Documento público europeo - E-Justicia - Protección jurídica de los adultos: implicaciones transfronterizas (debate) 
Presidente. - De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre
el informe de Manuel Medina, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el documento público europeo,
el informe de Diana Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la justicia en línea (e-Justicia), y
el informe de Antonio López-Istúriz White, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protección jurídica de los adultos: implicaciones transfronterizas.
Manuel Medina Ortega
Señor Presidente, se trata de una iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo dirigida a obtener el reconocimiento de los documentos públicos europeos.
Esta iniciativa del Parlamento dirigida a la Comisión, al objeto de que tome las medidas que considere pertinentes, se basa en el programa de La Haya: el reconocimiento no solo de sentencias, sino también de actos de carácter auténtico.
La finalidad de esta iniciativa es facilitar la posición de los consumidores en el interior de la Unión Europea.
La exigencia de trámites para el reconocimiento de esos documentos supone, por un lado, un coste elevado y, por otro lado, una pérdida de tiempo.
Por tanto, parece conveniente que facilitemos esa circulación o el reconocimiento de ese tipo de documentos públicos de modo que no haga falta que, cada vez que haya un trámite transfronterizo, como un matrimonio, un contrato o algo parecido, sea necesario estar yendo a través de procedimientos engorrosos.
La dificultad que puede presentar este informe es la propia naturaleza del acta auténtica europea o documento público, que está reconocida en la mayor parte de los países de la Unión Europea pero no está reconocida en otros.
Hay países donde el sistema del documento público europeo, del acta auténtica, expedido a través de funcionarios público no existe sino que se trata de simples documentos privados con una autenticación notarial, pero que no varía la naturaleza del documento.
El precedente para esta propuesta es la sentencia Unibank del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció una serie de requisitos para el reconocimiento de actas auténticas. Concretamente, el primer requisito era que las expidieran funcionarios públicos. Es decir, de alguna forma tiene que tener quien autentifique el documento la calidad de funcionario público, que, en algunos países de la Unión Europea no existe y, por tanto, carecen de esta capacidad.
En segundo lugar, tiene que ser un documento que revise la adecuación de la voluntad de las partes a la consecución de determinados fines jurídicos. La operación notarial, por lo menos en el Derecho continental, es una operación con cierto carácter constituyente en la que las partes expresan su voluntad, pero es el funcionario notarial el que lleva a cabo ese acto.
Y, en tercer lugar, el efecto del documento no puede ir más allá de aquel que se reconozca en un país de origen. Es decir, si el documento en su país de origen es solamente un documento probatorio, no puede tener carácter ejecutivo.
Yo diría que son fundamentales estos tres elementos; por un lado, el carácter de función pública, de funcionario público, de la persona que autorice el documento; en segundo lugar, que se trate de un documento que sea de naturaleza constitutiva y no simplemente de autenticación de firma; y en tercer lugar, que no produzca unos efectos distintos de aquellos que tuviera en el país de origen.
Hay una limitación muy clara en esto y es la limitación relacionada con todo lo que es el Derecho de la propiedad inmobiliaria. El Derecho de la propiedad inmobiliaria aparece muy vinculado al lugar del suelo, al lugar donde están situados los bienes, con lo cual la posibilidad de transferencia en este ámbito se encuentra limitada por la existencia de registros públicos y por la existencia de una legislación bastante estricta en cada uno de los países, que somete este ámbito a requisitos especiales.
Yo espero que la Comisión considere esta propuesta y que pueda presentar una iniciativa. Concretamente las bases jurídicas adecuadas serían el artículo 65, letra a), y artículo 67, apartado 5, segundo guión, del Tratado CE.
Creo que hay una base jurídica suficiente y que este tipo de iniciativas facilitaría el tráfico jurídico entre los ciudadanos y, sobre todo, se traduciría en mejoras para esos ciudadanos.
El problema que puede plantearse la Comisión, y que se va a plantear, es el problema de la diversidad y ordenamiento jurídico, pero creo que este es un tema que tendremos tiempo de discutir en una fase posterior una vez que la Comisión haya presentado su propuesta.
Diana Wallis
ponente. - Señor Presidente, al parecer la e-Justicia ha sido el punto de interés principal de las anteriores Presidencias eslovaca y francesa y tenemos conocimiento de que la próxima Presidencia checa también desea continuar con el trabajo realizado en justicia en línea.
La e-Justicia en este Parlamento, y con seguridad en la Comisión de Asuntos Jurídicos, también incumbe al tema que tanto nos preocupa, a saber, el acceso de los ciudadanos a la justicia y cómo proporcionar acceso a la justicia en los litigios transfronterizos. Ya resulta suficientemente complicado acceder a la justicia en un contexto nacional: estamos pensando en el acceso a los abogados, en los costes, en la capacidad de comprender el sistema jurídico. Pero en el contexto transfronterizo, con diferentes culturas jurídicas y lenguas, todo se vuelve aún más complejo y difícil a la hora de que los ciudadanos consigan acceso.
Pero deberíamos ser capaces de afrontar todas esas dificultades y aprovechar las posibilidades que nos ofrece la tecnología moderna. Si Europa no tiene fronteras, Internet tampoco; si las lenguas son complicadas, las nuevas tecnologías nos ofrecen las herramientas de traducción instantánea. Deberíamos ser capaces de desarrollar las posibilidades técnicas que mejorarían el acceso transfronterizo a la justicia.
Resulta evidente que una serie de Estados miembros ya han visto las posibilidades dentro de sus fronteras y que están desarrollando sus propios sistemas, lo cual es positivo. También se está colaborando en una serie de proyectos, algunos de los cuales proporcionarían registros vinculados de empresas y registros de propiedad; lo cual, una vez más, es positivo.
Pero en cuanto a nosotros, parlamentarios, necesitamos ver que parte de ello afecta directamente a la vida diaria de los ciudadanos y a sus preocupaciones sobre la justicia. Queremos que los ciudadanos de Europa vean qué caracteriza a un proyecto de e-Justicia a nivel comunitario.
Al parecer, el trabajo que se está realizando en el portal de justicia podría conseguirlo: podría proporcionar información sobre quién, qué, dónde, qué abogados, qué intérpretes, dónde conseguir asistencia jurídica; todo tipo de información. El proyecto es ambicioso, pero así es como tiene que ser.
Pero no queremos limitarnos a eso, a la información. Nos gustaría ver las posibilidades reales de acceso a la justicia en línea transfronteriza, ver cómo los ciudadanos disponen en línea de instrumentos como las órdenes de pago o la resolución de litigios de menor cuantía. Resulta evidente que algunos Estados miembros están colaborando en proyectos conjuntos y, una vez más, es algo positivo que podamos hacer uso de ese entusiasmo y ambición. No obstante, la Comisión debe también mantener el contexto europeo para mantener esa ambición europea. Solo así podremos hacer progresos juntos de manera coordinada. Esa es la razón por la que se adjunta al informe de la revisión un plan de acción que abarca muchos de estos aspectos. Así podríamos hacer realidad nuestro sueño de una Europa en la que no existan fronteras en cuanto a la justicia. Hagámoslo.
Antonio López-Istúriz White
Señor Presidente, señora Ministra, señor Vicepresidente de la Comisión, el informe que les presento hoy habla de un tema que ha sido difícil de tratar en un espacio de tiempo tan limitado y con un objetivo tan amplio y horizontal como es la protección de adultos en la Unión Europea.
Es, además, un informe que, dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ha sido objeto de diversos puntos de vista en cuanto a la dirección que debía tomarse.
Dicho texto lo abordamos hoy dentro de un debate conjunto con dos informes que también proceden de la Comisión de Asuntos Jurídicos: el acto único europeo, de Manuel Medina y el informe E-Justice, de la señora Wallis.
Una mejor coordinación entre estos distintos instrumentos producidos por nuestra comisión aporta, sin duda, una mayor eficacia en nuestras propuestas y, en definitiva, un mejor servicio al ciudadano europeo.
Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la Presidencia francesa por la gran labor desempeñada durante este último semestre al frente de la Unión y especialmente en este caso a la Ministra de Justicia francesa, a la señora Dati, por el interés demostrado en que esta problemática vaya más allá de las provisiones establecidas y se alcancen nuevas soluciones, al mismo tiempo prácticas y eficaces, para todos los Estados miembros.
Quiero mencionar especialmente también, dentro de este acento francés, a la consejera de la Ministra de Justicia y juez, Amélie Durand y también a mis colegas franceses que han participado activamente, como el señor Gauzès o el señor Toubon.
Nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos ha compartido la preocupación de la Presidencia sobre el tema que nos reúne hoy aquí: la protección de adultos vulnerables. Por ello, decidió redactar un informe legislativo de iniciativa para progresar y alcanzar nuevas soluciones de las que nuestros mayores puedan obtener el mayor beneficio.
Igualmente, nuestra comisión ha estado últimamente muy involucrada en la aprobación de un paquete de medidas en el campo del Derecho civil, como la mediación, el servicio de documentos y la ley aplicable a agravios.
Prueba de ello fue la audiencia del foro sobre la cooperación judicial en asuntos civiles que tuvo lugar el dos de diciembre en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en asociación con la Comisión de Libertades Civiles, en la que uno de los puntos de la agenda fue la necesidad de la protección de adultos en nuestra sociedad.
Señorías, este es un tema que nos concierne a todos los Estados miembros ya que la Unión Europea está viviendo un incremento del envejecimiento de su población. En el 2050, un 37 % de la gente tendrá más de 60 años y un 10 % tendrá más de 80 años.
Es importante recordar que esta situación tiene implicaciones tanto económicas como presupuestarias y sanitarias que nos afectan a todos y que deben empezar a solucionarse cuanto antes.
Este informe, a su vez, busca crear un área de justicia, libertad y seguridad principalmente a través de dos vías: la aplicación de la ley y la cooperación entre las autoridades competentes de cada Estado.
Como señalé anteriormente, este informe ha recorrido un largo camino hasta haber sido votado por unanimidad el 17 de diciembre en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Se llegó a una enmienda de transacción que puso de acuerdo los diferentes puntos de vista entre los miembros de nuestra comisión. Esta enmienda, ya convertida en el artículo 2 del informe final, es clave para dicho informe, ya que concilia la posibilidad de que los países miembros adopten el Convenio de la Haya de 13 de enero de 2000 en sus respectivas legislaciones.
Además de prever que en el futuro, una vez se haya adquirido la experiencia suficiente en este asunto, se pida a la Comisión que haga una propuesta legislativa para fortalecer la cooperación entre Estados miembros y mejorar el nivel de reconocimiento y ejecución de las decisiones relativas a la protección de las personas mayores de edad y de las sentencias de incapacitación.
Quisiera señalar a la Cámara que, hasta la fecha, sólo cuatro países han firmado el Convenio de La Haya y solo ocho lo han ratificado. Invitamos a los Estados miembros a ratificar este Convenio para dotar a este tema que nos afecta de una mayor coherencia y eficacia.
Cabe recordar que, bajo el Tratado de la Comunidad Europea, la potestad de legislar reside en la Comisión Europea. Sin embargo, como todos sabemos, existe una pequeña disposición en el Tratado -artículo 192- que otorga al Parlamento el derecho de pedir a la Comisión que redacte una proposición de ley.
Señorías, nos gustaría aplicar este artículo y concluir diciendo que la Comisión debería, en el futuro, como se expone en el informe, monitorizar la experiencia adquirida por el Convenio de La Haya, a fin de proponer disposiciones comunitarias que completen el Convenio y que prevean posibles futuros instrumentos adicionales.
Rachida Dati
Presidenta en ejercicio del Consejo. - (FR) Señor Presidente, señor Barrot, Señorías, me siento afortunada por tener la oportunidad una vez más de dirigirme a este Parlamento para felicitarles, en nombre de la Presidencia, por los progresos que han conseguido en materia de justicia.
Después del debate anterior, que versaba sobre la vida empresarial, los informes que han de discutirse a continuación tienen que ver con la vida cotidiana de los europeos. Estos son temas que la Presidencia francesa ha tratado en repetidas ocasiones, en concreto durante los coloquios relativos a la circulación de documentos públicos y la protección jurídica de los adultos.
Como saben, la Presidencia francesa ha hecho todo lo que estaba en su mano por continuar con los progresos en materia de justicia europea de la Presidencia eslovena, como acaba de decir la señora Wallis, mediante proyectos prácticos para así acercar las instituciones europeas a nuestros conciudadanos.
Los tres textos que nos ocupan esta mañana son testimonio de ello: el informe Medina Ortega sobre el documento público europeo, el informe Wallis sobre la justicia en línea (e-Justicia) y el informe Antonio López-Istúriz White sobre la protección jurídica de los adultos. De hecho, el deseo de la Presidencia es promover nuevas iniciativas no solo para que se aprueben nuevos instrumentos, sino también para compartir nuestros métodos, comparar nuestras prácticas y mirar hacia el futuro.
Respecto al informe sobre documentos públicos, la Presidencia quisiera subrayar en primer lugar su satisfacción por la iniciativa del señor Medina Ortega y la calidad de su informe. El interés que ha mostrado este Parlamento respecto al reconocimiento y la ejecución de los documentos públicos en Europa pone de manifiesto que es un tema de importancia dentro del ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Este trabajo forma parte de nuestro deseo de hacer más fáciles el día a día de los europeos y de nuestras empresas. El objetivo primordial de las leyes es facilitar las relaciones sociales y conseguir que los recursos a los tribunales sigan siendo una excepción.
Del mismo modo, es importante que la Unión Europea se comprometa a seguir este rumbo. El documento público es un elemento imprescindible para familias y empresas, ya sea un contrato matrimonial, un acuerdo salarial, un testamento, una factura de venta o un contracto entre empresas. Permite que las personas, como parte de una relación no contractual, puedan depositar su confianza en una autoridad encargada de certificar los compromisos que quiera y de hacer frente a todas las consecuencias de antemano al otorgar fuerza ejecutiva a este documento público. No obstante, su labor, Señorías, pone de manifiesto que tenemos que tener en cuenta qué condiciones son necesarias para que un documento público pueda circular libremente por Europa, independientemente del ámbito al que ataña.
No hay duda de que esta es una idea que se tendrá en cuenta para el próximo programa legislativo de la Comisión Europea. El debate sobre los documentos públicos no evitará que sigamos pensando en el modo en que podemos mejorar la circulación de otro tipo de actos. Tenemos que avanzar paulatinamente, pero también tenemos que crear un marco totalmente claro. Podemos otorgar mayor flexibilidad a las condiciones y los procedimientos de reconocimiento mutuo de documentos públicos porque ofrecen mayores garantías.
Si alguien pretendiese presentar al sistema actos que ofreciesen garantías de carácter desigual, nuestro objetivo se vería afectado negativamente, lo cual resultaría problemático. Según lo que se desprende de este informe, el Parlamento tiene la intención de seguir las directrices propuestas por la Presidencia. Su informe, señor Medina Ortega, constituirá una de las piedras angulares de los trabajos futuros, pues la Presidencia piensa tomar buena nota del debate de hoy.
Mejorar y reforzar el ámbito judicial también implica mejorar y modernizar el funcionamiento de la justicia, lo que depende de la utilización de nuevos medios de comunicación; en esencia el proyecto e-Justicia. El objetivo del proyecto es desarrollar, en un contexto europeo transfronterizo, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. De este modo podríamos estrechar los lazos de nuestros sistemas judiciales y facilitar el intercambio de información. Además, la decisión marco aprobada sobre la interconexión de los registros de antecedentes penales desempeña un papel muy importante. El plan de acción sobre e-Justicia presentado en el último Consejo JAI del 28 de noviembre recoge la labor realizada por sucesivas Presidencias, desde la Presidencia alemana.
Durante los últimos seis meses nos hemos esforzado por confeccionar un plan de acción sobre e-Justicia europea lo más equilibrado posible teniendo en cuenta qué Estados miembros participan en el proyecto, la posición del Parlamento y el papel que la Comisión tendrá que desempeñar en todo ello. El Parlamento comparte nuestros objetivos y, una vez más, la Presidencia quisiera darle las gracias a la ponente, la señora Wallis, por su compromiso y la alta calidad de su informe. El proyecto de la Presidencia se ha visto enriquecido por las aportaciones del debate que se celebró en el Parlamento Europeo de manera que creemos que todo estamos en condiciones de que todo el mundo apoye este proyecto.
Facilitar el acceso y salvaguardar la libre circulación de personas y de resoluciones judiciales son objetivos que pueden verse satisfechos de manera plena bajo la condición de que se tenga en cuenta a los individuos más vulnerables de la sociedad. Esta es una de las razones por la que la Presidencia francesa quería mejorar la situación de los adultos sujetos a medidas de protección jurídica.
