

(1)
Poignant (PSE ).
   – Señor Presidente, tomo la palabra para referirme a las declaraciones efectuadas en Francia por uno de los diputados a esta Cámara, el señor Gollnisch. Quiero citar dos o tres ejemplos de los comentarios que ha hecho recientemente: «no existe hoy ningún historiador serio todavía con vida que se adhiera plenamente a las conclusiones del juicio de Nuremberg»; «en cuanto a la existencia de las cámaras de gas, corresponde a los historiadores determinarla»; y «pongo en duda el número de víctimas del Holocausto». Semejantes comentarios no pueden pasarse por alto, razón por la cual le pido, señor Presidente, que remita el asunto a la Mesa. Estos comentarios, proferidos por un diputado al Parlamento Europeo, constituyen un ataque a los valores en los que se basó tanto la construcción de la propia Unión Europea como la Carta de los Derechos Fundamentales, según se ha incluido en el Tratado Constitucional. Quiero decir desde un principio que si se celebrara un debate sobre la inmunidad parlamentaria a raíz de actuaciones judiciales que no pueden dejar de instigarse, yo sería partidario de retirar dicha inmunidad. 
Schulz (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero hacerle una petición. Ayer, la Conferencia de Presidentes, a la que asistimos tanto el señor Watson como yo, decidió pedir al Presidente del Parlamento, señor Borrell, que remitiera al candidato a Presidente de la Comisión, señor Barroso, las cartas de las distintas comisiones de esta Cámara en las que se comunican los resultados de las audiencias, de manera que pudiera tomar nota de ellas y extraer sus propias conclusiones. He leído en los periódicos de la tarde de ayer y en las notas de las agencias de prensa de anoche que el señor Barroso, pese a que esas cartas todavía no obran en su poder, se pronuncia ya sobre los resultados de las audiencias, de modo que no está interesado en el contenido de las cartas, considera igualmente que su propia Comisión es perfectamente apta y no está dispuesto a realizar ningún cambio. Le ruego, señor Presidente, que le haga saber al señor Barroso que mi Grupo no está dispuesto a seguir aceptando este tipo de discurso. Si el señor Barroso quiere que el Grupo Socialista del Parlamento Europeo deposite alguna confianza en él, tendrá que adoptar una actitud diferente ante esta Cámara. En realidad, no se trata solo del señor Buttiglione, sino ahora también del propio señor Barroso. Le ruego, señor Presidente que procure que cuando el señor Barroso reciba esas cartas, le llegue junto con ellas el mensaje de que esperamos una actitud diferente del candidato a Presidente de la Comisión. 
El Presidente.
   – Señorías, la Mesa se ocupó ayer por la tarde de la cuestión que ha planteado el señor Poignant y la opinión del Presidente al respecto es muy parecida a la que acaba de expresar su Señoría.
La observación del señor Schulz será trasmitida, por supuesto, a las instancias pertinentes. 

