Nombramiento del Presidente del Banco Central Europeo
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A5-0307/2003), en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, relativa al nombramiento del Sr. Jean-Claude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo (10893/2003 - C5-0332/2003 - 2003/0819(CNS)) (Ponente: Sra. Randzio-Plath)
Magri
. (IT) Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, es un gran placer hablar sobre una cuestión de gran importancia para la Unión Europea: el nombramiento del Presidente del Banco Central Europeo.
La creación del euro es un éxito considerable en la historia de la integración europea, tanto desde el punto de vista político como técnico. El euro sigue siendo una divisa relativamente nueva, y tendrá que basarse en la experiencia, ampliamente reconocida, del Banco Central Europeo para continuar siendo un éxito.
En este momento estamos sustituyendo por primera vez al Presidente del Banco Central Europeo. Es de vital importancia para el Banco Central Europeo y para el euro que la elección de un sucesor del Presidente Duisenberg se lleve a cabo con transparencia y que se base únicamente en los criterios recogidos en el Tratado que establece la Comunidad Europea, así como en el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y el del Banco Central Europeo, y en el acuerdo de este último sobre el candidato más cualificado para el trabajo.
Al nombrar a un sucesor, hemos de reconocer y rendir tributo al excelente trabajo realizado por el Presidente Duisenberg, pero también debemos expresar nuestra confianza en que el Banco Central Europeo seguirá desarrollando todas sus funciones con el mismo grado de éxito que hasta la fecha.
La base legal para el procedimiento de nombramiento de un nuevo Presidente del Banco Central Europeo se encuentra en la letra b del apartado 2 del artículo 112, y en apartado 4 del artículo 122, del Tratado que establece la Comunidad Europea, así como en los artículos 11.2 y 43.3 del Protocolo del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
De acuerdo con estas disposiciones, el Consejo de «Información» Ecofin adoptó una recomendación el 15 de julio de 2003 que defendía el nombramiento del Sr. Trichet como Presidente del Banco Central Europeo por un periodo de ocho años con efecto a partir del 1 de noviembre de 2003. La recomendación fue enviada tanto a ustedes como al Banco Central Europeo, de acuerdo con el Tratado, para que pudieran dar su opinión antes de que la recomendación fuera presentada a los Jefes de Estado o de Gobierno para la decisión final.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobó su opinión el 31 de julio y la envió al Consejo y al Parlamento. Esta opinión confirmó que el Consejo Regulador del Banco Central Europeo cree que el candidato propuesto deber ser una persona de reconocido prestigio y experiencia profesional en materia monetaria y bancaria, como establece la letra b del apartado 2 del artículo 112 del Tratado.
Espero que el Parlamento Europeo esté de acuerdo con el Consejo y con el Banco Central Europeo en que el Sr. Trichet es un candidato excelente para este importante puesto. La adopción de la opinión por parte del Parlamento permitirá que los Jefes de Estado o de Gobierno tomen una decisión final sobre la toma de posesión del nuevo Presidente del Banco Central Europeo, dentro del calendario fijado por la recomendación del Consejo.

Randzio-Plath (PSE)
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, recomiendo que el Parlamento confirme el nombramiento del Sr. Jean-Claude Trichet como candidato adecuado para el puesto de Presidente del Banco Central Europeo. El candidato nominado ha presentado una declaración por escrito y ha dado explicaciones orales a dicha comisión en el curso del proceso de confirmación. Ha convencido a los miembros de dicha comisión no solo de su integridad personal y competencia profesional, sino también de sus visión de la política económica y monetaria en la Eurozona. Al mismo tiempo, ha demostrado ser receptivo a las exigencias de una mayor transparencia y responsabilidad democrática en el seno del Banco Central Europeo.
Cinco años después de su fundación, el Banco Central Europeo ya es mayor de edad. Su independencia -en términos políticos, económicos, financieros, organizativos y de personal- está garantizada y no está cuestionada por el Tratado que establece la Constitución para Europa. Su alto grado de independencia, que supera al de la Reserva Federal de los Estados Unidos, significa que el BCE tiene una gran responsabilidad en el desarrollo macroeconómico y social. Ello requiere la mayor transparencia posible en interés de la democracia y de la política de integración. Por ello, la transparencia de las decisiones y del procedimiento de toma de decisiones es parte integral del papel del Banco Central Europeo. Este esfuerzo para lograr la transparencia se refleja en el diálogo monetario trimestral con el Parlamento Europeo, en las publicaciones y decisiones ordinarias, pero también en los informes, las conferencias y las previsiones sobre la inflación que se publican cada seis meses. Así pues, en Europa ha tenido lugar una especie de revolución cultural. La cultura de los bancos centrales nacionales en Europa no contaba con este tipo de transparencia. Por cierto, la transparencia también va en interés del BCE porque es todavía una institución nueva, y por lo tanto, se basa especialmente en el establecimiento y la consolidación de su legitimidad, la credibilidad y confianza como autoridad europea.
En última instancia, el sistema monetario de una nación refleja todo lo que defiende esa nación y todo a lo que aspira y mantiene, si se me permite citar al renombrado economista europeo Josef Schumpeter. Creo que en la fase actual del debate, la incorporación del Tratado de Maastricht en su totalidad en el borrador del Tratado que establece la Constitución para Europa era el paso más adecuado. A lo largo de los siglos de su existencia, el papel de los bancos centrales ha sufrido un cambio radical, comenzando por su forma de organización privada en la historia, pasando por su cambio de estatus en los Estados Unidos, el concepto de lucha contra la inflación, hasta llegar a su papel de banco emisor independiente. Quizás sea demasiado pronto para encontrar respuesta a los retos actuales. La tarea que debemos emprender es definir el papel del Banco Central en un mundo globalizado dominado por el comercio y los mercados financieros internacionales. Ello implica mercados dinámicos, pero también riesgos cada vez mayores para la estabilidad financiera internacional.
¿Qué papel pueden y deben desempeñar, pues, los bancos centrales para contribuir a la estabilidad financiera, evitar las crisis financieras y proporcionar asistencia? ¿Está preparado el BCE para el papel de prestamista en última instancia? ¿Es esto lo que queremos? El euro también ha mejorado la posición internacional de Europa. El BCE tendrá que desempeñar un papel cada vez mayor en la definición y aplicación de las políticas apropiadas para una economía globalizada. Estamos preocupados por el gran desequilibrio de la economía estadounidense y los riesgos que pudiera entrañar para cualquier otra parte del mundo a medio plazo.
Muchas cuestiones relacionadas con la futura política del BCE están ligadas al nombramiento de su nuevo Presidente. Entre ellas se encuentra la definición de la estabilidad de precios, así como la cuestión de los instrumentos de la política monetaria. El mantenimiento de la estabilidad de los precios como objetivo primordial no debe conducir a que el BCE retire su apoyo al crecimiento y al empleo en su lista de tareas. La política monetaria no es neutral, por lo que el BCE debe desempeñar un papel, como actor macroeconómico, en la coordinación de las políticas europeas. En este sentido, la simple voluntad de contar con una coordinación posterior no es suficiente. Tendrán que tomarse decisiones en este tema, y el nuevo Presidente debe aportar ese nuevo ímpetu. El Parlamento Europeo también espera otras medidas hacia una mayor transparencia, desde la publicación de informes resumen sobre decisiones, con argumentos a favor y en contra de las decisiones adoptadas, hasta los resultados (anónimos) de las votaciones dentro del Consejo de Gobierno del BCE. Lo verdaderamente importante es contar con una política monetaria abierta y transparente en la que el acceso al proceso de toma de decisiones sea un hecho, ya que ello revierte en nuestro propio interés y en interés del bien común. El futuro Presidente es capaz de trabajar a partir del exitoso trabajo realizado por el primer Presidente del BCE, Win Duisenberg. Los eurodiputados confiamos en que será capaz de enfrentarse a los nuevos retos y encontrar las soluciones más acertadas.
Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi Grupo tiene tres criterios para una política económica y monetaria según los cuales también juzgamos la propuesta de nuevo Presidente del Banco Central Europeo. La semana pasada, durante nuestros días de estudio en Madrid, redefinimos y establecimos de nuevo los puntos cruciales de nuestra política.
El primero de ellos es la ratificación clara e inequívoca del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Consideramos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como el marco reglamentario de las políticas presupuestarias de los Estados miembros. Consideramos este Pacto como un requisito previo para la estabilidad de los precios y, por lo tanto, para un crecimiento sostenible y para la creación de empleo. El Pacto de Crecimiento y Estabilidad es la fuerza motriz de la reforma, y constituye la base para lograr una mayor transparencia en la situación presupuestaria de los Estados miembros. También representa una ayuda orientativa para los nuevos países candidatos a la adhesión que se están acercando a la moneda común, de forma que sean capaces de aceptar plenamente el euro.
Nuestra segunda piedra angular es la independencia del BCE. Esta independencia debe expresarse mediante la continuación de las políticas guiadas por la mano firme de Win Duisengerg. Debe expresarse mediante la continuidad, la confianza, la credibilidad, la profesionalidad, el espíritu de equipo y la vigilancia respecto de los cambios, así como en la claridad en su decisión y un talento considerable para la comunicación.
En tercer lugar, nuestro Grupo dice un «sí» rotundo a la moneda única. La moneda única es la base de un mercado interno funcional y la expansión del mercado interno hacia un mercado propio. Estos son también los criterios según los cuales juzgamos al candidato. Tanto en sus declaraciones por escrito como en las respuestas orales, apoyó de forma inequívoca los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la estabilidad de los precios, la independencia y la moneda única, y rechazó cualquier intento de sabotaje de los mismos considerándolo dañino para la estabilidad de la moneda, la estabilidad de los precios y para una política de crecimiento y creación de empleo.
Cuando se le preguntó acerca de los principios orientadores más importantes, el Sr. Trichet dijo, y cito: «Un mayor grado de credibilidad en la consecución del objetivo de la estabilidad de los precios, la independencia, recogida en el Tratado, con respecto a cualquier poder o tipo de influencia; por último, el realismo y el pragmatismo en la valoración de un entorno de rápidos cambios financieros y económicos, debido a las nuevas tecnologías y a los cambios en el comportamiento de los agentes económicos».
En segundo lugar, dijo: «De hecho, la estabilidad de los precios es un requisito previo para el crecimiento sostenible y la creación de empleo». Dijo claramente que la estabilidad de los precios no es suficiente por sí sola, y que debe verse complementada por una política presupuestaria juiciosa, por un equilibrio adecuado de beneficios de productividad y crecimiento nominal de compensación moderado, y por reformas estructurales muy urgentes y necesarias. Señaló que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento proporciona el concepto general y las normas comunes para las distintas políticas económicas de los Estados miembros. Así pues, en todas sus respuestas ha reconocido y afirmado claramente nuestros principios como los correctos. Por esta razón, mi Grupo también apoya este nombramiento.
(Aplausos del Grupo del PPE-DE)
Goebbels (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la gran mayoría del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos votará a favor del Sr. Trichet. 
El Sr. Trichet ha sido uno de los arquitectos del Tratado de Maastricht; es evidente que es un hombre competente para dirigir el Banco Central Europeo. Pero como el Sr. Trichet es de algún modo uno de los inventores de los criterios de Maastricht que condujeron a la adopción el euro por doce países de la Unión, sabe mejor que nadie que esos criterios, recogidos en lo esencial en el Pacto de Estabilidad, no tienen nada de científicos: responden a un compromiso político que obedece a la realidad económica y los equilibrios políticos de la época.
El Pacto de Estabilidad no es resultado de una ciencia exacta: como cualquier pacto libremente acordado, debe ser observado. No obstante, este pacto no es sagrado, como podría creerse al escuchar al Sr. Karas. Puede y debe ser mejorado. El Comisario Monti lo ha declarado en una entrevista: ya es hora de hacer un Pacto de Estabilidad inteligente, un Pacto de Estabilidad y Crecimiento aún más inteligente.
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos es favorable a una política de estabilidad. La lucha contra la inflación es esencial para defender, en particular, a nuestros ciudadanos más pobres. No obstante, como ha destacado el Presidente italiano, Carlo Ciampi, no habrá estabilidad sin crecimiento ni crecimiento sin estabilidad. Por tanto, es necesario aplicar esta doble política. 
El Banco Central Europeo debe luchar contra la inflación, pero también contra la recesión. El Banco tiene criterios objetivos para luchar contra la inflación, pero no tiene ninguno para luchar contra la recesión. Por otra parte, el Banco Central Europeo debe apoyar las demás políticas económicas de la Unión: a este respecto, la lucha contra la inflación es primordial, pero insuficiente. 
Europa debe rehacerse. No podemos limitarnos a reclamar constantemente la estabilidad. Debemos invertir asimismo en crecimiento, consagrar más dinero a la investigación y el desarrollo, a las infraestructuras en Europa, a la educación y a la formación permanentes. Esperamos que el Banco Central Europeo, con su nuevo presidente, sepa dar a esta política el apoyo adecuado.
Lipietz (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, cuando murió Luis XIV, rey de Francia, los franceses mostraron su devoción por su sucesor, Luis XV. Nos sumamos a esa muestra de devoción y votaremos a favor del Sr. Trichet, aunque no haya más razones objetivas para apoyarle que las que había para expresar de antemano aquella devoción por Luis XV. La principal razón de nuestro entusiasmo por el Sr. Trichet es el letargo de su predecesor.
El Sr. Trichet nos contará que durante todo su mandato de vicepresidente, aunque su tarea era prestar apoyo secundario a los objetivos de la Unión Europea -los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo, es decir, el pleno empleo y el desarrollo sostenible-, él consideraba personalmente que, para apoyarlos, bastaba perseguir el primer objetivo, la estabilidad de precios. En consecuencia, durante los tres años y medio de su mandato, hemos conseguido la misma tasa de inflación que los Estados Unidos, pero nuestros resultados son infinitamente peores que los de estos últimos en el ámbito de la inversión y la estabilidad.
Espero que el Sr. Trichet no diga: «Esto puede durar tanto como yo, después de mí el diluvio».
Abitbol (EDD).
Señor Presidente, como la mayoría de mi Grupo y, en todo caso, todos los franceses del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias (EDD), votaré en contra del nombramiento de Jean-Claude Trichet para la presidencia del Banco Central Europeo, aunque se me haya explicado que no se estila votar en contra de un compatriota. No obstante, todos hemos sido testigos de que el Sr. Trichet abjuró de su nacionalidad en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios diciendo «I'm not a Frenchman» para obtener los favores de la Comisión Europea, cosa que, al parecer, ha conseguido. 
No obstante, la razón de nuestra oposición es más profunda. Jean-Claude Trichet es, como saben todos los franceses, uno de los inspiradores de una política que sacrifica, que ha sacrificado y que sacrificará deliberadamente el crecimiento al dogma malthusiano de la estabilidad. Desde hace diez años, pagamos con un punto de crecimiento al año la política monetaria del Banco Central, y me sorprende, Sr. Lipietz, que se haya convertido usted en un monárquico tan ardiente.
Durante los trabajos de la Convención Europea, intentamos -el Sr. Katiforis y otros muchos, la mayoría de los socialistas y los verdes- cambiar este dogma y proponer que, en la nueva Constitución Europea, el crecimiento se eleve al mismo nivel de ambición que la estabilidad. Fracasamos, y considero que este Parlamento se honraría, o en todo caso todos los que participamos en esta lucha, absteniéndose sobre el nombramiento del Sr. Trichet, hasta tal punto es emblemático de esta política que padece y sigue padeciendo, lo vemos cada día, la economía europea.
Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, en la votación sobre el nombramiento del Sr. Trichet voy a abstenerme, en parte porque dado que el Reino Unido no es miembro de la zona euro, procuro actuar con prudencia a la hora de pronunciarme sobre estos asuntos organizativos internos relativos al euro, y en parte porque tengo sentimientos encontrados en cuanto al nombramiento del Sr. Trichet. Evidentemente es un banquero central de enorme talento, capaz e inteligente. Sin embargo, al término de nuestros debates en comisión, tuve la sensación de que, a pesar de sus mencionadas cualidades, realmente no aportaba nada nuevo al euro. No tuvo respuestas para algunos de los verdaderos problemas económicos que estamos viviendo en la zona euro.
Existen niveles cada vez mayores de desempleo en Alemania y Francia y sus economías están en dificultades hasta el punto de que ninguno de los dos países es capaz de cumplir lo dispuesto por el Pacto de Estabilidad. Es evidente que existen problemas económicos reales en la zona euro y no he escuchado ni una sola palabra del Sr. Trichet que revele su capacidad para resolverlos.
No ha constituido ninguna sorpresa para mí que los suecos hayan decidido que no desean suprimir su moneda nacional. Las persistentes dificultades económicas en la zona euro constituyen una de las múltiples razones por las que el Reino Unido tampoco debería suprimir su moneda nacional. Por todos estos motivos, en la votación sobre el nombramiento del Sr. Trichet me abstendré.

Berès (PSE).
Señor Presidente, no seré más monárquico que el Sr. Goebbels o el Sr. Lipietz, y apoyaré el nombramiento del Sr. Trichet por sus competencias profesionales. Creo que, entre los gobernadores de bancos centrales de la zona euro, sus cualidades son unánimemente reconocidas. Cuenta con todas las bazas para ser un presidente riguroso del BCE. Esto no es un certificado de satisfacción con la política monetaria que llevará, pero todavía no he encontrado a ningún gobernador de un banco central abierto a otra política monetaria. Pienso, pues, que debemos mirar a otros horizontes para esperar un cambio profundo de la política económica y monetaria de la zona euro.
Permítanme añadir tres observaciones a esta declaración. La primera es que espero, y por el momento no puedo decir si esto ocurrirá, que el Sr. Trichet se muestre más abierto a lo que debemos llamar la coordinación de políticas económicas. Puesto que ha estado implicado desde la firma del Tratado de Maastricht, sabe muy bien que este descansa sobre dos pilares: la unión monetaria y la unión económica. La unión económica no puede funcionar sin Gobiernos capaces de comprender que su política presupuestaria y fiscal entra dentro del ámbito del interés común. El papel de un gobernador de banco central hoy, si no quiere ser permanentemente cabeza de turco, es recordar a los Gobiernos esta responsabilidad. Decir a los Gobiernos que pueden evitar la coordinación de políticas económicas aplicando simplemente una política monetaria, e invitándoles únicamente a proceder a reformas estructurales, no hará que la zona euro recupere un potencial real de crecimiento centrado en inversiones en investigación, desarrollo y educación.
Mi segunda observación es que si queremos restablecer la confianza, necesitaremos esa coordinación de políticas económicas, y no solo un banco central que aplique estrictamente los criterios.
Por último, aprovecho el debate de esta mañana para expresar mi estupor y mi inquietud cuando observo la posición adoptada ayer por el Banco Central Europeo, que pide que, entre los objetivos del proyecto de Constitución, se inscriba un crecimiento no inflacionista y la estabilidad de precios. Me parece que el equilibrio en la redacción del artículo 3, tal como ha salido de la Convención, es totalmente satisfactorio y que sería peligroso seguir al Banco Central en este punto.
Pex (PPE-DE).
Señor Presidente, cualquier audiencia con el presidente o gobernador del Banco Central siempre deja mucho que desear, ya que suelen ser extremadamente cuidadosos en público debido a su posición. En cuanto al resto, me satisfizo su pericia técnica. Basándome en la respuesta al cuestionario elaborado por ECON, he llegado a la conclusión de que el Sr. Trichet es como un clon del Sr. Duisenberg. Creo que será excelente si esta comparación continúa siendo cierta a largo plazo. La diferencia entre los dos es la utilización del idioma. Verán, la psicología es muy importante en la política monetaria. El Sr. Duisenberg nunca habló en neerlandés porque el inglés es el idioma principal del BCE, y en lo que a mí respecta, el Sr. Trichet habló demasiado en francés durante la audiencia. Espero que esto no signifique que seguirá siendo un poco francés desde un punto de vista funcional, ya que yo esperaría de él que defendiera al euro de forma clara en París. El euro solo existirá si los ciudadanos tienen fe en su moneda. Para que esto suceda, debemos aplicar de forma estricta las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Me satisface enormemente que el Sr. Trichet también sea de esta opinión y que continúe con la política del Sr. Duisenberg. Es de importancia capital que cumplamos las normas del Pacto de Estabilidad sin juegos políticos y sin interpretar las normas que promueven nuestros propios intereses. Los que defienden un enfoque flexible de las normas con el fin de estimular el crecimiento (y pienso en el Primer Ministro Raffarin, por ejemplo) niegan, o no entienden, o bien no quieren entender (lo cual es más grave) que los porcentajes mencionados en el pacto ya cuentan con un componente estructural que funciona dentro de todos los movimientos de la economía. Espero que el Sr. Trichet continúe en esta línea en el futuro, que sea coherente en cuanto a la ejecución de las normas y que hable alto y claro sobre este asunto también en París. Espero que la Comisión Europea haga lo mismo y, si es necesario, que imponga sanciones a los Estados miembros que no cumplan las normas. Una política estricta promueve la credibilidad de la unión monetaria y la fe en nuestro euro. Según la economía clásica, die Massengewohnheit der Annahme [la costumbre masiva de la aceptación] es la base del funcionamiento del dinero. Nuestra voluntad de utilizar el euro en la Unión Europea debe verse confirmada e incrementada cada día.

Santos (PSE).
Señor Presidente, tomar el puesto del Sr. Duisenberg no debe de ser nada fácil, ya que el actual Presidente del Banco Central Europeo ha guiado con éxito dicha institución durante los años de creación de la moneda única y, sobre todo, porque la necesidad de una política monetaria más generosa está resultando crucial para el crecimiento económico.
En sus respuestas ante la comisión del Parlamento, el Sr. Trichet hizo hincapié, entre otras cosas, en el papel fundamental del realismo o pragmatismo al analizar el clima económico y financiero en un momento de rápidos cambios. Ese realismo y ese pragmatismo son, de hecho, lo que se espera exactamente del nuevo presidente. Los ciudadanos europeos están pidiendo mayor crecimiento económico y más empleo. La mayoría de los políticos que los representan están pidiendo mayor flexibilidad presupuestaria y cierta comprensión monetaria, dada la crisis económica que está experimentando Europa. Nosotros no estamos en posición de atender o responder a estas preocupaciones, lo que significa no solo dejar estas cuestiones sin solución, sino que además estaremos impulsando el hundimiento de la credibilidad de la moneda única, tras lo cual la lealtad de los ciudadanos a la Unión Económica y Monetaria se verá resentida.
Los resultados del referéndum sueco y las recientes encuestas sobre el nivel de compromiso de Noruega con Europa constituyen un solemne aviso. No podemos pasar por alto el hecho de que los ciudadanos están empezando a pensar que el coste del euro es demasiado alto para Europa. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del que la Comisión es garante y el Banco Central un firme defensor, refleja un ideal noble y de fundamental importancia, pero la forma en que está redactado no es satisfactoria porque no aborda las situaciones de crisis como la que estamos viviendo en estos momentos.
Más importante que el nivel de déficit es definir directrices amplias para el gasto público. El pacto no tiene en cuenta este principio. Una cosa es promover el déficit para reducir los impuestos (política que cuando se aplica de forma aislada solo aporta unos beneficios económicos reducidos, mientras que siempre crea desigualdades); otra muy distinta es aceptar el déficit como el resultado de unas políticas de inversión que realmente contribuyen a la recuperación de la economía. Si bien es cierto que los beneficios keynesianos de aumentar el gasto público se agotan a partir de un determinado nivel, también es cierto, sin embargo, que la puesta en marcha de iniciativas para promover el crecimiento económico (algo absolutamente crucial para la recuperación) nunca será posible sin un aumento del gasto público.
Por otra parte, es extraño que hoy se hable tanto de las iniciativas para potenciar el crecimiento económico, cuando las reformas y los objetivos definidos para dicho fin en la Estrategia de Lisboa aún están muy lejos de lograrse. Por lo tanto, el BCE debe mostrar el realismo y pragmatismo que el Presidente electo reconoce como esencial, si no queremos correr el peligro de que se hunda el sistema económico basado en la moneda única y en la política monetaria común, construido de forma tan laboriosa y con tantas dificultades. Más aún, esa responsabilidad se encuentra en manos del Sr. Trichet. ¡Buena suerte!

Radwan (PPE-DE).
Señor Presidente, en nombre de la CSU, también deseo expresar mi apoyo al Sr. Trichet. Esto se debe en primer lugar a su competencia profesional y, en segundo lugar, a sus cualidades personales, ya que continuará la tradición establecida por el Sr. Duisenberg. Aunque mi muy estimada colega, la Sra. Villiers criticara al Sr. Trichet argumentando que no tenía nada nuevo que decir, eso es precisamente lo que estamos buscando. Queremos que defienda la continuidad al frente del BCE.
Especialmente en relación a las tareas fundamentales del BCE: baja inflación, compromiso con la independencia del BCE y defensa del Pacto de Estabilidad. En este contexto, espero especialmente que, como francés, sepa ser crítico en las relaciones con su país. También espero que lo dos Comisarios presentes como invitados a la sesión plenaria de hoy, el Sr. Tolbes y el Sr. Bolkestein, luchen por defender el Pacto de Estabilidad. Suecia nos ha mostrado hasta qué punto una política presupuestaria inadecuada en cualquier Estado miembro puede influir en el voto. Lo que verdaderamente no me gusta de este debate es la constante crítica al BCE. Se está responsabilizando a esta institución del cumplimiento de los objetivos de Lisboa. La principal responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de Lisboa no recae sobre el BCE, ni siquiera sobre la Comisión. Ambas instituciones pueden contribuir al proceso, pero la mayor responsabilidad pertenece a los Estados miembros, y se ha perdido una gran cantidad de tiempo debido a que éstos no han hecho sus deberes. Yo pediría a las personas que responsabilizan al BCE y lo critican por ello que sean igualmente críticas, o más si cabe, con los fracasos de los Estados miembros. Creo que esa postura nos llevaría mucho más lejos.
Katiforis (PSE).
Señor Presidente, el nombramiento del nuevo Presidente del Banco Central Europeo y la opinión del Parlamento Europeo sobre dicho nombramiento constituyen actos del ejercicio de la soberanía de los ciudadanos europeos y deben ser tratados con toda la seriedad que merecen. Esperemos que algún día ese nombramiento corresponda únicamente al Parlamento. Entonces tendrá mayor validez y mayor peso.
Hoy esta Cámara tiene la propuesta afirmativa de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y no existen dudas acerca de la cualificación profesional del candidato. Al contrario, su impresionante trayectoria hasta la fecha representa una garantía de sus aptitudes personales. Desgraciadamente, no puede decirse lo mismo de la filosofía económica que el candidato a Presidente del Banco Central Europeo defendió con tanta obstinación ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Todavía tengo dificultades para entender que un economista con la enorme experiencia del Sr. Trichet haya podido mantener que, en tiempos de estancamiento económico prolongado, un aumento del gasto público podría ser dañino para la recuperación de la economía.
Recurrió a varios sofismos teóricos, cuando se sabe al menos desde 1910, que el antídoto clásico para la depresión y el desempleo son las obras públicas. Imagino que incluso el Sr. Trichet estaría de acuerdo en que, sin inversión, la máquina económica no puede arrancar de nuevo y supongo que él mismo se habrá percatado del retraso de las inversiones privadas y de la necesidad de dar un mayor impulso a la inversión pública, como el Sr. Chirac y el Sr. Schröder han comprendido finalmente, aunque de forma tardía.
Sin embargo, aunque la persistencia en esta filosofía fue razón suficiente para votar en contra del Sr. Trichet la semana pasada, mucho me temo que ya no resulta suficiente, ya que, mientras tanto, los ciudadanos suecos han rechazado el euro, obligándonos a todos a cerrar filas en torno a los símbolos de la estabilidad de la moneda única. Por ello creo que es mi obligación (y creo que hablo en nombre del resto de mis colegas griegos con opiniones similares) apoyar y votar a favor del Sr. Trichet.
No obstante, espero que se vea obligado por las circunstancias a adoptar una actitud y posición diferentes, ya que los representantes del Banco Central no pueden utilizar su posición para decir, como lo hizo el Sr. Lipietz: «après moi le déluge» [Después de mí, el diluvio], ni tampoco «avant moi le déluge, pendant moi le déluge, et après moi Dieu nous sauve» [antes de mí, el diluvio, conmigo el diluvio, y después de mí, que Dios nos ayude].

Magri
. (IT) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los eurodiputados por su atentos y serios discursos sobre este tema.
Nos sentimos orgullosos, honrados, privilegiados y conscientes de nuestra gran fortuna por poder participar en la transición hacia una Unión Europea ampliada. Hoy somos testigos de un momento que sin duda alguna es importante para la fuerza y la estabilidad de Europa.
A la vez que reiterar el apoyo del Consejo a la candidatura del Sr. Trichet, también deseo garantizar al Parlamento que transmitiré a mis colegas del Consejo todas las opiniones positivas o negativas expresadas hoy en esta Cámara. Permítanme concluir con palabras de aliento. Citaré a Séneca, quien en «Sobre la Providencia» dijo que, afortunadamente, a menudo «las misiones más peligrosas se encomiendan a los soldados más valientes». Estoy convencido de que también será cierto en este caso.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0238/2003) de la Sra. McCarthy, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM(2002) 92 - C5-0082/2002 - 2002/0047(COD))
Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión quiero empezar dando las gracias a la Sra. McCarthy, la ponente en este asunto complejo y técnico, pero importante, por su excelente labor en este informe. También quiero agradecer a los ponentes de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que han efectuado asimismo una contribución significativa al trabajo del Parlamento en este asunto.
Los ordenadores se están convirtiendo cada vez en más omnipresentes en nuestras vidas cotidianas y, al margen de la caja que se encuentra en casi todo nuestros despachos y en bastantes de nuestros dormitorios, los microchips son algo corriente en los aparatos cotidianos, como las maquinillas de afeitar eléctricas, los coches o los hornos de microondas. La cuestión de cómo definir la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador va adquiriendo gradualmente mayor importancia, sobre todo porque tales invenciones se estima que representarán el 15% de las nuevas solicitudes de patentes. De hecho, la patentabilidad potencial de las invenciones implementadas en ordenador ya está admitida en la práctica actual de la Oficina Europea de Patentes. La Directiva propuesta no pretende abolir esta práctica o ampliarla para que cubra la patente de meros programas de ordenador, tal como han proclamado muchos enemigos de la Directiva. La Directiva no pretende amparar la patente de meros programas de ordenador. De hecho, muchos han proclamado -erróneamente- que la Directiva introduce por primera vez el concepto de la patentabilidad de las invenciones de software en la práctica de la Unión Europea en materia de patentes. No es el caso.
Por consiguiente, me complace tanto más que la ponente haya sido capaz de eludir estas ideas erróneas y presentar un informe altamente constructivo que intenta acercarse al objetivo de la Comisión fijado en su propuesta original, a saber, el de clarificar el alcance de la patentabilidad de las invenciones, que incorpora el software, y de armonizar en toda la Unión Europea, sobre la base de la práctica existente, la propuesta que pretende conseguir armonización y clarificación. Sin embargo, nada va a ser patentable que no sea ya susceptible de serlo.
Dentro de este espíritu, la Comisión acoge con beneplácito las enmiendas al texto propuesto en el informe por la Sra. McCarthy como un avance más para clarificar ese objetivo.
Los opositores de la Directiva han articulado una campaña muy ruidosa y, en ocasiones, incluso personal, basada en medias verdades y conceptos erróneos que atañen a las inquietudes legítimas acerca de la competitividad, sobre todo para las pequeñas empresas. Pero el hecho es que la propuesta no plantea la patente del software y no tendrá los efectos terribles que esos agoreros tratan de hacernos creer. Se trata de una medida prudente y cauta que vendrá a clarificar y, en todo caso, a fortalecer las leyes que ya existen.
Soy consciente de que se ha presentado un gran número de enmiendas al informe de la Sra. McCarthy, muchas de las cuales tratan de volver a plantear ideas y conceptos ya estudiados y rechazados por la comisión durante la fase de elaboración del informe. Hay algunos aspectos interesantes pero, por lo general, me temo que la mayoría de esas enmiendas devendrán en inaceptables para la Comisión.
Me preocupa sobremanera esta situación: muchas de estas enmiendas son de carácter fundamental. Existe una posibilidad muy real de que la propuesta fracase en el caso de que el Parlamento opte por aceptarlas. Si ocurriera tal cosa, temo dos posibles consecuencias, ninguna de las cuales, sospecho, ha sido prevista por algunos diputados del Parlamento y ninguna de las cuales favorecería los objetivos que parecen esconderse tras algunas de las nuevas enmiendas.
En primer lugar, en ausencia total de armonización en el ámbito comunitario, la Oficina Europea de Patentes y los diferentes organismos de patentes nacionales tendrían libertad para continuar su práctica actual de emitir patentes a favor de invenciones implementadas en ordenador que podrían difuminar o incluso traspasar la línea de minar la posibilidad de excluir de la patentabilidad al software como tal de acuerdo con el artículo 52 de la Convención Europea de Patentes. El resultado no solo sería el mantenimiento de la incertidumbre legal y la divergencia para los inventores, sino también una renuncia a la postura adoptada por casi todo el mundo en esta Cámara y, sobre todo, la propia Comisión, que es la de mantener excluido el software puro de la patentabilidad. No queremos eso. La propuesta lo rechaza.
En segundo lugar, en ausencia de armonización en el ámbito comunitario, es muy probable que los Estados miembros busquen en su lugar la armonización en el contexto europeo.
Permítanme explicar qué quiero decir con esa afirmación. A diferencia de otros muchos campos, el de las patentes es inusual por cuanto, dada la existencia de la Convención Europea de Patentes y la creación de la Oficina Europea de Patentes, ya está establecido un sistema de patentes supranacional que cubre la totalidad de la Unión Europea y más. Este sistema puede funcionar con independencia del proceso legislativo comunitario.
Si fracasamos en nuestro esfuerzo por conseguir la armonización de la legislación sobre patentes relacionada con las invenciones implementadas en ordenador en la Unión Europea, bien pudiera ocurrir que nos tengamos que enfrentar a una renegociación de la Convención Europea de Patentes. El proceso de volver a negociar la Convención Europea de Patentes no exigiría ninguna contribución por parte de este Parlamento.
La situación está clara: existe un único objetivo, pero una diversidad de medios. O bien actuamos con arreglo al método comunitario o nos sentamos en la fila de atrás y contemplamos cómo avanzan los Estados miembros, utilizando un tratado intergubernamental. Es evidente que tomar la vía de este Parlamento proporcionaría a los ciudadanos europeos un mayor peso en la legislación sobre patentes, un campo que es esencial para nuestra economía.

McCarthy (PSE)
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre la patentabilidad de invenciones implementadas en ordenador ante el Parlamento no constituye, como han sugerido algunos adversarios de la Directiva, un fenómeno nuevo. Tampoco aboga a favor de patentar el software, ni de ampliar la patentabilidad ni el alcance de protección en este ámbito.
La realidad es que la Oficina Europea de Patentes y las propias oficinas de patentes nacionales han aprobado cerca de 30 000 patentes para invenciones implementadas en ordenador. Las invenciones implementadas en ordenador se hallan presentes, como ha dicho el Comisario, en los aparatos domésticos cotidianos, desde los dispositivos de seguridad, como los airbags de los automóviles, hasta los teléfonos móviles, las lavadoras y una lista interminable de otros muchos equipos, con una importancia que va mucho más allá de la industria tradicional de los ordenadores y llega hasta el corazón de nuestros sectores industriales. Seamos claros: sin esta Directiva se continuarán solicitando patentes. De un total de más de 110 000 solicitudes recibidas en la OEP durante 2001, 16 000 versaban sobre invenciones en tecnologías implementadas en ordenador.
En los Estados Unidos, y cada vez más en Japón, desafortunadamente se han venido concediendo patentes por lo que es esencialmente software puro. Un Directiva de la UE, al establecer los límites a la patentabilidad en este campo, podría detener la tendencia en Europa hacia un estilo liberal de tipo norteamericano de patentar software como tal y, efectivamente, de patentar puros métodos empresariales.
Un ejemplo, citado a menudo, de dicha práctica deficiente lo constituye el método de compra «a golpe de ratón» de Amazon. Es evidente que esta tecnología no es nueva, ni es única, y el hecho de patentar métodos empresariales de software como el anterior no es bueno ni para la innovación ni para la competencia. Es lamentable que la OEP le haya concedido una patente: he aquí un ejemplo de práctica equivocada por parte de la OEP.
Es indudable que las invenciones implementadas en ordenador -invenciones auténticas, que en determinados casos son el resultado de 10 y 15 años de inversión en I+D- son importantes para la economía europea. En un momento en que muchas de nuestras industrias tradicionales están emigrando a la China y el Extremo Oriente, necesitamos apoyarnos en nuestra innovación e inventiva para ganarnos el sustento.
He visto cartas de empresas pequeñas de toda Europa que apoyan esta Directiva. Una pequeña empresa belga, con una plantilla de 12 personas, me ha escrito diciendo que necesita patentes para rentabilizar su inversión, para hacer crecer su negocio y para garantizar que los demás respetan su tecnología. Para muchas empresas europeas, resulta importante desarrollar su negocio mediante ingresos procedentes de patentes y licencias. Es el caso de una empresa de diez personas en el sudoeste de Inglaterra, situada en un punto negro económico con una elevada tasa de desempleo. Esta empresa concedió una licencia a una multinacional estadounidense para sus patentes de reconocimiento de voz implementadas en ordenador, lo cual demuestra que en el mundo de las patentes globales pueden darse ejemplos de David frente a Goliat. Sin una protección de patentes, la empresa pequeña podría haberse encontrado en una situación contradictoria en la que sus esfuerzos en I+D hubieran resultado gratuitos para la compañía multinacional que, gracias a su equipo de agentes de la propiedad industrial, habría obtenido la patente en este campo. En consecuencia, la empresa europea no habría cosechado los beneficios y, de hecho, se podría haber producido una vulneración de una patente propiedad de una multinacional.
He presentado enmiendas en mi informe para subrayar mi oposición a la patente del software como tal. Queremos excluir de la patentabilidad de manera explícita los métodos, los algoritmos y los modelos matemáticos en ordenador, tal como reza el nuevo artículo 4. He intentado elaborar una legislación equilibrada que tenga en cuenta las necesidades de todos los sectores de la industria, no solo un sector vocinglero que está en contra de esta Directiva.
Soy la primera en aceptar que necesitamos un debate en mayor profundidad y un perfeccionamiento de la legislación propuesta. Por tanto, solicito a la Comisión que analice el aspecto clave de este debate: ¿cómo conseguimos una buena legislación sobre patentes que remunere a nuestras empresas más innovadores por sus inversiones en I+D, al tiempo que no permita a las compañías utilizar patentes para abusar de una posición dominante, bloquear la tecnología y ahogar la innovación y la competencia? Así pues, pido al Sr. Comisario que estudie estas enmiendas presentadas hoy en el Pleno. Son muy claras a la hora de plantear que necesitamos limitar la patentabilidad a las invenciones auténticas en los artículos 2 y 4. Queremos garantizar la interoperabilidad para permitir a los programadores de ordenador dedicarse a prácticas de ingeniería inversa y descompilar programas para fines experimentales sin correr el riesgo de vulneración o acción legal. Es esencial que combatamos la idea de que las patentes solo son cosa de las grandes empresas: las empresas pequeñas pueden beneficiarse, y de hecho lo hacen, de la protección de las patentes. Pero para tener la oportunidad de pelear en un negocio tan competitivo, necesitan acceder a patentes y asistencia asequibles con tarifas legales para proteger y hacer valer sus patentes.
Otras enmiendas buscan asegurar que la concesión de una patente no dé pie al monopolio o abuso de una posición dominante. Queremos proteger igualmente la comunidad partidaria del código fuente abierto, que realiza una contribución vital para la competitividad en el sector del desarrollo de software.
Así pues, solicito al Sr. Comisario que analice con detenimiento las enmiendas y las interprete con el espíritu en que han sido presentadas, como un intento genuino de garantizar que Europa elabora una buena ley de patentes en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador. Esto no significa dar por buenas las prácticas defectuosas en Europa, sino desarrollar una buena práctica para el futuro, una buena ley, unos buenos auditores de patentes y una muerte rápida para las solicitudes que claramente no son invenciones. Queremos asegurar además que las multinacionales no dominen en nuestros mercados de la UE. Necesitamos patentes a fin de proteger nuestras propias empresas e inversiones, de manera que puedan participar activamente en este mercado mundial del desarrollo de software que cambia y se desarrolla con tanta rapidez.

Plooij-van Gorsel (ELDR)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, deseo comentar que en los nueve años que llevo trabajando en este Parlamento, nunca ningún conocido me ha presionado de forma tan intensa, frecuente, indecorosa o abierta. Realmente debe de haber mucho en juego, y entiendo que exista preocupación.
El objetivo de esta propuesta es armonizar los reglamentos europeos. En la actualidad, no hay certeza legal sobre lo que se puede patentar y lo que no en el campo del software. Esto se debe a que las normas del Convenio sobre la Patente Europea se interpretan de manera distinta en los Estados miembros y no se están comprobando. Esta incertidumbre legal tiene efectos adversos para el funcionamiento del mercado interior. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es positiva en cuanto al objetivo de esta propuesta, a saber, el reconocimiento de la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador y normas más transparentes. Es ilusorio creer que no se han concedido patentes de software en Europa hasta la fecha. La Oficina Europea de Patentes ha concedido más de 30.000. La directiva que se propone ahora no permitirá la concesión de patentes para los programas informáticos como tales y restringirá las prácticas actuales de la Oficina Europea de Patentes. En términos generales, no hará posible patentar nada que no fuera posible patentar con anterioridad. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía opina que la directiva debe limitarse estrictamente a los casos donde no exista ambigüedad. La condición de la innovación técnica es esencial. Esta es característica de las invenciones, en contraposición a una idea. Al contrario que en los Estados Unidos, queremos evitar que se concedan las conocidas patentes triviales, como por ejemplo, en asuntos empresariales. La posibilidad de vincular material para lograr su interoperabilidad es una forma de conseguir una red abierta y de evitar que se abuse de posiciones de dominio. Por lo tanto, les pido que apoyen la posición de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el artículo 6º del informe y, por supuesto, también las demás enmiendas.
Por último, les pido su apoyo a la introducción de un periodo de gracia. Ello evitará que a un inventor se le copie su invención si la publica para tantear el interés del mercado poco antes de solicitar la patente.

Rocard (PSE)
Señor Presidente, señor Comisario, esta Directiva y este debate son tremendamente complejos, y complejos en dos conceptos, por su complejidad jurídica y por la complejidad informática. Sin embargo, lo que está en juego es mucho. Económicamente, decenas de millardos de dólares, y filosóficamente, el respeto del conocimiento humano. En los seis mil años de nuestra historia, el inmenso saber humano ha progresado mediante la copia. La condición necesaria era que los productos del conocimiento, la música, las matemáticas o todos los demás fueran accesibles libre y gratuitamente. El derecho de autor remunera al creador sin poner en peligro esos principios. Cuando el hombre utiliza la materia o emplea las fuerzas de la naturaleza, los costes varían y la remuneración necesaria es mucho mayor, y las patentes hacen posible esta remuneración prohibiendo el uso no remunerado de la invención. Un programa informático no es más que un conjunto de fórmulas matemáticas; en la creación de un nuevo programa se utilizan a veces varios cientos de programas anteriores. Prohibir o hacer más lento este desarrollo creativo es atentar contra la difusión del saber. Ahora bien, el saber humano, en el futuro, adquirirá cada vez más la forma de programas informáticos.
El Convenio de 1972 prohíbe la patente de cualquier programa informático, pero las necesidades de la gran industria, que aprovecha la imprecisión de las definiciones, han conducido a una multiplicación de las patentes de este tipo. La situación jurídica de estos miles de patentes no es clara y ello representa un inmenso peligro para millones de creadores individuales o pequeñas empresas. Tenía usted razón al querer poner fin a esta situación. Necesitamos una directiva y su proyecto es una buena base de trabajo, tal como ha reafirmado esta mañana. Tenía razón en no querer ampliar el ámbito de la patentabilidad y en escribirlo, como ha afirmado en varios artículos bastante recientes.
Suscribimos pues, señor Comisario, sus motivaciones, pero somos muchos aquí, lo acabamos de oír, y mi Grupo también, los que pensamos que no ha ido hasta el final de su propia lógica. Usted termina su último artículo con esa frase admirable que aplaudo: «los usuarios de los programas informáticos existentes y de libre acceso podrán seguir utilizándolos libremente, independientemente de las futuras patentes que se depositen en este ámbito». Bravo, es lo que queremos. Pero el dispositivo técnico de su Directiva no lo garantiza.
Hemos preparado, pues, unas enmiendas que precisan la distinción entre una invención y un producto puro del espíritu humano. La referencia a la materia y a las fuerzas de la naturaleza no es aceptada por todos, y este es desde luego el campo del debate. Sin embargo, esta referencia es la única posible para impedir que empresas suficientemente potentes para gestionar y proteger una inmensa cartera de patentes capturen un volumen cada vez mayor de conocimientos.
Al leer sus palabras, señor Comisario, he tenido el placer de pensar que estaría de acuerdo con nosotros y que nos daría las gracias por haber clarificado su texto.
Wuermeling (PPE-DE).
Señor Presidente, Sra. McCarthy, Señorías, quiero comenzar dando las gracias muy sinceramente a la ponente por su excelente trabajo en este informe. Señora McCarthy, usted ha tenido que superar dos problemas importantes a los que no se suelen enfrentar los ponentes. En primer lugar, se trata de un tema extremadamente complejo, que abarca tanto cuestiones legales como asuntos de complicada índole técnica. En segundo lugar, también ha tenido que tratar con un grupo de presión en ocasiones muy agresivo, y a veces también muy irracional, pero finalmente ha logrado establecer un diálogo continuo, aunque indudablemente le haya resultado difícil en determinados momentos, al igual que a nosotros.
No, Señorías, no queremos patentes generales de ningún software. No queremos reforzar el poder del mercado ni los monopolios de los gigantes del software. No, no queremos amenazar las bases comerciales de las pequeñas y medianas empresas. Y no, tampoco queremos perjudicar a la exitosa comunidad de software libre (open source) ni a la tecnología Linux en modo alguno. ¿Qué pretendemos entonces? Queremos hacer una distinción razonable entre, por una parte, las invenciones técnicas implementadas en ordenador, (que por supuesto deben ser patentables) y, por otra, el software simple para el procesamiento de datos corrientes (que no debe ser patentable).
Es verdad que en el pasado, la Oficina Europea de Patentes ha concedido un número excesivo de patentes y de manera muy alegre. La Sra. McCarthy ha citado el ejemplo más reciente del método de compra de «un clic» de Amazon. Sin embargo, solo el legislador puede parar esta perjudicial tendencia. No tiene ningún sentido oponerse a esta directiva, porque en ese caso, tales prácticas seguirán realizándose. Por ello no logro entender que nadie (sobre todo, la comunidad de software libre «open source») se oponga a cualquier forma de directiva en este campo, ya que eso simplemente permitiría que continuaran las prácticas actuales, que esta comunidad ve con ojos muy críticos.
Por otra parte, también es cierto que una invención, en el sentido clásico del término, merece ser protegida por la legislación. El inventor invierte tiempo y dinero en su invención, y evidentemente es inaceptable que el Estado se siente de brazos cruzados y sonría mientras que otros explotan comercialmente sus ideas. En este campo, también se debe debatir la competitividad de la Unión Europea, porque si con esta directiva llegamos hasta el punto de que prácticamente todos los elementos de software deriven en una invención que ya no se puede patentar, estaremos en desventaja comparativa en la competencia mundial por la innovación. Tenemos que ser conscientes de esto.
La propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior mejora la directiva en aspectos clave. Limita la tendencia a conceder patentes con demasiada facilidad, aspecto que ya se ha criticado, y lo hace de forma más eficaz que la propuesta orinal de la Comisión. El nuevo artículo 4A, con sus ejemplos negativos, crea una importante protección contra las patentes de software, porque decimos claramente que el software puro no se puede patentar, que los métodos empresariales no se pueden patentar y que los algoritmos y los procesadores de datos tampoco pueden patentarse.
Lo que necesitamos es una ley europea de patentes que promueva la innovación, que contenga normas claras y razonables y que cree un muro de protección contra el software puro. Esta directiva logra esos objetivos.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, el Grupo socialista no cree que las enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior reflejen la situación actual en materia de patentabilidad de invenciones aplicadas por ordenador.
Hay que partir de la base de que ésta no es una propuesta de Directiva para patentar los programas de ordenador. El régimen de éstos, como señaló el ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, Sr. Rocard, está regulado ya por una Directiva comunitaria. Se trata del ámbito de la creación intelectual, que tiene unas reglas muy distintas de las que rigen el ámbito de la protección industrial. La protección industrial, como señaló el Sr. Rocard, se refiere a la aplicación de usos industriales, y hay unas reglas ya bastante bien establecidas.
Lo que ha ocurrido aquí es que ha habido una deriva peligrosísima por parte de la jurisprudencia norteamericana, que ha permitido que se patenten creaciones puramente intelectuales que no tienen, como tales, aplicaciones industriales. El intento de establecer un monopolio sobre los programas de ordenador a través de la patente ha provocado una justa indignación de todos aquellos que en este momento están utilizando la red abierta en Europa, y que se verían perjudicados en la posibilidad de actuación. Produciría un retroceso en el avance europeo hacia la creación de una sociedad de la información tal y como fue formulado en la Declaración de Lisboa.
Por tanto, el Grupo socialista cree que la propuesta de Directiva tiene que ser modificada sustancialmente, estableciendo limitaciones muy claras, al objeto de que no se desvirtúe la naturaleza de la patente industrial.
No podemos encontrarnos aquí en una situación como la norteamericana, en la cual, en este momento hay determinadas compañías que pueden prácticamente impedir todo trabajo en materia de programación informática. Es cierto, como ha señalado el Sr. Bolkestein, que la Oficina Europea de Patentes se ha dejado llevar, en parte, por esa peligrosa deriva, como lo ha hecho, por ejemplo la jurisprudencia japonesa. Y por eso precisamente, es necesaria una Directiva comunitaria.
Creemos que el ámbito de la propiedad intelectual en materia de ordenadores tiene que ser mantenido y que hace falta una Directiva comunitaria que regule solo la aplicación industrial, no los programas de ordenador, y que la regule de una manera tan clara que impida caer en esa deriva, de forma que la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes no arrastre a los países de la Unión Europea por el camino de la patentabilidad de las invenciones de ordenador como tales.
Manders (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión que se debate hoy en esta Cámara es muy complicada. Hay un gran diferencia entre la ley de copyright y la de patentes. Que esta diferencia es difícil de definir es evidente por la enorme presión que hemos recibido. Por lo tanto, doy las gracias a la Sra. McCarthy porque ha sido capaz de marcar la línea divisoria. En particular, ha sido capaz de informar a los agresivos grupos de presión, quienes en mi opinión han hecho una interpretación incorrecta y que desean lograr exactamente lo contrario de lo que pretendemos con esta directiva. Esto es lamentable.
El objetivo de esta directiva, al menos desde mi punto de vista, es evitar la incertidumbre legal. El Sr. Medina Ortega y muchos otros colegas eurodiputados ya han dado ejemplos de esto. La Oficina Europea de Patentes de Munich ya está utilizando el método estadounidense en la actualidad y ya está patentando software como tal. Creo que es necesario poner fin a esto por medio de esta directiva, si se aprueba. Creo que esto es también lo que quieren los grupos de presión que desean que no se apruebe esta directiva. Por lo tanto, creo que es raro que pidan que se rechace por completo esta directiva. Después de todo, eso haría posible que los métodos estadounidenses a los que se han referido algunos colegas se sigan aplicando y que la Oficina de Patentes continúe emitiendo patentes para miles de métodos de software. Creo que eso sería negativo.
Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas. Un gran número de ellas han sido aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en el debate sobre el informe McCarthy. Una gran proporción están relacionadas con la protección de las pequeñas y medianas empresas, mientras que el objetivo de las demás es lograr mejores definiciones. Así pues, creo que el informe que nos ocupa ya posee un equilibrio adecuado. No obstante, me gustaría que se aplicaran una serie de mejoras. Entre otras cosas, me refiero al periodo de gracia que ya ha mencionado mi colega, la Sra. Elly Plooij-Van Gorsel. Creo que sería una buena idea establecer dicho periodo en la directiva. Incluso desearía pedir a la Comisión que vaya más lejos y que incluya un periodo de gracia en todas las directivas relativas a los derechos de la propiedad intelectual que se aprueben en el futuro. En mi opinión, es algo positivo, sobre todo para los inventores no tan poderosos, que se les dé un periodo de tiempo para que descubran si hay mercado para sus productos.
También he presentado una enmienda referente a las invenciones con software implementado en ordenador y que (para decirlo claramente) Esta enmienda pretende establecer un periodo limitado para las nuevas invenciones, si las separamos del software que (para decirlo claramente) no es patentable. ¿Por qué? Porque con las solicitudes de patentes, incluso si se las separa e incluso si el producto no es patentable per se, hay disponibles una serie de procedimientos legales con los que se pueden mantener negocios al margen del mercado por mucho tiempo. Creo que eso sería negativo.
También soy de la opinión de que dicho enfoque no es incompatible con la política no discriminatoria de ADPIC porque no se excluye a ningún sector en concreto. Creo que con ello se estaría transmitiendo una señal clara.
Ahora quisiera decir algo sobre la interoperabilidad. La interoperabilidad es necesaria, pero debemos hacer una distinción clara entre las invenciones independientes y aquellas destinadas a ser utilizadas en combinación con otras invenciones. En nuestra enmienda, hemos solicitado que se haga esta distinción. Pido a los colegas europarlamentarios que apoyen la directiva en cualquier caso, con el fin de evitar la incertidumbre legal en el futuro.

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, quiero dar las gracias a la ponente por el ingente trabajo que ha realizado. Realmente no parece que todos tengamos las mismas intenciones. Asimismo deseo alabar el trabajo de la Comisión, y también de la ponente, por haber hecho hincapié en cuáles son las intenciones, a saber, crear aún mayor desarrollo y una mayor inversión en las pequeñas y medianas empresas de este campo.
Lo que resulta extraño es simplemente el hecho de que las pequeñas y medianas empresas no estén satisfechas con esta directiva pese a las intenciones que persigue. ¿Por qué no están saltando de alegría y, tras haber sido consultadas, utilizan sus respuestas para alabar la propuesta de directiva? ¿Por qué no piden las pequeñas y medianas empresas que apliquemos esta directivamente de una sola vez? ¿Por qué los innovadores de software no exigen que introduzcamos esta directiva con la mayor celeridad posible? ¿Por qué están haciendo justo lo contrario?
Creo que en cualquier caso esto debería suscitar algunas dudas en cuanto a si de verdad estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo. El fin aparente de esta directiva es asegurar que se hacen valer los derechos. Sin embargo, ser capaz de hacer valer los derechos en este campo o, quizás, protegerse a sí mismo de los de los demás argumentando que se están violando los propios derechos es tan caro que obviamente, las pequeñas y medianas empresas se han dado cuenta de que no es una forma de avanzar. Los casos legales de este tipo cuestan aproximadamente un millón de euros y no es algo en lo que se puedan meter directamente las pequeñas y medianas empresas.
Nosotros decimos que no debemos extender las disposiciones actuales. Creo que esta es una decisión sabia, especialmente ya que el Convenio sobre la Patente Europea no hace hincapié en que el software no puede patentarse. Así pues, mantengámonos en esta postura. De hecho, no estamos carentes de derechos en este momento. Tenemos una base legal en forma de Convenio sobre la Patente Europea. Más aún, el hecho es que la Oficina Europea de Patentes ha extendido el alcance de sus actividades de forma lenta y gradual. Si tuviéramos que responder mediante la legalización de dicha extensión, estaríamos yendo en la dirección equivocada. Por lo tanto, deberíamos dirigirnos hacia una dirección en que sea cada vez más corriente exigir patentes de software, aunque no de software puro. Mi pregunta es: ¿Qué grado de pureza debe tener el software para que sea puro? Esa es una cuestión para la que no puedo obtener una respuesta clara. Es más, quizás sean esas las cuestiones que deberíamos aclarar antes de emprender una acción definitiva en este campo.
Desde aquí, deseo fervientemente invitar a la reflexión. Quiero recomendar encarecidamente que dejemos que las dudas se hagan oír y que escuchemos lo que las pequeñas y medianas empresas europeas tienen que decirnos sobre este tema.

Echerer (Verts/ALE).
Señorías, intentaré ser breve, respetar el tiempo disponible y no repetir nada de lo que se ha dicho. Comenzaré, pues, diciendo que apoyo completa e inequívocamente todo lo que ha dicho el Sr. Rocard, ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. Mi Grupo y yo apoyamos la idea de esta directiva, como ya ha dicho la Sra. Frahnm.
Se quería crear certeza legal, y eso es lo que nosotros queremos también, aunque la Comisión está utilizando su varita en contra de los oponentes y las críticas a esta directiva. Casi he oído una amenaza en sus palabras, Comisario Bolkestein. Ninguno de los aquí presentes está hablando de la patentabilidad del software, por supuesto que no. Estamos hablando de las invenciones implementadas en ordenador basadas en software. Usted aduce, y cito, que los oponentes a esta directiva (repito, los críticos de esta directiva) han montado una campaña verbal y en ocasiones personal que se basa en medias verdades y malentendidos. De hecho, lo que intentamos hacer era evitar la presión masiva y encontrar algunos expertos neutrales y objetivos que nos pudieran explicar esta complicada cuestión. Sin embargo, hay una cuestión muy sencilla que usted todavía no ha respondido. Incluso si tan solo se patenta un pequeño componente dentro de una solución (y después de todo, el software se compone de multitud de soluciones) de una invención implementada en ordenador, ya está patentado y no se puede utilizar libremente. Como ha dicho el Sr. Manders, estamos moviéndonos en la línea divisoria entre el copyright y la patentabilidad. Es un problema difícil y creo que las propuestas que se han ideado en las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y la Comisión de Cultura representan la base para la toma de una decisión por nuestra parte. Cuando digo «por nuestra parte» me refiero a los miembros de esta comisión que quieren seguir el mismo enfoque que usted, Comisario Bolkestein, pero que quizás vayan más lejos y piensen con detenimiento. Posiblemente, como han explicado muchos expertos jurídicos, esta directiva no creará mayor incertidumbre legal. Quizás ate algunos cabos sueltos, pero desatará otros. Seamos sinceros por una vez, Señorías. Todos conocemos la realidad del mercado. Sabemos que es posible, si se quiere, utilizar las patentes como instrumento de dominio de mercado e incluso como arma en contra de posibles competidores. Deberíamos pensar detenidamente si podemos proteger a la vez tanto la inversión como la innovación.
Tenemos una directiva sobre copyright desde 1991; tal vez deberíamos revisarla. Quizás haya puntos que puedan actualizarse en términos jurídicos. Si hubiéramos llegado a una conclusión sobre el Convenio sobre la Patente Europea en esta materia, contarían con mi apoyo incondicional. Sin embargo, creo que las enmiendas propuestas tienen sentido y aportan una mejora. Por último, pero no por ello menos importante, la Oficina Europea de Patentes y las patentes injustas que ya se hayan concedido o que se puedan conceder en el futuro son principalmente responsabilidad de los Estados signatarios. Es muy loable que Europa muestre responsabilidad en este caso, pero dar el primer paso sobre la base de un Convenio sobre la Patente Europea hubiera sido suficiente, y a continuación podríamos haber pensado mejor este asunto.

Mussa (UEN).
Señor Presidente, Señorías, la tecnología de la información es la espina dorsal del futuro desarrollo de todos los países del mundo y se basa en la tecnología (hardware) y en la ciencia (software).
Actualmente, todas las innovaciones tecnológicas están protegidas por su patentabilidad, pero el desarrollo de software da origen al copyright que protege su propiedad intelectual. Para aclarar más este asunto, permítanme hacer una paralelismo con el mundo de la música. Un ordenador electrónico es un instrumento que se utiliza para crear música, no compuesta de notas, sino de códigos y comandos, alternando con ritmo y una secuencia compuesta por el desarrollador, lo cual da lugar a diferentes acciones y resultados. ¿Qué le sucedería a la música si, un día, se pudieran patentar escalas, acordes, y todo lo que hace que el mundo de la música clásica sea tan rico y estimulante?
La tecnología de la información sufriría el mismo destino. Con patentes, cada comando, cada secuencia de códigos y algoritmos estarían protegidos, y el mercado quedaría transformado en una telaraña de restricciones. Si todas las patentes existentes tuvieran que ser validadas, entonces todos los desarrollos de software estarían restringidos, limitados y cada vez más inhibidos, ya que pequeñas y medianas empresas y programadores se verían obligados a comprar licencias y quedarían prácticamente apartados del mercado.
La propiedad intelectual de un cuadro o de un libro no está protegida por una patente que proteja el tema de que tratan, sino que se garantiza su distribución de acuerdo con las leyes de copyright, animando de esta forma a otras mentes a que realicen trabajos originales, similares, sin ser copias, que mejoren en lo posible los trabajos originales o reinterpretándolos sobre modelos diferentes o más interesantes.
Un mercado en expansión, abierto a nuevos horizontes de animadas críticas y fantasía, como el mercado europeo, no puede permitirse imponer más reglamentos que podrían, de hecho, frenar más el desarrollo de las naciones europeas.
Nosotros tenemos la firme convicción de que el informe McCarthy no puede ser aceptado, ya que apoyarlo equivaldría a poner en peligro el crecimiento y el desarrollo tecnológico que puede generarse solo cuando las personas son libres de espíritu y de mente.

Andersen (EDD).
Señor Presidente, soy arquitecto de formación y he trabajado como arquitecto toda mi vida. El problema al que nos enfrentamos en este caso es similar al que surgiría si se introdujeran patentes en mi propio campo. Imaginemos que se pudieran conceder patentes para las escaleras, de manera que, en el futuro, fuera necesario obtener autorización y pagar una licencia antes de diseñar una casa con escaleras. De alguna manera, eso sería algo muy positivo, ya que no tendríamos estos feos rascacielos. Sin embargo, es una idea grotesca que un colega mío o cualquier gran compañía de mi campo fuera capaz de impedir el desarrollo de alguna manera. En los trabajos arquitectónicos y de diseño que he realizado, por supuesto se me ha protegido con leyes de copyright para que mi trabajo no fuera plagiado.
De hecho, sucede lo mismo con el software y con las demás actividades artísticas que por supuesto pueden compararse con el diseño de programas de software en los que el diseño está protegido como tal por las leyes de copyright. Permitir la concesión de patentes en el campo del software dentro de la UE tendría consecuencias negativas para los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, el movimiento de software libre en su totalidad y la innovación dentro de la industria. Habría que ser más que ingenuo para creer que la innovación en la UE se vería promocionada al permitir que una empresa americana obtuviera una patente sobre el uso de las letras danesas especiales æ, ø and å en los nombres de dominios, o que sería beneficioso para las pequeñas y medianas empresas el que, antes de desarrollar su producto, tuvieran que invertir en un departamento que se ocupara de asuntos jurídicos relacionados con las patentes. No tendría que ser posible patentar cualquier elemento de software o software per se.

Cappato (NI).
Señor Presidente, deseo dar las gracias al ponente y a la Comisión por el trabajo que han realizado, con toda su dificultad. Los Miembros Radicales de la Lista Bonino votarán a favor de las enmiendas que pretenden restringir el margen de la potentabilidad de software y votarán en contra de la propuesta en su conjunto si no se aprueban las enmiendas principales. ¿Por qué? ¿Tal vez porque no creemos que sea necesaria una armonización europea? En absoluto. Apoyamos al Comisario y a la ponente en lo que se refiere a tomar nota de una situación en la que la Oficina Europea de Patentes ha recibido miles de solicitudes de patentes de software.
A la luz de una violación tan clara del espíritu y la letra del Convenio sobre la Patente Europea, lo que necesitábamos, necesitaríamos y necesitamos es una aclaración y confirmación de que el software no es patentable. Mientras que la distinción entre la patentabilidad de software como tal y la patentabilidad del software como parte de una invención implementada en ordenador es una distinción sutil (lo que significa que corremos el riesgo de hacernos un lío), en mi opinión, la solución es muy simple: si un elemento de software es parte integral de una invención, lo patentable y lo que se patenta es la invención, no el software. Sin embargo, ya es posible hacer esto con leyes sobre invenciones implementadas en ordenador que se definen como tales.
El software está excluido de la patentabilidad por una razón muy específica, por la misma razón que las fórmulas matemáticas están excluidas, por la misma razón que se excluyen los teoremas, por la misma razón que las fórmulas musicales y las sinfonías están excluidas. Todos los elementos mencionados forman parte del campo de las ideas, de la organización y de la transformación de ideas. Sabemos que una tarea que puede realizarse gracias al software puede transformarse en innumerables tipos de códigos de innumerables programadores que utilizan diferentes lenguajes de programación. Esto es lo que hace que patentar software sea peligroso, e incluso más peligroso si la patente es para 20 años, lo cual equivale a una era geológica en desarrollo informático. A los programadores independientes y a los programadores en general se les permitiría utilizar en la actualidad una función patentada en 1983, es decir, la historia temprana del software informático. Este es el peligro.
No creo que fuera necesario adentrarse en el mundo de las fórmulas complejas para definir la distinción entre el software como tal y el software como parte de las invenciones implementadas en ordenador. Bastaría con seguir considerando como patentables las invenciones implementadas en ordenador y garantizar el respeto a los reglamentos que excluyen el software de la patentabilidad, lo cual, en cualquier caso, supone proteger mediante copyright.
De ahí nuestro apoyo a las enmiendas, en particular las que se refieren a la interoperabilidad y a la necesidad de fuerzas naturales si se considera el software como una invención. También creo que no podemos adoptar la propuesta en este momento porque, en ese caso, Estados Unidos tomará sus propias medidas. Debemos intentar hacerlo lo mejor posible. También creo que la participación de miles de personas que han expresado su opinión sobre el tema de forma individual debería considerarse como una contribución democrática, no como un inconveniente.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, debo admitir, que de los muchos asuntos que hemos tratado en este periodo, el que nos ocupa esta mañana es, desde mi punto de vista, uno de los más complejos, y debo reconocer el enorme trabajo realizado por la Sra. McCarthy.
No tengo todas las respuestas y entiendo la necesidad de la Comisión (como ha explicado claramente el Comisario Bolkestein) de pronunciarse sobre esta cuestión. No obstante, haré algunos comentarios de índole general, comenzando con la premisa de que estamos tratando un tema en el que la identificación del objeto de protección legal (y por lo tanto, convertir los términos informáticos en términos y conceptos legales) es ya, en sí misma, una cuestión extremadamente complicada.
En segundo lugar, necesariamente hemos de tratar esta cuestión dentro de un marco legislativo internacional complejo y, si observamos lo que está sucediendo, no solo en Europa sino en particular en Estados Unidos, el sistema de patentes ha demostrado tener innumerables limitaciones, sobre todo de tipo práctico. Una vez dicho esto, creo que esta directiva, aunque es susceptible de mejora, ha abordado un tema político serio al que se enfrenta la Unión Europea. Debemos distanciarnos de las posiciones estadounidenses y quizás también tengamos que convencer a nuestros principales socios económicos de la necesidad de tomar medidas para armonizar todos los aspectos relacionados con la protección legal del software, de una forma distinta a la actual. En este sentido, no estamos empezando desde cero, ya que las características en las que se basan las patentes ya han sido claramente identificadas en los acuerdos ADPIC. Así pues, es necesario insistir en la idea (de la que no debemos movernos) de que las patentes de software sólo se conceden basándose en razones sólidas. Hemos visto un número inusual de solicitudes de patentes de software en Estados Unidos, y probablemente se da un número similar en la UE. Esto pone de manifiesto que no estamos tratando con una actividad creativa genuina y que no podemos permitirnos conceder una patente para cada tipo de solicitud. Es más, si el número de solicitudes de patentes crece de forma incontrolada, será prácticamente imposible averiguar adecuadamente a partir de los archivos si una solicitud conduce a una nueva invención.
Por supuesto, existen algunos aspectos legales que podrían mejorarse; hay algunas discrepancias con la Directiva 91/250/CEE. Ciertamente, podríamos haber reflexionado más desde un punto de vista legal sobre el artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea, porque una cosa está clara: nos veremos obligados a volver sobre este asunto porque, como han declarado muchos eurodiputados, el desarrollo es tan rápido que la Unión Europea tendrá que adoptar una medida en los próximos años, momento en el cual podremos revisar nuestras posiciones.

Gebhardt (PSE).
Señor Presidente, Señorías, es extraño que nuestra actividad legislativa sea el centro de atención pública en una fase tan temprana como la del informe de la Sra. McCarthy. Definitivamente, esto no ha ayudado mucho a la ponente a completar su exigente tarea, sino que ha generado un flujo masivo de información y argumentos. Mucha de esa información era importante y muy instructiva, tanto para la ponente como para todos nosotros. Sin embargo, desde el principio, montañas de papel han ido a parar a la papelera.
Nuestro trabajo intensivo y el hecho de que se supervisara tan de cerca por las partes interesadas ha producido el compromiso que les animo a apoyar y que se refleja en las enmiendas propuestas por mi Grupo. Su intención es liberarnos de los obstáculos que aparecen en los artículos 2 y 4, donde una nueva definición de «contribución técnica» abrió la puerta a la patentación de software.
Señorías, este cabo suelto ya ha quedado atado en gran medida. Es cierto que me hubiera gustado haber conseguido más, y en particular, las pequeñas y medianas empresas habían esperado más. Por encima de todo, no creo que hayamos aclarado bien que no pretendemos únicamente restringir las patentes de software. Efectivamente, no queremos conceder ninguna más en el futuro. Esto se debe a que las patentes de software complican la vida en particular a las pequeñas y medianas empresas, para las que siempre hemos pedido especial protección y apoyo. Para decirlo de otro modo, cualquiera que patente software está jugando el juego de las grandes empresas, no ayudando a personas de gran inteligencia. Permítanme enviar un mensaje claro que va más allá de esta solución de compromiso. ¡Digan no a las patentes de software!

Boogerd-Quaak (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, comparto la opinión de los Sres. Rocard y Cappato y la de otros compañeros que piensan que el software como tal no debería ser patentable. El artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea excluye el software como tal y afirma que las ideas y teorías no son adecuadas para las patentes. Debe ser la innovación técnica y esa es precisamente la parte esencial del problema que estamos tratando. También es la parte esencial de la directiva. La Oficina de Patentes concluyó que todos los programas instalados en un ordenador son técnicos por definición. De acuerdo con las prácticas actuales de la Oficina de Patentes, ya se han concedido más de 30 000 patentes, muchas de las cuales no son realmente válidas desde un punto de vista legal. El Sr. Rocard ha mencionado muy acertadamente que existe una diferencia entre una invención basada en las fuerzas de la naturaleza y el producto del intelecto humano. Yo soy de la opinión de que debemos apoyar algunas de las enmiendas, que también se han presentado a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y también las enmiendas presentadas a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes en el pasado. Estas aclaran la definición de forma tal que, desde mi punto de vista, el software como tal queda excluido. Si estas enmiendas no son aceptadas, votaré en contra de la directiva.
Existe bastante desasosiego entre las pequeñas y medianas empresas y el movimiento de software libre. El conocimiento humano y su difusión es una libertad importante que debemos preservar en Europa. Debe hacerse sencillamente en honor a la dignidad humana, pero no solo por esa razón. Seremos incluso más competitivos que Estados Unidos y la directiva tendrá que descartar por completo la situación de los Estados Unidos Por lo tanto, espero que muchos de ustedes voten de acuerdo con esta línea para que obtengamos una directiva practicable.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, el debate de esta mañana llega tras un período agitado en que el mundo de los usuarios, los inventores y los innovadores en el ámbito de la informática ha defendido con uñas y dientes su derecho a la diferencia, a la libertad y a la creatividad. 
En el centro de este debate se encuentra la patentatibilidad, con sus ventajas (cuando la patente protege justamente al inventor) y sus grandes inconvenientes, que tienen que ver con la creación de monopolios a menudo conservadores en detrimento de los jóvenes creadores. Sigo apoyando personalmente este movimiento, que me parece va en el mismo sentido que todos los movimientos alternativos que luchan por una sociedad menos rígida y menos comercial.
Desde que se entabló este debate, nos hemos apuntado varios tantos con propuestas de enmienda que mejoran notablemente el proyecto inicial. Reconocer que, para ser patentable, una invención implementada en ordenador debe ser susceptible de una aplicación industrial, es ir en por buen camino. era necesario precisar que no deben autorizarse patentes para simples programas informáticos. No obstante, no se pueden ignorar los matices introducidos y las excesivas imprecisiones. En esta fase del debate, al margen del riesgo de que esas enmiendas no sean votadas o aceptadas después, es forzoso constatar que no todos los problemas están resueltos, ni mucho menos.
Por tanto, estaré personalmente atento en el momento de las votaciones y estoy dispuesto a votar en contra del proyecto si las mejoras son un mero intento cosmético de maquillar el control que ejercen las grandes empresas sobre las mentes creativas. A este respecto, la última frase del Comisario Bolkestein, que suena a chantaje, no atenuará mi profunda desconfianza.
MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, muchas de las enmiendas -y desde luego, todas las que llevan la firma de mi Grupo- están dirigidas de forma clara y directa a prevenir cualquier fisura de esta Directiva que favorezca patentar el software de ordenador propiamente dicho. Eso es muy importante para nosotros.
Es bastante evidente que un cuerpo de leyes sobre la propiedad intelectual que protege el software de ordenador mediante derechos de autor y deja las patentes para otros fines, funciona satisfactoriamente desde el punto de vista de la industria del software y de las mentes creativas que desarrollan el software de ordenador. Ni la Sra. McCarthy ni el Sr. Bolkestein discreparán conmigo sobre este punto. Nadie quiere fisuras que favorezcan patentar el software puro.
Existe un cierto riesgo de que las auténticas invenciones, que implican un elemento de software, no queden protegidas de manera adecuada sin una nueva Directiva. Hágase. Pero entonces el peso de la prueba recae en la Comisión para que nos muestre cuáles de las enmiendas propuestas por el Parlamento nos protegerían en exceso contra el riesgo que vislumbramos y de manera insuficiente contra el peligro que el señor Comisario está impaciente por evitar, a saber, el peligro de que las invenciones «reales» no se puedan patentar adecuadamente dentro de la Unión Europea.
La estrategia de quienes estamos enmendando esta directiva consiste en evitar cualquier fisura que favorezca las patentes del software como tal. Eso sería un auténtico desastre. Se nos ha presionado fuertemente al respecto, pero se nos ha presionado mucho porque contamos con muchos electores capaces y laboriosos que ven la fisura que he mencionado como una amenaza para su supervivencia. Cerciorémonos totalmente de que lo que transmitimos desde este debate y de la votación de mañana -y la Sra. McCarthy ha trabajado muy esforzadamente en este informe- realmente proporciona un cierre totalmente estanco contra dicha fisura y protege lo que el Sr. Bolkestein quiere proteger sin crear el peligro que a muchos de nosotros nos han hecho comprender nuestros votantes.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, señor Comisario, nuestro punto de partida es que no creemos que la patente sea la mejor manera de proteger las invenciones implementadas en ordenador. Hasta ahora, el copyright ha ofrecido una protección razonable para estos casos. Con la concesión de patentes en esta área corremos el riesgo de desalentar la innovación y colocar a las pequeñas y medianas empresas en desventaja, algo que otros oradores ya han señalado. 
Lamentablemente, las prácticas de la Oficina Europea de Patentes ya se han adelantado a este debate. Durante años, esta Oficina ha estado emitiendo las llamadas patentes de software, y dichas patentes ya se han impuesto al más alto nivel internacional.
La propuesta que tenemos ante nosotros es verdaderamente un tipo de medida de emergencia diseñada para conceder patentes en Europa dentro de unos límites. Este objetivo me inspira cierta simpatía. La cuestión es saber si merece la pena seguir haciendo esto. La Oficina Europea de Patentes ya ha concedido 30.000 patentes basándose en reglamentos que van más allá de la propuesta actual de directiva. En este sentido, esta directiva llega muy tarde.
La parte positiva es que la directiva conducirá a la armonización y la claridad en los Estados miembros. Sin embargo, el peligro de que las pequeñas empresas innovadoras pierdan terreno con respecto a las grandes no desaparecerá del todo. Esto es algo consustancial al sistema de patentes. Somos profundamente conscientes de ello. Así pues, desde nuestro punto de vista, resulta preocupante la lacónica actitud de la Comisión y de la ponente, que se están dejando arrastrar en este tema. Esto demuestra que tienen una escasa afinidad con las pequeñas y medianas empresas europeas, que representan la espina dorsal de nuestra economía.

