
Maij-Weggen
Presidente, un asunto de orden. En el aparato de televisión que se encuentra en nuestro despacho creo que podemos recibir 36 canales. Uno de ellos era un canal neerlandés, en el que podíamos ver por la mañana, por la tarde y por la noche las noticias neerlandesas. Pues bien, ese canal ha desaparecido por lo visto esta semana de la pantalla. ¿Podría hacer usted un llamamiento a las autoridades competentes para que vuelvan a incorporar el canal neerlandés a la pantalla y así podamos recibir otra vez las noticias de los Países Bajos por la mañana, por la tarde y por la noche?

El Presidente
Por supuesto, señora Maij-Weggen, nos vamos a ocupar de ello.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Díez de Rivera Icaza
Señor Presidente, observo que en el Acta del día de ayer no consta mi nombre. No sé si fue por olvido mío, pero le agradecería que se subsanara ya que estuve aquí.

El Presidente
Señora Díez de Rivera Icaza, lo intentaremos.

Coates
Señor Presidente, quisiera señalar a su atención un artículo que ha aparecido en la revista del Parlamento Europeo y que se titula: «The EPLP's selection controversy».
Gran parte del artículo está constituido por comentarios de carácter político que no tienen ningún interés para el Parlamento como institución. Ahora bien, también contiene algunas aseveraciones que son inquietantes, especialmente una según la cual las personas que deseen figurar en la lista de candidatos para las próximas elecciones tienen que firmar un memorando que cede al Partido Laborista una parte de sus dietas. Se asegura, quizá con razón, que esa cláusula puede constituir una infracción del reglamento del Parlamento Europeo.
Quizá la Presidencia pudiera examinar esta cuestión y pronunciarse sobre ella.

El Presidente
Señor Coates, le diré de antemano que la revista a la que se ha referido no es una publicación del Parlamento Europeo, por lo tanto el Parlamento no tiene ninguna responsabilidad. Se trata de una revista que recibe apoyo por parte del Parlamento Europeo para que divulgue información sobre él, pero ni la Mesa y ni los servicios son responsables del contenido de los artículos publicados en ella.

Donnelly, Alan
Señor Presidente, en los próximos meses va a tener usted bastantes incidentes como éste. Es un caso de pura politiquería por parte del Sr. Coates. El Sr. Coates es uno de los frustrados de este Parlamento. Ya no está afiliado al Partido Laborista, pero se le eligió como diputado del Partido Laborista. Si tuviera un mínimo de decencia, dimitiría inmediatamente y así podríamos organizar una elección para sustituirlo.

El Presidente
No quisiera que el debate tomase el carácter de un enfrentamiento personal entre usted y el Sr. Coates.

Tomlinson, Lord
Señor Presidente, supongo que está usted de acuerdo conmigo en que citar como prueba un artículo anónimo tiene tan poco valor como las declaraciones del Sr. Coates.
(El Acta queda aprobada)

BCE: reservas mínimas - BCE: imposición de sanciones - BCE: información estadística
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de tres informes, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre las recomendaciones del BCE de reglamento del Consejo:
(A4-0332/98) del Sr. Hoppenstedt, sobre la aplicación de reservas mínimas por el Banco Central Europeo (BCE0002/98 - C4-0451/98-98/0808(CNS)).- (A4-0329/98) Sr. Katiforis, sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (BCE0003/98 - C4-0452/98-98/0809(CNS)).- (A4-0327/98) del Sr. Hendrick sobre la recogida de información estadística por el Banco Central Europeo (BCE0001/98 - C4-0450/98-98/0807(CNS)).
Hoppenstedt
Señor Presidente, Señorías, el informe relativo a la aplicación de reservas mínimas es una de las numerosas piezas construidas a través del diálogo entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, que tiene como objetivo formular el marco de condiciones para la aplicación de las medidas de política monetaria. En su intervención ante la Subcomisión Monetaria del 22 de septiembre de 1998, el señor Wim Duisenberg también resaltó la importancia de la aplicación de reservas mínimas como posible instrumento de la política monetaria. En mi calidad de ponente del Parlamento sobre este tema, es una satisfacción para mí poder contribuir a la concreción del instrumentario político monetario.
En el debate de los últimos meses sobre la aplicación de reservas mínimas se han ido concretando tres funciones centrales de este instrumento. En primer lugar, un sistema de reservas mínimas podría contribuir a la estabilización de los tipos de interés del mercado monetario. En segundo lugar, dicho sistema podría contribuir a incrementar la demanda de monedas del Banco Central y, con ello, a la creación o ampliación de un déficit estructural de liquidez bancaria. El BCE considera que esto puede ser útil porque le permitirá operar de forma más eficiente como proveedor de liquidez y, a más largo plazo, reaccionar también ante nuevos sistemas de pago, como puede ser el desarrollo del uso del dinero electrónico.
En tercer lugar, el sistema de reservas mínimas del BCE podría ser utilizado también como instrumento de control monetario, ya que permite influir sobre la estabilidad de la «elasticidad de los tipos de interés de la demanda de dinero». Aun así, la aplicación de reservas mínimas como un instrumento de la política monetaria no deja de suscitar objeciones, ya que puede generar distorsiones en la competencia con terceros países que no participen en la Unión Monetaria. A la vista de ello, yo acojo con satisfacción la decisión del BCE de establecer, por un lado, un coeficiente de caja relativamente bajo y de ofrecer, por el otro, una remuneración de las reservas mínimas próxima a los tipos de interés de mercado.
Ambas medidas reducen el riesgo de un desplazamiento de las transacciones fuera del espacio «euro». En este contexto, yo quisiera destacar otros dos elementos importantes del informe. Por un lado, el BCE debería presentar un estudio sobre la inclusión de las denominadas «operaciones extra-balance» en la base sobre la que se calcularán las reservas mínimas. Su inclusión sería conveniente para la estabilidad general del sistema financiera, habida cuenta de la rapidísima evolución de dichas «operaciones extra-balance» y de los instrumentos financieros derivados.
Por el otro lado, yo quisiera señalar que, precisamente a la vista de la creciente importancia del dinero electrónico, que el BCE también ha reconocido y considerado, una circunstancia que no se daba hace algún tiempo -en las consultas se habló de una proporción del 10 %, pero entre tanto se ha modificado considerablemente este planteamiento-, convendría adoptar una definición abierta de la política de reservas mínimas en relación con estas tendencias futuras.
La inclusión de las transacciones financieras electrónicas en la base para la aplicación de reservas mínimas podría revelarse como un aspecto importante del control monetario. Yo quisiera resaltar que la finalidad del presente informe es dotar al BCE de un instrumento eficaz y permitirle decidir de forma flexible sobre su aplicación, también con vistas a las tendencias futuras. Por consiguiente, yo doy por sentado que el Consejo adoptará esta recomendación en la próxima reunión del ECOFIN del 12 de octubre de 1998, como un apoyo para la aplicación de las estrategias del BCE en el ámbito de la política monetaria.

Katiforis
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el debate que vamos a desarrollar, a pesar de su carácter técnico, podríamos decir que tiene una importancia histórica al ser la primera vez que se le ha pedido a nuestro Parlamento que legisle acerca de asuntos relacionados con el Banco Central Europeo y eso es algo digno de mención. La propuesta legislativa que ahora presento atañe a la publicación de un reglamento del Consejo relativo a las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 34 del estatuto de dicho banco, éste tiene derecho a imponer sanciones en relación con reglamentos y resoluciones que se hubiesen adoptado en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la línea de la política monetaria y también en el ámbito del ejercicio de la supervisión del sistema bancario.
Señor Presidente, creo que en raras ocasiones se dan las coincidencias que hacen que un debate de corte técnico resulte tan actual y de tal importancia como en estos momentos. Los hechos acaecidos en las últimas semanas en los mercados bursátiles han demostrado tres cosas: en primer lugar, que el volumen que alcanza la especulación es incontrolable, segundo, que nos han llevado al borde de la catástrofe económica y, en tercer lugar, señor Presidente, en relación con lo que estamos debatiendo hoy, los responsables de tales hechos y de correr esos riesgos no han sido sólo los especuladores particulares sino que están implicados también aquéllos que se supone que deberían controlarlos, es decir, los bancos centrales, que no sólo encubren la especulación sino que en caso de que el mercado imponga sanciones corren a neutralizar los daños que hubiesen podido sufrir. Me refiero al conocido asunto del escándalo del Hedge Fund de Merriweather en los Estados Unidos. Ustedes me dirán que eso ocurre en Estados Unidos, pero creo que la ética y los principios por los que se rigen los bancos centrales, señor Presidente, están estrechamente vinculados y en Europa no hay garantía alguna de que las cosas sean mejor. Se ha dado el caso del Banco Central de Italia que ha especulado con dinero público en el Hedge Fund que, a su vez, especulaba en Italia con obligaciones del estado italiano, de las que se suponía que el banco italiano era el salvaguarda para imponer disciplina en el mercado.
Ahora bien, una cuestión importante es quién va a controlar al Banco Central de Italia, señor Presidente, porque el Tratado es incompleto en cuanto al asunto del control de las entidades de crédito. ¿Quién va a controlar al Banco Central de Italia? ¿Van a ser las autoridades italianas o el Sistema Europeo de Bancos Centrales? En el primer caso podría aludir a que es independiente pues hemos convertido a los bancos centrales en entes independientes. En el segundo caso podría aludir al principio de subsidiariedad. Así pues, entre la independencia y la subsidiariedad, señor Presidente, los bancos centrales han logrado adquirir unos derechos y unos poderes casi divinos cuando se supone que están al servicio de sociedades democráticas. Ésta es una peligrosa e inaceptable situación y así puede verse con lo que está ocurriendo durante estos días. La herramienta que vamos a dar hoy al Banco Central para que ejerza la vigilancia e imponga la disciplina es totalmente insuficiente porque se trata de una resolución de tipo jurisdiccional, que por descontado debemos votar y que es óptima desde el punto de vista técnico, prueba de ello es que no se ha propuesto ni la más mínima enmienda y el ponente opina que debemos aprobarla y elogiar su calidad. Pero debemos saber que lo que estamos haciendo es totalmente insuficiente porque la vigilancia deberá ser más estricta si se trata de proteger al público de situaciones como las que se desarrollan en los mercados internacionales de valores. Porque, señor Presidente, los bancos centrales deberán saber que, dados los poderes que tienen concedidos, han de sacrificarse por el bien público y no en beneficio de los especuladores como desgraciadamente han venido haciendo hasta hoy.
Los bancos centrales hacen referencia a su éxito con la inflación. A ese éxito han contribuido diversos factores y no sólo la política de los bancos centrales sino también la política financiera y la política de los gobiernos en el ámbito de los precios y las rentas. Pero donde los bancos centrales tenían que haber tenido su gran éxito contra la inflación, es decir, en su propio seno, se les ha ido la situación de las manos, porque la inflación de las acciones y de las obligaciones originada por una especulación que no habían vigilado sino que, ellos mismos, junto con otros agentes, habían encubierto y como se ha demostrado ha llegado hasta lo más alto y ha puesto en un grave aprieto a las bolsas europeas, a las bolsas americanas y a la economía mundial. Hoy vamos a proporcionar una herramienta como es nuestra obligación, pero a la vez debemos advertir que todas las herramientas que dan los regímenes democráticos es para servir a los pueblos de Europa y no a los especuladores.

Hendrick
Señor Presidente, el artículo 5.1 del estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales requiere que el Banco Central Europeo, asistido por los bancos centrales nacionales, recojan la información estadística necesaria para llevar a cabo las tareas del SEBC. Esta información estadística debe ser recogida o bien por las autoridades nacionales competentes, o directamente por los agentes económicos.
El proyecto de recomendación de Reglamento es en su mayor parte bastante claro. Sin embargo, plantea algunas preocupaciones acerca de la confidencialidad de la información estadística facilitada al BCE. Me parece que el BCE, en su búsqueda de la máxima independencia posible, desearía todos los beneficios del régimen estadístico pero sin la responsabilidad que el derecho comunitario impone a Eurostat. La buena fe de los BCN y la recogida de la información estadística destinada al BCE no debe quedar afectada por prejuicios relativos a la posibilidad de que el BCE no respete la confidencialidad de la información que obre en su poder. A ese respecto, he tratado de aclarar estos aspectos en las enmiendas.
A fin de recoger la información necesaria para desempeñar el cometido del BCE, debe tenerse particularmente en cuenta a la «población informadora de referencia». Se han planteado diversas cuestiones. En primer lugar, acerca de las sanciones: si el BCE o el BCN no reciben información estadística antes de la finalización del plazo establecido se podrá imponer el pago diario de una cantidad no superior a 10.000 euros. En segundo lugar, si la información facilitada es incorrecta o incompleta, o está en forma diferente de la solicitada, se podrá imponer una multa que no exceda de los 200.000 euros. Si el agente informador obstruye la verificación de la exactitud de la información facilitada, se podría imponer una multa que no exceda de los 200.000 euros.
La confidencialidad es una cuestión de suma importancia y a fin de conseguir y mantener la confianza de los agentes informadores estimo que la confidencialidad es un requisito previo para obtener datos estadísticos de gran calidad. Esos datos deberán ser confidenciales siempre que sea posible.
En cuanto al régimen propiamente dicho, el considerando 22 argumenta que la confidencialidad en este Reglamento «debe diferir en cierta medida de los principios generales comunitarios e internacionales acerca de la confidencialidad estadística». En esto se basa el argumento de la posible falta de conformidad con las disposiciones de Eurostat. La justificación para ello no está clara. La utilización de información estadística debe hacerse, por tanto, de conformidad con las disposiciones sobre confidencialidad estadística del propio Reglamento del Consejo.
En cuanto a la imposición de sanciones, no hay una cláusula de exención que considere la posibilidad de que haya circunstancias en virtud de las cuales los agentes informadores no puedan facilitar la información estadística; por ejemplo, no se prevé la posibilidad de que un fax no funcione bien. Deben preverse esas posibilidades y en mi informe procuro resolver esa cuestión.

Randzio-Plath
Señor Presidente, Señorías, la Unión Económica y Monetaria Europea se inaugurará dentro de exactamente 87 días. Los preparativos para la introducción del euro a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales avanzan por buen camino y de conformidad con el calendario. La aprobación de la legislación secundaria relativa a las competencias para imponer sanciones, a la aplicación de reservas mínimas como elemento de la política monetaria y a la recogida de datos estadísticos, que hoy se debate en el Parlamento, constituye un paso muy importante en este contexto. Deberíamos aprovechar la oportunidad para recordar la singularidad histórica del proyecto de la Unión Monetaria.
Los Estados miembros cederán por primera vez en la historia algunos derechos nacionales de soberanía en favor de una institución federal europea. Con ello ganarán, sin embargo, soberanía en el ámbito de la política monetaria. Así acaba de demostrarse de nuevo en la actual situación turbulenta de los mercados financieros, en la cual el espacio «euro» aparece como una isla de estabilidad.
Con este trasfondo es preciso hacer, por lo tanto, todo lo posible para establecer los fundamentos técnicos y jurídicos que permitan que el Banco Central Europeo cumpla de la mejor manera posible las tareas que le asigna el Tratado. Esto requiere que la legislación secundaria se trasponga también cuanto antes. El Parlamento Europeo lo ha hecho posible con su calendario. En lo que de éste depende, el Consejo ECOFIN del 12 de octubre podrá proceder también a la aprobación definitiva de dicha legislación. La participación del Parlamento Europeo en este procedimiento legislativo es, por otro lado, sólo un elemento de la legitimación democrática de la política monetaria europea a través del diálogo monetario entre el Banco Central Europeo y el Parlamento.
No se trata sólo de garantizar la responsabilidad democrática de una institución con una independencia históricamente única, sino por el contrario también de que sólo una política democráticamente legitimada, que gracias a ello obtendrá aceptación y credibilidad, podrá cumplir los objetivos que le marca el Tratado. Por consiguiente, un diálogo monetario con el Parlamento Europeo también favorece los intereses del Banco Central Europeo y le permitirá mejorar su credibilidad y aceptación en los mercados y entre la población.
El Informe Hoppenstedt llama acertadamente la atención sobre un instrumento importante de la política monetaria. Para cumplir los objetivos que establece el Tratado y para que la Unión Monetaria sea un éxito, es preciso que el Banco Central Europeo esté en condiciones de poder aplicar instrumentos de política monetaria diferenciados y eficaces. Las reservas mínimas son uno de estos instrumentos importantes de la política monetaria, que permite estabilizar la demanda de monedas del Banco Central por parte los bancos y evitar así una fuerte volatilidad de los tipos de interés del mercado monetario. Actualmente, la política monetaria europea no prevé una aplicación activa de este instrumento como un medio para evitar la afluencia de capital especulativo, como ocurrió por ejemplo en Alemania a principios de los años setenta tras la supresión del sistema de Bretton-Woods.
A la vista de las crisis financieras de alcance mundial y de los movimientos especulativos de «dinero caliente», las reservas mínimas podrán ser útiles en el futuro incluso para otros fines. También es importante que el BCE disponga de este instrumento en su caja de herramientas de política monetaria a la vista del posible desarrollo del uso del dinero electrónico, que podría desplazar al dinero en efectivo y reducir de este modo la demanda de monedas del Banco Central. Las reservas mínimas crean, sin embargo, problemas por el hecho de que su aplicación tiene los efectos de un impuesto sobre el sector bancario y, por lo tanto, podría traducirse en desventajas competitivas para el espacio «euro».
Los requisitos necesarios se cumplen una vez que el Consejo del BCE se ha decidido por la aplicación de unas reservas importantes y, además, también por una remuneración de los depósitos mantenidos en el BCE en concepto de reservas mínimas. El Parlamento Europeo puede aprobar esta propuesta, como también queda muy claro en el Informe Katiforis relativo a las competencias para imponer sanciones. Por consiguiente, el Parlamento Europeo no tiene, con razón, nada que objetar contra esta propuesta de reglamento. La recogida de información estadística es asimismo una necesidad en la Unión Europea -justamente porque se tendrá que ejercer un control monetario-, en un momento en el que se ignora cómo evolucionará el comportamiento en relación con la tenencia de dinero y el ahorro en la Unión Monetaria Europeo, de manera que será fundamental disponer de una amplia base de datos.
Como señala acertadamente el señor Hendrick, y también el reglamento, es preciso dotar al Banco Central Europeo de los fundamentos jurídicos que le permitan constituir una base de datos suficiente.
Evidentemente, el Banco Central Europeo no debe actuar sin ninguna restricción jurídica en este ámbito. Por consiguiente, también deberá respetar los principios generales del Derecho. En este sentido, el Informe Hendrick llama la atención acertadamente sobre los problemas de la confidencialidad y la protección de la información. También es importante que esto se regule debidamente, tal como deja patente el Parlamento Europeo mediante las enmiendas de compromiso propuestas.
La Unión Monetaria Europea continúa avanzando, por lo tanto, igual que lo ha hecho en los últimos meses, de conformidad con el calendario y mediante cuidadosos preparativos, de manera que dentro de 87 días, contados a partir de hoy, o sea, el 1 de enero de 1998, ésta pueda inaugurarse también con un Banco Central Europeo dotado de instrumentos eficaces.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, en la Subcomisión de Asuntos Monetarios que preside nuestra colega, la Sra. Randzio-Plath, compareció, hace unos pocos días, el Presidente del Banco Central Europeo, Sr. Duisenberg, quien aseguró que se estaban cumpliendo de manera satisfactoria los plazos y las previsiones para asegurar que los mecanismos operativos del Banco Central Europeo, cuando el euro entre en vigor el 1 de enero del año próximo, funcionen sin ninguna clase de problemas. Sin embargo, dejó entrever que había aún algunos aspectos importantes que era preciso dilucidar de manera satisfactoria antes de esta entrada en vigor.
Estos tres informes, que han sido aprobados por una muy amplia mayoría por la Comisión de Asuntos Económicos, hacen referencia a algunos aspectos básicos sobre estas cuestiones fundamentales para asegurar una buena operatividad por parte del Banco Central Europeo y, como han demostrado los respectivos ponentes, aún hay cuestiones de fondo que es preciso tener en cuenta, e incorporar las observaciones que se han realizado en materia, por ejemplo, de reservas, relaciones entre los Estados miembros y el Banco Central Europeo, nivel de sanciones, aplicación de las mismas, etc...
Como ha dicho la Sra. Randzio-Plath, estamos a menos de 90 días de la aplicación del euro, y éste -en estos momentos de turbulencias económicas y financieras- ha demostrado ofrecer una seguridad y estabilidad importantísimas para su zona. Pero, para ello, es necesario consolidarlo. Y es mi percepción -a través de esta comparecencia del Sr. Duisenberg y de las observaciones que se han hecho aquí a través de los debates que hemos tenido en comisión sobre estas cuestiones básicas- que aún hay un desajuste excesivo entre el funcionamiento del Banco Central Europeo y la aplicación de las políticas económicas y monetarias por parte de los Estados miembros y sus propios Bancos Centrales. Es una cuestión que tendríamos que solventar lo antes posible y tener todas las seguridades necesarias para el buen funcionamiento del euro a partir del 1 de enero del año próximo.

Gallagher
Señor Presidente, estamos debatiendo hoy tres reglamentos que emanan del apartado 6 del artículo 106 del Tratado, y tratan de la utilización de reservas mínimas, la facultad de imponer sanciones, y la recogida de información estadística por el Banco Central Europeo, que se han elaborado de conformidad con un procedimiento especial estipulado por el Tratado. En el caso presente el Banco Central Europeo y la Comisión están de acuerdo en que el propio banco prepare los proyectos de recomendación a fin de evitar duplicación de actividades.
Por lo que se refiere al reglamento sobre la recogida de información estadística, nuestro grupo, por su parte, estima que las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial definen una vez más el ámbito para la recogida de información estadística por el banco y los métodos que han de seguirse. El texto ante nosotros nos parece satisfactorio.
Por lo que se refiere al reglamento sobre la imposición de sanciones, veo que al banco se le han concedido poderes en una esfera de responsabilidad más amplia que la de la mayor parte de los bancos centrales nacionales en cuanto se refiere a las estadísticas. No es raro que la protección en forma de sanciones prevista por el reglamento sea amplia. En su artículo 2 el reglamento especifica que las sanciones tienen que estar en proporción con las faltas cometidas y, antes de su aplicación, dispone que se siga un procedimiento detallado que garantice que los centros amenazados con la imposición de sanciones puedan evaluar su posición ante las autoridades competentes. Esto parece ser una buena idea.
Hablaré a continuación del reglamento sobre las reservas obligatorias. Hemos de tener presente que en el mes de julio el Banco Central Europeo anunció que se constituirían reservas obligatorias a partir del 1 de enero de 1999, que se pagarían en función de su operación principal de refinanciación del Banco Central Europeo; de esta forma se obtendría una remuneración de cuantía parecida a la que se obtendría en el mercado monetario. Ahora bien, no podemos olvidar que esta cuestión no se indica explícitamente en el proyecto de reglamento. La base jurídica en que se basa es el apartado 2 del artículo 19 del estatuto del Banco Central Europeo, que no prevé esa posibilidad.
Por otra parte, algunas enmiendas del Parlamento preconizan que se fije más explícitamente en la determinación de las reservas obligatorias una fecha vinculada con elementos ajenos a la estimación y, en particular, a elementos encaminados a promover una política monetaria encaminada a la estabilidad, y a contribuir a la estabilidad de todo el sistema financiero.
Algunos ponen aquí en entredicho el valor de esas enmiendas alegando que la cuestión se trata ya adecuadamente en el artículo 3 del proyecto de reglamento. Por otra parte, corresponde al BCE determinar, según criterios objetivos, qué coeficientes deben aplicarse a cada categoría de requisitos. Sea como fuere, la inclusión de derivadas en la evaluación de reservas obligatorias no se puede justificar alegando motivos cautelares, como parece sugerirse en una de las enmiendas.
Por último, las reservas obligatorias son un instrumento de política monetaria encaminado a estabilizar los tipos de interés del mercado monetario y a controlar el crecimiento de las disponibilidades monetarias. Desde este punto de vista, en nuestra opinión, estaría justificado incluir algunas derivadas en la evaluación.

Ainardi
Señor Presidente, los informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial avalan sin reservas los tres proyectos de reglamentos relativos a los poderes del Banco Central Europeo en materia de sanciones, de aplicación de las reservas mínimas y de recopilación de información estadística.
Estos reglamentos ponen de manifiesto el poder exorbitante del Banco Central. La gestión directa de las medidas correspondientes, en efecto, le sería confiada sin intervención alguna por parte de los gobiernos, ni tan siquiera de los bancos centrales nacionales. No se le aplicaría ningún control político en el plano comunitario pues el Consejo «euro», hasta el momento, es sólo una estructura sin poder. Así, cuando oigo decir: la zona euro será una zona de estabilidad, me parece que mis colegas son muy optimistas. Todo el mundo sabe que cuando la crisis financiera mundial sacude las economías de los países emergentes, los países industrializados se ven afectados; de hecho, ya empiezan a estarlo y todo el mundo sabe también que esto acarreará graves consecuencias económicas y sociales.
Así las cosas, es sin duda urgente llevar a cabo una tarea de reflexión y de búsqueda de propuestas sobre los objetivos y las modalidades de gestión del Banco Central Europeo. No podemos aceptar que el Banco Central se convierta en el censor de los presupuestos nacionales e imponga políticas restrictivas en materia social y de empleo en nombre de la lucha contra la inflación. Es urgente que modifiquemos las prioridades, que redefinamos los objetivos del Banco Central para que éste contribuya al relanzamiento de los créditos para el empleo y el crecimiento, y para que desempeñe su función de limitar la libre circulación de capitales y hacer que disminuya el peso de los mercados financieros.
Los ciudadanos y sus representantes políticos deben contar con los medios para controlar a este Banco Central. Para ello será necesario instaurar la transparencia y el control democrático de su actividad, sobre todo mediante un control del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales y a través de un debate público acerca de los grandes desafíos económicos y monetarios. Esta tarea de redefinir los objetivos y la actividad del Banco Central es una necesidad si queremos iniciar un proceso de reorientación progresista de la construcción europea capaz de responder realmente a las necesidades y a las aspiraciones de los pueblos de Europa.

Wolf
Señor Presidente, hemos entrado en la etapa final de una carrera al trote, que de improviso se reconvirtió en una carrera al galope. Ahora es necesario completar de repente en unos meses los preparativos que no se realizaron durante años. Tendríamos que reconocer que esto nos está dejando casi sin aliento. Es cierto que las reservas mínimas son una dimensión central de la política monetaria. La señora Randzio-Plath ya lo ha resaltado. No obstante, quizá deberíamos seguir preguntándonos si no sería conveniente prever también el uso de las reservas mínimas para la estabilización exterior del euro y una base más amplia para la aplicación de las mismas. Sólo voy a citar dos expresiones clave: instrumentos financieros derivados y «capitalismo de casino».
Por lo que respecta a las sanciones y a la regulación y el control, el señor Katiforis ya ha manifestado que son insuficientes. Las garantías, tal como ahora se definen, serían insuficientes si operadores irresponsables comienzan a actuar por medio de fondos de protección (Hedge-Fonds) con un enorme efecto de palanca. En cuanto a las estadísticas, incluso con una base de datos más amplia no nos será posible captar verdaderamente la evolución real de la economía.
Yo debo decir que, a pesar de que estamos cumpliendo el calendario, sigue siendo motivo de preocupación que el estado de los preparativos técnicos con vistas a la introducción del euro todavía no permita excluir, en conjunto, la posibilidad de que topemos con importantes problemas. Por lo que respecta a las medidas de acompañamiento y correctoras y los preparativos políticos, yo tengo en cualquier caso la esperanza de que en el último momento se introducirán las correcciones necesarias. Oskar Lafontaine tiene, en efecto, un planteamiento claro sobre el problema: reducción de los tipos de interés como misión central de la política monetaria, activación de la gestión de la economía, inclusión de la igualdad de derechos como objetivo en el ámbito del empleo y contribución activa al fortalecimiento de la estructura financiera mundial. El señor Katiforis ha señalado con razón que sencillamente no basta con introducir más controles. ¡Es necesaria una mayor regulación! No podemos proteger únicamente los derechos de los titulares de capital monetario, sino que tenemos que suturar por fin la herida abierta que representa la falta de enraizamiento y control democráticos del Banco Central Europeo.

Torres Marques
Señor Presidente, estamos en la fase final del lanzamiento del euro, que entrará en vigor dentro de menos de 90 días. Y el Banco Central Europeo está enviando a nuestro Parlamento, como prometió su Presidente Wim Duisenberg, sus recomendaciones con vistas a la aprobación por el Consejo de los reglamentos necesarios para el funcionamiento normal del Banco Central y la plasmación de los objetivos que se pretende alcanzar: en primer lugar, la estabilidad de los precios, pero también las necesarias medidas económicas y monetarias para mantener la fase de expansión económica por la que Europa atraviesa y que la crisis monetaria de Rusia, Asia y América Latina están poniendo en entredicho.
Estos tres reglamentos versan sobre la aplicación de las reservas mínimas obligatorias por el Banco Central Europeo, los poderes para la imposición de sanciones y la información estadística que deben facilitar los Estados miembros, y sus ponentes han sido, respectivamente, los Sres. Hoppenstedt, Katiforis y Hendrick, a los que felicito.
Son pasos esenciales para el funcionamiento regular de la Unión Monetaria en esta su tercera fase y constituyen sin duda medidas coherentes relativas a la forma como se va a controlar la masa monetaria en los once países del euro a fin de volver atractivos estos mercados y, simultáneamente, seguros, tarea que ni es simple ni está garantizada. En ese sentido, se están adoptando las medidas necesarias en el ámbito de estos tres reglamentos, que merecen en general nuestra concordancia.
Por lo que se refiere al informe del Sr. Hoppenstedt sobre las reservas mínimas obligatorias, se da la necesidad de equilibrar, por un lado, las ventajas y la seguridad que la existencia de esta medida permite con la flexibilidad, por otro, para que no haya distorsión de la competencia. Un sistema de reservas mínimas obligatorias, tiene, como sabemos, tres funciones fundamentales: primero, estabilizar los tipos de interés del mercado monetario; segundo, crear condiciones para afrontar una carencia de liquidez estructural y, tercero, controlar la expansión monetaria. El tipo mínimo del 10 % previsto por el BC, remunerado, e incluido el dinero electrónico, cuya importancia es cada vez mayor, y la extensión de su ámbito de aplicación, así como las restantes propuestas, merecen nuestra concordancia.
Por lo que se refiere al informe sobre el poder del Banco Central para imponer sanciones, elaborado por el Sr. Katiforis, sigo su competente y sensata conclusión. El equilibrio entre el BCE y los bancos centrales nacionales establecido en el reglamento es particularmente afortunado: mientras que la posibilidad de desencadenar un proceso por infracción cabe tanto al BCE como a los bancos centrales nacionales, sólo los órganos competentes del BCE pueden adoptar las decisiones. De ese modo se consigue que los bancos centrales no reduzcan su vigilancia y que, paralelamente, el proceso de imposición de sanciones sea uniforme en todos los niveles del sistema de bancos centrales europeos.
Analicemos, por último, el informe Hendrick sobre la compilación de información estadística del BCE. Como se sabe, a partir de datos estadísticos con la máxima flexibilidad posible es como se deberán y podrán adoptar las decisiones en materia cambiaria y monetaria. A eso se deben todas las cautelas previstas en este reglamento y todas las disposiciones en él incluidas. Convengo con el ponente cuando exige la necesidad absoluta de la confidencialidad de la información puesta por los bancos centrales nacionales a disposición del BCE. Se trata de un aspecto que las propuestas de enmienda ahora presentadas vuelven más riguroso.
Señor Presidente, Señorías, estamos viviendo un período extraordinariamente importante, difícil e interesante: el nacimiento de una nueva moneda -el euro- que se pretende estable, común a países cuyas economías están siguiendo políticas rigurosas de control presupuestario, pero en las que el crecimiento se mantiene fuerte, en un clima de crisis e inestabilidad monetaria generalizada. Esperemos que esta nueva moneda llegue a ser un factor de estabilidad, no sólo en Europa, sino también en el mundo.

Carlsson
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, ahora faltan menos de tres meses para la introducción del euro. En este Parlamento hemos decidido una serie de detalles técnicos, al mismo tiempo quiero aprovechar para felicitar a la Unión Europea por esto que se está creando. Asimismo quiero, una vez más, lamentar que Suecia todavía tenga un gobierno que elige mantenerse al margen de este proceso creador de estabilidad y crecimiento.
Para que el Banco Central Europeo pueda actuar con credibilidad, es necesario que se usen los instrumentos de política monetaria adecuados pero también es preciso que las decisiones que se tomen estén basadas en información correcta. Opino que el informe Hoppenstedt es muy bueno. Es la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial la que ahora se manifiesta acerca de la recomendación del BCE sobre un reglamento del Consejo relativa a la aplicación por parte del Banco Central Europeo de reservas mínimas. Hoppenstedt comprueba, en su bien redactada exposición de motivos, que la importancia de las reservas mínimas está disminuyendo. También escribe que si los objetivos de política monetaria pueden alcanzarse por medio de otros instrumentos que están a disposición del BCE, puede, eventualmente, pensarse en fijar en cero la cuota de reserva máxima permitida. Personalmente, creo que la posibilidad del BCE de ajustar la liquidez por medio de operaciones abiertas de mercado tal vez sea suficiente. Opino, igual que Hoppenstedt en su intervención, que la utilización incorrecta de las reservas mínimas puede parecer limitativa de la competencia. Además, hay riesgo de que funcionarios y políticos fisgones utilicen la posibilidad de reservas mínimas como un medio para gravar con impuestos al sistema bancario. En suma, quiero, sin embargo, apoyar la propuesta presente ya que la propuesta de reglamento otorga gran libertad de acción al BCE respecto a la utilización futura de la política de reservas mínimas. En el Grupo PPE tenemos plena confianza en las decisiones y criterios de la dirección del BCE.
También señalé que para que el BCE pueda actuar con credibilidad y eficiencia, las decisiones deben apoyarse en información correcta. La base de las decisiones en política monetaria tienen que sostenerse en datos estadísticos confiables que puedan ser controlados posteriormente. Por eso, tanto el informe Hendrick como el de Katiforis, están interesados en posibilitar sanciones para los institutos que no cumplan con sus compromisos y con su responsabilidad. Quiero felicitar a Hendrick y a Katiforis por sus trabajos.
Las estadísticas del BCE son especiales. La transferencia de esta delicada información tiene que hacerse en un ambiente de confianza entre el ámbito nacional y el europeo. Esto requiere que se garantice la calidad, que los estándares estadísticos sean comunes y que no haya ambigüedades, pero que tampoco la obligación de emitir informes sea demasiado rigurosa.
Estoy convencida de que el BCE podrá adoptar las decisiones necesarias en política monetaria si cuenta con antecedentes correctos para decidir. Con franqueza en la comunicación con el mercado y reflejando los fundamentos de las decisiones, será posible crear la confianza necesaria para que el Banco Central Europeo tenga éxito.

Seppänen
Señor Presidente, en los últimos meses se ha generalizado la impresión de que el Fondo Monetario Internacional ha fracasado en su tarea de salvar el sistema monetario mundial. Nos encontramos al borde de una deflación a escala mundial. El FMI ha recetado a los distintos países unos medicamentos que no sólo no han producido mejoras, sino que han empeorado aún más la dolencia provocada por el virus de la especulación. Las riendas del FMI las ha llevado en todo momento una mano invisible, la lógica liberal. En lugar de salvar a los países, a quienes ha salvado el FMI con nuestro dinero ha sido a los bancos multinacionales.
Ahora se ponen a disposición del Banco Central Europeo los medios para evitar que se desencadene una crisis monetaria en Europa como consecuencia de la especulación. Por este motivo, en el informe Hoppenstedt se justifica la inclusión de todos los organismos financieros y de numerosos balances exteriores en el fondo de reservas mínimas de los bancos. La apreciación de los créditos y la especulación en los mercados derivados pueden dar lugar a una crisis bancaria.
En cambio, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial se equivoca en su segunda recomendación. No se deberían pagar intereses a precios de mercado a los bancos por sus reservas mínimas. De esta manera, el BCE podría proteger más eficazmente el sistema bancario de un recalentamiento como el que presenciamos el año pasado en Asia, Rusia y América Latina. El deber del BCE no es salvar a los bancos, sino a la sociedad.
La ideología del Banco Central Europeo es la lógica del libre mercado de capitales. El BCE se enfrenta con la tarea imposible de velar por una misma política monetaria para países distintos. Hay que tomar precauciones para evitar que Europa se vea dominada por la lógica de la inflación de los mercados de capitales y de la deflación de la economía real.

Hautala
Señor Presidente, me voy a referir básicamente al informe del Sr. Hendrick, que trata sobre las competencias del Banco Central Europeo para recopilar información estadística. Sabido es que esta información estadística constituirá la base en la que se sustentará el Banco Central Europeo para desarrollar su política monetaria común. En principio, la recopilación de estos datos tendrá un carácter confidencial, si bien, como señalan tanto el ponente como la comisión, esta propuesta de reglamento no está clara del todo por lo que respecta a la cuestión de la confidencialidad. Por ello, la comisión apunta que se debería precisar en mayor medida la noción de confidencialidad, y que esta cuestión debería ajustarse al resto de la legislación comunitaria relativa a la confidencialidad de la información estadística. En teoría, la información puede ser de un carácter extremadamente delicado. Dicha información puede llegar a contener secretos comerciales, con lo que surgirían problemas internos en caso de que estos datos que se proporcionaran al Banco Central no fueran en todo momento completamente confidenciales. Cabe siempre la posibilidad de deducir la autoría de toda aquella información que no permita reconocerla de manera directa, por lo que, como afirma el ponente, hay que aclarar sin ambages este punto.
Todas estas circunstancias representan un motivo continuo de tensiones ante la exigencia de transparencia en el Banco Central Europeo. Así pues, el BCE debería elaborar urgentemente unas normas generales sobre el derecho de la opinión pública a conocer los documentos que obran en poder del banco, así como sobre las restricciones y excepciones aplicables a esta normativa sobre la transparencia.

Paasilinna
Señor Presidente, Señorías, el euro ha de ser fuerte y gozar de credibilidad. Con motivo de la tormenta económica que se ha vivido en Asia y Rusia, hemos podido comprobar que el dinero y la política monetaria están inevitablemente relacionados con la economía, las relaciones sociales y la política.
La confianza del mercado no es suficiente. Por lo tanto, es preciso también lograr la confianza de los ciudadanos en el euro. Esto implica conceder una mayor importancia a la democracia, lograr un mayor control del Banco Central Europeo y otorgar responsabilidades a los órganos democráticos. Un banco central de Estados democráticos no puede limitarse a ser un mero órgano de aplicación de la política monetaria, sino que debe comprender que forma parte de una amplia política económica que presta atención a las dimensiones sociales, y cuya preocupación primordial ha de ser, como ya se ha puesto aquí de manifiesto, la creación de empleo. Por este motivo, creo que es una buena idea la creación, en el ámbito de Ecofin, de una secretaría para preparar las cuestiones de orden económico y monetario.
Hay que actualizar el control del BCE a un nivel que permita a la sociedad asumir sus responsabilidades. Con el BCE, parece que el dinero está cada vez más lejos de los centros de toma de decisiones, ahora que el movimiento de capitales tiene lugar a través de redes electrónicas a escala mundial. Así pues, hemos renunciado a la vigilancia y al control monetarios, con lo cual ahora es el dinero el que nos controla a nosotros, y los especuladores de divisas los que controlan a Estados enteros. Las decisiones del Banco Central Europeo tienen una repercusión en la economía y, de esta manera, también en la situación del empleo. Por consiguiente, han pasado ya los días en que tan alegre e irresponsablemente se permitía a los bancos actuar con independencia y secretismo. Es necesario modificar este escenario. El Banco Central Europeo ha de asumir una responsabilidad, ya que este neoliberalismo, que tanto mal ha hecho al ciudadano de a pie, ha cosechado una derrota tras otra en todas las elecciones importantes que se han celebrado recientemente. El mensaje resulta bastante claro. Nosotros deberemos abordar las grandes cuestiones como los fondos que mueve la especulación mundial o la orientación y regulación de los gigantes empresariales de carácter global.
En las últimas décadas ha aumentado poderosamente la presión fiscal sobre el trabajo, al tiempo que se ha reducido la fiscalidad sobre el capital. La especulación monetaria internacional se considera la actividad comercial más lucrativa. Esta actividad se encuentra completamente al margen de la tributación fiscal; simultáneamente, las PYME creadoras de empleo no cesan de quejarse acerca de los impuestos. Hay que recordar que tenemos 18 millones de PYME y 17 millones de desempleados. Esta proporción es injusta. Están pagando demasiado impuestos los contribuyentes que no deberían hacerlo. El euro ha de ser un competidor del dólar, a pesar de que se le exige una ética más estricta que a la divisa estadounidense. La especulación bursátil sin piedad ocasiona graves daños. Los ingresos de los trabajadores van a parar a los especuladores. Como ha dicho el Sr. Katiforis, en vez de intentar castigarlos, lo que hacemos es ayudar a los especuladores. Es imposible encontrar un buen motivo que cuente con la aprobación del ciudadano.
Numerosas empresas, especialmente las de mayores dimensiones, ya han llevado a cabo los preparativos para la llegada de la tercera fase del euro: en mi país, es el caso del 64 % de las grandes empresas. El sector de las PYME no va por el mismo camino, ya que únicamente un 7 % ha emprendido esta tarea de preparación. La situación es aún peor por lo que respecta a las empresas del sector de servicios. Como ya he dicho, el sector de las PYME es la mayor fuente de empleo en Europa. Por todo ello, espero que la Comisión cree un paquete informativo sobre la transición a la moneda única destinado al sector de las pequeñas y medianas empresas.
El Sr. Hoppenstedt señala en su informe que las reservas mínimas suponen unas cargas adicionales, como los impuestos, a los depósitos de los clientes de los bancos. La consecuencia podría ser la transferencia de cuentas nacionales sometidas a la obligación de reservas mínimas en favor de otras cuentas extranjeras exentas de cumplir esta obligación. En este caso, los bancos de los países del euro se encontrarían en una situación competitiva desfavorable frente a terceros países. Y los que pronto se verán más afectados por esta situación serán los trabajadores de los bancos europeos, como ya ha ocurrido en mi país.

Lulling
Señor Presidente, señor Comisario, voy a hablar del informe Hendrick. La independencia del Banco Central Europeo y su función -convertir el euro en una moneda fuerte- justifican plenamente en mi opinión este reglamento, que le permitirá recopilar las informaciones estadísticas necesarias para el cumplimiento de sus misiones.
Contrariamente al ponente, a mí no me plantea ningún problema la confidencialidad de las informaciones estadísticas facilitadas al BCE. Hemos confiado en el Banco Central Europeo para que gestione con total independencia nuestra moneda europea, el euro, les guste o no a los colegas que tengo frente a mí, quienes de forma patente sienten nostalgia por los sistemas que fracasaron donde se pusieron en práctica, por ejemplo, en los países de la Europa central y oriental.
Así pues, en mi opinión sería aberrante querer erigir obstáculos que entorpeciesen la obtención de estadísticas juiciosamente articuladas entre sí en el seno de la Unión Europea. Pueden resultar necesarias informaciones estadísticas confidenciales relativas, por ejemplo, a las operaciones financieras transfronterizas. Impedir que las informaciones estadísticas confidenciales recopiladas de ese modo se utilicen para responder a necesidades suplementarias sería tan exagerado como querer poner puertas al campo a través de las disposiciones de dicho reglamento, que no serían más que deseos piadosos y afectarían, por ejemplo, a la necesidad de limitar las exigencias impuestas a las personas sujetas a la obligación de declarar. Todo el mundo está de acuerdo sobre este punto.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado algunas de mis enmiendas, en concreto las que estipulan que las informaciones estadísticas podrán ser utilizadas para permitir el cumplimiento de las misiones fundamentales con arreglo al apartado 2 del artículo 5 del Tratado. Estas salvaguardias, por llamarlas de algún modo, son más que suficientes.
En lo que se refiere a las sanciones, evitemos proponer textos como el de la enmienda nº 4, que únicamente harían felices a los abogados ocupándoles a tiempo completo sin limitar realmente la carga inherente al establecimiento de las declaraciones por parte de las empresas, en la medida en que éstas deban realizarlas. En un ámbito tan delicado como el de la gestión de la moneda única no debería permitirse que los declarantes especularan sobre el pago de las multas para no facilitar los datos, datos que, por cierto, el BCE no recogería si no le fueran indispensables para su misión.
Señor Presidente, no olvidemos que un banco central, al igual que cualquier responsable político o de otro tipo, juzga mal y decide mal si está mal informado.

Ribeiro
Señor Presidente, estos tres informes sobre el Banco Central Europeo surgen naturalmente de la necesidad de reglamentar la actividad de la nueva institución, cosa que en el punto de partida, además de necesaria, es positiva.
En cuanto al primer reglamento, sobre las reservas mínimas obligatorias, parece digna de subrayar la preocupación por la posible distorsión de la competencia, al considerarse las reservas como un impuesto sobre los depósitos, y también el gran margen de maniobra que se deja. Y sería oportuna una reflexión sobre el papel de las reservas en el sistema bancario.
Pero lo que en esta corta intervención queremos subrayar es que, respecto de los otros dos reglamentos, aparece una vertiente y una concepción que da sólo al BCE una capacidad de imposición de sanciones, que resulta significativa. Por ser el BCE una institución que nos ha merecido las mayores críticas por su deficitaria dimensión democrática y por sus desproporcionados poderes sin control político, en nombre de una independencia sin restricciones, esa capacidad reglamentaria y sancionadora suya no puede sino contribuir a agravar nuestras críticas y preocupaciones. La capacidad de imponer sanciones, en particular las relativas a las informaciones estadísticas, puede crear una red de obligaciones y presiones que, si pone en entredicho la necesidad de una información estadística segura y oportuna, concedan al BCE un nuevo y mayor poder sin las necesarias consideraciones y las necesarias limitaciones de naturaleza política y democrática.
Estos reglamentos, tal como se proponen y como los apoya el Parlamento, vienen a reforzar, y por la vía reglamentaria, los poderes de una institución por encima de todos los controles y que, en esas condiciones, ya consideramos exorbitantes.

Ettl
Señor Presidente, Señorías, los tres informes que hoy se debaten, relativos a la aplicación de reservas mínimas, a las competencias para imponer sanciones y a la obtención de datos estadísticos, fueron aprobados por unanimidad en comisión; en apariencia, casi se trata de tres informes rutinarios, pero su importancia dista mucho de ser escasa a la vista de la evolución más reciente de los mercados financieros mundiales.
Permítanme, por lo tanto, que exponga algunas consideraciones de fondo. Recapitulando brevemente, a principios del verano de 1997, el impago a su vencimiento de un crédito en el sector de la construcción desencadenó una histeria masiva entre los prestamistas que operan en los mercados financieros del Sudeste asiático y precipitó en una enorme crisis económica y social a los «pequeños tigres». Esta crisis de confianza se extendió luego a Japón, Suráfrica, América latina y, finalmente, por razones políticas, también a Rusia. Los resultados ya hace tiempo que se conocen: fue necesario revisar a la baja las previsiones de crecimiento, la caída de los precios de las acciones provocó pérdidas a escala mundial de unos cuatro millardos de dólares estadounidenses, una cifra equivalente al producto interior bruto de Japón. Muchos de los países afectados por la crisis se encuentran cogidos en la trampa de la falta de liquidez y sólo será posible sacarlos de allí mediante una inyección financiera.
La decisión del G-7 de crear un fondo de emergencia se tiene que situar en este contexto y, naturalmente, también debe ser acogida con satisfacción. No obstante, también ha contribuido de manera decisiva a la misma el fracaso del FMI, que no cumplió sus funciones de vigilancia. Las repercusiones de los movimientos especulativos sobre la economía real y la pérdida de crecimiento en el marco de esta crisis de confianza, que por lo tanto nada tiene que ver con el desarrollo económico en sentido estricto, están exigiendo literalmente a gritos una modificación del sistema. Los costes colectivos son sencillamente demasiado elevados. Incluso entre los grandes tenedores de capital va cobrando fuerza la reivindicación de la gobernabilidad y el control de los mercados financieros.
Europa logró mantenerse en gran parte al margen de esta crisis gracias a la convergencia económica y a unas monedas estables. Esta estabilidad se ha obtenido, sin embargo, a cambio de una política de tipos de interés altos. Lo cual repercute una vez más sobre las tasas de crecimiento, pero a la vez -y este es el aspecto decisivo- la política de tipos de interés con vistas a la estabilización monetaria señala sobre todo, a través de las reservas mínimas, cuál ha de ser el comportamiento de los bancos europeos en el marco de un sistema económico supranacional desregulado. Ofrece al Banco central la posibilidad de restringir la actividad crediticia de los bancos y gestionar la masa monetaria. Este instrumento, hasta ahora de carácter nacional, tiene que pasar a ser ahora un instrumento europeo de intervención y control. ¡Es preciso seguir esta línea de razonamiento!
Entre otras cosas también porque actualmente se mueven a diario en el mercado financiero mundial hasta 1, 8 millardos de dólares -o sea, alrededor del 10 % del producto económico mundial- bajo la forma de operaciones especulativas. Así, por ejemplo, en el caso de Tailandia, la reducción de los coeficientes de caja reforzó las operaciones a corto plazo de alto riesgo. Esto creó, obviamente, un margen adicional para los fondos de protección (Hedge-Fonds) , que intervienen no sólo en el sector monetario sino también en el de materias primas y que debido a su rápida liquidación duplican los costes para los sectores empresariales. Si la bolsa de materias primas se dispara al alza debido a las malas cosechas de algodón, por ejemplo, actualmente ya se puede contar con un llamado «acuerdo de slip». ¡Esto no puede ser! ¡Todo ello no guarda relación alguna con el trabajo ni tampoco con la innovación en el mercado financiero!
Los costes recaen sobre la colectividad y precisamente por estos motivos yo considero que sería en verdad más razonable que una política de reservas mínimas se guiase más por el principio de los costes reales que no por una remuneración que atienda a las llamadas consideraciones competitivas, lo cual contradice también en cierto modo las declaraciones del señor Duisenberg. Pero éste no ha de tener siempre necesariamente razón. Una excesiva desregulación da lugar a unos mercados financieros regidos por las expectativas, que ya no se guían por la mera evolución económica, sino por el comportamiento de los competidores en busca de un beneficio. El crecimiento y el empleo deben ser prioritarios y deben volver a formar parte de la política. Esto requiere unas reglas del juego internacionalmente aceptadas en este mercado abierto. La aplicación de reservas mínimas es una de ellas: ésta no se debe debatir con ánimo de suprimirla, sino que se tiene que instrumentalizar.

Rübig
Señor Presidente, Señorías, con los informes que hoy se debaten garantizamos la posición sólida e independiente del Banco Central Europeo. Yo quiero felicitar al señor Hendrick por su informe. Creo que ha sabido captar la dirección en la que es esencial dar un impulso. Es muy importante que concedamos la máxima independencia al BCE, pero los principios jurídicos vigentes en la Comunidad Europea deben regir, no obstante, también en este ámbito.
Sobre todo me alegra que nos propongamos tener especialmente en cuenta las peticiones de las pequeñas y medianas empresas en relación con el tema de la obtención de datos estadísticos. Muchas encuestas nos indican que la obtención de datos, a menudo inadecuada, incrementa de manera exagerada los gastos burocráticos y distrae a las empresas de su verdadera actividad. Con la enmienda 7, nos proponemos salir al paso de estas dificultades. Los valores límite contribuirían, por ejemplo, a evitar que estén obligadas a declarar todas las pequeñas empresas -y en el caso más extremo esto incluye también a las unidades domésticas- que realicen operaciones transfronterizas.
El Banco Central Europeo debería fijar directamente estos valores límite con generosidad. De este modo, se preserva su independencia y también se mantiene la eficacia. En fin de cuentas, es muy natural que las posibilidades de imponer sanciones que prevé el reglamento se rijan por los principios generales del Derecho penal y de la estadística. Por consiguiente, las sanciones impuestas deberán respetar tanto el principio de proporcionalidad como el grado de solvencia. En los casos de fuerza mayor, o sea, cuando intervengan causas totalmente ajenas a la voluntad de quienes tengan la obligación de declarar, deben decaer por completo las sanciones.
Las presentes propuestas representan, a nuestro parecer, un razonable término medio entre la necesaria obtención de información, por un lado, y el objetivo de evitar una carga adicional a las empresas y unidades domésticas, por el otro. La importancia fundamental de las pequeña y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo en el ámbito del mercado interior pone de manifiesto que estas precisiones son necesarias.

Theonas
Señor Presidente, estamos debatiendo tres reglamentos del Consejo que dan enormes poderes al Banco Central Europeo y que, especialmente en estos momentos, deberían atraer la atención del Parlamento Europeo.
Me pregunto, señor Presidente, si la presente crisis financiera ocurre en otro planeta. Las dimensiones que alcanza la especulación son incontrolables. Una enorme crisis financiera mundial sigue activa, no muestra señales de acercarse a su fin y actúa principalmente en las bolsas y en el sistema financiero internacional pero, en breve, tendrá repercusiones directas en los trabajadores debido a los efectos que va a acarrear: aumento del desempleo, la disminución de los ingresos, una reducción drástica del consumo y del comercio internacional y una importante reducción de la producción mundial.
¿Acaso los bancos centrales no tienen ninguna responsabilidad ante la tragedia que viven millones de ciudadanos en todo el mundo? Las entidades económicas internacionales están dando la señal de alarma respecto a la creación del euro.
Los informes que estamos debatiendo hoy, relativos al Banco Central Europeo, son la expresión de una ironía histórica. En el momento en que la cima del poder económico mundial está debatiendo en el marco del Fondo Monetario Internacional las formas de afrontar, aunque de forma parcial, las consecuencias de la crisis, el Parlamento y la Unión Europea insisten en aplicar viejas y obsoletas recetas. Estos informes ponen por encima de la seguridad de las transacciones y de la protección pública el bajo coste financiero y la libre competencia y para ello encargan a los bancos centrales la vigilancia de los especuladores, una vigilancia que deberían ejercer entidades que estén controladas de forma democrática.
Señor Presidente, la cuestión importante es: ¿quién nos va a guardar de los guardianes? ¿Quién va a imponer un control político y democrático al incontrolado Banco Central Europeo?

Wibe
Señor Presidente, como es sabido, Suecia no participará en la unión monetaria. No obstante, esto no obedece, como se dijo anteriormente, a una postura del gobierno sueco, sino que a una postura de la opinión pública sueca que es enormemente crítica y que también recibe apoyo de una abrumadora mayoría de economistas en Suecia, quienes ven la pérdida del mecanismo de los tipos de cambio como muy peligrosa para la estabilidad de la política monetaria. Sin embargo, mi intervención no es para esto sino que para dar algunos puntos de vista acerca de los tres excelentes informes que tenemos ante nosotros. Ante todo quiero comentar las normas sobre reservas mínimas.
En primer término deseo manifestar que las reservas mínimas son un instrumento de enorme importancia en la política monetaria. En Suecia las hemos probado, las tuvimos hasta el año 1985, y funcionaron de forma excelente. El año 1985 fueron suprimidas en la ola general de desregulación de la banca. El resultado fue una catástrofe financiera en nuestro país, en que los créditos aumentaron en un 25 por ciento al año. Por tanto, lo más importante es dejar establecido que las reservas mínimas son un instrumento importante para la estabilidad de la política monetaria.
Como creo que la mayoría sabe, esto también tiene, sin embargo, sus deficiencias. Se trata fundamentalmente de tres deficiencias. En primer lugar, siempre llega nueva liquidez. Una forma de liquidez como de la que se habla en este informe está constituida, simplemente, por títulos de deudas que circulan fuera de los balances de los bancos y que, por consiguiente, pueden aumentar la demanda monetaria. En segundo lugar, se trata del comercio con derivados que también aumentan la liquidez. Permítame en este contexto, señor Presidente, decir que me puedo imaginar muy bien que cuando se ha empezado a comerciar con derivados también podríamos mañana empezar a comerciar con derivados de derivados, es decir, cambios en los precios de los derivados, lo cual significaría nuevos aumentos de la liquidez. Lo tercero también ha sido mencionado aquí, es decir, la aparición de dinero electrónico.
Esas tres cosas hacen que sea muy difícil dictar normas exactas sobre reservas mínimas y que ellas, con el tiempo, vayan perdiendo eficacia. Además, es también muy difícil trazar un límite entre las instituciones a las que se va a obligar a esas reservas mínimas y a las que no, es decir, si se va a obligar sólo a los bancos o si se incluirán también otras instituciones financieras. En este contexto puedo decir que las experiencias suecas indican que esta base debe ser tan amplia como sea posible. Siempre hay riesgo de que aparezcan empresas en la periferia que pueden eludir esta reglamentación. Otra cosa que se ha mencionado en este debate es que es evidente que, si se establecen dentro del ámbito del euro normas sobre reservas mínimas que no existen fuera de él, implicaría, en cierto modo, desventajas desde el punto de vista de la competencia. Ya que los capitales financieros son tan volátiles, existe evidentemente un gran riesgo de que el mercado se mude a sitios donde no existen reglas.
Para mí, la conclusión es que hay que tener reservas mínimas, pero que no bastan para crear una política monetaria estable. Para eso se necesitan otras reglas y acuerdos globales, especialmente para evitar la competencia desleal.
Me queda sólo un punto de vista y es sobre el informe Hendrick, sobre la recogida de datos estadísticos. En relación con esto, no me preocupa tanto el asunto del secreto como los aspectos cualitativos de la recogida de datos estadísticos sobre inflación. Muchos estudios internacionales han demostrado cuán fácil resulta sobreestimar la inflación puesto que no se toma en cuenta el desarrollo de la calidad de los productos.

Donnelly, Alan
Señor Presidente, antes que nada me referiré a la cuestión que ha planteado el Sr. Wibe, que ha dicho que el motivo de que Suecia prefiera quedarse al margen del sistema de moneda única es porque de esta manera se las arregla mucho mejor. En vista de la confusión que reina en los mercados financieros de la economía mundial, Suecia, como los demás países, haría muy bien en adherirse lo antes posible al régimen de la moneda única, pues la única zona de Europa que es estable en términos de política monetaria es la formada por los 11 países que proyectan implantar la moneda única el 1 de enero de 1999. Por eso el Partido Conservador de mi propio país, que ayer decidió por votación no tener nada que ver con la moneda única en los diez próximos años, se conduce como una verdadera avestruz que oculta su cabeza en la arena y no hace nada en favor de la industria británica ni tampoco de la europea.
En cuanto a la importantísima cuestión de las reservas mínimas obligadas, es muy oportuno que estemos debatiendo esta cuestión hoy. Fijémonos en el colapso de LTMC en los Estados Unidos: tenía un capital propio de 5.000 millones de dólares. Con ese capital podía efectuar operaciones por una cuantía de 200.000 millones de dólares al principio; a continuación otras estimaciones hablan de más de un billón de dólares. El problema que tenemos actualmente en los mercados financieros es el de la magnitud de las operaciones que las principales instituciones financieras pueden llevar a cabo en el mundo. No tenemos ningún control sobre la magnitud de esas operaciones. Tenemos que conseguir que haya rigurosas reservas mínimas y una transparencia completa, particularmente por lo que se refiere al volumen de las operaciones que están llevando a cabo las instituciones financieras.
Tenemos que conseguir también que ésa sea responsabilidad de los bancos centrales. Cuando nos conteste el Comisario Bangemann, y en todo caso cuando nos conteste el Banco Central, tenemos que cerciorarnos de que se hacen cargo de que su responsabilidad consiste en vigilar este proceso y en velar por la transparencia. Tenemos que fortalecer el control central en vista de la dimensión de algunas de esas organizaciones financieras. Si nos fijamos en las cifras correspondientes al producto interior bruto en el mundo, veremos que algunas de las cifras más importantes del PIB del mundo no corresponden a países, sino a sociedades. Por eso tenemos que conseguir que los bancos centrales intervengan cuando las instituciones financieras desempeñan su cometido. Necesitamos transparencia y menos subsidiariedad en esta esfera. No queremos que los Estados miembros u otros Estados se rijan individualmente por sus propias normas. Ésta es una esfera en la que la mancomunación de la soberanía ayudará a resolver el problema. Necesitamos aclarar las facultades del Banco Central Europeo en dos esferas: primera, su papel en relación con sus propios Estados miembros, y segunda, su papel en relación con las instituciones financieras en general.
Diré, para acabar, que en la actual situación es muy urgente que este Parlamento organice una importante audiencia, y que acudan las personas que han intervenido en las negociaciones del G-7 y del G-22, que intervengan el Sr. Duisenberg y el presidente del Banco Europeo de liquidación de cuentas internacionales, juntos, lo antes posible, para estudiar las conclusiones de lo que se ha estado discutiendo en Washington. Tenemos que ejercer nuestra autoridad de asamblea elegida democráticamente para asegurarnos de que se consigue esa transparencia y esa aclaración del futuro cometido que les corresponde.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12 horas.

Equipos de telecomunicación
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0337/98) en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común (C4-0342/98-97/0149(COD) adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (Ponente: Sra. Read).

Read
Señor Presidente, los colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial saben que ésta es la segunda tentativa efectuada para conseguir una directiva sobre este particular. La propuesta anterior de la Comisión en 1990 se basaba en un método de conformidad específico que había de llevarse a cabo antes de comercializar el equipo. Por una serie de razones que, en mi opinión, pertenecen ahora a la historia, la directiva no dio los resultados apetecidos. Muy acertadamente la Comisión ha presentado una segunda propuesta en la que la importancia que se le concedía antes al método para certificar la conformidad se concede ahora a un método que incluye una declaración hecha por el fabricante. Como ponente, opino que éste es el buen enfoque y no tengo nada que decir en contra de la doctrina de la Comisión sobre el particular.
La Comisión ha incluido también acertadamente al equipo de radio como parte del ámbito de esta directiva. También en este caso me parece que es totalmente adecuado. En las primeras fases de la primera lectura fui objeto de presiones por parte de aficionados radiofónicos que temían que sus propias actividades pudieran quedar perjudicadas con la nueva directiva, pero me parece que ya se han convencido de que no tenían nada que temer.
He pasado mucho tiempo -quizá el Comisario pueda referirse a esta cuestión- tratando de la manida cuestión de los daños para la red y de la posibilidad de que haya daños para la red. He procurado conseguir que mis recomendaciones sobre esta cuestión, tanto en la primera como en la segunda lectura, guarden proporción con cualquier daño posible. Es evidente que muchas personas interesadas en la aplicación de la directiva sienten interés por esta cuestión.
La propuesta, así como la respuesta del Parlamento a la propuesta, reconoce también que entre la primera y la segunda propuestas ha habido cambios tecnológicos de enorme importancia. Hemos procurado tenerlos en cuenta, y también hemos procurado tener en cuenta a los intereses de los consumidores y a su responsabilidad, y, particularmente, las necesidades de los consumidores discapacitados, en particular los ciegos y los sordos.
Todo esto ha entrañado una enorme cantidad de trabajo y doy gracias a los colegas del Parlamento, la Comisión y el Consejo por los esfuerzos desplegados a fin de encontrar un texto fiable que atienda a todas las reservas expresadas. Nos hemos esforzado considerablemente por evitar el procedimiento de conciliación en este caso, y me parece que es natural que lo diga abiertamente. Estoy seguro de que el Comisario sabrá justipreciar las sensibilidades del Parlamento acerca de esta cuestión. Sabemos que el año que viene va a haber un importante examen de toda la legislación. Estoy seguro de que si alguno de los elementos de la propuesta no resultan viables en la práctica, podremos examinarlos entonces.
Quisiera explicar cuando llegue el momento de la votación por qué el texto de transacción presentado en nombre de mi colega, el Sr. Hendrick, es particularmente digno de elogio. Se trata de la enmienda 18. Creo que es la mejor opción, y espero que el Parlamento la apoye, no solamente para evitar el procedimiento de conciliación -aunque eso haya sido un objetivo- sino, y más importante, para asegurarnos de que promulgamos una directiva que pueda ayudar a la industria, a los consumidores y, particularmente, a los consumidores más vulnerables.
Les recomiendo el texto. Espero muy sinceramente que obtenga amplio apoyo entre los grupos cuando, esta mañana, llegue el momento de votar sobre él.

van Velzen, W.G.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el dramático recorte del tiempo de fabricación de los equipos de telecomunicación, la liberalización de los mercados de telecomunicación y el aumento de la competencia que esto conlleva, exigen rápidos procedimientos para sacar al mercado equipos de comunicación tales como teléfonos y fax.
La directiva que estamos tratando hoy, la RTTE, libera a los fabricantes de estos productos de los procedimientos costosos y prolongados de aprobación. Me gustaría dar las gracias a la colega Imelda Read por haber contribuido a agilizar esta directiva tan técnica y también por la buena colaboración que hemos tenido por su parte en los pasados meses y semanas. También quiero dar las gracias a la Comisión por el modo constructivo en que ha mejorado esta propuesta, inicialmente muy poco clara, en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo.
Señor Presidente, un punto central en la directiva es las exigencias esenciales que deben cumplir los equipos de telecomunicación en Europa. Para las compañías telefónicas con red propia es de gran importancia que se posibilite negar la entrada a su red a los productos inferiores porque, de lo contrario, el consumidor puede tener la impresión de que la red funciona mal. La Comisión de Economía ha aceptado por ello una enmienda, basándose asimismo en una propuesta del Partido Popular Europeo, por la cual las instancias nacionales competentes pueden apartar de la red equipos inferiores si resulta que existen problemas documentados. ¿Por qué es eso tan importante, los problemas documentados? Si en los Países Bajos una compañía telefónica, por ejemplo Telfort, puede demostrar que un aparato daña o perjudica gravemente la red, la Dirección General para la Radiocomunicación en Groninga puede decidir retirar este aparato del mercado. Pero al poner como condición que debe haber problemas documentados en el mercado antes de que sea retirado el equipo de la red, se evita que los operadores puedan hacer mal uso de esta directiva para impedir la entrada en el mercado a nuevos rivales. Al mismo tiempo, la normativa propuesta por el Parlamento Europeo es un incentivo para los operadores de red con vistas a que inviertan en la mejora y el refuerzo de la calidad de su red.
Después de todo, los mejores productos innovadores exigen a menudo más de la red. Los operadores no pueden así recusar estos productos porque su red no sea lo suficientemente competente. Con este equilibrio a mi modo de ver, señor Presidente, se aseguran los intereses tanto de los operadores como de los fabricantes de aparatos periféricos.
Señor Presidente, por desgracia no se ha implicado lo suficiente a la industria en la preparación de la propuesta de la Comisión. Por fortuna se ha seguido en la posición común mi propuesta de que la Comisión debe consultar regularmente a los representantes de los operadores de red, de los consumidores y de los fabricantes. Con ello se garantiza la implicación futura de estos agentes del mercado en las nuevas tendencias. Esta directiva satisface las necesidades de los minusválidos, que son unos 50 millones en Europa, y rindo homenaje a Mel Read por ello. El Parlamento ha hecho por eso que se recoja en la directiva el que los minusválidos deban poder utilizar equipos de telecomunicación sin adaptaciones o sólo con las mínimas adaptaciones. La directiva parte de la autocertificación por parte de los fabricantes, pero llevará a que siempre exista en un Estado miembro una instancia que controle la aplicación de esta directiva. Por tanto, creo que con este procedimiento de aprobación flexible empezará a funcionar mejor este mercado de las telecomunicaciones en continuo y rápido crecimiento.

