Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Maat
Señor Presidente, en la segunda parte del apartado 1 se dice que yo me abstuve ayer en la votación sobre el informe Olsson, pero voté en contra. Me gustaría que este error se rectificara.

El Presidente
Tomamos nota del sentido de su voto, que será corregido.
Debido a un error, no figuran en el Acta de ayer las propuestas de la Conferencia de Presidentes sobre el nombramiento de las mesas de las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas, por lo que se incluirán en el Acta de hoy.
(El Acta queda aprobada)   

Rübig
Señor Presidente, a propósito del Acta de la sesión anterior, yo quiero agradecer públicamente a Francia y a Bélgica el visible refuerzo de la vigilancia de los edificios.

El Presidente
Gracias, señor Rübig, tomamos nota de su observación.

González Álvarez
Señor Presidente, en la sesión pasada, estábamos todos espantados ante la posibilidad de que pudieran ajusticiar a Safiya Husseini en Nigeria. Yo iba a pedir la palabra, pero el Sr. Corrie la pidió y me sentí representada por él cuando solicitó a la Presidenta que intercediera.
Hay ahora una movilización en mi país, porque parece que han adelantado la ejecución a este sábado. Eso nos aterra aún más, porque el caso de esta mujer, como el de otras muchas, es una muestra de salvajismo. Me parece aterrador que una mujer vaya a ser ajusticiada por el hecho de que haya tenido una hija, que es la quinta de sus hijos, sea la hija fruto de lo que sea. Tendríamos que hacer un último esfuerzo para evitar que se produzca esa ejecución que las autoridades han adelantado al sábado porque pretenden así evitar la presión internacional en contra de lo que, para mí, es un asesinato.
Señor Presidente, le ruego que haga las gestiones oportunas.

El Presidente
Señora González, toda la Cámara comparte sus sentimientos y procederemos a activar, dentro de las posibilidades de la institución, todas las medidas para que semejante atrocidad no sea perpetrada.

Maaten
Señor Presidente, quisiera referirme al orden del día. Me llama la atención que los debates de hoy terminen a las cinco y media y que las votaciones comiencen a las seis y media. Esta situación se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Significa que muchos diputados ya no pueden regresar a casa después del debate, de modo que se ven obligados a quedarse hasta el día siguiente o a salir antes. Entiendo que permanezcamos aquí, hasta bien entrada la noche si por mí fuera, en caso de que haya temas que tratar. Ahora bien, si no hay nada que hablar me parece inútil que perdamos una hora tomando café. Por eso le ruego que plantee esta cuestión ante el Presidente a fin de averiguar si resulta posible evitar que los diputados tengan que quedarse aquí sin que haya necesidad de ello.

El Presidente
Sí, señor Maaten, pero tenemos un orden del día establecido. Dentro de lo que este determina, procuraremos, en la medida de lo posible, tener en cuenta sus inquietudes.

Derechos de la mujer e igualdad de oportunidades en los países mediterráneos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0022/2002) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la política de la UE con respecto a los países mediterráneos en relación con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades en dichos países (2001/2129(INI)).

Kratsa-Tsagaropoulou
. (EL) Señor Presidente, Señorías, la cooperación euromediterránea constituye un horizonte político y una perspectiva vital para la Unión Europea. No se trata sólo de un camino seguro para el fomento sus intereses económicos, sino que se orienta fundamentalmente a la creación de una zona de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad.
La historia de la construcción europea nos enseña que sin LA prosperidad de todas las partes, de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, no hay zona de paz y estabilidad. En la actualidad el papel de las mujeres en el marco de esta cooperación es marginal o restringido al sector económico, con escasos efectos en la mejora de su nivel de vida. Por el contrario, en nuestra comisión estamos convencidos de que semejante horizonte político exige contemplar a las mujeres como factores de cohesión, paz y desarrollo sostenible.
El objetivo del informe de iniciativa es valorar la política seguida hasta hoy e instar a la Unión Europea a aplicar todas las políticas necesarias para la promoción de los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres de los países asociados del Mediterráneo, e instar igualmente a los países asociados para que con profundidad consideren sus responsabilidades y respondan con todos los medios posibles a las demandas de este objetivo. La valoración de la situación no es fácil, puesto que los países se diferencian sensiblemente unos de otros. Faltan datos estadísticos desglosados por sexo, faltan estudios, falta una evaluación sustantiva por parte de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales de los efectos de la cooperación euromediterránea sobre la promoción de los derechos de la mujer. Y hay que decir, además, que hasta ahora no se ha aplicado ningún programa mediterráneo regional específico para las mujeres.
Los rasgos generales que podemos observar son que el desempleo castiga a las mujeres incluso de nivel universitario de estudios. El analfabetismo va en aumento. Los matrimonios prematuros y otros esquemas tradicionales de comportamiento impiden a las mujeres completar su educación escolar. Se observa un espíritu empresarial, sobre todo en el Magreb, pero la falta de financiación y créditos no brinda a las iniciativas de las mujeres la oportunidad de desarrollarse. La violencia, la pobreza, la incierta salud de las mujeres son otros rasgos característicos; como lo es igualmente su ausencia, su escasísima presencia en los centros de decisión, y, consecuentemente, su ausencia de las negociaciones y del planeamiento de la cooperación euromediterránea. Estereotipos religiosos y tradicionales condicionan las legislaciones, la ratificación de los convenios internacionales, y la propia aplicación de estos convenios.
Nuestra comisión pide el cumplimiento sustantivo de cuanto queda establecido en la declaración de Barcelona sobre democratización y respeto a los derechos humanos, y la incorporación de la dimensión de género a los tres pilares de la cooperación euromediterránea. Pide igualmente que a los acuerdos de asociación se incorpore una cláusula explícita sobre protección de los derechos de las mujeres y que se prevea un mecanismo de seguimiento de dicha protección.
Expresamos nuestra satisfacción porque el estudio y la elaboración del primer programa mediterráneo regional para las mujeres se hayan ya decidido, y pedimos a la Comisión que el programa no se quede restringido al ámbito de la formación profesional, sino que sea expresión de un tratamiento político global, y procure todos los instrumentos necesarios a fin de que la cuestión de la igualdad entre los sexos pueda ser abordada con la amplitud que le es propia en los países de la Unión Europea, donde se aplica. La Comisión Europea, la Comisaria, que está presente, tiene experiencia en la elaboración y aplicación de programas semejantes en nuestros países y en los países candidatos a la adhesión, y creemos que esa experiencia deberá inspirar la elaboración del programa mediterráneo regional.
Igualmente, nuestra comisión propugna el apoyo a las organizaciones de mujeres de los países asociados, así como su relación con las organizaciones de mujeres de los países de la Unión Europea. Prevemos asimismo la extensión de las posibilidades de colaboración con las organizaciones de mujeres y los agentes sociales de los países candidatos a la adhesión, así como de los países balcánicos, ya que toda la región hace frente al reto de la estabilidad y la paz mediante la activación de la sociedad civil. Por otra parte, y tras constatar que el Banco Europeo de Inversiones no dispone de recursos para la financiación y apoyo de las actividades de las mujeres, propugnamos el estudio del plan de creación de un banco euromediterráneo de inversiones para la zona euromediterránea, pues creemos que así se darán posibilidades de desarrollo y de aprovechamiento de las posibilidades y de los créditos por parte de las mujeres y de las asociaciones de mujeres. Proponemos también la creación de un banco de datos y de un observatorio para el seguimiento de los progresos y la recolección de datos que contribuyan a la adecuada valoración y al planeamiento de la futura política al respecto.
Hemos concedido también un cuidado especial a los problemas a los que se enfrentan las mujeres que han emigrado de estos países a la Unión Europea, y pedimos la eliminación de los obstáculos burocráticos o de cualquier otra naturaleza que dificultan la emigración legal a los países de la Unión Europea, ya que creemos que es la causa de la pobreza, la marginación y la explotación de seres humanos, muy especialmente de mujeres. Fenómenos semejantes han sido repetidamente denunciados por nuestra comisión y por el Parlamento Europeo en su conjunto.
Este informe es resultado de una excelente colaboración con los demás Grupos políticos, y quiero expresar mi agradecimiento a las colegas que presentaron enmiendas y han colaborado con nosotros; por ello le pido a la Cámara la aprobación del texto en su conjunto.