Gollnisch (NI).
Señor Presidente, Señorías, ¿de qué estamos hablando? De proteger la propiedad intelectual resultante de la innovación informática. Dos procedimientos jurídicos se oponen: la patentabilidad, por un lado, y los derechos de autor, por otro. En nuestra opinión, y creo que en la de la inmensa mayoría de los oradores de esta Asamblea, señor Comisario, el modo normal de protección es el derecho de autor. Si un periodista o un novelista ve su texto protegido por derechos de autor, no puede pretender en contrapartida apropiarse de la sintaxis, la morfología, el vocabulario y la gramática de la lengua que utiliza. Lo mismo debe suceder con los programas informáticos, porque utilizan un lenguaje. 
Sin duda, señor Comisario, en su exposición -extremadamente agresiva, amenazante incluso, para con las críticas suscitadas por su proyecto de Directiva-, ha afirmado usted que los programas informáticos no son patentables como tales. Pero no hay que tomar a la gente por idiota. Y lo menos que puede decirse es que su Directiva es ambigua, ya que la definición que da de la invención implementada en ordenador -letra a) del artículo 2- es perfectamente aplicable a los programas informáticos. Por supuesto, el artículo 4 del proyecto de Directiva parece limitar la patentabilidad a las invenciones, y cito «susceptibles de aplicación industrial». Pero este es un concepto que se guarda mucho de definir. Todo el mundo sabe que las multinacionales norteamericanas han conseguido patentar elementos tan triviales como el uso de un clic sobre un botón para cerrar una ventana en una pantalla, o la idea de avisar a un usuario con una melodía de que ha recibido un correo electrónico, o incluso el subrayado en color de las palabras que deben corregirse al revisar un texto, y la revisión de textos es susceptible de aplicaciones industriales en tipografía o en imprenta. Citaré también el caddy electrónico en el comercio por Internet. Jóvenes creadores han conseguido patentar incluso las 35 horas semanales de trabajo impuestas por el anterior Gobierno de mi país. 
Entonces, ¿por qué se propone un texto semejante en esta Asamblea? ¿Son totalmente ajenos a ello los intereses de la Oficina Europea de Patentes, financiada en función del número de patentes depositadas? En realidad, señor Comisario, había que hacer una opción estratégica: o bien alinearse con la práctica de la patentabilidad de las multinacionales norteamericanas -que es lo que parece que empieza a hacer-, o bien defender la especificidad del Derecho europeo y negar todo efecto a las patentes abusivas. Es evidente que usted no ha tomado la segunda opción, y se puede considerar que su Directiva no se ajusta a los intereses legítimos de los creadores europeos.
Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, en todo el tiempo que he estado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, esta es la primera vez que recuerdo que una de nuestras Directivas principales haya adquirido tal importancia en el orden del día del Parlamento. Espero que la tendencia continúe. De hecho, el informe ha sido sometido a debate tan temprano que no he llegado a tiempo, y pido disculpas tanto al Sr. Comisario como a la ponente por no encontrarme presente para escuchar sus intervenciones.
He oído con interés cuanto han dicho sus Señorías y, a estas alturas del debate, quiero dejar constancia de lo que trata este informe realmente. Tenemos como meta la creación de la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. Las patentes son un componente indispensable de ella. Quiero recordar a todos los presentes, y a cuantos estén siguiendo este debate, que hay cientos de miles, tal vez millones de personas empleadas en toda la Unión Europea trabajando en invenciones que están protegidas por patentes. Que la patentabilidad ha fomentado la inversión para convertir dichas invenciones en productos que el mundo esté dispuesto a adquirir. De lo que estamos hablando aquí es de un régimen que va a alentar legítimamente la invención en todos los campos.
Parte del problema que hemos sufrido a la hora de manejar esta cuestión es que muchos de los asuntos que se han planteado han procedido de una dirección concreta de la creatividad, relacionada con la escritura de elementos de programas de ordenador. Realmente, las patentes están pensadas para proteger una invención auténtica, una nueva forma de hacer algo, algo que es -como afirma esta Directiva- susceptible de aplicación industrial. Quiero recordar a sus Señorías que cuando se solicita y se obtiene una patente, no es necesario incluir todos los detalles.
En el mundo actual, prácticamente cualquier innovación técnica o industrial exige algún tipo de actividad asistida por ordenador. ¿Por qué habríamos de denegar la protección a la gente que trabaja en invenciones en dicho campo? La Comisión ha presentado un argumento convincente, soportado por abundante investigación, a favor de la necesidad de un marco consistente con el fin de garantizar que la gente sepa que puede obtener patentes por estos tipos de invenciones. Además, sabrá que no puede obtener patentes por invenciones banales de procesos empresariales que no deberían quedar patentadas bajo ningún concepto, y se verá desalentada a solicitarlas.
Sabemos que es algo difícil de conseguir y por eso hemos debatido acerca de la terminología. He ahí la razón por la cual la Sra. McCarthy ha realizado una labor tan notable como ponente de esta directiva. Ella ha sabido ver de forma coherente la importancia de este punto en una economía basada en el conocimiento y nos ha llevado a buscar maneras de mejorar y hacer con mayor acierto este trabajo. Ella no se ha dejado distraer por todo el ruido a su alrededor.
Espero que ustedes apoyen esta Directiva y que apoyen la dinámica de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Habrá otras enmiendas, pero espero que ustedes hagan frente a algunos de los conceptos enrevesados y abstrusos que han sido esgrimidos por parte de algunas personas que harán la existencia de los inventores bastante más ardua.. Aquí de lo que se trata es de apoyar la inventiva y la creatividad, y nada más..

Berenguer Fuster (PSE).
Señor Presidente, esta es una Cámara política y creo que como Cámara política la primera reflexión que deberíamos hacernos, pero también debería hacerse la Comisión, es por qué esta propuesta ha ocasionado tanto revuelo, ha producido tanta contestación.
No es lícito que se descalifique a todo discrepante de la misma y se le diga que ha habido una oposición agresiva por parte de los lobbys. Porque, al menos quienes se han puesto en contacto conmigo han sido profesores universitarios de informática, expertos en patentes y en propiedad industrial y, también, representantes de pequeñas empresas y, en lugar de agresividad, yo lo que he visto es preocupación; preocupación por el progreso y el peligro con el que se encontraban las posibilidades de invención.
Nos dicen quienes defienden esta iniciativa que lo único que se pretende es unificar la práctica por parte de las oficinas nacionales de patentes, en un campo en el que, últimamente, ha habido resoluciones contradictorias. Y eso es cierto; lo que no es cierto, o lo que no es seguro al menos, y permítame señor Comisario que, al menos, admitamos esa duda intelectual, es que con esta propuesta de Directiva se vayan a resolver los problemas que se dice que se quieren resolver.
Porque eso es muy fácil, la práctica de la Oficina Europea de Patentes, rompiendo lo que era una línea tradicional del Derecho europeo, se ha deslizado hacia una práctica muy parecida a la del Derecho americano. Todas sus Señorías saben, todos los expertos saben, que en Derecho europeo se exige como característica para que una invención sea patentable que tenga carácter industrial, lo que significa que no solo el método ha de ser industrial, sino que, también, el resultado del producto ha de ser industrial, mientras que en Derecho americano basta con que tenga una aplicación útil.
Eso ha permitido ciertas innovaciones y ciertas patentes de programas de software. Insistamos, pues, en ese punto. No es lógico que se diga que con el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la propuesta de la Comisión se resuelven esos problemas, porque como se resuelven es con las enmiendas que se aprobaron en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Por lo tanto, si no se aprueban las enmiendas en la línea de las propuestas por las Comisiones de Industria y de Cultura, será muy difícil que podamos dar apoyo a esta propuesta.
De Clercq (ELDR).
¿Seguiremos pudiendo utilizar nuestros ordenadores en el futuro sin tener que pagar los derechos de patente? Esta es la cuestión que tenemos en mente. Lo que no queremos es la situación que se vive en Estados Unidos, en la que se conceden patentes a simples lenguajes informáticos o software. Sin embargo, somos menos capaces de ponernos de acuerdo a la hora de describir esta situación. A menudo, también vamos por detrás de la realidad, simplemente hay que mirar lo que está pasando en la Oficina Europea de Patentes. Por lo tanto, no podemos permitirnos posponer más este asunto y debemos aclarar debidamente lo que es patentable y, sobre todo, lo que no lo es. Personalmente, creo que el justo equilibrio se encuentra en el punto de vista de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y en las enmiendas presentadas por mis colegas, el Sr Manders y la Sra. Plooij. Cualquier forma de software está explícitamente excluida de las patentes. Sólo las verdaderas invenciones deben ser patentables. Por lo tanto, deben abarcar un proceso técnico elaborado con aplicaciones industriales y no ser simplemente una idea o un lenguaje. Los elementos de tecnología que contenga este nuevo proceso técnico deben ser protegidos, no el hecho de que se necesite un ordenador para utilizarlo.

Fraisse (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay una serie de cosas que no comprendo. Por ejemplo, no estoy segura de comprender las razones por las que se ha decidido elaborar esta Directiva. Si ha sido solo un problema de la Oficina Europea de Patentes y las solicitudes de patentes, me parece un punto de partida bastante limitado. 
Lo que también se me escapa es que la Comisión Europea, tan preocupada por impedir las concentraciones en la industria, propone -si damos crédito a cierto número de expertos- un apoyo a la concentración industrial. Esto me parece contradictorio con los objetivos de la Comisión. 
No comprendo tampoco la falta de memoria de que se hace gala aquí olvidando la catastrófica Directiva sobre la patentabilidad de seres vivos. Nadie sabe cómo aplicarla y todo el mundo discute su legitimidad. ¿Pueden patentarse células de una hoja sin patentar la propia hoja? El problema de los programas informáticos y de las contribuciones técnicas es idéntico. La inseguridad jurídica a la que nos enfrentamos con la Directiva sobre la patentabilidad de seres vivos resurge con la patentabilidad del software, los programas y las contribuciones técnicas. Tengo dificultades con los términos porque la Directiva no define claramente qué es una contribución técnica. Ante estas incertidumbres, me resulta difícil, señor Comisario, entender qué está pasando.
El Sr. Rocard hablaba de seis mil años de historia, pero la historia se acelera, tanto en el terreno de las biotecnologías como en el de los programas informáticos y los ordenadores. ¿Estaremos en condiciones de seguir esta evolución acelerada cuando los economistas predicen grandes dificultades? 
En el ámbito farmacéutico, se nos dice, las innovaciones son más fáciles de detectar y es más simple determinar qué corresponde a los derechos de autor o a las patentes.
Por lo que se refiere a los programas informáticos, no se sabe, sigue siendo muy difícil de explicar. Los editores y los docentes temen que la sociedad del conocimiento, la transparencia y la circulación de la información se vean amenazadas por este tipo de Directiva. Yo creía que la Comisión Europea y Europa se habían fijado el objetivo, entre otros, de evitar esas amenazas. No entiendo qué está pasando.
Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, se ha ejercido una enorme presión sobre este informe porque evidentemente hay mucho en juego. Entiendo perfectamente este punto y comparto dicha preocupación. Esta directiva, que probablemente tiene buenas intenciones, es una amenaza para las pequeñas y medianas empresas en Europa que se encuentran en peligro de perder su creatividad como resultado de todas esas patentes. Estas empresas constituyen la vanguardia de nuestro sector empresarial. Debemos alimentarlas porque aportan innovaciones. Estas innovaciones nos permiten mantener nuestra posición en el mercado mundial. Estamos en contra de esta directiva porque representa una regulación excesiva. La actual protección que ofrece el copyright es suficiente. A los Verdes se nos reprocha a menudo que somos unos metomentodos. Bien, esta es la prueba de que no lo somos. De hecho, en los Estados Unidos se está hablando de reducir las leyes de patentes, que se consideran contraproducentes. ¿Por qué deberíamos aprobar una ley obsoleta en Europa?

Oreja Arburúa (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, Sra. McCarthy, y al ponente de nuestro Grupo, Sr. Wuermeling, por el esfuerzo que han hecho para lograr el consenso y, en el caso del Sr. Wuermeling, para explicar esta complicada propuesta en nuestro Grupo.
La protección por medio de patentes de las invenciones implementadas por ordenador no es un problema nuevo y debe quedar claro, como otros colegas han dicho en esta Cámara, que no se pretende aquí establecer una norma que permita patentar programas de ordenador, sino extender la doctrina clásica de las patentes a las invenciones implementadas por ordenador. Queremos aplicar lo que ya existe para las patentes a las invenciones implementadas por ordenador.
Está claro que debemos excluir expresamente, como lo hacen algunas enmiendas, la patentabilidad de una invención solo porque utilice un ordenador.
Respecto al ámbito de aplicación, quisiera centrarme en un aspecto muy concreto: el de la interoperabilidad. La interoperabilidad o la comunicación entre sí de los programas debería excluirse del ámbito de aplicación de esta Directiva. Dentro de unos años debería revisarse este aspecto.
El uso exclusivo que la ley permite a los titulares de patentes obliga al titular a explicar su invención para que sea entendible por un experto medio en la materia. Creo que también en este caso debemos hacer hincapié en este aspecto y obligar al solicitante de una patente a que explique suficientemente el objeto de esa patente, aunque quizás no hasta la publicación del código fuente, como ha dicho el Sr. Harbour. Eso sería excesivo. Como decía, en este ámbito resulta especialmente importante obligar a los solicitantes a describir su invención.
Por último, son muchos los que han criticado esta propuesta y han dicho que puede perjudicar al sector de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, lo que estamos haciendo es aplicar el Derecho tradicional de patentes a la pequeña y mediana empresa, sabiendo ya que las patentes han beneficiado el crecimiento y han posibilitado la investigación y la inversión de todo tipo de empresas -también las pequeñas- en nuevos desarrollos.
Competimos hoy en un mercado globalizado, en el que los Estados Unidos y Japón desarrollan muchas patentes e invenciones. No podemos quedarnos atrás y debemos regular, también en Europa, la posibilidad de registrar como patentes las invenciones implementadas por ordenador.
Ghilardotti (PSE).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente por su trabajo porque creo que, como ha confirmado el debate de esta mañana, se trata de un tema muy complejo y delicado.
Como ya se ha dicho, el software desempeña un papel importante en innumerables industrias; es una forma básica de creación y expresión. Además, el software es un campo de ingeniería especializada y una actividad humana básica, con más de diez millones de desarrolladores profesionales en todo el mundo y decenas de millones de personas que crean software.
Los desarrolladores independientes de software y las pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental en la innovación dentro de esta área, sobre todo en Europa. Europa se encuentra a la cabeza de la cultura de la tecnología de la información: El 71% de los desarrolladores de software libre trabajan en Europa y solo el 13% lo hacen en los Estados Unidos. Por lo tanto, las patentes no deberían permitir la monopolización de herramientas de expresión, creación, difusión e intercambio de información y conocimiento, no debemos interrumpir el desarrollo de la investigación y el conocimiento.
Nos jugamos mucho porque se trata de garantizar que la investigación y el desarrollo continúan siendo libres y (de acuerdo con el espíritu de Lisboa) siguen estimulando el crecimiento económico basado en el conocimiento, así como la innovación basada en el software y las invenciones a todos los niveles, evitándose así los monopolios de producción y comerciales en los productos que utilizan software. Así pues, algunos puntos fundamentales de la propuesta de la Comisión han de ser modificados y mejorados, de forma que el reglamento mejore en claridad e imponga una limitación estricta a las condiciones de patentabilidad.
Se ha dicho mucho sobre la contribución técnica, la aplicación industrial y el significado de las invenciones implementadas en ordenador. Las condiciones de la utilización industrial de una invención basada en software de cara a la solicitud de una patente deben extenderse al producto tanto como al método. Por esta razón el Comisario Bolkestein ha dicho que le preocupa que las enmiendas presentadas en esta Cámara sean aprobadas. Por mi parte, tengo que decir que lo que a mí me preocupa es que, si no se aprueban, no podremos apoyar la propuesta que tenemos sobre la mesa.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, nuestro debate de hoy encierra una enorme importancia no solo para los desarrolladores de software en la Unión Europea, sino también para todos aquellos a quienes les interese el conocimiento. Esto se debe a que, proponiendo la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, la Comisión está preparando el terreno para la patentabilidad del conocimiento humano. No es necesario decir que el conocimiento humano no puede convertirse en el patrimonio de las grandes multinacionales, que son casi sinónimo de Microsoft en este caso.
Todos sabemos que esta propuesta de directiva no responde a los retos económicos, científicos y culturales a los que se enfrenta el sector del software, ni al imperativo de promover la innovación, el desarrollo tecnológico ni los intereses de las pymes. Conocemos la importancia de mantener un suministro de software libre, y también la importancia de dar al sector público herramientas para desarrollar un contenido y una industria de servicios, para proteger el interés común. Por esta razón, y para dar voz a la fuerte oposición de científicos y de editores de software, esta propuesta de directiva debe ser rechazada. Espero que esta sesión plenaria envíe un mensaje claro aprobando la propuesta de rechazo, que yo apoyo y que fue presentada por mi Grupo.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cualquier directiva que regule la aplicación uniforme de la ley por parte de las oficinas de patentes y de los tribunales de patentes debe ser acogida con satisfacción en interés del buen funcionamiento del mercado interior y con el fin de evitar las distorsiones de la competencia. Sin embargo, no podemos olvidar que para no obstaculizar el desarrollo de nuevo software no debe complicarse la posición de las pymes, que debemos crear certeza legal, y que queremos evitar nuevas distorsiones de la competencia.
Me he tomado todos los argumentos y todos los debates muy en serio. Algunos miedos se basan en malas interpretaciones. Algunas críticas se basan en la realidad estadounidense y no en el contenido de esta directiva. Sin embargo, desde aquí apoyo algunos de los argumentos. La Oficina Europea de Patentes está violando las leyes de la EPAT, los Estados miembros y el Convenio sobre la Patente Europea.
La definición de «contribución técnica» es muy vaga. Necesitamos una clara distinción entre las invenciones técnicas e intelectuales. Por lo tanto, apoyo algunas de las enmiendas y compromisos propuestos por mi amigo, el Sr. Wuermeling y por la ponente. Me gustaría dar las gracias a mi compañera, la Sra. Echerer, por la gran cantidad de material que ha aportado. Apoyo algunas de las enmiendas propuestas por mi colega, la Sra. Kauppi, a saber, las enmiendas nº 107 y 108, que definen claramente el término «campo de tecnología» y las enmiendas nº 112, 114 y 117, que aclaran que los programas informáticos no constituyen por sí solos invenciones patentables. También apoyo la enmienda nº 116 sobre los límites de la patentabilidad, y los compromisos del Sr. Wuermeling en los que se hace referencia al actual marco jurídico de la EPAT y donde hay una aclaración al efecto de que las invenciones insignificantes y los métodos empresariales no sean patentables. Espero que todos podamos vivir con estas enmiendas.
Sousa Pinto (PSE).
Señor Presidente, en ausencia de un marco jurídico claro, se ha producido un aumento de la explotación abusiva y oportunista de las disposiciones legales creadas para proteger las patentes, con el objetivo de aprovecharse de los avances realizados en el campo de la tecnología de la información y hacer negocio. Esto constituye un modo inaceptable de privatizar el conocimiento humano.
Privatizar el conocimiento en un campo que no puede confundirse, ni siquiera en los términos más amplios, con el de las invenciones industriales, simplemente significa crear más oportunidades de negocio. El progreso de la tecnología de la información desemboca, por definición, en avances que no se patentan por norma, o que nadie en particular puede patentar, sumándose así al conocimiento general. El derecho de obtener beneficios de aquellos que están más acostumbrados a apropiarse de la propiedad común no debería estar protegido por la ley, y mucho menos debería darse prioridad a sus intereses por encima de los intereses del conjunto de los ciudadanos, de los intereses de las comunidades económicas y científicas, o de los intereses de la civilización. Dicho de otro modo, no debe haber comercialización del conocimiento.
Sin embargo, sí se debe proteger la aplicación de las verdaderas invenciones de software, resultado de una inversión, al proceso de producción. No obstante, hay una diferencia de años luz entre proteger estos intereses legítimos y utilizar dicha protección como pretexto para patentar software de forma indiscriminada. La propuesta que tenemos hoy sobre la mesa, con las enmiendas que aportan soluciones de compromiso aportadas por el Grupo del Partido Socialista Europeo, consigue conciliar estas distintas preocupaciones de manera aceptable.

Niebler (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar dando las gracias muy sinceramente a la ponente, la Sra. McCarthy, y a nuestro ponente alternativo.
Señorías, ¿realmente necesitamos esta directiva? Como muchos otros eurodiputados, yo también he recibido muchas cartas que expresaban preocupación por la propuesta de la Comisión. Me he tomado estas preocupaciones muy en serio, no porque quiera poner impedimentos a la innovación en Europa o imponer mayores cargas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de tecnología de información. Después de sopesar todos los pros y los contras de esta directiva, estoy convencida de que tomaremos la decisión acertada mañana si aprobamos las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior, y algunas otras aclaraciones. 
Necesitamos esta directiva. Está diseñada simplemente para armonizar la práctica actual en relación con la concesión de patentes en Europa, y en este contexto, se deben adoptar criterios más severos, especialmente para la concesión de patentes.
Tengo una serie de razones para apoyar esta directiva. En primer lugar, la directiva garantizará que no acabemos con las condiciones de los Estados Unidos en cuanto a la concesión de patentes. Los métodos empresariales sencillos y el software puro no serán patentables en Europa. La directiva así lo establece de forma muy explícita, y también se evitará por el hecho de que la protección de las patentes para las invenciones implementadas en ordenador requerirá una contribución técnica. Le estoy agradecida al Sr. Bolkestein por establecer este punto de forma tan explícita de nuevo en la sesión de hoy, y quisiera reiterar que no tenemos dudas sobre ello. Por otra parte, esta Cámara no debería actuar como si alguien interpretara que el informe no es compatible con la clara afirmación de la Comisión y de las enmiendas propuestas, que son también muy claras en este sentido.
En segundo lugar, la directiva no pretende proteger el software trivial. Las patentes sobre software trivial, como por ejemplo las barras de progreso, constituyen una causa de preocupación y no son deseables. La directiva también aclara que no queremos proteger las patentes del software trivial.
En la votación de mañana, les pediría que apoyaran las enmiendas propuestas en las que aclaramos una serie de aspectos, y que den su apoyo al informe de la Sra. McCarthy en su totalidad.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el momento en que queremos impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad en la Unión Europea, esta Directiva, amparándose en una simple armonización y aclaración jurídica de prácticas e interpretaciones divergentes en la materia, representa una verdadera regresión, un verdadero cambio de régimen con respecto al Convenio Europeo de Patentes y a la Directiva sobre los derechos de autor en materia de programas informáticos, pues tiende a ampliar al máximo las posibilidades de patentabilidad de los programas informáticos. Es conveniente, por tanto, decir no a esta Directiva, porque contiene demasiadas imprecisiones. 
En primer lugar, la informática se ha convertido hoy en una herramienta crucial para la transmisión de las ideas, del pensamiento y del conocimiento. Una apropiación privada excesiva de dicha herramienta es peligrosa; los derechos de autor son más adecuados.
En segundo lugar, desde un punto de vista económico, la innovación en el ámbito de los programas informáticos a menudo es obra de pequeñas y medianas empresas o de investigadores independientes, para los que la patente no es un instrumento adecuado, es demasiado cara, demasiado laboriosa, y creará una pesadilla jurídica. No está probado que la protección vaya a impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad. Por último, en el marco de las rivalidades económicas que nos enfrentan a los Estados Unidos, la adopción de esta Directiva permitiría a algunas grandes empresas con actitudes monopolistas mantener una posición dominante en el mercado.
Nos mantendremos pues a la espera de una directiva que se elabore después de estudiar más detenidamente los efectos económicos sobre las políticas de innovación, de competencia y de propiedad intelectual en este sector.
Thyssen (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, si fuera por el PPE, no existiría ninguna patente de software, y si fuera por usted, señor Comisario, tampoco habría ninguna. Así es como lo entendí, después de recibir la propuesta y después de leer más de una vez la legislación vigente, así como las incontables cartas que todos hemos recibido. Muchas personas de nuestro Grupo apoyan los puntos y objetivos iniciales de la propuesta de la Comisión. Señor Comisario, espero que sea capaz de apoyar una serie de enmiendas que han sido presentadas en nombre de nuestro Grupo y que -basándose en el informe de la Sra. McCarthy y el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior- aportan definiciones más claras y ponen más carne en el asador en lo que respecta a la tarea de supervisión. 
No creo en las afirmaciones continuas de que esta propuesta sería negativa para las pequeñas y medianas empresas. Tanto una mayor certeza legal como una aplicación uniforme de las normas legales dentro del mercado interior es algo que particularmente necesitan este tipo de empresas. Desde mi punto de vista, las pequeñas y medianas empresas no tienen problemas concretos con esta directiva, sino que tienen problemas generales con el sistema de patentes como tal. Muchas de las críticas expresadas en las cartas se refieren precisamente a eso. Esto es cierto tanto cuando gozan de la protección de una patente como cuando tienen que lidiar con los derechos de patente de otras empresas.
De ahí mi pregunta, señor Comisario, de si usted y su administración no podrían quizás pensar de forma creativa sobre cómo podemos lograr un enfoque europeo que permita a las pequeñas y medianas empresas mejorar su posición en el campo de las patentes. He presentado una enmienda sobre este punto porque pienso que este texto no es un lugar apropiado para ello desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, sí creo que es suficientemente importante realizar esta sugerencia ahora desde un punto de vista político, y por lo tanto, apreciaría mucho que me pudiera dar una respuesta.

Paasilinna (PSE).
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la ponente. Si intentamos complicar al trabajo de la comunidad de fuente abierta, empresas de software que trabajan con dificultad por su cuenta y de pequeñas asociaciones ampliando la patentabilidad, destruiremos toda la base de la sociedad de la información. Innovaciones que nos benefician a todos, como Linux, demuestran precisamente lo importante que es esta cuestión: se trata de reducir la divisoria digital.
Por supuesto, los derechos de autor ya protegen los códigos de software. Las patentes de software tienen su reverso en el hecho de que los diseñadores no pueden saber siempre que están infringiendo patentes y por consiguiente pueden ser considerados responsables de daños y perjuicios a gran escala. Los límites de la patentabilidad han de definirse de forma que los programas, algoritmos y métodos empresariales queden excluidos, como tales, de la patentabilidad, y para que las patentes no puedan utilizarse para obstaculizar la competencia. Apoyamos el espíritu empresarial a pequeña escala en este sector.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, este es uno de esos terrenos en los que, quienes no somos expertos ni en materia técnica ni jurídica, afrontamos los debates con los dedos cruzados a la espalda, confiando en acertar. Lo digo concretamente en relación con este debate, ya que el sustento de cientos de miles de vidas depende de que este Parlamento y la Comisión saquen adelante correctamente este asunto.
Hay muy pocos aspectos categóricos en este debate. Tal vez la Comisión tenga razón en parte, tal vez la tenga también en parte el Parlamento. Lo que es absolutamente cierto es que no hacer nada no constituye una opción válida; no podemos permitir que la situación continúe como está.
Por consiguiente, espero que el Sr. Comisario encuentre una forma de aceptar muchas de las enmiendas excelentes que ha presentado la Sra. McCarthy. La ponente ha realizado una labor extraordinaria desmenuzando los temas y presentando, ciertamente en el seno de mi Grupo parlamentario, una postura muy nítida. No ha escatimado esfuerzo alguno para encontrar una postura de consenso.
Resulta importante que garanticemos que se motiva al sector favorable al código fuente abierto y que se mantiene a la totalidad de la industria de las TI en un estado de ánimo vibrante e innovador. Sin embargo, no sería correcto que permitiéramos que se prolongara la incertidumbre jurídica actual.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, dado que hay muchas enmiendas, no voy a proponer ir una por una, exponiendo la respuesta de la Comisión. Con su permiso voy a facilitarles una lista de las enmiendas ordenadas por su número, mostrando cuáles de ellas resultan aceptables para la Comisión, cuáles no y cuáles podríamos aceptar con el pertinente cambio de formulación. Con este planteamiento, me limitaré a exponer algunas observaciones de carácter general y espero finalizar con algunas consideraciones más específicas para abordar las cuestiones planteadas por los diputados.
Centrándonos en primer lugar en el propio informe McCarthy, ya he indicado que tenemos una predisposición favorable ante la mayoría de las enmiendas que se han formulado. No obstante, quiero pronunciarme sobre dos enmiendas concretas que plantean cuestiones importantes.
La primera es la enmienda 20, que plantea la inserción de un nuevo artículo 6 bis sobre la interoperabilidad. A primera vista puede parecer razonable. Pero tras un examen más detenido, resulta evidente, al menos para la Comisión, que la excepción, tal como se propone, puede restar valor a algunas patentes. De hecho, en potencia puede restarles todo valor. Creo que sería desproporcionado y, además, contrario a nuestras obligaciones internacionales en virtud del Acuerdo ADPIC. De todas formas, podríamos considerar favorablemente una disposición que tratara de la interoperabilidad, siempre que estén contemplados estos aspectos importantes. La formulación utilizada al final de la enmienda 76 podría constituir la base de un compromiso, ya que invoca el Acuerdo ADPIC.
El segundo punto merecedor de mención especial es la enmienda 18, la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 5, que trata de las reivindicaciones relativas a los programas de ordenador. Esto no estaba incluido en la propuesta original de la Comisión. No se trata de un descuido, sino de algo que hemos estado considerando de cerca y durante mucho tiempo. Nos preocupaba que permitir las reivindicaciones sobre programas de ordenador fuera un paso sobre una pendiente resbaladiza hacia la autorización de que los programas de ordenador fueran patentables por sí mismos, algo que va manifiestamente en contra de la Convención Europea de Patentes y la opinión de la inmensa mayoría de los diputados que han intervenido esta mañana.
Pero tras una reflexión -y no voy a ocultar que gran parte de estas reflexiones han venido provocadas por la labor de este Parlamento- consideramos que este tipo de cláusula podría funcionar en el contexto de los objetivos globales de la Comisión, si -y solo si- somos capaces de redactar el artículo de forma muy cuidadosa y prudente.
Por desgracia, no puedo expresar una opinión tan positiva sobre la mayoría de las enmiendas que han sido presentadas al informe McCarthy y que han de ser analizadas hoy aquí. El problema de muchas de estas medidas es que, aun cuando se considere que merecen la pena ser estudiadas, todas poseen una cosa común: introducen un régimen especial para las invenciones relacionadas con los ordenadores. En la legislación y la práctica en materia de patentes, constituye un principio fundamental que las invenciones deben ser evaluadas de un modo neutral en lo referente al tipo de tecnología sobre el que se sustentan. El examinador de patentes analizará por supuesto cada invención concreta en busca de su elemento inventivo, pero no tiene ninguna idea preconcebida acerca de que una invención que utilice un determinado tipo de tecnología sea per se innovadora o no.
Este principio está efectivamente englobado en el derecho internacional, en concreto en el Acuerdo sobre los ADPIC, donde se dice que las patentes deben estar disponibles en todos los campos de la tecnología y que se puede disfrutar de los derechos de patente sin ninguna discriminación sobre esta base.
Hay algunas enmiendas que apenas plantean problemas a la Comisión y, por tanto, podremos aceptar. Estoy pensando especialmente en determinadas enmiendas planteadas al informe que la Comisión debe elaborar en cuanto a la operativa de esta directiva, aunque quisiera subrayar que la Comisión no está dispuesta a aceptar el «todo vale» a este respecto.
Cualquier petición que imponga exigencias poco razonables, dados los recursos limitados de que dispone la Comisión, no puede ser objeto de nuestra aprobación. Además hay que tener presente la necesidad de permanecer dentro del campo de aplicación de la Directiva. Algunas de las enmiendas propuestas son demasiado ambiciosas en cuanto a sus efectos.
Dicho esto, quiero formular algunas observaciones sucintas. En primer lugar, al Sr. Rocard, que ha afirmado que la propuesta no garantiza que no se produzcan las patentes del software como tal. La propuesta establece una barrera específica que es necesario superar antes de poder patentar cualquier invención. La invención tiene que ser una contribución técnica no obvia: esto garantiza que un software no técnico jamás será patentado y que las auténticas invenciones técnicas recibirán la protección que se merecen. Esto va también para el Sr. MacCormick, que me ha pedido garantías de que al Directiva es a prueba de cualquier fisura. El requisito de que constituye una contribución técnica lo asegura. Espero que esto satisfaga al Sr. De Clercq.
Mi segunda observación específica va dirigida a la Sra. Echerer, que ha dicho que, si es patentable una pequeña parte de un problema, entonces la totalidad del mismo también es susceptible de obtener una patente. Las patentes tienen que ver con soluciones a problemas técnicos y una patente tiene que cubrir la totalidad, no una pequeña parte, de la solución al problema. Solo se vulnera si se utiliza la solución completa. Por tanto, no acapara cada una de las diferentes partes integrantes que contribuyen a la solución.
Respecto del tema de las PYME, que han sacado a colación numerosos diputados: en tanto las PYME sean usuarias de patentes, quiero remarcar que no va a ser patentable nada de lo que ahora no lo sea. En tanto las PYME sean inventoras de software, necesitan estar protegidas y gozarán de la protección que merecen en virtud de la Directiva. Digo esto concretamente al Sr. Oreja y a la Sra.Thyssen.
Permítanme reproducir las palabras del Sr. Wuermeling que ha dicho: «quien esté en contra de esta Directiva debe saber que seguirá aplicándose la práctica actual.» Por tanto, si no desean que se perpetúe la práctica actual, mejor harán en votar a favor de esta Directiva.
Por último, el informe de la Sra. McCarthy -a quien de nuevo la Comisión desea dar las gracias- puede, incorporando los comentarios que he formulado -aunque no sea idéntico a la propuesta original de la Comisión-, lograr el equilibrio que necesitamos. Agradezco a todas sus Señorías la atención prestada y particularmente la suya, señor Presidente.
El Presidente.
- Muchas gracias, señor Comisario.
El ponente desea añadir unas palabras.
McCarthy (PSE)
Señor Presidente, no he querido formular esta observación durante mi intervención, pero es necesario hacerlo. En los diez años que he sido diputada, nunca he presenciado una campaña tan personal, agresiva y abusiva como la sufrida en el caso de esta Directiva concreta. He sido intimidada y acosada por grupos de influencia. Mi equipo se ha visto acosado hasta el punto de que una de las personas tuvo que pedir la baja por una enfermedad inducida por el estrés.
Le pido ahora, señor Presidente, que garantice el desarrollo de esta votación mañana de forma ordenada, que garantice que el Parlamento y sus Señorías dispongan de la libertad para votar que les confiere su mandato democrático de elaborar y aprobar leyes.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

Kauppi (PPE-DE)
La propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador ha debido de suscitar más pasiones que cualquier otra cuestión debatida últimamente en el Parlamento. Desde el principio he mantenido una opinión crítica con respecto a la Directiva. Sin embargo, no me opongo a ella, pues creo que es bueno que se aclare la confusión reinante en relación con las condiciones para la concesión de patentes de software. Actualmente, dado que la normativa es tan poco clara, las decisiones tomadas por las oficinas nacionales de patentes y por la Oficina Europea de Patentes pueden haber sido muy diferentes y por consiguiente se necesitarían unas reglas europeas comunes. Sin embargo, es preciso hacer bastantes enmiendas al informe, antes de poder adoptarlo. Las enmiendas que he propuesto deberían garantizar que la Directiva será menos perjudicial para los que desarrollan software de forma independiente y para las pequeñas y medianas empresas.
Mis principales argumentos son los siguientes:
En su forma actual, la Directiva podría perjudicar mucho a los que desarrollan independientemente software y a las pequeñas y medianas empresas europeas, para las que puede resultar imposible sobrevivir en la «jungla de patentes» de los grandes gigantes del software. Los tiempos de tramitación de las patentes son muy largos y la solicitud es cara. Por ello podrían frenar e incluso estorbar el desarrollo del sector del software europeo, que depende mucho de la innovación y de una reacción rápida.
Además, debería ser posible la interoperabilidad del software y las comunicaciones sin elevados derechos de licencia. Estoy a favor de las interfaces abiertas. Los algoritmos, los prototipos empresariales y los programas de ordenador no deberían ser patentables como tales.
Uno de los principales objetivos de adjudicar patentes ha sido siempre que la sociedad fuera consciente de la existencia de las invenciones. Las patentes en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador son prácticamente inservibles como fuentes de datos si no se publica el código fuente. En los Estados Unidos, el código fuente se publica en la solicitud de patente en el caso de la mayoría de las patentes de software, que se establece como una práctica comercial en el sector. Lo mismo debería ser posible en Europa.
Espero que la votación de mañana tenga un resultado favorable y que el mayor número posible de diputados demuestre su apoyo a una industria europea creativa e innovadora en materia de software.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Informe (A5-0309/2003) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios del Sr. Jannis Sakellariou (2003/2023 (IMM))
(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A5-0283/2003) del Sr. Dell'Alba, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la inserción en el Reglamento del Parlamento Europeo de un nuevo artículo 29 bis relativo a las actividades y la situación jurídica de los Grupos políticos (2003/2114 (REG)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0285/2003) del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4 al presupuesto 2003, Sección III - Comisión (SEC(2003)626 - C5-0339/2003 - 2003/2113(BUD)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0288/2003) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, 
1. sobre la iniciativa de la República Helénica con vistas a la Decisión del Consejo relativa a los procedimientos para modificar el Manual SIRENE (7180/2003 - C5-0149/2003 - 2003/0808(CNS)) 
2. sobre la iniciativa de la República Helénica con vistas a la Decisión del Consejo relativa a los procedimientos para modificar el Manuel SIRENE (7179/2003 - C5-0148/2003 - 2003/0807(CNS)) 
Antes de la votación:

Coelho (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, el informe sobre el cual estamos a punto de votar no es lo que parece ser. Lo que parece ser es una serie de enmiendas del Manual Sirene, que regula el intercambio de información entre Estados miembros en relación con el Sistema de Información de Schengen. Sin embargo, subyacente a esta votación hay algo un poco más complejo.
Este Parlamento pidió en un principio emitir un dictamen sobre dos iniciativas, pero se le denegó el acceso a un documento importante, el Manual Sirene. En la reunión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, la Presidencia griega prometió dicho acceso para que pudiéramos emitir nuestro dictamen. El Consejo no lo aceptó bajo ningún concepto. La Presidencia cedió y se mantuvo la prohibición.
Finalmente, el Consejo aceptó revelar en comisión la naturaleza del contenido de los documentos clasificados. Sobre la base de dicha información, he propuesto el informe que se someterá a votación hoy, aprobando las dos iniciativas con enmiendas. Mi comisión ha aceptado dicha propuesta.
Sin embargo, al votar a favor, enviamos un mensaje político al Consejo, un mensaje de buena fe y de colaboración, y asimismo un mensaje que dice que va siendo hora de que deje de jugar al escondite con el Parlamento Europeo. El Consejo ha retrasado las conversaciones preliminares con el Parlamento sobre el modo de tratar los documentos clasificados en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Esta situación es insostenible. Este tipo de información suele estar disponible para el trabajo en el Consejo, pero no se transmite al Parlamento. Además, hay otros casos en los que tampoco se transmite información relacionada con un Estado miembro hasta que el Estado miembro en cuestión decida que la información deja de estar clasificada. Si queremos evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, es preciso elaborar unas reglas claras sobre el modo de tratar los documentos clasificados en el ámbito legislativo, estableciendo un nivel de seguridad adecuado y aceptado por todas las partes interesadas. Este es el mensaje que enviamos al Consejo por medio del presente informe.

Schmidt, Olle (ELDR)
Señor Presidente, propongo que votemos ahora sobre el proyecto de resolución legislativa, a fin de confirmar el rechazo de la iniciativa de Austria.

El Presidente.
Por tanto, vamos a proceder a la votación sobre la resolución legislativa, cuya adopción cerrará el procedimiento.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Recomendación (A5-0307/2003) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios relativa al nombramiento del Sr. Jean-Claude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo (10893/2003 - C5-0332/2003 2003/0819(CNS) (Ponente: Sra. Randzio-Plath) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0282/2003) del Sr. Ettl, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Situación sobre la aplicación de los documentos de evaluación conjunta relativos a las políticas de empleo en los países candidatos» COM(2003) 37 - (2003/2105(INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0295/2003) del Sr. Mombaur, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas medidas de protección de la seguridad de abastecimiento de gas natural (COM (2002) 488 - C5-0449/2002 - 2002/0220(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0297/2003) del Sr. Karlsson, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las aproximaciones de las medidas en materia de seguridad del abastecimiento de productos petrolíferos (COM(2002) 488 - C5-0448/2002 - 2002/0219(COD))
(El Parlamento rechaza la propuesta de la Comisión)
El Presidente. Tenemos que preguntar ahora a la Comisión si tiene intención de retirar su propuesta.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, informaré puntualmente de esto a mi colega, la Sra. De Palacio, y pediré a la Comisión que actúe en consecuencia.

El Presidente.
Señor Comisario, me temo que necesitamos la respuesta ahora, de manera que podamos concluir esta parte del procedimiento de votación. El Parlamento ha rechazado la propuesta de la Comisión. Supongo que, por el momento, la Comisión va a mantener su texto.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, personas expertas en esta materia me informan de que de conformidad con el acuerdo marco debo consultar con mis colegas y, una vez hecho esto, por supuesto informaré debidamente al Parlamento.

Chichester (PPE-DE).
Señor Presidente, tal vez pueda echarle una mano al señor Comisario. Anoche, la Sra. Comisaria De Palacio aseguró a la Cámara que, en caso de que la propuesta fuera rechazada, no intentaría volver a presentarla.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, este Comisario siempre agradece cualquier ayuda que se le preste.

Les puedo asegurar que ocurre en muy contadas ocasiones.
(Risas)
No quisiera desmentir la afirmación que acaba de formularse. Una vez más, supongo que las cosas irán por donde ha indicado su Señoría.

El Presidente.
Colegas, en estas circunstancias propongo devolver este asunto a la comisión.
(El Parlamento da su conformidad)

Informe (A5-0293/2003) del Sr. Karlsson, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se derogan las Directivas 68/414/CEE y 98/93/CE del Consejo por las que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos y la Directiva 73/238/CEE del Consejo relativa a las medidas destinadas a atenuar los efectos producidos por las dificultades de abastecimiento de petróleo crudo y productos petrolíferos (COM(2002) 488 - C5-0489/2002 - 2002/0221(CNS)) 
Antes de la votación:

Karlsson (PSE)
Señor Presidente, vista nuestra anterior decisión de rechazar la propuesta de Directiva, creo que no deberíamos votar sobre el siguiente informe porque trata de la cancelación de anteriores Directivas.

El Presidente.
Dado que estos dos informes están íntimamente relacionados, creo que deberíamos seguir el consejo del ponente y devolver también este a la comisión.
(El Parlamento da su conformidad)

Informe (A5-0236/2003) del Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria (COM(2002) 767 - C5-0009/2003 - 2002/0308(CNS)) 
Antes de la votación:

Berenguer Fuster (PSE)
. (ES) Señor Presidente, no sé si el procedimiento sería el adecuado, pero en la enmienda número 3, relativa al apartado 5 del artículo 8, se ha producido un error a la hora de presentarlo. Si se tiene en cuenta cuál es la justificación de la enmienda, que está encaminada a reforzar la seguridad jurídica y la protección de los titulares de marcas o indicaciones geográficas anteriores, a la hora de redactar el texto se ha hecho mención a las marcas anteriores en cinco ocasiones y, solamente en una ocasión se mencionan las indicaciones geográficas comunitarias anteriores.
Por lo tanto, querría, si fuera posible, introducir una enmienda oral en este momento, para que cada vez que se hace mención en el texto de esta enmienda número 3 a una marca anterior, se indique a continuación "o indicación geográfica comunitaria", porque ése era el sentido de la enmienda, que no sé si por error de los duendes de la imprenta o de no sé muy bien quién, señor Presidente, no se ha incluido.
El Presidente.
Seguimos con la votación.
Informe (A5-0278/2003) del Sr. Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre el refuerzo de la seguridad marítima tras el naufragio del petrolero «Prestige» (2003/2066(INI)). 
Antes de la votación sobre la enmienda 11:

Sterckx (ELDR)
Señor Presidente, la enmienda 11 se refiere a una comisión temporal. Es una enmienda que presento yo, porque, aunque los dos principales Grupos han presentado una propuesta de comisión temporal, no se ha alcanzado un acuerdo sobre el contenido. Estoy intentando mantenerme al margen de un debate político que tiene lugar en uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Siempre he intentado hacerlo, y ahora lo intento de nuevo. De ahí que presente esta enmienda oral, que a mi entender combinará mejor diversas propuestas. La leeré en inglés, pues es la lengua en que se redactó la enmienda.

El Presidente.
¿Hay alguna objeción a esta enmienda oral?

Hatzidakis (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Sterckx por su iniciativa y decir que lamento la postura que adoptan los socialistas. Evidentemente, volveremos a votar sobre esta enmienda inicial que, lamento decirlo, contradice el artículo 193 del Tratado y el artículo 151 del Reglamento, porque básicamente incluye una disposición para una comisión de investigación encubierta. Por consiguiente, creo que estamos votando sobre algo que contradice los Tratados y el Reglamento.
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente.
Señor Hatzidakis, eso no era una cuestión de observancia del Reglamento.
Es bastante evidente que son más de 32 diputados los que se oponen a la enmienda oral. Por consiguiente, no se admite.
Antes de la votación sobre la enmienda 3:

Sterckx (ELDR)
, ponente. (NL) Señor Presidente, sobre la base de informaciones previas escribí que aún había 13 000 toneladas a bordo del buque naufragado. Ayer hablé con las personas que intentan sacar este petróleo a la superficie, y me contaron que seguía habiendo 14 000 toneladas en el buque. Por ello quisiera modificar estas dos cifras.

Marchiani (UEN)
. (FR) La inclusión de nuevas disposiciones relativas a la situación jurídica de los Grupos políticos constituye el enésimo reconocimiento de estos últimos.
En principio no hay motivo para reforzar el estatuto de los Grupos políticos del Parlamento Europeo, aunque uno pueda condenar el deseo expresado en estos últimos años de eliminar cualquier forma de representación nacional en esta Cámara, lo que llevaría a una forma de representación sumamente partidista.
Sin embargo, no vayamos demasiado lejos al hacer del Parlamento la sede de una futura «partitocracia». La influencia que ejercen las grandes formaciones políticas en esta Asamblea ya es muy -incluso demasiado- grande; no convendría que, en el futuro, deviniera una especie de monopolio que sería enemigo del pluralismo. 
Últimamente hemos asistido aquí a abusos preocupantes, abusos cometidos por determinados Grupos que se hallan en una posición política dominante, debido principalmente a su ideología federalista. Pienso en la disolución del Grupo TDI, un acto político de extrema gravedad teniendo en cuenta que ni siquiera los Estados miembros ya prohíben partidos políticos. 
Una deriva como esta no debe producirse nunca más. Ahora bien, me preocupo cuando veo que el texto propuesto contempla de nuevo esta idea que supone una amenaza para las libertades cívicas. ¡Hagamos gala de cierta moderación!
Berthu (NI)
. (FR) Austria, utilizando el derecho de iniciativa que provisionalmente siguen teniendo los Estados miembros en el ámbito de la política de inmigración, acaba de presentar una propuesta útil: elaborar una lista de países de Europa considerados seguros desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, para confiarles la tramitación de las solicitudes de asilo presentadas en un país de la Unión por personas que hayan atravesado antes su territorio. Esta medida parece simplificadora, de sentido común y coherente con la necesidad de mejorar la cooperación entre los países del continente ante el aflujo de refugiados de toda clase.
Esta iniciativa austriaca, que hemos apoyado, no ha tenido la suerte de gustar al Parlamento Europeo, que ha alegado, para rechazarla, diversos motivos jurídicos más o menos aparentes, por ejemplo que este texto anticiparía una futura directiva, más amplia, relativa a los procedimientos en materia de asilo. 
La verdadera razón es muy distinta. Como se ve en la exposición de motivos, el Parlamento Europeo se aferra a una interpretación estricta de la Convención de Ginebra, basada en un «principio de no expulsión». Este principio es absoluto y carece de matices ni condiciones. Debemos poner en tela de juicio esta interpretación estricta si queremos tratar realmente los problemas del asilo.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Hemos votado en contra de la iniciativa de la República de Austria que preconiza una aplicación especialmente restrictiva del derecho de asilo.
En cuanto al informe Schmidt, no apoyamos su petición de «solucionar (?) el problema de los Estados terceros seguros». En efecto, consideramos que el problema no es elaborar una lista un poco más larga de Estados cuya decisión de conceder el derecho de asilo sería aceptable por la Unión Europea. El derecho de asilo no debe tener restricciones. Y rechazamos cualquier aplicación restrictiva con respecto a la «Convención de Ginebra y el principio de no expulsión».
Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) La iniciativa de la República de Austria, motivada por una necesidad de responder a un «espectacular aumento de las solicitudes de asilo» en dicho país, «rompiendo la tendencia general europea», se ciñe a la lógica de construir una «Fortaleza Europa».
La iniciativa pretendía elaborar una lista de terceros países considerados seguros para asumir la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo, dando por sentado que el país responsable de estudiar una solicitud era el país por donde el solicitante entraba en la Unión. De los países enumerados en la lista, Suiza es el único que no está integrado en la UE ni en el Acuerdo de Schengen. Por ello, cabe deducir que los objetivos inmediatos de Austria eran los países candidatos a la UE con quienes comparte frontera.
Sin embargo, como señala el ponente, aquí está en juego un principio fundamental, en concreto que la Convención de Ginebra confiere a todo solicitante de asilo el derecho a que se examine individualmente su caso. Incluso si se elaborara una lista de «terceros Estados seguros», ninguna solicitud de asilo podría ser rechazada automáticamente en virtud de las disposiciones de la Convención de Ginebra.
Por otro lado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, un reglamento no sería el instrumento correcto a usar en relación con un aspecto tan vital de la soberanía de los Estados miembros.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Si la iniciativa de la República de Austria debe rechazarse es por razones más esenciales que las consideradas por el ponente. En el fondo, el concepto de «Estados terceros seguros» es contrario a las obligaciones internacionales resultantes de la Convención de Ginebra de 1951. Es clamoroso en el caso de los gitanos que huyen del racismo y las discriminaciones que sufren en países como Rumania o Eslovaquia, Estados considerados «seguros» por la UE.
Como reconoce el ponente: «Aunque se fijase una lista de terceros países seguros, ninguna solicitud de asilo puede rechazarse automáticamente, ya que ello infringiría la Convención de Ginebra». Es ya una práctica extendida decretar que una solicitud de asilo está «manifiestamente infundada». La lista de «Estados seguros» servirá de pretexto para alentar aún más los exámenes expeditivos y las denegaciones sistemáticas.
La idea de mantener a los refugiados en las regiones de origen viola el principio de no expulsión. Es una expulsión con otro nombre. En Francia, la ley Villepin llama a esto «asilo interno». Es preferir los campos de refugiados a la acogida de los refugiados.
Si la iniciativa austriaca debe rechazarse es porque autoriza ataques al derecho de asilo en Europa, y anticipa el modo en que, en el marco de la elaboración de una legislación europea, los Estados miembros pretenden abandonar el respeto del derecho de asilo y de la Convención de Ginebra.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Apoyo los argumentos del ponente, pues creo que el alcance de la iniciativa austriaca es en efecto limitado. El ponente observa que este Reglamento solo se aplicaría a Suiza, una condición claramente insuficiente para concebir tal instrumento legal. Al mismo tiempo, el carácter inflexible de la propuesta no prevé mecanismos para que se revise la lista de «Estados seguros» y se añadan o quiten países. Ello podría conducir a una paralización ab initio del sistema propuesto, sin que aportara beneficio alguno, ni para los solicitantes de asilo ni para los que aplican la ley.
El ponente observa que en la propuesta de Austria subyace el problema de un «espectacular aumento» de las solicitudes de asilo en dicho país, lo cual es lamentable. Sin embargo, en este punto, a diferencia del ponente, he de decir que considero normal e incluso positivo que un Estado miembro intente ejercer sus derechos y resolver sus problemas específicos aunque, a veces, pueda contradecir el principio abstracto del «interés comunitario», que a menudo es muy esquivo en relación con la seguridad y la justicia.
Asimismo apoyo la opinión del ponente de que el concepto de terceros Estados europeos seguros no debería ser objeto de un Reglamento aparte, sino que más bien debería tratarse en el marco de un enfoque amplio establecido en la Directiva sobre la política de asilo.

Fatuzzo (PPE-DE).
Me encontraba en el casino Campione d'Italia, un distinguido casino conocido en Europa. En una mesa, algo apartada, los gobernadores de quince bancos nacionales de la Unión Europea jugaban a cartas, y con ellos se encontraba el Sr. Trichet, candidato y ahora elegido Presidente del Banco Central Europeo. El Sr. Trichet era muy joven, mientras que los quince gobernadores eran mayores, no solo tenían el cabello blanco, sino que estaban realmente cansados: eran pensionistas.
Entonces me pregunté si esta visión que tenía no era una advertencia. ¿Qué pueden hacer los bancos nacionales si hay un Banco Central Europeo? ¿Qué pueden hacer los gobernadores nacionales? ¿No sería bueno que se fueran y descansaran, que se jubilaran?

Berthu (NI)
. (FR) Hemos votado en contra del nombramiento de Jean-Claude Trichet a la presidencia del Banco Central Europeo porque durante su audiencia no manifestó voluntad alguna de reorientación política ante el semiestancamiento en que está inmerso actualmente el corazón de la zona euro. Más bien destacó que no había una recesión en sentido estricto, lo cual es exacto, y que los tipos rectores de la zona euro son «los más bajos desde hace más de medio siglo», lo cual también es exacto. El mensaje implícito que nos transmite es que, como presidente del BCE, no puede hacer mucho más. 
Por otra parte, no está totalmente equivocado: la desaceleración que envuelve ahora a Francia y Alemania es probablemente imposible de corregir con los instrumentos de la política monetaria clásica, porque ha sido generado en parte por la estructura misma de la moneda única, un marco rígido aplicado de forma uniforme a economías diferentes. 
Ante esta situación, el margen de maniobra del presidente del BCE quizás sea pequeño. Pero ¿no es un justo castigo de la historia que se vea atrapado en él precisamente uno de los que inventaron el tratado de Maastricht?
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Nuestro voto negativo al «nombramiento del Sr. Jean-Claude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo» va dirigido sobre todo a la institución, pero también al hombre.
El Banco Central Europeo se encarga de aplicar en materia de moneda y de crédito una política totalmente favorable a la gran patronal de la Unión Europea y, por consiguiente, totalmente desfavorable a las clases trabajadoras. Estamos en contra de la función misma de esta institución, cualquiera que sea la persona que la dirija.
Pero tampoco hemos querido avalar al hombre. Antes de ser nombrado para su futuro cargo, Jean-Claude Trichet fue durante diez años gobernador del Banco de Francia. Como tal, es responsable de un plan de «reestructuración» en curso en el Banco de Francia, un plan que se traduce en el cierre de la mitad de las sucursales y la supresión de más de 2 000 puestos de trabajo, lo que representa más de la cuarta parte de la plantilla. Un hombre que asume tales cometidos no merece más apoyo que la institución cuyas riendas se dispone a tomar en sus manos.
Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Como era de esperar, el Sr. Trichet, Presidente electo del Banco Central Europeo (BCE), ha reafirmado y reforzado el actual «triángulo» económico de la UE, basado en la estabilidad de precios, el Pacto de Estabilidad y la «estrategia de Lisboa», a pesar de las contradicciones cada vez más patentes entre este «triángulo» y el crecimiento económico y el empleo.
En sus respuestas al cuestionario, el Sr. Trichet reafirma que la estabilidad de precios es un requisito previo para el crecimiento «manteniendo un bajo aumento de los costes de producción unitarios», es decir, a través de la moderación salarial, reducción de los salarios reales y aumentos de productividad, pero, en este caso, solo para los empresarios. El Sr. Trichet también menciona el consenso entre los gobernadores de la UE acerca de la «estrategia de Lisboa» y la necesidad de hacer hincapié en el enfoque basado en reformas estructurales, con lo cual quiere decir liberalización, aumento de la flexibilidad del mercado laboral y una privatización gradual de las pensiones.
Por último, reafirma el umbral del 3% del Pacto de Estabilidad, sosteniendo que ningún Gobierno ha pedido que se modificara y que la Comisión ha demostrado que es esencial. No deja de ser irónico, teniendo en cuenta que Francia está a punto de incumplir, por tercer año consecutivo, este mismo criterio. El Sr. Trichet también apoya las enmiendas a los métodos de votación del BCE, que, fundamentalmente, aparta a países como Portugal del proceso de toma de decisiones.
Por ello hemos votado en contra de este informe.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Hemos votado en contra del nombramiento de Jean-Claude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo porque durante una quincena de años ha encarnado la denominada doctrina de la «desinflación competitiva», que inspiró las políticas neoliberales seguidas en nuestro país. Bajo su influencia se bloquearon los salarios para que los beneficios financieros pudieran captar una parte creciente de la riqueza producida. Esta política ha asfixiado el crecimiento y favorecido al aumento del desempleo masivo. No quisiéramos ver transpuesto al ámbito comunitario este dogmatismo funesto. 
Pero no hacemos de ello una cuestión personal: probablemente votaríamos en contra de cualquier otra candidatura, porque lo que discutimos es el concepto mismo del Banco Central Europeo en dos puntos esenciales. Una institución como esta no debería fijarse un objetivo inútilmente rígido del 2% de inflación, que opta ciegamente por las finanzas en detrimento del empleo. Y el BCE debería someterse a un verdadero control democrático que vaya más allá de la caricatura de democracia que consiste, como hoy, en votar a favor de dar plenos poderes a un hombre sobre el cual a partir de ahora ya no tendremos control alguno.
Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Hoy hemos de elegir a un nuevo presidente del Banco Central Europeo, pero en realidad no hay nada que elegir. Desde el principio, la intención era que el banco se estableciera en Alemania con un francés a la cabeza. Dado que el neerlandés Wim Duisenberg realizó el trabajo preparatorio para el BCE, se le entregó la presidencia durante un breve periodo de tiempo. Cuando fue nombrado se sabía que se había alcanzado un compromiso para que el mandato de ocho años se repartiera entre el Sr. Duisenberg y el Sr. Trichet. Por consiguiente, desde el principio, el Sr. Trichet tenía asegurado su puesto, aunque solo por la mitad del periodo. Esto amenazó con salir mal cuando parecía que el Sr. Trichet acabaría en la cárcel. Ahora se ha propuesto que se le conceda otro periodo de ocho años. Como argumento a favor de su nombramiento se dice ahora que, a diferencia del Gobierno de su país, él se atendrá estrictamente al techo del 3% para los déficit presupuestarios nacionales en el Pacto de Estabilidad. Este techo está resultando ser una receta para el desastre. Los grandes Estados miembros no logran alcanzarlo; los Estados miembros pobres sin duda no serán capaces de hacerlo. En los Países Bajos, que se atienen a él, se está cortando por lo sano todo lo que es valioso. Teniendo en cuenta esta situación no veo razón para aprobar la candidatura del Sr. Trichet.

Pasqua (UEN)
 - (FR) El nombramiento del futuro Presidente del Banco Central Europeo es un acto de la mayor importancia porque, aparte de la personalidad del candidato, también, y sobre todo, debemos pronunciarnos sobre una política monetaria. 
En este caso, si me alegra evidentemente que un francés se convierta próximamente en Presidente del BCE, no puedo ignorar el hecho de que el Sr. Trichet, pues de él se trata, encarna y reivindica una estricta ortodoxia presupuestarista. El Sr. Trichet lo ha dicho sin rodeos en su audiencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: quiere perpetuar, contra viento y marea, la herencia dejada por el Sr. Duisenberg, es decir, un monetarismo tan rígido como inoportuno. 
Esta decisión no es de recibo. En un momento en que muchos Estados miembros no consiguen respetar ya un Pacto de Estabilidad cuyas exigencias parecen, en la situación actual, completamente desfasadas en relación con la dura realidad de la coyuntura económica, no puedo apoyar el nombramiento de un candidato manifiestamente aquejado del mismo mal que su predecesor: el autismo.
Purvis (PPE-DE)
. (EN) He votado a favor de la ratificación del Sr. Trichet como Presidente del Banco Central Europeo porque es beneficioso para mi país y para mis electores que el BCE esté bien gestionado y que el euro triunfe como moneda.
La zona euro es, de lejos, el destino más importante de las exportaciones escocesas y la principal fuente de nuestras importaciones y turistas.
He quedado razonablemente convencido por la fama del Sr. Trichet y por la forma en que ha contestado a las preguntas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en el sentido de que mantendrá la estabilidad del euro. Asimismo, va a mantener la presión sobre los Estados miembros para que apliquen políticas financieras prudentes y reformen sus estructuras sociales a fin de promover el crecimiento y el desarrollo económicos. Eso es lo que le importa a Escocia.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) El desempleo es uno de los principales problemas de los países candidatos. En seis de los 12 países candidatos, el desempleo supera el 10%, lo cual provoca la exclusión social y la pobreza. Por ello son necesarias unas políticas económicas y monetarias que promuevan el crecimiento económico y el empleo, teniendo como motor el sector público y el sector cooperativo.
Este desempleo puede achacarse a la rápida destrucción de las economías planificadas, vinculada a las oleadas de privatización y la completa apertura de los mercados, que han causado una fuerte alteración no solo de la actividad económica, sino también de los propios servicios públicos, en especial en el ámbito de la seguridad social.
Esta misma transformación se confirma en la exposición de motivos del informe, donde se dice que ha provocado «un aumento de la parte de la población amenazada de pobreza» y ha causado el aumento de «empleos poco seguros, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo por horas». Por consiguiente, esta comunicación de la Comisión aspira a transponer la Estrategia de Empleo europea, en su versión post-«estrategia de Lisboa», a los países candidatos.
No parece que esto último exija una mayor flexibilidad y movilidad laboral. Una vez más, la solución reside en una profunda revisión de las política económicas y monetarias neoliberales atrincheradas de la UE. Es preciso redoblar los esfuerzos de la UE para conseguir una cohesión económica y social.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor del presente informe sobre la comunicación de la Comisión relativa a los progresos realizados por los países candidatos en relación con sus respectivas políticas de empleo. Su objetivo es asegurar que los países candidatos definan políticas de empleo que les preparen para la adhesión a la UE.
Como sabemos, el empleo, las políticas de empleo y su coordinación constituyen uno de los principales desafíos a los que se enfrenta hoy la UE. Sobre todo, es una de las exigencias de los ciudadanos europeos. La Estrategia de Lisboa definió el desafío de crear más y mejores puestos de trabajo como factor esencial para promover un progreso realmente humano, preocupado no solo por las cuestiones de crecimiento económico, sino también por la realización individual de sus ciudadanos.
Entre los mensajes centrales de la comunicación de la Comisión Europea, quiero destacar los que hacen especial hincapié en la importancia estratégica de la educación y la formación, desde el nivel básico hasta el cada vez más importante aprendizaje permanente. Por último, quiero mencionar la importancia dada a programas especiales sobre la igualdad de trato para las personas discapacitadas y las disposiciones para promover la igualdad de oportunidades. Estas medidas hacen posible reconciliar la vida familiar con una carrera profesional.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, he invitado a cenar a los seguidores, a los apasionados y a los entusiastas de mis explicaciones de voto. Había más de 300. En la cocina, el Sr. Fatuzzo preparaba la cena: espaguetis con ajo, aceite de oliva y guindilla. ¡Qué aroma tan maravilloso, señor Presidente! Sin embargo, justo en aquel momento, se acabó el gas y no se pudo cocinar más. Era un problema, y me pregunté qué pasaría si no hubiese gas en la Unión Europea. Por ello, bienvenido sea el informe Mombaur y he votado a favor de él por esta razón. ¡Quién sabe cómo se vería afectada Europa, si una cena pudiera estropearse por tan poco!

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) La propuesta de la Comisión pretende aplicar medidas para el abastecimiento de gas natural, tras las recientes crisis o amenazas de crisis, especialmente como resultado de los ataques de los Estados Unidos contra países como el Iraq. Hay tantas cuestiones importantes que tratar aquí que resulta imposible abordarlas todas en esta declaración. La Comisión incluso intenta apropiarse del derecho a intervenir en los trabajos de los Estados miembros, una ambición que el Parlamento minimiza, asegurando así que los Estados miembros mantengan sus prerrogativas en este ámbito en relación con sus obligaciones internacionales.
Como han sugerido los investigadores, la sustancia de estos documentos no es explícita sino implícita, y la cuestión es que la producción mundial de petróleo se está acercando o incluso ha superado ya su tope, y que aunque la producción de gas natural siga aumentando, llegará a su tope como mucho dentro de 25 años. Ambas se enfrentan a un declive inevitable.
En vista de estos hechos, el establecimiento de un Sistema Europeo de Observación del suministro de hidrocarburos, encargado de resolver este problema clave, podría contribuir, en concreto, a nuestros conocimientos sobre el estado de las existencias mundiales y a la investigación esencial sobre otras fuentes de energía, como las renovables.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Al igual que en el caso de las preocupaciones expresadas por los informes Karlsson, que tratan de una serie diferente de sustancias, no cabe duda de que sería beneficioso proceder a una aproximación de las medidas para asegurar los suministros de gas natural. La reforzada armonización propuesta por la Comisión Europea es un asunto totalmente distinto. Esta armonización encuentra su máxima expresión en un poder que la Comisión quisiera atribuirse: «examinará con detenimiento la cantidad de nuevos contratos de suministro de gas importado de países extracomunitarios» (apartado 1 del artículo 6 de la propuesta)
Lamentablemente, la propuesta de la Comisión se basa en el supuesto de que, en un mercado competitivo, la seguridad de suministro no puede confiarse al sector responsable, un argumento que va demasiado lejos. Por mi parte, estoy de acuerdo con el ponente en que los operadores en el mercado -es decir, las empresas y los Estados miembros- son perfectamente capaces de salvaguardar la seguridad del suministro. Recientes estudios lo confirman.
Por esta razón me veo obligado a abstenerme.
Creo que la Comisión Europea debería respetar el carácter jurídico de la legislación propuesta -una Directiva- y, por consiguiente, sugerir unas medidas de protección y precaución mínimas, que podrían ser adoptadas por los Estados miembros y los operadores en este sector, con suficiente flexibilidad para adaptarse a las circunstancias específicas de cada país, y con la libertad política de promulgar una legislación concreta en este marco.

Fatuzzo (PPE-DE).
Sucedió en mi coche -un Renault Scenic- durante un viaje de placer en compañía de Miss Italia, que es la mujer más bella de Italia, Miss Francia, que es la mujer más bella de Francia, y Miss España, la mujer más bella de España. Nos dirigíamos a Madrid, donde recientemente tomé parte en una reunión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, para pasar una noche en la ciudad a la española. Pero de repente, señor Presidente, nos quedamos sin gasolina. Una vez más pensé: «vaya problema esta falta de gasolina y de petróleo. ¿Qué habría sucedido a la Unión Europea si no hubiésemos pensado -con el informe Karlsson- en asegurar el suministro de petróleo? ¡Habría surgido un verdadero problema!» Por consiguiente, he votado a favor de la propuesta.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Al igual que en el informe Mombaur sobre el abastecimiento de gas natural, también lo sustancial de este informe no es lo que es explícito sino lo subyacente, en concreto el hecho de que la producción mundial de petróleo haya alcanzado más o menos o incluso ya haya superado su tope, y, con el tiempo, la producción de gas natural irá por el mismo camino.
El informe apunta a diversas medidas que se traducen en la misma suma de paliativos. Este enfoque no llega al quid de la cuestión ni aborda el problema más grande, que es nuestra decreciente capacidad de producir petróleo.
Mientras que las enmiendas 2 y 5 propuestas por el Parlamento Europeo señalan la necesidad de reducir la demanda de petróleo, mencionando las fuentes de energía renovables, los investigadores afirman que lo que realmente se necesita es una reducción del abastecimiento con el tiempo.
Diversos investigadores afirman que es preciso adaptar la demanda a la capacidad de abastecimiento, de limitar la demanda de acuerdo con la tasa de agotamiento, para evitar un desequilibrio. No basta con decir que «hay que» diversificar y reducir la demanda. Tenemos que encontrar una base objetiva para concretar esta reducción. Un objetivo para reducir el consumo, algo similar a Kioto -que no se convierta en un misterio ni en un gran negocio- es el requisito más esencial y urgente.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de la propuesta de enmienda cuya aprobación por mayoría implica el rechazo de la propuesta de la Comisión Europea. Esta era realmente la mejor solución y nos evitará muchos inconvenientes y conflictos. No es tanto que me oponga a los objetivos globales enumerados en la propuesta, que de hecho son una respuesta a serias preocupaciones actuales. Sin embargo, el problema es que la Comisión Europea ha utilizado estas preocupaciones para enmascarar un intento de reafirmar su derecho a interferir directamente en la gestión de los recursos energéticos de los Estados miembros y nutrir un deseo de influir en el mercado por su propia cuenta. Es cierto que el ponente ha intentado «limitar los daños»: ha propuesto unos periodos de transición más realistas (2007), dejando que sean los Estados miembros los que determinen qué porcentaje de existencias deben tener los organismos públicos o privados, y ha eliminado el derecho a intervenir si los precios aumentan de forma significativa (este derecho se aplicará tan solo durante las crisis de abastecimiento). Sin embargo, después de todo lo que sucedió en la comisión parlamentaria competente, y después de que se presentaran varias enmiendas que endurecían más la oposición a las ambiciones de la Comisión, este era un resultado previsible, y un resultado afortunado, especialmente si ha de respetarse el principio de subsidiariedad.

