
McNally
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. Deseo informar a la Asamblea del anuncio del cierre de una fábrica de coches en Luton, en el Reino Unido, que representa la pérdida de muchos miles de puestos de trabajo. Estoy segura de que a la Asamblea le preocupará este último caso del declive de la industria en Europa.

La Presidencia
Tomo nota, señora.

Competencia de los servicios postales
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0361/2000) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000)0319 - C5-0375/2000 - 2000/139(COD)) por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad.

Atkins
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. Si vamos a debatir hoy sobre este importante asunto, es fundamental que dispongamos de las distintas versiones lingüísticas de las enmiendas que han sido presentadas para que sepamos qué se debate, pero aún no están disponibles. Intenté obtenerlas anoche y he vuelto a intentarlo esta mañana a primera hora. Me parece una situación imposible que debatamos sobre un asunto tan importante y las enmiendas lleguen tarde, junto con aquéllas presentadas en comisión, y que no dispongamos de ellas en nuestra lengua materna.

 La Presidenta
Señor Atkins, los servicios me señalan que el plazo era solamente esta semana. Han pensado que las traducciones podrían continuar a pesar de este calendario bastante apretado y difícil. Sin embargo, no dudo que la Asamblea haya podido examinar en detalle cada una de las enmiendas y creo que es posible proseguir el debate de este informe. En cualquier caso, de ahora al momento de la votación, todas las traducciones estarán a disposición de sus señorías.

Savary
Señora Presidenta, deseo hablar sobre el mismo problema de orden que el señor Atkins. Me parece que no es habitual que el debate que precede a una votación sea un debate de enmiendas. Las hemos discutido en comisión. Por otra parte, pude conseguir esas enmiendas ayer y creo que hoy estamos invitados al debate general. Mañana tendremos todo el tiempo para votar las enmiendas suplementarias que han presentado en el último minuto la totalidad de los grupos. Creo que este expediente importante, y que interesa especialmente a la comisión, ha de debatirse en el día de hoy.

La Presidenta
Es mi propuesta, Sr. Savary.

Jarzembowski
Señora Presidenta, yo creo que el tema se debe examinar hoy, puesto que todos estamos preparados para el debate y a la espera de que éste se celebre. También quisiera rechazar los argumentos del Sr. Savary. Es un hecho inaudito que nos veamos obligados a celebrar un debate sin tener a disposición las enmiendas propuestas.
Desde luego, es importante que sepamos qué colegas han presentado enmiendas y cuáles son éstas. En este sentido, la celebración de un debate sin que dispongamos de las enmiendas se debe considerar como un caso excepcional. Se trata de un procedimiento muy poco habitual y, por consiguiente, el Sr. Atkins tiene razón en principio. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que, lamentablemente, ya no podemos posponer más este asunto. Por esto, yo le ruego, señora Presidenta, que procedamos a iniciar el debate, pero pido que quede constancia de que la celebración de un debate sin conocer las enmiendas constituye un procedimiento muy poco habitual.

La Presidenta
Comparto su punto de vista. El mejor método de esta Asamblea es poder debatir conociendo todos los documentos y todas enmiendas. Sin embargo, como ha señalado, creo que en las circunstancias actuales podemos realizar el debate normalmente y le propongo por tanto que demos la palabra a nuestro ponente, el Sr. Ferber.

Ferber
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en realidad nosotros deseábamos haber esperado a que se hubiese repartido la correspondencia navideña, que todos hubiesen enviado su correo navideño y éste hubiese llegado a todos sus destinatarios, y luego, en enero, ya habríamos tenido tiempo sobrado para debatir sobre los servicios postales. El debate se celebra hoy porque la mayoría de la Asamblea así lo decidió y, por lo tanto, debemos proceder a ello.
Al tratar el tema del correo debemos tener presentes tres aspectos. En mi calidad de ponente, me ha sorprendido un poco constatar que en los debates desarrollados durante los últimos meses a veces hemos perdido de vista estos tres aspectos. En primer lugar, debemos procurar que los precios de los servicios postales sean favorables. En segundo lugar, debemos procurar conseguir un alto nivel de calidad y, en tercer lugar, tenemos que poder garantizar una alta disponibilidad de servicios postales en todos las zonas de la Unión Europea.
Estos son los requisitos que los ciudadanos y ciudadanas de Europa esperan justificadamente que cumplamos. La Comisión presentó una propuesta con este fin, sobre la base de la Directiva adoptada en 1997. En este contexto, debemos considerar qué grado de monopolio es necesario para poder cumplir esos requisitos -en particular, el del servicio universal- y qué nivel de competencia es posible garantizar simultáneamente. Yo siempre he sostenido que en el caso de los servicios postales nuestro objetivo ha de ser la máxima competencia posible y el grado de monopolio necesario. Yo creo que convendría profundizar en este planteamiento y lamento muchísimo que los numerosos estudios sobre los servicios postales que ha realizado en los últimos años la Comisión no dejen claro el grado de monopolio que es necesario mantener para garantizar el servicio universal. Esto habría simplificado un poco el trabajo del ponente y seguramente también el de toda la Asamblea. En las circunstancias actuales, cada cual ha podido deducir de los numerosos estudios entre tanto disponibles las conclusiones que él mismo consideraba acertadas.
¿Qué es, en términos muy concretos, lo que ahora se debate? Se trata de determinar qué grado de monopolio es necesario mantener. La Comisión proponía limitarlo a toda la correspondencia de hasta 50 gramos de peso. En nuestra comisión alcanzamos el compromiso de elevar el límite a toda la correspondencia de hasta 150 gramos de peso. La Comisión proponía la liberalización total del correo de salida. En la comisión competente alcanzamos el compromiso de aplicar los mismos límites de precio y de peso al monopolio del correo transfronterizo de salida. La Comisión proponía establecer una garantía jurídica en el ámbito de los llamados "servicios especiales" , una aspiración que resulta comprensible a la vista de las dificultades que se han planteado en este contexto, en particular por parte de la Dirección General de la Competencia. Nuestra comisión llegó al acuerdo de mantener el tratamiento de los "servicios especiales" tal como se establece en la Directiva 67/1997.
La Comisión proponía que se procediese a una revisión de la directiva en 2004. Nuestra comisión propone que ésta se adelante un año. También acordamos mantener los plazos establecidos en la actual Directiva. En 1997, en el momento de la votación definitiva de la anterior Directiva, yo ya le manifesté al entonces Comisario Bangemann que si algún aspecto positivo tenía la antigua Directiva, era que llevaba incluida su fecha de caducidad, que en algún momento expiraría. Yo creo que es bueno que esta cláusula se mantenga, pues ejerce una presión sobre los mercados que es urgentemente necesaria para conseguir lo que espera la población. En nuestra calidad de ciudadanas y ciudadanos pagamos a diario por este monopolio un sobreprecio en los sellos de correos en toda la Unión Europea. ¡Y la calidad de los servicios postales no ha mejorado desde hace 500 años!
Debemos contemplar todos estos aspectos y la misión del sector postal no es promover el empleo universal, sino enviar la correspondencia del punto A al punto B. Si nos concentramos en la tarea central del correo y en impulsar una liberalización razonable y gradual de los mercados -no brusca, sino paulatina, y esto se habría conseguido con la propuesta de la Comisión, pero nuestra comisión acordó otra cosa-, sin duda podríamos garantizar lo que es necesario asegurar. Yo les pido que apoyen el compromiso que alcanzamos en nuestra comisión.

Marinho
Señora Presidenta, la opinión de la comisión de la que tengo el honor de ser ponente, aprobada por una gran mayoría, introduce limitaciones a la liberalización rápida de los servicios de Correos, al optar por una apertura a la competencia progresiva y controlada, sin distorsiones del mercado desfavorables para los clientes y usuarios de los servicios y para las empresas nacionales de servicio universal. En ese sentido, propugnamos que la apertura tenga en cuenta el artículo 16 del Tratado, que eleva las prestaciones de los servicios de Correos tradicionales a la categoría de servicios de interés general por el lugar que ocupan en el conjunto de los valores comunes de la Unión y el papel que desempeñan en el fomento de la cohesión social y territorial, por lo que deben funcionar conforme a principios y condiciones que les permitan cumplir con sus misiones.
Señalamos, naturalmente, fragilidades en la propuesta de directiva y exigimos que se conozcan las repercusiones económicas y sociales de la liberalización y se haga la evaluación de la eficacia económica y la calidad del servicio de las empresas a fin de que el Parlamento pueda decidir con certidumbre y claridad.
Sin poner en entredicho la modernización en todos los servicios de Correos y la apertura a la competencia, los Estados miembros deben seguir preservando su red rural de servicios de mostrador, factor de aproximación de las periferias a los centros de decisión y, como tales, indispensables para la cohesión social de las más pequeñas comunidades urbanas o rurales. La Comisión de Asuntos Jurídicos fue más exigente en lo relativo al límite de precios de los servicios reservados al prestador universal, pero es igual a su propuesta sobre el límite de peso de 150 gramos y común el rechazo de los 50 establecidos en la propuesta de directiva. La diferencia con el informe de fondo es una simple cuestión de detalle que se comprende en el marco de una negociación parlamentaria tan bien dirigida, por lo demás, por el ponente Sr. Ferber. También se garantiza que el correo transfronterizo siga siendo un servicio reservado a Correos, así como, en caso de que se aplique el IVA a los servicios postales, se opte por el tipo reducido del impuesto para no hacer subir el precio de los sellos de la Comunidad. Mi comisión rechazó claramente el concepto de servicios especiales, encaminado -me parece a mí- a vaciar el servicio universal de cualesquiera actividades rentables, con lo que sólo le quedarían los servicios de costo superior al precio, e introdujo como susceptibles de liberalización los llamados nuevos servicios, definidos como "todos aquellos que el prestador de servicio universal no asume ni tiene la obligación natural de prestar".
Señor Presidente, habría muchas más cosas que decir, pero me contento con añadir que pocas veces ha existido tanta consonancia política entre las diversas comisiones llamadas a pronunciarse en este Parlamento sobre un problema. Los servicios de correos, como la escuela, las carreteras, los puentes, forman parte del paisaje cultural europeo y de nuestro concepto común de civilización. Este Parlamento está, naturalmente, a favor de esos valores y va a seguir defendiéndolos.

Savary
Señora Presidenta, quisiera en primer lugar rendir homenaje a todos los colegas que han trabajado mucho en este expediente y en especial al ponente para el fondo de la Comisión de Transportes, Markus Ferber, que ha dado prueba de un sentido del compromiso y del equilibrio muy loable.
La Comisión de Industria, como se acaba de recordar, ha propuesto una serie de enmiendas y de matices con respecto a las propuestas de la Comisión. En realidad, sabemos bien que sobre lo que se llaman servicios públicos hay dos versiones opuestas aquí y espero puedan llegar algún día a conciliarse: La primera considera que los servicios públicos sólo pueden construir Europa si se transforman en mercados, es decir, si se da al sector privado el capital de infraestructuras, de conocimientos, las redes que se han tejido pacientemente, en ocasiones en el ámbito público, y en materia de servicios postales, prácticamente en todas partes en el ámbito público. La segunda considera que, si bien ha de producirse la apertura, no se deben oponer los arcaicos y los modernos, ha de hacerse también en una Europa de los derechos, es decir, una Europa en la que se asegure a los ciudadanos, y en especial a aquéllos que tienen más dificultades, un mínimo de derechos que pueden considerarse esenciales.
Naturalmente, los servicios postales son de ésos, ya que, como acabamos de ver, no se trata de un servicio público absolutamente normal, se trata de servicio público en el que la dimensión humana es muy importante, en el que la dimensión social es muy importante, se trata de un servicio público cuya red es en ocasiones el último vínculo cívico con las instituciones democráticas en lugares difíciles como los barrios. Se trata igualmente de un servicio público que tiene una dimensión territorial destacada. Por todas estas razones, los servicios postales han de abrirse y están en gran parte ya en competencia en numerosos productos, y además, también en competencia por las nuevas tecnologías, y por las nuevas expectativas del consumidor - y en este caso estamos de acuerdo -; por todas estas razones, los servicios postales no pueden tratarse como un simple mercado.
Por consiguiente, es normal, y en eso todos estamos de acuerdo, que se defina un servicio universal, es decir, un servicio que se ofrecería a todos y en todo el territorio. Pero lo que no puede aceptarse es que su coste sea idéntico en todos los países en función de la diversidad geográfica y de la población. Lo que podría entenderse para los Países Bajos o para Malta, es decir, un ámbito reservado reducido a 50 grs., no puede ser practicable para Grecia o para Francia por su geografía. Ésta es la razón por la cuál personalmente me alegro de que hayamos fijado en 150 grs. el compromiso de límite peso/precio mínimo.
Finalmente, el servicio universal ha de ser evolutivo. No hay razón para que el servicio ofrecido a la población no incluya la totalidad de los progresos técnicos y económicos y creo que el hecho de haber suprimido los servicios especiales es, desde ese punto de vista, un avance antes que una clarificación. Finalmente, no se puede aceptar una nueva fecha de liberalización en tanto no haya una evaluación previa. Ése ha sido el gran malentendido de este debate. La Comisión debía proporcionarnos una evaluación del impacto de las diferentes fases de liberalización. No lo ha hecho. Deberá hacerlo obligatoriamente la próxima vez.

De Rossa
Señora Presidenta, acojo con satisfacción que en comisión hayamos alcanzado un compromiso equilibrado sobre este tema y espero que, en lo esencial, el Parlamento apruebe mañana dicha posición.
En respuesta al Sr. Ferber y a su opinión de que las empresas de servicio postal no tienen la obligación de crear puestos de trabajo, estoy de acuerdo con él, pero creo que tenemos el deber de crear un entorno en el que empresas como las de servicio postal puedan proporcionar un servicio bueno, eficaz y universal y que los puestos de trabajo que éstas creen sean de buena calidad. Ése es nuestro deber.
Nadie discute que no deban modificarse los servicios postales. La tecnología y la evolución de los mercados acarrearán el cambio en cualquier caso. Estoy de acuerdo con el objetivo declarado en general de que el cambio debería ser gradual y controlado; pero no creo que la propuesta de la Comisión sea en absoluto controlada ni gradual. Pienso que la propuesta de la Comisión va demasiado lejos, demasiado deprisa e, incluso, que tendría consecuencias devastadoras para algunos proveedores nacionales de servicios universales. Por mi propia experiencia en Irlanda sé que el servicio postal irlandés quedaría devastado. El 46% de sus ingresos quedarían expuestos a la competencia. No podría sobrevivir en un entorno semejante, no podría proporcionar servicios universales en Irlanda, no podría mantener el actual número de oficinas de correos locales en el país como consecuencia de dicha competencia.
Insto a la Comisión a que reconsidere su posición y acepte la posición del Parlamento. Pero, en particular, insto a los Estados miembros a que mediten su posición en el Consejo; y me preocupa mucho que, a pesar de que algunos diputados irlandeses pertenecientes al partido en el gobierno apoyan la posición de compromiso aquí en el Parlamento, el Gobierno irlandés no apoye esa misma posición.

Jarzembowski
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar yo quisiera manifestar una vez más, en nombre de mi Grupo, nuestro agradecimiento a nuestro colega Markus Ferber por el compromiso que intentó y consiguió alcanzar en la comisión. Sabemos muy bien las dificultades que entraña este tema tan cargado ideológicamente, a veces por ambas partes. En consecuencia, debemos agradecerle que haya conseguido el respaldo de una amplia mayoría a favor de un compromiso razonable.
Nuestro Grupo coincide con el Comisario y con el Consejo de Lisboa -no así con el de Niza -en cuanto a la necesidad de dar nuevos pasos hacia la apertura del mercado de los servicios postales. La competencia se encargará de garantizar que los consumidores dispongan de un servicio más eficaz y a un coste favorable también en el sector postal. Mi Grupo también considera, no obstante, que desde la Comunidad y los Estados miembros obviamente debemos establecer asimismo un marco de condiciones que garantice un servicio universal.
Sin embargo, señor Savary, la tarea del servicio universal es ofrecer en todas partes a unos precios asequibles los servicios postales que utilizan habitualmente los ciudadanos. ¡No es su tarea organizar el asesoramiento a los ciudadanos y su atención psicológica! En efecto, para hacer posible la oferta de un servicio universal, reservamos un determinado ámbito para los monopolios. Es decir, que lo excluimos excepcional y deliberadamente de la competencia. Sin embargo, esta exclusión se debe limitar a los servicios postales y no puede incluir la atención a los ciudadanos, determinados servicios sociales, ni ninguna otra cosa. No existe ningún fundamento jurídico que permita excluir la competencia en esos casos.
Por lo tanto, si el Estado desea contar con una red universal de atención a los ciudadanos tendrá que pagarla, sin que yo me vea obligado a financiar un servicio de atención a los ciudadanos con el importe de mis sellos cuando franquee una carta en Francia o en otros países. Esto sería forzar realmente demasiado los límites del concepto de servicio universal. En resumen, queremos garantizar un servicio universal y para conseguir este objetivo debemos excluir un determinado ámbito de la competencia. El contencioso más importante en la comisión y aquí en la Asamblea se refiere al alcance que debe tener este ámbito que vamos a excluir de la competencia para que sea posible ofrecer un servicio postal universal razonable. Yo creo que el compromiso relativo a las cartas de hasta 150 gramos de peso que ahora se ha alcanzado así como los demás criterios son adecuados como medidas inmediatas. En consecuencia, la mayoría de mi Grupo también va a apoyar dicho compromiso.
Evidentemente, en la práctica la situación varía. Voy a citarles un ejemplo. El Servicio de Correos belga no puede alegar que tiene que atender a un Estado con una superficie gigantesca. Tampoco puede alegar que su población es periférica. Sin embargo, los servicios postales son desastrosos, a pesar de que se ofrecen en el marco de un ámbito reservado. Por consiguiente, aprobamos que se dé un nuevo paso y desearíamos recibir antes del 31 de diciembre, señor Comisario -esta es nuestra segunda petición-, un informe sobre este próximo paso que vamos a dar ahora, con objeto de que el Parlamento y el Consejo puedan seguir avanzando hacia la apertura del mercado, y yo espero que en 2003 puedan presentar ustedes un informe de evaluación claro, que nos permita emprender el siguiente paso.

Simpson
Señora Presidenta, yo también deseo expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Ferber, y a mis colegas de comisión por los grandes esfuerzos que han dedicado a este dossier en particular. No ha sido un dossier fácil de seguir y tampoco se ha hecho de manera apresurada ni equivocada. Es excelente.
La anterior directiva de 1997 defendía: "una liberalización gradual y controlada". La propuesta que este año ha presentado la Comisión no es ni gradual ni controlada. La propuesta que ha presentado, en palabras del famoso astronauta estadounidense, Neil Armstrong, es: "un paso de gigante para la humanidad", en la que se pasa de golpe de 350 a 50 gramos. Por consiguiente, a pesar de que esta medida puede encontrar una buena acogida entre ciertos diputados de esta Asamblea, sus consecuencias serían devastadoras para los servicios postales de toda la Unión Europea. Esta mañana debemos examinar qué habrían significado dichas propuestas.
Asimismo debemos insistir en la observación que ha hecho el Sr. Jarzembowski: la Comisión ha realizado muchos estudios, pero no hemos llegado a verlos. Un Comisario acudió a la comisión y dijo que los estudios se publicarían en Internet, pero no los hemos visto. Y sin embargo, se espera de nosotros que sigamos las pautas propuestas por la Comisión sin ni siquiera haber visto esos supuestos estudios. La causa por la que nunca hemos visto esos estudios es que las consecuencias sociales que en ellos se recogen - las repercusiones sobre los servicios postales - sencillamente no son del agrado de la Comisión. Una reducción de los servicios universales - la esencia misma del sector del servicio postal - hasta 50 gramos pondría en serio peligro la capacidad de los servidores postales nacionales de proporcionar un servicio universal a una tarifa asequible para todos con independencia del lugar en que residan. Es un factor de crucial importancia.
No estoy diciendo que aquellos que vivan en las ciudades deban recibir mejor servicio que la población de las zonas rurales. No voy a defender el viejo argumento de Florus Wijsenbeek: por qué debemos entregar cartas en esos lugares apartados; la gente debería conectarse a Internet. Precisamente por eso ya no está con nosotros.
En otras palabras, lo que propone la Comisión, y que algunos en esta Asamblea apoyan, acarreará en mi país una reducción de los niveles de servicio, en particular, en las zonas rurales. Podemos olvidarnos del servicio de reparto y recogida diario garantizado. Podemos olvidarnos de la tarifa única: se introducirá el sistema de tarifas por zonas. En otras palabras, las personas que viven en las zonas rurales pagarán más. Se destruirán puestos de trabajo. Lo siento, señor Ferber, me preocupa la desaparición de puestos de trabajo y sus consecuencias. Asimismo acarreará el cierre de pequeñas tiendas que ofrecen servicios postales en las zonas rurales, porque éstas dependen de los servicios postales para su supervivencia.
También quiero hacer hincapié en el factor humano. Algunos han dicho que hemos liberalizado las telecomunicaciones y no ha habido grandes problemas. Pero en el caso de las telecomunicaciones se trata de máquinas, mientras que aquí se trata de personas que realizan un servicio de cara al público, y no al otro lado del teléfono o del monitor del ordenador. A menudo pontificamos aquí nuestra función de representantes de los ciudadanos de Europa. Pues bien, si damos crédito a mi saca de correspondencia, los ciudadanos de Europa no quieren ver diezmados sus servicios postales.
Les recuerdo a mis colegas Conservadores el lío en que se metieron en el Reino Unido cuando intentaron privatizar el servicio de correos británico. Luché contra eso y, tras haber ganado la batalla, seguiré luchando para que no se reanude esa lucha utilizando como excusa a Europa.
Hoy tenemos ante nosotros un informe que es una respuesta excelente a las propuestas de la Comisión. La respuesta no sólo es comedida, sino que además garantiza la mejora de nuestros servicios para los consumidores con independencia del lugar en que residan. Una vez más, subrayo que hoy estamos hablando de personas y de servicio público y no de ideologías. Se trata de conseguir que dicho servicio público llegue hasta esas personas, independientemente de lo que aparezca en el balance general.
Quisiera recomendar nuestros compromisos porque creo que hemos garantizado el desarrollo de los servicios postales en la Unión Europea y que dichos servicios postales cumplirán con la población de Europa. Si seguimos el camino de la Comisión o de algunos miembros de esta Asamblea, diezmaremos dichos servicios postales y la población nos pondrá por los suelos por ello, y con toda la razón.

Sterckx
Señora Presidenta, puede tranquilizarla a usted y también al señor Simpson. Mi intención no consiste en absoluto en diezmar los servicios de correo. Al contrario, se trata de mejorarlos y creo que el informe del señor Ferber no supone una buena propuesta. Una parte de mi Grupo no comparte algunos aspectos de mi opinión. Eso lo oirá más adelante.
La propuesta de la Comisión me pareció positiva. Un paso importante hacia el mercado interior, importante para los consumidores y para las empresas que utilizan los servicios de correos, pero hemos cerrado la puerta. Si seguimos a nuestro ritmo, necesitaremos 100 años para hacer realidad un Mercado abierto para los servicios de correos en Europa. Señor Simpson, en Suecia no he visto lo que usted dice y allí sí que existe un mercado abierto. No es lo que oigo de los holandeses. Y si hablo en privado con otras personas acerca de las empresas de correo, tampoco lo oigo. De modo que lo que dice tan sólo es una verdad a medias y lo que le gustaría oír.
He presentado una enmienda para que al menos dispongamos de una fecha límite. Opino que mi enmienda es progresiva y controlada. No es todo lo ambiciosa que me hubiera gustado, aunque creo que se trata de un compromiso adecuado. En realidad, nos encontramos ante una situación cínica. Seguimos a los monopolios de correos. Pero, ¿qué es lo que veo? El servicio alemán de correos sale a Bolsa, la meca del capitalismo, se anuncia en mi país y en los periódicos afirmando que hay que comprar sus acciones porque se trata de una empresa con beneficios. ¿Y de dónde proceden esos beneficios? Del monopolio. Lo que veo es que Royal Mail posee acciones en una empresa de correos sueca ya que allí puede competir en el mercado abierto. ¿Acaso puede llegar un sueco y competir en Gran Bretaña? No. Impedimos este tipo de situaciones. En este caso, protegemos nuestros grandes negocios. Nos han dictado literalmente la ley. Opino que se trata de una situación de hipocresía ya que, mientras tanto, estas empresas tratan de abrirse camino allá donde pueden, preparando el mercado libre. Y lo hacen de forma muy activa. Llevan a cabo reestructuraciones, se deshacen de personas, señor Simpson, incluso en el monopolio, y opino que estamos protegiendo esta situación. Hemos convertido la red de seguridad para los usuarios de los servicios de correos en una hamaca donde se tumban las grandes empresas de correos para proseguir con lo que siempre han hecho. Creo que se trata de un hecho negativo. Yo votaré en contra.

Flautre
Señora Presidenta, la propuesta legislativa que se nos ha presentado concluye un debate parlamentario de calidad que demuestra, por si aún fuera necesario, el papel insustituible del Parlamento cuando se trata de expresar la opinión de los ciudadanos europeos y de dar cuenta de la diversidad de las realidades regionales. Si escuchamos a los usuarios y a los consumidores, a los operadores postales, a los sindicatos de trabajadores, si se presta atención a las inquietudes de los poderes públicos y de los representantes locales y si se toma en consideración la oposición de varios gobiernos a esta evolución, nos preguntamos de dónde sale la propuesta del Comisario Bolkestein. Parece muy poco realista y muy poco operativa.
¿De qué forma la Comisión, a la que se supone encargada del interés general europeo, ha podido proponer una evolución tan contraria a la demanda de los actores? ¿Cierto dogmatismo ultraliberal la haría decididamente ciega y sorda? ¿De qué forma la Comisión ha podido dispensarse de las evoluciones de la etapa anterior antes de proponer el paso a la etapa siguiente?
Podría parecer que no aprueba las conclusiones de Lisboa más que la continuación de las liberalizaciones por vía de directivas cuando la referencia basada en el papel de los servicios de interés general no se traduce, por el momento, más que por medio de comunicaciones y declaraciones. Sin embargo, sabemos que la garantía de un acceso de igual calidad a todos y en todos los lugares necesita el mantenimiento de la precaución arancelaria y la reserva de una serie de servicios a los operadores del servicio universal.
Es conveniente también garantizar el derecho a la innovación para tomar en consideración la evolución de las necesidades, los efectos del desarrollo de la sociedad de la información y de la lucha contra las exclusiones que pudiera provocar.
Creo que sería lógico invertir la carga de la prueba en lugar de tener que justificar siempre excepciones al sacrosanto principio del mercado interior. Estaría más de acuerdo con las expectativas de los ciudadanos restablecer el equilibrio en materia de servicio público condicionando cualquier nueva extensión de la esfera mercantil al respeto por el objetivo fundamental del desarrollo duradero de la sociedad europea.

Ainardi
Señora Presidenta, quisiera hacer tres observaciones. Primera, la nueva directiva de servicios postales de la Comisión proyectaba de hecho una liberalización casi total de los servicios postales. Poniendo a los operadores en competición en las actividades más rentables, ésta provocaría el cierre de un gran número de oficinas de correos, la reducción y la precarización del empleo, el dumping social. La necesidad de liberalizar aún más se nos justifica de dos maneras. Continuar el proceso de creación del gran mercado europeo liberalizado, afirmando que esta liberalización sería creadora de empleos. Pero nadie se ha engañado, las propuestas de la Comisión se incluyen en un planteamiento de liquidación del servicio universal.
Para ir más lejos, se hace referencia a la directiva de 1997. Pero, finalmente, si la liberalización fuese un gran éxito, ¿por qué, a pesar de las demandas reiteradas de Parlamento, la Comisión no ha procedido aún a una evaluación pública y crítica de las consecuencias de la primera etapa de liberalización del sector en 1997, no sólo en términos de empleo, sino también en términos de presencia postal en el territorio al igual que en términos de tarifas?
Segunda observación: desde el mismo momento en que se conoció, el nuevo proyecto de directiva suscitó numerosas reacciones. Es cierto en un abanico de planteamientos muy diversificados: las propuestas realizadas se han considerado como no admisibles por una mayoría de actores de los servicios de correos y también por numerosos diputados. Sindicalistas, asociaciones de consumidores, operadores postales se han pronunciado aquí mismo en Estrasburgo. Los diputados de tres grupos de este Parlamento han hecho un llamamiento a nivel europeo.
Lo que se ha valorado, en cualquier caso, es el elevado grado de identificación de los ciudadanos, con su oficina de correos. ¿Qué hay detrás de este concepto? Hay lo que representa como elemento constitutivo de una ordenación armoniosa del territorio y de cohesión social. Aquí estamos siempre hablando de la cohesión social. Es necesario poner un concepto a esta palabra, al igual que ocurre con muchas otras por otra parte. Y creo que esto es lo que ha permitido que retrocedan las disposiciones más retrógradas de la directiva propuesta por el Comisario Bolkestein. Efectivamente, las enmiendas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, la consideración de las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales anulan la noción de servicios especiales.
Me siento muy satisfecha porque esta noción de servicios especiales pretendía poner a las nuevas tecnologías fuera del campo del servicio universal. Se hace pasar al sector reservado del límite de peso de 50 grs. propuesto a 150 grs., las tarifas de dos veces y media a cuatro; las fechas de aplicación de la nueva directiva al igual que la de su transposición son rechazadas y me parece importante que no haya referencia a un nuevo plazo de liberalización, con la exigencia de un balance real.
Finalmente, tercera y última observación: si bien es necesario señalar estos avances, si bien representan una resistencia seria al proyecto inicial, no debemos ocultarnos que superamos una nueva etapa de liberalización del sector postal. Al contrario que otros colegas, eso no me satisface. Necesitamos, pues, permanecer vigilantes. Hemos de rechazar cualquier consecuencia negativa sobre el empleo y sobre las oficinas de correos al igual que sobre las tarifas ya que esto debe ser un "plus", según se nos dice. Pero también es necesario que este Parlamento trabaje sobre lo que debe ser, en la Unión Europea, un servicio universal de calidad que responda a las exigencias de nuestros tiempos.
El desarrollo económico y social implica una explosión de las necesidades de acceso a la información. La cuestión del acceso de todos a los diferentes modos de transmisión de los flujos de la información es un desafío económico y social. Pero hacer que todos los ciudadanos accedan a esos modos de transmisión no es posible en el marco de la competencia salvaje. La economía moderna, importante en Lisboa, necesita un servicio universal moderno y que se desarrolle a la inversa del dogma de liberalización.
La consideración al mismo tiempo de los retrocesos impuestos al proyecto inicial y el hecho de que se supere una nueva etapa de la liberalización me llevarán a abstenerme en lo que respecta al informe del Sr. Ferber.

Collins
Señora Presidenta, espero que la mayor parte de los diputados al Parlamento Europeo apruebe las recomendaciones de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo relativas a la futura administración de los servicios postales en la Unión Europea. La apertura de los servicios postales a una mayor competencia es una de las recomendaciones de la Comisión de Transportes. No obstante, debemos reconocer que la competencia sin límites en el ámbito de los servicios postales mermaría considerablemente la calidad de dichos servicios en las zonas rurales y periféricas de la Unión Europea.
Por consiguiente, se recomienda que los proveedores del servicio postal universal en la Unión Europea repartan todos los envíos postales que no superen los 150 gramos de peso. De este modo se protegerá la calidad y la regularidad continuada del reparto del servicio postal. Los operadores privados también podrán repartir cartas a una tarifa cuatro veces superior a la de una carta normal.
En nuestras deliberaciones sobre esta nueva directiva deberíamos tener claro un asunto concreto. Todas las partes interesadas en el ámbito de los servicios postales en Europa han sido plenamente consultadas sobre las disposiciones específicas de la presente propuesta de directiva; y me complace que las propuestas presentadas por la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo sean realistas y pragmáticas. Garantizarán la viabilidad económica de la red de oficinas postales rurales en mi país y en otras zonas rurales y periféricas de la Unión Europea. El reparto regular debe ser considerado como un elemento económico y social fundamental de los pueblos y ciudades de zonas rurales.
Quisiera ser muy claro respecto a una cuestión en particular. Si existe competencia sin límites en la provisión de servicios postales en Europa, los operadores privados seleccionarán las zonas urbanas lucrativas en detrimento de las zonas rurales más pobres y menos lucrativas. No podemos tolerar, señora Presidenta, señor Comisario, y no toleraremos que se produzca una situación semejante. Por ello insto a todos los diputados a que apoyen las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes de este Parlamento con respecto a la futura gestión y el futuro funcionamiento de los servicios postales en Europa.

Dell'Alba
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ante todo quiero expresar mi satisfacción porque este debate se celebra hoy y no durante el período parcial de sesiones del mes de enero, aunque haya habido un pulso entre los Grupos que se ha resuelto como podemos comprobar. Pienso que estamos recogiendo los frutos de una feliz decisión que puede hacer avanzar este dossier tan importante. La Presidencia se había comprometido a tramitarlo y tenía intención de hacerlo antes de que finalizara su mandato. En cualquier caso, si podemos contribuir al mismo de manera eficaz se dará un paso adelante en la dirección correcta. Se trata de un dossier que merecía ser tramitado con rapidez.
Lo digo con mucha franqueza, dado que, con respecto al fondo, nosotros, los Radicales italianos, consideramos en cambio que la propuesta de la Comisión y del Comisario Bolkestein era totalmente lógica y estaba orientada tanto a una apertura gradual del mercado a la competencia como a la fijación de plazos concretos para todos los operadores. Por lo tanto, la propuesta no se podía considerar tan librecambista como he oído decir.
Me parece que el informe Ferber contiene, por el contrario, unos elementos que empeoran la propuesta. En efecto, el mismo prefigura una pequeña apertura del mercado y plantea dudas acerca de los pasos que habrá que dar en el futuro, mientras que, en lo que al servicio universal se refiere, el ejemplo sueco debería tranquilizar a todos aquellos que piensan que la privatización implica su desaparición. No es así ni debe ser así. Es preciso tener muy en cuenta que los servicios postales y, en general, la logística serán una de las bases fundamentales para el desarrollo de la nueva economía en los próximos años y que si nos refugiamos en apoyar un statu quo para defender los fuertes intereses de monopolistas y sindicatos, ponemos en peligro miles de puestos de trabajo. Y ello en abierto contraste con lo que las Instituciones europeas se prefijaron en Lisboa.

Van Dam
Señora Presidenta, señor Comisario, en la Unión Europea se supone que el mercado interior es una realidad desde hace muchos años. Sin embargo, el proteccionismo sigue asomando la cabeza de forma persistente. Sin duda, este es el caso del sector postal. A medida que la comunicación electrónica, como el correo electrónico, adquiere cada vez más notoriedad, los antiguos monopolios estatales miran sobre todo hacia dentro. La introducción gradual de la competencia en los servicios postales es positiva para el reconocimiento de su función social. Por este motivo, La Comisión Europea no ha propuesto la liberalización total de los servicios postales en la segunda fase. En la propuesta del Comisario Bolkestein, se reservaría más de dos tercios para los monopolios. Pero esto no de debe ser suficiente para una decena de empresas postales nacionales. A través de un lobby masivo, han sido capaces de convencer a una mayoría de esta Cámara para que adopte una postura aún más conservadora. Son precisamente los grupos que suelen presentarse como más progresistas los que tiran del freno. Cuando oigo que los monopolistas se muestran en contra, me recuerda a cuando se le pregunta al pavo lo que opina sobre la cena de Navidad. Los monopolistas buscan debajo de las piedras y adquieren empresas privadas con el dinero que han ganado gracias al monopolio. Las experiencias vividas entre otros lugares en Suecia y en los Países Bajos demuestran que los argumentos en contra del mercado postal y libre no son más que historias de fantasmas. No se excluye a ninguna dirección aislada y los puestos de trabajo se recuperan tras las operaciones de optimización necesarias. Lo peor que puede hacer el Parlamento Europeo esta semana es renunciar a una fecha límite para la segunda fase. Aunque el paso que el Parlamento quiere dar ahora sea insuficiente, asegurémonos de poder retomar el hilo dentro de algunos años. Si existe una competencia justa, los monopolistas pueden demostrar que conocen su oficio.

Stenmarck
Señora Presidenta, vengo del país que tiene el más liberalizado sector postal. Asimismo, es un país en el que la mayoría de las cartas se reparten al día siguiente de haber sido depositadas en un buzón. Ningún otro país europeo distribuye tan rápidamente sus cartas al extranjero. Todo esto está relacionado. Aunque la antigua empresa estatal sueca todavía es la más grande, la creciente competencia actual con cerca de 50 empresas les ha obligado a ser mucho más eficientes que antes. Esto es algo que le deseo a los otros países europeos.
Permítanme referirme brevemente a la evidente hipocresía que abunda en este sector. El Royal Mail británico y La Poste francesa, sólo para nombrar dos ejemplos, se oponen a toda forma de competencia en el Reino Unido y en Francia respectivamente. Esto no impide que ambas empresas quieran participar y apoderarse de partes del mercado en los países en que se ha liberalizado el sector. Sería razonable que la Comisión investigase la legalidad de las empresas que niegan la entrada a sus mercados a otras empresas pero participan con agrado y se apoderan de partes del mercado donde se han realizado liberalizaciones.
Permítanme concluir agradeciendo al ponente Sr. Ferber sus numerosos intentos para alcanzar acuerdos. No se le puede culpar, pero son otros los que no han querido. A mi juicio, las propuestas actuales no son acuerdos; habría sido un compromiso si se hubiese fijado una fecha final para la realización de las liberalizaciones. Si esta fecha se fija para después de 2007, por ejemplo, creo que sería totalmente absurdo. El mercado ya habrá solucionado el problema en esa fecha. Por eso actualmente no existen motivos para respaldar una propuesta como ésta y no puedo sino votar en contra del informe.

Piecyk
Señora Presidenta, la Directiva de 1997 sobre los servicios postales preveía una apertura gradual y controlada de los mercados postales a los proveedores privados, lo cual tampoco suscita controversia en la Asamblea. A la vez, dicha Directiva también preveía el mantenimiento de un servicio universal de un alto nivel cualitativo. ¡Y este es, en realidad, el tema que nos preocupa! En efecto, tal como ya se ha señalado un par de veces, es preciso financiar dicho servicio universal. La Comisión anunció en su momento que presentaría estudios, datos y cálculos sobre las repercusiones de esas medidas. Hasta la fecha, no los hemos recibido.
Por consiguiente, continúa abierto en parte el interrogante sobre qué aspectos debe incluir, y en qué medida, un servicio universal y, por lo tanto, el ámbito reservado, para que sea posible financiar efectivamente un servicio consistente y de buena calidad. Y, en consecuencia, es bueno que el Parlamento no secunde la estrategia de avances a trompicones que propone la Comisión y no se aparte de una estrategia de apertura controlada y gradual de los mercados postales. Y nosotros mantenemos un punto de vista distinto en relación con el empleo, apreciado amigo Markus. Desde luego, los servicios postales no son un programa de empleo. Sin embargo, esta Cámara y Europa también tienen responsabilidades en relación con el empleo y las condiciones sociales bajo las que operan los servicios postales. No nos puede ser indiferente el volumen y la calidad del empleo, si los nuevos proveedores también crean o no nuevos puestos de trabajo, y cuántos puestos de trabajo mantienen los proveedores tradicionales de servicios postales. Esto debe preocuparnos igualmente. Además, amigos Georg y Markus, yo quiero recordar que cuando el cartero llama a la puerta alguna vez, o incluso dos veces, evidentemente no representa el último eslabón de la asistencia social en Europa. Sin embargo, si la abuela se alegra de recibir la visita de un cartero amable, lo cual forma parte asimismo de unos servicios postales de alta calidad, no debemos lamentarlo, sino que también debería complacernos. Yo quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a Markus Ferber, que ha demostrado francamente una enorme voluntad de compromiso que nos ha permitido poner conjuntamente un poco de orden en esta cuestión. Ese sigue siendo el objetivo -creo yo- y la Comisión puede contar con todo nuestro apoyo en este sentido. Si el objetivo es presentar una propuesta de servicio universal de alto nivel como un proyecto dinámico con vistas al futuro de Europa, la apoyaremos; de lo contrario, no.

Attwooll
Señora Presidenta, señores representantes del Consejo, señor Comisario, comprendo los deseos expresados por algunos de mis colegas para que se ponga fecha y se avance hacia una mayor liberalización. No me estoy declarando en contra, en principio, de ninguna de ambas cosas, pero también me preocupa que ello se haga al tiempo que se mantiene la provisión de un servicio de buena calidad, asequible y auténticamente universal.
Apoyo el límite de los 150 gramos por motivos de cautela. En el Reino Unido, muchas zonas tienen la suerte de gozar de un nivel mucho más alto de provisión de servicio universal que los que impone la actual directiva, pero algunos aspectos de nuestros servicios ya se ven amenazados, en particular, las oficinas postales de las zonas rurales. Estas oficinas cumplen una función fundamental en mi circunscripción de Escocia. Nadie ha logrado hasta ahora tranquilizarme sobre las consecuencias de la propuesta de la Comisión en estos dos aspectos, motivo por el que no sólo apoyo el compromiso de los 150 gramos, sino que además solicito una revisión o revisiones exhaustivas de las consecuencias sobre la provisión del servicio universal antes de que se presenten nuevas propuestas.
Si, como se ha anunciado, la UE está dispuesta a estudiar de manera especial el deporte, ¿no deberíamos también estudiar los servicios postales de una manera especial? El deporte es un negocio para algunos y una distracción para muchos, pero los servicios postales, aunque puedan ser un negocio para muchos, son, en realidad, una cuerda de salvamento para todos nosotros.

Bouwman
Señora Presidenta, señor Comisario, quisiera intervenir en nombre del Grupo de los Verdes en relación con este informe y felicitar sobre todo al Señor Ferber y al señor Jarzembowski tras los malabarismos políticos y la flexibilidad de nuestro co-ponente, el señor Simpson, por su fuerza de voluntad.
En los periódicos holandeses, el señor Bolkestein echó en cara recientemente a los franceses su postura antiliberal, o al menos así aparecía en el titular de un periódico. Por mi parte, podría acusar al Comisario de no haber aplicado el modelo holandés de negociación en esta situación y de no haber asumido las consecuencias sociales de una propuesta de liberalización como la que nos ocupa. Porque se puede hablar sobre los hechos y tener quizás razón, tal y como ha expresado con anterioridad el señor Sterkx, en lo que respecta a los avances tecnológicos, al modo en que evoluciona el sector, al papel de las empresas estatales, al modo en que Deutsche Post se hace con DHL, etc., sin que por ello se esté en lo cierto. Creo que estar en lo cierto es importante en esta Cámara. Creo que estamos dando un paso hacia atrás en lugar de hacia adelante.
En numerosas ocasiones se ha denunciado, y yo me sumo a dichas denuncias, que no hemos tenido acceso a los estudios de impacto. Cuando sí hemos podido consultar los estudios de impacto, quedó constancia de que no se habían analizado especialmente los aspectos sociales, ni en lo que respecta a la cohesión social, ni a los puestos de trabajo, ni a los servicios especiales, etc. Asimismo, las consultas con los agentes sociales ha sido simple y llanamente insuficiente por lo que mi Grupo apoyará de forma expresa estas propuestas. En otras palabras, apoyará la gradualización de la liberalización, lo que me lleva a otro asunto. Como ponente de servicios de interés general de nuestra Comisión, queda claro que deberemos analizar de forma crítica estos avances.

Markov
Señora Presidenta, señor Ponente, usted ha citado muy acertadamente los valores que se deben cumplir: precios favorables, alta calidad y alta disponibilidad; en esto coincidimos. Sin embargo, ha olvidado otra característica. Desde el punto de vista de la política económica también estamos obligados a procurar mantener un alto nivel de empleo. La comisión adoptó la decisión que adoptó porque también compartimos estos valores y, en realidad, yo debería manifestar mi gratitud al sumo privatizador y sumo liberalizador, Sr. Bolkestein.
Quien acude tan mal preparado a una negociación, quien no ha presentado el informe solicitado sobre las repercusiones registradas desde 1997, quien argumenta con planteamientos ideológicos -justamente los objetivos que usted ha citado sólo se podrán alcanzar si liberalizamos, liberalizamos y liberalizamos-, no debe extrañarse si tiene un tropezón y cae de bruces. Su informe original, señor Ferber, se aproximaba mucho al del Sr. Bolkestein y yo debo decirle que le agradezco que al final se haya impuesto la razón.
Yo estoy convencido de que el compromiso que ahora se presenta responderá precisamente a dichos valores y me congratulo de que el rechazo a la liberalización general de los servicios urgentes y los servicios transfronterizos sea firme. Me congratulo de que no se establezca una nueva definición de los servicios especiales. Me congratulo de que no se haya fijado un plazo para la liberalización, pues desde el punto de vista de la política económica el objetivo primordial ha de ser ofrecer al ciudadano unos servicios postales en regla. Yo creo que garantizar el servicio universal es el único camino para poder cumplir efectivamente dicho objetivo.
Yo no me opongo por principio al mercado o a la liberalización, pero nuestra petición de un análisis adecuado, cualificado, pausado, que tomase en consideración todas las repercusiones, no ha fue atendida y, en consecuencia, el compromiso que ahora se propone me parece aceptable.

Nobilia
Señora Presidenta, señor Comisario, se han de valorar y compartir sinceramente la disponibilidad y el empeño que el ponente ha mostrado a la hora de elaborar su informe, en cuya exposición de motivos afirma que, para alcanzar la mayoría, se vio obligado a llegar a un compromiso entre cientos de enmiendas en gran parte homogéneas.
En efecto, no creemos que exista otra manera más acertada de conciliar una cuestión tan compleja y tan paradójica al tiempo, en que la complejidad la generan los reflejos en quince situaciones nacionales diferentes y que, no obstante, tienen problemas idénticos, esto es, el mantenimiento del servicio universal de calidad y, al menos, la estabilidad de los niveles de empleo, y lo paradójico se manifiesta con las contrastantes normas de reforma propuestas por la Comisión. Sirvan de ejemplo los plazos de su proposición y de su entrada en vigor, el desconocimiento del impacto de la primera directiva y las cautivadoras consideraciones, aun sin fundamento, acerca del futuro de la reforma, empezando por el aspecto del empleo y de su calidad, el mantenimiento de un servicio universal adecuado y la imposibilidad material de prestarlo sin recurrir al fondo de compensación.
En este sentido, podría decir algo España que ha creado dicho fondo y se ha valido del mismo, y esto para hablar de los aleatorios fundamentos jurídicos que muestra el fondo, de los criterios virtuales en cuanto a su composición y de las garantías discrecionales de su aplicación. Por otra parte, no se mencionan las características geomorfológicas de los distintos Estados y la consiguiente diversificación, en igualdad de usuarios, de los costes del servicio universal.
En consecuencia, tiene razón el ponente cuando afirma que el compromiso alcanzado es el único posible. De no ser así, habría una prevaricación para nada transparente y disimulada, de exclusiva complacencia también con relación al posible escamoteo de los servicios especiales hacia el mercado en manos de particulares. Con respecto a esto último, no estaría de más que la Comisión estableciera una investigación para comprobar si en Europa, frente al proceso de liberalización de los monopolios postales públicos, se está creando un monopolio postal privado y que indicara, en consecuencia, cuáles son, en su opinión, las concentraciones máximas admisibles.

Peijs
Presidenta, hoy íbamos a hablar de un pequeño paso hacia la liberalización de los servicios postales. Aún no he visto un tema referido al mercado interior que genere tanta información errónea, emociones y acusaciones agrias. Una de las acusaciones se refiere a los países que defienden la liberalización pero que aún no han hecho nada al respecto en casa. Mis colegas españoles afirman, y quisiera que el Comisario me indicara si tienen razón, que en España, la directiva de 1997 se ha aplicado íntegramente, que otros no han hecho nada y que ahora son los que quieren dar pasos de gigante.
Señor Bolkestein, la Comisión es la guardiana de los Tratados. Quisiera saber si es cierto y, en caso afirmativo, qué es lo que ha hecho al respecto, además, quisiera que me resumiera la situación en relación con la aplicación de la antigua directiva. La postura de los españoles en relación con este informe es de vital importancia.
La información errónea se refiere a las personas que se muestran a favor de la liberalización. Esta postura también implicaría su oposición a unos servicios universales. Esto no es en absoluto cierto. Al contrario, el concepto de servicios universales resulta genial para solucionar problemas relacionados con zonas rurales de difícil acceso a través de acuerdos adecuados y de fondos de compensación en los casos en que fuera necesario. Yo mismo soy un ardiente opositor de los monopolistas que no admiten que nadie entre en sus mercados pero que sí se permiten realizar adquisiciones en los mercados liberalizados. ¿Quién reparte el correo en Suecia? ¿Quién puede competir en el mercado libre sueco? El servicio postal británico tan mimado por el señor Simpson. El señor Simpson ha presentado una enmienda sobre la proporción entre lo público y lo privado. Sin embargo, para asegurarse de que no se pueda hacer nada al respecto, tan sólo ha planteado una reflexión que no ha plasmado en un artículo. Afortunadamente, disponemos de una directiva que exige transparencia a las empresas pública y le aseguro que se controlarán exhaustivamente las ayudas masivas. No se dispondrá de dinero público para efectuar adquisiciones en los mercados liberalizados. Céntrese en su propio mercado. Espero que el Comisario prometa controlar exhaustivamente esta situación junto con el Comisario Monti.
Otra observación: me siento francamente decepcionado por el conservadurismo del Parlamento. Mañana votamos, y espero que a favor de la enmienda del señor Atkins o del señor Sterckx porque de lo contrario me veré obligado a votar en contra de este informe.

Mastorakis
Señora Presidenta, señorías, tras una compleja elaboración en nuestra comisión, tenemos en el Parlamento el informe del colega Sr. Ferber. No oculto que, como griego, he sentido y siento no poca inquietud, puesto que algunas de las propuestas de la Comisión Europea, de llegar a materializarse, resultarían literalmente devastadoras para el servicio postal universal en Grecia; no, claro está, en los grandes núcleos de población, pero sí en los remotos pueblos de montaña y en las islas pequeñas más aisladas. Y, desde luego, esto no ocurriría sólo en Grecia.
Finalmente, el ponente acepta determinados puntos de vista que si, como esperamos, acaban imponiéndose, mejoran bastante las cosas. Asuntos cruciales, como el límite de los 150 gramos, en lugar del desastroso límite de los 50 gramos propuesto por la Comisión, el precio cuádruple de la tarifa básica, en lugar de las 2,5 veces de la Comisión, los servicios urgentes -así como también el correo transfronterizo-, son tratados por el informe de un modo más realista.
Por lo que respecta concretamente a este último, me ha causado gran impresión la argumentación de la Comisión Europea basada en el bajo término medio de la proporción correspondiente al correo transfronterizo en el conjunto del movimiento postal en los diferentes países miembros. Resulta evidente la utilización no científica del indicador del término medio cuando las diferencias entre los factores aritméticos son sencillamente enormes. Por ejemplo, en nuestro caso, un país que tiene un porcentaje muy por debajo del término medio, lógicamente no se plantea problema alguno, mientras que, por el contrario, un país con un porcentaje claramente por encima de la media se encontrará en una situación francamente difícil si, de acuerdo con la propuesta del Sr. Bolkestein, se libera también el correo transfronterizo. Es como si calculáramos la renta media entre el muy rico y el muy pobre; el resultado podría ser aritméticamente satisfactorio, pero no podría considerarse socialmente de recibo, a causa, evidentemente, de la existencia del muy pobre.
Para terminar, y tras reiterar mi agradecimiento al ponente, expreso mi esperanza de que el divino y alado Hermes, el mensajero de los dioses, siga volando hasta los lugares más remotos habitados por ciudadanos, y que cuando llamen a nuestra puerta por la mañana temprano, sea el repartidor de la leche o el cartero.

Schmidt
Señora Presidenta, permítame dirigirme al Sr. Simpson. He entendido que el Sr. Simpson ha estado en Suecia, en la región de Norrland, que es una de las "más solitarias" y bellas regiones poco pobladas de toda Europa. Parece que usted no ha aprendido nada y tampoco parece haber escuchado los argumentos que se le han dado. Tengo muchos informes en los que usted puede leer y obtener argumentos en favor de la liberalización. Royal Mail está en la competencia y me reparte las cartas en Malmö, Suecia. Creo que esto es algo provechoso, Sr. Simpson. Gracias a esto, obtengo un servicio mejor y más barato.
La propuesta de la Comisión es buena, pero no es suficientemente liberal. El informe tiene una orientación equivocada. El monopolio postal debe ser abolido. Donde mejor se protegen los intereses de los consumidores es en un mercado con libre competencia. Esto lo sabemos. Obviamente que lo dicho vale también para el mercado postal. ¿Por qué las condiciones de este mercado habrían de ser diferentes? El veloz desarrollo económico y las exigencias que se imponen a las empresas postales para que se adapten a éste, hacen necesaria una fecha final para la abolición de los monopolios, tan pronto como sea posible. En mi opinión, el año 2007 es demasiado tarde.
Señora Presidenta, la totalidad del servicio postal sueco se liberalizó en 1993. Yo era entonces miembro del Parlamento sueco y participé en este proceso. El 95 por ciento del mercado postal sueco está aún en manos del antiguo correo. Para que los servicios postales privados puedan establecerse en el mercado es necesario, por tanto, que tengan una gran parte de éste, que exista competencia. En esta Asamblea tenemos que dar una oportunidad al mercado postal. Corren nuevos tiempos Sr. Simpson. Cabría usar la expresión "aprendamos de Blair" .
Finalmente quisiera decir que el servicio postal no se ha empeorado en Suecia, incluso se ha mejorado en algunos aspectos. Los costes no son más altos que en otros países. Si no hacemos algo ahora, será mucho peor dentro de algunos años. Los consumidores pierden, los empleados pierden, Europa pierde en competitividad y crecimiento. ¡Suerte Sr. Bolkestein!

Isler Béguin
Señora Presidenta, señor Comisario, ¿qué nos ha enseñado el debate, o más bien la polémica suscitada por el Comisario Bolkestein en su búsqueda de una liberalización de los servicios postales a falta de cualquier balance de la primera etapa y violando reglas definidas por esta directiva? Que utilizando términos progresistas y que se valoran, tales como modernización, liberalización, acompañamiento del desarrollo tecnológico, se cae en una regresión de la calidad social de un país. Es el espíritu mismo de servicio público de proximidad, apreciado y respetado de forma unánime, el que se asesina.
Retengamos por tanto esta importante etapa del examen de esta directiva como una manifestación de coherencia y cohesión entre nuestro Parlamento y los ciudadanos de Europa. Hemos sabido llegar a una mayoría para responder a sus preguntas, a sus desafíos y a sus riesgos fundamentales para la imagen de nuestros países, para la identidad de nuestros servicios públicos y la cohesión de nuestras sociedades. En ello, doy las gracias al ponente, Sr. Ferber, y al Sr. Simpson por el resultado conseguido. Lo siento más profundamente en la medida en que mi Grupo se ha ilustrado en esta contraofensiva.
En un llamamiento común, denunciamos firmemente esas exageraciones liberales y sus efectos deletéreos para el tejido territorial, económico y humano de nuestros Estados miembros. Como francesa, sólo puedo felicitarme por no asistir así al desmantelamiento de esta red tranquilizadora y vivificante de las 17.000 oficinas postales y agentes de correos, tejida de forma unida en los 550.000 km2 de nuestro territorio y que lleva la presencia del servicio público a los ciudadanos, tanto en las zonas suburbanas como en las rurales.
Este debate sobre los servicios postales es también una advertencia a la Comisión. Le habrá enseñado que la liberalización económica no supone en nada un progreso si es sinónimo de deshumanización social, y en este sentido la noción de servicio público de interés general debe preservarse; la imparcialidad y la objetividad de los estudios previos a las directivas deben ser la norma. Los contraejemplos, como la liberalización postal en Suecia o los aspectos colaterales como las cuestiones de calidad del empleo, de simbolismo de la oficina de correos, han de tomarse en consideración. En este sentido doy mi apoyo total al compromiso propuesto por el Sr. Ferber y el Sr. Simpson .

Meijer
Señora Presidenta, el monopolio estatal sobre los servicios postales no se introdujo en el siglo XIX sin motivo. Los gobiernos que lo hicieron no eran socialistas, sino conservadores o liberales. Lo hicieron después de que se demostrara que las empresas privadas no podían garantizar una entrega rápida, regular, permanente, asequible y, sobre todo, disponible.
La revolucionaria reforma que propuso la Comisión a principios de este año amenaza con retrasar el reloj doscientos años. ¿Por qué debemos imponer a la larga a toda la Unión Europea el modelo que se está probando en la actualidad en los Países Bajos, Suecia y Finlandia? Aparentemente, la propuesta estuvo precedida de un punto de partida ideológico que afirma que las empresas ya no pueden seguir en manos del estado. Según esta opinión, no sólo se deben privatizar los bancos, la industria química y las empresas metalúrgicas, sino también las empresas de servicios públicos como las eléctricas, el transporte público y los servicios postales.
Por una parte, la propuesta tenía por objeto crear un margen mayor para las empresas privadas competidoras sin esperar a la evaluación prometida de las consecuencias de anteriores decisiones liberalizadoras. Por otra parte, se fortalecería la posición de un grupo de empresas con intereses que se beneficiarán de la liberalización total de los servicios postales a partir del 2007.
La liberalización propuesta tiene consecuencias gravísimas para los servicios en el ámbito rural, para los trabajadores de las empresas postales y para los usuarios domésticos del correo. Esto significa que al final existirán menos oficinas de correos, se producirá una entrega más lenta y desaparecerán servicios sociales. Sin olvidar el incremento de tarifas como consecuencia de la existencia de varios servicios de entrega paralelos. El personal se enfrentará a una mayor carga laboral e inseguridad.
La protección prevista de los servicios universales mediante un fondo de compensación que permitiría utilizar los beneficios privados para unos servicios públicos no puede ser permanente. Las empresas de nueva creación podrán denunciar en el futuro esta limitación de su libertad como intervención estatal improcedente y falseamiento de la competencia.
Por este motivo, resulta positivo que una mayoría de este Parlamento no quiera llegar tan lejos como proponía el Comisario Bolkestein a principios de este año. Esta propuesta cuenta con mi apoyo pero sería mejor que el correo entre 150 y 350 gramos se mantuviera asimismo en manos de las empresas postales existentes.

Gallagher
Señora Presidenta, los servicios postales en todos nuestros Estados miembros cumplen funciones que van mucho más allá de una actividad puramente comercial. Los servicios postales tienen una enorme importancia socioeconómica y desde siempre han desempeñado un papel clave en la cohesión social. Las propuestas actuales han sido objeto de debates muy emotivos en toda la Unión, en particular, en mi circunscripción rural, como no podía ser de otra manera.
Represento a la circunscripción de Connacht Ulster, en los condados occidentales y fronterizos de Irlanda, que es predominantemente rural y una de las regiones más periféricas. La propuesta de la Comisión de liberalizar los servicios postales ha sido discutida intensamente a lo largo y ancho de mi circunscripción, desde Malin Head hasta Connemara y desde las afueras de Dublín hasta la islas. Desde que apareció la propuesta, para mí era evidente que la propuesta nunca sería aceptable en la forma que la presentó la Comisión. El Parlamento - que es la institución más idónea para reflejar las opiniones de los ciudadanos de Europa - así se lo hizo saber con toda claridad a la Comisión y al Comisario, antes incluso de su nombramiento por el Parlamento.
A pesar de ello, la Comisión optó por ignorar la opinión expresada por la amplia mayoría de los diputados a este Parlamento procedentes de los distintos Estados miembros y pertenecientes a varios Grupos políticos. Siento que entre los diputados existe el claro consenso de que esta directiva debe atender las preocupaciones perfectamente reales de los ciudadanos por el futuro de una red viable de oficinas postales.
Es lamentable que la Comisión haya optado en cambio por impulsar por la fuerza la propuesta ideológica que presta oídos sordos a las opiniones de la población.
Quiero alabar al ponente por un excelente informe: un informe que refleja las opiniones de la amplia mayoría de los diputados de esta Asamblea, así como de la práctica totalidad de los ciudadanos de Europa.

Cocilovo
Señora Presidenta, yo también me sumo a los que han agradecido con convicción y no por mero formulismo al Sr. Ferber su trabajo: un trabajo difícil por la complejidad del tema y que fue complicándose a causa de los límites y de los retrasos de la propuesta y de la iniciativa de la Comisión. Estos mismos límites y retrasos han contribuido a un debate en que con frecuencia se confunden los fines con los instrumentos.
Estamos todos de acuerdo con que es necesario un servicio de calidad a precios más favorables para los consumidores. Creo que estamos todos de acuerdo - yo personalmente lo estoy - con que los acicates de la competencia y de la liberalización progresiva y gradual sirven para este fin pero no son el fin, es decir, son el medio que sirve para alcanzar este objetivo.
Si pensamos en presentar la liberalización como la solución a todos los problemas, nos equivocamos, ya que en este sector sería un error no reconocer la necesidad del servicio universal que existe y que no se puede suprimir, ya que en cierto modo garantiza que a través de la gestión de los servicios se generen los medios necesarios para cubrir los costes excesivos del servicio universal.
Por lo tanto, las preguntas que nos debemos plantear son más bien: ¿Cuánto monopolio es necesario para garantizar este acopio de medios? Y, en consecuencia, realizar estudios y análisis, que son diferentes según el Estado o el país de que se trate, para garantizar este objetivo. ¿Cómo se consigue que los servicios y la gestión industrial, incluso dentro del ámbito reservado, puedan recuperar la calidad con el objeto de reducir el ámbito reservado necesario para garantizar dichos medios? De ahí, la supresión de la definición de servicios especiales que paradójicamente impedirían a las empresas encargadas de la gestión del ámbito reservado recalificar sus servicios.
Espero que en el futuro la Comisión nos presente estudios y propuestas más completos y alternativos a los que hasta ahora han constreñido y limitado nuestro debate. No respaldaré el compromiso del Sr. Ferber, pero sí apoyaré incondicionalmente sus indicaciones, ya que, a la vista de las condiciones dadas, me parecen las únicas posibles.

Izquierdo Collado
Señora Presidenta, efectivamente estamos ante un debate parlamentario real porque las posiciones estaban separadas. Y yo he de felicitar a los Sres. Ferber y Simpson por el trabajo excelente que han llevado a cabo y que podemos analizar esta mañana.
Precisamente desde la experiencia española, a la que se ha aludido en algún momento, considero que las enmiendas del Parlamento mejoran la propuesta que nos hizo la Comisión porque introduce mesura -estrictamente mesura- en el ritmo de apertura y de liberalización. Porque sobre esa apertura y esa liberalización estamos todos de acuerdo, pero el ritmo es importante.
En el Consejo Europeo de Niza ha pasado desapercibido completamente un mensaje, que yo creo que también se aproxima a la posición del Parlamento, en el sentido de que deben tenerse muy en cuenta, y favorecerse claramente, los servicios de interés general.
Porque, señora Presidenta, el servicio que estamos analizando sufre una competencia feroz por parte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esa competencia no se puede analizar en términos actuales, porque el uso de estas tecnologías está en un aumento exponencial y, por tanto, tenemos que ver el asunto con un poco de perspectiva. Este sector es un sector que ya sufre una competencia enorme por parte de esas nuevas tecnologías.
Hemos introducido en la propia directiva los servicios especiales, y yo creo que el Parlamento les ha atribuido el precio de valor añadido que deben llevar porque, de otra manera, la propuesta de la Comisión podría convertirse en una puerta trasera a través de la cual se podrían dinamitar los servicios de interés general.
Señora Presidenta, al tratar de este asunto estamos hablando de cohesión económica y social. Es muy importante entender que no solamente son los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión los que tienen que defender la cohesión económica y social, sino todas las políticas de la Unión, como reza el artículo 158 del Tratado CE.

