Declaración del Presidente
El Presidente.
 Señorías, tras un verano especialmente violento, con continuos ataques perpetrados contra personal militar en el Iraq, ataques terribles contra civiles inocentes en Mumbai, Jerusalén y nuevamente este fin de semana en Nayaf, es mi doloroso deber recordar, en particular, el bombardeo de la sede de las Naciones Unidas en Bagdad. El 19 de agosto de 2003, el representante especial de las Naciones Unidas en el Iraq, el Sr. Sergio de Mello, murió junto con personal de la ONU, civiles iraquíes y trabajadores de otras organizaciones bilaterales y de ayuda humanitaria que asistían a una reunión de coordinación en el edificio de la ONU en ese momento, en la citada fecha.
En nombre de todos ustedes, remití inmediatamente una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, en la que expresaba nuestra más profunda simpatía y solidaridad con la familia, amigos y colegas de las víctimas.
Esta vez las Naciones Unidas han sufrido un golpe muy duro. Somos conscientes de que con la trágica muerte del Sr. De Mello, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Annan, no solo ha perdido a un representante y asesor excepcionalmente competente, sino también a un amigo íntimo y muy apreciado. El Sr. Annan ha de saber que en estos momentos tan tristes y difíciles cuenta con el pleno y decidido respaldo del Parlamento Europeo.
La tragedia de la pérdida de vidas humanas también nos ha afectado en el Parlamento personal y directamente. Entre los fallecidos se encontraba un antiguo ayudante parlamentario de un Diputado de esta Asamblea y el hermano de un miembro de nuestro personal.
El mejor tributo a la valentía incondicional del Sr. Sergio de Mello y de las demás personas que perdieron su vida en Bagdad sería que las Naciones Unidas lograran sus objetivos de restablecer rápidamente en el Iraq el respeto del Derecho internacional y la ley y el orden, así como unas condiciones de vida decentes para la población iraquí.
Ruego guardemos un minuto de silencio en su memoria.
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)
El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 28 de agosto de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento. Se ha propuesto la siguiente modificación:

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, en relación con esta propuesta, permítame recordarle a la Cámara que, en mi calidad del Presidente del Parlamento Europeo, en 1991, tuve el honor de entregar en Premio Sájarov, en ausencia de la Sra. Aung San Suu Kyi, a su marido, ciudadano británico ya fallecido. Desde el año 1991 ella continúa luchando por la misma causa. Creo que, más que una urgencia, lo que tenemos que hacer es una apelación y un homenaje a la perseverancia de la Sra. Aung San Suu Kyi, y también apoyar su justa causa.
El Presidente.
Está claro que la Asamblea comparte plenamente este sentimiento.
(El Parlamento da su conformidad)
El orden del día queda así establecido.

Banotti (PPE-DE).
Señor Presidente, ya sé que es un tema repetitivo y monótono, pero ¿podría informarnos, ahora que se ha impedido que la pobre Ryanair vuele a Estrasburgo, si Air France -sobre la que esta Asamblea mantiene muy variados puntos de vista- está dispuesta a restablecer su vuelo desde Londres que canceló en cuanto dejó de existir competencia en esta ruta?
El Presidente.
 He planteado este asunto la semana pasada a la Ministra francesa de Asuntos Europeos. Tengo entendido que abordará urgentemente esta cuestión. Si obtengo más información de otros contactos que me propongo mantener esta semana, estaré encantado de asegurarme de que esta Asamblea esté informada. Supongo que también hemos aprendido de la experiencia, que es otra forma de información a este respecto.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, solo una observación que añadir a este comentario: el portavoz de Brit Air, la filial de Air France que operaba el vuelo, comentó la semana pasada en el periódico The Times que incluso si se confirmaba el fallo contra la subvención de Ryanair, no restablecerían el vuelo a Estrasburgo, ya que podían encontrar rutas más rentables. Eso me llevó a escribir una carta que el The Times publicó, en la que decía que para el contribuyente europeo sería más rentable no subvencionar en absoluto con 169 millones de euros anuales este circo ambulante a Estrasburgo.
Tsatsos (PSE).
Señor Presidente, lamento tener que denunciar una acción inaceptable y vergonzosa por parte de las fuerzas turcas que ocupan ilegalmente la parte norte de Chipre.
El sábado pasado, dos maestros chipriotas griegos de la escuela primaria griega de Rizokarpaso, Alexia y Grigoris Koukotsikas, fueron expulsados junto a sus hijos de Rizokarpaso, adonde habían ido para entregar el edificio de la escuela y los requisitos a sus sucesores. El Comité Coordinador de Karpasia expresa sus temores de que todo chipriota griego que permanezca en Karpasia sea expulsado, empezando por las familias con hijos en edad de estudiar formación secundaria. La comisión ha destacado que, tras una propuesta de dirigir una escuela secundaria privada en Rizokarpaso, los conquistadores turcos también amenazan con cerrar la escuela primaria de la localidad, la única escuela griega abierta en el territorio ocupado. Señor Presidente, creo que no es necesario recalcar en esta Asamblea cuántos y qué derechos fundamentales y acuerdos internacionales están siendo violados.
Por lo tanto, le solicito que intervenga ante las autoridades turcas de Ankara, cuyos agentes están incumpliendo descaradamente la ley en la parte ocupada de Chipre.

Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera plantear el mismo punto. Durante casi 30 años se ha denegado a las comunidades grecochipriotas enclavadas en la parte septentrional de Chipre la escolarización secundaria de sus hijos. Debido a ello, cuando sus hijos alcanzan la edad escolar, tienen que desplazarse a otras zonas de Chipre para asistir a la escuela. Esto conlleva la desintegración familiar y solo está concebido para sacar de sus hogares a los pocos grecochipriotas que permanecen en la zona del norte de Chipre, que actualmente está controlada por las autoridades turcas.
Es una cuestión sobre la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho constar su protesta y ha observado que se trata de una violación del artículo 2. También quisiera pedir a la Asamblea que inste al Sr. Denktash a anular su decisión de no permitir que vuelvan a abrirse las escuelas secundarias. Hace ya demasiado tiempo que se priva de sus derechos humanos y de su derecho a la educación a las familias de estas comunidades enclavadas. Ahora que existen cada vez más indicios de reconciliación entre las dos comunidades chipriotas y en vísperas de la adhesión de Chipre a la Unión Europea, es un momento muy oportuno para dar muestras de reconciliación permitiendo la reapertura de las escuelas secundarias en los enclaves grecochipriotas.

El Presidente.
 En respuesta a los dos diputados, plantearemos el asunto a las autoridades pertinentes tanto de Ankara como de Chipre del Norte.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, en nombre de esta Asamblea le agradecería que hiciera llegar nuestras más sentidas condolencias y pésame a la familia de la Sra. Jean McConville, cuyos restos se encontraron accidentalmente la semana pasada. Era una de los nueve «desaparecidos» cuya desaparición ha reivindicado el IRA en Irlanda. Esta mujer -madre de diez hijos, viuda de 37 años de edad- fue secuestrada, asesinada y enterrada en un lugar secreto hace unos 30 años. Cinco de las nueve personas cuya desaparición reivindica el IRA siguen sin aparecer.
También le pido que inste a los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido para que se sirvan de todo intermediario de que dispongan con el IRA para recabar información más precisa sobre el lugar donde se encuentran estas cinco desafortunadas víctimas del terror del IRA. El sosiego que las familias de estos «desaparecidos» necesitan es más importante que la seguridad de los autores de estos asesinatos.
Helmer (PPE-DE).
Señor Presidente, hace una semana me hallaba en la pequeña localidad de Jogeva en Estonia y presencié el desfile de la campaña para el referéndum de la Unión Europea. Habían contratado chicas uniformadas profesionales para la promoción, que distribuían puñados de propaganda tendenciosa. En uno de los impresos, que llevaba el sello del Grupo del PPE-DE, aparecía un modelo masculino y se titulaba nada menos que «Vota sí para hombres más sexy».
(Risas y aplausos)
Un diplomático de la embajada alemana de Estonia, el Sr. Carsten Wilms, pronunció un discurso a favor de la adhesión. Se trata de una clara violación del artículo 41 de la Convención de Viena de 1961, que prohíbe que los diplomáticos interfieran en los asuntos internos de los Estados anfitriones.
Señor Presidente, ¿me secundará usted en la condena de esta violación de la Convención de Viena y escribirá usted a los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros para recordarles sus obligaciones en esta materia?

El Presidente.
 Si lo he entendido bien, señor Helmer, ha señalado usted que la referencia a «hombres más sexy» se hallaba en folletos del Grupo del PPE-DE. Debían de saber, señor, que estaba usted asociado a ese Grupo.
Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, permítame hacer la observación de que las fuerzas militares que se encuentran en el Iraq, a las que usted ha hecho referencia al principio de su intervención, son de hecho fuerzas de ocupación.
A lo que voy: de acuerdo con la información de que disponemos, el sistema jurídico rumano ha eliminado al Partido Socialista Laborista, que cuenta con 110 000 miembros y tenía representación en el Parlamento hasta hace poco, de la lista de partidos políticos reconocidos en su país. La decisión de eliminarlo de dicha lista es totalmente ilegal, ya que viola la Ley 14 de 2003 sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Esta se tomó tras la enorme presión ejercida por el Gobierno rumano sobre el sistema jurídico y tras la intervención en los asuntos internos del Partido Socialista Laborista por parte del Partido Socialdemócrata en el Gobierno.
El Partido Comunista de Grecia condena la acción ilegal e inaceptable por parte de las autoridades rumanas, que sin duda tiene el objetivo de acallar cualquier opinión que defienda los derechos fundamentales y promueva visiones socialistas. No podemos evitar correlacionar esta acción ilegal con la instalación de bases militares norteamericanas en Rumania y con la inminente integración de este país en la Unión Europea.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, lo siento, pero quiero plantear la cuestión de la denuncia sobre la existencia de prácticas ilegales. Me refiero al caso de un elector de mi circunscripción, el Sr. Robert Dougal Watt, quien había trabajado en el Tribunal de Cuentas Europeo y quien hace más de un año comunicó a numerosos parlamentarios europeos su gran preocupación por ciertos aspectos de la gestión de los asuntos en dicho Tribunal. Posteriormente, estuvo de baja por enfermedad, tras lo cual se vio sometido a un expediente disciplinario. Como representante suyo, me puse en contacto con el Secretario General del Tribunal de Cuentas, no para manifestarle una opinión sobre la corrección o incorrección de los puntos que había planteado el Sr. Watt, sino simplemente para llamar la atención del Tribunal sobre el hecho de que, a mi entender, el Sr. Watt era una persona de espíritu cívico que actuaba, correcta o incorrectamente, a tenor de lo que a su parecer era de interés público. Debería ser tratado con el respeto debido a los que actúan de esta manera.
Entiendo que, con posterioridad, el consejo disciplinario recomendó que se le bajara de categoría, pero el 13 de julio de 2003 supe que simplemente se le había despedido. Esta es la primera oportunidad que tengo para manifestar a los diputados mi profundo pesar sobre este asunto. Creo que esta Asamblea debería analizar la cuestión sobre si contamos con la protección adecuada para las personas que denuncian prácticas ilegales en la Unión Europea.
Se han cambiado las normas y se han hecho más estrictas, pero no creo que la cosa funcione satisfactoriamente y lo digo con gran pesar. Aquellos de nosotros que creen profundamente en las virtudes de la integración europea tienen el mayor interés en asegurar que se lleve a cabo con integridad intachable, teniendo en cuenta la protección de los individuos.
El Presidente.
La cuestión a la que se refiere usted merece sin duda un examen. Puede que la Comisión de Control Presupuestario sea el órgano parlamentario más adecuado para considerar este asunto en primera instancia.

Andrews (UEN).
Señor Presidente, a finales de julio y principios de agosto de 2003 asistí a la conclusión del proceso en Bogotá contra tres irlandeses acusados de entrenar a las FARC en Colombia. Tras las conclusiones de la acusación, el general Moro, jefe del Estado Mayor del ejército de Colombia, apareció en televisión exigiendo la condena de los hombres, y esto antes de que la defensa ni siquiera hubiera presentado sus conclusiones. Todos los observadores de los Estados Unidos y Australia concluyeron que no existían pruebas contra ellos. En la delegación había abogados, políticos y sindicalistas.
Este juicio a sido objeto de un estricto seguimiento internacional y si hay un veredicto negativo será, sin lugar a dudas, una injusticia. Las autoridades colombianas han emitido numerosos comentarios graves antes del juicio, lo que arroja dudas sobre la posibilidad de que el juicio sea justo.
Quisiera pedirle, señor Presidente, que responda al correo electrónico que remití a su despacho a finales de julio sobre esta cuestión. Por otra parte, durante nuestra visita a la prisión, el director de la misma señaló de forma bastante clara que estos tres hombres no estarían seguros en ninguna prisión de Colombia. Por lo tanto, ahora que el proceso ha llegado a una conclusión, es muy importante, señor Presidente, que usted, en nombre de los diputados de esta Asamblea, intervenga en su favor, tal como hace el Gobierno británico en muchos casos en que sus propios ciudadanos se encuentran en dificultades.

El Presidente.
Responderé sobre el particular.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, estuve en Letonia hace unas semanas por invitación del Partido Socialista de este país y tuve la oportunidad de obtener información sobre determinadas violaciones muy graves de los derechos humanos fundamentales, pese a los informes de progreso ocasionales sobre Letonia.
Así, el Partido Comunista de Letonia todavía está ilegalizado. Más de 70 000 residentes están privados de todo derecho político y del derecho a obtener la nacionalidad letona, debido a que ocho meses antes del hundimiento de la Unión Soviética no habían abandonado el Partido Comunista. Por el mismo motivo, hay ciudadanos letones que no tienen derecho a presentarse a las elecciones. Ese es el caso de Alfred Rubiks, presidente del Partido Socialista, representado en el Parlamento, y de otras importantes figuras públicas.
De igual modo, varios cientos de miles de personas, de una población total de 2 500 000 no tienen identidad nacional, aunque muchos hayan estado viviendo en Letonia desde hace 100 años. El 30% de la población no tiene derecho a voto y por lo tanto no participará en el referéndum que se realizará sobre la Unión Europea, lo que significa que el mismo ya es inválido y nulo. Aunque el 45% de los residentes en Letonia hablan ruso, las universidades de lengua rusa se cerraron en 1998 y aunque la prohibición total de las escuelas primarias y secundarias rusas se revocó en última instancia a raíz de las protestas, se limitó sin embargo solamente al 40% de las clases.
Ante esta situación, la Unión Europea mantiene una postura de vergonzosa tolerancia, por no decir consentimiento. Una vez más nos encontramos ante la conocida política de si está bien que uno lo haga, está bien que lo haga cualquiera. Y esta situación no se da solo en Letonia, sino también en Estonia y en otros países.
¿Cómo pretende reaccionar, señor Presidente, especialmente dado que existe una situación similar, tal como he dicho, en Estonia, en donde, entre otras cosas, se están erigiendo monumentos a las SS?

El Presidente.
 Estudiaré las cuestiones que ha planteado.

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, ya ha mencionado usted la trágica serie de atentados terroristas con bombas contra civiles inocentes en Jerusalén y Bagdad el 19 de agosto de 2003 y el horripilante ataque ocurrido en Bombay el 25 de agosto de 2003. Ahora ha ocurrido en Nayaf.
Quiero abordar el grave asunto de que el atentado de Jerusalén, que mató a 20 pasajeros de un autobús, entre ellos varios niños de corta edad, fue llevado a cabo por el grupo islámico Hamás a pesar de que había un acuerdo de alto el fuego con Israel en ese momento.
¿Cómo es posible que la Unión Europea siga permitiendo al ala política de Hamás operar y recaudar fondos para sus actividades y sus denominadas obras benéficas en la UE? Los Estados Unidos ya la han incluido en la lista de organizaciones terroristas prohibidas e incluso la Autoridad Palestina ha tomado medidas enérgicas congelando sus activos financieros y cerrando sus periódicos. A buen seguro, es hora de que la Comisión y el Consejo de Ministros actúen en la misma dirección en nuestra causa común de lucha contra el terrorismo internacional.

El Presidente.
Habrá un debate sobre Oriente Próximo en el segundo período parcial de sesiones de septiembre. Se trata de una cuestión, entre otras, sobre Oriente Próximo que podrá abordarse con las instituciones correspondientes en ese momento.

Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, la Unión Europea mantiene el silencio ante el enorme crimen perpetrado en Palestina por el Gobierno mafioso de Sharon.
Además del muro de la vergüenza, que ya mide 150 kilómetros de longitud -y sigue creciendo- y 8,5 metros de altura, la policía de Israel continúa matando a rivales políticos -cuadros de Hamás- a sangre fría y bombardeando a los palestinos, provocando muertos y heridos.
Mi pregunta es: ¿por qué sigue la Unión Europea financiando a Israel y por qué el Alto Representante de la Unión Europea, el Sr. Solana, que se encuentra en Israel, no ha condenado estos asesinatos?

André-Léonard (ELDR).
Señor Presidente, quiero preguntarle por la suerte que les espera a los acompañantes laosianos de Thierry Falise y Vincent Reynaud, que, como saben, han sido felizmente liberados después de haber sido detenidos y condenados a más de veinte años de cárcel. En cambio, nada sabemos de la suerte de los laosianos que viajaban con ellos. Quiero saber si se puede obtener información sobre ellos, ya que parece lógico que los hombres que acompañaban a los periodistas sean liberados también. Pero no parece que hayan tenido la suerte de beneficiarse de las intervenciones de los ministros de Asuntos Exteriores y de los embajadores a favor de la liberación de los periodistas.
El Presidente.
Tendremos que indagar sobre ello, señora André-Léonard, para luego informar tanto a usted como a la Asamblea.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, antes de las vacaciones de agosto estuve en Rumania, entre otras cosas para llevar a cabo una tarea que me había asignado la Fundación Robert Schuman, de la cual soy secretario general. Con tal ocasión, me reuní con grupos de empresarios, en particular de agricultores y ganaderos. Estos me expresaron una queja que me permito transmitir al Sr. Comisario y a todos los miembros de la delegación para las relaciones con este país. Los agricultores lamentan ante todo los retrasos inaceptables en la aplicación de los programas ISPA y SAPARD, retrasos que como dijeron de forma bastante clara se deben al mal funcionamiento de la agencia gubernamental que debe actuar de filtro: falta de información básica, ninguna ayuda para redactar los proyectos, arbitrariedades en la transferencia de los proyectos de Bucarest a Bruselas, costes exorbitantes de las pocas consultorías disponibles, así como lentitud injustificada por parte de un aparato burocrático que penaliza sobre todo a las zonas más periféricas de Rumania, que son sin duda las más pobres. 
Le ruego, señor Presidente, que informe a los miembros de la delegación rumana de este problema en la Conferencia de Presidentes, y ruego al Sr. Comisario que intervenga en la medida en que sea de su competencia.
Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero decirle que hemos llegado sanos y salvos a Estrasburgo. Cinco miembros de nuestro grupo han realizado todo el trayecto, quinientos treinta kilómetros. Katelijne Buitenweg, Claude Turmes, Theo Bouwman, Miguel Mayol y yo mismo le agradecemos su apoyo. Ha sido una verdadera promoción de la bicicleta en Europa, tanto a corta como a larga distancia. También ha sido una promoción de la idea europea. Hemos cruzado cuatro fronteras nacionales. De este modo hemos encontrado a muchas personas y las autoridades locales nos recibieron con los brazos abiertos. Les invitamos a todos a unirse a nosotros el año que viene para volver a hacerlo.

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, dejando a un lado la cuestión de la elección por parte de los nuevos caudillos españoles respecto al Sr. Rajoy -quien, por otro lado, nos recuerda al general Franco de hace 34 años-, voy a centrarme en el significado de la prohibición indignante de mi partido político hace más de un año.
El pluralismo político y la diversidad cultural son valores proclamados por todos en esta Asamblea. La prohibición de Batasuna es por lo tanto un error, no solo español, sino europeo. Esto es así puesto que, para los países en vías de adhesión, es vital que exista un acuerdo general sobre el principio de una diversidad política y cultural renovada, fuerte y acertada que es, en el albor del nuevo milenio, un hecho universal de la vida europea. La integración europea no puede verse reducida en ningún caso a la mera asimilación de pequeñas naciones: nuestra diversidad cultural y cohesión interna podrían quedar destruidas. Este Parlamento no puede eludir su responsabilidad sobre esta cuestión crucial.
A pesar de ello, aquellas personas que han sido declaradas fuera de la ley, seguirán por la vía política, solicitando una acción diplomática rápida y eficiente, sin condiciones previas, hacia una solución definitiva del conflicto en curso en el País Vasco. Tenga usted la certeza, señor Presidente, de mi compromiso personal.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, a finales del año pasado la delegación en el Comité de Concertación del Parlamento llegó a un acuerdo sobre el contenido definitivo del segundo pilar de la Convención de Aarhus, la Directiva sobre participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Durante el procedimiento de conciliación actué como ponente. Al aceptar el resultado de la conciliación, un factor de gran importancia fue el compromiso de la Comisión de plantear una propuesta sobre el tercer pilar de la Convención de Aarhus durante el primer trimestre de 2003, es decir, antes de que concluyese el pasado mes de marzo. Conforme a una decisión adoptada por el Comité de Conciliación, la Comisión adjuntó una declaración a la Directiva publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en la que volvía a confirmar este compromiso.
En la actualidad, dicho compromiso de la Comisión sigue sin cumplirse. Esta no ha adoptado todavía la propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en temas medioambientales, pese a que ya nos encontramos en el último trimestre del año, lo que significa que la propuesta lleva seis meses de retraso. El incumplimiento por parte de la Comisión de este compromiso socava en gran medida la confianza del Parlamento, además de ser inaceptable e inexcusable.
Por este motivo, me gustaría pedirle, señor Presidente, que escriba sin demora una carta al Presidente de la Comisión recordándole el compromiso de parte del Parlamento, en la que reprenda a la Comisión por no mantener su compromiso ni haber siquiera demostrado estar dispuesta a explicar de alguna forma la demora al Parlamento, y en la que haga un llamamiento a la Comisión para que adopte las propuestas que faltan y que deben anexarse a la Convención de Aarhus, y las presente al Parlamento en el mes de septiembre.

El Presidente.
 Ruego me remita una breve nota o un correo electrónico señalando los hechos significativos, que comunicaré a la Comisión, tal como propone usted.

Martínez Martínez (PSE).
Señor Presidente, el día 14 de agosto se produjo un gravísimo accidente en la refinería de petróleo que la empresa Repsol YPF tiene en Puertollano, una de las principales de España, situada en mi región de Castilla-la Mancha.
La explosión y el incendio que siguió a ésta, causaron la muerte de siete trabajadores. También hubo que lamentar numerosos heridos, dándose una gran conmoción en la ciudad, en mi provincia de Ciudad Real y en toda España.
Desgraciadamente se han puesto de manifiesto insuficiencias en las medidas de protección en una industria tan peligrosa, pero, sobre todo, ha quedado en evidencia cómo aumentan los siniestros y sus consecuencias fatales, por el cuadro de subcontratas y en general de precariedad laboral que se vive en España, tres veces mayor que la media comunitaria.
Quiero pedir al Presidente que, en nombre de nuestro Parlamento, envíe un mensaje de pésame y de solidaridad a las familias de los trabajadores muertos y heridos y a las autoridades municipales, provinciales y regionales, que han desempeñado un papel tan digno como relevante a la hora de hacer frente al accidente y a sus consecuencias.
El Presidente.
 Estaré encantado de hacerlo.