Avilés Perea
Señor Presidente, señora Comisaria, como miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de este Parlamento, nos llena de preocupación la situación de la mujer en los países mediterráneos, tan bien descrita por la Sra. Kratsa en su informe.
El analfabetismo casi generalizado -especialmente en algunos países, según indican los porcentajes que presenta-, el abandono de la educación a edades tempranas, sin completar un nivel de estudios que les permita capacitarse posteriormente, la participación escasa en el mercado laboral -sobre todo de las mujeres jóvenes-, son factores que, unidos a la pobreza y la marginación, afectan sobre todo, en la mayoría de los casos, a las mujeres
Esto ocurre a pesar de los acuerdos de cooperación, en los que se incluyen muchas cláusulas, pero nunca, entre los objetivos, se deja muy claro que debe tenerse en cuenta la situación de las mujeres, y que, entre los objetivos, tiene que figurar la promoción de la mujer y el acceso de la misma a unos mejores niveles de bienestar personal y al mercado laboral, para que puedan desarrollar su propia profesión.
En estas áreas, los problemas de salud constituyen una de las situaciones más graves que se les presentan, no sólo por la falta de atención, sino también por la falta de prevención. Estos problemas afectan, en general, a toda la población, pero más a las mujeres.
Esto nos sorprende de una manera especial, cuando sabemos que el programa MEDA ha tenido problemas en esta Cámara, porque no se ha ejecutado ni siquiera la mitad de lo que estaba previsto.
El programa MEDA, que se destina a programas de cooperación en las áreas del Mediterráneo, en particular del sur del Mediterráneo, sería un instrumento magnífico para elaborar programas específicos para mujeres, destinados a la promoción del papel de la mujer y a aumentar los niveles de vida de las mujeres, lo que supondría una ventaja para toda la población, ya que todos sabemos la incidencia de la mujer en las sociedades menos desarrolladas y, en particular, en las sociedades tradicionales, donde las mujeres soportan el mayor peso de la familia que, además, suele tener un importante número de hijos.
A través del Foro Euromediterráneo de Mujeres Parlamentarias conocemos bien la situación de estas mujeres, y sabemos lo que esperan del Parlamento y de la Unión Europea. Por eso, tenemos la obligación de hacer una llamada de atención para que sean satisfechas sus necesidades.

Valenciano Martínez-Orozco
Señor Presidente, desgraciadamente, ésta es la historia de un compromiso hasta ahora incumplido, que luego comentaré.
En primer lugar, quisiera agradecer a la ponente, Sra. Kratsa, su excelente disposición para la incorporación de todas aquellas enmiendas y cuestiones que, desde el Grupo Socialista, hemos querido plantear para completar este excelente informe. Realmente, el trabajo en comisión ha sido de una colaboración total entre todos los grupos, y espero que el Pleno lo refleje en su votación esta mañana.
Hemos conseguido alcanzar compromisos en casi todos los aspectos de un problema que ha llegado a ser muy serio, porque afecta a la gran mayoría de las mujeres de los países asociados del Mediterráneo. Es verdad que, entre los distintos países, existen diferencias, luces y sombras, pero, en general, la situación de las mujeres de estos países es altamente preocupante: analfabetismo, abandono escolar, desempleo, violencia de género y problemas de salud, derivados de la salud reproductiva y de la inexistencia de servicios adecuados para las mujeres. El informe describe de forma exhaustiva todas estas situaciones.
La Unión Europea y los Estados miembros deben renovar su compromiso con las mujeres de los países del Mediterráneo. En muchísimos casos, los acuerdos de cooperación no cumplen el compromiso de atender la situación especial que padecen estas mujeres. Es lo que nosotras llamamos "introducir de forma transversal la perspectiva de género", porque la situación que padecen las mujeres no es igual a la situación en la que se encuentran los hombres y, por lo tanto, es necesario analizar, desde el principio, cuál es esta situación, para darle las herramientas necesarias para su solución.
Desgraciadamente, una vez más, el Programa regional en el marco de los MEDA ha sido retrasado y, por tanto, este informe va a ver la luz mucho antes de que este programa regional se ponga en marcha. Espero que para entonces podamos retomar las ideas fundamentales que se traducen en este informe.
Señor Presidente, señora Comisaria, colegas, no podemos seguir lamentándonos de la situación que padecen las mujeres en muchos países del mundo, especialmente en esta zona tan próxima, sin actuar. Es una cuestión inaplazable y debemos impulsar los mecanismos necesarios para conseguir que la vida de las mujeres en estos países sea, de hecho, mejor y más fácil.
Debemos reiterar este compromiso, porque no queda tiempo y tenemos que actuar.

Dybkjær
Señor Presidente, existe una tendencia a que cada vez que tenemos la cuestión de las mujeres en el orden del día, sean sólo mujeres quienes participen en el debate. Por ello me gustaría comenzar diciendo que dos hombres de mi Grupo han hecho un llamamiento en favor de la igualdad de oportunidades al Parlamento que también será remitido al Presidente. En este llamamiento titulado "Enough is enough" se exhorta a todos los grupos a que vean en qué situación se halla la igualdad de oportunidades en sus grupos y a que adopten iniciativas para mejorar la igualdad de oportunidades.
Además, me gustaría dar las gracias a la señora ponente por su espléndido informe que explica muy bien un ámbito en el que resulta necesario ocuparse de la situación de las mujeres y destaco un par de puntos en los que me gustaría insistir. En primer lugar, me parece sumamente importante contar con estadísticas y quiero exhortar a la Comisión a que examine cómo podemos mejorar la base estadística, pues todo debate sobre hombres y mujeres y desigualdad se viene abajo si no disponemos de los necesarios datos estadísticos. Si debe ser un organismo de seguimiento o un banco de datos, o yo qué sé, es menos importante. Lo fundamental es contar con estadísticas.
El segundo punto es que me parece obvio y también está relacionado precisamente con este llamamiento, que la Comisión debe garantizar la participación de las mujeres cuando se proceda a la negociación de los acuerdos de asociación. Sabemos muy bien que muy a menudo sólo tenemos a hombres en la mesa de negociaciones. Cuando así sucede, la situación de las mujeres queda reducida de antemano y no será un tema principal.
El tercer punto que me gustaría recalcar es la cuestión de los programas. Es importantísimo investigar qué programas concretos podemos ofertar con vistas a alcanzar una mejor formación de las mujeres para que ellas mismas puedan también promover en mayor medida la igualdad de oportunidades.

Sörensen
Señor Presidente, estimados colegas, el Grupo de los Verdes y Alianza Libre Europea felicita a la Sra. Kratsa por su excelente informe. Quisiera subrayar asimismo que la forma constructiva en la que se ha llevado a cabo, es decir, mediante la colaboración entre los Grupos, nos ha llenado de satisfacción. Coincidimos con la ponente en que la colaboración euromediterránea reviste importancia fundamental para Europa desde el punto de vista político. Dicha colaboración no es sólo una manera segura de fomentar los intereses económicos europeos, sino que su principal objetivo consiste en crear una zona de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad. Para acelerar esta colaboración hace falta una mayor comprensión entre los pueblos europeos y los pueblos de los países socios, así como una sociedad civil activa capaz de participar en el proceso que nos ocupa.
En todo ello las mujeres desempeñan un papel clave. Hemos de animarles a que adquieran una identidad política propia. A este fin tenemos que brindarles la posibilidad de recuperar, a través de la formación y la concienciación, un retraso injusto que se viene acumulando desde hace muchos siglos. Ya es hora de que las mujeres dejen de ser consideradas únicamente como madres, por importante que sea su función educativa. También deben ser consideradas -siempre y cuando tengan acceso a la educación- como socias de pleno derecho en el mercado laboral y la política. Con vistas a la ampliación las mujeres del Sur deben firmar un pacto de solidaridad con las del Norte. Deben apoyarse mutuamente en la defensa de sus justificadas reivindicaciones. Europa debería ser el motor de todo esto. Nuestra Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades encabezada por su inspiradora presidenta, la Sra. Karamanou, está llamada a desempeñar un papel importante en este proceso.

