esa es la razón por la que insistí ante los miembros del Consejo Europeo para que el mensaje de Dublín no presente ambigüedades, es decir, que se continuará sin tregua la lucha contra el paro. El Consejo Europeo de Florencia retuvo algunas orientaciones de mi Pacto de confianza y me pidió hacer un primer balance en Dublín. En este balance se perciben numerosos progresos, pero también algunos puntos negros.
En el plano macroeconómico -el primer capítulo del Pacto de confianza- constato los considerables esfuerzos de saneamiento realizados por todos los Estados miembros así como una recuperación del crecimiento. En relación con el segundo capítulo, es decir, la explotación del potencial del mercado interior, también cabe felicitarse por los progresos registrados. Así, en el sector de la electricidad y de las telecomunicaciones, presentamos planes de acción para la sociedad de la información y la innovación. En su calidad de primer exportador del mundo, la Unión tiene, pues, todavía un enorme potencial de reserva, y la base de datos de la Comisión sobre el acceso a los mercados terceros experimenta un éxito fulgurante: instaurada hace un mes, registra 20.000 consultas diarias.
Sin embargo, todavía puede hacerse más, debe hacerse más para beneficiar del aporte del mercado único. Ciertamente, la tasa de paro sigue siendo demasiado elevada, pero qué haríamos sin los cientos de miles de empleos creados gracias al dinamismo de este mercado, el más grande del mundo. Entonces, llevemos la lógica hasta su extremo: pongamos punto final al estatuto de la sociedad europea, desbloqueemos las posibilidades de nuestras industrias biotecnológicas, movilicemos el enorme potencial del sector de servicios, avancemos en las cuestiones fiscales y llevemos más lejos la simplificación reguladora. Estoy convencido de que debemos fijarnos un nuevo objetivo y ese nuevo objetivo ha de ser movilizador. Por ello, en el Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997, presentaré con todo detalle las propuestas que permitirán concluir el mercado interior, propuestas que deberían entrar en vigor al mismo tiempo que la moneda única, el 1 de enero de 1999.
En esta misma lógica, por qué privarse más tiempo de todas las ventajas, en términos de dinamismo y creación de empleo, que puede ofrecer un mercado interior que funcione verdaderamente como un mercado interior integrado.
En relación con el tercer capítulo del Pacto de confianza -la reforma de los sistemas de empleo- las cosas también van por mejora camino. Las iniciativas se multiplican para acrecentar la flexibilidad administrativa y simplificar aún más la reglamentación en materia de empleo. Se abre paso la idea de un esfuerzo solidario de todos los protagonistas. Me felicito por ello, en particular, por la contribución común de los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, en el Consejo Europeo. De ahora en adelante, ya se han comprometido en la negociación de un marco convencional europeo en materia de organización del trabajo y flexibilidad. Se trata de una notable contribución a la realización del Pacto.
Por último, el Consejo Europeo acometerá unos sesenta proyectos experimentales de pactos territoriales para el empleo, lo que constituye una concresión importante del último capítulo del Pacto de confianza, es decir, la puesta en servicio del empleo de las políticas estructurales de la Unión.
Todos estos elementos, señor Presidente, muestran que el Pacto se concreta paulatinamente y que sólo puede hacerse frente al desafío del desempleo mediante una multitud de acciones vinculadas entre sí. En los Estados miembros, ya se han puesto en práctica numerosas acciones: la acción de la Unión comienza a tomar cuerpo. A veces me sorprende el poco hincapié que se hace en la necesidad de una estrategia de conjunto, coherente y durable, que sólo puede tener éxito a escala de la Unión. Pido al Consejo Europeo que haga suyo este mensaje, que lo haga escuchar claramente y movilice así todas las fuerzas en la dimensión dinámica que ofrece la Unión.
No trato de hacer una labor de convencimiento, ya que, intelectualmente, todo el mundo está convencido. Pero pido que se actúe en consecuencia, plenamente, y sin titubeos.
Señor Presidente, permítame abordar ahora el tercer gran tema del orden del día del Consejo Europeo, a saber, la Conferencia Intergubernamental. El documento marco que la Presidencia presentó para la revisión del Tratado sobre la Unión, tiene mucho mérito. Contribuye, con su claridad y su comprensibilidad, a la transparencia del debate. Al presentar textos precisos, permite a los negociadores concentrarse en lo esencial y avanzar de manera concreta. Además, este documento concede gran atención a los ciudadanos, e insiste en la necesidad de una Unión más próxima de su vida cotidiana y más atenta a sus preocupaciones. Derechos fundamentales, antidiscriminación, libre circulación, seguridad, empleo, derechos sociales, medio ambiente, etc... otros tantos enunciados de capítulos que indican que el ciudadano se encuentra en el centro de esta reforma del Tratado. Lo mismo ocurre con los demás temas destinados a hacer la Unión más visible, más comprensible, más eficaz y, por tanto, más creíble tanto en el plano interno como externo.
Para la Comisión, este texto es la base apropiada para la continuación de las negociaciones. Allí encuentra un buen número de estas ideas, especialmente sobre temas difíciles tales como la justicia y los asuntos interiores, la política exterior y de seguridad común, la representación exterior de la Unión. ¿Nos satisface este texto plenamente? La pregunta es prematura habida cuenta de que no representa, en esta etapa, un acuerdo entre los Estados miembros. Por lo demás, no está completa. La Presidencia ha optado por dejar para luego un determinado número de temas delicados, especialmente las cuestiones institucionales. Esta estrategia, sin duda comprensible, se explica por la situación en la que se encuentran las negociaciones y el deseo de los Estados miembros de aplazar la parte más difícil a la fase final de la negociación. Sin embargo, esta estrategia también implica riesgos.
Hoy reitero la impaciencia que expresé ante ustedes el mes de septiembre. Hay que actuar rápido y bien. El Consejo Europeo decidió que la Conferencia Intergubernamental se concluiría en Amsterdam en seis meses. Es poco tiempo para una tarea tan laboriosa como la reforma institucional, para tratar algunos de los temas más delicados de la Conferencia Intergubernamental. No obstante, es preciso conseguirlo, no solamente para asegurar la eficacia de la Unión y su aceptación entre los ciudadanos, sino también para que podamos cumplir con nuestros compromisos hacia los países candidatos. No olvidemos que uno de los grandes objetivos de esta Conferencia Intergubernamental es preparar la Unión a nuevas adhesiones, y asegurar que se mantendrá operativa cuando cuente con veinte o más Estados miembros.
En el marco de este contexto, compruebo que aquellos que hasta ahora han opuesto mayor resistencia a las ideas de reforma institucionales son los más ardientes partidarios de la ampliación. Trátase de actitudes incompatibles. Quien se opone a las reformas, retrasa inevitablemente las primeras nuevas adhesiones. Bajo la Presidencia neerlandesa, será preciso trabajar a marchas forzadas. Dejemos de lado los argumentos erróneos -intencionalmente o no- que oponen Bruselas a la salvaguardia de la soberanía nacional. Bruselas, son los Estados miembros reunidos en el Consejo de Ministros. Salvaguardar la soberanía nacional es darse los medios para hacer valer eficaz y efectivamente los intereses nacionales ante la globalización, imparable tanto en el plano económico como político.
Ya ninguno de nuestros Estados miembros tiene la capacidad para actuar solo. La Unión no pudo hacerlo de manera satisfactoria con el Tratado en su versión actual y aquellos que piensan que sería posible hacerlo volviendo a ideas ya superadas -tales como la zona de libre comercio- tienen una percepción sumamente curiosa de las realidades de este mundo. No hay alternativa a una reforma ambiciosa del Tratado. La Unión Europea no es enemiga de la soberanía nacional; por el contrario, aquellos que quieran hacerla valer en el mundo de hoy y en el mundo de mañana, sólo pueden hacerlo a través de una Unión fuerte, una Unión influyente. Sería prematuro esperar en el Consejo Europeo una discusión profunda sobre el texto de la Presidencia. No obstante, me parece deseable que los Jefes de Estado y de Gobierno confirmen de nuevo, sin ambigüedades, el calendario y sobre todo las ambiciones de la Conferencia Intergubernamental. Es un mensaje necesario tanto como obligación de resultados para los negociadores, como señal de esperanza para los ciudadanos, como prueba de credibilidad respecto a los países candidatos.
Señor Presidente, me he limitado a los tres grandes temas que figuran en el orden del día del Consejo Europeo de Dublín; respecto a cada uno de ellos, he expresado los deseos que considero realistas habida cuenta los progresos importantes que han podido realizarse gracias a la Presidencia irlandesa.
El Presidente del Consejo de Ministros acaba, con toda razón, de poner de relieve los enormes progresos que Irlanda puede inscribir a su favor en la lucha contra las drogas y el crimen. El Taoiseach y su equipo han hecho un excelente trabajo, inteligente, asiduo y han fijado objetivos precisos. El éxito del próximo Consejo Europeo se deberá en gran medida a la calidad de la Presidencia irlandesa. En nombre de la Comisión, se lo agradezco.
(Vivos aplausos)

El Presidente
Muchas gracias, Sr. Santer.
A continuación, se procede al debate. Tiene la palabra, en primer lugar, la Sra. Green, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo.

Green
Señor Presidente, si alguien dudó en algún momento que un pequeño Estado miembro de la Unión Europea pudiese llevar a cabo una labor de primera, la Presidencia irlandesa ha despejado esa duda. El Gobierno irlandés ha desempeñado una tarea que muchos consideraban imposible: ha preparado un proyecto de Tratado a tiempo para la reunión en la Cumbre de Dublín II de esta semana. No sólo ha preparado un proyecto de documento, sino que, además, éste es lúcido y persuasivo y expone con claridad los argumentos en pro de una integración europea más estrecha con un lenguaje y un estilo que resulta accesible a los pueblos de la Unión Europea y tiene resonancias para ellos. Mi Grupo felicita a la Presidencia irlandesa por sus importantísima labor.
Este Parlamento debe ahora pasar un tiempo examinando y analizando las 140 páginas que componen el proyecto de propuesta y que serán presentadas oficialmente a nuestros dirigentes gubernamentales el viernes, teniendo en cuenta, naturalmente, los resultados de esa reunión. Quiero decir con claridad que cualquier observación que haga mi Grupo hoy se debe considerar una reacción política inmediata ante ese documento. La hago sin perjuicio de la crítica detallada que seguirá en las próximas semanas.
Tras haber acogido con beneplácito la publicación del proyecto, permítaseme instar a las presidencias posteriores a que imiten la atractiva forma como viene presentado. Es evidente que la Presidencia irlandesa ha tenido en cuenta las enseñanzas del fracaso del debate público sobre el Tratado de Maastricht. Con cada uno de los cambios propuestos en el Tratado hay una justificación por escrito como introducción y, sobre todo, está escrita en lenguaje claro y fácil de entender. Ha desaparecido el estilo acartonado, pesado, legalista, de Maastricht. Los socialistas lo acogemos con satisfacción y lo aplaudimos, pues contribuirá infaliblemente a la comprensión pública de las razones por las que son necesarios y se proponen cambios.
Mi Grupo quiere también expresar su beneplácito ante los elementos positivos de la propuesta de proyecto. Señalamos en concreto a la atención de Sus Señorías la inclusión de un capítulo sobre el empleo encaminado a conceder la misma prioridad política a la cuestión de la creación de puestos de trabajo en el Tratado Europeo que el Tratado de Maastricht concedía a la UEM y a la moneda única. Naturalmente, queremos velar por que esa competencia tenga contenido y no sean meras palabras piadosas. La verdad es que ya ha habido demasiadas. Pero nos resulta alentador que la idea de un capítulo aparte sobre el empleo haya arraigado y goce de un apoyo abrumadoramente mayoritario.
Acogemos con particular beneplácito la definición omnicomprensiva de no discriminación. Eso es lo que queremos y resulta una firme declaración de intenciones la de que esta Unión Europea no permitirá ni tolerará las acciones de quienes fomentan la política del odio. Este Parlamento ha encabezado la campaña contra el resurgimiento del racismo y el antisemitismo. Un primer mensaje positivo de lo más convincente en pro de la reforma del Tratado sería el de que la cumbre de Dublín II llegara inmediatamente a un acuerdo sobre esa nueva competencia, encaminada a demostrar que nuestra Europa respeta a los ciudadanos o residentes, ya sean blancos o negros, cristianos, judíos o musulmanes. Hemos aprendido las enseñanzas de nuestra historia y creemos que todas las personas de Europa con una mentalidad decente comparten ese deseo de tolerancia con nosotros.
Señor Presidente en ejercicio, estoy segura de que esperará que en esta Asamblea expresemos una opinión equilibrada del proyecto de propuestas y no voy a decepcionarlo. Al expresar una profunda crítica en relación con lo que no figura en el proyecto, quiero que quede claro que no equivale a denigrar la considerable hazaña de haberlo elaborado en realidad. Sentimos más bien tristeza, al reconocer que, pese a la energía que se le ha dedicado, el proyecto de tratado demuestra en sus omisiones las dificultades con que tropieza la Unión.
En primer lugar, mi Grupo sinceramente lamenta que no se mencionen las reformas institucionales a fondo, tan necesarias para hacer que la labor de la Unión sea más eficaz y eficiente. ¿A qué se ha debido la necesidad de esta CIG? No a un arrogante deseo de someter a cada uno de los países a otro tortuoso debate sobre hacia dónde va exactamente Europa, no a una servil devoción a una irreflexiva precipitación hacia el eurofederalismo, como los euroescépticos quisieran hacernos creer, sino al absoluto imperativo de ampliar la Unión para acoger a los países de la Europa central y oriental. Chipre y, en última instancia, los Estados balcánicos. No es otra cosa que el fundamento subyacente a las vidas de millones de nuestros ciudadanos, es decir, la paz y la estabilidad en nuestro continente. Si somos serios, hemos de velar por que nuestra Unión esté preparada para la ampliación. Eso significa velar por que se simplifiquen las cuestiones institucionales que rigen la adopción de decisiones en la Unión y estén preparadas para una Unión mayor en un futuro relativamente próximo.
Que el Consejo no pueda lograr consenso serio alguno sobre esa cuestión nueve meses después del comienzo de la GIC es motivo de gran preocupación.
Hay pocas referencias a cuestiones de importancia práctica para nuestros ciudadanos: el medio ambiente, los servicios públicos, el desarrollo real de la ciudadanía europea y una mayor transparencia. Sospechamos que la ambigüedad de que adolecen actualmente el segundo y el tercer pilares, desde el punto de vista de la rendición de cuentas democrática, aumentará, en lugar de disminuir, con las propuestas que figuran en el proyecto de documento. No sólo no se amplía en el proyecto el derecho al control democrático, que ejercen los parlamentos elegidos en todo el mundo, sino que, además, la lógica del texto parece debilitar los derechos presupuestarios del Parlamento en el segundo pilar relativo a una política exterior y de seguridad común y, mediante las propuestas de una disposición híbrida sobre el tercer pilar relativo a la Justicia y los Asuntos de Interior, confunde, en lugar de aclarar y simplificar, los procesos de adopción de decisiones.
Esperamos que en Dublín nuestros Gobiernos lleguen a un acuerdo y abriguen un nivel mayor de ambición para la Unión Europea y su futuro.

Cushnahan
Señor Presidente, »Die Politik ist keine exakte Wissenschaft» . Téngase la bondad de perdonar mi acento en alemán, pero no me atrevo a citar a Bismark en inglés. Si la política fuera una ciencia exacta, los Estados Unidos de Europa existirían ya como culminación lógica de los objetivos de los Padres Fundadores de la Unión Europea, lo que brindaría seguridad y prosperidad a sus ciudadanos y ejercería una influencia benigna, pero intensa, en la escena mundial. Lamentablemente, la política no es exacta y aquí estamos debatiendo una medida que es más práctica que ideal.
Las propuestas de la Presidencia irlandesa tituladas «Esbozo de proyecto de revisión de los Tratados» son la decantación de opiniones acopiadas en una miríada de debates y seminarios en el nivel político y oficial con representantes del mundo académico, ONG e interlocutores sociales, proceso que se inició durante la Presidencia italiana y ha cobrado impulso durante los seis últimos meses. Así, pues, ese documento debe merecer un consenso, si es un reflejo final de dichas opiniones. En teoría, nadie debería estar en contra, pero sospecho que hay muchas disparidades en algunos sectores, en particular en lo relativo al tercer pilar. Así, pues, puede ser difícil lograr el consenso.
Sin embargo, el principio del consenso no debe significar nunca un abandono, por lo que elogio a la Presidencia por esforzarse en lograr avances en sectores como los del estatuto en el Tratado de la lucha contra el desempleo y por el crecimiento, la lucha contra el tráfico de droga, con la ampliación del cometido y las competencias de Europol, las medidas para luchar contra la delincuencia grave, la ampliación de la PESC, la simplificación del proceso de adopción de decisiones y transparencia, los derechos fundamentales, el medio ambiente sostenible y la libertad para viajar.
La primera prioridad -la difícil situación de los desempleados- es también nuestra primera prioridad. El Consejo Europeo debe abordar de nuevo esa cuestión en Dublín. Comunidades enteras de nuestros países están resultando destruidas por la generalización del desempleo. Es necesaria una reacción enérgica. Creo que Dublín debe aportarnos una declaración amplia sobre la estrategia del Consejo Europeo para fortalecer la lucha en pro del crecimiento y del empleo.
En general, se puede dividir a los políticos en pragmáticos e idealistas. Los pragmáticos son los que saben lo que se puede alcanzar y tienen que soportar la frustración, cuando resulta inferior a lo que deseaban. La Presidencia irlandesa y los miembros de los Gobiernos forman parte, por lo general, de esta categoría.
No me cabe duda de que la Presidencia irlandesa sabe perfectamente que su proyecto de documento presenta deficiencias desconcertantes respecto de la batallona cuestión del veto y la votación por mayoría cualificada. Sé que comparte plenamente las opiniones de este Parlamento, pero considera el proyecto de documento un reconocimiento realista y pragmático de lo que es políticamente alcanzable en esta fase.
Saber cuándo debatir un asunto delicado -cuándo atribuirle máxima importancia- siempre es prueba de fino juicio para el político pragmático, pero para los políticos que pueden permitirse el lujo de ser idealistas -y muchos de los diputados a este Parlamento pertenecen a esa categoría- no existen esas inhibiciones. Nuestra función es siempre la de perseguir la meta inalcanzable arrastrando lo más posible a nuestros colegas pragmáticos hacia dicha meta. Ésa es la razón por la que debemos pedir el fin del veto. El veto es un obstáculo que bloquea nuestro camino hacia la Unión. Si no se elimina, nuestro gran movimiento se interrumpirá, porque cualquier Estado miembro puede decir: hasta aquí y no más. Si eso sucede, Europa se estancará y acabará desmembrándose, al perseguir los Estados miembros sus aspiraciones particulares y carecer ya de una meta común.
Estamos acercándonos -si es que no hemos llegado ya- al momento decisivo de la historia de la Unión. Los que no creen en la Unión federal prevista por nuestros Padres Fundadores deben considerar si tienen derecho a paralizar este movimiento y en última instancia hundirse o si ellos mismos deben marcharse. Tal vez sea una lástima que este proyecto de la Presidencia irlandesa no plantee esta cuestión, pues hay que afrontarla y -me atrevo a decir- cuanto antes mejor. Así, pues, creo, junto con el Parlamento Europeo, que el veto debe desaparecer y rápidamente.
También hay que acabar con el déficit democrático. Queremos una ampliación de la codecisión y un tercer pilar más democrático y eficaz.
También apruebo la utilización de la votación por mayoría cualificada para lograr una política exterior y de seguridad común eficaz y la incorporación de la UEO al pilar europeo. A quienes digan que se trata de un planteamiento excesivo -y algunos habrá-, permítaseme citarles una muestra de la sabiduría de un compatriota mío irlandés: George Bernard Shaw. «El hombre razonable se adapta al mundo; el que no lo es persiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. Así, pues, todo el progreso depende del hombre que no es razonable.» Me gustaría que este Parlamento militara firmemente en el bando del hombre no razonable.
Permítaseme concluir agradeciendo calurosamente a la Presidencia irlandesa la cortesía que ha tenido para con los Grupos de este Parlamento y con el propio Parlamento y que haya aceptado las preocupaciones de este Parlamento. Le deseo sinceramente todo el éxito en Dublín y en los últimos días de su mandato.

Pasty
Señor Presidente, Señorías, en el momento en que va a iniciarse la Cumbre de Dublín, la situación de Europa es un tanto paradójica. Por un lado la Unión Europea, la Europa de los Quince, continúa ejerciendo un fuerte poder de atracción sobre los pueblos europeos que todavía no la integran y que aspiran a hacerlo. Señorías, ¿no tiene un gran simbolismo que los manifestantes pacíficos y silenciosos que desfilan masivamente, en medio del frío y la nieve de Belgrado, para hacer respetar los valores de la democracia, razón de ser de nuestra Unión, agiten la bandera de las doce estrellas doradas? ¿Sabremos escuchar su llamamiento y responder con generosidad?
Por otra parte, los pueblos europeos miembros de la Unión se ven asaltados por la duda. Mientras que la plaga del paro no deja de extenderse, agravando las fracturas sociales que amenazan a nuestras sociedades, mientras los actos de terrorismo continúan ensangrentando nuestras ciudades, en Francia, en España, en Irlanda del Norte, mientras los traficantes de drogas, las redes de pederastia, el crimen organizado no paran de extender, debido a una falta de coordinación suficiente de nuestros aparatos judiciales y policiacos, su tejido mortífero, los ciudadanos de la Europa de los Quince se ponen a dudar sobre la propia fidelidad de la Unión.
Europa atraviesa una especie de crisis de postración y amenaza con hundirse en debates demasiado técnicos, tales como la mejor paridad de cambio entre la futura moneda única y sus componentes, o el debate más críptico todavía sobre el futuro Pacto de Estabilidad monetaria.
Nuestros conciudadanos están cansados de las querellas de expertos, ya que se huelen que en realidad no sirven sino de pretexto para evitar ver las realidades de frente, especialmente evitar la solidaridad, sin la que toda unión no es más que mera aparencia. Nuestros conciudadanos esperan de los Jefes de Estado y de Gobierno que van a reunirse en Dublín, sencillamente den un nuevo aliento a la Unión.
Es más necesario que nunca reafirmar los grandes objetivos, es decir, más prosperidad, más empleo, más seguridad, más atención a la preservación de nuestro medio ambiente y a los valores de libertad y democracia que sientan las bases de nuestra sociedad.
El Consejo Europeo, como se lo ha pedido la carta común Kohl-Chirac, debe recurrir a los medios necesarios para la realización de estos objetivos y comprometerse, como ya supo hacerlo antes, cuando se trazaron las perspectivas del gran mercado y de la Unión Económica y Monetaria, así como la cohesión reforzada, sin la cual no hay unión.
En el fondo, lo que esperamos de los Jefes de Estado y de Gobierno que integran el Consejo Europeo, instancia que detenta la mayor legitimidad democrática en Europa, es que tracen las perspectivas de una Europa democrática, generosa y próspera, garante de la seguridad interior y de la paz en el mundo, que corresponda a la visión que tienen los pueblos que aspiran a unirse a nosotros. Precisamente porque estos pueblos han estado demasiado tiempo privados de lo que hoy fundamenta nuestro Pacto y nuestros valores, debemos preservar y reforzar estos logros para mañana poder compartirlos mejor con ellos.

Spaak
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia irlandesa, señor Ministro, ha logrado un hazaña -y es preciso felicitarla calurosamente por ello- al redactar un texto tanto más correcto cuanto que traduce una situación insatisfactoria.
Los avances son raros y el examen de los puntos importantes se aplaza para más tarde. Quisiera mencionar la cuestión de los objetivos de la política exterior y de seguridad común y la cooperación reforzada. ¿Cómo puede esperarse la adhesión de los ciudadanos de Europa sin recordarles que la Conferencia Intergubernamental está destinada a redactar un Tratado que debe representar el soporte jurídico de un objetivo que hay que lograr? El objetivo del Tratado de Roma era asegurar la paz gracias a una comunidad económica que reagrupaba a los vencedores y a los vencidos de ayer. El Acta Única profundizaba las instituciones y organizaba el mercado único. El Tratado de Maastricht, a pesar de sus debilidades, organizaba las etapas y la puesta en marcha de la moneda única y pedía, en su artículo que se refiere al artículo B, conservar íntegramente los logros comunitarios y desarrollarlos.
Acaso los ministros de los quince Estados miembros no podrían encontrar ese famoso consenso para recordar que la construcción europea se encuentra en un punto de confrontación importante de su historia, que se mostrará digna de las esperanzas que todavía suscita en la opinión pública, organizando una sociedad justa, solidaria y democrática, que en nombre de estos principios debe abrirse a los países que piden su adhesión, que los instrumentos necesarios para lograr este gran proyecto son instituciones eficaces y democráticas.
En efecto, la política exterior y de seguridad común no será posible sin la flexibilidad suficiente de la regla de unanimidad, es decir, la supresión del veto. Sin ello, seguiremos siendo los aportadores más generosos, dejando a otros el beneficio político de su acción. Cuál será, en estas condiciones, la misión de visibilidad de un señor o señora PESC.
La cooperación reforzada, tal como lo recuerda su texto, señor Ministro, es una de las cuestiones más importantes de la Conferencia. El Parlamento Europeo comparte, en su mayoría, su opinión. No obstante, es importante esclarecer las condiciones, so pena de que se produzcan ambigüedades. Estas condiciones son -y lo cito a usted- el mantenimiento de la coherencia interior y exterior de la acción de la Unión, la salvaguardia de todo logro comunitario, el respeto de los objetivos de la Unión y su apertura, en las mismas condiciones a todos los Estados miembros que lo deseen.
Yo añado una: su puesta en práctica no podrá someterse a la unanimidad. Me queda apenas el tiempo, señor Ministro, de agradecerle una vez más por la calidad de su Presidencia, pese a las dificultades que encontró y desearle buena suerte en la acción que no dejará de seguir realizando en el futuro.

Puerta
Señor Presidente, nuestro Grupo, compuesto de diputados del tipo escasamente pragmático, manifiesta su gran preocupación ante el próximo Consejo Europeo de Dublín. Reconocemos el esfuerzo y el buen hacer de la Presidencia irlandesa a lo largo del semestre, pero hemos quedado decepcionados por el extenso documento sobre la revisión del Tratado que se presenta a la cumbre.
Sin duda, hay planteamientos novedosos y positivos, como el aumento de la cooperación judicial y policial, la lucha contra el racismo y la discriminación, nuevos requisitos de protección del medio ambiente en las políticas comunitarias o el incremento de la transparencia del Consejo cuando legisla.
Pero hay muchas deficiencias y silencios. En la propuesta no se plantea el objetivo del pleno empleo ni se hace referencia a los medios necesarios para la aplicación de políticas comunes de creación de empleo. Tampoco se menciona la defensa de los servicios públicos y, para nuestra sorpresa, no se propone la introducción en el Tratado del protocolo sobre política social y se aplaza al año 2001 la consolidación del derecho a la libre circulación de las personas sin que se mencione la deseable adhesión de la Unión a la Convención europea de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Se intenta progresar en el ámbito de la defensa y de la integración militar sin que se haga un progreso simultáneo en política exterior.
Con todo lo dicho, lo más inquietante es el bloqueo en materia institucional, con el peligro de que las decisiones se tomen en el último minuto, sin ninguna transparencia y sin información previa a los ciudadanos. La opinión pública europea ha reaccionado negativamente ante esta situación, que no mejora con el decisionismo conjunto del Presidente de la República francesa y el Canciller alemán. Por encima de sus propuestas, aparece la imagen de un núcleo duro y hegemónico, capaz de imponer decisiones más que de impulsar el desarrollo de la Conferencia intergubernamental.
Respecto a los otros puntos de la agenda de Dublín, nuestro Grupo apoya la lucha contra la criminalidad y el tráfico de drogas, pero rechaza con firmeza la adopción del «pacto de estabilidad», que va más allá de las actuales exigencias de la Unión Económica y Monetaria y el sistema derivado de posibles sanciones a los Estados miembros, que agravarían, sin duda, la situación económica y social de los países que ya tienen más dificultades.
Criticamos también la confirmación del modelo y los plazos de la moneda única y pedimos al Consejo Europeo que se abra un debate público y contradictorio con las diferentes posiciones y un diálogo sobre este modelo de moneda única y sus consecuencias, especialmente sobre el empleo. El propio Sr. Santer nos hablaba de los estragos que hay en el empleo. Podríamos definir las políticas sobre el empleo con aquel viejo lema de «derrota en derrota hasta la victoria final». Por ahora, estamos en la fase de las derrotas en las políticas sobre el empleo.
Señor Presidente, no es posible que estos debates sigan manteniéndose de forma elitista entre directivos de los Bancos Centrales, o a través de opiniones en la prensa de ex Presidentes de Gobierno o ex Presidentes de la Comisión. Es imperativo que sean establecidas las condiciones necesarias para una intensa información a los ciudadanos y su participación en el sistema institucional.

Roth
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estamos en tiempo de Adviento, el momento en que se escriben las cartas al Niño Jesús. El momento adecuado para imaginar el siguiente cuadro: es Nochebuena, al pie del árbol de Navidad hay un gran paquete, un paquete de aspecto atractivo que despierta grandes expectativas, un paquete tan grande que podría acomodar todos nuestros deseos. Luego empezamos a desenvolverlo, retiramos el papel, retiramos nuevas capas de papel. Dentro de una caja encontramos otra caja y seguimos deshaciendo el paquete, cada vez más desconcertados, mientras comienza a ser cada vez más evidente que el paquete está vacío, que no contiene nada. El paquete consiste sólo en una gran cantidad de envoltorios. Esta es la pesadilla de cualquier niño y lo que está ocurriendo con la revisión del Tratado de Maastricht es una pesadilla análoga.
Mi reacción al leer las propuestas del Consejo para la conferencia de Dublín es idéntica a la del niño que acabo de describirles. Sus proyectos e intenciones no satisfacen nuestros deseos. En nuestra carta de peticiones solicitamos: más transparencia, más democracia, más competencias para el Parlamento Europeo, ¿y qué se ha hecho? Todo lo contrario. En efecto, los documentos de Dublín no ofrecen más, sino menos transparencia, puesto que el Consejo sigue empeñado en reinar, más indiscutiblemente que antes, desde su posición de autoridad y ocultismo absolutistas. No ofrecen más, sino menos democracia, puesto que reducen los derechos de los ciudadanos a la categoría de deseos, puesto que si bien se habla de combatir la discriminación, se acentúa no obstante la jerarquización de las personas, puesto que la seguridad no se entiende nunca como seguridad jurídica. En efecto, ¿cómo se explica de lo contrario que la libre circulación se posponga hasta el próximo siglo y que se dote a Europol de competencias operativas sin ningún control? No ofrecen más, sino menos competencias para el Parlamento, puesto que acentúan visiblemente el abismo entre la parte correspondiente al mercado interior y el segundo y tercer pilares, puesto que en la propuesta relativa a la política exterior no se menciona en ningún momento al Parlamento Europeo y en cambio se cita a menudo la UEO, y puesto que se propone retirar al Parlamento Europeo las competencias presupuestarias en el ámbito de la política exterior e interior. Las propuestas no ofrecen más, sino menos Europa. El paquete no está meramente vacío sino que -y esto es mucho más grave- trae desgracias. La responsabilidad de que así sea no es de la Presidencia irlandesa del Consejo. ¡Yo les deseo felices Navidades a todos y un año nuevo más favorable, así lo espero!

Saint-Pierre
Señor Presidente, Señorías, ante todo, quisiera agradecer a la Presidencia irlandesa por haber cumplido, en plazos muy razonables, el mandato que recibió durante el Consejo Europeo informal del 5 de octubre, y haber elaborado un documento comprensible, bien articulado y que hace el balance de la negociación. Por lo demás, aprovecho la ocasión para sublevarme en contra del cinismo con el que han reaccionado eminentes representantes de ciertos Gobiernos, y no pocos, que criticaron enérgicamente el documento de la Presidencia irlandesa cuando comparten la responsabilidad de la lamentable situación en la que se encuentra la Conferencia Intergubernamental.
Una vez dicho esto, el documento deja mucho que desear, incluso si la Presidencia irlandesa hace propuestas valientes en materia de empleo, de medio ambiente y trata incluso de proponer la supresión de la tercera lectura en el procedimiento de codecisión, lo que equivale a poner al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo. Excelente iniciativa. En el plano institucional, en primer lugar, es el bloqueo total, lo que es un mal augurio para la preparación de la ampliación. Ninguna propuesta concreta sobre la extensión de la votación por mayoría, ni sobre la extensión del procedimiento de codecisión. Lo mismo ocurre con la composición de la Comisión y la ponderación de los votos en el seno del Consejo. Si el gran conjunto de medidas institucionales que debe permitir a la Unión decidir eficazmente y funcionar después de la próxima ampliación se aplaza hasta el fin de las negociaciones, ¿no vamos hacia una catástrofe con todos los peligros que puede engendrar un gran regateo final de último minuto?
Y luego, está la PESC, nuestra pobre PESC. ¿Creen sinceramente los Estados miembros que la Unión ganará en credibilidad haciendo de un funcionario, a pesar del alto cargo que tenga, el centro de la política exterior de la Unión Europea? Las propuestas destinadas a reforzar el estatuto del Secretario General del Consejo son manifiestamente inaceptables, a menos que queramos que en materia de representación exterior la Unión sea tratada de la misma manera por nuestros socios, y que nuestros comisarios y miembros de la Troïka sean igualmente recibidos a nivel de un funcionario.
Por otra parte, ¿es aceptable que se introduzca una nueva modalidad de veto, ligada a razones políticas nacionales en los ámbitos donde ya es posible la votación por mayoría? Manifiestamente, las propuestas en materia de política exterior se encuentran en franco retroceso. Ello contrasta con la evidente voluntad política de progresar concretamente, en el ámbito de la defensa, voluntad que nosotros apreciamos. Sin embargo, permítame interrogarme sobre las implicaciones que acarrearía un desarrollo rápido de la integración militar y de defensa sin que se realicen progresos simultáneos en materia de política exterior.
En conclusión, señor Presidente, estoy personalmente satisfecho de comprobar -y sobre ese punto estoy de acuerdo con el Presidente Santer- que la cuestión de la cooperación reforzada se encuentra desde ahora en el centro del debate de la Conferencia, lo que de ningún modo era el caso cuando mi Grupo comenzó a librar una batalla en este sentido, ya con ocasión del informe Martin Bourlanges. Estoy convencido de que la posibilidad de cooperación reforzada deberá, no obstante, mantenerse permanentemente abierta, siendo compatible con los objetivos de la Unión, respetando los logros comunitario así como el marco institucional único.
Señor Presidente, Señorías, los seis meses de Presidencia neerlandesa que concluirán con la Cumbre de Amsterdam revestirán una importancia capital para la Unión. Toca a nuestros gobiernos decidir si dotan a la Unión de instituciones capaces de funcionamiento una comunidad ampliada o, por el contrario, condenan a Europa a la parálisis. Y toca al Parlamento el honor de recordarlo a la Presidencia y a los Gobiernos.

Martinez
Señor Presidente, no voy a hablarle de un problema del desempleo que es, me imagino, motivo de algunos de sus insomnios. Tampoco voy a hablarle de la Conferencia Intergubernamental, ni de la ampliación hacia el Este, ni de la necesidad del veto -estando personalmente convencido de lo contrario- ni del derecho de secesión. De lo que voy a hablarle es del pacto de rigidez presupuestaria.
Este pacto prevé mecanismos destinados a sancionar a los pueblos debido a una mala conducta presupuestaria. Un Estado como Francia tendrá que cumplir con una penalidad de 30.000 millones de francos, suma que le permitiría, por ejemplo, aumentar 30.000 francos a la remuneración de la totalidad de sus profesores. No me detendré a analizar lo bien fundado de este mecanismo. Me limitaré a comprobar que durante cincuenta años usted mismo practicó con fortuna los déficits keynesianos. No puede uno dejar de preguntarse por qué cambia ahora. Lo que es seguro, es que con este pacto de rigidez presupuestaria cura usted la neurosis alemana. Alemania, que conoció la República de Weimar, tiene miedo de la inflación. Sin embargo, no porque en una familia la abuela tiene diabetes, es preciso privar a todos los niños de azúcar. No se puede aplicar a todo el mundo el tratamiento destinado a curar la enfermedad de uno.
Con este pacto de rigidez presupuestaria, gracias al cual quiere usted crear una moneda única, una política presupuestaria única, vamos a acabar en una situación en la que no podrán compensarse las diferencias de nivel económico entre los Estados ni mediante los respiraderos presupuestarios, ni por los respiraderos monetarios. No quedará, por tanto, poniendo aparte el paro, más que el respiradero fiscal, el cual llevará a los Estados a practicar desgravaciones fiscales competitivas, a las que, por los demás, ya recurre Luxemburgo en materia de rentas de capital. Y eso es lo que Alemania se dispone a hacer, suprimiendo su impuesto sobre el capital y disminuyendo su tasa marginal de impuesto sobre la renta.
Se lo dije, se lo repito, hay que alinearse con Alemania. Tenemos un fallo del Tribunal de Karlsruhe de junio de 1995 que se basa sobre la libertad de acción del contribuyente para determinar si uno u otro impuesto es demasiado elevado. Inscriba moneda única, política presupuestaria única, inscriba en su Tratado de Maastricht refundido un tope de deducciones obligatorias, tal como está haciéndolo el Tribunal de Karlsruhe para Alemania. Así, por lo menos, la Conferencia Intergubernamental habrá servido de algo.

El Presidente
He recibido catorce propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento: siete propuestas de resolución sobre el Consejo Europeo y otras siete propuestas de resolución sobre la situación política en Serbia.

Roubatis
Señor Presidente, los ciudadanos europeos con sorpresa constatan que muchas de sus esperanzas no se cumplen. Muchas de las dudas surgidas a partir del Tratado de Maastricht no han encontrado respuesta ninguna y hemos llegado hoy al punto de que entre los ciudadanos europeos exista una crisis de confianza con respecto a la misma idea europea. A no ser que se produzca un cambio de este clima, esta desconfianza creará problemas más generales que pondrán en peligro las visiones de aquellos que crearon este experimento realmente único denominado Unión Europea. El mandato que la Presidencia irlandesa recibió en Florencia fue el de presentar en la Conferencia Intergubernamental un primer proyecto general de tratado. Cabe destacar desde el principio que los irlandeses cumplieron con esto de manera eficaz, por lo que todos nosotros en el Parlamento les debemos las gracias sin duda. Teniendo en cuenta la forma y las condiciones en las cuales trabajaron los irlandeses, es natural que existan imperfecciones y discrepancias. Sin embargo, nos encontramos a la mitad de la Conferencia Intergubernamental y nos queda mucho camino que recorrer hasta la Cumbre de Amsterdam. Un elemento básico para que la Conferencia Intergubernamental sea un éxito es que el nuevo Tratado sea bien acogido por el ciudadano europeo; que se disipen las dudas creadas a partir del Tratado de Maastricht; que las aspiraciones e inquietudes de los pueblos de Europa encuentren una respuesta. Nuestros pueblos desean la profundización y el desarrollo de la Unión. Necesitamos un modelo basado en los principios de la democracia y de la igualdad entre todas las personas y todos los países, pequeños y grandes, y que aspire a combatir el desempleo, la marginación social, el racismo y la xenofobia. Una Europa sin discriminación, sin diferentes velocidades de desarrollo, será una Europa que respete al ciudadano europeo. Es necesario que logremos ampliar la legitimidad del marco institucional de la Unión. La revalorización del Parlamento Europeo, así como el fomento de su papel en un mayor número de ámbitos de actividad comunitaria son objetivos que asegurarán una intervención más eficiente del ciudadano en los acontecimientos.
Ahora bien, debemos prevenir ante el hecho de que cualquier coste producido por las reformas institucionales vaya a cargo de los países pequeños, exclusivamente. Antes de terminar, quiero referirme al desarrollo por etapas de la identidad europea en materia de defensa y seguridad. La garantía de la soberanía territorial y la protección de las fronteras exteriores darán un impulso a la PESC, intensificando los principios de colaboración en este ámbito. Sin embargo, no podemos avanzar todos juntos, si algunos ciudadanos europeos tienen la sensación que la Unión no estaría con ellos en caso de que estuvieran en peligro.

Brok
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer las palabras del señor Presidente Santer y del Presidente en funciones del Consejo, pero también los esfuerzos que se han realizado para hacer avanzar la Conferencia Intergubernamental hasta la fase presente. Sólo podremos valorar con justicia el documento irlandés si no esperamos encontrar en él ya el resultado, sino un sabio reflejo de las negociaciones desarrolladas hasta el momento y debo reconocer que incluso un poco más de lo alcanzado en las negociaciones en algunos aspectos de particular interés para el Parlamento Europeo. En particular, son muy importantes, a mi parecer, las palabras de la Presidencia irlandesa sobre el tema del poder de codecisión del Parlamento Europeo. En el documento se dice claramente que en futuro sólo se mantendrán tres procedimientos de decisión y que en la actividad legislativa se aplicará como norma general el procedimiento de codecisión.
Es evidente que todavía quedan pendientes algunas cuestiones de definición y delimitación, que deberán aclararse en el marco de las posteriores negociaciones. No obstante, en el aspecto posiblemente más esencial para el Parlamento Europeo, se ha creado una buena base para continuar las negociaciones durante la Presidencia neerlandesa del Consejo. También se ha hecho referencia a la necesidad de ampliar la aplicación del procedimiento de decisión por mayoría cualificada. Yo acojo con especial satisfacción que la decisión por mayoría cualificada aparezca citada en las cartas del Presidente Chirac y del Canciller federal Kohl como norma general, con la posibilidad de que se establezcan algunas excepciones, pero de modo que la decisión mayoritaria constituya la norma general.
Si entendemos que estos son los aspectos esenciales para alcanzar más democracia, más transparencia y más competencias y los concebimos como preparación para la ampliación, esta combinación nos ofrece, a mi parecer, una oportunidad que nos permitirá avanzar realmente en este ámbito en el contexto de la Conferencia Intergubernamental. Desde el Parlamento también debemos manifestar, no obstante, que subsisten una serie de puntos que no podemos considerar en modo alguno satisfactorios. Todo el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad resulta, a mi parecer, muy poco consistente hasta el momento, también por lo que respecta al papel del procedimiento de codecisión; la abstención constructiva es sólo una coartada y no resuelve el tema de una posible acción de bloqueo por parte de un país destructivo. Luego está el tema del doble mecanismo de votación: la política general se decide por unanimidad, la aplicación, por mayoría. El Tratado de Maastricht ya lo establecía así y no dio resultado. Es decir que debemos pensar nuevas propuestas en el ámbito del procedimiento de decisión y de la Política Exterior y de Seguridad, más allá de las que se desprenden de los documentos elaborados y las conversaciones desarrolladas hasta el momento.
También debemos manifestar, no obstante, que para el Parlamento no sería aceptable que los nuevos ámbitos traspasados del tercer pilar al primer pilar -desgajados, a Dios gracias, del tercer pilar- no pudiesen ser tratados por las instituciones exactamente del mismo modo que los ámbitos incluidos tradicionalmente en el primer pilar. Debemos rechazar, por lo tanto, la creación de un pilar 1B, o comoquiera que se llame, y exigir la plena participación de la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia Europeo en estas cuestiones, a fin de introducir un auténtico control jurídico y democrático.
Es intolerable, a mi parecer, que no se haya conseguido hasta el momento ningún progreso en el aspecto presupuestario. El Parlamento Europeo directamente elegido no tiene ninguna influencia directa sobre un 50 % del Presupuesto. Si se llega al extremo de calificar también, contra toda lógica, como obligatorios los gastos correspondientes a los ámbitos del segundo y tercer pilar, a fin de recortar así las competencias decisorias del Parlamento o ni siquiera contemplarlas, yo debo manifestar a los Estados miembros que, en relación con este punto, yo pienso que la Conferencia Intergubernamental no habrá concluido de manera satisfactoria para el Parlamento Europeo si se cierra con dicho resultado.
La Presidencia irlandesa del Consejo ha presentado proyectos relevantes en los ámbitos el empleo, el comercio exterior, la acción integradora de la política de protección de los consumidores y el medio ambiente. Desde aquí deberíamos pedir a la Cumbre de Dublín que otorgue a la Presidencia neerlandesa un mandato especial con vistas a la simplificación de los Tratados. La Presidencia irlandesa ha establecido una buena base estructural para continuar las negociaciones y yo quiero expresarle personalmente mi agradecimiento. También quiero manifestar mi agradecimiento al Sr. Noel Dorr, quien dirigió el grupo de delegados con un excelente estilo profesional y humano. Mi deseo es que podamos seguir trabajando sobre esta base con el fin de conseguir lo mejor para la Unión.

Collins, Gerard
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al Presidente en ejercicio y al Presidente de la Comisión las contribuciones que han hecho hoy aquí. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Presidencia por el proyecto de documento para la CIG, que es excelente. Será una base sólida y valiosa para la continuación de los debates en la CIG que concluirá en Amsterdam.
La cumbre que se celebrará este fin de semana en Dublín debe abordar las cuestiones fundamentales que afronta la Unión en el momento actual y formular orientaciones para la labor de las instituciones sobre esas cuestiones en 1997. En primer lugar, debe formular de nuevo los compromisos respecto del establecimiento de una moneda única en 1999 y las ventajas que dicha moneda aportará a la mayoría de los ciudadanos de Europa.
En este año los que se oponen a la moneda única han logrado importantes avances al infundir a muchos ciudadanos profundas preocupaciones sobre los efectos de una moneda única. Los Jefes de Estado y de Gobierno deben, antes que nada, disipar los temores que se han infundido y a ese respecto son dignas de beneplácito las gestiones en pro de la formulación de un pacto de estabilidad. Espero que dicho pacto tranquilice a quienes están preocupados por los efectos de una moneda única para sus puestos de trabajo, empresas y sus ahorros. Los dirigentes europeos deben aceptar que resulta perfectamente razonable que los ciudadanos estén preocupados por las posibles repercusiones que tendrá en sus circunstancias personales la abolición de la moneda que llevan en los bolsillos y su substitución por un desconocido y hasta ahora inexistente euro.
En 1997 se deben abordar ampliamente dichas preocupaciones, porque no habrá moneda única alguna, a no ser que cuente con el apoyo popular en todos los países cuyos gobiernos aspiran ahora a incorporarse a la eurozona desde el primer día. Los gobiernos deben recordar el mensaje lanzado durante el debate sobre la ratificación del Tratado de Maastricht: el de que el público en general, mediante el voto depositado en las urnas, es el encargado en última instancia de adoptar las decisiones sobre el ritmo y la amplitud de la integración europea en todos los sectores de formulación de políticas, incluida la política monetaria.
El electorado de casi todos los países europeos está cada vez más preocupado por la seguridad personal y gran parte de los delitos de los que tenemos conocimiento por la prensa están relacionados -correctamente, en mi opinión- con el consumo de drogas ilegales. El comercio con esas drogas es de naturaleza internacional, como lo es el blanqueo de las vastas sumas de dinero que entraña y, sin embargo, la respuesta de la organización multinacional mejor situada para abordar ese problema -la Unión Europea- resulta virtualmente inexistente.
El Tratado de Maastricht permitió la creación de Europol, como organismo de recogida de información secreta sobre el comercio de drogas ilegales. Dicho organismo debe estar dotado con los recursos para llevar a cabo esa tarea. En la CIG se están presentando propuestas para eliminar los controles en las fronteras interiores de la Unión. Para que así sea, se debe formular el compromiso de aumentar los recursos disponibles con vistas a proteger las fronteras exteriores contra las actividades de los traficantes de drogas. Para atender las necesidades y los motivos de preocupación de sus ciudadanos, la Unión debe orientar sus actividades hacia iniciativas de esa clase.
La creación de un mercado único europeo ha eliminado en gran medida las restricciones a la libre circulación de capitales, bienes y servicios en toda la Unión. Sin embargo, por lo que se refiere a la libre circulación de personas, hasta la fecha ha habido pocos avances o ninguno en la eliminación de las restricciones en las fronteras.

Herzog
Señor Presidente, Señorías, el ministro Hervé de Charrette habló de la medianía del proyecto irlandés. Pienso que el Ministro debería poner a remojar sus barbas: el documento francoalemán no brilla, por su parte, por su ambición.
Sobre todo, todos pueden comprobar la ausencia total de respuesta a las expectativas de la sociedad, especialmente en lo relativo al empleo y la cohesión social. Así, las declaraciones del Estado francés sobre el modelo social europeo y la defensa del servicio público parecen baladronadas.
En realidad, la Presidencia irlandesa hizo lo que pudo en el marco de un mandato imposible. La Conferencia Intergubernamental no llega a encontrar un sentido, ya que no examina los objetivos de sociedad, ni los objetivos que construirían una ambición para Europa en el mundo. Y esta Conferencia carece de sentido porque los gobiernos se plantan en su posición de poder, se encierran en su privilegio de poder y tienen la intención de continuar dirigiendo Europa sin los ciudadanos. En estas condiciones, las reformas institucionales se rebajan a meras modificaciones de procedimientos y redistribuciones de las prerrogativas de poder.
Ir al encuentro de los ciudadanos es responder a los problemas del empleo, de la seguridad, de la solidaridad. Tenemos un capítulo empleo insignificante. Necesitaríamos políticas de desarrollo durable y un poder económico común en la Unión Europea. En cuanto a la seguridad, debe ser objeto de una comunitarización y apruebo lo que dice el texto irlandés sobre este tema. Sin embargo, para que esta comunitarización adquiera toda su fuerza, debemos anteponer los derechos fundamentales, civiles y sociales, en este espacio de libertad de circulación.
Por último, la cohesión: la Unión Monetaria de núcleo duro divide a los pueblos europeos. Las cooperaciones reforzadas corren el riesgo de situarse en la misma óptica. Nosotros queremos a España e Italia en la comunidad de unión monetaria, y las cooperaciones reforzadas deben ser las cooperaciones de aquellos que quieren avanzar en la vía del progreso de la sociedad y la civilización, sin ser obstaculizados por los adeptos a la competencia más agresiva y al desprecio de la solidaridad.

Cohn-Bendit
Señorías, yo voy a referirme al tema de Serbia, que también está previsto tratar dentro del presente debate. En mi opinión, la Unión Europea -tanto la Comisión como también el Consejo y el Parlamento- puede y debe desempeñar un papel decisivo en la democratización de Serbia. Debemos hacer entender claramente a la oposición y al Gobierno serbios que la única posibilidad de llegar a establecer un acuerdo de asociación con la Unión Europea es a través de un proceso de democratización que vaya acompañado de una reconciliación tanto con Bosnia como en relación con Kosovo.
Debemos conseguir que el proyecto europeo resplandezca en Belgrado con toda su fuerza. Serbia no puede aspirar a un futuro democrático sin una reconciliación con Bosnia y Croacia, sin unas estructuras civiles democráticas y sin el reconocimiento de los derechos de todas las minorías en Serbia. Cuando la oposición y el Gobierno así lo comprendan, la región podrá aspirar a un futuro que no esté dominado por la guerra y el odio, sino por la cooperación y el respeto mutuo. En este contexto es importante que en Dublín se encuentren palabras claras que eviten cualquier posible malentendido en dicha región, tan marcada por la guerra.
En este sentido, yo espero que el Consejo Europeo desarrolle en su sesión de Dublín alguna propuesta más adecuada que cuanto nos ha ofrecido hasta ahora como prolongación del Tratado de Maastricht.

Ewing
Señor Presidente, en este mi vigésimo primer año como diputada al Parlamento Europeo, descubro un talante optimista muy pronunciado. Eso es bastante nuevo y creo que se lo debemos en gran parte a la Presidencia irlandesa. Si alguna vez alguien personificó la filosofía de «lo pequeño es hermoso», ha debido de ser la Presidencia irlandesa.
Aquí tenemos el tigre económico de Europa, con una enorme tasa de crecimiento, por lo que resulta apropiado, cuando celebremos el debate sobre la UEM, que sea Irlanda la que nos haya dirigido durante seis meses. En el Reino Unido, el Estado al que a regañadientes pertenezco, hay una actitud tremendamente negativa. Va en aumento, es peligrosa y no suele estar basada en el razonamiento. Sobre la UEM los pesimistas hablan de la pérdida de puestos de trabajo sin explicar nunca qué puestos de trabajo se perderán. Yo creo que aumentarán.
Felicitamos al Sr. Spring por sus gestiones en materia de política exterior, por introducir el empleo en el Tratado y por la excepcional transparencia de su documento, gracias a la cual toda Europa sabe adónde nos dirigimos desde aquí.

Amadeo
Señor Presidente, tras cuatro semanas de protestas populares, manifestaciones, sentadas y huelgas de estudiantes y trabajadores, después de cuatro semanas de movilizaciones y protestas de todo un país que vio sus plazas y calles llenas de gente de todas las clases sociales y edades, parece que un fantasma aletea y planea sobre toda Serbia: el fantasma del comunismo, al parecer, ha desaparecido definitivamente, según las crónicas periodísticas y televisivas que al menos en Italia tenemos el gusto y el disgusto de leer y escuchar.
Al parecer, estas grandes protestas masivas se realizan para reclamar la anulación de las elecciones administrativas y los serbios se echan a la calle tan sólo para que se respeten tales resultados. Por otra parte, nuestros ministros de Exteriores, los jefes de Estado y los líderes de los partidos de centro y de izquierdas al referirse a la situación serbia utilizan todas las palabras, todos los términos, todos los rodeos y todas las analogías a fin de no pronunciar una palabra, esa palabra, un término, ese término, una definición, esa definición que convertiría las cosas en más claras y evidentes para todo el mundo. Esa palabra que no consiguen pronunciar, porque la lengua se traba, la salivación es insuficiente y se hace difícil mover los labios, seré yo quien la desvele y espero que no se lo tomen a mal todos los hipócritas y bizantinos de este mundo: comunismo.
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, ¿vamos o no vamos a admitir que los serbios protestan contra el régimen comunista, que desean que el comunista Milosevic se quite de en medio, que confían en que las libertades más fundamentales conculcadas por el régimen comunista lleguen a ser patrimonio de todo el pueblo serbio? ¿O quizás consideran ustedes poco elegante ensañarse contra una ideología desautorizada por esos mismos procesos históricos que, según las utopías del cientificismo marxista, tenían que uniformar y colectivizar al mundo entero.
Según el Grupo de Alianza Nacional, por el contrario, es necesario llamar las cosas por su nombre, a fin de evitar confusiones y malentendidos y decir a las generaciones más jóvenes que la palabra «libertad» no cabe en la ideología comunista, por su naturaleza totalitaria y represiva de las individualidades no homologadas y no homologables. Aclarado esto, es preciso que la Unión Europea envíe un mensaje claro y inequívoco al régimen comunista de Belgrado, tan claro como los que se enviaron en su momento al Gobierno sudafricano del apartheid o al régimen dictatorial chileno, así como que se interrumpa toda relación comercial, hasta que no se reconozcan los derechos de la oposición y no se restablezcan las libertades democráticas fundamentales.

Malone
Señor Presidente, deseo agradecer al Presidente Santer el discurso que ha pronunciado hoy aquí y también dar las gracias al Sr. Mitchell y al Sr. Spring.
Yo he tenido un conocimiento de primera mano de la labor positiva y sólida que la Presidencia irlandesa ha llevado a cabo y quiero unirme a los otros oradores que han felicitado a la Presidencia irlandesa -y con razón- por su denonado trabajo, resultado del cual es el proyecto de Tratado que tenemos ahora ante nosotros, un Tratado que se ha preparado a tiempo. En él hay muchas cosas con las que, desde luego, estoy de acuerdo y conozco las dificultades que han tenido sus autores, en particular al abordar la política obstruccionista del actual Gobierno de un Estado miembro.
Sin embargo, hay sectores en ese documento que me preocupan un poco. Me encanta la inclusión de un capítulo sobre el empleo en el proyecto, pero me ha decepcionado mucho que dicho capítulo sólo hable de un alto nivel de empleo: no habla de pleno empleo y eso, para mí, resulta muy significativo. Parece que el concepto de pleno empleo, trabajo u oportunidades de empleo a disposición de todos los que quieran trabajar, debe seguir siendo el centro de la política europea.
De hecho, en su reciente informe sobre las tendencias mundiales en materia de empleo, la Organización Mundial del Trabajo decía que el pleno empleo sigue siendo una meta alcanzable, por lo que no sé por qué no se utiliza esa expresión en el proyecto de Tratado. En Irlanda hemos visto los beneficios que se han desprendido de la observancia de los criterios de Maastricht en las finanzas de nuestro sector público. Un conjunto similar de criterios sobre la política en materia de empleo ha de ser por fuerza positivo para Irlanda y para Europa. Debemos procurar que el capítulo sobre el empleo del Tratado sea de verdad efectivo y obtenga resultados en realidad.
También me gustaría saber -tal vez el Ministro pueda darnos alguna idea, cuando intervenga para recapitularpor qué ciertos gobiernos se han mostrado tan reacios a intensificar la cooperación europea en la lucha contra la delincuencia organizada y las drogas. ¿Es que no se dan cuenta de que se trata de un combate en el que sólo podemos vencer juntos? ¿Acaso podemos darnos el lujo de esperar y permitir que las drogas y la delincuencia hagan estragos en la estructura de la sociedad europea?
También me inquietan las escasas referencias en todo el documento a la pobreza y la exclusión social. Sólo he podido encontrar una referencia, en la página 46 del Capítulo 5, a la exclusión social. Comprendo que el documento debe haber insistido lo suficiente -y así lo hace- en la seguridad del ciudadano, pero también necesitamos políticas sociales correctas en el nivel europeo para aliviar los sufrimientos cotidianos de muchos de nuestros ciudadanos.
John Cushnahan ha hablado de Bismarck. Pues yo puedo citar a un gran dirigente contemporáneo que dice: »Debemos ser enérgicos no sólo con la delincuencia, sino también con las causas de la delincuencia.» De modo que hemos de esperar que en el proyecto final -que se va a transmitir ahora a la Presidencia holandesa- el mensaje de Dublín sea -como ha dicho el Sr. Santer que debería ser- el siguiente: la lucha contra el desempleo, la privación social y la pobreza debe continuar y constituir la prioridad del Tratado final.

Pack
Señor Presidente, Señorías, yo voy a referirme sólo al tema de Serbia. Mis colegas ya han dicho cuanto había que decir con respecto a todo lo demás. En estos momentos estamos viendo cómo un interlocutor muy buscado por todos los Gobiernos occidentales se arroga con toda desvergüenza el derecho a anular unos resultados electorales que no son de su agrado. También los jueces acomodan en Serbia sus decisiones a los deseos del Sr. Milosevi. Con esta manipulación ha quedado claro para todos que Serbia no es un Estado de derecho. El amordazamiento de los medios de comunicación y la difamación de los manifestantes pacíficos constituyen otras pruebas adicionales de que la arbitrariedad comunista de dicho Gobierno es públicamente notoria. Serbia no debe seguir siendo la empresa familiar de Milosevi y Markovi.
En contraste con Estados Unidos, el Consejo se mostró muy vacilante en su reacción. ¿Por qué temía tomar claramente partido en favor de la democracia y los derechos fundamentales, a pesar de que nuestras banderas ondean en esas manifestaciones? En Serbia se pagan ahora las consecuencias de que en su momento no se viera obligada a cumplir los criterios Badinter de 1991 -como todos los restantes Estados poscomunistas- para obtener su reconocimiento. La resolución de la cuestión de Kosovo debería haber sido otro requisito previo adicional y desde luego debería haberse incluido también en el orden del día de Dayton. Estas negligentes omisiones han tenido funestas consecuencias. Los dirigentes de Yugoslavia no ofrecen ni siquiera el más tímido inicio de reformas democráticas. Los habitantes de ese país se sienten privados de libertad, se sienten defraudados en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Durante mi última visita a Belgrado en el mes de junio, muchos serbios me dijeron: Ustedes se preocupan por los derechos de los albaneses de Kosovo. Adelante. Pero también nosotros necesitamos ayuda. ¿Quién nos ayuda a hacer valer nuestros derechos fundamentales? Los tres dirigentes de oposición de Sajetno viajaron a finales de octubre a Bruselas, respondiendo a mi invitación, para comparecer ante la Delegación para las relaciones con la Europa Sudoriental.
Las ideas y declaraciones políticas de los Sres. Draskovic y Djindji han tenido, desde luego, un carácter indudablemente nacionalista y a favor de la Gran Serbia en los últimos años. Karadzic siguió contando con su aquiescencia cuando Milosevi le abandonó a su suerte bajo la presión de Occidente. Su alianza con el partido de Vesnapesi, la única fuerza política auténticamente democrática de Serbia, permite abrigar sin embargo la esperanza de que la oposición desea un progreso democrático. Por esto es nuestro deber de condenar el proceder antidemocrático de Milosevi y solidarizarnos con los manifestantes pacíficos de la oposición, pero también es, sobre todo, el deber de sus interlocutores occidentales. La coalición opositora es frágil y un apoyo exterior para sus objetivos podría convencer a la población de que un cambio de gobierno podría significar un paso hacia una mayor democracia.
Esperamos que los dirigentes de Serbia, el Gobierno y la oposición encuentren una pronta solución para la cuestión de Kosovo, sin la cual no será posible la paz en la región. El proceso de instauración de la democracia en Bosnia también depende de que prevalezcan unas condiciones democráticas en Belgrado.
Yo le pido al Consejo que persiga con mayor insistencia e inflexibilidad estos objetivos europeos y que por fin emita una señal en este sentido en Dublín.