Sichrovsky
Señor Presidente, cualquier disposición que simplifique el sistema europeo de equipos de telecomunicación debe ser acogida, sin duda, con satisfacción, al igual que el hecho de que se resalte especialmente la importancia de que los aparatos puedan ser utilizados por personas con alguna discapacidad. En la práctica nos enfrentamos con un problema al que quizá se presta demasiado poca atención.
El precio de los aparatos que puede comprar en estos momentos el usuario representa una enorme diferencia con respecto al que tienen en los países no europeos. Cada vez son más las personas de la Comunidad Europea que viajan a Estados Unidos o Asia como turistas y regresan con aparatos que allí son considerablemente más baratos que en Europa. Es preciso encontrar un método que permita que los Estados miembros puedan retirar del mercado los aparatos que no respondan a los criterios de calidad sin que ello afecte a la competitividad.
Finalmente, quisiéramos expresar otro deseo en relación con una tarea aún pendiente: la simplificación del mercado entre Estados Unidos y Europa.

Bangemann
Señor Presidente, la colaboración con la ponente ha sido, como de costumbre, un verdadero placer y el resultado, que hoy se debate, mejora considerablemente la posición común. Así lo evidencia también en el hecho de que hemos podido hacer nuestras todas las enmiendas excepto la 1 y la 13, y éstas únicamente por razones formales, como sabe la ponente. También apoyamos la propuesta, que ha vuelto a presentar aquí, de combinar la enmienda 15 y la 18 en una enmienda de transacción que permita evitar un procedimiento de conciliación con el Consejo.
La importancia de la presente directiva queda de manifiesto ya en el hecho de que ésta sustituye a dos directivas adoptadas hasta ahora y a alrededor de 1.500 disposiciones nacionales. Es decir, que la modificación de nuestro enfoque permitirá suprimir mucha burocracia y yo creo que sólo con ello podemos conseguir una mejora de los mercados en este sector.
La directiva también tiene muy en cuenta la atención a muchas necesidades especiales y yo puedo decirle a la señora Read que -tal como ya ha señalado el señor van Velzen- creemos que con las disposiciones que ahora se establecen quedará garantizada también la compatibilidad con las redes, de manera que en realidad no deberían plantearse problemas demasiado serios.
Es cierto que, en cualquier caso, tendremos la oportunidad de volver a examinarlo todo dentro de un año si fuese necesario y yo quisiera agradecerle ya de antemano esta nueva colaboración. Yo creo que entre tanto estamos alcanzando una posición que nuestros principales competidores nos envidian en este sector de la sociedad de la información, entendida en sentido amplio. Nos hemos situado en la vanguardia del sector gracias, en primer lugar, a nuestro desarrollo técnico, pero también a nuestra manera de encauzarlo y fomentarlo políticamente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Transición al euro
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el informe (A4-0304/98) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión (COM(97)0560 - C4-0591/97) sobre las consecuencias de la transición al euro en las políticas, instituciones y legislación comunitarias.

Langen
Señor Presidente, hoy se debate un informe sobre las consecuencias de la transición al euro en la legislación y las políticas comunitarias, que data de finales de 1997. La Comisión lo presentó antes de que se adoptasen las decisiones relativas a la participación de once países en la zona «euro» y en este momento es posible constatar que una parte de las tareas a las que hacía referencia ya se han cumplido.
Otra parte muy considerable todavía está por hacer, sobre todo en los aspectos que requieren la transposición en los Estados miembros, pero entre tanto se ha avanzado en las tareas que corresponden a la propia Comisión.
Las decisiones en favor de la introducción del euro -creo que no está de más decirlo antes de iniciar un debate sobre esta cuestión-fueron muy positivas y la estabilidad del espacio económico y financiero europeo durante las crisis asiática, rusa y latinoamericana ha demostrado que un gran espacio «euro» reporta ventajas para los europeos y para la economía mundial en general. Por esto, ahora tenemos claro que las decisiones sobre el euro merecen una valoración positiva sin restricciones y que la Unión Monetaria Europea podrá entrar en vigor puntualmente el 1 de enero de 1999.
Uno de los temas que trataba el informe es el del régimen agromonetario, concretamente el que deberá entrar en vigor en todo caso el 1 de enero de 1999, y de ello trata el informe de la colega Schierhuber que figura en el orden del día del viernes. La Comisión ha presentado dos proyectos de reglamento que se debatirán el viernes y a los que también se hace referencia en el presente informe.
La comunicación de la Comisión contempla en conjunto tres ámbitos: el presupuesto comunitario, la política agrícola y los gastos administrativos. La intensidad de las consultas celebradas en el Parlamento queda de manifiesto en el hecho de que cinco comisiones han elaborado su opinión y como resultado final hemos conseguido llegar a un acuerdo para presentar un informe que recoge los argumentos de todas ellas, o sea, de las Comisiones de Presupuestos, Agricultura, Política Regional, Relaciones Económicas Exteriores y Asuntos Jurídicos.
El segundo ámbito es el de la adaptación al euro del Derecho comunitario y del marco jurídico, y las principales implicaciones del euro para la legislación comunitaria.
El tercer ámbito lo constituyen los aspectos operativos de la transición al euro, que afectan a las estadísticas, la tesorería, la gestión financiera, los sistemas de información y las cuestiones relativas a la comunicación.
Voy a pasar revista brevemente a los tres ámbitos principales. En primer lugar, el del presupuesto comunitario. Hasta ahora, el problema de los riesgos derivados del tipo de cambio y los costes consiguientes de la gestión financiera ha tenido repercusiones negativas en el presupuesto comunitario. Por lo que se refiere a los gastos, aproximadamente el 44 % de los pagos se efectúa en ecus y el 56 % en moneda nacional, mientras que la contribución de los Estados miembros a la Unión Europea se efectúa, en cambio, predominantemente en moneda nacional. En el pasado, esto exigía un enorme esfuerzo de gestión financiera con unos costes considerables -que en el futuro desaparecerán en los once Estados participantes-, debido a que todos los pagos debían efectuarse sobre la base de los tipos de cambios nacionales y de divisas nacionales.
En lo que se refiere al régimen agromonetario, debe tenerse en cuenta que, paralelamente a la cotización variable del ecu, antes se aplicaba el llamado ecu verde, que tenía como finalidad compensar las oscilaciones de las monedas nacionales y garantizar unos ingresos comparables a los agricultores de todos los países de la Unión Europea. Con este fin, se utilizaban los tipos de conversión agrarios, que en los últimos años se han alejado cada vez más de los tipos de conversión que se aplican efectivamente en el mercado y, por consiguiente, del ecu. Cuando se producen variaciones monetarias se modifica el valor, en moneda nacional, de los precios e importes fijados y, según señala la Comisión, este sistema, que tuvo que ser suprimido bajo su antigua forma en 1995, generaba unos costes de 8 millardos de ecus anuales. Todavía en la actualidad, después de la reforma, estos costes se estiman en el caso más extremo en 1.0-1.500 millones de ecus, o sea, casi 3 millardos de marcos alemanes. El nuevo régimen, con un período de transición de cinco años, permitirá evitar por primera vez estos costes y ya sólo regirá para los países no participantes; pero esto se debatirá el viernes, sobre todo si quienes no participan en el euro por propia voluntad, como por ejemplo Gran Bretaña, deben seguir recibiendo en el futuro las mismas compensaciones que en el pasado.
El tercer ámbito es el de los gastos administrativos, que se elevan a unos 2, 7 millardos de ecus. Hay 30.000 funcionarios, el 90 % de los cuales viven en Bélgica y Luxemburgo, y puesto que en ambos casos se trata de países participantes, esto permitirá resolver una parte de los problemas. Sin embargo, evidentemente tenemos que procurar que los Estados miembros donde viven dichos funcionarios realicen cuanto antes la transición y que también lo haga la Comisión Europea.
Yo quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todas las comisiones que han emitido opiniones. El informe -así lo espero-podrá contar con el voto afirmativo de una amplia mayoría. Las dos enmiendas que ha presentado el Grupo de Coalición Radical Europea me parecen equivocadas y estoy convencido de que no es posible votarlas afirmativamente, sobre todo después de la conversación que mantuvimos la semana pasada con el Presidente del BCE, señor Duisenberg, en la Subcomisión Monetaria.

Arias Cañete
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero, en nombre de la Comisión de Política Regional, felicitar al Sr. Langen por su excelente informe y por su disponibilidad a incorporar al mismo con generosidad las modestas aportaciones de nuestra comisión.
La Comisión de Política Regional comparte la favorable acogida que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial realiza de la comunicación de la Comisión Europea sobre las consecuencias de la transición al euro en las políticas, instituciones y legislación comunitarias. Comunicación que -como el ponente destaca- es fruto de un amplio diálogo en el seno de los servicios de la Comisión Europea y con otras instituciones comunitarias.
Es evidente que, en el marco de los Fondos estructurales, el hecho de que las contribuciones y pagos se expresen ya en ecus facilita la transición, al tiempo que, por otra parte, los países participantes en la zona del euro verán eliminado el riesgo de las diferencias de cambio.
La situación de los países «pre-in» es bien distinta y habrá que reflexionar a fin de que éstos no se vean penalizados en sus acciones estructurales por las fluctuaciones de su moneda nacional frente al euro.
La transición al euro tendrá efectos importantes sobre la estadística comunitaria y por ello apoyamos el propósito de Eurostat de reajustar las series cronológicas primarias para mantener inalterada la continuidad de las series. Y nos felicitamos por el hecho de que nuestro ponente solicite en su informe que se impulse una política común de adaptación para todo el sistema estadístico europeo. Nuestra comisión solicita igualmente que se aproveche esta coyuntura para crear una red de cooperación para la administración en el ámbito de la informática y la estadística con objeto de garantizar unos sistemas coherentes no sólo para la información financiera habitual de seguimiento sino, sobre todo, para la información general necesaria para la toma de decisiones.
La Comisión de Política Regional entiende que la Comisión, en sus campañas de información, debería esforzarse singularmente para que las autoridades regionales y los beneficiarios de los Fondos estructurales estén bien informados de las consecuencias de la transición al euro.
Finalmente, queremos señalar que es todavía necesario profundizar con más eficacia sobre las consecuencias de la unión monetaria en relación con las disparidades existentes entre las regiones a la luz del principio de la cohesión. Y esperamos con ansiedad el resultado del estudio global que, al efecto, está realizando la Comisión.

Randzio-Plath
Señor Presidente, el ponente ha dejado muy clara en su excelente informe la envergadura de la tarea que les espera a las instituciones europeas y la importancia de una transición puntual al euro para el futuro de la Comunidad, no sólo porque alrededor de 4.000 actos jurídicos se verán afectados por la misma, sino también porque el inicio de la era del euro se traducirá en una modificación de la posición material de las instituciones europeas.
Desde luego, también las administraciones nacionales tendrán que hacer un esfuerzo, desde la administración tributaria hasta la elaboración de planes para la adaptación de los parquímetros y el cobro de tasas, pero el tema que ahora nos ocupa es el de la transición al euro en lo que se refiere al presupuesto de la Unión Europea, los tipos de conversión en el marco de la política agrícola o el pago de los sueldos y pensiones, y que ésta se realice a su debido tiempo. El Parlamento Europeo manifestó claramente con ocasión de la transposición del Libro verde sobre la introducción del euro que las instituciones públicas debían actuar como pioneras en relación con la misma.
Por desgracia, hemos tenido que constatar que no ha sido así, ni en los Estados miembros ni tampoco en el ámbito de la Comisión, habida cuenta que la Comunicación data ya de 1997. No podemos decir que se hayan realizado nuevos progresos en el ámbito de la legislación secundaria, si bien la Comisión ya ha llegado, acertadamente, a un acuerdo para adoptar nuevos actos jurídicos.
Yo pienso que para la economía privada es también muy importante que haya claridad, que las numerosas disposiciones legislativas en el ámbito del mercado interior se incorporen cuanto antes también en una normativa en el ámbito de las estadísticas y de la contabilidad. Esto es importante asimismo para que un mayor número de empresas se preparen para la introducción puntual del euro, ya que por ahora los datos siguen indicando que sólo alrededor del 24 % de las empresas europeas tienen la intención de denominar en euros las operaciones no al contado a partir del año próximo, cuando se inaugure la era del euro. Por consiguiente, la denominación en euros del presupuesto comunitario no será importante únicamente por el hecho de que, si bien éste se elabora en ecus, una gran parte de los ingresos se efectúan en moneda nacional, mientras que los pagos se efectúan en ecus y en moneda nacional. Se evitará un gasto realmente enorme en el contexto de los riesgos derivados del tipo de cambio y los costes consiguientes de la gestión financiera. -tal como ya ha señalado el ponente- la fijación de los precios y el pago de las subvenciones en euros, con la consiguiente desaparición del sistema actual con sus distorsiones y costes, tendrá también efectos positivos en el ámbito agromonetario.
El Reglamento sobre la introducción del euro y la legislación monetaria europea han garantizado la seguridad jurídica y la continuidad de los contratos. Nadie debe estar obligado a utilizar el euro y nadie debe verse impedido tampoco de hacerlo, pero la necesidad de que las instituciones europeas hagan patente que se ha iniciado la era del euro mediante su participación en la transición al euro no debe acabar convirtiéndose en su talón de Aquiles. Yo doy por descontado que la Comisión Europea y las demás instituciones europeas renovarán su dinámica y su actividad.

Porto
Señor Presidente, felicito a la Comisión y al Sr. Werner Langen por sus informes, en los que se examinan en algunos casos muy pormenorizadamente aspectos muy importantes de las consecuencias del paso al euro en esferas tan diversas como el presupuesto comunitario, incluidos los pagos agromonetarios y los gastos de funcionamiento, los derechos aduaneros y de los contratos o también las estadísticas y la gestión financiera. El análisis hecho viene a confirmar en todas esas esferas las repercusiones microeconómicas positivas que ya antes se preveían para el euro, con la eliminación de los costos de transacción, de incertidumbre y de cálculo que tenemos ahora con las diferentes monedas nacionales. Así, pues, es la propia Comisión la que concluye en el informe que la evaluación global es ampliamente positiva.
No obstante, esa perspectiva no puede inducirnos a permanecer a la expectativa, pues se deben cuidar los más pequeños detalles en todos los sectores. Al ser necesario escoger, admitimos, por ejemplo, que sea secundaria la comunicación sugerida en la conclusión del párrafo 27 de que se mencionen todos los casos en cuatro mil actos comunitarios en que la denominación monetaria pasará a hacerse en euros.
Por la forma como está desarrollándose el proceso, tanto los agentes económicos como los ciudadanos en general se sentirán inmediatamente identificados con la nueva moneda. Por eso, creo que los mayores esfuerzos se deben hacer en el sentido de continuar la muy lograda campaña de explicación sobre el euro y con repercusiones tal vez mayores en el sentido de que se hagan las adaptaciones necesarias, desde los equipos utilizados hasta la gestión comercial, en particular en las pequeñas y medianas empresas, por no hablar, aunque no sea objeto de este informe, de la divulgación del euro en el exterior ante la interconexión existente entre todos los mercados mundiales.
Las perspectivas del euro están moviendo a las empresas a hacer pública su opción como una señal de eficacia y modernidad, como sucede, por ejemplo, en mi país. Se trata de una vía que se debe estimular de forma generalizada, en una línea en la que se beneficia simultáneamente a las empresas y a la nueva moneda que estamos introduciendo.

Boogerd-Quaak
Presidente, el informe que tenemos delante, tanto del lado de la Comisión como del ponente Langen, indica la cantidad de procedimientos complicados con los que nos las tendremos que ver hasta llegar a la implantación del euro. Por tanto, considero la información de gran interés.
En los informes, tanto de la Comisión como del Sr. Langen, podemos leer que la conversión traerá consigo considerables ahorros por el hecho de que, por ejemplo, ya sólo en la agricultura desaparecen las competencias entre los Estados miembros y que, como consecuencia de la desaparición de los tipos de conversión agrícolas, va a haber en cualquier caso un ahorro de mil a mil millones y medio. Eso me lleva a la pregunta: ¿qué ocurrirá con el dinero que se va a ahorrar? ¿Hay aquí una posibilidad extra para ayudar a la industria y el comercio o para la información? Me gustaría ver una explicación más detallada al respecto.
Además, quiero decir que nuestro Grupo apoya las enmiendas del ARE. Somos de la opinión de que en las representaciones externas los países del euro deben hablar con una sola voz y de que el BCE es el representante de los órganos monetarios cuando se trata de actuar en conferencias internacionales en la cumbre, como el G7. Nuestro Grupo ha preparado en este punto preguntas orales para el siguiente período de juntas. Apoyaremos esto ciertamente.
Por último, Presidente, quiero llamar la atención ante los eventuales nuevos trastornos o discriminaciones entre países que formarán o no formarán parte del euro. Nosotros apoyamos extensas reformas en el marco de Agenda 2000 y hemos visto en los planes MacSharry que algunos países lograron hacer frente a las reformas con astucia llevando a cabo una devaluación de su moneda. Aquí pueden darse también semejantes ejemplos. Mi pregunta a este respecto es: ¿cómo se relacionan entre sí esos dos reglamentos a largo plazo y, no tendremos aquí nuevas formas de discriminación?

Hyland
Señor Presidente, es imperativo, cuando la nueva moneda euro y la tasa euro entren en vigor en enero de 1999 y cuando quede abolida la libra verde, que los agricultores no pierdan en el valor de sus ingresos en el marco de la política agrícola común.
En Irlanda hay actualmente dos tasas verdes, la primera es para el apoyo de la PAC, como por ejemplo el pago de las restituciones a la exportación y de las cantidades para la intervención, y ha variado sustancialmente durante los 18 últimos meses. La segunda tasa verde es para el apoyo directo al ingreso de los agricultores, como por ejemplo para el pago de primas. La tasa verde de esos pagos ha quedado congelada a un nivel favorable desde 1995 y, por lo tanto, no ha quedado sometida a fluctuaciones monetarias.
Estoy de acuerdo con el Sr. Langen cuando dice que le preocupa que los agricultores europeos no salgan perdiendo con la entrada en vigor de la nueva moneda euro. Su proyecto de resolución reconoce que habrá que instituir una compensación agrícola para que todos los sectores de la sociedad puedan beneficiarse del régimen de la UEM. Los que están en contacto con nuestro sector agrícola se habrán percatado de la creciente inquietud acerca de la futura viabilidad de nuestra estructura agrícola, que por tradición es familiar. La continua disminución del número de personas que se dedican a la agricultura y el aumento de la edad media de los agricultores son indicadores sociales que no podemos correr el riesgo de ignorar.
La Comisión ha presentado propuestas al Consejo de Ministros de Agricultura sobre esta cuestión, exponiendo diversas líneas posibles de acción. Se ha establecido en Europa un grupo de trabajo para elaborar propuestas sobre la base de proyectos legislativos que se han preparado, a fin de trazar una esfera apropiada de negociación sobre esta cuestión. En el nuevo proyecto legislativo se incluyen medidas de compensación para las reducciones en el precio del ganado bovino, pero aún hay que seguir trabajando más para conseguir que los agricultores irlandeses y europeos estén totalmente protegidos cuando tenga lugar la transición al nuevo euro.
El actual sistema agrimonetario de Europa es un régimen complicadísimo principalmente como resultado de la dualidad de tasas, y el incremento de los gastos debido a las tasas de conversión de la PAC son a veces más elevados que los valores del mercado. Actualmente se deja sentir la necesidad de que haya simplificación en todo nuevo arreglo, con un mínimo de burocracia. Esto desempeñaría una función muy positiva para todos los agricultores que en el futuro reciban pagos en el marco de la PAC.

Soltwedel-Schäfer
Señor Presidente, Señorías, el Informe Langen se ocupa de las repercusiones del euro en tres aspectos: los presupuestos nacionales y comunitario, la política agrícola y la administración. En lo que se refiere a la política agrícola, no basta con adoptar sólo medidas administrativas en el contexto de la transición al euro. Éste también será más estable si por fin se modifica la política agrícola, tal como manifestado y ha pedido tan a menudo esta Asamblea, y si las nuevas propuestas de la Comisión en relación con este ámbito también son aceptadas internacionalmente y en toda Europa.
Una observación sobre la campaña informativa: la Comisión de Asuntos Económicos tiene cada vez más claro que la campaña informativa es una pieza central muy importante para la transición al euro. Sin embargo, yo quisiera manifestar con toda claridad y rogarle encarecidamente al Comisario competente que en el contexto de las recomendaciones no se presente, por ejemplo, a las mujeres como disminuidas y que se adopte otro enfoque distinto.
Permítanme que añada un breve comentario sobre las PYME. No basta con iniciar una campaña informativa en este sector. Es preciso ofrecer a las PYME, en el marco del asesoramiento, la adaptación sin costes en el ámbito informático o en otros. Debemos exigir muy firmemente que así se haga. Ello permitirá aproximar el euro a las ciudadanas y ciudadanos y apartar la barrera con la que todavía choca en este sector.
Unas últimas palabras en relación con el debate anterior sobre el Banco Central Europeo. Yo tengo la impresión de que las oradoras y oradores que me han precedido piden demasiado al BCE y le imponen una carga absolutamente desmesurada. Lo que hace falta es transparencia y control del BCE. Este debe ser también el núcleo central de la política con vistas al euro. Cuando el ejemplo de Italia ya permite constatar la escasa transparencia con la que puede trabajar la institución del BCE, resulta evidente que esto es exactamente lo que hace falta para evitar futuras debilidades e inestabilidades.

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, no he entendido muy bien la referencia hecha por nuestra colega del Grupo de los Verdes a Italia y a la falta de transparencia en la gestión de la política monetaria italiana: me lo explicará después.
Ahora quiero intervenir sobre el informe Langen, naturalmente, para anunciar el voto favorable de nuestro Grupo, pero también para invitar a sus Señorías y al señor ponente a que tomen en consideración dos enmiendas que he presentado junto con el Sr. Castagnède. Estimo, por otra parte, los acontecimientos y la última reunión del Consejo ECOFIN lo han demostrado plenamente, que uno de los problemas fundamentales de esta transición al euro, además de las numerosas e importantes consideraciones hechas en el informe sobre todas las repercusiones -no sólo técnicas, sino, como es obvio, también políticas y de gran alcance-es la falta en el informe de ese elemento que está en el centro del debate y de la reflexión de estas últimas semanas, esto es, la representación del euro en el exterior. No por nada el Consejo ECOFIN fue incapaz de decidir o de indicar claramente quién, a partir del 1 de enero de 1999, representará la política monetaria, la política económica, la Unión Económica y Monetaria de los países participantes en la zona del euro ante los foros internacionales.
Considero significativo que ya podamos hacer una referencia gracias al informe Langen, para luego quizás profundizarla e incorporarnos en el debate global. Me parece evidente la confirmación de que será el presidente del Banco Central Europeo, y éste sólo tendencialmente, quien participará, en nombre de los países participantes en la zona del euro, en nombre de la Unión Económica y Monetaria, dentro de sus competencias, en las reuniones internacionales. Me parece asimismo importante que el Parlamento afirme con fuerza que urge aclarar este lío -a veces son los tres que ya participan, otras es uno de ellos por turno y otras designamos a otro- que, en mi opinión, sólo contribuye a aumentar la confusión, no nos permite hacer un buen papel y no nos da esa confianza en el euro que es una condición esencial para su éxito.
Para terminar, espero que sus Señorías tengan a bien acoger estas dos enmiendas del Grupo de Coalición Radical Europea.

Blokland (I-EDN)
Señor Presidente, en el debate sobre el euro me he percatado a menudo de dos opiniones unilaterales. Una dice que el euro sólo traerá ventajas y la otra que sólo tendrá consecuencias perjudiciales. A ambas opiniones les doy poco crédito. La ventaja financiera para el presupuesto de la Comunidad es evidente. Es lógico por lo demás, si va a haber una reducción de diez unidades monetarias.
También en el sistema agromonetario se esperan grandes ahorros. El llamado «efecto de doble cotización» desaparece porque ya no se manejará el «tipo de cambio verde». Sin embargo, en el nuevo sistema agromonetario hay todavía un final abierto, porque las revaluaciones son compensadas, pero no se emprende ninguna acción con las devaluaciones, mientras que los agricultores respectivos van a mejorar temporalmente sus ingresos. En ello se esconde también un poco de competencia desleal.
Ahora el riesgo financiero es mucho menor para cuatro Estados miembros. El ahorro de 1.300 millones de florines me parece una tasación prudente, pero si la Unión Europea va a ampliarse con nuevos Estados miembros que no formarán parte inmediatamente de la UEM, la Comisión deberá hacer algo con el carácter de final abierto de la regulación si quiere que las infracciones ilimitadas pasen a formar parte del pasado.
Por último, no soy capaz de ver el significado político y simbólico en el esfuerzo de convertir en euros el pago de los sueldos para el personal de la Comunidad ya el 1 de enero de 1999. Desde luego que no si todavía no se ha gastado el dinero principalmente en moneda belga y luxemburguesa. En interés del personal otorgo gran importancia a la claridad y al esmero.

Paasilinna (PSE).
Señor Presidente, Señorías, como ya he dicho anteriormente, esta agitación económica y monetaria tiene unas dimensiones a escala mundial que van a trastornar en gran medida la vida del ciudadano de a pie, y no sólo en los países donde ha tenido su origen la tormenta. En Rusia se trata más bien de una crisis política de consecuencias económicas. Por este motivo, creo que se debería incluir en el orden del día de la próxima cumbre de la Unión Europea la especulación internacional de divisas, su tributación fiscal y, ante todo, su control. Tenemos, pues, motivos más que suficientes para reflexionar sobre estos asuntos.
Asimismo, debemos garantizar, especialmente cuando dé comienzo la tercera fase, la adaptación de los Fondos estructurales a la reforma monetaria con el fin de permitir la plena aplicación de las políticas de la Unión también durante el período transitorio. A este respecto, encontramos ejemplos en un gran número de ámbitos: así, es necesario administrar de manera adecuada los recursos, por ejemplo, del programa TACIS. Naturalmente, resulta obvio que las propias instituciones de la Unión Europea han de situarse a la cabeza de esta tendencia.
Estoy de acuerdo con el Sr. Langen en que es razonable y necesario introducir reformas agrícolas relacionadas con el sistema monetario. La adopción del euro reducirá las perdidas de ingresos por parte de los agricultores, al menos como consecuencia de la estabilización de los tipos de cambio. Por el contrario, el problema residirá en la situación de los Estados miembros que permanezcan al margen de la unión monetaria. Cabe imaginar que el mercado único debería ser de aplicación también en estos países.
Parece que el euro será una divisa estable, lo cual es motivo de satisfacción. Sin embargo, esta circunstancia exige que los ciudadanos puedan depositar su confianza en dicha moneda, así como que se vuelvan a plantear en la toma de decisiones sobre el euro las cuestiones en materia de responsabilidades. Estoy preocupado por la situación de las pequeñas y medianas empresas a este respecto. En mi país no se han preparado ante el gran cambio que se avecina, falta información sobre este cambio. Por este motivo, vuelvo a sugerir a la Comisión que elabore un paquete informativo destinado precisamente a las pequeñas y medianas empresas y, en especial, a las del sector de servicios, que parece ser el último en prepararse ante la llegada del euro.

Garosci
Señor Presidente, faltan más o menos cien días para la implantación de la moneda única y hoy, a través de la Comunicación que nos ocupa, la Comisión trata de llevar a cabo una evaluación global de los efectos que tendrá la transición al euro a escala comunitaria, así como de las relativas repercusiones en los Estados miembros. Éstas implicarán riesgos y oportunidades. Evidentemente, éstas son superiores a aquellos. Debemos preparar estos tres años, técnicamente llamados de no obligación, no prohibición, de la mejor manera posible implicando al sector privado y al público, a las empresas y a las instituciones y dirigiendo acciones específicas de información a los ciudadanos y de formación dentro de las empresas.
El informe del Sr. Langen puntualiza perfectamente todas estas orientaciones y, en definitiva, dice que contamos con una serie de elementos favorables que debemos tener muy en cuenta. El primero es la eliminación de los riesgos derivados de los tipos de cambio, así como la eliminación de los costes bancarios y de conversión; el segundo es la tranquilidad para toda una serie de interlocutores tanto en lo que se refiere a los sueldos de los funcionarios públicos, por ejemplo, los comunitarios, como a las pensiones; y el tercero es la seguridad para las empresas -a partir de 1 de enero de 1999- al menos en cuanto al 75 % de su facturación que dejará de estar vinculada a los riesgos de cambio y al hecho de que un año, un mes se pueda ganar y al mes siguiente perder, precisamente porque sus operaciones de compra y venta se efectuarán en una moneda fuerte, una moneda que se colocará en una zona donde se medirá con las otras dos monedas fuertes, o sea, el dólar y el yen.
Por tanto, riesgos y oportunidades, pero sobre todo evaluamos los riesgos -a pesar de que en esta etapa son menores que las oportunidades- para estar preparados técnica y psicológicamente para la llegada de la moneda única.
A este propósito, permítanme un pequeño apunte final. Voy a pedir a la Comisión el aplazamiento de un año de la impresión y la emisión del billete de 500 euros. Se trata de un valor demasiado alto en un escenario en que nos encontramos ya con otros seis billetes que tienen un nuevo valor. En mi país, por ejemplo, 500 euros equivalen a un millón de liras y el billete más grande que encontramos en Europa equivale a medio millón de liras, es decir, 250 euros. Todo esto además debe añadirse al hecho de que, como sabemos, circulan rumores de falsos euros e incluso de que ya se ha robado un cliché. Por tanto, también seguridad psicológica desde un punto de vista práctico para la moneda única que estará más expuesta a los riesgos.

Lukas
Señor Presidente, el informe presenta un excelente catálogo de todas las consecuencias financieras que tendrá la introducción del euro para la Unión Europea. Aun así, yo quisiera señalar una posible insuficiencia, puesto que en él no se indica que, con la desaparición del sistema agromonetario, quedará disponible un montante importante cuando se apruebe la gestión de la ejecución del presupuesto y que éste debería revertir en beneficio de los Estados miembros.
Los rigurosos paquetes restrictivos aplicados en los Estados miembros de la UE con vistas a la introducción del euro han reducido drásticamente las inversiones públicas, con lo cual han contribuido también a aumentar el paro. Como todos sabemos, el nivel de las inversiones públicas es bajísimo en Europa. En consecuencia, con objeto de fortalecer la confianza de los ciudadanos y contribuir a mejorar así la situación del consumo en Europa, se debería hacer todo lo posible para que los fondos que se liberarán como resultado de la introducción del euro reviertan en beneficio de los Estados miembros y les permitan financiar medidas contra el paro.
Las cantidades liberadas deberían traducirse, por lo tanto, en una reducción de las contribuciones de los Estados miembros en la práctica, vinculada a un objetivo definido, que les permita adoptar medidas adecuadas contra el paro.

Wibe
Señor Presidente, en lo que se refiere a los hechos, no tengo objeciones que hacer a este informe. Solamente deseo destacar un pequeño detalle, esto es, qué va a ocurrir a los países que se encuentran fuera del sector del euro, es decir, a aquellos países a los que en el informe se les denomina Pre-Ins .
El problema para esos países, el problema agromonetario, es que tienen precios fijados en una moneda teniendo que convertirlos, mediante un tipo de cambio, cuando llegan a ser ingresos. Esto conduce a ingresos variables. Entonces se ha instituido un mecanismo de compensación.
Ahora que se cambia este sistema en relación con la implantación del euro, quisiera proponer que se eliminara totalmente este mecanismo de compensación. Hay dos posibilidades para hacerlo. En primer lugar elijo que todos los pagos se hagan en euros. Esto significa obviamente que los ingresos en moneda nacional van a variar. Sin embargo, es totalmente lógico. Si nos imaginamos que el sistema hubiese estado construido solamente sobre una fijación de precios de mercado, los precios hubieran sido en moneda internacional, euro o dolar, y entonces el ingreso también hubiese variado en moneda nacional. Además, es que si una moneda nacional se aprecia en relación al euro, significa que ella tiene más valor. Entonces es totalmente lógico que se obtenga menor valor en la moneda nacional y vice versa, obviamente, si la moneda se deprecia. Mi primera elección es, por tanto, implantar un sistema exclusivamente basado en pagos en euro.
Mi elección, en segundo lugar, es que se tenga un sistema basado en la moneda nacional. Sin duda que esto implica que los costes de la Unión variarán cuando varíen los tipos de cambio. Sin embargo, esto se compensa con que también los costes de la Unión, que se basan en las monedas nacionales, van a variar exactamente del mismo modo. Por consiguiente, el neto para la Unión es cero.
Por tanto, mi propuesta para los países que están fuera del área del euro es, en pocas palabras, la siguiente: eliminar el mecanismo de compensaciones e implantar un sistema uniforme.

Bangemann
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente y rogarle, al igual que a todos los colegas que han participado en el debate, que disculpen la ausencia de mi colega de Silguy. Éste acaba de regresar de Washington y me ha pedido que exponga la posición de la Comisión en el contexto de este debate.
Es cierto que la comunicación se remonta ya a un tiempo atrás y, por lo tanto, quizá sea conveniente que les resuma brevemente la situación actual.
En primer lugar, en lo que se refiere a la adaptación del Derecho comunitario, hemos examinado de manera sistemática, en colaboración con el Grupo interinstitucional, los aspectos de la legislación comunitaria que será preciso adaptar; hasta ahora se han cumplido los plazos para la elaboración y transposición de estas normas comunitarias.
Hemos presentado las siguientes propuestas: una modificación del Reglamento Financiero, que el Parlamento está examinando en estos momentos y, que si estoy bien informado, se podrá adopta antes de final de año; una modificación del Reglamento sobre las pensiones y retribuciones del personal, que a partir de enero de 1999 estarán denominadas y se pagarán en euros -la correspondiente propuesta podrá adoptarse seguramente dentro del mes de noviembre-; y la modificación del régimen agromonetario, a la que ya se ha hecho referencia repetidamente, con vistas a la progresiva supresión de la diferencia entre el ecu verde y los tipos de conversión fijos. Este proceso podrá completarse a finales del 2001 para los Estados miembros de la zona euro y en el año 2004 para los países que todavía no forman parte del primer grupo de participantes. Esta propuesta también podrá adoptarse antes de que finalice el año.
La modificación de las disposiciones en el ámbito de la legislación arancelaria y financiera también avanza de conformidad con las previsiones. Por consiguiente, no consideramos necesario seguir en este momento la recomendación del ponente y publicar una lista de las disposiciones que se verán afectadas por la introducción del euro.
Por otro lado, hemos decidido, de común acuerdo con los Estados participantes, establecer un nuevo sistema común de tipos de interés comercial de referencia del euro. El nuevo sistema se presentará dentro de poco a los Estados miembros de la OCDE y Eurostat se encargará de su transposición.
En cuanto a los aspectos prácticos de la transición, en estos momentos estamos preparando la adaptación al euro de todos los sistemas internos de información, en la línea de las recomendaciones del ponente. Sobre todo es necesaria la adaptación para la denominación en euros del presupuesto a partir de enero del próximo año. Eurostat también sigue trabajando en la conversión de los sistemas y ficheros de datos estadísticos en este contexto.
El señor Langen resalta con razón la importancia de la campaña de información dirigida al personal de todos los organismos europeos. La primera fase de esta acción se desarrolló a principios de este año y en estos momentos se está preparando una segunda fase. Nos proponemos repartir antes de final de año entre todo el personal de los organismos comunitarios, incluidos, por lo tanto, también los pensionistas, un folleto en el que se expondrán las consecuencias de la introducción del euro en las pensiones y retribuciones.
Por consiguiente, yo creo que podemos decir que, hasta ahora por lo menos, se han cumplido dentro de los plazos previstos los objetivos que se marcó la Comisión en su Comunicación. Evidentemente, también podemos presentar un informe sobre el conjunto del proceso de preparación de la Comunidad con vistas a la introducción del euro, tal como pide el ponente, probablemente ya antes de finales de noviembre, con lo cual, así lo espero, el Parlamento estará informado no sólo sobre la situación actual, sino también sobre los pasos adicionales que serán necesarios. Yo les doy las gracias por sus sugerencias.

Langen
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por ofrecernos esta panorámica general. Yo quiero elogiar explícitamente, también en nombre del Parlamento, a la Comisión por la puntualidad y la adecuación a los objetivos con que ha realizado todas estas tareas, y agradecerle también a usted que se haya declarado dispuesto a presentar un informe general antes de finales de noviembre. Entonces tendremos ocasión de volver a debatir, sobre la base de dicho informe, qué aspectos concretos se pueden transponer también mediante la acción parlamentaria.
Yo quisiera formularle, sin embargo, una última pregunta y no sé si estará preparado o en condiciones de responderla, dado que en realidad no se refiere a su ámbito de competencias. Siguiendo el ejemplo de la solicitud del colega Dell'Alba, yo quisiera pedirle si en el citado informe se podría examinar también la problemática de la representación exterior de la zona euro, así como el papel del BCE en las conferencias internacionales.
El Presidente Duisenberg declaró la semana pasada -lo he comentado brevemente antes- que el estatuto jurídico del BCE planteará considerables problemas en estas organizaciones, dado que el BCE no es un Estado y hasta ahora sólo los Estados están representados de manera activa en dichos organismos: en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y también en el G7. Lo que se plantea es, en definitiva, si el BCE debe dejarse involucrar políticamente de este modo o si su función sólo debe ser consultiva. El artículo 105 del Tratado UE le confía en cualquier caso una tarea claramente definida, que es garantizar la estabilidad monetaria y de los precios. Si las decisiones políticas apuntasen en otra dirección, posiblemente se invitaría al BCE a participar en las mismas, aunque esto podría plantear problemas.
Una pregunta, señor Comisario, aunque ya sé que seguramente es pedir demasiado: ¿podría informarnos sobre los planteamientos en el ámbito de la Comisión y si puede ser también del Consejo en relación con el tema de la representación exterior?

Bangemann
Señor Presidente, yo agradezco la pregunta del señor Langen, pues no hay nada que me guste más que salir fuera de mi propio ámbito de competencias. Sin embargo, debo hacerle notar que existe una diferencia muy considerable entre el tema del informe que hoy se ha debatido y las cuestiones, sin duda muy importantes, a las que acaba de hacer referencia. El informe se ocupa de los problemas prácticos que plantea la transposición de nuestras decisiones con vistas a la creación de una moneda común. Yo creo que hemos llegado al acuerdo general de que, al menos hasta el momento, hemos cumplido los objetivos dentro de los plazos previstos.
En su última reunión, el Consejo ECOFIN encargó a la Comisión un informe con sus propias propuestas en relación con dichas cuestiones, que también se trataron allí. Se trata de cuestiones complejas y difíciles, que evidentemente dependen también de la naturaleza jurídica de la Unión y de la posición de las organizaciones internacionales, que quizás se encuentran asimismo un poco faltas de recursos para responder a la dinámica que estamos desarrollando. Tenemos previsto presentar dicho informe antes de finales de mes, de manera que ustedes podrán participar entonces en el debate y podremos alcanzar, junto con el Consejo y el Parlamento, una posición que garantice una representación adecuada y suficiente de la Unión Europea a escala mundial en las instituciones competentes en el ámbito de las decisiones en materia de política monetaria y económica.
Evidentemente, no podemos dar por sentado que con el euro inauguraremos una nueva dimensión muy considerable de la política monetaria mundial y luego no estar presentes en la misma. Esto no es admisible. Yo supongo que en dicho informe no nos limitaremos a señalar esta necesidad, sino que también presentaremos propuestas razonables.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 11.25 horas, en espera del turno de votaciones, se reanuda a las 12.00 horas)

Votaciones
Boogerd-Quaak
Había querido votar a favor en la votación anterior, es decir, en la última votación, y lo he hecho a tiempo, pero la máquina no funciona.
Informe (A4-0285/98) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política de la Unión en materia de lucha contra la corrupción (COM(97)0192 - C4-0273/97)
(El Parlamento aprueba la resolución) Informe (A4-0304/98) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión sobre las consecuencias de la transición al euro en las políticas, instituciones y legislación comunitarias (COM(97)0560 - C4-0591/97)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de un informe sobre una ampliación del Reglamento 1408/71. Hoy el reglamento se aplica solamente a los ciudadanos comunitarios además de a los apátridas y refugiados. Es una discriminación hacia los trece millones de ciudadanos de terceros países que hay en la Unión y que pagan sus impuestos y hacen sus aportaciones sociales en un Estado miembro, pero que pierden su derecho a seguridad social si se trasladan a otro Estado miembro.
El problema es, sin embargo, que estar incluido en el Reglamento 1408 implica que las personas en cuestión ya tienen derecho a la libre movilidad. Actualmente y tal como están las cosas, los ciudadanos de terceros países no tiene derecho a la libre movilidad dentro de la Unión. De ahí que pensemos que primero debe hallarse una solución a la cuestión de la libre movilidad para los ciudadanos de terceros países. Una vez hecho esto, entonces puede tomarse postura ante la ampliación del Reglamento 1408.

Oddy
Me agrada esta propuesta de la Comisión Europea porque corregirá una anomalía de las actuales normas de seguridad social para los nacionales de terceros países. La anomalía fue detectada y señalada por el Parlamento Europeo, y me alegra que la Comisión Europea se haya ocupado de la cuestión y haya formulado esta acertada propuesta.
Los nacionales de terceros países que residen legalmente en un país de la UE en el que trabajan y pagan impuestos podrán transferir sus cotizaciones de seguridad social a otro país de la UE al que vayan por razones laborales.
Eso es de particular importancia en el Reino Unido, en el que el servicio nacional de salud cuenta con unos 40.000 médicos de otros países que trabajan para él. Muchos están muy bien cualificados y reciben ofertas para prestar sus servicios en otros países de la UE. Es totalmente injusto que en la actualidad no se puedan transferir las cotizaciones de seguridad social. Recomiendo esta propuesta al Parlamento.

Waddington
Apoyamos los principios en que se inspira este informe, que extiende la igualdad de derechos a los nacionales de terceros países con residencia legal por razones laborales y a sus familias (como medio de conseguir la igualdad de trato) respecto de los ciudadanos de la UE. Desearíamos esperar a que prosiguiera el examen de las repercusiones de los detalles contenidos en la propuesta en lo que se refiere al Reino Unido, que tendrá lugar el 4 de noviembre en el seno de un comité de investigación, antes de determinar nuestra posición final, en vista de los efectos que esto pudiera tener para el sistema de prestaciones no contributorias.
Informe Leperre-Verrier (A4-0342/98)
Trizza
Valoro favorablemente la participación de Bulgaria en el Programa Juventud con Europa. En efecto, es importante que, en el ámbito de la estrategia de preadhesión de dicho país, se prevean instrumentos como éste, dirigidos a la creación y al desarrollo del proceso educativo europeo y a la comprensión de las políticas comunitarias a través de las metodologías operativas apropiadas.
La urgencia de dicha resolución está relacionada asimismo con la puntualidad y la precisión con que Bulgaria ha facilitado todas las informaciones requeridas con vistas a su incorporación en el programa, en particular las relativas a los aspectos puramente financieros.
Informe Wibe (A4-0317/98)
Antony
Señora Presidenta, si algún día hay historiadores que se atreven a analizar el papel de este Parlamento, considerarán la votación de hoy contra Jean-Marie Le Pen como un detalle abyecto dentro de una larga lista de detalles abominables, puesto que, en materia de libertad, lo único que defiende la mayoría de esta Asamblea son las libertades de descomposición, las libertades de decadencia, incluso hoy la libertad en favor de la droga, en contra de la moral del decálogo y de la ley natural; pero este Parlamento no defiende ni la libertad de pensamiento ni la libertad de expresión.
Hoy, el gran historiador judío francés Robert Aron sería condenado por haber escrito en sus memorias, página 178: «dábamos por sentado el horror del régimen hitleriano de la Gestapo y de sus obras, en cuanto a lo demás no entrábamos en detalles». De igual modo también se habría concedido el suplicatorio del gran constructor de aviones Marcel Dassault, diputado gaullista, deportado a Buchenwald y que describió ampliamente en sus memorias el papel de los «capos» comunistas, dirigidos por el comunista Marcel Paul, y que contó sobre todo la realidad de ese campo de una manera muy alejada de la leyenda que aquí se quiere imponer.
¡Es una vergüenza para este Parlamento! Sucedáneo de la policía estalinista del pensamiento, Parlamento en el que jamás ha habido una investigación, una mención, una condena del rosario sin fin...
(El Presidente le retira la palabra al orador)

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, desde 1989 el Parlamento Europeo ha recibido cincuenta solicitudes de concesión de suplicatorio, sólo ha aceptado cinco, ha denegado treinta y dos, y las otras trece solicitudes eran inadmisibles o estaban incompletas. Desde 1994 no se había aceptado ninguna.
La jurisprudencia de nuestro Parlamento considera, en efecto, y la cito: «En todos los casos en que los actos reprochados a los parlamentarios europeos se integren en una actividad política, no se concederá el suplicatorio, pues deberá prevalecer la libertad de expresión». Ésta fue concretamente la postura que adoptamos con nuestro colega, el Sr. Campos.
Nuestra jurisprudencia, pues, conducía indudablemente a un rechazo de la solicitud de concesión de suplicatorio para el Sr. Le Pen. Pronunciarse a favor sería tomar una decisión justificada por la propia persona del Sr. Le Pen, por la naturaleza concreta de la infracción cometida y las declaraciones efectuadas. Sin embargo, en la aplicación del poder que tiene el Parlamento Europeo de conceder o no el suplicatorio no tiene que intervenir ninguna consideración ad hominem . No debe establecerse una jerarquía en las infracciones cometidas, no debe abordarse el fondo del asunto, como lo recuerda el artículo 5...
(El Presidente interrumpe al orador) Señora Presidenta, al anterior orador le dejó hablar 30 segundos más, así que por favor déjeme hablar.
(El Presidente le retira la palabra al orador)
Blot
Señora Presidenta, constato que la mayoría de colegas en este Parlamento pretenden ser racionalistas y están orgullosos de serlo. Ya sean liberales, socialistas, demócrata-cristianos u otra cosa, todos declaran estar apegados al racionalismo del siglo XVIII de Voltaire, de Rousseau o incluso de Kant y Goethe. Y ahora resulta que todos estos racionalistas se someten a un tabú ideológico, totalmente arcaico, que es un auténtico insulto para la libertad de opinión, pues aquí lo que se le está haciendo al Sr. Jean-Marie Le Pen es claramente un proceso por libertad de opinión.
Afirmar como hace el Sr. Rothley que el Derecho alemán quiere proteger la verdad es la expresión misma del totalitarismo. El derecho no tiene por objeto proteger dogmas sino, al contrario, proteger la libertad de pensamiento, puesto que nadie ostenta el monopolio de la verdad. Por consiguiente, este derecho alemán que se ha pretendido defender en este caso se sitúa en la tradición del III Reich. No hay nada aquí de lo que enorgullecerse. Considero que en este Parlamento reina la inmoralidad en la medida en que éste no respeta ese derecho humano esencial que es la libertad de palabra. Gutenberg, que vivió en Estrasburgo, al igual que Goethe, tienen que estar revolviéndose en sus tumbas.

Lang
Señora Presidenta, me dirijo aquí a los diputados alemanes que han votado en favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen para recordarles que las balas, las bombas, los obuses y las minas alemanas mataron en Europa a docenas de millones de hombres y mujeres y produjeron incomparablemente más muertos que las cámaras de gas. Pero puesto que insisten en volver a abrir heridas cincuentenarias apelaremos al deber de la memoria.
Jean-Marie Le Pen recuerda la mina alemana que mató a su padre, pero él ha perdonado al pueblo alemán. En el día de hoy, un fiscal alemán tiene la arrogancia de pedirle cuentas a Jean-Marie Le Pen, víctima de la guerra, huérfano de la nación, por un comentario sobre unos hechos que son responsabilidad exclusiva de Alemania. ¿Tanto necesitan ustedes el perdón que tienen que encontrar culpables entre sus víctimas? Jean-Marie Le Pen no fue quien construyó los campos de concentración. Esos campos son de ustedes y no nuestros.
Si quieren arreglar cuentas entre alemanes, ése es su problema, pero ya no pueden imponerles sus leyes a Francia y a los franceses. La ocupación acabó, el pueblo francés es libre y nosotros también.

Le Gallou
Señora Presidenta, al conceder el suplicatorio de Jean-Marie Le Pen, el Parlamento Europeo ha cometido un error, ha olvidado deliberadamente que la inmunidad parlamentaria tiene por objeto precisamente garantizar la libertad de palabra de los cargos elegidos. Sin embargo la libertad de palabra sólo tiene sentido para aquellas declaraciones que pueden llegar a disgustar, e incluso herir, aunque ésta no fuera la intención de su autor.
En este caso, estamos ante un proceso por brujería. En Francia, los diccionarios han cambiado la acepción de la palabra «detalle» para poder estigmatizar mejor a Jean-Marie Le Pen. En el Parlamento Europeo el último orador del Grupo Socialista, el Sr. Glyn Ford, ha mentido para justificar lo injustificable. Ha mentido al afirmar que Jean-Marie Le Pen había calificado el holocausto de «detalle», y esto es falso. Ha mentido atribuyéndole a Jean-Marie Le Pen opiniones revisionistas, por haber hecho supuestamente declaraciones a un semanario negando la existencia de las cámaras de gas en Buchenwald, cuando los historiadores oficiales reconocen que, efectivamente, no las hubo en ese lugar, y ello tras las declaraciones del doctor...
(El Presidente le retira la palabra al orador)

Martinez
Señora Presidenta, el artículo 9, «Cuestiones jurídicas» del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades reduce la inmunidad, por decirlo de algún modo, al ejercicio de las funciones. ¿Qué debe entenderse por ejercicio de las funciones? ¿Acaso hay que interpretarlo en sentido lato o en sentido estricto? Como se trata de una garantía hay que interpretarlo en el sentido más amplio. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha ampliado tanto la interpretación de este concepto que llega a cubrir la totalidad de la legislatura y no sólo el periodo parcial de sesiones. ¿Cuál es el criterio de interpretación del ejercicio de las funciones? Para el ponente es un criterio geográfico. Hay ejercicio cuando se está en un edificio del Parlamento Europeo. Si Jean-Marie Le Pen hubiera hablado en el edificio de la delegación del Parlamento en Alemania habría habido inmunidad o no en función de que hubiera estado a un lado o a otro de la puerta principal, lo cual es absurdo.
De hecho, la interpretación debe ser teleológica, en función del objetivo que se persigue. Esto es tan cierto que las reglas contables para el reembolso de los viajes no se efectúan en función del carácter oficial del edificio al que acudimos, sino en función del objetivo político que perseguimos. Y tanto es así que, el 23 de junio de 1789, cuando la Asamblea revolucionaria planteó por vez primera la inmunidad, consideró traidores e infames, contrarios a la nación, a aquellos que la menoscababan. Pero es indudable que para nosotros la nación...
(El Presidente le retira la palabra al orador)

Soltwedel-Schäfer
Señora Presidenta, le ruego que confirme urgentemente si el Parlamento Europeo es una plataforma para intervenciones como éstas, que repiten todas lo mismo, o sea, lo que ha motivado la demanda contra Le Pen. El corazón se me desboca, me pongo mala y siento una enorme tristeza ante la posibilidad de que semejante debate pueda estarse desarrollando hoy aquí a expensas de las víctimas judías. Yo le ruego, que confirme urgentemente si no sería posible limitar esta plataforma a un solo orador, en vez de concedérsela a todos.

El Presidente
Señora Soltwedel-Schäfer, cada uno tiene derecho a expresarse aquí y cada uno habla en nombre propio.

Mégret
Señora Presidenta, señoras y señores, este Parlamento acaba de efectuar una votación que va totalmente en contra de lo que pretende defender y encarnar. Esta votación asesta un golpe muy grave a la democracia en Europa, puesto que uno de los principios esenciales de la democracia es la separación de los poderes. La inmunidad parlamentaria fue instaurada precisamente para proteger al poder legislativo del poder judicial.
Sin embargo, los jueces pretenden definir hoy por sí solos lo que los políticos tienen derecho o no a decir. Esto es lo que quiere hacer el juez de Munich. Es la negación misma de la independencia de los representantes populares, y ustedes, por mezquino odio político, pisotean estos principios esenciales y al retirar la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen, no sólo le están pisoteando sus derechos, sino también están poniendo en entredicho a la institución parlamentaria. Por su culpa, hoy la democracia en Europa se acerca a la de Stalin.
(El Presidente le retira la palabra al orador)

Florio
Señora Presidenta, no he querido participar deliberadamente en la votación sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Le Pen, porque se daba por descontado el voto del Parlamento Europeo a favor de la suspensión, mientras que personalmente considero que también con respecto al detestable hombre político del otro lado de los Alpes debe valer la celebre máxima de Voltaire: «Desprecio tus ideas, sin embargo, haré todo lo posible para que puedas expresarlas».
Tengan en cuenta que soy el vicepresidente de la delegación parlamentaria de relaciones con Israel. El Sr. Le Pen representa, en mi opinión, lo peor que ofrece el mercado de la política: racismo, intolerancia, incitación al odio, espíritu intolerante. La fiscalía alemana le quiere procesar por haber manifestado que las cámaras de gas son un detalle de la historia, una afirmación descabellada, pero que no deja de ser tan sólo una afirmación. Las democracias no pueden emplear contra sus adversarios los mismos métodos intolerantes, los mismos métodos del Sr. Le Pen.

Ford
Señora Presidenta, he votado en favor de la suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen. Por lo que hemos oído decir a los de la derecha de este Parlamento, parece haber cierta confusión acerca de lo que significa realmente la inmunidad parlamentaria. Tenemos inmunidad parlamentaria en nuestro propio Estado miembro, o sea inmunidad para los alemanes en Alemania y para los británicos en el Reino Unido.
En el Reino Unido tenemos derecho de decir lo que queramos en la sala parlamentaria. Tenemos plena inmunidad parlamentaria, como el Sr. Le Pen tiene aquí. A pesar de que sus opiniones me horrorizan, abundo en lo que acabo de decir. Ahora bien, el Sr. Le Pen no tiene ese derecho fuera del Parlamento, y tampoco en Alemania. El Sr. Le Pen, deliberadamente o por olvido, ha ido demasiado lejos. El que sea culpable o inocente es algo que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Es algo que los tribunales resolverán. Lo que hemos oído decir a los de la extrema derecha de este Parlamento parece indicar que no están en el mismo planeta que nosotros. Si los extraterrestres acaban un día por invadirnos, es posible que tengan la misma opinión de la historia que la extrema derecha de esta sala.

Pinel
Señora Presidenta, señoras y señores, «no estoy de acuerdo con lo que usted dice pero haré todo lo que pueda para que conserve el derecho a decirlo». He aquí un concepto que está en la base misma de la democracia y del que estamos hoy bien alejados.
Inversamente, hace dos siglos el muy sanguinario Saint-Just inventó una fórmula que hizo escuela en todo lo que la humanidad ha producido en materia de totalitarismo, y lo cito: «No tiene que haber ninguna libertad para los enemigos de la libertad». Con eso queda todo dicho. Cuando el poder es juez y parte, cuando sienta las bases de un pensamiento único, cuando la mayoría impone silencio a las minorías, entonces es evidente que ya no hay democracia.
Señorías, hoy ya no vivimos en democracia.

Bourlanges
Señora Presidenta, debo decir que es la primera vez que voto a favor de la suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen. Hasta la fecha mi comportamiento estaba dictado por argumentos que han sido ya mencionados y que abundan en la jurisprudencia de este Parlamento de que no se retire la inmunidad de un parlamentario cuando los hechos que se le reprochan tengan un carácter eminentemente político; éste es el caso de las declaraciones del Sr. Le Pen, de éstas como de otras.
Sin embargo, he cambiado de actitud y lo he hecho por una razón muy sencilla: en realidad, las relaciones entre los poderes - ejecutivo, legislativo y judicial- y, sobre todo, la independencia reforzada de la justicia convierten hoy por hoy en injustificada cualquier situación derogatoria de un parlamentario respecto de los ciudadanos, convirtiendo en injustificable lo que, por otro lado, el Sr. Le Pen llamaría un privilegio de establecimiento.
El Sr. Le Pen reclamó ayer ser tratado como un ciudadano. Eso es precisamente lo que deseo que sea.

Le Pen
Señora Presidenta, a pesar de que ayer ya demostré la felonía del fiscal de Munich, 420 diputados han concedido el suplicatorio. A ellos les contesto lo siguiente: «Muchos enemigos es mucho honor». He visto que ayer los portavoces de los Grupos políticos del Parlamento dieron sus consignas de voto, lo que demuestra de modo patente que se trata básicamente de un asunto político orquestado por los jefes del pensamiento único.
Los «europeístas» y los «euromundialistas» de este Parlamento han aprovechado la ocasión para combatir al Presidente del Front National, un diputado patriota que prefiere a su patria, Francia, a la Europa de los lobbies, del desempleo, de la inmigración, de la inseguridad, del fiscalismo y de la corrupción... e incluso de la cobardía.

Gollnisch
Señora Presidenta, tal como se preveía, este Parlamento se ha deshonrado una vez más. Ante la consigna que se le ha impuesto, casi todos los miembros han hincado la rodilla. ¿Por qué este miedo? ¿Por qué las palabras de Le Pen son una blasfemia, cuando no habrían suscitado ninguna objeción si se hubieran referido a cualquier otro drama del siglo XX de amplitud comparable?
¿Cuál es, pues, esa verdad histórica siempre cambiante, pero cuyo debate está prohibido? ¿Por qué esa feroz prohibición? Este tabú sin sentido se debe, en primer lugar, a los comunistas, a sus aliados socialistas, a los conservadores y a los liberales que se han reservado para sí todas las complacencias: quieren hacer olvidar su propio océano de crímenes.
Pero también está el interés del extremismo israelí y de sus contactos internacionales. Su precaria situación y su voluntad de poder requieren la culpabilización general y perpetua de todos los demás pueblos para poder asentar su superioridad moral. La ausencia de todo espíritu crítico es imprescindible para las extravagantes reivindicaciones financieras que formulan con arrogancia en respuesta al cese del abono de reparaciones por parte de Alemania. Que algunos alemanes, internacionales socialistas...
(El Presidente le retira la palabra al orador)

Le Rachinel
Señora Presidenta, al ser impresor de profesión, estoy especialmente apegado a la libertad de opinión, que es, por otra parte, la primera libertad conquistada gracias a Gutenberg, hombre muy conocido en Estrasburgo.
Así pues, estoy escandalizado de que se haya podido votar la suspensión de la inmunidad parlamentaria del presidente Le Pen por delito de opinión. El Parlamento se deshonra con tales procedimientos y se pone a la altura de un Soviet Supremo. El hecho de que todos voten según las directrices del Grupo y no en conciencia es particularmente sorprendente. Este levantamiento de inmunidad parlamentaria afecta hoy a nuestro colega Le Pen, mañana le puede tocar a otro. El día de hoy, como les digo, es un día de duelo para la libertad y, en particular, para Estrasburgo.

Stirbois
Señora Presidenta, es inverosímil, es escandaloso que hoy este Parlamento se pronuncie en favor de la retirada de inmunidad parlamentaria de un hombre a cuyo padre mataron los alemanes. Yo misma soy hija de resistentes, estuve a punto de nacer en un campo de concentración y me cuesta aceptar estas lecciones y estos procedimientos. Sí, sufrimos por culpa de los alemanes, es verdad que hoy para olvidar un pasado más que turbio, estamos dispuestos a cualquier cosa. La inmoralidad reina en este Parlamento. En él se acepta la droga y se rechaza la libertad de expresión a Jean-Marie Le Pen. ¡Qué afrenta para este Parlamento así deshonrado! ¡Qué afrenta, todos esos parlamentarios que no han tenido la valentía de ser independientes como lo fue el gran filósofo Voltaire!

Andrews
La suspensión de la inmunidad parlamentaria de una persona elegida públicamente como diputado del Parlamento Europeo es una cuestión gravísima. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha tenido que ocuparse de esta cuestión a raíz de una demanda hecha el 17 de abril de 1998 por la oficina del Fiscal público de Munich, en relación con declaraciones que Jean-Marie Le Pen formuló en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 1997. El Sr. Le Pen declaró que «las cámaras de gas no son más que un detalle en la historia de la segunda guerra mundial» y que «el exterminio de los que perecieron en las cámaras de gas ha de ser considerado como una parte insignificante de la historia de la segunda guerra mundial».
La oficina del Fiscal público de Munich ha pedido al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen sobre la base de los artículos 130 y 220 del Código Penal alemán, que prevé una pena máxima de prisión de cinco años o una multa para cualquiera que apruebe públicamente, niegue o presente como inofensivo un acto cometido durante el régimen nazi.
El Sr. Le Pen formuló declaraciones análogas en Francia, lo que fue causa de que se le impusiera una multa considerable.
La censura ha sido siempre una cuestión dificilísima de tratar, y la Unión Europea y los gobiernos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea tienen que esforzarse por encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la política pública. El derecho a la libertad de palabra está firmemente arraigado en la Constitución de Irlanda, pero hay veces en las que el Estado debe recibir los poderes necesarios para abordar cuestiones de odio sin ambages que pueden resultar perjudiciales para la política pública nacional o para la seguridad pública del país.
Soy firme partidario de la libertad de palabra, pero no de forma incontrolada. En Irlanda podemos invocar la incitación a cometer actos por odio, que es un elemento legislativo que da al Estado el poder de encausar a todos los que procuren promover el odio sin ambages en la sociedad, pero también tenemos la libertad de expresión firmemente enraizada como derecho fundamental en nuestra constitución.
Los comentarios del Sr. Le Pen fueron formulados en Munich en diciembre de 1997 durante la presentación de un libro titulado «Le Pen, el rebelde», escrito por el ex diputado del Parlamento Europeo, Franz Schönhuber, líder del Partido Republikaner Alemán. Sus comentarios eran totalmente inflamatorios y una incitación al odio, y si el sistema jurídico penal alemán quiere seguir adelante con esta cuestión, el Parlamento Europeo no debe obstaculizarle en su propósito.

Berthu
Repruebo las declaraciones de Jean-Marie Le Pen en Munich, tanto en lo que se refiere al fondo como a la forma: las cámaras de gas no constituyen un «detalle en la historia de la Segunda Guerra mundial», por el contrario, se trata de un aspecto esencial y no es decente escoger un tema tan grave y doloroso para una polémica política. Creo que los franceses y entre ellos, estoy convencido, la mayoría de los votantes del Front National se suman a esta opinión.
Sin embargo, hoy no se interroga a los diputados en cuanto al fondo. Sólo se les pregunta si para responder a la solicitud del fiscal de Munich es necesario proceder al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen.
Ahora bien, desde esta perspectiva cabe preguntarse si en países como los nuestros, apegados a la libertad de expresión, el papel del Estado consiste en ejercitar acciones judiciales contra el contenido de ciertas declaraciones, aun cuando se considere que éstas son falsas y condenables. Estas acciones judiciales irían en contra de la propia idea de libertad de opinión, que contribuye a fortalecer la democracia. ¿A dónde nos llevaría el abandono de este principio?
Debe disiparse este error mediante la exposición de la verdad, pero no creemos un precedente que el día de mañana podría servir a los poderes públicos para intervenir autoritariamente en otros debates que todavía desconocemos. Para luchar contra un riesgo, en mi opinión, inexistente -el de un contagio revisionista sobre el problema de las cámaras de gas- no nos arriesguemos a una deriva mucho más palpable, mucho más inmediata y mucho más amenazadora en muchos ámbitos, la del amordazamiento de la libertad de expresión a cargo de un pensamiento oficial único.

Carlotti
Una vez más Jean-Marie Le Pen intenta hacerse pasar por víctima, chivo expiatorio de un enorme complot político europeo.
Esta situación lo colma de satisfacción, pues en cada ocasión contribuye a elevarlo a la categoría de mártir.
Al calificar las cámaras de gas de «detalle histórico», Jean-Marie Le Pen mancilla la memoria de los que durante ese período perdieron la vida o la de sus familiares.
¡Al pronunciar esas palabras en suelo alemán, ha buscado deliberadamente provocar a los demócratas europeos! ¡Ha ultrajado al pueblo alemán en su perdón a las víctimas del genocidio judío!
Jean-Marie Le Pen ha querido abrir la caja de Pandora con su intento de hacer resurgir los viejos demonios de nuestra historia común. Pero ha cometido un error que puede pagar caro.
Mientras que en el caso de los dos primeros levantamientos de inmunidad intentó obtener provecho electoral, ¡el tercero puede serle fatal!
Ésta es la razón por la que nos ha ofrecido un discurso nuevo en él, con una búsqueda de patetismo... No me ha conmovido.
En aras de la paz y la solidaridad de nuestros pueblos en Europa votaré a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Grossetête
Hoy he votado a favor del levantamiento de la inmunidad del Sr. Jean-Marie Le Pen, igual que en el pasado voté a favor del levantamiento de la inmunidad del Sr. Bernard Tapie, pues soy personalmente favorable a la supresión de la inmunidad parlamentaria, que hoy ya no está justificada. El hecho de que yo condene política y moralmente las tesis y puntos de vista expresados y defendidos por el Sr. Jean-Marie Le Pen no entran aquí en consideración.
De este modo, al margen de cualquier contexto político destacado por los medios de comunicación, siempre votaré en favor del levantamiento de la inmunidad, cualesquiera que sean las circunstancias y los argumentos jurisdiccionales y los parlamentarios de que se trate.
En efecto, el principio de la inmunidad parlamentaria sorprende hoy en día. Me resulta un privilegio que ya no se justifica. La justicia es hoy independiente y los Estados que componen la Unión Europea son todos Estados de derecho, democráticos, en el seno de los cuales los ciudadanos, todos los ciudadanos, pueden ser iguales ante la ley.
Estoy defendiendo aquí una igualdad real y no una igualdad sesgada, adaptada a las circunstancias políticas o de los medios de comunicación: los crímenes y los delitos juzgados no deben estar sujetos a efectos de moda. La concesión de un suplicatorio nunca debe prejuzgar la decisión que en su momento tome la jurisdicción competente en cuanto al fondo. Mientras no se suprima la inmunidad deseo que esto siempre sea así.