Caveri
Señora Presidenta, Señorías, a lo largo del debate se han recordado las dificultades para llegar a una solución de compromiso. Me parece que la solución final es aceptable porque concilia la necesidad de competencia con la liberalización y, sobre todo, con las obligaciones del servicio universal sabiendo que habrá etapas posteriores que permitirán evaluar la situación periódicamente.
He valorado en especial el hecho de que en comisión se haya acogido esta referencia a los servicios postales en las llamadas zonas rurales y no de casualidad presenté una enmienda en la que se alude al problema de las zonas de montaña y de las islas. ¿Por qué me refiero en particular a las zonas de montaña que no siempre están incluidas en el concepto de ruralidad? Porque, al observar como se está desarrollando el sistema postal en muchos Estados europeos, el problema de las zonas de montaña es, hoy por hoy, uno de los temas más difíciles de tratar. Probablemente, si analizamos los datos de que disponemos, podríamos comprobar que muchísimas, cientos y quizás miles de estafetas de correos han sido cerradas en las zonas de montaña. Evidentemente, más allá de los razonamientos sobre la economicidad del sistema que deben hacerse en todo momento, el verdadero riesgo es la marginación de las zonas de montaña y, en consecuencia, es preciso hallar soluciones originales que permitan mantener un servicio esencial como el postal, enriquecido con otros servicios. Éste, creo, será uno de los temas importantes de cara al desarrollo de las zonas de montaña europeas en los próximos años.

Krivine
Señora Presidenta, Arlette Laguiller y yo mismo rechazamos cualquier forma de introducción del capital privado en los servicios postales.
Los efectos de la primera directiva no se han hecho públicos ya que las consecuencias son evidentes: pérdida de empleo y degradación de las condiciones de trabajo, desigualdad de funcionamiento del servicio público en todo el territorio, principalmente en el campo y en los barrios populares. Algunos grandes grupos privados se repartirán los sectores jugosos de la actividad postal que la Unión Europea se dispone a ofrecerles.
Actualmente, se nos ha presentado una versión llamada soft de la propuesta liberal de la Comisión, principalmente sobre el umbral precio-peso en 150 en lugar de 350 grs. La liberalización gradual y controlada, presentada por la Presidencia francesa como un mal menor, es una forma hipócrita de entregar un servicio público esencial a un mercado que no es ni controlable ni controlado, como ya se ha hecho para France-Télécom.
Invocar el realismo como hace la izquierda plural para intentar obtener una solución de compromiso con una parte de la derecha es una forma de enmascarar su propia capitulación ante los intereses privados. Los representantes de LO-LCR no han sido elegidos para cotizar el servicio público en bolsa y votarán en contra de este compromiso.

Ripoll y Martínez de Bedoya
Señora Presidenta, en primer lugar, permítame felicitar al ponente señor Ferber porque, desde luego, ha realizado un trabajo complicado, difícil, donde ha tenido que intentar buscar el equilibrio entre propuestas, posturas y puntos de partida y de llegada completamente diferentes.
Pero ¿por qué ha sido difícil? Porque ha partido de una propuesta de la Comisión que, creo, ha nacido viciada de origen. Y ¿por qué ha nacido viciada de origen? Permítame, señor Comisario, que le diga que usted sabe perfectamente, porque en los estudios que usted tiene y maneja así se indica, que por ejemplo España tiene liberalizado el 44% del servicio postal. Y la propuesta que usted hace, efectivamente, va hacia una liberalización. Pero ¿a quién favorece esa liberalización? A aquellas empresas, a aquellos países que hasta la fecha no han hecho absolutamente nada. Perdón, algo han hecho: financiar masivamente a sus empresas públicas de servicio postal y, ahora, saneadas, financiadas, con una capacidad económica enorme, pretenden entrar en el resto de mercados de servicio postal de la Unión Europea.
Por lo tanto, se está penalizando a quienes han trabajado en el marco de la Directiva del año 1997 y se está favoreciendo a los que han trabajado precisamente en sentido contrario, y eso no es un mercado liberalizado, eso no es un proceso de homogeneización. Eso no es la construcción, como aquí se ha dicho, de una Europa cohesionada y social. Hay que buscar la igualdad de oportunidades, hay que buscar un marco jurídico y un marco liberalizador en el cual todos tengamos una oportunidad justa y equilibrada.

Pittella
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el compromiso que el Sr. Ferber nos ha propuesto es muy razonable y se inspira en la regla de oro según la cual lo excelente es enemigo de lo bueno. Este compromiso, en el que han trabajado de manera decisiva también el Sr. Simpson y otros diputados, consigue que no pase desapercibido el hecho de que para todos los usuarios europeos, pero sobre todo para los que residen en las regiones rurales, periféricas, escasamente pobladas o urbanas desfavorecidas, los servicios postales representan una oportunidad fundamental de enlace y de conexión. Tampoco hay que dejar de tener en cuenta que casi 2 millones de personas encuentran trabajo en el sector. Por lo tanto, es justo seguir la vía de la modernización y de la eficacia y no cabe duda de que el proceso de liberalización emprendido podrá conllevar también estos resultados. ¡Liberalización sí, pero no ciega! El proceso debe seguir adelante con arreglo a unos plazos y a unas modalidades que respeten la complejidad de los problemas y que no perjudiquen al sector de los servicios de interés general que son un puntal irrenunciable de la cohesión social y territorial. Por lo tanto, señor Comisario, mi invitación, que le hago en castellano y latín, es: ¡Adelante, sed cum judicio!

Sanders-ten Holte
Señora Presidenta, Comisario Bolkestein, colegas, parece que hoy estamos hablando de la procesión de Echternach: dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás, así de limitados son los avances que logramos en uno de los informes políticos más importantes para la consecución del mercado inverno, la liberalización de los servicios postales. La propuesta de la Comisión prevé una apertura progresiva, lo que en mi opinión servirá para mejorar los servicios que se prestan al consumidor a un precio inferior. Si no me equivoco, ésta era inicialmente la opinión del ponente y sus propuestas eran constructivas. Sin embargo, la propuesta de compromiso que los dos grandes partidos ofrecieron hacia las once a la Comisión de Transporte al margen del Grupo Liberal acaba de un plumazo con lo anterior.
Señora Presidenta, al igual que muchos de los que han intervenido esta mañana, sigo siendo partidario de que se limite el margen reservado a 50 gramos. Esto es más que suficiente para sustentar las obligaciones públicas de servicio universal y una tarifa uniforme. El eje del compromiso de 150 gramos con el cuádruple de la tarifa básica no sólo resulta excesivo sino que perjudica el proceso liberalizador. Me temo que el efecto será que los actuales monopolistas podrán afianzar aún más su posición a costa de los contribuyentes y que se suba el listón para los nuevos aspirantes. Sin embargo, mi mayor preocupación es la falta de decisión. Esto se deduce de la propuesta de compromiso de los dos partidos mayoritarios. Si creen que aún no ha llegado el momento de profundizar en la apertura, deberíamos ser capaces de iniciar un camino en el que sí se pueda hacer realidad la apertura del mercado. Esto significa que se debe establecer una fecha límite. Poner presión al asunto. Una revisión en el 2003 es positiva, aunque debe desembocar en el siguiente paso: liberalización total en el 2007. Los servicios postales están preparados, el mercado está preparado y el consumidor desea servicios eficientes, de calidad y asequibles. La propuesta de la Comisión recoge estos aspectos, lo que no hace la propuesta de compromiso del ponente, por lo que la rechazo.

Atkins
Señora Presidenta, felicito al Sr. Ferber por su informe, aunque nos preocupa que no llegue lo suficientemente lejos. Creemos en la necesidad de la liberalización, la competencia y una buena relación calidad-precio. Es inicuo que el Royal Mail en Gran Bretaña utilice el dinero de los contribuyentes para intervenir en mercados liberalizados del continente, mientras que, al mismo tiempo, lucha por impedir la liberalización en el Reino Unido. Es el motivo por el que he vuelto a presentar algunas de las enmiendas que discutimos en comisión y sobre las que votaremos a favor - especialmente, aquéllas relacionadas con la liberalización de la publicidad directa. Es un requisito fundamental para el desarrollo del sector de la publicidad directa.
Asimismo nos preocupa el nuevo incremento hasta 150 gramos desde los 50 gramos que consideramos necesarios. Junto con eso, tenemos el firme compromiso con el requisito de servicio universal. Si se puede hacer en la Suecia rural, también puede hacerse en la Gran Bretaña rural sin grandes dificultades. No acepto lecciones del Partido Laborista sobre zonas rurales. Cuando yo era ministro de Medio Ambiente en Gran Bretaña, fui el responsable de la elaboración de un Libro Blanco rural, que trataba sobre algunos de los problemas relacionados con las oficinas postales rurales, por lo tanto, no acepto mensajes del Partido Laborista, aunque estén tan bien expresados como los del Sr. Simpson.
También me alegra comprobar que nuestros amigos Liberales del continente están dando ejemplo a los Liberales británicos. Los Conservadores británicos apoyan al Comisario Bolkestein y nos proponemos estudiar, en el transcurso del presente debate - y posteriormente, a medida que el debate prosigue y se estudian las enmiendas - si votaremos en contra de un mayor compromiso, a pesar de lo mucho que respeto y estimo el informe del Sr. Ferber como compromiso ante las numerosas dificultades. Pero, porque creeremos que la operación original del Comisario Bolkestein es en mucho la mejor, es muy posible que decidamos votar en contra de un mayor compromiso para el mantenimiento de dichas propuestas originales. Aún está por ver. Lo estudiaremos al final del debate.

Watts
Señor Presidente, en primer lugar, no queremos obligar a Suecia a cambiar su sistema postal, pero, por favor, no nos obliguen a seguir su ejemplo. En Suecia, Correos ha pasado de los beneficios a las pérdidas. Sweden Post ha reducido su plantilla. Las oficinas postales rurales han cerrado. Las tarifas para enviar una carta por correo en Suecia son un 30% más altas que en el Reino Unido. Y si me permiten pasar ahora a referirme al Reino Unido, la privatización del Post Office en el Reino Unido fue bloqueada sencillamente porque la opinión pública no estaba dispuesta a tolerarla.
Lo que me parece más vergonzoso es que la Comisión proponga la privatización de manera encubierta. Pero lo que es realmente imperdonable es que los Conservadores británicos apoyen los planes de la Comisión Europea de diezmar nuestro sistema postal en el Reino Unido. La medida supondrá un triple golpe para Gran Bretaña, en particular, para la Gran Bretaña rural: el fin de la distribución y la recogida diarias; el fin del precio uniforme - las personas de las zonas rurales pagarán más por su correo; y tercero y último, el fin de nuestra amplia y excelente red de oficinas postales rurales.
Hago un llamamiento expreso a los Conservadores británicos. Puede que no quieran escucharnos, pero escuchen al Women's Institute del Reino Unido, escuchen al Council for the Protection of Rural England, escuchen incluso a la Countryside Alliance. Todas estas organizaciones respaldan al Sr. Simpson y se oponen a las opiniones de su partido en lo que respecta a este asunto. Espero que ustedes y sus amigos se unan a los Laboristas en la defensa de la Gran Bretaña rural y rechacen los planes de la Comisión Europea.

Cushnahan
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, Sr. Ferber, porque ha realizado una tarea realmente difícil. Las propuestas del Comisario Bolkestein, lamentablemente, van demasiado lejos. Ciertamente reconozco que el concepto de liberalización per se no tiene nada de malo y que puede ser beneficioso para los consumidores. No obstante, también entraña ciertas obligaciones - en particular, la necesidad de garantizar los servicios universales. Esto no habría sido posible con las propuestas originales. Aunque habrían funcionado en países altamente urbanizados, para países rurales como Irlanda habrían sido nefastas. La apertura a la competencia de entre un 46 y un 48% de los ingresos de An Post pondría en serio peligro la viabilidad a largo plazo de los servicios postales irlandeses tal y como los conocemos. La selección que habría traído consigo habría hecho peligrar la capacidad de An Post de proporcionar el reparto diario y universal a un coste razonable. Por otra parte, la capacidad de nuestro servicio postal nacional en lo que respecta a la subvención cruzada de nuestra infraestructura de oficinas postales rurales habría quedado en una situación muy incierta.
En consecuencia, acojo con satisfacción el informe modificado surgido de nuestra comisión. Es realmente un compromiso equilibrado y espero que el Consejo le dé su aprobación. Permítame decir lo siguiente a An Post: si esto ocurre, le habrán dado un valioso respiro. Utilícenlo para desarrollarse e invertir en el sistema de oficinas rurales de correos de Irlanda. Existen muchas posibilidades aparte de la de los servicios centralizados, en los que la comunidad local tiene acceso a todos los servicios estatales, como el comercio electrónico e Internet. No adopten la opción fácil y corta de miras de permitir la desaparición del sistema de oficinas postales rurales. Sería una decisión de la que se arrepentirían.

Novelli
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión por la que se modifica la directiva de 1997 en lo que respecta a la continuación de la apertura de los servicios postales de la Comunidad a la competencia era justificada y esperada.
Justificada, ya que se incluye en la lógica de los Tratados fundadores de la Unión Europea, que anteponen la culminación del mercado interior por la libre circulación de bienes y servicios en un entorno de competencia. Justificada también por las orientaciones sucesivas, desde 1990, de los Consejos europeos dedicados a este sector. Justificada finalmente por el Consejo europeo de Lisboa que, hace algunos meses, pedía la aceleración de este proceso.
Esperada también, ya que la Comisión estaba retrasada con respecto a los compromisos previstos por la directiva de 1997. Sin embargo, las propuestas de la Comisión y del Comisario Bolkestein han producido una gran agitación. Estas propuestas eran, no obstante, lógicas. ¡Qué clamor de indignación, sin embargo! El compromiso propuesto en el informe del Sr. Ferber está muy por detrás con respecto a la propuesta razonable de la Comisión, muy modesta con respecto a las exigencias de la modernización de nuestra economía europea, demasiado modesta, me temo. Y cuando esta mañana veo a toda la izquierda europea felicitar al Sr. Ferber, me quedo muy dubitativo con este compromiso. A este ritmo, señoras y señores, serán necesarios 60 años para concluir el mercado interior de servicios postales. ¡Qué audacia, y, sobre todo, que retroceso!
No puedo menos que hacer un paralelismo con el resultado del reciente Consejo europeo de Niza. Antes de Niza se produjeron grandes propuestas, nobles ambiciones. En Niza hubo grandes discursos y, a fin de cuentas, no demasiados resultados. Aquí, en este debate, de la misma manera, las grandezas esconden mal la pusilanimidad y el conservadurismo. Sólo nos queda desear que algún día sepamos superar las situaciones consumadas y vencer los corporativismos egoístas para hacer que Europa progrese verdaderamente.

Peijs
Señora Presidenta, ¿podría pedirle al señor Bolkestein que explique al señor Watts la diferencia entre privatización y liberalización?

El Presidente
Señora Peijs, esto no es una cuestión de orden y está fuera de lugar en este momento del debate.
Tiene la palabra el Comisario Bolkestein.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, la Comisión reconoce, de debates anteriores, la enorme importancia que el Parlamento atribuye a este asunto y he estudiado detenidamente las numerosas enmiendas a la propuesta de directiva. Puedo apoyar algunas, en particular, las enmiendas que hacen hincapié en la importancia del servicio universal y las oficinas postales rurales. El servicio universal es la piedra angular de la política comunitaria en este ámbito y todo lo que hacemos está pensado para crear las condiciones idóneas para su mejora.
No obstante, respecto a la mayoría de las enmiendas, debo decir que es muy poco lo que queda de la propuesta original presentada en mayo por la Comisión. La Comisión proponía un enfoque gradual, con una fase posterior de apertura del mercado de un total del 20% que se adoptaría en el año 2003. En cambio lo que encuentro es no sólo el rechazo de esta apertura gradual del mercado, sino además del proceso dinámico de la propia modernización.
¿Qué es exactamente lo que veo? En primer lugar, no a los 50 gramos, lo que va en contra de la necesidad de crear una competencia real. En segundo lugar, no a la apertura del correo transfronterizo de salida, a pesar de que esto es ya una realidad en diez Estados miembros. En tercer lugar, no a la definición ni a los servicios especiales, en contra de los objetivos de las actuales directivas y en contra también de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En cuarto lugar, no a la apertura del correo urgente, a pesar de que éste es un mercado nuevo y separado. En quinto lugar, no a una medida en el año 2003, lo cual es contrario al artículo 7 de la actual directiva, y en sexto lugar, no al calendario para la reforma posterior, lo cual va en contra de las conclusiones del Consejo de Lisboa y de las necesidades de los operadores.
Ésta no es una manera positiva de avanzar. En particular, porque a pesar de que los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron en Lisboa la apertura acelerada del mercado, las enmiendas que acabo de describir tendrían el efecto contrario, a saber, la desaceleración de la apertura del mercado. Un aplazamiento de dos años de la aplicación del siguiente paso no sería coherente con la directiva en vigor. El debate sobre la modernización del sector postal comenzó en 1989, durante el Consejo de Telecomunicaciones celebrado en Antibes. Miren dónde nos encontramos ahora, cuando han transcurrido más de diez años. Sólo se ha liberalizado el 3% del mercado de cartas. El aplazamiento del siguiente paso de 2003 a 2005 supondría otro retraso que, me temo, no es aceptable para la Comisión.
El grado de apertura del mercado que ahora propone el Parlamento reduciría el 20% de las propuestas de la Comisión a apenas el 6% a partir de comienzos del año 2005, sin perspectivas de poder completar el mercado interior en el sector postal y eso, me temo, no es acorde con las conclusiones del Consejo Europeo ni tampoco se ajustaría a las necesidades y expectativas de los clientes de servicios postales, tanto si los usuarios son empresas como particulares. Tampoco satisfaría los intereses de los empleados del sector que tienen puesta su mirada en el futuro. En definitiva, sería demasiado poco, demasiado tarde y conduciría a una parada repentina del impulso tan necesario para proseguir con el cambio, provocando un grave daño a la necesaria adaptación y una amenaza al empleo a largo plazo.
Asimismo, frenar la competencia en el correo transfronterizo de salida supondría dar un paso atrás, difícil de imponer mediante normativa y que provocaría las quejas de los competidores.
Los servicios especiales son otro de los ámbitos de gran importancia en los que debe fomentarse la innovación y la modernización. Conforme a la directiva en vigor, el principio es claro. Los servicios nuevos y claramente diferenciados siempre quedan fuera del ámbito reservado, pero no existe una definición clara de los servicios especiales en la directiva en vigor, y ello da pie a interminables debates y a la incertidumbre del mercado. Sería inadmisible permitir que continúe el litigio para determinar qué sucede aquí. Necesitamos definiciones más claras o de lo contrario fracasaremos en nuestro deber, como legisladores, de modernizar el marco regulador.
Sé que la modernización del sector de los servicios postales es una medida difícil y políticamente delicada. La Oficina de Correos es una institución próxima a las personas, a los consumidores y a los empleados por igual. En este proceso de modernización, el temor no debe ser nuestro guía, sino más bien el reto de mejorar el sector. Si hacemos demasiado poco, demasiado tarde, el sector postal en su conjunto estará en peligro. Se verá relegado por la tecnología e ignorado por los consumidores que no obtendrán un buen servicio por su dinero. Estoy seguro de que muchos de ustedes, y en particular el ponente, estarán más de acuerdo con este planteamiento de lo que la política les permite reconocer. Hago un llamamiento a todos para que, en su calidad de legisladores elegidos, no rehuyan su responsabilidad de hacer lo que sea necesario para apoyar el proceso dinámico de cambio.
Permítanme citar a tres interlocutores en este ámbito. En primer lugar, al presidente ejecutivo del Post Office del Reino Unido, Sr. John Roberts, que ha afirmado que la competencia trae consigo mejoras en la calidad y la eficiencia, así como un abaratamiento de las tarifas. En segundo lugar, al presidente de La Poste, Sr. Claude Bourmaud, que recientemente ha explicado cómo la próxima década presagia la transformación más profunda hasta la fecha para los operadores postales de todo el mundo. Ha dicho que la apertura a la competencia de la práctica totalidad del mercado postal parece inevitable antes de que finalice la década. Y en tercer lugar, al senador francés Gérard Larcher, un experto reconocido en el ámbito de los servicios postales, que ha hecho un llamamiento a todas las partes para que pongan su mirada en el futuro. En 1997 dijo que no deberíamos resolver los problemas de hoy centrándonos en los conceptos de ayer y que debemos abrir el debate para resolver los problemas de La Poste en el marco del mañana.
Estas tres personas han hecho observaciones importantes. El servicio postal deberá competir cada vez más en el mercado más amplio de las comunicaciones con la tecnología moderna desarrollada por Internet, los teléfonos móviles y la integración de los diferentes medios de comunicación. Las oficinas de correos tradicionales, con su rígida estructura de empleo y su lenta adaptación a las necesidades del mercado, no estarán en condiciones de competir en dichos mercados si las enmiendas del Parlamento frenan su desarrollo.
La sociedad exige un sector postal moderno. Permítanme hacer alusión a las principales organizaciones de consumidores europeas, como la BEUC, que han saludado la propuesta de la Comisión. Muchas organizaciones de consumidores querrían que avancemos en la apertura del mercado postal aún más deprisa de lo que propone la Comisión, porque esperan que el aumento de la competencia propicie una mejora de la calidad de los servicios y un abaratamiento de los precios, pero la Comisión no propone esta liberalización por la vía rápida, como prefieren las organizaciones de consumidores. Nuestra propuesta consigue un delicado equilibrio, porque los proveedores del servicio universal necesitarán tiempo para modificar las estructuras y convertirse en empresas más flexibles, de manera que puedan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Sólo la introducción de competencia real de una manera controlada y progresiva, conforme a un calendario establecido, les ayudará a lograr este objetivo.
Si los legisladores europeos fracasan, los Estados miembros que avanzan rápidamente por la vía indicada en la Cumbre de Lisboa serán penalizados, porque sus operadores postales estarán supeditados a la competencia de los operadores que gozan de un amplio monopolio. Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento, en caso de ser aceptadas, darían lugar en su mayoría a una situación en la que no cambiaría prácticamente nada. Eso significaría que los servicios postales perderían cada vez más terreno respecto a otros medios de comunicación. Sería un enfoque con poca visión de futuro. Sería una última tentativa. El monopolio de los servicios postales los llevaría a anquilosarse y a perder volumen, lo que a su vez ocasionaría la pérdida de empleos.
Conozco la preocupación del Parlamento por el mantenimiento del servicio universal y de la red postal, y comparto dicha preocupación. Soy partidario de que existan garantías sólidas de que siempre se protegerán las obligaciones de servicio universal. En lo que diferimos es en el método para alcanzar ese objetivo. Intentar preservar esta situación y el mantenimiento de las estructuras del pasado no es el camino a seguir. El mercado exige flexibilidad y adaptabilidad al nuevo entorno de las comunicaciones.
La propuesta de la Comisión responde a este requisito de una manera muy razonable y gradual. Reconoce que bajo la directiva en vigor, ya se ha producido una inclinación de la balanza entre el ámbito reservado y otros medios para garantizar un servicio universal de alta calidad y duradero. Estos medios incluyen los requisitos para la concesión de licencias, incluidas las obligaciones de servicio universal para los nuevos participantes del mercado, un fondo de compensación y el establecimiento de tarifas a un nivel adecuado acorde con los costes. No obstante, sin competencia, la situación estaría desequilibrada.
En este espíritu, puedo aceptar las enmiendas del Parlamento que no son polémicas, así como aquellas que acertadamente hacen hincapié en aspectos como el servicio universal según se aplica en los Estados miembros, en la reparación de las causas de quejas y en la red rural. Se trata de las enmiendas 2, 3, 6, 7, 24, 28, 29, 32, 39, 40 y 41. Asimismo puedo aceptar las nuevas enmiendas presentadas ayer, a saber las enmiendas 46, primer apartado, 58 y 59, que aclaran algunos puntos importantes. Respecto a las enmiendas 60 y 61, estoy de acuerdo con el principio de completar el mercado interior en una fecha futura que deberá determinarse dentro de un plazo razonable. Todo ello se ajusta a la propuesta de la Comisión y a las conclusiones de Lisboa.
No obstante, no sorprenderá a los diputados a este Parlamento que la Comisión no pueda aceptar las restantes enmiendas presentadas. La causa es que van en contra de la esencia de lo que propone la Comisión; las medidas necesarias para realizar el proceso de modernización en beneficio de los consumidores, así como de los empleados de los servicios postales. Debemos mantener el impulso en favor del cambio y alcanzar una primera medida firme, además de un calendario para modificaciones posteriores.
Para terminar, la Unión Europea no puede dar muestras de indecisión en un ámbito tan importante. Es por ello por lo que no puedo permanecer en silencio y no permaneceré en silencio mientras el futuro del sector se ve amenazado por la incapacidad de superar debidamente los retos que nos marcaron a todos en Lisboa. Si la Unión Europea, de la que los diputados a este Parlamento son sus representantes elegidos, quiere contar dentro de diez años con la economía más competitiva y dinámica posible y que esté basada en el conocimiento, necesita un sector postal moderno. Por consiguiente, quisiera hacer un llamamiento a todos los diputados a este Parlamento para que apoyen la misión europea, y termino diciendo que ha llegado el momento de actuar.

Jarzembowski
Señor Presidente, yo quiero rechazar estos ataques indiscriminados contra la mayoría de esta Asamblea. Estamos haciendo un esfuerzo para llevar a cabo una modernización y una liberalización progresiva, y no es justo que ahora nos abronque. Al menos debería agradecernos que adoptemos hoy una decisión, pues esto le permitirá dejar de manifiesto en diciembre que el Consejo está siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo de Lisboa y que ese mes aprobará la liberalización tal como usted la entiende, o al menos tal como nosotros la entendemos. Pero abroncarnos y luego no conseguir nada en el Consejo es una posición que resulta algo hipócrita, señor Comisario, ¡yo creo que debería escuchar a la mayoría de esta Asamblea!

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, deseo decir tres cosas en respuesta a estas últimas observaciones: en primer lugar, naturalmente, el Parlamento tiene el privilegio - en realidad, el deber - de expresar su opinión. Por otro lado, tengo la sensación de que la Comisión fracasará en su cometido si no ofrece una opinión tan sincera como la del Parlamento en su respuesta.
En segundo lugar, todo este asunto será debatido en un Consejo de Telecomunicaciones el viernes próximo. La Comisión presentará la misma opinión y, por consiguiente, el Consejo procederá sobre la propuesta de la Comisión como estime oportuno.
En tercer y último lugar, si los Jefes de Estado o de Gobierno decidieron en Lisboa que la Unión Europea debía convertirse en el lugar más competitivo del mundo en un plazo de diez años, debemos actuar en consecuencia. Si los diputados a este Parlamento son de la opinión de que no les incumbe lo que digan los Jefes de Estado y de Gobierno, es una actitud que no comparto.

Tomo las conclusiones expresadas por los Jefes de Estado y de Gobierno como las directrices que debe seguir la Comisión y esta mañana he hablado en el espíritu de dichas conclusiones.
Hago un llamamiento a los diputados a este Parlamento para que sigan la propuesta de la Comisión, porque sólo esa propuesta conduce hasta el objetivo de Lisboa, que es conseguir en el plazo de diez años la economía más competitiva y dinámica del mundo y que esté basada en el conocimiento.

El Presidente
Veo que los servicios postales nos ayudan a calentar un poco el ambiente del hemiciclo, y me alegro de ello.
Señor Simpson, ¿hará uso de la palabra o renuncia usted a ello? Si renuncia, se lo agradeceríamos enormemente puesto que vamos muy mal de tiempo.

Simpson
Señor Presidente, es una pérdida de tiempo; no hay peor sordo que el que no quiere oír.

El Presidente
Muchas gracias, señor Simpson.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Plátanos (OCM)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A5-0374/2000) del Sr. Dary, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 404/93 relativo a la organización común de mercados en el sector del plátano (COM(1999) 582 - C5-0528/2000 - 1999/0235(CNS))

Dary
Señor Presidente, señorías, volvemos pues a la OCM plátano.
El pasado mes de abril, después de haber votado por una amplia mayoría algunas enmiendas que yo proponía al texto de la Comisión, pero ante la negativa de esta última a aceptar alguna, decidimos devolver el expediente a la Comisión de Agricultura, con el fin de llegar a un eventual compromiso. Era el único medio, a falta de procedimiento de codecisión, siendo las prioridades asegurar una garantía de ingreso y acceso a los mercados para los productores comunitarios y los productores ACP.
Hemos intentado llegar a una conciliación con la Comisión; realmente no ha podido ser. Sin embargo, el Parlamento debe pronunciarse ahora. Recuerdo pues que en noviembre de 1999 la Comisión hizo una enésima propuesta de modificación de la OCM en el sector del plátano, que afectaba principalmente a su apartado externo y en el objetivo de asegurar la compatibilidad de esta OCM con las normas de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión proponía entonces el mantenimiento del sistema de contingentes no discriminatorio con una ligera preferencia arancelaria para los países ACP y el paso al tariff only en 2006.
El Parlamento aprobó, en abril de 2000, mi último informe y sus enmiendas que iban al encuentro de la propuesta de la Comisión. El informe proponía, principalmente, el rechazo del paso automático al tariff only, una preferencia arancelaria para los ACP de 300 euros mínimo, una evaluación y una eventual revisión del apartado interno de la OCM.
El expediente del plátano está lejos de ser anecdótico y se plantean desafíos importantes. Desde 1993, la situación de los productores comunitarios sufre un deterioro constante. Lo mismo ocurre con numerosos países ACP proveedores tradicionales. Ahora bien, debo recordar que esta organización común de mercados tiene como objetivo principal la garantía de acceso al mercado comunitario de sus productos. Hoy es ya imposible para estos productores entrar en competencia equitativa con los productores y operadores del sector a nivel internacional. Recordemos que el 62% de las importaciones proceden en la actualidad de países terceros, principalmente Ecuador, Colombia, Costa Rica y Honduras.
No se trata de defender aquí de manera proteccionista un producto de un determinado origen, sino más bien defender el carácter permanente de una cierta manera de producir. Detrás del plátano, lo que se intenta defender es todo un sector de producción del que dependen con frecuencia regiones enteras, su fuerza vital y su equilibrio social.
Pasaron meses hasta que el pasado mes de octubre la Comisión publicó una comunicación sobre la aplicación de la regla "por orden de llegada" para gestionar el sistema de contingentes. Insisto en que se trata de una comunicación y no de una propuesta legislativa. Por consiguiente, nos hemos visto obligados a seguir trabajando en la propuesta legislativa de noviembre de 1999.
Se han establecido contactos con la Comisión y la última reunión confirmó que esta mantenía su posición, es decir, el sistema de contingentes gestionados según la regla "por orden de llegada" y el paso al tariff only en 2006.
Mi segundo informe se parece por tanto mucho al primero y recoge las enmiendas votadas por el Pleno. Pero, incluso sin propuestas legislativas, era necesario también pronunciarse sobre la regla de "por orden de llegada". La codecisión no dice que el sistema es equitativo, pero dice que es el único método compatible con las reglas de la OMC. Sin embargo, los Estados Unidos han dado a conocer ya su rechazo a este sistema, al igual que los países ACP, por otra parte. Por lo demás, nuestra posición sigue siendo la misma: período de aplicación del sistema de al menos diez años con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los productores y de los operadores, nuevo examen a los diez años, no al paso automático al tariff only, preferencia arancelaria de 300 euros para los ACP.
Hemos pedido garantías, para el caso de que el sistema de gestión de los contingentes arancelarios "por orden de llegada" fuera aplicado por la Comisión, ya que tendrá repercusiones graves en los productores ACP, incapaces ahora de recuperar su lugar en la carrera de barcos que pronto dará comienzo.
Resulta absolutamente necesario encontrar, por encima de la preferencia arancelaria de 300 euros, un medio para permitirles el acceso efectivo al contingente C y evaluar de manera subsiguiente el impacto del sistema en estos productores.
Me alegro de que hayamos podido llegar a una votación unánime en el seno de la Comisión de Agricultura. Doy las gracias a mis colegas, especialmente al Sr. Fernández Martín, ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, por su apoyo.
Para terminar, desearía manifestar mi pesar al ver que en un expediente como éste la Unión Europea parece renunciar a sus valores en beneficio de las reglas del comercio mundial. La economía está al servicio del hombre, y en cualquier sistema en el que predomine el hombre, las reglas deben adaptarse a su voluntad y a las necesidades del hombre, nunca al contrario. La Comisión y el Consejo valorarán su responsabilidad si debieran juzgarlo de otra manera.

Fernández Martín
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, después de tantísimos debates sobre el problema del plátano hoy estamos un poco más cerca de una solución satisfactoria. No quiero hacerme ilusiones, llevamos ocho años celebrando debates como éste y aún tendremos algunos más. Pero hoy, después del acuerdo alcanzado en el seno del Consejo, la última propuesta de la Comisión está más cerca de la posición mayoritariamente expresada muchas veces a lo largo de los años por este Parlamento.
Desde la Comisión de Desarrollo, en cuyo nombre hablo, respaldamos el informe Dary, que da respuesta a los problemas fundamentales. Se mantiene el sistema de contingentes que aseguran la comercialización de la producción comunitaria de plátanos, se establece un régimen de licencias mediante el procedimiento de "primer llegado, primer servido", que es conforme a las reglas vigentes del comercio mundial, y se contempla un paso no automático a un sistema arancelario que requerirá un informe de evaluación del impacto que pueda producirse.
Esta propuesta ha sido ya aceptada por Ecuador, primer productor mundial de plátanos y uno de los denunciantes ante la Organización Mundial del Comercio. Es cierto, señor Comisario, que mantenemos algunas reservas, y algunas diferencias. Nosotros, desde el Parlamento, pedimos una vigencia de diez años para el período transitorio donde la Comisión propone seis; nosotros pedimos un arancel de "como mínimo 300 euros" donde la Comisión dice de "como máximo 300 euros". Son diferencias, sí, pero ahora ya hablamos un lenguaje que se parece y que es radicalmente distinto al que tuvimos durante años en el pasado.
Yo celebro, Comisario Fischler, que usted haya incrementado sus flujos de información. Ya le dijo el Sr. Schwaiger, en el debate precedente, que usted debía tener una información que completara más todos los diferentes puntos de vista sobre el problema. Usted ha visitado recientemente las Azores, ha estado recientemente en las Islas Canarias y tiene una visión, sin duda, más completa del problema, que sigue siendo muy complejo. Por ejemplo, nosotros no podemos dejar de expresar nuestra inquietud por las producciones plataneras en determinados países ACP, en los pequeños países productores de las Antillas y en algunos países del África Occidental que han sido proveedores tradicionales del mercado del plátano con los que tenemos compromisos que no podemos olvidar.
El huracán Mitch en América Central nos ha proporcionado desgraciadamente un ejemplo de lo que para nosotros es inaceptable. En algunos países -Nicaragua, Honduras, Guatemala-, Mitch arrasó las plantaciones plataneras. Algunas empresas multinacionales, en lugar de contribuir a la recuperación de la actividad económica, deslocalizaron su actividad empresarial trasladándola a otras zonas menos afectadas e incluso a otros países, olvidando sus obligaciones con miles, decenas de miles de familias y de agricultores que recibían un salario de 10 dólares. Ése no es el modelo de desarrollo que queremos los europeos.
Algunos colegas han expresado aquí su preocupación por las negativas consecuencias que algunos sectores están padeciendo especialmente en el Reino Unido por las medidas de retorsión aplicadas por Estados Unidos, a mi juicio al margen de los acuerdos del GATT. Creemos que la mejor manera de ayudar a estas empresas es encontrar un camino que permita solventar el conflicto cuanto antes. En este sentido, no nos parece una buena medida pretender aplazar este debate como pretendieron algunos en estas últimas semanas.
Hemos alcanzado un complejo y delicado equilibrio sobre este tema. El informe Dary fue adoptado por unanimidad en la Comisión de Agricultura y respaldado también por unanimidad por la comisión en nombre de la cual hablo. Creo que la enmienda presentada a última hora por el Sr. Vatanen no contribuye a facilitar las cosas, por lo que le invito, si me escucha, a considerar la posibilidad de retirarla.

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Dary, que tan explícitamente nos ha comentado la reforma, su historia y su síntesis -que no voy a repetir-. También quiero felicitar al Sr. Fernández, que tan bien ha aprovechado su tiempo para hacernos recapacitar sobre cómo y de qué manera tenemos una serie de compromisos asumidos.
El informe Dary, en un encaje de bolillos difícil y digno de encomio nos ha hecho aprobar por unanimidad un informe sobre un tema verdaderamente complicado. Porque, señor Comisario, francamente, no es tarea fácil aunar los intereses de los consumidores con los de los productores, así como respetar los compromisos internacionales de la Unión Europea con los países ACP, los compromisos también de Lomé firmados en Cotonou, aunar esfuerzos en favor de las zonas ultraperiféricas, respetar las normas GATT para terceros países, garantizando la diversidad en el abastecimiento y en la producción en la Unión Europea.
El funcionamiento del compromiso alcanzado, que entra dentro de las normas de la OMC, debe ser analizado por la Comisión Europea en un informe que deberá ser analizado por el Parlamento en un tiempo razonable y, según el resultado de este informe y su análisis, tendrán que proponerse las medidas correctoras oportunas, como ya se indica en el informe del ponente.
Nosotros no estamos en contra del tariff only, señor Comisario, sólo queremos que, ante estos cambios tan bruscos, tomemos las precauciones necesarias a la hora de saltar de un régimen a otro. Por tanto, yo pido que este informe sea respaldado en su totalidad por parte de los miembros de esta Asamblea, como lo fue en la Comisión de Agricultura. Y no voy a repetir que enmiendas como la única que se ha presentado por algún diputado no facilitan que así sea. Por tanto, yo, como mi predecesor en el uso de la palabra, también le pido que retire esta enmienda.

Medina Ortega
Señor Presidente, en nombre del Grupo socialista quiero adherirme a las felicitaciones que los oradores que me han precedido han dirigido a la Comisión -porque la Comisión ha hecho un esfuerzo de aproximación-, y al ponente, Sr. Dary, por el esfuerzo que ha hecho de conciliar diferentes posturas.
Desde el punto de vista de la Comisión de Agricultura la situación es clara. La Comisión de Agricultura está a favor de la propuesta de la Comisión, del mantenimiento del régimen de contingentes a través del sistema llamado "de la regata", o "del primer llegado, primer servido", aunque, desde luego, no está de acuerdo con las propuestas dirigidas al paso automático del actual sistema de contingentes a un sistema de sólo aranceles.
Esto está en relación con la filosofía general que manifiesta la Comisión de Agricultura de este Parlamento, en el sentido de que la agricultura no es un producto industrial normal y que no cabe, por tanto, aplicar reglas de carácter general válidas para los productos industriales. La reciente crisis de las vacas locas, que le va a costar bastante cara a la Comunidad Europea, a sus productores y a sus consumidores, es un ejemplo de cómo la agricultura no se puede reducir a esquemas de la producción o de la comercialización industrial.
En este sentido, yo quiero recordar aquí que la producción platanera no es una producción extraña a la Comunidad. Es una producción que se da en una serie de regiones especiales comunitarias, las regiones ultraperiféricas, que tienen una serie de dificultades para competir en los mercados y que alguno de los pocos productos que tienen es éste precisamente, el plátano. Y, como ha señalado el Sr. Fernández Martín, el Comisario Fischler ha podido ver recientemente sobre el terreno lo que es la economía agrícola de estas regiones, tan alejadas del contexto continental comunitario.
Por eso, en las propuestas del informe Dary, aprobadas por unanimidad en la Comisión de Agricultura, se hace referencia a la necesidad de tomar en cuenta los problemas estructurales de esas regiones ultraperiféricas, que tienen además un nuevo fundamento jurídico en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Comunidad Europea, introducido por el Tratado de Amsterdam, y que está en este momento pendiente de la adopción de las propuestas correspondientes por parte de la Comisión.
Por lo tanto, el Grupo socialista está a favor del informe del Sr. Dary y en contra, desde luego, de la enmienda 36, presentada por el Sr. Vatanen y otros diputados.

Clegg
Señor Presidente, para observadores perplejos como yo, este asunto está pasando de lo extraño a lo surrealista. Al parecer, nos vemos frente a una serie tras otra de propuestas y contrapropuestas que tratan sobre un régimen de transición en el que la Comisión primero propone contingentes arancelarios basados en períodos históricos, períodos de referencia, pero luego pasa al cálculo en orden de llegada. Mientras que los Estados Unidos primero condenan los períodos de referencia histórica, y ahora defienden sus propios períodos de referencia histórica. Resulta sumamente difícil de seguir.
Por este motivo, entre muchos otros, no comentaré sobre la mayor parte del informe del Sr. Dary, sino que intentaré centrarme en un tema de principio. Cualquiera que sea el régimen de transición - tanto si pasamos del contingente arancelario y de un sistema de asignación de licencias que utiliza el denominado método de orden de llegada o los períodos de referencia histórica, antes y después de 1993 - debemos comenzar a aceptar que éste es un régimen de transición que en un momento dado será sustituido por un sistema exclusivamente arancelario compatible con la OMC. No podemos seguir un año tras otro eludiendo nuestras obligaciones internacionales.
La cuestión es por qué. El Sr. Dary sugiere que si queremos avanzar hacia un sistema exclusivamente arancelario compatible con la OMC, en cierto modo, nos estaríamos rindiendo a las caóticas fuerzas del comercio. Lo cierto es exactamente lo contrario. La OMC es un conjunto de normas. De hecho, es una restricción del caos, porque intenta instituir normas por las que todos debemos regirnos. La Unión Europea tiene un interés estratégico incontenible en garantizar que dichas normas son reforzadas y no debilitadas, porque si debilitamos la OMC o el Estado de derecho, ¿quién saldrá ganando? Serán los países grandes como los Estados Unidos; se impondrá el lema de 'el poder tiene razón'; se impondrá la fuerza comercial bruta.
Por tanto, les insto a que nos pongamos de acuerdo sobre cuál será la solución de transición según el informe del Sr. Dary. Pero no debemos dar la espalda, como sugiere la enmienda 11, a la idea de que al final tendremos que pasar a un sistema exclusivamente arancelario.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, ante todo yo quiero agradecer el trabajo que ha realizado el ponente. Yo suscribo totalmente sus objetivos. Sin embargo, lamentablemente, señor Dary, no está en nuestra mano conseguir lo que deseamos. Fuerzas poderosas se oponen a ello. No sólo existen diferentes planteamientos entre los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual también se refleja en las dificultades de la Comisión para presentar una propuesta, sino que además interviene el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Intervienen intereses poderosos, sobre todo los de los americanos, que no son cultivadores directos de plátanos, pero que han invertido capital americano en las empresas comerciales. Ya conocemos la problemática y sin duda no es injustificado el temor a que los justos intereses de los Estados ACP, de los pequeños cultivadores de plátanos, queden marginados.
Hemos intentado volver a introducir algunas enmiendas en forma de enmiendas de transacción. Yo confío en que la Comisión las hará suyas. Sobre todo nos interesa la enmienda 35, en la que se pide que la Comisión nos presente un informe sobre las repercusiones del reglamento previsto en lo que respecta a los intereses de los pequeños cultivadores de plátanos y de los Estados ACP, con el fin de que cuando llegue el momento de realizar la transición a un sistema exclusivamente arancelario el Parlamento disponga de un fundamento para poder adoptar una decisión.
Lo que es evidente y la Comisión también lo reconoce es que el Parlamento debe volver a examinar esta cuestión. Llegado el momento, necesitaremos disponer de datos exactos para dicha negociación. Quizá para entonces ya hayamos conseguido el poder de codecisión en el ámbito de la agricultura y en Niza se perfilaron orientaciones decisivas con vistas a la codecisión del Parlamento, que ahora sólo falta que se concreten en los debates posteriores. Entonces la correlación de fuerzas será muy probablemente distinta y es de esperar que esto también quede reflejado en el informe sobre el sector del plátano y en los objetivos que entonces definamos.

Jové Peres
Señor Presidente, creo que es la primera vez que se pronuncia mi apellido en mi lengua materna. Muchas gracias.
No es exagerado decir que esta cuestión es una de las que han suscitado una mayor atención en todas las instituciones. También es importante señalar que esta cuestión ha enfrentado, pienso yo, los intereses de un par de compañías, representadas por Estados Unidos, y los de la Unión Europea, que intentaba defender los compromisos adquiridos con sus propios agricultores, y otros adquiridos con los países ACP. Francamente, creo que la Comisión de Agricultura llegó a lo máximo a que podía llegar, o a lo que estaba en su mano para llegar a un acuerdo con la Comisión.
Hemos admitido la utilización del "sistema por orden de llegada", hemos aceptado un máximo de reducción de preferencia arancelaria de 300 euros por tonelada para los países ACP, también es cierto que hemos intentado obtener garantías para las pequeñas y medianas empresas, y que hemos solicitado a la Comisión un informe sobre el impacto del sistema. Pero creo que podemos prever efectos negativos sobre los operadores comerciales más pequeños y sobre los productores de los países ACP.
Albergo serias dudas, aunque no me gustan los estereotipos, de que una imagen de la Unión Europea cediendo ante las presiones de dos multinacionales, representadas por Estados Unidos, no sea más que un esquema que responde a ideas preconcebidas. A veces parece como si la Comisión, en las propuestas de desreglamentación en el comercio y la producción agrícola a nivel internacional, fuera incluso más lejos que el Grupo de Cairns. Suscribo las certeras palabras del señor Dary cuando se ha referido a este tema.
En cualquier caso, es necesario reconocer que los reglamentos y tratados imponen obligaciones y que las desreglamentaciones que puedan beneficiar a ciertas empresas tendrán su precio para el presupuesto de la Unión. En este sentido, quiero manifestar, no mi acuerdo, sino mi extrañeza, ante las declaraciones de ayer de la señora Schreyer sobre el contexto presupuestario agrícola y el tema del plátano.
Quiero terminar felicitando al Sr. Dary por sus desvelos, al presidente de la Comisión de Agricultura y a los coordinadores. Mi Grupo votará a favor con la idea de que, si alargamos más el tema, lo vamos a empeorar muchísimo más.

Souchet
Señor Presidente, este expediente que no termina, esta saga del conflicto "plátano" entre la Unión y los países productores de plátanos dólar no es anecdótico, sino ejemplar por más de una razón, ya que el 20% de los plátanos que se consumen en la Unión se producen en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad y estas regiones necesitan de esta producción para su desarrollo. Otro 20% de esos plátanos se produce también en los países ACP, que necesitan igualmente de esta producción para su desarrollo y con los cuáles tenemos unos compromisos que hemos de respetar.
Unos y otros han podido desarrollar su producción porque nosotros les ofrecíamos un mercado que no debemos retirarles ahora. Hemos de continuar dando sin complejos a estos productores los medios para vivir comprando de forma prioritaria su producción. Solamente después, para el 60% restante, podemos abrir nuestras puertas a los productores exteriores sobre la base del libre cambio. A eso tendía la OCM en el sector del plátano, a eso tiende la contrapropuesta de nuestro ponente, el señor Dary.
Que los productores de plátanos de la zona dólar apelen al dogma, según ellos "intangible", de la doctrina librecambista para imponernos un sistema de tariff only no debe impresionarnos ni intimidarnos. Hemos de saber permanecer tan firmes en nuestra posición a favor de un modo de cultivo como los americanos saben permanecer firmes en su sistema proteccionista para el azúcar, el tabaco, el cacahuete o los productos lácteos.
Hemos de resistir, ya que si cedemos ahora en los plátanos, ¿por qué no habríamos de ceder mañana en otras organizaciones comunes de mercado, en la PAC, en el modelo agrícola europeo que propone un desarrollo duradero? Hemos de resistir, de otro modo perderemos todo el control sobre nuestra cadena alimentaria. En nombre de los mismos principios, se nos impondrán los OGM, la carne con hormonas o el dumping social. Hemos de resistir y a la OMC le corresponde antes que nada evolucionar y abandonar su fortaleza de hormigón del tariff only, que se parece demasiado al profit only.
El expediente "plátano" es un hito importante en el camino de esta indispensable evolución en la cual, señor Presidente, la Unión Europea debería trabajar con todas sus fuerzas.

Marques
Señor Presidente, destaco en primer lugar el esfuerzo del Parlamento Europeo con vistas a conseguir una solución equilibrada para esta complicada trama de intereses en torno a la OCM del plátano. Prueba de ello es que estemos examinando por segunda vez un informe que presenta propuestas excelentes para compatibilizar la defensa de la producción del plátano de la UE y de los países ACP con las normas de la OMC. Es una lástima que la Comisión y el Consejo persistan en una solución que puede comprometer gravemente esa producción, en particular después de 2006.
En este Parlamento yo represento a Madeira, región en la que el plátano constituye la principal producción agraria. Lo mismo sucede en otras regiones de la Unión Europea como las Canarias y los departamentos ultramarinos franceses. Todos esos territorios forman parte de regiones ultraperiféricas. Esa regiones son no sólo de las más desfavorecidas, sino también las únicas de la Unión Europea en las que se producen plátanos. Forzosamente hay que tener en cuenta esa situación en la formulación de las nuevas normas para el régimen de importación de plátanos. El modelo agrario europeo, basado en la multifuncionalidad de la agricultura, debe servir también para salvaguardar la producción de plátanos de la Unión Europea. Y en mi región, de entre las multifunciones de la agricultura, la que está cobrando cada vez mayor relevancia es la de la protección medioambiental. Es decir, que el fin del plátano en Madeira sería al menos tan grave desde el punto de vista económico (grave descenso de la renta para millares de agricultores) como desde el punto de vista medioambiental (destrucción del paisaje subtropical y del mundo rural, agravación de la erosión).
Señor Presidente, sin esa importante vertiente medioambiental Madeira no tendría la posibilidad de sostener su "gallina de los huevos de oro", que es el turismo. Entonces, ¿por qué liberalizar ya en 2006, cuando el sistema de contingentes es perfectamente compatible con las normas de la OMC, además de ser el que mejor garantiza el mantenimiento de la producción de plátano comunitario y la de los países ACP? A pesar de todo, aún tengo esperanzas de que la Comisión tenga debidamente en cuenta el dictamen del Parlamento consubstanciado en el informe que estamos debatiendo, que apoyo íntegramente y que mañana aprobaremos con seguridad. Termino felicitando al ponente Sr. Dary por el excelente trabajo que ha hecho.

Adam
Señor Presidente, debemos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento al ponente por el tratamiento de este difícil informe. Es casi imposible conciliar los polémicos intereses comerciales y las diferencias con la OMC, pero el ponente y el presidente de la comisión han realizado grandes esfuerzos para presentar un informe que proporciona a la Comisión y al Consejo unas instrucciones de negociación más realistas. Espero que la Comisión responda afirmativamente a las enmiendas, no con el talante negativo generalizado del debate anterior, y que reconozca que cada enmienda representa intereses legítimos.
Ya existen indicios de que las propuestas de la Comisión relativas a la utilización del orden de llegada están facilitando el proceso de negociación y de que las anteriores cantidades de importación aún pueden ser un factor del resultado final. La polémica con la OMC ha acarreado represalias comerciales y no es fácil explicar esto a los exportadores de los Estados miembros que se ven afectados en sectores arbitrarios que nada tienen que ver con el plátano. Nuestro objetivo debe ser alcanzar un régimen revisado aplicable a los plátanos que sea aceptado en la OMC y refleje el compromiso de la UE con los países ACP y con los proveedores más vulnerables del Caribe.
Los sucesivos dictámenes de la OMC no dicen que no podamos conceder un trato preferente a nuestros proveedores tradicionales. El truco es cómo hacerlo. La Comisión deberá demostrar que se atienden sus necesidades. No resulta cómodo aceptar el aumento de la liberalización del comercio y un sistema exclusivamente arancelario en el futuro, conclusión a la que ha llegado la Comisión, pero deberemos afrontarlo. Mientras más altos sean los aranceles que puedan negociarse, menos necesidad tendremos de otras medidas para ayudar a los países ACP y del Caribe.
Creo que la aceleración de las negociaciones ofrece las mejores garantías de conseguir un nivel arancelario aceptable y por este motivo, por encima de todos los demás, pido el apoyo incondicional al presente informe.

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, si importante ha sido el tema de la liberalización de los servicios postales, no lo es menos el tema de la reforma de la OCM del plátano.
Quisiera, en primer lugar, agradecer al ponente, Sr. Dary, el contenido de su informe, ya que defiende por segunda vez el mantenimiento del sistema de contingentes en la importación de plátanos en la Unión Europea, protegiendo así las producciones comunitarias, y rechaza el paso automático a un sistema de arancel único, después de un período de vigencia de la OCM reformada que, en nuestra opinión, también debe ser de diez años.
También expreso mi agradecimiento al presidente de la Comisión de Agricultura, Sr. Graefe zu Baringdorf, por su afán de alcanzar una solución de compromiso con la Comisión. También agradezco a los presidentes de los Grupos políticos de este Parlamento que hayan aceptado el empecinamiento y la tozudez de los diputados ultraperiféricos para que esta propuesta de reforma del sector platanero se debata hoy en esta Asamblea, se pueda emitir la opinión preceptiva y así poder llegar a tiempo a la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará en los próximos días y entrar en el año 2001 con una nueva reforma de la OCM de los plátanos.
Espero que esta OCM recoja las aspiraciones de la Organización Mundial del Comercio después de tantos años de disputas comerciales, así como las de los productores comunitarios. Confío en que, con el paso del tiempo, el sistema de reparto denominado "carrera de barcos", es decir, primer llegado, primer servido, pueda ser aceptado por los países plataneros.
Creo que la solución apuntada por el ponente, aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura y que ahora se plantea en sesión plenaria, es la solución menos mala para todas las partes implicadas en esta batalla comercial, que se inició en 1993 y que ahora parece encontrar visos de consenso entre todos los protagonistas, ya sean productores, comercializadores o consumidores de uno de los productos agrarios más emblemáticos de la sociedad europea, los plátanos, que, por cierto, en el caso de Canarias, son únicos.
Lo importante es ganar tiempo en esta recta final y propongo votar afirmativamente al informe del Sr. Dary.

Figueiredo
Señor Presidente, como es sabido, esta OCM de los plátanos tiene particular importancia para los países productores ACP y para algunas regiones ultraperiféricas, como Madeira, ya sea desde el punto de vista de la producción y del empleo o desde el del medio ambiente, por el mantenimiento de un territorio verde productivo, cuestión fundamental para el propio desarrollo regional.
La resolución del problema existente en cuanto al futuro de la Organización Común del Mercado mediante un régimen de importación basado en un criterio uniforme entrañaría un grave riesgo de reducción del precio de los plátanos en el mercado comunitario, lo que exigiría un aumento de la ayuda compensatoria concedida a los productores de las regiones ultraperiféricas y entrañaría una revisión de las propias Perspectivas Financieras aprobadas en el ámbito de la Agenda 2000 para la financiación de la PAC, por lo que conviene que la Comisión no siga insistiendo en sus propuestas, so pena de acabar con la producción de plátano, lo que tendría graves consecuencias de carácter social, económico y medioambiental, como subraya el ponente, nuestro colega el Sr. Dary.
Así, el período de transición debería ser de casi quince años y nunca inferior a diez y las ayudas compensatorias deben incluir la garantía de las rentas de los productores comunitarios y la salida de la producción de las regiones ultraperiféricas, por lo que también se debe incluir una ayuda a las entidades que comercializan los plátanos allí producidos. Vamos a votar a favor de las propuestas y de este informe con la esperanza de que la Comisión revise su posición.

Stevenson
Señor Presidente, como han dicho oradores anteriores, ha llegado la hora de encontrar una solución viable a este problema, una solución que sea conforme a la OMC. Con demasiada frecuencia en el pasado, la OMC ha fallado en contra nuestra. Represento a empresas de mi Estado miembro, el Reino Unido, que han sufrido las consecuencias de las represalias de los Estados Unidos, cuando la Sra. Barshefsky, Secretaria de Comercio estadounidense, decidió imponer un incremento arancelario del 100% a empresas escocesas. Hemos sufrido pérdidas en el sector del cachemir.
La imposición de aranceles del 100% por parte de los Estados Unidos que tuvieron que afrontar dichas empresas de mi Estado miembro, de mi circunscripción, estuvo a punto, en un momento dado, de provocar el cierre del sector del cachemir en los Borders de Escocia, lo que habría supuesto la pérdida de 4000 puestos de trabajo. Tenemos otra pequeña empresa, Arran Aromatics, que exporta la mayor parte de su producción a los Estados Unidos, y que también se ha visto afectada por las represalias de aquel país. Esta empresa da trabajo a 50 personas en una apartada isla escocesa de West Coast y, sin embargo, está sufriendo las represalias de la guerra del plátano, de la que apenas sabe nada y con la que no guarda la más mínima relación. Es muy injusto.
En el presente debate se ha hablado mucho de la aparente unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a la hora de apoyar el informe del Sr. Dary. Pero debo decir a todos que en la Comisión de Agricultura se han presentado muchas enmiendas al informe del Sr. Dary que demostraban las profundas divisiones que existen en dicha comisión. De ninguna manera podemos admitir eso como prueba de unanimidad. Si mis colegas de los Estados miembros meridionales piensan seguir votando en contra de la conformidad con la OMC, deberán ser ellos los que sufran las consecuencias y no las empresas inocentes de mi Estado miembro.

Carlotti
Señor Presidente, una vez más, esta Asamblea va a pronunciarse sobre el expediente del plátano y felicito a Michel Dary por el magnífico trabajo que ha realizado.
Pero ahora, en los términos de negociaciones que dependen del timo y después de haber aceptado compromisos que no son más que conchas vacías, la Comisión ha permanecido inflexible. Espero que hoy escuche nuestros argumentos, ya que este sistema propuesto por la Comisión, esta preferencia arancelaria, aunque sea de 300 euros, puede revelarse como bastante inútil en los hechos ya que los productores ACP ser verán laminados por el sistema llamado "por orden de llegada". Este procedimiento es calificado como regata náutica con toda razón ya que, como en las competiciones náuticas, es el barco el que marca la diferencia. Sabemos ya qué competidores llegarán en cabeza: las multinacionales que disponen de infraestructuras muy avanzadas y barcos refrigerados.
En la actualidad, los Estados Unidos y la mayoría de los países de América del Sur rechazan este sistema. ¿Por qué la Comisión sigue defendiendo un dispositivo con tanta desigualdad? ¿Por qué no se considera el regreso al sistema de las "referencias históricas" que los Estados Unidos, o los sudamericanos, están sometiendo a plebiscito en estos momentos? Sin eso, sería necesario cuando menos ordenar las reglas de juego para no excluir de hecho a los productores africanos. La organización de dos vueltas, quedando la primera reservada a los productores ACP en la atribución de la licencia de importación del contingente arancelario "C" permitiría de este modo restablecer el equilibrio. Señor Comisario, en este expediente, nuestros socios ACP no necesitan caridad, sólo necesitan que hagamos un frente común para defender juntos nuestros intereses.

El Presidente
Gracias, señora Carlotti.
Interrumpimos el debate en este momento, puesto que debemos proceder a la votación, que será larga. Por lo tanto, el debate se reanudará a las 15.00 horas.

Bienvenida
El Presidente
Queridos colegas, tengo el honor de informarles de la presencia en la tribuna oficial de una delegación del Parlamento de Corea.

Quiero dar una calurosa bienvenida a esta delegación de Corea, venida para asistir a la sexta reunión interparlamentaria Parlamento Europeo-República de Corea, que tiene lugar en Estrasburgo durante los días 12 y 13 de diciembre. Está compuesta por cuatro miembros de la Asamblea Nacional de la República de Corea, presidida por el honorable Sr. Jeymoon Chung.
El Parlamento Europeo y el Parlamento coreano iniciaron hace años un diálogo político directo, y dicho diálogo ha dado ya amplios resultados. Queremos reforzar nuestra cooperación con la República de Corea y se nos ofrece ahora una excelente oportunidad de discutir los acontecimientos que han ocurrido recientemente en la península coreana.
Les deseo un trabajo fructífero en el Parlamento Europeo y una feliz estancia en Estrasburgo.

VOTACIONES
Purvis
Señor Presidente, no hemos debatido sobre esta comisión especial. Por lo que a mí me consta, jamás ha sido planteada en el Pleno. Vamos a someterla a votación sin debate. Me interesaría saber cómo se ha establecido, qué origen tiene su fundamento, cuáles serán los costes, qué relación guarda con las comisiones establecidas - de Industria y de Salud Pública, entre otras - y si es apropiado someterla a votación sin haber celebrado un debate público.