Vlasto (PPE-DE)
. (FR) Presenté una enmienda para pedir el rechazo de la propuesta de la Comisión Europea relativa a la aproximación de las medidas en materia de seguridad del abastecimiento de productos petrolíferos.
No me parece que esta propuesta aporte una respuesta adecuada o eficaz en caso de crisis petrolífera. El aumento del nivel de reservas mínimas de 90 a 120 días sería una medida costosa de implantar en varios Estados, debido a la insuficiencia actual de las infraestructuras de almacenamiento en la Unión. Además, el aumento del nivel de reservas no es bastante consecuente para que la Unión pueda influir en los mercados petrolíferos frente a los países productores. 
Por último, la creación de organismos públicos de almacenamiento petrolífero transfiere unas cargas sustanciales a los Estados miembros, cuando la Comisión Europea aumenta su capacidad de intervención en la gestión de dichas reservas. Un enfoque como este, que priva a los Estados de sus prerrogativas en materia de gestión del abastecimiento energético, no es pues aceptable. Rechazando este texto, rechazamos una idea que erróneamente parecía ser buena y que está basada en soluciones tan simplistas como ineficaces.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Mal que les pese a los soberanistas de todo tipo, es más lógico constituir reservas de energía a escala de toda la Unión que en cada uno de los Estados, pequeños y medianos, que la componen.
Pero ¿por qué es necesario constituir reservas? Según los propios autores del informe, no para afrontar ningún cataclismo natural que pueda cortar las rutas de abastecimiento, sino «principalmente, los riesgos económicos inherentes a la inestabilidad de los mercados». Así, pues, la Unión Europea está obligada a protegerse contra las consecuencias del sistema económico en que se basa su propia existencia.
En consecuencia, no tomaremos parte en este debate que concierne a los devotos de la economía de mercado. Nosotros no somos devotos de ese altar.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Estoy de acuerdo con el destino que ha tenido el presente informe, después de que se rechazara la propuesta de la Comisión Europea abordada por el otro informe Karlsson. Espero que la decisión en el pleno de devolver la cuestión a la comisión parlamentaria especializada permita que se efectúen mejoras en el texto de la propuesta de Directiva. Tendrá que ser más realista si se quiere continuar este proceso legislativo. Es especialmente importante considerar las graves repercusiones económicas y financieras de un aumento del periodo de aprovisionamiento de 90 a 120 días, que implicaría unos gastos de gestión intolerables o injustificables para diversos Estados miembros. La mejor estrategia puede ser dejar esta cuestión tal como está hoy y concentrarnos sobre todo en promover los mecanismos reales para vincular las existencias, estimular una comunidad de intereses y conexiones entre redes europeas de energía.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Este procedimiento de consulta, que aspira a modificar el Reglamento (CE) Nº 40/94 sobre la marca comunitaria, puede parecer poco importante. Sin embargo, este no es el caso.
De hecho aquí existe una relación entre las marcas comunitarias y las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, que recuerda el caso del queso Limiano, de Ponte de Lima, e incluso la cuestión de los vinos.
Por este motivo las enmiendas 1 y 2 de este informe son peligrosas. Aunque afirme que una marca comercial no puede ser bajo ningún concepto al mismo tiempo una indicación geográfica o denominación de origen, el ponente también dice que la indicación o denominación pueden incluirse en la marca si los productos que abarca tienen el derecho a utilizarlas. El problema es que ello puede conducir a la protección comercial de marcas que pertenezcan a un titular, normalmente una empresa, amenazando así la denominación de origen, como en el caso del queso Limiano. Por ello nos hemos abstenido en la votación.

Fatuzzo (PPE-DE).
Perdóneme, señor Presidente, pero me siento mal aquí debido a las voces y el ruido del gran número de diputados presentes, que siempre están atentos, pero esta vez charlan.
Bien, me encontraba en un avión yendo desde Bruselas hacia no sé donde. Vi que servían una comida copiosa, sabrosa y exquisita a muchos pasajeros de primera clase: champaña, preciosas azafatas y auxiliares de vuelo que les servían, sillones, confort... Un sueño, señor Presidente. Me acerqué a ellos y les pregunté quiénes eran para viajar con tanto lujo en el avión. «Ah», fue la respuesta, «somos inmigrantes ilegales y estamos en este avión porque nos devuelve al sitio de donde venimos. Pero nos tratan tan bien en el avión, y nos gusta tanto, que regresamos una y otra vez y nos devuelven una y otra vez a nuestro país de origen».
Era un sueño, señor Presidente, porque la realidad es mucho más cruda; pero es conveniente pensar en el confort de los inmigrantes ilegales cuando son devueltos en avión a su Estado de origen.

Berthu (NI)
. (FR) Hemos apoyado el informe del Sr. Kirkhope sobre la iniciativa alemana encaminada a reforzar la cooperación de los Estados miembros cuando hay que tomar medidas de expulsión por vía aérea de extranjeros de terceros países que residan ilegalmente en la Unión. Son medidas útiles, pero relativamente técnicas, que el Sr. Kirkhope, ex Secretario de Estado encargado de las cuestiones de inmigración en el último Gobierno conservador del Reino Unido, tuvo grandes dificultades en hacer admitir a la Comisión y al Parlamento Europeo. 
Hemos oído, procedentes de la izquierda, intervenciones desmedidas denunciando las «deportaciones», los «métodos inhumanos» o las «expulsiones colectivas». Todo esto no tiene nada que ver con la realidad, ya que las medidas de expulsión tienen un evidente fundamento jurídico. En particular, no se trata de expulsiones colectivas (expulsiones de todo un grupo social sin consideración de los individuos), sino de expulsiones individuales, supervisadas por el sistema legal, de personas en situación ilegal. 
A este respecto, resulta esclarecedora la opinión minoritaria del Sr. Krivine, la Sra. Boumediene-Thiery y otros, que ven en estas expulsiones una «violación de los derechos de los inmigrantes», y por lo que se ve sueñan con abrir las fronteras de Europa a la inmigración de todo el mundo.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
Nos sumamos a la opinión minoritaria de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores para denunciar este informe, que se propone organizar más eficazmente los mecanismos de deportación de los inmigrantes en situación de «residencia ilegal».
Se pide al Parlamento que agrave aún más el alcance represivo de la iniciativa original suprimiendo un pasaje que rechaza el tránsito con fines de expulsión en caso de que el inmigrante expulsado esté «amenazado de trato inhumano o degradante, tortura o pena de muerte».
El Parlamento Europeo, votando este informe, hace suya y avala la política de la mayoría de los Estados nacionales, que persiguen expulsar de su territorio a los migrantes a los que la legislación local niega los papeles necesarios para la residencia.
Pedimos, por el contrario, el cese total de las expulsiones, la libertad de todos aquellos que están detenidos en espera de ser deportados y el reconocimiento del derecho permanente a quedarse a todos los que viven en Europa sin permiso de residencia.
Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Esta iniciativa de la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de una Directiva relativa a la asistencia durante el tránsito para retirar por vía aérea - es decir al expulsión por vía aérea de personas acusadas de ser «inmigrantes ilegales» - forma parte de una serie de iniciativas y medidas cuyo objetivo es construir la «Fortaleza Europa».
Como señaló el grupo de diputados que estamparon sus firmas bajo la «opinión minoritaria» anexa al informe, el objetivo real de esta iniciativa es un intento cínico de mejorar y hacer más eficaz la maquinaria para expulsar a las personas acusadas de residencia «ilegal», con la menor resistencia posible.
Se ha presentado una enmienda que intenta salvaguardar los derechos descritos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, para insertar una cláusula. Esta enmienda no cambiará una realidad que viola de facto -si no de jure- los derechos de hombres y mujeres que emigran en busca de una vida mejor.
Es imposible, e incluso intolerable en términos humanos, abordar la trágica situación de miles y miles de hombres y mujeres aplicando medidas represivas diseñadas para aumentar la seguridad.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este informe. La asistencia en casos de tránsito en el marco de la expulsión por vía aérea es una cuestión suficientemente importante como para justificar la elaboración de un código de conducta y unas disposiciones claras sobre los derechos y responsabilidades de los Estados de tránsito, así como del personal de escolta que acompaña a los nacionales de un país tercero durante la expulsión. La situación de «limbo jurídico» en que se encontraban tanto los Estados como el personal de escolta que acompaña a las personas en proceso de ser expulsadas tampoco ayudaba a definir su papel y responsabilidades.
Sin embargo, no puedo apoyar los argumentos de la minoría que abogan irresponsablemente por levantar todas las restricciones fronterizas.
Además, ironizando sobre una de las propuestas del ponente, no considero «inapropiado» referirme a los nacionales de terceros países como «personas», porque eso es lo que somos todos, sea cual sea nuestra nacionalidad. Precisamente por eso es justificable insertar cláusulas que prohíban el tránsito cuando exista un riesgo de que un nacional de un tercer país sufra un trato inhumano o humillante, tortura o pena de muerte, o cuando su vida o su libertad se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social o convicciones políticas.

Stirbois (NI)
- (FR) El texto que se nos propone, lejos de proteger, se dirige a regular las condiciones de tránsito de las personas en situación ilegal en el territorio de la Unión que sean objeto de una expulsión.
Esta propuesta de Directiva, ya suspendida el pasado mes de abril y devuelta para nuevo examen a la comisión, suscita evidentemente la indignación de los izquierdistas, los verdes y los tercermundistas. La razón es simple: ¡es inmoral e inhumano expulsar a extranjeros en situación ilegal a sus países de origen! Así, en la opinión minoritaria adjunta al informe del Sr. Kirkhope, no vacilan en denunciar con horror la fortaleza Europa o incluso los mecanismos de deportación que ilustran el cinismo de una política racista que sitúa los intereses del Estado por encima de la aspiración de seres humanos a una vida mejor.
Podríamos sonreír, pero en realidad estamos hartos de oír una y otra vez todos esos discursos atiborrados de diatribas sobre los derechos humanos, esos sentimientos piadosos que hacen que hoy, en toda Europa, se vea la misma cosa: una inmigración descontrolada, Estados agobiados que no saben ya qué hacer con sus inmigrantes en situación ilegal y que no tienen otra solución que abrir centros de alojamiento temporal que de temporal solo tienen el nombre. 
(Explicación de voto acortada en aplicación el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Fatuzzo (PPE-DE).
Una vez más, mientras participaba en un programa sobre una importante cadena de televisión comercial italiana y mientras respondía a las preguntas de jubilados que me pedían información sobre cómo reclamar sus pensiones, y al estar tan acostumbrado a dar tales respuestas, me quedé dormido mientras estábamos en el aire. De nuevo vi a Fatuzzo el marinero que, con 20 años de edad, navegaba en un hermoso crucero desde Nueva York hacia las Bahamas y de vuelta -en el barco Oceanic- con bandera europea: había bailes, ropa elegante, dinero para gastar en todas partes. En resumidas cuentas, un viaje en un barco de lujo, y -a diferencia del Titanic- con plena seguridad.
El Sr. Sterckx ha realizado un buen trabajo con este informe, pero he votado en contra porque, a pesar de las buenas intenciones, no consigue garantizar esa seguridad. Asimismo quisiera preguntar ¿cuándo tendremos la seguridad de poder cobrar siempre nuestras pensiones?

Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, este año he ido a Galicia a apreciar la catástrofe ambiental que supuso el hundimiento del Prestige. La única palabra para describirla es devastación. Sobre todo las aves marinas daban mucha angustia; el casi extinto arao gallego está aún más amenazado a causa de esta catástrofe.
Es cierto que al principio se cometieron errores y que muchos de ellos se debieron a la confusión entre los Gobiernos regional y nacional. Me preocupa que esta investigación no sea constructiva, sino que será utilizada por la izquierda en España para atacar al Gobierno.
Ya conocemos los hechos, no necesitamos un estudio posterior. Necesitamos acciones rápidas para prohibir los botes roñosos como el Prestige y también necesitamos defender las costas más sensibles, por ejemplo la costa de Beverley y Holderness en mi región. Por este motivo hemos votado en contra de este informe.

Alavanos (GUE/NGL)
. (EL) He votado a favor de la propuesta de resolución que incluye una disposición para tomar una serie de medidas importantes para la seguridad marítima, como:
la creación de puertos de refugio para barcos en apuros,
la creación de una guardia costera europea para garantizar el control estricto, el cumplimiento de las reglas y las acciones legales contra los responsables,
frecuentes estudios de barcos de alto riesgo,
la creación de una flota anticontaminación,
la creación de zonas especiales para las zonas ecológicamente sensibles.

Darras (PSE)
El naufragio del Prestige, origen de una catástrofe ecológica y económica de gran magnitud, nos recuerda cruelmente cuán urgente es hacer de la seguridad marítima un reto capital a escala europea y mundial.
Es importante tomar rápidamente toda una serie de medidas encaminadas a prevenir futuros accidentes parecidos al del Prestige. En primera línea de esas medidas figura la aplicación de la legislación comunitaria e internacional vigente y el control de su observancia. Las medidas previstas en los dos paquetes Erika deben aplicarse sin demora.
Los acuerdos ya celebrados pueden completarse: lo serán con más acierto si quienes trabajan en el sector de la pesca y de la acuicultura participan en las negociaciones.
Esta catástrofe no es, pues, como a veces se nos quiere hacer creer, un «mero» asunto español.
Por ello, a mi juicio es indispensable crear una comisión temporal. Es esencial si se quiere evitar una nueva catástrofe, conocer lo más objetivamente posible las causas y consecuencias de lo que ha pasado: en ello va la credibilidad del Parlamento y el papel dinámico que debe desempeñar Europa en materia de seguridad marítima.
Esclopé (EDD)
He votado a favor del informe del Sr. Sterckx, que ofrece una visión completa de la información actualmente disponible sobre el accidente del Prestige y cuyas propuestas resultan pertinentes.
En efecto, es indispensable que los Estados miembros transpongan lo más rápidamente posible a su Derecho nacional la legislación Erika y garanticen su observancia. Si esas normas hubieran entrado en vigor antes, el naufragio del Prestige habría podido evitarse. Del mismo modo, la legislación internacional vigente debe ser estrictamente respetada y controlada.
En nombre del principio de que «quien contamina paga», apoyo la idea del ponente de una responsabilidad penal de todos los actores implicados en las catástrofes marítimas, incluidos los responsables políticos.
Es primordial que todos los Estados miembros ratifiquen el protocolo relativo la dotación complementaria del Fondo internacional para la indemnización de los daños causados por la contaminación por hidrocarburos (FIPOL), que eleva a un millardo de euros la indemnización de las víctimas a partir de 2004.
Lamento, no obstante, que el Fondo de indemnización de las víctimas de mareas negras en aguas europeas (COPE) haya permanecido bloqueado en el Consejo, pues habría permitido una indemnización acelerada de las víctimas del Prestige y quizás de otras catástrofes.

Hay que garantizar un alto nivel de indemnización de las víctimas de catástrofes marítimas, y ello a través del Fondo FIPOL, pudiendo constituir el Fondo COPE un método más flexible de participación europea.
Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) La comisión parlamentaria incorporó algunas de nuestras propuestas en el informe. Estas eran:
la necesidad de que los Estados miembros tuvieran a su disposición los recursos adecuados para realizar controles, lo cual deberá lograrse aumentando el número de inspectores y mejorando sus condiciones y métodos de trabajo; 
la importancia de contar con marineros cualificados, a fin de garantizar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo necesario de los buques;
la existencia, a bordo de los buques que transportan mercancías peligrosas, de medios para combatir al instante la contaminación a pequeña escala;
ofrecer puertos seguros con los recursos adecuados para aplicar los planes de emergencia pertinentes.
Sin embargo, algunas propuestas importantes fueron rechazadas, entre ellas las siguientes:
presentar una propuesta sobre las condiciones sociales, las condiciones de vida y las condiciones laborales de los marineros. Estas condiciones han de respetarse a bordo de un barco.
delegar la autoridad para conceder títulos a las empresas que tienen la experiencia técnica necesaria para realizar el trabajo y que son independientes de los propietarios del barco;
crear una comisión de inspección del Parlamento Europeo.
Sin embargo, las votaciones en el pleno apuntan a favor de la creación de una comisión temporal, lo que demuestra que, en cierto sentido, nuestra postura finalmente prevaleció. Por ello hemos votado a favor del informe.

Grossetête (PPE-DE)
He votado a favor de este informe.
En ningún caso se trata de señalar con el dedo a ningún Estado miembro en particular, sino de tomar conciencia de las lagunas que existen en la aplicación de los paquetes Erika I y Erika II, y de conocer las razones asociadas al retraso en la transposición de los textos para subsanarlos.
En efecto, todavía sigue existiendo un gran riesgo de que buques basura, auténticas armas de destrucción masiva, vengan a manchar nuestras costas, a destruir nuestras playas, a condenar nuestros recursos pesqueros, a masacrar a las aves y a paralizar nuestra economía. Sabemos que estas destrucciones no se reparan a golpe de subvenciones.
Ahora bien, la Unión Europea dispone de un arsenal legislativo pertinente en materia de seguridad marítima. Esos textos deben transponerse, armonizarse y aplicarse plenamente. Ha habido demasiados retrasos. Hoy, ningún Estado costero debe faltar a la llamada. Este es el sentido de mi voto.
Por último, es necesario reflexionar sobre la posible creación de un servicio de guardacostas europeo. Soy favorable a este tipo de medidas.
Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
Esperemos que las disposiciones preconizadas en este informe no corran la misma suerte que el Erika y el Prestige... Desde 1999, son incontables ya los informes sobre la seguridad marítima. Los paquetes Erika no entraron parcialmente en vigor hasta el 23 de julio de 2003. Habría sido deseable la misma diligencia por parte de la Unión Europea en la lucha contra «los truhanes del mar» que contra el terrorismo. Hoy, cada día, el petróleo del Prestige sigue contaminando el litoral de toda la fachada atlántica hasta el Canal de la Mancha. Además, todavía quedan más de 37 500 toneladas de fuel en el pecio.
Hemos apoyado el principio de una comisión de investigación parlamentaria que arroje plena luz sobre las responsabilidades que provocaron esta catástrofe. Pero, más allá, tenemos que poner fuera de la ley la lógica liberal que permite, gracias al sistema de conveniencia, la utilización de barcos basura y la explotación de marinos al margen de cualquier legislación social. Votamos a favor de este informe porque endurece las normas de seguridad al exigir el aumento del número de buques inspeccionados, la formación del personal, la responsabilidad ilimitada en caso de catástrofe de las compañías petroleras y de toda la cadena de conveniencia. Sin embargo, falta un sistema de control y de sanción que haga efectivo todo lo que votamos en esta Cámara.
Marques (PPE-DE)
. (PT) El hundimiento del petrolero Prestige delante de las costas de Galicia el 19 de noviembre de 2002 causó un enorme desastre ecológico y económico, al cual, me complace decir, el Parlamento dedicó toda su atención desde el principio. En marzo de este año, una delegación parlamentaria, de la cual yo formaba parte, viajó a Galicia y observó la magnitud del desastre de primera mano.
Por ello comparto las preocupaciones expresadas por la Comisión y por sus Señorías sobre la seguridad marítima. Pido a todas las partes que se comprometan firmemente en el ámbito vital de la seguridad marítima, dado que la calidad y la seguridad de los buques que navegan por aguas europeas, y de los buques europeos en todo el mundo, depende de ellas, así como la protección de las costas y de los ciudadanos de Europa contra otros desastres.
¡La seguridad es responsabilidad de todos nosotros y exige todo nuestro compromiso! Además estoy hablando como diputado de una región donde confluyen muchas rutas de navegación entre América y Europa, y que por tanto es sumamente vulnerable a este tipo de desastres. La isla de Porto Santo ya ha sufrido las terribles consecuencias de accidentes de este tipo. Esperemos que estas medidas signifiquen que mi región o cualquier otra no las experimente NUNCA MÁS.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) El mundo paga el precio por mantener artificialmente barato el precio del transporte marítimo. Los barcos procedentes de países ricos navegan con banderas de países pobres, con impuestos mínimos y protección mínima para la tripulación, a la que se paga de acuerdo con niveles del mundo en vías de desarrollo. Los buques son inspeccionados por empresas comerciales y por agencias que compiten unas con otras y que temen perder a sus clientes si son demasiado estrictas. Los Estados costeros intentan limitar el problema de la pérdida de la carga y las catástrofes marítimas manteniendo el transporte que no les interesa lo más lejos posible de sus costas. En el caso del naufragio del petrolero Prestige delante de la costa de Galicia, el desastre empeoró porque las autoridades españolas alejaron el buque de la costa en lugar de trasladarlo a un puerto seguro. Ahora, seis meses después del desastre, sigue saliendo petróleo del buque hundido. El Gobierno español persiste en su mala gestión y el ponente ha optado por ignorarlo en gran medida. Apoyo sus propuestas para promover los puertos seguros, imponer la obligatoriedad de la guía con pilotos, estimular la investigación, evitar criminalizar a los marineros, hacer que el que contamine pague y dar dinero para limpiar a los animales cubiertos de petróleo. Sin embargo, estas medidas seguirán siendo inadecuadas mientras las empresas persigan los máximos beneficios y los países intenten reducir al mínimos sus gastos.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He apoyado este informe y emitiré un voto final a favor en línea con mi intervención durante el debate.
Es deplorable que los socialistas y otros diputados de la izquierda hayan rechazado la propuesta de enmienda oral, presentada por el propio ponente justo antes de la votación de una enmienda delicada -la enmienda 11, sobre la creación de una comisión temporal- que podría haber llevado a un consenso aún más amplio sobre la formulación final de este excelente y amplio informe. Lamentablemente, la izquierda europea sigue estando más interesada en los pequeños sofismas políticos, al servicio de los conflictos sectarias en España que en servir eficazmente al interés común. Hechos como la aprobación de la enmienda 23, cuyo lenguaje partidista es inconfundible, lo demuestran.
A pesar de ello, he votado a favor del informe y de la enmienda 11 en la formulación original del ponente.
Las costas de Portugal siempre son vulnerables en estas situaciones. Ello es válido tanto para las costas continentales (que por poco fueron golpeadas por el desastre del Prestige) como para Madeira y las Azores. Claramente, hemos de estar siempre en primer línea en cuestiones de seguridad marítima, y hacer progresos y exigencias importantes en este ámbito.
Una vez más felicito al ponente por su excelente trabajo.

Ries (ELDR)
La seguridad marítima debe reforzarse en Europa, debe convertirse incluso en una prioridad, a riesgo de ver, en un futuro próximo, todos nuestros mares y océanos manchados, como lo está el litoral atlántico con los naufragios sucesivos de los petroleros Erika y Prestige. 
Por ello, los Estados miembros deben retirar del tráfico lo antes posible los petroleros de casco único, a menudo origen de las catástrofes, pero también imponer normas más estrictas a las compañías que expiden los certificados de navegabilidad y reforzar las inspecciones en los puertos. En resumen, deben aplicar indefinidamente el paquete Erika de diciembre de 1999. 
Por ello también he votado a favor del excelente informe de mi colega, el Sr. Sterckx. Prevé toda una serie de medidas innovadoras para prevenir las mareas negras y luchar eficazmente contra ellas: un servicio europeo de guardacostas, un fondo de indemnización de las víctimas, la disponibilidad de puertos refugio para acoger a los buques «en peligro». 
También he votado a favor de la constitución de una comisión parlamentaria temporal que arroje luz sobre la catástrofe del Prestige, encuentre a los responsables y actúe de cara al futuro. Para que, de una vez por todas, quien contamina sea verdaderamente quien pague, como sucede ya en los Estados Unidos con la Oil Pollution Act.
Souchet (NI)
Celebro la decisión que acaba de tomar nuestra Asamblea de crear, como yo mismo había pedido, una comisión temporal del Parlamento Europeo dedicada a la seguridad marítima. Esta decisión demuestra hasta qué punto es importante para nosotros que esta cuestión, que preocupa profundamente a nuestros conciudadanos -en particular a los que, en la costa atlántica, se han visto golpeados por las dos últimas mareas negras-, sea tratada con todo el rigor y toda la continuidad necesarios, en los niveles adecuados, para evitar que se vuelvan a producir catástrofes semejantes. 
El mandato de esta comisión temporal habría estado perfectamente claro y habría parecido despojado de segundas intenciones políticas si la enmienda oral presenta por el ponente no hubiera sido objeto de una auténtica obstrucción por parte de los diputados socialistas. En un tema tan importante, no deberían ser de recibo maniobras mezquinas. 
Sea como fuere, tras la doble catástrofe del Erika y del Prestige, resulta necesario analizar la pertinencia de las medidas adoptadas, las iniciativas emprendidas por los países y regiones afectados por las mareas negras y, sobre todo, las lagunas persistentes en el Derecho internacional relativo a los buques en tránsito fuera de las aguas territoriales, así como las cuestiones de responsabilidad e indemnización.
Vairinhos (PSE)
. (PT) La calidad del agua en el mar y en los ríos en toda Europa y en todo el mundo es crucial para el bienestar de las personas.
La toma de decisiones políticas no debería ser vacilante, frágil ni equívoca.
El Consejo, la Comisión y el Parlamento deberán asumir una postura unida, clara e inflexible para garantizar que no vuelva a ocurrir casos como el desastre del Prestige. ¡Nunca más!
No podemos ni debemos subestimar la importancia de reforzar los cascos de los barcos, controlar sus rutas (rutas de navegación), un alto grado de profesionalidad entre la tripulación, desplazar las rutas de navegación aún más mar adentro y utilizar correctamente los corredores.

Vlasto (PPE-DE)
He votado a favor de la creación de una comisión temporal porque es evidente que debemos mantener una vigilancia absoluta en materia de seguridad marítima en Europa, para que las medidas que adoptamos aquí sean efectiva e íntegramente aplicadas en los Estados miembros. Este ha de ser el objeto de una comisión temporal, que solo tendrá utilidad si se consagra a mejorar la legislación comunitaria y a comprobar su aplicación.
La catástrofe del Prestige ha golpeado duramente nuestras costas y a nuestras poblaciones. Una comisión temporal tendrá sin duda enseñanzas que extraer de esta tragedia, pero no ciertamente lecciones que dar a tal o cual Gobierno. Este objetivo político, perseguido por algunos diputados de izquierda, ha contaminado lamentablemente las conclusiones del informe del Sr. Sterckx. 
Lo lamento tanto más cuanto que, tras el naufragio del Erika, nuestro Parlamento se distinguió por su trabajo no partidista. Por respeto a las víctimas, en España y Francia, de la marea negra del Prestige, espero que prosigamos dignamente nuestro trabajo a favor de la seguridad marítima.
El Presidente.
 Con esto concluyen las explicaciones de voto.

Wieland (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero presentar una protesta formal. Esta mañana temprano tenía que estar en mi circunscripción, que no está muy lejos -unos 150 km- y habría llegado a tiempo para la votación de no ser por las manifestaciones que se han celebrado delante de este edificio. Es por ello que no he llegado hasta la mitad del informe Sterckx y me he perdido casi todas las votaciones nominales. Quiero pedirle formalmente, señor Presidente, que debata en la Mesa cómo se puede garantizar que no se impida a los diputados estar presentes durante la votación. En cuanto a mi tiempo de viaje, tendría que haber llegado puntualmente, pero fue imposible debido a las manifestaciones que bloqueaban el acceso al edificio. La mayoría de los diputados en la Unión Europea tienen leyes que definen una zona en torno al Parlamento donde están prohibidas las manifestaciones. Por desgracia, aquí no tenemos nada parecido, y aparte de la cuestión de mis gastos, la Mesa debería reflexionar seriamente sobre esta cuestión y sobre cómo podemos garantizar que no se impedirá a los diputados estar presentes en las votaciones. Sé que en Westminster, que conozco bien, es un delito impedir que un diputado vote. Hoy se me ha impedido tomar parte en por lo menos cinco votaciones nominales, y quiero que conste expresamente.

El Presidente.
 Me aseguraré de que su queja consta en acta y de que se plantee en la Mesa. Informaré a los servicios de que ha estado usted presente, pero sin votar, en la votacion sobre el informe Sterckx.
(La sesión, suspendida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15 horas)
El Presidente.
 Tiene la palabra el Sr. Staes para una cuestión de orden.
Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, todos teníamos un poco de prisa porque no queríamos retrasar innecesariamente el próximo debate sobre la presentación del presupuesto. Tengo una verdadera propuesta relativa al procedimiento. Quiero proponer una cuestión de observancia del Reglamento, pues creo que la Conferencia de Presidentes y el Presidente de este Parlamento están violando el Reglamento, en concreto el artículo 3 del Anexo XIII.
Ayer, el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, envió al Presidente de este Parlamento, el Sr. Cox, una carta en la que establecía cómo los miembros de la Comisión de Control Presupuestario y los miembros de la Conferencia de Presidentes debían debatir los documentos sobre la actual investigación en Eurostat. El Sr. Prodi elaboró un impreso para tal fin de conformidad con el 2º inciso del apartado 2 del artículo 3 del anexo 3. Se trata, salvo una excepción, de la regla menos estricta, de acuerdo con la cual examinaremos la cuestión a puerta cerrada mañana por la noche. Sin embargo, según el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, el Presidente del Parlamento y el Presidente de la Comisión han de negociarlo. Por ello quiero pedir al Sr. Cox y a la Conferencia de Presidentes que aboguen por una regulación más favorable.
Mi segundo comentario es que la reunión entre la Conferencia de Presidentes, los miembros de la Comisión de Control Presupuestario y el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ha de celebrarse de puertas adentro el próximo jueves. Todos los periodistas en la sala del piso de abajo me dicen, no obstante, que el portavoz del Sr. Prodi afirmó que si el Parlamento desea que esta reunión se celebre en público, puede ser así. Creo que es conveniente para nuestra dignidad y también para nuestro interés pedir con mayor insistencia que esta reunión se celebre en público. Creo que todos los ciudadanos europeos tienen derecho a ello y que sería contraproducente si no sucediera. Por consiguiente, quiero pedirle, señor Presidente, que transmita con insistencia estas dos peticiones al Sr. Cox. Le estaré muy agradecido si lo hace.

El Presidente.
 Señor Staes, tomo nota y, por supuesto, sus observaciones serán transmitidas al Presidente Cox, pero le recuerdo que ese procedimiento no es una decisión del Sr. Prodi, sino que es una decisión de la Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos, incluido el suyo, sobre el procedimiento para tramitar la cuestión. Por lo tanto, se trasladarán sus reflexiones, pero sepa usted cuál ha sido el fundamento de la misma. No, por favor, no entro en debates.
Tiene la palabra el Sr. Parish para una cuestión de orden.
Parish (PPE-DE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, seguramente ya conocerá el anuncio que hace poco ha lanzado la Comisión Electoral del Reino Unido de que en las próximas elecciones europeas la población de Gibraltar deberá votar en el sudoeste del Reino Unido, a raíz de una decisión del Tribunal Europeo. ¿Celebrará usted conmigo el fin del error histórico que ha negado a la población de Gibraltar una voz en Europa? Quisiera pedirle que escriba, en nombre de este Parlamento, al Sr. Peter Caruana, el Primer Ministro de Gibraltar, ofreciendo a sus ciudadanos una cálida bienvenida y felicitándoles por esta reñida campaña para garantizar su legítima representación democrática en Europa.

El Presidente.
 Señor Parish, tomo buena nota y me felicitaré sinceramente cuando los ciudadanos de Gibraltar puedan votar al Parlamento de Westminster primero.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por el Consejo del presupuesto general para 2004.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Sr. Magri, Presidente en ejercicio del Consejo.
Magri
Señor Presidente, Señorías, para mí es un gran honor y un privilegio presentar, en nombre de la Presidencia del Consejo, el proyecto de presupuesto de las Comunidades Europeas para el año 2004, tal como estableció el Consejo el 18 de julio de 2003.
El presupuesto para 2004 tiene una importancia histórica, ante todo porque tiene en cuenta la ampliación de la Unión Europea a 25 Estados el próximo mes de mayo. La preparación de las instituciones para la ampliación se inició con el actual presupuesto. Al mismo tiempo, este es el primer presupuesto que se establecerá conforme a la presentación del presupuesto basado en actividades.
El proyecto de presupuesto que voy a presentarles incorpora diversos puntos que se debatieron a lo largo de la tradicional reunión de conciliación el pasado mes de julio. Estoy seguro de que la cooperación en asuntos presupuestarios, como estableció el Acuerdo Interinstitucional del 6 de mayo de 1999, iniciado con diálogos tripartitas y la reunión de conciliación de julio, se prolongarán durante el resto del año, y que permitirán a los dos brazos de la autoridad presupuestaria, con la ayuda de la Comisión, adoptar un presupuesto para 2004 que sea satisfactorio en todos los aspectos al final de este procedimiento presupuestario.
El Consejo utilizó el anteproyecto de presupuesto de las Comunidades Europeas presentado por la Comisión el 30 de abril como la base para establecer el proyecto de presupuesto. El anteproyecto de presupuesto contenía cifras para la Unión de 25 Estados miembros, pero, por razones puramente jurídicas, el Consejo aprobó un proyecto de presupuesto para 2004 para la Unión de 15 Estados miembros, al tiempo que acordaba una posición para la Unión de 25 Estados miembros con miras a lograr un acuerdo político con el Parlamento Europeo al final del procedimiento presupuestario. Por consiguiente, las cifras relativas al proyecto de presupuesto establecido por el Consejo que mencionaré hoy, tienen que ver con la Unión de 15 Estados miembros. La transición a un presupuesto para la Unión de 25 Estados miembros se realizará durante la primera parte de 2004 por medio de un presupuesto específico modificado.
El Consejo estableció un proyecto de presupuesto para 2004 que incluye créditos de compromiso por un total de 100 066 millones de euros. Esto representa un aumento del 0,4% en comparación con el presupuesto de 2003. Cabría observar que es la primera vez que el proyecto de presupuesto ha superado la barrera de los 100 millardos de euros en créditos. Ello incluye créditos de pago por un total de 95 034 millones de euros. Esto supone un descenso del 2,54% en relación con la cifra de 2003.
El importe total de créditos de pago previsto en el proyecto de presupuesto asciende al 0,98% de la renta nacional bruta comunitaria.
El proyecto de presupuesto para 2004 establecido por el Consejo tiene en cuenta el Acuerdo Interinstitucional del 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario. Además, concuerda plenamente con las conclusiones del Consejo sobre las directrices presupuestarias para 2004, adoptadas en marzo de 2003. Por último, tiene en cuenta las conclusiones de la reunión de conciliación celebrada el 16 de julio de 2003 entre el Parlamento Europeo y el Consejo, con la participación de la Comisión Europea.
En particular intentamos cumplir los techos para el gasto anual fijados por las Perspectivas Financieras para 2002-2006, para dejar, en la medida de lo posible, unos márgenes adecuados por debajo del techo para diversas rúbricas, a excepción de las rúbricas 2 y 5, y, por último, para ofrecer una financiación suficiente para las diversas prioridades de la Unión Europea.
En lo que respecta a puntos más específicos, el Consejo ha introducido algunos cambios en la nomenclatura propuesta por la Comisión en el anteproyecto de presupuesto y, al igual que hiciera en el pasado, ha rechazado la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto general. En términos generales, sigue la clasificación propuesta por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto, recalcando que todos los gastos relacionados con las pensiones, la Política Agrícola Común, la salud veterinaria y vegetal y los acuerdos internacionales de pesca constituyen gastos obligatorios de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional.
Además de lo dicho anteriormente, el Consejo se ha guiado por los siguientes principios a la hora de establecer el proyecto de presupuesto para 2004: examen en otoño, tal como preveía el Acuerdo Interinstitucional, de una nota rectificativa relativa al gasto agrícola, a fin de tener en cuenta las estimaciones actualizadas de necesidades, sin excluir de inmediato una reducción de los créditos para el gasto agrícola. La nota rectificativa también deberá tener en cuenta los efectos de la revisión de la Política Agrícola Común y los requisitos relacionados con ella.
El segundo principio guía era respetar los compromisos escritos en las Perspectivas Financieras en lo que respecta a las medidas estructurales. En cuanto al nivel de créditos de pago, al igual que el año pasado, el Consejo ha pedido a la Comisión que presente un anteproyecto de presupuesto rectificativo si los créditos incluidos en el presupuesto de 2004 para los Fondos Estructurales -también para el gasto agrícola- resultan ser insuficientes para cubrir los pagos a realizar. Además, el Consejo ha observado que los créditos de pago incluidos en el presupuesto de 2004 en relación con los periodos de programación anteriores a 2002 están destinados a la financiación de medidas que se han suspendido por razones jurídicas y situaciones similares.
El tercer principio era la identificación de requisitos reales de la dotación financiera disponible para las políticas interiores, teniendo en cuenta las posibilidades de aplicación de créditos y teniendo presente la necesidad de mantener un margen por debajo del techo para esta rúbrica de las Perspectivas Financieras.
El Consejo ha aplicado el mismo principio al determinar los importes para la acción exterior. En este contexto, el Consejo ha pedido a la Comisión que no programe previamente el equivalente del 15% de los créditos para ayuda humanitaria.
Más específicamente, en relación con el presupuesto para la política exterior y de seguridad común, el llamado presupuesto PESC, el Consejo ha incluido en el proyecto de presupuesto un presupuesto PESC que asciende a 52,6 millones de euros en créditos de compromiso y de pago, transfiriendo 2 millones de euros para el proceso de paz y estabilización -línea presupuestaria 19 03 02- a la línea 19 07 04 y creando asimismo una nueva línea para incluir créditos (transferidos de la sección del presupuesto del Consejo) para Representantes Especiales. La nueva línea para Representantes Especiales está dotada con 3,1 millones de euros.
Un quinto principio era la aceptación del anteproyecto de presupuesto para el gasto en la ayuda de preadhesión en relación con los créditos de compromiso. En cuanto al nivel de créditos de pago, el Consejo ha pedido a la Comisión que presente un anteproyecto de presupuesto modificado si los créditos de pago introducidos en el presupuesto de 2004 para la ayuda de preadhesión son insuficientes para cubrir los pagos a realizar.
Por último, con respecto a los gastos administrativos, el Consejo recalca la importancia de mantener un margen suficiente por debajo del techo de la rúbrica 5 de las Perspectivas Financiera en el contexto de una sólida gestión financiera.
Aunque acordando un enfoque más riguroso de la rúbrica 5, el Consejo ha recalcado que el presupuesto de 2004 ha de prever los créditos y los elementos necesarios para el éxito de la ampliación. El resultado final ha de ser sin lugar a dudas un margen muy próximo al resultante de la primera lectura del Consejo. El Consejo considera que debería aprovecharse la oportunidad que brinda la adhesión de diez nuevos Estados miembros y que deberían hacerse esfuerzos complementarios para incrementar la eficacia de las estructuras organizativas y la gestión de las instituciones.
Asimismo he de añadir que el Consejo se reserva el derecho, previsto en el procedimiento presupuestario, de retomar la cuestión de los puestos de trabajo solicitados por la Comisión, siempre y cuando la Comisión presente nuevos argumentos, sobre todo en lo concerniente a los puesto de trabajo vacantes.
A la hora de establecer el proyecto de presupuesto, se ha prestado especial atención a las posibilidades de ejecución de los créditos. Por consiguiente, al decidir el importe de los créditos de pago que deben incluirse en el proyecto de presupuesto, el Consejo ha tenido debidamente en cuenta la tasa de ejecución de anteriores años.
En relación con la tasa de crecimiento de los créditos globales de pago, el Consejo recalca, en particular, la importancia de la disciplina presupuestaria y una sólida gestión financiera, y la necesidad de mantener lo más baja posible la tasa de aumento de los créditos globales de pago, teniendo en cuenta los resultados de esta primera lectura. Recientes ejemplos de enormes excedentes y reembolsos de créditos de pago no utilizados deberían guiarnos ciertamente en dirección a una elaboración sensata del presupuesto con respecto al importe total de los créditos de pago, resultando en estimaciones realistas de créditos de pago que se necesitan realmente durante el ejercicio presupuestario.
La preocupación del Consejo con respecto al nivel de créditos de pago es aún más comprensible e importante dado el actual clima económico en que -como todos ustedes saben- los presupuestos nacionales se enfrentan a serias dificultades.
Puesto que todos ustedes han recibido un extenso memorando explicativo, no creo que sea necesario hacer una presentación detallada ahora. Sin embargo, quisiera recalcar los puntos principales de este proyecto de presupuesto en los ámbitos contemplados en las diferentes rúbricas de las Perspectivas Financieras:
En lo que respecta a la rúbrica 1, relativa al gasto agrícola, el Consejo ha aceptado una reducción general de 160 millones de euros de los créditos solicitados en el anteproyecto de presupuesto para todas las líneas presupuestarias bajo la subrúbrica 1a -gastos de mercado- en que el importe de los créditos es superior a 1 millardo de euros. Esta reducción concuerda con el enfoque global del crecimiento controlado de los créditos de pago. He de recalcar el hecho de que este enfoque tiene que ver tanto con las rúbricas que incluyen los gastos obligatorios como con las rúbricas que incluyen los gastos no obligatorios, como la subrúbrica 1a. En lo que respecta a la subrúbrica 1b, relativa al desarrollo rural, el Consejo ha aceptado los importes propuestos por la Comisión.
Con respecto a la rúbrica 2, relativa a las operaciones estructurales, los créditos para compromisos se han presupuestado plenamente tal como propuso la Comisión, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín de marco de 1999. En relación con los créditos de pago, se ha aplicado una reducción general de 138 millones de euros para las líneas presupuestarias relativas a iniciativas comunitarias, debido a una ejecución insuficiente de las correspondientes rúbricas presupuestarias en años anteriores. Además, no se han aceptado los 22 millones de euros en créditos de pago propuestos por la Comisión para el desguace de barcos de pesca, de acuerdo con el rechazo de los correspondientes créditos de compromiso en 2003.
En lo que respecta a la rúbrica 3, relativa a las políticas interiores, el Consejo ha aceptado los importes propuestos por la Comisión para la Unión de 15 Estados miembros relacionados con los programas plurianuales aprobados en virtud del procedimiento de codecisión. En cuanto a los créditos incluidos en el anteproyecto de presupuesto para los programas adoptados por codecisión para la Unión de 25 Estados miembros, por supuesto he de recalcar que son provisionales, y están pendientes de un acuerdo sobre nuevos importes de referencia que actualmente se están debatiendo. Además, ha aumentado los importes propuestos para algunas líneas presupuestarios no basadas en programas plurianuales. Asimismo se han reducido los créditos para las subvenciones de diversas agencias mientras que, al mismo tiempo, se ha tenido en cuenta la situación especial de las agencias nuevas o que se ponen en marcha. Se ha decidido aceptar dos nuevos ámbitos de acciones preparatorias relacionadas con productos químicos y con la seguridad de suministro de formas convencionales de energía. Al mismo tiempo, el Consejo ha aceptado solo parcialmente la nueva acción preparativa relativa a la investigación europea en materia de seguridad. Ha decidido aumentar los créditos para el programa Argo, para tener en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 19 y 20 de junio de 2003, para los programas de protección forestal y para Prince, un programa de información, en concreto la parte que trata de la promoción del papel de la Unión Europea en el mundo.
Creo que el Consejo ha proporcionado una financiación adecuada para las prioridades en el ámbito de la rúbrica 3. Se ha dejado un margen de 77,78 millones de euros por debajo del techo de la rúbrica, que permite al Parlamento Europeo financiar sus propias prioridades y mantener la posibilidad de financiar futuras necesidades.
En lo que concierne a la rúbrica 4, relativa a la acción exterior, puedo asegurarles que el Consejo ha aceptado globalmente los créditos propuestos por la Comisión. Sin embargo, el Consejo ha reducido algunos créditos, realizando pequeños recortes en un escaso número de líneas presupuestarias no geográficas; ha realizado un ligero recorte de los créditos para las rúbricas geográficas salvo las relacionadas con los Balcanes, para las cuales se ha aceptado la cantidad prevista en el anteproyecto de presupuesto. Ha aceptado la cantidad propuesta en el anteproyecto de presupuesto para el presupuesto de la PESC, junto con dos transferencias de créditos, una del presupuesto de la PESC a las administraciones civiles transitorias para el Pacto de Estabilidad, y otra del presupuesto de Consejo al presupuesto de la PESC, por un total definitivo para el presupuesto de la PESC de 52,6 millones de euros, como ya se ha explicado. Asimismo ha aceptado los créditos propuestos por la Comisión para los acuerdos de pesca internacionales.
El Consejo ha dejado un margen de 145,95 millones de euros por debajo del techo de la rúbrica 4, que permite al Parlamento Europeo financiar sus propias prioridades y que garantiza que será posible financiar necesidades futuras.
En lo que respecta a la rúbrica 5, relativa a los gastos administrativos, el Consejo ha basado su escrutinio de los gastos administrativos de las instituciones en los siguientes principios. En primer lugar: dejar un margen adecuado en el techo por debajo de la rúbrica 5, en interés de una gestión financiera sólida. Este margen deberá incorporar un importe para el futuro presupuesto del Supervisor europeo de la Protección de Datos. En segundo lugar: tener en cuenta, en los gastos, el impacto de la revisión del Estatuto del personal conforme al acuerdo político alcanzado en el seno del Consejo el 19 de mayo de 2003. En tercer lugar: limitar el aumento de los gastos actuales al 2,7% en 2003, siendo esta la tasa máxima de aumento para los 15 Estados miembros de la Unión. En cuarto lugar: aceptar los gastos excepcionales presentados por instituciones, como el traslado de la Comisión al edificio Berlaymont o la sustitución de miembros de la Comisión o del Tribunal de Justicia. En quinto lugar: no aceptar la creación de nuevos puestos de trabajo o de revalorizaciones de puestos para fines ordinarios, salvo en casos excepcionales. En sexto lugar: aceptar todos los puestos de trabajo nuevos exigidos para la ampliación en función de las necesidades lingüísticas; las reducciones más pequeñas para otros puestos eran principalmente para los puestos C y D; el periodo para el cual los puestos aprobados han sido presupuestados en el proyectos de presupuesto es de seis meses. En séptimo lugar: aceptar la mayoría de los créditos solicitados para la ampliación. En octavo lugar: aceptar los créditos para pensiones, después de tener en cuenta el impacto de la revisión del Estatuto del personal. En noveno lugar: poner en reserva los créditos destinados a subvenciones bajo en anterior Capítulo A-30, en ausencia de bases jurídicas, que actualmente están siendo debatidas. El resultado es que se deja un margen de 128,45 millones de euros por debajo del techo de la rúbrica 5.
Acabaré mi presentación de las diferentes rúbricas de las Perspectivas Financieras con la rúbrica 7, relativa a los instrumentos para la preadhesión, para los cuales el proyecto de presupuesto incluye los créditos propuestos para compromisos. En lo que respecta a los créditos de pago, el Consejo ha solicitado un recorte de 100 millones de euros, a fin de tener en cuenta la ejecución insuficiente en años anteriores.
En conclusión, creo que el presente proyecto de presupuesto ofrece una financiación adecuada de las diversas prioridades de la Unión Europea, al tiempo que prepara a la Unión y a sus instituciones para que la ampliación pueda tener lugar en condiciones óptimas.
Todos sabemos que este procedimiento presupuestario solo es el principio y que aún queda un largo camino por recorrer hasta la adopción final del presupuesto para 2004 en diciembre. Creo que todas las condiciones necesarias están presentes para lograr un presupuesto satisfactorio a finales de año.
Estoy seguro de que las tres instituciones representadas hoy aquí -el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión- harán lo posible por dotar a la Unión Europea de los medios necesarios para hacer frente a los retos que nos aguardan, teniendo presente que, a fin de cuentas, este presupuesto es financiado, como siempre, por los ciudadanos de la Unión Europea. En especial, espero que alcancemos un acuerdo, no solo sobre el presupuesto de 2004 para la Unión de 15 Estados miembros, sino también sobre las cifras que se introducirán en un presupuesto modificado para la Unión de 25 Estados miembros que se adoptará en 2004, a fin de que la integración de los nuevos Estados miembros en la Unión sea un éxito.

Wynn, Terence (PSE)
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Magri su intervención. No necesito recordar a sus Señorías que este es el último presupuesto de este Parlamento. Si nos fijamos en los últimos cuatro años, veremos que se han producido cambios significativos en el procedimiento presupuestario.
Los que llevamos aquí mucho tiempo hemos sido testigos de muchos cambios, sobre todo en la relación entre el Parlamento y el Consejo. Ahora contamos con la presencia de un Ministro que estará aquí durante tres horas más o menos en un debate presupuestario, como el año pasado, lo que dice mucho a favor del Consejo. Antes nunca veíamos por aquí a ningún Ministro del Consejo en esta fase del proceso presupuestario. Lo digo como un elogio, no como un insulto. La evolución del proceso ha experimentado muchos cambios culturales. Supongo que ahora somos menos polémicos. Ahora existe más codecisión entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria, especialmente cuando hablamos del instrumento de la flexibilidad.
El proceso de conciliación que tiene lugar todos los años en noviembre es una verdadera conciliación. No estoy demasiado seguro de que la conciliación de julio tenga mucho sentido, pero la conciliación de noviembre ha demostrado su valor. Ambas partes han respetado el hecho de que somos los dos brazos de la autoridad presupuestaria. Espero que los cambios que hemos podido ver en los últimos cuatro años avancen cuando la Convención haya sido definitivamente ratificada y el Parlamento haya recibido su legítimo lugar como brazo de la autoridad presupuestaria, manteniendo así su papel estratégico para próximos años.
En los últimos cuatro años he tenido el placer de ser presidente de la Comisión de Presupuestos. Probablemente este sea mi último presupuesto como Presidente -oigo algún abucheo por ahí atrás-, pero deseo ver terminado este presupuesto.
Ha sido un proceso sin descanso desde que fuimos elegidos en 1999. Lo primero que tuvimos que hacer fue intentar llegar a un acuerdo sobre el instrumento de flexibilidad para la reconstrucción de Kosovo. A ello siguieron inmediatamente sucesivos debates y discusiones con el Consejo sobre cómo financiar Serbia, Afganistán, el notorio acuerdo de pesca, e incluso este año hemos tenido el problema de la Categoría 5 y de cómo íbamos a financiar el gasto administrativo necesario.
Este período ha tenido sus momentos. A principios del presente año alguien me preguntó si había algún problema para el presupuesto de 2004. En un momento de debilidad dije, «no, la verdad es que no». Esto es cierto si no incluimos la ampliación, posibles problemas futuros con el Iraq o una presupuestación basada en las actividades. Pero como tenemos que incluir estas cuestiones, hemos de intentar solucionarlas.
Todas ellas deben resolverse. El presupuesto de 2004 distará de ser fácil por varios motivos, en primer lugar porque tiene un formato PBA (presupuesto basado en actividades). El hecho es que ahora hemos de votar de forma diferente por una estructura diferente, y esperemos que salga bien, además de abordar la ampliación. Vamos a votar sobre una nueva estructura y, después, votaremos por 10, 15 ó 25 países, según cómo se mire. Será difícil por las diferentes enmiendas de los Grupos y las comisiones, sobre todo por la muy interesante enmienda del Grupo del PPE que solicita 500 millones de euros para reconstruir el Iraq. Enseguida trataré esta cuestión.
El nuevo Reglamento financiero también complica el asunto, especialmente las líneas A-30. Aunque estas cuestiones son menudencias, al parecer en las comisiones suponen una gran inversión de tiempo, como ya sabe cada uno de los miembros de la Comisión de Presupuestos. Además está la cuestión de cuáles son las verdaderas necesidades de la ampliación, especialmente en el seno de las instituciones. ¿Cómo determinamos esa realidad a partir de las propuestas de la Comisión y de las demás instituciones? Los dos ponentes, el Sr. Mulder y la Sra. Gill, han peleado valientemente para intentar obtener respuestas a esta pregunta, y aquí tampoco excluyo al Parlamento.
El hecho es que este presupuesto debe garantizar que la ampliación sea un éxito y que se dé un trato equitativo a los países candidatos, que no se les trate como ciudadanos de segunda clase. Tenemos que asegurarnos de que se hace bien. Asimismo, hemos de garantizar que, en este nuevo formato, este debate sea significativo. Esperemos que en las próximas horas tengamos una verdadera oportunidad de celebrar un diálogo a dos o tres bandas entre nuestras tres instituciones. En la búsqueda de soluciones es importante dirigir preguntas a las instituciones, en lugar de hacer las declaraciones formales de siempre.
Quiero empezar a mover este asunto relacionado con la enmienda del Grupo del PPE-DE que he mencionado antes. Me interesa saber cómo reaccionarían la Comisión y el Consejo si aprobamos por votación esta enmienda de conceder el año que viene 500 millones de euros extraordinarios para la reconstrucción del Iraq.

Mulder (ELDR)
. (NL) Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por la presencia del Consejo y de la Comisión. Veo que ambas instituciones están representadas aquí con un nutrido personal. Dispongo de cinco minutos para hablar. Esto significa que, cuando examino el presupuesto que tenemos ante nosotros, puedo hablar unos tres segundos por cada millardo de gastos. No es mucho, y por tanto me limitaré a las cuestiones principales.
En primer lugar, me complace que el Consejo haya dicho -y el Sr. Terry Wynn también lo ha recalcado- que 2004 es un año crucial. Es el primer año de la ampliación y hemos de hacer lo posible para que la ampliación sea un éxito. Ahora que, en Letonia, se ha celebrado el último referendo en los diez nuevos países, tenemos la certeza de que diez nuevos países se adherirán el 1 de mayo del año próximo. Hemos de conseguir de inmediato que se sientan como en casa y que sepan que son bienvenidos. Señor Presidente, usted y el Sr. Böge han de desempeñar un papel importante a la hora de elaborar las dotaciones presupuestarias para los programas de codecisión. Creo que es vital que lleguemos a un acuerdo sobre este asunto antes de noviembre del presente año.
En estos momentos hay signos de recesión en toda Europa. Creo que hemos de intentar desarrollar una mayor actividad económica. Personalmente tengo grandes expectativas con respecto a la iniciativa, que incluso se ha mencionado en las directrices, para desarrollar más el sector de la pequeña y mediana empresa por medio de mecanismos de garantía, a través de bancos en Europa del Este. Si el Parlamento lo aprueba, espero que el Consejo adopte una postura más favorable a pesar de su política de no cambiar las asignaciones para los diez nuevos Estados miembros con respecto a lo que se acordó en Copenhague. Este lado puede presentar enmiendas pidiendo que se preste más atención a determinados desarrollos en los nuevos Estados miembros.
Ahora sobre el presupuesto en general. Ya se ha dicho una o dos veces: queremos ser un Parlamento responsable en lo que respecta a los gastos. Los gastos innecesarios son superfluos. En lo que a mí respecta, deberíamos examinar individualmente cada gasto para ver si está justificado o no. El patrón de gastos del año pasado desempeñará un papel especialmente importante en este sentido. Creo que ello es particularmente importante, ahora que hay una disciplina presupuestaria estricta en todos los Estados miembros.
Ya se ha dicho antes una o dos veces, pero la cuestión del Iraq arroja una sombra sobre la rúbrica 4 del presupuesto. ¿Qué hacemos acerca del Iraq? Creo que la Comisión ha de presentar una propuesta muy clara y ha de indicar sin rodeos por qué cree que es necesario un importe específico y cómo pretende financiarlo. No me refiero únicamente a ciertos importes que van directamente de la Comisión al Iraq. ¿Podría averiguar la Comisión qué otros mecanismos puede haber en una determinada fase? ¿Podría haber un papel a largo plazo para el Banco Europeo de Inversiones para estimular a las empresas para que inviertan en el Iraq? ¿Podría haber un papel para el Fondo Europeo de Inversiones y otras empresas del mismo tipo? Comprendo que no sea posible cambiar de la noche a la mañana, pero quizás la Comisión pueda hacer una declaración al respecto. Tendremos que intentar financiarlo principalmente con el presupuesto de 2004, pero creo -aunque no lo sé- que en este ámbito no hay nada claro.
¿Qué papel tiene previsto la Comisión para el instrumento de flexibilidad, y qué hay de realista en el intento de llegar a un acuerdo con el Consejo? Quizás el Consejo pueda decir algo al respecto. Un punto que afecta a todo el presupuesto es que a lo largo de los años el Parlamento ha tenido por costumbre incluir en el presupuesto determinadas cantidades para actividades preparatorias, ensayos, etc., y que la Comisión era libre de no ejecutarlas. Otras acciones que también se proponían en el presupuesto no fueron financiadas por la Comisión. Este año, queremos intentar evitar esta situación. Por ello deberíamos poner ciertas cantidades de dinero en la reserva y solo liberarlas si tenemos la impresión de que la Comisión se toma en serio las decisiones del Parlamento, es decir, de la autoridad presupuestaria.
Asimismo tendremos que discutir mucho sobre la política de recursos humanos de la Comisión. El Consejo ha anunciado que no está de acuerdo con las propuestas de la Comisión en relación con los recursos humanos adicionales. La posición del Parlamento aún no está clara, pero quizá pongamos determinados elementos en la reserva y los liberemos solo una vez que la Comisión haya cumplido ciertas condiciones. Una de las cosas interesantes este año es que es el último año de esta Comisión. En este caso es costumbre otorgar a diversas personas del Gabinete de Comisarios posiciones atractivas en la administración de la Comisión, una práctica denominada «paracaidismo». Me gustaría que la Comisión nos explicara la política de promoción de los últimos años y los planes que tiene en este ámbito para el ejercicio.
Mi último punto; permítanme decir lo impresionado que estoy por la buena cooperación con el Consejo, los ponentes de las diferentes comisiones parlamentarias y la propia Comisión hasta ahora. Espero que esta buena cooperación dure hasta diciembre.

Gill (PSE)
Señor Presidente, como hemos podido escuchar, el presupuesto de 2004 incluirá profundos cambios a raíz de la histórica ampliación que debe tener lugar en mayo de 2004. Mi objetivo ha sido equilibrar las necesidades de las instituciones para que puedan desempeñar sus tareas y prepararse para afrontar los desafíos que planteará una Unión Europea de 25 Estados miembros. Sin embargo, al mismo tiempo hemos de garantizar que los principios del rigor presupuestario y de la prudencia estén en la base de todas nuestras decisiones presupuestarias.
El presupuesto planteará a las demás instituciones grandes desafíos, porque modificará notablemente muchas de ellas. Algunas instituciones recibirán aumentos adicionales del 50% en sus presupuestos, lo que llevará a duplicar o triplicar el número de funcionarios que las componen. Para ello se precisará una gestión prudente e intensa que absorba perfectamente este cambio. Por lo tanto, para empezar quiero expresar mi satisfacción por la presentación del tercer informe de los Secretarios Generales sobre la evolución de la rúbrica 5. Se ha convertido en un instrumento útil para el proceso de toma de decisiones, y aunque contamos con un procedimiento presupuestario anual, es importante ser conscientes de la probable situación plurianual, para poder tomar las decisiones estratégicas correctas, por ejemplo en materia de edificios y de política de personal.
Quiero recordar a todos que para el 1 de septiembre de todos los años tendremos que haber recibido de la Comisión y de las demás instituciones este informe anual.
La lectura por parte del Consejo del presupuesto de 2004 ha sido sorprendente. Estoy totalmente perpleja por el enfoque del Consejo: no parece haber una estrategia clara fuera de la duplicación del margen. Por un lado, el Consejo sigue adoptando un enfoque general, que el Parlamento siempre ha criticado. En el pasado hemos dicho que el Consejo ha aplicado recortes horizontales en las instituciones sin estudiar las verdaderas necesidades. Es lo que ha vuelto a ocurrir este año con el presupuesto de la Comisión. Sin embargo, por otro lado, el Consejo ha sido sorprendentemente generoso, tanto que debo preguntar si todas las peticiones que ha aprobado tienen justificación. Este año el Parlamento debe garantizar que se aplique el rigor presupuestario y que se haga un examen más crítico de las necesidades. Por lo tanto, quiero pedir la opinión del Presidente en ejercicio sobre el enfoque que he adoptado en torno a estas decisiones. Propondremos la reserva de dinero para dos Comisiones, alrededor de un millón de euros para cada una de ellas, así como recortar más puestos de trabajo en la mayoría de los demás presupuestos.
Me preocupa que el Consejo haya aceptado todo lo que guarda relación con la ampliación, y la ampliación debería haber propiciado mayores economías de escala. Soy una firme defensora de la ampliación, pero esto no significa que todo lo que se pide sea necesario. Es importante que no tengamos carta blanca en cuanto a la ampliación se refiere y que al mismo tiempo rechacemos los puestos existentes y las cuestiones existentes de política de personal, como el ascenso, que son importantes para los empleados en activo actualmente. En este terreno es necesario un equilibrio.
No quiero entrar en detalles sobre todas las decisiones del Consejo, pero quiero preguntar por los edificios, que es la segunda partida más importante del gasto después del personal. Quiero conocer la estrategia del Consejo.
Siempre hemos aceptado una política de compra de los locales de las instituciones europeas, porque esto suele ser más económico para el contribuyente europeo, por lo tanto, hemos de examinar el gasto en edificios, adoptando un enfoque plurianual en lugar de un enfoque poco sistemático, e intentar comprar los edificios lo antes posible. Sabemos que el margen de la rúbrica 5 quedará en entredicho a partir de 2006 ó 2007. Sin embargo, tenemos un margen considerable en 2004. Me ha decepcionado que el Consejo rechazara mi propuesta de utilizarlo para financiar los edificios que van a servir a la ampliación. Supondría un mayor ahorro, incluso un ahorro para los contribuyentes. Para los edificios no precisamos parches, necesitamos adoptar un enfoque estratégico plurianual.
Mi siguiente pregunta está dirigida a la Comisión. Trata de la importancia que tiene la aprobación del nuevo Estatuto de los funcionarios. Esta cuestión se ha ido alargando durante un tiempo y tiene implicaciones para todas las instituciones y para nuestros funcionarios. No obstante, todos los planes de establecimiento incluidos en el presupuesto corresponden a los antiguos estatutos de los funcionarios, por lo que invito hoy a la Comisión a que confirme que propondrá un presupuesto de modificación para la aplicación del nuevo estatuto de los funcionarios y cuál será el posible calendario para ello, porque el próximo año, con las elecciones, el calendario parlamentario será más corto.
Por último, quiero invitar a todas las demás instituciones a que tengan en cuenta algunos de los cambios y las exigencias que les afectan a raíz de la ampliación. Deben empezar ya a planificar y a introducir controles que son absolutamente esenciales.

Schreyer
. (DE) Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, estamos viviendo unos momentos muy emocionantes para la Unión Europea, que implican muchos cambios, especialmente para los expertos en política presupuestaria de la Unión Europea. Juntos estamos preparando el histórico presupuesto de 2004: el primero para una Unión Europea de veinticinco Estados miembros. Tenemos luz verde, dado que el último referendo también ha arrojado un resultado positivo. En la mayoría de los casos, los ciudadanos de los países candidatos han dado un «sí» rotundo -de hecho, un «sí» muy sonoro- a la Unión Europea.
El año que viene, la prioridad de todos los responsables políticos será el lanzamiento con éxito de políticas comunes en una Unión ampliada. Juntos, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, hemos fijado las condiciones para este presupuesto ampliado adaptando nuestra planificación financiera a las necesidades de la ampliación. Por ello, se ha fijado el marco presupuestario para los próximos tres años y el proyecto de presupuesto de 2004 también opera por supuesto dentro de este nuevo marco.
Promover la estabilidad en Europa y fomentar el desarrollo económico sostenible: estas son las otras prioridades para nuevas iniciativas en 2004. Incluyen, por ejemplo, medidas para la política de inmigración, el nuevo programa de Energía Inteligente para Europa, y medidas para mejorar la seguridad en el sector del transporte. Mis colegas Comisarios, la Sra. De Palacio, el Sr. Fischler, el Sr. Barnier y el Sr. Vitorino, les hablarán más en sus intervenciones acerca de estas iniciativas y acerca de los programas específicos que se han acordado recientemente, como la ayuda financiera para el cierre de las plantas nucleares o la ayuda al cumplimiento del Acuerdo de Schengen, que, después de todo, son nuevas iniciativas para los países en vías de adhesión. Por supuesto, mis colegas estarán encantados de responder a cualquier pregunta formulada en el transcurso del debate.
Las prioridades de la Comisión para el proyecto de presupuesto coinciden bastante con las prioridades fijadas para 2004 por el Parlamento Europeo y, de hecho, el Consejo Europeo. Se trata de un buen procedimiento. El método por el cual se debaten y elaboran conjuntamente las prioridades en una fase tan temprana ha demostrado ser valioso. Sin duda esta es una de las razones, señor Wynn, que explican por qué el procedimiento presupuestario ya no es una confrontación y ha adquirido un tono más constructivo. Quiero dar las gracias al Sr. Mulder, el ponente general, por su excelente cooperación, así como a la Sra. Gill, la ponente, y especialmente al presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Wynn. Quiero dar las gracias a los demás miembros de la Comisión de Presupuestos y, por supuesto, también a los expertos en política presupuestaria de las demás comisiones. Asimismo quiero expresar mi gratitud al Presidente en ejercicio del Consejo por su cooperación y la rápida terminación de la primera lectura del presupuesto en el Consejo. En la medida en que es posible resumir en esta fase los procedimientos presupuestarios más recientes, quisiera decir que realmente va siendo hora de que el Parlamento Europeo desempeñe un papel más importante en el proceso presupuestario, como de hecho se prevé en el proyecto de Tratado de la Convención por el que se establece una Constitución para Europa. Sin duda no comparto los temores de algunos ministros de finanzas de que sería contrario a la disciplina presupuestaria que esta Cámara tuviera un voto definitivo sobre el presupuesto global. Por el contrario, mi experiencia a lo largo de los últimos años me ha demostrado claramente que el Parlamento respeta plenamente las directrices sobre disciplina presupuestaría en sus propuestas y decisiones. El anteproyecto de presupuesto de la Comisión para 2004 prevé un gasto de 100,7 millardos de euros. El aumento en comparación con este año sería por consiguiente del 3,2%, lo cual demuestra que todos los temores de que la ampliación sería demasiado costosa eran totalmente infundados.
De hecho, el año que viene, la proporción del presupuesto público europeo será incluso menor que la de este año, lo cual demuestra que el margen necesario para financiar la ampliación se ha creado en el proceso de planificación financiera. Al mismo tiempo, podemos estar seguros de que algunos Estados miembros nuevos serán beneficiarios netos. Los temores de algunos Estados miembros nuevos que serán contribuyentes netos son bastante infundados, sobre todo a la vista de las decisiones que ya se han tomado, así como el ajuste de las Perspectivas Financieras y las propuestas que ahora se están debatiendo, y que no han sido cuestionadas por el Consejo en primera lectura.
En esta primera lectura, el Consejo ha introducido relativamente pocos cambios en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión, en comparación con años anteriores, y quiero dar las gracias al Consejo por ello. Sin embargo, hay un punto en el que he de registrar la completa oposición de la Comisión y es el de la cuestión de los aumentos de personal para la Comisión. Nos enfrentamos a una inminente perspectiva de ampliación y la adhesión de diez nuevos Estados miembros con 75 millones de personas, y la Comisión ha de garantizar, desde el principio, la plena integración de los nuevos Estados miembros recurriendo a todos los medios a su disposición. ¿Acaso no es evidente que se necesitará más personal? Mi colega el Comisario Kinnock, hablará también de esta cuestión, y la Sra. Gill hablará de las implicaciones presupuestarias del nuevo Estatuto del personal. La Comisión no ha sido exagerada a la hora de exigir nuevos puestos de trabajo. De hecho, hemos examinado la situación con sumo cuidado y hemos realizado cálculos muy ajustados. Se puede confiar en que la DG de Presupuestos, que es la Dirección General responsable, presente un cálculo muy exacto en este ámbito en particular. Los 780 nuevos puestos de trabajo son el mínimo necesario para gestionar la integración. Quiero dar las gracias al Parlamento por su gran apoyo. Por supuesto, me aseguraré de que todas las preguntas y solicitudes de información complementarias que puedan tener sus Señorías en estos momentos sean contestadas de forma detallada, pues creo que también va en interés del Parlamento garantizar que la Comisión funcione adecuadamente.
En el ámbito de la política exterior, nos enfrentamos a nuevos retos a resultas de la situación en el Iraq. El año que viene también hemos de lanzar una estrategia para estrechar la cooperación con nuestros nuevos vecinos, pero también con los antiguos vecinos de la Unión Europea, en el marco de una verdadera política de vecindad. Dentro de la Unión, el reto al que nos enfrentamos es garantizar un nuevo crecimiento dinámico en un momento en el que el público espera también medidas más vigorosas para garantizar la seguridad interior. Asimismo queremos impulsar la ejecución con éxito de nuestra política común, en una Unión ampliada y ayudar a los nuevos Estados miembros a recuperar una importante base económica. Al mismo tiempo, sabemos que el Consejo espera para asegurarse de que no se ampliará el abismo. Es tarea de todos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que la ampliación sea un éxito, que la Unión ofrezca la estabilidad que buscan los antiguos y los nuevos Estados miembros, y que a través de un crecimiento sostenible, se salvaguarden las condiciones de vida positivas para todos los ciudadanos de la Unión. Gracias por su atención.
Elles (PPE-DE).
Señor Presidente, es absolutamente positivo, como ha dicho el Sr. Wynn, que tengamos este tipo de debate generalizado. Esperamos que esta no sea su última presentación de este informe ante el Parlamento como presidente de la Comisión de Presupuestos, aunque después de 2004 puede que siga habiendo vida. Felicitamos a ambos ponentes, como siempre, pero en relación con este presupuesto en particular quisiéramos ser cautelosos. Tal y como ha dicho el Comisario y el Presidente en funciones del Consejo, se producirán cambios importantes como resultado de la ampliación, así como actividad presupuestaria basada en actividades.
Entre mayo y noviembre de 2004 también tendremos a tres Comisarios diferentes. Va a ser un año turbulento. Por este motivo, mi Grupo no desea que se abra la revisión de la perspectiva financiera en los próximos 12 meses. Sería algo innecesariamente complicado empezar ahora que vamos a estar fuera de campaña electoral y en el último año de la Comisión actual. En la última legislatura, en 1999, tuvimos grandes problemas con la negociación de una perspectiva financiera, que no solo ataba al Parlamento y a la Comisión de entonces, sino también a los siguientes, a una situación en que no podían revisarla. De acuerdo con la planificación de tipo soviético, deberíamos empezar ya a pensar en cuál será la financiación en 2013. Como Grupo queremos que se negocie una perspectiva financiera quinquenal a partir de 2005 para que se aplique a partir de 2006.
Me refiero a dos puntos en particular. Uno es la reforma de la Comisión. El año pasado relacionamos la petición de la Comisión de nuevos puestos de trabajo con un examen completo de lo que había ocurrido con la reforma de la Comisión. El resultado fue un informe numérico impresionante. Este año, y para ello hemos presentado una enmienda con uno o dos puntos más, no solo queremos un informe sobre lo que ha hecho la Comisión, sino también un informe que refleje lo que ha ido mal con las reformas y lo que todavía hay que hacer a fin de garantizar que exista una comunicación apropiada; Eurostat es solo un ejemplo, aunque bastante destacado. Asimismo, el informe ha de reflejar con claridad dónde no ha habido reformas. ¿Es cierto que, como ha dicho la Sra. Andreasen hoy en un comunicado de prensa, si se hubieran puesto en marcha antes los sistemas de contabilidad, probablemente no habríamos tenido este tipo de problemas? ¡Quién sabe! Queremos aclararlo y para ello hemos de contar con un documento.
El otro punto es la cuestión del Iraq. El Sr. Wynn ha preguntado qué sentido tiene esta enmienda. Creemos que, en esta fase del desarrollo internacional, Europa necesita demostrar que no solo es capaz de actuar en el escenario mundial y aportar ayuda humanitaria y a la reconstrucción del Iraq, sino que también puede incluir una cifra para esta partida en su presupuesto. Esta cifra es insignificante en comparación con los 30 millardos de euros que, según ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, se han reembolsado durante los tres últimos años a los Estados miembros. Asignar una cifra de 500 millones de euros para el próximo año al Iraq reflejaría a las claras la voluntad de Europa de cooperar con los Estados Unidos y otros en llevar a ese país por el camino de la prosperidad.
Para concluir, como Grupo queremos poder actuar con principios y de forma responsable en este proceso presupuestario. Queremos garantizar que se mantendrán las prioridades parlamentarias. En estas tres cuestiones que he planteado el Parlamento tiene la última palabra. Pueden ustedes estar seguros de que seremos constantes en el proceso que ahora se inicia y que durará hasta finales de año.

