Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 13 de febrero de 2003.

Evans, Jonathan (PPE-DE).
Señor Presidente, dado que le he presentado esa petición, ahora voy a hablar no solo en nombre de los 36 diputados, sino también en nombre de mi Grupo. Quiero llamar la atención de la Cámara sobre unas informaciones que han aparecido en periódicos belgas, alemanes y británicos este fin de semana que se refieren a acusaciones bastante graves de que el Parlamento Europeo y también algunos miembros de la Comisión podrían haber sido engañados con respecto a algunas pruebas del caso Andreasen. Esto surge en el contexto de un informe aparentemente encargado por el Comisario Kinnock, antes de que se suspendiera de su empleo a la contable de la Comisión. Tanto la prensa como fuentes de la Comisión han hecho públicas numerosas citas de este informe. Resulta fundamental que se publique el informe completo de inmediato, para que la Cámara conozca todos los hechos relacionados con esta cuestión. Esto es importante no solo en el contexto del caso Andreasen como tal, sino también en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria que tendrá lugar en las próximas semanas.
La Comisión no puede optar por hacer públicos extractos seleccionados de sus documentos y, a continuación, declarar la confidencialidad general de los mismos en el contexto del acuerdo marco. Por este motivo, propongo a la Cámara que mañana a las 17.00 horas, cuando esté presente la Comisión, esta explique su postura en relación con dicho documento, que es supuestamente un informe del jefe de auditoría interna que formula estas graves acusaciones. Ese documento debe ser publicado y esta Cámara deberá estar en condiciones de formarse una opinión sobre el mismo. Por lo tanto, pido a la Cámara que exprese su acuerdo con mi propuesta para que se solicite a la Comisión que acuda a esta Cámara mañana a las 17.00 horas a fin de hablar sobre estas graves acusaciones.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, tenía entendido que la serpiente del lago Ness aparecía en verano pero, ahora, en este asunto concreto, aparece a lo largo de todo el año.
Es la quinta o sexta ocasión en la que se trata de que el Parlamento no siga sus procedimientos reglamentarios. El Sr. Evans ha dicho con razón que estas cuestiones han de tratarse en el procedimiento de aprobación de la gestión y debatirse en la Comisión de Control Presupuestario.
Por lo tanto, mi Grupo considera que, para tratar estos temas, más que aprovechar unas filtraciones aparecidas un fin de semana en la prensa de algunos países, de las cuales creo que la mayor parte de los miembros de la Cámara no tiene conocimiento, y con todo mi respeto a la libertad de expresión, hay que atenerse a nuestros procedimientos y respetar nuestro Reglamento, además de respetar los Tratados y a una institución concreta que es la Comisión.
Por lo tanto, señor Presidente, nos oponemos a esta propuesta absolutamente extemporánea y creemos que el Parlamento debe seguir su trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Watson (ELDR).
Señor Presidente, es importante que nosotros, como Asamblea, no emprendamos acciones precipitadas basándonos en las actividades de unos cuantos periodistas. Por lo que tengo entendido, esta supuesta historia se refiere a un memorando del 21 de mayo de 2002. El proceso de reforma ha progresado mucho desde entonces, bajo la supervisión de nuestra Comisión de Control Presupuestario, cosa que sin duda el Sr. Kinnock mencionará en relación con esta cuestión.
En nuestra opinión, teniendo en cuenta el informe del Sr. Casaca, que ha incluido muchas de estas cuestiones, y las aportaciones al mismo, esta cuestión de hecho ya está siendo tratada. Tengo entendido que el autor del memorando mencionado, el Sr. Muis, va a asistir a la reunión de la Comisión de Control Presupuestario esta semana y sugiero que los diputados de esa comisión le pregunten si, en caso de que tuviese que escribir ese memorando hoy, tendría el mismo tono que el que escribió en mayo del año pasado. Parece que el proceso ya ha avanzado mucho y probablemente esto no es más que una tempestad en un vaso de agua.
Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, creo que debemos ser extremadamente prudentes. Si la carta que hemos recibido hoy (o el memorando, como lo quieran llamar) está en lo cierto, tenemos verdaderos problemas, problemas muy serios. En ese caso, primero la comisión competente tendrá que debatir estos problemas y, en función de lo que decida entonces, el Parlamento deberá presentar una propuesta de informe, sobre todo si tenemos en cuenta que vamos a celebrar un debate sobre el procedimiento de aprobación de la gestión en el próximo período parcial de sesiones de Bruselas.
No entiendo por qué deberíamos debatir una cuestión sin que se haya debatido primero en la comisión competente, y creo que ya hemos bailado bastante al son de los supuestos descubrimientos de los periodistas. El Parlamento no está a disposición de los medios de comunicación y debe tener su propio ritmo de trabajo. De lo contrario, terminaremos incluyendo cualquier cosa en el orden del día.
Theato (PPE-DE)
Señor Presidente, lo cierto es que hasta el fin de semana pasado no recibí una nota; tiene fecha del año pasado y me dejó sumamente asombrada. El motivo de mi asombro es que esta nota no había salido anteriormente a la luz, tras las numerosas cuestiones que planteamos a la Comisión, concretamente en relación con la contabilidad, y que obviamente esta nota no me llegó a través de la Comisión. No sé si otros diputados han recibido una copia y no han tenido todavía la oportunidad de recavar más información al respecto. De todos modos, en estos momentos, eso no es lo más importante.
Lo importante, sin embargo, es el hecho -que no deja de sorprenderme- de que el Director General de auditorías internas vaya a unirse a nosotros en la reunión prevista para las 19.00 horas de hoy. No obstante, no sé nada al respecto y ni siquiera ha sido invitado. He intentado hablar con él por teléfono para conseguir alguna información acerca de esta nota, aunque de momento no lo he conseguido, puesto que estaba reunido.
Sin duda, el procedimiento de aprobación de la gestión no se debatirá en esta miniconferencia -esta cuestión se tratará en sesión plenaria en abril-, pero indudablemente es de vital importancia en estos momentos. En el plazo de ocho días, la comisión tendrá que celebrar una votación acerca de lo que vamos a hacer con respecto a la aprobación de la gestión y acerca de las propuestas que vamos a presentar ante el Pleno.
Por este motivo, resulta fundamental que obtengamos información al respecto. Realmente no sé cuándo se supone que voy a obtenerla, si queremos tratar esta cuestión convenientemente en la comisión. Aunque indudablemente la debatiremos esta tarde, sigo pensando que deberíamos conocer la situación cuando este tema aterrice sobre la mesa y que deberíamos debatirlo entre nosotros.
Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, la situación es, en realidad, muy simple: el Consejo de Seguridad, o bien vota el martes por la tarde, o bien el miércoles o el jueves; es decir: o vota antes que nosotros o después. Si vota después que nosotros, creo que es importante que se celebre una votación en el Parlamento Europeo para pedir a los Estados representados en el Consejo de Seguridad que voten en contra de la resolución propuesta por el Reino Unido, España y los Estados Unidos. En otras palabras: creo que es importante que los representantes de la opinión pública y de los ciudadanos europeos aprueben una propuesta para solicitar a los Estados en cuestión que utilicen su voto en el Consejo de Seguridad para rechazar la idea de la guerra.
(Dirigiéndose al Sr. Panella, que intentaba interrumpirle: ¡Vaya, vaya, señor Panella, de verdad! Al menos, usted ya había nacido en 1938, no como yo. Esa es la única diferencia, y atribuiré esa forma de pensar a su edad porque, de lo contrario, lo que acaba de decir no es muy inteligente. ¡No es inteligente en absoluto!)
Sin embargo, si el Consejo de Seguridad vota antes que nosotros, creo que el Parlamento Europeo debería adoptar una posición con respecto a esta votación. Así pues, en cualquier caso, como expresión de los ciudadanos europeos, deberíamos adoptar una posición el miércoles con respecto a lo que se vaya a decidir o a lo que ya se haya decidido.
Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, aunque siempre admiro el compromiso demostrado por el estimado Sr. Cohn-Bendit en sus intervenciones, tengo que pedir que seamos lógicos y tengamos en cuenta la manera en que esta cuestión se ha desarrollado históricamente en esta Cámara. Al fin y al cabo, el debate del miércoles, que será muy completo, no será el primero que celebremos acerca del terrible rumbo que está tomando la crisis del Iraq, y nuestro Grupo siempre se ha declarado a favor de la acción, dentro de los límites establecidos por la comunidad internacional. Y digo esto para que no quepa duda.
No obstante, el Sr. Cohn-Bendit sabe, al igual que los demás diputados de esta Cámara, que votamos esta cuestión en diciembre. Por tanto, no hay necesidad de que celebremos una nueva votación cada vez que nos reunamos aquí, con el fin de volver a subrayar su importancia. Por el contrario, la posición del Parlamento está muy clara, al igual que la del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, y creo que los demás Grupos -la mayoría de ellos, en cualquier caso- quieren que la posición de esta Cámara, una vez aprobada, sea vinculante y que no tengamos que estar constantemente dándole vueltas al intercambio de opiniones. El miércoles todos tendremos la oportunidad de expresar nuestra opinión, y recomiendo que lo hagamos con la gravedad y seriedad que esta crisis merece. Por este motivo, nos oponemos a una nueva resolución.
Wurtz (GUE/NGL).
Señor Presidente, mi Grupo también está en contra de una resolución, probablemente por razones ligeramente distintas a las del Sr. Poettering, porque -no en diciembre, señor Poettering, sino el 30 de enero- aprobamos una resolución en la que se afirmaba, de forma bastante clara, que la mayoría del Parlamento se opone a una acción militar sin que exista una resolución de la ONU que la autorice. Por lo tanto, esa resolución del Parlamento sigue siendo válida actualmente. Si la situación cambiase, obviamente también cambiaría nuestra postura.
Es más: de acuerdo con la información que tenemos, la votación del Consejo de Seguridad se celebrará, en cualquier caso, antes de que hayamos tenido tiempo de actuar a este respecto.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, estamos en una situación especialmente delicada porque los minutos son eternos y están produciéndose acontecimientos que nos permiten todavía mantener la esperanza de que la Resolución aprobada mayoritariamente por el Parlamento en enero -no en diciembre- mantenga su valor.
No voy a entrar en muchas especulaciones sobre lo que puede pasar en el Consejo de Seguridad. Tenemos un debate con el Presidente del Consejo, Sr. Papandreou, el miércoles por la mañana y creo que, en estas circunstancias, el Parlamento puede perfectamente reconsiderar la cuestión de la Resolución en ese momento. Estamos dentro de plazo y eso me parece mucho más razonable que tomar una posición cerrada en este momento.
Hernández Mollar (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, efectivamente, en nombre de la comisión he solicitado que se aplazara la votación de la resolución al segundo Pleno del mes de marzo en Bruselas.
Tratándose de un tema complejo y delicado, esta tarde vamos a tener un debate en comisión, en reunión extraordinaria y el miércoles tendremos otro, como consecuencia de la declaración de la Comisión. Entiendo que, por tratarse de un tema -como he dicho- delicado y en el que hay que actuar con prudencia, es mejor trasladar la votación de la resolución al Pleno de este mes en Bruselas con la presentación, naturalmente, de las enmiendas correspondientes por parte de los Grupos políticos.

Watson (ELDR).
Señor Presidente, siento tener que opinar en contra de mi sucesor acerca de una cuestión como esta, pero, en mi opinión, al igual que pedimos con acierto a la Comisión de Control Presupuestario que estudie las acusaciones sobre el proceso de reforma que se han publicado en algunos periódicos durante el fin de semana, deberíamos pedir a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que examine urgentemente esta cuestión. Cabe la posibilidad de que los norteamericanos nos hagan llegar una petición para acceder a las bases de datos de pasajeros de las compañías aéreas europeas, lo que iría totalmente en contra de nuestra propia legislación de protección de datos y, de hecho, podría suponer una importante violación de las libertades civiles de los ciudadanos europeos. En mi opinión, si la Cámara no toma postura esta semana, entonces somos impotentes. Debemos subrayar nuestra firme oposición a la petición de los norteamericanos y nuestra oposición a cualquier acuerdo potencial por parte de la Comisión con respecto a esta petición.
Buitenweg (Verts/ALE).
Gracias, señor Presidente. De hecho, solo quiero aclarar una cosa. Me satisface que vayamos a someter a votación este asunto esta semana, porque está claro que se sigue facilitando información a los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que solicitar urgentemente esta semana que se interrumpa esta actividad. No obstante, no tengo claro quién es el responsable en este caso. ¿Es cierto que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores va a hablar de ello esta tarde? Me alegraría mucho, pero, en tal caso, deberíamos elaborar una resolución esta tarde que se someta a votación el miércoles. Definitivamente, eso me agradaría mucho. Lo más importante es alcanzar una resolución esta semana, y lo segundo más importante es dejarlo en manos de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Si no podemos hacerlo esta tarde, me gustaría celebrar una reunión urgente adicional mañana, para garantizar que la comisión competente mantenga el control de esta cuestión.

El Presidente.
Entiendo, con respecto al fondo de la cuestión, que los Grupos prefieren que la comisión prepare la resolución. A menos que se indique lo contrario, así se hará. El único problema es cuándo habría que celebrar la votación. La decisión firme de la Cámara es que convendría votar el jueves de esta semana, tal y como estaba previsto en el proyecto de orden del día.
(El orden del día queda así establecido)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, quisiera transmitirle un mensaje que recibí cuando estuve en Nueva York la semana pasada. Conocí a un grupo llamado «September 11 Families for Peaceful Tomorrows». Son familiares de algunas de las víctimas de la atrocidad del 11 de septiembre y me pidieron que le comunicase a usted y a esta Cámara que no buscan venganza. No quieren una guerra contra el Iraq en su nombre, sino un futuro pacífico para sus niños, los niños del Iraq y los niños del mundo.
Esperan que Europa les apoye y por ello me gustaría pedirle que se ponga en contacto con el Presidente Bush y con los líderes de todos los Estados miembros que componen el Consejo de Seguridad, para transmitirles la firme decisión tomada por este Parlamento hace algunas semanas de que no existen razones para una guerra unilateral o preventiva y que habría que conceder a los inspectores el tiempo necesario para que completen el desarme pacífico del Iraq.
El Presidente.
Será un placer hacer llegar la opinión de la Cámara a las autoridades norteamericanas, como ya hice con respecto al Consejo hace algunas semanas.

Wurtz (GUE/NGL).
Señor Presidente, me gustaría, en nombre de mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, criticar enérgicamente el vergonzoso trato que han recibido hoy los trabajadores portuarios, frente a este edificio. En nuestra opinión, su protesta es legítima, y los apoyamos. Hay que señalar que el objetivo de la propuesta de directiva que están criticando no es otro que el de reducir los salarios y, por lo tanto, autorizar la contratación de personal ajeno a los puertos para que haga el trabajo en su lugar. Eso significa la destrucción de sus estatus, de sus oficios y de sus puestos de trabajo, ¡y nosotros pretendemos que vengan a traer flores a las instituciones europeas! ¡Considero inaceptable este control policial! Deberíamos escucharlos, escuchar lo que tienen que decir y revisar, en consecuencia, la propuesta de directiva.
Helmer (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también tengo una queja acerca de la represión policial en el exterior del edificio, aunque tenga que ver con los diputados de esta Cámara y no con los trabajadores portuarios. He llegado de Basilea en el autobús, con unos cuantos colegas de diversos países, y me encontré las puertas cerradas. No había ningún problema de seguridad inminente, no había manifestantes a la vista, pero la policía francesa nos negó el acceso al edificio. Cuando intenté ejercer mi derecho como parlamentario a entrar en el edificio, se me impidió físicamente hacerlo y se produjeron una serie de empujones y gritos bastante indecorosos.
Por lo que tengo entendido, que la policía de un Estado miembro obstruya a los parlamentarios en el desempeño de su cometido es contrario a los tratados. Supone, sin duda, una afrenta a la dignidad de esta Cámara. Por lo tanto, le agradecería que se pusiera en contacto con las autoridades competentes para asegurarse, en primer lugar, de que no se repita nada como esto y, en segundo lugar, que la policía francesa afectada sea informada de nuevo sobre los derechos y responsabilidades de los parlamentarios.
Plooij-van Gorsel (ELDR).
Entenderá que no me opongo, en absoluto, a la liberalización de los servicios portuarios, pero yo también quiero expresar mi desacuerdo con la paranoica forma en que, en este momento, el ejército francés insiste en proteger nuestro edificio parlamentario frente a los posibles manifestantes. Al fin y al cabo, esto no es un cuartel ni una academia militar, sino una cámara de representantes, y un grupo de machotes está negando el acceso a los parlamentarios a su propio Parlamento, de una forma especialmente arrogante e insolente.
En primer lugar, te hacen salir del taxi, del coche o del autobús en un lugar que no es el adecuado, y a continuación, cuando el taxi se ha ido, te dicen que tienes que caminar otros 400 metros. No había ni un solo manifestante por los alrededores: solo soldados protegiendo un edificio y no a los diputados del Parlamento. Esta es la enésima vez que la ciudad de Estrasburgo y el Gobierno francés hacen que sea imposible trabajar a gusto en esta ciudad. O se cancelan nuestros vuelos o se llevan nuestros coches, y ahora incluso se nos niega el acceso a nuestro propio Parlamento. Creo que debe hacer algo al respecto.
Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, simplemente me gustaría decirles a mis colegas diputados que estoy, en cierto modo, sorprendida. Por una parte, se quejan de la falta de seguridad en Bruselas y de que, en ocasiones, se ven expuestos a abusos. Aquí, donde se toman todas las medidas posibles para garantizar su seguridad, tampoco están satisfechos. ¡Al menos deberían ser coherentes!
(Aplausos de la derecha)

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero plantear una vez más el caso de los observadores de aviones de Grecia. Como recordará, fueron arrestados el 8 de noviembre de 2001. En el juicio, celebrado el 26 de abril de 2002, muchos de ellos fueron condenados a penas de prisión, pero tras su apelación, el 6 de noviembre de 2002 los presentes fueron absueltos de todos los cargos.
Esta, finalmente, fue la buena noticia. La mala es que cuando ya han transcurrido más de cuatro meses desde su absolución, todavía no les han devuelto el importe de la fianza. Se trata de una considerable suma de dinero, dado que habían pagado 9 000 libras -unos 13 000 euros- cada uno. Por este motivo le ruego que llame la atención de la Presidencia griega sobre este asunto y que le pida que emprenda acciones inmediatas para resolver esta lamentable situación, que está provocando apuros económicos a los observadores de aviones y sus familias.
El Presidente.
Nos encargaremos de esa cuestión.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, hay algo sobre lo que me gustaría llamar su atención. Hace unos días, visité Turquía como parte de una representación de seis diputados del Parlamento Europeo. Permítame comenzar diciendo que hemos acogido con gran satisfacción el hecho de que Turquía haya realizado verdaderos progresos con respecto a los criterios de Copenhague en los últimos meses.
No obstante, me gustaría destacar que la antigua diputada del Parlamento, Leyla Zana, lleva ya unos diez años en prisión. Cuando se violaron los derechos y las libertades políticas del Sr. Erdogan, cuando era alcalde de Estambul, en esta Cámara defendimos sus derechos como persona y sus libertades políticas. Por lo tanto, esperamos que el nuevo Gobierno entienda la necesidad de respetar los derechos humanos; dado que todos los factores restantes se repiten, es intolerable que la ganadora del premio Sajarov lleve 10 años consumiéndose en una prisión turca.
Me gustaría pedirle que presione al Gobierno turco directamente para que libere, de manera inmediata e incondicional, a Leyla Zana.

El Presidente.
Como bien sabe, esta postura la viene manteniendo el Parlamento desde hace mucho tiempo. Será un placer mantener correspondencia con respecto a esa cuestión, ya que la ha planteado de nuevo a la luz de su visita.

Guy-Quint (PSE).
Señor Presidente, me gustaría informarle, al igual que al resto del Parlamento, acerca de la situación de dos mujeres, Maria y Natacha Illiasova, que se hallan recluidas en una prisión de Tallin, Estonia, desde el verano de 2001. Muchos de nosotros nos hemos quejado a Estonia, a la delegación de la Comisión en Tallin, porque estas mujeres fueron encarceladas debido a que un hombre de negocios había sido asesinado por dos asesinos a sueldo profesionales. Estas mujeres están acusadas de haber encargado el asesinato. El único testigo es un policía estonio que se ha negado a testificar. No obstante, estas mujeres llevan más de 18 meses en prisión sin que haya tenido lugar juicio alguno, sin que se haya celebrado nunca una audiencia pública. Todas sus audiencias se han celebrado a puerta cerrada. Los abogados a los que se le ha asignado oficialmente el caso no les han proporcionado ningún documento acerca de este ni ninguna información, en absoluto, sobre su situación o sobre el proceso que está teniendo lugar.
Señor Presidente, ¿podría usted retomar sus esfuerzos por garantizar que el Derecho, el Derecho tal y como lo entendemos en esta Cámara -los derechos humanos y los derechos de las personas-, se respete en Estonia, en el caso de Natacha y Maria Illiasova?

El Presidente.
Tomo nota de ello. Trataré de hacer algo al respecto, tal y como me ha solicitado.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría aprovechar la presencia de la Comisaria, la Sra. Reding, para plantearle una pregunta concreta. Me refiero a la decisión de la Comisión -sin duda, bastante embarazosa- de eliminar la partida presupuestaria B3-1026, relativa a la esfera del deporte, que apoyaba al programa titulado «Deporte: acciones preparatorias de una política comunitaria en el ámbito del deporte», basándose en el anuncio número 33 publicado en 2002 por la Dirección General de Educación y Cultura. Este programa abarcaba dos cuestiones: el deporte como herramienta educativa para la gente joven y la lucha contra el azote del dopaje. Sin avisar, la Comisión dijo que ya no había suficiente dinero, porque los fondos habían sido absorbidos por la ampliación, una explicación a todas luces incongruente, sobre todo si tenemos en cuenta que ya se habían llevado a cabo muchos proyectos y el hecho de que el próximo año -como bien sabe, señor Presidente- será el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. Este programa se iba a dedicar a preparar este Año Europeo y ha sido eliminado. Me gustaría conocer el motivo.

El Presidente.
En lugar de responder ahora, quizás la Comisaria podría tomar nota de ello y comunicar la opinión de la Comisión a Su Señoría más tarde.

Cappato (NI).
Señor Presidente, he tomado la palabra para pedir información acerca de la participación del Parlamento Europeo en la sesión ministerial de la reunión de la Comisión de Estupefacientes, que se celebrará en Viena los días 16 y 17 de abril de 2003, para hacer balance, tras el desastre de los cinco primeros años, de los avances del plan decenal de la ONU para luchar contra los estupefacientes, que, en teoría, debería haber borrado los estupefacientes de la faz de la tierra para 2008, pero que solo está provocando un resurgimiento de la represión y de la supresión de los derechos y libertades individuales en este ámbito.
Acabo de regresar de un viaje a Sudamérica, concretamente a Perú, donde la batalla para acabar con el cultivo de la coca está desestabilizando la región y promoviendo el terrorismo. Por lo tanto, hay otra guerra que es necesario detener. La reunión de abril es nuestra oportunidad para hacerlo. Espero que el Parlamento participe de conformidad con los procedimientos correspondientes y que los diputados hablen con los Gobiernos de sus países y les pidan que presenten peticiones formales para revisar y evaluar las convenciones y las políticas internacionales sobre drogas.

El Presidente.
Hay una delegación nuestra que participa. Quizás el Sr. Cappato pueda informarse y, a continuación, ponerse en contacto directamente con los colegas que nos representarán.

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, me he sentido muy decepcionado por el hecho de que la iniciativa para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre las acusaciones de malversación de fondos de la Unión Europea por parte de las autoridades palestinas no se haya debatido siquiera en la reunión de la Conferencia de Presidentes del pasado jueves. Más de una cuarta parte de los diputados de esta Cámara han firmado una petición a tal efecto y esta polémica cuestión, que ha acaparado tanta atención por parte de la prensa y despertado un gran interés entre nuestros electores, no merece desde luego que se le dé carpetazo sin ningún debate democrático.
Sin duda, la intención del artículo 151 del Reglamento no es la de conceder a los Grupos políticos el derecho a decidir que el asunto ni siquiera se discuta en sesión plenaria, cuando tantos diputados de esta Cámara la consideran una cuestión muy seria. Agradecería que tomase una decisión de acuerdo con los procedimientos correctos en virtud del apartado 3 del artículo 151 del Reglamento, dado que, en mi opinión, está en juego la credibilidad democrática de esta Cámara.

El Presidente.
Esa cuestión se debatió bastante a fondo en la Conferencia de Presidentes de Estrasburgo, hace dos reuniones. La cuestión se ha gestionado correctamente, de conformidad con el Reglamento. Si los diputados no están de acuerdo con el Reglamento, ese es otro tema. Le enviaré una nota en la que se especifica el procedimiento seguido y la interpretación de los respectivos artículos del Reglamento.

Berès (PSE).
Señor Presidente, me gustaría intervenir basándome en el artículo 8 de nuestro Reglamento. La legislación francesa actualmente en vigor estipula que cualquier diputado del Parlamento Europeo elegido para un cargo que le coloque en una situación de incompatibilidad -por ejemplo, presidente de un consejo de departamento- dejará, exclusivamente por este hecho, de ejercer su mandato. La intención del legislador de evitar un recurso o un período de elección está clara, dado que también se prevé el caso en el que un diputado del Parlamento Europeo se encuentre en una situación de incompatibilidad con el ejercicio de un mandato, en lugar de un cargo.
En el caso de la incompatibilidad con un mandato, el legislador considera las consecuencias de que la elección sea impugnada, cosa que no sucede en el caso de incompatibilidad con un cargo. La letra y el espíritu de la ley son claras: al presentarse a estas elecciones, el Sr. Pasqua debería haber estado al tanto de las consecuencias inmediatas que conllevaría.
Sin embargo, después de nuestro último Pleno, el Sr. Pasqua, diputado de nuestro Parlamento, fue reelegido presidente del consejo de departamento del Altos del Sena, el pasado 27 de febrero. Parece que las autoridades competentes de mi país no le han informado acerca de la finalización del mandato del Sr. Pasqua.
Señor Presidente, en su calidad de garante de esta institución, le corresponde preguntar a las autoridades competentes de mi país acerca de las implicaciones de esta nueva situación, dado que, para la legislación francesa, el Sr. Pasqua ya no es diputado del Parlamento Europeo y deberíamos tener en cuenta la vacante.

El Presidente.
Debo informarme al respecto. No obstante, de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, las incompatibilidades que usted ha señalado deberían ser notificadas normalmente al Presidente de la Cámara por las autoridades del Estado miembro en cuestión. Lo único que puedo confirmarle es que, hasta ahora, ni los servicios de la Cámara ni yo hemos recibido ninguna notificación de este tipo con respecto a la persona que ha mencionado.

Sumberg (PPE-DE).
Señor Presidente, con respecto a la cuestión planteada por mi amigo el Sr. Tannock, relativa a la falta de un debate como es debido sobre la resolución propuesta acerca del uso de los fondos de la Unión Europea por parte de la Autoridad Palestina, quiero señalar que no se trata de una cuestión de legalidad. Estoy seguro de que se ha cumplido el Reglamento. No tengo ninguna queja al respecto.
Lo que me preocupa es el aspecto político. El caso es que 170 diputados de esta Cámara solicitaron un debate, y un pequeño grupo de personas decidió, en sesión a puerta cerrada, que no se celebraría ningún debate. Si somos demócratas y creemos que este Parlamento tiene sentido, deberíamos permitir que haya debate. Ha sido un error y es una mala señal, no solamente para los diputados, sino también para el público en general, que ya saben que, a pesar del gran apoyo con que contaba esa resolución, un pequeño grupo de personas les ha negado el derecho a ser escuchados. Se trata de un error de juicio, y no de legalidad.

El Presidente.
Tomo nota de su observación. Le enviaré una respuesta, al igual que al Sr. Tannock.
La petición de 170 diputados era para que se constituyese una comisión de investigación y no para que se celebrase un debate. El Reglamento en vigor faculta a la Conferencia de Presidentes para decidir si se constituye o no una comisión de investigación. Ese es el procedimiento que se ha seguido en este caso.
No obstante, les enviaré una carta con los detalles y las interpretaciones. Podremos volver sobre este asunto en caso de que los diputados no queden satisfechos con la explicación.

Souladakis (PSE).
Señor Presidente, hace unas dos semanas, las autoridades británicas arrestaron a un estudiante griego porque, según la prensa, estaba cotejando información para una tesina sobre el terrorismo. Entiendo que corresponde a las autoridades británicas decidir en qué criterios se basan para arrestar a los estudiantes. Sin embargo, tenían la obligación -obligación que incumplieron- de informar a las autoridades griegas, por tratarse de otro Estado miembro de la Unión Europea.
Esto es intolerable y no debe repetirse. No vivimos en una era de regímenes autocráticos. Cooperamos dentro de un marco y los países tienen que informar a los demás países cuando arrestan a sus ciudadanos por cualquier motivo.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, señora Comisaria, me alegro especialmente de su presencia. La Carta de los Derechos Fundamentales, aprobada por este Parlamento, prohíbe toda discriminación por razón de lengua o pertenencia a una minoría nacional y consagra la libertad de expresión y de información sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas.
Pues bien, señor Presidente, señora Comisaria, el pueblo vasco ha sufrido un nuevo atropello y discriminación por parte de las instituciones españolas. Por razones de tipo preventivo -el mismo argumento utilizado por el Sr. Aznar para justificar la guerra contra el Iraq-, ha sido clausurado el periódico Egunkaria -que tengo en la mano-, el único diario que se publica íntegramente en euskera, la lengua no solo de los vascos, sino -a decir de los más prestigiosos expertos- la primitiva lengua de los europeos.
Y, para tratar de justificar lo injustificable, el Ministerio de Interior del Gobierno del Sr. Aznar ha emitido una nota conjunta con el Juez de la Audiencia Nacional. Este hecho insólito pone en entredicho la existencia en España del principio democrático de separación entre los poderes públicos. 
Han cerrado preventivamente este periódico, dejando en la calle a todos sus trabajadores, sin cumplir ni siquiera con lo preceptuado en el artículo 129 del Código Penal español, en el que basan su decisión, pues no han dado la preceptiva audiencia previa a los representantes legales de la empresa. Ello causa indefensión, además de hacer nula de pleno derecho esta resolución judicial. 
No han podido presentar una sola prueba incriminatoria sobre el contenido del periódico, porque se trata de un medio plural, objetivo y democrático. Lo han cerrado simplemente porque defiende el derecho de los vascos a su propia identidad y a usar su propia lengua.
Por otro lado, el director del diario fue apresado y, posteriormente, puesto en libertad. Pero ha denunciado torturas por parte de la Guardia Civil, lo cual nos retrotrae aún más si cabe a los tiempos...
(El Presidente interrumpe al orador)
El Presidente.
Siento interrumpir, pero hemos superado el tiempo de uso de la palabra. Su comentario es muy interesante, pero le pediría que respetase nuestras limitaciones de tiempo.