El Presidente
Señor Purvis, el Reglamento es muy claro. En virtud del artículo 150, la Conferencia de Presidentes adopta la decisión de crear una comisión como ésta. No debatimos el tema, sencillamente votamos sobre la adhesión a la misma.
(El Parlamento aprueba la decisión)
Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo sobre medidas que deben tomarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor (9854/1/2000 - C5-0522/2000 - 2000/ 0040(COD)) Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la ejecución de un programa de formación para los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales (MEDIA - Formación) (2001-2005) (10939/2/2000 C5-0616/2000 - 1999/0275(COD)) Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte

Hieronymi
Señor Presidente, yo agradezco el apoyo que he recibido de todos los Grupos. Éste ha permitido conseguir una decisión positiva a favor del programa Media en el Consejo. No va a ser necesario recurrir el procedimiento de conciliación y podremos adoptar hoy mismo una decisión positiva.
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se prorroga el programa de fomento e intercambios para profesionales de la justicia en el ámbito del Derecho civil (Grotius - civil) (COM(2000) 516 - C5-0494/2000 - 2000/0220(CNS)) Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)
Propuesta de decisión del Consejo que modifica la Decisión 90/424/CEE relativa a determinados gastos en el sector veterinario (COM(2000) 542 - C5-0495/2000 - 2000/0234(CNS)) Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y la República de Chipre por el que se adoptan las condiciones y modalidades para la participación de Chipre en los programas comunitarios en los ámbitos de la formación, la educación y la juventud (COM(2000) 661 - C5-0577/2000 - 2000/0270(CNS)) Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0348/2000) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor relativa a la posición común (COM(1999) 594 - C5-0431/2000 - 1999/0244(COD)) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (Ponente: Sr. Maaten)
Antes de la votación:

Fischler
. (EN) Señor Presidente, deseo confirmar la posición de la Comisión respecto a las enmiendas conforme a lo manifestado por el Sr. Byrne durante el debate del lunes por la noche. La Comisión puede aceptar, bien en su totalidad o en parte, treinta y tres de las enmiendas presentadas. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 6, 8, 9, 16, 19, 20, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 53 y 54.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) (La sesión, interrumpida a las 12.00 horas para celebrar una sesión solemne, se reanuda a las 12.30 horas)
Informe (A5-0377/2000) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 448 - C5-0400/2000 - 2000/0192(COD)) relativa a la prolongación de determinados programas de acción comunitaria en materia de salud pública, adoptados por las Decisiones nº 645/96/CE, nº 646/96/CE, nº 647/96/CE, nº 102/97/CE, nº 1400/97/CE y nº 1296/1999/CE y por la que se modifican dichas Decisiones
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0368/2000) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior relativa a la posición común (8129/1/2000 - C5-0327/2000 - 1995/0341(COD)) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decimotercera directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Derecho de sociedades relativa a las ofertas públicas de adquisición (Ponente: Sr. Lehne)
Antes de la votación:

Fischler
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera confirmar la posición de la Comisión sobre las enmiendas, que el colega Bolkestein ya expuso ayer por la noche. Ésta sería que la Comisión puede hacer suyas las enmiendas 7, 14 y 18, y también puede suscribir en principio las ideas contenidas en las enmiendas 5, 13 y 12. Sin embargo, la Comisión considera que la presente directiva no es el lugar adecuado para incorporarlas. La Comisión también puede hacer suya una parte de las enmiendas 17 y 20, pero no el grueso de las mismas. La Comisión rechaza las enmiendas restantes.
Sobre la enmienda 20:

Gebhardt
Señor Presidente, la versión original de esta enmienda es la alemana; la versión española no es correcta. Sólo quería volver a recordar que la votación se refiere a la versión alemana, concretamente en lo que respecta a su segunda parte, donde dice "la Asamblea General y el Consejo de Supervisión" . La versión española dice "o el Consejo de Administración" , que es algo muy distinto.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0370/2000) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior relativa a la posición común (7484/1/00 - C5-0422/2000 - 1996/0085(COD)) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (Ponente: Sr. Zimmerling)
Antes de la votación:

Fischler
Señor Presidente, Señorías, permítanme que reitere la posición de la Comisión sobre las enmiendas, que se sitúa exactamente en la línea de las declaraciones que realizó el Sr. Bolkestein ayer. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 8, 10, 16, 17 y 18. En cambio, está dispuesta a hacer suyas las enmiendas 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 y 15. También podemos aceptar parcialmente las enmiendas 6 y 7. La enmienda 9 se puede aceptar como aclaración, pero no como un artículo.

Zimmerling
Señor Presidente, yo sólo quisiera aprovechar la oportunidad para recordar, en relación con las declaraciones que realizó el Comisario a las 00.15 horas de anoche, que la enmienda 1 compromete a la Comisión. Me ha alegrado oír que el Sr. Fischler la acepta. En ella se insta a la Comisión a iniciar negociaciones para que el derecho de participación no se aplique únicamente en el ámbito de la Unión Europea sino lo más extensamente posible a escala mundial. Para lo cual se remite al artículo 14 del Convenio de Berna. Es decir, que desde Europa podríamos sentar un ejemplo en relación con este tema.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)
Informe (A5-0363/2000) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la aplicación de la estrategia común de la Unión Europea hacia la Federación de Rusia (2000/2007(INI))
Antes de la votación:

Posselt
Señor Presidente, las 33 primeras enmiendas al informe Oostlander se presentaron puntualmente. Las enmiendas 34 y 35 sólo han estado disponibles hoy. Lo mismo sucede con dos enmiendas al informe Theato y siete enmiendas al informe Morgan. Yo le ruego que se ponga fin a este procedimiento y que se adopten las medidas necesarias para que en el futuro se presenten a su debido tiempo todas las enmiendas.

El Presidente
La Secretaría me informa de que los documentos fueron presentados dentro del plazo.
Considerando O:

Oostlander
. (NL) Señor Presidente, con el objeto de dar fluidez a la frase, propongo eliminar not to deny, etc., los derechos de las minorías y utilizar en su lugar taking into account. Esto cuenta con la aprobación de quien presenta la enmienda.
(El Parlamento aprueba la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0364/2000) del Sr. Baltas, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe de la Comisión sobre la viabilidad de negociar un Acuerdo de Estabilización y de Asociación con la República de Croacia (COM(2000) 311 - C5-0506/2000 - 2000/2244(COS))
Enmienda 1:

Baltas
Señor Presidente, voy a hacer una corrección a la enmienda tal como está, añadiendo solamente una palabra, la palabra "croata" detrás de las palabras "hogares de los ciudadanos". Queda por tanto "hogares de los ciudadanos croatas de origen serbio". ¿Se puede aceptar la enmienda así, ya que está de acuerdo con la enmienda que hemos votado anteriormente?
(El Parlamento aprueba la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0323/2000) de la Sra. Maij-Weggen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Desarrollo de las relaciones entre Indonesia y la Unión Europea" (COM(2000) 50 - C5-0288/2000 - 2000/2152(COS))
Enmienda 7:

Maij-Weggen
. (NL) Señor Presidente, la señora Lynne plantea en su enmienda que en la actualidad se encuentran abiertas 22 causas judiciales en Indonesia y en Timor. He dedicado día y medio a comprobar si sus cifras eran correctas en comparación con las mías, pero no lo son. Se trata de 19 causas en Timor y de 24 causas en Atjeh, por lo que debo pedir a la Cámara que rechace la enmienda. Los datos de la señora Lynne no son correctos.
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0376/2000) de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la comunicación de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Por un enfoque estratégico global (COM(2000) 358 - C5-0578/2000 - 2000/2279(COS))
Enmienda 2:

Haarder
Señor Presidente, para que no se apruebe algo que no se ajusta a la realidad, quisiera sencillamente pedir a nuestros colegas que han presentado la enmienda que retiren "Dinamarca", porque Dinamarca ha ratificado el Convenio.

Seguro
Señor Presidente, quisiera informar de que el pasado 29 de septiembre Portugal ratificó también por unanimidad este Tratado.

El Presidente
Propongo, en consecuencia, una enmienda oral para que se retire "Dinamarca" y "Portugal".
(El Parlamento aprueba la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0376/2000) de la Sra. Morgan, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la reforma de los procedimientos e instituciones de control presupuestario (2000/2008(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)

Explicaciones de voto- Informe Maaten (A5-0348/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Maaten que armoniza las disposiciones sobre la venta de los productos del tabaco. Es sabido que las enfermedades atribuidas al hábito de fumar disminuyen el número de pensionistas, ya que acortan sus vidas. En consecuencia, no puedo más que apoyar esta directiva que, a pesar de que intenta regular el mercado interior, contemporáneamente limita o trata de limitar los daños que el hábito de fumar causa a la población de la Unión Europea. Quiero añadir asimismo que estoy a favor de esa parte de la propuesta que pide que no se vendan los dañinos productos del tabaco fuera de la Unión Europea. Es verdad que de este modo limitamos la producción para el extranjero, pero no lo es menos que así damos nombre a la Unión Europea por vender productos saludables y esto es siempre positivo.

Alavanos
. (EL) Desgraciadamente, mientras que la Comisión ha aceptado muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo, por el contrario, ha rechazado la mayor parte.
El Parlamento estaba obligado a insistir y presentar de nuevo la mayoría de ellas; las referidas al tamaño de la advertencia, la mención de los ingredientes, la protección del consumidor y especialmente de los jóvenes.
Claro, que el Parlamento Europeo debe evitar las exageraciones incluidas en ciertas enmiendas que no son convincentes, no concentran la mayoría cualificada y reducen la eficacia de su intervención general. Y, desde luego, si queremos ser consecuentes con nosotros mismos, debemos avanzar en advertencias similares sobre productos igualmente dañinos para el consumidor, como, por ejemplo, las grasas animales.
Finalmente, un mínimo sentido de la honestidad nos impone la inmediata incorporación de las advertencias a los cigarrillos exportados por la Unión Europea, y, por supuesto, en la lengua del país importador.

De Rossa
. (EN) Deseo apoyar la decisión decisiva del Parlamento Europeo de aprobar la introducción de advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de cigarrillos. Representa un enorme avance para la salud pública, porque ahora tendremos etiquetas e imágenes en los paquetes de cigarrillos que reflejen el precio real del tabaquismo.
Actualmente, las advertencias sanitarias son ensombrecidas mediante ingeniosas combinaciones de colores, cajetillas llamativas y escondidas detrás de elaborados motivos. La mayoría de los fumadores no conocen todos los riesgos ni soportan todos los costes de su opción.

Grossetête
He votado a favor de esta directiva.
Cada día el tabaco mata a más personas. Frente a esta lacra, conviene informar con claridad a todos los europeos de los peligros que se derivan del consumo de este producto, muy nocivo para el hombre.
En los diferentes debates sobre este tema, he combatido con firmeza a los defensores de los industriales tabaqueros. Las discusiones han enfrentado en efecto a dos tipos de diputados europeos: por un lado, estaban los que se ocultaban detrás de los tratados para justificar su posición pusilánime y, por otra, aquellos cercanos ante todo a la vida diaria de los ciudadanos y a su salud. Pertenezco a esta segunda categoría. Si los textos tienen fuerza de ley, conviene fijar su redacción en función de las preocupaciones cotidianas de todos los europeos.
Con argumentos jurídicos, algunos diputados europeos han defendido en realidad a los industriales tabaqueros. ¿Cómo se puede apoyar el interés de estas empresas que destruyen diariamente vidas humanas? Ningún argumento económico o jurídico puede anteponerse a un argumento de salud pública.
Desafortunadamente esta directiva no solucionará la totalidad de los problemas vinculados al consumo de tabaco. Pero tiene el mérito de proporcionar informaciones que permiten a los fumadores ser plenamente conscientes de los peligros que corren y de las amenazas que provocan en su entorno, así como suprimir las denominaciones falaces, como "blando" o "ultra blando". Estas propuestas de salud pública envían de este modo una señal importante a todos los ciudadanos, principalmente a los más jóvenes de Europa.
Finalmente, me alegro de la prohibición hecha a los exportadores con salida de la Unión Europea de productos del tabaco desterrados en los Estados miembros. Resultaba impensable y escandaloso permitir tales exportaciones. ¿Habría, para algunos diputados, dos categorías de población, aquella que se protege y aquella que se pone en peligro por razones económicas?
Espero que el Consejo oiga nuestro mensaje para detener el engaño y proteger, en el mejor de los casos, la salud de todos.

Lulling
. (DE) Cuando en 1998 voté en contra de la prohibición de la publicidad de los productos del tabaco, algunas cartas a la redacción de diferentes diarios luxemburgueses se presentaron erróneamente mi posición como un voto en contra de la lucha contra el cáncer. Entonces intenté aclarar que el Tratado CE no ofrece un fundamento jurídico que permita establecer dicha prohibición de la publicidad. Ahora, el Tribunal de Justicia Europeo me ha dado la razón. No es admisible que los diputados aprueben textos legislativos que carezcan de fundamento jurídico, aun cuando sus intenciones sean buenas, aunque emocionales. Durante los ya 35 años de mi larga vida parlamentaria siempre me he atenido a esta norma. Y tampoco ahora voy a dejarme amedrentar por cartas francamente amenazadoras, que me instan a que les comunique el sentido de mi voto para poder hacerlo público, es decir, para poder volver a desarrollar una campaña pública de desinformación y difamación en mi contra, basada además en consignas, puesto que ignoran las múltiples reflexiones que debe hacerse un parlamentario ante una norma tan compleja como es una directiva europea relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco.
Ya sé que el consumo de tabaco es una de las causas de mortalidad más frecuentes y que la salud de la población debe seguir siendo una preocupación primordial, pero sin dejar de tener presentes los límites de nuestras competencias y la proporcionalidad de las normas. La recomendación para esta segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo competente para el fondo no se atiene a ello. No sólo contiene exigencias exageradas de algunos apóstoles de la salud, que entre otras cosas supondrían la pérdida de millares de puestos de trabajo, sobre todo femeninos, sin que ello sirviese para convertir a un fumador en cadena en un no fumador. Sin embargo, también en este caso, igual que ocurrió con la Directiva relativa a la prohibición de la publicidad, el fundamento jurídico no es adecuado. Un artículo relativo al mercado interior no puede servir como fundamento para una prohibición de las exportaciones. La aprobación de la recomendación para la segunda lectura en su presente forma únicamente daría lugar a un nuevo procedimiento judicial, con la consiguiente inseguridad y retrasos, que sólo perjudicarían la finalidad, loable en sí misma, que ha motivado esta propuesta de directiva de la Comisión Europea.
Como no deseo que esto ocurra, he decidido votar por el rechazo de la posición común, tal como propone una enmienda de mi Grupo.

Nicholson
. (EN) La decisión adoptada destruirá puestos de trabajo en Irlanda del Norte. Es una decisión equivocada. No tengo nada en contra de una legislación más estricta para la Unión Europea, pero aplicar este principio a las exportaciones es inaceptable y el fundamento jurídico para esta decisión es dudoso.
No tenemos ningún derecho a dictar a los demás lo que deben hacer en sus países fuera de la UE, ni tampoco es sensato exportar puestos de trabajo de la UE a terceros países, que sencillamente producirán y venderán los productos y se adueñarán de nuestros mercados actuales.

Perry
. (EN) Tengo especial interés en explicar por qué he votado en contra de la prohibición de exportar desde la UE los productos derivados del tabaco que superen un nivel determinado de alquitrán y nicotina y por qué he apoyado las enmiendas encaminadas a levantar dicha prohibición. Lo que más me preocupa es el peligro perfectamente real que representa para los puestos de trabajo de más de mil personas que emplea la fábrica BAT de Southampton. Otros más de 5.000 empleos relacionados con dicha fábrica también están en peligro. Por ejemplo, en los cientos de imprentas de Portsmouth que producen las cajetillas de cigarrillos.
Más del 95% de la producción de la fábrica de Southampton es para exportación. Me temo que la empresa deberá cambiar de país o que los mercados que sirve serán abastecidos por otros proveedores de fuera de la UE. Por consiguiente, esta medida no propiciará que se fumen cigarrillos menos perjudiciales, sino tan solo que se exporten puestos de trabajo desde Europa. Es un día triste para los trabajadores de Southampton que ahora deberán depositar sus esperanzas en que el Gobierno británico intente bloquear la medida. Me temo que sus esperanzas serán en vano. Creo que debe proporcionarse toda la información a los fumadores, pero éstos deben poder elegir con total libertad.
Asimismo, la insistencia de imponer nuestras normas fuera de Europa es un ejemplo del imperialismo poscolonial. Por ello he votado en favor de la libertad y de los puestos de trabajo.

Titley
. (EN) Apoyo sin reservas la posición común sobre la propuesta relativa al tabaco, que reforzará las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos en la UE. Hemos luchado contra un poderoso grupo de interés de la industria tabaquera para poder encabezar la campaña en favor de nuevas advertencias sanitarias sobre los cigarrillos que deberán cubrir una tercera parte de la superficie de las cajetillas.
Fumar mata y no hay ninguna forma más amable de decirlo. La mitad de los fumadores de larga duración terminarán siendo víctimas del tabaco y de éstos, la mitad morirá de mediana edad, perdiendo 20 o 25 años de sus vidas. Nada menos que medio millón de personas morirán en Europa a causa del tabaco y el 85% de ellos, de cáncer de pulmón provocado por el tabaco.
Señora Presidenta, yo acogería con satisfacción la propuesta radical de utilizar imágenes para ilustrar el daño que el consumo de tabaco ocasiona a la salud, como hacen en Canadá. Si imágenes impactantes de pulmones llenos de humo o de dientes podridos muestran los nocivos efectos del tabaco, imprimámoslas en las cajetillas.
Es ridículo que el lobby del tabaco intente destruir esta legislación. Estoy harto de que los gigantes del tabaco como Marlboro, Benson & Hedges y Rothmans intenten frenar estas propuestas. Han engañado a la población durante demasiado tiempo. Actualmente, las advertencias están ingeniosamente disimuladas con ilustraciones o cajetillas coloreadas. Éste es nuestro último intento desesperado de colocar en las cajetillas etiquetas e imágenes que reflejen el auténtico coste del consumo de tabaco. Los fumadores o aquellos que se estén planteando comenzar a fumar deben conocer todos los riesgos que conlleva su elección.
La propuesta prohibirá la utilización de términos engañosos como "ultra light" y "bajo en nicotina". Las personas se han dejado engañar por la idea de que los cigarrillos "mild" y "bajo en nicotina" son menos nocivos. Eso, sencillamente, es falso. Los cigarrillos con bajo contenido de alquitrán causan exactamente tanto daño como los cigarrillos normales - los fumadores se limitan a aspirar más humo para obtener el mismo placer. Esta legislación explicará en detalle los peligros del consumo de tabaco y salvará miles de vidas.
Informe Trakatellis (A5-0377/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Trakatellis que, como sabemos, ha asignado 79,1 millones de euros para el período 2001-2002, de los cuales 8,5 para información sanitaria, 31,1 para la lucha contra el cáncer, 22,2 para la prevención del sida, 11,4 para la lucha contra la droga, 4,4 para el seguimiento y control sanitario y 1,3 para la lucha contra las enfermedades causadas por la contaminación. Creo que todo esto es positivo, aunque quisiera que - y lo digo en esta ocasión - se gastase mucho más para prevenir las enfermedades. Prevenir las enfermedades cuesta menos y es mucho más saludable que curarlas después.

Figueiredo
Es importante que se evite la interrupción y se avance en la prórroga de los programas existentes en el sector de la salud pública que expiran a corto plazo, dado que sus objetivos son la complementariedad de las políticas nacionales en la protección de la salud humana.
En este informe, el ponente conviene en la prórroga de los seis programas hasta el 31 de diciembre de 2002, aunque critica con razón la programación legislativa de la Comisión, que es la causa de este problema, dado que cuatro acaban al final de este año y dos al final de 2001. Téngase en cuenta que se trata de programas importantes encaminados a mejorar la salud pública, luchar contra el cáncer, prevenir el sida, luchar contra las toxicomanías, hacer el control sanitario y luchar contra las enfermedades vinculadas con la contaminación.
Entretanto, como se dice en el informe, es fundamental que haya también una prórroga anual de la dotación financiera y que se adopten las medidas necesarias para garantizar una transición carente de problemas mientras se elabora el nuevo programa.
Informe Lehne (A5-0368/2000)

McCarthy
Señor Presidente, la delegación Laborista del Parlamento Europeo ha votado en contra de las enmiendas del Sr. Lehne a la posición común. Como dije en el debate de anoche, las enmiendas serían muy perjudiciales para la competitividad de las empresas de la UE. Imponen estructuras rígidas e intentan introducir el Derecho de sociedades de manera encubierta, lo que impedirá la realización del mercado único de capitales y debilitará la confianza inversionista de los accionistas.
Tras diez años de negociaciones, lamento que este Parlamento haya aprobado, por una mayoría cualificada muy ajustada, que los consejos de administración de las empresas tengan derecho a adoptar medidas defensivas para frustrar las absorciones sin obtener la aprobación del accionariado. No obstante, acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión no esté de acuerdo con las opiniones del ponente sobre este aspecto y espero que en la conciliación prevalezca el sentido común.
Me alegra que hayamos rechazado el enfoque tan confuso del ponente respecto a la jurisdicción: dicho enfoque habría originado mucha polémica y casos judiciales y no habría beneficiado a nadie, y desde luego no habría servido a los intereses de las empresas de la UE.
Con la aprobación de la enmienda 20, el Partido Laborista del Parlamento Europeo ha dejado claro que aunque la consulta a los empleados es el objetivo de la directiva marco sobre el empleo, también creemos que es necesario un espíritu de cooperación para consultar a la población activa y a sus representantes cuando celebremos debates sobre absorciones y fusiones.

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor de esta directiva sobre las sociedades objeto de una oferta pública de adquisición. Hubiera preferido que esta normativa se planteara con un reglamento más coherente con las actividades dirigidas a los ciudadanos de toda la Unión Europea. Sin embargo, en esta explicación de voto favorable, quisiera recordar que estoy esperando hace tiempo - y espero que se realice pronto - una OPA, una oferta pública de adquisición, relativa a los institutos nacionales de seguridad social. Estimo que sería útil que fueran puestos en venta. Creo que difícilmente serían tan deficitarios como ahora que están gestionados por los Estados nacionales. No veo por qué no se puede ofrecer al público también la gestión de su seguridad social.

Sacrédeus
 - (SV) La propuesta de armonización de las reglas de los países miembros para las ofertas públicas de adquisición de empresas se rechazó anteriormente, en 1989, por contravenir el principio de subsidiariedad.
Creo que este juicio todavía sigue siendo correcto y relevante y, en consecuencia, he votado en contra del informe en su totalidad.
En cuanto al contenido, objeto, por ejemplo, la enmienda 6 relativa al artículo 4.2. en la que se propone que sólo el 30 por ciento de los votos serán suficientes para obtener el control de una empresa. Este porcentaje es demasiado bajo. La Asociación Industrial de Suecia comparte este criterio y propone, en cambio, el 40 por ciento.
Informe Zimmerling (A5-0370/2000)

McCarthy
Señor Presidente, una vez más, se ha aprobado esta posición común por una estrecha mayoría. La Comisión y el ponente no han querido reconocer que el comercio del arte es un negocio de ámbito mundial y que estaría mejor regulado por un acuerdo internacional. Ahora tememos que el mercado del arte se traslade a otros países. La Comisión, una vez más, no ha querido comprometerse a entrar en negociaciones internacionales para conseguir un acuerdo internacional sobre el droit de suite, alegando que, en su opinión, no tiene competencia para ello. Ahora ya tiene competencia con la aprobación y la puesta en marcha del procedimiento de conciliación.
La Comisión también ha fracasado estrepitosamente en lo que respecta a presentarnos un análisis de las consecuencias económicas de la directiva que nos ocupa, lo que nos lleva a la conclusión de que no está demostrado que sea necesario completar el mercado único. Por consiguiente, no puede ser el objetivo de este Parlamento debilitar el mercado de arte europeo y ahora espero que los Estados miembros y la Comisión puedan mantener la posición común en la conciliación. Las enmiendas que ha presentado el Sr. Zimmerling asestarán un golpe mortal a la vitalidad del mercado de arte europeo, con la pérdida de puestos de trabajo y, me temo, que serán muy pocos los artistas vivos que se beneficien de este derecho de participación.

Fatuzzo
Señor Presidente, estoy a favor de esta directiva sobre el derecho de participación por las obras de arte. Por suerte, los artistas despiertan siempre admiración en nuestro mundo. Este mundo no debe estar formado solo por números o por fríos ordenadores, sino también - y espero que durante mucho tiempo - por artistas. Para permitir a estos artistas expresarse lo mejor posible, no cabe duda de que es útil e importante que sus obras se paguen cuando se ponen a la venta. Sin embargo, señor Presidente, ¿no deberíamos pensar también en las pensiones de los artistas? Recuerdo a un pintor sordomudo que vino a verme muchas veces a Italia para pedirme ayuda con el fin de conseguir una pensión más alta: su pensión no le alcanzaba para vivir y se veía obligado a vender, de tanto en tanto, uno de sus bonitos cuadros, una de sus obras artísticas. Pues bien, creo que nos tendremos que ocupar - espero que cuanto antes - también de las pensiones de los artistas.

Alavanos
. (EL) El derecho de participación en beneficio del autor constituye un importante mecanismo de apoyo a la creación artística y a los creadores.
Con buen criterio, la Comisión de Asuntos Jurídicos insiste en negarse a un límite máximo y a un porcentaje mínimo inferior al 7%.
El intento, sin embargo, de conciliar el derecho de participación con la competitividad del mercado europeo de obras de arte tiene como resultado, principalmente por parte del Consejo, una menor de la protección de los derechos del artista con respecto a las sucesivas ventas de sus obras. La Unión Europea debería, por el contrario, moverse en la dirección de la internacionalización del derecho de participación, y plantear con determinación este asunto en las negociaciones con otros países en los que florece el mercado del arte, como los EUA, o Suiza, por ejemplo.

Hager
. (DE) Si el derecho de participación se concibe como parte de los derechos de autor y, por consiguiente, como un derecho del artista, resulta incomprensible que se quiera otorgar a los artistas un derecho que ellos mismos no desean. En Austria, uno de los tres Estados miembros donde el derecho de participación no ha existido hasta ahora, la opinión unánime de los artistas se resume en que el derecho de participación tendría efectos del todo desfavorables justamente para los artistas jóvenes. Incluso artistas consagrados, a quienes beneficiaría, se han manifestado repetidamente en este sentido por solidaridad. Por otra parte, la posible justificación de la necesidad de armonización en este sector sensible parece más que dudosa. La introducción del derecho de participación supondría, de hecho, una restricción del mercado de obras de artes, con todas las consecuencias negativas que ello implica, y las pequeñas galerías dedicadas a promover a los artistas jóvenes se verían en aprietos. Por todas estas consideraciones, los diputados liberales no hemos votado afirmativamente el informe.

Manders
. (NL) Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Zimmerling por su labor en este complejo expediente. A pesar de que su informe ha demostrado que conoce la cuestión a fondo, como liberal, me muestro en desacuerdo con él porque opino que se debe limitar la normativa en la medida de lo posible. En los diferentes Estados Miembros, se ha demostrado que el derecho de seguimiento es innecesario y que provoca distorsiones en el mercado interior.
La obligatoriedad de esta legislación perjudicaría inmediatamente la posición competitiva europea en el ámbito del arte con respecto a otros mercados, debido a que el derecho de seguimiento no existe fuera de Europa. Por este motivo, opino que el mercado internacional del arte se desplazaría fuera de Europa como consecuencia de la directiva.
Por ultimo, opino que la propuesta actual no ofrece protección a artistas jóvenes y principiantes en general, sino tan sólo a un grupo pequeño. Al votar contra esta directiva, mi Grupo desea presentar una advertencia política para que en Europa no nos ocupemos de establecer normas innecesarias.

Sanders-ten Holte
. (NL) Quiero agradecerle al Sr. Zimmerling los esfuerzos realizados para la elaboración de este informe. Se trata de un intento de proteger a los artistas aunque la propuesta de la Comisión en su formulación actual y el informe correspondiente tienen el efecto contrario. Por supuesto que opino que el artista tiene derecho a una compensación por su creatividad pero, a diferencia de los libros, en las artes plásticas este derecho se amortiza en realidad tras la primera venta. Además, en los países, como en los Países Bajos, donde hasta la fecha no se ha aplicado el derecho de seguimiento, existen grandes posibilidades tanto para los artistas jóvenes como para los más conocidos a través de un intenso comercio artístico. ¡Esto también beneficia a los artistas!
El derecho de seguimiento, tal y como se propone en este momento, requiere una burocracia enorme, mientras que la ventaja para los artistas jóvenes individuales es en realidad mínima. Además, resulta extraordinariamente difícil controlar si el comercio artístico cumple las normas.
De modo que esta normativa tiene unos efectos limitadores en vez de potenciadores. Además, tanto el artista joven como el de renombre sufrirán las consecuencias de que el comercio internacional se desarrolle fuera de las fronteras europeas como consecuencia de un exceso de regularización en Europa.
Por este motivo, me veo obligado a votar en contra de la directiva.
Informe Oostlander (A5-0363/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, ¿qué cabe decir de esta estrategia común de la Unión Europea con Rusia? Cierto que he votado a favor de este texto, pero me preocupan los pensionistas de Rusia. Me preocupan no solo porque me he enterado de que en Rusia existe un Partido de los Pensionistas, cuyo símbolo es un corazón, un corazón rojo, mientras que el Partido Popular Europeo, del que formo parte, tiene como símbolo un corazón azul. No es por esto que me preocupan los pensionistas de Rusia: me preocupan porque creo que las ayudas que concedemos a la antigua Unión Soviética, esa parte tan poblada que es Rusia, deben ir también en beneficio de las personas mayores y de los pensionistas rusos para que estén mejor de lo que estaban durante los muchos años de régimen dictatorial comunista.

Krivine
Por encima del efecto anuncio de buenas intenciones sobre la estabilidad, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, el informe Ootslander no es de hecho más que un voto de confianza al señor Putin. En este documento no se dice nada o casi nada sobre las consecuencias dramáticas del regreso de las leyes del mercado: pobreza masiva de la mayoría de la población, que ha perdido dos tercios de su nivel de vida de antes de 1991.
Si es justo denunciar la dictadura de Stalin de hace décadas, ¿cómo se puede conceder una mínima confianza al señor Putin, verdugo del pueblo checheno, padrino de las diferentes mafias, que se empeña en liquidar todo tipo de oposición, la sociedad civil (sindicatos, partidos políticos), para reforzar su poder personal?
En este ámbito se señala la preocupación del ponente por ayudar a las Iglesias y a las organizaciones religiosas. Por el contrario, silencio absoluto sobre los sindicatos, hoy amenazados por la reforma de la legislación laboral y, en algunos casos, por una verdadera represión policial.
Por todas estas razones, he votado contra este informe.
Informe Baltas (A5-0364/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del texto que regula la asociación entre la Unión Europea y la República de Croacia. Es un hecho positivo. También me preocupa la situación de los pensionistas de Croacia y es por esto que destaco la falta en este texto de un deseo que quisiera que se realizara cuanto antes: extender el Reglamento nº 1408, es decir, el que establece que tiene derecho a la acumulación de las cotizaciones a la Seguridad Social quien ha trabajado tanto en Croacia como en la Unión Europea, a los ciudadanos trabajadores de Croacia o que, en todo caso, han trabajado tanto en Croacia como en los Estados de la Unión Europea. En estos acuerdos de estabilización deberíamos pedir y establecer siempre la extensión de este reglamento para favorecer las pensiones de quienes han trabajado en estos otros Estados.

Krivine y Vacheta
Si bien no podemos más que alegrarnos por los cambios en la situación política de Croacia, el informe sobre un acuerdo de estabilización y asociación con la República de Croacia es decepcionante frente a los desafíos tan importantes en esta región.
Así, en general, los medios financieros asignados a la estabilización en esta zona son notoriamente insuficientes. Y el Acuerdo de Estabilización y Asociación, el programa Cards y el Banco Europeo de Inversiones no pueden constituir los principales instrumentos de la contribución de la Unión Europea al desarrollo económico y social de Croacia. No se puede silenciar el hecho de que los criterios de ajuste estructural que acompañan a las políticas de ayuda y las condiciones de acercamiento con la Unión Europea siguen, y seguirán, produciendo desastres sociales y económicos graves de explosiones sociales y son portadores de riesgo, como vemos hoy en Rumanía, del repunte próximo de una extrema derecha nacionalista y xenófoba en toda esta región.
Sólo podemos condenar también el hecho de que Fanjo Tudjman no se haya visto inculpado antes de su muerte, al mismo nivel que Slobodan Milosevic, cuando la apertura de los archivos prueba hasta qué punto los dos hombres planificaron conjuntamente el desmembramiento étnico de la región. Por todas estas razones nos hemos abstenido.
Informe Maij-Weggen (A5-0323/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, también he votado a favor del texto por el que se solicita intensificar las relaciones con Indonesia. Cierto que Indonesia no merecería esta intensificación de las relaciones, ya que en los últimos años los gobernantes de este país no se han distinguido precisamente ni por una gran democracia ni por grandes méritos; sin embargo, debemos preocuparnos por los ciudadanos indonesios y por esto, bienvenidas sean la intensificación de las relaciones y estas ayudas. No obstante, quisiera que tomáramos la decisión de nombrar al representante europeo en Indonesia, que nos diga si estas ayudas son útiles o no para la población indonesia. Debemos crear concretamente la figura del embajador europeo en Indonesia.

Bordes, Cauquil y Laguiller
Si el Parlamento desea aportar una ayuda real a la población indonesia, y en especial a sus capas más pobres, no es suficiente con enviar algunos fondos que serán inevitablemente desviados por los hombres del poder.
El Parlamento Europeo debería cuando menos adoptar una posición firme contra el hecho escandaloso de que grandes sociedades occidentales, de las cuáles algunas tienen su sede en el territorio de la Unión Europea, pagan salarios que se parecen mucho a una limosna irrisoria. No vale ni siquiera la pena hablar de ello.
Los actos de pillaje de la clase dirigente indonesia, especuladora y corrompida, juegan indiscutiblemente un papel muy importante en la miseria de las masas populares de este país, al igual que el ejército y las milicias juegan un papel primordial en su opresión. Pero los bajos salarios que pagan las grandes empresas que con frecuencia recurren al trabajo de los niños, de forma directa o por medio de subcontrataciones, constituyen otra forma de pillaje también grave e inhumano.
En consecuencia, nos hemos abstenido en este texto.

Meijer
. (NL) El estado de Indonesia es el resultado de 350 años de colonialismo holandés. En favor de intereses económicos extranjeros, se unificaron diversos pueblos bajo una autoridad. Durante los más de 30 años que duró el régimen de Soeharto, las cosas apenas cambiaron. Europa, los Estados Unidos y Australia querían mantener buenas relaciones con el régimen indonesio por intereses económicos de forma que sus empresas pudieran beneficiarse de la explotación de la naturaleza y de los salarios laborales. Un ponente holandés comienza ahora su propuesta recalcando que el Parlamento Europeo reconoce la soberanía e integridad de las fronteras indonesias. El PRD, el partido opositor de izquierdas con el que mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, mantiene contactos, tiene una opinión bastante más matizada al respecto. También desearía mantener a Indonesia unida aunque rechaza la violencia estatal que con este fin se emplea contra los pueblos de Atjeh, las Molucas y Papua Occidental. Tras la oleada democratizadora, en Indonesia aumenta de nuevo el poder del ejército, de los dirigentes autoritarios y de las grandes empresas. El asesinato del periodista holandés Sander Thoenes en Timor Oriental, ocupada en su momento por Indonesia, sigue sin aclararse. Las conclusiones de la señora Maij-Weggen son excesivamente optimistas y están claramente marcadas por los intereses económicos.

Sacrédeus
. (SV) Existen justificados motivos para ocuparse de las persecuciones, la violencia y el terror a que son sometidos los cristianos en las Islas Molucas, y especialmente en la isla Ambo, por los activistas del movimiento criminal Jihad. Han quemado y ultrajado iglesias, han obligado a huir a los cristianos y han asesinado a una gran cantidad de personas.
En Ambo me he reunido con el obispo Mondagi de la iglesia católica y con líderes de la iglesia protestante. La situación es alarmante. El gobierno y el ejército indonesios tienen la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, independientemente del credo que profesen.
Informe Theato (A5-0376/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor de este informe. ¿Por qué he votado a favor? En el Partido de los Pensionistas hay un grupo aparte, expulsado, de pensionistas delincuentes que se han pasado la vida robando y vulnerando la ley. Les he expulsado del Partido de los Pensionistas, pero, de vez en cuando, les consulto para pedirles consejo. En lo que respecta a este informe, me han dicho: "Si queréis evitar fraudes sería oportuno que los fondos de la Unión Europea no fueran a parar a los organismos públicos de los Estados, sino directamente a los ciudadanos porque, lamentablemente, hay una corrupción generalizada entre los funcionarios públicos. Y, si a la corrupción de los funcionarios europeos se añade la corrupción de los funcionarios nacionales, aumentan los fraudes."

Blak, Lund y Thorning-Schmidt
. (DA) Hemos votado a favor de la introducción de nuevos instrumentos que proporcionarán una mucho mejor protección de los fondos de las Comunidades. En primer lugar, nos parece buena idea complementar el régimen de la OLAF y crear una unidad dependiente de la OLAF. Esta unidad debe dirigir las investigaciones y facilitar el seguimiento penal de éstas en los tribunales nacionales. La unidad sólo debe ocuparse de los delitos cometidos por los empleados comunitarios. Esta Fiscalía dependiente de la OLAF es necesaria porque las experiencias demuestran cómo con demasiada frecuencia falta un seguimiento penal al trabajo de la OLAF. A menudo resulta casi imposible determinar en qué país debe tramitarse un caso y los complicados procedimientos para el intercambio de pruebas implican que el caso a menudo prescriba o sea archivado. La cooperación internacional desgraciadamente no es suficiente. Los convenios internacionales antifraude no son ratificados. Por ejemplo, hay todavía cinco países miembros que no han ratificado el convenio sobre la protección de los intereses financieros de la UE de 1995.
Por ello debe considerarse a largo plazo la idea de crear la figura de un fiscal público europeo que se ocupe del seguimiento penal de los casos de fraude de fondos comunitarios en los Estados miembros. En la actualidad, los Estados miembros no hacen lo suficiente por combatir el fraude de fondos comunitarios. Añádase a ello que el 80% de los casos de fraude son transfronterizos. En este punto la instrucción judicial se vuelve a menudo problemática. Existen grandes diferencias con respecto a la definición de acciones ilícitas y de pena y también con respecto a los procedimientos, a las normas para la práctica de pruebas y a las competencias de la Fiscalía. Cabe temer que el problema se vea agravado con la supresión de las fronteras que ha proporcionado a la delincuencia organizada incluso mayor libertad de movimientos. Los defraudadores buscarán los países en los que la protección sea menor. Por ello debemos crear lo antes posible los instrumentos necesarios para combatir más eficazmente el fraude de fondos comunitarios.

Ilgenfritz
. (DE) Los liberales siempre hemos abogado por un refuerzo de los controles a la vista de la elevada tasa de fraude en relación con los fondos comunitarios. Dentro de esta línea, también acogemos con satisfacción el informe Theato y votamos a favor de la creación de la oficina de un procurador europeo.
Sin embargo, las competencias nacionales en materia de instrucción penal no deben verse afectadas, a nuestro parecer, por la creación de la oficina de un procurador europeo. La institución de esta nueva autoridad no debe dar lugar a una pérdida de soberanía en este ámbito fundamental.
Desde este punto de vista, el procurador europeo puede aportar una valiosa contribución a la lucha contra el fraude en calidad de autoridad coordinadora.

Krivine
El informe Theato sobre la lucha contra el fraude permite descubrir que el Banco Central Europeo, sin duda para probar mejor su famosa independencia, no ha considerado conveniente sumarse al acuerdo sobre la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF). El informe recoge una serie de ideas que contiene el llamamiento de Ginebra de los jueces europeos, como la institución de un fiscal europeo. Desafortunadamente, no recoge la propuesta más importante, la orientada a hacer ilegal cualquier transacción financiera con un paraíso fiscal. Finalmente, como para señalar mejor la burlesca desposesión de los representantes del sufragio universal, el informe encarga a la Presidencia del Parlamento Europeo que transmita sus propuestas a una Conferencia Intergubernamental que ya ha concluido en el momento de esta votación.
Como no se ha decidido nada en este ámbito en Niza, interpretamos (tal como invita por adelantado el informe) esta falta de decisión "como un laxismo y un dejar hacer de la Europa del fraude". A pesar de sus límites, votaremos este informe como una forma, indudablemente muy tímida, de oponerse a una lógica neoliberal según la cual la tasación a los beneficios es por definición una deducción indebida que es legítimo someter a fraude.

Morgan
. (EN) El Partido Laborista del Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación sobre el presente informe porque en él se pide el nombramiento de un procurador europeo, tal y como recomienda el grupo de expertos "Corpus Juris". El establecimiento de un ministerio fiscal europeo conforme al "Corpus Juris" tendría competencias muy amplias para realizar investigaciones en los Estados miembros. El "Corpus Juris" prevé la creación, en su día, de un ministerio fiscal europeo independiente con jurisdicción para actuar contra los delitos cometidos contra los intereses financieros de la UE por los miembros y funcionarios de las instituciones comunitarias, así como por parte de terceros. La medida convertiría la UE en un ámbito jurídico único para fines de investigación, iniciar diligencias judiciales y ejecutar las sentencias relativas a este tipo de delitos.
El Gobierno británico es contrario a esta propuesta, que la considera demasiado amplia en su alcance y presenta demasiados problemas en términos de los diferentes ordenamientos y tradiciones jurídicos para que sea viable. El Gobierno da preferencia a la mejora de la actual cooperación entre los Estados miembros para atajar el fraude y otros delitos graves que incluyan un factor transfronterizo. Para ello sería necesaria la ratificación del Convenio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas por parte de los Estados miembros que aún no lo han ratificado y el reconocimiento mutuo de los ordenamientos jurídicos.

Crowley

Señor Presidente, acabo de enterarme de que durante el Turno de preguntas de ayer se formuló mi pregunta, pero yo no estaba presente. Sólo quería presentar mis disculpas a la Asamblea.
Cuando salí de mi despacho a las 18.50 horas, se estaba respondiendo a la pregunta número 9. Mi pregunta tenía el número 16 y no creí que se llegara hasta ella. Quisiera, por tanto, presentar mis disculpas al Presidente en ejercicio del Consejo y a la Asamblea.

El Presidente
Gracias, señor Crowley. Comprendo que se trataba de una situación difícil.
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 13.34 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Plátanos (OCM) (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate relativo a la organización común de mercados en el sector del plátano.
Tiene la palabra el Sr. Sturdy.

Sturdy
Señor Presidente, uno de los problemas del tema del plátano, a mi entender, es que se ha vuelto bastante emotivo. Como diputado al Parlamento Europeo, considero que mi deber es velar no sólo por los intereses de los productores de plátanos de la Unión Europea, sino también por aquéllos de toda la población de Europa. Comprendo los sentimientos de algunos respecto a las modificaciones del sistema, pero como decía, quiero velar por los intereses de todos los que pertenecen a la Unión Europea en su conjunto.
Si de paso puedo proteger los intereses de nuestros países ACP, tanto mejor, pero creo que es importante que salvaguardemos y velemos por el bienestar de los ciudadanos europeos.
A veces parece que perdemos de vista este aspecto. No me encuentro entre los que saludan el modo en que los Estados Unidos aplican estas medidas draconianas, pero es de la máxima importancia que alcancemos un acuerdo. En mi circunscripción, algunas empresas se están viendo obligadas al cierre. Se están perdiendo puestos de trabajo en la Unión Europea como consecuencia de aranceles de un 100% sobre los productos.
He recibido muchas cartas que manifiestan que este asunto está cargado de emotividad. Es muy posible que para algunos de nuestros Estados miembros meridionales sea aún más emotivo. Sólo quisiera decirles que están en juego personas reales. Están en juego emociones reales y puestos de trabajo reales.
Algunas personas se ven obligadas a cerrar sus negocios a causa de los estadounidenses y, por consiguiente, digo que es importante que aceptemos el dictamen de la OMC. O pertenecemos a un club o no pertenecemos, y es especialmente importante que reconozcamos este principio. Como acabo de decir, nunca he aprobado el modo de proceder de los estadounidenses, pero ya es demasiado tarde para solucionar eso. Por consiguiente, hago un llamamiento a esta Asamblea para que mañana adopte una decisión y apoye la propuesta del Sr. Vatenen, que intervendrá más tarde.

Vatanen
Señor Presidente, distinguidos colegas, además de velar por los intereses de las personas que nos han elegido para este puesto, debemos pensar también en el interés de toda la UE y, de una forma más amplia, en el interés mundial. El interés del conjunto y el interés individual se funden en los trayectos largos. La cuestión de los plátanos es una especie de prueba para saber si queremos continuar por la vía del asesoramiento intervencionista, cuya consecuencia es la continua imposición de sanciones arancelarias a las empresas de la UE, las cuales son la base de nuestro bienestar. ¿Estamos dispuestos a olvidar el interés de los consumidores negándonos a importar plátanos sabrosos y baratos? ¿Y estamos dispuestos a marginar a los productores pobres de América Latina por el simple hecho de tratarse de países con menos lazos coloniales? Ya es hora de buscar compromisos y de reconocer que el libre comercio y el bienestar no son enemigos entre sí, ni siquiera en la cuestión del plátano.
Apoyo firmemente la idea de que tanto los productores de plátanos de los países ACP, como nuestros propios productores, sean apoyados por medio de la redistribución de fondos públicos, en cuyo caso sería posible renunciar a las medidas que desvirtúan el comercio. La propuesta de la Comisión se basa en la adopción de un tercer contingente, que otorgaría a los países ACP una preferencia arancelaria de 300 euros por tonelada. Este contingente expiraría en el año 2006 y se pasaría a un sistema de base arancelaria única. El sistema de arancel único es de gestión más simple, es más claro para todas las partes y conduce, según la teoría económica, a una mayor adquisición de bienestar. El período de transición ideado por la Comisión es lo suficientemente prolongado como para permitir la creación de un sistema de subvenciones adecuado.
El informe del Sr. Dary expresa una justificada preocupación no sólo por los productores de plátanos comunitarios, sino también por los de los países ACP. Por ello, quiero, en aras del consenso, expresar mi apoyo a muchas de las enmiendas. Sin embargo, hay algunas enmiendas que no deben ser apoyadas en absoluto. Las enmiendas 11 y 13 tienen por objetivo que el sistema de contingentes no sea revisado sino hasta dentro de 10 años, sin que se adopte ahora ningún compromiso en cuanto a la adopción del sistema de arancel único propuesto por la Comisión y exigido por varios socios comerciales nuestros. En su lugar, he presentado la enmienda 36, que exige la adopción del sistema de arancel único para el año 2006. De igual modo, esta enmienda hace hincapié en que la Comisión debe, en todo momento, escuchar al Parlamento Europeo y tener en cuenta los intereses de todas las partes. Lo que quiero es, en definitiva, que se garanticen tanto los intereses de nuestros propios productores, como los de los productores de los países ACP. El conjunto debe estar equilibrado. Rechazo la enmienda 27 porque vaciaría de contenido el sistema de transición y, en la práctica, privaría a América Latina de la posibilidad de vender plátanos en el marco del nuevo contingente C. El Comisario Lamy ha presentado una magnífica propuesta de gran audacia moral sobre la eliminación de aranceles para los productos de los países en vías de desarrollo. Este proyecto se denomina con las siglas inglesas EBA -Everything but arms- (Todo excepto armamento). No se trata en absoluto de EBB -Everything but bananas- (Todo excepto plátanos). Estimados colegas, no contribuyamos nosotros al cambio de nombre.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quiero agradecerle, señor Dary, el que ya es su segundo informe y también su detallado examen de la propuesta de la Comisión sobre la modificación de la organización común de mercados en el sector del plátano. También debo hacer extensivo mi agradecimiento al presidente de la Comisión de Agricultura, Sr. Graefe zu Baringdorf, por sus esfuerzos para alcanzar las enmiendas de compromiso contenidas en el segundo informe.
Mi respuesta y las observaciones que quisiera hacer ahora aquí también son más positivas que en el mes de abril cuando, debido a las conversaciones todavía en curso con los terceros Estados, sencillamente no me era posible aceptar ningún punto de las enmiendas propuestas. Para empezar, quiero volver a resaltar que la Comisión simpatiza plenamente con los principios que inspiran muchas de las enmiendas, por ejemplo, en el caso de las propuestas relativas a los cultivadores de la UE y a los países proveedores ACP. Yo creo que la comunicación de octubre de la Comisión responde a muchos de sus anteriores temores y los despeja. Por ejemplo, la Comisión propone ahora una preferencia arancelaria de 300 euros por tonelada para el tercer contingente para los países proveedores ACP y un derecho de aduana de 300 euros por tonelada para los terceros Estados.
En cuanto a las enmiendas concretas, permítanme que comience por aquellas que la Comisión puede hacer suyas en su totalidad o en parte. En consonancia con nuestra nueva propuesta relativa a la preferencia para los países ACP, la Comisión puede hacer suya la enmienda 29. Sin embargo, se debe mantener la posibilidad de reducir el derecho de aduana si se demostrase que éste resulta prohibitivo para los países no ACP. Esto es importante, pues debemos asegurarnos de que el tercer contingente no se pueda considerar reservado de facto exclusivamente para los países ACP. Puedo aceptar asimismo la enmienda 28 si se incorpora la correspondiente precisión sobre la posibilidad de esta reducción. En cuanto al considerando relativo a la preferencia para los países ACP, también estamos de acuerdo con el montante de 300 euros por tonelada, pero nos parece innecesario el añadido "como máximo" . En consecuencia, sólo podemos aceptar parcialmente la enmienda 16.
Un segundo tema, que también se ha tratado en el debate, es el de los informes. La Comisión acepta la restauración del artículo 32, que prevé la realización de una evaluación intermedia antes del 31 de diciembre de 2004 a más tardar, tal como se desprende de la enmienda 34. Si dicho informe se presentase antes, sería sencillamente imposible identificar las tendencias relevantes de los mercados. La Comisión lamenta, por lo tanto, no poder aceptar las enmiendas que solicitan la presentación anual de un informe formal, concretamente las enmiendas 14 y 35. La Comisión puede informar, en cambio, anualmente al Parlamento sobre la base de la información de que disponga.
La Comisión no puede aceptar, lamentablemente, las restantes enmiendas, por los motivos siguientes. Un primer grupo de enmiendas, concretamente las enmiendas 6, 7, 11, 15, 25 y 26, se refieren a la supresión de las referencias de los artículos al régimen exclusivamente arancelario y a la transición automática a dicho régimen al cabo de un determinado período transitorio, con una normativa basada en los contingentes arancelarios. El régimen exclusivamente arancelario es, sin embargo, un elemento importante, que garantiza el equilibrio de la propuesta de la Comisión y constituye una base importante para poder conseguir algún progreso en el Consejo. Además, también quiero recordarles que el Consejo debe dar en cualquier caso su conformidad a los resultados de las negociaciones previstas en el artículo 28 incluida la determinación de un nuevo derecho de aduana. Por lo tanto, la transición automática se refiere a la formulación legal, pero el Consejo deberá determinar en cada caso el momento y las condiciones concretas.
El segundo tema conflictivo, relacionado con el anterior, es el relativo a la gestión de los contingente arancelarios. Esto afecta a las enmiendas 17 y 18, 27, 30 y 31. Como ustedes saben, la Comisión ha dedicado mucho tiempo a intentar alcanzar un acuerdo sobre unas normas de basadas en unas cantidades de referencia históricas, pero todos sus esfuerzos han sido infructuosos.
En consecuencia, en nuestra comunicación de octubre proponíamos que los contingentes se gestionen por el procedimiento del orden de llegada, es decir, que en adelante los tres contingentes se gestionarían por este procedimiento. No obstante, como ya he señalado antes, con objeto de que todos los países proveedores tengan acceso en principio a todos los contingentes, los servicios de la Comisión deben tener la posibilidad de reducir la preferencia arancelaria en el marco de dicho contingente. Asimismo, no sería posible conceder a los países proveedores ACP un trato preferente en el marco del contingente C, pues en ese caso no se aplicaría el procedimiento del orden de llegada y no se cumplirían las normas de dicho procedimiento, lo cual además no sería compatible con las normas de la OMC.
El siguiente tema, que también está relacionado con los contingentes, es la prórroga del período de vigencia del régimen de los contingentes arancelarios. La Comisión opina que el plazo de diez años que se pide en las enmiendas 11 y 13 es demasiado largo. Además, las posibilidades de que nuestros socios comerciales acepten una prórroga tan prolongada serían prácticamente nulas.
Paso a referirme ahora a las enmiendas relativas a las medidas de apoyo adicionales para los productores de la UE y a la ayuda compensatoria. Las medidas adicionales propuestas incluyen una ayuda a la comercialización (enmienda 24), una ayuda adicional a cargo de los Fondos estructurales (enmienda 10) una evaluación de los precios y, en caso de necesidad, la correspondiente adaptación del mecanismo de la ayuda compensatoria (enmienda 23). Quiero recordar que la propuesta de la Comisión está concebida de manera que sea compatible con el fallo del arbitraje de la OMC, que sin embargo no afecta a las disposiciones intracomunitarias. Una evaluación formal de mecanismo de la ayuda compensatoria resulta, por lo tanto, innecesaria, puesto que la normativa actual ya permite compensar plenamente las posibles fluctuaciones de precios que repercutan de manera significativa en los ingresos. Las enmiendas 7, 10, 13 y 21-24 se refieren a este tema.
Por lo que respecta a las enmiendas 19 y 32, relativas a los plátanos de producción biológica, yo quisiera volver a recodar que ya existen medidas horizontales que garantizan la equivalencia entre los plátanos de producción biológica procedentes de terceros Estados y los producidos en la Comunidad. Además, el cultivo de plátanos de producción biológica también es subvencionable en el marco de las medidas de apoyo al medio ambiente rural actualmente vigentes. Los programas nacionales y regionales de fomento del desarrollo rural incluyen asimismo medidas de apoyo a la comercialización de dichos plátanos. Por lo tanto, ya se dispone de todas las posibilidades de apoyo y los Estados miembros afectados sólo han de utilizarlas.
Tampoco hemos modificado nuestra posición en lo que respecta a los plátanos producidos en el marco de un "comercio justo" , a los que se refieren las enmiendas 20 y 33, ya que también éstos entrarían dentro de las medidas horizontales a favor del "comercio justo" que posiblemente se van adoptar sobre la base de nuestra comunicación. Por lo tanto, no tendría sentido prever en el contexto de la organización común de mercados medidas específicas a favor de los plátanos producidos en el marco de un "comercio justo" . El procedimiento basado en el "orden de llegada" ofrece, por otra parte, mayores oportunidades a los productores y comerciantes de plátanos en el marco de un "comercio justo" que el régimen hasta ahora vigente. Permítanme que recuerde, asimismo, que los representantes del sector de los plátanos producidos en el marco de un "comercio justo" han acogido con explícita satisfacción el régimen que ahora proponemos. También quisiera añadir que el desarrollo del cultivo de plátanos de producción biológica y según los principios de un "comercio justo" ya recibía apoyo financiero en el marco del reglamento que regula el apoyo a los productores ACP tradicionales.
Finalmente, por lo que respecta a las enmiendas 1-5, 12 y 36, éstas se limitan esencialmente a repetir los principales principios que ya figuran en el texto original del Reglamento de base nº 404/93 o en la nueva propuesta de la Comisión. Dichas enmiendas resultan, por lo tanto, claramente innecesarias a nuestro parecer y no podemos aceptar su inclusión por consideraciones formales. Sin embargo, como he señalado, su contenido ya figura en las disposiciones legales actualmente vigentes.
La Comisión agradece la labor constructiva que ha realizado el Parlamento Europeo en el contexto de esta propuesta y quiere manifestar también su satisfacción por las conversaciones constructivas que hemos podido mantener en relación con esta materia extraordinariamente compleja. El expediente lleva ya algún tiempo sobre la mesa porque era necesario examinarlo con todos los sectores interesados. La Comisión considera, no obstante, que la propuesta del 29 de noviembre, completada mediante la comunicación de octubre de 2000, hace posible alcanzar una solución. Confiamos que esto les permita adoptar ahora una posición, tal como solicitó el Consejo en el mes de octubre. Esto sería muy importante, puesto que existe una posibilidad real de resolver de manera efectiva en un futuro inmediato este problema que ya hace tiempo que dura.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 10.00 horas.

Cumbre UE/Estados Unidos de América
El Presidente
De conformidad con el orden del día, pasamos a la declaración de la Comisión sobre la Cumbre UE/Estados Unidos de América.
Tiene la palabra el Comisario, Sr. Patten.

Patten
. (EN) Señor Presidente, me alegra tener esta oportunidad de poner al día al Parlamento sobre los preparativos para la Cumbre UE/Estados Unidos de América, que se celebrará en Washington el lunes próximo. Las buenas relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea son, naturalmente, de vital importancia para la seguridad mundial y para la prosperidad de la economía global. Cuanto mejor sean las relaciones, más seguro será el mundo y mejor vivirá nuestra población.
Hoy esas relaciones, en general, gozan de buena salud. Europa y los Estados Unidos trabajan en estrecha colaboración en defensa de los valores que compartimos. Colaboramos, por ejemplo, en la creación de un régimen comercial internacional liberal y digno de confianza en el marco de la OMC. Estamos codo con codo en la defensa de la democracia y de las libertades en todo el mundo.
Al igual que en cualquier relación entre amigos, es natural que ocasionalmente surjan polémicas, pero no debemos exagerar su importancia. En general, hemos superado hábilmente polémicas recientes, por ejemplo, en materia de comercio. Es importante recordar que éstas afectan únicamente a una fracción del comercio total que se efectúa a través del Atlántico. El Foro Consultivo UE/Estados Unidos es un ejemplo de cómo resolver estos problemas de una manera constructiva. Dicho foro informará a esta cumbre sobre una amplia gama de temas de biotecnología.
Ésta será la decimoquinta y última Cumbre UE/Estados Unidos del Presidente Clinton. Nos brindará la oportunidad de estudiar una vez más la nueva agenda transatlántica y examinar cómo podríamos agilizar los procedimientos y centrar las futuras cumbres con mayor precisión en los temas realmente importantes. Quisiéramos centrar las cumbres semestrales sobre temas estratégicos que transciendan a varias cumbres. Reconozco que es más fácil decirlo que hacerlo, pero deberíamos intentar resistir a la tentación - y sé que la Secretaria de Estado Albright comparte esta opinión - de que estas cumbres se vean demasiado envueltas en el meollo de nuestras relaciones políticas y económicas cotidianas.
La Comisión está elaborando actualmente un proyecto de comunicación sobre las relaciones transatlánticas que esperamos vea la luz en primavera, y tenemos puestas muchas esperanzas en la contribución de los legisladores que participan en nuestras relaciones transatlánticas, y el Parlamento, estoy seguro, querrá participar en esta iniciativa. Hemos hecho algunos progresos en nuestros intentos de impulsar las cosas en la dirección que he descrito en cumbres recientes y espero poder presentarlo en Washington la semana próxima. Proseguiremos, por ejemplo, el debate que iniciamos en Cotonou sobre África y las enfermedades transmisibles. Existen algunas diferencias entre nuestros respectivos enfoques sobre estos asuntos, pero espero que la cumbre envíe un mensaje positivo sobre la necesidad de proseguir juntos nuestros esfuerzos, en particular, para encontrar solución a cuestiones delicadas como el acceso a medicamentos asequibles, incluidos precios escalonados.
Trataremos sobre conflictos comerciales pendientes y aspiramos a sentar las bases para encontrar soluciones compatibles con la OMC que sean aceptables para ambas partes y no unilaterales. Esperamos que se hablará sobre una futura nueva ronda de la OMC, así como sobre las consecuencias que tendrá para dicha ronda la amplia serie de las nuevas iniciativas comerciales bilaterales que están siendo debatidas en el hemisferio estadounidense.
Estoy seguro de que también se hablará sobre otros ámbitos en los que los Estados Unidos y la Unión Europea no están completamente de acuerdo, por ejemplo, sobre el medio ambiente, ámbito en el que no debemos escatimar esfuerzos para apoyar la labor encaminada a salvar el acuerdo sobre el cambio climático. La cumbre tocará naturalmente otros ámbitos clave en los que la Unión Europea y los Estados Unidos han trabajado y siguen trabajando en estrecha colaboración al servicio de la paz, primero, en los Balcanes, donde hemos mantenido unas relaciones cada vez más estrechas y fructíferas y donde, en parte gracias a nuestros esfuerzos, se han producido tantos cambios importantes para mejor durante el pasado año. Revisaremos, sin duda, los recientes acontecimientos en Oriente Medio. El Presidente y su administración han dedicado enormes esfuerzos a la búsqueda de una paz duradera en Oriente Medio. Hoy, la oscura sombra de la violencia se cierne sobre la región, pero los esfuerzos pacientes y persistentes de los conciliadores deben continuar. La Unión Europea tiene un papel que desempeñar en el proceso y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Es evidente que la consolidación de la paz estará estrechamente relacionada con el desarrollo de nuestra asociación mediterránea.
Por último, tocaremos, estoy seguro, las decisiones adoptadas recientemente en Niza sobre la fuerza europea de intervención rápida. Son decisiones importantes. Representan un intento por parte de Europa de corregir algunos de los fracasos desvelados en los Balcanes durante los años noventa y, más recientemente, en el conflicto de Kosovo. Una de las principales lecciones ha sido que los Europeos debemos soportar una mayor carga del fomento de la seguridad europea. Debemos hacer eso, y no desacoplar a los Estados Unidos de la defensa de Europa, no porque creamos que existe un debilitamiento del compromiso estratégico de los Estados Unidos con respecto a Europa, sino en respuesta a aquellos que en Washington a veces lo ponen en cuestión: las voces que afirman, no sin cierta razón, que Europa no puede continuar dependiendo de los Estados Unidos para que la saque de apuros en los conflictos europeos, a menos que esté dispuesta a redoblar sus esfuerzos para ayudarse a sí misma.
Ésta será la última cumbre bajo esta administración, la última de estas cumbres con el Presidente Clinton. Las relaciones transatlánticas, espero, se harán cada vez más firmes en los próximos años, pero Europa echará de menos al Presidente Clinton. Ha sido un buen amigo de este continente. Ha sentado las bases para un diálogo serio y maduro entre ambas partes en el mundo posterior a la Guerra Fría y ha trabajado incansablemente por una causa que todos compartimos, la de una Europa completa y libre y cada vez más próspera. Desde Kosovo hasta Belfast, millones de ciudadanos europeos tienen motivos para estarle agradecidos por sus contribuciones, y sé que la Asamblea se unirá a mí al rendir homenaje hoy a dicha contribución.

Elles
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por acudir hoy aquí para ofrecernos su declaración sobre la reunión que tendrá lugar el lunes próximo. Como ha dicho acertadamente, las relaciones transatlánticas se han intensificado enormemente en los últimos diez años - sobre todo, es cierto, por parte de los Estados Unidos, gracias al Presidente Clinton, pero creo que la historia contará que a estas nuevas relaciones también ha contribuido Europa, que ha desempeñado un papel fundamental para su desarrollo, a través de la Declaración Transatlántica de 1990 y a través de la nueva Agenda Transatlántica bajo Presidencia española en diciembre de 1995.
Creo que sería de gran utilidad que la Comisión, al tiempo que prepara este nuevo documento sobre las relaciones transatlánticas, presentara al Parlamento un documento sobre el progreso realizado hasta ahora en estas relaciones en el que se analicen, por ejemplo, el éxito de los centros de enseñanza comunitarios, el éxito de la cooperación política en temas como el sida, la inmigración, ayuda al desarrollo e, incluso, en cuestiones de política exterior como la construcción de viviendas en Ucrania con ayuda transatlántica.
Asimismo, sería muy útil saber cómo se han desarrollado los diálogos, porque los estamos financiando con cargo al presupuesto de la Unión Europea. El diálogo comercial transatlántico, TABD, fue todo un éxito en su pasada reunión celebrada en Cincinatti, pero observamos que desde entonces, el Diálogo sobre medio ambiente se ha interrumpido en estas últimas semanas. Por consiguiente, creo que un análisis de lo ocurrido sería de gran utilidad.
Para terminar, ¿cuál será el paso siguiente? Creo que a esta Asamblea, como acertadamente ha señalado el Comisario, le gustaría que, a más largo plazo, a medida que reforzamos las relaciones a través del Diálogo de los legisladores entre el Parlamento Europeo y el Congreso, ese diálogo se convirtiera en una forma de asamblea transatlántica. Asimismo, nos gustaría estudiar el modo en que podríamos situar los diferentes diálogos comerciales en un marco más amplio de colaboración. Quisiera pedir al Comisario, cuando se acerca la fecha de publicación de este documento que será en abril, que estudie cómo podemos profundizar en el futuro bajo la nueva Administración estadounidense, al parecer se ha decidido hoy, bajo el nuevo Presidente de los Estados Unidos, que esperamos sea George W. Bush, esta cooperación en base al nuevo Tratado de Niza, que amplía las actividades de la Unión Europea, lo que le permite convertirse en un auténtico interlocutor de los Estados Unidos durante la próxima década.