Bonino
Señor Presidente, en todo este informe, por el que doy las gracias a la Sra. Kratsa, hay, a mi juicio, una laguna, un tabú, una palabra silenciada -comprendo la sensibilidad al respecto- sin la cual no podemos, sin embargo, afrontar el problema de fondo ni colaborar con los grupos de mujeres que en esos países están luchando por su emancipación. La palabra que falta es "religión", es decir, Islam y utilización política del Islam por parte del poder constituido.
El problema fundamental de la emancipación o liberación de las mujeres en esos países -como ocurrió en los nuestros, durante mucho tiempo- es la equiparación entre religión y política, la equiparación a partir de la cual los códigos de la Sharia son y resultan cada vez más el único fundamento jurídico de las leyes que se refieren a la condición de la mujer en esos países. Todo eso falta -y comprendo la dificultad al respecto-, pero temo también que nuestra falta de valor no ayude a los grupos de mujeres que en esos países, solas y valerosamente, empiezan a plantear el problema de la separación entre el poder religioso y el poder político.
Las leyes más importantes que se refieren a las mujeres son las llamadas leyes del estado civil. Pues bien, todas las que codifican -repito: codifican- la discriminación de las mujeres descienden directamente -si bien en formas diversas- de la interpretación del Corán. Hay mujeres allí que luchan por la separación de los poderes; hay mujeres que luchan por una revisión modernista del Corán. Nada de todo eso figura en absoluto en este informe, en el que se enumeran las consecuencias, pero no se afronta la causa. Lo lamento, porque creo que nosotras mismas vamos un paso por detrás de ellas.

Sartori
Señor Presidente, también yo sumo mi voz a la de muchas colegas para congratularme por el informe. Es indudable que, después de oír la intervención de la Sra. Bonino, no se puede dejar de reconocer la validez de lo que ha dicho. Seguramente decirlo en dos minutos ha impedido profundizar más en ese asunto, un asunto importante, que indudablemente no se debe afrontar como lo hemos hecho en el informe reciente, centrado en "mujeres y fundamentalismo". Si lo afrontamos así, no ayudaremos ni a esas mujeres ni a nosotros a ser útiles de algún modo con vistas al desarrollo no sólo económico, sino también cultural de esos países y, por tanto, a la capacidad de esos pueblos, en conjunto, para salir de una situación cultural y religiosa en la que se atropellan los derechos humanos y civiles de las personas en general y de las mujeres en particular.
Así, pues, considero útil que se afronte ese asunto en los términos planteados por la Sra. Bonino, dado que hasta hoy se ha debatido poco sobre esa cuestión en nuestro Parlamento.
En cambio, por lo que se refiere a este informe, tal como se presenta, creo que debo congratularme y hacer dos recomendaciones a la Comisión y al Consejo, que, por lo demás, figuran en el texto presentado y que sólo quiero subrayar. La primera es que la presencia de la mujer en todos los niveles en la vida social, económica, financiera y política, en condiciones de paridad, también desde el punto de vista de la adopción de decisiones, es un presupuesto para garantizar la democracia y, por tanto, también la paz y el bienestar. Todo lo que la Unión haga para perseguir esos objetivos debe hacerlo procurando también que los programas ejecutados por nosotros o en ejecución sean inflexibles respecto de la defensa de los derechos y que toda la labor llevada a cabo por el Consejo en materia de investigación, asociación y cooperación no prescinda nunca de la exigencia del respeto de dichos derechos.

Gröner
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero agradecer a la colega Kratsa-Tsagaropoulou el buen análisis que ha realizado y la excelente colaboración mantenida durante la elaboración del informe. Yo creo que podemos remontarnos una vez más a la Conferencia Mundial de Pequín, donde ya se emprendió la vía de la capacitación de las mujeres, del desarrollo de sus capacidades, y el programa MEDA podría ofrecernos, de hecho, los instrumentos adecuados para ello. Sin embargo, nos faltan los datos estadísticos necesarios para poder realizar un análisis más preciso. En el informe de evaluación faltan, por ejemplo, esos datos y hasta ahora tampoco se ha definido ningún indicador de progreso.
¿Por qué no ha se ha desarrollado hasta el momento ningún programa regional dedicado exclusivamente a las mujeres en el marco de MEDA I y II? ¿Por qué no se aplica con mayor rigor la cláusula democrática ante flagrantes atentados contra los derechos de las mujeres, como por ejemplo en el caso de la mutilación genital? El informe Valenciano Martínez-Orozco ofrece importantes indicaciones al respecto. ¿Por qué no se combate más el fundamentalismo? Yo quiero rogarles, en este contexto, a las colegas de otros Grupos que tengan el valor de plantear estas cuestiones también aquí, en el Pleno, y que no obstaculicen en la práctica su debate desde la Mesa.
Yo me pregunto: ¿por qué se impide en muchos países el acceso la educación de las mujeres? La tendencia es negativa. Justamente en las zonas rurales, hasta un 60% de las mujeres están excluidas de la educación y tampoco tienen acceso a programas de salud reproductiva. ¿Por qué nuestros Estados miembros no se oponen claramente al tráfico ilegal de personas al tratar el tema de la inmigración y el asilo, por ejemplo? En mi Estado miembro, por ejemplo, en estos momentos se está incorporando al debate electoral la cuestión del reconocimiento de la persecución no estatal o la persecución específica por razones de sexo como motivos de asilo, de manera que, como resultado, las mujeres del área mediterránea podrían acabar perdiendo la oportunidad de beneficiarse de los buenos enfoques de nuestra ley de asilo.
En resumen, yo creo que las mujeres debemos intensificar todavía más nuestra colaboración en este contexto. El informe constituye un buen ejemplo de ello. Debemos reforzar la presencia de mujeres en la actividad social no sólo aquí, sino también en los países socios, y la Unión Europea -quiero subrayarlo una vez más- debe intensificar la orientación de sus instrumentos de cooperación a favor de las mujeres, habida cuenta que si concedemos capacidad de actuación a las mujeres con la ayuda del programa de democratización y ampliamos el diálogo, esto redundará en beneficio de todas.

De Sarnez
Quisiera en primer lugar dar las gracias a Rodi Kratsa por su excelente trabajo. Este informe nos recuerda hasta qué punto la promoción del papel de la mujer en la vida socioeconómica debe ser una preocupación de la Unión Europea, tanto en el marco de las políticas comunitarias como en el de la cooperación con los países terceros y los países mediterráneos. Quisiera añadir simplemente unas palabras sobre la situación actual, perfectamente descrita en este informe.
Incluso aunque hoy se puede señalar una mejora de la condición de las mujeres en algunos países mediterráneos, quedan aún enormes progresos por hacer, principalmente en lo que respecta al acceso a la enseñanza, a la formación profesional, al empleo pero también en materia social, en lo que se refiere a las mujeres solas, divorciadas o madres solteras y mujeres que viven en el medio rural. Corresponde a la Unión Europea señalar estos progresos en cuanto se producen y apoyarlos en cada ocasión que se tenga oportunidad. La Unión Europea debe velar también para que las declaraciones de buenas intenciones que se hacen durante las conversaciones de los acuerdos de colaboración o de asociación se vean efectivamente seguidas de medidas concretas, con vistas a asegurar una mayor cohesión social.
Pero faltan numerosos progresos que realizar. La promoción de la igualdad de sexos en los países mediterráneos choca con una serie de obstáculos entre los cuales se encuentra el peso de las tradiciones culturales y religiosas y la falta de estructuras jurídicas y sociales. En un momento en el que algunos de esos países están viviendo una fuerte expansión económica, resulta esencial promover la integración de la igualdad de sexos en todas las políticas, y especialmente en las relativas al acceso a la formación y al empleo, ya que las mujeres no podrán acceder a puestos de responsabilidad social, económica o política más que si se adoptan medidas específicas en materia de acceso a la formación y se completan con medidas sociales apropiadas, como por ejemplo la puesta en marcha de estructuras de acogida para los niños.
La Presidencia española ha recordado su enorme interés por el desarrollo de programas como Meda así como por la asociación de la Unión Europea con estos países; se trata de una excelente ocasión para incentivar a nuestros socios, presentes y futuros, a promover los derechos civiles, sociales y económicos de las mujeres con el fin de hacer que emerja una sociedad activa en la cual participen tanto las mujeres como los hombres y que permita a medio plazo, espero, la creación de una zona de paz, de seguridad y de prosperidad.