Galeote Quecedo (PPE-DE).
Señor Presidente, el Juez de la Audiencia Nacional dictó un auto cautelar que explica que las empresas Egunkaria Sortzen y Egunkaria, así como el periódico que edita esta última, están encuadradas en el entramado de ETA y, tras este cierre cautelar, ese mismo juez, tomó declaración a los directivos de la empresa y declaró prisión incondicional a cinco de los diez detenidos, a los que se les imputa pertenencia a una organización terrorista.
Señor Presidente, esto no debe sorprender a nadie porque, en 1992, el ex Consejero de Interior del Gobierno vasco, y hoy Presidente del Parlamento vasco, dijo que Egunkaria formaba parte de ETA y, en 1993, el portavoz del PNV constató públicamente la participación de ETA en la designación de la dirección del periódico. No se trata aquí de una cuestión de lengua, sino de la manipulación que pretenden ejercer algunos para acceder al voto radical el próximo 25 de mayo y, eso, señor Presidente, es simplemente repugnante.
El Presidente.
Pido disculpas a los colegas que deseaban intervenir, pero hemos superado nuestro tiempo.
(Protestas de la Sra. Laguiller, que mantiene que el Presidente ha desatendido a la izquierda de la Asamblea)

El Presidente.
 Tenemos normas y me esfuerzo por respetarlas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión acerca del Acuerdo general sobre el comercio de los servicios (AGCS) en el marco de la OMC, comprendida la diversidad cultural.

Lamy
Señor Presidente, el ámbito de los servicios es uno de los nuevos ámbitos del comercio internacional directamente relacionados con las preferencias sociales y los modos de vida y que, por lo tanto, son motivo de preocupación para los ciudadanos y sus representantes. Estas preocupaciones se refieren, en concreto, a la transparencia de las negociaciones internacionales, al mantenimiento de nuestros servicios públicos y al trato de los países en vías de desarrollo, de acuerdo con las preguntas planteadas por varios de ustedes. Estas preocupaciones, además, se reflejan en las propuestas de resolución presentadas ante esta Cámara. Antes de presentarles las ofertas de la Unión Europea para la apertura de los mercados de servicios, me gustaría recordarles brevemente lo que implican estas negociaciones.
En primer lugar, recordemos el espíritu con el que la Unión está llevando a cabo estas negociaciones: tenemos que perseguir nuestros intereses económicos de forma proactiva, defendiendo al mismo tiempo nuestro modelo social europeo y permitiendo a los países en vías de desarrollo una mayor integración en la economía mundial. Es ese equilibrio el que ha inspirado las propuestas de la Comisión.
Para descartar cualquier malentendido, debemos recordar también que nuestros objetivos con respecto a la apertura del comercio de servicios no tienen absolutamente nada que ver con la liberalización que parece estar produciéndose por todas partes. Lo que estamos debatiendo es una combinación de acceso al mercado y normas. Estos dos aspectos no se pueden separar, si queremos conseguir nuestros objetivos en estas negociaciones internacionales, que son reactivar el crecimiento, integrar a los países en vías de desarrollo en el comercio mundial y garantizar que, por lo que respecta a la apertura de los mercados, respetemos las diversas preferencias colectivas o valores de nuestras sociedades. 
En la Comisión, pensamos que las negociaciones sobre los servicios les interesan tanto a los países industrializados como a los países en vías de desarrollo, por varias razones: en primer lugar, en términos generales, no podemos continuar separando el comercio de bienes del comercio de servicios. Sin un acceso a los sistemas de alta calidad que proporcionan los seguros, la banca, los servicios contables, las telecomunicaciones, el transporte y la distribución, una economía deja de ser competitiva, en nuestros días. Esto resulta aplicable tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. En segundo lugar, la Unión Europea tiene mucho que ganar con estas negociaciones. Los servicios son el sector más dinámico de la economía europea. Representan dos tercios de nuestro producto interior bruto y del empleo. Finalmente, los servicios son, con frecuencia, el talón de Aquiles de muchos países en vías de desarrollo, cuya capacidad exportadora está limitada por unos escasos niveles de productividad y por la falta de competencia en sus industrias de servicios. Por otra parte, la mayoría de estos países son perfectamente conscientes de ello, como demuestra el hecho de que más de la mitad de las peticiones recibidas por la Unión, en relación con la apertura del comercio de servicios, procede precisamente de países en vías de desarrollo: Kenya, la India, Malí, Gambia, Egipto, Mauricio y el Brasil, entre otros.
Sin embargo, ¿apuntan estos argumentos hacia una liberalización total, o incluso hacia una desregulación o privatización, de los servicios? Indudablemente no: un gran número de servicios ya es objeto de un comercio que está, con acierto, estrictamente regulado, y el impulso proporcionado al comercio de los servicios debe respetar este marco regulador establecido por las autoridades públicas competentes. Esta es la razón por la que, en nuestra opinión, la Unión estuvo acertada al elegir a la OMC como el marco principal para la apertura de los mercados de servicios. En contra de lo que se afirma en ocasiones, las negociaciones multilaterales proporcionan una mayor transparencia y una mejor gestión por parte de los Estados, dado que se basan en normas claras, conocidas y aceptadas por todos los que participan en las negociaciones. Sin una organización del comercio a escala mundial, las negociaciones sobre los servicios se desarrollarían de forma totalmente bilateral, sin unas reglas del juego comunes, lo que indudablemente favorecería las presiones sobre los países en vías de desarrollo. Desde este punto de vista, la Organización Mundial del Comercio, ejemplo perfecto de organización multilateral, constituye, por tanto, una salvaguarda útil y necesaria contra la liberalización incontrolada.
Una vez establecido este marco, las negociaciones obedecen a ciertos principios que deben ser explícitamente recordados a esta Cámara, con el fin de que el debate se base en hechos claros y precisos.
Primer principio: las negociaciones tienen que ver con el comercio de servicios y no con la manera en que está regulado en cada país. Los Estados conservan la libertad de imponer cualquier norma que deseen y de confiar la gestión de estos servicios a empresas públicas o privadas. Las negociaciones de la OMC no tienen ninguna relación, directa ni indirecta, con las decisiones sobre privatización que puedan tomar ciertos Estados.
Segundo principio: cada país es libre de determinar qué sectores desea abrir a la competencia internacional y cuáles no. Me gustaría recordarles que, en la OMC, las decisiones se toman por consenso y que cada Estado tiene derecho a un voto. No es posible alcanzar un acuerdo sin el consentimiento de los países en vías de desarrollo. En particular, los más avanzados, como China, la India y el Brasil, son perfectamente capaces de hacerse escuchar.
Tercer principio: no hay ninguna reciprocidad sectorial en estas negociaciones. Los Estados Unidos, por ejemplo, podrían perfectamente decidir abrir el sector de la enseñanza, sin que esto obligue a otros Estados a seguir en las negociaciones. 
Cuarto principio: los servicios reales están excluidos del ámbito del debate. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) no contempla los servicios que no se proporcionan ni sobre una base comercial ni en competencia con otros proveedores de servicios. Por lo tanto, únicamente cuando los Estados decidan someter sus servicios públicos a las reglas del mercado, se someterán a las reglas de este mercado y podrán entrar en las negociaciones.
Quinto y último principio: con respecto a los principales servicios de interés público -enseñanza, sanidad, cultura, agua, energía y transporte público-, cada país será libre de elegir entre diversas fórmulas. Pueden organizar el servicio como un monopolio público o privado. Pueden abrir el mercado de los servicios a los proveedores de la competencia, aunque limitando el acceso a las empresas nacionales. También pueden, por ejemplo, abrir el mercado de los servicios a proveedores nacionales y extranjeros, pero sin alcanzar ningún acuerdo multilateral en virtud del AGCS. Finalmente, pueden, por ejemplo, llegar a acuerdos, en virtud del AGCS, con respecto al derecho de las empresas extranjeras a proporcionar servicios junto con los proveedores nacionales, aunque tienen la opción de dispensarles o no exactamente el mismo trato que a los proveedores nacionales. En cualquier caso, la apertura, una vez aceptada, solo conlleva la desaparición de la discriminación y, en ningún caso, implica una renuncia al poder legislativo.
Así pues, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios no afecta a la definición de las funciones del servicio público, a su organización o a su financiación. Desde este punto de vista, los Estados miembros de la OMC conservan toda su libertad. Consideramos que estas barreras de protección constituyen la mejor garantía para que Europa pueda continuar desarrollando su propio modelo de servicios de interés público y, al mismo tiempo, beneficiarse de las ventajas relacionadas con la apertura del comercio de servicios. Supone una manera más eficaz de preservar el modelo europeo que la exclusión de los servicios de interés público del ámbito de aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, una sugerencia que ya he tenido que debatir en más de una ocasión. En mi opinión, esta exclusión sería contraproducente, ya que conllevaría la definición multilateral de una extensa lista de servicios considerados de interés público y abriría un debate multilateral acerca de lo que se debería incluir en esta lista, una cuestión sobre la que cada Estado miembro de la OMC tendría una opinión diferente. Creo que, en definitiva, nos arriesgaríamos a terminar con una lista más limitada de lo que la propia Unión desearía.
A continuación, pasaré a las negociaciones en sí. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Eliminar o reducir una serie de barreras para acceder a varios sectores en los que la Unión dispone de empresas de calidad mundial: telecomunicaciones, servicios empresariales, servicios profesionales, servicios financieros, construcción, distribución, transporte, energía y turismo. Para poder conseguir estos objetivos proactivos, la Unión debe presentar una buena oferta.
Naturalmente, nuestras peticiones y ofertas no son fruto de la improvisación. Son la conversión en documentos de negociación concretos de las directrices políticas establecidas en diciembre de 2000, tras ser objeto de debate con las restantes instituciones europeas (el Consejo y el Parlamento). Desde entonces, los documentos que recogen nuestro planteamiento con respecto a las negociaciones han sido ampliamente dados a conocer, en particular en nuestro sitio web.
Las peticiones realizadas a los socios de la OMC, que fueron presentadas el pasado mes de julio, abarcan una serie de sectores que ya son de conocimiento público. Puedo volver sobre ellas más adelante. Me gustaría especificar que estas peticiones no pretenden desmantelar los servicios públicos ni privatizar las empresas públicas. La Unión no ha efectuado ninguna petición a ningún país con respecto a los servicios sanitarios o los servicios audiovisuales, y solo los Estados Unidos han recibido una petición nuestra, que se limita a la enseñanza superior privada.
Por lo que se refiere a las ofertas, la Comisión envió la propuesta de oferta al Consejo y al Parlamento a comienzos de febrero, en un intento por responder a las peticiones tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo, prestando especial atención a las peticiones que nos habían hecho los países en vías de desarrollo. Con respecto a los sectores, proponemos responder a las peticiones que hemos recibido relativas a los servicios financieros, los servicios de tecnología de la información, las telecomunicaciones, el transporte, la distribución, los servicios postales y de mensajería, los servicios profesionales y el turismo. Al hacerlo, nos gustaría prestar especial atención a las peticiones de los países en vías de desarrollo, proponiendo mejorar los compromisos de la Unión, por lo que respecta a la circulación temporal de las personas. Esta oferta está pensada para salvaguardar totalmente los servicios públicos dentro de la Unión (volveré sobre esta cuestión antes de concluir). No se ha propuesto ningún acuerdo nuevo en el ámbito de la enseñanza y la sanidad, y nosotros no vamos a proponer ningún acuerdo en el ámbito de los servicios audiovisuales. Retomaré esta cuestión con mi colega, la Sra. Reding.
El trabajo de la Comisión se ha inspirado principalmente en los comentarios recibidos en respuesta a una consulta pública que comenzó a finales del pasado otoño. Me gustaría precisar que los detalles de nuestra propuesta de oferta siguen siendo confidenciales en estos momentos, con el fin de que los Estados miembros dispongan del margen de negociación necesario y de que aquellos de ustedes que tienen acceso a los detalles de esta oferta puedan trabajar en ella. Sé y soy perfectamente consciente de que la clasificación restringida bajo la que les ha sido enviado este texto no les satisface plenamente -o, en cualquier caso, a algunos de ustedes-, y por este motivo hemos hecho todo lo posible para contribuir a un debate parlamentario informado. La sesión de hoy es prueba de ello, además de mis comparecencias ante la comisión a la que informo.
Un último apunte sobre esta cuestión de la transparencia: he decidido publicar todas nuestras propuestas, una vez que hayan sido completadas. La Unión Europea será el primer miembro de la Organización Mundial del Comercio en dar este paso. Lo he hecho para responder a una serie de peticiones, incluida, sobre todo, la de gran parte de esta Cámara. No lo he hecho por las peticiones dirigidas a terceros países. De hecho, si publicase estas peticiones, varios de nuestros socios en las negociaciones lo considerarían un intento de ejercer presión sobre ellos, lo que sería negativo para nuestra posición negociadora.
Me gustaría hacer un breve comentario acerca de dos sectores para los que la propuesta actual no contiene una oferta: en primer lugar, los servicios energéticos. No proponemos ninguna mejora de nuestros acuerdos, en estos momentos, en espera de que finalice el trabajo que está llevando a cabo la OMC sobre la clasificación de los servicios energéticos en el ámbito del AGCS.
En estos momentos, no proponemos ningún acuerdo con respecto al comercio de la recogida, depuración y distribución de agua, no solo porque hemos recibido una única petición en este sector, sino también porque nos gustaría aclarar con nuestros socios de la OMC qué abarca exactamente el suministro de servicios en este sector. Dicho esto, cabe señalar que se trata de un ámbito en el que tenemos importantes intereses activos, tal y como ya nos han recordado algunos de nuestros Estados miembros.
Un último comentario antes de pasar a hablar acerca de la diversidad cultural y el sector audiovisual: en estos momentos, estamos en la fase de las ofertas. Este es el comienzo de las negociaciones, y nuestra oferta inicial, por supuesto, solo se transformará en un acuerdo si, durante las negociaciones, otros se mostrasen igualmente dispuestos a mejorar el acceso a su mercado de servicios para nuestros operadores europeos.
Finalmente, permítanme hablar acerca del comercio de los servicios culturales y audiovisuales y sobre la diversidad cultural. La cultura y, más concretamente, el sector audiovisual, no están excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Simplemente, al término de la Ronda de Uruguay, la Unión preservó por completo su libertad de acción presente y futura, al no alcanzar acuerdos, en términos de acceso al mercado o de tratamiento nacional en este sector. Por otra parte, en esos momentos mantuvimos una larga lista de exenciones con respecto a la cláusula de la nación más favorecida, lo que nos permite hacer distinciones entre los terceros países por lo que se refiere al trato concedido, dentro de la Unión, a sus trabajos audiovisuales. Esta es la libertad de acción a la que normalmente llamábamos «exención cultural» y que ha pasado a denominarse «preservación de la diversidad cultural».
La misión de la Comisión para las negociaciones en curso es preservar las peticiones políticas en términos de mantenimiento y promoción de la diversidad cultural. De forma totalmente espontánea, estamos por tanto cumpliendo nuestra misión, y no vamos a proponer ningún acuerdo en el ámbito de los servicios audiovisuales en estas negociaciones. Dado que la promoción de la diversidad cultural está incluida en el Tratado de la CE, naturalmente forma parte de nuestra política comercial. Algunos Estados miembros de la OMC ya han dado a conocer sus expectativas en el sector audiovisual. Entre ellos se incluyen los Estados Unidos, el Brasil y el Japón. Otros, como la India, también han anunciado intereses activos, sin haber realizado, sin embargo, peticiones concretas. Por tanto, no nos cabe duda de que los países desarrollados y los países en vías de desarrollo comparten los mismos intereses, y debemos -y esta es la postura que la Sra. Reding y yo queremos presentarles hoy- ser plenamente conscientes de que la promoción de la diversidad cultural no debe limitarse a la defensa, por parte de cada Estado miembro, de su propia industria nacional. No se trata de crear una nueva forma de proteccionismo enmascarado, que no convencería a nadie. Creemos que podríamos convencer más eficazmente a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, de la legitimidad de nuestro argumento si fuésemos capaces de demostrar que realmente estamos abiertos a la diversidad y, desde ese punto de vista, necesitamos un planteamiento proactivo. Yo me encargo de la parte defensiva de esta cuestión. Mi colega, la Sra. Reding, es la responsable de la parte proactiva y ahora les pondrá al día de nuestros progresos.

Reding
Señor Presidente, Señorías, como bien saben, la Unión Europea siempre ha demostrado su compromiso con la diversidad cultural, un compromiso que es también una obligación, en virtud del artículo 151 del Tratado. Nuestra ambición es unir a los pueblos y no solo crear un espacio de libre comercio. En este sentido, el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística dentro de la Unión supone un principio básico, un principio que la Unión tiene la obligación de defender en las negociaciones comerciales internacionales, como bien acaba de decir mi colega, el Sr. Lamy, y de promover con políticas activas y proactivas que puedan influir en nuestras políticas culturales.
La Unión también tiene la obligación de promover, a escala internacional, tanto la preservación como el respeto de esta biodiversidad, que constituye la base fundamental para el diálogo intercultural y el intercambio cultural en el ámbito mundial. En este sentido, la Unión es uno de los actores principales de una mundialización controlada que responde a las expectativas del pueblo. En el ámbito cultural, en particular, el proyecto europeo es incompatible con una forma de mundialización que pueda ser responsable de deteriorar las identidades nacionales, regionales o locales y suponer una amenaza para la diversidad lingüística y cultural. Además, los debates que se están celebrando en los diversos foros internacionales acerca de la diversidad cultural demuestran claramente que Europa no está sola. En esta cuestión, tenemos aliados.
En mi opinión, la respuesta de la Comisión y de la Unión Europea, en el ámbito de la diversidad cultural, está estructurada en torno a tres ejes principales: en primer lugar, como el Sr. Lamy ha explicado, una postura firme en la OMC, reflejada en la ausencia de compromisos con respecto a la liberalización de los servicios audiovisuales y culturales, con el fin de mantener la libertad necesaria para la preservación y el desarrollo de los instrumentos nacionales y comunitarios destinados a conseguir los objetivos de diversidad cultural. En segundo lugar, el fomento de intercambios culturales que respeten la diversidad cultural en el ámbito mundial, concretamente mediante un debate sobre políticas de cooperación. A este respecto, la mejora o la consolidación del papel de la Unión en la cooperación cultural con terceros países me parece muy importante, dado que la Unión es una gran defensora de la solidaridad entre el norte y el sur. En tercer lugar, la participación activa de la Unión en los debates internacionales sobre diversidad cultural.
Señorías, personalmente estoy convencida de que este debate es apropiado y necesario, dado que la mundialización plantea una serie de preguntas a las que la liberalización del comercio no puede responder por sí sola. Así pues, es importante que estemos presentes en foros internacionales como la Unesco, para debatir acerca de la diversidad cultural y luchar por preservarla. Por el momento, la Comisión no ha decidido la forma ni el contenido de un posible instrumento internacional futuro sobre la diversidad cultural, aunque creo que es importante que sepan que la Comisión está presente en los foros donde tienen lugar esos debates. Por otra parte, acojo con agrado el hecho de que la Presidencia griega quiera celebrar el debate a escala comunitaria acerca de la diversidad cultural en general, incluyendo los aspectos relacionados con la legislación internacional, con vistas a la reunión informal del Consejo de Cultura de finales de mayo. Espero contribuir a satisfacer el deseo de coordinación de las reflexiones de los Estados miembros expresado por la Presidencia, enviando información a los ministros, en especial acerca del proceso de la Unesco, para promover el debate entre las naciones europeas sobre esta cuestión.
Otro aspecto es la enseñanza. Lo más importante que hay que recordar es que el AGCS no supone una amenaza para los servicios públicos. En primer lugar, el acuerdo establece una disposición general que protege un gran número de servicios públicos, concretamente servicios que no se proporcionan sobre una base comercial ni competitiva. En segundo lugar, incluso por lo que respecta a los servicios no incluidos en esta exención, los Estados tienen derecho a decidir, sobre una base que puede ser muy detallada -el planteamiento ascendente-, cuáles son los sectores y subsectores a los que concederán el acceso a sus mercados o un tratamiento nacional. En tercer lugar, aun después de haber optado por un acceso al mercado o un tratamiento nacional, pueden establecer condiciones para sus compromisos que determinen las restricciones aplicables en función de su legislación nacional. En cuarto y último lugar, el AGCS reconoce el derecho de los Estados a mantener o introducir reglamentos, leyes u otras disposiciones que prevean el acceso a servicios de calidad a precios razonables. Es el caso de las obligaciones de servicio universales.
Tomemos como ejemplo un ámbito que nos preocupa y les preocupa particularmente: el ámbito de la enseñanza. Los compromisos adoptados por la Comunidad y sus Estados miembros en la Ronda de Uruguay solo están relacionados con la enseñanza privada. Los servicios públicos en el ámbito de la enseñanza no se ven afectados por estos compromisos, en absoluto, y el objetivo de los compromisos adoptados es el de garantizar que, siempre y cuando exista un mercado de servicios privados, los ciudadanos y los operadores de los países asociados puedan acceder a este bajo las mismas condiciones que los ciudadanos del país en cuestión. Por otra parte, incluso por lo que se refiere al sector privado afectado por los compromisos, los Estados miembros han podido especificar el contenido, a través de una serie de condiciones que ya aplican y que podrán continuar aplicando. De este modo, un país exige que los profesores sean contratados de entre sus ciudadanos; otro, que la mayoría de los miembros de un consejo de administración deben ser nacionales; y otro, que los no nacionales han de contar con una autorización del ministerio antes de abrir un establecimiento.
Con respecto a la negociación actual, la Ronda de Doha, no tenemos en absoluto la intención de modificar los compromisos que hemos adoptado en el ámbito de la enseñanza para incluir cualquier punto relativo a los sistemas públicos. Así pues, el sistema de enseñanza pública se mantendrá exactamente igual. Hemos examinado las peticiones de los diferentes países, con la intención de cambiar nuestros compromisos relativos a los servicios de enseñanza privada. Tras haber consultado a los Estados miembros y a las diversas partes implicadas, concluimos que tampoco resulta apropiado adoptar nuevos compromisos que incrementen el acceso al mercado comunitario en este sector.
Señorías, en mi opinión, la postura es clara y precisa. No obstante, me gustaría decir una cosa más. A pesar de que no vamos a abrir el mercado en el sentido que acabo de describir, vamos a suscribir la oferta de enseñanza para estudiantes de terceros países. Ese es precisamente el objetivo del proyecto «Erasmus World». De hecho, aunque protegemos nuestro sistema europeo dentro de Europa, este sistema europeo está abierto a estudiantes de todo el mundo.

Van Velzen (PPE-DE).
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, estamos hoy debatiendo las ofertas de la Comisión Europea con respecto al AGCS, y se trata de unas ofertas muy importantes, porque debemos recordar que el sector de los servicios en la Unión Europea es un sector clave para nuestra economía. El Comisario ha señalado acertadamente que es el sector más dinámico. La Unión Europea es, además, uno de los principales exportadores de servicios del mundo, por lo que también se trata de una importante cuestión de interés propio. Debemos facilitar el acceso a los mercados de servicios, no solo en nuestro propio interés, sino también en el de los países en vías de desarrollo. Al fin y al cabo, de eso es de lo que trata la agenda de desarrollo de la Ronda de Doha de la OMC. Creo que debemos ver los resultados prácticos a la luz de las economías de los países en vías de desarrollo, por lo que acojo con gran satisfacción que el 50% de las peticiones procedan de estos países.
Nuestra experiencia en la Unión Europea también nos dice que la liberalización de los servicios, tanto en el sector de la energía y las telecomunicaciones, como en el sector de los servicios financieros, debería normalmente suponer una mayor calidad y eficacia del mercado de servicios, con una mayor gama de productos y mejores precios, siempre que todo vaya acompañado de normas y garantías para los ciudadanos convenientemente establecidas. Por lo tanto, creo que la Comisión tiene un concepto muy amplio de los servicios generales, y me gustaría pedirle que analice más detenidamente las denominadas obligaciones de servicio universales que también pueden ofrecer los proveedores de servicios privados y no solamente el sector público.
Mi Grupo apoya la propuesta de la Comisión de excluir el sector sanitario, el sector social y el sector de la enseñanza de una oferta, pero también me gustaría aclarar la situación con respecto a las universidades. La Comisaria ha mencionado el proyecto Erasmus, pero ¿significa esto que solo los Estados miembros pueden hacer una oferta sobre este punto y que no va a ocurrir nada en absoluto con respeto a las universidades de toda la Unión Europea? La Comisaria Reding ha dado un argumento muy convincente para no realizar una nueva propuesta para el sector audiovisual. No voy a entrar en más detalles con respecto a esa cuestión.
No obstante, me gustaría decir algo acerca de los servicios relacionados con la informática. Por una parte, naturalmente debemos asegurarnos de no provocar una fuga a gran escala de cerebros hacia occidente, de países como la India. Nosotros también tenemos que proporcionar nuestra propia formación. Por otra parte, también debemos evitar una situación en la que las personas trabajen bajo otras condiciones en la Unión Europea, porque esto podría provocar una competencia desleal en el ámbito social. Por lo tanto, creo que es importante crear un equilibrio adecuado, y teniendo en cuenta lo sucedido el 11 de septiembre, naturalmente también tenemos que tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad.
Sin duda, resulta positivo que estemos aumentando nuestros esfuerzos por incluir el medio ambiente. La sostenibilidad no es solo un problema de occidente, sino del mundo entero. Así pues, creo que también debería beneficiar a los países en vías de desarrollo. El hecho de excluir el tratamiento y la distribución de aguas, por el momento, me parece una decisión inteligente. El AGCS afecta directamente a los intereses de muchos ciudadanos comunitarios, y agradezco los esfuerzos del Comisario Lamy por aumentar la comunicación y proporcionar más datos. Esta sigue siendo una cuestión que implica embajadores, puertas cerradas, así como una falta de transparencia, y en mi opinión debería haber una representación parlamentaria mucho mayor en este sentido. Con respecto a Cancún, también espero que el Comisario plantee nuevas propuestas para que este proceso llegue a ser todavía más transparente.
Sin embargo, no podemos volver la espalda a los acontecimientos actuales, y el Iraq nos está poniendo en una situación en la que la comunidad mundial se dividirá claramente por la mitad. ¿Cómo podemos evitar ahora que la cuestión del Iraq provoque graves conflictos comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos que puedan afectar a los resultados de Cancún? Me gustaría preguntar a la Comisaria Reding qué iniciativas ha tomado en este sentido y qué resultados ha obtenido. En este contesto, existen indudablemente dos problemas fundamentales con los Estados Unidos que todavía no se han resuelto: por una parte, el llamado FSC, el régimen fiscal favorable para los exportadores norteamericanos, que deberá ser revisado ahora gracias a la declaración de la OMC, y por otra parte, los alarmantes informes que indican que los Estados Unidos están elaborando un proyecto de ley que limitará las exenciones fiscales de las filiales de empresas no estadounidenses. Me gustaría preguntar a la Comisaria cómo está la situación al respecto. ¿Podemos esperar algo así de los Estados Unidos?
Por otra parte, cabe señalar la presión a la que nos vemos sometidos para que aceptemos las propuestas estadounidenses sobre alimentos genéticamente modificados. Creo que es muy importante dejar claro este asunto y escuchar lo que está ocurriendo al respecto. En una entrevista en el Wall Street Journal, el Comisario Lamy dice que 2003 será el año en que la OMC deberá cumplir lo pactado. ¿Qué quiere decir con eso y qué podemos esperar en este sentido?

McNally (PSE).
Señor Comisario, desde su nombramiento ha adquirido usted la excelente costumbre de consultar e informar al Parlamento Europeo, por lo que le estamos agradecidos. También le damos las gracias por apoyar los cambios necesarios en el Tratado para dotarnos de los poderes que necesitamos en el ámbito comercial.
Del mismo modo que usted muestra interés por nuestra opinión, nosotros hemos de demostrar lo mismo a quienes nos eligen. Usted sabe bien, al igual que nosotros, que existen auténticas preocupaciones muy extendidas acerca del AGCS. Ha mencionado usted algunas de ellas: transparencia, la sensación de que se están haciendo muchas cosas desagradables en secreto; amenazas para los puestos de trabajo en la Unión Europea, que han propiciado, supongo, la manifestación de los trabajadores portuarios que hemos presenciado hoy; amenazas para los servicios públicos, con peligros particularmente graves para los países en desarrollo; amenazas para la capacidad reguladora de los Estados miembros, y temores particularmente en el ámbito de la cultura, acerca de los que hablarán otros diputados. Al mismo tiempo, los ciudadanos europeos saben bien -dado que el 60% de ellos o más trabajan en el sector de los servicios- que la ampliación del comercio de los servicios supone nuevas posibilidades para las empresas de la Unión Europea. Así pues, se enfrentan a la dualidad de intereses que ha definido usted.
Los países en desarrollo no han rechazado totalmente el AGCS. Sin embargo, los temores relativos a los servicios públicos, la regulación y ampliación, y el hecho de que los países en desarrollo no tengan la capacidad de gestión que exige una apertura de los mercados de servicios, exigirán evaluar las implicaciones de la apertura del comercio de servicios con gran detenimiento. Yo haría más hincapié en esto que en cualquier otro aspecto de nuestra resolución. Antes de seguir adelante debemos saber -no de forma superficial, sino mediante una evaluación detallada y exhaustiva- qué significa esto.

Clegg (ELDR).
Señor Presidente, lo curioso de la postura de la UE sobre el AGCS es que ha pasado a ser una postura muy defensiva. No es defensiva para nadie de fuera de Europa, sino en un debate interno en el que la Comisión, y quizás la UE en general, en relación con grupos interesados de la Unión Europea que han decidido, por algunas buenas razones pero también por muchas malas razonas, criticar tanto el acuerdo AGCS como la postura de la UE.
Mi Grupo quiere centrarse en esta cuestión. Si en el futuro queremos evitar que la prensa y determinados grupos de interés conformen, en ocasiones de modo arbitrario, la política comercial de la Unión Europea, debemos reafirmar las prerrogativas parlamentarias en este terreno con el fin de abrir el debate al escrutinio público justo y responsable. Por este motivo instamos a los colegas de otros Grupos no solo a que apoyen una mayor transparencia en el modo en que se llevan estas negociaciones, sino también, como ha dicho la Sra. McNally, a que defiendan con firmeza que se llene el actual vacío en la Convención y se garantice que el Parlamento Europeo adquiera más en general el derecho a expresar su conformidad con todos los futuros acuerdos del AGCS y la OMC.

Fraisse (GUE/NGL).
Señor Presidente, voy a hablar en calidad de miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y me gustaría tratar de retomar lo que acaba de decir el Comisario Lamy. El Sr. Lamy ha afirmado que él es el responsable de las medidas defensivas, mientras que la Sra. Reding se encarga de las medidas proactivas. Sin embargo, creo recordar que su mandato de 1999 para Seattle incluía la promoción, además de la preservación, de la diversidad cultural. Por lo que respecta a la promoción de la diversidad cultural, que es la tarea más difícil, a pesar de que agradezco sus esfuerzos de preservación, me sorprende que, finalmente, solo se hayan retenido los servicios audiovisuales. ¿Qué se va a hacer para preservar los servicios culturales, recreativos y deportivos? Esa es mi primera pregunta.
Mi segunda pregunta es para la Comisaria Reding. Dado que su vecino, el Comisario Lamy, ha afirmado que usted es la responsable de las medidas proactivas, ¿cómo se aplicarán en el Tratado? Estamos preocupados por el futuro Tratado y por lo que supondrá para la cultura. El compromiso de promover la diversidad cultural es una obligación, como ambos han dicho, establecida en el Tratado. Sin embargo, nos gustaría que fuese una obligación más vinculante, como ustedes saben mejor que nadie. Nos gustaría que se respetase el apartado 4 del artículo 151 y que se le concediese la importancia que merece también en el futuro Tratado.
Pasemos ahora a otro motivo de preocupación relacionado con el aspecto proactivo que también puede que sea competencia del Sr. Lamy: el instrumento internacional. Ustedes dos, al igual que yo, estuvieron presentes en la reunión profesional sobre el instrumento para la diversidad cultural, celebrada en Francia hace alrededor de un mes. Sé que esta cuestión les interesa, y agradezco su apoyo a este proyecto. No obstante, estoy sumamente decepcionada por el hecho de que la mayoría de los diputados hayan omitido la cuestión del instrumento internacional en las propuestas presentadas hoy, a pesar de que contaba con el apoyo de unos 50 países y de que había sido propuesto por el Presidente Chirac y otros ante la Unesco. El estudio de viabilidad ha sido realizado por un grupo franco-canadiense. La cuestión reviste gran importancia, y ya se ha trabajado mucho en ello, por lo que me sorprende la falta de interés mostrada por mis colegas.