Walter (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tenemos ante nosotros un presupuesto que -a diferencia de lo que oímos otras veces sobre las propuestas de presupuesto- se encoge en lugar de crecer. Esta puede ser la respuesta a las condiciones en los Estados miembros. Sin duda, este presupuesto está dotado de menos recursos. En respuesta a lo que está sucediendo en los Estados miembros, no hemos de dudar a la hora de decir: sí, hemos de administrar con prudencia el dinero de los contribuyentes y, como Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, así lo haremos. Sin embargo, también hemos de establecer prioridades para el presupuesto. Es algo que sin duda alguna haremos.
Permítanme empezar con una cuestión que -si la Comisaria Schreyer está en lo cierto, y así lo espero- también será tarea nuestra en el futuro. Hablemos del lado de los ingresos del presupuesto de la UE. El lado de los ingresos significa: ¿de dónde procede el dinero? ¿Quién paga? Pagamos con el dinero de los contribuyentes. Como hemos observado, algunas estimaciones en Europa sugieren que se pierden hasta veinte millardos debido al fraude del IVA. Cualquiera que acepte este fraude del IVA también acepta la falta de ingresos a escala europea. No estamos dispuestos a aceptarlo porque todos estos déficit han de solventarse con cargo al bolsillo del contribuyente corriente. Por ello, durante este procedimiento presupuestario, propondremos que se refuerce la campaña contra el fraude del IVA a fin de aliviar la carga sobre el contribuyente corriente, para que el dinero que debería fluir hacia Europa pueda hacerlo. A partir de ahora también tendremos que debatir esta cuestión más a menudo en el marco del proceso presupuestario.
En futuros procedimientos presupuestarios -incluido el próximo- nos aseguraremos de que los ciudadanos puedan ver por sí mismos que la seriedad está garantizada como uno de nuestros valores fundamentales. Esto significa seriedad a la hora de combatir la desigualdad económica y social, y significa seriedad a la hora de abordar el desempleo. Hemos oído que el Consejo ha reducido radicalmente sobre todo los pagos para los Fondos Estructurales. A nuestro entender, esto plantea diversas preguntas. Por un lado, los Estados miembros están registrando las grandes sumas de dinero que quieren gastar en los próximos años, y en especial el año que viene. Ahora bien, al mismo tiempo, el Consejo ha acordado, en su proyecto de presupuesto, mantener el gasto por debajo de estas cifras. Nos preguntamos cuál de estas cifras es la correcta. Sabemos que se han producido atrasos con respecto a los compromisos asumidos en el pasado, y que aún no se han efectuado los pagos. El Consejo elude claramente esta cuestión y afirma: «No necesitamos los pagos.» No nos involucraremos en este juego. Todo el que llega a un acuerdo, después de duras negociaciones, sobre las Perspectivas Financieras, especialmente en relación con los Fondos Estructurales y por ello el desarrollo estructural y económico en la Unión Europea, ha de aceptar también que cuando llega el momento de la ejecución, se le recordarán sus compromisos y exigiremos el pago de los importes apropiados.
En el próximo ejercicio presupuestario, nos aseguraremos que la Unión Europea, como un espacio económico, no sea solo un espacio económico para las grandes empresas. Presionaremos para conseguir un apoyo intensivo de las PYME también en el futuro. Son la columna vertebral de la economía europea. Son creativas, innovadoras y están dispuestas a asumir riesgos, y hemos de darles nuestro apoyo para que, aunque no tengan departamentos jurídicos ni departamentos fiscales, puedan beneficiarse de la Unión Europea y del mercado interior.
En cuarto lugar, en el procedimiento presupuestario nos aseguraremos que la ampliación se configure sobre la base de la seguridad. Ya se han hecho diversas referencias a la cuestión del personal. Examinaremos muy de cerca qué niveles de personal se necesitan realmente para averiguar si cada una de las vacantes incluidas son realmente necesarias. Sin embargo, no permitiremos que la ampliación y los países candidatos se conviertan en la hucha de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí los anteriores oradores. Es necesaria la igualdad. Decisiones como esta son los mejores indicadores de si existe realmente la igualdad. Cualquiera puede expresar intenciones nobles, pero son las decisiones las que demuestran si hay una igualdad de trato real, al margen de si se trata de un Estado miembro antiguo o nuevo. Lo controlaremos con sumo cuidado.
En otros ámbitos también seguiremos manteniendo la continuidad hasta cierto punto, pero también tendremos que configurar nuestra política de una forma orientada al futuro. Esto se aplica sobre todo a la política exterior. En este terreno, en los últimos años hemos visto con frecuencia que cada vez que se produce una situación de crisis en algún lugar del mundo, hemos respondido en el acaloramiento del momento y hemos prometido poner a disposición recursos adicionales, a veces a costa de las políticas establecidas. Si miramos a algunas partes del mundo que apoyamos en el pasado, veremos que hay disponibles menos recursos que en años anteriores. Hemos tenido que reestructurar. Lo hemos hecho porque, por supuesto, también nos hemos dado cuenta de que no podemos aumentar indefinidamente esta financiación. Sin embargo, me gustaría citar dos estadísticas que, aunque no están directamente relacionadas con nuestro presupuesto, nos dan que pensar. Hoy, los Estados Unidos de América y los países de la Unión Europea gastan cada año 460 millardos en defensa. ¡460 millardos! Ahora bien, gastamos solo 37 millardos en desarrollo. ¿Se trata realmente de una política orientada al futuro, una política destinada a la prevención de conflictos? ¿Es el tipo de política que deberían seguir los Estados desarrollados? La respuesta es «no», y por ello queremos desarrollar más una política europea dentro de los límites de lo posible, cosa que es bastante modesta. Queremos trabajar preventivamente. Queremos desarrollar estrategias de gestión de conflictos que eviten que se produzcan tales conflictos. No somos tan ingenuos como para creer que los conflictos desaparecerán en el mundo. Siempre habrá conflictos y nuestra región, nuestros Estados miembros, han de hacer frente a ello. No obstante, nos concentraremos con mayor intensidad en la prevención.
Otro ámbito en el que hemos de trabajar de forma preventiva es el cambio demográfico. El continente europeo está cambiando enormemente. Vemos que la población media está envejeciendo considerablemente, no solo en determinados países, sino en todos ellos. Esto tiene una influencia en todas las instituciones y organismos. No solo significa que en el futuro habrá menos guarderías, o que necesitaremos menos guarderías a escala local. También nos afectará a nosotros. Permítanme citar nuevamente a título de ejemplo la carga de las pensiones que tendremos que soportar. En muchos otros ámbitos también veremos que el número de jóvenes disminuye constantemente y que hay cada vez más personas mayores. Hemos de enfrentarnos a esta situación configurándola de forma positiva. Deberíamos considerarla no una amenaza, sino una oportunidad.
En el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos queremos aplicar diversos criterios a este presupuesto. El primero es la prudencia financiera, porque se trata del dinero de nuestros ciudadanos. El segundo es la seriedad. Todo el mundo ha de ver que acabamos lo que empezamos, y no arrastramos los pies o lo dejamos a medio camino. El tercero es el siguiente: configuraremos políticas europeas que nos permitan trabajar de forma preventiva en lugar de que las situaciones nos cojan desprevenidos cuando surjan. Nos esforzaremos por hacer un seguimiento temprano de los acontecimientos, estructurarlos adecuadamente y así dar forma a la Unión Europea, nuestro continente europeo, para que tengamos juntos un futuro bueno y seguro.

Virrankoski (ELDR).
Señor Presidente, el presupuesto de la Unión Europea presentado por el Consejo evidencia un enfoque muy disciplinado. Los créditos de pago ascienden tan solo al 0,99% del PIB, o, en términos de dinero, a 11,4 millardos de euros menos que las Perspectivas Financieras.
El presupuesto de la Comisión se elaboró a modo de presupuesto basado en actividades relacionado con 31 ámbitos políticos. Este ha sido durante mucho tiempo un objetivo claro de nuestro Grupo. Facilitará el control de la actividad de la UE. Los costes asociados con cada ámbito político son claramente visibles. Se detallan los costes administrativos y operativos. La eficacia puede evaluarse más fácilmente, así como la relación entre los resultados conseguidos y el dinero gastado. La burocracia excesiva es una señal notoria de gastos administrativos inmoderados. 
El mayor problema de la política presupuestaria de la UE son los créditos pendientes. Año tras año, el Parlamento lucha por adaptar el presupuesto a los marcos financieros. En los estados financieros afirmamos que es totalmente superfluo discutir por algunos euros cuando hay millardos en créditos pendientes, que fácilmente exceden los 10 millardos de euros cada año.
El presupuesto del año que viene estará dominado por la ampliación de la UE. El Consejo ha tenido una visión estricta sobre los puestos de trabajo en la Comisión que se necesitan para la ampliación. Nuestro Grupo opina que la ampliación exige un número de puestos adecuado, pero que no ha de utilizarse como pretexto para engrosar las filas de la burocracia. El éxito administrativo de la ampliación dependerá no solo de la creación de puestos de trabajo, sino también de cómo se pueden asignar y utilizar más eficazmente los recursos existentes.
Nuestro Grupo apoya las prioridades propuestas por el Sr. Mulder. Nos preocupa la financiación de la actividad a favor de los derechos humanos, al igual que la financiación en relación con el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo esperamos que en las rúbricas del presupuesto se tenga bien en cuenta el Plan de Acción sobre la Dimensión Septentrional. También deberíamos redoblar la cooperación con nuestros vecinos en el marco del programa de la Gran Europa, y habría que simplificar la administración de los créditos relacionados con esto.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, el importe total del presupuesto del año que viene para una UE de 25 países será inferior al 1% del PIB total de los Estados miembros. La Unión no parece tener planes muy ambiciosos para apoyar la cohesión social entre los Estados miembros. Muchos Estados miembros, o al menos sus habitantes, estarán decepcionados cuando vean que, después de todo, para ellos no cae maná del cielo. Las diferencias de nivel de vida no pueden reducirse sin dinero.
La Comisión no está suficientemente representada en este debate parlamentario. Me habría gustado ver por lo menos al Sr. Michel Barnier y al Sr. Chris Patten aquí, sin por ello menospreciar la pericia de la Sra. Michaele Schreyer. En relación con el presupuesto para el año que viene, me habría gustado oír hablar a estos Comisarios sobre los planes de la Comisión para reducir los compromisos pendientes sobre la base de la «cláusula de suspensión». El Presidente en ejercicio del Consejo no tenía una idea clara en relación con una reducción de los compromisos pendientes. La Comisión debería tenerla.
Nuestro Grupo en los países de la cohesión desearía aclarar en base a qué condición de la «cláusula de suspensión» se han seleccionado los compromisos pendientes que se pretende cancelar. Si ello se ha debido a la falta de acción de la Comisión, se trata de un incumplimiento de la voluntad de las autoridades presupuestarias. Si se han seleccionado a causa de un error de cálculo de los Gobiernos de los Estados miembros, está justificado que se recorten. Los Estados miembros han de obedecer las reglas, y exigimos una explicación de cómo se han seleccionado los compromisos pendientes.
La ayuda para la reconstrucción del Iraq se cargará seguramente en el presupuesto del año que viene. Vamos a tener el mismo tipo de división del trabajo que en Afganistán. Los Estados Unidos de América, en este caso ayudados por el Primer Ministro Blair, atacan y destruyen, y la UE paga la reconstrucción. Nuestro Grupo adopta una postura muy crítica a este respecto. En lugar de ello queremos utilizar las finanzas de la Unión para la reconstrucción de los objetivos palestinos destruidos por Israel. En Palestina no ha habido una guerra por el petróleo.
Al final, los objetivos de las críticas de muchos miembros de nuestro Grupo son los gastos asociados con la política exterior y de seguridad común y la financiación de los partidos políticos europeos. Da la impresión de que la UE está impulsando la liberalización de los mercados y el desarrollo de la privatización y por consiguiente la política neoliberal «made in USA».

El Presidente.
 Muchas gracias.
Señor Seppänen, usted ha aludido a algunos Comisarios. En el orden del día está prevista la presencia en este debate de algunos de los que usted ha citado, pero más tarde. Por ejemplo el Sr. Barnier, al que usted ha aludido, está previsto para esta tarde, pero dentro de un rato. Lo digo para su conocimiento.
Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, me complace enormemente que se esté celebrando este debate, ya que nos permite plantear varias preguntas a la Comisión antes de que votemos sobre las enmiendas en el procedimiento presupuestario. En mi primera intervención de la tarde, me gustaría detenerme, tal y como ha hecho el Sr. Virrankoski, en la aplicación del presupuesto, ya que las decisiones políticas que tomamos aquí con gran alboroto a menudo flaquean en ese punto. El dinero se aparca o los trámites burocráticos dificultan que los beneficiarios de ayudas puedan gastar el dinero de forma adecuada y efectiva. Señor Mulder, el ponente para el próximo presupuesto acaba de decir que quiere que se anime a la Comisión a que aumente el porcentaje de dinero gastado mediante la asignación de parte de los créditos administrativos en la reserva. Y también es posible que una mayoría de esta Asamblea no esté convencida todavía de que todos los aspectos que la Comisión pidió antes de la ampliación son realmente necesarios. Un funcionario de la Comisión afirmó lo siguiente a este respecto: nos atan las piernas y todavía esperan que podamos correr los cien metros lisos con mayor rapidez.
Creo que las preocupaciones del ponente son legítimas, pero tengo dudas con respecto a los medios. Por lo tanto, me gustaría preguntar a la Comisaria si puede darnos su opinión sobre este tema. ¿Cuáles son las consecuencias de las reservas? ¿Cómo pueden utilizarse de forma positiva? Lo que es aún más importante, ¿cree que estamos en el buen camino al gastar el dinero lentamente? Hasta el momento siempre hemos prestado especial atención al aspecto cuantitativo. ¿No es hora de que nos centremos más en el aspecto cualitativo de las soluciones, como hace el Sr. Pittella con los Fondos Estructurales? Esto significa que los procedimientos deberían simplificarse, que necesitaríamos menos papel y más funcionarios responsables.
Mi último comentario sobre el adecuado gasto del dinero trata sobre el hecho de que con frecuencia nos encontramos con que los proyectos financiados con los recursos de la UE a menudo no respetan la legislación medioambiental europea. ¿Qué sucede cuando se descubre esto? ¿Se congelará el dinero o se encontrará otra solución más o menos blanda? Un ejemplo de esto es el puente sobre el río Tagus. Este fue un proyecto financiado con los fondos de la UE en el que no se respetaron las directivas sobre aves y hábitats. Existen más ejemplos como este. Me gustaría saber cuáles serían las consecuencias si se descubriese que los proyectos financiados por la UE violan su propia legislación.

Turchi (UEN).
Señor Presidente, Señorías, en términos generales este es un presupuesto histórico, ya que nos estamos preparando para la ampliación hacia el este.
Para empezar quisiera dar las gracias a mi comisión y a su presidente -del que he aprendido tanto-, al personal de la Secretaría, a mis colegas diputados y a los ponentes, tanto por este presupuesto como por los de años anteriores. Como joven diputado, he podido acumular mucha experiencia en este terreno, incluso llegando a ser vicepresidente de la comisión.
Creo que, en lo que a nosotros respecta, se trata de un presupuesto fundamental, ya que sienta las bases para la futura Europa y para el futuro Parlamento Europeo, y creo que, en términos políticos, la cuestión esencial es precisamente el gasto para la ampliación hacia el este. A este respecto, el presupuesto tiene el pleno apoyo de nuestra comisión y de todos los diputados de esta Cámara, pero solamente en la medida en que concierne al gasto relacionado con el personal y las estructuras para la ampliación hacia el este.
Sin embargo, me gustaría centrarme en lo que puede ser un aspecto doloroso del presupuesto: debemos ser cautos respecto a las asignaciones para el Iraq. Personalmente, tengo cierto recelo ante estas asignaciones: existe el peligro de que aumenten de forma desproporcionada. Por otra parte, solicito que se lleve a cabo un estrecho seguimiento de estos fondos, una estructura de seguimiento eficaz que impida que vuelva a producirse lo que ya ha sucedido con la Autoridad Nacional Palestina, cuya financiación está siendo analizada a fondo en la actualidad. Quisiera destacar este punto porque este tipo de seguimiento será esencial.
Creo que también será necesaria una fase experimental para el nuevo Reglamento Financiero. Como instrumento amplio y complejo, de forma inevitable causará una tensión cada vez mayor en la Comisión por encima del nivel del Director General, aunque me adelanto a añadir que valoro enormemente el modo en que hemos trabajado juntos durante este reciente período de tiempo.
Por último, debo mencionar la iniciativa que ha provocado un importante debate en nuestra comisión: el seguro sanitario para todos los diputados. Esta es una cuestión que podremos tratar cuando obtengamos los resultados de un estudio que hemos encargado. Me gustaría desear al Consejo, en concreto, buena suerte en su trabajo sobre este y otros temas, orgulloso de decir que yo también soy un representante italiano.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, acogemos con agrado la reducción propuesta de los créditos de pago. Dada la recesión económica, los Estados miembros tienen que apretarse el cinturón y la Unión Europea no debería ir a la zaga en este terreno. El Consejo ha realizado varias reducciones importantes en el proyecto de presupuesto. No compartimos la postura del ponente de oponerse a esto de forma categórica. Concretamente en la rúbrica 2 - Medidas estructurales, 3 - Políticas internas y 4 - Acciones exteriores, no consideramos que sea necesario asignar más dinero del que propone el Consejo. No debemos cerrar los ojos a los enormes pagos atrasados en varios puntos del presupuesto en estas rúbricas. Los pagos atrasados con cargo a los fondos estructurales son imposibles de explicar a los votantes; ascienden a más de 66 millardos de euros, dos tercios del total del presupuesto actual de la UE. Una agencia de investigación del mercado sueca llegó a la conclusión de que la eficacia de la política estructural claramente no está a la altura de las circunstancias. ¿Conoce la Comisión los resultados de este estudio y qué va a hacer respecto a este persistente problema?
El Parlamento Europeo también debe examinar de cerca la propia casa y analizar de forma crítica si determinados sectores de la política pertenecen de hecho al nivel de la UE. Por ejemplo, el hecho de que algunas personas de esta Asamblea quieran emplear el dinero del presupuesto de la UE para el turismo es solamente un ejemplo de lo que por excelencia constituye un asunto de los Estados miembros. El dinero para la ayuda al desarrollo también se destina a países del hemisferio sur, mientras que este es un deber de uno o varios Estados miembros que tienen relaciones históricas con estos países. Creemos que el aumento del 8,4% en el presupuesto para la Política Exterior y de Seguridad Común está insuficientemente explicado. La Unión Europea no debe establecer una organización paralela a la OTAN. Eso es tirar dinero.
El aumento de 18 millones de euros en ayudas a la Autoridad Palestina realmente no tiene justificación, dado que se niega a condenar y detener de forma inequívoca los ataques terroristas a gente inocente. ¿Es consciente la Comisión del informe del FMI que revela que Arafat tuvo 900 millones de dólares estadounidenses depositados en cuentas secretas entre 1995 y 2000? Por último, la Comisión debe ser más crítica a la hora de apoyar a terceros países en la región del Mediterráneo. En esos casos debemos aplicar de forma sistemática la cláusula de los derechos humanos.
Apoyamos sin reservas la enmienda que contempla una importante contribución a la reconstrucción del Iraq. Al mismo tiempo debemos destacar que el alcance de esta necesaria ayuda humanitaria no debería depender de las diferencias de opinión políticas entre algunos Estados miembros y los Estados Unidos.
Mi Grupo considera que es negativo que la reforma de la Comisión Europea proporcione un ahorro mucho menor que el originalmente previsto. La diferencia de 8,8 millardos de euros es realmente muy importante. ¿Cómo explica esto la Comisión?
Donde podríamos ahorrar también es en los consejos supervisores de las agencias en los que cada Estado miembro tiene tres personas. ¿No sería excesivo que estos órganos se ampliasen a 75 consejeros por agencia?
También me gustaría comentar la gestión del presupuesto. Nos preocupa que el gasto en auditorias se haya reducido un 6,4% en la Política Agrícola Común. Esta reducción es poco prudente dados los problemas que rodean a la gestión de esta política y a la intensidad de recursos humanos necesarios para un control adecuado del gasto agrícola. Esta primavera, el Tribunal de Cuentas Europeo presentó un informe en apoyo de las denominadas «áreas problemáticas». ¿Qué ha aprendido de esto la Comisión? ¿Está, por ejemplo, dispuesta a ajustar la vaga definición de las «buenas prácticas agrícolas»?
Por último, de acuerdo con las personas implicadas, el fraude en Eurostat está asociado en parte a los limitados recursos que la Comisión Europea destina para la elaboración de estadísticas adecuadas. Cabe desear una mejor colaboración entre Eurostat y las agencias estadísticas nacionales. Eurostat necesita una mayor independencia para esto, de forma que se siga garantizando la imparcialidad y la objetividad científica de las estadísticas. Tras penalizar el fraude y mejorar el control administrativo de Eurostat, debemos prestar atención a este aspecto. ¿Cuál es la respuesta de la Comisión al respecto?

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, este es un presupuesto histórico -como ya ha dicho uno de los anteriores oradores-, un presupuesto propuesto por el Consejo para los Quince que, con vistas a la ampliación, es un 2,7% inferior con respecto al del año pasado. Aunque se trate de otro dato estadístico, es un signo que lo dice todo, el signo de una Europa que tiene miedo de si misma, de su presupuesto y de enfrentarse a los problemas del mundo.
Desde esta perspectiva, celebramos la enmienda sobre el Iraq, la cual, por lo menos, envía la señal de que Europa existe, de que quiere desempeñar su papel y quiere prepararse para ello, en lugar de mostrar falta de coherencia. Por el momento, podría parecer que la partida presupuestaria en cuestión constituye una entrada simbólica; posteriormente haremos lo que podamos para encontrar los fondos para tratar lo que claramente constituye uno de los principales desafíos políticos ante nosotros y que por lo tanto demanda, en términos simbólicos, una asignación inmediata, convincente y sustancial.
Muchos de los diputados han destacado las prioridades del Parlamento Europeo. Es importante no solo expresar nuestras prioridades, pero -y me dirijo a la Comisaria en este caso- es importante que la Comisión actúe conforme a las prioridades del Parlamento. Me temo que la impresión que con frecuencia tenemos es que las prioridades establecidas por el Parlamento no se cumplen. No me refiero solamente a los 13 millardos de euros que vamos a devolver a los Estados miembros este año; aunque por supuesto esto debe mencionarse, ya que revela un defecto del sistema: mientras que esta es en gran medida una financiación destinada a los Estados miembros, una parte importante del dinero no se ha gastado y un considerable número de prioridades, de medidas establecidas, a menudo conjuntamente con la Comisión, se han aplazado, debido a una crisis que podemos calificar de estructural. Creo que esta es una cuestión esencial, cuya importancia no debe infravalorarse en nuestra evaluación del actual presupuesto y del presupuesto que se aprobará para 2004, ya que las medidas realmente adoptadas a menudo no son coherentes con las prioridades del Parlamento.
Luego está la sección de la ayuda exterior, que comentaré, si es posible, durante la segunda parte del debate.

Van Hecke (ELDR)
. (NL) Señor Presidente, tratamos el tema del presupuesto. El Consejo «solamente» ha recortado un 0,3% las propuestas originales de la Comisión Europea para la rúbrica 4, Acción exterior, que contemplaba un aumento del 3,9% con respecto al año anterior. Como todos sabemos, la Unión Europea asumirá más y más nuevos compromisos. Estos tienen que ver con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la reconstrucción del Iraq, países mal gobernados como Afganistán y el Congo, la Europa ampliada, la prevención de conflictos en Oriente Medio, etc. Son cuestiones importantes y también está claro que los ciudadanos están a favor de una política exterior más firme: el 67% de los europeos afirman que son partidarios que una mayor presencia de Europa en el mundo.
Por otra parte, es obvio que los límites financieros de los posibles compromisos se habrán alcanzado si no hay más dinero disponible. En unas semanas la Unión Europea participará en la conferencia internacional de donantes sobre la reconstrucción del Iraq. El Sr. Patten propone una posible contribución de la UE de unos 200 millones de euros en 2003-2004. Otros sugieren una suma de 500 millones de euros. En cualquier caso, nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa no quiere que esto se haga a expensas de otras zonas geográficas o compromisos, como Afganistán, o de líneas presupuestarias no geográficas como el concepto de respuesta rápida y las minas terrestres. Si la Unión Europea quiere asumir su parte de responsabilidad para la paz y la seguridad en el mundo, también debe estar dispuesta a asignar los recursos financieros necesarios. De no ser así, Europa corre el riesgo de convertirse en un enano político en la escena internacional.

Sanders-ten Holte (ELDR)
. (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera hacer un par de comentarios sobre las propuestas presupuestarias para 2004 desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo. Aunque en este caso estamos tratando un presupuesto basado en actividades, no puedo evitar tener la impresión de que esta división tiene más que ver con la estructura interna de la Comisión. Los fondos destinados a la cooperación al desarrollo deberían incluirse también en esta sección. Sin embargo, hemos visto que las líneas presupuestarias para Asia, Latinoamérica y Oriente Medio se han incluido dentro de la partida «Relaciones exteriores». Mi comisión considera esto inadmisible. Después de todo, la lucha contra la pobreza es el principal objetivo de la política de desarrollo europea. Si estas líneas presupuestarias se incluyen dentro de «Relaciones exteriores», esto se perderá de vista.
Mi segundo comentario tiene que ver con nuestro apoyo para la reconstrucción del Iraq. Independientemente de las sumas mencionadas, debe quedar claro que este dinero no puede salir de la rúbrica 4, Acción exterior, que tal como está es limitada. En mi opinión, para esto debe utilizarse el instrumento de flexibilidad.
El tercer y último punto que me gustaría mencionar es el porcentaje objetivo del 35% para infraestructuras sociales. La Comisión ha señalado que ha alcanzado esta cifra en los últimos años, pero la educación y la atención sanitaria, que después de todo son dos de los más importantes Objetivos de Desarrollo del Milenio, todavía salen peor paradas. Por lo tanto, quiero pedirle a la Comisión que se ciña a lo que se acordó en la cumbre social de Copenhague de 1995.
McNally (PSE)
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Mulder por la forma colegiada y cooperativa en que ha trabajado con otras comisiones, y a la Sra. Gill por el mismo motivo. Las líneas presupuestarias abordadas por mi comisión son las más complejas de cualquier comisión. Abarcamos unas 120 líneas presupuestarias que hacen referencia a diez direcciones generales diferentes. Debido a esta complejidad, además de los cambios de nomenclatura, ha resultado difícil ofrecer una visión general del presupuesto basado en actividades y la ampliación.
Quiero dar las gracias a la Comisión y a los miembros del personal de sus direcciones generales que han explicado con paciencia sus motivos para preparar el anteproyecto de presupuesto.
No puedo alabar de la misma forma al Consejo de Ministros, porque en nuestra comisión hemos visto toda una serie de grandes recortes sin que se haya dado motivo alguno para ello. Me parece imposible trabajar sobre esta base. No se puede dialogar cuando una parte no explica sus motivos para hacer lo que hace. Quizá las propuestas tengan algún sentido, pero no lo tenemos del todo claro.
Tomemos como ejemplo la acción preparatoria para la investigación en materia de seguridad, una cuestión de gran interés para los ciudadanos de Europa. ¿Por qué se ha recortado? Me alegro de que el Sr. Mulder esté dispuesto a apoyarnos en la restitución del dinero que se propuso para esta acción, que muchos de nosotros en nuestra comisión consideramos importante. Queremos una explicación sobre Chernóbil. Como puede usted comprobar, hacemos mucho hincapié en las PYME y me gustaría tener algún tipo de debate racional con el Consejo sobre sus motivos para hacer recortes que parecen contradictorios con todas las políticas de la Unión Europea.

Grönfeldt Bergman (PPE-DE)
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto de la Comisión contiene pocas sorpresas en lo que se refiere a aquellas cuestiones que se incluyen en el área de responsabilidad de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Por lo tanto apoyamos sus principales aspectos y también hemos expresado de forma clara nuestro apoyo a las sumas propuestas por la Comisión. Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones y recomendaciones.
Las medidas apoyadas dentro del marco de la línea presupuestaria 02 05 01 («Política de competitividad industrial para la Unión Europea»), por ejemplo con el fin de analizar el efecto de la sociedad de la información sobre la competitividad y de estimular el desarrollo del comercio electrónico, no implican un auténtico valor añadido europeo y por lo tanto deberían suspenderse. Por lo tanto, proponemos que estos créditos se transfieran a la línea presupuestaria 02 02 03 («Programa para la empresa y el espíritu empresarial, especialmente para las PYME»), en la que los fondos podrían tener un uso directo por parte de las empresas europeas.
También nos preocupan los problemas e irregularidades con relación a Eurostat y por ello queremos que el Parlamento Europeo pida que un 25% de las asignaciones al gasto administrativo de Eurostat se sitúen en el título 31 («Reservas») hasta que la Comisión haya dado al Parlamento garantías suficientes de que el problema se ha resuelto y de que las personas responsables han sido identificadas y debidamente castigadas.
También apoyamos la campaña de información sobre el euro y celebramos el hecho de que la Comisión haya propuesto un aumento de la financiación para este fin. Estos recursos adicionales serán necesarios, ya que la UE incorporará diez nuevos Estados miembros que se han comprometido a introducir el euro lo antes posible. Sin embargo, nos sigue preocupando la aplicación de esta línea presupuestaria en los últimos años y por lo tanto queremos solicitar una vez más a la Comisión que informe trimestralmente a la correspondiente comisión parlamentaria sobre la aplicación del programa en el año en curso y sobre la planificación para el próximo año.
También queremos pedir a la Comisión que garantice que existen fondos adicionales disponibles para la campaña de información sobre el euro, por si surgiesen nuevas necesidades, por ejemplo a raíz de los referendos en cualquiera de los países que todavía no han adoptado el euro. Por otra parte, lamento que, tras el resultado del referendo celebrado la semana pasada, mi país, Suecia, no cumpla los requisitos para recibir fondos para la campaña de información sobre el euro.
Sin embargo, mi comisión apoya el proyecto de presupuesto de la Comisión, aunque con las reservas que he expresado.

Schreyer
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en los últimos años ya hemos visto cómo la política exterior común se convertía en una prioridad en los debates presupuestarios y este será también el caso del presupuesto para 2004.
El número de áreas de la política exterior en las que la UE está implicada en acciones comunes queda reflejado en su presupuesto. Juntos hemos asumido la responsabilidad de reconstruir Kosovo y de llevar la estabilidad política a los países balcánicos, y esto se refleja en el presupuesto tanto como el apoyo al trabajo de reconstrucción en Afganistán. El presupuesto para 2004 proporciona ayuda a los Balcanes por importe de 600 millones de euros, y de 184 millones de euros a Afganistán, lo cual, conjuntamente con otros fondos, significa que la ayuda que proponemos para Afganistán asciende a 214 millones de euros. Me gustaría señalar, por cierto, que la Unión Europea está haciendo todo lo que se comprometió a hacer en la conferencia de donantes de Tokio.
También me gustaría decir que la acusación a la que se ha hecho referencia anteriormente, relativa a que nada sucede durante años después de que la Unión Europea prometa ayuda, ya no es exacta en estos términos tan dramáticos. En este ámbito de la ayuda exterior, la reforma de la gestión financiera ha tenido un efecto muy positivo y visible. Este es uno de los motivos por los que la Comisión lamenta en gran medida el modo en que el Consejo ha recortado la financiación para las delegaciones de la Comisión, que desempeñan un papel cada vez mayor en la aplicación del presupuesto.
Un aspecto principal del presupuesto para 2004 será la crisis en el Iraq y la ayuda de la Unión Europea para la población de este país. Este año, la Unión Europea ya ha asignado 100 millones de euros del presupuesto comunitario a la ayuda humanitaria. Ya se ha mencionado en numerosas ocasiones en esta Asamblea el hecho de que el 24 de octubre se celebrará la conferencia de donantes sobre la ayuda para la reconstrucción del Iraq. El Comisario Patten, que hoy asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, ha dejado claro en esta Asamblea la gran relevancia de las limitaciones presupuestarias para una ayuda eficaz en el Iraq. Un fondo fiduciario independiente o una agencia de las Naciones Unidas deberían garantizar que la ayuda proporcionada por la Unión Europea se aplique de forma multilateral.
La próxima semana -el 1 de octubre- la Comisión propondrá la suma que pretendemos entregar en la conferencia de donantes, 200 millones de euros. Esta propuesta dispondrá que este año se movilicen fondos que ascienden a 40 millones de euros, que el margen dentro de la rúbrica 4 se utilice el próximo año y también la movilización parcial de la reserva de flexibilidad. Esta será entonces nuestra propuesta para la conferencia de donantes hasta el final de 2004.
Creo que, en términos de volumen, esta promesa de ayuda está bien en comparación con los 214 millones de euros destinados a Afganistán para el próximo año. Nuestra promesa de 200 millones de euros para el Iraq debe verse en el contexto de que este país está menos poblado que Afganistán, que es un país terriblemente pobre sin acceso a los ingresos provenientes de las reservas de petróleo.
Permítanme también aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la autoridad presupuestaria por aprobar la concesión de apoyo a Turquía, de unos 250 millones de euros para el próximo año y que se pagará con cargo a los fondos para la estrategia de preadhesión; menciono la suma destinada a Turquía solamente con relación a nuestra ayuda al Iraq. Creo que estas cosas deben verse en términos comparativos.
El borrador de la Comisión prevé un total de 507 millones de euros para la ayuda humanitaria. El presupuesto reserva 82 millones de euros para la lucha contra el sida, la malaria y otras enfermedades transmisibles, que tienen un efecto catastrófico en muchos países de África; esta suma también se utilizará para financiar nuestra donación adicional al Fondo Mundial de la Salud, que supondrá también el mismo importe que este año. El motivo por el que menciono esto es porque tuvo un papel destacado en el debate del pasado año.
Permítanme anunciar ahora que mi colega el Comisario Nielson y yo presentaremos, dentro de unos días, una comunicación en el sentido de que en el futuro -a partir de 2007, para ser exactos- los recursos para el Fondo Europeo de Desarrollo se incorporarán al presupuesto normal. Aunque la prioridad seguirá siendo la lucha contra la pobreza, las necesidades de los Estados ACP en concreto requieren que adoptemos un planteamiento político coherente. Sin embargo, el hecho es que las comparaciones han revelado que el mecanismo de aplicación del presupuesto comunitario ordinario es mucho mejor que para el Fondo Europeo de Desarrollo.
Al amparo de las medidas de política de desarrollo, se proporcionan nuevos recursos específicamente para la integración de las cuestiones de género a los programas de ayuda. La ayuda exterior en concreto implica el apoyo a numerosos proyectos que se centran particularmente en la situación -a menudo terrible- de las mujeres en los países pobres y las regiones afectadas por una crisis. Esto se describe en los informes sobre los programas de ayuda.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, Señorías, quisiera, en primer lugar, agradecer el trabajo realizado por el ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, Sr. Van Hecke, su magnífico espíritu de consenso y la elección de las difíciles prioridades que han sido retenidas. Queda ahora, lógicamente, que esas prioridades, dentro de los ajustes que tiene que hacer la Comisión de Presupuestos, pueda hacerlas suyas la Comisión de Presupuestos y el Pleno del Parlamento.
Algunos de los oradores como el Sr. Wynn o el Sr. Walter han explicado de forma muy clara los apremios que han venido pesando sobre la rúbrica 4 del Presupuesto y las urgencias que ha tenido que ir atendido la Unión Europea en los últimos años. Hemos tenido el caso de Kosovo, el de los Balcanes, el de Timor Oriental, el de Afganistán y este año tenemos el problema del Iraq.
Quiero decir, porque se ha hablado de ello en el curso de este debate, que mi Grupo político piensa que la Unión Europea tiene que prestar una contribución significativa en la rehabilitación, reconstrucción, pacificación y democratización del Iraq, porque, entendemos que la democratización de este país no debe corresponder sólo, ni situarse en el ámbito de la responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos, sino corresponder también al conjunto de la comunidad democrática internacional.
Sin embargo, señor Presidente, mañana el Parlamento Europeo va a aprobar una Resolución sobre el Iraq en la que dice de forma clara, como ha señalado muy bien el Sr. Van Hecke, que la acción en el Iraq no tendrá que ser financiada en detrimento de otras áreas y de otros compromisos atribuidos.
He seguido con mucho interés las explicaciones que acaba de dar la Sra. Comisaria y veo que la intención de la Comisión o las previsiones que tiene la Comisión no van a alcanzar a esos 500 millones de euros. Yo le preguntaría, señora Comisaria, si piensa usted considerar la movilización completa del instrumento de flexibilidad que no se utilizó durante el año pasado y durante éste y si piensa considerar otras posibilidades muy interesantes como aquellas a las que se ha referido el ponente general Sr. Mulder. 
El año que viene, con la incorporación de los países candidatos, habrá unas líneas, dentro de la acción exterior del Banco Europeo de Inversiones, que quizá podrían ser utilizadas para esa prioridad. Sería, quizá, interesante considerar esa eventualidad.
Señor Presidente, este problema que nos plantea el Iraq este año, es un problema recurrente, no podemos estar a salto de mata, tenemos que tratar de encontrar una solución permanente para las urgencias que se presentan en el ámbito de la acción exterior y tratar de movilizar instrumentos que, flexiblemente, nos permitan acudir en auxilio de estas prioridades pero sin que se haga, insisto, en detrimento de otras. 
Señor Presidente, si nosotros aspiramos a que la Unión Europea, como decía esta mañana el Presidente de Rumania, o como decía el otro día el Presidente de la Convención, el Sr. Giscard d'Estaing, en este hemiciclo, tenga y desempeñe un papel clave en la escena internacional, habrá que buscar soluciones con carácter permanente a estos problemas, porque si no, tendremos que limitarnos a ser una gran organización no gubernamental o una especia de Cruz Roja internacional que no tiene otro propósito y otro cometido que el de firmar el cheque de los grandes dramas contemporáneos.
Gröner (PSE).
Señor Presidente, Señorías, la ampliación no es simplemente un proyecto para las clases dirigentes, sino que también, si tiene éxito, será un enorme triunfo para la democracia. La UE tendrá pronto 450 millones de ciudadanos y más de la mitad de los mismos son mujeres. Si las mujeres quieren desempeñar el papel que les corresponde en la construcción de Europa, debe haber información dirigida a ellas y hay que implicarlas por vías específicas. En esta legislatura hemos desarrollado nuestra estrategia para la perspectiva de género y hemos buscado cabida para ella en el proceso presupuestario, pero sus éxitos no son tan evidentes como podrían ser, ya que las mujeres todavía no son visibles en general en las distintas áreas políticas y por lo general no las vemos en puestos de liderazgo en las instituciones.
Las mujeres representan solamente el 14% de los observadores de los países candidatos, solamente el 17% de los miembros de la Convención y solamente el 25% de los Comisarios. Mientras las mujeres representan el 70% del personal de categoría C, ninguno de los Directores Generales del Parlamento es mujer. Otra resolución sobre la perspectiva de género propone una gran variedad de medidas para establecer criterios de referencia para la labor horizontal de atraer a las mujeres de forma deliberada hacia las instituciones, como el seguimiento del éxito de la excedencia para fines educativos, el reciclaje, el desarrollo profesional y personal, etc.
Señora Comisaria, usted alienta ahora grandes expectativas relativas a la dimensión de género en la elaboración del presupuesto, cuya aplicación significará la introducción de la dimensión de género profesional en cada comisión, cada área política y cada una de las Direcciones Generales. Debemos identificar a las mujeres como un grupo destinatario cuando pensemos en términos de la visibilidad de las campañas de información, especialmente en las elecciones, y deberíamos implicar a las mujeres en todas las áreas de la política exterior, como por ejemplo en la reconstrucción de Afganistán y el Iraq. DAPHNE fue un reto positivo al igual que lo son, por supuesto, las áreas políticas internas como los Fondos estructurales, por ejemplo.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, me gustaría llamar la atención sobre tres cuestiones distintas con relación a este debate: la prevención de los incendios forestales, Timor Oriental y la cohesión económica y social.
Los trágicos incendios que han devastado el sur de Europa, especialmente Portugal, en el que ardió el 5% del territorio y el 11% de la superficie forestal, muestran la necesidad de reforzar el apoyo a las medidas de prevención de los incendios forestales. Tristemente, se ha dado un paso atrás en esta área con el nuevo programa Eje Bosques. El Parlamento Europeo, en su resolución de 4 de septiembre, insistió en que, en el marco del proyecto de reglamento Eje Bosques, se atribuyan a la Unión Europea las mismas asignaciones que en el reglamento anterior de 1992 sobre la protección de los bosques contra los incendios con vistas a financiar medidas adecuadas de prevención de los incendios forestales. Por lo tanto, hemos hecho la propuesta de que se asignen otros 6 millones de euros al programa y que se incluyan de forma clara aspectos de prevención. Esperamos que se apruebe esta propuesta. Sin embargo, me gustaría saber si la Comisión está de acuerdo con aumentar las sumas e incluir medidas preventivas en el programa Eje Bosques.
Con relación a Timor Oriental, la Comisión ha eliminado la línea de ayuda específica y reducido la ayuda en aproximadamente el 70% en su anteproyecto de presupuesto. Esto es inaceptable. Por lo tanto, hemos presentado otra enmienda con vistas a restablecer la suma de ayuda en los 25,5 millones de euros programados en 2003. Esperamos que el Parlamento apoye esta enmienda, al igual que en el pasado, pero también me gustaría saber cómo justifica la Comisión este recorte, dado el debate celebrado sobre el presupuesto durante 2003 y las diversas dificultades y zonas de inestabilidad que todavía persisten en Timor Oriental.
Por último, dado que este proyecto de presupuesto comunitario es el más bajo en términos relativos desde 1987, representando menos del 1% del Producto Interior Bruto comunitario, me gustaría saber cómo puede salvaguardarse el principio de cohesión económica y social de la Unión Europea. Quisiera saber, concretamente, cómo lucharemos por la integración social y el crecimiento del empleo, dado que en 2004 se producirá la incorporación de 10 nuevos países cuyo promedio de ingresos por habitante asciende tan solo al 40% de la media comunitaria. Como me parece imposible conseguir la cohesión económica y social con este presupuesto, me gustaría preguntar a la Comisión si pretende abolir la cohesión económica y social en las futuras enmiendas a los Tratados.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, varias personas han expresado ya su malestar sobre la reducción por parte del Consejo del dinero destinado a Afganistán. Creo que es también principalmente un ejemplo de la visión a corto plazo de muchos Gobiernos, que parecen mariposear de crisis en crisis. De Kosovo a Serbia -el correspondiente dinero transferido también- y de Afganistán al Iraq. Por lo tanto, los Estados miembros no mantendrán las promesas que hicieron en la conferencia de donantes para Afganistán, a pesar del hecho de que cada vez es más claro que estas promesas se quedaron cortas de todos modos. Asumo que el sentido común prevalecerá en esta Asamblea y que estableceremos una suma mayor que la que el Consejo tiene en mente.
Me gustaría hacer otra pregunta a la Sra. Comisaria, en este caso sobre una enmienda distinta a la relativa a Afganistán, concretamente una enmienda del PPE. Sugieren reservar una suma hasta que dejen de cultivar amapolas y comiencen a cultivar productos agrícolas legales. ¿No es cierto, sin embargo, que la ayuda proporcionada por la UE apenas llega a las zonas en que se cultivan estas amapolas? ¿Cómo pretende resolver este problema? También observo que las comisiones y Grupos han presentado enmiendas para la política exterior que ascienden a 841 millones de euros más que las propuestas de la Comisión. Me gustaría que la Sra. Comisaria me explicase cómo puede explicar esta discrepancia. ¿Es cierto que simplemente acordamos sumas masivas o después de todo se adhieren ustedes en la práctica de forma rígida al techo de las previsiones financieras, en conflicto con las prioridades de la UE en el proceso, porque existen muchas más necesidades en el área de la política exterior que las que usted sugiere?
Mi última pregunta, muy breve, trata sobre Corea del Norte. El dinero para el proyecto KEDO se ha congelado y no estamos haciendo nada más con respecto al suministro de energía en este caso. ¿Es posible utilizar el dinero o parte del dinero que estaba previsto para el suministro de energía nuclear para subvencionar fuentes de energía alternativas en Corea del Norte?

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, Señorías, además del trabajo del ponente de opinión y la línea que ha adoptado sobre las relaciones exteriores, apoyamos muchas -si no todas- las enmiendas presentadas por el Sr. Van Hecke en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. En concreto, quisiera llamar su atención sobre una serie de enmiendas relativas a la cláusula sobre derechos humanos.
Este Parlamento ha solicitado -y ha luchado con éxito durante años- que nuestras relaciones con terceros países incorporen una cláusula sobre derechos humanos que imponga -y no quiero ofender a nadie al utilizar esta palabra- respeto mutuo de los acuerdos vigentes más conocidos y más apoyados, la cooperación y los programas de ayuda para los países emergentes y, de forma más general, para los países con los que mantenemos relaciones.
En realidad, esta cláusula, formalmente incluida en acuerdos con terceros países, con frecuencia es ignorada por los que deberían aplicarla. Es ignorada por distintos motivos, probablemente porque no existen mecanismos de seguimiento específicos en vigor. Sin embargo, el hecho es que, con mucha frecuencia, sigamos aplicando alegremente nuestro presupuesto basándonos en estos acuerdos -que, como tales, deben observarse de forma clara- a pesar del frecuente desprecio de una de las cláusulas. 
Por este motivo existen varias enmiendas que pretenden garantizar que la autoridad presupuestaria reciba información oportuna sobre la situación al respecto de la cláusula sobre derechos humanos, de forma que permita al Parlamento tomar una decisión, en caso de que esto fuese necesario y del modo adecuado, solicitando formalmente la suspensión de los acuerdos con un país. Existen casos graves e importantes de violación sistemática de los derechos y de países cuyas economías dependen en gran medida, si no de la ayuda de la Unión Europea, sin duda del rico tapiz de relaciones que mantienen con la Unión Europea: me refiero a países como Vietnam, Lao y Camboya, donde, como saben ustedes, la situación actual es muy grave y existe el peligro de que se produzca un golpe de Estado en los próximos días, despreciando los resultados de las elecciones que el propio Parlamento declaró -quizás un poco prematuramente- perfectamente legítimas.
Estos son los motivos por los que considero que es posible, entre otras cosas a través de la palanca del presupuesto, enviar una señal clara a los países beneficiarios de forma que la cláusula de los derechos humanos sea una realidad auténtica y para dar garantías al Parlamento, que es uno de los brazos de la autoridad presupuestaria además del promotor de la idea, de que la Comisión no está aplicando el presupuesto como si nada hubiese sucedido, sino que está realizando un seguimiento preventivo. Este es uno de los aspectos más importantes. Celebro los intercambios de impresiones sobre el tema del Iraq, que parecen ser indicativos de un deseo de diálogo constructivo sobre la cuestión. Creo que la consideración que acabo de ilustrar merece, en todos los aspectos, tal y como ha indicado el ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el apoyo de la Asamblea en la votación final sobre el presupuesto.

Poos (PSE).
Señor Presidente, en el marco de la preparación de las prioridades en materia de asuntos exteriores, defensa y seguridad, el ponente, Sr. Van Hecke, recibió un amplio apoyo de los miembros de nuestra comisión, en especial cuando reinstauró una parte de la propuesta de la Comisión y alentó más la actividad de las ONG.
Nuestro ponente ha hecho hincapié en el papel de la Unión Europea como promotora de los derechos humanos en el mundo. El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos preconiza la transferencia de todas las líneas relativas a los países que gozan de un acuerdo de asociación y de estabilidad en los Balcanes, de la categoría de «acciones exteriores» a la categoría de «ayuda a la preadhesión». Además, pedimos la consignación de créditos realistas para la línea Israel-Palestina, en lugar de continuar con la práctica de las transferencias a posteriori.
Apoyamos plenamente la enmienda 445, que propone 47 millones de euros para las actividades de prevención de conflictos -y, a mi entender, prevenir siempre cuesta menos que curar-, y la enmienda 118, que propone 2,5 millones de euros en compromisos adicionales para los programas de información en terceros países.
Una enmienda del Sr. Elles propone instaurar una línea de 500 millones de euros para la reconstrucción del Iraq. Esta enmienda es inaceptable para el Grupo del PSE por dos razones. Si bien está abierto a la creación de una nueva línea presupuestaria, no podemos contemplar la inscripción de los fondos a falta de un mandato de las Naciones Unidas para la reconstrucción del Iraq y a falta de estimaciones exactas de la Comisión. Es importante en nuestra opinión que la ONU tenga el control exclusivo del fondo de reconstrucción.
Por último, me gustaría pedir a la Comisión que informara al Parlamento sobre la utilización de los fondos en América Latina y que nos diga si el considerable aumento propuesto en una serie de enmiendas es realista.
Boudjenah (GUE/NGL).
Señor Presidente, los llamamientos solemnes a favor del rigor presupuestario y a la disciplina conllevan exigencias devastadoras cuando se trata de la ayuda al desarrollo. Las promesas permanecen, los actos difícilmente les siguen: esto es lo que me inspira este presupuesto 2004 relativo a la cooperación al desarrollo. Estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Sanders-Ten Holte, en que cualquier subordinación a la rúbrica de acciones exteriores no puede sino acentuar este fenómeno. 
En efecto, ¿cómo creer que alcanzará el objetivo de erradicación de la pobreza de aquí a 2015 cuando, y no es más que un ejemplo, los compromisos financieros con países - Oriente Medio, América Latina, Asia, ACP - que dependen del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE no han sido respetados por la Comisión, en particular en los sectores de la sanidad y la educación? Me permito dudarlo. La voluntad declarada de realizar los objetivos del milenio sigue encontrando bien poco en qué materializarse en las sumas concedidas.
¿Cómo no aprobar toda exigencia a la Comisión de que preste atención asimismo a los derechos de las personas más vulnerables y prevea una línea presupuestaria específica cuando sea necesario? Pienso, por ejemplo en los derechos de los niños.
Cualquier reducción o presión financiera sobre los elementos fundamentales de la política comunitaria, como los derechos humanos o el deber de prestar asistencia a los más débiles, equivaldría a dar una muy mala señal a pueblos ya en gran medida excluidos del mercado mundial, víctimas -ni más ni menos- de una globalización que se parece más a la ley de la jungla que al crecimiento y el reparto equitativo de la riqueza. Los países en desarrollo esperan otra ambición de la Unión Europea, como me parece que atestiguan las reacciones con ocasión de la última conferencia de la OMC en Cancún. Para terminar con la ayuda al desarrollo, sigo estando convencida de que, sin una revisión seria de las perspectivas financieras, la presión sobre esta rúbrica se hará insoportable. 
En cuanto a las propuestas relativas a la reconstrucción del Iraq, también requieren, al menos a largo plazo, una ampliación de los recursos globales, para no tener que beber de las sumas reducidas de la ayuda al desarrollo. Dicho esto, estoy de acuerdo con el Sr. Poos: el anuncio de un compromiso financiero de este tipo no puede preceder en ningún caso a la adopción por Europa de una política independiente, indispensable, en favor de la soberanía del pueblo iraquí y de la función de la ONU.
Por lo que se refiere a las enmiendas, apruebo las que favorecen una evaluación anual de los resultados y prevén un diálogo conjunto entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo sobre los medios que deben emplearse para alcanzar los objetivos. Con el mismo espíritu, apoyo que se aliente una participación más amplia de todos los actores de la sociedad civil en todos los niveles, para una cooperación al desarrollo verdaderamente democrática y eficaz. 
Por último, voy a apoyar la propuesta de mi Grupo encaminada a crear una línea específica de ayuda a la rehabilitación y la reconstrucción de los territorios administrados por la Autoridad Palestina. La destrucción por el Ejército israelí de infraestructuras financiadas por la UE o los Estados miembros, por un importe de 40 millones de euros, obedece a un ensañamiento criminal. Las condiciones de vida de la población palestina se han deteriorado mucho en el último período. Sabemos que la delegación de la Comisión sobre el terreno realiza un trabajo notable en unas condiciones difíciles, pero para ser un miembro activo del Cuarteto, tal como dan a entender los discursos, sería bienvenido que la Unión ajustase sus líneas presupuestarias a sus propósitos.
Garriga Polledo (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Schreyer, señor Fischler, Señorías, quisiera empezar saludando la celebración de este nuevo debate presupuestario, que ha demostrado ya en el pasado ser una experiencia útil y provechosa para la Comisión y el Parlamento. Es una buena ocasión que los eurodiputados agradecemos y valoramos de manera muy positiva.
Desde un punto de vista general, éste es el año en el que más deberíamos evitar el conflicto entre los intereses nacionales y los intereses comunitarios. Los principios de austeridad presupuestaria en los presupuestos nacionales, que están en la raíz del pacto de estabilidad, deben conciliarse, más que nunca, con la completa ejecución de las políticas comunitarias contenidas en los objetivos del presupuesto comunitario.
Como diputados al Parlamento Europeo somos, tal vez, los primeros interesados en que el pacto de estabilidad se cumpla y se respete. Su observancia no puede ser la excusa para interferir en el desarrollo de las grandes áreas de gasto del presupuesto de la Unión, sino que debe ser un aliciente más para profundizar en la mejora de su ejecución.
Dotar a nuestro presupuesto de los suficientes créditos de pago no es incumplir objetivos de austeridad, sino ayudar al crecimiento de la Unión Europea a través de sus políticas. Lo contrario es impedir la correcta absorción del resto a liquidar o dificultar la eficaz ejecución de las políticas estructurales. 
La mejor política presupuestaria para la Unión no es aquella que permita un saldo presupuestario elevado, sino aquella que ejecuta bien lo comprometido en el Presupuesto. Por eso, le preguntamos a la Comisaria si está de acuerdo con este enfoque y si considera la Comisión que el nivel de créditos de pago previstos en el proyecto de presupuesto del Consejo es suficiente.
Por otra parte, nuestro Grupo no tiene en este Presupuesto particulares motivos de desacuerdo con el Consejo. Nos gustaría, y así quedará de acuerdo en el debate sectorial, profundizar algunas cuestiones de la política agraria o de política interna. 
En política exterior seguimos buscando un papel más activo de la Unión en el mundo, porque también es parte del objetivo programático del PPE. Esto debe verse no solamente en relación al refuerzo de la política exterior y de seguridad común -tanto sus objetivos como sus créditos presupuestarios-, sino a puntuales acciones de reconstrucción en el Iraq y en Afganistán, como parte de un compromiso moral de la Unión Europea para la promoción de la paz, de la seguridad y de los derechos humanos. Por eso, deseamos saber, Sra. Comisaria, si hay realmente espacio presupuestario suficiente para poder tomar en consideración el enfoque que le hace el Grupo popular a través de su enmienda.
Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar, desde el punto de vista conceptual, pretendemos legítimamente que la nueva nomenclatura del Presupuesto sea un instrumento técnico que lo racionalice, y no un artificio para modificar las orientaciones políticas de la acción comunitaria.
Por ello, la Comisión de Desarrollo y Cooperación vuelve a poner, bajo el encabezamiento "Desarrollo", las líneas de cooperación con Asia y América Latina, que se habían deslizado al encabezamiento de relaciones exteriores. La política de desarrollo no se dirige únicamente a los países ACP, sino al conjunto de los países en desarrollo para erradicar la pobreza.
Por otra parte, Señora Comisaria, le agradecemos, y la felicitamos y apoyamos, así como al Sr. Nielson, para la presupuestación del FED.
En segundo lugar, nuestra política de ayuda a algunos colectivos, como el pueblo saharaui, que objetivamente se encuentran desde hace años en una situación de alerta humanitaria, no debería cuestionarse por razones de carácter administrativo.
Y por último, la integración de la perspectiva del género en el Presupuesto es uno de nuestros objetivos.
En cuanto a las cifras, son prioridades para nosotros la financiación de acciones en beneficio de los derechos de los niños, los fondos para la lucha contra el sida y la malaria, el aumento de los fondos para América Latina y el Mediterráneo: entre el presupuesto del año 2000 y el proyecto del año 2004 los fondos destinados a la cooperación con estas regiones han caído en barrena; han experimentado una disminución del 10,8 % para América Latina (37,2 millones de euros) y para el MEDA el 16 % en términos reales (193,9 millones de euros), a pesar de las nuevas prioridades que hay para estas dos regiones y de la cumbre que se va a celebrar. Su concreción en el Presupuesto no debería entrar en conflicto con el techo que nos corresponde, siempre que no se pretenda financiar cualquier otra nueva acción o iniciativa con los fondos de desarrollo.
Y en ese sentido va también nuestra preocupación con respecto a la reconstrucción del Iraq o cualquier otra que surja.
Laschet (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, también me gustaría decir algo sobre los aspectos de política exterior de este presupuesto y comenzaré respondiendo al Sr. Poos, que ha dicho que la enmienda presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos es inaceptable respecto a la suma que propone para el Iraq, ya que es preciso un mandato de las Naciones Unidas. Es evidente que el Sr. Poos no ha leído esta enmienda, que toma como valor de referencia la resolución que esta Asamblea aprobará mañana, siendo una condición esencial mínima para la implicación de la Unión Europea en el Iraq que haya una resolución de las Naciones Unidas, de que el dinero deberá depositarse en un fondo fiduciario controlado por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, que deberá implicarse al pueblo iraquí en los procesos de democratización, en la adopción de una constitución y el establecimiento de instituciones, factores todos ellos necesarios ahora, y, sobre todo, que la industria del petróleo deberá quedar en manos de las Naciones Unidas, con el fin de que pueda ser una fuente de financiación para la reconstrucción del país. La asignación presupuestaria que hemos propuesto depende de esa condición e, independientemente de si hablamos de un solo euro o de quinientos millones de euros, importa que deberíamos tener claro este concepto general y estas condiciones. Desde ese punto de vista, el presupuesto de hoy y la resolución del Parlamento de mañana deben considerarse estrechamente relacionados.
En segundo lugar, si esto nos lleva a decir que queremos una mayor implicación de las Naciones Unidas, entonces debemos prestar más atención a esta organización y a nuestras relaciones con ella en general, que es en lo que el Parlamento y la Comisión están trabajando actualmente. Creo que mañana la Presidencia italiana del Consejo firmará, en Nueva York, un acuerdo sobre gestión de crisis y prevención de crisis, pero esto debe mencionarse en el presupuesto. En la actualidad, nuestros programas para las Naciones Unidas están dispersos en un montón de elementos del presupuesto, sin que exista un debate político para fijar prioridades. El tema de las Naciones Unidas ha estado aletargado en los últimos años en esta Cámara, y el nuevo documento de la Comisión da esperanzas de que ahora definamos nuestra relación con las Naciones Unidas en términos más políticos, aunque la Comisión haya logrado la gran proeza de elaborar un documento de casi cincuenta páginas que no hace referencia ni una sola vez al Parlamento ni a la autoridad presupuestaria. Creo que cualquier redefinición necesitaría que haya también diálogo entre la Comisión y el Parlamento.
Paso ahora al tercer comentario que quiero exponer, dirigido al Consejo. Como hacemos en cada proceso presupuestario, hemos puesto en la reserva una serie de líneas presupuestarias, ya que el Consejo todavía se niega a facilitar la información prevista en el acuerdo de noviembre de 2002 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En ocasiones parece como si nos estuviésemos golpeando la cabeza contra el muro del Kremlin del modo en que lo hacíamos antes. Estamos seguros de poder superar este obstáculo y llegar a un acuerdo con el Consejo que garantice al público y al Parlamento una mayor transparencia en el futuro con respecto a lo que está sucediendo en la Política Exterior y de Seguridad Común.

Herranz García (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar, y como miembro de la Comisión de Presupuestos, quiero dar las gracias a los dos ponentes, la Sra. Gill y el Sr. Mulder, aquí presente, así como al Presidente de la comisión, el Sr. Wynn, por el trabajo que se está realizando en este momento en la misma, que esperamos que culmine favorable y felizmente el próximo mes de diciembre.
Me gustaría referirme al capítulo agrícola, agradeciendo, además, que esté el Sr. Fischler aquí presente, y diciéndole que, a pesar del escaso éxito obtenido en Cancún, agradezco especialmente su defensa en esas reuniones de los intereses de los agricultores y ganaderos europeos, de todos los europeos y de todo el comercio mundial.
Las enmiendas que se han planteado al capítulo agrícola van dirigidas sobre todo, desde mi punto de vista, a la promoción y la calidad de los productos europeos. Es importante tener en cuenta las enmiendas que he presentado, porque una de nuestras tareas fundamentales es proteger y defender los productos europeos, porque para su elaboración se siguen las pautas más estrictas en cuanto a la calidad y al respeto del medio ambiente.
Hay que promover también la información de la política agrícola común. En este momento que vivimos, de cambio de toda la política agrícola común, es importante que los ciudadanos conozcan cuál es esta política y, sobre todo, el nicho de oportunidades que supone para la agricultura y la ganadería europeas.
He hecho especial hincapié en la introducción de los sistemas de seguros agrarios y me gustaría que saliera adelante y lo pudiéramos ver plasmado en el Presupuesto de 2004.
Por último, desearía referirme a la restitución de fondos al "Eje Bosques", a la prevención y la lucha contra los incendios, porque, como hemos visto este verano, la ausencia de prevención y de lucha contra los incendios forestales puede llevarnos a situaciones medioambientales muy dramáticas.
Schreyer
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, no propongo discutir sobre la política agrícola, ya que se ha hablado mucho más -por parte del Sr. Poos, el Sr. Laschet y el Sr. Salafranca- de la cuestión del Iraq.
Me complace que haya consenso sobre la necesidad de las condiciones que deben cumplirse. La ayuda, incluida la que presta la Unión Europea, debe facilitarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El fondo fiduciario no debe confundirse con el fondo que administra las rentas de los pozos de petróleo, sino que debe estar separado del mismo. También creo que además podemos alcanzar un consenso sobre otros puntos relativos a las condiciones. Los 200 millones de euros propuestos por la Comisión también expresarían bien nuestro sentido del deber, nuestra conciencia de la necesidad de asumir responsabilidades y nuestra disposición para hacerlo juntos basándonos en el presupuesto de la UE. Es también muy importante que esta ayuda para el Iraq se considere con relación a los compromisos compartidos que hemos hecho en otros ámbitos. Permítanme reiterar que se han asignado 214 millones de euros a Afganistán para el próximo año, cumpliendo así por completo con las obligaciones a las que nos comprometimos en la conferencia de donantes de Tokio. También me gustaría recalcar una vez más el hecho de que el próximo año asignaremos una ayuda adicional de 250 millones de euros a Turquía, país vecino del Iraq, que cuenta con 65 millones de habitantes, y esto también debe considerarse dentro de su contexto.
La semana que viene, el 1 de octubre, tendremos la oportunidad de debatir este tema en una reunión conjunta de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, cuando la Comisión presente una propuesta de utilizar el margen y también parte de la reserva de flexibilidad en el Iraq, además de proponer un presupuesto rectificativo.
La Sra. Figueiredo ha preguntado sobre el programa Eje Bosques. Para dicho programa hemos asignado la misma suma que este año. Tanto el Fondo de Desarrollo Regional como los Fondos Estructurales pueden destinarse a medidas de reforestación y a medidas para impedir catástrofes naturales. Se ha planteado la pregunta de si la política de cohesión puede tener continuidad con éxito mediante un presupuesto europeo que asciende aproximadamente al 0,99 por ciento del producto económico de la Comunidad. La respuesta es afirmativa. El presupuesto europeo y sus efectos demuestran que nuestro apoyo a la política de cohesión está dando fruto. La semana pasada presenté lo que denominamos el «informe de asignación», que muestra quién está pagando qué y a qué se destina el dinero. Los cuatro países de la cohesión son los cuatro perceptores netos del presupuesto de la UE, lo cual es justo y adecuado. Los dos países más pobres reciben la mayor parte de los fondos expresados en porcentaje de su producto nacional bruto, y los informes de cohesión reflejan en efecto el éxito que tienen y que la Unión Europea triunfa en sus esfuerzos por reducir las diferencias económicas entre países.
La Sra. Buitenweg ha planteado la cuestión de la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana. Este año, estos fondos -que, a propósito, esta Cámara había bloqueado- se reasignarán a otros fines, y esta ruptura del acuerdo implica que no hayamos asignado fondos en el anteproyecto de presupuesto para el año que viene. Desgraciadamente, Corea del Norte no se ofrece a abandonar su programa atómico y a invertir en su lugar en formas de energía renovables. Esto también tiene que ver con la pregunta del Sr. Dell'Alba sobre la cláusula de derechos humanos. Los países como Corea del Norte, en los que existen emergencias humanitarias al tiempo que hay abusos de los derechos humanos, siempre nos colocan en una posición muy difícil. De hecho, la Comisión también había decidido aumentar la ayuda humanitaria para Corea del Norte, concentrando esta ayuda en las madres, que son las más afectadas por las terribles condiciones de ese país.
Por supuesto, la Comisión tuvo en cuenta la capacidad de las administraciones para su aplicación cuando planteó sus propuestas relativas a Latinoamérica, pero desde luego también consideraremos las diversas propuestas del Parlamento.
Después, el Sr. Garriga Polledo ha preguntado si los fondos recortados por el Consejo siguen siendo suficientes. Como suele hacer en octubre, la Comisión pronto propondrá una revisión de la política agrícola, con nuevas evaluaciones de los avances del mercado y que tome debida cuenta del tipo de cambio. También presentaremos un cálculo relativo a los viejos programas de los Fondos Estructurales, pero puedo decirle ya que la Comisión no puede aceptar que se recorten los fondos para la ayuda de preadhesión. El año que viene, aunque los países candidatos serán ya Estados miembros, seguirán obteniendo ayuda con sus programas de preadhesión, dado que estos seguirán en vigor. Es una suerte que los programas de preadhesión por fin se estén aplicando mejor, y esto por supuesto significa que necesitamos los medios para pagarlos. Nos complacería que el Parlamento y el Consejo restablecieran conjuntamente los importes anteriores.

Maat (PPE-DE).
Señor Presidente, antes de debatir el presupuesto, me gustaría expresar nuestros mejores deseos a nuestro Comisario, el Sr. Fischler, que hoy tiene cumpleaños. Nos complace que esté aquí por el presupuesto, pero también que esté celebrando hoy su cumpleaños con nosotros. Esto lo apreciamos mucho.
Este no es el único apoyo que prestaré a este Comisario, ya que mis palabras también serán críticas con el Consejo e incluirán el apoyo a la política de la Comisión. En beneficio de la claridad, son muchos los cambios introducidos en el sistema presupuestario. Entre otras cosas, se ha incorporado al presupuesto agrícola la ayuda de preadhesión para los nuevos miembros. Sin embargo, lo que es especialmente asombroso es que el Consejo haya recortado hasta su mínima expresión el anteproyecto de presupuesto original de la Comisión. De entrada, se ha vuelto a hacer una diferencia entre los Estados miembros viejos o existentes y los nuevos Estados miembros. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural lo lamenta. Sin embargo, también se ha realizado una reducción lineal que asciende a una suma importante en muchos casos. En concreto, se ha aplicado una despiadada reducción lineal en las sumas del presupuesto de más de un millardo.
Quisiera decir lo siguiente al Consejo: deben darse cuenta de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural apoya incondicionalmente a la Comisión. Esta quiere que se restablezcan las aprobaciones incluidas en el anteproyecto de presupuesto. Entiendo que el ponente general, el Sr. Mulder, quería presentar una enmienda en bloque que incluya esta cuestión. Lo mismo se solicita también en el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Sería positivo que el Consejo lo hiciese, especialmente por el hecho de que el próximo año será un año difícil, con una completa revisión de nuestra política agrícola y la adhesión de nuevos Estados miembros. Por lo tanto, el Consejo debe darse cuenta de que es esencial que la Comisión obtenga suficiente margen de maniobra financiero para aplicar esta política.
Quisiera mencionar algunos de los diversos puntos. Es cierto que buscamos una política más amoldada al mercado, pero al mismo tiempo el Consejo quiere hacer demasiados recortes, cosa que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural considera inaceptable. Para comenzar con el programa de mercado escolar, proponemos destinar 10,3 millones adicionales para el mismo. También mencionamos el apoyo a los jóvenes agricultores y a proyectos innovadores y orientados al futuro. Me refiero al programa LEADER y al programa SAPARD. Si dependiese de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, habría unos 144 millones más.
Lo mismo se aplica a la promoción, el control y la prevención. Con respecto al último punto, quisiera decir que no debemos permitir más recortes de los fondos veterinarios y los fondos de emergencia para epizootias. Queremos 30 millones más para estas dos cuestiones.

Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aprobado una serie de enmiendas al presupuesto. Un objetivo principal ha sido restaurar o aumentar los presupuestos de las agencias de las que dependemos para desempeñar tareas reglamentarias y de otro tipo determinadas por el Parlamento, es decir, los de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la joven Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Continuamente se asignan nuevas tareas a estas agencias y es vital que estén dotadas de los recursos suficientes.
En segundo lugar, una vez más hemos dejado al descubierto la hipocresía de una Unión Europea que habla mucho de promoción de la salud luchando contra enfermedades relacionadas con el tabaco, pero que sigue dando 1 millardo de euros al año para subvencionar la producción de tabaco de baja calidad, gran parte del cual se exporta a países en desarrollo. ¿Qué justificación tiene esto?
Por último, quiero centrarme en la reforma de la Política Agrícola Común. Los agricultores de la Unión Europea y de EEUU son adictos a las subvenciones y aunque el acuerdo no augura el fin de esta adicción transatlántica, puede ser un paso en la dirección correcta. Celebramos las iniciativas de pasar de la ayuda directa a la ayuda vinculada a objetivos ambientales, pero sabemos muy bien que no se están cumpliendo muchas Directivas ambientales. Por ejemplo, la Directiva de nitratos, a pesar de tener 13 años, solamente se cumple en dos Estados miembros. ¿Contempla el Comisario Fischler recortar los cheques que se dan a agricultores individuales, a regiones o a Estados miembros por este incumplimiento? ¿Nos preocupa solo de boquilla la relación entre la Política Agrícola Común y un medio ambiente más limpio y mejor?

Fischler
. (DE) Señor Presidente, Señorías, como ya ha señalado el Sr. Maat, las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural resitúan las previsiones para diversas líneas presupuestarias dentro del apartado 1a en los niveles previstos en el anteproyecto de presupuesto. Aunque la Comisión acoge con agrado estas enmiendas, quisiera recordarles que, a finales de octubre, la Comisión aprobará una carta de enmienda al anteproyecto de presupuesto con respecto al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, con el fin de actualizar los recursos necesarios. Realmente sería prematuro dar cifras exactas de las enmiendas que propondremos, pero ya puedo decirles algo sobre los importantes factores que hacen que estos cambios sean necesarios. Estos incluyen, en primer lugar, la depreciación del dólar estadounidense con respecto al euro, lo que ha afectado a determinadas restituciones a la exportación o ayudas; a continuación, la decisión de conceder, ya en 2003 -es decir, en el ejercicio presupuestario de 2003- determinados avances contra las primas animales para las regiones más afectadas por la sequía del verano; y, por último, un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común, que sin embargo se espera que tenga escaso efecto sobre el presupuesto de 2004.
Permítanme retomar las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. La enmienda relativa al subapartado 1b sobre el desarrollo aumenta las previsiones en tal medida que superarían el límite máximo de la Perspectiva Financiera en unos 100 millones de euros. Pese a que la Comisión está de acuerdo con ustedes en que existe la necesidad absoluta de reforzar el segundo pilar -después de todo, ésta es también la tendencia general de la modulación acordada en el marco de la Política Agrícola Común y, por otra parte, los fondos se reasignarán del subapartado 1a al subapartado 1b con efecto a partir de 2006-, entenderán que, en lo que respecta al presupuesto de 2004, la Comisión no puede ir más allá del límite máximo de la Perspectiva Financiera.
Con respecto al programa SAPARD y a la introducción de una nueva línea presupuestaria para la financiación de una especie de «Leader Este», quisiera decir que en el corto tiempo disponible no creo que sea posible ni aconsejable disponer, en el presupuesto para 2004, medidas del tipo «Leader» en un nuevo instrumento preparatorio. Sin embargo, actualmente estamos examinando cómo pueden alterarse las normas básicas del SAPARD de forma que se pueda hacer justicia a sus preocupaciones.
Por último, quisiera tratar algunas de las prioridades establecidas por el ponente general. En primer lugar, la resolución sobre el presupuesto para 2004 indica que deben proporcionarse fondos para el desarrollo adicional de oportunidades para el uso de indicadores medioambientales. En este contexto, el ponente demanda que se realice un estudio sobre cómo funcionan estos indicadores. Tengo una opinión favorable al respecto. El segundo punto tiene que ver con la aplicación de una medida preparatoria para promover la introducción de sistemas de seguros a fin de cubrir las pérdidas económicas derivadas de las epizootias. Dado que la Comisión es muy favorable a que haya un debate público sobre esta cuestión, en el que participen todas las partes interesadas, estamos programando para el próximo año una serie de consultas y seminarios que implicarán a todos los servicios y partes afectadas.
En lo que respecta al desarrollo de vacunas marcadoras y pruebas discriminatorias para patógenos como los que causan la fiebre aftosa o la fiebre porcina clásica, permítanme decir en nombre de mi colega, el Comisario Sr. Byrne, que la Comisión está elaborando una directiva en este ámbito, que creará el fundamento jurídico para que exista financiación disponible para el desarrollo de sueros estándar.
Una vez que la Comisión haya aprobado esta directiva, se convocará un concurso para la fabricación de estos sueros estándar. Tras la evaluación, se tomará una decisión sobre la fabricación de otros sueros y la financiación que esto requerirá.
Respecto a la propuesta de examen de los sistemas para la garantía y certificación de calidad de lo que se denomina la gestión de la cadena de suministro integrada, puedo asegurar al Sr. Mulder que la Comisión está a favor de presupuestar medio millón de euros para financiar nuevos estudios y una conferencia.
También quisiera responder a la acusación de que seguimos financiando al sector del tabaco. Permítanme llamar su atención sobre el hecho de que la Comisión ha decidido hoy que realizaremos una reforma del sector del tabaco, que comportará la total desvinculación de estos recursos financieros. En lo que respecta al incumplimiento, en determinadas situaciones, de la Directiva sobre nitratos, permítanme señalar que la Comisión ha emprendido desde hace un tiempo medidas legales al respecto, pero esto tiene que ver sobre todo con el modo en que los Estados miembros han cumplido solamente en parte los requisitos de la Directiva sobre nitratos y por lo tanto no la han aplicado. De esto se deriva que el problema no puede traspasarse a los agricultores individuales.
Por último, quisiera señalar que el Consejo ha reducido el número de partidas para el gasto relacionado con la ampliación. Como todos comprenderán, la Política Agrícola Común será aplicable en los nuevos Estados miembros a partir del día de su adhesión, sin que nada quede al margen. Esto hace totalmente necesario que la Comisión tenga suficientes recursos de personal para poder aplicar de forma eficaz la Política Agrícola Común.
Permítanme hablar ahora, muy brevemente, de la pesca y del informe de la Sra. Langenhagen, el Sr. Mulder y el Sr. Färm, propuesta de resolución que respaldo en gran medida, y señalar solamente algunos de sus aspectos. Ya en marzo, cuando se aprobó la resolución sobre el sector del pescado blanco, el Parlamento solicitó a la autoridad presupuestaria que elaborase un plan para asignar 150 millones de euros para compensar las pérdidas sufridas por las comunidades pesqueras a raíz de la crisis de las poblaciones de pescado blanco. En varias ocasiones, solicité a los Estados miembros que nos dijesen cuánta financiación necesitaban. Sin embargo, a excepción del Reino Unido y Dinamarca, ningún Estado miembro comunicó necesidad alguna. La Comisión es por lo tanto incapaz de presentar al Parlamento ninguna propuesta sobre fondos adicionales.
Lo mismo se aplica al intento de proporcionar fondos para desguaces de unos 32 millones de euros más. Esto tampoco dio resultado, ya que los Estados miembros no proporcionaron los datos necesarios. El Sr. Färm ha preguntado por qué los fondos no podían reasignarse para proporcionar los 32 millones de euros, y me gustaría recordarle que ya no existe margen alguno en la rúbrica 2, aparte de lo cual todos los compromisos de financiación finalizaron justo al comienzo del periodo de planificación del programa en los documentos de planificación del programa nacional y regional para todos los cuatro Fondos Estructurales. Por lo tanto, no es posible ninguna reasignación antes de la revisión intermedia del año que viene.
Puedo confirmar que en las próximas semanas presentaremos una propuesta sobre los consejos consultivos regionales. Estoy de acuerdo con la afirmación recogida en el informe de la Sra. Langenhagen de que los acuerdos pesqueros deberían dotarse de fondos y que sus presupuestos deberían ser lo más transparentes posible.
Sobre las inspecciones pesqueras, puedo informarles de que en las próximas semanas propondremos que la normativa actual sobre el gasto de los Estados miembros en trabajos de inspección se amplíe hasta 2005, y esto se contempla en el proyecto de presupuesto para 2004.