El Presidente.
   –Antes de abrir el debate tengo que hacer una declaración. He recibido del señor Matsakis una carta, acompañada de un dictamen jurídico, relativa al suplicatorio de suspensión de su inmunidad parlamentaria presentado por el Fiscal General de la República de Chipre, del que tomó nota el Parlamento Europeo el 13 de octubre de 2004. En su carta, el señor Matsakis impugna la competencia del Fiscal General para presentar dicho suplicatorio. De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento, la carta ha sido remitida a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la única comisión competente para tratar este tipo de asuntos y verificar la competencia del Fiscal General para presentar el suplicatorio. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales, al Consejo y a la Comisión, sobre el funcionamiento del sistema de preferencias arancelarias generalizadas durante el decenio de 2006 a 2015.
Espero que la Comisión se una a nosotros lo antes posible. Mientras tanto, empezaré dando la palabra a la señora Morgantini, autora de la pregunta. 
Morgantini (GUE/NGL ).
   – Espero que el debate de hoy no sea más que el inicio de una colaboración útil y necesaria entre las instituciones y entre las comisiones de este Parlamento sobre una cuestión de máxima importancia para la Comisión de Desarrollo, una comisión que tengo el honor –quizá no demasiado merecido– de presidir y a la que hoy represento.
El sistema de preferencias arancelarias generalizadas se ha convertido, desde su creación en 1971, en un instrumento fundamental de la política de desarrollo de la Unión Europea. Quiero también destacar el mérito que corresponde a la Comunidad Europea de haber sido la primera en poner en práctica dicho sistema en 1971, y por seguir siendo hoy el principal donante en términos de concesiones comerciales a los países en desarrollo.
Al examinar la Comunicación de la Comisión partimos del principio de que el objetivo principal del sistema de preferencias generalizadas es –y sobre todo tiene que seguir siendo– el desarrollo económico y social de esos países, reflejando el espíritu de solidaridad internacional que debe regir la política exterior de la Unión. En este contexto, celebramos los objetivos fijados en la Comunicación, en particular la simplificación de los regímenes, la concentración de las preferencias en los países en desarrollo más necesitados y, sobre todo, la promoción del desarrollo sostenible.
Somos plenamente conscientes de que el logro de esos objetivos requiere una profunda reforma del sistema actual. Pero no podemos ignorar que cualquier cambio del sistema actual tendrá efectos importantes en los países que actualmente se benefician del mismo. Algunos de esos efectos serán positivos, pero otros, como han advertido los representantes de diversos países, serán negativos. Por eso el Parlamento Europeo ha querido hacer oír su voz desde el inicio mismo del proceso de reforma, especialmente para hacerse eco de las preocupaciones, las opiniones y los puntos de vista de los países afectados.
Me parece que esta exigencia democrática es todavía más necesaria e importante ahora que –dicho sea en honor a la verdad– lamentablemente la Comisión no ha consultado como es debido a las partes interesadas antes de formular sus propuestas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Consejo sí aprovechó la oportunidad de consultar al Parlamento Europeo en su última reunión.
Las opiniones que expreso hoy, como presidenta de la Comisión de Desarrollo, son por tanto solo provisionales, pero se recogen también en la resolución que todos los Grupos políticos han considerado oportuno suscribir. Así pues, confío en que este debate nos ayude a clarificar la cuestión y, sobre todo, permita a la Comisión incluir algunas de nuestras demandas en el Reglamento que tendrán que aprobar los Comisarios probablemente el 20 de octubre. En consecuencia, quiero pedir a la Comisión que responda a las preguntas que hemos planteado en nuestro examen.
Entrando en detalles, existen tres cuestiones en las que quiero insistir: el mecanismo de graduación, el funcionamiento del SPG+ y la reforma del sistema de normas de origen. Con respecto al primero, aunque celebramos la simplificación del mecanismo de graduación, el hecho de que la Comisión proponga basarlo exclusivamente en el criterio de cuota de mercado, dejando de lado otros indicadores de desarrollo y pobreza, casi nos llena de consternación. No podemos ignorar las consecuencias negativas que podrían tener estas disposiciones para grandes exportadores. Sin manifestarnos necesariamente en contra, quisiéramos por tanto unirnos a la Comisión y al Consejo en el estudio detallado de las consecuencias y la modalidad de esta propuesta en los próximos meses.
En cuanto al nuevo sistema SPG+, que consideramos beneficioso por favorecer el desarrollo sostenible, nos parece también esencial que se definan criterios claros, fiables y, al mismo tiempo, realistas. Nos gustaría que la Comisión se comprometiera firmemente a prestar la asistencia técnica necesaria.
Para terminar, quiero insistir en que uno de los obstáculos que se interponen a un uso eficiente del sistema ha sido, como bien sabemos, el mecanismo de las normas de origen. Por eso acogemos con agrado una reforma sustancial del mismo que favorezca la expansión regional, aunque esperamos que las buenas intenciones se traduzcan en iniciativas concretas: una propuesta, por tanto, y un examen de los sistemas aplicados por otros países.
Con esto acabo, consciente de haber tocado solo unos pocos aspectos de este difícil tema, pero eso es todo lo que he podido hacer con mi tiempo de uso de la palabra. Por lo demás, estoy ansiosa por escuchar a mi querido colega, el señor Barón Crespo, presidente de la Comisión de Comercio Internacional, y, desde luego, a otros colegas diputados, así como las respuestas –confío que detalladas– que quizá nos den la Comisión y el Consejo. Espero de verdad que podamos establecer una colaboración fructífera capaz de dar resultados positivos. 
Barón Crespo (PSE ).
    Señor Comisario, Luisa, me complace poder formular la pregunta conjuntamente con la presidenta de la Comisión de Desarrollo. Como ustedes saben, normalmente, entre las comisiones del Parlamento se plantea siempre una lucha por las competencias y, en este caso, creo que trabajar conjuntamente es un buen augurio para la legislatura que ahora comienza.
Dirigiéndome a la Comisión –a propósito de la Comunicación que ha presentado sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas–, quiero sumarme también a la valoración positiva que ha hecho la Sra. Morgantini con las siguientes observaciones:
En primer lugar, pensamos que sería muy conveniente –y se puede hacer cuando se presente la propuesta de Reglamento– que se realice una evaluación del funcionamiento del sistema, que podamos trabajar sobre una experiencia que tiene más de diez años y que se consulte a las partes. Creo que sería útil para todos, incluida la Comisión.
En relación con las líneas generales de la Comunicación, quiero señalar en primer lugar que si deseamos que el SPG contribuya más y mejor al desarrollo de los países más necesitados, es preciso que las preferencias comerciales se adecuen a las ventajas comparativas y a los intereses exportadores de estos países.
También es importante que las preferencias cubran más productos y, sobre todo, que un número significativo de productos actualmente considerados sensibles se traslade a la categoría de no sensibles. Para ello, tenemos que considerar la posibilidad de ampliar el margen preferencial.
En segundo lugar, quiero expresar también la buena disposición de nuestras comisiones ante la determinación con que la Comisión se propone mejorar y simplificar el sistema de normas de origen. Animo a la Comisión a que promueva una acumulación de origen transregional y avance hacia la armonización de los sistemas de normas de origen de los diferentes regímenes y acuerdos comerciales existentes.
Por último, permítanme que me refiera al nuevo sistema único de preferencias adicionales –el denominado SPG Plus–. Si bien la creación de este nuevo régimen obedece –al menos en parte– a la necesidad de desmantelar el actual "Régimen Drogas" tras la decisión del panel de la OMC, considero que es muy importante asegurar que los actuales beneficiarios de este régimen disfruten de un período de transición razonable para cumplir los nuevos requisitos que el SGP Plus les imponga y que no se vean abocados a la pérdida repentina de unas preferencias de las que están muy necesitados y de las que han sido justos merecedores hasta la fecha.
Con miras a garantizar un nivel razonable de transparencia y control democrático, ruego a la Comisión y al Consejo que inicien un proceso de consulta sobre el primer Reglamento de aplicación del nuevo SPG con la suficiente antelación para que los países asociados, los agentes no gubernamentales y las instituciones de la Unión Europea –entre ellas el Parlamento Europeo en primer lugar– puedan participar y ser consultados de forma adecuada. En este sentido, creo que son positivas las conclusiones del Consejo aprobadas en Luxemburgo el 11 de octubre, en las que se hace referencia a la necesidad de una consulta explícita al Parlamento, con lo cual vamos más allá de lo que dicen los Tratados actualmente. Espero que, tanto el Sr. Lamy como el Sr. Nicolaï, adopten un compromiso firme en este sentido.
Me gustaría concluir mi intervención, señor Presidente, subrayando la presencia hoy, aquí, del Comisario Lamy, que es un ejemplo –tal vez el último– de excelente disposición para con esta Casa. Como todos ustedes saben, el Sr. Lamy ha sido un interlocutor entusiasta del Parlamento a lo largo de la última legislatura y un defensor del trabajo conjunto. Como no sé si tendré oportunidad de volver a decirlo, concluyo invitando a mis colegas a que se sumen al agradecimiento al Comisario por su excelente trabajo en la cartera de Comercio y, particularmente, por el espíritu de cooperación que ha presidido su trabajo como Comisario. .
Van Gennip,
    Gracias, señor Presidente. Al igual que sus Señorías, el Consejo acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre los países en desarrollo, el comercio internacional y el desarrollo sostenible, la función del sistema de preferencias generalizadas de la Comunidad para el periodo de 2006 a 2015 y, sobre todo, el objetivo general que en ella se establece. El SPG debe ser un sistema estable, previsible, objetivo, sencillo, transparente y compatible con la OMC, y ha de tener en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo. El Consejo secunda los esfuerzos de la Comisión por simplificar a fondo el SPG con el objetivo general de ayudar a los países en desarrollo a erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible. Por eso, la selección de los países que pueden optar al SPG tiene que basarse en criterios de desarrollo objetivos. Al igual que el Parlamento Europeo, el Consejo considera que necesita más información sobre la aplicación del nuevo sistema antes de poder adoptar una posición definitiva, de manera que, por ahora, no puede decir mucho sobre los principios básicos que se exponen en la Comunicación de la Comisión. Según queda recogido en la declaración del Consejo y la Comisión acerca de la política de desarrollo de la Comunidad Europea, el Consejo considera que la política comercial común puede contribuir al logro de los objetivos de la política de desarrollo, con referencia específica a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, siendo la lucha contra las drogas parte integrante de dicha política. El acceso preferencial a los mercados de los países desarrollados es un factor que contribuye al desarrollo económico de los países en desarrollo y facilita su integración en la economía mundial.
Quiero referirme ahora a una serie de cuestiones concretas que han planteado sus Señorías, empezando por el SPG+. El Consejo está dispuesto a considerar favorablemente la propuesta del SPG+. Los sustanciales derechos preferenciales conferidos por el SPG+ constituyen un incentivo para que los países en desarrollo respeten los tratados vigentes en materia de derechos humanos, derechos de los trabajadores, medio ambiente y gobernanza, de la que la lucha contra las drogas es un componente importante. No obstante, todavía quedan por abordar algunos aspectos cruciales, como la elaboración de una lista de tratados relevantes, la cuestión de qué tratados serán obligatorios, las condiciones y los procedimientos para conceder y retirar el SPG+, los sistemas de vigilancia que se utilizarán, los criterios adicionales vinculados a las necesidades de desarrollo de los beneficiarios y, por último, el posible reglamento de transición para los beneficiarios de los actuales sistemas de incentivos que probablemente no puedan optar al SPG. 
Lamy,
    Señor Presidente, el sistema de preferencias generalizadas existe desde hace casi 30 años. Consiste en conceder preferencias arancelarias, o reducciones de los aranceles aduaneros, a cerca de 180 países en desarrollo, sobre la base de unos principios generales que revisamos cada diez años. Al favorecer que los importadores europeos se abastezcan en esos países, el sistema de preferencias generalizadas es, de hecho, una ayuda al desarrollo a través del comercio.
El sistema, adoptado hace ya diez años, expirará a finales de 2005, y en 2006 se iniciará un nuevo ciclo de diez años. Por eso presenté una Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento el pasado mes de julio, en la que se exponían los principios generales que regirán la aplicación de la legislación durante este nuevo período. Esta legislación creará a su vez un marco para los reglamentos del Consejo, y será posible revisar dichos reglamentos cada tres años para adaptarlos a las circunstancias económicas si la experiencia demuestra que estas han cambiado.
La Unión Europea es de lejos el socio más generoso en lo que respecta a las preferencias comerciales, de las que se benefician unos flujos comerciales de casi 53 000 millones de euros, sin incluir el régimen ACP. Estas cifras significan que estamos muy por delante de otros países en este terreno, puesto que de las preferencias concedidas por los Estados Unidos, el segundo donante en importancia, solo se benefician unos flujos comerciales de 17 000 millones de dólares. Además, todos sabemos que la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados miembros no hará más que reforzar su superioridad en este ámbito.
En respuesta a la señora Morgantini y al señor Barón Crespo, ya se han evaluado los resultados del SPG y conocemos todas las cifras que están actualmente disponibles. La evaluación demuestra que, en términos generales, el sistema ha dado resultados positivos, aunque todavía es mejorable. Sea como fuere, el sistema ha dado resultados positivos; por ejemplo, las últimas cifras definitivas disponibles indican que, entre 2000 y 2002, nuestras importaciones acogidas a este sistema aumentaron de 47 000 millones de euros a 53 000 millones de euros, lo que supone un crecimiento importante, sobre todo al haberse retirado algunos productos de la lista del SPG por razones técnicas. Igualmente, el índice de utilización del SPG, o la relación entre los flujos comerciales que en teoría pueden optar al SPG y las importaciones que se benefician realmente del SPG, ha aumentado progresivamente en los últimos años y hoy día alcanza casi el 55 %. Estos son, por tanto, los aspectos positivos que demuestran que el sistema funciona.
En cambio, los sistemas actuales de incentivos y, sobre todo, las cuestiones relacionadas con la aplicación de las cláusulas social y medioambiental, han tenido poco éxito, ya que solo dos países, Sri Lanka y Moldova, que no son precisamente gigantes del comercio mundial, se benefician de la cláusula social. Debemos tener en cuenta estas experiencias, y los objetivos de la reforma propuesta por la Comisión son, por tanto, hacer que el sistema de preferencias sea más sencillo, más generoso, más orientado a los países que lo necesitan y más objetivo.
En primer lugar, es preciso simplificar el sistema. ¿Por qué? Porque un sistema más sencillo podrá centrarse mejor en los países en desarrollo y en los operadores de esos países que necesitan seguridad. Por eso proponemos pasar del sistema de cinco pilares que tenemos ahora a un sistema de tres pilares. Los cinco pilares son las disposiciones generales, la cláusula social, la cláusula medioambiental, el régimen de las drogas y la iniciativa «Todo menos armas» vigente para los países menos avanzados. Lo que yo propongo es pasar de cinco pilares a tres, manteniendo las disposiciones generales y la iniciativa «Todo menos armas» para los países menos avanzados. Habrá también un sistema intermedio denominado SPG+ que promoverá el desarrollo sostenible en todos sus aspectos, entre ellos los relacionados con cuestiones sociales, medioambientales y de gobernanza, así como con la lucha contra las drogas. El sistema SPG+ eliminará los aranceles aduaneros para los países beneficiarios que se hayan comprometido a ratificar y aplicar los principales convenios internacionales.
¿De qué convenios se trataría? Proponemos seleccionar algunos convenios que sean, por así decirlo, «indiscutibles» en la escena internacional, como los pactos de las Naciones Unidas sobre derechos políticos, económicos, sociales y culturales, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La ratificación de algunos de estos convenios será obligatoria para que los países puedan optar al sistema SPG+; por ejemplo, los dos pactos de las Naciones Unidas, los ocho Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios contra la discriminación racial o los relativos a las mujeres y todos los convenios sobre tortura, derechos del menor y genocidio. Por supuesto, exigiremos que esos convenios sean ratificados y, de hecho, no meramente ratificados, sino también efectivamente aplicados; digo esto en respuesta al segundo comentario de la señora Morgantini. Esperamos que en este terreno se realice una doble evaluación. La primera de ellas se realizará en el momento de evaluar las solicitudes, denegando el acceso a SPG+ a los países beneficiarios que no se comprometieran en este terreno. La segunda evaluación consistirá en pedir a las organizaciones internacionales competentes que realicen algún tipo de evaluación de la aplicación de cada convenio. Por ejemplo, un país como Belarús, con independencia de los progresos que haya hecho en la ratificación de esos convenios, no podría optar actualmente al sistema SPG+. Esto con respecto a los convenios.
Así pues, el sistema será más sencillo, y también más generoso. ¿Por qué más generoso? Porque en las negociaciones comerciales multilaterales es frecuente que se rebajen los aranceles aduaneros, lo que significa que también disminuya la ventaja comparativa de que disfrutan los países acogidos al sistema de preferencias. Por consiguiente, tendremos que compensar esa rebaja de los aranceles para mantener las ventajas adquiridas por los países en desarrollo con el SPG, y lo que nosotros proponemos es ampliar la cobertura del SPG para incluir una serie de productos nuevos, de manera que la rebaja de los aranceles se vea compensada por un crecimiento de la base de las exportaciones. En estos momentos estamos discutiendo sobre este crecimiento en el seno de la Comisión, con una nueva fecha tope fijada para la semana que viene. Más adelante volveré sobre este punto. Nos ocuparemos de cuestiones que son difíciles, delicadas y espinosas, pero en las que queremos progresar, como es el caso de los productos pesqueros.
Siguiendo con el tema de la mayor generosidad, y en respuesta al tercer comentario de la señora Morgantini, pretendemos formular propuestas para modificar las normas de origen. Como han demostrado numerosos estudios, las normas de origen son una condición necesaria para acceder a las preferencias comerciales. Las condiciones que imponemos con respecto al origen de los productos no pretenden quitar con la mano izquierda lo que damos con la derecha, sino garantizar que las preferencias beneficien realmente al país a las que van dirigidas, y no a otros países. Para ello se necesitan unas condiciones que regulen el origen, así como controles de ese origen.
Dicho esto, es cierto que las normas actuales se elaboraron hace varios decenios, en un momento en el que la Unión Europea era más defensiva que hoy en su política comercial. Por eso tenemos que adaptar esas normas para alejarnos del antiguo sistema y tener en cuenta el hecho de que hoy los procesos han cambiado. Por ejemplo, en el contexto de la globalización y la división internacional, a resultas de las cuales los procesos de producción se reparten entre diferentes países, hay que prestar de nuevo atención a la cuestión de si debe existir una acumulación de orígenes entre el país de origen del producto y los países de origen de otros materiales utilizados en la fabricación de dicho producto. Con este espíritu queremos presentar una serie de propuestas en la estela del Libro Verde que publicamos con el señor Bolkestein a finales del año pasado. Por ejemplo, como acaba de sugerir el señor Barón Crespo, es preciso estudiar la manera de relajar el sistema para favorecer la integración regional de los países que se benefician del sistema de preferencias.
El tercer objetivo de la reforma es centrar las preferencias en los países que más las necesitan. Esta es a todas luces una cuestión política delicada, puesto que a raíz de cualquier reforma de este tipo habrá ganadores y perdedores. Nosotros pretendemos que el sistema de preferencias se centre en los países beneficiarios que más lo necesitan, lo que en realidad significa los países en desarrollo más pequeños, los que carecen de costa y que son los más vulnerables, y no los grandes países que ya ocupan posiciones de creciente importancia en el comercio internacional, como la que ocupa China en el comercio internacional de textiles y ropa. Por supuesto, mantendremos el sistema «Todo menos armas» para los países más pobres, puesto que la integración comercial al amparo de ese sistema es uno de los elementos fundamentales de la política de desarrollo de la Unión Europea.
Además de limitar los criterios, tendremos que seguir ayudando a una serie de países a acceder a nuestro mercado y, una vez lo hayan conseguido, mantenerlo con un sistema de graduación. En pocas palabras, y respondiendo al primer comentario de la señora Morgantini, queremos proceder a una simplificación radical del sistema de graduación para satisfacer los requisitos de la Organización Mundial del Comercio, después de los casos incoados contra la India en relación con el régimen de drogas que se dirimieron ante los órganos de la OMC y que perdimos al menos en parte. Nuestra respuesta a esta cuestión será centrar la graduación en la idea de la competitividad de los productos beneficiarios. El criterio clave será la cuota de mercado, y la graduación empezará a aplicarse una vez alcanzando un determinado porcentaje de importaciones a la Comunidad. En el momento en que un país en desarrollo alcance una cierta cuota de mercado en la Unión Europea, consideraremos que hemos hecho lo necesario para ayudarle a exportar y que, utilizando una metáfora, ese país está entonces preparado para echar a volar solo. ¿Dónde se situará el umbral? Es todavía un poco pronto para dar cifras, ya que aún estamos discutiendo la cuestión en la Comisión, pero está claro que tendrá consecuencias para los países afectados. Dicho esto, puedo asegurarles ya que sea cual sea la cifra final que adoptemos, serán los grandes países exportadores los que puedan verse afectados, pero no la mayoría de nuestros beneficiarios, que en total son 180, como acabo de decir.
El último punto al que quiero referirme, señor Presidente, es en respuesta a las preguntas orales. De la intervención de la señora Morgantini deduzco que le interesa que esta Cámara pueda expresar plenamente su opinión sobre el nuevo proyecto. Ni que decir tiene que esperamos que esta Cámara emita su dictamen, por tratarse de una reforma importante tanto desde el punto de vista del desarrollo como de la política comercial, y quiero agradecer al señor Barón Crespo sus comentarios sobre la labor de esta Comisión, en particular en sus relaciones con este Parlamento, un aspecto que no cambiará en el futuro. Sencillamente ocurre que tenemos una serie de limitaciones de tiempo, como ya dije en mi reciente comparecencia ante la comisión parlamentaria responsable de estas cuestiones.
En primer lugar, no podíamos iniciar esta reforma antes de que se incorporasen los nuevos Estados miembros el pasado mes de mayo. Era absolutamente esencial que les implicáramos en una decisión que será vinculante para la Unión hasta 2015. En segundo lugar, teníamos que esperar a que se tomara una decisión sobre una disputa sometida a la OMC, a saber, la denuncia formulada contra nosotros por la India con respecto al régimen de drogas. Esta decisión se adoptó en abril de 2004, y fue entonces cuando pudimos iniciar el trabajo en profundidad.
Además, puesto que esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2006, en la medida de lo posible tendría que haberse terminado un año antes. ¿Por qué un año antes? Para que los países beneficiarios y los operadores económicos puedan adaptarse a ella. Esto significa que el primer reglamento de aplicación debe aprobarse en los próximos meses. La semana que viene, el 20 de octubre, lo presentaré a mis colegas, e inmediatamente después a sus Señorías. Soy consciente y entiendo que el Parlamento necesita un cierto tiempo; nosotros, por supuesto, haremos todo lo posible por procurar que disponga de ese tiempo y, como ya saben, nuestro personal está enteramente a su disposición.
En definitiva, el objetivo es ayudar a los países en desarrollo a exportarnos sus productos. Al tratarse de países en desarrollo, necesitan, por definición, más tiempo que otros para adaptarse a unas normas a veces complejas, aunque el sistema que queremos implantar sea un sistema simplificado. Así pues, mi impresión es que necesitamos por lo menos nueve o diez meses, y este es el mensaje que quiero transmitir a la Cámara. Estoy convencido de que aquellos de ustedes que sean partidarios de este sistema por motivos de política de desarrollo, entenderán mi interés por la cuestión. 
Martens (PPE-DE ).
    Señor Presidente, ya se ha dicho que el sistema de preferencias generalizadas ofrece ventajas comerciales a los países más necesitados. En la Unión Europea hemos fijado objetivos del milenio para el desarrollo y nos hemos comprometido a conseguirlos. Dichos objetivos se centran, sobre todo, en la lucha contra la pobreza. El desarrollo económico es una condición fundamental en este sentido, por lo que pensamos que la reforma debe centrarse en él. Es lamentable que tengamos que emprender dicha reforma con premura de tiempo, ahora que la queja de la India ante la OMC se ha considerado fundada.
Nuestro Grupo opina –por suerte, es una opinión que comparte con el Comisario– que, ante todo, los países más pobres no deben devenir todavía más pobres. En los casos en que las preferencias se hayan visto mermadas debido a la reducción de los aranceles aplicados a los países más favorecidos, pedimos a la Comisión que se plantee otras posibles medidas. En segundo lugar, pensamos que el sistema de graduación tiene que cumplir su objetivo de excluir únicamente a los países o sectores que ya están funcionando con suficiente competitividad dentro del mercado y que, por tanto, ya no necesitan el SPG. Asimismo, pensamos que, desde luego, la gobernanza debe ocupar un lugar en el nuevo SPG+. Por último, la reforma debe significar también que los países a los que se dirige específicamente el SPG+ puedan hacer un mayor uso de él. Lo que debiera convertirse en el instrumento más importante se está utilizando solo en un 52 % o un 55 %, como ha dicho el Comisario hace un momento. Este incremento es positivo, pero el resultado todavía no es satisfactorio.
Tengo dos preguntas para la Comisión. La revisión del SPG se basa en una idea correcta y clara; la intención es crear un sistema más sencillo, transparente y objetivo y en esto, ni que decir tiene, la Comisión cuenta con todo nuestro apoyo. Lo que no está tan claro es la manera precisa de conseguirlo. Por ejemplo, ¿cómo va a evitar la Comisión que el nuevo Reglamento sobre el SPG+, que según se afirma se convertirá en el único reglamento, devenga demasiado complejo en términos de aplicación, cumplimiento y control, de manera que, en la práctica, quede muy poco de la simplificación y la transparencia propuestas? La otra cuestión, que ya se ha planteado, se refiere a la evaluación. Según la Comunicación, no se ha realizado todavía ninguna evaluación, o ninguna evaluación en serio, una afirmación que han desmentido tanto el señor Mandelson como por el señor Lamy. Si es cierto que se ha realizado una evaluación, ¿podría ser remitida al Parlamento sin demora? Gracias. 
Castex (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Lamy, Señorías, quiero darle las gracias, señor Lamy, por la información pormenorizada que nos ha facilitado sobre la manera en que se pondrá en práctica esta reforma. Con la globalización del comercio como telón de fondo, la reforma demuestra la voluntad de la Unión Europea de poner las leyes del mercado al servicio de los objetivos de desarrollo de los países más pobres y los objetivos en materia de derechos humanos, además de atestiguar nuestra ambición de reforzar el lado moral de la globalización.
En este contexto, hay que proceder a una evaluación en profundidad del sistema anterior, y sobre todo de su repercusión en el objetivo de erradicación de la pobreza. La naturaleza compleja y parcial de los acuerdos ha impedido a veces realizar ningún tipo de evaluación del funcionamiento del sistema, sobre todo porque las estrechas relaciones entre los países exportadores y algunas compañías multinacionales han impedido una evaluación a fondo de los efectos del sistema. Por lo tanto, debemos acoger con satisfacción la propuesta de la Comisión de simplificar el sistema.
Quiero también insistir en lo importante que es establecer con claridad las condiciones que regirán la concesión de aranceles preferenciales, sobre todo en lo que concierne al respeto de los derechos básicos de los trabajadores. La necesidad de promover los derechos básicos de los trabajadores va mucho más allá de las relaciones entre los países pobres y los países ricos. Tienen que darse dos condiciones para garantizar que el sistema sea lo más lógico y eficaz posible; los países industrializados tienen que estar lógicamente dispuestos a cumplir esas condiciones, pero los países en desarrollo beneficiarios tienen también que aprovechar la ocasión para reducir las desigualdades existentes en su interior y para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos. La forma de conseguirlo pasa, naturalmente, por la incorporación de unos criterios y unas condiciones en el sistema que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores y de las convenciones de derechos humanos a los que usted se ha referido. En este sentido, es fundamental distinguir entre la ratificación de las convenciones internacionales y su aplicación en la práctica. Tenemos que centrar toda nuestra atención a asegurar que en los futuros reglamentos se contemple expresamente la necesidad de que los países beneficiarios ratifiquen las convenciones internacionales sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y garanticen su aplicación plena y efectiva. También hay que establecer procedimientos para evaluar estos dos aspectos.
En cuanto al tema de los procedimientos, ¿por qué no deben participar los interlocutores sociales en estas evaluaciones por medio de consultas? De esta forma se garantizaría la utilización de la experiencia y los conocimientos prácticos de los sindicatos en el ámbito de los derechos fundamentales de los trabajadores. En concreto, la Unión Europea debe comprometerse a promover una mayor eficacia de los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, pudiendo, por ejemplo, emprender investigaciones para controlar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el marco del procedimiento SPG.
Van Hecke (ALDE ).
    Señor Presidente, Señorías, el sistema preferencial europeo es sin duda, después de la ampliación, el más importante y generoso de todo el mundo. De ahí se deduce que cualquier modificación del sistema tendrá efectos importantes para todos los afectados. El medio de subsistencia de muchos productores en los países en desarrollo, pero también en Europa, depende de él. Comparto la opinión de la Comisión de que el sistema debe simplificarse y orientarse especialmente a los países que más lo necesitan para que puedan competir en el mercado mundial. Lo importante es que el sistema debe ser más flexible para permitir una investigación sistemática de si algunos sectores de los países beneficiarios siguen realmente necesitando el sistema para ser competitivos. En el caso de que un país sea culpable de utilizar unas prácticas comerciales desleales, incumplir los convenios de la OMC o no respetar los derechos humanos, debe ser posible en todo momento dictar una suspensión temporal. En resumen, apoyo los objetivos de la Comisión con respecto al SPG, pero comparto con la señora Martens sus dudas sobre si las reformas propuestas llegarán lo suficientemente lejos como para conseguir los objetivos previstos. Por ejemplo, no está claro por qué no se revisa a fondo la lista de países beneficiarios, de manera que los 20 primeros países en términos de comercio mundial dejen de beneficiarse de unas preferencias que, en realidad, están destinadas a los más pobres. Se trata también, señor Comisario, de si la reforma propuesta se ajusta a la actual Ronda de Doha de la OMC, al final de la cual los países más pobres podrán beneficiarse de importaciones sin cuotas y sin aranceles. Entiendo al Comisario Lamy cuando habla de la necesidad de una acción inmediata, pero al igual que el Consejo, quiero insistir en que se realice una amplia consulta con el Parlamento Europeo y que se deje tiempo a todas las partes afectadas para adaptarse a los cambios. De la resolución que votaremos hoy se deduce que existe un consenso general respecto a esta revisión. Espero, por tanto, que la Comisión haga todo lo posible por respetar la opinión del Parlamento, que es unánime. 
Lucas (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, acojo con agrado los planes para revisar en serio del Sistema de Preferencias Generalizadas, que se debería haber efectuado ya hace tiempo. También acojo con satisfacción las recientes conclusiones del Consejo, que reclaman con toda claridad una consulta significativa con el Parlamento Europeo. Es de lamentar que la Comunicación de la Comisión no haya sido fruto de una consulta plena con las partes interesadas y no haya visto la luz con antelación suficiente para poder llevar a cabo una consulta significativa antes de dar paso al siguiente reglamento.
Es esencial que el Parlamento y todas las demás partes interesadas dispongan de una oportunidad adecuada de contribuir a este proceso tan importante y me alegro de que el Comisario Lamy haya aceptado proceder así.
Desde el punto de vista del contenido, es evidente que el SPG requiere con urgencia una simplificación, puesto que a todas luces no está funcionando como es debido. Los requisitos de las normas de origen son demasiado estrictos, lo cual tiene por efecto que una gran proporción de las exportaciones de países en desarrollo a la Unión no logren obtener acceso preferente porque se las considera no originarias. Una de las justificaciones del rigor de las normas de origen es que se espera que fomenten los llamados «enlaces retroactivos», o sea, la producción de bienes intermedios en los propios países en desarrollo. No obstante, la experiencia demuestra claramente que las normas de origen no son el instrumento adecuado para alcanzar dicho objetivo. De hecho, la mayoría de países en desarrollo son pequeños y disponen de escasa capacidad para desarrollar una cadena de suministro completa.
Un ejemplo clásico es el de Sri Lanka, que ha desarrollado un floreciente sector de confección pero aún no dispone de capacidad para abastecerlo de tejidos. El sistema se apoya esencialmente en un instrumento indirecto de política comercial para fomentar una respuesta por el lado de la oferta en los países en desarrollo, que es probable que resulte mucho menos eficaz y mucho más susceptible de abuso que los incentivos financieros directos o la asistencia técnica o la dotación de infraestructuras para los sectores en cuestión.
Me alegro de que el señor Lamy haya manifestado que va a haber verdaderos cambios en relación con las normas de origen. La Comisión debería contemplar propuestas de largo alcance, como las encaminadas a permitir de manera general el acceso libre de aranceles de una exportación de un país menos desarrollado a la Unión Europea con la condición de que al menos un 40 % de su valor añadido se haya generado en un país menos desarrollado, sin que este deba ser necesariamente el país de exportación final.
En el caso de los tejidos y las prendas de vestir es evidente que es necesario llegar aún más lejos, ya que algunos de los países más pobres van a sufrir enormes conmociones cuando se suspenda el Acuerdo Multifibras. Organizaciones como Oxfam han presentado algunas propuestas muy detalladas en este contexto.
Mi última consideración se refiere asimismo a los tejidos. Cuando se suspenda el Acuerdo Multifibras, algunos de los países más pobres se van a enfrentar con problemas de gran calado. Por mi parte, quisiera sugerir una exención transitoria de los requisitos de las normas de origen existentes para los países en desarrollo que dependen fuertemente de los tejidos y la confección, aunque no estén clasificados necesariamente como países menos desarrollados. Me refiero en particular a los países que obtienen más del 50 % de sus ingresos actuales en la cuenta de exportaciones de los tejidos y las prendas de vestir. Me interesaría mucho conocer las opiniones de la Comisión y del Consejo con respecto a esta propuesta. 
Markov (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, de las propuestas de resolución presentadas por los distintos Grupos en respuesta a la Comunicación de la Comisión se desprende que muchas de sus demandas son idénticas. Eso significa que existe un cierto consenso en esta Cámara, sobre todo en lo que se refiere a la graduación, las preferencias que tienen que cambiarse y la forma que deben adoptar las nuevas concesiones en el futuro.
Lo que me ha sorprendido del debate es que, si queremos cambiar el sistema de preferencias –cosa que apoyamos–, lo primero que hace falta es un análisis. El comercio no es un fin en sí mismo; sirve para promover el desarrollo económico y social de los países, de lo que se deduce la necesidad de realizar un análisis para saber qué tipo de comercio se ha conseguido, en qué condiciones y con qué sistemas de preferencias. ¿Ha empobrecido o ha enriquecido a los países? ¿Ha promovido o no la industrialización? ¿Ha ayudado o no a mejorar la prestación de servicios sanitarios en los países subdesarrollados? ¿Ha contribuido o no a mejorar la formación y la educación que reciben los jóvenes?
Esto significa, por tanto, que necesitamos, en primer lugar, unos criterios objetivos para evaluar lo que se ha avanzado con los sistemas existentes en el camino hacia el desarrollo. Lamento no haber visto ningún análisis de este tipo. Hoy, el Comisario Lamy ha dicho que sí que se ha hecho un análisis así. Antes de aprobar el nuevo Reglamento, tenemos que debatir a fondo esos componentes en esta Cámara.
Quiero hacer dos comentarios más. En primer lugar, en relación con los sistemas de preferencias tendremos, también en el futuro, que partir del supuesto de que algunos países deben ser evaluados de diferentes formas. Puede ocurrir que los mercados de los países en desarrollo necesiten protección para poder desarrollarse. Puede ocurrir eso. No se pueden «abrir» todos los mercados si se quiere promover el desarrollo de algunos países, sobre todo en lo concerniente a seguridad alimentaria, agricultura, etc. En segundo lugar, no se trata solo de comercio, sino de que, si la producción se traslada a los países en los que queremos promover medidas sociales, los puestos de trabajo creados tienen que ser adecuados y dignos. Creo que esto debe reflejarse también en el análisis.
Louis (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, Señorías, celebro que las dos comisiones parlamentarias hayan iniciado este debate. 
Desde que se firmó hace ya casi diez años el Acuerdo de Marrakesh, se han producido cambios fundamentales en la naturaleza de las relaciones establecidas por la Unión Europea, y por Francia en particular, con sus países en desarrollo asociados. Hoy debatimos una nueva Comunicación de la Comisión que presenta un proyecto para reformar y mejorar el sistema de preferencias generalizadas. Debemos recordar en primer lugar que el sistema de preferencias generalizadas ha sido un campo de batalla entre dos visiones del mundo: por un lado, la de una Europa –y más específicamente la de Francia–, comprometida con sus países en desarrollo asociados y consciente de sus responsabilidades y sus vínculos históricos, y por otro lado, la de una Europa que cree que la participación en el libre comercio internacional debe ser el único medio real para el desarrollo económico y social. Me temo que esta nueva Comunicación de la Comisión servirá meramente de cortina de humo para ocultar el simple hecho de que renuncia a anteriores compromisos a favor de los derivados de nuestra participación en la Organización Mundial del Comercio. Es lo que se designa con el eufemismo de «sistema compatible con la OMC».
En realidad, y en términos más generales, esta Cámara y el Consejo han permitido que la Comisión adoptara dos políticas contradictorias al mismo tiempo: una política de comercio exterior basada en el libre mercado, y una política basada en la concesión de ayudas al desarrollo para algunos socios privilegiados. Si no queremos que la OMC desmantele sistemáticamente el Convenio de Lomé, instrumento por instrumento, el Consejo tendría que haber actuado como supervisor y autoridad reconocida, proporcionando definiciones coherentes y defendiendo con firmeza unas estrategias claras y a largo plazo, entre ellas todos los instrumentos de política exterior en ámbitos generales de interés común como es el desarrollo.
Esta contradicción fundamental afecta a todas las políticas que pretendemos impulsar conjuntamente. ¿Cómo podemos pedir a nuestros pescadores que reduzcan la presión sobre las poblaciones de peces, cuando al mismo tiempo firmamos acuerdos comerciales con países que no están dispuestos a hacer ese mismo esfuerzo? ¿Cómo podemos imponer normas medioambientales, limitaciones sociales y compromisos de solidaridad con nuestras empresas, cuando al mismo tiempo las exponemos a una competencia que no soporta ninguna de esas cargas? Por último, ¿cómo podemos pedir a nuestros socios del Sur que crean en el compromiso a largo plazo de la Unión Europea y de sus Estados miembros con su desarrollo si, con unas ventajas ahora difíciles de apreciar, les exponemos, reforma a reforma, a las fuerzas del mercado único mundial? Hablo en nombre de la delegación francesa de mi Grupo. De ningún modo nos oponemos al mercado. Creemos en la libre empresa, en la iniciativa y en la responsabilidad individual, pero creemos también que el Estado debe desempeñar un papel de regulador y estratega, tanto para proteger a sus ciudadanos como para defender los intereses de sus socios internacionales más pobres, puesto que de lo contrario el mercado no sería más que una jungla.
Dado que la prosperidad de nuestro continente se estableció principalmente en los siglos XVIII y XIX y en unas condiciones relativamente protegidas, ¿cómo podemos exigir a nuestros socios del Sur que expongan sus jóvenes economías a los cuatro vientos? Puede que los jóvenes brotes de los países en desarrollo necesiten de nosotros algún tipo de ayuda provisional. Aunque reconozcamos que es imperfecto, nuestro SPG debe mantenerse. Me temo también que, como en muchos otros casos, la propuesta de la Comisión no se basa en ningún análisis de impacto o evaluación del sistema en su conjunto. Espero que esta Cámara vote una propuesta detallada, pero tenemos que exigir, Señorías, que la votación solo tenga lugar si hemos sido informados de las consecuencias que tendrá esta reforma. 