Karamanou
Señor Presidente, quisiera darle la enhorabuena a la Sra. Kratsa, tanto por la iniciativa de acometer este informe como por su contenido y por las propuestas tan precisas de política que incluye.
este informe constituye una gran aportación a las mujeres del Mediterráneo, las cuales, a pesar de una cierta mejora de las condiciones estos últimos años, siguen soportando discriminación y desigualdad en razón de su sexo. El analfabetismo, la pobreza, la violencia familiar, la insuficiente atención médica, la baja participación en la vida profesional y política son los rasgos principales de la vida de las mujeres de la ribera sur de la cuenca mediterránea. Pero lo peor de todo, y quisiera en este punto expresar mi pleno acuerdo con la Sra. Bonino, es que las mujeres son las víctimas principales del fundamentalismo religioso y político, del hiperconservadurismo y de los regímenes autoritarios, cuyo poder descansa, en gran medida, en el control del comportamiento sexual de las mujeres, de su modo de vida, de sus funciones reproductoras, incluso de sus hábitos indumentarios.
Sin duda alguna el irracionalismo y la intolerancia constituyen los obstáculos principales no sólo para la emancipación de las mujeres sino para el propio desarrollo económico y social de estos países. Por supuesto, la mejor defensa frente a las fuerzas del oscurantismo retrógrado y la intolerancia es el refuerzo del carácter laico del estado y del orden legal democrático. Nuestro mensaje ha de ser claro y contundente. Ningún sistema político, ningún movimiento religioso, ninguna tradición o costumbre, puede estar por encima del respeto a las libertades fundamentales de las mujeres, de los derechos humanos y del estado de derecho. Mientras estos elementos básicos de la sociedad democrática sigan brillando por su ausencia en tantos países del Mediterráneo, las esperanzas de que mejore la posición de la mujer seguirán careciendo de fundamento, y las resoluciones de las conferencias que se celebran en el marco del proceso de Barcelona serán papel mojado.
Por ello pedimos a la Comisión Europea que active todos los mecanismos y recursos de que disponga, especialmente en las negociaciones de los acuerdos de asociación, al objeto de que se incluyan cláusulas explícitas y compromisos de reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, así como de los principios del estado de derecho, como condición sine qua non para el desarrollo social del Mediterráneo y para la transformación de la Cuenca Mediterránea en una zona de paz y cooperación.

Ebner
Señor Presidente, yo quisiera exponer cuatro observaciones en relación con el informe. En primer lugar, me parece sumamente positivo que éste se haya elaborado y también yo agradezco el trabajo que ha realizado la ponente.
En segundo lugar, yo considero que podemos suscribir las reflexiones de la colega Bonino. En el informe falta una referencia a la causa principal de la situación actual, que en parte ya se analiza sin tapujos en el propio informe; pero sin mencionar su causa principal.
En tercer lugar, a la vista de las consecuencias, me parece que mantenemos una actitud demasiado amable, demasiado aquiescente, demasiado moderada. Se insta, se recomienda, se pide, se insiste mucho, pero a mi parecer se exige demasiado poco. Yo creo que en el futuro debemos ejercer mucha más presión en relación con esta temática. Tenemos que ejercer una presión masiva sobre esos países y esas sociedades, incluida la mención de posibles sanciones, aunque ya sé que no es exactamente la palabra adecuada. Es decir, que tenemos que transmitirles de manera creíble y tenemos que hacerles comprender que si no se desarrolla una acción positiva a favor de la igualdad de las mujeres en dichos países, esto también tendrá consecuencias.
En cuarto lugar y retomando una reflexión de la colega liberal Dybkjær: ¡este es, desde luego, un tema que también afecta a los hombres! Hoy soy en cierto modo un mirlo blanco, pero yo espero que los hombres que ahora no están presentes respondan como es debido en el momento de la votación y hagan avanzar algunos pasos -ahora y espero que también en el futuro- la política que propugna el informe.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Kratsa y a la Comisión de Derechos de la Mujer, porque este informe, que más allá de su contenido sustantivo, introduce de nuevo, y con énfasis, la cuestión de los derechos de las mujeres en el diálogo euromediterráneo.
El proceso de Barcelona es en esencia el instrumento de diálogo entre la Comunidad y los países mediterráneos. Este diálogo no puede descansar simplemente en los principios y fundamentos de la Unión Europea, ni tampoco en los principios y fundamentos de los sistemas de estos países. Ha de apoyarse en el derecho internacional, en los convenios sobre derechos humanos, en la declaración de Pekín, que ha sido firmada por estos países; en todos estos textos y convenios internacionales que plantean los derechos de las mujeres en el centro de los derechos humanos. De este modo se plantea de nuevo la cuestión de la perspectiva de género en la política exterior. Porque el proceso de Barcelona forma parte del desarrollo de la política exterior de la Unión Europea.
Quisiera informar al Parlamento de que ya la Comisión ha adoptado una iniciativa para la aprobación de un texto con recomendaciones y principios al objeto de que sea sancionado por los ministros de Exteriores y que inspire todos los convenios y acuerdos de la Unión Europea con terceros países en lo que atañe a los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en la política exterior. Ya he mantenido unos primeros encuentros al respecto con el Comisario responsable de los asuntos de Política Exterior. Se ha organizado, y se celebrará en abril, el primer encuentro internacional de expertos sobre la cuestión. Nuestro objetivo es la presentación en 2003 de un programa -político- coherente de recomendaciones que incluya un acuerdo de principios. Para ello será necesario, qué duda cabe, un debate específico con la Comisión de Derechos de la Mujer; muy pronto, espero, en cuanto dispongamos del programa completo y el calendario, a fin de que podamos hablar con la comisión del Parlamento sobre la base de un texto concreto.
Los instrumentos económicos y financieros del proceso de Barcelona son el ÌEDA I y el ÌÅDA II. Como muy bien han dicho sus Señorías, no podemos sentirnos especialmente satisfechos de los resultados del programa ÌEDA I en lo que respecta a la dimensión social, a la cuestión de las mujeres y los derechos, y en gran medida las dificultades se deben a la incompatibilidad entre los sistemas administrativos, y aun al desacuerdo sobre los principios. El objetivo del programa ÌEDA IÉ es la existencia a largo plazo, en el horizonte de 2010, de una zona de libre intercambio entre Europa y los países mediterráneos. En este marco, se persigue la aplicación de programas que conduzcan al desarrollo económico de estos países, y, al mismo tiempo, que el pretendido desarrollo económico vaya acompañado de medidas socioeconómicas. En el núcleo central de estas medidas han de encontrarse necesariamente las medidas que atañen a las mujeres, su participación protagonista en la educación, en el mercado de trabajo, en la vida económica y social.
Es responsabilidad de la Comisión, tras el forum celebrado durante la Presidencia belga, preparar a lo largo de 2002 un programa regional concreto con acciones referidas al mercado de trabajo, a las redes de mujeres, a facilitar a las mujeres el acceso a los medios financieros para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la formación.
Este informe constituirá sin duda una importante contribución al programa final que será presentado por la Comisión; pero quisiera, para concluir, expresar mi convencimiento personal de que sea cual sea el programa regional del que se trate, con toda la financiación que se quiera, si no se ejecuta en el marco de los convenios internacionales -e insisto en esto porque muchas veces se considera paternalista el enfoque europeo-; repito, pues, sólo puede aplicarse el programa con éxito y obtener los resultados que todos anhelamos, si se ejecuta en el marco de los convenios internacionales, de la declaración de Pekín, que atañe a los derechos humanos, al respeto a los derechos de las mujeres.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Analfabetismo y exclusión social
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0009/2002), de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el analfabetismo y la exclusión social (2001/2340(INI)).