Lucas (Verts/ALE).
Señor Presidente, trataré de no ver ninguna siniestra motivación política en ello.
Comisario Lamy, dice usted que los debates plenarios como este sirven para informar plenamente al Parlamento sobre el avance de las negociaciones del AGCS, pero en ausencia del documento que nos indique de modo preciso qué se requiere de quién, este intercambio es casi exclusivamente académico. Si para obtener esta información la mayoría de los parlamentarios han de buscar filtraciones en las páginas web de las ONG, realmente estamos muy lejos de ejercer el control parlamentario. Así que, aunque le agradezco que nos hable esta noche, quiero que quede claro que esto no constituye ningún tipo de control político.
Usted ha dejado claro que cree que ha ido tan lejos como puede, como Comisario, para hacer que el texto del AGCS esté a nuestra disposición. Afirma que está tratando de ser abierto, pero que tiene un margen de maniobra limitado. Bien, como parlamentarios estamos haciendo lo que podemos por aumentar ese margen, pero ¿puedo preguntarle concretamente qué está haciendo usted para aumentar dicho margen de maniobra?
En su carta del pasado octubre al Presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, usted acusó a los parlamentarios de plantear exigencias falsas en torno a lo que usted llamó la supuesta falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones de la UE. Y después añadió, y cito sus palabras, que «las actuales normas de acceso permiten al Parlamento Europeo ejercer plenamente su labor de control político». ¿Puedo preguntarle si todavía cree de veras que las normas actuales son suficientes?
En segundo lugar, el mandato. Dado que el grado de notoriedad pública de las implicaciones y complejidades del proceso del AGCS ha crecido enormemente durante los últimos años, ¿podría decirnos por qué considera que todavía procede negociar en la OMC sobre la base de un mandato del Consejo concedido ya en 1999? ¿No sería mejor adoptar un nuevo mandato y explicitar en el mismo los derechos de las autoridades e instituciones públicas de todos los niveles a regular los servicios públicos con el fin de preservar las normas sociales y medioambientales frente a los embates del AGCS?
Por último, el desarrollo. El comunicado de prensa de la DG de Comercio que anunciaba las ofertas UE-AGCS afirma que todas pretenden ayudar a los países en desarrollo. Veamos las cifras. La UE hizo 109 solicitudes y solamente recibió 27 respuestas. Tan solo la mitad de las mismas procedían de países en desarrollo, y nada más que una era de un país menos desarrollado. No nos engañemos con la retórica de que esto favorece a los más pobres. Las cifras indican con claridad que no es así.

Abitbol (EDD).
Señor Presidente, señor Comisario, en el ámbito del comercio internacional, al igual que en el de la guerra y la paz, existe una opinión europea. Existe también, en términos más generales, una opinión universal, y esa opinión se opone claramente a que los servicios -cultura, enseñanza, sanidad- sean introducidos en la infernal maquinaria de la Organización Mundial del Comercio. Esa opinión existe, entonces ¿por qué no la están teniendo en cuenta? ¿Qué recompensa -recompensa, en el fondo, un poco egoísta, en interés de la propia Comisión- pretenden conseguir al abrir esta caja de Pandora, que, como bien sabemos, solo favorecerá la fragmentación del modelo social europeo y del modo de vida que nuestras respectivas naciones llevan un siglo o siglo y medio construyendo para sus ciudadanos? En estos ámbitos, no es el comercio internacional el que genera riqueza, sino la fortaleza de los mercados interiores, el poder de la ciudadanía nacional, el poder creativo de los propios pueblos. ¿Por qué abrir entonces, repito, esta caja de Pandora?

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, he escuchado decir que el comercio internacional no genera riqueza. Dos personalidades europeas, Adam Smith y David Ricardo, nos han explicado que la riqueza de las naciones se beneficia, en gran medida, precisamente del comercio internacional y que así es como se ha incrementado la riqueza de Europa.
Como el Comisario Lamy ha señalado en varias ocasiones, una nueva liberalización del comercio internacional de los servicios resulta fundamental para la economía europea, que -es importante señalar- no solo depende de los servicios, sino que además puede exportarlos. Por este motivo, creo que deberíamos condenar el hecho de que la Unión Europea, como el Sr. Clegg acaba de decir, adopte una posición defensiva con la espalda contra la pared, no solo con respecto a la agricultura, sino también por lo que se refiere a las negociaciones internacionales sobre los servicios.
Al decir que el objetivo de la Unión Europea es defender y promover el modelo social europeo de forma más eficaz, la Comisión está prácticamente disculpándose por ofrecer a los consumidores una oferta más amplia. Usted, señor Comisario, ha afirmado que su objetivo es el de establecer negociaciones en las que se respeten las preferencias y los valores colectivos de nuestra sociedad. Creo que la mejor manera de respetar las preferencias de los ciudadanos europeos es abrir también el comercio internacional del sector audiovisual. Los ciudadanos europeos deben ser los que decidan si el cine u otros productos audiovisuales son mejores en Europa, si prefieren los producidos en Europa o los producidos en otro lugar, por no mencionar el hecho de que la distribución a gran escala de música y películas en Internet amenaza con plantear una cuestión ya muy antigua: la cuestión de la protección de la supuesta diversidad cultural en el ámbito de los servicios audiovisuales. Debemos dejar que los ciudadanos elijan, al igual que en el caso de la enseñanza.
Voy a terminar, señor Presidente, diciendo que, con respecto a los servicios de utilidad pública relacionados con el agua y otros servicios, se está haciendo muy poco. Europa ha demostrado que la liberalización no es incompatible con la regulación y la garantía de calidad de los servicios proporcionados a los ciudadanos.

Hieronymi (PPE-DE).
Señor Presidente, señores Comisarios, en nombre de mi Grupo y, estoy segura, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte de esta Cámara, acojo con satisfacción la decisión de la Comisión de no realizar ninguna oferta para desregular los servicios educativos, culturales y audiovisuales en esta negociación del AGCS. A pesar de que, sin ninguna duda, queremos abrir las fronteras al comercio internacional, hay que hacer una distinción fundamental entre los servicios culturales y otros, tales como los de telecomunicaciones, transporte o, incluso, finanzas. Esto hace que resulte necesario garantizar este papel especial desempeñado por los servicios culturales y audiovisuales para la cohesión social y política, en la legislación correspondiente sobre contratos. La cultura no puede estar sujeta a las reglas del mercado ni al Derecho mercantil; en cambio, necesitamos un reglamento que tenga en cuenta lo que es apropiado para cada ámbito, por lo que tenemos que encontrar una solución global que permita que el apartado 4 del artículo 151 de nuestros Tratados europeos sea el medio por el que se garantice y se apoye la diversidad cultural de Europa y del resto del mundo, a largo plazo y de forma sostenible.
Por este motivo, necesitamos un proceso de dos fases, en el futuro. Hay que agradecer a la Comisión que haya expuesto la primera fase en la propuesta de hoy, afirmando que el AGCS no debería contemplar el suministro de servicios culturales y audiovisuales. Sin embargo, la segunda fase va más allá, y quiero expresar mi agradecimiento a la Comisaria Reding, que, teniendo esto en cuenta, representará las opiniones de la Comisión y del Parlamento -y espero que también del Consejo- en los debates internacionales y en los grupos de trabajo sobre esta cuestión.
Es necesario que diseñemos nuestra propia convención internacional, nuestro propio instrumento internacional, si queremos garantizar el futuro de la diversidad cultural. El Consejo de Europa, la Unesco y, especialmente, la Conferencia Francófona ya han hecho un excelente trabajo en este ámbito.
Estoy casi segura de que, reforzando la diversidad cultural a escala mundial, de esta manera, podríamos disipar eficazmente los temores de la gente con respecto a la mundialización y, al mismo tiempo, mejorar y hacer avanzar el diálogo intercultural en todo el mundo, una necesidad de la que somos, en estos tiempos, más conscientes que nunca.
Désir (PSE).
Señores Comisarios, como bien saben y, de hecho, han señalado, estas negociaciones del AGCS están desatando una gran preocupación en los países de la Unión Europea, y esta tendencia nos recuerda, en muchos aspectos, a la inquietud existente en el momento del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI). De hecho, el AGCS también contiene disposiciones relacionadas con las inversiones. Dicho esto, en términos más generales, la preocupación se debe al hecho de que las negociaciones, así como su resultado, afectarán a muchas más cosas que a las normas comerciales y tendrán repercusiones sobre las normas internas de los países que pertenecen a la OMC. Cuando hablamos del sector de los servicios postales o del suministro de agua, por ejemplo, y no de los servicios postales transfronterizos, sino de la organización interna del sector de los servicios postales, está claro que vamos más allá de los límites del comercio internacional. Además, eso plantea la cuestión, con respecto a este acuerdo y al acuerdo ADPIC sobre propiedad intelectual, de que la OMC podría estar superando sus competencias.
El problema con este acuerdo es precisamente que mezcla todo: la banca y los servicios de seguros, pero también el agua y el suministro de energía, los servicios postales, la enseñanza y la sanidad, potencialmente. A este respecto, es la línea de negociación de Europa la que nos permitirá hacer distinciones y garantizar que algunas áreas no se sometan, en efecto, a la autoridad de la OMC y a su órgano de solución de diferencias.
El primer punto que me gustaría plantear hace referencia a la protección de los servicios públicos europeos, dado que hemos presenciado un peligroso giro en los últimos meses. Al principio, la postura y las declaraciones de la Comisión mantenían que no se realizarían ofertas de liberalización en el ámbito de los servicios públicos europeos. A continuación, dijimos que no se realizarían ofertas de liberalización en los ámbitos de la sanidad, la enseñanza y los servicios audiovisuales. Sin embargo, los servicios europeos, los servicios públicos, no son solo esos. De hecho, constatamos que se han hecho ofertas en el ámbito de los servicios postales y que, sujetas a una aclaración y una clasificación de la OMC, podrían realizarse ofertas en el ámbito de la energía y el agua. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la Comisión para que adopte una actitud clara y excluya los servicios públicos europeos de todas las ofertas de liberalización, que no deben ser competencia de la OMC, sino de los Estados miembros, del Consejo y del Parlamento Europeo.
En segundo lugar, la reciprocidad no es automática, aunque debe existir una coherencia, por lo que la Unión no puede pedir a los demás que liberalicen los sectores de servicios públicos y esperar que no se le pida que haga lo mismo. Ya hemos realizado peticiones de liberalización, en el ámbito del agua, ante países como Tanzania, Mozambique y Bangladesh, por ejemplo. Creo que no debemos ejercer ese tipo de presión sobre los países en vías de desarrollo. Más bien lo contrario: debemos promover la cooperación, la inversión en sectores en los que esos países la necesiten, pero dentro del marco de la cooperación, dejándoles decidir las reglas medioambientales, sociales o de otro tipo que deseen imponer a los inversores extranjeros.
En tercer y último lugar, creo, señor Lamy, que lo que ha dicho acerca de excluir a los servicios públicos, mediante una revisión del acuerdo y del apartado 3 del artículo 1 de este, no es justo. Bastaría con modificar el apartado que limita la definición de servicios gubernamentales a los servicios que no se suministran sobre una base comercial o competitiva y estipular que los Estados que pertenecen a la OMC son libres de excluir sus servicios públicos de esta negociación.

De Clercq (ELDR).
La Unión Europea debe, en efecto, tomar la iniciativa en las negociaciones de la OMC relativas a la liberalización del comercio de los servicios y a la consecución de un acuerdo general AGCS. Estas negociaciones son, sin duda, más que cruciales para Europa. En primer lugar, lo cierto es que los servicios forman una parte cada vez más importante del comercio mundial: el 24% de estos servicios, como bien sabemos, corresponde a Europa. Por otra parte, la Unión Europea es actualmente el mayor importador y el mayor exportador de servicios del mundo. Otra razón para tomar la iniciativa en estas negociaciones del AGCS es naturalmente -yo diría que más bien desafortunadamente- la constante ralentización del crecimiento económico. Por lo tanto, debemos centrarnos, más que nunca, en el comercio de los servicios, y esto, una vez más, resulta especialmente aplicable a la Unión Europea, donde los servicios representan más de dos tercios del total de su producto interior bruto.
No obstante, no debemos negociar basándonos únicamente en nuestros propios intereses, sino también en los intereses de otros países y de otras partes del mundo. La liberalización significa que debemos también abrir más nuestras fronteras a los servicios de terceros países, contribuyendo así a fomentar su desarrollo.

Herzog (GUE/NGL).
Señor Presidente, seré muy breve. Es fundamental realizar una evaluación del impacto de la liberalización, no solo en cada Estado miembro, sino también en la OMC y en la Unión Europea en su conjunto. Una moratoria no es una buena idea. La liberalización bilateral tiene mucho éxito, y lo que es más importante: los países en vías de desarrollo la piden frecuentemente. Se ha avanzado por lo que respecta a la transparencia, aunque no existe un foro en la OMC, y el Parlamento Europeo cuenta únicamente con un poder de consulta muy limitado. La batalla para defender los servicios públicos está muy lejos de las expectativas. Existe riesgo de desintegración en la Unión Europea, donde la política sobre la competencia se aplica inadecuadamente y las reglas específicas son muy poco estrictas. Al examinar las ofertas del Sr. Lamy, comprobamos que se limitan estrictamente a las preferencias interiores de los Estados miembros y de la Unión.
No debemos olvidar la prioridad del desarrollo y no debemos hablar en lugar del sur. Dicho esto, me gustaría comprobar si nuestras peticiones de liberalización tienen en cuenta sus necesidades de servicios de interés general, y me gustaría señalar que no existe ningún marco para la actividad de las empresas multinacionales. Finalmente, existe un terrible desequilibrio entre el rápido ritmo de liberalización y la falta de bienes públicos en el ámbito regional y mundial. ¿Cuándo habrá una estrategia de acción para la Unión Europea?

Echerer (Verts/ALE).
Señor Presidente, me siento identificado con las críticas y los temores que se han mencionado, como la falta de control parlamentario, la necesidad de mejora de la política informativa y la transparencia. Con el debido respeto, señor Comisario, entre confidencialidad y transparencia absoluta, existen muchos puntos intermedios. Este es un reproche dirigido a los Estados miembros y a la Comisión.
En lugar de ofrecer aclaraciones acerca de las diversas peticiones o del grado de voluntad para desregular, los documentos disponibles tienden a ser, más bien, un pasatiempo para los que interpretan estas cosas.
Comisario Lamy, usted ha comenzado con un informe lleno de atmósfera, haciendo propaganda del modelo europeo y refiriéndose a los intereses de los países en vías de desarrollo. Me habría gustado que el Parlamento, en su resolución, hubiera tenido más que decir acerca de los países en vías de desarrollo.
No obstante, lo que ha dicho al comienzo sobre la privatización no es algo que esta Cámara deba aceptar sin reparos. Si se le da a la gente lo que quiere, eso conlleva una cadena de consecuencias. No quiero que se celebre en Bruselas un debate sobre una liberalización introducida en Europa por una puerta trasera llamada ACGS.
Tanto mi estimada colega, la Sra. Fraisse, como la Sra. Hieronymi, ya han dicho lo más importante con respecto al arte y a la cultura, cuestiones que para mí también son de importancia política. Quizás me es suficiente con decir que es a ustedes a quienes debemos la distinción entre trabajar defensivamente y trabajar ofensivamente.
Muchas gracias por el informe que nos han presentado hoy. Ahora nos corresponde a nosotros pasar a la segunda fase, tomando la ofensiva de la misma manera y uniéndonos unánimemente a este debate, y utilizando todos los medios de acción posibles de los que disponemos para crear un instrumento internacional y vinculante que proteja y promueva la diversidad cultural.

Berthu (NI).
Señor Presidente, en nuestra opinión, este debate sobre la apertura de las negociaciones de la OMC para liberalizar el comercio de servicios es sumamente incompleto. No están todas las cartas sobre la mesa y los contactos iniciales no han sido, en su mayoría, transparentes. La Comisión se enorgullece de contar con un mandato de negociación que data de 1999, antes de Seattle, y que ya está totalmente obsoleto. Los parlamentos nacionales no han debatido la cuestión de forma transparente, y se pedirá al Parlamento Europeo que ratifique todo, basándose en una breve declaración de la Comisión.
En principio, no estamos en contra de toda liberalización, pero debe estar, en todo momento, controlada por los pueblos implicados. El pueblo no debe encontrarse nunca con las manos atadas. Si seguimos a la Comisión en este asunto, nos encontraremos atrapados en negociaciones mal definidas que podrían tener graves consecuencias para el control que los pueblos deben mantener sobre sus servicios públicos, así como para todas las reglas que salvaguardan sus sociedades.
Por supuesto, la Comisión asegura que la Unión no realizará ninguna oferta de liberalización en los ámbitos de la sanidad, la enseñanza o el sector audiovisual, y que negociará para preservar la diversidad cultural. Sin embargo, no podemos conformarnos con estas declaraciones. ¿Por qué estos ámbitos y no otros? Nosotros conocemos demasiado bien, por experiencia, los engranajes y las trampas ocultas en este tipo de tratados, que solo salen a la luz a posteriori, cuando ya hemos firmado sobre la línea de puntos.
Señor Comisario, el próximo jueves vamos a debatir, en este hemiciclo, el cierre de importantes empresas, provocado por la reubicación, y el drama humano que crea. Si queremos evitar nuevos dramas humanos en el futuro, debemos afrontar los problemas con más antelación. Debemos comenzar por evitar, hoy mismo, la firma de acuerdos como el AGCS, que ataría nuestras manos en el futuro. Ese es el motivo por el que solicitamos que estas negociaciones sean pospuestas hasta que se celebre un debate verdaderamente público y democrático, y hasta que hayamos evaluado detenidamente todas las implicaciones del AGCS.
Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera expresar mi apoyo al Comisario Lamy por el importante programa que propugna, caracterizado por su amplitud de miras.
Toda la cuestión de la importancia de los servicios y la apertura de los mercados de servicios es algo que estamos a punto de abordar seriamente en nuestro propio mercado interior. Todavía no tenemos un mercado interior de servicios. Espero que oigamos algunas de las inquietudes en los debates de esta noche cuando consideremos nuestro propio mercado. Sin embargo, es absolutamente correcto abordar cuestiones más amplias. Después de todo, como ha dicho el Sr. Lamy en varias ocasiones, en la Unión Europea tenemos las tecnologías de mercado único más desarrolladas de todos los bloques comerciales del mundo. Es cierto que deberíamos estar a la cabeza en este terreno.
Una de las propuestas más importantes que hemos estado elaborando aquí es la liberalización de las comunicaciones electrónicas, un marco único para un sector convergente. Son las comunicaciones electrónicas las que realmente están abriendo el camino a un comercio global de servicios que nunca habíamos visto antes. Hacemos bien en anticipar esto. La liberalización siempre será difícil. Si se aceptan las disciplinas de mercado y la apertura de un mercado, es de esperar que se produzca una reconstrucción; es de esperar que algunas empresas cierren y busquen nuevas posibilidades. ¿Verdad que aquí no decimos que deberíamos volver a los días del proteccionismo? ¡Ni mucho menos! Queremos ver cómo evolucionarán los mercados.
Esto incluye también a los países en desarrollo. Hace unos meses asistí a una importante reunión en Bruselas con representantes de países en desarrollo hablando sobre las comunicaciones electrónicas y cómo quieren construir sus infraestructuras. Se dan cuenta de que contar con la infraestructura abrirá grandes oportunidades para sus economías y para el comercio a escala global. Esto es lo que nosotros queremos fomentar. Seamos positivos al respecto. Lo insto, señor Comisario, a que continúe con su trabajo sobre este tema y no escuche esta noche los cantos de sirena de esta Cámara que le piden que se detenga o que reduzca su marcha. ¡Sigamos adelante!

Prets (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, el AGCS y la cultura no solo están siendo objeto de los debates más profundos en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, o aquí en el Pleno: la cuestión también se está debatiendo en todos los lugares donde la gente vive del arte y de la cultura, y existe una gran inquietud al respecto, provocada por una falta de información, por una escasa transparencia y por la preocupación relativa a la excesiva influencia que ejercen las fuerzas del mercado sobre la cultura y el sector audiovisual. Debo añadir que el grado de intranquilidad y la importancia de la falta de información también se reflejan en el día de acción y protesta contra el AGCS que organizarán para el próximo jueves, en numerosas capitales europeas -en Roma, París, Londres y Viena-, los estudiantes de enseñanza primaria, de enseñanza superior y los sindicalistas, que será un día de enseñanza y acción europeas.
El concepto de una industria de la cultura acentúa más este cambio. Los críticos están preocupados porque, en este ámbito, los países se consideran áreas de crecimiento sujetas a mecanismos del mercado y capaces de desarrollar su propia dinámica, yendo mucho más allá de lo que se había establecido originalmente. Un claro ejemplo de ello es la propuesta estadounidense de promover la importación de bienes virtuales, eliminando al mismo tiempo, de las cláusulas de protección del AGCS, cosas como los programas audiovisuales a través de Internet, algo que debemos rechazar rotundamente.
No solo es necesario respetar la diversidad cultural: también debemos protegerla. A pesar de que se pretende que la denominada excepción cultural en las negociaciones del AGCS sea una excepción con respecto a las reglas habituales de la competencia, el hecho de que el concepto nunca haya adquirido fuerza jurídica justifica las preguntas que se están planteando y la preocupación que se siente sobre si será suficiente para mantener nuestros valores. ¿O acaso no necesitamos un instrumento legal internacional por el que se reconozca que los Estados tienen derecho a determinar la política cultural basándose en sus propias necesidades, así como a tomar sus propias medidas para promover el esfuerzo artístico y los servicios audiovisuales públicos?
La diversidad cultural no implica limitarse a las propias fronteras y recortar la industria: implica estar abierto a la diversidad, y eso quiere decir concederle una posibilidad de sobrevivir.
(El Presidente interrumpe a la oradora)
Plooij-van Gorsel (ELDR).
Señora Presidenta, Señorías, señores Comisarios, el sector de los servicios es, con diferencia, el sector más importante de la economía europea. La Unión Europea es el mayor exportador de servicios comerciales del mundo y representa el 26% del comercio mundial de servicios, frente al 22% de los Estados Unidos y al 7% de Japón. Por lo tanto, el comercio de servicios de la Unión Europea supone más de dos tercios de nuestro producto interior bruto y de nuestro empleo. Así pues, el comercio de servicios supera, con mucho, al comercio de bienes. Una mayor liberalización también beneficia a los países en vías de desarrollo, dado que el comercio de servicios promueve infraestructuras como las telecomunicaciones, así como la infraestructura financiera para el comercio de bienes. Por lo tanto, el AGCS también contribuye a la Ronda de Doha. En mi opinión, debemos apoyar incondicionalmente la liberalización y, en particular, evitar centrarnos demasiado en las excepciones que algunos de los Estados miembros quieren aplicar. Los sectores más importantes son el transporte, el turismo, las telecomunicaciones y el sector financiero. Los servicios audiovisuales constituyen una parte relativamente pequeña de la oferta. Resulta, por lo tanto, ridículo que los Estados miembros que no están a favor de ello no quieran que el Parlamento dé su opinión, por temor a los cambios en el sector audiovisual. Por lo tanto, apoyo la petición de mi colega, el Sr. Clegg, de que se introduzca un cambio durante la Convención.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, en todas partes está aumentando la preocupación por la oleada de liberalizaciones y privatizaciones de los servicios que las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios pueden desencadenar, por mucho que el Comisario Lamy insista en que eso no va a suceder. Existe un riesgo de deterioro del derecho de acceso de los ciudadanos de la Unión Europea y de terceros países, incluidos los países en vías de desarrollo, a los bienes y servicios esenciales, incluyendo el agua, la enseñanza, la sanidad, la cultura, la energía, el transporte y las telecomunicaciones. Todos conocemos los desastrosos ejemplos de privatización de los servicios de muchos países, entre los que se incluyen el transporte en el Reino Unido, la electricidad en los Estados Unidos y Portugal, y la distribución del agua y los servicios sanitarios en muchos países en vías de desarrollo.
Así pues, estamos preocupados al conocer las propuestas de la Comisión, que olvidan la importancia de los servicios públicos en ámbitos como el de la energía, el transporte, los servicios postales y las telecomunicaciones, para la cohesión social, el bienestar público y la inclusión social. Las propuestas tampoco tienen debidamente en cuenta la fuerte movilización de los movimientos sociales en defensa de servicios públicos de calidad. Por tanto, es necesario declarar una moratoria sobre la liberalización de los servicios, y la Comisión debe elaborar un informe detallado sobre las consecuencias económicas, sociales y medioambientales previsibles de las políticas de liberalización derivadas de la OMC, tanto en la Unión Europea como en los países en vías de desarrollo. El papel fundamental de los servicios públicos para el desarrollo y la cohesión social de cada país también se debe respetar, y hay que abstenerse de presentar propuestas que prevean nuevas liberalizaciones en terceros países y ofertas de la Unión Europea en el ámbito de los servicios públicos. La Comisión también deberá exigir que la diversidad cultural no solo sea preservada, sino también promovida, como ya se ha subrayado aquí, en más de una ocasión. Además, para profundizar en la democracia, ejercer un mayor control sobre las multinacionales y proteger el desarrollo de los países y regiones menos desarrollados, así como los intereses de los ciudadanos, se precisa un debate democrático, una consulta a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, así como la aplicación de la regla de la unanimidad en las negociaciones relativas a todos estos ámbitos. Es necesario también reducir el papel de la Organización Mundial del Comercio, y la Asamblea General de las Naciones Unidas debe asumir un papel más activo en este campo.

Turmes (Verts/ALE).
Señores Comisarios, me voy a limitar a hablar sobre la liberalización del sector del agua. Señor Lamy, usted piensa que una mayor competencia proporcionará a los pobres agua potable de gran calidad. Personalmente, no estoy de acuerdo con su opinión, y creo que cada vez somos más los que no lo estamos. Cualquier comercialización del agua provocará automáticamente un incremento del consumo, dado que así es precisamente como funciona el sistema.
Usted afirma que no se menciona, en ningún momento, la liberalización de este recurso natural en las peticiones que la Unión realiza a los países en vías de desarrollo. Eso no mejora las cosas, dado que la comercialización de la distribución del agua imposibilitará garantizar una gestión adecuada del agua. Por otra parte, también sabemos por experiencia que no son los pobres los que se benefician de la comercialización del agua. Bogotá, Buenos Aires y Yakarta son prueba de ello. Por lo tanto, debemos tener el coraje político de definir el agua como un bien público y excluirla del AGCS.

De Sarnez (PPE-DE).
Señora Presidenta, la futura negociación sobre el comercio no debe, en mi opinión, perjudicar a la diversidad cultural. Según la Unesco, la cultura se compone de todos los trazos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Además del arte y la literatura, abarca modos de vida, derechos humanos fundamentales, conjuntos de valores, tradiciones y creencias. El derecho a la cultura es un derecho humano fundamental. Está incluido como tal en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La diversidad cultural no solo debe ser protegida: también debe apoyarse y promoverse. Por supuesto, esto resulta aplicable a todos los Estados miembros de la Unión, pero también a los países en vías de desarrollo, dado que la diversidad cultural es parte integral de nuestro patrimonio humano.
Para evitar correr el riesgo de que la cultura se considere simplemente un producto como cualquier otro en el futuro, debemos proporcionarle un nuevo marco jurídico para que no tenga que formar parte de las negociaciones sobre el comercio mundial. La cultura no es un bien como los demás. La OMC no puede ni debe ser el foro de debate sobre la cultura, como la Comisaria Reding ha mencionado recientemente, al afirmar que: «[?] debemos oponernos firmemente a toda discusión conceptual sobre la diversidad cultural o las políticas culturales en la OMC [?] La OMC no es una organización con competencias para tratar esta cuestión, ni está autorizada para ello».
Por lo tanto, debemos crear un nuevo instrumento internacional vinculante, no solo para apoyar y promover la diversidad cultural, sino también para establecer normas comerciales para los bienes y servicios culturales. Varios Ministros de Cultura han acordado redactar este instrumento, con el fin de proporcionar a los Estados, en el futuro, el medio necesario para poder identificar, desde un punto de vista cultural, y de acuerdo con sus situaciones específicas, las políticas que precisan para garantizar la preservación y la promoción de la diversidad cultural. La Unesco es el organismo más adecuado para asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, solicito que se finalice este proceso lo antes posible.

Ettl (PSE).
Señora Presidenta, considero que el AGCS, con su creación de una nueva organización internacional para el mercado de servicios, no solo reestructurará el mercado laboral mundial, sino que también dará lugar a un nuevo orden mundial y social capaz de tener un profundo efecto sobre los valores políticos, sociales y culturales, así como sobre los sistemas reguladores que han prevalecido, hasta ahora, en la mayoría de los Estados, y capaz también de limitar, en gran medida, el ámbito de actuación de estos. Por este motivo, le pido, Comisario Lamy, que no omita la cláusula de exclusión voluntaria (opt-out) para el suministro público de servicios de interés general, bajo ninguna circunstancia.
No obstante, a menos que las decisiones de la mayoría se legitimen mediante políticas democráticas, el proceso de toma de decisiones de los países -y ahí sobre todo- será puesto en duda por esta discusión de los fundamentos. El principal problema con el AGCS es que las negociaciones se centran en las condiciones del mercado bajo las que se suministran los servicios transfronterizos, quedando excluidas, sin embargo, las condiciones sociales bajo las que se suministran los servicios. Si el resultado es el mismo que el de la OMC con respecto al comercio de mercancías peligrosas para el medio ambiente, y si el trabajo de los niños y los esclavos no es suficiente motivo para prohibir que las mercancías accedan al mercado, creo que nos esperan serios problemas.
Teniendo en cuenta que ni siquiera los principales derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo están incluidos en el AGCS y que no existe ninguna aclaración básica acerca de las condiciones mínimas de la legislación laboral o de seguridad social bajo las que trabajarán los emigrantes temporalmente, no puedo imaginarme que se alcance un consenso social en la Unión Europea a favor de la apertura de nuestro mercado de servicios, de acuerdo con el módulo 4. Si se consigue, solo será en contra de una gran resistencia.
Los déficit democráticos no son una buena base para reestructurar los mercados.