Kreissl-Dörfler (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, los socialistas celebramos el informe del Sr. Maat, sobre el que me gustaría comentar lo siguiente. Dado que la salud de los jóvenes es siempre muy importante para nosotros, deberíamos reforzar el plan de distribución de leche en los colegios, en lugar de congelar prácticamente su financiación actual del modo en que lo ha decidido el Consejo. Los fondos disponibles no serán suficientes para diez nuevos Estados miembros, y la financiación adecuada de las zonas rurales y su desarrollo, además de garantizar la calidad de la producción de alimentos, son igualmente indispensables. Este es otro terreno al que debe destinarse dinero y también es importante que sea posible pasar de medidas de regulación del mercado al apoyo a las zonas rurales, en la actualidad un frágil árbol joven al que debemos permitír echar fuertes raíces y florecer.
Como ponente de la comisión temporal sobre la fiebre aftosa, puedo ver que la ampliación de la Unión Europea significa que debe haber una inversión bastante mayor en la prevención de epizootias. Me complace oír al Comisario Fischler decir al Sr. Byrne que debería destinarse más dinero a la investigación, ya que no debería permitirse que se repitiese una calamidad como la que hemos presenciado en Gran Bretaña. Lo que quisiera decir en términos generales al Consejo es que reducir los presupuestos como si se estuviese cortando el césped no sirve a ningún fin útil, ya que el presupuesto agrícola no es una cantera que deba trabajarse en beneficio de este u otro proyecto. El camino correcto que queda por delante no pasa por los recortes generales, y esta Asamblea quiere lo que se dispuso en el proyecto de Constitución de la Convención: pleno poder de codecisión y abolición de la nítida línea divisoria entre gasto obligatorio y no obligatorio. Pueden estar seguros de que entonces la toma de decisiones expertas tanto en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural como en la Comisión de Presupuestos estaría garantizada sin lugar a dudas. Gracias por su atención.
Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisaria Schreyer, Comisario Fischler, quisiera centrarme en el desarrollo rural. Al aumentar los fondos para este sector, la comisión ha dejado claro que es a esto a lo que damos mayor importancia y que el recorte de las organizaciones del mercado exige que haya una compensación para los agricultores que acuden al mercado. Observamos con preocupación la evidencia de que los Grupos -y, por lo que se ve, la Comisión- están debatiendo cómo utilizar la planificación financiera a largo plazo para recortar este sector en lugar de ampliarlo, o la posibilidad de incluirlo en los Fondos Estructurales. Señor Comisario Fischler, considero un gran triunfo por su parte el hecho de que ahora exista una línea estructural dedicada a las «zonas rurales». Sería fatal que prevaleciesen las fuerzas que quieren que las cosas vuelvan a ser como eran, ya que los criterios de los Fondos Estructurales para las zonas rurales no son muy favorables.
Al expresar su opinión sobre la cuestión del «Leader Este», ha señalado usted que quería ajustar debidamente el programa SAPARD. Ya hemos debatido esto antes. Oigo lo que usted dice, pero no tengo fe para creer que la administración realmente lo llevará a cabo y que dará pie a una práctica sensata. Por lo tanto, debería establecerse un programa «Leader Este» para Bulgaria y Rumania con el fin de implicar a la población en general en el desarrollo de las zonas rurales.
Quisiera terminar diciendo que nos intranquiliza haber oído -como haremos pronto en la comisión, cuando nos formule sus comentarios- que se ha hecho la oferta de convertir la Caja Verde en un objeto de negociación. Consideramos que una medida así sería una locura. Si algo que es necesario desde el punto de vista del desarrollo rural va a ser visto como una ayuda actualmente suspendida y susceptible de ser recortada, entonces deberíamos debatirlo en esta Asamblea y dejar clara nuestra postura en la próxima ronda en la OMC.

Hyland (UEN).
Señor Presidente, la Política Agrícola Común sigue siendo la mayor partida del gasto en el presupuesto comunitario. Igual que la mayoría de mis colegas, celebro el hecho de que se haya conseguido controlar el gasto agrícola gracias a una serie de reformas emprendidas por los Comisarios actuales y anteriores. Asimismo, aplaudimos que el acuerdo del Consejo, firmado en octubre de 2002 en Bruselas, haya permitido estabilizar y predecir el gasto agrícola hasta 2013. Además, el acuerdo de Luxemburgo más reciente sobre la reforma de la Política Agrícola Común garantiza que los pagos dejarán de proceder de subvenciones que distorsionan el comercio para basarse en servicios prestados a la sociedad por nuestros agricultores en ámbitos como el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales. Apoyo firmemente esta tendencia
También defiendo la necesidad de mantener las restituciones a la exportación como herramienta estabilizadora esencial en el presupuesto. En los últimos años, el importe entregado ha constituido una porción decreciente del gasto agrícola. Sin embargo, seguirá siendo un mecanismo esencial de ayuda a los sectores que dependen mucho de la exportación para que conserven cierta posición en los mercados de exportación cuando los precios descienden bruscamente y los mercados son inseguros.
Para concluir, celebro la declaración del Comisario Fischler sobre la propuesta de desacoplar la ayuda a los productores de tabaco, que esperemos propicie una reducción de la producción de este cultivo tan dañino para la salud.

Haug (PSE).
Señor Presidente, señores Comisarios, camaradas, Señorías, en los ámbitos de la protección del medio ambiente, la protección del consumidor y la salud, a nivel europeo seguimos tratando de abordar proyectos muy ambiciosos destinados a mejorar la calidad de vida del público en cada terreno: programas de acción medioambiental, programas de acción en el terreno de la salud pública, estrategias de protección del consumidor, estrategias para el medio ambiente y la salud, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede con los recursos necesarios si queremos poder hacer que estos proyectos den su fruto?
Aquí es donde el anteproyecto de presupuesto de la Comisión es bastante tímido, caracterizado por la servicial sumisión a la manía del Consejo de establecer indiscriminadas medidas de austeridad. ¿Cómo podemos imaginar la génesis de este anteproyecto de presupuesto, que el Consejo -o mejor dicho, lo funcionarios del COREPER- ha ajustado todavía más? Esto, permítanme añadir, para un año en el que el presupuesto debe elaborarse no para quince Estados miembros, sino para veinticinco, para los que debe ser suficiente. Sin embargo, este es el Consejo con el que estamos familiarizados, el que firma tratados ceremoniosos pero rechaza suscribir las asignaciones presupuestarias para los mismos. Simplemente no dejemos que la Comisión caiga en la misma forma de hacer las cosas. Sabemos que las instituciones de los diez nuevos Estados miembros necesitan una importante reconstrucción en lo que respecta a la protección del medio ambiente, la política del consumidor y la atención sanitaria; estas son las áreas en las que, pese a los fondos facilitados al amparo de la estrategia de preadhesión, hasta el momento no han conseguido nada importante. No solo hemos sabido esto a través del informe de Consumers International, sino que el Tribunal de Cuentas también nos ha instado a que lo tengamos en cuenta. Por supuesto queremos «enverdecer el presupuesto», la protección de los consumidores como principio integrador en todas las políticas europeas y la sensibilización en todos los niveles de Europa, pero para ello necesitamos recursos operativos y recursos de personal, y estos deben estar disponibles. Esto no se hará solamente con estrategias sucintas o programas de acción escritos sobre el papel, que, por supuesto, no se ruboriza.

Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, la Sra. Langenhagen, ponente para opinión de la Comisión de Pesca, ha transmitido con claridad las inquietudes de esta comisión, respecto al proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2004.
A juicio de los socialistas y al mío propio, como su portavoz, tres son las cuestiones más destacadas de las muchas que la ponente señala en su informe y que mi Grupo suscribe íntegramente. La primera tiene que ver con la crisis socioeconómica en el sector del pescado blanco, que se deriva de los planes de recuperación de una serie de especies entre las que se cuentan la merluza, el bacalao y a la que ahora hay que sumar, además, el fletán en los caladeros de la NAFO. Estamos de acuerdo con la cantidad de 150 millones de euros que la ponente propone.
La segunda tiene que ver, Señorías, con el fondo de desguace, para el que la Comisión de Pesca propone una cantidad de 32 millones de euros. Yo quisiera decirle al Sr. Comisario que él, como Comisario, y la Comisión como tal, han impulsado una reforma de la PCP que tiene un fuerte carácter destructor, desguazador de flota, y que la Comisaria de presupuestos quizá debería indicarnos ahora qué importe adicional es el que va a dedicar la Comisión para hacer frente a esta política de desguaces.
La tercera cuestión sobre la que me quisiera detener son los acuerdos de pesca. Los nuevos: Tanzania, Kenia, Libia, etc., para los que harán falta fondos adicionales, y los antiguos, para los que la Comisión de Pesca mantiene la antigua reivindicación de que se separen en esta línea presupuestaria, de un lado, la parte que corresponde a la contraprestación por posibilidades de pesca y de otro lado, la que corresponde a la línea de cooperación al desarrollo con terceros países.
Fischler
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no quisiera repetir ahora todo lo que he dicho en mi anterior intervención, pero quisiera tratar varias de las cuestiones que se han planteado.
Para empezar, creo que estamos, en principio, totalmente de acuerdo en lo que respecta a la cuestión del desarrollo rural, pero por otra parte todos debemos acatar los límites establecidos por la Perspectiva Financiera. En lo que respecta a lo que el Sr. Graefe zu Baringdorf ha descrito de forma acertada como un debate interminable sobre medidas adicionales en relación con una especie de «Leader Este», no sé si lograré, por así decirlo, que se convierta, ya que ha dicho que carece de fe, pero hablo en serio cuando digo...

... que arreglaremos la normativa básica de forma que responda a sus preocupaciones. Retomando su sugerencia de que discutamos sobre lo que se dijo en Cancún sobre la Caja Verde, yo realmente acogería con sumo agrado un debate de este tipo, que quizás podríamos ampliar invitando a varios representantes de ONG a que se incorporen. De hecho, en Cancún tuve la impresión de que lo que se podría denominar el departamento de sostenibilidad y el de desarrollo en algunas de las ONG plantean a menudo puntos de vista contrapuestos, y creo que esto es algo que deberíamos dilucidar juntos.
Ya he indicado que la Comisión solamente puede hacer una propuesta sobre política pesquera si los Estados miembros están dispuestos a darnos las cifras necesarias. Sus necesidades por lo visto no son tan acuciantes, ya que si no habrían facilitado dichas cifras. Por lo tanto, actualmente no puedo decir qué parte del presupuesto se asignará de forma adicional a la política de desguaces; mi única orientación es que lo que se nos ha dicho es necesario.
Debemos hacer una distinción -y la haremos- entre el componente de desarrollo y ese elemento en el que pagamos por la adquisición de derechos pesqueros conforme a un acuerdo, pero no es necesario que haya subapartados nuevos para esto en el presupuesto; puede organizarse de forma muy sensata en una línea presupuestaria, y eso es lo que vamos a hacer. Pronto verán que sus peticiones son atendidas en las propuestas que vamos a presentar.
(Aplausos)

Heaton-Harris (PPE-DE).
Estoy encantado de dirigirme a la Asamblea y de hablar en público, en calidad de miembro de la silenciada y amordazada comisión de este Parlamento que no ha podido hacer su trabajo debidamente a causa de una decisión de la Conferencia de Presidentes en relación con una entrevista con el Sr. Prodi en torno a una de las cuestiones que voy a tratar enseguida.
Siguiendo la práctica habitual en mi comisión, este año he utilizado el material que encontramos durante el procedimiento de aprobación para preparar algunas enmiendas presupuestarias a fin de obtener lo que la Comisión de Control Presupuestario quería de la Comisión y otras instituciones.
Se divide en tres campos diferentes, dos están relacionados y se abordarán más tarde, y el otro es el Comité de las Regiones. Sin embargo, hemos de aprobar las cuentas de 2001 de este comité y, a medida que van apareciendo más cosas sobre el estado de sus cuentas y de lo que ha pasado en dicho comité, es muy poco probable que lo hagamos. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda que solicita el 25% de las cuotas de los miembros del Comité de las Regiones para reservarlas hasta que el ponente nos facilite gran parte de la información que hemos pedido.
La cuestión principal concierne a Eurostat y la OLAF. Hemos presentado una enmienda que pide la reserva de una suma considerable de dinero para la OLAF. Esta propuesta casi consigue la unanimidad en la comisión, porque no nos ha parecido bien la forma en que la OLAF ha informado a la autoridad presupuestaria, contradiciendo en muchos casos sus propias reglas. 
Por último, Eurostat. Estamos muy preocupados por algunas de sus actividades y la forma en que la Comisión las está tratando. Hemos presentado una serie de modificaciones y, cuando lleguemos al debate principal del presupuesto, los Grupos políticos pueden presentar más enmiendas, que animaremos en nombre de nuestra comisión, porque ya va siendo hora de que alguien asuma la responsabilidad por los problemas con Eurostat.

Rothley (PSE)
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, al tratar la cuestión de la jurisdicción europea, se limitó a respaldar la propuesta de anteproyecto de la Comisión, que dispone aumentos por dos motivos; el primero es consecuencia de la ampliación, y el segundo una respuesta a las nuevas tareas de la justicia europea, en cuyo contexto se asignan más fondos para fines de documentación y traducción. Lo que significa esto -ni más ni menos- es que el anteproyecto de la Comisión no incluye ninguna mejora estructural de las condiciones en que funciona el sistema de justicia europeo.
Sin embargo, no hemos avanzado más que esto y me gustaría instar a la Comisión de Presupuestos a que no lo reduzca todavía más, ya que, si asignamos solamente los fondos relativos a la ampliación y no los fondos para las tareas adicionales, la situación no puede dejar de deteriorarse todavía más. La Comisión de Presupuestos tendrá que decidir si tomar partido por el Consejo o por la Comisión y el Tribunal de Justicia.
El segundo punto que me gustaría tratar tiene que ver con la Academia de Derecho Europeo, cuya labor en los últimos diez años ha tenido un enorme éxito. A sus miembros fundadores, Alemania y Luxemburgo, se les han incorporado desde entonces Irlanda, Polonia, Grecia, España, Portugal, el Reino Unido, Países Bajos, Hungría y Suecia. Finlandia ha anunciado su intención de incorporarse.
Durante los últimos diez años, un total de 38 000 personas de la Unión Europea y los nuevos países han participado en seminarios y cursos de formación. En ese periodo, la Academia de Derecho Europeo se ha convertido en la secretaría de la Red europea de formación judicial y en el futuro estará especialmente implicada en la promoción de la cooperación entre los jueces de Europa oriental. Todo esto justifica un aumento adecuado de las subvenciones a la Academia de Derecho Europeo dentro del programa financiero, no solo para 2004, sino también para años posteriores.

Kinnock
. (EN) Señor Presidente, le estoy muy agradecido y, de hecho, también al Sr. Rothley, por hablar el tiempo suficiente para darme tiempo a entrar, y lo ha hecho sin premeditación y, me parece, con una percepción extrasensorial.
Como ya sabrá la Asamblea y tal y como ha dicho mi colega la Sra. Schreyer, la Estrategia Política Anual de la Comisión para 2004 ha identificado tres ámbitos políticos prioritarios, en concreto la ampliación, la estabilidad y el crecimiento sostenible. También hemos dejado claro que para las prioridades segunda y tercera se dispondrá de personal mediante la reorganización interna de la plantilla de la Comisión.
Asimismo, la Comisión ha decidido que en la aplicación ulterior de la reforma, la reorganización de los recursos debería hacerse con la ayuda del plan de jubilación anticipada voluntaria limitado en tiempo y número.
En el caso de la ampliación, hemos reconocido la realidad de que se precisan nuevos recursos humanos, nuevos puestos de trabajo para satisfacer las nuevas e importantes exigencias derivadas del cambio histórico. Los motivos del aumento propuesto están muy claros: la adhesión de diez países el 1 de mayo de 2004 comportará un aumento del 66% del número de Estados miembros, un aumento del 20% de la población de la Unión y un aumento del 82% de las lenguas de trabajo.
La Comisión tendrá que enfrentarse a nuevas exigencias muy diversas y sustanciales con solo un 13% más de personal: 3 900 personas cualificadas contratadas adicionalmente durante un período de transición de cinco años desde principios de 2004 hasta finales de 2008. En 2004, el año de la ampliación, después de la redistribución de 500 puestos de personal existente en y entre servicios existentes, la suma neta necesaria es de 780 nuevos puestos.
Para obtener esta cifra, todas las tareas actuales desempeñadas por los servicios de la Comisión se han clasificado sobre la base de una «gestión basada en actividades». Los cálculos se han basado estrictamente en el volumen de trabajo adicional que sabemos que tendrá que soportar la Comisión como resultado directo de la ampliación. Este enfoque sistemático se ha aplicado a todo los servicios y después se comprobado la información obtenida para mayor seguridad. En pocas palabras, hemos basado nuestra petición de recursos humanos adicionales en un análisis riguroso y completo de las necesidades operativas reales y probadas.
Me alegro de que los representantes del Consejo estén aquí. Les agradezco su cortesía al asistir a este debate, pero he de decir con franqueza que, en este contexto, el recorte de 272 puestos propuesto por el Consejo en su dictamen sobre el anteproyecto de presupuesto no nos parece aceptable y, a la luz de la ampliación, es poco realista.
Creo que es esencial que este Parlamento conozca la triste realidad de que si se crean menos de los 780 puestos relacionados con la ampliación que hemos propuesto para 2004, se verá considerable y negativamente afectada la capacidad de la Comisión para gestionar la nueva tarea que se deriva directamente de la adhesión de diez nuevos Estados miembros, que defendemos y apoyamos con firmeza, total y unánimemente en la Comisión, el Parlamento y el Consejo.
Al formular nuestra propuesta no pretendíamos acaparar puestos de trabajo. Nos hemos limitado a ser realistas en torno a lo que hay que hacer en una Unión más grande y a favor de ella. Por lo tanto, me complace que el Sr. Mulder haya presentado la enmienda horizontal, enmienda 3053, que facilitaría la creación del número de puestos solicitados. Sin embargo, el hecho de que estos puestos estén en la reserva causará importantes problemas prácticos. Por definición, implicará que los nuevos puestos estarían disponibles para los servicios más tarde, lo que demoraría el proceso de contratación. Mientras tanto, la incertidumbre y el retraso resultantes menoscabarían gravemente el debido cumplimiento de las tareas de la Comisión.
Quiero dejar claro ante la Asamblea que la lista de criterios dada por el Sr. Mulder en su enmienda 3053 es realista, pero sería útil aclarar más estos criterios. Por ejemplo, en cuanto al segundo criterio, quiero dejar del todo claro que las cifras de contratación propuestas permitirán a la Comisión garantizar un equilibrio geográfico entre todas las instituciones tras la ampliación. Esto es fundamental. En cualquier caso, queremos evitar añadir ningún criterio más que, sinceramente, la Comisión no pueda viablemente cumplir a tiempo para la segunda lectura en esta Cámara.
La Comisión ha demostrado manifiestamente una gran cautela y mucha deliberación a la hora de calcular las necesidades. Se ha propuesto el mínimo necesario. Nadie en esta Asamblea parece guiarse por el intento de desestabilizar los ya difíciles procesos de cumplimiento de las tareas derivadas de la ampliación. Cuando todos estos hechos sean evidentes, espero que se reflexione más sobre la propuesta de poner puestos de trabajo en la reserva con todo lo que ello implica en la práctica.
La Cámara también está estudiando las enmiendas que pretenden cambiar el plan de establecimiento. La enmienda 3502 propone reducir un 10% los costes administrativos y de personal en una serie de áreas políticas y asignar este 10% a la reserva con objeto de impulsar la parte operativa de los programas. Me veo obligado a decir que esta enmienda conduciría a una demora notable de futuras contrataciones. Si bien entiendo la intención política que subyace a esta enmienda y soy consciente de que es coherente con enmiendas similares de años anteriores, la Comisión tendrá grandes dificultades para intentar cumplir con eficacia los programas en cuestión sin el nivel apropiado de recursos administrativos.
No es necesario que les diga a sus Señorías que se han esforzado por introducir los presupuestos basados en actividades y una mayor transparencia que no estamos debatiendo una cuestión técnica. La responsabilidad de la Comisión de asignar recursos a actividades y de justificar estas asignaciones es una cuestión profundamente política.
Cuando se decida la asignación interna de recursos humanos, la Comisión estudiará debidamente las preocupaciones expresadas por este Parlamento en su resolución presupuestaria. Pero en aras de un funcionamiento eficaz y la responsabilidad, es preciso mantener la autonomía administrativa de nuestras instituciones. Esto implica que la Comisión ha de seguir adoptando en última instancia las decisiones finales relativas a los planes de establecimiento sobre la base de las necesidades debidamente calculadas y expresadas. Sé que muchos diputados reconocerán el principio y su sentido práctico. Tengo un gran respeto por las numerosas cualidades del Sr. Mulder, pero es sobre todo un hombre práctico. Espero que estas consideraciones le resulten plausibles. Solamente elogio a alguien cuando se lo merece?

... al Sr. Mulder con generosidad, pero cuando se lo merece.
Aparte de los recortes relativos a los créditos para los puestos de trabajo, el Consejo ha efectuado otros recortes en el presupuesto administrativo de la Comisión en relación con delegaciones, auxiliares, misiones, reuniones y oficinas de representación. En esto quiero ser muy claro: si se recorta el presupuesto de las oficinas de nuestras delegaciones se verá afectada la última fase de la descentralización, que es un proceso muy favorecido por esta Asamblea y por la Comisión. La reducción propuesta en misiones, reuniones y oficinas de representación también tendrá un efecto inevitablemente adverso en el proceso de ampliación. La Comisión necesita restablecer el anteproyecto de presupuesto para afrontar los desafíos administrativos de 2004 derivados inevitable y previsiblemente de la ampliación. El gasto en este campo no es ni excesivo ni decorativo. Es absolutamente esencial para funcionar bien.
Para funcionar bien también es vital continuar con la transformación normal de los puestos de trabajo necesarios para el desarrollo profesional. Si, tal y como ha propuesto el Consejo, a la transición a la nueva estructura profesional, firme y correctamente apoyada por esta Asamblea y, de hecho, por el Consejo, le acompañara la inhabilitación de las pautas convencionales de promoción, el efecto sería incomprensiblemente confuso y desmoralizante para la función pública europea. Sin embargo, entiendo que el ponente propone la presentación de una enmienda para restablecer esta práctica habitual. Sería una propuesta muy bien acogida, que daría una señal tranquilizadora y de buena voluntad a nuestros funcionarios, cuya participación activa y confiada en el cambio modernizador sigue siendo absolutamente esencial, como siempre lo será.

Casaca (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, permítame comenzar diciéndole en público lo que ya he podido decirle en privado, que admiro profundamente la forma valiente y directa en la que está afrontando sus responsabilidades en el caso Eurostat.
Pero permítame decirle también, con la misma franqueza, que considero un acto irresponsable el modo en que la Comisión está ocultando al Parlamento, y especialmente a la Comisión de Control Presupuestario, el informe de auditoría interna. Permítame advertirle ya de las consecuencias que esto puede tener. Pedimos dicho informe en el marco del procedimiento de aprobación, como condición esencial sobre la cual debería concederse la aprobación de la gestión. La propia Comisión, como organismo, debe considerar en quién recae la responsabilidad.
Quisiera también decirle, señor Comisario, que estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por el Sr. Heaton-Harris sobre los recortes de los importes para la OLAF y Eurostat. Creo que también es fundamental que el principio de la responsabilidad política se materialice en términos prácticos. Considero que los Comisarios deberían asumir sus responsabilidades y recibir los medios para hacerlo. Opino, concretamente, que cada Comisario debería tener a su disposición una inspección, auditoría o cualquier otra cosa que necesiten para poder responder a las preguntas que se les plantean.

Virrankoski (ELDR).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los Comisarios Schreyer y Kinnock por su acertada reforma de la Comisión y la modificación del Reglamento Financiero asociada a la misma. Sientan las bases para la aclaración de la responsabilidad individual, la asunción de responsabilidades y la creación de la gestión y presupuestos basados en actividades.
Este presupuesto es en efecto el primer presupuesto basado en actividades. La mejora de la gestión basada en actividades constituye un desafío continuo. El objetivo debe ser que los distintos ámbitos de la política tengan margen de maniobra para la creación de la estructura administrativa más eficaz posible. Esto significa que en el futuro es muy posible que abandonemos la práctica en la que el Parlamento decide de forma independiente sobre la creación de una partida o su modificación. El Parlamento solo decidirá cuánto dinero hay disponible en un ámbito administrativo concreto. Esta último podrá decidir entonces por sí mismo sobre la creación de la estructura administrativa más adecuada.
En el futuro tendrá una importancia clave definir y asumir la responsabilidad personal, ya que el presupuesto y la gestión basados en actividades conducen a la delegación de arriba abajo de poderes de decisión. En lo que respecta a la gestión financiera, debemos ser capaces de establecer exactamente lo que exigimos de una cuidadosa gestión de las finanzas.
Distintas organizaciones y ONG determinan sus propias áreas de especialización, a las que el Parlamento Europeo ha prestado su apoyo. Estas líneas presupuestarias A-30 «reservadas» han sido la pesadilla del presupuesto. Para ser sinceros, el acceso a las mismas por parte de las organizaciones se ha producido sobre una base arbitraria. Con frecuencia, la dimensión europea de estas organizaciones no ha superado la de cientos de otras organizaciones que han estado trabajando sin apoyo. Ahora se va a crear el fundamento jurídico del sistema y la cuestión de la asistencia debe ser decidida por la Comisión. Esta medida debe aplicarse lo antes posible.

Ferber (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Kinnock, me complace que haya podido volver a sus raíces como Comisario de Transporte al darnos su discurso justo a tiempo. Cuando asumió su nueva responsabilidad en 1999, prometió crear la administración más moderna y eficaz del mundo. Ahora pretende vendernos la idea de que, a medida que se acerca el fin de su mandato en esta Comisión, usted ha conseguido realmente este ambicioso objetivo, pero, señor Comisario, las cosas no son tan bonitas como usted pretende pintarlas. Hay muchas sombras sobre ellas y varios puntos que quisiera comentar.
El primero es que, en mi opinión, es inaceptable que la administración de la Comisión no refleje lo que quiere la autoridad presupuestaria. Me complace ver que el Comisario Vitorino haya llegado; hemos tratado esto esta mañana dentro del apartado de la política informativa. Hemos aumentado los fondos destinados a este fin, sin dejar nada en las reservas, pero en el nivel más bajo no existe una administración y la descentralización a la que usted ha hecho referencia tampoco funciona. Los acuerdos con los Estados miembros no se han concluido y no hay fondos para las cosas en las que la Comisión no tiene interés político, como el resultado de la Convención. Tiene 10 millones de euros a su disposición y solo se han gastado 1,5 millones de euros.
No es su tarea decidir por su cuenta cómo debe administrarse el presupuesto, sino garantizar que la administración realmente lleva a cabo lo que el Consejo y el Parlamento han decidido. No lo está haciendo y, como Comisario de personal, comparte la responsabilidad por ello. Podría mencionar muchos otros ejemplos.
En segundo lugar, esto también tiene que ver con las áreas en las que la propia Comisión tiene responsabilidad financiera. Siempre se da la excusa de que son los ruines Estados miembros los que administran el 80% del presupuesto, pero usted debe mantener el orden en su área de responsabilidad y los miembros de la Comisión de Control Presupuestario le han enviado un claro mensaje respecto a su forma de actuar: es su responsabilidad y debe responder por ello.

Kinnock
. (EN) Señor Presidente, agradezco al Sr. Ferber sus observaciones sobre mi puntualidad. Me ha recordado la época en que yo solía tener que llegar a las 10 de la mañana a una sala de la Cámara de los Comunes y entraba por los pelos, sorteando a los policías. En esta ocasión no ha sido tan complicado.
Agradezco las intervenciones constructivas y contestaré muy brevemente, aunque espero poder tranquilizar a sus Señorías que han intervenido. En primer lugar, agradezco al Sr. Casaca sus amables comentarios, porque se basan en un análisis muy profundo de todo lo que pretendemos hacer. Me gustaría que fuera una característica universal, pero me parece que algunas personas que escriben en la prensa, por ejemplo, tienen confianza y seguridad en lo que escriben, lo que es inversamente proporcional a la cantidad de conocimientos que tienen.
Lamento su opinión, por otro lado comprensible, de que la Comisión, utilizando sus palabras, oculta al Parlamento el informe de auditoría interna. Capto la fuerza de lo que dice cuando nos recuerda de nuevo que la actividad de la auditoría interna, el examen de los contratos, es un fruto directo de la resolución sobre la aprobación de la gestión, elaborada, de hecho, por el propio Sr. Casaca y algunos de sus colegas. Admito plenamente el interés que ha puesto en esta cuestión. Solo digo una cosa: tenemos que utilizar el procedimiento del Anexo III por una razón muy fundamental que, estoy seguro, es fácilmente comprensible.
Debemos observar una confidencialidad estricta a la vez que intentamos facilitar la máxima información a las personas más autorizadas para ello, inclusive diputados a este Parlamento, simplemente porque los informes que ahora están concluyéndose encierran un potencial de procedimientos disciplinarios e incluso más graves. No es una excusa, no es una estratagema. Se debe a la correcta observancia de los derechos de justicia natural y de la presunción de inocencia, y también a nuestro firme deseo de no revelar al público precipitadamente detalles que pudieran comprometer la integridad de una o varias demandas que podemos decidir incoar contra algunas personas.
Espero que al analizarlo se entienda que esto lo digo a modo de explicación y transparencia, no como una disculpa o evasiva, y que es necesario simplemente por el material con el que trabajamos. Soy consciente de que si hubiera habido un contexto histórico de intentar mantener la confidencialidad a un mínimo y la transparencia a un máximo, entonces sería más sencillo para esta Asamblea entender que, cuando es vital que empleemos procedimientos confidenciales, se hace totalmente por buenos motivos.
Espero que, entre otros productos de la gestión y los presupuestos basados en actividades y la transparencia de la que ha hablado el Sr. Virrankoski, la Comisión se muestre más dispuesta a revelar el máximo posible a la vez que trata de salvaguardar la integridad de los procedimientos necesarios. El informe estará disponible en el Anexo III del procedimiento de acuerdo marco cuando esté listo. En estos momentos se está ultimando en el sentido literal de la palabra, por lo que estará disponible en su debida forma en el plazo previsto.
En cuanto a la consolidación de la responsabilidad política, todavía no me planteo la plena aplicación de la arquitectura que desea el Sr. Casaca, aunque la miro con mucha simpatía. Esta arquitectura consiste en el establecimiento de toda una unidad de control financiero, por así decirlo en la oficina de cada uno de los Comisarios. Pero me parece que hemos logrado avanzar mucho para su consecución, por un lado tanto en el ámbito general del Reglamento financiero, pero más concretamente en las reformas aprobadas por la Comisión, en algunos casos hace bien poco, en julio del 2003. Estas garantizan un requisito absoluto de informar sobre la gestión y la actividad financiera en una Dirección General al menos dos veces al año, concretamente al Comisario responsable, para que los Comisarios en el futuro sigan estando al tanto de la gestión operativa práctica de la Dirección General, así como asumiendo sus responsabilidades políticas directas y obvias. No disminuirá la responsabilidad política y la responsabilidad sobre la cartera ni el compromiso político, sino que probablemente se añada a todos ellos. En julio la Sra. Schreyer y yo enviamos una carta a todas las DG. La respuesta que obtuvimos de las DG, con un análisis profundo destinado a detectar prácticas remotamente relacionadas con lo que hemos podido ver en Eurostat, fue rigurosa y profunda, lo que es alentador. Sé que el Sr. Casaca, interesado en estas cuestiones, y probablemente el Sr. Mulder, querrán examinarla. Me parece muy bien.
Evidentemente, el Sr. Virrankoski demuestra un gran conocimiento y sé que sus antecedentes le dan autoridad en este ámbito. Simplemente quiero decirle que estoy de acuerdo con su previsión de futuras estructuras y las prácticas que anticipa, y confío en que se aprobarán. En una organización de seres humanos la cultura es básicamente un producto que no es de origen étnico o de origen nacional o regional o lingüístico. La cultura es un producto de los sistemas y las estructuras en los que trabajan las personas. Mediante reformas masivas que cambian radicalmente los sistemas y las estructuras, estimulamos el tipo de cultura de transparencia y responsabilidad que es fundamental para el éxito de la gestión basada en actividades y de los presupuestos basados en actividades que refuerzan dicho proceso.
Al Sr. Ferber le diré: consta en acta que en los inicios de la Comisión prometí -y no intento denunciar o retomar ningún eslogan sobre lo mejor del mundo, etc.- que nos esforzaríamos por lograr, mediante una renovadora reforma radical, una Comisión Europea bien gestionada, de alto rendimiento, orientada a los servicios e independiente, al servicio de los ciudadanos de la Unión Europea. No me parece una promesa modesta, y sin embargo lo estamos consiguiendo. Utilizando sus palabras, me parece que el cielo no es tan azul como dice que lo he pintado. En nuestros frecuentes informes de situación reconocemos las deficiencias, los plazos que no hemos cumplido, así como los que hemos mejorado. Reconocemos que se precisa un mayor desarrollo. Después de todo, ha sido esta Comisión la que -en cuanto dispusimos de pruebas a primera vista que nos dieran seguridad jurídica a la hora de emprender ciertas acciones- ha suspendido contratos, ha iniciado procedimientos disciplinares, ha establecido el grupo de trabajo de investigación más sólido y grande de la historia de la Comisión, ha aumentado la plantilla para la auditoría interna de contratos de 9 a 24 personas y ha preparado esos informes cumpliendo rigurosamente el calendario. Esta no es una prueba de una Comisión indolente o relajada, ni tampoco significa que imaginemos que el cielo está azul todo el tiempo, ni que estas gafas sean de color rosa. Estoy impaciente por que haya más cambios. Deseo ver una implementación total. Esta ambición la comparten todos mis colegas, y no podríamos haber avanzado todo lo que hemos avanzado si no hubiéramos contado con una gran cooperación por parte del personal que asume estas obligaciones, además de su volumen de trabajo habitual, y con el sincero compromiso de cada uno de los miembros del Colegio de Comisarios. Por lo tanto, no pretendo dar a entender que hemos hecho más de lo que hemos hecho. Simplemente pido un examen objetivo de lo que se ha logrado. Por ejemplo, la movilidad obligatoria automática de los altos directivos y de las personas en puestos que manejan dinero y contratos resultará ser una salvaguarda contra la repetición de la doble contabilidad que hemos detectado en Eurostat. Más que cualquier otra medida, pero sumadas a las demás, las reformas de estructuras y sistemas de control de auditorías y de control de la gestión nos aportan, en la medida en que puede hacerlo cualquier organización humana que maneja dinero, verdaderas salvaguardas sólidas frente a toda repetición de lo que hemos detectado y con respecto a lo cual estamos actuando ahora.
En lo que concierne a la respuesta al Parlamento y al Consejo, la respeto. Procedo de una tradición parlamentaria en la que un Cámara de los Comunes electa ganó fortaleza al poder votar sobre el presupuesto. Por lo tanto, básicamente respeto y quiero apoyar este procedimiento democrático. No pido que nos apartemos de él. No defiendo quedar al margen de las declaraciones y los dictámenes del Parlamento o del Consejo que representa a los contribuyentes. No es esto lo que pido en absoluto. Solo digo que el ejercicio de la responsabilidad sin autonomía es un hecho de la realidad práctica, y que cuando tenemos autonomía nuestra responsabilidad debe ser totalmente responsable. Sin embargo, si no contamos con los recursos o las personas cuya presencia, calidades y cualificaciones podemos justificar del todo, entonces es muy difícil saber cómo puede la Comisión desempeñar las tareas que ahora tiene, por no hablar de las que va a tener a consecuencia de esta gloriosa ampliación, que, sin embargo, reconocemos como obligaciones adicionales que hemos de cumplir con eficacia y honestidad.

El Presidente.
 Quisiera añadir una observación sobre la estructuración de este debate. Nuestro Reglamento establece que los Comisarios pueden hablar el tiempo que deseen. Sin embargo, personalmente considero que no es justo que un Comisario hable durante el doble del tiempo que han empleado los tres diputados que han intervenido antes que él. Sin querer limitar sus derechos conforme al Reglamento, quisiera pedir a la Comisión que reflexionase sobre lo que he dicho.

Kinnock
. (EN) Dos cuestiones. En primer lugar, pido disculpas si considera usted que he abusado del Reglamento de la Cámara. No lo repetiré. Creo que las personas que integran esta Asamblea saben que la ocupación de mi tiempo es, en términos generales, muy disciplinada. Ha habido cuestiones fundamentales planteadas sobre el presupuesto que me hacen responder apasionadamente. ¡Necesitamos gente!

El Presidente.
 No se lo tome como algo personal, señor Comisario. Solo ha sido un comentario general.

Weiler (PSE).
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, además de continuidad y responsabilidad, la planificación de un presupuesto requiere que se realicen todos los ajustes y reformas necesarias; más que nada, también necesita visión política. En un diálogo constructivo, los especialistas de esta Asamblea en política social han elaborado un paquete con estos objetivos y los han adoptado por mayoría aplastante en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Nuestras prioridades incluyen la seguridad industrial, con lo que quiero decir que nuestras agencias deberían estar suficientemente dotadas y habilitadas, sobre todo, para ejercer presión con los programas para las pequeñas y medianas empresas y también las microempresas, cosa que es especialmente necesaria en los países candidatos. También buscamos un aumento moderado de la financiación para la iniciativa comunitaria EQUAL y para las organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa comunitaria EQUAL es un instrumento específico, en el marco del Fondo Social Europeo, para desarrollar nuestras ideas y alcanzar nuestros objetivos, que también son los del proceso de Lisboa. Tenemos que avanzar hacia estas metas y para ello debemos garantizar que se dota a la iniciativa de la financiación necesaria. Necesitamos más empleos -empleos sostenibles- y también queremos promover la formación -la formación con cualificaciones- y reforzar su función en los Estados miembros, al mismo tiempo que ofrecemos incentivos empresariales para cumplir sus obligaciones.
Hasta que se produzca algún cambio, seguiremos criticando el flujo de fondos desde el Fondo Social Europeo, que, en la actualidad, sigue siendo un escándalo, no atribuible al Parlamento ni a la Comisión, sino del que los Estados miembros son responsables en nuestra opinión. Esto es lo que queremos cambiar en la próxima reforma de los Fondos Estructurales, en lugar de tomar medidas en el marco de este presupuesto. Nuestra visión política, por supuesto, no tiene que ver solamente con la realización de ampliación, sino principalmente con la creación de una Europa social, donde tenemos todavía mucho que hacer además de las restantes tareas que Europa debe llevar a cabo.

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presentó una serie de enmiendas que puedo agrupar en varios capítulos. El primero se refiere a las perspectivas y prioridades del Parlamento Europeo, en particular en el marco del programa Prince. Hemos hablado de ello esta mañana en la reunión sobre la cuestión de la información interinstitucional, y estamos muy preocupados por la falta de ejecución de buena parte de los créditos concedidos a las prioridades que el Parlamento preconiza, ha preconizado este año y preconizará también el año que viene. Hago un llamamiento a que la Comisión haga de esta falta de ejecución el centro de sus preocupaciones. El Comisario Barnier lo sabe muy bien. Pienso que estamos en un año decisivo para la construcción de Europa, para la imagen de Europa: se va a adoptar la Constitución, así lo esperamos, y se aproximan las elecciones. Es necesario, pues, que dichos créditos sean ejecutados y utilizados. 
Esto por lo que se refiere al primer capítulo de enmiendas de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Viene después otro capítulo de enmiendas que titularía «imagen de las instituciones». Preconizamos y pedimos al ponente general que nos siga en la idea de que Internet debe convertirse en la herramienta a través de la cual los ciudadanos europeos puedan interesarse realmente y estar al tanto de lo que pasa en Europa. No pienso solo en Internet escrito, que permite ya evidentemente muchas cosas, sino también en la difusión de los debates, como el debate presupuestario, los debates en las comisiones, las reuniones públicas del Consejo cuando las hay, las conferencias diarias de la Comisión Europea. Pensamos que esta herramienta, muy barata en realidad, puede permitir realmente a los ciudadanos estar al corriente de lo que pasa en las instituciones europeas.
Barnier
Señor Presidente, Señorías, estamos en vísperas de votar un presupuesto para 2004 que en cierto modo es histórico, porque será el primer presupuesto de la Europa reunificada.
Antes de abordar tres puntos, quisiera decir a la Sra. Weiler que he tomado buena nota de las perspectivas que ha esbozado, que por lo demás están más ligadas a la futura política regional, a su apreciación, a la manera en que esa política regional y de cohesión puede servir a los objetivos de Lisboa o Gotemburgo. Resulta que es precisamente lo que debate el colegio en este momento para preparar las futuras perspectivas financieras y el contenido y las propuestas del tercer informe de cohesión. Le agradezco mucho el impulso que usted ha dado.
Quisiera pues, señor Presidente, abordar tres puntos:
los programas 2000-2006,
el cierre del período 1994-1999, y
las consecuencias de la ampliación sobre las políticas estructurales.
El primer punto es que los programas 2000-2006, francamente, están recuperando el tiempo perdido. Vemos en ello el fruto de los esfuerzos de simplificación que hemos propuesto y emprendido con los Estados miembros. Los pagos para 2000-2006 han podido realizarse más pronto que antes. A finales de agosto habíamos pagado ya un 25% más que en 2002 en la misma época del año. Por primera vez, los pagos 2000-2006 podrían ser incluso superiores a las previsiones y tengo previsto solicitar un aumento de los créditos del Objetivo nº 1 de al menos un millardo de euros con ocasión de la transferencia global de fin de año. En esto se puede ver también el efecto de la regla n+2 con respecto al cual alertamos a los Ministros el pasado 22 de abril, del mismo modo que yo informé a sus comisiones. Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre, los Gobiernos redujeron el retraso de créditos de pago que había que engullir para evitar liberaciones. Para evitar cualquier liberación, voy a escribir de nuevo a cada uno de los Gobiernos, y todavía deben presentarnos otros 5 millardos en pagos de aquí a final de año. Lo harán, si doy crédito a sus previsiones, pero, Señorías, para serles muy franco, no creo ya demasiado en las previsiones de los Estados miembros cuando las recibo. Dicho esto, Italia, que nos tiene acostumbrados a los milagros, representa el 40% del esfuerzo que todavía hay que realizar. Tres Estados representan así por sí solos el 80% del esfuerzo que hay que realizar. A la inversa, en Austria, España o Grecia, el riesgo es muy bajo, no hay pues ninguna fatalidad al respecto.
El segundo punto es el cierre 1994-1999. Es un punto difícil, lo he dicho a menudo en esta Asamblea. En efecto, este cierre será más largo de lo previsto. Los servicios de la Comisión no recibieron hasta el pasado 31 de marzo la práctica totalidad de los aproximadamente 2 000 expedientes que hay que cerrar en concepto de los programas 1994-1999. Quiero que se hagan los controles necesarios y que las correcciones que resulten necesarias a raíz de esos controles lleguen hasta el final. Por lo tanto, no quiero cerrar deprisa y corriendo estos programas. Habida cuenta de los plazos necesarios para garantizar la calidad del control y el carácter contradictorio de los procedimientos y a pesar, Señorías, de toda la diligencia de mis servicios y de los servicios de la Comisión, no podremos pagar en 2003 la totalidad de los créditos previstos para 1994-1999. Esta es la razón principal de los retrasos que acaba de destacar el Sr. Van Dam. De ello resulta un riesgo de infraejecución en 2003 de al menos 5 millardos de euros en el conjunto de los Fondos Estructurales. Desde que identifiqué este riesgo en julio, alerté a mi colega, la Comisaria Michaele Schreyer. Juntos vamos a proponer próximamente a la Comisión la presentación a la autoridad presupuestaria de un proyecto de presupuesto rectificativo a fin de anular sin tardanza los créditos que no se empleen. El importe real que deberá anularse todavía debe ser precisado por los servicios de la Sra. Schreyer, que son los únicos que tienen una visión global del presupuesto, a fin de identificar posibles necesidades que deban cubrirse de aquí a final de año en otras rúbricas presupuestarias.
Sin embargo, Señorías, les confirmo mi compromiso de reducir los importes pendientes de liquidación de dos formas: por una parte, anulando los compromisos que no estén cubiertos por una solicitud de pago, por ejemplo, cuando el proyecto ha sido abandonado o ha costado menos de lo previsto (a este respecto, se están preparando ya liberaciones que representarán al menos 1.500 millones de euros, solo por lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)) y, por otra, ejecutando el máximo de pagos en los casos en que los expedientes estén actualmente en orden. Entre pagos y liberaciones, me he fijado el objetivo, se lo confirmo, de dividir, en 2003, al menos por dos los importes del FEDER pendientes de liquidación 1994-1999.
Pienso que estas breves explicaciones sobre este punto responden a la pregunta del Sr. Seppänen. El fallo en la gestión 1994-1999 ha sido precisamente la ausencia, señor Seppänen, de lo que usted ha denominado una sunset clause. Hoy disponemos de ella con la nueva regla n+2, y empieza a dar sus frutos.
Mi tercer y último punto se refiere a las consecuencias de la ampliación para las políticas estructurales. El éxito de esta ampliación a diez nuevos Estados miembros constituye la máxima prioridad de la Comisión. 
La política de cohesión está también en primera línea. Nuestro gran desafío consiste en concluir, antes de finales de 2003, las negociaciones con todos los nuevos Estados miembros sobre los programas que deberán estar operativos dentro de unos meses para el cortísimo período 2004-2006. Por tanto, la ampliación forma parte ya de la vida cotidiana de las direcciones generales responsables de los Fondos Estructurales y su apoyo constante -pero todavía necesitaré más para el período crucial que va a venir- me ha permitido anticipar los compromisos de la Comisión.
¿Cuáles son los efectos presupuestarios de la ampliación? Por lo que respecta a los créditos de compromiso de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, además de los 34 millardos previstos para los Estados miembros actuales, se ha previsto un importe adicional de 6.700 millones de euros para los nuevos Estados miembros. Esto representa un aumento de alrededor del 20%. En términos de recursos humanos, los puestos solicitados para garantizar el éxito de la ampliación son, me parece, limitados. Si prestan atención a las peticiones de la Comisión, las direcciones generales afectadas solo aumentarán su plantilla un 7% para gestionar un aumento del 20% de los créditos. Este aumento de nuestra capacidad administrativa es lo mínimo, ya que esos países no están habituados aún a los programas comunitarios y necesitarán más apoyo, más consejos, más controles también, que los miembros actuales. Es mi respuesta objetiva a la observación de la Sra. Gill, que desea que hagamos economías de escala. Con toda franqueza, no se puede combinar una misión en Polonia con una misión en España. En todo caso, les agradezco su apoyo para obtener en 2004 y después los recursos humanos indispensables para garantizar el éxito de nuestra política de cohesión. 
En conclusión, señor Presidente, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto para las necesidades de créditos de pago para 2004? En cuanto a la ampliación, esto realmente no está en discusión. Como se decidió en Copenhague, los créditos de pago para los nuevos Estados miembros se han limitado en 2004 a anticipos. Para los programas 2000-2006, su ponente, el Sr. Mulder, propone aumentar en 3 millardos millones los créditos de pago. De creer las previsiones de los Estados miembros, eso será necesario. Es cierto que si los Estados miembros consiguen evitar cualquier liberación gracias a la regla n+2, necesitaríamos 1 millardo más solo para el FEDER. Como ven, la Comisión ha adoptado un enfoque prudente y realista a la luz de la ejecución de los años anteriores. No creo que en 2004 escapemos a algunas liberaciones en virtud de la regla n+2. Por otra parte, tendremos que acostumbrarnos a integrarlas en nuestras previsiones. Si los créditos de pago resultasen insuficientes para los Fondos Estructurales 2000-2006 y para el cierre del período 1994-1999, la Comisión pediría entonces un presupuesto rectificativo adicional durante el ejercicio 2004.
Por último, por lo que respecta a los programas 1994-1999, está claro que necesitaremos créditos en 2004 para acabar el cierre más allá del anteproyecto de presupuesto de la Comisión. No puedo decir aún a cuánto ascenderán esos créditos. Los controles en curso conducirán seguramente a reducciones de los importes que deben pagarse, tanto por la exclusión de importes no legítimos, como por la aplicación de correcciones financieras. En total, y en el estado de la información de que dispongo, un alza de los créditos de pago de la rúbrica II no sería ilegítima, sin llegar quizás a lo que propone el Sr. Mulder. No obstante, en esta fase, preferiría poner a los Estados miembros ante sus responsabilidades e inducirles a hacer por fin unas previsiones realistas, sin perjuicio de aumentar los créditos en gestión mediante un presupuesto rectificativo cuando tengamos todos los datos.
Por último, señor Dell'Alba, hemos mantenido un diálogo muy importante y, al igual que mi colega el Sr. Vitorino esta mañana, le he prestado mucha atención. Le confirmo que de los 12 millones disponibles este año para información relativa al gran debate sobre el futuro de Europa, 8,3 millones están en curso de compromiso o se han comprometido ya. Restan, en efecto, 3,7 millones, que se pueden reprogramar. Me ocuparé a ello; me comprometo con el Sr. Vitorino a proponer consagrar este dinero de aquí a fin de año, quizás en cooperación con el Parlamento, a una campaña de información o a la elaboración de documentación que permitan explicar el resultado de la Convención y, espero, el resultado de la Conferencia Intergubernamental, pero también mostrar en qué puede ser útil esta nueva arquitectura institucional a la que vamos a llegar para las políticas concretas en favor de los ciudadanos. Reflexionamos sobre un nuevo documento -hemos hablado esta mañana con algunos responsables del Parlamento- que podría ponerse a disposición de los diputados al Parlamento y de los candidatos a las elecciones europeas para mostrar concretamente en qué consiste la nueva Constitución y en qué puede ser útil para políticas concretas al servicio de los ciudadanos. Esta es la información que quería aportar sobre el punto concreto abordado por el Sr. Dell'Alba.
Hatzidakis (PPE-DE).
Señor Presidente, hablando de temas que conciernen a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quisiera comenzar sobre las cuestiones tratadas por el Comisario Barnier en materia de política regional y decir aquí que, en lo que respecta al período anterior de 1994 a 1999, como este ha admitido, los hechos no son los más propicios. Existe una demora en el cierre de expedientes, responsabilidad básica que recae en los Estados miembros que remiten tarde toda la información necesaria o, en cualquier caso, cuando la remiten, no lo hacen en la forma adecuada. Por este motivo hay fondos que todavía no se han pagado a los Estados miembros y esto está dando lugar a un problema con el presupuesto comunitario y por supuesto con los presupuestos nacionales.
En contraste, existen evoluciones más positivas en el nuevo período de programación de 2000 a 2006, aunque, por supuesto, también en este caso debemos ser muy cuidadosos. He observado con satisfacción que este año lo estamos haciendo mejor que el año pasado desde el punto de vista de la obtención de créditos y la confianza en que la regla n+2, pese a las críticas que en ocasiones recibe, incluso aquí en el Parlamento, es una regla que comportará la gestión adecuada por parte de los Estados miembros en lo que respecta a la programación y la gestión de las sumas de dinero. Por otra parte, no deberíamos olvidar que fueron los propios Estados miembros los que, al adoptar de forma unánime las normativas actuales de los Fondos Estructurales, aceptaron la regla n+2.
Estas, en términos generales, constituyen también los motivos por los que, al menos en nuestra comisión, promovemos esencialmente volver al anteproyecto de presupuesto remitido en un principio por la Comisión en lo que respecta a la categoría II del presupuesto.
En lo relativo a las demás cuestiones, quisiera hablar concretamente de las redes transeuropeas y decir que, incluso antes del informe Van Miert de 30 junio de este año, y pendiente de la propuesta de reformar las redes transeuropeas, nuestra comisión quiere señalar su importancia y hacer énfasis en que las palabras y los hechos deben coincidir en algún punto. Si queremos promover las redes transeuropeas debemos encontrar formas de financiarlas, y una de estas es sin duda el presupuesto comunitario.
También quisiera comentar la cuestión de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, cuya sede todavía no se ha decidido. El hecho de que la sede de esta agencia no se haya decidido no debería hacernos pensar que tampoco debemos otorgarle fondos. Debemos dejar sumas en reserva de forma que cuando se decida dónde se situará su sede podamos financiar esta agencia, que desempeñará un papel especialmente importante en las cuestiones de seguridad marítima que hemos debatido esta mañana.
También quisiera destacar la importancia de dos cuestiones a las que en mi opinión no estamos prestando la debida atención. Una es el turismo, en el que consideramos que deberían financiarse varios programas piloto que reforzarán las pequeñas y medianas empresas en el sector en particular, y la segunda, que en ocasiones se infravalora, es el transporte seguro, en el que también creemos que deberíamos proceder para aumentar los fondos de alguna manera.

Guy-Quint (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar, y siempre en el marco de la política regional de transportes y turismo, debo decirles que estamos bastante preocupados, incluso desengañados, por nuestra lectura del proyecto de presupuesto. En efecto, el problema se ha expuesto claramente: nos preocupa en grado sumo ver líneas presupuestarias relativas a políticas esenciales reducidas de un modo tan drástico por el Consejo.
Debo decirles que nos preocupa porque ocurre siempre. Cualesquiera que sean los procedimientos de decisión, cualesquiera que sean los informes que ponen de manifiesto las necesidades de desarrollo de la Unión Europea, cada año ocurre lo mismo: cuando llega la hora del presupuesto, el Consejo corta de forma pasmosa sus programas, que sin embargo se encuentran entre los primeros en favorecer el desarrollo en la Unión Europea. El tiempo pasa y nada cambia. De ahí nuestra preocupación, y de ahí la iniciativa unánime de la Comisión tendente a reinstaurar, mediante enmiendas, el nivel de gastos que estaba previsto en el anteproyecto de presupuesto.
Abordaré un momento la problemática de los Fondos Estructurales, agradeciendo al Comisario Barnier todas las explicaciones que nos ha dado. En efecto, vemos que las medidas de simplificación aplicadas dan sus frutos. Observamos también una mejora cualitativa y cuantitativa de la gestión de los Fondos.
En resumen, deseamos que el presupuesto de la Unión Europea tenga en cuenta la realidad de los gastos, lo que evitará a la Comisión tener que presentar proyectos de presupuesto adicionales, lo cual sería perjudicial para una ejecución serena de dichos Fondos, que son primordiales.
Jensen (ELDR).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Barnier, quisiera comenzar felicitándole, Comisario Barnier, por los resultados logrados con la norma n+2, por los esfuerzos de simplificación y por el hecho de que aparentemente, en la política estructural, existe ahora un mayor acierto en la aplicación del gasto y en el uso del dinero.
Sin embargo, de hecho vemos cómo los presupuestos y los créditos de pago se han visto notablemente reducidos, tanto en las propuestas de la Comisión como en las del Consejo y, dado lo que está diciendo hoy, por supuesto debe preguntarse si es correcto tomarse las cosas con tanta calma, con confianza de que existen suficientes créditos de pago y si basta una propuesta de presupuesto suplementario para solucionar el problema, si resulta que el dinero se está empleando con más rapidez que la que esperábamos. Por supuesto, en los últimos años hemos observado que ha sobrado una enorme suma de dinero de los presupuestos agrícolas en otoño, pero ¿continuará esta tendencia dada la caída del dólar y el aumento de otros gastos? Este es un tema de reflexión.
También creo que conviene analizar el problema constituido por el hecho de que no es posible tener confianza en los informes que obtenemos de los Estados miembros. Ni la Comisión ni los Ministros de Finanzas de los Estados miembros confían en los informes obtenidos sobre las necesidades existentes. Por lo tanto, merece la pena investigar esto más de cerca. Sin embargo, creo que el Sr. Mulder está en lo cierto al decir que deberíamos aumentar los créditos de pago de forma que podamos estar seguros de que los proyectos pueden aplicarse dentro de los marcos temporales acordados, incluso aunque algunos diputados de mi Grupo no hemos apoyado nunca los grandes aumentos de los créditos de pago.
Quisiera mencionar algo más, a saber, la cuestión de los recortes que observamos en varias líneas presupuestarias que afectan a las pequeñas y medianas empresas. En concreto, observamos cómo, dentro del programa de acción para el entorno de trabajo, se recorta el presupuesto de forma drástica y en mi opinión esta es una señal totalmente errónea antes de la ampliación. Me parece muy importante que podamos lograr un intercambio de conocimientos y un desarrollo de la experiencia en el ámbito relativo al entorno de trabajo, de forma que la libre competencia en la UE no se aplique a costa del buen entorno de trabajo.

Pronk (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera hacer una o dos observaciones con respecto a la política social. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Jensen sobre este tema hace un momento. Es lamentable que en algunos ámbitos se observen deficiencias.
En particular me gustaría que se prestase especial atención al Año europeo de las personas con discapacidad que estamos celebrando y que también está teniendo un éxito razonable. Desde mi punto de vista, es muy importante que demos una oportunidad para que tenga continuidad el año que viene. También espero que puedan hacerse asignaciones para ello en el presupuesto en el curso de este procedimiento presupuestario.
También quisiera hacer un breve comentario con respecto a lo que ha declarado el Comisario Barnier. Huelga decir que todos hemos visto las cifras. Es realmente gratificante ver que la situación ha mejorado especialmente durante los últimos meses y que se está gastando algún dinero más que durante el período inmediatamente anterior. Pese a esto, realmente creo que todavía no hemos resuelto el problema en gran parte. Tampoco estoy totalmente convencido de que necesitemos un presupuesto adicional. No lo espero en absoluto.
¿Qué puede suceder? Los países están calculando cuánto dinero necesitarían gastar para utilizar todo el dinero que se les ha asignado. Estos países dicen: bien, debería ser esta u otra suma, que a continuación ven imposible de gastar. Son demasiado optimistas y no existe un proceso de seguimiento de ningún tipo. Creo que deberíamos estar muy agradecidos al Comisario por haber introducido todo tipo de mecanismos suaves que esperamos rectifiquen la situación en cierta medida. Durante años me ha indignado el hecho de que todo el mundo sabe que existen demasiados créditos de pago y que el dinero no se gasta. Lo único que observamos a final del ejercicio es que se devuelven grandes sumas de dinero a los Estados miembros. Creo que deberíamos poner coto a este problema. Esto es posiblemente más importante que aprobar el presupuesto adicional ocasional.

Iivari (PSE).
Señor Presidente, podemos alegrarnos de que el Proceso de Lisboa funcione pese a todo. Dos programas plurianuales que entran en vigor a partir de principios del próximo año son prueba de ello. Erasmus Mundus es un programa de posgrado para mejorar el atractivo de Europa para los nacionales de terceros países. E-Learning, que el Parlamento ha creado activamente a través de un proyecto piloto, proporcionará, entre otras cosas, nuevas oportunidades de cooperación a escuelas y universidades.
Ahora debemos garantizar que los programas obtengan el nivel necesario de financiación. Del mismo modo, debemos garantizar la financiación del Año europeo de la educación a través del deporte y mejorar las oportunidades para actividades de organizaciones juveniles en los nuevos Estados miembros. Es una señal positiva que la ampliación se tenga en cuenta en el programa Sócrates-Juventud y el programa Cultura 2000.
El cambio a un presupuesto basado en actividades brindará la oportunidad de establecer un fundamento jurídico para la financiación de organizaciones culturales europeas. Si somos firmes y prudentes crearemos una legislación que sirva a la causa de la cooperación cultural y al mismo tiempo vaya más allá para cumplir los requisitos de transparencia y buena gestión.

El Presidente.
 El artículo 19 de nuestro Reglamento establece que el Presidente dispondrá de todos los poderes para presidir las deliberaciones del Parlamento. El apartado 6 del artículo 120 establece que el Presidente tratará de lograr un acuerdo con la Comisión y el Consejo para la asignación de los tiempos de uso de la palabra. Señor Comisario Barnier, voy a darle ahora doce minutos, el mismo tiempo que ha tenido el Parlamento.

Barnier
Entonces, señor Presidente, ¿puesto que antes he utilizado diez minutos, solo me queda uno? Espero que no sea así, pero no se preocupe, no quiero abusar, responderé lo más rápidamente posible.
Doy las gracias a todas aquellas y todos aquellos de ustedes que se han expresado sobre la política de los Fondos Estructurales, de la que me encargo junto con la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Fischler, en particular la política regional.
No volveré sobre las cifras que he confirmado hoy y que he indicado, respondiendo lo más sincera y francamente posible a las preguntas de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Sr. Hatzidakis. La primera evaluación que tracé ante ustedes confirma lo que había dicho el 22 de mayo con respecto al período 1994-1999, que es para mí el punto negro o, al menos, el punto gris: la pesadez del procedimiento aplicado en dicha programación ha conducido a una concentración de las operaciones de control y certificación al final del período. Señor Hatzidakis, lo que se aplica a este período no es n+2 , sino, podríamos decir, n+11. Esto es lo que justifica objetivamente la magnitud del trabajo que tenemos que realizar para tramitar y verificar los 2 000 expedientes recibidos. Repito que mis colaboradores y yo mismo no cerraremos de prisa y corriendo este período de certificación; en su caso, no dudaré en tomar las medidas necesarias.
No quiero reducir la calidad de los controles ni el nivel de información y certificación requeridos por una reglamentación que ustedes conocen igual que yo. El Sr. Hatzidakis tiene razón cuando dice que el procedimiento n+2 adoptado en 1999 para los nuevos programas es más eficaz y produce ya mejores resultados, crea una impresión de continuidad y da lugar a un menor número de anulaciones regulares.
Señor Pronk, yo tampoco estoy satisfecho, aunque haya progresos. No practicaré la autosatisfacción ante ustedes, créanme. Constato simplemente, como usted mismo, un mejor uso en el período 2000-2006. Esta mejora se debe esencialmente, por una parte, a la norma n+2 y, por otra, a nuestra cooperación en curso con los Gobiernos.
Señor Hatzidakis, transmitiré a la Sra. De Palacio sus observaciones sobre la cuestión de los transportes y la seguridad vial.
Doy las gracias a la Sra. Guy-Quint y a la Sra. Jensen por su apreciación de la gestión que llevamos a cabo bajo su supervisión. Señora Guy-Quint, en este momento estamos realizando progresos en cuanto a la cualificación de los programas. Pienso en particular en los esfuerzos desplegados por el Sr. Likanen, el Sr. Monti y yo mismo para facilitar el uso de los Fondos Estructurales a fin de dar cobertura a las zonas que carecen de ella en el ámbito de la telefonía móvil y de Internet. Queremos menos hormigón y más calidad. Lo hacemos ya, pero con la futura política regional en la que trabajamos y para la cual necesito su apoyo, podemos ir más lejos. En concreto, en el marco de la futura política del Objetivo nº 2, podemos, en cooperación con las regiones y los Gobiernos, aplicar directamente los grandes objetivos de Gotemburgo y Lisboa en materia de competitividad y crecimiento sostenible.
Señora Jensen, proseguiré los esfuerzos que hemos emprendido. Con respecto a los créditos de compromiso cuya disminución ha lamentado usted, no pertenecen a la rúbrica 2 de la cual somos responsables. Se trata de créditos de transporte, igual que los relativos a las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, pienso que la Sra. Schreyer ha entendido bien estas observaciones, pero no puedo responder en este punto porque no hay una reducción de los créditos de compromiso, que por lo demás quedaron asegurados para todo el período en Berlín.
Señor Pronk, le he respondido. No estoy seguro de que vayamos a necesitar el presupuesto suplementario del que he hablado antes, pero como quiero ser transparente con ustedes, les hablo de ello desde ahora. Por lo que se refiere a 2003, necesitamos un presupuesto rectificativo. El año próximo quizás necesitemos -pero no es seguro- un presupuesto suplementario. Lo único que hace falta es que seamos capaces de pagar en el momento adecuado. No quiero que los Estados capaces de consumir y ejecutar resulten penalizados con el pretexto de que hay algunos malos alumnos en la clase.
Señora Iivari, su observación iba dirigida más bien a la Sra. Reding, pero la he escuchado. Por lo que respecta a la cooperación cultural de la que ha hablado -a este respecto, me permito decirle, aunque no sea mi tema, que soy sensible a lo que ha dicho-, tengo la intención de proponer, en el futuro debate sobre la política regional después de 2007, un aumento de los créditos que dedicamos a Interreg y la simplificación del reglamento de este programa, en particular para orientar la cooperación transfronteriza en materia de infraestructuras de transporte. En este ámbito también necesitamos cooperación cultural y universitaria.
Bien, señor Presidente, he empleado más de un minuto pero menos de once, y le doy las gracias por su comprensión.
Ceyhun (PSE)
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Comisión de Asuntos Interiores y en calidad de ponente de la misma. Me complace mucho que el ponente de esta Cámara, el Sr. Mulder, haya observado que todo lo relacionado con la justicia y la política interior en la Unión Europea guarda una estrecha relación con la ampliación y él mismo ha formulado ya algunas propuestas necesarias. Facilita mucho las cosas para los que tratamos con la justicia y la política interior que el ponente que mejor nos entiende esté de nuestro lado. En segundo lugar, quisiera dar las gracias al Comisario Vitorino por la excelente cooperación con su equipo, que ha resultado inmejorable. Aunque nuestra propuesta relativa al presupuesto para 2004 se aprobara de forma unánime, simplemente debo señalar, ahora que lo estamos debatiendo en el pleno, que este año tenemos una cuestión prioritaria en la forma de nuestras tres agencias. Lo que hace que nuestras agencias en Viena, Lisboa y La Haya sean especialmente importantes para nosotros es el hecho de que pronto tendremos diez nuevos Estados miembros que supondrán más trabajo para las agencias en las áreas de la lucha contra el racismo, los delitos relacionados con las drogas, las actividades delictivas y el terrorismo. Nuestros observatorios en Viena y Lisboa, además de Eurojust en La Haya, son las tres agencias que necesitan apoyo activo, y esto costará dinero. Doy por sentado que mis colegas diputados de la Comisión de Presupuestos se unirán a nosotros contemplando esta necesidad y prestándonos su apoyo en esta Asamblea. Gracias.

Perry, Roy (PPE-DE)
Señora Presidenta, deseo que conste en acta mi reconocimiento al ponente general, el Sr. Mulder, por la atención que ha prestado a nuestras preocupaciones.
Esta comisión se lleva menos del 1% del presupuesto de la Unión Europea, pero no quiero que nadie piense que deberíamos considerar la educación, la cultura, los medios de comunicación y la información como complementos prescindibles. Las industrias creativas de Europa suponen alrededor del 12% del PIB de Europa.
Me gustaría que la Comisión tuviera en cuenta dos cuestiones en particular. Primero, con cargo a su presupuesto cultural anual el Parlamento ayuda a una serie de organizaciones y redes culturales, como la Joven Orquesta Europea y la Fundación Yehudi Menuhin. Si se quiere que sobrevivan estas organizaciones, por no hablar de que florezcan, entonces no solo necesitan nuestra ayuda económica y apoyo moral, sino seguridad jurídica. Me parece terrible que a finales de septiembre no haya ninguna garantía de que recibirán su dinero para 2004, y es triste que, como es habitual, algunas ni siquiera hayan recibido el pago de 2003. Insisto a la Comisión en que resuelva este problema de fundamento jurídico.
En segundo lugar, si los ciudadanos de la Unión Europea han de saber cosas acerca de la Unión Europea, entonces precisan información. El 25% de los británicos ni siquiera saben que su país está en la Unión Europea. El 31% de los alemanes nunca han oído hablar de la Comisión Europea y el 90% de los españoles ni siquiera saben lo que es la Convención Europea. El público conoce Europa a través de la televisión. Tenemos Euronews, un excelente canal independiente, pero como todas las televisiones del sector público, precisa financiación. Este año el Parlamento ha decidido dar 3 millones de euros a Euronews. Que yo sepa, este dinero aún no se ha pagado. En nuestra propuesta de presupuesto para el próximo año planteamos que reciba 5 millones de euros.
Me temo que entraremos en el año de la ampliación, el año de las elecciones europeas, sin Joven Orquesta Europea y sin televisión europea. Espero que la Comisión se tome estas cuestiones en serio.