Azzolini
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Dublín se va a celebrar en un clima de grandes expectativas para el futuro de la Unión Europea.
Acabamos de recibir el borrador del proyecto del Tratado de la Unión Europea presentado por la Presidencia irlandesa y los ministerios nacionales ya se han puesto en marcha para ir más allá y dar ese ímpetu adicional y tan necesario, a fin de obtener de la Cumbre de Dublín unos resultados concretos y eficaces, imprescindibles para la construcción europea.
Coincidimos plenamente con las conclusiones de la Cumbre franco-alemana del pasado lunes que, en su declaración común, volvió a manifestar la voluntad de dar un impulso decisivo a los trabajos del Consejo Europeo.
Los asuntos que están sobre el tapete siguen siendo muchos y prioritarios, sin embargo, deseo recordar que es preciso concentrarse en las reformas institucionales y la seguridad interior y exterior. Y no tan sólo en esto. La Cumbre debe demostrar que por fin es capaz de adoptar esas decisiones necesarias para dar un nuevo impulso a la creación de las condiciones sociales, políticas y económicas, esenciales para acercar la Unión a sus ciudadanos, para muchos de los cuales deberá solucionarse de forma prioritaria el gran azote del desempleo.
Si bien es cierto que la ampliación de la integración débil no puede ni debe ser obstaculizada, también es cierto que si se mejora substancialmente la eficacia del proceso decisorio, podremos presentar una Unión más dinámica y coherente con su funcionamiento.
Asimismo, subrayamos la necesidad de adoptar cuanto antes las disposiciones legislativas necesarias para la emisión del euro, así como un reglamento que garantice, dentro de la zona de la moneda única, la convergencia económica y la estabilidad monetaria que permitan a la Unión Europea contar con una política económica coherente y global.
Señor Presidente, Dublín puede y debe representar la clave sobre la que construir definitivamente la arquitectura europea del siglo XXI. Y entonces, el gran proyecto de fin de siglo -la moneda única y la cooperación entre los pueblos unidos tan anhelada por Jean Monnet- podrá realizarse finalmente. Para que esto sea así, es preciso que todos nosotros nos dotemos de ese ímpetu adicional, al que acabo de referirme, que por fin permitirá que la Unión Europea se consolide.

Ribeiro
Señor Presidente, ¿para qué Dublín, si ya hubo Nürenberg? ¿Para que se saque la fotografía sonriente de 16, o 17, si se tolera en ella la presencia del Presidente del Parlamento? ¿Para qué un informe de la Presidencia de un país pequeño, si hay un documento de dos presidentes enormes y motores? ¿Para qué continuar con ministros, diplomacia, cooperación, si el Sr. PESC puede hacer todo el trabajo? ¿Para qué afirmar siglas, si la NATO sobrevive y crece? ¿Para qué abordar las causas, si un espacio jurídico común y una Europol musculosa velan por las consecuencias? ¿Para qué tanta palabra sobre lo que es nominal, pacto, estabilidad, mayor o menor flexibilidad de criterios y sanciones, si no se calla lo que es real, lo que es social, lo que es desempleo, lo que es la vida que no cabe en monedas únicas y bancos centrales? ¿Para qué gastar un minuto, señor Presidente, si bastan 51 segundos para formular preguntas cuyo comentario y debate requerirían horas?

Ahern
Señor Presidente, en este momento en que se presenta un proyecto de Tratado sobre la CIG, ¿vamos a descubrir una vez más que, en contra de las garantías que se nos han dado esta mañana sobre la ciudadanía y la democracia, se ha pasado por alto una revisión del Tratado Euratom? El Tratado Euratom es uno de los Tratados fundacionales de la Unión, junto con el Tratado de Roma. Resulta increíble que no se actualice y revise para proteger a los ciudadanos de los efectos de la radiación y no para promover la energía nuclear.
Esta mañana hemos oído hablar a admiradores de Jean Monnet: yo también soy una admiradora de Jean Monnet. Su biógrafo ha dicho respecto del Tratado Euratom que consideraba que la energía nuclear tenía un gran futuro y no pasado y ninguna de esas afirmaciones era cierta. Sin embargo, se han presentado enmiendas al Tratado Euratom y, respecto de la CIG, ¿hará el Consejo en su reunión de Dublín una declaración sobre la seguridad nuclear en respuesta a la generalizada preocupación pública? Concretamente, ¿se han acordado enmiendas al Tratado Euratom, que establezcan disposiciones para permitir un examen riguroso de la seguridad de las instalaciones nucleares? El Tratado Euratom no establece disposiciones para la formulación o aplicación de normas de seguridad relativas al funcionamiento de las instalaciones nucleares. ¿Se han acordado disposiciones relativas a las instalaciones nucleares que afecten al territorio de otro Estado miembro, en particular respecto de cualquier efecto acumulativo de los peligros para la salud y el medio ambiente de poblaciones vecinas? ¿Declarará el Consejo concretamente que se van a cerrar los reactores nucleares existentes que no cumplan con las normas?

Lukas
Señor Presidente, el minuto de que dispongo no me deja lamentablemente tiempo para felicitar a la Presidencia irlandesa tal como yo habría deseado. Los intensos esfuerzos de los Estados miembros para cumplir los criterios de Maastricht comienzan a dar lugar a un incremento masivo del desempleo y una reducción de la protección social. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la información de los ciudadanos sobre el tema de la introducción del euro es absolutamente insuficiente, puesto que la campaña de información sobre la introducción de la moneda única se ha llevado a cabo hasta ahora de manera notablemente unilateral.
Así, hasta la fecha se han ocultado de hecho -consciente o inconscientemente- sus consecuencias sociales y en el ámbito de la política de empleo. Las masivas repercusiones que tendrá la introducción del euro en todos los ámbitos de la vida de las ciudadanas y ciudadanos europeos exigen precisamente por esto que las poblaciones de los Estados miembros tengan la oportunidad de participar en las decisiones. En este sentido, desde una perspectiva política democrática, parece imprescindible someter la instauración de la Unión Monetaria a la consulta de la población de los Estados miembros por medio de referéndums. ¡Una Unión Monetaria instaurada en contra de la voluntad de la población, en contra de la voluntad de los ciudadanos, estará condenada con toda seguridad al fracaso!

d'Ancona
Señor Presidente, hace unas semanas, cuando nuestro ministro de Asuntos Exteriores presentó los planes para la Presidencia neerlandesa, nos sentimos muy decepcionados. Aun valorando la modestia y el realismo, considerábamos que el nivel de ambición de la Presidencia neerlandesa era muy bajo. Pero ahora que vemos los puntos de partida de la Cumbre de Dublín, comprendemos más la toma de posición neerlandesa. Es un hecho que la que se recibe del predecesor es decisivo para lo que uno puede lograr en medio año, y lo que reciben los Países Bajos es por desgracia poca cosa. No puede achacarse a la Presidencia irlandesa, pues a fin de cuentas es la voluntad de todos los gobiernos juntos lo que determina el resultado. La evaluación está relacionada con el marco de referencia del Parlamento Europeo. Se trata de los informes Martin/Bourlanges y Dury/Maij-Weggen. En este contexto no podemos sino constatar que existe un abismo entre lo que quiere el Parlamento y lo que se ha logrado hasta ahora. Ello tiene que ver, por nombrar sólo algunas cuestiones relevantes, con la concreción de la cuestión del empleo y la política social. No basta con limitarse a decir que estas cuestiones son importantes. Ya va siendo hora de pensar qué instrumentos se utilizarán para abordar estas cuestiones de gran importancia. El esfuerzo en torno a la UEM exige precisamente un esfuerzo adicional en el ámbito del empleo. Consideramos que ese equilibrio es imprescindible.
Y luego el tercer pilar, la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Allí no se han estado quietos. Pero, por lo visto, no han oído lo que quiere el Parlamento: comunitarización, participación del Parlamento Europeo. Siguen por el camino, que en diversas ocasiones hemos calificado de no democrático, de la cooperación intergubernamental, una especie de pilar intermedio que, al igual que el Sr. Brok, quien aludió a ello, consideramos inaceptable, pero no sólo en este ámbito. También en sentido general no se avanza realmente con la reforma del mecanismo de toma de decisiones que defendemos, y aún menos el papel que tendría que desempeñar el Parlamento Europeo en este proceso. Esto no quiere decir que no valoremos lo que ha conseguido la Presidencia irlandesa gracias a un duro trabajo. Es sumamente importante que los derechos humanos, la igualdad de trato, tengan cabida en el nuevo Tratado. Es importante para la interpretación de la Europa del ciudadano, y nuestro papel, señor Presidente, es ocuparnos de que la Presidencia neerlandesa se inspire en los avances que sí se han logrado y que se reduzca el abismo entre lo que deseamos y lo que el Consejo quiere llevar a cabo.

Stenzel
Señores Presidentes, ante todo yo quisiera expresar mis respetos a la Presidencia irlandesa de la Conferencia y manifestar que la maestría con que ha ejercido Irlanda esta difícil tarea será sin duda un modelo para Austria, que deberá asumir la Presidencia en el segundo semestre de 1998. Yo espero que sabremos trabajar con la misma eficacia que ha demostrado la República de Irlanda.
Los objetivos de la Unión Europea son ambiciosos. Moneda común, política exterior común, una casa común con capacidad para acomodar a un mayor número de inquilinos, protegida en la medida de lo posible contra robos, con un procedimiento de diálogo y codecisión adecuados entre los inquilinos. Este último punto también es urgentemente necesario, pues la Unión Europea sólo podrá alcanzar sus objetivos si los ciudadanos participan adecuadamente en las decisiones por intermedio del Parlamento Europeo y también de los Parlamentos nacionales, en el sentido de la subsidiariedad. Yo abogo, por lo tanto -al igual que toda Austria- por que en Dublín se apruebe un protocolo anexo al Tratado sobre la transposición del principio de subsidiariedad y el fortalecimiento del Comité de las Regiones.
Respaldamos asimismo todos los esfuerzos encaminados a fortalecer la seguridad interior y exterior. Austria, que debe proteger una extensa frontera exterior de la UE, conoce precisamente muy bien la importancia de la Europol y del Convenio de Schengen y reclama un procedimiento común en el ámbito de la política de asilo e inmigración.
Para nosotros también es esencial que la PESC tome cuerpo y que puedan adoptarse decisiones por mayoría en el ámbito no militar. Justamente la ausencia de una Política Exterior y de Seguridad Común ha tenido repercusiones negativas, sobre todo en la antigua Yugoslavia. Por lo tanto, es urgente, a mi parecer, que el Parlamento Europeo haga oír su voz en apoyo de la oposición democrática serbia. Yo respaldo asimismo la iniciativa austriaca en favor de que en la Conferencia de Dublín se adopte una posición análoga ante esta cuestión. En efecto, sólo la consolidación de unas estructuras democráticas en la antigua Yugoslavia permitirá garantizar la frágil paz de Dayton.

Van Bladel
Gracias a los presidentes del Consejo y de la Comisión. Mucho de lo que se ha dicho me agrada, entre otras cosas el pacto de confianza. Por fin un planteamiento en la zona de los Grandes Lagos y la indicación a la Presidencia neerlandesa en relación con la soberanía. Pero echo en falta medidas concretas relacionadas con la seguridad y la política de drogas. Si estamos de acuerdo en que es preciso frenar la criminalidad, el tráfico de drogas, espero medidas concretas de la Cumbre de Dublín. Por último, recientemente se ha visto paralizada la circulación en Europa debido a ciertas acciones. Francia, Dinamarca, Grecia. ¿Qué harán la Comisión y el Consejo para garantizar el principio de libre circulación? La Cumbre de Dublín ha de demostrar que la Unión se toma en serio las preocupaciones cotidianas del ciudadano. Y sobre todo ha de respaldar las exigencias serbias de democracia, como tan apasionadamente han defendido el Sr. Cohn Bendit y la Sra. Pack. Gracias, señor Presidente, por el esfuerzo irlandés, que constituye una buena base para un posible tratado de Amsterdam.

Sjöstedt
Señor Presidente, a pesar de que todavía no se han debatido en la Conferencia Intergubernamental las cuestiones relativas al poder institucional, el documento de proyecto de Tratado de la Presidencia demuestra que se tiene la intención de transferir más poder de los países miembros a la UE en aspectos muy decisivos. El proyecto significa que habrá más fuerzas comunitarias de policía, más armonización de la política en torno a los refugiados y de la relativa a los controles fronterizos. Se ampliará la política comunitaria en asuntos de exterior, y su objetivo, el de una política común de defensa, queda firmemente establecido en el proyecto. El documento modifica el estatuto de los países miembros de un modo tan inaceptable, que es natural que un proyecto tan ambicioso se decida por medio de unos referenda nacionales.
En el ámbito del medio ambiente, el proyecto supone un deterioro. No se han realizado progresos en lo referente al derecho de los Estados miembros de conservar e introducir unos requisitos más rigurosos que los de la UE en cuanto a los productos.
El artículo propuesto sobre la apertura representa un paso mínimo. No tendremos reuniones abiertas en el Consejo, y se permitirá a cada institución que configure su normativa sobre el acceso a los documentos. Esto es inaceptable.
En el sector del empleo, el comité propuesto y sus recomendaciones van a tener un peso específico demasiado bajo, en comparación con la férrea política de convergencia que está aumentando actualmente el paro en la Unión Europea.

Berthu
Señor Presidente, el Tratado marco presentado en Dublín y, por lo demás, la carta común francoalemana esquivan los verdaderos problemas y no hacen sino adentrar a la Conferencia Intergubernamental en una vía federalista que no resuelve nada y que los ciudadanos no desean.
Ante todo, estos textos evitan una vez más mencionar la geometría variable que, sin embargo, es necesaria a la ampliación, porque temen volver a poner en tela de juicio la unidad institucional. Evitan mencionar la moneda única, cuando la cuestión de los complementos institucionales se debate todos los días en las columnas de los diarios. Ciertamente, abordan las cuestiones de seguridad y del tercer pilar, pero con el objetivo, particularmente perverso en las circunstancias actuales, de la abolición total de los controles en las fronteras internas.
Pero sobre todo, estos textos quisieran organizar en sus diversas disposiciones una verdadera eutanasia de los parlamentos nacionales. Una eutanasia mediante la extensión de la votación por mayoría cualificada en el Consejo, que retira todo poder a los parlamentos nacionales de los países minoritarios. Una eEutanasia para la transferencia de las competencias intergubernamentales hacia el primer pilar, que va disminuir considerablemente los poderes de los parlamentos nacionales sobre temas sumamente delicados. Una eutanasia, por último, para la sustracción de algunos acuerdos comerciales a la ratificación de los parlamentos nacionales. A cambio, se les dan migajas ridículas. Supongo que lo recordarán en el momento en que usted, señor Presidente del Consejo, les presente el Tratado que han de ratificar.

Guigou
Señor Presidente, ante todo, quisiera rendir homenaje a la Presidencia irlandesa por el trabajo que ha realizado en el seno de la Conferencia Intergubernamental.
El texto que propone al Consejo Europeo de Dublín ha permitido desglosar las cuestiones planteadas, las posiciones presentes y las opciones posibles. El proyecto irlandés permite también algunos progresos en ámbitos que hasta ahora no habían sido abordados. Prevé, según los votos de este Parlamento, un capítulo sobre el empleo y menciona el imperativo de la lucha contra la exclusión social. Recomienda reconocer la personalidad jurídica internacional de la Unión, lo que permitirá simplificar el Tratado, y asimismo marca la voluntad de comunitarizar el tercer pilar. Se afirma la protección de los derechos fundamentales y con toda razón se prevé una cláusula de sanción para la violación de estos derechos.
No obstante, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia, que no puede tenerse como responsable, la Conferencia está estancada. No ha habido hasta ahora ningún impulso vigoroso y debemos ser conscientes, en este Parlamento, de que los trabajos de la Conferencia Intergubernamental no están a la altura de los elementos que se encuentran en juego. Ello se debe en primer lugar a un problema de método. La negociación no evolucionará mientras los ministros de Asuntos Exteriores no se impliquen personalmente. Para zanjar las cuestiones difíciles y avanzar en la negociación hace falta tiempo. Una discusión de dos horas y media, como la que tuvo lugar en cónclave el viernes pasado, concede únicamente ocho minutos de intervención a cada uno y no permite ninguna verdadera discusión. Se objetará que no puede concluirse nada antes de las elecciones británicas. Claro está, pero nada impide a los demás gobiernos avanzar mientras tanto. La verdad es que el Gobierno británico sirve de pretexto a la inercia de los demás gobiernos y que el Gobierno británico no tiene nada que bloquear puesto que nada avanza.
Me refiero ahora a las cuestiones de fondo. El Canciller Kohl y el Presidente Chirac tenían tomar una iniciativa en este debate tan importante para el porvenir de la Unión Europea. Lo hicieron. Es positivo. Su carta común, que acaban de dirigir a la Presidencia irlandesa, presenta intenciones loables. Lamentablemente, sin embargo, habida cuenta de la situación, la ambición de esta carta francoalemana no es suficiente. Anuncia objetivos, intenciones, pero se mantiene demasiado vaga respecto a los medios institucionales necesarios para realizarlos. Afirmar la voluntad de avanzar en el plano de la política exterior y de seguridad común, así como en el de la cooperación policiaca y judicial, es positivo. No obstante, es sumamente lamentable que la reforma de las instituciones sólo quede bosquejada, todavía de manera demasiado vaga y que los demás grandes ejes de la Conferencia Intergubernamental no se aborden en lo más mínimo. Así, nada, ni una palabra sobre el empleo ni sobre este elemento capital que está en juego, a saber, la coordinación de las políticas económicas para conseguir un mayor crecimiento en Europa y dar así una base más sólida a las políticas nacionales del empleo.
La carta Chirac-Kohl expresa la voluntad de ampliar el voto por mayoría y la codecisión para el Parlamento Europeo. Pero no se da ninguna precisión sobre el campo de aplicación de estas dos reformas y, sobre todo, se conserva la mayor imprecisión respecto a la codecisión para el Parlamento Europeo.
Por lo demás, se nos presenta la idea de un comité de parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, pero sin precisar el papel que tendría este comité en relación con la COSAC, y menos todavía cuáles serían sus competencias. ¿Interferiría este comité en el control democrático de la Unión o no, lo que sería, a nuestro juicio, un aspecto sumamente negativo? No sabemos nada.
En suma, esta carta no nos parece suficiente para sacar a la Conferencia del callejón sin salida en el que se encuentra la víspera de la Cumbre de Dublín. Incluso si siempre es bueno que los Jefes de Estado y de Gobierno se hagan cargo, a su nivel, de los trabajos de la Conferencia, las expectativas de los ciudadanos respecto a Europa se verán decepcionadas de nuevo. Me temo que los progresos sean todavía demasiado débiles y que los Quince tengan que contentarse con tomar acta de los trabajos realizados hasta ahora y del informe de la Presidencia.
Por tanto, la Presidencia neerlandesa reanudará en enero sus trabajos sin un verdadero mandato político y, en estos momentos, es muy difícil prever cómo llegará a dinamizar y a hacer avanzar la negociación. Por supuesto, si no logra concluirse en Amsterdam, no será una catástrofe. Más valdrá prever unas semanas o unos meses adicionales para llegar a una conclusión. Pero si la negociación no despega durante la Presidencia neerlandesa, se corre el riesgo de que acabe finalmente acordándose un proyecto mínimo de Tratado. Ahora bien, saben cuán grave sería esto. Efectivamente, se cree ingenuamente que la moneda única por sí sola logrará reactivar la construcción europea. Yo pienso que es falso.
Creo que si no se llega a reducir la diferencia entre la moneda única y los dos otros grandes temas que son la lucha contra el paro y los progresos políticos de la Conferencia Intergubernamental, que si no se logra mostrar hasta qué punto estos temas están vinculados, que si -no nos engañemos- la Conferencia obtiene un resultado mínimo, que si no progresamos suficientemente hacia la integración política, se corre el riesgo de comprometer el éxito de la propia moneda única.
Y yo quisiera repetir aquí lo que digo una y otra vez: si nos contentamos con un compromiso mínimo al final de esta Conferencia, porque consideremos que estamos apurados por el tiempo, porque la negociación no haya despegado, entonces, creo que con la ampliación, acabaremos siendo definitivamente una zona de libre comercio, siendo una Europa que los ciudadanos, precisamente, no quieren.

Martens
Señor Presidente, en el marco del presente debate quisiera formular una pregunta concreta al Presidente de la Comisión Europea. Al inicio de esta legislatura acordamos un código de conducta entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que es sumamente importante para una buena cooperación. En los últimos días, el Presidente de la Comisión y la Conferencia de presidentes del Parlamento Europeo han mantenido una consulta sobre la financiación del programa MEDA. Mi pregunta es la siguiente: ¿Piensa la Comisión respetar y aplicar al pie de la letra la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 1996 sobre la situación política en Turquía?

De Giovanni
Señor Presidente, deseo agradecer vivamente a la Presidencia irlandesa el esfuerzo que ha realizado en una situación tan difícil.
Ya se han apuntado muchas cosas positivas, sin embargo, hay que decir con franqueza que el resultado global que hoy tenemos ante nosotros, no es todavía satisfactorio. Por ello, y después de casi un año de trabajos de la Conferencia Intergubernamental, no cabe duda de que nos sentimos preocupados. Existe la sensación -lo decía hace unos momentos la Sra. Guigou- de una Conferencia Intergubernamental que al parecer se orienta hacia una mínima reforma en espera de la Unión Monetaria. Creo que ésta es la pregunta política fundamental: ¿la Conferencia Intergubernamental logrará construir un contrapeso político a la Unión Monetaria?
La integración europea es un hecho irreversible. El verdadero problema estriba en evitar que se prosiga hacia una integración de hecho, donde la soberanía monetaria, en la práctica, queda en manos del Banco central. Éste es el verdadero problema.
La moneda única constituye la más masiva transferencia de soberanía política desde la creación de la Comunidad. El riesgo es que dicha transferencia se lleve a cabo desde los Estados nacionales hacia órganos democrática y políticamente no responsables. En dicho caso, la democracia en Europa se verá abocada a reducirse en lugar de aumentar.
Por consiguiente, la cuestión que nos debemos plantear es si el borrador del Tratado da o no da la impresión de representar un impulso convincente hacia esta dirección. Nuestras perplejidades se centran fundamentalmente en la debilidad de la ciudadanía política, aunque se ha apreciado la condena por la violación de los derechos humanos y la atención deparada al espacio de seguridad y libertad. Sin embargo, y ante todo, nos llama la atención el hecho de que la cuestión de las Instituciones esté tan atrasada, ya que el texto la menciona muy poco y según se dice se abordará más tarde. Pero ¿como, cuándo y de qué forma se va a abordar?
Es absolutamente necesario restablecer el equilibrio institucional para una nueva democratización, habida cuenta de que la reforma de las Instituciones implica asimismo la construcción de la Unión política y el reequilibrio entre las Instituciones de la Unión, así como el incremento del papel de control y del papel legislativo del Parlamento Europeo.
Por último, está la flexibilidad, un tema sumamente prioritario. Todos sabemos que Europa dependerá de cómo se va interpretar la flexibilidad. Con respecto a esto, no creo que haya dudas y es importante que el documento lo contemple. Es evidente que éste es un punto decisivo, tal como lo demostró la reciente declaración francoalemana. Sin embargo, debemos ser conscientes de que si la flexibilidad va a ser una flexibilidad constitucional, regla y no excepción, existirá un riesgo de ruptura en la construcción material de Europa.
Estos son los problemas que se van acumulando y, aunque volvemos a dar las gracias a la Presidencia en ejercicio por su esfuerzo, seguimos estando preocupados por el desarrollo de la situación.

Poettering
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Cumbre de Dublín del viernes y sábado próximos se celebra en un momento política y psicológicamente muy difícil para la Unión Europea. Es necesario, por lo tanto, que desde Dublín se emita una señal de confianza. Los Jefes de Estado y de Gobierno deben volver a transmitir optimismo y confianza a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea, sobre todo en los dos ámbitos siguientes. En primer lugar, desde Dublín debe emitirse una clara señal que indique que la Unión Europea está dispuesta a emprender reformas fundamentales. Necesitamos el procedimiento de decisión mayoritaria en el Consejo. Este es un requisito previo para hacer posible la ampliación -política, económica y éticamente necesaria- de la Unión Europea. La carta del Canciller federal Kohl y del Presidente Chirac resulta, por lo tanto, muy alentadora. La segunda condición es que los Jefes de Estado y de Gobierno se adelanten a emitir ya en la reunión de los Ministros de Finanzas del jueves una clara señal en favor de la introducción de una moneda europea estable el 1º de enero de 1999, de manera que Europa pueda consolidar su posición en la economía mundial globalizada. ¡La cumbre de Dublín será un éxito si se emiten estas dos señales!

Secchi
Señor Presidente, si dentro de dos años la Unión Europea tendrá una moneda común, una política monetaria única y un Banco central supranacional, por el contrario, no cabe duda de que la política fiscal y, en particular, el ámbito tributario van a ser menos coordinados y quizás menos homogéneos. Esto conllevará problemas sumamente serios: un desequilibrio en el plano político y un equilibrio de poderes entre política monetaria y política fiscal, a tenor de lo que acaban de manifestar otros colegas; riesgos para el éxito de la moneda única y el buen funcionamiento de mercado interior; la subsistencia de situaciones de competencia desleal en materia fiscal con efectos negativos en los flujos de los bienes, los servicios y los factores de producción; repercusiones negativas sobre el empleo, habida cuenta de que el peso de la imposición fiscal se irá desplazando desde los factores móviles -el capital- hacia los factores menos móviles, como el trabajo.
En consecuencia, se comparten plenamente los recientes esfuerzos y las nuevas orientaciones de la Comisión en materia tributaria. Considero, también en nombre de mi Grupo, que ha de pedirse con firmeza al Consejo que los apoye y, en particular, que manifieste de forma expresa su apoyo a dicho enfoque, así como que evalúe y haga avanzar los trabajos del Grupo de Altos Representantes de los ministros de Finanzas a fin de llevar a cabo el estudio global de la políticas tributarias también en relación con las demás políticas comunitarias.
A pesar de que el objetivo inmediato es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior -condición previa e indispensable para el éxito de la moneda única- y reducir los efectos negativos de la competencia desleal en materia fiscal con nuevos instrumentos de coordinación como, por ejemplo, un código de conducta, el momento parece oportuno para dar un salto de calidad con respecto a superar el principio de la unanimidad en materia fiscal en favor de los procesos de toma de decisiones más simplificados.

Maij-Weggen
Sobre todo en los Países Bajos, la próxima Cumbre de Dublín será examinada desde el punto de vista de la CIG y desde el punto de vista de la action commune en materia de tráfico y consumo de drogas. En lo que respecta a la CIG, quiero expresar mi aprecio por el modo en que la Presidencia irlandesa ha tratado este expediente. Creo que es un gran logro que ahora se presente la primera prueba de un nuevo Tratado. Que yo lo considere criticable no tiene que ver con los logros de la Presidencia irlandesa, sino con el hecho de que diversos Estados miembros no querían sumarse a cuestiones que Irlanda sí quería.
La primera parte, los derechos de los ciudadanos, es a mi entender positiva. Concretamente, el excelente artículo sobre la antidiscriminación es un buen comienzo, también, del Año Europeo contra el racismo. Les felicito por ello. También las propuestas en el ámbito de la apertura y la transparencia son buenas. Una cuestión que no se trata es la de la apertura en el Consejo. Pienso que en este ámbito no basta con presentar declaraciones de voto y los resultados de las votaciones.
Más grave es la situación en relación con la reforma de las instituciones. En este sentido se han hecho muy pocas propuestas, y estoy plenamente de acuerdo con lo que ha señalado el Sr. Brok, de que aquí no se defienden debidamente los intereses del Parlamento. También estamos preocupados por el pilar de la seguridad interior, que ciertamente se comunitariza, pero que al mismo tiempo sigue siendo intergubernamental en lo que respecta a la toma de decisiones. Esto puede entrañar un grave peligro. Y en lo que respecta a la política exterior, todavía han de suceder muchas cosas.
Y luego la action commune en materia de drogas. Quiero recalcar que los cristianodemócratas, incluidos los neerlandeses, consideramos que el presente documento es bueno, y no es cierto que este documento sea atacado por todos en los Países Bajos. En los Países Bajos se cuestiona cada vez más la política liberal de tolerancia del actual gobierno en relación con las drogas. Espero de todo corazón que en Dublín se vote sobre una action commune y espero sobre todo que se pueda acordar una política europea común en la lucha contra las drogas. Todos lo estamos esperando, incluso en los Países Bajos.

Valverde López
Señor Presidente, en estos días se está viendo que Europa está condenada a seguir su construcción europea entre el trabajo complejo pero ordenado que están haciendo las instituciones. Y el informe del Consejo así lo ha demostrado.
Pero, al mismo tiempo, estamos viviendo una campaña permanente de carácter sensacionalista, donde únicamente se destacan -en los medios de comunicación- los fracasos, las anécdotas y los aspectos negativos. Creo que todas las instituciones han de reaccionar contra esto. Hay que enviar mensajes claros.
La opinión pública debe tener muy claro que todas las propuestas que vayan en el sentido de la integración son propuestas que marcan progreso, que marcan avance, mientras que todas aquellas orientadas a la simple cooperación únicamente conducen a la ineficacia y a la paralización.
Creo que en este ámbito también tenemos que reaccionar contra ciertas propuestas que tienden a desnaturalizar el modelo institucional. Y entre ellas hay que recordar aquí, y de una forma enérgica, que este Parlamento siempre se opondrá a que la Comisión pierda su poder de iniciativa total y absoluto. Este es un fundamento de nuestras instituciones. Asimismo, cualquier desnaturalización de las funciones respectivas del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales transmitiría una imagen negativa.
Y el tercer elemento que quiero destacar, señor Presidente, es que en estos últimos días -yo diría años- el Consejo Europeo, que tiene un importantísimo papel que desempeñar, está intentando disminuir y anular, en cierta forma, el papel del Consejo de Ministros. Creo que esta es otra señal negativa a la que este Parlamento debe reaccionar.

Cederschiöld
Señor Presidente, en el ámbito judicial la Presidencia irlandesa deja un rastro claro, y esto es importante. La realidad es dura, amenazante. El crimen internacional obtiene unas ganancias que se cifran en miles de millones. Se explota a las personas, se las hace drogodependientes. Se explota sexualmentea a la infancia. Se considera los refugiados objetos con los que se puede comerciar. Si el crimen ha dado el paso de convertirse en organismo internacional, los políticos debemos dar el paso correspondiente. Tenemos la responsabilidad de crear los instrumentos jurídicos que puedan acabar con el crimen internacional que afecta a los ciudadanos en su vida diaria, en muchas ocasiones de un modo trágico.
¿Quién es responsable de que se permita que sigan existiendo los actuales obstáculos políticos dentro de la cooperación judicial europea, y de que se permita que el crimen organizado coseche nuevos laureles? La Presidencia irlandesa se ha esforzado especialmente en lo relativo a la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la criminalidad. Es merecedora de elogio. Habría resultado más inteligente que la resolución del Parlamento, igual que la del PPE, hubiera incluido un título sobre el tercer pilar, y más de un apartado con miras a apoyar esta lucha. Es insuficiente incluir un apartado para las cuestiones judiciales de un total de 28. Falta equilibrio, pero se compensa porque el contenido de dicho apartado es más avanzado que el resto. Esperemos que esto sea una buena señal de que las cuestiones relativas a la seguridad interna saldrán ganando con la Conferencia Intergubernamental.
Lamento que las propuestas del PPE relativas a la lucha contra el crimen no hayan influido más en la resolución adoptada por el Parlamento con vistas a promover la creación de unos mecanismos más eficaces para así garantizar al ciudadano europeo seguridad, información y control democrático. Esta responsabilidad recae ahora sobre los gobiernos de los Estados miembros.

Bienvenida
El Presidente
Antes de dar brevemente la palabra al Consejo y a la Comisión, tengo el placer de saludar a una delegación del Reino de Nepal que se encuentra en la Tribuna oficial y que viene presidida por Su Excelencia el Sr. Ram Chandra Poudel, Presidente de la Cámara de Representantes. Esta delegación nos hace el honor de visitarnos con motivo del cuarto encuentro interparlamentario con la delegación competente del Parlamento Europeo.
Las relaciones entre Nepal y la Unión Europea son excelentes y los contactos que tenemos a nivel parlamentario demuestran la voluntad común de cooperar en un gran número de sectores. Voto por que este cuarto encuentro marque una nueva etapa en el acercamiento necesario de los países y de los pueblos que representamos y deseo a esta delegación un trabajo fructuoso y una excelente estancia en Estrasburgo.

Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín y
la situación en Serbia (continuación)
Mitchell
Voy a ser muy breve al responder al debate. En primer lugar, permítanme Sus Señorías que les agradezca sus contribuciones y sus amables comentarios sobre la labor de la Presidencia irlandesa.
En particular, en relación con la Conferencia Intergubernamental, quisiera reiterar que sólo puede llegar hasta donde los 15 Estados miembros acuerden que debe llegar. Pero creo que debemos ser ambiciosos. Por desgracia, no comenzamos, como nuestros colegas de los Estados Unidos, con una página en blanco, al redactar esta constitución. Tenemos que tener presente, en nuestra ambición, que lo que suceda tiene que ser ratificado en los 15 Estados miembros, en algunos casos por los parlamentos nacionales, en otros por referéndum. De modo que hemos de tener en cuenta la realidad de la situación. Pero, como dijo el autor del informe de la Presidencia irlandesa, Sr. Noel Dorr, este informe corresponde a un realismo elevado y es -creo yo- ambicioso.
La Unión Europea, en mi opinión, estriba enteramente en la paz y la estabilidad y la prosperidad que se desprende de ellas al construirse la interdependencia. La Conferencia Intergubernamental establece cómo vamos a dirigir esa interdependencia en el futuro. La cooperación que ha resultado de dicha interdependencia ha permitido a los Estados miembros de la Unión disfrutar de beneficios materiales sin precedentes. Pero, si somos serios sobre la paz y la estabilidad en la Unión, debemos velar también por que la misma concepción sea aplicable en los Estados miembros, en las zonas rurales, en las zonas urbanas de la Unión. Estoy de acuerdo con los diputados que hoy han planteado aquí la cuestión de la exclusión social y el desempleo. No es cierto que estemos haciendo todo los posible para luchar contra el desempleo. Podemos hacer más y podemos lograr niveles superiores de empleo.
Me gustaría mencionar en particular el programa irlandés en pro del desarrollo local, es el único con el que estoy familiarizado. Estoy seguro de que en cada uno de los Estados miembros hay ejemplos de los que cada uno de nosotros podría beneficiarse gracias a cierta cooperación europea. Pero el plan de desarrollo local de Irlanda, que debatimos recientemente como una conferencia a la que se dirigió el Presidente Santer y el Taoiseach, Sr. Burton, para mostrar el grado de compromiso que tenemos con esa concepción, examina las causas subyacentes de desempleo en conjunto intentando introducir educación suplementaria: en particular, en el sector del desempleo de larga duración.
¿Quiénes llegan a ser los desempleados de larga duración? Son personas que abandonan la escuela sin haber obtenido conocimientos. No pueden adoptar un oficio ni una profesión ni ir a la Universidad. Instrucción suplementaria para prestar asistencia particular a personas que viven en comunidades que padecen el desempleo de larga duración, formación suplementaria para esas personas, financiación para empresas que creen de uno a cinco puestos de trabajo en esas zonas, gestión estatal -a causa de las condiciones de vida de las personas que viven en dichas zonas, con frecuencia en altos bloques de pisos propiedad de la administración local- y mejora del medio ambiente: es como los cinco dedos que ajustan en un guante.
Si adoptamos ese planteamiento integrado para abordar las causas de la situación de los desfavorecidos, podemos lograr una repercusión en el empleo de larga duración. Creo que es importante, en particular para aquellos de nosotros en esta Asamblea -ya seamos socialistas, demócratas cristianos o de cualquier otro credo político- que creemos en el fomento de la empresa, pero también de la justicia social. No creo que se hable bastante de justicia social. Debemos fomentar la empresa, pero también debemos fomentar y crear un mayor sentido de la justicia social.
Estamos empeñados en crear más eficiencia y más transparencia efectiva en la Unión y en velar por que la Unión tenga más que ver con las preocupaciones del ciudadano. ¿Qué mejor forma de hacerlo que mediante una cooperación más estrecha en el sector de la Justicia y los Asuntos de Interior? Los ciudadanos están preocupados por la cuestión de la droga. Están preocupados por la cuestión de la delincuencia. No es una preocupación exclusiva de los Estados miembros. La delincuencia no se detiene en las fronteras de los Estados miembros. De hecho, el origen del problema de la droga radica en los países en los que se cultivan drogas en gran número y algunos países producen más drogas ilegales para exportarlas a nuestros Estados miembros que todos sus productos legales juntos.
El empleo es una cuestión que constituye el mayor motivo de preocupación. Cuando yo era niño -tal vez sea algo anticuado ahora hablar del diablo-, mi madre me decía: »El diablo da trabajo a las manos ociosas». ¿Estamos siendo en modo alguno realistas cuando nos preocupamos por la delincuencia y por el problema de las drogas? Tenemos 18 millones de desempleados.
(Aplausos) A no ser que hagamos algo para abordar ese problema, el problema de las drogas seguirá acompañándonos.
La delincuencia y el desempleo no son asuntos exclusivos de los Estados miembros. Es como decir en los Estados Unidos: »En fin, es sólo una cuestión de California o es sólo una cuestión de Nueva York». Es también un problema federal. Esas cuestiones son primordialmente asuntos de los Estados miembros, pero a la Unión Europea corresponde desempeñar un papel para abordar esos problemas también. Debemos tener éxito al abordar las preocupaciones del ciudadano en el nivel comunitario. Eso está en el centro de la CIG.
No debemos ocuparnos sólo de instituciones y constituciones, debemos ocuparnos también de las cuestiones que preocupan a nuestros ciudadanos. Para eso han sido elegidos Sus Señorías; para eso he sido elegido yo. Si logramos avances sobre todas esas cuestiones, consideraré un éxito el Consejo de Dublín II.
(Aplausos)
Santer
Señor Presidente, no tengo ninguna intención de reanudar el debate, incluso si el hemiciclo tiene mucho más gente que hace rato, cuando el Presidente del Consejo dio su informe y presentó los trabajos del Consejo Europeo de Dublín.
Me limitaré a abordar dos temas relativos a las relaciones internacionales, que sin duda alguna también se discutirán en Dublín, a nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores.
El primer tema mencionado por varios oradores hace un momento se refiere a Serbia. La Comisión -no es necesario subrayarlo- sigue estando sumamente preocupada por la deterioración de la situación en Serbia después de la anulación del resultado de las elecciones locales en varias ciudades serbias. En este contexto, la opinión europea debe mantener su presión sobre las autoridades serbias para que se conformen a los principios fundamentales de la democracia. Mientras no se dé a este asunto una solución justa y democrática, una mejora de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y este país parece excluida.
En estas circunstancias, queda entendido que la Comisión propondrá al Consejo un régimen de importación autónoma preferencial para los países de la antigua Yugoslavia para 1997, sin incluir en ellas a la República Federal de Yugoslavia.
Asimismo, debo decir que la Comisión sigue sumamente preocupada por la ausencia de progresos reales respecto a Kosovo. A pesar del acuerdo concluido recientemente entre Belgrado y las autoridades albanesas de Kosovo, sobre una reintegración de los alumnos albaneses en las estructuras del sistema educativo -acuerdo que hasta ahora no ha sido aplicado- no se vislumbra ningún indicio de flexibilidad en la actitud de las autoridades serbias. Belgrado continúa insistiendo en el hecho de que este es un problema meramente interno y rechaza una mediación cualquiera de las instancias internacionales.
La Unión Europea tampoco ha recibido una respuesta favorable a su petición de estar presente en Kosovo, conforme se acordó en Estados Unidos este año. Sin embargo, Kosovo sigue siendo una de las cuestiones centrales y, mientras no se haya solucionado, no será posible una normalización total de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la República Federal de Yugoslavia.
Estos son, Señorías, los puntos que quería señalar a propósito de Serbia.
El Sr. Martens planteó otra cuestión en relación con la resolución del 19 de septiembre sobre Turquía. A este respecto, para responder brevemente al Sr. Martens, diré sencillamente que evidentemente, la Comisión se siente comprometida con el código de conducta que negociamos con el Parlamento. Yo adhiero personalmente a éste y los comisarios también.
En cuanto a la resolución del 19 de septiembre de 1995 sobre Turquía, ésta será respetada por la Comisión, tanto en la letra como en su espíritu. Asumo este compromiso ante el Pleno, ante ustedes. Por tanto, no puede haber ninguna apreciación divergente en cuanto al fondo entre su Parlamento y la actitud de la Comisión a este respecto.

Green
Señor Presidente, el Sr. Santer acaba de hacer una declaración muy importante. Quiero estar absolutamente segura de lo que ha querido decir, porque tendrá repercusiones en la votación de mañana sobre el presupuesto. Él lo sabe, por eso la ha hecho. Quiero estar segura por mi Grupo de lo que ha querido decir.
¿Podría decirnos que lo que acaba de decir significa categóricamente que, si los diputados a este Parlamento discrepan respecto de algunos proyectos presentados por la Comisión sobre Turquía, la Comisión los retirará? «Sí» o «no»: eso es lo que necesitamos saber.

Santer
A este respecto, responderé con toda claridad que, así como lo declaré anteriormente, estamos ligados por un código de conducta que fue negociado y aprobado por su Parlamento y la Comisión. Es importante para mí, al igual que para la Comisión. Una vez dicho esto, nos mantenemos en nuestro ámbito de competencia, tal como, por lo demás, lo declaré -y fue usted testigo, Sra. Green- ante la Conferencia de Presidentes de los Grupos parlamentarios. No me queda sino reiterar el compromiso que contraje ante esta Conferencia.

Green
Señor Presidente, agradezco profundamente al Sr. Santer lo que dijo en la Conferencia de Presidentes. Él ha de saber también que su colega el Comisario Sr. Van den Broek dijo con categórica claridad que, si el Parlamento discrepaba, no retiraría las propuestas. Por eso necesitamos claridad y por eso se la pido al Sr. Santer.

Roth
Señor Presidente, yo quisiera pedirle una nueva aclaración al Sr. Santer. Realmente no me ha quedado claro el sentido de su respuesta. En efecto, el Parlamento Europeo aprobó en su última sesión que se examinarán los proyectos concretos. En el texto se dice que si no se llega a un acuerdo, la Comisión se compromete a retirar dichos proyectos concretos. Yo le pido que responda simplemente si se hará así o no. Con toda mi buena voluntad, no alcanzo a comprender el sentido de sus palabras.

Martens
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente de la Comisión por haber declarado expresamente que la Comisión Europea respetará y aplicará la pie de la letra la resolución del 16 de septiembre de 1996.

Santer
Responderé muy brevemente. Si declaro que no hay ninguna divergencia de fondo entre la Comisión y su Parlamento en cuanto a la resolución del 19 de septiembre de 1995 sobre Turquía, no es necesario precisar que la Comisión no presentará ante ustedes proyectos que no correspondan al espíritu y a la letra de dicha resolución. ¡Es preciso que reine cierta confianza entre su Parlamento y el Presidente de la Comisión a este respecto!

El Presidente
El debate queda cerrado.
A continuación, tendrá lugar la votación sobre las resoluciones correspondientes.

Votaciones
Desama
Señora Presidenta, antes de pasar a las votaciones, quisiera aportar, en mi calidad de ponente, algunas precisiones en relación con varias enmiendas. En primer lugar, pido que se rechace la propuesta de intención de rechazo de la posición común de la directiva. Supongo que todos estarán de acuerdo.
Enseguida, en mi calidad de ponente, no apoyo las enmiendas del 1 al 10, es decir aquellas que han sido aprobadas por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Por tanto, no apoyaré todas las demás enmiendas, cualquiera que sea mi opinión personal a este respecto. Por último, quisiera decirle, respecto a las enmiendas aprobadas en Comisión, que sólo tres de ellas fueron aprobadas por una gran mayoría. Se trata de las enmiendas 1, 5 y 10. Lo digo para que todos los parlamentarios estén claramente informados, puesto que son más numerosos hoy que ayer por la tarde, durante el debate.
Para terminar, quisiera señalarle, señora Presidenta, que un determinado número de enmiendas no son procedentes de conformidad con el artíclo 72 del Reglamento. Sin embargo, como han sido puestas a votación, le propongo sencillamente intervenir sobre este punto en caso en el que una u otra de estas enmiendas sea efectivamente aprobada, para no suscitar un debate inútil.
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada)

Desama
Señora Presidenta, no quisiera que el rechazo en bloque de las enmiendas haga creer a la Asamblea que se trata de una derrota del Parlamento o de un ala del hemiciclo. Quisiera recordar que la posición común es una excelente posición común, puesto que retoma el 80 % de las enmiendas del Parlamento. Por tanto, en mi calidad de ponente, yo mismo estoy sumamente satisfecho del resultado. Por lo demás, recordaré que en primera lectura se obtuvo la aprobación por una mayoría en la que no figuraba el Partido Popular Europeo.

Mombauer
Señora Presidenta, yo quiero apoyar las palabras del ponente. El Parlamento ya consiguió sus resultados en la primera lectura. ¡Muchísimas gracias!

Papoutsis
Señora Presidenta, quisiera constatar que este momento es histórico para el desarrollo del mercado interior europeo, dado que abre nuevas grandes perspectivas para la política energética y para la economía europea en general. Quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por aprobar la posición común del Consejo sobre el mercado interior de la electricidad. Lo considero un éxito muy grande y muy significativo para nuestro esfuerzo común que, por fin, ha dado resultado tras muchos años de negociaciones.
Igualmente, representa un éxito muy grande para el Parlamento el hecho de que el 80 % de las enmiendas que este presentó en la primera lectura hayan sido acogidas en la posición común. Además, quisiera dar las gracias especialmente al Sr. Desama por la labor realizada durante muchos años y con gran éxito, así como por su importante contribución a lo largo de todas la negociaciones. Quiero agradecer igualmente a todos los diputados al Parlamento Europeo, y a los miembros de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología, su importante aportación durante los debates sobre la posición común. También quiero asegurar al Parlamento que la Comisión Europea ha recibido los mensajes de su debate de ayer y que los atenderá al aplicar la directiva. Espero que ésta sea adoptada ahora en su versión final por el Consejo la próxima semana, con lo cual podrá entrar en vigor a principios de 1997.
En el futuro, la industria productora de electricidad contará con un marco bien definido en el cual adoptar sus decisiones comerciales. Una nueva etapa en el desarrollo del mercado de la electricidad comienza hoy en Europa y creo que supondrá un mensaje positivo muy importante para el inminente mercado interior del gas natural en los próximos meses.

Galeote Quecedo
Señora Presidenta, yo quisiera rectificar mi voto en la enmienda nº 14. Quisiera votar «sí» en vez de «no». Creo que en la exposición que se ha hecho ha habido una cierta confusión. Reconozco que no tiene ninguna incidencia en el resultado final de la votación, pero quisiera que constara en acta la modificación de mi voto.

García Arias
Señora Presidenta, creo que ha estado bastante clara la importancia del voto de la enmienda nº 14, puesto que nuestro Grupo había pedido votación nominal. Entonces, lamento mucho que haya habido este despiste u olvido de los diputados españoles del Partido Popular respecto a este tema que afectaba seriamente al sector del carbón en España.

Estevan Bolea
Señora Presidenta, usted en la votación ha dicho enmienda nº 11 y nosotros en nuestra lista de votación la teníamos como nº 14. Y ésa ha sido la confusión. Hemos entendido que era la enmienda nº 11 cuando realmente era también la 14. Todos los diputados españoles del Grupo del PPE han votado afirmativamente la enmienda nº 14, que usted ha llamado 11, que es la de la Sra. García Arias. Si puede, por favor, rectifíquelo.

El Presidente
Quizás haya un problema en la lista de votación del Partido Popular Europeo, sin embargo, en lo que a mi concierne, mi anuncio fue muy claro. Yo anuncié claramente la enmienda que se sometía a votación.

Sisó Cruellas
Yo quisiera también, lo mismo que el Sr. Galeote, modificar mi voto porque ha habido un error entre las enmiendas 11 y 14. Por lo tanto, estoy a favor de la nº 14.

El Presidente
Si hay otros errores, les pido que tengan la amabilidad de venir a señalarlo a la Presidencia para ganar tiempo.

Ahlqvist, Theorin y Wibe
Nuestras reservas son sobre el apartado 11, donde se menciona la posibilidad de conferir a Europol unas competencias operativas. Esto se entiende forzosamente como si Europol pudiera operar en los Estados miembros como autoridad independiente. Esto, no obstante, significaría una seria modificación del sistema jurídico de nuestro país, y no está previsto en la ley sueca. Si se adopta este apartado, no podemos votar favorablemente sobre la resolución, a pesar de que consideramos excelente el resto de su contenido.

Berthu
En su intervención de esta mañana relativa a los trabajos preparatorios del Consejo Europeo de Dublín, el Presidente de la Comisión se felicitó por las disposiciones previstas en el proyecto del Tratado marco, precisando que la Comisión encuentra en éste un buen número de sus ideas. Concluyó que se precisaba una Unión fuerte para defender las soberanías nacionales.
Sin embargo, cuando se examinan los textos en gestación, cabe preguntarse si el Presidente Santer no hablaba por antífrasis y si no quería decir en realidad: »para matar mejor las soberanías nacionales».
En efecto, el proyecto de Tratado que va a ser presentado en Dublín denota una fuerte voluntad de doblegar a las naciones. Se les maniata cada vez más en las políticas comunitarias unificadas, dotadas de vigilancias multilaterales diversas; se limitan sus capacidades de defensa mediante la multiplicación de votaciones por mayoría cualificada; se rebaja sistemáticamente a los parlamentos nacionales; se instala un control de subsidiariedad como mera fachada; trata de que el Tratado parezca una constitución, enunciando derechos fundamentales de los ciudadanos; por último, se retira a las naciones el dominio de su territorio proclamando oficialmente el objetivo de supresión de todos los controles en las fronteras internas, trátese de mercancías o de personas, de ciudadanos de la Unión o de nacionales de países terceros.
Estas orientaciones son odiosas. Al aprobarlas definitivamente, los gobiernos de los Estados miembros mostrarían que están dispuestos a renunciar a las libertades seculares de sus países para dar gusto a grupos de presión microscópicos. No es así como se construirá la Europa de los pueblos.

David
Quisiera que constara en acta el aprecio del Partido Laborista del Parlamento Europeo por la excelente labor de la Presidencia irlandesa. Han sido seis meses de mucho trabajo y el esbozo general para la revisión de los Tratados es un documento de trabajo impresionante, que constituye un claro reflejo de la laboriosidad de la Presidencia irlandesa.
La resolución del Parlamento es en general equilibrada y moderada en tono y contenido. En particular, los diputados laboristas al Parlamento Europeo acogen con beneplácito la insistencia del proyecto de revisión en la creación del empleo. Nos gustaría que se diera a la lucha contra el desempleo el mismo relieve en el nuevo Tratado que se dio a la UEM en el Tratado de Maastricht.
Sin embargo, ha habido un párrafo en la resolución, en contra de la cual ha votado el Partido Laborista en el Parlamento Europeo. Ha sido el párrafo 11. Hemos votado en contra porque dicho párrafo es la negación del sentido común y de la política, ya muy antigua, del Partido Laborista. En opinión del Partido Laborista, al Gobierno del Reino Unido y al Parlamento británico corresponde decidir las políticas relativas a la emigración, los controles fronterizos y el asilo, de conformidad con el principio de subsidiariedad. La cooperación en esos sectores debe seguir siendo intergubernamental.

Lindqvist
El Parlamento se manifiesta a favor de una fuerte política exterior y de seguridad con un derecho al veto menoscabado. Se van a transferir más cuestiones del ámbito de la cooperación interestatal al de las decisiones supraestatales. Esto se aplica a cuestiones relacionadas con aduanas, estupefacientes, asilo, visados y policía, que van a pasar del tercer pilar al primero. Las acciones militares y bélicas serán competencia de la UE, ya que la alianza de defensa, la UEO, va a pasar a ser aún más que antes la rama de la política de defensa de la UE. Simultáneamente con el «fundamento de la UE» ampliado, entrará en vigor la unión monetaria, la UEM. Las decisiones sobre tipos de interés, moneda, mercado de trabajo y política regional, y a la larga también las concercientes a la política fnanciera e impositiva, se adoptarán en el Banco Central Europeo de Frankfurt. Aumentan el centralismo y el federalismo. He votado en contra de la resolución.

Mann, Thomas
Y aun así se mueve, la política. Los enfrentamiento innecesarios por el reparto de competencias entre el ámbito europeo y el nacional no contribuyeron a hacer avanzar ni un milímetro el desarrollo de un programa eficaz para combatir el desempleo. ¿Qué nos decía hace un momento el Presidente de la Comisión Sr. Santer? «¡El Consejo de Dublín debe iniciar un viraje decisivo!»
El objetivo de las medidas comunitarias no debe ser poner en entredicho las competencias de los Estados miembros. El pacto en favor del empleo de Jacques Santer, que ha conseguido que algo se mueva como puede demostrarse, sería impensable sin tomar en consideración el principio de subsidiariedad. Mediante acciones concertadas -impulsadas conjuntamente por los Gobiernos y los interlocutores sociales- se propone agrupar fuerzas, garantizar los puestos de trabajo manteniendo el nivel de protección social, crear nuevos puestos de trabajo estables y redefinir los sistemas de empleo para responder a las exigencias de la globalización.
Este pacto de confianza está obteniendo sus primeros éxitos, tras una serie de conferencias y «mesas redondas» sobre el empleo, una vez iniciada la creación y ampliación de las redes de información, y después de la «gira» por las capitales de los Estados miembros y los centros de actividad de los interlocutores sociales.
Una estrategia coherente a largo plazo a escala europea ofrece la posibilidad de obtener un valor añadido. Desde luego, los Estados miembros deberían ser capaces de impulsar una política activa de empleo con la misma aplicación que demuestran en sus intentos de alcanzar los criterios de convergencia para acceder al euro.
La transformación del marco de condiciones macroeconómicas, en aspectos como la moderación salarial, la reducción de los costes salariales complementarios y la rebaja de los tipos de interés, sólo puede constituir una parte del esfuerzo para mejorar la situación del mercado laboral en Europa a largo plazo.
También es al menos igualmente importante la inversión en nuestro capital más importante, que son las personas, en su formación inicial y continua y en la movilización de las reservas intelectuales. No obstante, se requieren asimismo inversiones en un ámbito en el que Europa debe recuperar un enorme retraso, esto es, en la investigación y desarrollo, con vistas a mejorar significativamente las oportunidades de innovación.
La iniciativa de la Comisión en favor de las accciones de ámbito regional y local -desde proyectos piloto hasta iniciativas de empleo- es particularmente significativa porque no requiere fondos adicionales, sino que reparte los fondos disponibles de manera más favorable para la creación de empleo, en la línea de la Cumbre de Essen. Y porque tiene un impacto directo.
Con estos requisitos concretos, está justificada la inclusión de un capítulo separado en el nuevo Tratado de la UE, que se situaría en el polo opuesto de la mera palabrería vacía capaz de despertar sólo falsas expectativas.
El objetivo de garantizar un nivel más alto de empleo podrá alcanzarse si los Estados miembros lo incorporan al Tratado como una cuestión de interés común. Si se suscribe el compromiso de mantener una coordinación periódica y de supervisar los programas plurianuales de los Estados miembros, ya nada impedirá que los trabajadores y trabajadoras puedan tener la seguridad de que la Unión Europea también podrá actuar en el ámbito de la política de empleo.

Theonas
Los líderes de los Estados y gobiernos de la UE, en lugar de enfrentarse a los grandes problemas de los pueblos de Europa, en lugar de corresponder positivamente a las justas demandas de los trabajadores, intentan atrincherarse detrás de las muros del castillo de Dublín para promover la segregación de los pueblos de Europa en una primera, segunda y tercera categorías, para condenar definitivamente a los trabajadores al desempleo y la marginación social, y para fortalecer los poderes del Directorio de Bruselas y el autoritarismo de las estructuras de la Unión.
Tienen prisa, porque temen que su sistema pueda ser derrumbado por las barricadas de los agricultores, las persianas bajadas de las PYME y los mítines de los trabajadores y empleados huelguistas, que en todos los países europeos manifiestan su resistencia a las consecuencias del Tratado de Maastricht, al inminente pacto de estabilidad, a los nuevos programas de convergencia y a la nueva y peor versión de las decisiones de Essen sobre el empleo.
La resolución del Parlamento Europeo, que se presenta más papista que el Papa al exigir la aceleración y mayor estabilidad en la aplicación de las orientaciones antipopulares y autoritarias de Maastricht, muestra la evidente falta de correspondencia entre las fuerzas liberales, socialdemócratas y otras fuerzas conservadoras, por un lado, y los pueblos europeos en lucha, por el otro. Esta es una razón más que refuerza la demanda de que se exprese el veredicto popular mediante referéndum en todos los Estados miembros de la Unión; es decir, la necesidad de que los pueblos de Europa decidan sobre su futuro. Por una Europa de la paz, de la amistad y de la igualdad entre los pueblos, una Europa de la democracia donde se mejore el nivel de vida de los ciudadanos y centrada en la persona, no en el beneficio.
Situación en Serbia
Hory
En el momento en que las opiniones públicas de Europa occidental y de nuestro Parlamento dejan percibir una emoción legítima ante los acontecimientos que se desarrollan en Serbia y una inquietud justificada en lo relativo a sus posibles repercusiones, quisiera explicar mi negativa personal a participar en esta votación.
Por una parte, considero que la Unión -y especialmente nuestro Parlamento- ha adoptado desde hace cinco años un enfoque parcial y desequilibrado de la crisis yugoslava. La condena permanente de Serbia y de la República de Yugoslavia no ha servido, con toda evidencia, la causa de una paz equitativa y durable para la región. Alentando las independencias manifiestamente prematuras y conflictivas, los europeos favorecieron el desmembramiento de un Estado y renunciaron a sus propios medios para favorecer una cooperación regional fundada en un buen entendimiento entre los pueblos afectados. Nosotros tomamos el riesgo de dejar a Serbia al margen de Europa y somos parcialmente responsables de la tensiones que experimenta.
Por otra parte, creo sinceramente que el apoyo a las reivindicaciones autonomistas de una parte de la población de Kosovo desembocará sin duda alguna en una petición de independencia de esta región y en un riesgo de modificación a través de la fuerza de las fronteras internacionales entre Yugoslavia y Albania. Serbia considera, con toda razón, Kosovo como el corazón mismo de su historia nacional. No podemos observar este proceso de manera unívoca ni hacer una apreciación parcial sin correr el riesgo de volver a prender la mecha de la hoguera balcánica que con tantas dificultades se apagó en Bosnia el año pasado.
Soy consciente de que soy contrario al punto de vista dominante e incluso contrario «la tendencia de la época»; espero sencillamente que los próximos acontecimientos yugoslavos no vengan a justificar un pesimismo que los cinco últimos años no han hecho sino alimentar en demasía.
Recomendación para la segunda lectura Desama (A4-380/96)
Bernardini
Nuestra Asamblea se ocupa de nuevo de la directiva electricidad, o más exactamente de la política común adoptada por el Consejo de Ministros del día 20 de junio pasado.
Nuestra reacción, inmediatamente después de esta flaqueza, ya fue la de condenar el compromiso francoalemán en el que se basa este texto. Hoy, aúno mi voz a la propuesta de resolución presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica pidiendo su rechazo. Asimismo, sé que una mayoría de mis compañeros no se retirará para dar curso a esta resolución.
Por ello, quiero felicitar a mi compañero Claude Desama, ardiente defensor de los servicios públicos, que ha sabido frenar los avances liberales para el establecimiento del mercado interior de la electricidad. Lamentablemente, no se le siguió hasta el final de su lógica. La posición común del Consejo reposa principalmente sobre la idea de desregulación. No se tomó ninguna precaución en respetar el interés general, en respetar la independencia energética.
Por ello, no puedo adherir a este texto, y no me atrevo a presagiar las reacciones de hostilidad que empiezan a percibirse en mi país.