Mann, Erika
Señor Presidente, señor Comisario Patten, yo creo que nos acaba de ofrecer una buena presentación e introducción a la problemática y los temas que vamos a debatir luego y, tal como ya ha expresado también mi colega Elles, me parece conveniente que aclaremos qué deseamos conseguir en el año 2001 y en años posteriores en el ámbito de nuestras relaciones transatlánticas. Lo más importante será proceder a su consolidación, examinar detenidamente la situación real de los diferentes programas que hemos iniciado bajo el paraguas común de la agenda transatlántica.
Son los temas que ha citado mi colega Elles. Sin embargo, entre éstos también figura un aspecto muy importante y que ha suscitado muchas críticas, a saber, el de los llamados "acuerdos de reconocimiento mutuo" , que plantean muchos problemas para ambas partes, pero sobre todo para los americanos. Yo le agradecería que examinase detalladamente este aspecto en la comunicación prevista para esta primavera y también ofreciese, además del análisis que ha solicitado el otro sector de la Asamblea, propuestas en relación con todos los aspectos en los que tenemos posibilidades de alcanzar nuevas metas en el futuro en el marco del diálogo y de la cooperación, en el ámbito de la política exterior y de la política de seguridad, pero también en relación con cuestiones pragmáticas, como pueden ser los acuerdos de reconocimiento mutuo. Esto sería sumamente importante.
En este contexto habría que incluir los centros europeos ya citados, que yo creo que constituyen un gran éxito. La consolidación es importante, pero también lo es que adoptemos la perspectiva adecuada. En este contexto, yo creo que usted ha mencionado una cuestión importante. Bajo la Administración Clinton hemos podido conseguir mucho en materia de cooperación política. Sin embargo, también hemos constatado que la política comercial y, sobre todo, también las disputas comerciales se están convirtiendo cada vez más en un motor de las relaciones políticas globales y han adquirido una preponderancia que, a mi modo de ver, no merecen en absoluto.
Será importante que en las futuras Cumbres consiga usted efectivamente que éstas se concentren en los grandes temas políticos y que se conceda el lugar que les corresponde a cuestiones como las disputas comerciales, que remiten a las diferencias que existen entre nosotros, que se les otorgue el peso adecuado y no se permita que se conviertan en las coordenadas políticas de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. En resumen, será importante conseguir un cambio de rumbo y elaborar una verdadera Agenda Transatlántica para el año 2001. Tengo noticia de que nuestro embajador en Washington, Gunter Burghardt, ya se ha referido a ello y sería una satisfacción para mí que sus interesantes propuestas también encuentren cabida en su comunicación.
Yo le deseo que tenga mucho éxito en esta tarea. También le deseo mucho éxito a nuestro Comisario Pascal Lamy en la resolución de los problemas en el ámbito de las disputas comerciales y me gustaría que presentasen su comunicación lo más pronto posible.

Lucas
Señor Presidente, al parecer son muchos los temas que debería incluir el orden del día de esta cumbre y uno que me gustaría que incluyera es el seguimiento que se dará a la decepcionante interrupción de las conversaciones sobre el cambio climático en La Haya y cómo conseguir que los Estados Unidos asuman sus responsabilidades con mayor seriedad. Aunque me gustaría centrarme en el ámbito del comercio mundial, en lo relativo a una nueva ronda de negociaciones sobre el comercio cuando se cumple un año desde Seattle. Éste parecería el momento oportuno para hacer balance. Creo que está claro que antes de pensar en la celebración de una nueva ronda, debemos analizar la idea que tienen muchos países en desarrollo de que nada ha cambiado desde Seattle, a pesar de las numerosas promesas que entonces nos hicieron.
Sé que la Comisión habla ahora de reanimar elementos de su posición en favor de una nueva ronda, que le den mayor flexibilidad, y tengo gran interés en conocer qué significa eso realmente en la práctica. También tengo conocimiento de la iniciativa "Todo excepto armamento", que acojo con satisfacción, y quisiera instar a la Comisión a que aproveche la celebración de la cumbre para instar a los Estados Unidos a que vuelvan a suscribir esta iniciativa.
Pero debemos seguir reforzando la confianza de los países más pobres. La investigación de la agencia de desarrollo OXFAM ha demostrado que cuando éstos analizaron los cambios que se han producido desde Seattle en los países en desarrollo, la idea predominante es que no ha cambiado nada en absoluto. Bangladesh, por ejemplo, afirma que los países desarrollados no han realizado esfuerzos suficientes y de manera continuada para que aumente su confianza en la OMC. Lesotho se pregunta qué le ha aportado al país la liberalización del mercado en el marco de la OMC. Oigo muchos comentarios de las delegaciones de los países en desarrollo y todos ellos dicen que no ha sucedido gran cosa. Para terminar, me referiré a la República Dominicana, que dice que se suponía que la OMC debía convertirse en un árbitro imparcial de las normas comunes, en la que los países pudieran aprender a actuar según las normas. Pero el resultado no ha sido ése. Las normas están predispuestas en contra del débil y nada ha cambiado desde Seattle. La próxima cumbre es una oportunidad crucial para abordar estos temas, para modificar las normas y para conseguir que el comercio mundial funcione en favor de los pobres.

Boudjenah
Señor Presidente, como no tengo más que un minuto, me ceñiré a una única cuestión para decir que el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos no puede afectar únicamente a los aspectos económicos y comerciales. Le pido por tanto, les pido aquí a los representantes de la Unión Europea en la cumbre del lunes, que aborden al mismo nivel las cuestiones políticas y más especialmente la de la pena de muerte.
Es imposible callar este crimen de Estado, sobre todo cuando lo ejerce la mayor potencia del mundo, que pretende con demasiada frecuencia imponer su orden y sus valores al resto del planeta. Este valor en todo caso, no lo queremos. Es imposible aceptar que la única solución al crimen y a la violencia sea el crimen y la violencia mismos. Es preciso por tanto actuar para impedir lo irreparable que espera a aquéllas y aquéllos que, como Mumia Abu-Jamal o Léonard Pelletier, se encuentran en el corredor de la muerte desde hace años.
En todo el mundo se alzan voces para exigir una justicia que sea realmente el reflejo de los valores de respeto humano, de los derechos y libertades fundamentales del individuo. En todos los continentes una petición que exige la abolición de la pena de muerte se cubre con cientos de miles de firmas. Preservar este bien, el más preciado que constituye la vida, como ha recordado y con toda razón esta mañana Nicole Fontaine, necesita conseguir una moratoria universal, que sería un primer paso hacia la abolición de la pena de muerte. Creo que el diálogo que existe entre la Unión Europea y los Estados Unidos debería aprovecharse para alcanzar por fin este objetivo.

Gollnisch
Señor Presidente, quisiera aprovechar la ocasión que me brinda este debate sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos para formular tres constataciones y extraer tres recomendaciones.
En primer lugar no se puede perder de vista que la construcción europea se ha hecho contra los imperios o más bien entre los imperios. La Unión Soviética - un imperio amenazante - los Estados Unidos de América - un imperio protector - pero con respecto al cual teníamos claramente la intención de afirmar nuestra identidad.
En segundo lugar, aunque no podamos alegrarnos por el retroceso de la impostura comunista, el hundimiento de la Unión soviética dejó una sola superpotencia: los Estados Unidos de América. Ahora bien, una ley de la naturaleza dice que cualquiera que dispone de un gran poder se ve inclinado a abusar de él y existen síntomas de esos abusos: una diplomacia económica que podría resumirse con las palabras: "lo que es nuestro es nuestro, lo de usted es negociable"; la pretensión de imponer un nuevo orden mundial; una pax americana cuya influencia está lejos de ser pacificadora; el incremento inaceptable de la ingerencia en todas partes en los asuntos internos de los Estados.
Es preciso por tanto concluir que las amistades tradicionales, la simpatía real que tenemos por el pueblo americano, no pueden nada. Los Estados Unidos de América son nuestros competidores. Defienden sus intereses sin complejos. Nosotros hemos de defender los nuestros.
Tres recomendaciones, por tanto. Hemos de preguntarnos acerca de la utilidad de dispositivos tales como la OTAN, que ya no responden a su objetivo inicial de seguridad colectiva y obstaculizan nuestra libertad. Debemos defender nuestra autonomía política y dejar de alinearnos con Estados Unidos, ya sea en la ONU, ya sea frente a Irak, frente al mundo árabe en general, en Asia, en los Balcanes donde nuestros resultados, Sr. Patten, son desastrosos, a pesar de lo que ha dicho usted. Finalmente, debemos defender nuestros intereses económicos sin complejos, no sólo en el marco de la OMC, y sobre todo en aquellos ámbitos que, desde la cultura a la agricultura, son consustanciales con nuestras civilizaciones y no podrían, en consecuencia, someterse sólo a las leyes internacionales del trueque internacional o del mercado.
Esto es lo que todos los europeos deberían decir si estuvieran preocupados por la Europa independiente, ésa con la que debemos seducir a nuestros compatriotas y que, en realidad, seguimos esperando.

Patten
. (EN) Señor Presidente, seré, felizmente, muy breve. En primer lugar, en respuesta al Sr. Elles, nos encantaría proporcionar, como telón de fondo del debate sobre la comunicación que presentaremos el año próximo sobre el refuerzo del diálogo entre Europa y los Estados Unidos, un análisis del progreso que hemos alcanzado hasta ahora desde 1990. En dicho análisis incluiremos con mucho gusto un examen de cómo se han desarrollado los diferentes diálogos. Es una idea útil y sin duda la seguiremos.
En segundo lugar, también seguiremos el importante argumento que ha expuesto la Sra. Mann sobre los acuerdos de reconocimiento mutuo y deberíamos tener en cuenta su sensata observación de que no debemos exagerar los conflictos comerciales. Creo que no me equivoco al afirmar que el comercio entre la UE y los Estados Unidos asciende a un importe cercano a los mil millones de euros al día y que el importe total de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos contra productos europeos representa aproximadamente el valor de seis horas de comercio. Por tanto, como ha dicho su Señoría, no debemos sacar las cosas de su justa medida.
Me ha interesado lo que ha dicho la Sra. Lucas sobre el comercio mundial y la importancia de intentar garantizar que el libre comercio beneficie cada vez más a los intereses de los más pobres, y no sólo a aquéllos de los más ricos. Sé que mi colega el Comisario Lamy querrá proseguir sus ideas y las últimas ideas de la Comisión sobre cómo reactivar la ronda de la OMC con los Estados Unidos y también con este Parlamento. Sé que el Comisario mantiene un diálogo bueno y muy constructivo con el Parlamento y con las comisiones que guardan alguna relación con estos temas.
Creo que la Sra. Boudjenah, que ha hablado de la pena de muerte, probablemente estaba presente en la Asamblea hace unas semanas cuando celebramos un debate de gran interés sobre la pena capital, en el que se abordó la situación en los Estados Unidos, entre otros países. Creo que no me equivoco al recordar que en los Estados Unidos se han producido 81 ejecuciones durante este año. Hemos realizado y seguiremos realizando protestas formales individuales y colectivas contra la pena de muerte en los Estados Unidos. Quisiera tranquilizar a su Señoría en este sentido. Nuestra posición respecto a la pena de muerte en todo el mundo es muy clara, y ésta afecta a nuestros amigos en los Estados Unidos, así como a otros países que pueden no estar tan dispuestos a colaborar.
Es posible que el Sr. Gollnisch y yo veamos el mundo a través de lentes diferentes. No me convencen demasiado los argumentos sobre la diabólica hegemonía de Washington. No estoy de acuerdo con todo lo que hacen los Estados Unidos, pero en Europa tenemos buenas razones para recordar la contribución que hicieron los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado en favor de nuestras libertades y prosperidad. Pero su Señoría tiene toda la razón cuando afirma que existen temas como el medio ambiente, el comercio, las minas terrestres, la extraterritorialidad y legislación en los que adoptamos una posición bastante diferente de la de los Estados Unidos. Debemos defender enérgicamente esa posición, sin temor de que al hacerlo se debiliten nuestras relaciones con nuestros principales amigos y aliados.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Me pide la palabra el Sr. Gollnisch para una cuestión de orden.

Gollnisch
Señor Presidente, sólo un segundo, por favor.
No he dicho en absoluto, señor Patten, que la hegemonía americana fuera diabólica, he dicho incluso exactamente lo contrario. He dicho que es un hecho de la naturaleza que quien ostenta el poder tiende a abusar de él. Por consiguiente, no estoy inculpando a los americanos como pueblo y como gran nación. Pero deseo que con respecto a ellos mantengamos una conducta más autónoma.

El Presidente
Muchas gracias, señor Gollnisch.
Queda cerrado este punto.

IVA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0362/2000 del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre
I. la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 218/92 del Consejo sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA) (COM(2000) 349 - C5-0298/2000 - 2000/0147(COD))
II. la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica
(COM(2000) 349 - C5-0467/2000 - 2000/0148(CNS))
A5-0366/2000 de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica, en lo que respecta al período de aplicación del tipo normal mínimo, la Directiva 77/388/CEE relativa al Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (COM(2000) 537 - C5-0535/2000 - 2000/0223(CNS))
A5-0334/2000 del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Imposición del combustible de aviación (COM(2000) 110 - C5-0207/2000 - 2000/2114(COS))
Tiene la palabra el ponente, Sr. García-Margallo y Marfil.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, en este debate conjunto vamos a debatir tres informes que se refieren a cuatro propuestas de la Comisión, lo cual me atribuye una acumulación de papeles ciertamente peculiar. Soy ponente de dos de ellos, soy ponente en la sombra del informe de la señora Torres Marques y soy enmendante del informe sobre combustible de aviación, porque no comparto algunas de las tesis que fueron aprobadas en comisión.
La segunda peculiaridad, como su Señoría tendrá ocasión de comprobar, es que me encuentro en una posición singular dentro de mi propio grupo. Mi carrera militar no fue ni larga ni brillante, pero sí aprendí que la misión de la artillería era bombardear a la infantería, a ser posible la enemiga. Me temo que en este momento me encuentre bajo fuego cruzado de mi propio grupo.
Empezaré argumentando sobre el primero de los informes, el que se refiere al IVA sobre el comercio electrónico.
La propuesta que la Comisión remite a este Parlamento tiene, en mi opinión, un objetivo prioritario: remediar la situación de discriminación en que se encuentran actualmente las empresas europeas de comercio electrónico respecto a las empresas de países terceros. Comercio electrónico se refiere a las prestaciones de servicios descargados por Internet y a los servicios de radio o televisión prestados a través de suscripción o pago por visión. Y subrayo esto porque algunas de las enmiendas pretenden establecer un tipo cero de IVA para servicios que, en mi opinión, no tienen carácter esencial ni social.
La Comisión pretende además otros objetivos secundarios, de acuerdo con la ciencia tradicional de la Hacienda: el conseguir este objetivo -terminar con esta discriminación- simplificando el impuesto, dotándole de una eficacia notable en cuanto a recaudación y reducción de los costes administrativos anejos al cumplimiento de la deuda tributaria, conseguir los objetivos de efectividad y justicia y conseguir, finalmente, la modernización del sistema fiscal. Estos objetivos, el principal y los secundarios, serán la piedra de toque con los que se tienen que juzgar las propuestas concretas presentadas por la Comisión.
Pero decía, señor Presidente, que el primero de los criterios con que debemos juzgar esta propuesta es la necesidad de acabar con la discriminación que penaliza a las empresas europeas respecto de las empresas extracomunitarias. Esta discriminación se produce porque la Sexta Directiva, en su artículo 9, establece la presunción de que el lugar donde se presta el servicio es el lugar donde tiene su sede de actividad la persona que lo presta, es decir, el proveedor. En otras palabras, en este momento las empresas europeas están sujetas al IVA cuando prestan servicios electrónicos, ya sea en el interior de la Unión, ya sea fuera de ésta. Por el contrario, las empresas establecidas fuera de la Unión no pagan nunca el IVA, ya lo presten a clientes europeos, ya lo presten a clientes mundiales, perjudicando así nuestra competitividad en los mercados exteriores.
En conclusión y para ser muy sencillo, los servicios prestados por empresas europeas soportan en este momento una carga fiscal que no soportan las empresas extracomunitarias que prestan servicios en el territorio de la Unión. Por tanto, la actual legislación europea impulsa a las empresas de comercio electrónico europeas a establecerse fuera de la Comunidad. Alguno de los argumentos que oiremos a lo largo de esta tarde dice que el gravar a las empresas extranjeras que prestan servicios en la Unión supone un freno para el crecimiento del comercio electrónico, pero es justamente lo contrario, pues mantener esta situación perjudica el crecimiento de una industria europea de comercio electrónico.
En eso estamos todos de acuerdo, de este lado y del otro lado del Atlántico. Tan de acuerdo que, en la Conferencia de Ottawa de 1998, se llegó a tres conclusiones que a mi juicio son importantes: en primer lugar, los impuestos nacionales sobre consumo deben aplicarse a los consumos que se presten en el territorio nacional. En segundo lugar, el servicio de productos digitales es una prestación de servicios y no una entrega de bienes. En tercer lugar, debe acudirse a fórmulas simples de recaudación del impuesto y, en concreto, a la forma de inversión del sujeto pasivo.
De acuerdo con este objetivo, y con este marco jurídico internacional acordado por todos en Ottawa, la Comisión nos propone modificar la Sexta Directiva para establecer que la localización de los servicios digitales se haga donde tenga su sede el adquiriente, no el proveedor.
En consecuencia, los servicios prestados por empresas europeas a empresas no europeas estarían siempre exentos del impuesto, lo que nos devolvería nuestra competitividad internacional. En segundo lugar, los servicios prestados por empresas europeas a clientes europeos estarían sujetos a imposición, como es normal. Y, en tercer lugar, los servicios prestados por empresas no europeas a empresas europeas estarían también sujetos a imposición, lo que establece la igualdad de condiciones, el fair play en el marco internacional.
El problema no radica en las transacciones entre empresas, sino cuando el destinatario del servicio es un particular, y la Comisión hace aquí lo único que se puede hacer: obligar a las empresas extranjeras a registrarse, a inscribirse, en un país de la Unión Europea para desde allí, con pasaporte comunitario, prestar servicios en toda la Unión, pero pagando el mismo impuesto que pagan las empresas europeas.
A mi juicio esta solución resuelve el problema de eliminar las discriminaciones anteriores y logra el objetivo de la simplificación. Una empresa tiene que registrarse en un solo país de la Unión. No tiene que registrarse en quince, no tiene que conocer quince legislaciones ni lidiar con quince administraciones. No resuelve, sin embargo, el problema de la justicia. Es sabido que una solución así -instalación en un solo país con posibilidad de prestar servicios en toda la Unión- podría posibilitar una avalancha en aquellos países con imposición más baja. Por eso, la Presidencia francesa propuso que la empresa extranjera que prestase servicios en la Unión se tuviese que registrar en los quince países, lo cual contradice el objetivo de la simplificación.
¿Qué propone la Comisión? La Comisión propone, respetando el objetivo de la simplificación, un solo lugar de localización, pero que el impuesto recaudado por ese Tesoro sea redistribuido al resto de los países de la Unión, en función de los consumos relativos. Es exactamente la fórmula que hará posible la introducción del IVA en origen, es exactamente la fórmula que hemos decidido para devoluciones transfronterizas en IVA, es exactamente la fórmula que ha aprobado el Ecofin, de acuerdo con las conclusiones de Feira, en el caso de retenciones en los impuestos directos.
¿Es completa esta comunicación de la Comisión? No lo es. Hay algunos problemas que yo resalto en la exposición de motivos, como asegurar que una empresa que puede prestar servicios desde fuera de la Unión se registre.
¿Cómo garantizar que no se produce una discriminación entre productos análogos? El servicio digital, la consulta o el acceso a un libro o a una revista, se gravaría al tipo normal si se hace por Internet, mientras que estaría sujeto a un tipo reducido cuando fuera una entrega física.
¿Cómo resolver los problemas de identificación del cliente? Las respuestas que se establecen en la propuesta de la Comisión me parecen suficientes, y en todo caso, señor Presidente, lo que es evidente es que estas dificultades no son privativas del impuesto que grava los servicios digitales. El IVA era un impuesto previsto para el tráfico de bienes y se acomoda mal a las prestaciones de servicios, y aún peor a un fenómeno tan nuevo como los servicios por Internet.
El segundo de los informes al que me voy a referir trata del problema de los hidrocarburos, y el tema es muy sencillo. La Directiva de 1992 estableció una exención obligatoria para los combustibles utilizados en la aviación internacional y, al mismo tiempo, establecía la revisión de la exención para tener en cuenta los costes ecológicos.
Las dificultades jurídicas para esa revisión son el convenio de Chicago de 1944, obligación internacional que exime de impuestos el combustible a bordo suministrado en las aeronaves, y los acuerdos bilaterales. En esta situación, la Comisión ha encargado un estudio, que es el que aquí estamos investigando, sobre qué se puede hacer. La primera conclusión es que poco se puede hacer mientras no se modifique ese marco internacional. La segunda conclusión a que llega la Comisión es que sería deseable un impuesto sobre los vuelos nacionales o sobre los vuelos intracomunitarios, previa modificación de los acuerdos bilaterales, cosa que no comparto. Y en tercer lugar, y esto sí lo comparto, la necesidad -en el marco internacional de la OACI- de realizar todos los avances que sean necesarios para establecer un impuesto a nivel mundial, y por tanto no discriminatorio, sobre los transportes comunitarios.
Señor Presidente, tras haber abusado de su paciencia, espero impaciente las críticas y observaciones del resto de los compañeros, tanto de mi Grupo como de otros.

Torres Marques
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, la Comisión y el Parlamento han estado haciendo esfuerzos en los últimos años con vistas a conseguir una armonización en el cobro del IVA dentro de la Unión Europea. En efecto, se trata de un instrumento importante en la construcción del Mercado Interior y también de una fuente substancial de ingresos del presupuesto comunitario. Así, en 1992 se consiguió un acuerdo, entonces considerado una armonización mínima, conforme al cual la tasa normal del IVA no podía ser inferior al 15% y los Estados miembros tenían la facultad de aplicar una o más tasas no inferiores a 5%, en este caso con derogaciones establecidas. Pero aquella primera fase debía mantenerse hasta el final de 1996, fecha en la que se instauraría el régimen definitivo. Entretanto, los intentos planteados sólo permitieron la fijación del límite mínimo de la tasa normal del IVA en 15%, pese a que la Comisión había propuesto también un límite superior de 25%, que no fue aceptado, y la prórroga del sistema hasta el final de 2000. Llegados al final del 2000, la Comisión nos propone seguir en esta esfera dos vías: la primera consta en el informe de mi colega el Sr. García-Margallo y Marfil sobre la coordinación de los sistemas administrativos del IVA; la segunda, en este informe que trata de aplazar cualquier decisión en materia de armonización de las tasas del IVA hasta 2006.
Si bien estoy de acuerdo con las propuestas de coordinación de los sistemas administrativos de cobro del IVA, no lo estoy ni lo estuvo la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con la propuesta de aplazamiento por cinco años del proceso de armonización. ¿Habrá desistido esta Comisión de hacer avanzar este dossier durante toda la vigencia de su mandato? ¿No considera, como nosotros, la Comisión que la existencia del euro como moneda única, desde ahora mismo, en doce países de la Unión Europea acarreará una transparencia en los precios que pondrá de relieve la distorsión introducida en el Mercado Interior por la existencia de valores tan dispares entre las tasas practicadas en los diversos países de la Unión? ¿Considera esta Comisión y, en particular, el Comisario Frederick Bolkestein, que éste es un caso de competencia fiscal que su propuesta pretende mantener o incluso asimilar? No lo vemos así nosotros y, por eso, hemos votado en pro de la reducción de dicho plazo al final de 2003 para que, con dos años de existencia concreta del euro, sea posible presentar nuevas soluciones.
También, en consonancia con las posiciones adoptadas en nuestro Parlamento, propongo que se supriman las referencias a que la votación del Consejo a este respecto deba ser por unanimidad. Si los Tratados siguen exigiéndolo, así será. Pero, a nuestro entender, nada obliga a la Comisión y al Parlamento a establecer desde ahora mismo que al final de 2005 se deba votar este asunto por unanimidad en el Consejo. Esta propuesta no concuerda ni con los principios presentados por la Comisión ni con los presentados por el Parlamento para la CIG que acaba de concluir. Mucho menos se justifica que desde ahora mismo se decida que así será hasta el final de 2005, cuando ya se sabe que entretanto habrá una nueva revisión de los Tratados. Por eso, proponemos también la eliminación de esa exigencia de la unanimidad.
Para terminar, digamos que no nos gusta ver a la Comisión aceptar al principio de su mandato el abandono completo en lo relativo a la armonización del IVA y que el Parlamento, comprendiendo la necesidad de prorrogar el plazo de vigencia de la legislación actual, se quede esperando a que, mediado su mandato y ya con el euro en circulación, la Comisión nos presente un nuevo proyecto completo y de fondo sobre este asunto.

Ford
. (EN) Señor Presidente, la primera observación que desea hacer la comisión a la que represento es que las disposiciones en vigor son desfavorables para los proveedores de la UE de los siguientes servicios: software, tratamiento de datos y servicios informáticos, web hosting [práctica consistente en albergar sitios web de terceras personas], diseño de páginas web e información. Nos gustaría añadir a esta lista los servicios docentes. Las disposiciones discriminan a los proveedores que viven en la UE porque éstos están actualmente sujetos al IVA para el suministro de estos servicios, mientras que los que están establecidos fuera de la Unión Europea no lo están. Por este motivo creemos que la presente directiva debe entrar en vigor con cierta urgencia, habida cuenta, en particular, de que algunos creemos que el comercio electrónico experimentará un rápido crecimiento.
La Comisión de Industria ha aprobado varias propuestas por treinta y tres votos a favor y tres en contra. Hemos pedido la posibilidad de un solo lugar de localización en un Estado miembro. Hemos pedido que la Comisión Europea vele por que no se produzcan distorsiones del mercado y que ésta informe sobre los resultados al Consejo y al Parlamento. Hemos pedido que, mientras tanto, la Comisión informe sobre varios aspectos: garantías de igualdad de trato entre las empresas, examen de la elección del lugar de establecimiento, armonización de las regulaciones internacionales y la posibilidad de establecer un sistema de compensación, como sugería el ponente.
Otro argumento que esgrime la comisión, y que no lo ha presentado nadie más, es que, como muchos recordarán, Al Capone fue encarcelado no por ser un gángster, sino por evadir impuestos. Estamos asistiendo a un lamentable auge de algunos aspectos del comercio electrónico, aumento de pornografía, pederastia y material de carácter racista. La Comisión de Industria cree que el registro del IVA nos permitirá someter a las empresas afectadas a los rigores del Derecho comunitario sobre estas cuestiones. Este aspecto por sí solo puede lograr que la directiva valga la pena.

Wallis
. (EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos quisiera referirme al mismo informe al que se ha referido el Sr. Ford. Al verlo, se diría que la presente propuesta trata sobre la tributación de las empresas no comunitarias, pero, naturalmente, debería tratar sobre cómo podemos fomentar y cultivar la e-economía de Europa, que es una flor muy delicada. En este sentido, acojo con satisfacción el valiente intento de la Comisión de encontrar el modo de cerrar el vacío competitivo que claramente existe entre las empresas de comercio electrónico de la UE y aquéllas de terceros países. Pero lo que debemos preguntarnos y lo que se ha preguntado nuestra comisión es lo siguiente: ¿Es ésta la manera idónea de hacerlo? Nuestra opinión ha sido claramente que no lo es.
Siempre había oído que una de las primeras normas o principios de un legislador debería ser: no dictar leyes que no se puedan cumplir. Ésa fue la principal preocupación de nuestra comisión. Puede que no sea suficiente depender de la buena voluntad de las empresas que están fuera de nuestro alcance. Los buenos cumplirán, los malos seguirán siendo malos y es muy posible que los consumidores busquen a estos últimos para conseguir condiciones ventajosas.
¿Qué otra cosa podríamos estar haciendo aquí? Se habla mucho de establecer modelos de empresa para la regulación del comercio electrónico, pero ése es un problema más amplio y debería ser abordado con mucha más transparencia. Existen hipótesis subyacentes en esta propuesta sobre el lugar en que deben pagarse los impuestos, que podrían depararnos problemas de cara al futuro en un contexto internacional. Es posible que tengamos algo que aprender de los Estados Unidos, país que ha impuesto una moratoria en materia fiscal sobre estos productos electrónicos. En definitiva, el objetivo de esta propuesta es correcto, pero el método es descabellado y si realmente queremos fomentar la e-economía de Europa, una señal adecuada sería fijar un tipo cero de IVA para nuestras empresas que operan a través de la red, en vez intentar imponer nuestros problemas a los demás.

Van Dam
Señor Presidente, intervengo como ponente asesor de la Comisión de Transporte sobre la fiscalidad de los combustibles de aviación.
Mientras que el transporte por carretera paga unos elevados impuestos sobre el combustible, la aviación comercial está exenta. La directiva que nos ocupa prevé la posibilidad de modificar esta situación en el futuro o de anular la exención en función de los gastos externos y de los efectos sobre el medio ambiente. Por el momento, los acuerdos bilaterales entre los estados miembros y terceros países evitan la introducción de una tasa que grave el queroseno en los vuelos internacionales. La fiscalidad de la aviación es clave tanto para el principio de que quien contamina paga como para igualar las condiciones competitivas de los diversos medios de transporte. Por este motivo, las iniciativas de los estados miembros de la ICAO, organización internacional para la aviación civil, deben encaminarse hacia la apertura de esta posibilidad para lo cual se presenta la ocasión durante la 33ª asamblea general que se celebrará el próximo otoño. Por numerosos motivos, los niveles sonoros, la contaminación ambiental y el consumo energético, se debe prestar mucha atención a la desincentivación de los vuelos cortos, entre los que se incluyen sin duda los vuelos nacionales. A medida que el ferrocarril ofrece una alternativa equivalente en un número creciente de trayectos, gana terreno la viabilidad de dicha alternativa. Me complace que en el informe, en parte gracias a la Comisión de Medio Ambiente, se recoge una serie de elementos importantes que recibieron un apoyo insuficiente debido a un cúmulo de circunstancias en la Comisión de Transporte.
El hecho de que el combustible para el transporte por carretera sea tres veces más caro que el combustible de aviación es cuento menos sorprendente. Si a esto le añadimos el crecimiento desaforado del número de vuelos, también en trayectos cortos, cabe plantearse dónde está el límite. Los ciudadanos deben poder elegir tanto para viajes de negocios como de ocio a partir de condiciones competitivas Justas. Pero asimismo, todos los ciudadanos, incluyendo también la mayoría que nunca vuela, deben poder exigir que los niveles de ruido, la contaminación ambiental y otras molestias se limiten al máximo. Motivos de sobra para analizar minuciosamente si la aviación se hace cargo de los gastos externos y si no supone una competencia desleal para el tren o para el autobús.

Olsson
. (SV) Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Medio Ambiente quisiera decir, en relación con los impuestos al combustible de aviación, que celebro la reacción de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Allí han sido escuchadas las razones que he manifestado.
Actualmente, la aviación constituye la fuente de gases de efecto invernadero que crece más rápidamente. Se calcula que alrededor del 5 por ciento proviene de la aviación. Además, se espera que los viajes por aire se dupliquen en aproximadamente 15 años.
Para poder cumplir con las exigencias de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, tendremos que adoptar toda clase de medidas para limitarlo. Una de ellas es el mayor uso de medidas económicas. Por eso, como dijo el Sr. Van Dam, no hay que exceptuar de impuestos al combustible de aviación. En la comunicación de la Comisión se dice que el efecto es tan limitado que no vale la pena hacer algo. Me opongo a esta idea. La aviación es un sector que crece rápidamente. Si el efecto es pequeño hoy, será, en todo caso, mayor en el futuro. Este tipo de raciocinio es peligroso ya que fácilmente nos lleva a una situación en la que nadie hace nada.
Hay que empezar por alguna parte. No podremos cumplir con los objetivos medioambientales manteniendo las estructuras y la tecnología actuales. Habrá que modificar las estructuras o la tecnología o ambas cosas. Creo que lo más justo para los diferentes grupos de transportes es que nos pongamos a la cabeza e instauremos un impuesto comunitario para el combustible de aviones. Sin embargo, para cambiar el orden existente en materia internacional, tendremos que abogar por la modificación de la Convención de Chicago de 1944.

von Wogau
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, yo quisiera referirme brevemente al tema de la imposición de los servicios electrónicos y aclarar qué es lo que se debate. Cuando se realizan transacciones transfronterizas de bienes por vía electrónica, evidentemente se percibe el impuesto sobre el valor añadido. Cuando un producto atraviesa las fronteras por vía no electrónica también se percibe el IVA. El interrogante que se plantea es si éste se percibe cuando un servicio se presta por vía electrónica.
También en este contexto, en numerosos casos ya se percibe el IVA. Éste se recauda cuando la operación se realiza entre Estados miembros de la Unión Europea. También entre los diferentes estados de los Estados Unidos se aplican en determinados casos -según me han informado- los impuestos sobre la compraventa allí vigentes. El único caso en el que hasta ahora no se recauda ningún impuesto es el de las prestaciones que se realizan en la Unión Europea desde un país tercero. Esto genera sin lugar a dudas una distorsión de la competencia, en primer lugar en relación con los operadores individuales que no comercian con los mismos productos, sino con otros equivalentes, y en segundo lugar con respecto a los proveedores que ofrecen productos análogos desde algún país de la Unión Europea. Esta distorsión de la competencia resulta inadmisible a largo plazo y, en consecuencia, yo quiero manifestar en nombre de mi Grupo que suscribimos las propuestas de la Comisión Europea y del ponente, Sr. García-Margallo y Marfil, en este contexto.
En lo esencial, sólo se trata de regular de la manera menos burocrática posible el procedimiento que se deberá seguir y la propuesta francesa de establecer un sistema de registro en quince países no es, desde luego, la más adecuada en este sentido.
En relación con el segundo punto incluido en el orden del día, la imposición del combustible de aviación, yo también coincido básicamente con la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. La imposición del combustible de aviación es un objetivo deseable por diversos motivos. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que sólo se podrá llevar a cabo si se regula a escala internacional. Si la Unión Europea actúa en solitario, esto supondría que volar de Francfort al sur de España resultaría considerablemente más caro que volar de Francfort a Florida. También esto constituiría una distorsión de la competencia en detrimento de los proveedores europeos, que no podemos admitir. Por esto, yo creo que debemos realizar un esfuerzo para conseguir una regulación internacional en este ámbito. Una actuación europea en solitario no me parece, sin embargo, razonable, tal como opina también mi Grupo.

Randzio-Plath
Señor Presidente, los progresos conseguidos en la Cumbre Europea de Niza en el ámbito de la política fiscal europea son del todo insatisfactorios. El tema de la soberanía fiscal como expresión de la soberanía estatal parece haber adquirido aún mayor relevancia con la introducción del euro. Sin embargo, a estas alturas todos ya sabemos que la competencia fiscal incontrolada perjudica a todos. La posición ventajosa que pueda conseguir a corto plazo un país la obtiene a expensas de otro u otros Estados de la UE.
El objetivo de una política fiscal europea, tal como se plantea, no es la recaudación de impuestos comunitarios ni tampoco una armonización fiscal. La finalidad es lograr una coordinación de los impuestos con objeto de evitar la competencia fiscal desleal y promover la seguridad jurídica, la transparencia y la eficacia. Por lo tanto, es muy de lamentar la política de bloqueo que se ha llevado a cabo en Niza. El principio de unanimidad continúa condicionando la política fiscal de la UE. Esto tiene que cambiar si queremos que el mercado interior funcione sin distorsiones. Hoy ya podemos constatar los problemas que se plantean en el caso del IVA y de la imposición de los productos energéticos. Muy pronto quedará patente que el mercado europeo de capitales también requiere un proceso de coordinación y armonización para que el plan de acción financiero tenga alguna oportunidad de llevarse a cabo.
Por lo que respecta a las tres propuestas y la comunicación de la Comisión, yo quisiera señalar lo siguiente. Mi Grupo apoya los informes de los ponentes. Es muy lamentable que hasta la fecha todavía no se haya adoptado una directiva marco sobre la imposición de los productos energéticos. Como un primer paso, quizá convendría alcanzar un acuerdo sobre algún tipo de código de conducta que permita contribuir al ahorro energético y a la protección del medio ambiente por medio de instrumentos fiscales. La discriminación positiva del transporte aéreo se tiene que acabar. Desde luego, es necesario conseguir una regulación a escala internacional -en esto coincido plenamente con el ponente- con el fin de que la competitividad de las compañías aéreas europeas no se vea indebidamente afectada. Por consiguiente, sería realmente conveniente que la Comisión presentase informes que también indiquen la relación que existe entre la imposición y la reducción efectiva de las emisiones de CO2 y el ahorro energético.
En segundo lugar, por lo que respecta al plazo de vigencia del tipo impositivo mínimo, lamento tener que constatar que todavía no se ha registrado ningún progreso con vistas a la transición a un sistema definitivo de recaudación del IVA basado en el país de origen, a pesar de la transparencia de precios en el mercado interior que determina el euro. Por lo tanto, no nos queda más remedio que acoger con satisfacción el enfoque pragmático de la Comisión, encaminado a mejorar mediante una diversidad de normas el sistema actual, que resulta demasiado complejo, burocrático y expuesto al fraude. Los diputados del Parlamento Europeo todavía no han logrado comprender por qué los gobiernos se muestran dispuestos a aceptar la pérdida de impuestos por valor de miles de millones debido al sistema actual. ¿Por qué no puede reunir por fin la Comisión las diferentes directivas sobre el IVA en un reglamento que permita al menos una aplicación unificada de la normativa sobre el IVA? Deberían darnos una respuesta al respecto. Quizá todavía recibamos un regalo de Navidad.
Por lo que respecta al régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica, la propuesta de la Comisión y del ponente merece nuestra aprobación. No es admisible que las empresas europeas del sector del comercio electrónico se encuentren en una posición competitiva desventajosa con respecto a las empresas de terceros Estados debido a que están sujetas al pago del IVA, tanto en sus operaciones en el mercado interior como también en el mercado mundial.
Además, también es importante que el comercio electrónico no se vea favorecido ni perjudicado en relación con el comercio convencional. El registro en un solo país es, por lo tanto, un requisito adecuado, sencillo y eficaz. No obstante, dada la amplia banda de tipos impositivos del IVA, es necesario garantizar un reparto de los ingresos fiscales entre los Estados miembros, tal como también propone acertadamente el ponente.

Schmidt, Olle
Señor Presidente, Europa será pionera en el uso de Internet en la próxima década. Así se dijo en la reunión de Lisboa en la primavera pasada. Ésta es una meta excelente y necesaria. Es un objetivo muy razonable si se quiere ser competitivo y estar en la vanguardia. Por eso, los liberales compartimos el anhelo de la Comisión, pero nos cuesta entender su propuesta concreta.
Para que Europa llegue a ser el continente más dinámico y pueda sobrepasar al americano a la hora de atraer empresas de la nueva economía, tendremos que dar oportunidades al comercio electrónico. Europa necesita un mercado electrónico liberado del impuesto al valor añadido en lugar de burocracia y nuevos impuestos.
En concordancia con las normas vigentes, las empresas comunitarias que venden música, juegos de ordenador, programas de ordenador y servicios que se distribuyen electrónicamente, pagan impuestos en la UE si los compradores pertenecen a la Unión. Las empresas de otros países, ajenos a la comunidad, no pagan impuestos. Esas normas afectan la competencia y, obviamente, deben modificarse, pero la propuesta de la Comisión es un paso en una dirección equivocada. Las empresas no comunitarias son obligadas a registrar una filial al menos en un país comunitario para poder hacer negocios en la Unión.
En el informe se hacen algunos ajustes, como también ha hecho aquí el ponente, pero, de acuerdo a lo que hemos sabido, se comparten las ideas generales de la Comisión. Ésta no es una buena solución para Europa. Es una forma anticuada de pensar que no tiene cabida en la nueva economía. La propuesta pone a la UE a la zaga y en una situación difícil de controlar.
Para dar a la Europa del comercio electrónico una buena partida, el Grupo liberal propone que se rechace la propuesta de la Comisión y que los países miembros puedan liberar del IVA al comercio electrónico. Esta liberación debería regir hasta que se estudien con detenimiento las reglas del IVA para los servicios y mercancías suministrados por vía no electrónica y hasta que se hayan alcanzado acuerdos en el ámbito de la OCDE, o de otro foro internacional, sobre criterios fiscales comunes para el comercio electrónico.
Señor Presidente, dejemos que las experiencias del paquete de impuestos sirvan como ejemplo. Se necesitan criterios globales. Hay quienes se preguntan, señor Comisario, por qué los europeos siempre somos tan rápidos para fijar impuestos y establecer nuevas reglas. En la UE no se necesitan impuestos más altos sino que, por el contrario, más bajos.

Lipetz
Señor Presidente, creo que las sucesivas intervenciones de sus señorías del Grupo Liberal demuestran la complejidad del problema. Es difícil comprender por qué los liberales desean suprimir la fiscalidad del comercio electrónico y aplicarla al queroseno de los aviones. Creo que es importante tener criterios en este tema. Los aviones no son menos modernos que el comercio electrónico. Los discos compactos no son tan arcaicos y sería necesario imponerles una tasa, mientras los programas que circulan por Internet quedarían fuera de la imposición de una tasa.
Lo importante es saber, por una parte, si un sector muy importante de la actividad económica contribuye a hacer que funcionen los servicios públicos, y desde este punto de vista, la función de un impuesto como financiación del Estado es absolutamente incuestionable y no se puede eximir de ello al comercio electrónico. Por otra parte, la fiscalidad ha de ser decidida de forma que no estimule al consumidor a elegir las tecnologías más perjudiciales para el medio ambiente. Es actualmente ésta la situación que tenemos, cuando la falta de una imposición al queroseno favorece excesivamente a la aviación con respecto al ferrocarril, en un aspecto en el que el tren, por otras razones, como el ruido, o los atascos, debería verse favorecido en Europa. Estoy pensando en particular en el cuadrado Londres-París-Amsterdam-Francfort.
Creo que la posición adoptada en los dos informes García-Margallo y Marfil de imponer una tasa al comercio electrónico y al queroseno es excelente: les votaremos. Felicitaremos especialmente a la Comisión por la valentía con la que nos estimula en materia de impuestos internos de nuestra aviación. Dicho esto, pensamos de forma colectiva que sería necesario considerar otro impuesto, otra carga que la que soportan los carburantes, un impuesto a todas las compañías aéreas en el despegue y aterrizaje en los aeropuertos de la Unión Europea, de forma que se pueda escapar a la reglamentación internacional y que se pueda también imponer una tasa a nuestros competidores.

Schmid, Herman
Señor Presidente, puesto que el Sr. Sjöstedt no puede estar presente en la Asamblea, quisiera, en su nombre, decir algunas palabras sobre el informe relativo a la imposición sobre el combustible de aviación.
El tráfico aéreo aumenta considerablemente. Aunque sus emisiones constituyen una parte pequeña de la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, ellas aumentan con gran rapidez. Por eso, una de las claves de la política climática es encontrar métodos para la imposición sobre el combustible de aviación. Esto también crearía más justicia entre las diferentes clases de transporte.
La Convención de Chicago ha quedado obsoleta en este punto. Necesitamos acuerdos internacionales sobre los impuestos medioambientales en lugar de las prohibiciones sobre estos impuestos que contiene la convención. Por eso aplaudimos especialmente el punto 16 del informe que menciona la renegociación de la convención. Mientras tanto, sería conveniente un sistema de tarifas medioambientales comunitarias para el sector de la aviación. En este punto, la UE tiene la oportunidad de demostrar que ve con seriedad la política del clima.
Respaldamos el informe y las enmiendas de los Verdes, pero nos oponemos totalmente a las enmiendas del PPE.

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión Europea por la que se sujeta al IVA la compra de productos digitales descargados directamente de la red en empresas no comunitarias por consumidores residentes en la Unión Europea, representa un duro golpe para el crecimiento del comercio electrónico. El objetivo que la Comisión querría alcanzar es eliminar la desventaja de las empresas europeas de comercio electrónico, cuyas servicios a los consumidores europeos ya están sujetos al IVA. Sin embargo, la solución que se propone está destinada a ser técnicamente inviable y a poner cortapisas a la promoción de las transacciones por Internet en la Unión, precisamente cuando todos auguran su expansión.
Desde distintas partes, incluso dentro del Consejo que ha tomado la decisión de ganar tiempo, se ha subrayado que la propuesta es débil y presenta carencias que plantean numerosas objeciones. Sólo mencionaré algunas de ellas: las medidas adoptadas parecen inaplicables sin una eficaz cooperación de los demás países, en particular los Estados Unidos que, hoy por hoy, no están por la labor. ¿Qué sucede si una empresa de Europa oriental no se registra en Europa a efectos del IVA? ¿Acaso se piensa ennegrecer su sitio o perseguir a sus usuarios que continuarán descargando archivos de sitios de fuera de la Unión? La ventaja acabará por favorecer a las empresas que con relativa facilidad y con una casi segura impunidad no cumplirán la obligación de registrarse.
¿Cómo puede una empresa que se dedica al comercio electrónico estar segura de la residencia declarada de sus clientes? Si el criterio europeo de obligación de registrarse tiene que tomarse como modelo a escala internacional para gravar el comercio electrónico, las empresas que lo practican, incluidas las europeas, estarían obligadas a registrarse en decenas y decenas de países, con gastos financieros cada vez más disparatados, especialmente para las empresas más pequeñas. También se podría añadir algo más, por ejemplo, en cuanto a la opción de gravar como servicio cualquier servicio prestado por vía electrónica y demás. Asimismo es incomprensible este celo por rentas imponibles e ingresos fiscales irrelevantes.
La Comisión debería, por el contrario, emplearse a fondo para que en el ámbito de la OCDE o de la OMC se llegue a una definición conjunta y definitiva de los criterios de imposición del comercio electrónico. Por estas razones, vamos a votar en contra de este informe.

Titford
Señor Presidente, son muy pocos los temas que despiertan tanto interés entre el creciente grupo de euroescépticos del Reino Unido como el IVA, por ser éste uno de los ejemplos concretos de injerencia de la Unión Europea en los asuntos tributarios nacionales. El impuesto en sí encarna muchas de las características de la Unión Europea que la hacen tan impopular en mi país: es complicado, burocrático, difícil y caro de administrar y, al menos en el Reino Unido, ha sido puesto en vigor por un cuerpo de inspectores draconiano e impopular.
Respecto al informe del Parlamento, estoy en total desacuerdo con prácticamente cada palabra. No logro comprender, por ejemplo, por qué la introducción del euro exigiría una mayor o incluso una coordinación de los tipos del IVA. No considero que la introducción de un sistema común de IVA sea una prioridad y no estoy de acuerdo con que la introducción de un sistema común sea necesaria desde hace mucho tiempo. Es más, nada nos agradaría tanto a mí, a mi partido y a la gran mayoría de los empresarios del Reino Unido que la abolición total del IVA. Preferiríamos un impuesto más sencillo para gravar la venta al por menor de productos. Asimismo, preferiríamos poder decidir sobre nuestros propios impuestos y rechazamos la idea de un régimen fiscal común.
Por consiguiente, respecto a la propuesta de la Comisión de ampliar el plazo para la introducción de la reforma, sólo puedo expresar mi neutralidad. Pero en lo que respecta a una reducción de dicho plazo, como propone el ponente, debo oponerme.

Ilgenfritz
Señor Presidente, Señorías, los sistemas fiscales de la Unión están perdiendo garra y capacidad de recaudación. Por un lado, se han vuelto tan complejos que su manejo plantea dificultades hasta para los expertos. Existen demasiados impuestos particulares y demasiado complejos. Los ciudadanos se sienten presionados por el Estado, pues las cargas fiscales vigentes, que ya plantean dificultades a los expertos, les resultan incomprensibles. El ciudadano considera automáticamente injustos unos gravámenes que no entiende. Su reacción es lógica: se niega a pagar impuestos.
El contribuyente no debe evadir necesariamente el pago de impuestos para conseguir su propósito. Muy a menudo se reduce el rendimiento personal, pero también se transfieren ciertas actividades al extranjero. Nuestro objetivo no puede ser, por lo tanto, seguir alimentando esta espiral nacional negativa con la creación de nuevos impuestos, los llamados impuestos europeos. Tenemos que comprender que el esfuerzo que están dispuestos a realizar nuestros ciudadanos sólo mejorará si en Europa vuelve a merecer la pena esforzarse y trabajar.
Ya sabemos cuáles son los datos indicativos: un gran número de nuestros Estados miembros presenta déficits presupuestarios con una tasa de impuestos y cotizaciones superior al 45%. La situación es distinta en los Estados Unidos, donde con una tasa inferior al 30% se consiguen excedentes presupuestarios de varios centenares de miles de millones de dólares. Nuestro objetivo debe ser, por lo tanto, desbrozar y simplificar nuestros sistemas fiscales y no aumentar, sino reducir, los impuestos. En consecuencia, debemos rechazar la imposición de los combustibles de aviación. La sexta directiva relativa al impuesto sobre el valor añadido se tiene que simplificar y, como mucho, se debería establecer un tipo impositivo máximo, pero de ningún modo un tipo mínimo. Es decir que también tendría que ser posible aplicar un tipo cero a la prestación de servicios electrónicos.

Villiers
Estoy en contra del llamamiento que hace la Sra. Torres Marques en favor de la armonización del IVA, pero en realidad quisiera referirme al informe García-Margallo sobre el comercio electrónico. Aunque aplaudo los heroicos esfuerzos del Sr. García-Margallo en el tema del combustible de aviación, me temo que no puedo estar de acuerdo con su posición sobre el IVA y el comercio electrónico, porque creo que la propuesta de la Comisión envía la señal equivocada. Deberíamos estar buscando medios para fomentar el comercio electrónico y no idear nuevas formas de gravarlo. La situación de facto de exención fiscal de gran parte del comercio electrónico en los Estados Unidos ha tenido sin duda enormes consecuencias para el fomento de la nueva economía y su formidable éxito en los Estados Unidos. Este impuesto no se puede hacer cumplir, por qué deberíamos malgastar tiempo, dinero y esfuerzos en la creación de un impuesto que no se puede recaudar.
El día que un respetable "punto.com" comience a cobrar el IVA, un "punto.com" menos respetable comenzará a vender exactamente los mismos productos sin IVA y los clientes acudirán a él. La propuesta es discutiblemente incoherente con el Acuerdo de Ottawa, porque establece tipos impositivos diferentes para los productos que se venden por vía electrónica y aquellos que se venden por vía no electrónica, como por ejemplo, los periódicos que gozarían de un tipo reducido en su forma de entrega física. Para las empresas que operan a través de la vía electrónica será prácticamente imposible averiguar la situación del IVA de sus clientes, así como averiguar si sus clientes tienen su base de operaciones en la Unión Europea, si se trata de empresas o no. Y a medida que nos acercamos cada vez más al dinero electrónico, incluso la comodidad de tener una dirección de facturación para las tarjetas de crédito dejará de estar disponible para las empresas que operan por vía electrónica, cuando éstas intenten asegurarse de si deben cargar o no el IVA a un cliente en particular.
El importe de los ingresos de los que estamos hablando es, por el momento, muy pequeño. No existe necesidad de precipitarse hacia esta legislación. Estamos hablando del futuro de la economía de Europa, el futuro de su e-economía, tomémonos el tiempo necesario para que esta propuesta quede bien. Quisiera pedir a la Comisión que se replantee la propuesta y que piense en una vía alternativa. La opción preferible en mucho es la de tipo cero para las e-empresas europeas, de cara a situarlas en igualdad de condiciones que las empresas estadounidenses y de otras partes del mundo.

Goebbels
Señor Presidente, este debate me da ocasión para analizar a título personal el expediente de la fiscalidad.
Adoptar la decisión de recaudar impuestos y tasas es uno de los fundamentos de cualquier sociedad organizada. No hay Estado sin impuestos. No es sorprendente que la Cumbre de Niza haya confirmado el principio de la unanimidad para todas las decisiones en materia fiscal.
La Cumbre de Edimburgo limitó las contribuciones al presupuesto comunitario al 1,27% del producto interior bruto europeo. El presupuesto de la Unión para el próximo año estará más cerca del 1% que de este límite máximo. Eso es poco, muy poco.
Todos los Estados redistribuyen al menos el 30, con frecuencia el 40 y a veces más del 50% de su riqueza nacional creada en el año. Nadie puede definir el nivel óptimo de los impuestos obligatorios.
Los liberales nos dicen que es necesario el menor Estado posible. Como ejemplo se pone a Estados Unidos. El presupuesto federal no redistribuye más que un tercio del PIB americano. En Europa, los impuestos obligatorios incluyen amplias transferencias para la financiación de las jubilaciones y los servicios sanitarios. En Estados Unidos, la protección social depende por el contrario ampliamente del sector privado. Así, los servicios sanitarios, liberalizados, que cuestan a los americanos el equivalente del 14% de su PIB, contra el 8 o el 9% en los países europeos. ¿No sería necesario sumar estos costes de salud a los Estados Unidos si se pretende comparar los niveles de impuestos en ambos lados del Atlántico?
Sea como sea, este rodeo me ha permitido constatar que la solidaridad organizada mediante el presupuesto americano es treinta veces más importante que la solidaridad organizada mediante el presupuesto comunitario. Sin solidaridad comunitaria amplia, pero que no pueda hacerse más que sobre la base de una estructura federal poco probable para un futuro previsible, los Estados de la Unión se verán obligados a conservar el control de su fiscalidad.
Reconociendo esta realidad, nuestra Unión deberá, y podrá, coordinar la fiscalidad de Europa. Coordinar, armonizar, no significa uniformizar. La competencia fiscal está en el interés de los ciudadanos y la economía. Los Estados Unidos, la Confederación Helvética, conocen un mercado interior que funciona con una fiscalidad que varía ampliamente entre los Estados americanos y entre los cantones suizos. La local sales tax americana puede variar entre cero y diez puntos, aunque la diferencia entre Estados vecinos sea generalmente de un máximo de cinco puntos. Ello demuestra con toda evidencia que Europa no necesita de un tipo de IVA uniforme. Son necesarios impuestos mínimos, eventualmente un impuesto máximo, pero es necesario dejar a los Estados un margen que les permita políticas macroeconómicas propias. Es necesario luchar, evidentemente, contra toda competencia fiscal desleal, sobre todo en lo que respecta a la fiscalidad de las empresas.
El grupo Primarolo ha elaborado unas reglas sencillas que es necesario aplicar. Es importante luchar contra el blanqueo de dinero, contra la criminalidad organizada, contra el fraude fiscal. Esto ya se está haciendo, incluso con los Estados que disponen del secreto bancario.
Por consiguiente, estoy a favor de normas comunes, de umbrales de imposición mínimos. Una retención en origen a los productos del ahorro es aceptable, a condición de que sea razonable y liberadora. La imposición al ahorro es mal aceptada por muchos de nuestros conciudadanos porque tienen la impresión de que se les grava una doble imposición. El que gasta sus ingresos paga el IVA; el que ahorra el producto de sus ingresos ya gravados debe, en la lógica de Ecofin, pagar una retención en origen y será por lo demás gravado por vía de base tributaria.
Deseo un impuesto en origen uniforme y liberador. Éste podría asignarse como un recurso directo al presupuesto comunitario. Las contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión deberían reducirse otro tanto. Esa manera de proceder ahorraría a Europa el sistema burocrático del intercambio de información concebido en Feira. Este sistema corre el riesgo por otra parte de conducir a una total renacionalización de la fiscalidad europea, ya que cada Estado podrá, en 2010, fijar su impuesto nacional como le parezca conveniente. Los demás Estados deberán simplemente proporcionar las informaciones necesarias para la imposición nacional.
Para mí, Feira no es un progreso, sino una regresión en materia de una necesaria coordinación fiscal en Europa.

Knörr Borràs
Señor Presidente, es realmente enternecedor escuchar alegatos pretendidamente angelicales a favor de promover el comercio electrónico, pero aquí el problema que tenemos es el de una desventaja competitiva real de nuestras empresas europeas, y el de corregir esta situación mediante el establecimiento de unas determinadas reglas del juego, de manera que todos los servicios prestados a particulares por vía electrónica en la Unión Europea estén sujetos a IVA.
Así, para que los operadores de fuera de la Unión estén sujetos a las mismas obligaciones fiscales que los operadores domésticos cuando procuran servicios a los consumidores, deberán registrarse a efectos de IVA en un Estado miembro de su elección, siendo el tipo de IVA del Estado elegido el aplicado a sus operaciones.
En la Comisión de Asuntos Económicos debatimos el asunto y hubo quienes se pronunciaron por la exención fiscal para este tipo de servicios, argumentando que así se eliminaría la desventaja competitiva. Yo creo que este argumento es falaz. Es un argumento impropio y no acorde con la legislación europea, además de producir agravios comparativos con los servicios prestados por otros medios. Y, además, no es verdad que en los Estados Unidos se haya introducido una moratoria en la fiscalidad de los servicios electrónicos.
Apoyamos, por lo tanto, la propuesta de la Comisión en su conjunto y el excelente trabajo del Sr. García-Margallo y Marfil. Personalmente propuse una enmienda sobre armonización de tipos de IVA tendente a corregir los efectos de competencia desleal derivados de la facultad de elección, por parte de los operadores foráneos, a la hora de registrarse, dado que existe para ellos una banda muy amplia -entre el 15 y el 25%- en el tipo de IVA, mientras que los operadores domésticos no pueden elegir.
Entiendo, sin embargo, que se ha encontrado una solución mejor para compensar a los Estados miembros por las pérdidas de ingresos por IVA causadas por estas diferencias de tipos, solución que encuentro satisfactoria.
Como objeción, el Grupo que represento en esta Asamblea opina que se debería corregir el hecho de que, mientras los periódicos disfrutan normalmente de tipos de IVA reducidos, esta reducción no sea de aplicación a los periódicos por vía electrónica.

Sommer
Señor Presidente, francamente ya parece haber llegado con creces el momento de introducir la imposición del combustible de aviación. En realidad, resulta inexplicable que todos los demás combustibles estén sujetos a una fuerte tributación, pero no así el queroseno, a pesar de que justamente el transporte aéreo presenta una enorme tendencia creciente, tanto en el ámbito del transporte de mercancías como en el de pasajeros. Este incremento aparece asociado también a un aumento de la tasa de emisión de gases de invernadero y de ruido. La imposición de los combustibles persigue varios fines. Por un lado, estos impuestos contribuyen, naturalmente, como todos los demás, a financiar los presupuestos estatales. Por el otro lado, también persiguen, no obstante, el objetivo regulador de reducir el consumo de combustible, es decir, el consumo de fuentes de energía fósiles, así como la emisión de gases de invernadero.
Estos impuestos siempre plantean, por lo tanto, a la industria el reto de producir vehículos que consuman menos combustible. Esto es justamente lo que deseamos conseguir también en el caso de los aviones. ¿Por qué no ha de tributar el combustible de aviación, al menos de ahora en adelante? En definitiva, también se trata de suprimir el trato desigual que reciben los diferentes medios de transporte. Es cierto que la situación no es, sin embargo, tan sencilla. El transporte aéreo cubre distancias más largas que cualquier otro medio de transporte y, sobre todo, también atraviesa fronteras, incluidas las fronteras de la Unión Europea. Los aeropuertos de la UE ya mantienen una intensa competencia ahora, en ausencia de una imposición del queroseno. Ésta se explica fundamentalmente por la diferencia entre las normas de ámbito regional que regulan los vuelos nocturnos, que afectan sobre todo al transporte de mercancías. La presión de la competencia de precios a que están sujetas las compañías aéreas por este solo motivo ya es enorme. Si ahora introdujésemos en solitario la tributación del combustible de aviación en Europa, los operadores europeos prácticamente ya no podrían competir con las compañías aéreas no europeas. Destruiríamos el mercado europeo. La imposición del queroseno sólo se puede introducir, por lo tanto, mediante un consenso internacional que permita garantizar la igualdad competitiva. Europa debe hacer un esfuerzo para conseguirlo, aunque el camino será largo y difícil. Sin embargo, mientras tanto existen ciertamente otras posibilidades reguladoras; una de ellas serían, por ejemplo, la imposición de tasas de despegue y de aterrizaje vinculadas a las emisiones en todos los aeropuertos europeos. Éstas afectarían a todas las compañías aéreas, tanto europeas como no europeas. Sería una medida neutral desde el punto de vista de la competencia.

Skinner
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por la celeridad con que ha elaborado su informe sobre el IVA y el comercio electrónico. Creo que los comentarios que he escuchado hoy en la Asamblea casi nos llevan a pensar que no necesitamos este tipo de informe, pero naturalmente sí lo necesitamos. Siempre nos resulta tentador compararnos con los Estados Unidos y afirmar que, puesto que ellos no pueden encontrar una solución satisfactoria, tampoco podremos nosotros. Pero lo cierto es que el IVA sobre productos y servicios se aplica en toda la Unión Europea. Ese impuesto ya existe. Ese impuesto no es nuevo y debe aplicarse. Y debe aplicarse también a Internet. De lo contrario, ¿qué ocurriría? Ya se ha hecho referencia al tema de la competencia desleal. ¿Por qué el sector de la venta al por menor debería verse tan perjudicado y sufrir las consecuencias para que otro sector crezca? Si es que realmente puede verse afectado por lo que sugiere la propuesta, cosa que dudo.
Asimismo, esta propuesta se ajusta, tal como yo la veo, a los principios acordados en ECOFIN, que a su vez se ajustan a los principios de la OCDE reconocidos en la Conferencia de Ottawa. El lugar de origen en el que debe aplicarse el impuesto es motivo de preocupación y creo que las deliberaciones en torno al número de países que cumplirían las condiciones para que las empresas puedan registrarse en ellos será un tema espinoso y, naturalmente, provocará una queja de los Estados Unidos ante la OMC. Pero no creo que el comercio electrónico vaya a ser aplastado por la repentina aplicación del IVA, como si de un ogro se tratara. Creo que el auténtico problema es que las empresas de venta al por menor de la UE continuarán sufriendo las desventajas que sufren en la actualidad.
Resulta divertido oír algunos de los comentarios que se están haciendo hoy en la Asamblea, pero sin duda también resulta divertido recordar que el tipo de sociedad de las tarjetas de crédito, de la que quizá forman parte personajes como los que aparecen en la popular serie de televisión "Trotters Independent Trading Company" en el Reino Unido, sea el que defienden algunos desde la otra parte de la Asamblea. ¿Terminaremos teniendo ese tipo de sociedad de las tarjetas de crédito, con un comercio electrónico disfrazado de vaquero que puede hacer lo que le plazca? No lo creo. Ése no es el modo en que debemos organizar la sociedad y por ello creo que la presente propuesta es excelente.