Battilocchio (NI ).
   – Señor Presidente, acojo con satisfacción los objetivos que ha fijado la Comisión para la simplificación, estabilización y clarificación de los regímenes.
La política de cooperación europea, cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza en el mundo, no puede limitarse a unos programas de desarrollo, por muy detallados, sustanciales y ventajosos que puedan ser en muchos casos, sino que tiene que utilizar todos los medios a su alcance para promover el crecimiento en los países más necesitados y, por tanto, tiene que favorecer al máximo las economías y las exportaciones de esos países.
Todo ello tiene que hacerse, como es natural, no solo de una manera transparente y plenamente abierta, exigiendo por tanto un escrupuloso análisis previo de los efectos que tendrán las medidas contempladas en el plan de acción propuesto, sino también lo más deprisa posible para que los países pobres puedan beneficiarse de estas facilidades cuanto antes. Así pues, además de los factores puramente económicos, como la cuota de mercado, hay que tener en cuenta otros criterios, como el nivel de desarrollo y el compromiso de los países beneficiarios de seguir la vía democrática, dando preferencia al comercio de los productos más importantes para la economía del país en cuestión, como los textiles en Sri Lanka, los plátanos en Barbados o el cacao en Costa de Marfil. Todo ello ha de llevarse a cabo en estricta coordinación con la Organización Mundial del Comercio, para no actuar a espaldas de los países afectados ni realizar el trabajo de regulación en la propia Comisión, como ha sucedido en el pasado, pues se trata de una cuestión que debe seguir siendo competencia estricta de la OMC y de toda la comunidad internacional. 
Sturdy (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, acojo con satisfacción las palabras del Comisario y quisiera retomar un aspecto al que se ha referido en términos bastante emotivos: la ayuda al desarrollo a través del comercio. En mi calidad de miembro de la Comisión de Comercio Internacional, creo firmemente en ella y por nuestra parte acogemos con satisfacción las reformas del Sistema de Preferencias Generalizadas para el período 2006-2015. Estas abarcan sectores como el textil, que es particularmente amplio. La revisión entraña, sin embargo, riesgos potenciales para los países en desarrollo; uno de ellos, al que ya se ha hecho referencia, es Sri Lanka. Por esto considero necesario que se aplique el mecanismo de graduación a algunos países que ya son autónomamente competitivos en este ámbito. 
En el contexto de la graduación, es importante ampliar el régimen de preferencias a nuevos productos. Uno de nuestros motivos de preocupación son los nuevos productos que la Comisión se propone añadir al SPG. Las propuestas parecen bastante imprecisas y es preciso que la ampliación del mecanismo de graduación se explique plenamente en el curso del procedimiento legislativo de la Comisión.
También es preciso tener presente que el SPG se concibió para los países menos desarrollados. Por consiguiente, estoy de acuerdo con el Comisario en que los recursos se deben concentrar en los mismos. Lo cual enlaza con una observación que ha formulado el señor Van Hecke: ante todo debemos procurar asegurarnos de que las normas de origen tengan en cuenta los productos secundarios, en particular aquellos como el algodón, que contribuyen a la industrialización de los países. No obstante, cuando se elaboren las propuestas detalladas relativas a las normas de origen, de modo que permitan la industrialización de los países sin ampliar excesivamente el régimen de preferencias, no debemos dejar de observar también cómo las aplican los países. Ha habido alguna disputa sobre si los países las han estado aplicando a productos en tránsito, aportando de este modo un valor añadido. Es una cuestión que nos preocupa seriamente.
Por último, señor Comisario, la propia Comunicación de la Comisión sugiere un autocontrol de los países menos desarrollados en el Sistema de Preferencias Generalizadas. En la resolución argumentamos en contra, pues consideramos que aún no ha llegado el momento oportuno. Solicitamos asistencia técnica para la aplicación de los nuevos regímenes, sobre todo en relación con el autocontrol. Es importante que la Comisión indique cómo se va a llevar a cabo el mismo. 
Van den Berg (PSE ).
    Señor Presidente, la Unión Europea es una comunidad de valores y ese es el mensaje que queremos transmitir a todas las regiones del mundo. En Occidente disfrutamos de unos servicios básicos, como agua, enseñanza y asistencia sanitaria, y queremos que estos servicios estén también disponibles en todas partes. El comercio internacional desempeña un papel importante en este terreno. Los ingresos derivados del comercio pueden ayudar a aumentar el nivel de inversiones en servicios básicos, pero en los países en desarrollo, sobre todo en el continente africano, el comercio mundial sigue desempeñando todavía un papel demasiado reducido. El continente africano representa solo el 2 % del comercio mundial. La Unión Europea puede y tiene que cambiar esta situación. Es sumamente importante que nosotros, siendo como somos el bloque comercial más grande del mundo, abramos nuestros mercados a los productos procedentes de los países menos desarrollados y, por medio de sanciones positivas, demos una oportunidad al desarrollo en los países más pobres. Como se ha dicho antes, el actual sistema de preferencias arancelarias solo ha funcionado en la práctica hasta cierto punto, sobre todo en el ámbito social. Sri Lanka y Moldova son los únicos que se han beneficiado de él y, como ha dicho hace un momento el señor Sturdy, la complejidad de las normas y la capacidad limitada han hecho que incluso Sri Lanka haya infrautilizado de hecho ese potencial. Por eso es bueno que avancemos hacia un sistema SPG+ más sencillo al que puedan optar menos países, pero que genere cada vez más beneficios y productos nuevos, creando así también incentivos reales. De hecho, si de verdad queremos que se respeten en la práctica los derechos fundamentales de los trabajadores en esos países, por citar solo un aspecto importante, tenemos que centrar activamente nuestros esfuerzos. No cedemos a las presiones interesadas que darían lugar a un enorme conglomerado de objetivos y países, del que posiblemente se beneficiarían muchas personas, pero en detrimento de los países más pobres.
Debemos reconocer el excelente trabajo que está llevando a cabo el Comisario Lamy en torno al Reglamento sobre los acuerdos de asociación económica (AAE). Tenemos que seguir avanzando en esa misma dirección. Si las regiones del Caribe y el Pacífico experimentan problemas especiales, como así ocurre, debemos tratar de utilizar los AAE como una solución específica y generosa con ellos. Debemos adoptar una postura más dura frente a las nuevas superpotencias emergentes, como China, Brasil y la India, e imponer unos requisitos más estrictos en lo que respecta a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por último, no debemos limitarnos a exigir un comercio justo, sino también, con respecto a la protección de nuestros propios trabajadores, una competencia leal. En cuanto a las normas de origen, pido a la Comisión que se centre en las ventajas para los países menos desarrollados, que acepte relajar las normas de origen y permita la acumulación regional y de desarrollo. Por último, si queremos promover la economía regional, tenemos que abrir la mano también a este respecto. Un incentivo tan concentrado podría contribuir realmente al progreso del continente africano. 
Schlyter (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, es preciso mantener los mercados locales al tiempo que se potencian las exportaciones. Para ello, el comercio debe operar en el marco fijado por el medio ambiente, hay que respetar los derechos humanos y reforzar la cohesión social. Para paliar el sufrimiento y la pobreza, el SPG tiene que tornarse más generoso. Es necesario desarrollar las cláusulas social y medioambiental, y debemos ayudar a los países a desarrollar el etiquetado ecológico para que puedan recibir más dinero por sus productos.
Los países ACP están acogidos al Acuerdo de Cotonú. Pero en realidad solo utilizan la iniciativa «Todo menos armas» en un 2,6 %. Son muy pocos los países ACP que han logrado sacar el máximo provecho del Acuerdo de Cotonú. Ahora tenemos que ayudar a los demás a hacer un mayor uso de Cotonú y también de la iniciativa «Todo menos armas». 
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, deseo aplaudir la iniciativa de la Comisión de presentar una comunicación previa a la reforma del sistema SPG, y aplaudo también la oportuna iniciativa de nuestras dos comisiones parlamentarias para formular conjuntamente esta pregunta oral con debate cuyos términos son significativos del valor aclaratorio que reclama el Parlamento sobre la comunicación y, lo que es sin duda más importante, sobre la futura reglamentación que modifique el actual sistema SPG.
Compartimos con la Comisión la necesidad de simplificar, concentrar y mejorar, en definitiva, el sistema para hacerlo más eficaz por lo que respecta a sus objetivos. Existen todavía puntos oscuros, como la mejora de las normas de origen, pieza fundamental del sistema, que debe jugar un papel clave para ayudar a los países beneficiarios del sistema SPG con normas claras de funcionamiento. Lo mismo cabe decir de la simplificación del sistema SPG Plus, que compartimos, pero que, a nuestro juicio, requiere todavía aclaraciones en las ratificaciones o aplicaciones de las normas internacionales que no signifiquen en la práctica un obstáculo en la aplicación real del sistema SPG, como han puesto de manifiesto ya algunos países iberoamericanos como El Salvador, o de aspectos clave de los incentivos en la lucha contra el narcotráfico, crucial para países como Colombia y Bolivia.
Por todo ello, queridos colegas, acogemos favorablemente el objetivo de simplificación, concentración y mejora del sistema SPG, aunque esperamos, prudentemente, a ver cómo se traduce definitivamente en el próximo texto legislativo de la Comisión llamando desde este momento la atención sobre la necesidad de fijar criterios claros en cuanto a las normas de origen y el mantenimiento del sistema SPG para los países iberoamericanos beneficiarios y, en particular, a las normas referentes a la lucha contra la droga, que aún deben ser matizadas.
Concluyo, señor Presidente, señalando que apoyamos la Resolución conjunta que hoy se presenta como un compromiso compartido por los distintos grupos políticos que lo firman, lo que implica para todos cesiones en aras de ese consenso. Por ello rechazamos las enmiendas que van más allá de este compromiso y que extienden ambigüedad en el tratamiento de las normas de origen, que, precisamente, tratamos de que sean lo más claras, trasparentes y precisas posibles para ayudar a los terceros países, sin que se produzcan fraudes en su aplicación.
Kinnock, Glenys (PSE ).
   – Señor Presidente, también yo acojo con satisfacción esta iniciativa sumamente necesaria y oportuna del señor Comisario y quisiera agradecerle igualmente su cooperación y dedicación durante su mandato como Comisario, que el Parlamento ha agradecido muchísimo.
Sin embargo, aunque acojo con satisfacción la iniciativa, es preciso señalar que esta es de carácter muy general. El Comisario mismo ha reconocido que contiene muchas propuestas muy generales. Pedimos más información sobre los umbrales de graduación y sobre el alcance de la mejora del SPG para los países que no estén cualificados. También espero poder disponer de más detalles sobre las normas de origen, pues en este momento resulta muy difícil juzgar si lo que se propone va más allá de una reforma cosmética.
Quisiera saber si el Comisario coincide con mi valoración en el sentido de que si la Unión Europea mejora apreciablemente su sistema de preferencias, podría cumplir los requisitos de la alternativa de mejora del régimen de preferencias, la alternativa a los acuerdos de asociación económica, que algunos países menos desarrollados continúan solicitando, como usted bien sabe. 
En la reunión de Gaborone, la Unión Europea accedió a aplazar hasta 2006 la revisión anticipada de la situación de los países menos desarrollados que no están en condiciones de acceder a acuerdos de asociación económica. A mi parecer, las normas de la OMC también permiten establecer diferencias entre los países en desarrollo en los regímenes de preferencias comerciales no recíprocas, siempre que las disposiciones se basen en criterios objetivos y todos los países en desarrollo que se encuentren en una situación análoga tengan acceso a un trato idéntico. Sobre la base de este análisis, quisiera pedir al señor Comisario que concrete más si, cuando se negoció el Acuerdo de Cotonú, se contempló la posibilidad de mejora del SPG como una alternativa para quienes no podían o no deseaban iniciar la negociación de acuerdos de asociación económica. Solicité esta información en comisión, pero no quedé del todo satisfecha con la respuesta.
Finalmente, quiera pedir al Comisario más información y claridad con respecto a qué se entiende por «vulnerables», «necesidades especiales de desarrollo» y «pequeñas economías». Ha citado a los países enclavados, etc., pero tiene que aclarar mejor los detalles para que podamos saber exactamente a qué se refiere. 
Van Lancker (PSE ).
    Quiero hacerme eco de las palabras de agradecimiento expresadas por mis colegas diputados al Comisario Lamy por su cooperación y desearle suerte en su futura carrera profesional. Quiero también darle las gracias por sus aclaraciones de hoy; estoy de acuerdo con él en que el sistema de preferencias generalizadas es, en principio, un buen instrumento para crear oportunidades de desarrollo a través del comercio, pero que el sistema necesita claramente una revisión.
Tengo dos preguntas para el Comisario. Comparto su opinión de que la retirada gradual de las barreras comerciales debilita en parte el sistema de preferencias generalizadas y que por eso es muy necesario que nos concentremos en los países que más lo necesitan. Comparto pues la preocupación de la señora Lucas por el futuro de algunos países en desarrollo cuando se supriman las cuotas textiles. Le agradecería mucho, señor Comisario, que nos explicara una vez más cómo puede utilizarse este sistema de graduación para ayudar a los países menos desarrollados. Ha mencionado usted a China como un ejemplo muy evidente, pero ¿que ocurre con la posición de Pakistán y la India, por ejemplo? 
En segundo lugar, el SPG+ permite realmente utilizar el comercio para promover el respeto de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y la gobernanza. Celebro que se refundan los reglamentos actualmente vigentes, porque ¿qué sentido tiene conceder el SPG+ a Pakistán en virtud de su política en materia de drogas si el trabajo infantil sigue siendo moneda corriente? Señor Comisario, usted ha explicado que no se trata solo de ratificar, sino también de aplicar, pero para ser sincera no sé muy bien en qué tratados está pensando usted. Ha presentado toda una lista de cuestiones y ha tratado de explicarnos cómo deben vigilarse, pero me temo que esa lista haría totalmente inmanejable el sistema SPG+. Tampoco ha explicado las sanciones que se aplicarían por incumplimiento de esos tratados fundamentales, ni cómo se podría implantar efectivamente ese sistema. Con demasiada frecuencia, instrumentos como el SPG+ o la vinculación con los derechos de los trabajadores o los tratados pierden eficacia simplemente porque las infracciones no van seguidas de sanciones. Si pudiera explicar esto otra vez, se lo agradecería mucho. 
Valenciano Martínez-Orozco (PSE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta reforma del sistema de preferencias generalizadas viene a completar el panorama de los derechos humanos como realidad indivisible al vincular directamente los conceptos y las políticas de comercio, desarrollo y derechos humanos.
En efecto, a la concepción del comercio como un instrumento para el desarrollo y de este como un derecho humano colectivo, la reforma del SPG incorpora la idea de que las mejores preferencias comerciales se condicionen al respeto de ciertos estándares en materia de protección social, derechos humanos, buen gobierno y desarrollo medioambiental sostenible. La unificación de todos estos criterios en una categoría SPG Plus, además de simplificar el sistema y hacerlo más generoso, como dice el Comisario, va por el buen camino en términos de coherencia de las políticas comunitarias con incidencia en los países en desarrollo y corrige la fragmentación que tradicionalmente se ha abordado en la política de desarrollo.
Como portavoz del Grupo socialista en la Subcomisión de Derechos Humanos, no puedo menos que felicitar a la Comisión por este aspecto de su propuesta, sin que ello prejuzgue la condición de manifiestamente mejorable de otros puntos de la misma, sobre todo los que establecen mecanismos rígidos para las preferencias establecidas para los países menos avanzados. Seguiremos con atención la reforma, su aplicación y su eficacia en términos de buen desarrollo y, sobre todo, de derechos humanos.
Van Gennip,
    Gracias, señor Presidente. Atendiendo a su petición, seré breve. En primer lugar, quiero agradecer a sus Señorías las observaciones que han hecho y que me han sido muy útiles, como Presidenta del Consejo. Puedo asegurarles que las tendré en cuenta en nuestros futuros debates sobre esta materia de aquí a Navidades. A partir de entonces, entregaremos la antorcha a nuestros sucesores de Luxemburgo. En mi primera intervención he respondido ya a la mayoría de las preguntas, y las demás preguntas se han formulado a la Comisión, pero quiero asegurarles que la Presidencia hará todo lo que esté en su mano por llegar lo más lejos posible en el debate sobre la resolución los próximos meses, implicando en dicho debate a todas las partes de la forma más efectiva posible, incluido el Parlamento Europeo. Quiero decir también que los Países Bajos pueden identificarse plenamente con algunas de sus preguntas, en particular las referentes a las normas de origen, los productos incluidos y los márgenes preferenciales.
Por último, quiero dar las gracias de todo corazón al Comisario Pascal Lamy por la fructífera cooperación durante los dos últimos años. Hemos hechos grandes progresos en la OMC y en la Unión Europea gracias a su compromiso personal, su capacidad analítica y su aguante. En los últimos años ha corrido usted una maratón y ha abierto un camino por el que ahora nosotros podremos avanzar en los próximos años. Así que, Pascal, gracias, 
Lamy,
    Señor Presidente, no es esta la última vez que comparezco antes ustedes, ya que tendré la oportunidad de volverlo a hacer en el período parcial de sesiones de octubre. Si hubiera sido esta la última vez, habría visto –en la combinación de circunstancias que sitúan al señor Moscovici en la presidencia– uno de esos signos que recibo de vez en cuando.
Contrariamente a lo que tengo por costumbre, no podré responder en detalle a cada una de sus preguntas, ya que dispongo solo de unos minutos. Me limitaré a abordar los aspectos esenciales, siendo breve y ciñéndome a lo fundamental.
La señora Martens me ha preguntado si va a cambiar la iniciativa «Todo menos armas». No, no va a cambiar, ni habrá graduación en ella. También se ha referido, como otros oradores, a los porcentajes de utilización del sistema de preferencias generalizadas por parte de los países beneficiarios. Tiene razón. Digamos claramente que, entre las razones por las que algunos países no tienen en la práctica acceso a nuestro mercado, aunque en teoría tengan ese derecho, hay otros factores no relacionados con los aranceles, como las normas sanitarias y fitosanitarias o los problemas de normas, calidad y certificación. Siempre existirá, por tanto, una diferencia entre el acceso teórico y práctico, debido a cuestiones no relacionadas con los aranceles, puesto que, lamentablemente, somos incapaces de crear un régimen específico para los países en desarrollo. No pretendemos crear un sistema mundial de tolerancia de los antibióticos en las gambas, solo para crear acto seguido un régimen específico que favorezca a las gambas procedentes del mundo en desarrollo. Lamentablemente, no podemos proceder de esa manera.
La señora Castex sugiere que implique a los interlocutores sociales cuando las ventajas derivadas de esas preferencias se condicionen al cumplimiento de cláusulas sociales. Ya lo estamos haciendo, señora Castex, y seguiremos haciéndolo. Para ponerle un ejemplo, la investigación que estamos realizando actualmente sobre el respeto de los derechos sindicales en Belarús, que puede llevar a la Unión Europea a retirar a ese país el beneficio de esas preferencias, estuvo motivada por una queja de la Confederación Europea de Sindicatos. De hecho, mi respuesta al señor Markov parte de lo mismo.
Me han preguntado si se revisará el número de beneficiarios. Por supuesto que se revisará, y ello a la luz de un criterio: la cuota de mercado. Como he dicho antes, y repito ahora, el número de beneficiarios apenas se verá afectado por este sistema. Permítanme que diga claramente que, cuando hablamos de graduación, no nos referimos a la graduación de un país y de un producto, sino de un binomio país-producto: el país «x» y el producto «y».
La señora Lucas me ha vuelto a preguntar por el calendario. Me parece que ya he explicado nuestros condicionantes, impuestos sobre todo por el conflicto con la India. En cuanto a las normas de origen, en las que ella y otros diputados como la señora Van Lancker y la señora Kinnock han insistido, permítanme que solo diga lo siguiente: supongamos que excluimos del sistema a China, un gran exportador de ropa y textiles, y que autorizamos a Sri Lanka, un exportador de confección, a abastecerse de textiles en China; si he entendido bien, eso es lo que la señora Lucas quisiera que hagamos. De hacer eso, estaríamos devolviendo a China por la puerta de atrás, si me permiten decirlo así, la ventaja en el sector de la confección y los textiles que le quitaríamos en la puerta delantera. Por tanto, no debemos caer en ese tipo de situación contradictoria. Ahora bien, si Sri Lanka quiere suministrar sus textiles a los países vecinos, probablemente –tengo que verificarlo con mis colegas– nosotros no pondríamos ningún reparo.
Casi he terminado sobre este punto. El señor Louis no simpatiza con la Organización Mundial del Comercio; esa es su prerrogativa. Pero lo más preocupante es que considera que la política comercial de la Unión Europea se caracteriza por un libre comercio desenfrenado, lo cual es evidentemente una exageración. Además, no he escuchado lo mismo de boca de otros diputados a esta Cámara durante el presente debate. Quiero recalcar el único punto de su intervención en el que se muestra de acuerdo con la Comisión, lo que, por cierto, no es mala cosa: la necesidad de mantener el SPG. De hecho, yo iría más lejos y diría que tiene que mejorarse.
El señor Sturdy está de acuerdo en que se establezca un vínculo con la asistencia técnica. La señora Kinnock y la señora Van Lancker quieren más detalles sobre los umbrales y sobre las listas de convenciones y sanciones. Esos detalles se facilitarán el 20 de octubre, cuando la Comisión tome una decisión sobre mi propuesta. La señora Kinnock me ha pedido que explique mejor la relación entre los acuerdos de asociación económica y estos regímenes unilaterales. Se trata de dos sistemas diferentes: los acuerdos de asociación económica tienen por objeto promover la integración regional entre los países de África, el Caribe y el Pacífico, mientras que, de momento, el SPG no tiene ese objetivo, excepto a través de las normas de origen.
He terminado respecto a ese punto, señor Presidente. Celebro, una vez más, que el Parlamento haya tenido la oportunidad de mantener un debate sobre política comercial una semana antes de que la propia Comisión debata la cuestión. Esto demuestra que, desde el punto de vista de la transparencia, hemos hecho algunos progresos. 
El Presidente.
   – Gracias, señor Lamy.
Al término de este debate he recibido seis propuestas de resolución.(1)
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión acerca de la estrategia de la Unión Europea para combatir el dopaje en el deporte.
Quiero pedir a la Comisión y a sus Señorías que respeten estrictamente sus tiempos de uso de la palabra, por cortesía hacia la señora Leyla Zana, que se dirigirá a esta Cámara a las 11.00 horas.
Reding,
   . Señor Presidente, Señorías, hoy, con ocasión de una de sus primeras sesiones plenarias, han optado ustedes por incluir en el orden del día la lucha contra el dopaje, lo que demuestra claramente la prioridad que tiene para el Parlamento combatir este azote que está dañando la imagen del deporte y la salud de los y las deportistas.
Hoy por hoy, el dopaje no es solamente una cuestión de juego limpio, sino también un problema de salud pública. La Comisión comparte la firme actitud que han mostrado ustedes en este ámbito. De hecho, como bien saben, yo misma he realizado un gran esfuerzo en los últimos cinco años para incluir el dopaje en la agenda comunitaria y para adoptar las medidas más eficaces posibles dentro de nuestras competencias. El día que dejo esta cartera, a la que tanta energía he dedicado, quiero agradecerles la oportunidad que me han dado de presentarles un desglose de los progresos que hemos realizado juntos y de establecer algunas directrices para el futuro.
Los progresos son los siguientes: Creo que, en cinco años, hemos hecho todo lo que podíamos hacer en el marco jurídico existente y a la vista de la resistencia de varios Estados miembros y secciones del mundo del deporte para considerar el ámbito comunitario esencial para la lucha contra el dopaje.
Como bien saben ustedes, el deporte no es todavía una competencia comunitaria. En otras palabras, la Comisión solo puede intervenir en estricta conformidad con sus competencias y, en este ámbito, la Comisión solo puede intervenir, en todo caso, con el propósito de complementar y reforzar las medidas adoptadas por las organizaciones deportivas y los Estados miembros.
En los últimos años nos hemos visto obligados a comportarnos como profesores y explicar cuáles son nuestras competencias y nuestras limitaciones en este terreno. En realidad, por una parte se nos ha preguntado por qué la Comisión no emprendía más iniciativas, mientras que por otra se nos ha dicho que estábamos emprendiendo iniciativas encaminadas a la armonización de los procedimientos de elaboración de las listas de control de sustancias dopantes; en otras palabras, que estábamos asumiendo competencias que no nos correspondían. La realidad es que hemos hecho muchas cosas dentro de nuestra esfera de competencias: proyectos de información, prevención, formación, sensibilización y apoyo, como el pasaporte del deportista, herramientas de información multimedia y estudios científicos. Hemos promovido el diálogo orientado a la cooperación.
¿Qué significa eso en concreto? El inicio de mi mandato coincidió con un período en el que el dopaje ocupaba las portadas de los periódicos, con los sucesos ocurridos en el Tour de Francia de 1998. Pudimos comprobar que las respuestas nacionales ya no eran suficientes y que la cooperación –o incluso la coordinación– entre los Estados miembros era crucial. A finales de 1999, pedí al Grupo de Ética de la Unión Europea, presidido en aquel entonces por la señora Lenoir, que emitiera un dictamen. Fue la primera vez que ese órgano se pronunciaba sobre el tema del dopaje, y el dictamen que emitió resultó ser de gran utilidad durante los años siguientes y seguirá siéndolo en el futuro. Ha sido el trampolín de todo lo que hemos hecho. En diciembre de 1999, la Comisión aprobó un plan de ayudas comunitarias para combatir el dopaje, un plan que fue acogido favorablemente por el Parlamento. La señora Zabel fue la ponente en aquella ocasión. Lo que pedimos, en particular, fue que en todas las políticas de la Comunidad se incorporara nuestra preocupación por el dopaje. En el marco de dicho plan y con la ayuda del Parlamento, se destinó un presupuesto de 5 millones de euros a proyectos para combatir el dopaje: estudios, investigación, conferencias y acciones. De esta forma pudimos financiar proyectos que promovieran tanto la información como la investigación en este ámbito. Quiero mencionar, por ejemplo, nuestro estudio sobre el dopaje en los gimnasios, además de otros proyectos destinados a la juventud y una lista de leyes y reglamentos en los Estados miembros. Se encargaron tres estudios a consultores externos sobre los factores socioeconómicos del dopaje, la protección de los jóvenes y la estrategia europea de comunicación.
Hablemos ahora de WADA, la Agencia Mundial Antidopaje. Yo realicé un importante esfuerzo personal para conseguir que se creara esa agencia y luché especialmente en defensa de los principios para una acción eficaz, de manera que la nueva agencia respondiera a los deseos de quienes querían que se aplicara una tolerancia cero al dopaje. Insistí en la necesidad de que la agencia fuera independiente y transparente. WADA se creó en 1999 siguiendo las líneas que nosotros queríamos. Debido a una discrepancia entre las normas y procedimientos presupuestarios de WADA y el Derecho comunitario, no se pudo obtener financiación comunitaria, ni sé como podría cambiarse esta situación en el futuro. El proyecto de Tratado Constitucional, que hace referencia al deporte, no supondrá ningún cambio en este sentido. Debemos reconocer que WADA está haciendo una labor loable. Quisiera verla convertida en una institución internacional de derecho público. Creo que así podría funcionar con más eficacia y más credibilidad que ahora que se rige por el derecho privado, cosa que plantea problemas.
Después de todo, la lucha contra el dopaje es, por definición, un fenómeno internacional. Esta es la principal razón por la que organizamos la Conferencia de Marrakesh en enero de 2002, en la que tuvimos la oportunidad de examinar el problema del dopaje con nuestros colegas de la zona mediterránea. Quiero también mencionar el Año Europeo de la educación a través del deporte, durante el cual hemos creado un sistema de información y alerta para nuestros jóvenes; en otras palabras, todo un sistema de prevención. La prevención es la palabra clave, porque no estamos aquí para ser represivos, razón por la cual la Comisión tiene que hacer hincapié en el aspecto de la prevención. Tiene que considerar los factores que ayudan a crear unas condiciones que favorecen el fenómeno del dopaje: la formación de los entrenadores, el papel de los profesionales médicos y la presión que los patrocinadores ejercen sobre los deportistas para que triunfen.
Como pueden ver, se ha hecho un trabajo muy importante en los últimos cinco años. Ha sido un trabajo conjunto, en cuyo marco he podido contar siempre con el pleno apoyo del Parlamento. En el futuro, esta responsabilidad recaerá en el nuevo Comisario, señor Figel, y sé que él es consciente de la importancia de esta cuestión.
Señor Presidente, quiero hacer dos observaciones, si me lo permite. En primer lugar, el Tratado Constitucional representa una fuente de esperanza en este ámbito, porque reconoce la necesidad de proteger la integridad física y moral de los jóvenes, y en particular de los y las jóvenes deportistas. Por eso tenemos que aumentar el apoyo a los Estados miembros y las federaciones, que seguirán siendo los principales responsables. Además, podemos financiar las actividades de los Estados miembros en los campos de la prevención, la información y la sensibilización.
Quiero mencionar también un aspecto muy importante para toda acción futura, y es la sentencia dictada por el Tribunal en el caso de Meca-Medina el 30 de septiembre, que tuvo el mérito de clarificar el lugar que ocupa la lucha contra el dopaje dentro del marco jurídico de la Comunidad y que confirmó en definitiva la posición de la Comisión –como la que yo defiendo desde hace cinco años–, y eso debemos acogerlo con satisfacción. La sentencia estableció que la lucha contra el dopaje no tenía ningún objetivo económico. En opinión del Tribunal, el Reglamento antidopaje del Comité Olímpico Internacional no entra, por tanto, en del ámbito de aplicación de la legislación comunitaria en materia de competencia. La finalidad de ese Reglamento es proteger el espíritu del deporte y la salud de los deportistas. En otras palabras, es un Reglamento sobre el deporte que asigna la responsabilidad principal de la regulación en esta materia a las federaciones deportivas.
Señor Presidente, estoy muy satisfecha tanto con la propia conclusión como con la forma en que se ha dictado la sentencia. He tratado sinceramente de demostrar durante cinco años que la Comisión no está solamente interesada en el deporte como un fenómeno económico, sino que el deporte es, por encima de todo, una actividad social con aspectos tanto educativos como éticos. Sé también que mi sucesor seguirá el mismo camino, porque es importante que el Parlamento apoye al señor Figel en esta materia, como siempre me ha apoyado a mí. Tenemos una responsabilidad para con nuestra sociedad y, siendo el deporte un elemento importante en dicha sociedad, tenemos también una responsabilidad en el terreno del deporte. 
Mavrommatis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, señora Reding, hemos visto recientemente que el juego limpio, que es el principio básico del deporte y de los Juegos Olímpicos, se ha convertido en «juego sucio». La amable rivalidad y los ideales deportivos se han visto ahora sustituidos por los denodados esfuerzos de los deportistas por ganar y distinguirse. En el marco de este enorme esfuerzo y de las competiciones masivas, la ciencia interviene aportando nuevas soluciones que prometen grandes logros. Pero hoy quiero defender la causa de las mujeres y de los jóvenes.
El consumo de anabolizantes por las deportistas, sobre todo por las deportistas jóvenes, daña su feminidad, mientras que el abuso de estas sustancias entraña graves riesgos para su salud, privándolas en muchos casos de la maternidad. Por tanto, en de un marco más general, las desastrosas consecuencias de los anabolizantes para los jóvenes que se esfuerzan por imitar a sus ídolos son cada vez más agudas y la sociedad necesita claramente nuestra protección. Nos enfrentamos, pues, a una nueva realidad: el tan cacareado dopaje. Estas sustancias están disponibles en el mercado en abundancia y en muy distintas formas, bien a través de Internet, bien de la venta por televisión o por correo, por no hablar de su disponibilidad en gimnasios y centros deportivos, como se recoge en los medios de comunicación. Ahora bien, lo que estamos ignorando básicamente es que el dopaje se ha convertido en una práctica habitual no solo de los deportistas de elite, sino también y sobre todo de muchos jóvenes que recurren a estas sustancias para llenar de esperanza sus aspiraciones de éxito. Les recuerdo que el volumen de ventas de anabolizantes sobrepasa los dos mil millones de euros en Europa y se sitúa en torno a los seis mil millones de euros en todo el mundo. Pese a que la WADA actualiza su lista de anabolizantes prohibidos casi a diario, el problema social se está agudizando y las víctimas son los jóvenes que ven humillados a sus modelos.
Necesitamos, por tanto, soluciones inmediatas y acciones de alcance mundial, sobre todo, en el plano social para identificar el problema y promover las necesarias medidas legislativas. La intervención de la Unión Europea en este grave problema social, que daña tanto la imagen del deporte como la salud pública, es una necesidad urgente. ¿Tendremos que lamentar todavía más víctimas hasta que despertemos y asumamos nuestras responsabilidades? Justo el otro día, uno de los mejores jugadores de baloncesto de los Estados Unidos falleció de infarto de miocardio debido al consumo excesivo de anabolizantes.
Sifunakis (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el problema del dopaje es contrario a los ideales del deporte, como bien ha dicho usted. La magnitud de este problema, no solo en el deporte profesional, sino también en el deporte aficionado, es tal que tenemos que prestar a esta importante cuestión una atención prioritaria, de manera que podamos coordinar la lucha de los Estados miembros contra el dopaje.
Sé que, tal como refleja la encuesta realizada en 2002 por la Comisión, el 6 % de las personas que acuden a gimnasios y centros de preparación física consumen productos farmacéuticos para mejorar su rendimiento. En realidad, esa cifra es mayor y se trata de sustancias no autorizadas por las organizaciones farmacéuticas. En otras palabras, unos 3 700 000 ciudadanos europeos consumen esas sustancias, un consumo que lamentablemente prosigue pese a nuestros esfuerzos. Se trata de una batalla que tiene que librarse en cuatro frentes.
En primer lugar, insistiendo en que el consumo de anabolizantes es un problema de salud pública, como bien ha dicho usted.
En segundo lugar, creando un marco jurídico –y celebro que haya usted precisado que la WADA debe ser una organización de derecho público– que permita a la Comisión Europea participar de modo eficiente en sus actividades, de acuerdo con todo lo que hemos tenido la oportunidad de debatir juntos. Sé que esta organización recibe financiación indirecta de distintas iniciativas, hasta un total de unos dos millones de euros, sin que la Comisión Europea, como ha admitido usted, participe directamente en ella.
En tercer lugar, adoptando medidas para promover el deporte a través de la educación, sin separar ambos conceptos.
En cuarto lugar, mediante el correcto etiquetado de los productos ampliamente disponibles en el mercado, de manera que se indique claramente que se trata de sustancias anabolizantes.
La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, que tengo el honor de presidir, ha decidido por iniciativa mía organizar una audiencia pública masiva en noviembre sobre el «Dopaje: un obstáculo para el ideal deportivo.» Será una ocasión para examinar estas cuestiones y posiblemente para proponer iniciativas que tendremos que emprender conjuntamente...
Takkula (ALDE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria Reding, las organizaciones deportivas no tienen recursos suficientes para enfrentarse por sí solas al problema del dopaje, de ahí la necesidad de cooperación con los Gobiernos, así como con la Unión Europea, con las competencias que asumirá cuando se ratifique el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
La función de los Gobiernos y de la Unión Europea y las medidas que adopten tendrán especial importancia para permitir la prevención efectiva de la fabricación, importación, exportación y distribución ilegales de sustancias dopantes. La cooperación legislativa para prevenir el aumento del dopaje y la colaboración entre las autoridades son los medios por los cuales la Unión Europea tiene que combatir eficazmente los problemas del dopaje en el deporte y prevenir tanto este como cualquier otro consumo abusivo de drogas al mismo tiempo. Los Gobiernos también deben garantizar, por medio de sus respectivas legislaciones, que los distribuidores de sustancias dopantes se enfrenten a las consecuencias de sus acciones en un grado suficiente. No hay que adoptar ninguna medida legislativa verdaderamente armonizada para penalizar el dopaje en el deporte, ni tampoco debe preverse ninguna, puesto que en realidad no se trata de una cuestión parecida a la de los narcóticos, aunque compartan características similares.
La Agencia Mundial Antidopaje, WADA, coordina y promueve la lucha contra el dopaje en todo el mundo. La Unión Europea debe apoyar activamente, por su parte, la labor de la WADA. El Movimiento Olímpico Internacional ha participado bastante activamente en la administración de la WADA, pero el papel de los Gobiernos ha sido mucho menos enérgico. La acción y la energía de todos los Estados miembros de la Unión Europea permitirían una participación equilibrada de los Gobiernos en la WADA, así como un funcionamiento más eficaz y eficiente de la agencia.
Actualmente se está elaborando un acuerdo entre todos los Gobiernos del mundo contra el dopaje en el deporte bajo los auspicios de la Unesco. La Unión Europea debe seguir de cerca la elaboración de dicho acuerdo y coordinar las opiniones de los Estados miembros. Con sus nuevas competencias en el ámbito del deporte, la Unión Europea debe participar activamente en la aplicación, promoción y apoyo a las obligaciones que puedan derivarse de ese futuro acuerdo.
Las cuestiones relacionadas con el dopaje en el deporte suelen ocupar un número importante de noticias sobre el deporte en los medios de comunicación. No obstante, tenemos que mantener un sentido de la proporción. Como en otros ámbitos de la sociedad, siempre hay y habrá en el mundo del deporte algunos que no obedezcan las reglas destinadas a ser aplicadas a todos. Pero nosotros, en la Unión Europea, tenemos que hacer todo lo posible por promover una imagen limpia del deporte y del ejercicio físico. El deporte es beneficioso y contribuye a la salud y al bienestar del ser humano.
Bennahmias (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, parece ser que por fin hemos dejado atrás la ignorancia, la hipocresía y la demonización en el ámbito del dopaje en el deporte. Señora Reding, salta a la vista que ha realizado usted un excelente trabajo con la puesta en marcha, finalmente, de una clara lucha contra el dopaje a escala europea y mundial.
El problema principal es, en efecto, el relativo a la salud de nuestros atletas, en particular la de los atletas profesionales o de alto nivel, y en ese plano se requerirá, evidentemente, más tiempo para determinar las posibilidades de desarrollar a la vez una auténtica política de salud pública, sobre la base de un nivel de «tolerancia cero», que permita que nuestros atletas estén a la altura esperada en las competiciones de alto nivel. Las actuaciones necesarias se sitúan, por lo tanto, en el ámbito de la medicalización y se trata de encontrar la forma de desarrollar de manera eficaz una auténtica política de salud pública, en colaboración con todos los médicos disponibles, sobre todo los independientes, y mediante controles periódicos autónomos. 
Papadimoulis (GUE/NGL ).
   – Señora Comisaria, lamento decirlo, pero a mi parecer tanto el Parlamento Europeo como la Comisión deben hacer un mayor esfuerzo para combatir el dopaje. Es cierto que se han realizado numerosos esfuerzos, pero no creo que sean suficientes.
La Comisión anunció en 1999 su propósito de impulsar una propuesta de recomendación al Consejo de conformidad con el artículo 152 y, en el primer semestre de 2002, la próxima publicación de una propuesta con respecto al dopaje sobre la base de dicho artículo 152. Desde entonces han transcurrido dos años y medio sin que hayamos visto aún ninguna de esas dos propuestas. Se trata de un punto negativo para la Comisión Europea.
Lo lamento pues el 14 de septiembre, en su respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento Europeo, usted nos dijo que no existía un fundamento jurídico que permitiera ir más allá. Sin embargo, en mayo de 2000 usted manifestó que existía un fundamento jurídico y que este era el de la salud pública. Por consiguiente, la Comisión debería elaborar un proyecto de directiva basada en el fundamento de la salud pública y el Parlamento Europeo debería considerarlo con urgencia.
Angelilli (UEN ).
    Señor Presidente, el hecho de que en los recientes Juegos Olímpicos de Atenas se haya asistido a la retirada de dos medallas de oro y a la descalificación de varios atletas a causa del dopaje demuestra la persistencia de un abuso que afecta por igual a los atletas aficionados y a los grandes profesionales.
Este fenómeno, que va continuamente en aumento, en realidad no se está combatiendo con la severidad que merece y este es probablemente el motivo por el cual un número creciente de atletas están empezando a utilizar sustancias dopantes, en algunos casos con la insensata convicción de que son prácticamente inocuas o de que, por lo menos, no entrañan un gran riesgo.
El consumo de sustancias dopantes también está adquiriendo dimensiones francamente preocupantes como fenómeno económico: de hecho, está en la base de un enorme volumen de negocio que, evidentemente, beneficia, entre otros, a grandes organizaciones delictivas. Nuestra pregunta a la Comisión es si las medidas comunitarias de apoyo a la lucha contra el dopaje en el deporte, que financiaron 32 proyectos piloto en el período 2000-2002, pueden ofrecer un resultado verdaderamente positivo, en el sentido de una acción eficaz, o si, por el contrario, todo el programa comunitario requiere un completo replanteamiento. Conviene recordar, en primer lugar, que hoy se reúne la décima conferencia de Ministros de Deportes en el ámbito del Consejo de Europa, con el objetivo de promover la honestidad y la transparencia en el deporte, y en segundo lugar, los grandes valores educativos asociados al desarrollo de actividades deportivas, como ha quedado de manifiesto este mismo año 2004, designado como Año de la Educación a través del Deporte.
Por consiguiente, preguntamos a la Comisión si no cree que debería empeñarse más a fondo en la lucha contra el dopaje y si, después de haber financiado proyectos de investigación sobre este fenómeno, no debería proceder a financiar campañas de información y persuasión, campañas de prevención, en suma, que sean efectivamente más incisivas. 
Belohorská (NI ).
    Señor Presidente, en el marco de la condena del uso de estimulantes en el deporte, por mi parte coincido con todos los oradores que me han precedido en que se trata de un problema que afecta a los deportistas de ambos sexos tanto amateurs como profesionales. Estamos hablando del uso de sustancias que a menudo no solo tienen efectos dopantes, sino que también se trata de medicamentos empleados para tratar una serie de afecciones.
Por otra parte, ¿qué Comunidad es esta en la que se toleran e incluso se fomentan una serie de medidas que permiten la venta de «drogas blandas» en diversos Estados? ¿A quiénes autorizamos, entonces, el uso de drogas y a quiénes se lo prohibimos? ¿Debemos permitir que quienes no son deportistas las consuman? ¿Deben utilizar los profesores o los médicos drogas o sustancias con efectos estimulantes? ¿Deben consumirlas los menores? 
El Presidente. –
   Se suspende la sesión para dar paso a la sesión solemne.
(1)