Hermange
Señor Presidente, pronto hará dos años que aprobamos la Carta de los Derechos Fundamentales. El derecho al conocimiento y por tanto el de saber leer, escribir y contar forman parte de ellos.
En consecuencia, la posibilidad de aprender a leer y escribir debería ofrecerse a todos como un derecho fundamental, y los padres, los profesores, al igual que los políticos y las políticas, deberían reconocer su obligación de velar para que esta oportunidad esté al alcance de todos, sobre todo en la medida en que cuando uno no puede expresarse con palabras con frecuencia recurre a los puños, al sentirse excluido de la escuela, de la empresa, e incluso de la familia.
Ahora bien, hoy falta este derecho al conocimiento, ya que en nuestro continente, entre el 10 y el 20% de la población de la Unión, y hasta el 30% de la población si se añaden los países candidatos a la adhesión, se consideran analfabetos: el 45% en Portugal, el 35% en Italia, el 22% en Irlanda y Gran Bretaña, el 15% en Alemania y Francia y, si añadimos los países candidatos, el 42% en Eslovenia y en Polonia, el 33% en Hungría, el 29% en Bulgaria y el 20% en Lituania.
Ahora bien, el analfabetismo produce una separación creciente entre aquéllos que son privilegiados y en una situación de relativa seguridad y los desfavorecidos y marginalizados, que no tienen acceso al empleo y que sufren, en consecuencia, inseguridad financiera, aislamiento psicológico y no participación en la vida social.
Desde el punto de vista económico, todos los sabemos, el analfabetismo tiene también consecuencias para la vida de nuestras empresas y su modernización: implica un incremento de las cargas vinculadas a los niveles de accidentes, un incremento de las cargas salariales y un incremento de la duración del trabajo, debido a la necesidad de una dirección suplementaria.
Ahora bien, si bien la acción de la Comisión y de nuestras instituciones ha producido una serie de documentos, se encuentra sin embargo con una serie de obstáculos: carencias por falta de datos fiables, falta de legibilidad de algunos programas propuestos y políticas aún insuficientemente integradas. Conviene también enfrentarse a esta cuestión, que considero grave, a través de las políticas integradas que asocian, señora Comisaria, objetivos sociales y objetivos culturales y educativos y es necesario iniciar el debate a nivel político para suscitar una toma de conciencia de este fenómeno.
En este espíritu pido a la Comisión que someta al Parlamento y al Consejo, en el plazo más breve posible, un Libro verde sobre el analfabetismo, provisto de un calendario de realizaciones concretas, a imagen de la Agenda social, y que defina de manera precisa las medidas a adoptar a nivel europeo. En el mismo espíritu, solicito a la Comisión que fije, en el marco de las líneas directrices para el empleo, indicadores y puntos de referencia concretos en el ámbito del analfabetismo, en estrecha colaboración con los actores sociales. También le pido que nos someta cada año un balance escrito y cifrado de la realización de los objetivos de lucha contra el analfabetismo y la exclusión social.
Todos debemos ser conscientes de que esta cuestión es de máxima importancia para el desarrollo al igual que para la armonía de nuestras sociedades. No siempre somos conscientes; por ello desearía también que se pudiera poner en marcha, no un observatorio suplementario sino, en el seno del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, con sede en Tesalónica, una especie de Instituto europeo del analfabetismo, tal como ha sugerido mi Grupo, principalmente al presentar la enmienda 5.
Quiero indicar finalmente, en lo que respecta a las enmiendas presentadas recientemente, en concreto por el Grupo de los Verdes, que estoy a favor de la enmienda 4 y que hubiera estado a favor de la enmienda 2 si ésta se considerase un añadido. En cuanto a la enmienda 3, si bien no soy hostil en cuanto al fondo (que es la que pide un Libro verde sobre el analfabetismo y el desconocimiento de los números), pediré que se vote en contra, ya que considero que, en los términos "Libro verde sobre el analfabetismo", la cuestión de las cifras está por supuesto incluida. Finalmente, no puedo aceptar la enmienda 1.
Éstas son, señora Comisaria, Señorías, las precisiones que deseaba hacerles.

Mantovani
Señor Presidente, sobre todo felicito a la Sra. Hermange por una iniciativa que ha sabido captar, dentro de la nueva estrategia de lucha contra la exclusión social y la pobreza, uno de los aspectos, como el analfabetismo, que representan -creo yo- un obstáculo verdadero, real, para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales -podríamos decir- de todo ciudadano. La idea de que el analfabetismo funcional supere el 10 por ciento de la población de la Unión Europea es un dato, como mínimo, espeluznante, en una dimensión social en la que Europa persigue objetivos ambiciosos como los establecidos en el Consejo de Lisboa; primero, la necesidad de que todo ciudadano disponga de las competencias necesarias para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información; segundo, lograr que nuestra economía llegue a ser la más competitiva y dinámica del mundo. En esos términos y con esos objetivos, creo que se debe afrontar el análisis o, mejor dicho, el problema del analfabetismo con la mayor decisión.
La resolución subraya algunos puntos en los que considero necesario detenerme: primero, saber leer y escribir constituye un derecho fundamental, que se debe garantizar a todos; segundo, la lucha contra el analfabetismo es imprescindible, porque realiza y fortalece la libertad individual; tercero, se debe superar esa preocupante situación con el compromiso de toda la sociedad, en particular de los Estados y de las administraciones públicas; cuarto, el analfabetismo de retorno, que afecta sobre todo a las personas ancianas, en particular a las que corren el riesgo de la exclusión social -sobre todo cuando pierden la autorresponsabilidad y se ven obligadas a confiarse a estructuras protegidas y a abandonar definitivamente sus ámbitos familiares y socioculturales- es una plaga contra la que se debe luchar. Conque los gobiernos deben promover una iniciativa enérgica mediante los programas comunitarios, mientras que a usted, señora Comisaria, cuya sensibilidad para ese problema conocemos perfectamente, corresponde cumplir el compromiso de afrontarlo.

González Álvarez
Señor Presidente, yo querría empezar por una frase de la ponente en su exposición de motivos, en la que expresa claramente que la pobreza extrema y la exclusión social deben considerarse una violación de los derechos humanos y el analfabetismo una violación intolerable de esos mismos derechos.
Además, tenemos que recordar, como ella misma ha dicho, que entre el 10 y el 20% de la población europea es analfabeta funcional. La situación de estas personas las limita enormemente para encontrar un trabajo digno y para integrarse en la sociedad en la que viven. Tienen dificultades incluso para leer algunos de los documentos oficiales que habitualmente presentamos en los registros.
Realmente esta situación también contribuye a que, en un continente próspero como el europeo, haya entre un 18 y un 20% de personas en estado de pobreza, si se considera que están por debajo del 60% de la media de su país de origen. Ésta es una situación intolerable.
La ponente propone una serie de objetivos que nosotros compartimos y que deben ser tomados en cuenta en las próximas decisiones.
En primer lugar, una definición de las distintas formas de analfabetismo -de la que ni siquiera hoy disponemos- con unos criterios y con unos mecanismos comunes.
En segundo lugar, una acción común contra esa misma situación de analfabetismo funcional, con un método abierto de cooperación entre los diferentes países. Esta lucha contra el analfabetismo debe integrarse en otras políticas de la Unión y debe tenerse en cuenta cada vez que se hable de educación y de formación. Debe haber un calendario de realizaciones concretas, con la toma en consideración por este Parlamento de los avances, como ha dicho la ponente. Debe haber una integración en la política de igualdad de oportunidades. Acabamos de discutir otro informe que habla claramente de ello y sabemos perfectamente que las cifras de analfabetismo en todos los países siempre son más altas entre las mujeres. Y, finalmente, debe haber una participación de los agentes sociales y de los sectores afectados.
Esta participación es crucial. En los antiguos programas contra la pobreza, como bien recordará, había proyectos concretos que hablaban de la importancia crucial de la participación de todos los sectores afectados.

Avilés Perea
Señor Presidente, señora Comisaria, tengo que felicitar a la Sra. Hermange por la iniciativa de este informe sobre el analfabetismo, ya que es un problema al que, normalmente, no prestamos atención, porque nos parece que hemos conseguido la alfabetización total, ya que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea han hecho en los últimos años un esfuerzo enorme para conseguir este objetivo y considerábamos que lo habíamos alcanzado.
Pero, cada vez más, hay bolsas de marginación en las ciudades, hay una población inmigrante que se instala en nuestras ciudades y eso implica que el problema del analfabetismo, y particularmente el analfabetismo funcional, sea hoy un problema realmente grave, porque está unido siempre a la pobreza, a la marginación y a la exclusión social. Para nosotros, como defensores de los derechos humanos -y éste es uno de los derechos más fundamentales, como aquí se ha señalado-, es una obligación llamar la atención para que existan programas que solucionen este problema.
Quienes se ven más afectados son los jóvenes que proceden de estos núcleos de población, que no tienen oportunidades de acceso al empleo, que obtienen, en algún caso, empleos precarios, sin ninguna posibilidad de mejora en sus condiciones laborales. Después de la Cumbre de Lisboa nos hemos marcado como objetivo ser la sociedad del conocimiento más competitiva del mundo. Si la sociedad de la información es fundamental para el trabajo del futuro, estos jóvenes que apenas pueden acceder a un trabajo en unas condiciones normales, no tendrán ninguna oportunidad si no los integramos en esta sociedad de la información y del conocimiento.
Por tanto, es urgente realizar programas, acciones, a través de este Libro Verde que la ponente solicita, para que estos núcleos de población, que se incrementan con la inmigración en los últimos años, tengan solucionado este problema fundamental, para poder acceder a otros sistemas de bienestar personal. Siempre nos fijamos en la salud, en la vivienda, en el empleo, pero éste es un problema básico, cuya solución es prioritaria.
Felicito nuevamente a la ponente por esta magnífica iniciativa que llama la atención sobre un grave problema que aún tenemos entre nosotros.