Graça Moura (PPE-DE).
Señora Presidenta, la declaración del Sr. van Velzen aborda, de manera juiciosa, las cuestiones relativas a la cultura y a los servicios culturales, especialmente las relacionadas con la flexibilidad de las posturas que adoptará cada Estado miembro. Debido precisamente a que este conjunto de problemas conlleva otro -el problema de lo que se conoce como la «exención cultural»-, es preciso dejar claro que la Comisión no puede permitirse chocar contra la cuestión de la excepción cultural. Se trata de una cuestión muy polémica, principalmente debido a sus propias presuposiciones. En un mundo abierto, en el que cada vez se apuesta más por la libre interacción de las culturas, es necesario proteger, preservar y valorar todo lo posible la diversidad cultural, pero no a expensas de perjudicar la libre circulación de valores que tienen exactamente la misma naturaleza. Cada vez tiene menos sentido, tratando ciertos productos culturales como si fuesen productos industriales, establecer formas de protección que limiten su acceso a algunos lugares, como los cines.
Con la televisión, el vídeo, el DVD y otras nuevas tecnologías de la era digital y de Internet, cualquier espectador, cualquier consumidor interesado, puede optar por ver lo que desee sin ninguna barrera real capaz de entorpecer su consumo. No creo -debo manifestar, al menos, mi escepticismo- que 50 Ministros de Cultura puedan resolver esta cuestión, aparte del único punto que se aceptará entonces, que es el de que cada Estado miembro puede hacer lo que considere más apropiado para proteger sus intereses y su propia diversidad cultural específica.
Una vez hechas estas reflexiones, señora Presidenta, simplemente añadiré que los apartados 7, 8 y 9 del informe al que me he referido abordan el problema con mucha sensatez, en términos de prudencia y equilibrio, por lo que merecen nuestro apoyo.

Zorba (PSE).
Señores Comisarios, creo que, como han señalado al principio, nuestra preocupación no puede ni debería centrarse en declaraciones de principios, sino en un planteamiento dinámico; no tenemos solo que proteger: tenemos que desarrollar un plan agresivo, dado que un planteamiento defensivo y poco activo es, con frecuencia, sencillamente otra forma de rechazar la diversidad.
Deberíamos aceptar que existe un déficit internacional en la balanza comercial de los productos culturales y audiovisuales; todos ellos vienen del otro lado del Atlántico hacia Europa, con un movimiento muy escaso en la dirección contraria. Además, tenemos otro problema más cerca de casa: pocos son los productos europeos que viajan de un rincón a otro de Europa. En consecuencia, creo que deberíamos utilizar la Organización Mundial del Comercio para tratar el problema del mercado internacional que, aparte de su dimensión económica, es muy importante para los ciudadanos europeos y para sus intereses culturales dentro de Europa.
La música, las películas y los productos audiovisuales no están viajando de un rincón a otro de Europa tanto como deberían.

Rübig (PPE-DE).
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, el comercio mundial garantiza alrededor del 20% de los puestos de trabajo en Europa, lo que significa que si los mercados son más amplios, podemos vender más y crear más empleo. Si, además de eso, podemos comprar a unos precios ventajosos, nos volvemos más competitivos, y eso va en consonancia con el objetivo de la Comisión de convertirnos en líderes mundiales en el plazo de diez años.
Creo que, al hablar del AGCS y la OMC, debemos, como cuestión prioritaria, hablar sobre las oportunidades que traen consigo: sobre la apertura de los mercados, el aumento de la prosperidad, la competitividad y la posibilidad de subir los salarios. Si ponemos los mercados bajo una especie de campana de vidrio, si ahogamos el mercado, el resultado final es la quiebra y el desempleo, y permítanme decir que en estos tiempos, por supuesto, estas decisiones se toman fundamentalmente en el plano nacional. Tales decisiones, naturalmente, tienen una naturaleza partidista.
Hoy he viajado hasta aquí en tren desde Wels, en Austria; el viaje duró más de siete horas y llegué aquí muy tarde. El pasado lunes, envié una carta desde Bruselas a Austria y todavía no ha llegado. Cuando regreso a Bruselas, recuerdo que la planta de tratamiento de aguas residuales todavía no está en funcionamiento, a pesar del suministro público de servicios de interés general y de que Bruselas está actualmente bombeando las aguas residuales, poco tratadas, al mar. Cuando pienso en las universidades, donde los estudiantes tienen que sentarse en el suelo y donde muchos de los conocimientos de los profesores no están adaptados a las necesidades actuales, entonces digo que sí: son decisiones de los partidos políticos que tienen que ser tomadas por los votantes de los diversos países.
No obstante, también debemos pensar en el futuro; en lugar de ver solo la dimensión multilateral de la OMC, también deberíamos buscar vías bilaterales, especialmente con los Estados Unidos, Rusia y China. Creo, además, que es en este contexto donde una asamblea parlamentaria debería resultar enormemente eficaz para conseguir una mayor transparencia y justicia en el futuro.

Zrihen (PSE).
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, creo que esta es la cuarta vez que debatimos esta cuestión. ¿Significa eso que somos bobos o sordos, o que estamos atrapados en una rutina? No, creo que simplemente ha llegado el momento de reconocer que, sencillamente, no queremos el mismo proyecto europeo para nuestros ciudadanos. De este modo, el AGCS ha servido para subrayar esta diferencia en la forma de ver el mundo y ha provocado un debate que implica a más participantes que el círculo limitado de especialistas y responsables de la toma de decisiones a los que habitualmente se les consulta sobre aspectos del comercio internacional. Podemos decir que hemos aprendido de la experiencia -y creo que los trabajadores portuarios que están fuera pueden dar fe de ello- el enorme deseo que tienen algunos países de dominar en el mercado por lo que respecta a la producción. Presenciamos la lucha por preservar los servicios públicos a diario.
No, no confiamos en la perspectiva que nos están presentando, y aunque sus respuestas a nuestras preocupaciones consisten en decir, sencillamente, que ni el sector audiovisual ni los servicios públicos se verán amenazados, creemos que las protestas y reacciones procedentes de las asociaciones y sindicatos, que expresan su preocupación social, son una prueba de que no somos, en absoluto, los únicos que tenemos esta opinión. 
¿Es realmente suficiente la excepción cultural si sólo excluimos el sector audiovisual? No, porque podemos identificar sectores relacionados con la enseñanza y la cultura que podrían resultar auténticos caballos de Troya y sabotear nuestros esfuerzos por preservar la educación y la cultura. Apoyamos el instrumento internacional, pero ¿cuánto hemos avanzado en él? Esto sería, quizás, un buen indicador de sus intenciones. Debemos también admitir que no tenemos los mismos sistemas de clasificación, en absoluto, ni las mismas definiciones. Ustedes están poniendo en marcha una máquina, pero no son capaces de decirnos las ventajas cualitativas que aportará. Discúlpennos por preguntarnos de qué les servirá en el futuro.

Van Lancker (PSE).
Señores Comisarios, en mi opinión la publicación tanto de la oferta de las instituciones europeas como de sus preguntas sobre la liberalización del mercado a través del AGCS pone de manifiesto que en el Parlamento Europeo tenemos buenas razones para estar preocupados. Me gustaría hacer dos comentarios a este respecto: en primer lugar, Comisario Lamy, usted dice que la sanidad, la enseñanza, los medios de comunicación y la cultura no se liberalizarán. Eso es correcto, aunque existen otros sectores que se consideran servicios de interés general. Usted no descarta la liberalización de la energía y el agua, mientras que los servicios postales, los puertos y el practicaje ya están preparados para la liberalización. Así pues, mi Grupo quiere garantías claras de que los Estados miembros pueden ahora regular sus servicios de interés general, a su manera, y que estos servicios no se verán sometidos al AGCS. Naturalmente, no necesitamos una lista de la OMC para ello; la subsidiariedad se aplicará como es habitual.
En segundo lugar, Comisario Lamy, me parece sorprendente que exista semejante desequilibrio entre las cuestiones de los Estados miembros del norte y del sur con respecto a la liberalización del mercado. A cambio de un número limitado de cuestiones, sobre todo relativas a la circulación de los trabajadores desde los Estados miembros del sur, Europa quiere liberalizar una serie de sectores, incluyendo algunos que no queremos liberalizar. Comisario Lamy, en mi opinión la liberalización del agua no es el camino adecuado para conseguir los objetivos del milenio ni para reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso al agua. Para lograr esto, necesitamos fondos de ayuda y una cooperación para el desarrollo. En todo caso, estoy convencida de que esto no tiene nada que ver con la verdadera preocupación de los Estados miembros del sur, y mucho que ver con los intereses de la industria del agua. Por lo tanto, mi Grupo solicita que no se apruebe la liberalización de sectores que no queramos liberalizar.

De Rossa (PSE).
Señora Presidenta, no esperemos de los países en desarrollo lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Aseguremos que en los casos en que protegemos servicios o mercados no obliguemos a otros países menos capacitados para combatir en el mercado abierto a poner en marcha servicios que simplemente naufragarán o se convertirán en monopolios privados en manos de entidades de fuera de su propio Estado.
También creo que urge que este Parlamento sea tratado como tal y que se levante el secreto en relación con estas negociaciones. Si pretendemos crear una organización multinacional a escala europea que cuente con el apoyo de la población y tenga legitimidad, entonces no podemos seguir procediendo de modo que se excluya a los representantes democráticamente elegidos de importantes esferas de la política. Por último, lo esencial en cuanto al proteccionismo es que tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos, ya estén dentro o fuera de la Unión Europea.

Karlsson (PSE).
Señora Presidenta, el libre comercio es básicamente algo positivo. Favorece el desarrollo y la democracia, así como un crecimiento que conlleva una mayor prosperidad. Sin embargo, las cuestiones comerciales siempre dan lugar a un extenso debate, y existen motivos justificados para celebrar ese debate.
El mercado no debe invadir la esfera política, y la democracia no debe verse limitada. La transparencia y el examen público de la documentación son fundamentales. Ningún país debe verse forzado a tomar determinadas decisiones. Ni el mercado ni otros intereses deben ser capaces de forzar a un país a aplicar cambios que vayan en contra de sus ambiciones políticas nacionales.
Los países en vías de desarrollo son particularmente vulnerables. Necesitan la inversión extranjera, y los comerciantes lo saben. Así pues, los países en vías de desarrollo corren el riesgo de sufrir la presión de verse forzados a ceder a demandas poco razonables. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de exigir que se reconozcan los derechos sindicales fundamentales y que el medio ambiente no sea destruido, ni los derechos humanos, ignorados.

Lange (PSE).
Señora Presidenta, señora Comisaria, tengo la impresión de que la forma en que la Unión Europea está llevando las negociaciones no es equilibrada. Es desequilibrada en el sentido de que se guía por intereses económicos, y eso no puede ser. Los Tratados nos exigen que hagamos del desarrollo sostenible el modelo de todas nuestras políticas, lo que significa que no podemos llevar a cabo la liberalización sin negociar, al mismo tiempo, criterios sociales y normas medioambientales. Esto me lleva a concluir que, en efecto, están violando el artículo 6 del Tratado.
Especialmente cuando se realizan peticiones de liberalización del agua a setenta y dos de los Estados del planeta, se están invalidando las condiciones básicas sociales y ecológicas que prevalecen localmente. Es aquí donde debe imperar el principio del desarrollo sostenible, en lugar de las consideraciones económicas inherentes a la capacidad de suministrar agua, si cabe alguna posibilidad, en beneficio de los accionistas. Las decisiones relativas a cómo organizar el suministro de agua deben tomarse localmente; deben seguir siendo responsabilidad de los políticos locales y no tomarse como respuesta a las presiones exteriores. La Unión Europea no debe echar más leña al fuego, por lo que respecta a la lucha por el oro azul.

Lamy
Señora Presidenta, voy a responder a algunos de los oradores, mientras que mi colega, la Sra. Reding, se encargará de las cuestiones relacionadas específicamente con la diversidad cultural.
Responderé brevemente a la pregunta del Sr. van Velzen sobre las universidades. No adoptaremos ningún compromiso con respecto a este ámbito, en esta ocasión. En la Ronda de Uruguay de hace diez años, adoptamos precipitadamente una serie de compromisos con respecto a la apertura de universidades privadas en ciertos Estados miembros. En esta ocasión, nos mantendremos firmes.
A continuación, me gustaría analizar la cuestión de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, una cuestión que estuve debatiendo con mis homólogos estadounidenses en Washington, el lunes y el martes de la semana pasada. En efecto, hay varios problemas relativos a la aplicación de las decisiones de la OMC referentes a la resolución de diferencias. Los Estados Unidos no están actuando con demasiada rapidez para aplicar estas decisiones. Visité el país para acelerar este proceso y me aseguré de que nuestro punto de vista al respecto quedase muy claro, particularmente al Congreso, para que avance en la labor legislativa necesaria. En estos momentos, el problema está en el Congreso y no en la administración. El Congreso no ha dicho que no vaya a emprender la labor legislativa necesaria al respecto. Sin embargo, si no lo hace, la OMC nos ha dotado de los medios necesarios para concentrar las mentes, como se dice en una lengua que no es la mía.
Señora McNally, con respecto a la parte de estas negociaciones sobre el acceso al comercio de los servicios que se refiere a los servicios públicos dentro de la Unión Europea, he dejado muy clara mi postura con respecto al contenido: nada de lo que ofrecemos en estas negociaciones perjudicará a la situación actual de los servicios públicos dentro de la Unión Europea.
Quisiera ahora pasar a la otra cuestión, señalada por la Sra. van Lancker. Se trata de saber si estamos sencillamente pidiendo demasiado a ciertos países en vías de desarrollo, por lo que se refiere a la apertura del sector de los servicios. En primer lugar, sé que muchos países en vías de desarrollo necesitan un sector de los servicios competitivo. Sé que mientras que, en nuestra parte del mundo, el sector de los servicios representa el 60% de la economía, en la mayoría de los países en desarrollo el sector de los servicios representa entre el 40% y el 50% de la economía. Es un porcentaje considerable. Sé que los propios países en vías de desarrollo están pidiendo la liberalización del sector de los servicios, sobre todo en relación con la Unión Europea. Finalmente, no quiero que caigamos de cabeza en la trampa que yo llamaría «euromorfismo», por lo que respecta a los servicios públicos. En Europa tenemos una estructura de servicios públicos sumamente bien desarrollada. Soy de los que lo valora enormemente, aunque algunos puedan no estar de acuerdo conmigo. Debo afirmar, con toda claridad, que otros países de todo el mundo, especialmente algunos países en vías de desarrollo, no cuentan con el mismo modelo de servicios públicos. En estos momentos, esos países en vías de desarrollo no pretenden -ni, con frecuencia, pueden permitirse- crear servicios públicos que, si me permiten decirlo, imiten a los nuestros. En este caso, la apertura del mercado de los servicios es la mejor manera de mejorar la gestión de las economías de los países en vías de desarrollo, hacerlas más competitivas e integrarlas más eficazmente en el comercio mundial.
Dejaré que mi colega, la Sra. Reding, responda a los comentarios de la Sra. Fraisse. Sin embargo, me gustaría recordarle a la Sra. Fraisse que el secreto de un buen equipo, especialmente de un equipo deportivo, es tener una fuerte defensa y un fuerte ataque. En este sentido, creo que la distribución de las funciones es positiva.
Me gustaría responder específicamente a la pregunta sobre los deportes planteada por la Sra. Fraisse. En estos momentos, no existe ninguna oferta en absoluto de la Unión Europea relacionada con el deporte o el ocio, por la sencilla razón de que no hemos recibido ninguna petición a tal efecto.
En su intervención, la Sra. Lucas se ha centrado en la cuestión de la transparencia. Dejemos muy claro este asunto: toda la Cámara ha escuchado una lista de los principios en los que se basa el planteamiento de la Comisión para estas negociaciones. He explicado estos principios muchas veces. Varios diputados -un diputado de cada Grupo y los coordinadores, en particular- han podido estudiar los detalles de mi propuesta, en virtud del acuerdo institucional entre las instituciones. Entiendo perfectamente que puedan tener dudas acerca del contenido detallado de mis propuestas, frente a las grandes líneas presentadas. Entiendo también perfectamente que puedan desear cuestionar mis intenciones. Es completamente normal. Todos y cada uno de ustedes pueden preguntar a su coordinador si los detalles de mis propuestas se corresponden o no con lo que he dicho anteriormente. Que yo sepa, los coordinadores han tenido esta información a su disposición durante casi tres semanas. Sin embargo, nadie se ha acercado a mí para decirme que las propuestas detalladas no se corresponden con lo dicho anteriormente. Estoy muy tranquilo, dado que no tengo la costumbre de actuar de otra forma. Señora Lucas, existe efectivamente transparencia con respecto a este asunto. Si no hago totalmente públicas todas las ofertas, es porque, en ocasiones, es mejor mantener las cosas confidenciales, en interés de la consulta o la negociación. Por otra parte, esto es algo que el Parlamento Europeo sabe muy bien. Por ejemplo, el Parlamento se reserva el derecho a la confidencialidad en el caso del procedimiento de conciliación, cuando las negociaciones podrían verse amenazadas. Creo que es acertado que el Parlamento cuente con esta opción. Como en todas las negociaciones, hay un momento para la transparencia y otro para la discreción.
Con respecto al fondo, me gustaría mencionar los principales puntos de los comentarios del Sr. Clegg. Tiene mucha razón en lo que dice. Mientras la Convención no conceda al Parlamento Europeo unas auténticas competencias constitucionales relativas a las cuestiones comerciales, unas competencias que no le ha otorgado la Conferencia Intergubernamental anterior, por lo que se refiere a este tipo de procedimiento -que pretendo dirigir lo mejor que pueda-, efectivamente carecerán, en teoría, de cualquier competencia en este ámbito. Hemos ido mucho más allá de las disposiciones actuales sobre información y transparencia del Tratado de la CE. Si desean avanzar, al igual que la Comisión, les ruego que nos apoyen. Confío en que las intervenciones de los diputados en la Convención sean igual de categóricas que las que, en ocasiones, dirigen contra la Comisión.
Señor Abitbol y señor Berthu, me gustaría que, en el fondo, no se gritara demasiado que viene el lobo. Si gritamos que viene el lobo cuando no hay lobo, terminaremos por asustar a la gente. Ahora no viene el lobo. Sean cuales sean sus opiniones sobre esta cuestión e independientemente de lo que puedan establecer al respecto, aquellos de ustedes que entienden y tienen acceso a la información saben que no viene el lobo. No se trata de abrir ninguna caja de Pandora. No se ha abierto, y sigue estando cerrada.
Señor Désir, entiendo perfectamente todas sus reservas. Yo comparto algunas de ellas. Sin embargo, una vez más, no debemos actuar como si la caja de Pandora de la desregulación se hubiese abierto. Sigue estando cerrada. No estamos considerando la liberalización de los servicios. Estamos estudiando avanzar en la apertura del comercio de servicios. Esto no tiene nada que ver con la desregulación, la liberalización o la privatización. No debemos confundir dos debates completamente diferentes. Por una parte, tenemos el debate entre nosotros mismos, dentro de la Unión Europea, acerca del grado de liberalización de ciertos sectores que han estado protegidos hasta ahora. Entre ellos figuran la energía, el transporte y los servicios postales. Este debate tiene que ver con la manera en que organizamos nuestra propia sociedad. En él están implicados varios colegas míos de la Comisión, así como el Parlamento y el Consejo. Por otra parte, tenemos el debate sobre cuestiones relacionadas con las negociaciones exteriores. Por favor, no metan a los trabajadores portuarios en esto. Que yo sepa, a menos que esté muy confundido, la presencia aquí de los trabajadores portuarios está relacionada con un proyecto de directiva sobre el mercado interior. El sector de los trabajadores portuarios no está en la lista. Ellos están preocupados por el mercado interior. Si abrimos los servicios de transporte o pedimos a otros que lo hagan, entonces nuestro control sobre esos servicios y sobre aquellos a los que estamos pidiendo que abran sus mercados, no se verá afectado, en modo alguno, por negociaciones de este tipo. Permítanme repetirlo: de ningún modo se verá afectado. Mantendremos nuestro derecho soberano de regular estos sectores como consideremos oportuno. Así pues, este asunto no tiene nada que ver con el proyecto de directiva en cuestión.
Me gustaría comentar brevemente lo que ha dicho el Sr. Herzog. En general, estoy de acuerdo con él. El verdadero debate que se esconde tras este, la ansiedad, los temores y las reservas se hallan relacionados con lo que está ocurriendo dentro de la Unión Europea o con lo que sucederá en los próximos años. Entiendo todos estos sentimientos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el Sr. Herzog en que, en este debate, en el trabajo de la Comisión y en futuros debates con el Consejo y el Parlamento, debemos centrarnos en la organización de los servicios públicos, del servicio universal, de los servicios de interés general dentro de la Unión Europea. Si nuestras ideas estuviesen más claras y si el acuerdo entre nosotros acerca de lo que constituye exactamente los servicios de interés público estuviese más claramente definido, desaparecerían algunos de los temores expresados en este debate, y con razón.
Me gustaría pasar, a continuación, a las cuestiones relacionadas con el sector del agua. Reconozco que son asuntos delicados. Agradezco que el Sr. Turmes, la Sra. Figueiredo y el Sr. Karlsson quieran recordarme que, hasta ahora, el AGCS no ha conseguido resultados destacados por lo que respecta al agua. Responderé simplemente diciendo que el agua está fuera del ámbito de aplicación del AGCS. Hasta ahora, ningún país ha adoptado ni el más mínimo compromiso con respecto al sector de la distribución del agua, en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. ¡Ni uno solo! Ningún país ha adoptado ningún compromiso de este tipo. Lo que ha sucedido, o lo que está sucediendo en varios países, se deriva de decisiones soberanas que los países han tomado con respecto a la liberalización o a la privatización. Esto no tiene nada que ver con las negociaciones internacionales sobre los servicios. Si muchos países, particularmente los países en vías de desarrollo, han llevado a cabo privatizaciones o liberalizaciones independientes, se debe en gran medida a que necesitan la inversión extranjera. En mi opinión, el AGCS y otras negociaciones similares permiten a estos países atraer inversiones, sin renunciar a su derecho de regular. Ha habido ocasiones en las que se han visto forzados a hacerlo, como resultado de un planteamiento imprudente. Por lo tanto, desde este punto de vista, se trata de una forma de protección. Quisiera recordar a esta Cámara, una vez más, que nuestras propuestas para este ámbito están relacionadas únicamente con la distribución. No tienen que ver con el acceso al agua, como ha reconocido el Sr. Turmes.
Finalmente, antes de ceder la palabra a la Sra. Reding, me gustaría responder a los miembros que me han pedido que sea más proactivo, concretamente el Sr. De Clercq, el Sr. Harbour, la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Rübig. No me sorprenden sus declaraciones. Quiero adoptar un planteamiento más proactivo con respecto a esta cuestión, pero creo que debería tener en cuenta los temores expresados por todas partes. En general, estas preocupaciones se derivan de una confusión entre las negociaciones internacionales sobre el comercio de servicios, por una parte, y las actitudes y negociaciones dentro de la Unión Europea relativas al control, la regulación y la desregulación de los servicios, por la otra. En mi opinión, estos dos debates son bastante diferentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la existencia de estos temores y preocupaciones, debemos responder a ellos siendo pacientes y sumamente claros. La Comisión está dispuesta a hacerlo.

Reding
Señora Presidenta, mi colega, el Sr. Lamy, ha explicado muy claramente que, por lo que respecta a la cultura, la caja de Pandora está cerrada y nadie tiene ninguna intención de abrirla. Existen varios motivos para ello: en primer lugar, queremos mantener nuestra capacidad para proteger la creatividad cultural, en un plano regional, nacional e internacional. Para ello, necesitamos tener la libertad de apoyar todo tipo de proyectos culturales, si queremos llamarlos así. En segundo lugar, los productos culturales no son lo mismo que los productos comerciales. La cultura tiene otra dimensión. Está relacionada con nuestras raíces y nuestra diversidad. Como ha dicho acertadamente la Sra. De Sarnez, y como ya he dejado claro, ni el AGCS ni la OMC constituyen el foro apropiado para debatir sobre la cultura. Por lo tanto, estoy de acuerdo con todos los diputados de esta Cámara que han afirmado que necesitamos un organismo internacional como la Unesco.
Señora Presidenta, debemos saber que, en la actualidad, no existe ninguna norma jurídica internacional de referencia para la cultura. Estoy de acuerdo con todos los diputados que han afirmado que precisamos una. Necesitamos una para evitar esta interminable serie de debates sobre la cultura. Aunque ni el Sr. Lamy ni yo abramos la caja de Pandora con respecto a esta cuestión, existe un temor intrínseco en los Estados miembros y entre los ciudadanos europeos a que esto pueda suceder algún día. Por lo tanto, necesitamos una norma jurídica internacional de referencia, en interés de la diversidad y el intercambio cultural. Se trata de una idea que tenemos que estudiar. Se deriva lógicamente de la declaración de la Unesco, y la estamos estudiando con interés.
Mi opinión personal es que la viabilidad de un instrumento internacional depende, sobre todo, de su capacidad para desarrollar normas de referencia sobre la diversidad cultural, en el plano internacional. Inicialmente, debería provocar una reflexión sobre los indicadores de diversidad cultural.
Dicho esto, la protección de nuestra capacidad para apoyar la diversidad cultural conlleva, en primer lugar, una acción dentro de la Unión Europea. Sin embargo, muchos diputados de esta Cámara que han afirmado que necesitamos seguir avanzando están en lo cierto. Tenemos una responsabilidad internacional que va más allá de la Europa de los Quince o de los Veinticinco. El Tratado ya contempla esto. El apartado 4 del artículo 151 permite llevar a cabo acciones internacionales por lo que respecta a la cultura, y nosotros lo hacemos regularmente. Les garantizo que un director de cine de un tercer país no pudo pasar su película en Europa, sin una invitación a un festival de cine europeo. Sin duda, estamos abriéndonos a los demás. Me gustaría decirle al Sr. van Velzen que nuestro proyecto «Erasmus World» solo es posible porque el Tratado nos permite ir más allá de las fronteras de la Unión Europea.
Señorías, es necesario preservar esto en la Convención Europea y en el próximo Tratado. Se nos debe permitir, en el próximo Tratado, mantener nuestra capacidad para proteger la diversidad cultural de todo tipo, dentro de la Unión. Debemos también ser capaces de conservar nuestra capacidad de actuar más allá de las fronteras de la Unión, en el plano internacional. Esto podría implicar la creación de un acuerdo internacional tipo Unesco para proteger la cultura, o proyectos culturales como el «Erasmus World». Podría implicar también ayudar a la gente creativa de terceros países a expresarse en los foros que pongamos a su disposición.
Entenderán que cultura implica necesariamente apertura. Obviamente, esta apertura no es solo para los europeos: implica también abrir las puertas a artistas creativos y a otras personas de terceros países.

El Presidente.
 Me gustaría dar las gracias a la Comisión por estas intervenciones.
En relación con este debate, he aceptado seis propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento

Boudjenah (GUE/NGL)
A pesar de las palabras bonitas, el Parlamento Europeo sigue estando falto de información y, sobre todo, falto de consultas. No tenemos capacidad para ejercer el control parlamentario. ¿Qué valor tienen las reuniones sobre documentos confidenciales que se mantienen bajo llave? ¿Cómo podemos aceptar esta ausencia de debate democrático, cuando ni los parlamentos nacionales ni el Parlamento Europeo están implicados? La Comisión se apoya en un mandato general anterior a Seattle, que ya no tiene valor ni validez. Por lo tanto, no tiene el derecho legítimo a imponer sus decisiones. A través de peticiones agresivas dirigidas a terceros países -con respecto al sector del agua, sobre todo-, la Comisión está poniendo en peligro cualquier esfuerzo real por satisfacer las necesidades de las gentes de los países implicados. Es necesario promover otros valores, al margen de los beneficios de las multinacionales, del comercio por el comercio y de la lógica de la privatización: en especial, la necesidad de contar con unos servicios públicos sólidos, que son esenciales para lograr la igualdad y la cohesión social. Debemos preguntarnos por qué es tan difícil evaluar las consecuencias de la liberalización. La modernidad reside en la capacidad de los gobiernos de garantizar los derechos fundamentales, y no en una voluntad de satisfacer a los mercados financieros. Me sumo a más de 150 cargos electos franceses para pedir transparencia y la suspensión de las negociaciones, con el fin de evitar un AGCS irreversible.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0050/2003) del Sr. Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios [11146/1/2002 - C5-0533/2002 - 2001/0047(COD)].

Jarzembowski (PPE-DE)
Señora Presidenta, señora Vicepresidenta, Señorías, a pesar de las piedras lanzadas contra el Parlamento esta tarde, debemos debatir, de manera desapasionada y tranquila, una cuestión a la que hemos tenido que enfrentarnos durante meses e incluso años: el problema de la regulación de los puertos de mar. El Consejo finalmente alcanzó su Posición Común el 5 de noviembre, por lo que ya podemos pasar a la segunda fase.
Hay algo que creo que debe resultar evidente, incluso para aquellos que han estado lanzando piedras esta tarde, y es que los puertos de mar necesitan ser regulados de la misma manera en toda la Unión Europea, dado que, como nodos del transporte intermodal, son una parte fundamental de la política de transportes europea. Es necesario mejorar los puertos europeos, y esta mejora debe realizarse, por una parte, por medio de normas claras sobre la competencia entre puertos y dentro de cada puerto y, por otra parte, mediante un acceso transparente al mercado de los servicios portuarios.
El Consejo ha declarado su posición, y ahora, basándonos en esta primera posición, tenemos que dar nuestra opinión, de nuevo. Hay cuatro cosas que quiero decir acerca de las 34 enmiendas que ha presentado la comisión: en primer lugar, la comisión opina que necesitamos unas disposiciones sin ambigüedades que establezcan unas condiciones justas para la competencia entre puertos. Aunque el Consejo y la Comisión han realizado declaraciones en las Actas del Consejo, con el fin de que también puedan apreciar la necesidad de un marco de condiciones justas para la competencia, tales declaraciones de intención no resultan satisfactorias, puesto que, aunque la Comisión fuese a hacer extensiva a los puertos la directiva sobre transparencia, no conseguiría lo que queremos, que es, en primer lugar, que las empresas que operan fuera de los puertos y las empresas portuarias proporcionen, ellas mismas, a los Estados miembros y a la Comisión los detalles sobre los vínculos financieros que existen entre ellas y el Estado, la región y las ciudades; en segundo lugar, que la Comisión actúe basándose en esta información; en tercer lugar, que prohíba las medidas que distorsionan la competencia; y, finalmente, que nos presente un informe sobre la transparencia que nos permita saber los aspectos en los que debemos seguir trabajando. 
Señora Presidenta, el reglamento sobre ayudas estatales que la Comisión presentó en el último momento, tampoco es adecuado.
Tiene que haber una seguridad jurídica para los puertos y las empresas portuarias. Tenemos que saber qué acuerdos financieros relacionados con la infraestructura portuaria no constituyen subvenciones y no precisan ser modificados, y cuáles, en realidad, son subvenciones y necesitan ser aprobados. De esto se deriva que necesitamos directrices claras y vinculantes.
En segundo lugar, estamos de acuerdo -en la comisión, en cualquier caso- en que es necesario eliminar los servicios de practicaje del ámbito de aplicación de la directiva. El planteamiento del Consejo consiste en mantener los servicios de practicaje dentro del ámbito de aplicación de la directiva, para después afirmar que todos son libres de hacer lo que deseen. Frente a esto, apoyamos los reglamentos claros y francos. Queremos que los servicios de practicaje de los Estados miembros estén regulados en interés de los ciudadanos y de acuerdo con los requisitos de seguridad en vigor en cada Estado miembro, independientemente de que dichos servicios de practicaje sean privados o públicos. Es algo que los Estados miembros deberían regular ellos mismos.
La manifestación y una serie de huelgas en los puertos europeos están relacionadas con la autoasistencia, y esto es lo que me sorprende enormemente. Al fin y al cabo, todos nosotros nos pasamos la semana pasada debatiendo con sindicalistas. Fue el Parlamento el que, durante la fase de la primera lectura, limitó la autoasistencia al propio personal y equipo del puerto. El informe de la comisión introduce una nueva limitación a la propia tripulación del barco. Los sindicatos están convocando huelgas y no sé por qué. Si, en general, se oponen a la regulación europea de los puertos, dejémosles que lo digan. No lo han dicho hasta ahora.
En mi opinión, existe una gran competencia entre los puertos, y debe existir una apertura y un equilibrio justo entre los intereses de las empresas de transporte marítimo y las empresas portuarias. Un puerto no pertenece ni a las personas que trabajan en él, ni a ningún monopolio portuario público, ni a las empresas de transporte marítimo. Es necesario hallar un equilibrio entre la competencia leal y la libertad empresarial, y por este motivo, solo puedo decir que nuestra propuesta con respecto a la autoasistencia es la adecuada. No entiendo tampoco por qué algunos dicen ahora que tenemos que someter todos los servicios portuarios a un acuerdo condicional. La Comisión ha declarado que los Estados miembros pueden exigir que se sometan a aprobación. En la fase de la primera lectura, el Parlamento adoptó exactamente la misma postura, al igual que el Consejo en su Posición Común.
No existe absolutamente ningún motivo (es algo, señora Presidenta, que me parece inadmisible) para votar mañana enmiendas que imponen, en el apartado 1 del artículo 6, la aprobación obligatoria para todos los Estados miembros a la vez. Los belgas pueden hacer las cosas como quieran, pero no tiene sentido imponer un modo de proceder a los finlandeses y, por eso, mañana no debería haber malentendidos en esta Cámara y no deberían mencionarse las campañas electorales, independientemente de donde tengan lugar. Por supuesto, nosotros deseamos que los pagos compensatorios se estipulen de forma obligatoria, con criterios claros, para evitar grandes problemas en este sentido.
Sé, señora Presidenta, que usted y yo tenemos una excelente relación, pero con respecto a este punto estamos, por desgracia, en total desacuerdo, y me gustaría pedirle de nuevo que analice con más detenimiento esta cuestión. Lo que pide este Parlamento es un reglamento que mantenga un equilibrio entre los intereses de las empresas de transporte marítimo, de los empresarios portuarios y de los trabajadores con base en tierra o embarcados. La propuesta que vamos a presentar es una gran propuesta que debería ser analizada muy detenidamente por todas estas partes, y en el procedimiento de conciliación, deberían también apoyar las disposiciones relativas a la transparencia. Ambas instituciones -el Consejo también, espero- queremos que los puertos marítimos sean eficientes y funcionen bien. Queremos que sean lugares donde los trabajadores y los empresarios puedan convivir amigablemente.