 Señoras y señores diputados, hoy es un día especial para nuestro Parlamento. Todos estamos encantados de que por fin podamos escuchar la voz de Leyla Zana. El Presidente Klaus Hänsch, en su alocución a la Cámara al concederle a usted el Premio Sajaróv, esperaba con impaciencia el día en que usted pudiera dirigirse a nosotros en persona. Aquel día su esposo, Mehdi Zana, recibió el premio en su nombre y hoy también quiero darle la bienvenida a él, un hombre libre, tras años de cárcel –y no pocos, 16 años de cárcel– y padecimientos en los últimos decenios.
Señora Leyla Zana, antes de que tome usted la palabra, quiero recordar a la Cámara las razones por las cuales este Parlamento le concedió el Premio Sajaróv, el premio a la libertad de conciencia, y aprovecho también la ocasión para saludar a la Sra. Roth y a la Sra. Lalumière, que nos acompañan hoy y que, como dirigentes de sus Grupos respectivos, formaban parte de quienes la propusieron para recibir este premio, hará pronto diez años.
Cuatro años antes, durante el peor momento del conflicto en el sudeste de Turquía, usted fue la primera mujer kurda que fue elegida diputada en la Gran Asamblea Nacional Turca. En su toma de posesión prometió –en kurdo– luchar para que los kurdos y los turcos pudiesen vivir juntos en un marco democrático. Y fue por esto y por sus posteriores discursos y escritos por lo que fue condenada a 15 años de prisión por el Tribunal Nacional de Seguridad de Ankara junto con sus tres compañeros, diputados turcos Dicle, Sadak y Dogan.
Usted era plenamente consciente del impacto de las palabras que pronunció en su toma de posesión y del idioma que utilizó para decirlas. Ha pagado un alto precio por ellas, un precio en años y en salud. Pero, a pesar de ello, usted se mantuvo firme en su lucha democrática por los derechos de su pueblo, rechazando la oferta de indulto que le hicieron amparándose en motivos de salud. Se negó a guardar silencio, aún cuando esto significara la prolongación de su sentencia. Y esta carga la tuvo que sobrellevar usted sola. Pero fueron muchos los que en la comunidad internacional la apoyaron.
Este Parlamento –el Parlamento Europeo– denunció las acusaciones presentadas contra usted y su condena como una violación de los principios democráticos. Este Parlamento exigió su liberación en numerosas resoluciones.
Pero puede usted estar muy satisfecha de que su sufrimiento no ha sido en vano y que su lucha personal ha contribuido de manera significativa a los cambios que se han producido en Turquía desde que usted fue elegida diputada. Por ejemplo, hablar en kurdo ya no es ilegal, las emisiones radiofónicas y la enseñanza en kurdo empiezan a estar permitidas, ya no existe la ley marcial y el estado de emergencia en el Sudeste, tras la tregua unilateral del PKK, el largo conflicto armado de quince años de duración, prácticamente ha terminado.
Queda sin duda –y usted nos lo ha explicado estos días– mucho camino por recorrer, muchas mejoras todavía por aplicar en la situación práctica de respeto a las libertades y los derechos del pueblo turco. Pero, cuando por fin Tribunal de Apelación turco decidió liberarla el 9 de junio de este año –no estamos hablando, queridas y queridos diputados y diputadas, de acontecimientos lejanos en el tiempo, el 9 de junio de este año la Sra. Leyla Zana estaba todavía en la cárcel– usted confirmó la fe que depositamos en usted pidiendo a sus partidarios que lucharan por la paz y la reconciliación en el sudeste y exigiendo al Kongra-Gel, sucesor del PKK, que mantuviera el alto el fuego.
Sra. Zana, una y otra vez ha demostrado la verdad de sus palabras cuando la volvieron a juzgar: "Soy ante todo mujer, después madre, y por último política. Tanto en mi condición de mujer, como de madre y de política, juro que lucharé por la fraternidad entre los pueblos turco y kurdo."
Permítame, Sra. Zana que utilice sus propias palabras y la salude en su lengua, en kurdo:
Sra. Zana, su presencia en nuestro parlamento nos honra mucho.