Caudron
Este viernes 11 de diciembre a las 12 horas, el Parlamento Europeo tuvo que pronunciarse, en segunda lectura, respecto la posición común del Consejo de Ministros europeos relativa al «mercado interior de la electricidad» adoptada en junio de este año.
Se trata de un expediente importante y sensible sobre todo para los franceses, pero también para todos aquellos que quieren el servicio público y la independencia.
Sin dejar de saludar el enorme y positivo trabajo del ponente Claude Desama y sin dejar de observar los progresos importantes realizados desde hace cinco años en favor del servicio público y la seguridad energética, quiero decir, en este momento, en mi calidad de diputado socialista europeos francés, que la posición común de los 15 ministros y Gobiernos europeos no es aceptable en el estado en que se encuentra.
Esta posición deja cernir todavía demasiado riesgos sobre la energía europea y sobre el servicio público, incluso si ha retomado una parte de las propuestas socialistas de la primera lectura.
Estas son las razones por las que soy y seguiré siendo hostil a esta posición ministerial y por qué, en conciencia, voté el rechazo de la posición común y luego en favor de las enmiendas susceptibles de modificar profundamente este texto ministerial, enmiendas presentadas por Claude Desama. (No se retuvo ninguna de ellas). Lamentablemente, la posición común se aplicará en el estado en que se encuentra.

García Arias
Los socialistas españoles hemos votado favorablemente la posición común, puesto que se introduce de manera ordenada la competencia en el sector eléctrico y queda garantizado el principio del servicio público y la cohesión territorial. La Ley de Ordenación del Sistema eléctrico español responde a esos principios. Otra cosa será la interpretación que el nuevo Gobierno haga, fomentando un monopolio y conculcando los derechos de los consumidores.
Existe, sin embargo, un elemento enormemente preocupante que hemos intentado modificar con una enmienda tendente a evitar recortes en la producción de carbón nacional.
Durante el debate, la portavoz del Partido Popular español ha negado el impacto negativo en la producción española de este artículo. Lo ha llamado «una fantasía». Hay que responderle que o bien ha querido manipular las consecuencias del contenido y esconder la realidad, o bien ha hecho un alarde presuntuoso de su desconocimiento, lo que significa irresponsabilidad, al decir que el PP está aquí en el «proyecto ilusionante» del mercado interior eléctrico.
De acuerdo con el Informe para 1995 de la Red Eléctrica de España, la producción eléctrica anual española generada con carbón nacional, medida en GW hora al año, responde al 29 %, mientras que el carbón importado significa apenas el 7 %. ¡Las consecuencias son una reducción del 14 %!
Es un acto de cinismo político afirmar que presentaban con desgana una enmienda con el simple objeto de «tranquilizar a personas a las que se ha excitado innecesariamente» sin mover un dedo para convencer a otros diputados de su Grupo y después equivocarse a la hora de votar, votando en contra.
Lo mismo cabe decir sobre sus argumentos respecto a la política carbonera del PSOE en el sector del carbón. El hecho evidente es que, a lo largo de la gestión socialista, el sector se ha racionalizado, se ha mantenido la producción de carbón y ha aumentado la productividad. Los ajustes de personal se han llevado a cabo de forma concertada con los sindicatos, sin medidas traumáticas, en la línea de otras reconversiones mineras europeas, excluyendo la británica.
Quien introdujo la angustia y preocupación minera en España no ha sido la enmienda de los socialistas, sino las declaraciones del Ministro de Industria respecto a su interpretación del artículo citado de esta Directiva. La responsabilidad del futuro de la minería española está en los posicionamientos del Partido Popular español.

Guigou
En lo que se refiere a los proyectos en materia de electricidad, se ha realizado un considerable trabajo en el Parlamento Europeo, antes de las decisiones y en cada etapa del procedimiento legislativo, gracias a la implicación personal y a la tenacidad del ponente Claude Desama.
No obstante, el texto que hoy nos ocupa, en segunda lectura, endulzado en el curso de la reunión del Consejo «energía» del 20 de junio de 1996 en un compromiso que se nos presenta como intangible, rompe con el equilibrio que el Parlamento Europeo había querido imponer. Una vez más, la desregulación prevalece sobre el interés general, se privilegia la competencia en detrimento de las garantías de calidad del servicio público y de igualdad de trato a los usuarios. Quiere liberalizarse rápidamente sin tener en cuenta la naturaleza misma de este sector, sin reales garantías para el servicio público que queremos y que forma un elemento constitutivo de nuestra sociedad.
Esa es la razón por la que hoy me opongo a este texto: por tanto voté la intención de rechazo, porque, manifiestamente, es preciso oponer una firme expresión al deslizamiento liberal orquestado por el Consejo. Es indispensable poner un alto.
Sin embargo, ello no significa que nos encerremos en una oposición de mero rechazo: por el contrario, nos queda por hacer un conjunto de propuestas, porque lo que deseamos desde el principio es sentar las bases de un verdadero mercado interior de la energía, que asegure las inversiones a largo plazo y la independencia energética, que armonice las reglas sociales, ecológicas y de seguridad y que instaure un comité de evaluación integrado por todas las partes afectadas y especialmente los representantes de los usuarios ordinarios.
Asimismo, después de haber participado en la intención de rechazo, que no obtuvo la mayoría requerida, era importante participar en la votación de las enmiendas, para apoyar aquellas que corresponden a nuestras demandas y oponerse resueltamente a las que agravarían aún más la apertura a la competencia.
En términos más generales, nuestra oposición a este texto debe ser comprendida como una señal enérgica, al mismo tiempo que se continúa la reflexión sobre el modelo de sociedad que se eligirá para Europa, ya sea en los debates sectoriales que nos ocupan en este período de sesión (electricidad, gas, correos, telecomunicaciones), como en los de la Unión Económica y Monetaria y sobre la Conferencia Intergubernamental.

Péry
Electricidad, correos, telecomunicaciones: este período de sesión plenaria de diciembre está realmente cargado de expedientes sumamente sensibles para nuestra opinión pública.
Para defender estos servicios de interés general y, especialmente, los relacionados con la electricidad, el Parlamento se amparó de sus competencias legislativas para modificar la directiva propuesta por la Comisión. Recuerden la batalla librada por nuestro ponente socialista C. Desama.
Habíamos logrado integrar: la conservación de los monopolios de las empresas de distribución, un acceso de la red negociado con la obligación, para todos los productores y distribuidores, de garantizar misiones de servicio público, la armonización en los ámbitos del medio ambiente y la fiscalidad como condición previa a la liberalización.
Tres años después, he aquí que se nos vuelve a presentar el texto, endulzado por los quince gobiernos. Lo lamento profundamente.
Esta nueva propuesta ya no conlleva tantas garantías: esa es la razón por la que voté en una primera etapa en favor del rechazo de la directiva y luego en favor de las enmiendas con el fin de pesar sobre la posición del Consejo.
El texto final, respecto al cual me mantengo crítica, da mejores garantías a los ciudadanos europeos que los términos de la directiva inicial y ello gracias a la presión del Parlamento Europeo.
Quisiera terminar con un llamamiento a la vigilancia de la opinión pública francesa. El gobierno actual tiene dos años para adoptar esta ley. Francia puede, si lo desea, conservar el control sobre su red de distribución al mismo tiempo que abre progresivamente la producción a la competencia en el 20 % del mercado.
Los socialistas no dejarán ni al Presidente de la República, ni a los ministros de derecha liquidar nuestras empresas públicas engañando respecto a la realidad de la directiva europea.

Wibe
El informe contiene muchas propuestas elogiables, por ejemplo, el artículo 3.3 y el 10.1. No obstante, no pienso que se hayan tenido en cuenta de modo suficiente los aspectos regionales de la desreglamentación del mercado de la electricidad. La desregulación conlleva un riesgo considerable de que suban las tarifas en regiones despobladas, donde se necesitan unos cables de empalme muy largos.
Por otra parte, no se ha demostrado que la desregulación sueca haya tenido unas repercusiones positivas generales desde el punto de vista de la eficacia. Lo que ha sucedido es que los grandes clientes han podido reducir sus costes, mientras que los pequeños consumidores han visto aumentar las tarifas. Como de costumbre, el Parlamento sobrevalora los beneficios que conlleva la desregulación.
Recomendación para la segunda lectura Herman (A4-402/96)
Wolf
El tema que debemos aclarar hoy con respecto al mercado de las telecomunicaciones no es el de su apertura propiamente dicha. Más bien se trata de definir el tipo de regulación democrática que se requiere para que los mecanismos del mercado puedan operar en favor del beneficio común en este ámbito, en el cual existe un nexo indisoluble entre fondos públicos y bienes privados. Desde esta perspectiva quedan aún algunas cuestiones pendientes que es preciso aclarar. La autoridad de regulación europea no puede erigirse unilateralmente en instancia desreguladora, como tampoco pueden especializarse en la desregulación (que sin duda será repetidamente necesaria en algunos aspectos) las instancias nacionales competentes. También es preciso abordar a escala europea el tema de las sucesivas desregulaciones y de la protección de la oferta de servicios públicos que aún subsista, o de lo contrario deberán cumplirse a escala estatal o regional las tareas de flexibilización en interés de los usuarios. Es necesario «dinamizar» el concepto de servicio universal de modo que no pueda quedar desplazado por efecto de los avances tecnológicos y procesos de «convergencia».
Programa legislativo
Cushnahan
Acojo con beneplácito la publicación del programa de la Comisión para 1997. Sin embargo, resulta, lamentablemente, muy retórico, pero poco concreto.
Es de esperar que este programa anual coincida con la conclusión de la CIG. Así, pues, resulta imperativo que el programa de la Comisión aborde el grave problema de credibilidad que afronta la UE respecto de cómo nos ven los ciudadanos europeos. Los ciudadanos europeos no consideran que la Unión sea pertinente ni que les dé respuestas para sus problemas. Para garantizar el éxito de la ratificación de la próxima revisión del Tratado, debemos convencer a nuestros electores de que podemos en verdad abordar sus preocupaciones.
Sucesivas encuestas de opinión han confirmado que cuestiones del tercer pilar, tales como la lucha contra la delincuencia organizada y el desempleo, son prioridades máximas en las que debemos concentrar nuestras energías.
Deben figurar permanentemente en el programa de la Comisión... y no sólo por figurar.
También debemos dar respuestas.

Theorin y Wibe
Tenemos reservas con respecto a un apartado, el número 12. En él se menciona la necesidad de un sistema «definitivo» para el impuesto sobre el valor añadido. No tengo nada en contra de ello, siempre que no se interprete la palabra definitivo como «estandarizado». Estoy decididamente en contra de cualquier propuesta de armonización de este tipo. La armonización nos obligaría a rebajar el nivel impositivo sueco, lo cual a su vez obligaría a efectuar más recortes dentro del sector público.
(La sesión, interrumpida a las 12.30 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Derechos humanos en el mundo en 1995/1996
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual (A4-0400/96) de la Sra. Lalumière, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre los derechos humanos en el mundo en 1995/1996 y la política de la Unión en materia de derechos humanos.

Lalumière
Señor Presidente, esta mañana entregamos el Premio Sakharov, esta tarde tenemos un debate sobre los derechos humanos. Cumpliendo con nuestros deseos, hemos dedicado la jornada a los derechos humanos.
Como cada año, el Parlamento examina, por tanto, un informe sobre la política europea en los países terceros, en materia de derechos humanos. Como cada año, tenemos ante nosotros, innumerables violaciones de los derechos humanos perpetradas en un número demasiado importante de países; el horror de esos prisioneros políticos torturados, de esos millones de niños transformados en esclavos, de esas mujeres tratadas como seres inferiores, de esos periodistas amordazados, etc., etc.
Este año, teniendo en cuenta la actualidad y lo que me parece serán las prioridades en los años futuros, he orientado deliberadamente mi informe sobre las reformas que han de aplicarse si la Unión quiere pasar de una acción espontánea y bastante empírica a una política estructurada, permanente y ambiciosa.
Desde hace mucho tiempo, el Parlamento Europeo ha multiplicado las iniciativas para mejorar el respeto de los derechos humanos en todos los lugares del mundo. Nuestras resoluciones votadas en cada sesión, 139 desde enero de 1995, la inclusión de cláusulas sobre los derechos humanos en la mayor parte de los acuerdos con los países terceros, la insistencia con la que pedimos a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta los derechos humanos en sus acciones y sus políticas, todo ello representan un esfuerzo notable y alentador. No obstante, en numerosos países del mundo, la situación está muy lejos de estar satisfactoria y la pregunta que se nos plantea hoy, es la de saber ¿qué más puede hacer la Unión? Para ello, debe procederse a un determinado número de reformas, cuyas grandes líneas están esbozadas en el informe que nos ocupa.
Una primera serie de reformas es de orden jurídico. La Comunidad, luego la Unión, tuvieron, de hecho, que improvisar una política de derechos humanos, sin tener, en los Tratados, un fundamento jurídico sólido. El Tratado de Roma era mudo al respecto. El Tratado de Maastricht trata los derechos humanos, pero como un objetivo filosófico. Sin embargo, la Unión carece de competencia precisa en la materia y el hecho de que todavía no posea la personalidad jurídica, le impide incluso adherir al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Deben paliarse estas lagunas.
Además, la Unión necesita definir claramente lo que entiende detrás del concepto tan amplio de derechos humanos, que evidentemente va bastante más allá de las meras acciones humanitarias. Necesita precisar la fuerza jurídica de estos derechos de los que habla. Necesita precisar las garantías, los controles y las sanciones, incluido -cuando es preciso- el recurso a la fuerza militar. Todos los elementos sin los cuales, en palabras de Robert Badinder, los derechos humanos corren el riesgo de ser un juego académico.
Una segunda serie de reformas se refiere a los servicios administrativos especializados de los que ha de dotarse la Unión si se quiere adquirir la especialización y el profesionalismo necesario para hacer autoridad en un ámbito tan complejo como los derechos humanos.
Hoy día, la Comisión y el Parlamento dependen de los análisis e informaciones que proceden de las ONG y la prensa. Sin poner en tela de juicio su excelente trabajo, es preciso admitir que una organización tan importante como la Unión Europea debe tener la capacidad de apoyar sus tomas de posición a través de conocimientos de primera mano, de alta calidad y rigurosos métodos de trabajo.
Sin embargo, claro está, la más importante es la tercera serie de reformas. Nada puede hacerse si no se cuenta con la voluntad política. Ahora bien, es preciso constatar que la Unión -pienso sobre todo en el Consejo, aunque, en este plano, la Presidencia irlandesa escapa ampliamente a esta crítica- pero de manera general, la Unión y en particular el Consejo, no siempre han manifestado una voluntad clara de defender los derechos humanos cuando la Unión se ha visto confrontada a una situación concreta.
Los titubeos en Bosnia, en Chechenia, en Ruanda, en Zaire, pero también en Turquía, en China o en otros lugares, muestran hasta qué punto es difícil actuar, ya sea para prevenir o para solucionar. Estas dificultades no son sorprendentes. La política exterior siempre ha sido la expresión de los intereses de los Estados y el resultado de la relación de fuerzas en el ámbito económico, financiero, político o militar.
La inclusión de preocupaciones morales, en este caso los derechos humanos, en una política exterior que, por naturaleza, está fuera del ámbito de la moral, no puede ser fácil. Para lograr superar los obstáculos, la Unión requiere en primer lugar de una verdadera política exterior común. Este es el requisito previo para una acción realmente eficaz.
Además, la Unión necesita estar totalmente convencida de la importancia vital de la lucha en favor de los derechos humanos. Importancia vital primero para Europa misma. En este fin de siglo, Europa duda de ella misma. La gente tiene dudas respecto al sentido de la construcción europea. Debería comprenderse que lo que se encuentra en tela de juicio hoy día es el porvenir de nuestra civilización y de sus valores humanistas. Ciertamente, esta civilización no ha tenido sólo lados buenos. Europa a veces ha engendrado el horror, pero también ha sido el lugar, el crisol, en el que se gestó esta noción fundamental: la dignidad de cada ser humano.
Desde la Segunda Guerra Mundial, señor Presidente, los derechos humanos son la base fundamental sobre la que construimos Europa. Si no los defendemos con una voluntad política sumamente vigorosa, lo que corre es riesgo de desmoronarse es toda la base del edificio europeo.

Barros Moura
Señor Presidente, los derechos humanos forman parte de nuestra identidad europea. Pero no es sólo para defender nuestro modelo de sociedad, como es legítimo y como es nuestro deber, para lo que la Unión debe exigir su respeto universal. Defender los derechos humanos en el mundo significa luchar por la dignidad de cada persona y garantizar que puedan ser los pueblos y no sus verdugos o sus explotadores los que se beneficien de los frutos del trabajo y del esfuerzo colectivos.
En este marco, el informe de la Sra. Lalumière señala los progresos habidos en la afirmación universal de los derechos humanos, en particular por la acción de la Unión Europea, que, entre otras iniciativas, ha hecho incluir cláusulas de garantía de los derechos humanos en los acuerdos celebrados con terceros países. Como eso es innegable, no podemos por menos de hacer constar las dificultades para introducir en las relaciones internacionales, ya sean comerciales, económicas, políticas o militares, los valores morales que, por fuerza de nuestra cultura, deberían regir la comunidad internacional.
Ahora bien, la Unión Europea no siempre se muestra consecuente con sus principios y tolera violaciones muy graves a ciertos interlocutores, o incluso en su interior, como lo demuestran los fenómenos racistas y xenófobos contra las cuales se alza la conciencia democrática.
El informe de la Sra. Lalumière reclama más coherencia, más coordinación, mejor conjugación de las diferentes instituciones de la Unión Europea en la definición de la doctrina y en la aplicación, en la práctica, de los derechos humanos. Eso es algo que exige una auténtica reforma de fondo en la Conferencia Intergubernamental, para incluir los derechos humanos en el Tratado y sobre todo para dotar a la Unión Europea de una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común, que pueda hacer de la democracia política, de los derechos, libertades y garantías, de los derechos sociales, económicos y culturales, el núcleo que dé coherencia a toda la acción exterior de la Unión Europea.
Felicito a la ponente por su trabajo, así como por su buena disposición para con las posturas del Grupo del PSE y otros, que han hecho de su contribución, que es la de una verdadera especialista, un patrimonio común del Parlamento Europeo.
Hoy, un día después de que Ramos Horta y D. Ximenes Belo recibieran el premio Noble de la Paz, en Oslo, quiero decir que deberemos seguir alerta contra la política de dos pesos y dos medidas. No es digno de nuestros principios practicarla. No es digno de nuestros principios olvidar los derechos humanos, en nombre de ventajas económicas, o en nombre de ventajas ligadas a las políticas comerciales o de otra índole, en particular, cuando se trata de pueblos débiles que luchan contra opresores muy poderosos, como lo es Indonesia.
Señor Presidente, en esta encrucijada de la historia de nuestro tiempo, con el fin del milenio, ante los avances de la conciencia democrática y solidaria universal, junto a recaídas dramáticas en la barbarie, hagamos de los derechos humanos una marca distintiva de civilización, esperanza de dignidad de las personas y de los pueblos y factor, en sí mismo, de desarrollo. Proclamemos (es la propuesta del Grupo del PSE, aceptado por la ponente) el año 2000 como año universal de los derechos humanos y preparémoslo, desde ahora mismo, en la educación de nuestra juventud y en la vida diaria.

Moorhouse
Señor Presidente, éste es un informe muy serio. Es más que una relación de las muchas violaciones de los derechos humanos en países de todo el mundo, porque hace una contribución sería al desarrollo constante de nuestra concepción al respecto en el Parlamento Europeo. Felicito a la ponente de la forma más sincera por su exhaustivo estudio. Quienes formamos parte de la Subcomisión de Derechos Humanos y participamos plenamente en los debates sobre las urgencias conocemos muy bien la magnitud de esta tarea nuestra. Lamentablemente, nos vemos inundados con informes sobre actos criminales perpetrados por Gobiernos y quienes actúan a sus órdenes.
Mediante nuestros debates podemos dar publicidad a esos actos y ejercer de vez en cuando una misericordiosa influencia en los Gobiernos -tarea nada fácil-, sobre todo porque cuando nuestra acción va acompañada de las presiones económicas tenemos alguna fuerza al menos. Con frecuencia cito el ejemplo de Siria, donde hace unos años interrumpimos la ayuda para el desarrollo durante un par de años. No me cabe duda de que la liberación de presos políticos de las cárceles sirias se debió a la presión económica que ejercimos en aquella ocasión.
La cuestión es cómo vamos a llevar adelante nuestra labor. La Sra. Lalumière tiene dos propuestas concretas que hacer: una por los cauces jurídicos y, por otra parte, la posición política. Como es lógico, aprovecha su experiencia en el Consejo de Europa y ésa podría muy bien ser una vía que seguir y convendría explorarla más. La posición política está, como ella dice, plagada de dificultades, pero merece mayor consideración. Lamentablemente, en mi larga experiencia he visto que la Comisión casi nunca usa toda su fuerza al tratar con terceros países, pero tengo el gusto de decir que al menos su comportamiento no es nada en comparación con el del Consejo de Ministros, donde los Estados miembros dan prelación a los intereses comerciales y nacionales y se limitan a quitar importancia a las cuestiones relativas a los derechos humanos en todos menos los más extremos casos.
De modo que al menos podemos decir que los derechos humanos se están perfilando como una cuestión importante y debemos abundar en ello. Felizmente, como Parlamento Europeo, tenemos la libertad de acción necesaria y debemos continuar con nuestro papel de hablar claro contra lo inaceptable.

Van Bladel
Señor Presidente, este Parlamento es conocido fuera de la Unión sobre todo por su defensa de los derechos humanos. El informe de la Sra. Lalumière refiere la manera en que el Parlamento Europeo quiere denunciar la violación de los derechos humanos en una política coordinada de las instituciones. Se trata de sanciones de carácter político, jurídico y financiero que han de tener un efecto curativo, pero también preventivo. La ponente ni siquiera excluye, en determinadas situaciones, las intervenciones armadas, aunque bajo el mandato de la ONU. Señor Presidente, este informe es la expresión de un desarrollo y un criterio que se han formado en Europa desde la dos guerras mundiales y que están profundamente arraigados. La defensa de los derechos humanos no es una nueva arrogancia colonial, es más bien un enfoque pragmático con una tendencia humanitaria, que se centra precisamente en el fomento de la estabilidad internacional, la humanidad, una parte esencial de la política exterior europea en ciernes, un buen paso en vísperas de la Conferencia Intergubernamental y del siglo XXI.

Bertens
Señor Presidente, el informe de la Sra. Lalumière es un buen informe, la felicito. En lugar de prestar atención a los casos individuales de violación de los derechos humanos, se pide una atención sistemática para organizar la política de la Unión. La Sra. Lalumière hace bien en centrarse en la manera en que la Unión puede actuar de la forma más eficaz en materia de política exterior de derechos humanos.
El día en que Wei Jingsheng recibe el premio Sajarov por parte del Parlamento, hacemos bien en reflexionar sobre la política de derechos humanos de la Unión. En su comunicación sobre la política a largo plazo en relación con China, la Comisión dice con razón que lo más importante ha de ser la eficacia. Pero esta eficacia no se logra con modestia. Antes bien, la Unión logrará la mayor eficacia con coherencia, energía y transparencia.
Coherencia significa que los derechos humanos han de ser un elemento de todas nuestras actuaciones internacionales. La reunión ministerial de la OMC en Singapur es sin duda una buena ocasión para incluir en el orden del día el respeto de los derechos humanos fundamentales en los acuerdos comerciales multilaterales. Por ello, en Singapur también hay que tratar la cláusula social. Además, coherencia significa que el empresariado de la Unión, en sus negocios internacionales, ha de imponerse un código de conducta comparable a las reglas de la Unión. También ellos representan a Europa. Por ejemplo, la presencia en Nigeria no es carta blanca para la violación de los derechos humanos.
Energía significa que tenemos una política orientada al respeto de la democracia y los derechos humanos. Lo podremos lograr por medio de la diplomacia preventiva, la intervención humanitaria. El fomento de la libertad de prensa y la democracia en todo el mundo y nuestra lucha constante contra el problema humanitario de las minas terrestres. Además, el Consejo ha de poder aprobar por mayoría cualificada el aplazamiento de los Tratados debido a las violaciones de los derechos humanos. Por supuesto, es trabajo para la CIG.
Por último, señor Presidente, la transparencia. Nuestros criterios de política de derechos humanos y su aplicación han de ser unánimes. Sólo entonces podremos esperar que los tengan en cuenta terceros países. Los intereses económicos no han de ser determinantes.
Señor Presidente, una cuestión de orden. Quiero felicitar, por lo menos en nombre del Grupo de los Liberales, y quizás de todos los diputados, al Comisario por su cumpleaños. Tiene mi misma edad y en el vademécum podrá usted comprobar cuál es.

Alavanos
Señor Presidente, hoy hemos otorgado el premio Sajarov a Wei Jingsheng. Hace exactamente un año le otorgamos el mismo premio a Leila Zana, una diputada de la Asamblea Nacional Turca de origen kurdo. En un país que mantiene múltiples acuerdos con la Unión Europea, esta diputada sigue presa y casi nos hemos olvidado de ella, mientras la Unión Europea, y en concreto el Consejo de Ministros, no escatima esfuerzos para potenciar sus relaciones con Turquía. Lo mismo podemos ver en el procedimiento para el presupuesto, donde se descartan un gran número de enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo que vinculaban la ayuda a Turquía a la situación de los derechos humanos. Creo, pues, que éste es un ejemplo muy característico de la gran contradicción, mencionada precisamente por la Sra. Lalumière en su excelente informe, entre los intereses comerciales, económicos y estratégicos y los valores éticos elementales a los que la Unión Europea debería servir sin hipocresía. Digo «sin hipocresía», porque se extiende también a otra región vecina, al menos vecina de nuestro país, a la antigua Yugoslavia. La Unión Europea, con razón, protesta contra la vulneración de los derechos democráticos por el régimen de Miloseviç, pero calla ante situaciones equivalentes en el país vecino, Croacia.
Creo que debemos dar pasos hacia adelante. Lamentablemente, la intervención del Parlamento Europeo es necesaria, y lo será por mucho tiempo. En este sentido, al menos algunas reformas, como la inclusión de una referencia a los derechos humanos en la revisión del Tratado de Maastricht y de una cláusula referente a los derechos humanos en los acuerdos en materia de relaciones exteriores, son sumamente importantes.

Sichrovsky
Señor Presidente, Señorías, nosotros también acogemos con satisfacción el informe. No obstante, creemos que es de lamentar que los importantes temas relativos a los derechos humanos se diluyan en un debate a menudo absurdo entre izquierda y derecha. Los temas que afectan a los derechos humanos son demasiado importantes, a nuestro parecer, para admitir que se abuse de ellos y se los degrade utilizándolos como argumento para un enfrentamiento vinculado con frecuencia a la política cotidiana. La historia europea de nuestro siglo demuestra que ningún partido político puede exhibir un historial sin mácula por lo que respecta a los derechos humanos. Por consiguiente, dirigimos un llamamiento a todos los grupos para que abordemos conjuntamente este problema, con la esperanza de que en esta Asamblea no se divida continuamente a los diferentes Grupos políticos en El bueno, el feo y el malo , como en la vieja película del Oeste, para atribuirse a continuación el papel del personaje respetable.

Imbeni
Señor Presidente, deseo invitar al señor Comisario a seguir con atención la propuesta que figura en el apartado 69 del informe de la Sra. Lalumière para ver si, por una vez, lo que se propone logra un compromiso conjunto de las Instituciones, esto es el Parlamento, la Comisión, el Consejo y el Consejo Europeo. Se trata de una propuesta que se basa en la idea de que el año 2000 sea declarado el año de los derechos humanos y de elaborar un programa trienal (1998-2000) dedicado a la educación en materia de derechos humanos.
Considero que el informe de la Sra. Lalumière merece nuestra aprobación. Si ha de hacerse una crítica, la misma debe dividirse por 628, porque, como de costumbre, el informe se ha vuelto algo largo a causa de la insistencia con la que cada diputado aporta sus correctivos.
Quisiera señalar tan sólo una dificultad que seguimos teniendo a la hora de abordar estos temas. Incluso nuestra cultura, que es la más avanzada que existe, es una cultura en sentido negativo. Esto significa que definimos la paz como ausencia de guerra, la democracia como ausencia de dictadura, la vida como ausencia de muerte, los derechos humanos como ausencia de violación de los derechos humanos. Todo esto demuestra una cultura que no es capaz de afirmar los aspectos positivos sin la falta de un enemigo, sin la oposición a lo negativo.
Estimo que una premisa positiva para superar esta dificultad, podría consistir en la referencia a tres aspectos fundamentales de nuestra existencia. En primer lugar, ningún ser humano y ninguna autoridad pueden legalmente obligar a quitar la vida a otro ser humano. Si lográramos afirmar este principio, daríamos un significativo paso adelante. En segundo lugar, la humanidad no puede en absoluto partirse en dos, estableciendo que por motivos religiosos o de otro tipo, una persona -de sexo femenino- es inferior a otra de sexo masculino. En tercer lugar, existen los derechos de la infancia que son personales e irrenunciables, lo que significa que nadie, ni padres ni ninguna autoridad de otro tipo, puede negar el derecho de la infancia no sólo a la vida, sino también a una vida digna de ser vivida. Si lográramos progresos con respecto a estos tres puntos, a lo mejor lograremos concebir los derechos humanos de forma positiva.

Ferrer
Señor Presidente, se puede afirmar con toda rotundidad que hoy casi todos los países del mundo parecen aceptar los derechos humanos fundamentales como valor de referencia y, sin embargo, siguen produciéndose múltiples y flagrantes violaciones de estos derechos en todo el mundo.
La lista de actos de violencia ejercida por el hombre contra el hombre sigue aumentando -como nos recuerda muy bien en su excelente informe la Sra. Lalumière, conocedora de excepción del tema. De ahí que mi Grupo, convencido de que la defensa de los derechos humanos es una condición indispensable para la conquista de una paz verdadera entre los pueblos, comparta los planteamientos formulados por la Sra. Lalumière en su informe.
En efecto, la Unión Europea, que ha hecho de la defensa de los derechos humanos el punto neurálgico de su política, no puede permanecer impasible ante las violaciones de la dignidad suprema de la persona que tienen lugar en tantos y tantos países. Pero tampoco puede limitarse a la simple denuncia de estas violaciones.
La Unión Europea debe ser capaz de asumir las responsabilidades que entraña su compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos. Por ello, también compartimos las medidas que en este sentido propone el informe para mejorar precisamente el sistema de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de la Unión Europea y para llevar a cabo una diplomacia preventiva al servicio de la paz y de los derechos humanos.
Preferiríamos, sin embargo, que, junto a los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales y los derechos culturales, se incluyeran los derechos de las minorías nacionales.
Si en la Declaración de Copenhague y en la Carta de París de la CSCE, si en el Convenio marco del Consejo de Europa se defiende la protección de las minorías nacionales, ello significa que se reconoce implícitamente la existencia de unos derechos colectivos que hay que proteger. De ahí que consideremos que en el informe deben también reconocerse y garantizarse de manera explícita estos derechos, desde el respeto, evidentemente, de la preeminencia de los derechos humanos universales.
La defensa de la inalienable dignidad de la persona -de cada persona y de la suma de personas que se sienten formando una comunidad- es un imperativo político que nos concierne a todos y que la Unión Europea, pero también cada uno de los Estados miembros, debe ser capaz de asumir en su plenitud si quiere ser fiel al espíritu de los padres fundadores y cumplir, gracias a esta fidelidad, sus responsabilidades con la historia.
El informe Lalumière marca, en este sentido, el camino a seguir. Es cuestión simplemente de tener la voluntad política de adentrarse en él.

Goerens
Señor Presidente, en su informe, la Sra. Catherine Lalumière trata las múltiples facetas de la problemática de los derechos humanos con el tacto que le es habitual, pero también con la firmeza requerida que corresponde a los principios esenciales que están en juego. No sirve de mucho continuar disertando sobre este tema tan serio. Lo que importa es dotarse de un instrumento coherente y eficaz, tanto jurídico como político, apto a hacer seguir una profesión de fe, a veces gratuita, de actos consecuentes, que estén a la altura de los valores respecto a los que nos declaramos intransigentes. Esto atañe en especial a las relaciones exteriores de la Unión Europea, ámbito en el que nuestra determinación de defender los principios que nos son entrañables adopta valor de prueba.
El informe de la Sra. Lalumière detalla el abanico de instrumentos utilizados hasta ahora con más o menos éxito. Observo con satisfacción que nos pide, en la propuesta de resolución legislativa, completar el dispositivo existente mediante un nuevo instrumento, en este caso un código de buena conducta destinada a las empresas europeas activas en los países terceros que prescribiría a dichas empresas no hacerse cómplices de violaciones graves de los derechos humanos.
Ya se han formulado propuestas correspondientes, en el marco de la OCDE, que lamentablemente han sido letra muerta hasta ahora.
La incorporación de consideraciones éticas en la conducta de los negocios sería, por lo demás, una respuesta típicamente europea a la problemática de la globalización y la mundialización. Apostamos que llevará a los países recalcitrantes a reflexionar dos veces antes de burlar más o menos impunemente los principios y los valores que nos son entrañables.

Pailler
Señor Presidente, año tras año, informe tras informe, se esperan de Europa no solamente señales, sino actos políticos vigorosos y firmes con el fin de que los derechos humanos ganen terreno en todos los lugares del mundo. Lamentablemente, los años pasan y se suman, a veces incluso asistimos a regresiones allí donde más esperanzas teníamos.
¿Qué decir de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Israel, que legaliza la tortura en la cárcel? Ya no basta con denunciar, actuemos suspendiendo el acuerdo provisional con Israel hasta que se respeten los derechos humanos. Lo mismo para Turquía, que todavía no ha liberado a Leyla Zana, Premio Sakharov 1995, ni a sus compañeros, antiguos diputados de origen kurdo, y que propone una ley antiterrorista, una terrible censura de la prensa, ya enlutada por los impunes asesinatos de periodistas.
Allí también, suspendamos las ayudas financieras y condicionemos nuestra cooperación al respeto de los derechos humanos.
La lista sería larga y figura en el informe de Catherine Lalumière, funesta lista de resoluciones en contra de las violaciones de los derechos fundamentales, violaciones arrogantes y que desprecian los acuerdos internacionales.
Quisiera terminar denunciando una vez más los crímenes de los grupos paramilitares colombianos, que atacan a las poblaciones civiles, a los campesinos y que todavía mataron ayer a cuatro miembros de una misma familia, cuatro hermanos, gracias a la complicidad pasiva del Gobierno colombiano.
Si no quiere decepcionar amargamente al resto del mundo, Europa debe jugar las bazas que tiene en la mano -y que son numerosas- dondequiera que cuente con ellas.

Van der Waal
Señor Presidente, en la política exterior de la Unión Europea los derechos humanos ocupan un lugar cada vez más importante. Esto se desprende del hecho de que en los acuerdos de cooperación con terceros países se incluyan siempre cláusulas sobre los derechos humanos. Es positivo que con ello se reconozcan más ampliamente los derechos humanos.
Al mismo tiempo, la larga y triste lista de resoluciones del informe de la Sra. Lalumière indica qué cosas van mal en innumerables países. A veces debido a los regímenes dictatoriales, otras a las tradiciones culturales o a las difíciles circunstancias socioeconómicas y, por desgracia, también como consecuencia del fanatismo religioso.
Los derechos humanos constituyen una problemática tenaz en que se pone duramente a prueba cualquier fe en el progreso. Entre el ideal y la, a menudo amarga, realidad, en que se confirma la verdad bíblica de que el ser humano se inclina hacia el mal, existe un tira y afloja permanente. No obstante, siempre que podamos, tendremos que ejercer una presión y una influencia incansables para mejorar las situaciones o evitar lo peor.
Pero en este sentido no esperamos mucho de todo tipo de cambios institucionales en la forma de comunitarización de la política exterior o el nombramiento de un comisario para los derechos humanos. Por lo visto, las consideraciones que hay que hacer en materia de derechos humanos no pueden imponerse a los Estados. Ello ha quedado claro una vez más en las recientes negociaciones de la OMC, y las grandes potencias como China no se dejan llamar al orden. Las nuevas instituciones no podrán añadir mucho más a las actividades que emprenden ya la Unión, la ONU, la OSCE o el Consejo de Europa, y por supuesto Ammesty International y otras ONG.

Truscott
Señor Presidente, yo también deseo elogiar a la Sra. Lalumière por su excelente informe. Resulta oportuno que estemos debatiendo esto ahora, en el día en que hemos entregado el Premio Sajarov al Sr. Wei Jingsheng. El informe subraya atinadamente el vínculo entre la democracia y los derechos humanos y la necesidad de una concepción universal que abarque los derechos de las minorías nacionales, los refugiados, las mujeres y los niños y el derecho a un medio ambiente saludable.
También acojo con beneplácito las cláusulas sociales mínimas en los acuerdos comerciales para proteger los derechos de los niños, los presos u otras formas de trabajo esclavo. Semejante explotación de seres humanos debe ser inaceptable, cuando nos acercamos al nuevo milenio. Tampoco debe la UE concertar alegremente acuerdos con países que están violando descaradamente los derechos humanos. Se debe poner fin a esa tendencia, pues socava la labor de la UE y de este Parlamento. La UE no debe seguir haciendo la vista gorda ante dichas violaciones. Se deben respetar las normas mínimas y se deben suspender los acuerdos en los casos en que haya pruebas claras de violaciones generalizadas de los derechos humanos. La Unión Aduanera con Turquía demuestra que los acuerdos con regímenes que maltratan a sus ciudadanos no propician mejoras en materia de derechos humanos. La ayuda de la UE debe estar condicionada a que los beneficiarios adopten medidas sostenibles para mejorar su conducta.
También es oportuno que la UE supervise el comercio de armas y presione para que se apruebe un código de conducta vinculante a fin de que al menos la UE no respalde a regímenes que infringen las libertades civiles de su población.
Si bien es acertado que la UE fortalezca su política exterior y de seguridad común, Gran Bretaña no comparte la posición de que se comunitarice la PESC. La PESC debe seguir siendo intergubernamental, pero se debe reformar.
Por último, acojo con beneplácito la petición de la Sra. Lalumière de que exista un Comisario de Derechos Humanos y un Centro de Prevención Activa de los Conflictos, que hace mucho que se debería haber creado.
Espero que este informe reciba el total y merecido apoyo de esta Asamblea.

Amadeo
Señor Presidente, a pesar de que me felicito con la Sra. Lalumière, me veo obligado a denunciar graves contradicciones con respecto a algunas de nuestras decisiones. Por ejemplo, en el considerando K, que trata del resurgimiento del fanatismo y la intolerancia política y religiosa, se cita precisamente a Irán, olvidando, sin embargo, que en la anterior sesión y en una resolución de urgencia relativa a Oriente Próximo, el Parlamento Europeo solicitó la mediación del propio Irán que viola los derechos humanos una y otra vez.
En cuanto al noble compromiso adquirido por la Unión Europea en materia de derechos humanos, no ha de soslayarse la pequeña contradicción que se manifiesta en el Grupo de los Liberales de este hemiciclo. Me refiero al hecho de que dicha delegación acoge en sus filas a un grupúsculo italiano -el de la Liga del Norte- que centra su acción y predica la discriminación entre los italianos del Norte y los italianos del Sur. Asimismo, el Congreso Judío Europeo hace pocas fechas denunció que Bossi, jefe de la Liga del Norte, siempre ha rechazado condenar episodios de racismo. Por último, la Liga del Norte pretende la expulsión de los magistrados y profesores del Sur y ahora ataca hasta la unidad de la Iglesia católica.
¿Hasta cuándo el Grupo de los Liberales seguirá siendo tan poco respetuoso de su honorable origen y mantendrá relaciones con semejante grupúsculo racista? ¿Cuáles son los motivos? ¿Para mantener un Grupo político más numeroso? Pero ¿a qué precio? Al precio de dejar por los suelos la dignidad y el honor de Malagodi, Einaudi, Ugo La Malfa que ya no pueden rebelarse.

Barón Crespo
Señor Presidente, ante todo quiero saludar el excelente informe de la Sra. Lalumière sobre la política europea en el terreno de los derechos humanos en el que, fiel a su larga trayectoria, desarrolla uno de los aspectos fundamentales de nuestra identidad.
Yo querría destacar dos aspectos que me parecen fundamentales, y sobre los que debemos reflexionar incluso en nuestro trabajo en el Parlamento y en nuestra relación con las demás instituciones. El primer aspecto se refiere a la afirmación que se hace en el apartado decimotercero en relación con la valoración del carácter evolutivo de los derechos humanos. Los derechos humanos no se consolidan -y bien lo sabemos los europeos- de la noche a la mañana. Tienen un carácter evolutivo, y tenemos que aplicar esta doctrina, es decir: ir valorando los progresos que se producen en el respeto de los derechos humanos no solamente en nuestros países, sino también en los terceros países con los que mantenemos relaciones. Y esta idea se complementa muy bien con la del diálogo crítico, debiendo aplicar ambas ideas a todos aquellos programas en curso, como PHARE, TACIS y MEDA y otros relacionados con Turquía, Israel, Argelia, Bielorrusia o Irán.
Y el segundo aspecto -la idea de la cláusula democrática- se relaciona de una manera muy directa con esta idea del carácter evolutivo, es decir, no debemos entender la cláusula democrática como un elemento sancionador, sino precisamente como un elemento para extender y ayudar a que se consolide algo que es una planta muy rara en la historia de la humanidad, que es la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Entiendo, por lo tanto, que estos avances doctrinales que contiene el excelente informe -repito- de la Sra. Lalumière, deben ser madurados por nosotros y deben ser aplicados sistemáticamente a todos los acuerdos a que lleguemos. Es decir, tenemos que valorar la cláusula democrática de acuerdo con el carácter evolutivo y con el carácter de diálogo crítico que tenemos que dar a nuestra política exterior.

Theorin
Agradezco a la Sra. Lalumière su magnífico informe, que espero reciba el apoyo de la Cámara. Mi enhorabuena por la iniciativa de que, en este informe sobre los derechos humanos a nivel internacional, se haga hincapié en que cabe incluir en el tema los derechos cívicos y políticos y los económicos y sociales. Tomo nota con satisfacción de que la Sra. Lalumière ha aceptado mis enmiendas, también la cuestión de considerar las violaciones sistemáticas como crimen de guerra. Consecuentemente, debe presentarse la solicitud de que se completen las definiciones de crímenes de guerra graves del protocolo anejo II del IV Convenio de Ginebra con las palabras violaciones sistemáticas .
En el año 1994 voté en contra del Acuerdo de unión aduanera entre la UE y Turquía. No se cumplían los requisitos del Parlamento en el terreno de los derechos humanos. La mayoría de diputados del Parlamento pensó que la Unión Aduanera mejoraría la situación de los derechos humanos en Turquía. Igual que en los acuerdos contraidos con países terceros, se introdujo una claúsula sobre la democracia y los derechos humanos, y se pensó que con ello favoreceríamos una evolución positiva en este ámbito. Lamentablemente, no ha sido este el caso. Los derechos humanos no han mejorado en Turquía desde la celebración del Acuerdo de unión aduanera, sino que han empeorado.
Ayer comparecienron cinco redactores de los periódicos de mayor tirada en Turquía y dieron la señal de alarma sobre las propuestas legislativas que se están presentando y que menoscaban gravemente la libertad de expresión. La UE tiene a su disposición instrumentos políticos, económicos y diplomáticos. Debería aplicarlos y completarlos con unas acciones vinculantes si continuan las infracciones de los derechos humanos. Tenemos que elaborar unos mecanismos políticos, económicos y jurídicos para las garantías del cumplimiento de estos derechos, el control y las sanciones posibles, ya que sin estos mecanismos, las claúsulas sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia no sirven de nada.

Van den Broek
Señor Presidente, en primer lugar, la Comisión Europea quiere aprovechar la ocasión para dar las gracias al Pleno por su contribución al fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la política de la Unión Europea. Asimismo, sabemos apreciar el compromiso demostrado esta mañana por el Parlamento Europeo en torno a los derechos humanos, con motivo de la entrega del importante premio Sajarov. La presentación del informe anual sobre los derechos humanos es una de las iniciativas del Parlamento Europeo, en que las instituciones entablan entre sí un diálogo sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Este año hablamos del informe presentado por la Sra. Lalumière, una eminente ponente que, como antigua secretaria general del Consejo de Europa, está cualificada como pocos para hablar de esta cuestión.
Ni que decir tiene que la Comisión Europea da mucha importancia al respeto de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. La Comisión Europea ya ha hablado con el Parlamento sobre las cláusulas de derechos humanos que han de incluirse en los acuerdos de la UE con terceros países. Desde 1992, tales cláusulas se incluyen de forma sistemática en los acuerdos con terceros países, es decir, no de forma incidental, sino que todos nuestros acuerdos externos incluyen tales cláusulas, que forman parte desde entonces de los acuerdos bilaterales.
La Comisión Europea plantea regularmente la cuestión de los derechos humanos a nivel internacional y mundial. Así, en nuestra comunicación del pasado mes de julio, sobre la relación entre el comercio internacional y las normas laborales, efectuamos un análisis profundo de las posibilidades de plantear estas normas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Se trata más concretamente de normas relacionadas con la supresión del trabajo forzado, la esclavitud y el trabajo infantil, y el fomento de la libertad sindical, así como el derecho a la negociación laboral colectiva y la no discriminación en el empleo. Como saben ustedes, en estos momentos se está debatiendo sobre este tema en la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Singapur, y ya saben ustedes, como se ha señalado esta tarde durante este debate, lo controvertidas que son estas cuestiones, cuando tienen que ver con las reglas relacionadas con el comercio internacional. El informe de la Sra. Lalumière propone la introducción de un código de conducta para las empresas multinacionales de la Unión Europea, que les obligue a respetar todos los derechos humanos. He de señalar que semejante código de conducta no puede imponerse de forma vinculante a las empresas de la Unión Europea. Naturalmente, me complacería que las empresas se mostraran dispuestas a tener en cuenta los derechos humanos en su política empresarial en terceros países.
El refuerzo de la democracia y el respeto de los derechos humanos son cuestiones prioritarias para la Unión Europea, concretamente en países que se encuentran en una fase de transición. Quiero remitir nuevamente a nuestros programas de democracia en PHARE y TACIS para los PECO y la antigua Unión Soviética, en que hemos desarrollado un amplio abanico de programas y acciones para apoyar la reforma democrática, así como para el posterior desarrollo del Estado de derecho, el refuerzo de la sociedad civil y la protección y fomento de otros derechos humanos.
Desde la creación la famosa partida B-7-52 -iniciativa europea para la protección de los derechos humanos-, aumentan constantemente los recursos financieros asignados a este objetivo. A favor del control y la coordinación, desde 1994, la Comisión ha presentado informes sobre las principales orientaciones que ha seguido para destinar los recursos financieros. Dichos informes comprenden un informe independiente para cada línea presupuestaria: un informe para el sector de derechos humanos, democracia y desarrollo, y un informe general para todas las líneas presupuestarias sobre derechos humanos.
La Comisión comparte la especial preocupación del Parlamento Europeo en relación con cuestiones como la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Dado que este es un factor fundamental de la democracia y de la sociedad civil, que desempeña un papel importante en la protección de los derechos humanos, el fomento de esta libertad constituye asimismo el punto de mira de acciones concretas. Quiero hacer mención de la muy concurrida conferencia sobre la libertad de los medios de comunicación en la antigua Yugoslavia, organizada recientemente por la Comisión en Bruselas, donde la Comisión volvió a prometer una suma importante -en este caso, cerca de 10 millones de ecus para 1997- precisamente para apoyar y fomentar los medios de comunicación libres en la antigua Yugoslavia. Pienso que los desarrollos actuales, no tanto en Bosnia como en Belgrado, demuestran lo importante que puede ser este elemento para reforzar la democracia.
En este contexto me pregunto si la propuesta de unas líneas presupuestarias especiales e independientes para los medios de comunicación libres no tendrá quizás un resultado menos productivo, dado que puede surgir el peligro de que este aspecto específico se limite o se niegue en otros ámbitos de acción.
En el informe de la Sra. Lalumière se indica también la importancia que concede el Parlamento Europeo a la creación por parte de la Comisión Europea de un centro de prevención de conflictos. En estos momentos, la Comisión está elaborando un programa modelo, denominado «Red de prevención de crisis», que ha surgido de la iniciativa Rocard, en cuyo marco se realizarán estudios, se emitirán dictámenes y harán evaluaciones en el ámbito de la prevención de crisis. Esta red que pensamos establecer intentará recopilar información sobre crisis potenciales y desastres humanitarios, procesar la información y elaborar informes analíticos fiables, dirigidos a los políticos, sobre las posibilidades de prevención de conflictos.
En el informe recalca la necesidad de una coordinación más estrecha de las instituciones europeas por un lado y los Estados miembros por otro. La Comisión está plenamente de acuerdo con el Parlamento en que es preciso reforzar la coordinación y actuamos de acuerdo con ello.
Intentamos mejorar al máximo la coordinación en relación con los derechos humanos, mediante una coordinación cuidadosa y la aplicación a los procedimientos internos de nuevas formas de comunicación. Ustedes saben que el Presidente Santer ha asumido personalmente la responsabilidad en el delicado ámbito de los derechos humanos. Y bajo su autoridad se me otorgó la responsabilidad sobre los aspectos temáticos y horizontales de este ámbito.
Por otra parte, para mejorar la coordinación interna se celebran con regularidad reuniones de los directores generales en la Comisión que se ocupan de las relaciones exteriores. Asimismo tenemos un grupo de trabajo interservicios de «Derechos humanos», donde están representados los servicios de la Comisión que se ocupan de los derechos humanos.
Señor Presidente, ya acabo. Uno de los principales jalones en el fomento y la protección de los derechos humanos en el mundo fue sin duda la firma de la Declaración Universal de derechos humanos del 10 de diciembre de 1948. He tomado nota de la atención que el Sr. Imbeni ha solicitado se preste a la propuesta de proclamar el año 2000 como año de los derechos humanos. Quisiera presentar una pequeña enmienda a esta propuesta y apuntar si no convendría designar el año 1998, el año de la 50ª conmemoración de la firma de la Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU, como Año de los derechos humanos. Anteriormente ya habíamos apostado por esta idea, y en consulta con las Naciones Unidas intentamos lograr que 1998 se convierta en el Año de la protección internacional de los derechos humanos. Queda por ver si lo conseguiremos, pero en cualquier caso estamos en ello.
Quiero finalizar, en otro orden de cosas, expresando mi gratitud por las cordiales felicitaciones que he recibido esta tarde con motivo de mi cumpleaños, día en que he alcanzado la honorable edad que comparto con el Sr. Bertens.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Protección de menores - Adopción de menores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0393/96 del Sr. Zimmermann, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre medidas de protección de menores en la Unión Europea; -A4-0392/96 del Sr. Carlo Casini, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la mejora del derecho y de la cooperación entre los Estados miembros en materia de adopción de menores.
Zimmermann
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de ponente del informe sobre medidas de protección de menores en la Unión Europea, es una especial satisfacción para mí que podamos debatirlo dentro del orden del día del quincuagésimo aniversario de la fundación del UNICEF. Esta Cámara demuestra así que también se preocupa de los problemas, reivindicaciones e intereses de alrededor de 80 millones de habitantes de la Unión Europea. Citaré algunos ejemplos de los problemas que afectan a los niños y niñas.
No todos los niños y niñas de la Unión tienen las mismas oportunidades de acceso a los sistemas educativos. Muchos viven por debajo del umbral de la pobreza. 2, 2 millones de ellos en Alemania. No todos los niños y niñas se benefician de la misma atención sanitaria. Los niños y niñas son víctimas de abusos, malos tratos y explotación comercial de carácter sexual. En la Unión hay también muchos niños y niñas que trabajan. La mayor parte de los hijos de refugiados tienen vedado el acceso a nuestro territorio. Un número pavoroso de niños y niñas son adictos a las drogas, al alcohol, a la nicotina y a ciertos medicamentos. No debemos olvidar, por otra parte, los muchísimos niños y niñas que además sufren presiones psíquicas, en un grado sencillamente inconcebible. Una gran parte de los niños y niñas ve obstaculizado de este modo su desarrollo desde el primer momento. Para prestarles ayuda es necesario adoptar numerosas medidas.
Debe considerarse prioritario que todos los Estados miembros ratifiquen la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la incorporen a su legislación. Es preciso que los niños y los adultos están mejor informados sobre los derechos que consagra dicha Convención, puesto que para poder hacerlos valer es preciso que primero los conozcan. Todos los Tratados vigentes persiguen el bienestar de los ciudadanos. Por definición, éstos se consideran en primer lugar como trabajadores, empresarios y consumidores. Por lo tanto, los niños son también en primer lugar hijos de padres trabajadores. Sin embargo, para garantizar a los niños un estatuto que corresponda a las exigencias de esta sociedad transformada se requiere algo más que las citadas reformas legislativas. Por consiguiente, instamos al Consejo a que en la revisión del Tratado de Maastricht se incluya a los niños como un grupo de personas independiente. Los derechos del niño deben convertirse en un principio fundamental de actuación europea. Simultáneamente debe incorporarse una política en favor de los derechos del niño en todos los ámbitos, que contemple los aspectos que afectan específicamente a los niños en todos las iniciativas y actos legislativos. La formulación y aplicación de una política que tenga por objeto la protección de los derechos del niño debe recibir prioridad más allá de las consideraciones presupuestarias.
Instamos asimismo a los Estados miembros a que amplíen el Convenio Europeo de los Derechos Humanos con la adopción de un protocolo adicional que responda a las necesidades de los niños. Pedimos igualmente que se cree una dirección general o una sección específica de la Comisión competente en materia de los derechos del niño y que se designe a un delegado de los derechos del niño en el Parlamento Europeo. Por otra parte, yo propongo asimismo que el Parlamento cree una comisión que se ocupe de los intereses de los niños. La votación y aprobación del presente informe el día en que se celebra el quincuagésimo aniversario de la fundación del UNICEF puede constituir una garantía de que en el futuro se prestará especial atención a los problemas de los niños y a las acciones del Parlamento Europeo.
Con objeto de promover la participación política de los niños, pedimos a los Estados miembros que constituyan parlamentos juveniles representativos de ámbito local, regional y nacional. La participación social debería fomentarse sobre todo mediante la designación de representantes de los niños en los Estados miembros. También debe apoyarse la creación de líneas telefónicas S.O.S. de ayuda a la infancia, como las que ya existen en algunos Estados miembros. El proceso de integración europea también ha tenido repercusiones para la situación de los niños. Puesto que todavía no sabemos cuáles son, como tampoco las conocemos en el caso de los adultos, pedimos a la Comisión que examine esta situación y encargue un estudio al respecto.
El informe pide asimismo que se preste apoyo y asistencia psicológica a los niños que hayan sido víctimas o testigos de actos violentos. También se insta a los Estados miembros a que en su derecho penal den prioridad a la rehabilitación y la formación de los delincuentes menores por encima del cumplimiento de la pena, de modo que tengan una auténtica oportunidad ser acogidos de nuevo en la sociedad. Pedimos asimismo al Consejo la creación de un centro europeo de niños desaparecidos, como viene solicitando la Sra. Banotti desde hace ya largo tiempo. También debe concederse una protección adecuada y ayuda humanitaria a los refugiados menores de edad procedentes de terceros Estados. En este caso, no deben establecerse diferencias ente refugiados políticos y económicos. Esperamos asimismo que la Comisión agote todas sus posibilidades para luchar contra el turismo sexual y la pornografía infantiles. Tengo noticia de que la Sra. Gradin se está ocupando intensamente de este tema, tal como ya manifestó en la Conferencia de Estocolmo, a la cual yo asistí, y también ante esta Cámara. Las instancias nacionales de los Estados miembros también deben actuar paralelamente contra los delitos de este tipo cometidos contra niños en el extranjero, dotándose de las disposiciones legales adecuadas.
Todas las peticiones de mi informe parten de la constatación de un hecho esencial: los niños destacan, frente a otros grupos de la sociedad que también merecen protección, porque el futuro les pertenece y deben participar a nuestro lado con igualdad de derechos en la construcción de este futuro. Una formación adecuada, al alcance de todos los niños que residan en el territorio de la Unión Europea, independientemente de su origen social y su nacionalidad, deberá capacitarles para ello. La sociedad de mañana pertenece a los niños de hoy y la construiremos respetando la dignidad de los niños y ofreciéndoles la oportunidad de desarrollarse y adquirir una personalidad autónoma. El debate de hoy significa también en primer lugar que todos nosotros debemos asumir la responsabilidad del futuro de los niños y el compromiso de actuar en favor de los niños, de convertirnos en sus defensores y promover de este modo un cambio de mentalidad en la sociedad, que responda a las transformaciones sociales, económicas y políticas y que conceda a los niños una importancia acorde con sus necesidades. Los niños deben poder participar como asociados con igualdad de derechos en este proceso.
Antes de acabar, quisiera citar unas frases que pronunciaron los niños en la Conferencia de Río de Janeiro: »Es nuestro futuro y queremos opinar al respecto. Queremos ser educados de forma que tengamos valor para expresarnos. ¡Queremos solidaridad!»