Hory
Nada es más ajeno a la familia política a la que pertenezco -la del radicalismo- que el antisemitismo y el racismo, que son el fundamento mismo de la ideología de extrema derecha.
Todos los responsables políticos deben comprender la sensibilidad de los supervivientes, de las familias de las víctimas y de todos los hombres libres cuando escuchan las declaraciones ignominiosas del Sr. Le Pen.
Sin embargo, no votaré a favor del levantamiento de la inmunidad que se nos pide. Quiero explicar mis razones.
En un plano estrictamente jurídico, esta solicitud plantea graves cuestiones. Al igual que Alain, los radicales piensan que « la democracia no es el poder de la mayoría sino el reino del derecho» y que hasta los más culpables tienen derecho a la protección de la ley. En este caso, la inmunidad parlamentaria no tiene por objeto amparar a los diputados: es una de las garantías de la libertad de los ciudadanos. Cabe suponer que las actuaciones judiciales están siempre basadas en hechos punibles; por esta mera razón, se deberían conceder todos los suplicatorios que se solicitan. Ésta no es la práctica de nuestro Parlamento y creo que hemos tenido hasta ahora razón al denegar muy a menudo los suplicatorios solicitados, incluido el del Sr. Le Pen. Nuestra opinión, por lo tanto, no debe detenerse en el argumento jurídico de la Comisión de Reglamento que, en su parquedad, revela otras motivaciones.
¿Podrían ser éstas políticas? Hay muchas maneras políticas de luchar contra la extrema derecha y contra sus ideas. Si pensamos que dichas ideas constituyen un auténtico peligro para la democracia, no hay que hacerles el juego táctico a los partidos de la extrema derecha, hay que ilegalizarlos. Desde el momento en que no se hace, no hay que fingir sorpresa cuando sus agentes expresan ideas inmundas inspiradas en el antisemitismo y en el racismo, que son parte integrante de estos partidos. ¿Pero no sería la prohibición de la extrema derecha una enorme confesión de impotencia política ante las ambiguas fascinaciones que ejerce sobre una parte de la opinión pública? Por mi parte, pienso que una idea malsana se combate con ideas, con la razón, con la confianza depositada en la inteligencia de los ciudadanos. Creo que las declaraciones inmundas del Sr. Le Pen le perjudican más a él que a la democracia. También creo que la extrema derecha se alimenta -especialmente en Francia- de los tabúes intelectuales y políticos que provoca y que alimentan la paranoia de sus dirigentes y de sus votantes engañados.
¿Estamos tratando aquí de moral política? Es inútil insistir en las redes de connivencia que existen entre la extrema derecha y una buena parte de la derecha actualmente desaprobadora. No es necesario subrayar la utilización objetiva que numerosos partidos de izquierda hacen de los neofascistas en sus respectivas estrategias nacionales. La moral no cuenta en estas opciones. Sin embargo, ¿acaso sale bien parada cuando se le pide a una Asamblea elegida por sufragio universal que expulse a uno de los suyos que también ha sido elegido? No lo creo e invito a todos mis colegas a reflexionar sobre el uso que habría podido, que puede o que podría hacerse en otro contexto de esta arma terrorífica.
En definitiva, se honra mucho al señor Le Pen hablando en relación con él de filosofía política. Sin embargo, deseo hacerlo para recordar que los radicales tienen un método, que es el de la razón. Dentro de esta filosofía humanista y laica no debería haber verdades reveladas gravadas en bronce u objeto de catequesis. No hay una verdad mayúscula, indiscutible y reverenciada sin recurrir a la razón crítica. La verdad es humilde, no majestuosa; es, de alguna forma, republicana. Lucha constantemente contra la mentira, contra la falsificación y se mantiene alejada de los actos de fe. ¿Acaso el Sr. Le Pen y sus semejantes niegan el holocausto? ¿Acaso están dándole vueltas al horror absoluto? ¿Consideran las cámaras de gas un «detalle»? Dejemos que hablen y así podremos confundirlos, desenmascararlos y mostrar a los ciudadanos la despreciable indigencia de su pensamiento. Ése es el combate más bello que puede conducir a la verdad. Es también el único homenaje que la política puede hoy brindar a las víctimas de la barbarie.
Informe Read (A4-0337/98)
Eriksson y Svensson
Los abajo firmantes hemos votado a favor del informe, porque la situación en el mercado de las telecomunicaciones demanda una reglamentación como la que trata el informe.
Sin embargo, queremos subrayar que la comercialización de la telefonía ha llevado a grandes problemas administrativos, a riesgos de tratamiento discriminatorio a diferentes regiones y grupos de consumidores y a problemas fiscales de difícil solución.
Una solución mucho mejor habría sido la mantención de los monopolios nacionales, con transparencia y cooperación entre ellos.
Informe Hoppenstedt (A4-0332/98)
Berthu
El Banco Central Europeo acaba de proponer al Consejo un reglamento que autoriza la imposición a los bancos de un sistema de reservas obligatorias, que pueda ayudar a la regulación de la liquidez sobre el mercado. Nadie dudaba de que nuestros quince gobernadores de los Bancos Centrales, sentados alrededor de una mesa, conseguirían redactar este texto puramente técnico. Pero nos habría interesado muchísimo más que nos explicaran por fin cómo va a funcionar todo esto, no desde el punto de vista de las relaciones técnicas de los bancos entre ellos -sabemos que los banqueros sabrán arreglárselas- sino desde el punto de vista de los equilibrios económicos, presupuestarios y sociales, a los que habrá que proteger incluso en un régimen de moneda única.
Para empezar, de aquí a finales del año 1998 se planteará la temible cuestión de la convergencia de los tipos de interés a corto plazo, que serán unificados el 1 de enero de 1999. Hoy las diferencias son muy amplias, van desde el 3, 2 % en Austria al 6, 4 % en Irlanda. Reflejan los distintos posicionamientos de los países miembros en las fases del ciclo económico. ¿No debería empezar a reducirse progresivamente este desfase? El 31 de diciembre es dentro de tres meses y parece impensable que pueda unificarse todo brutalmente. Sin embargo, el Sr. Duisenberg, que se jacta de haber finalizado la reglamentación de las reservas obligatorias, es incapaz de contestar a esta cuestión de fondo.
Asimismo, nadie parece poder responder a la cuestión de la nueva desconfianza de los mercados, que al tomar en consideración el impacto diferenciado de la crisis rusa han vuelto a introducir diferencias cada vez mayores en los tipos de la deuda a largo plazo de los países miembros. ¿No resulta que Austria acaba de renunciar a emitir un empréstito del Estado por miedo a tener que remunerarlo más caro que Bélgica?
Por último, nadie puede responder tampoco a la cuestión del agravamiento de los déficits presupuestarios, que ya se empiezan a adivinar para 1999, primer año del euro, y que en el caso de Italia se presenta incluso muy amenazador. El Sr. Prodi, Primer Ministro de dicho país, acaba de proponer que se utilicen las reservas de los Bancos Centrales no transferidas al BCE, con vistas a llevar a cabo una política de grandes obras de infraestructuras capaz de reactivar la economía. Parece ignorar que estas reservas ya están en su mayor parte invertidas en la economía. No va a tranquilizar a Alemania con propuestas de este tipo.
Todas estas cuestiones sin resolver no hacen más que subrayar la gran mentira de la moneda única: se ha querido cerrar los ojos en cuanto a las diferencias reales de los países con el fin de que prosperara el proyecto de unificación monetaria, catalizadora del federalismo. Dicho en otras palabras, la ideología ha cegado a los gobiernos y la realidad pronto se vengará.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de los informes sobre reservas mínimas (Hoppenstedt), competencias sancionadoras (Katiforis) y recogida de información estadística (Hendrick) del Banco Central Europeo.
Esto no debe ser interpretado como un cambio en la política socialdemócrata sobre la reserva ante la tercera fase de la UEM, sino como una muestra de nuestro gran interés en lo que sucede en este campo. El contenido de los Informes Hoppenstedt y Katiforis de ningún modo tendrá consecuencias directas sobre Dinamarca, pues sólo afecta a los países que participan plenamente en la UEM. El informe Hendrick tendrá aplicación en Dinamarca de modo limitado.
La aplicación de reservas mínimas implica que las instituciones financieras y crediticias están obligadas a mantener una cierta reserva de liquidez, lo que es razonable por varios motivos de política monetaria, entre otros, porque el tipo de interés del mercado monetario queda estabilizado y se obtiene un mejor control sobre la masa monetaria del país, ya que se limita la creación de moneda de los bancos privados. La propuesta de sanciones debe garantizar un procedimiento unificado dentro de los diversos campos de competencia del Banco Central Europeo a la hora de imponer multas tanto a países e instituciones como a empresas.
La finalidad de la propuesta Hendrick es darle al BCE el derecho a, en colaboración con los bancos centrales nacionales, recoger información estadística relevante de manera que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) pueda realizar su trabajo. La información recogida naturalmente será tratada de manera estrictamente confidencial, como sucede, por ejemplo, con la información estadística de la Oficina Estadística de Dinamarca. Además, la propuesta brinda la posibilidad de sancionar a los países o instituciones que no faciliten la información a tiempo, lo cual coincide plenamente con la práctica de la Oficina Estadística de Dinamarca.

Lindqvist
El Parlamento sueco ha decidido no participar en la tercera etapa del euro, es decir, en la implantación del euro desde el 1 de enero de 1999. El Partido del Centro se opone a que Suecia sea miembro de la UEM. Por eso me he abstenido en la votación de los informes de Hoppenstedt, Katiforis y Hendrick sobre reservas mínimas, sanciones y estadísticas del Banco Central Europeo, BCE.

Trizza
En lo que se refiere al informe del Sr. Hoppenstedt, la cantidad máxima del 10 %, con un límite mínimo aplicable del 0 %, es una clara muestra de flexibilidad en la utilización de este instrumento. Por tanto, sin perjuicio de emplear los demás medios de que dispone el Banco Central Europeo, dirigidos a conseguir los objetivos de política monetaria, y gracias a los cuales éste podría fijar en el 0 % la cantidad de reserva obligatoria, comparto la necesidad de asegurar una remuneración de las cantidades vinculadas en el Banco Central en línea con los tipos de mercado y capaz de evitar distorsiones de la competencia entre los distintos mercados financieros. Estoy de acuerdo con el informe del Sr. Hoppenstedt en su conjunto.
En cuanto al informe del Sr. Katiforis, la forma por medio de la cual el Banco Central Europeo trata de regular su facultad para imponer sanciones a quienquiera, público o particular, realice transacciones con el Banco Central Europeo, encuentra mi pleno apoyo, ya que la solución encontrada cumple dos exigencias de vital importancia para el funcionamiento de todo el sistema: la exigencia de flexibilidad y de libertad de acción de las empresas, por un lado, y la necesidad de proteger al público, por otro.
Asimismo, acojo favorablemente la posibilidad ofrecida a los bancos centrales nacionales de impulsar el procedimiento sancionador, pese a dejar al Banco Central Europeo la decisión final respecto a su aprobación. De hecho, gracias a un mayor control a nivel local, se garantizará una uniformidad de tratamiento en el ámbito de todo el SEBC.
Por lo que respecta, en cambio, el informe del Sr. Hendrik, aunque considero fundamental la introducción de un régimen de confidencialidad de las informaciones estadísticas proporcionadas por los sujetos obligados a facilitarlas, estimo que no hay razón para no regularlo con arreglo a las disposiciones del Reglamento del Consejo (CE) nº 322/97, relativo a las estadísticas comunitarias. El incumplimiento de dichas obligaciones determinaría una escasa calidad de los datos obtenidas a través de «informadores» justamente sospechosos.
Comparto, por ultimo, la necesidad de atenuar las disposiciones previstas en el proyecto de reglamento en cuya virtud se imponen de forma rígida e inderogable sanciones a los sujetos que no consiguen facilitar los datos estadísticos en tiempo y forma o lo hacen sólo parcialmente.
Informe Katiforis (A4-0329/98)
Berthu
El proyecto de reglamento del Consejo sobre los poderes del Banco Central Europeo en materia de sanciones sorprenderá tal vez al ciudadano, incluso bien informado, que no se había dado cuenta de que en 1992 había dado tales poderes supranacionales a la nueva institución gestora de la Unión Monetaria; sin embargo, la base real de este reglamento existe aunque no sea muy aparente: el artículo 106 del Tratado de Maastricht, en su apartado sexto le da efectivamente derecho al Consejo a adoptar «las disposiciones contempladas en el artículo 34.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)». Pero el artículo 34.3 de estos Estatutos, que no se hallan en el Tratado sino en un protocolo anejo, prevé discretamente que «el BCE estará autorizado a imponer multas y pagos periódicos coercitivos a las empresas que no cumplan con sus obligaciones respecto de los reglamentos y decisiones del mismo».
Una vez concluido este recorrido jurídico, el BCE obtiene poderes bastante extraordinarios: podrá decidir por sí mismo las sanciones contra las empresas que no apliquen sus propios reglamentos, y estas sanciones serán directamente aplicables sin pasar por el filtro de los Estados, de los Bancos Centrales Nacionales o de los Tribunales comunitarios. Para apreciar correctamente el carácter desorbitado de este procedimiento debemos recordar que la Comisión, órgano a pesar de todo ampliamente supranacional, no dispone por norma general de tal poder autónomo de sanción; además, hay que destacar que el BCE no es objeto de ningún control democrático. Dicho en otros términos, los poderes otorgados al BCE constituyen en su principio un precedente supranacional y antidemocrático bastante preocupante.
Además, el Banco está totalmente decidido a utilizarlos plenamente: es bastante revelador que el proyecto de reglamento sólo se refiera a las sanciones sin decir ni una palabra de las obligaciones que se supone que ha de garantizar. Así en el artículo 2 se fijan los importes máximos de las multas y de los pagos periódicos coercitivos sin precisar en absoluto a qué infracciones van a corresponder estos importes máximos. Esta situación grotesca tiene como mínimo el mérito de mostrar cómo el BCE se preocupa mucho del aspecto represivo de su acción.
El ponente del Parlamento Europeo, Sr. Katiforis, está encantado con estas disposiciones, que califica de «auténticos hallazgos» que «satisfacen todos los principios de un estado de derecho» y que permiten «evitar el régimen dictatorial». No compartimos esta opinión.
No sabemos gracias a qué asociación de ideas la expresión «régimen dictatorial» ha salido de la pluma del ponente, pero merece la pena planteárselo.

Christodoulou
La controvertida recomendación del BCE sobre la elaboración de un Reglamento del Consejo relativo a las facultades del BCE de imponer sanciones prevé, en el apartado 8 del artículo 3, que los ingresos procedentes de la imposición de sanciones pertenecen al BCE. El BCE justifica dicha propuesta al considerar que constituye una expresión de su independencia. Sobre ese particular no ha habido ninguna modificación, aunque podría cuestionarse el destino del producto de tales sanciones como ingreso del BCE, dado que no es un resultado directo, sino indirecto, del funcionamiento monetario del BCE. Por mi parte, voté a favor de dicha propuesta al estimar que los ingresos procedentes de la imposición de sanciones son sólo un aspecto de este tema. En este punto, recuerdo aquella resolución (A4-0102/95, punto 34 (v)) del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental, mediante la cual, entre otros asuntos, habíamos debatido que «el ingreso del BCE (ingreso de seniorage) sea considerado como un recurso propio de la Comunidad». Sería oportuno que todo lo que concierna a los ingresos del BCE, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el Tratado, constituyese en algún momento el objeto de un debate más amplio.
Informe Hendrick (A4-0327/98)
Berthu
El proyecto que hoy se nos presenta autorizaría al Banco Central Europeo a adoptar reglamentos para organizar la recogida de las estadísticas útiles para sus trabajos, apoyándose en un arsenal de sanciones que él mismo decidiría. El objetivo consiste en facilitar indicadores globales de la evolución monetaria de los Estados miembros «considerados como un único territorio económico ». Estas disposiciones se desprenden lógicamente del principio de una moneda única supranacional, tal como fue aprobado en Maastricht.
Al margen de la cuestión de principio de la moneda única, este texto plantea tres problemas importantes relativos a la confidencialidad de las informaciones, a la igualdad de trato y a la incertidumbre sobre los límites de aplicación.
En lo relativo a la confidencialidad, el BCE, que preparó el proyecto, parece querer llevar al límite su voluntad de independencia, hasta el punto de hacer abstracción de las reglas comunitarias en materia de elaboración de las estadísticas, tal y como son observadas por Eurostat. Este comportamiento es tanto más criticable por cuanto el Banco lograría unos poderes discrecionales muy importantes que le permitirían enviar a sus propios agentes directamente a las empresas y examinar allí los libros y los archivos con el fin de comprobar las informaciones transmitidas o de efectuar la recogida de datos obligatoria. Nosotros, por nuestra parte, pedimos que el BCE esté sujeto a todas las reglas normales de confidencialidad y, sobre todo, al Reglamento del Consejo de 17 de febrero de 1997 relativo a las estadísticas comunitarias.
Segundo problema: todos los miembros de la Unión estarán sometidos a los reglamentos estadísticos del BCE, pero sólo los participantes en la zona euro estarán sujetos a las sanciones. Esta curiosa asimetría puede plantear cuestiones sobre la fiabilidad de las estadísticas futuras: si realmente la amenaza de las sanciones es indispensable para la calidad de las estadísticas, ¿de qué sirve instaurar obligaciones carentes de sanciones para algunos miembros? Preparamos su futura integración en la zona euro , nos responden los responsables del BCE. Los ciudadanos de los países afectados, que hasta la fecha rechazan el euro, lo valorarán en su justa medida.
Tercer problema: ¿cómo se aplica el texto a las autoridades públicas nacionales que producen a su vez estadísticas o que definen las condiciones de producción de estas estadísticas por parte de otros organismos? El proyecto de reglamento elude prudentemente el problema, pero deja de alguna manera apuntalada la posibilidad de que un día los Estados recalcitrantes puedan ser sancionados por el BCE. Pero esto será en una etapa posterior. Se entiende que para la mentalidad eurócrata un proyecto de estas características no ha de exponerse abiertamente.
Informe d'Ancona (A4-0211/98)
Caccavale
Señora Presidenta, he votado en contra del texto final de la Sra. d'Ancona que, pese a haber sido elaborado con las mejores intenciones, se ha estropeado por las lógicas del miedo y de la hipocresía. Una vez más este Parlamento ha escrito una mala página de hipocresía. Nadie quiere admitir que la política de prohibición ha fracasado totalmente su cometido, que de hecho el 95 % de la droga circula libremente, que el 80 % de los delitos cometidos en nuestras pequeñas y grandes ciudades están vinculados a la necesidad de proveerse de substancias estupefacientes, que más del 50 % de nuestra población reclusa está compuesta por toxicómanos. Pues bien, una vez más este Parlamento ha preferido cerrar los ojos y creer que la respuesta a todo esto siguen siendo aún las palabras inútiles y vacías de la prohibición hipócrita.
Es una mala página para este Parlamento y confió en que este Parlamento pueda cambiar de idea cuanto antes.

Andersson, Lööw, Theorin y Wibe
Después de un largo proceso, este asunto ha llegado hasta su tratamiento final. La postura manifiestamente liberal en cuanto a las drogas del esquema original, ha sido modificada considerablemente después de haber sido duramente criticada en la comisión, algo que debe subrayarse a la vista de los reparos existentes cuando se reenvió el informe a la comisión en el tratamiento anterior. El reenvío significó que no se dio una segunda oportunidad a un informe marcadamente liberal ante las drogas.
Nuestro interés en la materia ha tenido todo el tiempo como punto de partida rechazar la armonización de las políticas de drogas en el ámbito europeo, combatir todas las manifestaciones de las posturas liberales ante las drogas en el Parlamento Europeo, además de hacer presente la necesidad de una política de drogas humana y con orientación social que se base en el trabajo preventivo, en la rehabilitación de los individuos que han caído en la dependencia y en el respeto por las convenciones internacionales.
Esta materia constituye un ámbito en el que la Unión carece de competencia para actuar, lo cual debe tenerse en cuenta en relación con las contradicciones que ha creado, conflictos que van más allá de los Grupos políticos y de los límites de las naciones.
Además, en general, este asunto carece totalmente de relevancia ya que se ocupa de presentar recomendaciones a la sesión especial de junio sobre coordinación en la lucha contra las drogas de la Asamblea General de la ONU. Esta materia se presenta, por tanto, tres meses después de haber terminado la sesión de la ONU.
Los abajo firmantes hemos presentado muchas enmiendas que han conseguido interesar más allá de los límites de los partidos y las naciones, encaminadas a subrayar la necesidad de una política de drogas basada en el trabajo preventivo, en la rehabilitación y en el respeto a las convenciones internacionales. La postura del Parlamento Europeo en relación con esas propuestas de enmiendas y con el manifiesto deterioro de la redacción de las recomendaciones 10 y 11, decidirá la posición final en la votación del informe.
Los abajo firmantes no han contribuido antes ni contribuirán ahora a consentir posturas en el Parlamento Europeo que puedan interpretarse como liberales ante las drogas. El largo proceso del que ha sido objeto el presente asunto y su antecesor, demuestra fehacientemente que el Parlamento Europeo no es una plataforma para la formación de opinión a favor de la liberalización de las drogas.

Angelilli
Es, sin duda, fundamental que el compromiso de la Unión Europea de luchar contra la droga no se limite exclusivamente a la represión al no ser el de la toxicomanía sólo un problema judicial o policial.
Precisamente por estas observaciones parece un contrasentido la toma de posición propuesta que se inclina por la reducción de los daños y, en consecuencia, por la despenalización de las drogas blandas como el cannabis y la distribución controlada de drogas duras. Una sociedad sin drogas como la que define la Asamblea General de las Naciones Unidas, no puede construirse a través de la vía de la liberalización que se define «pragmática».
Asimismo delegar el compromiso de luchar contra la droga en las autoridades locales y regionales podría crear unas «islas» en Europa que podrían no tener en cuenta las orientaciones nacionales y, en consecuencia, la voluntad democrática de los ciudadanos de los Estados miembros.
La referencia al artículo 129 del Tratado de Amsterdam contenida en la exposición de motivos aneja al informe d'Ancona, no es en absoluto apropiada para sostener las tesis del proprio informe. En dicho artículo, en realidad, se reitera el compromiso de los Estados miembros contra los efectos perjudiciales para la salud provocados por el consumo de drogas, también con acciones de información y de prevención, lo que no es en absoluto compatible con la reducción de los daños que consiste justamente en una posible y no demostrada reducción de los daños y no en una lucha contra la droga en cuanto vía de solución a una situación de desequilibrio social.
Los experimentos realizadas hasta ahora, por ejemplo, en Suiza, demuestran mejor que cualquier informe los efectos negativos de dichos experimentos que siempre han supuesto incrementos exponenciales del consumo de drogas, respecto a los cuales los teóricos de la liberalización han calculado un número porcentual menor de muertos por sida y sobredosis.
La liberalización tampoco parece una solución a la vista de las nuevas drogas sintéticas que obligarían a recurrir constantemente a la legalización y a la distribución controlada de nuevas substancias.
El Parlamento Europeo, en consecuencia, no puede adoptar una política que de hecho se rinde a una sociedad que debe convivir con la droga y que, por tanto, se limita a tratar de reducir sus daños. Por el contrario, debe ampliar su acción y sus recursos destinándolos a la prevención y a la ayuda a las estructuras de asistencia social, sanitaria y de rehabilitación de los toxicómanos, al intercambio de información entre los Estados miembros, a la unificación de los sistemas de recogida de datos estadísticos y científicos, así como y sobre todo a determinadas acciones positivas para los jóvenes, acciones dirigidas a la reducción de la demanda de drogas y aptas para mejorar las condiciones sociales, y a la lucha contra la marginación y el desempleo.
Por todo ello, les pedimos que voten en contra del informe d'Ancona.

Bébéar
Desde el inicio de nuestro año parlamentario, hemos tenido en muchas ocasiones la posibilidad de recordar los problemas ligados al consumo de drogas.
Hoy tratamos un punto esencial: la cooperación en materia de lucha. Hace más de tres décadas que se llevan a cabo experiencias y los resultados son conocidos. Por lo tanto, deben ser ampliamente difundidos cuando esto sea posible o dar lugar a experiencias complementarias.
En la actualidad, todo esto no alcanza un nivel suficientemente realizable o realizado. La cooperación necesaria en la materia debe planificarse mejor. Poseemos un instrumento, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. Nos toca a nosotros intensificar sus trabajos de búsqueda, de investigación y de control.
Por lo tanto, apruebo el informe d'Ancona porque desarrolla estos aspectos. Sin embargo, deseo desmarcarme de dos temas abordados en este informe.
No se le puede reprochar al informe d'Ancona querer vincular los problemas de las drogas a la pobreza y al paro. Pero detenerse en estas constataciones sería, no obstante, un poco primario. Todos sabemos que las curvas de consumo de drogas no coinciden necesariamente con las del paro.
El otro reproche que haré a este informe es la debilidad de sus argumentos cuando trata de repetir que somos mayoritariamente partidarios de una sociedad sin drogas.
Con la excepción de las dos reservas que acabo de citar, considero que el informe d'Ancona va en el buen sentido: el de la ayuda mutua para resolver uno de los problemas más cruciales de este final de siglo.

Blot
Existe una contradicción evidente entre las partes A y B del informe.
La propuesta de recomendación B4-1238/96 es sumamente peligrosa. Si un lobby de traficantes de droga la hubiera redactado no habría sido distinta.
Ésta se basa en el considerando C que afirma el fracaso de las políticas de represión. Esto es inexacto. La política de represión del tráfico de drogas tal y como se da en Singapur parece que da excelentes resultados.
El informe se queja de que las políticas actuales limitan las libertades individuales (página 19) cuando es evidente que la represión del tráfico ilícito es siempre una restricción de las libertades. Debe haber un equilibrio entre las libertades y la autoridad encargada de proteger al ser humano. ¡Prohibir la libertad de matar al prójimo con la droga es perfectamente lícito!
La política de despenalización, de desmarginalización del consumo de droga y de «distribución controlada de heroína» (sic) sólo beneficiaría a los traficantes, como dijo el antiguo Presidente de Interpol Car Persson.
Es una vergüenza para este Parlamento que este informe haya podido incluirse en el orden del día de una sesión plenaria.

Buffetaut
El informe de la Sra. D'Ancona sobre la cooperación europea en el marco de la sesión extraordinaria de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre las drogas, ¿tiene todavía algún interés? Ésta es la pregunta que cabe hacerse por dos razones, por un lado, porque se trata de un texto de compromiso ambiguo y, por el otro, porque la sesión extraordinaria de la Asamblea general de las Naciones Unidas dedicada a la droga se celebró el pasado mes de junio y, por consiguiente, aprobar este informe en octubre no tiene ya mucho sentido.
El texto que se nos presenta constituye, de hecho, un conjunto de cosas no dichas, porque las posturas sobre este tema son irreconciliables, lo que, por lo demás, provocó la devolución a comisión del primer proyecto de informe. Si cabe felicitarse por el hecho de que el informe pida a los Estados miembros que "reconozcan que el objetivo de la lucha contra la droga es una sociedad sin drogas» , es de lamentar que la exposición de motivos guarde poca coherencia con el texto mismo de la recomendación. De hecho, esta exposición de motivos está marcada por el espíritu del primer informe d'Ancona. Utiliza unos términos que no son en absoluto neutros; así, se habla de un enfoque más restrictivo o más represivo, sobreentendiendo que se trata de las políticas que prohíben la venta y el consumo de estupefacientes, y de enfoques más pragmáticos, que de hecho son las políticas de liberalización de los estupefacientes.
Toda la exposición de motivos intenta pues, sin decirlo, transmitir la idea según la cual el futuro, la imaginación y el realismo abogan por la liberalización de las drogas supuestamente blandas, mientras que las medidas de prohibición traducen un espíritu «represivo y arcaico». Éstas son las razones que nos impiden votar a favor de este informe, cuya ambigüedad no está en absoluto exenta de segundas intenciones.

Carlotti
La lucha contra la droga es una de las principales lacras que debe afrontar nuestra sociedad hoy en día. La droga representa cerca de un 8 % del comercio mundial.
La problemática de la droga debe ser tomada en consideración mediante un enfoque global, que garantice nuestros esfuerzos tanto en el marco de la prevención como también en el tratamiento médico y en el acompañamiento social.
La Sra. d'Ancona destaca claramente en su informe que no hay que oponer, como hace el Consejo, la despenalización del cannabis y el suministro de droga con receta médica a la represión del tráfico ilícito de estupefacientes.
¡Los dos enfoques no se autoexcluyen!
El Parlamento Europeo, por cierto, votó en este sentido hace tres años una resolución que destacaba que una política totalmente restrictiva no había permitido conseguir resultados tangibles.
El próximo mes de junio, en la sesión extraordinaria de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre las drogas, deberemos hablar con una sola voz.
A pesar de los enfoques algo distintos de los países de la Unión Europea, las diferentes legislaciones tienden poco a poco a aproximarse.
Como ha destacado la ponente, estoy convencida de que debemos basar nuestra política europea en materia de droga en el éxito de experiencias locales y desarrollar estrategias de cooperación.

Cars, Olsson y Thors
Comprobamos que el informe de d'Ancona sobre política europea de drogas ha quedado mucho más equilibrado después del nuevo tratamiento en la comisión. Ahora se hace referencia a una serie de medidas para evitar los abusos y no se aboga por una liberalización de esta política.
Dos de las propias propuestas de la ponente han sido aprobadas y, como consecuencia de esto, dos de nuestros propósitos importantes quedaron fuera de la resolución, esto es, que el objetivo es una sociedad libre de drogas y la exigencia de que los países miembros cumplan con las convenciones de la ONU. Por eso, no vemos otra posibilidad que votar en contra de este informe que ha sido tan difuso respecto de los objetivos y en el que también hay ambigüedades en la redacción.

Darras
Me complace que este informe de nuestra colega pueda por fin debatirse en sesión plenaria. Habremos necesitado 5 meses de paciencia y de consultas encarnizadas por parte de nuestra ponente para llegar a esta resolución consensuada que obtendrá, eso espero, la aprobación de nuestra Asamblea.
Soy una partidaria incondicional de la puesta en práctica y del reconocimiento de las experiencias realizadas localmente, puesto que en mi municipio apoyamos desde hace años a las asociaciones que luchan contra la toxicomanía y abordan el fenómeno de las drogas desde un punto de vista médico y social.
Es algo ya admitido que una política exclusivamente represiva no ha hecho avanzar las cosas en el campo de la lucha contra la toxicomanía. Dejemos pues que las personas «sobre el terreno» lleven a cabo sus ideas en función de las realidades locales y, por qué no, ayudémoslas, en caso de éxito, a difundir sus métodos. Ése es el papel que la Unión Europea debería asumir.
Y también es el papel que los Estados miembros deberían aceptar defender, a nivel internacional , otorgando a la Comisión Europea un mandato comunitario de negociación en la conferencia de las Naciones Unidas, mandato que se fundaría en un enfoque pragmático de la problemática de la droga, y, a nivel nacional , poniendo en funcionamiento una política urbana capaz de acompañar las políticas antidroga desarrolladas localmente.
Eso es lo que el informe de Hedy d'Ancona pide y ésta es la razón por la que he votado a favor sin vacilaciones.

Deprez
Las drogas ilegales son una de las lacras que aquejan a nuestra sociedad, así como una de las fuentes de beneficio ilícito más jugosas que existen. Tal como dice nuestra ponente, este problema tiene múltiples causas: búsqueda desenfrenada de beneficios, pauperización social y marginalidad al mismo tiempo que curiosidad, prosperidad y fenómeno de moda. Así pues, la lucha contra las drogas ilegales debe hacerse mediante un enfoque global que combine sectores de actuación tan diversificados como la información y educación de la juventud, la transformación de las condiciones socioeconómicas objetivas que contribuyen al desarrollo de la toxicomanía bajo todas sus formas, el seguimiento de los toxicómanos, la lucha contra los traficantes y el blanqueo de dinero y el desarrollo económico y social de los países productores.
Cada uno de nosotros sabe hasta qué punto el tema es crucial y de actualidad y las posturas, a menudo, exacerbadas entre los partidarios de la prohibición y los que propugnan una «política alternativa». Debemos ahora superar este debate estéril y concentrarnos en los medios para poner en práctica lo mejor que se pueda las conclusiones de la sesión extraordinaria de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional para combatir las drogas que se celebró el pasado mes de junio.
Y más aún cuando resulta evidente para todos que la erradicación de las drogas ilícitas (que debe ser nuestro objetivo común) exige, más que cualquier otra cosa, una estrecha cooperación internacional, sobre todo respecto a las cuestiones puestas de manifiesto por la sesión extraordinaria de las Naciones Unidas: reducción de la producción y de la demanda para el año 2003 y cooperación judicial en sus diferentes aspectos.

Ephremidis
Para hablar al fin de una manera esencial y real de una de las mayores plagas de nuestro siglo, de las drogas, debemos, en primer lugar, retirar de la boca la mordaza de la hipocresía, de los martirologios, de la retórica y del disimulo de manera que podamos expresar la trágica verdad.
Las disquisiciones entre penalización y despenalización, drogas duras y drogas blandas, son engañosas, desorientadoras y peligrosas. La realidad es siempre dura para los consumidores y para la sociedad y son los que pagan el precio más alto. Miles de personas, jóvenes en su mayoría, mueren todos los años por el consumo de drogas. Decenas de miles de personas pierden a diario su dignidad, su personalidad y su existencia y se hacen víctimas de la dosis que creen una panacea para los problemas a los que se enfrentan.
Tales problemas son los que constituyen el mayor traficante de drogas y los responsables de ellos son aquéllos que después vierten lágrimas de cocodrilo dado el alcance del problema y las dificultades para afrontarlo. Esas políticas que crean condiciones de inseguridad y marginación laboral, social y emocional, han alterado los valores y han creado unas sociedades degeneradas. Las actuales sociedades capitalistas, de las que están tan orgullosos, han intensificado día a día sus características principales: la búsqueda de beneficios, el manejo de la ley de la selva establecida en el mercado, la infravaloración de lo humano y la divinización del dinero. Un sistema que es incapaz de crear paraísos terrenales y que conduce a la degradación, a la exclusión personal y social y a la búsqueda de evasión y paraísos falsos a través de las drogas.
El sistema capitalista no va a solucionar nunca el problema de las drogas no sólo porque es inherente a su existencia sino, principalmente, porque se sirve y se alimenta del mismo. Adormece las conciencias, las posibles oposiciones, las resistencias, absorbe las convulsiones existenciales y emocionales y los anhelos de grupos sociales concretos, sobre todo los de los jóvenes. Esta «huida» es un balón de oxígeno para el status quo y constituye la mejor válvula de seguridad para el buen funcionamiento, y sin contratiempos, de sus mercados. No nos engañemos, además de todo ello, en el mercado de las drogas se mueven enormes cantidades, sirven de apoyo a ciertos gobiernos y se «regulan» mercados.
Sin embargo, no podemos permanecer indiferentes e inactivos ante esta gangrena, ni ante la, hasta ahora, demostrada ineficacia de ciertas políticas. Se debe combatir el crimen organizado y descubrir las interconexiones de las diferentes formas de poder que proporcionan al tráfico ilegal de drogas la protección necesaria para la circulación y el «lavado» de las enormes cantidades de dinero sucio que maneja.
Para prevenir y hacer frente al problema de forma sustancial hay que emprender la lucha con el fin de modelar otro tipo de sociedad que tenga como centro al hombre y donde sus valores y anhelos no estén supeditados a las fluctuaciones y a las crisis de los mercados de capitales. Sociedades que sean integradoras, participativas, respetuosas y creativas.

Elliot
He votado a favor de este informe, como la mayor parte de los diputados laboristas del Parlamento Europeo, porque estimo que en esta esfera tan tensa y tan controvertida, la ponente ha conseguido en su resolución un buen enfoque equilibrado. Propone que haya mayor coordinación y cooperación entre Estados miembros cuando se ocupen del grave problema del enorme incremento del uso indebido de drogas ilícitas, sin por ello dejar de reconocer que -con las actuales discrepancias de opinión entre las políticas seguidas por los diversos países- en la actualidad no cabe pensar en una total armonización.
En la resolución hay muchas propuestas buenas y acertadas en favor de ampliar la educación acerca de los peligros de la toxicomanía y la mentalización acerca de dichos peligros -especialmente entre los jóvenes- y acerca del tratamiento médico y la atención prestada a los toxicómanos. También contiene sugerencias prácticas para mejorar la cooperación de la Unión Europea en la persecución y detención de traficantes de drogas, y en las actividades destinadas a obtener el apoyo de las autoridades y de los pueblos de los países que constituyen las fuentes principales de las drogas ilícitas.
No puede decirse que esta resolución trate con suavidad a las drogas: en ella se exponen propuestas firmes, pero prácticas y realistas, para luchar contra tan inquietante problema.

Eriksson, Seppänen y Svensson
El debate del tema de las drogas en el Parlamento Europeo demuestra con claridad que no es posible una legislación común. Opinamos que tampoco es deseable.
La enmienda nº 3 que solicita del Consejo una confirmación de que la legislación de drogas es de carácter nacional ha sido, por eso, decisiva para nuestra posición en la votación final.

Gallagher
Me satisface este informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, que subraya los peligros de las drogas sintéticas en la sociedad y la necesidad de luchar contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
Drogas sintéticas como el éxtasis, la LSD y las anfetaminas representan un peligro para la salud pública de la población de la UE y me alegra comprobar que la inmensa mayoría de los diputados del Parlamento Europeo lo reconocen así.
Lo que pasa es que, sencillamente, nuestros jóvenes no conocen los efectos físicos y sicológicos a largo plazo del uso indebido de esas drogas peligrosas que crean adicción; necesitamos más investigaciones acerca de los efectos de la utilización de esas sustancias. Algunos diputados del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo han presentado proyectos de enmienda que definen a los consumidores de drogas sintéticas como simples consumidores, y se esfuerzan por conseguir que se reglamente y legalice el uso de drogas sintéticas.
Hemos de tener presente que la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes prohíbe la utilización, fabricación y distribución de éxtasis, LSD y anfetaminas, y que así debe ser.
Aunque la mayoría de los gobiernos europeos, incluido el Gobierno de Irlanda, procuran instituir políticas encaminadas a reducir el uso indebido de drogas, algunos diputados del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo están promoviendo políticas cuyo efecto evidente sería el aumento del uso indebido de drogas y sus consiguientes problemas sociales.
Quisiera señalar con satisfacción que el Gobierno de Irlanda ha establecido un fondo de 30 millones de libras que empezó a funcionar este año y cuya finalidad es establecer instalaciones y prestar servicios a los jóvenes. Con este fondo se promoverán servicios de instalaciones para jóvenes, incluidas instalaciones deportivas y recreativas, en zonas desfavorecidas en las que el problema de la droga reviste proporciones importantes.
El Gobierno de Irlanda tiene toda la razón del mundo al seguir una política firme respecto de las personas que tratan de vender drogas en el país. Estoy totalmente de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Justicia Penal de 1997, que prescribe penas de prisión obligatoria para las personas en cuya posesión se encuentren drogas sometidas a fiscalización por valor de 10.000 libras o más.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Encontramos muy extraño que el Parlamento rechace la enmienda 4, es decir, que el desarrollo de nuevos métodos para combatir las drogas deberá realizarse en conformidad con las Convenciones sobre Drogas de la ONU de 1961, 1971 y 1988.
Asimismo, el Parlamento rechaza la colaboración con el PNUCID y los países miembros para conseguir indicadores para una evaluación y opina que basta con la OEDT, etcétera. Desgraciadamente, esto nos hace dudar de la voluntad del Parlamento Europeo para colaborar con instituciones de la ONU y trabajar con su espíritu.
Es indignante e ilustrativo que el Parlamento, también con gran mayoría, rechace la enmienda 3 en el sentido de que no se podrán usar textos del Tratado para obligar a los países miembros a armonizar las legislaciones sobre drogas. Además, el Parlamento no está interesado en conocer los intentos que se han hecho en países con políticas restrictivas y por eso da primacía al trabajo preventivo, ya que el Parlamento rechazó la enmienda 10.
Por alguna inexplicable razón el Parlamento también ha dicho que no a que la asistencia y el tratamiento apunten a una vida exenta de drogas. Esto es aún más indignante, y hace que esperemos con inquietud y aprensión el próximo informe de d'Ancona que tratará de la política de drogas de la UE para los años 2000 a 2006.
Por las razones anteriormente expuestas, hemos votado en contra del informe.

Hyland
Comenzaré mis comentarios elogiando a la policía irlandesa y a todos los organismos oficiales irlandeses que participan en la nada envidiable labor de luchar contra el tráfico ilícito de drogas en Irlanda y de ayudar a los toxicómanos a seguir programas de rehabilitación.
El problema de las drogas existe en Irlanda. Aunque la droga más corriente en Irlanda es la cannabis, los problemas más graves en materia de uso indebido de drogas los plantean la heroína, el éxtasis y otras drogas como la LSD. En realidad, el uso indebido de éxtasis está aumentando muchísimo. En 1991 se decomisaron 429 tabletas de éxtasis, mientras que en 1997 lo fueron 17.516.
El Informe anual de 1997 sobre el estado del problema de las drogas en la Unión Europea, publicado por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, indica que el número de fallecimientos relacionados con la droga ha seguido aumentando en Irlanda. El Informe indica que de diez adolescentes irlandeses que van a la escuela, cuatro admiten que han consumido cannabis, lo que es el doble de la cifra correspondiente a la mayor parte de los Estados de la UE.
Comentaré brevemente algunas de las medidas que el Gobierno de Irlanda está adoptando para luchar contra el creciente problema de la droga en Irlanda.
El Gobierno ha determinado que la mejor base posible para luchar contra el problema de la droga en Irlanda consiste en hacer intervenir a diversas organizaciones, como el Departamento de la Salud y la Infancia, la Justicia, la Igualdad y la Reforma Legislativa, el medio ambiente y el gobierno local, y la ciencia y la educación, junto con sus dependencias respectivas. Estoy totalmente de acuerdo con esta estrategia porque, para los que se ocupan de hacer cumplir la ley, la necesidad de que haya un enfoque coordinado es absolutamente evidente. La relación entre el tráfico de drogas, la toxicomanía y la delincuencia ha quedado demostrada.
Las medidas encaminadas a mejorar la respuesta de la UE a los problemas de la droga han proseguido por conducto de las actividades del Grupo Horizontal sobre la Droga. Una parte esencial de esa labor ha sido la elaboración de una estrategia de la UE para la lucha contra la droga después de 1999, y la fijación de prioridades para el período 1998/1999.
El Tratado de Amsterdam es otro elemento importante de la lucha de la UE contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. El Tratado establece un mandato más concreto para una cooperación más estrecha entre las fuerzas de la policía, las autoridades aduaneras y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en la Unión Europea, cosa que es digna de elogio.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe d'Ancona sobre la cooperación europea en el marco del período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre las drogas.
Los países miembros tienen legislaciones muy diferentes en materia de drogas. Por ello, bajo ninguna circunstancia debemos armonizar las legislaciones de los países miembros en este terreno. En el plano comunitario debemos mantener una cooperación práctica que pueda hacer frente de manera efectiva a la delincuencia organizada que trafica con drogas internacionalmente y a gran escala.
Además, establecer la política nacional antidroga ha de quedar en manos de los Estados miembros. Por supuesto que esto no debe impedirnos aprender de las buenas y malas experiencias de cada uno. Una legislación común en materia de drogas a escala europea no es ni conveniente ni deseable.

Lis Jensen, Bonde y Sandbæk
El informe sobre drogas contiene muchos elementos buenos y positivos. La atención a las condiciones sociales del individuo y a la marginación en la sociedad son importantes a la hora de entender y trabajar la toxicomanía. Resulta utópico pensar que sea posible alcanzar una sociedad totalmente libre de drogas. De ahí que sea importantísimo centrarse en la prevención y en el tratamiento. No obstante, consideramos la legislación sobre drogas una cuestión nacional y por ello no es deseable, ni mucho menos posible, imponer a los países miembros una armonización de sus políticas antidroga. Por ello no podemos votar a favor del informe definitivo, pues éste no tiene en cuenta este punto de vista.

Malone
El informe d'Ancona formula gran número de recomendaciones positivas que podrían ser de gran utilidad para la lucha contra la droga.
Apoyo firmemente el hincapié que hace el informe en la prevención y la prestación de mejores medios de tratamiento para los toxicómanos.
Aprecio también el hecho de que una recomendación que figuraba en un proyecto anterior, en la que se sugería que se prestara mayor consideración a la legalización de algunas drogas, haya desaparecido.
La línea general de las recomendaciones ha recibido el apoyo calificado de organizaciones de Dublín que se ocupan del problema de la droga.
Europa tiene que esforzarse por conseguir una sociedad sin drogas. Hay demasiadas personas que están obligadas a vivir toda su vida pendientes de la droga, aunque se trate de drogas obtenidas con receta médica y bajo supervisión. La metadona, según una investigación reciente, no es la solución definitiva para la fiscalización o el tratamiento del problema. Hay que poner más de relieve la posibilidad de vivir sin drogas, así como los programas de tratamiento y rehabilitación encaminados a conseguirlo.
Quisiera que la UE reconociera y apoyara directamente el papel de las comunidades locales en la lucha contra el problema de la droga, particularmente en relación con los sistemas de apoyo familiar y comunitario encaminados a hacer frente a las consecuencias de la toxicomanía para la salud de la familia, así como del individuo. Europa tiene que apoyar activamente los programas de tratamiento y rehabilitación derivados de las necesidades de la comunidad.

Mendes Bota
Ésta es una lucha desigual. Frente a los astronómicos lucros de los traficantes, los medios de que disponen quienes se les oponen son irrisorios. A la expansión incontrolada de las drogas sintéticas, fabricadas junto a los consumidores, se ha unido un factor nuevo de dificultad.
Se pueden fortalecer los medios políticos y judiciales; se pueden armonizar las legislaciones; se pueden alimentar las ilusiones sobre la liberalización del consumo; se pueden subscribir todos los convenios; se puede criminalizar más el blanqueo de capitales; se pueden bombardear los campos de cultivo de la droga; se pueden movilizar ejércitos; ¡se puede hacer todo eso!
Pero la trinchera del frente de lucha contra el narcotráfico y la toxicodependencia se llama PREVENCIÓN y sus medios operacionales son la FAMILIA, la ESCUELA y las COMUNIDADES LOCALES.
La pedagogía familiar y educativa son fundamentales. Una familia bien informada y una escuela informativa son el mejor camino recorrido en la preparación de los jóvenes para el primer contacto inevitable con el problema de la droga. Para que resistan a la atracción del placer rápido o del lucro fácil.
A eso se debe nuestro apoyo reforzado a las recomendaciones 15 y 17 de esta propuesta. Pero abundamos en nuestro convencimiento de que, en el nivel de la prevención, el campo estratégico de la lucha se sitúa en el sector de cada municipio, de cada comunidad local. ¿Quién mejor que las familias y los vecinos conoce la dimensión trágica de los problemas causados por la toxicodependencia? ¿Quién mejor puede advertir el súbito enriquecimiento de algunos y la degradación física y moral de otros?
A las administraciones locales, en cooperación directa con las FAMILIAS y con las ESCUELAS, corresponde un papel decisivo y deben merecer un amplio apoyo financiero y técnico por parte de la Unión Europea y los Estados miembros. Se deben crear PLANES MUNICIPALES de PREVENCIÓN de la TOXICODEPENDENCIA, que divulguen la información, atiendan a quienes carezcan de auxilio, estudien este fenómeno en el nivel de cada comunidad, proporcionen a los jóvenes equipos de ocio y de ocupación y construyan centros de recuperación y reintegración social y profesional de los toxicómanos.
Otro aspecto que se debería enfocar en esta propuesta es el de la cooperación con los encargados de los centros de diversión nocturna, en el ámbito de acciones cooperativas de prevención y represión, ellos mismos poco interesados en una clientela de toxicodependientes de poca rentabilidad económica, pues el dinero va dirigido a la adquisición de drogas y esos clientes se limitan a pasear sus efectos.
En la toxicodependencia podemos encontrar la razón directa de gran parte de las infelicidades que atormentan a nuestras familias, alimentan la inseguridad y la violencia y rebajan la dignidad humana por debajo de límites inimaginables. Nuestra movilización para esa lucha clama por nuestros distintivos de ciudadano común o responsable político. La amenaza está dentro de nuestras puertas. Esperamos que el Consejo sepa decir «presente», porque, de hecho, ¡la droga es una gran droga!

Novo
No cabe duda de que el conjunto de recomendaciones constantes del informe d'Ancona indican una muy positiva búsqueda de consensos en torno a la problemática relativa a la lucha contra la droga.
De hecho, la interrelación entre el fenómeno de la toxicodependencia y las causas sociales que lo determinan en gran medida, ya sea el desempleo, la pobreza o la exclusión social, constituye un elemento importante de este informe. Como también es importante la necesidad de afrontar la toxicodependencia como materia de salud pública y atender toda la problemática de la prevención, del tratamiento y de la recuperación, advirtiendo simultáneamente sobre la necesidad de aumentar la capacidad presupuestaria de la Comunidad y de los Estados miembros para abordar esos aspectos.
Asimismo son muy positivas las recomendaciones que advierten sobre la necesidad de no dar preferencia al componente policial en la lucha contra la toxicodependencia o las que aconsejan una atención mayor a aspectos de educación y prevención, a la necesidad de realizar campañas de sensibilización e información, a la necesidad de fortalecer la cooperación entre Estados miembros y en organizaciones internacionales para que sea posible coordinar experiencias, proseguir investigaciones, armonizar y compatibilizar estadísticas.
Ahora bien, el informe se queda muy corto respecto de lo que sería deseable y posible en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
Sólo una de las 27 recomendaciones aborda esta importante (y decisiva) vertiente de la lucha contra la droga. Ni una palabra explícita sobre los paraísos fiscales; ni una palabra explícita sobre paraísos financieros; ni una palabra sobre la necesidad de considerar -para ello- la posibilidad de eliminar el secreto bancario; ni una palabra tampoco sobre las consecuencias del euro en la facilitación del blanqueo de capitales.
Por eso, por esas lagunas que consideramos esenciales, ya que se trata de una omisión que no afronta un elemento decisivo en la lucha contra la droga, nos hemos abstenido en la votación.

Seillier
Por muy útiles que sean los enfoques represivos, terapéuticos, económicos y sociales que utilizan mis colegas para luchar contra el azote de la droga, son insuficientes y no abordan el fondo del problema. En efecto, desde hace algunas décadas (de ahí la crisis de 1968 hace treinta años), la generación adulta -los padres, en primer lugar, pero también los profesores, educadores, periodistas y representantes políticos - ya no transmite los elementos intelectuales y espirituales que permiten que los jóvenes se enfrenten con dinamismo y valentía a las diferentes vicisitudes de la vida y puedan asumir sus responsabilidades familiares o políticas, por ejemplo. La búsqueda de paraísos artificiales revela en ellos una necesidad de absoluto; sin embargo, el trabajo, la ciencia, el arte, el deporte, la ecología o la política, ya se sitúen a nivel nacional o europeo, no constituyen absolutos.
Es como si se hubiera olvidado que el ser humano, sobre todo cuando es joven y por lo tanto todavía no estropeado por los conformismos y compromisos, necesita que sus padres y los adultos en general no le hablen sólo de los medios de vida, sino de las razones de vivir. En nuestros distintos países constatamos una desvalorización de la cultura literaria, de la cultura general; sin embargo, las obras literarias contienen los grandes interrogantes sobre la condición humana: el amor, el sufrimiento, la muerte, Dios, todos ellos indispensables para la maduración espiritual.
Los jóvenes ya no se alimentan de las fuentes, a pesar de todo ricas, del humanismo europeo, que desde hace más de 2.000 años alimentan el extraordinario patrimonio cultural y espiritual de nuestro continente. No serán las alusiones repetitivas pero puramente abstractas al «modelo social europeo» en el Tratado de Amsterdam lo que pueda contrarrestar, intelectual y moralmente, el tremendo desconcierto de la juventud. Afortunadamente, las Jornadas mundiales de la juventud que se celebraron en París el año pasado han abierto un auténtico camino de esperanza para muchos jóvenes en Europa.

Stewart-Clark, Sir Jack
El debate de ayer y la votación de hoy sobre el informe de la Sra. d'Ancona sobre la droga constituyen un triunfo del sentido común. Cuando une sus fuerzas, este Parlamento puede conseguir mucho; cuando las divide, se priva de toda influencia. En una cuestión tan delicada como el uso indebido de drogas, respecto de la cual hay tantos y tan diferentes puntos de vista, no todos pueden salirse con la suya. El resultado obtenido es un informe sensible, humano y positivo. Hemos hecho hincapié en la importancia de la cooperación a todos los niveles. Hemos resaltado la necesidad de que cada uno aprenda de los demás. Hemos pedido que se aprovechen al máximo las posibilidades que ofrecen tanto el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías en Lisboa como Europol, y que los Estados miembros cooperen plenamente en el suministro de información adecuada y útil.
Nos alegra que el Parlamento haya podido votar claramente en favor de ayudar a los jóvenes a vivir una vida sin drogas y que hayamos expresado nuestro apoyo de las convenciones y convenios de las Naciones Unidas sobre la droga. Son dos elementos indispensables si queremos seguir una política eficaz encaminada a ayudar a los jóvenes a que no usen drogas, y a luchar contra los traficantes de drogas y sus cómplices.
Diré, para acabar, que me satisface sobremanera que mi Grupo haya apoyado este informe.

Vaz da Silva
El accidentado recorrido del informe d'Ancona, que llega de nuevo al Pleno, más articulado pero muy debilitado, revela la desorientación que hay en la cabeza de los políticos, a la que corresponde la divergencia de las políticas nacionales sobre la droga. Y el problema es que, mientras no se consiga ganar la batalla en la Unión Europea de una armonización de las legislaciones nacionales basada en indicadores comunes, seguirán enriqueciéndose los traficantes y seguirá aumentando el número de víctimas jóvenes.
La lucha contra la droga requiere, principalmente, tres tipos de medidas positivas: la información/prevención (para la población en general), la reducción de riesgos y la recuperación (para los toxicodependientes) y el apoyo a los países productores (para la reconversión de los cultivos). La represión policial es un aspecto marginal en relación con el fondo de la cuestión: ejercida como se ha ejercido, es una «aspirina» que alivia el mal sin extirparlo. Ataca a los traficantes, pero no los extingue, sino que los estimula a esmerarse, como se ve en el volumen en aumento de negocios, la bajada de los precios de los productos y la invención de nuevas drogas, ahora producidas a nuestra puerta.
Lo grave es que ya hay datos suficientes que muestran que la mera aplicación de los Convenios de las Naciones Unidas surte efectos perversos. Y ya hay suficientes experiencias en ciertos Estados miembros que señalan como única salida la inversión de prioridades en la política de lucha contra la droga. Cambio de política, refuerzo o, mejor, reorientación y concentración de recursos es lo que hace falta.
En Portugal parecen estar levantándose buenos vientos, a juzgar por el informe que esta semana se ha entregado al Gobierno. Si el Gobierno le presta oídos, espero que mi país, ya varias veces pionero en legislación, como lo fue al ser el primero en abolir la pena de muerte o, más recientemente, con «las leyes de familia», dé un impulso en la buena dirección.
Lamento tener que abstenerme en esta votación sobre un asunto de tanta importancia, pero considero que el Parlamento no ha sido capaz de reflejar en su texto la urgencia del asunto.
¿Qué habrá que hacer para despertar a Europa?
Informe Bontempi (A4-0285/98)
Bonde y Sandbæk
La corrupción debe ser combatida con uñas y dientes, sin embargo, existen límites que marcan hasta dónde debe llegarse a la hora de elegir un modo de llevar a cabo esta lucha. Existe el riesgo de brindarle a la UE más herramientas de las ya existentes hoy en día con las que ampliar sus competencias.
El informe Bontempi sobre corrupción contiene puntos de vista positivos cuando trata, entre otras cosas, de la transparencia y del daño que ocasiona a los ciudadanos. Al mismo tiempo, habla de «registros centralizados» y «unidades especializadas», que deben crearse en la Dirección General de la Comisión, e insta a la Comisión a que «...tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam utilice urgentemente su derecho de iniciativa en el ámbito de la cooperación policial y de la justicia en materia penal...». El Movimiento de Junio no ayudará a emitir semejante cheque en blanco en favor de la centralización.
Como aspectos positivos del informe pueden ser mencionados, entre otros, que el Parlamento vea la necesidad de que la UE combata la corrupción dentro de sus propios sistemas. Especialmente, se hace referencia a la Comisión y a que las normas que han de garantizar la transparencia son insuficientes. Es positivo que en el informe se señale que la existencia de la corrupción supone un problema para el ciudadano. Cada vez que un asunto - por ejemplo, sobre qué empresa obtiene un contrato - es contratado con una empresa a través de prácticas corruptas y no a través de una evaluación profesional de la oferta de la empresa, los perjudicados son los ciudadanos. El dinero de los impuestos en tales casos no es utilizado en obtener la mejor calidad, en garantizar los intereses medioambientales de la mejor manera posible y en conseguir la ejecución más barata, sino que va a parar al bolsillo de aquellos a losque la empresa ha pagado para conseguir el trabajo.
Es una situación que debe evitarse. No obstante, también es una situación que se da más fácilmente cuando la autoridad que adjudica y selecciona se encuentra dentro de un sistema burocrático, opaco y enorme. La UE constituye precisamente un sistema semejante. Antes que reaccionar a los problemas aumentando la centralización, se debería permitir que algunas de estas adjudicaciones y concursos volvieran a recaer en los países mismos. Una lengua y prensa comunes, además del hecho de que cada país constituye en sí mismo una unidad menor que la UE, harán más fácil llevar a cabo un control democrático sobre el dinero que se usa en nombre de los ciudadanos.

Buffetaut
Nuestro colega Rinaldo Bontempi se ha convertido, sin ningún tipo de duda, en uno de los especialistas en la lucha contra la criminalidad organizada y en la política anticorrupción de la Unión Europea. Desgraciadamente, la actualidad acaba de recordarnos que el problema de la corrupción y de los comportamientos dudosos afecta muchísimo a las instituciones europeas y, sobre todo, a la Comisión. Por este motivo, el informe del Sr. Bontempi viene como anillo al dedo para invitar a la Comisión «a que elabore un proyecto global de lucha contra la corrupción» y para pedir «propuestas específicas que tengan por objeto luchar de modo más eficaz contra la corrupción en el seno de las instituciones comunitarias».
Con razón insiste en la necesidad de mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones, de claridad en las reglas de las licitaciones, de eficacia en los controles internos. Asimismo plantea el problema, de difícil solución, de la política de cooperación con los países terceros. No podemos sino felicitarnos por el hecho de que el ponente afirme en la exposición de motivos "que no sería oportuno ver la corrupción con fatalismo» por la razón de que siempre ha existido, y recuerde que «el término corrupción es sinónimo de decadencia moral» .
La lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción, que es una de sus manifestaciones, es el ámbito en el que una cooperación europea es útil y debería hacer más eficaces las políticas nacionales. La Unión Europea en este caso es «un plus», ya que refuerza la acción de los Estados miembros. Hay que insistir en el hecho de que sería deseable que cuando un escándalo afectase a los servicios de la Comisión, ésta practicase la transparencia que tan a menudo recomienda a los demás y que no obstaculizase el trabajo de investigación parlamentaria mediante comportamientos dilatorios.
En conclusión, el informe del Sr. Bontempi recuerda principios sanos y propugna cooperaciones realistas. Ésta el la razón por la que mi Grupo lo ha votado.

Delcroix
Si existe un ámbito en el cual la sensibilidad de los ciudadanos europeos se muestra especialmente viva, es el de la corrupción. Al añadirse a las expectativas jamás cumplidas de la Europa social, de la armonización fiscal y de la democratización de la Unión, la revelación de asuntos de corrupción -y en primera línea los que surgen en el seno de las instituciones europeas- suscita sentimientos de rechazo sumamente dañinos para la construcción europea y es utilizada por la extrema derecha. El informe Bontempi tiene el mérito de dibujar las grandes líneas de una política global de lucha contra la corrupción y felicito a su autor por haber intentado articular un enfoque integrado y coherente, que es el único que puede aportar frutos.
Sin embargo, al tiempo que se toman medidas destinadas a reducir la corrupción a nivel internacional, tanto en el exterior como en el interior de las fronteras de la Unión, me parece útil y urgente que Europa refuerce prioritariamente la lucha anticorrupción en el seno de sus instituciones mediante medidas fuertes y visibles que incluyan la prevención, la detección mediante controles reforzados y la sanción de todas las formas de corrupción cometidas por personas físicas o jurídicas. No se trata de una cuestión secundaria. Por un lado, ¿cómo podríamos dar lecciones a los demás y ser creíbles si no ponemos orden en nuestra propia casa? Por otro lado, desde hace unos diez años se han hecho demasiadas alegaciones de manera reiterada sin que la Comisión reaccionase de modo convincente.
En este ámbito de la lucha contra la corrupción, los ciudadanos deseosos de democracia exigen transparencia. No sólo debe ponerse en funcionamiento una oficina central de lucha contra la corrupción, como pide el informe, sino insistir en que los asuntos de corrupción sean claramente expuestos a la luz pública -por ejemplo, mediante comunicaciones al Parlamento Europeo- junto con las sanciones administrativas, civiles y disciplinarias que de ellos se desprendan.
Como para el conjunto de los textos europeos, esta transparencia deberá vincularse a los procesos de toma de decisión, a la simplificación de las normas y también a la situación financiera de todas las personas -incluidos los diputados europeos- que ocupan puestos expuestos a la corrupción. Añadiré que sería indispensable que estas personas, y especialmente los funcionarios, siguiesen una formación especial que les permitiese estar plenamente informados sobre los diferentes tipos de corrupción y sobre los medios de oponerse a ésta con eficacia.
Por otro lado, debe establecerse un vínculo estrecho entre el informe que nos ocupa y el informe Bösch que también tratamos en este período de sesiones. Este último se ocupa de la independencia y del papel y estatuto de la Unidad de coordinación de la lucha antifraude. Pide que se sustituya la UCLAF por una oficina de lucha antifraude (OLAF) que ampliaría su ámbito de control a todas las instituciones europeas y que estaría bajo la tutela de un Comité ejecutivo nombrado por el Parlamento Europeo de conformidad con las demás instituciones. Estos dos informes son estrechamente complementarios aun cuando algunos puntos merecen una profundización, como en concreto lo que deba entenderse por «independencia» de la OLAF. En mi opinión, este organismo no debe convertirse en una nueva institución comunitaria, lo cual implicaría una revisión de los Tratados. Aun permaneciendo dentro de la Comisión, la OLAF debería disfrutar de una amplía independencia garantizada, en primer lugar, por la elección de su Comité ejecutivo.

Deprez
El fraude fiscal, el blanqueo de capitales, la criminalidad organizada y el bandidismo internacional han hallado una excelente oportunidad de desarrollo en la liberalización de los intercambios y la mundialización de la economía. Para aquellos que practican estas actividades, tan lucrativas como delictivas, la corrupción es evidentemente uno de los medios de acción privilegiados y esto tanto en la esfera de lo público como en el sector privado.
La reciente actualidad ha mostrado hasta qué punto nuestros países y nuestras instituciones se ven en mayor o menor medida afectados por este fenómeno mundial. La necesidad en la que se halla la Comisión de tomar una iniciativa determinante en materia de lucha contra la corrupción, dentro del marco de sus competencias, es evidente. Lo que está aquí en juego es capital. No debemos equivocarnos sobre ello: la democracia, el estado de Derecho y la corrupción son incompatibles. El desarrollo de ésta supone necesariamente la perversión y luego la destrucción de los dos primeros. Así pues, la lucha contra la corrupción debe ser una de las prioridades de nuestras instituciones europeas y de nuestros Estados.
Sin duda, las especificidades legales y culturales son tan importantes que, de momento, sería irrealista fijarse como objetivo la obtención de una legislación igual en todos sus puntos en el conjunto de los Estados miembros. Así pues, la Comisión propone acertadamente que se proceda etapa por etapa y que hoy nos concentremos en una simplificación de los conceptos y una armonización de las legislaciones de los Estados miembros.
En la puesta en práctica de dicho esfuerzo común, compete asimismo a los Estados miembros eliminar cuanto antes los aspectos más llamativos de su legislación, sobre todo aquellos que toleran o alientan hechos de corrupción en otros Estados, y concretar rápidamente los compromisos que hoy ya han acordado.