Lucas
Señor Presidente, quisiera saludar calurosamente el informe sobre la imposición del combustible de aviación porque aborda de lleno el hecho de que la aviación es la fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que crece con mayor rapidez y porque la actual exención de la aviación del impuesto sobre el combustible, lejos de desalentar dichas emisiones, en realidad fomenta y potencia artificialmente el sector de la aviación y el daño al medio ambiente que conlleva.
Acojo con especial satisfacción el hecho de que el informe refuerce uno de los argumentos clave que presenté en mi informe en nombre de la Comisión de Transportes y que fue sometido a votación en este Parlamento hace unos meses, a saber, que habida cuenta de que sin duda es políticamente difícil alcanzar un acuerdo internacional sobre la tributación de la aviación, al menos a corto plazo, deberíamos buscar herramientas alternativas para lograr el mismo efecto, incluida una tasa por las emisiones. Dicha tasa podría ser impuesta a todos los vuelos que aterricen o despeguen de aeropuertos de la Unión Europea, a todas las compañías aéreas, y se han realizado muchas investigaciones que demuestran que esta medida no tendría efectos negativos sobre la competencia. Podría aprobarse muy rápidamente sin necesidad de un consenso internacional y permitiría realizar avances significativos hacia la internacionalización de los costes medioambientales.
La importancia de seguir avanzando con rapidez en este tema es obvia. Las previsiones de crecimiento de la aviación en todo el mundo son aterradoras. Las cifras oficiales apuntan a una duplicación del número de pasajeros en apenas quince o veinte años, y si analizamos lo que eso significa únicamente en términos del Reino Unido, para poder atender una demanda de esa magnitud, necesitaríamos cuatro nuevos aeropuertos como el de Heathrow u ocho nuevos aeropuertos como el de Gatwick. Eso sería a todas luces inaceptable tanto desde una perspectiva política como medioambiental.
Por tanto, en vez de intentar suplir la demanda prevista, debemos intentar gestionar y reducir dicha demanda garantizando que el precio de la aviación refleja más fielmente su coste medioambiental. Cuando los billetes de avión son un 42% más baratos hoy que hace diez años, es evidente que la política de precios es equivocada. Carece por completo de sentido que yo pueda viajar de Londres a Bruselas ida y vuelta por apenas 89 libras en Virgin Airways, por ejemplo, mientras que cuando utilizo Eurostar, que produce muchos menos gases de efecto invernadero y ofrece un modo de viajar mucho más cómodo, deba pagar el equivalente a unas 250 libras por un viaje similar.
Por tanto, para terminar, es hora de que adoptemos medidas en este ámbito y si no hacemos algo al respecto sin pérdida de tiempo, nuestros esfuerzos para intentar reducir las consecuencias del cambio climático serán inútiles.

Foster
Señor Presidente, esta tarde quiero expresar mi preocupación por la propuesta relativa a la imposición del combustible de aviación. Aunque el informe reconoce que no es posible imponer a nivel internacional un impuesto sobre el queroseno debido a la exención estipulada en el Convenio de Chicago, la introducción de un impuesto semejante a nivel intracomunitario o bilateral acarrearía graves perjuicios a la industria de la aviación del Reino Unido y de toda Europa. No sólo incrementarían nuestras tarifas aéreas de manera espectacular - posiblemente en unas 80 libras por billete, lo que representaría una amenaza para la supervivencia de las compañías aéreas más pequeñas - sino que el daño afectaría asimismo a la industria aeroespacial, al turismo, a las empresas y, naturalmente, al transporte aéreo de mercancías, que actualmente mueve una tercera parte del transporte mundial de mercancías.
No es cierta la afirmación de que la aviación no soporte sus costes. En realidad, la industria paga el 100% de sus costes de infraestructura a través de las tasas de control de tráfico aéreo y de aeropuerto, que en 1998 se elevaron a un total de 4.000 millones de dólares USA; a diferencia de otros medios de transporte, como el ferrocarril o la carretera, que siguen estando fuertemente subvencionados. Hay que reconocer estos hechos. Por otra parte, imponer este impuesto aportaría escasas ventajas al medio ambiente, como quedó demostrado con la introducción del impuesto para los pasajeros aéreos en el Reino Unido. La aviación es responsable del 2,5% de las emisiones de CO2 en todo el mundo. Otros enfoques, como el de la actividad comercial y las compensaciones, serían más ecológicos y aportarían mejores resultados.
Por último, estas medidas destruirían la competitividad de la industria europea con respecto al resto del mundo y además ocasionarían la pérdida masiva de puestos de trabajo. Por tanto, en lo que a mí respecta, seguiré hablando a favor de una industria que a menudo es señalada como el gran lobo feroz. El presente informe está mal construido por parte de la Comisión y de este Parlamento. El público en general merece algo mejor.

Berès
Señor Presidente, este debate ve cómo resurgen viejos demonios. Están los que se oponen a cualquier imposición, incluida la del comercio electrónico. Están aquéllos que, en lugar de intentar resolver la cuestión a nivel europeo, piensan que sigue siendo mejor remitirla a otras instancias para no resolverla. Pienso en especial en la intervención del Sr. Dell'Alba. Están aquellos, como el Sr. Titford, que defienden con vigor su interés nacional, que prefieren la competencia fiscal a la coordinación europea. No formo parte de ellos. Creo, al igual que el Sr. Skinner, que las propuestas del ponente, Sr. García-Margallo y Marfil, relativas al IVA aplicado al comercio electrónico son buenas. Pensamos que la evolución de las técnicas nos obliga a revisar nuestro sistema fiscal.
La situación actual no es favorable. En concreto, cuando un francés compra un programa informático a una empresa americana, está exento de IVA, mientras que un americano que realiza una adquisición parecida en una empresa francesa debe pagar los impuestos en vigor en Francia. Veo para la empresa americana una doble ventaja de competencia. No estoy segura de que sea el mejor medio para dar apoyo a nuestra propia industria del comercio electrónico. Ahora bien, parece que hay muchas voces, incluso en este hemiciclo, que se han alzado para apoyar esta industria.
La distorsión de competencia entre Estados miembros y Estados terceros no nos parece aceptable. Las propuestas de la Comisión permiten progresar en la vía de una mayor coordinación y van en el buen sentido. Viene a continuación el argumento según el cual un sector debería librarse del impuesto porque está en pleno crecimiento. No estoy de acuerdo. En fin, se ha hablado de propuestas que hubiera podido hacer la Presidencia francesa para que la imposición se hiciera en el lugar de consumo, con una obligación para los prestatarios de estar registrados en todos los Estados miembros. La propuesta de nuestro ponente se une a las propuestas de la Comisión para una inscripción única en un Estado miembro. Si esto puede ser la base de un compromiso, sería posiblemente un buen compromiso, a condición de que no se introduzca con este método una distorsión de competencia por las diferencias de tipos de IVA aplicables en nuestros diferentes Estados miembros. El mecanismo de precaución que propone nuestro ponente va en este sentido. Esta es la razón por la cuál, con los demás miembros de mi Grupo, le daré mi apoyo.

Liese
Señor Presidente, yo quiero agradecer al ponente, Sr. García-Margallo y Marfil, el trabajo que ha realizado. Por mi parte, voy a referirme sólo a la imposición del combustible de aviación. En este mismo momento, paralelamente a esta sesión, estamos manteniendo conversaciones con el Director General Currie sobre los resultados de las negociaciones de La Haya. En este contexto es preciso constatar, lamentablemente, que las emisiones del tráfico aéreo constituyen un problema que, aunque porcentualmente no sea demasiado grande, se está incrementando mucho y, por lo tanto, no deberíamos desdeñarlo.
Sin embargo, primero tenemos que ponernos de acuerdo, pues en la Asamblea existe una gran diversidad de opiniones en cuanto al método que querríamos seguir para abordar este problema. Yo creo que existe un consenso en lo que respecta a la enorme dificultad de alcanzar una solución de alcance mundial, si bien lo óptimo sería que lo consiguiésemos. Ahora algunos -incluida también la mayoría de la comisión competente- se muestran partidarios de establecer un impuesto europeo y el ponente observa, con razón, que éste sólo nos permitiría atacar una pequeñísima parte del problema y, sobre todo, crearía grandes dificultades para la industria. Por esto, yo creo que existen buenas razones para contemplar con escepticismo esta solución, aun cuando también dentro del Grupo del PPE existe diversidad de pareceres. Sé que en mi país, mi partido se pronunciaría decididamente a favor de un impuesto europeo, pero yo creo que ha llegado el momento de que intentemos aproximar seriamente nuestras posiciones y procuremos conseguir el máximo impacto a favor del medio ambiente con la menor distorsión posible de la competencia para la industria europea.
Convendría examinar seriamente la propuesta de las tasas de despegue y aterrizaje vinculadas a las emisiones, ya que permitiría incluir también a los aviones americanos y japoneses que aterrizan en Amsterdam, Londres, París o Francfort y, por lo tanto, tendría un mayor impacto sobre la protección del medio ambiente y distorsionaría menos la competencia. Podría plantear algún problema con la OMC, pero yo creo que es tarea de la Comisión intentar alcanzar, como parte de las negociaciones en el marco de la OMC, una solución que sea compatible con sus normas y que a poder ser también se pueda aplicar a los demás socios.

Tannock
Señor Presidente, considero del todo inadecuada la idea de establecer unilateralmente regímenes fiscales sobre el combustible de aviación en la Unión Europea, habida cuenta de que, a nivel mundial, seguimos estando sujetos al Convenio de Chicago de 1944, que exime internacionalmente de tributación al queroseno. La medida situaría en posición de desventaja a las compañías aéreas europeas en relación con aquéllas de terceros países y distorsionaría las estructuras de tarifas intracomunitarias con respecto a las intercontinentales.
Aunque la expansión del tráfico aéreo y las consecuencias para el medio ambiente del calentamiento del planeta y la contaminación son problemas graves e importantes, creo que sería más eficaz intentar atajar dichos problemas dentro de un marco internacional. Si centramos nuestra atención con estrechez de miras únicamente en las actividades que se desarrollan en la Unión Europea, corremos el riesgo de perjudicar a nuestra industria sin lograr avanzar en la tan necesaria reducción de las emisiones.
Este mismo problema de intentar imponer una solución regional a un problema global surge con la espinosa cuestión del IVA sobre los servicios electrónicos digitales. Imponer el IVA a los proveedores de terceros países, en su mayoría estadounidenses, no sólo es poco práctico, sino que además, en el caso de los periódicos y los libros, da lugar a desigualdades entre los mismos productos vendidos por vía electrónica en detrimento de aquéllos vendidos en una tienda. Además, intrínsecamente, no es posible imponer ni recaudar dicho impuesto, a menos que esté regulado a nivel internacional, porque no hay ninguna duda de que los servidores se establecerían en terceros países fuera de la jurisdicción de la UE. El plan será perjudicial para el desarrollo de las PYME, tanto de dentro como de fuera de la Unión, especialmente habida cuenta de la propuesta de reducir el umbral de exención al nivel prohibitivamente bajo de facturación de 40.000 euros anuales. Personalmente estoy a favor del tipo cero de IVA para todos los servicios digitales hasta que por fin se alcance un acuerdo internacional.
Por último, el informe Torres Marques sobre el tipo normal mínimo del IVA representa una armonización fiscal encubierta y amenaza el tipo cero que existe en el Reino Unido para ropa de niños, alimentos y prensa. Como Conservador británico no puedo por menos que lamentar los altos tipos de los impuestos indirectos que existen en toda la Unión Europea y espero que con el fomento de la competencia fiscal podamos presionar a nuestro Gobierno Laborista para que los baje en el Reino Unido.

Karas
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Goebbels se ha referido al acuerdo de Feira y ha expresado una opinión muy crítica al respecto. Yo tampoco puedo sumarme a la euforia y los aplausos que se han escuchado en muchos sectores. Permítanme que comente sólo dos aspectos.
Por una parte, en Austria, la imposición final de los rendimientos del capital ha dado muy buenos resultados. Ésta genera seguridad jurídica para todos los ahorradores y ciudadanos individuales. Sin embargo, a mí me parece que sólo en el marco de la OCDE, y no mediante negociaciones individuales puntuales, será posible alcanzar una solución que no provoque una salida de capitales de Europa.
En segundo lugar, quiero referirme muy brevemente a las propuestas relativas a los servicios prestados por vía electrónica, fundamentalmente aquellos que se obtienen directamente a través de Internet, así como los servicios de radio y televisión. Yo creo que en este contexto debemos evitar generar cualquier tipo de desventaja competitiva en Europa. Sin embargo, más allá de esta posición en principio positiva, quiero señalar que la propuesta de la Comisión parece prematura y en parte también poco meditada, si se consideran las numerosas cuestiones todavía pendientes.
Las posibilidades de aplicar el texto actual parecen, además, muy dudosas; a mi parecer, sería más prudente regular la aplicación del IVA a escala de la OCDE, aun cuando en ese contexto posiblemente se deba basar sólo en un código de conducta.
En tercer lugar, la UE no se debería precipitar a adoptar normas jurídicas y debería hacer todo lo posible para fortalecer el comercio electrónico, en lugar de generar inseguridad.

Kauppi
Señor Presidente, distinguido Comisario, Sr. Bolkstein, desde el punto de vista del futuro de Europa, es absolutamente indispensable que todas las partes integrantes de la sociedad de la información europea estén en igualdad de condiciones con los agentes del sector de los países externos a la Unión Europea. Nosotros, los responsables de las decisiones políticas de la UE, no debemos debilitar con nuestras acciones la competitividad de Europa, sino que, tal y como dijo, por ejemplo, el Sr. Schmidt en su intervención, debemos cumplir los puntos acordados en Lisboa y reforzar por todos los medios el dinamismo de la Unión Europea. Si somos demasiado codiciosos al afrontar la cuestión que nos ocupa, estaremos poniendo realmente en peligro el futuro del importante comercio electrónico en Europa.
Naturalmente, estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con todos los colegas que han intervenido aquí hoy en que la competencia desleal existente ahora en estos mercados debe ser corregida lo antes posible. Los efectos distorsionantes pueden ser eliminados de dos maneras: 1) bien estableciendo que las empresas provenientes de terceros países estén sujetas a las mismas obligaciones fiscales que las empresas europeas, o bien, 2) eximiendo también del pago del IVA a las empresas europeas de este sector en incipiente desarrollo, aunque sea de forma provisional. En cuanto a la susodicha propuesta de la Comisión, considerando los diversos problemas aún sin solución mencionados por muchos de los oradores y que se derivan, entre otras cosas, del control del sistema, de la certificación de la residencia fiscal o del justo reparto de los impuestos recaudados, estoy convencida de que, por el momento, sería más razonable adoptar la línea que quedó en minoría durante los trabajos preparatorios de la comisión parlamentaria. Así pues, apoyo a todos los que quieren una exención fiscal provisional para las empresas europeas en lo concerniente a los productos del comercio electrónico.
Tampoco comprendo muy bien los alegatos a favor de que los productos ofrecidos por vía electrónica sean tratados del mismo modo que los productos tradicionales. La Sra. Randzio-Plath, por ejemplo, hizo esta afirmación. Yo creo que son dos cosas completamente distintas leer la prensa de la mañana en la terraza de una cafetería, que hacerlo por Internet en la pantalla del ordenador del despacho. Se trata de un producto diferente.

Bolkestein
. (NL) Señor Presidente, quisiera comenzar con la imposición del IVA sobre los servicios electrónicos. Este tema ha recibido mucha atención los últimos meses desde la propuesta de la Comisión del 7 de junio de este año. Soy consciente de que determinados miembros se ven desbordados con opiniones encontradas. Desde la introducción, el Parlamento y el Consejo han realizado grandes esfuerzos. A pesar de que estoy convencido de que la propuesta de la Comisión que sigue encima de la mesa constituye un punto de partida adecuado, también constato que el Parlamento y el Consejo participan de forma constructiva. Constituye una base adecuada para continuar las negociaciones.
Quiero expresar mi agradecimiento especialmente al señor García-Margallo y Marfil por su contribución y por las ideas positivas que se incluyen en su informe. El Grupo de Asuntos Financieros del Consejo se ha ocupado de forma intensiva de la cuestión del IVA y del comercio electrónico. Los resultados de la negociación se debatieron en el ECOFIN de finales de noviembre. Creo que las conclusiones de los ministros constituyen un paso en la dirección adecuada. El Consejo ha alcanzado un consenso en torno a las siguientes líneas maestras: los servicios electrónicos deben gravarse en la Comunidad siempre que el consumo se produzca en la Comunidad. No se gravaran en la Comunidad si el consumo se produce en el exterior. El punto de partida de que los proveedores de fuera de la Comunidad que suministren a clientes dentro de la Comunidad sólo deben registrarse en un lugar no puede suponer un desplazamiento de los ingresos fiscales entre los Estados Miembros. Por lo tanto, se deben adoptar medidas para evitar esta situación. En términos generales, se admite que se debe tratar de encontrar una solución en la que los proveedores de fuera de la comunidad sólo se deban registrar en un único lugar, lo que constituye un requisito imprescindible para la Comisión. En este sentido, quisiera hacer algunas observaciones en torno a la interpretación posterior.
La idea del ponente de desarrollar un mecanismo para evitar perturbaciones como consecuencia de las diferencias tarifarias cuenta con el apoyo de la mayoría de los Estados Miembros. Creo que lo anterior puede combinarse con la propuesta inicial de la Comisión de un único registro sin generar barreras burocráticas para las empresas. Quisiera recalcar que nos estamos refiriendo a un sistema de redistribución de las recaudaciones y no al reparto de las mismas. El sistema de redistribución de las recaudaciones deberá elaborarse de forma más detallada. Resulta positivo que exista un criterio objetivo y claro, concretamente el Estado Miembro en el que resida el consumidor. De esta forma se evita la complejidad derivada de la aplicación de criterios macroeconómicos o similares. A pesar de que no espero que surjan problemas técnicos sin solución, a lo largo de los próximos meses se deberá dedicar mucho tiempo a la elaboración en detalle y especialmente a la base legal que permita recaudar impuestos en todos los Estados Miembros mediante una sola declaración. Como de costumbre, debemos encargarnos de que la solución elegida no despierte temores fuera de la Comunidad en lo que respecta a los proveedores que no tengan su sede en la misma. En este sentido, creo que el Consejo deberá analizar de nuevo los importes umbrales para el registro y evaluar si se puede lograr una solución equitativa. Sin embargo, aún se deben regular una serie de comercios minoristas. Creo que bajo la presidencia francesa se han logrado grandes avances y estoy convencido de que Suecia proseguirá este camino en el año 2001.
Teniendo en cuenta que el debate en el seno del Consejo aún prosigue y la voluntad de la Comisión de zanjar de forma adecuada la cuestión del IVA y del comercio electrónico a corto plazo, creo que lo mejor en este momento es no asumir formalmente las propuestas de modificación del Parlamento, sino hacerlas realidad en la medida de lo posible a través de las negociaciones en el seno del Consejo. Sin embargo, existe un aspecto en el que no estoy de acuerdo con la opinión del Parlamento y, concretamente, en lo que respecta a la introducción de una tarifa reducida o incluso nula para los servicios electrónicos, una idea que esta tarde han citado varios parlamentarios.
El IVA es un impuesto general sobre el consumo. Existen escasas exenciones para el IVA y las que existen se introdujeron generalmente por motivos culturales o sociales. Los servicios electrónicos no pueden incluirse entre las exenciones y no se puede beneficiar a una parte del mundo empresarial. La intención de mi propuesta consiste en eliminar la desigualdad existente y crear condiciones iguales para las empresas europeas y no europeas. Quiero recalcar que, al margen de la citada diferencia de criterio, existe un consenso generalizado entre el enfoque del Parlamento y el del Consejo en lo que respecta concretamente al registro, los importes umbrales y la redistribución de las recaudaciones, además de que se incluyan los aspectos apuntados por el Parlamento en los futuros debates del Consejo.
En principio también me muestro dispuesto a asumir la propuesta de modificación del Parlamento en relación con la colaboración administrativa. Se trata de una medida simplificadora que regula el intercambio de información entre los Estados Miembros acerca de los números de IVA en el comercio electrónico y a partir de ahora tendremos muy en cuenta la propuesta tanto en el Parlamento como en el Consejo.
Permítanme tratar ahora la propuesta referida al nivel mínimo de la tarifa normal. A pesar de los esfuerzos del Parlamento y de la Comisión, tal y como se demuestra en su informe, hasta la fecha apenas se han logrado avances en los trabajos para sustituir la actual normativa de transición del IVA pro una normativa definitiva basada en los impuestos en los países de origen.
Asimismo, se debe hacer referencia al hecho de que el actual clima en el que las condiciones no son favorables para una armonización adicional de los tipos de IVA no permite vislumbrar avances significativos en el futuro próximo. Por ello, y sin renunciar a la idea de un sistema definitivo pero con vistas a la mejora del funcionamiento del mercado interior a corto plazo, la Comisión ha definido una nueva estrategia para el IVA que gira en torno a cuatro objetivos principales; la simplificación y modernización de las normas existentes, una aplicación uniforme de las disposiciones actuales y un desarrollo preciso de la cooperación administrativa.
Por este motivo, esta propuesta trata de mantener la armonización existente en el ámbito de los tipos de IVA mediante la fijación de un nivel mínimo del 15% para el tipo normal. El período propuesto de cinco años refleja la estabilidad que defiende la nueva estrategia del IVA y la reducción de este plazo a tres años, tal y como propone el ponente, resultaría escasa para permitir a la Comisión cumplir sus obligaciones. Por este motivo, no puedo aceptar las modificaciones propuestas. En caso de que las circunstancias cambiaran en los próximos años de forma drástica e imprevisible, la Comisión podrá valorar en todo momento la posibilidad de presentar una nueva propuesta al respecto.
Finalmente, quisiera referirme al informe sobre la fiscalidad de los combustibles de aviación. La comunicación de la Comisión en relación con los impuestos sobre el combustible de aviación se ajustaba a la petición del Consejo en su resolución del 9 de junio de 1997. En ella, el Consejo solicitaba a la Comisión más información acerca de todos los aspectos de la introducción de un impuesto de este tipo y, en concreto, acerca de los efectos medioambientales, la posición competitiva y la rentabilidad del sector aeronáutico en la Unión Europea con respecto a sus competidores fuera de la Unión, así como acerca de la posibilidad de emplear otros instrumentos con efectos similares.
Esta comunicación tuvo en cuenta las conclusiones de un amplio estudio en el que se llegaba a la conclusión de que los efectos medioambientales y las consecuencias para la recaudación fiscal, además de otros efectos, dependían principalmente de dos factores: el tipo impositivo y su ámbito de aplicación.
Me complace que el informe del señor García-Margallo apoye en líneas generales las conclusiones de la Comisión. La sugerencia de ampliar el ámbito de aplicación de los aranceles sobre los aceites minerales al combustible de aviación, poniendo por lo tanto fin al tratamiento residual existente de los distintos medios de transporte, ha contado con un gran apoyo. Este enfoque tuvo, en términos generales, una buena acogida durante las negociaciones que tuvieron lugar en el seno del Consejo.
Se produjo un apoyo similar para la recomendación de celebrar negociaciones posteriores en el marco de la organización internacional para la aviación civil, la ICAO, y concretamente durante su 33ª asamblea general que tendrá lugar en septiembre y octubre del año 2001. Estas negociaciones serán muy complejas teniendo en cuenta que durante la anterior asamblea general no se llegó a ningún acuerdo en torno a la posibilidad de introducir un impuesto que gravara el combustible de aviación. Una de las consecuencias secundarias es que no se ha llevado a cabo ninguna labor preparatoria de importancia en el seno de los grupos de trabajo de la ICAO y parece improbable que durante la próxima asamblea general se decida renegociar el Convenio de Chicago.
No obstante, la Comunidad puede ejercer una fuerte presión para que se incluya la revisión de las disposiciones de la ICAO existentes en relación con la fiscalidad del combustible de aviación en el programa de trabajo de dicha organización, destacando los posibles efectos medioambientales de una medida de este tipo ante otros miembros de la ICAO.
Una resolución de la asamblea general de la ICAO que dejara el camino libre para una solución internacional en relación con la fiscalidad del combustible de aviación o la utilización de otros instrumentos con efectos similares constituiría un paso decisivo en la dirección adecuada.
Por último, deduzco que el Parlamento Europeo desea ir más allá que la Comisión en lo que respecta a la opinión de la Comisión de que en este momento no sería factible o deseable introducir un impuesto sobre el combustible de aviación exclusivamente para vuelos dentro de la Comunidad realizados por compañías aéreas comunitarias por los motivos que aquí se han expuesto ampliamente esta tarde.
El Parlamento Europeo opina que en un sector de rápido crecimiento como el sector aeronáutico, los efectos medioambientales de medidas con una importancia relativamente menor no se deben considerar insignificantes. Sin embargo, quisiera destacar que la actual legislación fiscal comunitaria no permite gravar exclusivamente vuelos nacionales e intracomunitarios. Esto sí sería posible tras la aprobación por parte del Consejo de la propuesta de la Comisión referida a la reestructuración de los impuestos sobre productos energéticos que se lleva debatiendo en el Consejo desde marzo de 1997 y de la que esta Cámara sabe que aún no se ha logrado ningún avance.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario, por todos los dossieres a los que se ha referido esta semana. Ha debido ocuparse de un buen número de ellos y ha sido de gran ayuda con sus explicaciones sobre los aspectos técnicos.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas.

Erika II
El Presidente
Procedemos a continuación a la comunicación de la Comisión sobre la segunda serie de medidas en materia de seguridad marítima (Erika II).

De Palacio
. Señor Presidente, Señorías, hace hoy exactamente un año que se producía el naufragio del petrolero Erika. Un naufragio que supuso la contaminación de 400 km. de costas francesas, con consecuencias gravísimas para el entorno ecológico, para los ciudadanos que vivían y tenían negocios en esa zona, ya fueran ostreicultores, mariscadores, pescadores o sencillamente ciudadanos relacionados con el sector turístico.
Este accidente, ocurrido después de otros muchos, suscitó la indignación y desánimo de las poblaciones afectadas y de la opinión pública en general ante la opacidad del sector marítimo y la inadaptación de la normativa en vigor para evitar problemas como éste. Este sentimiento, lamentablemente, pervive todavía hoy en el ánimo de la opinión pública en Europa.
El hundimiento del Erika tuvo un efecto totalmente nuevo y sorprendente. Nunca antes se había hablado tanto de seguridad marítima en la Unión Europea. Por primera vez ha habido una toma de conciencia en torno a la necesidad de encontrar soluciones europeas a este tipo de cuestiones relacionadas con la contaminación marina. Es evidente que un solo Estado de la Unión no puede tener influencia real sobre el transporte marítimo mundial y, por otra parte, hoy en día la organización marítima internacional es demasiado lenta y carece de medios eficaces para controlar adecuadamente las reglas que promulga.
Los ciudadanos europeos han reclamado insistentemente que las instituciones europeas tomen medidas rápidas y drásticas para poner fin al escándalo de la navegación de conveniencia.
Un año después del naufragio del Erika, debemos todos preguntarnos si de verdad hemos sabido responder o no a las expectativas de los ciudadanos. Creo sinceramente que, a la vista de los avances logrados rápidamente en los trabajos de nuestras respectivas instancias, es innegable que todas las instituciones hemos comprendido y asumido plenamente la importancia de la cuestión. Por su parte, tan solo tres meses después del accidente, la Comisión asumió sus responsabilidades y adoptó un primer paquete de medidas, que el Parlamento Europeo refrendó plenamente el pasado 30 de noviembre.
Además de estas primeras medidas, la Comisión acaba de adoptar el 6 de diciembre un segundo paquete que, en mi opinión, responderá todavía más directamente a las expectativas de la población y deberá cambiar, además, profundamente las reglas del juego en materia de transporte marítimo, en mayor beneficio de la seguridad marítima y de la protección de nuestras costas contra los riesgos de contaminación. Y en ese sentido, hoy quiero presentar muy brevemente el contenido de este nuevo paquete llamado Erika II.
En primer lugar, se trata de poner en pie un sistema europeo de control del tráfico marítimo. Así, la primera medida es una propuesta de directiva por la que se establece un sistema europeo de seguimiento, control e información sobre el tráfico marítimo. Es manifiesto que el control por el Estado del puerto, sea cual sea el rigor con el que se efectúe, sólo protege parcialmente a los Estados contra los riesgos de accidente y de contaminación, en particular por parte de los buques en tránsito.
La propuesta de la Comisión tiene, por tanto, tres objetivos esenciales: primero, efectuar un mejor seguimiento y control del tráfico de todos los buques frente a nuestras costas. Para ello, los buques deberán ir equipados de elementos que permitan su identificación y seguimiento automáticos desde tierra. Otro elemento, cuya importancia a los ojos de los parlamentarios conoce la Comisión, lo constituyen las cajas negras, que también son exigidas por esta Directiva, que deberán emplazarse a bordo de los buques que hagan escala en un puerto europeo, para facilitar la investigación de los hechos en caso de accidente en el mar o, eventualmente, para facilitar el control del Estado del puerto. Ello obligará, señores diputados, al capitán y a las tripulaciones a gobernar el buque con mayor cuidado.
El segundo objetivo consiste en simplificar y acelerar, en caso de accidente, la transmisión de información detallada sobre las cargas peligrosas o contaminantes, obligando a los buques y a las autoridades a comunicar los datos por vía electrónica.
Y el último objetivo de esta Directiva es reforzar la gestión de las situaciones de urgencia en el mar, mediante la obligación de designar puertos de refugio, la prohibición de hacerse a la mar durante una fuerte tempestad y unas mayores competencias de intervención en el mar por parte del Estado costero en caso de riesgo grave de contaminación.
En segundo lugar, otro elemento de este paquete consiste en la mejora de las normas en vigor en materia de responsabilidad y compensación de daños en caso de contaminación por petróleo o derivados. Baste recordar que el caso de la marea negra del Erika nos ha mostrado la insuficiencia y la lentitud de unas indemnizaciones, que están lejos de haber cobrado las víctimas y los afectados por esta contaminación cuando ya ha transcurrido un año del siniestro. Y que, además, no podrán ver resarcidos el 100% de los daños que han padecido.
Así, la prioridad de la Comisión es intentar resolver estos dos problemas, y la solución que proponemos es completar los fondos existentes con la creación de un Fondo europeo financiado por las compañías petroleras, que ofrezca a las víctimas una compensación rápida de hasta 1 000 millones de euros, en lugar de los 200 millones de euros -180 millones de dólares- que actualmente otorgan los servicios internacionales.
Paralelamente vamos a dirigirnos a las instancias internacionales para intentar revisar en detalle el régimen fijado por los convenios internacionales. En el caso de que la OMI no adoptase las medidas necesarias, la Comisión presentaría al Parlamento y al Consejo una propuesta sobre un régimen comunitario de responsabilidad e indemnización en caso de contaminación por hidrocarburos.
Además, cualquier persona que haya contribuido por negligencia grave a causar una contaminación estará sujeta a sanciones disuasorias, lo que servirá para fomentar un comportamiento responsable por parte de la industria marítima en su conjunto.
La tercera medida del paquete Erika II es la propuesta de creación de una Agencia europea de seguridad marítima, que aportará a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión el apoyo técnico necesario para poner en marcha la legislación comunitaria aplicable y servirá de plataforma entre los Estados y la Comisión para el desarrollo de prácticas y procedimientos armonizados, además de facilitar el tráfico fluido de la información entre los distintos puertos y entre los distintos Estados y las administraciones.
En efecto, con más de quince directivas o reglamentos en vigor, urge uniformizar las prácticas y ejercer un mayor control sobre la aplicación de las normas comunitarias, para evitar diferencias importantes e inaceptables en el ámbito de la seguridad marítima que podrían producirse dentro de la Unión.
La Agencia europea de seguridad marítima constituye una primera etapa hacia una integración cada vez mayor de las prácticas administrativas de los Estados miembros, lo que quizá lleve un día a la creación, como ha sido solicitado por parte de esta Asamblea reiteradamente, de un verdadero cuerpo europeo de guardacostas. Pero, Señorías, todavía no estamos ahí.
Señor Presidente, deseo que el Parlamento aproveche la ocasión de esta fecha altamente simbólica -el primer aniversario del naufragio del Erika- para recordar su determinación y aportar a la Comisión el apoyo que necesitará a lo largo del proceso legislativo. Este asunto es de una importancia crucial, ya que la Unión Europea ha afirmado a través de él, a los ojos del mundo exterior y de sus ciudadanos, su capacidad para imponer en un entorno internacional, en principio desfavorable, sus propias exigencias en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación.
Les recuerdo que los Jefes de Estado o de Gobierno, reunidos hace tan solo tres días en el Consejo Europeo de Niza, han otorgado un impulso político decisivo a este segundo paquete de medidas, reconociendo que tiene por objeto reforzar la seguridad marítima, mejorar el sistema europeo de información sobre el tráfico marítimo y crear una agencia que colmará las insuficiencias del régimen internacional en vigor. Y tan es así que han recomendado a los Estados el adoptar a priori y tan pronto como sea necesario, las medidas correspondientes sin esperar a que el procedimiento parlamentario y de Consejo nos permita la aprobación definitiva de las directivas a las que me he referido.

Jarzembowski
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, yo la felicito nuevamente por su clara y comprensible presentación del paquete Erika II y, sobre todo, también de la necesidad de que controlemos igualmente los buques en tránsito -siempre de conformidad con el Derecho marítimo internacional-, en lugar de controlar sólo los buques que hacen escala en puertos comunitarios. Los demás buques en tránsito pueden seguir contaminando nuestras costas como hasta ahora y todavía más. Por esto yo creo que el enfoque es absolutamente adecuado.
En cuanto a la responsabilidad, tenemos que examinar con gran cuidado este aspecto. Las compañías petroleras nos dicen que han creado un fondo voluntario. En consecuencia, debemos preguntarnos si es necesario contar con un fondo estatal. Si usted nos dice que la experiencia demuestra, lamentablemente, que ello resulta insuficiente, intentaremos ponerle remedio.
Señora Vicepresidenta, ¿cree usted que existen posibilidades de que el Consejo adopte el paquete Erika I dentro de este mes de diciembre? El Parlamento adoptó su decisión el 30 de noviembre; su proyecto era bueno y la decisión fue rápida. ¿Cree usted que el Consejo todavía podría aprobar el paquete Erika I ahora, en diciembre?

Watts
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Comisaria su continuo compromiso en el ámbito de la seguridad marítima.
Me gustaría que respondiera a dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo piensa convencer al Consejo para que adopte su propuesta relativa a las cajas negras que deberán llevar los buques? Nosotros estamos intentando hacerlo en la primera serie de medidas (Erika I). Evidentemente, acogeríamos con satisfacción su apoyo en este sentido, pero queremos saber cómo convencerá a estos Estados miembros a hacer algo que hasta ahora no parecen estar dispuestos a hacer.
En segundo lugar, su serie de medidas no incluye ninguna para atajar el problema de los Estados que figuran en la lista negra o de los pabellones de conveniencia, entre los que, lamentablemente, se incluyen Chipre y Malta, países en los que el 50, 60, 70, 80% de la flota está defectuosa. ¿Qué medidas propone la Sra. Comisaria para atajar el problema de estos Estados "delincuentes" que aparecen en la lista negra y continúan violando abiertamente el Derecho marítimo internacional?

De Palacio
. Señor Presidente, en primer lugar, es clave no sólo controlar los buques que vienen a nuestros puertos, sino también algunos buques en tránsito con cargas peligrosas y en situaciones de riesgo. Eso nos parece esencial.
En segundo lugar, espero que los ministros sean capaces, aunque sea a las 4 o las 5 de la mañana, de aprobar el paquete Erika I. Yo espero que después de la decisión y la afirmación tan clara por parte del Consejo Europeo de Niza, esa indicación sirva para romper las últimas resistencias por parte de algunos países que, fundamentalmente, estaban preocupados porque iba a salir más caro destinar más personas a controlar en los puertos, lo que era realmente el problema del Consejo. Si no es así, el Consejo tendrá una cierta responsabilidad, por no decir una gran responsabilidad, en este retraso y los ministros tendrán que explicarlo a sus opiniones públicas.
Señor Watts, en primer lugar, le agradezco su confianza y, en segundo lugar, le señalo que hemos incluido el tema de la caja negra, cumpliendo así el compromiso adquirido con su Señoría.
En cuanto a la caja negra, hay que decir que la Organización Marítima Internacional prevé para los buques que navegan en rutas nacionales una obligación de este tipo a partir de julio de 2008 y nosotros queremos que se adelante la fecha. Yo espero que después del impulso de Niza, se hayan reducido las dudas y las resistencias de algunos países y que lo consigamos.
En cuanto al fondo, señalo muy brevemente dos cuestiones: los barcos de lista negra y las banderas de conveniencia. Señoría, incluso los países que tienen una menor seguridad en sus barcos cuentan con algunos barcos que sí son seguros; en ese sentido, no podemos, según las leyes internacionales, excluirlos a priori. Lo que sí podemos hacer es lo que hemos indicado, es decir, que la pertenencia a uno de esos países que tienen barcos de poca seguridad, no sólo países con bandera de conveniencia, sino además, especialmente poco cuidadosos en cuanto a la seguridad, sea un índice para que sistemáticamente se les inspeccione cuando toquen un puerto europeo.
Y en cuanto a la cuestión de la responsabilidad, sólo diré que el fondo que existe actualmente no es suficiente para indemnizar todos los daños causados por la marea negra del Erika. Es necesario, pues, un incremento de ese fondo y vamos a intentar realizarlo en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, pero si ésta no llega a cubrir los 1 000 millones de euros, que es la cantidad que a nuestro juicio sería razonable y que es más o menos la que contempla en estos momentos Estados Unidos, habrá que recurrir a unas iniciativas y a un fondo especialmente europeo.
Quiero recordar a sus Señorías que en seguridad aérea las indemnizaciones que se aplican en el ámbito europeo y en el ámbito norteamericano, no equivalen a los mismos importes que los aplicados en otros países.

Ortuondo Larrea
Señor Presidente, señora Comisaria, como usted ha señalado, la semana que viene se cumplirá un año del accidente del Erika y todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo el Parlamento Europeo y el Consejo para la aprobación de la iniciativa del primer paquete de seguridad marítima.
En este primer paquete hay una propuesta relacionada con la Directiva 57/94, referente a las inspecciones de los buques y las sociedades de clasificación. La principal dificultad radica en la modificación del artículo 6 de dicha Directiva; la Comisión y el Parlamento Europeo proponen la introducción de unas compensaciones económicas para cubrir las posibles responsabilidades de las sociedades de clasificación en los casos de accidentes marítimos.
Si el meollo de la cuestión está centrado en esas compensaciones, yo le pido, señora Comisaria, que retire usted la modificación del artículo 6 y también le pido al resto de compañeros del Parlamento Europeo que retiremos las modificaciones del artículo 6 y lo dejemos para este segundo paquete que usted nos acaba de anunciar.

Cauquil
Señor Presidente, hace un año la marea negra contaminó el país bretón en Francia, contaminó el instrumento de trabajo de miles de trabajadores vinculados al mar, contaminó la vida de toda una región. En este caso, el responsable no es una empresa difícil de identificar. Es Total. Su sede social está en el territorio de la Unión Europea. Dice usted que el fondo de indemnización no es suficiente. ¿Por qué entonces no se embargan los beneficios de Total hasta la indemnización completa y rápida de todos aquéllos que han sufrido y sufrirán en el futuro las consecuencias de la lucha criminal por los beneficios?

Isler Béguin
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. de Palacio por sus palabras. Confiamos, evidentemente, en ella para garantizar la seguridad marítima, porque debe saber que no pasa ni una semana sin que seamos interpelados con esta pregunta: "¿Qué hacen ustedes, diputados europeos, para garantizar la seguridad, para cambiar las reglas?".
Dos cuestiones. Con respecto al paquete Erika I, ¿ha recibido Vd. respuesta, por parte de los Estados miembros acerca de su voluntad concreta de invertir y aumentar el número de inspectores? Porque sabemos bien que, si no aumentan el número inspectores, todo lo que se haya decidido aquí no serviría de gran cosa.
Con respecto al paquete Erika II, me conformaré con una pregunta en forma de observación, ¡habría tantas que hacer! Ha hablado usted, y me alegro mucho por ello, de guardia costera europea. ¿Es verdaderamente una idea que ha calado, porque hay muchas personas a quienes interesa? ¿Se puede considerar la creación de la agencia marítima europea como el esbozo o las premisas para una guardia costera europea?

De Palacio
. Señor Ortuondo, en relación con su intervención acerca del artículo 6, sobre la responsabilidad en caso de contaminación menor, le diré que lo primero que voy a ver es qué dice el Consejo, pero ya hay una posición del Parlamento. Es decir, o el Consejo acepta la posición que ha acordado el Parlamento o, si no, habrá una segunda lectura. Éstas pueden ser las negociaciones en este momento, pero creo que éste no es el único problema, ojalá fuera así.
En segundo lugar, le diré a su Señoría que quien podría tener la capacidad de confiscar o congelar los fondos de una compañía concreta para indemnizar unos daños o demás, es la justicia francesa, que podría establecer responsabilidades más allá de las previstas según los criterios objetivos que plantea la actual reglamentación internacional sobre contaminación por hidrocarburos. Ahí no se entra en quién es culpable o no, sino que, sencillamente, se paga; pero hay un techo máximo, como bien sabe, de 180 millones de dólares, unos 200 millones de euros, que, como he dicho, es insuficiente. Por lo tanto, eso le correspondería, si acaso, al Gobierno francés. No le corresponde a la Comisión hacer ese tipo de planteamientos.
Señoría, por ahora no se nos ha comunicado un incremento del número de inspectores, pero espero que así sea. Acaban de acordar que hay que aplicar las directivas antes de que entren en vigor; pues pueden contratar más inspectores sin que esté la directiva. Lo han dicho los Jefes de Estado y de Gobierno, que lo pongan en marcha, pues. Yo espero que así sea, y, desde luego, en el próximo Consejo se lo recordaré a todos los ministros.
En cuanto a los guardacostas europeos, creo que lo que puede facilitar la existencia de la agencia es que, por lo menos, empecemos a coordinar más la acción de los distintos cuerpos que actúan en las distintas aguas de la Unión Europea y que son diferentes en cada país.

El Presidente
Este asunto queda cerrado.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0559/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Primera parte

El Presidente


John Joseph McCartin
Pregunta nº 33 formulada por (H-0873/00):
Asunto: Propuesta del anteproyecto de presupuesto británico relativa a una viñeta fiscal para los camiones extranjeros ¿Tiene conocimiento la Comisión del anuncio del Ministro de Hacienda británico, el 8 de noviembre de 2000, de su intención de imponer un impuesto viario especial a todos los camiones extranjeros que utilicen las carreteras británicas? ¿Puede señalar la Comisión si se le ha comunicado esta propuesta, si infringe la política europea de libre comercio y si viola la legislación comunitaria?

Monti
. (EN) Señor Presidente, la Comisión tiene conocimiento de que uno de los planes anunciados por el Gobierno del Reino Unido el 8 de noviembre de 2000 es la introducción de una especie de tasa para los usuarios de las carreteras del mismo tipo que la viñeta que pagan todos los transportistas por carretera, británicos y no británicos por igual, por utilizar la red vial del Reino Unido. La Comisión, por consiguiente, no ve ningún indicio de que la medida anunciada represente una discriminación directa por motivos de nacionalidad del transportista ni de procedencia o punto de destino del vehículo. A condición de que los pormenores de la aplicación del pago en cuestión tampoco introduzcan una discriminación indirecta y se ajusten a las reglas específicas pertinentes por las que se rige la introducción de tasas para los usuarios en la Unión Europea, este tipo de pago parece, en estos momentos, ser conforme con la legislación comunitaria en vigor, es decir, con la Directiva 1999/62/CE.
Esta directiva, aprobada por unanimidad en 1993, establece las condiciones según las cuales los Estados miembros pueden, si así lo desean, cobrar a los usuarios importes basados en el tiempo o peajes. El objetivo general de esta legislación es la eliminación de distorsiones de la competencia a través del establecimiento de mecanismos justos de tarificación para cobrar a los transportistas por los costes de infraestructura y la armonización de los regímenes de derechos reguladores dentro del mercado interior de la Unión Europea. Doce de los quince Estados miembros ya han adaptado sus regímenes de derechos reguladores en los que se pone mayor énfasis en el cobro directo a los usuarios de tasas o peajes, y menos a través de los impuestos. La Comisión considera que estas disposiciones van en la dirección acertada hacia el establecimiento de sistemas de tarificación más justos, que además incentivan un uso más racional y eficaz de la red vial. Las medidas anunciadas por el Reino Unido apuntan a este tipo de reajuste de su sistema de tarificación. La Comisión sigue de cerca el desarrollo del plan del Reino Unido para asegurarse de su plena compatibilidad con los principios generales de la UE y su legislación específica. El Gobierno del Reino Unido ha confirmado que está preparando su respuesta a la petición de la Comisión de información detallada sobre todo el paquete de medidas previstas en el Reino Unido. La Comisión analizará y hará una evaluación de dichas medidas.
Dependiendo del resultado de este análisis, la Comisión decidirá a continuación su línea de acción en el cumplimiento de sus funciones de ayudar a los Estados miembros en la adopción de medidas justas para ellos y que al mismo tiempo respeten los derechos de los demás.

McCartin
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Comisario su respuesta y decir que me tranquiliza que al menos será necesaria una explicación exhaustiva. Según mi información, en su declaración, el ministro británico afirmó con toda claridad que se trataba de un impuesto para los camiones extranjeros y los transportistas extranjeros. La pregunta complementaria que me gustaría formular es la siguiente: ¿Es conforme al Derecho comunitario, en opinión del Comisario, que un camionero, que paga los impuestos en su país y cumple su legislación, no pueda cruzar la frontera y entrar en un Estado vecino? Vivo en una parte de la Unión en la que para pasar de una zona del país a otra es necesario cruzar por territorio del Reino Unido. Por tanto, ¿es admisible que se pueda detener a un vehículo en la frontera de un Estado miembro vecino, a pesar de que éste cumple todas las obligaciones legales en su país?
En segundo lugar: Si, de acuerdo con la intención original del ministro, éste propone gravar a los camiones extranjeros para subvencionar a los transportistas de su país, ¿es eso contrario al Derecho comunitario?

Monti
. (EN) Señor Presidente, el distinguido diputado comprenderá que es difícil y probablemente poco adecuado que la Comisión especule sobre hipótesis y posibilidades. En la respuesta de la Comisión he presentado los principios y criterios y he asegurado al Parlamento de que la Comisión analizará y hará un seguimiento del desarrollo del plan del Reino Unido, incluida su aplicación en la práctica, y ni que decir tiene que la inexistencia de toda discriminación, ya sea directa o indirecta, será un punto de referencia crucial en dicha evaluación.

Doyle
Tengo una pregunta similar, a saber la que aparece en el número 60 de la lista de preguntas. Pensé que mi pregunta y ésta recibirían una respuesta conjunta, pero al parecer no es ése el procedimiento que se sigue en esta Asamblea. Agradezco al Sr. Monti su respuesta. Me tranquiliza algo porque, leyendo entre líneas, creo que el Comisario ha captado el mensaje.
¿Puedo preguntarle, señor Comisario, si tiene conocimiento de que el anuncio que hizo el Ministro británico el 8 de noviembre - si necesita una copia del comunicado de prensa podemos proporcionársela - decía específicamente que este impuesto para los camioneros o "Brit-tax", como lo denominamos, iba destinado a los transportistas extranjeros o no británicos? Lo cierto es que se intentaba apaciguar los ánimos de los transportistas británicos que protestaban contra los precios del gasóleo en Gran Bretaña. En consecuencia, pregunté a la Comisión si estaba al corriente de ello. A raíz de las críticas recibidas, especialmente de Irlanda y Francia, se cambió la medida y ahora el ministro de Hacienda británico le ha dado un giro diferente: ahora se presenta como una tasa por derecho de uso para todos, incluidos los conductores de camiones británicos. Estoy seguro de que en un año de elecciones en Gran Bretaña, a sus conductores de camiones les interesará saber que deberán pagar 1.500 libras adicionales al año además de sus impuestos. ¿Sería contrario al comercio intracomunitario cualquier intento de reembolsar el equivalente a ese importe a los transportistas británicos?

Monti
. (EN) Gracias por la pregunta complementaria. Debo ceñirme a las medidas anunciadas y me resulta aún más difícil especular sobre las repercusiones del asunto, habida cuenta de que no soy el Comisario responsable de ese ámbito específico. Espero que lo entiendan y sólo puedo volver a hacer referencia a los elementos que presenté en la respuesta que ofrecí hace unos minutos.
En respuesta a su Señoría, que ha preguntado cómo afecta a la competencia en el sector del transporte por carretera la estructura del sistema de tarificación del Reino Unido, quizá pueda añadir que, por el momento, los transportistas británicos pagan peajes o derechos de uso - la "viñeta fiscal" - cuando circulan por otros países como Francia o Bélgica, a pesar de que en su país también pagan elevados impuestos de circulación, contribuyendo así a la amortización de los costes de infraestructura de la red vial de Gran Bretaña. Por otro lado, los transportistas no británicos no pagan nada cuando circulan por Gran Bretaña. Por consiguiente, no contribuyen en absoluto a los costes de infraestructura de carreteras en Gran Bretaña y, al mismo tiempo, pagan impuestos de circulación más bajos en sus respectivos países. Este desequilibrio de carácter económico entre las tasas y los impuestos que soportan los transportistas en los diferentes Estados miembros distorsiona las condiciones en las que los transportistas de diferentes nacionalidades compiten en el Reino Unido.

El Presidente


Liam Hyland
Pregunta nº 34 formulada por (H-0916/00):
Asunto: Nuevas medidas contra la EEB e importaciones de alimentos de terceros países A la vista de las nuevas medidas que se están adoptando a nivel de la UE como resultado del brote de EEB en Francia y la confirmación por parte del Consejo de la necesidad de proteger al consumidor y recuperar su confianza, y teniendo en cuenta asimismo el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria del comisario David Byrne y el establecimiento de la Autoridad de Seguridad Alimentaria, ¿qué garantías puede dar la Comisión sobre las importaciones de alimentos de terceros países? ¿Cómo podemos estar seguros de que grandes volúmenes de importaciones de terceros países se ajustan a las normas de la UE y de qué manera va a despejar la Comisión los temores de los consumidores a este respecto?

Byrne
. (EN) Señor Presidente, habida cuenta de cómo ha evolucionado la situación en la Comunidad Europea, la Comisión está enviando escritos a terceros países, en los que pone en su atención las medidas adoptadas en la Unión Europea en relación con la EEB y les advierte de la necesidad de estudiar la introducción de medidas similares. Asimismo, el Comité científico pertinente está realizando un estudio del riesgo geográfico de la EEB que representan los distintos terceros países, y esperamos disponer de los resultados durante el primer semestre de 2001.
La política que deberá seguirse respecto a las importaciones de terceros países se decidirá a la luz de dicho estudio. Recientemente he visitado Polonia, Hungría y la República Checa, países en los que he hecho hincapié en la necesidad de mantener la guardia respecto al riesgo de la EEB. Me he comprometido a garantizar que los alimentos que se ponen a disposición de los consumidores, tanto si proceden de dentro o de fuera de la Unión Europea, cumplen las normas más estrictas. La Comunidad dispone de varios mecanismos para proteger la salud de los consumidores en lo que se refiere a la seguridad de las importaciones de alimentos de terceros países. La Oficina Alimentaria y Veterinaria realiza sobre el terreno inspecciones y controles para verificar que las exportaciones procedentes de dichos países cumplen los requisitos de la UE en materia de salud animal y salud pública.
Asimismo, la Directiva 97/78 del Consejo de 18 de diciembre de 1997 establece los principios por los que se rige la organización de controles veterinarios de los productos que entran en la Comunidad procedentes de terceros países. De conformidad con dicha directiva, las exportaciones de carne de terceros países están sujetas a controles sistemáticos en la frontera exterior de la Comunidad para garantizar que se respetan los requisitos comunitarios. La Comisión también es consciente de la necesidad de garantizar que las exportaciones de la Unión Europea a terceros países no entrañan ningún riesgo para la seguridad alimentaria.

Hyland
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su respuesta y por su liderazgo tan positivo en este ámbito crucial, y debo decir que su respuesta ha sido tranquilizadora también desde la perspectiva de los consumidores.
No obstante, como la Asamblea sabrá, algunos países, principalmente los Estados Unidos, se resisten a acatar las normas de la UE sobre seguridad alimentaria. ¿Podría informar a la Asamblea, señor Comisario, del volumen de carne y productos cárnicos que entra en la Comunidad procedente de terceros países y sobre la situación sanitaria de dichos productos - es posible que en estos momentos no esté en condiciones de responder a la pregunta - y podría informarnos también acerca de cuál es la situación respecto a la utilización de harinas animales en los piensos en dichos países exportadores y hasta qué punto es posible abordar, dentro del contexto del comercio mundial, este problema que ya ha alcanzado una magnitud internacional? Debemos encontrar una solución internacional a un problema que está afectando gravemente a los consumidores de todo el mundo.

Byrne
. (EN) No estoy en condiciones de ofrecerle las cifras exactas del volumen de las importaciones de carne de vacuno procedentes de terceros países, pero puedo decirle que dichas exportaciones están sujetas a las normativas correspondientes y que las consideraciones de seguridad alimentaria se rigen por dicha legislación.
Sobre la cuestión de harinas animales: su exportación está cubierta exactamente igual por la legislación que regula la producción de harinas cárnicas y de huesos en la Unión Europea, y también está sujeta a la obligación de suprimir de las harinas animales, por ejemplo, los despojos de animales enfermos, legislación que entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2001.

El Presidente


François Zimeray
Pregunta nº 35 formulada por (H-0936/00):
Asunto: Ayuda financiera de la Unión Europea al sistema educativo palestino Parece ser que muchos de los libros de texto escolares editados por la Autoridad Nacional Palestina contienen verdaderos mensajes antisemitas y de instigación al odio contra el pueblo judío, algo que en cualquier Estado miembro sería constitutivo de delito de instigación al odio racial y perseguido en consecuencia por la justicia. La Unión Europea no tiene como misión financiar la incitación al odio y a la guerra. Sin embargo, desde los acuerdos de Oslo de 1993 tanto la Unión como los Quince financian masivamente el sistema educativo palestino.
Se pide por consiguiente a la Comisión que dé su opinión sobre estos textos dignos de Mein Kampf, que indique si tiene intención de condicionar sus futuras ayudas al respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, y que manifieste si piensa o no condenar el adoctrinamiento que se ejerce sobre los niños y su explotación en el marco del conflicto judíopalestino.

Patten
. (EN) Naturalmente comprendo la preocupación de su Señoría. En lo que respecta a la Comisión, nunca hemos apoyado financieramente la producción o distribución de libros de texto ni la preparación de los programas de estudio. La ayuda al sistema de enseñanza se centra principalmente en la infraestructura, equipamiento de los colegios y la ayuda directa al gasto escolar, por ejemplo, salarios. La Autoridad Palestina no ha solicitado jamás a la Comisión la financiación de los planes de estudio ni de los libros de texto.
La Comisión está dispuesta a plantear ante la Autoridad Palestina esta cuestión que ha formulado su Señoría. Asimismo, estaré encantando de llevar los motivos de preocupación de su Señoría a la atención de los Estados miembros, aunque los proyectos bilaterales son competencia de los Estados miembros y no de la Comisión.
Quisiera señalar asimismo que el artículo 2 del Acuerdo interino de asociación CE/Palestina declara de manera explícita que la cooperación mutua entre ambas partes deberá estar basada en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos, por los que se guía su política interior e internacional. A su Señoría quizá le interese saber que durante estos últimos años hemos financiado varios proyectos, por un valor aproximado de 4,5 millones de euros, destinados a fomentar el diálogo entre los jóvenes israelíes y palestinos.

Zimeray
Señor Presidente, los judíos son enemigos de profetas y creyentes. Los judíos son traidores y desleales. Los estudiantes deben comprender que existe un vínculo entre nazismo, fascismo y sionismo. Los judíos buscan la persecución. Conspiran con los hipócritas.
Se trata de algunos extractos de los manuales escolares palestinos que sirven de base a la educación de los niños en los territorios, educación que nosotros financiamos, por cierto, de manera importante. Y lo ha dicho usted, señor Comisario, en especial con respecto a los salarios, la Unión Europea financia una educación que en realidad se ha convertido en propaganda antisemita.
Le he preguntado sobre la participación de la Comisión en los programas pedagógicos, y me ha contestado usted aproximadamente, señor Comisario. Le he preguntado también sobre el control que la Comisión podría efectuar sobre estas ayudas y no me ha respondido usted sobre este punto, porque en realidad no se produce un verdadero control.
Lamento decirle, señor Comisario que su respuesta no me interesa. He planteado preguntas concretas y espero respuestas concretas sobre un tema grave. ¿Está usted dispuesto, o no, a subordinar las ayudas comunitarias, y no las de los Estados miembros, al respeto por los derechos fundamentales de la persona humana?

Patten
. (EN) Como estoy seguro de que ha oído su Señoría, me he referido al artículo 2 de nuestro acuerdo interino de asociación con la Autoridad Palestina. También he dicho que tenemos intención de retomar la cuestión planteada por su Señoría con la Autoridad Palestina. Reitero una vez más esa promesa. Rechazamos cualquier intento de utilizar el sistema de enseñanza para fomentar la intolerancia o el odio. Ésta es nuestra opinión sobre la situación en Cisjordania y Gaza. Es nuestra opinión de la situación en cualquier lugar del mundo. Nuestra ayuda a la región siempre ha estado centrada principalmente en el fomento de la cultura de la paz, la tolerancia y los derechos humanos.
Por tanto, repito, llevaremos este asunto ante las autoridades palestinas. Abrigo grandes esperanzas de que en todos los países de la región descubramos que los servicios de enseñanza fomentan la tolerancia y no la intolerancia.

Martin, David
Acojo con satisfacción lo que ha dicho el Sr. Comisario sobre plantear esta cuestión ante las autoridades palestinas, pero quiero remitirle a la última parte de su primera respuesta, a saber, el diálogo entre los jóvenes de Israel y los jóvenes palestinos. ¿Se propone reforzar los esfuerzos de la Comunidad en este ámbito? Ahí está el futuro: potenciar el entendimiento y la tolerancia entre estos dos pueblos. La tarea comienza por los jóvenes. Destinamos algunos fondos a este fin, pero si nos paramos a pensar en la magnitud del problema, el importe resulta aún relativamente pequeño. ¿Estudiará, señor Comisario, el modo de ampliar esta partida del presupuesto comunitario?

Patten
. (EN) Sí, me comprometo gustoso a intentarlo. La cuestión que plantea su Señoría es importante. Debemos analizar más proyectos en este ámbito, sin olvidar aquellos que dirigen las organizaciones no gubernamentales. He podido ver personalmente algunos de ellos.

El Presidente


Richard Howitt
Pregunta nº 36 formulada por (H-0867/00):
Asunto: Fusión de Texaco y Chevron ¿Dentro de qué marco y con arreglo a qué calendario piensa responder la Comisión al anuncio de la fusión a escala mundial de las compañías petroleras Texaco y Chevron? ¿Está al tanto de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos contra Texaco en Ecuador y contra Chevron en Nigeria, acusaciones que se han llevado ante los tribunales y que están a la espera de juicio? ¿Cómo afectará todo ello a las deliberaciones de la Comisión y qué pruebas exigirá la Comisión a dichas compañías?

Monti
. (EN) Los servicios de la Comisión han sido informados por Texaco y Chevron de que su anunciada fusión cumpliría los criterios de cambio recogidos en el Reglamento sobre barreras comerciales europeo. Texaco y Chevron han iniciado las negociaciones de notificación previa con el grupo especial de la Comisión que estudia las fusiones. Tras la notificación, la Comisión deberá examinar, en base a la prueba jurídica del Reglamento de Operaciones de Concentración, si la operación dará lugar a la creación o al fortalecimiento de una posición dominante, que pudiera obstaculizar seriamente la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.
Por consiguiente, el estudio de la Comisión, de conformidad con el Reglamento de Operaciones de Concentración, sólo puede tener en cuenta las cuestiones de competencia que afecten a empresas y ciudadanos europeos. El Reglamento de Operaciones de Concentración no prevé ningún fundamento jurídico para tener en cuenta las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y, por consiguiente, la Comisión no tiene competencia para investigar los presuntos abusos en este contesto.

Howitt
La respuesta del Sr. Monti no es inesperada. No obstante, él y sus colegas deben saber que cada vez que se produzca una fusión de este tipo, volveremos a hacer la misma pregunta. El Sr. Patten, que está sentado a su lado, ha debido sentirse avergonzado al escuchar la respuesta, porque en la pregunta anterior hemos oído una gran disertación sobre el respeto de los derechos humanos. Pero, de repente, cuando se trata de la competencia económica de la Unión Europea, los derechos humanos son pasados por alto alegremente.
Permítanme decir que el Centro para los derechos económicos y sociales afirma que en Ecuador, Texaco es responsable de la alta incidencia de abortos y del anormalmente elevado índice de casos de cáncer. La propia compañía petrolera nacional de Ecuador le ha acusado de dominar a la población indígena. En Nigeria, Chevron ha sido acusada por la población indígena all-ijaw de instigar la violencia contra ella e incluso de pagar a los soldados nigerianos para que disparen contra los manifestantes en la base naval de Warri.
Diga lo que diga, señor Comisario, sobre el fundamento jurídico y el interés por la política de competencia, la sociedad de Europa siente preocupación por los abusos contra los derechos humanos. Si no está dispuesto a intervenir ahora, sugiero que indique cómo podrían adoptar sus colegas de la Comisión otras medidas contra los abusos de los derechos humanos que todos consideramos inadmisibles.

Monti
. (EN) Puedo garantizar al Sr. Howitt que la Comisión, los distintos Comisarios y yo mismo sentimos una gran preocupación por todos los casos de posibles abusos de los derechos humanos.
Dicho esto, existen, naturalmente, diferentes instrumentos para fines diferentes, y en el ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Reglamento de Operaciones de Concentración tiene el objetivo concreto, aunque bastante importante, de garantizar la protección de la competencia en interés último de los consumidores en el caso de las fusiones. No creo que fuera adecuado apuntar a más de un objetivo a través de un único instrumento. El Reglamento de Operaciones de Concentración es una herramienta poderosa para garantizar la protección de los intereses de los consumidores cuando las empresas combinan sus actividades. Por consiguiente, su eficacia no debería verse entorpecida por la inclusión de otros objetivos de una naturaleza compleja que son difíciles de examinar y por los que, en cualquier caso, este instrumento jurídico específico no podría velar eficazmente.
Por el contrario, los Estados miembros y la Unión Europea tienen a su disposición otros medios para velar por los asuntos relativos a los derechos humanos.

El Presidente


Jaime Valdivielso de Cué
Pregunta nº 37 formulada por (H-0900/00):
Asunto: Construcción naval Ayer día 15 de noviembre, la Comisión Europea, ha hecho público su tercer informe sobre la situación mundial de la construcción naval.
Entre las conclusiones, se afirma que las ayudas recibidas por nuestra industria no han solucionado el problema de Corea.
¿Cree la Comisión que sin estas ayudas la industria naval europea hubiera sobrevivido a la competencia desleal de Corea?
¿Cómo va a asegurar la Comisión Europea la pervivencia de lo que queda del sector frente a la competencia desleal de Corea, una vez más demostrada en su último informe, a partir de enero de 2001?
¿Qué medidas comerciales inmediatas se van a tomar contra Corea a la vista de las conclusiones de su informe?