Vitorino
Señora Presidenta, Señorías, es la segunda vez que el sector de la justicia y los asuntos interiores es invitado a este debate presupuestario, pero si miramos las cifras, casi me da vergüenza encontrarme junto a mis colegas de agricultura y la cohesión, pues las cifras de las que soy responsable parecen tan pequeñas.
Ello no impide que este año, desde un punto de vista estadístico, el presupuesto concedido a la justicia y los asuntos interiores registre un aumento del 252%. La realidad, no obstante, es que este aumento se debe, en gran medida, a la decisión tomada en Copenhague de crear el crédito Schengen por un importe de 317 millones de euros, para ayudar a los siete futuros Estados miembros a adoptar e incorporar el acervo de Schengen. Se debe asimismo, por un importe de 13 millones de euros, a las medidas transitorias para Lituania en relación con el tránsito de partida y en dirección a Kaliningrado.
Por tanto, en lo que concierne a la justicia y los asuntos interiores, los cambios más importantes desde el punto de vista presupuestario son, por un lado, el aumento debido a la ampliación de los créditos para los programas (16 millones de euros) y, por otro, el aumento de las dotaciones para el control de las fronteras exteriores, que es una gran prioridad de la Unión Europea tras las cumbres de Sevilla y Salónica. Quiero resaltar la importancia del programa ARGO, destinado a apoyar operaciones realizadas conjuntamente por los Estados miembros en el marco del control de las fronteras: se refuerza con 15 millones de euros. Destacaré también la creación de una nueva línea presupuestaria destinada al desarrollo del proyecto VIS, un sistema de información sobre visados, que será dotado inicialmente con 10 millones de euros.
Desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, el año 2004 estará marcado por varios elementos importantes. Será el último año de funcionamiento del Fondo Europeo para los Refugiados. Por consiguiente, habrá que extraer las enseñanzas de la experiencia para prever una nueva dotación después de 2004. Está después la duplicación del importe concedido al programa Daphne, que será de 10 millones para el año 2004. En este sentido, quiero resaltar que es importante llegar lo antes posible, mediante el procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo, a una conclusión sobre el fundamento jurídico. Por último, otro elemento, que ha sido señalado por el ponente, el Sr. Ceyhun, es el incremento de los presupuestos de Eurojust y del Observatorio Europeo de la Droga de Lisboa, sobre todo debido a que estos órganos deberán adaptarse a la ampliación.
En cuanto a las propuestas de enmienda que se han votado por unanimidad en la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores -por las cuales quiero dar las gracias al Sr. Ceyhun-, me alegra especialmente el aumento del presupuesto para el Fondo Europeo para los Refugiados. No obstante, llamo su atención sobre el hecho de que hacerlo hoy permite el pago de acciones de retorno voluntario, y que queda totalmente descartado utilizar ese dinero para el retorno forzoso. Existe pues una contradicción entre el hecho de que se refuerce la capacidad y el comentario. Quiero llamar su atención sobre ello.
Del mismo modo, celebro las dos enmiendas propuestas por la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores en lo concerniente al sistema VIS y la nueva generación del sistema de información de Schengen, el SIS II. En efecto, tras los estudios de viabilidad, es necesaria una reprogramación de los gastos para estos dos sistemas a fin de escalonar la carga en los tres ejercicios siguientes: 2004 a 2006, siendo 2006 la fecha tope para que el sistema SIS II pueda estar operativo y, por tanto, listo para integrar plenamente a los países que van a adherirse el 1 de mayo de 2004.
Por último, quiero agradecer la idea del Parlamento de crear un programa Erasmus para los jueces, un proyecto piloto que la Comisión se esforzará por llevar a buen término.
Paso ahora al ámbito de la información y la comunicación. Tras la adopción del informe Bayona de Perogordo, el año 2003 fue el primero en que desarrollamos la nueva estrategia de información y comunicación para el gran público. Ustedes recordarán que la piedra angular de esta estrategia es la cooperación con los Estados miembros, el establecimiento de asociaciones con los Estados miembros. Me congratulo de que en el grupo interinstitucional de información y comunicación se haya alcanzado un acuerdo muy amplio sobre los temas que deberían ser prioritarios en estas campañas de información y comunicación dirigidas al gran público. No hablo solo del euro, sino también de la ampliación, del futuro de Europa, del espacio de libertad, seguridad y justicia y, el año próximo, 2004, del papel de Europa en el mundo, incluida una línea específica para apoyar acciones de información en el ámbito de la defensa. 
Pero seamos claros, y diciendo esto intento responder a las observaciones que ha hecho antes el Sr. Ferber. Esta es la segunda vez que intento responderle hoy, pero nunca está aquí para escucharme. Espero no obstante que el mensaje le llegue. Cuando hablamos de cooperación, hay que contar con la disponibilidad de los Estados miembros para participar en dicha cooperación. Por ejemplo, en el marco de la campaña de información sobre el futuro de Europa, se reservaron 4 millones de euros a la cooperación con los Estados miembros. Sin embargo, hasta ahora, solo tres Estados miembros han manifestado su disponibilidad para llegar a un acuerdo con nosotros a fin de desarrollar la campaña sobre el futuro de Europa. Dado que la cooperación se construye sobre una base voluntaria, lo que la Comisión ha hecho es asignar a otros fondos esos 4 millones de euros que no se han utilizado para la cooperación con los Estados miembros. Por tanto, hasta finales de este año tenemos asegurados los gastos relativos a todo el presupuesto del programa Futuro de Europa, incluida una licitación para una acción audiovisual sobre el futuro de Europa, por un importe de 4 millones de euros, y la reasignación de 3,7 millones de euros para la producción de material informativo objetivo impreso, para distribuir a finales de año o comienzos del año próximo, sobre las conclusiones de la Convención.
Como ha dicho el Sr. Perry, tengo que resaltar también que concedemos una gran importancia a la utilización de los sistemas audiovisuales. Por tanto, para este año 2003, tenemos 4 millones de euros para una estrategia de información audiovisual sobre la ampliación, 4 millones de euros para el Futuro de Europa, y 8,5 millones de euros para acciones audiovisuales en materia de información general sobre la Unión Europea, incluido el canal Euronews. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Perry, en que habrá que responder a la demanda de Euronews, tal como el Parlamento la ha aceptado.
¿Qué hemos hecho? Hemos concedido a Euronews un millón y medio de euros de conformidad con el acuerdo marco firmado con Euronews en 2001 y hemos tenido en cuenta el importe adicional de 3 millones de euros que votó el Parlamento. Dicho esto, el Parlamento ha dicho claramente que esos 3 millones no se destinaban a financiar los gastos administrativos de Euronews, sino sus actividades. Por tanto, lo que hemos propuesto a Euronews es que nos presente programas de actividades de información, que estamos totalmente dispuestos a evaluar y financiar desbloqueando los 3 millones de euros hasta finales de año. 
Ustedes han planteado la cuestión de los fundamentos jurídicos. Este aspecto no es de mi responsabilidad directa, pero, que yo sepa, la Comisión ha presentado ya propuestas para crear fundamentos jurídicos relativos a cierto número de entidades, entre ellas Euronews. Pienso que será el mejor modo de proceder y el mejor enfoque para dar estabilidad a dichas financiaciones. Esperaré con interés la posición del Parlamento a este respecto.
Guy-Quint (PSE).
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisarios, la manera en que está programado el tiempo de palabra es tan liosa y extraña que ahora tengo que hablar de nuevo de los problemas del transporte y las agencias. Dicho esto, me sumo totalmente a lo dicho por mi colega Sr. Hatzidakis, a saber, que hay que mantener las líneas tal como estaban inscritas en el anteproyecto de presupuesto, porque por el momento no se pueden hacer ahorros en estas políticas. 
Quiero aprovechar la oportunidad, señor Comisario, para responder sobre el problema de la política de información a los ciudadanos de la Unión Europea. Este tema será verdaderamente uno de los más importantes en los años venideros. Quizás sepan ustedes que muchos hemos presentado enmiendas para restablecer las líneas tal como estaban el año pasado. 
No obstante, es importante ante todo que toda la comunicación institucional llegue lo más cerca posible de los ciudadanos corrientes. Lo que más me preocupa de la política actual de comunicación es que no tenemos las herramientas necesarias para llegar a los que van a votar. El desconocimiento por parte del ciudadano de los mecanismos actuales y de las futuras instituciones es bastante pasmoso. 
Usted tiene los medios, señor Comisario, pero, por favor, velemos por que lleguen hasta el corazón de nuestra sociedad de hoy. Sería un enorme progreso para el futuro democrático de nuestra Unión.
Dover (PPE-DE).
Señora Presidenta, quiero hablar de dos cuestiones: primero, en calidad de ponente alternativo del Grupo del PPD-DE, sobre varios asuntos relacionados con el transporte; segundo, como ponente alternativo sobre las demás instituciones. Por tanto, en primer lugar quiero dirigirme a la Sra. De Palacio y, en segundo lugar, a la Comisaria Schreyer.
El programa de las RTE es un programa estupendo que permite a los propios países decidir en torno a proyectos de transporte, energía y telemática para conectar ahora los 15 países de la Unión con los 10 países que van a llegar, abarcando toda la Unión Europea y asegurando que cada país pueda construir su parte en la red transeuropea. Confío plenamente en este programa. Solamente quiero indicar que en el presupuesto hay una partida de unos 225 millones de euros para estudios relativos a este programa, mientras que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, de la que soy miembro suplente, dice que no quieren más estudios, sino más acción y aplicación sobre el terreno.
En cuanto al programa Marco Polo sobre la transferencia a otras modalidades de transporte, alejadas del tráfico de carretera y de la congestión que causa, tiene todo mi apoyo. Precisamos más telemática y utilizar más la tecnología informática para avanzar en la circulación eficiente de mercancías y pasajeros por toda la Unión Europea.
En cuanto al proyecto Galileo, hemos de maximizar el uso del sector privado. Acojo con satisfacción este proyecto. Espero que no lo utilicemos para imponer peajes automáticos para los camiones, sino para que los conductores individuales de vehículos comerciales privados puedan evitar congestiones de tráfico conociendo la mejor ruta desde donde se encuentran hasta donde quieren ir: en otras palabras, ayudar a los conductores en lugar de cobrarles impuestos y ponerles obstáculos.
En cuanto a los demás instituciones, en el último día o dos hemos celebrado debates muy útiles. Estoy encantado de haber asistido a la reunión de conciliación en julio y de haber rendido homenaje al Sr. Magri y su espléndida presidencia de esta comisión. Hay una cuestión que no se abordó. Sobre ella nuestra ponente, la Sra. Gill, opina que la Comisión y el Consejo han sido generosos, yo diría que muy generosos, en su actitud con respecto a los presupuestos propuestos por tres de las otras instituciones: el Tribunal de Justicia, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. Mientras que el presupuesto del Parlamento solamente ha aumentado un 13%, el del Consejo lo ha hecho un 21% y la Comisión un 8% ó 9%, el Tribunal de Justicia, por ejemplo, pide el 57%. Me alegro de que el Consejo haya rebajado esa cifra al 46%. Pero en una enmienda que presentamos de la delegación del Reino Unido, pedimos otra reducción similar. Los mismo pasa con el Comité Económico y Social. Ha pedido el 33%, y el Consejo lo ha rebajado al 27%. Queremos que vuelva a rebajarse otro tanto. El Comité de las Regiones solicitó el 63% y se rebajó al 54%. Queremos otra reducción al 46%.
Podemos permitirnos estos aumentos, pero esa no es la cuestión. Hemos de lograr la máxima rentabilidad posible de estas otras instituciones y pedirles que examinen su gasto presupuestario.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señora Presidenta, en el anteproyecto de presupuesto se destina una suma de 39 millones de euros al Fondo Europeo para los Refugiados, que abarca a los actuales quince Estados miembros. Esto representa 3 millones de euros menos que el presupuesto para 2003, y ello a pesar de que los objetivos del fondo son bastante ambiciosos: promover la integración de los recién llegados y organizar la solidaridad entre los Estados miembros de la UE a la hora de acoger a los refugiados. De hecho, se necesita un fondo mucho mayor para compartir la responsabilidad de forma eficaz y poner fin a la negativa rivalidad política entre los Estados miembros a la hora de adoptar la política de asilo más estricta. Hace tres años, respaldada por esta Cámara, solicité al Comisario que hiciese una evaluación de cuánto dinero se necesitaría realmente para cumplir los objetivos del Fondo. Como no he visto aún esta evaluación, quisiera recordarle esta petición. Es especialmente importante considerar esto en profundidad, ya que la Comisión presentará sus planes para las Perspectivas Financieras a mediados de noviembre. Señor Vitorino, confío por lo tanto en su valor.
No solo no existe dinero suficiente en el Fondo, hablando en términos estructurales, sino que los objetivos del Fondo también corren el riesgo de verse contaminados. Menos fondos para el reparto del coste de la acogida, pero más énfasis en compartir la carga de la política de repatriación. De hecho, los Estados miembros quieren que ahora la repatriación forzosa se pague con cargo al Fondo para los Refugiados. Sin embargo, la cuestión de quién puede quedarse y quién debe irse todavía sigue siendo objeto de debate entre los Estados miembros, y se trata simplemente de una decisión nacional. Por lo tanto, me parece erróneo destinar el dinero de los impuestos europeos a decisiones nacionales. Dado que no hemos alcanzado un acuerdo sobre quién puede quedarse en territorio europeo y quién debe irse, parece equivocado sufragar los costes de la repatriación forzosa con cargo al presupuesto europeo.

Rübig (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, creo que una vez más nos encontramos ante un importante y decisivo momento de la historia de Europa. Está bastante claro para nosotros que las pequeñas y medianas empresas son especialmente importantes para el desarrollo económico de Europa. Pese a que hemos oído esto en muchas de las intervenciones en el debate de hoy, sabemos que estamos directamente afectados por numerosos acontecimientos de la escena internacional, siendo un ejemplo de ello Basilea II. Por este motivo hemos decidido tomar la iniciativa e introducir un programa piloto que facilite garantías a través de los bancos europeos para empresas especialmente pequeñas. Creo que dichas garantías desempeñarán un papel importante en el futuro de las pequeñas y medianas empresas. El apoyo de este tipo es especialmente importante cuando se establecen las empresas.
Mi segundo punto tiene que ver con que acabamos de asistir a la fracasada asamblea de Cancún, cuyo fracaso es atribuible a la presencia en la Conferencia de Ministros de determinadas personas que obtienen un pingüe beneficio de su propio sistema y por lo tanto no están dispuestas a hacer por sus economías nacionales algo que nosotros consideraríamos positivo. Esto nos lleva a pensar que existe la necesidad urgente de que se celebre una asamblea parlamentaria en este terreno. Queremos prestar nuestro apoyo activo a este aspecto en el futuro y debatir las posibilidades con los parlamentarios de los países en cuestión, dando también la oportunidad a la oposición de determinados países de expresar su postura sobre cuestiones internacionales. Con esto en mente, deberíamos centrarnos en representar a Europa en la escena internacional, participando en las decisiones en lugar de limitarnos a participar en el pago de las facturas. Gracias, señora Presidenta.

Vitorino
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera decir a la Sra. Guy-Quint que estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que una política de información acertada es una política que llegue lo más cerca posible de los ciudadanos.
Por ello se ha desarrollado esta estrategia de cooperación con los Estados miembros, incluidas las autoridades regionales y locales. Es un enfoque que, por lo demás, cuenta con el apoyo del Comité de las Regiones. Pero para que este enfoque dé resultado, es necesaria la voluntad política de cooperar. Al menos hay que ser dos. Por esta razón, espero, por lo que se refiere a la campaña sobre el futuro de Europa, que las elecciones europeas, el debate nacional sobre la ratificación de la Constitución, los referendos que tendrán lugar en algunos Estados miembros, sean el año próximo otros tantos acicates, otros tantos motivos para que los Estados miembros se comprometan con nosotros a establecer cooperaciones para realizar compañas de información y comunicación sobre el futuro de Europa, sobre el contenido de la Constitución y, por tanto, para llevar esas campañas lo más cerca posible de los ciudadanos. Les expreso aquí mi pleno acuerdo con la estrategia que, hace un momento, ha explicado el Comisario Michel Barnier en respuesta a la pregunta del Sr. Dell'Alba.
De Palacio
. (ES) Señora Presidenta, voy a ser muy breve, porque el Parlamento ha apoyado todas las propuestas que he planteado. Quiero utilizar esta intervención para agradecer expresamente a la Sra. McNally y al Sr. Collins su contribución en estos trabajos.
Hemos estado trabajando con gran sintonía a lo largo de todos estos años y, una vez más, vuelve a ocurrir a la hora de discutir estos presupuestos.
Agradezco al Parlamento el apoyo a las propuestas que he presentado.
Pohjamo (ELDR).
Señora Presidenta, señores Comisarios, es necesario que la Unión preste apoyo a la política energética para la redes transeuropeas, el programa Energía inteligente para Europa, sistemas de energía sostenible y también proyectos de seguridad nuclear. La Unión ha establecido objetivos ambiciosos para promover fuentes de energía renovables y la cogeneración de calor y electricidad. Con respecto a la consecución de estos objetivos, es lamentable que se hayan propuesto recortes en el presupuesto para el área de la investigación energética. Si apoyamos el uso diverso de recursos locales de energía renovable mejoraremos la seguridad del suministro de energía y reduciremos la dependencia de las importaciones.
La base de la política de transporte debe ser el desarrollo de una red de transporte versátil, la descongestión, la mejora de la seguridad y la promoción del transporte sostenible. El desarrollo de redes transeuropeas de transporte no ha avanzado de la forma que se esperada debido a la falta de financiación. Solamente tres de los 14 proyectos de Essen se han finalizado y en verano el grupo del Sr. Van Miert enumeró varios nuevos proyectos TEN-T. La Unión, por su parte, debe destinar los fondos necesarios para los nuevos y los viejos proyectos y tener en cuenta las necesidades de una Unión que se amplía.
Para que el mercado interior funcione deben existir conexiones de transporte flexibles entre las distintas regiones de la Unión. Las conexiones de transporte en las regiones periféricas son una necesidad vital. En verano la Comisión emitió una comunicación sobre el desarrollo del transporte en la región del Mediterráneo. Creo que también debería elaborarse una comunicación similar con respecto al transporte en el norte.

De Palacio
. (ES) Señora Presidenta, quiero agradecer al Sr. Pohjamo su apoyo, por mucho que pida más recursos. Por supuesto yo también pediría más recursos, pero hay que saber que estamos -mi colega Schreyer enseguida se ha dado la vuelta- en unas perspectivas financieras concretas y tenemos unos límites concretos.
En cuanto al apoyo a las energías renovables, como sabe muy bien su Señoría, lo estamos planteando conjuntamente con el apoyo a la eficiencia energética a través del programa de energía inteligente. 
Su Señoría pensará que es poco dinero. La verdad es que lo aprobamos de una manera plurianual y conseguimos, por fin, el acuerdo del Consejo. Una vez que tenemos unos acuerdos pienso que hay que conservarlos y mantenerlos; por lo tanto, me remito a lo que aprobamos y adoptamos en su día.
En cuanto a las redes transeuropeas, Señoría, lo he dicho muy claro, de cara a las próximas perspectivas financieras la cantidad dedicada a las redes transeuropeas no tendrá que aumentar en un 5, 10 ó 15%, no, en mi opinión habrá que aumentarla en un 600/700%. Es decir, habrá que multiplicarla por 7. Así de claro. Hace falta que tengamos unos cuatro mil millones de euros para, de verdad, poder actuar como un elemento impulsor para la construcción de redes con criterios transeuropeos, no únicamente con criterios nacionales del país de turno.
Esas redes transeuropeas con criterios transeuropeos son necesarias para la realidad del mercado interior y de la competitividad de la economía europea en su conjunto, y, por lo tanto, no puedo más que coincidir con su Señoría pero, insisto, eso no se puede hacer al hilo de la modificación de unos presupuestos, sino que hay que hacerlo de cara a la revisión de las nuevas perspectivas financieras, dada la envergadura que tiene la cuestión.
En cuanto a las redes de transportes, de cara al sector energético, he presentado ya proyectos concretos para unas redes energéticas euromediterráneas, que deben permitir, en primer lugar, racionalizar las inversiones que se hacen en una serie de países y coordinar mejor y obtener una mejor eficiencia de las inversiones, consiguiendo, no solo unos beneficios meramente nacionales a ciertas inversiones, sino dándole una perspectiva más amplia de tipo continental.
Cuando hablo de esas redes euromediterráneas de energía, estoy hablando de Europa en sentido continental, no de la Unión Europea. En esas redes están contemplados también países vecinos como Rusia, Bielorrusia o Ucrania. Es decir, todo el anillo de amigos de la estrategia marcada por el Presidente Prodi.
En segundo lugar, en el sector de los transportes estamos trabajando en ello, y espero que en los próximos tiempos podamos hacerlo realidad. Concretamente estuve en San Petesburgo hace una semana hablando precisamente de esas redes, en este caso eran incluso euroasiáticas, porque lo que tenemos que buscar son sistemas para integrar mejor, continentalmente, la Unión Europea con nuestros vecinos.
Muchas gracias, una vez más, al Parlamento por el apoyo a las propuestas que hemos presentado.
Magri (PPE-DE).
Señora Presidenta, ahora que el día se acerca a su fin, quisiera dar las gracias a los Comisarios y los diputados que han participado en el debate y reflexionar brevemente sobre lo que se ha dicho.
Esta es claramente una fase constituyente y, en la nueva Constitución, por ejemplo, el Parlamento Europeo recibirá poderes más amplios y extensos. Este es un hecho histórico celebrado e inevitable y, sin duda, hemos dado un nuevo impulso al proceso que realmente otorgará al Parlamento Europeo mayor autonomía, más influencia y una mayor representatividad en el futuro próximo.
Dicho esto, debemos centrarnos por un momento en los comentarios hechos durante el debate. Sin mencionar ninguna cuestión en concreto, quisiera destacar que el Consejo está bastante dispuesto a examinar todas las recomendaciones que se han hecho. Por otra parte, hay que decir que incluso en el informe introductorio y en las reuniones que se han celebrado hasta el momento sobre todas las cuestiones -incluida la de la disponibilidad de nuevos puestos de personal de la Comisión y otros temas como el recorte de los fondos de preadhesión, etcétera- el Consejo ha estado totalmente dispuesto a reevaluar las propuestas basándose en nuevos enfoques, nuevos datos y nuevas decisiones.
Por lo tanto, me gustaría decir algo en defensa del Consejo -que ha sido maltratado en cierto modo, por así decirlo, por algunos diputados en sus intervenciones- y explicar que, en casos como este, el Consejo tiene la labor de tratar de materializar y armonizar numerosas expectativas distintas. Dado que el presupuesto europeo es, necesariamente, el resultado del establecimiento de prioridades y el compromiso, no siempre es posible decir «sí» a todo inmediatamente. Precisamente por este motivo, quisiera pedir a los diputados que no cometan el error de tratar de criticar las intenciones de otros, ya que todos tenemos el derecho de criticar nuestras propias intenciones pero, sobre todo, tenemos el deber de mostrar plena confianza en otros. Creo que este es uno de los principios de la democracia, de nuestra cultura política, y considero que es un principio que todos compartimos Es precisamente porque compartimos modelos culturales, porque creemos en una Europa unida, por lo que nos damos cuenta de que existe una gran diferencia entre la gestión del poder y la política. La política es la gestión del poder armonizada conforme a un modelo cultural. Creo que nuestros modelos culturales compartidos nos ayudarán a conseguir un excelente resultado en la próxima lectura.
Schreyer
. (DE) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, yo también quiero ser breve. La importancia de la ampliación no ofrece lugar a dudas y también ha quedado clara la importancia de las demás prioridades del presupuesto para 2004. En mi opinión, el debate también ha dejado claro que la Comisión debe tener los recursos humanos necesarios a su disposición. Este es un aspecto en el que doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por ser tan franco.
Me complace facilitar cualquier información solicitada por los miembros de la Comisión de Presupuestos, por el Consejo o por el Parlamento, y la Dirección General de Presupuestos está también a su servicio. 
Quisiera retomar de nuevo la cuestión de la calidad del servicio público a nivel europeo. La Dirección General de Presupuestos tiene un departamento con una plantilla de setenta personas que hacen todo lo que tiene que ver con la elaboración del Presupuesto: la redacción, las audiencias, toda la información, las transferencias, los presupuestos suplementarios, todo. Cuando comparo esta cifra con los números que precisan los Estados miembros y comparo la calidad implicada, puedo decir alto y claro y de forma consciente que el servicio es de primera clase. Aquellos que tienen que ver con ello creo que me darán la razón en este tema.
Quisiera decir cuánto celebro este debate y que confío en que seremos capaces, una vez más, de elaborar un buen presupuesto europeo para 2004, que favorezca un buen trabajo en la promoción de la ampliación.

Wynn, Terence (PSE)
Señor Presidente, solo quiero dar las gracias a los diputados que han participado en este debate. Especialmente al Sr. Magri y a sus funcionarios por haber estado aquí todo el tiempo. Como he dicho al principio, aquí no suele haber Ministros. Los daneses iniciaron esta tendencia, y felicito al Sr. Magri por mantenerla. También felicito a los Comisarios que han participado en este debate. En general, ha ido bastante bien. Sin embargo, en alguna ocasión nos hemos desviado del tema. La idea de contar con la presencia de los Comisarios es hacerles preguntas directas en relación con cuestiones concretas, y no todo los diputados lo han hecho. Quizá para la próxima vez debamos mejorar nuestra forma de actuar. Con todo, aunque ha sido un largo período, ha merecido la pena.

La Presidenta.
Gracias, señor Wynn.
El debate queda cerrado.
La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la situación del grupo Alstom.
Antes de ello, concedo la palabra al Sr. Harbour para una cuestión de observancia del Reglamento.
Harbour (PPE-DE).
Señora Presidenta, ¿es cierto que habrá una oportunidad para hacer preguntas al Comisario según el procedimiento de solicitud incidental de intervención al final de su declaración? En realidad no ha dicho usted nada al respecto al principio, pero me gustaría mucho que tanto otros colegas como yo tengamos esta oportunidad.

La Presidenta.
Señor Harbour, le agradezco su pregunta. Pero la decisión ya ha sido tomada: no tendrá la posibilidad de formular preguntas al Comisario después de su declaración. Dicho esto, los oradores inscritos no dejarán de formular preguntas al Comisario en el marco de sus intervenciones.
Monti
Señora Presidenta, Señorías, agradezco al Parlamento Europeo que me haya invitado esta tarde. Siempre acepto con gusto las ocasiones que se me brindan de profundizar con el Parlamento en temas de política de competencia, a propósito de los cuales tengo el honor de comparecer periódicamente ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento.
El objeto de su invitación de esta tarde, señora Presidenta, es un expediente específico en curso de examen y sobre el cual debo mantener cierta discreción. Dentro de estos límites, estoy a su disposición para dar las explicaciones que se nos pidan. 
¿Qué ha hecho a día de hoy la Comisión Europea con respecto al asunto Alstom? Ha tomado una decisión y ha decidido no tomar otra. La decisión de abrir el procedimiento de examen se refiere a las medidas de ayuda adoptadas por el Estado francés el 2 de agosto en el marco de un acuerdo con Alstom y cierto número de bancos, notificada a la Comisión después. Dicha decisión de apertura fue adoptada por el colegio el 17 de septiembre. Es una decisión totalmente normal. 
Paso ahora a la decisión no tomada. Se refiere a un elemento específico del plan de ayuda decidido y anunciado el 2 de agosto pero aún no ejecutado: una participación del Estado en el capital de Alstom.
La Comisión no podía aceptar una participación inmediata de la República Francesa en el capital de Alstom porque este tipo de medida, a diferencia de otras aportaciones de activos líquidos, podría acarrear consecuencias irreversibles en los mercados en que opera el grupo Alstom.
El 17 de septiembre, la Comisión estimó, por tanto, que dadas las circunstancias había que pedir a las autoridades francesas que no siguieran adelante con la toma de una participación del Estado en el capital de Alstom. No obstante, la Comisión quiso dar a Francia una última oportunidad antes de proceder con este mandamiento. A tal fin, me facultó para adoptar y ejecutar, a más tardar el 22 de septiembre y de acuerdo con el Presidente Prodi, un mandamiento de suspensión de determinadas ayudas, salvo si las autoridades francesas se comprometían públicamente a abstenerse de tomar medidas que implicasen de forma automática e irreversible una participación del Estado en el capital del grupo Alstom sin la aprobación previa de la Comisión, tal como exige la reglamentación comunitaria en materia de ayudas estatales.
Gracias a los rápidos y fructíferos contactos entablados con las autoridades francesas, pude constatar ayer que estas han aceptado modificar el plan de ayuda de un modo que satisface la condición planteada por la Comisión.
El Estado francés no se convertirá, pues, en un futuro inmediato en accionista de Alstom y no adoptará medidas que puedan constituir fondos propios, es decir, medidas estructurales que la Comisión no pueda aceptar sin prejuzgar las conclusiones de la investigación en materia de competencia que va a emprender.
La participación del Estado en la ampliación de capital será sustituida por un título supeditado a una duración determinada, reembolsable en acciones. Se trata de una medida de liquidez que podrá transformarse en fondos propios exclusivamente si la Comisión decide que la participación del Estado en la ampliación de capital no plantea problemas de competencia en los mercados en cuestión.
Dado que Francia ha aceptado renunciar a entrar automáticamente en el capital de Alstom y se ha comprometido a no volver a poner a la Comisión ante hechos consumados, no procedía ya que ejerciera el poder de mandamiento de suspensión que me había confiado el colegio de Comisarios. Esta es pues la decisión que no tomó la Comisión.
La Comisión celebra la actitud constructiva de las autoridades francesas y, en particular, quisiera subrayarlo, del Sr. Francis Mer, Ministro de Economía, Hacienda e Industria. Era nuestro deber impedir que las condiciones de competencia en el mercado se modificaran de forma inmediata e irreversible en beneficio de Alstom antes incluso de que la Comisión hubiera empezado a examinar el impacto de las ayudas sobre los mercados en cuestión. Las modificaciones introducidas acarrearían probablemente un aumento del volumen global de las ayudas que serán concedidas. Esto demuestra el efecto multiplicador de una ampliación de capital y sus efectos irreversibles. En otras palabras, nunca habría sido posible restaurar el status quo. Quiero señalar que el importe de las ayudas será un elemento clave que la Comisión tomará en consideración al examinar el fondo del expediente.
Por supuesto, el hecho de que no sea necesario ejercer el mandamiento de suspensión no significa, en esta fase, que la Comisión haya aprobado las ayudas. Ahora procederá al examen del conjunto de las medidas. El examen sobre el fondo podrá emprenderse con espíritu constructivo y con toda la celeridad posible habida cuenta de la complejidad del asunto. El objetivo es permitir una reestructuración de la empresa que preserve al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior, única garantía de empleo sostenible. Durante dicho examen, la Comisión comprobará la viabilidad a largo plazo de la empresa, así como la proporcionalidad entre el importe de las ayudas concedidas y las contrapartidas que Francia está dispuesta a aceptar para preservar las condiciones de competencia en los mercados en cuestión.
Quisiera destacar, Señorías, que no se trata en absoluto de una posición de principio de la Comisión en relación con el régimen de propiedad de las empresas en los Estados miembros. Saben tan bien como yo que el Tratado prevé y, por tanto nos impone, la más estricta neutralidad en materia de propiedad pública o privada de las empresas. Por tanto, soy muy consciente de ello, no era la entrada del Estado francés como tal en el capital de Alstom lo que pretendía impedir la suspensión. Para la Comisión, se trataba de evitar que las medidas de ayuda originaran consecuencias irreversibles en los mercados sin la aprobación previa de la Comisión, es decir, violando las normas del Tratado en materia de ayudas estatales.
Que no se diga, por favor, que la Comisión está en contra de la propiedad pública de las empresas. Como siempre he destacado, no es la Comisión la que pide a tal o cual Estado miembro que abra el capital de las empresas públicas, como ha hecho el Gobierno francés, por ejemplo con Électricité de France. Son opciones que corresponden por entero al Estado miembro en cuestión. Lo que la Comisión tiene el deber de imponer, según los Tratados, es que las empresas, públicas o privadas, se atengan a las normas de la competencia.
Quisiera resaltar la calidad de la cooperación, inspirada por un espíritu constructivo y de confianza -ya lo he dicho- con el Gobierno francés y, en particular, con el Ministro Mer. Por otra parte, algunas reacciones y comentarios por parte de los medios políticos y económicos franceses escuchados en los últimos días merecen un análisis aparte. Comprendo perfectamente los sentimientos de los sindicatos. Soy muy consciente de la importancia del grupo Alstom en el tejido industrial y social europeo. En cambio, no comprendo tan bien la alusión hecha aquí y allí recientemente, en el debate francés, a que la Comisión Europea se comporta como un abogado y a su supuesta falta de conciencia política.
¿No se comprende el valor político de salvaguardar un mercado único sin distorsionar la competencia, elemento necesario, ciertamente no suficiente -pero necesario-, para una economía social de mercado? ¿No se comprende el mérito político de impedir que un Estado pueda hacer caso omiso de las normas del mercado único, que benefician en primera instancia a las propias empresas europeas y sus posibilidades de crecimiento, incluido del empleo? ¿No se comprende la necesidad política de dar confianza a toda Europa demostrando a los ciudadanos de los pequeños y los futuros Estados miembros que la Comisión, en su función de guardiana de los Tratados, no es estricta con los pequeños y débil con los grandes?
Karas (PPE-DE).
Señor Comisario, señora Presidenta, Señorías, hablando en nombre de mi Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quisiera dejar tres cosas muy claras, especialmente a aquellos que, siguiendo las declaraciones del Comisario Monti, han forzado el debate de hoy entre nosotros. Toda crítica a la Comisión está infundada y no hay motivos para cambiar la política de competencia; de hecho sucede lo contrario: tenemos una deuda de gratitud con la Comisión y, sobre todo, con el Comisario Monti, cuyas acciones en los últimos días han estado marcadas por la tranquilidad, la coherencia y la franqueza, y que ha estado dispuesto a dialogar.
El 17 de septiembre leímos en Agence Europe que el Comisario Monti había dicho que «estamos abiertos al diálogo y todavía confío en que encontremos una solución capaz de salvaguardar la integridad del Mercado Común sin distorsionar la competencia. Esta es una condición necesaria para una industria europea saludable y para el empleo duradero».
El 22 de septiembre, de nuevo en Agence Europe, el Sr. Monti tuvo que decir lo siguiente: «La Comisión nunca ha tenido prejuicios negativos contra Francia y Alstom, pero era nuestro deber comprobar que no se alteraban de forma directa e irrevocable las condiciones de competencia en el mercado». Continuó: «Me complace que se sepa que las autoridades francesas han cumplido plenamente las condiciones de la Comisión». Fin de la cita.
Este es, por supuesto, un caso sensible, pero se trata de una cuestión de ayudas estatales. Sí, por supuesto que esta empresa tiene una enorme importancia en nuestro continente. Sin embargo, la Comisión no puede aplicar la legislación de la UE en función del tamaño de una empresa y el número de personas a las que emplea. Cuando se plantean cuestiones o algo va mal, tiene que intervenir. Hoy hemos podido leer los siguientes titulares en todos los medios: «Todos los bancos acuerdan un plan de rescate.» «Salvado el gigante industrial francés Alstom.» «Caen las acciones de Alstom tras el rescate inicial.» «París insta al conglomerado industrial Alstom a que se reestructure.» «Batalla por el futuro de 110 000 empleos.» Este es un caso sensible, pero ¿realmente podemos afirmar que hubiésemos querido o esperado que la Comisión actuase de forma distinta? Puedo hablar por mi Grupo al decir que no, no lo hubiésemos querido, aunque nuestros corazones estén en lo cierto en lo que respecta a los problemas asociados y existe una adecuada conciencia de los problemas asociados a ello. 
Permítanme recordarles tres artículos de la nueva constitución. El apartado 2 del artículo 3 establecerá lo siguiente: «La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y un mercado único en el que la competencia sea libre y no esté falseada». En el apartado 2 del artículo 4 aprobamos y hacemos constar la prohibición de toda discriminación dentro del mercado interior como un mercado nacional. En el apartado 2 del artículo 5 establecemos que «los Estados miembros facilitarán a la Unión el cumplimiento de su misión y se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines enunciados en la Constitución». En Lisboa decidimos convertirnos, para 2010, en el continente más competitivo del mundo. Permítanme destacar que las ayudas estatales necesitan ser aprobadas. Cualquier aspecto que distorsione la competencia debe ser investigado por la Comisión, una vez se han cumplido las condiciones y han transcurrido los plazos. Debe prohibirse cualquier cosa que vaya en contra de la legislación de la UE. Está prohibida toda discriminación. Todo lo que debilite el mercado interior es irresponsable, ya que afecta al crecimiento y al empleo.
Mi Grupo propugna la economía social de mercado y por lo tanto la responsabilidad social. Estamos comprometidos con el mercado interior y la competencia, de los que depende la creación de nuevos empleos y el crecimiento. El Comisario Monti es su regulador independiente. Cuenta con nuestro pleno apoyo y ha hecho lo que tenía que hacer.

Wurtz (GUE/NGL).
Señora Presidenta, señor Comisario, por iniciativa nuestra, los representantes sindicales de Alstom fueron recibidos en varias ocasiones en el Parlamento Europeo. Desde 1999 venían denunciando graves faltas de gestión cometidas por la dirección del grupo. El 17 de febrero de 2000, votamos en esta Asamblea una Resolución en la que se advertía de los riesgos para el futuro de la empresa. Algunas voces se alzaron entonces para denunciar, en nombre de los sacrosantos principios del liberalismo, esta injerencia incongruente y por fuerza incompetente de la política en la economía; una experiencia sobre la que todos deberíamos meditar detenidamente.
La coordinadora de los sindicatos de Alstom Europe, la Sra. Francine Blanche, me indicaba ayer por la tarde que los trabajadores se alegraban, como es natural, por la aprobación de principio del plan de salvamento por la Comisión. Pero recuerdan que sus representantes electos hicieron numerosas advertencias que jamás se tuvieron en cuenta en ningún nivel. Hoy no están dispuestos a aceptar ser los sacrificados de este salvamento. La Sra. Blanche me ha hecho saber que, desde su nombramiento en enero de este año, el nuevo presidente del grupo, el Sr. Kron, había dedicado dos horas, en total, a la discusión con los representantes europeos de los trabajadores. Esta arrogancia no puede soportarse más. Hay una gran necesidad y una manifiesta exigencia de que los trabajadores puedan ejercer sus derechos como asalariados. 
Desde ahora, señor Comisario, la coordinadora sindical europea de Alstom solicita ser recibida, oída y escuchada por la Comisión. Entre tanto, estudiará el plan en detalle y se considera capaz de proponer medidas de ahorro que no se traduzcan en supresiones de empleos. Esto en lo inmediato.
Más allá, este enorme asunto introduce en el orden del día del debate sobre el futuro de la Unión cuestiones capitales. Mencionaré tres. 
En primer lugar, el diálogo social, o incluso los indispensables nuevos derechos de los trabajadores. Hay que revisar las Directivas tímidas y polvorientas tanto sobre la información y la consulta de los trabajadores como sobre el comité de empresa europeo. Hay que instituir auténticos derechos, hasta el de suspender un plan de reestructuración para proceder a un segundo peritaje y comparar las opciones posibles.
En segundo lugar, la política industrial europea no existe. Solo existe una caza de ayudas estatales en nombre de las normas de la competencia. Ahora bien, en este caso, contradictoriamente, si no hubiera habido ayudas estatales, la competencia económica mundial habría resultado gravemente falseada, con, por una parte, lo que habría quedado de las industrias europeas en los sectores estratégicos de la energía y el ferrocarril y, por otra, los gigantes norteamericanos, como General Electric, o japoneses, como Mitsubishi.
En tercer lugar, el funcionamiento democrático de la Unión exige revisar el poder discrecional concedido a la Comisión en materia de competencia. Es preciso que los agentes sociales, los parlamentos nacionales y por supuesto el Parlamento Europeo tengan su palabra que decir sobre los criterios que hay que cumplir, los objetivos que van a asignarse, los controles que han de ejercerse. ¿Qué legitimidad habría tenido, ante nuestros conciudadanos, la materialización de la amenaza inicial de la Comisión de rechazar el plan de salvamento de una empresa estratégica que emplea a 118 000 trabajadores? 
El caso de Alstom es, por último, un potente recordatorio de las opciones políticas esenciales a las que nos va a conducir el debate ciudadano sobre la Constitución para Europa. Por todas estas razones merecía la pena incluir este punto en nuestro orden del día.
Lipietz (Verts/ALE).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, seamos claros, el asunto Alstom en su dimensión europea es, ante todo, una cuestión de forma. La Comisión ha tenido toda la razón al sancionar al Gobierno francés por la arrogancia y el desprecio de las normas comunes que ha demostrado en este asunto. Este incidente es uno más de una larga serie. La forma en que el Gobierno del Sr. Raffarin ha pasado abiertamente por alto las disposiciones del Pacto de Estabilidad, pese a que el Presidente Chirac fue uno de sus iniciadores y defensores incondicionales, dificultará la renegociación de este pacto, que el propio Sr. Prodi califica de estúpido. Otro ejemplo, el desprecio del Gobierno del Sr. Raffarin por las Directivas Aves y Natura 2000, que se tradujo en la masacre de la marisma de Poitou. La guinda del pastel fue la declaración del Sr. Raffarin en la que habla de las exigencias legales del ejecutivo de la Unión Europea como si se tratara de cualquier oficina de un país extranjero. Por esa vergonzosa declaración, me gustaría, en nombre de los franceses que en su inmensa mayoría son conscientes de que Europa no es un país extranjero, sino nuestra casa común, presentar nuestras excusas a la Comisión.
Hoy se ha llegado a un acuerdo y me alegro. Permite salvar a Alstom de una quiebra inminente, de la cual son íntegramente responsables sus dirigentes y los de ABB, a pesar de las advertencias de los sindicalistas. Da tiempo al Gobierno francés y a la Comisión para negociar en la forma una solución definitiva. Dicho esto, quisiera, señor Comisario responsable de la competencia, decir algunas palabras en cuanto al fondo.
Como sabe, el Grupo de los Verdes ha respaldado lealmente sus esfuerzos en la defensa de los consumidores contra las prácticas abusivas de los monopolios. Mi informe sobre la competencia en 2001 lo atestigua. No obstante, yo había hecho algunas observaciones que discutimos cara a cara, no solo de comisario a diputado, sino también de economista a economista. El asunto Alstom me ofrece nuevamente la ocasión de decirle esto.
La protección del consumidor consiste en garantizarle primero la existencia de la oferta de una mercancía o un servicio, antes incluso de preocuparse de su precio, es decir, consiste en aplicar una política industrial. La desaparición de Alstom, que habría acarreado la caída de Asean Brown Boveri, habría reducido drásticamente la oferta europea de turbinas eléctricas y trenes de alta velocidad, en un momento en que la crisis climática y el acuerdo de Kioto requieren inversiones gigantescas en estos dos ámbitos.
Una vez más, lo que es cierto para las infraestructuras de red, donde la teoría económica demuestra que el monopolio y la ayuda pública son a veces preferibles a la pura competencia, es a menudo cierto ipso facto para el oligopolio encargado de construir y mantener esas redes. 
Por último, la brutalidad con que se ha puesto en su sitio al Gobierno Raffarin ha sido percibida por los trabajadores y los habitantes de las regiones afectadas como una brutalidad y una falta de humanidad contra ellos por parte de una Europa que se vive una vez más como una institución extranjera y hostil. La posición del Gobierno Raffarin equivale a privatizar los beneficios y nacionalizar las pérdidas, yo no la apruebo y usted tampoco. Tenga la habilidad de mostrar que la política europea de la competencia se propone contener los beneficios excesivos y promover la oferta de bienes públicos.
Pasqua (UEN).
Señora Presidenta, señor Comisario, los ciudadanos de Francia tienen la sensación de que, aparte del debate sobre las ayudas que el Gobierno francés puede decidir conceder o no, se planteó un problema de ego entre el Sr. Mer y usted. Y le digo de inmediato que eso nos es indiferente. No estamos aquí para apoyarle, no más que al Sr. Mer. 
La cuestión que se nos plantea es simple: ¿Tiene Europa, la Unión Europea -y más concretamente la Comisión, de la cual es usted miembro- una política industrial clara? Y ¿debemos confiar en usted ciegamente? La respuesta es no. No veo una política industrial clara. En cuanto a confiar en usted ciegamente, las decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia, que han dejado mal paradas tres decisiones que había tomado usted, muestran claramente que eso no es posible. No dudo de su buena voluntad, pero dudo de la eficacia y el acierto de las decisiones que usted toma. En todo caso, este asunto ha revelado que la Comisión Europea, cualesquiera que sean sus pretensiones y cuando se enfrenta a un problema de una gravedad excepcional que afecta a un país, no puede hacer cualquier cosa. Admito que el Gobierno francés presentó mal las cosas. Pero diré que la forma en que usted reaccionó no iba encaminada a ayudar a la empresa Alstom. Al final, parece que cada cual se ha quedado con una parte de la razón.
Añadiré para terminar que el Sr. Lipietz se equivoca de sitio. Si quiere criticar al Gobierno francés, no es aquí donde hay que hacerlo, porque esta Asamblea no tiene ninguna vocación de juzgar al Gobierno francés: vaya pues a hacerlo a otros foros, en nuestro propio país, donde la gente pueda responderle.
Abitbol (EDD).
Señora Presidenta, señor Comisario, las jornadas que acabamos de vivir con el asunto Alstom me han hecho pensar un poco en la historia del hombre al que se le preguntaba que por qué se daba martillazos en la cabeza y respondía que porque se siente tan bien cuando deja de hacerlo. Cierto, señor Monti, ha ganado usted el pulso que impuso al Gobierno francés. Incluso lo ha ridiculizado, reconozcámoslo. Ese Gobierno, que el viernes rechazaba todas las cifras, se pasó el fin de semana elaborando muchas más, con el apoyo de todos los bancos del país. 
Ha ganado usted, pues, pero ¿a qué precio? Todos los europeos saben ahora que, desde Bruselas, se pueden sacrificar 120 000 puestos de trabajo sin perder el sueño, que se pueden arruinar plazas industriales tan prestigiosas como Belfort o St-Nazaire solo para vengar -el Sr. Pasqua aludía a ello hace un momento- el orgullo herido de un Comisario europeo. Usted juega con las poblaciones, señor Monti, para satisfacer tanto dogmas sin importancia como su propia vanidad. No es usted un abogado, señor Monti. Llamarle abogado sería un cumplido, pues hay muchos abogados que trabajan en interés de las familias y de su patrimonio. Usted no es más que un alguacil, el que viene a ejecutar el embargo de esta economía social de mercado que puede resumirse, de hecho, de la forma siguiente: el mercado economiza a costa de lo social. 
Señor Monti, los franceses le debemos ya el abandono de Péchinet. Usted no nos autorizó a rescatar Alcan, cuando podría haberlo hecho. Habríamos podido tener que agradecerle la ruina de Schneider y Legrand. ¿No piensa a veces que usted es para la industria europea un poco lo que fue Torquemada para la religión católica. En otras palabras, usted persigue como un gran inquisidor las ayudas estatales como el bueno de Torquemada, si puedo decirlo así, perseguía las herejías, las sodomías, y hasta cierto punto, admitámoslo, a los judíos.
Lang (NI).
Señora Presidenta, tras el debate en Francia sobre el pacto de austeridad presupuestaria, la gestión arrogante y dogmática del asunto Alstom por parte de la Comisión Europea es emblemática y está llena de enseñanzas para el futuro. Es un anticipo bien amargo de la futura Europa de los Estados afiliados. Los franceses, sorprendidos y afectados, descubren de golpe la realidad europea: un pulpo tecnócrata e imperialista que coloca los balances por delante de las personas y el legalismo comunitario por delante de las empresas. No es una Europa de la industria, del crecimiento y del empleo la que prepara la Comisión, sino un vasto erial industrial, una Europa de las deslocalizaciones, del desempleo, de la regresión económica y de la precariedad social. Francia, que ha pasado de la independencia a la dependencia, de la libertad a la sumisión, ahora se ve abocada a enviar a su Gobierno a mendigar ante los amos y señores de Bruselas nuevas condiciones y nuevos plazos: ¡qué espectáculo lamentable y humillante! Por último, el acuerdo arrancado no ocultará por mucho tiempo la necesidad vital del pueblo francés de recuperar sus libertades, su independencia económica y social, su soberanía política y, sencillamente, su dignidad.
Konrad (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario Monti, Señorías, la amenaza de la inminente quiebra del grupo Alstom se ha evitado mediante una solución de compromiso entre más de treinta bancos, el Gobierno francés y la Comisión. El paquete de apoyo asciende a 2,8 millardos de euros. 2,8 millardos de euros es un paquete generoso y también podría decirse que, en su mayor parte, es un generoso obsequio del Estado cuyo beneficio es dudoso.
Desde mi punto de vista, es imposible erradicar de Europa la creencia equivocada de que el dinero puede utilizarse para sostener estructuras poco competitivas. Podría argumentar en favor del apoyo temporal para impedir que rompa una estructura y permitirle cambiar, pero me preocupa que incluso de este modo pueda seguirse apoyando estructuras poco competitivas. El préstamo convertible, que está sobre la mesa como un compromiso, no es más que una invitación del Estado francés a intercambiar esto por acciones tras esta investigación, que comportaría la renacionalización de Alstom.
Es precisamente esta mentalidad de Europa de no querer permitir el cambio estructural, la creencia de que el dinero del Estado debería utilizarse, por principio, para evitar el cambio estructural, la que está dañando a Europa como ubicación empresarial. El Fondo Monetario Internacional ha señalado una vez más que son los Estados de mayor tamaño, Alemania, Francia e Italia, los que hacen de cuello de botella en el continente y por lo tanto son responsables del hecho de que el próximo auge económico probablemente pase de largo de Europa.
La eliminación de empresas que no soportan la competencia forma parte de la economía de mercado y, permítanme añadir, también forma parte de la economía social de mercado.
Otra cosa que considero importante es que hoy, Sr. Monti, podemos leer los titulares de afirman que se ha superado la prueba de fuerza. Creo que eso es positivo y me gustaría felicitarle por ello en esta Asamblea. Era importante que el Estado francés no pusiese a la Comisión ante un hecho consumado sin consultarle. No, esta Unión Europea es una Comunidad basada en el Estado de derecho y esto incluye la ley de la competencia. Solamente puedo invitar a todos los Estados nacionales a que presten atención a esta ley. Desde 2001 hasta la fecha se ha producido un aumento de la ayuda estatal -88 millardos de euros hasta ahora dentro de la Unión Europea-, un dato revelador y que infunde temor. Creo que los Estados nacionales harían bien en adherirse a la ley de la competencia, especialmente en víspera de la ampliación de la Unión Europea.

Cashman (PSE).
Señora Presidenta, ante todo quisiera decir al Sr. Monti que no voy a entrar en ataques personales contra él: su tarea es extremadamente difícil. 
Sin embargo, permítame solo decir, en respuesta al orador anterior, que las empresas simplemente se paran: dejan el negocio. Esta es la realidad. Hay que recordar lo que estamos intentando abordar esta noche, o sea la realidad de 110 000 puestos de trabajo. La realidad es que si uno no tiene un empleo, no puede pagar sus facturas o ganarse la vida. Es necesario que esta Asamblea reconozca que hemos de llegar a un consenso para mejorar el diálogo social y la conciencia y responsabilidad social de aquellas personas que tienen empleo.
Solo en el Reino Unido, 10 000 empleos dependen de Alstom. Es necesario que ayudemos a Alstom. La incertidumbre en torno a la ayuda no ayuda. Ya existe preocupación acerca de que las plantas de Washwood Heath (Birmingham), Rugby y Stafford se enfrentan a un futuro innecesario e incierto. Es urgente que les demos seguridad y estimulemos el desarrollo y la inversión. No es lo que estamos haciendo.
Es necesario que exista flexibilidad en la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales. Cuando nos ocupamos de una gran agitación social también hemos de mirar los costes.
Apoyo este paquete de refinanciación, pero esto no ha de ir a expensas de los trabajadores ni de los puestos de trabajo británicos. Existe una verdadera preocupación por las personas que trabajan en las empresas de transmisión y distribución cuyos centros van a ser trasladados, con toda probabilidad, a Arriva. Hay una gran preocupación por los planes de pensiones salariales finales de estos trabajadores. Hemos de darles algún tipo de seguridad. Lo que más temo es que esta noche lleguemos a la conclusión de que Alstom puede sobrevivir y obtener la ayuda de la Unión Europea. Lo que conviene decir es que Alstom sobrevivirá, y que hay que hacer cuanto esté en nuestras manos para asegurar este supervivencia y proteger estos 110 000 puestos de trabajo. Nos lo debemos a nosotros mismos y a las personas que ocupan estos puestos de trabajo.

Berthu (NI).
Señora Presidenta, Alstom, esa gran y excelente empresa, ha estado a punto de recibir el golpe de gracia por dos veces: la primera, por los errores de gestión de su anterior presidente, y la segunda, por la intransigencia de la Comisión.
Sin duda, hace un momento la Comisión ha reiterado que no hace otra cosa que aplicar el Tratado y, doy fe al Sr. Monti, es verdad. El propio Tratado plantea un problema, porque la redacción de la parte dedicada a la «competencia» se remonta al Tratado de Roma. Testimonia una visión ahora demasiado estrecha de la competencia, demasiado centrada en el mercado interior, cuando habría que tener una visión más global de los intereses estratégicos, nacionales y europeos, en una competencia que hoy es mundial.
Por ello, en el asunto Alstom, el Gobierno francés defendía finalmente una posición más equilibrada, más global, que la de la Comisión. Ha demostrado así que un Estado nacional, democráticamente responsable, es perfectamente capaz de valorar si se deben conceder ayudas públicas para preservar, en casos excepcionales, industrias estratégicamente importantes para la independencia económica o la identidad cultural del país. Habríamos preferido que la Comisión ayudara y colaborara más en la consecución de este objetivo. En una próxima reforma del Tratado habría que tenerlo en cuenta. Por ahora, lamentamos la espada de Damocles que, en sus declaraciones de hace un momento, el Comisario Monti sigue haciendo pender sobre el plan de salvamento de Alstom y lamentamos el poder absoluto de la Comisión en este campo. También aquí, será necesaria próximamente una reforma del Tratado.
Harbour (PPE-DE).
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a mi colega, el Sr. Konrad, por tener la bondad de cederme un minuto para hablar en nombre de los electores que tanto el Sr. Cashman como yo compartimos en el Reino Unido, y a quienes les afecta la inseguridad que planea sobre Alstom.
Voy a ir directamente al grano; puede que sea un reflejo de nuestros diferentes puntos de vista que yo pida algunas respuestas de la Comisión sobre el camino a seguir. Está claro que hay que reestructurar esta empresa y que es preciso cambiar su forma actual dada la escasez de demanda de sus productos.
Sin embargo, quisiera preguntar a la Comisión, en primer lugar, por su opinión sobre la venta de la división de transmisión y distribución a Arriva. ¿Podría el Comisario confirmar que esto no estará sujeto a ningún otro retraso por motivos de competencia o, si se le ha de consultar esta enajenación o venta, que acelere el procedimiento en la medida de lo posible, para que los empleados y esta división tan importante con un futuro a largo plazo no se vean afectados ya más por la incertidumbre?
En cuanto a las otras partes del compromiso, ¿confirmará que la dirección de Alstom podrá considerar libremente ofertas y vender otras partes del negocio a quienquiera que decida y de dondequiera que provengan? Sabemos que existen empresas en Alemania y potencialmente en Japón y los Estados Unidos que estarían interesadas en dar un futuro a los empleados mediante la reconsolidación del sector.
Por último, ¿considerará las implicaciones para la competencia en el negocio del transporte y el hecho de que en el Reino Unido la mayoría del material rodante ferroviario se fabrica fuera del país, mientras que otros países parecen estar capacitados para introducir en sus contratos estipulaciones que aseguren que el material rodante se fabrica en su propio país? Se trata de una cuestión de la máxima importancia que afectará al futuro de una excelente planta de montaje de material ferroviario en Birmingham en la que no hay trabajo futuro. En todo caso, en el marco de un proceso de reestructuración, quisiéramos ver a estas personas empleadas en la fabricación de trenes para el mercado del Reino Unido.

Savary (PSE).
Señora Presidenta, señor Comisario, hemos acogido con alivio, aunque solo suponga un aplazamiento, la decisión de la Comisión de Bruselas de dar una oportunidad al plan de salvamento de Alstom.
No nos engañemos: detrás de las buenas razones de unos y otros, este expediente constituye un examen político de primer orden para la Unión Europea ante la opinión pública. Este expediente, que se refiere a una de las joyas industriales y tecnológicas de Europa, de la cual depende el futuro de 118 000 trabajadores en el mundo, constituye una prueba concreta del proyecto europeo y de la Comisión.
No subestimamos, señor Comisario, el hecho de que el Gobierno francés, acorralado, cometiendo torpezas y tratando incluso de pasar por encima de la ley, nos puso ante un hecho consumado al hacer público un plan de salvamento antes de negociarlo, tal como le obligan los Tratados, con la Comisión. Sin embargo, el Sr. Mer debía saber que, en otros tiempos, sobre la base de los mismos Tratados, otro Gobierno francés, el del Sr. Fabius, consiguió sin tropiezos ni vanas polémicas con Bruselas salvar la siderurgia francesa en unas circunstancias que eran difíciles en otro sentido. Nosotros somos, créame, los primeros afligidos, nosotros, los representantes electos de Francia, al ver al Primer Ministro de nuestro países prosternarse aquí para implorarle que acepte estos déficit record y, al mismo tiempo, aceptar bajar el IVA para sus votantes en el sector de la restauración. Es cierto, hay en este comportamiento de un país como Francia hacia la Unión Europea algo semejante, tan unilateral y arrogante, al del Sr. Bush hacia las Naciones Unidas. Pero necesita, por desgracia, una algo que desvíe la atención y una cabezas de turco. Necesita ese viejo artificio que consiste en cobrarse falsas victorias frente a la burocracia de Bruselas. 
Sin embargo, señor Comisario, este episodio, que anuncia otros ante los preocupantes movimientos de desindustrialización y deslocalización que afectan a nuestras más bellas joyas industriales, debe hacernos reflexionar, a nosotros, los europeos, sobre el lugar y el estatuto de la política de competencia en la Unión. resulta cada vez más chocante e insostenible que la política de competencia siga siendo, en un contexto muy diferente de los Tratados constitutivos de 1986 y 1992, presa del horizonte infranqueable de ser simplemente una política de la Unión Europea. Son muchas, demasiado numerosas y cada vez más creíbles las voces que se alzan para constatar que Europa se preocupa más por la ley despiadada del mercado que los Estados más liberales del mundo, empezando por los Estados Unidos de América.
Hoy, frente a la inexorable afirmación de las nuevas grandes potencias de mañana, Europa necesita contemplar y juzgar las cosas desde un punto de vista diferente del de la competencia sin freno. Necesita una política industrial capaz de proteger a sus paladines nacionales, de salvaguardar su inestimable patrimonio técnico y su precioso saber hacer. Es necesaria una política social preocupada por mantener el nivel de vida y el empleo del mayor número de europeos. Lo que está en juego es, ante todo, una cuestión social de suma importancia, pero también la competitividad de Europa en todo el mundo.
Por último, ¿cómo podemos hacer comprender a nuestros pueblos que una administración sobre la cual no se ejerce ningún control parlamentario ha de tomar por sí sola una decisión de ese calibre que ahora esperan, con el aliento entrecortado y la angustia en el corazón, miles de familias de trabajadores?
Más allá de la decisión que usted tome, y no imaginemos una segunda negativa, es el sentido del proyecto europeo y la arquitectura de los Tratados actuales los que están en entredicho. A este respecto, solo se puede desear, si es posible, que la próxima Conferencia Intergubernamental se haga cargo de esta necesidad de impulsar, junto con la política de competencia y en pie de igualdad con ella, una política social de empleo y una política industrial que permita a la Unión defender sus intereses económicos y sociales en el mundo global en que tendremos que vivir a partir de ahora.
Monti
. (IT) Señora Presidenta, quiero dar las gracias a todos los diputados que han intervenido sobre un tema de gran importancia económica, social, institucional y política.
Quisiera empezar agradeciendo al Sr. Karas que haya expresado su pleno apoyo a la labor de la Comisión, haciendo mención del nuevo proyecto de Constitución y de la Estrategia de Lisboa. Creo que también debemos tener en cuenta que, cada vez que los Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en el Consejo Europeo, hacen llamamientos claros para que se reduzcan las ayudas estatales y para que éstas se dirijan a objetivos horizontales, en lugar de ayudar a determinados sectores o empresas. Por ello, no son solo las fantasías de los Comisarios europeos las que han tomado este rumbo. Asimismo, el Sr. Karas ha señalado -y estoy plenamente de acuerdo con él- que la competencia es un elemento esencial, aunque no el único, por supuesto, de la economía social de mercado.
Señor Wurtz, gracias por mencionar las distintas ocasiones -1999, febrero de 2000- en las que los sindicatos pusieron en conocimiento del Parlamento Europeo, entre otras cosas, el deterioro de la situación financiera de Alstom y de su posición dentro del sector. Esto nos permite situar este problema en su contexto histórico y cronológico y eliminar la opinión excesivamente simplificada -manifestada por algunos maliciosos sembradores de rumores en los últimos días- en el sentido de que la Comisión Europea será responsable de los posibles problemas de desempleo.
Yo también, señor Wurtz, soy totalmente consciente de que los sindicatos deben estar plenamente informados de estos problemas, al igual que las autoridades públicas deben conocer la forma en que los sindicatos intentan resolverlos. Por ello no tengo ninguna duda al aceptar su petición de que se celebre una reunión con la Coordination syndicale Alstom y puedo decirle que, en todo caso, ya he aceptado una solicitud para celebrar una reunión, que tendrá lugar en los próximos días, con la Confederación Europea de Sindicatos, a la que pertenece dicha asociación.
El Sr. Wurtz, al igual que casi todos los demás oradores -los Sres. Lipietz, Pasqua, Savary y otros- ha hablado de la necesidad de una política industrial europea. Espero no ofender a nadie si digo que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Una política industrial europea es algo que tiene como fundamento, como componente esencial, la promoción de un mercado único en condiciones de competencia. Por favor, no incitemos a la confusión diciendo que el mercado único y la competencia van en contra de las exigencias de una política industrial. Una política industrial necesita igualmente otros elementos, pero si preguntamos a empresarios franceses, alemanes o italianos cuál es la contribución fundamental de la Unión Europea a sus actividades industriales y su expansión y actividades de exportación, etc. responderán que es el mercado único, un mercado único en el que se mantienen las condiciones de competencia.
Sin duda se requieren otras cosas y, dentro de la Comisión, siempre apoyo las iniciativas de los Comisarios Liikanen y Busquin, y de la Vicepresidenta De Palacio, que pretenden buscar formas para mejorar el desarrollo industrial de Europa, pero considero que sería un error sumamente grave pensar que podemos promocionar la política industrial royendo los fundamentos del mercado único y de la competencia.
El Sr. Wurtz ha señalado que la Comisión tiene poderes discrecionales en el ámbito de la competencia, que no están sujetos a control. El Sr. Pasqua ha ofrecido parte de la respuesta al manifestar que han existido casos en los que el control judicial, que siempre se aplica a todas las decisiones de la Comisión, incluso en el ámbito de la competencia, ha anulado algunas de las decisiones adoptadas por la Comisión Europea. La Comisión no afirma ser infalible, y yo menos. Nuestras acciones están sometidas a dos instancias de control judicial: el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia. En la gran mayoría de los casos, estos organismos judiciales fallan a favor de la decisión de la Comisión; en otros no lo hacen.
Por lo que se refiere a la legitimidad, señor Wurtz, le diré que las decisiones relativas a la política de competencia son adoptadas por cada uno de los Estados miembros a nivel nacional por organismos que carecen de la legitimidad política que el Parlamento Europeo ha concedido a escala europea a la Comisión Europea, a través de las audiencias de cada Comisario.
El Sr. Lipietz ha hecho una serie de comentarios sobre la política interior francesa, sobre los que no creo que espere que manifieste una opinión. Acojo con agrado el apoyo concedido tanto por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, como por el Sr. Lipietz a título personal, como ha manifestado en numerosas ocasiones, a la política de competencia como instrumento esencial para la protección de los consumidores. Por cierto, me gustaría decir que una de las tareas de la política de competencia consiste sin duda en garantizar un suministro seguro de productos, e incluso existe un instrumento legal concreto, llamado «excepción de empresa en crisis», que permite tomar en cuenta en las decisiones en materia de política de competencia si la posible desaparición de operadores del mercado podría poner en peligro la seguridad de abastecimiento. Así pues, no se trata de una política inflexible y de miras estrechas, como puede pensarse a primera vista.
El Sr. Pasqua -quien al parecer ha salido del hemiciclo- ha manifestado que no está dispuesto a depositar una confianza ciega en la Comisión. Si se me permite diré que, incluso si estuviera dispuesto a ello, la Comisión no desea en absoluto una confianza ciega. Es sumamente importante que la Comisión actúe en estrecha colaboración con el Parlamento y de conformidad con las directrices fundamentales del Parlamento y, en todo caso y especialmente en estas cuestiones, bajo el estricto control de la autoridad judicial con sede en Luxemburgo.
Asimismo, el Sr. Pasqua ha mencionado que Europa necesita una política industrial clara. El Presidente Prodi y la Comisión en su conjunto, todos los Comisarios están considerando los efectos de la desindustrialización de Europa, fenómeno que consideramos que no puede contrarrestarse simplemente autorizando a los Estados miembros a infringir las normas en materia de competencia o la legislación sobre ayudas públicas.
El Sr. Abitbol ha hablado del «orgueil blessé d'un commissaire européen». Francamente no creo que se trate de orgueil, ni que éste halla sufrido blessures. Entonces, hablando de la diferencia entre las profesiones de notario y huissier, no creo que dicha analogía resulte pertinente: ambas son, en todo caso, oficios, profesiones que merecen el mayor respeto, al igual que lo merece, en mi opinión, el cargo de Comisario Europeo.
El comentario del Sr. Abitbol sobre las decisiones de la Comisión que supuestamente han perjudicado el desarrollo de la industria francesa resulta interesante: interesante y curioso, ya que en mis discursos siempre menciono a Francia como ejemplo de un país cuya industria se ha beneficiado en gran medida observando las normas europeas en materia de competencia.
He aquí algunos ejemplos, señor Abitbol -y a este respecto me dirijo igualmente al Sr. Berthu-, de casos en los que empresas francesas, con la autorización de la Comisión Europea, han logrado convertirse en líderes ya sea de la industria francesa, de la industria europea o de la industria mundial. Se trata de ejemplos auténticos, y me limitaré a mencionar algunos casos ocurridos en los últimos años. Total-Fina-Elf, resultado de una fusión autorizada por la Comisión, se ha convertido en un importante líder de su sector, por no decir más, en Francia, al igual que Carrefour-Promodes. La fusión en el sector de la ingeniería nuclear entre Maton y Siemens dio lugar a Arriva, empresa que han mencionado varios diputados en esta sesión, un importante líder de la industria europea y, gracias a su entonces director ejecutivo, Francis Mère; el Grupo Usinor se fusionó, con la autorización de la Comisión, con otras empresas siderúrgicas europeas para crear Arcelor, que no es solamente líder de la industria europea, sino líder de este sector a escala mundial, el mayor grupo siderúrgico que opera actualmente en todo el mundo. Por ello considero que es posible conciliar la protección de los consumidores, que constituye la tarea primordial de la política de competencia, con la creación de grandes estructuras que puedan competir en el plano internacional. Por este motivo estoy de acuerdo a este respecto con el Sr. Berthu en que necesitamos una visión global de los mercados mundiales, si bien no, por supuesto, de aquellos mercados que aún son de ámbito nacional o local.
El Sr. Lange ha calificado la actitud de la Comisión Europea de «arrogante y dogmática»; creo que han sido estas las palabras que ha utilizado. No pretenderé estar en desacuerdo con él si esa es su opinión; creo que ya he explicado, tanto hoy como en otras ocasiones, la forma y los motivos por los que actuamos como actuamos, y que estamos convencidos de que nuestra labor no se basa tanto en el formalismo legal como en la necesidad de dotar a la economía europea de fundamentos firmes y para garantizar el cumplimiento de las normas como principio de coexistencia pacífica y democrática, si me permiten utilizar este término, a escala europea.
Como ha señalado con toda razón el Sr. Konrad, la Unión Europea es una comunidad de derecho -y no considero que este sea un término peyorativo- que se basa en el respeto de las normas en una serie de ámbitos, y puesto que la Comisión es la guardiana de los Tratados, creo que también tiene la obligación de garantizar su cumplimiento. El Sr. Konrad ha manifestado que, en última instancia, las ayudas públicas provocan la pérdida de dinero sin producir beneficios tangibles importantes.
Al mismo tiempo, el Sr. Cashman está a favor de conceder ayudas al grupo Alstom, siempre que dichas ayudas no perjudiquen a los trabajadores británicos. Esta podría ser una postura muy respetable sobre esta cuestión, desde un punto de vista concreto. Nuestra tarea consiste en intentar mantener los puestos de trabajo del personal del grupo Alstom mediante un plan de reestructuración y, al mismo tiempo, en evitar trastornos graves del comercio, en impedir que los trabajadores de las empresas competidoras pierdan sus puestos de trabajo. Esta es la labor que cumple el control de las ayudas públicas. Por supuesto, la pérdida de los actuales puestos de trabajo en un sector determinado siempre destacará más que los puestos de trabajo que logramos salvar en otros sectores europeos mediante el cumplimiento de las normas. En todo caso, puedo asegurar a sus Señorías que la conservación y expansión del empleo es algo a lo que la Comisión concede gran importancia.
El Sr. Harbour me ha formulado varias preguntas muy concretas, en particular si la Comisión tendrá que decidir, me imagino que en el contexto del control de concentraciones, si la venta de la división de transmisión y distribución de Alstom a Arriva debe llevarse a cabo rápidamente. Si hemos de ocuparnos de ello, puedo asegurarle que adoptaremos una decisión con rapidez, ya que, como sabe el Sr. Harbour, la normativa relativa al control de las concentraciones en Europa, a diferencia de la vigente en los Estados Unidos, por citar un ejemplo, establece plazos muy breves e improrrogables para tomar dichas decisiones.
Debo disculparme por no estar cualificado para hacer comentarios sobre la cuestión del establecimiento de Birmingham ni sobre los diversos grados de dependencia de los distintos Estados miembros con respecto a fabricantes extranjeros para la compra de material rodante ferroviario.
Permítame terminar, señora Presidenta, con una simple observación. Si consideramos los casos de ayudas públicas autorizados por la Comisión para los planes de reestructuración y las ocasiones en que fueron autorizados, veremos que, en muchos de esos casos, las ayudas públicas no resultaron de utilidad: dicho en otros términos, esas empresas, esos puestos de trabajo no se salvaron a pesar de las ayudas estatales. En esos casos, que son numerosos, el resultado final fue, a pesar de todo, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de plantas y, lo que es más importante, un aumento de la fiscalidad para volver a llenar las arcas públicas, aumento que afectó a los contribuyentes.
De ahí que la cuestión que nos ocupa no sea fácil de resolver. Puedo asegurarles que la Comisión seguirá haciendo todo lo posible para ejercer el debido control con la debida responsabilidad. Muchas gracias por sus meditadas contribuciones a este debate, tanto aquellas que han expresado su apoyo como las que han formulado críticas.

Cashman (PSE).
Señora Presidenta, solo quiero corregir algo que ha dicho el Comisario Monti. Está en lo cierto al decir que he hecho alusión a los 10 000 puestos de trabajo en el Reino Unido y, en particular, a los de mi circunscripción electoral: Birmingham, Rugby y Stafford. Sin embargo, el acta demostrará que he dicho que teníamos un deber -una responsabilidad- para con los 110 000 empleos. Por consiguiente, aunque admito que he mirado las consecuencias en el Reino Unido, estoy sumamente preocupado por los efectos en estos empleos en toda Europa.

La Presidenta.
Gracias, señor Cashman.
El debate queda cerrado.
Se interrumpe la sesión hasta las 21.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 20.50 horas, se reanuda a las 21.00 horas)
Ion Iliescu
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, Señorías, es un gran honor para mí estar hoy aquí. Es un privilegio dirigirme a ustedes en una sesión plenaria del Parlamento Europeo, y agradezco al Sr. Cox y a todos ustedes el haberme brindado esta oportunidad.
Les hablo hoy en un momento de gran esperanza para mi país y para su destino europeo. Hace casi un año en Bucarest, señor Presidente, habló usted ante el Parlamento rumano y compartió con mis compatriotas rumanos su visión del futuro de Europa y el destino de Rumania en Europa. Es a esta Europa de valores y principios que queremos unirnos.
Hoy me encuentro ante el Parlamento Europeo para hacerles saber que nos hemos enfrentado a innumerables desafíos. Hemos superado muchos y nuestra voluntad política es superarlos todos. Pero hoy mi principal mensaje es que Rumania es un país con el que la comunidad democrática de naciones puede contar. Rumania será un miembro coherente y fiable de la Unión Europea. La Unión Europea va a ganar algo más que un nuevo Estado miembro de la UE con más de 22 millones de habitantes; va a ganar un partidario firme de la integración europea, un eurooptimista por elección.
Conectados a Europa a través de toda nuestra historia, creemos en el sistema de valores positivos en los que actualmente se basa la construcción europea: democracia, respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, justicia y equidad social, tolerancia, solidaridad entre naciones y dentro de ellas y responsabilidad ante las generaciones futuras.
Para nosotros los rumanos, marginados por la historia durante más de medio siglo, la evolución natural dentro de la Comunidad Europea, cuyos valores han hecho las veces de guía, ha representado una aspiración que se ha hecho realidad tras la revolución de diciembre de 1989. Salir del totalitarismo -tanto fascista como comunista- no ha sido una tarea sencilla ni fácil. Hemos tenido que enfrentarnos a un doble obstáculo, el primero de los cuales era de tipo institucional: las instituciones de un Estado totalitario son incompatibles con la democracia y la economía de mercado. El segundo obstáculo lo constituía nuestro aislamiento del mundo y nuestras tendencias autárquicas. Todo ello sucedía en un contexto de retraso histórico, profundamente arraigado, del desarrollo económico y social.
Hemos tenido que crear instituciones, establecerlas y ponerlas en marcha, conferirles facultades que emanen de su legitimidad y funcionalidad. Con la ayuda de amigos y socios de Rumania -que son muchos y algunos de los cuales se encuentran hoy en este salón de sesiones- hemos elaborado y aprobado una constitución moderna y democrática, hemos formado a personas capaces de hacer frente a las nuevas demandas de una democracia activa.
Desde el punto de vista político, durante los últimos 14 años Rumania ha desarrollado su democracia operativa, que ha aprobado con éxito la prueba de la gobernanza alternativa. Entre tanto, ha surgido y se ha impuesto una sociedad civil cada vez más sólida, constituyendo a través de sus organizaciones un contrapoder necesario y útil y formando un catalizador para el debate público.
La formulación de una estrategia nacional sobre las relaciones entre la mayoría y las minorías étnicas, incluida la representación implícita de estas minorías en el Parlamento, ha tenido un gran éxito en esta transición política. El trato que reciben las minorías étnicas en Rumania es ejemplar y cumple todas las normas europeas e internacionales. Nuestro país es un reino de tolerancia, diálogo y cooperación fructífera entre los diversos grupos étnicos; este trato se ha convertido en una tradición, y se ha desarrollado una cultura de diálogo y consenso. Existe un partido importante que pertenece a la minoría húngara, al igual que existen partidos y organizaciones que representan, tanto política como culturalmente, los intereses de alemanes, romaníes, judíos, ucranianos, polacos, etc.: ciudadanos de Rumania. Actualmente nos centramos en hacer un mejor uso de los programas de integración económica y social de la minoría romaní.
Hemos logrado avances significativos en el campo de las reformas económicas, si bien la mayor parte de los retrasos en nuestro camino hacia la transición se producen en este terreno. Estos retrasos son fruto de toda una serie de factores, tanto objetivos como subjetivos, así como la consecuencia de una realidad histórica particular. Se nos ha criticado a menudo por no haber llevado a cabo una terapia de choque y por nuestro enfoque gradual de las reformas, lo que supuestamente nos ha impedido alcanzar los resultados previstos. Creemos que estas acusaciones son infundadas.
Los primeros días de 1990 fueron testigo del más asombroso impacto que sufrió la economía rumana: el abandono pleno e incondicional del sistema económico centralizado y planificado, el desmantelamiento de las instituciones y de los mecanismos que caracterizan la economía controlada por el Estado. Al mirar atrás, nos damos cuenta que esto trajo desequilibrios económicos profundamente arraigados, alentó la inflación y la desindustrialización, el desempleo y la migración de la mano de obra de la ciudad a la zonas rurales. Todas estas consecuencias fueron totalmente incoherentes con la corriente dominante de la economía mundial Por otra parte, la falta de capital nacional y el volumen extremadamente bajo de la inversión extranjera en la economía rumana hicieron que la privatización fuera un proceso todavía más difícil y largo.
Necesitamos más de una década para enderezar los equilibrios macroeconómicos e iniciar -durante los últimos tres años y medio- un crecimiento económico estable de alrededor el 5%. La reforma económica que comenzó con la ausencia de instituciones y mecanismos de mercado ha conllevado costes sociales extremadamente elevados y difíciles de asumir. De hecho, el proceso de recuperación económica todavía no ha finalizado.
La pobreza es nuestro principal problema en la esfera social. Somos conscientes de que no podemos lograr aliviar la pobreza significativamente sin llevar a cabo reformas económicas continuadas, sin acelerar la creación de nuevos puestos de trabajo más estables y mejor remunerados.
Es preciso que se den respuestas a los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta Rumania, ante todo desde dentro del país, principalmente a través de un esfuerzo concertado de todas las fuerzas políticas responsables, de modo que se puedan establecer los principios e instituciones de la gobernanza. Esto significa que hemos de combatir la corrupción y la burocracia de modo eficiente y firme, y dar al funcionario una categoría profesional que ya no se utilice más al servicio de una clientela política.
Estos esfuerzos necesitan traducirse en la modernización del estado rumano. Han de intensificar sus capacidades institucionales y administrativas y convertirlo en un socio verdadero y amable del ciudadano. Hemos realizado buenos progresos en esta dirección, pero somos conscientes de los numerosos problemas que siguen esperando respuestas adecuadas.
La lógica aplicada a la modernización del Estado y los preparativos para la adhesión a la Unión Europea también se aplica a la revisión de nuestra constitución, que se ha llevado a cabo a través de la participación activa de los representantes de todos los partidos políticos parlamentarios y a través de la consulta a la sociedad civil. La revisión se someterá próximamente a un referendo nacional.
A pesar de las penurias y deficiencias existentes en la sociedad rumana, creo firmemente que Rumania se encuentra ahora en el camino correcto, que los rumanos han comprendido que la democracia es un sistema político mejor y más eficiente que el totalitarismo, que garantiza niveles más altos de rendimiento para todos. La libertad de elección y la libertad de establecer y aplicar proyectos alternativos de tipo político, económico y social brinda mejores oportunidades al sistema democrático. Los conflictos se pueden solventar a través del diálogo, la negociación y el consenso.
La sociedad rumana ha madurado. Ha adquirido nuevos fundamentos para la cohesión nacional y la solidaridad social. Está preparada para asumir las nuevas responsabilidades que ha asumido en virtud de su nueva condición de miembro de la OTAN y futuro Estado miembro de la Unión Europea.

