Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 19 de septiembre de 1997.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión del viernes 19 de septiembre de 1997 ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Posselt
Señor Presidente, del acta se deduce que el viernes finalizamos la sesión a las 10, 10 horas y que solamente teníamos un único punto en el orden del día. Pero hoy nuestro orden del día se encuentra totalmente sobresaturado, por lo que un acuerdo tan importante como el de cooperación con Macedonia solamente se puede tratar hacia eso de la media noche. Ruego que en el futuro prestemos más atención a una mejor economía de las sesiones. Si hubiésemos utilizado de un modo razonable el tiempo del último viernes, podríamos tratar hoy sobre este importante tema durante el día en presencia de los invitados.

El Presidente
Señor Posselt, tiene usted razón. Es una lástima que no hubiese más asuntos preparados para la última sesión en Estrasburgo, pero se da la circunstancia de que las comisiones que debían haber terminado los correspondientes informes no pudieron aprobarlos a tiempo.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, quiero indicar que tenemos entre nosotros a dos invitados del Estado Federado de Bahía de Brasil. Acabo de participar en un seminario sobre MERCOSUR y creo que hablo en nombre de todos si me pronuncio en favor de una profundización de las relaciones con Brasil. Quiero saludar afectuosamente al Ministro Barbosa de Deus y al Vicegobernador de Brasil, Sr. Borges. Muchas gracias, muito obrigado.

El Presidente
Muchas gracias, hacemos extensiva la bienvenida que acaba de expresar usted aunque, como sabe, la norma de esta Asamblea es que sólo se da la bienvenida cuando ha habido una visita organizada oficialmente. Hay muchos ilustres visitantes que vienen invitados por nuestros diputados y entonces, normalmente, no se expresa esta bienvenida pública, pero nos sumamos a ella con mucho gusto.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, mi intervención tiene relación con la página 13 del Acta de la reunión del viernes en Estrasburgo; en el párrafo 11 se dice que la Sra. Presidenta recuerda que las próximas sesiones tendrán lugar los días 1 y 2 de octubre de 1997.
Creo que, en aplicación de la decisión del Tribunal de Justicia de ese día, no es posible aprobar el Acta en estas condiciones. Tampoco es posible, y mis colegas se lo dirán, mantener nuestra reunión. El párrafo 29 de esta decisión, en su segundo apartado, dice que sólo podrán fijarse períodos parciales de sesiones plenarias adicionales en un lugar distinto de Estrasburgo cuando el Parlamento celebre las doce sesiones plenarias ordinarias en Estrasburgo, sede de la institución.
Creo que, una vez aprobada el Acta, será necesario pronunciarse sobre este importante punto retirando el punto 11 del Acta de la sesión del viernes 19 de septiembre.

El Presidente
Señor Fabre-Aubrespy, no se deben mezclar las cosas. El Acta recoge lo que se ha dicho, y se ha dicho que nosotros tendríamos una reunión en el día de hoy, que estamos celebrando.
En segundo lugar, en cuanto a la sentencia del Tribunal de Justicia, la Mesa ha encargado esta mañana al Jurisconsulto que emita su dictamen sobre las consecuencias que pudieran derivarse. Una vez emitido el citado dictamen, se transmitirá a los órganos competentes de esta Asamblea con el fin de valorar todas las conclusiones que se deduzcan.

Berès
Señor Presidente, efectivamente, el Tribunal de Justicia acaba de dictar una sentencia que nos concierne directamente y en donde se dice que conviene interpretar la decisión de Edimburgo en el sentido de que ésta define la sede del Parlamento como el lugar donde habrán de celebrarse, a un ritmo regular, doce sesiones plenarias ordinarias. Por otra parte, el artículo 176 del Tratado de Roma, que define nuestros trabajos, establece que la institución de la que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria al presente Tratado, estará obligada a adoptar las medidas adecuadas para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.
Acaba de comunicarnos, señor Presidente, la iniciativa esperada y nos alegramos por ello. Ésta permitirá que nuestra institución se ajuste a la sentencia del Tribunal. En resumen, le pido, señor Presidente, que tome una determinación para que este Parlamento cumpla la sentencia y nos evite tener que pronunciarnos todos los años sobre un calendario que debería estar definitivamente fijado.

El Presidente
Señora, no voy a seguir con este debate. La Mesa, que es el órgano competente, ha solicitado un dictamen sobre las consecuencias de este asunto. Se transmitirá a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa y, si fuera necesario, al Pleno de la Asamblea para que se extraigan todas las consecuencias. No las prejuzgo, lo cual, por supuesto, no menoscaba en absoluto el derecho del Parlamento a fijar su calendario. Pero todo esto se hará de acuerdo con los tratados, con la sentencia del Tribunal de Justicia y con nuestro Reglamento. Al día de hoy, eso es todo lo que podemos hacer en este asunto, que es serio y no permite ninguna improvisación. En este momento no se trata de abrir un debate sobre el tema y espero que todo el mundo me ayude en este sentido.

Striby
Quisiera hablar del período de sesiones del Parlamento y también sobre los períodos parciales de sesiones para 1998. Todos ustedes han oído, y lo lamento, la sentencia del Tribunal de Justicia que fue dictada a instancias de Francia. Tenemos...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente
Señor Striby, escúcheme, he dicho que no continuaría con este debate. Cuando llegue el momento vamos a extraer las consecuencias de estos hechos de acuerdo con nuestro Reglamento, pero no discutiremos sobre ello ahora.
(El Acta queda aprobada)

Andrews
Señor Presidente, he estado intentando conseguir hacer uso de la palabra desde que he entrado. He indicado a sus servicios que quería hacer una declaración en nombre de mi Grupo, la Unión por Europa. Se trata del tercer Grupo, en importancia numérica, del Parlamento. Quería visitar Angola en una misión de paz...
(Interrupción del Presidente)

Crowley
Señor Presidente, quisiera señalar a su atención un asunto muy importante. El 19 de septiembre una diputada a este Parlamento, cuando regresaba del período de sesiones de Estrasburgo, fue invitada a una recepción oficial en Florencia. En esa recepción, dicha diputada, la Sra. Baldi, se acercó a Antonio di Pietro, el magistrado de Milán, uno de los candidatos al Tercer Colegio Senatorial de Toscana. En aquel momento, fue atacada por uno de los guardaespaldas de Antonio di Pietro y derribada al suelo. No se le prestó asistencia, pese a que tanto el Sr. di Pietro como el guardaespaldas sabían que la Sra. Baldi estaba allí como invitada de honor de esta institución.
Señor Presidente, quisiera que planteara usted ese asunto a las autoridades italianas para conseguir que las autoridades competentes y el Sr. di Pietro presenten disculpas a la Sra. Baldi. Le entregaré toda una carpeta sobre ese caso, incluida documentación fotográfica y médica. Quisiera que adoptara usted medidas para restablecer la dignidad de los diputados a este Parlamento. Es un momento muy oportuno: la Comisaria Bonino fue detenida en Afghanistán recientemente. Debemos condenar esa clase de actos fuera de la Unión Europea y dentro de ella.

El Presidente
Muchas gracias, señor Crowley. Yo le agradeceré que me envíe la documentación al respecto y tomaré las medidas oportunas, en contacto con las autoridades italianas. En cuanto a la Sra. Bonino, no nos ha pedido ayuda alguna y estoy seguro de que el Presidente de la Comisión la ha amparado en la medida de lo necesario. No necesita nuestro apoyo, pero lo tendría si fuese necesario.

Solicitud de aplicación del procedimiento sin debate
El Presidente
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa acaba de solicitar la aplicación del procedimiento sin debate, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento, al informe del Sr. Kittelmann sobre el procedimiento de adopción de la posición comunitaria en el Comité Mixto de la Unión Aduanera instituido por la Decisión nº 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, relativa a la ejecución de la fase definitiva de la Unión Aduanera. Por tanto, este informe se someterá simplemente a votación en el turno de votaciones de mañana a las 11.00 horas.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, se trata de una solicitud según el artículo 99(2) del Reglamento. Quiero rogar al Sr. Presidente que no permita el informe Kittelmann -no sé si está en la sala- sin debate. Se trata de la profundización de la unión aduanera. En una fase en la que de facto debatimos también sobre una adhesión de Turquía a la Unión Europea y se encuentran pendientes los problemas relacionados con Chipre, no podemos permitir un informe de este tipo sin debate. Ruego al Sr. Presidente que actúe del modo correspondiente, pues hay que decir algunas cosas al respecto, también por parte del Sr. Kittelmann.

El Presidente
Usted ha invocado el artículo correspondiente del Reglamento y, como usted sabe, el informe debe someterse a votación sin debate salvo en el caso en que al menos 29 diputados pidan que se someta a debate. ¿Hay 29 diputados que apoyen la petición del Sr. Kreissl-Dörfler?
(El Presidente constata que más de 29 diputados apoyan la solicitud del Sr. Kreissl-Dörfler, por lo que el informe se inscribirá con debate en el proyecto de orden del día de uno de los próximos períodos parciales de sesiones)

Asuntos políticos urgentes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre las líneas directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998 (preparación del Consejo Europeo sobre el empleo de los días 20 y 21 de noviembre de 1997 en Luxemburgo).
Doy la palabra al Presidente de la Comisión, Sr. Santer.

Santer
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión ha aprobado esta mañana sus informes sobre el empleo así como sus propuestas de líneas directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros. Éstos son nuestra contribución al Consejo Europeo especial del 21 de noviembre, que estará íntegramente dedicado al empleo. Habida cuenta de la importancia de este plazo y de la prioridad absoluta concedida a la lucha contra el desempleo, prioridad que, por cierto, este Parlamento ha señalado en muchas ocasiones, aprovecho gustoso la ocasión que me brinda este período parcial de sesiones de la Asamblea para darles la primicia de nuestras propuestas.
Las propuestas para las líneas directrices son un estreno, un estreno importante que constituye un salto cualitativo en la forma como planteamos las cuestiones del empleo al nivel de la Unión Europea. De alguna manera veo en ello la consecución de la actuación que llevé a cabo el 31 de enero del año pasado, cuando les presenté, en este mismo hemiciclo, el Pacto de Confianza por el Empleo. Acciones integradas en el plano de la política macroeconómica, del mercado interior, de las políticas del mercado de trabajo, de los fondos estructurales, y movilización de todos los protagonistas en la búsqueda de una convergencia en la lucha contra el desempleo y por el empleo: éstos son los elementos que yo defendía en el Pacto de Confianza, ya que la revolución postindustrial y la globalización de la economía exigen un nuevo planteamiento integrado, porque sería sencillamente incomprensible que el empleo no se considerase un asunto de interés común, e inaceptable que la Unión no pusiera todo su empeño en la lucha contra el desempleo.
Este planteamiento se ha ido abriendo paso. Los agentes sociales han aceptado el desafío y están negociando, con éxito, a nivel europeo. A nivel nacional, se multiplican los esfuerzos por conseguir pactos. El Consejo Europeo ha respaldado la idea del Pacto de Confianza en varias de sus conclusiones y, aún más, el empleo ha entrado en el Tratado de Amsterdam y es ya un asunto de interés general. No solamente como una promesa piadosa sino con procedimientos de supervisión y convergencia que impulsarán la coordinación de las políticas en un marco común.
En efecto, ya no se trata sólo de presentar informes sobre el empleo. El Tratado de Amsterdam fija el establecimiento de líneas directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, incluso, si llega el caso, recomendaciones a los Estados miembros para las políticas de empleo que hayan de seguirse. No subestimemos la importancia de este progreso. Ya sé que hay escépticos que dirán: aún más procedimientos. Pero no es necesaria una memoria muy larga para recordar el rechazo general a un planteamiento común en materia de política de empleo.
En este mismo momento constatamos en toda su dimensión la eficacia de los procedimientos de supervisión y convergencia en el contexto de la Unión Económica y Monetaria. Éstos han supuesto un verdadero latigazo para cada uno de nuestros Estados miembros en el cumplimiento de los objetivos fijados en común. Este ejemplo ha de servirnos de inspiración en nuestra lucha contra el desempleo. Todos estamos de acuerdo en que ésta es la prioridad de las prioridades.
Los Jefes de Estado y de Gobierno lo han señalado al declarar que no debemos esperar a la ratificación del nuevo Tratado para utilizar los medios de acción que éste define en su capítulo sobre el empleo. Lo han señalado al decidir que el empleo reclamará toda su atención en el Consejo Europeo especial del mes de noviembre. Se trata de muestras de determinación que saludo. Pero, cuidado con las falsas expectativas. Ningún texto del Tratado, ninguna conclusión del Consejo Europeo, ninguna declaración de intenciones crea empleo. Para crearlo es necesaria una acción efectiva, eficaz y tenaz en un frente amplio, que llevará tiempo ya que, en este ámbito, no existe ninguna varita mágica, aunque ello no sea una razón para resignarse.
Al contrario, es un estímulo más para no esperar, para pasar a la acción concreta desde ahora mismo. Los 18 millones de desempleados de la Unión Europea lo exigen y nosotros se lo debemos. Además, están mejorando las condiciones económicas y las perspectivas de crecimiento. Aprovechémoslas, pero evitemos caer en el error de la autocomplacencia. Las cosas no se solucionarán por sí mismas con una mejor coyuntura. Sabemos que las adaptaciones necesarias son de tipo estructural y sabemos lo que hemos de hacer. No faltan los análisis convergentes, y los sucesivos Consejos Europeos han fijado las prioridades. De hecho, ya se ha dicho todo. Ahora es preciso actuar.
Con este espíritu formulamos hoy nuestras propuestas para las líneas directrices. Proponemos objetivos concretos, ambiciosos pero realistas ya que se basan en las mejores experiencias comprobadas en los Estados miembros, cuantificables en la medida de lo posible. Proponemos que se persigan estos objetivos de la forma más concreta posible mediante planes de acción detallados de los Estados miembros, elaborados en un marco común de objetivos y orientaciones, actualizados y seguidos anualmente.
A largo plazo, el objetivo de la Unión Europea ha de ser el de llegar de forma progresiva a una tasa de empleo de más de un 70 %, semejante a la de nuestros principales socios comerciales. Y ello exige por parte de los Estados miembros mucha seriedad y determinación en la aplicación del policy mix que proponemos. En estas condiciones y con una mejor coyuntura, podríamos conseguir, de aquí a cinco años, un aumento de la tasa de empleo actual de un 60 a un 65 % y una reducción de la tasa de desempleo actual de casi un 11 a un 7 %. De este modo habríamos creado 12 millones de nuevos empleos.
Objetivo éste ambicioso, sin duda, pero realista si todos los Estados miembros aplican seriamente las reglas del juego. Basado en una dinámica colectiva, que en inglés se llama peer review y peer pressure (una disciplina de grupo si ustedes prefieren) y si actuamos a nivel de los Estados miembros y de la Unión en función de cuatro grandes ejes. Debemos crear una nueva cultura de empresa, una nueva cultura de inserción profesional o de capacidad para crear empleo, promover y estimular la capacidad de adaptación y finalmente reforzar las políticas de igualdad de oportunidades.
Señor Presidente, el primer eje de acciones es el espíritu de empresa. Los empleos los crean las empresas, por tanto, es necesario un clima que estimule el espíritu de empresa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son los verdaderos yacimientos de nuevos empleos. En concreto, proponemos reducir las cargas administrativas y los gastos generales, ya que desincentivan la contratación de nuevos trabajadores. La carga es enorme. Nosotros calculamos el coste anual de las obligaciones administrativas para nuestras empresas en 200.000 millones de ecus. Debemos reducir los obstáculos a aquellos que desean pasar de la situación de asalariado a la actividad empresarial. Se renuncia a ello con demasiada frecuencia ante la perspectiva de perder los derechos adquiridos de protección social. Debemos facilitar el acceso al capital a las pequeñas y medianas empresas, principalmente creando, de aquí al 2000 un mercado secundario y paneuropeo de capitales. Hemos de inspirarnos en el ejemplo impresionante del NASDAC americano. Esta bolsa agrupa a 5.500 empresas, con unos diez millones de trabajadores. Ha contribuido a la creación de un centenar de miles de nuevos empleos y llegando a una cifra de negocio que supera a la de la bolsa de Nueva York.
Para terminar, debemos materializar una orientación que el Consejo Europeo fijó hace tiempo: es necesario reducir la presión fiscal sobre el trabajo. Hasta el momento, la tendencia es totalmente contraria a esta orientación. La presión fiscal sobre el trabajo aumenta al tiempo que disminuye la presión sobre el capital. La presión actual de un 42 % destruye empleo. Nosotros pedimos a cada Estado miembro que se fije como objetivo una reducción sustancial de aquí al 2000.
Como ejemplo, una reducción de un punto sobre el porcentaje del producto interior bruto equivaldría a unos 70.000 millones de ecus. Algunos calificarán de difícil un esfuerzo así. Para ellos, recordaré que nuestros Estados miembros gastan anualmente cerca de 100.000 millones de ecus con cargo a ayudas del Estado, en gran parte en sectores poco portadores de futuro, poco prometedores en términos de creación de empleo.
Al mismo tiempo, debemos reequilibrar la presión fiscal sobre el capital, lo que permitirá respetar la neutralidad presupuestaria, limitar la competencia fiscal perjudicial y las distorsiones que se derivan en el mercado interior. La Comisión ha descrito hoy un paquete de medidas para discutir en el Consejo «ECOFIN» del próximo 13 de octubre. También, en este contexto, debo recordar nuestras propuestas fiscales en materia de energía, que siguen en la mesa del Consejo.
Finalmente, se ha hablado mucho sobre los desafíos de las nuevas tecnologías, que suponen muchas oportunidades para nuestras empresas. Por tanto, debemos desarrollar las estrategias que les permitan extraer todo el potencial de estas evoluciones incuestionables, principalmente facilitando el acceso a la sociedad de la información. Se ha hablado mucho también sobre la importancia de nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo pero, ¿cuál es la realidad? Perdemos terreno con relación a nuestros competidores. Invirtamos la tendencia, llevemos nuestros gastos en esos ámbitos a un nivel comparable al de los Estados Unidos y Japón, es decir, un 2, 5 % del producto nacional bruto.
Señor Presidente, el segundo eje de acción que se ha propuesto tiene por objeto una mejor inserción profesional o, como se llama ahora, una mejor «empleabilidad». Tenemos 18 millones de desempleados y, al mismo tiempo, nuestros empresarios se quejan de la imposibilidad de cubrir cientos de miles de plazas vacantes. Sorprendente, sin duda, pero es menos sorprendente cuando sabemos que la mitad de los desempleados no tiene ninguna formación y que menos del 10 % de los desempleados recibe formación.
Este fenómeno afecta especialmente a los jóvenes menores de 25 años. ¿Debe sorprendemos en exceso ver que el 10 % de nuestros jóvenes abandonan prematuramente los estudios, que de los que comienzan la enseñanza secundaria, el 45 % no la termina? Cerca del 50 % de los desempleados son de larga duración, y la falta de formación tiene mucho que ver en ello. ¿Qué ocurre con las políticas de empleo de nuestros Estados miembros, que absorben cada año 200.000 millones de ecus? Dos tercios de esas políticas tienen un carácter puramente pasivo, no presentan ningún estímulo para reintegrar el mercado del empleo. El desempleo es un fenómeno nefasto para las personas afectadas, para la integridad de nuestras sociedades, y un despilfarro extraordinario de un potencial de crecimiento y prosperidad.
El análisis, muy somero, que acabo de hacer, muestra que la falta de cualificación es una de las primeras causas de esta lacra. Nosotros proponemos a los Estados miembros atacarla fijándose objetivos precisos a fin de ofrecer un nuevo comienzo en forma de empleo, de formación, y de muy diferente medida, a todo desempleado adulto antes de que cumpla doce meses sin trabajo y a cualquier joven antes de seis meses de desempleo.
Igualmente, éstos han de fijarse el objetivo de reducir en la mitad, de aquí a cinco años, el número de jóvenes que dejan prematuramente los estudios y garantizar que haya muchos más jóvenes que terminen la educación secundaria y disfruten de un régimen de aprendizaje en las empresas. Además de esto, debemos priorizar las políticas de empleo activas. Los Estados miembros han de fijarse objetivos en cuanto al número de personas que pasan al nuevo sistema, favoreciendo así su reinserción en el mercado de empleo, y conseguir de aquí a cinco años que el 25 % de desempleados, como mínimo, tengan acceso a una formación.
Señor Presidente, los agentes sociales también tienen todo el interés en conseguir las transformaciones necesarias. Sus negociaciones a nivel europeo sobre el permiso parental o sobre el trabajo a tiempo parcial ponen de manifiesto la función primordial que pueden llevar a cabo. Lo mismo ocurre con su contribución ejemplar a la moderación salarial a lo largo de los últimos años. Nosotros les pedimos que intensifiquen sus esfuerzos ya que los desafíos son importantes. Más especialmente, deberían concluir con rapidez un acuerdo marco orientado a crear puestos de trabajo en toda Europa con el objetivo de incrementar la inserción profesional. No olvidemos la contribución que representan ya los fondos estructurales para elevar el nivel de cualificación y hacer más activas las políticas del mercado del trabajo. En la medida de lo posible, los Estados miembros deberían reforzar estos aspectos.
Señor Presidente, el objetivo de nuestro tercer eje de acción es una mejor capacidad de adaptación. Nuevas tecnologías, nuevas condiciones de mercado, las condiciones a las que han de adaptarse nuestras empresas evolucionan cada día con más rapidez. La capacidad de adaptación es cada vez más determinante para la viabilidad de las empresas. Se trata de una realidad incuestionable que ha de integrarse en la organización del trabajo. En este caso también, los agentes sociales tienen una función importante, sobre todo para negociar acuerdos sobre la organización del trabajo y las fórmulas de trabajo flexible. Pero también los Estados miembros están llamados a contribuir, sobre todo para crear el marco que permita unos tipos de contratos más adaptables y para mejorar el estatuto de trabajo atípico en el plano de la seguridad social y de la evolución de la vida profesional de los trabajadores.
Los Estados miembros deberán también mantener mejor la capacidad de adaptación de las empresas. Han de promover, por ejemplo en el plano fiscal, la inversión en recursos humanos y el desarrollo de la formación en la empresa. Han de impulsar medidas que estimulen a los trabajadores a perfeccionarse. En lugar de gastar enormes sumas con cargo a las ayudas del Estado en sectores con un futuro incierto, los Estados miembros deberían dar prioridad a acciones como el perfeccionamiento profesional, la creación de empleos duraderos y el funcionamiento eficaz de los mercados del empleo.
Señor Presidente, el cuarto eje de acciones que proponemos en nuestras líneas directrices es el de la igualdad de oportunidades. Les he hablado del desempleo en general y también del desempleo juvenil. Pero resulta obligado constatar que las mujeres son más víctimas del desempleo que los hombres, y que su participación en la vida activa es más reducida. Lo que he dicho sobre el potencial de crecimiento y prosperidad que presentan nuestros recursos humanos se aplica también, por supuesto, plenamente a las trabajadoras. Lo cual es más importante si observamos las perspectivas demográficas. A la postre, en una población activa en disminución, el mantenimiento de nuestro nivel de vida y del modelo social europeo dependerá de manera crucial de la contribución de las mujeres.
Proponemos tres líneas de acción. En primer lugar, los Estados miembros han de materializar su adhesión a la igualdad de oportunidades. Han de realizar esfuerzos sustanciales para reducir la diferencia entre la tasa de desempleo de las mujeres y la de los hombres, apoyando activamente un incremento del empleo femenino. En segundo lugar, es preciso hacer más para conciliar la vida profesional y la vida familiar, asegurando el seguimiento y acelerando, si llega el caso, los derechos adquiridos en materia de interrupción de la vida profesional, de permiso parental y de trabajo a tiempo parcial. Hemos de mejorar el acceso a los servicios de cuidado de niños y personas discapacitadas. En tercer lugar, es preciso facilitar la reinserción de las mujeres en la vida laboral, por ejemplo, en el plano de la formación.
Termino, señor Presidente. He intentado ofrecerles un resumen lo más completo posible de las propuestas que hemos aprobado hoy, como contribución al Consejo Europeo especial sobre el empleo. Tenemos la intención de someter más adelante, en el mes de octubre, una segunda contribución con dos componentes: en primer lugar, presentaremos nuestros comentarios sobre el seguimiento de las demás acciones fijadas por el Consejo Europeo de Amsterdam en favor del empleo, por ejemplo las relativas a las competencias del Banco Europeo de Inversiones, las del marco del programa de acciones para el mercado interior, las acciones en favor de las pequeñas y medianas empresas y el refuerzo de nuestra competitividad. Posteriormente desarrollaremos nuestras reflexiones sobre la forma como nuestras políticas se pueden poner mejor al servicio del empleo.
Señor Presidente, creo que con nuestras propuestas de hoy tomamos la palabra a los Estados miembros. No les pedimos que hagan milagros en el Consejo Europeo especial. Hemos de evitar a cualquier precio la creación de falsas expectativas que, por definición, se traducirán en verdaderas decepciones. Pero pedimos al Consejo Europeo que confirme orientaciones concretas en aplicación de los análisis convergentes y de los principios que él mismo ha fijado. Le pedimos que demuestre así que la definición del empleo como la prioridad de las prioridades no es una frase hueca. Eso es lo que esperan los ciudadanos de la Unión y sobre todo los 18 millones de desempleados.
Señor Presidente, el Comisario Padraig Flynn y yo mismo estamos, evidentemente, a disposición de sus Señorías para contestar a las preguntas que deseen formularnos.

van Velzen, Wim
Señor Presidente, la comunicación sigue básicamente las mismas líneas que el informe que debatiremos dentro de poco en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales aunque, evidentemente, haya diferencias. Tengo dos preguntas. En primer lugar, no encuentro en toda la exposición sobre los incentivos fiscales la propuesta de rebajar el IVA en sectores de alta intensidad laboral. Me gustaría que me informara el señor Presidente si me equivoco en este punto. Y si no estoy equivocado, cuáles son los argumentos para no llevar a cabo esa propuesta tan importante, para la cual la Comisión misma tiene poder de decisión.
En segundo lugar, quiero saber si usted ha basado esta propuesta en el sondeo de los Estados miembros o, dicho de otra forma: ¿cuánto apoyo cree usted que van a recibir sus propuestas en el Consejo en Luxemburgo?

Santer
Señor Presidente, por lo que respecta a las propuestas fiscales, esta misma mañana hemos detallado un paquete global de medidas, entre ellas un código de conducta sobre el régimen fiscal junto con otra serie de propuestas, que tienen por objeto al mismo tiempo la fiscalidad directa y la fiscalidad indirecta. Este paquete será sometido, además, al Consejo «ECOFIN» del 13 de octubre.
Esperamos que el citado Consejo proporcione algunas orientaciones para el Consejo Europeo del 21 de noviembre, ya que consideramos que el paquete fiscal ha de influir también en el empleo, que hay relaciones entre el empleo y la fiscalidad al igual que sucede con otros campos como por ejemplo el medio ambiente, etc., y contamos con que el Consejo Europeo del 21 de noviembre proporcione también algunas orientaciones.
Por lo que respecta a su segunda pregunta, sobre si el Consejo se comprometerá con nuestros planteamientos, le contestaré que eso es precisamente lo que esperamos. En el tema de la fiscalidad, la unanimidad sigue siendo la norma y, en este sentido, consideramos que, cuando menos, de aquí al final del semestre de esta Presidencia, es decir, a finales de diciembre, podremos llegar a un acuerdo político relativo al paquete fiscal y espero que también relativo al paquete fiscal en relación con el empleo.

Burenstam Linder
Señor Presidente, de acuerdo con lo que muestran las estadísticas, una manera de reducir el desempleo -y hago aún hincapié en que esto es lo que muestran las estadísticas- pasa por la reducción también de la oferta de mano de obra mediante distintos tipos de reglamentación y subvenciones, es decir, despidiendo y mermando la participación de los trabajadores. ¿Cree usted, señor Presidente, que constituye un buen método -ya utilizado, por otra parte, en algunos países- la solución de los problemas europeos en función de los datos estadísticos, esto es, que trabajemos menos? ¿O prefiere usted alinearse con las propuestas del señor Blair para el Reino Unido, es decir, con el aumento del empleo mediante una mayor flexibilidad de las reglas que bloquean el mercado laboral en Europa?

Flynn
Hemos incluido esa cuestión en una de las directrices sobre el empleo, en la que hablamos de la necesidad de que los sistemas fiscales hagan una mayor contribución al empleo. Para alentar a las empresas a crear más puestos de trabajo nuevos, los Estados miembros deben aprovechar el actual clima macroeconómico favorable a fin de invertir por fin la adversa tendencia a largo plazo hacia el aumento de los impuestos y, de hecho, los costos laborales, que han aumentado del 35 % en 1980 a más del 42 % en 1995.
Conque lo que decimos es que cada uno de los Estados miembros debe fijar un objetivo de reducción de la carga fiscal representada por la mano de obra sin por ello dejar de mantener la neutralidad presupuestaría con vistas a lograr avances importantes en el año 2000.

Hughes
Mi pregunta se refiere a la política de esa cumbre extraordinaria sobre el empleo. Me gustaría que el Presidente Santer nos diera su evaluación de la situación sobre el impulso cobrado a medida que se acerca esa cumbre extraordinaria. De Amsterdam salimos a toda marcha tras el debate sobre el empleo. ¿Cree que las directrices que ha adoptado hoy pueden ser un factor de cohesión para los jefes de Estado? ¿Cuál es su evaluación de la dinámica actual entre los Estados miembros y cuál sería su criterio para evaluar el éxito de la cumbre extraordinaria?

Santer
Por supuesto, es preciso movilizar a todos los protagonistas para que el Consejo Europeo sea un éxito. He dicho cuáles son las dificultades de esta cumbre. El ejercicio que hemos hecho esta mañana, es decir, las propuestas de líneas directrices, que son un estreno en materia de empleo porque anticipan el capítulo sobre el empleo del Tratado de Amsterdam, supone claramente una actuación de nuevo cuño. Y ello porque impulsa un proceso que permite a los Estados miembros reconsiderar anualmente la situación del empleo y aprobar líneas directrices para la política nacional de empleo. Por tanto, a partir de estas líneas directrices, pretendemos, un poco como se hace también en la Unión Económica y Monetaria, determinar métodos de convergencia y supervisión que permitan a los Estados miembros disponer de un monitoring , para saber si se han alcanzado los objetivos cada año.
En segundo lugar, me pregunta usted cómo conseguir que evolucionen todas las medidas para que el Consejo Europeo del 21 de noviembre sea un éxito. Creo que es necesario movilizar a las demás instancias. He hablado de los agentes sociales, que tienen una función primordial que desempeñar, y por ello hemos organizado una cumbre para ellos el próximo 13 de noviembre. Considero que han de adherirse los demás órganos de la Comunidad, como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, etc. Es preciso que se inicie realmente un proceso.
Somos muy conscientes de que no será en el propio Consejo Europeo donde crearemos empleo, pero es preciso que se ponga en marcha un proceso y creo que, si es ésa la voluntad política de los quince Estados miembros, y tienen un documento que fundamenta esta voluntad política al aceptar el capítulo sobre el empleo del Tratado de Amsterdam que se firmará mañana precisamente en Amsterdam y al que hemos de someternos, entonces creo que este Consejo tiene una posibilidad de éxito.

Boogerd-Quaak
Presidente, esta cumbre sobre el empleo tiene que saldarse con éxito y por esa razón quiero insistir de nuevo en las dos preguntas que han sido formuladas por el Sr. van Velzen, ya que soy de la opinión de que no se ha respondido a esas dos preguntas del Sr. van Velzen. La primera pregunta era: ¿qué propone usted exactamente con arreglo a los impuestos? ¿Propone Ud., por ejemplo, en concreto un desplazamiento de las cargas fiscales sobre el empleo a otros ámbitos tales como tasas energéticas? ¿Y hará propuestas en el marco del IVA, sobre el cual tenemos competencia de reducir, las cargas sobre los sectores intensivos?
Mi segunda pregunta vinculada a ello, la ha contestado ya tres veces, es: ¿qué posibilidad exacta tiene la Comisión Europea si los Estados miembros no están dispuestos a fijar criterios de convergencia? ¿Qué sanciones puede imponer entonces la Unión Europea? ¿O seguimos nadando como hemos hecho, como se empezó en Essen, donde se dijo que se iba a hacer esto y lo otro, pero que finalmente se carecía de fundamento para que los Estados miembros llevaran el asunto a cabo?
Por último, Señor Presidente, ¿qué propuestas va a hacer para las reformas a largo plazo? Dado que lo que propone ahora tiene que ver con el corto plazo, ¿qué quiere hacer a largo plazo?

Santer
Por lo que respecta al régimen fiscal, consideramos que debe ser más favorable al empleo. No he desarrollado la totalidad de las propuestas que, evidentemente, deben ustedes estudiar en ese paquete global y que incluye varias decenas de páginas pero pensamos que, si pretendemos estimular a las empresas a crear nuevos empleos, los Estados han de explotar el clima macroeconómico favorable para invertir, a largo plazo, la tendencia al entorpecimiento de la fiscalidad de las deducciones obligatorias.
Hemos fijado un objetivo para la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo, manteniendo la neutralidad presupuestaria, de forma que, de aquí al año 2000, puedan conseguirse progresos sustanciales. Hemos hecho también una propuesta relativa a la fiscalidad de la energía y que sigue sobre la mesa. Consideramos que ése es quizá uno de los medios que permitirá reducir la presión fiscal sobre el trabajo. No es ésta una propuesta nueva ya que, desde el Libro Blanco en 1993, no hemos dejado de repetirla, y tanto la Comisión anterior como la mía han hecho propuestas en este sentido. Por consiguiente, existe un conjunto de propuestas que tienen por objeto reducir la presión fiscal sobre el trabajo y reforzar la tendencia general. Si usted examina el expediente sobre la fiscalidad, encontrará puntos muy precisos en este sentido.
Después, pregunta usted cuáles son las sanciones previstas por la Comisión. Es difícil decirlo porque se trata de un proceso que estamos iniciando. Tampoco hemos previsto sanciones en nuestro planteamiento cuando iniciamos el proceso para la Unión Económica y Monetaria. Contamos con lo que llamamos el peer review , es decir, esa disciplina de grupo que se manifestará en el ámbito del Consejo, en el examen de los informes nacionales que los diferentes Estados miembros sometan anualmente y que habrán de insertarse en el ámbito de las líneas directrices.
Posteriormente, como ya ha quedado reflejado en el capítulo sobre el empleo, la Comisión tiene derecho a formular recomendaciones a los Estados miembros. Todavía no es el caso. Por supuesto, esperamos al Consejo Europeo del 21 de noviembre para ver de qué manera podremos elaborar recomendaciones a los Estados miembros. Por consiguiente, hay todo un proceso que iniciar. No se ha fijado ninguna sanción porque resulta obligado recordar que la política social, la política de empleo o la política económica siguen siendo esencialmente competencia nacional.

Ojala
Señor Presidente, desearía preguntar aún al Presidente de la Comisión acerca del régimen fiscal. Si el Consejo no está preparado en la actualidad para adoptar una decisión unánime a este respecto, ¿qué conclusiones extrae la Comisión de esta circunstancia? De hecho, todas estas medidas se desfondarán si no somos capaces de modificar el centro de gravedad en materia fiscal para lograr la aplicación de modalidades sustitutivas de impuestos en los ámbitos de la energía y del impuesto sobre el valor añadido que permitan reducir el gravamen fiscal sobre las actividades laborales. Si se procediera únicamente a aliviar esta carga fiscal sobre el trabajo, ello obligaría a llevar a cabo recortes en materia de seguridad social. ¿Es posible que el punto de partida de la Comisión sea la reducción de la carga fiscal al trabajo a expensas de un debilitamiento de la seguridad social?
Desearía preguntar igualmente al Comisario Flynn qué se entiende por esta flexibilidad que se pretende aumentar en nombre de la capacidad de adaptación. ¿Acaso se entiende por este término una evolución similar a la de los Estados Unidos, donde los nuevos puestos de trabajo son, de hecho, puestos de trabajo que no proporcionan a los trabajadores unos ingresos suficientes para vivir, o equivale, por el contrario, a un diálogo en el seno del mercado laboral?

Flynn
Lo primero que se debe decir aquí es que este proceso requerirá que cada uno de los Estados miembros elabore un plan de acción. Dicho plan será interactivo y abordará concretamente todos los asuntos planteados en las directrices, pero siempre -conviene recordarlo- dentro de un marco común europeo de objetivos y directrices establecidos. Pero cada uno de los Estados miembros lo orientará en función de sus circunstancias particulares.
Respecto de la sanción, después de que la cumbre de diciembre adopte las directrices, los Estados miembros habrán de redactar los planes de acción. Entonces estaremos en condiciones de evaluar y supervisar lo que hagan los Estados miembros. Es posible que, a consecuencia de esa evaluación, la Comisión pueda hacer recomendaciones, por iniciativa propia, a cada uno de los Estados miembros sobre cómo han afrontado los imperativos de las directrices.
No estamos hablando aquí de reducciones en la seguridad social; no se trata de eso. En los sistemas de seguridad social se gastan fondos enormes: más de 200.000 millones de ecus al año. Dos terceras partes de ellos se utilizan para medidas pasivas de mantenimiento de la renta. Queremos que se transfiera a políticas activas en materia de mercado laboral una proporción mayor de las reservas fiscales y de los sistemas de seguridad social.
Debemos recordar siempre que se trata de medidas correspondientes a la estrategia acordada en Amsterdam. Eso es lo que nos pidió que hiciéramos la Cumbre de Amsterdam: considerar el desempleo y la creación de puestos de trabajo como un asunto de incumbencia común.
Por lo que se refiere a las sanciones, no vamos a actuar en contra de los Estados miembros; vamos a actuar junto con los gobiernos. Estamos construyendo la cooperación para que al final podamos dar un salto cuántico. Ese proceso se remonta a 1993 y ahora ha llegado a un punto en el que podemos establecer directrices que ayudarán a los Estados miembros a elaborar sus planes de acción.