De hecho, los adultos protegidos deben tener la misma libertad de circulación que el resto de los ciudadanos, independientemente de la protección que reciban. La Presidencia está satisfecha con que se haya tratado este tema en el Parlamento y quisiera felicitar a su ponente, el señor López-Istúriz White, por sus propuestas relativas a la protección jurídica de los adultos. Es una muestra de que compartimos el mismo interés.
El Convenio de la Haya del 13 de enero de 2000 entrará en vigor el 1 de enero entre Francia, Alemania y el Reino Unido. Otros Estados miembros lo han firmado en los últimos seis meses. Son los siguientes: Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Polonia. Los Estados miembros deben ser partícipes de este instrumento. Sé que las próximas Presidencias checa y sueca se comprometerán con este asunto, pues así lo han dicho durante la Presidencia francesa. No debemos desviarnos de nuestro objetivo, a saber, la circulación de resoluciones judiciales relativas a la protección de los adultos.
Solo así podremos proyectar una imagen de una Europa capaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos, entre ellos los más vulnerables. Su informe representa una contribución importante. A este respecto, es el deseo de la Presidencia francesa que este asunto se incorpore, señor Barrot, al próximo programa legislativo de la Comisión. Se trata de un asunto social de gran importancia. Soy consciente de la prioridad que se ha otorgado a este asunto y de la importancia que representa para la Comisión y para usted en particular, señor Barrot. Es una prueba de que Europa protege a sus ciudadanos más vulnerables con la creación de un entorno jurídico más seguro.
La Presidencia quisiera agradecerles su contribución y, naturalmente, tomaremos buena nota de todo lo que se diga en este debate.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, Señorías, me complace poder felicitar a los autores de estos tres informes. Señora Dati, estos informes están en completa sintonía con los esfuerzos de la Presidencia francesa y los hemos tenido muy en cuenta. Creo que estamos sentando las bases de este espacio judicial y jurídico que vamos a construir juntos, mediante el programa de Estocolmo, y con el que yo mismo me siento muy comprometido.
Es cierto que el debate de esta mañana se celebra en el momento oportuno. A pesar de que la señora Dati ya ha repasado los tres informes detalladamente, voy a repetir lo que ha dicho de manera muy breve para confirmar las intenciones de la Comisión.
En primer lugar, permítanme felicitar al señor Medina Ortega. El señor Medina Ortega nos ha presentado un excelente informe sobre el documento público europeo. En verdad, está en juego el día a día de los consumidores y de los ciudadanos y sus recomendaciones a la Comisión, Señoría, influyen directamente en la vida de nuestros conciudadanos, ya sea como individuos o como empresas.
De hecho, por lo general los ciudadanos y las empresas suelen tomar decisiones sobre asuntos familiares o transacciones comerciales mediante un documento establecido libremente con la autenticación de un organismo público. Resulta evidente que los documentos públicos deben tener libertad de circulación en el espacio de libre circulación.
No obstante, esta libertad de circulación, como saben, solo se ha conseguido en parte. Disponemos de nuevas medidas además de los mecanismos ya existentes. En la actualidad es a lo que me dedico. Me dedico a las medidas que se acaban de aprobar. Gracias, señora Dati, por las obligaciones de alimentos. Señor Medina Ortega, estoy preparando la medida en materia de sucesión para marzo del 2009. Soy muy consciente, no obstante, de que aún queda mucho trabajo. Esta es la razón por la que la Comisión va a preparar un Libro Verde sobre el documento público europeo y, posiblemente, sobre otros documentos públicos. Así podremos celebrar una amplia consulta sobre este tema.
Sin embargo, en este contexto ha quedado claro que su informe y el estudio del Parlamento Europeo resultarán de gran utilidad. Además, como usted bien ha dicho y con cuya opinión concuerdo, existe la necesidad de crear una base jurídica que nos permita tomar la iniciativa y que al mismo tiempo respete la diversidad de nuestros sistemas jurídicos. Para conseguirlo habrá que trabajar de forma exhaustiva. Una vez más quisiera felicitarle por su excelente trabajo.
Quisiera dirigirme ahora a la señora Wallis, quien ha puesto de manifiesto la necesidad de modernizar el funcionamiento de la justicia. Tiene razón en que el plan de acción que acaba de aprobarse es uno de los centros de interés de la Presidencia checa. Por tanto, gracias a su informe, señora Wallis, seremos capaces de ver todas las posibilidades del acceso a la e-Justicia.
Ha mencionado algunos ejemplos en los que dicho acceso sería extremadamente beneficioso, por ejemplo, los litigios de menor cuantía. No cabe duda de que sus recomendaciones nos ayudarán a mejorar las medidas que la Comisión ya ha emprendido y que enriquecerán los debates y las decisiones que se tomen en el Consejo Europeo.
Vamos a trabajar juntos y nos vamos a asegurar de que la justicia en línea europea permita un acceso más sencillo a la información sobre la legislación europea, los sistemas jurídicos nacionales y los procedimientos europeos. También me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el portal previsto estará listo a finales de diciembre de 2009 a más tardar. Vamos a colaborar estrechamente con el Parlamento. Este portal de justicia en línea europeo comenzará a funcionar en diciembre de 2009 sin falta. Está dirigido a los ciudadanos europeos, pero tendremos que pensar en cómo resolver algunos asuntos que atañen de manera directa a las autoridades judiciales.
Una vez más, quisiera expresar mi satisfacción por la sinergia existente entre nuestras instituciones europeas, el Consejo, el Parlamento y la Comisión. En lo que respecta a este asunto, señora Wallis, he de decir que hemos intentado ser cautos y no limitar nuestra ambición, sino centrar nuestras pretensiones en la e-Justicia. La Presidencia francesa y la señora Dati han dado prueba de dicha ambición. Como Comisario, les prometo que voy a comprometerme plenamente en este asunto.
Por último quisiera referirme al informe del señor López-Istúriz White a quien felicito por haber retomado la iniciativa de la señora Dati y hacernos trabajar desde Lille en un tema que resulta de extremada importancia para nuestra sociedad. De hecho, somos conscientes de que en nuestras sociedades va a haber muchas más personas de más de 65 años. Hoy por hoy ese porcentaje ya representa el 16 % de la población europea. Por este motivo estamos convencidos de que hay que proteger a los adultos vulnerables. Esta es la razón por la que hemos apoyado plenamente la iniciativa francesa de solicitar a los Estados miembros que ratificasen el Convenio de la Haya del 13 de enero de 2000. Gracias a la determinación de la señora Dati, esta convención entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
La señora Dati ha enumerado una serie de países que pertenecen a este Convenio en la actualidad. Creo que provocarán un efecto dominó que nos permitirá convencer al resto de Estados miembros de que ratifiquen este Convenio.
Es cierto que existen dudas. Aún no hemos mencionado el desarrollo de un instrumento ya existente. Vamos a prestar especial atención a la aplicación de este Convenio y después incorporaremos esta propuesta al marco del programa de Estocolmo. También vamos a examinar todas las medidas que van a permitir una mayor colaboración de los Estados miembros entre sí y más tarde quizás podamos incorporar una iniciativa comunitaria a este respecto.
Es todo lo que puedo decir sobre un tema que personalmente considero muy importante. De cualquier modo, gracias. El debate de esta mañana, al que ha asistido la señora Dati, nos ha permitido ver en qué modo vamos a proceder a la hora de proponer un programa de Estocolmo ambicioso que esté a la altura de las expectativas del pueblo europeo y de su deseo de que exista un espacio jurídico europeo. Gracias, Parlamento.
Panayiotis Demetriou
ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. - (EL) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la Presidencia francesa por todo lo que ha conseguido hasta la fecha, especialmente en materia de justicia. También me gustaría felicitar al Comisario. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior apoya las posiciones del informe del ponente Antonio López-Istúriz White. Los ancianos, con capacidades limitadas, tienen problemas como el resto de seres humanos y no podemos dejarles desprotegidos; no pueden sucumbir al destino y acabar en manos de protectores oportunistas que más de una vez les humillan y se aprovechan de ellos. Todas las sociedades, todos los Estados con Estado de Derecho tienen la obligación de aprobar actos y resoluciones judiciales y administrativas que salvaguarden la dignidad y la propiedad de los ancianos. La Unión Europea tiene una responsabilidad transfronteriza. Quisiera pedirle a la Comisión que ayude a ejercer presión sobre los Estados miembros para que firmen y ratifiquen el Convenio de la Haya y el marco de protección que establece. Quisiera pedirles a todos mis colegas parlamentarios de los países que aún no la han firmado que intenten que se convierta en una realidad.