Leyla Zana,
   .  Señor Presidente, con sus palabras en turco y en kurdo ha realizado usted un gesto sumamente significativo y, antes de iniciar mi intervención, quisiera agradecérselo en catalán.
Señor Presidente, Señorías, queridos amigos, pronuncié mi primera intervención en kurdo ante una asamblea parlamentaria en 1991, durante mi ceremonia de juramento en la Asamblea Nacional Turca. Al pronunciar las palabras: «juro en nombre de la fraternidad del pueblo kurdo y el pueblo turco», deseaba llamar la atención sobre el hecho de que los pueblos, las lenguas y las culturas pueden coexistir fraternalmente. Los años pasados entre frías rejas, rodeada de paredes sordas y mudas, permanecerán en nuestra conciencia como un sufrimiento que no obtuvo reconocimiento en aquel entonces. En cualquier caso, la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad no se podía librar sin sufrimiento. Los años que permanecí en prisión no me dejaron el corazón roto, ni deseos de culpar a nadie, ni tampoco sentimientos de ira. Tuve que soportar esos años por mi amor a la democracia, y así lo hice. Hoy he comenzado mi intervención en nuestra lengua hermana, el turco, y quisiera acabarla en mi lengua materna, el kurdo. Mi propósito es destacar una vez más la fraternidad entre los pueblos, las lenguas y las culturas. Les saludo a todos con este espíritu y con amistad.
Quiero manifestar mi gratitud y mis mejores deseos al Parlamento por haberme considerado merecedora del Premio Sajarov. También quiero agradecerles su incesante solidaridad hacia mí y mis amigos durante los años que pasé en la cárcel. De hecho, no me conceden este premio únicamente a mí, sino al pueblo kurdo y al pueblo turco, que son nuestros hermanos; de hecho, lo han concedido a Turquía y a los defensores de la paz, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Lo han concedido a los niños que perdieron a sus padres en la guerra, a las mujeres que perdieron a sus hijos, a los pueblos oprimidos, cualquiera que sea su color, su lengua, su religión o su raza. Lo han concedido, en suma, a un futuro prometedor y a la esperanza. Han dado voz a la opinión pública democrática y la han animado a hablar. El carácter sagrado e inviolable de los valores que representa Sajarov ha aumentado mis responsabilidades morales y humanitarias y me dirijo a ustedes con plena conciencia de este hecho. Me rompe el corazón ver perderse a nuestros hijos, en cualquier lugar del mundo donde ello ocurra pero, como es natural, sobre todo y ante todo en mi propio país. Es un dolor que me desgarra. Les ruego que escuchen mi voz y la acojan como la voz de las madres cuyos corazones rebosan de dolor, como la voz de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los miles, de las decenas de miles y millones de personas, de seres humanos. Las guerras han causado grandes sufrimientos, han infligido heridas profundas; ha habido mucho sufrimiento, la naturaleza ha sufrido, las flores, las aves y las mariposas han llorado. Las guerras en el Iraq, en Palestina, en Halepche, en los Balcanes, en Beirut, en Chechenia, en Irlanda, en España, y todas las otras guerras que ahora mismo no me vienen a la memoria, nos han enseñado muchas cosas y continúan enseñándonoslas. La amarga experiencia nos ha enseñado que la violencia engendra más violencia, sin aportar solución. También hemos visto que las políticas basadas en la represión, la negación, el exterminio y el engaño han generado más injusticia, pobreza y sufrimiento. Debemos rechazar, por lo tanto, la violencia y la guerra, cualquiera que sea su causa o su justificación. Tendríamos que estar en condiciones de poder rechazarlas. La violencia debe quedar relegada al pasado. La lengua y el método para resolver los conflictos en la actualidad son los del diálogo, el compromiso y la paz. No se trata de «matar y morir» sino de «vivir y dejar vivir».
En su calidad de diputados del Parlamento Europeo, hoy se encuentran aquí reunidos en paz a pesar de las divisiones y las guerras que se prolongaron durante siglos y generaciones. ¿La unidad que han creado sin dejar de mantener sus características nacionales no es acaso uno de los símbolos más impresionantes de la coexistencia pacífica?
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de persona que busca la justicia, el primer llamamiento que quisiera formular hoy desde aquí va dirigido a mí misma: les doy mi palabra de que voy a responder a las expectativas de mi país y de la opinión pública democrática, aunque me cueste la vida. Contraigo este compromiso sin esperar nada a cambio.
Mi segundo llamamiento va dirigido a mi país, Turquía. El Gobierno turco debe incluir en su agenda la resolución democrática del problema kurdo y designarlo con un nombre adecuado. Todos los seres vivos de la tierra tienen un nombre: las flores, los árboles, los pájaros. Todos tienen su nombre. Solo los kurdos no tienen nombre. No hay motivo para no definir este problema y darle un nombre adecuado. No hay motivo para temer el diálogo y la paz. Los kurdos desean una solución pacífica dentro del territorio soberano de Turquía. Estos son los componentes básicos y la materia prima de la República de Turquía. Ellos respetan todos los valores que simbolizan a la República de Turquía, pero el gobierno parece mostrarse inflexible y reacio a valorar la iniciativa sincera de los kurdos, que está basada en la apertura al diálogo. Si en la agenda no figura una solución pacífica, el diálogo está condenado a desaparecer, cualquiera que sea el partido que esté en el poder. Sin duda, se han dado pasos significativos hacia la democracia, pero su aplicación parece haber sido únicamente cosmética. Los criterios de Copenhague se deben cumplir en la práctica y no solo de palabra.
Lo más urgente es suprimir las bases del conflicto y la violencia. Un sistema jurídico que conduzca al desarme constituiría un paso inicial importante hacia la paz. Sin embargo, existe otra necesidad apremiante, que es la inclusión de los presos políticos, de la intelectualidad, de los escritores y políticos, en la vida democrática. También quisiéramos asistir a la apertura de ámbitos democráticos sin cortapisas a la libertad de pensamiento o de asociación. Es de vital importancia que se adopten medidas sociales y económicas encaminadas a erradicar las diferencias entre regiones. Se deben eliminar los obstáculos al uso de nuestra lengua materna en los medios de comunicación y debería ser posible aprenderla en la enseñanza primaria. Se debe elaborar una nueva constitución democrática que responda a la ley universal y en dicha constitución, tal como ha manifestado el Presidente turco Sezer, se debe reconocer a los kurdos como elementos mayoritarios y se les debe proteger. Que nadie dude de que los kurdos van a apoyar cualquier medida que se adopte a favor de la democratización.
Mi tercer llamamiento se dirige al mundo, y en primerísimo lugar a Europa. La paz en Turquía significará paz en Oriente Próximo, paz en Europa y paz en el mundo. La paz está hoy en sus manos, en nuestras manos. La alcanzaremos si nos tendemos la mano y para hacerlo tenemos que empezar por saber cuál es el proceder acertado. Cuando se sabe cuál es el proceder acertado, también se sabe cuál no lo es, pero si no se sabe qué es incorrecto, jamás se alcanzará el resultado acertado. La manera acertada de proceder es empezar por dar un nombre al problema y, a continuación, reconocerlo y definirlo. Una entidad sin nombre y que no se ha definido carece de identidad, y por consiguiente se considera inexistente. Ha llegado la hora de que el mundo reconozca los derechos políticos, culturales y sociales de los kurdos, que constituyen una población de más de cuarenta millones de seres humanos. Los kurdos han expresado abiertamente su voluntad de alcanzar el pleno reconocimiento y de integrarse en el mundo actual. Del mundo esperamos que se respete nuestra voluntad y que esta no se utilice como instrumento de negociación o como moneda de cambio en el marco de las relaciones internacionales. Si el problema no se aborda desde el punto de vista de la conciencia y del espíritu humanitario, una amenaza potencial continuará pesando sobre la paz regional y mundial. Las naciones se han quedado solas porque han construido murallas en lugar de puentes. Europa experimentó ese sufrimiento durante años y la humanidad ha derribado esas murallas, una tras otra. Europa y el mundo deberían ser capaces de derribar los muros invisibles que se han erigido entre ellos y los kurdos, y servir además de puente para encontrar una solución al problema. Hay que tener en cuenta que una Turquía miembro de la Unión Europea y que haya resuelto el problema kurdo permitirá el encuentro de la civilización occidental con la gran riqueza cultural de Mesopotamia. La civilización occidental solo llegará a ser una civilización democrática contemporánea cuando esto suceda.
Mi cuarto llamamiento se dirige a la opinión pública democrática y a los defensores de la paz. No basta con ser partidario de la paz y ser personalmente pacífico: eso no traerá la paz por si solo. No habrá manera de acabar con las guerras a menos que los hombres emprendan la guerra contra la guerra misma. Por lo tanto, dondequiera que haya guerras, debemos ser guerreros a favor de la paz y tenemos que organizarnos.
Dirijo mi llamamiento final a los kurdos, a los que han luchado por la democracia en todas las regiones democráticas que habitan; estos deben empezar por vivir en paz entre ellos. Deben favorecer la democracia, autorizar las libertades y demostrar cohesión. No habrá solidaridad sin respeto mutuo de los valores, sin solidaridad no habrá cohesión, sin cohesión no habrá fuerza y sin fuerza no habrá paz. Deben ser conscientes de que cualquier intento de configurar su variedad particular de kurdo entre los kurdos conducirá a un «festín de los lobos». La única manera de evitarlo es mediante la unidad y cohesión internas, la paz entre nosotros y nuestra propia solidaridad y a través de nuestras propias políticas.
Señor Presidente, Señorías, ¿por qué no han de poder convivir en paz y armonía los turcos, los kurdos, los alemanes, los franceses, los laz, los circasianos, los españoles, los georgianos, los asirios, los americanos, los checos, los árabes, los yazidi, los bretones, los catalanes, los persas, los chechenos, los aborígenes, los amerindios, los alauitas, los africanos, los palestinos, los judíos, los católicos, los protestantes, los musulmanes, los cristianos, los blancos, los negros y todos los pueblos del mundo?
Todos contemplamos las mismas estrellas y todos somos compañeros de viaje sobre el mismo planeta y vivimos bajo el mismo cielo. Como dijo Víctor Hugo, puesto que «la paz es la dicha que lo absorbe todo», debemos olvidar todo lo relacionado con la guerra, el dolor, la venganza y el odio. Debemos absorberlo todo. De lo contrario, no podremos viajar juntos y ser felices.
Dedico esta intervención a la fraternidad y la felicidad de los pueblos turco y kurdo. Con mis mejores deseos para todos ustedes, con amor y amistad.
El Presidente.
   Señora Leyla Zana, usted en sus palabras ha hablado de Turquía como su país y ha pedido el reconocimiento a la identidad del pueblo turco dentro del respeto a la integridad territorial turca. Por eso, señora Zana, de igual manera que antes la he saludado en su idioma, en kurdo, permítame que ahora le dé las gracias en el también su idioma, el turco: 
Que quiere decir "muchas gracias por su discurso".
La Sra. Zana nos ha hablado, y muy bien, de identidad, del proceso de superación de las alteridades antagónicas, de las identidades antagónicas que se han estado destrozando mutuamente a lo largo de la historia. Un buen ejemplo de construcción de una identidad común, más compleja que la originaria de cada uno de nosotros, porque engloba una realidad más rica. Es precisamente la búsqueda de una identidad múltiple y compatible con las originarias de cada cual lo que representa el ejemplo de Leyla Zana. Por eso, señora Zana, de nuevo ".