Reding
Señor Presidente, la Comisión pretende cambiar radicalmente en cinco años. Es increíble ese optimismo, pero creo que, sin visión, nunca hay éxito.
Para la nueva cultura de empresa ha de ponerse en práctica, por supuesto, la nueva mentalidad. Es una óptica a largo plazo. A corto plazo, es preciso pensar en la financiación de las empresas. Por ello, mi pregunta es la siguiente: ¿De dónde va a proceder esa financiación?¿Del presupuesto comunitario?¿Del sector privado o de los presupuestos nacionales?¿Qué piensa de ello la Comisión?

Flynn
No hay ni que pensar en que sea necesario un nuevo volumen de fondos. De lo que estamos hablando aquí es de tomar las estructuras financieras existentes, ya sea en el nivel comunitario o en el nacional, y convertirlas en políticas más activas en materia de mercado laboral. Debemos recordar que estamos hablando de aumentar la tasa de empleo al 65 % en cinco años. No es un objetivo inalcanzable. Teníamos esa cifra antes, en el decenio de 1970, cuando nuestra tasa de empleo estaba a la par con la de los Estados Unidos. Pero éstos han avanzado más.
Según una simulación que hemos hecho, si conseguimos mantener el ritmo de crecimiento macroeconómico al menos en el 3 % anual en los próximos años, junto con las reformas estructurales y las directrices en materia de política de empleo que estamos proponiendo aquí, alcanzaremos al menos una tasa de empleo del 65 %, que corresponde a una tasa de desempleo de entre el 7 % y el 8 % al cabo de cinco años.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estamos debatiendo aquí ante el trasfondo de casi 30 millones de parados y más de 50 millones de pobres en nuestra Unión. No debemos creernos que con la caja para franqueo vamos a poder financiar la necesaria política activa de mercado laboral. Pregunto a la Comisión si en diciembre, en relación con la iniciativa Monti, va a debatir al menos sobre la recuperación de la capacidad de fiscalización de operaciones financieras, de los beneficios empresariales y de los patrimonios, pues ante el pacto de estabilidad, solamente es posible mediante los beneficios en el lado del Debe.
En segundo lugar, ¿dónde está la responsabilidad de la industria? ¿Qué quiere hacer la Comisión para que la industria, en vez de destruir puestos de trabajo mediante la racionalización y deslocalización, genere puestos de trabajo y de formación?
En tercer lugar, saludo que no se trate de una cumbre de la desregulación, si bien esto no es suficiente para contentarme. Tampoco debe tratarse de una cumbre del workfare y de la flexibilización, pues este modelo proveniente de los EE.UU no se puede aplicar a las sociedades europeas y ha conducido también allí a la destrucción de la cohesión social y a una ausencia permanente de paz social.

Flynn
Lo que pretendemos es promover y alentar la adaptabilidad. Estamos hablando aquí de la modernización de la organización laboral y de las estructuras laborales de la Unión. Vamos a pedir a los interlocutores sociales -que van a desempeñar un papel decisivo en todo esto- que negocien, en particular en los sectores económicos que están experimentando un importante cambio estructural, acuerdos sobre la organización laboral y disposiciones laborales flexibles. También se pedirá a los Estados miembros que creen un marco para formas más adaptables de contrato, teniendo en cuenta formas de empleo cada vez más diversas.
Se debe dar una mayor seguridad a quienes tengan una situación laboral atípica: por ejemplo, una categoría laboral. No se debe castigar desde el punto de vista de la promoción profesional a quienes opten por una jornada laboral reducida. En definitiva, estamos apoyando la adaptabilidad en la empresa y queremos que haya una mayor empleabilidad y que se reduzca el desfase en materia de conocimientos especializados, que es el principal déficit estructural de la Unión en el momento actual.

Santini
Señor Presidente, voy a empezar por un punto específico de su comunicación y, precisamente, por ese donde menciona que el 45 % de los estudiantes de enseñanza secundaria no terminan sus estudios. A estos últimos hay y que añadir un 65 % de estudiantes universitarios que tampoco consiguen licenciarse. De ahí que se me ocurre una idea que transformo en una propuesta dirigida a la Comisión: junto con los incentivos en favor del sector empresarial y la formación profesional de dichos jóvenes que se convierten en otros tantos desempleados, ¿por qué no puede preverse un programa de ayuda a los estudiantes en dificultades que, con mucha frecuencia, lo están no porque les falten ganas de estudiar, sino porque necesitan trabajar? ¿Por qué no puede presentarse un programa que les ayude a acabar sus estudios? Obtendríamos un doble resultado: en primer lugar, lograríamos que disminuyera el número de desempleados potenciales y, en segundo lugar, conseguiríamos que aumentara el nivel cultural de estos jóvenes que, en consecuencia, tendrían mayores oportunidades de empleo a nivel superior. ¿Por qué no se puede transformar esta propuesta en un futuro programa?

Flynn
Se trata de una idea muy buena. Quisiéramos indicar que entraña empleabilidad, es decir, el aumento de la capacidad de las personas para conseguir un empleo. Y ésa es la esencia de las directrices que estamos presentando hoy a Sus Señorías.
Estamos hablando aquí de abordar el problema del desempleo de larga duración y el del desempleo juvenil. En particular, estamos hablando de quienes nunca han tenido la oportunidad de recibir formación. No debemos olvidar que el 10 % de todos los desempleados de Europa no han recibido formación alguna. Ésas son las personas que acaban engrosando las filas de los desempleados de larga duración.
Queremos que se aplique una directriz y declaramos aquí muy concretamente que toda persona desempleada, después de doce meses de desempleo, deberá estar ocupando un puesto de trabajo o recibiendo formación o contar con una experiencia laboral. Y toda persona menor de 25 años estará, al cabo de seis meses, en una situación similar de formación, educación o experiencia laboral.
De modo que desde el comienzo intervendrá la ética del trabajo y al final podremos reducir el nivel de dependencia en la Unión. Eso es lo que hay que abordar para colmar el desfase en materia de conocimientos especializados que está complicando la situación de todo el mercado laboral de Europa.

Hernández Mollar
Señor Presidente, en este momento nos encontramos en un período de transición hasta que se ponga en marcha la Unión Monetaria, que va a ser el instrumento que nos permita ser más competitivos y converger en nuestras economías. Pero el hecho cierto es que hoy los Estados miembros están haciendo un importante esfuerzo para sanear sus finanzas y para converger.
Me gustaría que el Sr. Presidente de la Comisión valorara el esfuerzo que están haciendo los Estados miembros para la convergencia de sus economías y su incidencia en el mercado laboral y en la creación de empleo. Y también quisiera que el Sr. Presidente de la Comisión valorara cuál ha sido el grado de cumplimiento de los planes plurianuales de empleo desde 1995 y cómo ha valorado la Comisión dichos planes.

Flynn
En realidad, se han hecho muchas cosas en el pasado reciente. Si bien el Presidente Santer y yo nos hemos centrado hoy en las directrices sobre el empleo, también aprobamos otros dos documentos. Uno de ellos es el informe sobre el empleo correspondiente a 1997, en el que hemos reunido todos los datos, los hemos analizado y hemos examinado las cuestiones normativas.
El segundo documento, el informe conjunto, reviste considerable importancia, porque de ese documento se derivaron las directrices. El informe conjunto es una recopilación de todos los procedimientos óptimos que se nos presentaron en los programas multianuales y de las propuestas hechas al Presidente en ejercicio de Luxemburgo. Hemos sacado las enseñanzas de las medidas y las experiencias óptimas, que figuran en el informe conjunto. En él se verá claramente que la mayoría de los Estados miembros han estado haciendo cosas positivas por lo que se refiere al desarrollo de sus mercados laborales y sus sistemas educativos y reformas de todos los demás sistemas.
Por desgracia, no siempre se ha hecho de forma coordinada. Con estas directrices y con el mandato de Amsterdam, pretendemos lograr una acción coordinada expuesta en los planes de acción a fin de que podamos abordar el proceso de evaluación con carácter permanente. Se ha hecho mucho; no queremos dar a entender que los Estados miembros no concedan prioridad a esta cuestión. Pero ahora, por fin, gracias a Amsterdam, tenemos este proceso que permite que la estrategia haga mella de verdad. Y creo que hoy hemos agarrado el toro por las astas.

Myller
Señor Presidente, aquí se han expuesto numerosísimas cuestiones relacionadas con la fiscalidad. Esta cuestión representa efectivamente un elemento muy importante de este paquete para el empleo que presenta la Comisión, o debería ser un elemento importante de la propuesta de la Comisión, entre otras razones, porque el Presidente de la misma ha afirmado que no se deben fijar excesivas expectativas por lo que respecta a las posibilidades de la Unión Europea para mejorar la situación del empleo. Sin embargo, la fiscalidad es uno de los medios que permiten verdaderamente lograr resultados. Desearía preguntar de qué manera están presentes en esta propuesta la imposición fiscal sobre el capital y su armonización. En caso de que no lleguemos a un acuerdo sobre esta cuestión, existe el temor de que nos veamos expuestos a una situación de dumping o a una competición en materia fiscal en cuanto se desate el ansia de los diversos Estados miembros por atraer puestos de trabajo e inversiones. Desearía aún formular, una vez más, la misma pregunta que se ha escuchado aquí en varias ocasiones: ¿qué quiere decir la Comisión cuando afirma que la flexibilidad salarial constituye un medio acertado para velar por la situación del empleo?

Santer
Señor Presidente, para responder a esta pregunta, el paquete fiscal no forma parte de la presente comunicación de la Comisión, que tiene relación, exactamente, ya lo he dicho al principio y no debemos equivocarnos de tema, con las propuestas de líneas directivas para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998, aplicándolas por adelantado con respecto al capítulo sobre el empleo del Tratado de Amsterdam. Es la comunicación que les he expuesto en el día de hoy.
Ahora bien, aparte de esta comunicación, la Comisión ha detallado otro paquete fiscal esta mañana, pero en otro contexto. Se trata de un acuerdo de principio concluido en el Consejo informal de Ministros de Finanzas que tuvo lugar en Luxembourg-Mondorf-les-Bains hace algún tiempo, y del cual forma parte la armonización de la fiscalidad sobre el capital. Se trata de un paquete aparte que vamos a someter al Consejo «ECOFIN» el 13 de octubre.
Por supuesto, le doy toda la razón sobre el hecho de que la competencia fiscal que existe actualmente entre los Estados miembros reduce las bases imponibles, crea problemas de beneficios fiscales para los Estados miembros y provoca el dumping fiscal. Por ello, considero que es necesario reaccionar contra esta competencia malsana entre los Estados miembros en materia de fiscalidad y, como ya he dicho, nosotros pondremos en práctica orientaciones más precisas a partir del Consejo Europeo para concluir, cuando menos con un acuerdo político, el paquete global sobre la fiscalidad que, le aseguro, va muy lejos. De este modo al menos tenemos la seguridad de haber conseguido desbloquear, después de un largo trabajo de dos años, el paquete de la fiscalidad que, como usted sabe, se había atascado en los últimos tiempos. Por consiguiente, creo que, el próximo 13 de octubre, el Consejo «ECOFIN» podrá dar luz verde a un acuerdo político que ratificaremos posteriormente en el Consejo Europeo.

Sainjon
Señor Presidente Santer, le he escuchado con mucho interés y creo que tiene usted razón. La política de empleo se ha convertido en una cuestión de máxima importancia para la Unión Europea y es claramente la prioridad de las prioridades.
Ha hablado usted de plan ambicioso, pero me permito decirle que nunca es demasiada la ambición cuando se trata del futuro de los ciudadanos de Europa y, sobre todo, de la juventud. Por consiguiente, apoyo verdaderamente los objetivos que nos ha presentado, sobre todo en materia de PYMES, de innovación, de formación, de empleo juvenil, etc.
Pero, señor Presidente, usted sabe como yo que es necesaria mucha convicción para que los Estados puedan, de forma efectiva en su conjunto, compartir sus esfuerzos en este ámbito. No está conseguido de antemano. Por tanto, ¿no cree usted que hoy ya es momento para hablar de deber moral, e incluso de deber cívico, ante la situación que vivimos en Europa? Usted mismo ha citado las cifras impresionantes relativas al desempleo y principalmente las personas que viven en la precariedad. Es un verdadero escándalo.
Por todo ello, le planteo esta pregunta: ¿Cómo conseguir, dando prueba de autoridad, Estados que adopten medidas eficaces para combatir el desempleo? Finalmente, Señor Presidente, se habla del BEI. Pero, ¿cuáles son las financiaciones...?

Santer
Señor Presidente con gusto le doy la razón a su Señoría, porque siempre he considerado que es un deber moral para cada Estado combatir el desempleo, que es una de las lacras de nuestro tiempo. El 31 de enero del año pasado yo mismo tomé la iniciativa de desarrollar ante ustedes un Pacto de Confianza por el empleo que, debo reconocer, no tuvo el mismo éxito entre los Estados miembros que entre ustedes.
No he dejado de repetir que es preciso hacer algo contra el desempleo si Europa desea seguir siendo creíble ante los ciudadanos, ya que es necesario pensar en la percepción que tendrá el hombre de la calle, el trabajador europeo, si no conseguimos encauzar esta lacra. Me agrada enormemente que en Amsterdam se haya podido admitir este capítulo sobre el empleo (no era fácil, el Presidente lo sabe muy bien, por haber participado en una serie de reuniones de la Conferencia Intergubernamental), ya que ahora, al menos mutatis mutandis , se ha establecido una correlación con el proceso que llevamos con la Unión Monetaria.
En estos momentos, según la percepción de los ciudadanos, la Unión Europea no es sólo un mercado, no es sólo una moneda única sino que tiene también una dimensión social. Y espero, incluso diría que estoy convencido de que, gracias al proceso que se va a iniciar, los Estados miembros asumirán también sus responsabilidades. El proceso que va a resultar permitirá reconsiderar la situación del empleo de forma anual porque será necesario asegurar el seguimiento concreto año por año. Creo que es aquí donde radicará su éxito.

Seillier
Señor Flynn, ya que ha hablado usted de salto cualitativo y de nueva cultura, quisiera plantearle la posibilidad de que la Comisión pudiera sugerir, desde una orientación creativa intelectualmente, la perspectiva siguiente: ya que, como sabemos, las PYMES son la fuente principal de creación de empleo, ¿se podría considerar que una madre de familia numerosa fuera realmente el empresario de una verdadera PYME?¿No habría que pensar entonces en una renovación muy profunda de nuestros conceptos en materia de economía? Sufro viendo que aún se piensa que esas madres no forman parte de la población activa cuando, en un trabajo de formación tan importante como es la infancia y que es la base de la formación posterior, éstas realizan una tarea de un enorme valor social. ¿No sería ésta una gran innovación para proponer a los Estados miembros?

Flynn
Su Señoría tiene toda la razón. Le interesará en particular la cuarta línea de acción que hemos denominado así: »Fortalecer las políticas en pro de la igualdad de oportunidades». En ella declaramos con toda claridad que, según los informes demográficos esbozados, la población en edad de trabajar aumenta ahora mucho más despacio que durante los veinte últimos años. A lo largo del próximo decenio va a disminuir. A largo plazo tiene toda la razón Su Señoría: el aumento del empleo necesario para sostener nuestro nivel de vida y el modelo social europeo depende fundamentalmente de un aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Creo que lograremos resultados con lo que hemos puesto en marcha hoy. Como recordarán Sus Señorías, cuando se presentó el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, se lo consideró un gran avance en el desarrollo de la política europea. Rechazaba la desreglamentación general y el crecimiento exclusivamente como solución para nuestros problemas en materia de desempleo. Propugnaba el crecimiento y la reforma estructural. Pero ninguna de ambas cosas se han logrado en la medida en que esperábamos. Los Gobiernos han tardado mucho y a veces han sido muy tímidos a la hora de adoptar las reformas que propusimos en aquel momento. Pero la situación ha cambiado y ha avanzado. Ahora se ve que hay un compromiso mucho más firme y resulta evidente desde la Cumbre de Amsterdam. Y hoy hemos comprendido aquí lo que es necesario para seguir avanzando y hacer que el compromiso sea realmente substancial: disponer de planes de acción que den resultado a lo largo de los cinco próximos años.

El Presidente
Doy las gracias al Presidente de la Comisión y al Comisario Sr. Flynn por sus respuestas y por la prontitud con que han contestado a las preguntas formuladas.
Queda cerrado este punto.

Ejecución del presupuesto 1997
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B40818/97) del Sr. Brinkhorst, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, y del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la ejecución del presupuesto de las Comunidades para 1997.

Brinkhorst
Señor Presidente, primero quisiera agradecer al señor Comisario Liikanen y al señor Comisario Gradin por la manera en que se ha mejorado últimamente la ejecución del presupuesto europeo. Es evidente que ha habido una mejora en los últimos años en la manera en que el presupuesto, propuesto por la autoridad presupuestaria, ha sido acordado. Naturalmente, hay unos comentarios críticos, pero eso lo quiero dar por sentado.
Está claro que aún tenemos problemas en relación con las cuotas de leche. Este año no menos de seis países han superado las cuotas y la pregunta a la Comisión es: ¿no es hora de reflexionar sobre las propuestas de reestructuración del sector?
Por lo que respecta a los fondos estructurales también se observa una mejora global, no obstante, y muy a pesar de la Comisión de Control Presupuestario, hay ciertos fallos en la ejecución de determinadas iniciativas comunitarias. Quisiera llamar la atención del señor Comisario Liikanen sobre este tema en particular.
En tercer lugar, el año pasado prestamos acertadamente atención a las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones. La Comisión ha prometido que a finales de este año se procederá a una aplicación integral y que se agotarán los créditos. ¿Es cierto que en agosto de este año sólo se había utilizado un 4 % de las redes transeuropeas y, en caso de que sea así, qué piensa hacer la Comisión para mejorarlo en el curso de este año?
Nos alegramos del hecho de que haya habido un mayor uso de la perpetuidad de los fondos estructurales. La colega del Comisario Liikanen, la Sra. Wulf-Mathies, en colaboración con la Comisión de Medio Ambiente prestó atención de forma inequívoca al mejor uso de los fondos estructurales el año pasado, en especial para fomentar la perpetuidad. Nos alegramos de ello. También esperamos que sea posible continuar por este camino porque de este modo tomará cuerpo la perpetuidad en la Unión Europea.
En cuanto a la política exterior, hay un cambio fundamental en los programas PHARE. Los programas PHARE, como anunció la Comisión, se revisarán para posibilitar también el pre-acceso. Esto ha conducido a que este año haya todavía una infrautilización de los créditos. La pregunta que tengo para el Comisario, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, es: ¿con qué velocidad se acometerá la revisión del programa PHARE, sobre todo porque tenemos que hacer un esfuerzo para poder dar a los países del este de Europa una señal, de que habrá mejoras?
Con relación a la ex-Yugoslavia quedan todavía muchos problemas. Ayer mantuvimos una conversación con representantes del Alto Comisionado de la ex-Yugoslavia y resulta que hay, con respecto al empleo de los fondos, serios problemas, en especial en lo que se refiere al aumento de los terrenos en el área de la vivienda.
Como punto final el programa MEDA. Nos alegramos de que actualmente se observe una mejora después de los problemas iniciales de MEDA. Esperamos también que en el punto de los créditos de fijación se pueda apreciar una diferencia clara de enfoque respecto de los créditos de pago.

Bienvenida
El Presidente
Señorías, me complace dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la Asamblea de la antigua República Yugoslava de Macedonia, dirigida por la presidenta de Relaciones con la Unión Europea, Sra. Ilinka Mitreva, que acaba de llegar a la tribuna de invitados.
Esta visita constituye el segundo encuentro entre las delegaciones del Parlamento Europeo y la Asamblea de la antigua República Yugoslava de Macedonia, así como la primera visita oficial de una delegación del Parlamento macedonio al Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos de la Unión Europea, atribuye gran importancia a sus contactos con el Parlamento de la antigua República Yugoslava de Macedonia y, a través de sus miembros, con el país y el pueblo macedonio.
Estoy informado de la frecuencia de sus reuniones y de los intercambios de opiniones que se están llevando a cabo y confío en que dichas reuniones sean fructíferas. En consecuencia, les saludo en nombre del Parlamento Europeo y les deseo un gran éxito.

Ejecución del presupuesto de 1997 (continuación)
Theato
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, nuestra tarea como Parlamento no consiste en gastar más dinero a cualquier precio. Por el contrario, nuestra tarea consiste en detectar los obstáculos y quitarlos del camino para lograr que la Comunidad tenga capacidad de maniobra.
El 11 de octubre de 1977, es decir, hace casi 20 años, Heinrich Aigner, el primer presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, fundamentó con estas palabras el sentido y finalidad de lo que hoy nos ocupa. El procedimiento iniciado en aquella ocasión por él para el control de la ejecución del presupuesto, no ha perdido nada de su importancia desde entonces. Como Parlamento, tenemos la obligación de comprobar si el dinero que hemos puesto a disposición en el presupuesto se gasta realmente del modo correcto.
Tenemos que reconocer a tiempo si algo no marcha bien en su ejecución. Con la antelación suficiente para poder reaccionar o cambiar de rumbo. Además, en este procedimiento queremos averiguar qué es lo que tiene que cambiar o mejorar en el presupuesto del próximo año. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos que indican que es absolutamente necesario mejorar las cosas.
Primero: la reconstrucción en la antigua Yugoslavia. La Unión Europea estaba y está en primera línea cuando se trata de promesas de apoyar financieramente la reconstrucción para facilitar el retorno a las personas. Pero también sabemos que muchos proyectos han tenido que suspenderse o ni siquiera se han podido poner en marcha porque no se cumplían las condiciones políticas y porque solamente se quería dar dinero a aquellos que respetan total y plenamente el acuerdo de paz. En cualquier caso, el flujo real de fondos así como la gestión y la eficiencia de las ayudas de la Unión Europea dejan tanto de desear en muchos sectores que son necesarias unas urgentes mejoras a fondo. Aquí se encuentra en juego la credibilidad de la Comisión.
Un segundo ejemplo: los fondos que hemos puesto a disposición para la seguridad nuclear en la Europa central y oriental se siguen sin utilizar o sólo de un modo muy insuficiente. Naturalmente, la Comisión no es responsable en exclusiva de la coordinación de la ayuda internacional en favor de Chernobil, pero los problemas de coordinación no deben servir eternamente de excusa. Insto a la Comisión para que trate estas cuestiones con la preferencia que se merecen.
Sé que se puede discutir sobre las prioridades correctas en la política. Pero, el aumento de la seguridad de las instalaciones nucleares en la Europa central y oriental se incluye sin duda entre esas prioridades. La Comisión no es la única responsable de los problemas que surgen en la ejecución del presupuesto. Un ejemplo de ello son los fondos que se pusieron a disposición en el presupuesto para combatir el fraude, ante todo, en el sector de la agricultura. Existen 15 millones de ecus para programas destinados a mejorar los controles. El problema es que hasta ahora de los países miembros no han venido propuestas para los proyectos adecuados. No es esto algo que contribuya precisamente a mejorar su imagen en este campo. Solamente podemos esperar y apelamos para que se presenten propuestas en los próximos meses.
Desde hace años estamos muy preocupados por el sobrepasamiento de las cuotas lecheras y en 1992 incluso tuvimos que aplazar la aprobación de la gestión. Pero permítanme que constate también algunas cosas positivas. En el caso de los fondos estructurales, parece confirmarse la tendencia que se reconoció en 1996. En el primer semestre se pudieron afectar en total más pagos que nuevos créditos. Sin embargo, los compromisos que aún deben tramitarse son aún gigantescos. Estamos adelantando promesas por un importe superior a los 24.000 millones de ecus y debemos tener mucho cuidado para que en los próximos años no resulte de ello una carga financiera del pasado que no podamos superar. Señor Liikanen, se lo ruego encarecidamente. También doy especial importancia a las iniciativas comunitarias que ya ha mencionado nuestro ponente, el Sr. Brinkhorst.
Para finalizar, vuelvo otra vez al Sr. Aigner. En su intervención de hace veinte años, mencionó como primera prioridad acciones para la juventud. Se ha podido poner en marcha algo por presión del Parlamento Europeo. Pienso sobre todo en el programa SOCRATES, que se va a gastar totalmente y que debe tener suficientes créditos en el próximo presupuesto para que podamos contribuir también al tema sobre el que hemos debatido con el Presidente de la Comisión y la Comisión.
Para finalizar, felicito a los dos ponentes por sus esfuerzos en el planteamiento de preguntas y en la evaluación de las respuestas y expreso mi agradecimiento a la Comisión, al Sr. Comisario Liikanen y a la Sra. Gradin por su positiva cooperación.

Bösch
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme que intente dar al debate de hoy un enfoque algo diferente al que quizás ha dado el orador anterior. Podríamos hacerlo algo más bajo el punto de vista de representantes totalmente normales de las y los contribuyentes. Entonces veríamos que con el debate de hoy en cierta manera damos el pistoletazo de salida para el debate de aprobación de la gestión de la Comisión. Veo que el documento de los dos ponentes, quienes han realizado un buen trabajo, cumple en cierto modo las esperanzas.
Criticamos el sobrepasamiento de las cuotas lecheras, lamentamos la baja cuota de utilización en PHARE e incluso estamos preocupados por el empleo que hemos dado a los créditos para Yugoslavia. En contrapartida, saludamos la elevada tasa de utilización en MEDA, lo que refleja aproximadamente nuestra opinión. Al final de este procedimiento, en interés de las y los contribuyentes europeos y, espero, que de nuestras electoras y electores, levantaremos a modo de advertencia nuestro dedo y, en consecuencia, aprobaremos la gestión de la Comisión de la UE por la ejecución del presupuesto. Comprenderemos de nuevo -lo que suena así en ciertas intervenciones- que lamentablemente el 80 % del presupuesto de la UE es gastado por los Estados miembros y sólo un 20 % por la Comisión Europea directamente, lo que, dicho en cristiano, son solamente las migajas.
Quizás sería interesante si hiciésemos lo que decimos a nuestras conciudadanas y conciudadanos antes de las elecciones, es decir, sencillamente ejercer sin apasionamientos un control político sobre la burocracia de Bruselas. Propongo en este contexto concentrarnos sobre este 20 % en el que los Estados miembros no son los chicos malos sino directamente la Comisión Europea. No nos concentremos exclusivamente en los porcentajes de la ejecución según el lema: una tasa elevada es buena, una reducida es mala. Se nos ocurrirán cosas con rapidez. Ya se ha hablado sobre el programa PHARE.
Al cabo de siete años de funcionamiento, la Comisión no ha logrado gastar más que la mitad del presupuesto previsto. Cualquier ministro de un país se tendría que resignar y admitir que no está en situación de ejecutar adecuadamente los trabajos a él encargados, lo que el Tribunal de Cuentas confirma por lo demás también en sus informes. Y esto en un sector en el que la Comisión ha colocado su propio listón muy alto con su Agenda 2000 diciendo que prácticamente lo más importante que vamos a hacer en los próximos años es la ampliación hacia el Este.
¿Podemos hacerlo realmente ante esta incapacidad absoluta de la Comisión Europea para gastar razonablemente 1.000 millones de ecus anuales en los países vecinos de la Europa central y oriental? ¿Podemos esperar realmente bajo este aspecto que la misma Comisión con la misma gente esté en situación de superar un proceso de adhesión sensiblemente más caro y complejo de estos Estados a la Unión Europea? En cualquier caso, yo no puedo explicárselo a mis electoras y electores en Austria en vista de las cifras sobre las que tenemos que debatir hoy.
Esta sospecha se ve avalada por el uso -tengo que poner entre comillas el concepto de uso- de los créditos de 10 millones de ecus de la línea presupuestaria PHARE-democracia hasta el 31 de agosto de este año, que ha ascendido nada menos que a un 0 %. Y esto en un momento en el que la Comisión extiende certificados a nuestros países vecinos del Este y les alecciona dónde se debe mejorar en la sociedad civil y cómo pueden contar con el apoyo de la Comisión Europea.
No quiero seguir insistiendo sobre PHARE y creo que podemos decir lo mismo sobre el programa MEDA. También existen informes del Tribunal de Cuentas al respecto cuyo resultado es: irregularidades. No hemos tenido aún la posibilidad de llegar a los detalles en este contexto debido a los reducidos recursos, también de personal, de que disponemos. La Sra. Theato, nuestra presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, ya se ha referido al sector de las centrales nucleares y a la utilización de los créditos de TACIS. La situación es también catastrófica en este campo. Tengo que decir que quizás sea positivo que no hayamos afectado más del 20 % de créditos en Ucrania.
No quiero exponer más ejemplos pero creo que quizás deberíamos analizar en debates de este tipo la calidad de la ejecución del presupuesto. Se lo debemos a nuestras electoras y electores y a nosotros mismos como Parlamento Europeo.

Elles
Señor Presidente, quisiera comenzar con una observación general antes de hacer algunas observaciones concretas. Me parece que el debate que estamos celebrando esta tarde queda relegado a veces en importancia en nuestros debates presupuestarios. Parece que se lo considera un simple medio gracias al cual vemos cómo ha ido el presupuesto. Después hacemos una desconexión mental y nos ocupamos del debate sobre el presupuesto la próxima semana en la Comisión de Presupuestos y en fecha posterior de este mes de la votación en Estrasburgo.
Pero la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario y las comisiones parlamentarias que se ocupan del gasto deberían conceder igual importancia a la supervisión del gasto. Me ha complacido ver que se han logrado algunos avances para velar por que la supervisión del gasto sea una materia importante. Debería ser el centro de operaciones para nosotros. Después de este debate, deberíamos poder decir: sabemos cuáles son las deficiencias del proceso presupuestario. Y no deberíamos votar nuevos créditos hasta que se hayan aclarado asuntos como los planteados por el Sr. Bösch. Podemos utilizar la reserva para advertir a la Comisión que algo no va bien en el proceso de gasto. De modo que este debate forma parte de un proceso en desarrollo y es importante.
El Sr. Brinkhorst y el Sr. Tillich han lanzado toda una serie de ideas en su resolución sobre la infrautilización de los créditos. La insuficiente utilización debe ser una señal para que se adopte una actitud de considerable cautela con las enmiendas en esos sectores. Hay zonas, como la antigua Yugoslavia, en los que hemos de tener en cuenta las circunstancias especiales. Me interesa lo que nuestro ponente, el Sr. Brinkhorst, nos ha dicho sobre las dificultades en la ejecución de programas. Sería útil escuchar las observaciones de la Comisión sobre lo expuesto en el párrafo 16.
En segundo lugar, como ha dicho el Sr. Bösch -y mi Grupo conviene con él al respecto-, la utilización rápida no necesariamente propicia la utilización eficaz de los créditos. Un burócrata ansioso puede decir: Mientras yo gaste el dinero que me corresponde, el Parlamento votará para concederme más, porque ve que se ha utilizado en realidad. Vemos que, en los casos en que ha habido una buena utilización en la Categoría 1, las previsiones tal vez hayan sido excesivamente optimistas, por lo que acojo con beneplácito que, antes de que lleguemos a la votación final, vayamos a tener un panorama actualizado del presupuesto para 1998.
En los programas de la Categoría 4, en los que vemos una gran utilización en MEDA y una escasa utilización en TACIS, el Grupo del Partido Popular Europeo no cree que debamos necesariamente votar todos los créditos para MEDA en el año próximo, sino que debemos poner TACIS en la reserva. Precisamente como dice el Sr. Bösch, tenemos que examinar la calidad del gasto.
Por último, el Partido Popular Europeo espera que, en los casos en que se haya celebrado un acontecimiento inesperado, como en el programa JET en Culham de este año, en que haya habido movimientos inesperados de los tipos de cambio -la libra esterlina se ha revalorizado frente al ecu-, se debe prestar atención para velar por que no se hagan reducciones en los presupuestos operativos efectivos de un programa importante como el del programa de fusión en Culham.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el informe conjunto de nuestros colegas Brinkhorst y Tillich me parece una excelente ocasión para recordar un principio evidente que podría enunciarse de la manera siguiente: los créditos que vota el Parlamento están hechos para ser consumidos. Si, con toda razón, el informe señala progresos que reflejan una tendencia a un mejor consumo de los créditos iniciada hace dos años, señala también, y yo deseo insistir en ello, una serie de deficiencias de funcionamiento que deberán ser motivo de reflexión si se quieren extraer conclusiones drásticas para el próximo presupuesto.
En primer lugar, en lo que respecta a los créditos del programa Phare, la disponibilidad de 150 millones de ecus, previsible para el final del ejercicio, ha de llevarnos a la formulación sincera de preguntas sobre la adaptación del instrumento al objetivo que se persigue. La delegación que ha viajado a Rumanía la semana pasada, en el marco de la comisión mixta, ha podido constatar las dificultades con las que se encuentra ese país, al igual que muchos otros, para integrar el acervo comunitario por falta de medios cuando tenemos al mismo tiempo 150 millones de ecus sin utilizar.
Mientras iniciamos, con el debate sobre la Agenda 2000, un área de trabajo que debe representar una nueva frontera, me parece preocupante que no encontremos respuestas adaptadas a este tipo de problema que lleva a anulaciones de créditos cuando los candidatos a la ampliación manifiestan una evidente necesidad.
En lo que respecta a la ex Yugoslavia, en mi calidad de ponente particular de este presupuesto, desearía señalar aquí también mi consternación total ante la casi inutilización de algunos de esos créditos. Así, por ejemplo, a finales del mes de agosto de 1997, el porcentaje de utilización de los créditos de pago asignados, por ejemplo, a la acción de reconstrucción de las repúblicas, ascendía a un 6, 14 %; los de Europa para Sarajevo ascendían a un 4, 15 % y no se había utilizado nada de los créditos asignados a las acciones de rehabilitación de las repúblicas procedentes de la antigua Yugoslavia.
Debo decir que, sobre todo por lo que respecta a los refugiados, me parece increíble que los créditos concedidos por los europeos sirvan para un objetivo del que no se ven sus efectos concretos, ya que los refugiados siguen ahí, en los países que los han acogido. Creo que, para la votación del presupuesto de 1998, será necesario extraer una serie de conclusiones con objeto de que no se altere ese presupuesto con créditos abiertos, cuando hoy sabemos de forma fehaciente que no serán consumidos.
Por lo que respecta a Tacis, quisiera decir que el problema es diferente, en la medida en que conocemos algunas dificultades concretas, y sobre todo las relativas a la energía nuclear en los antiguos países pertenecientes a la ex Unión Soviética; en este sentido sería igualmente muy útil que se tomaran decisiones especialmente eficaces en la materia. Por el contrario, el año pasado tuvimos que lamentar un bajo consumo de los créditos del programa Meda. Creo que debemos alegrarnos de la aceleración tan importante en el consumo de esos créditos.
Pero, de una forma más general y como conclusión, desearía alertar al Consejo contra una iniciativa que se traduciría de nuevo en el presupuesto de 1998 en una reducción de los créditos de pago para el ejercicio siguiente. Ahora que el Pacto de Estabilidad se ha ratificado en Amsterdam, corresponde a los Estados miembros reducir sus gastos interiores y dejar de considerar el presupuesto comunitario como una pera para la sed que, al final del ejercicio presupuestario, permite, mediante la devolución de créditos no consumidos, proceder a los últimos ajustes de los que los créditos europeos serían una variable positiva para ministros de finanzas en dificultades.
Creo que el principio de los créditos de compromiso y de los créditos de pago debe hacer que no haya diferencia, o que ésta sea la mínima posible entre los créditos comprometidos y los pagados. Por el hecho de que una serie de Gobiernos no apliquen totalmente el Acuerdo Interinstitucional ello podría dar pie, en muchas ocasiones, a pensar que el Parlamento Europeo no ha hecho su trabajo. Quisiera decir aquí precisamente lo contrario. Creo que la Comisión de Presupuestos de esta Asamblea trabaja minuciosamente en la utilización de los créditos, y desearía que su trabajo fuera seguido de la misma manera por el Consejo y por la Comisión.