Casini C.
Señor Presidente, Señorías, es muy significativo que este Parlamento hable de los niños en vísperas de Navidad, fiesta en la que se celebra el misterio de la vida y la infancia, así como que se aborde precisamente en el día en que se celebra el 50º aniversario de la UNICEF.
Reconocer los derechos de los niños, contrariamente a lo que puede pensarse, es un hecho político de primera magnitud. Se ha dicho que el trato que se reserva a los niños manifiesta lo que la sociedad piensa con respecto a todo ser humano. En efectos, cuando justamente se repite que el niño es un sujeto independiente, se quiere decir que el principio de igualdad ha de ser aplicado de forma inflexible en beneficio de los más débiles, los más pequeños y los que son dependientes, así como de quienes no tienen voz ni plena autonomía, ni tampoco capacidad de pensar y de obrar.
Asimismo, cuando se dice que los derechos y los intereses del niño deben prevalecer sobre los de los adultos, intentamos aplicar el principio de solidaridad, en cuya virtud, la sociedad debe ofrecer una fuerza adicional a los más débiles.
Los recientes sucesos de crónica negra muestran la innoble explotación de los niños por parte de los adultos, deseosos de satisfacer a cualquier precio su hambre de placer y de dinero. En consecuencia, es preciso decir un «no» rotundo a toda violencia sobre los niños y un «sí» claro y rotundo a los derechos de los niños, de todos los niños de cualquier raza y color -les recuerdo que el año 1997 será el Año Europeo contra el Racismo- en cualquier condición en que se encuentren y a lo largo de toda su vida.
La moderna figura de la adopción es el instrumento para realizar uno de los primeros derechos del niño, es decir, el derecho a la familia. No lograremos comprender su verdadero significado y, por el contrario, cambiaríamos su sentido y nos remontaríamos al antiguo Derecho romano, si afirmáramos el derecho de los adultos a la adopción y si atribuyéramos un interés prioritario al adulto. Me doy perfectamente cuenta de que el concepto mismo de familia ha quedado obsoleto, aunque debe admitirse que, normalmente, lo mejor para un niño es crecer con el afecto y el cuidado de un padre y una madre, en un contexto de probada estabilidad y serenidad.
Si nos situamos en el lugar del niño, las cosas son sencillas. Como es obvio, existen casos en los que en interés del niño es preferible la adopción -deseo recordar mi calidad de ponente en cuanto al tema específico de la adopción- por parte de una sola persona. Piénsese, por ejemplo, en un niño que, habiendo perdido a sus padres, tiene un abuelo, una abuela y un tío con quien convivir. Piénsese asimismo en la persona que se casa con una mujer, viuda o no viuda, que ya tiene un niño. En este caso la adopción sirve para convertir al hijo de la mujer también en hijo del hombre. Ello no obstante, es evidente la preferencia que debe otorgarse a la familia compuesta por un padre y una madre.
Deseo precisar que otra solución distinta que afirmara el derecho a la adopción del adulto como tal, o de una comunidad diferente de la familiar que acabo de describir, trastocaría la figura de la adopción y mi propio informe y, en consecuencia, me obligaría a apartarme de alguna forma del mismo.
Por otra parte, no existe problema en la práctica, porque la fuerte disminución de la natalidad en nuestros Estados implica que hayan alrededor de diez solicitudes de adopción por cada niño en situación de abandono. Este fenómeno es el motivo de la fuerte difusión en todos nuestros Estados de la adopción internacional, que presenta mayores dificultades tanto para los padres adoptantes como con respecto a la transparencia de los procedimientos, por el riesgo de degeneraciones incluso graves y, lo que más importancia tiene, para el crecimiento normal de los niños afectados. Por otra parte, la adopción internacional es una materia que interesa a la Unión Europea directamente.
En síntesis, el contenido de mi informe sobre la adopción, afirma que la adopción implica ofrecer una familia al menor que carece de ella y que el bienestar del menor debe anteponerse a todo. Pide que el Convenio de La Haya sea ratificado tanto por los Estados miembros como por los demás países; pide la armonización en cuanto a los requisitos de edad para adoptar; pide el mutuo reconocimiento de las adopciones realizadas en los Estados miembros; indica la preferencia por una familia compuesta por un padre y una madre para la adopción; admite la adopción individual sólo cuando lo requiera el interés del menor; considera la adopción internacional como subsidiaria, habida cuenta de que antes que nada hay que permitir al menor seguir conviviendo con su familia y facilitar los medios necesarios a través de la cooperación económica. En el caso de adopción, deben respetarse reglas rigurosas con respecto a la declaración de abandono.
Hay que decir «no» a las formas contractuales de adopción, así como es preciso que la mediación en materia de adopción internacional se lleve a cabo sólo por organismos autorizados. Espero que el voto sea lo más posible unánime, los niños deben unirnos y no separarnos. Por esto, hemos intentando obtener un resultado que pueda ser compartido por la más amplia mayoría. Confío en que las horas que faltan hasta la votación final, nos permitan alcanzar el objetivo de un voto unánime.

Seillier
Señor Presidente, Señorías, el tema de la protección de menores en nuestros países de Europa implica un aspecto jurídico y un aspecto mucho más amplio que traté de desarrollar en mi opinión para la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación.
Como primer punto, la protección jurídica. Me permitiré recordar algo que me parece, a mi juicio, una evidencia, pero que aparentemente no lo es de suficientemente, y es que buscando -con toda razón- medios para proteger jurídicamente a los menores en peligro, se tiende a olvidar un poco a una institución que, en Europa, desde hace siglos, tiene como vocación esencial proteger a los niños: la institución familiar. Por ende, el matrimonio -dejo de lado el matrimonio religioso- el matrimonio civil, en tanto que compromiso entre un hombre y una mujer que no dan solamente la vida física a los niños, sino que se comprometen ante la sociedad, con responsabilidades y con cuentas que rendir, también ante esta sociedad, tienen la obligación de educar los hijos a los que han dado vida.
Me parece que hay allí una institución de protección de los jóvenes que tenemos un poco tendencia a olvidar. Y, Sra. Zimmermann, me refiero a sus palabras, cuando dice, en el excelente punto 6 de su exposición de motivos: »En la gran mayoría de los casos, el ser atendido por sus padres beneficia al propio niño. La estructura de una familia amante es el ámbito óptimo para que el niño se familiarice con sus derechos y sus deberes». Ahora bien, precisamente, esta estructura familiar tradicional está sometida a una fuerte presión. Se observa un aumento constante del número de familias monoparentales, a veces con parejas alternas, que asumen o no asumen el papel de padre o madre. La estructura familiar continúa desintegrándose.
Me parece que ese es un análisis excelente, pero del que sería preciso sacar las conclusiones lógicas. ¿Sómos pesimistas? ¿Vamos a decidir que, lamentablemente, es así, es una situación dada contra la que no podemos hacer nada? No, creo que tenemos respecto a las nuevas generaciones, y especialmente en el momento de la adolescencia, una obligación, que es la de ayudar a adquirir una verdadera cultura jurídica, y a adquirirla en todos los ámbitos -trátese de la manera de ejercer sus responsabilidades de ciudadano, pero también en este acto de ciudadanía primero que es el primer compromiso social de los hombres y las mujeres, es decir la fundación de un hogar.
Hay cierta contradicción, a mi juicio, al asustarse por la desaparición de la cohesión social, a buscar un alto nivel de protección social para los asalariados de las empresas, y luego descuidar lo que constituye, a mi entender, la base de la cohesión social, la cohesión familiar. Que se adapten medidas para la seguridad social, pero que no se descuide por ello la seguridad familiar, ya que la privatización y la precaridad creciente de las condiciones en las que crecen la mayoría de los niños me parece un atentado fundamental a sus derechos esenciales.

Lambrias
Señor Presidente, Señorías, con un considerable retraso estamos cumpliendo con el compromiso que la organización de la sociedad europea tiene con sus miembros más jóvenes y débiles: los niños. Ha sido necesario que la opinión pública internacional se estremezca ante la revelación de terribles crímenes cometidos en un país para que nos preguntemos si se está ofreciendo bastante protección a las personas de tierna edad aún indefensas. Aun así, los eternos debates y llamamientos y la profusión de grandes conferencias celebradas desde el año pasado quedarón reducidas a bellas palabras si no se adoptan determinadas medidas institucionales de inmediato y se impone su aplicación práctica. Sólo así se podrá contener la siniestra y cruel explotación de los menores, que no consiste sólo en la explotación sexual practicada por organizaciones de trata de blancas, sino también en la explotación económica debida a empresarios sin escrupulos y a consumidores indiferentes. Los informes sometidos hoy a debate y elaborados por las comisiones competentes contienen un gran número de propuestas. Tienen la máxima prioridad la fijación de los derechos del menor, es decir, su reconocimiento, en la revisión del Tratado de la Unión, la armonización de las legislaciones nacionales y la colaboración más estrecha de las autoridades judiciales, así como la plena disposición de Europol.
Permítanme que en el limitado tiempo de que dispongo agrege un aspecto que se suele mantener en silencio: la tolerancia del denominado turismo sexual. En relación con esta lucrativa actividad sólo hablamos de las víctimas, de los niños, dejando de lado a los verdugos que mantienen este abominable negocio, los clientes adultos. Creo que existen los medios y son fáciles de reconocer los métodos para desarticular el turismo sexual, que oprobia no tanto a los países lejanos como a los países civilizados de los clientes. Solamente con una concepción sincera de los problemas, podrá Europa contribuir decisivamente a la protección de los menores en una época de internacionalización no sólo de la economía, sino también de los valores de la civilización.

Van Dijk
Los menores de edad siguen siendo niños y niñas, como todos nosotros sabemos, y por desgracia sigue ocurriendo que, tanto en la educación como en la sociedad, en la enseñanza como en cualquier otro lugar, se da un trato diferente a las niñas que a los niños, y desde el primer momento se les inculca a qué sexo pertenecen. Si queremos romper los estereotipos de nuestra sociedad, tendremos que ponernos manos a la obra e intentar cambiarlo.
Aquí he oído demasiada retórica sobre la protección de los menores de edad y la importancia de la familia. He de decir que en la Comisión de Derechos de la Mujer, en los últimos años hemos hablado varias veces del peligro que corren los menores de edad no sólo fuera de la familia, sino también dentro de la familia. Los casos de incesto son a menudo estremecedores, y ahora no quiero considerar si son menos o más estremecedores que el caso Dutroux, al que por lo visto se refería el Sr. Lambrias, pero, sinceramente, la familia no es por definición un lugar seguro para los niños y, si queremos dar igualdad de oportunidades, igualdad de trato a hombres y mujeres en la sociedad, deberíamos aceptar que la familia tradicional no seguirá existiendo y que sin duda puede haber otras formas de convivencia, también entre hombres y mujeres, y no sólo entre personas del mismo sexo, pero otras formas de convivencia que también pueden formar un ambiente muy bueno para la educación de los niños, de niños pequeños y de niños mayores. No hay nada de malo en eso y a mi entender es incluso una condición para dar una oportunidad real a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. La sociedad tendrá que adaptarse a ello y no al revés. No podemos desear el regreso de la familia tradicional porque en ciertos lugares se produzcan demasiados excesos, pues estos también tienen lugar en la familia tradicional.

Reding
Señor Presidente, tengo el honor de presentar las reflexiones y propuestas de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores relativas a los problemas formulados por la adopción internacional. Primeramente, es preciso ponerse de acuerdo sobre un principio fundamental, a saber, que son los niños los que tienen derecho a una familia y no los adultos los que podrían hacer valer el derecho a tener un niño. Toda decisión política debe fundarse en este principio.
El segundo principio que hay que poner de relieve es que es preferible dejar al niño evolucionar en su entorno propio. Sólo ha de preverse una adopción internacional si este principio no puede traducirse en los hechos. También es preciso que las condiciones de esta adopción sean óptimas y que todo tráfico ilícito y toda venta de niños mediante la compra, el consentimiento obtenido por fraude o por coacción y el rapto de niños, se hagan imposibles. La lucha contra estos actos criminales requiere varias medidas, comenzando por la ratificación y la puesta en práctica, por los países europeos y los países terceros de donde provienen los niños con fines de adopción, del Convenio de La Haya sobre la cooperación en materia de adopción internacional.
La segunda medida consiste en prever en las legislaciones nacionales la regla en virtud de la cual toda persona moral, de derecho público o privado, que proporcione niños para la adopción, deberá recibir previamente la autorización del organismo de tutela nacional. Tercera medida: toda adopción plena debe proporcionar la prueba formal de abandono legal del niño que desea adoptarse. Cuarta medida: debe combatirse todo entrada ilegal de niños mediante una colaboración muy estrecha entre las fuerzas del orden y la utilización sistemática de los medios existentes, entre otros el Sistema de Información de Schengen y Europol.
Al luchar contra el tráfico criminal y ayudando a las familias adoptivas a dar al niño amor y protección, haremos de la adopción internacional una formidable acción de solidaridad hacia los niños que carecen de una familia.

Kinnock, Glenys
Señor Presidente, quisiera comenzar refiriéndome a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño e instar a la Unión Europea a que acepte que debe ser algo más que un compromiso sobre el papel por su parte, sino que debe ser, en realidad, la obligación jurídica -que claramente es- de reconocer derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos a nuestros niños. Es la convención internacional más ampliamente ratificada en la Historia e impone obligaciones muy claras e inequívocas con las que debemos cumplir.
Pero, naturalmente, dondequiera que miremos, vemos que en todo el mundo se utiliza, maltrata, explota y posterga a los niños. Hoy el UNICEF publica su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, que aborda el trabajo infantil. Nueve millones de niños en todo el mundo mueren de causas que se podrían eliminar muy fácilmente con soluciones muy baratas que en esta parte del mundo llevamos medio siglo utilizando.
De modo que lo que estamos pidiendo aquí es lo que deberíamos tener, no las buenas intenciones, sino la voluntad política, en realidad, de cumplir con lo prometido a los niños de Europa y del mundo. Debemos transferir recursos a nuestros niños y también transferir nuestro interés a los niños en todas nuestras sociedades, ricas y pobres.
También quisiera referirme al Convenio de La Haya y al caso concreto -en mi circunscripción- de Adam y Nathan, dos niños raptados por su padre, tunecino, ciudadano de un país que no ha ratificado el Convenio de La Haya. Como se me dijo recientemente en respuesta a una pregunta mía, disponemos de pocas opciones en el caso de un país que no haya ratificado el Convenio de La Haya. Ese padre trató a sus hijos como si fueran su propiedad, los engañó y se los llevó para colocarlos en una situación muy desconcertante en un país y una familia que apenas pueden entender.
Quisiera preguntar a la Comisión qué se puede hacer en este caso. ¿Qué presiones puede ejercer en este caso? Túnez es un país que recibe gran cantidad de ayuda de la Unión Europea y la Comisión me dice en su respuesta que ese país debería respetar en este momento las obligaciones que le impone el derecho internacional. Quisiera preguntar a la Comisión si se incluirán dichas obligaciones internacionales, en particular el Convenio de La Haya, en cualesquiera futuras conversaciones con Túnez ¿Y podría la Comisión hacer el favor de decirme qué palabras de aliento puedo dar a una madre que en estas precisas semanas anteriores a Navidad está acongojada y suspira por la vuelta de sus hijos, Adam y Nathan, a casa con ella en el sur de Gales, donde deben estar?

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, Señorías, el informe Zimmermann sobre la protección de menores tiene como objetivo establecer un marco jurídico lo más homogéneo posible. La premisa fundamental del informe, esto es, el propósito de mejorar la protección de menores, merece nuestro pleno apoyo. Sin embargo, un análisis más detenido del mismo revela una serie de puntos que requieren un examen diferenciado. La mejor protección, como ya ha señalado la Sra. Sellier, consiste en que los niños tengan la posibilidad de criarse en el seno de una familia intacta. Ésta es la célula fundamental de nuestra sociedad, una circunstancia que sin embargo no se menciona en ninguno de los puntos de la resolución que propone el informe. Una importante omisión, a mi parecer.
El requisito inicial más adecuado para garantizar la protección efectiva de los menores es y seguirá siendo la familia. En circunstancias normales -ya sé que en la realidad muchas veces no ocurre así-, los intereses de los niños y de las familias suelen coincidir. Por consiguiente, la protección debe tener como primer objetivo la familia misma y deben estudiarse sus intereses. En este contexto topamos, sin embargo, con muchos problemas sociales, con un egoísmo y una despreocupación estructural crecientes. En las grandes ciudades podemos encontrar barrios en los que ya sólo un 10 % de las familias tienen hijos. No es de extrañar, por lo tanto, que cada vez se tengan menos presentes las necesidades de los niños.
Sólo en segundo lugar debe plantearse la protección de menores en términos de derechos. Los derechos de los niños se encuentran formulados ante todo en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Ésta garantiza unas normas jurídicas mínimas y ha logrado una amplia aceptación. 180 Estados de todo el mundo la han suscrito. Una cifra inigualada, según creo, por cualquier otra convención. Dicha Convención ha significado un valioso impulso y constituye un verdadero hito histórico para el ulterior desarrollo de los derechos del niño, si bien se limita a establecer las obligaciones de los Estados sin formular unos auténticos derechos del niño. El presente informe debería constituir una aportación en este último sentido.
Los principales ámbitos problemáticos -tal como ya se ha señalado desde diversas perspectivas y sin duda no es preciso abundar más en ello- aparecen asociados a los problemas que plantean los medios de comunicación, los problemas derivados del aumento de los delitos sexuales, de la pederastia, la violencia, la prostitución, la drogadicción, la pobreza, el trabajo infantil. Debemos defender el derecho de los niños a un desarrollo físico y psíquico sano. Debemos encontrar respuestas para los problemas que acabo de citar. El Consejo de «Justicia e Interior» ha manifestado su voluntad y su compromiso de promover una cooperación más estrecha en el ámbito policial y judicial. Las peticiones de que se cree una nueva dirección general y se constituyan parlamentos infantiles y comisiones especiales, que plantea el informe en este contexto, ciertamente no son negativas. Sin embargo, es preciso preguntarse cuál será su utilidad. ¿No supondrán tal vez sólo un incremento de la burocracia, no puede ocurrir incluso que en parte cumplan sólo una función de coartada tranquilizadora? Es una gran satisfacción para mí poder señalar una aportación concreta, a saber, la acción emprendida por propia iniciativa por nuestra colega de Grupo político, la Sra. Banotti, quien ha contribuido por sus propios medios, sin disponer de instituciones y servicios de apoyo, a la recuperación de niños desaparecidos.
En el informe se señala que es preciso conseguir que los derechos del niño queden consagrados en el Tratado de Maastricht. Nadie se opondrá a que así se haga, pero también en este caso es preciso preguntarse qué se ganará con ello en la práctica. ¿Lo que interesa no es acaso ofrecer una ayuda muy práctica a los niños? Finalmente y no en último término, necesitamos unas normas de adopción equilibradas, como las que ha propuesto el Sr. Casini. Todas las energías y posibilidades son necesarias y debemos agruparlas. Necesitamos un compromiso, necesitamos energía y perseverancia para hacer realidad una protección más adecuada para los niños.

Schaffner
Señor Presidente, los dos ponentes presentaron propuestas interesantes para hacer de la protección del niño una prioridad de las políticas comunitarias, intentando acabar con la ley del silencio, del turismo sexual, etc. Este es un tema que habría debido, a mi juicio, ser acogido por unanimidad por este recinto. Lamentablemente, se comprueba que la política ha hecho irrupción en este ámbito. Algunos se sirven de esta noble causa como de un caballo de Troya para intentar hacer pasar su propia ideología por encima del interés de los niños.
Cómo no darse cuenta que, ante la realidad cotidiana de abusos y desviaciones de toda naturaleza de las que son víctimas los niños y los jóvenes adolescentes, que toda tentativa de proyectar las prácticas sexuales de los adultos en un ámbito tan sensible no es solamente una provocación, sino una verdadera incitación a la corrupción de menores. Espero que nuestro Parlamento tenga un arranque de dignidad, de lo contrario, perderá toda legitimidad para indignarse como lo hizo en septiembre en Bruselas, a consecuencia de la terrible actualidad de este verano.
El voto de mi Grupo sobre estos textos dependerá de las enmiendas que sean aprobadas. No obstante, no puedo sino felicitarme por la decisión del último Consejo «Justicia», que anticipaba el deseo de un determinado número de nosotros adoptando una acción común para reforzar la lucha contra la trata de los seres humanos y la explotación sexual de los menores y ampliando el mandato de la Unidad Droga de Europol a los hechos de pederastia.
La infancia es frágil, la infancia es por esencia fugitiva. Schiller decía: »Aprended a respetar siempre los sueños de los niños». ¿Cómo un Parlamento que quiere ser responsable podría imaginar defender el interés de los ciudadanos del que es representante adoptando algunas de las enmiendas a estos textos? ¿Cómo cada uno de nosotros podría tratar de justificar tales propuestas ante la opinión pública de su país, ante los electores de su circunscripción? ¿Cómo seguir mirando los niños a los ojos para descubrir en ellos sus sueños?

Thors
Señor Presidente, distinguidos diputados, son unas cuestiones verdaderamente apremiantes las que trata el informe, y creo que gozan del apoyo de la gran mayoría. Sin embargo, se abordan muchos temas que no entran dentro de las competencias de la Unión, sino que son de los Estados miembros. No son estos, por tanto, aspectos de los que el Parlamento deba ocuparse.
Con palabras solemnes invocamos el principio de subsidiariedad, su fortalecimiento y su respeto. Pero si aprobamos todas la enmiendas y propuestas sin modificación, no estamos haciendo lo que decimos. Es por eso que mi grupo no respaldará las enmiendas presentadas, aunque pensamos que el informe tiene una gran calidad en líneas generales. Además de actuar de acuerdo con nuestros principios, también me pregunto: ¿Qué pensarían los ciudadanos europeos sobre nuetras propuestas si entráramos en tantas cuestiones relacionadas con las diversas culturas, por ejemplo, sobre cúal es la edad idónea para poder adoptar, o sobre cuál es nuestra opinión sobre el derecho a adoptar de homosexuales y personas que viven solas? No creo que las recomendaciones sobre este ámbito respeten la diversidad cultural que es también central para Europa.
Además, creo que hay una serie de propuestas que pueden esconder lo que son en realidad cuestiones vitales, que proveemos a la Unión de instrumentos para combatir los terribles crímenes que se cometen, y que hacemos uso de los instrumentos que ya tenemos para luchar precisamenete contra los crímenes que muchas de sus Señorías han mencionado. Necesitamos una cooperación policial reforzada dentro de la Unión para desenmascarar las redes de tráfico de niños para su explotación sexual, adopción o venta de sus órganos para operaciones de transplante.
Me satisface que el Consejo de Ministros haya aprobado las primeras medidas para que juntos pongamos fin a estos fenómenos. La situación exige que tengamos unas normas para toda Europa, y esperamos que los países solicitantes de adhesión las respeten, además, cabe exigir en el marco de los programas Tacis y Phare que se respete la cooperación en el sector social y el de los derechos de la infancia.

Sierra González
Señor Presidente, me voy a referir particularmente al informe sobre la adopción internacional. Lo primero que hay que decir sobre el informe del Sr. Casini, cuya sensibilidad sobre estas cuestiones ha quedado sobradamente acreditada, es que es muy oportuno. Se formula cuando el tráfico de menores y el uso de éstos para fines ilícitos hacen peligrar la figura de la adopción internacional.
Lo segundo es que instrumenta garantías imprescindibles para prevenir la utilización del menor con fines delictivos. Al mismo tiempo resalta -coherente con el espíritu tuitivo que lo inspira- el valor social de otras formas jurídicas para paliar el abandono de menores, tales como la acogida temporal y la tutela.
Pero siendo un informe presidido por una exquisita cautela jurídica, echo en falta que no se haya tomado una cautela más, que a mi juicio sería precisa, como exigir que los organismos internacionales velen por que los niños sean adoptados, preferentemente, por familias de su entorno geográfico y cultural. También echo en falta que no se pronuncie sobre una cuestión de notables repercusiones sociales, a saber, la discriminación que sufren los homosexuales a la hora de la adopción. Creo que es una cuestión que merece especial atención en una sociedad libre y tolerante como pretende ser la nuestra.
Por último, quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a la Sra. Zimmermann por su informe, cuyo espíritu abierto no ha sido incompatible con la prudencia.

Ullmann
Señor Presidente, Señorías, todos sabemos que el paso más decisivo en favor de la protección de menores sería la aplicación sin restricciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU de 1989. Ambos informes se remiten justificadamente a la misma. No obstante, por otra parte también conocemos las reservas que existen contra dicha Convención, reservas condicionadas por el individualismo y el egoísmo individuales, colectivos y estatales incluso, también en mi propio país. Incluso el Convenio europeo sobre los derechos del niño aprobado este año se sitúa por debajo de los criterios establecidos en la Convención de la ONU. Todavía queda muchísimo por hacer. Por consiguiente, yo me congratulo de que ambos informes contengan propuestas sobre lo que ya es posible empezar a hacer.
Desde esta perspectiva, existen sin embargo, a mi parecer, dos criterios particularmente importantes para orientar esta labor. Uno es que se excluya cualquier discriminación contra las unidades de convivencia de nuevo tipo, entre las cuales figuran también las parejas homosexuales, como la que se propone en el punto 2 del informe Casini. Para mi Grupo político es igualmente importante que se utilice un lenguaje libre de ambigüedades y que no se hable del derecho a la vida, cuando de lo que se trata es de la inviolabilidad de la dignidad humana de las personas vivas.
El caso de los niños nos revela el paso que aún nos falta dar en nuestra concepción de los derechos humanos, esto es, su desarrollo desde el concepto de la persona autónoma y, por lo tanto, también egoísta a la noción de reciprocidad de las relaciones entre las personas.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, en esta jornada dedicada a los derechos humanos, me parece positivo que se asocie al derecho del niño. Se trata de un ámbito en el que la Unión Europea se ha mostrado tímida durante mucho tiempo. Es verdad que en la materia, el fundamento jurídico era frágil. Sin embargo, los niños europeos son nacionales como los demás y debemos preocuparnos por su bienestar, su dignidad, su porvenir.
Por ello me alegro de que este Parlamento Europeo haya tomado la iniciativa de estos dos informes, y quisiera felicitar expresivamente a la Sra. Zimmermann y al Sr. Casini por la calidad de sus trabajos. La primera necesidad es armonizar las legislaciones y hacer aplicar los convenios internacionales. Ciertamente, hay tal abundancia de convenios que es preciso encontrar un marco jurídico común que permita elaborar, en el seno de la Unión Europea, una protección universal y dinámica de los derechos del niño. A este respecto, la Convención de las Naciones Unidas me parece una buena referencia. En todo caso, es necesario prever en los Tratados esta voluntad de defensa de los derechos del niño.
No obstante, no progresaremos de manera significativa a este respecto si la Unión Europea no refuerza sus competencias en materia de educación, de sanidad, de política familiar. Ya que más allá de los problemas de maltrato, de explotación económica o sexual, tenemos la obligación de reafirmar el derecho a la educación, una educación que permita alcanzar su pleno desarrollo y permita una verdadera lucha contra las desigualdades y el fracaso escolar.
Por lo demás, debemos promover una política familiar abierta, que tome en cuenta la evolución de la familia hoy, y una política social coherente y voluntarista para luchar eficazmente contra la pobreza y la exclusión, cuyos estragos conocemos entre los jóvenes.
Por último, más allá de los remedios propuestos, creo que sería positivo que nuestras sociedades acepten reflexionar sobre el estatuto que reservan a sus niños. Lo más a menudo son considerados como objeto de codicia, o un blanco comercial más que como los ciudadanos en devenir, a los que será urgente transmitir los valores que son los nuestros.

Stirbois
Señor Presidente, ya es sobradamente tiempo de tomar en consideración al niño en tanto que sujeto de derecho.
La sociedad parece tomar consciencia de la existencia, en diferentes países de la propia Unión Europea, de los malos tratos a los niños, de las redes de pederastia o incluso de la pornografía infantil. Tiene la intención de tomar diferentes medidas -como en este informe, en los apartados 7, 8, 9 y 10- de gran interés para proteger a los niños, y me felicito por ello.
No obstante, no hay que equivocarse de debate. Se trata de defender los derechos legítimos del niño y de protegerlo, y no de predicar los principios cuya vocación no es en realidad sino la puesta en tela de juicio, por algunos, de nuestras sociedades supuestamente moral y sexualmente arcaicas -dicen siempre los mismosporque no son bastante liberales y permisivas en materia de sexualidad.
En efecto, el informe, en ciertos apartados, U y V entre otros, denuncia la falta de información y debates respecto a la sexualidad. Debo decir que estoy sorprendida. Pienso que la Sra. Zimmermann no ve nunca la televisión, no lee jamás los diarios ni tampoco va a las escuelas, ya que se habla de ello con toda libertad.
El informe es favorable a la defensa de la preferencia sexual y de la libertad de desarrollarse plenamente, de la supresión de toda diferencia del estatuto jurídico entre los niños nacidos fuera del matrimonio y los niños nacidos dentro del matrimonio, o incluso está a favor de la libre circulación de los hijos de nacionales de Estados terceros, lo que es sumamente peligroso, ya que ello permitirá a familias enteras venir a instalarse en el país.
Debo decir que, también a ese respecto, estoy sorprendida. La aparente disolución del concepto mismo de la familia, en este informe, es totalmente sorprendente. Cuando el desarrollo pleno y la protección del niño -todo el mundo lo reconoce- parecen ser los objetivos confesados de este informe, deja totalmente a un lado, incluso suprime, el marco familiar, que es el marco privilegiado para la inserción y el desarrollo de los niños. Cómo, entonces, querer proteger a los niños, cuando se trata de destruir su entorno natural y sus puntos de referencia afectivos.
Esta deriva, totalmente libertaria, vuelve a encontrarse en el informe, Sr. Casini, relativo a la adopción de menores. En efecto, prevé pedir a los Estados miembros abolir las discriminaciones de las que son víctimas los homosexuales en el plano legal en el ámbito de la adopción. Es totalmente paradójico y de ninguna manera coherente.
¿Es esa una manera de defender la célula familiar en el sentido tradicional del término, es decir una madre, un padre y los hijos? Ciertamente no. ¿Es también un medio de proteger al niño contra todos los defectos de la sociedad despojándolo de toda oportunidad de aprovechar un medio familiar sano, en el que puede alcanzar su pleno desarrollo? Ciertamente no.
Por ende, nosotros nos pronunciamos en contra de este informe, y me parece muy peligroso, señor Presidente, que la voluntad persistente de la Comunidad sea siempre la de regirlo todo, de reglamentarlo todo. Con ello se corre el riesgo de acabar, mañana, con la destrucción de los valores morales que son los valores que fundan nuestras sociedades.

Malone
Señor Presidente, este Parlamento hace mucho que reconoció su deber de tener en cuenta la protección de los niños en el marco de su labor. La presentación de los informes de hoy demuestra una vez más nuestro compromiso, ya antiguo, con los jóvenes. Quisiera unirme a quienes ya han felicitado a los ponentes por su dedicación y su labor. De hecho, quisiera decir al Sr. Zimmermann que ha sido muy interesante esta mañana la reunión con el grupo de Focus on Children y participar en su presentación.
El debate es oportuno, porque no sólo es el 50º aniversario del UNICEF, sino que, además, coincide con el debate que hemos celebrado aquí esta mañana sobre el nuevo Tratado revisado, presentado por la Presidencia irlandesa. Como saben Sus Señorías, los ponentes comenzaron su labor mucho antes de que se conocieran los horrores de ese caso Dutroux. Asimismo, la Presidencia irlandesa, desde el principio mismo, vio la necesidad de conceder prioridad a la lucha contra la delincuencia organizada y la trata de personas. A ese respecto me complace mucho ver la referencia expresada en el artículo K.1 del proyecto de Tratado a la acción común entre los Estados miembros para luchar contra la trata de personas y los delitos contra los niños.
Sin embargo, junto con la mayoría de diputados a esta Asamblea, espero que el resultado de la CIG sea una competencia compartida en ese sector entre el Parlamento y el Consejo correspondiente al pilar de la Comunidad y la inclusión de una disposición concreta en el Tratado que verse expresamente sobre los derechos de los niños.
Ahora resulta claro que muchos Estados miembros no cumplen con sus obligaciones internacionales ni con los instrumentos europeos de protección de los niños. Me inquietó escuchar el testimonio de los expertos que hablaron en una reciente audiencia pública del Parlamento sobre los derechos de los niños. Señalaron el triste hecho de que muchos Estados miembros no hayan transpuesto en su legislación nacional mandatos tales como los instrumentos internacionales con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a la que se han hecho muchas referencias hoy aquí.
En resumen, si bien los niños tienen, en teoría, amplios derechos nacionales e internacionales, el ejercicio de dichos derechos resulta inútil a menudo a consecuencia de las deficiencias de la legislación y los procedimientos nacionales. Así, pues, estoy convencida de la necesidad de un planteamiento doble: es necesaria la acción en el nivel comunitario en los casos en que sea apropiada, pero la reglamentación suplementaria -ya sea supranacional o en cualquier otro nivel- no significa protección suplementaria en la práctica. Lo que necesitamos es que, como parlamentarios, tengamos la voluntad política de aportar las mejoras necesarias a las legislaciones nacionales.
Lamento haberme extendido tanto, pero se trata de un asunto muy importante y delicado. Tan sólo quisiera añadir lo siguiente: en el debate hay un predominio de mujeres. Lamento que así sea.

Banotti
Señor Presidente, varios colegas se han referido al éxito del reciente Consejo de Ministros de Justicia y a los avances logrados respecto de las cuestiones que estamos debatiendo hoy aquí. Quisiera unirme a todos en los elogios a los ponentes.
La razón por la que se han logrado esos avances es la de que ahora, en particular a raíz de los acontecimientos habidos en agosto en Bélgica, por fin existe claramente una voluntad política de hacer algo para mejorar los derechos de los niños dentro de la Comunidad. Yo opino, junto con muchos otros colegas, que sólo cuando exista una referencia específica a este asunto en el Tratado podremos empezar a lograr avances reales. En el protocolo del Tratado de Maastricht reconocemos los derechos de los animales y, si podemos hacer eso, no cabe duda de que podemos hacer algo por los niños de nuestra comunidad. No pretendo menoscabar la importancia de dicho protocolo, sino simplemente decir que un grupo de presión bien organizado y bien financiado puede conseguir mucho. Por desgracia, no se han destinado los mismos recursos a la cuestión de la salvaguardia de los derechos de nuestros niños.
Quisiera referirme a un par de aspectos del informe de la Sra. Zimmermann. Pide que una DG se ocupe de los derechos de los niños. Me parece que eso es probablemente demasiado ambicioso. Indudablemente, necesitamos una unidad especializada que los diputados utilicen como recurso, que sea el elemento correspondiente en la estructura del Parlamento, una unidad a la que podamos recurrir en busca de asesoramiento y ayuda y en la que recoger también información sobre los derechos de los niños o tal vez la ausencia de ellos, según los casos.
La adopción es una cuestión muy delicada en todos nuestros países y en algunos de ellos tiene consecuencias constitucionales muy claras. De modo que, al tiempo que acogemos con beneplácito el informe del Sr. Casini, hemos de reconocer que en algunos países hay problemas constitucionales específicos en relación con algunas de las observaciones que ha hecho. También quisiera decir que hemos de empezar a aceptar los numerosos convenios existentes y aplicarlos. Existe el Convenio de La Haya, en el que yo trabajé, y, naturalmente, la Convención de las Naciones Unidas. Están ahí, pero hasta ahora no hemos tenido la voluntad política para aplicarlos y quisiera que Sus Señorías reconozcan la necesidad de que lo hagamos ahora.

André-Leonard
Señor Presidente, los dos informes que hoy nos ocupan tienen un punto en común: dar prioridad a los intereses del niño. Añadiría incluso que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial.
Los informes Casini y Zimmermann tienen el mérito de existir y de poner de relieve las problemáticas de la adopción, de la protección de los derechos de los menores y de los derechos legítimos del niño. Después de los acontecimientos que sacudieron Bélgica, mi país, el Parlamento Europeo ha asumido sus responsabilidades. El Consejo y la Comisión por fin han establecido los primeros actos concretos destinados a conseguir una mayor protección del niño. Debemos estar a la altura de nuestras ambiciones y de las expectativas de nuestros ciudadanos y hacer hincapié en el carácter prioritario que el Consejo y la Comisión deben conferir a la lucha contra el turismo sexual.
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra la trata de los seres humanos y más especialmente la de los niños, compete de ahora en adelante no solamente a los Estados sino también a la Unión Europea. Sólo una cooperación reforzada podría poner un alto al escándalo de la infancia violada o explotada. Hace apenas unos días, la policía romana detuvo a un camboyano provisto de papeles falsos y acompañado de cuatro niños. Pero, cuántos otros traficantes de niños, señor Presidente, circulan con toda libertad. Trátese del arresto de un eslabón de la red internacional de pederastia o de la red de adopción ilegal o, aún peor, de un tráfico de órganos, la actualidad nos demuestra que la Unión Europea debe involucrarse más que nunca en esta materia. Europol debería sin duda alguna ayudarnos a desmantelar estas redes que gangrenan sin escrúpulos el porvenir de nuestras sociedades.

Angelilli
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar al Sr. Casini por su informe sobre la mejora de la legislación en materia de adopción. En particular, porque reitera de forma eficaz el principio en virtud del cual la adopción debe contemplarse en última instancia como una forma importante de protección de la infancia más desfavorecida y, por consiguiente, como derecho de todo menor de tener una familia, más que un sistema para dar únicamente un hijo a quien no lo tiene.
En el ámbito de esta orientación, dirigida en su conjunto al bienestar de los niños, se aprecia asimismo la claridad en cuanto a identificar en la familia tradicional el ambiente ideal para el menor adoptado y el único capaz de ofrecerle las condiciones más naturales y preferibles para su crecimiento equilibrado y su educación. No cabe duda de que, incluso en una familia tradicional, pueden suceder episodios desagradables, por ejemplo, casos de incesto y de malos tratos, sin embargo, al igual que sucede en otras situaciones, se trata de una excepción que debe perseguirse penalmente, y no de una regla. Por el contrario, la adopción del niño en el ámbito de los modelos familiares alternativos -familias de hecho y, en particular, parejas homosexuales- independientemente de cualquier evaluación, no protege en absoluto al menor, sino que representa sólo la egoísta afirmación del interés de dos adultos y esto nada tiene que ver con la tolerancia y la igualdad.
Es distinto, a mi entender, el caso de la adopción por parte de una persona sola. En efecto, si existen las condiciones morales, económicas y sociales a las que se ha referido el ponente, es preferible la adopción por parte de una persona sola, más que el abandono del menor o su acogida en un centro.
Sin embargo, para hacer más funcional y efectiva la adopción al servicio de los menores, es preciso, ante todo, que los procedimientos legislativos sean más transparentes y ágiles tanto para evitar dificultades excesivas y retrasos burocráticos en los Estados miembros, como para reglamentar el sistema de las adopciones internacionales que, en algunos casos, esconde tras de sí el tráfico de menores propiamente dicho. Tal como contempla el informe, sería sumamente oportuno y urgente crear dentro de cada Estado miembro, con arreglo a lo previsto en el Convenio de La Haya, un organismo de coordinación de las adopciones a nivel nacional, a fin de favorecer, ante todo, la circulación de los niños a nivel europeo y para desalentar cualquier forma de tráfico ilegal de menores, destinado a menudo no sólo a las adopciones, sino más tristemente al turismo sexual y a otras formas de explotación de los menores.

Harrison
Señor Presidente, Europa abandona a los niños, abandonamos a los niños. No quiero decir con eso que otros ciudadanos y familias europeos abandonen a los 120 millones de niños de Europa - aunque también-, ya se hable de rapto de niños, prostitución infantil o pobreza, que afecta con mayor virulencia a los niños que no comen lo suficiente. En ningún momento del año se siente con mayor intensidad que en Navidad. La de exclusión es una palabra que la mayoría de los niños no conocen, simplemente la experimentan y la sienten: exclusión de familia, amigos, atención sanitaria y educación y los medios para criarse decentemente y llevar vías productivas. ¡No! Quiero decir que nosotros hemos abandonado a los niños. Nosotros -los políticos europeos-, con nuestra negligencia, hemos abandonado a los niños. Pese a nuestras exclamaciones de «Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo», no hemos aportado un pesebre caliente para recibir a los niños excluidos de Europa.
Permítaseme citar dos ejemplos de ello. En primer lugar, en los Tratados no se menciona a los niños; tampoco en el proyecto irlandés de revisión para la CIG proponemos la concesión a los niños de su estatuto idóneo. Son refugiados en su propio país: se los ve, pero no se los oye. Ya es hora de que acabemos con la ambigüedad de la ciudadanía y confirmemos su condición plena de ciudadanos en la CIG.
En segundo lugar, el Mercado Único europeo. Todos votamos a favor de su rápida realización... y con toda razón, además. Un mercado único productivo del siglo XXI será la herencia de nuestros hijos, sus puestos de trabajo y prosperidad. Pero, al hacer ese mercado, al afianzar sus cimientos, no debemos olvidar a los niños. Un solo ejemplo: la libre circulación de los trabajadores -piedra angular del mercado- significa también la libre circulación de las familias, con los consiguientes problemas de adaptación a una nueva sociedad para los niños. La libre circulación de los trabajadores significa también la libre circulación de los pedófilos a través de las fronteras estatales.
Ha llegado la hora de actuar, de conceder a los niños el estatuto en la CIG y protegerlos en la mayor empresa de Europa: el Mercado Único. Hay que apoyar el informe Zimmermann.

Colombo Svevo
Señor Presidente, una persona prácticamente ignorada por la prensa, porque trataba una cuestión que no está de moda, como la de los valores, invitaba a los representantes de las principales religiones y a los hombres pertenecientes al mundo de la cultura a debatir acerca de una cuestión simple: ¿en la actualidad, qué valor tiene el niño en las religiones y la cultura? ¿Representa un valor fundamental o sigue siendo un valor instrumental? Ciertamente, el debate dependía del tema de la conferencia, siendo fácil identificar en la explotación sexual de los niños una instrumentalización y siendo asimismo fácil considerar al niño como un instrumento del adulto en la prostitución infantil. También es fácil, a pesar de que ya no es obvio, identificar esta instrumentalización del valor del niño en los casos de pederastia. No todos tenemos la misma legislación. Todavía menos obvia es la instrumentalización del niño en la pornografía, habida cuenta de que algunos consideran que la misma se limita a la explotación del niño y no a la posesión del material, mediante una diferenciación muy discutible, al ser en el fondo la posesión una forma de responsabilidad compartida en un tipo de delito consumado.
A pesar de la solemne declaración del reconocimiento de sus derechos, a veces el niño se contempla, incluso en la mentalidad normal, desde un punto de vista muy distinto y como algo que debe utilizarse, un recurso para los padres, la publicidad, el mercado laboral y la criminalidad organizada. En consecuencia, se pierde la idea del niño entendido como valor por sí mismo. El niño se mide con relación al deseo y las necesidades de los demás y las simples expectativas de los adultos se convierten incluso en derechos más importantes que el derecho del niño.
Considero que la adopción es la prueba para demostrar cuán importante es el derecho del niño.
Los requisitos y las normas que el informe del Sr. Casini pide están orientados a este fin, sin embargo, se contradicen sólo en el apartado en el que se invoca un derecho a la adopción. No existe, de hecho, un derecho a la adopción. Existe, mejor dicho puede existir quizás, una disponibilidad. Si se parte únicamente del derecho de las personas y no del derecho del niño, serán cada vez menos rigurosos los requisitos legislativos que se exigen en la actualidad, unos requisitos que imponen a los padres una mayor capacidad de afecto y estabilidad. Pido a los dos ponentes que han llevado a cabo un buen trabajo con respecto a este tema, que se pongan de acuerdo entre sí.

Féret
Señor Presidente, en el curso de casi treinta años de práctica médica, he tenido muchas veces la ocasión de encargarme de la salud y el seguimiento psicológico de niños adoptados desde su más tierna infancia, hasta la edad adulta. Una observación constante en esos niños es que a partir de la adolescencia se manifiestan problemas de orden psíquico, con grados variables según la capacidad de acogida de las familias adoptivas, pero siempre en relación con las diferencias culturales profundas cuando se trata de niños procedentes de países lejanos.
El desgarramiento entre dos civilizaciones que viven esos niños, ya sean coreanos, srilankeses o zaireños es real, incluso si no tienen de su país de origen sino una visión imaginaria. Es importante, a mi juicio, que nuestro Parlamento incite a los países de la Unión, pero también a los demás países europeos, a facilitar la adopción de sus nacionales y hagan que cese el comercio de los niños, practicado por un número creciente de países del Tercer Mundo.

Ford
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Libertades Civiles y de Asuntos Interiores, acojo con beneplácito el informe de la Sra. Zimmermann sobre las medidas de protección de los menores en la UE. Está claro que la sociedad europea no ha reconocido hasta hace muy poco la verdadera amplitud, las ocho novenas partes ocultas, del iceberg del abuso sexual, como lo han revelado los acontecimientos trágicamente descubiertos en el Reino Unido y en Bélgica. Hay maltrato de niños. Todos lo sabemos. También hay maltrato organizado de niños. Los pedófilos actúan allende las fronteras nacionales de los Estados. Por eso tenemos que utilizar todos los medios posibles para luchar contra sus actividades.
Acojo con beneplácito las propuestas que figuran en el informe encaminada a fortalecer las legislaciones contra la explotación sexual, a luchar contra la proliferación del sexo, pero hemos de hacer algo más. Tenemos que utilizar los medios de que disponemos, organizaciones como Europol, para mantener registros de quienes hayan sido condenados por pedofilia y poner esa información a disposición de todos los Estados. Tenemos que utilizar la tecnología de que disponemos para luchar contra la pornografía infantil: por ejemplo, en Internet y en otros sitios.
También acojo con beneplácito el párrafo 32 del informe, que pide a los Estados miembros que eliminen todas las diferencias entre la situación jurídica de los niños nacidos de parejas solteras y las nacidos de parejas casadas. Acojo con beneplácito el párrafo 36, que pide la libre circulación de los niños cuya nacionalidad no corresponda a ninguno de los Estados miembros. Todos conocemos ejemplos de niños de terceros países en visitas escolares a los que no se permite cruzar las fronteras de los Estados miembros, situación absolutamente ridícula.
Por último, quisiera decir lo mucho que me ha impresionado que la Sra. Stirbois haya sido capaz de exhibir el dogma racista de su partido incluso a propósito de un informe sobre los niños. Sus horribles e intolerantes observaciones racistas sobre la adopción van a recibir una paliza.

Ahlqvist
Señor Presidente, hoy celebra UNICEF su cincuenta aniversario, y la Sra. Zimmermann ha presentado su informe sobre las acciones a realizar para la protección de los menores. Mi enhorabuena a ambos. No obstante, es importante que no nos limitemos a debatir y poner de relieve hoy la situación de la infancia, sino que lo hagamos todos los días del año.
Hay especialmente un sector en el que voy a centrarme, y que afecta a la educación y el cuidado de los niños. La infancia tiene derecho a relacionarse con unos representantes femeninos y masculinos válidos en su vida diaria. Por tanto, los escándalos sexuales que se han producido recientemente, y que todos condenamos, no deben impedir que los hombres trabajen en empleos que supongan un contacto con la infancia. En la actualidad, son a menudo las mujeres las que tienen el derecho y la obligación de hacerlo. Por ello, cabe recomendar a los hombres europeos que se involucren en mayor medida en el cuidado y la educación de la infancia. Nuestros hijos deben experimentar un desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral y social que se vea influido por personas del sexo femenino y masculino.
En lo concerniente a los derechos de la infancia es importante decir que, cuando exigimos el respeto de los derechos humanos en nuestros acuerdos comerciales, se da por descontado que se incluye a la población menor de edad. Si este no es el caso, deberíamos inscribir en el nuevo Tratado las cosas que muchos oradores han mencionado y señalado hoy. El Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño debe formar parte del marco de refencia democrático.

Todini
Señor Presidente, ante todo, deseo felicitar al Sr. Casini y decir que estoy plenamente de acuerdo con lo manifestado en su informe, en particular, por lo que respecta al hecho de que la adopción debe tener como finalidad dar una familia al menor que no la tiene. Me es grato constatar que a lo largo del debate de esta tarde, todo el mundo se ha mostrado de acuerdo con este principio y confío en que, después y en la práctica, en cada uno de los Estados miembros dicho principio se persiga realmente.
De aquí se deriva toda una serie de consideraciones sobre la adopción por parte de las personas solas. Una vez más, nuestra atención debe centrarse fundamentalmente en el bienestar del niño, teniendo también en cuenta la cultura de origen de los menores adoptados y la cultura de la familia de acogida.
El bienestar del niño, asimismo, puede lograrse a través del llamado método de adopción «a distancia» que se está practicando en muchos de nuestros países y permite hacer frente a los problemas más graves de los menores, sobre todo en los países más pobres, sin desarraigarlos de su entorno social y cultural de origen.
Con referencia al informe de la Sra. Zimmermann, deseo hacer hincapié en algunas de las enmiendas que presentó nuestro Grupo de Unión por Europa. En primer lugar, una enmienda oral que vamos a plantear mañana mismo y que se refiere al apartado 4, en el que se insta a los Estados miembros a que, al modificar el Tratado, incluyan un apartado relativo a los niños que constituyen una grupo de personas independiente y se pide a la Unión Europea que, en el ínterin, convierta los derechos del niño en un principio fundamental de su actuación.
Asimismo, deseo llamar la atención con respecto a una enmienda, incluida en el apartado 24 del informe de la Sra. Zimmermann, en cuya virtud se pide a los Estados miembros que actúen en favor de una colaboración más estrecha entre las autoridades judiciales, los servicios policiales, los servicios de asistencia social y las organizaciones no gubernamentales, incluso mediante la creación de específicos bancos de datos relativos a las personas consideradas culpables de actos de pederastia, a fin de garantizar la posibilidad de que en los plazos más cortos posibles todos los Estados miembros puedan conocer quiénes son culpables de actos de pederastia y, en consecuencia, puedan llevar a cabo el seguimiento de estas personas.
La Sra. Zimmermann se ha referido a la hipótesis de un teléfono gratuito a escala europea. Deseo reiterar que en Italia, tal como apuntó la Sra. Zimmermann, el «teléfono azul» lleva funcionando desde hace diez años y en 1997 se celebrará el 10º aniversario de su actividad. Se trata de una experiencia extremadamente positiva que, no cabe duda, debe someterse a la atención de todos los Estados miembros, a fin de garantizar la posibilidad de un sistema de telefonía común para todos los países de la Unión.

Van Dijk
Señor Presidente, ¿es cierto que la Sra. Todini ha hablado en nombre de la Comisión de Cultura, pues lo he visto en la pantalla, y de ser así, ¿es cierto que ha defendido al mismo tiempo las enmiendas de su Grupo? Quisiera formular una segunda pregunta: la Sra. Todini tiene fama en este Parlamento de llegar a la conclusión de que todo el mundo está de acuerdo con ella. Ahora ha sacado la conclusión de que todo el mundo está de acuerdo con ella en que la adopción sólo es posible en las familias tradicionales. En tal caso, o se ha perdido parte del debate, o no ha escuchado, pues he oído decir varias veces que la adopción tendría que poder tener lugar en formas menos tradicionales de convivencia. Por consiguiente, que la Sra. Todini no saque conclusiones tan precipitadas.

El Presidente
Sra. van Dijk, la Sra. Todini ha hablado en su función de ponente para opinión de la Comisión de Juventud. Examinar lo que la ponente ha dicho corresponde a la Comisión de Juventud.

Gradin
Señor Presidente, los dos informes que debatimos tratan de los derechos del niño, de su derecho a ser niño, a crecer y desarrollarse en una situación estable, y a su derecho a tener una familia. Son muchos los que actualmente crecen bajo unas condiciones de inseguridad, y se ven explotados con fines lucrativos. Pienso en los niños refugiados, los que viven en la calle, y los que se ven explotados sexualmente u obligados a trabajar larga y fatigosamente. Pienso en todos los niños abandonados que carecen de la seguridad más fundamental. En mi opinión, es evidente que la infancia debería estar en el centro de todas las decisiones políticas. El niño de hoy es el adulto del mañana. Crecer en una situación estable debe ser el derecho de cualquier niño.
El informe de la Sra. Zimmermann sobre la protección de la infancia destaca merecidamente la importancia de que se vele por los derechos del niño. La pobreza y el paro contribuyen a la inestabilidad, y aumentan el riesgo de que el niño se vea expuesto a dificultades. Debemos enfrentarnos a estos fenómenos con todos los medios a nuestro alcance. Se trata de combatir la pobreza y de adoptar unas acciones generadoras de empleo, pero se trata además de poner de relieve los derechos del niño en los aspectos cotidianos de la política. Se necesitan medidas preventivas, de protección y rehabilitación de niños maltratados, pero se necesitan además unas medidas eficaces para combatir la explotación de la infancia en todas sus modalidades existentes a través de unos recursos jurídicos.
La UE tiene naturalmente un importante papel que jugar en este sentido. Esto se ha demostrado más claramente que nunca en los últimos meses, con la lucha contra la explotación sexual de la infancia. En el memorándum que presenté el 27 de septiembre, daba cuenta de las medidas y las iniciativas que están en marcha, y de las que están en preparación dentro de la Unión Europea. El documento se adoptó como punto de partida para el programa de acción sobre el que se adoptó una decisión, con motivo de la Conferencia mundial contra la explotación sexual de la infancia celebrada en agosto de este año en Estocolmo. Desde entonces, la Comisión ha presentado diversas propuestas: En primer lugar, un comunicado sobre la utilización delictiva de Internet. Contiene entre otras cosas propuestas de medidas para contrarrestar la utilización de Internet con el fin de establecer redes de pedófilos, o para la distribución de pornografía infantil. En segundo lugar, un Libro Verde sobre la protección de la integridad del individuo y de los menores en todo el sector audiovisual. Ha ocupado un lugar preferente la lucha contra la explotación sexual de menores y contra la pornografía infantil. En tercer lugar, un comunicado sobre medidas para combatir el fenómeno del turismo sexual que explota a la infancia. La Comisión adoptará una iniciativa consistente en una campaña de información a nivel de la UE, precisamente para combatir el turismo sexual que afecta a los menores.
Señor Presidente, también han sido notables los progresos realizados dentro del ámbito jurídico. El Consejo de Ministros adoptó, con motivo de su reunión de 29 de noviembre, una resolución sobre la ilegalidad de la explotación de la infancia en todas sus modalidades, desde el tráfico de niños hasta la tenencia de material pornográfico infantil. Además, los países miembros acordaron aplicar extraterritorialmente las normas y leyes que prohiben la explotación sexual infantil. Esto es central también en la lucha contra el turismo sexual.
El Consejo ha decidido también ampliar el mandato de la Agencia Europea contra la Droga, de modo que no se limite exclusivamente a la inmigración ilegal, e incluya también todo tipo de tráfico de personas. La EDU establecerá asimismo un registro de expertos de los países miembros con objeto de combatir el crimen internacional. Este registro comprenderá también a los expertos en el campo de la lucha contra la explotación sexual de la infancia. El Consejo ha adoptado además un programa de acción especial para apoyar unos proyectos concretos de cooperación en la lucha contra el tráfico de personas y contra la explotación infantil. A través de un programa que llamamos Stop, se concederán ayudas a proyectos de investigación, educación y celebración de seminarios.
El informe de la distinguida diputada Zimmermann aborda otra serie de aspectos.
Es de destacar especialmente la situación expuesta en que se hallan a menudo los niños procedentes de lugares fuera de la Unión. Les falta el círculo de amigos de su edad que tenían en su país de origen, y comparto la opinión del informe de que podemos hacer mucho para paliar su situación a nivel de la UE. El Centro para el estudio del Racismo y la Xenofobia, para cuya creación la Comisión ha tomado la iniciativa, puede jugar un papel importante en el apoyo de unas acciones concretas que favorezcan la integración. La Comisión considera la posibilidad de proponer medidas que faciliten la reunificación de familias. También me reafirmo en que comparto totalmente la idea del ponente del importante papel que pueden jugar las organizaciones de voluntarios en la tarea de salvaguardar los derechos de la infancia. La Comisión ha apoyado durante años la actividad de las organizaciones de voluntarios, también en sus intentos de prevenir y contrarrestar los malos tratos a los niños. Pienso, sin embargo, que aún deberíamos esforzarnos más por estrechar la colaboración con estas organizaciones.
Debemos perseverar en nuestros trabajos. Por mi parte, el próximo año tengo la intención de adoptar iniciativas para que se lleven a cabo unas acciones que protejan los derechos de la infancia, también en lo relativo al abuso sexual. El informe de la Sra. Zimmermann constituirá naturalmente un fundamento importante para esta actividad.
Y ahora, señor Presidente, el informe de Carlo Casini sobre la adopción internacional. Todos estamos de acuerdo en que los niños tienen derecho a una familia, en primer lugar a la familia biológica. Sólo cuando se haya agotado esta posibilidad puede aprobarse la adopción en favor de los intereses del niño, y si es posible, dentro del círculo cultural al que pertenece. Sólo cuando se han agotado estas posibilidades, puede aceptarse la adopción en otro círculo cultural. En cuestiones de adopción, nunca hay que perder de vista los intereses del niño. Tengo la certeza de ello, y me satisface que la propuesta de su Señoría, el Sr. Casini, refleje precisamente esta idea.
Para que funcionen las adopciones de uno a otro país, es necesaria una cooperación internacional establecida. El Convenio de la Haya de 1993 proporciona a esta cooperación un marco excelente. Reglamenta los contactos entre las autoridades responsables del país de origen y el receptor. El Convenio trata de la cuestión del reconocimiento mutuo de las decisiones adoptadas en torno a la adopción, pero sitúa los intereses y los derechos del niño en un punto central. Comparto la opinión del Sr. Casini de que un paso importante para mejorar la seguridad en torno a las adopciones es la aprobación y ratificación del Convenio. De los Estados miembros de la UE, hay hasta la fecha ocho países que lo han firmado, pero sólo uno, España, lo ha ratificado. Es especialmente importante que se ratifique el Convenio lo antes posible, puesto que muchos de los países de origen ya han avanzado mucho en los trabajos para introducirlo. Espero que los diputados de esta cámara contribuyan a hacer que entre en vigor el Convenio en sus respectivos países.
Otro objetivo importante para asegurarnos la flexibilidad en la adopción es que ésta no se retrase debido a unos procesos administrativos largos y complicados. Mencionaré dos ejemplos: El Convenio sobre la notificación de actos judiciales se está debatiendo en el seno del Consejo. Si ya lo tuviéramos ratificado, los documentos jurídicos de un proceso de adopción se remitirían más rápidamente de un país miembro a otro. En segundo lugar, tenemos el programa Grotius, que facilitará y reforzará la cooperación entre los funcionarios que trabajan con procesos de adopción dentro del sistema jurídico. Tengo la intención de proponer que estas cuestiones se conviertan en uno de los objetivos primordiales de este programa.
Deseo hacer hincapié en que el peso específico de las adopciones debería consistir en que no se pueden revocar. El niño adoptado debe tener la misma tranquilidad que sus homólogos biológicos. Unos padres adoptivos no deben tener nunca la posibilidad de renunciar al niño. Los adultos pueden divorciarse, pero un padre o una madre nunca deben tener la posibilidad de separarse de su hijo.
Señor Presidente, me permito destacar finalmente que la protección de los menores, así como la adopción, giran en el fondo en torno a la misma cuestión: los derechos del niño como persona. Nadie podrá ya evitar que se hable de cuestiones sobre las que se ha hablado en voz baja durante tanto tiempo. Pienso en la explotación sexual de la infancia. Nadie podrá evitar que los derechos de los niños constituyan una parte integrante de los humanos. Nadie podrá sostener ya que el modo en que tratamos a los niños no tiene repercusión alguna para la sociedad del mañana. Por consiguiente, debemos realizar unos esfuerzos conjuntos para que los niños crezcan en un entorno estable y seguro. Las acciones coordinadas a nivel europeo tendrán un papel importante. Cabe utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición. La Comisión tendrá todo esto en cuenta en la continuación de su actividad, y también en los trabajos en que participamos con vistas a la Conferencia Intergubernamental, para que se sitúen los derechos de la infancia en una posición aún más central de lo que ha sido el caso hasta la fecha.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0367/96) del Sr. Kerr, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(94)0300 - C4-0151/94-94/0203(CNS)) sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad.