Ghilardotti
Señor Presidente, también yo deseo felicitar a la ponente Sra. Hermange por haber presentado este informe a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y haberlo preparado tan puntualmente.
Sabemos que Europa es uno de los continentes más prósperos de nuestro mundo, pero, aun así, un número importante de nuestros conciudadanos vive en condiciones de extrema pobreza y marginación social. Uno de los criterios para determinar dichas condiciones, además del nivel de renta, es sin duda el analfabetismo, como elemento de exclusión, de atentado contra los derechos humanos, como con razón ha afirmado la ponente en su informe. El analfabetismo, entendido como exclusión del aprendizaje básico o como analfabetismo de retorno, causa un desfase en aumento entre los privilegiados que gozan de una relativa seguridad y quienes, en cambio, están desfavorecidos y marginados, carecen de acceso al empleo, están expuestos al aislamiento y no participan en la vida social.
El analfabetismo representa, además, un costo para las empresas y desde el punto de vista social, además de un elemento de exclusión. En el nivel europeo es un fenómeno consistente, aunque no se piense con frecuencia en ello, pero no existen datos fiables y comparables.
Hoy, la lucha contra el analfabetismo y la marginación social es esencialmente competencia de los Estados miembros, pero en la Cumbre de Lisboa -como ya se ha recordado- los Jefes de Estado o de Gobierno se fijaron el objetivo de hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva, etcétera, etcétera. Además, en Niza se aprobó el programa social europeo.
Por eso, la lucha contra el analfabetismo y la marginación debe pasar a ser una de las prioridades de la Unión y de los Estados miembros, mediante la movilización de todas las políticas pertinentes, en el marco de una estrategia global e integrada. Por tanto, nosotros apoyamos firmemente las peticiones de la ponente de elaboración de un Libro Verde y un plan de acción, cuyos elementos no enumero porque ya figuran en el informe. No obstante, pedimos en verdad a la Comisión que sea su promotora: el Parlamento apoyará esas iniciativas y respaldará a la Comisión para que el Consejo las apruebe.

Stauner
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señora Comisaria, casi parece increíble que entre un 10% y un 20% de la población de la Unión Europea sea incapaz de comprender y utilizar materiales impresos y escritos. No tengo reparo en reconocer que también yo soy incapaz de rellenar sin ayuda profesional los impresos de mi declaración de la renta alemana, por no mencionar ya los detalles concretos del formulario de solicitud de una subvención europea. Sin embargo, seguro que el presente informe no se refiere a este tipo de escritos.
Las personas con dificultades para leer y escribir ven restringidas sus posibilidades de participación en la vida social y deben depender de las actividades poco cualificadas y, por lo tanto, mal remuneradas para ganarse el sustento. En el siglo de la información y del aprendizaje permanente tenemos el deber de evitar, por razones económicas pero sobre todo también éticas y morales, que nadie sufra este destino. En consecuencia, el Parlamento hace bien en denunciar este problema, a menudo vergonzosamente silenciado, en este informe y proponer soluciones.
La ponente, Sra. Hermange, así lo ha hecho con todo el detalle necesario y con la mayor concisión posible en el presente informe. El legislador europeo se ve obligado, no obstante, a limitarse a proponer medidas de ayuda financiera y de apoyo a esta tarea, ya que la educación y la formación profesional son competencia de los Estados miembros y deben seguir siéndolo. Es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros velar por el cumplimiento del derecho a la educación, que ahora también se recoge en el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales. La labor del observatorio, cuya creación se pide en el informe, se debería desarrollar desde el Centro para el Desarrollo de la Formación Profesional -CEDEFOP- de Salónica, con los recursos allí disponibles. Esto parece razonable por consideraciones de costes así como por la similitud de las tareas que ya tiene encomendadas el CEDEFOP. Yo les ruego, por lo tanto, que hagan suya nuestra enmienda 5.
Yo suscribiría y apoyaría la celebración de un Año Europeo del Libro y de la Lectura, pensando también en la frecuente adicción a la televisión de nuestros jóvenes.

Gillig
Señor Presidente, señora Comisaria, este informe de propia iniciativa, que conviene saludar, viene a aportar sobre un punto muy preciso, el analfabetismo, una luz concreta a dos planteamientos que la Unión Europea acaba de consagrar al adoptar la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, por una parte, y el programa de acción para luchar contra la exclusión social, por otra.
Efectivamente, el derecho de cada individuo a saber leer, escribir y contar es la base efectiva del ejercicio de la ciudadanía, tal como ha recordado Marie-Thérèse Hermange, nuestra ponente. Este derecho debe garantizarse mediante acciones concretas en todas partes en las que se constate esta lacra; recordar las cifras es muy edificante en este sentido.
En el plano concreto, creo que estas acciones deben poder desarrollarse en dos direcciones. Por una parte, es necesario establecer el vínculo entre el analfabetismo y el empleo - es la propuesta de realizar acciones determinadas de alfabetización en el centro de trabajo - con el fin de asegurar la coherencia de las decisiones adoptadas en Lisboa y, por otra, establecer el vínculo entre analfabetismo e inserción social. Conviene efectivamente considerar acciones de inserción social independientes de la situación profesional de las personas afectadas, y pienso en particular en las mujeres. Creo que la situación de las mujeres migrantes debe ser valorada en este sentido.
El informe pide también la creación de un observatorio, y creo que es realista preverlo en el marco de un instrumento existente, el CEDEFOP, ya que los indicadores y los puntos de referencia compatibles entre Estados miembros son la base de cualquier política comunitaria coherente.
Finalmente y termino, creo que este informe debe considerarse como un instrumento que favorece la elaboración de un dispositivo que implica a los diferentes niveles - local, nacional y comunitario -, cada uno con su responsabilidad específica. Hoy, el tratamiento de estas cuestiones necesita un impulso e iniciativas comunitarias para comprometer a los Estados miembros a adoptar decisiones indispensables para la población.

Fatuzzo
Ante todo, felicito a la Sra. Hermange por este importante y sincero documento y deseo un buen trabajo a la Comisaria Diamantopoulou, a quien tengo el placer de ver por primera vez este año y que en esta segunda parte de la legislatura trabajará -estoy seguro- tan bien como en los dos primeros años y medio.
Me parece importantísimo este documento y es importantísimo que la Sra. Hermange haya subrayado que analfabetismo no significa sólo no saber leer y escribir, sino que es también no comprender los discursos, no saber moverse en la sociedad moderna, en la que no basta con saber leer, sino que hace falta también cierta cultura y acostumbramiento para ser alguien. En ciertos Estados de la Unión Europea ese tipo de analfabetismo alcanza incluso el 30/35 por ciento. Por tanto, quiero subrayar la importancia de la resolución de este problema. Hay también otro documento de la Comisión al respecto, remitido a la Comisión de Cultura -el famoso "aprendizaje a lo largo de toda la vida", pero de lo que aquí se trata es de aprender no las lenguas de otros Estados, sino la lengua de nuestro propio país. Pues bien, yo estoy preocupado por lo que sucede, a causa de ese tipo de analfabetismo, durante las elecciones. Quien va a votar, si es analfabeto en ese sentido, no sabe para qué vota, por quién vota, no comprende los programas. Y eso significa una reducción de la democracia. Por cierto, que los jubilados saben perfectamente lo que deben votar cuando van a hacerlo, pero debemos estar seguros de que todos comprenden por qué y para quién votan.