De Palacio
. (ES) Señora Presidenta, en primer lugar, Señorías, quisiera expresar mi agradecimiento a la labor realizada hasta la fecha por este Parlamento en relación con esta importantísima Directiva y quiero, muy especialmente, dar las gracias al ponente, Sr. Jarzembowski, por el trabajo realizado en el ámbito de esta cuestión, de gran importancia para que la Unión Europea pueda disponer de un sistema de transportes competitivo.
Nos solemos lamentar porque Europa podría utilizar también el transporte marítimo como alternativa al transporte por carretera, al transporte terrestre en general. Sin embargo, ahora nos encontramos con que a veces los mismos que dicen que tenemos que promocionar más el transporte marítimo ponen dificultades a la hora de conseguir un sistema de transporte marítimo más competitivo y más adecuado a las nuevas circunstancias.
Necesitamos claramente mejorar la eficacia de los servicios portuarios, y eso es lo que pretende esta iniciativa. Necesitamos mejorar la eficacia de esos servicios, terminar con situaciones de monopolio que, a veces, suponen que los mismos servicios cuestan tres o cuatro veces más en un puerto que en otro de la Unión Europea, lo cual indica que hay algo que no funciona, e -insisto- todo ello garantizando, excluyendo o poniendo límites y garantías para que los aspectos relacionados con la seguridad marítima se sigan manteniendo en sus más altos niveles.
Nosotros, desde la Comisión, consideramos que la Posición Común del Consejo tiene en cuenta, en gran medida, las enmiendas que en primera lectura aprobó este Parlamento y que constituye una solución equilibrada para conseguir esos objetivos y creo que sería realmente un error no mantener ese equilibrio, cambiar las grandes líneas de equilibrio que se han establecido en el ámbito del Consejo.
En ese sentido, Señorías, les voy a facilitar la posición de la Comisión sobre las enmiendas propuestas. Algunas de ellas mejoran claramente la Posición Común del Consejo y, por lo tanto, la Comisión las acepta en su totalidad, en principio, o en parte. Es decir, que, una vez más, la Comisión hace un esfuerzo para que el sistema de codecisión funcione lo mejor posible.
Quiero referirme, en primer lugar, en este terreno, a las enmiendas que hacen pertinentes las disposiciones de la directiva de la Comisión sobre transparencia respecto a los puertos a los que se aplica la Directiva que nos ocupa. Con ello se logra el objetivo que todos hemos compartido desde el principio y lamento, en ese sentido, que el ponente, Sr. Jarzembowski, considere que es insuficiente lo ahí planteado. De todas formas, me referiré más adelante, en particular, a algunas de las enmiendas que se ocupan de estos aspectos.
En segundo lugar, podemos aceptar la enmienda 11 -que se refiere a una periodicidad inferior de la revisión de la lista de los puertos de carácter muy estacional- y las enmiendas 5 y 27 -que proporcionan ejemplos de bienes muebles costosos que podrían equipararse, por lo tanto, a los bienes inmuebles a la hora de contemplar las amortizaciones o los costes residuales. Además, podemos apoyar todas aquellas enmiendas que, sin entrar en detalle, creemos que constituyen aportaciones adecuadas a la Posición Común o las que aportan una aclaración adicional, de una manera o de otra, al texto definitivo.
Insisto, quiero felicitar una vez más por el trabajo realizado tanto al Sr. Jarzembowski como a la Comisión de Transportes en general.
Sin embargo, algunas enmiendas parecen tratar de ralentizar, incluso de paralizar los esfuerzos desplegados para impulsar esta dinamización de los puertos europeos, para mejorar, como he dicho antes, el potencial del transporte marítimo de larga distancia, facilitando nuestras exportaciones en los ámbitos mundiales, pero también de corta distancia, constituyendo con ello una alternativa al transporte terrestre. Queda, por lo tanto, claro que no podemos apoyar las enmiendas 36 y 66 que piden que se rechace la Posición Común del Consejo.
Dicho esto, quisiera hacer unas breves referencias a otras cuestiones de las que ha hablado el Sr. Jarzembowski.
En primer lugar, la cuestión de la competencia entre puertos. Sé que es una cuestión que preocupa mucho al ponente y a otras de sus Señorías y, además, entiendo que hay que avanzar en ello. De ahí que yo haya planteado aceptar las enmiendas que proponen la inclusión de los puertos en la Directiva de la Comisión sobre transparencia. La Comisión entiende la inquietud que existe. De hecho, nuestro reciente documento sobre este asunto es prueba de nuestra voluntad de solucionar el problema respetando, sin embargo, las disposiciones del Tratado, señor Jarzembowski. Es decir, las ayudas de Estado tienen un marco -que es el que hemos planteado-, pero no se pueden regular sin más, es el propio Tratado el que impone el marco normativo. Tenemos que hacer una clarificación para evitar, como decía, dudas o inseguridades jurídicas. Y, por ello, señor Jarzembowski, digo que la enmienda 15 va más allá de tales disposiciones y no podemos aceptarla.
Sin embargo, estamos dispuestos a intentar buscar con sus Señorías una vía aceptable para todos. En ese sentido, la enmienda 10, debidamente modificada, con algunos ajustes importantes en consonancia con la solución que podamos encontrar, podría darnos pie a encontrar esa fórmula de compromiso. Les rogaría que trabajáramos al máximo para buscarla cuanto antes.
En cuanto a la enmienda 16, he de recordarles que la propia Comisión, en el contexto del denominado «conjunto de medidas portuarias», ya llevó a cabo un estudio como el que solicita y la cooperación por parte de los puertos, lamentablemente, fue escasa.
Segundo: ha hablado el Sr. Jarzembowski de la práctica de la autoasistencia. En todo puerto moderno debería permitirse esa práctica cuando sea posible, tanto respecto a operaciones a bordo como en tierra. La Posición Común refleja este deseo de enviar un mensaje de progreso y no de mirar para atrás y de rigidez. Un mensaje de progreso, de avance, pero con todas las garantías. En ese sentido, se deja claramente dicho que ese tipo de actuaciones tienen que cumplir las normas sociales, medioambientales y de seguridad exigibles en cada puerto y que esa exigencia es esencial para poder llevar a cabo esa autoasistencia.
Aquellas enmiendas que restringen seriamente este enfoque -ya que, de distintas maneras, circunscriben las operaciones de autoasistencia-, limitándolas exclusivamente a la gente de la mar, no pueden ser aceptadas. Entre otras cosas -estamos hablando de barcos de terceros países y de países de la Unión Europea-, porque esas tripulaciones no tienen las exigencias propias que tienen los profesionales que trabajan en nuestros puertos y lo que estamos planteando en la Posición Común del Consejo es que, para llevar a cabo estas actuaciones, se tenga que hacer encuadrados en normas sociales y de seguridad conformes a la normativa de cada puerto. Porque la limitación adicional relativa a los buques que enarbolan pabellón de la Unión enfrentaría a la Comunidad con sus socios en el mundo y eso también hay que evitarlo.
Por último -brevemente-, siempre hemos considerado que el practicaje se trata de un servicio comercial. Por consiguiente, el acceso a tal servicio debería estar regulado por el Tratado y por esta Directiva. Por esta razón, apoyamos el consenso alcanzado en la Posición Común en el sentido de que las autorizaciones deben condicionarse al cumplimiento de unos criterios particularmente estrictos en relación con las obligaciones de servicio público y con la seguridad marítima -y de nuevo volvemos a la realidad de cada puerto-. Pero este enfoque se puede adaptar mediante soluciones específicas para cada puerto, que permitan la autoasistencia, en el ámbito del practicaje, en forma de certificados de exención, bajo determinadas condiciones.
Como conclusión, señor Presidente, Señorías, la votación de mañana tendrá grandes repercusiones sobre el proceso legislativo. La Comisión se ha mostrado siempre dispuesta a encontrar soluciones constructivas con el Parlamento Europeo. Quiero recordarles una vez más que nuestro objetivo general es garantizar que la industria de los servicios portuarios, en plena expansión, esté lista para afrontar los retos que tenemos por delante. Es más, el futuro sistema de transporte europeo sólo saldrá ganando con puertos eficaces y de amplias miras.
Por lo tanto, una vez más, quiero pedirles su apoyo para esta propuesta de la Comisión y felicitar al ponente, Sr. Jarzembowski, y a todo el equipo que ha trabajado en este texto, y a sus Señorías por su atención.

Hatzidakis (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, hemos llegado a la segunda lectura, un hito en el largo y difícil camino hacia la liberalización de los servicios portuarios, y creo que todos deberíamos comenzar felicitando a nuestro ponente, el Sr. Jarzembowski, por su buen trabajo.
Dicho esto, soy consciente de que, tan pronto me siente, varios de mis colegas diputados sin duda intervendrán para oponerse a la liberalización o al menos para hacer comentarios con vistas a cercenar gravemente la liberalización de los servicios portuarios. Lo que tengo que decir a estos diputados, cuya opinión por supuesto respeto, es que no consigo entender cómo podemos estar a favor de la liberalización del ferrocarril, a favor de la liberalización del transporte aéreo, a favor de la liberalización de las telecomunicaciones, pero en contra de la liberalización de los servicios portuarios. No puede ser que apliquemos un doble rasero. A mi, desde luego, me resulta incomprensible.
En segundo lugar, quisiera decir a todos -incluidos los trabajadores portuarios que están protestando hoy- que, en mi opinión personal, se beneficiarán de la liberalización de los servicios portuarios a medio y largo plazo, dado que generará nuevos empleos. No tenemos nada en contra de estas personas. Al contrario, reconocemos que su trabajo ayuda a impulsar el crecimiento económico; pero no deberían obstaculizar una mayor liberalización y, por extensión, un mayor crecimiento de la economía europea. El Parlamento Europeo, al menos la mayoría de la comisión, ha defendido hasta el momento varios principios firmes, siendo uno de ellos nuestra adhesión a la liberalización de los servicios, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para el crecimiento económico. Y puesto que nos adherimos a este principio, señora Comisaria, hemos adoptado una enmienda, a la que se ha referido el ponente y que pretende impedir el trato discriminatorio por parte de las autoridades portuarias, de forma que los puertos de la Unión Europea puedan competir entre sí. Al hacerlo, por supuesto hemos escuchado atentamente lo que el sector y las partes interesadas tenían que decir. Por ello mantenemos nuestra postura sobre el practicaje, cuestión en que deben tenerse en cuenta las idiosincrasias, los distintos enfoques y factores de seguridad. Por este motivo tenemos un punto de vista distinto del del Consejo, un punto de vista más amigable, si lo desean, sobre las reivindicaciones de los trabajadores y de la cuestión de la autoasistencia. Nos centramos en una formación adecuada del personal, que es por lo que creo que las reivindicaciones actuales de los trabajadores portuarios sobre la cuestión de la autoasistencia son un tanto exageradas. Siendo esta nuestra posición, y dada la posición adoptada por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo cuando votó a favor del informe, creo que este es el planteamiento adecuado si nosotros y el Consejo queremos conseguir que se apruebe una legislación aceptable para todas las partes a la mayor brevedad posible.

Piecyk (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que es cierto que, respecto a lo que usted tenía que decir, ha afrontado el problema de frente bastante inequívocamente, pero debería ser consciente de que las enmiendas de la comisión, sobre las que ha hecho comentarios críticos, son fruto de importantes mayorías en la comisión, por lo que quisiera expresar mi gratitud al Sr. Jarzembowski. Las hemos aprobado con un alto grado de unanimidad, y creo que conseguiremos una mayoría absoluta de 314 votos en los aspectos decisivos cuando votemos mañana.
Al debatir el paquete parcial hoy y votar mañana sobre el mismo, sabemos que muchas ciudades portuarias europeas -y pongo el acento en la palabra ciudades- han visto cómo sus trabajadores, temiendo por su trabajo, temiendo el dumping social, han salido a la calle y se han manifestado, y afirmo, en mi nombre y en el de mi Grupo, que comprendemos a los trabajadores portuarios cuando llaman la atención sobre sus preocupaciones y necesidades. Tienen todo el derecho a hacerlo, pero en mi opinión, no tienen derecho a lanzar piedras ni a enfrentarse a la policía. Considero que las manifestaciones de las ciudades portuarias apoyan el trabajo que estamos haciendo, ya que la Posición Común incluye en efecto varios aspectos detestables que no podemos aceptar; son estos aspectos de la Posición Común los que queremos cambiar hoy y mañana.
El aspecto más detestable es la formulación sobre la autoasistencia, que también incluirá lo que se hace en tierra. Permítanme decir sin ambages que, en nuestra opinión, esto es inaceptable. Opinamos que la autoasistencia solamente puede referirse a aquellas cosas que puede hacer un barco y su empresa por sí solos. Cualquier otra cosa que no esté en él, como indica el propio término de «autoasistencia», cualquier otra cosa sería asistencia por parte de otros.
Permítanme decir, a la atención de la Comisión y el Consejo, que los socialdemócratas no creemos que esta definición de autoasistencia pueda negociarse en un procedimiento de conciliación. De ahí no nos moveremos, ni aquí ni en el procedimiento de conciliación. Quiero señalar que la Directiva contiene viarias disposiciones que tratan -en beneficio de los trabajadores- la protección social, los aspectos de seguridad social y su cualificación para los trabajos que desempeñan. Creo que la comisión ha hecho un excelente trabajo en estos aspectos, y los socialdemócratas han presentado enmiendas para introducir mejoras globales. Ustedes pueden votar mañana a favor de todas estas enmiendas, y entonces todo será un poco mejor para los trabajadores.
Por último, me remito a la cuestión de los servicios de practicaje, un aspecto en que la Comisión se mostró muy deseosa -el Consejo no tanto- de introducir la competencia. Creemos que esto es un error. Como medios de transporte, los barcos están sometidos a tantas restricciones y se enfrentan a una competencia tan grande que a menudo la seguridad se deja de lado. Como hemos visto en los casos del Prestige y el Erika, los prácticos deben responder de la seguridad de los barcos. Por lo tanto, no tienen nada que ver con esta Directiva.
En general, como ha indicado el Sr. Jarzembowski, ahora hemos prestado mucha atención a la competencia en los puertos. Mi principal problema sigue siendo la competencia entre unos puertos y otros, que es el aspecto en el que la Comisión no ha hecho lo suficiente. Esperamos que la Comisión nos presente ahora algo positivo en este ámbito, de forma que lleguemos a abordar realmente el problema de la competencia entre puertos.

Sterckx (ELDR).
Gracias, señor Presidente. Señora Comisaria, el acceso a los servicios portuarios debe ser lo más abierto posible, y un puerto debe poder operar de la mejor manera posible. Esta Directiva es una contribución, pero también necesitamos directrices para la ayuda gubernamental y una directiva sobre relaciones financieras transparentes entre el sector portuario y el Gobierno. Estamos elaborando también, y con razón, normas que crean un marco para la libre circulación de servicios y, también con razón, incluimos aspectos específicos de los puertos. Los sindicatos están asimismo en lo cierto al señalarnos los riesgos de los puertos de conveniencia, puertos en los que todas las normas sociales se tiran por la borda, al igual que existen banderas de conveniencia, pabellones baratos, para los barcos.
Por este motivo debemos imponer requisitos -inclusive sociales- a todo aquel que desee ofrecer servicios en un puerto. Por este motivo también proponemos introducir la obtención de licencias obligatorias para prestar servicios en los puertos. Esto permitirá que se tengan en cuenta aspectos como la seguridad y el medio ambiente, además de las normas sociales y el empleo. El accidente del Prestige, un accidente que una vez más centró nuestra atención en la formación y la calidad de las tripulaciones de los barcos, que también estamos tratando aquí, afortunadamente no se había producido todavía en el momento de la primera lectura. Desde entonces también hemos tenido una propuesta de la Organización Marítima Internacional sobre la seguridad en los barcos y los puertos, y de hecho ustedes están trabajando sobre la legislación al respecto. Por lo tanto, debemos saber quién trabaja en nuestros puertos y en qué condiciones. Con una buena política de licencias, las autoridades competentes deberían poder garantizar que un puerto no es un lugar en el que se asumen riesgos de seguridad o medioambientales, que un puerto no es un lugar en el que se permite el dumping social, sino que un puerto es de hecho un vínculo vital en una política de transportes europea eficaz y sostenible. Esto es algo que necesitamos urgentemente.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, esta Directiva sobre la apertura de todos los servicios portuarios a la competencia ya la debatimos en primera lectura. Todo el mundo hizo sus comentarios al respecto. Posteriormente, el Consejo manifestó su posición. Tenemos ante nosotros una Directiva liberal que, como es costumbre, busca únicamente reducir los costes, en detrimento de todos los demás factores. Aunque el ponente, el Sr. Jarzembowski, se ha reunido con muchas personas y ha incluido un número de propuestas de mejora, la situación, el problema fundamental, todavía persiste. No ha habido una verdadera consulta con los sindicatos u otras partes implicadas, a pesar del hecho de que estas instancias están familiarizadas con los requisitos de seguridad y medioambientales y de que cuentan con conocimientos inestimables. Por otra parte, el hecho de que sigamos legislando en contra de los trabajadores de este sector se ha puesto de manifiesto esta tarde con la imponente manifestación de los trabajadores portuarios. A este respecto, apoyo la protesta del Sr. Wurtz, presidente de mi Grupo, en el sentido de que la actitud de la policía hacia los manifestantes ha sido inaceptable. Como ha dicho, la protesta de los trabajadores es legítima. A la vista de que se está destruyendo su actividad y sus empleos, no podemos esperar que vengan a las instituciones europeas con ramos de flores.
Por otra parte, no se ha hecho una evaluación previa de los efectos de esta liberalización, especialmente en lo que respecta a cuestiones importantes como el empleo, la seguridad y el medio ambiente. De acuerdo con mi colega diputado, el Sr. Hatzidakis, la liberalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo económico. Bien, todavía estoy esperando una evaluación. Quiero conocer el efecto de esto sobre otros sectores. Ya llevamos esperando bastante tiempo. Independientemente de las enmiendas incorporadas, el texto sigue siendo liberal. Nos guste o no, la autoasistencia en los puertos será equivalente a permitir el dumping social, pese a las diversas cláusulas de salvaguardia incluidas. Estas se refieren a la seguridad, a la formación requerida del personal e incluso a la naturaleza del personal de a bordo. Esta Directiva permite emplear a trabajadores ajenos al puerto para hacer el trabajo de los trabajadores cualificados actualmente empleados. El concepto de la autoasistencia comportará inseguridad, peores condiciones de trabajo y empleo y niveles más bajos de seguridad medioambiental. Este es un paso especialmente retrógrado en comparación con las prácticas actuales de las flotas comerciales, que han demostrado que las consecuencias pueden ser muy graves para la Unión Europea.
Empleados como los trabajadores portuarios desempeñan una función económica muy importante en condiciones difíciles, al tiempo que mantienen los niveles de seguridad. Servicios como el practicaje y amarradero no están comprendidos en esta Directiva, aunque están universalmente reconocidos como servicios de interés general. Creo que todos estos sectores deberían considerarse socios en la búsqueda del desarrollo sostenible.
Por último, tras los daños causados por el Prestige, he tenido ocasión de reunirme con profesionales del sector marítimo en Francia para debatir sobre cuestiones de seguridad. Todos ellos insistieron en que la seguridad marítima comienza en los puertos. Por lo tanto, creo que las medidas aquí adoptadas tras el hundimiento del Prestige y la decisión tomada hoy de imponer la autoasistencia son totalmente contradictorias. Estas son, por lo tanto, las razones por las que mi Grupo seguirá rechazando la Posición Común.

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, ponente, la apertura de los mercados, la liberalización, los servicios portuarios: estos son los temas centrales, pero hoy hemos estado hablando naturalmente de determinados elementos concretos, dos para ser exactos: la autorización y la obtención de licencias para estos servicios y esta nueva prestación de servicios, y la autoasistencia. En ambos casos puede verse afectada la situación de los trabajadores. Por lo tanto, quiero decirle a la señora Comisaria que desde mi punto de vista estoy a favor de que haya más transporte marítimo, de sustituir otras formas de transporte, por ejemplo, pero no estoy a favor de mermar los derechos sociales. Por lo tanto, quiero expresar mi preocupación sobre lo que está pasando aquí, no solo como ponente alternativo sobre este tema en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sino también como presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
Cuando vemos lo que plantean en la actualidad las asociaciones empresariales -y otros, dicho sea de paso-, tema sobre el cual me gustaría que se explayara también un poco más la señora Comisaria, a saber, que existe un conflicto entre los convenios de la OIT -la Organización Internacional del Trabajo- nº 137, relativo a las actividades portuarias, y nº 152, relativo a las condiciones de trabajo de dichas actividades portuarias, y la Directiva de la UE en su forma actual, entonces me pregunto si no nos hemos adelantado a los acontecimientos. Parece que hay un problema importante, y me gustaría saber si realmente existe, dado que todavía no hemos llegado al final del camino. Tras la votación de mañana acudiremos al arbitraje, después haremos otra votación y a continuación espera el Tribunal Europeo, puedo asegurárselo. 
En segundo lugar, uno de los motivos por el que la gente que protesta en la actualidad está enfadada es el hecho de que varias enmiendas que pretendemos introducir, relativas entre otras cosas a la autorización, las licencias y el artículo 13 sobre autoasistencia, se han declarado inadmisibles.
Las cosas cambian en el mundo, las personas vienen con nuevos argumentos, y espero que el Presidente también nos permita hacer mañana algo al respecto. Por lo demás, estoy de acuerdo con el Sr. Jarzembowski y otros en que esta Directiva portuaria sobre la competencia en los puertos es totalmente inadmisible si no contamos con un mecanismo simultáneo, un reglamento, sobre la competencia entre puertos. Todavía estamos esperándolo. Pido que relacionemos estos dos aspectos.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando hace un tiempo examinamos aquí el Libro verde sobre puertos e infraestructuras marítimas, el Parlamento se delimitó claramente el ámbito en que a nuestro entender la Comisión debería trabajar. En primer lugar, el inventario sobre la financiación y el sistema de aranceles portuarios, normas claras sobre las ayudas estatales a los puertos y, por último, la adopción de medidas que garanticen el acceso al mercado de los servicios portuarios a través de instrumentos legislativos establecidos por iniciativa de la Comisión y dentro de sus competencias.
Sin embargo, la Comisión, en contra de lo que se le pidió, decidió proponer una Directiva sobre servicios portuarios y omitir lo que el Parlamento le había encargado: normas claras sobre las ayudas estatales. Quizás sea este uno de los motivos por los que la Directiva, a pesar de los cambios que se han introducido, ha sido contestada tan intensamente en distintos niveles, inclusive aquí en el Parlamento, donde se ha presentado un gran número de enmiendas en segunda lectura.
De hecho, la Directiva no comporta ninguna medida que beneficie a la operatividad y la eficacia de los puertos nacionales en lo que respecta a Portugal, y en su lugar genera burocracia innecesaria y constituye una amenaza potencialmente desestabilizadora para la armonía social que ha marcado las relaciones entre los interlocutores sociales en todos los puertos portugueses.
No debemos olvidar el hecho de que, especialmente en Portugal, algunas empresas han asumido recientemente obligaciones derivadas de los requisitos legales, como la de tener que absorber a todos los trabajadores contratados en cualquier puesto en los puertos y cuyos intereses deben salvaguardarse ahora. Por lo tanto, no podemos aceptar el hecho de que esta Directiva permita a cualquier usuario de los puertos, esté o no acreditado, participar en actividades de manipulación de la carga, contraviniendo la legislación nacional sobre el trabajo o sobre la gestión portuaria, que es de obligado cumplimiento para todos los operadores portuarios, en condiciones distintas a las establecidas, concretamente en lo que respecta al uso del equipo y los trabajadores propios de los operadores, y posiblemente en muelles para los que se ha otorgado una concesión de servicio público.
Como he dicho, la obligación de los operadores portuarios actuales de absorber a los trabajadores contratados en los puertos con salarios aproximadamente tres veces superiores al promedio en sectores con requisitos operativos idénticos, significa que la Directiva no podrá permitir que un usuario portuario participe en actividades de manipulación de la carga sin tener que estar acreditado, empleando por lo tanto a trabajadores en condiciones más favorables que las que vinculan a los actuales operadores portuarios conforme a la legislación y conforme a los acuerdos establecidos por convenio colectivo.
A este respecto, mantenemos claramente que la autoasistencia debe limitarse al trabajo de la propia tripulación de un barco, como el propio término de «autoasistencia» indica, y utilizarse como complemento del operador portuario y en conjunción con el mismo. La autoasistencia es el aspecto más controvertido de la Directiva y el aspecto que tendrá mayores implicaciones para los agentes económicos, especialmente en mi país, sobre todo para los agentes económicos portugueses, en el caso de que la formulación que acaba de aprobarse no salvaguarde los principios previamente especificados.

Esclopé (EDD).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque esta propuesta de directiva ha sido notablemente modificada, no creo que sea ahora ni un ápice más idónea que lo que era en primera lectura. Desde mi punto de vista, las razones para excluir los servicios de practicaje del ámbito de aplicación de la Directiva deben aplicarse a todos los servicios náuticos de carácter técnico. La calidad del servicio y la seguridad de las operaciones forman parte de todos estos servicios.
Esta Directiva tiene un único objetivo. Pretende establecer la libre competencia, lo que al parecer implica abrir a la compatencia los mercados considerados suficientemente rentables. Aunque se reconoce la eficacia y la fiabilidad de los servicios públicos, esto se ve eclipsado por el interés, o más bien los intereses derivados del proceso. La autoasistencia es un ejemplo de esta visión liberal. Aunque ahora tiene un marco mejor definido, en su mayor parte ignora los altos niveles de seguridad que rigen actualmente.
¿Es realista imaginar que las dos funciones que actualmente cumplen profesionales cualificados sean encomendadas en el futuro a trabajadores no especializados de un modo totalmente fragmentado? Los trabajadores portuarios han expresado su descontento con las manifestaciones en Bruselas el viernes y esta tarde en Estrasburgo. Las manifestaciones muestran hasta qué punto están desencantados con las instituciones europeas que están alejadas de la realidad y de las preocupaciones de los ciudadanos de Europa. Ven cómo las autoridades se aferran obstinadamente a sus posturas dogmáticas. Esto es tanto más inaceptable cuando se trata de cuestiones de seguridad.
No voy a insistir en cuestiones que ya han planteado algunos de mis colegas diputados en el debate sobre el documento anterior. Han señalado las repercusiones negativas de los anteriores casos de liberalización, que resultaron impopulares por estar mal preparados y fueron impuestos. Después de los accidentes del Erika y del Prestige no se puede alegar ignorancia o sostener que tales percances eran muy improbables. Si ocurren accidentes, la Unión Europea y sus instituciones han de actuar conforme a su responsabilidad ante los ciudadanos de Europa.

Vanhecke (NI).
Señor Presidente, huelga decir que me opongo enérgicamente a la Directiva que tenemos ante nosotros, especialmente en lo que respecta a la autoasistencia. Quiero expresar categóricamente mi plena solidaridad con los trabajadores que han venido a Estrasburgo hoy para manifestarse. Después de todo, por la experiencia práctica en mi propio país, Flandes, sabemos que el sistema común con trabajadores portuarios reconocidos garantiza que contamos con personas cualificadas y motivadas que trabajan en nuestros puertos y que pueden considerarse entre los trabajadores más cualificados del mundo. Son su dedicación y sus conocimientos profesionales los que hacen que nuestros puertos sean organizaciones de manipulación rápidas, competitivas y especialmente seguras. Me gustaría saber por qué algo que de hecho es perfecto debe modificarse o desmantelarse.
El desmantelamiento de este sistema común y del monopolio de los trabajadores portuarios no solo dará lugar al enésimo cementerio social, sino que también socavará la seguridad de nuestros puertos, desestabilizará la paz social con la que contamos, inutilizará la fuerza de nuestros puertos e incluso reforzará el sentimiento antieuropeo. Después de todo, el ciudadano de a pie debería darse cuenta de que los sólidos expedientes europeos o los expedientes con una fuerte dimensión europea que deben desbloquearse con el fin de garantizar nuestra prosperidad no nos llevarán de hecho a ninguna parte. Tomemos por ejemplo la línea de ferrocarril de IJzeren Rijn; no ha habido ningún avance al respecto, pero Europa parece considerar una prioridad aquellas medidas que sabemos que solamente darán lugar a una crisis social y un mayor desempleo. Europa está dando la impresión de que da prioridad a los intereses de determinadas compañías navieras -compañías que en numerosas ocasiones practican una especie de esclavitud moderna- sobre la supervivencia de sus mejores trabajadores portuarios. Solamente un claro «no» o «nunca» servirá de algo ante tanta ciega arrogancia europea. Hoy debemos aclarar las cosas al máximo posible a los trabajadores portuarios flamencos: obrar ante todo por tu propia gente es una garantía de seguridad y calidad.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, no se trata de una moción de procedimiento, sino de un hecho personal. Lo que acabamos de escuchar del Sr. Vanhecke constituye una afrenta personal, no solo una afrenta a mi persona, sino a todos los diputados flamencos que han trabajado durante meses junto con los directores de los puertos y los sindicatos para convertir esta Directiva en algo bueno. Entonces, el Sr. Vanhecke llega aquí y aporrea su tambor. Ni si quiera ha tomado una sola iniciativa propia; en la primera lectura incluso se abstuvo sobre el tema de la autoasistencia y ahora viene y trata de adjudicarse puntos. Esto es inaceptable; es inaceptable para todos los diputados que han trabajado con tanto ahínco: la Sra. Smet, el Sr. Sterckx, la Sra. Maes, la Sra. Van Brempt, el Sr. Dhaene y yo mismo. Protesto.