Kerr
Señor Presidente, parece haber pasado mucho tiempo desde que debatimos por primera vez este informe en el Parlamento. De hecho, fue una de las cinco primeras tareas que se me asignaron como nuevo diputado en septiembre de 1994, cuando la Comisión presentó la directiva revisada. Resulta muy oportuno que lo estemos debatiendo hoy, cuando se están haciendo los preparativos para la reunión del Consejo en Dublín. En dicha reunión se hablará del futuro de Europa, la CIG, y me atrevo a afirmar que la directiva sobre los derechos adquiridos de los trabajadores es uno de los elementos fundamentales para la construcción de la Europa social, parte importante de la dimensión que se reafirmará -espero- en esos debates que se celebrarán en Dublín en el fin de semana.
Se trata de una directiva de 1977 con la que se intentó asegurar a los empleados de la Unión Europea que la Unión estaba interesada en proteger sus derechos en un momento de cambio económico debido a las fusiones, absorciones y privatización del sector público al privado. Fue un intento de asegurarles que se protegerían sus condiciones y salarios en el momento de la absorción. La directiva fue aprobada en 1977, pero fue impugnada durante muchos años en los tribunales, hasta llegar al Tribunal de Justicia. Muchos de los fallos de éste revelaron claramente que la directiva era aplicable en todos los Estados miembros y en casi todas las situaciones relativas a las absorciones, fusiones y traspasos de empresas. Pasó a ser una parte muy importante de la Europa social.
No constituye un secreto que varios Estados miembros, en particular el Reino Unido, estaban deseosos de cambiar esa situación y menoscabar la directiva y la Comisión se vio sometida a presiones para que presentara una directiva revisada. De hecho, vale la pena recordar que el entonces Ministro de Trabajo británico, Michael Portillo, al que el Sr. Flynn recordará -estoy seguro- con cariño, escribió una carta a su colega, el Ministro de Asuntos Exteriores, en la que decía: »Es una directiva revisada que nos gusta mucho, pero no debemos decirlo; si no, alarmaremos a los demás miembros de la Unión Europea, si ven que nos gusta mucho».
De modo que la Comisión presentó la directiva en septiembre de 1994 y llegó al Parlamento para su primer debate en octubre de 1994. Vale la pena recordar que en los debates que celebramos en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y, por último, en el propio Parlamento -y para prepararme para el debate de hoy he estado repasando el debate del pasado mes de enero-, se indicó muy claramente la posición de que la directiva original revisada, en particular el apartado 1 del artículo 1, y el menoscabo, a nuestro juicio, representado por la exclusión de la subcontratación de la directiva, constituía un importante motivo de preocupación para la comisión y para todo el Parlamento.
Después del debate en el Parlamento, el Comisario Flynn volvió a la Comisión y obtuvo garantías de que la Comisión aceptaría su supresión y la recuperación del texto original de la directiva en cuanto a las definiciones de empresa. Nos alegramos mucho de que lo hiciera y consiguiese obtener el acuerdo de la Comisión.
Posteriormente, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos han estado examinando el resto de la directiva y éste es el resultado final del informe que tenemos ante nosotros. Hay varias enmiendas, pero no voy a repasarlas en detalle en este momento. Hemos tropezado con algunos problemas con las enmiendas relativas a la liquidación y a la quiebra. En nuestras conversaciones con la Comisión -y hemos tenido muy buenas relaciones con los funcionarios de la Comisión a propósito de este informe- hemos intentado aclarar la legislación, armonizar la legislación, para que tenga un punto de referencia común en toda Europa Hemos intentado abordarlo en varias de las enmiendas. Sé que en el último minuto algunos miembros de la comisión abrigaron alguna preocupación al respecto, por lo que retiramos esas enmiendas en la comisión para presentárselas en conjunto a Sus Señorías esta noche.
Sin embargo, no vamos a adoptar una actitud totalmente inflexible al respecto, por lo que estoy dispuesto a celebrar conversaciones sobre dichas enmiendas con Sus Señorías antes de que votemos sobre el informe mañana. Existe la necesidad urgente de aclarar la situación, de distinguir claramente entre liquidación y quiebra, cuando las empresas se encuentran en dificultades y eso es lo que intentan hacer.
Quiero referirme brevemente a la enmienda relativa a las pensiones. Tengo entendido que la Comisión no va a poder aceptarla, pero es importante señalar la cuestión de la transferencia de los derechos de pensión. Se trata de una cuestión que está cobrando cada vez mayor importancia en la Unión Europea. Muchos trabajadores están viendo acumularse sus pensiones laborales. Algunos las han visto amenazadas en el pasado por absorciones, fusiones y traspasos. Sé que la opinión de la Comisión es la de que se trata de una cuestión de subsidiariedad, pero es un toro que habrá que coger por los cuernos. Tan sólo en el Reino Unido hay 750.000 millones de ecus de derechos de pensión y muchos miles de millones más en el resto de Europa afectados. Debemos abordar también eso.
Por último, termino rindiendo homenaje a las personas que han trabajado conmigo en este informe: Stephen Hughes, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, que está en Singapur representándonos en la OMC; Sue Waddington, de la Comisión de Derechos de la Mujer; Christine Oddy, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el personal y la secretaría de la Comisión de Asuntos Sociales y también la Comisión Europea. Espero que, después del resto del debate celebrado esta noche, obtengamos una buena respuesta y podamos votarlo mañana.

Theonas
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Kerr, por sus esfuerzos para hacer ver a la Comisión las múltiples consecuencias negativas para los derechos de los trabajadores que tendrían determinadas propuestas básicas de la misma, así como por su trabajo en conjunto.
Quisiera referirme en concreto a las enmiendas núms. 4 y 9 del ponente para solicitar, yo también, que sean aprobadas unánimamente por el Parlamento y, por supuesto, por el Consejo y la Comisión. Estas enmiendas coinciden de lleno con el espíritu de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, redactada por mí. La figura jurídica en virtud de la cual el traspaso de una función del centro de actividad o parte del centro de actividad no constituye en sí un traspaso, y en consecuencia no se protegen ni se conservan los derechos de los trabajadores, resulta extremadamente peligrosa y puede conducir a una proliferación de traspasos ficticios cuyo único objetivo sea pasar por alto los derechos adquiridos de los trabajadores. Igualmente, al otorgar, aunque sea a la autoridad judicial, la facultad de modificar o rescindir los contratos de trabajo o las relaciones laborales a fin de garantizar la supervivencia de la empresa en caso de insolvencia del empleador, puede inducirse del mismo modo una proliferación de quiebras ficticias con el mismo objetivo.
La directiva debe definir con total claridad el concepto de traspaso y aplicar las disposiciones protectoras en cualquier operación de este tipo que afecte a los derechos del trabajador. En lo que se refiere a los casos de insolvencia, debe quedar claro que no se podrán rescindir o modificar contratos laborales sin el consentimiento de los trabajadores y sus representantes. En una época en la que los trabajadores están bajo la presión, concretamente, de pactos de estabilidad, programas de convergencia y políticas de empleo basadas en el desmantelamiento de sus derechos, no nos hacen falta regulaciones como las propuestas, supuestamente destinadas a conservar, que no a erradicar, los derechos de los trabajadores.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, Señorías, ¿podemos seguir hablando de protección de los trabajadores cuando, aunque sea posible defender una parte de los puestos de trabajo ya ocupados, al mismo tiempo corren peligro o se pierden definitivamente muchos otros? ¿Podemos contentarnos con proteger a quienes tienen un empleo, mientras para los parados siguen deteriorándose las oportunidades de acceder a un puesto de trabajo?
En mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, me encuentro en una posición difícil, puesto que no he conseguido un apoyo mayoritario para algunos puntos que yo considero sumamente importantes.
En resumen, éstos son dos. El primero es la respuesta a la pregunta de qué constituye un traspaso. La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se manifestó a favor de que se conserve la formulación propuesta por la Comisión, esto es, la que contempla el traspaso de una actividad que se vea acompañado del traspaso de una entidad económica que mantenga su identidad. La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo aboga ahora por que se mantenga la definición de 1977. Esto último no es aceptable a mi parecer. A la vista de la jurisprudencia casuística del Tribunal de Justicia Europeo, se requiere una formulación clara e inequívoca, que excluya en particular la posibilidad de que el mero traspaso de una función -recuérdese el Asunto Christel Schmidt- determine la aplicación de la Directiva. Mantener esta situación tendrá graves consecuencias para la economía e incrementará todavía más la tasa de desempleo en los Estados miembros. Yo habría preferido que se mantuviese la precisión, de conformidad con mi propuesta.
El segundo punto importante se refiere al procedimiento de insolvencia. Éste se ha incorporado, pero dentro del mismo se establece una distinción entre procedimiento de saneamiento y procedimiento de liquidación. A mi parecer, también este punto resulta desventajoso para el trabajador. En vez de optar por un procedimiento de saneamiento en el marco de un procedimiento de insolvencia no encaminado a la liquidación, conservando las partes viables de la empresa y evitando una considerable destrucción de empleo, se recurrirá más bien a un procedimiento encaminado a la liquidación, en el cual, como muestra la experiencia, se pierden más puestos de trabajo. Por consiguiente, yo sólo puedo finalizar mi intervención recordando una vez más las preguntas que he formulado al principio.

Waddington
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al Sr. Kerr por este informe. Ha representado una cantidad tremenda de trabajo y, cuando examinamos este asunto en esta Asamblea en enero de 1996, la preocupación principal del Parlamento fue la de convencer a la Comisión de la necesidad de eliminar de la propuesta de revisión de la directiva la nueva definición de traspaso, es decir, el apartado 1 del artículo 1, ya que la nueva definición habría excluido del campo de aplicación de la directiva la subcontratación de servicios.
Al intervenir en aquel debate como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, expliqué cómo afectaría negativamente la revisión a las trabajadoras en particular. Cité investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Reino Unido, que había examinado las diferencias de las repercusiones del traspaso de las actividades en los hombres y en las mujeres. Según dicha investigación, cuando la directiva no se aplicaba al sector público, las trabajadoras tenían más probabilidades que los hombres de perder sus empleos o de que se les redujeran el salario y los derechos de pensión. Así, pues, me complace mucho que el Comisario Flynn haya accedido a eliminar de la directiva revisada esa nueva definición.
Pero la Comisión de Derechos de la Mujer ha propuesto otra enmienda que ha obtenido el apoyo de la Comisión de Asuntos Sociales, que, a la luz de la experiencia, consideramos muy importante. Se trata de la enmienda nº 15, que obliga a los Estados miembros a prohibir cualquier discriminación en la aplicación de las disposiciones de la directiva. Digo «a la luz de la experiencia» con conocimiento de causa, porque somos conscientes de la vulnerabilidad de ciertos grupos de trabajadores cuando se producen traspasos. Son los grupos que hacen trabajos relativamente poco considerados, pero esenciales, como las tareas de limpieza, conserjería y prestación de asistencia. Suelen desempeñarlas principalmente mujeres.
Quiero señalar a la atención de Sus Señorías un ejemplo actual que me ha transmitido el sindicato de los servicios públicos, Unison. Actualmente, en Irlanda del Norte, a consecuencia de la subcontratación de los servicios nacionales de salud a una compañía privada, más de 500 trabajadores, la mayoría mujeres, se declararon en huelga durante dos semanas en octubre de este año, porque los nuevos contratistas les han reducido el salario, han introducido diferencias salariales entre hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo, han introducido tasas diferenciales de sueldo para los trabajadores en diferentes zonas de Irlanda del Norte y han recurrido a personas que buscaban trabajo para romper la huelga. Esos asuntos tal vez tengan que zanjarse en los tribunales, porque los contratistas pueden estar violando la legislación nacional y europea, pero ilustra la necesidad de una directiva para proteger a los trabajadores contra la discriminación y brindarles alguna seguridad para los casos de traspaso.

El Presidente
El debate del informe del Sr. Kerr queda interrumpido y se reanudará a las 21.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-1226/96), dirigidas al Consejo.
Pregunta nº 1 formulada por Arlene McCarthy (H-0911/96):
Asunto: Pactos territoriales de empleo a escala local y regional
Teniendo en cuenta que, a pesar de que el Reino Unido se unió a la estrategia de empleo en las cumbres de Essen, Madrid y Florencia, tanto el Primer Ministro, John Major, como el Ministro de Empleo, Gillian Shephard, se han dirigido al Presidente Santer y al Comisario Flynn respectivamente, con objeto de poner de manifiesto su reticencia a la hora de aplicar la iniciativa relativa a los pactos territoriales de empleo a escala local y regional, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para persuadir al Reino Unido del valor de unirse a estos programas piloto y convencer a sus autoridades de que no se desentiendan de dichos pactos de empleo? ¿Quiere decir esto que, en la cumbre de Dublín, el Reino Unido será el único Estado miembro que no disponga de programas piloto para los pactos territoriales de empleo a escala local y regional?

Mitchell
A raíz de la iniciativa de la Comisión sobre desarrollo local y empleo y las conclusiones de los Consejos Europeos de Cannes y de Madrid, el Consejo Europeo de Florencia pidió a los Estados miembros que seleccionaran, en los casos en que fuera posible, regiones o ciudades como candidatas para participar en proyectos experimentales relativos a pactos territoriales y locales sobre el empleo con vistas a aplicarlos durante 1997.
Como anunció en el Consejo Europeo de Florencia, la Presidencia irlandesa organizó en Dublín los días 11 y 12 de noviembre una conferencia sobre iniciativas locales en materia de empleo. Ese asunto se examinó también en la conferencia ministerial que se celebró en Ballyconnel los días 14 y 15 de noviembre. Dicha conferencia versó sobre las repercusiones en el empleo de los Fondos estructurales, los pactos territoriales sobre empleo y el informe de la Comisión sobre la cohesión. Hubo amplio consenso sobre el planteamiento propuesto por la Comisión, que es el de establecer pactos en los niveles regional o local con carácter experimental. También hubo acuerdo sobre que los pactos territoriales sobre empleo deben reflejar las instituciones y tradiciones de los diferentes Estados miembros.
Si bien hay muchos ejemplos útiles en los Estados miembros, en particular el mío, de estrategias encaminadas a movilizar el apoyo para el desarrollo económico local y la creación de empleo, en este momento corresponde a los Estados miembros juzgar si es deseable promover dichos proyectos.

McCarthy
Le agradezco Sr. Mitchell, y también al Presidente en ejercicio, que me invitara al seminario de Ballyconnel. He podido escuchar las observaciones hechas, pero lamento que no haya respondido usted a mi pregunta. Quería saber si nos acogemos a una cláusula de exención y si el Gobierno del Reino Unido le ha dicho oficialmente que no presentará proyectos experimentales para ese Consejo determinado.
Quería preguntarle: ¿no significa que los interlocutores locales y regionales deben poder presentar sus proyectos a la Comisión? Hablo como representante de una región que ha pasado algún tiempo, en vista de esas reuniones del Consejo, preparando su pacto para el empleo. Ahora habrá que decirle que no puede presentarlo. ¿No se siente defraudado de que el Gobierno del Reino Unido no recoja la iniciativa que ha propuesto usted?

Mitchell
En primer lugar, he de señalar que en ningún momento se ha pedido al Consejo que abordara la cuestión concreta planteada en la pregunta de Su Señoría, pues corresponde a la Comisión y no al Consejo aplicar las políticas, los textos legislativos y otras decisiones adoptadas en el nivel de la Unión.
Da la causalidad de que yo soy el Ministro encargado del desarrollo local en Irlanda. Tenemos un planteamiento muy avanzado para el desarrollo local en Irlanda, basado en 12 planes experimentales. Se trata de un planteamiento basado en las características particulares de cada zona, muy similar al planteamiento de los pactos territoriales que está adoptando en este momento el Consejo. De hecho, el Consejo se está basando en gran medida en la experiencia irlandesa para llevar a cabo su labor.
Hemos pasado de 12 a 38 planes experimentales en todas las zonas desfavorecidas de Irlanda seleccionadas. Se trata de un planteamiento integrado para abordar las causas subyacentes del desempleo de larga duración: educación complementaria, formación complementaria, mejoras medioambientales. Se dispone de fondos para la creación de puestos de trabajo en empresas de una a cinco personas y calculamos que así se crearán unos 8.000 puestos de trabajo. También tenemos en cuenta las condiciones de vida. Las condiciones en que viven las personas afectan a sus posibilidades de encontrar empleo, en particular si viven en bloques de pisos atestados, obscuros y húmedos, gestionados por las autoridades locales. La gestión de esos bloques de pisos forma parte del plan: cinco dedos en un guante.
Siento tal entusiasmo al respecto, que creo en verdad que es algo que debería existir en todos los Estados miembros y no sólo eso, sino que, además, es aplicable a los 11 Estados candidatos. De modo que me gustaría que hubiera un centro modelo y, desde luego, me gustaría que se compartiera la experiencia que tenemos en Irlanda con otros Estados miembros.
Me siento decepcionado de que no haya habido más Estados miembros que hayan recurrido aún a las iniciativas locales de desarrollo, porque se las ha mencionado en todos los Consejos Europeos desde el de Essen, inclusive. No me corresponde a mí dar lecciones a los otros Estados miembros sobre cómo deben ocuparse de sus asuntos, pero existe un informe de la OCDE sobre el desarrollo local en Irlanda y quisiera recomendar su lectura a todos los Estados miembros.
Es semejante, en cierto modo, al movimiento de Unión Crediticia: no sé si hay algo similar en todos los Estados miembros. Al comienzo, puede que hubiera personas que intentaran desecharlo por considerarlo un sistema de préstamo organizado y hay personas que desechan el desarrollo local como un simple plan más de entre una serie numerosa. No es tal cosa. Se trata de un planteamiento integrado destinado a zonas muy necesitadas, está adaptado a las necesidades de la zona y, en mi opinión, tiene aplicación en todas las zonas desfavorecidas - rurales y urbanas- de toda la Unión. Recomiendo el informe de la OCDE sobre el desarrollo local en Irlanda como un estudio que podría resultar provechoso para todos los Estados miembros.

Murphy
Agradezco al Ministro sus observaciones, pero quiero abundar en un par de observaciones hechas por la Sra. McCarthy. ¿Cree que el del Reino Unido va a ser el único Gobierno en la Cumbre de Dublín que no presentará pactos territoriales y locales por el empleo para esos proyectos experimentales? Si es así, ¿tendría a bien el Ministro decir si estará en condiciones de intentar convencer al Gobierno británico para que cambie de actitud y participe en realidad en 1997? Puedo decirle, como la Sra. McCarthy, que hay muchas propuestas amplias que podrían presentar mi región y que reunirían los requisitos para participar en esos pactos territoriales y locales, en particular una formulada por una de las autoridades locales de mi zona, el Ayuntamiento de Sandwell. Es un plan tan excelente, que podría reunir los requisitos e iniciar inmediatamente la tramitación. Me gustaría saber si tendría a bien hacerme un par de observaciones sobre mis preguntas y una observación general sobre la preparación del Reino Unido.

Mitchell
No corresponde al Consejo decir a los Estados miembros lo que deben hacer, pero me siento tan entusiasta sobre todo el sector del desarrollo local y los pactos territoriales, que, personalmente, estaría dispuesto a intentar convencer a los demás de su interés. Debemos hacer lo que podamos para abordar los problemas de las comunidades más desfavorecidas y a las personas que viven en las comunidades más desfavorecidas -ya sean rurales o urbanas- y podemos, en pro de la Unión y de los ciudadanos, basarnos en la experiencia mutua.
No sé si el Reino Unido será el único Estado miembro. Y algunos Estados miembros que tal vez no estén en condiciones de hacerlo en Dublín podrían perfectamente decidir en fecha posterior presentar propuestas. Pero, desde luego, he planteado esta cuestión a determinados ministros del Reino Unido. Invitamos a un ministro del Gobierno británico a la conferencia celebrada en Dublín y creo recordar que un representante suyo asistió a la conferencia.

Howitt
Comprendo que no quiera usted dar lecciones a otros Estados miembros, pero no sé si sabrá usted que, según la Comisión Europea, la próxima semana va a haber en Dublín por lo menos 60 propuestas de pactos territoriales por el empleo de al menos 12 Estados miembros. Ha recibido una carta de la Sra. Gillian Shephard, ministra de Educación del Reino Unido, en la que dice que Gran Bretaña no aplicará esas propuestas, porque serían simples repeticiones de los partenariados en pro del empleo existentes en el Reino Unido. Ahora bien, las entusiastas observaciones que ha hecho usted me hacen pensar que no está usted de acuerdo con ella. Permítame hacerle la siguiente pregunta, respecto de algo que la Comisión ya me ha confirmado: si el Gobierno británico cambia de opinión en fecha posterior o, de hecho, si cambia el propio Gobierno británico, ¿podrá entonces Gran Bretaña presentar planes con arreglo a los pactos territoriales en pro del empleo en fecha posterior? ¿Lo acogería el Consejo con beneplácito?

Mitchell
Tengo entendido que, si el Gobierno británico cambiara de opinión en una fase posterior, podría participar en los pactos territoriales como otros Estados miembros. Personalmente, sí, comparto la decepción al respecto, porque creo que en todos los Estados miembros. Aunque hay programas similares en los Estados miembros hay muchas posibilidades de desarrollo local, el planteamiento basado en el partenariado en el que se ha hecho hincapié en el conjunto de propuestas Santer -que se basa en gran medida, no me cabe duda, en la experiencia irlandesa- es excepcional, en el sentido de que da el poder de decisión a las comunidades y -lo que resulta decisivo- obliga a las comunidades a hacerse responsables. Es un planteamiento que infunde responsabilidad y espíritu de empresa para abordar los problemas reales de la comunidad, al dar a ésta el derecho de decisión para que afronte por sí misma dichos problemas. Creo, en verdad, que ese nuevo planteamiento debe interesar a todos los Estados miembros.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 2 no se formula.

El Presidente
Pregunta nº 3 formulada por Bernd Posselt (H-0921/96):
Asunto: Situación en el Cáucaso Septentrional
¿Como evalúa el Consejo la situación política actual en Chechenia, Ingushetia y Daguestán y qué ayuda humanitaria se prevé para 1997?

Mitchell
El Consejo cree que se han logrado considerables avances con vistas a una solución pacífica del conflicto en Chechenia. El 25 de noviembre, el Consejo de Asuntos Generales acogió con beneplácito los acuerdos concertados el 23 de noviembre entre el Primer Ministro ruso Chernomirdin y el dirigente del Gobierno checheno Masjadov. También es importante la decisión del Presidente Yeltsin, adoptada también el 23 de noviembre, de retirar todas las tropas rusas de Chechenia.
El Consejo ha tomado nota también de la intención de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en enero del año próximo. Al mismo tiempo, el Consejo reconoce que queda mucho por hacer y espera que las dos partes sigan respetando los compromisos susbcritos. A lo largo de todo ese conflicto, el Consejo ha subrayado su convencimiento de que las negociaciones políticas constituyen el único medio de alcanzar una solución política duradera en Chechenia. El Consejo está convencido de que el grupo de asistencia de la OSCE en Grozni puede hacer una contribución valiosa al mantenimiento del diálogo establecido entre las partes, promover el respeto pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria internacional. El apoyo de las dos partes al papel de la OSCE es digno de beneplácito.
El Consejo no ha examinado la situación en Ingushetia o Daguestán. No obstante, preocuparía al Consejo que la situación de Chechenia afectara a la estabilidad de la región. ECHO, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, ha asignado más de 7, 4 millones de ecus durante 1996 a los organismos internacionales de ayuda y a las ONG en Chechenia y el Cáucaso septentrional. En total, se han desembolsado más de 33, 7 millones de ecus para apoyar las actividades humanitarias en la región desde 1994. En la tercera reunión del comité de ayuda humanitaria celebrada el 31 de octubre de 1996, los Estados miembros aprobaron la asignación de 2, 2 millones de ecus, que representa la última fase del plan global de ECHO para 1996. La última asignación para asistencia se desembolsará al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las ONG para que faciliten alimentos, agua, saneamiento y suministros médicos. El plan global abarcará un período de cuatro meses hasta el final de febrero de 1997.

Posselt
Yo le agradezco la precisión de su respuesta y quisiera hacer dos breves preguntas complementarias. En primer lugar: ¿Tiene previsto organizar el Consejo una observación de las elección del 25 de enero en Chechenia? En segundo lugar: ¿Cuál es la valoración del Consejo con respecto a la situación en la vecina Georgia, donde vuelven a producirse cada vez con mayor frecuencia graves atentados contra los derechos humanos?

Mitchell
En relación con Georgia, no creo que el Consejo haya examinado la situación en ese país en el pasado reciente, pero comentaré ese asunto con mis colegas y comunicaré los resultados a Su Señoría.
En relación con los observadores, la Unión Europea normalmente hace observaciones de elecciones, cuando se le solicita. Hasta ahora no se ha recibido solicitud alguna de observar las elecciones chechenas. Si se recibiera, se examinará detenida y favorablemente.

El Presidente
Pregunta nº 4 formulada por Anne McIntosh (H-0925/96):
Asunto: Abolición del comercio libre de impuestos
Teniendo en cuenta el compromiso del Consejo de abolir a largo plazo el comercio libre de impuestos (»duty free»), ¿se ha realizado algún estudio para evaluar la incidencia de semejante medida para los empleados del sector de transportes, en particular, en aeropuertos y puertos?
¿No estima la Presidencia en ejercicio que la abolición del comercio libre de impuestos hará peligrar puestos de trabajo en el sector del transporte de pasajeros?
¿Qué medidas propone el Consejo para compensar la incidencia negativa en el empleo?

Mitchell
Cuando aprobó la directiva por la que se abolían las fronteras fiscales a partir del 1º de enero de 1993, el Consejo decidió poner fin a las ventas libres de impuestos a los viajeros intracomunitarios. Le parecía que en un mercado interior sin fronteras fiscales ya no había razón alguna para que se hicieran ventas libres de impuestos a las personas que viajaran dentro de esa zona sin fronteras. Sin embargo, quisiera señalar a la atención de Su Señoría que los viajeros que abandonan el territorio de la Comunidad siguen teniendo derecho a hacer compras libres de impuestos. El Consejo era consciente de las dificultades y las repercusiones sociales que podían haberse producido en los sectores interesados cuando se abolieran las ventas libres de impuestos para los viajeros intracomunitarios. Por esa razón, autorizó la continuación de dichas ventas durante un período transitorio que concluirá el 30 de junio de 1999.
En la reunión del Consejo Ecofin celebrada el 11 de diciembre de 1996, la Presidencia pidió a la Comisión que hiciera un estudio de las repercusiones económicas y sociales del fin de las ventas libres de impuestos en la UE, pero algunos Estados miembros no apoyaron esa propuesta.

McIntosh
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. Entiendo los problemas que plantea la realización de ese estudio. Sin embargo, como complemento de mi pregunta sobre las medidas que va a proponer el Consejo, si se producen repercusiones negativas en el empleo, he de decir que necesitamos claramente un estudio que lo evalúe. ¿Convendrá el Presidente en ejercicio en que su país y el mío, por ser islas, van a soportar costos mayores que se dejarán de subvencionar mediante las ventas libres de impuestos? En particular, como dejará de estar subvencionado a partir de 1999, el costo de los viajes en autocar o en automóvil aumentará, pues no se podrá seguir subvencionándolo mediante las ventas libres de impuestos.
¿Podría evaluar también las consecuencias en el turismo de los Estados de la Europa meridional, si, en lugar de ir a España, Portugal, Italia y Grecia, los turistas británicos e irlandeses deciden visitar el Africa septentrional, Turquía o cualesquiera otros países de fuera de la Unión? ¿Convendrá también en que la eliminación de las ventas libres de impuestos encarecerán los viajes, lo que constituirá una violación del espíritu del Tratado, que pide una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa?

Mitchell
Esta pregunta concreta resulta pertinente para los Estados miembros que son islas. Según una cifra de que he tenido conocimiento recientemente, unos 140.000 puestos de trabajo en toda la Unión están relacionados directa o indirectamente, total o parcialmente, con esas ventas libres de impuestos. Otra consecuencia para los Estados insulares es la de que podría aumentar el costo de los viajes aéreos. Muchas compañías aéreas, por ejemplo, se benefician de las ventas libres de impuestos, gracias a las cuales funcionan con menos costos. De modo que se trata de algo que afecta directamente a varios Estados miembros, entre ellos -y no en poca medida- el mío.
Quisiera que, antes de que se adopte decisión alguna, se realizara lo antes posible un estudio imparcial. Por desgracia, cuando la Presidencia lo propuso recientemente, no recibió suficiente apoyo, pero seguiremos intentando conseguirlo, porque creo que, antes de que se adopte decisión conclusiva alguna, se debe al menos realizar un estudio. Hay Estados miembros que creen que, como tenemos un mercado interno, se debe poner fin a las ventas libres de impuestos, pero en todas las decisiones que adoptemos debemos tener en cuenta sus consecuencias. Quisiera que se hiciese un estudio para que dispongamos de los datos y las cifras completos cuando adoptemos una decisión.

Cushnahan
Como probablemente sepa usted, en junio de este año me puse en contacto con sus colegas del Gobierno, los ministros Quinn y Michael Lowry, para instarlos a que la Presidencia irlandesa abordara esta cuestión. Acojo con el mayor beneplácito la iniciativa adoptada por el Ministro Sr. Quinn, pese a que no tuvo éxito. Tiene usted razón en decir que, según los cálculos hechos, se perderían 140.000 puestos de trabajo directa e indirectamente, lo que representaría una pérdida de unos 4.000 millones de libras en cifra de negocios. Y, naturalmente, la otra cifra es un aumento en las tasas de aterrizaje o desembarco y en los precios de los billetes de avión, lo que tendrá una repercusión muy negativa en la viabilidad de los aeropuertos regionales. Me gustaría saber si estaría dispuesto el Consejo a examinar, en el tiempo que le queda, formas de evitar esa fecha límite y posibles políticas susbtitutivas para compensar cualesquiera repercusiones negativas en el sector regional y en el sector turístico. Pero la verdad es que resulta contradictorio que el Consejo, por una parte, hable de iniciativas para crear empleo y, por otra, continúe con una política que provocará la pérdida de unos 140.000 puestos de trabajo.

Mitchell
Sé que el Sr. John Cushnahan ha planteado esa cuestión a los ministros que ha citado y, gracias a las presiones ejercidas por mí y otros diputados al Parlamento Europeo, incluidos otros diputados irlandeses, el Ministro de Hacienda irlandés, como Presidente en ejercicio del Consejo, ha planteado esa cuestión en el Ecofin. Desde luego, me gustaría que se hiciera un estudio y seguiremos presionando, de todas las formas posibles, para que se haga y procurando el necesario acuerdo en el Consejo de Ministros para que así sea. Creo que debemos ser prácticos en nuestro planteamiento de la labor de la Unión y debemos tener en cuenta las consecuencias prácticas de semejante estudio. Más adelante, en el turno de preguntas, voy a responder a preguntas relacionadas con las bebidas alcohólicas en otros Estados miembros en los que ha habido una prórroga de la exención y la posibilidad de celebrar conversaciones con un Estado miembro que tropieza con dificultades particulares. Creo que en todos esos procedimientos de adopción de decisiones debemos tener en cuenta las consecuencias prácticas de las decisiones que adoptamos y para ello se debe hacer un estudio y seguiremos presionando para intentar conseguirlo.

Cox
Acojo con beneplácito su insistencia en que se realice un estudio, pero, para conseguirlo, tiene que haber acuerdo en el Consejo y el Ministro ha dicho que hace unas semanas la Presidencia irlandesa lo planteó, pero sin éxito. Permítaseme pedir al Minsitro que confirme si es o no cierto que sólo dos Estados miembros dieron una respuesta positiva a esa iniciativa. Si es así, al menos indica la amplitud de la batalla política que habría que reñir para lograr la mínima concesión -a mi juicio- de realizar ese estudio, que es, a su vez, una condición previa para la cuestión real de luchar por alguna forma de mantenimiento de la posibilidad de ventas libres de impuestos.

Mitchell
No tengo en mis notas el número de Estados miembros que apoyaron o no esa iniciativa. En aquella ocasión no hubo mayoría en apoyo de la propuesta. Tengo entendido que necesitaríamos al menos una mayoría cualificada en la votación del Ecofin para examinar y llevar a cabo el informe en el sentido que he indicado y no se consiguió cuando el Presidente en ejercicio lo planteó. Sin embargo, seguiremos intentando lograr el consenso necesario al respecto, porque constituye un motivo de preocupación para varios Estados miembros. Creo que lo mínimo que podemos hacer es encargar un estudio para poder basar nuestra decisión en los datos sobre las consecuencias para los ciudadanos de la Unión.

El Presidente
La pregunta nº 5 ha sido retirada por su autor.
Pregunta nº 6 formulada por Otto von Habsburg (H-0933/96):
Asunto: Libre circulación entre la Unión Europea y los Estados asociados
Es difícil entender que todavía hoy -especialmente en las relaciones de los países bálticos con la Unión Europea- exista la obligación de visado, que obstaculiza el desarrollo económico y político de dichos países.
Ha llegado la hora de suprimir la obligación de visado para los ciudadanos de los países asociados a la UE y de que también éstos gocen de la libre circulación.
¿Ha concebido el Consejo un plan al respecto? ¿Está dispuesto el Consejo a dar los pasos decisivos en esa dirección? ¿Para cuándo se podrá contar con una clara decisión sobre este asunto?

Mitchell
En respuesta a la pregunta de Su Señoría, quisiera señalar que el 25 de septiembre de 1995 el Consejo aprobó un reglamento en el que se determinaban los terceros países cuyos ciudadanos debían estar en posesión de visados al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. Ninguno de los Estados bálticos figura en la lista aneja a dicho reglamento.
Eso no significa que los ciudadanos de esos países no necesiten visados para entrar en ciertos Estados miembros. De conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento, los Estados miembros determinarán los requisitos relativos a los visados para los ciudadanos de terceros países que no figuren en la lista común. Algunos Estados miembros, por razones propias, que no están sujetas a supervisión del Consejo, aún exigen a los ciudadanos de los Estados bálticos que cuenten con visados al entrar en ellos.

von Habsburg
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no opina usted que esa actitud de algunos Estados es totalmente contraria al espíritu de nuestra Unión y, en particular, al espíritu de los acuerdos de asociación celebrados con esos Estados bálticos, que están ahora en la fase de preparación para pasar a ser miembros de nuestra Unión? ¿Acaso no es, pues, misión del Consejo hacer todo lo posible para velar por que los Estados bálticos sean incluidos pronto en la lista de los países cuyos ciudadanos pueden entran en otros países de la Unión Europa sin visado, lo que sería totalmente coherente con la evolución europea que estamos intentando conseguir?

Mitchell
Ya he dicho que, de conformidad con el reglamento del Consejo citado, los Estados miembros tienen la facultad, si lo consideran necesario, de exigir visados a los ciudadanos de los Estados bálticos que entren en su territorio. La presidencia espera, por su parte, que los ciudadanos de Estonia, Letonia y Lituania puedan viajar libremente por todo el territorio de la Unión Europea y que así sea lo antes posihle.
Personalmente, reconozco que el espíritu de los acuerdos de asociación que hemos subscrito con esos Estados debe permitir viajar a sus ciudadanos y algunos Estados miembros así lo hacen ya.

El Presidente
Pregunta nº 7 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0934/96):
Asunto: Registro Eurodac
La respuesta escrita del Consejo a la pregunta sobre Eurodac (H-0815/96) presentada para el período parcial de sesiones de octubre es muy inconcreta en lo que se refiere al contenido del registro. Me parece probable que el Consejo tenga una opinión clara con respecto a su propia propuesta de Convenio.
En este contexto, ¿podría señalar el Consejo si se ha introducido alguna modificación a la propuesta de Convenio que modifique la edad a partir de la cual se registrarán los datos de las personas o que estipule que estos datos se borrarán del mismo cuando a la persona a la que refieran se le haya concedido permiso de residencia en uno de los Estados miembros?

Mitchell
Lamento que Su Señoría haya considerado evasiva la respuesta a su pregunta anterior. Puede asegurarle que la intención era, al contrario, aportar una descripción franca y exacta de la situación actual en relación con las cuestiones que planteó. Debo señalar que los debates sobre el proyecto de Convenio Eurodac se encuentran en una fase relativamente temprana y, por desgracia, eso significa que no puedo dar a Sus Señoría información concreta sobre las dos cuestiones planteadas en la pregunta.
Puede ser útil que aclare el estado actual de la labor relativa al proyecto de convenio. Después de que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior hiciese constar en noviembre de 1995 que era técnicamente viable crear un sistema automatizado de intercambio y comparación de huellas dactilares de los solicitantes de asilo, la Presidencia italiana presentó un proyecto de convenio preliminar en marzo de 1996 sobre el establecimiento de Eurodac.
Desde entonces, el Consejo no ha iniciado el examen del proyecto de convenio, pero en sus sesiones de mayo y junio de 1996 dio instrucciones para que los órganos preparatorios pertinentes prosiguieran su labor. La labor está en marcha y ha requerido el estudio de muchos problemas jurídicos y técnicos, incluida la protección de datos.
Sin embargo, el grupo de trabajo no ha sacado conclusiones, y menos aún el propio Consejo de Ministros, sobre límite de edad determinado alguno por debajo del cual no se tomarían las huellas de los jóvenes para almacenarlas en Eurodac ni sobre si deben borrar de Eurodac los datos, una vez que se haya permitido a la persona interesada establecerse en un Estado miembro.
Como dije en mi respuesta anterior, sería prematuro en esta fase adelantar el resultado probable de los debates en curso.

Sjöstedt
Agradezco la respuesta del Consejo. Quiero subrayar que existe material pertinente para el debate sobre estas cuestiones; lo tengo aquí, en mi mano. Se trata del borrador del proyecto para el Convenio Eurodac. En él figura una propuesta de edad, es la de 14 años, para empezar a efectuar el registro de menores refugiados a base de huellas dactilares.
Si entiendo bien la redacción del texto, hay una propuesta de que no se eliminen automáticamente los informes sobre los refugiados una vez conseguido el permiso de residencia. Creo que sería lógico que se eliminasen los informes cuando ya no se considera que el refugiado vaya a solicitar de nuevo la entrada en la Unión. Pienso que esta circunstancia es un ejemplo de la falta de democracia que se produce en estos debates sobre convenios, en los que primero se dice que es demasiado pronto para debatir, y luego demasiado tarde, porque se ha tramitado el material y no se puede modificar. No hay información ni transparencia en los proyectos que sabemos que existen, ni posibilidad de que los parlamentos nacionales los debatan antes de que se concluya su tramitación.
Mi pregunta es: ¿Presentará usted una propuesta para que se elimine la información sobre refugiados, una vez hayan conseguido permiso de residencia?

Mitchell
Creo que muchos aspectos de la pregunta formulada por Su Señoría son dignos de alabanza. Personalmente, no veo por qué, si se concede a una persona el derecho de residencia, deban figurar esos datos en Eurodac indefinidamente; tal vez durante algún tiempo después, pero no indefinidamente.
Como ya he indicado, no se han alcanzado conclusiones sobre la cuestión de la edad mínima a partir de la cual se deben tomar las huellas dactilares de los solicitantes de asilo. Resulta difícil prever cuándo de la labor de los órganos especializados del Consejo resultará un texto para someterlo a la aprobación de todas las delegaciones.
Un grupo de trabajo del Consejo está examinando esa cuestión. Se está haciendo, naturalmente, con arreglo al uso actual de tomar huellas dactilares de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. Ese uso oscila entre una edad mínima de 12 años en algunos Estados hasta una edad mínima de 18 años en otros. He de decir que la edad de 14 años coincide con el uso de la mayoría de los países. Pero quisiera subrayar en esta fase que es simplemente eso. Es el uso general en la mayoría de los países, pero no se ha fijado un límite de edad.
Comprendo la orientación fundamental de la pregunta de Su Señoría, con la que estoy de acuerdo en gran medida.

Lindqvist
Es difícil conseguir una respuesta concreta. Esto lo entiendo, no todo está clarificado. Pero no es la primera vez que se formula la pregunta. Haré otra sobre el mismo tema: ¿Quién será el responsable de los informes de este registro que resulten ser erróneos más adelante, o que no se hayan recogido en calidad de información con el fin de eliminar la criminalidad o con fines similares? ¿Quién responde de este registro, y quién acepta la responsabilidad de que se registren informes erróneos, y de que con ello se perjudique a determinadas personas?

Mitchell
Como he señalado en mi respuesta a la pregunta, el Consejo no ha iniciado un examen detallado del proyecto de convenio, por lo que aún no ha examinado esa clase de detalles. Como ya he indicado, no se han alcanzado conclusiones sobre la cuestión de la edad mínima a partir de la cual se deben tomar las huellas dactilares de los solicitantes de asilo y resulta difícil prever cuándo de la labor de los órganos especializados del Consejo resultará un texto que se someterá a la aprobación de todas las delegaciones.
De modo que la mayoría de esas cuestiones están en sus fases embrionarias y aún no han llegado a la fase en la que el Consejo las estudie. Pero las opiniones y preocupaciones expresadas aquí por los diputados serán planteadas -puedo asegurárselo a Sus Señorías- en el Consejo en cuanto tengamos, como Estado miembro, la oportunidad de plantearlas. Son cuestiones que no sólo preocupan a los diputados a esta Asamblea, sino que preocuparán también a todos los miembros del Consejo de Ministros. Tengo mucho interés en velar por que cualquier registro Eurodac sea justo, razonable y comprensivo en su aplicación.

El Presidente
Pregunta nº 8 formulada por Gerard Collins (H-0937/96):
Asunto: Los criterios establecidos para la concesión de ayudas de los Fondos estructurales
¿Ha estudiado el Consejo la posibilidad de ampliar el abanico de los criterios establecidos para definir las regiones del objetivo 1 a efectos de la concesión de ayudas con cargo a los Fondos estructurales y de incluir entre estos criterios el índice de desempleo? En caso negativo, ¿procederá el Consejo ahora a estudiar esta posibilidad?

Mitchell
Al aprobar los reglamentos sobre los Fondos estructurales en julio de 1993 el Consejo determinó los criterios que se utilizarían para determinar qué regiones reunirían los requisitos para acogerse al objetivo 1, el de las regiones más subdesarrolladas de la Unión. Dichos reglamentos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1999. Además, el Consejo encomendó la gestión de los Fondos a la Comisión, por lo que no interviene en ese sector.
En esta fase sería prematuro hacer elucubraciones sobre los detalles de las normas que regirán la aplicación de los Fondos estructurales a partir de 1999. El Consejo volverá a examinar con tiempo el reglamento a partir de una propuesta de la Comisión antes de que expire el actual conjunto de reglamentos.
Si bien esto no está relacionado directamente con la pregunta de Su Señoría, recordará que la Comisión, en su comunicación a las otras instituciones de la Unión, incluido el Parlamento, sobre los Fondos estructurales y el empleo, de 20 de marzo de 1996, indicó, de conformidad con los reglamentos vigentes que rigen la aplicación de los Fondos estructurales, su intención de tener en cuenta los aspectos relativos a la creación de empleo de las políticas estructurales con arreglo a todos los objetivos.

Collins, Gerard
Agradezco al Presidente en ejercicio la informativa respuesta que ha dado. Me gustaría saber si ahora -teniendo en cuenta que ya ha habido declaraciones públicas de la Comisaria WulfMathies y del Presidente Santer sobre la necesidad de conceder prioridad al desempleo y a las medidas encaminadas a eliminarlo, en particular el de larga duración, en los Estados miembros- convendrá en que en esta fase el Consejo debería pedir tal vez al Presidente de la Comisión que presente propuestas para iniciar la formulación de las directrices que serán necesarias a partir de 1999.
Tenemos un problema muy grave de desempleo. Incluso en los casos en que se han gastado los fondos de forma juiciosa, adecuada y correcta, no hemos resuelto el cáncer que representa ese problema en nuestra Comunidad y ya es hora de empezar a formular nuevas directrices que nos ayuden a librarnos de él.

Mitchell
Apoyo el objetivo subyacente a la pregunta formulada por Su Señoría. Pero, como ya he indicado a la Asamblea, las normas que rigen actualmente los Fondos estructurales expirarán al final de 1999. Así, pues, faltan aún más de tres años hasta que haga falta un nuevo conjunto de normas. En esta fase sería prematuro que nos ocupáramos por los detalles concretos de las normas que regirán los Fondos estructurales, entrado el próximo milenio.
El Consejo ha acordado revisar esas normas antes del 31 de diciembre de 1999 a partir de una propuesta de la Comisión que ésta habrá elaborado -estoy seguro- mucho antes de esa fecha. La cuestión que Su Señoría plantea en su pregunta será interesante sin duda cuando llegue el momento de examinar la nueva estructura de los Fondos.
Tengo entendido que el Sr. Collins ha preparado un informe sobre los Fondos que se publicará en breve y que, desde luego, leeré con gran interés. Una de las cosas que me interesarían y desearía es que se alcanzara el objetivo planteado por Su Señoría de hacer hincapié en las zonas más necesitadas en la lucha contra el desempleo mediante la máxima utilización de los Fondos estructurales. Pero, al convertir el desempleo por sí solo en un criterio, se podría dar acceso a la financiación a otros sectores, con lo que tal vez no se lograra el objetivo que Su Señoría querría necesariamente alcanzar en ciertas regiones.

McCarthy
Acojo con beneplácito la declaración del Presidente en ejercicio, porque, como portavoz del Grupo Socialista para asuntos regionales, creo que no debemos internarnos por la vía de considerar como nuestra meta exclusiva la lucha contra el desempleo. Espero que podamos tener en cuenta el PIB, por ejemplo, porque una baja tasa de desempleo no es un indicador de la riqueza de una región. De hecho, en el Reino Unido tenemos la tasa más alta de creación de empleo, pero también la tasa más alta de pobreza de la UE. Así, pues, me inclino a pensar que un nivel bajo de desempleo no debe ser un criterio para no recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales.
Quisiera decir al Presidente en ejercicio que nos gustaría saber algo sobre el calendario para la aplicación de esos reglamentos y cuándo examinaremos esos criterios de la Comisión y del Consejo. Se puede tardar tres años, pero tres años es poco tiempo.

Mitchell
 No tengo ante mí un calendario detallado, pero se lo comunicaré a Su Señoría por escrito.
En relación con la otra pregunta que ha planteado en relación con el PNB por habitante en lugar del PIB por habitante, no es algo que haya decidido el Consejo, por razones evidentes. Pero el reglamento para el período posterior a 1999 se debatirá en el Consejo en su momento a partir de una propuesta de la Comisión.
Sin embargo, como Ministro irlandés, quisiera partir de la premisa de que el PIB mide la producción, no las rentas. El PNB, como tiene en cuenta el beneficio, la repatriación y también los pagos de los intereses de la deuda exterior, es una medida mejor de la renta disponible en un país o región. En el caso de Irlanda, por ejemplo, el PNB es una medida mejor de la renta realmente disponible en el país. El desfase entre el PIB y el PNB es mayor en Irlanda que en otros Estados miembros de la Unión Europea. En particular, Irlanda tiene un importante efluente neto de pagos por concepto de los factores, por lo que la medición del PIB exagera la renta relativa del país en nuestro caso. Así, pues, se trata de problemas relativos que se deben tener en cuenta.

El Presidente
Pregunta nº 9 formulada por Pat Gallagher (H-0938/96):
Asunto: Regiones del objetivo 1
Habida cuenta del riesgo de que algunos países que antes cumplían los requisitos para beneficiarse de las ayudas del objetivo 1 dejen de poder aspirar al tipo máximo de ayudas con cargo a los Fondos estructurales después de 1999, ¿no considera el Consejo oportuno proceder a una subdivisión regional de estos países para así permitir que regiones que siguen cumpliendo los mencionados criterios puedan seguir beneficiándose después de 1999 de las aportaciones de mayor nivel de los Fondos estructurales?

Mitchell
Como he indicado en mi respuesta a una pregunta anterior del Sr. Collins, los reglamentos actuales que rigen la aplicación de los Fondos estructurales que se aplican a todas las regiones, incluidas las del objetivo 1, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1999. El Consejo volverá a examinar con tiempo los reglamentos a partir de una propuesta de la Comisión antes de que expire el conjunto actual de reglamentos. En esta fase sería prematuro hacer elucubraciones sobre los detalles de las normas que regirán los Fondos estructurales a partir de 1999. La propuesta formulada en la pregunta de Su Señoría se abordará sin lugar a dudas tan pronto como se intensifique el debate sobre la nueva estructura de los Fondos en el período anterior a 1999.

Gallagher
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta, pero, ¿convendrá conmigo en que hay regiones dentro de la Unión y, en particular, en Irlanda, tales como mi circunscripción de Connaught-Ulster, el norte y el noroeste de Irlanda, que van rezagadas del resto de Europa en crecimiento y producción económicos tanto si se miden con el PIB como con el PNB? ¿Reconocerá que no se han beneficiado de los Fondos estructurales tanto como otros zonas de la Unión y, de hecho, otras zonas de Irlanda, que no se pueden beneficiar en la misma medida por lo que se refiere a las infraestructuras y, por tanto, si carecen de las infraestructuras, no propician la inversión, consecuencia de lo cual es un menor crecimiento económico de la producción, lo que, a su vez, da como resultado menos puestos de trabajo y más desempleo?
Si bien ha declarado que hasta diciembre de 1999 no se cambiarán los criterios vigentes en este momento, convengo con los diputados que creen que tres años es un período muy corto en términos europeos. ¿Tendría a bien el Consejo examinar la posibilidad de realizar un estudio completo con vistas a determinar el PIB y el PNB de ciertas regiones del actual objetivo 1 y, en caso mecesario, basarse en el precedente del norte de Escocia, que es muy similar a mi zona del oeste y del noroeste de Irlanda y, de hecho, al sur de Italia?

Mitchell
Reconozco que hay regiones del objetivo 1 y subregiones dentro de ellas que no han progresado tanto como otras. De hecho, parte de mi circunscripción de Dublín, que algunos podrían considerar que es una región favorecida, es una de ellas. En algunas zonas hay niveles muy altos de desempleo, de hasta el 75 % tal vez.
Recuerdo -y cito de memoria- que se lanzó un documento sobre los condados fronterizos, según el cual en el futuro previsible la proporción de los condados fronterizos, la participación por habitante en particular, en el gasto actual con cargo a los diversos fondos regionales, incluido el conjunto de medidas Delors, será muy superior a la de ninguna otra región. Pero con ello no pretendo quitar mérito a la observación general hecha por Su Señoría. Tal vez un estudio como el que propone Su Señoría resultara muy útil. Sospecho que el Departamento de Hacienda de mi país tendrá algunos datos a ese respecto.
El Gobierno irlandés está -y seguirá- supervisando todos los aspectos de la posición de Irlanda en relación con el cumplimiento de los requisitos para recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales, en particular a consecuencia de un aumento del PIB de Irlanda por habitante como porcentaje de la media de la Unión Europea. La mejora de la posición de Irlanda es digna de beneplácito y acredita el éxito en la aplicación de nuestras políticas de estabilización por parte de varios Gobiernos y la productiva utilización que se ha hecho de los Fondos estructurales de la UE, que nos han permitido hacer crecer nuestra economía. Pero es demasiado pronto para decir con precisión hacia dónde nos dirigiremos a partir de 1999. Evidentemente, quiero que toda Irlanda cumpla con los requisitos. Espero que los criterios elegidos lo permitan, dada la periférica posición en que se encuentra Irlanda.

El Presidente
Pregunta nº 10 formulada por Brian Crowley (H-0939/96):
Asunto: El carácter secreto de las deliberaciones del Consejo
Habida cuenta del objetivo prioritario de la Presidencia de acelerar la aplicación de los procedimientos acordados para lograr que el proceso de decisiones de la Unión sea más transparente para los ciudadanos, ¿está dispuesto el Consejo ahora a facilitar a los diputados del Parlamento Europeo, a las partes interesadas y al público en general todas las propuestas de transacción promovidas por la Presidencia en relación con los textos legislativos en fase de examen ante el Consejo?

Mitchell
Como Presidencia en ejercicio del Consejo, estamos deseosos de que se respeten las medidas existentes relativas a la transparencia. En particular, se ha fomentado la transparencia mediante la organización sistemática de conferencias de prensa por la Presidencia junto con la Secretaría General del Consejo antes que éste celebre sus reuniones. Dichas conferencias brindan una importante oportunidad para informar al público sobre aspectos pertinentes de los textos, incluidos aspectos de los textos de transacción presentados por la Presidencia, cuando procede. Además, se han celebrado diez debates abiertos en las reuniones del Consejo durante la Presidencia irlandesa.
Con arreglo a la aplicación del código de conducta de 2 de octubre de 1995, que dispone el acceso público a las Actas y las declaraciones en las Actas del Consejo en funciones legislativas y la decisión del Consejo de 20 de diciembre de 1993 relativa al acceso público a los documentos del Consejo, la Presidencia seguirá velando por que se examinen detenidamente todas las solicitudes de documentos. El Consejo está examinando actualmente la aplicación del código de conducta con el fin de garantizar la máxima eficacia del sistema en el futuro.
Además, la Conferencia Intergubernamental está examinando la cuestión de la transparencia. Sin embargo, de conformidad con las normas vigentes que rigen el acceso a los documentos, el Consejo no puede poner a disposición del Parlamento Europeo o de terceros todas las propuestas de transacción sobre los textos legislativos que se están examinando.
Por último, respecto de los contactos entre el Consejo y el Parlamento, Su Señoría ha de conocer el número de comparecencias hechas por representantes del Consejo ante comisiones del Parlamento -unas 40 hasta la fecha, así como la asidua asistencia de la Presidencia a los Plenos del Parlamento. Esas ocasiones brindan a ambas partes la oportunidad de celebrar un debate constructivo sobre las cuestiones de mayor importancia y velar por que se mantengan informados de sus opiniones respectivas sobre una gran diversidad de asuntos.

Crowley
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. Antes de pasar a mi pregunta complementaria, como ésta es la última ocasión en que estará en la Asamblea ocupando su actual cargo, quisiera agradecerle -y felicitarlo por ello- su actitud informativa para con este Parlamento y, en particular, su buena disposición para entablar debates y conservaciones con los diputados a este Parlamento.
Sin embargo, sea como fuere, su respuesta a mi pregunta concreta deja muchísimo que desear, porque al principio ha enumerado usted los deseos: lo que quiere que suceda y aquello en lo que se hará hincapié -según cree usted- con vistas al futuro. Pero después añade una salvedad, al decir que, de conformidad con las normas vigentes, el Consejo no puede hacer públicos los textos legislativos o los documentos de transacción.
Quisiera simplemente señalar un ejemplo concreto. Recientemente, se dio el caso de que el Presidente irlandés del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones hizo una propuesta de transacción sobre la desreglamentación y la liberalización de los servicios postales. Francia y Alemania la rechazaron. El ministro sueco la puso a disposición del público y, sin embargo, yo, que soy un diputado irlandés al Parlamento Europeo y preparé dos informes para el Parlamento sobre esa cuestión, no he podido conseguir una copia de ese documento. ¿Podría dársenos alguna garantía de que va a haber más cooperación y más transparencia entre el Parlamento y el Consejo como órganos legislativos para superar esos problemas?

Mitchell
Agradezco a Su Señoría su generosísima felicitación, que aprecio mucho.
El Consejo está examinando la aplicación del código de conducta y la Conferencia Intergubernamental está examinando toda la cuestión de la transparencia, conque tal vez será ese un sector en el que podamos lograr avances durante esos dos exámenes.
Si un Estado miembro puso a disposición del público la documentación, lo hizo por su propia cuenta e independientemente del código de conducta. Según tengo entendido, las normas vigentes que rigen el acceso a los documentos sólo se pueden modificar por unanimidad en el Consejo. No compete a la Presidencia ni a un Estado miembro dar a conocer propuestas de transacción por su propia cuenta. Ésas son las disposiciones vigentes y, según tengo entendido, sólo se pueden cambiar por unanimidad. Las propuestas de transacción son esencialmente posturas de negociación de los Estados miembros. Actualmente no hay disposición alguna que permita darlas a conocer. Haría falta un cambio por unanimidad para hacerlo.
Sin embargo, estamos examinando la situación y la Conferencia Intergubernamental está examinando la cuestión de la transparencia. De modo que yo no descartaría la posibilidad de que haya algún cambio en el futuro, pero requeriría una decisión unánime del Consejo para hacerlo.

Ephremidis
Aunque, sin duda, ha habido un intento de dar una respuesta, no se ha dado. Por lo tanto, me veo obligado a hacer una pregunta complementaria. El hecho de que no hay transparencia lo ha admitido el Sr. Mitchell al decir que es necesario modificar el código de conducta y que el tema está, también, en debate en la Conferencia Intergubernamental. Si la hubiera, no sería necesaria ni la modificación ni el debate en la Conferencia Intergubernamental. Pero ya ha aparecido «la cola de la serpiente», pues se ha dicho que hay asuntos que no se pueden entregar al público, es decir, que el Consejo declara por primera vez que no quiere legislar pública y abiertamente. Habrá asuntos que mantendrá en secreto; es un órgano «ocultista». ¡Que nos conteste, por lo tanto! ¿Insistirán ustedes en celebrar la Conferencia Intergubernamental completamente en público? ¿Con qué derecho retendrán ciertos temas si éstos afectan a la vida del ciudadano europeo? ¿De dónde sacan este derecho de practicar el ocultismo?

Mitchell
En primer lugar, he de corregir a Su Señoría. Ha dicho que no ha recibido una respuesta a su pregunta. Puede que no le haya gustado la respuesta, pero sí que ha recibido una respuesta sincera y directa en la que se exponía la situación, tal como es, en respuesta a la pregunta del Sr. Crowley, con la indicación de que se están haciendo dos exámenes. No puedo hacer más y no, no voy a prometer nada en nombre de la Presidencia. Como ha de comprender claramente, se trata de un asunto que ha de decidir por unanimidad el Consejo de Ministros y corresponde al Consejo adoptar esa decisión.

Posselt
Señor Presidente, nos disponemos a iniciar una ronda de ampliaciones y yo sólo quisiera preguntar si el Consejo y la República de Irlanda aprobarían la adhesión a la Unión Europea de un Estado que desarrolla en secreto su actividad legislativa.

Mitchell
Si se formulara esa pregunta en un tribunal, la respuesta sería la de que se trata de una pregunta capciosa. En la propia legislación de mi país se hace presentando un proyecto de ley al Parlamento, con frecuencia después de que haya habido intercambios secretos entre funcionarios y ministros. De modo que no es infrecuente que, en las fases preliminares en las que se está examinando la futura legislación, no se hagan públicos los documentos.
Sin embargo, se trata en conjunto de una cuestión delicada que deben acordar los Estados miembros. Un importante paso con vistas a una mayor transparencia fue el acuerdo del nuevo código de conducta de 2 de octubre de 1995, que dispone el acceso público a las actas y las declaraciones que figuran en las actas del Consejo cuando actúa como legislador. Dicho código se suma a las medidas que el Consejo había adoptado ya para aumentar la transparencia de sus procedimientos legislativos.
Quisiera recordar a Sus Señorías que el corresponsal para asuntos europeos de The Guardian , el Sr. James Carvel, al que Sus Señorías han de conocer, está particularmente interesado en este sector y, al hablar del acuerdo sobre ese código de conducta, reconoció que Irlanda era uno de los Estados miembros que tenían una posición relativamente avanzada sobre la cuestión de la transparencia. También quisiera mencionar la publicación sistemática de los resultados de las votaciones celebradas en el Consejo cuando actúa como legislador y la decisión de 20 de diciembre de 1993 sobre el acceso público a los documentos del Consejo.
Pero es evidente que aún no se ha logrado satisfactoriamente todo lo que se debe en el sector de la transparencia. Si así fuera, no estaríamos examinando la situación. Si así fuese, la Conferencia Intergubernamental no estaría examinando la situación. Desde luego, tendré en cuenta las preocupaciones expresadas por Sus Señorías cuando intentemos impulsar más toda la causa de la transparencia en el proceso legislativo.

El Presidente
Pregunta nº 11 formulada por Luciano Vecchi (H-0943/96):
Asunto: Iniciativas políticas para la paz en Somalia
Cinco años después de la caída del régimen dictatorial de Siad Barre, Somalia sigue sin encontrar un nuevo orden político y jurídico que le permita construir un futuro para el pueblo somalí.
Algunas facciones político-militares, concretamente, siguen teniendo un enorme poder en diversas zonas del país.
¿Tiene intención el Consejo de promover, ya sea directamente o a través de uno o más Gobiernos de países de la Unión Europea, una iniciativa política destinada a la pacificación y el logro de un «acuerdo nacional» en Somalia?

Mitchell
La Unión Europea sigue profundamente preocupada por la situación en Somalia. Junto con otros miembros de la comunidad internacional, está procurando velar por que existan las condiciones necesarias para que las facciones en Somalia lleguen a un acuerdo de paz sobre el establecimiento de nuevo de un Gobierno nacional. Así, pues, la Unión apoya vigorosamente las gestiones de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana para alentar a las partes interesadas a comprometerse plenamente a resolver sus diferencias mediante negociaciones pacíficas. Considero que un acuerdo negociado es el medio óptimo para resolver el conflicto actual en Somalia y garantizar la paz, la reconciliación, la seguridad y un regreso a la vida normal para el pueblo somalí.
En su actitud, la Unión Europea mantiene una estricta neutralidad para con las facciones, pues está convencida de que Somalia no podrá ocupar el lugar que le corresponde en la comunidad internacional hasta que surja un gobierno que sea ampliamente representativo de todas sus facciones y entidades. Pese a la existencia de un conflicto permanente en algunas partes de Somalia, se han logrado algunos avances más hacia la consolidación del proceso de paz en la reunión, de los dirigentes somalíes celebrada en Nairobi del 9 al 15 de octubre y en la que el Presidente Moi de Kenya hizo de anfitrión. En esa reunión los dirigentes de las tres facciones mayores a) prometieron que continuarían el diálogo en Somalia en pro de un proceso de paz y que preservarían la unidad, la soberanía y la integridad nacionales del país, b) acordaron un cese de las hostilidades, incluida la propaganda en los medios de comunicación, que entró en vigor inmediatamente, c) acordaron permitir la libre circulación en la capital, Mogadishu, y retirar los bloqueos de calles y carreteras, d) prometieron facilitar la entrega de ayuda al pueblo de Somalia, e) instaron al Presidente Moi a que continuara con su mediación y f) pidieron apoyo internacional.
La Unión Europea acoge con beneplácito la valiosa contribución hecha por el Presidente Moi, que es otro paso hacia la consolidación del frágil proceso de paz en Somalia. La Unión Europea se ha comprometido a dar su apoyo continuo al proceso de paz y a las gestiones combinadas de los interlocutores de la UE, las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, el Presidente Moi, los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional en apoyo de un resultado positivo.
La UE no considera que la creación de otro cauce de negociación fuera útil en este momento, si bien los Estados Unidos tienen un enviado especial que está actuando en esa región. Junto con sus continuas gestiones en apoyo de una solución política duradera para el conflicto actual, la Unión Europea mantiene su compromiso de contribuir, como principal donante internacional que es, al proceso permanente de reconciliación y reconstrucción en Somalia. La Unión ha hecho una contribución total de 60 millones de ecus a Somalia desde 1993 y ha contraído un nuevo compromiso mediante ese segundo programa de rehabilitación para Somalia de aportar 60 millones de dólares a lo largo de los dos próximos años. La Unión Europea sigue dispuesta a apoyar el desarrollo y la recuperación económicos en Somalia, una vez que se restablezcan la paz y el gobierno representantivo.