Lipietz (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, muchos de ustedes han oído hablar de Ingrid Betancourt, representante de los Verdes de Colombia, cuyos familiares han visitado en varias ocasiones esta Cámara. Fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace ahora un año y medio. La posición de la familia y del partido de los Verdes de Colombia, así como la del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo, ha sido fomentar un intercambio humanitario, criticando al mismo tiempo a las FARC y declarando que es inaceptable el intercambio político propuesto. Ayer llegó a la prensa colombiana una cinta en la que Ingrid Betancourt lanza tres mensajes: En primer lugar, si quieren organizar una operación militar para liberarme, adelante, ¡pero tengan cuidado! En segundo lugar, sólo pueden producirse intercambios humanitarios entre ejércitos y, en tercer lugar, en lo que se refiere a nosotros, los políticos secuestrados, sólo las FARC pueden darnos la libertad incondicional.
Creo que este mensaje, totalmente sorprendente, se explica tanto por la enorme valentía de Ingrid Betancourt, que no duda en asumir riesgos en nombre de sus principios políticos, como por la voluntad de las FARC de demostrar que están dispuestas a dejar que su prisionera se dirija a la opinión pública, aunque sea para decir solo «¡atáquennos!».
Pido, Señorías, señor Presidente, un apoyo decidido a la tercera propuesta de Ingrid Betancourt, que pide claramente a las FARC la liberación unilateral de todos sus presos políticos, pues es inaceptable tomar como rehenes a negociadores o representantes de la población.
Fitzsimons (UEN).
Señor Presidente, las noticias que llegan del Reino Unido de que el futuro de la planta de reprocesamiento de combustible nuclear de Thorp está en el candelero son muy bien acogidas desde la perspectiva irlandesa. Los habitantes de Irlanda han sido totalmente francos en su oposición a la existencia y expansión de operaciones nucleares en Sellafield. He hablado de ello en múltiples ocasiones en esta Asamblea durante los últimos 20 años. He tenido el privilegio de visitar esa planta en nombre de mi partido en Irlanda en dos ocasiones, una de las cuales fue con motivo del informe NIREX.
Sin embargo, nos enojó en especial la imposición de la planta de reprocesamiento nuclear de Thorp en 1993. Esta planta ha sido durante mucho tiempo un elefante blanco nuclear para los británicos, pero los habitantes de Irlanda se han opuesto totalmente durante muchos años, y continuarán oponiéndose.
La semana pasada se ha informado de que las actividades en la planta de reprocesamiento nuclear de Thorp podrían cesar más bien pronto que tarde. Espero que el Gobierno británico aporte las aclaraciones necesarias en este caso. Señor Presidente, le insto a que pida a la Comisión que supervise esta situación muy de cerca con arreglo a los poderes que le fueron conferidos en el Tratado EURATOM.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, quiero tratar el mismo tema. Tengo que expresar aquí mi indignación por una decisión adoptada por mi Gobierno, el Gobierno francés, que ha clasificado como alto secreto el transporte de residuos radiactivos. Eso significa que ahora está prohibido en Francia informar a las comunidades y a los representantes electos del transporte de materias radiactivas. Ahora bien, todos sabemos cuán peligrosos son los residuos altamente radiactivos y conocemos también la preocupación de nuestros conciudadanos por los problemas que plantean los residuos radiactivos procedentes, en particular, de las centrales nucleares. 
Ese decreto, Señorías, representa para mí un ataque contra nuestra libertad de expresión; es contrario a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el transporte de materias radiactivas, que votamos aquí mismo en febrero de 2001 y en la que se pedía que los representantes electos y las autoridades locales fueran informados de la circulación de trenes con residuos radiactivos. En dicha Resolución insistíamos también en nuestro derecho a la libertad de expresión y a manifestarnos pacíficamente por donde pasaban esos trenes. 
Por tanto, le pido, señor Presidente, que intervenga ante el Gobierno francés para comunicarle la Resolución del Parlamento Europeo y para que dé marcha atrás a este decreto totalmente absurdo. Por mi parte, seguiré informando a todos aquellos colegas y conciudadanos que pregunten por la circulación de trenes radiactivos.
Ludford (ELDR).
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el fracaso increíble del Gobierno británico -un Gobierno laborista, si bien no puedo calificarlo de socialista- en el respeto de la legislación de la UE contra la discriminación. En los últimos meses, ha pretendido aplicar tanto la Directiva sobre la discriminación racial como la Directiva marco sobre el empleo, pero en ambos casos el alcance de la nueva reglamentación del Reino Unido se queda corta en aspectos cruciales de la protección establecida en las Directivas de la UE. Por lo tanto, el Reino Unido incumple de forma patente la legislación comunitaria.
Respecto a la Directiva sobre la discriminación racial, el Gobierno se ha negado a dar protección contra la discriminación basada en el color de la piel, alegando que la prohibición de la discriminación basada en el origen racial o étnico no incluye el color. Esto es absurdo, puro legalismo de miras estrechas de la peor clase y que no hace honor al ejemplo que la legislación sobre relaciones raciales del Reino Unido ha dado anteriormente en Europa. 
En cuanto a la Directiva marco, disposiciones que pretenden hacer efectiva la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual en la Directiva de la UE, en realidad permiten al empresario imponer un requisito relacionado con dicha orientación si la doctrina de la religión o las convicciones religiosas de sus seguidores así lo exigen. Esta es una consecuencia directa de la presión ejercida por el ala derecha de la Iglesia de Inglaterra, hostil a los homosexuales. Podría significar que se denegara un puesto de trabajo de enseñanza en una escuela religiosa a una persona homosexual, por devota que sea.
Es vergonzoso que un Gobierno elegido seis años atrás con un manifiesto en el que prometía acabar con la discriminación injustificable dondequiera que exista esté dispuesto a incumplir el Derecho comunitario para satisfacer a la opinión reaccionaria.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre las consecuencias de este verano canicular.