Holm
La Comisión no puede luchar sola contra la corrupción o con la ayuda de una UCLAF interna. Una condición para que se pueda prevenir la corrupción y combatir el fraude es que cada ciudadano y cada periodista sepa qué se hace dentro de la Comisión y de las demás instituciones de la UE. Esto hace que la base necesaria para el combate de la corrupción sea el principio de transparencia total. Si los funcionarios de la UE supiesen que todo lo que hacen es observado por toda la gente y no sólo por un puñado de colegas dentro de la institución, disminuiría considerablemente el riesgo de fraudes internos.
En el caso que nos ocupa, los fraudes en ECHO, se demuestra claramente que se necesitan medidas contra el fraude interior que, evidentemente, florece dentro del sistema de la UE. La forma cómo la Comisión ha ocultado y se ha negado a proporcionar información acerca de lo que ha sucedido, demuestra que la Comisión no tiene confianza en la autoridad de control responsable, es decir, el Parlamento y su Comisión de Control Presupuestario, ni en los ciudadanos. Es muy grave que se quiera proteger a sus subordinados de esta manera.
El informe habla de desburocratización pero no precisa qué quiere decir. Para que la desburocratización tenga plenos efectos debe hacerse de manera correcta. Por ejemplo, cuando se trata de administrar el dinero de los impuestos de los ciudadanos, se necesitan buenos hábitos de archivos para que no «desaparezcan» documentos delicados. Por otra parte, el propio control de lo que hablan los funcionarios hará que la burocracia sea aún más inútil para algunos.
No se logra solidaridad con el patrón por medio del silencio sumiso sino con un debate abierto acerca de lo que debe cambiarse.

Lis Jensen
El informe Bontempi aborda un tema muy serio y relevante que azota atodo el mundo, la corrupción. El problema de la corrupción, como señala el informe Bontempi, es un problema que afecta también a los países miembros de la UE y sobre todo a las instituciones comunitarias. La cuestión radica entonces en cómo combatir esta plaga. No cabe duda de que al compás de la globalización de la economía este problema extiende sus hilos más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, la reflexión que aparece en el informe Bontempi sobre la conveniencia y obligación de que los países miembros y las instituciones comunitarias se examinen a sí mismos cuando el objetivo es combatir la corrupción dentro de sus propias filas, es completamente cierta.
Si los países miembros de la UE y las instituciones comunitarias no toman en serio, ciertamente, su responsabilidad ni cumplen la serie de iniciativas y convenciones aprobadas internacionalmente a lo largo de los años en este campo, las mejores declaraciones hechas en el plano comunitario carecerán por completo de valor.
En mi opinión, una estrategia conjunta de lucha anticorrupción para la UE, no viene al caso; no, si los países miembros no cumplen los compromisos ya contraídos. La argumentación del informe Bontempi en favor de un aumento de la lucha anticorrupción centralizada a escala comunitaria, incluida la creación de un órgano central de lucha contra la corrupción, hace que yo no pueda apoyar este informe a pesar de los elementos positivos que éste contiene.

Lindqvist
Las propuestas políticas y técnicas que contiene el informe para combatir la corrupción son buenas. Por eso he votado favorablemente el informe. No obstante, la medida aislada más importante contra la corrupción, contra el fraude, contra las estafas, etcétera, es el establecimiento del principio de transparencia con protección del informante. Si, como principio general, todos los actos de la UE se hiciesen públicos y se protegiese el derecho a informar a los medios de la opinión pública, aumentaría la frecuencia de descubrimientos de casos de corrupción, fraude y otros, y disminuirían los problemas.
Informe Langen (A4-0304/98)
Berthu
La Comisión Europea acaba de publicar una comunicación con el pomposo título de «Impacto del paso al euro sobre las políticas, las instituciones y el derecho comunitario ». Contrariamente a lo que el título podría llevar a pensar, no encontramos en ella ningún análisis global del impacto del euro sobre la evolución de la construcción europea, sino solamente una enumeración de adaptaciones jurídicas necesarias en distintos campos técnicos, como el presupuesto, la política agrícola o los gastos administrativos.
La Comisión y el Parlamento Europeo se felicitan en esta ocasión por la «considerable simplificación » que el euro debería aportar. Sin duda todo el mundo está convencido de que la unificación monetaria puede hacer que la gestión de la tesorería comunitaria o de las subvenciones sea más simple así que con quince monedas nacionales. Pero la auténtica cuestión no es saber si el euro va a facilitar la vida de los funcionarios europeos, sino saber si va a facilitar la vida de los ciudadanos de los países miembros.
Ahora bien, desde este punto de vista básico, podemos tener muy serias dudas. Sin tan siquiera mencionar la cuestión de las dificultades de transición y de adaptación, recordaré solamente que la imposición de una moneda única en países con situaciones diferentes planteará permanentemente problemas de dudosa solución, generadores de incesantes conflictos y capaces de romper a Europa. El Presidente del Banco Central Europeo, Wim Duisenberg, nos confesaba durante la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del pasado 22 de septiembre que la puesta a punto de una estrategia monetaria se revelaba, cito, «más compleja de lo que había previsto en un principio ».
El problema de fondo es el siguiente: para conseguir una simplificación de los cambios internos, el euro complicará, e incluso volverá conflictivo, todo lo demás. En definitiva, Europa habrá sido víctima de una ilusión óptica que le habrá hecho caer en un abismo muy real.

Fourçans
La introducción del euro tendrá efectos globalmente positivos para el conjunto de la zona. Sin embargo, es interesante que nos detengamos en sectores más específicos y podamos medir así los efectos. De este modo, el informe Langen, al igual que la comunicación de la Comisión, se centra en tres sectores concretos, el presupuesto comunitario, el régimen agromonetario y los gastos administrativos.
Para el presupuesto comunitario, la introducción del euro supondrá una simplificación considerable; en efecto, la contribución de los Estados miembros se efectúa actualmente en moneda nacional que hay que convertir luego en ecus. Una parte de los gastos comunitarios se gestiona en moneda nacional, sobre todo los gastos agrícolas, que constituyen la parte más importante de los gastos de la Unión Europea. El resto de los gastos está en ecus. Así pues, los servicios financieros deben comprar ecus en el mercado libre, con los riesgos de cambio que esto implica. Se entenderá que con el euro el riesgo de cambio quedará eliminado puesto que los gastos y los ingresos se efectuarán en una única moneda sin que sea necesaria conversión alguna.
En lo relativo a la PAC: los precios agrícolas se establecen en una unidad de cuenta que se basa en el ecu. Esto significa que, en caso de devaluación o de revaluación, los precios agrícolas se ven directamente alterados, acarreando variaciones considerables en las rentas agrícolas de los Estados miembros afectados por estas fluctuaciones de los tipos de cambio. Con el fin de neutralizar estos efectos deberán adaptarse los precios agrícolas mediante el FEOGA. Con la introducción del euro desaparecerán estos problemas puesto que ya no será necesario convertir precios y montantes, y desaparecerá de facto el temor de distorsión comercial. Por el contrario, para los cuatro Estados miembros que queden fuera de la zona euro, que deberán todavía convertir precios y montantes en euros en el marco del régimen fijado por la PAC, el problema seguirá existiendo.
La introducción del euro también afectará positivamente al sector de los gastos administrativos. Estos gastos se efectúan actualmente en moneda nacional. Las retribuciones de los funcionarios, calculadas en ecus pero abonadas en moneda nacional, no deberán modificarse, es evidente. Esto supone ajustes y costes a veces importantes debido a las variaciones de los tipos de cambio. De hecho, los gastos presupuestarios en ecus varían cada mes. Con el euro estos imponderables desaparecerán.
Dado que el informe del Sr. Langen realiza una buena evaluación del impacto de la introducción del euro en estos distintos sectores, he votado a favor en la votación del 6 de octubre de 1998.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe del Sr. Langen. Esto no debe ser interpretado como un cambio en la política socialdemócrata en lo que respecta a la reserva ante la tercera fase de la UEM, sino como una muestra de nuestro gran interés por lo que sucederá en este ámbito, aunque no participemos en la tercera fase. Naturalmente tenemos en cuenta que los países que no participan en la tercera fase de la UEM continuarán necesitando tipos de cambio.

Martinez
El euro va a acarrear consecuencias. En primer lugar en la legislación comunitaria. Deberán modificarse 4.000 actos comunitarios para incorporar el cambio de unidad. Cuando se piensa que en las legislaciones nacionales habrá que modificar también todas las referencias monetarias de los códigos fiscales, penales, mercantiles, sociales y otros, se puede apreciar la amplitud de los costes administrativos y otros para incorporar estos simples ajustes legislativos.
Sin duda, para las instituciones europeas el euro puede suponer una disminución de los costes en la gestión del presupuesto, pues el 56 % de los pagos comunitarios que hoy se convierten en monedas nacionales permanecerán en euros, con la desaparición del riesgo en los cambios.
El euro también puede suponer ventajas en el ámbito agrícola al permitir que se suprima el régimen agromonetario de conversión que acarrearía cada año costes de entre 1.000 y 1.500 millones de ecus.
Entendemos también que se facilitará el pago de los salarios de 30.000 funcionarios, de los cuales el 90 % están destinados en Bruselas y Luxemburgo. Ya no habrá pagos en moneda nacional del país de destino, que es el caso hoy para el 76 % de los 2.700 millones de ecus de gastos administrativos. Para los salarios y las pensiones, los pesados trámites administrativos se verán parcialmente aliviados.
Pero esto no es lo esencial. Más allá de los costes informáticos y administrativos, el euro será un acelerador de competencia entre las once economías participantes. Para adaptarse, las empresas deberán disminuir sus costes, lo que producirá un descenso del nivel de las remuneraciones, de las protecciones sociales y de los empleos.
Se trata del euro-desempleo, el euro-racionamiento de las inversiones y los cuidados, y también la euro-inflación, pues los comerciantes van a redondear los precios al alza.
Pero todavía hay algo peor, todas las personas mayores de 65 años, en una Europa de la tercera y de la cuarta edad, es decir, varias generaciones, verán cómo se perturba su reloj monetario interno. Las estafas, en detrimento de las personas de más edad y de los más débiles, se multiplicarán con la utilización, por ejemplo, de las pensiones efectuadas en una unidad monetaria que la mayoría de las personas mayores ya no podrán asimilar.
Habría sido tanto más simple tener un euro inteligente, convirtiéndolo en una moneda común razonable en lugar de en esta moneda única dogmática.
Por otro lado, tampoco es seguro que el euro, a fin de cuentas, tenga toda la eficacia que se da por descontada en un mercado mundializado con unas finanzas desestabilizadas. Aun antes de su instauración, el euro se muestra inadaptado frente al problema esencial: los límites del FMI, el desorden monetario internacional y el dumping monetario ejercido por el dólar.
Al igual que la propia Europa federal, tal vez la moneda única europea sea la luz de una estrella ya muerta, por lo rápido que han ido la mundialización y la globalización; más rápido que la construcción federal europea.
Tanto es así que, en última instancia, sólo las naciones resultan adecuadas para la protección que se pide de los hombres y de las libertades.

Trizza
Comparto las expectativas positivas de la implantación del euro como unidad de cuenta europea. En realidad, su entrada en el mercado permitirá una mejor realización de las políticas comunitarias, así como un funcionamiento más eficiente y eficaz de las Instituciones europeas.
Las ventajas del euro de cara a la política agrícola son evidentes, habida cuenta de que su introducción a partir del 1 de enero de 1999 servirá para facilitar los intercambios de todos los productos, incluidos los agrícolas. En dicho sector, la entrada del euro coincidirá con un nuevo régimen agromonetario, radicalmente simplificado donde los «impuestos ecológicos» (a través de los cuales las ayudas y los precios agrícolas establecidos en euros se convertían en moneda nacional) desaparecerán totalmente. A dicho fin, sin embargo, son necesarias una serie de medidas transitorias destinadas a reducir las repercusiones negativas del nuevo sistema agromonetario en lo que respecta a la compensación de los efectos negativos de los tipos de cambio para los agricultores.
Y por último, comparto las expectativas favorables del euro a la hora de elaborar el presupuesto comunitario y de gestión administrativa de su personal que garantizará la igualdad de tratamiento en el cómputo de los sueldos y las pensiones que ya no estarán vinculados a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

El Presidente
El turno de votaciones ha concluido.
(La sesión, interrumpida a las 13.28 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

UCLAF
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0297/98) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la independencia, papel y estatuto de la Unidad de Coordinación de Lucha Antifraude (UCLAF) (Informe especial nº 8/98 del Tribunal de Cuentas relativo a los servicios de la Comisión encargados de la lucha contra el fraude) (C4-0483/98).
Doy la bienvenida al señor Presidente de la Comisión, Sr. Santer, y a los señores Comisarios Liikanen y Gradin y tiene la palabra el ponente, Sr. Bösch.

Bösch
Señor Presidente, Señorías, el debate del informe sobre el futuro de la UCLAF ya figuraba en el orden del día de la sesión de septiembre y se aplazó en el último momento, a pesar de las propuestas de nuestra comisión. Sin embargo, en fin de cuentas quizá haya valido la pena esperar. En efecto, en primer lugar, la Comisión de Control Presupuestario ha conseguido llevar adelante el procedimiento que hemos aplicado en este caso. Incluso algún funcionario de nuestros propios órganos administrativos se había olvidado de la existencia del artículo 206 del Tratado CE en el que nos basamos. Hemos aprovechado la oportunidad para recordar las amplias competencias de control de que dispone el Parlamento en relación con la aprobación de la gestión.
En segundo lugar, los titulares de los últimos días dejan claro cuán importante ha llegado a ser este tema para la credibilidad y, por consiguiente, también para el futuro de la Unión Europea. Yo espero que con el presente informe podremos contribuir a garantizar o quizá también a que se recupere una parte de esta credibilidad.
Una observación previa: la lucha contra el fraude en el marco de la Unión Europea seguirá siendo una empresa difícil también en el futuro. No debemos hacernos ninguna ilusión al respecto, ya que el motivo reside en la estructura del gasto de la Unión. La parte destinada a los gastos administrativos, de apenas un 5 %, es francamente baja, mientras que la parte de los fondos destinada a subvenciones es elevada en comparación. Esto debe seguir siendo así, pero tenemos que tener claro que cuando se conceden subvenciones también se abren peligrosamente las puertas a la codicia. Tenemos que controlar estas tendencias. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que los fondos se conceden de manera descentralizada. El 80 % de los recursos se desembolsan a través de las administraciones de los Estados miembros. En algún punto del procedimiento también intervienen en parte algunas organizaciones no gubernamentales. Esto puede plantear problemas. El caso de ECHO los pone a la vista.
Los problemas surgen sobre todo cuando las reglas del juego no están claras o cuando las partes implicadas, a veces hasta los más altos niveles, establecen un pacto de complicidad para no tomárselas demasiado en serio. Entonces ya no hay manera de parar el proceso. Lo que empieza como una irregularidad acaba desembocando en la corrupción y el fraude.
El Tribunal de Cuentas -repito, el Tribunal de Cuentas, no el Parlamento Europeo- ha expresado en su informe especial, con el término «política de tolerancia cero», lo que le falta a la Comisión en muchos ámbitos. No voy a citar ahora una serie de puntos. Sólo quiero remitirme al punto 2.33, donde el Tribunal de Cuentas señala que existen casos de todos conocidos, por ejemplo en el ámbito del turismo, en los que se han sustraído expedientes a los inspectores de la UCLAF y se han destruido de manera sistemática los documentos incriminatorios. Hoy tendremos, sin duda, ocasión de seguir debatiendo sobre la valoración política de este hecho.
Es preciso demostrar, como señala el Tribunal de Cuentas en el punto 6.9 de su informe, que toda sospecha de fraude, corrupción, falta disciplinaria o mala gestión deberá ser comunicada con profesionalidad y si ésta se confirma se deberá actuar con el rigor adecuado y adoptar medidas disciplinarias transparentes.
Para aplicar una política de este tipo se requiere ante todo una auténtica voluntad política. Lamentablemente, a la Comisión parece faltarle hasta el momento la resolución necesaria. Para llevar adelante una política de estas características es preciso dotarse, no obstante, también de los recursos e instrumentos necesarios. Lo cual significa, en primer lugar, que es necesario aumentar la dotación de personal de los servicios de la Comisión que se ocupan de la concesión de ayudas y subvenciones. Sabemos por la experiencia en el ámbito de la ayuda al desarrollo que las administraciones nacionales pueden llegar a emplear el doble y hasta el triple de personal que la Comisión para la gestión y control de montantes comparables. No queremos contribuir a hinchar la administración, pero en este caso hay que cubrir necesidades acumuladas. Por otro lado, siempre nos encontraremos, me temo, con nuevos casos de gestión de los recursos en el límite o incluso fuera de la legalidad con la ayuda de empresas de dudosa reputación.
Pasando ahora al tema de la propia UCLAF, quien haya leído el informe especial del Tribunal de Cuentas tendrá claro, creo yo, que no se puede mantener la situación actual. Sólo la Comisión parece no haberlo comprendido aún. Voy a citar únicamente las constataciones más graves: está aumentando el número de casos de los que debe ocuparse la UCLAF y, al parecer, esto ha llegado a desbordar en parte al personal. Según ha podido constatar el Tribunal de Cuentas, el año pasado se abrieron alrededor de 1.400 expedientes, algunos por duplicado o triplicado en relación con un mismo caso. Al mismo tiempo, al parecer existen casos que permanecen estancados durante meses.
Las bases de datos electrónicas de la UCLAF, indispensables para una lucha antifraude eficaz, están todavía en mantillas, los datos contenidos en las mismas están incompletos y no pueden explotarse de manera sistemática. Por ello es también muy difícil realizar un análisis de riesgos fiable.
Los expedientes relativos a los distintos asuntos no se elaboran siguiendo reglas unificadas y a menudo no cumplen los requisitos mínimos que exigen las autoridades judiciales de los Estados miembros a los medios de prueba. La falta de disciplina en la tramitación de los expedientes ofrece la posibilidad de que éstos sean alterados añadiendo o retirando documentos.
La «lista negra» para el ámbito de los gastos agrícolas no ha funcionado hasta ahora de manera satisfactoria y el sistema de alerta anticipada en el ámbito de los gastos directos aún no está listo.
Se observan considerables deficiencias en el intercambio de información entre la UCLAF y las autoridades competentes de los Estados miembros y en la coordinación de los correspondientes procedimientos. Quien haya leído el informe del Tribunal de Cuentas no puede evitar la impresión de que la clave para resolver el problema es empezar por poner orden en la propia casa. Por esto nuestra comisión concede especial importancia al tema de los fraudes internos y la corrupción en el seno de las instituciones de la UE. Hace ya más de un año que se empezó a debatir intensamente esta cuestión, bajo el impulso de los informes elaborados por la colega Wemheuer sobre el caso del turismo y por el colega Fabra Vallés sobre el caso MED.
En el curso de este debate, suscribimos al principio la posición de que sólo será posible luchar de manera eficaz contra el fraude si se consagra la autonomía de la UCLAF y ésta se separa de la Comisión. Esto permitiría resolver en la práctica el problema de que, mientras la UCLAF esté integrada dentro de la Comisión y por lo tanto forme parte de la misma, ésta se ve obligada a investigar en cierto modo su propia actuación. ¿No sería preferible establecer una separación clara?
Lo que en principio parece correcto y adecuado, podría resultar, sin embargo, equivocado y funesto en este caso concreto. Mientras no exista una autoridad de justicia europea y una fiscalía que se encargue de la defensa de los intereses financieros de la Unión, sería un error separar totalmente a la UCLAF de la Comisión y que ésta funcionase en cierto modo como un satélite. La UCLAF quedaría entonces suspendida literalmente en el vacío, sin acceso a información interna esencial y sin las competencias de control con las que cuenta actualmente por el hecho de formar parte de la Comisión, y sobre todo sin el derecho trabajosamente obtenido a realizar sus propios controles in situ.
Por el otro lado, sería igualmente funesto no tocar las estructuras existentes y ampliar sólo la dotación de 126 funcionarios con que cuenta actualmente la UCLAF. Evidentemente, ésta necesita una mayor dotación de personal, pero sobre todo necesita ser independiente con respecto a las atribuciones de la jerarquía para determinar qué casos sospechosos se deben investigar y cómo. La UCLAF también necesita disponer de independencia operativa.
Por consiguiente, en resumen, no queremos hacer tabla rasa. No queremos y no necesitamos empezar de cero. Lo que se requiere es más bien un nuevo enfoque, sin echar por la borda lo que se ha demostrado eficaz. Este nuevo enfoque debería quedar de manifiesto ya en el nombre. La UCLAF debería pasar a ser la OLAF, una Oficina de lucha contra el fraude, que debería seguir realizando tareas de coordinación en colaboración con los Estados miembros, pero que podría concentrar la parte fundamental de su trabajo en el desarrollo de investigaciones independientes.
La OLAF, tal como la concebimos, seguiría estando integrada dentro de la Comisión, pero con la máxima independencia posible en este marco. Esto requeriría normas y disposiciones especiales, que se describen detalladamente en mi informe.
Permítanme que destaque finalmente un último punto: nosotros proponemos que, además de la Comisión, también puedan participar en la OLAF las demás instituciones de la Unión que así lo deseen. En mi informe las invitamos a establecer esta cooperación interinstitucional, invitación que dirigimos explícitamente al Consejo, el cual ya señaló en su recomendación de la primavera pasada en relación con la aprobación de la gestión que todas las instituciones de la Unión deberían estar dotadas de instrumentos para combatir los fraudes internos.
Algunos han interpretado mal la propuesta de creación de la OLAF con este objeto, como resultado de una decisión común de las instituciones en cuestión. No se propone la creación de una nueva institución separada de las ya existentes, ni tampoco se pretende confundir las competencias de las diferentes instituciones. Todas las instituciones tienen el deber de combatir la corrupción y el fraude en su propio seno y todas las instituciones tienen derecho a abordar en común una tarea de estas características. Así lo confirmó la Comisión durante las conversaciones sobre mi informe. No busquemos, por lo tanto, problemas jurídicos donde no los hay. Nosotros nos encargaremos de que se adopten todas las decisiones necesarias y de que la creación de la OLAF esté encauzada cuando comparezcamos ante los electores dentro de unos meses. Sin esta señal de que nos proponemos iniciar una nueva vía todos acabaremos perdiendo nuestra credibilidad.

Santer
Señor Presidente, Señorías, he querido hacer uso de la palabra hoy, con ocasión del debate sobre el informe Bösch, ya que éste plantea cuestiones que son de la máxima importancia para la Comisión. He querido hacerlo para tener un debate sereno, un debate constructivo sobre el reforzamiento de la lucha contra el fraude y la corrupción. Estimo, en efecto, que la falta de serenidad en el actual debate da lugar a ciertas amalgamas. Esto me preocupa y por esta razón quiero que hoy tengamos este debate.
Desde mi entrada en funciones, mi objetivo ha sido garantizar una gestión sana y eficaz, para mí esto siempre ha sido una prioridad. Por ello desde el inicio de mi mandato lancé junto a Erkki Liikanen y Anita Gradin la iniciativa SEM 2000 para reforzar considerablemente la gestión y el control de la utilización del dinero público. El SEM 2000 es una plasmación concreta de una auténtica voluntad política del órgano colegiado en su conjunto y su realización marcha por buen camino. Se trata de una reforma ambiciosa que debería traducirse en una gestión más eficaz y más transparente. En primer lugar, hoy quisiera aclarar ante ustedes la situación y luego hacer propuestas constructivas con vistas al futuro que retoman un buen número de elementos del informe Bösch. Sin embargo, propongo ir más lejos en las conclusiones que hay que sacar.
Antes de entrar en el meollo de la cuestión, sé que hay un punto que les preocupa especialmente: la transmisión de la información referida a las investigaciones de los casos de fraudes internos. Soy muy sensible a ello y estoy de acuerdo en que se realice una transmisión más amplia y más completa, con el fin de que el Parlamento pueda efectuar plenamente la misión de control presupuestario que le corresponde. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la mejora de la transmisión de los datos debe hacerse dentro del respeto a la legalidad y teniendo en cuenta la presunción de inocencia y el secreto de la instrucción. Muy rápidamente someteré al Presidente del Parlamento Europeo propuestas concretas en este sentido.
Paso ahora al informe Bösch y quisiera en primer lugar realizar algunas observaciones. La primera es que una crítica sin matices de los resultados que la Comisión ha obtenido hasta la fecha contra los fraudes internos cometidos en detrimento del presupuesto comunitario va acompañada de imprecisiones que conducen luego a amalgamas. En efecto, hay imprecisiones, ya que, ¿qué ha hecho realmente la UCLAF? En primer lugar, la UCLAF coordina la acción de lucha contra el fraude de los Estados miembros. De este modo, en 1997 se trataron cerca de 5.000 casos por un importe de 1.400 millones de ecus. En segundo lugar, lleva a cabo investigaciones directas con sus propios medios, lo cual no era su misión principal cuando fue creada, pero hay actualmente 950 casos que son objeto de una investigación de este tipo. En tercer lugar, entre estas investigaciones puede haber algunas en las que evidentemente pueden estar implicados funcionarios. Hay más de veinte casos de este tipo. La UCLAF debe ser juzgada por su trabajo en los tres ámbitos de competencia que tiene. La función de coordinación con los Estados miembros ya ha demostrado su validez y está bien considerada. En cuanto a la función de investigación por sus propios medios se han obtenido resultados significativos. Me referiré a esto más adelante. Estoy dispuesto a reflexionar con ustedes para ver cuales son los mejores medios para reforzar todavía más esta faceta de la actividad de la UCLAF.
Mi segunda observación se refiere a las investigaciones internas. Les diré francamente que su informe contiene una insinuación inadmisible allí donde dice, y lo cito: «la Comisión en relación con los casos de corrupción en su propio seno tiene tendencia a encubrirlos». Yo me tomo esto, y les pido que lo entiendan, como un ataque personal, que denuncio firmemente y que los hechos desmienten.
Veamos los hechos. Ha sido la propia Comisión la que gracias al trabajo de la UCLAF ha revelado el caso de fraude en el marco de ECHO y que, tras investigación pormenorizada de la UCLAF, ha hecho llegar el expediente a los tribunales. Fue esta Comisión la que el pasado mes de noviembre aprobó las líneas directrices para poder actuar mejor contra las insuficiencias profesionales, las irregularidades financieras, el fraude y la corrupción. Asimismo, ha querido reforzar la independencia de la UCLAF transformándola en una taskforce . También hemos adoptado una nueva estructura interna que, por cierto, fue elogiada por la Comisión de Control Presupuestario. Esta Comisión fue la que el pasado 14 de julio sentó los principios aplicables al desarrollo de las investigaciones internas, con el fin de facilitar a los inspectores de la UCLAF una base clara, una base sólida para su actuación dentro del pleno respeto de las garantías vinculadas a los derechos de cada persona. Esta Comisión fue la que desde 1995 remitió nueve asuntos a las autoridades judiciales por supuestos en los que se sospechaba de funcionarios. Desde 1995 esta Comisión ha tratado 49 procedimientos disciplinarios, no todos ligados a casos de fraude, sino también a comportamientos reprensibles. Como consecuencia de estos procedimientos la Comisión ha decidido 8 destituciones, 2 degradaciones, 4 descensos de escalón, 11 expedientes y 4 advertencias.
Hablemos ahora, señor Presidente, señoras y señores, del concepto de «tolerancia cero». El Parlamento Europeo denuncia una ausencia de política clara por parte de la Comisión en lo que se refiere a la corrupción. Mi rechazo de este comportamiento es total, constante y definitivo. No se le podrá reprochar al Presidente de esta Comisión haber tolerado o encubierto corrupción alguna. Pero estoy de acuerdo con ustedes en que hay que ocuparse también, en todas las instituciones, de la zona gris del favoritismo y de la confusión de los intereses. Pongámonos de acuerdo en efectuar todos juntos una acción de moralización en profundidad en todas las instituciones, de manera que se despeje toda ambigüedad. La única manera de alcanzarlo es la transparencia. Sin embargo, quisiera precisar que no estoy dispuesto, presionado por filtraciones más o menos orquestadas en la plaza pública y citas sacadas de su contexto, a entrar en una caza de brujas ciega y sin fundamento. Tampoco estoy dispuesto a hacer abstracción de los derechos más elementales de la persona y, en primer lugar, del respeto de la presunción de inocencia. Por último, reaccionaré si se empaña la imagen de excelencia que ha adquirido en todo el mundo la ayuda humanitaria de la Unión, gracias al trabajo cotidiano de ECHO sobre el terreno, en condiciones muy difíciles y en colaboración con las Naciones Unidas, la Cruz Roja y un elevado número de Organizaciones no gubernamentales, innumerables ONG.
Esto me lleva a la tercera observación. No hay que poner en el mismo plano los fraudes y las irregularidades administrativas. Estas últimas están relacionadas con la falta de respeto del Reglamento financiero y del presupuesto aprobado por la autoridad presupuestaria, cosa que hay que distinguir del fraude, que es una retención indebida o un desvío de dinero público. Y quisiera ser muy claro con ustedes: evidentemente no apruebo las irregularidades administrativas, pero quisiera también que consideraran las razones que han llevado a los servicios a buscar cierta flexibilidad administrativa debiendo proceder a veces, es cierto, a auténticas acrobacias. A principios de los años 90 el Consejo y ustedes mismos encomendaron a la Comisión nuevas y pesadas responsabilidades. La urgencia de estas tareas, a menudo exteriores, y la falta de adecuación de los recursos inmediatamente disponibles han sido el origen de estas acrobacias administrativas a las que hay que poner fin.
No sería correcto sancionar individualmente a unos funcionarios que han cometido estas irregularidades con el único objetivo de conseguir que los servicios funcionen. Ésta es precisamente la razón por la que la Comisión decidió en 1992 poner fin a estas irregularidades administrativas con el acuerdo de la autoridad presupuestaria. El Parlamento Europeo ha ayudado a eliminar los minipresupuestos irregulares transformando créditos en más de 1.800 empleos. Rindo homenaje al Parlamento en este sentido. Entiendo pues la irritación de algunos de ustedes que habiendo realizado esfuerzos personales en este sentido constatan que algunas prácticas han perdurado durante cierto tiempo y se preguntan si estas prácticas han desaparecido hoy totalmente. Se lo digo muy claramente, hay que alcanzar una transparencia total.
En lo que se refiere a ECHO, la práctica de los minipresupuestos se acabó en 1995. Para todos los demás servicios he pedido que se proceda a una verificación, con cada director general y bajo su responsabilidad, para que se haga toda la luz posible sobre eventuales vestigios de prácticas similares. Informaré al Parlamento con total transparencia de los resultados de esta verificación. Si siguiera habiendo problemas para la Comisión, ésta lo dirá claramente a la autoridad presupuestaria para que juntos encontremos soluciones.
Paso ahora a una cuarta observación. No acepto la correlación que se da en el informe Bösch entre la supuesta falta de independencia de la UCLAF y su subordinación a la Secretaría General de la Comisión.
Señor Presidente, Señorías, no conozco ningún caso en que la jerarquía haya impedido que la UCLAF lleve a cabo investigaciones. Les diré, por cierto, que según nuestras reglas la UCLAF puede emprender en todo momento investigaciones internas por iniciativa propia.
Tras estas puntualizaciones me gustaría hablar ahora de las propuestas del informe Bösch. En primer lugar ya he dicho al inicio de mi intervención que en él hay muchos elementos con los que estoy de acuerdo: el deseo de uniformizar y aclarar las reglas según las cuales se llevan a cabo las investigaciones; la solicitud de una definición más clara y uniforme de las reglas relativas al tratamiento de informaciones confidenciales, así como un trato idéntico y constante de los expedientes. Iniciamos esta tarea el pasado mes de julio y actualmente seguimos en ello.
En lo que se refiere a los efectivos habrá que volver a tratar esta cuestión a la luz de la estructura y de los objetivos futuros. Pero iré más lejos, creo que a la luz de la experiencia vivida, la función investigadora tanto interna como externa de la UCLAF merecería ser revisada y reforzada. ¿Por qué? Como ya he dicho antes, rechazo muy firmemente la afirmación según la cual la UCLAF no está trabajando actualmente de modo independiente. Pero les diré muy sinceramente que si, debido a la presencia de la UCLAF en nuestra estructura, los esfuerzos de lucha antifraude de la Comisión son cuestionados o denigrados prefiero que la función investigadora tenga un carácter externo.
Por lo tanto, propongo que nos orientemos hacia la creación de una oficina de investigación antifraude externo e interno, totalmente independiente y sin ningún vínculo de subordinación con la Comisión. Esto tendría otra ventaja, permitir más fácilmente a esta futura oficina ampliar sus investigaciones a las demás instituciones y a todos los demás órganos comunitarios.
Las otras funciones ejercidas por la UCLAF: la propuesta legislativa y la coordinación con los Estados miembros en la lucha contra el fraude que pudiera afectar a los intereses de la Unión seguirán siendo ejercidas, de conformidad con el Tratado, por la Comisión en estrecha vinculación con la Oficina.
Sería prematuro actualmente decir exactamente cuál debería ser la estructura y el modo de funcionamiento de dicha Oficina. Sin embargo, es evidente que será preciso un control independiente de las tareas de esta futura Oficina. Yo no creo que la estructura en tres niveles propuesta por el informe Bösch, director, Comité ejecutivo y comisión de control, sea adecuada. Es demasiado compleja y pesada. Habrá, por tanto, que aclarar las responsabilidades y dotar a dicha Oficina de reglas bien definidas con el fin de garantizar una eficacia máxima de conformidad con el respeto y la protección de los derechos individuales.
Esta nueva estructura deberá reposar en la confianza mutua entre las instituciones. Esto supone que deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones en la participación en una comisión de control, en las propuestas de nombramiento y en las relaciones con la Oficina.
En cuanto a las acciones que la Comisión está dispuesta a llevar a cabo con vistas a la creación de la Oficina, puedo decirles que, de modo concreto, estoy dispuesto a encargarle a un alto funcionario de la Comisión -si tal fuera el deseo de las instituciones-que prepare una propuesta de decisión común sobre la base de los principios que acabo de enumerar.
Además, debería establecerse un informe conjunto de las instituciones interesadas lo más rápidamente posible. Este informe debería realizar el inventario de las acciones que deben llevarse a cabo, antes y después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, con un calendario para su realización y, en particular, propuestas de modificación de los reglamentos del Consejo pertinentes en la materia.
Señor Presidente, Señorías, les he expuesto todo lo que pensaba. Deseo que se restaure la confianza entre nuestras instituciones, que los ánimos se calmen y que puedan producirse las aclaraciones necesarias fuera de las presiones de las filtraciones y de un clima generalizado de sospecha. Con esta disposición, la Sra. Gradin, el Sr. Liikanen y yo mismo contestaremos a las preguntas específicas que quisieran plantearnos durante el debate.

Dankert
Señor Presidente, la cuestión es tener bien claro que hoy no hablamos de la postura de la Comisión respecto de ECHO, respecto de turismo, respecto de los casos de corrupción dentro de la Comisión o de otras instituciones europeas en general. Este debate debe tratar sobre el informe del Tribunal de Cuentas en el que se han observado unas cuantas deficiencias graves en el funcionamiento de la UCLAF. Pero al mismo tiempo en el informe del Tribunal de Cuentas se señala que más del 80 % de los gastos de la Unión Europea se han realizado en los Estados miembros y que el control de esos gastos es dependiente asimismo en gran medida de la disposición de los Estados miembros a colaborar con la UCLAF. Hasta ahora eso marcha todavía bien; con otras palabras, no debemos tirar por la borda asuntos que funcionan bien si no encontramos una solución mejor en casa.
El Sr. Bösch acaba de defender su informe y creo que estamos completamente de acuerdo en un número importante de puntos esenciales. También nosotros, en el Grupo socialista, estamos firmemente decididos en nuestra lucha contra el fraude y la corrupción tanto en general como -y ése es un elemento que se debe reforzar- dentro de las instituciones. También estamos de acuerdo con que la UCLAF no ha sido suficientemente equipada por ciertas razones para sus tareas, que una de las deficiencias es el insuficiente grado de independencia de la UCLAF. La UCLAF debe obtener un mayor grado de independencia. Pero hay diferencias de opiniones y éstas están relacionadas sobre todo con la cuestión de cómo se debe llevar a cabo esto.
El Grupo maneja varios principios para responder a la cuestión de cómo podemos hacer más eficaz la lucha contra el fraude y más independiente a la UCLAF. Lamento que el Presidente de la Comisión haya intentado evitar la discusión. Ante todo, la Comisión es la guardiana de los Tratados. Esa tarea se le ha encomendado en los Tratados y es una tarea que tiene que cumplir. Por lo demás, la Comisión es responsable de la ejecución de los presupuestos. El Parlamento Europeo no tiene ningún otro papel para con la Comisión que el de controlar a la Comisión y puede dar un toque de atención a la Comisión -lo que hacemos ahora-cuando no cumple con sus propios cometidos. A mi entender, la creación de una nueva institución fuera de la Comisión, merece una adaptación del Tratado, para la cual los Tratados mismos establecen los procedimientos.
Además, quisiera constatar que hay gran número de problemas institucionales que se presentan en la lucha contra el fraude y la corrupción. La lucha contra el fraude y la corrupción es sólo en parte un asunto comunitario. La mayoría de la legislación y de las acciones en este terreno se desarrollan en la colaboración intergubernamental dentro del tercer pilar. Y a corto plazo no se puede esperar que los Estados miembros estén dispuestos -me parece lamentable, pero no están dispuestos- a instaurar un Ministerio Fiscal Europeo o a crear un marco de derecho europeo. Por eso no podemos esperar que una institución o servicio que en el ámbito europeo -y en la medida en que exista una competencia a ese nivel- está encargada de la lucha contra el fraude pueda hacer mucho más que recopilar y analizar la información y colaborar con las administraciones nacionales en las pesquisas.
Esos principios y complicaciones me llevan, en nombre de mi Grupo, a rechazar la solución presentada por el Sr. Bösch de crear una nueva institución, en realidad fuera de la Comisión o sólo unida en parte a la Comisión. Porque una institución nueva como ésa exige o bien una modificación del Tratado o bien un Tratado bajo el tercer pilar. La modificación del Tratado, Presidente, no es la cuestión. En un Tratado bajo el tercer pilar surge el problema de quién ejercerá el control político en esa institución. El Parlamento Europeo, después de Amsterdam, tampoco tiene ninguna competencia en este terreno. Por lo demás, un Tratado bajo el tercer pilar tiene como inconveniente que la protección jurídica para las personas individuales deja bastante que desear, vistas las limitadas competencias del Tribunal. En resumen, amenaza con un vacío jurídico y político.
Pero una OLAF totalmente independiente que siga en cierto modo unida a la Comisión tampoco es una solución. Es una contraditio in terminis o, en cualquier caso, una delegación completa de las responsabilidades de la Comisión en este terreno, responsabilidades que no puede delegar la Comisión como guardiana de los Tratados. ¿Puede la Comisión seguir siendo responsable en un caso así del funcionamiento de la OLAF? ¿Quién debe ser entonces? El Parlamento sólo puede exigir cuentas a la Comisión y dar descargo o no a la Comisión o en caso extremo mandar a casa a la Comisión. A board of directors , usted lo ha dicho con razón, Presidente Santer, ésa no es la solución. En realidad, eso significa que la Comisión estaría controlada internamente, lo cual va en contra de los Tratados y eso significaría que se produciría un completo enmarañamiento de las tareas y competencias separadas en los Tratados. Por eso, Presidente, no puede ser.
Por último, esto me lleva rechazar las soluciones presentadas por el Sr. Bösch y confío en que la Comisión llegue con una propuesta sensata que, en efecto, traiga consigo un fortalecimiento considerable de la independencia de la UCLAF.

Sarlis
Señor Presidente, debo decir que el informe Bösch se presenta ante el Parlamento Europeo por exigencia de la resolución de 22 de octubre de 1997 que impuso a la Asamblea y a la Comisión de Control Presupuestario la presentación de dicho informe.
A continuación, debo decir que me complacen las propuestas que hemos escuchado aquí por parte del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, y que, en gran medida, adoptan las reflexiones y las líneas generales que el Sr. Bösch ha formulado en su informe, y debo declarar que el Partido Popular Europeo apoyará el informe Bösch porque considera que está correctamente fundamentado. También observo que eso es lo que cree la Comisión Europea. Es decir, que por una parte nos encontramos ante un caso de fraude relacionado con la gestión del presupuesto comunitario y con los Estados miembros de la Unión y, por otra parte, existe un asunto interno acerca de lo que sucede en las diversas instituciones de la Comunidad y acerca de si dichas instituciones y sus servicios funcionan como debieran. Creo que avanzamos muy acertadamente hacia la creación de la OLAF y también estoy personalmente de acuerdo en que se deberá separar de forma clara y que la UCLAF deberá mantenerse en lo tocante a la investigación de las relaciones entre los Estados miembros y institucionales comunitarias.
Sobre este tema, deben saber, señor Presidente de la Comisión Europea y señores Comisarios, que últimamente el Tribunal de Cuentas nos ha bombardeado con informes. No nos hemos convertido en detectives. Tenemos la obligación de responder y de controlar todo lo que dice el Tribunal de Cuentas. Estarán de acuerdo conmigo en que no podemos ocultar nada sino que, por el contrario, debemos afrontar las indicaciones del Tribunal de Cuentas con gran transparencia y sinceridad.
El asunto del ECHO, el del turismo y el de MEDA han surgido de iniciativas y de informes del Tribunal de Cuentas. Lo mismo sucede con muchos otros asuntos de los que van a tener noticia en los próximos días y que quizás influyan también en la postura del Parlamento en relación con liberar o no a la Comisión Europea de la ejecución del presupuesto de 1996 y de 1997.
Asimismo, en este punto desearía decir que en la colaboración que mantenemos los últimos dos años con la UCLAF, hemos acudido a la UCLAF, le hemos solicitado información y se nos ha dicho que no podía proporcionárnosla porque las instancias superiores de la UCLAF no se lo permitían. Éste es uno de los hechos que también ustedes han señalado y espero que pronto sea aclarado. Entenderán que dicho asunto es de gran importancia y me complace que esta noche hayan dicho que lo van a afrontar y que presentarán propuestas concretas.

Kjer Hansen
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Bösch por este informe. Me alegra quehaya entrado, finalmente, en el orden del día y podamos así discutir este importante tema. Estoy muy de acuerdo en que es preciso fortalecer la UCLAF. Los numerosos casos no dejan lugar a dudas, sin embargo, la investigación del Tribunal de Cuentas encierra, por encima de todo, una clara crítica de la situación actual y presenta ofertas concretas de lo que puede hacerse. La situación es completamente inaceptable y es por ello que nos parece tan importante reforzar el papel de la UCLAF otorgándole más competencias y mejores herramientas para acabar con el fraude y con la corrupción.
En lo que se refiere a la respuesta dada hoy por el Sr. Santer, he de decir que no es lógico censurarnos por criticar a la Comisión y por pensar que los acontecimientos transcurren muy lentamente. Si el Sr. Santer hubiera estado con nosotros hora tras hora en la Comisión de Control Presupuestario sólo para arrancarle a la Comisión las informaciones más importantes, el Sr. Santer entendería nuestros deseos de ver acontecimientos y una modificación de los procedimientos actuales. Simplemente hace falta una oficina más independiente y la Comisión nos ha contestado que la propuesta existente del Sr. Bösch no exige una modificación del tratado, lo que quiere decir que es una salida abierta. Pues, señor Santer, nos falta alguna indicación más concreta por parte de la Comisión sobre qué es lo que ésta quiere llevar a cabo realmente en este terreno. Sin embargo, ¿no es verdad que una oficina externa exigirá una modificación del Tratado y que con ello la Comisión ha conseguido una vez más adelantar de una manera cómoda las decisiones?
De cara a la confianza de la gente en el sistema comunitario resulta fundamental realizar un esfuerzo mayor frente al fraude y la corrupción. Y una vez más, es el Parlamento Europeo el que presenta una oferta concreta de lo que debe hacerse y de cómo podemos obtener mejores procedimientos. Puede que ésta no sea una propuesta definitiva o completa, pero, al menos, el debate se ha iniciado. Me alegra que con el informe del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, se haya logrado finalmente una respuesta y se haya iniciado un debate sobre qué es realmente lo que hay que hacer para poder combatir el fraude y la corrupción de una manera mucho más efectiva.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, yo sigo pensando que controlar significa controlar y que las cosas se hacen haciéndose. Es evidente, señor Presidente de la Comisión, que ha presentado varias razones por las cuales no se llevó a cabo el control. Las acepto. Pero también sé que no se lucha contra el fraude y la corrupción simplemente en el punto de llegada de dicho fraude y de dicha corrupción, sino también en el punto de partida. La verdad es que todo el sistema de proyectos y programas existentes en la Comisión está hecho para entregar a funcionarios, a su responsabilidad, importes muy elevados de dinero que los propios funcionarios, muchas veces, no pueden controlar suficientemente. Por tanto, hay una falta de política preventiva, que sería, como en la lucha contra los incendios, la mejor forma de luchar contra ellos. Es decir, luchar contra el incendio en invierno y no en verano, cuando ya está haciendo efecto. Por tanto, hay todo un sistema que se debe modificar y que, naturalmente, tendrá que tender a responsabilizar más a los funcionarios de la Comisión y a los propios Comisarios de los programas que lanzan en el mundo comunitario y no sólo en él.
Sabemos que la cuestión de ECHO es desagradable: están en juego 1.000 millones de ecus. Y sabemos también que la UCLAF decía hoy, en «Le Monde», que el control hecho había sido un control metafísico. Por tanto, disculpando la ironía de la UCLAF, la verdad es que ella misma se siente en las mayores dificultades.
Por tanto, sabemos que es necesario controlar. Pero controlar no es sólo aprehender a los prevaricadores. Controlar es evitar y por eso insisto: la prevención sería fundamental. Pero para que esa prevención pueda existir es necesario que haya buena voluntad por parte del Parlamento, que haya buena voluntad por parte de los Estados miembros, y todos nosotros sabemos que la Comisión de Presupuestos lo vetó, votó en contra de la adquisición de scanners que permitirían prevenir el fraude en los puertos europeos. Y la verdad es que hay puertos europeos que son auténticos coladeros para quien quiera hacer contrabando o no pagar impuestos, ya sea el IVA o impuestos al consumo.
Sabemos también que no hay una armonización de las leyes penales. Y sabemos que los propios Estados miembros crean dificultades a la UCLAF, al no poner muchas veces a su disposición elementos que podrían fácilmente poner, si quisieran luchar de verdad, con seriedad, contra el fraude en su territorio. Es evidente que no pienso culpar a la Comisión de todo esto. Eso no se le ocurre siquiera a nadie, en la medida en que los Estados miembros son en gran medida responsables de lo que sucede. A la Comisión competía denunciar eso, competía no pactar, mediante el silencio, con lo que sucede en los Estados miembros. Éstos tienen que luchar, sin pérdida de soberanía, unidos contra la delincuencia organizada para que la Comunidad no sea un territorio en el que el delito compensa y en el que sea fácil enriquecerse actuando contra todas las leyes y cometiendo toda clase de fraudes en detrimento de los dineros comunitarios.
Y también estaría bien convencer a los Estados miembros de que el dinero comunitario no es dinero nacional, es dinero comunitario, y que tienen la obligación de defender esos rendimientos. Y mi Grupo votará a favor de la prevención, del aumento de medios y de la protección de la UCLAF.

Moreau
Señor Presidente, los casos de fraude en detrimento del presupuesto comunitario se cuentan cada año por cientos y alcanzan cuantías importantes, y no se trata más que de las faltas declaradas o detectadas. Estas cifras se sitúan sin duda muy por debajo de la realidad.
El informe Bösch indica que la UCLAF sólo tiene una capacidad de actuación limitada. La consternación suscitada por algunos hechos de la actualidad nos obliga a estar muy atentos. La Comisión plantea muy a menudo la responsabilidad de los Estados miembros, que gestionan el 80 % de los gastos. Es muy exigente con ellos; es justo que se sea exigente también con ella. EL Parlamento pide, con razón, explicaciones, medidas para poner fin a las malversaciones existentes y para sancionar a los culpables.
La transparencia mencionada por el señor Presidente debe traducirse permanentemente en realidad. Con esta idea en mente, quisiera subrayar el interés de la propuesta que tiene por objeto la creación de un organismo de lucha contra el fraude que sea independiente de la Comisión y que esté dotado de medios que le permitan llevar a buen puerto su misión. No se puede ser juez y parte, es un principio elemental.
Un colega ha pedido que la UCLAF sea un poco más independiente... Ahora bien, o se es independiente o no se es. No se puede ser únicamente un poco. Sin embargo, no podemos hablar de lucha contra el fraude sin destacar que la libertad total de circulación de las mercancías y de los capitales -es decir la ausencia de todo control- favorece el fraude y el tráfico a gran escala.
Así, la Comisaria Gradin subrayó el pasado mes de mayo que los fraudes en detrimento del presupuesto comunitario son cada vez más el resultado de actuaciones de bandas criminales internacionales, es decir, de la Mafia. Esta situación requiere indudablemente atención y medidas al más alto nivel.

Müller
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el tema que hoy se debate no es sólo la independencia de la UCLAF, sino también la independencia de las investigaciones sobre el fraude, la corrupción, el nepotismo y la mala gestión dentro de la propia Comisión. Hoy no estamos debatiendo casos aislados, como los de ECHO, MED, la EEB, el turismo o el servicio de seguridad, pues la suma de estos casos ha dado lugar a una sólida crisis entre las instituciones europeas. Lo que hoy se debate es si la Comisión puede eludir el riesgo de que la gestión de la ejecución de su presupuesto no sea aprobada y cómo puede evitar que esto suceda, y también se debate -este es el punto esencial, Señorías- el tema de la responsabilidad política. El caso de ECHO sólo es una muestra.
Yo quiero resaltar que no se trata de minipresupuestos normales. La Comisión parece considerar como un pecadillo sin importancia la falsificación de contratos, la invención de informes inexistentes y la desaparición de documentos. Sin embargo, gracias a usted acabo de aprender un nuevo concepto, señor Santer. En adelante, a todo esto lo llamaremos «acrobacia administrativa».
Sea como fuere, este ha sido el motivo de que hasta ahora no se hayan adoptado medidas disciplinarias. Quien piense, como la señora Bonino, que basta con decir: «Sí, claro, la Comisión asume naturalmente toda la responsabilidad», para que no se hable más del asunto, esa persona, con perdón, no ha entendido qué quiere decir realmente responsabilidad política. El término responsabilidad no es sencillamente una palabra vacía que puede pronunciarse cuando convenga para poder seguir adelante cuanto antes con el orden del día.
Responsabilidad significa responder de algo por lo que uno está individualmente obligado a rendir cuentas. En el caso de ECHO, yo lo tengo personalmente muy claro. Si el Comisario Marín tuvo conocimiento en febrero de las prácticas ilegales en el ámbito de su competencia y, por cualquier motivo, por bueno que fuese, no fue posible acabar de inmediato con ellas, ¿quién, si no él, debería responder de ello y dimitir de manera consecuente? El hecho de que la Comisión sea una institución colegiada no modifica para nada la situación.
Ese hecho apunta de inmediato hacia usted, señor Santer. ¿Qué debe hacer el Presidente de la Comisión es semejante caso? Lamentablemente, usted ha callado hasta hace un instante. La responsabilidad ante las ciudadanas y ciudadanos europeos debe asumirse de manera visible, también en el caso de ECHO y no sólo en éste. Si, haciendo caso omiso del fraude -y yo sé distinguir muy bien entre fraude e irregularidades-, lo ocurrido no tuviera ninguna consecuencia, se estaría legitimando el principio según el cual el fin justifica los medios.
Sin embargo, esto es insostenible no únicamente en el contexto de este caso, en el que se sustrajeron en definitiva 2, 4 millones de ecus de los fondos de ayuda, no en el sentido jurídico, sino a través de su desviación hacia otros fines. Lo más grave es que con ello se está desacreditando todo el buen trabajo que en la mayoría de los casos realizan los servicios administrativos. Y esto es algo que usted tampoco puede desear que ocurra, señor Santer. Se estaría premiando la contravención de las normas y su cumplimiento quedaría desacreditado. El Estatuto de los funcionarios prevé diversas medidas disciplinarias, que los responsables de la Comisión parecen ser reacios a aplicar.
¿Qué tiene que ocurrir para que por fin se sancione la flagrante contravención -así la ha llamado el Comisario van Miert: flagrante contravención- de las normas? En algunas conversaciones yo he tenido incluso la impresión de que existe temor a hacerlo. ¡Llegados al punto en el que nos encontramos, algo tiene que cambiar de manera fundamental! ¿No opina usted lo mismo, señor Santer? ¡Usted debe responder de las enormes tensiones que se han creado entre el personal contratado por la Comisión! Muchos colaboradores y colaboradoras desean que se acabe por fin con las irregularidades, ¡que por fin se hable claro! Usted debería actuar también en interés de sus colaboradoras y colaboradores leales y entregados a su tarea.
La Comisión vive encerrada en una torre de marfil. La falta de diálogo entre el Parlamento y la Comisión se debe sobre todo a que nuestras peticiones de información y control son interpretadas en sí mismas como una señal de desconfianza y esto sucede porque el principio de que una buena administración siempre debe estar abierta, con escasas excepciones, a la opinión pública se ha trastocado en la Comisión hasta convertirse en su contrario, al menos en los ámbitos en los que la crítica se vuelve ruidosa y el Parlamento ejerce sus derechos de control.
He agotado mi tiempo de uso de la palabra. Todavía hubiese deseado referirme, no obstante, a la cultura de la desconfianza, al derecho a la aplicación del artículo 126 y a que la Comisión debe contar con que su gestión no será aprobada si no emite alguna señal clara. Pueden leer el texto si lo desean; también usted, señor Santer. Yo me encargaré de que se lo hagan llegar enseguida.

Vandemeulebroucke
Señor Presidente, estimados colegas, el informe del colega Bösch merece nuestro pleno apoyo. Este Parlamento ya lleva 14 años insistiendo en una brigada móvil que realice controles en los Estados miembros y que tome medidas contra el fraude y la corrupción. La UCLAF no fue creada hasta 1989 y conoció muchas dificultades iniciales. Entre tanto, tuve la oportunidad de seguir muy de cerca gran número de escándalos que traspasaron fronteras. Pienso en el affaire Transnuclear, con el mayor contrabando de basura nuclear. Estaba el dossier sobre la utilización ilegal de hormonas en la ganadería, que en mi país trajo como consecuencia intimidaciones, amenazas e incluso el asesinato de un inspector veterinario. Estaba el ardid -literalmente sin fronteras- con la carne, organizado por bandas mafiosas, y que trajo consigo muchos millones de estafas en el IVA, en las tasas de importación y en las restituciones de la exportación. El Parlamento montó una comisión investigadora del fraude comunitario en el transporte en tránsito, con especial atención para el dossier del fraude en el tabaco. No hace mucho ha habido escándalos de corrupción y dossieres de corrupción en el sector turístico y en este momento existe una investigación acerca del asunto ECHO.
El Tribunal de Cuentas europeo ha controlado el trabajo de la UCLAF y la conclusión es, sin embargo, desalentadora. Debo apuntar que los bancos de datos electrónicos están aún en una fase inicial, que no existe ningún sistema uniforme según el cual se abran, se traten y se cierren los dossieres, que hay bastantes lagunas en la coordinación y la evidente colaboración con los Estados miembros y que incluso en la constatación de delitos manifiestos no se inician en muchos casos procedimientos disciplinarios. El ponente Bösch plantea también, con razón, que la UCLAF debería ser transformada en una oficina para la lucha contra el fraude, llamada OLAF, que pudiera operar de manera independiente de la Comisión y que además sería la responsable ante todas las instituciones europeas. Naturalmente, el personal debería ampliarse a 300 especialistas que puedan colaborar efectivamente con las instancias judiciales nacionales. Después de todo, los magistrados que hoy deben dirigir las investigaciones sobre el fraude y la corrupción internacionales van desesperadamente atrasados con respecto a los hechos y pierden una cantidad impresionante de tiempo, energía y dinero en vencer las dificultades que suponen las 15 fronteras nacionales, no estando esta situación en nuestra Europa sin fronteras lo suficientemente tratada en el informe.
La UCLAF o la OLAF deberían constituir un servicio con una competencia cuasi judicial para que la corrupción transnacional y los dossieres de fraude pudieran ser tratados adecuadamente en los tribunales nacionales. Sólo de esta manera habrá también resultados visibles. En la medida en que estemos preparados, la propuesta de regular legalmente la colaboración de la OLAF con las instancias judiciales nacionales por medio de nuevos reglamentos es muy importante.
Presidente, Señorías, ésta es mi última intervención en sesión plenaria. Abandono el 15 de octubre el Parlamento Europeo, en el que he estado desde febrero de 1981. Entonces éramos sólo 434 diputados. He asistido al ingreso de seis Estados miembros nuevos y también he visto, por fortuna, aumentar sistemáticamente las competencias. Estoy muy a favor de la política pro-europea y al mismo tiempo soy regionalista, porque nuestra democracia es una vida en círculos. Este Parlamento es el círculo más amplio. Todos somos responsables de que nuestros ciudadanos sigan creyendo en Europa como un valor añadido natural, una Europa que podría ser más transparente, más abierta y más indiscutible, para lo cual la aprobación de este informe me parece sin duda una contribución importante.
Quiero finalizar mi intervención dándoles las gracias expresamente a las personas que he encontrado aquí en el transcurso de tantos años y quiero agradecer por encima de todas las barreras políticas a todo el mundo por el compañerismo, la franqueza y la manifiesta corrección que todos habéis mostrado. Por último, quiero dar sinceramente las gracias a la administración y también a los intérpretes y traductores.

El Presidente
Muchas gracias, señor Vandemeulebroucke, por sus palabras y gracias por todos estos años y por la seriedad con la que ha realizado su trabajo en este Parlamento. Los colegas le han manifestado su agradecimiento con una gran ovación y yo le doy las gracias una vez más.

Bonde
Señor Presidente, gracias al colega Jaak por diecisiete años de trato y amistad. Espero que nos veamos en muchas ocasiones, también después de que hayas abandonado el Parlamento. Has hecho un gran esfuerzo por combatir el fraude de las hormonas en Bélgica. Siempre has tenido una gran sensibilidad social. Espero que nos volvamos a ver.
En el municipio en el que resido, ningún contribuyente aceptaría que el 10 % del presupuesto del municipio fuera malversado. En mi país tampoco sería aceptado. Creo que todos los presentes en la Asamblea lo ven de la misma manera. ¿Cómo podemos entonces admitir que el 10 % del presupuesto pueda ser malversado simplemente porque el dinero se envía vía Bruselas? En mi opinión, la causa reside en la distancia que existe respecto de los electores, la distancia respecto de los que han de pagar. Los procesos de decisión en la UE hacen posible aprobar regímenes de ayuda que ningún país aprobaría si ellos mismos tuvieran que pagar la factura. La solución, por tanto, no consiste en aumentar el papel de Bruselas con más empleados, con mayor presupuesto y con una legislación penal y policía comunes. La solución pasa por suprimir el grueso de los regímenes de ayuda, centrarse en algo más reducido, en lo transfronterizo, y en cambio hacer mejor el trabajo. El medio más barato y mejor de todos para luchar contra el fraude es una transparencia completa sobre los fondos asignados. Cualquiera que reciba ayuda de la UE ha de aceptar que los electores y los contribuyentes fiscales puedan ver la cantidad asignada y cuánto ha sido utilizado en qué. Seguro que los periodistas y una opinión pública crítica se encargan de velar por la necesaria legalidad del proceso. Que se publiquen los anexos en Internet y el resto vendrá solo. Preferimos una completa transparencia a una nueva burocracia en Bruselas, una UE transparente y más delgada en lugar de tiempos de abundancia para un número aún mayor de estafadores.

Amadeo
Señor Presidente, el constante aumento de los fraudes perpetrados contra el presupuesto comunitario es un tema que precisa una solución inmediata, sobre todo porque en los últimos años el fenómeno parece que se ha extendido en el ámbito de las propias Instituciones. No vamos a recordar aquí el feo asunto ECHO referente a las irregularidades detectadas en la antigua Yugoslavia o en la región de los Grandes Lagos, pendientes todavía de comprobación, ni las conocidas anomalías del sector de la investigación, a la vista de las cuales la misma Comisión de Control Presupuestario está a la espera de explicaciones, aunque no podemos mostrarnos satisfechos por los resultados que hemos obtenido tanto en lo concerniente a la comprobación de las irregularidades y de los fraudes como, sobre todo, por la falta de una acción judicial eficaz a escala comunitaria.
Tenemos que recordar que desde un tiempo a esta parte la Comisión de Control Presupuestario, sobre todo por obra y mérito de su presidenta, la Sra. Theato, había perfilado la inclusión en el Tratado de un fundamento jurídico que habría permitido la aprobación de una reglamentación antifraude acudiendo, en su caso, a un procedimiento de codecisión y la elaboración de un régimen jurídico que pudiera obligar a los Estados miembros a proteger también las finanzas comunitarias del mismo que lo hacen para las suyas.
La armonización de las normas debe ser llevada a cabo a nivel administrativo centralizando las acciones y los controles, así como a nivel legislativo por medio de la ratificación de ese Convenio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión que sigue siendo letra muerta, pese a estar acompañado de dos protocolos, sin duda, importantes que, no obstante, han sembrado la desconfianza de los Estados miembros y convertido en improbable una ratificación que los implica directamente.
También nosotros creemos que son las autoridades judiciales y no la UCLAF quienes son competentes para intervenir en la esfera personal de los presuntos culpables, sin embargo, debemos denunciar aquí por qué motivo la Comisión, incluso cuando la UCLAF o el control financiero han acumulado pruebas suficientes de graves infracciones, ha solicitado la intervención de las autoridades judiciales.
La creación de una oficina anticorrupción y antifraude en el seno de todas las Instituciones de la Unión Europea, deberá contar con el apoyo de las Instituciones afectadas, me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de acceder rápidamente a la documentación y, en su caso, de requisarla dejando, sin embargo, en manos de las autoridades judiciales que disponen de esos poderes de policía y judiciales que la oficina antifraude no puede ni debería tener, el cometido de investigar y castigar la corrupción.

Theato
Señor Presidente, señor Presidente Santer, yo agradezco sus palabras, pero también quisiera expresar una duda y voy a hacerlo con una cita: «Las palabras ya las oigo, ¡sólo me falta la fe!» Yo la modificaría para decir: «ayúdennos a tener fe», a confiar en que entre todos lograremos acabar con las deficiencias.
Ahora quisiera centrarme de nuevo en el Informe Bösch que hoy se debate y expresarle en primer lugar mi gratitud y mi reconocimiento al Sr. Bösch por haber superado las diversas dificultades y hacer posible que ahora podamos disponer del informe. Como se desprende claramente de su título y contenido, éste se basa en el informe del Tribunal de Cuentas y., por consiguiente, en el artículo 206 del Tratado. Nuestra Comisión de Control Presupuestario nunca compartió la interpretación equivocada del fundamento jurídico. Estos malentendidos retrasaron, sin embargo, por desgracia la presentación del informe ante el Pleno. En efecto, cuando se conocieron las sospechas de irregularidades en la Oficina de Ayuda Humanitaria, habría sido útil una rápida reacción del Parlamento bajo la forma de propuestas para poner remedio a la situación.
Entre tanto, los medios de comunicación han comentado hasta la saciedad el caso de ECHO. Francamente, hubiésemos deseado que la Comisión nos hubiese informado con mayor rapidez y de manera más completa. Este caso nos demuestra, en efecto, una vez más las deficiencias con las que tiene que seguir lidiando la Comisión para combatir de manera eficaz el mal uso de los fondos de la UE. Casos largo tiempo conocidos como los de MED, el régimen de tránsito comunitario o el tabaco -podría enumerar más-siguen esperando su completa aclaración y las debidas consecuencias. El informe del Tribunal de Cuentas demuestra que el Parlamento tiene razón al considerar insatisfactoria el grado actual de competencia de las estructuras de la UCLAF, sobre todo en el caso de investigaciones internas dentro de la Comisión. Esto no es imputable a los funcionarios y personal temporal de la UCLAF. La causa reside más bien en la manera poco sistemática con que se tramitan los expedientes. El Tribunal de Cuentas reseña más de 1.300 expedientes abiertos y pendientes sólo hasta abril de 1997, tal como ya ha señalado el Sr. Bösch.
Las deficiencias en el intercambio de información y la mala coordinación son otra de las causas. Cuando existen sospechas de algún caso de corrupción dentro de la Comisión faltan unas normas claras incluso en relación con la intervención de las autoridades penales, según señala el Tribunal de Cuentas. Es de temer que con la introducción del euro y la ampliación de la UE se abran en el futuro nuevas posibilidades para las maniobras fraudulentas. Estos son sólo algunos de los motivos que nos impulsan a definir el papel, la estructura y las competencias de la UCLAF de una manera que refuerce su capacidad de actuación y su independencia, bajo la forma de una Oficina de lucha contra el fraude. El Sr. Bösch ya lo ha expuesto.
Aun así, ahora mismo no nos aventuramos a dar un paso definitivo en relación con la creación de la OLAF. El Parlamento, en su calidad de autoridad presupuestaria, debe hacer, sin embargo, todo lo posible para conseguir que reflexionemos conjuntamente sobre las posibles soluciones para hacer frente a las nuevas exigencias. Por esto, no presentamos una propuesta sobre una base jurídica, sino que ofrecemos algunas indicaciones básicas sobre lo que tenemos en mente. Nosotros rogamos encarecidamente a la Comisión que se tome en serio estas indicaciones y las haga suyas. Yo temo que, de lo contrario, nos espera un debate muy largo antes de que consigamos combatir el fraude de manera más amplia y más eficaz.

Brinkhorst
Señor Presidente, es evidente que se trata de un problema urgente. Declararé para empezar que tengo un interés personal en la cuestión: por haber sido Director General en la Comisión, conozco las dificultades con que se tropieza para tratar de las cuestiones de personal y de los nuevos cometidos, pero es preciso que adoptemos decisiones sin perder tiempo.
El informe Bösch nos brinda una clara señal política que hemos de seguir. Personalmente, sigo sin saber exactamente qué es lo que deberíamos hacer en determinadas situaciones. Permítanme que ilustre mi actitud con unas cuantas cuestiones concretas. El Sr. Bösch ha dicho con toda razón que la presente situación no puede continuar. Desde el punto de vista institucional, no estoy seguro de que sea acertada la actual posición, que consiste en tener una estructura de la cual una mitad está dentro de la Comisión y la otra mitad está fuera. Una junta de directores provenientes de cinco instituciones significa que el director de UCLAF u OLAF tendrá cinco jefes, y una persona que tiene cinco jefes es como si no tuviera ninguno. Hay que ocuparse de esta cuestión.
En vista del escaso tiempo disponible, voy a tratar del Presidente de la Comisión. El Presidente de la Comisión dice que tenemos que contar con una función externa de investigación, cosa que comprendo, pero quisiera preguntar al Presidente lo siguiente: ¿quiere decir eso que la Comisión perderá su propia responsabilidad final respecto de la lucha contra el fraude? Ésta es una cuestión muy importante. Este Parlamento solamente considera como institución responsable del presupuesto a la institución con la que dialoga. Si esta situación desaparece, ¿ante quién será responsable esa oficina externa de investigación? Para empezar me gustaría que contáramos con una UCLAF fortalecida, dentro de la Comisión pero con total independencia. Quizá el director debiera ser nombrado por la Junta de Cuestores o el Tribunal de Justicia, previo acuerdo institucional para que trabajase junto con otras instituciones. Ahora bien, no sé si una investigación externa sería la buena solución en esta fase si no sabemos ante quién sería responsable la entidad encargada de la investigación externa. ¿No estaríamos entonces en una situación aún peor? Espero que podamos obtener una respuesta positiva. Debería suceder algo para que el informe Bösch no quedase rechazado, pero no me parece que eso marque el final del debate. Como ha dicho la Sra. Theato, esto es el principio del debate, pero se trata de un debate muy urgente.