Vecchi
Señor Presidente, deseo agradecerle su respuesta. Sin embargo, he de confesar que, a pesar del importante esfuerzo económico y financiero de esta operación con Somalia -un esfuerzo que la Unión ha seguido llevando a cabo a lo largo de los últimos años y que consideramos de forma positiva y al que ha contribuido también el Parlamento Europeo- creo que sigue existiendo un gran problema y una gran carencia por lo que respecta a la iniciativa política de la Unión en relación con Somalia.
Hace unos días, en Addis Abeba, se celebró una importante reunión, en la que participaron casi todas las más importantes facciones, partidos o partes implicadas somalíes y en la que, al parecer y según las noticias que tenemos, se ha logrado el primer borrador del proyecto de acuerdo nacional. Considero que, especialmente en esta etapa, para convencer aún más, si cabe, a las últimas facciones, en particular las que se encuentran cercanas al entorno del hijo del ex-general Aidid, a que cooperen en la construcción de un futuro contexto territorial de Somalia, es sumamente importante mostrar que la Unión Europea está presente, sigue de cerca la cuestión y tiene su propia propuesta política y de asociación con dicho país.
Por desgracia, me parece que todavía no es así. Confío en que la Unión Europea y el Consejo de la Unión Europea, directamente o a través de uno o más Estados miembros, desempeñen un papel positivo.

Mitchell
Su Señoría plantea una cuestión que, naturalmente, preocupa al Consejo de Ministros y a los Estados miembros. No queremos encontrarnos en una situación en la que demasiados cocineros estropeen el caldo, pero tenemos un enviado allí. Hemos hecho una contribución financiera. Estamos comprometidos con contribuir financieramente de nuevo y, si se establece un gobierno representativo en ese país, volveremos a examinar la situación.
Como he dicho en mi primera respuesta, la UE sigue preocupada por la incapacidad de las diferentes facciones para alcanzar un acuerdo de paz y establecer un gobierno nacional. La UE acoge con beneplácito los avances logrados en la cumbre de Nairobi y seguirá alentando y apoyando las iniciativas de las Naciones Unidas y de la OUA. La Unión no considera que la creación de otro cauce de negociación sea útil en este momento. Sin embargo, continuará siguiendo de cerca la situación y contribuiremos de todas las formas que podamos a la consecución del objetivo que Su Señoría propugna.

El Presidente
Pregunta nº 12 formulada por Sören Wibe (H-0944/96):
Asunto: Unanimidad en el seno del Consejo con respecto a las cuestiones relacionadas con las bebidas alcohólicas
¿Considera el Consejo que debe adoptar sus decisiones por unanimidad en el caso de las cuestiones relacionadas con la política en materia de bebidas alcohólicas y, en particular, la importación a un Estado miembro de bebidas alcohólicas destinadas al consumo personal? ¿Es necesario que el Consejo adopte una decisión unánime para modificar las disposiciones vigentes en la actualidad en Suecia relativas a la importación a este país de bebidas alcohólicas destinadas al consumo personal?

Mitchell
En primer lugar, quisiera recordar que la legislación sueca actual sobre la importación de licores es una exención de uno de los principios del Mercado Interior. Ya me referí a ello en la respuesta a una pregunta anterior. El Consejo ha permitido esa exención y otras similares en Dinamarca y Finlandia, porque, a falta de suficiente armonización de los impuestos sobre el consumo de licores, la abolición de los controles en las fronteras interiores de la Comunidad podía perjudicar a esos Estados miembros, cuyos impuestos sobre el consumo de licores son superiores a la media de la Comunidad. Para evitar una desorganización demasiado marcada de la reglamentación en vigor, fue necesario limitar el alcance de la exención al mínimo necesario.
El Consejo autorizó medidas transitorias hasta el 31 de diciembre de 1996, excepto en caso de que se aplique un mecanismo de revisión. El Consejo decidió que cualquier prórroga de esa fecha requeriría la unanimidad. A este respecto, quisiera recordar a Sus Señorías que la Comisión presentó recientemente al Consejo una propuesta de prórroga de la exención del 31 de diciembre de 1996 al 30 de junio de 2002. El argumento en que se basaba dicha propuesta era el de que los países nórdicos podían experimentar dificultades presupuestarias y sociales, si la exención vigente concluía este año. El Consejo no pudo llegar a un acuerdo al respecto.
En su reunión del pasado 2 de diciembre, el Consejo llegó a una solución que permitiría a Suecia mantener su exención hasta el 30 de junio de 2000, con la posibilidad de revisión de esa fecha, y para Dinamarca y Finlandia mantener su exención hasta el 31 de diciembre de 2003, sin la posibilidad de más revisiones. El Consejo quisiera adoptar una decisión a ese respecto antes de que concluya este año. Por eso se pidió al Parlamento que emitiera su dictamen por el procedimiento de urgencia.

Wibe
Agradezco su respuesta al representante del Consejo. El motivo es en parte el malestar que existe en Suecia por las repercusiones sociales del aumento de la importación de alcohol, en parte que con ocasión del referéndum se destacó en términos muy categóricos que era necesaria la unanimidad del Consejo para modificar las normas de introducción de alcohol en el país. De la respuesta de su representante deduzco, no obstante, que ahora es precisamente lo contrario, que se necesita la unanimidad para que se nos conceda la claúsula que hemos solicitado.
También deseo preguntar si el Consejo no opina que el artículo 36 del Tratado es aplicable en este caso, es decir, el artículo que dispone que si se trata de productos que afecten a la salud general, los países miembros tienen derecho a introducir restricciones a su importación. Está demostrado más allá de cualquier duda que, en segundo lugar después de la nicotina, el alcohol es la mayor amenaza que existe a la salud de la humanidad. ¿No es aplicable, en opinión del Consejo, el artículo 36?

Mitchell
No creo que el apartado 36 sea aplicable en este caso. Creo que esa reglamentación relativa a las consecuencias para la salud de la venta de bebidas alcohólicas es primordialmente un asunto que los Estados miembros deben abordar por su cuenta. Quisiera señalar que el Consejo decidió que cualquier prórroga de la fecha habría de adoptarse por unanimidad y, al hacerlo, concedió una nueva exención a Suecia hasta el 30 de junio de 2000, con la posibilidad de una revisión de dicha fecha en una fase posterior. Las disposiciones adoptadas mediante transacción en el Consejo de Ministros son muy generosas para con Suecia.

El Presidente
Pregunta nº 13 formulada por Jan Andersson (H-0945/96):
Asunto: Los derechos de los minusválidos
Las Naciones Unidas han adoptado una serie de disposiciones relativas a las condiciones de vida de los minusválidos en una serie de ámbitos.
¿Podría indicar el Consejo qué estrategia piensa adoptar con vistas a la aplicación de estas disposiciones de las Naciones Unidas en la totalidad de los Estados miembros de la UE?

Mitchell
El 2 de agosto de 1996 la Comisión presentó una comunicación sobre la igualdad de oportunidades para los minusválidos, junto con un proyecto de resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo sobre la igualdad de oportunidades para los minusválidos.
El Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo indicaron su conformidad con esa resolución durante su reunión de 2 de diciembre de 1996. En dicha resolución reafirman, entre otras cosas, su compromiso con los principios y valores en que se basan las normas de las Naciones Unidas en materia de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades. El proyecto de resolución será aprobado oficialmente en una reunión del Consejo antes de que concluya 1996.

Andersson
Agradezco su respuesta al Consejo. Se trata de la normativa adoptada por las Naciones Unidas hace unos años, y que afecta a todos los ámbitos sociales, por ejemplo, el ocio, la formación y el empleo. No se ha adoptado solamente para ayudar a las personas discapacitadas, sino para darles unas condiciones de vida lo más igualitarias posibles.
Los quince Estados miembros de la UE se cuentan entre los más ricos del mundo. Debería resultar evidente para ellos que es posible poner en práctica las normas de las Naciones Unidas, y constituirse así en un ejemplo a seguir para el resto del mundo. Por eso me pregunto si el Consejo ha debatido alguna estrategia posible para comprobar si los Estados miembros de la UE ponen verdaderamente en práctica la normativa de las Naciones Unidas.

Mitchell
En la resolución que aprobarán el Consejo y los representantes de los Gobiernos reunidos en el Consejo, los Estados miembros reafirman su compromiso con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1993 sobre las normas en materia de igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas. Como las atribuciones primordiales con vistas a la acción en esa esfera corresponden a los Estados miembros, la resolución pide a todos los Estados miembros que adapten las políticas nacionales según proceda, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de facultar a las personas discapacitadas, integrar la perspectiva de las personas discapacitadas en todos los sectores pertinentes de la formulación de políticas y eliminar las barreras a su participación plena.
Un aspecto importante del proyecto de resolución es la petición a los Estados miembros de que procuren que representantes de los minusválidos participen en la aplicación y el seguimiento de las políticas comunitarias pertinentes y de las medidas adoptadas a su favor.
Además, en relación con la Conferencia Intergubernamental, el esbozo general de un proyecto de revisión de los Tratados propuesto por la Presidencia refleja un amplio apoyo, aunque en esta fase no es un apoyo unánime, a la inclusión de una disposición general en pro de la no discriminación por razones de discapacidad. El texto de la Presidencia propone un nuevo artículo 6 A en el TUE que constituiría un fundamento legislativo para que el Consejo adoptara medidas encaminadas a prohibir la discriminación por razones concretas y entre las categorías abarcadas en el texto propuesto figura la discriminación por razones de discapacidad. El documento de la Presidencia refleja también las propuestas de modificación de las disposiciones relativas al Mercado Único del Tratado de la CE para que tengan en cuenta en particular a las personas discapacitadas. En ese documento se indica que esas referencias se podrían hacer, por ejemplo, en el artículo 127 o en el artículo 100 A del TUE.
Al examinar posibles modificaciones del Tratado, hay que tener presente que todas sus modificaciones requieren el acuerdo unánime de los Estados miembros, pero la Presidencia es, desde luego, receptiva a los argumentos aducidos por Su Señoría.

El Presidente
Pregunta nº 14 formulada por Tommy Waidelich (H-0946/96):
Asunto: Las redes transeuropeas y las posibilidades futuras de financiación
Los proyectos incluidos en las redes transeuropeas se enfrentan a serios problemas de financiación. Es necesario encontrar lo más rápidamente posible nuevas posibilidades alternativas de financiación ya que, en caso contrario, se corre el riesgo de que estos proyectos se retrasen de forma importante.
La UE ha estudiado distintas formas para completar esta financiación. Por ejemplo, el Fondo Europeo de Inversiones intenta adaptar sus préstamos a las necesidades de los proyectos recogidos en las redes transeuropeas. Si bien los esfuerzos del Fondo Europeo de Inversiones constituyen un paso en la dirección adecuada también son necesarias formas alternativas de financiación que estimulen los esfuerzos que realizan los sectores público y privado. Una solución en este sentido podría ser la emisión de bonos, los llamados «eurobonos», a la que se opone el Consejo.
¿Podría indicar el Consejo qué opinión le merecen las formas alternativas de financiación de las redes de transeuropeas así como la razón por la que se opone a la posibilidad de emitir los «eurobonos»?.

Mitchell
Como sabe Su Señoría, el papel de la Comunidad en la financiación de las redes transeuropeas, según lo dispuesto en el artículo 129 C del Tratado, es subsidiario. Según dicho artículo, la Comunidad sólo está autorizada a apoyar las medidas financieras de los Estados miembros mediante estudios de viabilidad, garantías de préstamos y subvenciones relacionadas con los tipos de interés. Conviene recordar que ya se ha asignado la financiación de la UE para esas medidas, que asciende a 2.400 millones de ecus, a lo largo del período 1995-1999.
El Consejo no ha examinado propuesta oficial alguna de emisión de bonos de la Comunidad o eurobonos. Dadas las medidas adoptadas actualmente por los Estados miembros para controlar el endeudamiento público, no es probable que una iniciativa en la dirección opuesta por parte de la Unión cuente fácilmente con su conformidad.
Como ha señalado Su Señoría, se puede conseguir financiación del Banco Europeo de Inversiones, mediante el Fondo Europeo de Inversiones, que ya ha concedido importantes ayudas para proyectos de TEN prioritarias.

Waidelich
Gracias al Consejo de Ministros por su respuesta. Es cierto que se trata de una cuestión relacionada con la subsidiariedad, pero el problema hoy por hoy es que algunos países miembros tienen una economía tan débil que no pueden financiar las redes. La pregunta es: ¿Puede la UE ayudarles? Tenemos las ayudas que existen actualmente. Son sólo una pequeña parte, pero representan un importante instrumento estimulante. Sé que se ha debatido la cuestión en el seno del Consejo, y que se incluye en los trabajos de la Comisión. ¿Existe algún otro modo en que la UE pueda ayudar?
Lo que sería interesante, en mi opinión, es que se intentase involucrar al capital privado para que invirtiese en estos proyectos públicos. Se trata de todo tipo de actividad, desde el transporte hasta el suministro energético. Me gustaría que existiese más apertura por parte del Consejo en el sentido de intentar este método en los trabajos que han de realizarse. Es posible que los catorce proyectos TEN de mayor prioridad se realicen, pero existe el riesgo de que se retrasen y de que con ello se retrasen también futuros proyectos. Dado la naturaleza de estos trabajos y el riesgo existente, me gustaría que el Consejo se mostrara más abierto ante la posibilidad de experimentar con diversas iniciativas en cuanto a la financiación, por ejemplo los «eurobonos». Esto es asimismo central teniendo en cuenta la ampliación, ya que sabemos que los países solicitantes necesitan renovar urgentemente su infraestructura.

Mitchell
No soy un experto en financiación de las TEN, pero tengo entendido que el endeudamiento que Su Señoría propone no deja de ser endeudamiento y tendría consecuencias en el endeudamiento global de la Unión o en el de los Estados miembros de la Unión.
Quisiera señalar que los promotores de la actuación de la Comunidad en materia de financiación de las redes transeuropeas las consideran un simple complemento de las medidas adoptadas por los Estados miembros y la consigna es el respeto de la subsidiariedad. El Consejo tiene que contrapesar la necesidad de una financiación suplementaria con la necesidad de rigor presupuestario en los niveles comunitarios y nacional. La financiación suplementaria siempre contribuirá a que los proyectos avancen con mayor rapidez. Sin embargo, ya se están aportando fondos importantes y confío en que se logren avances importantes en la ejecución de los proyectos.
Algunos proyectos que ya se están tramitando podrían retrasarse ligeramente, pero el Consejo cree que, como prioridades que son, seguirán adelante.

El Presidente
Pregunta nº 15 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0956/96):
Asunto: Violación de los derechos humanos fundamentales de las personas que viven en los enclaves de la parte ocupada de Chipre
Según informaciones de que dispongo, las autoridades turcas de ocupación de Chipre continúan impidiendo que las personas que viven en los enclaves mantengan la comunicación con las zonas libres, por una parte, y privan a sus hijos del derecho elemental a la educación, por otra. Algunos casos recientes son: la negativa de las autoridades turcas de ocupación a permitir al matrimonio Chatzigiannis -que había pasado a las zonas libres para bautizar a uno de sus ocho hijos- que regrese a su pueblo, lo que provoca que sus cuatro hijos menores de edad permanezcan en la parte ocupada privados de la tutela paterna, o la denegación de autorizar la sustitución de una de las tres maestras grecochipriotas de la parte ocupada, que se ha jubilado. A la vista de todo esto, ¿puede informarnos el Consejo de qué acciones tiene intención de realizar para dar una solución inmediata a estos problemas y para garantizar, en un plano más general, el respeto de los derechos humanos de los ya escasos centenares de grecochipriotas que viven en los enclaves de la parte ocupada?

Mitchell
El Consejo no ha abordado el caso concreto a que se refiere la pregunta de Su Señoría. Sin embargo, el Consejo ha declarado con claridad en ocasiones anteriores, y seguirá haciéndolo, que se deben respetar las libertades democráticas y los derechos humanos fundamentales de las dos comunidades de la isla.
Cree que se deben levantar todas las restricciones que subsisten de las libertades básicas de las comunidades grecochipriota y maronita en el norte de Chipre. También cree que existe la urgente necesidad de intensificar las medidas encaminadas a promover una solución política completa en Chipre con el patrocinio de las Naciones Unidas y ha pedido a las dos comunidades que inicien constructivamente ese proceso. La Unión Europea está apoyando activamente las gestiones del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para ese fin.
He encargado una investigación del caso concreto a que se refiere Su Señoría y señalaré a la atención del Consejo el resultado de dicha investigación.

Hatzidakis
Señor Presidente, quizás el Ministro, que viene de un país del otro extremo de Europa, haya pensado que este eurodiputado le entretiene con el asunto de una familia a la que las autoridades turcas no dejan regresar al territorio ocupado de Chipre. Es mucho más que esto. Es el problema de un grupo de población que se manifiesta esporádicamente de diferentes maneras.
Eran 20.000, señor Presidente, los grecochipriotas encerrados en el territorio ocupado en 1974 y después de 22 años quedan sólo 400, a causa de la inercia, creo yo, de nuestra sociedad europea, y en general, de las Naciones Unidas. Hay declaraciones, también hemos escuchado las suyas, que se repiten y que suenan bien; pero, ¿no cree usted que alguna vez esas declaraciones deben convertirse en acciones y los compromisos que asumimos oralmente traducirse en una política concreta? Los hechos que yo denuncio en mi pregunta son completamente verídicos; no obstante, tengo la impresión que no existe ninguna acción concreta al respecto.

Mitchell
Permítaseme en primer lugar decir que no estoy tan lejos de Chipre como para no entender que Su Señoría esté preocupado por otras personas. Podría recordar a la Asamblea que la Presidencia irlandesa nombró a un embajador irlandés como enviado especial de la UE para intentar contribuir a la resolución de los problemas a que se refiere Su Señoría.
En segundo lugar, Su Señoría tiene, naturalmente, toda la razón en formular preguntas de esta forma y presionar al Consejo de Ministros. Pero, aparte de las declaraciones, una de las cosas que tenemos que hacer, como Unión, es equiparnos para pegar políticamente con la misma contundencia que en el sentido económico. La realidad es que la Unión Europea no se ha dotado de los medios con los que hacerlo. Todo el sector de la política exterior y de seguridad común está en examen en la Conferencia Intergubernamental y espero que permita a la Unión ser más eficaz y disponer de los instrumentos necesarios para actuar como una Unión, al intentar resolver problemas de este tipo.
Otras organizaciones actúan en esa zona, como las Naciones Unidas, y no han tenido éxito hasta la fecha. Se trata de un problema complicado y difícil. Puedo asegurar a Su Señoría que se trata de un problema que ha preocupado mucho a esta Presidencia y, de hecho, el enviado designado por Irlanda seguirá en ese cargo durante la Presidencia holandesa. Así se ha confirmado ya y seguiremos intentando hacer todo lo que podamos para lograr una solución satisfactoria para ese problema.
En relación con el caso individual mencionado, la razón por la que he dicho que me ocuparía de este caso es la de que no tenía información sobre él y se mencionaba en la pregunta. Habría sido una negligencia por mi parte pasar por alto un caso concreto que se había mencionado.

El Presidente
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 16 y 17 no se formulan.
Pregunta nº 18 formulada por Per Gahrton (H-0967/96):
Asunto: La política en materia de armamento y el comercio de armas
De conformidad con el artículo 223 del Tratado de la Unión la política en materia de armamento es competencia exclusiva de los Estados miembros. No obstante, en una intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores realizada el 17 de septiembre, el Comisario Bangemann señaló que la Comisión no considerara el comercio de armas como cualquier otro aspecto del mercado interior por «razones de naturaleza política» y afirmó que distintas sentencias del Tribunal de Justicia se situaban por encima del Tratado y que éstas habían conferido a la UE competencias en los ámbitos de la política en materia de armamento y del comercio de armas. En este contexto, ¿podría señalar el Consejo si el Derecho comunitario vigente concede a los órganos de la UE competencias en estos ámbitos? En caso positivo, ¿podría señalar en qué sentido, en qué medida y con qué objetivo? En caso negativo, ¿podría señalar el Consejo si sigue siendo partidario de una interpretación estricta del artículo 223 en virtud de la cual la política en materia de armamento queda fuera del ámbito de competencias de la instituciones de la UE?.

Mitchell
Las disposiciones del artículo 223 no constituyen, como señala Su Señoría, una reserva de competencia a favor de los Estados miembros, sino una cláusula de salvaguardia. El artículo 223 -y, en particular, la letra b del apartado 1 del artículo 223- establece que el Tratado no impedirá a un Estado miembro adoptar las medidas que considere necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra.
De conformidad con el apartado 2 de dicho artículo, el 11 de abril de 1958 el Consejo aprobó por unanimidad una lista de productos que pueden estar sujetos a dichas disposiciones. Desde entonces no se ha modificado la lista. De conformidad con el apartado 3 del artículo 223, el Consejo puede modificar las listas por unanimidad y a propuesta de la Comisión. Las medidas que los Estados miembros pueden adoptar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 no deben menoscabar las condiciones de competencia en el Mercado Común respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares: las llamadas mercancías de doble uso. Existe una legislación de la Unión Europea vigente para las mercancías de doble uso, que comprende disposiciones comunitarias y de la política exterior y de seguridad común.
Las cuestiones relativas a la política de armamento son ya objeto de examen por dos grupos de trabajo del Consejo POLARM (Grupo de Trabajo sobre la Política Europea de Armamentos) y COARM (Grupo de Expertos sobre Armas Convencionales). Cualesquiera medidas adoptadas por el Consejo en ese sector no pueden menoscabar la salvaguardia que figura en el artículo 223 y que un Estado miembro puede invocar en cualquier momento.

Gahrton
Agradezco al representante del Consejo su respuesta. Es verdaderamente muy interesante. Por cierto, he escrito una carta al Comisario Bangemann, inmediatamente después de las manifestaciones a las que hago referencia. Le escribí en sueco, y aún no he recibido respuesta. Lo que me interesaba es esta información, y lo interesante de la respuesta que ahora recibo es que se puede interpretar como si el representante del Consejo no aprobase las manifestaciones del Sr. Bangemann con ocasión de su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del PE, en cuya ocasión dijo que él daba el mismo tratamiento al comercio de armas que a cualquier otro tipo de actividad comercial, haciendo referencia a ciertos fallos del Tribunal de la UE. Si entiendo bien al representante del Consejo, no ha ocurrido nada en los últimos tiempos que haga posible un alejamiento de los requisitos fijados por el artículo 223, y esto debería comunicársele encarecidamente el Comisario Bangemann.

Mitchell
Estoy seguro de que Su Señoría puede hacer eso exactamente en el turno de preguntas dirigidas a la Comisión, pero permítaseme decir que, que yo sepa y según el asesoramiento que he recibido, la situación es la que he expuesto. Las disposiciones del artículo 223 no constituyen una reserva de competencias a favor de los Estados miembros, sino que son una cláusula de salvaguardia para los Estados miembros, que las pueden invocar por razones de seguridad. Su Señoría ha interpretado correctamente mi declaración a ese respecto.

El Presidente
Pregunta nº 19 formulada por Robert Evans (H-0973/96):
Asunto: Disposiciones relativas a la salud y la seguridad para los trabajadores de la construcción
¿Qué medidas está adoptando el Consejo para asegurar que dentro de la Unión Europea se cumplen la Directiva 92/57/CEE y otros textos legislativos en materia de salud y seguridad relativos a las obras de construcción?

Mitchell
El Consejo atribuye la mayor importancia a la transposición completa y exacta de la legislación comunitaria por parte de cada uno de los Estados miembros y a la aplicación efectiva de la legislación nacional en la que se haya transpuesto la legislación comunitaria. Así lo dispone claramente la Resolución del Consejo de 27 de marzo de 1995 sobre la transposición y la aplicación de la legislación social comunitaria.
Quisiera añadir también que, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, la Comisión tiene la obligación de velar por que los Estados miembros apliquen la legislación comunitaria.

Evans
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. He presentado esta pregunta porque me preocupa el caso de un hombre de Hayes, en mi circunscripción del norte de Londres, el Sr. Stacey, que murió hace dos años en una obra de un edificio alemán. Fui a Leipzig a ver las obras a averiguar lo que había sucedido y me resultó evidente que en esa parte de la antigua Alemania Oriental no se estaba aplicando esta directiva. Estoy seguro de que habrá circunstancias o situaciones similares en otras partes de la Unión Europea.
Lo que pregunto en realidad es lo siguiente: ¡qué medidas serias está adoptando el Consejo para cerciorarse de que los Estados miembros imponen la aplicación de la legislación y qué medidas está adoptando contra cualesquiera Estados miembros que tal vez no estén imponiendo el cumplimiento de la legislación relativa a la salud como deberían a fin de que en el futuro se pueda evitar ese tipo de muertes innecesarias?

Mitchell
Lamento mucho enterarme de las trágicas circunstancias padecidas por ese ciudadano de la circunscripción de Su Señoría. Desde luego, opino que la legislación establecida debería aplicarse a circunstancias de ese tipo.
Sin embargo, el Consejo no tiene competencias en relación con la aplicación de la legislación comunitaria: es asunto de la Comisión, por lo que Su Señoría podría formular esa pregunta a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 20 formulada por Nuala Ahern (H-0976/96):
Asunto: Prohibición del transporte de plutonio sobre el territorio de Estados miembros de la Unión Europea desnuclearizados
El transporte aéreo de plutonio o de crudo entre plantas de reprocesamiento y plantas de producción de combustible de óxidos mixta MOX y plantas nucleares que utilizan MOX da lugar al transporte por vía aérea de materiales nucleares por encima del territorio de varios Estados miembros de la Unión Europea, algunos de los cuales han renunciado a la opción nuclear.
¿Considera el Consejo que cada Estado miembro tiene derecho a prohibir dichos vuelos sobre su territorio?

Mitchell
El Consejo quisiera recordar a Su Señoría que el transporte de materiales radiactivos está regido en el nivel internacional por la reglamentación del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OIEA, va encaminada a velar por un nivel idóneo de seguridad para el transporte de todos los materiales radiactivos.
En septiembre de 1996 se aprobó una reglamentación revisada del transporte, que refuerza las disposiciones que se deben aplicar en ese ámbito. Dichas reglamentaciones están integradas en las instrucciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional, la ICAO, que son vinculantes para las partes contratantes. En el marco de la aplicación de dichas instrucciones, son posibles exenciones no discriminatorias.
Además, el Consejo quisiera subrayar que las disposiciones del capítulo 3 del Tratado Euratom sobre la salud y la seguridad y la directiva que establece normas básicas de seguridad para la protección de la salud de los trabajadores y el público en general contra los peligros derivados de la radiación ionizante, que ha reforzado la protección de la salud estableciendo límites más estrictos para las dosis, se aplican en todo el territorio de la Unión Europea.

Ahern
Existe cierta confusión sobre las nuevas directrices del OIEA, porque no se tienen en cuenta las propias directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional y esa Organización está muy preocupada. He presentado esta pregunta porque las nuevas directrices del OIEA parecen destinadas concretamente a adaptarse al transporte áereo de combustible MOX y éste no ha sido definido como material con pocas fugas o poca dispersión, como ha declarado la propia Comisión.
Hasta que podamos aclarar esa confusión e incluir adecuadamente las directrices y requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿procurará el Consejo prohibir el transporte de ese material por los territorios de los Estados miembros y obligar a organizaciones como British Nuclear Fuels Ltd a no hacer pública la afirmación de que ha sido designado oficialmente material de poca dispersión, cosa que no ayuda, sino que resulta, de hecho, extraordinariamente engañosa en ese marco?
¿Tendrá a bien aclarar la situación en relación con los Estados miembros desnuclearizados y por encima de cuyos territorios se transporta ese material por vía aérea? ¿Pueden declarar una prohibición unilateral?

Mitchell
Como comprenderá Su Señoría, no puedo darle una respuesta clara en relación con una parte de su pregunta, ya que las normas que se aplican al transporte de materiales fisionables competen, como ya he señalado, a la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo no vinculado con la Unión Europea y al que acceden los Estados miembros con carácter individual. También quisiera decir a Su Señoría que, si la cuestión entrañara la competencia comunitaria, correspondería a la Comisión, como garante que es de los Tratados, velar por el cumplimiento de la legislación comunitaria.
Sin embargo, tengo entendido que un Estado miembro puede derogar las instrucciones de la ICAO, lo que significa que puede denegar la autorización de los transportes por vía aérea sobre su territorio sin el permiso de su organismo encargado de la aviación. Tengo entendido que un Estado miembro de la Unión ha modificado su posición en ese mismo sentido. De modo que, según tengo entendido, esa exención es posible. Hay normas mínimas, pero es posible que un Estado miembro imponga normas más estrictas por su cuenta. Ese asunto es competencia de los Estados miembros.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 21 no se formula.
Pregunta nº 22 formulada por Hadar Cars (H-0983/96/rev. 1):
Asunto: Ayuda de la UE a la antigua Yugoslavia
En su dictamen de 17 de julio dirigido al Consejo y relativo a la ayuda de la Unión a la antigua Yugoslavia, el Parlamento solicitaba, entre otras cosas, que los contratos de compra convocados en el marco de este proyecto también estuviesen abiertos a los países de la Europa central y oriental que han solicitado la adhesión a la Unión.
El Consejo accedió en cierta medida a los deseos del Parlamento y, en este contexto, ha permitido que los países de la Europa central y oriental puedan presentar, dentro de ciertos límites, ofertas en el marco del programa de ayuda.
¿Podría señalar el Consejo cuáles son los avances realizados desde esa fecha? ¿Qué proporción de los créditos previstos se ha pagado ya? ¿Cuándo se atribuirá la totalidad de los créditos previstos para la reconstrucción? ¿En qué medida se ha dado a los países a los que se destina el Programa PHARE la posibilidad de presentar ofertas? ¿Podría señalar el Consejo cuántas han sido las ofertas presentadas y aceptadas procedentes de estos países, así como las cantidades alas que ascienden éstas?

Mitchell
El Consejo dio un importante paso adelante en materia de ayuda a la reconstrucción para la antigua Yugoslavia al aprobar el Reglamento nº 1628/96, de 25 de julio de 1996, que establece un nuevo marco para la financiación de las actividades de reconstrucción en esos países en medida superior a la que posibilitaban los reglamentos existentes de PHARE.
Como han de saber sin duda Sus Señorías, la idea de permitir a personas de los Estados beneficiarios de PHARE presentar ofertas para proyectos comunitarios en pro de la antigua Yugoslavia está reflejada en este nuevo reglamento. Según el apartado 2 del artículo 9 del reglamento, la Comisión puede autorizar, caso por caso, la participación de personas físicas y jurídicas de esos Estados. En el apartado 3 de dicho artículo se define con mayor precisión lo que se entiende por personas jurídicas de un Estado beneficiario del programa PHARE. Ese tipo de operación se podría llevar a cabo ya con arreglo al reglamento de PHARE, a saber, en el marco del programa de ayuda esencial, formulado después de la primera conferencia de donantes sobre BosniaHerzegovina, celebrada en diciembre de 1995.
Respecto de las otras cuestiones planteadas por Su Señoría, la Comisión, que es la encargada de la gestión inmediata del reglamento, ha de estar en condiciones de facilitar la información solicitada.

Cars
Muchas gracias por su respuesta. Como todos sabemos en esta cámara, una parte de la cantidad destinada a los países del Este de Europa dentro del programa Phare se destinó al programa de ayuda para la reconstrucción de Yugoslavia. Esto fue lo que motivó la resuelta decisión del Parlamento de que estos países pudieran contribuir presentando ofertas en lo concerniente a la ayuda que se brindaría a Yugoslavia. No nos ha dado cifras, señor Ministro, de la magnitud de las posibilidades que han tenido estos países, y no nos ha informado de si han conseguido contratos. Supongo que durante el periodo de Presidencia sus Señorías habrán facilitado a todos los niveles que estos países participasen en los trabajos de reconstrucción de Yugoslavia. De este modo se devuelve a los países del este de Europa algo de lo que se les negó al transferir los recursos del programa Phare a la reconstrucción mencionada. Además, esto les proporciona la oportunidad de desarrollarse por sí mismos.
Señor Presidente, para terminar deseo expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento por el modo en que el ministro Mitchell y sus colegas han dirigido los trabajos del Consejo durante el medio año en que Irlanda ha estado a cargo de la Presidencia.

Mitchell
Agradezco a Su Señoría sus amables observaciones finales. En relación con esta cuestión concreta, sé que ha desempeñado un papel destacado en la campaña encaminada a lograr los cambios que se han hecho. Constituye una clara muestra de que el Consejo atiende las opiniones del Parlamento Europeo.
En relación con los detalles de la pregunta formulada por Su Señoría, estoy seguro de que, si formula una pregunta a la Comisión, recibirá detalles sobre la gestión inmediata del reglamento, pero constituye un avance real y la labor relativa a esas disposiciones de PHARE ha sido muy provechosa.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, yo también quiero agradecer la prolija valoración que ha realizado el Presidente en funciones del Consejo. Por mi parte, yo quisiera preguntarle si está prevista alguna acción especial para la región de Kosovo. En efecto, hace algunos días le oímos declarar al Ministro de Asuntos Exteriores serbio que dicha región ha quedado plenamente incorporada al territorio de la actual Yugoslavia y, por lo tanto, no puede contemplarse ningún estatuto especial para esta región oprimida. Yo desearía saber si el Consejo puede adoptar alguna medida especial en relación con esta cuestión.

Mitchell
Lamento no disponer de esa información en mis notas, pero comprendo que se trata de un asunto muy preocupante. Examinaré ese asunto y comunicaré el resultado directamente a Sus Señoría.

El Presidente
Quisiera agradecer al Sr. Mitchell la forma como ha atendido a las preguntas. Hemos apreciado mucho su compañía y las respuestas que ha dado personalmente y en nombre del Consejo.
El turno de preguntas queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.15 horas, se reanuda a las 21 horas)

Derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40367/96) del Sr. Kerr, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(94)0300 - C4-0151/94-94/0203(CNS)) sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad.

Weiler
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ya quedamos muy pocos aquí esta noche, pero esto era de esperar. Aun así, yo quiero manifestar mi sincero agradecimiento al ponente, Hugh Kerr, por su informe y por las difíciles negociaciones que ha llevado a cabo. Yo creo que el Parlamento ha debatido pocas veces un tema tan complejo, pero a la vez tan importante en sus detalles y con consecuencias de tan vasto alcance para la vida laboral en Europa. También quiero darle las gracias al Comisario Flynn por su disposición a incorporar, ya después del primer debate del mes de enero y a lo largo de las numerosas negociaciones, nuestra perspectiva sobre la definición del traspaso de empresas. Éste es el factor decisivo para mi Grupo político del Partido Socialista Europeo, puesto que permitirá una mejora cualitativa por lo que respecta a los derechos de los trabajadores en Europa. Un hecho particularmente importante en un momento en que desde Bruselas, lamentablemente también desde la Comisión y sobre todo desde el Consejo, sólo parecen emitirse señales asociadas a regulaciones en favor de la liberalización y la desregulación con el único objetivo de maximizar los beneficios.
Según he tenido noticia, ya se ha alcanzado o está en vías de alcanzarse un compromiso sobre el espinoso tema de la insolvencia o la liquidación. Aun así, yo quiero recordar que en la audiencia todos los expertos destacaron que al inicio del procedimiento todavía no se sabe con certeza cuál será el resultado final. Desde luego, todos coincidimos en que debe procurarse conservar el mayor número posible de empresas y, por lo tanto, también de puestos de trabajo y, por consiguiente, obviamente también estamos a favor de unas normas flexibles. Sencillamente no es cierto -lamento que la colega de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ya no esté presente- que excluir la liquidación favorezca la salvación de las empresas. Todas las experiencias, las de los Países Bajos por ejemplo, revelan un cuadro muy distinto.
Antes de acabar, yo quisiera dirigir aún tres breves peticiones al señor Comisario. En primer lugar, ésta no será sin duda la última vez que se revise la presente Directiva. Por lo tanto, yo le ruego que contemple la posibilidad de incluir a los Estados de la Europa central y oriental. Esto es particularmente urgente para nosotros, sobre todo en Alemania, pero también en Austria, dado que cada vez son más los traslados de empresas que no tienen lugar en el interior de la UE, sino en dirección a Polonia, Chequia y Hungría. El segundo punto se refiere a los regímenes complementarios de previsión para la vejez, a las cuales ya se ha hecho referencia esta noche. Yo quiero pedirle que también en este aspecto se busque una norma que garantice los derechos adquiridos y que sea adecuada no sólo para Gran Bretaña sino también para los restantes Estados miembros. También este aspecto es de particular importancia, dado que en la mayoría de los Estados miembros se está produciendo un recorte en las pensiones solidarias. De ahí la necesidad de afianzar el puntal de los regímenes complementarios de previsión.
Finalmente, como último punto, en mi intervención del mes de enero yo ya mencioné que había tenido noticias de que usted estaba preparando un informe. ¿Para cuándo podemos prever que estará disponible y nos permitirá contar con más datos y hechos probados? Es mucho lo que está en juego, incluida la aceptación de Europa entre los trabajadores. Señor Comisario, yo le deseo, lo mismo que al ponente Hugh Kerr, que tengan ustedes mucho éxito en sus negociaciones con el Consejo.

Schiedermeier
Señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los dos años transcurridos indican cuán difíciles han sido las negociaciones sobre el tema de la aproximación de las legislaciones relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas. En el interín la Comisión retiró, tras intensas deliberaciones en la Comisión de Asuntos Sociales, la propuesta inicial de una nueva directiva y la sustituyó por una propuesta de modificación de la Directiva 77/187/CEE. Con ello ha dado muestras de una notable flexibilidad, incluido también el señor Comisario. El problema más difícil es mantener un equilibrio entre los intereses de los trabajadores afectados y los intereses del empresario que adquiere la empresa. Si se hace excesivo hincapié en los derechos de los asalariados, al empresario ya no le interesará la compra de la empresa. Esta situación desemboca en una declaración de insolvencia y la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo, sobre todo cuando la empresa tiene problemas financieros.
Con lo cual no se hace, sin embargo, ningún servicio a los trabajadores afectados. Por lo tanto, también a éstos les interesa que se mantenga un cierto incentivo para el empresario que adquiere la empresa. Tras dos años de forcejeos logró alcanzarse este equilibrio, con una ligera ventaja en favor de los derechos de los trabajadores. Otra dificultad resulta de las diferentes situaciones jurídicas de las que parten los Estados miembros. Por este motivo, el Grupo del Partido Popular Europeo, considera imprescindible que se contemple la posibilidad de una declaración de quiebra en caso de insolvencia, así como la intervención de un síndico de la quiebra en tales casos. Por lo tanto, tras largas negociaciones con el ponente, el Sr. Kerr, hemos llegado a un acuerdo para que retire su enmienda 18, que hasta ahora se oponía a ello. El Partido Popular Europeo podrá votar en tal caso afirmativamente el informe, a mi parecer, un informe que me ha costado mucho tiempo y energía conseguir en mi calidad de «ponente en la sombra». Yo espero que de este modo pueda quedar expedito, después de dos años, el camino para alcanzar una solución razonable. En interés de los trabajadores afectados y de los empresarios, debemos aprobar la modificación de la Directiva.
Visto que el ponente sólo ha dado las gracias a sus colegas del Partido Socialista Europeo, espero no ofenderle si en mi calidad de miembro del Partido Popular Europeo, acabo mi intervención agradeciéndole sinceramente el esfuerzo que ha realizado durante estos dos años, ¡aunque pertenezca al Partido Socialista Europeo!

Kerr
Señor Presidente, tal vez podría informar a la Comisión, sobre todo antes de que intervenga, de que, como ha dicho el Sr. Scheiedermeier, hemos celebrado conversaciones desde que inicié el debate y he accedido a retirar la enmienda nº 18 para la votación de mañana. Tal vez eso ayude al Comisario en sus observaciones de esta noche.

Garosci
Señor Presidente, Señorías, quizás les extrañe, sin embargo, voy a agradecer al ponente sólo el aspecto cuantitativo y no el cualitativo de su trabajo.
Nuestro Grupo no está de acuerdo con la mayoría de los elementos de esta nueva directiva, habida cuenta de que aleja las empresas de la efectiva internacionalización del mercado.
Si vamos a trabajar en serio en pro de un mercado interior único, debemos ofrecer a las empresas de los quince Estados miembros las condiciones para poder establecer un diálogo entre sí, comprarse y venderse. A tenor de su actual redacción, por el contrario, estas normas frenan la aceleración del mercado en dicho sentido.
Ante todo, no coincidimos con la definición del concepto de traspaso de empresas. Dicha definición, según su actual redacción, podría conllevar la aplicación de la Directiva sobre los contratos de servicios y provocar un impacto negativo en el empleo, la flexibilidad del mercado laboral y la competitividad. En consecuencia, es preciso delimitar el alcance de la definición. En particular, lo que no compartimos e intentamos corregir a través de una enmienda no aprobada, se refiere a la duración de las consultas. En efecto, el ponente contempla la obligación de consultar a los representantes de los trabajadores tan pronto como se prevea un traspaso.
Lo anterior resulta irreal y susceptible de obstaculizar seriamente los traspasos de empresas.
Tal como acabo de manifestar, nuestro Grupo presentó una enmienda que, por contra, habría permitido a las empresas no revelar determinadas informaciones o comunicarlas de forma confidencial en el caso de que otra forma de proceder podría resultar perjudicial.
En conclusión, estamos a favor de ofrecer las máximas garantías a los trabajadores en la relación laboral, pero sin que se comuniquen, con demasiada antelación los traspasos de empresas. El objetivo final debe ser el de permitir a las empresas entablar un mayor diálogo entre sí e instaurar un auténtico mercado único.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias al Sr. Kerr por el ingente trabajo que ha realizado para llegar a un resultado aceptable. No obstante, sigue habiendo algunos puntos poco claros, que tienen que ver con el alcance de la directiva. Quisiera que el Comisario me dijera si en el artículo 1, con la enmienda actual, hemos de entender que cuando una empresa tiene un contrato con otra empresa y quiere cambiarlo, si los trabajadores de la otra empresa entran en esta directiva o si sólo se trata de servicios y de asuntos tratados a nivel de dirección de la empresa y que luego se encargan a otra empresa. Considero necesario que haya mayor claridad. Quiero mayor claridad en relación con el contracting out .
Una segunda cuestión que quiero plantear, señor Comisario, es la de las pensiones. Tengo entendido que la Sra. Veil ha acabado su trabajo y que en su informe se dice, entre otras cosas, que en todas las situaciones deben garantizarse los derechos de los trabajadores. Pienso que no es aceptable que no se garanticen los derechos de pensión cotizados y los fondos asociados. El Sr. Kerr ya ha señalado esta cuestión. Creo firmemente que hay que garantizar los derechos de pensiones de los trabajadores en caso de traspaso de empresas.
Por último, quiero contestar a lo que ha dicho el Sr. Garosci. Según él, la participación de los trabajadores no es tan conveniente, y cree que ello frena la flexibilización del mercado laboral en una economía globalizadora. En mi país han sido a menudo los trabajadores quienes, en las suspensiones de pagos y las quiebras, han desempeñado un papel muy positivo al intentar salvar las empresas o parte de las empresas. Por esta razón no votaremos contra la participación de los trabajadores.

Schörling
Señor Presidente, ha sido necesario modificar la propuesta de la Comisión de 1994 en una serie de artículos, porque a causa de la redacción poco clara del documento se daba pie a unas interpretaciones y vacíos en la normativa y la legislación que ponían en peligro la protección y los derechos de los trabajadores en casos de traspasos de fábricas y firmas o partes de firmas; ya hemos registrado algunos ejemplos en Inglaterra e Irlanda. Como todos sabemos, no es fácil cubrir estos vacíos de la normativa. No obstante, opino que el Sr. Kerr ha apuntando muy alto en su trabajo. Este ha sido de gran calidad gracias a su esfuerzo, y tenemos en nuestras manos un informe muy correcto.
Sobre todo hay dos enmiendas que mi grupo desea señalar y comentar. En primer lugar, debe quedar bien claro que deben protegerse los derechos del empleado a la paga de jubilación en casos de traspasos de empresas y entidades. Como se ha mencionado aquí, es especialmente importante que no empeore la situación del grupo que a menudo se ve más afectado por los cierres y reestructuraciones, normalemente mujeres en la escala retributiva inferior y las que trabajan a tiempo parcial. En este sentido también es muy importante la enmienda sobre los principios antidiscriminatorios.
En segundo lugar, del concepto de traspaso que contiene la Directiva debe deducirse que este se aplica a todas las fases que afectan a los empleados, tanto en empresas con una actividad económica como en las de servicios. La Directiva también debe ser igualmente explícita por lo que respecta a la prohibición de los cierres artificiales o provocados que menoscaban los derechos de los trabajadores.

Pronk
Señor Presidente, quiero dar las gracias sin rodeos al Sr. Kerr por su informe. Ahora me atrevo a hacerlo. Creo que el Sr. Kerr lo estará pasando mal hoy, pues ha estado paseándose tanto tiempo con su informe que casi parece que hoy condujera a su hija al altar. En realidad, siempre he creído que el Sr. Kerr llegaría a su segunda legislativa con este informe, pues era muy difícil, pero no ha sido el caso. Hemos conseguido llegar hasta aquí. Esto da respuesta a una serie de problemas.
Se trata de una directiva realmente difícil. Ya era difícil antes, y se ha complicado más por el hecho de que el Tribunal haya pronunciado algunas sentencias que han tenido consecuencias importantes, y si luego se considera que las consecuencias son excesivas, resulta sumamente difícil volver a enderezarlo. En lo que a esto respecta, la Comisión tenía una difícil misión. En un principio considerábamos que la propuesta de la Comisión iba demasiado en la dirección de lo que quería el gobierno inglés, y no sólo nosotros, también otros miembros del Consejo sentían mucho placer al decir al gobierno inglés: no, no, porque el gobierno inglés siempre dice: no, no. Esto último no facilitaba las cosas para solucionar el asunto. De ahí que quiera decir a todo aquel que tenga críticas, que este ha sido un acto político sumamente difícil. Ha sido sumamente difícil equilibrar los diferentes intereses y me complace que sobre todo nuestros dos Grupos hayan logrado una solución aceptable junto con la Comisión. Pues, ¿qué es necesario? Que logremos una gran mayoría en este Parlamento para las enmiendas que son aceptables. Y en segundo lugar, que la Comisión pueda aceptar dichas enmiendas. Oiremos el juicio definitivo, pero de antemano hemos tenido la clara impresión de que lo esencial de esta cuestión es aceptable para la Comisión. De no ser así, por supuesto surgirá otra situación. De eso se trata. Esto es lo que hemos logrado y por ello no sólo debemos felicitar al Sr. Kerr, sino que también debemos felicitar a la Comisión y a todos nosotros por haberlo logrado.

Boogerd-Quaak
(NL) Señor Presidente, lamento que los cristianodemócratas digan: nuestros dos Grupos. Pienso que este es un Parlamento representado por varios Grupos y quisiera estar implicada en ello.

Pronk
Ciertamente he dicho «sobre todo», pero he de decir que, en efecto, en lo que a esto respecta, quiero aplaudir a la Sra. Boogerd-Quaak, pues tiene razón.

Flynn
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme dar las gracias al ponente, Sr. Kerr, y a todos los que han hecho contribuciones a este debate desde todos los sectores de la Asamblea. Ésta es una de las más importantes cuestiones de la legislación laboral que se han presentado a esta Asamblea desde hace bastante tiempo. Lo coloco en la misma categoría que el Consejo de Obras Públicas. También quisiera dar las gracias a quienes han colaborado con el Sr. Kerr en las comisiones, la Sra. Waddington, la Sra. MosiekUrbahn y el Sr. Thomas. También me uno al agradecimiento expresado por el Sr. Kerr al Sr. Stephen Hughes, que no puede estar hoy con nosotros, y a todos Sus Señorías por la extraordinaria labor que se ha llevado a cabo en los dos últimos años. Resulta digna de elogio la excelente calidad de este informe.
Como saben todos Sus Señorías, en septiembre de 1994 la Comisión aprobó una propuesta de directiva del Consejo con vistas a revisar y substituir la Directiva 77/187/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad. La revisión tenía un objetivo triple: reformar y aclarar el alcance y las definiciones de la directiva a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Justicia, permitir una mayor flexibilidad en caso de traspasos en el marco de los procedimientos relativos a la insolvencia con vistas a garantizar la supervivencia de las empresas afectadas, mejorar los requisitos de información y consulta, en particular en situaciones transnacionales, y fortalecer el estatuto de los representantes de los empleados.
La propuesta va encaminada a conciliar la necesidad de garantizar unas mejores normas de protección de los empleados en casos de reestructuración de empresas con el objetivo fundamental de prevenir cierres de empresas y mantener los niveles actuales de empleo en el marco de una mayor flexibilidad, una mayor autonomía para las partes interesadas y una mayor certeza jurídica. De modo que me complace profundamente que la Asamblea no haya puesto en entredicho ese triple objetivo y que gran número de las disposiciones revisadas de la Comisión hayan recibido pleno respaldo de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo.
Entre ellas figuran la definición de traspaso en el primer inciso del apartado 1 del artículo 1, la ampliación del alcance de la directiva a los buques que navegan por alta mar, al empleo especial y a las empresas sin fines de lucro, las disposiciones relativas a los traspasos transnacionales, el fortalecimiento de los derechos adquiridos de los representantes de los empleados, la necesidad de establecer la responsabilidad conjunta del cedente y del cesionario y ciertas disposiciones varias.
Sin embargo, no voy a ocultar que ha habido diferencias importantes, aunque conciliables, entre la Asamblea y la Comisión respecto del alcance y del contenido de algunas de las disposiciones revisadas. Tengo mucho gusto en anunciar ahora que, después de un debate fructífero y conversaciones muy prolongadas y detalladas, la Comisión está dispuesta a aceptar, total o parcialmente, catorce de las diecisiete enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Sociales y que puedo proponer a la Comisión que adoptemos también una de las siete enmiendas presentadas a la Asamblea.
Estas cifras hablan por sí solas y el consenso constituye un logro considerable, pues hemos avanzado mucho con vistas a la consecución del objetivo de la Comunidad de modernizar un instrumento legislativo -la directiva relativa a los derechos adquiridos- que corresponde al centro mismo del Derecho y los sistemas laborales de la Comunidad.
Quisiera analizar las enmiendas propuestas una por una en el marco de los tres objetivos principales perseguidos por la Comisión. En primer lugar, reformar y aclarar el alcance y las definiciones de la directiva. Respecto de la no aplicación de la directiva al traspaso de actividades y funciones exclusivamente, que ha resultado el punto más polémico para las dos instituciones, la Comisión cumplirá su decisión de 7 de febrero de 1996, adoptada a raíz de la resolución del Parlamento de 18 de enero de 1996. Así, pues, suprimirá el segundo inciso del apartado 1 del artículo 1 y presentará el texto futuro como una propuesta que modifica, no substituye, la actual Directiva 77/187. Así, pues, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 1 (el título), 2 (el primer considerando) y 4 (el segundo inciso del apartado 1 del artículo 1).
La Comisión acoge también con beneplácito el principio de la responsabilidad conjuntamente y por separado entre el cedente y el cesionario propuesta en el segundo inciso del apartado 1 del artículo 3 de la enmienda nº 5. Sin embargo, para mejorar la certeza jurídica y evitar controversias jurídicas innecesarias, dicha responsabilidad quedará limitada a las obligaciones que se desprenden y expiran antes del traspaso. Sin embargo, no se puede aceptar el apartado 3 del artículo 3 de la enmienda nº 6. La ampliación del alcance material de la directiva a los planes de seguridad social suplementarios de las empresas o entre varias empresas obstaculizaría, en lugar de facilitar, el traspaso de empresas en pleno funcionamiento. También afectaría a las legislaciones relativas a la seguridad social y, en particular, a la gran diversidad de sistemas complementarios de seguridad social existentes en los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión considera que las repercusiones de los procesos de reestructuración en los planes complementarios de seguridad social deben ser objeto de una investigación suplementaria, por lo que se propone llevar a cabo un estudio completo de esa cuestión concreta. Espero que la Asamblea lo apoye,
También quisiera hacer referencia al apartado 3 del artículo 3, según el cual los Estados miembros pueden adoptar medidas para garantizar los intereses de sus trabajadores también a ese respecto. Parece abarcarlo en alguna medida, por lo que vamos a hacer un estudio completo sobre toda esa cuestión. La letra a del apartado 4 del artículo 3, que es nueva, introduce una necesaria cláusula de salvaguardia para descartar cualesquiera procedimientos perjudiciales para los intereses de los empleados. Así, pues, es aceptable. El apartado 3 del artículo 4 de la enmienda nº 7, que mejora el texto de la Comisión, puede ser aceptado. Sin embargo, se considera innecesaria la expresión «jurídicamente vinculante», por lo que se ha suprimido. El apartado 4 del artículo 4 de la enmienda nº 8, que aclara el texto de la Comisión, nos parece totalmente aceptable. El apartado 5 del artículo 4 de la enmienda nº 9 suprime el apartado 5 del artículo 4 con el argumento de que las facultades que en él se conceden a las autoridades judiciales, en particular la de modificar o poner fin a las relaciones laborales, son ajenas a los sistemas jurídicos de la mayoría de los Estados miembros y la Comisión está de acuerdo, por lo que suprimirá dicho apartado de su futura propuesta, mejorará los requisitos en materia de información y consulta y reforzará el estatuto de los representantes de los empleados.
El apartado 1 del artículo 6 de la enmienda nº 10 es nuevo. Establece explícitamente, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, las obligaciones de los Estados miembros de establecer la designación de representantes de los empleados. También dispone que dichos representantes deben ser independientes del empleador. Acojo con beneplácito una aclaración en ese sentido, coherente con las facultades negociadoras concedidas a los representantes de los empleados por el apartado 3 del artículo 4, en su forma revisada. Así, pues, el próximo texto establecerá explícitamente que se garantizará a los representantes de los empleados, ya sean representantes sindicales o representantes elegidos entre sus miembros por los empleados, la necesaria independencia para permitirles cumplir con sus obligaciones.
No podemos aceptar enteramente la enmienda nº 11, es decir, los apartados 1 y 2 del artículo 6. La Comisión considera que su propuesta es más clara y más coherente. Sin embargo, la Comisión está dispuesta a modificar su texto para que quede claro que las obligaciones de informar por parte de los cedentes y los cesionarios es aplicable desde el momento en que se proyecte el traspaso de que se trate.
La Comisión hace suyos el espíritu y el objetivo de la enmienda nº 12, la letra a del apartado 4 del artículo 6 - también nuevo-, que tienen en cuenta las situaciones en las que la decisión de la que se derive el traspaso sean adoptadas por una persona física o jurídica que no sea ni un empleador ni una empresa que ejerza el control. Así, pues, se hará una nueva redacción del texto para que quede claro que, al examinar las alegaciones de violaciones de los requisitos en materia de información y consulta, no se debe tener en cuenta el hecho de que la persona física o jurídica que adoptara la decisión de la que se derive el traspaso no facilitara la información pertinente al empleador.
El apartado 5 del artículo 6 de la enmienda nº 13 rechaza el umbral de 50 empleados, introducido por la propuesta de la Comisión, y mantiene el texto actual.
En la enmienda nº 3, que introdujo un considerando para justificar esa iniciativa, se argumenta que, hasta que se haga la futura armonización en la esfera de la información y la consulta de los empleados en las empresas nacionales, se debe abordar esa cuestión mediante el futuro instrumento marco. No se me escapa la coherencia de este argumento, por lo que pediré a la Comisión que lo haga suyo. Sin embargo, si se mantiene el texto actual, no pide la introducción del considerando propuesto por la enmienda nº 3, que, en consecuencia, resulta superflua.
Sobre algunas de las disposiciones varias: se puede aceptar la enmienda nº 14 -es decir, el artículo 8-, no para substituir el artículo 8 de la propuesta, sino como nueva disposición independiente, a fin de que esté plenamente en consonancia con las medidas relativas a la aplicación propuestas en mi programa de acción social 1995-1997. Sin embargo, la segunda frase resulta superflua, a la luz del artículo 9 de la propuesta de la Comisión.
Acojo con el mayor beneplácito la enmienda nº 15 -artículo 8 bis, que es nuevo- a raíz de la comunicación de la Comisión sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo de 13 de diciembre de 1995. Constituirá un importante valor añadido para la directiva relativa al traspaso de empresas.
Las enmiendas núms. 16 y 17 son coherentes con las enmiendas núms. 1 y 2, razón por la cual se debe aceptarlas.
Se rechazarán las enmiendas núms. 20, 21, 22, 23, 24 y 25, pues no son incompatibles con ciertas enmiendas que estamos dispuestos a aceptar o introducen cláusulas de exención que ponen en peligro los fines y objetivos de la directiva.
Resumiendo en este momento, la Comisión puede aceptar total o parcialmente 15 enmiendas: las núms. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 y rechaza otras nueve, una relativa a un nuevo considerando y ocho relativas a la parte dispositiva.
Junto con la nueva propuesta modificada, me propongo presentar a mis colegas en las próximas semanas un memorando sobre la interpretación de la actual directiva relativa al traspaso con vistas a dar orientación a los empleados, sus representantes, los empleadores y los ciudadanos europeos en general sobre la interpretación y aplicación correctas de este decisivo instrumento legislativo.
Antes de concluir, quisiera decir simplemente a la Sra. Weiler que considero toda la cuestión de la reforma de los sistemas de seguridad social sumamente importante. En este momento estoy celebrando consultas en el marco del debate sobre el futuro de la seguridad social y sus disposiciones. En la primavera presentaré una comunicación de seguimiento en la que se abordarán los asuntos que ha planteado.
Me ha complacido mucho que el Sr. Schiedermeier haya podido unirse al consenso sobre esta directiva concreta. Resulta revelador del consenso que existe en la Asamblea esta noche.
Quisiera decir al Sr. Garosci que apoyo el punto de vista que ha expuesto en lo relativo a que se deben dar las máximas garantías a todos los empleados, pero no puedo aceptar la observación que ha hecho sobre la confidencialidad. Mi posición es muy fácil de exponer: la de que, una vez que se ha decidido hacer un traspaso, se debe informar a los empleados.
La Sra. Boogerd-Quaak ha hecho una observación muy válida sobre la cuestión de las pensiones. Ya he respondido antes a ese respecto. Debo decir a Su Señoría que el Parlamento Europeo no necesitó esa definición. Ésa es la razón por la que retiramos ese punto del apartado 1 del artículo 1. Así, pues, se consideró cada caso según sus méritos. En principio, puede tener en cuenta la subcontratación que tanto preocupa a Su Señoría y la jurisprudencia se aplicará en todas esas situaciones. Está evolucionando muy bien a ese respecto también.
Por último, quisiera subrayar la importancia de los trabajos que se están llevando a cabo aquí hoy. Son importantes para todo el futuro de la política social y la modernización en un nuevo marco de adecuada flexibilidad y normas de protección mejoradas.
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Asamblea por este hito histórico que se está produciendo aquí en relación con la legislación laboral de la Comunidad Europea. Es un auténtico paso adelante y felicito a la Asamblea por su labor.

El Presidente
Comisario Flynn, permítame expresarle mi pesar por no poder dirigirme a usted con su nombre gáelico idóneo como dirigente de una tribu en gaélico. He intentando averiguar, después de Taoiseach y Tánaiste , cuál sería el nombre idóneo para usted, pero la verdad es que hasta ahora no lo he conseguido. Continúo con mi búsqueda, pero eso no indica mi falta de voluntad de honrarlo a usted como debemos y queremos. Permítame añadir algo más, con todo respeto. Si alguien abrigaba alguna duda sobre la importancia que atribuye usted a la cuestión que se ha debatido, creo que su exhaustiva respuesta no nos ha dejado margen alguno para que sigamos abrigándola. El único problema es el de que, por desgracia, ha empleado usted unos 14 minutos, en lugar de los cinco minutos establecidos para las respuestas de la Comisión. Si seguimos así, yo no tendría inconveniente en permanecer hasta la 1.30 de la mañana, pero no estoy seguro de que a los intérpretes les hiciera demasiada gracia.