Barnier
Señor Presidente, Señorías, este verano de 2003, que aún no ha terminado, ha sido trágico en muchos aspectos. Hace un momento hemos guardado un minuto de silencio en memoria del personal de las Naciones Unidas asesinado en Bagdad, y hay otras señales que nos recuerdan el difícil e incluso trágico verano que acabamos de vivir. 
El pasado jueves viajé a Portugal para sobrevolar durante horas las regiones devastadas en Santarém, Portalegre y Castelo Branco. Me encontré con un paisaje de desolación cuya magnitud habían podido comprobar unos días antes mis colegas Diamantopoulou y Vitorino; un paisaje de desolación que me recordó al que vi hace casi un año en Alemania por otras razones. En efecto, también el verano de 2002 fue trágico para una gran parte del centro de Europa, los Länder de Alemania oriental, la República Checa, Austria e incluso Francia. 
Ante semejantes catástrofes medioambientales, no todos los cuales son naturales, como bien sabemos, ante sus consecuencias humanas -en Portugal, 18 personas perdieron la vida en los incendios-, ante sus consecuencias económicas -cientos de miles de hectáreas destruidas y, por tanto, miles de agricultores sin trabajo en la zona centro de Portugal, precisamente la región más pobre del país-, ante esos miles de personas que se han quedado sin trabajo si no les ofrecemos un nuevo empleo enseguida y que van a sentirse tentadas a emigrar a las ciudades o a la costa, debemos actuar en todos los frentes y a todos los niveles. En esas circunstancias, es evidente que el nivel que representamos aquí ustedes, el Parlamento, nosotros, la Comisión, y el Consejo, es el nivel adecuado de intervención. Por tanto, le doy las gracias una vez más, señor Presidente, doy las gracias al Parlamento Europeo y a todos los grupos políticos, por brindar a la Comisión la ocasión de presentarse información actualizada sobre lo que está haciendo, lo que pretende hacer y lo que todavía le queda por hacer a escala europea. 
Una primera herramienta o instrumento de intervención es el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Recuerdo, Señorías, la que fue prácticamente mi primera intervención aquí, ante ustedes. Muchos de ustedes saben que desde hace tiempo me intereso por el medio ambiente y por la ecología y, en octubre de 1999, cuando acababa de ser nombrado comisario, viajé a Grecia, señor Presidente, para evaluar los daños causados por un terremoto. En aquella ocasión dije aquí que no disponíamos de ningún instrumento excepcional que nos permitiera reaccionar ante situaciones excepcionales, ante tragedias o catástrofes naturales excepcionales. Sólo podíamos dar respuestas comunes y corrientes. Fue necesaria la catástrofe del año pasado, las inundaciones en el centro de Europa, para conseguir que se creara el Fondo de Solidaridad. La iniciativa de la Comisión en ese terreno fue apoyada de inmediato y, debo decirlo, con gran eficacia por esta Cámara. Recuerdo muy bien el trabajo de sus ponentes, Sr. Rolf Berend y Sr. Ralf Walter, que nos dieron su apoyo. 
El Fondo se constituyó en tres meses. Dotado de una reserva de créditos de mil millones de euros al año, es hoy nuestro principal forma de asistencia para reparar -enseguida diré unas palabras sobre la prevención- los daños causados por incendios como los que ha sufrido Portugal o todavía sufre hoy Francia. No sólo fue muy rápida la creación del propio Fondo, sino que también la respuesta que damos es extremadamente rápida. La solicitud de Portugal llegó a la Comisión el 14 de agosto y, la semana pasada, es decir dos semanas más tarde, concedimos una ayuda urgente de 31,6 millones de euros para ayuda, alojamiento temporal, abastecimiento de energía, reparación de infraestructuras básicas y alimentación de los animales, pues todo ha quedado devastado.
Este año, el Fondo de Solidaridad instruyó cinco solicitudes, y mis servicios aceptaron cuatro de ellas (erupción del Etna en Italia, terremoto en la región italiana de Molise, naufragio del Prestige y, naturalmente, Portugal) por un importe total de 88 millones de euros. En 2002, tras sólo tres o cuatro meses de existencia, el Fondo concedió a Alemania, la República Checa y Austria una ayuda de 728 millones de euros. Por lo que respecta a Alemania, informo al Parlamento que este jueves viajaré a la ciudad de Dresde, en Sajonia, una zona que ya visité hace un año. Allí verificaré, observaré y evaluaré la utilización que se ha hecho de los fondos europeos destinados a reparar los daños causados por las inundaciones.
Señorías, además de este Fondo de Solidaridad destinado a medidas urgentes que no reciben ninguna ayuda europea, contamos con otras formas de apoyo, en particular para reconstruir economías destruidas; esa es la finalidad de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, que pueden reprogramarse o reasignarse en función de las demandas de los gobiernos. Así, Portugal nos ha comunicado que iba a solicitar la reprogramación o la reasignación de Fondos Estructurales comunitarios por un importe de 182 millones de euros para afrontar la reconstrucción de los sectores forestal y agrícola. 
En cuanto a los Fondos Estructurales, señor Presidente, permítame que haga un pequeño paréntesis: hace un momento, el Presidente Cox mencionó la marcha de esta Cámara de un hombre que ha sido muy importante para ustedes y para mí, puesto que presidió la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, Luciano Caveri. Quiero aprovechar esta ocasión para rendirle homenaje y darle las gracias por la calidad y la franqueza de las relaciones que mantuvimos con esa comisión durante varios años.
Señorías, paso ahora a una idea que quizá les interese a algunos de ustedes: la necesidad de evaluar los criterios del Fondo de Solidaridad que aprobamos conjuntamente a propuesta de la Comisión y que fueron ajustados o modificados por el Consejo. No pretendo que esos criterios, que llevamos un año y medio aplicando de manera constante, objetiva e imparcial en todas las catástrofes ocurridas, sean totalmente perfectos. Me reservo, pues, la posibilidad de evaluar el funcionamiento de este Fondo -tendremos que hacerlo antes del 31 de diciembre de 2006- y, en su caso, de proponer una modificación de los criterios de intervención. 
Debido a la ola de calor de este verano, que favorece o acelera los incendios, muchas regiones, sobre todo en el sur de Europa, han sufrido otras tragedias económicas y humanas. Pienso en especial en la sequía, que sin duda mencionarán algunos de ustedes. Este fenómeno ha causado también daños considerables. Por ejemplo, sólo en el norte de Italia se estiman en 70 millones de euros los daños en la producción lechera y en 380 millones los sufridos por los cultivos y el forraje. Naturalmente, en el caso concreto de la sequía la respuesta europea no puede basarse en el Fondo de Solidaridad, porque es un fondo que no se ha concebido con ese fin. Les recuerdo que se trata de un fondo reservado para hacer frente a catástrofes que no se benefician de ninguna otra forma de ayuda. En el caso de la sequía y, concretamente, en el marco de la política agrícola común, teníamos y tenemos medios de intervención. A este respecto, quisiera recordar que por iniciativa de mi colega Franz Fischler, la Comisión adoptó a principios del mes de julio una serie de medidas a favor de los productores de todas las regiones afectadas. Esas medidas contemplan en particular la utilización de la cubierta vegetal de las tierras en barbecho, la utilización de algunas existencias intervenidas de cereales y de arroz para la alimentación del ganado, y la posibilidad de aumentar los pagos anticipados hasta el 80% en el sector bovino y de anticipar algunos pagos en los sectores del ganado bovino, el ganado ovino y algunos grandes cultivos.
Por supuesto, la Comisión pretende examinar lo más deprisa posible todas las solicitudes de ayudas estatales o modificaciones del programa de desarrollo rural que puedan presentar los gobiernos de los Estados miembros afectados por la sequía.
El tercer punto que quiero abordar es el de la protección civil. El otro día, en Castelo Branco, tuve ocasión de conocer a algunos bomberos voluntarios que han realizado un trabajo formidable y de comprobar que allí donde se producen catástrofes de esta magnitud surge un movimiento espontáneo de solidaridad, cohesión y generosidad. No obstante, las muchas situaciones de emergencia que hemos sufrido y que seguimos sufriendo plantean la necesidad de coordinar los medios de protección civil a escala europea. En el ámbito de la protección civil existe un centro de respuesta comunitaria creado por decisión del Consejo en octubre de 2001 y encargado de coordinar la respuesta europea ante una emergencia. Se trata, ante todo, de un centro de coordinación y peritaje que se ha mostrado muy activo en el caso de los incendios -también lo fue con ocasión del naufragio del Erika y del naufragio del Prestige- y que ha utilizado todos los medios que su mandato le permite. Pero lamentablemente la experiencia nos ha demostrado, sobre todo este verano en Portugal, que el mandato actual de dicho centro no le permite ofrecer toda la asistencia necesaria cuando se produce una catástrofe importante. Por ello, la Comisión, a petición de mi colega Margot Wallström, presentará, antes de finales de este mes de septiembre, el resultado de sus reflexiones sobre como afrontar mejor ese tipo de situaciones y sus propuestas. Creo que es un ámbito en el que debemos ser más ambiciosos y reflexionar sobre los medios económicos y operativos que son necesarios para permitir unas intervenciones más eficaces de este centro en particular. 
Cualquiera que sea la propuesta o medida que presentemos, quiero recordar que la protección civil sigue siendo, en general, una competencia nacional y, en muchos casos, incluso una competencia regional, razón por la cual no podrá hacerse nada sin que el Consejo de Ministros pida a la Comisión que presente un proyecto. También será necesario que esta Cámara nos diga, como ya han hecho algunos de sus miembros, lo que quiere y lo lejos que desea que lleguemos en este tema. 
He hablado del Fondo de Solidaridad, de la sequía, de la marcha de nuestra próximas propuestas en materia de protección civil. Quiero terminar mi intervención exponiéndoles una convicción muy antigua para mí. Siempre he pensado que, cuando se habla de catástrofes naturales -sabiendo, una vez más, que no todas son naturales, el Prestige y el Erika no tienen nada de natural-, la prevención cuesta menos que la reparación. Quiero insistir, por tanto, en la necesidad de aumentar las actividades de prevención a todas las escalas: a escala global -volveré a referirme a ella para concluir, a propósito de Kioto- y a escala local, ya sea regional o nacional. Por este motivo, cuando dentro de unos meses hagamos la revisión intermedia de los programas de política regional, prestaré mucha atención a las peticiones de ayuda de los Estados o regiones en virtud de la programación 2000-2006 de los Fondos Estructurales que se refieran a todos los aspectos de la prevención. Pero quiero ir más lejos, más allá de lo que ya hemos hecho, de lo que estamos haciendo actualmente. Cuando terminemos de debatir estas cuestiones y la Comisión presente sus propuestas sobre las futuras políticas regionales y de cohesión, quiero hacer prácticamente obligatorias las medidas de prevención de catástrofes en todos los programas regionales. Espero también que entre todos encontremos la forma de aumentar en los programas regionales y nacionales el presupuesto destinado a energías renovables y a modalidades de transporte limpias.
Por otra parte, y hablando de medidas preventivas, sabemos muy bien que para prevenir hay que comprender, conocer y estar bien informados. En este sentido, la información geográfica constituye un elemento importante para la prevención y gestión de riesgos. La Comisión ha creado un sistema europeo de información sobre incendios forestales que permite elaborar a diario un mapa de los riesgos de incendio válido para todo el territorio europeo. Este sistema forma ya parte integrante del dispositivo comunitario de apoyo a los servicios forestales de protección civil en los Estados miembros. Por último, quiero destacar que este sistema permite también una estimación rápida y fiable de los daños causados por los incendios forestales. Así, la semana pasada pudimos estimar en 400 000 hectáreas la superficie de Portugal que ha quedado destruida por los incendios.
Terminaré, Señorías, refiriéndome a la forma de prevención más importante, más difícil y más necesaria, que es la prevención global: las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Unión para hacer frente al cambio climático. Si, como prevén todos los climatólogos, cada vez es más probable que el proceso actual de calentamiento de nuestro planeta provoque cambios importantes en la distribución de las lluvias y de las condiciones de sequía, es fundamental que tanto la Comunidad como todos Estados miembros a título individual sigan liderando la lucha contra el cambio climático y adopten una conducta ejemplar en este ámbito. Ningún país, ni siquiera ningún grupo de países desarrollados como la Unión, puede resolver por su cuenta o dentro de sus fronteras un problema de esta magnitud. Por eso la Unión desea que el Protocolo de Kioto, ratificado ya por 113 países que representan a más de dos tercios de la población mundial, entre en vigor lo antes posible. La Unión ha tomado ya una serie de medidas para alcanzar los objetivos fijados en dicho Protocolo, y también ha integrado los principios medioambientales en su estrategia y en su proceso de toma de decisiones.
Dicho esto, Señorías, y como muy bien saben ustedes, el compromiso o la participación de los Estados miembros es desigual, pese a su crucial importancia. Los datos más recientes sobre emisiones demuestran que diez de los quince Estados miembros actuales distan mucho todavía de haber alcanzado sus objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. El pasado 22 de julio, la Comisión emprendió acciones judiciales para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea destinada a mejorar la calidad del aire en Europa. También hemos aprobado, como saben, una propuesta de Reglamento para reducir las emisiones de gases fluorados con efecto invernadero. Esta propuesta representa una nueva etapa en las acciones emprendidas por la Unión Europea para cumplir las obligaciones que nos impone el Protocolo de Kioto. Por último -y el Sr. Franz Fischler se lo explicará mejor que yo- las directrices relativas a la política agraria común tienen ahora en cuenta las nuevas exigencias en materia de medio ambiente y de ecología.
Señor Presidente, Señorías, cuando hablamos de catástrofes naturales, de todo lo que ha pasado este verano, hablamos naturalmente de economía, hablamos de cientos de miles de hectáreas de bosque devastadas, de una economía agrícola que ha sufrido una crisis generalizada y cuyos efectos se dejarán sentir por mucho tiempo, pero hablamos también y quizás antes que nada de los hombres y mujeres cuyos bienes y cuya vida se han visto afectados. No puedo concluir mi intervención sin evocar la memoria de varios miles de compatriotas nuestros que han fallecido en las últimas semanas por los efectos de la ola de calor. Quizá también por esa razón debamos tratar de comprender la situación de cada uno de los Estados miembros, reflexionar sobre la forma de coordinar mejor nuestras acciones y nuestros instrumentos de evaluación, y probablemente también, de hacer progresos más significativos en el ámbito de la salud pública en Europa. 
Como saben ustedes, desde hace mucho tiempo participo, conjuntamente con Klaus Hänsch e Iñigo Méndez de Vigo, en los trabajos de la Convención, en el Presidium y en la Convención como representante de esta Cámara. Junto con muchos otros representantes del Parlamento, hemos tratado de mejorar los textos en el ámbito de la acción europea para la salud pública. Sin duda, el texto de la Constitución supone un cierto progreso, pero no estoy seguro de que vaya tan lejos como debería a la vista de la auténtica dimensión europea de algunas catástrofes. Así pues, a propósito de la ola de calor y otras grandes amenazas para la salud de los ciudadanos europeos, quiero insistir, aunque parezca un tema algo alejado de los incendios de Portugal, en la necesidad de llegar más lejos con la acción común o, incluso comunitaria, en materia de salud pública.
Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, le agradezco su intervención y la visita que hizo a Portugal, el gesto de solidaridad que ofreció en nombre de la Comisión, después de que dos de sus colegas comisarios hubiesen estado en mi país, así como las declaraciones que hizo en Portugal. Quiero que sepa que los portugueses apreciaron particularmente las afirmaciones que realizó el representante de la Comisión, el Comisario Michel Barnier, en las que decía que nunca había visto una tragedia como esta en toda su carrera política y reconociendo que la ayuda de los 31 millones de euros del Fondo de Solidaridad resultaba insuficiente o, citando exactamente su expresión, no satisfacía las expectativas.
Fue, como bien dijo, una enorme tragedia que azotó a Portugal. Una tragedia que se estima que supuso más de mil millones de euros de pérdidas, más de 400 000 hectáreas devastadas, como demuestran los datos de la propia Comisión, lo que representa el 5% del territorio portugués y cerca del 11% de los bosques. Fue, como mencionó en su intervención, una tragedia con consecuencias no sólo en términos de vidas humanas, sino también con graves consecuencias sociales, económicas y medioambientales a largo plazo.
La ayuda de emergencia que resulta necesaria y fundamental para las personas que no tienen nada, que perdieron todo, ya está siendo distribuida gracias a la eficaz actuación del Gobierno portugués, de las autoridades locales y organizaciones no gubernamentales que expresaron su solidaridad. Como el señor Comisario bien sabe y afirmó, se necesita la solidaridad europea. Esta solidaridad tiene que reflejarse en el importe de las ayudas, así como en su rapidez. Señalaba estos dos componentes: ni siquiera es necesario que la ayuda sea importante desde el punto de vista financiero, es necesario que sea urgente para que Europa se haga sentir en este momento.
Y citando sus palabras, señor Comisario, la ayuda no satisface las expectativas: 31 millones de euros son, naturalmente, como mencionó, solo para la ayuda de emergencia, pero los gastos susceptibles de recibir la ayuda de emergencia ascienden ya a 90 millones de euros, cifra que triplica la ayuda comunitaria, y se prevé que el coste de esta tragedia, como ya mencioné, superará los mil millones de euros. Así pues, el PPE tenía razón cuando señaló la necesidad de una resolución del Parlamento Europeo. Después de este debate, el Parlamento deberá aprobar una resolución pronunciándose sobre este tema. 
Señor Comisario, mencionó muchos temas, especialmente la importancia de la prevención. Estamos de acuerdo con usted. De hecho, es necesario prevenir, porque en este ámbito también más vale prevenir que curar y, teniendo esto en cuenta, tal vez valga la pena replantear medidas como las tomadas en el ámbito del Eje Bosques para contar con capacidad financiera para prevenir los incendios forestales. La importancia del bosque mediterráneo para la economía regional y local, para la creación de empleo, para la salvaguarda del territorio, para la diversidad biológica y para la calidad de vida lo convierte, sin duda, en necesario.
Quiero terminar dando las gracias a todos los países comunitarios que ofrecieron su apoyo solidario urgente a Portugal, así como a aquellos que no forman parte de la Unión Europea y que también lo hicieron. Precisamente hoy está en Portugal el Presidente de la Confederación Helvética y ha traído con él una ayuda para uno de los municipios más afectados, el municipio de Mação, por valor de casi un millón de euros. Un último comentario para subrayar lo que ya ha dicho el señor Comisario Michel Barnier: la dedicación de los bomberos, de las poblaciones, que en actos de valentía, de generosidad y de heroísmo demuestran claramente lo que ya sabemos: que en las tragedias, aunque a veces sale a la luz lo peor de la especie humana, también hay muchas personas que demuestran lo que tiene de bueno.
Roth-Behrendt (PSE)
Señor Presidente, señor Comisario Barnier, usted ha expuesto muy claramente cuál es la situación y me alegra que, como ex ministro de Medio Ambiente, también haya resaltado que los desastres no ocurren por sí mismos. Respeto los llamamientos a la solidaridad que plantean, como es lógico, los diputados de los países especialmente afectados. Tienen toda la razón para hacerlo. Los diputados de países como Francia, Portugal y otros Estados del sudeste de Europa tienen razón cuando piden solidaridad, pero -y lo digo con toda claridad- no quisiera que aquí y ahora solo debatiéramos si para reparar los daños necesitamos 31 millones, 90 millones o 120 millones, ya que también es evidente -y usted, señor Barnier, lo ha expresado con rotundidad- que lo que hacemos es poner parches. Si no queremos limitarnos año tras año a poner parches, tenemos que reflexionar acerca de las causas. Otra razón por la que tenemos que pensar en las causas es que en algún momento agotaremos nuestra capacidad para reparar los daños.
A partir del año que viene seremos 25 Estados miembros. Eso no implica una duplicación del presupuesto, y seguiremos sufriendo catástrofes: inundaciones, tormentas, olas de calor e incendios, en secuencias variables, y usted, señor Barnier, ha apuntado que esto guarda cierta relación con el cambio climático. A estas alturas, nadie lo ignora. Pero ¿estamos dispuestos a actuar de modo coherente con lo que sabemos? Permítanme decir claramente que no, que no lo estamos. Ninguno, nadie de nosotros está dispuesto, y de hecho no queremos ni escuchar algo tan incómodo.
En la Unión Europea no hemos creado ni de lejos las condiciones para satisfacer los criterios de Kioto. En estos momentos, únicamente tres Estados miembros -Alemania, el Reino Unido y Suecia- se acercan más o menos. Actualmente cumplimos, como máximo, la mitad de los criterios de Kioto, reduciendo la emisión de gases que afectan negativamente al clima, ocasionando por ejemplo el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero, que se generan en la agricultura y en la eliminación de residuos, pero sobre todo en el sector de la energía o el transporte. No estamos dispuestos a adoptar medidas y a ser coherentes cuando se trata de cambiar las causas subyacentes. El tráfico de carretera no hace más que aumentar, y sabemos que constituye una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, y además en una proporción creciente. En la actualidad, un 20% de la totalidad de las emisiones proceden del tráfico de carretera, y en 2010, el plazo fijado para el cumplimiento del protocolo de Kioto, serán el 28%. Como pueden ver, es verdad que hablamos de desastres, pero no tenemos voluntad de adoptar medidas para evitarlos.
Lo que acabo de señalar son hechos puros y duros. No les sorprenderá si digo que nunca, por supuesto, hemos apuntado muy alto en cuestiones de política medioambiental. Llevo ahora más o menos 14 años de diputada a este Parlamento, y en todo este tiempo he estado dedicada a la política medioambiental, pero también sé perfectamente dónde estamos todos cuando se trata de legislar efectivamente. ¿Qué ocurre cuando hablamos de la fiscalidad del queroseno, el combustible usado en los aviones? ¿Qué ocurrirá si le decimos al señor Barnier que limite la financiación estructural estrictamente a cosas como el transporte por ferrocarril o medidas que beneficien al medio ambiente? ¡Quisiera oír entonces lo que tienen que decir al respecto los diputados de los países afectados!
De una vez por todas, tenemos que crear incentivos para lograr cosas como desplazar el tráfico de la carretera al ferrocarril, mediante tratos preferenciales, recompensas, pero también mediante sanciones, aunque se trate del tipo de sanciones que esta Cámara nunca desea. También significa, por ejemplo, que hemos de reducir las emisiones de la industria, tomar medidas para mejorar los controles, gravar las actividades que causan daños. ¿Qué hicimos a principios de este año cuando se trataba, por ejemplo, de gravar la producción de energía? Nos entró el miedo. El Consejo tuvo miedo, todos nos rajamos. Aunque la Comisión, hasta cierto punto, ha tomado la delantera, todos nosotros nos vemos condicionados una y otra vez por las denominadas necesidades de nuestras circunscripciones electorales, donde hay una industria que no quiere estar sometida a ninguna influencia, que produce sustancias químicas -que sí importan-, que produce pesticidas, y nosotros tenemos que utilizarlos. Ninguno de nosotros, por tanto, está dispuesto realmente a hacer nada, pero cada año, una vez transcurrido el verano o el otoño, nos plantamos en esta Cámara y discutimos acerca de las catástrofes.
Permítanme mencionar, además, la información que he leído en la prensa de que el presidente de la asociación francesa de residencias de ancianos ha dicho que en Alemania estas residencias cuentan con plantillas cuatro veces mayores. Eso me aterra, es realmente sorprendente, ya que la situación de las residencias de ancianos en Alemania es en general un desastre. De modo que en la Unión Europea es hora de que pongamos en práctica la solidaridad en los servicios sociales. Tenemos que definir de una vez por todas los patrones válidos para las personas que viven en la Unión Europea. ¿Cómo deben vivir con dignidad en los hogares de la tercera edad y qué ocurre con la asistencia sanitaria? Ustedes saben que yo era partidaria de que la Constitución otorgara competencias claras a la Unión Europea en materia de política sanitaria. No lo hemos logrado. Ellos no lo han logrado. Parece como si nadie de nosotros lo hubiera deseado, y lo lamento. Pero si debatimos acerca de las catástrofes, ello implica, por una parte, reparar los daños y ayudar a nuestros homólogos de los países afectados, pero también significa sobre todo evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir, y eso es lo que les pido que hagan en el futuro.
Ries (ELDR).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Comisario Barnier por la claridad y la transparencia del balance que ha presentado. El verano de 2003 ha sido verdaderamente abrasador en toda Europa, desde Rovaniemi hasta el Algarbe, y las trágicas consecuencias de esta ola de calor no han tenido precedentes. Un verano europeo cruelmente injusto: como hemos visto, sus principales víctimas han sido los más débiles de nuestra sociedad. Cerca de 20 000 personas de edad avanzada, que vivían solas y, en algunos casos, sufrían enfermedades respiratorias, sucumbieron a este calor mortal. En nombre del Grupo Liberal, quiero expresar, en primer lugar, mis sinceras condolencias a las familias de las víctimas.
Paralelamente a este drama humano, a esta catástrofe sanitaria que sigue sacudiendo al propio corazón de Francia, los bosques de los países mediterráneos han sufrido daños casi irreversibles. Incendios especialmente violentos han devastado este verano más de 400 000 hectáreas de bosque. Un balance humano, económico y ecológico que habría podido ser todavía más grave sin la valentía y la eficacia de los bomberos, voluntarios muchos de ellos, sin la ayuda de la Cruz Roja a las poblaciones damnificadas y sin la solidaridad entre los países europeos, sin olvidar la importante cooperación de terceros países. Europa ha actuado con eficacia. El Comisario ha mencionado los 31 millones de euros gastados en solidaridad con Portugal -una solidaridad que se encuentra en el corazón mismo de los Tratados- y los Fondos Estructurales. Tengo que hacer otra observación: los casi 23 millones de euros, que es el coste a día de hoy del programa comunitario de investigación y gestión centralizada de los incendios forestales, no se han gastado en vano. Los proyectos piloto de intervención, identificación de las zonas de riesgo y recuperación de las zonas siniestradas han demostrado su utilidad en Portugal, pero también sus limitaciones. En efecto, Europa debe hacer más. Los gigantescos incendios de Portugal y del sur de Francia han demostrado una cosa: en la mayoría de los Estados miembros la flota de aviones contra incendios está envejeciendo. Sin la ayuda de los países vecinos que he mencionado antes, y sobre todo sin la ayuda de los grandes aviones rusos con sus cisternas de 12 toneladas, se habrían quemado mucho más de 400 000 hectáreas. Por ello, los liberales son partidarios -y respondo aquí a una de sus preguntas- de que se cree una fuerza europea de protección civil que sea responsable de combatir los incendios forestales y las inundaciones, pero también los riesgos de catástrofes industriales en particular. Un aumento de medios humanos como éste debe ir acompañado de un aumento de medios materiales. Europa no puede seguir yendo a remolque de Canadá, Australia, los Estados Unidos o Rusia; debe pensar sobre todo en dotarse de bombarderos de agua europeos, potentes y adaptados a las distintas topografías. Espero, pues, que la Comisaria Wallström presente las propuestas mencionadas por su colega Barnier.
Europa no puede ignorar tampoco, y esto no se ha dicho hasta ahora, que el hombre es responsable del 95% de los incendios. Es fundamental que intensifiquemos las campañas de concienciación de la población. Un cigarrillo tirado por la ventanilla de un coche puede causar la destrucción de todo un bosque. Atrapar a los responsables por negligencia es, por consiguiente, otro de nuestros artículos de fe para la prevención.
Por último, y habría podido comenzar por aquí, ¿cómo no establecer un nexo entre estas catástrofes naturales que se repiten una y otra vez y el calentamiento del planeta? El Grupo Liberal apoya a la Comisión en todos sus esfuerzos por reducir los gases con efecto invernadero. Este verano se han batido los máximos de contaminación del ozono en todos los Estados miembros. A pesar de los ataques que recibe regularmente, a pesar también de sus limitaciones, el Protocolo de Kioto debe seguir siendo una herramienta, un objetivo mínimo para algunos, pero también un compromiso. La Unión Europea debe hacer de él, ahora más que nunca, su caballo de batalla en las negociaciones internacionales.
Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, los graves incendios forestales que azotaron Portugal este año afectaron tanto a zonas agrícolas como urbanas, destruyeron casas, fábricas, colegios, redes eléctricas y telefónicas y otros equipos, provocaron la muerte de 18 personas, dejaron a muchas familias sin hogar y sin ninguna pertenencia, mataron ganado y caza, y privaron de ingresos y salarios a casi 45 000 personas. Fue una terrible catástrofe que viene a agravar las ya difíciles condiciones económicas y sociales de Portugal, por lo que desde el principio solicitamos el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea. Según los últimos cálculos, ardieron más de 400 000 hectáreas, lo que representa cerca del 5% de nuestro territorio y el 11% de nuestro bosque, habiendo ardido en algunos municipios más del 80% de la superficie forestal, con pérdidas estimadas en más de mil millones de euros. 
Esta situación exige medidas especiales de apoyo, siendo a todas luces insuficiente la partida que propone la Comisión, como bien dijo el señor Comisario Michel Barnier durante su visita a Portugal. Además de las condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta catástrofe, además de las alabanzas al esfuerzo de los bomberos y de las poblaciones por la determinación demostrada en la lucha contra los incendios a pesar de los escasos medios existentes, es necesario que la dotación ofrecida por el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea sea, como mínimo, equivalente a la cantidad solicitada por el Gobierno portugués, es decir más de 52 millones de euros. 
Sin embargo, la gravedad de la situación exige que se tomen otras medidas complementarias extraordinarias, ya sea en el plano de la reprogramación de los Fondos Estructurales o a través de los diversos programas comunitarios existentes, flexibilizando y facilitando el rígido procedimiento para la utilización de los fondos, no solo para compensar los costes sociales sufridos, sino también para apoyar la recuperación del potencial productivo de las regiones afectadas y promover la reforestación. Si bien es cierto que los incendios forestales suponen un azote todos los años que consume cientos de miles de hectáreas en la Unión Europea, sobre todo en el sur, hay que tener en cuenta que este año las condiciones atmosféricas que asolaron Europa contribuyeron a agravar la situación y generaron las condiciones necesarias para la existencia de incendios de enormes dimensiones y difíciles de combatir. Esto exige también que se promuevan medidas de prevención más eficaces en el ámbito comunitario, nacional y local, y que se preste mayor atención a la salud pública en Europa. La propia política agrícola común, que ha provocado la desaparición de miles de explotaciones y agricultores en los últimos años, especialmente en mi país, ha contribuido a la completa desarticulación de la tradicional relación de complementariedad entre las zonas forestales y las zonas agrícolas en los territorios de minifundio, aumentando la desertización del mundo rural y, de este modo, contribuyendo a la promoción de condiciones que favorecen la existencia de incendios de grandes proporciones.
Las medidas de revisión de la PAC tenderán a agravar esta situación, lo que exige un replanteamiento de las medidas tomadas. Hacemos un llamamiento a la Comisión para que continúe colaborando con las autoridades nacionales, ya sea para minimizar el impacto medioambiental o para apoyar a las poblaciones afectadas, pero también en la reforestación, apoyando todas las iniciativas nacionales de ayuda pública y revisando el programa Eje Bosques para poder ampliar su campo de acción. Pedimos también a la Comisión que presente una estrategia integrada comunitaria de lucha contra los incendios y subrayamos que esta catástrofe evidencia la irracionalidad de los criterios del Pacto de Estabilidad por lo que respecta a la realidad socioeconómica portuguesa, ya que, en una situación que exige una fuerte inversión pública, está imponiendo restricciones. Por ello pedimos a la Comisión y al Consejo que revisen el Pacto de Estabilidad, en concreto excluyendo de inmediato del déficit presupuestario todos los gastos e inversiones públicas relacionadas con esta catástrofe.
Turmes (Verts/ALE).
Señor Comisario, Señorías, este verano debería ser, para nosotros los políticos, la última advertencia para que actuemos por fin con relación al cambio climático. Hablamos mucho -y está muy bien que lo hagamos, por supuesto- de los miles de víctimas en Francia y en Portugal, pero olvidamos que este verano las inundaciones en China se han cobrado cuatro millones de víctimas. El Tercer Mundo se ha visto mucho más afectado que nosotros. Enfrentados a este hecho, tenemos que emprender una política más decidida. No podemos contentarnos con nuestra rutina habitual. Por eso los Verdes hemos tomado la iniciativa de escribir una carta abierta al Sr. Prodi, cuyos principales ejes expondré a continuación. ¿Qué pedimos? 
Primero, tenemos que firmar un pacto de estabilidad relativo al cambio climático. No podemos tolerar que los gobiernos de España, Portugal e Irlanda se muestren indiferentes al cambio climático y que la Unión Europea quede en ridículo a escala internacional porque esos gobiernos no asumen sus responsabilidades. Las estadísticas de la Agencia Europea de Medio Ambiente indican claramente hasta qué punto van retrasados esos gobiernos. 
Segundo, ¿qué se desprende del análisis de la iniciativa sobre las infraestructuras europeas que acaba de presentar la Presidencia italiana? ¡Autopistas, más autopistas! ¡Aeropuertos regionales, más aeropuertos regionales! ¡Es una locura! No podemos gastar hoy miles de millones de euros del Banco Europeo de Inversiones o miles de millones de euros del presupuesto europeo para poner en práctica una política de transportes totalmente desencaminada. Como Verdes, somos partidarios de una política de relanzamiento económico, pero orientada a las inversiones ferroviarias. Actualmente no disponemos de la red ferroviaria necesaria para poder adoptar en Europa una política distinta con relación al transporte de mercancías. Tenemos que hacer enormes inversiones en esas políticas.
Tercero, la ola de calor ha puesto de manifiesto que las centrales eléctricas, extremadamente centralizadas, pueden dejar de producir electricidad si los ríos no llevan suficiente agua o se calientan demasiado. Una central eléctrica de carbón y un reactor nuclear tienen un rendimiento inferior al 35%. Esto significa que calientan más la atmósfera, con el riesgo de hacer caldo de pescado, y que no producen electricidad respetuosa con el medio ambiente. Debemos invertir mucho más en las energías descentralizadas y, como Verdes, le agradecemos, señor Barnier, que se haya declarado dispuesto a revisar los criterios relativos a los Fondos Estructurales y a los fondos regionales.
Me han impresionado los incendios en el Mediterráneo. Uno de los problemas es el desbroce de la maleza. En Austria existe una política de mejora del estado de los bosques. Estamos a la cabeza, a escala mundial, en calefacción con leña. Ahora vamos a producir electricidad al mismo tiempo que producimos madera y, si Europa financia proyectos, habrá que establecer un vínculo entre el desbroce necesario de la maleza y la mejora del estado de los bosques. 
Por último, Europa va por completo a la cola en lo que se refiere al control de la energía. Llevamos un año esperando dos directivas sobre el control de la energía. En vez de perder el tiempo en impedir el declive de la industria nuclear, la Sra. de Palacio haría mejor en presentar por fin las directivas que Europa necesita para avanzar en este ámbito. Hemos escrito al Sr. Prodi para pedirle que imprima una velocidad superior y coordine mejor a su equipo en la contrarreloj iniciada para evitar el cambio climático.
Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero comenzar dando las gracias a nuestro Presidente, el Sr. Cox, por la rapidez con la que ha respondido a las cartas escritas por mi colega la Sra. Figueiredo y por mí mismo, en nombre de mi Grupo, cuando la crisis en Portugal todavía no había terminado, y por la rapidez con que, a pesar de las vacaciones de verano, el mismo 11 de agosto anunció que debería celebrarse este debate. Por otro lado, en lo que respecta a los Grupos y a la Conferencia de Presidentes, agradezco que ese debate se haya realizado, como habíamos pedido, en forma de Declaración de la Comisión y la votación de una resolución al final. 
También quiero agradecer al Sr. Comisario Barnier la disponibilidad para estar aquí en este debate, las palabras que ha pronunciado en su apertura, su visita amable y atenta a nuestro país, las declaraciones que allí realizó, así como la atención que la Comisión ya había demostrado anteriormente a través de los Comisarios Anna Diamantoupoulou y António Vitorino.
Una vez expresados estos agradecimientos, me queda contar los hechos y reclamar ayuda. Contaré un poco lo que fue el drama que se vivió en nuestro país: tres semanas de intensa angustia, la extrema devastación que sufrió nuestro país y que se debieron sobre todo -aunque en estos fenómenos siempre influyen sin duda varios factores- a condiciones climáticas verdaderamente terribles. No solo porque han sido anormales en términos de temperatura, de humedad, de vientos continentales; han sido anormales por su naturaleza y también por su duración. Y precisamente lo angustioso y lo que fue un drama terrible para las poblaciones que lo sufrieron directamente y para quienes más participaron en la lucha es que nosotros estábamos en medio del drama y éramos perfectamente conscientes de nuestra impotencia mientras las condiciones climáticas no cambiasen. De hecho, vemos que la intensidad de la crisis solo termina el 14 de agosto, cerca de tres semanas después de que se desencadenase con gran intensidad, que fue cuando finalmente amainaron las condiciones climáticas.
Así pues, estamos ante una catástrofe natural de gravísimas consecuencias humanas, sociales y económicas, que ya se han mencionado aquí. Se dieron algunas cifras: 5% del territorio, 11% de los bosques. Sin embargo, estas estadísticas mienten, porque, como ya se ha mencionado, en algunos de los municipios más afectados esto representa el 80% de los bosques y más del 50% de la totalidad del territorio, el 70% en algunos casos. Pero esto no son más que cifras: es necesario ver, como vio y presenció el señor Comisario.
Yo mismo he vuelto a recorrer estos días algunas zonas como Vila do Rei, Mação y Gavião. Para que mis colegas se hagan una idea, en Gavião, que es una población del norte de Portalegre, en la parte alta, desde un mirador que hay detrás de la iglesia, mirando al horizonte hacia el interior, y estamos hablando de una extensión de muchos kilómetros, por los montes, todo, a izquierda, derecha y de frente, ardió. Esa es la verdadera dimensión de la catástrofe en mi país, y la razón por la que m mi país pide apoyo y la solidaridad de la Unión Europea.
El señor Comisario mencionó, con acierto, la rapidez con la que actuó el Gobierno, para poner en marcha especialmente los mecanismos comunitarios, y con la que actuó también la Comisión. Sin embargo, yo me uno a mis colegas que piden al Parlamento Europeo mayor capacidad de respuesta, con más diligencia y generosidad, a la petición de mi Gobierno. Portugal pidió al Fondo de Solidaridad cerca de 50 millones de euros y creo que es correcto que se concedan. Comprendo los criterios de la Comisión, pero creo que hay razones que justifican la petición portuguesa. Los 50 millones de euros son los medios que el Consejo de Ministros, en plena crisis portuguesa, anticipó, y esta suma también es el valor de las contrapartidas nacionales para la reorientación de varios programas comunitarios que el señor Comisario también mencionó. Sin embargo, creo que mi Gobierno hizo bien las cuentas y pido apoyo al Parlamento en ese sentido.
Por otro lado, como ya han mencionado otros colegas, no se trata solo de movilizar este Fondo de Solidaridad, sino que también es necesario reorientar convenientemente otros programas, especialmente porque se acerca la fecha en la que tendremos ante nosotros, en segunda lectura, el reglamento del programa Eje Bosques para el período 2003-2008.
Creo que esta crisis que afectó particularmente a mi país demuestra que el Parlamento tenía razón en las posiciones que votamos aquí en primera lectura y que los representantes de los Gobiernos de Italia, España y Portugal tenían razón al abstenerse en la posición común, cuando se debatió hace unos meses, llamando la atención sobre la necesidad de reforzar los medios para la prevención de los incendios forestales en ese programa. Así pues, confío en que dentro de algunas semanas, cuando esté aquí de nuevo en segunda lectura, todos nosotros mantengamos unánimemente las posiciones del Parlamento en primera lectura y que, de este modo, el Consejo o la Comisión apoyen las posiciones del Parlamento.
Berthu (NI).
Señor Presidente, este verano hemos tenido ocasión de comprobar los desastrosos efectos de la ola de calor: sequía, incendios, contaminación del agua y del aire. Pero sobre todo lamentamos la muerte de numerosas personas de edad avanzada, sobre todo en países como Francia.
En condiciones normales, no deberíamos solicitar la ayuda de la Unión. También nuestros vecinos europeos se han visto afectados, y un país grande y bien administrado debe poder afrontar solo este tipo de situación. Pero Francia se encuentra hoy en una situación de extrema vulnerabilidad, puesto que los márgenes de maniobra presupuestarios no se reconstituyeron cuando podían haberse reconstituido; es decir, cuando la recaudación fiscal era abundante.
Francia presenta además dos peculiaridades muy negativas: un funcionamiento del sistema sanitario que se ha hecho más difícil, especialmente en verano, por la falta de facultativos y por la reducción de la jornada de trabajo semanal a 35 horas; y unas familias al parecer más dispersas que en los países vecinos, que hace que las solidaridades naturales funcionen menos fácilmente. 
A este respecto, comentaré de pasada que la necesidad de movilidad geográfica de los trabajadores, a menudo defendida por la Unión Europea, debe matizarse mucho para preservar mejor, siempre que sea posible, los vínculos familiares y sociales. Ante todo, una gran tarea para la Unión en el futuro será ampliar sus acciones internas y externas para combatir el efecto invernadero y, por consiguiente, el calentamiento del planeta. El mantenimiento del nivel actual de emisiones de CO2 tendría, entre otras cosas, efectos irreversibles sobre el clima, y pedimos a la Unión que persiga con diligencia la aplicación del Protocolo de Kioto de cara a una mejor integración de las políticas de energía y medio ambiente. Con respecto a este punto, habrá que dar prioridad, desde luego, a las energías renovables, pero sobre todo a la energía nuclear, que produce muy pocas emisiones de CO2. Pero para que la energía nuclear tenga una mayor aceptación, es absolutamente necesario resolver el problema de la gestión y la eliminación de los residuos radiactivos. Con este objetivo en mente, deseamos que se realice un gran esfuerzo de investigación común, que es absolutamente prioritario, pues de él depende todo lo demás.
Por último, un tercer eje de reflexión, señor Presidente: la reducción de los gases con efecto invernadero pasa también por un mayor control del transporte por carretera. Pensamos que la propuesta de Directiva sobre la tarificación de las infraestructuras viales debe aceptar la integración, en el precio del peaje, no sólo del coste de mantenimiento de las redes, sino también del coste, actualmente no desglosado, de los daños causados por este transporte al medioambiente y, por tanto, al conjunto de la sociedad.
Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, por desgracia las tragedias de este verano nos reúnen de nuevo para hablar de temas que ya han sido debatidos en esta Cámara. 
En primer lugar, con respecto a los bosques y los incendios forestales, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a las víctimas de esos incendios, sobre todo en Portugal, pero también en otros países que han sufrido las mismas catástrofes, pues se trata de auténticas catástrofes ecológicas para la Europa meridional. Los bosques destruidos por los incendios tendrán que recuperarse de nuevo respetando sus características climáticas y ecológicas. Pero además de los bosques incendiados, otros muchos van a sufrir las consecuencias de la sequía; no hay más que recorrer nuestras zonas montañosas para ver árboles completamente abrasados antes de la llegada del otoño. Habrá que reconstituir esos bosques y cabe preguntarnos si, con nuestra política agrícola, hemos sabido aplicar una buena política de ordenación y desarrollo rural. 
La política agrícola nos ha hecho perder agricultores. Lamentablemente, hoy podemos decir que si hubiéramos tenido más campesinos en nuestros países, los espacios habrían estado mejor mantenidos y los bosques mejor constituidos, no como única alternativa a la desertización, sino como bosques productivos. Hace un momento, uno de nuestros colegas ha hablado de la leña como fuente de energía. Estoy totalmente a favor de la producción maderera y yo mismo produzco madera en un área de la que soy responsable. Sin duda tenemos que revisar nuestra política agraria y apoyar en primer lugar a nuestros agricultores, que van a sufrir de un modo terrible las consecuencias de esta sequía, pues todos dicen que van a perder un año de ingresos como consecuencia de la sequía. Los ganaderos no saben ya cómo alimentar el ganado y esperan ayudas rápidas; ayudas que ya se han prometido, pero que casi siempre llegan demasiado tarde. Tenemos que demostrar, a escala europea, que somos perfectamente capaces de poner en práctica una política de base comunitaria. 
Habrá que recuperar asimismo las praderas, incluidas las de las zonas semimontañosas, esas zonas que tan bien conoce el señor Comisario y a las que está tan apegado. Habrá que recuperarlas cuando no exista regadío y cuando los agricultores no dispongan de medios mecánicos en tierras muy difíciles de explotar. 
Por último, quiero referirme a los problemas del agua, puesto que probablemente no hayamos sabido aplicar una política del agua capaz de resolver las dificultades encontradas. 
Hemos hablado también del envejecimiento de la población. Con motivo del trabajo de la Convención que prepara la futura Constitución europea, pedí que la salud pública fuera un elemento importante de dicha Constitución. Pero por ahora no se ha tenido en cuenta la salud pública, y lo lamento. 
Como último comentario, quiero decir simplemente que este nexo entre las catástrofes y el cambio climático debe llevarnos de una vez por todas a respetar y aplicar el Protocolo de Kioto. No creo que los impuestos sean la respuesta adecuada. Europa debe innovar, debe convencer a los gobiernos y a los pueblos de que es necesario apoyar una política agrícola diferente, que hay que recuperar los bosques y hacerlos productivos. También es necesario que contemos con unas políticas descentralizadas y de base comunitaria y, sobre todo, que reconsideremos la política energética y la política de transportes. Por último, lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar una auténtica política europea de desarrollo sostenible.
Lage (PSE).
Señor Presidente, Señorías, yo también siento el deber de empezar expresando mi reconocimiento y gratitud al Comisario Barnier por la forma en la que actuó en la dramática situación vivida en Portugal; representó una imagen de consternación y de inteligencia, diciendo las palabras que los portugueses necesitaban y agradecieron escuchar y que no siempre otros responsables supieron decir como él supo.
Terminamos las vacaciones con un sabor amargo tras un verano trágico, como dijo el Comisario, con un trágico balance de muertes e incendios forestales devastadores. Miles de personas mayores sucumbieron al calor en varios países europeos y los agujeros del ozono podrían también haber provocado muchas otras víctimas. ¿Se trata de una fatalidad climática o estaremos ante las consecuencias del cambio climático provocado por la acción del hombre? ¿Se trata de negligencia humana? Sin duda, las dos cosas al mismo tiempo.
Señor Presidente, señor Comisario, la superficie de bosque devastada en Portugal, como ya se ha mencionado, afecta a 400 000 hectáreas, es decir más de la suma de la superficie de bosque que ha ardido en el sur de Europa. Es un caso para reflexionar. ¿Cómo es que Portugal, un país con un territorio relativamente reducido, tiene incendios forestales de esta magnitud? ¿Será que los portugueses rinden culto al fuego? Hay quien lo ha escrito, evocando nuestro gusto por las hogueras de San Juan y por las fiestas con fuegos artificiales. Pero no lo creo. Son los graves errores y omisiones de los poderes públicos los que justifican en gran medida la situación increíble que vivió Portugal este verano.
Los incendios sacaron a la luz las debilidades de un bosque desordenado e irracional como el que tenemos en Portugal. En las últimas décadas los bosques se han desarrollado en Portugal de manera caótica, como ya ha mencionado el señor Comisario. Un tercio de los 90 000 kilómetros cuadrados que constituyen el territorio portugués es bosque. Un bosque compuesto esencialmente por pino (dos tercios), que solo sirve para la construcción, por eucaliptos para la producción de pasta de papel y también por ese árbol prodigioso que es el alcornoque. Cada árbol, cada especie de vegetación mediterránea ha desarrollado a lo largo de los milenios una estrategia para protegerse y para regenerarse una vez pasado el incendio. El problema es que de año en año el bosque se empobrece, ya sea transformándose en matorrales o favoreciendo la multiplicación de especies resinosas, más inflamables que el bosque de especies frondosas, que crecen más lentamente, como es el caso del roble o del alcornoque. La erosión de los suelos hace el resto y la desertización avanza.
Señor Presidente, Señorías, nacido del agua, el Fondo de Solidaridad se aplica al fuego. Recuerda a los dos elementos griegos primordiales de Tales y Heráclito. Nacido del agua, se aplica al fuego, aunque la aplicación es modesta, como ya se ha dicho. La partida disponible es muy precaria, señor Comisario. Considero necesario revisarla porque, tratándose de un paliativo, es muy importante que la partida se pueda aumentar, dadas las enormes dificultades presupuestarias a las que se enfrenta Portugal en estos momentos.
La redistribución de los Fondos Estructurales sugerida por el Comisario me parece una buena solución para financiar la reforestación y reordenación de la cubierta de vegetación y, por ello, estamos de acuerdo con que se realice dicha redistribución. Es preciso actuar rápidamente en Portugal, antes de que pase la agitación. En Portugal y en Europa. La prevención es la palabra clave y la regla de oro para la protección de los bosques, como ya han dicho aquí varias personas. Pero también la supervisión y la vigilancia policial de los bosques y las sanciones de peso para los delitos de las personas que incendian deliberada e intencionadamente los bosques. El Estado tiene que tener un nuevo papel en la reordenación y en la reorganización de todo el bosque portugués, así como en los problemas que provoca el clima actualmente en toda Europa. De hecho, los cambios climáticos son preocupantes y hay que tomar medidas de inmediato.
Vallvé (ELDR).
Señor Presidente, querría, en primer lugar, agradecer el hecho de que se haya organizado este debate para analizar la problemática de la canícula que hemos tenido este verano. Esta canícula que, además, ha provocado una serie de catástrofes, algunas ya recurrentes, como es la de los incendios forestales.
Yo pediría que separásemos, de un lado, los efectos de la canícula de este año y, de otro, un problema endémico en el sur de Europa -los países mediterráneos-, el problema de los incendios forestales.
Estos incendios forestales se producen quizás con más frecuencia a consecuencia del cambio climático, pero también a consecuencia del cambio de las circunstancias de los bosques y del espacio rural. Es un hecho la despoblación del espacio rural. Es un hecho la no utilización de la madera producida en los bosques mediterráneos, que ha dejado de tener rentabilidad económica. Entonces, el bosque deja de tener una función económica para pasar a otra, también muy importante, como es la medioambiental.
Pero las circunstancias son distintas: la despoblación aleja a los agricultores que -no lo olvidemos- son los principales protectores del bosque y de la naturaleza. El agricultor es la primera persona que hace frente al incendio forestal.
Tratándose de un mal endémico es importante la adopción de medidas de urgencia: éstas serían los "antibióticos"; pero lo verdaderamente necesario en este tipo de males son las "vacunas". En este caso, las vacunas son las medidas de prevención y aquellos recursos que puedan actuar rápidamente en los casos de incendios forestales.
Este año, señor Comisario, hemos registrado los efectos devastadores de los incendios forestales. Usted ha hablado de adecuar los Fondos estructurales, los Fondos de cohesión, en parte, para paliar estos efectos. Yo le pediría que pensase también en la iniciativa comunitaria Leader y cómo esta iniciativa -que se aplica sobre todo en determinadas zonas- podría también aplicarse a las zonas que han sido devastadas por incendios forestales.
Creo que también han sido positivas las medidas que se han adoptado en este sentido en el marco de la Política Agrícola Común, en relación con las zonas que han tenido mayores problemas de sequedad. También quiero reconocer el trabajo realizado por bomberos, guardias forestales y voluntarios, que han contribuido a atajar el problema de los incendios forestales.
Del mismo modo que pedimos que en cualquier proyecto haya un estudio de impacto ambiental, este impacto ambiental debería hacerse extensivo al posible impacto de los incendios forestales que -repito- son un mal endémico en los países del sur de Europa, los países mediterráneos.
Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, en efecto, muchos países europeos han sufrido durante todo el verano unas temperaturas excepcionales, que son el objeto del debate de esta tarde, cuando ha llegado el momento de hacer balance. Las consecuencias de esta ola de calor en nuestros países y sus poblaciones han sido terribles. En Portugal, como han indicado otros oradores, los incendios han destruido el 5% del país. Es una catástrofe nacional.
Por lo que se refiere a Francia, quiero expresar ante todo mi conmoción, pero también mi indignación, por la magnitud del drama humano que hemos vivido. El Gobierno francés anunció el viernes que entre el 1 y el 15 de agosto se registraron 11 000 fallecimientos más a causa de la ola de calor. Esas cifras son terroríficas y deben hacernos reflexionar sobre el deber de solidaridad que todos tenemos hacia las personas más vulnerables. La Unión Europea, los gobiernos nacionales y, especialmente el Gobierno francés, deben reflexionar también sobre la importancia de las políticas de salud pública, la necesidad de unos servicios hospitalarios de urgencia de calidad, accesibles a todos y en número suficiente, así como la necesidad de residencias de ancianos que dispongan de personal formado y de medios para prestar unos servicios de alta calidad. En resumen, tienen que considerar la adopción de una política ambiciosa con relación a las personas mayores y las personas más vulnerables. Todo esto requiere presupuestos y, por tanto, decisiones políticas que orienten el gasto público para atender las necesidades de todos.
En cuanto a los incendios, que han afectado en particular a la región francesa de Var, y más aún a otros países europeos, se nos plantean una serie de cuestiones. ¿Qué ayudas existen hoy para las regiones afectadas? ¿Cómo deben manejarse más eficazmente estas crisis en el futuro? Y sobre todo, ¿se podían haber evitado y con qué política de prevención? Estas preguntas valen también para las terribles consecuencias de la sequía para la agricultura. A estas preguntas, señor Comisario, propone usted una serie de respuestas y líneas de reflexión, pero en los dos casos, incendios y sequía, es necesario prever ayudas urgentes con cargo al Fondo Europeo de Solidaridad, además de ayudas nacionales, para las regiones damnificadas por los incendios.
Con respecto a los agricultores, muchos de los cuales se enfrentan a situaciones dramáticas, la Unión Europea debe, como mínimo, autorizar a los gobiernos nacionales a concederles ayudas excepcionales a corto y medio plazo. En Francia, el balance en las zonas siniestradas es abrumador: se prevé una pérdida del 50% al 100% de la producción de los cereales de secano en Lot-et-Garonne. Falta forraje, lo cual supone una amenaza para el ganado. En todas partes, los agricultores se enfrentan a una pérdida de ingresos muy importante. Paralelamente a estas ayudas, hay que reflexionar sobre los mecanismos que deben crearse, así como sobre la manera de afrontar eficazmente las crisis motivadas por catástrofes naturales excepcionales. Ello exige también financiación pública en la que no tienen cabida criterios de competitividad.
Por último, quiero hablar sobre la prevención y las causas. Como han hecho otros de mis colegas, quiero insistir en la necesidad de reconsiderar los modelos actuales de ordenación rural, así como de desarrollo de la agricultura y el transporte. Está claro que la tendencia a rentabilizar cada vez más el suelo, a no invertir en la prevención de incendios con el pretexto de ahorrar, a dar prioridad a las grandes explotaciones agrícolas y al rendimiento y a favorecer el transporte por carretera en detrimento del ferrocarril -y no me detendré en esto- está llena de peligros. Tenemos que inventar otro modelo, que se base en una auténtica consideración del medio ambiente, del interés colectivo y de la solidaridad. En efecto, tenemos que demostrar una determinación mucho mayor a aplicar el Protocolo de Kioto. Para terminar, deseo que todos los dramas vividos por nuestros conciudadanos en las últimas semanas sirvan por lo menos para que tomemos conciencia...
(El Presidente interrumpe al orador)
Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, los veranos se suceden, las catástrofes estivales también. El año pasado las inundaciones asolaron Europa. Este año ha sido la ola de calor, que ha producido una crisis sanitaria en Francia y una catástrofe ecológica en Portugal, así como en nuestro litoral mediterráneo. Estas graves perturbaciones meteorológicas tal vez sean consecuencia del calentamiento del planeta, agravado a su vez, como es bien sabido, por el efecto invernadero que producen las emisiones de CO2. 
En cualquier caso, todo el mundo es consciente hoy de que debemos gestionar con más prudencia nuestras relaciones con la naturaleza. También debemos gestionar con más humanidad las relaciones entre nosotros. En París, se habla - esta cifra es pavorosa - de más de 800 muertos que nadie ha llorado y cuyos cuerpos nadie ha reclamado. 
El proyecto de resolución del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea contiene una serie de recomendaciones muy positivas, de las que sólo quiero mencionar aquí unas pocas. En materia sanitaria en particular, es necesario que la Comisión ayude a los Estados miembros a garantizar a todas las personas el derecho proclamado en el artículo 35 de la Carta, que es el derecho a acceder a una asistencia sanitaria preventiva incluso en circunstancias climáticas excepcionales. Por lo que se refiere a Portugal, pedimos, señor Comisario, que el Fondo de Solidaridad se aplique por encima del nivel de urgencia para ayudar realmente a este país a curar todas sus heridas. Para reducir el efecto invernadero, debemos alentar a la Comisión para que vele por el respeto de los compromisos de Kioto. La política de transportes desempeña un papel muy importante en este ámbito. Tenemos que promover los medios de transporte más eficientes en términos energéticos. 
Como nuestro colega, el Sr. Dhaene, explicaba hace un momento, algunos de nosotros hemos venido en bicicleta de Bruselas a Estrasburgo, llegando a última hora de la mañana. Se trataba evidentemente de promover el uso de la bicicleta. Las redes transeuropeas de transporte deben fomentar el uso de este medio de transporte. Así podría ayudarse a las autoridades competentes a crear o mejorar carriles para bicicletas que unan entre sí a los Estados miembros continentales. 
En la última parte de nuestro viaje en bicicleta, bordeamos el canal del Marne al Rin. El paisaje es magnífico, pero observamos que el canal está infrautilizado para el transporte de mercancías. Hay que promover más este tipo de transporte, ya que contamina menos que el transporte por carretera.
Por último, quiero mencionar una última propuesta que contiene nuestro proyecto de resolución. Se trata de la creación de un cuerpo europeo de protección civil: los cascos verdes. Su intervención en las catástrofes naturales incitaría a los Estados miembros a asumir sus responsabilidades. 
En pocas palabras, tenemos que dejar de andarnos con rodeos y adoptar medidas prácticas en lo que se refiere al desarrollo sostenible. Eso es lo que trata de decir nuestro proyecto de resolución.