Miranda
Señor Presidente, la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el asunto en examen ha puesto efectivamente el dedo en la llaga. No existen los medios mínimos ni se reúnen las condiciones básicas para afrontar el fraude y la corrupción, y lo cierto es que éstos existen y proliferan.
La UCLAF dispone de un cuerpo de funcionarios insuficiente y ni siquiera todo él disponible para actuar en el terreno y la dependencia orgánica a que está sujeta le impide una intervención horizontal eficaz en el nivel institucional. Por eso, la lucha contra el fraude y la corrupción reclama que se cambien muchas cosas en esa esfera, en la esfera de la intervención exterior, pero también y antes que nada en la intervención interna. Sin entrar en apreciaciones de especialidad, he de decir que semejante cambio se deberá concretar en dos direcciones esenciales: fortaleciendo la capacidad de intervención comunitaria, en particular con el fortalecimiento de ese cuerpo, liberándolo de tutelas inhibitorias y garantizando medios de acción suficientes y, simultáneamente, asegurando una cooperación satisfactoria con los servicios congéneres de los Estados miembros.
La transparencia, la independencia del organismo dedicado a una lucha contra el fraude y la ampliación de la intervención a todas las instituciones, incluida la Comisión, resultan indispensables y prioritarias. El caso ECHO y la forma al menos dudosa como lo ha abordado la Comisión, en particular en sus relaciones con el Parlamento, nos conducen inevitablemente a esa conclusión y a adoptar como positiva la propuesta de transformación de la UCLAF en un gabinete independiente.
Evidentemente, hay límites para la esperanza. Subrayo en este marco y en lo referente a la intervención exterior que, si no se da la ya citada cooperación con los Estados miembros y si no existe también por parte de éstos una efectiva voluntad política para actuar, poco se avanzará. Como también me parecen necesarias algunas cautelas, en particular en las esferas penal y de la intervención exterior.
Pero nada de eso resulta un impedimento para el importante paso al frente que el ponente nos propone: es esencial para dar respuesta mínima a las situaciones que todos conocemos.

Holm
Señor Presidente, el actual sistema que permite el fraude dentro de la Comisión ha demostrado, en los últimos años, ser totalmente inaceptable. Sin ir más lejos, las últimas historias sobre fraudes que ha descubierto el Tribunal de Cuentas demuestran que se necesita una unidad externa para combatir la corrupción y los fraudes internos que, a todas luces, existen dentro de los órganos de la UE. Sin embargo, no creo que sea suficiente. Jacques Santer dijo en cierta ocasión estas bellas palabras: «Necesitamos apertura y transparencia». No obstante, Jacques Santer, no basta con bellas palabras. También exigimos hechos.
La transparencia es una de las mejores maneras de impedir la corrupción interna, cosa que la Comisión debería saber. No use, Jacques Santer, los derechos de los funcionarios como disculpa para no aceptar la transparencia y diga qué está pasando realmente en la Comisión. Se trata del dinero de los contribuyentes. Exigimos saber lo que pasa. Con el fin de eximir de responsabilidades no nos niegue información que necesitamos en la Comisión de Control Presupuestario. Así no puede ser.
Finalmente, quisiera señalar que yo no quiero que la nueva unidad OLAF sea una autoridad judicial. Los resultados tienen que ir a una autoridad judicial nacional. No me interesan para nada los fiscales del ámbito de la UE. Solamente me interesa una unidad externa que pueda controlar lo que hace la Comisión.

Dell'Alba
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo permítanme, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, agradecer al Sr. Jaak Vandemeulebroucke los 17 años de su estancia en el Parlamento Europeo y la labor común que ha realizado a lo largo de estos años deseándole toda suerte de éxitos en todo lo que emprenderá tras dejar el Parlamento Europeo.
Señor Presidente, quisiera darle las gracias por su intervención pues usted ha planteado las preguntas que había que plantear en un debate cuyo objeto se ha visto ampliamente eclipsado por problemas graves, sin duda, pero que nos han hecho olvidar el informe que hoy se nos presenta.
Ha hecho usted muy bien en poner los puntos sobre las íes y, por cierto, algunos oradores han entrado en el fondo de la cuestión. Otros han preferido seguir dándole vueltas a temas que será preciso tratar en otro momento y en otros foros, y respecto de los cuales habrá que tomar decisiones con transparencia, sin que ésta, a la que tanta importancia le damos, se combine con llamamientos a la delación y a las filtraciones, lo cual no haría más que envenenar el ambiente entre nosotros, en lugar de calmar la situación. Su intervención era, pues, muy oportuna.
Usted ha dicho que se había entrevistado con el Presidente del Parlamento y que iba a tomar medidas para que algunas informaciones que deseábamos obtener en el marco de otro expediente -no volveré a mencionarlo más por hoy- nos sean comunicadas en el más breve plazo. Así lo espero, en aras del interés de nuestras dos instituciones.
Creo que no se ha citado suficientemente el informe del Tribunal de Cuentas al que está dedicado el informe Bösch. Se trata de un documento bastante abrumador que me induce a plantearme la siguiente pregunta, que se planteaban en la Roma antigua: ¿Quis custodiet custodes? El ambiente es de preocupación, así lo recoge el informe Bösch: nos preguntamos, con razón, a dónde van a parar los recursos comunitarios y, sobre todo, qué utilización se ha podido hacer de éstos en un momento dado, pero se omite constatar que el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto graves lagunas en el funcionamiento de la propia UCLAF, falta de transparencia, falta de seguridad, falta de funcionarios permanentes -la mitad de las personas que trabajan en la UCLAF son agentes temporales-, carencias en la base de datos de la Unidad... Cuentan que el sistema informático de la UCLAF fue creado por la sociedad Perry-Lux, e incluso algunos llegan a mencionar el riesgo de manipulaciones en la utilización de los datos.
Señor Presidente, cuando usted dice «sí» a un mejor funcionamiento de la UCLAF y «no» a la creación de un nuevo instituto, como ha dicho, por cierto, el Sr. Dankert, estoy de acuerdo con usted. Creo que debemos trabajar mejor y más para que la UCLAF sea realmente independiente, habida cuenta de las estructuras posibles, es decir las estructuras actuales, para que sea reforzada y para que se acaben esos llamamientos a la delación y esas filtraciones que no hacen más que envenenar el ambiente y que no nos sirven ni a nosotros ni a Europa.

Van Dam
Señor Presidente, Presidente y miembros de la Comisión, el hecho de que la lucha contra el fraude dentro de las instituciones europeas debe mejorar mucho es indiscutible. El informe del Tribunal de Cuentas saca a la luz un importante número de graves lagunas. Una de ellas es el hecho de que la UCLAF hasta ahora sólo haya podido abrir investigaciones dentro de la Comisión y no en otras instituciones de la UE.
El ponente recalca con razón que es necesaria una protección eficaz contra el fraude en todas las instituciones. Aboga por la creación de una oficina para la lucha contra el fraude con una tarea interinstitucional. Junto con los colegas Dankert y Wemheuer, entre otros, preferiría dar competencias más amplias a la UCLAF ya existente.
Además, quisiera también recalcar que esta instancia se debe ocupar sólo de las pesquisas internas, por tanto del fraude dentro de las instituciones de la UE. La capacidad de investigar fuera de las instituciones, investigaciones tales como el fraude en los Estados miembros en perjuicio del presupuesto de la Comunidad, sigue siendo una responsabilidad de los Estados miembros. Esto tampoco cambiará tras la ratificación del Tratado de Amsterdam.
La investigación fuera de las instituciones no es compatible con las constituciones de los Estados miembros ni con sus sistemas penales, por eso rechazo los considerandos L y M del informe, en los que el ponente aboga por un espacio penal europeo y un Ministerio Fiscal Europeo.
La mejora de la lucha contra el fraude fuera de las instituciones de la UE debe buscarse en la optimación del funcionamiento de los departamentos de investigación criminal nacionales y en la colaboración entre ellos. Los servicios de lucha contra el fraude de la Comisión desempeñan en ello un importante papel de coordinación.

Lukas
Señor Presidente, el informe del señor Bösch expone con claridad la valoración de la situación y también lo que se pide. Yo considero, sin embargo, poco adecuado para el objetivo que se persigue que las competencias en relación con el personal de la OLAF correspondan a la Comisión. En cambio, acojo con satisfacción la propuesta de que un órgano de control independiente, constituido por cinco miembros, se encargue de la supervisión de la OLAF. Sin embargo, su independencia no estará realmente garantizada mientras la Comisión siga gozando de autoridad, aunque sólo sea indirecta, sobre su personal. Sólo una OLAF independiente, que trabaje en colaboración con el Tribunal de Cuentas, y naturalmente también con la Comisión, y responda ante el Parlamento Europeo llegará a ser un instrumento eficaz para luchar contra el fraude y la corrupción.
Yo creo que un instrumento de control suspendido en el vacío, como ha dicho el señor Bösch, puede lograr muy buenos resultados si cuenta con una dotación suficiente de personal de primera clase. Esta inversión sería sin duda rentable.

Elles
Señor Presidente, tomo la palabra como diputado encargado de recomendar la aprobación de la gestión presupuestaria 1996. He seguido con gran interés el debate, pues éste es uno de los temas principales, dentro de la aprobación de la gestión presupuestaria 1996, que tenemos que resolver antes de que acabe el año.
Quisiera formular un par de comentarios personales sobre el debate. En primer lugar, es muy digno de mención el hecho de que el Presidente de la Comisión haya venido esta tarde a esta sala para decirnos lo que piensa acerca de la situación y acerca del futuro institucional.
Respecto de la primera cuestión, o sea la situación, me agrada sobremanera su deseo de proporcionarnos más informaciones para que podamos comprender mejor lo que está sucediendo en el seno de la Comisión. Lo que ha hecho que algunos de nosotros hayan resuelto dejar al margen el presupuesto ECHO de ayuda humanitaria para 1999, ha sido precisamente la falta de información y la imposibilidad de poder juzgar la situación desde nuestro punto de vista. Espero que esta situación se resuelva lo antes posible.
En sus observaciones, el Presidente formuló un comentario que sonaba un poco raro, cuando dijo que no sería adecuado imponer sanciones individuales a funcionarios que habían cometido irregularidades sin más finalidad que la de conseguir que los departamentos siguieran funcionando. Cabe preguntarse dónde comienza la responsabilidad y dónde acaba. Edith Müller tenía toda la razón del mundo cuando dijo que, en determinados casos, naturalmente sin dedicarse a la caza de hechiceros, cuando se asumen responsabilidades hay que atenerse a las consecuencias.
En segundo lugar, como indica el informe de la Junta de Cuestores, por lo que se refiere a la mejora del sistema, que es una cuestión de mayor ámbito, lo que queremos es fortalecer el funcionamiento de la UCLAF en vez de debilitarlo. El PPE desea apoyar el informe Bösch aunque no cuente con el apoyo de sus propios colegas porque estimamos que hay que conseguir progresos. No hay duda de que después de este debate y la subsiguiente votación, también podremos tener en cuenta las observaciones formuladas por el Presidente de la Comisión, a fin de que en nuestra marcha hacia el siglo XXI pueda acompañarnos un procedimiento antifraude verdaderamente efectivo.

Rack
Señor Presidente, la insensatez tiene un método y es preciso modificar este método. El Informe Bösch contiene buenas propuestas, que podemos suscribir plenamente. Las circunstancias que han rodeado la elaboración del informe han distado mucho de ser favorables. Se ha retrasado su presentación y lo que ha salido entre tanto a la luz pública es catastrófico. Vuelve a repetirse lo que ocurrió en su momento con la EEB y con muchos otros problemas de los que también se ha hablado hoy. Han desaparecido documentos; no están disponibles y ya no podemos demostrar nada. Los culpables también han desaparecido. Han sido ascendidos o bien se les ha trasladado con una buena recompensa. El Comisario competente tampoco está presente. Hoy mismo, y yo lo lamento particularmente a la vista del caso actual de ECHO, ni el Comisario Marín ni la Comisaria Bonino se encuentran aquí y lo mismo ocurrió también en parte la última vez, con ocasión de las consultas.
Señor Presidente, nosotros acogemos con satisfacción su propuesta de seguir desarrollando las ideas del colega Bösch. Consideramos que es importante y adecuado que así se haga. Establecer contacto con el Presidente del Parlamento es un primer paso, pero es necesario que le sigan muchos otros y sobre todo que sean rápidos. No podemos orientarnos hacia la búsqueda de soluciones lentas y a largo plazo, pues necesitamos emitir señales creíbles.
Señor Presidente, usted ha asumido la responsabilidad política. ¿Qué van a hacer los dos principales incriminados, el Comisario Marín y la Comisaria Bonino? ¿Cuándo podrán entrar en funcionamiento las normas disciplinarias prometidas? ¿Cuánto tendremos que esperar en realidad hasta que se presenten los documentos correspondientes?
Hay algo que yo consideraría realmente problemático y es que el debate que hoy estamos celebrando sobre el presente informe no se desarrolle hasta el año próximo, con motivo del comienzo del mandato de la nueva Comisión, y que entonces tengamos que sancionar los errores que han salido a la luz durante este período de cinco años.
Finalmente, una última observación: que el Grupo del Partido Socialista Europeo deje abandonado al raso a su ponente me da que pensar, debería darnos que pensar a todos. ¿Harían lo mismo si los Comisarios incriminados tuviesen otras afinidades?

Fabra Vallés
Señor Presidente, al final ya de este debate, desearía dejar de lado los puntos conflictivos para que podamos llegar a acuerdos. Y, para ello, voy a referirme al fondo de la cuestión. Voy a hablar de aquello en lo que seguro que coincidimos del informe Bösch. Creo que podemos estar de acuerdo en que la UCLAF ha cubierto una etapa con más aciertos que errores, pero que se encuentra en un momento en el que necesita más recursos económicos y humanos, necesita que se amplíen sus competencias a todas las instituciones comunitarias y, sobre todo, ha llegado el momento en que necesita transparencia para ser creíble. Espero que nadie se rasgue las vestiduras si digo que en pleno estudio del informe sobre ECHO el Parlamento ha perdido la confianza en la unidad antifraude.
Por todo ello, ha llegado el momento no sólo de dotar a la UCLAF de todo lo que le hace falta sino de hacer una verdadera refundación de la misma para que recupere la credibilidad. Debe ser la misma UCLAF la que se convierta en la punta de lanza que dé paso del sistema actual a una verdadera policía judicial en la que se potencie la célula de expertos penales. Y nada mejor para replantear su organización y el marco legal que aprovechar el momento clave en el que se encuentran las relaciones entre el Parlamento y la Comisión. Sepamos afrontar el reto que tenemos ante nosotros: el Consejo, la Comisión y el Parlamento tenemos la responsabilidad de poner de nuestra parte todo lo necesario para que se cree una oficina de lucha contra el fraude, con verdaderos expertos y profesionales, cuyo código de conducta sea el respeto de la legalidad, y que, aunque dependa orgánicamente de la Comisión, cuente con una verdadera independencia política. En suma, una oficina que goce del equilibrio necesario para que su trabajo sea en interés de la Comunidad y no de tal o cual Estado.
Señor Presidente, en el voto del informe Bösch sólo cabe una respuesta: o se está por el cambio o no se está por el cambio.

Gradin
Señor Presidente, quiero dar las gracias por este debate, bueno y constructivo. Creo que es importante que de vez en cuando discutamos esta propuesta, justamente para generar la cooperación llena de confianza que se necesita entre el Parlamento y la Comisión.
La UCLAF es una organización joven, no tiene ni diez años, de modo que, obviamente, ha tenido problemas iniciales. No obstante, opino que la UCLAF, poco a poco, se ha ido desarrollando hasta llegar a ser una buena organización. Esto ha ocurrido porque hace tres años la UCLAF era una organización repartida por toda la Comisión. Hoy está bajo un solo techo, hoy puede trabajar con diferentes acciones para combatir el contrabando de cigarrillos. Lo último ha sido el trabajo con Europa Central y del Este, con los programas Tacis y Phare y otros similares.
Permítanme aclarar un par de equivocaciones. Algunos oradores han dicho que el tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades y engaños. No ha sido, de ninguna manera, el Tribunal de Cuentas el que ha hecho esto sino que la propia UCLAF. El informe del Tribunal de Cuentas habla de cómo está organizada la UCLAF. Se ha dicho que debería haber un sistema informático más moderno. Se ha dicho que se necesitan mejores archivos, lo que hemos tomado en serio tanto en la Comisión como en la UCLAF modificando los métodos de trabajo, introduciendo en julio un nuevo programa para el trabajo de investigación de la UCLAF, incluso tomando como base la protección al individuo en este contexto.
Creo que también podemos ver que en la UCLAF se ha creado una plataforma, cuyo desarrollo y mejoramiento demandan Bösch y muchos Diputados en el Parlamento paraque podamos cumplir con las demandas que, evidentemente, nos hacen los contribuyentes en nuestros países. Paralelamente a esto, hemos creado también SEM 2000 para modiificar nuestra administración y las tradiciones en nuestra administración con el objeto de conseguir una organización más moderna que la de hoy.
Finalmente, quisiera decir que mi experiencia personal es que la transparencia es una herramienta muy buena para impedir engaños y fraudes en una organización. Ésta es también la causa por la que la Comisión, y también otros organismos, tratan de dar más transparencia a nuestras actividades, con ayuda del Tratado de Amsterdam.

El Presidente
Muchas gracias, señora Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Aprobación de la gestión 1996
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0289/98) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el procedimiento de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1996
Sección I: Parlamento Europeo/Anexo: Defensor del Pueblo-Sección IV: Tribunal de Justicia-Sección V: Tribunal de Cuentas-Sección VI: Comité Económico y Social/Comité de las Regiones.
Miranda
Señor Presidente, ante todo quiero afirmar que el presente informe es mucho más que un informe mío. Es, por encima de todo, un informe de la Comisión de Control Presupuestario. Fue objeto de una larga y transparente reflexión y ponderación y mereció al final un voto casi unánime.
Pero quiero decir también que, a pesar de las diferencias que tal vez existan entre lo que hoy debatimos y lo que yo desearía que fuera el informe, no por ello dejo de asumirlo en su plenitud. Hago estas afirmaciones, aparentemente redundantes, por dos sencillas razones: en primer lugar, porque no puedo dejar de sorprenderme por las observaciones que se han hecho al respecto, en particular en instancias autorizadas del Parlamento, siempre al margen de la Comisión de Control Presupuestario y sin la menor participación de ninguno de sus miembros y mucho menos del ponente y, en segundo lugar -y no es menos importante-, porque temo que, al suscitarse una controversia en torno a una cuestión particular, por muy importante que sea, se escamoteen los problemas de fondo a los que urge efectivamente dar respuesta.
Hechas esta observaciones, pasemos a lo esencial del informe. Dos hechos caracterizan de forma particular el proceso de aprobación de la gestión relativo a 1996. Por un lado, el Parlamento perdió una excelente oportunidad de reducir en casi 30 millones de ecus el costo definitivo del edificio D-3, en Bruselas, lo que había constituido una de nuestras prioridades para ese ejercicio; por otro lado, y en lo relativo al Comité Económico y Social, no se pueden pasar por alto las irregularidades de gestión evidenciadas por auditorías del propio Tribunal de Cuentas.
Convendrá que esas dos situaciones particularmente graves no nos hagan entretanto desconocer otros aspectos relacionados con la ejecución presupuestaria y que igualmente merecen atención, cuando no una adecuada intervención incluso con vistas a su corrección.
Pero detengámonos en la cuestión de los 30 millones de ecus. Sin pretender substituir a la Mesa del Parlamento, que decidió incoar y concluyó una investigación al respecto, resultan evidentes las responsabilidades particulares de algunos servicios: de los gestores presupuestarios, en primer lugar, pero también de otros servicios participantes en el asunto. Como también resulta inequívoca la ausencia de cooperación entre todos ellos. Desde el comienzo he tenido la preocupación particular de plasmar en el informe, de forma equilibrada, estas dos vertientes del problema. Es que sólo así se comprenden los diversos fallos que hicieron que se perdiera ese importe y, consecuentemente, la oportunidad de anticipar el pago del D-3.
Y, de hecho, fueron múltiples los fallos. No se utilizó -en este como en otros procesos similares anteriores- la facultad de fijar unilateralmente el importe del pago anticipado, se argumentó para ello con la práctica habitual, pero, a pesar de eso, todo se complicó hasta el límite del absurdo respecto de la formulación para actuar en el acto suplementario del contrato, en particular, en cuanto al valor que inscribir, hasta el punto de que pareció olvidarse lo que en casos anteriores ya se había hecho, y se complicó todo, como si no hubiera plazos que cumplir, pues estaban a punto de expirar. Se emitieron opiniones y se formularon observaciones, contradictorias unas, otras fuera de lugar, lo que en nada contribuyó a una resolución satisfactoria y a tiempo de la cuestión y lo complicó todo.
Y de ese modo ni siquiera se salvaguardó lo que era una prioridad, ni siquiera se aseguró que la pérdida fuera mínima, como sucedería, si al menos se hubiese garantizado el pago anticipado de 29, 5 millones de ecus. Como mínimo, es necesario sacar algunas enseñanzas para evitar que vuelvan a suceder situaciones como la actual. Es indispensable hacer todo lo necesario para garantizar no sólo la aptitud profesional, sino también una experiencia profesional comprobada de los principales gestores de la institución. Para ello, es indispensable la máxima transparencia y el mayor rigor en el cumplimiento de esas funciones. Como también se deberá hacer todo lo posible para asegurar una cooperación eficaz y continua entre los diferentes departamentos de nuestra Casa.
Quiero dejar esta cuestión con una nota positiva: me refiero a las medidas entretanto adoptadas por el Secretario General para remediar este tipo de fallos administrativos y con vistas a una buena programación en la esfera de los concursos.
También en lo referente al Parlamento, considero que se deben señalar algunos aspectos más: el aumento de las anulaciones de dotaciones, las diversas denegaciones de aprobación, en particular en lo relativo a la interpretación, y la necesidad de regularizar la diferencia de casi cuatro millones de ecus entre la caja y la contabilidad, que se da desde hace ya algunos años.
Respecto del Comité Económico y Social: como ya he dicho antes, las auditorías hechas, la interna y la del Tribunal de Cuentas, revelan claras irregularidades y manifiesta incuria administrativa en lo referente a los gastos relativos al traslado de los miembros. He de recordar que el propio Consejo, al conocerse los resultados de aquéllas, se pronunció sobre el asunto de forma inequívoca. No cabe duda de que entretanto se han adoptado algunas medidas reparadoras, pero, para que se conceda la aprobación de la gestión, es indispensable que el Tribunal de Cuentas y la UCLAF den cuenta de sus conclusiones, en particular en cuanto a responsabilidades, fiabilidad del nuevo sistema de reembolso y condiciones de recuperación de los importes indebidamente pagados. Mientras no se dé satisfacción a ese respecto, no podemos, naturalmente, conceder la aprobación de la gestión.
Respecto del Comité de las Regiones, lamentamos igualmente las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas, tomamos nota debidamente del informe que, entretanto, nos ha remitido sobre la recuperación de los importes indebidamente pagados y las disposiciones administrativas adoptadas. Ahora bien, consideramos que el Tribunal de Cuentas debe verificar también la adecuación de las medidas adoptadas.
Dos breves notas sobre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Respecto del primero, para afirmar la necesidad de mejorar la labor de previsión financiera respecto de la dotación y las justificaciones dadas para las diferentes rúbricas presupuestarias. En cuanto al segundo, para subrayar la necesidad de incluirlo de forma sistemática en las auditorías horizontales que se hagan.
Por último, una nota más para subrayar lo siguiente: las responsabilidades particulares del Parlamento en materia de aprobación de la gestión exigen que la Comisión formule, lo antes posible, las propuestas de modificación del Reglamento Financiero. Y hacen indispensable que los nombramientos para los cargos de tesorero y de auditor financiero en cada una de las instituciones y agencias descentralizadas sean objeto de consulta previa al Parlamento.

Wynn
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista en ausencia de la Sra. Wemheuer, que es la coordinadora, y del Sr. Tomlinson, que es nuestro portavoz sobre esta cuestión. En los cinco minutos de que dispongo no puedo decir gran cosa pero sé que había cuatro puntos que el Sr. Tomlinson quería destacar y que cito a continuación.
En primer lugar la «transferencia de enjuague», que el ponente ha expuesto con tanta elocuencia. Esto no representa en absoluto una catástrofe para el Parlamento. Muchos de nosotros estimaban que así sería. Hemos examinado sus consecuencias, hemos examinado los motivos de que haya ocurrido, y todo lo demás. Lo único que cabe esperar es que ahora la cuestión pertenezca al pasado, y en el informe hay una declaración en que se expresa satisfacción por las medidas adoptadas por el Secretario General para cerciorarse de que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder nunca. No deberían haber sucedido, y el hecho de que sucedieran no ha representado la mínima ayuda para el presupuesto parlamentario. Éste es un aspecto que el ponente ha indicado ya detalladamente.
La segunda cuestión es la del personal competente, y se trata en el apartado 4. El Sr. Tomlinson diría que hay una falta de personal competente, en todo caso cuando se trata de la contabilidad y el control financiero dentro del Parlamento. También en este caso acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por el Secretario General. No olvidemos que este informe se basa en el presupuesto de 1996 y es de esperar que el personal que administra los recursos en el Parlamento será lo que el Secretario General espera y lo que, sin duda alguna, esperamos todos nosotros.
Otra cuestión es la de los inventarios. El apartado 19 dice lo siguiente: «Lamenta que el control trienal de inventario de 1994 no se haya completado a finales del ejercicio 1996». Dicho con otras palabras, no sabemos lo que posee el Parlamento. No sabemos cuáles son los recursos totales del Parlamento. No hace mucho recibí en mi oficina un papel que, en realidad, era un formulario de inventario. En él se me pedía que indicara mis pertenencias. Diré con toda franqueza que era una clara invitación a «distraer» la mitad de lo que había en mi oficina. Hubiera podido poner que poseía una silla y una mesa de despacho, y quedarme con todo lo demás. Ésa no es forma de hacer un inventario y eso constituye una de las cuestiones de las que sé que el Sr. Tomlinson y nuestro grupo se han estado quejando desde hace bastante tiempo. Es de esperar que se corrija la situación.
La cuestión principal que el Sr. Tomlinson quería poner de relieve se halla en el apartado 15, y trata del servicio jurídico. Sé que habrá enmiendas de este apartado y, por lo tanto, voy a leerlo para que quede constancia de él antes de que quede modificado. Dice lo siguiente: «{El Parlamento} confirma la importancia que concede a la elaboración por el Servicio Jurídico de dictámenes de calidad que permitan a los autores de las decisiones defender de manera rápida y eficaz los intereses de la institución». La parte más controvertida es la siguiente: «Observa las deficiencias de calidad en la asesoría jurídica facilitada por el Servicio Jurídico interno de esta institución, como lo señaló su ponente y según se desprende de los casos perdidos ante los tribunales nacionales, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia; pide a su Secretario General que encargue un estudio sobre la eficacia de los resultados de la asesoría del Servicio Jurídico durante los diez últimos años; pide a su Secretario General que facilite a la Comisión de Control Presupuestario una descripción detallada de las funciones de los funcionarios de categoría A del Servicio Jurídico». Esto abarca todo el apartado 15.
Si al final de nuestro debate este apartado queda modificado fundamentalmente, por lo menos en mi intervención constará lo que decía actualmente y espero que los servicios correspondientes se enteren de lo que se ha dicho aquí y obren en consecuencia. No es una condena de ninguna persona perteneciente al servicio, sino una expresión de la esperanza de que podamos tener en el futuro un Servicio Jurídico mejor para el Parlamento.

Theato
Señor Presidente, el informe del Sr.Miranda, cuya elaboración yo quiero agradecerle, contiene tres propuestas de decisión por las que se concede la aprobación de la gestión y una decisión por la que se aplaza dicha aprobación. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones en relación con la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones y comunicar a dicho Comité que su política de personal nos preocupa mucho y que el último intercambio de impresiones entre los órganos designados por la autoridad presupuestaria y el CES no puede considerarse precisamente un progreso.
Por lo que respecta al Parlamento, seguimos con atención las medidas adoptadas en relación con los gastos de los miembros como resultado del Informe del Tribunal de Cuentas. Nos vimos obligados a aplazar unos meses la aprobación de la gestión del Secretario General del Parlamento, que ahora podemos conceder, porque nuestra comisión quería esperar los resultados de la investigación que realizó la Mesa en relación con la anulación de créditos por un importe de unos 30 millones de ecus.
La Mesa adoptó una decisión sobre el tema de las responsabilidades personales y nosotros la respetamos. Sin embargo, tenemos la obligación de señalar que las decisiones de la autoridad presupuestaria no pudieron cumplirse y que esto debe atribuirse al mal funcionamiento y a unas estructuras administrativas deficientes. Tomamos nota de las reformas iniciadas por el Secretario General y de las decisiones que ha adoptado, y quisiéramos confiar en que permitirán subsanar estas deficiencias.
La gestión financiera en el Parlamento plantea muchas otras dificultades que se enumeran en el informe del Sr. Miranda. Yo sólo quisiera señalar que tendremos que examinar los problemas que expone el Tribunal de Cuentas en su informe sobre los pagos suplementarios a los diputados en el momento de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio de 1997, dado que dicho informe se nos remitió hace sólo dos semanas. También quisiera resaltar que no estamos satisfechos con la presente situación, en la que a nosotros concedemos la aprobación de la gestión del Secretario General, pero la decisión de hacer caso omiso de la denegación del visado se adoptó bajo la responsabilidad de la Mesa. La ejecución del Presupuesto de 1996 no se ha visto afectada por esta insensatez pero sería bueno que pudiésemos llegar a un acuerdo con la Mesa lo más pronto posible.
El aspecto del informe del Sr. Miranda que más me preocupa es el aplazamiento de la decisión de aprobación de la gestión del Comité Económico y Social. La situación que describe el Tribunal de Cuentas es tan grave que el Consejo, en su recomendación sobre la aprobación de la gestión, solicitó al Tribunal de Cuentas y a la UCLAF que realizasen una investigación para determinar el volumen exacto y el alcance de las irregularidades.
Esta es también una de las razones por las que en el Informe Bösch sobre la independencia de la UCLAF solicitamos y exigimos que dicha Unidad también pueda realizar investigaciones sobre otras instituciones. Nuestra experiencia hasta ahora puede resumirse diciendo que el CES no se toma en serio nuestras peticiones. Al parecer considera saldado el asunto y nada indica que pueda descartarse una repetición de tales irregularidades en el futuro. Se designó un interventor de cuentas sin que se nos ofreciesen garantías suficientes de su independencia. Por esto, ahora mismo no podemos asegurar si concederemos la aprobación de la gestión. Todo depende de cuál sea la respuesta del CES a nuestras peticiones. Yo espero que en nuestra próxima sesión tendremos ocasión de informar sobre la situación al nuevo Secretario General.
A mi modo de ver, es necesario que se voten por separado las tres propuestas.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, antes que nada quiero elogiar el valor del ponente que se hace cargo de una difícil tarea que ha durado muchos meses. No es fácil obrar con responsabilidad en este lugar y formular recomendaciones a la Comisión de Control Presupuestario y al Parlamento, pues estamos fiscalizando la labor de otras instituciones. Sé que el Sr. Elles se ocupa de la gestión de la Comisión, pero el Sr. Miranda se ocupa de todo lo demás.
No se puede acusar a este Parlamento de utilizar un doble rasero. Si hemos de criticar a los demás, tenemos que velar por que nuestras finanzas se gestionen de forma correcta. No podemos ocultar lo que es embarazoso para nosotros, y no podemos exponernos a que otros vean que no seguimos las normas de la transparencia en nuestros procedimientos y en nuestras cuentas.
En el apartado 4 estamos tratando de un importe de más de 30 millones de ecus. La palabra «lamenta» es fuerte, pero el apartado no menciona que el contralor financiero había aconsejado, antes de lo sucedido, que no se siguiera la idea de utilizar el procedimiento de transferencia automática al siguiente ejercicio. No había tiempo suficiente. Sin embargo, casi porque se había formulado esa recomendación, se procuró seguir el procedimiento de transferencia automática. ¿Qué sucedió? Que el Parlamento cayó de bruces y que no pudimos cumplir los plazos.
Estoy seguro de que en la mayor parte de nuestros Estados miembros un ministro hubiera perdido su cargo en un caso semejante. Hemos presentado una enmienda que ha sido rechazada. Me referiré a esta cuestión en otra ocasión y citaré nombres más adelante. El Secretario General tiene una tarea más fácil para velar por que se obre de manera correcta. Basta con que se cerciore de que el personal del Parlamento observa las normas financieras y el Reglamento del Parlamento. Si hubiera sucedido así, no hubiéramos perdido 30 millones de ecus.
En el apartado 13 hablamos de los consultores. No estoy en contra de los consultores externos. No creo que este Parlamento posea toda la ciencia, sabiduría y prudencia necesarias. Tenemos que estar dispuestos a pedir a otras personas que nos den su opinión, pero hay que observar las normas prescritas. Hay que prescribir normas y hay que concertar contratos apropiados para que no tengamos que movilizar otras sumas a fin de verificar que se ha abonado la asesoría que hemos recibido.
El apartado 19 trata del control de inventario de 1994, que aún no había quedado finalizado en 1996. Es una vergüenza, pero el control anterior fue una verdadera farsa. No llegamos al fondo de la cuestión. Las investigaciones indican que algunas de las partidas que parecían faltar en el inventario no habían sido recibidas por el Parlamento pero se habían pagado. También se menciona el caso del Servicio de Dietas de los diputados, con las pérdidas de dinero que se descubrieron en 1982, hace 16 años. Todavía no se ha liquidado la cuestión. Sigue ante los tribunales, ya lo sé, que son responsables del retraso, pero parte de los retrasos de los tribunales se deben al hecho de que no seguimos los procedimientos adecuados en 1982 en este Parlamento. La cuestión se trató de forma equivocada en aquel entonces. Esto nos ha dejado en una situación muy grave. Año tras año tenemos que mencionar en nuestras cuentas que el Parlamento ha perdido dinero y que no sabemos si existe la posibilidad de recuperarlo de las compañías de seguros. Los procedimientos poco precisos del Parlamento fueron la causa de que comenzara este asunto, y los procedimientos del Parlamento lo han prolongado.
Felicito al Sr. Miranda por la forma en que se ha ocupado del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. Ambos casos requerían que se les prestase atención.

Garriga Polledo
Señor Presidente, vivimos tiempos complejos en los cuales cualquier deficiencia en el control puede llevar a situaciones de irregularidad o de fraude y distingo bien ambos conceptos, como pedía antes el Sr. Santer.
Los medios de comunicación están accionando todos los días el timbre de alarma para denunciar que hay cosas que no funcionan bien en la Unión Europea. Los medios de comunicación denuncian que la aparentemente eficaz maquinaria comunitaria no es tan eficaz, ni tan limpia, ni tan incorruptible, como creíamos antes. El proceso no empezó ayer sino que hay síntomas de deterioro desde hace algunos años. Hay libros, artículos de prensa, programas de televisión, denuncias individuales y colectivas.
Al empezar esta legislatura, los nuevos diputados nos vimos sorprendidos, en su día, por el tema de la política inmobiliaria del Parlamento. Posiblemente, gran parte de los problemas que estamos arrastrando hoy vengan de aquellos momentos, de una deficiente gestión inmobiliaria que nos ha hecho aparecer a los diputados del Parlamento Europeo como protagonistas destacados en una obra de teatro de la que realmente éramos espectadores -por otra parte, pasivos. En política, el pecado de omisión o de pasividad es doblemente grave: es un golpe contra la legitimidad del sistema y una estafa contra la buena voluntad de aquellos ciudadanos que votan. Nunca, y menos a partir de ahora, debemos permitir en esta Asamblea que la falta de acción o la omisión nos lleve a pasar por alto situaciones que más tarde se van a convertir en proyectiles mortales dirigidos contra lo que es el corazón de la Unión Europea, es decir, su credibilidad y su imagen limpia. Por eso es tan importante el procedimiento de aprobación de la gestión. Si el Parlamento no da la aprobación a la ejecución del presupuesto que este Parlamento ha votado se pone inmediatamente en cuestión la limpieza de la gestión y entonces hay que poner inmediatamente los medios para restablecer la libertad, la limpieza y la confianza.
El ponente, Sr. Miranda, propone la aprobación de la gestión para determinadas secciones del presupuesto. Esta Asamblea tiene plena confianza en el Sr. Miranda y, por tanto, asumimos sus conclusiones. Sin embargo, yo quisiera hacer dos matizaciones particulares. La primera, que mi colega Edward Kellett-Bowman tiene toda la razón: somos un Parlamento y tenemos la obligación de denunciar las irregularidades con nombres y apellidos. La transparencia no hace daño a nadie sino que ayuda muchas veces a limpiar el ambiente. Y, en segundo lugar, no debemos causar daño a las instituciones del Parlamento que velan por la seguridad jurídica. Los servicios jurídicos de esta Asamblea pueden tener sus limitaciones, y seguramente deberán mejorar su funcionamiento, pero ponerlos en entredicho no ayuda a nuestro trabajo. La enmienda que nosotros presentamos va en ese sentido y esperamos que la Asamblea la apoye.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0338/98) del Sr. Tappin, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)Nº297/95 del Consejo relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (COM(98)0021 - C4-0284/98-98/0135(CNS)).

Tappin
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar gracias a la Comisión Europea y a colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y la Comisión de Control Presupuestario por su apoyo en relación con el presente informe. Una parte de mi agradecimiento es también para el Consejo y la Comisión Europea, que reconocen que, como parte de la autoridad presupuestaria, el Parlamento tiene un papel que desempeñar en la decisión acerca del futuro de las estructuras de tasas correspondientes a esta Agencia.
La norma básica requiere únicamente que se consulte a la industria antes de que la Comisión presente sus propuestas al Consejo. Antes de conseguirlo ha transcurrido un considerable período de tiempo y como consecuencia del retraso a la Agencia se le han creado numerosos problemas en Londres. Por lo que se refiere únicamente al año en curso, la Agencia ha desembolsado más de cuatro millones de ecus en exceso y el Director corre el riesgo de descubrir que está operando desde una base ilegal. La Comisión ha iniciado medidas para efectuar una transferencia, pero lo tardío de esta transferencia significa que seguirá habiendo algunas dificultades.
Esta situación no debe repetirse en el futuro. Tenemos la obligación de cerciorarnos de que los órganos comunitarios operan legalmente, eficientemente y para el beneficio máximo de la Comunidad. Por ello las dos primeras cuestiones que hay que recalcar en lo que a este informe se refiere son las siguientes: en primer lugar el Parlamento tiene que quedar automáticamente involucrado en las decisiones futuras que afecten al nivel de las tasas, y eso sin demora; en segundo lugar, siempre que las tasas se revisen en el futuro la revisión debe hacerse dentro de un plazo presupuestario a fin de que la Agencia pueda administrar sus actividades de forma adecuada y eficaz. El hecho de no llegar a un acuerdo dentro de dicho plazo impone automáticamente a la Comisión la obligación de velar porque no quede perjudicada la capacidad de la Agencia de desempeñar su cometido.
Esta Agencia específica ha sido siempre fiel cumplidora de las necesidades del Parlamento en materia de presupuestos de los órganos descentralizados de la Comunidad, y merece que la felicitemos por el excelente informe que ha recibido de la Junta de Cuestores. Hemos insistido siempre en que: en primer lugar, los recursos de una agencia deben presupuestarse; en segundo lugar, como instrumentos de la política de la UE, las agencias deben rendir cuentas y dar pruebas de transparencia a la autoridad presupuestaria; en tercer lugar, todos los excesos de fondos deben devolverse al presupuesto. Estos principios se destacan en el informe Kellett-Bowman. Esta Agencia ha apoyado siempre esos principios en la medida de lo posible. Ahora bien, no me ha podido proporcionar toda la información necesaria acerca del costo que representa la tramitación de solicitudes, etc., por la sencilla razón de que no posee esos datos.
Ni siquiera posee un desglose de la forma en que los Estados miembros utilizan el dinero que reciben de una agencia para pagar el estudio de un producto determinado. En realidad las evaluaciones las efectúan los ponentes de los Estados miembros, que reciben el 50 % de la tasa que carga la agencia para cubrir los gastos de la preparación del informe. No es la Agencia la que ha decidido esa tasa, así como tampoco ha decidido lo que las compañías farmacéuticas deben pagar por las evaluaciones en conjunto.
La Comisión alega que el nivel de las tasas no basta para cubrir los gastos en que han incurrido los Estados miembros o la Agencia y que, por lo tanto, habría que aumentarlos. El Parlamento recordará que fue el Consejo el que redujo las tasas la última vez. En general estamos de acuerdo con la Comisión y con el Sr. Valverde López, que ha preparado una excelente opinión en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, opinión que he respaldado con agrado y por la cual le doy gracias. Ahora bien, como las cifras que ha adelantado la Comisión no son más que puras estimaciones, consideramos que las evaluaciones futuras deben efectuarse sobre la base de datos reales facilitados por la Agencia y los Estados miembros.
En consecuencia nuestras próximas recomendaciones son las siguientes: en primer lugar, con asistencia de la Comisión -por la cual damos gracias al Sr. Mingasson y a su personal- la Agencia debería completar la instalación de un sistema financiero completamente automatizado, que proporcione un desglose y facilite el análisis de los gastos de la labor de la Agencia; en segundo lugar, la Comisión debe requerir de las agencias de los Estados miembros que nos suministren, como autoridad presupuestaria que somos, informaciones similares acerca de sus gastos; en tercer lugar, dentro de dos años volveremos a efectuar un examen completo de las tasas, sobre la base de una evaluación de los datos reales. Esto nos ayudará a determinar si, por ejemplo, lleva más tiempo evaluar una solicitud de un producto veterinario que acabe por ingresar en la cadena alimentaria en comparación con un producto que no ingrese en dicha cadena, o si una variación de una solicitud original requiere la misma cantidad de trabajo o solamente la mitad o la cuarta parte.
El mencionado análisis resolvería también la cuestión del tiempo que requiere la Agencia para evaluar productos comerciales o llevar a cabo tareas relacionadas con la salud pública en nombre de toda la Comunidad. Las compañías farmacéuticas consideran injusto que tengan que hacerse cargo de esos gastos. Nos previenen que si las tasas son demasiado elevadas o se fijan a un nivel que ponga en peligro la posibilidad de lograr beneficios, entonces reducirán los fondos destinados a la investigación y el desarrollo. Es evidente que están resueltas a proteger sus intereses creados, como todos nosotros.
Los diputados quizá sepan que la Unión Europea acaba de adoptar una serie de decisiones sobre la conveniencia de continuar la labor relativa a medicamentos huérfanos, acuerdos de mutuo reconocimiento con terceros países, etc.. Redunda en beneficio de todos nosotros el que la labor relativa a esta cuestiones de importancia para la UE se lleve a cabo con eficacia y eficiencia.
Es de interés para todos, incluidos los Estados miembros, el reducir el costo de los medicamentos ya que gran parte de esos costos están o pueden estar subvencionados por el Estado mediante programas de salud pública y de atención médica. Aunque se preveía que la Agencia fuera autoamortizable, hemos de reconocer que eso no va a ser posible en el futuro inmediato aunque sigamos disminuyendo año tras año la contribución de la UE como proporción del presupuesto total de la Agencia. También es evidente que la futura financiación de esta Agencia dependerá de los mecanismos estructurales que instituyamos para garantizar la estabilidad que necesita para poder trabajar apropiadamente.
Estos principios se aplicarán a todas las agencias, no solamente a la de Londres. Aunque la premisa inicial sea que cada agencia es diferente y tiene que ser tratada en consecuencia, el tipo de estructura al que me estoy refiriendo está destinado a conseguir que todos los niveles de rendición de cuentas, transparencia y eficiencia financiera, una vez instituidos, sean dignos de confianza.
En primer lugar, el Parlamento requiere que se introduzca un mecanismo encaminado a ajustar automáticamente hacia arriba o hacia abajo los presupuestos de las agencias, a fin de compensar los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio o de las modificaciones en los márgenes de peso institucional. Es ridículo que entidades como las agencias, que están vinculadas a los estatutos institucionales y que tienen presupuestos cuyo nivel fija la autoridad presupuestaria tras una labor considerable de debate y consulta, vean como todas esas consideraciones van a la basura a mediados del año como consecuencia de una decisión institucional, que hay que obedecer, sobre los ajustes de peso de su Título I, o por una decisión del Sr. Soros o de uno de sus amigos, especuladores financieros, que deciden aumentar o anular el valor de una moneda determinada.
La AEEM ha sufrido enormes pérdidas como resultado de la fortaleza de la libra británica. La cuestión no estriba en que la Agencia pierda o gane dinero, sino en que un presupuesto convenido debe ser un presupuesto que se pone en práctica.
También hemos introducido este año un nuevo renglón presupuestario en el que se guardarán fondos adicionales en reserva para todas las agencias, excepción hecha de Turín que se halla en la categoría 4 y que, por lo tanto, no puede utilizar fondos de la categoría 3 para cubrir los gastos operacionales de programas y actividades referentes a las políticas de la Unión que las agencias puedan aplicar. No hay que utilizar ese fondo como si fuera un fondo para finalidades ambiguas. Exigiremos que las agencias presten la mayor atención a la gestión de los costos. Ahora bien, todo esto no sustituye a un acuerdo entre el Consejo y la Comisión en favor de aumentar la financiación de las agencias cuando deseen aumentar su carga de trabajo, y esto es cosa importante.
En general solemos estrujar los presupuestos, y hay personas que quizá imaginen que pueden transferir actividades a agencias sin transferir la correspondiente financiación, con lo cual lo que harían es trasladar sus problemas presupuestarios a otros.
Este nuevo renglón presupuestario es para conseguir que se incorporen actividades adicionales al programa de trabajo de las agencias, siempre que no entrañen aumentos de personal o gastos de capital que excedan de los límites de los presupuestos vigentes.
Para asegurarnos de que la Agencia de Londres y todas las demás agencias mantienen en el futuro su apoyo del principio, hemos establecido y utilizado un código de conducta. El código trata, por ejemplo, de los acuerdos para la presentación de informes y la transparencia que, en primer lugar, requieren de las agencias que informen sobre todo cambio de su presupuesto a la autoridad presupuestaria; en segundo lugar, que informen sobre sus organigramas y programas de trabajo para tenerlos en cuenta al establecer sus presupuestos. Para estar seguros de que no se retrasará la aprobación de este acuerdo, dejamos en reserva el 10 % de todos los presupuestos de agencias, hasta que firmen y devuelvan los acuerdos. Esto se puede efectuar antes de la segunda lectura.
Tengo que insistir en que la inmensa mayoría de las agencias han apoyado sin reservas el código, que, por lo demás, se ha redactado en consulta con las agencias participantes.
También hemos tenido un acuerdo sobre la armonización de las normas para la financiación. El acuerdo pasó por el Parlamento pero está en poder del Consejo, en espera de su acuerdo. Ha estado en poder del Consejo durante demasiado tiempo y deberíamos ejercer todas las presiones posibles sobre el Consejo mediante el procedimiento presupuestario, para instarle a que se ocupe de esta cuestión con urgencia.
Hemos incluido también en el presupuesto general una sección que abarcará los edificios de las agencias. Es ridículo que la Unión Europea posea bienes u obligaciones en los Estados miembros de los cuales no tenemos detalle alguno.
¿Qué conclusiones cabe extraer? Durante los tres años en que he sido ponente respecto de las agencias para la Comisión de Presupuestos, he tenido la suerte de contar con el apoyo muy positivo de personas como Edward Kellett-Bowman -que es mi colega en esta sala-, el Sr. Mingasson, y los directores de las agencias. Nos hemos esforzado por desmitificar a las agencias satélites y, como quien dice, por hacerlas aterrizar. Queremos dejar bien sentado que, aunque operen a distancia del lugar central de trabajo, siguen siendo parte de órganos comunitarios, siguen teniendo la obligación de rendir cuentas a los diputados de este Parlamento elegido democráticamente, y están controladas pero no abrumadas por muchos y muy diferentes grupos que las visitan para comprobar cómo van las agencias y cómo va su trabajo, o por las demandas burocráticas de personas que tratan de determinar desde lejos lo que está sucediendo. Queríamos encontrar un equilibrio. Muchas de las agencias se hallan todavía en su fase inicial. Muchas han quedado congeladas en plena fase de crecimiento por los presupuestos inmóviles de los dos últimos años. Algunas no podrán alcanzar nunca las dimensiones que se preveían originalmente en el plan de establecimiento, y todavía sigue habiendo ideas en reserva para crear nuevas agencias. Una vez que haya un código de conducta y que se consiga la armonización de las normas, tendremos toda la transparencia necesaria para que la autoridad presupuestaria o las comisiones permanentes puedan formular las preguntas que necesiten.
Los sistemas financieros automatizados, que no solamente la Agencia de Londres sino casi todas las agencias tendrán en funcionamiento dentro de poco, serán de utilidad. Este proyecto, que se elaboró con espíritu de cooperación entre agencias, es un ejemplo típico de lo que se ha conseguido al pedir a las agencias que eviten la duplicación de esfuerzos en sus actividades y que se familiaricen más con la forma de mejorar su propia eficiencia. También permitirá un control financiero electrónico. Nuestros enlaces con satélites nunca habrán sido mejores.
Los próximos presupuestos de las agencias tendrán lugar en el nuevo ciclo parlamentario. Para entonces, todos los mecanismos y estructuras estarán ya donde corresponde, y las alegaciones acerca de los niveles presupuestarios tendrán mucho más conocimiento de causa.
La autoridad presupuestaria debe estar en condiciones de formular sus evaluaciones sobre la base de pruebas reales de necesidad y de rendimiento, que es seguramente la mejor base de juicio.
Para acabar, les recomiendo concretamente mis recomendaciones acerca de la estructura de tasas para la AEEM y, en general, sobre todo lo que mejore la capacidad de esta Agencia y de las demás agencias para realizar de la forma más efectiva y eficiente la labor que esperamos lleven a cabo. Confío en que el Parlamento apoye mis enmiendas y las enmiendas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Tappin que, sin duda alguna, ha ganado los galones de experto en la labor de agencias y órganos descentralizados.
Las conclusiones de la Comisión de Control Presupuestario son breves y dicen lo siguiente: «La Comisión de Control Presupuestario acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en virtud de la cual la AEEM carga a sus clientes tasas que están más de acuerdo con los costes en los que incurre, y aprovecha también la oportunidad para felicitar a la Agencia por los progresos operativos realizados».
A este respecto desearía mencionar cuatro cuestiones. En primer lugar, la Agencia es un excelente ejemplo de subsidiariedad. En ella fabricantes de productos farmacéuticos de toda Europa pueden registrar sus productos en un lugar en el que trabajan todos los Estados miembros. Esto es mucho más eficiente y sin duda alguna más barato. El problema de las tasas ha quedado bien expuesto por el Sr. Tappin. La Agencia se halla actualmente bajo presión por el procedimiento que se sigue. Sin embargo, hay una cuestión que me desconcierta: ¿por qué las tasas son mucho más bajas en el caso de los productos veterinarios que en el caso de los productos para uso humano? Muchísimos productos veterinarios acabarán por ingresar en la cadena humana, y cabe preguntarse si eso no justificaría una tasa más elevada, pero no es lo que ha sucedido. Hace algunos meses el Parlamento aprobó enmiendas del estatuto, según ha mencionado el Sr. Tappin. El Consejo me ha dado la seguridad de que esas enmiendas no están bloqueadas en el Consejo, sino que sencillamente están retrasadas. Espero que las reuniones de conciliación tengan oportunidad de plantear esta cuestión con el Consejo.
La última cuestión es que el informe inicial de la Junta de Cuestores de la Unión Europea sobre la labor de esta Agencia el año pasado es positivo. Esto es muy digno de elogio. Es posible incluso que sea la primera agencia que obtiene el certificado de validez en la Comunidad Europea. Ni la Comisión ni los demás organismos han podido obtener este certificado durante los años transcurridos desde que el Tratado de Maastricht lo introdujo, pero me parece que esta Agencia es una buena candidata para su obtención muy pronto.
El Sr. Tappin ha producido un buen informe, y animo al Parlamento a que apoye las enmiendas y su informe.

Valverde López
Señor Presidente, ante todo, también quiero sumarme a las felicitaciones que se han hecho al ponente, Sr. Tappin, porque ha realizado un excelente trabajo que, en este caso, ha estado centrado en la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, pero que repercute en la estructura general del funcionamiento y control de la financiación del resto de la Agencia. Y las agencias están resultando un magnífico instrumento de trabajo en el seno de la Comisión. Y, precisamente, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, aunque empezó a funcionar en la práctica en 1995, ha tenido ya un reconocimiento internacional y todo el sector y todos los agentes implicados están muy contentos por el funcionamiento ejemplar de esta Agencia. De ahí que, prácticamente, las tres comisiones que han elaborado informes coincidan en este apoyo a la Agencia por su magnífico trabajo.
El que nos ocupemos de la puesta al día de las tasas era necesario -y así estaba previsto en su reglamento de establecimiento-y por lo tanto creo que es bueno que este Parlamento dé su conformidad a la modificación de estas tasas. Y, sobre todo, creo que la tasa anual que propone la Comisión es muy importante porque contribuirá a hacer frente a los costes de la actividad de supervisión y mantenimiento posteriores a la autorización, que son muy importantes en este sector. Pero quizás también haya que recordar que las tasas no son impuestos y que sólo deben pagarse por los servicios prestados; de ahí algunas de las enmiendas que he presentado -y aprovecho la ocasión para agradecer al ponente, Sr. Tappin, que haya recogido las siete enmiendas que elaboramos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- que van en el sentido de hacer una graduación de las tasas con relación al trabajo realizado.
Por otro lado, señor Presidente, a la vez que apoyo el incremento de las tasas subrayo la imperativa necesidad de mantener la independencia de la Agencia. La contribución del presupuesto de la Unión Europea debe salvaguardarse -es decir, mantenerse y evitar reducciones- porque la Agencia trabaja para el sector farmacéutico en Europa, pero también están en juego los intereses de millones de pacientes, profesionales de la salud y consumidores. Hay que recordar que este tema fundamental de la independencia de la Agencia siempre ha sido apoyado por este Parlamento.
La Unión Europea y su industria farmacéutica -que es la más importante del mundo- necesitan una Agencia fuerte, una Agencia bien dotada científicamente. Y esto únicamente lo conseguiremos con una financiación transparente y adecuada.

Eisma
Presidente, no hace mucho hemos visto, con la salida al mercado de la pastilla Viagra, lo útil que es la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, porque la Comisión Europea ha decidido sacar al mercado la pastilla Viagra basándose en un informe de esta agencia. Es sólo un ejemplo que muestra lo importante que es este departamento. La importancia de este departamento sólo podrá ir aumentando en el futuro, si tenemos en cuenta que esta agencia está operativa desde hace sólo tres años.
Nosotros somos también de la opinión de que la AEEM es en parte una instancia de la administración. Estoy totalmente de acuerdo con el ponente, porque esta agencia está en parte encargada de la ejecución de la política de mercado interna y de garantizar la salud pública. Por eso considero que los ingresos de la AEEM deberían proceder en gran parte de las remuneraciones, pero en una determinada parte deben seguir viniendo del presupuesto de la UE. Lo único que resulta un tanto insatisfactorio es, y el ponente lo ha señalado muy bien, saber que todavía no se ha realizado un estudio extenso de los gastos que genera la tramitación de las solicitudes. También lo lamento como el ponente, ya que si se hubiera realizado ese estudio, podríamos conocer mejor qué parte de las actividades de la agencia será recogida en el futuro por las funciones de la sanidad pública, que son absorbidas por las instituciones. Espero que podamos esperar pronto resultados al respecto.
El ponente ha escrito también que las fluctuaciones de las divisas y el efecto del coeficiente de corrección ha ocasionado a la agencia una pérdida del 20 %. Si se me permite, pediría al representante de la Comisión que ofrezca una respuesta a esto. ¿Cómo soluciona la Comisión esta cuestión de las fluctuaciones de divisas y el coeficiente de corrección en la agencia?
Por último, nos parece importante que se garantice una aportación -deberá ser clara- de nuestro presupuesto. Como ponente de presupuesto para la Comisión de Medio Ambiente he abogado por dos millones de ecus extra respecto a la cantidad actual de doce millones. En la Comisión de Presupuestos se decidió la semana pasada dar un millón de ecus más, así pues la mitad de lo que hemos solicitado. Pero ya lo ve, como comisión de medio ambiente lo hacemos lo mejor que podemos para garantizar el presupuesto de esta agencia.

Gradin
Me agrada mucho que este punto del orden del día haya llegado tan pronto a sesión plenaria, y quisiera dar las gracias a todos los que han consagrado tanto tiempo a este proyecto de propuesta.
El nivel y la estructura actuales de las tasas que la industria farmacéutica debe pagar a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos se fijó en el Reglamento de 1995 del Consejo. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento, la Comisión presentó un informe sobre su aplicación. En el marco de ese ejercicio propusimos el texto definitivo del Reglamento en enero de 1998.
Al preparar este informe la Comisión ha procurado conseguir dos objetivos: en primer lugar, no hacer recaer una carga excesiva en los solicitantes; en segundo lugar no poner en peligro la consecución de la tarea primordial de la AEEM, que consiste en prestar asesoramiento científico de la mayor calidad posible en relación con la autorización y la fiscalización de productos médicos.
El incremento propuesto en el nivel de las tasas queda claramente justificado y apoyado por una encuesta sobre costos, realizada por las autoridades competentes nacionales y la AEEM. Se ha prestado particular atención al hecho de que las tasas deberían ser normalmente inferiores al total de las tasas cargadas en los 15 Estados miembros. Las propuestas de la Comisión prevén también algunas nuevas orientaciones de importancia: la introducción de una tasa anual; la introducción de una tasa para el asesoramiento científico y otro tipo de asistencia; una tasa reducida para determinadas variaciones que no entrañen una evaluación científica detallada; tasas para la fijación de límites máximos de residuos para los ensayos clínicos; gastos administrativos; introducción de tasas diferenciadas para la iniciación de procedimientos de remisión comunitarios.
Me alegra anunciarles que la Comisión aceptará varias de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. En breve presentaremos una propuesta modificada. En ella se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: la sugerencia de que las futuras enmiendas del reglamento por lo que concierne a las tasas se basen en una evaluación completa de todos los gastos de la Agencia, que es la enmienda 16; aclaración de que la tasa de evaluación abarca todas las fórmulas farmacéuticas y los diversos grados de intensidad de un producto, que constituye las enmiendas 10 y 11; aumento de la tasa adicional de arbitraje para productos médicos veterinarios, que constituyen la enmienda 12; incremento de las tasas en caso de cambio a un límite residual máximo de un producto médico veterinario, que es la enmienda 13, e introducción de una tasa flexible para el asesoramiento científico, que es la enmienda 14.
Desgraciadamente no podemos aceptar todas las enmiendas. Esto se debe a varias razones. Hay cuestiones que no podemos aceptar por motivos jurídicos. Por ejemplo, no es posible modificar la base jurídica del Reglamento.
El Artículo 10 del Reglamento de 1995 brinda una base jurídica precisa y específica que hay que respetar. En otros casos estimamos que las enmiendas sugeridas podrían plantear posibles riesgos para la salud pública. Por ejemplo, estimulando la comercialización de presentaciones diversas de un producto médico.
No podemos aceptar la propuesta en favor de hacer más cara la primera determinación de un límite máximo de residuos para diversas especies animales. Eso sería contrario a la política de la Comisión, que consiste en estimular y animar las solicitudes de fijación de nuevos límites máximos de residuos.
Hay otras cuestiones que se estipularán en textos jurídicos horizontales y no en el reglamento sobre tasas. Entre ellas figuran, por ejemplo, la mención del euro y detalles presupuestarios. Gracias una vez más por lo rápida y fructíferamente que han cooperado en esta cuestión.

Eisma
Presidente, había preguntado a la Comisaria cuál era su solución con respecto a las fluctuaciones de divisas y el efecto del coeficiente de corrección. Con ellos la agencia ha sufrido una pérdida del 20 %. ¿Qué va a hacer la Comisión Europea al respecto?

Gradin
Señor Presidente, estoy aquí en representación del Sr. Bangemann y le pediré que le dé una respuesta por escrito.

Tappin
Señor Presidente, creo que, como el Sr. Kellett-Bowman puede confirmar, en las disposiciones presupuestarias para 1999 incluimos una serie de enmiendas destinadas a lograr que la Comisión compense en el tercer o cuarto pago de cada año las pérdidas sufridas por una agencia como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio o de los arreglos en materia de peso. Si el presupuesto pasa la primera lectura a principios de diciembre, dichas enmiendas serán ya operativas. De forma análoga, si las agencias salen ganando, perderán la subvención el año siguiente, de forma que no se podrá plantear una situación de ganancia tras ganancia sino, más bien, una situación de ganancia un año, pérdida el año siguiente. Espero que lo que acabo de decir aclare la situación.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(La sesión queda interrumpida hasta las 17.30 horas)

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0483/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.

El Presidente
El Sr. Liikanen acaba de llegar, seguramente con hora finlandesa, que no es exactamente igual que nuestro horario. Por lo tanto, le damos la bienvenida y le proponemos que responda a la pregunta nº 30 formulada por Marjo Matikainen-Kallström (H-0885/98):
Asunto: Repercusiones de la crisis de Rusia en la producción de energía y la seguridad nuclear del país
La creciente crisis económica, social y política de Rusia hace temer que el próximo invierno se registren en el país grandes dificultades de abastecimiento energético. De acuerdo con las previsiones dadas a conocer, los inmensos problemas económicos, por ejemplo, los salarios no pagados y, probablemente, la falta de medidas de mantenimiento también podrían influir negativamente sobre la capacidad del país de producir con seguridad energía nuclear. En Rusia, cerca de la frontera finlandesa, por ejemplo, hay centrales nucleares de las que es preciso admitir que sus condiciones técnicas y de seguridad, incluso en una situación normal, no son precisamente las mejores. Por consiguiente, las repercusiones de esta crisis, que se agudiza a marchas forzadas, sobre el abastecimiento energético y la seguridad nuclear de Rusia deberían esclarecerse de la mejor manera posible y, sobre todo, a la mayor brevedad.
Por lo tanto, ¿podría indicar la Comisión cómo evalúa las actuales o eventuales repercusiones negativas de la creciente crisis económica rusa sobre el abastecimiento energético y la seguridad nuclear? ¿Qué medidas proyecta adoptar la Comisión para ayudar a las autoridades rusas a analizar y resolver dichos eventuales problemas de seguridad, entre los que se encuentran las citadas cuestiones energéticas? Señor Liikanen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Matikainen-Kallström.

Liikanen
Señor Presidente, nada hace suponer que la situación actual de Rusia pueda tener una repercusión negativa en el sector energético y en la seguridad nuclear. Se nos ha dado a entender en varias ocasiones que el Gobierno tiene previsto pagar los salarios adeudados a los trabajadores de estos sectores. Esta circunstancia podría influir favorablemente de cara a la difícil situación actual. La Comisión sigue de cerca dicha situación y hace una valoración diaria del desarrollo de los acontecimientos a través de su representación en Moscú. Del mismo modo, la presente aplicación del programa TACIS, en particular por lo que respecta al ámbito nuclear, permite la obtención de la información necesaria. De esta manera es posible realizar un continuo seguimiento de la situación en que se encuentran las instalaciones de energía nuclear. Teniendo en cuenta este programa, la Comisión y las autoridades rusas están reestructurando su estrategia. Desde el comienzo del programa se han destinado aproximadamente 300 millones de ecus a la mejora de la seguridad nuclear en Rusia. De manera particular, se ha mejorado la seguridad entre las centrales nucleares de la Unión Europea y la mayor parte de las instalaciones rusas. Se espera que esta estrategia esté preparada antes de que se celebre el 27 de octubre la reunión que tienen previsto mantener Viktor Klima, Jacques Santer y Boris Yeltsin en Viena.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, agradezco la respuesta del Sr. Comisario. Me gustaría preguntar únicamente qué tipo de garantías han ofrecido las autoridades rusas acerca del pago de los salarios, ya que esta circunstancia constituye una condición imprescindible si se quiere lograr que el personal permanezca en sus puestos y garantizar así la seguridad en estas instalaciones.

Liikanen
Señor Presidente, no dispongo de ninguna información acerca de garantías jurídicas sobre este asunto, sino únicamente sobre compromisos políticos. Esperemos que se solucione esta cuestión. Naturalmente, nuestra dificultad estriba en que no es posible solucionar los problemas económicos de Rusia únicamente mediante las ayudas de la comunidad internacional. En última instancia corresponde a Rusia solventar los problemas estructurales, como es el pago de los salarios adeudados. Haré llegar esta pregunta al Comisario competente en la materia. Cuando dispongamos de más información, lo comunicaremos gustosamente a los miembros del Parlamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Liikanen. Le retengo su atención sobre esta pregunta todavía porque se me han formulado reglamentariamente dos preguntas complementarias. La primera corresponde al Sr. Rübig, que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. Tiene usted la palabra, señor Rübig.