El Presidente.
   Se procede a la continuación del debate sobre el dopaje en el deporte.
Todavía quedan pendientes las intervenciones de algunos oradores de la lista antes de que podamos proceder a la votación; por lo tanto, les ruego que mantengan la disciplina. 
Bowis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, este va a ser seguramente un episodio sonado en esta Asamblea y agradezco la asistencia masiva a la continuación del debate sobre el dopaje en el deporte. Desde el punto de vista del fomento de la salud, deseamos que se promueva la actividad deportiva y la excelencia en el deporte. También deseamos que se evite el uso de sustancias dopantes nocivas para la salud.
La excelencia deportiva solo puede desarrollarse en un entorno de buena forma física, destreza, entrenamiento y juego limpio. Se debe basar en las aptitudes naturales del atleta o del equipo y nunca en una mejora del rendimiento a base de recursos farmacéuticos o técnicos. Eso es hacer trampa y esa práctica se debe erradicar mediante una política de pruebas precisas y aleatorias. Dichas pruebas deben distinguir entre la medicación auténtica y las sustancias destinadas a mejorar el rendimiento. De hecho, es peor que hacer trampa, pues pone en peligro la salud de los atletas.
¿Qué atleta dañaría a sabiendas su corazón o su hígado, sus riñones o sus órganos de reproducción? ¿Quién, voluntariamente, frenaría su desarrollo o se volvería propenso a una conducta violenta o agresiva? ¿Quién pondría en peligro su memoria o su intelecto? Todo esto puede ocurrir debido al uso de esteroides orales o inyectados, sin citar los riesgos que entraña el hecho de compartir jeringuillas.
Demasiados atletas y entrenadores no lo comprenden o corren el riesgo a sabiendas. Esas sustancias suponen una distorsión y son nocivas para el deporte, para la salud de los competidores individuales y para el ejemplo que se da a los jóvenes, para los que los ídolos deportivos son un modelo de comportamiento. Por esto tenemos que educar y prevenir, por esto tenemos que comprobar y disuadir, y por esto tenemos que hacer ambas cosas a la vez. 
Badia i Cutchet (PSE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el dopaje en el deporte se ha convertido en un fenómeno preocupante que la Unión Europea tiene el deber de afrontar porque las respuestas nacionales, como ha dicho la señora Comisaria, no son suficientes. Es importante combatir estas prácticas por ser contrarias a la ética deportiva, ya que impiden una competencia leal entre atletas en todos los deportes y en todos los países.
La práctica del dopaje refleja ante la sociedad una imagen ciertamente negativa de los valores que deberían regir en el deporte. Como miembro de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, veo en el deporte un instrumento para la educación de las personas y creo sinceramente en los valores que el deporte debe transmitir. 
Los niños y niñas europeos, así como nuestros jóvenes deben recuperar la idea del deporte como la práctica saludable, integradora y de sociabilidad, donde lo importante todavía es participar. Está claro que el dopaje en el deporte aficionado es el reflejo de una idea distinta, que nada tiene que ver ni con la educación ni con la sociabilidad. 
Por ello, pido a la Comisión que intensifique la investigación sobre las sustancias dopantes, los métodos de detección y el impacto del uso de las sustancias dopantes sobre la salud, con el fin de reducir los casos de dopaje y proteger a nuestros deportistas del peligro que representa para su integridad física y moral.
Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, el dopaje es el cáncer del deporte moderno. Se infiltra, se propaga y destruye el sano espíritu de competencia y juego limpio entre los atletas. A pesar de los valerosos esfuerzos desarrollados por la Agencia Mundial Antidopaje, su uso parece extenderse cada vez más, sobre todo entre los deportistas profesionales. A medida que aumenta el número y la sensibilidad de las pruebas de detección de las sustancias dopantes, los atletas descubren nuevas sustancias o combinaciones de sustancias imposibles de detectar u otras formas de evitar ser descubiertos.
En esta situación viciada tenemos que intentar descubrir la causa primordial del problema. No será necesario buscar muy lejos ni reflexionar demasiado para encontrarla. Es la misma que con tanta frecuencia lleva a delinquir a las personas. La misma que a menudo las induce a matarse entre sí y, a veces, incluso conduce a naciones enteras a luchar unas contra otras. Se llama dinero.
A medida que el deporte se va volviendo cada vez más competitivo, son también mayores las ganancias materiales que puede obtener el vencedor. El objeto de la competición a menudo no es el triunfo en un campeonato o un partido, sino la obtención de contratos a veces increíblemente lucrativos que vienen con la victoria. La pregunta crucial es si seremos capaces de convencer a nuestros atletas de que separen el deporte del dinero. A mi juicio, la respuesta es, lamentablemente, negativa, ya que los atletas son humanos y la codicia parece ser una flaqueza inherente al ser humano.
En resumen, discrepo de la opinión de la Comisaria de que se trata de un problema de salud pública. A mi modo de ver, se trata sobre todo de un problema socioeconómico. Lo siento, pero creo que la única manera de impedir el dopaje de los deportistas es desmercantilizar el deporte. Mientras las posibilidades de lograrlo sigan siendo remotas, las perspectivas de lograr un deporte verdaderamente libre de dopaje continuarán siendo muy poco claras. 
Toussas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el verdadero motivo que hay detrás del enorme problema del dopaje es el de la comercialización del deporte, la aceptación de que pueda haber atletas profesionales y, por lo tanto, un deporte profesional. El deporte profesional constituye un caso especial dentro del modo de producción capitalista, puesto que acepta a atletas de tan corta edad que tienen prohibido participar en el resto de la producción, al menos desde un punto de vista educativo. Los niños se convierten de este modo en objeto de una doble explotación. Cuando un equipo deportivo es un negocio y su objetivo es, por consiguiente, incrementar sus beneficios, la victoria a cualquier precio, la maximización de sus beneficios, dicho en otras palabras, se convierte en una exigencia del mercado para el joven atleta. La victoria es tan instrumental para el éxito comercial que cualquier medio se considera admisible. La mera existencia del deporte profesional emponzoña y socava todos los aspectos morales del deporte amateur. El dopaje se da en el deporte y también allí donde exista una gran tentación para otros jóvenes. El deporte es una mercancía social pública y no se aviene con la lógica del beneficio. Es preciso acabar con cualquier forma de deporte profesional, hay que cortar el cordón umbilical entre el deporte y el negocio, es necesario consolidar el deporte amateur de masas…
Schmitt, Pál (PPE-DE ).
   – Puesto que la Constitución de la Unión Europea hace referencia al deporte, creo que en la medida de lo posible debemos asumir responsabilidad en este ámbito. Los ciudadanos europeos disfrutan de los efectos positivos del deporte sobre la educación, la salud y la cohesión social. 
Lamentablemente, el deporte también presenta síntomas preocupantes contra los cuales debemos adoptar una posición firme. Estos son la grosería, los actos de vandalismo de algunos espectadores y –también– el dopaje. Este acaba con el juego limpio y la competición honesta y el uso de sustancias prohibidas pone en peligro la salud de los competidores. Si el mundo deportivo tolera el uso de sustancias dopantes, acabará por perder la confianza de la población y destruirá la confianza depositada en una práctica deportiva limpia. Por desgracia, tuve oportunidad de experimentarlo en el caso de mi propio país en los Juegos Olímpicos de Atenas.
Actualmente, la lucha contra el dopaje requiere la colaboración internacional. Una acción exitosa requiere la armonización en tres frentes: la educación, la prevención y el control de las sanciones. A mi parecer, la Unión Europea –si en verdad desea contribuir a esta lucha– puede actuar al máximo en los dos primeros frentes, es decir que debe asumir un papel en el ámbito de la educación y de la información, y también podría facilitar la vigilancia, que es una actividad costosa; un laboratorio moderno cuesta actualmente más de un millón de dólares estadounidenses. En la Unión Europea solo hay doce países que puedan asumir este coste.
Ya existe una Carta contra el Dopaje, no tenemos que inventar el concepto de dopaje ni los detalles de las sustancias y métodos prohibidos, no podemos hacer gran cosa en este ámbito. Por mi parte, sugiero que examinemos las posibilidades de iniciar un esfuerzo internacional exitoso sobre todo –repito– en el ámbito del apoyo material y técnico a la educación y la vigilancia. 
Triantaphyllides (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la Comisión respondió en enero pasado a la pregunta escrita del señor Staes, relativa a la adopción de medidas contra el dopaje, que no tenía previsto armonizar ese ámbito particular del deporte. El dopaje se ha convertido, sin embargo, en un azote en el mundo entero. Cuantos presenciaron los Juegos Olímpicos de Atenas lo comprendieron del mejor modo posible. Los grandes récords y distinciones ya no son solo el objetivo de los atletas, sino también de una industria planetaria que se ha desarrollado en torno al deporte. Los intereses financieros de las grandes multinacionales, las empresas que patrocinan el deporte profesional, solo se ven satisfechos si el rendimiento de los atletas es excepcional. Como resultado, se está desarrollando un modelo social a través del cual el dopaje se está propagando también entre los atletas amateurs, especialmente los jóvenes. Es inaceptable que los gimnasios, por ejemplo, suministren sustancias dopantes que son directamente perjudiciales para la salud. Por esto sostenemos que deben continuar los esfuerzos para erradicar a las organizaciones que suministran sustancias prohibidas a los atletas, a fin de evitar que acabemos como los Estados Unidos, donde se están creando laboratorios dedicados a producir falsos campeones. Esta es la dirección en la que es preciso avanzar, Señorías. 
Beazley (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la Comisión de Cultura y Educación va a celebrar una audiencia con expertos en la materia el 29 de noviembre, tras la cual el Parlamento querrá presentar algunas propuestas concretas. Por mi parte, quisiera señalar varios aspectos complejos. Uno es la evolución de las sustancias ilícitas, cuya detección resulta cada vez más difícil. Otro es que con la profesionalización creciente del deporte y las enormes compensaciones económicas que se ofrecen, ha aumentado la tentación de mejorar el rendimiento mediante el consumo de sustancias dopantes ilícitas. Por último, incluso cuando se descubre el fraude de algunos deportistas, los verdaderos vencedores no ven reconocido su triunfo debido a retrasos imputables al sistema de prueba.
Quisiera plantear dos preguntas: ¿No creen que habría que aumentar considerablemente el número de pruebas aleatorias con objeto de mejorar la certeza de la detección? Y también, ¿qué mejoras técnicas se requieren para disipar cualquier duda? Cuando los deportistas dan positivo en las pruebas, a menudo se alega que es debido a que han estado tomando una medicación legal. Presentaremos propuestas cuando hayamos obtenido respuestas concretas a estas preguntas. 
Ebner (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, el tema que ha vuelto plantear la Comisión es sumamente importante, como ya se ha destacado de manera reiterada.
Un aspecto al cual considero que hay que prestar mayor atención es el del etiquetado del contenido de sustancias dopantes de los medicamentos o de aquellos incluidos en la lista de sustancias dopantes. Esto constituiría, ciertamente, una señal de buena voluntad hacia los atletas, sus entrenadores y sus representantes y les sería de ayuda en sus actividades, por la sencilla razón de que mejoraría la transparencia con respecto a esta cuestión. Una iniciativa de este tipo tendría un coste prácticamente nulo y, en cambio, sería de considerable utilidad. Más allá de esto, comparto la opinión de muchos diputados en el sentido de que es imprescindible establecer controles más rigurosos y universales, que permitan identificar mejor los abusos. 
Šťastný (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, gracias a mi dilatada experiencia en el deporte aficionado y profesional y a haber participado en varios campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, comprendo perfectamente el riesgo del uso de sustancias dopantes ilegales en el deporte. Además de ser atleta, tengo hijos que han alcanzado o están a punto de alcanzar el nivel de atletas de elite. Jamás he utilizado sustancias destinadas a mejorar el rendimiento y no quiero que mis hijos sean víctimas de tramposos.
Las personas que utilizan sustancias dopantes ilegales en el deporte son sencillamente tramposas. Están destruyendo el auténtico sentido de la competición atlética y solo dan un mal ejemplo, sobre todo a nuestros jóvenes. La ciencia ha demostrado que las sustancias dopantes ilegales menoscaban la capacidad física y mental de los seres humanos. Sabemos que las sustancias dopantes ilegales matan, pero la tentación sigue existiendo y va en aumento. El motivo es el auge de popularidad sin precedentes que ha experimentado el deporte durante el último par de décadas y, evidentemente, las abundantes recompensas que lo acompañan. El deporte es un instrumento excelente para modelar el carácter de los jóvenes y es muy beneficioso para nuestro estado general de salud. Mantener la influencia positiva del deporte redunda en interés de todos.
Insto al Parlamento, a la Comisión y a las instituciones de la Unión Europea a que colaboren con las federaciones deportivas nacionales e internacionales, los Gobiernos nacionales, el COI y las asociaciones profesionales para combatir los riesgos del uso de sustancias dopantes ilegales. Todos unidos podemos conseguir mantener apartados a los tramposos y un deporte libre de dopaje.
Reding,
   . Señor Presidente, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con la Asamblea. La única manera de combatir el dopaje es estableciendo un nivel de tolerancia cero. Debemos unir nuestras fuerzas para salvar al deporte y a los deportistas y preservar los valores de nuestra sociedad europea. La lucha contra el dopaje es cuestión de voluntad, señor Presidente, una voluntad plasmada en una acción concertada entre los Estados miembros, las federaciones deportivas y la Unión Europea. Ya hemos recorrido, junto con el Parlamento, un largo camino desde el punto de vista de la eficacia y creo que los juegos de Atenas fueron un buen ejemplo de ello, toda vez que durante los mismos se detectaron más casos de dopaje que en todos los juegos anteriores sumados. Esto es una prueba de que los controles están empezando a funcionar. No obstante, solo es un inicio y debemos continuar esta acción, mientras permanecemos a la espera de obtener mayores poderes y posibilidades gracias al nuevo tratado.
Tenemos el deber de proteger a nuestros jóvenes, a los deportistas profesionales y amateurs y a la salud pública, y en este sentido quisiera destacar que todos los diputados que han hecho referencia a los laboratorios, el etiquetado, los controles y la prevención tienen toda la razón. Por consiguiente, señor Presidente, mi sucesor, el señor Figel, está esperando la iniciativa del Parlamento, la audiencia, que será muy bien acogida ya que, a fin de cuentas, tenemos una responsabilidad conjunta con respecto al deporte, a nuestros ciudadanos y a nuestros valores y solo podremos trasladarla a la práctica si trabajamos unidos. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado(1).
Barón Crespo (PSE ).
    Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de orden con arreglo al artículo 166 del Reglamento, en relación con el apartado 3 del artículo 24, que regula las competencias de la Conferencia de Presidentes.
Ayer, un ministro del Gobierno italiano ofendió a esta Cámara diciendo que estaba dominada por maricones. Vengo de un país en el que, en estos momentos, se está examinando una legislación para acabar con las discriminaciones contra los homosexuales –como ha ocurrido en Bélgica y en los Países Bajos. Es una cuestión que, de momento, está en la subsidiariedad, pero yo quiero que la Conferencia de Presidentes y el Presidente soliciten al Gobierno italiano que se excuse porque lo que está aquí en juego, Señorías, es, ante todo, si el que manda en la Comisión es el Sr. Barroso o el Sr. Berlusconi.
Y, en segundo lugar, quiero decir a las colegas y a los colegas italianos que nosotros estamos dispuestos acoger a un Comisario italiano que tenga el rigor personal e intelectual de Leonardo da Vinci o de Michelangelo.
Czarnecki, Ryszard (NI ).
      Señor Presidente, quisiera referirme a un tema que no es menos importante y que afecta a millones de propietarios de ordenadores en toda la Unión Europea, así como a centenares de miles de pequeñas y medianas empresas europeas. Me refiero a las patentes del informático. Trece meses atrás, el Parlamento Europeo salió en defensa de los ciudadanos europeos y de las empresas europeas cuando se negó a adoptar una normativa que era una copia de la estadounidense. El Consejo y la Comisión se alinearon, no obstante, con las grandes empresas y no con los ciudadanos de los países europeos. Este tema va a figurar pronto en el orden del día de una sesión del Parlamento. ¿Qué acción conjunta vamos a emprender, señor Presidente, para demostrar que esta Asamblea no va a ser rehén de las grandes empresas informáticas, sino que por el contrario va a actuar como la voz de una Europa de las pequeñas y medianas empresas y de una Europa de los ciudadanos? Se trata de un tema seguramente tan importante para nuestros votantes como los grandes debates políticos. La credibilidad de la autoridad del Parlamento Europeo también está en juego en este contexto. 