Martinez (NI).
Señor Presidente, 12 000 muertos en diez días, tres veces más que en las torres gemelas. Mil muertos diarios, fallecidos en la soledad, en el abandono. Los cadáveres se amontonaban en camiones frigoríficos, en arcones del Ejército, en un mercado de frutas y verduras de la región parisina, en Rungis. Desde el hombre del Neandertal, mucho antes de Antígona, no se había violado la ley de la sepultura. 
¿Dónde sucede este Timisoara? ¿Con Milosevic? ¿En Bagdad, con Sadam Husein? ¿En la Austria de Heider? ¿En los campos vigilados por guardias de que hablaba Berlusconi? ¿En Somalia, en la Rwanda de las mil colinas? ¡Esto pasa en Francia! En la Francia de los mundiales de atletismo, la Francia de los derechos humanos, la Francia de las medallas de oro, la Francia de Valéry Giscard d'Estaing, padre de la Constitución, cuyo artículo primero reconoce el derecho a la dignidad, también para los ancianos.
¿Dónde se produjeron todas estas muertes? El 66 % ocurrieron en residencias de ancianos, hospitales y centros especializados. No se les dio de beber suficiente. Murieron deshidratados. ¿Por qué? Porque no había enfermeras, no había personal, no había médicos. ¿Por qué? Porque el pacto de estabilidad presupuestaria exige ahorros y recortes. Así que se hacen recortes en detrimento de los más débiles, de los que no pueden manifestarse, en detrimento de los mayores. 
La mayoría de los muertos son mujeres. No murieron a causa de la violencia doméstica, como cree la comisión para los derechos de la mujer. No murieron por discriminación o por falta de igualdad, murieron deshidratadas. Lo que nos lleva a las causas, es decir, al efecto acumulativo de errores colectivos cometidos en los últimos 20 años. El error colectivo del ultraliberalismo, del economicismo; en el siglo XIX, el ultraliberalismo nos trajo a Zola, a Victor Hugo, al proletariado y a millones de muertos, y ahora el ultraliberalismo vuelve a ocasionar más muertos. El error colectivo del derecho humanista, que no deja lugar para Lenin entre los derechos formales y los derechos naturales, por no mencionar al fariseísmo, que proclama derechos sólo en la medida en que son violados. 
Entonces, ¿qué hacer? Evidentemente, señor Barnier, podemos anunciar créditos, planes, una nueva economía y una nueva jerarquía. Pero la verdad es que, según dicen las estadísticas, entre los muertos no figura ni un solo representante de las clases medias ni de la alta burguesía. Los que han muerto son gente humilde. Es una suerte que hayamos prohibido las harinas cárnicas, porque si no habrían acabado como picadillo para las granjas porcinas. Porque lo cierto es que a los cerdos no se les abandona, a diferencia de lo que les ocurre a los mayores en Francia.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias al Comisario Barnier, que, como siempre, ha abordado el dramático problema de este verano con claridad y con una gran capacidad para explicar la actividad de la Comisión.
Solo un punto me causa cierta perplejidad: me resulta difícil establecer diferencias entre la sequía y los incendios, sobre todo en sus secuelas medioambientales y económicas. Si hay alguna diferencia, ésta radica en las causas, porque por desgracia los incendios han sido provocados en muchos casos por la locura humana, por un pirómano, mientras que difícilmente se podría culpar a alguien de la sequía.
Señor Comisario, permítame ahora evaluar lo que ha sido un verano terrible para Europa desde la perspectiva agrícola, porque, a mi entender, el problema es verdaderamente enorme. La sequía de los últimos meses constituye otra demostración más de que el irrefutable cambio climático del planeta tiene efectos indiscutibles sobre el medio ambiente y, en particular, sobre nuestra agricultura. Me temo que los casos extremos se han convertido en norma: sequía, lluvia, ciclones, inundaciones son efectos de un proceso de desertización que por desgracia está afectando a Europa, en particular a la Europa mediterránea y oriental y que, en última instancia, tiene un altísimo coste para la agricultura, porque estos desastres generan una crisis económica, una vorágine de costes de producción y reducen gravemente los márgenes comerciales de los productos agrícolas, hasta el punto de comprometer, en un verano como éste, la continuidad de la actividad empresarial en amplias zonas de Europa.
No pretendo pintar un cuadro que es todo negro: simplemente describo una situación y quisiera identificar instrumentos de ayuda y apoyo a favor de la agricultura. En este caso, sería importante que la Comisión, en líneas generales, hiciese una evaluación detallada y adoptase instrumentos concretos para analizar y abordar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos europeos para los próximos decenios, sobre todo con miras a su conservación.
Están después las necesidades inmediatas. Considero que, si bien la magnitud de los daños de la sequía, que se conocerán cuando finalicen las operaciones de cultivo y de recolección del producto, podría determinar, o determinará, la activación del Fondo de Solidaridad Europeo, al mismo tiempo sería indispensable poder tener la posibilidad, como en otros momentos de emergencia declarada, de anticipar a los agricultores el pago de las primas comunitarias. En este sentido, la institución de una Cumbre europea que coordine todas las entidades interesadas en las emergencias catastróficas podría ser un instrumento útil, necesario para apoyar medidas de mejora de la situación, en particular el estado de la economía agrícola.
No de inmediato pero en breve, una estimación de los daños, si bien difícil pero ciertamente próxima al umbral para poder beneficiarse de los instrumentos de solidaridad que acabo de mencionar, podría requerir por parte de la Comisión una atenta reflexión y una propuesta para llegar a una reforma multirriesgo ajustada a las nuevas condiciones climáticas de nuestro continente. Éste sería sin duda un instrumento muy útil, completamente innovador, en apoyo de nuestra agricultura.
Colom i Naval (PSE).
Señor Presidente, permítame que comience expresando mi pésame y dolor por las muertes y los fallecimientos habidos. Creo que la condolencia a los familiares es nuestro primer deber. Pero, si bien esto es justo e imprescindible, no podemos limitarnos a esta expresión de solidaridad humana inmediata.
Han muerto personas, -por cierto, que en mi país aún no se sabe cuántas-, y es, sin duda, lo más importante; pero también podemos decir que han muerto casas, paisajes, fauna, flora. El fuego fragiliza los suelos y un día de éstos llegarán las tormentas tradicionales típicas, previsibles de toda la vida, de septiembre y octubre, en el litoral mediterráneo, que van a aprovecharse de este suelo fragilizado para erosionar aún más estas zonas. Tengámoslo ya presente. 
Sin duda la canícula y la sequía han contribuido a esta catástrofe, pero el calor no es un fenómeno nuevo en el Mediterráneo. Ya se ha dicho, llevamos siglos teniendo calor. Lo que es excepcional son estas temperaturas que superan todo lo que conocemos y, por lo tanto, los escépticos del cambio climático quizá deberían reflexionar al respecto y los gobiernos, las empresas y los particulares deberían tomar las medidas oportunas.
La gente se pregunta qué hace la Unión Europea al respecto. El Comisario nos propone movilizar el fondo de solidaridad, y estoy de acuerdo -soy el ponente por la Comisión de Presupuestos, por lo tanto, no cabe duda de que lo acogeré con simpatía-, pero el fondo de solidaridad, señor Comisario, se refiere a las catástrofes naturales y éstas no son sólo naturales. Hay pirómanos y hay numerosísimos casos criminales y hay que preguntarse también qué hacemos con la directiva y demás normativas de responsabilidad medioambiental, cómo la aplicamos, cómo se transpone y cómo se ejecuta, cómo exigimos esa responsabilidad. 
Me inicié en este Parlamento en 1986; creo que mi primera acción fue una propuesta de resolución para pedir programas de prevención de incendios forestales en el Mediterráneo. Lo sacamos adelante cinco años después, en 1992, y hemos tenido un programa de diez años 1992-2002. ¿Por qué siempre han sobrado créditos, señor Comisario? Usted nos ha explicado algunos ejemplos positivos, pero yo, como presupuestario, le digo que cada año en la transferencia de ramassage hay créditos que provienen de ese fondo ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos no los han utilizado? Me parece muy grave, porque si no se utilizan volveremos a estar el año que viene en las mismas. 
Hemos de emprender una acción comunitaria. Los Estados tienen su responsabilidad, pero, creo que la Unión Europea tiene aquí el deber de un liderazgo y de imponer medidas; de lo contrario tendremos que confiar en que, como cada año, los inviernos apaguen los incendios del verano.
Lipietz (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ha dicho el Comisario Barnier, es importante que la Unión Europea reitere su solidaridad con los países que han visto afectados sus recursos forestales y sus producciones agrícolas. Dicho esto, sería un error muy grave reducir la catástrofe ecológica de este verano a las pérdidas económicas que ha acarreado. Se trata, ante todo, de una enorme catástrofe humana, equivalente en el conjunto de Europa a diez veces los atentados del 11 de septiembre. De hecho, se trata de la primera gran catástrofe tanto económica como humana provocada por el cambio climático en la zona templada. Este cambio climático ha coincidido con otra tendencia igualmente catastrófica: el creciente aislamiento de una sección de la población que cada vez es más dependiente, porque es mayor.
Dejo a mis compañeros del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea la tarea de exponer las prioridades absolutas resultantes de esta vergonzosa experiencia, de esta condena de nuestro modelo de desarrollo: la necesidad de acelerar Kioto, el rechazo de un relanzamiento económico basado en un programa de autopistas, el descrédito de la energía nuclear como alternativa a las energías fósiles, la obligación de adaptar nuestra flora y nuestro hábitat a los cambios que ya se han producido. Pero igual de importante es la adaptación de nuestro sistema sanitario y nuestras redes de seguridad social para proteger a nuestros mayores contra los efectos del cambio climático. La relajación de los lazos familiares, entre ellos los lazos mantenidos por la proximidad geográfica, debido a la individualización de nuestras sociedades y a la creciente movilidad es un fenómeno más bien irreversible y que no siempre es negativo. Nuestros mayores, nosotros mismos mañana, podremos hacer frente a la situación si se crean en compensación unos servicios de interés general, ya sea en el sector público o en el tercer sector, el asociativo y el cooperativo. Si Francia ha resultado especialmente afectada, ¿no será ante todo porque desde hace dos años se han reducido a la mitad las subvenciones que reciben las asociaciones que gestionan residencias de ancianos, del mismo modo que se han reducido los subsidios que reciben las personas dependientes?
Esta es la razón por la cual pedimos a la Comisión que elabore un Libro verde sobre la protección de las personas de edad avanzada y la forma de combatir los riesgos climáticos y, en términos más generales, los riesgos sanitarios, apoyándose en las mejores prácticas europeas.
Ferrer (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, una vez más, desgraciadamente, los incendios forestales han asolado los bosques mediterráneos, este verano con una especial virulencia, a causa de las condiciones climatológicas que hemos sufrido.
Más allá de la pérdida de vidas humanas, que debemos lamentar, más allá de las imágenes dantescas que los incendios han dejado tras de sí y de las pérdidas económicas que han ocasionado, la magnitud del desastre que año tras año se cierne sobre los bosques del sur de Europa y las consecuencias que ello entraña para la Unión Europea en su conjunto ponen en evidencia la necesidad de una política comunitaria de protección de los bosques contra los incendios dotada de recursos financieros propios, que tenga en cuenta la especificidad de los bosques mediterráneos y que contemple las medidas de prevención como parte integrante de la gestión de los bosques, tal como este Parlamento, en su momento ya había pedido.
No hay que olvidar que los bosques mediterráneos y los bosques del norte tienen un desarrollo absolutamente diferenciado, y por tanto se rigen por leyes completamente diferentes. A igualdad de suelos, los factores limitantes del crecimiento son el agua en los bosques mediterráneos y la luz en los boreales. En los mediterráneos, donde la luz no falta, llegan a competir por el agua los árboles superiores, los arbustos y las hierbas a ras de suelo y, al ser factor limitante, llega un momento en que cada gota de agua que cae debe repartirse al nivel del suelo. El nivel freático baja entonces, las raíces no llegan a ese nivel y mueren, y a continuación, la parte aérea, la masa, se densifica y finalmente -desgraciadamente- llega el incendio de forma recurrente que nos obliga a volver a empezar.
Este desarrollo diferenciado requiere gestiones forestales también diferenciadas y que en los bosques mediterráneos, gestión y prevención formen parte de un todo indisociable, única forma de evitar, cada verano, estas oleadas de incendios más o menos graves en función de las condiciones meteorológicas.
Los bosques mediterráneos constituyen parte del patrimonio común de todos los europeos; de ahí que la lucha contra los incendios forestales no sea responsabilidad sólo de los Estados miembros o de los gobiernos regionales que tengan competencia en la materia, aunque es indudable que una correcta aplicación del principio de subsidiariedad es fundamental para mejorar la eficacia de las medidas a emprender. Las competencias comunitarias en materia medioambiental así como el compromiso asumido por la Unión Europea en Kyoto exigen una mayor dotación presupuestaria y una mayor implicación de la Unión Europea en la lucha contra los incendios.
(El Presidente retira la palabra a la oradora)
Savary (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero dedicar un recuerdo emocionado y un tanto horrorizado a todos esos muertos relacionados con la catástrofe sanitaria que ha afectado tan cruelmente a las personas de edad avanzada en nuestro país, Francia, pero también en otros países. Creo que esas muertes tienen que ser nuestro principal motivo de preocupación.
Pero hablaré esencialmente sobre el problema de los incendios forestales. Todos los años, por desgracia, acostumbramos a expresar nuestras condolencias: así sucedió el año pasado con las inundaciones en Europa central y así sucede este año con los incendios. En general, encontramos las palabras adecuadas y nuestra sinceridad es indudable, pero muy a menudo nos sentimos impotentes para dar una auténtica respuesta europea. 
Durante mucho tiempo no tuvimos más que palabras, hasta que, tras los debates que recorrieron todas las formaciones políticas, y por iniciativa suya, señor Comisario, y le felicito por ello, creamos este Fondo de Solidaridad, que hoy responde a un compromiso muy ampliamente compartido: hacer que la Unión Europea esté lo más cerca posible de los ciudadanos, sobre todo cuando sufren graves infortunios. Usted nos ha explicado cómo se está utilizando este nuevo instrumento. Creo que presta grandes servicios. Alivia los efectos de las crisis grave, pero curiosamente, por un extraño giro de la Historia, estamos reviviendo la misma situación con los incendios forestales. 
Antes teníamos una política, un instrumento y un presupuesto específicos. Ya lo mencionó la Sra. Ferrer y no ha pasado tanto tiempo; hablamos de 1992. Se trataba de un reglamento europeo que permitía a todos los silvicultores o autoridades públicas en posesión de bosques, invertir en medidas preventivas - porque, como usted ha dicho, señor Comisario, más vale prevenir que curar - en equipos especializados de lucha contra incendios: cortafuegos, puntos de abastecimiento de agua, pistas de acceso y otros. Ahora bien, a principios de año consideramos oportuno derogar ese reglamento que estaba dotado, para el período 1992/1997, con 52 millones de euros y, para el período 1997/2002, con 77 millones. Hoy, se nos propone otro reglamento que tiene una vocación distinta, en el que no aparece ni está presupuestada la protección de los bosques contra los incendios, que es el 'Forest Focus?, dotado con 41 millones de euros. Si seguimos por esta misma línea, llegaríamos a la conclusión de que en 2003, un año catastrófico en cuestión de incendios, la Unión Europea tomó la decisión de desentenderse de su política de protección de los bosques contra los incendios. 
Creo que debemos evitarnos el ridículo de la desaprobación de nuestros conciudadanos. Señor Comisario, somos muchos aquí, en todos los bancos, los que consideramos que 60 millones de euros es un precio muy alto por perjudicar la imagen de Europa, por deshacernos, justamente el día que se producía una catástrofe de esta magnitud, de una herramienta de prevención que funciona, que satisface y que reclaman todos los silvicultores de Europa. 
Le pido pues que repita la extraña maniobra que hicimos con el Fondo de Solidaridad cuando contábamos con muy vivas oposiciones. Fueron necesarias las inundaciones alemanas para que se reconociera al fin la necesidad de crear un Fondo de Solidaridad. Puede que hayan sido necesarios los dramáticos incendios portugueses para reintroducir, así lo espero, este reglamento sobre la protección de los bosques contra los incendios, que nos ha hecho un buen servicio y cuyo abandono constituiría, me parece hoy, una muy mala señal.
Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, en este mismo momento el fuego sigue arrasando parte del macizo de Maures en Francia. Desolación, perplejidad, cólera, es lo que se siente cuando se recorren las zonas calcinadas. Sé que usted propuso la creación del Fondo de Solidaridad en nombre de la Comisión, ¿qué puede hacer el Fondo ante la magnitud de los siniestros y los costes que generan? Sectores enteros de la economía quedan reducidos a la nada. 
Por otra parte, la naturaleza, ya debilitada, sigue pagando el precio de unas políticas incoherentes. ¿Quién financiará la recuperación de las zonas Natura 2000 cuya designación nos resultó tan difícil debido a los intereses del desarrollo turístico masivo? ¿Y no hemos ignorado otras catástrofes, como las aguas de nuestros ríos que no enfriaban ya las centrales nucleares pero en las que el Gobierno francés, por ejemplo, autorizó el vertido de aguas aún más calientes? 
Realmente, ya va siendo hora de poner fin esta situación, señor Presidente, señor Comisario. Usted mismo nos ha recordado los compromisos que contrajimos en Kioto en materia de calentamiento del planeta. Pero ¿qué hace la Unión para imponer una política de transportes distinta, una política energética distinta? Porque esta ola de calor, todos lo sabemos y lo hemos dicho y repetido, es un anticipo de los problemas que tendremos que afrontar en el futuro. Los meteorólogos son unánimes: podemos esperar otras olas de calor. 
Tras estos desastres, señor Comisario, ha llegado la hora de pasar a la acción. Pero ahí está el problema. Ni siquiera en esta Cámara utilizamos los mismos términos para referirnos a lo mismo. Desarrollo sostenible, transporte sostenible, economía sostenible: todas las políticas europeas son hoy sostenibles. Pero para afrontar la crisis ecológica, tenemos que cambiar de política, y nuestras políticas han de ser ecológicamente sostenibles. Tenemos que adoptar una política medioambiental que no siga considerándose un accesorio opcional, como sucede hoy. 
El medio ambiente ha de ser una prioridad en nuestras decisiones políticas, cosa que no siempre sucede, como bien sabemos. Por otra parte, en la Comisión disponemos de medios técnicos - no merece la pena explicarlos aquí; ya los conocen ustedes - para afrontar el reto, pero lo que falta claramente es voluntad política, digan lo que digan los gobiernos. Así pues, señor Comisario, contamos de verdad con usted para convencer a los políticos de que tomen otras decisiones.
Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a la Comisión por la rapidez y generosidad con que respondió al llamamiento del Gobierno portugués, para ayudar a minimizar los costes de las pérdidas causadas por los incendios. También quiero dar las gracias a nuestro Presidente, Pat Cox, que no está aquí, aunque espero que el señor Presidente de la Mesa aquí presente le transmita este agradecimiento, por la rapidez con la que respondió a las cartas que le escribieron diputados portugueses de todos los partidos, incluido el mío, una carta iniciada por el diputado Carlos Coelho y suscrita por varios de nosotros, por la forma en la que respondió rápidamente a los llamamientos que le hicimos; y también quiero agradecer a los presidentes de los grupos políticos la rapidez con la que decidieron organizar este debate de urgencia sobre la cuestión del calor, de los incendios en particular, que es la parte más visible, aunque también de otros males causados por el calor.
Quiero hacer un llamamiento al Comisario y también a la buena voluntad de esta Cámara para lo que está en juego en el caso de Portugal. Todo el mundo sabe que aquí hay daños directos, que resultan visibles, inmediatos, y daños a largo plazo que no por ello son menos importantes. De los daños directos tenemos una evaluación que es objetiva, que ronda los dos millardos de euros. En esas cuentas que se hicieron, que fueron presentadas a la Comisión, se pone de manifiesto que hay casi 100 millones de euros como mínimo -cerca de 95 millones de euros- que son susceptibles de recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
El Gobierno portugués presentó una solicitud de cerca de la mitad de esa suma y la Comisión propone una ayuda de 32 millones de euros. Es una ayuda positiva y muy importante, no lo negamos, pero es claramente insuficiente frente a la cantidad que se necesita. La primera razón fundamental es la dimensión de la catástrofe: está en juego casi el 1% de nuestro Producto Nacional Bruto y este año ha ardido tanto como en los diez años anteriores. Es algo que excede nuestras posibilidades, teniendo en cuenta además que tenemos ante nosotros un mecanismo financiero rígido, como es el Pacto de Estabilidad.
El segundo aspecto son los daños indirectos, que en el futuro serán fundamentales, ya que se trata de zonas pobres del interior del país donde el bosque constituía la base del empleo. Tenemos que pensar ahora en movilizar instrumentos de apoyo a la economía, ya sea en el ámbito de este marco comunitario de apoyo, reprogramación y redistribución, ya sea -sobre todo en el futuro- en el próximo marco comunitario de apoyo, o en el ámbito de la PAC, de la política de desarrollo regional y de la política de desarrollo rural.
Una cuestión fundamental y con esto termino, señor Presidente: aquí se ha puesto de manifiesto que se necesita algo más que una estrategia forestal para la Unión Europea y se ha puesto de manifiesto que el bosque mediterráneo corre mucho más peligro que el bosque del norte de Europa. Tenemos que llegar mucho más lejos y la Comisión tiene que revisar su propuesta sobre el Eje Bosques, que es claramente insuficiente en materia de prevención forestal.
Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, como es natural también quiero expresar mi solidaridad con los países del sur, pero espero que no les importe que no vuelva a repetir todo lo que han dicho ya mis colegas diputados, sino que me concentre en la sequía que ha afectado a mi país. Los que podemos retrotraernos un poco más al pasado sabemos que los veranos tórridos han sido frecuentes, y por eso no figuro entre las personas que consideran este verano del siglo como un fenómeno más bien único, pero dada la tensa situación financiera de las explotaciones agrícolas, difícilmente podemos calificar este verano de nada más que un gaje del oficio.
Al igual que el informe sobre las cosechas que se ha presentado, las cifras oficiales del Ministerio vienen a confirmar también las enormes pérdidas en las cosechas ocasionadas por la sequía en Alemania, así como en los países europeos colindantes, y usted ya ha apuntado que la Comisión Europea ha dado los primeros pasos con vistas a asegurar que los pagos directos que en todo caso se adeudan a los agricultores se realicen de forma más rápida y en fecha más temprana. Aunque lo considero alentador, no se trata de una aportación adicional de dinero. Refuerza la liquidez de las empresas, lo que les permitirá adquirir piensos y sembrar nuevos cultivos. Pero permítame preguntarle por algo que ya se ha debatido brevemente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a saber, que en el presupuesto agrícola de la UE no hay disponibles fondos no contratados. Yo pensaba que había recursos disponibles. ¿No es concebible que este es un ámbito en que la ayuda podría concederse de forma más rápida, con cofinanciación a nivel nacional, tal como se plantean algunos Estados federados de Alemania?
Permítanme decir a modo de conclusión, puesto que se ha aludido a ello en numerosas ocasiones, que la consecuencia final para la silvicultura, incluso en nuestro país, será que los recursos financieros de muchos agricultores no bastarán para permitir la reforestación. Si hemos de hablar del desarrollo rural, deberemos plantearnos muy seriamente cómo queremos abordar este problema.
Moreira da Silva (PPE-DE).
Señor Presidente, qué pena me da que hoy no estemos legislando sobre cambios climáticos, porque, ante una declaración de fe como la que acabo de presenciar, creo que no tendríamos tantas dificultades para legislar como tuvimos en los últimos meses. Lo digo con la experiencia de haber sido ponente en este ámbito y de haber sentido muchas veces cierto escepticismo en relación con los cambios climáticos.
Aprendamos, así pues, las lecciones. En primer lugar, avanzando hacia una gestión sostenible de los bosques que apueste más por las especies autóctonas y menos por las especies exóticas, que apueste por el uso múltiple de los bosques, porque la presencia humana en actividades como la caza, el turismo, la apicultura, la silvicultura, el pastoreo y la agricultura es la mejor fuerza disuasoria y la mejor herramienta de vigilancia. Pero aprendamos también lecciones relativas al cambio climático: los incendios, que contribuyen de inmediato al cambio climático, dado que son grandes emisores de dióxido de carbono y reducen nuestra capacidad de absorción de carbono, son también cada vez más una consecuencia del cambio climático. Estamos en un camino inexorable hacia el cambio climático. La década de los noventa fue la más cálida de los últimos doscientos años, el pasado verano se alcanzaron máximos de temperaturas históricos en varias regiones del sur de Europa, los científicos apuntan un aumento de 5,8 grados en la temperatura de los próximos cien años y por este motivo es urgente, en primer lugar, en el plano interno, continuar en el ámbito de los transportes con los importantes esfuerzos que ya iniciamos a través del comercio de emisiones, de medidas de reducción en la industria y en la energía. Sin embargo, también es urgente, en el plano exterior, presionar a los Estados Unidos para que se adhieran al Protocolo de Kioto. Kioto supone un pequeño paso, sólo un 5% de reducción, mientras que los científicos dicen que tenemos que reducir en un 70% las emisiones del planeta.
Martin, Hugues (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mis condolencias a todas las regiones del sur de Europa asoladas por los dramáticos incendios. Esos sucesos constituyen un verdadero drama humano, medioambiental y económico. Como ha dicho, señor Comisario, reparar es más caro que prevenir: por tanto, hay que conceder a la prevención toda la atención y la financiación que merece. 
A este respecto, puedo atestiguar que la creación en los bosques de Aquitania de una red de pistas, cortafuegos y zanjas, la multiplicación de los puntos de abastecimiento de agua y el establecimiento de puntos de vigilancia ha permitido limitar de forma muy significativa la propagación de los incendios incipientes. Estas medidas preventivas fueron financiadas concretamente por un reglamento europeo dedicado a la protección de los bosques contra los incendios, el famoso Reglamento 2158/92/CEE, que lamentablemente se abandonó a finales de 2002. Pese a los indiscutibles efectos beneficiosos de este reglamento, la Comisión, como muchos hemos señalado, ha transferido sólo el aspecto relativo a la vigilancia de los incendios a su propuesta Forest Focus; la prevención se ha incorporado al desarrollo rural, cuya financiación es mucho más aleatoria. 
La Comisión demuestra así su intención de abandonar pura y simplemente la política europea de defensa de los bosques contra los incendios para y transferirla al ámbito nacional. Considero que esta decisión es un error político, económico y medioambiental. Bastante antes de los terribles incendios de este verano, digo bastante antes, y más concretamente el pasado 29 de abril, escribí al Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Romano Prodi, para comunicarle mi extrañeza ante la posición de la Comisión. En efecto, ésta se pronunció a favor de rechazar en primera lectura las enmiendas del Parlamento que integraban la prevención de los incendios en Forest Focus. 
Como respuesta, no obtuve sino la confirmación de esta línea de actuación cuanto menos sorprendente. En un momento en el que el Parlamento Europeo se dispone a debatir de nuevo en segunda lectura la propuesta Forest Focus, debemos movilizarnos para conseguir que incluya medidas relativas a la prevención de incendios. Para el presupuesto comunitario esta financiación representa una gota de agua, pero, señor Comisario, una gota de agua que puede apagar muchos incendios.
Redondo Jiménez (PPE-DE).
Señor Comisario, nos ha dicho usted que reparar cuesta más que prevenir, y eso es como decir a los que ya están en la iglesia que vayan a misa. Aquí de lo que hablamos es de prevenir.
La Comisión, al presentar el "Forest Focus", disminuye su dotación económica de dieciocho a trece millones de euros, diciendo que los cinco que faltan han pasado al Reglamento de Desarrollo rural; pero al final ha tenido que decirnos que esta transferencia no se ha realizado, lo que hace pensar que se han perdido por el camino.
Como decían el Sr. Martin y muchos de mis compañeros, y no voy a repetirlo, desde el punto de vista político no es presentable que el presupuesto previsto para el único Reglamento dedicado exclusivamente a la protección de los bosques, a la contaminación y a los incendios se reduzca en cinco millones de euros, para decir que en este momento vamos a luchar contra los incendios, quitando la prevención, vamos a estudiar la contaminación, a incrementar la biodiversidad y también a estudiar el carbono. No se pueden hacer muchas más cosas con mucho menos dinero, porque cinco millones de euros, de dieciocho millones, es un porcentaje muy importante. 
Me gustaría no tener que hablar ni tener que lamentar, ni solidarizarme con las familias de los desaparecidos en estos incendios, ni tampoco con el paisaje, con las viviendas, etc., con todo lo que ha desaparecido, pero creo que es una política mezquina de la Comisaria de Medio Ambiente el tratar de disminuir los únicos fondos que hay y tratar de decir que se han transferido a Desarrollo rural cuando, en primer lugar, los países no han tenido posibilidades de introducirlos en sus programas y, en segundo lugar, tampoco están los fondos en Desarrollo rural.
Gracias, señor Comisario, le ruego que transmita lo expuesto a la Comisaria Sra. Wallström, para que en segunda lectura podamos aprobar las enmiendas que el Parlamento ha aprobado ya.