Thorning-Schmidt
Señor Presidente, como ya han dicho otros, éste es un informe increíblemente importante. Una visión del futuro que nos aterroriza es ver la sociedad dividida en dos grupos: los que participan y pueden tomar parte en todo lo relacionado con la sociedad del conocimiento y los que no pueden seguir este ritmo y en consecuencia quedarán marginados dentro de la sociedad. Y tampoco cabe ninguna duda de que ésta es una cuestión europea, por lo que también respaldo calurosamente las palabras del señor ponente sobre que la coordinación abierta es el mejor método para lograr avances en este ámbito. El único camino pasa por hacer verdadera, verdaderamente embarazoso para los países miembros el que no hagan nada en este ámbito y dar a esto una difusión lo más amplia posible.
Debemos seguir adelante con la mayor celeridad posible con la propuesta sobre formación continua y espero naturalmente que la Comisión incluya las consideraciones que el Parlamento aprobará hoy en la propuesta sobre formación continua pues ahí es donde realmente éstas tienen su lugar. Y pienso que también debemos esforzarnos por buscar nuevos planteamientos en este ámbito. Debemos pensar en que si las personas adultas deben aprender, no deben volver a la escuela, no, deben aprender de otra forma, deben aprender a través del mercado laboral, deben estar libres de su trabajo para poder emprender su instrucción, deben aprender y debemos conseguir que las escuelas y la enseñanza acudan a los centros de trabajo. Me parece muy importante encontrar la relación entre trabajo y formación de modo que podamos proseguir con la formación continua.
Y lo último que quiero decir y que también es una idea que lanzo a la señora Comisaria y que quizá podríamos llevar adelante y podría también presionar a los países miembros a demostrar que actúan en este ámbito, es que quizá podríamos introducir cuentas científicas para cada país miembro, en las que anualmente simplemente se indicara cuán aplicado ha sido cada país miembros en este ámbito con respecto al analfabetismo, la ciencia y la educación en general. Las cuentas científicas son una buena idea, señora Comisaria, que espero que quiera considerar.

Ebner
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo suscribo plenamente los objetivos de Lisboa. Me parece muy positivo que vivamos en una sociedad orientada hacia el rendimiento, que llegará a ser la más competitiva y dinámica, así como la que se apoyará más en el conocimiento. En este contexto, resulta naturalmente muy triste constatar que esta sociedad se está escindiendo, de hecho, en la práctica y alberga a un nuevo grupo socialmente, educativamente débil. Desde este punto de vista, yo apoyo el informe; creo que es necesario obtener los datos que se han citado repetidamente hoy a propósito del Libro Verde y que debemos apoyar la enmienda de los colegas Pronk y Stauner sobre el observatorio.
También quisiera referirme a un segundo aspecto en el contexto de esta problemática, concretamente al tema de las posibilidades de reducir las diferencias entre los distintos Estados miembros en lo que respecta a la educación, la formación profesional, la enseñanza escolar, el nivel de conocimientos. La idea de la defensa a ultranza de las competencias de cada Estado en este ámbito resulta, en realidad, bastante desfasada. Tendríamos que modificar nuestros planteamientos y aceptar también una cierta armonización, aunque esto requiera una considerable reestructuración en determinados países. No es justo que les expliquemos a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión que la libertad de circulación y de establecimiento ya existen, cuando en su aplicación efectiva subsisten considerables discrepancias y, por lo tanto, también situaciones de desventaja, debido a la diversidad de los sistemas escolares y a las diferencias en el reconocimiento de los niveles de formación.
Por consiguiente, deberíamos aprovechar el presente informe para avanzar también algunos pasos hacia la armonización en el ámbito de la cultura.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, el informe sobre analfabetismo que hoy nos ocupa hace una importante contribución a un tema de primera magnitud a escala europea: la consideración de las aptitudes básicas, es decir, la lectura y el conocimiento funcional de la aritmética, como requisito para la integración social, como requisito para que la Unión Europea alcance el objetivo marcado en Lisboa de convertirse en una economía basada en el conocimiento.
Nos encontramos sin duda en una nueva fase en la que las aptitudes básicas no se circunscriben ya a la lectura y la escritura; aptitudes básicas son también las propias de la tecnología de la sociedad de la información, de la cultura tecnológica, de la empresarialidad, las lenguas extranjeras, las capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y la participación en la sociedad. Todo esto podría quedar resumido en nuestra época en una frase muy sencilla: hay que aprender, hay que aprender. La política de la Comisión en este ámbito se manifiesta en una serie de iniciativas y programas cuyo desarrollo, en estos momentos, es fruto de la colaboración entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión.
Me referiré en primer lugar al encargo del Consejo a la Comisión, en 2000 en Lisboa, de preparar un informe sobre los futuros objetivos concretos en materia de sistemas educativos y de formación. Ese informe fue entregado en Estocolmo, y ahora se prepara la presentación en Barcelona de un programa de trabajo cuyo motivo central es la adquisición de aptitudes básicas por todos. Y esto, la adquisición de aptitudes básicas, es uno de los 13 objetivos básicos de los sistemas educativos y de formación de la Unión Europea. Este objetivo incluye el establecimiento de indicadores para la medición durante un período de diez años del grado en el que los países miembros garantizan la adquisición de conocimientos y la capacidad de uso funcional de la aritmética, de la lectura y la escritura por parte de todos los ciudadanos. Es la primera vez en que un indicador concreto podrá reflejar en una década la evolución en este ámbito.
En segundo lugar, quisiera referirme a la comunicación de la Comisión de noviembre de 2001 sobre el establecimiento de una zona europea de educación y formación a lo largo de toda la vida, en la que se destaca la adquisición de aptitudes básicas como condición indispensable de la educación y formación permanente.
Me referiré, en tercer lugar, al próximo plan de acción sobre aptitudes y movilidad en la Unión Europea que será anunciado por la Comisión la semana que viene, por el presidente prodi y por mí. El objetivo del plan es la consecución de un mercado de trabajo verdaderamente europeo; un mercado cuyos requisitos son la movilidad y un nivel mínimo de aptitudes comunes a escala europea.
Un cuarto punto de atención es la estrategia comunitaria para la lucha contra la exclusión social. Saben muy bien que en el centro neurálgico de los planes nacionales de acción en la mayoría de los países se relaciona directamente la exclusión social con la adquisición de aptitudes básicas. Y el programa Equal, al igual que el Fondo Social, brinda la posibilidad de financiación de programas parciales relativos al acceso a las aptitudes básicas, especialmente los dirigidos a grupos que son objeto de algún tipo de discriminación. Y no olvidemos que los grupos especiales se enfrentan a obstáculos de mayor envergadura para la adquisición de aptitudes básicas; grupos como los que constituyen las personas con necesidades especiales y determinadas categorías de inmigrantes.
El quinto punto es el ámbito internacional de cooperación, la estrategia internacional. La Comisión Europea colabora con la OCDE, con la ASEM, con el G8, y defiende el impulso inmediato del tema de las aptitudes básicas en las agendas respectivas.
Más concretamente sobre el informe, y especialmente en lo que respecta a la aplicación del método abierto de coordinación, puede decirse -como ya he mencionado a propósito del asunto de la estrategia contra la exclusión- que este punto ha sido aceptado, que el método abierto de coordinación y por objetivos comunes en los sistemas educativos y de formación será previsiblemente aprobado también por el Consejo de Educación en la reunión de la semana que viene.
En cuanto al Libro Verde, quisiera formular ciertas reservas, principalmente por la valoración que puede hacerse de que están en marcha muchas nuevas iniciativas de política, de que se están llevando adelante cosas importantes en diferentes Consejos, de que estamos ya en posición de asumir acción en el ámbito de la alfabetización; y tal vez -dando por supuesto que, gracias al trabajo realizado durante los últimos años, ya disponemos de la mayor parte de los datos necesarios- abordar ahora la elaboración de un Libro Verde no sería sino un factor de retraso.
Me refiero ahora al tema de la recomendación a los países miembros sobre la enseñanza de la lectura y la escritura y el acceso a las aptitudes básicas. Quiero destacar especialmente en este punto la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad, y el cuidado con el que debemos abordar el asunto de los sistemas educativos, en el que las competencias son exclusivamente nacionales. De modo que el método abierto de coordinación constituye una herramienta excelente, al objeto de que a través de indicadores, a través del intercambio de las mejores prácticas, los países miembros puedan obtener valor añadido.
Por lo respecta al asunto del observatorio europeo del analfabetismo, quisiera decir que tomo nota de la propuesta de los miembros del Parlamento sobre la necesidad de usar instituciones ya existentes, como el Cedefop, y referirme a programas ya existentes, como el programa Pisa de la OCDE, que ofrece ciertas primeras respuestas. Hay que decir que antes de crear nuevos instrumentos debemos estar seguros de que usamos eficazmente los que ya tenemos a nuestra disposición.
Finalmente, en cuanto a la propuesta de informe anual al Parlamento sobre el analfabetismo, estudiaremos cuál puede ser el mejor modo de mantener eficazmente informado al Parlamento, y examinaremos en qué medida le pueden ser útiles al Parlamento los informes sobre los planes nacionales de acción relativos a la integración social, así como los informes derivados del método abierto de coordinación; es decir, cómo introducir también esta dimensión a través de medios ya existentes, en informes anuales que al fin y al cabo ya se vienen elaborando, de suerte que la información brindada se multiplique y resulte más eficaz.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Agenda de política social
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0004/2002) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: "Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social" (COM(2001)104 - C5-0536/2001 - 2001/2215(COS)).