El Presidente.
 Gracias, señor Presidente, por sus palabras. Se ha previsto el calendario; se conoce el camino; el avance vendrá determinado, tal como ha observado usted, por la propia Rumania en sus preparativos. Nosotros, en esta Asamblea, esperamos que se cumpla la vocación europea de Rumania. Le agradecemos su presencia.

El Presidente.
 - De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0232/2003) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general para la financiación de acciones comunitarias en apoyo de la política de los consumidores en el periodo 2004-2007 (COM(2003) 44 C5-0022/2003 2003/0020(COD)).

Byrne
. (EN) Quisiera agradecer al ponente y a los ponentes alternativos los esfuerzos tan constructivos que han realizado para llegar a un compromiso entre las instituciones de modo que podamos adoptar esta propuesta en primera lectura. Como saben, una aprobación en primera lectura es muy importante para la ejecución puntual del presupuesto de 2004 para la política del consumidor.
Aprecio mucho su apoyo al principio clave de esta propuesta: que la estrategia en materia de política del consumidor fija el alcance, las orientaciones y prioridades políticas para la programación del gasto en el ámbito de la política del consumidor.
Es esencial que gastemos nuestro dinero en actuaciones destinadas a alcanzar los objetivos de esta estrategia: un alto grado común de protección de los consumidores, una mejor aplicación de las normas de protección de los consumidores y una más estrecha participación de las organizaciones de consumidores en la elaboración de todas las políticas de la UE que afectan a sus intereses.
Respecto a los países en vías de adhesión, comparto plenamente la opinión del Parlamento de que en el presupuesto para la política del consumidor hay que dar prioridad a la aplicación del acervo comunitario en estos países. La Comisión asegurará que proyectos específicos emprendidos por parte de organizaciones de consumidores con el objetivo de acelerar la aplicación efectiva del acervo comunitario en materia de protección de los consumidores en los nuevos Estados miembros puedan optar a una contribución financiera del 75%.
En cuanto a las organizaciones de consumidores europeas independientes, en su informe han hecho ustedes hincapié en la necesidad de ayudar a estas organizaciones. En este punto también estoy totalmente de acuerdo con ustedes. También comparto el punto de vista del Parlamento de que debe darse gran prioridad a la integración de los intereses de los consumidores en otras políticas de la UE en el presupuesto para la política del consumidor.
En cuanto a la solicitud de ayudas, en primer lugar, la Comisión se asegurará de que las organizaciones de consumidores estén debidamente informadas acerca de los nuevos requisitos y su aplicación estricta. Los procedimientos de aplicación de ayudas serán lo más sencillos posible, y ofreceremos a las organizaciones de consumidores seminarios para explicar cómo funcionan.
En segundo lugar, con el fin de mejorar la calidad de las solicitudes y la gestión de proyectos, ya se están llevando a cabo iniciativas para ofrecer a los profesionales de estas organizaciones formación en el desarrollo de proyectos.
En tercer lugar, a fin de ayudar a las organizaciones de consumidores a encontrar socios de proyectos, la Comisión está implementando un foro en línea para facilitar la creación de redes y contactos transfronterizos.
En respuesta a su informe, señor Whitehead, también quiero asegurar, tanto a usted como al Parlamento Europeo, que la Comisión acelerará la toma de decisiones sobre la solicitud de ayudas. También los pagos se efectuarán lo más pronto posible. Sin embargo, también he de rogarle su comprensión sobre este punto. Nos esforzaremos en lo posible por completar la toma de decisiones sobre las solicitudes de ayudas en un plazo de tres meses. Pero deben comprender que en el período posterior a la adhesión, el volumen de trabajo y las necesidades de traducción van a aumentar considerablemente. También es probable que tengamos una mayor participación de terceros países en las acciones de política de los consumidores que la que existía antes.
Nuestros esfuerzos por integrar y acelerar el proceso de solicitud de ayudas no puede hacerse a expensas de una evaluación adecuada de las propuestas, y debe cumplir plenamente las normas que rigen la gestión presupuestaria. Tomo muy en serio la buena gestión de los fondos comunitarios. El presupuesto para la política del consumidor debe ejecutarse y se ejecutará estrictamente de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento financiero. Sobre esto no es posible ninguna concesión, y confío en que compartan esta convicción.

Whitehead (PSE)
Señor Presidente, a medida que este Parlamento se amplía, Comisario, usted y yo nos distanciamos físicamente, pero nos acercamos cada vez más a causa de la ampliación, ya que la protección de los consumidores es ahora una preocupación primordial para una Comunidad que abarca a 450 millones de personas. 
Esta noche, la Asamblea tiene la oportunidad de poner en práctica un acuerdo en primera lectura, que garantizará este apoyo para las actividades de los consumidores. Nos llegó con un poco de retraso, pero hemos avanzado bastante. Quisiera agradecerle en especial, Comisario, el esfuerzo que ha hecho para llegar hasta aquí esta noche, tras la larga jornada que ha tenido, así como la labor realizada por su personal. También quisiera agradecer a los ponentes alternativos su solidaridad, que incluye su presencia aquí esta noche, a mi propia ayudante Laura Sullivan, a las ONG de consumidores y a la Presidencia del Consejo, quienes entre todos han hecho posible que esta noche podamos demostrar que el pleno apoyo del Consejo se da también en el Parlamento.
Presentamos cerca de treinta y una enmiendas de transacción en bloque, todas las cuales han implicado concesiones mutuas. Si se aprueban, se pasará al segundo bloque de enmiendas de las quince originales. De este modo quedarán unas cinco enmiendas que aconsejo a la Asamblea que rechace. Voy a hablar de estas últimas.
Estas transacciones reflejan la opinión compartida de que es necesario ampliar la escala y el límite de apoyo proporcional para las actividades de los consumidores. Nos hallamos a las puertas de la ampliación y de todas las diversas necesidades que van a surgir a raíz de ello. Hemos tenido que encontrar formas legalmente correctas para ampliar estas disposiciones hasta 2007, en colaboración con nuestros amigos y colegas de la Comisión de Control Presupuestario.
También reconocemos que los pequeños solicitantes -aunque igualmente dignos de tener en cuenta- se han visto perjudicados en el pasado debido al carácter críptico y prolongado del proceso de evaluación. También se aplica lo contrario. Es necesario que estemos seguros de las normas, cualificaciones y financiación de todos los solicitantes, por oscuras que sean. Actualmente se están desvelando acontecimientos ante otras comisiones que sugieren que esta cautela es imperativa.
La Comisión nos ha dicho que acepta de buen grado la solicitud de proporcionar una evaluación de las solicitudes en un plazo de tres meses. Cuando esto no sea posible, se nos explicará el porqué. Me alegra que el Comisario haya destacado que dirigirá sus mejores esfuerzos y los de su equipo a una pronta consideración de todas estas solicitudes lo más eficazmente posible y que se impartirán seminarios y otras instrucciones, en particular para aquellas personas que hagan su solicitud por primera vez y, a veces, de un país que sea un nuevo Estado miembro. 
No es normal que tengamos que deliberar sobre las necesidades apremiantes de la ampliación en un momento en que, técnicamente, no podemos considerar el presupuesto que sabemos ha de ser utilizado para este propósito después de 2004. Se trata de una primera lectura que puede dar pie a un acuerdo inmediato entre las tres instituciones si todos aceptamos que no se ha presionado a ninguna de las tres más allá de sus límites.
El Comisario sabe que ha habido cierta exasperación en torno a la creación de algunas comisiones y las deliberaciones que se han mantenido sobre la protección de los consumidores, no solo en esta institución, sino también en otras partes. Hemos de aceptar las limitaciones de lo que podemos hacer al decir quién puede cumplir y dónde y hacer el qué respecto al asesoramiento de los consumidores.
Mis colegas han decidido muy sabiamente en este sentido que no iban a aprobar algunas de las enmiendas que se han presentado ante la Comisión, aunque apoyamos y, de hecho, a veces aplaudimos los principios que las han inspirado.
He de decir a mi buen amigo, colega y tocayo, el Sr. Bushill-Matthews, que su enmienda 11 va demasiado lejos. La apoyé en comisión porque creía que era necesario dejar claro este punto: hay exasperación allí donde a veces -y creo que la Comisión lo admite- no se han examinado solicitudes no en un plazo de tres o cuatro meses, tal como la Comisión hubiera preferido, sino en un plazo de cinco meses y más. El peor infractor no es la DG SANCO. De hecho, algunos de los ejemplos que ha citado el Sr. Bushill-Matthews son de otras direcciones generales. Sin embargo, el problema sigue ahí, es necesario que mejoremos este aspecto y es preciso que demostremos una mayor receptividad por parte de la Comisión.
Espero que el Sr. Bushill-Matthews nos dirá esta noche con su habitual sutileza que entiende la posición en la que nos encontramos.
Para terminar, se trata de una propuesta modesta. El Comisario comprenderá que no lo entiendo en un sentido satírico. No estamos devorando a nuestros hijos; los estamos alimentando con esta propuesta. Espero que sea bien acogida por toda la Asamblea.

Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señor Presidente, me siento muy contenta al ver cómo la Unión Europea y la Comisión, y todos nosotros juntos, apoyamos a las asociaciones de consumidores. Es, diríamos, la otra parte del tríptico que conforma la democracia.
Pero, además, quisiera destacar aquí algunos aspectos que me parecen muy positivos. En este espíritu incentivador, me parece enormemente importante la creación de redes y que no sean solamente asociaciones de consumidores europeas ya consolidadas. El riesgo que se corre con este tipo de ayudas es que se cree un grupo de asociaciones de trato preferente que, al final, crean un cuerpo autónomo, sin relación con las bases.
En ese sentido, hemos introducido alguna enmienda hablando de las asociaciones regionales y de las nacionales, porque es importantísimo que, sobre todo en la gestión y el desarrollo del programa, la Comisión vele por que las pequeñas asociaciones puedan surgir y emerger, vinculadas evidentemente a la trama y a la red. Teniendo, además, el reto de nuevas democracias en los países del Este, es fundamental incentivar la creación de pequeñas asociaciones en todos los extremos de la Unión.
Quiero hacer un canto a favor del esfuerzo de las pequeñas asociaciones situadas en zonas alejadas de los centros de decisión como Bruselas. Muchas veces, es un auténtico heroísmo crear una asociación en esas zonas, donde la gente se encuentra sola e incomprendida y donde con frecuencia tiene que meter el dedo en la llaga o denunciar aspectos relativos al vecindario inmediato ante las autoridades locales, teniendo en cuenta la escasa inspección que pueda hacer la administración.
Por eso, alabo esta iniciativa y pido que, a la hora de repartir las ayudas, se tenga en cuenta que no solo hay que incentivar a las asociaciones que están naciendo y fortalecer a las pequeñas, a través de su vinculación a las más consolidadas, sino que también hay que procurar que las más consolidadas cumplan sus deberes y contacten con todos los extremos de la Unión.
Thors (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, como buen escandinavo no suelo utilizar un lenguaje florido, pero agradezco al Sr. Whitehead y a los funcionarios de la Comisión los intensos trabajos que han realizado para que podamos hacer rápidamente realidad esta propuesta. Todos hemos trabajado teniendo en cuenta la gran importancia que reviste el refuerzo de las organizaciones de consumidores y los objetivos de la política de protección de los consumidores. Por ello quiero dar las gracias a Phillip.
Los oradores anteriores ya han mencionado cuál es la situación en los países candidatos. El desarrollo del ámbito de la protección de los consumidores está dirigido a la nueva Europa. Creo que en este ámbito, al igual que en muchos otros, tenemos que luchar contra un legado del pasado. Considero que unas organizaciones de consumidores fuertes resultan sumamente importantes para que los ciudadanos puedan participar y para darles la oportunidad de ejercer su influencia. Por estos motivos es importante aprobar esta Decisión, de forma que los países candidatos puedan integrarse en la red que precisamos.
En las enmiendas del Parlamento señalamos la importancia de una auténtica integración de la cuestiones relacionadas con los consumidores en otros ámbitos. Esta ha sido una cuestión que me preocupa especialmente. En nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo sabemos lo intensa que es la labor de los grupos de presión en otros ámbitos. Debemos ofrecer a los consumidores la posibilidad de estudiar, informarse y compartir las mejores prácticas. Las siguientes cuestiones deben ser las relacionadas con las conversaciones a través de la telefonía móvil, la fijación de precios o la forma en que se lleva a cabo la facturación en los distintos países. Por ello creo que es importante que destaquemos esta cuestión.
Los oradores precedentes, en particular el ponente y la Comisión, han hablado de los procedimientos administrativos. La labor que hemos realizado juntos -y quiero hacer hincapié en la palabra «juntos»- puede resultar verdaderamente pionera si establece procedimientos expeditivos y respuestas rápidas para una situación en la que los solicitantes se ven obligados constantemente a comunicarse cuando no hay necesidad de hacerlo. Espero que el resultado de nuestra labor sirva de ejemplo de mejores procedimientos.
En la comisión parlamentaria propusimos la supresión del comité contemplado en el artículo 15. Sabíamos que el Consejo probablemente no aceptaría esta propuesta. No obstante, espero que el Comisario, la Comisión y todos nosotros estemos de acuerdo en llevar a cabo un seguimiento de los costes ocasionados por este comité. ¿Resulta rentable? En una UE ampliada puede ser sumamente difícil tener comités amplios de este tipo que decidan sobre recursos más bien reducidos. Espero que la Comisión estudie de verdad lo que cuesta realmente el comité mencionado en el artículo 15.

Rod (Verts/ALE).
Señor Presidente, estamos globalmente satisfechos con el informe del Sr. Whitehead y con el hecho de que el Consejo haya aceptado en general nuestras enmiendas. La aclaración de las modalidades de financiación de las organizaciones de protección de los consumidores era indispensable. La definición de estos organismos ha de ser estricta. El informe va en este sentido, al mismo tiempo que garantiza la participación de un panel de organizaciones.
Por supuesto, hay que elegir las organizaciones que presenten las competencias técnicas necesarias, pero también hay que asegurarse de la independencia de los organismos representativos. Por consiguiente, hay que evitar imperativamente que los grupos de presión -industriales, comerciales, profesionales o de otro tipo- vean en estos organismos un medio de influir indirectamente en la política de la Unión. En contrapartida, debemos mantener nuestras relaciones con las cooperativas, que en su carta tienen en cuenta los intereses del consumidor. 
Las relaciones con las organizaciones de protección de los consumidores deben desarrollarse lo más cerca posible de los ciudadanos. No podemos contentarnos con privilegiar las relaciones con las organizaciones comunitarias o nacionales y ofrecer un mero apoyo a los organismos de dimensión regional: estos últimos deben disfrutar de una representación real en el comité de los consumidores y de la ayuda financiera correspondiente. Dicho comité permitirá también una representación aún más amplia de la sociedad civil. 
La ampliación del ámbito de competencia es importante. A los organismos del sector alimentario se añaden ahora las organizaciones de protección en el sector de los servicios y, más en general, en los sectores no alimentarios.
El acceso a la información es una garantía esencial de la protección de los consumidores. Por ello, hemos exigido y hemos conseguido bancos de datos públicos fácilmente accesibles. Los ciudadanos deben estar en condiciones de conocer la historia exacta de los productos, su origen, su modo de producción, etc. Esto pasa entre otras cosas por la mejora del etiquetado, que es un medio eficaz de garantizar la información de los consumidores. 
Pero hay que ir más lejos. Si queremos tener la garantía de que se comercializan productos seguros, no hay que limitarse a informar de los riesgos, sino organizar la reducción de los riesgos. Esto solo puede hacerse desarrollando evaluaciones comparativas centradas en la producción y el consumo sostenibles y responsables. Esta es la verdadera política de defensa de los consumidores.
Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señor Presidente, agradezco al ponente que haya tenido la amabilidad de citar mi enmienda 11, que alude al apartado 5 bis (nuevo) del artículo 6. Esta exige que se cite en el registro parlamentario a los funcionarios de la Comisión responsables de la falta de pago tras un plazo de tres semanas. El objetivo de todo esto se deriva de una experiencia de uno de mis electores de la región de West Midlands que tuvo que esperar más de un año para que le pagaran lo que le debía -he de decirlo- la Dirección General de Agricultura, y no la suya, señor Comisario, pero quien así y todo se topó con dos personas que no solo eran incompetentes, sino también nada serviciales. Saben quiénes son. Creo conveniente que otras personas sepan quiénes son. Así pues, esta enmienda no se presentó por malicia, sino por experiencia y con el deseo de ser de utilidad, según es mi estilo habitual.
Me complace que en sus comentarios iniciales haya dicho que, quizás a resultas de esta enmienda, tiene la intención de acelerar la toma de decisiones. Pero me han preocupado sus comentarios subsiguientes, cuando ha dicho que debemos tomar nota de la posibilidad de que la ampliación frene las cosas, que todavía tenemos que ocuparnos de la evaluación, etc. A mi juicio hay demasiados «peros». He de decir amablemente, pero con firmeza, señor Comisario, que se trata de buenas palabras, pero que vamos a observarle.
Es importante decir que se aprobará en primera lectura, a pesar de lo que acabo de decir. Estoy de acuerdo con el ponente en que se trata de una cuestión importante. Para ayudarle en su camino, el Grupo del PPE-DE solicita una votación nominal sobre esta enmienda concreta, pero se va a abstener para que no prospere. Esperemos que de este modo se apruebe el informe, pero habremos introducido un marcador.
Como diputados al Parlamento Europeo, cada uno de nosotros somos responsables de aquello que decimos, de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Así es como debe ser. Pero he de decir al Comisario que este tipo de política no ha de aplicarse únicamente a nosotros; debe aplicarse a todos los que detentan autoridad y, especialmente, a los funcionarios públicos. Algunos funcionarios de la Comisión creen firmemente que esto no les atañe. Se equivocan totalmente.
Si no aprenden, confío en que el Parlamento presentará otra enmienda útil, en su momento, que no será rechazada. Hoy y mañana habremos hecho un disparo de advertencia. Si no da resultado, tiraremos a dar.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, también yo quisiera comenzar dando las gracias a la Comisión y al Sr. Whitehead por la labor que han realizado. Contar con una política de protección de los consumidores adecuada en la UE es de vital importancia. La política de protección de los consumidores persigue, desde luego, finalidades de gran importancia. Debe contribuir al desarrollo, producción y consumo sostenibles.
También es necesario cambiar la conducta de los consumidores y, en este contexto, las pequeñas organizaciones de consumidores revisten una gran relevancia. En particular deseo hablar de las ayudas concedidas a las pequeñas organizaciones de consumidores y, en especial, a los nuevos Estados miembros. No deben sentirse desanimados por el hecho de que se tarde un poco en informarles sobre los proyectos de cofinanciación. En cambio, el procedimiento debe modificarse de tal modo que sean informados con rapidez y puedan continuar con su buena labor.

Byrne
. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados implicados por haber participado en este debate interesante y práctico y por la posición constructiva que han tomado.
Personalmente creo que el proceso de codecisión ha derivado en mejoras notables para esta decisión. Las enmiendas de transacción que se han propuesto se han beneficiado de la pericia conjunta de las tres instituciones. La Comisión puede aceptar este paquete transaccional, que consiste en las enmiendas 1, 2, 12, 14, 15, 22, 23 y 29 hasta la 59 inclusive.
Respecto a la enmienda 52, la Comisión toma nota del deseo del Parlamento y del acuerdo por unanimidad del Consejo de que debe existir un plazo de tres meses para la toma de decisiones sobre las solicitudes de ayudas. Nos hemos comprometido a reducir el tiempo que se toma para ese tipo de decisiones al mínimo posible y vamos a trabajar con la vista puesta en ese plazo. Sin embargo, la Comisión quiere recordar al Parlamento que es importante no desviarse de los imperativos de una evaluación adecuada y el pleno respecto de las normas de gestión financiera y presupuestaria.
En respuesta a los comentarios de la Sra. Gutiérrez-Cortines y del Sr. Rod sobre las organizaciones regionales, he de decir que soy plenamente consciente del importante papel desempeñado por las organizaciones de consumidores en determinados países de la UE. Su cercanía a las preocupaciones de los consumidores hace que sea un socio interesante para la aplicación de los objetivos políticos de la política del consumidor en la UE. Las organizaciones de consumidores regionales pueden optar a las ayudas destinadas a proyectos específicos y también pueden beneficiarse de las acciones de capacitación que ofrecemos a las organizaciones de consumidores. Por ejemplo, los cursos de formación que ofrecemos a las organizaciones de consumidores para ayudar a mejorar su capacidad de gestión y la aportación de los representantes de consumidores al desarrollo de la política de la UE están abiertos al personal de las organizaciones de consumidores regionales. Se puede optar a proyectos específicos que promueven los objetivos de la política de la UE a nivel regional para la cofinanciación con cargo al presupuesto de la UE. Espero fervientemente que las organizaciones de consumidores regionales harán un buen uso de estas oportunidades.
En respuesta a la pregunta de la Sra. Thors relacionada con la integración de las cuestiones de los consumidores en otras políticas, quiero destacar que el artículo 153 del Tratado consagra la integración de los intereses de los consumidores en todas las políticas pertinentes. Todos los servicios de la Comisión y todas las instituciones de la Unión Europea deben aplicarlo. Hemos avanzado en esta cuestión. En las importantes deliberaciones sobre los servicios de interés general, que siguieron a la aprobación del Libro Verde de la Comisión, los intereses de los consumidores se encuentran entre las cuestiones esenciales que están sobre la mesa. Esperamos que los progresos realizados hasta la fecha -por ejemplo, en el transporte aéreo con la carta de los derechos de los pasajeros y el reglamento sobre la denegación del embarque- servirán de referencia para la mejora de los derechos de los pasajeros en otras modalidades de transporte.
En esta propuesta, son numerosas las acciones a favor de una decisión que contribuya a los objetivos de integración, entre las que se pueden citar: acciones para proporcionar a las organizaciones de consumidores capacitación técnica y legal para contribuir eficazmente al desarrollo político en los ámbitos políticos de la UE, aspecto importante para los consumidores, y acciones para recoger datos que proporcionen una base probatoria para la integración de los intereses de los consumidores en otras políticas de la UE.
Sobre la cuestión de la comitología que la Sra. Thors ha planteado, quisiera decir que desde 1999 el Comité consultivo de los Estados miembros ha asesorado a la Comisión, en especial en lo referente a la atribución de ayudas. La coordinación de las políticas nacionales y de la UE para ayudas destinadas a proyectos es una contribución útil. Además, este Comité será el foro fundamental para la deliberación y asesoramiento sobre la ejecución de un nuevo tipo de acciones, las financiadas conjuntamente a través del presupuesto comunitario y los Estados miembros. En particular, se utilizarán estas acciones conjuntas para las actividades futuras de la Comisión en el ámbito de la cooperación administrativa y de cara al cumplimiento, así como para consolidar las redes existentes de los Centros Europeos de Consumidores y la red extrajudicial.
El Comité, por lo tanto, ha de desempeñar un papel fundamental en la aplicación del marco propuesto. He tomado buena nota de lo que ha dicho el Sr. Bushill-Matthews sobre que me iba a observar: ésta, naturalmente, es su tarea y la del Parlamento. Somos responsables ante el Parlamento y, por supuesto, el Parlamento es responsable ante los diputados electos. He observado que el Sr. Bushill-Mattews también ha dicho que la próxima vez va a tirar a dar. Supongo que esto quiere decir que hasta este momento solo ha disparado balas de fogueo.
En resumen, mi especial agradecimiento al Sr. Whitehead, quien ha demostrado ser un maestro en la negociación de alto nivel para llegar a un compromiso con el Consejo. Tomo nota de lo que ha dicho en relación con que alimentemos a nuestros hijos en lugar de devorarlos. Naturalmente, comprenderá usted, Sr. Whitehead, que esta propuesta no es modesta: se trata de una propuesta sustancial. La referencia que ha hecho a mi compatriota y colega apunta al título «Una propuesta modesta», que, naturalmente, no viene a cuento en este caso.
Considero que este ejercicio es un ejemplo excelente de cómo el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión pueden trabajar juntos y de modo constructivo en materia de política del consumidor. Confío en que la votación confirmará las orientaciones que se han expuesto hoy.
Espero que otras cuestiones de los consumidores pendientes ante este Parlamento también podrán resolverse oportunamente con la misma habilidad y el mismo espíritu constructivo

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0259/2003) del Sr. Andersson, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Proyecto de Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones (COM(2002) 737 2003/2040(INI)).

Andersson (PSE)
Señor Presidente, abordamos ahora la Comunicación de la Comisión sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones y el análisis de si en sus primeros informes de estrategia los Estados miembros han cumplido los tres objetivos generales de la política común de pensiones. El primero de dichos objetivos es si las pensiones son suficientes y si hemos establecido las futuras pensiones en un nivel suficiente para evitar la pobreza y ofrecer un nivel de vida razonable. El segundo es si las pensiones resultan económicamente sostenibles a largo plazo, de forma que las futuras generaciones no tengan que soportar una carga innecesariamente pesada. El tercero es si las pensiones están suficientemente al día como para hacer frente a la nueva situación, que se caracteriza por empleos atípicos y la creciente presencia de mujeres en el mercado de trabajo.
Consideramos que la comunicación de la Comisión es positiva. La Comisión ha realizado un buen análisis. En el Parlamento hemos intentado distanciarnos de los debates nacionales sobre los diversos cambios que sufren en cada país los regímenes de pensiones. Hemos intentado ajustarnos a nuestra tarea a escala de la UE, es decir, a fijar los objetivos de la estrategia común que tenemos en la UE. Los Estados miembros deben ocuparse de las propuestas de carácter exclusivamente práctico para los regímenes de pensiones.
Existen varios puntos de vista. En primer lugar, debe existir un equilibrio entre las consideraciones sociales y las económicas. Para el desarrollo económico es sumamente importante que dispongamos de regímenes de pensiones sostenibles, en particular en aquellos países que participan en el euro, pero también en otros países, a fin de lograr un desarrollo económico sostenible. Sin embargo, para nosotros es por lo menos igual de importante abordar los aspectos sociales que influyen en el nivel de vida de las personas. Debemos asegurarnos de que las personas cuenten con un nivel de vida holgado en sus últimos años, que no difiera demasiado del que gozaban cuando trabajaban, y de que no terminen en la pobreza.
Los regímenes de pensiones aún reflejan una falta de igualdad. Las pensiones de las mujeres no son tan elevadas como las de los hombres. En algunos casos, esto se debe a los propios regímenes de pensiones, pero la razón primordial de ello es la posición de la mujer en el mercado laboral. Las mujeres tienen en mayor medida empleos peor pagados, trabajan a tiempo parcial y cuentan con una tasa de empleo más baja. Esto implica que el proceso de Lisboa es lo más importante en este aspecto.
Asimismo, la situación de las personas que tienen empleos atípicos no resulta satisfactoria, sobre todo por lo que se refiere a las pensiones complementarias que acuerdan los interlocutores sociales. Existen buenas razones para abordar estos problemas.
Si deseamos cumplir nuestros compromisos en el futuro, lo más importante es lograr crecimiento y pleno empleo. Por ello es sumamente importante que vinculemos estos objetivos al proceso de Lisboa y a las directrices sobre empleo y economía, y que adoptemos una visión de conjunto. Muy a menudo hablamos de la solidaridad entre nuestras generaciones aquí y ahora, y lo importante es que exista solidaridad, aquí y ahora, entre las generaciones. Sin embargo, en vista de la evolución demográfica, resulta igualmente importante que hablemos de solidaridad con las futuras generaciones, de forma que nosotros -y yo pertenezco a la generación nacida en los años cuarenta- no nos permitamos demasiado con el resultado que deben obtener las generaciones futuras de trabajadores, al imponerles costes irrazonablemente altos cuando nos jubilemos. Debemos asegurarnos de que esto no suceda con los nuevos regímenes de pensiones. Debemos dar muestras de solidaridad con las generaciones futuras.
Lo que más se debatió en la comisión parlamentaria fue la edad efectiva o legal de jubilación. No estamos interfiriendo en la edad de jubilación legal. Resulta paradójico que la parte más vieja de la población esté cada vez más sana -cosa que es positiva- y, al mismo tiempo, trabaje cada vez menos. Hoy día trabajamos menos que hace treinta años. Existen muchas razones para ello. Si algo echamos a faltar en la Comunicación de la Comisión, quizá sea un cuadro general de la forma en que puede aumentarse la edad de jubilación efectiva. Nos preocupan los incentivos económicos, pero también cuestiones como el aprendizaje permanente, la organización del trabajo y los problemas relacionados con el entorno de trabajo, para que la gente mayor pueda mantenerse en el mercado de trabajo. Debemos cambiar la vida laboral de tal forma que la gente pueda seguir trabajando y no quedar excluida del mercado de trabajo.
Para ello debemos abordar igualmente el tema de la ampliación.
Por último, quiero dar las gracias a aquellos que nos han ayudado a lograr un consenso amplio, si no completo, en la comisión parlamentaria. En dicha comisión hemos logrado un buen nivel de cooperación.

Diamantopoulou
Señor Presidente, me gustaría felicitar y dar las gracias al Sr. Andersson. El informe sobre la adecuación y sostenibilidad de las pensiones aborda uno de los problemas más candentes que tienen en sus manos todos los Gobiernos.
Las reformas llevadas a cabo a nivel nacional son, desde luego, responsabilidad de cada país, pero yo diría que cometemos un error si no consideramos la dimensión europea y la necesidad de cooperación, no tan solo porque existe una dependencia económica muy estrecha entre las economías de los Estados miembros, sino también porque nuestro análisis ha arrojado conclusiones convincentes que señalan que las causas de la crisis de los regímenes de pensiones son precisamente las mismas en todos los países. Estas causas son: la evolución demográfica, la mayor esperanza de vida, los nuevos modelos de trabajo y los nuevos modelos familiares.
El empleo del método abierto de cooperación constituyó la primera tentativa importante a escala europea para que los países cooperaran entre sí. Acordamos un triple enfoque. El primero se refería a la viabilidad económica de los regímenes de pensiones. El segundo se refería a la adecuación de las pensiones, lo que implica un nivel de vida digno para los pensionistas, cosa en la que el Sr. Andersson insiste en su informe. Y el tercero es la adaptabilidad de los regímenes de pensiones para responder a los cambios.
La referencia que figura en el informe al vínculo existente entre los regímenes de pensiones y el mercado de trabajo es importante, y ahora explicaré la forma en que la Comisión satisface las exigencias expuestas en el informe mediante una serie de iniciativas.
En primer lugar tenemos la cuestión del aumento la edad real de jubilación. Resulta evidente, por una parte, que es importante y necesario modificar el límite de edad por motivos de sostenibilidad y, por otra, que esta medida no puede adoptarse por sí sola, sin políticas de empleo concomitantes que ayuden a los trabajadores de mayor edad a mantenerse en el mercado laboral, ya que en la actualidad, debido a la cultura que existe en el mercado de trabajo, cuya realidad existe desde hace muchos años, resulta muy difícil para los trabajadores de más de 55 años encontrar trabajo. En este contexto, tanto la estrategia europea de empleo como el Fondo Social Europeo deben desempeñar un importante papel.
La segunda cuestión importante es que la Comisión sigue aplicando el método de coordinación por mandato del Consejo Europeo. En 2005 elaboraremos un nuevo informe sobre el seguimiento de los regímenes, mientras que el Comité de Protección Social examinará la contribución de los regímenes de seguridad social para alargar la vida laboral.
Por último, realizamos constantemente un seguimiento de los indicadores que adoptamos en Barcelona y hemos decidido que es necesario aumentar la edad real de jubilación en cinco años de aquí a 2010.
Volviendo a lo que el Sr. Andersson ha dicho sobre la dimensión de género. La dimensión de género reviste una gran importancia en los regímenes de pensiones, en particular en el sector privado. Me gustaría recordar a sus Señorías que en el sector privado no existe igualdad de trato para hombres y mujeres, y que a la hora de calcular las pensiones se tiene en cuenta sobre todo el criterio de género.
Otras dos cuestiones: la cuestión de la ampliación, sobre la cual mantenemos una comunicación constante con los Estados miembros a fin de poder integrar igualmente el problema de la movilidad. El informe indica claramente la forma en que podemos superar los obstáculos que existen en el mercado laboral europeo y que plantea la movilidad, cuestión para la que hemos elaborado un plan de acción de diez años.

Boogerd-Quaak (ELDR)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también deseo dar calurosamente las gracias al Sr. Andersson por su excelente cooperación, la cual se refleja, entre otras cosas, en que ha adoptado las enmiendas de las mujeres y las ha incluido en su informe.
La Comisaria ha declarado que los planes de pensiones están en crisis y yo comparto su opinión. El coste de las pensiones pondrá en entredicho el Pacto de Estabilidad y en una legislatura anterior califiqué ocasionalmente este fenómeno de «bomba bajo el euro». Muchos países están adoptando medidas por este motivo, y debido a muchas de estas medidas, las mujeres se ven más afectadas que otros grupos de la población. Debido a su menor participación en el mercado laboral, un porcentaje superior de mujeres trabajan a tiempo parcial, perciben ingresos más bajos y éstos aumentan con mayor lentitud (debido, entre otras cosas, a las bajas de maternidad), y muchas mujeres reciben una pensión media más baja que los hombres. Según el informe de la Comisión, esta diferencia oscila aproximadamente entre un 16% y un 45%, según el Estado miembro de que se trate.
Asimismo tenemos la cuestión de la igualdad de trato. En este contexto me gustaría hacer referencia a los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha dictado una sentencia en la que se establece que calcular las cotizaciones para las pensiones complementarias y los pagos de las mismas diferenciando según los factores actuariales basados en el género constituye una violación de la Ley de derechos civiles. Esperemos que esta opinión se mantenga también de forma generalizada en Europa. A ello hay que añadir el hecho de que, según una audiencia reciente, las mujeres ya no viven tanto más que los hombres.
Me gustaría asimismo destacar un hecho lamentable, a saber, que la Comisión nunca ha aplicado las propuestas del Parlamento de obligar a los Estados miembros a adoptar medidas para hacer frente al problema consistente en que una parte de los derechos de pensión acumulados durante el matrimonio corre el riesgo de perderse en aquellos períodos en que uno de los cónyuges decide cuidar del otro. Asimismo me gustaría instar a los Estados miembros a que garanticen que se siga participando en los planes acumulativos de pensión durante la baja de maternidad o el permiso para el cuidado de los hijos u otras personas a su cargo. Esto ya es así en varios países, y creo que dichos países dan un buen ejemplo a los demás Estados miembros que hasta ahora no han adoptado esta medida. Los Estados miembros deben fomentar la individualización de los derechos de pensión, sin abolir los derechos derivados del cónyuge sobreviviente y de los hijos. Como ya he dicho, se trata de un problema de orden general que, de hecho, a menudo hace que las mujeres corran un mayor riesgo de perder que las demás personas. Por ello estoy de acuerdo en que deberíamos fomentar la movilidad laboral y, en vista de ello, me gustaría...
Gracias, señor Presidente, ya veo que han terminado mis tres minutos.
Por último, espero que la Comisaria tome especialmente en consideración la posición de las mujeres.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al ponente, Sr. Andersson, por sus esfuerzos y por redactar un informe que ha merecido el apoyo casi unánime en la votación en comisión. Espero que suceda lo mismo en la votación de mañana.
También quiero rendir homenaje a la Comisaria Diamantopoulou por los esfuerzos que ha realizado hasta ahora y por seguir haciendo todo lo posible por asegurar que la reformas que están intentado llevar a cabo los 15 Estados miembros no suman en la extrema pobreza a las personas mayores, que ya son demasiado pobres y, en muchos de dichos Estados, cuya única fuente de ingresos es su pensión.
Dicho esto, me gustaría proponer un procedimiento distinto para lograr el loable deseo de ofrecer pensiones seguras en el futuro. Es absolutamente indispensable que detengamos el despilfarro que tiene lugar en los diversos regímenes de pensiones de los Estados europeos. Es absolutamente crucial que reduzcamos el coste de la mano de obra, que es tan elevado en muchos de nuestros países que dificulta que éstos compitan en el mercado mundial. En Italia, por ejemplo, el coste de la pensión para cada trabajador se eleva al 34%, mientras en Suiza con cotizaciones de tan solo un 10% se pagan pensiones tan respetables como las italianas, y en Portugal, por ejemplo, esta cifra es del 7,6%. Esto significa que debemos estudiar dónde se malgasta el dinero, dónde reside la ineficiencia y dónde se requieren cambios.
Además, me gustaría señalar que existen dos formas de pagar las deudas: hay deudores que, cuando tienen que pagar una deuda que ha vencido, no aparecen y huyen; hay otros que no hacen vacaciones en verano y sacrifican su coche para pagar sus deudas. Estos deudores son los 15 Estados miembros y los acreedores son la gente -los pensionistas y las personas mayores- que viven de sus pensiones. No debemos esconder la cabeza en la arena, sino intentar liquidar las deudas en que hemos incurrido con las personas mayores de ahora.

Cercas (PSE).
Señor Presidente, pocas cosas preocupan más a los ciudadanos europeos que la salud de sus pensiones, pocas cosas en su vida familiar y en su vida social les produce una atención tan continuada a lo largo de la vida, quizá porque las pensiones para millones y millones de europeos es el único patrimonio importante que acumulan y la única seguridad que tienen frente a los riesgos de la vida biológica o de la vida económica.
Este excelente informe del Sr. Andersson culmina una legislatura de trabajo del Parlamento Europeo en la que hemos hecho coincidir nuestra agenda con la agenda de los ciudadanos. Esta es una legislatura importante porque el Parlamento Europeo, siguiendo también excelentes comunicaciones y excelentes iniciativas de la Comisión, ha introducido, por primera vez, el tema de las pensiones en la agenda comunitaria.
Nos felicitamos enormemente de que al final de esta legislatura se haya avanzado en una filosofía que ha ampliado radicalmente la apreciación de este fenómeno. Ya no es solo una preocupación impulsada por razonamientos financieros o por el equilibrio de las finanzas públicas. Ahora tenemos una doctrina, una estrategia, que junto a esta importante cuestión, hemos enriquecido y completado con los objetivos y con las necesidades de los ciudadanos europeos.
Nos satisface por eso que este informe y que la Comunicación de la Comisión hayan analizado las estrategias de los Estados miembros, tomando en consideración la viabilidad financiera ¡cómo no! Quizá de esta manera demostramos, también, que somos políticos responsables. Básicamente hay dos categorías de políticos: hay políticos irresponsables, que solo piensan en las próximas elecciones y hay políticos responsables que son los que piensan en las próximas generaciones.
El informe Andersson piensa en las próximas generaciones, pero también piensa en la adecuación para que la seguridad social, las pensiones, cumplan los objetivos y luche contra la pobreza. Piensa también en la modernización y en las categorías de trabajadores, sobre todo las mujeres, que tantos riesgos tienen en la nueva ordenación social y del mercado de trabajo.
¿Qué nos dice la Comisión sobre la situación de nuestros Estados miembros? Vemos que hay voluntad, pero vemos también que hay, a veces, morosidad y mucha prudencia; yo diría que también hay miedo a la reforma en los Estados miembros, quizá porque la población tiene miedo de que la reforma sea una manera dulce de hablar de recortes en sus derechos sociales. 
Es muy importante, por tanto, que ayudemos a vencer esos miedos de la población presentando reformas que no sean solo de recortes, sino que sean reformas que tiendan a dar satisfacción a sus necesidades presentes y a sus necesidades futuras en un cuadro más seguro, más justo y más equitativo. 
Mañana, el Grupo socialista va a apoyar el informe Andersson, va a apoyar los trabajos de la Comisión porque creemos que, efectivamente, los cambios que se proponen no son cambios desde la frivolidad, no son cambios desde el coyunturalismo, sino que responden a cambios que pide nuestro compromiso social con esta generación de trabajadores, con estos ciudadanos y, también con los que vivirán en Europa en la próxima generación.
Jensen (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero dar las gracias al Sr. Andersson por su claro y bien redactado informe, así como a la Comisión por su informe tan interesante sobre los regímenes de pensiones europeos. La manera en que los países organizan sus regímenes de pensiones forma parte de las competencias nacionales, pero creo que el informe, con sus objetivos de regímenes de pensiones adecuados, sostenibles y flexibles, puede ser fuente de inspiración y dar lugar a debates sensatos a escala nacional. También considero que se ha llegado a una conclusión interesante, a saber, que los regímenes de pensiones de los Estados miembros presentan en general un alto nivel de redistribución y solidaridad, pero que en muchos países las mujeres resultan desfavorecidas debido a la posición que ocupan en el mercado de trabajo. Es necesario hacer algo al respecto, y me complace que aquí se haya recalcado firmemente la necesidad de presionar para que se haga algo al respecto. Por ello estoy muy de acuerdo con la conclusión general del informe del Sr. Andersson. Por otra parte, no estoy de acuerdo con una serie de enmiendas presentadas por la izquierda de esta Cámara, enmiendas que consideran la inversión de los fondos de pensiones en acciones y obligaciones como el mal en sí mismo. Es cierto que han surgido problemas con los fondos de pensiones, los cuales han sufrido pérdidas considerables debido a las fuertes caídas del precio de las acciones, pero no creo que la respuesta sea dejar de crear planes de ahorro para las pensiones. Al contrario, considero que debe controlarse mejor el riesgo que corren las inversiones de los fondos de pensiones y que debe establecerse una supervisión más estricta por parte de las autoridades. A esto podemos contribuir en la UE a fin de garantizar una mejor gestión de los riesgos. Todos nosotros, no cabe duda, nos hacemos viejos, y no es demasiado pedir que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad común de ahorrar para la vejez y contribuya a que las futuras generaciones no tengan que soportar cargas inaceptables, pues se trata igualmente de una cuestión de distribución intergeneracional.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe del Sr. Andersson hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta la pobreza de muchas personas jubiladas, o las desigualdades entre hombres y mujeres en materia de pensiones. En este sentido, preconiza unas pensiones mínimas garantizadas de cuantía suficiente, y el aumento del nivel de empleo de las mujeres en el marco de la igualdad de oportunidades. Como mi Grupo, estoy de acuerdo con estos elementos del informe, que indica incluso su afán por el equilibrio entre las preocupaciones sociales y los imperativos financieros. Por desgracia, este compromiso es contradictorio y lleva al ponente a poner en entredicho, en nombre de criterios financieros, las conquistas sociales fundamentales.
En efecto, la votación en comisión no fue unánime. No votamos a favor de este informe en la comisión parlamentaria porque avala la propuesta de la Comisión de aumenta la edad de jubilación. De este modo se inscribe en el enfoque liberal, manifiesto en muchos Consejos Europeos del pasado, que aboga por una mayor flexibilidad y una prolongación del tiempo de trabajo. Nos oponemos a este tipo de reforma que impone una prolongación del tiempo de trabajo pero que por lo demás no resuelve en nada la cuestión del empleo. El informe pretende que los Estados han emprendido medidas que van en la buena dirección, es decir, la de la prolongación del tiempo de trabajo . Cuando la mayoría de los trabajadores en Francia, Austria y Alemania han manifestado su rechazo de la prolongación del tiempo de trabajo y de la jubilación por capitalización, ¿queremos resolver el debate europeo sobre las jubilaciones sin contar con la participación del público?
Con el apoyo de mi Grupo, presentamos enmiendas que intentan tener en cuenta estas aspiraciones. Con esas enmiendas, nos oponemos por supuesto a la elevación de la edad legal de jubilación y a la prolongación del periodo de cotización. Nos oponemos asimismo a la jubilación por capitalización, que no garantiza para nada las rentas y desmantela el principio de solidaridad de los sistemas distributivos. Proponemos que se tengan en cuenta el carácter penoso del trabajo y los hijos a cargo para el cálculo de las cotizaciones. Por último, proponemos estudiar nuevas formas de financiación de los regímenes legales de jubilación.
Para introducir el sistema por capitalización se aduce el argumento del aumento de la longevidad, pero oculta mal los apetitos financieros de las multinacionales por esta opción. Pueden contemplarse otras vías más solidarias y más viables para resolver la cuestión de la financiación a largo plazo. Nosotros proponemos, por ejemplo, ampliar las cotizaciones sociales a todos los ingresos financieros, con una modulación en función de que las empresas generen empleo o no. No me parece que sean propuestas en absoluto irresponsables.
A modo de conclusión, diré que frente a la protesta que se alza contra las opciones tomadas en la materia por los Jefes de Estado y de Gobierno en Europa, debemos hoy prestar oído a las reivindicaciones y no ir contracorriente, si no queremos ver a los ciudadanos europeos cada vez más alejados de la Unión.
Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Andersson, antes que nada, permítanme agradecer la labor tanto del ponente como de la Comisión. Me complace que apliquemos progresivamente el método abierto de coordinación a las pensiones. No se trata tanto de un debate como de un comienzo. Ignoro qué deberíamos hacer a largo plazo en materia de acceso, financiación y modernización de las pensiones. La propuesta plantea, entre otras cosas, diversas directrices. En mi opinión, la ventaja que presenta la propuesta de la Comisión reside en que ofrece una buena perspectiva de lo que está sucediendo y en que recoge una primera serie de medidas. Sin embargo, como ya he dicho, se trata de medidas a largo plazo. El Sr. Cercas puede hacer comentarios en relación con la próxima generación, pero ese es precisamente el problema al que nos enfrentamos. A corto plazo tendremos que hacer frente a un mercado laboral que está empantanándose en muchas partes de Europa, y la solución consistente en hacer que la gente trabaje durante más años no resulta eficaz a corto plazo.
La Sra. Ainardi ya ha señalado que existe una serie de problemas en diversos Estados miembros, entre ellos Francia y Austria. En los Países Bajos, 20 000 personas se han manifestado para protestar contra el Gobierno, de mayoría liberal y democristiana, que ha ideado todo tipo de medidas para estimular la participación a largo plazo de las personas mayores en el mercado laboral. Por ejemplo, mediante la reducción de la jubilación anticipada, el plan de jubilación anticipada (VUT), la prestación por desempleo de larga duración (WW), la prestación general por desempleo y otras medidas similares. A este respecto no ha dejado, por cierto, margen para evitar estas medidas. Esto significa que la gente protesta actualmente contra un Gobierno neerlandés que tiene la intención de adoptar medidas de este tipo. Como ya he dicho, 20 000 manifestantes salieron a la calle para protestar.
Lo que hace falta son políticas a corto plazo y, en ese sentido, el informe de Jan Andersson, de hecho, no profundiza en este tipo de problemas. Expongo los hechos tal como son. El informe no es un desastre. Es un primer paso. Sin embargo, en el próximo período habrá que añadir algo. Y ese hecho provocará todo tipo de problemas. Estoy de acuerdo en aumentar la edad efectiva de jubilación, pero, por el momento, nos deberíamos limitar a ver cómo resultan las cosas; por ello habrá que desarrollar alternativas para lograr un mayor equilibrio entre las políticas a corto plazo y las políticas a largo plazo.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, yo también quiero agradecer al Comisario y, en particular, al ponente su labor en esta cuestión.
En cierto modo, solemos olvidar la situación que existía a finales del siglo XIX cuando las personas mayores, los enfermos y los desempleados carecían de todo tipo de protección hasta que se introdujo una mísera suma de dinero a finales de la década de 1870 para intentar dar algún tipo de protección a las personas de más edad. Afortunadamente, nuestra sociedad ha evolucionado en cuanto a la actitud de dar protección futura a las personas de edad, a aquellas personas que necesitan pensiones y a los más vulnerables de nuestra sociedad.
Una de las cosas que todos hemos reconocido en el pasado es que no hemos hecho unas previsiones correctas para las futuras necesidades de cambio demográfico, reducción de la mano de obra en determinados casos y limitación del gasto fiscal. Nos enfrentamos ahora con lo que parece ser un problema súbito por cuenta de la población en general. Pero si pregunto a un antropólogo o a un científico de cualquier rama, hace 15 años ya se había señalado que se trataba de una cuestión que debía abordarse antes de 2015. Y solo ahora que empezamos a emprender acciones sobre esta cuestión.
En especial, quisiera señalar que el Sr. Andersson ha formulado una propuesta equilibrada en su informe. Ha intentado crear soluciones para los problemas a los que ahora nos enfrentamos. Para ser justo con él -no estoy de acuerdo con todo lo que dice en la mayoría de los casos- también ha presentado prioridades a corto, medio y largo plazo que hay que llevar a cabo.
En Irlanda disponemos de un sistema en el que reservamos un 1% del PIB para nuestras necesidades de pensiones futuras todos los años. Da una garantía a aquellas personas que necesitarán percibir pensiones en el futuro.
Un aspecto que debemos estudiar es asegurar que la pensión se fije según un nivel de vida justo y razonable para que las personas disfruten de independencia y libertad de elección.

Pronk (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también quiero agradecer calurosamente al ponente su labor, que es en parte suya y en parte el trabajo de otros. Por ello me gustaría extender un caluroso agradecimiento al Sr. Fatuzzo por su contribución. En mi opinión, se trata de una pequeña mezcla de lo mejor que ofrecen las culturas italiana y sueca. Milán se reúne con Malmö, si puedo decirlo así. Por lo que a mí respecta, este trabajo debe mantenerse más o menos sin modificaciones. Resulta sumamente lamentable que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica haya presentado estas enmiendas. Tengo que decir que he escuchado con gran interés a la Sra. Ainardi, quien me recordó a Luis XVIII, quien retornó después de la Revolución y del que la gente decía que no había aprendido nada y lo había olvidado todo. Considero incluso más lamentable que el Sr. Bouwman se muestre dispuesto a asociarse a esta declaración.
En Europa nos enfrentamos a problemas reales en el ámbito de las pensiones. Por supuesto, podríamos mantener el régimen de pensiones, pero la mejor manera de acabar de destruirlo es haciendo lo que proponen las enmiendas del Grupo GUE/NGL, es decir, actuando como si no pasara nada, mientras el sistema muestra sus deficiencias. Después de todo, cuando se creó este régimen, la esperanza media de vida era de 63 años, dos años menos que los 65. Afortunadamente, la esperanza media de vida es bastante más elevada en la actualidad. En vista de ello resulta inadmisible que digamos que podemos continuar así indefinidamente. El Sr. Andersson apunta en una dirección determinada, y esta dirección cuenta con nuestro apoyo. Los planes de pensiones son ligeramente distintos en cada país y no pueden compararse entre sí, pero lo peor es que algunas personas se comportan como algunos pasajeros del Titanic, que pensaban que no pasaba nada mientras se hundía el barco. Esto es peligroso. Espero que la mayoría de este Parlamento -y deposito toda mi fe en ella- desea distanciarse de actitudes de este tipo y desean dedicarse a las personas que son las que realmente cuentan. Después de todo, los pobres no obtendrán ventaja alguna si al final se agota el dinero.

Hugues (PSE).
Señor Presidente, me uno a todos los que han felicitado al Sr. Andersson por haber llevado a cabo un excelente trabajo. También me gustaría dar las gracias a la Comisión y al Consejo por su informe conjunto. En verdad ofrece una excelente perspectiva general de este tema tan importante. Espero que pueda usted, señor Presidente, solicitar a la Dirección General I que quizás uno de estos días organice una jornada de debate sobre un expediente social tan importante como éste. Se supone que estamos tendiendo puentes a los ciudadanos. Se trata de un tema que importa a muchos millones de ciudadanos. Es vergonzoso que, una vez más, se ventile en una sesión de noche.
El informe Andersson subraya que es realmente necesario tanto para la estrategia de empleo como para la estrategia de Lisboa que se empiece a cumplir varios aspectos importantes: la gran desigualdad que persiste entre hombres y mujeres en el acceso y la participación en el mercado laboral se refleja en la gran desigualdad de género en el derecho a pensión. Incluso si alcanzamos el objetivo de Lisboa del 60% de participación de las mujeres en el mercado laboral, el propio objetivo reconoce que esta participación sigue siendo inferior que la de los hombres. Por lo tanto, es necesario que consideremos medidas complementarias en las líneas que se sugieren en el informe, como puede ser el fomento de la individualización del derecho a pensión e instando a los Estados miembros a que garanticen la continuidad de la participación en los planes de pensiones durante el permiso parental o permiso para el cuidado de los hijos u otras personas a cargo.
Un segundo problema que el Sr. Andersson ha destacado y para el que hemos de redoblar esfuerzos a fin de resolverlo, es la necesidad de aumentar la edad de jubilación efectiva, no la edad de jubilación legal. Existe algo de confusión en determinados sectores sobre este punto. En estos momentos existe una cultura de jubilación anticipada ampliamente difundida en la Unión Europea. Serán necesarios esfuerzos continuos a largo plazo para cambiar las actitudes y enfrentarse a esta cultura. Pero existen pocos indicios de que siguiera hayamos empezado a abordar esta tarea. El informe conjunto sobre el empleo de la Comisión para 2002 informaba de que solo cuatro Estados miembros han adoptado estrategias nacionales efectivas sobre el envejecimiento activo. El mismo informe mostraba que los esfuerzos de la mayor parte de los Estados miembros para impartir educación y formación a los grupos de mayor edad siguen siendo deplorablemente insuficientes. Es preciso que la Comisión, en su próxima ronda de recomendaciones en las que examine los logros de los Estados miembros con respecto a las directrices establecidas, haga las recomendaciones más firmes posibles a los Estados miembros que siguen sin tratar de resolver estos y otros aspectos importantes.
El último punto del informe que quisiera hacer resaltar se refiere a los trabajadores atípicos. Su inseguridad en el mercado laboral -y muchos de ellos son mujeres- volverá a reflejarse en las próximas décadas en la falta de seguridad en sus últimos años de vida, a menos que se haga algo para mitigar esta inseguridad. Es verdaderamente vergonzoso que varios Gobiernos de Estados miembros -incluido el mío- se hayan opuesto con cuerpo y alma a la propuesta de directiva sobre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Cuanto más se retrase, tanto más se van a socavar las anteriores Directivas sobre trabajo a tiempo parcial y trabajo de duración determinada, puesto que el trabajo temporal resulta ser la opción favorita de los empresarios para quienes la palabra «flexibilidad» significa obtener el máximo de trabajo por la menor retribución posible. El trabajo temporal se convertirá en un pozo sin fondo cada vez mayor con dos categorías de mano de obra. Al final, toda la sociedad europea tendrá que enfrentarse a las consecuencias.
Espero, incluso a estas alturas, que los Gobiernos afectos -incluido el mío- entren en razón y nos ayuden a adoptar una legislación sensible que refuerce el criterio de que la flexibilidad puede efectivamente ser un concepto positivo tanto para los empresarios como para los trabajadores.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, los planes de pensiones, gestionados a través de programas públicos universales y comunes, constituyen un medio fundamental para lograr la integración social. Sin pensiones, prestaciones y otras formas de asistencia social, el nivel de pobreza en la Unión Europea superaría el 40%. Por consiguiente, cualquier modernización de los regímenes públicos de seguridad social deben tomar en cuenta este hecho. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros que están introduciendo estas reformas no lo han hecho. Conocemos bien la pertinaz resistencia de los trabajadores a medidas que amenazan sus derechos fundamentales en este ámbito. Aquí ya se han mencionado los casos de Francia, Portugal, Alemania y Grecia.
Sin embargo, este informe no hace lo suficiente para evitar estas posiciones, que conducen a la reducción de derechos y de la cobertura de bienestar. De ahí la serie de propuestas que hemos presentado, entre las cuales me gustaría hacer hincapié en las siguientes:
una referencia a las crecientes dificultades a las que tienen que hacer frente los fondos de pensiones tras la caída de los mercados bursátiles mundiales, fenómeno que demuestra ampliamente que los crecientes riesgos que corren los mercados financieros tienen un efecto negativo sobre la adecuación y sostenibilidad de la financiación de las pensiones;
una crítica del carácter antisocial de la mayoría de las reformas aplicadas recientemente en algunos Estados miembros, los cuales han reducido las pensiones públicas de forma considerable e intentado aumentar la edad de jubilación;
una nota sobre la importancia que reviste adoptar estrategias para reformar los planes de pensiones a nivel europeo y nacional, fomentar el pleno empleo junto a los derechos sociales que refuerzan y dan nuevos ímpetus a los regímenes públicos de pensiones al ampliar su base financiera, al garantizar que las empresas cumplan sus obligaciones financieras y al incrementar los mecanismos de reparto de los pagos en el tiempo.
por último, un rechazo de todas las tentativas destinadas a debilitar o sustituir los regímenes públicos basados en los principios de reparto en el tiempo y la solidaridad, señalando que, a fin de garantizar los regímenes de pensiones a largo plazo resulta indispensable ampliar el ámbito de sus criterios de elegibilidad y estudiar nuevas maneras de financiar los regímenes de pensiones obligatorias, en particular mediante la extensión de las cotizaciones sociales a todos los rendimientos financieros y el establecimiento de módulos para empresas basados en el número de puestos de trabajo que han creado.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señor Presidente, también yo felicito a la Comisión y al Consejo por la calidad de su informe conjunto y, en especial, al ponente por su informe tan convincente sobre esta cuestión tan importante.
Confío en que los Estados miembros en particular tomarán nota de que la cuestión de las pensiones suficientes y sostenibles supone un problema hoy en día, será un problema mucho mayor mañana y exige que se tomen medidas ahora mismo. Felicito en especial al ponente por su ardua tarea de incorporar las enmiendas de diputados de los diferentes partidos, que también están muy interesados en esta cuestión. De hecho, le agradezco que haya aceptado incluir cinco de las mías: sobre la definición del objetivo; proporcionar cantidades justas y suficientes a las personas mayores e impedir la pobreza en la vejez; sobre la definición de la gravedad del problema; sobre la importancia de promover la transferibilidad de las pensiones; y, en particular, sobre la desgracia de que determinadas instituciones de la UE continúen con sus prácticas de discriminación no permitiendo que los trabajadores de edad soliciten puestos de trabajo, una cuestión que he planteado en varias ocasiones al Comisario Kinnock y que, lamentablemente, solo ha merecido bravuconadas en respuesta.
Dado que el ponente ha aceptado tantas cosas, probablemente sería una grosería por mi parte lamentarme de que no haya aceptado mi enmienda que manifiesta que las pensiones seguras a prueba de inflación para los trabajadores del sector público, como pueden ser los diputados a este Parlamento, se consideran injustas por aquellas personas que participan en planes de empresa que dependen de los resultados del mercado de valores en el mundo real. Creo que hemos de mostrar que lo reconocemos. Después de todo, es la realidad.
Dicho esto, su informe reconoce que se trata de un problema También pretende centrar la atención sobre lo que es necesario llevar a cabo. En los próximos 50 años, el número de personas mayores de 65 años se va a duplicar y va a pasar de un 25% a quizás un 50% de la población. En las zonas rurales, incluida gran parte de mi propia circunscripción electoral de la región de West Midlands, el porcentaje podría incluso ser más alto.
Su informe merece el apoyo de toda esta Asamblea. A buen seguro que cuenta con el mío.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, el punto principal del que ha hablado el Sr. Andersson en su aportación de esta noche es la necesidad de llegar a un equilibrio entre las preocupaciones sociales y financieras. Está claro que este equilibrio es necesario. Me parece que una de las cuestiones principales que se plantean, al menos en relación con la pobreza en la vejez, está relacionada con las mujeres. Todas las estadísticas muestran que debido al trabajo intermitente, las interrupciones de su historial laboral, los compromisos familiares, etc., terminan casi siempre en una situación de pobreza peor que la de los hombres. Si se añade a esto que también viven durante más tiempo que los hombres, resulta que hay un mayor número de mujeres ancianas que hombres después de una determinada edad.
Es necesario que abordemos la cuestión de la financiación de las pensiones. Tal como ha dicho el Sr. Crowley, en Irlanda hemos creado un fondo donde todos los años se ingresa un 1% del PIB y, en estos momentos, ya existen algunos miles de millones en este fondo; de hecho, hay tanto dinero que ya se pelean sobre cómo y dónde invertirlo. Sin embargo, se trata de un intento de asegurar que existe un fondo para el futuro.
Somos afortunados en la medida en que registramos un retraso demográfico de unos 20 a 25 años, por lo que la inflexión demográfica que azota al resto de Europa, de momento no afectará a Irlanda por algún tiempo. Sin embargo, sabemos que llegará.
Otro intento de abordar esta cuestión es la creación de cuentas personales de ahorro para la jubilación, en que las personas, con la ayuda de su empresa, pueden abrir una cuenta y depositar dinero, lo que les proporcionará un fondo de pensiones en un momento dado. La dificultad radica en que las entidades financieras que tienen la responsabilidad de vender estos productos se resisten a ello, en la mayoría de los casos, ya que no pueden generar dinero suficiente entre las categorías de personas a las que se destinan, principalmente la parte de la mano de obra con la renta más baja. Es necesario abordar esta cuestión.
Lo que estoy intentando decir con esto es que no es necesario que seamos excesivamente pesimistas, siempre que tomemos ahora decisiones políticas sobre lo que vamos a tener que afrontar en el futuro. No basta con retorcernos las manos, ni que los Estados miembros, tal como ha señalado el Sr. Hughes, se opongan a la Directiva sobre cesión temporal de trabajadores -que establece cierto grado de seguridad para determinadas categorías de trabajadores- y luego pretender que van a hacer algo serio sobre las pensiones, cuando en realidad lo que hacen es minar la posibilidad para muchos miles de trabajadores de disponer de suficientes aportaciones, incluso para una pensión estatal.
Para concluir, es realmente necesario que exista algún pensamiento común en este terreno.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y yo consideramos que un régimen de pensiones debe basarse en la solidaridad entre generaciones. Por ello estoy a favor de un régimen de «reparto de los pagos en el tiempo», que resulta mucho más estable. Los regímenes basados en el ahorro, que dependen de una forma u otra de los mercados de capitales, constituyen un proyecto mucho más inestable.
En mi país, Suecia, que ha sido considerado un modelo por algunos sectores, hemos emprendido el camino hacia la capitalización de los regímenes de pensiones y de una mayor dependencia de los mercados de capitales. Con la victoria del «no» en el referéndum sueco sobre el euro, hemos obtenido una libertad ligeramente mayor por lo que hace a la política económica y en materia de pensiones. Y creo que es precisamente eso lo que querían los suecos que votaron negativamente: una mayor libertad de acción y solidaridad como característica del desarrollo de Suecia.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me sumo a las felicitaciones al señor ponente. Quiero comenzar diciendo que la jubilación, sin dejar de ser una cuestión técnicojurídica y económicoactuarial, se ha convertido en un tema de máximo interés mediático y ha ganado la naturaleza de cuestión central de la política en general, y de la política social, en particular.
Allá por 1950 una edad de sesenta años marcaba el umbral de la vejez; una edad de sesenta y cinco años implicaba el retiro de la vida laboral activa, y no tener hecho el testamento a los setenta constituía sin duda una imprudencia temeraria. De aquí podemos concluir que la sociedad actual, doblado el cabo del siglo XX y entrado el XXI, cuenta con muchas personas de edad muy avanzada, que hasta hace poco eran calificadas de "viejos", y esas personas mayores tienen una fuerte imagen social, son actuales, son vitalmente activos y tienen una fundada esperanza de vida.
En este contexto, es necesaria una perspectiva a largo plazo en el ámbito de las pensiones y, aun siendo responsabilidad fundamental de los Estados miembros la política y la atención de las pensiones, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la contribución europea parece necesaria, tanto en el intercambio de mejoras prácticas y en el refuerzo del consenso, como en la reglamentación común de determinados aspectos necesarios para asegurar la posibilidad de transferir derechos de pensión de todo tipo y su viabilidad.
Los sistemas de pensión mediante regímenes públicos vinculados a ingresos -primer pilar-, mediante regímenes profesionales privados -segundo pilar-, y fondos de pensiones de jubilación individuales -tercer pilar- deben ofrecer a los europeos oportunidades de mantener su nivel de vida después de la jubilación.
Por lo tanto, debe excluirse un sistema que impida o dificulte la libre circulación de las personas, así como el miedo del ciudadano europeo ante su envejecimiento o deterioro físico o psíquico. Ante el peso del tercer pilar, temor y negocio deben ser excluidos y debe garantizarse la viabilidad del sistema de pensiones, que ha de responder a los cambios de la sociedad y a las formas de organización productiva: mayor presencia de mujeres, población activa de mayor edad y fórmulas atípicas de contratación.
Cauquil (GUE/NGL).
Señor Presidente, las propuestas contenidas en este informe no hacen más que relevar la política retrógrada aplicada por todos los Estados de la Unión Europea en materia de jubilación. Cuando el ponente plantea la elevación de la edad efectiva de jubilación, cuando propugna la prolongación de la vida activa, cuando propone incluso sustituir la jubilación distributiva por jubilaciones a base de fondos de pensiones, justifica y armoniza todos los ataques contra los trabajadores. El ponente tiene el cinismo de observar que el aumento del número de jubilados y su longevidad impondrán presiones considerables sobre los regímenes de jubilación financiados por la vía de la distribución.
¿Habría que desear entonces que la longevidad fuera menor y que disminuyera el número de jubilados para ahorrar en el presupuesto? Si los frutos de la productividad se repartieran de otro modo, favoreciendo algo menos a la gran patronal y a los más ricos para permitir a los trabajadores, que se han pasado la vida enriqueciéndoles, envejecer dignamente, no habría ningún problema para garantizar una jubilación adecuada a un número creciente de jubilados. Pero su economía no tiene la función de satisfacer del mejor modo las necesidades de una mayoría, sino la de enriquecer más eficazmente a una minoría.
Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero centrar mi intervención en el excelente informe del Sr. Andersson sobre la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. El hecho de que el Parlamento desempeñe un papel activo en el debate sobre las pensiones resulta positivo, ya que las pensiones y la forma en que las pagamos será uno de los mayores desafíos sociales y económicos de las próximas décadas.
En la actualidad, la vejez no es sinónimo de pobreza, gracias a que los regímenes públicos de pensiones obligatorias y los planes de pensiones privados y políticas de seguros privados que las complementan constituyen para muchos europeos una garantía de que podrán mantener su nivel de vida tras la jubilación. Sin embargo, es necesario reducir la brecha generacional mediante una reforma firme de los regímenes de pensiones, de manera que el aumento de estas últimas no se convierta en una carga para las próximas generaciones.
Cuatro factores pondrán en peligro los regímenes públicos de pensiones, si no se llevan a cabo las reformas necesarias. Dichos factores son: la creciente esperanza de vida junto con el descenso de las tasas de natalidad, el desempleo de larga duración y el comienzo tardío de la vida laboral. La generación de la gran tasa de natalidad comienza a jubilarse en esta década y la proporción entre el número de personas que recibirán una pensión y aquellas que trabajarán se habrá doblado en 2050. En algunos Estados miembros, los regímenes de pensiones con cargo al erario público representan una quinta parte del PIB.
En mi opinión, los regímenes de pensiones han logrado, en general, su objetivos sociales. Sin embargo, para reforzar el pago de las pensiones resulta prioritario aumentar la edad de jubilación, incrementar la gama de formas complementarias de financiación y aumentar los ahorros a largo plazo de los particulares. A escala comunitaria necesitamos coordinar la fiscalidad de las pensiones de jubilación a fin de facilitar el traslado de las personas de un país a otro, y una legislación exhaustiva en materia de mercado interior para las entidades que ofrezcan pensiones de jubilación. En la Unión Europea podemos desempeñar un papel en la desactivación de la bomba de las pensiones si fomentamos el desarrollo de planes de pensiones y ahorro personales transfronterizos. Espero que el Parlamento desempeñe igualmente, en vista de la solidez de este excelente informe del Sr. Andersson, un papel activo en esta materia en el futuro.

Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, la Unión Europea considera que las pensiones son otro gasto más que debe reducirse en el marco de la disciplina financiera impuesta por el Pacto de Estabilidad, y se muestra indiferente ante las necesidades de quienes se han jubilado. Con el pretexto que le brinda el envejecimiento de la población, está promocionando un aumento de la edad de jubilación, una prolongación de la vida laboral, recortes de las pensiones, la disociación entre pensiones y salarios, y el aumento de las cotizaciones que pagan los trabajadores. Al mismo tiempo, con sus recientes reformas, la Unión Europea y los Estados miembros están utilizando las pensiones para apoyar la rentabilidad de las grandes empresas. Reducen las prestaciones de las empresas y ofrecen a éstas los recursos y reservas de los fondos de pensiones, fomentando la diversificación de los fondos de pensiones de jubilación y obligando a los trabajadores a recurrir a planes de pensiones privados, exponiendo así sus pensiones a los riesgos que encierran los mercados financieros.
Nosotros proponemos una política distinta, en la que las pensiones respondan a las necesidades sociales modernas. Nosotros y los trabajadores pedimos que se reduzca la edad de jubilación y la vida laboral, que los fondos de pensiones sean financiados con cargo al presupuesto nacional y que se aumenten las cotizaciones de las empresas, junto con una reducción de las que pagan los trabajadores. Este tipo de régimen de seguridad social solo lo pueden imponer los trabajadores a través de su lucha contra las opciones adoptadas por las grandes empresas y la Unión Europea.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
 - De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0302/2003) del Sr. Jonckheer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de Directiva del Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (8084/2003 C5-0192/2003 1997/0111(CNS)).

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, tras más de seis meses de negociación, el Consejo ha llegado finalmente a un acuerdo sobre la fiscalidad de la energía. Dado que el texto del acuerdo modifica significativamente la propuesta de 1997 de la Comisión, ésta ha solicitado al Consejo que se vuelva a consultar al Parlamento.
Estoy convencido de que el Parlamento y la Comisión comparten el mismo análisis: todos nosotros hubiéramos preferido un acuerdo más ambicioso, en particular en lo que se refiere a la aproximación de los tipos impositivos. Ello es debido principalmente al proceso de toma de decisiones y al requisito de unanimidad en el Consejo. La codecisión y el voto por mayoría cualificada hubieran dado, sin lugar a dudas, un resultado mejor para el mercado interior.
Sin embargo, me complace mucho ver que las comisiones parlamentarias competentes para el análisis del texto -la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía- han respaldado el acuerdo. Esta futura Directiva sigue siendo un paso positivo, tanto para el mercado interior como para las políticas de desarrollo sostenible.
En ese sentido, nada ha cambiado si se compara con la opinión del ponente sobre la propuesta inicial en el periodo de sesiones de 1998/1999. Según recordará, señor Presidente, en aquel entonces se dijo que la propuesta era «modesta pero útil».
Ahora quisiera agradecer al Parlamento y a los ponentes, el Sr. Jonckheer y el Sr. Caudron, por su rápido examen del texto. Es de suma importancia que la opinión del Parlamento se apruebe lo más pronto posible, para que la Directiva pueda entrar en vigor en la fecha prevista, el 1 de enero de 2004.
Responderé al final del debate dando la opinión de la Comisión sobre algunas de las enmiendas.