Bastos (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después de lo que se ha dicho no voy a poder ser original. Desafortunadamente, este verano el sur de Europa se vio azotado por los incendios en Francia, España, Italia, aunque mi país, Portugal, resultó particularmente afectado. Los incendios, que afectaron a 15 de los 18 distritos, provocaron la desaparición del 5% de los bosques del territorio nacional. Las consecuencias de esta tragedia son económicas y ambientales, pero también humanas. No puedo dejar de rendir homenaje a las víctimas mortales, que fueron 18, y expresar mis condolencias a sus familias. No obstante, también quiero expresar mi solidaridad con todos los conciudadanos cuyas vidas se vieron afectadas por los incendios y que viven momentos de angustia por lo que respecta a su futuro y, sobre todo, a aquellas familias que tenían en el bosque su principal -y, en algunos casos, su único- medio de subsistencia.
Las dimensiones de esta tragedia exigen solidaridad de la Unión Europea y que esa solidaridad sea inmediata y adecuada. Así pues, subrayo lo que ya han mencionado otros colegas con relación a la eficaz e inmediata acción del Gobierno portugués, que puso en marcha medidas y acciones para minimizar las consecuencias sociales y humanas, así como las palabras de apoyo y el anuncio de un paquete financiero del Fondo Social de la Unión Europea del Comisario Barnier, con ocasión de su visita a Portugal, la semana pasada.
Señor Comisario, supo hablar en el tono adecuado y le doy las gracias por ello. Y con el tono adecuado consiguió atenuar nuestra angustia. Sin embargo, como dice el Comisario, también nosotros consideramos que la ayuda anunciada no satisface las expectativas. Se trata de una situación trágica, de dimensiones excepcionalmente trágicas. Permítanme que insista: es una catástrofe dramáticamente excepcional y a los casos excepcionales hay que responder con el apoyo adecuado. Esperamos, señor Comisario, que el efecto tan elocuente del escenario, la ceniza y la negrura que sus ojos presenciaron en Portugal durante los incendios constituya el argumento que falta para que se ofrezca una respuesta positiva a la petición razonable y adecuada de las autoridades de mi país.
Maat (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi solidaridad con mis colegas del sur de Europa. Me complace que la Comisión también lo haya hecho, pero esto indica claramente que el desastre que les ha ocurrido hace necesaria la solidaridad europea. Europa ha de demostrar lo que puede hacer en el ámbito social. 
Señor Presidente, en este debate también quiero recalcar otra cuestión. No es aceptable que la sequía por la cual se ve afectada la agricultura europea conlleve una ventaja financiera para la Comisión Europea. Sobre todo en el cultivo de patatas para procesado, por mencionar un ejemplo, amenaza con surgir esta situación. Tanto en los Países Bajos, Alemania, Dinamarca como en Austria, se espera que la cosecha se quede decenas de porcentaje por debajo de la media anual. A diferencia de otros productos, como las patatas destinadas al consumo, esta escasez no provocará un aumento de los precios. La delegación del CDA en el Parlamento Europeo quiere que la Comisión Europea haga a corto plazo un inventario de la medida en que la producción se queda por debajo de la cuota fijada y de cuáles son las ventajas financieras resultantes. Por ejemplo, una pérdida de la producción del 25% produce un ahorro de 30 millones de euros para la Comisión Europea, porque en este cultivo y en otros cultivos la cuota está directamente vinculada a la cosecha. Ya solo por estas razones es conveniente indicarlo, sobre todo porque en 2004 tendrá lugar una disociación del 40% para estos cultivos, lo cual significa que las cuotas ya no dependerán de las cosechas. Precisamente este sistema podría aplicarse en parte ya en 2003. 
Además, la delegación del CDA en el Parlamento Europeo considera que la Comisión debería iniciar un debate sobre la estrategia europea en relación con una gestión hídrica cualitativa. Desde el punto de vista cualitativo, la gestión hídrica europea ha sido un éxito, pero ahora que las inundaciones y la falta de agua se suceden con tanta rapidez, desde hace ya varios años, es preciso que hagamos lo necesario, también en el ámbito de la gestión hídrica con miras a una estrategia futura.
Rovsing (PPE-DE).
Señor Presidente, creo que este ha sido un debate muy interesante y solamente me gustaría comentar algunos de los puntos tratados. Hemos hablado de las emisiones de CO2 y el modo en que el clima depende de la situación energética, y hemos hablado de la necesidad de una energía bastante más sostenible.
Durante la ola de calor en Dinamarca, donde vivo, observé nuestros numerosos molinos de viento y pude ver que no se movían. No había viento, y por lo tanto debemos llegar a la conclusión de que solamente con el viento no resolvemos el problema. Sin embargo, lo que abundaba era el sol, y por lo tanto debemos disponer el desarrollo de células fotovoltaicas y solares de forma que realmente podamos hacer uso del sol que emite tanta energía hacia la Tierra. El hecho de que hayamos tenido problemas con algunas centrales eléctricas, que no pudieron funcionar con mucho calor, es algo que debemos compensar mediante la creación de un sistema adecuado y potente de alto voltaje, de forma que podamos tener un auténtico intercambio de energía entre las distintas regiones de Europa.
Los incendios forestales que hemos sufrido no tendrán un efecto medioambiental a largo plazo, ya que los árboles en cualquier caso habrían acabado emitiendo CO2 de igual modo. Sin embargo, el desastre ha tenido un alcance muy grande, como todos hemos oído y todos admitimos. Me parece increíble que superficies tan grandes puedan incendiarse sin que sea imposible apagar el fuego. Esto me lleva a coincidir con el Sr. Martín respecto a que debemos disponer que se establezcan cortafuegos de gran tamaño en forma de caminos amplios o, todavía mejor, corredores muy amplios de forma que los incendios no puedan extenderse del modo que hemos visto y de forma que protejamos nuestro campo y las zonas rurales.