Rübig
Señor Presidente, sabemos que destinamos mucho dinero a la seguridad de las centrales nucleares; éste se desembolsa bajo el Tratado Euratom. ¿Pero cuál es realmente la situación en relación con las normas mínimas? ¿No está previsto siquiera establecer también en la Unión Europea unas normas mínimas, unas normas de seguridad para las centrales nucleares, sobre todo con vistas a la ampliación de la UE? Yo creo que ha llegado el momento de reunirse para desarrollar conjuntamente un programa común de normas mínimas para Europa, ya que éste también podría servir de base para que los Estados que aspiran a la adhesión mejoren sus normas.

Liikanen
Señor Presidente, haré llegar gustosamente esta propuesta al Comisario Papoutsis, quien mañana estará presente aquí para una reunión de la Comisión. Le pediré que le ofrezca una respuesta específica a esta cuestión.

Flemming
Señor Presidente, ¿la Comisión tiene realmente idea del peligro que suponen las centrales nucleares rusas y del estado en que se encuentran? Sabemos que cualquier accidente en este sector constituiría una amenaza realmente importante para la población de la Unión Europea.

Liikanen
Señor Presidente, como ya he señalado al principio, los programas TACIS han permitido desarrollar una gran cooperación con las autoridades rusas con el objetivo de mejorar la seguridad nuclear. A este fin se han destinado 300 millones de ecus, y se ha entablado una cooperación muy amplia entre expertos en la materia. Creo que la Comisión maneja unos datos globales bastante completos acerca de esta cuestión, pero estoy dispuesto, si así lo desea su Señoría, a solicitar a nuestros expertos que le informen acerca de este detalle.

El Presidente
Pregunta nº 31 formulada por Pedro Aparicio Sánchez (H-0896/98):
Asunto: Exigencia de la nacionalidad española a los comandantes de aeronaves españolas
A pesar de que el artículo 48 del Tratado prohíbe cualquier discriminación entre trabajadores de la CE por razones de su nacionalidad, la Administración española no autoriza a las compañías aéreas españolas a designar comandantes de aeronave a personas que no tengan la nacionalidad española. Justifica esta restricción (establecida en una ley de 1960) argumentando, entre otras cosas, que «el comandante de una aeronave tiene consignada parte de su actividad en torno a funciones típicas del ejercicio de un poder público encomendado ordinariamente a funcionarios». Esta interpretación restrictiva se mantiene contra las peticiones de diversos particulares, y concretamente de la Asociación Española de Compañías Aéreas, que representa a veintiséis compañías privadas españolas.
¿La exigencia de nacionalidad española a los comandantes de aeronaves españolas supone, a juicio de la Comisión, un incumplimiento del artículo 48 del Tratado CE?
En caso de respuesta afirmativa, ¿piensa la Comisión obligar al Gobierno de España a corregir esta situación? Señor Liikanen, tiene usted la palabra para responder al Sr. Aparicio Sánchez.

Liikanen
Señor Presidente, únicamente es posible reservar a los propios ciudadanos de un Estado aquellas funciones en las que se haga ejercicio de poder público o que sean necesarias para garantizar los intereses generales de dicho Estado. Éstas son, por ejemplo, las funciones que ejercen la policía, los jueces, los ministros o los directores generales de algún departamento de la Administración. Claramente, las funciones de la tripulación de aeronaves comerciales no figuran entre las anteriormente mencionadas. De conformidad con el Derecho y con la práctica internacionales, el comandante es, no obstante, el representante del Estado en la aeronave, ya que es responsable de la seguridad y del orden público, así como, en última instancia, de la vida de sus pasajeros. Por todo ello, cabe afirmar que, de manera general, el comandante de una aeronave hace ejercicio de poder público, o al menos tiene la posibilidad de hacerlo. Ésta es también la práctica adoptada por la mayoría de los Estados miembros y aceptada por la Comisión.
Sin embargo, el requisito de la nacionalidad para acceder a un puesto determinado es una excepción del principio legislativo comunitario que establece la igualdad de trato para todos los ciudadanos europeos en el acceso a un puesto de trabajo. Por lo tanto, se debe interpretar esta excepción de manera restrictiva. Es posible que en determinados casos no se requiera, en condiciones normales, el ejercicio de poder público en la aeronave por parte del comandante, ya sea por las características del aparato o por cualquier otra circunstancia. En estos casos, la exigencia de la nacionalidad no está justificada. El caso de referencia es una excepción a la normativa general relativa a las funciones típicas de los comandantes de aeronaves, por lo que la presentación de las pruebas correspondientes es responsabilidad de quien solicita dicha excepción.

Aparicio Sánchez
Señor Comisario, muchas gracias por su amable respuesta que, personalmente, me complace mucho. Pues bien, la Administración española argumenta que el comandante de una aeronave tiene funciones como la de autorizar matrimonios a bordo, inscribir recién nacidos o custodiar valijas diplomáticas, que, si bien no les da la categoría de funcionarios, sí les da la categoría de autoridad. Entonces, esta es una interpretación, a mi juicio, antigua, decimonónica, de las funciones de un comandante de aeronave, pero me temo que detrás de esta omisión de la Administración española está el poderosísimo sindicato de pilotos español que mantiene una gran presión para tener restringido el mercado de trabajo.

El Presidente
Pregunta nº 32 formulada por Frode Kristoffersen (H-0910/98):
Asunto: Pruebas de preselección en relación con los concursos de la Comisión COM/A/8/98, COM/A/9/98, COM/A/10/98, COM/A/11/98 y COM/A/12/98
¿Qué se propone hacer la Comisión para asegurar que las futuras pruebas de preselección de candidatos para puestos en la Comisión se desarrollen de tal manera que no sea necesario anular las respuestas de los candidatos? ¿Qué sanciones va a imponer la Comisión a las personas de la Comisión responsables de las irregularidades y a los participantes en las pruebas que se han comportado de manera contraria a las normas que rigen dichas pruebas? Señor Liikanen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Kristoffersen.

Liikanen
Señor Presidente, la Comisión decidió el 23 de septiembre de 1998 anular las pruebas de preselección de los concursos COM/A/8/98-COM/A/12/98 celebradas el 14 de septiembre de este año, al existir indicios suficientes de que se había filtrado información relativa, al menos, a una de las pruebas y a una de las lenguas del concurso. A fin de garantizar la igualdad de trato entre todos los participantes, la Comisión organizará unas nuevas pruebas de preselección a la mayor brevedad posible, a comienzos de 1999.
Inmediatamente se emprendieron investigaciones con objeto de depurar las responsabilidades correspondientes a estas filtraciones. Tenemos previsto entrar en contacto con las autoridades judiciales con objeto de emprender las acciones penales que sean necesarias. Todas las personas que sean consideradas culpables se verán obligadas igualmente a resarcir a la Comisión de los daños que han ocasionado.
La Comisión es conocedora de los problemas que se registraron en, al menos, dos de los 14 lugares donde se celebraron las pruebas el 14 de septiembre, como el uso de teléfonos móviles y el incumplimiento, por parte de algunos participantes, de las instrucciones de los supervisores de las pruebas. Por este motivo, la Comisión tiene previsto establecer unas disposiciones considerablemente más estrictas en lo relativo a la celebración y a la supervisión de los concursos para garantizar que todos los candidatos participan en dichos concursos en igualdad de condiciones. La Comisión lamenta profundamente el perjuicio que esta situación ha ocasionado a todos aquellos candidatos que han participado honestamente y de buena fe en los concursos.

Kristoffersen
Señor Comisario, me gustaría preguntarle si ya se ha pensado en el modo de endurecer las normas y mejorarlas de cara a pruebas futuras. ¿No está usted de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que éste es un caso muy serio y triste porque trata en realidad de muchísimos jóvenes europeos que intentaron conseguir un puesto de trabajo en la UE? También tiene algo que ver con la reputación de la UE, señor Comisario, ¿también está usted de acuerdo conmigo en que realmente es necesario hacerse cargo de este asunto para mejorar la imagen de Europa? Puedo prometerle, señor Comisario, que tendremos dificultades en el futuro, cuando acudamos a las elecciones. Todas estas cosas negativas que rodean hoy a las instituciones de Europa no son verdaderamente algo que facilite la promoción de la causa europea. ¿Comparte usted estas preocupaciones, señor Comisario?

Liikanen
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con el Sr. Kristoffersen. Ya he organizado personalmente tres reuniones acerca de esta cuestión y, entre otras cosas, nos hemos vistos obligados a admitir que las reglas de este concurso, las mismas que se han venido aplicando hasta hoy, no han sido lo suficientemente estrictas para sus participantes. Resulta evidente que debemos establecer unas normas más rigurosas, por ejemplo, por lo que respecta al material que los candidatos pueden introducir en las salas.
Otro aspecto en el que creo que las normas han sido deficientes es el relativo a las competencias de los supervisores a la hora de intervenir en caso de irregularidades o fraude durante las pruebas. En mi opinión, los supervisores han de poder intervenir de manera inmediata y no, como ha sido la norma hasta el momento, durante las reclamaciones posteriores a las pruebas.
Estoy plenamente de acuerdo con su Señoría en que se trata de un hecho muy lamentable y triste. Por este motivo, revestía una gran importancia una rápida anulación del concurso de la Comisión para, a continuación, poder preparar con cuidado y minuciosidad un nuevo concurso de estas dimensiones.
Naturalmente, la tercera cuestión que nos planteamos es si se deberá continuar organizando en el futuro pruebas de participación tan masiva como ésta o, en su lugar, intentar limitar el número de participantes para lograr una mejor gestión de los concursos. Como podrán comprender, la organización de un concurso con treinta mil candidatos, en once lenguas y en cuarenta lugares distintos constituye una enorme empresa desde el punto de vista logístico. Este hecho no es suficiente para justificar los abusos, pero obliga a reflexionar si, en el futuro, se podría dotar a los concursos de una orientación más favorable con objeto de facilitar la gestión de los mismos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Liikanen. Realmente, esta cuestión despierta mucho interés en la Asamblea, hasta el punto que he recibido la petición de cuatro preguntas complementarias. El Reglamento sólo me permite conceder dos. Por lo tanto, le daré la palabra en primer lugar al Sr. De Coene y después al Sr. Rack.
Tiene usted la palabra, señor De Coene, por el tiempo de un minuto.

De Coene
Señor Comisario, su postura de principio le honra y usted ha tomado las medidas necesarias. No obstante, quisiera pedir una aclaración acerca del elemento «sanción». Tal como se ha formulado con razón en la pregunta y tal como usted ha asentido, aquí se ha causado un daño moral y un daño financiero. Mi pregunta es, por tanto, si usted plantea en efecto que los que son responsables de ese daño, ya sean los organizadores o los vigilantes, ya sean los participantes en las pruebas, deberán también responder del daño financiero sufrido por la institución.
En segundo lugar, ¿podría decirme cuál es la cantidad exacta, el coste de esa preselección que debió anularse por culpa de estas personas? Quisiera saber con toda exactitud si usted pedirá indemnizaciones, porque no puedo creer que ningún empresario tolere que por culpa de esos miembros del personal se mancille así la fama de la Unión.

Liikanen
Señor Presidente, en este caso ha habido naturalmente problemas a tres niveles, de los cuales podemos extraer dos culpables. En primer lugar, son culpables los participantes que han hecho trampas durante las pruebas. En caso necesario, estas personas serán objeto de acciones judiciales de tipo penal. En segundo lugar, son culpables los funcionarios, en el caso de que se trate de funcionarios, que han hecho posible la filtración de información, ya que esta actuación ha ocasionado un gran perjuicio a la administración. En tercer lugar, debemos evaluar por separado la responsabilidad del personal administrativo en el caso que nos ocupa, y hay que hacerlo teniendo presentes las condiciones en que se desarrolla la supervisión de las pruebas en el marco de las normas actuales. No cabe lugar a dudas de que se realizará esta evaluación, pero, en primer lugar, la responsabilidad del fraude corresponde a quienes lo han cometido y a quienes les han ayudado a hacerlo.
Por lo que respecta al gasto incurrido, el coste total del concurso es alto, elevándose a 1, 2 millones de ecus. Resulta muy improbable que podamos reducir mucho esta cifra con motivo del próximo concurso. En lo relativo a las responsabilidades económicas, no les quepa la menor duda de que abordaremos la cuestión una vez que se haya puesto punto final a las investigaciones actualmente en curso.

Rack
Señor Presidente, señor Comisario, ¿se admitirá en la siguiente prueba a todos los que han sido admitidos ahora? ¿Existe la posibilidad de que se excluya de la siguiente prueba a aquellos que han sido descubiertos cometiendo un fraude evidente, habida cuenta que desde luego no deseamos tener en el futuro tales funcionarios en la Comisión? En tercer lugar, ¿existe, además, la posibilidad de ofrecer una compensación a los candidatos que invirtieron recursos materiales para poder participar en dicha prueba, que se tomaron un día libre y a quienes en determinadas circunstancias también se les exigió que costeasen sus gastos de desplazamiento?

Liikanen
Señor Presidente, me resulta difícil pronosticar sentencias judiciales, pero me muestro totalmente de acuerdo con el autor de esta pregunta: ni la Comisión, ni ninguna otra institución comunitaria necesita personas que, ya en las pruebas de selección, violan todas las normas comunitarias. Es necesario intervenir con extrema severidad ante estos hechos y actuar en consecuencia.
Por lo que respecta a los problemas que suscita la organización de un nuevo concurso, están siendo sometidos actualmente a examen. No puedo ofrecer todavía una respuesta detallada a esta cuestión. Desgraciadamente, temo que la mayor parte de los participantes deberán sacrificarse y presentarse a una nueva prueba. Por este motivo el fraude ha sido tan lamentable. No obstante, lo importante para sus derechos es que nadie se ha beneficiado del fraude y que, en cambio, todos participarán en el nuevo concurso con la seguridad de encontrarse en igualdad de condiciones.

El Presidente
Pregunta nº 33 formulada por Angela Sierra González (H-0912/98):
Asunto: Muerte de Semira Adamu en Bélgica
La muerte por asfixia a manos de la policía belga de una joven nigeriana que iba a ser deportada a Togo aplicándole en la cara dos almohadillas en el avión que debía trasladarla de Bruselas a Lomé ha suscitado honda preocupación entre los ciudadanos europeos.
Semira Adamu acudió a Bélgica para pedir asilo político al verse obligada a casarse con un polígamo de 65 años. ¿No considera la Comisión que en las políticas comunitarias de acogida deberían contemplarse dentro de los factores para obtener el asilo político los malos tratos sexuales? Le doy la bienvenida a la Sra. Gradin y la invito a que responda a la pregunta de la Sra. Sierra González.

Gradin
Comparto el dolor e indignación que sienten muchas personas por las circunstancias que rodean la muerte de Semira Adamus. Las autoridades belgas investigan en estos momentos cómo ocurrió esto exactamente. Independientemente de las explicaciones, este tipo de cosas no debe ocurrir aquí. En cuanto a la propia tramitación del caso Semira Adamus, la Comisión no puede hacer comentarios. No tenemos información necesaria ni competencia para opinar sobre casos aislados.
La Diputada pregunta también sobre la posibilidad de otorgar calidad de refugiado a una persona que ha sido víctima de malos tratos sexuales o que podría estar expuesta a agresiones de este tipo si se verifica la deportación. La regla básica está en la Convención de Ginebra de 1951. Ella dispone que una persona deberá ser considerada como refugiada si él o ella siente fundado temor de persecución por motivo de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a algún determinado grupo en la sociedad o a alguna ideología política. La persona en cuestión debe, además, encontrarse fuera del país en el que él o ella es ciudadano y no querer o no poder usar la protección de su país.
Mi opinión desde hace muchos años es que las violaciones como actos de guerra deben ser consideradas como torturas. Una mujer que ha sufrido una violación de este tipo tiene, por tanto, en mi opinión, condición de refugiada. Los países miembros de la UE han tratado de alcanzar una interpretación común de la Convención de Ginebra. El 4 de abril de 1966 se aprobó una postura común para armonizar la interpretación de la definición de refugiado del artículo 1 de la Convención de Ginebra. Sin embargo, este acuerdo no trata de las persecuciones relacionadas con el sexo o con los malos tratos sexuales. Esto es lamentable y hay motivos de sobra para actualizar este asunto.
Además de la condición de refugiado, los países miembros de la UE ofrecen también formas de amparo alternativas para las personas que necesitan protección internacional. Por ejemplo, puede tratarse de casos delicados en que se permite a una persona quedarse por motivos de humanidad o por razones muy especiales. Los motivos para otorgaresta clase de protección dependen actualmente exclusivamente de nuestros Estados miembros y, en la práctica, hay enormes variaciones. Ya se han iniciado las discusiones sobre la implantación de ciertas normas mínimas que incluyan estas formas de protección. Es un asunto que está en el programa de trabajo del Consejo de Ministros. En la primavera pasada se realizó un estudio de las diferentes legislaciones y prácticas nacionales. Se ha presentado un primer análisis que servirá de base para el trabajo futuro. Además, se está realizando un trabajo similar en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores del Parlamento. Doy por sentado que la comisión abordará también el difícil tema de decidir cuál debe ser nuestra posición frente a las personas que buscan protección por distintas formas de persecución sexual. Espero con interés los resultados de este trabajo.

Sierra González
En la muerte de Semira Adamu hay dos hechos que resultan escandalosos: uno, la muerte violenta de una joven que había venido a la Unión Europea buscando protección contra la violencia moral que se pretendía ejercer sobre ella en su país en nombre de las tradiciones; y otro -no menos importante -el hecho de que los medios, no sólo violentos sino degradantes, que fueron utilizados por la policía fueran perfectamente legales.
A la vista de estos hechos y de otras muertes producidas en las expulsiones en otros países de la Unión Europea, ¿no considera la Comisión que es necesario revisar el rigor de estos procedimientos, que se amparan en los acuerdos de Schengen?

Gradin
Como dije en mi respuesta, estoy de acuerdo con la Diputada que formuló la pregunta en que este tipo de cosas simplemente no debe ocurrir. No obstante, tenemos que recordar que es responsabilidad de las autoridades nacionales procurar que sus policías y autoridades actúen de manera correcta cuando una persona es deportada a su país. Supongo que cada país también podrá hacerlo.

McKenna
Esto no tiene que ver únicamente con los casos en que a una persona se le deniegue el derecho de asilo, también tiene que ver con la forma en que se le trate más adelante. Es totalmente inaceptable que una persona, aunque se le haya denegado el asilo, sufra un trato peor que el que se daría a un animal. La UE tiene una responsabilidad. Aquí se elogia al Tratado de Amsterdam por el hecho de que ahora se estipularán los derechos humanos en los tratados. Hay países -en particular Bélgica-que han contravenido las normas sobre derechos humanos. Es evidente que hay que adoptar alguna medida contra los países que lo hacen. No se trata únicamente de Bélgica. El trato que sufren las personas que buscan asilo en todos los Estados miembros de la UE es verdaderamente vergonzoso. No se les trata como seres humanos, no se les trata como a personas vulgares y corrientes: se les trata de una forma lamentable que les niega por completo todo derecho básico o toda dignidad. La Comisión y la UE en conjunto tienen que ocuparse de esta cuestión. Debería haber códigos de conducta apropiados y medidas apropiadas que impidan que pueda suceder ese tipo de cosas.

Gradin
Como ya he dicho, estoy tan apenada como todos ustedes por el trato de que ha sido objeto esa muchacha. Ahora bien, es responsabilidad de Bélgica velar por la conducta de sus policías cuando se trata de expulsar del país a una persona. Esto es algo que espero que cada país pueda velar para que no suceda.

Sornosa Martínez
Señora Comisaria, de acuerdo con su intervención respecto al Estatuto de Refugiados y a la Convención de Ginebra, yo quisiera preguntarle si la Comisión piensa recomendar a los países de la Unión Europea que en todas las cuestiones de asilo político a las mujeres, en las cuestiones que afectan exclusivamente a las mujeres -los malos tratos, las cuestiones que afectan también a su sexualidad-, amplíen este asilo político.

Gradin
Ya saben ustedes que durante muchos años se viene debatiendo si podríamos ampliar la definición del estatuto de refugiado político. Hasta ahora no hemos tenido éxito. Nadie quiere modificar el Convenio de Ginebra, pero sí que podemos complementarlo. Podemos hacer lo que ya hemos propuesto en otras esferas de la Unión, como por ejemplo cuando nos referimos a la persecución de terceras partes, o a los refugiados para que permanezcan durante menos tiempo en un país. Mis deseos personales serían que, con el apoyo del Parlamento -y particularmente el apoyo de las mujeres- pudiéramos ocuparnos de la cuestión de la violación y el abuso sexual de las mujeres. Éste es un aspecto humanitario del que podríamos ocuparnos.

El Presidente
Pregunta nº 34 formulada por Mark Watts (H-0864/98):
Asunto: Registro de ciudadanos de la UE que visitan otro Estado miembro
¿Tienen derecho los Estados miembros de la UE a obligar a los hoteles y casas de huéspedes a que exijan a los ciudadanos de la UE que los visitan detalles exhaustivos de su documentación de viaje (incluyendo el tipo de documento de viaje, la fecha y el lugar de expedición, la fecha de expiración y el número del documento) como una condición para el alojamiento? ¿Tienen derecho las autoridades de los Estados miembros a imponer multas a los propietarios de establecimientos que no registren esta información? ¿No está de acuerdo la Comisión en que esta práctica, que según mis informaciones existe en Austria, se burla del principio de libre circulación, y qué medidas se propone adoptar la Comisión para poner fin a esta práctica? Además de darle la bienvenida al Sr. Marcelino Oreja, quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho de luchar contra los elementos. Sabíamos que encontraba dificultades para llegar hasta este Plenario. Le invito, por lo tanto, después de agradecerle su presencia, a que responda a la pregunta del Sr. Watts.

Oreja Aguirre
El Derecho comunitario vigente sobre la libre circulación de ciudadanos de la Unión permite a los Estados miembros exigir que los nacionales de otros Estados notifiquen su presencia en su territorio. En algunos Estados los ciudadanos de la Unión que hacen una breve estancia deben presentar la declaración de llegada a las autoridades administrativas o de policía locales. Para facilitar esta presentación algunos Estados aceptan que los ciudadanos de otros países hagan esa declaración mediante las fichas de estancia en hoteles, en cámpings o pensiones, y una copia de éstas se envía a las autoridades locales. De ese modo se evita que los ciudadanos tengan que hacer un trámite suplementario, y esas fichas, que están previamente impresas, constan de las informaciones necesarias para poder identificar a las personas -entre ellas, el número, el lugar y la fecha de expedición del documento de identidad o del pasaporte.
El Tribunal de Justicia ha aceptado la compatibilidad con el Derecho comunitario de los regímenes de declaración de llegada. Ahora bien, según el Tribunal, un régimen de estas características no puede ser contrario al principio de libre circulación de personas si los plazos impuestos para declarar no son razonables, o cuando las sanciones por incumplimiento de esta obligación son desproporcionadas respecto a la gravedad de la infracción, por ejemplo, si conllevan una pena de prisión o de expulsión.

Watts
Comisario, gracias por su respuesta. Lo malo es que pone de relieve que en la Comunidad se mide por doble o triple rasero. Al fin y al cabo, uno de los beneficios de la Comunidad se supone que es la libertad de circulación y si, por ejemplo, uno va a pasar el día a otro Estado miembro o pernocta en un hogar particular, no existe la obligación de facilitar detalles de los documentos de identidad o de los pasaportes. Esas restricciones más bien ridículas y de burocracia de vía estrecha se imponen a los hombres de negocios o a los turistas que van a un hotel. Los ciudadanos de Europa piden a la Comisión que conteste por qué se aplican normas diferentes. Si es el interés de la seguridad o de la información acerca de los visitantes, ¿por qué no se exige el mismo tipo de información respecto de todos los visitantes? Es evidente que no se trata de eso. Por lo tanto, la información no es eficaz y, como ha insinuado el Comisario, debería haber un acuerdo entre Estados miembros para suprimir ese obstáculo artificial a la libertad de circulación.

Oreja Aguirre
Como muy bien sabe el Sr. Watts, no existe un mismo régimen en todos los Estados, es decir, que este tema, en la práctica, es distinto. En algunos Estados -por ejemplo, Dinamarca, Grecia, Portugal, Suecia, Reino Unido- no hay ni régimen de declaración de llegada para los ciudadanos de la Unión que realicen una estancia breve, ni un sistema de registro en los hoteles bajo control policial. En los demás Estados sí lo hay. Y, dentro del primer grupo, hay algunos Estados en los cuales hay un régimen general de declaración de llegada que se aplica por igual a los ciudadanos de la Unión, y hay otros que, si bien no han creado un sistema de declaración de llegada para los ciudadanos de la Unión, han establecido, en cambio, un sistema específico de registro en hoteles y alojamientos públicos dentro de las actividades generales de policía.
Por consiguiente, no hay un régimen único. Lo que sí me parece importante es lo que hasta ahora ha establecido el Tribunal de Justicia, es decir, la compatibilidad con el Derecho comunitario de los regímenes de declaración de llegada. Tal vez lo que pregunta el Sr. Watts es si en el futuro debería haber una armonización al respecto, es decir, si la libre circulación de personas anima a que haya un régimen idéntico en todos los Estados. Bueno, es un tema que queda ahí flotando. En este momento las dos ideas que hay son: la de que hay unas normas, que son las que ha aplicado el Tribunal de Justicia, y, por otra parte, la diversidad de tratamiento, siempre con unas limitaciones, es decir, que no pueden ser desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción si conllevan, por ejemplo -como he dicho antes- prisión o expulsión. Esa es la regla que hay en este momento, pero yo tomo nota de la afirmación que hace el Sr. Watts respecto a la posibilidad de que hubiera una aproximación en las posiciones de los distintos Estados miembros.

El Presidente
Pregunta nº 35 formulada por Joan Vallvé (H-0865/98):
Asunto: El Misteri d'Elx como Patrimonio de la Humanidad
El Misteri o Festa d'Elx ha sido propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Festa tiene sus orígenes a finales del siglo XIV y se representa cada año en la ciudad de Elx (Elche) los días 14 y 15 de agosto, en conmemoración de la festividad de la Asunción de la Virgen María. Constituye la única representación teatral de origen medieval que en su género continúa vigente en Europa.
Dado su gran valor artístico y cultural, ¿tiene la Comisión la intención de apoyar esta iniciativa que representaría un reconocimiento explícito de esta tradición centenaria? Señor Oreja, le invito a que responda usted al Sr. Vallvé.

Oreja Aguirre
La Comisión Europea es consciente de la importancia y la significación que tiene el Misterio de Elche en la historia del teatro religioso y musical europeo. Y de acuerdo con el procedimiento de declaración de patrimonio de la Humanidad, el comité del patrimonio mundial de la UNESCO es el órgano estatutariamente responsable de la toma de decisión en esta materia. Como sabe el Sr. Vallvé, la iniciativa para poner en marcha el procedimiento de la UNESCO corresponde a las autoridades municipales y nacionales, que deben sostener todo proyecto que deseen ver reconocido como patrimonio de la Humanidad.
En el marco de sus competencias, la Comunidad no tiene posibilidades formales ni materiales en el ámbito del artículo 128 del Tratado para intervenir en el procedimiento de designación como patrimonio de la Humanidad. Ahora bien, la Comisión quiere expresar que desea que la iniciativa de las autoridades de Elche llegue a buen término, dando así una merecida proyección universal a un acontecimiento de gran importancia del patrimonio cultural con proyección europea.
Yo, desde luego, soy plenamente consciente de la sensibilidad del Sr. Vallvé en relación con este tema y la comparto íntegramente porque he tenido el privilegio de haber presenciado el Misterio de Elche, que es un acontecimiento deslumbrante y una muestra de lo que significa una cosa que creo que es muy importante: la identidad cultural de un pueblo.
Yo creo que, precisamente, debemos tratar de ver en la cultura europea cuáles son los elementos diferenciales que existen en las distintas culturas de los pueblos, y uno de ellos, sin duda, es este Misterio de Elche, que tiene, al mismo tiempo, una dimensión universal. Es decir, es un hecho identificado localmente pero, al mismo tiempo, tiene una proyección universal, por lo cual creemos que merece que sea reconocido como patrimonio de la Humanidad.
Puede estar seguro el Sr. Vallvé de que, en el caso de ser consultada, la Comisión insistirá en la importancia que le merece el Misterio de Elche.

Vallvé
Únicamente quiero agradecer las palabras del Comisario. Yo no dudaba de su sensibilidad en el reconocimiento de estos actos culturales, de estos actos que tienen una raíz antigua -el Misteri d'Elx tiene sus orígenes a finales del siglo XIV- y que han tenido una continuidad hasta hoy que demuestra de algún modo la pluralidad de culturas inherente en Europa -el Misteri d'Elx es una representación en lengua catalana que se representa cada año en estas fiestas- y, además, tienen un reconocimiento europeo y una proyección universal. Por lo tanto, deseo agradecer las palabras del Comisario y estoy seguro de que las autoridades locales de Elx darán los pasos necesario con el fin de que esta representación tenga el reconocimiento que se merece por parte de la UNESCO como patrimonio europeo para mostrar a todo el mundo.

Sornosa Martínez
Señor Comisario, si usted conoce el Misteri d'Elx, si lo ha visto, ya sabe lo espectacular, lo extraordinario que es ver la Asunción de la Virgen, recuperar en esa obra el arte y la cultura de Europa. De todas maneras también quería decirlo a los que están aquí escuchándonos en la Asamblea, porque yo soy una asidua y una fan de esta representación.
Pero, reconociendo la importancia que tiene que dicha fiesta esté declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ya que usted está aquí, yo no quería dejar la oportunidad de preguntarle, al margen de este reconocimiento, que es extraordinario, y dentro de sus competencias -aunque ya sé que la Comisión no puede hacer nada-, si habría alguna posibilidad, alguna línea presupuestaria -no dentro de esta característica de Patrimonio de la Humanidad sino en otra posible- que ayudara a esa cofradía de artistas -que no son, desde luego, personas que se dediquen exclusivamente a esto, sino que utilizan su tiempo libre para ello-a continuar esta maravilla cultural europea.

Oreja Aguirre
Señora Sornosa, el tema que ha planteado yo, desde luego, lo comparto, y tenemos una posibilidad. Como usted sabe, está en este momento en las dos ramas del legislativo -en el Consejo y en el Parlamento- el nuevo programa marco de cultura que entrará en vigor a partir del año 2000. Ahí tenemos tres tipos de acciones: la promoción de redes; las acciones especiales; y las acciones emblemáticas. Realmente, si hay una acción emblemática es el Misteri d'Elx. Por consiguiente, ¿por qué no iniciar el procedimiento? Yo le invito, e invito a todos aquellos que se interesan por el tema, a que den los pasos correspondientes para que esto pueda llegar a la Comisión. Y yo le aseguro que voy a seguir el asunto con mucha atención. Al final yo no soy el que decide. Decide un comité. Sin embargo, el soplo de la Comisión a través mío -si me dejan mis colegas-pienso darlo para que el Misterio de Elche sea reconocido como tal.

von Habsburg
Señor Presidente, señor Comisario, yo mismo soy un admirador de la Fiesta de Elche, pero aun así quisiera hacerle una pregunta complementaria en relación con este tema, dado que éste demuestra la importancia de la cultura para nuestro futuro. Es la siguiente: ¿no ha llegado quizá el momento de que la Comisión establezca su propio sistema no sólo para catalogar, sino también para apoyar efectivamente estas manifestaciones de la cultura popular, con objeto de que poco a poco vayamos desarrollando una nueva actitud? Yo quisiera recordar también, puesto que anímicamente ya nos encontramos en Elche, las fiestas de moros y cristianos de la provincia de Alicante, que son asimismo una magnífica manifestación de la cultura popular y en relación con la cual quizá también valdría la pena animar a la gente a impulsar otras iniciativas de este tipo, que luego deberían ser apoyadas por la Comisión.
¿Estaría usted dispuesto a emprender una acción de este tipo?

Oreja Aguirre
Conozco la gran sensibilidad que tiene el Doctor Von Habsburg en relación con este tema. Y debo decir que hace apenas una semana he pasado por uno de los pueblos de la zona donde he visto que uno de ellos tiene dedicada una calle a Otto von Habsburg, precisamente, y allí mismo pude presenciar la preparación de esta fiesta de moros y cristianos . Por lo tanto, yo creo que todo esto significa una cosa -y que es importante subrayar-: la riqueza de Europa está formada por el hecho diferencial de las distintas culturas que existen en Europa. Probablemente, la misión que puede tener la Comisión es fundamentalmente ver qué hay en común en las distintas culturas europeas, pero partiendo de los hechos diferenciales de las culturas.
Por consiguiente, a mí me parece que éstos deben poder encajar ya sea en las acciones emblemáticas, ya sea en las acciones especiales. Por tanto, yo tomo buena nota de todas estas iniciativas -espero seguir contando con ellas- y, ahora que estamos precisamente en el trámite legislativo, yo les pediría que se acelerase todo lo posible ese trámite en el Parlamento, que avance rápidamente en su primera lectura para que, si es posible, el 17 de noviembre, pueda tomar una posición común el Consejo y que dentro de este año podamos tener ya este acuerdo marco. Dentro del acuerdo marco caben, indudablemente, esas iniciativas que aquí se han planteado esta tarde.

El Presidente
Muchas gracias, señor Marcelino Oreja. Tomamos buena nota de su preocupación por los ritmos y la celeridad. Le agradecemos que nos haya acompañado. Hemos terminado el turno de preguntas que correspondían al Sr. Marcelino Oreja, le despedimos y le deseamos que la celeridad no se produzca en la carretera y que regrese usted tranquilamente y en las mismas condiciones que ha llegado hasta aquí.

El Presidente
Pregunta nº 36 formulada por Patricia McKenna (H-0833/98):
Asunto: Población ilois de las Islas Chagos
¿Es consciente la Comisión de que el Reino Unido, durante la negociación de su adhesión a la entonces CEE, desplazó forzosamente a unos 2000 indígenas ilois de las Islas Chagos, que actualmente forman parte del territorio de ultramar de la UE denominado Territorio Británico del Océano Índico, y de que el propósito no declarado de la evacuación fue el arriendo por «leasing» de una de las islas -Diego García- a los Estados Unidos como base militar? ¿Ha considerado la Comisión previamente esta cuestión o, en cualquier caso, considera a estas personas como ciudadanos de la Unión Europea, pese a que viven en un exilio forzoso en Mauricio, muchos de ellos en condiciones paupérrimas -muchos de ellos incluso se han suicidado- pese a las compensaciones económicas establecidas hace algunos años por el Gobierno británico? Sean o no ciudadanos de la UE, ¿no cree la Comisión que estas personas deberían tener derechos legales dentro de la Unión, bien en calidad de habitantes desplazados en lo que se considera territorio de la Unión o bien, en cierta medida, como refugiados de la UE? ¿Qué piensa hacer la Comisión para que se respeten los Tratados en relación con estas desventuradas gentes? Señor Pinheiro, tiene usted la palabra para responder a la pregunta de la Sra. McKenna.

Pinheiro
La Comisión Europea está al corriente de la cuestión relativa a las Islas Chagos pero nunca ha participado en las discusiones oficiales sobre el particular. El determinar si la población ilois del Archipiélago Chagos debe tener derecho a la ciudadanía británica es cuestión que ha de resolverse entre el Gobierno del Reino Unido y las personas de que se trata. La Comunidad Europea es uno de los donantes importantes en el caso de Mauricio y, por conducto del Fondo Europeo de Desarrollo, financia diversos proyectos y programas encaminados a reducir la pobreza entre los elementos más vulnerables de la población del país, sea cual fuere su origen. La Comisión ha iniciado recientemente un estudio detallado de las cuestiones relativas a la pobreza en Mauricio a fin de hacerse una idea clara de este problema. Aunque en general se ha suprimido la pobreza en Mauricio, debido al extraordinario desarrollo económico de los dos últimos decenios, todavía hay «bolsas» de pobreza entre los elementos marginales de la población. El programa de reducción de la pobreza se pondrá en funcionamiento a principios de 1999 y estará financiado por el FED; de él podrán beneficiarse asociaciones u organizaciones no gubernamentales de la población ilois.

McKenna
No me parece que la Comisión esté tratando de la cuestión planteada. De lo que se trata es que, básicamente, esos son territorios de ultramar de la UE. A la población de Diego García se le ha denegado el derecho de vivir en su propia patria. Es lógico que tengan algún derecho en virtud de la legislación de la UE, pues son ciudadanos de la UE. Se les ha obligado a quitar sus islas para vivir exiliados en otros lugares. Eso no es aceptable. La UE tiene que ocuparse de esta cuestión.
Quisiera saber también si la Comisión ha dispuesto de algún asesoramiento jurídico sobre esta cuestión. Quedaría muy agradecido si pudieran facilitarme el asesoramiento jurídico que hayan recibido, pero no creo que se trate exclusivamente de un problema para el Estado miembro, ya que, de ser así, cualquier otro gobierno de la UE podría decidir que los grupos minoritarios de alguna parte del país fueran expulsados a otro lugar. ¿Es posible que esa población no tenga ningún derecho con arreglo a la legislación de la UE? Eso sería absurdo.
Debido a que están viviendo en una isla que era británica, es lógico que tengan derechos en calidad de ciudadanos de la UE. Han estado viviendo en el exilio durante casi 30 años. Eso es inaceptable. La UE tiene la obligación de reconocer la situación de esas personas.

Pinheiro
La Comisión Europea está al corriente del problema, pero ésta es la primera vez que ha sido planteado, sea por el Gobierno de Mauricio, el Gobierno del Reino Unido o la población ilois. Por lo tanto, no poseemos ningún asesoramiento jurídico y lo único que podemos decir es que es un problema complicado. Sabemos que los gobiernos y la población interesados están discutiendo esta cuestión, pero eso es lo único que puedo decir.

El Presidente
Pregunta nº 37 formulada por Glenys Kinnock (H-0845/98):
Asunto: Estudios de la Comisión sobre las relaciones comerciales con las regiones del ACP
¿Podría indicar la Comisión la situación actual de los estudios que está realizando Comisión sobre las relaciones comerciales con las regiones del ACP? ¿Es cierto que ya se han concluido y que están siendo revisados por sus autores a petición de la Comisión?
¿Cuando tendrán los diputados del PE acceso a la información contenida en estos documentos que se prometieron para permitir a los diputados formular su respuesta al mandato de negociación de Lomé? Señor Pinheiro, le invito a usted a que responda a la pregunta de la Sra. Kinnock.

Pinheiro
Me agrada poder comunicar a la Sra. Kinnock que actualmente se hallan en su fase final los estudios sobre las repercusiones económicas de la introducción de la reciprocidad en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y agrupaciones de países del ACP. Durante el verano, la Comisión recibió proyectos de informes finales correspondientes a cinco de esos estudios. Creo que recibiremos el último muy pronto. Según las atribuciones y la práctica normal de la Comisión, los servicios correspondientes proporcionaron sus observaciones para conseguir que todos los informes fueran claros y estuvieran completos.
Acabamos de recibir tres informes finales sobre el Caribe, el Pacífico y la región de la SADC. Como ya explique durante la Asamblea Paritaria ACP-UE, puedo asegurarles que he tenido siempre la intención de compartir los resultados con usted y con todos los interesados lo antes posible, a fin de que todos puedan hacerse una idea amplia de las cuestiones que se tratarán en las próximas negociaciones. Por lo tanto, usted y otros diputados que lo deseen recibirán ejemplares de todos los informes finales, por conducto de la secretaría del Parlamento Europeo, de aquí a principios de noviembre. La Comisión está preparando también una síntesis de todos los estudios, que también recibirán ustedes junto con los informes.

Kinnock, Glenys
Agradezco al Comisario su respuesta, que me será muy útil. Supongo que el Comisario querría que esos estudios confirmaran la opinión de la Comisión de que las zonas de libre comercio ayudarían a los países del ACP a integrarse en la economía mundial. En consecuencia, quisiera preguntarle si ha oído -sé que la respuesta es afirmativa- la clara advertencia que la semana pasada, al comenzar las negociaciones, nos hizo la Ministro Billie Miller de Barbados, según la cual las economías de los países del ACP eran demasiado frágiles para resistir cualquier clase de arreglo asimétrico con la Unión Europea. En vista de que recientemente se han roto las negociaciones con Sudáfrica, ¿puede decir usted que la Ministro Billie Miller está equivocada?

Pinheiro
Cada uno de nosotros puede tener una opinión sobre el futuro y sobre las perspectivas que nos reserva el futuro. Mi hipótesis y mi posición es que espero y confío en que nuestras propuestas ayuden a los países del ACP, pero no soy dogmático. Por eso seguiré muy cuidadosamente todo los estudios que se están efectuando y que se van a efectuar a fin de apreciar y captar todos los aspectos de la situación, porque no hay dos países que sean iguales y la situación puede ser diferente de un país a otro o de una región a otra. Estoy dispuesto a discutir con toda franqueza esas cuestiones pero, por el momento, prefiero reservarme mi opinión. En cuanto al discurso de la Ministro de Barbados, temo que la respuesta se aplique únicamente al caso de Barbados, que es lo que ya había indicado la Primer Ministro. Tengo entendido que el discurso que pronunció no se había sometido a la aprobación del grupo del ACP. Por lo que me han dicho muchos embajadores y ministros de otras regiones, no parecen compartir enteramente algunas de las inquietudes de la Sra. Miller. Dicho lo que precede, tengo la impresión de que la asimetría y la apertura de las fronteras es inevitable si prosigue la tendencia hacia la liberalización. Proponemos que la apertura tenga lugar de forma paulatina y que se ayude a los países a instituir la apertura en vez de dejarles que se enfrenten con una apertura horizontal y ciega, como la que, por ejemplo, preconiza la OMC. Al mismo tiempo, damos por supuesto que la vulnerabilidad de esas economías es tan grande que no podría resistir ningún contratiempo. Eso es evidente. Por lo tanto, sea cual fuere la solución, la evolución tiene que hacerse gradualmente pero fiscalizada muy de cerca, para evitar contratiempos.
En cuanto a Sudáfrica -y como sé que va a ir a ese país muy pronto- hay tres cuestiones pendientes cuyo carácter es más político que comercial y que, espero, se resuelvan. Al final de la semana pasada formulé propuestas oficiosas y a mediados de octubre me reuniré con el Ministro de Comercio e Industria para procurar determinar si podemos resolver estas cuestiones políticas de una u otra manera. Ahora bien, sigo convencido de que será posible finalizar las conversaciones con Sudáfrica para fines de octubre o principios de noviembre.

El Presidente
Pregunta nº 38 formulada por Ulla Sandbæk (H-0847/98):
Asunto: Prohibición del Tribunal de Justicia de financiar cualquier nuevo proyecto por falta de fundamento jurídico para la concesión de ayudas
A la luz de la suspensión de todas las ayudas de una serie de líneas presupuestarias relacionadas con la DG VIII de la Comisión (que afectará probablemente a la línea del proyecto «Acción en favor de la igualdad en la OMC») que ha paralizado todos los proyectos hasta la primavera de 1999, ¿qué ha decidido hacer la Comisión con los proyectos relacionados con la educación en materia de desarrollo y las labores de apoyo en el contexto de los preparativos de la Tercera Conferencia Ministerial que se celebrará en los Estados Unidos en el otoño de 1999? Tras el receso estival se han puesto en marcha a nivel nacional los trabajos de preparación sobre las cuestiones relacionadas con el orden del día previsto y sobre nuevas cuestiones, y este proceso continuará a nivel de la UE durante el último trimestre de 1998 y se prolongará hasta la primavera de 1999. (La prohibición del Tribunal de Justicia ha frenado una serie de proyectos relacionados con la OMC que estaban a punto de ser aprobados). Señor Pinheiro, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Ulla Sandbæk.

Pinheiro
La Comisión se hace cargo perfectamente de lo importante que es integrar a los países en desarrollo -en particular a los países del ACP- en la economía mundial, por eso es partidaria de la plena participación del ACP en la OMC, y ha adoptado varias iniciativas para conseguirlo. Al mismo tiempo la OMC sólo podrá desempeñar su cometido si tiene en cuenta las preocupaciones de todos los países participantes. Ése es el motivo de que yo insista en que el comercio y el desarrollo es cuestión que ha de estar firmemente asentada en el programa de la OMC y en que hay que evaluar debidamente las limitaciones particulares de los países en desarrollo y tenerlas en cuenta durante todas las negociaciones multilaterales sobre comercio. Eso es absolutamente esencial.
Me he comprometido personalmente a hacerlo, y me serviré de todas las oportunidades que se me presenten en las conversaciones con los interlocutores comerciales para promover el apoyo de nuestra posición. Diré incidentalmente que acabo de regresar de Washington, donde participé en una reunión del G-8 sobre el desarrollo, y precisamente gracias a mi intervención se pudo conseguir que la próxima reunión de G-7/G-8 sobre el desarrollo incluya la cuestión del comercio y el desarrollo, y las preocupaciones de los países en desarrollo como parte de los temas principales del orden del día.
En cuanto a las iniciativas relativas a la OMC que la Comisión ha adoptado para los países del ACP, y que ya he mencionado, quisiera decir lo siguiente. En la primavera de 1998 se estableció un grupo oficioso de trabajo con la secretaría del ACP para el intercambio de información, deliberación y posiblemente coordinación de posiciones de cara a la próxima ronda de negociaciones de la OMC. A partir de enero de 1999 -y esto es importantísimo- se establecerá en Ginebra una antena de la secretaría del ACP para coordinar las posiciones de los países del ACP dentro de la OMC. La financiación de esto corre por cuenta de la Comisión.
Hemos financiado también un seminario preparatorio anterior a la segunda conferencia ministerial de la OMC, que tuvo lugar en mayo de 1998. También hemos financiado siete seminarios que van a tener lugar y que se referirán al acuerdo de la OMC y a su aplicación. La Comisión confirma asimismo que ha recibido una propuesta para promover medidas en favor de la mujer en la OMC, presentada por la coalición internacional de acción para el desarrollo, para que se financie con cargo a la línea presupuestaria B7-611. Como resultado del dictamen del Tribunal de Justicia, ha quedado en suspenso la utilización de este renglón presupuestario. Por eso no es posible de momento dar una respuesta favorable a la mencionada petición.
Ahora bien, la Comisión está dispuesta a examinar propuestas de proyectos que puedan llevarse a cabo con cargo a otras líneas presupuestarias existentes que puedan utilizarse para proyectos de promoción y educación para el desarrollo y que posean ya una base jurídica y, por lo tanto, puedan aceptar proyectos para su financiación.

Sandbæk
Señor Presidente, la última parte de la respuesta del señor Comisario relativa a otras cuentas es precisamente la que me interesa. Si se descubren otras cuentas, ¿se les informa a las ONG que estas cuentas están abiertas o se les comunica simplemente que ya ha sido asignado dinero mediante estas cuentas de presupuesto? Está, por ejemplo, la cofinanciación de las ONG. Son normalmente cantidades muy grandes las asignadas a la cuenta, sin embargo, muchas de las cantidades que en la actualidad se precisan para seminarios u otras formas de formación en los países ACP para participar en las negociaciones de la OMC son muy pequeñas. ¿Se echará mano del dinero de la cuenta de cofinanciación de la ONG, donde éste se encuentra, y dado el caso, se harán las transferencias necesarias, aunque las cantidades sean muy pequeñas, de modo que pueda tenerse dinero para este ámbito importantísimo? Estamos plenamente de acuerdo en que resulta esencial que los propios países en vías de desarrollo nos acompañen en las negociaciones de la OMC.

Pinheiro
Estamos tratando aquí de varias cuestiones diferentes. La primera es la OMC en su conjunto. La segunda trata de cuestiones relativas a la mujer y de la promoción de esas cuestiones, no solamente por lo que se refiere a la OMC sino por lo que se refiere a todas las cuestiones relativas al desarrollo. Esta cuestión ha sido aprobada ya y ha quedado integrada en nuestras actividades. Por eso, en mi opinión está perfectamente justificado que la OMC -comercio y desarrollo y cuestiones relacionadas con el comercio- quede también integrada por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la mujer.
Lo que sugiero -y podría ser algo más específico- es que para algunas de esas medidas recurramos a la línea presupuestaria B7-6000, que trata de la cofinanciación con las organizaciones no gubernamentales, y que ofrece posibilidades para ocuparse del proyecto en cuestión. Si dicho proyecto se presenta bajo esa égida hay buenas posibilidades de que resulte aceptado.

El Presidente
Pregunta nº 39 formulada por Marie-Arlette Carlotti (H-0907/98):
Asunto: Apoyo de la Unión Europea a las elecciones presidenciales en el Gabón
En el marco del apoyo que concede tradicionalmente la Unión Europea a los países ACP para la organización de elecciones democráticas y transparentes, ¿puede la Comisión indicar las modalidades de apoyo técnicas y financieras que prevé aplicar con vistas a la elección presidencial que se celebrará en diciembre de 1998 en el Gabón? Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Carlotti.

Pinheiro
El Primer Ministro de Gabón, mediante una carta de 23 de julio de 1998 solicitó a la Comisión el envío de una misión de observación del conjunto del proceso electoral.
En su respuesta del 3 de septiembre, la Comisión confirmaba lo que ya había dicho con ocasión de contactos anteriores, a saber, que estaba dispuesta, en el marco de un esfuerzo coordinado con el gobierno y los socios exteriores interesados, en ayudar a Gabón a preparar y organizar las elecciones presidenciales. En este sentido, la contribución de la Comisión podría dedicarse a la formación, sobre todo en beneficio de los agentes electorales y de los observadores de Gabón.
Este enfoque, realizado con el conjunto de las fuerzas políticas, permitiría crear en Gabón las condiciones necesarias para asegurar la indispensable transparencia de las futuras consultas electorales. De momento, la Comisión permanece a la espera de una reacción por parte de las autoridades del Gabón a dicha oferta.

Carlotti
Gracias, señor Comisario, por su respuesta tan precisa, pero sigo preocupada por el hecho de que las autoridades de Gabón hacen circular el rumor de que no han recibido respuesta por parte de la Comisión, esa respuesta del 3 de septiembre que usted mencionaba hace un momento.
¿Qué podemos hacer nosotros, pues, para que en Gabón todos sepan, tanto la mayoría como la oposición, que la pelota está claramente en su campo? ¿Qué podemos hacer asimismo para hacer saber públicamente que no nos desinteresamos del proceso democrático en Gabón? ¿Qué podemos hacer urgentemente? Hablaba usted de formación y, efectivamente, cuanto más avanzan las cosas tanto más difícil es poner en práctica la formación de los observadores.

Pinheiro
Comparto sus preocupaciones sobre el tiempo que está tramnscurriendo, principalmente porque Gabón es un país sumamente importante hoy por hoy en esta región de África. Todos sabemos que el Presidente Omar Bongo es el decano de los líderes africanos. Ha tratado de desempeñar un papel pacificador y es absolutamente indispensable que la elección Presidencial en Gabón sea totalmente transparente.
No hay por qué ofrecer asistencia -en términos financieros- pues Gabón no la necesita, pero la formación, y una buena formación, es absolutamente esencial. Nuestra carta del 3 de septiembre merece respuesta y creo que tendrá una respuesta. Y puedo asegurarle que después de esta pregunta voy incluso a informarme personalmente de lo que ocurre e insistiré para tener una respuesta en el más breve plazo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Señorías, con esta pregunta hemos completado la parte correspondiente al Sr. Pinheiro. Le damos las gracias por sus respuestas.

El Presidente
Pregunta nº 40 formulada por Eryl McNally (H-0844/98):
Asunto: Directiva por la que se introducen técnicas racionales de planificación
¿Qué progresos se han realizado en relación con la nueva presentación de la Directiva por la que se introducen técnicas racionales de planificación y de legislación equivalente? Señor Papoutsis, le doy la bienvenida y tiene usted la palabra para responder a la Sra. McNally.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión aprobó, en septiembre de 1995, la propuesta de directiva sobre las técnicas racionales de planificación. El fin de la propuesta, como recuerdan, es que contribuya al objetivo comunitario de reducir las emisiones de dióxido de carbono. El Parlamento Europeo apoyó de forma considerable dicha directiva a través del informe de la Sra. McNally que, como tuve entonces la oportunidad de decir, era un excelente informe y fue aprobado por el Parlamento el 12 de noviembre de 1996. Muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo fueron incorporadas a la propuesta modificada y aportaron más claridad a la directiva. Desgraciadamente, durante los debates en el grupo de trabajo del Consejo, la propuesta recibió un apoyo limitado y determinados Estados miembros declararon que preferían transformar la propuesta de directiva en recomendación. En el reciente comunicado de la Comisión sobre el rendimiento energético, la Comisión reiteró su postura sobre las técnicas racionales de planificación y subrayó que la Comisión sigue considerando importante dicha directiva, especialmente con vistas al desarrollo de servicios energéticos que fuesen el resultado de la liberalización del mercado. Y, asimismo, declaramos que examinaremos el mejor modo de promover dicho asunto.

McNally
Doy gracias al Sr. Papoutsis por su continua labor en este ámbito. ¿No está de acuerdo conmigo en que una directiva de ese tipo coadyuvaría mucho a darnos credibilidad en las negociaciones de Buenos Aires, que estarán coordinadas -desde el punto de vista de la Unión Europea- por la Comisaria Bjerregaard, con quien, según tengo entendido, el Sr. Papoutsis trabaja en estrecha cooperación? La eficiencia energética es, realmente, esencial para que cumplamos las promesas que hicimos en Kioto, particularmente en el sector doméstico. En el sector doméstico es donde necesitamos encontrar la forma de estimular a las empresas para que no solamente suministren electricidad o gas, sino electricidad o gas como medio de bajar o subir la temperatura en nuestros hogares, de contar con neveras y con la electricidad que precisemos. Muchas personas no pueden hacer esas inversiones por su propia cuenta. Necesitan que se les estimule, y esas empresas necesitan ayuda.

Papoutsis
Estoy completamente de acuerdo con usted, señora McNally, en que, efectivamente, es un objetivo especialmente importante y actual, sobre todo porque nos encontramos en el marco de las negociaciones de acuerdo con los compromisos que asumimos en Kioto. De hecho, creo que las emisiones de dióxido de carbono por parte del sector de la producción de electricidad representan más de un tercio del total de las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea. Por ello, debemos encontrar nuevas formas, nuevos métodos, con los que reducir dichas emisiones. Creo sinceramente, por eso insisto y por ello insiste la Comisión, que, efectivamente, una directiva sería una contribución muy importante al esfuerzo de los Estados miembros para lograr dicho objetivo.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Ludivina García Arias (H-0852/98):
Asunto: Ayudas públicas autorizadas a la empresa minera HUNOSA
La Comisión Europea ha autorizado finalmente el Plan español de ayudas a la minería, pero vuelve a exigir nuevos recortes en la producción de carbón de la empresa minera HUNOSA, lo que significa que por segunda vez no reconoce lo pactado entre la Administración española y los interlocutores sociales. ¿No cree la Comisión que en adelante debería sentarse en la misma mesa de negociación, de forma que su intervención sea más transparente y no parezca ante la opinión pública asturiana como un acuerdo entre la Administración española y Bruselas para exigir más recortes? Señor Papoutsis, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. García Arias.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión Europea aplaude el hecho de que la reestructuración de las empresas a las que hace referencia la Sra. García Arias se haya decidido mediante un acuerdo dentro del marco de diálogo social. Es positivo que se haya velado por el futuro de los trabajadores afectados, así como por el de sus familias, y que también se prevean medidas para la transformación económica de las regiones donde se extrae el carbón en un esfuerzo de encontrar nuevos vías y modelos alternativos para el desarrollo económico.
Sin embargo, cuando la Comisión emite su parecer sobre esta nueva reestructuración su obligación es garantizar que las decisiones adoptadas sean compatibles con las disposiciones de los Tratados. La decisión sobre las ayudas a la industria española de extracción del carbón por parte de la Comisión es, de hecho, importante. Solamente para la empresa HUNOSA se han concedido ayudas por un montante de 262.400 millones de pesetas, es decir, 1.590 millones de ECU. La Comisión ha hecho grandes esfuerzos para adoptar una decisión que ayude a la industria y que considere conforme con el Derecho comunitario y que pudiera defender, si fuese necesario, ante las autoridades del Tribunal Europeo.
Durante el proceso de negociación de los acuerdos españoles, la Comisión Europea mostró el mayor respeto posible hacia las partes que intervinieron en el diálogo declarando, por supuesto, que estaba dispuesta a colaborar en cualquier momento y a dar también su parecer siempre que se lo pidieran. Sin embargo, la Comisión señala que los interlocutores sociales que participaron en las deliberaciones no se pusieron en contacto con la misma a pesar de estar informados de los derechos de los que eran titulares.
En lo relativo a las modificaciones a las que hace referencia la Sra. García Arias, incluidas en el texto de las autoridades españolas, la Comisión nunca solicitó nuevos recortes en la producción de HUNOSA. Las observaciones de la Comisión Europea sobre la producción de dicha empresa para el año 2001 proceden de un análisis fundamentado y transparente del desarrollo producido estos últimos años. Dicho análisis reveló que, debido a la base teórica de algunos cálculos que fueron presentados, la reducción de la producción de los pozos prevista en dichos acuerdos para el año 2001 no era la real. Por tanto, la Comisión no estaba en posición de admitir dicho sistema de cálculo de la disminución de la actividad y, en consecuencia, pidió que se cumpliera el acuerdo basándose en datos reales.
Señor Presidente, permítame señalar que la Sra. García Arias tuvo la oportunidad de comprobar personalmente el espíritu abierto y la acogida de la Comisión Europea al interesarse en debatir los problemas de la empresa HUNOSA.
Estamos siempre a disposición de la Sra. García Arias para informarla sobre todos los asuntos que se nos presentaron para su consideración y de los que tuvimos conocimiento.

García Arias
Quizás la pregunta debería haber sido: ¿con qué grado de intensidad ha defendido o explicado el Gobierno español los aspectos correspondientes al plan de HUNOSA? Porque los rumores y comentarios que han corrido mencionan una carta pactada entre el Gobierno y el Sr. Benavides respecto a la segunda fase de la reducción.
Sin embargo, señor Comisario, yo tengo una duda. Cuando se discutió, aquí en el Parlamento, la decisión 3632, fui ponente. Usted sabe que regula, efectivamente, las intervenciones comunitarias. Y, tanto en el Consejo como en el Parlamento, se eliminó explícitamente el concepto de coste de referencia europeo y se habla, por lo tanto, en el texto, de razones sociales, regionales y de reducción tendencial de costes. Aunque es cierto que yo he hablado en varias ocasiones con sus representantes en la Comisión, nunca he conseguido saber claramente -puesto que no hay un reglamento que regule esa decisión- cuáles son esos baremos específicos, ni siquiera tengo el convencimiento de que dentro de la Comisión se conozcan criterios empresariales para que la Comisión pueda, efectivamente, decir que se debe reducir en tanto el personal o que se debe reducir en tanto la producción. Yo creo que se está haciendo además una interpretación restrictiva de la directiva porque estamos hablando de tendencia a la reducción de costes y eso no quiere decir reducción de la producción. Una empresa cualquiera puede producir más y bajar los costes de ese producto. Yo sigo sin entender esos criterios empresariales.

Papoutsis
Señor Presidente, quiero reiterar una vez más que la Comisión Europea está siempre dispuesta a colaborar con los Estados miembros cuando se trata de problemas delicados a nivel nacional y especialmente cuando se trata de aquellos problemas que tienen una particular dimensión social y regional. En el caso controvertido, la Comisión Europea ha agotado todos los recursos a su disposición para afrontar el problema de manera consecuente.
Asimismo, la Comisión Europea respetó los acuerdos firmados entre los interlocutores españoles en lo relativo a los recortes de la producción. La diferencia de apreciación entre la Comisión y los interlocutores españoles estriba en el hecho de que la Comisión, al velar por la transparencia, tuvo en cuenta la cuantía real de la producción, mientras que España consideró una aproximación teórica de la producción. Por lo tanto, del análisis efectuado por los servicios de la Comisión se puso de manifiesto que la producción de 2.100.000 de toneladas para el año 2001 propuesta por España para los pozos de la empresa HUNOSA corresponde casi exactamente con la producción del año 1997 en esas minas. Eso significa que no se iba a realizar ningún recorte de la producción y, por consiguiente, no se llevaría a cabo ninguna reducción de la actividad. Por ello la Comisión ha tenido en cuenta el objetivo del recorte claro de la producción anual, respecificado de forma precisa en los acuerdos que se firmaron, y lo ha respetado. No hemos solicitado más recortes e insisto en que seguimos afrontando dicho asunto con el mayor grado posible de sensibilidad social y reconociendo los particulares problemas que existen en la región de Asturias.

González Álvarez
Creo que al Sr. Papoutsis no le extraña que cuando hablamos de Hunosa seamos la Sra. García Arias y yo misma, que somos asturianas, quienes intervengamos. Yo entiendo lo que él dice de la ayuda prestada por la Comisión. Entiendo lo que dice de la necesidad de reducción, y también agradezco que proponga la negociación con los interlocutores sociales. Pero mire, señor Papoutsis, lo que ocurre es que el Gobierno español llega a un acuerdo con los agentes sociales: un acuerdo de reducción de puestos de trabajo y de reducción de producción. Parece que ya quedamos tranquilos durante un tiempo y, al poco tiempo, aparece en la prensa regional -y hay una hemeroteca ahí que podemos consultar- que la Comisión Europea presiona para que ese acuerdo al que se llegó no se cumpla en todos sus términos y para que se vuelvan a reducir producción y empleo -y usted sabe que Asturias es una región muy castigada. Y, por lo tanto, nuestra preocupación es: ¿por qué no hace la Comisión Europea, de acuerdo con el Gobierno español y con los sindicatos, un plan definitivo que no se varíe dependiendo de la situación del Gobierno o de la Comisión en ese momento?

Papoutsis
Señor Presidente, quiero repetir una vez más que la Comisión Europea estuvo a disposición de las autoridades españolas y de los interlocutores sociales durante la negociación del acuerdo. Desde el momento en que se alcanzó el acuerdo, la Comisión lo respeta totalmente estimando que debe lograrse la reducción ya acordada, teniendo siempre como punto de referencia el volumen real de producción. Dicho esto, la única intervención que realiza la Comisión Europea es apreciar si dicho acuerdo es conforme con el Tratado. Por lo demás, una vez celebrado dicho acuerdo, la Comisión nunca ha vuelto a solicitar una reducción de la producción, como he explicado con anterioridad en la pregunta complementaria de la Sra. García Arias, pero sí la adopción de un método correcto para el cálculo del volumen de la producción para el año 2001. Nada más.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Esko Seppänen (H-0858/98):
Asunto: Financiación de los programas energéticos
La UE ha establecido como objetivo duplicar el empleo de las fuentes de energía renovables para el año 2010. Su porcentaje actual es del 6 % y, por consiguiente, el objetivo, es alcanzar el 12 %.
En la actualidad, la fuente de energía renovable más empleada es la energía hidráulica, que difícilmente podrá incrementarse en el futuro. Por lo tanto, superar el porcentaje del 6 % es un objetivo ambicioso y, obviamente, imposible de alcanzar con la financiación actual.
¿Proyecta la Comisión incrementar los créditos de los programas con que se fomenta la consecución de tal objetivo? Señor Papoutsis, tiene usted la palabra para responder al Sr. Seppänen.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión está de acuerdo en que el objetivo que plantea el plan de acción del Libro Blanco para las fuentes de energía renovables de duplicar la participación de dichas fuentes en el suministro de la Unión y que pase de ser el 6 % al 12 % para el año 2010, es un objetivo ambicioso pero realista. En el Libro Blanco se analiza con bastante detalle la forma de lograr dicho objetivo global, tomando como base las más fiables estimaciones disponibles en cuanto a la posible contribución de cada fuente de este tipo.
La propuesta que se presenta como estrategia para el incremento de las fuentes renovables de energía por sector se basa en una mejor combinación de tecnologías y ofrece a la Unión la posibilidad de lograr su objetivo dentro del marco de las limitaciones técnicas, reales y económicas. La apreciación sobre la porción futura que tendrá cada fuente renovable es, en cualquier caso, indicativa y contribuirá al seguimiento del progreso y a garantizar que cada tecnología se explote dentro de un claro marco político.
Es un hecho que la mayoría de las tecnologías que tienen como fin conseguir fuentes renovables de energía se encuentra en un proceso de maduración técnica. Esto significa que el coste de producción de energía de las fuentes renovables disminuye continuamente, se reduce de forma estable. Por lo tanto, nos encontramos en la etapa en que se requiere un gran esfuerzo para promoverlas en el mercado y aplicar cualquier política que fomente dichas fuentes en la práctica y en todos los Estados miembros. Es manifiesto que, más allá de la financiación de la investigación y de la divulgación, se necesita aún, en la etapa en la que nos encontramos hoy, continuar el apoyo económico a las fuentes de energía renovables.
Ahora, en lo referente al tema del alcance de la financiación, la Comisión está de acuerdo en la importancia de garantizar los créditos adecuados para impulsar las fuentes renovables. El programa ALTENER tiene como meta la utilización de las fuentes de energía renovables en la Comunidad con ayudas, y constituye una parte de la propuesta de la Comisión para el programa marco de la energía, que el Parlamento debatirá el jueves en su Asamblea. La propuesta de la Comisión va acompañada de una distribución financiera indicativa que abarca el período comprendido entre los años 1998 y 2002.
Esta distribución muestra el aumento del presupuesto del programa ALTENER desde 14, 4 millones de ECUs en 1998 a 17, 1 millones de ECUS en el 2002. Creo que es evidente que ello constituye un aumento considerable en relación con la subvención actual destinada al ALTENER. Sin embargo, como saben, son ustedes, el Parlamento Europeo y el Consejo, los que tienen la última palabra en lo referente a los temas del presupuesto. La Comisión Europea está a la espera de sus decisiones.

Seppänen
Señor Presidente, señor Comisario, las posibilidades técnicas de la energía renovable son infinitas, y han sido sometidas a análisis en el Libro Blanco. Pero, además, es necesaria la adopción de decisiones políticas. En la Unión Europea no se han tomado todavía decisiones políticas que promuevan el uso de las fuentes de energía renovable. ¿Piensa la Comisión que las fuentes de energía renovable harán posible una producción de electricidad para el consumo a precios distintos que los que presenta la electricidad producida mediante métodos tradicionales, con lo que se subvencionaría la electricidad renovable tolerando un ajuste de precios?