Luca Romagnoli
Señor Presidente, Señorías, me gustaría felicitar a la Presidencia francesa, al Comisario Barrot y a todos los ponentes por el inexorable avance del desarrollo técnico del que no puede escapar la justicia.
Creo que la introducción de tecnologías de la información y de la comunicación en la administración judicial ofrece muchas posibilidades, con la mejora del funcionamiento de la justicia y contribuyendo a racionalizar y acelerar los procedimientos y los costes. La e-Justicia también podría conllevar innumerables beneficios y responder a una serie de necesidades, entre las que destaca el acceso a la justicia y la mejora de la eficiencia y la reducción de tiempo y costes. Por ello es tan importante que la e-Justicia tenga por objetivo desarrollar el uso de las tecnologías de la información por parte de los poderes judiciales y más aún si se tiene en cuenta que casi diez millones de ciudadanos europeos están inmersos en procedimientos civiles transfronterizos y que lo más probables es que esta cifra aumente.
Además de los ciudadanos, debemos tomar en consideración los beneficios que reportaría a los trabajadores del sector judicial y, por tanto, los procedimientos en materia de colaboración penal y judicial. Cuando fui ponente del informe sobre el sistema de información europeo de antecedentes penales (ECRIS) me di cuenta de que la esfera de aplicación de la justicia electrónica es muy amplia y de que evolucionaría de acuerdo con el progreso del espacio judicial europeo y de los avances técnicos. Por este motivo acojo con satisfacción el anuncio que hizo el Comisario Barrot anteriormente de que el portal será operativo a finales del año 2009.
Quisiera concluir expresando mi deseo de que Europa pueda, de una vez por todas, conseguir un sistema de justicia justo y de que por fin pueda repartirse la responsabilidad de los agentes implicados. Se ha dado el caso en demasiadas ocasiones de que, por ejemplo en mi país, la parte investigadora ha terminado pagando un precio extremadamente alto por un proceso judicial que ha terminado en la absolución. Los jueces italianos no tienen responsabilidad civil por los errores de la justicia, lo cual es una gran injusticia social a la que se debe poner remedio. Espero que el espacio judicial europeo ayude a rectificar esta gran injusticia tarde o temprano.
Gracias de nuevo a la Presidencia francesa por sus esfuerzos en este ámbito y también a la señora Wallis.
Jean-Paul Gauzès
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (FR) Señor Presidente, señora Dati, señor Barrot, en primer lugar me gustaría elogiar los esfuerzos de la Presidencia francesa y sus esfuerzos personales, señora Dati, por promover un mejor espacio de libertad jurídica y efectividad en beneficio de nuestros conciudadanos.
Nuestros ponentes han realizado una excelente labor. Esta es la razón por la que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y Demócratas Europeos apoyan estos tres informes: el informe Wallis, el informe López-Istúriz White y el informe Medina Ortega. Por mi parte, me gustaría aclarar una serie de aspectos relativos a la posición de nuestro grupo respecto al informe del señor Medina Ortega, con quien he colaborado estrechamente.
Como dicen, señora Dati, señor Barrot, este informe nos propone hacer un esfuerzo importante para conseguir el reconocimiento mutuo de los documentos públicos. Este informe suscitó un debate en torno a la posibilidad de una apertura relativa a su terminología.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que el informe trata sobre el documento público, cuyas características están recogidas en la jurisprudencia. En estos momentos, deberíamos limitarnos a los documentos públicos para no generar una confusión jurídica al utilizar términos inapropiados sobre qué debería considerarse un documento público.
La señora Dati y el señor Barrot han explicado cuáles son las características del documento público, por lo que no voy a repetirlas. Tan solo me gustaría decir que, si se celebran debates sobre otros asuntos, sobre actos diferentes a los de los documentos privados, no es competencia de este informe de propia iniciativa. La cuestión es cómo podemos conseguir el reconocimiento mutuo de lo que la jurisprudencia reconoce como documentos públicos. Me gustaría felicitar al señor Medina Ortega una vez más por el excelente trabajo que ha realizado en este ámbito.
Manuel Medina Ortega
Señor Presidente, ahora me encuentro en un segundo papel: no hablo como ponente de mi informe sino en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo con respecto al conjunto de informes.
Yo diría que los tres informes tienen una característica: se trata de informes que van dirigidos a mejorar la situación de los ciudadanos. Lo que pasa es que, en este ámbito de la justicia, la mejora de la situación de los ciudadanos tiene que hacerse de conformidad con ciertos principios de equilibrio, tomando en cuenta cualquier tipo de consideración. Por ejemplo, en materia de justicia electrónica no nos podemos dejar llevar por un entusiasmo excesivo por las nuevas tecnologías si estas, por ejemplo, se traducen en un perjuicio en cuanto a las garantías para los ciudadanos. Es decir, por ejemplo, la preocupación por conseguir una dirección electrónica para todo el mundo podría llevar a que aquellas personas que no tengan acceso a la red electrónica queden excluidas de la justicia.
En el campo específico de mi informe sobre el acta auténtica, yo creo que tanto la Presidenta en ejercicio del Consejo, Sra. Dati, como el Sr. Barrot han puesto de relieve que es importante también aquí la garantía jurídica. Se trata de llevar documentos que tienen valor de un país a otro, pero no de dar reconocimiento a cualquier tipo de documento con respecto a cuya eficacia tenemos dudas. Es decir, un documento privado, aunque sea notarizado en un país donde no existe la situación de acta auténtica, no puede tener la fuerza ejecutiva que tienen los actos notariales en el Derecho continental, que tienen una fuerza ejecutiva determinante que es completamente distinta.
Así, el equilibrio entre la necesidad de una eficacia en el funcionamiento de los mercados y en la circulación dentro de la Unión Europea no debe, sin embargo, llevarnos a abandonar las garantías jurídicas esenciales. Sin garantías jurídicas, sin garantías para los ciudadanos, no hay Derecho. Por tanto, esta es la razón por la cual, a la hora de votar sobre los diferentes informes, el Grupo Socialista ira precisando sus puntos de vista con la finalidad de proteger, sobre todo, los intereses del ciudadano normal, del ciudadano ordinario y no simplemente de aquellos que son más poderosos.
Diana Wallis
en nombre del Grupo del ALDE. - Señor Presidente, tengo la impresión de que mi Grupo no va a encontrar inconveniente, o eso espero, en apoyo mi informe y el del señor López-Istúriz White.
El informe al que quisiera referirme, pues está generando controversia entre los miembros de este Parlamento, es el del señor Medina Ortega. Todos compartimos la misma idea: tenemos libertad de circulación de sentencias. Queremos tener libertad de circulación de documentos públicos y me gustaría añadir: "o documentos equivalentes". Se ha hablado mucho de simplificar la vida de los ciudadanos. En mi opinión, ello implica la vida de todos los europeos. Sería contraproducente que una serie de países y determinadas tradiciones jurídicas no participaran en este espacio de justicia. Eso es lo que ocurrirá si no nos abrimos de miras con paciencia y tolerancia. Algunos sistemas jurídicos pueden parecer distintos, pero si escarbas un poco puedes ver lo similares que pueden llegar a ser.
Hemos conseguido que se reconozcan los documentos de otros Estados miembros. No hay ni una sola razón por la que, con tolerancia y cuidado, no podamos reconocer los actos de los demás, ya sea por contrato o notarizados, aunque no sean iguales o no se hayan hecho de la misma manera.
Les pido: por favor, respeten las enmiendas que se proponen hoy. Tal vez no se aprueben, pero son la prueba de que esta es una Europa de justicia para todos los ciudadanos y todas las culturas jurídicas. No debería ser algo exclusivo.
Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo UEN.- (PL) Señor Presidente, hoy estamos debatiendo tres informes muy importantes. Me gustaría felicitar en especial a la señora Wallis por su excelente informe en cuento a contenido, relevancia y eficacia a la hora de tratar los diferentes aspectos del problema. El Parlamento está de acuerdo con la señora Wallis en la importancia de este problema, pues afecta al menos al 2 % de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Un total de diez millones de los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea están implicados en litigios transfronterizos. La utilización de los últimos sistemas de la información en el ámbito de la justicia podría tener un impacto decisivo en la vida de estas personas, pues simplificaría los procedimientos jurídicos de manera que fueran más cortos y efectivos.