El Presidente.
    Se procede al turno de votaciones.(1)
Bourlanges (ALDE ),
   . Señor Presidente, si le he entendido bien, me parece que su enunciado no corresponde exactamente a la división del texto, aunque quizá se trate de un problema de comunicación.
La primera parte dice así: «Considerando que no pueden preverse campos de refugiados en el exterior de la Unión Europea sin un riesgo evidente de transgredir los derechos fundamentales.» Este es el texto de la enmienda 1. A continuación, en lo que respecta a la segunda parte, en el texto se incluye la constatación de que la experiencia de los campos de refugiados en el propio territorio de la Unión ya ha manifestado graves insuficiencias. Mi intención al proponer la votación por partes es emitir un solo mensaje, que se concentre en la preocupación relativa a los campos situados en el territorio de la Unión.
Por esto, les invito a votar afirmativamente la primera parte y negativamente la segunda. 

(2)
Chiesa (ALDE ).
   – Mi enmienda oral al apartado 1 a) es la siguiente: «Pide al Gobierno de Georgia que defina su compromiso respecto a la autonomía de Abjazia y de Osetia del Sur, que parece constituir una condición previa para conseguir una solución pacífica de los conflictos y una unificación nacional basada en el acuerdo.» 

(3)
Goudin (IND/DEM ),
    Por nuestra parte, hemos votado en contra del informe. Consideramos que la política agrícola común se debe abolir. La ampliación de la Unión demuestra que es del todo injusto continuar aplicando la PAC tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Por lo tanto, es injusto encauzar a los nuevos Estados miembros hacia un sistema condenado al fracaso y habituarles a sus normas y subvenciones. No obstante, somos partidarios de un apoyo financiero a los futuros Estados miembros de la Unión, pero este se debe canalizar hacia las regiones desatendidas y estar encauzado hacia la educación, las infraestructuras y las instituciones judiciales. 
Manolakou (GUE/NGL ),
   – El objetivo de la propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 1268/1999 es aprobar las medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental que no se incorporaron a la Unión en mayo de 2004, Rumania y Bulgaria.
El objetivo de dichas medidas es adecuar las economías rurales de los países candidatos a la PAC, con el fin de que puedan integrarse en un futuro inmediato.
Los diputados del Partido Comunista de Grecia en el Parlamento Europeo no estamos de acuerdo con la ampliación de la Unión porque supondrá una carga para la población de dichos países, igual que lo es para el pueblo griego y ha tenido repercusiones sobre su nivel de vida y sus derechos. Pero también rechazamos la PAC porque su objetivo fundamental es reducir las economías rurales de los países candidatos mediante la imposición de unas cuotas bajas y la aniquilación de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, con el fin de concentrar la tierra en manos de un puñado de megaexplotaciones.
Por esto también rechazamos los programas de preadhesión destinados a adecuar la economía rural de los países candidatos a la PAC. 
Queiró (PPE-DE ),
    Por mi parte, he votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1268/1999 relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión.
Las modificaciones propuestas tienen por objeto armonizar algunas disposiciones aplicables en los nuevos Estados miembros con el fin de incluir una nueva medida de acceso a la financiación que ofrezca a las comunidades rurales de Bulgaria y Rumania la posibilidad de prepararse y les permita aplicar estrategias locales de desarrollo rural, adecuar los importes de la ayuda a los de la otorgada a los países que se adhirieron a la Unión en 2004 y, finalmente, dejar claros sus límites máximos.
Las propuestas de modificación que tenemos sobre la mesa, basadas en una amplia experiencia, cumplen, a mi parecer, el objetivo de mejorar la eficacia del control del apoyo comunitario, un aspecto de importancia fundamental en el marco de la preparación de la adhesión de los futuros Estados miembros. 
Ribeiro e Castro (PPE-DE ),
    La experiencia de las sucesivas rondas de ampliación de la Comunidades Europeas ha demostrado que las comunidades rurales son especialmente vulnerables a los cambios y a la integración en zonas económicas más dinámicas y competitivas. Por consiguiente, debemos elaborar y aplicar estrategias de desarrollo rural destinadas a abordar este fenómeno concreto.
A la vista de ello –y el mismo fenómeno se puede observar todavía en mi propio país hasta la fecha–, he votado a favor de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental.
En este contexto y con vistas a la futura adhesión de Bulgaria y Rumania, considero acertado que la Unión armonice las medidas que se van a aplicar en dichos países con las aplicadas en los países que se incorporaron a la Unión el 1 de mayo de este año. 

Cederschiöld, Fjellner, Hökmark e Ibrisagic (PPE-DE ),
    Los moderados consideramos inadecuado el uso de fondos públicos para subvencionar anuncios de productos agrícolas, ya sea en la Unión Europea o en el resto del mundo. La Unión Europea anuncia actualmente, por medio de la Comisión, productos agrícolas como los bulbos de tulipán y el aceite de oliva, con un coste anual de entre 60 y 70 millones de euros.
Los productos competitivos salen adelante sin problemas sin necesidad de esos fondos públicos y aquellos para los que no existe demanda no se deberían apuntalar de este modo, con el dinero de los contribuyentes.
Nos vamos a abstener en la votación de hoy puesto que se trata de escoger entre dos alternativas que en ambos casos implican la continuidad de las subvenciones a la publicidad de productos agrícolas. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    El objetivo que persigue la Comisión con la propuesta que tenemos sobre la mesa es responder a los deseos del Parlamento y del Consejo, que han solicitado un informe de evaluación de la aplicación de los Reglamentos (CE) nº 2702/1999 y nº 2826/2000 relativos a acciones de información y promoción a favor de productos agrícolas en terceros países y en el mercado interior. La Comisión ha propuesto, empero, una serie de modificaciones de dichos reglamentos que nos suscitan algunas reservas.
Las acciones de información y promoción citadas, complementarias de las acciones nacionales y privadas, son de la máxima importancia, entre otros y no en último lugar, para países como Portugal, que produce productos agrícolas de alta calidad, como son los quesos, licores, fruta y olivas. Dichas acciones son particularmente necesarias en un momento en que el sector agrícola está siendo objeto de una liberalización creciente en todo el mundo, mientras que el presupuesto comunitario destinado al sector se ha reducido de 72 millones de euros a 60 millones en los últimos dos años. A lo cual se suma una baja tasa de ejecución, que en 2003 no alcanzó el 44 %. Las causas son simples: un bajo nivel de cofinanciación comunitaria (por un máximo del 50 %), la complejidad y los costes administrativos de la gestión de dichos programas y la lista reducida de productos que cubren. Factores como los citados afectan de manera especial a países como Portugal. Las modificaciones propuestas, aun cuando ofrecen un cierto grado de flexibilidad, no aportan una respuesta eficaz al problema de la ejecución y tampoco consolidan las dotaciones existentes. 
Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Por nuestra parte, hemos votado en contra del informe. Consideramos que la PAC se debería abolir y los productos agrícolas se deberían vender en el mercado libre, sin que la Unión invierta recursos financieros en campañas de comunicación y en medidas de promoción de la venta de dichos productos. Es particularmente grave que la Unión Europea se proponga financiar medidas de promoción de la venta en terceros países. Esto constituye una competencia desleal con respecto a los productores agrícolas de los países no miembros. 
Queiró (PPE-DE ),
    He votado a favor del informe A6-0008/2004 porque considero que las acciones de la Unión deberían tener por objeto una promoción cada vez más eficaz de los productos europeos, sin dejar de respetar su diversidad en lo que respecta a sus condiciones de producción y métodos de transformación, conservación y utilización. La Unión Europea ha venido desarrollando y cofinanciando actividades de promoción a favor de productos agrícolas mediante una política coherente, dividida entre dos reglamentos: uno relativo a la promoción en terceros países y el otro relativo a la promoción en el mercado interior. La política comunitaria debe representar un valor añadido con respecto a las iniciativas nacionales y privadas y debe consolidar o reforzar las acciones de los Estados miembros y de las empresas privadas encaminadas a promover las exportaciones. La necesidad de una política activa de fomento de las exportaciones es un hecho reconocido por nuestros socios comerciales, que han adoptado políticas eficaces con este objeto, con un apoyo financiero adecuado, con el fin de mantener o ampliar su cuota del mercado mundial. Es esencial que la Unión Europea desarrolle un papel visible y eficaz en la promoción de las exportaciones. 
Ribeiro e Castro (PPE-DE ),
    La votación por unanimidad en la Comisión de Agricultura demuestra el consenso de esta Asamblea en relación con el tema de la información y promoción a favor de productos agrícolas en terceros países y en el mercado interior.
El compromiso interno y externo a favor de la promoción de los productos agrícolas resulta particularmente pertinente vista la tendencia a la mundialización del comercio, a la apropiación ilegítima de denominaciones de origen de productos europeos de alta calidad y la competencia desleal basada en la mano de obra barata.
A mi parecer, esta situación de desusada competitividad justifica claramente que se mantenga la intervención comunitaria, en un contexto de fomento de la visibilidad de las características intrínsecas y las cualidades comunes de los productos europeos, a la vez que se respeta su diversidad en lo que respecta a las condiciones de producción y los métodos de transformación, conservación y utilización.
Por esto he votado a favor. 

Queiró (PPE-DE ).
    Señor Presidente, me he abstenido en la votación, ya que considero que el proceso de ratificación del Tratado Constitucional, que espero sinceramente que se complete con éxito, es sin duda alguna un acontecimiento que entra dentro del ámbito de la soberanía de los Estados miembros. De hecho, es el más soberano de todos, puesto que en ocasiones como esta se adoptan decisiones que afectan a la misma soberanía.
El Parlamento debe resistir, por lo tanto, la tentación de manifestar la más mínima intención de inmiscuirse en la forma en que van a desarrollar el proceso los Estados miembros, dado que estos son –y deben ser– democracias. En consecuencia, creo que no debemos sugerir al Consejo que establezca enfoques coordinados para la programación de los procedimientos nacionales de ratificación o que fomente el control parlamentario o la organización de campañas para los referendos que se van a celebrar. Desde luego, no debería formular ningún tipo de advertencia, como se sugiere en una de las enmiendas presentadas.
Por lo que respecta al tema de la estrategia de comunicación, considero que la Constitución se debe presentar a los ciudadanos de la Unión de la forma más clara y comprensible posible, tal como señala el considerando C de la resolución aprobada. La Unión Europea financiará, por lo tanto, iniciativas que ofrezcan información verdaderamente objetiva, ecuánime e independiente. Los pueblos, los parlamentos nacionales y los representantes del pueblo en los mismos decidirán luego mediante su voto. Muchas gracias, señor Presidente, por la atención que me han prestado. 
Claeys (NI ).
    Señor Presidente, solo cabe felicitarnos por el hecho de que varios Estados miembros se propongan organizar un referéndum sobre la Constitución Europea. Como ocurre con todos los referendos, es importante que el electorado reciba una información correcta y equilibrada. En la resolución se pide a la Comisión y al Consejo que «preparen una campaña y una estrategia de comunicación apropiadas», pero sin establecer condiciones en materia de equilibrio. Anteriores referendos han demostrado, sin embargo, que este aspecto a menudo resulta problemático. Con frecuencia solo se presenta a la opinión pública una cara de la moneda. El déficit de información no favorece un desarrollo correcto y adecuado del referéndum. En la resolución falta, por lo tanto, una recomendación de que los medios de comunicación en general y las empresas públicas de radio y televisión, en particular, deberá permitir la expresión equilibrada tanto del campo partidario del «no» como del partidario del «sí». Muchas gracias. 
Titley (PSE ).
   – Señor Presidente, hablo en nombre del Partido Laborista Parlamentario Europeo, que comparte muchas de las aspiraciones que contiene la resolución. Sin embargo, la ratificación del Tratado es competencia de los Estados miembros, de conformidad con la legislación nacional. Consideramos que no deberíamos intentar anticiparnos a los procedimientos de ratificación nacionales y más concretamente a la fecha de los referendos, y por consiguiente hemos optado por abstenernos. 
Andersson, Hedkvist Petersen, Segelström y Westlund (PSE ),
    Los abajo firmantes votamos a favor de la resolución en la votación final. Lo hicimos a pesar de haber perdido las votaciones sobre algunas partes, referidas a ciertos puntos que habríamos deseado que se suprimieran.
Uno de ellos era el punto 3, donde se indica el período que podría ser adecuado para la celebración de los referendos. Consideramos que el Parlamento Europeo no debe presentar propuestas al respecto.
Otro es el punto 6, donde se pide al Consejo y a la Comisión que preparen una campaña y una estrategia de comunicación apropiadas. Consideramos necesaria una estrategia de comunicación, pero no creemos que el Consejo y la Comisión se deban dedicar a organizar campañas. 
Christensen, Jørgensen, Kristensen y Thomsen (PSE ),
    Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en contra de la propuesta de resolución del señor Leinen (B6-0067/2004). Consideramos que debe ser competencia de los propios Estados miembros fijar la fecha en que se van a celebrar los referendos nacionales. Además –y sobre todo– consideramos que no es tarea del Consejo elaborar las mejores prácticas en materia de control parlamentario y organización de campañas de referéndum. Al contrario, se trata de una tarea nacional. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Cuando se debaten asuntos tan importantes para el futuro de los pueblos y de los Estados miembros, no es correcto intentar imponer una coordinación de los procedimientos de ratificación, con un calendario y una estrategia comunes, y menos aún establecer directrices para la difusión de los contenidos, con el fin de influir sobre la opinión pública e inclinarla a favor de la aprobación del proyecto de Tratado Constitucional, que la mayoría deseamos.
Lo que, de hecho, deberíamos hacer es respetar los procedimientos nacionales de ratificación del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución Europea y el derecho de las diversas fuerzas políticas a analizar sus serias consecuencias políticas y constitucionales de largo alcance para los Estados miembros y sus ciudadanos.
Corresponde a los ciudadanos de los Estados miembros o a sus representantes en los parlamentos nacionales aceptar o rechazar dicho proyecto de Tratado.
Por lo tanto, es inaceptable que se incremente la financiación de una campaña publicitaria encaminada a lograr la aprobación de la llamada Constitución Europea.
Lo que se requiere es un debate plural en el que las fuerzas políticas puedan participar en igualdad de condiciones. 
Fotyga (UEN ),
   .Voto en contra de la Resolución B6-0067|2004 del Parlamento Europeo sobre los procedimientos de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y la estrategia de comunicación relativa a dicho Tratado. Los procedimientos de ratificación son de la competencia exclusiva de los Estados miembros. Las instituciones de la Unión Europea están quebrantando seriamente el principio de subsidiariedad al interferir en este proceso. 
Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Por nuestra parte, hemos votado en contra del Informe Leinen porque rechazamos el proyecto de Constitución de la Unión Europea. Una constitución conduciría a una mayor centralización de la UE y contribuiría a transformarla en una forma de Estado con ambiciones a escala mundial.
La Constitución de la Unión Europea es de fundamental importancia para el futuro de Europa y para la autodeterminación de los pueblos europeos. Por lo tanto, se debería adoptar una decisión al respecto en referendos en cada uno de los países de la Unión, en los que se pongan a disposición de los partidarios del «sí» y del «no» los mismos recursos y las mismas oportunidades de participar en el debate en igualdad de condiciones. 
Manolakou (GUE/NGL ),
   – Los diputados del Partido Comunista de Grecia en el Parlamento Europeo vamos a votar en contra de la resolución sobre los procedimientos de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y la estrategia de comunicación porque su objetivo principal es engañar a la población de los Estados miembros y distorsionar la historia de Europa.
Rechazamos el proyecto de Constitución o cualquier otra constitución de las grandes empresas y la guerra, cuyo objetivo es el poder de los monopolios europeos en detrimento de los derechos sociales y políticos de las clases trabajadoras y populares.
El intento de borrar de la memoria de los pueblos la victoria antifascista y de suprimir la celebración de su aniversario el 9 de mayo resulta, además, revelador: dejemos que los pueblos olviden sus luchas, minimicemos la barbarie y brutalidad del fascismo despilfarrando el dinero de la población en unos momentos en los que se están reduciendo los salarios, las pensiones y las prestaciones por desempleo, se está recortando el gasto social y el derecho a un empleo estable permanente está quedando relegado al pasado.
No podemos dejar de constatar que la resolución no menciona para nada la necesidad de una información objetiva o ni siquiera que el pueblo tendrá la oportunidad de decidir, sino que, por el contrario, destaca el apoyo a la importancia histórica del acuerdo.
Debemos invitar a los pueblos a rechazar con un «no» contundente la Constitución Europea de la militarización y la represión de Europa, de la dictadura de las grandes empresas. Consideramos una señal positiva que cada vez sean más numerosos los países que están constituyendo comités para hacerla zozobrar. 
Ribeiro e Castro (PPE-DE ),
    El proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa se debe dar a conocer no solo a los expertos jurídicos, sino también a todos los ciudadanos europeos, cualquiera que sea su posición al respecto. Es evidente que la mejor manera de promover la participación de la población en general en el proceso es la celebración de referendos que fomenten el desarrollo de campañas dedicadas a explicar las cuestiones que están en juego de manera equilibrada y ecuánime.
Permítanme que recuerde, no obstante, que el procedimiento no tendrá una dimensión europea si optamos por dejar de lado las características nacionales particulares de cada Estado miembro. También creo firmemente que todos debemos manifestar confianza en la democracia y en la voluntad soberana de los pueblos y disipar cualquier clima nocivo de alarmismo e intimidación; la absurda propaganda de un ‘’ si se produce cualquier revés distorsiona el debate, genera un enfrentamiento en torno al tema fundamental y resulta seriamente perjudicial para el desarrollo de cualquier debate serio sobre la integración europea.
Vista la bajísima participación en las elecciones europeas, la única verdadera tragedia sería que la población en general se desentendiera de nuevo o que las campañas desarrolladas por las instituciones europeas contribuyesen a extender y agravar el déficit democrático en Europa –que todos condenamos–, en vez de mitigarlo.
El rechazo de las enmiendas 3 y 12, que solo pedían libertad e igualdad en el marco del debate, hace temer lo peor. Por esto he votado en contra de la resolución. 