Papoutsis
Señor Presidente, la Comisión Europea ha hecho todo lo posible para presentar todas las propuestas que podían presentarse en el marco de los acuerdos dentro de la Comisión Europea, así como en el marco de los Estados miembros, para dar un fuerte impulso a la utilización de fuentes de energía renovables. Para ello hemos presentado primero el Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables y posteriormente el Libro Blanco con un programa concreto de acción con el que creemos que podemos dar realmente un buen impulso.
Le recuerdo que, en el programa de acción, elegimos cuatro iniciativas concretas: alcanzar la cifra aproximada de un millón de instalaciones fotovoltaicas sobre un millón de viviendas, instalar grandes parques eólicos con una potencia de 10.000 MW, conseguir instalaciones de biomasa de una potencia de 10.000 MW, introducir la utilización de fuentes de energía renovables en 100 comunidades. Éste es un programa de acción en el que invitamos a la industria, a los Estados miembros y a los agentes a que asumieran iniciativas para fomentar, de forma conjunta, las fuentes de energía renovables.
Sin embargo, les recuerdo que en la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica la Comisión Europea proponía el acceso privilegiado a la red por parte de las fuentes de energía renovables. Esperamos que eso sea algo que se vea continuado y explotado por todos los Estados miembros.
A pesar de ello, la Comisión Europea no puede, como Comisión, actuar de otra manera. Por tanto, depende de los Estados miembros aprovechar todas esas posibilidades que proporciona el marco legal de la Unión Europea y, al mismo tiempo, hacer uso también de la financiación comunitaria que se concede a través de diversos programas comunitarios para apoyar a la industria en la producción de tecnología con un coste menor y, paralelamente, para ofrecer a las regiones de los Estados miembros y a las grandes ciudades la posibilidad de servirse de las nuevas tecnologías para la utilización de las fuentes de energía renovables.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 43 decae.
Pregunta nº 44 formulada por Mihail Papayannakis a quien sustituye el Sr. Alavanos (H-0916/98):
Asunto: Turismo sexual infantil
Según indica una encuesta de Eurobarómetro realizada entre abril y mayo de 1998, los ciudadanos europeos condenan el turismo sexual infantil, y un 88 % de los mismos considera vital que la Unión Europea adopte medidas pertinentes para luchar contra este fenómeno. El Comisario europeo competente en materia de turismo ha manifestado en varias declaraciones que las primeras reacciones de la opinión pública europea han alentado a la Unión Europea a adoptar medidas prácticas y concretas destinadas a combatir el turismo basado en la explotación sexual de menores. Este fenómeno reviste especial gravedad en los países de Asia y Latinoamérica, así como en la Europa Central y Oriental, al estar estrechamente ligado a la pobreza, a la exclusión social y al tráfico internacional de menores.
¿Puede indicar la Comisión si existe una acción común en materia de lucha contra este problema, si las acciones ejercidas hasta la fecha han contribuido en alguna medida a erradicarlo, y qué medidas concretas piensa adoptar para acabar de una vez con este fenómeno? Señor Papoutsis, le propongo que responda a la pregunta nº 44 formulada por el Sr. Papayannakis y al que representa en este momento el Sr. Alavanos.

Papoutsis
Señor Presidente, los resultados de una investigación solicitada a Eurobarómetro por la Comisión Europea contienen datos especialmente útiles para cuantos luchan contra el turismo sexual infantil.
En lo que nos concierne, la lucha contra dicho fenómeno es un asunto al que concedemos especial importancia. Por lo tanto, de acuerdo con los resultados de dicha investigación, la intervención de la Unión Europea es considerada hoy no sólo deseable sino indispensable por parte de la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Como muestra la investigación, el 88 % de los ciudadanos preguntados considera que la intervención social es fundamental e indispensable. La aplicación de todas las acciones previstas en la comunicación de la Comisión de noviembre de 1996 se realizó a un ritmo intenso. La Comisión tiene la intención de presentar, a finales de 1998, al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones un informe relativo a la aplicación de todas esas acciones y al progreso conseguido. Sin embargo, el hecho de que los ciudadanos europeos reconozcan ya la existencia de una actuación de la Comisión Europea nos anima de verdad a continuar con nuestros esfuerzos.
Permítame, señor Presidente, que haga una breve referencia a una iniciativa sobre el apoyo a la coordinación a nivel europeo de las campañas nacionales de información y sensibilización contra el turismo sexual infantil. Las actividades de información, que hoy se encuentran en fase de materialización y son apoyadas por la Comisión Europea, se basan en el desarrollo, en distintos Estados miembros, de dos programas complementarios.
El primero tiene como objetivo la planificación, elaboración y distribución de un vídeo sobre los vuelos de aviones hacia los destinos donde el fenómeno se manifiesta con más intensidad, así como la información y sensibilización del personal de las distintas líneas aéreas.
El segundo tiene como objetivo la planificación, elaboración y distribución de folletos informativos para los viajeros y de informes con datos sobre el turismo sexual dirigidos a la formación de los profesionales del turismo. A dichas actividades de informaciónhay que añadir la organización de las primeras reuniones europeas de los agentes que participan en la lucha contra el turismo sexual infantil, del 24 al 26 de noviembre en Bruselas, a propósito del informe Brussels Travel Fare 1998. En el marco de dicho informe turístico profesional, la Comisión Europea tendrá a su disposición un importante foro que le permitirá presentar todas las iniciativas que ha asumido en lo relativo a la lucha contra el turismo sexual infantil. Asimismo, organizaremos reuniones de especialistas que contarán con distintas personalidades. Seis mesas redondas tendrán lugar en esos días con vistas a debatir, de forma detallada, todos las cuestiones y acciones comunes que podemos asumir en el futuro a escala europea contando para ello con las organizaciones no gubernamentales, con la industria y con los gobiernos de los Estados miembros.

Alavanos
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario, Sr. Papoutsis, porque creo que ha asumido iniciativas importantes que no se mueven sólo en la esfera de las declaraciones, sino que promueven medidas prácticas, por muy difíciles que éstas sean y por muchos obstáculos que tengan que salvar.
Me gustaría plantear dos breves preguntas: en primer lugar, si la Unión Europea ha tratado, a nivel político, con los gobiernos de los Estados miembros acerca de los países de Asia Oriental, allí donde se registran los mayores índices de turismo sexual, frecuentemente infantil y, en segundo lugar, si, a juicio de la Comisión, los 15 Estados miembros se han movilizado con igual sensibilidad y sentido práctico ante estas cuestiones.

Papoutsis
Señor Presidente, nos encontramos en un proceso de deliberación continua con los gobiernos de los Estados miembros y, tras la resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 1997, ya disponíamos de la declaración del Consejo de 26 de noviembre de 1997, previa propuesta de la Comisión. Debo decirles que en aquella comunicación había un amplio acuerdo por parte de los Estados miembros. Desde un punto de vista práctico, las propuestas de la Comisión para actuar contra el turismo sexual infantil se concentran en un número reducido de objetivos que se corresponden con 4 necesidades básicas.
Primero, impedir la explotación sexual de los menores y castigar a los que se aprovechan de ella.-Segundo, detener la afluencia de turistas con intenciones de practicar el turismo sexual desde los Estados miembros a terceros países.-Tercero, contribuir a la lucha contra el turismo sexual en terceros países.-Cuarto, que los Estados miembros de la Unión Europea adopten una postura uniforme ante el turismo sexual infantil. Aquí es donde se requieren en determinados casos modificaciones en la legislación nacional de los Estados miembros, que ya ha comenzado a realizarse a paso lento pero firme. En efecto, cada vez existe un mayor compromiso político de los gobiernos y, al mismo tiempo, hay mayor vigilancia y movilización por parte de la opinión pública en diversos Estados miembros de la Unión Europea, que espero que en breve abarque a todos los Estados miembros de la Unión Europea.En lo relativo a terceros países y dentro del ámbito de las relaciones exteriores de la Unión Europea se aborda dicho tema pero de forma tal que no desacredite a dichos países y se contribuya al esfuerzo conjunto realizado con dichos gobiernos con vistas a encontrar medios para combatir el fenómeno. También aquí necesitamos la ayuda de la industria turística que, debo decir, ya había asumido iniciativas importantes en este sentido. En cualquier caso, contando con la ayuda de la industria, con la colaboración de los 15 Estados miembros y con la de los gobiernos de terceros países, principalmente la de aquéllos en los que más se manifiesta dicho fenómeno, debemos insistir en el esfuerzo común para la creación de una ética turística y, al mismo tiempo, en encontrar medios con los que podamos, a través de la ayuda económica, contribuir al desarrollo económico, mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y, en especial, de los jóvenes, crear nuevos puestos de trabajo y, de esta forma, impedir el auge de dicho fenómeno y luchar contra el mismo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Papoutsis. Hemos sobrepasado en 10 minutos el tiempo que teníamos destinado a las preguntas a la Comisión. No sé si atreverme a invocar su generosidad y la indulgencia de los servicios de la Asamblea, pero el Sr. Gary Titley está aquí. ¿Qué le parece? ¿Podemos responder a la pregunta del Sr. Gary Titley? Doy muchas gracias a usted y a los servicios de la Asamblea.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Gary Titley (H-0900/98):
Asunto: Consecuencia del apoyo del Parlamento al informe Harrison sobre el retraso en los pagos
¿Qué medidas está emprendiendo la Comisión para garantizar que cumple el espíritu y la letra del informe Harrison sobre el retraso en los pagos, aprobado en septiembre, con objeto de garantizar que las pequeñas y medianas empresas que trabajan para la Comisión no sufren los efectos del retraso de los pagos de la propia Comisión? Señor Papoutsis, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Titley.

Papoutsis
Señor Presidente, la Comisión tuvo, de hecho, la oportunidad de expresar su satisfacción por el informe del Sr. Harrison sobre dicha propuesta de directiva relativa al retraso en los pagos y tendrá en cuenta la mayoría de las modificaciones propuestas en dicho informe. De acuerdo con la propuesta de la Comisión, los pagos efectuados por organismos comunitarios no están comprendidos en dicha directiva. Sin embargo, la Comisión presentará las propuestas pertinentes también para dichos pagos con vistas a crear normas equivalentes a las previstas en la directiva relativas a las autoridades públicas. De acuerdo con el documento de trabajo para la modificación del Reglamento Financiero del 22 de julio de 1998, la Comisión tiene la intención de armonizar las disposiciones que se aplican actualmente en lo relativo a los pagos con vistas a que el conjunto de las instituciones de la Comunidad adopte los mismos modelos previstos en la propuesta de directiva. De forma paralela, la Comisión ha asumido la elaboración de un estudio sobre sus propios retrasos en los pagos, cuyas conclusiones y propuestas se anunciarán antes de fin de año. Hasta entonces, los servicios competentes de la Comisión Europea realizarán todos los esfuerzos a su alcance para respetar, en la práctica, las directrices de la directiva propuesta.

Titley
¿No le parece a la Comisión que se halla en una situación incómoda, pues por una parte dice que quiere preparar una directiva que regule la cuestión del retraso en los pagos y, por otra, tiene esperando a sus proveedores durante mucho tiempo a que se les pague lo que se les debe? Los proveedores se me quejan constantemente de ello, y sé que también se quejaron al Comisario cuando tuvo la amabilidad de visitar mi circunscripción. ¿No le parece que esta situación será totalmente indefendible desde el punto de vista político mientras la Comisión no adopte medidas para corregirla?

Papoutsis
Señor Presidente, tengo que admitir que la Comisión Europea se ha retrasado en determinados casos y entiendo que existan quejas justificadas por parte de ciertas empresas y que posiblemente algunas de ellas se encuentren en la demarcación electoral del Sr. Titley. Sin embargo, debo decir, e insistir en ello, que la Comisión Europea realiza todos los esfuerzos necesarios en cuanto a los procedimientos, porque algunas veces nos encontramos ante facturas erróneas y se requiere cierto tiempo para comprobar si, realmente, las facturas son correctas o no. En cualquier caso, la Comisión Europea ha realizado todos los esfuerzos a su alcance para respetar, en la práctica, el marco propuesto por la directiva. No obstante, aparte de ello, quisiera señalar que la Comisión aprobó en julio de 1997 el principio de abono de intereses en caso de que efectuase con retraso los pagos, para indemnizar así al afectado por dicho retraso. De acuerdo con lo que sabemos, ningún otro organismo internacional paga intereses por los retrasos en los pagos. Quiero recalcar esto porque muestra, de hecho, que, en la práctica, la Comisión Europea se ajusta al marco y al espíritu de la directiva que ya propusimos sobre los retrasos en los pagos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Papoutsis. Gracias, también, a los servicios de la Asamblea.
Señorías, les informo que las preguntas 46 a 86 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.18 h., se reanuda a las 21.00 h.)

Transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0310/98) del Sr.Watts, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(98)OO71 - C4-0162/98-98/0064 (SYN)) relativa a las condiciones exigibles para la explotación en la Comunidad de servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad.

Watts
Señor Presidente, hace poco más de cuatro años, en septiembre de 1994, el transbordador de pasajeros de carga rodada Estonia se hundió en el Báltico con un balance de más de 900 muertos. Este Parlamento decidió entonces que este tipo de accidentes no podía volver a repetirse. La tragedia del Estonia fue sólo una de numerosas catástrofes de embarcaciones durante la pasada década. Puedo nombrar otras, incluida la de The Herald of Free Enterprise , ocurrida en 1987, o también, en fecha más reciente, la del Scandinavian Star .
Entonces, el Parlamento se hizo la pregunta siguiente: ¿por qué no aprendimos la lección? ¿Por qué no aprendimos la lección de la catástrofe de The Herald ? ¿Por qué entonces no se hizo prácticamente nada? Nunca más, es el objetivo de este Parlamento.
En calidad de ponente del Parlamento sobre seguridad de los transbordadores, me complace sobremanera que actualmente estemos avanzando de verdad en lo que respecta a las seguridad de las embarcaciones. En realidad, gracias a la determinación del Comisario Neil Kinnock, hemos asistido a la introducción de una serie de medidas encaminadas a aprender y poner en práctica la lección. En primer lugar, el Código Internacional sobre Seguridad Marítima ha pasado a ser de obligado cumplimiento para garantizar que la dirección, el patrón, los oficiales y la tripulación dan prioridad a la seguridad. En segundo lugar, a partir de ahora se contará el pasaje y se recogerán los datos fundamentales por si se diera una emergencia. En tercer lugar, se están resolviendo los problemas de estabilidad de los buques de carga rodada, a raíz de la entrada en vigor del acuerdo de Estocolmo.
Hoy analizamos la más reciente y ambiciosa medida hasta ahora. En lo sucesivo, los Estados miembros autorizarán la circulación de todos los transbordadores y las naves de pasaje de gran velocidad que operan en la UE, independientemente del país de abanderamiento. En otras palabras, los operadores ya no podrán evadir las leyes internacionales de seguridad al optar por un pabellón de conveniencia.
Asimismo, en el futuro, será obligatoria la utilización de una caja negra que registre los datos del viaje. A partir de ahora, no se podrá negar a los Estados miembros el derecho a investigar los incidentes marítimos.
Como ponente, respaldo plenamente dichas medidas, entre otros motivos, porque a pesar de los recientes sucesos trágicos, muchas embarcaciones no son aún lo suficientemente seguras. Un reciente estudio financiado por la Comisión ha revelado que casi uno de cada tres transbordadores examinados presentaba serias deficiencias en materia de seguridad. Dichas deficiencias incluían extintores obturados por el óxido, chalecos salvavidas defectuosos, motores de los botes salvavidas defectuosos y salidas de emergencia bloqueadas. Debemos asegurarnos, por consiguiente, de que la presente propuesta se adopta sin pérdida de tiempo, y debemos garantizar que se aplica rigurosamente en toda la Comunidad.
A pesar de que apoyamos completamente esta medida, nos gustaría que fuera simplificada y reforzada en algunos aspectos importantes. Primero, creemos que todos los transbordadores -viejos y nuevos- deben estar equipados con cajas negras en un plazo de cinco años, lo que viene a llenar la laguna del artículo 5, que eximiría de su cumplimiento en perpetuidad. Segundo, creemos que deben hacerse públicos los resultados de los estudios sobre seguridad comunicados a la Comisión de conformidad con la presente directiva. Tercero, en el plazo de 12 meses, a partir de la entrada en vigor de esta propuesta, deberá realizarse una evaluación exhaustiva para determinar si las medidas adoptadas son suficientes o si son necesarias otras adicionales.
Como garantía adicional de la seguridad de las embarcaciones, creemos que debe elaborarse un informe anual sobre seguridad. Toda esta información deberá hacerse pública. Estas tres enmiendas reflejan nuestra determinación de hacer más seguras las embarcaciones, garantizar que la seguridad de las embarcaciones sigue siendo una de las prioridades de nuestra agenda y, también, de aseguramos el apoyo del ciudadano y del pasajero a la hora de garantizar que se cumplen estas estrictas normas de seguridad. Espero que la Comisión esté de acuerdo esta noche con estas medidas.
Tengo también algunas preguntas para el Comisario. Primera, habida cuenta de que los Estados miembros se muestran reacios a aplicar el nuevo régimen de seguridad, ¿qué recursos se pondrán disponibles para garantizar el cumplimiento en toda la Comunidad? Segunda, ¿cuándo tiene previsto la Comisión revisar el Acuerdo de Estocolmo para asegurarse de que las normas de estabilidad de los transbordadores son actualizadas de acuerdo con los últimos avances tecnológicos? Tercera, habida cuenta del fallo de las dos cajas negras en los minutos finales del vuelo de Swissair, que se estrelló recientemente frente a las costas canadienses, ¿se encargará la Comisión de garantizar que las cajas negras de todas las embarcaciones estarán equipadas de un sistema de alimentación auxiliar?
Por último, deseo dar las gracias a todos mis colegas y a nuestro personal. Juntos, estamos decididos a impedir más catástrofes de transbordadores. ¡Nunca más! Esta propuesta, junto con nuestras enmiendas y a condición de que se aplique debidamente, garantizará que los 141 millones de pasajeros que cada año viajan en transbordador en aguas europeas lleguen sanos y salvos a su destino.

Sindal
Señor Presidente, en un año de elecciones como éste a menudo se nos pregunta por lo que hacemos realmente en este Parlamento. Siempre me alegra poder decir que en la Comisión de Transportes del Parlamento en Estrasburgo y Bruselas hemos trabajado perseverantes por mejorar la seguridad en todos los medios de transporte. El tráfico transnacional debe hacerse más seguro a través de compromisos comunitarios. Nuestro compromiso es bien conocido, en especial con la seguridad en los transbordadores, como deja también claro el informe de hoy. Las cifras - más de 140 millones de pasajeros repartidos en 500 transbordadores - hablan por sí mismas. Deseo añadir que yo personalmente hago 200 viajes por mar al año y conozco los transbordadores. Y resulta cómico en sí que - cuando deben hacerse cumplir las normas internacionales de la OMI - nosotros nos veamos obligados a recogerlas en una directiva. Deberían ser válidas en todo el mundo. Sin embargo, no hay que darle más vueltas. En la confusión de países, de banderas y de legislaciones diferentes son necesarias directivas que garanticen marinos formados, port state control , etc.
Los críticos de esta directiva tratarán seguramente de hallar nuevos derroteros. Los transbordadores serán trasladados a países fuera de la UE, etc. Sin embargo, y como ha sido mencionado, bien podría desearse que este arranque con el informe del Sr. Watt y el borrador de la Comisión fuera el comienzo de una iniciativa global que garantizase la seguridad en todos los mares. Vemos continuamente que debemos derogar la OMI en favor de leyes comunitarias. Sería mejor que tuviéramos algo que fuera válido para todo el globo.
Estos días - desgraciadamente, podría decirse - sale a la venta un libro en Dinamarca sobre el accidente de Estonia. Algunos de nosotros reviviremos el accidente una vez más. Espero que esta directiva, y sobre todo la implementación de esta directiva, contribuyan a asegurar la legislación común y agarantizar la seguridad en el futuro.
Para acabar, me veo obligado a mencionar un par de problemas daneses en lo que a esta directiva se refiere. Se trata de las enmiendas núm. 2, 15, 16 y 17, ya que puede discutirse hasta qué punto la Comisión debe asegurarse el derecho de actuación. Ésta podría ser la próxima cuestión a examinar cuando dispongamos de todos los datos estadísticos. Pero dejémoslo por ahora. Apoyo el informe tal y como ha sido aprobado en la comisión, sin embargo, me preocupan especialmente las enmiendas 16 y 17.

Jarzembowsi
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el Grupo del PPE apoya completamente el informe del Sr. Watts con dos pequeñas excepciones, en concreto las enmiendas 9 y 14. Creo que éstas van demasiado lejos, aunque nuestro colega el Sr. Watts sea un perfeccionista. No obstante en su esencia estamos totalmente de acuerdo con él. En los últimos años el agujero de los ferris le ha costado la vida a más de 2000 de nuestros conciudadanos.
Desgraciadamente, señor Watts, el estudio del ADAC ha puesto de manifiesto este año que también en aquellos estados que pertenecen a los pabellones de la Comunidad aun existen muchas deficiencias en materia de seguridad. Señor Comisario, usted sabe a qué me refiero. Tenemos que conseguir que todos los ferris de la Comunidad, que navegan bajo pabellón europeo cumplan las prescripciones en materia de seguridad. Coincidimos tanto con el Sr. Watts como con sus colegas en que hay que reforzar las propuestas de la Comisión respecto de las condiciones para que operen los transbordadores de pasaje de carga rodada.
Creemos que ya no es suficiente confiar la evaluación de las medidas de seguridad a los estados del pabellón. En ese error ya hemos caído demasiadas veces. Debemos procurar que los estados receptores alcancen un sistema obligatorio de supervisión, es decir, aquellos estados cuyos puertos son utilizados y cuyos ciudadanos son los usuarios habituales de los barcos.
Compartimos totalmente la perspectiva de que no solo es exigible dotar a los ferris extranjeros con aparatos registradores de navegación, y en concreto con aquellos que disponen de batería propia, sino que también se cumplan lo más estrictamente posible las prescripciones transitorias. Porque la seguridad de los pasajeros debe ser igual para todos, lo mismo que la investigación de los accidentes, independientemente de la antigüedad del barco y el Estado miembro de registro del mismo.
También compartimos la posición del ponente de que el banco de datos de la Comisión sobre incidentes en o con barcos pueda estar disponible no solo para los Estados miembros sino también para los ciudadanos que quieran emprender un viaje, de modo que todo el mundo se pueda informar sobre qué línea de navegación o qué barco es más seguro y sacar sus propias conclusiones. Posiblemente esto puede conduir a que las navieras, a la vista de las cifras de reservas y su retroceso, reflexionen acerca de alcanzar en sus barcos los estándares más modernos para no perder pasajeros.
Seguramente también sea acertado adoptar los estándares de seguridad en la forma en que sean válidos para la evaluación y no como se contemplan en la aprobación de esta directiva, ya que creo que aun vamos a tener que endurecer muchas cosas. Permítanme para terminar que haga mención de un punto al que siempre hacemos referencia, y siento curiosidad por la forma en que la Comisión va a responder a la pregunta adicional del Sr. Watts. Nuestro problema principal es que a pesar de que aprobamos las directivas correctas, y esperamos que los Estados las transpongan correctamente, queda siempre la misma pregunta: ¿se preocupan igualmente los Estados miembros? ¿Se comprueba con la misma intensidad? ¿Se extraen las debidas consecuencias en los casos de deficiencias? Creo que en este sentido aun nos queda mucho por hacer y siento curiosidad por saber si el Sr. Comisario nos puede decir algo más al respecto.

Teverson
Señor Presidente, ciertamente acogemos con satisfacción esta legislación complementaria, que es absolutamente fundamental para la seguridad de los pasajeros que utilizan principalmente este medio de transporte para desplazarse entre los Estados miembros. El informe contiene algunos aspectos importantes, como el hecho de que hayamos incluido las naves de pasaje de gran velocidad. Cada vez es mayor la competencia entre los transbordadores de pasajeros de carga rodada y dichas embarcaciones, por lo que debemos asegurarnos de que hacemos hincapié por igual en ambos medios de transporte.
Deseo referirme en particular a la aplicación. Este aspecto ha sido mencionado por el Grupo del PPE y me preocupan varios ámbitos de la legislación. Europa, como no podía ser de otra manera, avanza en materia de legislación sobre seguridad en los transbordadores de pasajeros de carga rodada, que es un medio de transporte que teórica y prácticamente puede ser muy inestable, como hemos podido comprobar.
Desearía oír de la Comisión, en particular, cómo podrá establecerse un sistema que garantice el cumplimiento en beneficio del público.
Es un aspecto clave en el que el Parlamento debe involucrarse. Muchos ciudadanos viajan en transbordador regularmente y debemos garantizar su seguridad.
Deseo dar las gracias al Sr. Watts por su informe, que es excelente. El cumplimiento es un aspecto clave.

Alavanos
Señor Presidente, nosotros también consideramos muy importante el informe del Sr. Watts sobre el control de la seguridad de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad en la Comunidad y, tras los múltiples accidentes ocurridos, lo situamos en el marco de las iniciativas legislativas sobre la seguridad.
Y creo que son pasos importantes que exista un registro de los datos de la travesía y las propuestas de la Comisión de Transportes y Turismo, así como la propuesta sobre el informe anual sobre la seguridad de los buques y sobre un banco de datos que esté abierto al público, pero estos pasos no son suficientes. Pensamos que en los temas de seguridad en los barcos debe haber una cobertura más amplia, y especialmente un control de su aplicación, porque desde un punto de vista práctico, estamos viendo que estamos muy lejos de lo que hoy estamos debatiendo aquí y de las medidas que se dictan en la Unión Europea.
Debe haber una aplicación, una aplicación que la propia Unión Europea a veces no deja avanzar. Quizás debería mencionar ahora nuestro gran disgusto por el hecho de que en otra directiva sobre la seguridad de las naves de pasaje, en donde dispone el reacondicionamiento de los buques que en octubre del año 2000 hayan cumplido 27 años, se haga una excepción con los buques griegos. Como diputado griego al Parlamento Europeo, quisiera decir que de ninguna manera podemos aceptar esta exención, exención que quizás pudiera aceptarse en otros sectores como, por ejemplo, en la industria textil o en la industria del calzado por razones económicas o sociales, pero que no puede ser aceptada cuando se trata de la seguridad de las naves de pasaje . Si los buques griegos pueden ser, provisionalmente, una excepción a ese reacondicionamiento, en el mismo momento en que se prohíbe tocar puerto europeo a los buques que sean objeto de exención, se hace de nuestro país un país tercermundista.

Van Dam
Señor Presidente, señor Comisario, las catástrofes ocurridas con el «Herald of Free Enterprise» y el «Estonia» no se han olvidado, como es de justicia. Mostraron sobradamente que en el tráfico marítimo la política de seguridad merece alta prioridad. Si se descuida aquélla, las consecuencias son sumamente negativas tanto para las vidas humanas como para el medio ambiente. Por eso, es necesaria una política de seguridad rigurosa para el transporte por mar tanto de mercancías como de personas. Esa política debe adecuarse a la navegabilidad de los barcos y a la calidad de la tripulación. La reciente investigación del ADAC sobre la navegabilidad de un número de barcos de carga rodada y de barcos de pasajeros ha demostrado que el estado de seguridad de gran número de transbordadores deja bastante que desear. Por tanto, apoyo firmemente la propuesta que ha realizado la Comisión para elaborar una legislación al respecto y apoyo la mayoría de las enmiendas del ponente, al que felicito por este informe. Estoy de acuerdo con que esa política para la seguridad en el mar debe tener un alcance comunitario, de lo contrario existiría la posibilidad de que los armadores evitaran los puertos con los regímenes de seguridad más estrictos y se desviaran a puertos donde las exigencias a los barcos fueran menores. Eso, naturalmente, no va en beneficio de la seguridad. Para garantizar un desarrollo efectivo de la política de seguridad es necesario que la legislación sirva para todos los barcos que hagan escala en los puertos de la Comunidad, sin importar su bandera ni su nacionalidad,
Las medidas propuestas crean un marco dentro del cual se ihan de introcucir en el ámbito comunitario las normas OMI, permaneciendo así a un nivel aceptable la navegabilidad de la flota naviera. La adecuación de las normas OMI aporta además un panorama claro a todos los interesados.
Cargar los costes de revisión al armador cuando se constate deficiencias tales que sea irresponsable mantener el barco navegando, no se compagina bien con la igualdad de trato a las empresas. Después de todo, para cada barco controlado se realiza el mismo examen. Los costes son, por consiguiente, independientes de las deficiencias constatadas. Por tanto, no puedo apoyar la enmienda presentada en este punto.
Quiero también señalar la importancia de un buen suministro de información para todos los interesados. La disponibilidad de información completa y relevante ofrece al cliente una visión de los riesgos que corre al utilizar los servicios de una compañía determinada. Por la misma razón soy partidario de un análisis anual de los resultados de la política llevada a cabo y la divulgación del mismo.
Por último, Presidente, esta propuesta cuenta con toda mi aprobación y estoy convencido de que pueden evitarse muchos daños personales y materiales con la puesta en marcha de esta directiva.

Stenmarck
Señor Presidente, permítame comenzar dando gracias al ponente por el informe que ha presentado. Como suele suceder con los asuntos concernientes a la seguridad marítima, estamos de acuerdo en los aspectos esenciales.
El tráfico de transbordadores en Europa se ha ensombrecido en el último decenio a causa de algunos accidentes muy graves. Todo esto ha hecho necesario que la UE actúe. Muchas propuestas hechas durante años han redundado en mejoramientos en la seguridad. Se ha tratado de mejorar la capacitación del personal de a bordo. Se ha tratado de ampliar la convención SOLAS para que comprenda también el tráfico nacional de transbordadores. En cada una de estas oportunidades hemos estado de acuerdo en que también en el futuro se necesitarán medidas para mejorar la seguridad. Mucho de lo que se tiene que hacer puede lograrse sólo mediante una amplia colaboración internacional. Las medidas comunitarias son necesarias para que la UE pueda dar a los ciudadanos un alto grado de seguridad, independientemente del país miembro al que viajen.
De lo que se trata aquí, es de asegurar una aplicación más eficiente de las normas de seguridad acordadas internacionalmente para los transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de alta velocidad. Una gran cantidad de normas de seguridad y de explotación que han sido acordadas en el seno de la OMI serán obligatorias para los países miembros. Todo esto tiene básicamente el objetivo de cumplir con lo que durante los últimos años se ha dicho tantísimas veces en este Parlamento: «Nunca más debe ocurrir».
Permítanme formular una pregunta final al Comisario acerca de las medidas que él considera necesarias para mejorar aún más la seguridad en el tráfico europeo de transbordadores.

Thors
Señor Presidente, como se ha señalado, esta directiva es un paso importante para aumentar la seguridad marítima. Además, es una parte de las medidas que adoptó el Consejo después de la catástrofe del Estonia en diciembre de 1994. A nadie puede sorprender que yo apoye esta directiva, puesto que el Ministro de Transportes finlandés en ese momento era Ole Norrback, ex presidente de mi partido y mi jefe.
Sabemos que los ingredientes fundamentales de esta directiva son reforzar las revisiones obligatorias, crear normas para la investigación de accidentes marítimos e instituir la exigencia de black box en las naves. Esto va a representar aumento de costes para la navegación pero no modifica mi posición. Yo apoyo la directiva. También es necesaria, porque las diversas interpretaciones de las normas de la UEM crean inseguridad.
Las experiencias que condujeron a la propuesta de directiva demuestran también que la privatización de las actividades de las autoridades no es factible cuando los intereses económicos son demasiado grandes. También creo que debería haber control y emulación de calidad para esta actividad de las autoridades en el futuro, idea que yo creo que podríamos acoger.
También me alegra que naciones insulares, además de las de la Unión, es decir, de Irlanda, Gran Bretaña y Finlandia, apoyen actualmente estas propuestas. Doy mi más sincero apoyo a la enmienda 3 porque se refiere al tráfico desde y hacia un mismo puerto, un tipo de tráfico que existe en mi región.
Por el contrario, la enmienda 12 no cumple con el principio de cercanía. Creo que el asunto de la distribución de los costes de revisión tiene que ser dirimido por los países miembros.
Estimados amigos, no acostumbro a usar muchas palabras de agradecimiento, pero esta vez deseo dar las gracias a nuestro colega Watts por el buen trabajo que ha realizado. Le deseo éxito, a nombre de todos, en la evaluación de los resultados del informe de ADAC al que hace alusión en los considerandos. Opino que su informe es una excelente forma de homenajear la memoria de las víctimas del Estonia.

Sarlis
Señor Presidente, junto con el resto de la Asamblea yo también debo aplaudir el informe y la labor del Sr. Watts, así como las enmiendas que se han presentado y que creo que mañana serán aprobadas por gran mayoría por el Parlamento.
Y debo decir que realmente la Comisión ha avanzado mucho en este sector y ha propuesto muchísimas directivas y reglamentos que atañen a la seguridad de los buques. Está bien que estas directivas se aprueben y después sean leyes. Pero ha descuidado en gran parte las medidas para la asistencia a la navegación europea. Debo recordarles que hasta finales de la década de los años 80 la Comisión estuvo, literalmente, bombardeando al Parlamento con propuestas sobre medidas para apoyar a la navegación europea. Un día se dejaron de proponer o de debatir medidas positivas para el mantenimiento de la navegación europea y desde entonces los únicos temas que ocupan a la Comisión son los de seguridad. Esto no es reprochable, pero existe un desequilibrio. En este momento, los que están obligados a trabajar estas líneas ven aumentar el coste de funcionamiento de un buque, que tiene que ser moderno y estar equipado -y esto también es correcto- con todo lo que prevé el informe del Sr. Watts.
Sin embargo faltan medidas positivas para la navegación. La Comisión se ha olvidado de la navegación como industry. No se interesa por la navegación y por tanto vemos que la Hapag Lloyd se marcha de Alemania, la P&O de Gran Bretaña, la Stena Line de los estados escandinavos, se van a los conocidos paraísos fiscales, porque sólo mediante el fraude fiscal se pueden enfrentar a los crecientes gastos de explotación de sus barcos. Y estoy diciendo todo esto porque espero una respuesta de la Comisión sobre qué va a hacer en cuanto a las medidas de apoyo a la navegación europea, aunque sea ahora, en el último momento. Porque sin una navegación europea no habrá tampoco marinos europeos. Un método seguro para hacer desaparecer la especie del marino europeo es que no haya barcos con pabellón europeo.

Donnay
Señor Presidente, Señorías, la seguridad marítima, objeto de la presente propuesta de directiva, es de capital importancia. Ya era indispensable que la Unión Europea interviniera en este tema. Por tanto, felicito a la Comisión y al Consejo por completar así el edificio legislativo que han ido levantando progresivamente en el curso de estos últimos años, como resultado de los dramas que se produjeron a principios de la década.
En efecto, la propuesta de directiva que hoy nos ocupa da respuesta a varias iniciativas destinadas a solucionar el problema de la seguridad de los transbordadores de pasaje de carga rodada. Ésta constituye el tercer texto presentado por la Comisión con vistas a responder a las expectativas del Consejo en materia de seguridad de los transportes marítimos de pasajeros.
Así, tras el reglamento que hace obligatoria, con anticipación, la aplicación del código internacional de gestión de la seguridad a todos los servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada y después de la directiva que prevé el registro obligatorio de los pasajeros que viajen a bordo de dichas naves, la propuesta de directiva, objeto del informe de nuestro compañero Mark Watts, está destinada a instituir un régimen de vigilancia obligatoria de todos los transbordadores de pasaje de carga rodada que salen o tienen como destino los puertos de la Unión Europea. Asimismo, está destinada a permitir el control por parte de los Estados miembros de la seguridad de todas estas naves, incluido el derecho a entablar investigaciones en caso de producirse un accidente marítimo.
Este conjunto de textos reglamentarios dan respuesta a una resolución del Consejo del 22 de diciembre de 1994 sobre la seguridad de los transbordadores de pasaje de carga rodada, aprobada tras varios dramáticos accidentes a bordo de los transbordadores que realizan el enlace entre puertos europeos. En efecto, todos tenemos presente las tragedias del «Herald of Free Enterprise», del «Scandinavian Star» y del'«Estonia», para sólo citar a los más recientes. Recordemos que estas tragedias costaron la vida a cerca de 2.000 personas. La Unión Europea tenía que intervenir.
La propuesta de directiva afectará a más de 550 transbordadores de pasajeros y naves de pasaje de gran velocidad que navegan regularmente entre 277 puertos europeos y que, en 1996, transportaron 141.818.786 pasajeros, según apunta el ponente. Esto pone de manifiesto cuán oportuno es que nos ocupemos de este tema.
A este respecto, la uniformidad, la armonización de las normas de seguridad a escala de la Unión Europea es de primordial importancia con el fin de garantizar a los pasajeros unas condiciones de seguridad óptimas.
En conclusión, quisiera felicitar al ponente por la calidad del análisis que desarrolla en su informe. Sé que tienen gran interés en los temas relativos a la seguridad marítima. Le ruego, pues, que me permita saludar el notable trabajo que ha realizado y los esfuerzos que ha desplegado en la materia.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para empezar quiero decir que tomo la palabra en nombre de la Comisión Europea y en el de mi colega el Sr. Kinnock, quien siente no estar hoy aquí en la sesión ya que se encuentra en Luxemburgo, en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente sustituyendo a mi colega la Sra. Ritt Bjerregaard, que ha sufrido un pequeño accidente y, desgraciadamente se encuentra fuera de servicio.
Señoras y señores diputados, me alegra especialmente que el informe del Sr. Watts apoye la introducción en la Comunidad de un sistema de vigilancia extensivo y obligatorio y de un régimen de investigaciones en caso de accidentes en servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada. Me encuentro en la grata situación de informar que la Comisión va a apoyar un gran número de las enmiendas que se proponen en el informe. En concreto, la Comisión puede aceptar, con la reserva de algunos cambios sintácticos, las enmiendas nº 1, 2, 4, 5, 10 y 11 y también puede aceptar, en principio, las enmiendas nº 9, 12 y 15. Muchas de estas enmiendas aspiran a asegurar y mantener la cohesión con otras enmiendas y reglamentos sobre la seguridad en la navegación. Sin embargo, el mismo interés por la cohesión no nos permite aceptar las enmiendas nº 3, 7 y 14. La enmienda nº 6 propone que se apliquen las directrices que se anexan a la Resolución A.746 de la Asamblea de la OMI, vigentes en la fecha del reconocimiento de conformidad con el artículo 13. Me hago cargo del gran deseo de aplicar los ya modernos reglamentos; pero, como legisladores, no podemos prever la inmediata aplicación de futuras enmiendas en acciones oficiales de la OMI. De cualquier modo, los servicios de la Comisión están preparando una propuesta para enfrentarse a esta situación y estoy seguro de que esto va a satisfacer al Parlamento Europeo.
Una de las medidas más importantes que se proponen para la investigación de los siniestros, es la existencia obligatoria en la nave de un registrador de datos relacionados con la travesía, el Voyage Data Recorder.
La Comisión ha tomado en cuenta debidamente las dificultades técnicas que podrían producirse en la instalación de estos registradores en naves ya construidas. Por esta razón, nuestra propuesta prevé que la Comisión tenga la posibilidad de otorgar exenciones sobre determinadas prescripciones a las que los RDT deben corresponder. Consideramos que esta posibilidad de conceder exenciones es básica y en consecuencia no podemos aceptar que pueda limitarse a 5 años según la enmienda propuesta nº 8. La enmienda nº 13, en relación con los datos concernientes a los reconocimientos en los transbordadores de carga rodada, propone, por un lado, que estos se den a conocer al público y, por otro, que sean la base de un informe anual que redactará la Comisión. A pesar de estar de acuerdo con exigir transparencia debo llamar la atención del Parlamento sobre los peligros que la publicación de estos datos puede encerrar, especialmente en relación con la credibilidad, la seguridad y el fraude comercial. Precisamente el interés de la Comisión por este tema la llevó a proponer un procedimiento de comitología para determinar las condiciones para el acceso a los datos en cuestión. El tema de la transparencia nos lleva a la enmienda nº 15 que solicita que la Comisión lleve a cabo una evaluación de los progresos realizados en el ámbito de la seguridad de los buques y de las naves ro-ro a la luz de la Resolución del Consejo de 1994. La Comisión está claramente de acuerdo con la necesidad de hacer evaluaciones regulares sobre las medidas comunitarias adoptadas, bajo la condición de que dichas evaluaciones se lleven a cabo en el momento adecuado y en periodos lógicos para que sean efectivas. Por esta razón, propongo que la evaluación solicitada se realice tres años después de la aplicación de la directiva y que la presentación relativa del informe anual se haga en el marco ya existente de presentación de informes sobre la aplicación de la legislación comunitaria. Finalmente, las enmiendas nº 16 y 17 proponen que los Estados miembros proporcionen información adicional sobre cómo facilitar el servicio a los pasajeros, así como sobre el número de los miembros de la tripulación contratados a título temporal u ocasional. Dado que estos temas no están recogidos en los requisitos de los convenios internacionales ni en la legislación comunitaria, en el ámbito de la seguridad en la navegación, no veo ni la necesidad ni el valor de añadir estas informaciones. Por último quisiera agradecer al Sr. Watts y al Parlamento Europeo el haber facilitado la rápida aprobación de la posición común sobre esta importante medida. Una medida que sinceramente creo que abre el camino para una mejora esencial de la seguridad de los ciudadanos de la Unión que viajen por aguas comunitarias. Finalmente, a las preguntas complementarias que han formulado los Sres. Watts, Jarzenbowski y Teverson, querría decir, en cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros apliquen la directiva, que la responsabilidad de aplicar la legislación comunitaria, naturalmente, la tienen los Estados miembros. La Comisión anima justamente a la aplicación de estas decisiones, vela por la rápida adaptación de la legislación nacional y, naturalmente, actúa en caso de que haya protestas. Precisamente por la gravedad del tema, creemos que los Estados miembros deberán responder rápidamente. En cuanto a la siguiente pregunta, que ha formulado el Sr. Watts, quisiera contestar que la Comisión vela por que se aplique el acuerdo de Estocolmo, así como por la aplicación de la directiva sobre los estándares para las naves de pasaje. Les aseguro que si es necesario actuar en esta dirección lo haremos inmediatamente.
Por último, en cuanto a la tercera pregunta del Sr. Watts, quisiera decir que en relación con la seguridad de las cajas negras de la navegación debemos ser claros. No garantizamos un 100 % de seguridad ni siquiera en los transportes aéreos y nadie puede garantizar un 100 % de seguridad por utilizar cajas negras, y especialmente después de muchos, muchos años. De todas formas, es seguro que la Comisión va a seguir haciendo esfuerzos por garantizar los estándares más elevados posibles de acuerdo con la OMI, es decir, estándares de equipamiento y de funcionamiento.
Y para terminar, a la pregunta que ha formulado el Sr. Stenmarck, quisiera contestar que para mejorar la seguridad en los transbordadores debemos aplicar plenamente la legislación comunitaria que hemos adoptado durante todos estos años. Y este es precisamente el desafío que tenemos ante nosotros y nuestra obligación.

Watts
Señor Presidente, muy brevemente, sobre algunos de esos puntos, la mayoría de nosotros acogeríamos con satisfacción comentarios sobre la enmienda 15 relativa a la evaluación de la seguridad. Pero aún debemos recibir una explicación clara de la Comisión de por qué dichas grabadoras de datos del viaje no pueden ser implantadas en lo que parece un plazo muy generoso de cinco años, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta directiva. En segundo lugar, ¿por qué no podemos confiar en el público para que decida por sí mismo si el viaje en transbordador es seguro o no? Si ponemos los datos a disposición de los operadores, deberíamos tener el valor de nuestras convicciones y ponerlos también a disposición del público e incluso de los propios pasajeros.
Acojo con satisfacción las respuestas relativas a la aplicación de la revisión de Estocolmo, pero observo que el Comisario no ha respondido a mi observación específica sobre el sistema de alimentación auxiliar de las cajas negras de grabación del viaje. Sin dicha alimentación, en caso de emergencia, dichas cajas negras pueden resultar inútiles. Aunque comprendo que esta noche no pueda ofrecernos una respuesta, le agradecería una respuesta por escrito a este punto concreto. En todo caso, deseo expresar mi agradecimiento al Comisario.

Papoutsis
Señor Presidente, para empezar creo que en cuanto a las preguntas que concernían a la enmienda nº 8, mi respuesta ha sido completa y no creo que pudiéramos completarla más, especialmente en cuanto a las estándares técnicos que utilizamos para el registro de datos. En cuanto al resto de preguntas técnicas que formula el Sr. Watts, sinceramente prometo en nombre de la Comisión que recibirá todas las respuestas por escrito.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Red de transporte paneuropea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0241/98) del Sr. Sisó Cruellas, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(97)0172 - C4-0206/97) sobre la conexión de la red de infraestructuras de transporte de la Unión con los países vecinos - »Hacia una política paneuropea de cooperación en las redes de transporte».

Sisó Cruellas
Señor Presidente, la política paneuropea de cooperación de las redes de transporte hay que situarla dentro de un proceso dinámico que ya encontró su expresión en los procedimientos y en las precedentes conferencias paneuropeas de Praga y Creta y que, sin duda ninguna, no concluyó en Helsinki.
Sin embargo, de lo que ahora se trata es de llevar a buen término los resultados de las conferencias mediante ideas que puedan ponerse en práctica. Y debe ser objeto prioritario el establecer y consolidar una estrategia global que conduzca finalmente al establecimiento de una red multimodal integrada paneuropea de infraestructuras de transporte. Un objetivo tan ambicioso sólo es alcanzable a través de un proceso complejo y sostenido de coordinación de los diferentes participantes y de complementariedad de los recursos disponibles así como de armonización de los principios y criterios que deben regir las acciones requeridas para que la Unión juegue el primordial papel de incitación y orientación al concierto global que le corresponde a partir de situaciones de partida tan diferentes. Y, sobre todo, hay que contar con la cooperación de los Gobiernos, de las instituciones financieras internacionales y del sector privado. Pero para que este proceso consiga los resultados apetecidos, debe desarrollarse con transparencia. Es imprescindible tener información para poder evaluar en cada instante el camino recorrido y el que queda por recorrer.
El Grupo TINA tiene por función analizar las infraestructuras de transporte ya existentes, calcular el crecimiento del transporte que cabe esperar, evaluar las necesidades de infraestructuras y determinar el futuro transporte a través de las redes transeuropeas en una Unión ampliada. La cuidadosa conclusión de tales trabajos es extraordinariamente importante, ya que sólo así se podrá garantizar la adecuada aplicación de los recursos y actividades comunitarios.
Las cuestiones fundamentales que -en mi opinión- hay que resaltar a la hora de vencer las dificultades para lograr las redes de infraestructura de transporte que Europa necesita son la interoperabilidad, la financiación, disponer de proyectos maduros y las incertidumbres.
Las acciones tendentes a garantizar la interoperabilidad de las redes exigen y exigirán un importante esfuerzo técnico y de inversión. Esto es así toda vez que las modernas redes de infraestructura de transporte de los Estados miembros se han desarrollado con una visión por completo ajena a la posibilidad de un mercado sin fronteras y al papel que han de jugar las infraestructuras en el proceso de su formación.
La interoperabilidad de las redes sería, por tanto, una cuestión a resolver con carácter previo, puesto que mientras no haya interoperabilidad no habrá libre circulación. Pero pienso que, para que caigan los obstáculos a la interoperabilidad, será tan importante o más que elaborar normas comunitarias consensuadas sobre cada particular, el crear las condiciones objetivas para que desaparezcan las posiciones e intereses objetivamente contrarios a la interoperabilidad.
Y, como siempre, el gran problema es cómo financiar la construcción de las infraestructuras de transporte. Los debates públicos sobre la financiación de infraestructuras de transporte al utilizar, sin otras matizaciones, la palabra «financiar» suelen pasar por alto o suelen plantear de forma equívoca la diferencia existente entre la operación de financiar en sentido estricto y la operación de pagar. Con ello se olvida que los recursos aplicados y los agentes que intervienen en cada una de estas operaciones pueden ser -y son con frecuencia- completamente distintos.
En este contexto, se entiende que financiar las infraestructuras de transporte en sentido estricto es una operación de carácter intermedio consistente en conseguir y aportar los recursos inmediatos para que la inversión pueda realizarse y cumplir sus objetivos.
Por el contrario, pagar las infraestructuras de transporte es una operación de carácter final consistente en aportar los recursos últimos que permitirán dar por cerrado el ciclo económico de la inversión.
En las actuales circunstancias económicas en la Unión Europea, con severas limitaciones acordadas para las cuantías del déficit y del endeudamiento público, es muy difícil hacer frente a las necesidades de inversión detectadas para las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte.
La variedad de fórmulas teóricamente válidas para la financiación intermedia de las infraestructuras de transporte es resultado de la variedad de respuestas que es posible dar a la identificación y valoración de flujos económicos que puedan convertirse en flujos de carácter financiero y ser asignados a un agente privado.
La evidente preocupación comunitaria por el problema de la financiación privada de las infraestructuras de transporte ha llevado a la Comisión a presentar una comunicación relativa a las asociaciones entre los sectores público y privado en los proyectos de redes transeuropeas de transporte.
Una lectura atenta de la comunicación y una apreciación de los problemas reales que, en última instancia, las ha motivado sugieren que las cuestiones clave son las que ya anteriormente he citado: la insuficiencia de los mercados europeos de capitales a largo plazo -mercados decisivos para gestionar el riesgo de una inversión con períodos de madurez muy largos; la ausencia de proyectos maduros; y la desconfianza y la incertidumbre del sector privado con respecto a las actuaciones actuales y futuras del sector público, sobre todo en lo que respecta a la cooperación paneuropea de las redes de transporte que la Comisión propone entre la Unión, los Gobiernos de los Estados miembros, los Gobiernos de otros Estados interesados, las instituciones financieras internacionales y el sector privado. Tiene que ofrecer, a los posibles inversores y empresas constructoras así como a los prestadores de servicios de transporte y a la industria de bienes de capital, un marco estable para sus transacciones financieras. La estabilidad dependerá -lógicamente, también- de que los Gobiernos de los países socios asuman su responsabilidad, creando un claro marco político legal que permita a los inversores reconocer los riesgos políticos y administrativos de los proyectos y, por otro lado, respetar las disposiciones de la Unión Europea relativas a la competencia, el medio ambiente y la contratación pública.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, promover la interconexión de las redes de transporte europeo con las de sus países vecinos es uno de los objetivos que persigue la Unión Europea desde hace muchos años. Durante mucho tiempo, el proceso ha sido fragmentario, incluso caótico, y ha acarreado un mosaico de disposiciones. La comunicación de la Comisión sobre la conexión de las infraestructuras es una respuesta coherente y racional y se inscribe plenamente en la aplicación de las conclusiones de la Tercera Conferencia Paneuropea de Transportes de Helsinki. Por tanto, es preciso saludar esta voluntad de síntesis, ya que el plan de acción constituye un progreso indiscutible.
El concepto de interoperabilidad con todo lo que supone de adaptación de la normas y medidas reglamentarias es especialmente interesante, puesto que debería permitir relacionar tecnologías sumamente distintas así como hacer cohabitar estructuras públicas y estructuras privadas. Queda de manifiesto que la perspectiva de ampliación hace tanto más indispensable este enfoque de múltiples vías.
Visto lo anterior, es preciso observar que esta estrategia se aplica tanto a los nuevos Estados independientes como a los países de la zona euromediterránea. No obstante, el establecimiento de estos 9 corredores, cuyo número ahora es de 10, interesa muy especialmente a los países de Europa Central y Oriental. Ello supone que los países candidatos a la adhesión modernicen sus infraestructuras y encuentren la financiación necesaria. Efectivamente, este es el objeto de los préstamos concedidos en el marco del programa PHARE, pero estos países también deberán beneficiarse de préstamos procedentes del BEI, del BERD o del Banco Mundial.
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sin dejar de felicitar a la Comisión ejecutiva por la estructura general de la presente comunicación, ha expresado el deseo de plantear en su opinión algunas interrogantes. Agradezco al ponente haber tomado en cuenta en su excelente informe nuestras observaciones. En efecto, si consideramos que la mejora de las infraestructuras de transporte es un factor de desarrollo y, por ende, de crecimiento, y que ello debería favorecer en un momento dado la aproximación de los países de Europa Central y Oriental con los países de la Unión, la financiación de estas redes puede revelarse difícil.
Por otra parte, no hay que subestimar las repercusiones de un desarrollo de los transportes, especialmente de carretera, en el medio ambiente y en el ámbito social. Por tanto, es importante encontrar las soluciones que se imponen: el desarrollo de medios de transporte combinados «ferrocarril-carretera», la definición de normas para combatir la contaminación, etc. Estas observaciones son válidas para todo lo que se refiere a las comunicaciones en el litoral mediterráneo, el problema se plantea también en nuestras relaciones con Suiza, y yo quisiera, Señorías, en nombre propio y en nombre de mi Grupo, tratar este punto.
En efecto, éste concierne el estado de las negociaciones entre la Comunidad Europea y Suiza en el campo de los transportes y en la solución del contencioso que tenemos con este país, en la medida en que la posibilidad de atravesar el territorio helvético aliviaría el tráfico de los valles alpinos.
Por ende, no podemos alegrarnos de los resultados del referéndum suizo del pasado 27 de septiembre, incluso si las negociaciones todavía no han llegado totalmente a su fin. Créanme, Señorías, en el debate que hoy nos ocupa, este tema no es meramente accesorio.

Swoboda
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, quiero dar las gracias al Sr. Sisó Cruellas por este informe. Si la política de transportes europea se expresase tan amplia y estructuradamente como su informe, entonces viviríamos en una Europa muy feliz desde el punto de vista del transporte. Lamentablemente esto no es así y debo anticipar que, a tenor de la comunicación de la Comisión, en este informe se trata de la conexión con las infraestructuras de transporte del este de Europa, es decir, de los países de la ampliación, aunque también de algunos países del norte y de algunos del sur, pero debo anticipar también que no hemos hecho nuestros propios deberes. Si observamos lo que ha sido de las redes transeuropeas en el sector de los transportes, no cabe más que pensar que se ha hecho poco.
La Comisión ha elaboró un informe para la reunión del Consejo en Cardiff. Tengo una gran consideración por el Comisario Kinnock, igual que por su optimismo. Se da cuenta de que el vaso esta lleno en un cuarto pero no ve que está vacío en sus tres cuartas partes restantes. Debemos reconocer que no hemos conseguido realizar completamente lo que se incluyó en el llamado libro blanco de Delors ni mantenernos en el plan temporal previsto. La financiación es insuficiente. Tampoco hemos definido suficientemente los objetivos políticos. Ha sido Suiza, con su referéndum, la que hace poco ha dado una señal que también es importante para Europa, en concreto la señal de que está dispuesta a habilitar recursos financieros en forma de impuesto sobre el transporte pesado puntual para, con ellos, construir las carreteras. Pues aquí, en el caso de la infraestructuira de transportes se trata, naturalemnte, de una infraestructura común. Se trata también de las carreteras, pero sobre todo de las vías férreas, y también de que necesitamos recursos financieros para poder construirlos.
El Sr. Jarzembowski seguramente me dé la razón en que las elecciones alemanas también han cambiado algo muy importante en este asunto, quizá no a su gusto pero sí al mío. Precisamente en la construcción de las vías y en esta reorientación de la política de transportes anhelo y espero ciertos cambios y nuevas iniciativas para que podamos desarrollar aun más el transporte público, sobre todo la infraestructura viaria, de modo que nos sea posible garantizar en el futuro el transporte intermodal y la interoperabilidad. Esto sería absolutamente necesario, ya que solo podemos apelar a la buena conciencia de nuestros vecinos si nosotros mismos practicamos lo que les pedimos.
Tenemos, por tanto, grandes tareas ante nosotros y el Sr. Ponente ya ha aludido a la TINA, la Secretaría que se encuentra en Viena y que debe llevar a cabo el cálculo de la demanda de infraestructuras, que ya ha hecho parcialmente. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos financiar? Según la TINA en esta red de transportes se deben construir unos 18.000 kms de carreteras y unos 20.000 kms de ferrocarril. A esto habría que añadir los aeropuertos y la navegación interna y oceánica. Los costes previstos para esta tarea ascenderían a unos 87 millardos de ECUS hasta el 2015. Para el núcleo de la red se necesitarían unos 65 millardos de ECUS. ¿Es posible financiar esto? Sí, se puede financiar, asciende aproximadamente al 1, 5 % del producto nacional de nuestros países vecinos. Eso es algo más del 1, 2 % que la Unión Europea gasta en desarrollar las comunicaciones. Hay que tener en cuenta que algunos de estos países son ciertamente pobres y que en algunos de los más pobres es donde la demanda es más acuciante, lo que por otro lado no es sorprendente. En Rumanía, Bulgaria y Lituania la necesidad de inversión está por encima del 1, 5 %, es decir, se precisaría un apoyo de la Unión Europea para dar a nuestros países vecinos la ocasión y la posibilidad de desarrollar sus infraestructuras, adaptarlas al nivel de la Europa occidental, pero también para ir más allá. Desde luego, este proceso de adaptación debe ser llevado a cabo por ambas partes.
En relación con esto será necesario, ya que concedo un especial valor al desarrollo del ferrocarril aunque sin pretender marginar a las carreteras, que los ferrocarriles europeos asuman cierta responsabilidad tanto en el desarrollo del este como del Oeste, es decir, la cooperación entre los ferrocarriles se va a hacer imprescindible. De este punto de vista quisiera pedir que los ferrocarriles no tengan que aguardar a las iniciativas de Bruselas o de cualquier otro lugar, sino que puedan emprender ellos mismos lo que sea necesario para desarrollar el sector ferroviario en consonancia con las necesidades de los clientes. Con esto no sólo me refiero al transporte de personas sino también al transporte público. La Agence Europe ha manifestado hoy que un cierto malestar se ha introducido en la discusión sobre la ampliación hacia el este. Puede que así sea, yo no lo voy a discutir. No podemos rebatir cosas como estas sin más, sino que tenemos que tener presente que los ciudadanos de Europa solo van a aceptar y apoyar la ampliación si ven que tanto en el Este como en el Oeste se hacen más esfuerzos por facilitar la superación de sus problemas cotidianos - aquí se incluye el transporte - tal y como hemos hecho en el pasado.

Jarzembowski
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, el informe de mi colega, el Sr. Sisó Cruellas, es tan bueno que no quisiera decir nada sobre el mismo puesto que ya se ha dicho todo. Quisiera solamente decir algo sobre un punto que los socialistas han colado en los debates de la comisión, pero que directamente no tiene nada que ver con el informe, en concreto el número 25, que tenemos que rechazar. El proyecto del acuerdo entre la Unión Europea y Suiza sobre transporte terrestre negociado por el Comisario Kinnock y apoyado por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos contiene unas inaceptables subidas drásticas de las tasas de tránsito para vehículos pesados, que supone una carga para la industria del transporte, para la economía y finalmente para los usuarios.
Es inaceptable que a partir del 2001 un camión, aunque sea uno de los de 40 toneladas que entonces estarán autorizados, tenga que pagar, por un simple trayecto de Basilea a Chiasso, una tasa de 325 francos suizos en lugar de 25. Esto es inaceptable. Aunque la población suiza haya votado en referéndum del 27 de septiembre - mi colega Swoboda y mi predecesora ya lo han señalado - con un 57 % a favor de un impuesto sobrecada servicio de transporte pesadol, solo cabe decir que se trataría quizá de un fortalecimiento del gobierno suizo pero en ningún modo de un dictado para las negociaciones con la Unión Europea. En caso contrario también nosotros podríamos organizar un referéndum en la Unión Europea que consecuentemente debería ser aceptado por Suiza. Esto no puede ser así.
Quisiera por ello solicitar a la Comisión que observe el resultado de la consulta popular como un fortalecimiento de la posición del gobierno suizo pero que en ningún caso lo acepte. Es por el interés de nuestros transportistas, nuestra industria y nuestros consumidores que deben alcanzarse unas tasas de tránsito razonables.
De todos modos, queridos colegas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, no podemos aceptar el proyecto del acuerdo con Suiza porque todavía no sabemos si en un mes Suiza va a aprobar la construcción de dos nuevos túneles ferroviarios y la financiación que ello requiere. Si el pueblo suizo no aceptase la construcción de los túneles y su financiación, desaparecería la base de negociación del acuerdo con Suiza. Porque no puede ser que digan: encarecemos el transporte terrestre, pero a cambio podréis utilizar el túnel ferroviario, y después se rechaza el túnel. ¡Eso no puede ser! Por ello debemos decirles a los suizos que aquí ya estamos padeciendo una acumulación de proposiciones y que esperamos una respuesta cooperativa.
Permítanme unas palabras a las preguntas de mi colega Swoboda. Estamos a favor del ferrocarril. Nos alegramos de que el ferrocarril alemán, así como el holandés y el sueco estén a punto de ver la transposición de la Directiva 91/440. Otros Estados miembros no han ni siquiera empezado con la transposición de la directiva del 91, que debía haber concluido en el 95. Pero permítame, señor Swoboda, ya que se ha declarado de forma tan enérgica a favor del ferrocarril, una pequeña observación. Coincido con usted en que no deberíamos exigir a la Europa del Este algo que ni siquiera nosotros mismos cumplimos. Pero entonces deberíamos acometer de verdad el proyecto especial de las conclusiones de Essen del 94, en concreto la construcción del túnel de Brenn, o quizá debiera usted hablar sobre ello con su gobierno.

Wijsenbeek
Presidente, permítaseme antes que nada felicitar a D. Joaquín porque empieza a convertirse poco a poco en un auténtico experto en el terreno de la infraestructura y el complemento de la infraestructura. Pero deberemos constatar que en realidad nos estamos yendo cada vez más lejos de aquello a lo que iban dirigidas las redes de transporte paneuropeas y su complemento hacia terceros países. Porque en un principio se trataba de unir las redes nacionales entre sí. Lo que estamos haciendo ahora es una especie de planes idealistas que nos van a costar los ideales y no tenemos ese dinero. Con toda seguridad no lo tenemos para Europa del Este, porque allí, en efecto, simplemente no hay ninguna infraestructura. Ahora nos vemos así confrontados con el problema de que en Europa del Este también se quiere poner en marcha el transporte por carretera, que quieren que lo paguemos nosotros y que lo que en realidad ya tenían, a saber: infraestructura ferroviaria y transporte fluvial, está especialmente descuidado. Creo por ello que debemos seguir insistiendo en esa multimodalidad.
Ahora llego al punto con el que nos estamos ocupando realmente esta tarde, es decir, el debate -si bien no intencionado- sobre Suiza. Seamos muy claros. El Sr. Swoboda se ha entusiasmado, pero Austria todavía no ha puesto ninguna piedra para empezar a hacer algo con su propio túnel de base de Brenn. Podría, por tanto, comenzar muy bien a criticar a Suiza, pero mirémonos antes en el espejo.
El segundo punto es que queremos evitar el rodeo que se da a través de Austria, pero eso significa que los suizos están ocupados con el desarrollo de su propia infraestructura y que, por tanto, debemos intentar alcanzar una solución entre nosotros. Eso significa también que el párrafo 25, tal y como aparece aquí y tal y como lo desaprueba el Sr. Jarzembowski, está muy bien donde está. Por tanto, mi Grupo lo apoya.

Lagendijk
Presidente, lamento tener que constatar que junto a todas las cosas buenas en el informe del Sr. Sisó, su informe desgraciadamente también tiene el reproche que él mismo hace a la Comisión, que es una propuesta extraordinariamente general sin muchos puntos concretos. Tengo el mayor interés en que pasemos en el Parlamento a la interpretación concreta de lo que proponen tanto la Comisión como el Sr. Sisó. Así se presenta el problema, por más vueltas que le demos, de que la apertura de Europa Central, por ejemplo enlazando las redes transeuropeas, llevará a un enorme aumento tanto del transporte de mercancías como del tránsito de personas y, por tanto, a una carga medioambiental. Me alegra por eso que en el informe del Sr. Sisó se haya llamado, en cualquier caso, la atención sobre ese aspecto y que también se señale cómo se puede limitar la presión sobre el medio ambiente en el futuro si Europa Central se enlaza con la Unión Europea.
Esa posibilidad existe también porque a mi modo de ver -mi valoración en este caso- no contará tanto la ley del adelanto inhibidor, sino más bien lo que yo llamaría la ley del retraso innovador. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En mi opinión es posible, o debe ser posible, utilizar en el futuro en Europa Central las técnicas más avanzadas en materia de sostenibilidad y ecología, que desde hace muy poco podemos aplicar en Europa Occidental, y de esa manera evitar los fallos que hemos cometido en Europa Occidental durante demasiado tiempo dedicando una atención insuficiente al transporte público y continuando demasiado tiempo empleando asfalto en exceso. Esas posibilidades existen en Europa del Este, sólo tenemos que aprovecharlas. En esto hay dos prioridades en lo que a mí y a mi Grupo respecta. Estoy de acuerdo con las personas que han dicho que también a causa de los reducidos medios financieros es necesario que nos controlemos y no nos pongamos a elaborar una escala de fabulosos planes, sino que deberíamos limitarnos a un número de planes que satisfaga las exigencias de perdurabilidad y transparencia y, además, no perder de vista que hay tendencias en Europa del Este que apuntan al derrumbamiento de las formas de transporte público -que funcionan razonablemente bien- y que precisamente por eso muchas más personas empiezan a ir a trabajar con transporte privado. Tengo el mayor de los intereses en que la Unión invierta tiempo y dinero en invertir esa tendencia y que también allí sea posible el tráfico sostenible.