Peijs (PPE-DE).
Señor Presidente, el libre acceso a los servicios portuarios es muy importante para garantizar la competencia leal en los puertos. La competencia entre los puertos también es importante, así que la Comisión debe garantizar una mayor transparencia en las inversiones públicas que benefician a los puertos. La Directiva actual ha tenido un comienzo confuso, pero por fin tenemos un buen documento sobre la mesa.
Quiero comentar dos aspectos. En primer lugar, la autoasistencia. Los trabajadores portuarios se manifestaron la semana pasada y lo hacen hoy delante de los edificios del Parlamento. Tienen todo el derecho a hacerlo, pero si alguna vez ha habido una directiva que tuviera en cuenta todos los derechos e intereses de los trabajadores portuarios, sin duda es esta Directiva. Su situación y su posición social está muy bien protegida mediante varios artículos de la Directiva, así como su formación y sus cualificaciones profesionales. Por mucho que los empresarios portuarios lo deseen, no será posible utilizar a trabajadores con escasa formación y no cualificados que puedan suponer una amenaza para la seguridad de los puertos.
Sin embargo, lo que sí queremos dejar claro -y todos hablan siempre de los derechos de los trabajadores, señor Bouwman- es que los empresarios también tienen derechos, aunque nunca los defienda nadie. El derecho del empresario a saber con quién trabajará es, en mi opinión, el derecho del empresario. Por lo tanto, no apoyo la enmienda nº 13, en la que la autoasistencia se atenúa una vez más, y eso en una definición, ¿será posible? Para garantizar que todos los Estados miembros cuentan con normativas en las que todo está garantizado, he presentado la enmienda nº 28, como habíamos prometido después de consultar con la FNV.
El segundo punto de interés trata de los servicios de practicaje. Comparto sin reservas el punto de vista del Consejo sobre este tema. En la formulación del Consejo, los Estados miembros pueden liberalizar sus servicios de practicaje si lo desean, pero deben hacerlo conforme a la Directiva. En otras palabras, con toda la protección y las cualificaciones profesionales que esto implica. No estoy a favor de eliminar a los prácticos de la Directiva. De todos modos, ¿de qué otra cosa trata esta Directiva?
La Posición Común es un texto equilibrado que no deberíamos retocar demasiado. Puntos importantes como las disposiciones sobre transparencia, la duración de las licencias, los puertos nuevos y las disposiciones relativas a la compensación que deben pagar los proveedores de servicios cuando se quedan fuera de un período contractual, son en mi opinión claras. A mi entender, el acuerdo de compensación puede mejorarse preferiblemente entre las partes del mercado implicadas sin interferencia externa. El texto de la Posición Común hace mucha más justicia a la gran diversidad de situaciones y normativas sobre este punto que las enmiendas presentadas.

Savary (PSE).
Señora Comisaria, debo reiterar la postura de los socialistas europeos sobre este documento. El examen de este informe comenzó de modo confuso durante la primera lectura. Nos oponemos al mismo por tres motivos principales.
En primer lugar, creemos que si queremos conseguir el objetivo de la movilidad sostenible en el marco de nuestra política portuaria, como propone el Libro Blanco, el problema de la competencia en los puertos realmente no es el modo más adecuado ni oportuno de plantear la cuestión. Están en juego problemas relativos al desarrollo de distintas zonas, el equilibrio norte-sur y los problemas de congestión en la zona de Pas-de-Calais, en particular. Nos parece que la Comisión no ha respondido a este problema y está mostrando prisa por liberalizar servicios portuarios que consideramos que no tendrán un efecto real.
En segundo lugar, aunque estamos a favor de la competencia, esta debe tener una base equitativa. La Comisaria ha dicho hace unos instantes que existe una relación de uno a tres entre los precios aplicados por distintos puertos europeos. Pese a que esto es probablemente cierto, la principal explicación reside en las condiciones sociales radicalmente diferentes de los distintos países. Sin directivas sobre aspectos sociales, convenios colectivos y estatutos armonizados, lo que ha sucedido por ejemplo en el transporte por carretera sucederá también en los puertos. En otras palabras, la competencia no será leal, sino que comportará una confluencia a la baja de las condiciones sociales. Los trabajadores portuarios entienden bien que no estamos instaurando la competencia, sino un terrible mecanismo de reducción de los precios y los salarios.
En tercer lugar, nos oponemos totalmente al modo en que se ha introducido el concepto de autoasistencia. ¿Por qué nos oponemos? El Sr. Hatzidakis se preguntaba por qué no deberíamos liberalizar todo una vez que hemos liberalizado un sector. Él es totalmente consciente de que la mayor parte de las malas prácticas sociales probablemente se dan en el sector marítimo. Tememos que la autoasistencia simplemente sea una excusa para un importante dumping social. Queremos plantear las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos garantizar que se cumplirán las normas sociales nacionales si todas son diferentes? ¿Quién garantizará el cumplimiento de las normas sociales? ¿Cómo podemos garantizar que las tripulaciones multinacionales, formadas por filipinos y malasios, por ejemplo, respeten las normas sociales? ¿Cómo podemos garantizar la competencia leal con los trabajadores del puerto? Por este motivo proponemos que se rechace la Posición Común. Esto es también sin duda por lo que los trabajadores portuarios están manifestando su descontento.

Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, con toda la conmoción que hay fuera, la Directiva portuaria es quizás más controvertida en segunda lectura que durante el primer debate. Todavía no hemos decidido si mañana excluiremos realmente los servicios de practicaje. Por lo tanto, en el horizonte asoma la mediación con el Consejo. Como liberal, no estoy nada contento con el alcance. Me hubiese gustado una mayor libertad de acción, especialmente en la cuestión de la autoasistencia. Tengo varias enmiendas que permiten que los autoasistentes descarguen la carga tanto en el barco como en el muelle. Creo que el temor de los sindicatos ante el dumping social es una tontería. Pueden incorporarse garantías suficientes. En concreto, me parece lamentable que las personas que ocupan puestos de mando se comuniquen tan mal con el personal de a pie. No hay amenaza, solamente hay oportunidades. Oportunidades de demostrar que tienen más experiencia, que saben trabajar sin problemas y eficazmente y que por lo tanto pueden ofrecer un buen precio. En última instancia, de lo que estamos hablando es de mejorar la calidad y de prestar más servicios, pero no podemos permitir que se desarrolle un monopolio. Cerrar filas y detener la modernización irá en última instancia a expensas de las condiciones de trabajo de los propios trabajadores portuarios.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, hoy ha quedado claro una vez más lo lejos que está la toma de decisiones en la Unión Europea de la realidad de las personas a las que concierne. En este caso, dichas personas son los trabajadores de los puertos. Hubo un tiempo en que había muchos; su trabajo era sucio y peligroso, y estaba mal pagado entonces. Organizándose han podido mejorar estos aspectos y protegerse de la contratación externa de trabajo no cualificado y mal pagado por parte de contratistas ilegales. Hace años, el Parlamento Europeo solicitó normas para regular la competencia entre puertos, especialmente entre los que sirven al mismo hinterland, como los del Mar del Norte. Se ha despilfarrado mucho dinero público en aranceles excesivamente bajos e instalaciones excesivamente generosas para complacer a las compañías navieras.
La Comisión Europea ha retomado ahora este tema, pero no con la idea de limitar la competencia entre los puertos, sino para promoverla dentro de los mimos. Esta competencia está pisoteando a los trabajadores portuarios, lo que comporta un regreso a la antigua situación. El principal objetivo es recortar todavía más los costes de la mano de obra. Gran parte del trabajo ya está mecanizado, y en la actualidad el coste laboral en el puerto representa solamente una parte insignificante del coste de las mercancías, pero aún así quieren recortarlo. Es cierto que la enmienda limita las posibilidades de que tripulaciones muy mal pagadas de países en desarrollo lleven a cabo la carga y la descarga en los muelles en vez de los trabajadores portuarios registrados del lugar, pero esto es difícil de controlar. Cabe prever en los próximos años un gran número de disputas en torno al incumplimiento de las normas y la distorsión de la competencia. Esto no estaba suficientemente claro para los sindicatos en la primera lectura en noviembre de 2001. Desde entonces se han puesto de acuerdo en rechazarlo absolutamente a escala europea, pero muchos de los elementos que les afectan han quedado ahora inhabilitados para la segunda lectura, y se ha mantenido a los manifestantes lejos de este edificio. La única arma que le queda a la gente contra esta sinrazón es la huelga. Para evitarla hay que abandonar la propuesta entera, como han recomendado más del 40% de los diputados en la votación celebrada en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Organización Internacional del Trabajo ha considerado necesario regular el trabajo portuario, precisamente porque este tiene mucho que ver con la seguridad y porque es un ámbito en que ha habido dumping social. Muchos países han firmado estos convenios, y ustedes dirán naturalmente: «Tampoco nosotros nos oponemos y también dejamos que estos países se organicen más». Mi país también quiere poder mantener su «legislación principal», pero está claro que no es esto de lo que se trata. Lo que temen los trabajadores portuarios, y es en este aspecto en el que comparto su ansiedad, es el hecho de que la seguridad en los puertos se sacrificará en aras a los precios baratos.
Muchas personas han mencionado ya el accidente del Prestige. ¿Vamos a ser testigos de accidentes graves como este en el futuro cuando se cargue y se descargue la mercancía? El otro gran riesgo es el del dumping social a causa de la autoasistencia.
Señora Comisaria, ¿es esto realmente lo que usted pretende, la competencia a través del dumping social? No creo que debamos enfilar ese camino. Hemos de asegurar que se introduzca el sistema de licencias obligatorias. Por lo tanto, realmente no estoy de acuerdo con lo que ustedes defienden, ya que estoy segura de que cualquiera que esté sometido a estrictas normas de obtención de licencias también experimentará una distorsión de la competencia. Tendrán que subir tanto los precios que se quedarán fuera del mercado, y se aparecerán puertos salvajes, del mismo modo que ya vemos cómo navegan barcos con bandera de conveniencia que son el terror de los mares.
Booth (EDD).
Señor Presidente, hoy los trabajadores portuarios se han manifestado en contra de esta medida delante de este Parlamento. He tenido que abrirme paso entre gases lacrimógenos para acceder al edificio. Como nuevo diputado he pensado que quizá sea práctica habitual. Ya ha habido una protesta en Bruselas y sin duda habrá muchas más.
Sin embargo, esta Directiva ofende no solo las expectativas de los trabajadores, sino también a las empresas portuarias, que han invertido mucho en instalaciones e infraestructura. Estas disposiciones que se proponen sumirán sus negocios en el caos. Por este motivo hemos votado en contra de la medida en primera lectura. Ahora vemos varias enmiendas, lo que tipifica el planteamiento de este Parlamento: tratar de mejorar un poco algo que es intrínsecamente imperfecto. Si este Parlamento representara realmente los deseos del pueblo, rechazaría esta Directiva, pero no lo hará. Esto demuestra lo que ya sabemos: este Parlamento no tiene nada que ver con la representación de los deseos del pueblo; tiene su propio plan, que no tiene nada que ver con la democracia.

Cocilovo (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no estoy de acuerdo con la opinión de que el Parlamento ha traicionado a los votantes al trabajar en torno a esta Directiva. Respaldo la propuesta de Directiva y el equilibrio alcanzado, gracias entre otras cosas a la labor del Parlamento.
Creo que la apertura al mercado podría ser positiva, entre otras cosas en lo que respecta al acceso a los servicios portuarios, pero únicamente en las condiciones especificadas e introducidas con las enmiendas del Parlamento: solo si se garantizan rigurosamente la seguridad, las cualificaciones profesionales, las normas contractuales y sociales y la protección medioambiental en aquellos casos en que están implicadas todas las empresas y todos los tipos de servicios relacionados con aspectos de los distintos servicios portuarios.
Lo mismo debe aplicarse a la autoasistencia. No me opongo por principio a la autoasistencia, pero no debe convertirse en una excusa para promover formas de dumping social y formas de economizar en materia de cualificación profesional o seguridad. Esta es una competencia transparente.
Se aplica también a los nuevos puertos, con el fin de garantizar la disponibilidad de inversiones privadas. El control directo sobre los servicios y los proveedores debe ser posible, y es muy aconsejable, pero cumpliendo debidamente estas condiciones: cualificación profesional, normas contractuales y sociales, protección medioambiental y seguridad. Si no se cumplen estas condiciones, juntaremos cosas que son muy distintas que ni servirán adecuadamente a los intereses que representamos ni nos acercarán a los objetivos que queremos alcanzar con esta Directiva. Espero que se mantenga el equilibrio alcanzado por el Parlamento.

Van Brempt (PSE).
Gracias, señor Presidente. Señorías, señora Comisaria, esta tarde hemos visto que nuestras Directivas realmente tienen algún efecto sobre los ciudadanos de Europa. En concreto hemos visto que los trabajadores portuarios están enfadados, muy enfadados, y también desesperados. ¿Por qué? Posiblemente porque en este Parlamento se les presta oído en muy raras ocasiones. Sin embargo, es más probable que sea porque están en contra de una Europa fría y liberal que subordina la seguridad, la seguridad laboral y la salud, las cuestiones sociales y los puestos de trabajo, a un dogma ciego de liberalización. También están enfadados por la propuesta que usted lanzó en febrero de 2001, señora Comisaria, en la que les arrancó de un plumazo su carta social de debajo de los pies. No le sorprenderá saber que usted no es muy popular en Bélgica, y todavía lamento que no tuviese el valor de mantener un debate directo con los trabajadores portuarios en Amberes, por ejemplo. Este debate podría haber sido ilustrativo. En el Parlamento, debimos haber rechazado la propuesta inmediatamente después de la primera lectura, no debimos haberla enmendado. Varios colegas ya me han dicho que no es lo que queríamos. Así que ¿por qué no la rechazamos? Seguiré luchando contra esta Directiva. Mañana votaré en contra y después seguiré haciéndolo. Porque todavía no entiendo cuál es su valor añadido, ni siquiera en su forma enmendada, aunque admito que ha mejorado considerablemente.
Sr. Jarzembowski, le diré por qué los trabajadores portuarios están en huelga. Por supuesto, están en huelga porque si ustedes permiten la autoasistencia en otro país, también permitirán directamente la autoasistencia en su propio país debido a las normas sagradas de la competencia, y este es el motivo por el que sigo oponiéndome a la Directiva. Espero que rechacemos la propuesta, pero me temo que no seremos capaces de hacerlo. Por ello espero que se introduzcan fuertes enmiendas: que la autoasistencia quede fuera y que se introduzcan las licencias obligatorias. Hoy he averiguado que sabemos más defender este Parlamento con una fuerza policial que mantener el sistema social en Europa.

Pohjamo (ELDR).
Señor Presidente, en este debate hay que recordar a todos que los puertos, como centros de transporte intermodal, desempeñan un papel clave en el conjunto de la política de transportes europea. Sus niveles de eficacia en toda la Unión deben mejorarse mediante el establecimiento de unas condiciones marco acordadas para una competencia leal entre los puertos y dentro de los mismos. La propuesta de la Comisión y este compromiso que estamos debatiendo representan un cauteloso comienzo de esta labor.
Quiero hacer un par de observaciones con respecto al contenido de la propuesta. En mi opinión, la duración de las autorizaciones es demasiado larga, y el resultado final con respecto al tema de la autoasistencia no será más que un pequeño paso adelante. Podríamos haber ido más lejos, teniendo en cuenta la insistencia de nuestra comisión parlamentaria en la prevención del dumping social. Sin embargo, esta Directiva constituye un paso en la buena dirección y el Sr. Jarzembowski merece nuestro agradecimiento por trabajar con tanta perseverancia en esta difícil cuestión.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, la competencia y el afán de lucro que desean introducir ustedes en la administración de los servicios portuarios ya se practican en el transporte marítimo. Esto ha provocado desastres ecológicos como el del Erika y el Prestige y se hace patente en la contratación de marineros con salarios diez veces inferiores a los europeos. Cuando ustedes hablan de reducir los costes de los servicios portuarios, se refieren sin duda a rebajar los salarios, reducir el empleo, aumentar los ritmos de trabajo y eliminar las formas de protección social y salarial contempladas en los convenios colectivos.
Por lo tanto, nos oponemos a esta Directiva europea, y reclamamos que los puertos y los servicios portuarios, que son útiles para la sociedad en su conjunto, se conviertan en un servicio público. Rechazamos la idea de que los trabajadores portuarios compitan entre sí sobre la base de su condición o su origen, porque esto iría en detrimento de todos. Todos los que trabajan en los puertos deben beneficiarse de las mismas condiciones salariales y de protección social, modeladas conforme a las más ventajosas disponibles.
Con respecto a los trabajadores portuarios que se manifestaron delante de lo que se ha convertido en un Parlamento sitiado y que fueron recibidos con bombas de agua y gases lacrimógenos, espero que nos confirmen ustedes, señor Presidente y señora Comisaria, que el manifestante que ha sido detenido esta tarde, tras haberse encadenado en el patio del Parlamento Europeo, ha sido definitivamente puesto en libertad.

Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías. Yo también doy la bienvenida a la tribuna a algunos representantes de los trabajadores portuarios que han entrado. Hoy me siento como si estuviese en la Edad Media, en un castillo fortificado. ¿Qué puedo añadir en un minuto? Ya se han dicho muchas cosas, pero esta tarde he mantenido otra reunión con algunos miembros de los sindicatos de trabajadores portuarios y su mensaje me ha impresionado. Esta Directiva allana el camino a los puertos de conveniencia. Esta Directiva organiza la competencia social entre los puertos europeos, lo que dará lugar al dumping social y también, con el tiempo, a la destrucción de la carta de los trabajadores portuarios que tenemos en Bélgica. Nadie lo pide. Europa es por lo visto la palanca empleada para abordar problemas en algunos países. Permitir la autoasistencia sin licencia obligatoria previa tiene otras consecuencias negativas, como ya se ha dicho aquí: la falta de seguridad y desastres medioambientales en el mar. Esto es todo lo que necesitamos. Mi Grupo y yo, por lo tanto, vamos a votar en contra de la autoasistencia y a favor de la protección social de los trabajadores portuarios, y espero que algunos colegas diputados socialmente conscientes del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos se adhieran a esta postura.

Smet (PPE-DE).
Señor Presidente, desde luego entiendo que el llamamiento del Sr. Dhaene a algunos colegas socialmente conscientes del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos está dirigido a mí personalmente, dado que soy uno de ellos. Quisiera tratar un solo punto, el de las licencias obligatorias. Según estipula ahora la Directiva, los Estados miembros podrán decidir si desean emitir o no licencias. Así que pueden elegir a voluntad. En otras palabras, los Estados miembros y las autoridades portuarias son libres de decidir si emplean un sistema obligatorio de este tipo o no. Sin embargo, al mismo tiempo creamos -y esto no lo entiendo, señora Comisaria- un elemento adicional de distorsión de la competencia en esta misma Directiva. Lo que sucederá es que unos puertos cumplirán las normas de obtención de licencias obligatorias e impondrán estrictas condiciones en cuanto a la cualificación de los trabajadores, las condiciones sociales, la seguridad, el desarrollo económico del puerto y demás, y otros puertos no lo harán, lo cual distorsionará en última instancia la competencia entre puertos.
Por ello se deja en manos de los Estados miembros si deciden hacerlo o no. Mi enmienda, que también ha sido presentada por otras personas, sobre la introducción de las licencias obligatorias ha sido declarada inadmisible en la comisión parlamentaria sobre la base del artículo 80 del Reglamento. Me acaban de decir que puede que el Presidente de este Parlamento declare ahora estas enmiendas admisibles después de todo, basándose en varios elementos nuevos, a los que se ha referido el Sr. Bouwman. Si es este el caso, entonces votaré a favor. Apoyo las licencias obligatorias porque estoy a favor de que en todos los puertos existan las mismas condiciones competitivas.

Izquierdo Collado (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, efectivamente, esta Directiva y esta propuesta tienen personalidad propia. Empezamos con unas posiciones del ponente, que fueron cambiando y que en estos momentos están transformadas por la propia votación del Parlamento. Tengo que felicitar, en primer lugar, al ponente por estar haciendo su trabajo, que es defender la posición del Parlamento y no su posición inicial.
Además, esta tramitación nos ha servido, precisamente, para entender que el Parlamento debe respetar a la Comisión en su capacidad exclusiva de iniciativa legislativa. Algunos parlamentarios han intentado introducir planteamientos, pero esto no ha sido posible, lo que me parece positivo, porque cada uno debe respetar el papel de los demás.
Con esta Directiva se intenta abrir un espacio europeo del transporte que es absolutamente necesario, porque en el momento actual los espacios estatales no sirven. Esta Directiva, con su propuesta de apertura al mercado, intenta dinamizar un modo de transporte muy positivo en su relación con el medio ambiente. Hasta ahora el transporte marítimo, excepto en petróleos y en mercancías peligrosas, ha sido secundario, pero ahí hay una posibilidad de que el transporte europeo mejore desde el punto de vista medioambiental, de la congestión y de la seguridad.
Ya hemos tenido la experiencia del acceso al mercado de otros medios de transporte y no ha habido dramas ni traumas; por tanto, lo que ha habido ha sido un aumento de su capacidad de gestión. Es verdad que, en estos momentos, con lo que propone la Directiva no se está hablando de disminuir el número de puestos de trabajo en los puertos. Se está hablando de aumentar el número de trabajadores en los puertos al hacer que estos sean más eficientes. También hay que olvidar el binomio «liberalización e inseguridad». La aviación es un modo de transporte en el que la seguridad es vital y nadie puede pretender que su liberalización reduzca la seguridad.
No olvidemos, señor Presidente, que el Parlamento ha hecho un gran esfuerzo de aproximación. En la conciliación ustedes deben aproximarse en la autoestiba y en el practicaje.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, traigo saludos de los trabajadores portuarios finlandeses, que saben cómo cargar y descargar barcos de forma profesional y competente. Envían saludos y dicen que la propuesta que tenemos ahora ante nosotros debería ser rechazada. Si seguimos adelante, el trabajo de los estibadores se convertiría en un trabajo de «bandera de conveniencia». Lo realizarían personas que navegan en barcos con «bandera de conveniencia» y que carecen de las capacidades profesionales especiales necesarias en las difíciles condiciones de hielo y nieve que imperan en el norte para garantizar la seguridad laboral de otros trabajadores portuarios.
Hemos tenido experiencias amargas con barcos con bandera de conveniencia que violaban abiertamente las cláusulas y condiciones de empleo y las normas de protección medioambiental y de seguridad. Bajo el disfraz de la competencia, los armadores tratan de extender ahora la explotación de los marineros del espacio marítimo a los puertos. Esto no es aceptable, máxime cuando se hace con la pretensión de que aumenta la competencia. Tanto las organizaciones empresariales como de trabajadores están unánimemente de acuerdo en que la competencia no aumentará con esta Directiva. Solamente aumentará el dumping económico y social.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, el libre acceso al mercado de los servicios portuarios y la igualdad de oportunidades son una exigencia de los Tratados de la Unión y, en este sentido, urge contar con información fiable para regular y controlar que no se produzcan ayudas de ningún Estado a sus puertos, ya que ello atenta contra la concurrencia y libre competencia entre los distintos puertos comunitarios.
Sin embargo, hay aspectos que no deben ser exclusivamente regulados por la Unión. Los Estados miembros y sus entidades constitucionales con competencias en la materia tienen que mantener su capacidad para incluir sus normas específicas en la licitación de los contratos de prestación de servicios y para la protección de los trabajadores afectados. Además, el practicaje, el amarre y la estiba, dada su condición de servicios obligatorios, no deben ser incluidos en la Directiva comunitaria, sino que su regulación debe quedar en manos de las respectivas autoridades portuarias, sin perjuicio de que deban respetarse las condiciones sociales europeas.
Y, al igual que un aeropuerto sería un caos si tuviera varias empresas de controladores aéreos, en un puerto sólo debe haber un servicio de practicaje y uno de amarre y no debe permitirse la autoasistencia, que solamente sería aceptable si se efectuara con personal propio embarcado y, además, contrastadamente cualificado y conocedor del puerto como para no poner en riesgo la seguridad.

Grönfeldt Bergman (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Jarzembowski, la industria europea necesita un transporte marítimo eficaz. En este terreno, la propuesta de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios, en la forma en que aparece en la Posición Común del Consejo, tiene buenos visos de favorecer este objetivo. Si se adoptan, algunos de los cambios propuestos ahora por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo en la segunda lectura, socavarán desgraciadamente de modo crucial la capacidad de la Directiva para contribuir a dicho transporte marítimo más eficaz. 
Esto se aplica especialmente a la enmienda al apartado 9 del artículo 4, por la cual desaparecería de la Directiva la disposición que permitiría al sector optar por la autoasistencia mediante el uso de personal con base en tierra. Si se adopta esta enmienda, también se impedirá en el futuro a los propietarios de mercancías consignadas cargar sus barcos mediante su propio personal cualificado y autorizado y con sus propios recursos. Si se adopta esta enmienda, y otras enmiendas innecesarias, e innecesariamente detalladas, las anticuadas estructuras portuarias desgraciadamente persistirán, en detrimento de la competitividad del transporte marítimo.
Los diputados moderados suecos creemos, además, que todos los servicios portuarios, incluidos los servicios de practicaje, deberían entrar dentro de la Directiva, ya que esto sería un avance positivo para el comercio europeo, para una industria del transporte marítimo eficaz, segura y competitiva y para que existan mejores opciones en términos de transferencia de mercancías de la carretera al agua. Muchas personas quieren lograrlo, pero muy pocas trabajan para hacerlo. Un paso en la buena dirección sería rechazar todas las enmiendas que limitan la competencia y apoyar las que realmente están encaminadas a promoverla. Espero que el Parlamento así lo haga.