Virrankoski
Señor Presidente, la propuesta de resolución de los señores Brinkhorst y Tillich ofrece un buen resumen de la ejecución hasta el momento del presupuesto para el presente ejercicio, lo cual es motivo de agradecimiento.
El documento relativo a la ejecución del presupuesto para 1997 incluye algunos puntos de interés. Entre estos cabe mencionar el apartado 5, donde se afirma que supuestamente no se ha hecho uso de los créditos de compromiso correspondientes al Objetivo 6. Esta apreciación es motivo a la vez de sorpresa y de advertencia. Las regiones englobadas en el Objetivo 6 son las zonas septentrionales con una densidad de población muy reducida, que afrontan ingentes cambios estructurales y afrontan una situación muy complicada en materia de empleo. Por todo ello, hay que velar por que los créditos disponibles para el desarrollo de estas regiones no se conviertan en moneda de cambio.
A pesar de ser de factura muy reciente, la propuesta de resolución presenta datos ya anticuados. De acuerdo con mis informaciones, en Finlandia se ha asignado la mitad de los créditos de compromiso del Objetivo 6 también por lo que respecta al presente ejercicio. Si bien este dato es en sí positivo, no se puede considerar que la situación sea satisfactoria. La utilización de los Fondos estructurales se ve dificultada por la burocracia y la complejidad del procedimiento. La obtención de fondos requiere un complejo procedimiento administrativo. Esta circunstancia da lugar a casos en los que, al no verse los solicitantes con fuerzas para luchar contra las formalidades del procedimiento de solicitud, se quedan sin realizar proyectos favorables. Este es el motivo por el que se debería simplificar dicho procedimiento.
El tema central de la Cumbre de Luxemburgo es el empleo. La debilidad del empleo en Europa es alarmante. Los Fondos estructurales constituyen uno de los principales instrumentos con los que cuenta la Unión Europea para mejorar la situación del empleo, por lo cual se debería fomentar el uso de los mismos.

Müller
Señor Presidente, estimado señor van den Broek, hemos dedicado 105 millones de ecus del presupuesto a la reconstrucción en Yugoslavia. De esta suma, hasta agosto sólo se han gastado 3, 376 millones de ecus. Hemos puesto a disposición de «Europa por Sarajevo» 15 millones de ecus para 1997 y hasta agosto se habían gastado 623.000 ecus. ¿Cómo quiere demostrar al Parlamento, que es quien en el futuro debe aprobar su gestión, que la Comisión trabaja activamente, con dinamismo y con todas sus fuerzas para apoyar la reconstrucción en la antigua Yugoslavia?
No han pasado aún cuatro semanas desde que estuve con usted en su oficina y vimos conjuntamente que hay considerables problemas políticos, jurídicos e internos cuando se trata de la cuestión del modo de utilizar los créditos. Llegamos conjuntamente al convencimiento de que no puede seguir así, de que hay que desarrollar fantasía política y recapacitar sobre propuestas para salir de esta situación tan precaria. Usted asintió a esto y sugirió que el Sr. Giansily, yo y otros colegas que se ocupan del tema, nos reuniésemos con la Comisión y recapacitásemos sobre el modo de hacerlo.
Hemos esperado inútilmente a esta invitación, que debería haberse realizado ya en el último período parcial de sesiones. ¿Cómo quiere la Comisión convencernos de que debemos tener confianza y de que está realmente dispuesta a hacer algo? Le puedo decir que en el procedimiento presupuestario del próximo período parcial de sesiones vamos a crear una reserva y no va a ser el Parlamento quien explique a la opinión pública porqué no fluyen los créditos sino que será la Comisión la que tendrá que explicar porqué no lo han hecho ya hasta agosto y me atrevo a afirmar que tampoco lo van a hacer hasta finales de año.
(Aplausos de la izquierda)

Willockx
Señor Presidente, estimados colegas, en mi vida pasada tenía que ver con el presupuesto belga, hoy con el presupuesto europeo. En el presupuesto belga era un problema durante años prevenir y remediar el descontrol en los gastos. En Europa es un poco diferente. Aquí nuestro primer problema es encargarnos de que lo que está previsto que se gaste, efectivamente se gaste.
Ahora bien, reflexionando sobre ello, ambas tareas son unos imperativos democráticos igual de importantes. Un presupuesto tiene que ser el reflejo de una voluntad política, y nuestra tarea es la mejor ejecución posible del presupuesto dentro de los márgenes, pero tampoco fuera de ellos.
Es importante aprovechar este debate para discurrir sobre ello. Me limito a dos observaciones breves. En primer lugar una observación favorable. Puedo corroborar lo dicho por el colega Brinkhorst de que hay una mejora paulatina referente al empleo de los fondos estructurales. Es un buen asunto.
Puedo afirmar más enérgicamente lo que los colegas Giansily y Müller han dicho con respecto a las ayudas a la ex-Yugoslavia. En efecto, no es de recibo que ahora cumplamos de forma tan deficiente y poco transparente con nuestra importante obligación moral, que tenemos en el ámbito de la reconstrucción después de nuestro fracaso de limitar el conflicto. Esto se debe remediar a corto plazo y ese es el mensaje más importante que se desprende de la ejecución del presupuesto comunitario de 1997.
Mi grupo parlamentario me ha pedido, con motivo de la ejecución del presupuesto de 1997, que mire también un momento hacia el futuro. En el futuro el presupuesto estará políticamente dominado por dos temas: 1. el empleo, 2. la ampliación. En cuanto al empleo tiene que haber claridad desde el principio. El Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria tiene que atreverse a arriesgarse para contribuir a la ofensiva que Europa debe emprender contra el azote del desempleo. Pero también debe quedar claro que somos sólo una parte en una aproximación global. No podrá hacerse sin ulteriores esfuerzos, que no solamente abarcarán nuestro presupuesto, sino también a los Estados miembros y a otros temas no incluídos en nuestro presupuesto dentro del ámbito europeo. Sigo insistiendo en la no ejecución, la vergonzosa no ejecución del Libro Blanco de Delors de 1993, en especial en relación con las redes transeuropeas. Son temas sobre los cuales tenemos que pronunciarnos en un marco global y dentro de ese marco global tenemos que asumir nuestra responsabilidad con respecto al presupuesto europeo.
La hipocresía debe acabar también donde la autoridad presupuestaria destina ciertas partidas que luego, por falta de soporte jurídico, no se pueden ejecutar. Esto es un burdo engaño. No se puede aceptar más.
La dificultad ante la que nos hallamos en la discusión del presupuesto de 1998 de las próximas semanas, en primera lectura, es que la cumbre de Luxemburgo se sitúa entre la primera lectura del presupuesto y la segunda lectura del presupuesto. Creo que tendremos que ser creativos para maximizar la posición de negociación y la presión del Parlamento Europeo en la toma de decisiones durante la Cumbre de Luxemburgo a finales de noviembre.
El segundo elemento, la realización y preparación de la ampliación de la Unión. Que quede claro: por nuestra parte, la ampliación depende de cambios institucionales. Presupueste lo que se presupueste, si institucionalmente no se puede ir más lejos de Amsterdam, entonces Europa se quedará paralizada con la ampliación. O sea, en primer lugar, la ampliación es para mí un debate institucional, pero al margen de esto es cierto que tenemos que prepararnos para la financiación de la Unión Europea después de la ampliación. En este contexto, una política estructural más racional será central, si bien no podrá ir en detrimento de la, a mi juicio infravalorada, función de redistribución que ya posee Europa y que es algo positivo. Debemos atrevernos a decir en voz alta que una ampliación de la Unión no conducirá a menos solidaridad sino a más solidaridad. También debemos atrevernos a decir que no aceptamos que se utilice la ampliación para empezar de nuevo un debate sobre el "juste retour» y volver a poner en entredicho unos compromisos en relación con la financiación de la Unión. Una ampliación de la Unión, nos guste o no, costará más dinero a los Estados miembros. Es nuestra obligación política elemental.
Por último, tenemos que asumir responsabilidades. Dentro de un determinado encorsetamiento presupuestario, tendremos que recortar algunas partidas selectivamente. Permítanme hacer un llamamiento en la víspera de nuestro debate tanto al Consejo como a los colegas del Parlamento para acometer estos recortes de forma selectiva y evitar por todos los medios recortes lineales. Hacer recortes lineales es para mí equivalente a una falta de coraje y de elección política. De ahí mi alegato en favor de la selectividad.

Holm
Señor Presidente, como ya han afirmado anteriormente varios oradores, en el Parlamento Europeo debemos mostrarnos satisfechos por la positiva evolución de los acontecimientos. La ejecución del presupuesto es cada vez mejor, si bien no por ello debemos bajar la guardia. Tal como se afirma en la resolución, aún queda mucho por hacer.
Al igual que a mi colega finlandés del Grupo ELDR, también a mí me ha llamado la atención el apartado 5, relativo al ámbito del Objetivo 6, donde se afirma que no se han utilizado los créditos resrervados para este fin. Tras revisar este dato, he llegado a la conclusión de que no es correcto. Existen efectivamente créditos que no han sido asignados, pero el sistema de, entre otros países, Suecia impide que sean abonados estos fondos. A pesar de todo, es muy importante esclarecer por qué no se han utilizado al máximo estos recursos. La Comisión deberá investigar a la mayor brevedad posible esta cuestión en colaboración con los Estados miembros. Teniendo presente, entre otros aspectos, su situación geográfica, el Objetivo 6 reviste una importancia obvia para las regiones septentrionales de Suecia y de Finlandia. Entre paréntesis me gustaría señalar que la semana pasada cayeron las primeras nieves en el norte de Suecia, dejando un manto de veinte centímetros. Si comparamos esta circunstancia con las temperaturas de 20 grados que se registran en Bruselas, podemos caer en la cuenta de los problemas con que se enfrentan en el norte de Suecia. Por todo ello, debemos velar verdaderamente por una utilización plena de los medios que ofrece el Objetivo 6. Esta situación de desaprovechamiento se puede explicar por dos motivos distintos: en parte se puede deber a los procedimientos burocráticos, en parte a que quizás los medios no se adecuan a los proyectos para los que ya se ha adoptado una decisión en Suecia.
Para finalizar, desearía referirme al eterno quebradero de cabeza que representa el sector de la agricultura. Desearía que la Comisión presentara de una vez por todas un plan de reestructuración para las cuotas lecheras, a ver si así es posible poner en orden alguna vez este problema. Me gustaría que la Comisión respondiera también a esta cuestión.

Liikanen
Señor Presidente, la resolución examinada hoy concluye el procedimiento para informar a la Autoridad Presupuestaria sobre la ejecución del actual presupuesto comunitario. Dicho procedimiento, iniciado por el Parlamento Europeo, ha resultado muy útil para el control y también para nosotros, como ejecutores. Ha sido muy eficaz para permitir a la Comisión y al Parlamento un examen detallado del estado de ejecución, como hemos podido observar hoy.
Además, constituye la base para la transferencia global que la Comisión propondrá la próxima semana. Por lo que se refiere a la ejecución general del presupuesto de 1997, los datos más recientes confirman los esbozos de que la Comisión informó a la Autoridad Presupuestaria en julio. Al final de septiembre la ejecución del presupuesto en conjunto excede el nivel de años anteriores, en particular respecto de las consignaciones para pagos. Aunque aún falta por ejecutar una tercera parte del presupuesto, la Comisión prevé que la ejecución al final de este año será superior que en 1996, por lo que continuará la tendencia reciente.
Hay dos factores principales para explicar ese fenómeno. En primer lugar, no ha habido nuevos programas importantes de gasto en el presupuesto de 1997. La ejecución avanza ahora sin problemas, en particular respecto de los Fondos estructurales. En segundo lugar, el presupuesto de 1997 fue concebido expresamente con más rigor que los presupuestos anteriores. Tanto en la agricultura como respecto de las consignaciones para pagos con vistas a acciones estructurales, la Autoridad Presupuestaria decidió en cierta medida anticipar la realización de gastos inferiores a lo previsto. Si bien ello no parece crear problemas particulares en la Categoría 1, es muy probable que se utilicen totalmente las consignaciones para pagos destinados a los Fondos estructurales.
He de hacer algunas observaciones y dar algunas respuestas sobre determinadas categorías. En la Categoría 1, la Comisión ya ha propuesto una transferencia para reequilibrar las líneas presupuestarias antes del fin del ejercicio. Unas necesidades inferiores a lo previsto en el sector de los cereales y la carne de bovino nos permitirán pagar el anticipo de la primas correspondientes a las semillas oleaginosas y sufragar los costos de la peste porcina. El acuerdo de la Autoridad Presupuestaria de examinar una carta rectificativa posterior permitirá sacar las conclusiones apropiadas también respecto del presupuesto para 1998.
Por lo que se refiere al asunto de las cuotas lácteas, ese debate formará parte de la Agenda 2000, de la reforma de la PAC, por lo que podremos volver a referirnos a él en los debates en ese marco. En la categoría 2, las únicas excepciones a la elevada tasa de ejecución son unas pocas iniciativas comunitarias. En esos sectores ha sido inevitable cierta reprogramación hacia el final del período de programación. En cuanto a las preguntas del Sr. Virrankoski y del Sr. Holm sobre la ejecución del Objetivo 6, parece muy probable que al final del año se hayan utilizado los fondos totalmente. Nuestra información así lo indica. En el marco de la Agenda 2000 se han examinado ampliamente los problemas particulares del Objetivo 6.
Respecto de las políticas internas, la Comisión espera una ejecución global cercana al 100 % en los compromisos, teniendo en cuenta reasignaciones muy limitadas en el marco de la transferencia global. El Sr. Brinkhorst ha preguntado por las redes transeuropeas. A la importancia concedida a las redes transeuropeas ha correspondido una tasa de ejecución ya muy alta. Tengo aquí las cifras de ayer, según las cuales la ejecución en cuanto a compromisos asciende al 82 %. En cuanto a los pagos, asciende al 40 %.
En la Categoría 4, el panorama es más variado, como han observado varios oradores. La Comisión propondrá una reasignación más importante en la transferencia global. Y -lo más importante- la reorientación de PHARE para que pase a ser un instrumento de preadhesión reducirá la cantidad que aún puede ejecutarse este año en 150 millones de ecus. Esos fondos se podrían poner este año a disposición de MEDA y se podrían recuperar en 1999, con lo que se respetaría plenamente los planes plurianuales para los dos programas.
Respecto de los comentarios del Sr. Bösch, he de hacer dos observaciones. Por lo que se refiere a PHARE, mientras los proyectos fueron muy pequeños por término medio, la ejecución fue extraordinariamente complicada y el control resultaba difícil también. Ésa fue una razón para la reorientación de PHARE hacia los dos importantes sectores de las infraestructuras y las instituciones y también para aumentar las dimensiones idóneas de los programas. Por lo que se refiere a MEDA, su crítica iba a dirigida a programas que pertenecen al pasado. En el caso del actual programa MEDA, las dimensiones de los programas son superiores y este año la ejecución asciende ya al 63 %.
Por último, por lo que se refiere al presupuesto administrativo de la Comisión, la evolución de los tipos de cambio ha sido favorable. La Comisión transmitirá en breve una propuesta a la Autoridad Presupuestaria para utilizar esos fondos con vistas a reducir futuras necesidades presupuestarias y espero que esta propuesta reciba apoyo.

El Presidente
Señor Comisario, le pido disculpas ya que, por error, no habíamos concedido la palabra al Sr. Lukas, pero se la concedo inmediatamente durante un minuto.

Lukas
Señor Presidente, tengo el inesperado honor de poder hablar después del Comisario. Mi declaración no es tan trascendental, pero tiene que existir un orden y lo acepto gustosamente.
La propuesta de resolución proporciona una visión de conjunto muy objetiva sobre una situación muy seria. Los ponentes merecen nuestras felicitaciones por este trabajo. Si en muchos sectores importantes, los créditos no se han utilizado o sólo se ha hecho de un modo muy limitado, hay que preguntarse si las aportaciones de los Estados miembros o de algunos de ellos no son demasiado elevadas. En lo tocante a la proyectada ampliación hacia el Este, es especialmente lamentable la baja tasa de utilización de los créditos del programa PHARE y de los destinados a la cooperación transfronteriza en el sector estructural. La reducidísima tasa de utilización de la partida «Medidas para combatir la violencia contra los niños» no carece de un cierto cinismo. La permanentemente reducida tasa de utilización de los créditos para los controles en la agricultura es intranquilizante. Precisamente ante el creciente fraude y el lógico enojo de los ciudadanos de la Unión, todos los mecanismos de control deben aplicarse plenamente y con eficiencia.
En Estados que son contribuyentes netos es muy difícil explicar a los ciudadanos porqué se emplean sólo reducidamente amplias partes del presupuesto cofinanciado por ellos. Por ello, es necesaria una reforma de la política de ingresos y gastos. Ante el descenso del nivel social en muchos Estados miembros, es necesaria una política presupuestaria más eficaz y disciplinada.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Relaciones UE-Canadá
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A4-0140/97) del Sr. Graziani, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión (SEC(96)0331 - C4-0620/96) sobre las relaciones entre la Unión Europea y Canadá.

Graziani
Señor Presidente, al comienzo de la sesión solicité la palabra en orden a una de esas transgresiones del Reglamento que son bastante frecuentes en este Parlamento. Permítame, señor Presidente, reclamar la atención del Pleno y de la Comisión sobre el trágico suceso que afectó a dos regiones de Italia, Umbría y las Marcas: el balance de víctimas es alto y también son cuantiosas las pérdidas desde el punto de vista artístico. Al reclamar, en consecuencia, la atención de usted, señor Presidente, del Pleno y de la Comisión, creo que es útil, positivo y necesario que Italia, afectada directamente en este caso, así como la Unión Europea se hagan cargo de las obras de restauración de un patrimonio que, y no es retórico decirlo, no sólo es italiano o europeo, sino de toda la humanidad.
Pasemos ahora al informe que figura en el orden del día. Las relaciones bilaterales entre Europa y Canadá se remontan incluso al día siguiente de la firma de los Tratados de Roma. El primer acuerdo versó sobre la cooperación en materia nuclear; posteriormente, en 1976, se celebró el acuerdo marco de cooperación comercial y económica; tras sucesivas etapas, hemos llegado a la declaración política y al correspondiente plan de acción conjunto del pasado mes de diciembre: una cooperación y un vínculo que, por consiguiente, se han ido renovando a través del tiempo y que hoy se convierten en más estrechos en el ámbito de reforzar las relaciones transatlánticas que, establecidas antes con los Estados Unidos, hoy por hoy no podrían ignorar a Canadá. Mejor dicho, en el contexto mismo de las nuevas relaciones internacionales, un acuerdo entre Europa y Canadá puede ser beneficioso para los equilibrios necesarios al propio conjunto de las relaciones transatlánticas. Se trata, en efecto, de constatar cuáles son, tras el final de la guerra fría, los nuevos campos de acuerdo entre Europa, los Estados Unidos y Canadá, una vez que el factor seguridad, que durante 50 años sustentó estas relaciones, ha variado ostensiblemente.
A la etapa en que prevalecía la seguridad común no puede más que seguir la fase de la más estrecha cooperación en todos los ámbitos, que no tolera, como tal, excesivas hegemonías por parte de nadie. Las hegemonías, sin embargo, no se exorcizan: se limitan a través de instrumentos políticos adecuados. Desde este punto de vista, el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá constituye un elemento de equilibrio de primaria importancia, útil, a mi entender, para los propios Estados Unidos que, con las Leyes Helms-Burton y D'Amico, pensaron, sin duda, y equivocándose, en hacer aceptar medidas unilaterales a los aliados.
Los equilibrios justos son los aditivos de las democracias, de los Estados de Derecho, así como de las relaciones internacionales más sólidas. Cuando fallan los equilibrios justos, también los acuerdos y las colaboraciones se resienten de ello. Por esto, el hecho de que hoy nos ocupemos de las relaciones transatlánticas con Canadá, al igual que nos ocupamos de las relaciones con los Estados Unidos, es algo que responde a una misma lógica, un hecho refuerza al otro.
Por otra parte, es interés de la Unión Europea que las realidades norteamericanas no supediten las relaciones con la propia Europa a sus, aunque necesarias, relaciones con la zona del Pacífico. Ciertamente, este contexto no será indiferente para diseñar el posible, pero por ahora objetivamente incierto, camino de Europa, si la misma no se convierte en sujeto político institucional y, como tal, dotado de una política exterior cuya configuración y desarrollo sean expresión de una verdadera capacidad de Gobierno. Hoy todo esto no existe, y esta carencia es causa de desequilibrio. Lo que nos propone Amsterdam es sólo un sucedáneo, es como decir que una tacita de cebada es igual a una tacita del clásico café.
De todos modos, la cooperación con Canadá, un país joven que tiene las ventajas, pero a la vez los problemas de una nación joven y plurilingüe, abre espacios cada vez más amplios, que no pueden verse enturbiados por los actuales contenciosos como el asunto de la pesca. El mayor problema, desde este punto de vista, repito, es que los bancos de pesca de Terranova ya no son los que eran, y es interés de todos, no sólo de Canadá, sino también de Europa, que se tenga en cuenta este hecho, es decir, la falta de peces. Sucede lo mismo para la caza: hay que respetar ante todo la cultura y las necesidades de las poblaciones autóctonas, lo que no excluye la necesidad de utilizar medios de captura lo menos dolorosos posibles. Canadá es, lo repito, un socio esencial para la estabilidad y la seguridad de Europa. Se trata de un país moderno en cuanto a cultura democrática y respeto de las minorías. En este contexto, señor Presidente, me honro en presentar este informe al Parlamento, un informe que espero que pueda ser aprobado.

Schmid
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y Canadá contiene también un capítulo sobre la cooperación en el sector de asuntos interiores y de justicia. Es positivo que sea así. Tiene en cuenta el hecho de que mucho antes de la globalización de la economía existía una globalización del crimen organizado internacionalmente. Los modernos consorcios del crimen organizan entretanto sus actividades a nivel mundial. Constatamos que la mafia rusa practica un fraude organizado de los seguros sociales en Los Angeles y no sólo en Moscú. La Jacuza japonesa no sólo actúa en Tokio sino también en Toronto y en Düsseldorf. Las tríadas chinas no sólo actúan en Hong Kong sino también en Amsterdam, Londres y San Francisco. Hay que extraer conclusiones de ello y éstas son que el crimen está organizado desde hace mucho tiempo a nivel internacional mientras que la policía sigue estando encerrada en el límite de los Estados nacionales.
En la Unión Europea hemos extraído conclusiones de ello con el desarrollo del tercer pilar. Pero esto no es suficiente. Tiene que completarse mediante acuerdos con terceros Estados. La seguridad interior debe ser protegida exteriormente por los flancos. Las condiciones para ello son favorables para hacerlo con el Canadá. En primer lugar: el Gobierno canadiense y las dos Cámaras de su Parlamento también lo quieren hacer. En segundo lugar: las autoridades del sector de asuntos interiores y de justicia en Canadá tienen un elevado grado de concienciación en lo que se refiere a los problemas sobre los que acabo de hablar. En tercer lugar: el interlocutor para una cooperación policial está altamente cualificado; de la Royal Canadian Mounted Police solamente se puede aprender si se ve lo que hacen.
El obstáculo se encuentra más bien en la propia desunión existente en Europa. Hasta ahora no estamos en situación de hablar del modo que sería deseable con una sola voz. Esto tiene que cambiar.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Graziani por el informe que valora de modo ponderado los diversos aspectos de las relaciones europeo-canadienses y contiene enunciados de futuro. Pero al mismo tiempo quiero subrayar lo importante que es que el Parlamento Europeo emita su dictamen sobre el plan de acción conjunto. Precisamente porque la cooperación entre el Canadá y la Unión Europea es muy buena en muchos campos pero con frecuencia es difícil, por ejemplo, en el de la protección del medio ambiente, hay que intensificar los contactos entre los representantes populares.
Necesitamos los numerosos contactos y conversaciones para entendernos recíprocamente y además debemos poder influir sobre el plan de acción. Por ello, me parece casi incomprensible que se haya aprobado el plan de acción antes de que el Parlamento Europeo haya podido expresar su opinión al respecto.
Respecto a algunos temas de la protección del medio ambiente, creo que el medio ambiente es un campo en el que la Unión Europea y el Canadá trabajan en gremios internacionales para encontrar respuestas conjuntas a los problemas globales. Independientemente de ello, hay también cuestiones bilaterales, como los esfuerzos para lograr unos estándares humanos para la captura de animales. Unas intensas conversaciones y negociaciones han logrado entretanto que los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE hayan dado su asentimiento al convenio negociado entre la UE, Canadá y Rusia. En el futuro, en la aplicación del convenio, al que doy mi apoyo, será decisivo encontrar alternativas humanas concretas a los métodos actuales de captura. La mera supresión de los cepos no soluciona necesariamente el problema.
No sólo deben intervenir los funcionarios gubernamentales y de la Comisión. Determinante es la aportación de quienes disponen de grandes conocimientos especializados y experiencias prácticas. Me refiero a las organizaciones protectoras de animales, a los tramperos indígenas del Canadá, de los EE.UU o de Rusia; ellos tienen la experiencia práctica. Pueden ver que, en especial, en el sector del medio ambiente y de la protección de los animales deseo ampliar las relaciones europeo-canadienses a otros niveles.
Yo mismo tuve ocasión en el otoño del año pasado de hacerme una idea de las experiencias y prácticas de los indios de Quebec. Habría que discutir con colegas interesados de esta Asamblea sobre estas experiencias así como sobre las de otros grupos y pueblos, por ejemplo, en organizaciones protectoras de animales.
No se trata en absoluto de injerencia. Al fin y al cabo la protección de los animales es un asunto que afecta a todo el mundo así como el deseo de conceder a los pueblos indígenas un papel adecuado en la realización de un desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente y de que participen en las decisiones relativas al uso de recursos y al desarrollo de sus territorios. En lo que se refiere a la cooperación general en el campo del medio ambiente, el plan de acción muestra que deben proseguir las consultas sobre medio ambiente que se han celebrado en el pasado. En cualquier caso, constatamos que no se pronostica ninguna actuación sino sólo la ponencia.
Saludamos además los procesos o acuerdos en el sector de la política sanitaria. Tomemos el programa y actuemos.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, estimados colegas, me gustaría felicitar al Sr. Graziani en nombre de la Comisión de Investigación por su extraordinario informe. Las relaciones bilaterales entre la Unión y el Canadá tienen una larga historia. Ya en 1995 se firmaron acuerdos importantes de cooperación en el sector de la ciencia y la tecnología. Asimismo, desde 1959 hay cooperación en el sector de la energía y, en especial, cooperación en materia nuclear. Y Canadá cuenta naturalmente con una larga tradición científica e investigadora. Esto le da buenas perspectivas a Canadá para ser la sede del futuro reactor termonuclear experimental, el así llamado ETER, siempre y cuando la Unión decidiera continuar la investigación nuclear en su totalidad.
Estrechar los lazos con Canadá es importante también en el marco del reciente fortalecimiento de las relaciones transatlánticas con los Estados Unidos. En el nuevo Plan de acción se amplía la cooperación en el ámbito de la tecnología de la información y la comunicación y de la biotecnología. Dos de los sectores que más empleo crearán en el futuro. La Comisión de Investigación espera por lo tanto que la declaración de intenciones de cara a la cooperación científica en el sector de la biotecnología, incluida la reglamentación relativa a la manipulación genética, se pueda traducir en hechos en breve.
Por lo que respecta a la cooperación en el sector de la tecnología de la información, nuestra atención debe estar enfocada a potenciar las redes entre las empresas para fomentar la transferencia de las tecnologías. Debemos dar mucha prioridad a los proyectos de investigación en el sector de ID+T. Teniendo en cuenta el gran desarrollo de este sector en Canadá, el sector europeo de ID+T puede sacar mucho provecho de ello.

Gallagher
Señor Presidente, como mis colegas, también yo deseo felicitar al Sr. Graziani por la presentación de un informe excelente.
Hablando en general, siempre ha habido cooperación y buena voluntad recíproca entre el Canadá y la Unión, por lo que a la mayoría de la gente le resulta difícil entender las relaciones, a menudo tensas, entre la UE y el Canadá en el sector de la pesca. Con frecuencia se formula la pregunta de cómo llegó a ser la pesca objeto de semejante discrepancia. Así, pues, es importante examinar los antecedentes.
La UE y el Canadá tienen estructuras de pesca muy similares. En las regiones periféricas de la UE y del Canadá se da una gran dependencia de la industria pesquera y cualquier amenaza a ese recurso provoca -cosa comprensible- emociones y tensiones. En 1975 el Canadá, Islandia y Noruega declararon una zona económica exclusiva de doscientas millas para proteger sus poblaciones de peces, cada vez más reducidas, y Europa siguió su ejemplo en 1977.
Ello provocó una pérdida de oportunidades de pesca para los buques europeos y, después de la adhesión de España y Portugal en 1986, los problemas que estos países afrontaban pasaron a ser problemas comunitarios. En 1992 el Canadá declaró una moratoria en la pesca del bacalao del Norte y, según sus cálculos aproximados, la consecuencia de ello fue la pérdida de unos 40.000 puestos de trabajo en Terranova.
Los efectos de la reducción de oportunidades de pesca para la flota de la UE son de sobra conocidos; ha habido unos años de estancamiento y deterioro de las relaciones. En 1992 la Unión y el Canadá subscribieron un memorando de entendimiento que constituiría un nuevo acuerdo pesquero para substituir el acuerdo marco de 1981. En 1994, el Canadá modificó su ley de protección de la pesca costera para permitir la adopción de medidas en pro de la conservación de las poblaciones de peces dentro de la zona exclusiva de doscientas millas y en las aguas adyacentes. Dicha ley concedió poder a las autoridades para apresar buques de determinados Estados y en marzo de 1995 España y Portugal fueron añadidos a esa lista. El apresamiento de un buque español y la dura contienda consiguiente son ya cosa del pasado. Por fortuna, una semanas después se zanjó la disputa y en septiembre de aquel año España y Portugal fueron borradas de la lista de Estados designados.
Ahora bien, comparto el optimismo, en el sentido de que parece posible que la Unión y el Canadá cooperen más estrechamente y que ambas partes entiendan mejor y respeten el punto de vista ajeno. Mi comisión espera que una cooperación cada vez mayor en el sector pesquero contribuya al desarrollo de los fuertes vínculos ya existentes. Se puede lograr mediante medidas de fomento de la confianza en los niveles bilateral y multilateral por mediación de la NAFO.
Mi comisión pide a la Unión y al Canadá que velen por cumplimiento del compromiso bilateral. Apoyamos la iniciativa de la NAFO con vistas a mantener el actual mecanismo de impugnación. Rechazamos las disposiciones territoriales de la actual legislación pesquera canadiense y como conclusión he de decir...
(El Presidente interrumpe al orador)

Barón Crespo
Señor Presidente, Señorías, ante todo, quisiera felicitar al Sr. Graziani por su informe y, además, saludar su presencia aquí porque significa que está restablecido. Querría aportar al debate dos cuestiones fundamentales. La primera es que, en un momento en el que estamos hablando de la actualización de las relaciones transatlánticas, cobra especial importancia este informe sobre nuestras relaciones con Canadá porque Canadá, desde el principio -y además lo demostró en los momentos más difíciles-, ha estado siempre con la causa de Europa y de la libertad y eso hay que reconocerlo y, además, hay que ponerlo al día. No se trata sólo de hablar con los Estados Unidos.
Yo querría señalar dos aspectos. Uno es la nueva dimensión que ha tomado la relación transatlántica en la medida en que Canadá también se ha embarcado en la creación de una zona de libre comercio con los Estados Unidos -el Tratado NAFTA-, que, además, se ha ampliado a México y que, en este momento, incluso está planteándose la posibilidad de crear una zona de libre cambio continental, para toda América, lo cual significa que, en un futuro no muy lejano, también tendremos que reconsiderar nuestras relaciones no sólo económicas -y hay que saludarlo porque tiene consecuencias sobre nosotros-, sino también políticas.
Igualmente, creo que es conveniente subrayar el aspecto de nuestras relaciones con Canadá referido al respeto de la legislación internacional y del marco de relaciones de la Organización Mundial de Comercio, y me refiero especialmente a las legislaciones extraterritoriales que, como en el caso de la ley Helms-Burton, nos están perjudicando tanto a Canadá como a la Unión Europea, y creo que es conveniente aunar esfuerzos en este sentido.
Por último, señor Presidente, también querría señalar un aspecto que me parece importante en el informe y en el cual el Sr. Graziani incorporó enmiendas, presentadas, entre otros, por mí, que se refieren al tema de la pesca. Es importante señalar que es conveniente -y lo ha dicho el orador que me ha precedido- que relaciones seculares como las de la pesca, se puedan plantear en términos respetuosos de la legislación internacional. Bien sabemos que los temas de pesca son polémicos, y prueba de ello es la «guerra del salmón» de este momento entre los Estados Unidos y Canadá. Ya se sabe que, como dijo un viejo líder comunitario, Jesús había escogido a pescadores entre los apóstoles porque la pesca se convierte en tema muy polémico. Pero, en cualquier caso, yo creo que es positivo e importante de cara al futuro que desarrollemos nuestras relaciones en un clima de solidaridad, de cooperación y de respeto de la ley internacional.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señoras y señores diputados, felicito también vivamente al Sr. Graziani por su magnífico informe. Canadá es un gran país con el que nos unen grandes vínculos históricos, políticos y económicos. Compartimos principios y valores comunes y la cooperación debe regir nuestras relaciones. Como español, y particularmente como gallego, tengo que hacer referencia, sin embargo, a un asunto que ha enturbiado nuestras relaciones: la pesca. Los gallegos, a quienes yo aquí represento, no entienden todavía la agresividad con que Canadá se comportó en el conflicto pesquero que desencadenó, violando el Derecho internacional.
No deseo hurgar en heridas pasadas, sino ayudar a que éstas cicatricen definitivamente. Por ello llamo la atención sobre los apartados 20 y 21 del informe Graziani y las 8 conclusiones del informe de la Comisión de Pesca que se adjuntan al mismo, rechazando la legislación extraterritorial canadiense, reclamando su derogación y garantías para los buques comunitarios, llamando a una verdadera cooperación en NAFO, manteniendo el vigente mecanismo de objeción y evitando discriminaciones con otras flotas y reclamando también la entrada en vigor del acuerdo pesquero de 1992, aunque sea modificado, pero incluyendo las principales peticiones europeas ya acordadas como el acceso de la flota comunitaria a los excedentes pesqueros de Canadá.
Como señala el informe Graziani, para que el plan de acción conjunto sea útil no debe ser una mera declaración de buenas intenciones sino un compromiso efectivo de avanzar en la cooperación.
Como miembro de la delegación de este Parlamento con Canadá y de la Comisión de Pesca también, hago votos por el reforzamiento de esta cooperación. La pesca, señor Presidente, puede ser el test de estas nuevas relaciones entre Canadá y la Unión Europea.

Novo
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el interés común en mantener y desarrollar las relaciones entre la Unión Europea y el Canadá no se deriva -o, al menos, no debe derivarse sólode los importantes y voluminosos intereses comerciales en materias como las referentes a la extraterritorialidad de ciertas legislaciones nacionales, como las americanas Helms-Burton y de la OTAN, o a la igual cooperación y convergencia en el caso de ciertas acciones humanitarias, o incluso la resolución de la cuestión de la financiación de las Naciones Unidas, constituyen un campo político de colaboración conjunta que se debe mantener y fortalecer adecuadamente.
En los aspectos estrictamente comerciales, conviene que algunos intereses económicos más importantes, como los vinculados al acero, al trigo, a la carne de bovino o incluso intereses audiovisuales, no se superpongan ni hagan olvidar -o incluso tiendan a considerar de importancia menor o marginal- la resolución concertada y mutuamente satisfactoria de cuestiones social y económicamente importantes para ciertas regiones y países de la Unión Europea casualmente pertenecientes a zonas menos desarrolladas, donde, además, la cohesión dista de ser una realidad.
Me refiero -resulta evidente- a las cuestiones relacionadas con la controversia en materia de pesca en la zona NAFO, que subsiste y que, a nuestro juicio, no se puede resolver a costa de medidas unilaterales de ámbito extraterritorial, que en otro ámbito han merecido -y con razón- el repudio conjunto de canadienses y europeos.
Así, pues, conviene que el Canadá no adopte en materia de pesca pesos y medidas diferentes y que, al contrario, prosigan las negociaciones a fin de salvaguardar todos los intereses presentes, incluido el interés común de la preservación de los recursos haliéuticos.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, la Unión Europea y Canadá mantienen relaciones desde hace apenas cincuenta años y hemos de felicitarnos de ver cómo éstas adquieren una nueva dimensión. Sabemos que la solidaridad trasatlántica ha sido un elemento indispensable para el mantenimiento de la paz, de las libertades y de la estabilidad. Por tanto es oportuno que esta comunicación, en el campo del acuerdo marco tomado anteriormente, acentúe su dimensión política, social y cultural, abriendo la cooperación a nuevos sectores como la investigación científica, el desarrollo tecnológico o la educación.
Además, tras el período de la guerra fría, la situación internacional, que coloca a los Estados Unidos en una posición dominante, impone una revisión de las relaciones trasatlánticas. En ese contexto, las relaciones Unión Europea-Canadá son una prueba de reequilibrio. Nos encontramos en el terreno del rechazo del unilateralismo, y las leyes Helms-Burton y d'Amato constituyen un ejemplo interesante y significativo de esta convergencia de intereses.
Por ello, comparto totalmente el punto de vista expresado por el Sr. Graziani, autor de este excelente informe. No permitamos que controversias sectoriales pongan en duda vínculos bilaterales que existen desde siempre. El interés recíproco que representa el refuerzo de los vínculos políticos y comerciales es demasiado importante.
Sin embargo, se plantean dos problemas: la pesca constituye el primer escollo, y el problema de las cuotas de capturas ha envenenado literalmente las relaciones entre Canadá y la Unión Europea durante los últimos años. Otra manzana de la discordia es la cuestión de los cepos dentados y la importación de pieles. En uno y otro caso deberían encontrarse soluciones para que no se quebrase la serenidad de nuestras relaciones. Canadá es un socio indispensable para la estabilidad y la seguridad en Europa. Y la importancia de los campos en los que cooperamos es un reflejo de los retos a los que se enfrenta el mundo occidental.
Por consiguiente, es de desear que Canadá y la Unión Europea puedan unir sus esfuerzos en la búsqueda de un nuevo equilibrio para la comunidad internacional.