Sindal
Señor Presidente, no hay nada tan liberador como sentarse ante un ordenador y diseñar infraestructuras, carreteras y vías férreas y luego hacer cálculos, frotarse las manos y decir que así debe ser. Nuestro colega, el Sr. Swoboda lo ha mencionado también. Somos muchos los que nos sentimos así ante todos estos planificadores de infraestructuras. Sospechamos que lo hacen con bastante simpleza. Sin embargo, permítaseme hacer una advertencia: hay mucha distancia de la teoría a la práctica. Debemos preocuparnos de garantizar la estrategia de esta comunicación de la Comisión. No debe existir ninguna duda sobre mi apoyo en este caso. Sin embargo, la estrategia sólo funcionará si se puede garantizar que los países vecinos y los países miembros son serios y cumplen sus compromisos. Tengo que hacer tres consideraciones de carácter general.
En primer lugar: La cooperación que debe crear una red de transportes que se adentre en el próximo siglo. También contribuirá, dentro de un mercado interior ampliado, a asegurar las posibilidades de crecimiento e influirá decisivamente en la sostenibilidad del proyecto paneuropeo. Todo lo cual guarda relación con las prioridades y con una economía realista. No puedo sumarme a los comentarios que oí hace poco al Sr. Wijsenbeek sobre los nuevos países solicitantes. Actaulmente éstos emplean en su red de transportes un porcentaje de su producto nacional bruto mayor que el nuestro.
En segundo lugar, está el megasalto, del que la comunicación es un reflejo, sin objetivos parciales o sin una descripción metodológica. También esto ha sido mencionado ya. Quizá tampoco sea necesaria su existencia en el momento actual, pero nosotros mismos conocemos cuál es la situación cuando los países vecinos están en desacuerdo sobre estrategias y métodos. Ésta es una más difícil si la Unión mantiene una postura y el país vecino otra. Podría imaginarme una especie de acuerdos step by step , que aseguren un camino común hacia delante. Quizá el señor Comisario diga ahora que así también es como se actúa. De acuerdo, pero también conozco ejemplos, buenos y malos. Conozco un buen ejemplo relativo al tráfico marítimo en la zona del Mar Báltico, pero también es verdad que conozco un mal ejemplo que tienen que ver con el desarrollo de autopistas.
En tercer lugar, están las ambiciosas iniciativas tecnológicas como los satélites, la telemática, el servicio de tráfico, etc. Son pasos positivos, pero sólo pueden ser utilizados si el transportador dispone de los equipos para ello, sólo pueden ser utilizados si la legislación lo hace posible. Hablábamos antes de una caja negra . Ahora estoy en mi cuarto año como ponente de lo que se denomina vessel traffic service , que indica a los barcos, a semejanza del air traffic control , rutas de navegación vía satélite. Sí que sería una forma de evitar muchos accidentes, pero desgraciadamente no podemos illevar a la práctica estas propuestas.
Estoy seguro de que estamos en el camino correcto, sin embargo, también estoy convencido de que si no hacemos operativo lo que decidamos tendremos problemas.

Stenmarck
Señor Presidente, siento que hay pocas cosas tan importantes como crear posibilidades a los países candidatos a la UE para vincularse físicamente con los actuales países miembros. Quienquiera que se forme una visión de conjunto de Europa, verá nítidamente por dónde pasa el límite de los países que recibieron ayuda del Plan Marshall después de la segunda guerra mundial. En mi opinión, es esta diferencia la que hay que cambiar dentro del marco del proceso de unión e integración que se ha iniciado. Muchos dicen que todo esto, evidentemente, va a costar mucho dinero. Es verdad. Con esto he dicho también que necesariamente se deben invertir bastantes años. Difundir bienestar es algo que nos beneficia a todos. Si se mejoran las redes viarias y de ferrocarriles al otro lado del antiguo telón de acero será, obviamente, beneficioso para esos países, pero también creará mejores condiciones para todos los demás. De esos esfuerzos se derivarán efectos provechosos para todos. Están dadas todas las condiciones para aumentar el crecimiento y crear nuevos empleos, no sólo en los países candidatos, sino en todo el ámbito que esperamos que en el futuro llegue a ser una Unión Europea mucho mayor.
En este contexto hay un gran problema que el ponente también ha señalado, esto es, el acceso al capital privado. En relación con esto, permítanme formular una pregunta al Comisario responsable: ¿Qué otros esfuerzos va a hacer la Comisión para estimular las inversiones privadas en carreteras y vías de ferrocarril en la antigua Europa del Este?

Schifone
Señor Presidente, no cabe duda de que es necesaria una estrategia global en el sector de los transportes. El de los transportes es un sector fundamental para cualquier proyecto de desarrollo socioeconómico de la Comunidad y, por tanto, hace falta una estrategia global concebida a largo plazo y con la vista dirigida hacia todas las direcciones en que se considera posible un desarrollo de las relaciones sociales de la Unión Europea.
Es preciso, por tanto, desarrollar una red de infraestructuras de transporte paneuropea, plurimodal, equilibrada y concebida tanto a escala continental como para la cuenca del Mediterráneo. Con referencia a estas necesidades, la Comisión ha elaborado una comunicación que es digna de ser estudiada por su planteamiento de los cinco objetivos de actuación: el desarrollo de los proyectos de los nueve corredores paneuropeos más el último, el yugoslavo; la ampliación de las redes a los países candidatos a la adhesión; el enfoque común de cara a la utilización de una tecnología que permitirá la interoperabilidad; la aplicación de la telemática para el empleo de sistemas inteligentes de transporte; la cooperación en el ámbito de la investigación.
Sin embargo, todo esto corre el riesgo de quedar en pura teoría, si no se presta la debida atención a las fuentes de financiación que debemos emplear. Por tanto, la solicitud que formulamos a la Comisión es la de ser más precisa, garantizar informaciones más concretas tanto sobre el desarrollo y los términos de estas acciones de intervención como sobre las fuentes de financiación a las que hay que recurrir.
Quiero, por último, llamar la atención de la Comisión sobre la necesidad de que los nuevos compromisos con vistas a mejorar las conexiones con los países del Este no impidan ni desvíen los esfuerzos de la Unión Europea de la necesidad, asimismo imprescindible, de favorecer y mejorar los transportes y las conexiones con la cuenca del Mediterráneo que, sin duda alguna, son fundamentales e indispensables para la Unión Europea.

Schierhuber
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, llas vías de transporte son desde tiempo inmemorial una condición para el comercio y la economía. El crecimiento económico de una región y el bienestar de sus ciudadanos dependen de una explotación acorde con los transportes. Precisamente para un espacio rural es necesaria una efectiva infraestructura de transportes que junto con otras infraestructuras puede evitar el despoblamiento y degradación del espacio rural. Los productos pueden llegar hasta los compradores y consumidores, la capacidad de generar empleo de las zonas rurales aumenta y con ello, naturalmente, también se refuerza la capacidad competitiva en general.
Por tanto es imprescindible que en la Unión se preste apoyo a un sistema de transportes coherente, eficiente y seguro, a la vez que respetuoso con el medio ambiente. En ello la Unión Europea debería tener en cuenta la conexión con los países vecinos y el desarrollo de las infraestructuras de transporte de los PECOs. De la mejora de las vías de transporte se van a beneficiar tanto los PECOs como la Unión Europea ya que se podrán reforzar las exportaciones y el comercio.
En el marco de los programas TACIS y PHARE deben estimularse proyectos transregionales y transfronterizos. Las zonas rurales de los PECOs requieren una infraestructura de transportes bien planificada para evitar un masivo éxodo a las ciudades y estimular el empleo y el crecimiento económico. Pero algo debe quedar claro: dentro de la Unión, y también teniendo en cuenta la ampliación, deberíamos plantearnos como objetivo prioritario que los cambios en el transporte se orienten hacia un transporte respetuoso del medio ambiente. En especial estoy pensando en el transporte combinado, en el transporte ferroviario y en la navegación interna.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, quiero felicitar a D. Joaquín Sisó Cruellas por su excelente informe. Como ya se ha dicho, tenemos en este Parlamento el honor de tener a una persona con tantos conocimientos en materia de transporte como D. Joaquín Sisó.
En segundo lugar, quisiera hacer una breve referencia al título -bien elegido por la Comisión- de esta comunicación «Hacia una política paneuropea». Efectivamente, las políticas de medios de transporte deben ser políticas comunitarias, deben seguir siendo políticas comunitarias y deben seguir perteneciendo a la línea 3 del presupuesto y no a la línea 2, como algunos opinan, que puede ser un gasto estructural. Es una política estrictamente comunitaria y, por tanto, de la línea 3.
Las redes de transporte son, sin duda, uno de los factores más directos de desarrollo y, por tanto, hacemos bien en fijarnos en que, en una futura ampliación de la Unión, debemos dar prioridad a dichas redes, pero no tenemos que estirar la mano más que la manga; hay un grave problema de financiación. No podemos crear expectativas que luego no seamos capaces de financiar. Por tanto, sería bueno intentar introducir lo más posible al libre mercado, a los empresarios privados, a los inversores privados en la construcción y financiación de las redes para que, de esa forma, el dinero -desgraciadamente poco- que podamos detraer del presupuesto de cara a financiar las redes pueda ser el acicate para que, a medio plazo, aquellas empresas, aquellos bancos, aquellos grupos inversores, puedan rentabilizar sus inversiones.
No cabe duda de que las redes transeuropeas son las que van a hacer la Unión Europea. Debemos pensar que hoy en día -y mañana, con la ampliación- la Unión Europea será más Unión en la medida en que esté más unida, en la medida en que las redes transeuropeas dejen de ser una entelequia pretendida y tengan su reflejo presupuestario, el reflejo suficiente como para motivar a la iniciativa privada o a la pública para que desarrolle las redes.

Pinel
Señor Presidente, el ponente hace votos por un sistema coherente, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Eso es algo positivo. Hoy día, el peso aplastante del transporte por carretera de las mercancías constituye el ejemplo por excelencia de las prácticas incoherentes, peligrosas y contaminantes. Las vías ferroviarias se están quedando vacías, el transporte fluvial vegeta. En cambio, la proliferación de camiones de carga pesada aumenta considerablemente los costes de mantenimiento de los grandes ejes de carreteras, pero también el número de víctimas de los accidentes de carretera.
El informe no dice una palabra sobre un tema que es, sin embargo, fundamental: ¿quién debe financiar las infraestructuras, el usuario o el contribuyente?
Actualmente, en lo que se refiere al sector del trasporte por carretera, ambos sistemas coexisten, lo que genera una duplicación del acondicionamiento y múltiples despilfarros. Esto no es bueno ni para el medio ambiente, ni para nuestras finanzas. Algún día será preciso elegir entre ambos sistemas. Ahora bien, hoy día poseemos medios técnicos suficientes de cara a generalizar el principio de que sea el usuario quien pague estas infraestructuras. Los materiales electrónicos modernos utilizados permiten desde ahora saber con precisión los costes inherentes a un vehículo. Esta es una posibilidad más ecológica, más equitativa, más económica en relación con el dinero de los contribuyentes.
Algunos aspectos de este informe plantean un problema. Ante todo, el programa de acción no contiene ninguna especificación de las medidas adecuadas, no se determinan los problemas concretos y no existe un calendario. El propio ponente lo lamenta. Por otra parte, queda de manifiesto que se prevé hacer pagar a los contribuyentes europeos las infraestructuras en países tales como los del Magreb, Turquía y el Oriente Próximo a lo que yo, por mi parte, me opongo resueltamente.
En lo que se refiere a Rusia, e incluso más lejos, tal como se señala en el informe, soy favorable a algunos acuerdos de cooperación con el Este, pero es patente que hay urgencias mucho más acuciantes, aunque sólo sea en el ámbito energético, antes de volver a sacar la cartera para las infraestructuras rusas que ya han sido financiadas, no lo olvidemos, a fondo perdido, en otro tiempo, por los occidentales.
Por estas razones, y porque creo que no se ha profundizado bastante la reflexión, soy favorable a la devolución de este expediente a la comisión.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en nuestra política por las infraestructuras de los transportes en Europa se hace una clara distinción entre la estrategia que concierne a la red de transportes en el continente europeo como conjunto, por un lado, y, por otro, la especial situación que caracteriza a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea.
Por esta razón, la comunicación de la Comisión distingue, primero, la ampliación de la red transeuropea de transportes de la Unión Europea, que ha sido diseñada para servir a las necesidades del mercado interior y a la cohesión socioeconómica de la Unión ampliada. Segundo, distingue los corredores y espacios paneuropeos de transporte que proporcionan las conexiones adecuadas en la totalidad del continente. Y, tercero, distingue los vínculos euroasiáticos. No es necesario repetir los detalles de estos distintos conceptos, ya que está claro en el informe del Sr. Sisó Cruellas que ustedes comparten nuestra opinión en cuanto a la conveniencia de esta aproximación.
Para la formación de la red paneuropea de transportes, proponemos la creación de una asociación que cubra el total del continente. La Conferencia de Helsinki apoyó la idea de esta asociación, reconociendo que nos atañe a todos. Atañe a los países interesados, a la Unión Europea, al Banco Europeo de Inversiones, a otras instituciones financieras internacionales, a los inversores del sector privado y, por supuesto, a los interlocutores sociales. Sólo esfuerzos comunes y el desarrollo de medios de colaboración flexibles y eficaces harán frente a los tremendos desafíos que nos están esperando.
El informe del Sr. Sisó Cruellas se refiere de forma especial a la necesidad de coordinar las inversiones que conciernen a la infraestructura en Europa e, igualmente, a la necesidad de supervisar la formación de la infraestructura de transportes adecuada en beneficio de los ciudadanos europeos, de los profesionales, de los comerciantes e incluso de los viajeros europeos. Exactamente al servicio de este objetivo está la asociación que, aún teniendo un carácter no oficial desde el punto de vista jurídico, está destinada a facilitar la colaboración y la supervisión del avance. La Comunidad financia suficientemente el ejercicio de sus políticas. Y este es un concepto básico en el cual creemos. Nuestra política en el sector de las infraestructuras de los transportes tiene dos prioridades básicas: ante todo, la creación de una red conectiva de transportes para la Unión ampliada con precios asequibles y, segundo, la movilización de los recursos financieros necesarios para la instalación de esta red concreta. Está claro que el coste de estas inversiones caerá, principalmente, sobre los países interesados, algo que es especialmente doloroso para los presupuestos nacionales, los cuales ya soportan serias presiones. Por supuesto, las instituciones financieras internacionales, entre los que el Banco Europeo de Inversiones naturalmente tendrá primacía, concederán préstamos importantes. Sin embargo, también habrá una aportación importante por parte del presupuesto de la Unión Europea, por lo menos en relación con los países candidatos a la adhesión.
Desde 1992 hasta 1998, el programa PHARE dedicó en total cerca de mil millones de ecus. Esperamos que del año 2000 en adelante, la aportación del medio de las políticas estructurales de preadhesión, del ISPRA supoga una cantidad anual de 500 millones de ecus para el sector de los transportes. Las apreciaciones sobre el coste del desarrollo de redes de transporte modernas y eficaces en Europa varían. De forma indicativa, quisiera mencionar que la apreciación de las necesidades en infraestructuras de transportes en Europa central señalaba que harán falta 100.000 millones de ecus hasta el año 2015 para la modernización de 20.000 kilómetros de red ferroviaria y de carreteras, para que se correspondan con los modelos vigentes.
También damos prioridad a la movilización de recursos financieros suficientes para crear oportunamente la infraestructura necesaria para los componentes de las redes europeas de transportes que se encuentran fuera de la futura Unión ampliada, que se encuentran en la Unión de Estados Independientes o incluso en la cuenca del Mediterráneo. Sin embargo la posibilidad de proporcionar una financiación comunitaria a estas regiones sigue siendo limitada, dado que los programas TACIS y MEDA pueden financiar, de momento, sólo la ayuda técnica.
Ahora, en cuanto a la cofinanciación por parte de los sectores público y privado, evidentemente somos conscientes de la realidad. Pero incluso en las condiciones más optimistas, está claro que los presupuestos nacionales, el presupuesto de la Unión Europea y las instituciones financieras internacionales no van a poder garantizar los recursos necesarios para cubrir oportunamente el vacío que existe en el sector de las infraestructuras. Por consiguiente, estoy seguro de que la necesidad de movilizar recursos financieros para mejorar la calidad de las obras y también para aumentar la rentabilidad, la necesidad que llevó a los países de la Unión Europea a crear varias asociaciones de los sectores público y privado, va a ser ahora un importante estímulo para intentos de este tipo en la Europa central y oriental. La combinación de estas necesidades, de las oportunidades, y también de las nuevas reflexiones y de las prácticas en el ámbito de la economía fluctuante de Europa central y oriental podría preparar esencialmente el terreno para instituir nuevos medios de financiación y nuevos medios para administrar las infraestructuras.
Señor Presidente, la aportación de la Comisión Europea para adaptar las infraestructuras de transportes de Europa a los modelos exigidos ha sido y seguirá siendo importante. Por supuesto, seguiremos informando regularmente al Parlamento Europeo sobre los progresos realizados.
Con estas observaciones quisiera animar al Parlamento Europeo a que apruebe el informe del Sr. Sisó Cruellas, a quien querría felicitar por su labor y por su dedicación al desarrollo de las redes de transporte en Europa.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Telemática en las carreteras
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-246/98) del Sr. Baldarelli, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la Comunicación de la Comisión (COM(97) 0223 - C4-0239/97) sobre una estrategia comunitaria y un marco para la introducción de la telemática en el sector del transporte por carretera en Europa y propuestas de acciones iniciales.

Baldarelli
Señor Presidente, señor Comisario, la Comunicación de la Comisión está dirigida a establecer un marco de acciones a escala de la Unión Europea y a escala nacional, regional y local y definir cinco sectores prioritarios: los servicios de información sobre el tráfico mediante el sistema RTS-TMC, el intercambio de datos sobre el tráfico y la gestión de la información, el sistema electrónico de cobro de peajes, la interfaz hombre-máquina y la arquitectura de sistemas.
La Comisión de Transportes no se opone a la definición de las cinco áreas estratégicas propuestas, pero considera que el abanico de prioridades tendría que incluir también el transporte de mercancías y que se debería especificar mejor el ámbito reservado al transporte público, en particular, para incrementar la capacidad intermodal de los transportes por carretera, así como para contribuir mediante aplicaciones telemáticas intermodales a la creación de cadenas de transporte intermodales. Esta parte no está perfectamente tratada en el texto de la Comisión, aunque figura entre las demás acciones de la Comisión, por lo que no podemos estar muy satisfechos.
Cabe hablar asimismo de un punto que afecta al texto de la Comisión. La Comisión se plantea el objetivo de desarrollar la telemática y, por otra parte, también se describen sus ventajas, sin embargo, no se analizan los costes de la no telemática. Podría ser una cuestión semántica, en realidad los costes de la no telemática están estrechamente relacionados con las ventajas. Si pensamos en las ventajas, el sistema VMS supondrá una reducción de los accidentes del 30 % y una disminución del número muertos y heridos del 40 %; una reducción media de la velocidad del 10 % y una reducción de los accidentes en caso de lluvia del 30 % y en caso de niebla del 85 %.
El sistema de llamada urgente vía satélite o a través de teléfono móvil permitirá reducir en más del 40 % el tiempo en que tardan en llegar los servicios de socorro y aumentar el índice de supervivencia en un 7-12 %. El sistema de alerta de colisiones y los ordenadores a bordo aumentarán la seguridad de los conductores y el sistema VMS reducirá en un 20 % los retrasos debidos a los atascos.
Todos estos aspectos revisten mucha importancia y si han de ser valorados en términos de coste, como sus Señorías comprenderán perfectamente, ofrecen una ventaja, sin duda, significativa. Se ha llevado a cabo una investigación interesante en torno a la internalización de los costes de las infraestructuras. Estos datos, a mi entender, tendrían que profundizarse también en lo que respecta a la aplicación de los costes de la no telemática y, por tanto, valorarse en términos financieros como ventajas de carácter social.
En lo que se refiere a los temas que, en nuestra opinión, la Comisión no ha abordado de forma puntual y que, de todos modos, se podrán abordar más en concreto en ulteriores resoluciones y comunicaciones, hay que considerar el sistema de la telemática aplicada a la universalidad de los ciudadanos. Al fin y al cabo, la telemática establece procesos de jerarquización e incluye principios de autoritarismo democrático y, de una manera u otra, hay que ver si la telemática puede ser aprovechada por todo el mundo y cuáles son los principios de gratuidad y universalidad. En este sentido, proponemos que algunos servicios se caractericen por la gratuidad y universalidad como, por ejemplo, los servicios de telemática para situaciones de emergencia, los servicios para la congestión del tráfico, los servicios para las mercancías peligrosas y los servicios de información meteorológica.
Como verán, estos aspectos pueden ser muy útiles y aprovecharse desde el punto de vista del interés general y, evidentemente, incluirse en canales de referencia específicos en interés del usuario. En este sentido, por tanto, es preciso fomentar otras acciones. Estamos muy interesados en la parte financiera que figura en el Quinto programa marco de investigación, estamos seguros de que se trata de un buen trabajo, y animamos a la Comisión a que trabaje en este contexto; sin embargo, estamos convencidos de que hay que vincular de alguna manera también los recursos financieros de las redes transeuropeas -hemos hablado de ello hace unos momentos- implicando también las actividades regionales.
Y termino haciendo una referencia a las autonomías locales, a las autoridades regionales y estatales. Las autonomías regionales, locales, así como las autoridades estatales subestiman este tema. Hay que hacer mucho más también en el ámbito del sector del transporte público.

Camisón Asensio
Señor Presidente, debo empezar felicitando al ponente, Sr. Baldarelli, por su gran informe con el que, en líneas generales, estamos de acuerdo. No obstante, diferimos -como él sabe- en algunos matices. Por ejemplo, hubiera sido lógico modular la obligatoriedad de equipamiento de los vehículos con instrumentos tecnológicos o la tendencia al abuso del peaje, incluso en zonas protegidas.
Como ponente de opinión de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía quiero resaltar los aspectos más trascendentales de esta estrategia comunitaria. Por supuesto, merece el más decidido y urgente apoyo político por parte de todas las instituciones europeas y, por supuesto, por parte de este Parlamento. Para nosotros está claro que no habrá progreso sustancial si no se potencian al máximo la I+D, por lo que el Quinto programa marco no debería olvidar esta circunstancia.
Señor Presidente, esta estrategia debe ser la primera de una serie que vaya refiriéndose sucesivamente a las interfaces del resto de los modos de transporte, puesto que las aplicaciones telemáticas de los distintos modos tienen que incluirse en una estrategia de desarrollo de un sistema de transporte general e integrado.
Por otra parte, la Comisión debe valorar los costes que arrastra el programa global de forma que sea posible apreciar la correlación entre medios movilizados y resultados prácticos.
Tampoco debería soslayarse el principio de corrección de desequilibrios territoriales.
Asimismo, se debería incluir en el programa de investigación el desarrollo de sistemas de asistencia telemática que permitan la conducción con niebla o para que se pueda disponer de receptores a bordo, con funciones de GSM del tipo «manos libres».
Se debería también intensificar la estrategia comunitaria en favor de dotaciones telemáticas para la seguridad en el sector de transportes de mercancías peligrosas, como ha insistido el Sr. Baldarelli.
Es urgente mejorar los sistemas de gestión del tráfico, al menos en los grandes centro comunitarios, con la finalidad de mejorar -vía telemática- la movilidad de las ciudades congestionadas. En esta cuestión también hay que procurar modelos de cooperación entre el sector público y el privado.
Y finalmente, señor Presidente, aunque parezca obvio, hay que cuidar el aspecto de la protección de los consumidores.

Stockmann
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el excelente informe de nuestro colega Baldarelli prolonga nuestro debate sobre la telemática en el transporte que iniciamos al comienzo de nuestra legislatura. La actual comunicación de la Comisión se diferencia de la de entonces en dos cuestiones: por una parte ya no se trata de aplicaciones individuales de la telemática como en aquel momento, sino de una estrategia común así como de unas condiciones marco para la introducción de la telemática en todo el ámbito europeo. Esto evidencia que se ha producido un desarrollo intenso en este campo, por lo menos en el ámbito de la telemática aplicada al tráfico.
Con esto también he citado la segunda diferencia respecto de la antigua comunicación: se trata aquí de aplicaciones de la telemática para un medio de transporte, el transporte rodado, y esto es positivo porque se derivan propuestas concretas de acción. Pero a la vez es malo, porque en principio se pierde la perspectiva intermodal. Si en la política de transportes hablamos de un sistema integrado de transporte y con ello queremos decir que solo así podemos hacer realidad una movilidad duradera, entonces contemplamos dos integraciones como necesarias: una integración cuantitativa más allá de las fronteras de los medios de transporte individualmente considerados y una integración cualitativa, en concreto, la conexión de los medios de transporte con vistas al transporte intermodal.
Precisamente para el segundo aspecto necesitamos de forma especial la telemática. La introducción del transporte rodado podría ser, por sí sola, contraproducente para el proyecto general. Por tanto, esperamos que pronto haya una estrategia y propuestas concretas de acciones de la Comisión sobre la telemática en el tráfico intermodal.
Ahora algo respecto de las propias estrategias para la telemática en las carreteras, aunque la comunicación y el informe lleguen tarde ya que la mayoría ya han sido puestas en práctica. En primer lugar: saludamos la estrategia que pretende la introducción de servicios de información basados en RDS y TMC; esperamos que esto no solo opere sobre el área de Alemania sino en toda Europa. También esperamos una estrategia de introducción paralela para el sistema DAB que técnicamente es mejor.
En segundo lugar: el intercambio de datos de tráfico y el perfeccionamiento de la gestión de la información debe ser enfocado desde el principio hacia lo intermodal.
En tercer lugar: hay que evaluar los efectos del Memorándum of understanding sobre las normas y los protocolos administrativos.
En cuarto lugar: los esfuerzos por la interoperabilidad de los sistemas de registro electrónico de las tasas deberían reforzarse, ya que aquí existe una demanda de regulación política, por lo menos desde mi punto de vista. Si a través de la telemática podemos reducir drásticamente los llamados costes externos del tráfico, entonces también deberíamos contabilizar y clasificar unitariamente los costes restantes.
En quinto lugar: para los puntos de conexión hombre-máquina se hacen necesarios unos estudios socioeconómicos profundos.
En sexto lugar: los esfuerzos para la definición de una arquitectura europea, abierta del sistema cojean detrás de su evolución. Por ello celebramos la próxima comunicación de Comisión relativa a la telemática.

Jarzembowski
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, ¡esta noche parece una fiesta familiar!
El Grupo del PPE apoya el desarrollo de condiciones marco para la introducción de la telemática en el tráfico rodado, ya que la telemática de los transportes mejora la seguridad en las carreteras, da mayor fluidez al tráfico y reduce el perjuicio al medio ambiente, que se produce como consecuencia del tráfico.
Le damos las gracias al ponente por su excelente informe. Pero, no obstante, permítanme dos críticas: nosotros los cristiano demócratas somos de la opinión de que en primer lugar se deberían evaluar con detenimiento las ventajas y desventajas de la introducción de un road pricing . En segundo lugar rechazamos de forma categórica el establecimiento de nuevas tasas por entrada en las ciudades.
Respecto de 1: la recaudación electrónica de las tasas sobre distancia recorrida -en nuestra jerga el llamado road pricing - puede que esté más justificada para el caso del transporte de mercancías por carretera, o incluso en la circulación privada de camiones, que la tasa sobre el uso de las carreteras con independencia de su utilización. Sin embargo, los demócrata cristianos tememos que los costes de introducción y mantenimiento de un sistema electrónico de proporciones tan monstruosas - para los 15 países no para uno o dos, señ or Stockmann, ahí coincido con usted - que está previsto para camiones, van a ser tan inmensos, que acaben por suponer una carga para los Estados miembros, para los usuarios de turismos privados o incluso para los ciudadanos y que las ventajas de un road pricing de este tipo van a acabar neutralizandose económicamente respecto de los actuales sistemas de tasas de uso de carreteras. En este caso sería mejor renunciar al road pricing .
En cualquier caso, nosotros los demócrata cristianos rechazamos tajantemente un road pricing que suponga una tasa especial sobre turismos y camiones por el uso de los cascos urbanos de las ciudades.
Ya en la actualidad los precios de los aparcamientos en el centro de las ciudades, por lo menos en mi país, sea en la calle o en los aparcamientos, son enormemente altos; dos DM por media hora de aparcamiento en mi ciudad natal Hamburgo es, desde luego, un precio más que considerable. Por tanto, creo que si introdujésemos un road pricing por el uso de los centros urbanos sobrecargaríamos a los usuarios y a los consumidores. El transporte de reparto en los centros de las ciudades y el acceso a los centros de negocios por parte de los usuarios que se sirven de sus propios automóviles resultarían gravemente perjudicados con una nueva tasa.
Por una parte hablamos de que debemos revitalizar nuestros centros urbanos. Por otra parte desterramos a los conductores a los suburbios, a las grandes superficies, y no vuelven a los centros urbanos. Queremos los puestos de trabajo de los centros urbanos, queremos la vitalidad y viveza del centro de las ciudades. Por tanto, rechazamos plenamente la introducción de tasas por el acceso a los centros urbanos.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en nombre de la Comisión Europea quisiera agradecer al ponente Sr. Baldarelli el extraordinario informe que nos ha presentado. Al igual que el Sr. Baldarelli, reconocemos la importancia de los servicios de la telemática en las carreteras en el esfuerzo que estamos realizando todos por que nuestras carreteras sean más seguras, más limpias, más competitivas y más eficaces.
La telemática puede ser útil a ciudadanos aislados, a administradores del parque móvil o incluso a operadores de servicios de emergencia y, por supuesto puede ser útil a los operadores de transportes públicos y, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de crear oportunidades en el mercado de trabajo para nuestras industrias e, igualmente, de contribuir a asegurar una utilización más eficaz de los recursos energéticos. Por todas estas razones la Comisión ha redactado la comunicación que estamos debatiendo hoy. Esta comunicación proporciona el marco para el desarrollo de una amplia gama de servicios y de sistemas telemáticos de carreteras de una forma flexible, para responder a las necesidades locales y comunitarias.
También compartimos la opinión de que los servicios RTT serán más eficaces sólo cuando se hayan incorporado a estrategias de los transportes para lograr objetivos concretos de la política, en otras palabras, los RTT son el instrumento que ayuda a aplicar decisiones políticas.
La comunicación que se publicó en mayo del año pasado determinaba acciones muy concretas para los sectores de prioridad inmediata e indicaba, igualmente, acciones en otros sectores. La mayoría de las acciones de prioridad inmediata ya se han completado, como ya saben muchos de los miembros del Parlamento por la excelente audiencia que llevó a cabo la Comisión de Transportes y Turismo a principios de este año. Por ejemplo, ya hemos pactado cláusulas de acuerdos en el sector de las RDS-TMC, en el sistema de emisiones de datos por radio y de los mensajes por canal y en el sistema de intercambio de datos que ya han suscrito los protagonistas básicos en estos sectores.
Ahora, en cuanto a las soluciones que dan los órganos para poner en vigor las cláusulas en cuestión, estas también han avanzado sensiblemente. En paralelo a las soluciones de estos órganos, la situación en este momento evoluciona a través obras eurorregionales y de obras nacionales que el presupuesto de redes de transporte transeuropeo financia. Y ya hemos empezado a examinar otros sectores que el Sr. Baldarelli, correctamente, considera importantes en su informe, como por ejemplo, la información antes y durante el viaje, los transportes públicos y los transportes con medios múltiples. En particular, estamos a la espera de presentar, en las próximas semanas, una comunicación sobre los sistemas interoperables sobre la recaudación electrónica en Europa.
El informe que se ha presentado al Parlamento reconoce la importancia de las obras eurorregionales como fuerza impulsora del desarrollo de los RTT. Estas obras aspiran a adaptar los servicios RTT en regiones transfronterizas y ya han logrado la participación de 12 de los 15 Estados miembros. Verdaderamente, su aportación es de una importancia fundamental para garantizar la interoperabilidad de los sistemas RTT y la continuidad de los servicios RTT a través de las fronteras de estos países. Presuponen un control y una gestión de la circulación en las principales arterias, incluida también la creación de nuevos itinerarios, la información antes y durante el viaje por medio de señales variables de mensaje y de los servicios RDS-TMC. Esto requiere el intercambio transfronterizo de datos entre los centros de control de la circulación. En particular, ya hay colaboración en determinados trabajos en el ámbito de los sistemas intermodales de recaudación electrónica.
La Comisión coincide en que es necesario establecer modelos en este sector de alto nivel técnico y por eso ha ordenado a la Comisión Europea de Normalización, a la CEN que se encargue de temas que consideramos de prioridad absoluta para lograr nuestros objetivos. Solicitamos a la CEN que redacte un nuevo programa de trabajo en el que se reflejen exactamente todas estas prioridades. Además dada la naturaleza global de las compras RTT también analizaremos, de nuevo junto con la CEN, en qué medida son satisfactorias las soluciones en colaboración con el ISO sobre modelos comunes, tanto desde el punto de vista de los objetivos de una política de transportes como desde el de los objetivos de nuestra industria. Está claro que la seguridad de los sistemas RTT en los vehículos debe ser de máxima atención para todos nosotros, y esta es precisamente la razón por la que se ha incluido en una de nuestras prioridades inmediatas.
Me encuentro en la grata situación de declarar que un grupo operativo que la Comisión formó, ha redactado un catálogo de principios y, tras una consulta, este catálogo será objeto de una elaboración adicional para informar más exactamente sobre lo que se exige exactamente. La Comisión espera presentar propuestas detalladas tanto al Parlamento como al Consejo sobre cómo se puede traducir esto en una cláusula autovinculante de un acuerdo, en un código de prácticas al que los fabricantes de equipamiento y de motores, así como los montadores se deberán adaptar. Sin embargo puedo asegurarles que, si el sistema autovinculante que hemos propuesto no funciona, la Comisión no vacilará en presentar nuevas propuestas de legislación en este sector.
Por último, otra preocupación que encontramos en todo el informe del Sr. Baldarelli es que los RTT no deberá dirigirse a un grupo de elegidos. La Comisión comparte plenamente esta opinión. Pero hará falta colaborar estrechamente con el Parlamento y con los Estados miembros para que esto sea realidad.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Turismo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0247/98) del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo (1995/1996) (COM(97)0332 - C4-0576/97)

Novo Belenguer
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que hoy les presento será mi última iniciativa parlamentaria ya que mañana, lamentablemente, dejo mi escaño, quedando en sus manos a partir de estos momentos el desarrollo de una verdadera política comunitaria de turismo.
El informe de la Comisión nos ha llegado en un momento clave para el futuro de la política comunitaria de turismo, situada entre los problemas relacionados con el fraude en algunas acciones a principios de los años noventa y el gran desafío que representa el inicio de un nuevo milenio. Tal vez por ello, mi intención como ponente ha sido la de presentar un informe más desde un punto de vista estratégico que desde el punto de vista del reconocimiento debido a las actividades comunitarias en el campo del turismo en los años 1995 y 1996, aunque hay que reconocer que dichas acciones han sido numerosas y muy variadas.
La comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo en los años 1995 y 1996 se presentó al Parlamento de conformidad con los requisitos fijados en el artículo 5 de la Decisión del Consejo de 1992 por la que se establece un plan de acción comunitaria para ayudar al turismo. Señalo que la vigencia del mismo terminó el 31 de diciembre de 1995 y no ha sido renovado, fundamentalmente, por falta de base legal en la forma de un programa plurianual. Por ese motivo, hemos presentado una enmienda -la nº 9- que insta al Consejo a adoptar un marco comunitario para acciones en este sector tan importante. En todo caso, la resolución propone que se continúe la tradición de presentar un informe anual al Parlamento sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo, así como una evaluación de las acciones. Esto nos permitirá celebrar un debate anual en el Parlamento y realizar un control democrático sobre las acciones comunitarias en el futuro.
También quiero señalar los problemas principales que, a mi juicio, están impidiendo el desarrollo de una política comunitaria. En primer lugar, la falta de voluntad por parte de las autoridades nacionales para confiar un papel a la Comunidad Europea para coordinar actividades y apoyar al sector turístico. Esto se refleja en la negativa a adoptar el programa PHILOXENIA el año pasado, que ha tenido como consecuencia la ausencia de base legal para financiar acciones complementarias a nivel comunitario. Estamos corriendo el riesgo en estos momentos de que se repita el error, una vez más, para el año 1999. En segundo lugar, una falta de confianza, también reflejada por parte de los Gobiernos nacionales en los propios servicios de la Comisión, para realizar un programa de acción y debido, fundamentalmente, al fraude detectado en 1991, Año Europeo del Turismo, y en el último plan de acción. En tercer lugar, la falta de recursos humanos y financieros hace que la Comisión Europea afronte con mucha dificultad la posibilidad de realizar una política de turismo que asegure una buena coordinación de las distintas políticas comunitarias que afectan a este importante sector.
Y, finalmente, la falta de planeamiento y estrategia a largo plazo. Resulta escandaloso, señor Presidente, señor Comisario, que en estos momentos no exista una visión conjunta entre las instituciones comunitarias y los distintos Estados miembros sobre un sector que supone, aproximadamente, el 14 % del PIB y el 10 % de los empleos en Europa. Sin embargo, me parece que ahora es el momento adecuado para relanzar una estrategia comunitaria de turismo. Desde el principio de la preparación de este informe he abogado por una reorganización completa de los servicios de la Comisión que marque, a partir de ese momento, un nuevo comienzo para el turismo europeo dotando a los servicios de la Comisión de la infraestructura humana necesaria para aportar una verdadera contribución de valor añadido a las actividades de los Estados miembros, así como a las distintas regiones. Agradezco en este sentido -no puede ser de otra manera- el anuncio realizado por el Comisario, este verano, de la creación de una dirección para turismo conformada por tres unidades dentro de la propia Dirección General XXIII y, a mi juicio, creo que mayoritariamente o formalmente coincidimos con las capacidades o las competencias que deberían tener estas unidades, que son, por una parte, garantizar una cooperación y consulta sistemática con otras Direcciones Generales, mantener un vínculo estrecho y constante con la industria y con las oficinas nacionales de turismo, evaluar el antes y el después de todas las acciones comunitarias destinadas a fomentar el turismo y aumentar la información que se ofrece a los turistas sobre todos los aspectos relacionados con sus derechos y responsabilidades como consumidores. En segundo lugar, pensamos también que es un buen momento porque en julio la propia Comisión publicó su contestación oficial al informe del Tribunal de Cuentas sobre las acciones del pasado, presuntamente fraudulentas. Sin perjuicio de los procesos judiciales que deben llevar a cabo los Tribunales nacionales, la Comisión ha identificado todas las acciones más problemáticas de la época afectada, estimando que, aproximadamente el 9 % de la totalidad de las acciones realizadas o financiadas entre 1990 y 1995, pueden mostrar irregularidades. La Comisión señala que está actuando para recuperar fondos sobrepagados y reenvía el asunto donde es apropiado a las autoridades nacionales. En tercer lugar, la convocatoria del grupo de expertos sobre turismo y empleo, presidido por el Comisario, ha sido una muy buena iniciativa y estamos a la espera del anuncio de sus conclusiones y recomendaciones.
En conclusión, señor Presidente, mantengo y apoyo el valor añadido que puede aportar la Comunidad Europea al turismo en Europa. Sólo hace falta que los Estados miembros lo reconozcan.

Wijsenbeek
Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos podría enumerar de nuevo las conclusiones que he sacado, pero no lo haré. Sí que debo constatar que la política de turismo, y el Comisario sabe esto muy bien, ha sido un poco la pariente pobre de la política comunitaria y eso es realmente curioso porque -tampoco hace falta que se lo cuente ni al Comisario ni al ponente- el turismo es el mayor empresario en la Comunidad y además un sector que precisamente podría aportar de nuevo mucha actividad económica en las zonas rurales con dificultades económicas. En resumen, sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de procurar que la política turística se convierta realmente en algo. Eso significa antes que nada que debemos hacer mucho más por el cuidado de la calidad y eso significa también, como hemos dicho en nuestro informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, que debemos hacer algo por el reconocimiento y convalidación de los títulos. En segundo lugar, señor Presidente, hemos señalado la política fiscal. La política fiscal lleva, precisamente porque el turismo cada vez conoce menos fronteras, a una enorme alteración del level playing field , sobre todo en el plano del IVA. Le daré un ejemplo. Los llamados parques de atracciones están considerados en unos países como
el país del señor Presidente. El parque Asterix se considera un lugar cultural y se le aplica una tasa baja del IVA, cuando en otros países se considera este tipo de lugares como un parque turístico y, por tanto, se aplica una alta tasa de IVA.
(NL) Dicho esto, Presidente, llamo por último la atención sobre la enmienda 9, artículo 7 bis nuevo, en la que el ponente dice que un programa marco proporciona una base jurídica. No, ponente, eso no es verdad. Los programas marco no son base jurídica alguna, sólo son artículos del Tratado. Nuestra comisión vuelve a instar, pues, a que se recoja un artículo realmente turístico en el Tratado.

Torres Marques
Señor Presidente, quiero felicitar no sólo al ponente, Sr. Novo Belenguer, sino también al ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Los dos nos presentan un conjunto de conclusiones del mayor interés y la claridad, la capacidad de síntesis y el ámbito de las propuestas de la opinión del Sr. Wijsenbeek son, en mi opinión, de la mayor utilidad para el enriquecimiento del informe.
A pesar de la inexistencia de un fundamento jurídico específico para el turismo, el Comisario Papoutsis no sólo ha conseguido reorganizar los servicios del turismo de acuerdo con las orientaciones que el Parlamento Europeo ha establecido, sino que, además, sigue presentándonos propuestas con efectos evidentes en esa actividad tan importante para Europa. Si se aplica el principio de subsidiariedad a este sector, en el sentido de que todos los países deben mantener sus especificidades y diferencias, ya que el turista se traslada en busca de la diferencia, se debe analizar con todo cuidado. Es que, incluso para mantener las especificidades de cada una de las regiones, los países de la Unión Europea han disfrutado de los Fondos estructurales, en particular para la defensa de su patrimonio cultural.
Se deben difundir en el nivel comunitario la creación del euro y la mayor libertad de circulación en el espacio de Schengen, ya que en la Unión Europea sus ciudadanos representan casi el 90 % de los turistas que esos países reciben. También en terceros países está justificada una acción en el nivel europeo, pues la actuación de cada país por sí solo es poco eficaz, pero en conjunto podría propiciar una actuación con grandes repercusiones y resultados mucho más importantes para el turismo europeo.
Vuelvo a insistir en la necesidad de un fundamento jurídico propio para el turismo en los Tratados. Hasta entonces, señor Comisario Papoutsis, siga intentando coordinar el 6 % de los Fondos estructurales que se gastan en el sector del turismo y utilice todos los fundamentos jurídicos posibles para continuar la acción de la Comisión en apoyo del aumento en competitividad de la industria turística europea.

Bennasar Tous
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero felicitar al Sr. Novo Belenguer por su informe y por la buena gestión que ha desarrollado durante su estancia en este Parlamento.
Aprovecho también la oportunidad para mencionar la necesidad urgente de un programa de acción que recoja todos los aspectos del turismo que ya están identificados como valor añadido para este sector a nivel europeo pues, con el máximo respeto a la subsidiariedad, es urgente fomentar la calidad y competitividad del mismo.
Estamos ante un momento crucial: la reforma de los Fondos estructurales y el proceso de ampliación hacia el Este. El turismo es la industria que ha demostrado tener mayor capacidad para levantar zonas deprimidas creando actividad económica y empleo. Sus efectos son altamente beneficiosos para el desarrollo regional, tanto urbano como rural o costero. Es mucho lo que podemos enseñar y compartir con los países del Este para que no cometan nuestros errores y para que, con coherencia, puedan recuperar su patrimonio histórico y rentabilizarlo con fines turísticos. Esto, Señorías, es valor añadido.
Todos los europeos responsables somos conscientes y valoramos la necesidad de que el turismo sea sostenible y los destinos limpios. Abogamos por la defensa del medio ambiente. Hoy día la calidad turística ya no se concibe si no incorpora el factor medioambiental: planes integrados, hoteles integrados, inexistencia de vertidos, depuración de aguas, control de residuos sólidos, energías limpias y mucho rigor contra la contaminación atmosférica, acústica o visual.
El turismo en Europa está culminando un largo proceso que desemboca en el binomio calidad-precio y competitividad de las PYME. Unos países potencian el turismo cultural, otros el rural, sol, playa, deportivo, negocios, juvenil o senior. Pero todos tratan de diversificar la oferta, romper la estacionalidad y crear empleo. Valor añadido es impulsar la calidad de la formación y el intercambio de experiencias. Valor añadido son los proyectos de nuevas tecnologías aplicadas al turismo sobre sistemas de reservas o bases de destinos turísticos.
Felicitamos a la Comisión por impulsar la organización de una conferencia sobre los efectos del euro en el sector turístico para facilitar estrategias de transición para las empresas y los consumidores. El euro favorecerá el turismo y a Europa como destino.
Esperamos con impaciencia el informe del «comité de sabios» y apoyamos con fuerza la continuidad de las acciones de lucha contra el turismo sexual. Todo lo dicho, queridos colegas, es valor añadido. Debemos informar y convencer al Consejo. Creo que tenemos elementos suficientes para presentar un programa de acción que sea la base legal, acogida con entusiasmo por los Estados miembros. Espero que el Consejo tenga visión de futuro.

Tamino
Señor Presidente, antes que nada deseo manifestar que estoy de acuerdo con el informe presentado por el Sr. Novo Belenguer y considero que los elementos que el señor ponente ha facilitado al Parlamento revisten gran importancia. En particular, creo que es justo recalcar que el turismo guarda relación con otros muchos sectores que recaen en el ámbito de las competencias de la Unión Europea y por tanto, aunque es cierto que se plantea el problema de la falta de un fundamento jurídico claro, no es menos cierto que el turismo está ligado a muchas otras actividades y sectores en que el fundamento jurídico es muy claro.
Sin embargo, el problema del fundamento jurídico está ahí y, por tanto, hay que encontrar una solución. Por desgracia, sabemos que la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam no ha ofrecido una solución satisfactoria; las consecuencias se constatan en el hecho de que desde el año 1996 no se ha adoptado el programa PHILOXENIA por la falta de un fundamento jurídico y, por tanto, de una línea presupuestaria.
Ante todos estos hechos, consideramos que debe hacerse un esfuerzo para encontrar por fin un fundamento jurídico, un programa apropiado, líneas presupuestarias adecuadas y reconocer plenamente las problemáticas del sector del turismo. Para el Grupo de los Verdes, en particular, significa decir no a un turismo que destruye el territorio y a un turismo que, en muchos casos, lo ha convertido en una masa de cemento y, por el contrario, decir sí a un turismo sostenible y ecocompatible.
Y es por esto que, como Verdes, hemos presentado algunas enmiendas; en particular quiero recordar una enmienda cuya finalidad es que se tenga en cuenta el potencial de cada zona dedicada a actividades turísticas en la valoración del turismo, así como la propuesta de una etiqueta ecológica, ecolable, para las zonas y estructuras turísticas. De este modo, lograremos explicar claramente que el turismo puede constituir una posibilidad de desarrollo sostenible.

Schifone
Señor Presidente, fui concejal de Turismo de la Región de Campania durante tres años y en ese período escuché varias voces que sostenían que el turismo es un factor de desarrollo importante y fundamental para las actividades económicas. Lamentablemente, tras esta concienciación no he visto seguir acciones administrativas, legislativas y de apoyo económico concretas.
También el informe de la Comisión reconoce la importancia del turismo tanto desde el punto de vista de la protección y valorización del entorno, de la historia y de la cultura como desde el punto de vista de la expansión económica y de las posibilidades de empleo que ofrece; sin embargo, al final, ante las instancias europeas nos encontramos con esta situación de falta de reconocimiento de las actividades del sector turístico.
Considero, por lo tanto, que es necesario actuar cuanto antes en tres puntos fundamentales que han sido recalcados tanto en el informe como en las intervenciones de sus Señorías. En primer lugar, la definición del fundamento jurídico para el turismo en que basarnos a escala europea. En el Tratado de Maastricht falta un título y también en el de Amsterdam no aparece mención alguna del mismo. Segundo, es preciso un compromiso para que en la próxima revisión del Tratado pueda crearse un título específico, como se manifestó en las Jornadas Europeas celebradas en Nápoles en el año 1996.
Por último, es necesario crear una dirección general para turismo y esforzarse para que en la reforma de los Fondos estructurales se preste especial atención a los planes integrados aptos para identificar el turismo como un factor de desarrollo, de protección medioambiental y de valorización de los polos de desarrollo turístico.

Schierhuber
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, el turismo es un sector importante de la economía de la Unión Europea. El turismo también tiene importancia en relación con la creación de puestos de trabajo. Esto me lleva a pensar que no sólo el turismo costero y el que atraen las ciudades son importantes, sino que también lo es el rural. Con este se consiguen ingresos adicionales y se apoya el desarrollo regional. Naturalmente que así también se consiguen nuevos puestos de trabajo y se beneficia al conjunto de la región. El turismo benefactor debe tener prioridad.
La Unión debería disponer de un marco apropiado para el futuro desarrollo de la política de turismo, como se discute actualmente en el programa PHILOXENIA. También sería muy positivo presentar como anexo al libro verde un libro blanco para definir una estrategia futura, no una comunitarización de la política de turismo, pero sí una estrategia. Lo importante es conservar las costumbres y tradiciones específicas y estimular su singularidad. La adecuada formación de los empleados del sector turístico debe ser, en mi opinión, prioritariamente estimulada.
Finalmente quisiera expresar ante esta Asamblea mi repulsa explícita por el turismo sexual. Solicito a la Comisión que emprenda todos los esfuerzos necesarios para acabar de una vez con esta clase de turismo realmente deshonrosa.

Linser
Señor Presidente, como representante del país de la Unión con un turismo más intenso permítame decir algunas palabras acerca de este excelente informe. En Austria un 6 % de nuestro producto interior bruto corresponde al turismo. La competitividad en el sector interior, causada por los promotores baratos en zonas climáticamente favorables, es enorme. Los empresarios se enfrentan a una política turística de la Unión Europea completamente descoordinada e ineficiente. No existe un concepto unitario de turismo. El programa PHILOXENIA, que muestra buenos planteamientos, ya ha sido rechazado dos veces por el Consejo. Desde mi punto de vista un programa de acción de este tipo debería contemplar el principio de subsidiariedad y poner en primer plano la publicidad de determinadas regiones, ya que creo ese es el mejor camino para ganar clientes de terceros países para el mercado europeo.
En el informe se le pide a la autoridad presupuestaria que para 1999 establezca un presupuesto operativo para ayudas comunitarias directas. La línea B5-325 es la única que habla explícitamente de acciones para el fomento del turismo. Es de destacar que ésta no solo contaba con apenas 2 millones de ECUS, sino que, además, después de las propuestas del Consejo y la Comisión debe ser reducida. Esto resulta increíble si se piensa que la Comisión nombró el turismo como uno de los cinco factores económicos que son más adecuados para la creación de puestos de trabajo.
Las ayudas provendrán de los fondos estructurales y de diversas iniciativas comunitarias, que en principio no fueron concebidas para el turismo. Como muestra el informe de la Comisión, la consecuencia es una distribución injusta de los fondos que, entre otros, perjudica a Austria.

Mendes Bota
Señor Presidente, el turismo en la Unión Europea no tiene una reglamentación propia. Como los Tratados lo dejaron de lado, no tiene un fundamento jurídico. Como no tiene fundamento jurídico, tampoco tiene acciones: el programa PHILOXENIA sigue en el congelador. Como tal, no tiene presupuesto: la propuesta presupuestaria vino seca y la Comisión de Presupuestos se encargó de secar la enmienda propuesta por la Comisión de Transportes y Turismo, aun tratándose de la modesta suma de 3, 5 millones de ecus para 1999.
¿Por qué no mereció siquiera un humilde párrafo en el Tratado de Amsterdam, pese a que se reconoce unánimemente que el sector del turismo es tan importante para la Unión Europea desde el punto de vista del empleo, de la actividad económica, de la inversión, del desarrollo sostenible? ¿Qué actividad tan subversiva para el proceso de integración europea será ésa, que se encuentra encadenada a la regla de la unanimidad en el Consejo de Ministros, aunque sea para decidir cualquier acción de menor importancia? ¿Por qué, pese a resultar evidente que se trata de un sector que afecta transversalmente a un mayor número de otros sectores, desde los transportes hasta el medio ambiente, desde la política regional hasta el empleo, desde el comercio hasta la agricultura y el mundo rural, se obstina el Consejo en negarle la menor dignidad institucional, por lo que el turismo ocupa un ángulo obscuro y avergonzado en el sótano de la DG XXIII?
Yo sé que la subsidiariedad debe ser la regla. Todos sabemos que la política regional apoyó proyectos de incentivo del turismo para el período 1994-1999, por valor de 9.000 millones de ecus, pero eso no puede servir de disculpa para la ausencia de un plan de acciones comunitarias a favor del turismo, porque existen esferas en las que se potencia una plusvalía comunitaria, con promoción externa fuera de la Unión Europea, reducción de la estacionalidad, coordinación de las acciones que afectan al turismo de los diferentes programas y políticas, armonización fiscal o clasificación de las estructuras turísticas, la seguridad, la información a los turistas como consumidores.
La dignificación del turismo exige que se le confiera relieve presupuestario. La palabra corresponde ahora a los Grupos políticos de este Parlamento para que el consenso evite la prolongación de esta situación irracional de un turismo sin el menor fundamento.

Cornelissen
Presidente, hay buenas y malas noticias en relación con el turismo en la Unión Europea. Comenzaré con las buenas noticias. La entrada del euro hará más fácil y barato el turismo y los viajes en «Eurolandia». He calculado que, gracias al euro, en unas vacaciones quincenales en la Unión Europea se podrá obtener un día extra de regalo. Otra buena noticia es que todo indica que, en los años venideros, el turismo y los viajes será el sector en expansión número uno, aunque debido a las menos prósperas previsiones económicas esa expansión presumiblemente será menos espectacular de lo que se suponía hasta hace poco.
Ahora las malas noticias. La crisis en Asia y Rusia tendrá un efecto abrumador en el número de turistas de esos países que vendrán a Europa. Al mismo tiempo aumentará la competencia desde estos países por la devaluación de la moneda allí. Pienso sobre todo en el importante sector del turismo de congresos. Allí se obtendrá más por menos dinero. Mi pregunta es: ¿cuál es la respuesta de la Comisión ante estos acontecimientos? Se requiere con urgencia desarrollar una estrategia para que Europa se aproveche lo suficiente del crecimiento que se espera. Las palabras clave en esta estrategia deben ser: calidad y refuerzo de la competencia de la industria turística europea, sobre todo en las PYMES. En este marco abogo por una tarifa uniformemente baja del IVA en el turismo. Después de todo, el turismo puede crear muchos puestos de trabajo. Se debe tender en medida creciente hacia el turismo perdurable.
Mi segunda pregunta es por ello ¿hasta qué punto está involucrada la DG XXIII para poder disponer de sumas considerables de los fondos regionales para el turismo? Mi última pregunta es, Presidente, ¿cómo valora las posibilidades de aprobar este año PHILOXENIA, teniendo en cuenta la entrada enérgica de la Presidencia austriaca?

Vaz da Silva
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Europa debe afirmar su diferencia en el turismo como está haciendo con la sociedad de la información. El turismo europeo habrá de ser, cada vez más, el turismo de la calidad. Existe una concepción europea del turismo que lo vincula estrechamente con la promoción del medio ambiente, de la cultura, del desarrollo regional, de la salud, de la seguridad y del bienestar de las personas.
El informe Novo Belenguer pide una política europea del turismo y hace muy bien. Esa política deberá consistir, por un lado, en la creación dentro de la Comisión de una estructura que pueda realizar estudios, comparar estadísticas, promover formación, estimular innovación y facilitar redes de cooperación y, por otro, estimular en los Estados miembros estructuras de coordinación que permitan mantener el primer puesto de Europa como destino turístico. El ejemplo reciente de la creación de la red «Europa Traditionis Consortium» para promoción del turismo en casas privadas de gran tradición es un simple ejemplo de una iniciativa conjunta de la sociedad civil que va bien encaminada, pero que seguirá siendo una gota de agua, si no se divulga y multiplica.
La Unión Europea puede y debe tener un papel que desempeñar tanto en el estímulo de redes de cooperación como en la formación de profesionales sensibilizándolos sobre las ventajas a medio y a largo plazo para el propio sector de un turismo sostenible, que respete la naturaleza y el patrimonio.
Señor Presidente, si el Consejo sigue vacilando a la hora de comunitarizar la política del turismo, bastará con que considere las repercusiones que tendría no hacerlo para la competitividad del sector en Europa y para el desarrollo de sus regiones periféricas. En las actuales condiciones de mayor competencia, la ausencia de acciones concertadas y de políticas comunes en las esferas de la movilidad de los profesionales, de la eficacia de las comunicaciones y del marketing , en una palabra, de la recalificación rápida del sector en general, puede acarrearnos una pérdida del primer puesto, difícilmente recuperable.

Santini
Señor Presidente, al intervenir en último lugar voy a abordar algunos temas que los oradores que me han precedido han mencionado sólo de pasada y que se refieren a la capacidad económica y generadora de empleo que tiene este sector.
Según las estadísticas, hoy por hoy, el turismo es la tercera industria del mundo: la tercera después de la industria del petróleo y del automóvil. Según las mismas estadísticas, en el año 2000 el turismo será la primera industria del mundo. Entre 1990 y 1995 los ingresos del turismo aumentaron en un 8, 5 %; en 1996 ascendían a 400 millardos de dólares y en el año 2000 ascenderán a 700 millardos de dólares. Actualmente, el turismo en el mundo cubre el 12, 5 % del Producto Interior Bruto; en el año 2007, siempre según las estadísticas, esta cifra subirá hasta el 12, 8 %. Y continuando con los números: hoy en la Unión Europea hay 19, 1 millones de personas empleadas en el sector turístico que equivalen al 12, 8 % del total de los puestos de trabajo; el 65 % de estos puestos de trabajo son femeninos. En el año 2007 habrá 1, 8 millones de puestos de trabajo más.
Ésta es la dimensión económica de un sector que progresa, que crece, que aumenta y que, en cambio, Europa, las Instituciones no valoran como se merece. No obstante la subsidiariedad, creo que puede existir o coexistir también una promoción turística de tipo europeo. Pues bien, hace falta promocionar nuestra vieja Europa para contrarrestar la promoción ya unitaria que hacen los Estados Unidos de América y algunos países orientales. Existe esta competencia a nivel de la mundialización. Los motivos los tenemos, ahora falta el dinero: 10, 5 mecus para la promoción europea. En mi región que cuenta con 450.000 habitantes, ofrecemos el lago de Garda y los Alpes Dolomíticos, pero nosotros gastamos 7 mecus, casi como toda Europa. Podría ser un ejemplo a seguir.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para empezar querría agradecer al Sr. Novo Belenguer su detallado informe, así como al Sr. Wijsenbeek la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Este informe envía un mensaje importante: que ya es hora de ponerse a trabajar para reforzar la actividad de las acciones comunitarias en el sector del turismo e, igualmente, para aumentar la contribución del turismo al logro de los objetivos de la Unión. Por supuesto, hace falta garantizar los créditos correspondientes. Porque la falta de una financiación concreta para la línea del presupuesto sobre el turismo, crea serias limitaciones prácticas. Sin embargo soy optimista en cuanto a que los esfuerzos de la Presidencia austriaca darán fruto y lograremos un acuerdo sobre el imprescindible programa PHILOXENIA en los próximos meses. Permítanme ahora referir brevemente las prioridades básicas que ustedes han señalado en el proyecto de resolución y que muchos de ustedes han señalado anteriormente en sus intervenciones. Ante todo, yo también estoy de acuerdo en que está el problema del empleo, de la formación y de la educación en cuanto a las acciones relacionadas con el turismo. Como ya saben, tras la Conferencia Europea sobre el Turismo y el Empleo en Luxemburgo, reunimos un grupo de alto nivel. La misión de este grupo era examinar de qué forma puede contribuir mejor el turismo al empleo.
La primera fase de este procedimiento ya se está completando y en los próximos días recibiré las recomendaciones de este grupo. Mi intención es que la Comisión haga una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, hasta finales de año, en la que haya una evaluación general del informe y la presentación de las orientaciones sobre las próximas acciones.
Segundo, tenemos el problema de la modernización de la industria del turismo y de la mejora de su competitividad y especialmente de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con actividades turísticas. Estoy completamente de acuerdo en que la aplicación de la nueva tecnología y el normal funcionamiento del mercado interior son condiciones indispensables para que la industria europea del turismo mantenga la fuerte posición competitiva que ocupa en la actualidad a nivel mundial. Creo, pues, que era recomendable tomar una iniciativa que sentara las bases de la evolución y de la difusión de los conocimientos técnicos en el sector de las tecnologías de la información aplicadas en los servicios turísticos. Y la Comisión ya está estudiando las necesidades concretas y las acciones necesarias para el turismo y que deberán ser tomadas en cuenta en la aplicación del quinto programa de investigación y de desarrollo tecnológico.
Tercero, el tema de la introducción del euro y de los desafíos que implica para los turistas y para las empresas. Como ya saben, hemos realizado una amplia consulta en cuanto a las medidas preparatorias que se toman para la introducción del euro. En esta consulta han tomado parte bancos, entidades de crédito, profesionales del sector del turismo y naturalmente asociaciones de consumidores. Los resultados de estos trabajos van a presentarse en la Conferencia que tendrá lugar en Bruselas el 18 de octubre. Guías para las empresas del turismo, fácilmente comprensibles para el usuario, están en su última fase y estarán disponibles a finales de año.
Cuarto, tenemos el tema de la reforma de los Fondos Estructurales que se propone en la Agenda 2000 y de las oportunidades que podrían producirse en este marco para explotar plenamente el potencial turístico en las regiones menos favorecidas de Europa o incluso en las regiones en declive. En el marco de los Fondos Estructurales, los Estados miembros preparan proyectos e indican sus prioridades por sectores. No podemos imponer a los Estados miembros y a las regiones inversiones relacionadas con el turismo. Pero, la experiencia demuestra que casi todas las regiones elegibles en el marco de los Fondos Estructurales han incluido proyectos relacionados con el turismo y sus programas. Sin embargo la aplicación de las nuevas normas de funcionamiento de los Fondos Estructurales constituye una oportunidad para que las autoridades nacionales y regionales interesadas evalúen y reanalicen sus proyectos sobre la evolución del turismo. Y de esta forma podrán determinar medidas conectivas para mejorar las infraestructuras turísticas y la calidad de los servicios relacionados con el turismo en estas regiones.
Quinto, tenemos el tema de la aplicación del principio de sostenibilidad en el desarrollo del turismo. Estoy de acuerdo con ustedes en que el turismo no puede evolucionar con éxito sin un respeto pleno del principio de sostenibilidad. También estoy de acuerdo con la necesidad de utilizar más ampliamente los medios comunitarios para proteger el medio ambiente en el turismo así como para proteger y fomentar la herencia cultural de Europa. Deberemos velar, junto con los Estados miembros, por la difusión más amplia de los resultados de determinados proyecto anteriores dignos de mención en este sector. Finalmente, está el tema del control total, de la evaluación y de la elaboración de informes sobre las acciones comunitarias que afectan al turismo. Estoy de acuerdo con ustedes en que estos informes son un medio que refuerza la transparencia, un medio que ayuda al control democrático de las actividades comunitarias. Por eso, también puedo admitir la continuación de las regulaciones existentes en cuanto a la elaboración de informes.
Concluyendo, Señor Presidente, querría informarles del desarrollo en los temas administrativos ya que este es un tema que se toca en las recomendaciones que incluye el proyecto de resolución que se ha presentado en la Sesión Plenaria. Recientemente hemos creado en el seno de la Dirección General XXIII no un sector ni un grupo de trabajo, sino una Dirección. Una Dirección para coordinar las medidas comunitarias y las acciones coordinadas relacionadas con el turismo. Esta Dirección contiene tres unidades operativas que se ocupan de los temas de la política, de la competencia y de la sostenibilidad respectivamente.
Antes de terminar quisiera referirme a la acción comunitaria para combatir el turismo sexual del que son víctimas los niños. Gracias al apoyo de ustedes, y especialmente gracias a la decisión de la autoridad competente del presupuesto de aprobar una linea especial del presupuesto, se ha señalado un avance muy importante en cuanto a la información al público sobre este problema.
Nosotros seguimos nuestras iniciativas en esta dirección y hacia finales de año estaré en la grata situación de presentar ante el Parlamento un informe sobre lo que se ha realizado en este campo durante los dos últimos años.
Por último, señor Presidente, quisiera felicitar una vez más al ponente Sr. Novo Belenguer por su labor y dar las gracias a todos los miembros del Parlamento, quienes sostienen firmemente que el turismo es y seguirá siendo una industria grande y dinámica que debe ser apoyada activamente y diría que incluso más activamente por la Comunidad.

Cornelissen
Presidente, agradezco al Comisario su respuesta. Sin embargo, he echado de menos la respuesta a mi pregunta de cómo valora las posibilidades de aprobar este año PHILOXENIA, teniendo en cuenta la entrada enérgica de la Presidencia austriaca. Si se me permite haré uso también de esta oportunidad, Presidente, para expresar mi estima por el hecho de que pese a lo avanzado de la hora un representante del Consejo asista a nuestros debates. Así es como debe ser, pero gracias no obstante.

Papoutsis
Señor Presidente, quiero asegurarles que la Presidencia austriaca realmente ha empezado a esforzarse, presentando una propuesta compatible con ideas que creo que se corresponden plenamente con el espíritu del programa PHILOXENIA. Se ha basado en el compromiso que proponía la Presidencia de Luxemburgo y en este momento la Presidencia austriaca está consultando a los otros Estados miembros. Sin embargo, aún no hay nuevo gobierno en Alemania Federal después de las elecciones y, por consiguiente, estamos a la espera de consultarle a él también porque, como ya sabemos, Alemania es el único país que, exceptuando algunas dudas que ha expresado el Reino Unido, se resiste a aceptar el programa PHILOXENIA.
Espero que estas consultas se coronen con éxito. Y espero, sinceramente, que el Consejo de Ministros de Turismo, que la Presidencia austriaca tiene previsto para principios de diciembre, será el Consejo que apruebe el programa PHILOXENIA. En todo caso, sinceramente, tengo esperanzas también en el apoyo activo del Parlamento Europeo, para que estos esfuerzos se coronen con éxito.
El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el total de la industria turística europea, el total de las instituciones que actúan en el sector del turismo y 14 de los 15 países miembros, están a favor de este programa. Por fin, creo que ha llegado el momento de que el programa PHILOXENIA constituya una base jurídica para un programa plurianual a favor del turismo.

El Presidente
Aprovecho la oportunidad para dar las gracias al Sr. Novo Belenguer, puesto que este es el último informe que presenta, y desearle éxito, ya que al dejar esta Asamblea se encamina hacia nuevos horizontes.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.40 horas)