Jonckheer (Verts/ALE)
Señor Presidente, señor Comisario, como usted mismo ha destacado, esta propuesta tiene una larga historia. No volveré sobre todo su historial, pero quisiera resaltar, a propósito de lo que acaba de decir, que en 1999 el Parlamento Europeo adoptó un informe, cuyo ponente era el Sr. Cox, que mejoraba la propuesta de la Comisión, en particular en tres puntos: el Parlamento pedía el aumento de todos los tipos mínimos anunciados en la propuesta de la Comisión; pedía también que esos mínimos fueran indiciados; por último, reclamaba la reducción del número de excepciones y exenciones. Como usted mismo ha señalado, ha habido que esperar cuatro años para que el Consejo llegara a un acuerdo y se volviera a consultar al Parlamento.
El informe pretende de forma general apoyar el compromiso alcanzado en el Consejo -condicionado por la unanimidad, como usted ha dicho-, a pesar de las importantes lagunas del texto. En efecto, el Consejo de Ministros no asumió las propuestas del informe Cox de 1999.
Quisiera señalar dos puntos, entre otros, en los que las posiciones del Consejo nos parecen débiles. En primer lugar, los tipos mínimos indicados por el Consejo, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2004, son, casi sin excepciones, inferiores a los propuestos por la Comisión en 1997 y por el Parlamento Europeo en 1999. Semejante marcha atrás está en flagrante contradicción con el compromiso declarado del Consejo, y en particular del Consejo Europeo, de crear instrumentos encaminados a desacoplar el crecimiento económico del consumo energético.
La segunda cuestión que hemos examinado es la de las excepciones y las exenciones. El texto de la Directiva está plagado de ellas. El Consejo ha añadido un anexo con una lista de la compra de exenciones y excepciones individuales para que cada uno de los quince Estados miembros encuentre en ella lo que espera y pueda así dar su acuerdo.
Remitiéndome a la posición adoptada por el Parlamento en 1999 y tomando en consideración elementos políticos nuevos, como la declaración del Consejo Europeo de Gotemburgo para una estrategia de desarrollo sostenible, propuse, como ponente, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, reforzar la posición del Consejo en algunos puntos, aunque manteniendo la moderación dadas las distintas sensibilidades políticas.
Propuse, en particular, adelantar dos años la segunda etapa de la fiscalidad de los carburantes y la revisión de los tipos impositivos. Propuse también una cláusula de desaparición progresiva de todas las excepciones, cláusula que solo permitiría mantener las exenciones y excepciones en los casos en que el Consejo así lo resolviese. Por último, propuse una ayuda obligatoria a las energías renovables. En principio, todas las formas renovables de energía deberían estar totalmente exentas.
Reconozco que me sorprendió desagradablemente el rechazo de todas las enmiendas por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y en esto no comparto su aprobación, señor Comisario. Cierto, la comisión las rechazó en muchos casos por una mayoría de un solo voto y cuando los miembros de la comisión no estaban al completo. Pienso, pues, que es lógico por mi parte, como ponente, volver a presentar las enmiendas en el pleno.
Por otra parte, señor Comisario, llamo su atención sobre la enmienda 2, presentada por mi colega la Sra. Kauppi y votada en comisión. Si se confirmase en el pleno, significaría que el Parlamento refuta la conveniencia misma de esta propuesta de Directiva por el motivo de que hemos votado, hace poco, una Directiva sobre el comercio de los permisos de emisiones.
En conclusión, me gustaría que la votación del Parlamento de septiembre de 2003 no se quedara por detrás de la posición que este mismo Parlamento aprobó en 1999, claro que en otra legislatura.
Caudron (GUE/NGL)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi tarea esta noche es muy sencilla: darles cuenta de los votos unánimes de la Comisión ITRE a favor de mi informe para opinión y de todas mis enmiendas, salvo una, relativas a la Posición Común del Consejo de 3 de abril de 2003.
Como todo el mundo ha dicho, el Consejo se tomó mucho tiempo para llegar a este acuerdo, puesto que la propuesta inicial de la Comisión data de 1997 y el informe del Sr. Cox de 1999. A pesar de ello, hemos aceptado actuar con urgencia con una clara preocupación por el interés general europeo. A pesar de que hay muchos aspectos en que mis colegas y yo estamos insatisfechos, he propuesto, como ponente, para no romper el acuerdo en el Consejo, únicamente enmiendas de mejora de este acuerdo. Para mí y para nosotros, el acuerdo del Consejo, si bien se queda por detrás de la propuesta de la Comisión de 1997 y del voto del Parlamento Europeo en 1999, sigue representando una primera etapa hacia un marco común de la fiscalidad en Europa. Las enmiendas votadas por unanimidad lo mejoran, previendo limitaciones en el tiempo de las excepciones, para que esas excepciones no se conviertan en normas, precisando las unidades de medida y confirmando la señal política a favor de los biocarburantes.
Me atrevo a esperar por tanto, Señorías, que el pleno, cuando mañana vote sobre el informe del Sr. Jonckheer, respaldará un acuerdo y un ejercicio que ciertamente es hoy minimalista, pero que se inscribe en una perspectiva de evolución al servicio del medio ambiente en Europa.
Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Jonckheer por su excelente labor, y creo que, de ser aprobada, la Directiva será muy positiva.
En mi opinión se trata de una señal buena y positiva de que se están intentando conciliar los aspectos medioambientales con una sana competencia en los mercados energéticos. Se necesitan niveles mínimos comunes de tributación de la energía, y el principio de quien contamina paga reviste gran importancia, siempre que prestemos atención a los efectos que tiene sobre la competencia y el empleo. Además, el sistema de comercialización de los negociación de derechos de emisión, que comienza a aplicarse, constituye un medio importante de regulación, por lo cual también podemos evitar que la normativa se solape con ella, como sería el caso de la fiscalidad de los productos energéticos y las diversas exenciones propuestas hasta ahora.
Por lo que hace a la fiscalidad de la energía, los recursos naturales renovables deberían recibir en general un trato favorable y, del mismo modo, deberían concederse exenciones fiscales a los nuevos combustibles que resulten particularmente inocuos para el medio ambiente. De este modo podemos utilizar incentivos financieros para dirigir a los consumidores y a la industria hacia un uso de la energía que sea respetuoso del medio ambiente. La propuesta de la Comisión en materia de incentivos fiscales para determinados biocarburantes merece nuestro firme apoyo.
Si bien esta Directiva no aborda directamente la cuestión del hidrógeno, por ejemplo, este gas es y será en el futuro una importante fuente de energía que con el tiempo sustituirá claramente al petróleo, sobre todo en el sector del transporte. Resulta evidente que debemos apoyar al hidrógeno en materia fiscal. Sin embargo, no debemos olvidar que cualquier forma de fiscalidad que se desvíe de la fiscalidad neutral tiene efectos sobre la actividad del mercado y, por ese motivo, las posibles medidas de apoyo de este tipo deben tener un carácter temporal y excepcional a fin de promocionar los nuevos combustibles y métodos de producción.
La atribulada industria aeronáutica ha gozado durante mucho tiempo de exenciones fiscales para el combustible de las aeronaves. La fiscalidad en este ámbito resulta problemática, ya que las aeronaves pueden elegir libremente el lugar donde repostar. Si se establece un impuesto sobre los combustibles aéreos dentro de la UE, pero no fuera de esta, repostarán fuera de la Unión. Por ello debe respetarse el acuerdo internacional sobre la exención fiscal de los combustibles aéreos. Los Estados miembros tienen un derecho, que no deben perder, a decidir por sí mismos en materia de impuestos sobre los combustibles de consumo local. Estos combustibles, como la turba, por ejemplo, que tiene gran importancia en mi país, no revisten importancia para la viabilidad del mercado interior, pero a nivel local pueden resultar fuentes importantes y necesarias para el suministro de energía y el empleo.
En Finlandia y los demás países escandinavos, los impuestos sobre la energía se aplican extensamente, de manera que dichos países no tendrían problemas ni siquiera con unos períodos transitorios más breves. Sin embargo, he cedido a la voluntad de la mayoría de mi Grupo. Mi Grupo no está a favor de un calendario más reducido, como el propuesto por el Sr. Jonckheer. En otras palabras, yo personalmente habría estado dispuesto a ir más lejos en este aspecto.

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, me gustaría dar las gracias al ponente por su labor, y comparto su desilusión por la solución minimalista alcanzada. Asimismo, el Comisario Bolkestein ha dejado muy claro que esta solución minimalista supone un pequeño avance, pero que la Unión Europea no ha logrado adoptar un enfoque coherente en materia de fiscalidad de la energía. Sin embargo, este planteamiento sigue siendo coherente, y tras la experiencia de la coordinación fiscal, casi debemos mostrarnos agradecidos porque, una vez más, hemos podido ver hasta qué punto la norma de la unanimidad para las decisiones en materia fiscal impide el funcionamiento del mercado interior. Es sumamente lamentable que el Cuarto Programa de Acción en materia de medio ambiente, que contemplaba que el desarrollo sostenible y la economía podrían estimularse no solo a través de normativas medioambientales, sino también mediante normativas fiscales, no pudiera aplicarse, de modo que la trágica historia de esta Directiva se remonta más allá de 1999.
Además, la Directiva también presenta defectos -como ya se ha señalado- como los bajos tipos impositivos mínimos, la falta de indexación de estos tipos impositivos mínimos y la dificultad de las excepciones. En esta Cámara ya hemos debatido en varias ocasiones la cuestión de las excepciones. Creo que siempre hemos estado de acuerdo en que deben establecerse excepciones para las empresas que utilizan grandes cantidades de energía, pero que estas excepciones deben al menos incluir condiciones que permitan hacer frente a la situación. Esto no ha sido así, de forma que esta Directiva está condenada a ser seguida muy pronto por otra.
Lo positivo es que esta Directiva constituye no solo un marco para la fiscalidad de todos los tipos de energía, entre ellos la electricidad, sino que también apoya la promoción de las fuentes de energía renovables y, por consiguiente, sin duda impulsará el desarrollo de dichas fuentes. Eso es positivo, pues sabemos que la energía renovable concede, no solo a Europa, sino también a la civilización mundial, una oportunidad, ya que todos nos beneficiamos de los incentivos fiscales al utilizar formas de energía respetuosas con el medio ambiente. La energía primaria generalmente no cuesta nada y, además, puede obtenerse y convertirse en el lugar que se consume. De este modo, el efecto rector de los incentivos fiscales para el consumo de energía constituye un complemento importante de la política de la UE en materia de medio ambiente y, en mi opinión, también del sistema de comercialización de los derechos de emisión. En lugar de ver en ello una contradicción, considero que viene a unirse a los instrumentos que dirigen nuestras economías y vidas europeas hacia el desarrollo sostenible.
Igualmente debemos estar contentos de que esta Directiva permita la aplicación definitiva de medidas para el tratamiento fiscal preferente concedido a los biocarburantes, aspecto sobre el que ya hemos llegado a un acuerdo, pero cuya regulación iba unida, lógicamente, a la fiscalidad en general. También considero que los objetivos que hemos fijado son alcanzables. Tan solo me gustaría destacar una vez más que muchos Estados miembros se han aprovechado, en el pasado, de los ingresos generados por los impuestos medioambientales, en particular de los impuestos sobre la energía. Por ello me complace que, entretanto, al menos tengamos la posibilidad de llegar a un acuerdo a escala europea.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, deseo comenzar dando las gracias al ponente por su labor. Estoy de acuerdo con él en que la propuesta es un pequeño paso en la dirección correcta. El Sr. Cox ya redactó un informe similar en 1999. Si el Consejo hubiese aceptado sus recomendaciones, las condiciones básicas serían diferentes en la actualidad. Como dice el Comisario, el largo periodo que requiere el debate de esta cuestión pone de manifiesto la importancia de que lleguemos a un procedimiento sensato para la toma de decisiones.
Los problemas medioambientales de la actualidad deben considerarse desde una perspectiva paneuropea. La UE constituye un instrumento único para adoptar normas comunes en materia medioambiental. La política de la UE en esa materia debe desarrollarse mediante un mayor número de normas mínimas y tasas medioambientales. Debemos poder adoptar decisiones sobre dichas normas y tasas mediante mayoría cualificada. Como es bien sabido se trata de una cuestión sumamente delicada. Algunos de mis colegas diputados se estremecen al oír la palabra impuestos de la UE. Sin embargo, espero que la Conferencia Intergubernamental sea capaz de idear soluciones en materia de impuestos medioambientales y sobre la energía, junto con un sistema decisorio sólido.
La tarea de la UE y de los Estados miembros en el ámbito energético consiste en formular los requisitos relativos a la seguridad y el medio ambiente, verificar el cumplimiento de dichos requisitos y promover la investigación y el desarrollo en el sector de la energía, con el objetivo de sustituir la producción de energía a base de combustibles fósiles por fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente. No obstante, debemos tener mucho cuidado de que, si utilizamos la fiscalidad como arma, no reduzcamos gravemente la competencia en el sector de la energía. La mejor manera de llevar a cabo una política racional en materia de energía es el libre comercio y la libre producción de energía. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas dará su apoyo a la mayoría de la enmiendas.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, señor Comisario, Sr. Jonckheer, Señorías, la semana pasada estuve en Moscú con una Delegación de este Parlamento, donde intentamos convencer al Parlamento ruso, la Duma, de la necesidad de firmar y aplicar el Protocolo de Kioto, cosa que no era pan comido.
Pedimos a los rusos que hagan un esfuerzo para luchar contra el cambio climático y la contaminación del medio ambiente. Yo sentí personalmente la necesidad de esta medida al sufrir una grave irritación pulmonar durante mi estancia en Moscú. Incluso en Rusia un medio ambiente limpio tiene su precio, a pesar de las promesas de apoyo económico y cooperación. Destacar esta necesidad en Moscú resulta aún más difícil, visto que en la Unión Europea nos mostramos tan renuentes a pagar un precio por un mejor medio ambiente.
El proyecto de Directiva del Consejo relativa a los impuestos sobre la energía constituye un sorprendente ejemplo de la falta de unanimidad a la hora de hacer esfuerzos para lograr un mejor medio ambiente. Durante más de diez años se ha debatido y negociado acerca de un impuesto medioambiental sobre la energía. Tan solo hace seis meses, bajo la Presidencia griega, parecía posible acordar un texto de compromiso. Sin embargo, se llegó a un compromiso que dejaba mucho que desear.
Mi primera observación es que el Consejo todavía carece de la visión y la audacia para actuar de forma decisiva y trasladar la presión fiscal del sector laboral a la contaminación medioambiental. De este modo se podría promover el empleo y poner un precio real a la contaminación del medio ambiente. Otra crítica se refiere a los numerosos intereses de los Estados y las industrias que toma en consideración la propuesta. A resultas de ellos, la propuesta recoge demasiadas excepciones y exenciones. Por ello, las enmiendas que pretenden limitar las condiciones para las excepciones cuentan con mi apoyo.
Me gustaría exponer unas cuantas cuestiones más. En primer lugar, quiero abogar por que los biocarburantes queden exentos del impuesto sobre la energía. De esta manera daríamos una oportunidad para el desarrollo de estos carburantes limpios. Resultaría sumamente ridículo conceder subvenciones para promover los biocarburantes, por una parte, y gravar fiscalmente estos carburantes, por otra. En segundo lugar, quiero señalar que es sumamente importante que se tenga en cuenta la propuesta sobre el sistema de comercialización de los derechos de emisión. Ambos instrumentos pueden coexistir y complementarse mutuamente. Quiero hacer una advertencia al Consejo para que se asegure de que las Directivas no se solapen durante su aplicación.
Por último, en su informe el ponente aboga a favor de la abolición de la unanimidad en las decisiones en materia fiscal. Si bien considero que los impuestos sobre la energía constituyen un instrumento valioso por su contenido, no puedo estar de acuerdo con la norma que exige la unanimidad. Por ello no votaré a favor de la enmienda 13, aunque apoyo el resto del informe del Sr. Jonckheer. La idea de que los impuestos sobre la energía son un complemento de los acuerdos alcanzados en materia de comercialización de derechos de emisión ya ha sido debatida con anterioridad. Ha llegado la hora de que actuemos con seriedad a la hora de su aplicación.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, la cuestión que nos ocupa ha levantado ampollas en el Consejo. Sin embargo, el largo período durante el cual el Consejo ha examinado esta cuestión -más de cinco años- ha sido una desilusión. Ha llegado la hora de dejar a un lado la desilusión, y avanzar en el debate sobre la Directiva es el siguiente paso en una dirección ineludible. Me alegra observar que este es el mismo enfoque práctico que refleja el informe redactado por el ponente del Parlamento.
El Consejo se ha declarado dispuesto a adoptar los instrumentos necesarios para desvincular el crecimiento económico del consumo de energía. La Comisión también ha hecho suyos esos objetivos, al igual que el Parlamento. Por consiguiente, en principio no existe obstáculo alguno para llevar a cabo un cambio significativo, que resulta urgentemente necesario en la práctica. La Directiva objeto de debate ofrece una oportunidad para hacerlo y nuestra responsabilidad consiste en que se aplique con rapidez. En la economía europea integrada, la solución debe ser más coherente que nunca antes.
Si bien los impuestos sobre la energía satisfacen las necesidades parlamentarias de los Estados miembros, al mismo tiempo ofrecen un medio para reducir la fiscalidad del trabajo y el empleo, y constituyen un instrumento eficaz y preciso en lo que, desde el punto de vista ecológico, es la dirección correcta. Los impuestos sobre los productos energéticos es eslabón perdido que une todos los pequeños componentes del desarrollo sostenible.
Asimismo me gustaría plantear la cuestión de la relación que existe entre los impuestos sobre la energía y la Directiva sobre el sistema de comercialización de los derechos de emisión aprobada recientemente. Algunos estudios independientes muestran que la respuesta al problema del cambio climático será más favorable en general en términos económicos si la reducción para los sectores situados fuera del sistema de comercialización de derechos de emisión se fija en el nivel adecuado. Las medidas de carácter general para todos los sectores no producirán ese resultado, pues necesitamos un régimen fiscal exhaustivo para la energía. Tenemos que asegurarnos de que cada sector industrial quede comprendido en el ámbito de los impuestos sobre la energía o bien del sistema de comercialización de derechos de emisión. De esa manera, a través de la tributación, cada empresa conocerá un precio máximo que es el equivalente al coste marginal para la sociedad.
Europa necesita urgentemente un ambicioso régimen fiscal para la energía. Parecer que la Comisión y el Parlamento deberán asumir conjuntamente la responsabilidad de su creación.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, el realismo político ha llevado a la Comisión a concluir que en esta fase no procede modificar su propuesta de 1997. Una modificación formal de la propuesta de la Comisión prorrogaría significativamente la entrada en vigor de la Directiva, e incluso podría poner en peligro su aprobación durante esta legislatura.
Pero como el Consejo examinará las enmiendas propuestas a principios de octubre, la Comisión se esforzará por incluir las enmiendas pertinentes en la Directiva.
En este contexto, la Comisión podría aceptar en principio las enmiendas 1, 2, 3, 7, 8, 12 y 13.
Respecto a la enmienda 2, quisiera señalar que tengo la intención de presentar una propuesta específica sobre este tema a principios del año que viene.
La verdadera cuestión en que se basa la enmienda 4 es el establecimiento de una definición común para unidades de referencia en la Directiva. La Comisión persigue esta meta en el grupo de trabajo del Consejo.
Asimismo, a pesar de sentir cierta simpatía por las enmiendas 6, 9, 14 y 15, la Comisión considera que reabrir estas cuestiones podría hacer peligrar todo el compromiso. Por consiguiente, la Comisión lamenta que no pueda apoyar estas enmiendas.
La Comisión, además, no apoya las enmiendas 5, 10, 11, 16, 17 ó 18.
Hasta aquí en lo que se refiere a las enmiendas. También quisiera hacer algunas observaciones generales. En primer lugar, los diputados al Parlamento entenderán que todo este asunto cada vez es más difícil debido a la existencia de la regla de la unanimidad. La Comisión ha propuesto cambios muy modestos a la regla de la unanimidad en forma de mayoría cualificada en los ámbitos de simplificación, modernización, cooperación contra el fraude y el establecimiento de una base fiscal armonizada para el impuesto de sociedades. Sin embargo, soy pesimista en cuanto a la posibilidad de que se acepten estas propuestas tan modestas. Es lamentable, pero es la realidad.
Por último, voy a hacer una observación dirigida a la Sra. Kauppi. La Sra. Kauppi ha dicho que el hidrógeno es una fuente de energía, pero lamento tener que decir que esto no es verdad. Sí, se puede utilizar el hidrógeno en los automóviles y puede que en el futuro en los aviones, pero para utilizar hidrógeno primero hay que obtenerlo. Para producir hidrógeno se necesita electricidad. Por lo tanto, temo que cualesquiera que sean las ventajas de la denominada economía del hidrógeno -y la Comisión es plenamente consciente de sus ventajas-, no debemos olvidar que para obtener hidrógeno hay que producirlo y esto cuesta electricidad, mucha electricidad.
Por último, me gustaría agradecer al ponente su excelente trabajo.

El Presidente.
 Gracias, Comisario Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0062/2003) formulada por la Sra. Boogerd-Quaak, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la transmisión de datos personales por las compañías aéreas en los vuelos transatlánticos.

Boogerd-Quaak (ELDR)
Señor Presidente, señor Comisario, desde el mes de marzo de este año, el Parlamento y la Comisión se han aproximado considerablemente en esta cuestión. Es decir, el Sr. Bolkestein escribió una excelente carta al Sr. Ridge, pero el resultado final de esta última resulta algo menos convincente. De su intervención ante la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores deduje que tiene la seria intención de que se cumplan la Directiva 95/46/CE y el Reglamento 22/99/89. A pesar de ello, señor Presidente y señor Comisario Bolkestein, ayer mantuvimos un largo debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre una resolución en la que deseamos transmitir la idea de que en Europa deben respetarse determinadas normas mínimas. Esta resolución fue aprobada ayer gracias al grado de unanimidad que existe en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. No obstante, consideré que usted debería tener la oportunidad de responder a nuestras preguntas, de forma que podamos incluir su respuesta en nuestra resolución. Nuestro objetivo es anunciar una posición común que pudiéramos igualmente trasladar a los Estados Unidos, ya que las negociaciones realmente importantes deberán concluir en ese país. En la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se hicieron diversas sugerencias, entre ellas si no sería posible después de todo poner fin a la situación existente antes de los dos meses propuestos, por ejemplo, mediante la imposición de un sistema obligatorio a las líneas aéreas en esta fase. Asimismo me gustaría preguntarle - pues no pude entender con claridad lo que dijo en su intervención ante la comisión parlamentaria- si está de acuerdo con nosotros en que deberíamos desarrollar lo antes posible una norma europea sobre la base de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales -artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. ¿Coincide con nosotros en que deberíamos transmitir únicamente información limitada, como la que figura en el pasaporte y el billete de avión? La cuestión relativa al almacenamiento de datos también requiere una mayor atención. En mi opinión, el período de almacenamiento no debería superar la duración de la estancia. Entre seis y siete años me sigue pareciendo demasiado tiempo. A la hora de comprar los billetes debe informarse a los pasajeros de que se requieren estos datos. Asimismo, para nuestra comisión es sumamente importante que los pasajeros tengan la oportunidad de corregir los datos incorrectamente transmitidos de forma rápida, eficiente e independiente, y que exista un proceso judicial transparente en los Estados Unidos. Resulta inaceptable que nuestros ciudadanos tengan problemas en ese país.
Entretanto, esta cuestión se ha planteado igualmente a nivel internacional. Como usted sabe, el 12 de septiembre pasado se celebró en Sydney una conferencia en la que participaron los miembros del Comité de Protección de Datos. En ella se adoptó una resolución sobre esta cuestión, y me gustaría conocer la opinión del Comisario sobre la propuesta de celebrar un acuerdo internacional en este ámbito. Según esta resolución, dicho acuerdo internacional recogería en todo caso los siguientes elementos:
las condiciones exigidas para la protección de los datos;
el motivo de la recopilación de datos;
una lista definida de los datos exigidos, que no debería ser excesiva;
plazos estrictos para el período de almacenamiento;
información adecuada a las personas afectadas;
y métodos para corregir los posibles errores en los datos.
De hecho, esto es más o menos lo que también desea el Parlamento. ¿Qué opina de esto? ¿Considera que un acuerdo internacional sería una solución viable?
Además, me gustaría saber de boca del Sr. Bolkestein lo que espera lograr en los próximos dos meses con los Estados Unidos, en vista de que se ha avanzado muy poco en los últimos seis meses. Quiero señalar asimismo al Sr. Bolkestein que el curso que ha tomado este asunto también ha dado lugar a inquietud en los Estados Unidos. Hace unos cuantos días leí en el periódico que en los Estados Unidos se había sabido que la compañía aérea Jet Blue había transmitido en secreto los datos personales de más de 1 millón de pasajeros a una oficina del Pentágono. La Asociación Americana de Libertades Civiles considera que este es un «régimen totalmente antiamericano de controles fronterizos». Un ciudadano estadounidense que estaba trabajando el 11 de septiembre en el World Trade Center y que por suerte sobrevivió, indica que si bien comprende que la seguridad es importante, no se debería proceder de esta manera, pues resulta absurdo.
Los Estados Unidos están haciendo presión para imponer sus propias normas, ¿no deberíamos hacer nosotros otro tanto? Esto me lleva a otra cuestión que no forma totalmente parte de las competencias de este Comisario: ¿no sería preferible luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo mediante la creación de un sistema trasatlántico basado en las líneas del sistema europeo de Schengen para el intercambio de datos sobre personas potencialmente peligrosas?
En mi opinión, la solución tiene dos aspectos. En primer lugar, necesitamos regular con eficacia la protección de datos y, después, buscar otra forma de luchar contra el terrorismo.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, tal como he dicho a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores el 9 de septiembre de 2003, y de acuerdo con los mensajes que he recibido de los diputados en esa ocasión, la Comisión prosigue sus negociaciones con las autoridades estadounidenses que reciben los datos personales de los pasajeros transmitidos desde la Unión Europea con el fin de obtener mejores compromisos en cuatro cuestiones principales.
En primer lugar, voy a tratar el uso restringido. Hasta ahora, los Estados Unidos se han negado a restringir el uso de los datos personales de los pasajeros a la lucha contra el terrorismo. Los estadounidenses también quieren cubrir otros delitos penales internos graves. Hasta la fecha, no han estado dispuestos a limitar más estos últimos.
En segundo lugar, en lo que se refiere al alcance de los datos requeridos, los Estados Unidos solicitan 39 elementos diferentes de datos personales, lo que resulta difícil considerar necesario o proporcionado para el uso previsto. La Comisión pretende que los Estados Unidos reduzcan la lista de 39 elementos.
En tercer lugar, los períodos de conservación de los datos siguen siendo demasiado largos. La Sra. Boogerd-Quaak ha destacado que tienen una duración de seis a siete años.
En cuarto lugar, los compromisos estadounidenses no son suficientemente vinculantes desde el puntos de vista legal, debido a que los mecanismos de reparación extrajudicial disponibles no son totalmente independientes. Por consiguiente, hemos de insistir en que los derechos son, en la mayor medida de lo posible, de obligado cumplimiento y, por lo tanto, pueden reclamarse ante los tribunales estadounidenses.
Actualmente, estamos trabajando con un plazo límite para la Navidad de 2003, el plazo que fijé cuando hablé por última vez con la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Lo ideal es que para entonces estuviera bien encauzada una decisión adecuada. Sin embargo, solo será posible una decisión adecuada si los Estados Unidos están dispuestos a mejorar significativamente sus compromisos.
He de ser franco con la Asamblea y decir que no confío en que podamos asegurar las mejoras significativas necesarias para que la Comisión pueda efectuar una constatación sobre el grado de adecuación. Sin embargo, el avance en los compromisos de los Estados Unidos es, en todo caso, necesario para cualquier tipo de solución, independientemente de su forma legal, ya sea una constatación sobre el grado de adecuación o, si cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, un acuerdo internacional bilateral.
El último paso dado en nuestras negociaciones con los Estados Unidos ha sido la reunión que he mantenido ayer con el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense; es el número dos de ese departamento. Fue una reunión muy útil, en la que tratamos todas las cuestiones principales y acordamos poner a trabajar a nuestros funcionarios para aunar esfuerzos a fin de encontrar una solución en las próximas semanas. Cuando viaje a Washington a mediados de octubre espero poder reunirme con funcionarios superiores encargados de la Seguridad Nacional, incluyendo, esperemos, al Secretario Tom Ridge. Ayer subrayé al Sr. Hutchinson la urgencia de hallar una solución, y naturalmente también me referí a la gran preocupación que el Parlamento siente respecto a la transferencia de datos personales.
Me resulta difícil aceptar cualquier observación que se haga de que la Comisión tolera la situación y no cumple su papel de guardiana de los Tratados. En lo que se refiere a la Directiva de protección de datos, la aplicación de la ley es tarea de los Estados miembros y sus autoridades competentes de protección de datos. La función inmediata de la Comisión es asegurar que son los Estados miembros quienes cumplen la Directiva, no las compañías aéreas. Pero, en cualquier caso, no se trata de un problema que pueda solucionarse simplemente con medios intraeuropeos. Tenemos un conflicto jurídico con los Estados Unidos y éste es el quid de la cuestión. En mis conversaciones con las autoridades estadounidenses, espero ser firme. Pero si del lado europeo se es totalmente inflexible, no por ello se va a obtener necesariamente más flexibilidad por parte de nuestros interlocutores.
Respecto al consentimiento de los pasajeros, que han mencionado algunos diputados -al menos a corto plazo- no va a representar, a nuestro juicio, una solución segura desde el punto de vista legal a largo plazo. Primero, lograr que el consentimiento sea inequívoco va a resultar una tarea muy ardua en la práctica. Segundo, el resultado será una cesión de datos que -a pesar de ser legal en la Unión Europea- carecerá de toda protección significativa en el lado estadounidense. Por consiguiente, es mucho mejor asegurar compromisos óptimos por parte de los Estados Unidos sobre la forma en que tratarán los datos recogidos de ciudadanos de la Unión Europea.
La pregunta oral de la Sra. Boogerd-Quaak también se refiere a qué es lo que ocurriría si no se lograra llegar a una constatación sobre el grado de adecuación a finales de este año. Propone interrumpir las cesiones de datos que no sean conformes con los principios de la no discriminación, consentimiento previo informado y un procedimiento de recurso eficaz, e iniciar negociaciones sin demora sobre un acuerdo internacional con los Estados Unidos. Estas medidas reflejan hasta cierto punto las opciones existentes para posibles medidas que he subrayado en mi reunión con la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores a principios de este mes. 
Sin embargo, tal como destaqué en ese momento, hemos de ser extremadamente prudentes de que no vayamos a hacer algo que se vuelva en contra nuestra. La acción legal puede parecer atractiva en principio, pero no está claro que sus consecuencias sean las que queremos. Por lo tanto, crucemos el puente cuando lleguemos a él. Los juicios políticos deberán realizarse en el momento oportuno. Está claro que el curso que debemos seguir implicará plenamente al Parlamento y al Consejo.
Estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que es necesario unirnos para luchar contra el terrorismo. Pero también estamos de acuerdo en que hay que evitar que la preocupación por la seguridad sea una excusa para desmantelar nuestros derechos civiles y libertades. Quiero asegurar a la Asamblea que la Comisión seguirá sin escatimar esfuerzos para hallar una solución acordada con los Estados Unidos sobre esta importante pero tan delicada cuestión. Urge encontrar la solución, y ésta debe respetar la ley a ambos lados del Atlántico.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, en este asunto se han mencionado una serie de fechas clave. La primera es, sin duda, el 5 de marzo de 2003, cuando los Estados Unidos pidieron a las compañías aéreas que operaban entre este país y Europa que facilitaran todos los datos sobre los pasajeros: absolutamente todos los datos, no solo, como hasta entonces, los datos contemplados en los acuerdos de transporte aéreo.
La segunda fecha es el 15 de marzo de 2003. Una semana más tarde, con una precisión digna de mejor causa, el Parlamento aprobó la resolución en la que pide la aplicación de la Directiva de 1995 y del Reglamento de 1989 sobre la protección de la privacidad.
La tercera fecha es el 23 de septiembre, hoy: transcurridos seis meses desde la aprobación de la resolución, al parecer nada ha cambiado; los Estados Unidos no han respondido a las peticiones de la Comisión. Podríamos preguntarnos si los norteamericanos están sordos o si es la Comisión la que es incapaz de encontrar las palabras precisas para llegar hasta ellos. Así pues, todavía hoy, a las personas que viajan a los Estados Unidos se les pregunta, además de las cuestiones generales habituales, acerca de su religión, su gusto culinario, la última vez que fueron de vacaciones y por sus parientes tanto cercanos como lejanos. Eso es, sin duda, ir demasiado lejos. La Comisión tiene razón de levantar la voz, el Parlamento debería pedir medidas más decididas, como un acuerdo internacional, según se propone en la resolución.
Sin embargo, habría que mencionar otra fecha: el 11 de septiembre del 2001. Como todos recordamos, fue entonces cuando comenzaron los controles estrictos. Teniendo en cuenta ese terrible incidente, me parece que deberíamos ser un poco más pacientes y darnos cuenta de que, detrás de lo que sin duda constituye una molesta violación de la confidencialidad, todavía se encuentra mucho miedo. En todo caso, como ha señalado el Comisario, un poco de flexibilidad podría facilitar el diálogo.

Paciotti (PSE).
Señor Presidente, Señorías, la situación actual es ilegal a todas luces. No existe fundamento jurídico para facilitar a las autoridades norteamericanas un acceso directo y sin filtros a los datos personales de los pasajeros europeos, y este hecho contraviene el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales; contraviene las disposiciones comunitarias en materia de protección de los datos personales; contraviene el Reglamento comunitario sobre los sistemas informáticos de reservas. Parte de la responsabilidad de esta situación ilegal corresponde a la Comisión Europea, pues la legislación estadounidense que exige la revelación de esta información se remonta a noviembre de 2001 y fue modificada en mayo de 2002, mientras que el sistema no entró en vigor hasta marzo de 2003.
Entretanto, la Comisión no informó al Parlamento de este hecho y negoció a nivel de altos funcionarios con los Estados Unidos para lograr la declaración conjunta de 18 de febrero de 2003, que permitía en la práctica a las autoridades de ese país un acceso indiscriminado a los datos personales de los ciudadanos europeos recopilados por las compañías aéreas para fines totalmente distintos, e incluso se proponía que las autoridades nacionales de control no tomasen medidas contra las compañías aéreas que cumplieran las exigencias de los Estados Unidos. Únicamente la firme respuesta del Parlamento Europeo y de las mencionadas autoridades de control llevaron a la Comisión a reconocer, por fin, que no se cumplían las condiciones para una protección adecuada contempladas en el artículo 25 de la Directiva en relación con la transmisión de datos recopilados en la Unión.
No obstante, deseo señalar que, en el caso de Italia, la prohibición impuesta por las autoridades de control para acceder a los datos recopilados por la compañía Alitalia no ha sido objeto de reacciones negativas o de sanciones por parte de las autoridades norteamericanas. Así pues, la Comisión debe esforzarse más por lograr lo antes posible un auténtico acuerdo internacional con los Estados Unidos que regule esta cuestión sobre la base de los principios fundamentales: respeto del principio de reciprocidad, en virtud del cual, si la Unión concede a los ciudadanos norteamericanos los mismos derechos que a sus propios ciudadanos, los Estados Unidos deben hacer otro tanto con los ciudadanos europeos; respeto del principio de proporcionalidad; respeto del principio de consentimiento informado y del derecho de la persona interesada a recurrir a una autoridad o juez independiente. Entretanto, a la espera de que se llegue a un acuerdo satisfactorio, es necesario restablecer una situación de legalidad y prohibir el acceso a datos que infrinja la legislación comunitaria.
En el futuro deberá crearse un sistema centralizado a nivel europeo para la recopilación electrónica de datos sobre reservas de vuelos, que contenga los filtros adecuados para garantizar que únicamente los datos cuya revelación sea legal sean transmitidos a terceros, teniendo debidamente en cuenta los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos que nosotros, el Parlamento y la Comisión, tenemos la obligación de proteger, entre otras cosas, contra el terrorismo.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, antes que nada me gustaría ahondar en las noticias a las que ya ha hecho referencia la Sra. Boogerd-Quaak. Me refiero a la compañía aérea Jet Blue que recientemente tuvo el dudoso honor de ser la primera compañía aérea norteamericana en facilitar datos sobre sus pasajeros al Pentágono. Este último había pedido esta información a fin de poder realizar una evaluación de riesgos de los pasajeros basada en el programa CAPS II. Cuando se filtró esta noticia, en los Estados Unidos se produjo una enorme ola de indignación. Se pidieron excusas y se cerró inmediatamente el grifo de información. Resulta especialmente grave que los pasajeros no hubiesen sido previamente informados de la violación de su privacidad, pero la ira de la opinión pública iba dirigida igualmente al mismo hecho de realizar registros a gran escala. Como ya se ha dicho, la influyente UCLA, la Asociación Americana de Libertades Civiles, calificó esta medida de «régimen totalmente antiamericano» y condenó que, de este modo, cada pasajero se convirtiera en sospechoso.
Destaco la indignación norteamericana para hacer comprender al Comisario que no debe obsesionarse con llegar a un compromiso entre nosotros y el Ministro Rich y compañía en las actuales negociaciones con los Estados Unidos, porque el terreno de juego es mucho más amplio y, si queremos, podemos ensancharlo aún más. Al parecer, el público norteamericano no considera viables estas acciones y medidas, por lo que también nosotros debemos exponer nuestras objeciones.
Señor Comisario, me gustaría pedirle que intente tomar otro camino empleando una estrategia alternativa. Usted puede acceder con facilidad a la prensa anglosajona, y por ello cuento con el poder de persuasión de su palabra escrita para hacer presión sobre la administración a través de la opinión pública norteamericana. Considérelo una especie de campaña de sensibilización. ¿Cuáles son nuestros problemas concretos? Sería útil clarificarlo, porque creo que encontraremos una audiencia receptiva a este mensaje, incluso entre el público de los Estados Unidos.
El segundo punto que deseo exponer, señor Presidente, se refiere a las propuestas que circulan para elaborar un pasaporte con chips electrónicos avanzados que contengan datos biométricos, incluyendo un historial de los desplazamientos anteriores del titular. Si se almacena este historial en este chip y el titular viaja a los Estados Unidos, Bush seguirá teniendo un acceso sin restricciones a la información que es objeto de este debate. Por ello, mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos luchando en la retaguardia? ¿Hasta qué punto han avanzado las deliberaciones sobre estos pasaportes y ha examinado usted la forma en que dicho pasaporte puede afectar a la privacidad de nuestros ciudadanos? Después de todo, así podríamos evitar tener que hacer frente una vez más a hechos consumados dentro de un año y sufrir una enorme indignación.

Cappato (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, la flexibilidad resulta muy adecuada en las negociaciones, pero muy poco cuando se trata de cumplir la ley.
El artículo 2 del Reglamento 22/99 prohíbe que se revele a terceros que no sean parte de una transacción información personal sobre un pasajero sin el consentimiento de este.
Señor Comisario, usted ha indicado que la responsabilidad de aplicar la legislación corresponde a los Estados miembros. Esto es cierto en el caso de las directivas, pero no cuando se trata de reglamentos. Usted está investido de toda la autoridad necesaria para intervenir y garantizar el cumplimiento de la ley, con arreglo al artículo 11, que establece que la Comisión debe iniciar procedimientos para poner fin a cualquier violación de las disposiciones del Reglamento cuando se recurra a ella o actúe por iniciativa propia.
¿Deseamos realmente exigir que se respete la ley cuando esto sería efectivamente contraproducente? En primer lugar y sobre todo creo que cuando se trate de una ley, esta debe ser cumplida, y que una condición para cualquier reforma -incluso la reforma de un acuerdo internacional- es el cumplimiento de los procedimientos.
Señor Comisario, usted obtendría mayor influencia en las negociaciones internacionales si la Comisión exige el cumplimiento inmediato de la ley, pues tiene las competencias para hacerlo, al igual que los Estados miembros.
No nos corresponde a nosotros decidir el calendario: este es -y en mi opinión debería ser- el calendario establecido en el artículo 232 del Tratado, en el que se establece un plazo de dos meses a partir de la solicitud de actuación. Si no se adopta medida alguna, tenemos dos meses para recurrir al Tribunal de Justicia.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, los treinta y nueve elementos de información que nos ocupan hoy pueden dividirse en tres categorías. En primer lugar, los datos superfluos, cuyo almacenamiento ya ha provocado el colapso -en la RDA y otros países- de los servicios de inteligencia y de Estados enteros. Esta información no debe guardarse en interés de la lucha contra el terrorismo. En segundo lugar, datos útiles que podrían eliminarse tras su registro. Esta información puede utilizarse de una manera adecuada y legal. En tercer lugar, sin embargo, tenemos los datos sensibles, para los cuales necesitamos normas precisas, y que bien no deben registrarse, guardarse y transmitirse en absoluto, o bien deben suprimirse tras un plazo determinado, una vez que la persona haya abandonado los Estados Unidos.
Aunque todos abogamos vehemente a favor de la lucha contra el terrorismo, este no puede combatirse con la anarquía, sino de dos maneras. En primer lugar con la ley en la mano, aspecto que debería recalcarse frente a la arbitrariedad. Lamento decir que, en este momento de las relaciones transatlánticas, existe arbitrariedad en lo referente a estas cuestiones de información y ausencia de todo fundamento jurídico. En segundo lugar, solo podemos luchar contra el terrorismo internacional sobre una base de confianza entre los Estados Unidos y Europa, confianza que se ha visto afectada porque ambas partes se culpan mutuamente, y debe ser restablecida. La confianza solo puede surgir de la adopción de normas realmente transparentes, normas que el público pueda comprender, de lo contrario alimentaremos la desconfianza tanto de los Estados Unidos como de la propia Unión Europea.
Señor Comisario, no creo que podamos esperar a que se adopten normas internacionales, ni que podamos confiar en los actuales 15 Estados miembros ni el los futuros 25 para aplicar la ley. Es más bien una casualidad que la Comisión, con usted en calidad de portavoz de la Unión Europea, que pronto tendrá más habitantes que los Estados Unidos y Rusia juntos y debe ser un aliado de los Estados Unidos, actúe en esta importante cuestión, pero lo debe hacer intencionadamente y dentro del respeto de la ley. Por ello, señor Presidente, pedimos a la Comisión que se muestre firme en el transcurso de las negociaciones, señor Bolkestein. Que se muestre firme o dura en estas importantes cuestiones relacionadas con la confianza y la ley.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
Recuerdo a esta Cámara que la votación sobre las posibles propuestas de resolución tendrá lugar el jueves 9 de octubre en Bruselas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0287/2003) de la Sra. Villiers, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de inversión y mercados regulados, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2002) 625 - C5-0586/2002 - 2002/0269(COD)).

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, de entrada doy las gracias a la ponente por su informe. Sin duda mejora el texto de la Comisión en algunas partes, al tiempo que asegura que se respetan adecuadamente las metas de una algo grado de protección de los inversores y de eficiencia del mercado.
Sabemos que se trataba de un debate muy difícil, pero el Parlamento ha demostrado una gran voluntad de compromiso y de encontrar una solución viable. Permítame también felicitar a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath, quien, haciendo honor a su palabra, ha ayudado a sacar adelante el plan de acción de servicios financieros. En especial, acogemos con satisfacción los esfuerzos de la ponente por alcanzar un compromiso sobre dos puntos principales.
En primer lugar, como bien sabe, la transparencia de la prenegociación era uno de los principios de la propuesta de la Comisión, con el fin de asegurar la eficiencia del mercado y la protección de los inversores. Nos alegra mucho que el principio se mantenga en la propuesta, pero se ha adoptado de forma pragmática. En segundo lugar, apreciamos el trabajo realizado sobre la prueba de idoneidad, en relación con el artículo 18. Considero que es una buena base para encontrar una solución adaptada a las especificidades de cada tipo de servicio y que contribuirá a completar nuestra propuesta en este sentido.

Villiers (PPE-DE)
Señor Presidente, doy las gracias al Comisario por sus amables palabras y a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que han trabajado muy arduamente sobre este tema. En especial, quisiera agradecer al Sr. Karas y a los Sres. Radwan, Bourlanges, Katiforis, Goebbels y a la Sra. Cazalet, de la Secretaría de la comisión y a mi ayudante, Sarah McCarty, por toda la ayuda que me prestaron en este expediente tan laborioso.
Los objetivos de la Directiva sobre servicios de inversión (DSI) han de ser mercados competitivos, integrados, con liquidez, transparentes, eficientes y con un alto grado de protección de los inversores. La DSI no debe prescribir una determinada estructura de mercado. Es preciso que reconozca y se adapte a la diversidad de las diferentes estructuras del mercado europeo. Ha de distinguir adecuadamente entre inversores particulares y profesionales. El tipo de Reglamento que es absolutamente fundamental para los consumidores puede ser perjudicial, perturbador e innecesario si se aplica a los profesionales. Las normas siempre se han de basar en el riesgo, es preciso que se evalúe su coste adecuadamente y han de ser proporcionales al perjuicio que pretenden evitar.
Respaldo en gran manera el énfasis que pone la propuesta de la Comisión en el país de origen, con una cualificación que en muchos casos y en numerosos ámbitos el país de acogida es capaz de abordar con las sucursales. También estoy de acuerdo con la aspiración general de la Comisión de abolir las normas de concentración y abrir el negocio de ejecución de compraventa de acciones a la competencia entre bolsas, entre sistemas de negociación multilateral (MTF) y entre plataformas de ejecución internas de las empresas de inversión. Las bolsas no son servicios públicos y no hay que concederles un monopolio. Si se deja que las empresas compitan con las bolsas, los inversores tendrán más donde elegir, más liquidez, gamas más estrechas, mejores precios y costes más bajos. Los mercados donde se autoriza este tipo de competencia se desarrollan satisfactoriamente, son transparentes y gozan de una elevada liquidez. La competencia en este contexto aportará muchas ventajas a los consumidores, como lo ha hecho ya en tantos otros ámbitos. Estoy de acuerdo con la Comisión en que la mejor manera de proteger a los inversores pasa por una fuerte combinación de competencia, normas de gestión empresarial, normas relativas a los conflictos de intereses, normas de ejecución óptima y transparencia.
Sin embargo, existen ámbitos importantes donde el compromiso acordado con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha mejorado en gran medida la propuesta de la Comisión. Pido firmemente a la Asamblea que apoye el compromiso de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ya que estas enmiendas son fundamentales para subsanar o, a lo sumo, reducir algunos de los problemas extremadamente graves causados por el texto original de la Comisión. Apoyo enérgicamente las enmiendas de la comisión y solo defenderé un par de cambios bastante técnicos.
Es preciso que este compromiso se acepte como un paquete. Ruego a la Asamblea que no pretenda desestabilizar este compromiso tan cuidadosamente equilibrado y al que se ha llegado con tantas dificultades tras mantener numerosas reuniones, con aportaciones de diferentes diputados de distintos Grupos políticos de nacionalidades diferentes. De hecho, en el núcleo del asunto, el concepto del tamaño estándar del mercado es un concepto introducido en el debate por parte del Grupo del PSE.
Creo firmemente que el compromiso de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios será ventajoso para todos los Estados miembros. Mucha gente de mi país dirían que el compromiso se queda corto para cubrir sus necesidades. Me habría gustado eliminar el artículo 25, pero he reconocido que no es factible ni conveniente y he reconocido la necesidad de un requisito de transparencia en la prenegociación. Creo que este compromiso será beneficioso para los intereses nacionales de Luxemburgo, Francia, Italia, el Reino Unido y, naturalmente, para todos los Estados miembros. Creo que será bueno para los consumidores.
He tenido que hacer concesiones, me he alejado de mi posición inicial y quiero dar las gracias encarecidamente a todas las personas de la comisión y de la Asamblea que también han hecho concesiones. Puedo apoyar algunas de las enmiendas del pleno: 145, 148, 151, 156 y 157, y estaré encantada de continuar deliberando sobre las demás enmiendas del pleno.
Hemos mantenido un debate muy serio en comisión sobre el término «no profesional»: un amplio abanico de grupos de intereses de toda Europa han dicho que podían aceptar el compromiso si se eliminaba la palabra «no profesional»; ahora se ha hecho así. Ahora se trata de un compromiso equilibrado que permite que un requisito de transparencia en la prenegociación avance al tiempo que se abordan algunos problemas prácticos de la propuesta original, como ha dicho el Sr. Bolkestein, «de forma pragmática».
El artículo 25 original hubiera perjudicado gravemente la liquidez, y esta es vital para la salud de nuestros mercados y nuestra economía. Este compromiso pretende tratar estos problemas prácticos y reducir todo perjuicio que pueda sufrir la liquidez, eximiendo a las pequeñas entidades bancarias y centrándose en internalizadores sistemáticos, así como reduciendo el riesgo de incumplimiento de los compromisos adquiridos. Permite la mejora de los precios: sin una mejora de los precios, el compromiso no es viable. Solo con la mejora de los precios los clientes al por menor obtienen los buenos precios que se merecen. La obligación de ofrecer el mismo precio a todo el mundo haría que la internalización no fuera rentable. ¿Por qué razón, nosotros que somos los encargados de representar a los ciudadanos de Europa, hemos de promulgar una ley que impida a las empresas ofrecer buenos tratos a sus clientes?
Por último, es vital que aceptemos las enmiendas de la comisión sobre empresas dedicadas exclusivamente a la ejecución. Es necesario modificar la propuesta de la Comisión, ya que de otro modo eliminará las empresas dedicadas exclusivamente a la ejecución al hacer que no sean rentables. Creo que los inversores deben continuar si quieren poder tomar sus propias decisiones sobre sus inversiones. Es preciso que no estén obligados a adquirir asesoramiento profesional que ni necesitan ni desean. Se trata de una reglamentación innecesaria e insto a los diputados a rechazarla igual que ha hecho la comisión parlamentaria.

Radwan (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al ponente. El camino recorrido ha sido largo y, en algunos trechos, arduo, pero hemos llegado a un compromiso que refleja la opinión de toda la Cámara, y deberíamos hacer todo lo posible por que, en la votación de esta semana, deje de cuestionarse este compromiso y se realicen únicamente cambios de orden redaccional. Todos aceptamos que en el futuro exista competencia entre las distintas plataformas de negociación, competencia entre los mercados bursátiles y los bancos.
Por otra parte, no podemos ignorar los criterios específicos, por ejemplo, que en la competencia se apliquen las mismas condiciones a los bancos y a los mercados. Esto implica que si tomamos los mercados como fuente de los precios -de precios de mercado significativos - no podemos permitir que esto afecte la liquidez en el futuro y que los mercados dejen de ser significativos. En lo que respecta a la transparencia, debemos garantizar que el mercado sea transparente para todos como que lugar en el que se forman los precios, y que todos puedan comprender cómo evolucionan los precios en él. Es necesario mantener la oferta y la demanda. Ese es el resultado al que llegaron nuestras laboriosas deliberaciones, al igual que la transparencia previa a la negociación. Hemos hecho algunas recomendaciones al Comité de Reguladores Europeos del Mercado de Valores (CESR) y a continuación escucharemos con mucha atención los consejos que el CESR tenga a bien darnos.
Considero sumamente importante que no haya vencedores ni vencidos en este debate. Ni la City londinense ni ninguno de los demás centros financieros europeos ha ganado. Tampoco podemos decir que los mercados o las sociedades de inversión hayan ganado, sino que todos deberán estar juntos en este mercado en el futuro a fin de atraer a los clientes mediante la mejor oferta. Desde una perspectiva alemana también me parece importante que la estructura del mercado tenga en cuenta los factores nacionales. Por ello les pido un amplio apoyo para las dos enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos a fin de que se siga protegiendo a los pequeños corredores de bolsa alemanes. Gracias, señor Presidente.

Katiforis (PSE).
Señor Presidente, Señorías, el informe objeto de debate se refiere a una de las cuestiones más importantes de la unificación económica de Europa, la unificación de los mercados financieros. Todos conocemos el principio según el cual un amplio mercado financiero ofrece mayor liquidez y mayor peso económico. Asimismo puede ofrecer una mayor competitividad y, por ende, mejores precios para las partes que intervienen en las transacciones. De este modo estimula a los inversores y las inversiones, y el incremento de la inversión tiene una importancia económica evidente sobre la que todos estamos de acuerdo. Nuestro Grupo pretende lograr el mayor empleo posible, el cual puede crearse mediante el aumento de la inversión.
La propuesta de la Comisión se basa en la unificación de los mercados financieros, en el denominado «pasaporte europeo»; en otros términos, ofrece a los bancos de inversiones el derecho a llevar a cabo sus actividades en los 15 Estados miembros, siempre que cumplan las normas de aprobación en tan solo uno de ellos en lugar de cumplirlas en los 15. Sin embargo, la Comisión a completado su propuesta con la idea de que, para que un mercado financiero pueda operar realmente sin fronteras, las partes en la negociación deben contar con la misma seguridad, independientemente del lugar de Europa en el que coloquen su dinero. Esta idea ha dado lugar a normas de regulación aplicables a todos, normas que la Comisión introduce igualmente para el ejercicio de actividades de forma leal y transparente, la integridad del mercado y los derechos de los inversores a un trato correcto y honesto por parte de los bancos y entidades financieras.
Las normas siempre regulan intereses en conflicto. Estos intereses varían en este momento, debido a que la tecnología y la concentración del capital bancario en grandes sociedades están creando nuevas condiciones, condiciones que hacen que los bancos se conviertan en mercados bursátiles con transacciones internas y que los mercados bursátiles dejen de ser infraestructuras para convertirse en sociedades. Así pues, existe el riesgo de que se produzca una fragmentación múltiple del mercado que la Directiva, en una de sus disposiciones más controvertidas, intenta superar obligando a los bancos de inversiones a comunicarse de forma transparente con el mercado tanto antes como después de celebrar sus transacciones comerciales.
En términos generales, la propuesta de la Comisión ha establecido una vez más un equilibrio aceptable entre los distintos intereses y los avances tecnológicos. El debate y las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos refuerzan en general la labor de la Comisión, gracias a la enorme contribución realizada por la ponente, a la que deseo felicitar por sus esfuerzos y su planteamiento conciliador. Espero que este planteamiento conciliador se mantenga hasta el final y que las enmiendas propuestas por nuestro Grupo reciban el apoyo de esta Cámara, de forma que el informe pueda aprobarse por una amplia mayoría.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por su excelente trabajo, pues ha logrado formular un compromiso sostenible contra todo pronóstico. Actualmente, los mercados bursátiles establecidos en la UE tienen casi un monopolio sobre la negociación de valores mobiliarios, en particular en determinados mercados nacionales. Ahora estamos introduciendo competencia y libertad de elección y, señor Katiforis, una protección sólida de los inversores.
Quiero hacer algunos breves comentarios sobre los dos artículos más delicados, a saber, los artículos 18 y 25. En relación con el artículo 18 consideramos que es importante que la prueba de aptitud se reserve para aquellos servicios en los que se ofrece asesoramiento y no, por ejemplo, para la negociación de valores mobiliarios por Internet. Estos clientes han elegido deliberadamente un servicio de corretaje al que no deben pagar por su asesoramiento profesional. Esa medida tan solo aumentaría los costes. Por ello votaremos a favor de las enmiendas 53, 54 y 55 de la comisión parlamentaria.
El artículo más controvertido de la propuesta es el artículo 25, que trata de los sistemas internos de negociación y de la publicación de la información sobre precios antes de las transacciones que tienen lugar fuera de los mercados regulados o de sistemas de negociación multilateral (MTF). Consideramos que esta disposición encierra riegos, pues reduciría la liquidez del mercado y aumentaría los costes. No ha sido posible reunir el suficiente apoyo político para suprimir este artículo, pero creemos que las enmiendas 33, 86, 87, 88 y 89 de la comisión parlamentaria eliminarían los efectos negativos que las disposiciones propuestas en materia de publicación de precios tendrían sobre el mercado.
Por último, me gustaría preguntar por qué debatimos una propuesta tan importante tan tarde en la noche.

Herzog (GUE/NGL).
Señor Presidente, la nueva Directiva sobre servicios de inversión tiene por objeto coordinar la competencia entre tres grandes estructuras, las bolsas, Internet y las empresas que practican la internalización. Su competencia para tratar las transacciones se intensificará en la perspectiva del mercado financiero europeo en vías de integración. Todo el mundo sabe que la City de Londres, que es también un portaviones de los bancos de inversiones norteamericanos, cuenta con una gran ventaja en materia de internalización. Otras sociedades, como el Deutsche Bank o ABN-AMRO, se lanzan al comercio con ambiciosos planes de negocio.
Observo que, para asumir nuestra tarea de legisladores, nos ha faltado en especial un análisis económico sólido para esclarecer la naturaleza de la competencia emprendida y sus consecuencias. Por ejemplo, ¿queremos que las pequeñas plazas europeas del sur al este sean dirigidas por unos pocos grandes inversores desde Londres?
En esta Cámara respondemos del interés general y no de los intereses de tal o cual país. Por ello, hemos apoyado dos grandes principios: la calidad de la información y la competencia equitativa. Las empresas de internalización captan enormes recursos, pero no forman el mercado. Lo manipulan, pero lo necesitan, razón por la cual la transparencia pre-negociación es crucial para la calidad de la formación de los precios, en particular para prevenir la volatilidad, la especulación y los delitos de iniciados.
La propuesta de la Comisión aplicaba este principio de transparencia pre-negociación que la Sra. Villiers quiso suprimir en un primer momento. Después lo aceptó. Ha demostrado una gran profesionalidad, hay que reconocerlo. Ha cedido terreno, pero en comisión se votaron gran número de trampas y minas en relación con su iniciativa que vacían en buena medida de contenido esta exigencia de transparencia y crean incertidumbre jurídica. Así sucede con la definición de las empresas que practican la internalización, las obligaciones, el volumen de las órdenes, la exención para las contrapartes elegibles o también el concepto de mejora del precio. 
En su estado actual, el informe votado propone una regulación inferior a la que existe en los Estados Unidos. Por ello, hemos pedido una serie de votaciones separadas con el fin de eliminar las formulaciones que nos parecen perjudiciales, y nuestro objetivo no es concluir en primera lectura a cualquier precio, ni simplemente contemplar un compromiso entre los diversos intereses, sino adoptar una resolución que sirva realmente al interés general.
Bourlanges (PPE-DE).
Señor Presidente, en la base de este informe había una confrontación a causa de dos filosofías. La primera consistía en considerar que las sociedades de inversión -las sociedades que practican la internalización- debían ser autorizadas a establecer una relación estrictamente bilateral con sus clientes, lo que tenía el inconveniente de no permitir a dichos clientes beneficiarse del mejor precio posible en el mercado, ni siquiera conocer ese precio mejor, ni siquiera simplemente garantizar la formación de los precios, que solo puede ser fruto de una confrontación general de ofertas y demandas. La segunda filosofía, denominada de los mercados regulados, consistía en considerar que la protección del consumidor pasaba por la competencia en un mercado único y transparente del conjunto de ofertas y demandas, a fin de que los clientes pudiesen conocer el precio y se beneficiaran del mejor precio posible. 
¿Eran compatibles estas dos filosofías? Sí, a condición de someter las políticas de las sociedades de inversión a normas comunes. El texto de la Comisión era muy satisfactorio en este punto. No estoy seguro, a diferencia del Sr. Bolkestein, de que el informe de la Sra. Villiers mejore sensiblemente el texto inicial. Pero podemos vivir con este compromiso, porque, como se ha recordado aquí, es relativamente satisfactorio. Nos permite defender los verdaderos principios y actuar.
Sin embargo, hay dos reservas. En primer lugar, la cuestión de la mejora de precios. No se trata de saber si el cliente tiene el mejor precio. ¡Por supuesto que debe tener el mejor precio! La cuestión de la mejora de precios tiene que ver con la posibilidad de las sociedades de inversión de aplicar un precio diferente del que declaran e impedir así al mercado contribuir a la formación de precios justos.
En segundo lugar, no podemos aceptar tampoco operaciones relativas a carteras que consisten, a efectos de eximir una operación de las exigencias de la Directiva, en una amalgama de valores de diversos tipos, que no guardan ninguna relación entre sí. Con estas dos reservas esenciales, con respecto a las cuales parte de nosotros votaremos en contra de la propuesta, consideramos que el informe de la Sra. Villiers es satisfactorio y felicitaría gustoso a la ponente si tuviera la impresión -esta es una reserva- de que ha sido plenamente justa en todas las negociaciones entre los Grupos.
Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, las negociaciones sobre la Directiva de servicios de inversión y mercados regulados ha mostrado una vez más la dificultad que supone reunir las diferentes filosofías y tradiciones europeas en materia de mercados, en particular el modelo continental de los mercados bursátiles, que entretanto han perdido en gran parte su carácter semipúblico y han sido privatizados, y los nuevos sistemas de negociación interna de los bancos de inversiones.
Permitir que estos dos sistemas coexistan a escala universal y organizar una competencia leal y proteger los intereses de los inversores al mismo tiempo constituye una tarea compleja, extremo que quedará claramente de manifiesto cuando observemos las elevadas sumas que se transfieren cada día y los efectos que la evolución de los mercados financieros tendrán sobre la economía europea y mundial. En vista de ello, espero que el compromiso alcanzado tras muy duras negociaciones en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, estimule al Consejo a llegar a compromisos similares, de modo que este importante acto legislativo sobre la creación de un mercado integrado para los servicios financieros pueda adoptarse en este período. Creo que hemos intentado tener en cuenta los intereses de todos los participantes en el mercado, entre ellos los de los inversores no profesionales, y que hemos aplicado el principio de transparencia a todos los ámbitos importantes, como pretendía la Comisión.
Por ejemplo, en interés de la transparencia de precios y de la protección de los inversores es necesario que los contratos limitados a los sistemas internos de negociación, si no pueden ser ejecutados directamente por la entidad correspondiente, puedan transferirse directamente a los mercados regulados, a menos que el cliente se oponga explícitamente a ello. Una transferencia expeditiva ofrece las mejores oportunidades para la ejecución del contrato en las mejores condiciones para los clientes. Por ese motivo considero que hemos tomado la decisión correcta en esta Cámara, al igual que en los requisitos de publicación contemplados en el artículo 25. Espero que con esta Directiva se dé una oportunidad a la competencia de todos los sistemas de negociación sin descuidar la protección de los intereses de los inversores.

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, el compromiso al que llegamos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios requirió una ardua labor y gran temple de todos los participantes. Quisiera dar las gracias a la ponente por su valioso trabajo. Sin su entereza y extrema paciencia no habríamos logrado este compromiso.
No obstante, me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto. La propuesta de la Comisión establece transparencia antes y después de la negociación. Dicha transparencia resulta tan costosa como superflua, y evitará que las instituciones financieras inviertan en sistemas internos. Implicaría virtualmente el final de la competencia y la norma atípica de la concentración, que acarician diversos Estados miembros -como acaba de exponer el Sr. Bourlanges-, se introduciría por la puerta trasera. Resulta lamentable que, a pesar de ello, se establezcan disposiciones en materia de transparencia antes de la negociación. En este aspecto, señor Bolkestein, estoy de acuerdo con la Comisión en que dichas disposiciones solo deben aplicarse a los clientes particulares y no deben extenderse a los clientes profesionales.
No obstante, las entidades financieras dotadas de sistemas internos de negociación deben poder ofrecer a sus clientes mejores precios que los ofrecidos por aquellos que los comunican a través del sistema de transparencia anterior a la negociación. Si las entidades financieras logran ofrecer dichos precios, mucho mejor, pues es en interés de los clientes.
Asimismo, varios diputados desean que la transparencia anterior a la negociación se extienda a los títulos de deuda. Yo estoy en contra de ello, ya que los dos mercados presentan estructuras muy diferentes. En ese caso, los hinchas del fútbol podrían invertir en títulos de deuda de sus clubes favoritos sin tener que ponderar los riesgos y posibles beneficios, como sucedió en Italia.
La propuesta de Directiva exige igualmente que las entidades financieras obtengan la autorización de sus clientes para ejecutar las órdenes de estos. Considero que resulta excesivo. El compromiso adoptado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios va mucho más lejos de lo necesario para crear un mercado único que funcione correctamente para los servicios financieros. Lamento decir que la política es el arte de lo posible. Actualmente nos encontramos en la primera lectura y quizá quienes estuvieron de acuerdo con la ponente en su primera versión cambien de posición y entonces tal vez podamos formular un mejor texto que el acordado en primera lectura.

Berès (PSE).
Señor Presidente, todo el mundo felicita a la ponente, así que yo también lo hago y mido el camino recorrido entre la que ella denominaba «enmienda Prodi» y el texto que está hoy sobre la mesa, incluso si en nuestro debate han pesado mucho influencias de fuera del continente.
Los objetivos de la Directiva los conocemos todos: asegurar que el sector financiero asigne los recursos financieros de nuestra economía del mejor modo posible. Partiendo de este principio, creo que el texto que hemos elaborado es esperado por todos los operadores. Me quedan algunas observaciones esenciales que hacer.
Para proteger a los inversores no profesionales, es necesario que las empresas financieras se tomen la molestia de comprobar su nivel de conocimiento, así como sus recursos. La mera ejecución no es una práctica continental, y si la imponemos de buenas a primeras corremos el riesgo de desestabilizar a muchos inversores. Para que la competencia sea real, es necesario que la información esté disponible para todos los actores. La transparencia es, pues, esencial. La transparencia pre-negociación no debe contemplar ninguna excepción y puedo admitir que no se aplique a las órdenes a precio limitado y se restrinja a las órdenes de un volumen determinado, pero me parece que la posibilidad de mejora del precio, de la cual ha hablado ya el Sr. Bourlanges, es un elemento extremadamente preocupante.
Por último, me parece que en la votación que tendrá lugar el jueves debemos intentar restablecer la que había sido la posición de nuestro Parlamento con respecto al Reglamento de «entrega», es decir, pedir a la Comisión que elabore una directiva sobre esta cuestión.
Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera empezar dando las gracias a todos los que han intervenido en este compromiso, comenzando por la ponente y el Sr. Radwan. Ha sido una tarea sumamente difícil, pero lo hemos logrado. Además, me gustaría dejar claro que el Parlamento desea adoptar esta Directiva en la presente legislatura y que esperamos que este compromiso ayude igualmente al Consejo a llegar a su vez a un compromiso. La nueva Directiva sobre servicios de inversión y mercados regulados reforzará el mercado único europeo de servicios financieros. ¿Por qué necesitamos una Directiva? Porque hasta ahora las normas mal armonizadas, el algo grado de burocracia y las disposiciones desfasadas en materia de protección del consumidor han constituido obstáculos considerables para la negociación transfronteriza de valores mobiliarios.
¿Cuáles son los principales elementos de nuestro compromiso y las nuevas normativas? En primer lugar, la protección de los inversores. Los inversores deben estar bien informados y las normas para la conducción de las operaciones son uno de los pilares más importantes de la protección de los inversores: las diferencias entre las actividades con asesoramiento y las actividades sin asesoramiento. En el futuro solamente se exigirá una prueba de aptitud para las actividades con asesoramiento. En tercer lugar, deseamos el mejor servicio posible. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha redactado un texto que resulta aceptable para las entidades financieras, tanto pequeñas como grandes. En cuarto lugar, y este es el punto de decisivo, igualdad de condiciones para los bancos que negocian internamente valores mobiliarios y para los mercados. En este compromiso se decidió que los bancos ya están sometidos a normas adecuadas en materia de supervisión y transparencia. El objetivo consiste en permitir los sistemas internos de negociación, pero no en detrimento de los mercados y de los demás participantes en el mercado.
Esperamos que este compromiso fomente una competencia más leal entre bancos y mercados bursátiles, competencia de la que el primer beneficiario será el consumidor. Quiero pedir a todos ustedes que voten a favor de este compromiso pasado mañana.

Van den Burg (PSE).
Señor Presidente, le felicito por su resistencia. En el breve tiempo que se me ha asignado y en esta hora tan tardía solo puedo formular unos cuantos principios de orientación que determinarán mi disposición para llegar a compromisos y mi voto el jueves.
Me gustaría plantear dos objetivos. En primer lugar, fomentar la inversión privada en la Unión Europea. Debemos hacer todo lo posible para aumentar la liquidez en beneficio de las actividades económicas y recuperarnos una vez más de la decadencia económica. En segundo lugar, la protección de los pequeños inversores privados. Por una parte, mediante la adopción de normas inequívocas que sean objeto de un estrecho seguimiento y, por otra, optimizando las opciones de estos pequeños inversores por lo que se refiere a productos, entidades y métodos de inversión. Este último ha punto ha sido el tema de los debates sobre esta Directiva.
En mi opinión, el pequeño inversor debe poder tener acceso a los mercados bursátiles, así como a su propio banco. La negociación interna es una alternativa de pleno derecho al monopolio de los mercados bursátiles, monopolio que me provoca cada vez mayor ansiedad, sobre todo si trasciende las fronteras nacionales y obstaculiza la supervisión nacional. Esta alternativa requiere transparencia, pero no debe ir en detrimento de la formación de precios y de la liquidez de los mercados financieros.
Por lo que se refiere al último punto -el método de legislación- estoy de acuerdo con el planteamiento, basado en el método de Lamfalussy, consistente en delegar diversos aspectos a las autoridades de supervisión y regulación. Coincido con todos aquellos que han declarado que es importante llegar a compromisos y estimular al Consejo a que haga otro tanto.

Skinner (PSE).
Señor Presidente, esta Asamblea es rápida demostrando que puede resolver cosas que ni siquiera el Consejo puede. Puede que esto nos convenga por lo que pueda suceder en un futuro muy próximo. Espero, Comisario, que tomará nota de ello. Pero si el plan de servicios financieros ha de salir adelante, hay que poner en marcha esta Directiva. 
No tiene sentido intervenir en las cuestiones de barreras de proteccionismo nacional si miramos hacia atrás. Si no vemos lo que está ocurriendo con la situación económica mundial, Europa, su inversión, su potencial de crecimiento, todas las cuestiones sobre planes de acción de capital riesgo del Consejo Europeo de Lisboa serán papel mojado. Al igual que en tantas de estas cuestiones, como antes, nosotros los parlamentarios, como en cualquier otra parte, a menudo nos hemos distraído con nuestras propias preocupaciones nacionales a expensas de lo que le ocurre a la economía europea.
Felicito a la ponente por el trabajo que ha realizado. Al actuar como lo ha hecho -estoy siendo impertinente- actúa de la forma más europea posible. Como bien sabemos, los mercados cruzan fronteras. Me alegra que, como conservadora británica, haya actuado como una europea.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, explicaré brevemente algunos puntos que nos preocupan en las enmiendas propuestas por este Parlamento.
Respecto a las obligaciones de transparencia de la prenegociación de las empresas de inversión, según el artículo 25, se pueden aceptar, al menos en parte o en principio, todas las enmiendas relacionadas con la transparencia de la prenegociación, es decir, las enmiendas 33 y 86 a 90, pero no estamos convencidos de la necesidad de una mejora de precios. No estamos convencidos de que en la forma que se presenta en estas enmiendas, sea necesario o ventajoso para los intereses de los inversores al por menor.
Consideramos que la exención actual para los derivados y los intermediarios financieros de estos instrumentos debe aplicarse sobre una base consolidada. Tal como ya se ha explicado, en las obligaciones relacionadas con las normas de conducta aceptamos -y esto se ajusta a la propuesta inicial de la Comisión- la limitación de la obligación de las empresas de inversión de llevar a cabo una prueba de idoneidad completa únicamente para determinados servicios.
Lamentablemente, no estamos de acuerdo con una serie de enmiendas relativas a las disposiciones sobre comitología. Algunas de ellas son contrarias a los principios expuestos en el informe de los Sabios, en especial el enfoque Lamfalussy. Consideramos que la implantación de medidas solo debe incluir normas técnicas detalladas, no principios.
El propósito de aprobar medidas de nivel 2 sigue siendo el de asegurar una aplicación uniforme de la legislación de la UE en todos los Estados miembros, por lo que cualquier formulación vaga que se sugiera en ese sentido no se puede aceptar.
Sobre la división de responsabilidades entre autoridades competentes, en el caso de las sucursales, consideramos que para asegurar un funcionamiento correcto del mercado único el principio de la reglamentación del Estado miembro de acogida solo debe aplicarse como excepción para determinar las normas de conducta y registro de datos. En este contexto, la Comisión se encuentra en una posición de aceptar un gran número de enmiendas, algunas de ellas en su totalidad, pero también un gran número en parte o en principio y con adaptaciones.
En resumen, la Comisión puede aceptar 36 enmiendas en su totalidad. Asimismo, se pueden aceptar al menos 62 enmiendas tanto en parte como en principio, con algunos cambios necesarios para asegurar la coherencia global del texto.
Consideramos que hay que rechazar 60 enmiendas. Se ha proporcionado por escrito la opinión de la Comisión sobre las enmiendas individuales

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 12.05 horas)
Lund (PSE)
. (DA) Hoy he optado en el Parlamento Europeo por votar junto con el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en relación con el informe del Sr. Olle Schmidt (A5-0210/2003). Sin embargo, soy consciente de que la propuesta se ampara en el título IV del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea y por tanto no se aplica a Dinamarca, cf. El protocolo sobre la postura de Dinamarca.

Lund (PSE)
. (DA) Hoy he optado en el Parlamento Europeo por votar a favor del informe del Sr. Kirkhope (A5-0291/2003). Sin embargo, soy consciente de que la propuesta se ampara en el título IV del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea y por tanto no se aplica a Dinamarca, cf. El protocolo sobre la postura de Dinamarca.