Berthu
Señor Presidentes, Señorías, Canadá es para nosotros un país especialmente cercano, a pesar de la distancia, ya que comparte una parte de su historia con dos miembros de la Unión como son Gran Bretaña y Francia. Debemos mantener nuestros valores heredados y conseguir que sirvan de base para una cooperación activa entre las entidades públicas, las empresas y, sobre todo, entre las personas que, en la actualidad, establecen vínculos cada vez más sólidos entre ambos lados del Atlántico.
Canadá ofrece también el ejemplo, muy interesante para todos aquellos que reflexionan sobre las instituciones europeas, de un país federal que, a pesar de su antigüedad, no ha encontrado su equilibrio. Su agitada historia institucional está marcada por la falta de reconocimiento de la provincia de Quebec como tal en la actual constitución de Canadá y por la imposibilidad de encontrar, al menos hasta ahora, una fórmula original que conjugue la soberanía de los quebequenses francófonos y su asociación con el resto del país. En consecuencia, en el primer referéndum sobre la soberanía, que tuvo lugar en 1980, el sí obtuvo el 40 % de los votos. En el segundo, celebrado en 1995, obtuvo el 49, 5 % y ya se anuncia un tercer referéndum.
Esta evolución debe provocar la reflexión entre los europeos ya que, si el federalismo funciona bien cuando se implanta en un solo pueblo como ocurre en Alemania, sin embargo se bloquea o sufre sobresaltos sin límite cuando se implanta en varios pueblos deseosos de conservar su identidad y la capacidad de decisión sobre su destino. En efecto, como la coordinación que éste impone subordina a las naciones miembros, da pie constantemente a sospechas sobre el respeto por parte de alguno de los socios. Evidentemente, esta observación es aún más verdadera cuando la constitución básica ni siquiera ha sido aprobada por una de las naciones miembros.
Por ello, me alegro de ver que, en la actualidad, la mayoría de los responsables europeos no se dan explícitamente un objetivo federal. Y, en la misma perspectiva, quisiera transmitir también a nuestros amigos del otro lado del Atlántico la simpatía con la que seguimos los esfuerzos de Quebec y Canadá por encontrar una fórmula institucional que clarifique sus relaciones.

Antony
Señor Presidente, Señorías, en su informe sobre las relaciones entre Canadá y Europa, el Sr. Graziani ha abordado temas muy diversos, que van desde los cepos dentados a algunas reflexiones sobre el interés de una dimensión trilateral Unión-Estados Unidos-Canadá pasando por el problema de la pesca costera.
Por consiguiente, habría muchas cosas que decir, también habría críticas que formular, y en especial sobre la toma de posición en favor de una Organización Mundial del Comercio, es decir, de un mundo sin fronteras entregado a los apetitos de las multinacionales. Pero dos minutos no bastan, sobre todo porque el texto que se nos ha sometido no aborda las cuestiones principales.
Lo que ha llegado a ser Canadá prefigura lo que puede llegar a ser Europa, es decir, un conjunto federal satélite de los Estados Unidos. Otawa constituye un modelo para Bruselas, es la capital de una entidad artificial que sujeta bajo un yugo federalista a dos naciones, a los canadienses franceses y a los anglosajones. Ambos son víctimas del sistema. Los canadienses franceses, por supuesto, pero también los anglosajones, los cuales a medida que Otawa corta los vínculos con Londres pierden toda su especificidad.
Hoy, ambos pueblos se disuelven en el «melting pot» americano. Los quebequenses libran un hermoso combate por la defensa del francés, pero el descenso de la natalidad, desde lo que se ha dado en llamar la revolución silenciosa, hace que este combate sea vano. De aquí a unos decenios, los seis millones de canadienses franceses pueden haber desaparecido, borrados del mapa al igual que ocurrió con los acadios, los franceses de Luisiana.
Sin embargo, queda una salida para estos dos pueblos, liberarse del yugo federal como han hecho los pueblos de la Europa central y como quieren hacerlo nuestras naciones, cada vez más asfixiadas por Bruselas. Ésta es la razón por la cual, patriotas franceses, apoyamos la causa de un Quebec libre. En 1995, los federalistas de Otawa ganaron por poco, al beneficiarse de las mismas ventajas que los eurofederalistas maastrichtianos en Francia en 1992 -voto de las minorías étnicas, presiones de las autoridades mediáticas y financieras. Y, también, al igual que en 1673, París se ha desinteresado del destino de la nueva Francia.
Nuestra intelligentsia es claramente heredera de Voltaire, que declaraba entonces: »Quisiera que Canadá estuviese en el fondo del mar glacial.» La próxima será la definitiva. Que los quebequenses sepan que no están solos. Cuando en Francia, nosotros mismos seamos liberados de la tutela de Bruselas, podremos renovar con nuestros hermanos de Quebec los lazos rotos hace dos siglos.

Mann, Erika
Señor Presidente, señor Graziani, usted ha elaborado un excelente informe y le estoy muy agradecida de que haya transmitido una atmósfera tan positiva, pues creo que dependemos de unas buenas relaciones trasatlánticas, tanto con Canadá como con los EE.UU. Este es un importante cimiento para los valores occidentales, por lo que le estoy muy agradecida. Por lo demás, es muy positivo verle de nuevo aquí restablecido.
El plan de acción común del 17 de diciembre de 1996 refuerza el acuerdo marco de 1976 y abre de este modo una nueva forma de cooperación entre la Unión Europea y Canadá. Me alegra que exista este acuerdo y que hayamos elegido nuevas formas para fundamentar esta cooperación. Después hablaré de nuevo al respecto.
El centro de gravedad del acuerdo se encuentra en el sector de las relaciones bilaterales de comercio y de las inversiones así como en el fortalecimiento de la cooperación en las cuestiones multilaterales de comercio y en la ampliación y estabilización de la cooperación política. Es un amplio paquete y la Comisión ha realizado un sólido y eficaz trabajo.
¿Cuál es esta nueva forma y cuál es el nuevo estilo de cooperación? Sólo quiero mencionar algunos sectores. El primer aspecto es que existe una forma directa de cooperación, es decir, la Comisión coopera con la correspondiente instancia administrativa canadiense. Existe una forma mucho más directa de cooperación política, es decir, en el futuro existirán para cada caso y cada tema que se deban tratar posibilidades directas de cooperación.
El segundo aspecto consiste en que los litigios comerciales se pueden exponer directamente y ya no con las formas tan complicadas usuales anteriormente. No debemos infravalorar este aspecto. Sabemos que los litigios comerciales nos dificultan la vida, por lo que es importante que podamos hacerlo. Tenemos unas formas totalmente nuevas de acuerdos sobre la mesa y me alegra que lo haya hecho la Comisión.
En cualquier caso, señor Presidente, usted tiene toda la razón. Necesitamos un mayor acompañamiento parlamentario de los programas. Ruego a la Comisión que nos tenga permanentemente informados de lo que hace.

Van den Broek
Presidente, permítame también comenzar con el señor ponente, el Sr. Graziani, para felicitarle por su informe tan extenso y, antes de nada, hacer hincapié un momento en lo que ha comentado en su introducción sobre la catástrofe en su país. Le quiero decir también a él que esta mañana la Comisión ha prestado atención a este asunto y me gustaría aprovechar la oportunidad de expresar, en nombre de la Comisión, los más profundos sentimientos para con las víctimas del terremoto en Italia. También hemos constatado esta mañana de forma espontánea que es una pena que no seamos capaces, por falta de medios y de presupuesto, de traducir este profundo sentimiento en un apoyo práctico, aunque fuera algo puramente simbólico, porque no disponemos de ningún medio para catástrofes naturales. Sí hemos buscado la manera, y sé que el Comisario Oreja está investigándola, para ver en qué medida podemos ayudar o tal vez destinar fondos para la restauración de tesoros artísticos - y todos sabemos que la Gran Basílica de Asís ha sufrido daños en este concepto. No puedo darles ninguna noticia concreta en este momento, pero me parecía correcto prestar un momento de atención a este tema.
Por lo que se refiere al informe, me alegra poder informar al Parlamento del reciente desarrollo positivo en las relaciones entre la Unión Europea y el Canadá. Como continuación a la comunicación de la Comisión al Consejo del 28 de febrero del año pasado, el pasado 17 de diciembre se firmó una declaración política conjunta y un plan de acción. El plan de acción ya ha tenido su efecto positivo de cara a las relaciones bilaterales que ahora son más equilibradas que hace un año. Esto fue confirmado por ambas partes el pasado 20 de junio en la cumbre entre la UE y Canadá en Denver. En una reunión unas semanas más tarde con arreglo al diálogo político, el ministro de Asuntos Exteriores Axworthy manifestó que el progreso conseguido hasta entonces en el plan de acción había superado las expectativas. Según mi opinión se puede afirmar con tranquilidad que nuestras propias expectativas también se han visto superadas. Sin embargo, persisten algunos problemas en el ámbito bilateral sobre todo con relación a los diferentes puntos de vista sobre - esta tarde también se ha comentado - la aplicación extraterritorial de la legislación en el ámbito de la pesca, y asimismo se pueden mencionar algunas cuestiones relativas al comercio e inversión.
No obstante en general, Canadá es para nosotros un importante socio transatlántico con quien compartimos muchos valores y objetivos. Estoy completamente de acuerdo con las observaciones del Sr. Graziani sobre la importancia de nuestras relaciones con Canadá.
Por lo que respecta al proyecto de acción, quiero llamarles la atención sobre cuatro acuerdos con Canadá que están caso ultimados. Se trata en primer lugar del reconocimiento mutuo de normas y certificaciones. Las negociaciones han terminado y el acuerdo fue rubricado el 30 de mayo. Queda por intercambiar información de las instituciones sobre la evaluación conforme.
En segundo lugar, un acuerdo de cooperación aduanera y asistencia mutua en cuestiones aduaneras. Ese acuerdo está listo para firmar.
En tercer lugar, las normas veterinarias y fitosanitarias. Las negociaciones sobre este tema han terminado. Pero hay algunas cuestiones en relación con la situación BSE que tienen que ser tratadas con más detalle.
En cuarto lugar, en el ámbito de la competencia, también han terminado las negociaciones y se mandará el acuerdo en las próximas semanas al Consejo.
En su conjunto, creemos que se puede decir que estos cuatro acuerdos seguramente fomentarán el comercio con Canadá. También se ha empezado con los trabajos preparatorios de un estudio comercial conjunto enfocado al fomento del comercio de bienes y servicios y a la reducción o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias. El 30 de septiembre se intercambiaron los inventarios de las barreras comerciales dentro del marco de este estudio.
Asimismo, es digno de mención que Canadá es un socio importante en nuestro rechazo a las leyes Helms-Burton y d'Amato. Es un tema sobre el cual hemos debatido con nuestros amigos canadienses.
En el campo de la política exterior y de seguridad, la Unión Europea y Canadá llevan colaborando ya muchos años en foros multilaterales como la ONU y la OSCE. Como resultado directo de este proyecto de acción, la UE debatirá durante la presidencia de Luxemburgo entre expertos de alto nivel los siguientes temas: las reformas de la ONU, el desarme, la no proliferación, los derechos humanos, la Europa del Este y el Asia Central.
Como observa con razón el Sr. Graziani en su informe, Canadá juega un papel importante en la región del Pacífico. Como tal ostenta ahora la presidencia de la APEC y organizará para noviembre próximo la cumbre APEC en Vancouver.
En cuanto al último capítulo del plan de acción con el título: "fomento de las relaciones», opino que los acuerdos con Canadá en el campo de la enseñanza científica y profesional y también en el de la ciencia y tecnología, ya han dado unos resultados muy buenos.
Con referencia a las relaciones, digamos de pueblo a pueblo, quiero expresar mi satisfacción sobre la decisión canadiense del pasado abril de suprimir la necesidad para los ciudadanos portugueses de pedir un visado. Esta era una cuestión que la Comisión había debatido con Canadá en el marco del plan de acción.
En último lugar, pero no de menor importancia, quiero señalar que la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Canadá hará una visita a la capital al final del presente año y soy de la opinión que esa visita se efectúa en un momento extremadamente apropiado en las relaciones entre la UE y Canadá. Espero y confío que se culmine con éxito.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Unión Económica y Monetaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación del informe (A4-0255/97) del Sr. Willockx, en nombre de la Comisión de Asuntos Monetarios y Política Industrial, sobre los criterios de convergencia para la Unión Económica y Monetaria y la financiación de los sistemas de seguridad social en los Estados miembros de la Unión Europea.

Willockx
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me gustaría empezar dejando claro que mi informe respecto a la protección social forma parte de un conjunto. Un conjunto de tres componentes: trabajo, protección social e ingresos. Estos tres componentes forman un conjunto inseparable. En ese sentido las "tareas» que quiere proponer la Comisión a los Estados miembros, deben comprender los importantes elementos de garantía de la protección social y de los ingresos. Es sumamente importante no perder de vista durante la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, la correlación entre este conjunto de tres elementos.
Como nota marginal, me gustaría decir que está mal afirmar por una parte que la aplicación de los criterios de convergencia en el campo presupuestario y por otra, que esa no aplicación hubiera solucionado el problema del desempleo. Por otro lado, también está mal utilizar la aplicación de los criterios de convergencia como coartada para recortar la protección social y también hipotecar de esa forma indirectamente la política de empleo.
Creo además, que hemos de tener cuidado con las comparaciones artificiales con los Estados Unidos de América. Nosotros tenemos nuestro propio modelo continental. En Europa tenemos que ser fieles a este modelo propio. Estos criterios no constituyen, por lo que a mí respecta, un peligro para la financiación de la protección social. Por el contrario, en un país como Bélgica, la aplicación y el perseguimiento de los criterios de convergencia han resultado el mejor medio para garantizar la financiación de la protección social a largo plazo. Por lo tanto me niego, y quiero subrayar este punto con mucho énfasis, a reconocer la contradicción entre ambos objetivos.
En este debate se ha discutido repetidamente sobre las pensiones. En este aspecto también hemos de tener cuidado con las expresiones en forma de eslóganes. La capitalización no es un remedio milagroso para asegurar el futuro de las pensiones. Por otra parte, apoyar los sistemas de reparto por medio de una capitalización adicional no es pecado mortal, en mi opinión. Pero hay algo muy claro, hace falta prudencia, y en este sentido corroboro el punto de vista que la Comisión Europea ha formulado en su última comunicación sobre la modernización de la protección social, en la transición de un sistema a otro.
El asunto clave al que nos enfrentamos en el futuro es: ¿de qué forma podemos mantener unos sistemas de seguridad social asequibles sin debilitar la red de ayudas sociales? Doy tres elementos. El primero es una repetición: unas finanzas públicas saneadas. Es la mejor garantía para el futuro de la seguridad social ya que esto nos permitirá en el futuro disponer de más medios para ella. El segundo: creación de empleo. Ningún sistema de seguridad social puede funcionar sin un alto grado de empleo. El tercero: la modernización necesaria de los sistemas de cara a los nuevos retos. ¿Qué podemos hacer, como Europa, al respecto? Nuestra labor en esta materia no es tan grande. Sólo podemos intentar crear el marco para llevar a buen fin esta tarea que acabo de formular.
Existen tres instrumentos importantes. En primer lugar, la coordinación fiscal entre los Estados miembros en lo referente a las bases imponibles y a la tarificación. Me alegra lo que ha dicho el Presidente Santer esta tarde al respecto. En segundo lugar, la búsqueda de respuestas fiscales coordinadas a la necesidad de una financiación alternativa del sistema de seguridad social, por ejemplo el impuesto sobre el consumo de energía para financiar la bajada de la contribución del empresariado. En tercer lugar, la formulación de criterios de convergencia sociales para orientar la protección social y la política de empleo y para prevenir en el futuro el dumping social.
Señor Presidente, estimados colegas, estoy completamente convencido que cuanto más democrática sea Europa, cuanto más firmeza tendrá un sistema adaptado y modernizado de seguridad social. Por mucho que digan los teóricos: la población, los que nos eligen, no quieren y no aceptarán nunca la degradación del sistema de protección social. Cuanto más democracia haya en Europa, más resistente será nuestro sistema de seguridad social. Esta es mi firme convicción.

Chanterie
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quiero decir en primer lugar que me alegro de que tanto el ponente como la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial hayan adoptado en su gran mayoría las conclusiones de nuestra Comisión. No cabe duda, evidentemente, que la Unión Económica y Monetaria ejerce una influencia importante en la seguridad social de los Estados miembros.
No obstante, no se pone en cuestión la validez de la UEM. Justo lo contrario, los objetivos, las normas y el calendario deben respetarse plenamente. No porque formen parte de algún dogma económico, sino porque contribuyen al éxito de la UEM y por lo tanto a la estabilidad monetaria, al crecimiento económico, a una mayor competitividad y consecuentemente fomentan el empleo.
Las desventajas temporales sí nos fuerzan a preparar la seguridad social para la UEM. Sin embargo, esto debe hacerse sin poner en peligro el núcleo doble de la seguridad social. El aspecto asegurador por una parte, esto es el asegurarse colectivamente contra los principales riesgos sociales, y, por otra parte, el aspecto asistencial que expresa la solidaridad. La seguridad social es la piedra angular del modelo social europeo. Todos estamos de acuerdo, sin embargo, que la financiación de la seguridad social constituye el gran problema al que se enfrenta cada Estado miembro. La estrangulación presupuestaria nos lleva inevitablemente a preguntarnos si todos los aspectos de la seguridad social se pueden mantener y si no es preferible intervenir con prudencia cuando se trata de la renuncia forzosa de derechos y servicios.
Todavía se pierde demasiado de vista que la seguridad social no solamente está influída por la UEM, sino también por la evolución demográfica y los factores tecnológicos. Pensemos en el envejecimiento de la población. Pensemos en el cambio de la composición de las familias, el ingreso de las mujeres en el mercado laboral y el constante alto desempleo. Pensemos, por otra parte, también en el avance de la medicina y de los medicamentos, el desarrollo de la informática, la robótica, la telemática, los medios de comunicación. Tales cambios demográficos y tecnológicos llevan a una reducción de ingresos y a un aumento de gastos en la seguridad social. El desequilibrio que todo esto origina, no se puede sustentar.
La Comisión de Asuntos Sociales propone, por consiguiente, cuatro medidas. En primer lugar, la realización del mercado interior para combatir las distorsiones de la competencia y dumping social. En segundo lugar, el apoyo al crecimiento económico, entre otras cosas, por medio de inversiones adicionales y la mejora de la competitividad. En tercer lugar, el fomento de empleo utilizando por ejemplo el subsidio de desempleo como dotación para sueldos. En cuarto lugar, la revisión del sistema fiscal para reducir tanto la imposición sobre el trabajo como para contribuir a reequilibrar el presupuesto estatal.
En el proyecto de tratado de Amsterdam figura que la Unión Europea persigue un alto nivel de empleo y un alto nivel de protección social. Está puesto explícitamente. Aunque no exista ahora mismo ningún contrato social europeo, sí hay un capítulo dedicado al empleo en el Tratado de Amsterdam y se celebra en noviembre la cumbre sobre el empleo. Ojalá sirvan ambos como impulso para estas medidas que por si solas no bastarán para garantizar la financiación de la seguridad social, pero que en combinación con las diversas políticas nacionales pueden facilitar que vayamos por el camino de la unión económica, monetaria pero al mismo tiempo social, porque de eso se trata finalmente.

Donnelly
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Willockx su informe y al Sr. Chanterie su opinión. Éste es un debate muy oportuno, porque esta tarde hemos oído al Presidente Santer examinar la cuestión de la cumbre sobre el empleo que se celebrará en Luxemburgo y existe una estrecha vinculación entre nuestros sistemas de seguridad social, los niveles de desempleo y todo el futuro del crecimiento y del empleo en la Unión Europea.
Si bien este informe formula la pregunta de qué consecuencias tendrá la Unión Económica y Monetaria para los sistemas de seguridad social, los diputados a esta Asamblea de todas las orientaciones hemos de afrontar una verdad muy simple: nuestro sistema de seguridad social, independientemente de la Unión Económica y Monetaria, necesita una profunda reforma. El informe del Sr. Willockx lo señala en verdad con mucha claridad.
El Grupo Socialista quiere que se revise la seguridad social, pero, como señala el informe del Sr. Willockx, queremos hacerlo velando por el mantenimiento de la red de seguridad social. Debemos reformar el sistema, pero mantener la red de seguridad que tenemos en la Unión Europea.
El sistema establecido al final de la segunda guerra mundial ya no es apropiado para los tipos de empleo y los tipos de desempleo que tenemos hoy. Así, pues, nos gustaría que se abordaran tres cosas en el examen que se ha de hacer. Quisiera que la Comisión tal vez en sus estudios futuros y el Consejo las tuvieran en cuenta en el futuro.
La primera es el establecimiento de un nuevo sistema de seguridad social que ofrezca ayuda, adaptada a las necesidades de cada uno de los ciudadanos y centrada en la asistencia a las personas en períodos de desempleo, en lugar de excluirlas permanentemente del trabajo. Es una realidad que en algunos de nuestros países los sistemas de seguridad social excluyen permanentemente a nuestros ciudadanos del trabajo. Ésa es la razón por la que el 50 % de las personas sin trabajo en la Europa de hoy son desempleados de larga duración.
Hemos de reconocer que la factura de la seguridad social para el contribuyente va en aumento. Por esa razón, necesitamos la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea. Si creamos puestos de trabajo, podemos reducir la deuda y el endeudamiento para pagar la seguridad social. Ésa es la razón, señor Comisario, por la que esa cumbre que se celebrará en Luxemburgo es decisiva no sólo para la cohesión social de la Unión Europea, sino también para reducir el déficit presupuestario y velar por que el pacto de estabilidad y el crecimiento puedan funcionar en realidad.
En particular para nuestros jóvenes, tenemos que derribar las barreras que hacen casi imposible el paso de la recepción de prestaciones al trabajo para centenares de miles de jóvenes. En la Unión Europea hoy es virtualmente imposible para algunos de nuestros jóvenes pasar de la recepción de prestaciones al trabajo. Como socialdemócrata, he de decir a Sus Señorías lo siguiente: por amor de Dios, celebremos un debate sincero sobre esta cuestión y concibamos un sistema de seguridad social que sea sensible para con el individuo y contribuya a aprovechar al máximo las oportunidades para el empleo en la Unión Europea.

Hermann
Señor Presidente, Señorías, si he aplaudido de forma tan ostensible a los Sres. Willockx y Donnelly ha sido porque su discurso es exactamente el que me gustaría mantener. Pero no es precisamente lo mismo que figura escrito en su texto. Por ello tenemos algunas pequeñas diferencias de puntos de vista, aunque, en el fondo, me alegro de la coincidencia en las ideas y del consenso entre ustedes y nosotros.
Como muy bien ha señalado el Sr. Donnelly, es preciso conservar el sistema social, y nosotros somos favorables a ello pero adaptándolo. No es exactamente lo que dice usted: es necesario mantener la seguridad social y reforzarla si fuera necesario. No es lo mismo. Si usted hubiera dicho que hay que reformarla para adaptarla, yo hubiera estado totalmente de acuerdo. Igualmente, cuando dice que ni el cumplimiento de los criterios de convergencia, ni la fecha de la entrada en vigor de la tercera fase pueden atentar contra los esfuerzos indispensables realizados por la Unión para crear empleo, lo siento, pero esta frase es ambigua. Si pudiera leerse como usted la ha dicho en su discurso yo la votaría, pero no es eso lo que ha escrito usted.
Asimismo, en el párrafo 14 habla usted del nivel de protección social e introduce una noción de rigidez que no está ni en el discurso del Sr. Donnelly ni tampoco en el suyo. En el caso de usted, hay matices. Pero creo que el Sr. Donnelly es extraordinariamente realista y sólo puedo aplaudirlo. Probablemente se trata de la experiencia del poder, que hace las cosas un poco más comprensibles y a las personas más responsables.
Dicho esto, señor Presidente, por lo demás, este informe es excelente. Nosotros tenemos todo el interés en mantener un sistema de seguridad social y de solidaridad ya que ésta es indispensable para que el sistema económico funcione bien. Nosotros no creemos en la ley de la jungla ni creemos que el mercado pueda regularlo todo. Pensamos que el Estado tiene una función que desempeñar y los agentes sociales también. Por consiguiente han de ponerse de acuerdo, y el Gobierno igualmente, pero ello implica por su parte una concienciación de la realidad.
En efecto, como muy bien ha dicho el Sr. Donnelly, y yo lo repito, el sistema actual, tal como funciona en la mayoría de nuestros Estados, ya no es financiable, no es sostenible ante la globalización y la mundialización. Por tanto hay un esfuerzo de adaptación que hacer, y yo me alegro de que, en los discursos (desafortunadamente menos en los textos) hayamos llegado a ponernos de acuerdo sobre ese punto.
Señor Presidente, por lo demás, nuestro grupo votará sin dificultades este informe y nosotros felicitamos y damos las gracias de nuevo al Sr. Willockx.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, colegas, el grupo parlamentario liberal tiene sentimientos contradictorios sobre el informe de nuestro colega Willockx. Sí celebramos que el ponente haya tenido el valor de ir buscando el consenso durante meses. Pero a pesar de todo, nadie se reconoce en el informe. Difícilmente puedo pasar por alto que la resolución es incoherente y ambigua. Incoherente ya que, por ejemplo, es difícil afirmar a la vez que Maastricht restringe los criterios del margen presupuestario destinado a medidas sociales, pero en el fondo no lo hace porque la reducción del déficit lleva a tipos de interés más bajos, más inversiones, crecimiento, creación de empleo y por lo tanto una base impositiva más amplia. Debo reconocer, Señor Willockx, que hoy su posición ha ganado en claridad, cosa que no se encuentra tan fácilmente en el informe.
En nombre del grupo parlamentario liberal quiero dejar algunas cosas claras. En primer lugar, deseo subrayar que los países que persisten y sanean sistemáticamente sus finanzas estatales, son los que mejores índices tienen en el ámbito del empleo y crean, por lo tanto, las bases para una seguridad social asequible.
En segundo lugar, en el ámbito de las pensiones, somos de la opinión que el sistema de capitalización puede coexistir con el sistema de reparto. No se trata de sustituir un sistema por el otro, sino que ambos pueden funcionar uno al lado del otro.
Mi grupo parlamentario sí apoya el punto 6 de la resolución, en el cual se hace un llamamiento a la Comisión para que realice un estudio sobre el efecto del envejecimiento de la población en los sistemas de pensión.
Por último, colegas, dentro de poco debatiremos aquí, en el Pleno, el informe de la modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea. De nuevo se volverá a plantear el mismo tema por el Parlamento. La credibilidad de esta Asamblea ganaría en puntos si dedicáramos un único informe a este tema en vez de una serie. No sólo reduciría la montaña de papel, sino también crearía más coherencia en nuestros puntos de vista.

Theonas
(GUE/NGL) - (EL) Señor Presidente, que todo el sistema de protección social en Europa se está enfrentando al peligro inminente del fracaso total, es un hecho del que no podemos dudar. Los organismos de la seguridad social se encuentran en el umbral de una quiebra catastrófica.
El Parlamento Europeo, que es el único órgano electivo de la Comunidad y que por esta razón se supone que está más cerca de los pueblos de la Unión, debería dar una clara contestación a la siguiente pregunta: ¿Quién es responsable de esta inadmisible situación? La respuesta es, creo yo, evidente: el desempleo masivo y la política que lo genera. Pero automáticamente se presenta otra cuestión: ¿Quién se responsabiliza del paro? Aquí las respuestas que se dan no sólo ofenden al ciudadano europeo como ser pensante, sino también, al intentar poner patas arriba la realidad, exigen la continuación y la intensificación de la política responsable precisamente del aumento dramático del desempleo y de la pobreza.
Desgraciadamente, el presente informe, que insiste en confiar la lucha contra el desempleo a la Unidad Monetaria y Económica, hace lo mismo. En un momento en que debería analizar las consecuencias de la UEM en el sistema de la seguridad social, exige que se apliquen los criterios y la fecha para la tercera fase para crear -dice- un marco efectivo para un mayor empleo. ¿autoengaño o distorsión consciente? Que los mismos interesados elijan cuál de las dos cosas prefieren. El resultado es el mismo. Ignorando por completo las consecuencias de los criterios de la UEM y de los programas de convergencia en la capacidad del sistema de la seguridad social de cumplir con sus obligaciones con los asegurados y los parados, proponen el desplazamiento de las fuentes de financiación de la seguridad social, así como el desplazamiento de los recursos de los que se dispone para el subsidio de desempleo y para la formación profesional, a iniciativas de empleo; es decir, en provecho de los beneficios empresariales.
Señor Presidente, en una época en que las estadísticas demuestran que la aportación del empresariado a la seguridad social se reduce constantemente; facilitar aún más a las empresas que arruinen los recursos de la política social y que especulen a costa de los trabajadores y de sus derechos sociales, es, cuando menos, una provocación.
Si la Nueva Estrategia Integral para la creación de Empleo, tal como denominan los gobernantes a la Unión Europea, y el llamamiento a las instituciones públicas a una adaptabilidad, a una elasticidad y a una toma de sus responsabilidades significa que los trabajadores y los ciudadanos de la Unión deben renunciar a los derechos que conquistaron con su lucha; si el éxito de la política que se traza significa la plena desarticulación del modelo social europeo, entonces pueden estar seguros de que su respuesta será otra vez la lucha que, tarde o temprano, hará desaparecer no sólo la política antipopular, sino también los vehículos de esta política.

Hautala
Señor Presidente, la UEM nos obliga ya a reflexionar sobre las estructuras de la seguridad social, habida cuenta de que se han creado fuertes presiones para lograr un recorte de los gastos estatales. Se debería reflexionar también con igual entusiasmo de dónde van a sacar los Estados en el futuro el dinero necesario para, por ejemplo, financiar la seguridad social. En mi opinión, la Unión Europea no presenta una política equilibrada por lo que respecta a esta cuestión. Se ha mostrado una preocupación más que suficiente por los excesivos déficit, si bien la Unión Europea no ha logrado en absoluto hacer todo lo que estaba en sus manos para poder garantizar una financiación básica de la seguridad social, es decir, una financiación basada en los ingresos estatales. En este orden de cosas, creo que la reforma individual más importante consiste en poner un punto final a la erosión fiscal, esto es, garantizar que los factores de producción no se trasladan en vano de un país a otro en búsqueda de condiciones fiscales más ventajosas. A este respecto, queda aún mucho trabajo por hacer, especialmente por lo que respecta a la armonización de la fiscalidad indirecta.
Resulta obvio que, a medida que nos vamos acercando a la UEM, cada vez nos referimos más a un modelo europeo. No queremos tropezarnos con personas durmiendo en la calle. Incluso queremos pagar algún que otro impuesto para que las personas dispongan de una seguridad mínima. Se debe proseguir el diálogo ya emprendido acerca de los modelos de los distintos países en materia de seguridad social. Todos los países de Europa tienen seguramente algo que aportar a este modelo europeo. En mi opinión, los países nórdicos no solamente no tienen nada de que preocuparse, sino que además, en muchos aspectos, el concepto de seguridad social a escala europea se encamina hacia los planteamientos de los países nórdicos. Y puedo tomar como botón de muestra el régimen alemán de seguros en el ámbito asistencial, que representa claramente un paso en esta sentido.

de Lassus
Señor Presidente, el informe del Sr. Willockx es de una calidad extraordinaria y quisiera, por mi parte, felicitar por ello al autor y señalar que, probablemente, se trata del tema más difícil al que tendremos que hacer frente en los próximos años. La intervención del Sr. Hermann, hace unos momentos, nos ha dado una idea.
La aplicación de la Unión Económica y Monetaria y del euro, si viene acompañada de una desregulación demasiado rápida puede, efectivamente, provocar un incremento general del desempleo y un agravamiento de las condiciones de vida de una parte creciente, y ya muy importante, de la población europea. Ello principalmente porque los Estados miembros llevan a cabo políticas divergentes en materia de protección social, lo que provoca distorsiones considerables y suplementarias de competencia. Por consiguiente, es preciso acometer la aplicación de una convergencia real de nuestros sistemas de protección social. Sobre este punto deseo señalar el interés que la Comisión encontrará en explotar más amplia y decididamente las conclusiones del Libro Blanco sobre el Crecimiento y el Empleo.
Con respecto a la lucha por el empleo, debemos hacer hincapié en los presupuestos destinados a facilitar la inserción y el retorno a la situación de empleo, en el plano regional, apoyándonos principalmente en el excelente tejido asociativo que lucha, en la actualidad, por responder a ello pero sin medios suficientes. Es preciso también conseguir un principio de convergencia de las políticas del seguro de enfermedad de los Estados miembros teniendo mucho cuidado de no reducir el campo que hoy cubre el seguro de enfermedad, gestionado por instituciones públicas o de interés general, con el fin de que la salud de los europeos no se quede solamente en el comercio del seguro privado. Ello implica muchas decisiones nuevas, de las cuales la más urgente es sin duda la aprobación de una directiva sobre la mutualidad.
Finalmente, quisiera aportar el apoyo del Grupo de Coalición Radical Europea a las decisiones que pudieran tomarse para impulsar la transferencia progresiva de los recursos necesarios al sistema de seguridad social hacia la fiscalidad de capitales y la fiscalidad de energías no renovables, de forma que se reduzcan otro tanto las cargas que todavía pesan enormemente sobre los salarios en detrimento del empleo.

Blokland
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Willockx es un informe problemático. Tal vez sea la única conclusión con la cual estamos todos de acuerdo hoy. Desde luego, admiramos el valor del ponente, que, por así decirlo, ha metido su mano en un avispero. Pero la pregunta previa es si todo esto era necesario. Quien lea la opinión de la Comisión Social sabe la respuesta: no. Porque el informe no trata en absoluto de las consecuencias de la UEM sobre la financiación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea.
A esto hay que añadir que el informe es contradictorio. Fijémonos en la primera observación, que plantea que el modelo social actual debe mantenerse. Si buscas la solución de un problema no debes apagar la lámpara, sino arrojar su luz sobre todas las soluciones creativas. El reto de la creciente competencia mundial urge una respuesta adecuada. Según el "World Economic Outlook» del FMI de este mes, para poder reducir el paro hacen falta en la Unión Europea reformas drásticas en los ámbitos de la seguridad social y de la política de empleo. Es que una UEM requiere una mayor movilidad laboral. Quien considera esto socialmente inaceptable, ha de ser consecuente y borrar a la UEM de su lista. Sin embargo, el ponente no lo hace.
Por último, este informe es anticuado. Está de espaldas al futuro. Destinar subvenciones para la creación de empleo y la reducción de diferencias interregionales no lleva a nada. Abortan cualquier iniciativa innovadora. De esa manera a nadie se le estimula para ganarse el sustento. El estado debe tomar medidas por supuesto para combatir el dumping fiscal, social y medio ambiental. Pero esto se puede combinar perfectamente con un desmantelamiento del estado de bienestar. Porque, ¿es justo endosar a nuestros hijos las enormes obligaciones de pago porque nosotros eludimos nuestra responsabilidad?

Lukas
Señor Presidente, este informe muestra de un modo muy claro qué abanico de medidas deben aplicarse precisamente en el campo de la política social y de empleo en relación con los preparativos de la Unión Monetaria. Cada una de las sugerencias y exigencias expuestas por el ponente son concluyentes y creo que deberían apoyarse. No obstante, soy de la opinión de que todos estos puntos están en contradicción con el apartado 1. Precisamente el hecho de que aún no existen sistemas fiscales coordinados, de que hasta ahora no se han logrado sanear de un modo socialmente defendible los presupuestos estatales y de que los Estados miembros empeoran la base de los sistemas de seguridad social para lograr los criterios de convergencia, son señales de que habría que reconsiderar la fecha de la introducción del euro.
En este contexto, en Austria se celebrará a comienzos de diciembre una iniciativa popular para la celebración de un referéndum sobre este tema. Mediante esta importante acción democrática se quiere proporcionar al ciudadano la posibilidad de ocuparse críticamente de una cuestión que le afecta personalmente. Consideramos erróneo que se le intente hacer creer mediante acciones publicitarias y propagandísticas que no existen problemas de naturaleza social y de empleo derivados de la introducción de la Unión Monetaria.
La Unión Monetaria Europea debe ser la última e importante fase del mercado interior y debe tener lugar en un momento en que al menos se hayan solucionado los problemas más graves, también los de naturaleza políticosocial, y se hayan creado realmente las condiciones previas más importantes.