Barnier
Señor Presidente, Señorías, gracias a todos por su atención, por su presencia hoy aquí y, a los que han intervenido, por sus preguntas y observaciones. Quiero decir en particular al Sr. Lage y a sus colegas portugueses que aprecio mucho sus palabras de agradecimiento. Sin embargo, tengo la impresión de no haber hecho más que mi trabajo, al igual que la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Vitorino, que también visitaron Portugal para expresar la solidaridad europea con palabras, con compasión, pero también con hechos concretos, aunque comprendo que a veces puedan parecer insuficientes. En todo caso, les doy las gracias por sus comentarios. 
El Sr. Coelho ha mencionado la rapidez del pago. El pasado miércoles, al mismo tiempo que yo proponía esos 31,6 millones de euros, la Sra. Schreyer proponía el procedimiento necesario para que las dos ramas de la autoridad presupuestaria, el Parlamento Europeo y el Consejo, puedan pronunciarse muy rápidamente, sin duda antes de final de mes, para que puedan transferirse todos los fondos a Portugal en el mes de octubre. Podrán utilizarse, por tanto, a partir del mes de octubre.
El jueves me entrevisté con la Ministra de Economía portuguesa, que prepara la distribución de estos fondos para ayudas o reembolso de gastos de primera necesidad. Una vez más, me ha sorprendido mucho la solidaridad, la generosidad y la movilización de la población portuguesa, pero también de los habitantes de otras regiones, de otros países y, como nos ha recordado el Sr. Coelho, no sólo de países de la Unión Europea. Se ha mencionado a Suiza. Marruecos ha contribuido también a las actividades de ayuda. Me parece algo fantástico, y tenía que decirlo.
La Sra. Figueiredo y la Sra. Ferrer han mencionado, como muchos de ustedes, la recuperación de los bosques, que llevará su tiempo. Lleva más tiempo cuando se trata de alcornoques -40 años- que de abetos. Es sorprendente ver, cuando se sobrevuelan las superficies quemadas, la cantidad de pistas forestales existentes. Se ve claro que se trataba de una auténtica actividad económica con personas que vivían de la explotación forestal. Durante el tiempo que lleve la reforestación, es necesario que esas personas vivan sin verse obligadas a marcharse a otro lugar, lo cual obliga a crear puestos de trabajo, sin duda en otros sectores, para que puedan quedarse. En todo caso, confirmo que los Fondos Estructurales podrán utilizarse y reprogramarse para este fin. 
Varios de ustedes, la Sra. Redondo Jiménez, el Sr. Martin, la Sra. Ferrer, el Sr. Savary y el Sr. Vallvé han hablado con cierta vehemencia de las medidas de prevención y protección, lamentando las modificaciones propuestas por la Comisión a propósito de Forest Focus. Quiero evitar la polémica y sobre todo los malentendidos y recordar o decir con toda firmeza que las necesarias medidas de protección y de prevención son y seguirán siendo financiadas en el marco de los programas de desarrollo rural. El nuevo Reglamento Forest Focus es, pues, un complemento, un añadido. Lo que la Comisión ha intentado hacer, aunque está claro que ha habido un malentendido, es evitar superposiciones o redundancias entre reglamentos. Por otra parte, la Sra. Wallström se reunirá en breve con la Comisión de Medio Ambiente y se explicará al respecto.
Quiero decir asimismo -los Sres. Rovsing y Hugues Martin han planteado esta cuestión- que, al hablar de reforestación, podemos referirnos a regiones que han sido devastadas tanto por incendios como por temporales. Recuerdo haber visto zonas de nuestra región, Aquitania, con miles de hectáreas de árboles derrumbados por las tormentas. Así pues, tienen que adoptarse diferentes métodos de reforestación teniendo en cuenta lo sucedido. Estoy pensando, sobre todo, en las zonas cortafuegos que ha mencionado el Sr. Rovsing. Les daré la siguiente estadística: el 10% del gasto en concepto de desarrollo rural para el período 2000-2006 se destina a medidas forestales y gran parte de ese dinero se consagra a la repoblación. Por lo tanto, sí que hay dinero. No es dinero lo que falta. Podemos pagar todas estas iniciativas y repito que, en lo que se refiere a los Fondos Estructurales, que son de mi responsabilidad directa, o en lo que se refiere a la formación y la Sra. Diamantopoulou, o al desarrollo rural y el Sr. Fischler, podremos aceptar con gran flexibilidad todas las propuestas de reprogramación o reasignación, como ya ha propuesto Portugal por un importe de 182 millones de euros.
El Sr. Ribeiro e Castro, la Sra. Bastos hace un momento y el Sr. Cunha, han lamentado que no se haya ido más allá de 31,6 millones de euros. Yo mismo dije el otro día que sin duda esa cifra no está a la altura de las necesidades. Repito que se asigna íntegramente a medidas de emergencia que, sin el Fondo de Solidaridad, nunca habrían recibido ayuda. Si esta catástrofe de Portugal se hubiera producido hace dos años, la dotación no habría sido de 31,6 millones, sino de cero euros. Como el Sr. Savary ha recordado hace un momento, la gravedad de las inundaciones nos llevó a reintroducir este Fondo de Solidaridad antaño suprimido. El antiguo Fondo estaba dotado de varias decenas de millones de euros, y lo volvimos a constituir con una dotación de mil millones de euros, lo cual representa todo un progreso. Dicho esto, todo lo que puedo hacer es aplicar los criterios que han sido aprobados por el Parlamento y el Consejo, aunque he de recordar que los que había propuesto inicialmente eran sensiblemente diferentes. Aplicamos estos criterios del modo más imparcial y objetivo posible, y se utilizan los mismos criterios en el caso de las inundaciones en Alemania, Austria, República Checa que en el caso de Portugal. Diré a la Sra. Bastos que no creo que esos criterios sean definitivamente buenos o ideales. Al contrario, considero que el papel de la Comisión es evaluar el funcionamiento del Fondo al cabo de dos años y, probablemente, proponer adaptaciones o modificaciones.
Agradezco a la Sra. Ries sus comentarios sobre la cuestión de la protección civil y transmitiré a la Sra. Wallström el apoyo de su Grupo a la idea de crear una fuerza europea de protección civil.
Le diré al Sr. Mayol i Raynal, que ya no está aquí, que me ha interesado mucho su idea, si he entendido bien, de una ciclopista europea. Desde hace tiempo me interesa personalmente el tema de los carriles para bicicletas, y comunicaré a la Sra. de Palacio la determinación del Parlamento Europeo a que se hagan progresos en este terreno.
Por lo que se refiere a la prevención, muchos de ustedes han mencionado naturalmente la mejor forma de prevención, que es, en efecto, mantener en las zonas afectadas a hombres y mujeres que trabajen y vivan en ellas. La Sra. Grossetête ha hablado de la desertización, al igual que los Sres. Vallvé, Fiori, Maat o Figueiredo. No es momento de abordar los distintos aspectos de la política agrícola común, pero cualesquiera que sean sus imperfecciones o insuficiencias y dejando a un lado el nuevo rumbo tomado por la PAC, -yo mismo he dicho que sería preferible hacer lo que el Sr. Fischler propone y tener en cuenta las exigencias medioambientales-, hay que decir francamente que, si la política agrícola común no hubiera existido, habría sido el fin de muchas regiones en las que todavía quedan agricultores. A eso añadiré que, si se quieren mantener actividades, y no sólo agrícolas y forestales, en las zonas rurales con riesgo de desertización, se necesitará también una política de apoyo regional. Lo cual aboga a favor de la idea de una nueva política regional, aunque todavía tenga que perfilarse mejor, que interese a todas la regiones de Europa. 
La Sra. Roth-Behrendt y el Sr. Moreira Da Silva, como muchos de ustedes, han mencionado la gran cuestión global de Kioto, el efecto invernadero, el calentamiento del planeta. Yo mismo he dicho lo que pensaba sobre este tema. No hay casualidades. No es casual que se produzcan temporales cada vez más violentos, que las temperaturas sigan subiendo, que el calentamiento del planeta produzca ese aumento de las temperaturas y que, de pronto, haya incendios, inundaciones y -probablemente lo observaremos en las próximas semanas- nuevas catástrofes producidas por las lluvias, las tormentas, la erosión. Creo, pues, que la Unión Europea tiene una responsabilidad común, comunitaria, de aplicar al pié de la letra el Protocolo de Kioto, como ya dije antes, y de convencer al mayor número de países, entre ellos Rusia, de ratificar este Protocolo que trata de organizar la prevención a escala mundial. Aparte de los esfuerzos que tengamos que hacer para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, están naturalmente todas las demás políticas que, desde mi punto de vista -se lo digo al Sr. Turmes porque estoy de acuerdo con él-, tienen que aplicarse teniendo esto en cuenta. Lo mismo puede decirse de las políticas que apoyamos a través de los Fondos Estructurales, o de los fondos para los transportes. Personalmente, deseo que la política de transportes europea se inclina más a favor del ferrocarril. Por otra parte, les recuerdo que, en el Fondo de Cohesión del cual soy responsable, la mitad de los créditos se han asignado al medio ambiente, y la otra mitad a los transportes.
En este contexto, estaré atento a los nuevos países que van a ingresar en la Unión, señor Turmes, porque tenemos que evitar que esos países, que están en plena reconstrucción, cometan los mismos errores que nosotros cometimos en materia de transporte después de la guerra: pasar líneas de alta tensión por cualquier sitio, construir carreteras en medio de las ciudades, construir grandes carreteras y autopistas cada vez con más hormigón, en vez de desarrollar el transporte por ferrocarril. Les prometo que en el futuro Fondo de Cohesión vamos a asegurar un equilibrio mejor. Ha olvidado usted, señor Turmes, un tema que también me preocupa: el transporte público en las ciudades. A través del Fondo de Cohesión, vamos a ayudar a las ciudades a ordenar el transporte público, en Varsovia y otras ciudades. Quisiera que esas ciudades dedicaran un mayor espacio y prestaran un mayor apoyo al transporte colectivo urbano. Repito que en la futura política regional sobre la que reflexiono en este momento, mi intención es hacer obligatorio este tipo de prevención de riesgos en todas las regiones europeas que reciban ayudas.
La Sra. Ainardi y la Sra. Keppelhoff-Wiechert han hablado de la política agrícola común en relación con la sequía, y quiero decirles que también nosotros, como ya ha hecho el Sr. Fischler, mostraremos una gran flexibilidad con la PAC para ayudar a los agricultores tan gravemente afectados actualmente, en paralelo y como complemento a las ayudas que reciban de los gobiernos nacionales. 
La Sra. Ries ha hablado de la educación. No tengo tiempo ahora para entrar en detalles, pero pienso que una forma de prevención en materia de medio ambiente consiste en explicar bien lo que está en juego y en educar a los ciudadanos, para evitar en lo posible no sólo los actos deliberados o criminales, sino también los actos de imprudencia.
Quiero expresar mi apoyo al Sr. Berthu, que mencionó la necesidad de ampliar el programa de investigación. Mi colega, el Sr. Busquin, tiene también la intención de aumentar las investigaciones en este campo, que son insuficientes en Europa. Como ha dicho el Sr. Colom i Naval, el esfuerzo de investigación es tanto más necesario, en lo que se refiere a la ola de calor y al calentamiento del planeta, cuanto que en el último decenio, de 1990 a 2000, hemos vivido los años más cálidos del último milenio. Es necesario, pues, que lleguemos a conocer mejor estos fenómenos para combatirlos lo más eficazmente posible.
He respondido a los comentarios del Sr. Fiori sobre la sequía. Él ha pedido a la Comisión que se haga cargo de la coordinación de los recursos hidráulicos. Me parece estupendo. El problema es que, en materia de ordenación del territorio o de recursos hidráulicos, muchas competencias no son comunitarias, sino nacionales e incluso regionales.
Por último, el Sr. Lipietz ha sugerido la elaboración de un Libro Verde sobre la protección de las personas de edad avanzada contra los accidentes climáticos. Me parece una sugerencia interesante, al menos para saber lo que ha pasado en todos los países, y obtener un panorama general de esta crisis, del modo en que se ha respondido a ella en diferentes países, además de compartir buenas prácticas. Transmitiré esta sugerencia a mi colega David Byrne. He de decir al Sr. Turmes que la carta mencionada por él y dirigida al Sr. Prodi será objeto de un examen muy atento, no sólo por parte del Presidente de la Comisión, sino de todos los comisarios que se ocupan de este tema y en particular del que acaba de dirigirse a ustedes.
El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0258/2003) del Sr. Radwan, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la adecuación de los fondos propios de los bancos (Basilea II) (2001/2257(INI)).