Nuestras propuestas, en caso de que reciban la aprobación de la Comisión Europea, podrían facilitar el acceso a la justicia y, además, reducirían el coste de los procedimientos jurídicos, lo cual resulta de extrema importancia para nuestros ciudadanos. Parece justificado apoyar la creación de dos portales de justicia en línea. El primer portar iría en beneficio de los ciudadanos y garantizaría el acceso de los empresarios al asesoramiento jurídico en varios idiomas. El segundo portal, destinado a la profesión jurídica, sería una herramienta de asistencia a los abogados, jueces, fiscales y a todos los funcionarios que trabajan en la administración de justicia.
Las nuevas tecnologías podrían resultar de ayuda en la lucha contra la delincuencia internacional y en materia de prevención de la delincuencia, por no mencionar las ventajas que podría reportar el uso de las videoconferencias a la hora de presentar pruebas en procedimientos jurídicos.
Rareş-Lucian Niculescu
(RO) Es esencial que se introduzcan las nuevas tecnologías de manera inmediata en el proceso judicial. No podemos permitir que el sistema de justicia se siga quedando atrás con respecto a estos ámbitos. Ni que decir tiene que habría que examinar cuidadosamente cualquier estrategia que se vaya a seguir a este respecto. No obstante, si tenemos en cuenta la situación actual, debemos mantener los pies sobre la tierra.
En la Unión Europea del siglo XXI existen tribunales que no disponen de un ordenador o acceso a Internet, hecho que se pone de manifiesto en este informe. Independientemente del método de investigación que se emplee, resulta extremadamente complicado acceder a la información jurídica, tanto por parte de los profesionales de la justicia como, en especial, por parte de los ciudadanos con intención de proteger sus derechos. Estoy convencido de que, como parte de los sistemas financieros europeos, se destinarán más fondos a los ámbitos de justicia civil y de justicia criminal para subsanar estas deficiencias. Del mismo modo, los Estados miembros deben esforzarse aún más por hacer un uso efectivo de los fondos disponibles en la actualidad.
El informe también pone de manifiesto una serie de problemas muy similares con respecto a la Red Judicial Europea sobre asuntos civiles y comerciales, sobre la que se celebró una votación hace tan solo dos días. Lamento que no se haya debatido este informe. No hay duda de que es importante mejorar el funcionamiento de esta red y de que proporcionará un valor añadido a la vida de los ciudadanos europeos. Pero los problemas a los que me he referido siguen existiendo en este ámbito y tienen que ver con la falta de información, la falta de traducciones a todas las lenguas oficiales y la dificultad de acceso al sistema judicial en un contexto transfronterizo.
Gracias por su atención. Espero que estos problemas, que resultan muy preocupantes para el Parlamento, ocupen un lugar más preponderante en la agenda de la Comisión y del Consejo, especialmente teniendo en cuenta que los ciudadanos de a pie esperan que la Unión Europea haga más fáciles sus vidas con la adopción de medidas concretas.
Neena Gill
Señor Presidente, soy partidaria de estos tres informes, pero me gustaría decir unas palabras sobre la tutela. La protección de los ciudadanos más vulnerables es un asunto que me preocupa mucho. Sabemos que la población europea está envejeciendo: la esperanza de vida ha aumentado a los 80 años y en el año 2050 el 37 % de la población superará la edad de 60 años. La población es también más móvil. El último año emigraron de mi país 400 000 para jubilarse en el extranjero, por lo que debemos garantizar que estas personas van a recibir la misma protección que la que recibirían en su país.
Los retos que plantean estos cambios demográficos para la sociedad europea son muchos, como por ejemplo los relativos a la asistencia sanitaria y social. Considero primordial que esta generación de mayores tenga una vida digna e independiente.
El año pasado fui ponente de un informe que garantizaba que los ancianos pudieran vivir sanos durante más tiempo y de manera independiente. En mi opinión, el informe sobre el que estamos debatiendo hoy se ajusta perfectamente a las propuestas para garantizar que puedan seguir disponiendo de sus propiedades y llevar una vida normal donde ellos deseen, sin tener que sufrir explotaciones o abusos. Por otra parte, me preocupa el Convenio de la Haya. Felicito a la Ministra por su actuación pero no solo tenemos que asegurarnos de que se ratifique la legislación existente. También debemos asegurarnos de que es efectiva.
También me gustaría hacer algunos comentarios sobre el documento público. Acojo con satisfacción que se pretenda aligerar las cargas de los ciudadanos, pero también me preocupa que este informe no tenga en cuenta las distintas tradiciones jurídicas de la Comunidad Europea, entre las que se encuentran diferentes instrumentos jurídicos como las escrituras de propiedad inglesas o las diferentes profesiones notariales de Inglaterra. Creo que el informe corre el riesgo de menoscabar la legislación nacional de determinados Estados miembros, particularmente del mío, en lo que respecta a la administración de las fincas. Ignorar dichas diferencias va en contra del principio de reconocimiento mutuo y del objetivo de conseguir el acceso igualitario a la justicia de todos los ciudadanos. Por todas estas razones, mi delegación y yo vamos a respaldar las enmiendas de la señora Wallis.
Acojo con gran satisfacción el informe de la señora Wallis sobre justicia en línea. Creo que algunos de los asuntos que se mencionan en los otros informes están relacionados entre sí, por lo que todos los ciudadanos de la Unión Europea tendrán acceso igualitario a la justicia.
Cristian Silviu Buşoi
(RO) Me gustaría felicitar a los ponentes: Diana Wallis, Manuel Medina Ortega y Antonio López-Istúriz White por sus excelentes informes. La justicia en línea es necesaria ahora que se estima que diez millones de personas están implicadas en litigios transfronterizos. De hecho, el uso de las tecnologías de la información en el sistema judicial representaría una contribución significativa a la mejora de la accesibilidad y la eficiencia del sistema judicial y penal Europeo. Esta es la razón por la que el informe de la señora Wallis y sus esfuerzos merecen toda nuestra consideración.
En mi opinión, esta resolución sobre el documento público europeo es especialmente importante. Yo mismo soy abogado en Rumanía y, como tal, quisiera reiterar la cantidad de beneficios que reportarían el documento público europeo y un sistema de justicia amistoso y de jurisdicción voluntaria. De hecho, la manera en que mejor se pone de manifiesto la justicia preventiva en Rumanía, al igual que en otros países europeos con una jurisdicción de derecho civil, es un acta notarial. Comprendo que el señor Medina Ortega quisiera referirse de manera exclusiva a los documentos públicos y diferenciarlos de los documentos públicos que ha expedido un profesional especializado, delegado de la autoridad pública, de los que se han certificado mediante una firma privada.
No obstante, independientemente de cuál sea el resultado del debate y de qué actos equivalentes se incluyan o figuren en el programa de otra iniciativa, considero que debemos asegurarnos de que se cumpla con el objetivo de este informe, a saber, garantizar la protección de los ciudadanos y su seguridad jurídica en sus relaciones familiares y patrimoniales a través de las fronteras mediante el reconocimiento mutuo de los documentos públicos.
Bogusław Rogalski
(PL) Señor Presidente, la Unión Europea debe atajar el problema del envejecimiento de la población de los Estados miembros, el cual está ligado al aumento de la esperanza de vida. Como consecuencia, cerca del 2050 aproximadamente el 40 % de la población europea tendrá más de 60 años, el 10 % de los cuales superará los 80 años.
Estos cambios demográficos repercutirán de manera significativa en la economía, la sociedad, la sanidad y el presupuesto. Por ello tenemos que crear mecanismos de protección específicos que garanticen la igualdad de derechos y obligaciones a todos los niveles. Las personas protegidas pasan cada vez más tiempo fuera de su país de residencia o recibiendo asistencia hospitalaria en el extranjero, por tanto, fuera del país donde se encuentran sus activos. Esta es la razón por la que el sistema de protección jurídica debe garantizar la continuidad de las resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas y las resoluciones de las propias personas implicadas. Esto atañe de manera particular a los poderes de representación relativos a una futura protección jurídica que los Estados miembros han de ejecutar.
Por ello es necesaria la creación de un mecanismo que transmita documentos, especialmente en caso de emergencia, para las personas protegidas que necesiten atención hospitalaria mientras se encuentran temporalmente fuera de su país de origen. De este modo, los europeos tendrían la posibilidad de vivir en un Estado miembro distinto de su país de origen sin impedimentos y sin perder el acceso a una asistencia rápida y efectiva.