Katiforis
Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo hoy ha originado un amplio y largo debate en la Comisión de Asuntos Económicos. Hace ahora más de veintidós meses desde que celebramos nuestro primer intercambio de opiniones al respecto. Dadas la importancia y la delicadeza de este asunto, nuestro ponente ha guiado a la comisión con destreza a lo largo de ese período hasta que pudimos llegar a una conclusión y aprobaba sin votos en contra. Ello dice mucho a favor del ponente, por lo que merece nuestra felicitación.
No obstante, siguen pendientes cuestiones fundamentales, la verdad. No todos hemos podido convenir en los efectos de los criterios de convergencia y del pacto de estabilidad, en particular, en la economía europea. Soy de los que creen que tienen y seguirán teniendo efectos deflacionarios. Además, la moneda única expone a los Estados miembros al peligro de sacudidas asimétricas en la demanda, que ya no se podrán contrarrestar mediante un reajuste del tipo de cambio. Naturalmente, no abogo por que se abandone la moneda única, con los grandes beneficios y el histórico cambio que está aportando a los asuntos europeos, pero necesitamos antídotos. El antídoto importante en este caso es una política social y de empleo paneuropea y coordinada. Mediante nuevos impuestos, si es necesario, como el impuesto sobre ingresos extraordinarios que con tanto éxito se ha aplicado recientemente en Gran Bretaña y con la que se financió una importante campaña contra el desempleo.
Hay que formular una última pregunta fundamental. Después de que se haya aplicado toda la diestra cirugía de que el Sr. Donnelly ha hablado tan justificadamente, ¿seguirá el nivel de vida del trabajador europeo siendo el mismo o disminuirá y se desplomará incluso hacia el nivel del trabajador del tercer mundo, al que se ha hecho referencia al hablar de la mundialización?

Frischenschlager
Señor Presidente, este informe se esfuerza sinceramente por atacar los problemas, si bien en campos muy tradicionales y plantea algunas cuestiones básicas a las que me voy a referir. En primer lugar, en el informe se dice que no debe producirse un desmontaje social. Por supuesto que nadie quiere esto. Pero tenemos que añadir sinceramente que es inevitable una transformación de nuestras estructuras sociales, de nuestros sistemas de seguridad social, incluyendo el peligro de que aquí y allí se produzcan también recortes.
Segundo punto: en el informe se dice que en el sector de las pensiones no se espera mucho de un cambio del sistema de reparto al de capitalización. Que esto duraría demasiado tiempo, también lo sé yo. Pero habría que decir también muy claramente que en el futuro la propia financiación de las pensiones va a desempeñar un papel central.
El tercer punto se refiere a la cumbre del empleo en Luxemburgo. El Sr. Presidente del Consejo Juncker subraya siempre que no va a ser una cumbre de desregulación. De acuerdo, esto por si solo sería realmente demasiado poco. Espero que en esta cumbre del empleo se trate también sobre la necesidad de modificar y flexibilizar nuestras estructuras económicas y laborales.
El informe señala tímidamente hacia el futuro en dos campos. En el primero, cuando se refiere a la reforma fiscal ecológica, es decir, el traspaso de las cargas fiscales del trabajo hacia la energía, el consumo, etc. Pero sólo quiere analizarlo y esto no es suficiente para mí. Sabemos que es uno de los instrumentos de futuro. Debemos tener la voluntad política para hacerlo realmente.
En el informe se cita el informe de la Comisión del año 1995 sobre el futuro de la protección social, en el que se dice que se cuestiona la relación directa, la rígida vinculación, entre los pagos de cuotas de los asegurados y la cobertura del riesgo. Creo que deberíamos ocuparnos seriamente de la cuestión de una previsión básica, pues el trabajo va a ser menos y el hueco existente entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen va a agrandarse. Pero la solidaridad social tiene que abarcar también a aquellos que no han contribuido lo suficiente al sistema de seguridad social a través de su actividad remunerada.

Ribeiro
Señor Presidente, Señorías, éste es un debate más en el que se ilustran claramente los intentos de «cuadrar el círculo» o de «hacer circular el cuadrado». En el poco tiempo de que dispongo para un asunto tan urgente, alabo el esfuerzo del ponente, que ofrece algunos considerandos muy pertinentes, si bien saca las conclusiones contrarias al que parecería desenlace lógico de los considerandos. Pero conviene no olvidar que se trata de un informe de la Comisión de Asuntos Económicos, más preocupada por la UEM y por los efectos de la financiación de la seguridad social en ella que por la seguridad social y los efectos de la UEM en la situación y la protección social de los ciudadanos.
A este respecto resulta urgente y fundamental una observación sobre la perspectiva que se va consensuando de que «la seguridad social protege a los ciudadanos contra riesgos de carácter social», que se encuentra en documentos comunitarios, como también en documentos de los Estados miembros: por ejemplo, en el Libro Verde portugués al respecto. Considero que esa perspectiva puede ser muy perversa, si substituye otra según la cual la seguridad social consagra derechos de quien haya nacido, viva, trabaje o trabajó, como derechos sociales y correlativos a obligaciones de la sociedad para con los individuos. No se trata de una cuestión de seguros individuales y cálculos de actuarios, sino de derechos humanos en consonancia con la época en que vivimos.
Por otro lado, no es inocente la forma como se escamotea, en la consideración del grave problema de la financiación de la seguridad social, la responsabilidad de quien no cumple con sus obligaciones sociales de contribuir a esa financiación -obligaciones que aún lo son, al menos mientras no se modifiquen los sistemas, que existen y no se cumplen-, sin que se haya subrayado y sin que se responsabilice a quien falta a sus deberes.

Cellai
Señor Presidente, espero que no lo encuentre mal, pero, habida cuenta de que solicité la palabra al comienzo de esta sesión y no fui atendido, siguiendo ahora el ejemplo del Sr. Graziani, comenzaré mi intervención sobre el informe Willockx con una pequeña transgresión. Deseo, en efecto, subrayar la gravedad de la situación que se ha creado en Italia, en particular en Umbría y las Marcas, a raíz del reciente catastrófico terremoto, así como reiterar a la Presidencia, a la Comisión de Presupuestos y a todos los colegas lo indispensable que es prever con urgencia unos fondos para las catástrofes naturales, también con vistas a la ya próxima votación del presupuesto de la Unión Europea para 1998. Así las cosas, resulta que el Gobierno italiano no ha remitido ninguna petición oficial de ayuda, pero Europa no puede seguir ausente e impasible ante unos sucesos tan graves que han causado muertos, miles de millones de daños, miles de personas sin hogar y sin trabajo y que han afectado a un gran número de obras de arte que no sólo son patrimonio italiano y europeo, sino universal.
Pasando al informe del Sr. Willockx, los criterios de convergencia son un poco la cruz y el deleite de los Estados miembros. Por un lado, si bien es cierto que la convergencia limita el margen de maniobra del presupuesto de cada uno de los Estados miembros e impone la reorganización de los sistemas de previsión social, por el otro, el respeto de los criterios de convergencia aumenta la eficacia global de la economía europea y refuerza su posición en la economía mundial, favoreciendo el crecimiento y el empleo. El problema quizás es ligeramente distinto y reside en el hecho de que hasta la fecha no se ha adoptado un cuerpo de leyes y reglamentos comunitarios, incluso mínimos, en materia de política fiscal y financiera. El dumping fiscal reduce los ingresos del Estado, aumenta la carga impositiva a cargo del trabajo en favor de los capitales y obstaculiza las políticas asistenciales de los Estados miembros. En este sentido, sin embargo, parecen por fin alentadores los resultados conseguidos por el Consejo ECOFIN del pasado 13 de septiembre. Al parecer, los Quince están dispuestos a avanzar en lo referente a la armonización fiscal e, incluso, se proyecta que ya a finales de año, durante el Consejo Europeo, podrán tomarse las primeras decisiones entre las cuales está la aprobación del código de conducta en materia fiscal.
Habrá que luchar contra la desfiscalización competitiva -lo ha recordado precisamente esta tarde el Presidente Sr. Santer, a propósito del empleo- y la competencia desleal, sin aumentar la presión fiscal. Hay que corregir a la baja el nivel de imposición, en especial los impuestos directos e indirectos sobre la mano de obra asalariada, cuyo peso creciente está produciendo un efecto desastroso en la ocupación.
Sería deseable, como señala acertadamente el informe, la creación de un Fondo para la concesión de ayudas contra el desempleo en favor de los Estados miembros más necesitados. Hay que tener en cuenta que la falta de un acuerdo europeo con respecto a la protección de los trabajadores, permitirá a las industrias implantarse en regiones donde la población activa costará menos y está menos protegida, con el riesgo de que los sistemas nacionales se armonicen sobre la base de un nivel más bajo de seguridad social. Nuestra preocupación reside en que en esta carrera desenfrenada para fortalecer las posiciones dominantes de las industrias nacionales en el libre mercado, se favorezca la erosión del sistema de protección social y ello debido a que los Gobiernos nacionales pueden recortar los gastos destinados a la protección social para ser competitivos. Si queremos evitar este peligroso panorama, debemos emplearnos a fondo a fin de que la Unión Europea tenga cierto grado de maniobra en el ámbito de la protección social. Las políticas deben armonizarse a escala europea: si ha de existir una unión económica eficaz, creo que, con mayor razón, si queremos mantener realmente la cohesión económica y social de la Unión Europea, los estándares sociales a escala europea son un requisito previo importante.

El Presidente
Muchas gracias, señor Cellai, y gracias por sus compasivas palabras sobre las personas afectadas por el terremoto. Celebro mucho que usted haya pronunciado estas palabras durante su intervención. Muchas gracias una vez más.

Ettl
Señor Presidente, señoras y señores, quiero felicitar al Sr. Willocks por haber mostrado claramente en su informe cómo se condicionan recíprocamente la política social y económica y que no se excluyen o representan una contradicción. Pero también por ello, dentro de los 15 Estados miembros de la Unión Europea se ha convertido casi en una práctica echar exclusivamente sobre los hombros de la UE la presión de reforma que existe en muchos niveles de la política.
Hoy se puede ver ya que los criterios de convergencia se toman como excusa para no reformar lo sistemas de seguridad social sino para desreglar. Todos tenemos claro que esto no es la base adecuada para mantener el bienestar sino que tenemos que ver los problemas de un modo más amplio. Nuestro objetivo es una auténtica UE caracterizada por la armonía social y no una zona de libre comercio más avanzada que deje de lado la política social. Naturalmente, no debemos infravalorar la evolución demográfica. Solamente en el último decenio, la esperanza de vida ha aumentado entre dos y tres años. Este dato tiene que ser ya suficiente desafío para tratar más a fondo la cuestión del nivel de vida. Sin duda, es necesario trasladar la carga fiscal del factor trabajo al capital, al consumo energético y a la contaminación medioambiental así como a la creación de valor. Pero las distorsiones de competencia más grandes a las que hoy nos enfrentamos se deben a la diferencia de los sistemas fiscales. Es aquí donde hay que actuar pues esto conduce más directamente al objetivo que presionar indiferenciadamente sobre los sistemas sociales o los mecanismos sociales de protección. Por ello, condiciones previas esenciales para colocar sobre un nivel estable la financiación de los sistemas de seguridad social, son una política fiscal europea que se oriente al memorándum Monti de la Comisión, unida a un pacto social europeo para solucionar el problema del paro y una continuidad del crecimiento económico. En la UE es más que necesario un debate sobre el futuro de la protección social y precisamente el Parlamento Europeo podría realizar una aportación positiva con todas nuestras iniciativas. Las mejores sugerencias al respecto se encuentran en los informes.

Elmalan
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial reconoce que los criterios de convergencia limitan el margen de maniobra presupuestaria del que disponen los Estados para satisfacer su misión social. Esta presión sobre el presupuesto puede acarrear dificultades para la financiación de la protección social.
En lugar de profundizar en esta cuestión, el informe evacúa todas las contradicciones y se conforma con reafirmar que han de ser aplicadas sin restricciones las disposiciones relativas a la Unión Económica y Monetaria. Por supuesto, el informe tiene en cuenta los problemas planteados, pero se inscribe plenamente en la lógica actual que ha de llevar a la moneda única.
Hubiéramos podido apoyarnos de forma útil en un estudio del Observatorio Social Europeo relativo a los desafíos sociales de la Unión Económica y Monetaria, que dice que ésta es intrínsecamente portadora de desregulaciones sociales. Para ser competitivos y poder responder a choques externos, los Estados miembros no podrán más que «ajustar los niveles de precios y salarios a través de la fiscalidad y de los sistemas de seguridad social». Este estudio señala igualmente que la Unión Económica y Monetaria permitirá ejercer una presión sobre los sindicatos, con el fin de que éstos acepten unos niveles salariales y de subsidios inferiores en nombre del mantenimiento de la competitividad.
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos va en este sentido al pronunciarse por una reducción del coste del trabajo mediante la reducción de las cargas empresariales. Su análisis y propuestas están lejos de lo que están viviendo los ciudadanos europeos. La sumisión a los mercados financieros, que han impuesto la moneda única y sus criterios, conlleva la aceleración de la desregulación en todos los sectores, la puesta en tela de juicio de los servicios públicos y el desmantelamiento de los sistemas de protección social. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales van tomando conciencia de esta realidad cada vez más (se puede ver en Italia actualmente) y están iniciando acciones.
El relanzamiento del poder adquisitivo, el desarrollo de los servicios públicos, la reducción del tiempo de trabajo sin disminución de salario, la evaluación de los movimientos especulativos de capitales para disuadir a los especuladores son pistas que el informe ignora deliberadamente y que, sin embargo, permitirían abrir la vía para otra construcción europea, cuyo motor sería el empleo y el progreso social.

de Silguy
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la reflexión que nos propone hoy su ponente, el Sr. Willockx, viene en el momento preciso para recordarnos la finalidad de la Unión Económica y Monetaria, y yo deseo sumar mis felicitaciones a las de esta Asamblea en el día de hoy.
El euro no es un fin en sí mismo. Debe ser un instrumento al servicio del crecimiento y del empleo. Debe también ser garante de nuestro sistema de protección social. Como señala su ponente, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea encomienda a la Comunidad el objetivo de «promover un alto nivel de empleo y de protección social». Esta Asamblea también se plantea legítimamente la cuestión de la financiación de los sistemas de seguridad social en los Estados miembros, en el marco de la Unión Económica y Monetaria. Este tema preocupa igualmente a la Comisión que, el pasado mes de marzo, aprobó una comunicación titulada «Modernizar y mejorar la protección social en la Unión Europea» que, por cierto, responde ampliamente a las cuestiones que acaba de plantear la Sra. Kestelijn-Sierens hace unos instantes.
Con relación a sus debates quisiera hacer, brevemente, dos observaciones. La primera tiene relación con la evolución demográfica europea y sus posibles consecuencias sobre la financiación de los regímenes de la seguridad social de los Estados miembros en el futuro. La segunda es relativa a la dirección de las finanzas públicas para garantizar un buen funcionamiento de los sistemas de seguridad social.
En primer lugar, las dificultades de financiación con las que podrían encontrarse en el futuro los regímenes de la seguridad social en Europa (contesto ahora al Sr. de Lassus) serán de orden demográfico. El envejecimiento de la población se verá materializado por cargas crecientes y por una población activa cada vez más reducida. En efecto, la tasa de empleo en Europa, es decir, la relación entre empleo total y población en edad de trabajar, ha pasado de un 67 % en 1960 a un 59 % en la actualidad. A título de información les recuerdo que, tanto en Estados Unidos como en Japón supera en la actualidad el 73 %.
Sobre la base de la misma política, las cargas que gravan las finanzas públicas irán incrementándose con las consecuencias siguientes: Primera, aumentará la carga de las jubilaciones y de los gastos de salud vinculados al envejecimiento. La relación de los gastos de jubilaciones con respecto al PIB debería aumentar de 3 a 4 puntos entre 1995 y el 2030, lo cual es mucho. Segunda consecuencia: el cambio de la estructura de edades de la población debería llevar a un aumento de la demanda de los servicios y de las transferencias sociales lo que, presumiblemente, agravará también el gasto público.
¿Cuáles serán los efectos de esta evolución demográfica? De orden presupuestario en primer lugar, pero también tendrán implicaciones en el mercado del trabajo. Efectivamente, por una parte, el ahorro nacional debería disminuir de forma significativa con el agravamiento de la situación de las cuentas presupuestarias. Igualmente, según un reciente estudio de la OCDE, la evolución del ahorro privado debería verse afectada de forma negativa por el envejecimiento de la población. Por otra parte, la movilidad en el mercado de trabajo será menor. El segmento de edad entre los 20 y los 30 años disminuirá en 9, 4 millones de personas, mientras que la de 50-60 años aumentará en 5, 5 millones. La reducción de la movilidad por razones profesionales y geográficas que se derivará podría afectar, además, negativamente al crecimiento y a la productividad.
Estas perspectivas pueden resultar preocupantes para las generaciones futuras. Por tanto, deben llevarnos a tomar, para preservar la cohesión económica y social y asegurar el correcto funcionamiento de la seguridad social en Europa, y en definitiva, salvaguardar el modelo social europeo (por encima de la simple red de seguridad, señor Donnelly), en este sentido, la realización de la Unión Económica y Monetaria (el 1 de enero de 1999, Sr. Lukas) puede aportar elementos de solución.
Como señala el ponente de ustedes, no es peligroso el saneamiento de las finanzas públicas vinculado a la realización de la Unión Económica y Monetaria. Incluso constituye la mejor garantía para la salvaguarda de los sistemas sociales en Europa, y diría que también para el empleo. Pero este reequilibrio presupuestario ha de verse igualmente acompañado de auténticas reformas estructurales, y el Sr. Chanterie lo ha señalado hace unos momentos.
Para hacer frente a este desafío demográfico y estar en condiciones de tomar las decisiones políticas necesarias (los arbitrajes habrán de ser políticos) los Estados miembros han de encontrar, en primer lugar, márgenes de maniobra presupuestaria suficientes. El marco presupuestario introducido por la Unión Económica y Monetaria proporciona un medio. En un primer momento, es preciso considerar el respeto por la regla del cuasi equilibrio del presupuesto que, por cierto, figura en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si se mantiene el ritmo actual de saneamiento de las finanzas públicas, y ello debería ser posible con el relanzamiento del crecimiento, este objetivo de cuasi equilibrio debería alcanzarse en el 2002, es decir, varios años antes de que el desequilibrio demográfico dejara sentir sus efectos.
El año 2010 será el del déficit demográfico más importante para la Unión Europea. Hasta ese momento, el impacto del envejecimiento de la población será mínimo. Por consiguiente, los Estados miembros disponen de un lapso de tiempo suficiente para prepararse para las necesarias adaptaciones. Esta preparación ha de iniciarse, sin embargo, desde ahora, y ese esfuerzo pasa por verdaderas reformas estructurales. De sus intervenciones, señoras y señores Diputados, he comprendido que todo el mundo coincidía en este punto, aunque las soluciones planteadas fuesen diferentes según los oradores.
Las reformas estructurales que hay que emprender tienen relación tanto con los sistemas fiscales, y algunos de ustedes lo han señalado, como con los sistemas sociales o los sistemas de jubilación propiamente dichos. La reforma del Estado providencia está en el centro de los ajustes necesarios, y es indispensable para asegurar el carácter duradero de la consolidación presupuestaria ya que es preciso compatibilizar los objetivos de solidaridad y de protección social con el del control del gasto público. Como señala con toda razón su ponente, serán indispensables reformas fiscales adaptadas, lo que no quiere decir, señor Katiforis, que sea preciso necesariamente subir todos los impuestos pero, a falta de esas reformas, la armonización social sería mucho más difícil.
Por ello, la Comisión ha relanzado la armonización fiscal, y los trabajos progresan en el seno del grupo de nuestro colega Monti. Algo que, por otra parte, han señalado muchos de ustedes y, especialmente, el ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Por ello insiste también la Comisión para que la armonización social se lleve a cabo mediante el diálogo social.
No intervengo sobre el aspecto "empleo», ya que el Presidente Santer y Padraig Flynn han tenido ocasión, hace unos momentos, de presentarles con amplitud las líneas directrices que ha adoptado la Comisión con vistas a la cumbre sobre el empleo, pero me parece que marcan un elemento totalmente innovador en el marco de esta voluntad de volver a crear empleo en Europa, algo que, sin duda, estará orientado hacia un saneamiento de nuestras cuentas sociales.
Finalmente, la reforma de los sistemas de jubilación es también una prioridad. En la mayoría de los países se está desarrollando el sistema de jubilación por capitalización. Se trata de una evolución positiva, en la medida en que un sistema equilibrado ha de basarse al mismo tiempo en el reparto y en la capitalización. Sin embargo, una evolución así sólo puede ser progresiva, como recuerda, con toda razón una vez más, su ponente. Y la creación de fondos de pensiones no debe poner en duda de forma brutal los sistemas de reparto existentes sino que debe completarlos. Creo, además, que el Sr. Frischenschlager lo ha señalado hace unos instantes.
Como conclusión, señor Presidente, señoras y señores Diputados, permítanme señalar que la Comisión se felicita por la aportación del Parlamento Europeo en este expediente especialmente sensible y delicado. Su informe participa así de forma muy útil en la concienciación que va surgiendo en Europa. Muchos Estados se entregan con valentía y determinación a poner en práctica las reformas fiscales y sociales necesarias. La cultura de estabilidad que acompaña a la introducción del euro refuerza las condiciones para el éxito de esta necesaria adaptación, y es aquí donde aparece la Unión Económica y Monetaria como la mejor salvaguarda del modelo social para el futuro.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Silguy.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Convención sobre el Derecho del Mar
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A4-0283/97) del Sr. Cot, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre
la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración por la Comunidad Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Convención (COM(97)0037 - COM(97)0037/2-9032/97 - C4-0477/97-97/0038(AVC)).

Cot
Señor Presidente, debo referirme, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, a la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración por la Comunidad Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha convención.
Esta Convención, llamada de Montego Bay, o de Jamaica, sobre el Derecho del Mar, es un texto fundamental que, además, fue firmado por la Comunidad Europea el 7 de diciembre de 1984, al igual que el acuerdo suplementario, que la Comisión firmó el 16 de noviembre de 1994. Evidentemente, se nos plantea una primera pregunta: ¿Por qué llegan ahora estos textos, casi quince años después de la Convención de Montego Bay? La respuesta es porque la organización internacional que somos, con respecto a la Convención, sólo puede presentar su instrumento de confirmación formal si la mayoría de los Estados miembros, es decir, de los Estados miembros de la Comunidad, han cumplimentado esta formalidad.
Esta adhesión a la Convención sobre el Derecho del Mar nos parece indispensable, en primer lugar por las competencias propias de la Comunidad en lo relativo al Derecho del Mar, por las competencias en materia de política comercial, de pesca o de medio ambiente. El retraso con el que procederemos a la ratificación, lo señalaré inmediatamente en atención a nuestros colegas, no provoca ningún perjuicio a la Comunidad Europea, ya que ésta es miembro de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, es decir, del instrumento de ejecución de las disposiciones de la Convención sobre este capítulo, aunque a título provisional, es cierto. Perderíamos este privilegio si no autorizásemos la adhesión antes del 16 de noviembre de 1998, es decir, en un año.
El principal problema que se plantea, a mi juicio, es el de la solución de los conflictos. El artículo 287 del Convenio propone decidir entre cuatro procedimientos: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, un Tribunal arbitral constituido de conformidad con el anexo 7 de la Convención y un Tribunal arbitral constituido de conformidad con el anexo 8.
Ahora bien, en este asunto, la Comunidad ha decidido no decidir. La decisión que se nos ha sometido señala solamente que el Consejo se compromete a examinar, de acuerdo con una propuesta de la Comisión y en un plazo razonable, tras un período suficiente de funcionamiento, los procedimientos de solución de conflictos previstos en la Convención y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 1998 si está en el interés de la Comunidad la decisión de un procedimiento de solución de los conflictos diferente del arbitraje.
Esta fórmula alambicada plantea tres problemas. En primer lugar, un problema de fondo. La decisión me parece incómoda. Por mi parte, hubiera preferido que la Comunidad prestase ayuda a la constitución del nuevo Tribunal de Hamburgo, o, al menos, manifestase su confianza en el Tribunal Internacional de Justicia. El segundo problema diría que es de "billar». Durante la ratificación del acuerdo sobre la Convención de las Naciones Unidas relativa a la conservación y gestión de las reservas de pesca cuyo desplazamiento se realiza tanto en el interior como en el exterior de zonas exclusivas (véanse las especies que son así consideradas) la Comisión declaró que, en materia de solución de conflictos, aplicaría el modo elegido en el momento en que la Comunidad ratificase la Convención sobre el Derecho del Mar.
Ahora bien, en este caso particular, el coste de las bolas de billar es tan alto que no permite marcar ninguno de los dos puntos que se habían previsto y provoca que las dos Convenciones queden en el aire en cuanto al modo de solución de conflictos.
Finalmente, el tercer problema es el del procedimiento. Al dar nuestro dictamen conforme a la totalidad de la Convención ya no podemos participar posteriormente en la decisión sobre este punto particular y sin embargo esencial. Pido también al Sr. Van den Broek, en nombre de la Comisión, que, cuando llegue el momento, se comprometa a consultar al Parlamento sobre el contenido y las modalidades de la solución que haya que fijar sobre el punto relativo al procedimiento de solución de conflictos.
Por todas estas observaciones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos les propone, por unanimidad, después de haber examinado los dictámenes de la Sra. Van Bladel, de la Sra. Langenhagen y del Sr. Collins, que aprueben la decisión.

Añoveros Trias de Bes
Señor Presidente, quisiera iniciar esta intervención felicitando al Sr. Cot, nuestro vicepresidente en el Parlamento, profesor también de la Universidad, por su magnífico informe, y sumarme a la totalidad de las precisiones que ha establecido en este informe. Quiero poner de manifiesto también, como conocedor del tema, de la gran importancia que tiene esta Convención. Yo he seguido sus vicisitudes desde la Conferencia del Mar hasta la conclusión de la Convención en Montego Bay, Jamaica, en 1982.
En esa Conferencia ocurrieron cosas muy reseñables, como el protagonismo importantísimo de los Estados pequeños, y por eso los representantes en la Conferencia quisieron que se acordase una convención de amplio espectro. Exigieron 60 ratificaciones como mínimo para que la Convención entrase en vigor, y ese es el motivo por el cual tardó 12 años en entrar en vigor. El acuerdo de aplicación de la parte XI de dicha Convención ya tuvo menos dificultades.
Se trata de una Convención -y sigo resaltando su importancia- que define de una manera adecuada el Derecho del Mar en cuanto a sus aspectos económicos. Es de tanta importancia que, antes de entrar en vigor tras la llegada de la 60ª ratificación, había creado ya normas internacionales de carácter consuetudinario. Por lo tanto, si no hubiese llegado a entrar en vigor, hubiera sido también muy importante porque ella misma había producido costumbres de carácter internacional, como sobre la zona económica exclusiva, por ejemplo, y, por lo tanto, sobre competencias importantísimas hoy atribuidas, como ha dicho el Sr. Cot, a la Comunidad.
El Parlamento, por medio de este informe, debe emitir su dictamen sobre la decisión del Consejo que examina la conveniencia de que la Comunidad sea parte tanto del Convenio como del acuerdo de aplicación. Y la propuesta de decisión del Consejo se centra -y ratifico lo que ha dicho el profesor Cot- en dos grandes cuestiones: en primer lugar, en la distribución de competencias -porque gran número de temas, atribuidos por el Convenio y por el Acuerdo, corresponden, en virtud de los Tratados, a la Comunidad y, por lo tanto, debe forzosamente llegarse a una atribución de competencias respecto de los países que forman parte de la Unión Europea- y mediante el depósito de un instrumento de ratificación, la participación de la Comunidad quedará finalmente consolidada y el problema resuelto.
En segundo lugar, existe otro problema importante: el de la resolución de las controversias que va a aplicar la Convención. Desgraciadamente, no nos da una salida. Por eso, creo que con gran acierto y muy buen criterio el Sr. Cot se dirige al Comisario para preguntarle si es posible que esa indefinición quede resuelta a este respecto. El artículo 287 establece varios métodos, pero ni el Consejo ni la Comisión han querido definirse a este respecto. La única opción que queda en manos de esta Asamblea es confiar en la buena fe de las otras instituciones y solicitar de la Comisión -que propondrá el medio- y del Consejo -que decidirá sobre la propuesta- que, cuando procedan a su examen, vuelvan a consultar al Parlamento y tengan en cuenta sus opiniones. Yo pido, como ha hecho el Sr. Cot, al Comisario que esto sea una realidad.

Vaz da Silva
Señor Presidente, la adhesión oficial de la Comunidad Europea a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar concluye un largo y difícil proceso en el que los europeos no siempre supieron reconocer sus verdaderos intereses, proceso iniciado en 1982 con su firma y que pasó por su entrada en vigor en 1994 con la ratificación inicial de 60 Estados miembros.
Para Portugal, país históricamente vinculado al mar y que ha protagonizado en los últimos años, junto con otros Estados pequeños, la lucha por la formulación concreta de normas internacionales que protejan el insubstituible patrimonio de los océanos, ese acto de adhesión de la Comunidad Europea tiene una gran importancia simbólica. En efecto, por iniciativa portuguesa se declaró el año 1998 «Año Mundial de los Océanos» y gracias a un gran empeño del Gobierno de Cavaco Silva se consiguió por las mismas fechas para Lisboa la Exposición Universal de 1998 con el tema «Océanos: un patrimonio para el futuro».
En agosto de 1998, la Comisión Mundial Independiente de los Océanos, creada por la UNESCO en 1995 bajo la presidencia de un portugués, el ex presidente Mário Soares, presentará su informe final en Lisboa. Estoy segura de que la reflexión de esa comisión sobre el enorme potencial de los océanos indicará soluciones que contribuirán a la puesta en práctica de verdad de esa Convención sobre el Derecho del Mar, teniendo también en cuenta las conclusiones de Río, en su capítulo 17, sobre «mares y zonas costeras».
Ahora bien, para ello será preciso superar las aparentes oposiciones que se arrastran indefinidamente entre los que defienden concepciones tradicionales basadas en usos establecidos y los que defienden concepciones intersectoriales e integradas. Los intereses de unos y otros deben ser -y son- compatibles. Los océanos son, sin duda alguna, un espacio tridimensional que exige una gestión integrada de recursos. Europa no puede por menos de beneficiarse, a raíz de su adhesión oficial a la Convención, al presentarse como abanderada de una concepción innovadora que formule propuestas concretas para su transposición al Derecho comunitario, con lo que abrirá las puertas al siglo XXI. Para ello es necesaria la creación de una Agencia Europea de los Océanos y una concepción de la gestión de recursos que equilibre no sólo los derechos de los Estados ribereños y los de los Estados que tradicionalmente pescan en alta mar, sino también el derecho colectivo a esos mismos recursos.
Pero permítame, señor Presidente, para terminar, que denuncie la clamorosa contradicción que se da de momento en Portugal. Después del liderazgo que ha asumido en los últimos años con los resultados que he mencionado, resulta que mi país no figura entre los 120 firmantes -hasta la fecha- de la Convención. ¿Será distracción, falta de visión o qué será?

Van den Broek
Señor Presidente, también la Comisión agradece al Sr. Cot su extraordinario informe y apoya con sinceridad el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión se alegra de que se tome este último paso tan importante con el cual la Comunidad se convertirá pronto en parte de la Convención siguiendo los pasos de la mayoría de sus Estados miembros. Representa una evolución real en la realización paulatina del Derecho internacional en este ámbito y constituye un ejemplo de cooperación para la celebración de Convenciones.
La Comunidad ha participado activamente con los Estados miembros en las diferentes fases de las largas negociaciones que tenían por objeto constituir un orden jurídico marítimo global, de aceptación universal. Esta Convención cubre aspectos donde la CE tiene amplias competencias, en especial en el ámbito de la pesca, del medio ambiente, del comercio y de la seguridad marítima. El informe remite con razón a la importancia de la Convención para los intereses pesqueros de la Comunidad. La Comunidad como región ribereña, que tiene intereses pesqueros muy importantes en alta mar y que al mismo tiempo gestiona los recursos pesqueros en las aguas bajo jurisdicción de sus Estados miembros, aspira a conseguir un equilibrio entre los intereses de los países ribereños y los países con actividad pesquera en alta mar. Este equilibrio de intereses está claramente reflejado en las disposiciones de la Convención en el ámbito de la pesca. Además, la Comunidad siempre ha tenido en cuenta la Convención tanto en su política pesquera exterior como en los acuerdos pesqueros bilaterales y otras convenciones multilaterales.
Por lo que respecta a la competencia comunitaria en el ámbito comercial, la Convención establece que la Comunidad es miembro permanente de la Autoridad Internacional de los Fondos Marítimos. Esta organización que se ocupa de la explotación de los fondos del mar, será operativa en el 2015 cuando se haga efectivo el comercio de granos polimetálicos.
El Sr. Cot y otros han planteado el procedimiento arbitral y relación a esta referencia en el informe me gustaría subrayar que no ha habido segundas intenciones en la decisión que se ha tomado en esta fase. En particular, no ha sido en absoluto la intención de la Comisión esquivar los procedimientos de consulta con el Parlamento. Sin embargo, nos parecía más recomendable esperar a ver los acontecimientos antes de emitir un dictamen basado en un conocimiento de causa necesario. Se trata, por lo tanto, de dejar una opción abierta de cara al método arbitral definitivo al que hace alusión el artículo 15 de la Convención.
La Comisión se suma totalmente a la petición del Parlamento Europeo de participar de pleno en la elección definitiva del medio de solución. A su debido tiempo, es decir antes de finales de 1998, se le presentará al Consejo una nueva comunicación, bien para confirmar la elección actual del método arbitral, que por falta de una alternativa se está tramitando de forma automática, bien para proponer una nueva posibilidad, como por ejemplo el Tribunal de Hamburgo. Pero sea cual sea la elección, se consultará al Parlamento Europeo de pleno ya que la nueva decisión ha de considerarse como el seguimiento del procedimiento de la firma de una convención en la cual el Parlamento Europeo debe jugar su papel institucional.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Van den Broek.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Derecho internacional, Derecho comunitario y Derecho
constitucional
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-278/97) del Sr. Alber, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre las relaciones entre el Derecho Internacional público, el Derecho comunitario y el Derecho constitucional de los Estados miembros.