Monti
. (EN) En su informe aprobado el 15 de noviembre, la Comisión llegó a la conclusión de que las ayudas a la explotación en virtud del Reglamento 1540/98 no han permitido solucionar el problema de las políticas de precios surcoreanas. No obstante, entre las diversas acciones propuestas, la Comisión se compromete a examinar, tan pronto como sea posible, las posibilidades de proponer medidas encaminadas a solucionar el problema coreano de conformidad con el Reglamento.
En su reunión de 29 de noviembre, la Comisión reafirmó que está en contra de cualquier prórroga de las subvenciones. No obstante, se declara dispuesta a explorar las posibilidades de una mayor utilización del apoyo a la investigación y el desarrollo, incluidas las modificaciones pertinentes del Reglamento 1540/98. La Comisión recordó asimismo que una parte sustancial de la financiación de la investigación y el desarrollo está sujeta al programa marco comunitario para investigación. En lo que respecta a las medidas comerciales, la Comisión publicó, el 2 de diciembre, su decisión de abrir una investigación a raíz de la queja del sector conforme al Reglamento sobre barreras comerciales. En el contexto del procedimiento de dicho reglamento, la Comisión puede decidir recurrir al procedimiento para la resolución de conflictos de la OMC, a menos que se llegue a una solución satisfactoria para ambas partes con las autoridades de la República de Corea. El informe final sobre la investigación será presentado a los Estados miembros antes de abril de 2001.
Asimismo, si la Comisión, en el marco del procedimiento que establece el Reglamento sobre barreras comerciales, no consigue una solución negociada con Corea que sea satisfactoria para la Unión Europea, la Comisión informará al Consejo antes del 1 de mayo de 2001 y propondrá llevar el caso ante la OMC con el fin de exigir reparación por las prácticas desleales de Corea. Por otra parte, la Comisión propondrá simultáneamente un mecanismo defensivo de ayuda temporal, ideado específicamente para contrarrestar las prácticas desleales coreanas durante el período necesario hasta la conclusión del procedimiento de la OMC. Este mecanismo estará limitado a los segmentos del mercado en los que haya quedado demostrado que el sector de la UE se ha visto directamente perjudicado por las prácticas comerciales desleales de Corea.
A nivel multilateral, la Comisión proseguirá sus esfuerzos dentro de la OCDE para establecer la igualdad de condiciones a escala internacional en el sector de los astilleros.
La posición de la Comisión fue presentada al Consejo de Industria el 5 de diciembre, y el Consejo acogió favorablemente la determinación de la Comisión de atajar el problema de la competencia desleal coreana y tomó nota de las propuestas de la Comisión en este sentido.

Valdivielso de Cué
Señor Comisario, en primer lugar me siento, en alguna medida, reconfortado porque veo que la Comisión se ha preocupado y, quizá también, ocupado del problema.
Pero las fechas mencionadas por el Sr. Comisario -ha habido una reunión el 29 de noviembre, el 2 de diciembre se decide abrir una investigación, luego se habla de que posiblemente será dentro de seis meses, etc.- no son muy esclarecedoras.
Creo que el conjunto de intenciones es enormemente tranquilizador, pero la realidad es que entretanto nuestros astilleros están cerrando. Soy de un país, España, y concretamente del País Vasco, donde ya no queda nadie haciendo barcos porque no se puede hacer frente a la competencia de Corea. Los astilleros coreanos hacen dumping tranquilamente -no digo a toda la Unión Europea, sino a todo el mundo- y no veo soluciones.
Agradecería que se tomen algunas medidas, inmediatas y necesarias.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Comisario, usted sabe que el hecho de la competencia desleal de Corea está probado. La Comisión ha ido allí y lo ha comprobado.
Ahora estamos ante un proceso largo. Posiblemente tengamos que esperar medio año para saber si realmente la Organización Mundial del Comercio condena o no la competencia desleal de los coreanos. Y no hay que olvidar que el Sr. Valdivielso de Cué le preguntaba si la Comisión creía que, sin las ayudas que había recibido la industria naval, esta industria hubiera podido sobrevivir en la Unión Europea.
Este es un tema dramático. El Sr. Valdivielso de Cué se ha referido a España, al País Vasco; yo tengo que referirme a Galicia, que es una región Objetivo nº 1, con una tradición importantísima en los astilleros y que está reclamando, porque es una región Objetivo nº 1, que se puedan mantener estas ayudas de alguna manera hasta que se resuelva el contencioso en la Organización Mundial del Comercio, que va a condenar -tendrá que condenar- la competencia desleal de Corea.
Esta es la pregunta: ¿está dispuesta la Comisión a prolongar, por los menos para aquellas regiones más necesitadas, con una tradición importante en astilleros, algunas ayudas para que puedan sobrevivir ante esta competencia desleal?

Monti
. (EN) El informe de la Comisión ha establecido que, habida cuenta de que las ayudas a la explotación no han contribuido a la solución de los problemas ocasionados por la competencia desleal de los coreanos, hemos decidido no prolongar dichas ayudas. Al mismo tiempo, se ha adoptado la decisión de que el Sr. Lamy disponga, en las próximas negociaciones y acciones con respecto a Corea, de los instrumentos más poderosos y centrados posibles. Creemos que eso no representará el mantenimiento generalizado de las ayudas a la explotación en vigor, sino más bien que la Comisión esté preparada a presentar un instrumento centrado y específico en el supuesto de que las acciones emprendidas por el Comisario Lamy en nombre de la Comisión no obtengan los resultados deseados para el sector de la Unión Europea.
Segunda parte Preguntas dirigidas al Sr. Lamy

El Presidente


Karin Riis-Jørgensen
Pregunta nº 38 formulada por (H-0868/00):
Asunto: Aranceles a la importación de coque de carbón troceado Las fundiciones y la industria del aislamiento europeas utilizan coque de más de 80 mm de diámetro y emplean a más de 100.000 personas dentro de la Comunidad, mientras que los productores comunitarios de coque sólo emplean a unas 800 personas. ¿Piensa la Comisión que redunda en beneficio de la Comunidad proteger a la industria comunitaria del coque, que ya se ha beneficiado de importantes aumentos de precio, con lo que se perjudica gravemente a las industrias usuarias que dan empleo a mucha más gente?
¿Cómo espera la Comisión que la industria usuaria siga siendo competitiva de cara a la competencia de las fundiciones del Lejano Oriente cuando la industria usuaria tiene una posibilidad mínima, si es que la tiene, de aumentar sus precios?
A la luz de todo lo anteriormente expuesto, es de esperar un aumento de las importaciones de coque de terceros países, lo que daría lugar a un aumento de las emisiones de ácido sulfúrico. Si es así, ¿es la decisión de la Comisión conforme a las políticas comunitarias en materia de energía y medio ambiente?

Lamy
Sobre esta pregunta de las importaciones de coque, quisiera comenzar señalando que los servicios de la Comisión han procedido a un análisis muy profundo del dumping chino - como hemos de hacer -, del perjuicio que de ello resulta para la industria europea y de las posibles consecuencias para los usuarios. La conclusión de las investigaciones es que el dumping y el perjuicio no son discutibles y que el efecto de las medidas antidumping en los usuarios sería limitado.
La cuestión del empleo ha sido objeto de una atención especial. La industria usuaria de coque emplea en total a 70.000 personas, pero este producto no representa más que una parte muy marginal de sus costes, en torno a un 2%. Además, quedó establecido que sus usuarios podrían repercutir un aumento moderado de sus precios a los clientes. Por consiguiente, es poco probable que se produzcan efectos negativos en el empleo y en la competitividad, en la industria del coque.
Por el contrario, en lo que respecta a la industria del coque por sí mismo, que da empleo a 1.900 personas directamente en la fabricación de coque, esta situación se ha deteriorado hasta tal punto bajo el efecto del dumping chino que se están considerando cierres de instalaciones.
El incremento de los precios que resultaría de las medidas antidumping debería permitir un restablecimiento del aprovechamiento de la industria del coque. Por tanto, a la vista de todos los argumentos presentados, se ha concluido que la imposición de medidas antidumping era en interés global y general de la Unión Europea.
Por lo que respecta a la parte relativa al medio ambiente - que no forma parte de las investigaciones antidumping pero que debe tomarse sin embargo en un contexto más amplio - deseo mencionar que la legislación comunitaria en materia de medio ambiente establece unos límites de emisión que han de ser respetados, tanto por los productores como por la industria usuaria, cualquiera que sea el origen del coque y, por consiguiente, tanto si se trata de coque chino como si procede de cualquier otro lugar, las consecuencias en materia de medio ambiente son las mismas.
Esta investigación se ha realizado según el procedimiento habitual. La considero equitativa y transparente, y todos los argumentos adelantados por la industria usuaria han sido debidamente tomados en consideración, como siempre.

Riis-Jørgensen
Señor Comisario, comprendo que no desee modificar su decisión a pesar de que diez países miembros sean contrarios a este arancel. Estoy muy en desacuerdo con usted, señor Lamy. Igual que estaba de acuerdo con usted esta tarde con respecto a la política de astilleros de los coreanos, lo estoy ahora en desacuerdo en este tema. Me parece importante subrayar que nos hallamos frente a una industria del coque que sólo da trabajo a 800 trabajadores y que, sin embargo, tenemos una industria usuaria de más de 6.000 trabajadores que lo tiene mal desde el punto de vista puramente de la competencia con semejante arancel antidumping. No obstante, entiendo que sigue estando en desacuerdo conmigo por lo que no conseguiré nada volviendo a hacerle la pregunta otra vez, sin embargo, me parece que debe tener en cuenta la oposición de diez países miembros a este arancel.

Lamy
No tengo nada que añadir. La proporción de empleos no es, efectivamente, la misma, simplemente, en un caso es destructiva, en otro no.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 39 y 40 se contestarán conjuntamente.

William Francis Newton Dunn
Pregunta nº 39 formulada por (H-0883/00):
Asunto: Propuesta consistente en "todo excepto armamento" ¿Está satisfecha la Comisión de que esta drástica propuesta, que posiblemente tendrá funestas consecuencias para los productores de remolacha azucarera de la Unión Europea, que ya atraviesan una situación difícil, se apruebe sin consultar al Parlamento Europeo, órgano elegido por sufragio directo?

Glenys Kinnock
Pregunta nº 40 formulada por (H-0889/00):
Asunto: Acceso al mercado para los países menos desarrollados y los países en vías de desarrollo ¿Prevé la Comisión cumplir las obligaciones contraídas de conformidad con el acuerdo de Cotonou, de consultar a los países ACP y llevar a cabo estudios específicos de las repercusiones por países y sectores, antes de que el Consejo tome una decisión sobre las propuestas de la Comisión relativas al acceso al mercado europeo, exento de aranceles y cuotas, para todos los productos, excepto las armas, procedentes de los 48 países menos desarrollados y en vías de desarrollo del mundo?

Lamy
Voy a contestar a estas dos preguntas al mismo tiempo. La propuesta de reglamento de la Comisión que nosotros denominamos "todo excepto armamento", está destinada a conceder a los países menos avanzados el acceso al mercado comunitario sin aranceles ni cuotas, para todas sus exportaciones excepto las armas.
Esta propuesta, resultado de los múltiples compromisos asumidos por la Comunidad a favor de los PMA, pretende promover la inserción de éstos en la economía mundial. Consideramos obligatorio que el proceso de globalización no dé como resultado la marginalización de países en vías de desarrollo más pobres.
Esta iniciativa se basa en un reglamento del Consejo, que modifica el reglamento que define el EGP. La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 133 que, como saben ustedes, no prevé en la actualidad obligación legal de consultar al Parlamento.
Estoy totalmente de acuerdo en que esta propuesta constituye una decisión importante y debería someterse al procedimiento de codecisión. Es lo que la Comisión propuso a la Conferencia Intergubernamental. La propuesta de la Comisión, plenamente apoyada por el Parlamento, deseaba y consideraba recurrir a la codecisión para todas las normas de alcance general que definen los elementos esenciales de la política comercial común, lo que ocurre en este caso.
El resultado está ahora logrado y, lo sabe usted como yo, la Conferencia Intergubernamental no aprobó esta sugerencia, a la que ningún Estado miembro dio su apoyo.
La Comisión no puede contravenir las reglas en vigor del Tratado. La consulta al Parlamento sobre esta propuesta, así como la posible consideración de argumentos que el Parlamento podría verse obligado a hacer valer es, pues, una decisión política que, en el actual estado de los textos, depende sólo de la valoración del Consejo. Sin embargo, en una preocupación por garantizar un control político eficaz por el Parlamento, me he esforzado por mantener informado, en la medida de lo posible, al Parlamento Europeo, y así informé a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, de esta iniciativa, el pasado 11 de octubre y estoy, por supuesto, dispuesto a ir de nuevo ante la comisión competente de este Parlamento para discutir esta propuesta.
Sobre la pregunta planteada por Glenys Kinnock relativa a la articulación entre esta iniciativa y el acuerdo de Cotonou, quisiera repetir que la Comisión ha respetado enteramente el espíritu y la letra de las disposiciones de este acuerdo en lo que hace referencia a la información y consulta a los países ACP. Hemos transmitido nuestra propuesta a los países ACP prácticamente al mismo tiempo que a nuestros Estados miembros. Invitamos a los ACP a iniciar consultas. Estas consultas se desarrollaron en el marco del subcomité de cooperación comercial ACP que se reunió el pasado 21 de noviembre. Los Estados miembros han señalado que les gustaría que la Comisión presentase un análisis de impacto más detallado antes de que se adoptase una decisión. El análisis está en curso y se comunicará a los ACP en cuanto sea posible. Evidentemente, el impacto real de la iniciativa a favor de los PMA dependerá de su capacidad de reacción, algo extremadamente difícil de prever y de modelizar.
Estamos por tanto dispuestos a seguir muy atentamente los efectos de esta iniciativa y sus resultados, y examinar, si llega el caso con los Estados ACP, las medidas que sean necesarias con el fin de preservar su posición competencial en los mercados de la Comunidad.

Newton Dunn
Señor Presidente, permítame expresar mi profundo agradecimiento al Comisario por su respuesta tan positiva sobre la cooperación con el Parlamento. Estoy seguro de que todos mis colegas se sienten muy agradecidos. Este asunto en particular es motivo de gran preocupación para los productores de remolacha británicos, como puede imaginarse, porque es prácticamente el único cultivo rentable en estos momentos en el Reino Unido. Represento a algunos productores y por ello siento una profunda preocupación. Observo, casualmente, que aunque los Conservadores británicos se jactan en el Reino Unido de representar a la población rural, ninguno de ellos se encuentra presente en la Asamblea para formular una pregunta. ¿Podría decirnos, por favor, qué repercusiones tendrá su propuesta, en su opinión, sobre el precio del azúcar en el Reino Unido?

Kinnock
Señor Presidente, permítame expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su respuesta. ¿Estaría dispuesto a confirmar, señor Comisario, que el Grupo de trabajo sobre el SPG del Coreper ha sido aplazado por segunda vez? ¿Es ello debido a que esperan que usted presente una propuesta revisada y estudios sobre las repercusiones?
En segundo lugar, usted ha mencionado que se ha respetado el espíritu de Cotonou. No es ésa la opinión de los ministros de Comercio de los países ACP, que se han reunido esta semana y han manifestado sus esperanzas de que la Comisión Europea respete los acuerdos en vigor. Señor Comisario, dichos ministros opinan que el acuerdo de Cotonou fue el fruto de una negociación minuciosa por parte de los países ACP y que en el plazo de cinco meses, casi antes de que se secara la tinta, ya se han presentado propuestas sin ninguna consulta. Naturalmente ha habido una consulta después del acontecimiento, pero no antes, que fue una de las cosas acordadas en Cotonou, como usted sabe, al igual que la necesidad de realizar estudios conjuntos sobre las consecuencias.
En tercer lugar, señor Comisario, ¿estaría dispuesto a reconocer conmigo que las vulnerables economías de las islas pequeñas, en particular aquéllas del Caribe, que dependen de determinados productos como los plátanos, el azúcar y el arroz, merecerían una consideración especial?

Lamy
En lo que respecta al azúcar procedente de la remolacha azucarera, no se me ha ocultado que los cultivadores de remolacha y los productores de azúcar estaban preocupados frente a esta iniciativa. Es exacto que el precio del azúcar en la Unión Europea es hoy tres veces más elevado que en el mercado mundial, lo que plantea efectivamente un problema. Esta iniciativa no tiene por otra parte como objeto regularlo, debo tranquilizarlo, en tanto las cantidades suplementarias que podrían importarse en el mercado comunitario son bajas. Se trata de hecho de autorizar el acceso a cantidades mayores que, para nosotros, son bajas y por tanto no desestabilizadoras, pero que para esos países son muy importantes, habida cuenta de las dimensiones de sus economías. Esto no debe por tanto desestabilizar el mercado comunitario del azúcar, muy protegido. Incluiremos, si es necesario, las precauciones necesarias en las enmiendas sobre las que trabajamos.
Eso conecta con la pregunta de la Sra. Kinnock. Efectivamente, estamos trabajando en una serie de enmiendas de forma que esta propuesta sea aceptable al mismo tiempo para el Consejo y para el Parlamento. Trabajamos en ello en comisión, no lo hemos retomado esta semana al estar Poul Nielson ausente por un viaje a los Balcanes.
Al igual que la Sra. Kinnock, conozco la situación difícil a la que deben enfrentarse las islas pequeñas. Trabajaremos de tal manera que, o bien en las cláusulas de salvaguarda o bien en las transiciones, estas propuestas no tengan una incidencia demasiado fuerte en estas regiones.
Doy las gracias finalmente a la Sra. Kinnock por informarme sobre los trabajos de la reunión de ministros ACP del comercio, que tuvo lugar en Bruselas esta semana. Yo estaba presente y abordé la cuestión con los ministros ACP del comercio que, tras esta reunión, votaron una resolución favorable a la iniciativa de la Comisión.

Howitt
Señor Comisario Lamy, cuando le pregunté sobre este asunto este mismo año en un turno de preguntas anterior, usted dijo que eso no sería posible durante los próximos cinco o seis años. ¿Puede explicar qué le ha hecho cambiar de opinión? Entre los países en desarrollo hay muchos cínicos que contemplan esta medida sencillamente como un intento de sobornarlos de cara a futuras negociaciones de la OMC.
¿Está siendo sincero en su intento de ayudar a los países en desarrollo? Puede ofrecernos su opinión sobre el análisis que hacen algunas ONG de que los países menos desarrollados, sin medidas para generar capacidad, sin un cambio en el precio del azúcar y habida cuenta de que son importadores netos de azúcar, pueden no estar en condiciones de sacar provecho de lo que ofrecemos?
Por último, ¿puede indicarnos si el Colegio de Comisarios ha tratado hoy sobre este asunto? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la naturaleza del debate, y espera que se produzca algún avance en este asunto antes de su comparecencia ante nuestra Comisión de Desarrollo y Cooperación el próximo 16 de enero en Estrasburgo?

Lamy
Sobre las cuestiones de procedimiento, señor diputado, acabo de decir en qué lugar se encontraban los debates en la Comisión, por tanto no volveré sobre ello. En lo que se refiere a los contactos con las comisiones competentes del Parlamento Europeo, estoy, por supuesto, a su disposición como siempre.
Sobre la pregunta de si se trata de un gesto táctico destinado a atraerse los favores de los países menos avanzados en el marco de un giro de las negociaciones, aclaro inmediatamente que no es así. Esos países no tienen desafortunadamente, habida cuenta de su situación, ninguna capacidad de negociación autónoma y por consiguiente se trata de un gesto que en mi opinión debemos hacer unilateralmente, sin ninguna contrapartida.
Finalmente, sobre los problemas que ello podría causar a otras economías, adoptamos las disposiciones necesarias y es en este espíritu como nos hemos ocupado de volver a examinar la propuesta de la Comisión para que el impacto en otros ACP sea lo más limitado posible.

Clegg
Como ha dicho mi colega Bill Newton Dunn, algunos de nuestros colegas en el Reino Unido se están dedicando a despertar la alarma antieuropeísta a un nivel considerable, aunque de manera bastante simplista, sobre esta propuesta y han conseguido que numerosos cultivadores de remolacha se sientan muy preocupados. Necesitamos su ayuda para poder convencer a nuestros electores y a nuestra comunidad agrícola de que las alegaciones que hace el ala antieuropeísta de nuestro entorno político, entre otros, son falsas. Con este fin, ¿podría garantizarme, en primer lugar, cuándo tendremos acceso al estudio de las repercusiones, de manera que podamos citarlo para, quizá, poder disipar algunas de las alegaciones apocalípticas que han rodeado su propuesta y, en segundo lugar, podría ampliarnos los detalles sobre la cláusula de salvaguardia que, según creo, se está planteando introducir en esta medida, así como cuál será el período de transición hasta que la medida entre finalmente en vigor?

Lamy
El estudio de impacto, señor Clegg, está en estos momentos en fase de redacción por los servicios del Sr. Fischler, a quien este último ha pedido que se apresure al máximo y espero que estará disponible rápidamente. No nos hacemos ilusiones, es difícil modelizar, habida cuenta del estado de estas economías, su capacidad de reacción ante estos temas.
Con respecto al segundo punto, daremos argumentos. Estamos trabajando en la cláusula de salvaguarda y si el Sr. Clegg necesita argumentos para hablar con sus productores de remolacha, los tengo a su disposición. Ocurre que yo mismo soy originario de una región francesa que cultiva mucha remolacha y tengo cierto conocimiento de esos temas. Lo compartiré gustosamente con él.

El Presidente
Las preguntas 41 y 42 se contestarán por escrito.
Pregunta dirigida al Sr. Liikanen

El Presidente


Lennart Sacrédeus
Pregunta nº 43 formulada por (H-0917/00):
Asunto: Lucha contra el turismo sexual En la sesión de octubre, y en respuesta a una pregunta formulada por mi sobre la continuación de la ayuda de la UE a ECPAT (Acabar con la Prostitución Infantil en el Turismo Asiático) en el contexto de la lucha de Suecia contra el turismo sexual, la Comisión declaró que se suprimirá una parte importante del trabajo de la Comisión debido a que, si bien se realiza con escasos medios presupuestarios, absorbe a un gran número de personal. La Comisión, no obstante, prometió continuar la lucha contra el turismo sexual mediante, por una parte, la asignación de medios para el proyecto ECPAT 2001 y, por otra parte, la continuación de la lucha contra el turismo sexual a través de otros programas.
¿Cómo se va a financiar ECPAT en el año 2001? ¿Cuál es la estrategia para su financiación a largo plazo y cómo se van a liberar los créditos para poder continuar el trabajo contra el turismo sexual en el futuro, incluso en países que no son miembros de la Unión Europea?

Liikanen
. (SV) La Comisión ha recibido una solicitud de fondos para la adopción de medidas contra el turismo sexual que afecta a menores. Cuatro organizaciones internacionales se encargarán de su realización durante 2001. Esos recursos pueden concederse utilizando las atribuciones concedidas por la partida presupuestaria B7-663 del presupuesto del año 2000. Una de esas cuatro organizaciones es ECPAT, cuyas medidas en este campo durante el año 2001 están comprendidas en esta solicitud.
El procedimiento de la Comisión para conceder las ayudas financieras concluirá dentro de poco tiempo, y esto afectará también a los recursos que ECPAT necesita para el año 2001. Desde el año 2001, la intención de la Comisión es financiar las acciones contra el turismo sexual mediante la realización de los actuales programas contra este tipo de turismo. La Comisión ha precisado que programas tales como Stop y Daphne harán posible la lucha contra el turismo sexual que afecta a menores, permitiendo también que se cubran los abusos y la violencia contra menores en los países candidatos. Además, proyectos concretos financiados en el marco de la política para el desarrollo de las relaciones exteriores de la Unión Europea podrán tener como objetivo el trabajo contra el turismo sexual que afecta a menores en países que no son miembros de la Unión. Esos diferentes instrumentos también están abiertos para organizaciones como ECPAT y sus colaboradores en los diferentes países.

Sacrédeus
Faltan catorce días para la Navidad y, tanto en Suecia como en Finlandia, se celebra a Santa Lucía. Quiero agradecer al Sr. Liikanen su muy positiva y brillante respuesta. Sin embargo, ¿puedo pedir algunas aclaraciones?
¿Está totalmente claro que ECPAT puede continuar con su proyecto durante el próximo año 2001? ¿Está también claro que la partida presupuestaria que se utiliza para medidas destinadas a la lucha contra el turismo sexual que afecta a menores no se eliminará, sino que se seguirá usando? ¿Los recursos que se otorguen significarán más dinero o se trata del mismo nivel anterior?
Comisario Liikanen, con agradecimiento quisiera expresar que, en mi opinión, después que Maj-Britt Theorin y yo actualizáramos este tema el 4 de octubre, usted se ha interesado y preocupado por él.

Liikanen
. (SV) Este año decide la Comisión sobre los recursos que se usarán durante el año 2001. Esto significa que las medidas del 2001 pueden financiarse con recursos contemplados en los presupuestos de este año.
En relación con los presupuestos del año 2001, en primer lugar tenemos que esperar la decisión del Parlamento Europeo. A continuación, la Comisión debe reflexionar sobre la mejor manera de realizar las medidas para combatir el turismo sexual que afecta a menores. Estoy dispuesto a volver a discutir este asunto con el honorable diputado al Parlamento Europeo cuando se hayan votado los presupuestos y cuando la Comisión haya discutido el asunto.

Rübig
Señor Presidente, señor Comisario Liikanen, esta noche también se va a debatir la directiva sobre el contenido digital. En ese contexto también nos preocupan las medidas que podemos adoptar para procurar excluir al máximo en el futuro los contenidos nocivos de la red. ¿Existe algún proyecto para establecer líneas directas que permitan al ciudadano europeo comunicar a un servicio central los contenidos nocivos que detecte en la red? ¿Cuáles son las perspectivas de los grupos de Internet, la policía de Internet y las agrupaciones de usuarios que están haciendo frente común y también intentan excluir los contenidos nocivos de la red? ¿Se prevé que se pueda disponer también de dispositivos técnicos, de las llamadas técnicas de filtrado, que permitan excluir en el futuro los contenidos nocivos de Internet?

Liikanen
. (EN) Estamos siguiendo tres tipos de actividades en este ámbito. Uno es relativo a la actividad directamente criminal. En este ámbito estamos trabajando actualmente con el Sr. Vitorino en la elaboración de una comunicación sobre el delito informático. Espero que sea presentado a la Comisión en breve.
El segundo ámbito es tecnología. Es necesario que, por ejemplo, la tecnología permita a los padres que lo deseen, filtrar el contenido de Internet. Tenemos un proyecto en particular sobre eso.
El tercer ámbito lo forman medidas concretas como teléfonos de emergencia. Trataré sobre este asunto con mis servicios una vez que conozcamos los recursos presupuestarios disponibles para el próximo ejercicio. Volveré gustoso para informar al Sr. Rübig cuando llegue el momento.
Preguntas dirigidas al Sr. Bolkestein

El Presidente


Bernd Posselt
Pregunta nº 44 formulada por (H-0872/00):
Asunto: Tribunal Europeo de Patentes ¿Cuál es el estado de los preparativos para la creación de un Tribunal Europeo de Patentes y qué opina la Comisión de la propuesta de establecer la sede en Munich?

Bolkestein
. (NL) La propuesta de un ordenamiento en relación con la patente comunitaria prevé la creación de un tribunal especializado en el ámbito de las patentes. Dicho tribunal sería competente en lo que respecta concretamente a litigios referidos a la validez y a las infracciones de la patente comunitaria. Sin embargo, estas nuevas competencias judiciales requieren una modificación del Tratado Europeo. El Consejo Europeo de Niza adoptó una decisión positiva en este sentido hace algunos días. En un nuevo artículo del Tratado se prevé una posible ampliación de las competencias del Tribubal Europeo en este sentido. En la propuesta de la Comisión no se trata la cuestión referida a la ubicación geográfica del futuro tribunal. El nuevo tribunal se integrará en la institución judicial comunitaria que obviamente es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Posselt
Señor Presidente, sólo querría preguntar qué se propone hacer la Comisión para intentar incorporar gradualmente también la Oficina Europea de Patentes a la estructura de la Unión Europea. ¿No se contempla acaso este proyecto para el futuro? ¿No sería, por lo tanto, más razonable que el Tribunal Europeo de Patentes tuviese su sede en el mismo lugar que la Oficina Europea de Patentes? En su respuesta, que yo le agradezco, a la propuesta que presenté junto con el colega Würmeling, usted nos escribió que la sede debía situarse en un lugar central. Permítame que le recuerde que Munich se encuentra en un lugar central de Europa y también está bien comunicada.

Bolkestein
. (NL) Soy consciente de que en Munich se han desarrollado importantes actividades económicas en el ámbito de las patentes. La Oficina Europea de Patentes tiene asimismo su sede en Munich. Sin embargo, opino que en esta fase resulta prematura iniciar un debate acerca de la sede del futuro tribunal comunitario de patentes.
En este momento, los esfuerzos de mis servicios y los míos personales se centran en limitar la distancia entre las partes y el futuro tribunal. En concreto, nuestra intención es que la jurisprudencia centralizada se encuentre cerca de todos los justiciables de la Comunidad. Quisiera añadir que no resulta sencillo disponer de una patente comunitaria, una patente centralizada, sin una jurisprudencia centralizada. De lo contrario, en todos los Estados Miembros de la Unión Europea podría existir un tribunal que resolviera procesos de infracción de patentes, lo que podría implicar que una empresa alemana se encontrara en un tribunal del Estado Miembro X, lejos de la sede de dicha empresa, lo que con la ampliación podría suponer una distancia aún mayor. Resulta esencial que se cree una institución judicial, tanto de primera instancia como de apelación, en la que se juzguen litigios sobre patentes.

MacCormick
Como sabrá el Sr. Bolkestein, los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, entre los que me incluyo, han expresado cierta preocupación en nuestro anterior diálogo por el riesgo de que se produzca una proliferación de jurisdicciones comunitarias que funcionan de forma conjunta y paralela con aquéllas de los Estados miembros. Hasta ahora, la tendencia general consistía en que los litigios se resolvían principalmente en los tribunales de los Estados miembros, pero los problemas de interpretación del Derecho comunitario se han centralizados a modo de referencias al Tribunal. Con ello se quiere garantizar la coherencia de la ley en toda la Unión, aunque sea administrada a nivel local. Quisiera que me aseguraran que la Comisión estudiará muy detenidamente las virtudes de semejante enfoque, porque sospecho que una proliferación de las jurisdicciones puede terminar fragmentando nuestros ordenamientos jurídicos.

Bolkestein
. (EN) No estoy seguro de lo que su Señoría quiere decir con "proliferación". ¿Se refiere a una proliferación geográfica o a una proliferación funcional, según los diferentes contenidos?
Si el Sr. MacCormick quiere decir proliferación funcional de los tribunales de justicia, puedo comprender su punto de vista. Entiendo que lo que le preocupa es que se produzca una proliferación de tribunales especiales que se ocupen de esto, de aquello y de lo de más allá. Ciertamente es un punto de vista comprensible que comparto.
No obstante, las patentes representan un trabajo muy especializado. Del mismo modo que los tribunales de Düsseldorf, Munich y de otras ciudades alemanas se han especializado en el Derecho de patentes, y también existen tribunales especializados en Londres, un tribunal comunitario que se reúna y juzgue casos relativos a las patentes comunitarias deberá estar muy especializado. No es una cuestión que se pueda confiar a un juez novel - si me permiten expresarlo de este modo - aun cuando dicho juez tenga amplia experiencia en otros ámbitos. Por consiguiente, los tribunales especializados que desea la Comisión Europea, para que se ocupen de todos los litigios posibles en materia de patentes comunitarias, deberán estar constituidos por jueces especializados y, por consiguiente, orgánicamente formarían parte del Tribunal de Luxemburgo, pero en lo que a su funcionamiento se refiere, constituye una sección especializada de dicho Tribunal.
Dicho todo esto, estoy de acuerdo con el Sr. MacCormick en que convendría ser muy prudentes a la hora de constituir tribunales especiales. No queremos un tribunal para accidentes de tráfico, acuerdos internacionales ni para el Derecho marítimo, etc. Estos asuntos seguirán siendo competencia del Tribunal de Luxemburgo y ciertamente la Comisión no querría ninguna disposición especial para casos normales.

El Presidente


Luis Berenguer Fuster
Pregunta nº 45 formulada por (H-0879/00):
Asunto: Tribunales de marcas comunitarias en los Estados miembros El Reglamento (CE) 40/94 sobre la Marca Comunitaria prevé en su artículo 91 que los Estados miembros crearán al menos un tribunal para dirimir los conflictos privados derivados de marcas comunitarias. Algunos países, han creado estos tribunales, entre ellos España, en cuyo caso existe una dificultad adicional porque, según se establece en ese Reglamento, la competencia para los conflictos entre dos empresas extracomunitarias corresponde al tribunal español.
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para conseguir que los Estados miembros que no lo hayan hecho creen el tribunal de marcas comunitarias?

Bolkestein
. (NL) La pregunta del señor Berenguer Fuster se refiere a las marcas comerciales. La Comisión comprende la situación que relata el señor Berenguer Fuster. Una situación que no sólo afecta a España sino también a otros Estados Miembros como Francia, Luxemburgo, Italia y Grecia. Por este motivo, la Comisión se ha puesto en contacto con los Estados Miembros implicados antes de remitirles un aviso. Los contactos han tenido tal éxito que durante el último año tres Estados Miembros han remitido a la Comisión su lista de tribunales de primera y segunda instancia para las marcas comunitarias. Sin embargo, opinamos que la situación, que ciertamente ha mejorado pero que aún resulta insatisfactoria, no puede prolongarse por más tiempo. La Comisión adoptará en consecuencia todas las medidas que considere necesarias.
El apartado 5 del artículo 91 del reglamento referido a las marcas comunitarias establece que hasta que los Estados Miembros no hayan notificado a la Comisión los tribunales competentes de primera y segunda instancia, todos los procedimientos deberán instruirse en la institución judicial del Estado Miembro que tenga competencias absolutas o relativas para ello. Para evitar que esta situación provisional adquiera un carácter permanente, el 13 de julio de 1999, el 13 de julio del año pasado, la Comisión recordó en una carta dirigida a los Estados Miembros correspondientes su obligación de designar tribunales para las marcas comunitarias. Desde entonces, estos países aún no han notificado a la Comisión si han adoptado medidas. Teniendo en cuenta que la Comisión no dispone por lo tanto de ningún tipo de información a partir de la que determinar si estos países han adoptado las medidas necesarias, recientemente ha remitido a dichos países un aviso por escrito. En caso de que los Estados Miembros no reaccionen a este aviso o respondan de forma insatisfactoria, la Comisión podrá incoar un procedimiento de infracción conforme al artículo 226 del Tratado por incumplimiento de la legislación comunitaria.

Berenguer Fuster
Señor Comisario, usted dice que van a adoptar las medidas necesarias, entre otras, la apertura de un procedimiento de infracción.
Me siento especialmente obligado a mencionar el problema de España. Y no sólo por razones obvias de nacionalidad y de preocupación, sino por un motivo adicional: en el propio artículo 92 del Reglamento de la Marca Comunitaria se establece que determinada competencia adicional corresponderá a los juzgados y tribunales españoles, creados en la marca comunitaria, cuando se trate de litigios entre dos empresas que no tengan establecimiento abierto en el territorio de la Unión.
Como el Sr. Comisario ha manifestado que España es uno de los países incumplidores, aun siendo el país en cuyo territorio está la sede de la Oficina de la Marca Comunitaria, lo cual resulta verdaderamente significativo, desde noviembre de 1996 España está incumpliendo con esta obligación.
Creo que el vaso de la paciencia de la Comisión ya ha llegado a rebosar y, si tiene que iniciar ese procedimiento de infracción, que lo inicie ya.

Bolkestein
. (EN) No puedo por menos que estar de acuerdo con el diputado que me ha dirigido la pregunta, en que ya basta. Gracias, señor Berenguer Fuster, por su firme petición a la Comisión. La tomo como un estímulo para reanudar nuestra acción e intentar que España haga cuanto antes lo que debería hacer.

El Presidente


Antonios Trakatellis
Pregunta nº 46 formulada por (H-0875/00):
Asunto: El metro de Salónica El metro de Salónica, una obra de infraestructura para el desarrollo urbano y el crecimiento económico sostenible de la ciudad, ha pasado lamentablemente más de ocho años entre los papeles del 2º MCA, los diarios locales y el Ministro griego de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas. Las respuestas de la Comisión a las anteriores preguntas de este diputado del pasado mes de febrero (H-0011/00, H-0066/00, H-0513/00, H-0566/00) son un claro ejemplo de la falta de voluntad de afrontar el tema, ya que aplazar esta cuestión para las calendas políticas y burocráticas comunitarias refleja la imagen de mala gestión y evidente incapacidad de la Comisión para examinar de manera rápida y eficaz las denuncias por incumplimiento de la legislación comunitaria relativas al contrato de la obra.
¿Durante cuántos años seguirá estudiando la Comisión las medidas que deben tomarse a propósito de las denuncias, y qué consecuencias tendrá el retraso de la decisión? ¿En qué punto se halla el tema en la actualidad, y qué se propone hacer la Comisión en caso de que se constate un incumplimiento de la legislación comunitaria? ¿Pueden avanzar las obras con la financiación de la Comunidad a través del 2º MCA y el Banco Europeo de Inversiones, o existe algún impedimento al respecto? ¿Se han incluido créditos en el 3er MCA para la materialización de la obra?

Bolkestein
. (NL) La Comisión comunica al estimado parlamentario que existe una denuncia pendiente en relación con el proyecto de metro de Salónica. El denunciante afirma que existen infracciones de las disposiciones comunitarias en relación con las ayudas estatales y las licitaciones de la administración. Como bien sabe el estimado parlamentario de su asamblea, la presentación de una denuncia no afecta por sí misma al avance del proyecto. La Comisión opina que las preguntas en relación con los retrasos en la ejecución del proyecto se deben plantear a las autoridades competentes en Grecia.
En lo que respecta a los aspectos de la cuestión desde el punto de vista de las disposiciones sobre licitaciones de la administración, los servicios de la Comisión han expuesto su opinión al denunciante en una carta, una carta que se remitirá en los próximos días. En este momento no podemos, por lo tanto, facilitar la información solicitada al estimado parlamentario. La Comisión evalúa también si la financiación del proyecto se ajusta a las normas del Tratado en el ámbito de las ayudas estatales aunque aún no ha adoptado ninguna resolución a este respecto. El gobierno griego parece no haber alcanzado aún un acuerdo con el concesionario en torno a todas las condiciones que afectan a la financiación del proyecto. Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna notificación en virtud del artículo 88, apartado 3 del Tratado. Consecuentemente, la Comisión no puede analizar todos los hechos del asunto y adoptar una resolución definitiva en la que indique su opinión acerca de la situación.
Desde el punto de vista general, la Comisión desea informar al estimado miembro de su asamblea que la investigación de una denuncia tan complicada debe efectuarse con suma cautela. Por este motivo, la Comisión sigue el asunto con atención en el marco del procedimiento previsto en las correspondientes disposiciones del Tratado y en la legislación derivada. En relación con la financiación efectiva del proyecto, la Comisión comunica al estimado miembro de esta asamblea que la Comunidad ha financiado los trabajos previos al proyecto con 5,8 millones de euros en el marco del segundo presupuesto comunitario EFRO. La solicitud de financiación del saldo se recoge en el programa operativo propuesto por las autoridades griegas y denominado ejes de transporte, puertos y desarrollo urbano presentado ante la Comisión en el marco del presupuesto comunitario 2000-2006. Se espera que la Comisión apruebe la propuesta a principios del año 2001, es decir, en breve. En esta propuesta se establece que el proyecto de metro de Salónica podrá ser financiado con los fondos EFRO hasta un máximo de 122 millones de euros mientras que la aportación de la administración nacional ascenderá aproximadamente a 122 millones y el concesionario deberá aportar 413 millones de euros.

Trakatellis
Señor Comisario, tengo que decir que no me ha aclarado usted nada, o, más bien, no me ha dicho nada nuevo que no supiera, porque tienen esta denuncia en la Comisión desde hace un año. A la pregunta anterior ha respondido usted que la culpa es de España y que harán ustedes lo que deban hacer; en este caso, sin embargo, la culpa es de ustedes. Porque tienen esta denuncia desde hace un año y no toman una decisión. El resultado es que el Banco Europeo de Inversiones con semejante asunto pendiente no concede, lógicamente, crédito alguno; y no sé cómo podrán incluir la obra en el tercer MCA si no toman esa decisión.
Nótese que el Defensor Europeo me ha respondido y me ha dicho concretamente que responderá a lo largo de este mes a las denuncias recibidas por él. Yo quiero de ustedes un compromiso de calendario concreto en el que recibiré respuesta a mi pregunta, y quiero conocer su apreciación sobre el Banco Europeo de Inversiones, si su negativa hasta ahora a financiar la obra se debe al hecho de que en este momento se encuentre el expediente en la Comisión y esté pendiente la denuncia que todavía no han examinado.

Bolkestein
. (NL) Quisiera decirle lo siguiente al Sr. Trakatellis. Tal y como ha expuesto con anterioridad la Comisión y como supongo que sabe el Sr. Trakatellis, se trata de un asunto de extraordinaria complejidad y las supuestas infracciones del derecho comunitario no están claras. Además, la Comisión no puede investigar los aspectos de la cuestión en relación con las ayudas estatales antes de cerrar el paquete financiero del acuerdo. En este sentido, quiero manifestar que el denunciante ha tardado ocho meses desde que se conoció el acuerdo de concesión en Grecia en formarse su propia opinión y presentar la denuncia ante la Comisión. En otras palabras, creo que no se puede acusar a la Comisión de ningún tipo de negligencia. La Comisión hace su trabajo de forma más rápida y más precisa posible. Quisiera convencer al señor Trakatellis de ello.

El Presidente


Jonas Sjöstedt
Pregunta nº 47 formulada por (H-0877/00):
Asunto: Libre circulación de mercancías contra derecho de huelga Tras la respuesta de la Comisión a mi pregunta P-3079/00, desearía formular una nueva pregunta. En su respuesta, la Comisión indica que el derecho de huelga deberá ser respetado de conformidad con el Reglamento (CE) 2679/98. Al mismo tiempo, la Comisión afirma que tiene la intención de intervenir contra las trabas a la libre circulación, independientemente de que exista o no un conflicto sindical. Hay en ello una contradicción evidente, que puede ilustrarse con el siguiente ejemplo hipotético:
En el curso de un conflicto sindical legal que tiene como escenario los puertos de Suecia, las organizaciones sindicales los declaran bloqueados y detienen las operaciones de carga y descarga. En un caso como éste, ¿se vería la Comisión obligada a ordenar la intervención del gobierno del Estado miembro en cuestión para garantizar la libre circulación de mercancías que corresponde al mercado interior? ¿Cuánto puede prolongarse una huelga antes de convertirse en una amenaza para la libre circulación? ¿Hasta dónde debe ir un Estado miembro en la aplicación de medidas destinadas a restablecer la libre circulación? ¿Deberá el Estado miembro recurrir a la legislación para obligar a los interlocutores sociales a aceptar un acuerdo negociado por el Gobierno?

Bolkestein
. (NL) La anterior respuesta que la Comisión dio a la pregunta P-3079/00 quizás se malinterpretó. Por ello, quisiera comunicar lo siguiente al señor Sjöstedt en nombre de la Comisión. Todos los Estados Miembros se encuentran obligados por el Reglamento 2679/98 en el que se establece claramente que el reglamento no debe interpretrarse de modo que limite bajo ningún concepto el ejercicio de los derechos fundamentales tal y como se reconocen en los Estados Miembros, incluyendo el derecho de huelga o la libertad de huelga. Resulta obvio que la Comisión reconoce este principio. Sin embargo, en virtud del mismo reglamento, todos los Estados Miembros deben adoptar todas las medidas necesarias y razonables para restablecer la libre circulación de mercancías en su territorio en el menor plazo posible con el objeto de evitar graves alteraciones de la libre circulación de mercancías cuando se ha producido una obstaculización tal y como se define en el reglamento como consecuencia de una huelga o situación similar.
Asimismo, los Estados Miembros deben poner en conocimiento de la Comisión todas las obstaculizaciones que se produzcan en su territorio, así como las medidas adoptadas por los Estados Miembros.
Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que los Estados Miembros deben decidir lo que se considera una huelga legal en virtud de su propia legislación. Quisiera subrayar que los Estados Miembros tienen competencias exclusivas para determinar el momento y el alcance de las medidas que resulten necesarias y razonables con el objeto de facilitar la libre circulación de mercancías en su territorio. Esto se pone de manifiesto en la consideración 6 del reglamento.
Los principios que acabo de citar son de aplicación a todas las preguntas planteadas por el señor Sjöstedt.

Sjöstedt
Gracias por la respuesta, señor Comisario. Ha sido una buena aclaración a la respuesta que se me había dado con anterioridad. Entiendo que la Comisión garantiza que no quiere ni puede intervenir contra conflictos sindicales legales, aunque limiten la libre circulación. Si es así, lo agradezco.

Bolkestein
. (NL) Tan sólo puedo reiterar lo que acabo de decir. Le corresponde al Estado Miembro decidir si una huelga es legal. En caso de que se haya obstruido físicamente el flujo comercial, la Comisión espera que tras hacer un llamamiento al Estado Miembro correspondiente se le comuniquen las medidas que se adoptarán para eliminar la obstaculización. Esto significa por lo tanto que la Comisión tan sólo hará uso de las medidas jurídicas de las que dispone tal y como se indica en el reglamento. Las medidas jurídicas que adopte el propio Estado Miembro son competencia exclusiva de los habitantes y de los actores económicos del mismo.

El Presidente


Alexandros Alavanos, a quien sustituye el Sr. Theonas
Pregunta nº 48 formulada por (H-0880/00):
Asunto: Títulos de universidades inglesas a través de centros en Grecia y la Directiva 89/48/CEE En respuesta a una anterior pregunta de este diputado (E-3159/00), la Comisión se limita a mencionar los títulos concedidos únicamente por las universidades francesas en el marco de los acuerdos de colaboración con los Centros de Estudios Libres griegos a estudiantes que asisten a clases en Grecia durante los primeros años y luego, normalmente el último año, continúan en la universidad extranjera, donde obtienen su título universitario. No obstante, es bien sabido que la mayoría de los acuerdos de colaboración de los Centros de Estudios Libres griegos se establecen con universidades inglesas. ¿Qué sucede con los títulos de las universidades inglesas concedidos mediante los acuerdos de colaboración? ¿Deben reconocerse en Grecia por incidir en el ámbito de la Directiva 89/48/CEE? En caso afirmativo, ¿de qué especialidad? ¿Son igualmente válidos en los demás países de la Unión Europea?

Bolkestein
. (NL) La respuesta de la Comisión a la pregunta por escrito del señor Alavanos tan sólo se refiere a los títulos que emiten las universidades francesas en el marco de acuerdos de colaboración debido a que se le plantearon preguntas que se centraban concretamente en estos casos. En el caso de los títulos emitidos por universidades británicas en el marco de un acuerdo de colaboración con una institución griega, su validez se determinará en función de las normas del Estado Miembro en el que la Universidad que haya firmado el acuerdo tenga su sede. En este caso, se trata del Reino Unido. La expedición de un título de esta forma no contraviene la legislación del Reino Unido y, por lo tanto, puede considerarse legal. En este caso, se trata de un título británico.
La Directiva 89/48/CEE se refiere a títulos de formación profesional con una duración mínima de tres años tras la educación secundaria. Los títulos de nivel inferior se someten a la Directiva 92/51/CEE y las directivas que acabo de citar resultan de aplicación con independencia de si el título se expide tras finalizar los estudios en la propia universidad o en una institución que haya firmado un acuerdo de colaboración con la citada universidad. Las directivas resultan de aplicación para las profesiones que no se encuentren sometidas a una directiva específica.
Los principios que he expuesto son igualmente de aplicación a todos los Estados Miembros o en todos los Estados Miembros de la Unión Europea.

Theonas
Quisiera agradecer al Sr. Comisario su esfuerzo por dar una respuesta, pero quisiera señalar que en este momento los estudiantes, si quiere, en Grecia se enfrentan a la siguiente confusión: por una parte, los Centros de Estudios Libres sostienen que, amparados por la Directiva 89/48/CEE, pueden expedir títulos que deben ser reconocidos siempre y cuando los estudios culminen en gran bretaña; y por la otra, las autoridades griegas y los organismos competentes se niegan a reconocer esos títulos que proceden de la culminación de estudios en gran bretaña. En este momento lo que percibo es que la Comisión Europea se lava las manos como Poncio Pilatos. La pregunta es adónde deben dirigirse estos estudiantes para entender que cuando siguen ese ciclo de estudios y lo culminan en Gran Bretaña tienen derecho a obtener resultados.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, permítame, en primer lugar, decir que la Comisión no tiene ningún deseo de desempeñar el papel de Poncio Pilatos, en particular, debido a las consecuencias de su decisión, por tanto espero que su Señoría me perdone cuando digo que la Comisión desea desempeñar un papel diferente en todo este ámbito.
Respecto al tema que nos ocupa, es realmente muy sencillo. Una universidad francesa y una universidad británica han celebrado un contrato con una institución docente de Grecia y hay estudiantes de Francia, Gran Bretaña o de cualquier otro país que estudian en sus centros en Grecia. Pasan sus exámenes en aquel país, bajo la supervisión de la universidad francesa o británica, y los títulos que se conceden al final son títulos británicos o franceses. Si luego el estudiante de dicha institución, que podría ser un estudiante griego, no obtiene el reconocimiento de su diploma o título en Grecia, me temo que en ese caso no le queda otra alternativa que dirigirse a las autoridades griegas y alegar que ha obtenido un título francés o británico en bonne et due forme, como se dice en francés. Por consiguiente, debería dirigirse a dichas autoridades con el fin de obtener reparación. Me temo que la Comisión no puede hacer nada en este sentido, aunque, naturalmente, seguirá el desarrollo de estos casos con el máximo interés.

El Presidente


Eija-Riitta Anneli Korhola
Pregunta nº 49 formulada por (H-0912/00):
Asunto: Servicios de transporte marítimo en el Estrecho del Golfo de Botnia entre Vaasa (Finlandia) y Umeå (Suecia) El transporte marítimo del Estrecho del Golfo de Botnia va a dejar de funcionar porque ha dejado de ser rentable desde que a las compañías marítimas se les ha privado de la posibilidad de ejercer la venta libre de impuestos. Esto ocasiona un gran perjuicio a la diversidad de las relaciones entre las dos regiones, y, para poner remedio, no parece haber más que tres alternativas:
conceder ayuda comunitaria para el mantenimiento de una red de transporte regional no rentable,
construir un puente (o un túnel) en el punto apropiado para cruzar el Estrecho, o
proclamar la isla de Raippaluoto, situada en las inmediaciones de Vaasa, reino independiente, lo que permitiría a las compañías marítimas continuar con la venta libre de impuestos.
En este último caso la ciudad de Vaasa, propietaria de la isla, podría limitarse a alquilar la isla al reino y podría incluso establecer ciertas condiciones para su utilización, prohibiendo, por ejemplo, su funcionamiento como paraíso fiscal. El Rey podría ser elegido por un tiempo determinado de entre los diputados finlandeses al Parlamento más meritorios.
¿Cuál es la posición de la Comisión en cuanto a la solución del problema de las comunicaciones, que afecta a tanta gente?

Bolkestein
. (EN) La Comisión reconoce que la región de Kvarken y, en particular, el trayecto del transbordador entre Vaasa en Finlandia y Umeå en Suecia puede haberse visto afectado por la decisión adoptada por el Consejo de abolir las ventas libre de impuestos para los viajeros intracomunitarios. Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, existen varios instrumentos a nivel de la UE para solucionar los problemas específicos que puedan surgir. No obstante, es responsabilidad de los Estados miembros identificar las posibles medidas necesarias y establecer sus prioridades para la utilización de dichos instrumentos. Para el período comprendido entre 2000 y 2006, Finlandia y Suecia, en cooperación con Noruega, han presentado un proyecto de programa en el marco de la iniciativa comunitaria Interreg para la zona de Kvarken-Mittskandia. Los servicios de la Comisión están estudiando el proyecto en estos momentos. El proyecto incluye acciones para examinar la infraestructura y las comunicaciones a través de Kvarken y también entre Suecia y Noruega, y se espera su aprobación en las próximas semanas, lo que permitiría la presentación de proyectos a partir de comienzos del año próximo. En estos momentos, no estoy en condiciones de hacer una evaluación de las repercusiones de dicho programa, que aún deberá ser puesto en vigor.

Korhola
Señor Presidente, distinguido Comisario, gracias por esta esperanzadora respuesta. En estos momentos se están buscando barcos y compañías marítimas más rentables para sustituir a las que van a finalizar sus actividades, y el objetivo de este relevo sería aunar el transporte de pasajeros y mercancías. ¿Podría usted imaginar que el programa INTERREG mencionado por usted pudiera servir de marco para contribuir a la financiación de proyectos similares que permitan el funcionamiento de esta línea de transporte marítimo? Este proyecto tendría una clara repercusión sobre el empleo. Por ejemplo, en esa ciudad de Vaasa a la que me he referido, se han perdido durante los últimos dos años 550 puestos de trabajo precisamente en el sector del turismo, probablemente debido a ese mismo cese de la venta libre de impuestos.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, como decía hace un momento, no estoy en condiciones de decir ahora cuál será el resultado de las deliberaciones de la Comisión con respecto a las propuestas presentadas por Finlandia y Suecia. Lo que está claro es que la futura acción incluirá un examen de la infraestructura a través de los estrechos del Golfo de Botnia y, por consiguiente, confío en que se prestará la debida consideración a la situación a la que se enfrentan los servicios de transporte marítimo. Respecto a la pregunta de su Señoría sobre el programa Interreg, lamento que en estos momentos no pueda ofrecerle una respuesta adecuada, no sólo porque la gestión de los programas de Interreg no forman parte de mi cartera, sino sobre todo porque aún no se ha realizado un análisis minucioso de la propuesta. No obstante, puedo afirmar sin temor a equivocarme, en nombre de mi colega Michel Barnier, que los hechos a los que hace referencia su Señoría serán tenidos debidamente en cuenta cuando se examine la propuesta.

Sjöstedt
Agradezco al Comisario su esperanzadora respuesta en relación con la posible utilización de los recursos de Interreg.
Cuando se termine el transporte marítimo a fin de año, se producirán graves consecuencias económicas y humanas en las dos regiones, Västerbotten y Österbotten. Esto, como una consecuencia directa de la decisión de eliminar las ventas libres de impuestos.
También podría verse como un asunto que afecta a la competencia, ya que se podrá continuar vendiendo sin impuestos en la parte sur del Báltico, en la ruta entre Estocolmo y Helsinki, en tanto que eso no será posible en la ruta entre Umeå y Vaasa. ¿Cómo se ajusta esto a la política de competencia de la Unión? ¿Sería posible extender la excepción que permite la venta libre de impuestos a todo el Mar Báltico?

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, la situación es la siguiente, si me permite abordar la cuestión sin rodeos: si un transbordador que tiene su punto de origen y de destino en un Estado miembro, por ejemplo Finlandia, hace una parada intermedia en un país tercero o un territorio tercero - en este caso, las Islas Åland - donde los pasajeros tienen la oportunidad de desembarcar y realizar compras, en ese caso sería posible realizar a bordo ventas libres de impuestos. No obstante, cuando el buque regresa a puertos comunitarios, se aplican las disposiciones aduaneras, incluidos los controles pertinentes, y eso significa que los pasajeros están autorizados a importar productos libres de impuestos y aranceles dentro de los límites establecidos en las disposiciones aduaneras por las que se rigen las franquicias para los viajeros.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 50 a 86 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Contenido digital europeo
El Presidente
En el orden del día se encuentra el informe (A5-0390/2000) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de industria, comercio externo, investigación y energía, sobre la propuesta para que el Consejo dicte una disposición para el establecimiento de un programa comunitario a largo plazo para la estimulación del desarrollo y uso de contenido digital europeo en las redes mundiales y para el fomento de la diversidad de idiomas en la sociedad de la información (COM(2000) 323 - C5-0462/2000 - 2000/0128(CNS)).

Gill
Señor Presidente, acojo favorablemente esta iniciativa de la Comisión. Esta propuesta sigue el objetivo de la Cumbre de Lisboa, porque va encaminada a estimular el desarrollo y uso de los contenidos digitales. Al hacerlo, confío en que se consolide la posición de Europa en la economía global basada en el conocimiento.
Debido a la rapidez con que evoluciona la naturaleza de este sector, la UE debe adoptar medidas inmediatas y concretas porque las nuevas tecnologías de la comunicación ya han comenzado a generar demanda de contenidos, productos y servicios, y están teniendo repercusiones sociales considerables. Si no actuamos y eliminamos las barreras que debilitan el potencial del sector europeo, el ciudadano europeo pagará el precio no sólo en términos de un crecimiento económico más lento y de menos oportunidades de empleo, sino también en términos de influencia cultural y social.
Si me permite, presentaré lo más importante de mi informe y la que considero la principal prioridad para este Parlamento, a saber, la cuestión de la diversidad lingüística. En Europa vamos a la zaga de los Estados Unidos porque, actualmente, el mercado de la UE está fragmentado como consecuencia de la diversidad lingüística y cultural. Lo que debemos hacer es corregir esta situación a través del fomento de contenidos multilingües, porque constituyen un requisito indispensable para el éxito de la industria de contenidos europea. Los contenidos multilingües deberían incorporarse, en la medida de lo posible, en la fase embrionaria de la comunicación electrónica. De este modo se potenciará la posición de mercado de las empresas europeas y, al mismo tiempo, a éstas les resultará menos oneroso. Éste es el motivo por el que propongo que se destine al sector un importe con cargo al presupuesto. En mi opinión, debemos adoptar un enfoque global en lo que respecta a las lenguas y asumir el compromiso de destinar más fondos a este ámbito, precisamente para impedir que las PYME europeas se sientan reacias a crear sitios web en diferentes idiomas por los elevados costes que ello conlleva.
No puedo subestimar la importancia de adaptar nuestros contenidos a los requisitos del cliente. Si garantizamos que éstos llegan hasta cada rincón de la UE, estaremos sentando las bases para alcanzar nuestro objetivo de una sociedad de la información plenamente integrada y funcional. No debería ser necesario dominar la lengua inglesa para que el contenido de Internet resulte interesante. La presencia de contenidos en diferentes lenguas fomentará la igualdad de acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información y, por consiguiente, impedirá la creación de una clase marginada de la información.
En segundo lugar, creo que la propuesta inicial de cinco años es un plazo demasiado largo y debería acortarse a cuatro años, debido especialmente a la rápida evolución del sector de los e-Contenidos. Por consiguiente, es necesario acortar la aplicación del programa, lo que además permitirá que éste tenga repercusiones mucho mayores debido al compromiso de más fondos para plazos más cortos. Asimismo, hago un llamamiento a la Comisión para que elabore procedimientos de convocatoria de presentación de propuestas más eficaces y rápidos.
Al cambiar las prioridades de información del sector público hacia contenidos multilingües, no pretendo con ello que disminuya la importancia de la información del sector público. Mi razonamiento es que creo que existe un mayor potencial para las asociaciones entre los sectores público y privado, ya que en el mercado existe un enorme valor comercial que espera a ser explotado en beneficio de las empresas y también de los ciudadanos. Y lo que es más importante, deberemos ocuparnos asimismo de las cuestiones de derecho de autor y propiedad intelectual, cuestiones que deben ser abordadas de manera que todas las partes sean plenamente conscientes de las repercusiones.
Otro ámbito clave en el que el Parlamento desea un mayor avance es cómo podemos prestar apoyo adicional a los capacitadores del mercado, reconociendo que el sector ha atravesado por un período especialmente volátil en los últimos meses. Es fundamental que les vendamos los posibles beneficios y oportunidades de invertir en empresas que incorporen la diversidad lingüística y exploten la información del sector público. La falta de financiación de las empresas que quieren operar en el sector de contenidos digitales tiene que acabar. El problema que más me preocupa es que las pequeñas empresas no siempre tienen garantías suficientes y una trayectoria comercial contrastada que ofrecerle al inversor. No obstante, si pudiéramos hacer uso de los conocimientos expertos ya disponibles en términos de experiencia empresarial animando a empresarios bien establecidos y con éxito en su actividad a ofrecer un servicio de tutela para las empresas nuevas en el mercado y presentar a los nuevos empresarios las fuentes de financiación disponibles, podríamos dar a los europeos del sector la ventaja que necesitan.
Ahora dependerá de nosotros que no desaprovechemos esta oportunidad. Habida cuenta de que aún no hemos perdido de vista a los estadounidenses, Europa puede superar este reto si se centra en este sector: no olvidemos el potencial de creación de empleo y de crecimiento económico en un sector tan enorme y que crece a un ritmo tan rápido, a condición de que creemos el clima adecuado para hacer posible el crecimiento.

Fraisse
 - (FR) Señor Presidente, Señorías, en estos dos minutos desearía sólo hacer hincapié, brevemente, primero sobre el hecho de que este programa e-Contenidos se presenta tras los Consejos de Lisboa y de Feira, cuya conclusión consistía en concreto, a propósito de e-Europa, en que esta nueva economía debía estar basada en el conocimiento, lo que favorece la integración y colma la fractura digital.
Asimismo, desearía que recordásemos, en el momento de la realización de e-Contenidos, que no sólo se trata de información, sino también de conocimientos, y de conocimientos que favorecen la integración e impiden la fractura. Por eso he propuesto numerosas enmiendas, a fin de subrayar la importancia del acceso para todos. Naturalmente, la información debe estar disponible para las empresas, como suele decirse, pero también debe ser accesible para todos. Deseo, pues, que hagamos hincapié en el aspecto democrático que e-Contenidos - es decir, el contenido digital - puede englobar.
En segundo lugar, desearía señalar a la Comisión el hecho de que no ha querido definir el término "contenido digital", y eso me molesta mucho, me preocupa mucho. Me gustaría saber lo que englobará el término "contenido". Si bien sólo incluimos el contenido útil para las empresas, concretamente la meteorología y la geografía - lo cual es muy deseable, ciertamente -, no se debe olvidar que, por lo que respecta al contenido destinado a los ciudadanos, éste es mucho más complejo que las informaciones útiles para las empresas. Ello atañe a los ciudadanos porque los contenidos culturales, educativos, lúdicos, turísticos, etcétera, también me parecen importantes. Deseo, pues, que en la aplicación del programa exijamos una definición de lo que puede ser el contenido digital.
Efectivamente, hay que preocuparse por todos. Eso significa que el contenido digital es una oportunidad para todos aquellos que no han tenido acceso a la escuela bien a lo largo de su vida, o bien porque se trata de personas con discapacidad, y deseo que dicho contenido digital permita un mejor enfoque.
Para terminar, ¿por qué privarse del contenido digital? El proyecto económico de e-Contenidos favorece la diversidad cultural y lingüística, y me congratulo de saber que podremos apoyar la diversidad lingüística gracias al contenido digital.