Dushana Zdravkova
(BG) Ministra, Comisario, Señorías, quisiera garantizarles que tanto los ciudadanos de la Unión Europea como mis colegas abogados adhieren especial importancia al debate que hoy se celebra sobre estos tres informes. Por ello me gustaría felicitar a los ponentes de estos tres informes.
Hasta ahora mi carrera ha girado en torno al sistema judicial: tanto como presidenta de uno de los tribunales más grandes de Bulgaria, el primero en introducir la tecnología online, y como presidenta del Comité de Expertos sobre Tecnología de la Información y Derecho del Consejo de Europa hasta el año 2000. Por esta razón conozco muy bien todos los aspectos relativos a la e-Justicia. Cuando introdujimos la tecnología de la información en 1995, no podría haber imaginado que este tema conmocionaría al Parlamento Europeo. Por eso estoy tan contenta de poder hablar hoy sobre ella.
Quisiera felicitar a la señora Wallis en particular por su informe sobre justicia en línea porque creo que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en materia de justicia fomentará el desarrollo de la cooperación judicial transfronteriza y facilitarán el acceso de los europeos al sistema judicial.
Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, si queremos conseguir un sistema europeo eficiente, tenemos que diseñar una estrategia general a nivel institucional y confeccionar las normas que posibiliten una comunicación más efectiva entre los sistemas nacionales; sin olvidar que se necesitará una gran cantidad de especialistas cualificados.
Solo podremos hacer uso del potencial de las nuevas tecnologías para combatir la delincuencia transfronteriza y lograr que el sistema judicial sea más accesible para los ciudadanos en materia civil y comercial si se tienen en cuenta estos requisitos previos.
En este espíritu, quisiera pedirles que se fomenten todos los proyectos relevantes a este propósito, ya sea la red de antecedentes penales en línea, los registros de insolventes o la Red Judicial Europea en materia civil y comercial. Solo de este modo podremos conseguir uno de los objetivos más importantes de la Unión Europea: que sus ciudadanos puedan interactuar más fácilmente.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
- (PL) Señor Presidente, en una comunicación al Parlamento y al Consejo del 10 de mayo de 2005 y relativa al Programa de la Haya, la Comisión estipuló como una de sus prioridades específicas que antes del año 2011 tenía previsto garantizar un espacio europeo de justicia en materia civil refiriéndose al reconocimiento y ejecución de las sentencias y al principio del reconocimiento mutuo, pues consideraba que dichas medidas proporcionaban un medio real para garantizar la protección jurídica transfronteriza de los europeos.
La Unión Europea está creciendo y sus ciudadanos se mueven cada vez más. Por el momento, la circulación de personas por el territorio comunitario genera problemas en cuanto a la transmisión de documentos públicos. Las soluciones que han aplicado los Estados miembros al problema del reconocimiento mutuo de documentos públicos implican que la circulación de estos documentos siga siendo causa de conflictos, pues existen restricciones en lo que respecta al número y al tipo de documentos que se pueden transmitir.
La Comisión debe emprender medidas concretas para introducir de manera inmediata un sistema único, uniforme y a medida para la ejecución y el reconocimiento mutuo de los documentos públicos en todos los Estados miembros que facilite el día a día de los ciudadanos y las empresas.
Al mismo tiempo, dadas las diferencias en la estructura y organización de estos registros públicos en el marco de la propiedad de inmuebles, los terrenos públicos y los registros de propiedad deberían quedar excluidos de este instrumento comunitario. Aparte de esta excepción, el reconocimiento de la autenticidad, de la fuerza probatoria y de la fuerza ejecutiva de un documento público con miras a su utilización en el Estado miembro en cuestión solo puede ser denegado en caso de dudas serias y fundadas sobre su autenticidad, o si el reconocimiento es contrario al orden público del Estado miembro en cuestión.
Para terminar, quisiera felicitar al ponente, el señor Medina Ortega, por haber preparado este documento tan esmeradamente.
Toomas Savi
Señor Presidente, acojo con gran satisfacción la idea de la Comisión de preparar un plan de acción sobre la justicia en línea. Me sorprendió bastante saber que aún no se había introducido una iniciativa de este tipo. Me gustaría felicitar a mi colega Diana Wallis por atajar este asunto de una manera tan adecuada. El rápido desarrollo tecnológico nos ha proporcionado nuevas herramientas eficaces que no deberíamos dudar en usar.
Desgraciadamente, también ha sido la causa de nuevos retos, entre los que se encuentran los delitos electrónicos como la monitorización no autorizada, el fraude y la guerra cibernética. Ya ha llegado la hora de que la Unión Europea apruebe legislación sobre la definición, investigación y penalización de los delitos electrónicos. Los delitos electrónicos superan las fronteras y, por tanto, deberían tratarse a nivel supranacional. Espero que la Comisión emprenda una iniciativa legislativa a este respecto sin demora.
Costas Botopoulos
¿Señor Presidente, se podría decir que la e-Justicia, justicia en línea, es posible dentro de una actividad que se ve condicionada por las debilidades y virtudes innatas a la cualidad humana? ¡No! ¿Existe la justicia sin fronteras? Como ha dicho usted, una vez más, ¡no! Porque se trata de una actividad humana que difiere dependiendo de la parte del mundo.
¿Implican esos "no" que debemos darle la espalda a la innovación tecnológica? Una vez más: por supuesto que no. Debemos intentar sacarle el mejor partido a la innovación humana. Un portal para la información: ¡sí! Intercambio de datos: ¡sí! Tener conciencia de la interindependencia de los sistemas jurídicos: ¡sí! Contribuir a la creación de un demos europeo: ¡sí! Pero a la justicia sin rostro común, y con ello no quiero decir que lo digan en su informe: ¡no!
A mi padre, que era juez, no le haría demasiada ilusión verme defendiendo la justicia en línea ante el Parlamento Europeo. Si tuviera que hablarle del Parlamento Europeo a mi padre, que en paz descanse, podría decirle que sé que la justicia siempre será un hombre, su defensor y un juez; no ante Dios, sino ante su conciencia.
Nicolae Vlad Popa
(RO) Me gustaría felicitarles por la incitativa sobre la circulación de documentos públicos en Europa, pues gracias a ella se fomenta la libertad de circulación de personas y entidades comerciales dentro del territorio comunitario. A pesar de que ya se han eliminado las barreras físicas, siguen existiendo barreras legales. Los procedimientos complejos, que varían de un Estado a otro, para la aplicación de contratos que han sido firmados con la presencia de un representante de las autoridades públicas dan prueba de ello.
Nuestra labor es ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de que las disposiciones del documento público europeo se apliquen sin procedimientos adicionales en un Estado miembro de la Unión Europea aunque se haya redactado en otro Estado miembro.
Acojo con satisfacción la iniciativa de la señora Wallis y su informe sobre la justicia en línea, pues considero que la aprobación de este informe garantizará el acceso de todos los europeos al sistema judicial y jurídico europeo mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. La prontitud de la administración efectiva de las pruebas al menor coste posible y la simplificación de los procedimientos judiciales facilitarán el acceso de los ciudadanos a la justicia mediante la utilización de instrumentos prácticos y sencillos en litigios transfronterizos. Para conseguirlos...
Armando França
(PT) Señor Presidente, Comisario, señora Dati, la e-Justicia es un paso importante para garantizar el acceso a la ley, la justicia y los tribunales. Acojo con satisfacción esta iniciativa y felicito a la ponente y a la Presidencia francesa. El proyecto e-Justicia figuraba entre los que se debatieron durante la Presidencia portuguesa y, por tanto, Portugal fue la encargada de guiar el desarrollo y la aplicación del proyecto piloto que permitirá que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios en otros Estados miembros en su propio idioma de manera más sencilla, barata y cómoda.
Este portal multilingüe estará destinado a ayudar a los ciudadanos y a las empresas que busquen asistencia jurídica y consejo jurídico inicial sobre problemas jurídicos transfronterizos. Este portal de e-Justicia estará coordinado y gestionado por una unidad que también será responsable de coordinar las contribuciones de los distintos Estados miembros y de garantizar su interoperatividad. El proyecto e-Justicia servirá al pueblo y reforzará nuestra democracia. Acojo con satisfacción el lanzamiento del portal en diciembre de 2009.