Alber
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando se me nombró ponente para este informe que trata de las relaciones entre el derecho internacional, el comunitario y el constitucional, no podía sospechar que iba a ser el último que iba a redactar tras más de veinte años de pertenencia a esta Asamblea. Aún menos podía sospechar que el tema, el contenido de este informe, iba a estar tan relacionado con mi cambio al Tribunal Europeo de Justicia. Se equivocan quienes piensen que la causa de que en el informe hable tan positivamente sobre el papel del Tribunal Europeo de Justicia es que a partir de la próxima semana voy a ser miembro de dicho Tribunal en calidad de Abogado General.
Ante la situación jurídica europea, no se puede llegar a ningún otro resultado que el de conceder primacía al derecho comunitario y de subrayar el papel del Tribunal Europeo de Justicia. La primacía del derecho comunitario no está determinada ni en el Tratado ni en ningún otro lugar. Se basa en la aceptación general, naturalmente, muy subrayada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, quien dice con razón que si se cuestiona la primacía, en el fondo se cuestiona toda la Comunidad. Ahora bien, sin duda es cierto que esta mera idea de la eficacia no es suficiente para fundamentar la primacía.
En los inicios de la Comunidad se plantearon también objeciones. Recuerdo la jurisprudencia alemana que en la sentencia «Solange 1» dijo que mientras la Comunidad no respete eventualmente los derechos fundamentales y humanos, se tendrá que poder comprobar su compatibilidad con el derecho constitucional nacional. Siguió la sentencia «Solange 2», que decía exactamente lo contrario, es decir, que mientras la Comunidad respete los derechos fundamentales y humanos, no existe la necesidad de una revisión nacional.
Pero ahora, como consecuencia de la sentencia sobre Maastricht del Tribunal Constitucional federal, se plantean dudas en la jurisdicción nacional a las que siguen otros países reservándose el derecho a revisar, en su caso, la primacía. Estoy muy agradecido al colega Rothley por haber hecho que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya mantenido un hearing sobre esta cuestión cuyos resultados, naturalmente, se reflejan también en este informe.
Sin duda, es cierto que, entretanto, debido a la densidad reguladora de la Comunidad Europea es difícil deducir la legitimación solamente con meros enfoques de derecho internacional. Es necesario un nuevo enfoque jurídico europeo. También creo que no debemos basarnos exclusivamente en las transferencias de competencias por parte de los Parlamentos nacionales sino tener en cuenta que el Tratado apunta a una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. Naturalmente, este creciente entrelazamiento de los pueblos de Europa debe tener también consecuencias jurídicas.
Por ello, el Tribunal alemán no ha podido, ni mucho menos querido, describir a la Comunidad actual como un Estado federal, sino que la ha calificado como una confederación entre Estados sin indicar exactamente qué consecuencias jurídicas deben derivarse de ello. Personalmente, incluso diría que entretanto el entrelazamiento entre los pueblos ha alcanzado tal densidad que eo ipso el derecho europeo tiene primacía sin que sea necesaria una modificación del Tratado o una inclusión en el mismo.
No obstante, es bueno -y es lo que exigimos- que determinemos en el Tratado la primacía del derecho comunitario. Saludo que el Consejo diga también en el protocolo de Amsterdam que, al aceptar él mismo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, no se debería cuestionar prácticamente esta primacía. Si se ratifica este Tratado de Amsterdam, se podría decir que, mediante la ratificación y, tal como he dicho, mediante la inclusión de este protocolo, la primacía estaría en vigor. Pero hay que reconocer que no todas las leyes de ratificación tienen rango constitucional. Por tanto, el problema no se soluciona exclusivamente así.
Coincido con el Tribunal Constitucional federal cuando trata de la cuestión del déficit democrático en este contexto. Lo vemos del mismo modo. Pero hay que rechazar las conclusiones de este Tribunal cuando dice que los Parlamentos nacionales tienen que amortiguar este déficit democrático y no el Parlamento Europeo ya que éste no puede tener plenos derechos pues no existe aún un pueblo europeo. Esta frase me parece hilarante. Es un tema hilarante para un Congreso sobre etnología. No queremos un pueblo europeo sino que precisamente lo bonito de esta construcción está en conservar los pueblos de Europa. Seamos sinceros, ¿dónde existe un pueblo belga? En los tiempos de la Unión Soviética no ha existido jamás un pueblo soviético y mientras existía Yugoslavia tampoco había ningún pueblo yugoslavo y, sin embargo, nadie ha cuestionado el carácter de Estado y la personalidad jurídica de estas organizaciones y de estos Estados.
Tampoco es cierto, tal como se dice en alguna doctrina, que el pueblo cree contractualmente al Estado. Se invoca a Rousseau y el contrat social pero nadie ha leído ni siquiera una copia certificada de este contrato. Es una mera ficción. El único documento que ha conducido a la fundación de un Estado fue el de los Estados Pontificios, la donación de Constantino, que como se sabe fue además falsificada y, por tanto, poco fidedigna desde un punto de vista jurídico-estatal. No nos aferremos pues a este concepto de «pueblo constituido en Estado» pues la mayoría de los Estados se han formado, empezando por Suiza y siguiendo en otros muchos más, aplicando a posteriori esa legitimación.
Resumo: apoyamos en este informe la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el asunto Foto-Frost, por la que las jurisdicciones nacionales no tienen competencia para declarar la invalidez de actos de las instituciones comunitarias. Naturalmente, de ello se deduce también que la potestad jurisdiccional sobre el carácter vinculante del derecho comunitario radica exclusivamente en el Tribunal Europeo de Justicia. Esto tiene como consecuencia que, según el artículo 177, los más altos Tribunales nacionales tienen la obligación de presentar al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas las cuestiones litigiosas.
En cualquier caso, e independientemente de lo que he expuesto, exigimos que la primacía del derecho comunitario se refleje en el futuro en el Tratado. También queremos que se prevea una clara solución a la relación derecho internacional-derecho comunitario en el Tratado y exigimos en este contexto una equiparación de la Comunidad con los Estados nacionales, lo que significa que el derecho internacional no es válido eo ipso sino que tiene que transformarse mediante un acto jurídico dentro de la CE. Exigimos asimismo que, a largo plazo, se aplique también la relación con el derecho internacional al segundo y tercer pilar de la Unión. En este contexto, naturalmente, también exigimos que toda la Unión Europea reciba la personalidad jurídica.
Creo que este informe tiene en cuenta la evolución real de la Comunidad Europea. Si se dice sí a esta Europa y se saluda que los pueblos se entrelacen en una Unión -independientemente de la cuestión de si se quiere un Estado federal o una asociación de Estados- la única solución es que se acepte la primacía del derecho europeo y, en consecuencia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.

Rothley
 Señor Presidente, este es el último informe del colega Alber. Quiero expresarle mis felicitaciones por su colegial cooperación y desearle mucha suerte en su nuevo cargo. Mi grupo político va a dar su voto favorable a la propuesta de resolución y rechazar todas las enmiendas.
Estimado colega Alber, unas palabras sobre la función específica del concepto Confederación de Estados. En la terminología del Tribunal Constitucional federal se ha realizado sin duda el intento de reducir el derecho de la Unión Europea, de las Comunidades Europeas, a derecho internacional. No hablamos sobre un problema teórico sino sobre un conflicto político real que puede derivar en una crisis de la Unión Europea. La cuestión no consiste de un modo muy general en si existen límites para la integración europea en la Constituciones nacionales sino si los Tribunales Constitucionales pueden revisar la validez de los actos de la Comunidad. De esto se trata.
No es sólo un problema del Tribunal Constitucional federal sino que existen tendencias similares en otros Estados miembros. Menciono sólo como ejemplo a Austria o Suecia. Hace ya diez años, el Tribunal Europeo de Justicia dijo que la exigencia de unicidad, es decir, de un aplicación unitaria del derecho comunitario por parte de los tribunales nacionales, es especialmente imperiosa cuando se cuestiona la validez de un acto comunitario, por ejemplo, la aprobación de una directiva. Diferencias de opinión de los Tribunales de los Estados miembros sobre la validez de actos comunitarios serían adecuadas para poner en juego la unidad del orden jurídico de la Comunidad y perjudicar la exigencia básica de seguridad jurídica.
Este es el fundamento de la primacía del derecho comunitario. No se trata de usurpación ni de arrogancia sino que se trata de una necesidad totalmente imperiosa. Por ello, no es de extrañar que el Presidente del Tribunal Europeo de Justicia, Rodríguez Iglesias, hable en este contexto de un ataque a los elementos fundamentales de la Constitución comunitaria. Espero que los Tribunales Constitucionales nacionales reconozcan que, según el artículo 164, el Tribunal Europeo de Justicia debe garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de este Tratado. Debe garantizar, este es el tenor literal, ¡debe garantizar! Ningún Tribunal Constitucional nacional puede arrogarse el papel de señor del derecho comunitario. Ningún Tribunal Constitucional puede ser el tutor.
Por lo demás, a ello va unido un control de los Parlamentos nacionales pues deciden qué competencias pueden transferir. Espero que nos ahorremos al situación de tener iniciar un procedimiento de violación del Tratado contra un Estado miembro a causa de una decisión de su Tribunal Constitucional. ¡Ojalá nos ahorremos tal situación!

Anastasopoulos
Señor Presidente, el informe de mi estimado colega Siegbert Alber, que estamos analizando esta noche, merece concentrar nuestra especial atención por dos razones principales:
Primera, porque analiza una cuestión muy delicada e importante para la Unión Europea: la situación que ocupa el Derecho comunitario en el sistema de Derecho que gobierna nuestra sociedad; ya sea en el interior de cada Estado miembro de la Unión, con su relación con la Ley Constitucional o Fundamental, ya en las relaciones internacionales con el Derecho internacional público.
Segunda, porque es la última aportación de un colega al que todos apreciamos y que ha ofrecido mucho al Consejo Europeo antes de dedicarse, desde pasado mañana, a la defensa del Derecho comunitario desde otro baluarte aún más importante.
Tuve el placer y el honor de colaborar estrechamente con Siegbert Alber; al principio en la Presidencia del Consejo Europeo, cuando estábamos al lado en calidad de vicepresidentes; y los últimos años, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, que también presidió, y considero mi deber expresar con emoción el reconocimiento más general, en esta sala, por su aportación de muchos años como representante elegido por uno de los grandes pueblos europeos.
Señor Presidente, no han pasado ni dos años desde que su ponente se vió obligado a subrayar los datos que siguen, y que considero característicos, en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, relativo al duodécimo informe anual de la Comisión Europea sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, tras la audiencia especial que había organizado la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos:
1º. Que los Tratados comunitarios han institucionalizado una clase legítima a favor de la cual los Estados miembros han limitado sus derechos primordiales a sectores que no han cesado de extenderse.
2º. Que el control que los últimos años empezaron a ejercer los Tribunales Constitucionales sobre la validez de los actos jurídicos comunitarios, en relación con las constituciones respectivas de los Estados miembros, engendra peligros para la aplicación unitaria y la armonía del Derecho comunitario.
Fueron necesarios treinta años enteros para que fuera aceptada, incluso por el Consejo del estado francés, que fue el último en expresar su postura, la supremacía del Derecho comunitario sobre el Derecho interno. Y no nos había dado tiempo a relajarnos, cuando llegó la sentencia del Tribunal Constitucional federal alemán, en la década de los 90, sobre el tratado de Maastricht, sentencia que ponía, bajo una nueva y más fuerte controversia, este principio. Un principio que básicamente ha creado la jurisprudencia y que indirectamente apoya el Tratado de Amsterdam que se firmará mañana, tal como se observa en el informe Alber.
Naturalmente preferiríamos que el reconocimiento fuera más directo y explícito. Las ideas que había formulado en mi informe de 1995 se ven reforzadas y sistematizadas en el texto de mi estimado colega alemán, quien sostiene la supremacía del Derecho comunitario en el carácter innovador y único de la Comunidad Europea, así como en su tendencia a un mayor desarrollo. Un desarrollo que crea nuevas situaciones y realidades en el ámbito del Derecho, que actualizan la observación del antiguo filósofo griego Teofrasto: ¨No las cosas con relación a las leyes, sino las leyes con relación a las cosas¨; es decir: No se adapta la realidad a la ley, sino la ley a la realidad.
Esta nueva realidad la representa ahora la Unión Europea unida a todas las esperanzas y expectativas con las que conectaron sus inspiradores y fundadores. El informe del Sr. Alber está presentado en un momento realmente oportuno porque la construcción de la Europa unida, a pesar de los muchos obstáculos, avanza; pero no falta la agitación que, por cierto, toma, en un principio, la peligrosa apariencia de decisiones respetables de los órganos superiores jurisdiccionales de los Estados miembros.
El valor del informe que estamos debatiendo ahora se encuentra exactamente en este punto: es decir, que en su texto, con una argumentación muy valida que hemos escuchado también hoy de labios del ponente: se rechaza cada tendencia a la substitución, incluso de los órganos supremos nacionales de Derecho, en una labor que pertenece exclusivamente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; porque sólamente este último avala la autonomía y la unidad de la clase comunitaria legal. Y, en pocos días, nuestro ponente de hoy, el Sr. Alber, en calidad de fiscal general en funciones del Tribunal va a ser llamado a defender esta autonomía y unidad..Nos sentiremos muy felices de admirarle en este puesto.

Florio
Señor Presidente, Señorías, la definición de las relaciones que existen entre Derecho comunitario, Derecho constitucional y Derecho internacional es una cuestión de gran importancia que afecta a todos los ciudadanos, a pesar de que, con frecuencia, no se dan cuenta de ello. De la aplicación de un principio en apariencia abstracto como es el principio de la aplicabilidad directa de la normativa comunitaria, se derivan, de hecho, para el juez competente nacional, obligaciones que condicionan su actividad jurisdiccional. Los más fervientes defensores de la supremacía del Derecho comunitario consideran que el mismo tiene primacía sobre cualquier otra norma tanto nacional como internacional. Dicha teoría considera que la relación entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional es una relación fundamentalmente de carácter federal. Una interpretación diferente es la que apoyan los que intentan amparar los principios fundamentales del Derecho constitucional nacional contra la intromisión del Derecho comunitario. Según estos últimos, el ordenamiento constitucional interno es la máxima expresión de la soberanía popular, mientras que el Derecho comunitario, en cuanto afecto de un déficit democrático, no puede concebirse como fuente de nivel jerárquicamente superior.
El ponente, Sr. Alber, nombrado recientemente Abogado General del Tribunal de Justicia, y que felicito por este cargo, sostiene la posición federalista. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de octubre de 1993, sobre el proyecto de Tratado de Maastricht es objeto de su crítica: el autor no está de acuerdo con la tesis de que el traspaso de poderes a la Comunidad Europea tendería a dejar sin contenido el principio democrático.
Nuestro Grupo aprecia las posiciones expresadas por el Sr. Alber y, en particular, recalca la importancia de que la primacía del Derecho comunitario, como solicita el ponente, sea consagrada en el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas y que el mismo Tratado defina con claridad la relación entre el Derecho internacional y el Derecho europeo.
Al respecto, consideramos que es necesario superar sin dilación el actual déficit democrático que, si no fuera atajado, acabaría por perpetuar las anomalías en los procesos de toma de decisiones europeos, tolerables sólo provisionalmente.

Wijsenbeek
Señor Presidente, no había visto nunca un informe con tantas sentencias citadas como el informe del Sr. Alber que debatimos ahora. Debe de haber sido un ejercicio preparatorio para su nombramiento como Abogado General y debo añadir que, ahora que se juntará en las filas del Tribunal de Justicia con nuestro ex colega La Pergola, no hace falta que gastemos palabras sobre el derecho de nombramiento del Parlamento Europeo de los miembros del Ministerio Fiscal en el Tribunal de Justicia, ya que dentro de poco los "juges de gouvernement» van a ser también los del Parlamento. ¿Esto significa, no puedo dejar de referirme a eso, que una decisión como la de hoy, con la que el Tribunal nos ha dejado caer como una patata caliente, va a ser quizá un poco más difícil en el futuro?
Pero aprendamos bien nuestra lección, ya que durante años hemos avisado en los informes sobre la aplicación del Derecho comunitario en la Comisión Jurídica, que no debíamos involucrar demasiado al Tribunal en nuestra lucha política con otras instituciones. Ahora se ha hecho, en este caso por Francia, pero en cualquier caso el Tribunal también tiene que distanciarse del Parlamento. Me parece que dejamos muy claro en la jerarquía normativa que se recoge en el informe del Sr. Alber, y también en la lucha política y en el papel político del Tibunal de Justicia, que hay, y el Sr. Rothley lo ha dicho muy bien, una primacía del Derecho comunitario. No obstante, no se trata sólo de que los Estados miembros tengan que adaptarse a eso, sino que también debe de haber una unidad de jurisdicción que tiene su causa principalmente en las cuestiones prejudiciales del artículo 177.
Espero que el Sr. Alber en su cargo de Abogado General tenga que ver con una cuestión prejudicial que solicitaremos mi abogado, el Sr. Janssen van Raay, y yo mismo mañana por la mañana en el tribunal de Rotterdam, donde tengo que comparecer en un juicio penal que he provocado porque me parece que el Derecho comunitario se debe aplicar en todos los Estados miembros por igual y que el Tratado debe prevalecer sobre el Derecho nacional.

Ullmann
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, la Unión Europea está aún muy lejos de convertirse en una Unión política. Pero como Comunidad Europea se trata sin duda de una comunidad jurídica que ha desarrollado una sorprendente dinámica en los decenios de sus existencia. El informe Alber es resultado de esta dinámica. Estimado colega Alber, para mí supone una satisfacción personal que este resultado sea consecuencia de una iniciativa del Parlamento Europeo, más exactamente, de su Comisión de Asuntos Jurídicos, quien en junio de 1995 llevó a cabo un simposio sobre la relación del derecho comunitario con el derecho internacional, por un lado, y sobre el derecho constitucional, por otro. Esta iniciativa y el subsiguiente debate han conducido a las clarificaciones que expone ahora este informe pero que están muy lejos aún de ser un bien general de la conciencia pública o, al menos, de la jurisprudencia de los países miembros.
La primera clarificación, determinante de todas las demás, es la primacía del derecho comunitario frente al derecho nacional. Una primacía no derivada de una teoría de eurócratas ambiciosos sino que se trata de un hecho jurídico cierto, sencillamente por la razón de que en un espacio sin fronteras interiores, en el sector de las cuatro libertades, no puede existir ni existe una pluralidad de derechos, respetando plenamente las competencias nacionales protegidas por el principio de subsidiariedad y que se encuentran a un nivel muy diferente. También está relacionado con ello que la libertad de circulación de personas ya no se comprende desde hace mucho tiempo como una mera actividad comercial sino, tal como se dice en la sentencia Bosman, como un derecho de la personalidad y expresión de la libertad de los ciudadanos de la Unión. Motivo suficiente para este Parlamento para apoyar al ponente en sus exigencias de una elevada y amplia protección de los derechos fundamentales y de una personalidad jurídica para la Unión Europea para que esté en situación de representar y de defender estos derechos fundamentales a nivel internacional.
Quiero unir mis felicitaciones por este hermoso y alentador informe a los mejores deseos en la futura y responsable actividad de su autor como Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, yo también tengo mucho respeto por el ponente y le deseo buena suerte en sus futuras funciones pero, en nombre de mi grupo, debo confesarle que estoy en total desacuerdo con el contenido de su informe.
Esperábamos un estudio jurídico, una reflexión sobre los problemas que plantea la jerarquía de normas, por ejemplo las relaciones entre el Consejo Europeo y este Parlamento o el Consejo de Ministros; esperábamos la definición de un método que permitiera conciliar mejor el derecho comunitario y los derechos nacionales.
En lugar de esto, nos encontramos ante un informe político, incluso diría ideológico. Su punto de partida es la constatación de que los Tribunales Supremos tienen la tendencia a resistir, "demandando el control del derecho comunitario derivado en lo que respecta a su compatibilidad con el derecho constitucional nacional». Evidentemente, son el Tribunal Constitucional federal alemán y su decisión del 12 de octubre de 1995, y el Tribunal Supremo danés, del que les hablará mi colega en unos instantes, en su sentencia del 12 de octubre de 1996, los que están en el punto de mira, y diría incluso que para ser vilipendiados. Pero hubieran podido añadirse el Consejo Constitucional francés, el Tribunal italiano y otros muchos tribunales.
Y es que no se puede afirmar, como hace el informe, que la Unión Europea tiene vocación de crear derecho internacional primario, que se impondría a todos los Estados y a sus derechos nacionales. Tampoco se puede decir, como propone la resolución, que cada juez nacional, incluidas las jurisdicciones nacionales supremas, tiene la obligación de aplicar con prioridad el derecho comunitario. No se puede reclamar además que la Comunidad Europea sustituya a los Estados nacionales en lo que respecta a la aplicación del derecho internacional público.
Es preciso respetar los derechos nacionales y en especial el derecho constitucional nacional, ya que éste ha de quedar subordinado al derecho comunitario, cuando el primero resulta, en muchos casos, de leyes refrendadas; lo que se está poniendo en duda es el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos, lo cual es muy curioso para una institución que se pretende democrática.

Bienvenida
El Presidente
Señorías, quisiera dar la bienvenida al Sr. Zurab Zhvania, presidente del parlamento de la República de Georgia, y al Sr. Giorgi Kobakhidze, vicepresidente y presidente de la Delegación Parlamentaria permanente para las relaciones con la Unión Europea, a la que ya tuvimos el placer de recibir en el Parlamento Europeo, en mayo de 1997.
Los dos distinguidos colegas parlamentarios de Georgia...
... y la delegación que los acompaña participarán mañana y el próximo viernes en la Conferencia Europea «Iniciativa por la democracia». Los citados parlamentarios celebrarán también conversaciones en el Parlamento Europeo, en particular con la delegación para las relaciones con las Repúblicas Transcaucásicas y con el Presidente del Parlamento Europeo. Hago votos por que los debates y reuniones que celebraremos durante los próximos días sean fructíferos y contribuyan a la profundización de las relaciones entre su país y el Parlamento Europeo.

Derecho internacional, Derecho comunitario y Derecho
constitucional (continuación)
Hager
Señor Presidente, permítanme en primer lugar que indique que el hecho de que omita regularmente las felicitaciones al ponente, no se debe a una ausencia de cortesía o por el contenido de su informe, sino por la necesaria economía de las palabras. Respecto al fondo de lo escuchado hasta ahora, me permito añadir otro aspecto. La Sra. diputada Spaak formuló originariamente como ponente en la Comisión de Asuntos Institucionales con una sinceridad realmente encomiable que los ciudadanos se sienten desbordados por el acelerado entrelazamiento institucional no pudiéndose identificar con el mismo.
En nuestra opinión, la consecuencia lógica de ello sería buscar otra vía, una vía que conceda un mayor margen a los Estados miembros, pero lo que ocurre es lo contrario. Se busca otro método para hacer apetecible a los ciudadanos la vía que no aceptan. Se preguntarán qué es lo que tiene que ver esto con el presente informe. En nuestra opinión, tal como ha subrayado también el Sr. Fabre-Aubrespy, este informe insiste políticamente exactamente en el mismo punto ya que quiere poner a raya a los más altos Tribunales nacionales, como el Tribunal Constitucional alemán o el Tribunal Supremo danés, a causa de los límites de integración mostrados por ellos. Ya solamente por este motivo no podemos dar nuestro voto afirmativo a este informe con todos los respetos que, naturalmente, tenemos para con el ponente.

Rack
Señor Presidente, tengo tres buenos motivos para apoyar plenamente este informe Alber. Como catedrático de Derecho Político y de Derecho Europeo estoy muy contento de que ahora exista un texto serio para mis alumnos en el que se expongan de forma muy precisa y desde la perspectiva adecuada las sutilezas de la jurisprudencia «Solange» del Tribunal Constitucional federal alemán, que no siempre es tan simple y, ante todo, tan fácil de comprender. Por ello, este informe Alber puede proporcionar material y base a numerosos -por no decir, innumerables- trabajos de seminarios y de licenciatura, lo que no se puede afirmar de otros muchos escritos académicos.
Como comprometido defensor de la idea de Europa durante muchos años, saludo que con este informe se dé un claro rechazo a los muchos europeos del «sí, pero». Un rechazo a aquellos que en cualquier oportuna o inoportuna ocasión se pronuncian verbalmente siempre en favor de más Europa pero que luego, cuando va en serio, presentan excusas basadas en sus especiales intereses y situaciones jurídicas nacionales; un rechazo a aquellos que, por ejemplo, no sólo en Alemania sino también en mi país, quieren el euro -así lo afirman en cualquier caso- pero no ahora, no en esta forma y no en las condiciones previstas en el Tratado; un rechazo a aquellos que en los numerosos Estados miembros de la Unión quieren aplicar la subsidiariedad una vez así y otra de otro modo, en función de cómo les guste o encaje con los correspondientes intereses.
A todas estas personas se les dice con toda claridad en el informe Alber que solamente puede existir una Europa común si los Estados miembros comparten su soberanía, transfieren partes de ella a la Comunidad y respetan esta renuncia a la soberanía y sus consecuencias. Sin embargo, en el informe Alber se dice también -lo que considero muy importante- que solamente puede existir una Europa común si esta Europa se preocupa con todas sus fuerzas por la correspondiente protección de los derechos fundamentales, tal como exige este informe con toda claridad.
Como catedrático y defensor comprometido de la idea de Europa tengo buenas razones para decir sí por tercera vez a este informe Alber. Ya se ha dicho en varias ocasiones que este informe proporciona a Siegbert Alber una buena entrada en su nueva e importante función como Abogado General en el Tribunal Europeo de Justicia. Estoy seguro de que allí contribuirá no solamente a hacer realidad Europa con las decisiones del Tribunal sino además a acercarla a los ciudadanos. Contribuirá a ello con sus conocimientos y estilo y como he podido conocerle un poco en el breve tiempo en que he podido ser su colega y apreciar su humor, tengo la esperanza de que en el futuro haya decisiones del Tribunal Europeo a las que no solamente uno pueda adherirse, respetar y aceptar sino también dibujar una sonrisa de satisfacción.

Janssen van Raay
Señor Presidente, estimado colega Alber, querido Siegbert, tengo que reconocer que eso suena en la traducción alemana más normal que en neerlandés, usted es, después de la Sra. Ewing, el miembro de mayor edad de este Parlamento. Me gana por dos años. Hemos colaborado durante muchos años. Su canto de cisne ha estado en toda regla y como ya ha dicho el sospechoso Wijsenbeek: esperamos, yo como su letrado y él como sospechoso, conseguir mañana que el importante asunto de haberse negado a enseñar el pasaporte en el aeropuerto de Rotterdam en base a los principios 8A y 7A del Tratado se le presente en forma de cuestión prejudicial. Sólo que en ese momento ya no podremos decir: querido Siegbert, sino que utilizaremos el término correcto neerlandés: Ilustrísimo Señor. Le damos las gracias, Ilustrísimo Señor, por todo lo que ha hecho en la Comisión Jurídica por sus colegas y por Europa como estado de derecho. Le deseamos mucha suerte en su nuevo cargo. Será una equivocación freudiana por mi parte cuando lleguemos con nuestro juicio a su Tribunal de Justicia en Luxemburgo.

Krarup
No me cabe duda de que el Sr. Alber es un destacado jurista, y también querría unirme a las felicitaciones tanto por este informe como por su futuro cargo. Es una clara y manifiesta reproducción de uno de los principios decisivos de la integración de la Unión Europea, a saber el principio de primacía, de cuya lectura podrán disfrutar los alumnos del propio Sr. Rack. Hay seguramente también otros que pueden, entre ellos, los jueces del Tribunal Supremo danés, ante el que debo ejercer el mes que viene. Este principio, reproducido muy correcta y detalladamente, alcanza y logra más allá de la adhesión tanto del ponente como de la gran mayoría: el deber de desarrollarlo y afianzarlo, según se desprende de una serie de puntos del informe, y de combatir las tendencias en sentido opuesto, y con esto pienso antes de nada en algunos dictámenes y fallos del Tribunal Constitucional federal alemán, con arreglo a los cuales - con todo, en otro plano muy distinto - el Tribunal Supremo danés obra en un fallo el mes de agosto del año pasado en un caso en el que yo mismo ejercí. Sin embargo - y aquí surgen los problemas - a medida que se desarrollan la integración y el principio de primacía, los procesos decisorios nacionales se debilitan. El coloso - por decirlo así, si uno puede ser tan irreverente como para describir el sistema de esta manera - crece, no obstante, sus pies de barro son cada vez más débiles. Las democracias nacionales son socavadas, es de esperar que el Tribunal Supremo danés pronuncie en el plazo de seis meses una sentencia que enviará ondas de choque a través de este sistema satisfecho de sí mismo.

Añoveros Trias de Bes
Señor Presidente, he de confesar que me hacía mucha ilusión intervenir en este debate porque sabía que era el último informe del colega Siegbert Alber. Creo sinceramente que perdemos un diputado de primera magnitud. Y yo, de manera egoísta, he de decir que pierdo un compañero de sitio, porque, habida cuenta de nuestro apellido, siempre me he sentado a su lado, y perder su consejo y su ayuda en muchas ocasiones resulta muy triste. Pero, a la vez, también he de decir que me siento muy alegre y muy satisfecho porque creo que va a ocupar uno de los cargos que más desea un jurista, como es el prestigioso cargo de Abogado General en el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comunidad Europea es una comunidad de Derecho, que consagra el principio de legalidad. Y éste, a su vez, está íntimamente relacionado con el principio de separación de poderes. Los Estados, al ceder legítimamente a la Unión el ejercicio de la soberanía nacional en algunos aspectos, no deben debilitar el control democrático que puede originar esta cesión. Este posible déficit debería ser contrarrestado con un mayor control político por parte del poder legislativo. Podemos decir, de esa forma, que los derechos fundamentales sólo gozarán de una verdadera protección jurídica cuando exista un proceso paralelo entre la cesión de las competencias del poder nacional al poder comunitario, por una parte, y, por otra, cuando el Parlamento Europeo, en conjunción con los nacionales, vaya adquiriendo un mayor poder de control sobre las actividades del Ejecutivo.
No debemos olvidar que, si bien la Comunidad Europea descansa sobre el principio de legalidad, no acaba de asumir totalmente el principio de separación de poderes, puesto que los Tratados tan sólo atribuyen competencias y no acaban de diseñar en su totalidad un sistema de control político.
Otra de las consecuencias importantes -ya han aludido a ella los Sres. Rothley y Florio- es el principio de jerarquía normativa. Este axioma ha sido definido en repetidas ocasiones por el Tribunal de Justicia y podría resumirse en la idea de que toda disposición nacional contraria al Derecho comunitario es nula. Para garantizarlo está, por ejemplo, el artículo 177 que trata de la cuestión prejudicial.
Durante la discusión de este informe en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos -y el colega Alber, el ponente, ha hecho referencia expresa a ello-, se ha mencionado la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el asunto Foto-Frost en la que se dice de una manera tajante y exclusiva que los tribunales nacionales no tienen competencia para declarar nulos los actos de las instituciones comunitarias y que el Tribunal de Justicia es el único competente para evaluar la naturaleza vinculante del Derecho comunitario.
No hay que olvidar que el Derecho comunitario es un orden jurídico unitario en el cual se pueden encontrar diversos tipos de normas: el Derecho derivado, que es aquel que resulta de la actividad de las instituciones comunitarias y que es parte integral del Derecho comunitario. Es más, creo, si se me permite decirlo, que es la parte más visible del Derecho comunitario. Este Derecho derivado es sólo controlado por el Tribunal de Justicia y no por la jurisdicción nacional. El juez nacional no debe ni puede emitir una valoración sobre la validez del Derecho derivado.
Este punto nos lleva, señor Presidente, a un tema escurridizo y peligroso, como el principio de subsidiariedad al que también se ha hecho alusión en este debate. Podría referirme -pero no lo voy a hacer- al Protocolo sobre la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad del Tratado de Amsterdam y que se será incluido en el Tratado como anexo al mismo.
Termino diciendo que me sumo a lo que ha dicho también el Sr. Rack respecto de la defensa firme, constante y decidida del Derecho comunitario y a la petición, que también ha hecho el Sr. Alber, de que la primacía del Derecho comunitario quede consagrada en el Tratado.

Van den Broek
Presidente, este es un debate para gastrónomos jurídicos y mi corazón de jurista está lleno de júbilo. Me gustaría empezar felicitando al ponente por este informe riguroso, que seguramente invita a una ulterior reflexión a la que querrá contribuir desde cierta distancia. Pero de nuevo, nuestra sincera felicitación por la calidad de este informe. Aporta, en opinión de la Comisión, un gran número de ideas interesantes, en particular sobre la primacía del Derecho comunitario y sobre la ratificación de tratados internacionales en el ordenamiento jurídico comunitario.
La Comisión se suma a la postura del ponente que la doctrina de la primacía del Derecho comunitario es de una importancia crucial para que haya homogeneidad en la aplicación del Derecho comunitario. En especial, este aspecto del ordenamiento jurídico comunitario ha contribuido a que se realizaran los objetivos del artículo 2 del Tratado.
Una serie de medidas que indica el ponente para reforzar la primacía del Derecho comunitario, y pienso en primer lugar en el reforzamiento del papel del Parlamento Europeo, ya han sido adoptadas en mayor o menor medida por la Comunidad. La Comisión considera las otras medidas, que el ponente propone, como ideas valiosas que merecen sin duda más reflexión.
La aportación del ponente sobre la relación entre el Derecho comunitario y el Derecho internacional es muy interesante ahora que la Comunidad participa cada vez más en negociaciones internacionales y firma cada vez más tratados.
La cuestión de la integración de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico comunitario, requiere seguramente ulteriores reflexiones pero las sugerencias que ha presentado el ponente para determinadas soluciones en este ámbito, suponen un buen impulso para ello.
Podemos sin más concluir que el ponente ha tratado unos temas que son el núcleo del ordenamiento jurídico comunitario. La Comisión realizará posteriores estudios sobre todos estos temas y sobre las sugerencias del ponente.
Permítame aprovechar la ocasión de desear al Sr. Alber, en nombre de la Comisión, mucha suerte en su nuevo cargo de Abogado General en el Tribunal de Justicia. Esta institución se reforzará ahora con alguien que es un firme defensor de los valores de la Comunidad y cuya importante aportación al desarrollo del Derecho comunitario es incuestionable.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Van den Broek.
Me permito también expresar mi felicitación personal al Sr. Alber.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.000 horas.
(La sesión, interrumpida a las 19.55 h., se reanuda a las 21.00 h.)

Relaciones CE-Países del Asia sudoriental
El presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0221/97 del Sr Pettinari, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Reino de Camboya (COM(97)78-6828/97 - C4-0250/97-97/0060(CNS))-A4-0216/97 del Sr. Castagnede, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República Democrática Popular de Laos (COM(97)79-6829/97 - C4-0251/97-97/0062(CNS))-A4-0195/97 del Sr. Hindley, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo relativo a la ampliación del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y Brunei Darussalam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, países miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, a Viet Nam (COM(97)0002 - C40152/97-97/0017(CNS))-A4-0262/97 del Sr. Hindley, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la Comunicación de la comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social ¨Por una nueva dinámica en las relaciones entre la Unión Europea y la ASEAN¨(COM(96)0314 - C4-0467/96)
Pettinari
Señor Presidente, la situación política en Camboya ha cambiado radicalmente después de que, en el pasado mes de julio, la Comisión de Desarrollo y Cooperación aprobara el Acuerdo de Cooperación. Una situación que mañana, cuando se va a votar mi informe, me obligará a recomendar al Pleno su devolución a comisión con objeto de permitirme actualizarlo debidamente y de disponer del tiempo suficiente para contribuir a una solución pacífica de la crisis camboyana.
Hace dos meses asistimos a un terremoto político en Phnom Penh, donde el líder Hun Sen, gracias a una acción militar, se hizo cargo de hecho del control de toda Camboya y obligó al Príncipe Ranariddh a huir al extranjero. Detrás de esos enfrentamientos se escondía y sigue escondiéndose el fantasma de los Jémeres Rojos, sobre todo después de que el movimiento de Pol Pot se disgregara e intentara integrarse en la vida civil de Camboya. La perspectiva de que los Jémeres Rojos pudieran cambiar el marco político de Camboya, sobre todo gracias a las alianzas con los principales partidos nacionales, ha producido una situación de inestabilidad y ha puesto de manifiesto los componentes menos democráticos de la política camboyana.
Creo que es preciso renovar el llamamiento a las partes en conflicto a fin de que acepten un inmediato alto el fuego en las provincias que siguen implicadas en los enfrentamientos, y pido al Gobierno camboyano que respete los derechos fundamentales de la población como condición previa para encontrar una solución a la crisis.
La Unión Europea puede y debe desempeñar un papel de pacificación en Camboya y lo debe hacer también el Parlamento Europeo utilizando el instrumento del acuerdo marco de cooperación que, repito, es prematuro ratificar en este Pleno. Creo que la aprobación del acuerdo, que será necesaria en el futuro, debe supeditarse al cumplimiento de tres condiciones fundamentales, que ya fueron discutidas en el seno de la Comisión de Desarrollo y Cooperación: primera, el pleno respeto de los acuerdos de París de 1991 y del aparato institucional nacional establecido en virtud de dichos acuerdos; segunda, el respeto del calendario electoral, o sea, la garantía de que en marzo de 1998 se celebrarán las elecciones legislativas. Estoy hablando de elecciones que deberán ser libres, multipartidistas, democráticas y garantizar la plena expresión de todos los partidos camboyanos; unas elecciones que deberán asimismo ser controladas por observadores internacionales, incluidos, evidentemente, algunos enviados por el Parlamento Europeo. La tercera condición es el respeto riguroso de los derechos humanos en cuanto a los que no podemos transigir. Considero necesario, por el contrario, que una comisión de investigación internacional constate cuanto antes las supuestas matanzas perpetradas durante los recientes enfrentamientos de poco antes del verano.
Mientras tanto, es asimismo cometido de la Unión Europea contribuir a la estabilización de la situación después de la alternancia entre el Príncipe Ranariddh y el ex ministro de Exteriores Um Guot en el poder. En este sentido, es preciso apoyar la labor de mediación del rey Sihanouk, que ha preferido mantener su imparcialidad respecto a los actores de la crisis política, e intentar recomponer el conflicto en nombre del pueblo camboyano, tan duramente castigado a lo largo de varias décadas de dramática historia.
Tomo nota asimismo de la decisión de los ministros de Exteriores de la ASEAN de aplazar el ingreso de Camboya en su organización. Se trata de una verdadera novedad, habida cuenta de que, por primera vez en su historia, la ASEAN decide que la situación política interna de un país puede obstaculizar las relaciones de ese país con la organización. Se trata de cualquier modo de un enfoque positivo que confío en que se aplique en el futuro también con respecto a Birmania, esto es, con respecto a una dictadura militar que, sin embargo, fue recientemente admitida en la ASEAN.
Señor Presidente, el Parlamento Europeo tiene la posibilidad de contribuir activamente a encontrar una solución política negociada a la crisis camboyana, y puede hacerlo si sabremos, con una amplia mayoría del Parlamento, utilizar el proceso de ratificación del acuerdo marco de cooperación económica y comercial. En cuanto a este punto, sabemos que podemos contar con la colaboración y cooperación de la Comisión.
En consecuencia, y sobre la base de estos motivos, solicito que el Parlamento atienda mi solicitud de devolución a comisión del informe sobre Camboya. De esta forma, intentaré transmitir a las autoridades camboyanas toda la preocupación europea por una crisis política que debe resolverse cuanto antes.