Fourtou
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. (FR) Deseo dar las gracias a la Sra. Fraisse y a la Sra. Gill por su excelente informe y su contribución a la concreción de este programa de acción.
Para llevar a buen término el desarrollo del ambicioso programa europeo e-Contenidos es necesario simplificar y consolidar desde el punto de vista de la seguridad los procedimientos considerados. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha estudiado esta cuestión a través de dos puntos particulares del informe: el acceso al público y la explotación comercial de la información del sector público, por una parte, y los intercambios de los derechos de propiedad intelectual, por otra.
La información del sector público desempeña una función importante para la participación de la expresión de las libertades de los ciudadanos, pero también representa un recurso potencial importante para el mercado europeo de la información. El doble uso, público y privado, de esta información justifica la intervención de una regulación comunitaria, que debe respetar las obligaciones particulares de las autoridades públicas, así como, naturalmente, la confidencialidad de los datos personales.
Su coste no debe ser un filtro para el acceso a la información, de la que también deben beneficiarse los proveedores comerciales. Es preciso definir, pues, una base común de facturación y un marco jurídico común del derecho de acceso; es decir: definir, de hecho, la propia naturaleza de esta información, para saber si puede estar protegida por el derecho de autor o no.
El intercambio de los derechos de propiedad intelectual, por su parte, tiene por objeto posibilitar la realización de un contenido digital que alíe varios formatos: vídeo, música, texto, gestionando el pago de derechos a través de una estructura europea única. El objetivo es estimular la creación del contenido digital y proteger la propiedad intelectual, respetando a la vez a los consumidores que acceden al contenido de manera lícita y a los derechohabientes.
Las acciones emprendidas deberán tomar en consideración el futuro marco jurídico actualmente en discusión, tendente sobre todo a definir los derechos exclusivos de los derechohabientes por línea.

Seppänen
. (FI) Señor Presidente, la industria de contenidos digitales se caracteriza por el aumento del volumen de información. La información es la materia prima del conocimiento en la industria de contenidos digitales, y hay que añadir que los servicios multimedia aprovechan al máximo las posibilidades de la industria del espectáculo y del entretenimiento para incrementar el volumen de producción de contenidos. Ya no existen las barreras de antaño para la transmisión de la información digital. Los contenidos digitales, que representan más cantidad que calidad, homogenizan y condensan la diversidad social. El 70% del contenido de Internet está en inglés, si bien el reto de Europa es aprovechar más y mejor su riqueza lingüística. Aunque las diferencias lingüísticas puedan ocasionar costes adicionales, la existencia de contenidos en las diferentes lenguas es un requisito importante de la democracia en la UE. Para solventar estos problemas, es necesaria una industria de servicios lingüísticos que se concentre en la confección lingüística y que diversifique las infraestructuras de los contenidos digitales en las diferentes lenguas. Del mismo modo, es necesaria una localización de la producción de contenidos que responda tanto a las necesidades de la adaptación lingüística y cultural de los productos, como a las preferencias de los consumidores.
La potencialización de la cantidad en la industria de contenidos digitales puede menoscabar la producción de contenidos valiosos desde el punto de vista social y cultural. Por ello, el objetivo de las medidas públicas de apoyo destinadas al fomento de la industria de contenidos de la UE ha de ser también la consecución de un alto nivel de cultura y la diversificación de la misma. Hoy en día no es suficiente con que la gente sepa leer, sino que el dominio del nuevo alfabeto de los medios es realmente tan importante en el nuevo milenio como el saber leer y escribir tradicional. En la Comisión de Presupuestos hemos prestado atención a la importancia que tiene el aprovechamiento de la producción de contenidos y de la información pública, y hemos considerado que los fondos reservados en los presupuestos para tal fin son demasiado escasos. Sin embargo, consideramos que se trata de un buen comienzo. También damos las gracias a la Sra. Gill por la gran actividad y energía mostradas en la redacción del contenido de la posición del Parlamento.

Rübig
Señor Comisario Liikanen, en el año 2003, en la Unión Europea previsiblemente no podremos contar con 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector de la sociedad de la información y yo creo que, justamente desde este punto de vista, es precio prestar especial atención al tema de los contenidos digitales. Vamos a invertir muchos miles de millones de euros en la infraestructura de las redes, para el 2003 seguramente habrá más de mil millones de "móviles" en todo el mundo y se prevé que un 85% de la población de Europa navegue por Internet.
Las cantidades que se están invirtiendo en este ámbito son obviamente incomparablemente mayores que las sumas que se destinan al sector del software, de los contenidos digitales. En este aspecto existe, por lo tanto, una brecha enorme que debemos colmar cuanto antes, pues es evidente que la instalación de transmisores, su interconexión y el desarrollo del software no van a crear puestos de trabajo por sí solos, sino que también será necesario dedicar una intensa atención al desarrollo de los contenidos digitales.
¿Qué debemos hacer para promoverlos? En primer lugar, en la Comisión de Presupuestos -hecho que yo quiero agradecer al Sr. Seppänen- defendimos la misma posición que propugnamos ahora en el Pleno y también en la Comisión de Industria, a saber, que es necesario incrementar masivamente los recursos destinados a los contenidos digitales. El PPE hará suyas las propuestas en este sentido -que yo agradezco a la Sra. Gill- y también vamos a votar a favor de que se incrementen las ayudas, y yo espero que este acuerdo con los liberales y otros Grupos se mantenga y que apoyemos realmente de manera masiva que esta línea presupuestaria se incremente en efecto tal como proponemos.
El segundo punto, tan esencial como el anterior a mi modo de ver, es que tomemos en consideración a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas en fase de lanzamiento. Yo estoy convencido de que muchos jóvenes que han completado su formación en las universidades, escuelas y empresas estarían perfectamente capacitados para fundar nuevas empresas en este sector y creo que éste nos ofrece nuevas oportunidades, también, en último término, en el ámbito de la cooperación transfronteriza con los países candidatos a la adhesión, pues en los países que ya cuentan con muchos especialistas la formación es relativamente buena. Deberíamos tenderles una mano y desarrollar proyectos conjuntos con los países candidatos a la adhesión.
La transformación de los contenidos analógicos en contenidos digitales también plantea, empero, un enorme problema. Tenemos que apoyar masivamente el paso de los sistemas analógicos a los digitales. Tenemos que ofrecer urgentemente un apoyo en este ámbito, debemos desarrollar perfiles profesionales en el ámbito de la formación, debemos promover las propuestas de programas de entretenimiento didácticos y debemos procurar crear estructuras en el ámbito sanitario que nos garanticen la conservación de la salud hasta una edad avanzada.

Zorba
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Gill por su informe. Si verdaderamente queremos en Europa una sociedad del conocimiento, el programa sobre los contenidos digitales europeos es un punto central de referencia, y el espacio de configuración de nuestras concepciones, al objeto de diseñar dicha sociedad del conocimiento y de la información. No se trata de un deseo, ni de futurología. Por ello, además, los contenidos digitales europeos constituyen hoy el oscuro objeto del deseo de muchos pretendientes. El conflicto entre la Comisión de Industria, por una parte, y la de Cultura, por otra, por asumir este informe, lo pone fielmente de manifiesto.
¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Se trata de un choque formal de competencias? Hasta cierto punto es así, no cabe duda; sin embargo, en el fondo se encuentra el núcleo de un serio problema. El problema consiste, en mi opinión, en un conflicto latente. De un lado, tenemos los contenidos y sus productores tradicionales, que aspiran a seguir el ritmo de la época digital, sin que los contenidos pierdan su importancia ni su autonomía, es decir, sin perder la titularidad de su producción, sino, por el contrario, renovando y ampliando de manera natural tal producción.
Del otro lado, se encuentran las redes de comunicación, que necesitan los contenidos para llenar sin cesar su espacio virtual, y que consideran obvia la subordinación de los contenidos, su compra, su utilización sin especial atención a las reglas de producción. Las redes se reservan para sí mismas el papel de protagonista y utilizan los contenidos indiscriminadamente y, con frecuencia, sin respeto.
Este conflicto debe ser tratado por el Parlamento con mucho cuidado. a la Unión Europea no le interesa la destrucción de las estructuras y las reglas tradicionales de producción de contenidos. Antes bien, es necesaria su mejora y puesta al día, su renovada presencia digital, al objeto de un mejor aprovechamiento y una más amplia circulación. Es importante orientar los contenidos en esta dirección. Especialmente, los contenidos de carácter cultural corren el peligro de encontrarse en un medio totalmente nuevo en el que el antiguo habrá quedado literalmente destruido. La música y la edición de libros, por ejemplo, obedecen a ciertas reglas de producción y distribución. Si no prestamos atención a su renovación, acabaremos encontrándonos en una situación de canibalismo cuyas víctimas serán creadores y productores. La Europa del conocimiento no debe destruir, al calor de su competencia con los Estados Unidos, las importantes estructuras de su capital simbólico, porque éste es el que la diferencia, en él se encuentran su riqueza, su calidad y su diversidad.

Echerer
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también me sumo a las palabras de los oradores que me han precedido y, ante todo, quiero felicitar a la Comisión y al Consejo por su rápida actuación en relación con este tema, felicitación que hago extensiva a la Sra. Gill, que ha realizado un excelente trabajo. A pesar de las dificultades de comunicación entre la Comisión de Cultura y la de Industria, en definitiva todos deseábamos lo mismo, o sea, impulsar una decisión rápida y eficaz. La tan loada diversidad cultural y lingüística de Europa a menudo aparece, de hecho, como un obstáculo, sobre todo para el mercado común.
Sin embargo, si hacemos de la necesidad virtud, si invertimos la perspectiva y vemos nuestras lenguas no como barreras, sino como puentes, como una ventaja, y como tales las utilizamos, éstas pueden ser la base del mercado europeo y de una cierta independencia. En el ámbito que nos ocupa, podríamos hacer realidad en parte la tan proclamada proximidad a los ciudadanos. Ahora se pueden superar con mayor facilidad las barreras que la dificultan: la tecnología moderna, por un lado, y en segundo lugar, el hecho de tener que comunicarse en determinadas circunstancias en una lengua extranjera.
Lo que ahora debe preocuparnos es que la cooperación entre todas las partes implicadas sea eficaz, que no ofrezcamos sólo contenido cuantitativo, sino que también lo mejoremos, sobre todo, en el aspecto cualitativo. En las consultas deben participar también los "proveedores de contenidos" , el sector creativo, las personas que son responsables en última instancia de la producción de los contenidos, a quienes también se dirige el programa relativo a los contenidos digitales europeos. Los Verdes apoyamos el informe en los términos en los que se aprobó en la comisión.

El Presidente
Me congratula ver la gran concurrencia hoy en esta Asamblea. Me satisface verdaderamente. Seguramente es que hay algo que se cuece, y eso es algo que comprobaremos a continuación.

Hieronymi
Señor Presidente, yo acojo con gran satisfacción el programa relativo a los contenidos digitales europeos y quisiera destacar dos consideraciones. En primer lugar, la técnica digital nos recuerda que ya es hora de que también saquemos partido en la era digital a un tesoro que todos compartimos y realcemos su importancia. Este tesoro es la diversidad cultural de Europa y la nueva tecnología nos ofrece ahora la oportunidad de afianzarlo con vistas al futuro. Los contenidos digitales europeos demuestran que Europa no es sólo una comunidad económica, sino también una comunidad de valores, y con este programa queremos y debemos garantizar para las generaciones futuras la pervivencia a largo plazo de este tesoro que poseemos, también en el marco de la competencia mundial.
Ahora se nos ofrece, por lo tanto, una doble oportunidad. En primer lugar, la de asegurar mediante este programa los empleos existentes y crear otros nuevos. En segundo lugar, la oportunidad única de sacar también pleno partido en la práctica, en beneficio de todos, de la diversidad cultural que hasta ahora ha dificultado una amplia expansión debido a las barreras lingüísticas.
También quisiera recordar una segunda consideración. El programa contempla la cooperación de los sectores privado y público en un grado hasta ahora desconocido. Justamente en el ámbito de la cultura es urgentemente necesario desarrollar nuevas formas de cooperación entre ambos sectores. Por esto yo quiero invitar encarecidamente al Parlamento y a sus diferentes comisiones -la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y también la Comisión de Cultura, Educación, Medios de Comunicación y Deporte- a que examinen en profundidad cómo se puede concretar esta nueva forma de cooperación entre los soportes públicos y privados con el fin de garantizar la diversidad cultural de Europa.
Antes de acabar, permítanme que manifieste mi agradecimiento a cuantos han apoyado la transferencia de recursos financieros en el marco del programa a favor de las medidas lingüísticas y culturales.

Caudron
Señor Presidente, señoras y señores, todos lo han expresado esta noche: el programa que debatimos pretende facilitar la constitución de un gran mercado europeo de contenidos digitales dirigido tanto al público, en general, como a los profesionales. Se trata, pues, de un programa y de un informe muy importantes, y deseo felicitar a la Comisión y al comisario Liikanen, así como a la Sra. Gill.
No insistiré en los objetivos del presente programa: condiciones favorables a la comercialización; difusión y utilización de los contenidos digitales, con el fin de fomentar la actividad económica; ampliar las posibilidades de empleo; favorecer la explotación del potencial de los contenidos digitales europeos en comparación con y frente a los Estados Unidos.
Deseo subrayar la importancia del objetivo tendente a fomentar el multilingüismo en los contenidos digitales de las redes mundiales y, en particular, las lenguas europeas. Deseo hacer hincapié, igualmente, en la importancia del desarrollo profesional, social y cultural de los ciudadanos de la Unión y en la importancia de evitar, en este ámbito, que se profundice la exclusión digital, que tan a menudo mencionamos en nuestros debates.
Se trata, pues, de un programa y de un informe muy importantes tanto en materia económica como de empleo, y deseo que tras la votación del Parlamento el programa sea rápidamente aprobado por el Consejo "Telecom", previsto, según creo, para el 22 de diciembre.
Antes de finalizar, señor Presidente, permítame formular un último punto importante, una última pregunta dirigida a la Comisión. En efecto, si en materia de exclusión digital todos son conscientes del riesgo de que aumente la distancia entre los ciudadanos, las propuestas de la Comisión no son suficientes, en mi opinión, para evitar dicha exclusión. Por eso apoyo las enmiendas que piden la aprobación de acciones específicas en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Señor Presidente, también como ponente de uno de los informes sobre el paquete Telecom, pienso que es importante que Europa adopte disposiciones y nos proponga programas para...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a sus Señorías por su apoyo a la propuesta de la Comisión. Esta amplia participación parlamentaria en el debate a esta hora avanzada es una prueba más del interés que despierta esta importante propuesta. El fomento de contenidos digitales europeos es, evidente y acertadamente, un tema que interesa a muchas comisiones parlamentarias. La ponente, Sra. Gill, ha sabido aunar las diferentes opiniones de una manera equilibrada y ha contado con la importante contribución de la Sra. Fraisse y la Comisión de Cultura.
Permítanme, en primer lugar, decir unas palabras sobre los motivos que nos han llevado a lanzar esta iniciativa. Primero, la función clave de los contenidos. Para poder explotar la sólida posición europea en la telefonía móvil y la televisión digital es fundamental que surja una nueva serie de servicios. Las empresas europeas son las que están mejor situadas para localizar geográficamente los servicios y para adaptarlos cultural y lingüísticamente a las necesidades de los usuarios. Debemos garantizar la existencia en Europa de un clima propicio para efectuar estos cambios. En segundo lugar, Internet se está pasando a la modalidad móvil. Esto significa que habrá que prestar servicios personalizados y localizados que respondan a los deseos de los consumidores, allí donde se encuentren, pero es probable que los consumidores sólo estarán dispuestos a pagar por dichos contenidos si éstos están disponibles en un formato adaptado a sus necesidades culturales y en su propia lengua. Por consiguiente, es cada vez más importante disponer de las condiciones adecuadas para la producción de contenidos digitales multilingües europeos.
Para responder a este reto, la Comisión propone un programa quinquenal con el objetivo de acelerar el proceso de transformación y llenar el vacío existente en los servicios de telefonía móvil: tres líneas de acción específicas con la ayuda de estudios estratégicos y la participación de los agentes del mercado que están identificados en aquellos ámbitos en que pueden potenciarse al máximo las repercusiones a nivel europeo, a saber, el fomento de la explotación de la información del sector público, la mejora de la oferta de acuerdo con las necesidades lingüísticas y culturales de los usuarios y el apoyo a los capacitadores del mercado. El presupuesto que propone la Comisión es de 150 millones de euros para los cinco años. El presente programa tiene objetivos ambiciosos y debe disponer de los medios adecuados para alcanzarlos. Quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por su firme apoyo al presupuesto para el programa.
Permítanme comentar sobre algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento. Primero, sobre la función social y cultural del contenido digital, la Comisión acoge favorablemente el hecho de que el Parlamento haga hincapié en la dimensión social y cultural de los contenidos digitales. La Comisión apoya estas enmiendas, que ponen de relieve esta dimensión con mayor claridad aún que en su formulación original.
Segundo, sobre el contenido de la dimensión económica. Lo que se pretende con el programa e-content es casar el contenido de la dimensión social y cultural con su valor económico con el fin de maximizar su valor esperado. En este sentido, el informe hace hincapié en la necesidad de invertir en la parte de la propuesta relativa a la adaptación lingüística y cultural en función de los países. La Comisión acoge favorablemente estos elementos.
En tercer lugar, sobre la simplificación de los procedimientos y la lentitud de los pagos. Es un argumento importante y estoy totalmente de acuerdo con la ponente. Debemos crear procedimientos rápidos y sencillos para la ejecución de los programas. En este sentido, conviene observar que, dentro de la reforma administrativa, la Comisión ha adoptado recientemente una comunicación sobre la simplificación de sus procedimientos de toma de decisiones. Nos proponemos usar al máximo estas medidas y reducir en la medida de lo posible el plazo entre la presentación de una propuesta de proyecto y la decisión sobre su financiación.
Para terminar, de las 49 enmiendas aprobadas en comisión, permítanme que les diga que la Comisión puede aceptar 23 de ellas en su estado actual y 15 son aceptables, en principio, a condición de que se modifique su formulación. Las 11 enmiendas restantes no son directamente compatibles con los objetivos de este programa específico, o bien prolongarían su mandato más allá de lo que permiten los medios financieros asociados al mismo. Algunas de ellas son en sí mismas ciertamente muy valiosas, pero estarán mejor situadas en otros instrumentos que en la presente decisión.
Permítanme expresar una vez más mi agradecimiento por el informe. En estos momentos, se espera que el Consejo de Telecomunicaciones de 22 de diciembre alcance un acuerdo político sobre la propuesta. El acuerdo será necesario para poder iniciar la acción a comienzos de 2001.
Muchas gracias por su atención.

El Presidente
Muchas gracias, señor comisario.
El debate queda cerrado.
La votación se llevará a cabo mañana a las 10:00 horas.

Evaluación y gestión del ruido ambiental
El Presidente
En el orden del día está el informe (A5-0378/2000) del Sr. De Roo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta para crear una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de la evaluación de la gestión del ruido ambiental (COM(2000) 468 - C5-0411/2000 - 2000/0194(COD)).

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, quisiera hacer un comentario al respecto del orden del día, y es que me alegra enormemente que este debate sobre el ruido ambiental haya convocado a tanta gente a esta tardía hora.

Tanto a mí como en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, nos ha resultado evidente que el punto de vista del ponente de los Verdes, el Sr. De Roo, estaba muy cercano al punto de vista del Grupo PPE, que es un partido popular que se opone al ruido ambiental. No obstante, quiero apelar al artículo 144 del Reglamento. Le solicito que devuelva este buen informe del Sr. De Roo a la comisión. ¿Por qué lo hago? Porque, de mis investigaciones, he deducido que existen problemas técnicos en varias enmiendas que el Grupo PPE había apoyado en las primeras conversaciones en la comisión. Señor Presidente, usted sabe cuán estrictos somos en los Países Bajos con respecto a las normas acústicas. Si allí se comprobara que hay alguna cuestión que no se adecúa a las normas, quisiéramos mejorarla, junto con el Sr. De Roo y con los demás miembros de la comisión. Tiene que ser posible en esta Casa que se pueda devolver a la comisión este informe con el fin de mejorarlo. A esto quiero añadir, además, que algunos de nuestros colegas no habían recibido el texto del informe traducido al inglés hasta esta mañana, cuando aún estábamos discutiéndolo. Por ello, solicitamos que se devuelva el informe a la comisión, para lo cual le solicito una votación al respecto.

El Presidente
Muchas gracias, señora Oomen. No cabe duda de que se ha documentado a conciencia. Usted sabe que semejante propuesta se puede llevar a cabo, bien en nombre de un Grupo, o bien por un número mínimo de 32 miembros. Mi pregunta es: ¿dispone usted de suficientes miembros que apoyen la propuesta, o la presenta oficialmente en nombre de su Grupo? ¿Se trata de una decisión del Grupo o no?

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, naturalmente se trata de una decisión de mi Grupo. Esta misma tarde hemos estado deliberando sobre ello, precisamente a las 18:00.

El Presidente
Antes de nada quiero preguntar si hay alguien que quiera hablar a favor de esta propuesta. La propuesta ha sido presentada por la Sra. Oomen, en nombre del Grupo democristiano. ¿Quién desea hablar a favor de la propuesta?

Schierhuber
Señor Presidente, yo quiero apoyar plenamente y sin reservas, en nombre de nuestro Grupo, la solicitud de la Sra. Oomen-Ruijten. Yo también pienso, en efecto, que todos queremos que los ciudadanos de nuestros Estados miembros no sufran ninguna molestia a causa del ruido. No obstante, también queremos que se cumplan todos los requisitos jurídicos. Con este objetivo en mente, yo les pido que apoyen la solicitud de la Sra. Oomen-Ruijten.

El Presidente
¿Quién desea hablar en contra de la propuesta presentada?

Meijer
Señor Presidente, en este asunto hay varios intereses contrapuestos, por lo que no es tan extraño que haya despertado tanto interés. Sí quisiera indicar al Grupo Verdes-ALE que no debería impedir que se pueda llevar a cabo el debate sobre este asunto esta tarde, de modo que se puedan discutir las diferentes posturas. La votación no se va a efectuar esta tarde y, si el mayor Grupo de este Parlamento opina que mañana no se debería votar, a mí me parece que lo correcto es que tal propuesta se presente mañana, a la hora de la votación y con el Parlamento en pleno, en vez de hacerlo hoy, lo cual me parece precipitado. Si no, se evitaría el debate. Si un Grupo quiere votar en contra, está en su derecho, naturalmente, pero debe dar la oportunidad a otros para que puedan emitir su voto a favor y dejar que el proceso democrático siga su curso normal. Lo que ahora amenaza con suceder es que no se pueda exponer punto de vista alguno, y yo pienso que precisamente es necesario que se aclaren los diferentes puntos de vista esta tarde, antes de que podamos votar en el futuro, sea en el momento que sea.

El Presidente
Tiene la palabra el ponente, Sr. De Roo.

De Roo
. (NL) Señor Presidente, muchas gracias por concederme, también, la oportunidad de decir una serie de cosas.
Efectivamente, estoy agradecido por el apoyo que los democristianos y, por cierto, también el de una parte del Grupo liberal, han dado a esta enmienda en concreto para limitar el ruido de los aviones. Nada impide a los democristianos, ni a los liberales, ni a los socialistas apoyarla mañana también con su voto. Lo que realmente no comprendo bien es que, si los democristianos la han apoyado en la Comisión de Medio ambiente, ¿por qué no lo pueden hacer ahora de nuevo? Si existiera un ligero problema técnico, lo podríamos rectificar junto con la Comisión, la cual, por cierto, debe emitir un dictamen sobre estas enmiendas. De ese modo se podrá eliminar ese pequeño problema. Por tanto yo abogo por que sí se realice el debate hoy, y que, mañana, simplemente pasemos a la votación, de modo que también el Consejo de Medio Ambiente pueda tomar una decisión el lunes y el martes próximos, para que se pueda actuar contra el ruido en el más breve plazo posible y que los ciudadanos soporten menos ruido del que ahora soportan.

El Presidente
Muchas gracias, señor ponente.
A continuación se procederá a la votación sobre la propuesta para devolver el informe pendiente a la comisión.
(Se rechaza la devolución del informe a la comisión)

De Roo
. (NL) Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en Europa hay cada vez más ciudadanos que sufren molestias por el ruido. La Comisión Europea estimaba hace diez años, en el quinto programa de acción medioambiental, que la cuarta parte de los ciudadanos sufrían molestias por el ruido de los automóviles, los camiones, los aviones, las motos, los ciclomotores, los trenes, las fábricas, y los barcos. Actualmente, se calcula que 1 de cada 3 europeos se queja del ruido. En mi propio país, los Países Bajos, se estima en un 40%. Cada vez hay más gente que sufre molestias por el ruido, sobre todo por la noche, por lo que más de 10 millones de ciudadanos sufre alteraciones del sueño en Europa. Los niveles excesivos de ruido afectan estructuralmente a la salud de las personas y disminuye su calidad de vida. Hace ocho años, la Comisión Europea prometió presentar antes de 1994 proposiciones de ley para crear indicadores de ruido armonizados y, antes de 1995, propuestas para crear normas europeas sobre el ruido. Sólo este año, seis años más tarde de las fechas arriba mencionadas, y bajo fuerte presión del Gobierno francés, la Comisión ha presentado una propuesta para establecer indicadores de ruido armonizados. Estas propuestas son buenas. El indicador Lnight es un buen indicador para medir las molestias durante las horas de sueño, y el indicador global de ruido Lden es, probablemente, el mejor en esta área. Según este indicador, la mañana-mediodía consta de 12 horas, la tarde de 4 horas y la noche de 8 horas. El ruido nocturno se multiplica por el factor 10, y el ruido de la tarde por 5. El periodo nocturno debe constar de 8 horas, lo cual es extremadamente importante, teniendo en cuenta que en el aeropuerto de Frankfurt este periodo aún se considera de 6 horas, en el aeropuerto de Heathrow, 6,5 horas y en el de Schiphol, 7 horas. La gran mayoría de la gente necesita 8 horas de sueño. El indicador Lden consiste en una media anual. Hay un caso para el cual éste no es el indicador más apropiado, que es cuando se trata del ruido de corta duración, provocado principalmente por las fábricas. Por ello, la Comisión de Medio Ambiente propone que se introduzca el indicador LA-max para estos casos.
Un importante elemento, como se verá más adelante en el debate, es la subsidiariedad. La Comisión de Medio Ambiente quiere atenerse también a este principio. Los Estados miembros son libres de determinar cuándo empieza la tarde y cuándo el periodo nocturno que le sigue. Si los escandinavos se quieren ir a la cama a las 10 de la noche y los españoles no antes de las 12 de la noche, es asunto suyo. Pero las horas de comienzo de los diferentes periodos deberán ser las mismas para todos los medios de transporte - aéreo, por carretera y por ferrocarril - y para las fábricas. En la Comisión de Medio Ambiente censuramos el miedo que tiene la Comisión a proponer normas sobre el ruido para la UE. La Comisión de Medio Ambiente propone crear una ley base del ruido, con cuatro directivas de desarrollo. Esto es, directivas de desarrollo para el ruido que produce el tráfico aéreo, el de las carreteras, el del ferrocarril y el de las fábricas, pero siempre con un enfoque combinado: hacer una norma de la UE para el ruido y también estándares de la UE sobre el ruido de los aviones, los automóviles, los camiones, los trenes y las instalaciones fabriles.
La propuesta más controvertida presentada por la Comisión de Medio Ambiente es la de empezar a crear ya, desde ahora mismo, una directiva de desarrollo para el ruido del tráfico aéreo. Para ello, la Comisión de Medio Ambiente propone normas concretas para los años 2006, 2012 y 2020. El ruido que producen los aviones en los alrededores de los aeropuertos se debe reducir con la ayuda de normas de contaminación acústica cada vez más estrictas. Esta propuesta es, en realidad, bastante moderada, si tenemos en cuenta que los países escandinavos ya tienen normas más estrictas que las que proponemos para el año 2012. Pero los mayores aeropuertos, como los de Heathrow, Frankfurt y París tendrán que hacer un esfuerzo para cumplir con las primeras normas, ya en el año 2006. Pero, para ello, se necesitará una situación comparable (level playing field). Daré un ejemplo: el Gobierno neerlandés ha implantado los límites nocturnos en el aeropuerto de Beek, en los alrededores de Maastricht, de modo que no está permitido volar entre la 01:00 y las 05:00. Ante esa situación, las compañías aéreas cambiaron la ruta de los aviones más ruidosos, llevando su cargamento a Ostende, en la costa de Bélgica, situación contra lo que protestaron los habitantes de Ostende. Actualmente aterrizan exactamente los mismos aviones ruidosos durante toda la noche en el aeropuerto de Luik, que se encuentra a 60 kilómetros al sur de Maastricht. Con todos estos acontecimientos no hemos avanzado, pues, nada. Por ello son necesarias tales normas.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, el ruido ambiental es uno de nuestros problemas más antiguos. Sin embargo, durante mucho tiempo, no se ha considerado como un grave problema medioambiental. Ahora, que el ruido ambiental ha aumentado considerablemente, ciertamente también debido al aumento de la movilidad, también ha aumentado el número de personas que lo sufren.
Me alegro, pues, por la propuesta de la Comisión, aunque la veo como un primer paso demasiado cauteloso. La Comisión no se atreve a establecer normas europeas, sino que, en primera instancia, sólo aspira a armonizar los indicadores de carga de ruido en el ámbito europeo.
El Sr. De Roo propone en su informe transformar la directiva en una directiva marco. Nuestro Grupo ha recibido esta propuesta con satisfacción. No obstante, quiero establecer prioridades por lo que respecta a la normativa, en la cual se debería comenzar por establecer una normativa sobre el ruido alrededor de los aeropuertos.
A todos nos resulta evidente que el ruido alrededor de los aeropuertos es especialmente molesto para los habitantes de esos lugares. Para un partido popular como el nuestro, el PPE, es ésa una razón más para no dejar que el tráfico aéreo escape a la normativa europea ni para que se sigan estableciendo diferencias entre la aviación militar y la civil. Se necesita ya una normativa europea, porque, en mi opinión, no se debe permitir que las compañías aéreas puedan continuar "yendo de compras" . Orly, Schiphol, Barcelona y otros aeropuertos cumplen ya con estrictas medidas. No se puede aceptar durante más tiempo que se altere el mercado debido a la existencia de diferentes normativas para el tráfico aéreo.
Las diferencias pueden llevar a una situación en la cual un determinado aeropuerto cerca de la frontera no se pueda ampliar más, por ejemplo del de Maastricht, mientras que a cincuenta kilómetros, en Bierset, se construye un nuevo aeropuerto sin obstáculo alguno. También se debe reflexionar sobre el significado y uso de los términos "día-mediodía" y "noche" e, incluso, de "límites nocturnos" , términos que en los Países Bajos están provocando gran confusión.
En mi opinión se necesita uniformidad para un entorno competitivo saludable, y, desde luego, para la gente a la que representamos.
Por lo que respecta al ruido del ferrocarril y del tráfico rodado, se trata más bien de asuntos que se pueden abordar por medio de directivas técnicas. Por tanto, yo abogo por que se deje de lado la carga de ruido o la normalización en los ejes de tráfico rodado y que se introduzcan vehículos y trenes más silenciosos; el resto, me parece a mí, es subsidiariedad. Eso se debe dejar a los Estados miembros.
Yo recomiendo a mi Grupo que vote en contra de las enmiendas 36 y 49 porque contienen algunos problemas técnicos; no porque el nivel esté muy alto, sino porque los detalles técnicos lo hacen poco claro. Por lo demás, le doy las gracias al ponente.

Scheele
Señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión de 1966 sobre la política futura de lucha contra el ruido señala que un 20% de la población de Europa occidental, o sea, alrededor de 80 millones de personas, está expuesta a unos niveles de ruido que los expertos consideran intolerables. El ponente ya ha citado unos porcentajes mucho más altos, pero en cualquier caso lo cierto es que el ruido ambiental es un problema importante y grave. En consecuencia, la reducción y prevención del ruido ambiental deberá constituir en el futuro un aspecto fundamental de la política medioambiental europea.
Nosotros acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión, pero nos parece insuficiente. La armonización de los métodos de evaluación y la elaboración de planes de acción por parte de los Estados miembros son de agradecer, pero no nos damos por satisfechos con ello. Por lo tanto, pedimos que se adopte una directiva marco, concebida como un marco comunitario para la evaluación del ruido ambiental y la lucha contra el mismo. Pedimos a la Comisión que presente directivas derivadas en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la presente directiva. Dichas directivas derivadas deberán establecer unas normas de calidad para las diversas fuentes de ruido y yo me congratulo de que nuestra comisión aprobase el planteamiento de nuestro Grupo por una amplia mayoría y espero que las enmiendas de Bernd Lange en este sentido también obtengan la mayoría necesaria en la votación de mañana.
Mi Grupo no apoya, no obstante, la intención del ponente de establecer ya, por medio de la presente directiva, unos valores límite de ruido ambiental aplicables a los aeropuertos. Después de examinar detenidamente las correspondientes enmiendas, consideramos más lógico y coherente el enfoque que nosotros proponemos, esto es, la definición de unas normas de calidad para todas las fuentes de ruido en las directivas derivadas. Otro punto importante que nosotros proponemos que se incorpore y que va a ser fundamental en el contexto de la problemática del ruido de los aviones es la definición de otros indicadores de ruido suplementarios, además de los que ha señalado el ponente. Yo les pido, por lo tanto, que apoyen la enmienda correspondiente, por la cual se establecería, además de los indicadores acústicos citados, otro indicador suplementario que defina un nivel máximo de ruido.

Meijer
Señor Presidente, durante muchos años las consecuencias del ruido en el puesto de trabajo y en el entorno en general han sido claramente infravalorados por los gobiernos y ayuntamientos. El hecho de que la gente sufriera insomnio y estrés, y que su capacidad auditiva se viera dañada, se consideraba menos importante que el crecimiento económico. Ahora, que aumenta principalmente el ruido del tráfico dada vez más, no podemos eludir durante más tiempo la adopción de medidas drásticas. Los mayores aeropuertos se encuentran en zonas densamente pobladas, y sus alrededores son cada vez más inhabitables. Es importante que en esas zonas se garantice a todo el mundo al menos ocho horas de silencio durante la noche y que los gobiernos no permitan ya que ese periodo de tiempo se vea mermado después de haberlas declarado como parte de los llamados límites de la noche. Con mucha razón no se les impone a los Estados miembros horarios fijos, pero sí un determinado número de horas. El ponente ha sido muy creativo a la hora de pensar en las directivas marco, las directivas de desarrollo y la creación de tarjetas de sonido a disposición del público. El Grupo de Izquierda Unida le presta su apoyo muy a gusto, aunque nos habría gustado haber llegado algo más lejos en la búsqueda de soluciones definitivas y en la manera de tratar a aquellos que ganan dinero con las molestias causadas por el ruido. Ahora que se ha visto en la Comisión de Medio Ambiente que nuestros deseos de llegar más allá no pueden contar con el apoyo de los dos Grupos mayores, espero que, al menos, las moderadas propuestas del ponente sí se adopten por mayoría.

Moreira Da Silva
Señor Presidente, Señorías, hay muchos ciudadanos de la Unión Europea para los que la calidad de vida no pasa de ser un espejismo. Les sobran las horas perdidas en el tránsito ciudadano y les faltan las horas para estar con los hijos; trabajan sin condiciones y no tienen espacios verdes ni ocio para descansar; pierden días haciendo cola en los hospitales y se debaten con la burocracia de los servicios administrativos del Estado. En las ciudades corremos y perdemos de vista el bienestar. Conviene introducir el ruido ambiental en este lamentable panorama. Está presente durante todo el día, con lo que vuelve la vida aún más fatigosa, y por la noche, con lo que perturba el merecido descanso.
Por desgracia, cada vez hay más ciudadanos europeos afectados por el ruido ambiental. Pero, a pesar de ello, la Unión Europea ha sido lenta en la aplicación de una política común en materia de ruido. Ha tardado cinco años en presentar una propuesta de indicadores europeos armonizados de ruido. No es aceptable que tengamos que esperar más de cinco años para establecer los límites de ruido que aplicar en toda la Unión Europea. Por eso, convengo con el ponente de Roo, cuando propone que no perdamos más tiempo y transformemos esta directiva sobre la evaluación y la gestión del ruido en una directiva-marco vinculante.
El ruido que más perturbaciones de sueño provoca en los ciudadanos es el causado por el tráfico aéreo nocturno. Por falta de normas comunes en la Unión Europea, hemos asistido a situaciones de notoria distorsión de la competencia entre aeropuertos y falta de equidad entre los ciudadanos de los diferentes Estados miembros. Así, pues, es fundamental que se establezcan límites vinculantes respecto del ruido de las aeronaves en las inmediaciones de los aeropuertos. Ahora bien, creo que la enmienda nº 36 no es la forma más sensata de hacerlo. En todo caso, felicito al ponente por la labor realizada.

Van Brempt
Señor Presidente, Señorías, señor ponente, en muchos aspectos esta directiva es realmente única, por la sencilla razón de que, por primera vez, se reconoce que el ruido y las molestias que éste provoca son un problema social y ecológico. El ruido, expresado en decibelios, se convierte con esta directiva en un criterio de nivel de vida. En primera instancia éste es el mérito del ponente y del apoyo que éste ha recibido en la comisión.
Esta directiva marco contiene en su espíritu la ambición de luchar contra la contaminación acústica. Contiene cosas buenas e importantes: la armonización, el uso de indicadores y parámetros comunitarios, software y otros instrumentos parecidos.
Pero, de todos modos, déjeme que diga algo sobre los dimes y diretes y sobre la lucha entre bastidores dentro de la comisión y a su alrededor, en los últimos tiempos y hoy, aquí mismo. El ponente ha fijado una serie de indicadores en su propuesta, una serie de objetivos para los aeropuertos. Yo le comprendo. También en mi país se trata de un objeto caliente de debate. Y también en mi país le preocupa al ciudadano. Nuestra obligación como diputados del Parlamento Europeo, y la de éste, como organismo europeo, es hacer algo al respecto.
Yo también quiero objetivos claros, por supuesto, pero las normas que el ponente propone son prematuras en estos momentos. Hay un Grupo que ha dicho que existen problemas técnicos. Ellos sabrán. Lo que pasa es que, simplemente, aún no están desarrollados. Tenemos que darle tiempo a la Comisión para poner remedio a ello; aunque no demasiado tiempo. Por ello las enmiendas de mi colega Bernd Lange me parecen tan importantes. Espero que reciban apoyo y que la Comisión proponga normas con fundamentos claros dentro de ocho meses, que es de lo que se trata. Espero que podamos alcanzar aquí un compromiso sobre esa materia.

García-Orcoyen Tormo
Señor Presidente, España ha apoyado y apoya la política de lucha contra el ruido en general y, en particular, esta Directiva comunitaria, así como el meritorio trabajo del señor De Roo.
No obstante el interés y la voluntad españoles en establecer normas comunitarias sobre este particular, subsiste un problema de fondo que afecta profundamente a la forma de vida en España. Se trata del establecimiento de un factor de molestia para el ruido existente a partir de las 7 de la tarde, lo que en la propuesta de Directiva se llama evening. La propuesta de la Comisión, en el punto l del Anexo I, prevé añadir sistemáticamente cinco decibelios a todo el ruido generado entre las 19 y las 23 horas.
Por razones climáticas y culturales, en España la vida se prolonga más tarde que en otros muchos lugares de Europa. Es obvio que la molestia que pueda ocasionar el ruido entre las 19 y 22 horas varía según las diferentes formas de vida de cada lugar .
En España y en muchos países mediterráneos, la jornada diurna normal se prolonga bastante más allá de las 19 horas que señala esta directiva. En consecuencia, no oculto que mi país tendrá una enorme dificultad en aceptar la propuesta de la Comisión, salvo si ésta incorpora un mecanismo de flexibilidad suficiente para que la forma de vida heredada de nuestros antepasados y, por otro lado, tan apreciada tanto por los propios españoles como por nuestros visitantes extranjeros, pueda mantenerse.
Hasta ahora, las fórmulas de flexibilidad ofrecidas consisten en pasar parte de las cuatro horas del evening obligatorio hacia el tiempo de la siesta. Pero este mecanismo no sirve, ya que, por desgracia, la siesta ni se duerme todo el año en España ni siquiera se duerme en toda España.
Elementos de flexibilidad pueden ser la posibilidad de reducir, o bien el número de horas o bien la reducción del grado de molestia que la propuesta asigna a ese tiempo de evening. Serían los Estados miembros los que, en función de las costumbres de cada país determinaran la duración de dicho período en una horquilla.
En este sentido, por supuesto que apoyamos, la enmienda 48 del señor Oomen-Ruijten y del señor Florenz.

Bowe
Señor Presidente, en primer lugar, debo decir que acojo favorablemente el presente informe. El ponente ha realizado un gran esfuerzo, y la Comisión, con el estímulo de los colegas que la animaron durante el anterior Parlamento, ha elaborado una iniciativa excelente.
Es una situación muy seria que afecta a la salud de millones de personas y exige una acción cuidadosa y atenta para resolver los problemas. Es un problema complejo. Así debemos reconocerlo y debemos adoptar un enfoque paso a paso y bien calculado para atajar los problemas del ruido en cada localidad, en cada lugar y en cada situación cultural dentro de la Unión y en todas partes. Por este motivo, el principal elemento del presente informe es la necesidad de armonizar los métodos de medición y evaluación en toda la Unión Europea, de manera que podamos hablar en términos comparables sobre los problemas. Asimismo, debemos construir mapas del ruido y medir el problema real en cada localidad para establecer qué puede hacerse en cada caso y adoptar para ello medidas a nivel local y, mediante un enfoque gradual, poder llegar finalmente hasta un auténtico programa de acción con una buena relación coste-beneficios en las medidas que adoptemos y que nos permita alcanzar la solución que buscamos; una reducción real de los niveles de ruido y la consiguiente mejora de la salud humana.
En algunas partes del informe se propone un modo demasiado rápido y demasiado precipitado de enfocar un problema que no ha sido examinado a fondo debidamente. Me parece, por ejemplo, que la fijación de límites de emisión de ruido a estas alturas es prematuro. Debemos examinar exactamente qué medidas pueden adoptarse a nivel local y si necesitamos valores límite en el futuro. Debemos avanzar por ese camino, pero, en estos momentos, la presente propuesta del ponente va demasiado lejos en esa dirección.
No obstante, quisiera recomendar a la Asamblea el informe y, naturalmente, la propuesta de la Comisión.

Florenz
Señor Presidente, yo no puedo dejar de lamentar que el intento de retirar el presente informe del orden del día de esta noche se haya interpretado de una forma tan errónea. No nos proponíamos en absoluto ninguna treta malintencionada. Después de escuchar a David Bowe, que pertenece a un Grupo bastante significativo de esta Asamblea, queda claro que no resulta tan sencillo imponer un control a los administradores de los aeropuertos de manera que los ciudadanos de Europa que viven en las proximidades de un aeropuerto -y que tienen todas mis simpatías- experimenten también una verdadera reducción de las molestias.
Francamente, me asombra mucho oírles decir a algunos que necesitamos directivas derivadas. La propuesta me parece muy bien, pero ya llevamos veinte años batallando por esas directivas. Necesitamos un instrumento que permita establecerlas. Esta era en el fondo la finalidad de la enmienda 36, si bien yo creo que la idea todavía no se ha desarrollado a fondo. Por esto necesitábamos un tiempo para elaborar esta propuesta y poder plasmarla. Porque al menos una cosa está muy clara, señora Scheele: usted es aún muy joven y durante todo el tiempo que permanezca en esta Cámara, yo le aseguro que no verá ninguna directiva derivada relativa al tráfico aéreo. Siempre encontrarán una manera de escabullirse, por la izquierda, por la derecha, por el centro o por dónde sea. También están en juego intereses económicos y yo, naturalmente, también lo comprendo. Por esto necesitamos unos parámetros y tenemos que elaborarlos aquí en el Parlamento. Con este objeto deseábamos poder disponer de otros diez o quince días.
Lo que importa no son tanto nuestros deseos, sino qué deseos se transponen en último término en forma de políticas. Al final del partido, se cuentan los goles. En este sentido, yo no soy excesivamente optimista. No obstante, aguardo con expectación el resultado de mañana. Lamentablemente, apreciado colega de Roo, es muy probable que su buen enfoque se haya malogrado hoy.

Lange
Señor Presidente, al leer la propuesta de la Comisión no puedo dejar de evocar una imagen. Un hombre está sentado a la orilla de un río en Finlandia e intenta capturar salmones con una manga. Las mallas son, sin embargo, tan anchas que todos los salmones se escurren a través de ellas. En este sentido, me parece adecuado que estrechemos un poco las mallas de la propuesta de la Comisión y que para ello sigamos exactamente el mismo camino que en el caso de la calidad del aire y de las aguas. En primer lugar, debemos contar con una directiva marco que establezca los métodos de evaluación y los planes de acción, y que armonice globalmente las políticas en este ámbito.
En segundo lugar, vienen las directivas derivadas relativas a las normas de calidad. Justamente en el caso de la política contra los ruidos tenemos que examinar muy detenidamente qué normas de calidad deseamos, esto es, unas normas comparables para el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera, y también en lo que respecta a la relación dosis-efecto. Tenemos que conocer exactamente las dosis que resultan peligrosas para las personas a corto y a largo plazo. Las directivas derivadas se deberán elaborar, por lo tanto, con mucho cuidado y entonces será el momento de establecer simultáneamente, como parte de un enfoque combinado, unos valores límite para determinadas fuentes de ruido.
En este sentido, es cierto que necesitamos una directiva marco y un enfoque combinado, y en consecuencia me parecen acertadas muchas de las propuestas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Las enmiendas 10, 36 y 37 me plantean algún problema, concretamente porque se adelantan a la directiva derivada en el caso del ruido asociado al tráfico aéreo. Deberíamos examinar detenidamente este aspecto y adoptar luego en ambos ámbitos un enfoque combinado, estableciendo por un lado unos valores límite para las distintas fuentes de emisión sonoras y, por el otro lado, unas normas de calidad de las emisiones. Yo creo que debemos avanzar en esta dirección.

Rübig
Señor Presidente, el procedimiento que se ha seguido en el caso de esta directiva recuerda el modelo del programa Natura 2000, que evidentemente tendrá como resultado una limitación masiva de los usos económicos de grandes zonas; este es un aspecto que deberíamos tener en cuenta en el debate. Los ferrocarriles europeos ya calculan que ellos solos deberán dedicar 20 millones de euros a la elaboración de los mapas de ruido, o sea, el montante del gasto total calculado por la Comisión. Los ferrocarriles solos ya calculan que necesitarán esta cantidad. Yo quisiera resaltar también que a las pequeñas y medianas empresas les será imposible pagar el coste de dichos mapas de ruido.
Yo creo que más bien deberíamos inclinarnos por la adopción de instrumentos que actúen como un incentivo y contemplar iniciativas de apoyo que permitan alcanzar el objetivo de reducir el ruido. Además, también es importante pensar en los países candidatos a la adhesión. Allí también quieren dormir tranquilos, pero desean asimismo poder trabajar sin trabas.

Doyle
Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de hablar sobre esta importante directiva marco, aunque habría agradecido disponer de algunas semanas más, quizá hasta el período parcial dé sesiones de enero, para poder mantener un diálogo adecuado con todas las partes involucradas, ya que ello habría contribuido a la obtención finalmente de una legislación más sensata. No obstante, acojo favorablemente la directiva marco y no hay duda de que toda la Asamblea habría hecho lo propio de no haberse introducido los puntos específicos contenidos, entre otras, en la enmienda 36.
Es la primera directiva que trata sobre el ruido ambiental de forma separada del ruido procedente de una fuente común particular y eso merece ser saludado. Todos conocemos los peligros para la salud que el ruido acarrea a todas nuestras vidas. Es un peligro creciente y el modo en que acometamos la búsqueda de soluciones nos permitirá medir nuestro éxito. No podemos imponer a las personas, las comunidades o las empresas normas específicas sin el debido diálogo y la debida consulta.
Quisiera preguntar si la Comisión podría referirse a la evaluación de las repercusiones que esta propuesta tendrá para las empresas, que supongo habrá llevado a cabo tal y como establece el Tratado. Quisiera saber cuál ha sido el resultado. Me gustaría apoyar plenamente la necesidad de armonizar los indicadores de ruido y métodos de evaluación, todo el ámbito de mapas del ruido, la elaboración de planes de acción para reducir el ruido y proteger zonas tranquilas según convenga y ampliar el alcance de la información al público. También me gustaría que cuando llegue el momento de una directiva de desarrollo, en vez de esta directiva marco, en la que se presenten normas específicas sobre la igualdad de condiciones a nivel de la UE, se tengan en cuenta el terreno, las condiciones y la densidad demográfica de cada zona y que dispongamos de tiempo suficiente para debatirla debidamente.
Eso es lo que deberíamos hacer y es así cómo deberíamos acometer la empresa. Por ejemplo, la enmienda 36 hace referencia a las mediciones de los promedios, en particular durante la noche, pero un avión podría llegar durante las ocho horas nocturnas y producir tanto ruido que despierte a todo el vecindario y, sin embargo, respetar los valores estipulados en la enmienda 36. Eso no es lo que queremos. No queremos promedios, sino valores específicos. Necesitamos más tiempo y lamento que no lo hayamos tenido, aunque en términos generales, apoyo la directiva marco.

Liikanen
. (EN) Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. de Roo, por su trabajo. El ruido ambiental perjudica la salud y la calidad de vida de al menos el 25% de la población de la UE. Provoca enfermedades, como el estrés y la subida de la tensión arterial, y reduce la capacidad de aprendizaje de los niños. El ruido producido por la aviación es probablemente el que más preocupa en Europa, mientras que aquél producido a nivel local por el tráfico rodado, el ferrocarril y las obras es generalmente el que ocasiona mayores problemas.
¿Qué deberíamos hacer para atajar este creciente problema? Resultaba tentador aprovechar ésta y otras directivas para establecer cuanto antes nuevos valores límite de ruido en la UE. Puede parecer la manera lógica de controlar el nivel de ruido, pero sería prematuro fijar nuevos valores límite de este modo por dos razones principales. En primer lugar, porque ya disponemos de legislación sobre el acceso al mercado que establece valores límite para numerosos tipos de vehículos de motor y para equipos que se utilizan al aire libre. Sería más sencillo y rápido endurecer las normas sobre el ruido de la legislación en vigor que introducir nuevas directivas de desarrollo. Estudiaremos cuáles deben ser dichas normas una vez que dispongamos de pruebas materiales obtenidas a través de los mapas del ruido estratégicos.
En segundo lugar, la presente propuesta utiliza un nuevo enfoque para hacer una evaluación de la situación general del ruido en Europa, en términos del número de personas que se ven afectadas por el ruido. Actualmente es imposible calificar el ruido en los diferentes Estados miembros debido a la gran variedad de indicadores y métodos de evaluación que utilizamos. Un problema especial es el ruido en las proximidades de los aeropuertos. Debido a la competitividad comercial entre aeropuertos y entre fabricantes de aviones no ha sido posible obtener niveles de ruido correctos y contrastados. La obtención de información comparable sobre el ruido en las proximidades de los aeropuertos será un gran paso adelante. Por ello, la Comisión no podrá respaldar las enmiendas que introducen valores límite para los aeropuertos en estos momentos.
Una vez que los Estados miembros hayan proporcionado información comparable, la Comisión estudiará la cuestión de introducir valores límite comunitarios y otras medidas para reducir el número de personas que se ven afectadas por el ruido, y presentará un informe al Consejo y al Parlamento. Como medida general para mejorar la situación, proponemos que las autoridades de los Estados miembros elaboren planes de acción previa consulta exhaustiva al público. Dichos planes de acción deberían exponer las medidas que los Estados miembros adopten o se propongan adoptar para reducir el problema del ruido.
No estamos prescribiendo las medidas que deberían adoptarse. Esa decisión deberán tomarla los Estados miembros. No obstante, deben hacerse públicos los planes de acción, aunque lo único que digan es que no se prevén mejoras, de manera que las personas que residen en las zonas afectadas sepan cuál es la situación y puedan discutir el problema con sus representantes políticos.
Agradezco a los diputados sus enmiendas encaminadas a reforzar el texto y la participación de la sociedad, que la Comisión acepta sin reservas. Nuestra principal prioridad es elaborar mapas del ruido estratégicos, utilizando para ello indicadores armonizados, y hacer una evaluación de todos los tipos de ruido que nos proporcione una imagen precisa del número de personas afectadas y dónde. Nuestro primer informe sobre la directiva debería ser presentado al Parlamento en 2007. El informe incluirá un minucioso examen de los valores límite. Un proceso de revisión quinquenal garantizará entonces la colaboración continuada de los Estados miembros. La Comisión valora la contribución del Parlamento y acoge favorablemente la mayor parte de las enmiendas con las que hoy contribuye. Espero que ahora lleguemos a un acuerdo sobre un modo positivo de avanzar con vistas a alcanzar una posición común con el Consejo la semana próxima.
En lo que a las enmiendas se refiere, la Comisión ha estudiado las 49 enmiendas y puede aceptar, en su totalidad o en parte, 25 de ellas. La Comisión puede aceptar las enmiendas 1 hasta 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 y 43. Son aceptables, en principio o en parte, las enmiendas siguientes: 6, 7, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 39, 42, 44 y 45. La Comisión no puede aceptar las enmiendas restantes.
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por el minucioso examen a que ha sometido esta propuesta y por las numerosas enmiendas de utilidad con las que ha contribuido.

El Presidente
Gracias, señor comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10:00 horas.

Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
El Presidente
En el orden del día se encuentra la recomendación para que se lleve a cabo la segunda lectura (A5-0347/2000) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto del punto de vista comunitario, fijado por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la modificación de la Directiva 95/2/CE en materia de aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (9662/1/2000 - C5-0425/2000 - 1999/0158(COD)).

Lannoye
 - (FR) Señor Presidente, a esta hora de la noche no creo que sea de buen tono alargar el debate, sobre todo teniendo en cuenta que sólo se refiere a unos pocos elementos. Existe una única enmienda, pero dicha enmienda es importante. Voy a explicar por qué.
En primera lectura aprobamos, en efecto, cinco enmiendas, dos de ellas esenciales. La primera pretendía no autorizar el uso del etilhidroxietilcelulosa - pido disculpas por la complejidad del término científico, pero es el E 467 - como nuevo aditivo alimentario.
Es muy favorable que el Consejo la haya aceptado. Por el contrario, no aceptó otra enmienda tendente a rechazar la ampliación de la autorización del uso de un aditivo distinto: el alginato de sodio (E 401), para las zanahorias preenvasadas, peladas o troceadas y no elaboradas. Esto parece algo anodino, pero voy a explicar la razón por la cual la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha hecho bien en proponer a la Asamblea que no acepte dicha autorización.
En primer lugar, existen tres criterios que están presentes, en general, en la admisión o el rechazo de un nuevo aditivo. El primer criterio consiste en la necesidad tecnológica. La necesidad tecnológica es en este caso difícilmente discutible. Cabe señalar, en efecto, que el alginato de sodio se utiliza, en este caso, como agente de firmeza para las zanahorias peladas, cortadas y embaladas, dispuestas para el consumo. El mismo previene el ablandamiento de los trozos y contribuye a mantener las propiedades organolépticas de las zanahorias.
El segundo criterio es la utilidad para el consumidor. El tratamiento con alginato puede inducir a error al consumidor, ya que el producto parece fresco cuando no lo es en realidad. Por otra parte, en general, los aditivos no pueden usarse para los productos no elaborados - lo que ocurre en este caso -, es decir, que no han sido sometidos a ningún tratamiento que haya alterado sustancialmente su estado inicial. Hay, pues, un tercer engaño, y por esta razón no puede decirse que exista alguna utilidad para el consumidor, sino, al contrario, un perjuicio para éste.
El tercer criterio es el carácter no nocivo. Según toda la literatura científica y el Comité Científico para la Alimentación Humana este aditivo es inofensivo, pero presenta un efecto laxante, considerado despreciable habida cuenta de las dosis utilizadas. Puede surgir un problema si se tiene presente la cantidad de aditivos con efecto laxante. No se ha evaluado la sinergia de todos estos aditivos con efecto laxante. Ahora bien, dichos aditivos son numerosos, y señalo que en 1992 el Comité Científico para la Alimentación Humana recomendaba que se efectuara un examen de la contribución de los componentes alimentarios con efectos laxantes potenciales para la carga dietética global de las sustancias con esta propiedad biológica. Nunca se ha llevado a cabo dicho examen. Por consiguiente, como medida cautelar - mientras este examen no se haya efectuado - sería lógico que no se autorizaran nuevos aditivos que presenten estas propiedades.
Estos son los tres criterios. Dos de ellos no nos satisfacen. Creo que es perfectamente correcto rechazar la autorización de dicho aditivo. No se trata de ensañarse con un aditivo, sino de ser rigurosos. Actualmente existen en el mercado 307 aditivos alimentarios, de los cuales 163 son totalmente inofensivos. Esto no está nada mal. Los demás, sin ser peligrosos, pueden presentar un inconveniente potencial para la salud, sobre todo si se usan juntos. Se trata siempre de problemas de sinergia.
Sabemos que la Comisión prepara una nueva directiva sobre aditivos. Pienso que sería francamente interesante dar a conocer la posición del Parlamento con ocasión de la revisión de la directiva, para que la carga de aditivos sea menos importante de lo que es hoy. Creo que eso sería interesante para la salud pública, sin que acarree ningún perjuicio para la industria.

Thyssen
Señor Presidente, en la Comisión de Medio Ambiente hemos votado, junto con el Grupo del PPE a favor del informe del Sr. Lannoye, que, por otro lado, coincide con nuestras aspiraciones. Por ello quiero sugerir a mis colegas que lo apoyen, junto con la enmienda. Nuestro partido no es de los que piden cosas para luego rechazarlas. Nosotros apoyamos al ponente en su enmienda. Preferimos que no aparezca.
Señor Presidente, a esta tardía hora, en la cual tengo la garganta como un estropajo, no creo que tenga gran cosa más que comunicar a nuestros colegas. Creo haber dejado claro el punto de vista de mi Grupo.

El Presidente
Muchas gracias, estimado colega, me solidarizo con usted, porque, si usted tiene la garganta como un estropajo, yo la tengo como una bayeta, como decimos al norte del Rin; lo cierto es que parece que la gripe anda rondando por aquí.

Whitehead
Señor Presidente, he traído conmigo mis zanahorias, pero, a diferencia de la Sra. Thyssen, he tenido la prudencia de no intentar comérmelas, aunque las de ambos habrían superado la prueba Lannoye. Nunca pensé que mi última intervención en esta Asamblea en el siglo XX sería sobre alginato de sodio. Aunque hubiera apostado que sería en respuesta a un debate iniciado por el Sr. Lannoye, porque él es el defensor infatigable del consumidor, en cuestiones grandes y pequeñas.
En mi humilde opinión, este asunto es relativamente pequeño - quizá tan pequeño como estas zanahorias. Confieso que personalmente tengo algunas dudas acerca de los peligros de E-401, pero, a fin de cuentas, no se trata de los peligros. He hablado largo y tendido con nuestra autoridad alimentaria en el Reino Unido y he podido saber que el alginato de sodio es inocuo, que está autorizado en los Estados Unidos y en muchos otros países, que se utiliza desde los años treinta y que en lo que a sus efectos laxantes se refiere, dichos efectos son menores que los de una fruta o los de la fibra de cereales e infinitamente menores que los de una cucharada de algas que podamos consumir en un restaurante japonés. Esto en lo que se refiere al enfoque científico.
¿Por qué apoyo entonces al Sr. Lannoye? Y mis colegas del Grupo del PSE también lo harán. Lo hacemos por varios motivos, y aquí entra su particular aportación a nuestros debates. En primer lugar, el Sr. Lannoye dice: ¿"en qué beneficia al consumidor"? Podemos ver las ventajas para el productor de que esta zanahoria conserve su color anaranjado y no se vuelva gris. ¿Pero de qué le sirve eso al consumidor?
En segundo lugar, ¿qué hay de la disposición del sector a dar la cara y reconocer que algunos de los numerosos aditivos que se utilizan podrían suprimirse? Nadie afirma eso. Nadie viene a informarnos. Hasta que alguien lo haga, deberíamos respaldar el informe del Sr. Lannoye y sus enmiendas y desearle un feliz Año Nuevo.

Arvidsson
Señor Presidente, respaldo plenamente la postura común. Los motivos para limitar aún más los aditivos alimentarios son esencialmente un juicio político sobre las necesidades que tienen los consumidores de esos aditivos. No obstante, debemos rechazar este tipo de juicios. Opino que hay que basarse de acuerdo en apreciaciones de riesgos que estén científicamente probadas. Ante el tratamiento de esta materia en el Consejo, la Comisión ha decidido retirar la autorización de la etilhidroxietilcelulosa.
En Suecia y en Finlandia se usa la etilhidroxietilcelulosa casi exclusivamente por las personas alérgicas al gluten. Esos alérgicos tienen mucha experiencia sobre el uso de la celulosa como aglutinante, especialmente en el pan. Si no la usan, corren el riesgo de que su dieta deje de funcionar. Una mala dieta aumenta el riesgo de problemas abdominales y de diarreas. También aumenta el riesgo de que los niños se vean afectados de enanismo. Si los problemas de dieta se hacen crónicos aumenta, además, el riesgo de contraer cáncer.
El fin de semana pasado me reuní con un grupo de dietistas que estaban preocupados por los problemas relacionados con la asimilación de los alimentos que podría producir la retirada de la autorización de la etilhidroxietilcelulosa a los alérgicos al gluten. Por eso, mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿qué posibilidades tienen los suecos alérgicos al gluten de encontrar pan con este aditivo después de la retirada de la autorización y si la Comisión piensa acelerar las gestiones en el Comité Científico de Alimentos para posibilitar una nueva discusión y la modificación de las actuales reglas?
Señor Presidente, tengo un saludo navideño de un chico sueco de 14 años. Este muchacho es alérgico al gluten y lucha con su dieta. Ahora ha sabido que el Parlamento Europeo quiere prohibir la celulosa de su dieta y también su cena de navidad. El saludo para todos ustedes dice así: ¿Qué están haciendo en la Unión Europea?

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Lannoye, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor por el informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes.
En lo que respecta a la enmienda sobre la utilización de alginato de sodio, la propuesta de extender su uso a las zanahorias peladas y preenvasadas la presentó la Comisión en su propuesta original de julio de 1999. Ahora hemos vuelto a examinar detenidamente la propuesta original y hemos llegado a la conclusión de que lo apropiado es no autorizar la nueva utilización de un aditivo como el alginato de sodio en alimentos no elaborados.
Habida cuenta de que los criterios para la autorización de un nuevo aditivo o uso de aditivo van más allá de una simple evaluación en materia de seguridad, la Comisión puede aceptar la enmienda del Parlamento de rechazar la utilización ampliada del alginato de sodio en las zanahorias.

Controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-372/2000) del Sr. Staes, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 95/53/CE del Consejo por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (C5-0499/2000 - 1998/0301(COD)).