Vlasto (PPE-DE).
Señor Presidente, la Comisión nos ha propuesto un marco legal que garantiza el respeto de las normas de competencia y de las libertades económicas con el fin de permitir la libertad de acceso al mercado para los servicios portuarios. La iniciativa puede considerarse constructiva en un principio, pero dados los desastres marítimos experimentados en Europa en los últimos años, estarán ustedes de acuerdo en que existe la necesidad de garantizar que las normativas que se aprueben cumplan las exigencias de seguridad marítima.
Por este motivo es importante que el texto adoptado considere separadamente cada servicio porturario particular. En la primera lectura presenté dos enmiendas concebidas para excluir los servicios de practicaje y amarradero del ámbito de la Directiva. La Asamblea votó a favor de las mismas, lo cual me complace. En la segunda lectura, nuestro ponente, el Sr. Jarzembowski, propuso una vez más que los servicios de practicaje quedasen excluidos del ámbito de la Directiva, propuesta que el Consejo rechazó. En interés de la coherencia con nuestra votación en primera lectura y con el fin de permitir a los prácticos que sigan contribuyendo a la protección medioambiental y a la seguridad en los puertos comunitarios, solicito por lo tanto un voto a favor de excluir los servicios de practicaje del ámbito de la Directiva.
Sobre la cuestión de excluir los servicios de amarradero, creo que sería preferible no liberalizar este servicio, que es también uno de los aspectos principales de la seguridad portuaria. Una apertura a la competencia sería un poco más aceptable para los correspondientes servicios si se reformulasen determinados puntos de la Directiva, como la autoasistencia. Si opta por la autoasistencia, el armador debe garantizar que esta se mantenga durante toda la operación. Debemos evitar la adopción de normativas que permitan un sistema a la carta. Por este motivo les animaría, Señorías, a que voten a favor de la enmienda 13 con el fin de limitar la autoasistencia al personal embarcado.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, quisiera, en primer lugar, agradecerles todos los argumentos y todas las reflexiones y discusiones, incluso aquellas que rechazan la propuesta de la Comisión. Me parece importante que se pueda debatir y que aporten sus argumentos. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que yo querría clarificar porque, al oír algunas cosas que se han dicho aquí, parece que estamos hablando de textos distintos.
Primero, como cuestión general, ¿queremos o no queremos un sistema de transportes competitivo en el sector marítimo que pueda engranarse en una red intermodal y que pueda ser una alternativa al transporte por carretera? ¿Sí o no?
Segundo, aquí entramos en plena ideología. Algunos de ustedes creen que el monopolio es la situación ideal. Yo, Señorías, creo que, en principio, cuando se puede apostar por la sana competencia es mucho mejor que una situación de monopolio. Esto es una cuestión ideológica sobre todo. Dicho todo lo cual, los hechos parece que apuntan más hacia un lado que hacia otro. Es verdad que hay elementos, zonas, segmentos de mercado, que, por falta de tamaño, que por falta de talla, no permiten que haya varios operadores. Pero cuando hay competencia las cosas funcionan mejor. Hay mayor calidad de servicio, mejores precios y mejores costes, y más competitividad.
Señorías, nuestro sector aéreo, como ha sido dicho hace un momento, no parece que se haya venido abajo porque hayamos introducido la competencia. Este mismo Parlamento quiere introducir la competencia en el sector del transporte ferroviario y lo ha votado mayoritariamente. Se trata de introducir también la competencia en los servicios portuarios en los grandes puertos. 
Señorías, dicen que esto acaba con la seguridad y me vinculan esto con el Prestige. ¿Qué tiene que ver esto con el Prestige? Estrictamente nada, Señorías. No tiene nada que ver. Lo siento, son cosas distintas. Además, nadie está pidiendo que se reduzcan los elementos de seguridad. Por eso, en el terreno del pilotaje, del amarre, en todo este tipo de terrenos se ponen cautelas específicas y especiales, incluso en la estiba. Se dice que las autoridades portuarias, que son las que tienen mejor conocimiento, pueden regular, en su caso, las condiciones -que puede ser un certificado, que puede ser unos conocimientos probados-. Dejamos que las autoridades portuarias desarrollen este aspecto en función del mejor conocimiento de la situación en cada puerto europeo.
Señorías, quiero decir que esto es una propuesta a favor del transporte en general y también a favor de crear más empleo en nuestros puertos y de tener unos puertos más competitivos, que tengan más actividad y que puedan cooperar al desarrollo económico de la Unión Europea. Esto es lo que estoy haciendo, efectivamente, en el transporte, en los puertos, en el resto de los sectores del transporte, y en la energía. Esto es sencillamente lo que hay detrás del espíritu de Lisboa.
Efectivamente, es una cuestión de planteamiento de fondo y lo que estamos planteando aquí es el modelo europeo. 
Ahora entro al segundo punto que se ha planteado, que es el dumping social. Señorías, nadie quiere un dumping social. Nadie. Queremos más trabajo para más actividad en los puertos y, además, con unas garantías y unas condiciones sociales adecuadas. Porque el modelo europeo, precisamente, es que se introduce la competencia manteniendo los estándares y las garantías sociales. Ese es el modelo europeo, que es una liberalización regulada, que no es una auténtica liberalización. Porque liberalización y regulación, en principio, parece que se contradicen y, sin embargo, en Europa estamos siendo capaces de combinar los dos elementos: las ventajas del mercado con las garantías de un sistema de solidaridad. Y eso es lo que estamos haciendo, Señorías.
Yo les leería a sus Señorías dos cosas. Una, ¿qué quiere decir self-handling? ¿Qué se entiende por autoasistencia? El artículo 9 dice que autoasistencia es la situación en que los servicios portuarios puedan ser suministrados para la empresa o para uno mismo utilizando personal regular, no personal temporal ni cogido para la acción en concreto, sino «personal propio fijo con base e tierra y/o embarcado».
La clave está en que estamos hablando de personal regular. Pero, además de personal regular, les recuerdo que el artículo 13 en su apartado 2 dice que las reglas nacionales relativas a normas de empleo y normas sociales serán obligatorias y que no se puede hacer dumping social. Señorías, léanse lo que ha quedado al final en este texto, por favor. Porque el texto para mí es claro y meridiano.
Creo que hay que ver qué es lo que estamos haciendo. No estamos pretendiendo ni rebajar los niveles de seguridad, ni hacer dumping social, ni nada por el estilo. Con estos miedos que tienen sus Señorías a las liberalizaciones, por ejemplo Ryan Air o Virgin no funcionarían, estaríamos todos en monopolio de Estado, y creo que más de una de sus Señorías se benefician de Ryan Air y de Virgin. Yo también. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y por esto no hemos rebajado la seguridad en el transporte aéreo en Europa. No digamos lo que no es, por favor. Comprendo que ha habido una protesta delante de este Parlamento. Sus Señorías son políticos. Yo también. Hay que escuchar a todo el mundo, pero no digamos lo que no es. Nadie está planteando dumping social. Estamos hablando, al revés, de garantizar las normas sociales y las exigencias en cuanto a empleo, y de personal regular, no personal eventual. Si lo limitamos solo al personal embarcado, ahí es donde, al revés, yo creo que estamos cogiéndolo por el mal lado. Creo que hay que considerar igual el personal regular en tierra.
El tercer elemento en el que han vuelto a insistir sus Señorías es el de la competencia entre puertos. Se trata, por supuesto, de competencia entre puertos. Lo que hay que hacer es que esa competencia no sea desleal. Y en eso coincido con sus Señorías y con el ponente, Sr. Jarzembowski, muy especialmente. En ese sentido, respecto a la enmienda 10, a ver si buscamos una fórmula que pueda clarificarla todavía más, dentro de lo que son los límites y los márgenes que plantea el Tratado, que, evidentemente, no podemos cambiar al hilo de este texto.
Por último, la cuestión mencionada por el Sr. Savari de la oportunidad. Él decía que hiciéramos todo menos esto. Mire, Señoría, los problemas del sector marítimo, la seguridad marítima..., esta Cámara ha trabajado mucho, lo mismo que la Comisión y el Consejo para mejorar la seguridad marítima y sabemos, y sus Señorías saben perfectamente, que si hubieran estado en vigor las normas que propusimos, muy posiblemente habríamos podido evitar el último accidente. Todavía se puede hacer más y lo vamos hacer. Pero no digamos que hemos empezado por los puertos porque no es cierto. Al revés: terminamos casi por los puertos.
Tenemos un problema gravísimo de transporte en Europa y hay que buscar soluciones alternativas al transporte por carretera y al transporte por ferrocarril, es decir, al transporte terrestre. En una Europa ampliada, en que ampliamos las distancias, el sector marítimo tiene muchas más posibilidades y mucho más sentido haciendo cabotaje europeo. Pero para hacer cabotaje europeo y de verdad ser competitivo con los otros sistemas de transportes, concretamente los terrestres, necesitamos tener unos servicios portuarios eficientes. Y eso es lo que pretendemos, una vez más, introducir competencia en los grandes puertos -insisto- de una manera regulada, dando garantías sociales y dando garantías de seguridad. Eso es sencillamente el modelo europeo.
El Presidente.
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Miranda (GUE/NGL)
Lamento profundamente que el Consejo y el Parlamento no hayan sabido escuchar las protestas de las decenas de miles de trabajadores que, en toda Europa, se han levantado contra esta propuesta de Directiva y que hoy se manifiestan en Estrasburgo.
La Posición Común aprobada por el Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios merece los comentarios siguientes:
la «autoasistencia» pondrá en peligro el empleo, además de las condiciones sociales de los trabajadores portuarios, dado que no consagra el respeto de la legislación y los convenios colectivos vigentes en los Estados miembros,
viola el convenio 137 de la OIT en materia de estabilidad del empleo en el sector; en materia de estabilidad de los rendimientos del trabajo derivados del empleo de los trabajadores adscritos al sector; y en materia de derecho de prioridad en la obtención de trabajo en los puertos,
viola principios constitucionalmente consagrados en Portugal, que imponen, como mínimo, la consulta previa a las organizaciones que representan a los trabajadores,
contradice objetivos anunciados de refuerzo de la seguridad marítima al permitir la utilización de servicios náuticos y la manipulación de cargas por parte de entidades ajenas a los puertos y que, por lo tanto, no disponen de un conocimiento profundo de sus características.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, relativa a la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la promoción del uso de los biocarburantes para el transporte [12695/1/2002 - C5-0585/2002 - 2001/0265(COD)] (Ponente: Sra. Ayuso González).

Ayuso González (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, por fin hemos conseguido un acuerdo para que esta Directiva sea aprobada, de forma que podamos ofrecer un marco estable a las empresas que están invirtiendo en estos carburantes.
Quisiera destacar y agradecer la colaboración con los distintos ponentes -la Sra. Rothe, los Sres. Kronberger y Clegg-, que ha sido excelente. Confío en que el miércoles todos apoyemos esta Directiva.
El texto final no es el que el Parlamento habría deseado, ya que se pronunció en primera lectura en favor de unos objetivos vinculantes. No obstante, hemos hecho un importante ejercicio de flexibilidad para aproximarnos a la posición del Consejo, que se ha plasmado en nueve enmiendas. De todas ellas, yo quisiera destacar la que se refiere a los motivos por los que un Estado miembro puede diferenciar sus objetivos de los de referencia y ruego encarecidamente a la Comisión que controle el cumplimiento de este artículo 4 de la Directiva.
Señora Comisaria, la felicito por esta segunda Directiva para fomentar las energías alternativas, renovables y respetuosas con el medio ambiente. Pero lamento de verdad no poder hacer extensiva esta felicitación a otros miembros del Colegio de Comisarios, que se resisten a proponer medidas coherentes que faciliten, desde otras políticas, el cumplimiento de esta Directiva.
Me refiero concretamente a la DG Medio Ambiente, que, desde 1998, tiene pendiente la fijación de especificaciones técnicas para biocarburantes y flotas cautivas, tal y como se recoge en la Directiva 98/70/CE. Fijar estas especificaciones es urgente y se ha perdido, inexplicablemente, la oportunidad de hacerlo, con motivo de la reciente revisión de la mencionada Directiva 98/70/CE.
Todo apunta a que tendremos que esperar al año 2005, en que se va a revisar esta Directiva, para disponer de unas especificaciones claras. Espero que no sea así y que el problema pueda resolverse antes. Porque mientras no existan estas especificaciones no habrá estándares de calidad que aplicar a los biocarburantes. Se trata de una importante laguna en lo que se refiere a la calidad de los carburantes comercializados.
Resulta paradójico que la DG Medio Ambiente haga propuestas para reducir el contenido de azufre de todo tipo de combustibles y no haga el mínimo esfuerzo por estimular la comercialización de carburantes alternativos, que reducen significativamente las emisiones y cuyo contenido en azufre es nulo.
En cuanto a la DG Agricultura -qué quiere que le diga-, ha presentado recientemente la revisión intermedia de la Política Agrícola Común y en ella se establece una ayuda para los cultivos energéticos de 45 euros por hectárea, bastante inferior a la del resto de los cultivos y una más que insuficiente superficie máxima garantizada de un millón y medio de hectáreas para toda la Unión Europea. Además, se propone un barbecho permanente del 10% en el que no se podrán producir cultivos energéticos como se está haciendo hasta ahora.
No se debería aceptar que, en un asunto como el que nos ocupa, con beneficios para sectores tan diversos, como son las emisiones, la sustitución del petróleo o el desarrollo rural, las políticas comunitarias pongan en flagrante evidencia su descoordinación. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en Brasil o en Sudamérica los biocarburantes están recibiendo un decidido y coordinado apoyo por parte de sus gobiernos.
Los objetivos que marca la Directiva son ambiciosos, pero alcanzables. El plan de acción que propone la Comisión marca un objetivo del 20% de carburantes alternativos para 2020. Algunos pensarán que es irrealista, pero también lo pensaban de la Directiva del fomento de energías renovables que se aprobó hace dos años. En ella se establecían plazos y objetivos claros y se daba continuidad a los sistemas de apoyo. A pesar de las opiniones contrarias, el crecimiento de estas energías ha sido impresionante.
La presente Directiva es una apuesta de futuro que abrirá la puerta al desarrollo de otros carburantes y tecnologías. No me cabe la menor duda de que, con voluntad y solidaridad, podemos crear un mercado para los biocarburantes que asegure su competitividad en el futuro. Solicito, por tanto, el apoyo de este Parlamento para la aprobación del informe el próximo miércoles y confío en que el Consejo llegue lo antes posible a un acuerdo sobre la Directiva de fiscalidad de la energía.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, Sra. Ayuso, el extremado rigor y el esmero con los que ha llevado adelante todo este informe. Quiero agradecer también a los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía la seriedad con que la han analizado este informe. Además, quiero agradecer a este Parlamento el respaldo que está dando, desde el principio, a esta cuestión.
Con la adopción de esta Directiva dispondremos de una normativa específica para luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero también en el sector transporte. 
Asimismo, la Directiva supone beneficios desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento energético y, en un momento dado, puede suponer creación de empleo en el ámbito rural.
Un acuerdo sobre esta propuesta, sin conciliación, eliminaría las últimas reservas que pudieran tener los miembros del Consejo en relación con las propuestas de la Comisión relativas a la desgravación de los biocarburantes. Como ya sabrán, esta propuesta forma parte ahora de la Directiva marco sobre la imposición en la energía y, recientemente, creo que ha habido progresos francamente esperanzadores y esperamos que, en breve, el Consejo pueda adoptarla y podamos disponer de ella.
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas propuestas, aunque quiero hacer una precisión sobre la enmienda número 2, a la que me referiré más adelante. 
En primer lugar, abordaré la enmienda nº 8, que es la clave. A lo largo de todo este proceso la Comisión ha promovido la inclusión de objetivos obligatorios. Creemos que esto debe ser un mensaje muy claro para la industria en cuanto a la seriedad de nuestra propuesta sobre los biocarburantes.
No obstante, reconozco que el procedimiento, cuidadosamente elaborado en la Posición Común del Consejo, con las enmiendas propuestas por la ponente, proporcionan una base sólida de actuación y pueden ser un sistema para llegar a un acuerdo entre Consejo y Parlamento.
Por primera vez, los Estados tendrán que establecer objetivos para los biocarburantes. Esos objetivos deberán basarse en lo establecido en la Directiva; es decir, el 2% en 2005 y el 5,75% en 2010, lo que constituye un incremento de toda la utilización de los carburantes utilizados en cada uno de sus países. Ello constituye, claramente, un incremento muy sustancial, pero realista -como ha dicho antes la señora ponente-. Los Estados que, por alguna razón, quieran fijar objetivos inferiores, deberán justificarlo y hay una serie de criterios en los que deben basarse precisamente para esa justificación.
Cabe señalar que la Comisión, al igual que el Parlamento, hubiera preferido que la lista de criterios se limitara a los puntos establecidos en la enmienda nº 8. No obstante, aceptamos que todavía puedan surgir razones igualmente válidas para establecer objetivos inferiores. Y reconocemos que para la mayoría de los Estados el uso de biocarburantes en el transporte resultará un ámbito nuevo de actividad; por eso, no se puede cerrar, a priori, en los obstáculos que puedan surgir.
La Comisión está firmemente convencida de que cualquier otro criterio que utilicen los Estados, para justificar objetivos diferentes, tiene que ser equivalente a lo establecido en la Directiva.
Por último, me referiré a la enmienda nº 2. El considerando 13 subraya la importancia de la normalización de los carburantes y propone que la Comisión y los organismos de normalización supervisen y desarrollen estas normas para garantizar que los biocarburantes se ganen la confianza de consumidores y fabricantes. En este contexto, la enmienda nº 2 propone subrayar, en particular, los parámetros de volatilidad. No obstante, existen diversos parámetros en relación con las normas de los carburantes y, en ese sentido, quizá, nosotros creemos que la enmienda debería decir «incluidos los parámetros de volatilidad». Por lo tanto, en principio podemos admitir la enmienda, pero con esta modificación.
Quiero, una vez más, dar las gracias a la ponente, a todos los miembros de la Comisión y al Parlamento por su apoyo y, por supuesto, le garantizo, una vez más que, como me ha sido solicitado, la Comisión velará por el cumplimiento estricto de los términos en que se acuerda esta Directiva y espero que el Consejo apruebe en breve la parte fiscal, que es clave, para darle un contenido real.

Purvis (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Ayuso González por los esfuerzos que ha hecho por lograr este brillante resultado de un compromiso. Incluso si no está totalmente satisfecha con él, creo que ha hecho un trabajo espléndido.
Se trata justamente también de que no tenemos requisitos preceptivos, pero creo que, dada la buena voluntad de todas las partes, observaremos algunos avances en el empleo de los biocarburantes. La Unión Europea ya importa el 50% de sus necesidades energéticas y esta cifra aumentará al 70% de aquí al año 2030; por eso es importante que explotemos todos los recursos energéticos autóctonos posibles, y que promovamos una mayor diversidad de fuentes de energía. Con el desarrollo de biocarburantes y otras energías renovables contribuimos a aumentar la seguridad de suministro.
En mi circunscripción en Escocia contamos con los materiales y las tecnologías que nos permiten desarrollar esta industria y estamos impacientes por poner en práctica estas propuestas. También esperamos mejorar nuestro entorno con una mejor calidad atmosférica y la reducción de los gases de efecto invernadero. Mezclando biocarburantes con el combustible de transporte convencional podemos introducir estos cambios de forma sencilla, sin necesidad de adaptar los vehículos ni las estaciones de servicio.
Los biocarburantes también prometen crear nuevos empleos en las comunidades rurales a través de la producción de cultivos y en la construcción y el funcionamiento de plantas de procesado. Esto dará un impulso muy necesario a las desfallecidas economías rurales. Pero los biocarburantes siguen siendo poco competitivos si no cuentan con importantes ventajas fiscales. Una reducción del impuesto del 50% para igualar los precios del combustible convencional significará restar una importante parte del erario público de los Estados miembros. ¿Cuántos Gobiernos están dispuestos a perder estos ingresos?
También nos preocupa que las propuestas como tales no necesariamente comportarán algún beneficio real importante para el medio ambiente: los métodos de producción de la mayoría de los biocarburantes consumen notables cantidades de energía y generan elevadas emisiones de dióxido de carbono. También podría producirse un mayor uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Los Estados miembros han de decidirse por promover biocarburantes que comporten a fin de cuentas un beneficio para el medio ambiente teniendo en cuenta el coste. Y sobre todo, también tenemos que invertir en investigación para mejorar la rentabilidad y los beneficios medioambientales de los cultivos para biocarburantes en el futuro.

Rothe (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Ayuso González, por presentar un informe realmente bueno y por la excelente colaboración.
Creo que también en este caso, en la cuestión de los biocarburantes, el Parlamento sigue fiel a su compromiso multipartidista de promover las energías renovables. Es bueno saber que en nuestros esfuerzos en este sentido podemos contar normalmente con el apoyo de la Comisión. Sin embargo, tengo serias dudas -por decirlo de un modo suave- de si el Consejo se siente igual de comprometido que el Parlamento con respecto a nuestro objetivo común de duplicar la proporción de energías renovables en el total de energía consumida para 2010.
En primera lectura, el Parlamento se declaró a favor de los objetivos vinculantes para aumentar el uso de los biocarburantes. Igual que ya sucedió con la Directiva sobre la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, esta no tuvo una oportunidad en el Consejo. Por lo tanto, hemos acordado objetivos indirectos, al igual que hicimos con la Directiva sobre electricidad, con la opción de establecer objetivos obligatorios en una fase posterior si la tasa de aumento real se queda notablemente corta con respecto al objetivo fijado.
La pretensión del Consejo de dar a los Estados Miembros toda una serie de oportunidades para establecer sus objetivos nacionales en niveles que difieren del 5,75% prescrito para 2010 es inaceptable. Espero realmente que la Comisión estudie los motivos para distanciarse de los objetivos indicativos, que los Estados miembros tendrán que facilitar, de forma realmente muy crítica.
Pese a esta evaluación crítica de la postura del Consejo, puedo decir en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos que apretaremos los dientes y votaremos a favor del compromiso incluido en la posición del Consejo. ¿Por qué? Queremos que se promueva un cambio hacia las energías renovables también en el sector de los carburantes para hacer una contribución positiva a la minimización necesaria de las emisiones de CO2, para reducir nuestra dependencia del petróleo y para impulsar el desarrollo en las zonas rurales. Para conseguirlo no solo necesitamos objetivos; también es esencial que los Estados miembros sean capaces de otorgar exenciones fiscales a los biocarburantes.
Por el momento -y seré bastante franca al respecto- esta es nuestra única actuación posible debido a que el Consejo realmente nos tiene acorralados contra la pared. Si la Directiva de promoción no supera el procedimiento de codecisión en la forma en que desea el Consejo, entonces la Directiva fiscal -esto se nos ha dejado claro- no se adoptará.
Espero realmente que la nueva constitución europea impida que tal situación pueda producirse en el futuro.
Pese a los inconvenientes que he señalado, espero y de verdad confío en que esta Directiva, además de las exenciones fiscales, dé efectivamente un nuevo impulso al aumento del uso de los biocarburantes.
Pohjamo (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo quiero dar las gracias en primer lugar a la ponente, la Sra. Ayuso González, por el importante trabajo preparatorio que ha hecho con relación a esta importante cuestión. Ahora estamos dando el primer paso en la buena dirección, aunque el uso de biocarburantes debe promoverse mucho más enérgicamente de ahora en adelante. Creo que los objetivos deberían ser vinculantes, que es en lo que insistió el Parlamento en primera lectura. La postura del Parlamento también tuvo en cuenta las distintas circunstancias existentes en los Estados miembros abriendo una puerta a las derogaciones temporales. Entiendo bien la voluntad de la ponente de mostrar flexibilidad con respecto a la naturaleza obligatoria de los objetivos aplicados para que se realice cualquier avance real en este importante terreno. En esta ocasión no iremos más lejos. Las enmiendas de transacción son satisfactorias.
Son muchos los factores que aconsejan el aumento del uso de los biocarburantes. En primer lugar, mediante la promoción de su uso reducimos la necesidad de importar energía, y por lo tanto la dependencia de la UE de la producción de energía externa, y especialmente de las importaciones de petróleo. En segundo lugar, los biocarburantes son una fuente de energía renovable y por lo tanto una opción mucho mejor en términos medioambientales que los productos del petróleo. También considero muy importante el punto de vista de que los biocarburantes son un medio de impulsar el empleo. Esto comporta nuevas oportunidades para las explotaciones agrarias y también en aquellos lugares en los que la competencia agrícola se enfrenta a grandes dificultades en las zonas más tradicionales.

Fitzsimons (UEN).
Señor Presidente, apoyo el plan de acción de la Comisión Europea de promover un mayor uso de carburantes alternativos en Europa de aquí al año 2010. En primer lugar, los biocarburantes ayudan a reducir la excesiva dependencia de los carburantes derivados del petróleo, que constituyen un motivo de preocupación en lo que respecta al medio ambiente y a la seguridad de suministro. En segundo lugar, los biocarburantes favorecen al medio ambiente y emiten entre un 40 y un 80% menos de gases de efecto invernadero que los carburantes fósiles.
Todos conocemos el objetivo que debemos alcanzar para cumplir las disposiciones del Tratado de Kioto y reducir la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, que no hacen más que destruir la capa de ozono.
Los biocarburantes se fabrican en muchos casos a partir de residuos orgánicos. Esto permite emplear materiales de desecho, que normalmente se tirarían, para producir energía. Los biocarburantes ofrecen nuevas fuentes de ingresos a las industrias europeas. Debemos aprovechar las oportunidades de empleo que podrían crearse en investigación y tecnología. Existe una clara divergencia de opiniones entre el Consejo y el Parlamento Europeo con respecto a si deberían establecerse objetivos obligatorios para el uso de biocarburantes en Europa. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que se utilicen más los biocarburantes. Los beneficios económicos y medioambientales son obvios. Hay que introducir los biocarburantes, cumplir los objetivos y controlar y evaluar de forma estricta la labor de los Gobiernos de los Estados miembros. Los Gobiernos europeos deberían cambiar radicalmente los sistemas fiscales con el fin de fomentar que las industrias europeas inviertan más en la industria de los biocarburantes. No es solamente la generación actual la que se beneficiará de estos nuevos cambios, sino también las venideras. Quiero felicitar a la Sra. Ayuso González por su excelente informe.

Schierhuber (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes que nada quiero dar las gracias a la Sra. Ayuso González por su arduo trabajo como ponente sobre esta Directiva. Una Directiva sobre el aumento del uso de los biocarburantes merece todos mis beneplácitos, pero realmente lamento el hecho de que la situación actual se quede muy corta con respecto a mis expectativas. Es precisamente mediante el aumento del uso de la biomasa que podemos contribuir tanto a garantizar la renta de los agricultores como a crear empleos en la nueva y ampliada Europa, además de mejorar el papel multifuncional del campo. Por otra parte, esta iniciativa cumple el requisito de ser sostenible, tan importante desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.
A la luz de todo esto, las propuestas transaccionales que tenemos sobre el tapete son más bien decepcionantes y reflejan una dilución definitiva de las exigencias originales, porque todo lo que queda de la obligación original de mezclar -como era de esperar- son valores de referencia. Habría sido estupendo que el modelo australiano, que declara preceptivo emplear más biomasa, hubiera servido de modelo para Europa en su conjunto.
Por último, debo observar que desgraciadamente el documento definitivo prevé muy pocos incentivos para un uso más eficiente de los biocarburantes. Una vez más es fácil para todos ver las discrepancias entre los intereses de la industria de los combustibles fósiles y la agricultura. Dada la naturaleza finita de los depósitos de petróleo y teniendo en cuenta los objetivos de Kioto, solo podemos esperar que en el futuro este no sea un libro cerrado, que se hagan esfuerzos adicionales por fomentar el uso de los biocarburantes y que este es solamente el primer paso en la buena dirección, si todos nosotros sentimos realmente una responsabilidad creíble y seria de proporcionar a las generaciones futuras una base segura sobre la que vivir.
Karlsson (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, la energía y el medio ambiente son dos de los desafíos más importantes de la UE. Ambos desafíos se plantean ante nosotros cuando hablamos sobre biocarburantes y alternativas. Las medidas destinadas a reducir el impacto sobre el clima y para aumentar la seguridad de abastecimiento son importantes. El sector del transporte es una de las áreas más importantes en lo que respecta a la seguridad de abastecimiento a largo plazo. Esto tiene mucho que ver con el trabajo medioambiental, pero el sector del transporte también es importante para el desarrollo económico y el potencial de crecimiento.
Las alternativas al petróleo son recibidas con los brazos abiertos. El uso de biocarburantes puede contribuir a una reducción del uso de los combustibles fósiles actuales y a que los avances apunten en la dirección correcta. La «dirección correcta» significa reducir el efecto sobre el medio ambiente. Los combustibles alternativos, incluidos los biocarburantes, deben introducirse de forma rentable. El objetivo del desarrollo sostenible debe ser nuestra principal preocupación, y debemos actuar pensando a largo plazo.
Constantemente se desarrollan nuevas tecnologías. La nueva tecnología de hoy será anticuada e ineficaz mañana. Con la decisión que tomemos hoy, debemos evitar que el avance tecnológico futuro resulte más difícil de lo necesario. En su lugar deberíamos comportarnos de forma que facilitemos los saltos tecnológicos futuros sin dejar de lado la seguridad ni el desarrollo sostenible. Como he dicho antes, la decisión que tomemos debe reflejar un planteamiento a largo plazo. Por lo tanto, debemos centrarnos en la promoción de aquellos biocarburantes que, dados sus ciclos de vida, tienen unas características especialmente buenas en lo que respecta al clima, el impacto medioambiental y la rentabilidad.
La industria y el comercio precisan unas condiciones básicas estables si los gerentes quieren sentirse seguros con respecto a sus evaluaciones con fines de inversión. Debe ser posible amortizar las nuevas instalaciones de acuerdo con las escalas de tiempo del desarrollo tecnológico y con los costes de las nuevas instalaciones. No debe resultar más difícil emplear biocarburantes en sus formas puras, o todo menos puras, que emplear combustibles mezclados a base de combustibles fósiles y una pequeña cantidad de biocarburante. También es importante que cada Estado miembro pueda decidir qué forma de biocarburante es más adecuada sobre la base de las condiciones fundamentales que prevalecen.
En este contexto y dada la postura adoptada hace un tiempo por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, estamos en camino de adoptar una postura constructiva a largo plazo en el Parlamento Europeo, una postura caracterizada por la meta del desarrollo sostenible.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, la Directiva que nos ocupa forma parte de un ámbito legislativo completo con vistas a promover el uso de fuentes de energía renovables en distintos sectores, y por lo tanto representa algunas de las numerosas y diversas medidas disponibles para aplicar la estrategia comunitaria de desarrollo sostenible adoptada en el Consejo Europeo de Gotemburgo en junio de 2001. La Directiva es especialmente importante porque los avances en este sector concreto del transporte han sido hasta el momento del todo lamentables. Mi colega, la Sra. Ayuso González, ha hecho realmente un trabajo excelente.
El transporte representa más del 30% del consumo final de energía en la Comunidad, cifra que crece constantemente. Esta tendencia se reforzará todavía más y por lo tanto habrá un incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Este aumento será todavía mayor en los países candidatos, hablando en términos relativos.
Conforme al Libro Blanco de la Comisión, se estima que las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte aumentarán un 50% en el período comprendido entre 1990 y 2010, y la principal fuente de emisiones es el tráfico por carretera, que representa el 84% de las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte. Por este motivo, el Libro Blanco solicita una menor dependencia del petróleo por parte del sector del transporte por motivos ecológicos. En la actualidad es del 98% y se vería reducido mediante el uso de combustibles alternativos similares a los biocarburantes.
La promoción del uso de biocarburantes para mantener prácticas agrícolas y silvícolas sostenibles creará nuevas oportunidades de desarrollo rural sostenible. Esto podría contribuir a la creación de nuevos empleos en las zonas rurales. Además, será posible obtener productos derivados que, debido a su contenido rico en proteínas, podrían emplearse como piensos para animales.
El cultivo de plantas para la producción de biocarburantes debería combinarse con los programas actuales de cultivo, ajustándose al principio de la rotación de cultivos. Para garantizar la existencia de prácticas de cultivo sostenibles deberíamos establecer sin embargo una serie de criterios medioambientales claros, de forma que, por ejemplo, el uso posterior de la misma zona cultivada para la producción de alimentos no plantee un riesgo.
El calendario aprobado por el Consejo solamente contiene dos objetivos con fechas vinculantes. No debemos olvidarlas.

 Liese (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, quisiera corroborar las numerosas palabras de agradecimiento a la ponente, la Sra. Ayuso González. Ha negociado con gran energía y habilidad en este campo. Quiero dar las gracias también a la Comisaria por presentar una propuesta ambiciosa. Todos lamentamos el hecho de que la propuesta no se aceptase tal y como había sido presentada por la Comisión y con las mejoras introducidas por el Parlamento en primera lectura, pero ya estamos avanzando.
Las ventajas de ampliar el uso de materias primas renovables al sector del transporte ya se han mencionado en muchas ocasiones. Entre ellas figuran la reducción de emisiones y de nuestra dependencia del petróleo, pero sobre todo la creación de empleos en zonas agrícolas y rurales. Lamento el hecho de que -y debo decir esto con bastante franqueza- nadie del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea haya tomado la palabra, porque los Verdes después de todo han expresado opiniones bastante críticas en el debate y yo había pensado que quizás debatiríamos esto de nuevo hoy aquí.
Creo que es cierto que necesitamos tener en cuenta el efecto medioambiental de los biocarburantes, pero no debemos ser unilaterales. Quisiera recordarles simplemente los desastres de los petroleros que ha habido en los últimos años. Si estos petroleros transportasen biocarburantes, el daño no habría sido, Dios lo sabe, tan devastador, y los biocarburantes tampoco necesitan transportarse a través de los océanos.
Queremos promover la innovación en este sector. Por este motivo el Sr. Purvis estaba en lo cierto al decir que los combustibles eficientes y no contaminantes merecen un apoyo especial. Quisiera añadir que el primer paso es comenzar a promoverlos. Suscribo totalmente la crítica al Consejo expresada por la Sra. Rothe, entre otros. Creo que es lamentable que no podamos ir más allá, y diré muy explícitamente algo que quizás la Sra. Rothe no puede decir con tantas palabras: me ha decepcionado también en particular el Gobierno alemán. Los alemanes no fueron los únicos que pusieron el freno, pero también tenían todos los motivos para adoptar una actitud más constructiva hacia la propuesta de la Comisión y nuestra posición desde la primera lectura.
De Palacio
Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente, Sra. Ayuso González, una vez más, su trabajo, a la comisión, a todos los parlamentarios y decir que hoy estamos discutiendo -y espero que sus Señorías con su voto lo respalden- un texto que es importante.
Es importante porque, como ha dicho la Sra. Rothe, no basta con hacer declaraciones de principios. No basta con decir que el 12% de nuestras energías tiene que ser renovable, hay que tomar las medidas para que eso sea cierto.
Confieso que a mí me gusta, cuando hago una promesa, cumplirla. La promesa la habían hecho otros. Yo estoy intentando tomar las medidas para que, de verdad, esa promesa, ese acuerdo, ese compromiso que se adoptó en el ámbito de todos los países de este Parlamento y del Consejo, del 12% de energías renovables, sea una realidad. Creo que es una medida importantísima, junto con la disposición sobre electricidad verde. No es perfecta, nos habría gustado a todos tener objetivos obligatorios, pero creo que el compromiso que se plantea con esta propuesta es razonable, que pone una presión importante en todos los Estados de la Unión para que, de verdad, al final se cumpla lo que aquí se ha dicho.
En el sector del transporte son muy pocas las medidas que podemos tomar para reducir las emisiones de CO2, esta es una de ellas y, con su respaldo, espero que la saquemos adelante rápidamente, junto con el complemento de los impuestos, que es clave para que de verdad funcione.