Castagnède
Señor Presidente, Señorías, Laos es uno de los países más modestos del Sudeste Asiático (pretendo hablar de su población, que es de sólo cinco millones de habitantes). También es uno de los más pobres, ya que un 46 % de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Se trata quizá también de uno de los más atractivos por su diversidad étnica y cultural (en él conviven más de sesenta grupos étnicos diferentes), por la autenticidad, todavía ampliamente preservada, de su naturaleza, de su patrimonio cultural y de sus modos de vida tradicionales.
También es un país que se ha visto obligado a sufrir largas y penosas pruebas desde su independencia, que obtuvo en 1953. Primero, las pruebas de las divisiones internas entre la derecha, los neutralistas y el Pathet Lao comunista. Después, sobre todo, la guerra de Viet Nam, en la que Laos se encontró, a pesar suyo, como parte implicada y, principalmente, víctima. Al pasar las líneas de abastecimiento a lo largo de sus fronteras, Laos fue objeto de bombardeos de una intensidad totalmente inusitada por parte de la aviación norteamericana. Se estima que fueron arrojadas sobre Laos el equivalente aproximado de media tonelada de bombas por habitante.
Sin embargo, sabemos que, tras la caída de Saigón y la salida de los americanos de la zona, en 1975, Laos pasó a control del movimiento comunista Pathet Lao, que impuso la experiencia de un funcionamiento económico de tipo soviético durante una década, sin éxito verdaderamente comprobado. Finalmente, a partir de 1986, Laos se lanzó a un programa de reformas económicas encaminadas a la economía de mercado, orientación ésta claramente confirmada por su constitución de 1991. Se ha concluido un acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras que con la Unión Europea se han puesto en marcha los primeros elementos de cooperación. Esta preocupación por la apertura al exterior acaba de concretarse más ampliamente con el ingreso de Laos en la ASEAN, al tiempo que, paralelamente, se han iniciado negociaciones con vistas a la conclusión de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Comunidad Europea.
El acuerdo concluido entre la Comunidad y Laos es un acuerdo de comercio y cooperación. En el plano comercial, ambas partes se conceden el estatuto de nación más favorecida para el comercio de mercancías. Por lo que respecta a la cooperación, la Comunidad señala su voluntad de contribuir a un desarrollo duradero de Laos y de mejorar las condiciones de vida del pueblo laosiano. En este sentido, se han definido una serie de prioridades para luchar contra la pobreza, en favor del desarrollo rural, para la promoción de la función de la mujer en el desarrollo, y lo mismo para la valorización de los recursos humanos.
Quisiéramos reclamar brevemente la atención de este Parlamento sobre cuatro aspectos particulares de este acuerdo de cooperación. Éste menciona, en primer lugar, el grave problema de los artefactos que no han explotado, esas minas antipersonas que se distribuyeron durante la guerra del Viet Nam. Su proliferación es actualmente un obstáculo de máxima importancia para el desarrollo de la agricultura. La Comunidad habrá de prolongar sus esfuerzos para contribuir a la erradicación de esta lacra. Es preciso señalar también la importancia particular de las consideraciones ambientales en este acuerdo de cooperación. No voy a entrar en detalles, pero hay en ello un aspecto muy interesante del propio acuerdo.
Éste contiene, también, disposiciones orientadas a combatir la producción de opio, que sigue siendo un problema de gran importancia para Laos. En este caso, la solución es, evidentemente, la de la puesta en marcha de cultivos alternativos. Se han iniciado ya experiencias estimulantes, y el acuerdo permitirá prolongarlas.
Finalmente, es preciso mencionar la especial importancia de la preocupación en materia de derechos humanos y principios democráticos en este acuerdo que estamos examinando. Recientemente incorporado al liberalismo económico, es cierto que Laos mantiene todavía un régimen de partido fuertemente dominante si no claramente único. Se trata de un régimen que ha ido evolucionando favorablemente a medida que se difuminaban las secuelas de la guerra civil y extranjera, pero ha de profundizarse en el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos, algo por lo que se han preocupado muy claramente las partes en el acuerdo de cooperación.
En su artículo primero, éste señala que el respeto por los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales constituye un elemento esencial del propio acuerdo, y cuya violación constituye un caso de especial urgencia que justifica la adopción de medidas para la no ejecución del acuerdo. Éste debe ser aprobado porque permitirá de este modo favorecer el desarrollo de los derechos humanos y las libertades en esta parte del Sudeste Asiático, constituyendo un elemento determinante de apoyo al desarrollo y a la apertura económica de Laos.
Ésta es, en todo caso, la posición unánime de la Comisión de Cooperación y Desarrollo, opinión, evidentemente, que ha expresado aquí su propio ponente.

Hindley
Señor Presidente, antes de pasar a mi informe sobre Vietnam y el informe sobre la ASEAN, permítaseme hacer primero una breve observación de procedimiento. La Comisión de Asuntos Exteriores presentó una opinión a mi informe sobre la ASEAN. Por culpa de una desafortunada falta de coordinación entre comisiones, no se la ha incluido en la resolución de hoy. Se presentará mañana como enmienda oral, por lo que agradeceré a quien ocupe la Presidencia mañana que me conceda unos momentos de uso de la palabra para explicarlo antes de la votación.
Pasando a la substancia del informe, quisiera dedicar unos minutos al acuerdo con Vietnam o a la parte relativa a Vietnam y después pasar a abordar la cuestión más amplia de la ASEAN.
La cuestión de Vietnam es simplemente un detalle técnico para tener en cuenta que Vietnam es ahora miembro de la ASEAN y modificar nuestro acuerdo de cooperación con la ASEAN a fin de incluir a Vietnam. Vietnam es un país pobre, un país que está recuperándose, un país que tiene enormes posibilidades y un país que en esencia nunca ha formado parte, en realidad, del mundo en sentido amplio, porque, desde su independencia al final de la segunda guerra mundial, ha estado sumergido en sus guerras internas y externas. De modo que no se puede decir simplemente que la adhesión a la ASEAN y nuestros acuerdos con la ASEAN y nuestros acuerdos bilaterales con Vietnam están rehabilitando a Vietnam. En un sentido muy real, nunca se ha concedido a Vietnam el privilegio de incorporarse al mundo en sentido amplio y estos acuerdos dan a ese país ese derecho por fin.
Se ha planteado la cuestión de los derechos humanos en Vietnam y estoy seguro de que otros diputados desearán referirse a ella en el debate subsiguiente. Por mi parte, permítaseme recordar a la Asamblea que en nuestro acuerdo bilateral con Vietnam figura la condición del respeto de los derechos humanos, que se incorporará, por decirlo así, junto con Vietnam a la ASEAN. Esa cuestión de la ampliación de nuestros acuerdos ya en vigor con la ASEAN a la adhesión de un nuevo miembro a la ASEAN y la cuestión de los derechos humanos me brindan la oportunidad de pasar a la cuestión más amplia de la propia ASEAN.
Este verano la ASEAN admitió a Birmania por fin y, como se acaba de indicar, sigue existiendo la posibilidad de que se incorpore Camboya. Eso plantea la cuestión de como debemos abordar los derechos humanos, porque los Estados miembros tendrán claramente graves reservas a la hora de admitir a Birmania en nuestro tratado con la ASEAN y, en menor medida o quizás igualmente ahora, a Camboya.
Permítaseme decir claramente que mi comisión y yo consideramos rotundamente que la adhesión a la ASEAN es una cuestión que incumbe a la ASEAN. La admisión de países como miembros de la ASEAN es un asunto de la ASEAN. Nadie puede recordar que la ASEAN tenga una opinión sobre la ampliación de la Unión Europea. Sin embargo, cuando se ha ampliado la ASEAN, es evidente que nuestras relaciones con la antigua ASEAN tendrán que cambiar en gran medida para tener en cuenta esa nueva composición. A ese respecto, permítaseme decir que la comisión consideró que lo más prudente y sensato era insistir en que, cuando haya que modificar el tratado para la adhesión de Camboya, Laos y Birmania -no cabe duda de que pronto será así en el caso de Laos y Birmania-, debemos seguir el procedimiento adoptado con Vietnam y formular un mandato aparte. No quisiera que en lo relativo a la ampliación de la ASEAN, incluidos Birmania y Laos, se utilizara el truco de agruparlos. Nos gustaría que hubiera un mandato por separado para que se pudiera considerar cada uno de ellos por sus méritos.
Comprendemos que la composición y la constitución de la ASEAN están concebidas como círculos concéntricos y superpuestos, por lo que la adhesión a la ASEAN no entraña necesariamente que el nuevo miembro tenga el derecho a participar plenamente en todos los diálogos que la ASEAN celebre con terceros. De ello concluimos que, con cierta habilidad, cierto ingenio y sentido común, podemos continuar nuestras relaciones más amplias entre la UE y la ASEAN, teniendo en cuenta la desaprobación moral que podemos sentir por algunos de los nuevos miembros y, sin embargo, arreglárnoslas para continuar el diálogo. No creo que sea una tarea que supere la inteligencia de la Comisión, el Consejo y otros interesados.
Sin embargo, la comisión no está satisfecha precisamente con la anómala situación de que ahora haya países dentro de la ASEAN cuyos acuerdos con nosotros estén condicionados bilateralmente al respeto de los derechos humanos, cuando el acuerdo global UE-ASEAN no lo está. Quisiéramos insistir lo más posible en que la necesidad de elaborar un nuevo acuerdo entre la UE y la ASEAN condicionado concretamente al respeto de los derechos humanos, no simplemente en forma de libertad de conciencia y libertad de expresión, sino también de observancia de los derechos humanos. Todos aceptamos la idea de que en la Unión Europea es importante la condicionalidad social; aceptamos un capítulo social. Así, pues, es perfectamente razonable exigir un capítulo social y una dimensión social en nuestras relaciones con cualquier otro bloque, entre otros la ASEAN.
Si se me permite pasar a un aspecto más positivo, quisiera subrayar que nuestras relaciones económicas y comerciales con la ASEAN parecen haber tenido un gran éxito. Sin embargo, nada menos que el propio Primer Ministro de Singapur ha observado que en el mundo triangular que está surgiendo de Europa, América y Asia, no cabe duda de que la vinculación EE.UU-Europa es fuerte. También está claro que la vinculación EE.UU-Asia está cobrando gran fuerza, pero la vinculación Asia-Europa sigue siendo débil y consideramos que eso tendrá tarde o temprano efectos desproporcionados y desorientadores en el bienestar económico mundial.
A ese respecto, cuando hablamos de fortalecer el diálogo, el Parlamento acoge con beneplácito el proceso de diálogo ASEM. Parece haber sido una forma lograda de introducir temas en el orden del día y velar por que haya avances que soslayen las dificultades causadas por el bloqueo de las propias relaciones UE-ASEAN. Felicitamos sinceramente a todos los que participan en ese diálogo. Cuando hacemos las aportaciones de ese diálogo, acogemos con beneplácito la mención de ministros que se reúnen, de profesores que se reúnen, los intercambios de jóvenes, los intercambios comerciales, los intercambios de visitas por parte de la Comisión. Sin embargo, lo que buscamos y no figura, desde luego, en ninguno de los documentos que hemos visto es la mención de que los diputados celebren intercambios. Es evidente que, para que desarrollemos un diálogo auténtico entre Europa y la ASEAN, debemos lograr la participación directa de los diputados elegidos que tienen un mandato y debemos facilitar los contactos como parte del proceso ASEM y de las relaciones más amplias UE-ASEAN.
Por último, quisiera pronunciar unas palabras de beneplácito y agradecimiento sinceros por el documento, que habla de crear una nueva dinámica en las relaciones UE-ASEAN. Reconocemos la necesidad de más diálogo y de fortalecimiento de nuestros acuerdos y nuestra cooperación. Sin embargo, no deben ir en detrimento de los derechos del Parlamento a emitir opiniones y en su momento votar sobre esos asuntos. Podemos aceptar, como expediente temporal, la elaboración de un documento para fomentar el diálogo, pero, en realidad no hay -debo decírselo a la Comisión- un substituto para el acuerdo propiamente dicho. Si hay que evitar un acuerdo propiamente dicho, porque temamos que la parte de la ASEAN no vaya a aceptar que esté condicionado al respeto de los derechos humanos, me temo que el Parlamento no lo acepte. Conviene señalarlo; podemos aceptar como medida temporal que la Comisión utilice una comunicación con vistas a una nueva dinámica, pero eso no es un substituto de una relación permanente. No queremos que se socaven de ese modo las atribuciones del Parlamento, por lo que quisiéramos instar a la conclusión, por difícil que pueda resultar, por peliagudas que sean algunas cuestiones, de un nuevo acuerdo auténtico.
A ese respecto, recomiendo, señor Presidente, a la Asamblea el informe sobre Vietnam y el informe más amplio sobre la ASEAN para que los apruebe. Gracias.

Caccavale
Señor Presidente, Señorías, según la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, las relaciones entre la Unión Europea y la ASEAN son, como es obvio, extremadamente importantes y delicadas, y ello por varios motivos. Es inútil reiterar lo estratégicamente importante que se ha convertido la región del Sudeste asiático. Recuerdo asimismo que Europa es el segundo inversor económico en dicha región y está claro, por último, que ha quedado patente la necesidad de un diálogo político permanente entre la Unión Europea y la ASEAN. Sin embargo, con respecto a la cuestión técnica de cómo avanzar en este diálogo político, opinamos que negociar un nuevo acuerdo de tercera generación, sería la mejor solución posible. Por esto, creemos necesario invitar a Portugal a que revoque su negativa de otorgar a la Comisión el mandato para negociar este acuerdo de tercera generación.
Los escamoteos estudiados por la Comisión para soslayar el problema, por ejemplo, la incorporación de protocolos al acuerdo de 1980 o un paquete de acciones económicas y de cooperación social, a nuestro entender, no pueden considerarse como una alternativa a un nuevo acuerdo de tercera generación con la ASEAN, y ello por un motivo muy simple: esto debilitaría el acuerdo entre Europa y la ASEAN en el plano político, sobre todo en lo referente a la cuestión de los derechos humanos, que es una cuestión fundamental. No podemos, en efecto, negar la evidencia, negar los intereses económicos, sin duda, legítimos, pero que, evidentemente, no pueden anteponerse a ciertas cuestiones fundamentales de extrema actualidad: Birmania, que hace pocas fechas ha ingresado en la ASEAN, viola de forma flagrante y cruel los derechos humanos y democráticos; algunos países de la ASEAN aplican la pena de muerte con mucha frecuencia, pese a todos los convenios internacionales; Timor Oriental se encuentra en una situación que sigue pendiente; el comercio de armas viola todos los convenios internacionales celebrados.
A nuestro juicio, por lo tanto, es preciso que no se puedan negociar los principios de autodeterminación y de libertad y los derechos humanos. Consideramos indispensable que los países de la ASEAN firmen los dos convenios internacionales sobre los derechos humanos y contra la tortura.
Termino, señor Presidente, diciendo tan sólo que, por motivos técnicos y burocráticos, la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa no fue incluida en el informe general de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. Confío en que mañana, a través de las enmiendas orales, esta intervención sea tenida en cuenta.

Moniz
Señor Presidente, antes que nada, quería felicitar a mi colega el Sr. Hindley por su trabajo. Las conclusiones son resultado ciertamente de un estudio profundo de los complejos problemas que entrañan las relaciones de la Unión Europea con la ASEAN.
Se registra la importancia cada vez mayor de los países de la ASEAN en la economía internacional, su importancia estratégica para la garantía de la paz, de la estabilidad y la seguridad en una región que influye en gran medida en los acontecimientos a escala mundial. Se evalúa correctamente la posición de la Unión Europea que es el segundo inversor, desde el punto de vista económico, en esa región y que deberá optar por una actitud positiva de fortalecimiento de su participación en las acciones tendientes al desarrollo económico y social de esos países. Así, es absolutamente necesario concretar un diálogo más estrecho y elevar los niveles de cooperación, desideratum no asegurado claramente -conviene decirlo- por la Agenda 2000 y de relación, ya sea en las esferas del comercio, de la política de inversiones o en el acceso a los mercados.
Sin embargo, es indispensable una evaluación permanente de los niveles de cooperación teniendo presentes los requisitos de la reciprocidad y las limitaciones impuestas por las normas internas de la ASEAN. Como también resulta imperativo garantizar que la condición del respeto de los derechos humanos se aplique a todos los acuerdos Unión Europea-ASEAN y que no se quede sólo en el papel, sino que se garanticen efectivamente los derechos sociales de los trabajadores y la libertad individual de los ciudadanos.
Todos consideramos normales las trabas que la Unión Europea está poniendo a Birmania por no respetar los derechos humanos. Pero también conocemos todos la posición irreductible de Indonesia, en particular en lo relacionado con Timor Oriental, en una actitud de claro enfrentamiento a la que la Unión Europea tiene que saber responder con eficacia y determinación. Por eso, sería más apropiado y políticamente sostenible exigir a este país el cumplimiento de las normas internacionales reconocidas por las Naciones Unidas que pedir a Portugal autorización para negociar acuerdos de tercera generación, aun cuando se les reconozca importancia y valor intrínsecos como mejor opción para la nueva dinámica en las relaciones Unión Europea-ASEAN. Todo esto en un marco democrático, de justicia y respeto de la dignidad humana.

Stasi
Señor Presidente, si hay un país en el mundo al que la Unión Europea deba conceder su ayuda, ése es Camboya, y ello al menos por dos razones. En primer lugar porque Camboya es uno de los países más pobres del mundo, y como su comercio exterior es claramente deficitario, únicamente un apoyo muy decidido por parte de la comunidad internacional puede detener e invertir el proceso de pauperización en que se encuentra inmerso.
Pero este esfuerzo también se impone por razones morales. La pasividad y la cobardía que ha demostrado la comunidad internacional, y los países europeos en particular, mientras el pueblo camboyano era víctima de un verdadero genocidio a manos de los Jemeres Rojos, nos obliga ahora a ayudar a este pueblo a impulsar su economía, a mejorar sus condiciones de vida y a encaminarse por la senda de la democracia.
También, hemos acogido con satisfacción el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Camboya, firmado el pasado 29 de abril en Luxemburgo. Éste es un buen acuerdo, y las prioridades que de él se desprenden responden muy bien a la situación del país y a las necesidades de sus habitantes. Entre sus principales objetivos figuran la lucha contra la pobreza, la búsqueda de un desarrollo duradero, la defensa del medio ambiente, principalmente mediante la lucha contra la deforestación, la retirada de minas, la educación, la promoción de la inversión privada y también la promoción de la democracia y el respeto por los derechos humanos.
En el mes de junio pasado, por diferentes razones y a pesar de las reservas que se podían poner a la situación del país en lo que respecta a la estabilidad política y al respeto por los derechos humanos, el Grupo del PPE aprobó la aplicación de este acuerdo. Al día de hoy, la situación se presenta, por desgracia, muy diferente. El golpe de estado por el cual el Viceprimer Ministro, Sr. Hun Sen, destituyó al Primer Ministro, Sr. Norodom Ranariddh, ha sumido de nuevo a Camboya en el caos. Se han reiniciado los combates, la violencia se manifiesta de diferentes formas (pillaje, asesinatos), el poder pone en duda el pluralismo político y los derechos humanos son objeto de escarnio. Ratificar este acuerdo hoy, en este contexto dramático, sería avalar el golpe de Estado y todas las exacciones a las que ha dado lugar, y que se multiplican también por todo el territorio camboyano.
También el Grupo del PPE aprueba al ponente Luciano Pettinari que, al principio de la sesión, propuso que el Parlamento Europeo devolviera a la comisión su informe que defendía la ratificación del acuerdo con Camboya. Sin duda, para Europa, para la Unión Europea, no se trata de desinteresarse por segunda vez de la suerte desgraciada del pueblo camboyano. Al contrario, se trata, recurriendo a lo que el ponente definió como «devolución activa», de presionar sobre aquellos que detentan el poder para que cese el imperio de la ilegalidad y de la violencia, para que se apliquen los acuerdos de París, principalmente en lo relativo a la celebración de elecciones en marzo de 1998, elecciones que debemos exigir se celebren bajo control internacional.
El pueblo camboyano ha sufrido demasiado a lo largo de su reciente historia y nuestras responsabilidades con respecto a él son demasiado importantes como para que el Parlamento, en esta votación, no manifieste clara y decididamente su voluntad de ayudar a Camboya a comprometerse finalmente en la vía del desarrollo y de la democracia.

Plooij-Van Gorsel
Presidente, colegas, Comisario, en primer lugar quiero felicitar al ponente Hindley por sus dos amplios informes. El Grupo Parlamentario Liberal está satisfecho con la ampliación de lacooperación con la ASEAN a Viet Nam. Esto supondrá un estímulo para el crecimiento económico de ese país y fomentará la estabilidad social en este empobrecido país. Las alianzas comerciales dentro de la ASEAN estabilizarán las relaciones regionales con lo cual la región se hará más atractiva para inversores europeos.
El comercio electrónico sobre todo tiene perspectivas muy interesantes tanto para los grandes como para los pequeños empresarios europeos, siempre y cuando los países de la ASEAN no apliquen aranceles nuevos en este sector. Pienso al respecto sobre todo en la severa reglamentación de Singapur referida a la censura en Internet. El diálogo internacional es muy importante para garantizar el libre comercio electrónico.
El grupo parlamentario liberal se muestra satisfecho que la cooperación con Viet Nam se vincule al respeto por los derechos humanos. Esta cláusula es uno de los pocos instrumentos de los que dispone la Unión para forzar el respeto de los derechos humanos. Mi grupo parlamentario espera que se llegue pronto a un resultado positivo en cuanto a los derechos humanos en los otros países de la ASEAN.
En cuanto a la cooperación con los otros Estados miembros de la ASEAN, los incendios forestales en Indonesia nos vuelven a demostrar claramente la importancia de la cooperación en el ámbito del medio ambiente y desarrollo. Por consiguiente, esperamos que la colaboración en estos ámbitos sirva para prevenir este tipo de catástrofes ecológicas en el futuro.
Por último, mi grupo parlamentario quiere subrayar que es de gran importancia promocionar el euro, nuestra moneda común, en el mundo de los negocios en Asia. Esto puede llevar a una mejora en nuestra posición como tercer socio comercial de esta región.

Telkämper
Señor Presidente, sin duda el Sudeste asiático es una región en plena expansión como acaba de decir el Sr. Hindley. Por ello, es comprensible que exista una prosecución del acuerdo de 1980 entre la Unión Europea y los Estados de la ASEAN. Pero ¿qué es lo que está en expansión actualmente? Los cracs, los miedos de que pase lo que ocurrió hace algunos años en México. En Tailandia se derrumba el Baht, en Kalimatan, Sumatra y las Célebes arden desde hace semanas los bosques tropicales. En Birmania, Camboya, Timor Oriental y muchas otras regiones se violan desde hace años los derechos humanos. ¿Qué deducimos de ello? No se pueden proseguir las relaciones exactamente igual que hasta ahora. No se puede liberalizar sencillamente el comercio o impulsar la liberalización de las inversiones según el modelo de la OMC. Creo que deberíamos hablar más sobre si para la estabilización de los mercados financieros no sería razonable introducir algo así como el impuesto Tobin. El Premier de Malasia tenía razón cuando hace algunos días dijo en la Conferencia del Banco Mundial del FME en Hong-Kong que las especulaciones con divisas son inmorales y exigió su prohibición.
En segundo lugar, si concluimos un convenio, los derechos humanos deben tener cabida en el mismo. La UE no debe eludir esta cuestión sencillamente mediante protocolos. Por nuestra propia comprensión democrática, la condición básica para nuevos convenios tiene que ser la participación del Parlamento Europeo. No necesitamos protocolos sino un nuevo acuerdo de la tercera generación. Por ello, al igual que muchos otros colegas, exigimos a Portugal que levante su veto relativo a Timor Oriental. Pero esto no significa que reconozcamos las violaciones de los derechos humanos que allí se producen sino que lo que expresamos es que este problema es un problema de la Unión Europea y no sólo de Portugal. Los demás países europeos están también implicados pues es responsabilidad de la historia colonial. Quizás logremos asignar a este territorio de Timor Oriental algo así como un mandato protector de la Unión Europea desde la responsabilidad histórica; quizás se pueda incluso excluir de los convenios.
En tercer lugar: la economía sostenible debe tener la máxima prioridad. La economía no debe seguir liberalizándose sino transformarse. No se trata de la supresión de corsets sino de prohibiciones para productos fabricados bajo unas condiciones de derroche de recursos o contrarias a los derechos humanos. Necesitamos para ello unos compromisos de protección y creo que si los tuviésemos no se habrían producido los incendios forestales. Tengo que plantear una pregunta al Comisario: la Unión Europea o, en su caso, la Comisión, ha apoyado sistemas de prealerta en Sumatra. ¿Porqué no han funcionado? ¿Qué es lo que ha ocurrido con los nativos en esos incendios? ¿Se han quemado también? ¿Son estos incendios quizás una forma de liberalización para que se pueda plantar próximamente allí arroz y existan pronto plantaciones en lugar de bosques primarios? ¿Qué hacemos para conservar el medio ambiente? ¿Qué hacemos para proteger los recursos o transmitir los conocimientos, la riqueza, que tenían los pueblos en esa región y en los bosques?
Para finalizar, me voy a referir a los convenios. Si tenemos nuevos convenios y Birmania viene a sumarse, por el momento solamente podemos apoyar -como muchos han dicho antes- la posición que Gran Bretaña defiende en lo tocante a la ASEAN 1998, no dando el visto bueno a Birmania. Creo que no debemos aceptar a un Estado así en la ampliación. Naturalmente, la ampliación es un problema de la ASEAN, pero tenemos que recapacitar sobre si aceptamos o no lo que nos presenta la ASEAN y si por motivos de violaciones de los derechos humanos o por motivos económicos no podemos aceptarlo, entonces tampoco deberíamos hacerlo y, en lugar de ello, mostrar claramente nuestra posición.

Dell'Alba
Señor Presidente, señor Vicepresidente Marín, Señorías, hoy, en algunos diarios europeos, un grupo de diputados ha dicho, entre otras cosas, que Europa va mal, que va mal porque, con respecto al Tratado de Amsterdam, no ha sabido colocar convenientemente la democracia en el primer lugar de sus instituciones, de sus procedimientos y de sus reglas de funcionamiento.
Si Europa va mal, la ASEAN va muy mal. Por otra parte, no es por casualidad si los incendios arrasan la región, si las monedas están en caída libre. No es el liberalismo a cualquier precio el que impera allí, estimado colega Telkämper, sino un liberalismo, un sistema económico que soslaya los derechos humanos y la democracia, pretendiendo, en nombre del mercado y del crecimiento, olvidar que los derechos humanos son un valor universal, pretendiendo olvidar la democracia política y pensar que un modelo estatal puede funcionar con esos valores.
Nosotros, como miembros de la Unión, tenemos otros valores y creo que, en este asunto, es importante señalar, como hacen todos los colegas con razón que, en nombre de la ley del comercio, de la ley de los beneficios, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que, a pesar de sus generales, un poco dictatoriales como ella misma reconoce, la ASEAN haya aceptado a Birmania mientras Aung San Sun Kyi, Premio Nobel y Premio Sajarov, se encuentra en situación de arresto domiciliario.
No, creo que este Parlamento y la Unión tienen el derecho y el deber de decir que no y, por consiguiente, de hacer todo lo posible para que se acepten las cláusulas de los derechos humanos, las reglas que nosotros nos hemos dado en nuestras relaciones con aquellos países con los que cooperamos. Si éste no fuera el caso, podemos decir sencillamente a nuestros amigos de la ASEAN que pueden buscar en otra parte porque nosotros no estamos interesados.
Sé que es una posición difícil y que, con mucha frecuencia, como ocurre con China y otros países, nos conformamos con hermosas palabras para después hacer otra cosa. Creo que una actitud firme con los países de la ASEAN sería un medio para probar que nuestros valores existen realmente o para ver si podemos soslayarlos cuando nos interesa.
Malasia y otros países están poniéndose a la cabeza de un movimiento que tratará de oponerse al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, si nuestros valores son reales, con ellos pondremos en práctica la cooperación que deseamos. Desde este punto de vista, las palabras del ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa son muy importantes. La puesta en tela de juicio de la pena de muerte que se practica en esos países y las demás violaciones denunciadas en el informe han de servir de prueba para la Comisión y para todos nosotros, a fin de mostrar nuestras prioridades en la forma como tratamos con esos países. El Ministro inglés Robin Cook acaba de rechazar un mercado de armas muy interesante con Indonesia. A mi juicio, ha hecho bien. Signos como ése son importantes para permitir que se rompa el acuerdo si la ASEAN pretende aceptar a Birmania en su seno. ¿Por qué no concluir acuerdos bilaterales sobre la base de nuestros valores?
Éste es el desafío al que, a mi juicio, hemos de enfrentarnos, un desafío para el que, por ejemplo, en el ámbito del presupuesto de la Unión Europea, nuestro grupo ha propuesto poner en reserva una serie de créditos asignados a los países de la ASEAN, precisamente para demostrar que no estamos contentos con la aceptación de Birmania entre sus miembros.

Antony
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Hindley trata sobre las relaciones de la Unión Europea con Viet Nam y su extensión a través de los acuerdos firmados con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. El texto presenta cifras indicadoras de los progresos económicos realizados por Viet Nam y recuerda también la posibilidad de suspensión de nuestros acuerdos en caso de violaciones de los derechos humanos. Este «en caso» es verdaderamente sorprendente, ya que el simple sentido común habría de llevar a la observación de que no se debería haber firmado ningún acuerdo desde el momento en que debiera someterse al respeto por los derechos humanos. Pero quizá los opositores al régimen comunista, los creyentes, los cristianos, los budistas y otros perseguidos, no serían aquí considerados como hombres. Viet Nam no ha sido liberado del yugo comunista, no más que Laos o Camboya.
Habría mucho que decir a propósito de lo que de verdad reflejan las cifras del mayor bienestar económico, habiendo reducido el país a la miseria generalizada mediante el colectivismo más feroz. La mínima flexibilización provoca, con toda evidencia, un mayor bienestar, pero muy relativo. Lo que es, por desgracia, cierto es la increíble corrupción que gangrena el país, según el proceso en vigor en todos los regímenes socialistas, en los que, tras la erradicación de los hombres y de las estructuras de la economía de mercado natural, sólo pululan las mafias, como las malas hierbas en un campo devastado desde hace mucho tiempo. Pero, al igual que la China de «lao gaï», que Camboya o Laos, Viet Nam sigue siendo un país de opresión, donde continúa el inmenso martirologio de los pueblos esclavizados por el comunismo.
Repitámoslo tantas veces como sea necesario, el comunismo mataba antes que lo hiciera el nazismo. Mataba mientras lo hacía el nazismo. En 1997, sigue matando. Las noticias que nos llegan de Viet Nam (tengo tres ahijados vietnamitas) son siempre las de la represión violenta de todas las libertades, las de la represión sangrante de cualquier manifestación, pero aquí dos tercios de esta Asamblea luchaban por la llamada paz en Viet Nam.
En sus dos guerras de conquista, el comunismo vietnamita ha matado a millones de personas, en las ejecuciones de masas, en los campos de la muerte, y también está la huida de los boat people . Por desgracia, en nuestros países occidentales no les faltaban apoyos a los Vietmin y después a los Vietcong, tampoco en el Partido Comunista, por supuesto, el del traidor Boudarel a quien todavía no se ha juzgado, el siniestro torturador del campo 113, autor de crímenes contra la humanidad, que esta mañana tomaba un café con leche en el bulevar Saint-Germain.
Pero también obtuvo un apoyo masivo en la jerarquía y el clero católicos, según la propia confesión del cardenal de Courtray, el 5 de enero de 1990. Nosotros, los franceses, esperamos ahora que los obispos de Francia pidan perdón por sus compromisos sin excusas, durante decenas de años, con los verdugos de los 200 millones de víctimas de estos pueblos esclavizados.

Junker
Señor Presidente, Señorías, el debate de hoy gira en torno a la organización de la ASEAN en general, en torno al miembro relativamente nuevo Viet Nam y al últimamente acogido Laos así como en torno a Camboya, cuya condición de miembro en ASEAN fue suspendida provisionalmente a causa del violento cambio de poder del pasado julio. Otro nuevo miembro de la ASEAN, Birmania, no es objeto hoy del debate pero no puede quedarse fuera de las consideraciones.
Como el Sr. Hindley describe acertadamente en su informe, la ASEAN es una alianza interasiática que fue concebida como baluarte contra el comunismo. Pero con Laos y Vietnam se incluyen hoy en esta ronda de tigres dos países gobernados por comunistas, a pesar de todas las liberalizaciones económicas. Desde la disolución de los bloques, ha cambiado la situación. La asociación es hoy de importancia geoestratégica frente al gigante chino en el Norte. Hasta hace poco, la mayoría de los miembros de la ASEAN -en concreto, Malasia, Singapur, Tailandia y, en parte, también Indonesia- habrían podido ser considerados como ejemplos de una historia de éxitos encadenados.
Tasas de crecimiento de dos cifras hicieron que los rascacielos surgiesen del suelo como setas y la producción y las exportaciones experimentaron un boom sin parangón. Europa notó también la agresiva competencia comercial y ha tenido y tiene que luchar con desplazamientos de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se vio en los países de la ASEAN un importante mercado que tenía que ser ocupado estratégicamente, de modo que la Unión Europea se convirtió en el segundo inversor más importante en esta región.
El acuerdo de cooperación con la ASEAN se basa en el nivel de relaciones existente en 1980. Por ello, parece que es muy necesaria una actualización si bien creo que es más fácil decirlo que hacerlo. De momento, ampliar el acuerdo existente a otros nuevos miembros es solamente una intención. En el caso de Brunei, el rico sultanato petrolero, no ha supuesto ningún problema. También en el caso de Viet Nam es más o menos una cuestión de forma si bien con un inconveniente. Ha salido a relucir la cuestión de los derechos humanos.
Quien haya abierto los ojos en alguna ocasión en un país de la ASEAN habrá comprobado que el trabajo infantil, la explotación sexual de niños y mujeres, la ausencia de derechos de trabajadores y la represión de minorías étnicas y religiosas se encuentran en el orden del día en muchos lugares. Las condiciones laborales en Indonesia, en Malasia y en otros lugares son siempre motivo para exigir el respeto de las normas de las organizaciones internacionales de trabajo y para incluir una cláusula social en el marco de la OMC, lo que inquieta poco a los Estados de la ASEAN. Invocan los valores asiáticos que son los que hay que respetar. Malasia reclamó incluso una modificación de la definición de los derechos humanos en el Convenio de la ONU de 1950.
Sin embargo, los tigres han sufrido en los últimos tiempos unos duros golpes. Turbulencias monetarias, quiebras económicas o catástrofes medioambientales, precisamente también en los últimos días y semanas, muestran claramente que la explotación exhaustiva de las personas y del medio ambiente y un desarrollo económico sin un sólido fundamento, se vengan dramáticamente. De este modo, la exigencia de una nueva dinámica en las relaciones con la ASEAN obtiene una nueva dimensión. Para la Unión Europea esto significa ejercitar un equilibrio entre los sistemas políticos y económicos, entre cooperación, permisividad y rechazo cuando se sobrepasan los límites tolerables.
No debe realizarse un convenio con el nuevo hombre fuerte Hun Sen en Camboya, quien ha andado literalmente sobre cadáveres para hacerse con el poder. Tampoco debe apoyarse al régimen militar de Birmania, que pisotea los derechos humanos y se financia con el tráfico de drogas y el contrabando ejerciendo de este modo una nefasta influencia sobre los países vecinos a quienes la pobreza arroja a cultivar opio.
Precisamente en el ejemplo de Viet Nam y de Laos, creo que es importante subrayar el aspecto del desarrollo y destacar que de lo que se trata es lograr un desarrollo sostenible. Esta es la tarea de la Unión Europea.

Günther
Señor Presidente, Señorías, en mi intervención me voy a limitar a Laos. Quiero felicitar al Sr. Castagnède por su informe y por lo que ha añadido en el debate. Cuando hablamos sobre el desarrollo, nos ocupamos fundamentalmente de los Estados ACP. Pero en el caso de Laos se trata de uno de los países más pobres del mundo que no tiene acceso a los recursos y créditos del Fondo de Desarrollo Europeo. Visto así, este acuerdo representa naturalmente una esperanza de participación y de cooperación.
Pobreza en un país como Laos no sólo significa carencia de alimentos, sino también de salud, de formación y de oportunidades de vida en general. Los ingresos per cápita en este país son de 290 dólares al año y si se calcula en esta cantidad lo que hemos aportado hasta ahora como cooperación para el desarrollo, el 15 % de esos ingresos provienen de ayudas y subvenciones de la Unión Europea.
Si ahora perseguimos una cooperación en el marco de este acuerdo, deberemos tener claro que proyectamos un comercio y una cooperación a lo largo de medio mundo. Por otro lado, como consecuencia del ingreso del país en la ASEAN, se abre un mercado que abarca al fin y al cabo 400 millones de consumidores. Por otro lado, tengo que plantear algunas preguntas a la Comisión aunque este acuerdo me guste mucho.
La primera es la siguiente: ¿cuál es la situación de la democratización ante un Gobierno de partido único si además se constata que aproximadamente el 75 % de los dirigentes de este país son oficiales y militares de alto rango? La segunda pregunta es la siguiente: ¿van a mejorar sensiblemente las oportunidades comerciales del país con los países asiáticos vecinos, de modo que se pueda partir del hecho de que aquí surge lo que siempre queremos impulsar especialmente en el sector del desarrollo, a saber, un mercado regional, un mercado de trayectos relativamente cortos?
La tercera pregunta se refiere a las minas antipersonas. En el acuerdo se dice que la Comisión quiere examinar el problema. Le pregunto qué significa eso de examinar el problema. Nos encontramos ante el hecho de que hasta ahora ni siquiera hemos logrado quitar anualmente más minas de las nuevas que se colocan. Aquí existe una enorme discrepancia y me alegraría si se tratase este problema con preferencia en vez de aplicar remedios absolutamente insuficientes en diversos lugares.
La última pregunta que deseo plantear es la siguiente: ¿qué seguridad tiene la moneda? ¿Se han realizado esfuerzos y planes para que el país obtenga paulatinamente una moneda estable y que sea convertible? Ante una tasa de inflacción del 20 %, las tasas de crecimiento del 7 % son algo más modestas.