Kerr
Tan sólo quiero expresar mi agradecimiento al Comisario por su completa respuesta y en particular la idea de enviar un memorando de aclaración, que es muy necesario, en particular para los tribunales, a fin de aclarar exactamente cuál es la posición de la Comisión. Creo que éste ha sido un ejemplo excelente de la colaboración entre el Parlamento y la Comisión y espero que el Consejo así lo entienda.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación se celebrará mañana por la mañana.

Acuerdo que modifica el
Cuarto Convenio ACP-CE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A4-0387/96) del Sr. Wurtz, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Colaboración, sobre el proyecto de decisión del Consejo (COM(95)707-6075/96 - C4-0278/96-96/0023(AVC)) relativo a la celebración del acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995.

Wurtz
Señor Presidente, señor Comisario, para poder entrar en vigor, Lomé IV revisado y su partida financiera deben ser ratificados por todos los parlamentos nacionales y lograr asimismo el dictamen conforme del Parlamento Europeo.
Por consiguiente, el acto político que estamos llamados a realizar tiene un gran alcance. El significado que le demos será seguido con atención, tanto por los países ACP como por las fracciones de nuestras opiniones públicas que tienen conciencia de la apuesta de civilización que representa el futuro de las relaciones Norte-Sur para el mundo del siglo XXI, así como el envite que constituye para la sociedad de nuestros propios países.
Ya saben ustedes que estas relaciones atraviesan un período muy difícil, si no crítico. Lo que ilustra esta evolución dramática es la situación de la ayuda pública al desarrollo. Lejos de acercarse al objetivo del 0, 07 % de la riqueza producida en los países industrializados, está en caída libre, a penas el 0, 27 %, es decir, la proporción más pobre desde hace un cuarto de siglo. Este asunto deshonra de forma muy particular al G7. Francia disminuye su ayuda en un 12 %, Alemania y Gran Bretaña todavía hacen menos esfuerzos. En cuanto a los Estados Unidos, baten todos los récords haciendo retroceder su contribución en un 28 % en el período de un año para alcanzar el 0, 1 de su PIB. Por otra parte, este descenso de la ayuda no es sino la parte más visible de la repugnante y peligrosa degradación de las relaciones Norte/Sur.
Es especialmente sensible para África que, según Naciones Unidas, gasta cuatro veces más dinero para pagar la deuda que por los servicios de salud. Como lo ha subrayado la Sra. Carol Bellamy, Directora general de la UNICEF, nuestra época está esencialmente preocupada por la rentabilidad y animada por un cinismo respecto de los esfuerzos de desarrollo.
Es éste el contexto en el que nos hemos esforzado, en la Comisión de Desarrollo y Cooperación de esta Asamblea, en medir los logros y las carencias de Lomé IV. No voy a volver al análisis detallado de las modificaciones aportadas al Convenio, con motivo de las últimas negociaciones, que figuran en mi informe escrito. Les invito a que se remitan asimismo al documento de trabajo, anexo al informe, en el que evoco una serie de pistas de reflexión sobre los grandes logros de Lomé que, en mi opinión, habrán de preservarse y hacer que fructifiquen en el futuro.
Por el contrario, desearía insistir ante ustedes en tres ideas firmes que nuestra Comisión de Desarrollo ha hecho suyas y que dan su verdadero significado a la posición que les recomendamos adopten en el momento de votar Lomé IV.
La primera idea es que los resultados de esta revisión del Convenio y del laborioso compromiso logrado entre los Quince sobre su protocolo financiero, son decepcionantes. Es la opinión general. Por lo tanto, el «sí» que les proponemos expresen no debe entenderse como un satisfecit a Lomé IV. Por una parte, trata de responder a la llamada acuciante y unánime de los países ACP por una ratificación rápida del Convenio ya que, satisfechos o no, lo necesitan.
Por otra parte, en el contexto actual tan desfavorable, nuestro sí trata de pensar que más vale pájaro en mano que ciento volando y afirmar nuestra adhesión a los logros de Lomé, gravemente amenazados hoy.
Lo que me lleva a la segunda idea clave del informe. Este les propone que, con motivo de dicha votación, lancen solemnemente un grito de alarma. Es preciso saber y dar a conocer que el cuarto Convenio de Lomé será muy probablemente el último. Y nadie sabe lo que le sucederá después del año 2000.
Por consiguiente, nos parece imperativo expresar a tiempo las exigencias claras para el después de Lomé porque el futuro se decide ahora.
Así pues, nuestro sí será exigente con la preservación y el refuerzo de lo que a veces se llama «el espíritu de Lomé» que el gran viento ultraliberal actual erosiona hasta negarlo.
¿Cuáles son estos logros fundamentales de la relación Unión Europea-ACP sobre los que nos proponemos apoyarnos para -como decimos nosotros- superar Lomé por lo alto? Tal es el tercer eje de nuestro informe. A tal fin, evocamos esta noción fundadora de Lomé que es la asociación, dando a este concepto un contenido nuevo y vigoroso, en contraposición a la condicionalidad asfixiante y unilateral, impuesta por las instituciones financieras internacionales. Subrayamos asimismo la necesidad de garantizar a nuestros socios la previsibilidad de la ayuda al desarrollo. Dicho de otro modo, una cooperación que se enmarque en el medio y largo plazo para responder realmente a las grandes prioridades del desarrollo.
Por último, la seguridad de la relación de la Unión europea-ACP debe afirmarse con fuerza, no sólo en los textos, sino a través de actos significativos; en particular, en un mundo cada vez más inestable, la Unión Europea debe intervenir en las grandes instancias internacionales para frenar la mundialización excluyente que se practica hoy, y rehabilitar una lógica y una ética del codesarrollo.
Señor Presidente, al basar su relación con el Sur en dichos principios, de forma duradera, Europa contribuiría al mismo tiempo a hacer renacer la esperanza entre sus socios y recobrar para sí misma, este gran designio del que tan cruelmente carece hoy.

El Presidente
Señor Wurtz, le agradezco sus palabras de presentación.

Porto
Señor Presidente, comienzo felicitando al Sr. Wurtz por su informe, así como al Comisario João de Deus Pinheiro por la conclusión del acuerdo que modifica el Cuarto Convenio de Lomé.
Por tratarse de países con especiales vínculos históricos y actuales, con los países de la Unión Europea, tenemos para con ellos responsabilidades que no podemos eludir, pues debemos preocuparnos por todas las dimensiones de su desarrollo.
Así, está justificado el refuerzo de la exigencia de la cláusula democrática y la ampliación del diálogo político, al estar definitivamente «enterrada» la idea de que hubiera un trade-off entre democracia y crecimiento económico. En todos los países, incluso en los menos desarrollados, el respeto democrático por las personas, valor intocable por sí solo, es condición de crecimiento en un mundo abierto y exigente como aquel en que ahora vivimos.
Por haber sido ponente para la opinión aprobada en la Comisión REX, considero que debo subrayar aquí, en particular, que la perspectiva correcta para esos países no puede ser el proteccionismo. Con nuestra ayuda, pero fundamentalmente con su esfuerzo, según una de las conclusiones, conviene asegurar su «competitividad en una economía mundial abierta». Por otro lado, debemos acompañar la ayuda proporcionada con la apertura del mercado a producciones importantes de esos países. La apertura no puede dejar de ser gradual de parte a parte, con el cumplimiento de los plazos acordados y la promoción previa de reestructuraciones indispensables (por lo que constituye un mal ejemplo lo que se pretendió hacer recientemente con la anticipación de plazos acordados en la Ronda Uruguay para la importación libre de productos textiles).
En la cooperación que se debe proporcionar a los países ACP, son dignos de beneplácito también otros avances logrados con el acuerdo que estamos analizando, al garantizarse en un difícil momento de restricciones, el aumento global del apoyo financiero (sin paralelo con otros países ricos del mundo), así como una mayor eficacia de la intervención, con una mayor coherencia, una mejor coordinación y una más estrecha complementaridad entre las políticas de desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros.

Donnay
Señor Presidente, señorías, el Convenio de Lomé es el instrumento de ayuda al desarrollo por excelencia de la Unión Europea. Durante mucho tiempo, se ha dado prioridad a la agricultura y al autoabastecimiento, en detrimento del sector de los transportes. Por consiguiente, la infraestructura se ha degradado de manera considerable. Afortunadamente, el transporte experimenta ahora un renuevo de interés y constituye, en efecto, un factor determinante de desarrollo, sobre todo para los países rodeados e insulares.
El eslabón marítimo del comercio exterior se convierte así en una baza estratégica para la competitividad de los países ACP. Los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo aprobaron, pues, por unanimidad, las disposiciones en materia de transportes que contiene el texto revisado del IV Convenio de Lomé.
Permítanme que insista más especialmente en tres puntos. En primer lugar, nuestra comisión se alegra de que este capítulo cubra todos los aspectos del transporte, en particular, el de las infraestructuras y de la prioridad que se concederá a los transportes aéreo y marítimo, sectores fundamentales para los países insulares. A este respecto, suscribimos el principio afirmado en el Convenio de llegar a una liberalización del transporte marítimo y la necesidad de que los armadores africanos trabajen a medio plazo en un marco tan próximo como sea posible de la competencia libre y leal.
No obstante, para ello, es preciso dejar a los países ACP un plazo de tiempo suficiente para adaptarse a las condiciones de competencia, a fin de no desestabilizar el sector, ni eliminar las compañías africanas. La formación de las personas será pues muy importante.
En segundo lugar, aprobamos las modificaciones realizadas al artículo 129 del Convenio que permiten a los Estados ACP presentar demandas de intervención ante el BEI.
Por último, permítanme insistir en el fuerte potencial turístico de estos países y en la necesidad de desarrollar este sector generador de empleo. La Comisión de Transportes y Turismo comparte la opinión del ponente sobre la conveniencia de que el Parlamento Europeo emita un dictamen conforme a este convenio revisado.

Souchet
Señor Presidente, con razón, nuestro ponente ha aprovechado la ocasión de este procedimiento de dictamen conforme para lanzar un auténtico grito de alarma ante la degradación del proceso de Lomé. En efecto, dicho convenio está perdiendo su coherencia. Está erosionado por la multiplicación anárquica de los acuerdos de libre cambio que lo vacían de su sustancia comercial y que se han negociado sin preocuparse de sus efectos en nuestros socios ACP. Está erosionado por los fraudes en el origen de los productos ACP, que permiten que cualquier producto que transite por un país ACP se aproveche de las ventajas del Convenio. Por último, está erosionado por la sospecha que se insinúa entre nuestros socios del Sur en cuanto a nuestra voluntad real de continuar cooperando con ellos de forma privilegiada.
La Comisión de Pesca ha aprovechado asimismo esta ocasión para afirmar su viva preocupación ante esta situación. El sector de la pesca es esencial para el desarrollo de nuestros socios del Sur. Constituye, sobre todo, uno de los elementos de estabilidad de las poblaciones rurales.
El dictamen que aprobó nuestra comisión subraya los puntos que juzga esenciales. En primer lugar, subraya el interés que tiene para el sector de la pesca el principio de la cooperación descentralizada tal como lo propone el texto de la Comisión y desea que, en este nuevo marco, se estudie la posibilidad de individualizar un programa de cooperación descentralizada en materia de pesca. Se felicita por la inserción, con motivo de dicha revisión, de medidas que tienen en consideración la protección de las producciones locales en el marco de la ayuda alimentaria de la Unión. Es importante que nuestra ayuda no entre en competencia con las nacientes producciones locales.
La Comisión de Pesca recuerda a la Comisión su preocupación relativa a la garantía de origen de los productos. Pide que la responsabilidad de dicha garantía se transfiera a los servicios emisores de los certificados EUR 1 y que no siga perteneciendo a los importadores comunitarios, como ocurre con la garantía de calidad sanitaria de los productos.
Por último, la Comisión de Pesca está muy inquieta por el impacto de la multiplicación de los acuerdos de libre cambio o de SPG especializados, cuyas disposiciones son a veces contrarias a los intereses de nuestros socios ACP.

McGowan
Señor Presidente, la cuestión es la difícil situación de los más pobres el mundo, que viven en 70 países en desarrollo. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de este año pone de relieve lo siguiente: los haberes de los 400 billonarios del mundo exceden las rentas anuales combinadas de países que representan el 50 % de la población del mundo. Hoy los ingresos medios en 43 países son inferiores a los de 1970. La participación de los países más pobres, que tienen el 20 % de la población del mundo, en el comercio mundial ha bajado del 4 % en 1960 al 1 % en 1990. Respecto de las repercusiones del SIDA en África, por ejemplo, las proyecciones muestran que en el año 2000 la esperanza de vida habrá descendido de 62 a 47 años. Todos los años unos 15 millones de personas, 1.700 seres humanos por hora, mueren por causas relacionadas con la pobreza. Al mismo tiempo, mientras que la proporción de la participación de los ingresos globales del 20 % más rico respecto del 20 % más pobre se ha duplicado y ha pasado de 30 a 1 a 60 a 6, la ayuda oficial para el desarrollo como porcentaje de la renta por habitante ha disminuido de 0, 54 %, hace 15 años, a 0, 27 % hoy. De hecho, mientras que la desigualdad global se ha duplicado, la solidaridad internacional se ha reducido a la mitad.
El Sr. Wurtz señala en su declaración que, por lo que se refiere a la propuesta de financiación para el octavo Fondo Europeo de Desarrollo, no hemos alcanzado nuestro objetivo de preservar la contribución de la Unión Europea en el nivel que alcanzó hace cinco años en términos reales. Ésa es la cuestión, por lo que resulta evidente que la propuesta de financiación de Lomé IV es absolutamente vergonzosa y un increíble reflejo de las prioridades y la falta de solidaridad.
Permítaseme decir también que presentar este informe, esta iniciativa, al Parlamento Europeo, cuando no tenemos la menor capacidad de decisión en el presupuesto, es una repetición del absurdo y de la farsa. Nosotros, junto con la Comisión, queremos, naturalmente, un cambio que propicie la elaboración de un presupuesto idóneo. Permítaseme decir que el importante principio de partenariado, que está en el centro del Acuerdo de Lomé, es muy desigual. En relación con los derechos humanos, vemos que los europeos dan por sentado generalmente que las violaciones de los derechos humanos sólo se producen en los países ACP y no dentro de la Unión Europea.
No obstante, estamos al final de una era, estamos participando en un debate valioso. La Comisión ha publicado un Libro Verde. Esperamos que se prepare un trato mejor para los países en desarrollo, que se avance con las prioridades idóneas. Pese a ello, tenemos que recomendar que, en pro de los intereses y los deseos de los países ACP, digamos que sí, a regañadientes, a la aprobación de este acuerdo.

Corrie
Señor Presidente, permítaseme comenzar agradeciendo al Comisario la enorme labor que ha llevado a cabo para conseguir el acuerdo sobre Lomé IV en unas circunstancias muy difíciles. Permítaseme también felicitar al Sr. Wurtz por su excelente informe, que tan claramente pone de relieve los éxitos y fracasos del Acuerdo de Lomé IV entre la UE y los países ACP. Recomienda un voto afirmativo sobre la versión revisada de Lomé IV y su protocolo financiero, aunque, al hacerlo, abriga fundadas reservas. Tiene toda la razón al señalar que los países ACP quieren que todos los Estados miembros firmen y ratifiquen lo antes posible este acuerdo y que esos países en desarrollo cuentan con una pronta entrada en vigor del convenio modificado. Satisfechos o no, necesitan Lomé y ésa es la realidad que este Parlamento no puede pasar por alto.
El Acuerdo ACP/UE se basó en un partenariado de igualdad entre los socios, pero en los países ACP ha ido en aumento la sensación de que el partenariado se está volviendo un asunto muy unilateral, al imponer la UE su voluntad a las naciones ACP mediante reducciones de la ayuda financiera en los niveles multinacional y binacional. Así, pues, debemos todos acoger con beneplácito el Libro Verde de la Comisión, en busca de una dirección clara para el futuro de las relaciones UE/ACP. Espero que las naciones ACP hagan una aportación importante a ese documento y estoy seguro de que la cooperación nacional desempeñará un papel fundamental.
Lo que comenzó como un examen a mitad de período se ha convertido en un cambio bastante importante en el funcionamiento de Lomé. Se han añadido nuevas exigencias y criterios. Naturalmente, se considera que el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el imperio de la ley son la piedra angular de la cooperación ACP/UE, pero he de decir que, personalmente, empiezo a preguntarme si no serán más importantes el buen gobierno, la paz y la estabilidad que la democracia pura de estilo occidental para algunas de nuestras naciones en desarrollo más frágiles. Si queremos que la inversión extranjera y las empresas mixtas de los países en desarrollo mejoren sus economías, solo lo conseguiremos si tienen estabilidad política. El castigo a países como Zambia retirándoles la ayuda, porque han cambiado su Constitución, podría propiciar la desestabilización de uno de los Estados más estables del continente africano. Sus elecciones parecen ser libres, justas y pacíficas.
Lamento tener que comunicar que yo, que he participado en la labor relativa a Lomé desde 1978, nunca he visto tan profunda insatisfacción en las naciones ACP respecto de su relación con la UE. En muchos casos las naciones ACP deben hacer más para ayudarse a sí mismas. La ayuda es sólo una parte de la solución, el comercio es un elemento decisivo.

Aldo
Señor Presidente, durante años, en las diferentes fases de la celebración del convenio, se dijo todo sobre el alcance efectivo del Convenio de Lomé, pero no puedo por menos de recordar algunos puntos esenciales que deben sensibilizarnos sobre el Lomé del año 2000.
Es preciso recordar que los 70 Estados ACP cuentan 600 millones de habitantes y que el último protocolo financiero fijado en 13 millardos de ecus permite que cada habitante se beneficie durante cinco años sólo de 20 ecus. Que el aumento de las desigualdades y la marginación de los países más necesitados es el resultado de una pauperización que provoca nuevas fracturas económicas, sociales y medioambientales. Que la futura ampliación a los PECO constituye un riesgo seguro de reducción sensible del montante del FED, que, por consiguiente, en estas condiciones, resulta imposible hacer que despegue la economía de los países con dificultades. No obstante, sería injusto imputar al Convenio de Lomé la responsabilidad de la pobreza endémica que caracteriza a algunos países ACP. Incluso se reconoce unánimemente que la ayuda al desarrollo de la Unión es un modelo inigualado a nivel mundial.
Los objetivos establecidos en el Convenio de Lomé, a pesar de las ambiciones pregonadas y la voluntad expresada, sólo se alcanzarán si la Unión se proporciona los medios financieros y de control adecuados, dotándose también a nivel institucional de competencias en materia política exterior común, en aras de un mejor diálogo político con los países ACP, con el fin de definir un nuevo enfoque de la asociación.
Por lo que respecta a la cooperación descentralizada definida por el título 3 del Convenio de Lomé, desearía que esta apostilla fuera más explícita, en particular, sobre la competencia material, orgánica, formal y financiera de los departamentos de ultramar, regiones integradas de la Unión Europea que pueden celebrar acuerdos con los países ACP por su situación geográfica. Asimismo, una vez más, reclamo enérgicamente que los departamentos franceses de ultramar se asocien a todas las fases de la celebración de los convenios entre la Unión y los países ACP de su zona geográfica, consecuencia lógica de su integración en la Unión y de que tienen en consideración su situación muy específica.

Hory
Señor Presidente, el Grupo de Alianza Radical Europea está de perfecto acuerdo con la opinión de nuestro compañero el Sr. Wurtz sobre las modificaciones aportadas al IV Convenio de Lomé. En cuanto a los principios, las modificaciones relativas al marco político institucional y a las normas comerciales y financieras nos parece que van mejorando.
Pero, ¿en qué se convierte esta mejora cuando se considera la concretización de estos excelentes principios, es decir, el importe del octavo Fondo Europeo de Desarrollo y nuestros compromisos con la deuda? Es preciso reconocer que los que creen que el proyecto de dictamen apela a «una lógica y una ética de codesarrollo» no pueden sino decepcionarse. Solicitada fuera, atenta a sus propias dificultades sociales, la Unión Europea no llega a aumentar, ni siquiera a mantener, el volumen global de su ayuda. Sin embargo, éste sería su interés bien comprendido y los Estados miembros, al tiempo que hacen que el Consejo represente los egoísmos nacionales, no se comprometen de forma significativa en la vía de la anulación de la deuda, sin la cual, no encontraremos el detonante del desarrollo.
En efecto, tendríamos toda la razón para negar el dictamen conforme, pero comprendemos las razones: esperas de nuestros socios y riesgos de lo peor que piden que lo votemos. Nos queda esperar que, en la reflexión sobre los próximos vencimientos, es decir, Lomé 2000, se produzca una verdadera concienciación de la evidencia siguiente: si la Unión Europea quiere salvaguardar una civilización fundada sobre valores humanistas, si quiere negar al mismo tiempo la ideología del libre cambio y el desencadenamiento de una materialismo sin principios, su destino estará más que nunca ligado al de los países ACP.

El Presidente
Lamento verme obligado a presionarle porque ha sobrepasado, con mucho, su tiempo de intervención. Me avergüenza hacerlo cuando no tiene usted más que un minuto de tiempo para intervenir.

Vecchi
Señor Presidente, el debate relativo al dictamen conforme del Parlamento Europeo sobre las modificaciones del Cuarto Convenio de Lomé, se celebra en un momento sumamente delicado para las políticas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea.
Precisamente en estos días, y sobre la base del Libro Verde de la Comisión Europea, ha comenzado el debate sobre el futuro del Convenio de Lomé. Paralelamente, sigue la tendencia de la mayoría de los países industrializados a reducir su compromiso con respecto a los países menos avanzados.
El Convenio de Lomé sigue siendo, por el momento, el más importante instrumento de cooperación Norte-Sur a escala mundial. A pesar de sus contradicciones, las novedades, introducidas a través de la revisión de 1995, son en su conjunto positivas, aunque el protocolo financiero previsto para el quinquenio 1995-1999 está muy por debajo de nuestras solicitudes.
Hoy debemos aprobar dichas modificaciones, habida cuenta de que el procedimiento del dictamen conforme no facilita al Parlamento Europeo posibilidad alguna de enmendarlo.
Sin embargo, es preciso lanzar una fuerte señal para el futuro. Hay que evitar toda actitud de simple conservación de lo que ya existe. El Convenio de Lomé deberá transformarse profundamente, manteniendo y fortaleciendo los conceptos de asociación, diálogo político y cooperación global.
Por el contrario, será necesario innovar con profundidad los instrumentos y objetivos, poniendo realmente en un lugar preponderante el concepto de promoción del desarrollo humano sostenible, los derechos humanos y la democracia, el desarrollo de los potenciales económicos locales.
El impacto de la globalización en los países más pobres ha de gestionarse con arreglo a un nuevo compromiso en pro de la igualdad y la justicia a nivel mundial.
Ya desde hoy, es preciso poner las bases para una implicación directa de la sociedad civil en la gestión de lo público y de los procesos de desarrollo.
África representa el futuro de Europa y Europa representa el futuro de África. En la programación y gestión concreta de los instrumentos de Lomé debe aflorar un compromiso nuevo y coherente para facilitar la solución de los grandes problemas sociales, económicos y políticos que amenazan el presente y el futuro de toda la humanidad, pero que en los países ACP se manifiestan con especial gravedad.

Günther
Señor Presidente, ante todo yo quiero agradecer tanto a la Comisión como al ponente la documentación recibida. En el marco de la política de desarrollo es habitual, por desgracia, tener que deplorar que no haya sido posible conseguir lo suficiente. No obstante, yo pienso que por una vez deberíamos aprovechar la revisión de mitad de ejecución para considerar los aspectos positivos que quizás también puedan señalarse. Me tranquiliza que el artículo 366 a nos permita contar ahora con un sólido instrumento para la defensa de los derechos humanos. Esperamos que en adelante se aplique también sin recortes y que abra una vía para inducir a los países a respetar los derechos humanos en la práctica, y que no lo hagan sólo bajo la amenaza de un perjuicio pecuniario, sino que lleguen a interiorizarlos en cierto modo.
La política de desarrollo siempre debe contemplarse, sin embargo, además en el contexto de la política exterior, la política económica y otros ámbitos y, por lo tanto, yo agradezco también muchísimo las opiniones de los colegas de las demás comisiones consultadas.
Otro aspecto que vuelve a salir a la luz en esta revisión de mitad de ejecución es el tema de la protección del medio ambiente, un aspecto en el cual, precisamente en el contexto de las negociaciones de Singapur en el marco de la OMC, yo quiero desear todo el éxito a la Comisión en su negociación. Este aspecto medioambiental también es, no obstante, inseparable del tema de la evolución de la población. En este aspecto a veces vamos a la zaga de su crecimiento númerico. Hoy acabamos de tener noticia, por otra parte, a través de los documentos más recientes de la ONU, de que el crecimiento de la población mundial, que se concentra sobre todo en los países en desarrollo, al menos no es tan acelerado como se temía. La revisión del Convenio de Lomé será, sin duda, una empresa difícil, pero como dijo en cierta ocasión un filósofo alemán: »En una situación precaria, tener confianza es un deber». ¡Con este ánimo deberíamos abordar esta tarea!

Pinheiro
Señor Presidente, señoras y señores diputados, he traído conmigo -y tengo aquí mismo- veinte páginas de notas sobre un asunto que, como comprenderán, representa para mí un elemento del mayor relieve. Pero quiero comenzar rindiendo un homenaje a este Parlamento, al ponente Wurtz y a los diputados que han tomado la palabra en este debate diciéndoles que hago mías, en su virtual totalidad, las opiniones que han expresado y sobre todo las preocupaciones que han mencionado con vistas al futuro.
En materia de cooperación para el desarrollo, el Parlamento Europeo ha estado siempre en la primera línea y ha apoyado siempre a la Comisión. El Parlamento Europeo ha sabido ser innovador en todas las propuestas que ha presentado, en todas las exigencias que ha mantenido, en todas las alertas que ha lanzado. Y puedo decir a Sus Señorías que ésa fue una de las razones por las que la Comisión decidió elaborar el Libro Verde sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y nuestros interlocutores ACP. No es posible aceptar por más tiempo que sea la Comisión la que haga propuestas y que después el debate quede circunscrito tan sólo a un grupo de interesados, sin que muchos otros agentes del desarrollo puedan participar y ayudar a formular sus propuestas básicas. Considero que los trabajos para la revisión del Acuerdo de Lomé han mostrado que era necesario un debate para que las raíces que hemos creado lleguen a ser más profundas, para que se pueda aumentar la eficacia que hemos perseguido, para que nunca más puedan aducirse en el futuro ciertos argumentos utilizados en el debate sobre la revisión de Lomé IV, incluso dentro de la Unión Europea.
Este momento es importante, pero tal vez el momento decisivo sea dentro de algún tiempo, cuando tengamos que presentar la propuestas para el futuro. Por eso, señoras y señores diputados, permítanme que les agradezca, en nombre de los países ACP, el esfuerzo que han hecho para mejorar esa cooperación y les diga que la Comisión una vez más, y cada vez más, estará siempre muy atenta a sus propuestas y a sus preocupaciones al respecto.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Calidad del agua
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos informes elaborados en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor:
(A4-0395/96) del Sr. Eisma sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(94)0036 - C4-0036/94-94/0006(SYN)) relativa a la calidad de las aguas de baño; -(A4-0394/96) del Sr. Collins sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(94)0612 - C4-0199/95-95/0010(SYN)) relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
Eisma
Señor Presidente, hace unos dos años y medio que empecé mi labor como ponente para esta directiva de las aguas de baño y por fin tengo oportunidad de presentar mi informe. Casi se podría decir que se trata de la obra de toda una vida, pero la razón ha sido por supuesto que en estos dos años y medio hemos procedido a una revisión completa de toda la política europea en materia de aguas y es por este retraso, o por una de las causas del retraso, por lo que hemos tardado tanto en presentar la directiva. Esta noche hablamos de una directiva que interesa a todos los ciudadanos de Europa. A fin de cuentas, muchos van de vacaciones a destinos con aguas de baño y muchos supeditan su elección a ello, y el ciudadano de Europa necesita tener la seguridad de que hay muy pocas posibilidades de que enferme al nadar en el agua, un agua que ha sido aprobada por la Comisión. El aspecto de la salud pública ha sido mi principal punto de partida a la hora de elaborar el informe.
Por ello no estoy de acuerdo con el criterio de la Comisión, de la Sra. Bjerregaard, de que esta directiva no ha de suponer costes adicionales. A fin de cuentas, si existe una gran posibilidad de que la gente enferme debido a las aguas de baño, es que algo falla en las normas vigentes y vale la pena gastar dinero para mejorarlo.
Quiero comentar algunos cambios importantes en mi informe. En primer lugar, la ampliación a otros deportistas acuáticos, aparte de los nadadores. Los surfistas y los buceadores, por ejemplo, están a menudo en el agua. ¿Por qué proteger a los bañistas y no a personas que practican otros deportes acuáticos? Si la Comisión cree que no se pueden aplicar las mismas normas a estos deportistas acuáticos, quisiera que la Comisión me dijera cómo piensa solucionarlo, y espero por ello que la Comisaria me dé una respuesta amplia.
Una enmienda esencial es la de la definición de las aguas de baño. En el pasado se vio que los Estados miembros sabían manipular de forma muy creativa la vieja definición. Me refiero por ejemplo al Reino Unido, y a la Sra. Jackson, que no está en la sala, pero que es responsable de que el Reino Unido, por ejemplo, no haya inscrito como balneario un balneario como Brighton, y en una zona de agua dulce no haya especificado la existencia de aguas de baño. Sí, señor Presidente, si esto no se hace, luego, cuando haya que cumplir todas las obligaciones, va ha resultar muy caro. Considero muy importante que la definición de aguas de baño se formule con mayor claridad que lo que ha hecho la Comisión. Lo mismo puede decirse de la definición de temporadas de baño. En el pasado, en las zonas cálidas de la Unión, la temporada de baño se mantenía sólo unas cuantas semanas, y eso supone una aplicación incorrecta de las directivas. Por ello hemos introducido cambios.
Esto me lleva a la espina dorsal de la directiva, el anexo con los parámetros. Adaptada a los nuevos criterios científicos, puedo apoyar en gran medida la propuesta de la Comisión. Sin embargo, en algunos aspectos se proponen enmiendas, y la principal de ellas es el parámetro de los estreptococos fecales. No es extraño que la propuesta de la Comisión, que data de 1994, en realidad ya haya sido superada por los nuevos criterios científicos, y los resultados derivados de los estudios más recientes se expresan en la enmienda nº 36. Se trata de una norma rígida, y muchas aguas de baño que cumplían la antiguas normas, tendrán problemas con esta, pero recordemos que estamos hablando de la salud pública. En relación con ello, quiero empalmar con las declaraciones de la Sra. Jackson, que ahora se encuentra en la sala, en torno a los enormes costes que pueden conllevar las directivas de aguas de baño y agua potable. Simplemente, las cifras que usted maneja, Sra. Jackson, no cuadran. Usted calcula que la aplicación de la directiva de aguas de baño en el Reino Unido costará 4 millardos de libras esterlinas. No sólo los costes serán mucho menores, porque muchas medidas encaminadas a reducir los residuos han de llevarse a cabo en el marco de otras directivas, como por ejemplo las directivas de aguas residuales urbanas y cada una de las directivas PC, sino que además en el mercado han aparecido nuevas técnicas que abaratan mucho el tratamiento de las aguas residuales. Un buen ejemplo de ello es la isla de Jersey, en su propio país, donde el tratamiento de las aguas residuales con rayos ultravioleta cuesta 2 millones de libras, frente a anteriores costes valorados en 11 millones de libras. No obstante, quisiera que la Comisaria Bjerregaard me explicará algo más con respecto a los costes de esta directiva.
Por último, señor Presidente, quisiera pedir a la Comisaria que me explicara cómo cree que tendrá que integrarse esta directiva en el futuro en la directiva marco de aguas. Yo mismo he expresado mis propias ideas al respecto en la enmienda nº 14, pero tengo curiosidad por conocer la respuesta de la Comisión.

Collins, Kenneth
Señor Presidente, otro aspecto en un asunto conexo es el de lograr un agua potable de gran calidad. Consideramos que se trata de una prioridad a escala europea y ésa es la razón por la que hubimos de tener en cuenta los avances científicos habidos desde la última directiva de 1980 y por la que aprobamos la idea general de que se haga una nueva propuesta mejorada.
He de decir que la directiva de 1980 no se aplicó bien, porque era excesivamente compleja y confusa, por lo que ahora tenemos nuevas normas. La antigua combinación de formas diferentes de medición ha quedado substituida por valores paramétricos que los Estados miembros deben alcanzar. Dichos valores son más claros y están en consonancia con los conocimientos científicos actuales. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha dedicado mucho tiempo a esta directiva. La cooperación entre la mayoría de los diputados fue muy intensa y todas las enmiendas que aprobamos siguen algunos principios muy importantes, algunos de los cuales voy a exponer ahora en líneas generales.
Había una presión inmensa en pro de la mejora de las normas sanitarias y medioambientales, por lo que no se aceptaron enmiendas que debilitaran la protección de la salud pública propia de la directiva de 1980. Hemos hecho recomendaciones para volver más rigurosos varios parámetros, los más importantes de los cuales son los requisitos en materia de plomo y plaguicidas. Hemos reducido el tiempo de que disponen los Estados miembros para aplicar el parámetro relativo al plomo: de los 15 años que propone la Comisión a 10 años. Hay algunos marginales diputados al Parlamento que quieren que sean cinco años o cuatro años o tal vez la semana pasada, pero son marginales y suponemos que seguirán siéndolo.
Al mismo tiempo, hemos formulado la condición de que los Estados miembros formulen un plan en el plazo de cinco años sobre cómo erradicar el plomo del suministro de agua. Ninguna persona responsable de la Unión Europea considera que deba haber cantidad alguna de plomo en el agua potable. Por lo que se refiere a los plaguicidas, hemos vuelto a introducir el parámetro del total de plaguicidas, porque es la forma mejor y más segura de garantizar la protección de la salud contra la posibilidad de que los plaguicidas reaccionen unos con otros como cócteles.
He dicho que había presiones en pro de la mejora de la salud, pero lo más importante es que esas presiones son realistas. Los miembros de la comisión se reunieron para elaborar transacciones sobre algunas materias muy difíciles y técnicas, como el tricloroetano, el tetracloroetano y los trihalometanos. No voy a entrar en detalles aquí, porque ya es demasiado tarde y seguro que esta noche Sus Señorías han tomado otros cócteles por el camino. Pero el caso es que hemos encontrado formas susbtanciales y realistas de hacer más rigurosos esos parámetros para la mayoría de los Estados miembros.
Debo subrayar que Finlandia, Suecia y los países mediterráneos y demás no tienen los mismos problemas que Dinamarca y Alemania. Hemos tenido que buscar una vía intermedia. Reconozco que hay quienes no quieren buscar una vía intermedia, pero, en pro de los intereses de todos los ciudadanos de Europa, y no sólo de unos pocos favorecidos, tenemos que hacerlo. De modo que hemos introducido otros parámetros, en los casos necesarios, respecto del problema de los productos que producen trastornos en el sistema endocrino, por ejemplo. Las niveles que hemos utilizado se basan en información pública disponible y en los datos científicos más recientes y fiables. La mayoría de los parámetros están en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Creemos en la transparencia y la democracia, por lo que se han presentado varias enmiendas para hacer más rigurosos los requisitos en materia de presentación de informes y para velar por que se mantenga informados a los consumidores y al Parlamento Europeo.
En conclusión, las enmiendas que vamos a presentar indican que queremos una propuesta en consonancia con el estilo propio del Parlamento. Queremos abandonar la comitología. Queremos fortalecer los parámetros sanitarios. Queremos una mejor información para los consumidores e insistimos en la prevención y el principio precautorio. Se trata de una propuesta importante, porque su alcance es amplio. Si bien todo el mundo puede estar interesado en el plomo y los plaguicidas, hay otras cuestiones técnicas en juego. Hemos intentado dar cabida a una gran diversidad de opiniones y ha habido algunos debates acalorados a lo largo del camino, pero en conjunto estoy satisfecho de la cooperación y los avances que hemos logrado entre nosotros y -he de reconocerlo- con la Comisión. Redundará en beneficio nuestro, pues queremos mejorar la ejecutoria menos que brillante en materia de aplicación de las directivas relativas al agua potable.
Una observación final: hay quienes en este Parlamento han publicado una interpretación inmoderada, incierta e irrealista de este informe. Han dicho que está simplemente al servicio del Gobierno del Reino Unido. Quienes así mienten no parecen reconocer que, mientras ellos dicen eso, el Gobierno del Reino Unido ha dicho que soy algo así como un extremista medioambiental. Si he logrado una vía intermedia entre los fanáticos de opiniones contrapuestas, he actuado con el auténtico espíritu de consenso europeo, por lo que no vacilo en recomendar el informe.

Cornelissen
Señor Presidente, la buena calidad de las aguas de baño es importante para la salud pública, el medio ambiente y el turismo, y esta propuesta significa un paso adelante. Es bueno para el turismo. Quiero dar las gracias al ponente por haber aceptado diversas propuestas de la Comisión de Transportes y Turismo, como la ampliación del término «aguas de baño» a «aguas recreativas» en el segundo considerando. Por otra parte, sería más coherente y más claro que el ponente adaptara también en consecuencia el apartado 1 del artículo 2. Asimismo agradezco que se haya aceptado la bandera azul como símbolo de la calidad excelente de las aguas. Un símbolo que los ciudadanos reconocerán fácilmente. Pero lamento que el ponente no haya aceptado nuestra propuesta de fijar el 31 de enero como fecha límite para la publicación de la calidad de las aguas. ¿Por qué? Los consumidores tienen derecho a ser informados a tiempo sobre la calidad de las aguas de baño y las aguas recreativas en el destino previsto de sus vacaciones. Más de 200 millones de europeos eligen para sus vacaciones de verano un destino con aguas recreativas. La mayoría reservan temprano sus vacaciones para asegurarse un lugar en los agitados meses de verano. Reservar temprano es importante para el turismo, y el 15 de mayo, tal como propone el ponente, es simplemente demasiado tarde. Señora Comisaria, todos los expertos que he consultado me han asegurado que, habiendo realizado mediciones de la calidad del agua en otoño, es posible tener los resultados el 31 de enero, es decir, al cabo de cuatro meses. El 15 de mayo me parece un típico ejemplo de enfoque burocrático, que no conecta con la realidad, y por tanto una oportunidad perdida. Quisiera que la Comisaria me diera un argumento claro de por qué se supone que los expertos se equivocan.
Por último, quiero expresar mi aprecio por los esfuerzos realizados en mi propio país, los Países Bajos, donde el gobierno y las organizaciones de deportes acuáticos aúnan esfuerzos para reducir los vertidos del deporte acuático en los mares.

El Presidente
Quisiera pedir a sus Señorías que sus ayudantes no se sienten en los escaños, sino en los asientos de atrás previstos para ellos.

De Coene
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en nombre del Grupo Socialista quisiera felicitar a los Sres. Eisma y Collins por el excelente documento que han entregado. En mi intervención me limitaré a la directiva sobre las aguas de baño. Otros compañeros de Grupo examinarán la directiva tratada en el informe del Sr. Collins. Por fin es posible relacionar mejor la directiva sobre la calidad de las aguas de baño con la actualidad.
En primer lugar, esto se produce al ampliar el ámbito de aplicación de la directiva a todas las zonas donde no está prohibido bañarse. Además, es necesario que el agua destinada a los deportes acuáticos entre también en la directiva. No sólo los bañistas, sino también los deportistas acuáticos entran en contacto con el agua, y por consiguiente también se necesitan normas de calidad para estos casos.
En la batalla por el turista, la calidad de las aguas de baño desempeña un papel cada vez más importante. Y a la larga será un triunfo económico conseguir una normas de calidad rígidas. Por ello también va en interés del consumidor que las aguas de baño sean controladas de igual modo en todas partes y que los resultados se den a conocer de una manera comprensible y uniforme.
Para combatir todo tipo de manipulaciones consideramos necesario someter de inmediato las nuevas zonas de baño a las disposiciones de esta directiva. No es cuestión de conceder prórrogas. Ello equivaldría a que en los primeros años se pudiera experimentar con la salud de los bañistas. Los Estados miembros han de ocuparse de que todas las zonas de baño abiertas al público cumplan las normas establecidas y que las cumplan de inmediato.
Si las mediciones demuestran que la contaminación supone una amenaza para la salud pública, los Estados miembros han de prohibir el baño en la zona en cuestión. Pero es preciso dar una amplia resonancia a esta prohibición. No basta con colocar un letrero de «prohibido bañarse» junto a la orilla. Al mismo tiempo, es preciso informar a la población por medio de la prensa, la radio y la televisión.
Por último, también se ha visto que es necesario hacer más rígidas las normas del parámetro de los estreptococos fecales, al tiempo que incluimos nuevos parámetros, concretamente los de los pesticidas, pero también los de los nitratos y fosfatos. Todo ello con miras a una protección suficiente de la salud pública. Una consideración que ha de anteponerse a todo interés turístico de vía estrecha. Por otra parte, queremos que los Estados miembros incluyan en sus informes a la Comisión los documentos acreditativos necesarios. Hasta hoy, no es posible realizar ningún control de los informes, dado que se trata de declaraciones unilaterales sin documentos acreditativos, y es algo que también hemos de mejorar urgentemente. Más tarde, mis compañeros de Grupo tratarán el informe del Sr. Collins.

Poggiolini
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño, aprobada en el ya lejano 1976, aparece hoy obviamente superada y, por consiguiente, es oportuna su actualización.
Con respecto a su efectiva aplicación, por desgracia, ha quedado patente que algunos Estados miembros encontraron muchas dificultades, tanto es así que, tras varias modificaciones, sólo en 1990 fue transpuesta por todos los Estados miembros. En consecuencia, es preciso simplificar las normas, siendo ello posible gracias a los considerables progresos en el ámbito de los análisis físico-químicos y, especialmente, microbiológicos que se han ido sucediendo desde el año 1976 en adelante. Según la Comisión, esto permitirá reducir el número de análisis y, por ende, también los costes.
Por lo tanto, el complejo y delicado problema que debemos abordar es el de hallar un justo equilibrio entre las exigencias de simplificación de los análisis, a fin de que todos los Estados miembros puedan realizarlos, y la prioritaria exigencia de no reducir el nivel de protección de los bañistas, debilitando la directiva.
También se ha planteado el problema de una más amplia y transparente información de los ciudadanos sobre el estado de seguridad de las aguas de baño, utilizando asimismo los medios de radio y televisión, a fin de que se facilite a todo el mundo datos comprensibles y exhaustivos.
Nuestras enmiendas y las de los demás Grupos que el Partido Popular Europeo apoyó en su mayoría, están dirigidas a solucionar dichos problemas.
Otro punto delicado es la identificación de las zonas en donde deben efectuarse los controles. La Directiva de 1976 se refería a las zonas frecuentadas por un número importante de bañistas y este concepto permitió contemplar 16.000 zonas de baño en la Unión. Pueden parecer muchas, sin embargo, es preciso tener en cuenta que en los países como Italia y España hay 8.000 kilómetros de costas, que incluyen un gran número de zonas de baño, muchas de las cuales suelen ser frecuentadas por los turistas y ciudadanos del lugar.
La introducción por parte de la Comisión de la nueva definición de aguas de baño, consideradas como aguas en las que bañarse no está prohibido y suelen hacerlo un gran número de bañistas, reduce el número de las zonas que deben controlarse. Piénsese, en efecto, que de esta forma quedarían excluidas del control todas las zonas donde se baña un número medio de bañistas.
No vamos a votar la enmienda 16 formulada por el Grupo del Partido Socialista Europeo, habida cuenta de que si se aprobara, ampliaría el control y los análisis a todos los miles de kilómetros de costas de la Unión, incluso a las que nadie frecuenta. Por consiguiente, este problema merece una reflexión por parte de la Comisión, del Consejo y del propio Parlamento, que a lo mejor podrá proponer una solución de compromiso con ocasión de la segunda lectura.
Sin perjuicio de otras consideraciones, el Grupo del Partido Popular Europeo estima que la directiva objeto de examen merece ser aprobada.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, en el ámbito de la revisión de la legislación comunitaria en materia de aguas y con arreglo a las conclusiones del Consejo de diciembre de 1993, la actual propuesta de directiva presenta substanciales modificaciones respecto a la Directiva 80/778 actualmente en vigor. La misma está orientada a garantizar una mayor protección de la salud humana y, por vez primera, establece una serie de requisitos mínimos de calidad del agua potable en toda la Comunidad.
Si, por un lado, es oportuno afirmar que esta propuesta está dirigida a simplificar la actual directiva adaptando los parámetros de referencia relativos al contenido de plomo, boro, cobre, etcétera, por el otro, es preciso subrayar la escasa atención que, con ocasión del debate en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, se deparó a algunos aspectos fundamentales y de prioritaria importancia.
En efecto, es sorprendente que no se haya debatido suficientemente el problema del cobre que, en la propuesta de la Comisión, fue incluido en la tabla relativa a los parámetros químicos en la que se relacionan venenos como, por ejemplo, el arsénico, cianuro, mercurio, plomo, etcétera, en lugar de figurar en la tabla relativa a los parámetros indicadores que sirven para controlar y simplificar los estudios respecto a posibles cambios de la calidad del agua, cuyas beneficiosas propiedades quedaron reflejadas en el informe enviado por la Organización Mundial de la Salud en el mes de octubre de 1996.
Deseo recalcar que esta carencia ha suscitado muchas sospechas que, por otra parte, se han agravado a resultas de un estudio de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidor. A título de ejemplo, voy a referirme a la enmienda al Considerando 14, en la que se pide a la Comisión que encargue la elaboración de normas europeas sobre los materiales utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua potable. ¿Cuales serán estos nuevos materiales y cuáles intereses silencian los Estados? Asimismo, deseo recordar que si, al menos desde un punto de vista sanitario, se justifican la reducción del contenido máximo de plomo y la consiguiente reducción de las canalizaciones de plomo, no hay que olvidar que el coste de dichas inversiones hace que la mayoría de los Estados miembros tengan dudas al respecto. Sólo con referencia a Italia se ha calculado un importe que asciende a 30.000 millardos de liras, de los cuales el 80 % corresponde el cambio de cañerías de las viviendas, que debe realizarse en un plazo de 15 años.
Habida cuenta de que el agua es el elemento más difundido, es importante que la cuestión quede muy clara a efectos de la protección del consumidor.

Dybkjær
Señor Presidente, la modificación tanto de la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño como de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano que estamos debatiendo tiene su raiz en las decisiones relativas al principio de subsidiaridad adoptadas en la cumbre de Edimburgo en 1992. Ambas modificaciones dan lugar a preguntar si era este tipo de principio de subsidiaridad el que el Consejo tenía presente. Siempre hay motivos para recelar de simplificaciones repentinas de las directivas relativas al medio ambiente, ya que las simplificaciones conllevan a menudo deterioros, y también en este caso hemos visto tendencias en tal sentido. Obviamente, hemos de preguntarnos si el corte está correctamente aplicado y si recibiremos suficiente a cambio del dinero, y, lógicamente, hacernos esta pregunta una y otra vez es una tarea nuestra en calidad de diputados.
El problema de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano es que se trata de una norma de mínimos, al mismo tiempo que se considera el agua como una mercancía. Por eso, sería totalmente inaceptable no mantener los valores límite propuestos, por ejemplo, del plomo, por mucho que esto implique grandes gastos en algunos países -tal como ha sido reconocido-, ya que, si los valores límite no se mantienen, no podremos garantizar ninguna protección a los ciudadanos que deseen un contenido de plomo más bajo. Como consecuencia, quedará fuera de lugar la pregunta de si realmente se trata de una directiva de mínimos. Opino, por lo tanto, que hay que ver esta Directiva como una directiva de mínimos, al mismo tiempo que se considera el agua como una mercancía.
En cuanto a las enmiendas concretas, el Grupo liberal votará a favor de todas ellas, menos las enmiendas núms. 38 y 39 de la Directiva sobre aguas de baño. Son excelentes en relación con la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, pero van demasiado lejos en el caso de las aguas de baño. En cuanto a la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, deseamos una continuación del debate sobre los gastos en juego, pero bajo ninguna circunstancia podemos aceptar el incumplimiento de los valores límite, ya que está suficientemente documentado que el exceso de ingestión de plomo supone un peligro para mujeres y niños.

González Álvarez
Señor Presidente, con motivo del debate sobre el informe del Sr. Florenz, en octubre pasado, acerca de la posibilidad y necesidad de una directiva marco sobre las aguas en Europa, ya se vio que del 15 al 20 % de las aguas europeas no tienen la calidad suficiente. De las dos directivas, cuya revisión se debate hoy, una tiene 21 años y la otra 16. A nosotros nos parece que debería aceptarse la mayoría de las enmiendas presentadas y aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para hacer que la aplicación de las directivas sea la que debe ser.
Hasta 1990, por lo que se refiere a la Directiva sobre las aguas de baño, no había ningún Estado que la hubiera trasladado de forma correcta y aceptable a su normativa nacional y había múltiples problemas de aplicación. Por eso, a la luz de las nuevas posibilidades que dan los análisis físico-químicos hoy en día y a la luz también de la directiva sobre la información del consumidor, es imprescindible la revisión.
Es necesario también tener una visión general del problema. En la audiencia celebrada en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hace un año o año y medio, ya se vio la necesidad no sólo de tener en cuenta la calidad, sino también la cantidad de las aguas.
También quisiera recordar aquí que no hace mucho tiempo, en mi propio país, la bacteria legionella , a través del agua, produjo más de 20 muertos y más de 200 enfermos. Por lo tanto, es imprescindible que se revisen las directivas para garantizar esa calidad del agua en Europa, que hoy se ve gravemente amenazada.

Lannoye
Señor Presidente, existen dos tipos de argumentación consistente para cambiar la directiva de 1980 relativa a las aguas destinadas al consumo humano.
El primer tipo de argumentos concierne al conocimiento científico de la toxicidad de los contaminantes para la salud humana. Este conocimiento ha evolucionado mucho. En segundo lugar, en las aguas destinadas al consumo humano se encuentran ahora contaminantes que no existían hace quince años o que se encontraban en cantidades muy pequeñas.
¿Cuál es la situación actual de la calidad de las aguas de superficie y de las aguas subterráneas? Va decreciendo. La propia Comisión lo reconoce en su último informe. Sobre todo, existen problemas muy graves ligados a la presencia de nitratos y pesticidas, pero también a organoclorados.
Hay dos actitudes posibles. O se refuerza la directiva para proteger la salud de la mejor manera posible, o se flexibiliza la directiva adaptándose a la realidad, y todo ello en nombre del realismo. Desgracidamente, la Comisión ha elegido la segunda vía, a excepción de un parámetro relativo al plomo. Por lo que respecta a algunos parámetros esenciales como los plaguicidas, los disolventes clorados y los trihalometanos, hay manifiestamente una respuesta totalmente insuficiente cuando, a menudo, se trata de sustancias cancerígenas.
Por lo que respecta a un parámetro particular, o más bien a una familia de parámetros, la radioactividad, no se ha fijado ningún valor límite, y aquí señalo a la atención de nuestros compañeros que, contrariamente a lo que se ha dicho en comisión, tampoco existe en la directiva Euratom correspondiente, un valor límite para los elementos radioactivos.
Es la razón por la cual, a sabiendas de que muchas aguas de superficie están contaminadas por la radioactividad, hemos introducido una enmienda a este respecto, así como otras enmiendas, por supuesto, sobre los parámetros que acabo de citar.
Espero que estas propuestas no se interpreten como un signo de radicalismo agudo, sino simplemente como preocupación por mejorar la salud de los ciudadanos europeos.

Blokland
Señor Presidente, quiero hablar de las aguas de baño, del informe del Sr. Eisma. En su exposición de motivos, la Comisión ha indicado las razones de la propuesta de modificación de la directiva de calidad de las aguas de baño. Sin embargo, no ha mencionado el hecho de que, después de 21 años, esta directiva sigue aplicándose de formas muy diferentes. No sólo hay una gran diferencia entre los países en cuanto a la definición de las aguas de baño, sino que además el mantenimiento de la calidad de las aguas deja mucho que desear.
Por ello es preciso que tengamos una directiva clara sobre la calidad de las aguas de baño, cuya interpretación ofrezca poco margen a los ejecutores. El agua es menos móvil que el aire, pero sigue siendo transfronteriza. Por ello es imprescindible tener una buena serie de indicadores, provistos de valores límite. La presente propuesta es un buen punto de partida. El ponente ha incorporado una serie de añadidos útiles.
Sin embargo, aún tengo dudas con respecto a dos puntos. En primer lugar, el ámbito de aplicación. La Comisión quería limitarlo de forma estricta a los lugares de baño. La Comisión de Medio Ambiente aceptó enmiendas para que se ampliara a todas las aguas recreativas. Tal ampliación tiene importantes consecuencias. Será preciso tomar muestras de muchas más aguas, y eso durante un período mucho más largo. ¿Qué piensa la Comisión de la ampliación del ámbito de aplicación?
Quisiera que la Comisión me dijera cómo ve la relación entre la directiva de las aguas de baño y la futura directiva marco de calidad de las aguas. ¿Cómo evalúa la Comisión en este sentido la enmienda nº 14?

Grossetête
Señor Presidente, en este caso, tomo la palabra inmediatamente, y permítame que le diga que intervengo de manera más especial sobre el informe del Sr. Collins relativo al agua potable.
Puesto que se han dicho ya algunas cosas, en particular, desearía dirigirme a la Comisión porque me extraña que ésta se permita proponer una norma que me parece totalmente irreal, es decir, especialmente baja -10 ìg de plomo por litro de agua- pero para aplicar en un plazo de quince años. Ahora bien, si de verdad existe un problema para la salud pública, no veo la necesidad de esperar quince años para arreglarlo. Esta propuesta carece de coherencia.
Mi coherencia, es la de proponer que lo hagamos mejor, es decir, que reduzcamos la tasa de contenido de plomo del agua potable, que es de 50 ìg por litro actualmente, a 25 ìg por litro, en un plazo de cinco años. Pienso que ya supone un progreso. Y al cabo de cinco años, revisamos la directiva. ¿Por qué revisar la directiva al cabo de cinco años? Sencillamente porque hoy no tenemos conocimiento de los estudios toxicológicos sobre la plombemia en la sangre. Por consiguiente, me interesaría saber si la Comisión Europea está decidida a iniciar este tipo de estudio.
Asimismo, desearía saber si está decidida a iniciar estudios sobre las consecuencias de la utilización de este plástico en el campo de la endocrinología. También aquí, carecemos de conocimientos científicos. Tal vez podamos esperar a tenerlos dentro de cinco años, si la Comisión Europea se dedica a ello.
Por último, desearía precisar que es particularmente importante armonizar los métodos de muestreo y control de la concentración de plomo; de hecho, en la actualidad, los métodos de control de la concentración de plomo en el agua no están armonizados. Esto mismo sucede con los métodos de muestreo que varían de un país a otro, lo que dificulta especialmente la elección de una norma.
Me extraña asimismo la nueva posición de la Comisión con respecto al cobre. En efecto, no disponemos de elementos que defiendan un endurecimiento semejante de la Comisión por lo que respecta al cobre.
Por lo tanto, conviene relativizar estos problemas del cobre o del plomo en el agua potable. Todos sabemos que la norma OMS de 10 ìg por litro es una norma aplicable a los bebés. Ahora bien, sabemos también que los habitantes de los países de la Unión Europea ya no utilizan, desde hace décadas, el agua potable, el agua de grifo como se dice, para los bebés. Todas las madres jóvenes saben muy bien que hay que utilizar agua mineral para preparar los biberones de sus bebés. Por lo tanto, no es necesario aplicar a toda una población una norma OMS destinada a una población determinada de bebés.
Éstas son las preguntas que deseaba hacer a la señora Comisaria.

Jensen, Kirsten
Señor Presidente, las aguas destinadas al consumo humano han de ser puras, no únicamente sanas, ya que en este caso nos encontraríamos con una valoración de lo que la gente puede tomar antes de contraer una enfermedad. Por eso, el agua potable ha de ser pura, y éste es el punto de partida de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano vigente hoy, pero que muchos países no han tenido en cuenta en absoluto durante años. La industria comparte el descontento de los gobiernos con la actual Directiva. El hecho es que sustancias aprobadas pueden filtrarse hasta el agua potable, incluso la procedente de capas subterráneas. El agua se deteriora más aún si es transportada por tubos de plomo que los gobiernos no han sustituido para ahorrarse dinero. El agua destinada al consumo humano está contaminada en casi todos los Estados miembros, pero no protegemos la salud humana ni el medio ambiente si relajamos los valores límite, con objeto de que sea más fácil para los Estados miembros cumplir la Directiva. La protección se logra fijando valores límite estrictos.
Como la Comisión sabe, el Parlamento ha defendido con éxito los requisitos de pureza de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano ante la Comisión y ante el Consejo de Ministros de Agricultura cuando éstos han tratado de aprobar nuevas plaguicidas que se sabía que podían contaminar el agua potable. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente logró el apoyo del Tribunal de Justicia y la autorización hubo de ser retirada. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, puede constituir el marco de referencia, ya que de todos es conocido que no fija requisitos imposibles en nombre de la salud. Y si hasta la OMS opina que el tetracloroetano y el tricloroetano producen cáncer, es obvio que estas sustancias no deben encontrarse en el agua destinada al consumo humano. Es posible que tales compuestos químicos peligrosos ya se encuentren en ella, pero en ese caso es culpa nuestra y debemos esforzarnos para cambiar la situación. Los valores límite propuestos por la Comisión son demasiado altos.
Las normas medioambientales de la UE deben tener su punto de partida en un nivel elevado de protección y en el principio de cautela, aun en el caso de las normas mínimas, y esta Directiva es precisamente una Directiva de mínimos. Entiendo que en un momento dado el ponente se haya sentido tentado de cambiar el fundamento jurídico al artículo 100 A. La propia propuesta de Directiva predispone a ello, ya que prevé que la Comisión decida sobre los deseos de los Estados miembros de tener un nivel de protección ambiental más elevado. Esta es la misma clase de garantía condicional en materia de medio ambiente que el Gobierno danés negó haber obtenido a mitad del decenio de 1980, pero que de todas formas parece que obtuvimos. Afortunadamente, hemos acordado que se trata de una directiva medioambiental y de normas mínimas. No obstante, en este caso no es suficiente considerar el fundamento jurídico. La redacción de la Directiva ha de seguir las mismas pautas. El ponente ha preparado para ello. Es importante que la Comisión esté de acuerdo con estas ideas. Hay que volver a introducir el valor límite total para las plaguicidas. El valor límite total significa que no pueden existir plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. Desgraciadamente, encontramos en Dinamarca todas las plaguicidas que buscamos. El valor límite total es nuestra garantía de un techo sobre la contaminación total. Sabemos muy poco sobre la interacción entre las sustancias y sobre las sustancias que las pueden destruir. Ha de prevalecer el principio de cautela.

Cabrol
Señor Presidente, señorías, una de nuestras directivas había establecido ya, por primera vez, las exigencias mínimas de calidad del agua destinada al consumo humano.
La Comisión Europea presentó una propuesta de modificación de la directiva destinada a garantizar una mayor protección de la salud de los consumidores. Es ésta la propuesta que estudiamos ahora.
Para mejorar la calidad del agua se prevén dos acciones esenciales: una reducción del contenido de plomo y una disminución del nivel de los plaguicidas.
En el corto espacio de tiempo que se me concede, hablaré únicamente de los plaguicidas. A este respecto, un valor único de 0, 1 ìg por litro por cada sustancia, cualesquiera que sean las sustancias, no corresponde a las normas de la Organización Mundial de la Salud. A mayor abundamiento, la norma de 0, 5 ìg por litro para el cúmulo de todas las sustancias no tiene ningún fundamento en materia de salud pública y además es inaplicable.
En efecto, habida cuenta de la diversidad de los plaguicidas orgánicos: insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas, acaricidas y alguicidas, es más importante respetar, como lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, un valor específico para cada sustancia, al tiempo que se establece un valor de 0, 1 ìg por litro como umbral de alerta o valor paramétrico de calidad del agua para cada uno de los plaguicidas.
Es la razón por la cual, pido a nuestra Asamblea que apruebe las enmiendas 104 y 105 que he presentado en nombre del Grupo Unión por Europa. En efecto, estas enmiendas dan toda su importancia a los datos verdaderamente científicos y evitan normas que sin ello parecerían arbitrarias.