Marcin Libicki
(PL) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la señora Wallis por su excelente informe y llamar la atención sobre dos asuntos. Como presidente de la Comisión de Peticiones, me he dado cuenta de que a menudo los europeos no saben cuáles son sus derechos y de que, en cambio, suelen creer que pueden intervenir en asuntos sobre los que no tienen derecho alguno. Por tanto, no cabe duda de que este portal de Internet, al que también se ha llamado portal e-Justicia, ayudará a los ciudadanos europeos a contactar con el Parlamento Europeo y su Comisión de Peticiones.
También me gustaría llamar la atención sobre otro asunto que ya ha mencionado la señora Wallis durante su intervención, a saber, el hecho de que debemos respetar las leyes locales. El filósofo francés Charles de Montesqieu ya planteó esta cuestión hace 250 años y dijo que, a la hora de legislar a un nivel territorial más alto, había que tener en cuenta que las regiones pequeñas, en este caso los Estados miembros de la Unión Europea, tienen sus propias tradiciones y que estas deben ser respetadas.
Presidente
Señorías, aunque el otro día, discutiendo en la Mesa del Parlamento, el pensamiento fue que no debía concederse el uso de la palabra a oradores que ya habían intervenido en el debate, vamos a hacer una excepción por lo que llamamos en España el espíritu navideño y le vamos a dar la palabra al señor Romagnoli.
Luca Romagnoli
(IT) Señor Presidente, Señorías, no puedo hablar en nombre de todos, pero espero que los miembros no inscritos concuerden conmigo en que el espacio común de justicia representa una ventaja indiscutible para los ciudadanos de la Unión Europea y apoyarán la iniciativa.
Señorías, la mayoría estábamos presentes hace tan solo unos minutos, por lo que no quisiera repetirme, así que tan solo quisiera desearles, y por encima de todo a Europa y los ciudadanos de la Unión que sientan que su calidad de vida está en juego, un feliz y próspero año nuevo y, como no, justicia.
Reinhard Rack
(DE) Señor Presidente, es bueno que la integración en el sector de la justicia, que hasta ahora era competencia de los Estados, progrese. Es coherente con los cambios en la vida de los ciudadanos europeos. Sin embargo, una observación que ya se ha hecho en repetidas ocasiones, esta integración no debe interceder demasiado con las estructuras procedentes de la tradición y, lo que es más importante, que funcionan. No se puede medir todo por el mismo rasero.
La organización de los documentos públicos y de los registros públicos difiere en cada Estado miembro. En Austria, aunque no es el único caso, la oficina de notarios cuenta con una larga tradición y un alto nivel de seguridad y confianza como oficina de registro público. Es algo que no se debe poner en juego sin una buena causa, es decir, simplemente porque esas profesiones no existan en otros lugares. Por ello digo "sí" a la integración y a la apertura mutua, pero comedidamente.
Czesław Adam Siekierski
(PL) Señor Presidente, cada Estado miembro tiene un sistema jurídico diferente y distintos principios para el reconocimiento de documentos administrativos. Por tanto, deberíamos fijarnos como objetivo simplificar la circulación de los documentos públicos tanto como sea posible. No obstante, debemos tener en cuenta que garantizar la seguridad de las situaciones y de los actos ante la ley es más prioritario que facilitar la circulación de los documentos.
Debemos armonizar los principios de reconocimiento de documentos administrativos para facilitar la vida cotidiana de nuestros ciudadanos y simplificar las operaciones de las empresas. De hecho, es lo que se espera de nosotros. Estas normas ahorrarán tiempo y dinero con total seguridad. Debemos trabajar para establecer una base armonizada para el reconocimiento mutuo de los documentos públicos en los Estados miembros, pero no cabe duda de que no debemos ampliar el ámbito de este sistema para incluir documentos que no cumplan con los requisitos básicos.
Rachida Dati
Presidenta en ejercicio del Consejo. - (FR) Señor Presidente, Señorías, la Comisión tiene la intención de reducir la carga administrativa de las empresas, lo cual, en esencia, constituye una buena intención.
Todos sus informes dan prueba de su interés en estas materias y tengo la seguridad de que tendremos la oportunidad de debatirlos de nuevo en un futuro. Una vez más me gustaría felicitar al señor Medina Ortega por sus comentarios y su contribución. Tenemos que progresar en lo que respecta a la circulación y reconocimiento de los documentos públicos.
Ha mencionado muy acertadamente que la sentencia Unibank proporciona un marco de acción y una definición de los documentos públicos. Como el señor Gauzès ha subrayado hace tan solo un momento, es un informe excelente que contribuirá a mejorar la cooperación judicial. También me gustaría aclarar el argumento de la señora Wallis: esto afectará a todos los europeos, pero también debemos asegurarnos de que creamos las condiciones necesarias para una auténtica confianza mutua. Es necesario para el propósito de la seguridad jurídica.
También quisiera llamar la atención sobre el compromiso de la señora Wallis en materia de justicia electrónica. Tiene usted razón; es un modo de mejorar el acceso a la justicia. No debemos olvidar que se estima que diez millones de personas están implicadas en disputas transfronterizas. Necesitamos medios de comunicación efectivos. Me sumo a las palabras del señor Barrot: debemos ser fieles a este ideal. La intervención de la señora Zdravkova también versaba sobre estas líneas, pues la vinculación de los sistemas judiciales abre una serie de alternativas ante nosotros.
Señor López-Istúriz White, estoy de acuerdo con usted en que tenemos que hacer más por proteger a los adultos vulnerables y a los ancianos en particular. Acojo con satisfacción la aprobación de este informe, pues es coherente con las recomendaciones y con nuestros ideales. También agradezco los comentarios de la señora Gill, pues su contribución hace de este un informe eminentemente práctico.
Comisario, usted también ha mostrado interés por estos temas. Espero que nuestro debate de hoy sirva para arrojar luz sobre la consulta que está organizando, según creo, en estos momentos.
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en nombre de la Presidencia me gustaría darle las gracias a todos los oradores que han intervenido. Sus comentarios han sido muy profesionales y prácticos. Y lo que es más importante, nos han permitido confiar en el futuro. Dan prueba del interés de la UE en lo que respecta a la protección de sus ciudadanos.
Mi evaluación del trabajo de la Presidencia francesa en materia de justicia es que han sido prácticos tanto los temas que se han tratado y las decisiones que se han tomado como nuestros intereses al respecto. Se me ha presentado otra oportunidad de dirigirme a este Parlamento. No solo coincide con nuestra labor en la sesión plenaria y en la comisión, sino con todas las conferencias temáticas que se han organizado en Francia sobre estos temas.
Les felicito por la excelente cooperación que se ha establecido entre el Consejo y el Parlamento. Además, nos ha permitido progresar de manera rápida. Recuerdo los principios de la Presidencia, cuando aún debatíamos sobre nuestros objetivos y prioridades. Les puedo decir que se han cumplido los objetivos y reforzado las prioridades. Creo que las próximas presidencias continuarán por este camino.
Presidente
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, permítame desde la Presidencia que la felicite a usted también y que felicite a la Presidencia del Consejo por la labor que ha realizado y por el esfuerzo desarrollado, también a nivel personal por usted misma a lo largo de este semestre.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, señora Dati, Señorías, solo quisiera señalar, en relación con el informe del señor Medina Ortega, que se van a celebrar una serie de reuniones sobre el reconocimiento de los documentos públicos en el marco del reglamento Bruselas I. Vamos a aprobar un informe relativo a la aplicación de Bruselas I a principios de 2009, por lo que será necesario revisarlo durante el año.
En segundo lugar, como les acabo de decir, se celebrará otra reunión sobre el instrumento de acuerdos matrimoniales y en materia de sucesión. El tema de los documentos públicos volverá a surgir en el contexto del Libro Verde, el cual abarcará todos los documentos públicos. Este Libro Verde está previsto para finales de 2009.
No hay duda de que hay que mejorar la libre circulación de actos y documentos pero, como dijo la señora Dati de manera muy acertada, seguimos teniendo que garantizar la seguridad jurídica; y esta solo podrá conseguirse con una auténtica confianza mutua. Es todo lo que tengo que decir en cuanto a las reuniones sobre documentos públicos, a las que se va a prestar gran atención durante los próximos meses de 2009.
Respecto a la e-Justicia, les puedo confirmar que, de hecho, la Comisión está aplicando contratos que permitirán el desarrollo de una versión inicial del portal europeo e-Justicia dentro del calendario acordado. Considero que esto indica que la iniciativa e-Justicia tendrá éxito.