Harrison
Señor Presidente, la ASEAN está creciendo rápidamente y la Europa fraternal acaba de advertir la presencia de ese precoz hermano menor cuyos lazos familiares con Europa, ya sean políticos, económicos o culturales, se fortalecen diariamente. Como buenos hermanos, necesitamos una forma sensata y constructiva de hablarnos, por lo que acojo con efusiva satisfacción las comunicaciones de la Comisión y los excelentes informes elaborados por los ponentes del Parlamento.
Tomemos el proyecto mayor de Europa, la UEM; en una conferencia reciente en Singapur se pusieron de relieve las enormes oportunidades comerciales y financieras que se intensificarán entre los dos bloques, una vez que el euro se codee con el dólar y el yen como moneda mundial de reserva.
La reciente visita del Comisario De Silguy a los países de la ASEAN pone de relieve esa apasionante evolución. Por desgracia, las recientes turbulencias financieras de la ASEAN pueden haber empañado el mensaje del Sr. De Silguy. Como ha dicho un funcionario tailandés: »Me preocupa más el marco de hoy que el euro de mañana». La rencilla del doctor Mahathir con George Soros sobre la amenaza al ringgit malayo contribuye simplemente a subrayar la interdependencia de los mercados financieros mundiales, como si no hubieran ya lanzado suficientes señales de alarma los Baring Brothers de Singapur.
También se están fortaleciendo los vínculos políticos dentro y fuera de la ASEAN. Los diez países de la ASEAN deben abordar ahora las tensiones internas, en particular cuando dichas tensiones se extienden y contaminan las relaciones con la UE. Tenemos que encontrar una voz, ni ronca ni sotto voce , para plantear las preocupaciones por la violación de los derechos humanos y políticos en toda la región y en particular en Birmania.
El Gobierno británico ha declarado con claridad que no se consideraría a Birmania participante pleno en la reunión del ASEM que se celebrará el año próximo en Londres durante la Presidencia británica.
Al mismo tiempo, debemos aceptar la decisión de la ASEAN de incorporar a Birmania, como también a Laos y, en su momento, a Camboya al bloque completo. El declive de Camboya hacia la inestabilidad política debe sin duda movernos a apoyar cualquier movimiento hacia la democracia que surja en ese turbulento país. Esperemos que el próximo mes de mayo o de noviembre se puedan celebrar elecciones libres e imparciales con el aliento de la UE.
En el caso de Vietnam, el acuerdo de cooperación con la UE brinda importantes oportunidades para un diálogo animado, pero constructivo. ¿Cómo se interpretará el primer llamamiento hecho a un país de la ASEAN en pro de los derechos humanos en el caso de Vietnam? No cabe duda de que sería una negligencia por nuestra parte pasar por alto la importancia de países como Malasia e Indonesia en el mundo de hoy. Indonesia, la cuarta nación del mundo en importancia numérica, aún no ha resuelto sus dificultades con Europa, incluido Portugal, por la cuestión de Timor Oriental. Espero que se muestre receptiva a la petición del Parlamento de visitar Timor Oriental con una delegación oficial del PE. Si se conceden los visados, nosotros debemos estar, a nuestra vez, dispuestos a informar imparcial y rectamente de todo lo que veamos y oigamos, varios años después de las espantosas muertes de Dili.
Por último, la contaminación. El Niño y las políticas de Indonesia de desforestación de tala y quema forman una combinación devastadora. Los países de la ASEAN no se pueden aislar del mundo exterior, como tampoco pueden hacerlo Europa y Gran Bretaña. Esperemos que, cuando nuestros amigos y colegas lleguen el año próximo a Londres, ahora milagrosamente libre de la contaminación que la tenía totalmente envuelta en el siglo XIX, sólo la neblina y la llovizna del siglo XXI se interponga entre la ASEAN y nosotros en el desarrollo de nuestro futuro fraternal y cooperativo. Gracias, señor Presidente.

Marín
Señor Presidente, voy a referirme consecutivamente a los distintos informes de los Sres. Pettinari, Castagnède y Hindley y a las opiniones emitidas por la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Exteriores.
En lo que concierne a Camboya, es cierto que, tras la expulsión por la fuerza del príncipe Norodom Ranariddh, este país, que parecía gozar de una relativa estabilidad, poco a poco ha ido llegando a una situación en que los últimos acontecimientos han puesto de relieve la precariedad de su situación interna, no solamente en términos democráticos o de evolución hacia la democracia sino también en términos regionales, como lo prueba la exclusión por primera vez de Camboya del marco ASEAN en la última reunión de Kuala Lumpur. Esto tuvimos posibilidad de discutirlo el pasado día 17 de julio, cuando el Parlamento presentó su resolución.
Como ustedes saben, las elecciones están previstas para el día 23 de mayo de 1998 y es evidente que la comunidad internacional va a hacer de estas elecciones la prueba de intenciones del actual Primer Ministro, Sr. Hun Sen. En este momento, la Asamblea Nacional de Camboya está discutiendo la ley electoral. Su aprobación, y su contenido sobre todo, van a ser fundamentales para poder juzgar en ese preciso momento la estrategia de las autoridades camboyanas para los próximos meses. Es evidente, y en eso compartimos la opinión del ponente Sr. Pettinari, que la comunidad internacional, y particularmente la Unión Europea, tenemos que hacer todo lo posible para obligar a que los actuales líderes respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y aseguren, a través del proceso interno que tiene que culminar en las próximas elecciones del año que viene, un proceso que normalice la situación en Camboya, tal y como se estaba a duras penas consiguiendo antes de los incidentes que acabo de relatar.
En este sentido, ustedes saben que la Comisión Europea está dispuesta a movilizar importantes recursos -9, 5 millones de ecus, que es una cantidad importante- destinados precisamente a organizar las elecciones de 1998. Y, naturalmente, pensamos que tiene que haber una estrecha coordinación para tomar esta decisión. El presupuesto lo tenemos. Hay que tomar la decisión política de emplearlo. Porque la participación o no de la comunidad internacional y, particularmente, de la Unión Europea en la realización, ayuda, monitoring y observación de las elecciones dependerá de la credibilidad de la ley electoral que se está debatiendo ahora en la Asamblea Nacional camboyana y de las condiciones objetivas con que se desarrollen esas elecciones generales.
En consecuencia, es evidente que, en su momento, habrá que optar por participar o no y, en el supuesto de que participemos, ver cómo participar para que se pueda ejecutar este proyecto en condiciones de limpieza y de transparencia, de modo y manera que el país se normalice.
¿Cómo estamos operando, teniendo en cuenta la situación del país? Estuvimos discutiendo mucho tiempo en la reunión de Kuala Lumpur sobre cómo proceder y, finalmente, tomamos la decisión de hacer un ejercicio de modulación. Modulación, ¿por qué? Porque no era yo muy partidario -y no me importa confesarlo- en aquel momento, durante la Conferencia de la ASEAN -luego hablaremos del informe del Sr. Hindley-, de acordar una ruptura total y definitiva en la cooperación con Camboya, esencialmente porque la mayoría de la programación económica financiera que se está haciendo en Camboya está afectada a zonas importantes del mundo rural y del campesinado y, en consecuencia, si se hubiera tomado una decisión radical, no sé si le hubiera creado muchos problemas al Sr. Hun Sen pero, en cualquier caso, hubiéramos creado muchísimos problemas a la clase campesina, que realmente es la que se está beneficiando de estos programas de cooperación.
En consecuencia, optamos por una vía de modulación, es decir, conservando en la programación aquellos proyectos que tienen el máximo de impacto en las zonas más vulnerables de la población y controlando mucho más aquellos proyectos que pudieran tener una conexión política con el poder, por así decirlo. Esta es la lógica que estamos utilizando.
Ustedes saben que va a haber en la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente los días 22 y 23 del próximo mes de noviembre, un debate internacional sobre Camboya y que estamos esperando tener información más precisa de las gestiones realizadas por los países ASEAN. Además, dentro de un par de semanas el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia visitará la Comisión Europea para informarnos, entre otras cosas, de este punto, ya que él preside en este momento el grupo ASEAN y queremos saber exactamente cómo está la cuestión.
Respecto a la ratificación por parte de Camboya, es más que probable que, debido a las actuales circunstancias, la Asamblea Nacional camboyana no pueda hacerlo antes del año en curso. Esto nos da un margen de maniobra, porque nos va a permitir poder constatar qué es lo que ocurre en las elecciones de marzo, pues cuando haya que tomar la decisión política en el Consejo y la decisión financiera en la Comisión -e indirectamente en el Parlamento Europeo, porque ustedes son la autoridad presupuestaria-, habrá que estimar si merece o no la pena hacer el gasto de 9 millones de ecus en relación con las condiciones de la ley electoral y en la medida de que haya un mínimo de transparencia en las elecciones.
En cuanto a Laos, agradezco al Sr. Castagnède que haya puesto énfasis en los enormes desafíos que enfrenta en este momento Laos. Por sus características -país con un desarrollo social y económico débil, su transformación en una economía de mercado, sus esfuerzos por abrirse-, qué duda cabe de que la Unión Europea tenía también que dar una respuesta a estos esfuerzos. El mensaje político, como se señala en el informe, es el elemento esencial que se le está dando a la República Democrática de Laos y el hecho de que se firmara este acuerdo de cooperación es un mensaje político de que creemos que están en la buena vía.
¿Vamos a poder influir en dicho país? Pues, naturalmente, esa es la pretensión de todos los acuerdos de cooperación que realizamos. Y yo creo que, en la medida en que se vaya integrando política, económica y regionalmente, es sumamente útil que pretenda trabajar dentro del marco general que les ofrece la ASEAN. Nuestra idea es, una vez que el Parlamento Europeo haya aprobado este acuerdo de cooperación, celebrar el primer comité mixto que está previsto en el acuerdo en Vientian a comienzos de 1998.
Respecto de la ampliación del acuerdo ASEAN/Unión Europea al Viet Nam, debo decir que, para la Comisión, el realizar el acuerdo de cooperación con Viet Nam fue un reto político y una enorme satisfacción porque piénsese que este acuerdo empezó a negociarse, si mi memoria no me falla, hace aproximadamente dos años. Han sido unas negociaciones muy largas y empezamos a negociar en un momento en que las posibilidades de éxito eran muy reducidas. Viet Nam no era miembro de ASEAN, mantenía su estado de guerra con los Estados Unidos, y la Unión Europea, como pionera, empezó la negociación. Posteriormente, Viet Nam ha normalizado su situación con ASEAN y con los Estados Unidos, es decir, que, de nuevo, se ha demostrado que este tipo de negociaciones, aunque el interlocutor no tenga una democracia perfecta y pueda plantear perfiles de duda respecto del planteamiento europeo, al final hay operaciones que salen bien y de las que nos podemos sentir legítimamente satisfechos, y una de ellas es el acuerdo que iniciamos en tierra de nadie y atravesando el desierto hace dos años con esta República. Se arregló la situación. Viet Nam entró en la ASEAN. Pensamos que esto es positivo porque Viet Nam va a tener un acicate, va a tener un elemento de motivación para abrir su economía y, abriendo su economía, se producirá en Viet Nam un relevo generacional importante y la toma de nuevas decisiones dentro del Partido Comunista vietnamita. La transformación de Viet Nam no se va a hacer en 24 horas, ni en una semana, ni en un año, se trata de un proceso que todavía va a durar tiempo, pero el proceso se sigue confirmando y esto es lo importante.
Que ASEAN aumenta la estabilidad política de la región me parece evidente. Como señalaban algunos oradores, la situación en esta parte del mundo cambió. Si hay una zona donde el final de la guerra fría, en términos geopolíticos, ha tenido una gran importancia es precisamente el southeast y las relaciones han cambiado fundamentalmente. En consecuencia, nos parece sumamente útil que se apoye esta iniciativa de ampliar el marco ASEAN en favor de Viet Nam.
En cuanto a los derechos humanos, hay que decir que, tanto en el caso de Viet Nam como en los de Camboya o Laos, son una cláusula de posibilidades. Naturalmente que tenemos que mantener, como dice el Parlamento Europeo, esta cláusula en todos los acuerdos de cooperación. Pero no se puede pensar, porque sería ingenuo, que el hecho de lograr que la otra parte negociadora acepte la cláusula democrática en los acuerdos de cooperación signifique que el país se democratiza automáticamente. Eso no es así. Con la inclusión de la cláusula democrática en los acuerdos de cooperación se inicia la posibilidad de un diálogo político que nos puede permitir a todos ir progresando en el respeto de la libertad y de los derechos humanos. Pero que nadie piense que porque tenemos la cláusula democrática con Viet Nam, Laos y Camboya vamos a producir el milagro de la democratización automática de estos tres países. Eso no. Es una cuestión de tiempo, de perseverancia, de tenacidad, de mantener las tendencias y, naturalmente, de reaccionar, como ha ocurrido en el caso de Camboya. Si hay que dar marcha atrás, automáticamente modulamos, que es una forma piadosa de decir «intervenimos», controlando el tipo de cooperación que hacemos. Yo creo que esa es la clave que tenemos que seguir para entender cómo vamos a trabajar con la cláusula de los derechos humanos.
Señor Hindley, ¿qué puedo decirle sobre la situación general de la ASEAN? No puedo decir nada que ustedes no hayan dicho en el informe y nada que no hayan podido ni leer, ni ver, ni escuchar en los últimos meses de una situación de difícil manejo. Y la situación de difícil manejo, yo creo que la tendrán que explicar mucho más los países ASEAN que la Unión Europea. ¿Por qué? Los países de la ASEAN toman una decisión valiente, interesante, de excluir a Camboya, precisamente porque en Camboya se ha producido una marcha atrás en términos de normalización democrática y, al contrario, otro país donde hay una junta militar, como Myanmar, sin embargo, se le admite. Esto tiene una explicación de carácter fundamentalmente geopolítico, perfectamente comprensible de la zona que estamos hablando. Pero, naturalmente, ellos mismos, los países de la ASEAN, son conscientes de que están en una situación muy incómoda en el plano de la explicación internacional, fuera de ciertas explicaciones de naturaleza geopolítica que ustedes pueden imaginar.
En cualquier caso, lo que sí les quiero decir es que, independientemente de la situación complicada de Kuala Lumpur, se manifestó, tanto por su parte como por la nuestra:
1.Que la ASEAN quiere seguir existiendo, independientemente del fenómeno ASEN. Es decir, ASEN no puede significar un fenómeno de sustitución o dilución de la organización ASEAN, y esto es bueno.2.Es cierto, y lo declaro así, que la Comisión se ha visto obligada a establecer una ingeniería institucional, al objeto de evitar el problema que plantea el no poder tener un acuerdo que pueda renovar el del año 1980. Y hemos tenido que hacer una ingeniería institucional que nos va a permitir progresar protocolo por protocolo, y «sectoriar» de una forma independiente, porque ésta era la única manera de salvar políticamente el momentum dado que las condiciones políticas para poder tener otro nuevo acuerdo regional que sustituyera al viejo acuerdo de hace ya 17 años, no se dan en este momento por las contingencias políticas que ustedes conocen perfectamente.En consecuencia, a falta de un acuerdo, lo que hemos hecho es seccionar las diversas partes del acuerdo y vamos a hacerlo a través de protocolos para, de ese modo, evitar los problemas institucionales. No sé si es genial, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero, tras dos años ya de darle vueltas, la Comisión ha encontrado un artilugio institucional -yo lo reconozco-, pero es lo que nos está permitiendo por lo menos responder al desafío del comercio, al desafío de la propiedad industrial, al desafío de la sociedad de la información, al desafío, en fin, que implica la globalización.
En cualquier caso, señor Hindley, si ustedes en el Parlamento Europeo descubren otro método mejor, no tendríamos ningún inconveniente en aceptarlo.

Günther
Señor Presidente, he planteado al Sr. Comisario cuatro preguntas de las cuales ha respondido a dos en su intervención. Me gustaría saber si en lo tocante a las minas antipersonas existen ideas concretas. ¿Qué significa eso de que se quiere examinar el problema?. Mi segunda pregunta era si existen medidas para estabilizar la moneda en Laos.

Telkämper
Yo también he planteado al Sr. Comisario algunas preguntas. He mencionado que la Unión Europea ha apoyado o establecido un sistema de prealerta en Sumatra. Este sistema no ha llamado a tiempo la atención sobre los incendios forestales. ¿Cómo es que no ha funcionado? Le rogaría una respuesta. Creo que es sencillamente importante ante el debate actual.

Dell'Alba
Señor Presidente, yo también formulé una pregunta, aunque de manera no del todo explícita, que ahora deseo repetir: si, como se oye decir, el año que viene, durante la Presidencia británica, se va a celebrar la reunión de los países de la ASEAN y nosotros planteamos la cuestión de Birmania, y si a la ASEAN, en el caso de que tuviéramos que hablar de Birmania, se le ocurre proceder a través de acuerdos bilaterales, ¿cómo valora la Comisión la otra idea, o sea, la idea de no aceptar a la ASEAN como bloque y de negociar acuerdos de cooperación con los diferentes países por separado? ¿Cuál es su posición en este caso específico que, evidentemente, puede producirse?

Marín
Señor Presidente, para responder a la primera pregunta de la Sra. Günther sobre las minas antipersonales, diré que es una cuestión candente fundamentalmente en Camboya, pero no es objeto del acuerdo de cooperación en sí mismo. Es un problema que existe en el territorio pero no está en el acuerdo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Pues en Camboya, desde hace ya tiempo, la Unión Europea tiene programas muy intensos de desminado, y hemos estado trabajando muy intensamente al objeto de intentar resolver este problema. Si me pide mi opinión sobre la cuestión de las minas antipersonales, yo estoy a favor de que no se fabriquen en todo el mundo. Es decir, no hay ningún problema a este respecto. Y esto es lo que piensa, yo creo, la Unión Europea en su conjunto.
En lo que se refiere a la estabilización monetaria, la Comisión no tiene competencias monetarias, como usted sabe muy bien y, desgraciadamente, el euro todavía no existe. ¿Podrá la Unión Europea intervenir el día que exista el euro? Me hace usted una pregunta a la que no le puedo responder. Usted sabe mejor que yo que la Unión Europea todavía no tiene una responsabilidad externa en materia monetaria. Quizá a partir del 1 de enero de 1999, cuando el euro tenga una responsabilidad interior y exterior, la Unión Europea podrá, eventualmente, intervenir a través de la normal participación en las instituciones financieras internacionales, por ejemplo el Banco Asiático de Desarrollo, que es una banca regional del Banco Mundial. Pero, hoy por hoy, no tenemos ni instrumento, ni capacidad, ni tan siquiera interna. Es un debate para el futuro.
Si me pregunta mi opinión, yo participo bastante de las tesis expuestas por el director general del Fondo, Sr. Camdessus, en Hong Kong. La globalización está bien, la libre circulación de capitales es buena, pero, naturalmente, hay ciertos límites objetivos que hay que corregir para evitar que lo positivo de la globalización se pueda convertir en elemento de desestabilización fuerte, particularmente de los países de economía más débiles.
Respecto de los incendios en Sumatra, se ha dicho que no ha funcionado el Early Warning System . No entiendo, señor Telkämper, su pregunta.

Telkämper
Señor Presidente, una breve aclaración adicional. He mencionado que sería razonable apoyar proyectos sostenibles ecológicamente y en lo tocante a los derechos humanos, proteger a las personas que viven en esas selvas. Si estoy bien informado, con dinero de la Unión Europea se ha construido y apoyado un sistema de prealerta para la región de Sumatra, Kalimatan, para impedir tales incendios y catástrofes. La Comisión fue en este caso muy progresista haciendo algo sostenible. Ahora, la pregunta: ¿porqué no ha funcionado este proyecto de la Unión Europea? Señor Comisario, si la pregunta es demasiado específica también puede responderme por escrito.

Marín
Señor Telkämper, ¿por qué dice usted que no ha funcionado?

Telkämper
Porque existen los grandes incendios forestales actualmente y en mi intervención me he preguntado si quizás esto no ocurre incluso en el marco de la liberalización, es decir, que se queman sencillamente los bosques para tener campo libre para el proyecto de migración, para el cultivo de arroz, para nuevas plantaciones. Esta esa la pregunta subyacente. Pero, como he dicho, si esto es muy especial, puede responderme por escrito.

Marín
Me resulta muy fácil, señor Presidente. Usted dice que el sistema no ha funcionado y yo le pregunto ¿cuáles son los argumentos que usted me da para decir que el sistema no ha funcionado? Porque yo, para decir que en este hemiciclo no hay luz, tengo que demostrar que estamos a oscuras.

Telkämper
Quizás exista ahora un malentendido entre nosotros, pero si la Unión Europea apoya un proyecto, supongo que técnica y administrativamente está bien ejecutado y que por su intención tiene un carácter preventivo...
(El Presidente interrumpe al orador)

Marín
No recuerdo la pregunta del Sr. Dell'Alba. Mi amigo el Sr. Telkämper siempre me desestabiliza políticamente, señor Presidente. Ahora ya no sé donde estoy.

El Presidente
Señor Comisario, puede contestar por escrito.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 23.00 horas.

Acuerdo de cooperación CE-Antigua República Yugoslava de Macedonia
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación del Sr. Pons Grau (A4-0273/97), en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la antigua República Yugoslava de Macedonia (COM(96)533-8204/97 - C4-0305/97-96/0259(AVC))

Pons Grau
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Comisión REX para dar nuestro apoyo a este acuerdo que en la Comisión REX contó con la unanimidad de todos sus miembros.
La antigua República Yugoslava de Macedonia es la única República que surgió de la antigua Yugoslavia sin derramamiento de sangre. Este pequeño Estado de dos millones de habitantes, enclavado en el corazón de los Balcanes, entre Albania, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, ha tenido que afrontar tensiones interétnicas y relaciones difíciles con sus vecinos más cercanos, lo que ha tenido consecuencias directas muy negativas en su economía y en su proceso de inserción en la economía y en la comunidad internacional. Sin embargo, más de seis años después de su declaración de soberanía, comienza a salir progresivamente del aislamiento económico e internacional en el que se encontraba sumida por un doble embargo: el embargo directo de Grecia y las consecuencias indirectas del embargo decretado por la comunidad internacional contra la República Federal de Yugoslavia.
No me voy a extender, señor Presidente, en los problemas que ha compartido esta República con el pueblo griego -usted los conoce mucho mejor que yo-, pero, en la actualidad, de todos los problemas existentes, solamente permanece vivo uno: el nombre de la propia República. Todo parece indicar que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este punto también tendrá su solución en un breve plazo.
Hay que considerar, dentro de la situación económica y política del país, que un éxito de la actual política de las autoridades de la República es el control de la inflación, que ha sido llevado de una forma contundente. Pero, al mismo tiempo, en el debe había que poner que también el desempleo ha alcanzado un récord del 37 % en poco tiempo, lo que da a entender que las medidas económicas han sido de una gran dureza.
El problema clave de la economía de este país es cómo aumentar los niveles de inversión para modernizar el aparato productivo, las infraestructuras de transporte y las infraestructuras sociales en un contexto caracterizado por el ahorro interior muy bajo, altos tipos de interés y una pesada carga vinculada al gasto público.
A pesar de los cambios positivos que se observan en la coyuntura económica de la República, su futuro económico aparece decisivamente condicionado por las incertidumbres políticas internas que caracterizan el panorama político del país y el de los países vecinos. La composición étnica del país nos permite comprender la complejidad de la situación. De los dos millones de habitantes, un 65 % son macedonios, un 22 % son albaneses, un 4 % turcos, un 2 % serbios y un 4 % otras minorías. De hecho, la principal amenaza para la estabilidad del país reside en el tratamiento que se dé al problema de la minoría albanesa.
Por lo que concierne al contenido del acuerdo de cooperación, es semejante al acuerdo de cooperación firmado con Eslovenia en 1993. Se trata de un acuerdo marco de comercio y cooperación preferencial de carácter evolutivo. Parte importantísima es el fundamento democrático de la cooperación, que constituye un elemento esencial del acuerdo. Al mismo tiempo, hay una declaración común que permitirá entablar un diálogo político regular; consolidar los principios e instituciones democráticos y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías; facilitar la plena integración de la República en la sociedad de naciones democráticas. Se prevén reuniones y contactos a nivel ministerial, técnico y parlamentario y la declaración común también prevé la posibilidad de organizar el diálogo político en una dimensión regional.
Por lo que se refiere a los intercambios comerciales, son los clásicos en estos casos: disposiciones relativas a normas de origen; la propiedad intelectual, industrial y comercial; los procedimientos contra las prácticas de dumping y las subvenciones; las medidas de salvaguardia que resulten necesarias para las industrias incipientes y en dificultades comerciales y de balanza de pagos, así como los mecanismos de consulta en la sede del Consejo de cooperación.
Nosotros consideramos que este acuerdo de cooperación tiene un inmenso valor político, más que económico. Y por lo tanto, en una región sacudida por continuas dificultades políticas, económicas e incluso militares que han afectado incluso al desarrollo de la Unión Europea, esta Comisión REX piensa que es una apuesta política importante que apoyemos este acuerdo de cooperación.

La Malfa
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa ha expresado su opinión favorable sobre la celebración del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la antigua República Yugoslava de Macedonia. A los motivos de carácter económico expuestos por el Sr. Pons Grau se añaden las consideraciones más estrictamente políticas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. Macedonia ha logrado, a lo largo de estos años, alcanzar su independencia sin las tremendas tragedias que acompañaron la independencia de las demás regiones de la antigua Yugoslavia, y es preciso que la Unión Europea haga todo lo posible para apoyar la ulterior transformación económica de Macedonia y consolidar su vida democrática.
Desde nuestro punto de vista, sería muy conveniente que la Unión Europea estableciera una delegación en Skopje con objeto de seguir de cerca y muy atentamente la evolución de dicha experiencia democrática. Al sugerir al Pleno la aprobación de este acuerdo, cuya importancia política valoramos plenamente, consideramos obligado invitar al Gobierno macedonio a seguir con mucha atención la situación de sus minorías y la situación de los derechos civiles en general. Macedonia, en efecto, tiene una población compleja en cuanto a sus orígenes étnicos y es necesario que este Gobierno trate con respeto la complejidad de la situación que tiene entre manos.
A través de esta opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, pedimos al Pleno que se exprese favorablemente.

Dell'Alba
Señor Presidente, permítame ante todo emplear algunos segundos para decir que habiendo visto hablar al Sr. Telkämper con el Vicepresidente Sr. Marín, confío en obtener al menos por escrito la respuesta que esperaba a mi pregunta anterior.
En mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Presupuestos, deseo manifestar que también nuestra comisión emite opinión conforme a fin de que este acuerdo pueda celebrarse. Esto es muy importante, ya que la situación de la antigua República Yugoslava de Macedonia es delicada, en un contexto en que, hasta la fecha, no se ha visto afectada por todas las guerras sangrientas que han caracterizado las Repúblicas de la antigua Yugoslavia. Este esfuerzo es muy importante. Tres son los medios esenciales en esta materia: el Parlamento ya procedió a aprobar la ayuda macroeconómica de cara al estado de la balanza de pagos del país; ahora, a través de este acuerdo y, por lo tanto, con todos los medios de cooperación técnica, financiera y comercial, estamos llevando a cabo una acción importante y significativa en favor de la antigua República Yugoslava de Macedonia.
Desde este punto de vista, el aspecto del protocolo financiero es significativo: 150 millones de ecus del BEI, garantizados por el presupuesto comunitario. Habíamos pedido y, en su momento, obtuvimos de la Comisión la evaluación de la incidencia financiera. Ahora, la Comisión de Presupuestos ratifica la opinión favorable emitida sobre este acuerdo.
Permítanme una pequeña puntualización en lo referente a la cooperación financiera, ya que el ponente considera que se puede luchar contra el blanqueo de dinero con otros métodos y con una política diferente en materia de droga.

Karamanou
Señor Presidente, señores colegas, la celebración de un acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, junto al protocolo financiero y el acuerdo en el sector de los transportes, seguro que tiene un gran valor porque va a contribuir decisivamente al desarrollo económico de este pequeño país de los Balcanes; a la reestructuración de su industria, a favorecer las transacciones comerciales y a fomentar unas relaciones más firmes y más equilibradas con sus países vecinos.
Aún se debe señalar que el acuerdo incluye una cláusula especifica y da especial importancia al desarrollo social y a los derechos sociales; un aspecto innovador de este acuerdo. Tal como se desprende de las conversaciones de dos días, que tuvieron lugar ayer y anteayer en la Representación Interparlamentaria, la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha hecho serios esfuerzos para actualizar y fortalecer la competitividad de su economía, así como por una adaptación gradual de sus estructuras a los modelos europeos y, sobre todo y como ya se sabe, bajo unas condiciones especialmente difíciles y en una coyuntura histórica también difícil.
Tras su acuerdo intermedio con Grecia, las actividades económicas a través de sus fronteras del Sur adquieren cada vez mayor importancia. Grecia es el país comunitario con mayor número de exportaciones a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la tercera en el conjunto de las transacciones comerciales. Se espera que el desarrollo de la red de carreteras, que está previsto en el acuerdo, facilite más el desarrollo de las relaciones económicas y el aumento del volumen del comercio recíproco.
Esperamos que el acuerdo de cooperación, entre otras cosas, facilite el diálogo político para consolidar las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos, incluídos los de las minorías, así como el fomento de la seguridad, de la paz y de la estabilidad en toda Europa; pero especialmente en esta zona tan sensible de los Balcanes. El acercamiento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la Unión Europea deberá ser apoyado. El país cuenta con un consejo europeísta y con un gobierno que reconoce la importancia de la buena colaboración regional. Sin embargo, srs. colegas, ya que procedo de un país que firma claramente este acuerdo, de Grecia, me van a permitir expresar mi deseo de que incluso el ultimo obstáculo en las relaciones entre los dos países sea eliminado para encontrar una solución viable y digna para las dos partes.
Adicionalmente quisiera también apoyar la solicitud de este país para crear una oficina de la Unión Europea en Skopje.

Posselt
Señor Presidente, tal como acostumbraba a decir un obispo checo del norte de Bohemia: »el amor al prójimo sería algo maravilloso si el prójimo no estuviese tan terriblemente próximo». Exactamente este es el problema de Macedonia. Macedonia es un pequeño país con diversos vecinos y una historia muy complicada y siempre ha corrido el peligro de ser aplastado por esa historia. Tanto más satisfechos podemos estar hoy y mañana de que nuestro Parlamento diga sí a este acuerdo, que será un hito al acoger también a este país en la Comunidad de los europeos, un país que ha contribuido mucho a nuestra historia y cultura y que va a contribuir también mucho a nuestro futuro europeo.
Sin embargo, los problemas siguen siendo enormes. Piénsese por ejemplo -a lo que se ha referido el Sr. Ponsen la problemática de la minoría albana en Macedonia. Pero ¿quién dice que esto dependa directamente de la cuestión de Kosovo y que, como consecuencia de la represión de Kosovo, haya surgido una situación tan grave en la universidad de Tetovo, que se encuentra en Macedonia?, por mencionar sólo este ejemplo y para mostrar cómo en la región siguen estando estrechamente interrelacionadas las diversas cuestiones.
Estamos en deuda con este país y debemos apoyarle en su marcha hacia Europa y, ante todo, debemos tomar las medidas necesarias para que se garantice su libertad e independencia. Hoy hemos hablado sobre Asia -lo que es correcto-, pero es una vergüenza que hablemos sobre Asia y no estemos en situación de solucionar problemas europeos elementales. Hoy no existiría Macedonia si los Estados Unidos de Norteamérica no hubiesen comenzado en aquella ocasión a proteger la independencia del país frente a una posible agresión serbia. Si se ve qué fuerzas están intentando actualmente hacerse con el poder en Serbia, solamente se puede decir que se intenta expulsar al diablo con Belcebú y existe el peligro de que se produzcan nuevos y graves conflictos.
Es hora de que tras años de bloqueo concluyamos este acuerdo de comercio y cooperación. Pero esto solamente puede ser un primer paso. Tenemos que apoyar a las fuerzas democráticas en el país. No debemos achacar al país ciertas debilidades de reforma que son lógicas, pues si se está sometido a presión exterior es increíblemente difícil llevar a cabo al mismo tiempo reformas internas. Por ello, es impresionante que se haya logrado en tan gran medida, pero debemos seguir impulsándolo. Sobre todo, debemos tener claro que el siguiente paso, el Acuerdo de asociación, debe seguir lo antes posible. Eslovenia ha necesitado tres años para este paso y creo que Macedonia no debe esperar más tiempo a un paso de este tipo.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, señor Comisario, después de que el colega Posselt ha señalado el camino diciendo que este acuerdo no debe ser más que un paso para el futuro de Macedonia, quiero añadir que me alegra muchísimo que este Acuerdo de cooperación con Macedonia caiga en este Parlamento sobre un suelo tan abonado. También quiero felicitar al Sr. Pons Grau por su informe. Macedonia es un país que ha pasado graves pruebas en los últimos años, un país que ha logrado liberarse de un abrazo muy difícil, lo que no han logrado otros muchos países que estaban en una situación similar -pensemos solamente en el destino de Bosnia-Herzegowina. Creo que este país merece que le brindemos nuestra ayuda.
Quiero subrayar lo mucho que me ha alegrado que, cuando hace pocas semanas se trató de la cuestión de una ayuda macroeconómica a Macedonia, este Parlamento, superando todas las diferencias internas que normalmente existen, ha ofrecido esta ayuda a pesar de que antes no había tenido lugar el correspondiente debate en la comisión ni en el Pleno, otorgando de este modo una gran confianza, creo que acertadamente.
En la Unión Europea tenemos una importante posición si se ve quiénes son los clásicos interlocutores comerciales de Macedonia. En primer lugar, Bulgaria, luego el resto de Yugoslavia y a continuación, Rusia. Pero si se echa un vistazo al mapa -y tengo la sensación de que esto se hace demasiado poco entre nosotros- se puede ver que Macedonia es realmente un país clave de los Balcanes. Por ello, hay que impulsar todas las vías de comunicación. Macedonia se encuentra prácticamente en la Unión Europea si se tiene en cuenta el tramo de unión desde Grecia hacia Austria o Alemania. Hay que establecer esta infraestructura del modo que se merece este país y también hay que mejorar las conexiones de la Unión Europea.
Dicho sinceramente, creo que tenemos un gran compromiso frente a este país. Se trata casi de un compromiso moral si se mira la geografía y lo que ha pasado este país. Repito: me alegro de que este informe haya sido acogido tan positivamente en este Parlamento y espero que avance también en la vía predeterminada.

Marín
Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias al ponente, el Sr. Pons Grau, por la excelencia de su informe y señalarle que la Comisión comparte su opinión acerca de que el acuerdo de cooperación tiene una importancia capital para la antigua República Yugoslava de Macedonia y el desarrollo de sus relaciones con la Comunidad, puesto que incluye un régimen comercial preferente, un protocolo financiero y un diálogo político, basado en una declaración separada, que pone en marcha unas relaciones -qué duda cabe- importantes para este país en su futuro, no sólo dentro de la zona en que está ubicado, sino naturalmente también en sus relaciones con la Unión Europea. Además, junto con el acuerdo separado sobre el transporte, el acuerdo de cooperación es un gran impulsor de la estabilidad y la cooperación en la región.
La Comisión también puede compartir la opinión general manifestada por los oradores, en el sentido de que se trata de un primer paso y que, en último término, mucho más que su valor financiero, lo que tiene este acuerdo de cooperación es un gran significado político. Dada su importancia y precisamente por eso, la Comisión espera que el Consejo apruebe sin dilación la decisión sobre la celebración del acuerdo de cooperación y del acuerdo del transporte, de manera que pueda entrar en vigor el 1 de diciembre de 1997 a más tardar.
El Gobierno macedonio continúa aplicando su política de reformas económicas y políticas, pero todos sabemos que se halla ante difíciles problemas económicos y sociales, como el bajo crecimiento económico y, naturalmente también debido al bajo crecimiento económico, el elevado desempleo.
Además de la ayuda financiera normal a través del programa PHARE -15 millones de ecus directamente del programa PHARE y 10 millones de ecus para realizar la cooperación transfronteriza con Grecia-, se han puesto a disposición de este país recientemente 8 millones de ecus más. Estos fondos serán absorbidos fácilmente y se utilizarán para impulsar proyectos que entren dentro de las prioridades del programa indicativo plurianual existente para 1996-1999, a saber, las pequeñas y medianas empresas, la ayuda a la inversión pública y al programa TEMPUS de educación.
La Comisión está estudiando asimismo de qué modo puede contribuir el programa PHARE a mejorar una de las situaciones políticas internas más complicadas, es decir, las relaciones interétnicas.
Por último, la Comisión desearía agradecer las iniciativas del Parlamento Europeo para desarrollar los contactos con el Parlamento macedonio; contactos que constituyen un eje importante para el estrechamiento también de nuestras relaciones entre la Unión Europea y la antigua República Yugoslava de Macedonia. En consecuencia, la Comisión vería con agrado que este diálogo político del Parlamento Europeo con el Parlamento macedonio se pudiera desarrollar y consolidar incluso más.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 23.00 horas
(Se levanta la sesión a las 11.55 horas)