Radwan (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, se espera que este otoño el Comité de Basilea decidirá acerca de la dotación futura de los bancos con fondos propios. Sin duda analizaremos con espíritu muy crítico los planes de los Estados Unidos de transponer esto en la futura legislación y extraeremos, como es lógico, nuestras propias conclusiones a escala europea. Pero en caso de que se adopte tal decisión en el otoño, está previsto que iniciemos el proceso legislativo el año que viene. Este informe se centra principalmente en las pequeñas y medianas empresas, pues Basilea II tiene como objetivo conferir una mayor estabilidad a los mercados financieros internacionales, un objetivo compartido por todo el mundo.
Pero las repercusiones de Basilea II no deben afectar a quienes no han tenido ninguna culpa de la inestabilidad de los mercados financieros, en especial las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, que constituyen, como se pone de relieve una y otra vez, la columna vertebral de nuestra economía y el único medio que nos puede ayudar a salir de la crisis económica.
Desde hace bastante tiempo se viene reclamando un estudio, y tanto más importante es que se elabore para cuando se presente la propuesta de directiva, de modo que podamos extraer entonces las correspondientes conclusiones de cara a la legislación. Ahora quiero exponer algunos de los aspectos fundamentales de mi informe que considero muy importantes.
En primer lugar está la cuestión de la legislación. Soy muy crítico con el modo en que cada vez nos dotamos de más y más soft law, es decir, de una legislación que emana de organismos internacionales que carecen de legitimidad democrática. No constituye ninguna crítica a la labor que realizan, sino al modo de proceder. Si solo se tratara de Basilea II, tal vez podríamos pasarlo por alto, pero cada vez tenemos más organismos como Basilea II, como por ejemplo el de las normas internacionales de contabilidad, en los que se reúnen expertos y formulan unas normas que se presentan al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea en la perspectiva de que las vamos a transponer en la legislación sin mayores cambios. Como políticos responsables solo podemos responder a este modo de proceder con nuestra negativa. Tenemos que idear un proceso que sea más transparente, que influya en la composición de estos organismos. Aunque no considero necesario someter a debate cada detalle en el Pleno o en comisión, como políticos responsables tenemos que poder ejercer mayor influencia. Al fin y al cabo el año que viene se van a celebrar las elecciones europeas y a todos nos van a preguntar en casa por qué hemos adoptado tal decisión.
Ello me lleva al segundo punto, el de la comitología. Basilea II, lo tengo muy claro, no es el típico procedimiento Lamfalussy, ya que el proceso legislativo nos llevará a decidir conjuntamente sobre los anexos. Sin embargo, se aplicará el procedimiento Lamfalussy, pues en esa fase decidiremos qué anexos se modifican por qué procedimiento. Lo mismo se aplica en este caso; no se trata de una crítica generalizada al procedimiento Lamfalussy, pero antes hay que aclarar dos puntos. El primero -el fortalecimiento del derecho, el derecho de avocación- atañe a la Convención sobre la Constitución, y el segundo es por supuesto una observación crítica. ¿Funciona Lamfalussy tal como lo pensaron quienes lo crearon o es mejorable? Hasta aquí, para empezar, los principios fundamentales.
Es mucho lo conseguido hasta ahora; está el tope de un millón de euros, que exigimos que se ajuste según la inflación; se ha logrado la calificación interna y externa, y en esto tenemos que vigilar atentamente para que los bancos más pequeños no tengan que enfrentarse a los obstáculos de una burocracia excesiva; la diversificación del 0,2% debe desaparecer, y hemos de considerar la prociclicidad. Pedimos un estudio que vuelva a examinar en mayor profundidad este punto antes de que la legislación entre en vigor. ¿Qué trato van a recibir en el futuro las empresas de nueva creación en este ámbito? A escala europea sin duda tendremos una necesidad urgente del criterio de «según el caso» (partial use), que hasta ahora ha sido rechazado en Basilea II. Son estas cosas las que exigimos de Basilea, y si el Comité de Basilea hace lo que queremos, podremos aprobar las reglas sin mayores cambios. Pero si no lo hace, introduciremos la flexibilidad necesaria a escala europea.
Pero Basilea también ofrece oportunidades, como la calificación de las pequeñas y medianas empresas, para que tengan una idea clara del estado de sus operaciones, aunque para ello es necesario que los bancos dediquen tiempo suficiente para explicar la calificación, para colaborar con las pequeñas y medianas empresas y para apoyar su desarrollo. Por supuesto que nosotros también tendremos que hacer nuestros deberes a escala nacional. En mi país no paran de hablar sobre la escasez tradicional de recursos propios de las pequeñas y medianas empresas. Tengan en cuenta que la escasez de recursos propios de las pequeñas y medianas empresas no es una tradición que yo, como bávaro, considere positiva. Al contrario, es el resultado de una política fiscal equivocada durante las últimas décadas. Es hora de llevar a cabo las debidas correcciones cuando volvamos a casa.
Basilea II deberá transponerse en 2006 ó 2007. Si nos ponemos manos a la obra, este objetivo puede ser realista, pero para nosotros no es ningún dogma, es decir, nos reservamos el derecho a realizar las comprobaciones de las que dependerá la decisión.
(Aplausos prolongados)
Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, se trata de un tema importante. Quisiera empezar señalando que la Comisión agradece este informe de propia iniciativa redactado por el Sr. Radwan y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. El interés del Parlamento por esta cuestión es muy bien acogido. Junto con el proceso de consulta intensiva que ha tenido lugar sobre las propuestas de la Comisión, este debate contribuirá en gran manera a cumplir el apretado calendario de adopción de un nuevo marco en la Unión Europea al mismo tiempo que se aplica a escala mundial el nuevo Acuerdo de Basilea.
Comparto plenamente el punto de vista expresado en este informe de que las normas actuales sobre la adecuación del capital deben ser revisadas. Se han vuelto obsoletas y ya no reflejan la realidad del sector de servicios financieros.
También me alegra que el informe respalde el punto de vista de que el nuevo marco debería aplicarse a todo un amplio abanico de entidades bancarias y empresas de inversión. De esta forma se aseguraría una norma uniforme de supervisión así como una competencia leal. Un objetivo principal de la Comisión es asegurar que el nuevo marco se adapta no solo a los grandes bancos, sino también a bancos de menor complejidad y a las empresas de inversión. Nos hallamos ahora muy cerca de este objetivo.
Respecto a los créditos bancarios a las PYME -punto al que se ha prestado especial atención en el país del ponente-, el informe señala correctamente que se han logrado numerosas mejoras. Los resultados del último estudio de impacto indican que los requisitos de fondos propios para préstamos a las PYME son, en estos momentos, muy justos y que probablemente se van a reducir si se comparan con las normas actualmente en vigor. Esta es otra razón importante para no mantener las normas actuales. El informe reclama más reducciones para las PYME y en los requisitos de fondos propios de los bancos para capitales riesgo e inversiones en capital de empresas de nueva creación.
Es mi obligación decir al Parlamento que a la Comisión le preocupa mucho este asunto. El capital riesgo conlleva riesgos. Si utilizamos las normas de la prudencia para reducir artificialmente los requisitos de capital para las inversiones arriesgadas, pondremos en peligro los intereses que estamos intentando proteger, es decir, la seguridad de los ahorros de los consumidores y la estabilidad del sistema financiero.
El informe también identifica la cuestión muy importante de las consecuencias cíclicas potenciales de las nuevas normas: ¿qué ocurre si, en una coyuntura económica débil, la sensibilidad al riesgo de las nuevas normas provoca una menor disponibilidad de crédito? La clave radica en dar con el buen equilibrio entre la sensibilidad al riesgo -y sus beneficios- y los efectos cíclicos potencialmente negativos. La Comisión piensa que las nuevas normas que se proponen en estos momentos establecen un buen equilibrio. Sin embargo, es un aspecto que hay que supervisar muy de cerca. Hemos de estar preparados para actuar rápidamente y modificar las normas si los hechos indican que no se ha conseguido un buen equilibrio.
Permítanme terminar volviendo a decir lo que manifesté cuando la Comisión publicó su tercer documento de consulta en el mes de julio. Creo que el nuevo marco favorecerá la estabilidad financiera, será satisfactorio para las entidades financieras y para sus clientes. Por lo tanto, acojo con satisfacción este informe -que agradezco, una vez más, al Sr. Radwan- como un nuevo paso para asegurar que el nuevo marco europeo será el mejor posible, y para garantizar que se instaure a tiempo para no perjudicar a las entidades europeas.

Karas (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aparte de dar las gracias al ponente Sr. Radwan, quiero abordar cinco aspectos.
Primero: estamos debatiendo un informe de propia iniciativa de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que ha sido aprobado en ella por unanimidad; mi colega Paul Rübig tendrá algunas cosas que decir acerca de lo ocurrido en la Comisión de Presupuestos. Con ello demostramos a las claras que estamos al lado de las personas y que actuamos cuando es preciso, es decir, cuando llega la hora de que levantemos la voz y hagamos que las cosas de realicen políticamente, en vez de esperar hasta que nos pongan sobre el tapete un proyecto de directiva.
Segundo: esta iniciativa parlamentaria se produce antes de la toma de decisiones por parte del Comité de Basilea y de la presentación de la propuesta de directiva sobre fondos propios para la estabilización de los mercados financieros, y debería influir en ambos acontecimientos con un carácter tan duradero como lo que hemos hecho hasta ahora desde el informe de la Sra. Villiers.
El tercer punto es que ya hemos logrado muchas cosas favorables para las pequeñas y medianas empresas como los bancos, así como para una mayor transparencia en el debate político acerca de este tema y el fortalecimiento de la confianza de Europa en su propias fuerzas en el Comité de Basilea.
En cuarto lugar, sin embargo, si aún no hemos alcanzado el objetivo es que no nos faltan exigencias que plantear: en primer lugar, el ajuste del tope minorista de un millón en función de la tasa de inflación anual; en segundo lugar, la eliminación del criterio de diversificación del 0,2%; en tercer lugar, la consideración del colateral real; en cuarto lugar, la consideración de la situación financiera específica en el caso de la creación y la adquisición de empresas. En quinto lugar debe evitarse una carga administrativa injustificada, con los costes adicionales correspondientes, para los bancos; en sexto lugar, se ha de garantizar la transparencia de los criterios de calificación; en séptimo lugar, que la calificación debe evaluar positivamente las actividades de investigación y los gastos de inversión, y, por último, reclamamos el estudio del impacto sobre las PYME y que se incorpore a la propuesta de la Comisión.
El quinto aspecto se refiere a nosotros. Los políticos, los bancos y las empresas tienen todavía bastante trabajo que hacer para prepararse de cara a Basilea II y la directiva. Hay que establecer o desarrollar una asociación transparente. Necesitamos mejores condiciones marco en los tres ámbitos, y por eso me alegra que la reforma fiscal austriaca reduzca el gravamen sobre los beneficios no detraídos, ya que con ello refuerza los fondos propios.
Ettl (PSE)
Señor Presidente, felicito al Sr. Radwan por su informe, en el que se han tratado verdaderamente, desde que llegaron las primeras propuestas de Basilea, todas las cuestiones que exigen tener en cuenta las circunstancias económicas y sociales específicas en la UE. Muchas de las exigencias planteadas por nosotros en el Parlamento ya han sido satisfechas en Basilea por parte de los supervisores bancarios internacionales y los bancos emisores y por parte de la Comisión en Bruselas, pero todavía quedan por resolver un par de temas peliagudos. En particular, la Comisión debe incorporar nuestras preocupaciones en sus deliberaciones, aunque nosotros no participemos formalmente en el proceso, sino que hasta el año que viene no nos ocuparemos de la directiva para incorporar este acuerdo en el acervo comunitario en su conjunto.
La consecuencia de ello es que a nosotros los diputados al Parlamento Europeo todo este proceso nos resulta más bien complicado; a la Comisión le exige voluntad de cooperar al máximo. Los diputados opinamos que deben cumplirse dos principios. En primer lugar, toda ley de supervisión bancaria debe proteger en última instancia a los acreedores, es decir, a los ahorradores, y asegurar el funcionamiento del mercado financiero, y en segundo lugar, dado que en la UE aspiramos a establecer un mercado interior de servicios financieros, la transposición debe realizarse mediante una directiva que sólo permita la adopción de normas particulares a escala nacional en caso de que se den, en términos objetivos, circunstancias especiales.
El primer principio exige una definición y una valoración objetivas de los riesgos asumidos por los bancos. Los riesgos de impago de los créditos constituyen la base para el cálculo de los fondos propios de los bancos, y esto a su vez afecta naturalmente a los intereses aplicados a los prestatarios. El sistema de Basilea II -ya que estoy hablando de esto- tiene que mantener un equilibrio. No debe traducirse en cargas adicionales que los bancos y los prestatarios considerarán injustas, desproporcionadas e irrefrenables, ni dificultar el empleo y la innovación. Sé que es pedir mucho, pero es el requisito básico para que el conjunto resulte aceptable.
A la hora de preparar la directiva para un gran mercado interior con liquidez debe tenerse en cuenta que las reglamentaciones especiales de los Estados nacionales no crezcan incontroladamente. La protección del consumidor asimismo debe armonizarse a escala internacional para que la competencia no se vea limitada por las fronteras. Entre las características distintivas de nuestra estructura social está la coexistencia de empresas que funcionan como negocios privados y otras que prestan servicios de interés general. Las asociaciones entre empresas públicas y privadas son un caso particular, y solamente en tales casos conviene permitir que se establezcan reglas nacionales relativas a la legislación de supervisión bancaria.
Si medimos a todos estos prestatarios por el mismo rasero, se encarecerá el sistema de evaluación o se frenarán los créditos bancarios. Quiero terminar señalando de nuevo que las futuras concesiones de créditos no deben limitar el mercado laboral ni permitir que Basilea II pueda servir de excusa para la cancelación o la limitación de los créditos. Ya nos hallamos en una coyuntura dominada por la incertidumbre, y no debemos hacer que las cosas empeoren con el endeudamiento de los bancos a causa de Basilea II. Lo que requiere la gestión empresarial, y lo que es económicamente deseable, es simplemente un enfoque objetivo a la hora de evaluar el riesgo de los prestatarios individuales, de calcular el tipo de interés del crédito y de concederlo. Este principio es el que refuerza mi opinión positiva respecto de Basilea II.
Markov (GUE/NGL)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es evidente que una evaluación precisa del riesgo al conceder créditos tiene una importancia crucial para la estabilidad del sistema bancario, de modo que si bien respaldamos los objetivos del Acuerdo de Basilea II a fin de reforzar la capacidad de los bancos para evaluar el riesgo, tenemos sin embargo que hacer algunas observaciones críticas.
Para empezar, el Acuerdo de Basilea debería estar destinado primordialmente a los bancos con actividad internacional que pudieran representar un riesgo para la estabilidad del sistema financiero a escala mundial. En muchos Estados miembros, los pequeños bancos locales desempeñan una función importante. Hay que asegurar que los costes derivados de las nuevas reglas de supervisión sigan siendo soportables y que no provoquen un encarecimiento de los créditos. La Comisión ha optado en este caso por una base más flexible que el Comité de Basilea, pero sigue siendo insuficiente.
En segundo lugar, no se ha hecho nada por disipar los temores de que este compromiso agrave las condiciones de financiación de las PYME. Hay que elevar el listón del millón de euros, pues de lo contrario los costes de los créditos concedidos por los bancos pequeños resultarán demasiado elevados para las PYME. Es totalmente incomprensible que a escala europea no se haya hecho un análisis detallado del efecto que tendrán las nuevas reglas sobre los fondos propios en las condiciones de financiación de las PYME. Esta es la razón por la que debemos apoyar la petición del ponente de que se lleve a cabo dicho estudio sobre las PYME antes de la entrada en vigor de la nueva directiva propuesta y que se tengan en cuenta sus conclusiones; de lo contrario se corre el peligro de estrangular el motor de desarrollo que representan las PYME en sus respectivas regiones.
En tercer lugar, en el nuevo régimen de fondos propios parecen sumamente problemáticas sus repercusiones sobre la estabilidad macroeconómica, ya que muy probablemente comportará un efecto procíclico. Cuando la economía se encuentra en un ciclo descendente, los riesgos crediticios suelen ser mayores, por lo que los bancos tienden a limitar la concesión de créditos, frenando así la actividad inversora y agravando en consecuencia el descenso. En mi opinión, éste es un punto en el que habría que cambiar las reglas o, en su caso, estudiarlo más a fondo.
El cuarto punto es algo que ya ha apuntado el ponente. El procedimiento de comitología elegido refleja insuficientemente las preocupaciones del Parlamento Europeo, ya que a fin de cuentas no está claro qué son cuestiones políticas de principio y cuáles son de carácter técnico, por lo que en determinadas circunstancias el Parlamento no podrá introducir modificaciones en una fase posterior. Por eso es necesario apoyar la exigencia de un derecho de avocación formal.
Ilgenfritz (NI)
Señor Presidente, si se pone en práctica el Acuerdo Basilea II tal como está redactado por el Comité de Basilea, el acceso a los créditos resultará más fácil para aquellas empresas que no necesitan dinero, es decir, créditos. A la inversa, para aquellas empresas que precisen créditos, es decir, dinero, el acceso a los créditos será mucho más difícil. En Austria, por ejemplo, un 65% de las empresas se financian mediante créditos bancarios. El promedio en la UE sólo alcanza al 46%.
Estas empresas suelen disponer de escasos fondos propios. Los sectores especialmente afectados son los de la construcción, el turismo y la gastronomía. Los fondos propios, por ejemplo del sector de la gastronomía en Austria, suponen tan sólo un 1,75%. Pero como parece ser que los recursos propios van a determinar la concesión de créditos en el futuro, después de Basilea II estas empresas, es decir, estos sectores, dejarán de recibir créditos o recibirán muy pocos. Las consecuencias serían catastróficas. Las empresas no podrían seguir invirtiendo y modernizándose y tendrían que cerrar. Perderíamos miles, incluso muchos miles, de empresas y puestos de trabajo. No puedo sino apoyar al ponente cuando exige un análisis de estas repercusiones para poner en claro las consecuencias negativas de Basilea II e introducir simultáneamente medidas que las contrarresten, a fin de evitarlas.
Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, que ha realizado una ardua tarea sobre el tema y ha elaborado un informe excelente que cuenta con mi firme apoyo. 
Estoy de acuerdo con la necesidad de pasar a un marco sensible al riesgo que recompensa la concesión prudente de créditos y penaliza el caso contrario. También estoy de acuerdo con la aspiración de implantar el acuerdo lo más paralelamente posible a los Estados Unidos, con el fin de evitar que el sector bancario en la Unión Europea sufra desventajas competitivas.
Me alegra que el informe del Sr. Radwan reconozca la importancia de un análisis adecuado de rentabilidad y de ajustar el marco a las necesidades de los diferentes sectores involucrados por la Directiva de adecuación del capital. Ello incluye tanto a los bancos de pequeño tamaño como a los grandes, empresas de inversión y empresas cuyo negocio abarca tanto la inversión como las operaciones de crédito. En el futuro, puede que tengamos que modificar la Directiva para tomar en consideración las necesidades de las empresas de mercancías, si entran dentro de este marco. 
Felicito a la Comisión por sus progresos en abordar el tema de los créditos a las pequeñas empresas. Es absolutamente cierto que el marco no ha de penalizar los créditos innecesariamente. Muchas pequeñas empresas no han de temer nada de un marco sensible al riesgo, puesto que existen muchas pequeñas empresas que constituyen muy buenos riesgos y, por consiguiente, pueden obtener una financiación más económica gracias a Basilea II. Sin embargo, existen algunas pequeñas empresas de nueva cración que representan un elevado riesgo y estoy de acuerdo con el Comisario que deben continuar captando una alta carga de capital. En conjunto, respecto a las PYME -en especial a la vista de las reformas de la definición de comercio minorista, que abarca un gran volumen de créditos a las PYME- estamos trabajando con miras a de tener un marco que sea una solución justa y equilibrada en este sentido.
Quisiera que el marco abordara un poco el riesgo operativo. El riesgo operativo es algo que aún no se mide fácilmente y debemos ser muy prudentes antes de imponer una gran carga. Tenemos que ser flexibles al reflejar los hechos en materia de medición de esta carga. También es vital para el marco que se reconozca el importante papel que desempeñan en la atenuación del riesgo los factores colaterales, tanto financieros como físicos. Se trata de otro punto muy importante del informe Radwan que, como diputados parlamentarios, hemos de reconocer. También tenemos que reconocer la importancia del seguro y el seguro de indemnización para mitigar el riesgo. Esto es especialmente importante en relación con las empresas de inversión.
Por último, el marco debe intentar ir a la par con la práctica profesional. Debe fomentar las buenas prácticas y trabajar con la mejor práctica del sector, en lugar de quizás imponer un marco totalmente diferente a la buena práctica del sector.

Randzio-Plath (PSE)
Señor Presidente, el ponente ha expuesto muy acertadamente en su informe que las modificaciones de los años anteriores han sido realmente positivas. Nuestra comisión ha dejado muy claro, y yo quiero hacer lo mismo, que Basilea II pretende acertadamente fortalecer a los bancos, y como conocemos los costes que conllevan las crisis bancarias, se trata realmente de un objetivo muy loable por parte de Basilea II. Una condición clave para un sistema financiero estable es que el precio de los créditos se ajuste al riesgo.
Pero Basilea II todavía necesita ser discutido. El debate se ha prolongado durante más de cuatro años y debo decir que resulta positivo que sobre todo en el primer pilar se rebajara la función de ponderación del riesgo y ésta haya quedado bastante menos pronunciada. Esto evita los posibles problemas de acceso a los créditos, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es bueno que se haya rebajado el atractivo de los periodos de concesión más cortos. Desde la óptica europea es importante sin lugar a dudas la no discriminación de los colaterales reales. Tienen que estar equiparados con el colateral financiero.
Deberíamos percatarnos de una vez de que Basilea II no sólo tendrá repercusiones sobre las entidades bancarias pequeñas y medianas, sino también sobre las pequeñas y medianas empresas. Hay que preservar el marco de financiación de la UE, que es muy variado pero que resulta imprescindible para las empresas. Debe descartarse todo aumento de los requisitos de fondos propios para los créditos garantizados por entidades de fomento de la economía y organismos de ayuda mutua que no esté amparado en consideraciones de riesgo.
Algunas cuestiones adicionales: en mi opinión habría que explicar por qué en los Estados Unidos sólo 10 bancos aplican Basilea II con carácter obligatorio y otras 10 entidades lo hacen sobre una base voluntaria, mientras que en Europa todas las entidades de crédito deben aplicar los modelos. Resulta acertado que los pequeños bancos europeos no entren en competencia directa con las entidades norteamericanas exentas de las obligaciones de Basilea, pero sí con los clientes corporativos de dichas entidades. Esto podría significar potencialmente, en términos de competitividad, que las empresas europeas se verían desfavorecidas en el mercado mundial. Considero que esto requiere una aclaración y cuento con que el dictamen encargado por la Comisión explique este punto y, además, con antelación suficiente para poder elaborar enmiendas.
Quiero resaltar además que es sumamente importante esclarecer los puntos cruciales planteados por el grupo de investigación de Charles Goodhart de la London School of Economics, sobre todo con la vista puesta en la prociclicidad de Basilea II, que ya se ha mencionado. Quiero apoyar expresamente al Sr. Radwan en su razonamiento de que el Parlamento Europeo debe abordar a tiempo los problemas de las pequeñas y medianas empresas y de sus empleados, de que sigamos haciéndolo y sobre todo de que aseguremos que la voz del Parlamento siga teniendo peso y al final sea escuchada.
Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, me complace expresar mi satisfacción por el informe del Sr. Radwan relativo al próximo Acuerdo de Basilea II. El desarrollo de un nuevo marco para la adecuación del capital potenciará la eficacia de las normas relativas al capital para asegurar una estabilidad financiera global, manteniendo la confianza en las instituciones financieras y protegiendo los intereses tanto de los consumidores como de los inversionistas. Ello beneficiará no solo al sector bancario, sino a toda la economía de la UE.
Sin embargo, es sumamente importante que exista un diálogo estructurado entre supervisores, legisladores y representantes de los bancos y las empresas de inversión para que se pueda crear un marco de capital viable. Ha faltado un elemento central: el del control democrático. Por lo tanto, hay que acoger con gran satisfacción el objetivo del Sr. Radwan de que el Parlamento Europeo participe en el debate de la adecuación de capitales y de agregar elementos democratizadores al proceso de toma de decisiones.
El principio de tener en cuenta los riesgos empresariales a la hora de fijar los precios de los préstamos es excelente. Los riesgos deben tratarse de igual manera, independientemente del carácter legal y del nivel de complicidad de la institución en cuestión. Sin embargo, las preocupaciones respecto a los créditos a las PYME, destacadas en el informe y por numerosos colegas, están bien fundamentadas. Por ejemplo, en Finlandia solo los bancos más grandes y una docena de compañías disponen de calificaciones externas. Por lo tanto, la reutilización exclusiva de calificaciones externas no es una solución viable a corto plazo para nosotros. En vez de ello, se podrían desarrollar calificaciones internas basadas en algunos criterios de índices clave con el fin de evitar costes poco razonables para las PYME. 
Me preocupa un gran número de opciones nacionales. Temo que puedan darse divergencias en la interpretación y aplicación del nuevo marco por los supervisores nacionales. Estas discrepancias nacionales podrían dar lugar a desigualdades competitivas en el mercado único.
También quisiera mencionar el reconocimiento recíproco con los Estados Unidos. No se debería penalizar a los bancos y empresas de inversión de la UE en los países que no forman parte de la UE por la carga potencial derivada de los requisitos divergentes entre sus autoridades supervisoras nacionales y anfitrionas. Se trata de una cuestión de la máxima importancia para nosotros, en particular en la delegación de los Estados Unidos del Parlamento Europeo, donde hemos estudiado estas normas de seguridad financiera.