Por último, como dije, vamos a seguir muy de cerca la aplicación del Convenio de la Haya sobre la protección de las personas vulnerables. Durante el año 2009 vamos a ver exactamente qué mejoras podrían introducirse y si sería necesaria una iniciativa comunitaria en esta materia para facilitar la aplicación formal de las disposiciones del Convenio de la Haya. Estoy pensando en transmitir archivos e información a las personas vulnerables sobre sus derechos. Este es el impedimento a una solución.
Como apunte personal, si se me permite, señor Presidente, me gustaría felicitar a la señora Dati, pues hemos disfrutado de una Presidencia francesa extremadamente activa en materia de justicia, con los seminarios a los que el Parlamento y la Comisión hemos sido invitados. Estos seminarios han resultado extremadamente enriquecedores para el debate y, en mi opinión, han sentado las bases del nuevo Programa de Estocolmo.
Agradezco su compromiso personal, las dotes de escucha de la Presidencia francesa y el modo en que han trabajado en relación a las obligaciones de mantenimiento y la comunicación de antecedentes criminales y el refuerzo de Eurojust. Su historial es verdaderamente encomiable. ¡Bien hecho!
Manuel Medina Ortega
A pesar de que este Parlamento no es muy generoso en el tiempo, por su propia naturaleza, sin embargo, durante la casi hora que hemos dedicado al tema de la justicia hemos tenido oportunidad de discutir, en alguna medida, algunos de los temas que había. Concretamente, en el tema del acta auténtica creo que conviene aclarar una cosa: una cosa es el acta auténtica y otra cosa es el documento privado, aunque sea con intervención notarial.
El documento privado con intervención notarial tiene reconocimiento como expresión de la voluntad de las partes. Hay sistemas jurídicos en los que el notario se limita a certificar la constancia de la voluntad de las partes. Esto tiene reconocimiento universal en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y del reconocimiento de su existencia.
De lo que estamos hablando aquí es de otro instrumento completamente distinto. Estamos hablando del documento público, de un documento en el que hay una intervención de un funcionario, que suele ser el notario en la mayor parte de los países de Derecho continental, que viene investido del poder público y que lo eleva a un nivel muy parecido al de las sentencias.
Aquí no hay en este momento ninguna discriminación por razón de país. Si nosotros adoptáramos unas normas sobre el acta auténtica europea, cualquier país europeo podría tener este documento y podría conseguir ese reconocimiento, pero para eso haría falta que en el ordenamiento jurídico en cuestión se le diera el reconocimiento que tiene en el resto.
Es decir, el tercer elemento para el reconocimiento del acta auténtica es que no puede producir fuera de ese país efectos distintos a los que produce en el país distinto. Es decir que, concretamente, un documento notarial británico tiene reconocimiento en el continente, pero lo tiene en la misma medida en que lo tenga en el ordenamiento jurídico británico. No puede tenerlo más allá. No se le puede dar a un documento jurídico británico un reconocimiento, por ejemplo, en Francia como si fuera un documento público francés, porque no tiene ese carácter. Es un carácter completamente distinto.
Por lo tanto, aquí no hay discriminación. Aquí hay el intento de establecer un sistema común para el conjunto de la Unión Europea, y creo que es posible que algunos países que no lo tienen adopten esta forma de documento y, para eso, la adopción de un acta única europea sería un instrumento importante.
Diana Wallis
ponente. - Señor Presidente, me temo que no me puedo aguantar. El señor Medina dice que el documento público europeo tiene que ser necesariamente un documento público. Esta es la razón por la que debemos analizarlo todo cuidadosamente. En el derecho consuetudinario inglés, un abogado inglés trabaja en el tribunal inglés que prepara las escrituras que han sido autorizadas por el tribunal y, por tanto, puede preparar un documento público. Ténganlo en cuenta y, por favor, entiéndanlo. Hay cosas que son habituales y que requieren una mayor investigación y consideración en otras jurisdicciones y culturas jurídicas.
Bien, quisiera cambiar de tono y dirigirme a la Presidencia francesa: Señora Ministra, muchísimas gracias por su colaboración y por el trabajo de su equipo durante la Presidencia francesa. Siempre ha sido excepcional. Hemos tenido muchos problemas. Su determinación y empuje por marcar la diferencia en la vida de nuestros ciudadanos no han pasado desapercibidos. Gracias. La echaremos de menos.
Presidente
Debería conceder el uso de la palabra al señor López-Istúriz White, pero este compatriota mío me dice que querría dejarle un minuto al Sr. Toubon.
Jacques Toubon
- (FR) Señor Presidente, Señorías, Ministra de Justicia, quisiera dirigirme a ustedes precisamente en esta calidad para terminar el debate. En verdad creo, con la Presidencia portuguesa, la Presidencia eslovena y hoy con la Presidencia francesa y la Ministra de Justicia Rachida Dati, que Europa ha marcado un hito histórico y que ya no hay vuelta atrás. Digo esto desde mi experiencia pasada como Ministro de Justicia.
Hoy estamos intentando acercar y armonizar sistemas jurídicos y judiciales para que se reconozcan mutuamente, a pesar de que por naturaleza desconfíen unos de otros. En algunos aspectos existe incluso el deseo de embarcarse en una legislación comunitaria, ya sea en parte o por completo, como por ejemplo en materia de obligaciones de alimentos. De esto se desprende que más allá de lo que hemos hecho cuando la necesidad lo exigía, por ejemplo en materia de seguridad, Derecho penal y lucha contra el terrorismo, nos estamos centrando en aquellas personas que necesitan que existan normas y soluciones de litigios con aplicación en toda Europa porque, por definición, viven en su país pero también viven en otros lugares, porque trabajan y porque tienen relaciones con otras personas de otras partes de Europa.
Es un aspecto que cabe destacar, señor Presidente. No cabe duda de que es el sello distintivo de la Presidencia francesa. El resto de mis colegas diputados ya lo han dicho, pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que hemos marcado un hito histórico en cuanto a colaboración y legislación en materia de justicia. Creo que Europa ya no volverá a ser la misma si el pueblo considera que el espacio judicial europeo es más que palabras.
Antonio López-Istúriz White
Señor Presidente, yo creo que ha sido una muy buena solución y le agradezco el detalle hacia nosotros y hacia mi colega.
Simplemente, en mi caso, me uno a todas las intervenciones, a los agradecimientos, especialmente a algunas intervenciones cariñosas con el informe y la colaboración de la Comisión de Libertades Públicas respecto a mi informe.
Quería hacer una mención especial a la intervención del señor Rogalski. Yo, como diputado que representa a la región de las Islas Baleares y como diputado español, les digo que tienen que tener la máxima confianza en que por eso cogí este informe, para ayudar a esa gente, a esos mayores que están en estos momentos viviendo en nuestras islas, en España, como residentes, como turistas. Que tengan esa protección para nosotros es fundamental.
Por eso, a nadie se le escapará que yo he incluido a mi país en la ambición de que dentro de poco se pueda unir a la ratificación y a la firma del Convenio de la Haya.
Yo sólo discrepo con la señora Ministra en una cuestión. Como ha visto usted, yo no he hablado de otras Presidencias, me uno al coro de peticiones de que, en fin, nos hubiese gustado que esta Presidencia francesa hubiese durado mucho más. Se ha quedado, para muchos de nosotros, corta.
Esa era, simplemente, mi discrepancia.
Presidente
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.
(La sesión, suspendida a las 11.00 horas, se reanuda a las 11.35 horas)
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Louis Grech  
por escrito. - Esta iniciativa pretende establecer un marco jurídico claro y ambicioso para promover el reconocimiento y facilitar la aplicación de los actos públicos.
Hasta el momento el reconocimiento de documentos públicos entre los Estados miembros se ha tratado de forma diversa, de manera que se ha generado inseguridad jurídica e incertidumbre en los ciudadanos y las empresas.
La creación de un sistema común para el reconocimiento mutuo y la ejecución de los documentos públicos beneficiarán a la Unión Europea en cuestión de ahorro, reducción de costes y, lo que es más importante, en la adopción de procedimientos simplificados. También fomentará la circulación de los documentos públicos al otorgares una mayor seguridad.
La fuerza ejecutiva del documento público y su fuerza probatoria contribuirán al desarrollo económico e integración de la Unión Europea al facilitar la circulación de bienes y servicios. Esto resulta especialmente relevante en estos momentos de crisis económica. Me gustaría ver esta aplicación lo antes posible.
También considero positivo el hecho de que este informe limite su ámbito de aplicación a los documentos públicos y respete las peculiaridades de los acuerdos privados y de otros actos de categorías intermedias.