Guidoni (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, nos preocupa profundamente la precipitación con que se ha deportado en los últimos días de Italia a Libia a centenares de personas extracomunitarias y, en particular, la falta de transparencia de los procedimientos empleados. Tememos que la conducta del Gobierno italiano pueda comprometer seriamente el derecho fundamental de solicitud de asilo y el principio de no devolución, que prohíbe la devolución forzosa de las personas a un territorio donde corren el riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos civiles.
Italia tiene la alternativa de pedir ayuda a Europa y a la comunidad internacional y, con mayor razón, tiene el deber de admitir, sin ningún tipo de discriminación, a los refugiados que soliciten asilo en su territorio. Amnistía Internacional también ha pedido más información sobre los procedimientos actuales y si estos respetan las normas nacionales e internacionales. Según dichas normas, un solicitante de asilo tiene derecho a asistencia jurídica, a un intérprete y a establecer contacto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y con las organizaciones no gubernamentales, todo lo cual les ha sido impedido por el Gobierno italiano, en contravención de los principios y valores de la Comunidad Europea. 
Borghezio (IND/DEM ).
    En Dronero, en el Piamonte, se están celebrando los funerales de Jessica y Sabrina Rinaldo, muertas en Egipto por la mano de terroristas: dos muchachas de rostro lozano, dos verdaderos ángeles, dos margaritas arrancadas de los verdes prados de nuestro Piamonte, de los corazones de sus padres, personas honradas y trabajadoras como ellas, segadas por la barbarie de un terrorismo islámico que no respeta a nadie y menos aún a dos muchachas inocentes e indefensas. Pido humildemente al Presidente del Parlamento Europeo que se encargue de hacer llegar un mensaje de solidaridad a los familiares de las jóvenes víctimas. 
Angelilli (UEN ),
   . La delegación italiana del Grupo Unión por la Europa de las Naciones ha votado en contra de la enmienda 4 al Informe Bourlanges sobre el futuro del espacio de libertad, seguridad y justicia, relativa al derecho de voto de los inmigrantes, porque si bien es posible considerar la concesión del derecho de voto a los inmigrantes en las elecciones locales, el momento no está aún maduro para contemplar su derecho de voto en las elecciones europeas.
Queremos destacar, además, que el reconocimiento del derecho a voto en las elecciones locales debe prever un marco reglamentario detallado mediante una propuesta apropiada, que especifique claramente los procedimientos, los plazos y el contexto jurídico concreto. 
Christensen, Jørgensen y Kristensen (PSE ),
    Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del Informe Bourlanges (A6-0010/2004) sobre el futuro del espacio de libertad, seguridad y justicia. No obstante, tenemos presente que la propuesta se refiere a un ámbito incluido en el Título IV del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y, por lo tanto no es aplicable a Dinamarca; cfr. el protocolo sobre Dinamarca. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Cuando faltan apenas unos días para el Consejo Europeo del 5 de noviembre, en el Parlamento se ha librado una batalla importante en defensa de la libertad, la justicia y los derechos humanos, en particular los de los inmigrantes.
Nuestro Grupo ha intentado mejorar el Informe Bourlanges restableciendo un equilibrio entre las exigencias de la seguridad y la necesidad de respetar y promover los derechos humanos y rechazando a la vez el recurso a «cartas europeas» y a las expulsiones masivas de inmigrantes.
Si bien es cierto que algunas de nuestras sugerencias se aprobaron durante la votación, la mayoría fueron rechazadas. El informe continúa quedándose corto con respecto a lo que se requiere y adopta posiciones con las que no estamos de acuerdo en aspectos importantes.
Por consiguiente, quiero destacar la importancia de que se aprueben las enmiendas siguientes:
- reconocimiento de que no se debe considerar a los inmigrantes como una fuerza de trabajo temporal, sino que estos en realidad son esenciales para el futuro de nuestra sociedad;
- importancia destacada de las decisiones y de la Decisión marco sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990;
- reconocimiento de la experiencia negativa de los campos de refugiados, incluso dentro del territorio de los Estados miembros de la Unión Europea..
Lamentablemente, muchas otras no se aprobaron. Por esto, no he podido votar favorablemente el informe. 
Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Por nuestra parte, hemos votado en contra del informe porque el razonamiento que hay detrás no tiene en cuenta la subsidiariedad que debería caracterizar la construcción de la Unión Europea. Por ejemplo, propone el establecimiento de una Oficina Europea de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo (apartado 1, subapartado b, quinto guión). Prevé la creación a escala europea de un núcleo de disposiciones operativas en materia de cooperación judicial y policial (apartado 1, subapartado c, segundo guión) y la creación de una autoridad común para la protección de datos de ámbito europeo (apartado 1, subapartado c, octavo guión). Prevé dar un nuevo impulso a Eurojust con vistas a la creación de un ministerio fiscal europeo (apartado 2, subapartado e, segundo guión). También propone el establecimiento de una política uniforme de inmigración y asilo en el territorio de la UE en diversos ámbitos. 
Desearíamos una mayor cooperación de los Estados miembros en relación con estas cuestiones, con vistas a desarrollar una política de asilo humana, conforme a la Convención de Ginebra, para toda Europa. Sin embargo, rechazamos la creación de un sistema judicial federal con instituciones cada vez más amplias, que constituye el objetivo claro de las propuestas citadas. 
Manolakou (GUE/NGL ),
   – Durante los cinco años que lleva en vigor el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) establecido en el marco del plan de acción de Tampere, se han promovido leyes reaccionarias y se han incrementado los mecanismos militares y policiales, los servicios de información incontrolados, los expedientes personales y las acciones judiciales. La legislación europea contra el terrorismo, la orden de detención europea, el Convenio de Schengen, las directivas contra los refugiados, etcétera, son todas consecuencias de dicho «espacio», que la comunicación de la Comisión no se limita a elogiar, sino que además se congratula por la inclusión de muchas de ellas en el proyecto de Constitución.
Las futuras directrices que ha definido la Comisión para Tampere II aceleran el ataque general contra los derechos y libertades personales y políticos de las personas. Consolidan los servicios centralizadores opacos y los sistemas de seguridad e información de la UE. Transforman la justicia en un mecanismo de legalización de la represión. Crean una fortaleza controlada por la Unión para impedir la entrada a los inmigrantes. Se traducen en limitaciones drásticas de la concesión de asilo.
El informe y la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior acepta las directrices de la Comisión y contribuye a la legalización democrática del duro nuevo ataque antidemocrático de Tampere II. Además, reclama la abolición total del principio de unanimidad, con la consiguiente consolidación de los mecanismos opacos del «Directorio» eurounificador, fuera del alcance de cualquier control nacional.
La clase obrera y los pueblos de Europa deben obstaculizar el llamado ELSJ e intensificar la lucha contra el mismo, pues es contrario a sus derechos y está al servicio de la «justicia» de las grandes empresas y las multinacionales.
Por esto, los diputados del Partido Comunista de Grecia en el Parlamento Europeo hemos votado en contra del informe. 
Queiró (PPE-DE ),
    Me he abstenido en la votación del informe porque, aun cuando se centra principalmente en problemas que son de la máxima importancia para el futuro de la Unión Europea y de todos los Estados miembros, tengo serias reservas con respecto a algunos de sus puntos.
En un momento en que Europa –y cada uno de sus 25 Estados miembros– está tan expuesta como cualquier otra parte del mundo a ser víctima del terrorismo, es importante que al considerar el espacio de libertad, seguridad y justicia no separemos las obligaciones de tratar humanamente a los inmigrantes de la necesidad imperiosa de garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión. Cuanto más segura sea Europa, más humana será, aunque no se debe confundir la seguridad, que es positiva, con el «securitarismo», que es negativo.
Por último, entiendo que el informe supone un reconocimiento del trabajo desarrollado por el señor Vitorino, que ha realizado una magnífica aportación a la concepción de una Europa libre y segura. 
Ribeiro e Castro (PPE-DE ),
    El informe sigue los pasos de la resolución del último debate anual sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), para el cual fui ponente. Ante todo, permítanme que exprese mi satisfacción porque la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, siguiendo mi sugerencia aprobada entonces, ha empezado a aplicar un procedimiento de diálogo y cooperación con los parlamentos nacionales. También quisiera recordar que la aprobación de la resolución anterior coincidió con los terribles ataques terroristas de Madrid, que nos recuerdan que el terrorismo constituye actualmente la mayor amenaza contra los derechos fundamentales, un hecho que no se debe olvidar ni minimizar, y que la lucha contra el terrorismo debe ocupar el lugar prioritario entre las preocupaciones de los responsables políticos.
También quisiera reiterar la necesidad de que se celebre un «Tampere II», una nueva reunión del Consejo Europeo dedicada a consolidar el ELSJ, que permita establecer un nuevo calendario en ese ámbito y elaborar un programa realista para el presente quinquenio, fruto de la reflexión, la sinceridad política y el buen juicio estratégico. Es muchísimo más importante contar con un ELSJ equilibrado y reprogramado de manera coherente que cualquier otro tipo de actuaciones excesivamente voluntaristas, que acaban generando tensiones innecesarias, fomentando expectativas poco realistas y desviándonos de nuestros objetivos centrales.
Dadas mis reservas con respecto al texto propuesto, estaba dudando entre votar a favor o abstenerme, pero la aprobación de la segunda parte del apartado 1, subapartado b, octavo guión, y de las enmiendas 1 y 16, me ha inducido a votar en contra. 

Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Nuestra posición es que la Unión Europea no debería desarrollar una política exterior. Los debates sobre una solución pacífica para Georgia, por ejemplo, deben tener lugar en el contexto de la labor de los Estados miembros en el marco de las Naciones Unidas. 
Queiró (PPE-DE ),
    He votado a favor de la resolución común porque es evidente que, dada la política europea de vecindad, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en las regiones próximas a las actuales fronteras de la Unión Europea, a lo cual se suman los problemas relativos a los derechos humanos, la democracia y la integridad territorial que están en juego. Sin que ello sea óbice para propugnar una vez más la doctrina de que en ningún caso se debe cruzar la frontera que separa la presión política internacional legítima –a menudo necesaria– de la injerencia indeseable en los asuntos internos de otros países.
En el presente caso, la resolución no rebasa las competencias del Parlamento ni tampoco es contraria a la doctrina citada, sino que por el contrario manifiesta una preocupación justificable por los derechos de la población civil y esboza los pasos que se deben dar en defensa de un régimen democrático y libre. 
Ribeiro e Castro (PPE-DE ),
    Georgia ha progresado en lo que respecta al establecimiento y protección de unas instituciones democráticas y de la primacía del Estado de Derecho. Las autoridades georgianas han expresado el deseo de seguir el modelo europeo y esperan poder adherirse algún día a la Unión Europea.
Dichos esfuerzos han sufrido, no obstante, retrocesos preocupantes en las regiones de Abjazia y Osetia del Sur, debido a las restricciones del sufragio universal y las expulsiones masivas de población llevadas a cabo por las autoridades de la zona, las cuales han generado un estallido de violencia que no podemos dejar de condenar.
Considero que, por su importancia geográfica y estratégica, la Federación de Rusia tiene una responsabilidad particular en esta región. Su apoyo político y la presencia de sus unidades militares destacadas en las zonas de conflicto y en sus inmediaciones son esenciales para la estabilidad, como también es igualmente importante un verdadero respeto de la integridad territorial de los países limítrofes.
Ante la tensa situación que existe en Abjazia y Osetia del Sur, acojo con satisfacción la propuesta de que se convoque una conferencia internacional sobre el conflicto y se establezca una fuerza de mantenimiento de la paz que ayude a la sociedad georgiana a recuperar la estabilidad en la práctica.
Por mi parte, he votado a favor. 

Martin, David (PSE ).
   – Señor Presidente, por mi parte, acojo con satisfacción tanto el propósito de la Comisión de reformar el Sistema de Preferencias Generalizadas como la resolución que acabamos de aprobar. Es muy importante que el sistema se simplifique y se haga más accesible para los países en desarrollo, especialmente para los menos desarrollados. Además, también es muy importante que mantengamos dentro del sistema el régimen especial de estímulo a la protección de los derechos de los trabajadores –que actualmente casi no se utiliza– y los derechos especiales a favor del medio ambiente, también infrautilizados. Cualquier reforma debe fomentar un uso continuado e incrementado de dichos derechos.
El SPG actual también incluye otro régimen especial, denominado «SPG+». Está destinado a los países que están luchando contra el consumo y el tráfico de drogas. Es muy importante que este aspecto quede salvaguardado en cualquier reforma del SPG.
En conclusión, si se salvaguardan estos aspectos, resulta alentador que la Comisión haya decidido modernizar el SPG. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Como se expone en la propuesta de resolución presentada por nuestro Grupo, resulta preocupante que el nuevo sistema de admisibilidad que recomienda la Comisión para el sistema de preferencias generalizadas (SPG) se base exclusivamente en criterios de cuota de mercado y no tenga en cuenta los indicadores de desarrollo y de pobreza.
Se debe desarrollar un sistema de evaluación continua que incorpore la consulta a las partes interesadas, incluidos los sindicatos, de manera que permita reaccionar con rapidez cuando los objetivos de desarrollo se vean socavados, con el fin de combatir la pobreza y, sobre todo, el expolio de los países menos desarrollados por obra de diversas multinacionales.
En consecuencia, acogemos con satisfacción las críticas dirigidas a la Comisión, no solo en lo que respecta al fondo sino también por la forma en que se ha elaborado el nuevo régimen, y destacamos la necesidad de dar apoyo y colaborar con los países menos desarrollados. 
Muscardini (UEN ),
   . Aunque he votado a favor, considero que el nuevo SPG debería incluir:
• En particular, es importante vincular la referencia a la lucha contra la droga con el nuevo régimen SPG+. Efectivamente existe el riesgo de que los actuales beneficiarios del «régimen especial contra la droga» vean frustrados sus esfuerzos para establecer cultivos alternativos si no pueden continuar beneficiándose del SPG.
• Sobre la base de dicha referencia, sería posible intentar establecer un trato diferenciado para los productos textiles en el marco de los debates sobre la nueva reglamentación.
• como criterio básico para aplicar la graduación. En la redacción actual, las secciones se citan, de hecho, solo a título de ejemplo.
• Unas normas transparentes y eficaces con respecto al origen son importantes para evitar el aprovechamiento fraudulento del sistema, especialmente a través de operaciones comerciales triangulares.
Además –y no en último lugar– desearíamos que la nueva Comisión examine por fin la aplicación de las cláusulas especiales relativas a los trabajadores y que ponga todo su empeño en eliminar el azote del trabajo infantil, recurriendo incluso a las sanciones económicas. 
Queiró (PPE-DE ),
    He votado a favor de la resolución común sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, «Países en desarrollo, comercio internacional y desarrollo sostenible: la función del sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la Comunidad para el decenio 2006-2015», porque considero que el Parlamento debe apoyar y financiar debidamente todos los esfuerzos necesarios para simplificar y mejorar las acciones comunitarias en los países en desarrollo. Me parece fundamental que cumplamos el objetivo mundial de simplificación del mecanismo de graduación, pero me preocupa que la propuesta de la Comisión no tenga en cuenta algunos indicadores de desarrollo y de pobreza, lo cual podría dar lugar a una discriminación de los grandes pero pobres exportadores. Lamento que la Comisión no haya seguido la recomendación del Parlamento sobre la necesidad de realizar una evaluación meticulosa sobre el funcionamiento e impacto del actual SPG. Para acabar, quiero añadir que se requiere una mayor aclaración de las consecuencias de las modificaciones del SPG, con objeto de que el Parlamento esté en condiciones de poder realizar una evaluación más informada y definitiva. 
Ribeiro e Castro (PPE-DE ),
    El apoyo al desarrollo y la ayuda externa de la Unión Europea, más allá de la ayuda directa en el marco de las políticas de desarrollo, deben ir acompañados de la adopción de una estrategia más madura, acorde con el contexto de la mundialización. Cito la Declaración de Doha: «El comercio puede» –y debe, añadiría yo– desempeñar una función de importancia en la promoción del desarrollo económico y el alivio de la pobreza.
La política comercial comunitaria debe ser coherente, por lo tanto, con los objetivos de su política con respecto a los países en desarrollo, el más importante de los cuales ha de ser la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible. También se debe hacer hincapié en ámbitos como los del respeto del medio ambiente, la mejora de las condiciones sociales, la lucha contra la corrupción y el fomento del buen gobierno.
Creo que el nuevo sistema propuesto va a ser más transparente y objetivo, aspectos que debemos vigilar y evaluar de manera continuada.
He votado a favor por todos estos motivos, en consonancia con todas mis anteriores intervenciones, en las que he destacado el aspecto de la solidaridad de Europa con los países en desarrollo y sus vínculos y responsabilidades históricos en este ámbito. 

El Presidente.
   Se levanta la sesión del Parlamento Europeo.
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