El Presidente.
Gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral (O-0003/2003 - B5-0084/2003) del Sr. Stevenson a la Comisión, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la crisis socioeconómica en el sector del pescado blanco.
(En ausencia del autor de la pregunta, el Presidente da la palabra en primer lugar a la Comisión)

Fischler
. (DE) Señor Presidente, Señorías, es una lástima que el Sr. Stevenson no esté aquí. Como saben, las poblaciones de bacalao en varias zonas se encuentran en un estado bastante desastroso. Desde el año 2000, la situación ha empeorado considerablemente y las poblaciones están amenazadas de colapso. El ISIS, el órgano científico internacional, ha aconsejado cerrar las pesquerías de bacalao, pescadilla y eglefino durante este año. Se piensa que este sería el modo más seguro de recuperar nuestras poblaciones de bacalao. Sin embargo, una medida tan drástica no contempla las masivas consecuencias sociales y económicas que esto tendría en todo el sector. Por este motivo un plan sostenible necesita incorporar las tres dimensiones de la sostenibilidad, y esto incluye sobre todo las consecuencias económicas y sociales.
Por lo tanto, como alternativa a una moratoria presentamos a nuestro comité científico y técnico un plan de recuperación mejorado. Este emitió un dictamen favorable. Entonces presentamos este plan mejorado al Consejo. Sin embargo, en diciembre de 2002, el Consejo solamente pudo ponerse de acuerdo en torno a un plan de recuperación transitorio. No obstante, quiero destacar que este plan transitorio es muy positivo por el hecho de que ya contiene cuotas sustancialmente reducidas, un bajo esfuerzo pesquero y mejores mecanismos de seguimiento.
Al mismo tiempo se acordó que la Comisión haría en primavera dos nuevas propuestas para la recuperación a largo plazo del bacalao y la merluza. Presentaremos estas propuestas en abril, y esta semana se celebrará una audiencia con el sector pesquero y científicos de todos los Estados miembros. Yo mismo he abierto dicha audiencia esta misma mañana.
Está claro que el plan a largo plazo para recuperar el bacalao se concebirá de forma que también contribuya adecuadamente a la recuperación de la población. Soy consciente de que este plan tendrá consecuencias graves para los pescadores a corto plazo. Sin embargo, también podemos intervenir en este caso con la ayuda del fondo estructural de pesca y cofinanciar medidas sociales, como por ejemplo los pagos de compensación para el cese temporal de actividad o medidas de reciclaje. Solamente puedo hacer un llamamiento urgente a los Estados miembros para que asuman sus responsabilidades seriamente y doten de más fondos a sus programas de medidas de este tipo. Hasta el momento se han programado los siguientes fondos para dichos pagos compensatorios dentro de los Fondos estructurales: Bélgica ha destinado 800 000 euros, Dinamarca 1,6 millones de euros, los Países Bajos 1,3 millones de euros y Francia 3,5 millones de euros. Por otra parte, el Reino Unido, Irlanda y Alemania no han programado ninguna medida de este tipo.
En lo que respecta a los 150 millones de euros de compensación adicionales para aliviar las consecuencias socioeconómicas en las regiones implicadas, quiero dejar claro que no es la Comisión la que toma esta decisión, sino la autoridad presupuestaria. Sin embargo, desgraciadamente la Comisión todavía no ha recibido ninguna señal positiva, ni del Consejo ni del Parlamento, de que la autoridad presupuestaria aceptaría tal propuesta.
Con respecto a su petición de creación de foros de asesoramiento regionales, estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta. Yo pediría explícitamente a los Estados miembros que tomaran la iniciativa en este terreno de modo que puedan crearse órganos regionales de este tipo lo antes posible. Estos foros constituirían además un lugar en el que los científicos, los pescadores y todos los demás interesados, incluidas las autoridades regionales, podrían hacer precisamente lo que ustedes solicitan en su propuesta, es decir, celebrar consultas regulares.
En lo que respecta a la solicitud de poderes de codecisión ampliados, saben que la postura de la Comisión es que apoya plenamente esta solicitud.
Stevenson (PPE-DE)
Señor Presidente, el pasado mes de diciembre, como el Comisario acaba de señalar, tras una reunión de cinco días de duración del Consejo de Ministros, se acordó un nuevo plan de recuperación transitorio para el bacalao que ha tenido un efecto devastador en gran parte del sector del pescado blanco de la UE. Conforme a estas nuevas disposiciones, que entraron en vigor el 1 de febrero de este año, las feroces reducciones de cuotas se han asociado a límites draconianos para el esfuerzo pesquero. Los barcos dedicados al pescado blanco solamente pueden pescar ahora durante 15 días al mes, incluido el tiempo de navegación a los caladeros, y estos 15 días se reducirán a 12 si no se desmantela un 20% más de la flota. Estamos pidiendo literalmente a nuestros pescadores que quemen sus barcos.
Escocia, donde quedan solamente 162 barcos de lo que era la mayor flota europea dedicada al pescado blanco, será la más afectada por estos recortes. Si desguazamos otro 20%, la flota se reducirá por debajo de la masa crítica necesaria para mantener los empleos en nuestros puertos y fábricas de procesado. El sector caerá en picado. Por otro lado, la mayor parte de los barcos que queden serán aquellos que, por tener menos de 10 años, no pueden optar a la ayuda al desmantelamiento. Estos son los barcos en los que reside el futuro de la flota dedicada al pescado blanco. Son los barcos en los que confiamos para pescar bacalao, eglefino, platija y otros pescados blancos una vez que las poblaciones se hayan recuperado y aumenten los límites del total admisible de capturas. Sin embargo, tristemente, estos son también los barcos que están más endeudados con los bancos. No me sorprendería que muchos de ellos se viesen abocados a la quiebra. Los patrones y las tripulaciones, que a menudo han hipotecado sus casas para conseguir el dinero para construir estos barcos, no solo perderán sus trabajos y sus barcos, sino también sus casas.
Pero Escocia no es el único país afectado por estas medidas draconianas. Irlanda, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Francia también han sufrido recortes. Por este motivo, la Comisión de Pesca ha votado por unanimidad -al menos con tan solo una abstención- apoyar esta resolución de emergencia, que en esencia reclama a la Comisión que adopte medidas menos dramáticas para la recuperación a largo plazo del bacalao, lo cual garantizaría el máximo número de empleos en el sector del pescado blanco en la UE.
La resolución también reclama la asignación de 150 millones de euros más para compensar a los pescadores, procesadores y trabajadores auxiliares afectados por estas medidas de conservación. Yo propondría que se utilizasen 48 millones de euros en la financiación transitoria para compensar a los pescadores y a los trabajadores auxiliares afectados por la limitación de la pesca a 15 días en el mar. Espero que esta ayuda pueda obtenerse del instrumento de flexibilidad.
El balance de 102 millones de euros debería reprogramarse desde el IFOP para el presupuesto de 2004 y debería destinarse a gratificaciones para hacer que los pescadores y los trabajadores auxiliares abandonen la industria, subvenciones a la jubilación anticipada y ayudas al reciclaje, tal y como ha mencionado el Comisario Fischler.
Un día de la semana pasada, en Escocia, la totalidad de la flota dedicada al pescado blanco acordó apagar sus sistemas de seguimiento por satélite durante 24 horas en protesta silenciosa por la catástrofe que ha sepultado a las comunidades implicadas. En el principal centro de inspección de la pesca hay una gran pantalla en la que docenas de pequeñas luces indican la posición de cada barco pesquero en el Mar del Norte y la costa escocesa. Estas luces representan información transmitida desde los sistemas de seguimiento por satélite. Una a una las luces se fueron apagando, representando de forma dramática el destino que aguarda a los barcos escoceses dedicados al pescado blanco.
Espero que la Asamblea esté de acuerdo en prestar este apoyo urgente y desesperadamente necesario. Nuestras comunidades pesqueras están pidiendo ayuda. Les ruego que atiendan a su petición.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, yo quiero, como coordinador del Grupo Popular Europeo y en nombre de mi Grupo, apoyar plenamente la pregunta oral y la resolución que presenta el Sr. Stevenson en nombre de la Comisión de Pesca, donde ha sido aprobada, como acaba de decir, prácticamente por unanimidad.
La pesca es una actividad económica. A veces nos preocupamos más de los peces que de los pescadores y hay que ocuparse de los dos. Es cierto que es una actividad económica que se ejerce sobre un recurso natural, que debe protegerse. Pero esta protección debe realizarse con medidas razonables a largo plazo, con los apoyos científicos contrastados -una de las asignaturas pendientes de la Unión Europea- y con el apoyo del sector afectado. Y cuando estas medidas se tomen así, serán mejor aceptadas por el propio sector. Además, hay que prever las medidas socioeconómicas de acompañamiento para paliar las consecuencias que puedan derivarse.
Por eso, la propuesta de resolución que hoy se presenta al Pleno en nombre de la Comisión de Pesca es perfectamente aceptada y va en la línea que, en la Comisión de Pesca, hemos discutido no solamente para el bacalao y para estas especies blancas, sino, en general, para todas las especies. Hoy estamos hablando del bacalao y de todas las especies blancas, mañana podemos hablar de otras y creo que es loable la solidaridad con los afectados -en este caso con los pescadores nórdicos y, fundamentalmente, de los países que aquí se han citado y de Escocia, donde todos los diputados han hecho una labor conjunta.
Me ha gustado escuchar las palabras del Comisario a favor de estas medidas que se proponen en la Comisión y simplemente quiero, señor Presidente, ya a nivel personal y como gallego, decir que, al igual que esta Cámara se ha solidarizado con Galicia en el caso del no acuerdo de Marruecos o, después, en el caso del Prestige, ahora es el turno de los países nórdicos y de los escoceses y estaremos todos a una, apoyándolos solidariamente.

Stihler (PSE).
Señor Presidente, en diciembre de 2002 el Consejo de Pesca acordó un compromiso que reducía de forma efectiva a la mitad las capturas correspondientes a las flotas de pescado blanco de Escocia y el Reino Unido e impedía a los barcos salir al mar durante más de 15 días al mes. Son medidas drásticas, pero están lejos de la moratoria total recomendada a la Comisión por sus asesores científicos sobre las poblaciones de peces, el ISIS.
Los Ministros del Reino Unido y Escocia han sido duramente criticados por aceptar el muy reñido compromiso. En su momento, uno de los líderes de los pescadores comentó que dudaba que el Arcángel Gabriel pudiera haber conseguido un acuerdo mejor dadas las circunstancias. Estas medidas tienen inevitablemente un efecto socioeconómico en las comunidades que dependen de la pesca de pescado blanco, especialmente de bacalao. Tenemos que reconocerlo.
Apoyo personalmente la resolución que tenemos sobre el tapete esta noche. También celebro el paquete de compensación de 50 millones de libras esterlinas aprobado por el Parlamento escocés la semana pasada y los paquetes de compensación correspondientes en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
Es importante que debatamos esta cuestión, dado que mañana en Bruselas se realizarán conversaciones vitales. Los pescadores escoceses y del Reino Unido se han unido a colegas pescadores y funcionarios de otros países de la UE en el comité consultivo de pesca de la Comisión Europea. Las conversaciones se centrarán en un plan de recuperación del bacalao a largo plazo. Me complace que el Comisario de Pesca, el Sr. Fischler, presente enmiendas a las actuales restricciones que han demostrado ser «demasiado rígidas». Sin embargo, las negociaciones sobre el plan de recuperación a largo plazo serán duras. De veras debemos reflexionar muy en serio sobre el camino correcto que debemos tomar. Quiero que examinemos todas las opciones posibles sobre el control del esfuerzo. Decir «al bacalao que lo zurzan», permitiendo que prosiga la pesca y esperando lo mejor es difícilmente una opción, como tampoco lo es renacionalizar la PPC. Esto es esquivar los difíciles problemas planteados por la necesidad de que se recuperen las poblaciones.
Realmente necesitamos racionalizar la PPC y la recuperación del bacalao. Debemos colaborar con el sector, los Ministros y otras organizaciones para encontrar una solución común. También debemos crear comisiones regionales, que permitan tomar decisiones lo más cerca posible de los afectados. No hacer nada ante el declive de las poblaciones de bacalao no es una opción. Queda la ardua tarea de cuantificar una cuota que sea sostenible y al tiempo científicamente creíble.

Attwooll (ELDR).
Señor Presidente, al apoyar esta propuesta hablo concretamente de la necesidad de prestar ayuda financiera, tanto para amortiguar los efectos socioeconómicos de las medidas que se han adoptado, como para ayudar a que el sector sobreviva hasta que las poblaciones se hayan recuperado.
A aquellos colegas cuyas circunscripciones son de tierra adentro les planteo la siguiente analogía: supongamos que por motivos medioambientales, como un recorte drástico de las emisiones de CO2, la UE dijese a los operadores de transporte por carretera que solamente pueden utilizar sus camiones dos semanas de cada cuatro y exclusivamente a condición de que una parte importante de los vehículos sean retirados de la carretera. Imaginen las consecuencias fiscales para los negocios implicados, imaginen además que estos negocios constituyen el pilar de ciudades y pueblos con economías frágiles, y consideren las consecuencias para las tiendas, escuelas y otros servicios locales. 
Tristemente, los que representamos a las comunidades pesqueras del Mar del Norte -sin duda los que venimos de Escocia- no necesitamos utilizar la imaginación. Ya podemos sentir los efectos. Por supuesto, se puede prestar ayuda por medio de la reestructuración desde dentro de los Estados miembros. Como ya ha dicho la Sra. Stihler, el Gobierno escocés ha conseguido encontrar 50 millones de libras esterlinas de su ya limitado presupuesto. Esto da la medida de la gravedad de la situación. Pero creo que la UE también debe cargar con parte de la responsabilidad financiera. Esto se debe en parte a que las deficiencias de la PPC en el pasado han contribuido a la crisis. En mayor medida, se debe a que toda democracia debe adherirse al principio moral de que en aquellos casos en que el efecto directo de la legislación sea la destrucción del medio de vida honrado de las personas, estos deben verse por lo menos adecuadamente compensados.
Espero que la UE se considere a sí misma una democracia de este tipo y que este principio se exprese plenamente en la próxima votación.
Hudghton (Verts/ALE).
Señor Presidente, por esta vez resistiré la tentación de arremeter contra la Comisión y el Consejo por sus contribuciones a la crisis a que se enfrenta el sector dedicado a la pesca de pescado blanco en Escocia. Puedo asegurarles, colegas diputados, que hay realmente una fuerte crisis de confianza en la capacidad de la Unión Europea para gestionar la pesca. Sin embargo, centraré mis comentarios de esta noche en el principal y más importante objetivo de la resolución que acompaña a esta cuestión, a saber, las consecuencias sociales y económicas derivadas de las decisiones tomadas en el Consejo de Pesca de diciembre.
Las empresas ya están sufriendo las medidas provisionales de recuperación del bacalao: no solamente el sector dedicado a la captura de peces, sino comunidades enteras. Se predice que el plan de recuperación a largo plazo seguirá ocasionando verdaderas dificultades económicas y sociales. Espero, por lo tanto, que esta Asamblea se una en apoyo a esta resolución, reclamando una financiación adicional por parte de la UE de hasta 150 millones de euros, y «adicional» es la palabra importante en este caso. Este importe, además de los compromisos de los Estados miembros, constituiría un fondo para ayudar a compensar toda clase de consecuencias sociales y económicas que ocasione la decisión sobre la gestión de la pesca de la Unión Europea.
Yo preferiría que se utilizara el instrumento de flexibilidad para ello. No hace tanto tiempo, como ya se ha señalado, la voluntad política de esta Asamblea y del Consejo, y la pérdida de derechos pesqueros en aguas de Marruecos, provocó un declive de la actividad similar y muy concentrado. Tiene que haber un debate detallado sobre los planes y prioridades para el uso de dicho fondo, pero realmente espero que esta semana demos el primer paso hacia su establecimiento. Solicito al Gobierno del Reino Unido que abandone su anterior resistencia a participar en dicho proceso.

Souchet (NI).
Señor Presidente, no debe haber ninguna duda sobre el objetivo de las severas medidas propuestas por la Comisión y refrendadas por el Consejo sobre las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte. El objetivo es, de hecho, la repoblación a largo plazo destinada a conservar tantos empleos como sea posible en las comunidades pesqueras que han estado capturando pescado blanco durante años y que deben ser temporal y justamente compensadas, sin imponerles una diversificación para siempre a otros ámbitos de actividad. Sin embargo, para conseguir este objetivo no necesitamos limitarnos a estas medidas draconianas para limitar el número de días en que se pesca. Es fundamental que aprendamos de la experiencia canadiense, que debemos examinar con gran atención.
Lamento decir que la moratoria introducida en el Atlántico Norte hace doce años no ha tenido el efecto esperado. El cese de la pesca no ha tenido efecto sobre el estado de las poblaciones de bacalao frente a Terranova y Nueva Escocia, así como en el Golfo de San Lorenzo. Se han eliminado cuarenta mil empleos, pero pese a todo ello no se ha producido una repoblación. Los canadienses reconocen ahora que la pesca es solamente un factor entre otros en el desarrollo de las poblaciones de bacalao. Otros factores influyen de modo fundamental y deben estudiarse con mucha más perspicacia, además de tenerlos en cuenta en la misma medida que la pesca: factores climáticos, el cambio de temperatura del agua, la importancia de la mortalidad natural y el desplazamiento significativo del bacalao por las focas, que experimentan una explosión poblacional, además de la caballa y el arenque, que han demostrado ser grandes consumidores de huevas de bacalao. También parece que en Canadá los pescadores no han participado suficientemente en la preparación y la gestión de los planes de repoblación.
Si queremos que nuestro plan de juego tenga todas las posibilidades de éxito, es por tanto vital definir rápidamente un marco en el que sea posible reunir la experiencia local y los conocimientos científicos en una base permanente y no limitarnos a prohibir la pesca y mantener los barcos en puerto, como si estas medidas fuesen a comportar automáticamente la repoblación. Las últimas y rudimentarias medidas deben verse necesaria y rápidamente complementadas por análisis en profundidad -financiados a través de la liberación de recursos financieros- de una amplia variedad de factores, que incluyan los efectos de la pesca destinada a producir harina de pescado. Esto permitiría aplicar una política de gestión mucho más elaborada y por lo tanto proteger en la medida de lo posible el que debe ser nuestro objetivo principal: un futuro para las comunidades pesqueras implicadas.

Parish (PPE-DE).
Señor Presidente, es muy triste que estemos debatiendo sobre este tema esta noche y que tengamos que dar 150 millones de libras esterlinas para ayudar al sector pesquero. Y tenemos que dar ese dinero debido al fracaso de la política pesquera común.
También deberíamos considerar la pesca industrial -y sé que existen diversas opiniones al respecto-, en la que se extraen anguilas del lecho marino. Las anguilas forman parte del ciclo alimentario del bacalao y todos estos aspectos están relacionados. El hecho de tener cuotas para la pesca y de lanzar pescado sano por la borda durante años ha contribuido también en gran medida a crear la situación en que nos encontramos. Pero ahora debemos afrontar la realidad de que las poblaciones de bacalao están en declive y de que las familias y comunidades implicadas en el sector pesquero que necesitan apoyo deberían recibirlo.
Apoyo firmemente la resolución de conceder 150 millones de libras esterlinas de financiación adicional. Quiero instar al Gobierno del Reino Unido a que lo asuma y lo emplee de forma muy eficaz. Uno de los problemas de la financiación de este tipo, como el que apareció cuando se empleó en aguas españolas, consiste en que es muy difícil para los barcos pesqueros, los asociados a la industria de procesado y otros, reclamar estos fondos. Quisiera instar al Comisario Fischler a que compruebe cómo puede gastarse este dinero. Si ofrecemos dinero a la gente pero no puede obtenerlo, acabará más frustrada que lo que ya estaba. Insto a todos a que presten su apoyo.

Busk (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, puedo decir francamente que apoyo la resolución. La resolución tiene que ver con aquellos aspectos que estamos debatiendo en el Parlamento y, en general, con lo que provoca problemas en las regiones cuando aplicamos decisiones tan dramáticas que afectan a determinadas poblaciones de peces, en este caso el bacalao en particular. No cabe duda de que debe existir un equilibrio en el entorno marino. Debe existir un equilibrio en las poblaciones. Sin embargo, es obvio que dichas decisiones dramáticas pueden ser dañinas para las regiones y para aquellas comunidades que dependen de la pesca y la industria que la rodea. Por lo tanto la UE debe intervenir y plantear algunos de estos problemas.
A este respecto, también me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que la industria basada en la pesca y las empresas conserveras y de desviscerado deben tener materia prima, y por lo tanto es hora de que revisemos las barreras arancelarias que impiden que las materias primas lleguen a nuestras empresas en la UE. Los mecanismos de precios y las barreras arancelarias significan que los precios de estas materias primas son mucho mayores que los precios de las mismas materias primas en el mercado mundial.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme dejar claro desde el principio que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea está muy preocupado por la crisis socioeconómica en el sector del pescado blanco y que también estamos a favor de proporcionar una compensación económica a los pescadores afectados por las medidas necesarias para salvar y conservar las poblaciones de bacalao.
Esta crisis no debe impedir que tomemos las medidas necesarias para conservar las poblaciones de pescado blanco y bacalao a largo plazo, y por lo tanto el apartado 2 de la resolución es muy importante. En el mismo, el Parlamento Europeo solicita a la Comisión y al Consejo que garantice que cualquier modificación de las medidas actuales de conservación del bacalao se efectúe de tal forma que no comporte una mayor reducción de las poblaciones de bacalao, sino con vistas a elevar al máximo sus posibilidades de recuperación.
Los Verdes hemos presentado también una nueva enmienda en la que solicitamos a la Comisión y al Consejo tener en cuenta el hecho de que los investigadores del ISIS creen que muchas poblaciones de bacalao en aguas de la UE se encuentran ahora a un nivel críticamente bajo. No creo que ninguno de los forzados argumentos que hemos oído en el Parlamento sean de ayuda. Está claro que es el esfuerzo pesquero lo que importa. Nuevas pruebas de arrastre en la costa oeste de Suecia indican también que las poblaciones de bacalao se encuentran en su nivel más bajo en 23 años y que el número de peces de un año de edad de esta especie asciende solamente a una décima parte del número que había hace un año.
Esto es peor que lo que pensábamos. Por lo tanto, es también un escándalo sin precedentes que la UE nos impida que solicitemos que se paralice la pesca del bacalao en estas aguas, lo cual haremos mediante una moratoria. Es un hecho innegable que estamos ante un desastre. Tenemos las manos atadas, lo cual es enormemente frustrante. Realmente quiero poner en tela de juicio el modo en que la Comisión está actuando en este asunto.

Langenhagen (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera empezar comentado que, con el debido respeto, no se puede culpar al clima de todo. En definitiva, también nosotros hemos contribuido al hecho de que las poblaciones de bacalao se encuentren actualmente a este catastrófico nivel mínimo de un tercio, es decir, 50 000 toneladas. No lo olvidemos.
Sin embargo, mi principal comentario es el siguiente: He asumido -tontamente, me veo casi tentado a añadir- el cargo de ponente de la Comisión de Pesca para el Presupuesto de 2004. La base de este trabajo es desde luego el presupuesto actual para 2003, uno de cuyos aspectos destacados es la reforma de la PPC y sus requisitos. Sin embargo, en las líneas presupuestarias individuales no hay dotación alguna para catástrofes, lo cual significa que no estamos preparados para ellas, ni en los Estados miembros ni en el Parlamento Europeo. La generosa interpretación de las normas sobre flexibilidad y la reserva, como fue todavía posible en el caso de Marruecos, ya no es posible. Son principalmente los Estados miembros los que tienen que pagar la factura por las consecuencias del desastre del Prestige frente a las costas de Galicia y la reducción del 45% de la cuota de captura de bacalao. Su política -la política de los Estados miembros- también necesita una reforma. Sin embargo, aquí en el Parlamento debemos ayudar hoy a los pescadores.
Todavía es un hecho que no es la pena ni la avaricia la que motiva las acciones del Parlamento, sino el conocimiento de las dificultades sufridas por nuestras comunidades pesqueras, que además tienen que ganarse su pan de cada día en las condiciones más difíciles. Todos sabemos que en las zonas periféricas de nuestra próspera UE no suele haber alternativas de trabajo disponibles. Nosotros, la UE, somos una comunidad basada en la solidaridad y tenemos que ayudar. Pero, ¿cómo? En ocasiones como esta es necesaria mucha buena voluntad y firmeza en esta Asamblea, especialmente en la Comisión de Presupuestos, pero también en la Comisión Europea y principalmente, como he dicho, en los Estados miembros. Por favor, tomemos nota.
Nicholson (PPE-DE).
Señor Presidente, el sector pesquero está en crisis, ya lo habíamos oído antes. Pero en esta ocasión la crisis es extremadamente grave. En el lugar de donde provengo en Irlanda del Norte los pescadores ya han sufrido varios reveses y cuotas, y han cooperado en moratorias de seis semanas durante la estación de desove en los últimos tres o cuatro años. Esto se hizo por medio de la cooperación. No cabe duda de que cooperarán de nuevo en el futuro si se producen tales moratorias.
Pero ¿cómo será el futuro? En la actualidad realmente se presenta muy sombrío para dichas comunidades pesqueras. Por este motivo considero que esta propuesta, que yo apoyo, da esperanza a las personas que viven en estas comunidades remotas, donde no existe otra esperanza para ellas y nadie parece querer prestar ayuda. Con este compromiso para con estas zonas comenzaríamos a mostrar que les estamos tendiendo una mano para el futuro y que no se les ha olvidado.
En lo que respecta a su futuro, no me cabe duda de que el sector ha de participar en la toma de decisiones. Este ha sido uno de los puntos débiles de todos estos años, hasta donde logro recordar. Los científicos culpan a los pescadores, los pescadores a los científicos y nosotros tratamos de encontrar una salida. Las negociaciones en la cuerda floja no producen más que desconfianza. Estuve en Bruselas, junto con el Sr. Stevenson, cuando hubo las negociaciones el pasado mes de diciembre. El modo en que se llevaron no nos pareció adecuado para unas negociaciones tan importantes. Espero que tengan esto presente y se aseguren de que no se repita.
Solicito que se consulte a las personas que tienen intereses en el sector de forma efectiva, no con tópicos. De ningún modo deberían pasarse por alto sus opiniones. Estamos hablando del sustento de las personas, de su modo de vida, incluso de su misma existencia. Solicito a la Comisión y al Gobierno del Reino Unido -ya que en el pasado no se han mostrado dispuestos a prestar la correspondiente financiación- que en esta ocasión obren de acuerdo con lo que dicen y se aseguren de que estas comunidades reciban su ayuda.

Fischler
. (DE) Señor Presidente, Señorías, después de este debate quisiera hacer en primer lugar varias rectificaciones y aclaraciones: el Sr. Stevenson ha dicho que el problema era que después de que el 20% de la flota del Reino Unido había sido desmantelada, los días en el mar se redujeron a 12. Es justo al revés. Nosotros anticipamos el desmantelamiento del 20% -antes de que se hubiese producido en realidad- e hicimos nuestros cálculos como si realmente se hubiese producido. Basándonos en esto estipulamos 15 días en el mar, por lo que no va a haber ahora recortes adicionales.
En segundo lugar, es una novedad para mi que la mayoría de la flota pesquera del Reino Unido esté formada ahora por barcos que tienen menos de diez años de antigüedad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que en el marco de este ejercicio de desmantelamiento -que, a propósito, no ha sido impuesto por nosotros, sino decidido por el Reino Unido por su cuenta- haya que desguazar barcos que no cumplen los requisitos para la ayuda al desmantelamiento.
En tercer lugar, tal y como lo veo, debemos hacer una distinción. Por una parte, existen medidas que deben adoptarse para rescatar el bacalao y el plan de recuperación debe basarse en ellas. No hay más remedio. Por otra parte, debemos mostrar compasión por las consecuencias sociales que habrá durante un período determinado, un período transitorio. También en estos casos tenemos que mostrar comprensión y ayudar a los pescadores. Si nos quedamos a mitad de camino en ambos aspectos, entonces será totalmente contraproducente. Si solamente tomamos medidas a medias no podremos conseguir la recuperación de las poblaciones y esto hará mucho daño a nuestros pescadores a largo plazo. Muchos más pescadores se enfrentarán al hecho de tener que desguazar sus barcos porque no podrán pescar más.
Sin embargo, por otra parte, también es por supuesto justo que ofrezcamos ayuda para aliviar el efecto de las medidas que tenemos que adoptar dentro del plan de recuperación.
También quiero señalar que la Comisión está haciendo un seguimiento de la anguila o de la cuestión de la pesca industrial con suma atención. En el pasado hemos solicitado al ISIS que investigue este asunto en detalle. Hasta el momento, en cualquier caso, no tenemos ninguna indicación de que la pesca industrial -si se realiza legalmente- tenga ningún efecto adverso sobre las poblaciones de bacalao.
Creo que es justo también aclarar los comentarios de la Sra. Stihler. Está en lo cierto al decir que Escocia, o el Reino Unido, ha destinado 50 millones de libras esterlinas -libras esterlinas, no euros- para garantizar una financiación adecuada de las medidas sociales. Sin embargo, este dinero proviene en su totalidad de fuentes nacionales y ha sido declarado ayuda nacional. Esto significa que no se está reclamando dinero comunitario para este fin, lo cual representa cierta ventaja para los demás Estados miembros, ya que habrá más fondos comunitarios para ellos.
Una vez más: si ustedes reclaman más dinero en este caso, esta decisión debe tomarla en primer lugar y principalmente, si no en exclusiva, la autoridad presupuestaria. El plan de recuperación tampoco es una decisión de la Comisión; es el Consejo el que decide, y el Consejo de Pesca también tratará este tema de nuevo en su propia reunión.
Langenhagen (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta. Señor Fischler, a la vista de todas estas catrástrofes -y estoy segura de que esta no será la última- ¿no deberíamos plantearnos la creación de algo así como un fondo para catástrofes -no se me ocurre otra forma de denominarlo- de alrededor de un céntimo por aleta de pescado, de forma que podamos prestar ayuda en aquellos casos en que es realmente necesario? También nosotros tenemos que poder prestar ayuda espontáneamente.
Hace poco se planteó la idea de distribuir los fondos durante varios años, si no conseguimos el dinero ahora, pero desde luego esto tampoco ayudaría a los pescadores. ¿Podría la Comisión plantearse también esta idea?
Fischler
Señor Presidente, señora Langenhagen, me complacerá reflexionar sobre estos temas más detalladamente con la Comisión de Pesca. Incluso a estas alturas me gustaría señalar, sin embargo, que tendremos que pensar en esta cuestión con sumo cuidado, porque como saben, los fondos disponibles dentro del fondo estructural de pesca son muy limitados. Si ahora creamos una reserva para emergencias desde el principio, obviamente ese dinero no estará disponible para el programa normal, lo que en definitiva podría significar que dejamos dinero inutilizado, porque esperamos no tener que enfrentarnos a una serie de catástrofes en el futuro, sino al contrario, pensamos que con la ayuda de estos planes de recuperación tendremos las cosas bajo control. Abordaremos en detalle esta cuestión en el curso de este año: también se harán propuestas al Parlamento de planes de recuperación adicionales. Pero, como he dicho, esto merece la mena discutirlo con más detalle, y me complacerá hacerlo. Quizás también deberíamos tener un debate informal sobre esto en la Comisión de Pesca, digamos que sobre la base de un documento informal de algún tipo.
El Presidente.
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta adicional.
Al final de este debate, he recibido una propuesta de resolución en nombre de la Comisión de Pesca.
La votación sobre esta resolución tendrá lugar el miércoles a mediodía.

El Presidente.
Declaro cerrado el período de sesiones de 2002-2003. Quiero recordarles que conforme a las disposiciones del Tratado, el Parlamento Europeo se reunirá mañana, martes 11 de marzo de 2003, a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 22.29 horas)