Rübig (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Radwan, Señorías, ¿de qué se trata en Basilea II? Se trata de la solvencia crediticia y del colateral necesario para ello. Por esto, nuestro interés principal es saber cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas. Al fin y al cabo, estas representan dos tercios de los empleos en Europa y pagan el 80% de los impuestos. Por esta razón reclamamos un periodo de preparación para la introducción de Basilea II con un pacto de estabilidad para las pequeñas y medianas empresas. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha encargado un estudio a STOA. Uno de los resultados más sobresalientes ha sido que, para la financiación de capital riesgo y empresas de nueva creación, los bancos requieren hasta un 400% más de depósitos, de acuerdo con los procedimientos de calificación.
Creo que esto nos demuestra que también debería intervenir la Comisión de Presupuestos. Como miembro de dicha comisión he presentado, junto con el ponente, el Sr. Mulder, una propuesta para iniciar un proyecto piloto que ofrezca garantías a favor de las pequeñas y medianas empresas a través de las instituciones y los bancos europeos. En particular se deberían proporcionar garantías de hasta 25 000 euros para las pequeñas y medianas empresas. Queremos un paquete de decenas o centenas de millones para poder ayudar a las pequeñas empresas. Queremos también conseguir un paquete de formación, especialmente para los ministerios de Hacienda. Es necesario que, al igual que en el proceso de Lisboa, analicemos las repercusiones del derecho tributario sobre diversas estructuras de los recursos propios, reservas, fondos, amortizaciones, impuestos de sociedades, provisiones para actividades no lucrativas, por ejemplo. Quedan muchas cosas por verificar y pido a la Comisión que estudie estos temas en su informe, que hace tiempo que debería haber presentado, de modo que los Estados y los ministerios nacionales tengan la posibilidad de adoptar y prepararse para Basilea II en las mejores condiciones posible.
Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, el Sr. Radwan se ha referido a la comitología; quisiera hacer hincapié en que uno de los principales comentarios que la Comisión ha recibido es que el nuevo marco ha de poder actualizarse rápidamente. La Comisión está de acuerdo en que se trata de un punto muy importante, y en el informe que estamos debatiendo hoy en esta Cámara también se reconoce así. La Comisión reconoce las preocupaciones del Parlamento sobre el uso de la comitología: se trata de un viejo tema que se ha debatido a menudo en esta Asamblea. Esta preocupación también se refleja en el proyecto de informe que ha presentado el Sr. Radwan.
Todas las disposiciones propuestas, tanto los artículos como los anexos, se incluirán en la propuesta de la Comisión y todos ellos deberán acordarse con arreglo al procedimiento de codecisión. Por consiguiente, el Parlamento estará en su pleno derecho de realizar todos los comentarios que desee. Tal como he manifestado en numerosas ocasiones en esta Asamblea, la Comisión respalda el deseo del Parlamento de que se modifique el artículo 202 del Tratado, como la Sra. Randzio-Plath sabe muy bien.
El segundo tema que quiero comentar es el asunto de las PYME. Varios diputados lo han mencionado: el Sr. Karas, el Sr. Markov, la Sra. Villiers, el Sr. Ilgenfritz y otros. Quisiera señalar que se han realizado un gran número de mejoras para asegurar requisitos de capital justos y proporcionales para los créditos bancarios a las PYME. A modo de ejemplo se puede citar la disminución de los requisitos para los prestatarios de más riesgo, un descuento de un 10% en promedio para los pequeños prestatarios y permitir que se incluyan las PYME en la cartera de operaciones al por menor si el préstamo es inferior a 1 millón de euros. El Sr. Karas solicitó si esto se podía indexar de acuerdo con la inflación. Personalmente no tengo ninguna objeción al respecto, pero se trata de uno de los asuntos que deben desarrollarse con arreglo al procedimiento de comitología.
Se han llevado a cabo estudios de impacto y los resultados obtenidos indican que las nuevas normas implicarían unos requisitos de capital justos y proporcionales para los riesgos de las PYME, por lo que las PYME siguen beneficiándose, y por lo tanto no puedo estar de acuerdo con el Sr. Ilgenfritz. Le remito a los comentarios tan acertados formulados por la Sra. Villiers, diametralmente opuestos a sus puntos de vista. Sugiero que estos dos diputados del Parlamento sostengan un breve debate sobre el tema, pero sin duda la Comisión está de acuerdo con la Sra. Villiers,
Por otro lado, existe el asunto del capital riesgo, al cual se ha referido en especial el Sr. Ettl. La Comisión comparte la opinión de que el capital riesgo y las inversiones de capital en empresas de nueva creación son importantes.
Sin embargo, el propósito de la legislación prudente, y esto es lo que estamos debatiendo, es proteger el sistema financiero y los intereses de los inversores y ahorradores. De hecho, el propio Sr. Ettl ha recalcado la necesidad de proteger al consumidor. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que no tratamos las inversiones de mayor riesgo, como pueden ser las de las empresas de capital riesgo, con criterios demasiado laxos, con lo que se correría el riesgo de menoscabar la protección de los consumidores. Sin embargo, tal como he mencionado antes, me alegra poder clarificar que el descuento para las pequeñas empresas -es decir, la reducción de hasta un 20% en los créditos a las pequeñas empresas- también será de aplicación a las exposiciones del capital en empresas de capital riesgo.
Varios diputados han solicitado más estudios. El Consejo Europeo de Barcelona pidió que se llevaran a cabo más estudios sobre el impacto de Basilea II en la economía europea. En vista de esta petición, PricewaterhouseCoopers está llevando a cabo un estudio. Está previsto que el proyecto de informe esté listo a finales de este año y que el informe definitivo esté disponible a finales de marzo. Se prevé que el estudio se entregue a la Comisión a principios de 2004. Tal como he dicho antes, actualmente hemos llevado a cabo estudios de impacto y el año que viene PricewaterhouseCoopers realizará nuevos estudios a raíz de las peticiones formuladas a la Comisión por el Consejo Europeo de Barcelona.
La Sra. Randzio-Plath ha hecho hincapié en que solo un número limitado de bancos deberán cumplir las normas de Basilea II en los Estados Unidos. Sin embargo, según Roger Ferguson, el «número dos» de la Reserva Federal, que Basilea II se aplique a los bancos estadounidenses «diez más diez» -los diez más grandes y los diez más grandes siguientes- significa que se cubrirá más del 99% de los activos bancarios extranjeros de los Estados Unidos. Por consiguiente, podemos aceptar que existirá competencia leal entre los bancos europeos y estadounidenses cuando se enfrenten en el plano internacional.
La Sra. Randzio-Plath y otras personas han mencionado el tema de la prociclicidad. Tal como he dicho antes en mi intervención introductoria, una mayor sensibilidad al riesgo es un hecho importante. En mi opinión -y espero que en la del Parlamento- el informe establece el justo equilibrio en este sentido. Se han introducido modificaciones para reducir los efectos procíclicos de los proyectos de normas, y eso es positivo. También esperamos que una mejor gestión de riesgos en virtud del procedimiento de Basilea II en su conjunto permitirá que los bancos estén mejor preparados para abordar las consecuencias de las recesiones económicas.
En su introducción, el Sr. Radwan ha planteado un punto importante relativo a una normativa blanda. Entiendo muy bien las preocupaciones del Parlamento sobre este asunto. Una normativa blanda quiere decir que se podría sortear al Parlamento. Acepto el punto de vista de las personas que dicen que una normativa blanda debe mantenerse dentro de ciertos límites para que no se pueda adulterar el contenido democrático de la ley. Acepto esta opinión, pero me resulta difícil aceptar que el concepto de normativa blanda en su conjunto se aplicaría o bien a las normas contables o a Basilea II.
El Sr. Radwan también ha llamado la atención sobre las normas contables. Los dos ámbitos -las normas contables y Basilea II- son tremendamente complicados. Creo que el Sr. Radwan estará de acuerdo con ello. Por lo tanto, es razonable que se acuda a expertos en estos campos para la formulación de normas, tal como ocurre con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Comité de Basilea II, a los que la Comisión asiste como observadora.
Cuando se haya hecho todo esto, los resultados se establecerán en forma de directivas. Habrá una Directiva sobre Basilea II y sobre normas contables internacionales. Por lo tanto, el Parlamento tendrá derecho a reclamar cuanto desee y a plantear cuestiones. Una vez más, aunque acepto el punto de vista del Sr. Radwan sobre una normativa blanda en general, aplicarla a Basilea II o a las normas contables no es lo correcto.
El Presidente.
 Muchas gracias, señor Comisario Frederik Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0180/2003) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre los fundamentos jurídicos y el respeto del Derecho comunitario (2001/2151(INI)).
Koukiadis (PSE)
- (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior me honró con el encargo de elaborar un informe de propia iniciativa sobre los fundamentos jurídicos y el cumplimiento de la ley comunitaria.
El título del informe no es preciso. Hasta diría que es ligeramente engañoso. De hecho trata del enorme problema que preocupa al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo con posiciones contradictorias y que tiene que ver con la investigación de posibles fundamentos jurídicos para la jurisdicción de la Unión Europea con miras a disponer sanciones penales por determinadas violaciones graves de la legislación comunitaria.
Existen grandes divergencias sobre si este tipo de actividad puede legislarse y en qué medida. Por ello, con el fin de que contemos con un informe sustanciado, propuse, y la Comisión aceptó, celebrar una audiencia pública con ponentes que expresasen las distintas tendencias. Me gustaría manifestar mi agradecimiento por su contribución e informar a la Asamblea de que el informe se basa en los puntos en los que parece que estamos más o menos de acuerdo. El objetivo común de todos nosotros debe ser la aplicación eficaz de las disposiciones comunitarias, pero con soluciones que sean fiables, ya que nuestra principal preocupación es crear certeza legal.
También me gustaría recordarles que el tema de las sanciones penales por los incumplimientos graves de la legislación comunitaria también surgieron en el pasado con relación a propuestas legislativas sobre la protección medioambiental, la protección de los intereses financieros comunitarios, la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, la contaminación del mar y los delitos de contaminación en general.
Esta es una cuestión bastante complicada desde un punto de vista jurídico, la cual se complica todavía más debido a la distinción entre los tres pilares. El informe se centra en la cuestión de legislar las sanciones penales en el primer pilar. Para hacer que el problema sea comprensible, me he limitado a plantear la pregunta básica a la que el informe proporciona una respuesta positiva, en otras palabras, la medida en que la Comunidad puede obligar a los Estados miembros a disponer sanciones penales en caso de incumplimientos graves de la legislación comunitaria. Este es el denominado método mixto, por el que la Comunidad impone una obligación a los Estados miembros para que dispongan sanciones penales en esta cuestión específica.
Nos hemos limitado a este método dado que parece concitar un amplio acuerdo. En cambio, el método puramente comunitario de disponer de forma directa las sanciones penales conforme a la legislación comunitaria, una especie de comunitarización del derecho penal, se enfrenta a serias objeciones legales que parten del hecho de que no existe una base legal clara en el Tratado para esta cuestión, que las sanciones penales forman parte de la soberanía nacional de los Estados miembros y que la justicia penal constituye una parte integrante de la cultura nacional. Por otra parte, la objeción plantea también que las sanciones penales están asociadas a restricciones sobre los derechos individuales, lo cual presupone un Estado totalmente coordinado constitucionalmente, no un orden legal imperfecto con los elementos financieros obvios y el déficit democrático de la Unión Europea.
En cualquier caso, incluso si se aceptase el método puramente comunitario, se limitaría a disponer una sanción penal. No parece tener jurisdicción para imponer la sanción en este caso específico. En lo que respecta al denominado método nacional, que significa el derecho de los Estados a disponer las sanciones penales en caso de incumplimiento de la legislación comunitaria, no plantea problemas. Los Estados son libres de seguir este método. Sin embargo, la sanción debe ser de naturaleza efectiva, proporcionada y disuasoria. Incluso podría quedar claro que no tiene que ver por lo tanto con la cuestión de la armonización del derecho penal y las sanciones, para lo que solamente puede utilizarse el tercer pilar y tan solo en casos específicos. Con la elaboración de la constitución, estas cuestiones tendrán un nuevo fundamento. La posición del informe sobre la cuestión básica que he mencionado antes, es decir, si la Comunidad puede imponer una obligación a los Estados miembros para que dispongan sanciones penales, es que el legislador comunitario tiene la capacidad legal para demandar esto a los Estados miembros. Para concretar, acepta el principio de salvaguardar la legislación formulada en el Artículo 10 del Tratado CE, en otras palabras, la obligación de los Estados miembros de garantizar que las violaciones de la legislación comunitaria conlleven sanciones penales efectivas. Por consiguiente, dado que reconocemos dicha obligación por parte de los Estados, también debemos reconocer la capacidad del legislador comunitario para disponer obligaciones similares, al menos para los incumplimientos graves de la legislación comunitaria.
Por lo tanto, el informe aclara que, para que dicha iniciativa comunitaria sea acorde con la legislación vigente, solamente debe ejercerse en los casos en que este sea el único modo de salvaguardar el cumplimiento efectivo de las disposiciones comunitarias.
Por ultimo, el informe también propone que la Comisión Europea, en su capacidad de guardiana de los intereses comunitarios, pueda presentar quejas o interponer una demanda civil, al menos en los casos en los que a los Estados miembros se les conceda un derecho equivalente. Es alentador que la Convención Constitucional sintonice con esto, con propuestas definitivas retomadas de la propuesta de resolución, como puede observarse en los artículos ?-13, ???-65 y ???-172. Una vez que se aplique el nuevo Tratado tendremos que volver a examinar esta cuestión.

Bolkestein
Señor Presidente, la Comisión quiere reconocer, antes de nada, la calidad del informe del Sr. Koukiadis, que constituye un valioso documento de trabajo sobre las delicadas relaciones existentes entre sanciones penales y Derecho comunitario. El informe tiene además el mérito de ser el primer documento institucional que analiza a fondo un problema que, reconozcámoslo, no es nada nuevo. Por otra parte, los servicios de la Comisión son partidarios de circunscribirlo en diferentes documentos de trabajo cuando se presenten todas o casi todas las propuestas mencionadas en el informe del Sr. Koukiadis, sobre todo las relacionadas con la protección de los intereses económicos de la Comunidad, la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, el racismo y la xenofobia, temas que no se habían tratado nunca de forma tan sistemática fuera del mundo académico.
La segunda razón que tengo para congratularme en nombre de la Comisión se debe a que, leyendo este informe, veo que muchos de los puntos de vista expresados en él coinciden con la posición defendida por la Comisión. Al igual que el Sr. Koukiadis, la Comisión considera que la Comunidad no posee, en virtud de los Tratados actuales, competencias generales en materia penal. 
En cambio, la Comisión considera que, en el marco de las competencias de atribución que posee a efectos de los objetivos enunciados en el artículo 2 del Tratado CE, la Comunidad es competente para imponer a los Estados miembros la obligación de aplicar sanciones, en su caso penales, si se estiman necesarias para alcanzar un objetivo comunitario. Este enfoque descansa, tal como ha destacado el Sr. Koukiadis, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud de la cual el artículo 10 del Tratado - y cito literalmente- «obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario». 
No obstante, tal como se establece en los Tratados actuales, la harmonización del Derecho penal de los Estados miembros solo puede regirse por las disposiciones del Título VI del Tratado de la Unión Europea. Por lo demás, la Comisión, con el apoyo del Parlamento, defiende esta posición ante el Tribunal de Justicia en el marco del recurso de impugnación de la legalidad de la decisión marco relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
Por último, en mi opinión, el informe del Sr. Koukiadis y, en particular, sus conclusiones, tienen el enorme mérito de ilustrar a la perfección hasta qué punto la imbricación de las políticas del primer pilar comunitario y los cursos de acción que se consideran pertenecientes al tercer pilar es una fuente de dificultades constantes. Además, esta situación conlleva un riesgo de bloquear el proceso de toma de decisiones. El precio que pagamos para superar estas dificultades es la creación de divisiones artificiales entre legislaciones que tienen la misma finalidad, lo cual hace que muchas de las actividades de la Unión resulten incomprensibles para los ciudadanos.
Por otra parte, es importante que se reconozca que tanto el Parlamento Europeo como el Tribunal de Justicia tienen un papel idéntico al que tienen en el primer pilar; de esta forma, nuestro afán de eficacia podrá acompañarse de mejores controles democráticos y jurídicos. Así pues, la Comisión celebra la propuesta de incorporar el Título VI del Tratado de la Unión Europea al sistema comunitario como tal, que preconiza la Convención. La Comisión hará todo lo necesario para que este importante paso sobreviva a la Conferencia Intergubernamental que se iniciará el mes que viene. Sé que en este tema el Parlamento está plenamente de acuerdo con la Comisión.
Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE).
Señor Presidente, tengo que empezar felicitando al Sr. Koukiadis por su excelente informe. Un informe ciertamente cuidadoso en especificar los matices en una cuestión delicada como es esta.
El informe, con mucho acierto, separa lo que pueden ser unos fundamentos específicos de lo que es el fundamento esencial para la acción de la Comunidad al pedir a los Estados miembros que establezcan sanciones penales, en su caso. Ese fundamento es la obligación de lealtad que consagra el artículo 10 del Tratado de la Comunidad Europea.
También es cuidadoso en destacar -como lo acaba de hacer la Comisión- la peculiar situación (empleo este adjetivo para no ser más duro) que significa la doble posibilidad de utilización: por una parte, del Título VI y, por otra parte, del primer pilar. E insiste -como siempre ha hecho el Parlamento y como es apropiado- en que, siempre que sea posible, debe utilizarse el primer pilar. Y ello, sin perjuicio -también lo acaba de destacar el Comisario- del gran avance que supondrá el establecimiento en la Constitución europea de una desaparición -al menos formal- de los pilares y de una aproximación de lo que es el tercer pilar a las características del primer pilar. Cuestión que -coincido plenamente con el Comisario Bolkestein- hay que tratar de mantener en el curso de la Conferencia Intergubernamental.
Mi Grupo apoya este texto del Sr. Koukiadis que, además, ha sido muy flexible al precisar dos de los puntos en los cuales nosotros pedíamos, en definitiva, una aplicación del principio de proporcionalidad, es decir, que no se exija la aplicación de sanciones penales si se puede conseguir la misma finalidad a través de otros instrumentos jurídicos. En algún caso será necesaria la utilización de sanciones penales, pero hay que procurar siempre que el Derecho no aplique la sanción más grave si puede lograrse el objetivo con la sanción menos grave. Esto lo ha recogido adecuadamente el Sr. Koukiadis en su informe, y yo quiero agradecérselo.
Creo que queda, por tanto, un informe equilibrado, un informe que refleja la constante preocupación de la Comisión y de este Parlamento por que el Derecho comunitario no sea un flatus vocis, que sea un derecho efectivo, y no hay derecho efectivo sin sanción, sin posibilidad de exigir su cumplimiento mediante las correspondientes acciones en el caso de que sea vulnerado.
Mi felicitación, de nuevo, al ponente y la confianza en que este Parlamento votará por una amplísima mayoría el texto de su informe.
Wallis (ELDR).
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias y felicitar al ponente. Se trata de un informe muy oportuno y bien elaborado sobre lo que, tal como se ha dicho, es una cuestión muy compleja y sensible.
Aunque compleja, es una cuestión a la que tenemos que dar un enfoque práctico. En nuestra comisión ha habido ocasiones en las que se nos han presentado iniciativas por parte de los Estados miembros, en las que quieren que se introduzcan sanciones, pero nos encontramos en una situación en que no podemos responder como quisiéramos. Teniendo presente esta situación, cuando se reúna la CIG, el Consejo y los Estados miembros apreciarán el sentido común de lo que se está proponiendo aquí.
También me ha sorprendido la idea que se nos ha presentado -en la audiencia esclarecedora mantenida con expertos cuando el Sr. Koukiadis estaba elaborando este informe- de que la Comunidad tiene que disponer de los medios para proteger su propiedad en el sentido más amplio. Es esto de lo que estamos hablando: la propiedad en su sentido más amplio.
Pero hay un aspecto que quisiera señalar y destacar. Si debemos conferir poderes a la Comunidad en este ámbito de competencia -y conviene que lo hagamos- también es preciso que se apoye en el tipo de equilibrio obtenido por la propia Comunidad al suscribir la Convención Europea de los Derechos Humanos. Si queremos tener alguna competencia, aunque sea limitada, en el ámbito criminal, es preciso equilibrar está cuestión evaluando esta legislación a la luz de algo tan fundamental y básico que garantiza los derechos humanos de nuestros ciudadanos.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, a estas horas de la tarde no hay mucho que decir, en particular porque todos estamos de acuerdo en cuanto a las virtudes del informe y la cuestión subyacente al mismo. Sólo quisiera tratar rápidamente tres principios.
En primer lugar, es evidente que el Derecho Penal y las sanciones penales afectan a la libertad de los ciudadanos mucho más de cerca que cualquier otra rama de la ley y, por consiguiente, es vital para la libertad como asunto fundamental del Estado de derecho que se esté absolutamente seguro de que existe una base constitucional para el uso del Derecho Penal. Una de las cosas que el informe y su exposición de motivos hace es mostrar exactamente en qué medida existe un fundamento.
En segundo lugar, en una Comunidad democrática, es esencial que los representantes de los ciudadanos puedan votar sobre la cuestión de si conviene que el Derecho Penal se amplíe. Solo esto provocaría que consideremos el tercer pilar como un fundamento muy sospechoso para todo tipo de intervención en el Derecho Penal. De hecho, excluye a los representantes democráticos de los ciudadanos en este Parlamento de antemano y en los parlamentos nacionales con posterioridad. Por lo tanto, es excelente descubrir, tal como señala el Sr. Koukaidis, que se trata de un asunto del pilar comunitario.
Quisiera subrayar el punto del apartado 7 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad. Nuevamente, transmite un mensaje a los Estados miembros para que mejoren adecuadamente su Derecho Penal y admitir la receptividad a las tradiciones locales en la legislación. Esto es absolutamente vital. Se trata de tres principios importantes en un informe excelente.
Doy la bienvenida al Sr. Bolkestein tras su regreso de su breve estancia en Escocia, donde fue muy bien acogido.

Bolkestein
. Seré breve. Tal como ha dicho el Sr. MacCormik -a quien doy la bienvenida a Estrasburgo tras nuestras dos reuniones en Edimburgo-, todos estamos de acuerdo.
La Sra. Wallis ha planteado la cuestión de la adhesión a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Es una muy buena observación. Algunos han propuesto que en lugar de esta Carta de los Derechos Fundamentales, que está en vigor y que probablemente formará parte de la nueva Constitución -si bien hay quien está en desacuerdo con ello-, simplemente tendríamos que adherirnos a la Convención Europea de los Derechos Humanos. En la situación actual se corre el riesgo de que se produzca una especie de competencia entre los dos instrumentos. Ya se ha debatido esto anteriormente, pero -como bien sabe la Sra. Wallis-, la decisión que se ha tomado finalmente es la de tener una Carta de los Derechos Humanos. En estos momentos, de lo que se trata es de saber si será útil adherirse a la Convención Europea de los Derechos Humanos, además de disponer de esta Carta. No me gusta la idea de duplicar instrumentos, por lo que me pregunto si la sugerencia de la Sra. Wallis es una buena idea. Sin embargo, sin lugar a dudas merece examinarla.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
(Se levanta la sesión a las 21.10 horas)