Breyer
La Comisión ha aguado la directiva actuando directamente en contra de la voluntad de los consumidores y consumidoras, que exigen con toda claridad unas normas más rigurosas para el agua potable. Como ya se ha señalado, necesitamos una mayor protección y, sobre todo, un mayor nivel de prevención. La Comisión tiene la tarea de garantizar este nivel de prevención; no puede permitir que nuestro primera fuente de subsistencia se convierta en un cóctel tóxico. Por consiguiente, yo insto explícitamente una vez más a la señora Comisaria a que respalde el afianzamiento del valor límite total mediante su incorporación a la posición común. En efecto, si dicho valor límite total no queda bien afianzado, estaremos abriendo precisamente las puertas a la posibilidad de que ese peligrosísimo cóctel tóxico se incorpore a nuestro primera fuente de subsistencia. Yo creo que el Parlamento Europeo también debe emitir una clara señal al respecto. Nosotros no somos partidarios de que se adopte la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de duplicar el valor límite para los THM cancerígenos hasta los 110 microgramos por litro, por encima incluso de la propuesta de la Comisión.
La normativa alemana en materia de agua potable establece un valor límite total de 10 microgramos para estas sustancias cancerígenas. Sin duda, debemos aspirar, creo yo, a aumentar la protección frente a dichas sustancias. Debemos instar asimismo a la Comisión a que formule una propuesta vinculante con respecto a las sustancias endocrinas. Tenemos pruebas de que es posible detectar la presencia de estas sustancias y de que éstas son peligrosas. Finalmente, yo quisiera manifestar una vez más cuán importante es para nosotros que se adopte nuestra enmienda por la que se establece un valor límite para la presencia de radiactividad en el agua. Los valores límite responden siempre también, a mi parecer, a una decisión política y esta decisión política es la que hoy debemos adoptar.

Sandbæk
Señor Presidente, el artículo 1 de la propuesta de la Comisión de nueva Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano dice, entre otras cosas, que el objetivo es garantizar la salubridad del agua. El Parlamento ha propuesto añadir «y pureza», pero ¿qué queremos decir con «salubridad y pureza»? ¿Estamos hablando del aspecto toxicológico, es decir, lo que es científicamente aceptable, o deseamos el nivel ecológico sostenible? Tomo en serio el principio de cautela y opino lo último. Para mí, el agua pura es el agua no contaminada. Al parecer, la opinión de la Comisión es otra. La Comisión ha aplicado las normas de la OMS, pero considerando que la OMS es una organización que trabaja a nivel mundial y principalmente en los países en desarrollo más pobres, el nivel a ambicionar por la UE debe ser considerablemente más alto.
Como ya se ha dicho, éste es el caso sobre todo de las dos sustancias TRI y PER. En ambos casos han sido aumentados, es decir, reducidos, los valores existentes a 40 y 70 ìg/l. Y ello a pesar de que el comité científico de la Comisión haya dicho que es probable que el TRI produzca cáncer, lo que, al parecer, ahora también opina el Centro de Investigación del Cáncer de la OMS.
Falta también por aclarar un problema jurídico serio. El fundamento jurídico es el artículo 130 S, lo que es totalmente correcto, pero el artículo 13 de la Directiva dice al mismo tiempo que no se puede prohibir o limitar la importación de agua o de alimentos para cuya fabricación se haya utilizado agua si estos cumplen las normas mínimas. ¿Cómo armoniza esto con el fundamento jurídico de la Directiva que permite mantener normas nacionales más estrictas? Tal monstruosidad debe desaparecer.
Para finalizar, quiero hacer un elogio. Con gran satisfacción he leído en la prensa danesa que la Comisaria de Medio Ambiente está dispuesta a reintroducir el valor límite total, lo que me gustaría que confirmase esta noche.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, la importancia de las directivas que estamos debatiendo conjuntamente es extraordinaria, especialmente la relacionada con el agua de consumo. La necesidad tan universal del producto agua o el impacto que el agua produce en la especie humana, en su salud, pero también en su cultura o en su bienestar, son conocidas. Por eso, es extraordinario el impacto económico que cualquier revisión de la directiva tiene y, por eso, creo que debo felicitar, en primer lugar, a la Comisión por su iniciativa; también al ponente, Sr. Collins, por la firmeza que ha tenido en el examen de la directiva, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que ha respondido a su nombre y que ha debatido esta directiva con criterios exclusivamente de salud y de protección del consumidor, dejando en segundo plano para los aspectos económicos.
Quiero hacer finalmente dos comentarios brevísimos. En primer lugar, sobre el cobre. Creemos que ha tenido un tratamiento injusto; creemos que su inclusión entre las sustancias no deseadas en cantidad excesiva hubiera sido lo lógico, y no entre los parámetros químicos, y por tanto no nos explicamos la rigidez del ponente en este sentido, que no ha tenido en cuenta criterios estrictamente científicos y sanitarios para tratar del cobre, que sigue siendo, a nuestro juicio, inocuo en cantidades moderadas y un excelente material para las conducciones de agua. Y en segundo lugar, el plomo: sin duda, hemos sido tan rígidos como nuestra conciencia nos obligaba, sin tener en cuenta el impacto económico que el plomo tiene. No obstante, este Parlamento debe velar por que en su día se ayude económicamente a los países a cambiar sus tuberías de plomo dando incluso un enfoque estructural a esta ayuda.

Flemming
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el plomo no debe beberse. El plomo es una sustancia tóxica que los seres humanos no pueden eliminar una vez que la han absorbido. El plomo causa graves daños para la salud humana, con consecuencias particularmente dramáticas en el caso de los niños y de las mujeres encintas. Por lo tanto, es muy natural que la OMS haya reducido de 50 a 10 microgramos su valor indicativo para el parámetro de concentración de plomo en el agua potable. Lo cual no significa que aun así no siga subsistiendo un pequeño factor de riesgo, aunque sea muy reducido. No obstante, desde luego significa que todos los Estados deben procurar alcanzar lo más pronto posible dicho valor.
La OMS, hoy ya se ha dicho, no destaca precisamente por su defensa de unos valores indicativos muy rigurosos. Los valores indicativos de la OMS representan valores mínimos más que máximos. Por lo tanto, ciertamente no existe ninguna alternativa que permita evitar la sustitución de las tuberías y conexiones de plomo si queremos alcanzar dicho valor de 10 microgramos de plomo. Esto costará caro, muy caro. En el ámbito del medio ambiente y la salud nos enfrentamos continuamente con la necesidad de reparar y enmendar los daños cometidos en el pasado. En otro tiempo se utilizó el plomo sin ánimo de causar ningún daño. Actualmente conocemos su peligrosidad y ya no tenemos excusa para no actuar. La Comisión propone un plazo de transición de quince años, el ponente, que lamentablemente no se encuentra presente en este momento, propone diez años. Yo me congratularé si los Estados miembros pueden completarla tan rápido. En cualquier caso, deben tener la oportunidad, y la tendrán, de realizar las inversiones necesarias.
Europa resulta verdaderamente fascinante por su diversidad. Los daneses no prevén ningún coste, pues al parecer no tienen cañerías de plomo. Los franceses calculan unos costes muy elevados. La directiva no obligará a los propietarios individuales de viviendas a sustituir sus cañerías, pero ¿de qué servirá renovar el sistema de distribución si las instalaciones domésticas vuelven a incorporar plomo al agua? Una tarea obvia que deberían emprender los Estados miembros sería establecer programas de renovación, ofrecer incentivos fiscales y financieros y conceder también ayudas financieras a los propietarios que deseen realizar la sustitución en sus viviendas. La Unión Europea debe prestar, evidentemente, ayuda y elaborar un plan que le permita otorgar ayudas financieras. Los ciudadanos también pueden protegerse. Yo creo que si en el futuro los ciudadanos, además de considerar el tamaño, la situación y el precio de una vivienda, también se interesan por la calidad del agua, el mercado se acomodará muy pronto a esta situación y una vivienda con cañerías de plomo tendrá un valor de mercado muy inferior al de una vivienda con agua clara de calidad para el consumo. El agua es la vida y si mañana aprobamos una buena directiva sobre las aguas destinadas al consumo habremos contribuido un poco a que así sea.

El Presidente
Muchas gracias, Sra. Flemming. Ha sido su primera intervención en el Pleno y yo deseo darle la enhorabuena.

Florio
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo, tal como anunciaron los colegas que me han precedido, estima de forma favorable los principios que inspiraron la propuesta de modificación de la directiva relativa a las aguas potables. Asimismo, los colegas que me han precedido formularon algunas observaciones con respecto a la propuesta presentada, hecho que nos obliga a plantear varias enmiendas.
No quiero detenerme en el aspecto científico que ya abordaron sus Señorías, en particular el que se refiere a la inclusión del cobre en el ámbito de la directiva. Deseo, por el contrario, recordar que esta directiva tendrá un impacto económico muy fuerte y que nuestro Grupo propuso una prórroga de cinco años con respecto al último plazo para la adaptación, así como crear al mismo tiempo un sistema de incentivos que premie a los primeros que transpongan las nuevas normas y los nuevos parámetros previstos en la directiva.
Consideramos que ésta es una forma inteligente para que estos considerables costes económicos no incidan demasiado rápidamente en los contribuyentes europeos que -deseo recordarlo- van a suponer en toda Europa unos 100 millardos de ecus en los presupuestos de todos los contribuyentes.

Apolinário
Señor Presidente, podríamos decir que el Parlamento Europeo se pronuncia hoy a favor de una revolución saludable, que tiene que ver con la calidad de vida, en este caso la del agua destinada al consumo humano. Sin dejar de subrayar la iniciativa de la Comisión, quiero acoger con beneplácito el trabajo del ponente, el presidente Kenneth Collins. Es verdad que estas felicitaciones son ya un tic parlamentario. De todos modos, quiero felicitar al autor de este trabajo, aunque disiento en una cuestión concreta, de la posición adoptada por el Sr. Kenneth Collins, porque creo que ha encabezado una posición justa a favor del aumento de los niveles de calidad del agua y porque su informe refleja un planteamiento correcto en ese sentido.
En la perspectiva portuguesa, tenemos el reciente y triste caso del aluminio en el agua en un hospital de Évora. En Inglaterra, en 1988, hubo una situación semejante en Cornualles. Repetidas veces se dan situaciones de exceso de nitratos y de pesticidas en el agua. Son múltiples las situaciones que justifican y refuerzan la importancia de esta directiva,
Quiero destacar varios puntos muy claros. En primer lugar, si ésta es la directiva de la lucha contra el plomo en el agua, conviene aclarar cuáles son los materiales substitutivos y, en particular, qué estudios hay sobre ellos. ¿Qué consecuencias tienen los PVC? ¿Qué vamos a substituir? ¿Qué vamos a utilizar?
En segundo lugar, los costos. Esta directiva representa un año del presupuesto comunitario. Así, pues, es necesario posibilitar la asignación de fondos comunitarios, estructurales y de otra índole, para la prosecución de esta directiva.
En tercer lugar, seguimos, y aplaudimos, una línea de mayor restricción en el uso de plaguicidas. La explotación agrícola intensiva y el uso de plaguicidas son nocivos para los suelos, deterioran los recursos subterráneos, contaminan el agua y, en el fondo, ponen en entredicho un bien cada vez más escaso.
Por último, somos partidarios del paso del cobre de parámetro químico a parámetro indicativo, con un límite de 2mg/litro, o sea, 2.000 microgramos/litro, con lo que se reducen los parámetros constantes de la directiva de 1980. El marco previsto es suficientemente limitado y, a mi juicio, tiene más sentido integrar el cobre en los parámetros indicativos que en los químicos, junto al arsénico, entre otros productos.

Florenz
Señor Presidente, no hay discusión posible: el agua es el fundamento de nuestra vida. Esta afirmación es válida para los seres humanos, para los animales y para el ecosistema. Por lo tanto, debemos proceder por orden, esto es, a través de la prevención, la profilaxis, el control en las fuentes y el principio de causalidad, todos los parámetros con que hemos completado el texto de la Comisión. A usted le corresponde, señora Comisaria, velar para que estos parámetros, es decir los parámetros relativos a la calidad y las emisiones, se apliquen con todo rigor en Europa en el futuro. La reacción de Doeke Eisma, el hecho de que algunos colegas quieran incluir cláusulas de exclusión para el caso en que una norma resulte demasiado cara una vez aprobada, indica claramente que los puntos débiles de la política europea en relación con el agua residen en este aspecto. Contaminar primero los ríos y depurarlos luego por medios técnicos es ciertamente un mal camino.
Permítanme añadir una observación sobre las aguas para el baño, y en este aspecto seré muy crítico con mis amigos verdes, sobre todo los de Alemania. Ustedes empiezan por tirar el niño con el agua del baño. ¡Quien crea que es posible aplicar a los millones de zonas de agua de baño de Europa los parámetros de calidad del agua potable, pone una baza en las manos de los enemigos comunes de nuestro medio ambiente! Si quieren alcanzar un valor de 0, 1 microgramos de pesticidas en las reservas protegidas de agua para el consumo -que nosotros también deseamos encarecidamente, al igual que naturalmente también el parámetro global-, no pueden establecer ese parámetro para las aguas de baño, ni siquiera podrán controlar que se cumpla, no podrán verificarlo, no conseguirán nada, ¡con ello sólo demuestran que en este ámbito han perdido pie!
Yo quiere repetir una vez más que el tema de los costes es sin duda importante, pero ¡por favor, una cuestión de costes no puede convertirse en un parámetro de exclusión! Me asusta que algunos colegas lo debatan seriamente aquí y ahora. Yo estoy a favor del 0, 1, del 0, 5, de un agua saludable. La pureza del agua es necesaria y es preciso que se proceda a la transposición del principio de prevención y de la norma de minimización. ¡Si lo conseguimos, llevaremos buen camino!

Marinucci
Señor Presidente, en la Directiva 80/778 relativa al agua potable, se fijaron por primera vez una serie de parámetros obligatorios con relación a la calidad de las aguas potables, válidos en todos los Estados de la Comunidad, y es justo reconocer que dicha directiva supuso el origen y la mejora global de la calidad de las aguas que se ha registrado en Europa en los últimos diez años.
Sin embargo, todo envejece, incluso las directivas. En el año 1993, el Consejo Europeo de Bruselas instó a la Comisión a implementar una revisión radical de la normativa relativa a las aguas destinadas al consumo humano. La propuesta actual, sin embargo, y a tenor de lo manifestado por la Comisión, es sólo un elemento del proceso de simplificación, consolidación y actualización de la legislación comunitaria en materia de aguas. Su objetivo no es proteger los recursos, sino tan sólo garantizar la calidad de las aguas suministradas al consumidor. No en vano, un aspecto fundamental de la nueva directiva es la reducción de la concentración máxima de plomo de 50 a 10 micrógramos por litro -aunque en un período de tiempo razonablemente largo- ya que dicho elemento es tóxico.
No se puede decir lo mismo en cuanto al cobre, respecto al cual no sólo se ha demostrado su inocuidad, sino que se sabe que, en pequeñas cantidades, es incluso necesario para la salud humana.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha abordado la cuestión de la financiación de la sustitución de las canalizaciones, así como el problema, no irrelevante para los Estados miembros, de las cañerías de agua de las viviendas. Sería oportuno, no obstante, que la Comisión nos demostrara que sustituir las canalizaciones de plomo o de cobre por las de plástico es mucho mejor para la salud humana. ¡Esperamos que nos lo demuestren en el Parlamento!

Jackson
Señor Presidente, quiero volver a la cuestión del costo. Creo que es muy importante observar que la Comisión Europea no ha hecho declaración alguna sobre el costo de ninguna de las directivas. Cuando se preguntó al representante de la Comisión cuánto costaría la directiva sobre las aguas de baño, dijo que sería una cantidad insignificante, ya que se añadiría a la directiva de 1976 y ésta representaba el costo mayor. Eso no es cierto. Es falso según las cifras ofrecidas por el Gobierno británico; es falso según las cifras ofrecidas por quienes administran los servicios de agua en el Reino Unido. Constituye un fallo consternador por parte de la Comisión que no haya declaración alguna sobre las repercusiones en materia de costos de la directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano, de la que tanto se ha hablado.
Sé que se puede decir: »Lo dice sólo porque quiere saber el costo para utilizarlo contra la directiva». No es así. Quiero saber el costo porque creo que nosotros, en nombre de los ciudadanos de Europa, debemos poder legislar con los ojos abiertos, sabiendo lo que va a costar aproximadamente.
El Sr. Collins ha tenido visos de probidad, al recomendar que, para sufragar el costo de la cuestión del «plomo en el agua», se establezca un objetivo 7 de los Fondos estructurales. Me gustaría saber qué piensa la Comisaria al respecto.
Sobre la directiva relativa a las aguas balnearias, hay personas aquí en las tribunas que han venido de Torbay, en Devon. Son -o, posiblemente, eran- liberales. Desde luego, el Grupo Liberal no habla en su nombre. Representan una parte de mi país que está gastando -o gastando en parte- unos 3 millones de libras en todo el país para que las aguas de baño cumplan con las normas de la directiva de 1976. Además, se calcula que la puesta en práctica de las propuestas de la Comisión sobre las aguas de baño costaría entre 1.600 millones y 4.000 millones de libras. Además de eso, el Sr. Eisma, que es liberal, quisiera hacer extensiva la directiva relativa a las aguas de baño a todas las aguas utilizadas para los deportes acuáticos y para fines recreativos. ¿Qué es un fin recreativo? Si lo es la vela -y creo que debe serlo-, ¿cómo se concilia con la existencia de una carrera de yates en torno a Gran Bretaña? Si esa carrera rodea Gran Bretaña, todas las aguas costeras del Reino Unido entrarían dentro del ámbito de esa directiva relativa a las aguas de baño.
El Sr. Eisma dice que las cifras que he ido ofreciendo no son exactas. ¿Cómo demonios se atreve un diputado holandés al Parlamento Europeo a hacer observaciones sobre las cifras ofrecidas por las autoridades de otro Estado miembro? No lo acepto. Creo que es importante que este Parlamento sea honrado con los ciudadanos de Europa y les diga sinceramente el costo de lo que estamos recomendando. No somos honrados y debemos serlo.

Graenitz
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, puesto que se ha hablado tanto de costes, yo empezaré por un punto que, de hecho, me proponía mencionar al final, a saber, el del contenido de plomo en el agua potable. Conocemos la particular amenaza que representa el plomo contenido en el agua para la salud de las futuras madres y para los niños de corta edad, ¡y hablamos de costes! Yo diría que deben compararse los costes de la renovación de las conducciones de agua con los costes del cuidado de las personas enfermas. Precisamente en un momento en que los costes de la sanidad están aumentando en todos los países, debemos pensar qué podemos hacer para preservar la salud de las ciudadanas y ciudadanos europeos. No debemos ahorrar algunos costes por un lado y permitir que aumenten espectacularmente por el otro lado los costes de la sanidad.
Yo quiero dar las gracias al ponente por el trabajo realizado en relación con la presente directiva y quisiera aprovechar la ocasión para agradecerle también que me brindara la oportunidad de colaborar durante varios años con sus esfuerzos para mejorar la situación medioambiental en Europa antes de ser diputada de esta Cámara. Yo creo que el agua debe ser limpia y pura; es nuestra fuente de subsistencia más importante. Es la base de cuanto cocinamos y comemos y las sustancias nocivas deben eliminarse por principio, en mi opinión; esto vale tanto para las sustancias largo tiempo conocidas, como los nitratos, los pesticidas, los productos químicos y los cloruros orgánicos, como para aquellas cuyos efectos perjudiciales sólo ahora empiezan a comprobarse. Yo espero que pronto podamos disponer de un estudio de la Comisión al respecto y también de propuestas para eliminar del agua potable sustancias nocivas que afectan a las funciones endocrinas.
Una frase de un destacado físico europeo, en el sentido de que el agua es el espejo de nuestro futuro, podría servir, a mi parecer, como lema de nuestra labor. ¡La Comisión y el Consejo deben hacer suya la propuesta del Parlamento para que se mantenga límpido este espejo!

Myller
Señor Presidente, tras una larga espera, finalmente se presentan a debate del Parlamento las directivas sobre el agua. No podré nunca hacer suficiente hincapié en la importancia que reviste la reforma de las directivas para los países que han venido aplicando ya durante años métodos más avanzados desde el punto de vista científico. Si no se aprobaran las nuevas directivas, nos veríamos obligados a retroceder casi veinte años, lo cual resultaría imposible de explicar a nuestros ciudadanos. Como en todas las cuestiones que afectan directamente a la salud y a la seguridad de los ciudadanos, la Unión ha de mostrarse ambiciosa también en las cuestiones relativas al agua. Se debe presionar a los países miembros para que aprueben y apliquen las normas más elevadas en la medida de lo posible.
El trabajo genera sus frutos. Por ejemplo, Finlandia se ha enfrentado al problema provocado por los altos valores de trihalometano en el agua potable. En la actualidad, y como resultado de los numerosos esfuerzos realizados, la situación está bajo control y se ha logrado reducir dichos valores a niveles medios en la Unión Europea. La futura directiva marco sobre protección de las aguas ofrecerá también la posibilidad de abordar de nuevo este tema desde un punto de vista medioambiental. En este orden de cosas, espero que el Parlamento Europeo consiga presionar al Consejo para que actúe de una manera más enérgica que la que ha mostrado en el caso de las directivas que ahora nos ocupan.

Bjerregaard
Señor Presidente, me veo obligada a dividir mi respuesta en dos partes, ya que se han presentado una serie de enmiendas que estoy obligada a contestar, así que primero haré algunos comentarios sobre la propuesta relativa a las aguas de baño. Ante todo, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Transportes y Turismo por el trabajo que han realizado y en especial a los ponentes, Doeke Eisma y Petrus Cornelissen.
Siendo la Directiva 76/160 sobre la calidad de las aguas de baño uno de los actos más antiguos -lo que también ha sido mencionado durante el debate de esta noche-, ha surgido un debate sobre este tema en los últimos años, debido sobre todo a que la Directiva no está adaptada a los avances técnicos y científicos. Estos avances han facilitado la definición de los indicadores de contaminación con objeto de poder predecir la existencia de sustancias causantes de enfermedades. El baño y la calidad de las aguas de baño son, asimismo, un aspecto importante del turismo, y a la industria turística le hace falta criterios comunes en toda la Unión Europea para que los turistas puedan elegir sobre una base comparable. Se ve de las enmiendas que las comisiones han tenido este tema en cuenta.
El motivo principal de esta propuesta es simplificar y mejorar la Directiva vigente tanto por el bien de los ciudadanos como por el de las autoridades de los Estados miembros. Garantizará a los ciudadanos un alto nivel de las normas en concordancia con los conocimientos científicos más recientes y que mediante mayor transparencia serán informados con regularidad y exhaustivamente sobre la calidad de las aguas de baño en su propio país y en sus lugares de vacaciones. Las autoridades tendrán menos parámetros que vigilar y tendrán la posibilidad de detectar incidencias y de reaccionar ante los casos en que la calidad de las aguas no cumpla temporalmente del todo las normas.
La Comisión está de acuerdo con una serie de aspectos de las enmiendas presentadas. Las enmiendas núms. 4, 9, 10, 11, 12 y 14, que mereció especial mención por parte del Sr. Eisma, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35 y 36, que asimismo fue destacada, 37 y 40 pueden ser aprobadas total o parcialmente. La redacción de las enmiendas núms. 6, 17, 22, 27 y 29 ha de ser modificada ligeramente, por lo que sólo las podemos aprobar parcialmente. Sin embargo, la Comisión no puede aprobar las enmiendas núms. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 30, 32, 38 y 39. Obviamente, en este momento del debate no es posible explicar el motivo de cada rechazo. No obstante, haré una serie de comentarios sobre algunas de ellas. El motivo de no poder aceptar las enmiendas núms. 2, 3 y 8 es que modificarían el objetivo principal de la Directiva al transferirlo del medio ambiente y el ámbito de la salud al turismo. No podemos aceptar el segundo punto de la enmienda nº 6 ni el cuarto apartado de la enmienda nº 22, puesto que introducirían demasiados símbolos, y otro símbolo al estilo de la bandera azul ya conocida podría confundir a los ciudadanos. Quiero añadir que comparto los comentarios positivos hechos por varios oradores sobre el uso de la bandera azul.
La Comisión ha tomado nota de la solicitud de una garantía de la calidad de las zonas recreativas de aguas de baño. No obstante, opina que una ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre las aguas de baño a las zonas recreativas de aguas de baño no sería una solución satisfactoria. Por eso, no podemos aprobar las enmiendas núms. 1, 5 y 15, pero, como ya he dicho, hemos tomado nota del tema e investigaremos, si es posible aprobar medidas para las zonas recreativas de aguas de baño.
Finalmente llegamos a la enmienda nº 14, encaminada a integrar la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño en una directiva marco relativa a una política de aguas. La podemos aceptar en principio. Estamos de acuerdo con la intención de no debilitar la Directiva, pero en este momento no tenemos planes de integrar la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño directamente en la futura directiva marco. El deseo de tener una directiva marco relativa a las aguas quedó claro en el verano de 1996 después de una audiencia sobre la posibilidad de integración de toda la legislación de aguas en una política coherente. La Comisión ha llegado a la conclusión de que la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño constituye una aportación independiente a la integración de la política de sanidad, de la de medio ambiente y realmente también de la de turismo. Nos parece beneficioso para la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño que tenga una identidad clara e independiente. Aunque esta Directiva no formará parte directa de la directiva marco relativa al agua, habrá una coordinación estrecha con ella, ya que las aguas de baño y las disposiciones relacionadas con las mismas serán integradas en los planes de gestión de las aguas que serán elaborados dentro del marco de la nueva directiva marco.
Asimismo, ha habido un amplio debate sobre el fundamento científico de ciertos parámetros, como los estreptococos fecales y los virus intestinales. Recientes investigaciones científicas han demostrado, por un lado, que la propuesta de la Comisión sobre los estreptococos fecales como el indicador más apropiado para la contaminación fecal ha resultado correcta. Por otro lado, estas investigaciones han demostrado la necesidad de una normativa más estricta para fijar un nivel de riesgo aceptable para la salud. Una investigación en curso en la OMS relativa a la calidad de las zonas recreativas de aguas de baño proporciona resultados parecidos. Por eso, la Comisión aprueba la enmienda nº 36 del Parlamento.
Podría hacer otros muchos comentarios sobre la propuesta, pero me limito a lo que ya he dicho y doy las gracias por el debate. Espero haber cubierto los puntos principales de lo dicho durante el mismo y ahora pasaré a comentar la propuesta sobre el agua potable y la revisión de la Directiva sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
También en este caso quiero dar las gracias a los ponentes y especialmente al Sr. Collins, así como a aquellos de sus colaboradores que han trabajado en la propuesta. Agradezco el esfuerzo realizado y todos los detalles que se han comentado en relación con esta propuesta que tiene un contenido político amplio e importante, pero que, al mismo tiempo, es una propuesta muy técnica. El objetivo principal de la propuesta es simplificar, actualizar y mejorar la Directiva actual tanto por el bien de los ciudadanos como por el bien de las autoridades de los Estados miembros. Garantizará a los ciudadanos un elevado nivel de las normas de acuerdo con los conocimientos científicos más recientes y como consecuencia de una mayor transparencia éstos serán informados con regularidad sobre la calidad del agua potable que reciben. Las autoridades tendrán menos parámetros que vigilar y podrán reaccionar ante situaciones en que la calidad de las aguas no cumpla temporalmente del todo las normas.
La Comisión ha trabajado duramente para elaborar una propuesta en mi opinión buena y bien documentada que corrige los defectos existentes en la Directiva, a la vez que conserva y, en muchos casos, mejora el elevado nivel de protección.
De las -según creo- 124 enmiendas, aprobamos 22 totalmente, 13 en principio y 1 parcialmente, pero no podemos aceptar las restantes 89. Al repasarlas, al igual que al elaborar la propuesta inicial, la Comisión ha tenido muchísimo cuidado en garantizar que, conforme al comunicado aprobado recientemente sobre la aplicación de la legislación en materia de medio ambiente de la Unión, tan sólo se presenten propuestas que puedan funcionar y ser aplicadas. Obviamente, como guardián del Tratado, la Comisión ha de garantizar que las Directivas sean aplicadas de forma justa y homogénea.
La Comisión acepta sin reparos las enmiendas núms. 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 25, 28 a 33, 36, 38, 40 y 42 que se refiere a la pregunta formulada por varios oradores sobre el valor límite total, 48, 49, 50 y 64. Todas contribuyen a mejorar el texto, ya que añaden información complementaria o requisitos razonables y lógicos, eliminan posibilidades de interpretaciones erróneas, proporcionan mayor transparencia y algunas de ellas elevan el nivel de protección. Hay 13 enmiendas que la Comisión puede aceptar en principio, es decir, las enmiendas núms. 6, 10, 17, 19, 26, 39, 41, 44, 45, 47, 58, 65 y 77. En cuanto a los trihalometanos, la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas núms. 41 y 45 del ponente, como ya he dicho. Significan un reforzamiento importante de las normas de la propuesta. La nueva enmienda nº 121 busca otra acentuación más. Comprendo los motivos de esta propuesta, pero no la puedo aceptar sin más. No obstante, prometo que la investigaré a fondo.
La Comisión puede aceptar una enmienda parcialmente, la nº 7, pero no las restantes, y no las mencionaré todas. Se puede deducir de las que ya he mencionado antes cuáles son. Abordaré unas pocas para explicar porqué la Comisión no las puede aceptar. Obviamente, estaré encantada de explicar nuestros motivos para rechazar las otras, si alguien lo pide a esta tardía hora. En general, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que en su opinión no funcionarían o que dificultarían la aplicación de la Directiva. Como ya he dicho, uno de los objetivos de la propuesta es corregir algunas de las deficiencias de la Directiva actual, sobre todo las medidas que no han funcionado en la práctica. Por eso, no aprobamos las enmiendas núms. 8 y 9, que requieren una garantía de que las zonas de captación y de las aguas en general estén protegidas contra las plaguicidas y los nitratos. Ni con la mejor voluntad del mundo es posible garantizar tal protección. Con la aprobación de enmiendas como éstas sería prácticamente imposible lograr una aplicación total y correcta de la Directiva. Las enmiendas núms. 22, 23 y 24 pretenden eliminar el procedimiento de comunicación si un Estado miembro desea adoptar normas más estrictas o parámetros adicionales. He de admitir que la propuesta de suprimir estas disposiciones es tentadora. No obstante, la Comisión opina que no puede aprobar estas enmiendas en la primera lectura, aunque no por eso ha descartado la posibilidad de aceptarlas en la segunda lectura. Quiero dejar totalmente claro que la intención del procedimiento de comunicación no es impedir la adopción de normas más estrictas o normas complementarias, sino simplemente garantizar que tales normas no sean utilizadas de modo que actúen como un obstáculo para el comercio y así dificultar el funcionamiento del mercado interior.
Las enmiendas núms. 12 y 34 pretenden introducir un nuevo aspecto y un nuevo artículo con disposiciones sobre los materiales que entran en contacto con el agua. La Comisión está de acuerdo en que los materiales utilizados para las tuberías son decisivos para la calidad del agua potable que sale del grifo, como varios oradores han mencionado. No obstante, este tema pertenece a la Directiva 89/106, la llamada Directiva sobre materiales de construcción, si bien tendremos que definir de un modo más claro las relaciones precisas entre estas dos Directivas en otro momento. El procedimiento en comisión propuesto por la Comisión es el procedimiento II. Con la enmienda nº 37 se suprimiría totalmente el procedimiento en comisión. Durante la elaboración de la propuesta, la Comisión ha cuidado con gran esmero de que las modificaciones del Anexo I, de los parámetros y de los valores de los parámetros pasen por todo el procedimiento legislativo, incluso por el Parlamento. Sin embargo, la puesta al día del Anexo II, control, y del Anexo III, métodos de medición, se hará a través de la comisión. Esta es, en opinión de la Comisión, la forma más eficaz de tratar temas muy técnicos.
Tengo algunos comentarios más a las enmiendas núms. 43, 51 y 46 y a unas pocas más. Si nadie insiste en recibir una respuesta a ellas en el día de hoy, cerraré el debate dando las gracias por la recepción positiva de la propuesta y por el gran número de enmiendas.

El Presidente
Señora Comisaria, quisiera agradecerle su esfuerzo de contestar a bastantes de las cuestiones planteadas. Ahora bien, este esfuerzo ha requerido, gracias a Dios, 18 minutos. Quiero constatar esto porque he solicitado reiteradamente a la Presidencia y a los servicios del Parlamento que calcule el promedio de las intervenciones de los Comisarios, que equivale más o menos a diez minutos, y que no calcule cinco minutos para una programación del orden del día que nos lleva a equivocaciones en la programación.

Eisma
Señor Presidente, estoy muy satisfecho con las respuestas de la Comisión, y luego llega el funcionario de ayuda. Tengo una pregunta. La Comisaria dice que no puede aceptar la enmienda nº 3, la ampliación de las aguas de baño a las aguas recreativas, pero que está dispuesta a hacer algo al respecto. ¿Podría decirnos la Comisaria cuándo tiene previsto ponernos al corriente del modo en que piensa incluir otros deportes acuáticos, surf, etc., y si piensa introducir normas al respecto? Le agradecería que nos diera más información.
La Sra. Jackson, compañera de los bancos de atrás, se pregunta cómo me atrevo a cuestionar sus cálculos sobre la cuantía de los costes. Pues bien, ya he dado mis argumentos y no pienso repetirlos ahora. Pero Sra. Jackson, le ruego amistosamente que profundice en mis argumentos y que sobre esta base entable un debate conmigo.

El Presidente
Por favor, limítese a hacer preguntas a la Comisaria y absténgase de hacer comentarios sobre diputados que no están presentes en este momento.

Eisma
Le he dicho a mi compañera de los bancos de atrás, la Sra. Jackson, que por qué no quiere creerme cuando critico su cálculo de los costes que conllevan estas directivas. Le he dado mis argumentos, señor Presidente, y no los voy a repetir, pero pido amistosamente a la Sra. Jackson que profundice en estos argumentos y que sobre esta base entable un debate conmigo.

Cornelissen
Señor Presidente, naturalmente soy muy sensible a las encantadoras palabras de aprecio que nos ha dirigido la Comisaria al ponente Eisma y a mí. Pero esto no quita que como diputado al Parlamento quiera recibir una respuesta a la pregunta que he formulado. ¿Cuáles son las objeciones concretas de la Comisaria a la fijación del 21 de enero como fecha límite para la publicación de la calidad de las aguas en interés del consumidor y del turismo? ¿Está dispuesta la Comisaria a exponer sus objeciones, si es necesario por escrito, dada la hora que es?

Kokkola
Señor Presidente, supongo que, tendrá en cuenta que todavía hay un informe pendiente para el debate, pero ya son las 12 menos 12 minutos. Es mi deber exponer mi informe y también deben tener la oportunidad de hablar los diputados. La asignación del tiempo debe ser justa. No es aceptable que en perjuicio de mi informe, que es un tema muy importante, nos eternicemos deliberando sobre otros asuntos.

Watson
Señor Presidente, sólo quería preguntar si podría usted decirnos dónde está la Sra. Jackson. No puedo creer que no haya tenido la cortesía de quedarse a escuchar la respuesta de la Comisaria. Ha venido aquí, ha hecho una declaración en la que no ha hecho propuestas positivas, sino que se ha limitado a atacar al partido de la oposición de su país, y no ha tenido la cortesía de quedarse a escuchar la respuesta de la Comisaria. Se debería investigar.

Bjerregaard
Señor Presidente, lamento naturalmente haber tardado 18 minutos, pero el Parlamento deseaba conocer nuestra reacción ante gran número de enmiendas, por lo que me fue imposible hacer la intervención más breve. Con respecto a la pregunta que se ha repetido muchas veces sobre el adelantamiento de la fecha del informe sobre la calidad de las aguas de baño, sólo diré que, hasta que se establezca otro tipo de cooperación entre los Estados miembros, no será posible. Este año han aparecido errores muy lamentables en el informe sobre la calidad de aguas de baño que presentamos, debido a que, al recibir la información tan tarde, no tuvimos tiempo para adaptar los datos. Por eso, hemos fijado un procedimiento que ya era muy riguroso antes, pero que algunas veces puede dar lugar a información errónea. Ampliaremos con mucho gusto esta respuesta por escrito, porque, obviamente, también nosotros deseamos facilitar las cifras lo antes posible, pero no lo podemos hacer como consecuencia del procedimiento actual.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Conservación de las zonas húmedas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0238/96) de la Sra. Kokkola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(95)0189 - C4-0224/95) sobre uso prudente y conservación de las zonas húmedas.

Kokkola
Señor Presidente, siento la intervención, y en esto pienso, sobre todo, en los intérpretes, que no quiero tener trabajando fuera de su horario. No se trata de mí.
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con la Comunicación de la Comisión sobre uso prudente y conservación de las zonas húmedas, la Unión Europea se dota de su propia política, y, a continuación, espero que se dote de la necesaria legislación para la salvación y conservación de las zonas húmedas que aún existen.
Las zonas húmedas están reconocidas como ecosistemas de gran importancia; por ello son objeto de un tratado internacional, el Convenio de Ramsar. Aun cuando la Unión Europea en sí no es parte firmante, la acción comunitaria para la conservación de las zonas húmedas tiene su arranque en el primer programa de acción para el medio ambiente. Quisiera, pues, explicar con unas pocas palabras porqué los humedales son importantes para el medio ambiente y para los seres humanos.
Las zonas húmedas forman parte de los ecosistemas más productivos del planeta, porque ofrecen una biodiversidad extraordinaria. Actúan como reguladores del agua y reducen las inundaciones. Protegen las costas frente a la erosión. Retienen las sustancias contaminantes y tóxicas y, recientemente, se ha comprobado la capacidad de determinados tipos de humedales para almacenar el dióxido de carbono, contribuyendo así a la reducción del efecto invernadero. Contribuyen sustancialmente a la riqueza marítima, por lo que su destrucción conlleva serias repercusiones en la pesca. Pero no profundizaré más en este tema; tan sólo quiere subrayar la importancia que tiene el que se apliquen los medios comunitarios ya existentes en materia de protección y conservación de las zonas húmedas, a saber:
la implantación de Natura 2000, - el cumplimiento de las obligaciones que incumben a la Unión Europea en virtud de su adhesión a los convenios internacionales, -la integración de la política de uso prudente de las zonas húmedas-en las otras políticas y acciones de la Unión Europea.Permítanme, señor Presidente y señora Comisaria, que señale algunos puntos más que considero complementarios y muy necesarios para que logremos salvar los «charcos» que hasta hace unos pocos años, debido a la falta de correcta información y de conocimientos, considerábamos portadores de «males» para la salud y el medio ambiente.
Señor Presidente y señora Comisaria, teniendo en cuenta que las políticas aplicadas hasta la fecha no han logrado limitar su pérdida y degradación, se considera un paso importante para su protección, la creación de un régimen específico para las zonas húmedas, que cuente con los recursos correspondientes. Es decir, deben incluirse automáticamente las zonas húmedas de importancia internacional de conformidad con el Convenio de Ramsar y las denominadas zonas de protección especial en la red Natura 2000 y la Comisión debe adoptar lo antes posible medidas para el registro de todos los humedales europeos y para su localización. Con el registro reconoceremos zonas húmedas que antes ignorábamos, para que puedan ser protegidas. El procedimiento de registro nos ayudará asimismo a dar a conocer el valor de las zonas húmedas como patrimonio natural y cultural y a sensibilizar al público.
Hay que crear un banco de datos para permitir la recopilación y el intercambio de información. Deben multiplicarse y reforzarse los programas de formación profesional para garantizar la actuación adecuada de las personas cuyas decisiones y actividades afectan a las zonas húmedas. La Unión Europea ha de presentar un programa global de gestión de recursos acuáticos y de su ahorro. Debe haber una colaboración en materia de zonas húmedas con los demás países con las que la Unión Europea mantiene algún vínculo. Ha de reconocerse y fomentarse el papel de las ONG que han contribuido y pueden contribuir mucho más a la causa de la protección de las zonas húmedas.
Para terminar, señor Presidente y señora Comisaria, Señorías, después de haber expuesto algunos de los aspectos del informe que considero más importantes, espero que éste reciba su aprobación. Creo que no es tarde para que la Unión Europea adopte medidas para conservar y proteger estas extensiones de agua, fango, pantanos y cañaveral, que, sin embargo, son de tanta importancia para el equilibrio ecológico.

des Places
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, todos sabemos, aunque sólo sea por haberlas atravesado al menos una vez en la vida, que en toda Europa, existen zonas húmedas y que por suerte, no se parecen entre sí. Todos sabemos asimismo que estas zonas húmedas tienen un alma, una sensibilidad, una cultura y, por supuesto, una vocación económica, ecológica, medioambiental y científica. Resumiendo, tienen una historia, incluida una historia política, y forman parte, en todos los Estados, de nuestro territorio nacional y nuestro patrimonio. La responsabilidad de su utilización y de su conservación pertenece exclusivamente a los que la componen y la utilizan y, por lo tanto, naturalmente, conviene protegerlas no sólo por el interés general de los Estados, sino también en el marco de los intereses particulares de los que las mantienen y viven de ellas.
Ningún texto, ninguna legislación, ninguna directiva, ninguna ley con mayor motivo arbitraria, sustituirán a los hombres y a las mujeres que han moldeado con su corazón, su cabeza y sus manos, este territorio excepcional.
Sólo la concertación de los diferentes socios es una garantía de eficacia, garantía tanto más eficaz cuanto que los objetivos de unos y otros son diferentes. Su vocación agrícola, piscícola y silvícola, el interés cinegético, el respeto por la propiedad y las cualidades turísticas son criterios más importantes que los que se traducen en algunas directivas o convenios, del tipo Ramsar, Habitat, Natura 2000 etc., excesivamente apremiantes.
Los instrumentos de la PAC, incluso mejorados en el contexto de excepción a las zonas húmedas, no serán sino medidas puntuales y complejas en su explicación y en su gestión, y tal vez sin ninguna perennidad.
Queda, pues, el estatuto especial de las zonas húmedas del que hablaba, hace algunos instantes, la señora ponente. Tratándose de espacios excepcionales que necesitan una gestión racional, conviene prever financiaciones específicas, adaptadas a esta situación, que merecen más que buenas intenciones, sin efecto, y darán a los usuarios, un sentido significativo a una mejor gestión.
Es la razón por la cual, en el sentido mismo de esta resolución, votaremos de las misma manera.

Souchet
Nuestra comisión, señor Presidente, ha comprobado que, en numerosas regiones, importantes actividades de pesca y de conchilicultura están directamente vinculadas al mantenimiento, en Europa, de zonas húmedas bien gestionadas. Impedir su desertificación es, por consiguiente, una prioridad.
El futuro de las zonas húmedas está vinculado a la presencia del hombre que las ha moldeado. Si ya no hay hombres para hacerlas vivir, mantenerlas y administrar el agua, ya no habrá zonas húmedas en Europa de aquí a una generación. De ahí la necesidad y la urgencia de definir, para estas zonas fácilmente identificables y que sobrepasan con frecuencia las fronteras administrativas, un régimen específico del mismo tipo que el que ha logrado frenar el éxodo rural en las zonas de montaña.
Por consiguiente, es preciso concebir un régimen y un instrumento financiero especiales que permitan el mantenimiento de actividades rentables a pesar de los costes excesivos ligados a las dificultades propias de estos medios ecológicamente sensibles y frágiles.
Para llegar a ello, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha seleccionado la mayor parte de nuestras propuestas y se lo agradezco. Una política específica, adaptada a la diversidad de las zonas húmedas, y duradera, donde las compensaciones equilibren las dificultades, un apartado «zonas húmedas» en el marco del programa PESCA, la incorporación a los programas PHARE y TACIS de un componente «zonas húmedas» y la gestión de las zonas húmedas de Europa en sociedad con las de África a las que están ecológicamente ligadas, como lo ha recomendado la Asamblea paritaria Unión Europea-ACP de Windhoek.
Pero nuestra comisión ha insistido especialmente en la necesidad de asociar, con anterioridad a la definición de instrumentos de gestión y de conservación de las zonas húmedas, a los propios gestores del terreno: sindicatos y asociaciones de marismas, pescadores, piscicultores, conchilicultores, agricultores, propietarios, cazadores y otros usuarios de las zonas húmedas.
El Comité de enlace de los gestores europeos de las zonas húmedas será un interlocutor particularmente competente, al que pronto parecerá indispensable consultar, como lo recomienda unánimemente nuestra comisión.
Nuestra comisión ha subrayado asimismo la necesidad de extraer la lección de los experimentos positivos ya llevados a cabo, en particular, en Gran Bretaña y Francia, en le marco de los OGAF -agricultura- medio ambiente, que es absolutamente preciso perpetuar sacando los medios financieros necesarios. De lo contrario, los cultivadores actuales se marcharán y los jóvenes no se instalarán.
La investigación llevada a cabo actualmente bajo la égida de la Dirección de Estudios del Parlamento Europeo, en particular, a partir de la experiencia de la marisma del Poitou, podría aportar, señor Presidente, una contribución importante a la búsqueda de una solución de futuro duradera para preservar las zonas húmedas de Europa que constituyen un patrimonio natural y humano que es indispensable preservar. Ésta debe ser una prioridad para nosotros y debemos actuar con rapidez.

Díez de Rivera Icaza
Señor Presidente, lo primero que hay que decir, en nombre del Grupo Socialista, tras felicitar, por supuesto, a la ponente por su excelente trabajo, es la dramática reducción o desaparición de las zonas húmedas costeras de nuestro litoral europeo y que la única manera de proteger y gestionar este fragilísimo patrimonio común es la cooperación y la solidaridad comunitarias, es decir, la perentoria necesidad de establecer un plan para un desarrollo sostenible e integrado de nuestras costas, como se anunciaba y se prometía en el V programa de acción sobre la materia.
CORINE, en su momento, fue enormemente eficaz para suministrar datos sintéticos con criterios análogos para las zonas húmedas seleccionadas y poder así efectuar un diagnóstico preciso de su situación. Por ello, el texto de la Comisión, aunque adecuado y necesario ya que la conservación de estos fágiles ecosistemas requiere una evaluación y gestión del litoral que tenga en cuenta la interdependencia de las zonas húmedas, como ponen de relieve las aves migratorias, resulta insuficiente.
Señor Presidente, señora Comisaria, las graves transformaciones debidas a alteraciones tanto físicas como químicas, polders , drenajes, sequía, desecación agrícola, turismo -lamento que no esté el Sr. Cornelissen-, vertidos, contaminación de las aguas, etc., debido a un desarrollo mal entendido, contrario incluso, si me lo permiten, al Tratado de la Unión, está llevando a la destrucción de estas hermosas zonas húmedas y, como consecuencia, atentando gravemente contra nuestras aves migratorias, que les aportan, en sus escalas, zonas de reproducción, de invernada y de descanso.
No repitamos una vez más esta terrible destrucción humana para no caer en aquella dramática primavera silenciosa, que tan bien describió hace años Raquel Carson, y demos cumplimiento, de una vez, por favor, al V programa de acción en la materia.

Eisma
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sra. Kokkola por su excelente informe. Todos sabemos que se han perdido la mayoría de las zonas húmedas y lo que queda corre el riesgo de sufrir daños y de ser destruido, y eso a pesar de que las zonas húmedas tienen un gran valor en el ecosistema. La Comisión Europea afirma con razón que hay que poner coto a la desaparición de las zonas húmedas, pero por desgracia la Comisión se olvida de facilitar fondos adicionales. Tampoco comprendo del todo cómo la Comisión y los Estados miembros piensan asegurar la conservación y la protección de las zonas húmedas sin fondos adicionales. Por desgracia, la falta de fondos específicos se traducirá en falta de acción.
La exigencia de la Comisión de restaurar las zonas húmedas o de crear nuevas zonas, me parece poco eficaz. La sustitución artificial no puede ser una alternativa real a las actuales zonas húmedas naturales. Por desgracia, los humedales no se consideran todavía una parte inseparable de una cuenca o de la costa. Si queremos conservar las zonas húmedas, creo que sólo lo conseguiremos integrando esta aspiración en otros ámbitos políticos. En este sentido, convendría prestar atención especial a la agricultura, la pesca, el transporte y la política regional. En estos momentos, la integración es muy deficiente. Falta una legislación coherente en este ámbito. Pido a la Comisión que no se detenga en esta comunicación, sino que pase cuanto antes del dicho al hecho y presente una propuesta legislativa que garantice la conservación de las zonas húmedas en Europa.

González Álvarez
Señor Presidente, hay que dar las gracias a la ponente, Sra. Kokkola, como a todos los demás compañeros, por el trabajo que ha realizado. Ella, en su informe, habla de los diferentes convenios que la Comunidad Europea ha firmado -Bonn, Berna, Brasil etc.- y de la necesidad de cumplirlos. Habla también de las diferentes directivas que tienen que ver con la protección de las zonas naturales, de las zonas húmedas, como son la Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de las aves silvestres o la Directiva «Hábitats 43».
Yo creo que, si se cumpliera con lo que se firma y con las directivas que se aprueban, probablemente defenderíamos mejor las zonas húmedas. Pero es a veces la propia Unión Europea la que incurre en contradicciones.
La pasada semana una delegación de la Comisión de Medio Ambiente visitó Grecia y tuvimos una entrevista con organizaciones no gubernamentales de medio ambiente. Y la preocupación básica expresada por dichas organizaciones se refiere a un gran proyecto faraónico que hay en Grecia financiado con fondos de la Unión Europea: el desvío del río Aqueloos. Es un debate planteado en Grecia, en el que unos están a favor y otros en contra, porque consideran que debe haber agua en el valle de Tesalia y que hay que explotar allí los recursos agrícolas.
Pero no cabe duda de que ese desvío, si se lleva a efecto, va a afectar gravísimamente al delta de los ríos Severino y Aqueloos. ¿Quiere esto decir que sólo Grecia vulnera claramente, con esos fondos que vienen de la Unión Europea, las directivas y los convenios que se firman? No. En España también. En España se han visto gravemente afectados humedales, como las marismas de Santoña o la ría del Eo -la frontera entre Galicia y Asturias, muy cerca de donde yo vivo-. También aquí se ha contado con fondos europeos.
Por lo tanto, una cuestión fundamental para intentar evitar la degradación de las zonas húmedas es que la Unión Europea controle muy bien los fondos que concede a los diferentes países para que no se utilicen precisamente para lo contrario de lo que nosotros hoy defendemos aquí.

Howitt
Señor Presidente, al felicitar y apoyar entusiásticamente a la Sra. Kokkola por su informe, quisiera ilustrar la necesidad apremiante de actuar para conservar los humedales hablando de las marismas de la desembocadura del Támesis en mi circunscripción del Reino Unido. Las marismas de West Canvey, Bowers, Pitsea, Fobbing y Mucking juntas forman una extensa zona intercomunicada de humedales que abarca más de mil hectáreas. Albergan grandes poblaciones de aves, que allí hibernan, incluidas unas 300 a 400 agachadizas de cola negra, y constituyen hábitats para plantas raras, como la «lechuga menor», que, además de allí, sólo se encuentra en otro punto del Reino Unido. Raros insectos que viven en las miríadas de acequias y riachuelos de agua salobre allí existentes, cuya importancia sólo es comparable en todo el país con los llanos de Somerset. Y, sin embargo, en 50 años más de la mitad de esos raros humedales han desaparecido. La agricultura ha destruido las marismas dedicadas al pasto, mientras que el incesante aumento del nivel del mar está eliminado los habitats de las zonas regadas por la marea.
Vertederos de basuras cercanos pueden contribuir ahora económicamente a la gestión de los humedales, pero vertederos abandonados desde hace mucho como los de Westwick at Canvey siguen siendo una cicatriz en el medio ambiente, mientras que los residuos de la lixiviación y los plaguicidas agrícolas constituyen una amenaza omnipresente para la calidad del agua.
Durante los 15 últimos años nuestras autoridades locales han actuado para detener el deterioro, pero no tienen recursos para hacer más. Tal vez porque los humedales no cuentan con el conocimiento y el apoyo públicos, nunca se les ha concedido oficialmente el estatuto de parajes de especial interés científico.
Esta noche decimos que semejante paraje requiere una protección internacional, además de la nacional. Alentamos iniciativas como la de Thurrock, Basildon y Castle Point Councils, que cooperan juntos en la protección de la tierra, gran parte de la cual está ocupada por un solo humedal.
En nuestras propuestas para los Fondos estructurales, incluido el estatuto con arreglo a PESCA con que cuenta ya mi zona, pedimos que se asigne financiación europea para proteger y mejorar los humedales. Como 10.000 escolares al año hacen visitas educativas al Parque Natural de Wat Tyler en Pitsea March, estamos buscando formas nuevas de permitir un mayor acceso y conocimiento públicos sin comprometer la protección medioambiental ofrecida.
Los humedales de ese tipo son en verdad la tierra olvidada por el tiempo. Son hábitats vírgenes, que no han cambiado durante siglos y, por tanto, literalmente insubstituíbles. Esta noche indicamos nuestra determinación de poner fin a la pérdida y degradación de los humedales de una vez por todas.

Virgin
Señor Presidente, para empezar, mi enhorabuena a la Sra. Kokkola por su excelente informe. Voy a concentrarme en un aspecto de las zonas húmedas. Es la posibilidad de que funcionen a modo de coto para las sales nutritivas, y que de este modo protejan los océanos contra el exceso de abono. Este es un problema grave en el mar Báltico. El exceso de abono amenaza la reproducción de las especies. En algunos programas para la mejora del medio ambiente en la agricultura, según el reglamento nº 2078/92, se incluyen estímulos para que se establezcan zonas húmedas, pero se trata sólo del área destinada a este objetivo. Pienso que esta iniciativa debe completarse con ayudas para las inversiones necesarias para establecer zonas húmedas que puedan utilizarse como cotos para el nitrógeno. Necesitamos, por tanto, otro sistema de normas; esto constituiría una acción magnífica respecto al medio ambiente. Espero que la Comisión proponga las enmiendas necesarias del reglamento nº 2078/92. Esto puede tener como beneficio adicional una repercusión excelente sobre el empleo.
Las inversiones en las zonas húmedas, que se convertirán sobre todo en zonas de acotamiento para el fósforo y el nitrógeno, deberían constituir todo un punto de referencia para realizar inversiones del mismo tipo en Polonia y los Estados bálticos, por ejemplo a través del programa Phare. Esto representaría una acción decisiva en favor del ecosistema del mar Báltico. Espero, por consiguiente, que se produzca una colaboración provechosa entre la Comisaria Bjerregård y el Comisario Franz Fischler en beneficio del medio ambiente y para disminuir los efectos que la actividad agrícola ejerce sobre él.

Watson
Señor Presidente, Europa debe adoptar medidas para proteger sus humedales. Ya es hora de que la Unión Europea y los Estados miembros adopten una nueva actitud. Así, pues, acojo con beneplácito la comunicación de la Comisión Europea y este informe.
En mi país, la Real Sociedad para la Protección de las Aves ha señalado 354 humedales cuyo futuro está amenazado por la cantidad de agua que de ellos se extrae. Entre ellos figuran más de 100 ríos y 200 humedales principales. Además, hay otros 130 lugares amenazados por planes futuros. En los llanos de Somerset y Moors de mi circunscripción, tenemos algunos de los mejores humedales del país. Entre los lugares señalados por su situación de riesgo figuran Berrow Dune y el río Yeo. Debemos actuar ahora para salvaguardar su futuro. El primer paso debería ser incluir los llanos septentrionales de Somerset y Moors en la zona medioambientalmente delicada.
El origen de la amenaza es claro: la agroindustria y la industria hídrica están tomando grandes cantidades de agua de nuestros ríos y humedales. Comprendo su necesidad de garantizar el suministro de agua. Pero tenemos que introducir medidas para velar por que lo hagan de forma responsable y sostenible.
Dos cambios fundamentales son urgentemente necesarios. Los Gobiernos deben ir introduciendo progresivamente el cobro del agua que se toma de nuestros ríos. Eso alentaría pronto a las empresas de suministro de agua a adoptar una actitud más responsable. También debemos obligar a que se tengan en cuenta los recursos hídricos cuando se estudie la concesión de permisos para la construcción de viviendas o de instalaciones industriales. En todo nuestro continente tenemos metas ambiciosas para la protección de la fauna y la flora en peligro, pero, si no adoptamos medidas para proteger nuestros humedales, no tendremos la menor posibilidad de alcanzar dichas metas. Ya es hora de que abandonemos nuestra autocomplacencia y adoptemos medidas.

Bjerregaard
Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. Kokkola, el gran trabajo realizado en relación con el examen de la Comunicación de la Comisión, la cooperación con las otras comisiones del Parlamento y los comentarios hechos por los oradores esta noche. La conservación de las zonas húmedas nos pone ante un gran reto. Por un lado, hemos sido conscientes durante bastante tiempo de la importancia ecológica, económica y recreativa de estas zonas. Ya se han tomado varias medidas a distintos niveles para su conservación. Como ha mencionado la Sra. Kokkola, entre otras cosas, el Convenio de Ramsar fue aprobado ya en 1971. Por otro lado -y éste ha sido el tema central del debate de hoy- hemos sido testigos de la desaparición o degradación gradual de muchas zonas húmedas. Eso quiere decir que las buenas intenciones no han sido seguidas por acciones. Más de la mitad de las zonas húmedas han desaparecido en los últimos tiempos o han sido dañadas, en parte por el proceso de urbanización y en parte debido a usos mal planteados, pero también debido a atropellos al medio ambiente. Su importancia decisiva para la biodiversidad es obvia. Lo mismo pasa con su función económica y social. No nos hacen falta más inundaciones catastróficas como las que sufrieron varios Estados miembros en 1995 para darnos cuenta de que las zonas húmedas desempeñan un importante papel regulador. Tampoco nos hace falta mayor deterioro de la riqueza pesquera para entender la función decisiva de las zonas húmedas como lugar de desove.
La pregunta principal es qué podemos hacer para cambiar esta tendencia. La Comunicación de la Comisión subraya algunas de las medidas más importantes que se pueden tomar para garantizar la conservación tanto de las zonas húmedas como de la riqueza biológica. Los objetivos generales de la Comunidad para estas zonas son sencillos, pero al mismo tiempo ambiciosos. Deseamos evitar más pérdidas de zonas húmedas y más destrucción y al mismo tiempo garantizar un uso prudente. La Comisión ha comprobado con satisfacción que la propuesta de decisión del Parlamento apoya estos objetivos generales. La política de las zonas húmedas debe ser integrada en las políticas de los diferentes ámbitos de acción. Varios oradores han subrayado esta noche su interrelación con la política de pesca y con la de agricultura y que es necesario coordinarlas utilizando nuevos instrumentos. En cuanto a los actos, atribuimos mucha importancia a la aplicación de las Directivas sobre las aves y los hábitats. Me parece importante subrayar esta noche que nos falta mucho por hacer, antes de que se puedan dar por aplicadas en los Estados miembros. Atribuimos, asimismo, mucha importancia al examen y a la aprobación de los actos relativos a la calidad de las aguas y de la propuesta recientemente aprobada relativa a la valoración ecológica de los planes y los programas. Estos tres elementos complementarios de la legislación comunitaria formarán la base de la aplicación de los objetivos fijados para la conservación de las zonas húmedas.
La Comisión continuará, asimismo, valorando los planes y programas que reciben ayudas a través de los Fondos estructurales. Básandose en esta experiencia, participará activamente en la preparación de la modificación del régimen de los Fondos estructurales planificada para antes de 1999. Es necesario tener mayor cuidado con el medio ambiente en general y con los animales y las plantas en general. La conservación de las zonas húmedas es una prueba que demostrará, si nuestros intentos de integrar el medio ambiente en, sobre todo, la política de agricultura, la de pesca y la de transporte son un éxito.
Por último, quiero decir que he apreciado especialmente que la propuesta de decisión sea el resultado de la cooperación entre cuatro de las comisiones del Parlamento. Lo veo como un impulso claro para fomentar la integración del medio ambiente en las otras políticas.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 00.25 horas)