Staes
. (NL) Señor Presidente, señor comisario, estimados colegas, el debate sobre este informe, que trata sobre los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal, se puede comparar con la fase final de una etapa en una vuelta ciclista. Señorías, yo creo que la aprobación del borrador comunitario contribuirá a que mañana ganemos esta etapa. Pero eso no necesariamente significa, estimados colegas, señor comisario, que se haya conseguido el maillot amarillo ni que la victoria final esté a la vista. Tal como he explicado en mi segunda lectura, hay una crisis amenazadora en los fundamentos sobre los que se basa la modificación de esta directiva. Hace algunos años se hizo evidente que la pulpa de cítricos contaminada con dioxina, proveniente de Brasil, había ido a parar al pienso para el ganado utilizado en los Países Bajos, en Bélgica y en Alemania. Entonces, también se comprobó que la Comisión carecía de los instrumentos necesarios para actuar adecuadamente. Eso, estimados colegas, lo vamos a rectificar ahora.
Durante el diálogo a tres bandas, he constatado cómo los Estados miembros anteponen sus intereses particulares a los intereses generales. Las deliberaciones con la Presidencia francesa fueron corteses pero duras. He hecho todo lo posible para conseguir que la Comisión Europea pudiera actuar autónomamente en casos de urgencia, y, desde luego, cuando existan peligros para la salud de las personas y de los animales; es decir, sin tener que consultar con los Estados miembros. Las medidas dictaminadas por la Comisión son de aplicación inmediata y deben ser presentadas al Comité Permanente para la Alimentación Animal en el plazo de diez días. Las negociaciones también hicieron posible que las medidas de saneamiento dictaminadas por la Comisión permanezcan vigentes mientras no se cambien por otras resoluciones legislativas, lo cual considero como una victoria para este Parlamento.
Un segundo problema fue que los Estados miembros no habían comprendido nuestra reivindicación de hacer posible que se puedan llevar a cabo controles sin aviso previo. Durante el diálogo a tres bandas se nos hizo claro que el Consejo no quería cambiar de opinión en esta materia. De la Presidencia francesa me llegó una señal clara, un mensaje evidente. Un mensaje que decía: "no pasarán" . Es evidente que los Estados miembros consideran que los controles sin aviso previo menoscaban su soberanía, aunque parecían estar dispuestos a proporcionar a los expertos de la Comisión el apoyo necesario para la ejecución de su labor. Por lo demás, los resultados de los controles serán comunicados al Parlamento Europeo.
Estimados colegas, pienso que he salvado de la quema todo lo que era posible salvar. Creo que nuestro Parlamento afina de forma considerable el punto de vista del Consejo. Yo recomiendo, pues, que se apruebe el borrador comunitario. Pero, tal como acabo de decir, aquí terminamos, como quien dice, una etapa de una vuelta ciclista. Mañana tenemos en el programa otra etapa. Entonces le tocará el turno a nuestra colega Marit Paulsen, del Grupo liberal, quien tendrá la oportunidad de matizar aun más la directiva que nos ocupa. Para ello se merece todo nuestro apoyo y yo le deseo éxito. Ella ya sabe que puede contar conmigo.

Klaß
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los molinos de Dios son lentos, pero muelen. En realidad, a mí me resultan demasiado lentos. Hace dos años que tenemos sobre la mesa la propuesta de la Comisión. Su objetivo es mejorar la armonización y coordinación de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal en los Estados miembros de la Unión Europea. La seguridad alimentaria es el lema del momento y tal vez incluso la expresión del año.
Los recientes escándalos, desde la presencia de dioxinas y aceite de desecho en los piensos compuestos hasta la producción de harinas animales y de huesos -que, como todos sabemos, pueden ser una buena fuente de proteínas si se respetan unas prácticas determinadas de fabricación-, han demostrado la estrecha relación que existe entre la seguridad de nuestros alimentos y los piensos que consumen los animales. Sin embargo, en ese contexto se detectaron prácticas que se deben calificar de hecho como acciones delictivas. La respuesta del consumidor es radical y con razón. Opta por consumir otros alimentos que cree más seguros. La política está obligada a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los alimentos. Pero ¿cómo se pueden ofrecer garantías sobre lo que no se ha controlado?
Nosotros consideramos que la Unión Europea tiene una obligación de control en el marco del mercado interior, donde no existen controles fronterizos. El control de la alimentación animal y de los alimentos es, sin embargo, competencia de los Estados miembros. Tras unas largas negociaciones en el Comité de Conciliación finalmente se ha alcanzado un compromiso aceptable: la garantía de que las medidas de salvaguardia adoptadas por la Comisión seguirán en vigor hasta que sean sustituidas por otra decisión, y el compromiso de los Estados miembros de prestar toda la ayuda a los funcionarios de la Comisión que lleven a cabo los controles in situ.
En cualquier caso, lo que es seguro es que sólo conjuntamente y aunando todas las fuerzas, tanto de los Estados miembros como también de la Comisión, podremos mejorar la seguridad en el delicado ámbito de la alimentación animal. El Grupo del PPE/DE acepta el compromiso alcanzado. No obstante, queremos dejar muy claro que vamos a seguir observando con mirada crítica el desarrollo de los acontecimientos y volveremos a reaccionar como corresponde si surgen problemas.

Liikanen
. (EN) Quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por su apoyo a la posición de la Comisión Europea y el notable esfuerzo que ha realizado para disipar los temores del Consejo.
En realidad, esta conciliación supera los tecnicismos del texto jurídico y hace hincapié en la firme voluntad y el compromiso mutuo del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de proteger la salud y los intereses de los consumidores. Los Estados miembros y la Comisión disponen ahora de un instrumento mejor para velar por el fiel cumplimiento de la legislación comunitaria en alimentación animal y, en el caso de que surjan situaciones de emergencia en terceros países, puedan adoptar medidas sin pérdida de tiempo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. Hoy está siendo tan conciso que ni siquiera me da tiempo a beber un sorbo de café.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Desarrollo sostenible en el medio urbano
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-350/2000) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano (COM(1999) 557 - C5-0309/1999 - 1999/0233(COD)).

Doyle
Señor Presidente, acojo favorablemente la serie de enmiendas de compromiso presentada por la Sra. Lienemann y la Sra. Roth-Behrendt, en nombre del Grupo Socialista, y por mí, en nombre del Grupo PPE-DE, en particular, porque el acuerdo permitirá la creación de un presupuesto de 14 millones de euros que garantizará que este programa cuatrienal pueda comenzar en 2001 sin necesidad de pasar por la segunda lectura.
En una palabra, esperamos que este compromiso de un marco comunitario dotará, con el acuerdo de la Comisión y el Consejo, de fundamento jurídico a los planes que actualmente siguen las redes de autoridades locales y regionales que fomentan activamente el desarrollo sostenible en el medio urbano. Además las dotará de los medios financieros.
Debemos cuidarnos de no adoptar un enfoque verticalista de la que debe ser una iniciativa integral. La Comisión no debe imponer prioridades desde arriba, sino que debe escuchar y facilitar el trabajo que se realiza a nivel local, porque las autoridades locales no son simples moderadores de las políticas de la Comisión; representan el nivel de gobierno más próximo al ciudadano. Tienen la responsabilidad democrática, financiera y administrativa de velar por la sostenibilidad del medio urbano. Acojo favorablemente esta legislación.

Myller
Señor Presidente, hemos hablado tanto de este asunto y existe tanta unanimidad sobre el mismo que seguramente no tenemos necesidad de un ponente propiamente dicho para presentar este informe. Pero, en todo caso, la idea del desarrollo sostenible en el medio urbano ha venido avanzando con creciente viento en popa durante los últimos años. Ante todo, se trata de enfocar la cuestión de forma horizontal, es decir, que el desarrollo sostenible tiene un denominador común para las acciones sociales, económicas y ecológicas en las ciudades. Sabemos que la Comisión está elaborando en estos momentos un programa de desarrollo sostenible para toda la Unión Europea y que ese programa debe estar listo dentro de medio año. Espero que el desarrollo sostenible en el medio urbano sea una parte muy importante de esta estrategia de la Unión para el desarrollo sostenible. Sabemos que la mayor parte de los europeos vive en las ciudades, y hasta ahora estas cuestiones han quedado en fase embrionaria en lo que se refiere a las ciudades. El ponente de este informe, Sr. Lienemann, ha aumentado justificadamente la cuantía del presupuesto presentado por la Comisión. Ahora tampoco se cuenta con una suma demasiado grande, pero con estos recursos podremos iniciar de forma decisiva la creación de redes interurbanas, de modo que los propios ciudadanos puedan ponerse directamente en contacto con los agentes en las redes de los diferentes países. De esta forma, se podrá configurar una visión europea sobre el desarrollo de las ciudades. Espero que estos recursos se utilicen para desarrollar las acciones comunes europeas desde el punto de vista de los propios ciudadanos.

Hyland
Señor Presidente, la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles, que está formada por una red compuesta de 540 autoridades locales diferentes, se ha comprometido a aplicar las políticas y acciones locales encaminadas a fomentar la sostenibilidad. Realmente es cuestión de establecer las mejores prácticas que, en un sentido real, permitan el desarrollo positivo de nuestras ciudades. En Irlanda, los programas de renovación de los centros urbanos están haciendo una importante contribución a la mejora de ciudades pequeñas y pueblos. El programa de renovación de ciudades y pueblos forma parte integral del desarrollo rural.
Los Fondos estructurales de la UE, principalmente a través del FSE, así como las finanzas de la Hacienda Pública, deben ir siempre dirigidas al desarrollo de las zonas desfavorecidas y más pobres de nuestra sociedad. El aspecto de la sostenibilidad no es sólo aplicable a las ciudades. Existen muchas zonas rurales en la Unión Europea que necesitan un desarrollo sostenible y positivo. Los puntos negros del desempleo no sólo son aplicables a las zonas urbanas, sino también a las zonas rurales. En nuestra calidad de institución legislativa, deberíamos en todo momento intentar impedir que se agrave la división que existe entre el medio urbano y el rural. Debemos desarrollar las zonas marginadas y menos favorecidas, al tiempo que apoyamos el desarrollo económico y la expansión de los programas sociales. El proceso de planificación debe aplicarse de una manera justa e innovadora.

Patrie
 - (FR) Señor Presidente, le ruego disculpe mi retraso, pero los debates a esta hora avanzan con mayor rapidez que durante el día. Voy a exponerles los elementos que la Sra. Lienemann habría deseado presentar en persona si no hubiese estado retenida por otros trabajos.
La propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo aprobada por la Comisión Europea el 22 de noviembre de 1999, relativa a un marco comunitario para el desarrollo sostenible en el medio urbano, es la continuación del proyecto "Ciudades Europeas Sostenibles", lanzado en 1992. El estado del medio ambiente urbano, que alberga alrededor del 80% de la población europea es un tema de preocupación fundamental que repercute tanto en el plano local como en el plano europeo y mundial.
Debemos constatar que los problemas medioambientales más complejos en el plano europeo atañen esencialmente a las zonas urbanas. A menudo están estrechamente ligados a los desafíos medioambientales globales, y sus efectos llegan a repercutir en la calidad de vida de millones de ciudadanos. Un enfoque coherente y sostenible de las políticas de desarrollo urbano puede, no obstante, mejorar significativamente la calidad de vida en las ciudades.
En efecto, el concepto de desarrollo sostenible, en particular en el caso de las ciudades, no está y no puede estar limitado a un solo capítulo medioambiental, sino que engloba igualmente aspectos sociales y económicos. Las ciudades de Europa constituyen importantes polos económicos, políticos y socioculturales. Éstas pueden, asimismo, representar una gran amenaza para nuestro medio ambiente natural, y el desafío actual consiste en facilitar un desarrollo urbano equilibrado que permita a las ciudades continuar desempeñando un papel importante en la sociedad actual y futura.
Un desafío importante para la creación de una política urbana es buscar los medios para llevar a cabo objetivos de desarrollo urbano sostenible en el seno de la estructura de gestión de las ciudades. Por eso la Sra. Lienemann, nuestra ponente, ha propuesto un ligero aumento de la dotación financiera a 14 millones de euros, de común acuerdo con las demás instituciones, para fomentar la cooperación en este ámbito entre 2001 y 2004. Los créditos estarán destinados principalmente a redes de ciudades organizadas en el plano europeo para sus actividades en el campo del desarrollo y de la generalización de buenas prácticas en materia de desarrollo urbano sostenible.

García-Orcoyen Tormo
Señor Presidente, indudablemente los ciudadanos europeos exigen un medio ambiente más favorable y nosotros, en esta Asamblea, debemos hacernos eco de estas expectativas y posibilitar su cumplimiento.
El programa plurianual 2000-2004 para el desarrollo sostenible en el medio urbano es un instrumento adecuado a este fin, así como la aplicación de la Agenda 21 es un excelente medio de coordinación y desarrollo de acciones.
Sin embargo, debemos reconocer que no se ha conseguido un éxito generalizado ni en la aplicación de la Agenda 21 ni en los resultados obtenidos. La ordenación del territorio sigue, en muchos de los Estados miembros, sin tener en cuenta la capacidad del medio físico, el patrimonio cultural y los propios recursos de los ayuntamientos para atender sus responsabilidades ambientales. Asimismo, el informe sobre ciudades sostenibles resalta la existencia de importantes deficiencias en la práctica y en el desarrollo de la normativa ambiental a escala local.
El plan plurianual tiene unos objetivos ambiciosos y un ámbito de aplicación muy amplio, extensible a los países candidatos a la adhesión. Indudablemente, hace falta un presupuesto coherente con los términos de la propuesta, pero volveríamos a pinchar en hueso si no tuviésemos unos mecanismos de control y evaluación de resultados mucho más eficaces que los que tenemos en este momento.
En conclusión: sí al refuerzo presupuestario, sí al informe y a las mejoras que ha hecho la Sra. Lienemann a la propuesta de la Comisión, pero reforzando también, y mucho, los mecanismos de control de la aplicación de todos estos programas, tanto en la Comisión como en los propios Estados miembros.

Hulthén
Gracias, señor Presidente. Como señaló la Sra. Patrie, el 80 por ciento de la población europea vive en las ciudades. Las posibilidades de una buena vida para esas personas dependen exclusivamente del ambiente en que viven. Desgraciadamente, hoy se asocian las ciudades casi exclusivamente con una mala situación medioambiental: muchas emisiones de gases, mucho tráfico y cursos de agua contaminados. Pero, en realidad, no es necesario que sea así. Mayores conocimientos y nuevas técnicas posibilitan un mejor medio ambiente en las ciudades de Europa. Otras herramientas son leyes claras y controles rigurosos.
Europa está en posesión de una buena cantidad de instrumentos que contribuyen a mejorar el medio ambiente para los ciudadanos. A menudo es en los ayuntamientos y en las ciudades donde mejor se conocen los propios problemas medioambientales. Es posible dar un buen medio ambiente a los ciudadanos mediante una planificación urbanística adecuada, buenos servicios de transporte público y colaboración con grupos locales. Además, en la práctica las decisiones que adoptamos aquí en el Parlamento se realizan en el ámbito local. Los temas relacionados con el cambio climático son un buen ejemplo de esto. Para conseguir que cambie la amenaza climática es necesario que disminuyan los transportes y que se abandonen los combustibles fósiles en el ámbito local.
Tiene que existir un diálogo claro y una buena cooperación entre las instituciones de la Unión y el ámbito local, es decir, los ayuntamientos y las ciudades. Creo que el informe de la Sra. Lienemann va a contribuir a esto. Sin embargo, también hay que integrar en el ámbito local a los ciudadanos. Esto puede hacerse mediante la cooperación con universidades, con organizaciones de voluntarios, con empresas y otros. Por esta razón, opino que en la definición de quiénes podrán solicitar recursos para el programa marco, debería existir espacio para formaciones diferentes a aquellas que tradicionalmente consideramos como del ámbito municipal. Hay muchos buenos ejemplos en los que los ayuntamientos actúan como parte. La amplitud de la responsabilidad es importante. En mi opinión, esto debe constituir un criterio. Por este motivo, respaldo la enmienda 31.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, permítame, aun en su ausencia, felicitar a la ponente, Sra. Lienemann, por su excelente trabajo, y expresar mi gran satisfacción porque, gracias al trabajo constructivo del Parlamento y del Consejo, podríamos estar en condiciones de concluir esta importante iniciativa ya en la primera lectura.
Esta propuesta sobre el desarrollo sostenible en el medio urbano tiene el potencial de afectar directamente a la vida cotidiana de nada menos que el 80% de la población europea. Permitirá y alentará a las ciudades de toda Europa y más allá a unirse y a aprender de las experiencias de las demás, las ayudará a superar los problemas y retos medioambientales y a trabajar en pos de la sostenibilidad. Asimismo, la Comisión agradece el importante apoyo que le ha prestado el Parlamento Europeo en esta propuesta, así como las numerosas enmiendas de utilidad que han sido presentadas.
La Comisión reconoce la importancia de fomentar la buena administración y la transparencia en su proceso de toma de decisiones. En consecuencia, estamos firmemente a favor de la creación de una plataforma de diálogo con los principales interesados que ayude a determinar los temas prioritarios que merecen ser apoyados. Su enfoque innovador incluirá la cooperación con las redes de ciudades, los Estados miembros, las instituciones de la UE, las ONG y la comunidad empresarial, y garantizará que los fondos proporcionados en este al marco sean destinados a los ámbitos de desarrollo sostenible que más lo necesiten. Creo que este enfoque innovador proporcionará un ejemplo a seguir para otros. El presupuesto para la presente propuesta ha sido objeto de debate, en el que se ha expuesto una amplia variedad de opiniones sobre la idoneidad de los 12,4 millones de euros propuestos en un inicio por la Comisión. Han sido muchos los que han sugerido que el presupuesto es demasiado pequeño. No obstante, la Comisión quiere hacer hincapié en que en el caso de este marco no se trata de la ejecución de proyectos sobre el terreno. Para ello ya existen otros programas e iniciativas comunitarios. El marco ha sido diseñado, más bien, para que resulte más fácil compartir información e ideas sobre las mejores prácticas de desarrollo sostenible en el medio urbano, de manera que las soluciones identificadas para los problemas en una ciudad puedan ser compartidos con otras ciudades de cualquier parte de Europa y más allá. El enfoque de calidad del marco y sus efectos multiplicadores son tales que, a pesar del presupuesto relativamente pequeño, se espera que tenga repercusiones reales sobre el fomento del desarrollo sostenible en los centros urbanos de Europa. La Comisión ha estudiado detenidamente las cuarenta y una enmiendas y puede aceptar treinta de ellas, ya sea en su totalidad o en principio.
La enmienda 33 propone la revisión del presupuesto propuesto de 14 millones de euros. Debemos dejar claro que la pauta general de la Comisión en este tipo de asuntos es que no se puede aceptar un incremento del presupuesto a menos que el Consejo y el Parlamento transfieran recursos adicionales a las líneas presupuestarias pertinentes. En este caso concreto, sin embargo, y sobre la base de que facilitará la aprobación en la primera lectura, la Comisión ha acordado, a título excepcional, aceptar un incremento del alcance financiero de la propuesta hasta 14 millones de euros, sin la provisión de recursos adicionales. Aunque estamos dispuestos a apoyar la cifra de 14 millones de euros, no podemos hacer lo propio en el caso de los 20 millones de euros que propone la enmienda 14.
El segundo asunto es relativo a la comitología. Dada la naturaleza de la actividad, la Comisión puede aceptar las enmiendas 10 y 23. La creación de una comisión consultiva sería la solución adecuada del procedimiento de comitología. Por tanto, para terminar, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 2, 5 hasta 8, 10 hasta 13, 15, 16, 18 hasta 20, 22 hasta 24, 28, 30, 32 hasta 35 y 37. La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas 25, 27, 36, 40 y 41. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 9, 14, 17, 21, 26, 31, 38 y 39. La enmienda 31 permitiría que las ONG, las universidades, etc. participen como socios principales en las redes que deberán apoyarse. Lo que se pretende es que los principales socios en este marco sean la Comisión y las redes de autoridades locales, que tienen la responsabilidad legal de desarrollar y aplicar las políticas de desarrollo sostenible en el medio urbano. Por consiguiente, no podemos aceptar esto.
Por último, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por el cuidado con que ha estudiado la presente propuesta y por la valiosa aportación que han hecho todas las partes. Sin duda ha reforzado y mejorado la calidad de la propuesta y, en consecuencia, ha ayudado a garantizar que se proporcionará el máximo beneficio posible a las ciudades de toda la UE y de otros lugares. También me complace que el buen espíritu que ha reinado en la cooperación interinstitucional haya permitido que la aprobación de esta propuesta pueda asegurarse en la primera lectura.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Principio de precaución
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-352/2000) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de cautela (COM(2000) 1 - C5-0143/2000 - 2000/2086(COS)).

Patrie
 - (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, abordamos, aunque, ciertamente, de manera tardía, el famoso principio de cautela. Digo famoso porque se trata de una cuestión que está muy de moda, y estarán de acuerdo conmigo en que no pasa un día sin que el principio de cautela no esté presente en los titulares de la prensa, con o sin motivo, con o sin razón, pero la mayoría de las veces de manera errónea.
El interés que para la población reviste el principio de cautela no puede sorprendernos y éste traduce sus preocupaciones legítimas, ya que está muy sensibilizada por los recientes escándalos alimentarios y otros asuntos, como el de la sangre contaminada. Este interés revela también la crisis de confianza de la población frente a los responsables políticos, en quienes se sospecha una cierta complacencia hacia determinados grupos industriales de presión, o en quienes se sospecha, simplemente, una ligereza culpable.
Todo eso demuestra la importancia del desafío político que implica la cuestión del principio de cautela, y, en tal sentido, saludo la iniciativa de la Comisión, así como la calidad, en general, de su comunicación sobre este principio.
Para explicar el resultado que deseo que nuestro Parlamento pueda alcanzar, querría esta noche subrayar rápidamente dos retos esenciales del presente debate. El primer reto del informe que debatimos es de naturaleza jurídica. En efecto, aun cuando los medios de comunicación lo mencionan desde hace poco tiempo, el principio de cautela no acaba de emerger en el escenario jurídico internacional. Muchos tratados y acuerdos internacionales hacen referencia al mismo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades e incluso los órganos de solución de conflictos de la OMC consideran que en ocasiones el principio de cautela se aplica en materia medioambiental o en materia de salud pública, e incluso a veces en contra de los europeos, como lo demuestra el asunto pendiente de los quesos elaborados con leche fresca.
Pero dichas referencias en los textos internacionales no bastan para precisar su naturaleza ni su valor jurídico, sobre todo teniendo en cuenta que estos textos no contienen definición alguna del principio de cautela. Consecuencia de ello es el nacimiento de una inseguridad jurídica inaceptable para nuestros conciudadanos, pero también para los industriales, que ya no saben a qué atenerse.
El primer reto de la comunicación de la Comisión y del informe de nuestro Parlamento consiste, pues, en precisar la naturaleza y el valor jurídico que deseamos que se le reconozca al principio de cautela, en definir las condiciones en las cuales el principio de cautela puede y debe aplicarse y, finalmente, en determinar los criterios a los que deben responder las medidas que se adoptarán en aplicación de este principio.
El segundo reto de nuestros trabajos sobre el principio de cautela es de naturaleza sobre todo política. La Unión debe poner énfasis en una concepción unificada del principio de cautela para que dicho principio pueda estar presente en el conjunto de las políticas aplicadas por la Unión en el marco de sus competencias, pero también para poder recurrir a este enfoque europeo frente a nuestros socios, que poseen a menudo un enfoque menos ambicioso que nosotros en materia de medio ambiente y de salud. En tal sentido, es importante que nuestro Parlamento exprese una posición muy clara, a fin de que la Comisión pueda gozar de un mandato sólido para defender las posiciones de la Unión Europea ante los organismos internacionales, y, en particular en la OMC.
El texto de la resolución, resultado de varios debates en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, coincide en gran parte con la Resolución del Consejo aneja a las conclusiones de la Cumbre de Niza, y nos felicitamos por ello. El texto de la Comisión de Medio Ambiente es resultado de la búsqueda permanente de un compromiso, o más bien de un equilibrio entre las tendencias maximalistas y minimalistas que se han expresado durante nuestros debates y que, tanto una como otra, desembocan en excesos. Los maximalistas pretenden bloquear la innovación y el progreso, mientras que los minimalistas aconsejan recurrir al principio de cautela sólo en caso de peligro significativo para la salud y el medio ambiente, es decir, cuando rebase un umbral que debe definirse, ¡pero sin que se sepa muy bien cómo!
Frente a estos dos enfoques me he esforzado por lograr un equilibrio justo, a fin de utilizar dicho instrumento político de manera jurídicamente regulada. La Unión Europea tiene la ambición de garantizar a sus ciudadanos un alto nivel de protección de su salud y del medio ambiente. Por eso, Señorías, les pido que apoyen esta concepción razonada y razonable del principio de cautela y que rechacen todas las enmiendas que se alejen tanto en un sentido como en otro.

Gebhardt
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Asuntos Jurídicos señaló algunas coordenadas para acotar el principio de cautela, que han quedado reflejados en el excelente informe de la colega Patrie. Nuestro objetivo no era ofrecer una valoración exclusivamente jurídica, sino que más bien adoptamos una posición política general. Quiero resaltarlo porque el recurso al principio de cautela exige algo más que una normativa irreprochable desde el punto de vista técnico. El objetivo es garantizar efectivamente a los ciudadanos y ciudadanas el elevado nivel de protección en el ámbito de la Unión Europea que prometen los Tratados. Esto sólo será posible si nos tomamos verdaderamente en serio la prevención. La finalidad no ha de ser la limitación o indemnización de los daños, sino que el objetivo primordial tiene que ser evitar los daños contra la salud o los bienes de las personas. Esto se conseguirá con una aplicación rigurosa del principio de cautela, tal como ya ha expuesto también mi colega.
En nuestra calidad de legisladores, deberíamos tenerlo siempre presente y animar a la Comisión a que respete también este enfoque en sus propuestas. El informe de la colega Patrie así lo pide explícitamente. En el caso de la EEB, nos habríamos ahorrado muchos problemas en el pasado y con vistas al futuro si hubiésemos aplicado a tiempo y en la medida suficiente el principio de cautela en el ámbito legislativo y hubiésemos controlado rigurosamente asimismo la aplicación de dichas leyes que, como es sabido, es responsabilidad de los Estados miembros. Cuando se rechazó la carne hormonada americana con el fin de proteger la salud de nuestras ciudadanas y ciudadanos se discutió si era procedente la aplicación del principio de cautela, que incluso fue tachada de proteccionismo-
Sus detractores no se cansan de apelar al principio de proporcionalidad y a la prohibición de cualquier tipo de discriminación también en otros contextos. Un examen minucioso revela que no les mueve una preocupación por los principios del Estado de Derecho, sino que más bien les preocupan el dinero y los beneficios. Yo personalmente no temo que las leyes den lugar a un exceso de protección y los ciudadanos y ciudadanas tampoco deberían temerlo. Si contemplan la legislación europea, más bien deberían poder tener la seguridad de que el Parlamento en su conjunto concede un mayor peso a su salud que a la obtención de beneficios. Por esto, yo también recomiendo que se siga la línea que ha expuesto la ponente.

Doyle
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Patrie por su excelente informe sobre esta comunicación de la Comisión relativa al complejo tema del principio de cautela.
Existe una crisis de confianza del público en la ciencia que, como se reconoce ahora, no es infalible, y existe también una crisis de confianza del público en los responsables de la toma de decisiones políticas, de los que se sospecha que están en connivencia con determinados grupos de presión de la industria y el comercio o a los que sencillamente se les acusa de falta de responsabilidad.
Debemos asegurarnos de que el presente informe se hace eco de las exigencias de la sociedad en lo relativo a un alto nivel de protección de la salud y el medio ambiente. Fundamentalmente, la aplicación del principio de cautela puede considerarse una estrategia de gestión del riesgo ante la incertidumbre científica o la herramienta que permite la participación del público en el proceso de toma de decisiones en la gestión de la incertidumbre científica. Los científicos hacen una evaluación del riesgo y los responsables de la toma de decisiones políticas gestionan el riesgo.
La aclaración de las distintas funciones que debe realizar cada uno es un requisito imprescindible para restablecer la necesaria confianza del público en la comunidad científica, así como en los responsables de las decisiones, nosotros los políticos. Existe asimismo una función legítima para las opiniones científicas minoritarias revisadas por pares. A fin de cuentas, no olvidemos que fue un informe minoritario el que llevó la EEB a la atención del público.
La opinión pública, que se ha vuelto extremadamente sensible a estas cuestiones como consecuencia de los recientes escándalos alimentarios y, en particular, la crisis de la EEB, siente una preocupación legítima. El público ya no quiere sufrir las consecuencias de innovaciones tecnológicas peligrosas que años más tarde se descubre que encierran riesgos innecesarios para la salud pública o el medio ambiente. La sociedad no aceptará que exista la menor duda, por ejemplo, de que los materiales que se utilizan en la fabricación de juguetes para niños sean completamente inofensivos.
Ya en 1996, el Parlamento Europeo salió en favor de una prohibición del uso de harinas animales en toda la Unión Europea, conforme al principio de cautela; aunque sólo por eso. El resto es ya historia.
Generalmente, el restablecimiento de la confianza de los consumidores en la industria pasa por la adopción de normas claras y precisas a la luz del principio de cautela. En todos los casos deben adoptarse medidas y éstas deben ser revisadas regularmente a la luz de los avances científicos. Debería existir la necesidad absoluta de transparencia en todos los casos relativos a la provisión de información al público, incluso cuando se ha dado luz verde a un proyecto o actividad.
Necesitamos directrices más claras sobre la aplicación del principio. Éste debería ser utilizado siempre que existan causas razonables de preocupación. La cautela no equivale a la prevención, ni tampoco debería recurrirse al principio de cautela como barrera técnica para el comercio.

Corbey
Señor Presidente, el principio de precaución está aceptado, principalmente, en los tratados jurídicos internacionales. Sin embargo, sigue siendo una fuente de confusión. En dos palabras, viene a significar lo siguiente: ante la duda, no actuar. Actualmente, como prácticamente todo se pone en duda, este principio implicaría la imposibilidad de llevar a cabo acción alguna. Por ello es bueno que la Comisión elucide el asunto, y, por ello, me satisface en gran medida el informe de nuestra colega Patrie, que ha hecho un excelente trabajo, razón por la cual quiero felicitarla de corazón.
Hay que establecer una diferencia categórica entre el concepto "precaución" y "cautela" (o "prudencia" ) La precaución se refiere a las situaciones en las que el conocimiento de la situación no puede aportar respuestas definitivas. Existen sospechas de que una determinada sustancia es perjudicial, pero no existen pruebas de ello.
La cautela es necesaria en aquellas situaciones en las que los riesgos sí se conocen. En tales situaciones se suele observar un margen de seguridad, por prudencia. El principio de precaución es una respuesta política ante la sociedad del riesgo. Debemos evitar los posibles riesgos. El principio de precaución debe ser válido también para los productos y substancias que actualmente se utilizan y que están en el mercado, y debe aplicarse también a los métodos de producción.
Yo estoy a favor del principio de precaución. Pero quiero señalar un asunto preocupante, y es que se apele al principio de precaución venga a cuento o no. Nunca ha existido, y nunca existirá, una certeza científica absoluta sobre las substancias nuevas ni sobre los productos nuevos. La situación actual se utiliza como un punto de partida, lo cual lleva al conservadurismo y al rechazo contra todo aquello que es nuevo. Con esta manera de pensar nos distanciamos de los Estados Unidos de América y de una gran parte del resto del mundo. Hasta ahí, tal vez se pueda aceptar; pero lo malo es que el principio de precaución puede crear una generación de políticos cobardes. Una generación que no querrá cargar con responsabilidades y que, por precaución, no se atreverá a tomar decisión alguna. Llevará a una sobrecarga científica de la política, sin conseguir llegar nunca a un consenso, algo que la ciencia tampoco puede ofrecer. Por tanto, el principio de precaución es una idea valiosa e importante, pero de la que debemos intentar no abusar.

Lucas
- (EN) Señor Presidente, nadie pone en duda la importancia del principio de cautela y acojo con gran satisfacción la comunicación de la Comisión y el informe de la Sra. Patrie. En la Comisión de Industria hemos hecho hincapié en la importancia de que exista claridad sobre las modalidades de aplicación del principio. Por ello me alegra comprobar que el informe final refleja la necesidad de seguir depurando el concepto.
También hemos pedido medidas en el seno de la Organización Mundial del Comercio, quizá una normativa, que garanticen la posibilidad de invocar otras obligaciones en el contexto de la OMC, tales como las que hemos contraído en los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, para ampliar el ámbito del principio de cautela. En este contexto, sería de utilidad que la Comisión confirmara su posición respecto a que la prohibición de un producto sobre la base de métodos de procesamiento o producción es realmente una aplicación legítima del principio. Es un indicio muy positivo que el texto del Consejo diga que considera que el Reglamento de la OMC prevé, básicamente, la posibilidad de tener en cuenta el principio de cautela, así como el llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que garanticen el pleno reconocimiento del principio de cautela en todos los foros del comercio para perseguir dicho objetivo y garantizar que es tenido en cuenta también, en particular, en la Organización Mundial del Comercio. La idea de la compatibilidad entre el principio de cautela y la Organización Mundial del Comercio parece estar ganando terreno, lo cual es motivo de satisfacción.
Hay que tener presente algunos aspectos para garantizar su buen funcionamiento. Debemos garantizar, por ejemplo, que la carga de la defensa de las medidas de cautela, especialmente para los países en desarrollo, no conlleva una reducción de su capacidad para proteger la salud y el medio ambiente a través de acciones de cautela. Por último, si queremos que la aplicación del principio de cautela sea eficaz y creíble, es fundamental la participación de todos los interesados, incluidos los representantes de la sociedad civil, en las decisiones políticas que rodean su aplicación

Schörling
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la ponente por este excelente informe. Celebro también la propuesta de la Comisión, que constituye una importante guía para la UE y para los países miembros para la comprensión y aplicación del principio de precaución. Desde una perspectiva internacional, la propuesta es una valiosa herramienta para los legisladores cuando hay inseguridad en torno a los riesgos, a los productos o a los métodos de producción.
También comparto plenamente la postura de la Comisión cuando define el principio de cautela como una regla de carácter general, sin un campo de aplicación delimitado. Como muchos otros colegas, me ha sorprendido gratamente la resolución del Consejo en la Cumbre de Niza, en la que se dice que el principio de cautela debe aplicarse tan pronto como sea posible después de comprobarse los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente y cuando, fundamentándose en investigaciones científicas fundamentadas en los datos existentes, no sea posible extraer conclusiones sobre el grado de riesgo existente. Esto es muy avanzado y, obviamente, muy positivo.
También quisiera pedir a los colegas, ante la votación de mañana, que no debiliten el texto de la Comisión y de la ponente mediante la aprobación de las enmiendas de los Grupos EDD y PPE. Por el contrario, tenemos que intentar fortalecerlo aún más para demostrar que somos al menos tan progresistas como el Consejo. La enmienda 9 es muy importante. En ella se propone que se invierta la carga probatoria respecto a los productos que no hayan sido aprobados de antemano, es decir, que los productores tendrán que probar que sus productos son seguros, sin que puedan trasladar los riesgos ni los costes a los consumidores.
Evidentemente, también es importante acrecentar el peso jurídico del principio de precaución, convirtiéndolo en una norma de derecho internacional. De esto se ocupa la enmienda 5 de los Verdes.

González Álvarez
Señor Presidente, como recuerda muy bien la ponente, el principio de cautela o de precaución -aunque la ponente diferencia entre uno y otro- se recoge en varios de los convenios internacionales, desde Río 1992, pasando por la protección del Mar del Norte y, más recientemente, en el Protocolo de Bioseguridad de Montreal.
Como dicen otros intervinientes, es imprescindible que ese principio se utilice bien y que haya garantías jurídicas para las partes afectadas, pero a mí me gustaría rescatar tres ideas que están en el informe de la Sra. Patrie y en algunas de las enmiendas y que me parecen, quizá, lo más importante del informe.
En primer lugar, que no existe un umbral mínimo de riesgo por debajo del cual no deba aplicarse el principio de cautela y, en consecuencia, incluso en casos en los que haya un riesgo escaso, debería utilizarse. En segundo lugar, que son muy importantes y necesarias la transparencia y la información a los consumidores en todo el proceso de evaluación y de gestión del riesgo. Y, por último, que la salud pública y el medio ambiente deben prevalecer por encima de otras consideraciones, sobre todo económicas.
Si esto se hubiera hecho así, señor Presidente, yo creo que no estaríamos hoy lamentando la enfermedad que sufren las vacas locas, que no estaríamos lamentando algunas otras contaminaciones alimentarias, cuyos efectos futuros aún desconocemos.
Actualmente, hay una gran sensibilidad y preocupación por la utilización en los alimentos de los productos transgénicos. Otro ejemplo actual es la gran sensibilidad respecto a las informaciones, con una base científica o no, acerca del efecto que pueden tener los teléfonos móviles, las ondas electromagnéticas, y también las columnas de transmisión de ondas electromagnéticas.
Yo creo, señor Presidente, que este es un principio muy importante si se utiliza como es debido y siempre que sea necesario.

Hyland
Señor Presidente, felicito a la ponente por su trabajo. Creo que es muy oportuno que el Parlamento Europeo celebre un debate sobre la necesidad de garantizar que el principio de cautela es consagrado en todos los reglamentos y directivas de la UE. Los casos de nuevas distorsiones de la EEB en Europa han vuelto a poner el tema de la seguridad alimentaria en el primer plano de la agenda política europea. El principio de cautela debe ser invocado en cada ocasión cuando haya que promulgar nuevas disposiciones legislativas comunitarias en el ámbito de la protección y mejora de la cadena alimentaria en Europa. Los 370 millones de consumidores de la Unión Europea exigen medidas en el ámbito de la seguridad alimentaria. Saludo las recientes declaraciones del Comisario Europeo para la Salud y Protección de los Consumidores, Sr. Byrne, cuando en términos inequívocos declaró que el principio de cautela es el punto de referencia por el que se guía cuando debe iniciar directivas y reglamentos comunitarios en el ámbito del fomento de la seguridad alimentaria.

Blokland
Señor Presidente, en la sociedad moderna, con todos sus bienes de consumo, tales como todos esos aparatos de los que disfrutamos, necesitamos materiales y sustancias de propiedades muy específicas. Todos, o, si usted quiere, casi todos, hemos aceptado esos productos y los utilizamos. Las sustancias y materiales que estos productos contienen, así como muchos tipos de alimentos, pueden, sin embargo, conllevar riesgos. Tal como todo el mundo sabe, la vida está llena de riesgos e incertidumbres. El arte de vivir consiste en percibir y tratar con estos riesgos e incertidumbres de forma prudente.
La propuesta de la Comisión promueve líneas directrices más claras para la aplicación del principio de precaución. Yo apoyo de corazón la opinión de la Sra. Patrie, que dice que la Unión Europea debe aclarar su enfoque sobre el principio de precaución. Por desgracia, debo decir que la resolución borrador de la Comisión de Medio Ambiente es demasiado larga y no da una respuesta suficiente a esta cuestión. A causa de la extensa y confusa redacción de aquella, se ha perdido de vista lo que realmente se quiere, lo cual es la antítesis de la resolución de Niza del Consejo Europeo.
En las enmiendas que he presentado intento poner en claro estos asuntos y eliminar una serie de párrafos innecesarios.
Ya que la ciencia, a menudo no es capaz de establecer una relación directa entre los productos y sus posibles efectos perjudiciales, deseamos mayor claridad en este asunto. Una condición esencial para la aplicación del principio de precaución es que a la preocupación por los posibles efectos perjudiciales se la provea de una base científica. A la hora de adoptar medidas, son importantes, tanto la limitación de determinados riesgos, como su aceptación. Además, es importante que tengamos en cuenta el nivel de protección elegido por nosotros mismos, que se puede inferir globalmente de la legislación que hemos hecho.
Para terminar, opino que no es adecuada la inversión de la carga de la prueba. Para manejar adecuadamente el principio de precaución debemos, además, saber cuáles pueden ser los efectos perjudiciales de las eventuales alternativas si se adopta una medida de prohibición.

Moreira da Silva
Señor Presidente, el principio cautelar ha pasado a ser uno de los mayores aliados de los ciudadanos en la defensa de la salud pública y del medio ambiente. Ahora bien, hay aún un largo camino por recorrer en el perfeccionamiento de ese principio. Por un lado, sigue siendo típicamente europeo; allende el Atlántico, se tilda ese principio de obscurantista e incluso medieval. Por otro lado, la propia Unión Europea lo utiliza de forma poco clara e incluso irracional. Tan pronto lo utiliza demasiado, con lo que lo trivializa, como lo utiliza menos y provoca nuestra indignación. Por eso, considero tan importante esta propuesta de la Comisión, enriquecida por el informe de la Sra. Patrie. Al establecer claramente cuándo y cómo se debe aplicar el principio cautelar, permite la aclaración de su utilización en el plano europeo y lo vuelve más creíble y mandata a los negociadores europeos en la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio para que inscriban el principio cautelar como básico y universal.
Pero permítanme que denuncie lo que me parece el ejemplo flagrante de la falta de coherencia de la utilización del principio cautelar en la Unión Europea: me refiero a los teléfonos portátiles. Es incomprensible que la Unión Europea siga insensible a las decenas de estudios científicos independientes que indican el posible riesgo de los teléfonos portátiles para la salud humana. Podemos preguntarnos incluso si no se deberá ese inmovilismo a que la mayoría de los fabricantes de teléfonos portátiles son empresas europeas.
Ayer mismo, en Lisboa, de primera mano, un americano, el profesor George Carlo, a quien la Food and Drugs Administration ha confiado en los siete últimos años un estudio sobre el efecto de las radiaciones en la salud humana, reveló que existe el riesgo de que la utilización de los teléfonos portátiles potencie la aparición de tumores cerebrales, la enfermedad de Alzheimer y lesiones en la piel. En estas circunstancias, pido a la Comisión que aplique el principio cautelar a los teléfonos portátiles, en particular avisando de los peligros de su utilización para los niños.

Hulthén
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Patrie este excelente informe sobre el principio de cautela. No es fácil definir el principio de precaución. Personalmente, creo que es imposible crear un principio general de cautela aplicable a todas las situaciones. Cada situación requiere su propio principio de precaución. Esto es algo difícil de aceptar, pero los alimentos y las sustancias químicas no son la misma cosa y, en consecuencia, no pueden ser tratados de la misma manera.
Nuestra tarea es crear los marcos necesarios para proteger tanto el medio ambiente como la salud de las personas y animales. El principio de precaución no es el mismo en los diferentes países. No obstante, ahora nos corresponde crear un principio general de precaución en el ámbito europeo. El principio debe ser claro. Tiene que ser posible de reivindicar internacionalmente y debe tener peso jurídico.
Muchas personas han mencionado anteriormente en esta Asamblea el tema de las vacas locas, que es uno de los escándalos que han ocurrido últimamente. Esta disputa demuestra algo particularmente importante, la importancia de atreverse a adoptar decisiones aún cuando no se tengan pruebas fehacientes sobre la mesa. Pero hay más ejemplos que el de las vacas locas. Ejemplos que tal vez no sean tan espectaculares pero en los que ha sido igualmente importante adoptar decisiones. Tenemos, por ejemplo, los ftalatos en los juguetes. Tenemos la extraña idea de introducir juguetes en los caramelos, helados y otros productos comestibles. En unos casos decimos que no hay pruebas suficientes y en otros que no han ocurrido suficientes accidentes para que nos atrevamos a reaccionar.
Es lamentable que no sea la ciencia sino el mercado interno el que decide lo que se lanza al mercado. Esta situación es insostenible. No podemos seguir así.
Respaldo el informe Patrie en su totalidad, pero quisiera subrayar lo que mencionó la Sra. Schörling anteriormente, esto es, que se necesita una actitud más firme en relación con el peso de la prueba, especialmente en lo que respecta a productos que carecen de aprobación previa. Los fabricantes y productores tienen que probar que sus productos son seguros. Hay que evitar que los consumidores se conviertan en conejillos de Indias que pagan para probar los nuevos productos del mercado.

Sandbæk
Señor Presidente, el medio ambiente y la salud pública son como una máquina complicada con un montón de funciones que vigilamos y controlamos para poder intervenir y que así no se estropee. Para la máquina empleamos un montón de pilotos que nos avisan con una luz roja de que algo va mal y de que hay que intervenir inmediatamente para que la máquina no se averíe. No debemos esperar hasta que más pilotos o todos ellos muestren una luz roja. Éste es el principio de precaución en la práctica. No obstante, no funciona así en lo que a la salud pública se refiere. En este caso esperamos para intervenir hasta que todos los pilotos muestran una luz roja y éste es también el problema de la Comunicación de la Comisión. El principio de precaución, en mi opinión, trata sencillamente del derecho y ante todo del deber de intervenir con los recursos necesarios y suficientes ante la sospecha o la supuesta sospecha de que una sustancia o un proceso pueden provocar daños irreparables en la salud y en el medio ambiente.
Aquellos que no pueden vivir sin la sustancia o el proceso en cuestión han de demostrar que éstos no causan daños permanentes. La Comisión propone, por ejemplo, examinar las ventajas y los costes aparejados a la actuación o a la falta de actuación en un ámbito. Sin embargo, esto fue precisamente lo que se hizo con relación al escándalo de la EEB y fue por ello que la catástrofe afectó a Inglaterra y ahora también a Francia que habían recibido todos los indicadores de la EEB y aún así no quisieron emplear el principio de precaución. Analizar las ventajas y desventajas es una idea absurda cuando se piensa cuál es la idea del principio de precaución, es decir, poder reaccionar con respecto a una producto ya antes de conocer plenamente las ventajas y desventajas. Lo mismo es válido para la pretensión de la Comisión de efectuar un exhaustivo análisis de riesgos previo. Si se conocen todos los riesgos, costes, etc., no necesitamos entonces el principio de precaución. Me parece también que se hace demasiado hincapié en la valoración de los expertos, toxicólogos y economistas de un caso. La gestión de riesgos y el cumplimiento del principio de precaución no son precisamente responsabilidad de los expertos, sino una cuestión y una responsabilidad política universal y la Comunicación de la Comisión no proporciona suficientes alicientes a los políticos para que cumplan con esta responsabilidad.

Bernié
Señor Presidente, el principio de cautela, bueno para todo, según las circunstancias y los intereses del momento, puede ser la mejor como la peor de las cosas. Confieso que no entiendo muy bien la intrusión del bienestar animal en este informe. La aplicación de dicho principio debe evitar a toda costa contener la innovación y la actividad económica, generar pusilanimidad e inmovilismo industrial, convertirse en un medio para disuadir a la competencia. Este principio no debe aplicarse salvo que exista un peligro real. El recurso al mismo debe entrar exclusivamente en el ámbito de las opciones políticas. Es conveniente, pues, definir el principio de cautela con precisión, para evitar las habituales desviaciones interpretativas del Tribunal de Justicia, aplicarlo con tino y discernimiento, así como determinar claramente los factores que desencadenan el recurso al mismo, a fin de integrar dicho principio en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la OMC.
Habida cuenta de los criterios adoptados: proporcionalidad, no discriminación, coherencia, examen de las ventajas y de los inconvenientes, examen de la evolución científica, el principio de cautela debe corresponder a la justa adecuación entre la gravedad del riesgo y las medidas adoptadas, contrariamente a lo que la Unión Europea ha hecho respecto a la vaca loca. Asimismo, en nombre de la transparencia, procuremos garantizar los derechos a la expresión y a la defensa de los productores, artesanos o industriales, indicando en los informes de evaluación sus opiniones y observaciones, al igual que las de los científicos cuyas conclusiones hubiesen sido descartadas.
Finalmente, la autenticidad de los productos regionales no debe sacrificarse en aras de la seguridad a todo coste; si bien los productos clasificados permiten una mayor seguridad alimentaria, la diversidad exige incertidumbres/riesgos desde el punto de vista cualitativo y, por tanto, que se corran algunos riesgos. Invocando este principio a diestro y siniestro se corre el peligro de desembocar en el "todo higiénico", en el "todo inodoro" y sin sabor y en la uniformización de las producciones.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento por la iniciativa del Parlamento de abordar el tema del principio de cautela y por el excelente trabajo que ha realizado la ponente, Sra. Patrie.
Esta comunicación de la Comisión sobre el principio de cautela se emitió en febrero del presente año y propone orientaciones sobre cuándo y cómo aplicar el principio de cautela. A nivel nacional, europeo y mundial se alude a menudo a este principio y enfoque cuando hay que abordar cuestiones relativas a la salud humana y el medio ambiente. El principio de cautela también fue objeto de debate en la Cumbre de Niza, que tomó nota de una resolución adoptada por el Consejo de Asuntos Generales. La resolución hace un llamamiento a la Comisión para que utilice las orientaciones adoptadas e incorpore el principio de cautela siempre que sea necesario a la hora de elaborar sus propuestas legislativas y todas sus acciones. La resolución también pone de relieve la necesidad de trabajar enérgicamente en pos de un compromiso de los interlocutores internacionales para alcanzar un acuerdo sobre la aplicación del principio. Ahora estudiamos el seguimiento que deberíamos dar a esta resolución.
La comunicación de la Comisión no es la última palabra sobre el tema. Por tanto, acojo con satisfacción la propuesta de resolución del Parlamento sobre este importante asunto y me gustaría comentar algunos de los puntos que plantea. La Comisión confirma su intención de hacer uso activo del principio de cautela siempre que sea pertinente. Lo consideramos un principio general que convendría tomar en consideración cuando se trate de la protección del medio ambiente y de la salud humana, animal y vegetal. En lo relativo a sus consecuencias a nivel internacional, en particular en el seno de la Organización Mundial del Comercio, la Comisión considera que el principio de cautela se está convirtiendo en una norma en toda regla del Derecho internacional consuetudinario con todos los derechos que ello implica. Este principio permite a la Comunidad prescribir el nivel de protección que estime oportuno, en particular, en materia de medio ambiente y salud humana, animal y vegetal. Asimismo incrementará la capacidad de los países en desarrollo de garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana, animal y vegetal.
Como habrá observado el Parlamento, la posición de la Comisión está en consonancia con la mayoría de las cuestiones que plantea en su propuesta de resolución. No obstante, quisiera aclarar algunos puntos. En lo que respecta a la posible prohibición de un producto sobre la base de métodos de procesamiento o producción, no es posible hacer una declaración general sobre la legitimidad de semejante acción sin antes efectuar una evaluación exhaustiva del riesgo. La distinción que se hace en la resolución entre el principio de cautela y el de prudencia debería ser más precisa. El principio de prudencia forma parte de la política de evaluación del riesgo y es parte integral de la opinión científica proporcionada por los responsables de la evaluación del riesgo. Por otro lado, la aplicación del principio de cautela forma parte de la gestión del riesgo. Esto tiene como consecuencia que una duda inicial o datos empíricos razonables no puedan utilizarse por sí solos para aplicar el principio de cautela. El peligro debe ser identificado y los expertos deberán llevar a cabo una evaluación del riesgo antes de que puedan adoptarse medidas.
Es importante hacer hincapié en que corresponde a los responsables de la toma de decisiones definir el nivel de protección. No es posible proporcionar un umbral mínimo de riesgo general. La Comisión considera que la propuesta de resolución es equilibrada en este sentido y no apoya la enmienda 3.
Por último, la carga de la prueba podrá invertirse sobre una evaluación de caso por caso. Una norma general no es lo adecuado.
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por su apoyo en el estudio de este asunto. La propuesta de resolución ayudará a fomentar un compromiso general respecto al principio de cautela en el seno de la Comunidad, así como a nivel internacional.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas)

Sajarov 2000
La Presidenta
Permítame decirle, señor Savater, que lo recibimos hoy aquí con mucha emoción para entregar a "Basta Ya" el premio Sajarov de este año 2000 por la libertad de pensamiento.
A través de usted, el Parlamento Europeo rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y recompensa a un movimiento de ciudadanos que de forma espontánea ha decidido gritar "Basta Ya", es suficiente, a aquellos que niegan el derecho a la vida, el bien más preciado de cada ser humano y que niegan también el derecho a la libertad, es decir el de vivir diariamente en paz y en seguridad. El Parlamento Europeo recompensa también el coraje físico y moral de los ciudadanos que se atreven, con el peligro de su vida, a afirmar su negativa a ceder a la intimidación. A través de "Basta Ya", el Parlamento Europeo desea aportar su apoyo más total y decidido a todo el conjunto de asociaciones y colectivos pacifistas de todas las tendencias ideológicas y a todos aquellos que se movilizan frente a la violencia ciega a la cual se enfrenta el País Vasco español. Sabe usted que el apoyo de esta Asamblea no es de ayer. Recientemente, el Parlamento Europeo adoptó una declaración sobre el terrorismo en España. Esta declaración fue firmada personalmente por 413 diputados de todas las nacionalidades, de todas las tendencias políticas. En ella se condenan firmemente los crímenes de ETA en España y se invita a las instituciones de la Unión Europea a adoptar medidas eficaces de lucha contra el terrorismo.
Al conceder por primera vez el premio Sajarov a defensores de los derechos humanos que militan dentro de la Unión, el Parlamento Europeo afirma solemnemente que cualquier violación de éstos ha de ser combatida sin concesiones. Andrei Sajarov simboliza para todos los demócratas del mundo el hombre que se levantó contra la dictadura y resistió al chantaje moral de un sistema opresivo, y todos los galardonados con el premio Sajarov desde 1988 han encarnado esta misma lucha por libertad. La opresión a la que ustedes se resisten es quizá la peor. Está firmada, pero no tiene rostro. Se impone a toda una sociedad, pretendiendo destruir un sistema político que ha sido democráticamente elegido por sus ciudadanos.
Por ello, el Parlamento se une a su lucha. Tuve ocasión de decirlo, el pasado 27 de septiembre, en Madrid, en el transcurso de la emocionante ceremonia de entrega de medallas a las familias de las víctimas de ETA, en el seno de nuestra Unión, no hay lugar para el terrorismo. Es la negación misma de la democracia. La violencia, cualquiera que sea su forma, no es solamente condenable, sólo puede volverse contra sus autores, ya que excluye del mundo democrático a aquellos que recurren a ella.
Nuestra Comunidad Europea es ante todo una comunidad de valores basados en el respeto por el Estado de derecho. La Carta europea de derechos fundamentales que acabamos de proclamar en Niza, el pasado 7 de diciembre, lo demuestra. Su artículo 2 consagra el derecho a la vida. Y en cada ocasión en que en España el terrorismo mata una persona, toda la Unión se ve afectada en lo que constituye uno de sus principios más esenciales.
La democracia en la creemos es la palabra que debate y que convence, en el respeto por el otro, y que se somete a la mayoría del pueblo cuando éste ha votado en libertad. No es la del asesino anónimo que espera a su víctima en el vestíbulo oscuro de su inmueble. No es la de la violencia que aterroriza para forzar a todo un pueblo, mediante el miedo y el chantaje, al silencio o a la complicidad resignada.
No quisiera concluir mis palabras sin honrar la memoria de los centenares de personas que han caído bajo las balas de los asesinos. Se trata de mujeres, de hombres de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todos los horizontes políticos, que les han sido arrebatados a sus familias. A ellas y a los cerca de 2000 heridos de esta misma lacra, deseo enviarles el testimonio de nuestra solidaridad. Y debo señalarles también hasta qué punto la dignidad que demuestran ante esta prueba y su falta de espíritu de venganza personal merecen nuestra admiración más profunda.
Le doy las gracias, señor Presidente, y le invito ahora a hacer uso de la palabra.
(Vivos y prolongados aplausos)

Fernando Savater
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, ante todo la iniciativa ciudadana "¡Basta ya!" desea expresar su gratitud a este Parlamento por el honroso reconocimiento que hoy nos confiere. Es una distinción tanto más notable por cuanto no somos una prestigiosa ONG ni un movimiento institucional veterano, sino sencillamente un grupo de ciudadanos de distintas procedencias, sin jerarquías burocráticas ni apenas aparato organizativo, que empezamos a marchar juntos hace poco menos de un año. Entre nosotros hay profesores y obreros, cargos públicos y simples particulares, religiosos y laicos, sindicalistas, empresarios, militantes pacifistas, artistas, trabajadores de los medios de comunicación, gente cuyo nombre es muy conocido y muchas personas nada célebres. Les confieso que formamos un conjunto un poco anárquico. No tenemos ningún afán de protagonismo histórico, ni siquiera de perduración a toda costa. ¡Ojalá que nuestra iniciativa dejase mañana mismo de ser necesaria y pudiera volver cada uno de nosotros a su paz cotidiana.
Sabemos que, personalmente, no somos importantes, pero creemos que es importante lo que nos une y moviliza: el rechazo del terrorismo criminal de ETA y el apoyo explícito al Estado de Derecho español, hoy amenazado por un proyecto totalitario de secesión violenta. Hemos salido a la calle y hemos alzado nuestras voces porque estamos convencidos de que, cuando la democracia está en peligro, los ciudadanos no pueden refugiarse en su anonimato y esperar mansamente a que todo se resuelva en las altas esferas del poder político. No queremos sustituir a las instituciones legítimamente establecidas, sino urgirlas a que protejan nuestros derechos y nuestras libertades sin concesiones al terror.
Nos hemos movilizado, señoras y señores diputados, por solidaridad con las víctimas del fanatismo ideológico asesino y también, en defensa propia, contra él. Y es que vivimos una situación tristemente insólita en la Europa democrática. El País Vasco no es un territorio exótico, agobiado por las injusticias y desigualdades, como tantos lugares del llamado tercer mundo, sino una de las regiones más desarrolladas y con más equilibrada calidad de vida de la Unión Europea. Dentro del Estado español, la Comunidad vasca disfruta de una amplísima autonomía, con gobierno y parlamento propios, pleno control de su fiscalidad, competencias educativas bilingües, dos cadenas propias de televisión -una de ellas en euskera-, etc.
Sin duda los vascos padecieron importantes violaciones de su libertad política y cultural durante la dictadura de Franco, como el resto de los ciudadanos españoles. Pero, a partir de la instauración de la democracia, se hizo un extraordinario esfuerzo de reconciliación en todo el país, comenzando por una amnistía general para los delitos de motivación política cometidos durante el período franquista, que permitió, hace más de 20 años, reintegrarse en la legalidad a todos los miembros de ETA que lo desearan, incluso aunque tuvieran responsabilidad en hechos sangrientos.
Sin embargo, la actividad de ETA no ha cesado desde entonces. Y ya contamos más de 700 víctimas mortales durante la etapa democrática. Hoy, en el País Vasco, no hay seguridad ni libertad de expresión o asociación política para gran parte de los ciudadanos. Los cargos electos no nacionalistas son asesinados, así como empresarios, periodistas, miembros de las fuerzas del orden público o simples particulares que se hayan manifestado de cualquier modo contra el proyecto de imposición independentista.
Y no sólo se trata de asesinatos. Se han quemado numerosos establecimientos, viviendas y vehículos. Se extorsiona cotidianamente a los comerciantes y profesionales, se hostiga y amenaza de mil maneras a quienes son considerados "españolistas", es decir, a quienes se atreven a manifestarse públicamente a favor del Estado de Derecho constitucionalmente vigente. Mucha gente se ve obligada a marcharse para evitar males mayores o porque no soporta la presión del ambiente de intimidación. Otros muchos deben resignarse a vivir acompañados de escoltas policiales y no pueden pasear libremente con sus hijos por la calle o asistir sin todo tipo de precauciones a los locales públicos.
En el País Vasco, en plena Europa democrática, tenemos actualmente docenas de Salman Rushdies. Reina el miedo, un miedo palpable en la vida cotidiana que hace hablar en voz baja o disimular lo que se piensa, como en los peores momentos de la dictadura franquista.

Nosotros, los miembros de la iniciativa "¡Basta ya!", sabemos que ETA es, sin duda, la principal culpable de estos males. Pero también estamos convencidos de que ETA no es un fenómeno aislado, y que su perpetuación se debe a un clima político del cual son en parte responsables las autoridades nacionalistas que gobiernan el país desde hace más de 20 años. Los etarras no son extraterrestres llegados de otro planeta para hacer el mal, sino jóvenes educados en el fanatismo étnico, en el odio a más de la mitad de sus conciudadanos y a todo lo considerado español; jóvenes a quienes se ha imbuido una historia distorsionada y una antropología demencial, que les hace creerse víctimas y les convierte así en verdugos.
Naturalmente, aceptamos que los nacionalistas vascos puedan proponer, por vías pacíficas, la creación de un nuevo Estado independiente que nunca antes existió, pero rechazamos que ese proyecto político de un determinado partido se presente como el derecho inalienable de todo un pueblo, convirtiéndose así, de modo indirecto, en justificación de los violentos.
Tampoco parece prudente la permanente búsqueda en el pasado histórico -y aun prehistórico- de agravios que justifiquen la ruptura de las comunidades democráticas actuales, o pretendan demostrar la incompatibilidad de quienes, de hecho, ya viven juntos desde hace siglos. Como demuestra tristemente la experiencia de otros lugares de Europa, por tal camino siempre se encuentra finalmente justificación para el enfrentamiento bélico. Es algo contra lo que ya prevenía hace siglos uno de los primeros pensadores de la Europa unida, Erasmo de Rotterdam, cuando comentaba en uno de sus adagios: "Si un título cualquiera se considera causa idónea para emprender la guerra, a nadie -en medio de tantas vicisitudes de los asuntos humanos, de tantos cambios- le podrá faltar tal título. ¿Qué pueblo no ha sido alguna vez expulsado o no ha expulsado a alguien de su territorio? ¿Cuántas veces se ha emigrado de un sitio a otro? ¿Cuántas veces se han desplazado de aquí para allá los imperios por el azar de los tratados? ¡Que los paduanos reclamen hoy el suelo troyano, ya que Antenor en otro tiempo fue troyano! ¡Que los romanos reclamen África y España, pues alguna vez fueron romanas! Llamamos dominio hereditario a lo que es administración electiva. No se tiene igual derecho sobre los hombres -libres por naturaleza- que sobre los ganados". Hasta aquí la cita de Erasmo.
Señoras y señores diputados, como demócratas, somos desde luego partidarios del diálogo entre los diversos partidos democráticos, porque en tal diálogo permanente consiste la democracia misma. Pero precisamente por vocación de diálogo democrático, rechazamos que éste pueda venir forzado por el terrorismo violento, que la agenda política de los ciudadanos la establezcan quienes trastornan los usos de la convivencia pacífica y que las leyes consensuadas parlamentariamente deban cambiarse a gusto de los asesinos como rescate para que dejen de matar.
Queremos vivir en paz, pero también queremos vivir en libertad. Nos negamos a sustituir el Estado de los ciudadanos por el Estado de las etnias. Por eso hemos salido a la calle: para defender los principios constitucionales y gritar a los terroristas: ¡Basta ya! Y también por eso, además de agradecer el reconocimiento de este premio Sajarov, invitamos a los miembros del Parlamento Europeo a visitar el País Vasco; no los despachos oficiales, sino las calles, los bares, los comercios, las empresas, las pequeñas localidades, las aulas, para que conozcan de primera mano y sin injerencias propagandísticas cómo se vive amenazado, extorsionado, sin derecho a la libre expresión de las ideas; que comprueben por sí mismos la verdad de lo que denunciamos y, después, que no lo olviden y que nos ayuden a luchar contra esta lacra que toda la Europa democrática debe sentir como propia.
(Fuertes y prolongados aplausos)