Hermange
Señor Presidente, no resulta frecuente intervenir dos veces consecutivas en un mismo día. Quisiera darle las gracias, señora Comisaria, por las observaciones y las sugerencias que ha realizado. Podremos discutir sobre ellas.
Señora Comisaria, hemos criticado mucho la Cumbre de Niza y, sin embargo, le ha ofrecido un instrumento extraordinario: la Agenda social, que se inscribe en el objetivo de hacer de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo, tal como se decidió en la Cumbre de Lisboa. Como sabemos todos que no hay ninguna legibilidad entre la totalidad de los socios europeos nacionales y locales, esta Agenda plantea la cuestión de la responsabilidad y del reparto de actores que participan en su puesta en marcha.
Es en ese doble sentido de aportar legibilidad y servir de instrumento social en el que la Agenda social constituye un elemento clave de la modernización económica y social, ya que su puesta en marcha será, a largo plazo, decisiva para realizar los objetivos estratégicos fijados por el Consejo Europeo de Lisboa. Estamos convencidos de ello, incluso aunque hoy no sea objeto de mayores consideraciones.
Por ello, señora Comisaria, el Parlamento, y su Comisión de Asuntos Sociales, han lamentado enormemente no haber podido examinar la Agenda social antes del Consejo Europeo de Estocolmo. En esta óptica, pedimos que el Parlamento se implique en la puesta en marcha del ajuste de la Agenda social, al igual que todos los agentes sociales, e insistimos para que el cuadro de mando muestre más las diferentes responsabilidades de las partes implicadas. Invitamos también a la Comisión a proporcionar informaciones sobre la continuación que desea dar a una serie de solicitudes que hemos hecho: definir una base jurídica apropiada para el desarrollo del diálogo civil, velar para poner en marcha un marco fiscal y legislativo para el desarrollo de la economía social, asegurar la integración de la dimensión social en la política de la competencia, presentar una directiva sobre la protección social de las nuevas formas de trabajo, reforzar el programa de acción y los instrumentos contra la pobreza y la exclusión social y presentar una propuesta de modificación de la directiva 92/85 relativa a la puesta en marcha de medidas orientadas a promover más la mejora de la seguridad y de la salud de las trabajadoras así como adoptar una iniciativa orientada a garantizar mejor la calidad social del trabajo.
Comprenderá también, señora Comisaria, que le pedimos que acelere una serie de trabajos, especialmente, presentar en el plazo más breve posible una propuesta de revisión de la directiva sobre el comité de empresa para que el procedimiento legislativo pueda concluirse tal como está previsto, someter al Parlamento un memorando sobre la política en el ámbito de la salud y de la seguridad en el trabajo, que podría servir de documento de consulta, realizar un examen y una evaluación en profundidad sobre el impacto del proceso de Luxemburgo y proponer finalmente iniciativas concretas después del Año Europeo de los Discapacitados.
Estamos convencidos, señora Comisaria, de que este cuadro no debería limitarse a enumerar las acciones emprendidas por la Comisión sino que debería convertirse con el tiempo en un instrumento estratégico que permita vigilar la ejecución de la Agenda y, si llega el caso, de adaptar ésta. Estamos convencidos también de que debería haber un refuerzo de las asociaciones en todas las acciones en este ámbito.
Señora Comisaria, gracias a Niza tiene usted un excelente instrumento a su disposición. Por tanto tiene un excelente papel que jugar para seguir haciendo más inteligible la política social. Aprovéchelo para que la Europa de las mercancías se transforme en la Europa de los hombres. Sabe que siempre tendrá al Parlamento de su parte.

Kratsa-Tsagaropoulou
Señor Presidente, quisiera también yo felicitar a la Sra. Hermange por el especial cuidado y por la sensibilidad que ha mostrado en este informe, que ha redactado en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y expresar mi coincidencia con ella en que el cuadro de resultados de la Agenda Social deberá incluir el conjunto de actividades previstas y el reparto de responsabilidades, y deberá ser presentado al Parlamento Europeo en un plazo razonable, de manera que el Parlamento pueda estudiarlo y emitir su dictamen.
El Parlamento Europeo apoyó desde el primer momento la propuesta de la Comisión de definir un marco coherente de política para el desarrollo social, destacando, sin embargo, que este modelo europeo actualizado -que es lo que se propone la Agenda Social - deberá servir mejor y más eficazmente a los valores de la solidaridad y la justicia que se encuentran en la base de la construcción europea y que hoy son conculcados. Para el fomento de estos valores, el Parlamento Europeo señala en su resolución la necesidad de fomentar igualmente la plena participación de las mujeres en la vida económica y social.
Con esta resolución, el Parlamento Europeo destaca además, que la perspectiva de género debe incluirse en todos los ámbitos cubiertos por la Agenda Social y debe seguirse mediante informes periódicos. Es necesario presentar una propuesta para la modificación de la directiva relativa a la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas y lactantes, es decir la directiva 92/85. Hay que estimular el sentido de responsabilidad de los agentes sociales en lo que respecta a la igualdad salarial y a la igualdad de oportunidades. Es necesario igualmente promover una iniciativa dirigida a mejorar del horario de trabajo y garantizar el mejor equilibrio posible entre vida familiar y profesional. Hay que impulsar más decididamente la igualdad entre hombres y mujeres en todas las negociaciones para la adhesión, y fomentar el diálogo con las organizaciones de mujeres en los países candidatos a la adhesión.
Quisiera, como ponente Comisión de Derechos de la Mujer en la redacción Agenda Social, pedir a la Comisión que informe al Parlamento Europeo sobre la continuidad que se propone dar a los asuntos mencionados, así como también sobre la intención de editar una propuesta de directiva relativa a la igualdad de trato en ámbitos diferentes al del empleo. Finalmente, el Parlamento Europeo destaca la necesidad de facilitar la participación de las organizaciones sociales, y querría preguntar qué iniciativas se proponen adoptar para el fomento de la participación de las organizaciones de mujeres.

Van Lancker
Señor presidente, señora Comisaria, estimados colegas, obviamente quisiera comenzar felicitando a Marie-Thérèse Hermange, dándole las gracias por la buena colaboración. El resultado salta a la vista. El presente informe está basado en un total consenso, puesto que ni siquiera se han presentado enmiendas. Sin embargo, quisiera añadir que, en realidad, este informe coloca al Parlamento Europeo en una difícil situación. Por un lado, es cierto que el cuadro de indicadores que tratamos aquí ya es obsoleto desde hace mucho tiempo. Por otra parte, el nuevo cuadro de indicadores aún no ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Europea, pese a la promesa formulada en Estocolmo de que el cuadro de indicadores, junto con el informe de síntesis para Barcelona, estaría disponible en enero a más tardar.
En todo caso quisiera dar las gracias a la Comisaria por habernos brindado la oportunidad de obtener información actualizada sobre las intenciones de la Comisión a través de los coordinadores y expresar nuestras preocupaciones respecto al estado de aplicación de la agenda de política social. A mi modo de ver, señora Comisaria, sería oportuno que sistematizáramos esta loable iniciativa a fin de garantizar la participación del Parlamento en la puesta en práctica de la agenda de política social.
Por todo ello quisiera acrecentar el valor de actualidad de este debate aprovechando la ocasión para instarle encarecidamente a usted, señora Comisaria, y más en concreto -insisto en ello- a todos sus colegas, al Colegio de Comisarios en pleno, a que cumplan al pie de la letra las ambiciones de la agenda de política social así como los compromisos adquiridos durante la Presidencia sueca y la Presidencia belga, respetando el calendario previsto. Pues tenemos muchos motivos de preocupación, señora Comisaria. Si bien es cierto que el año 2001 no dio malos resultados, es fundamental que mantengamos el ritmo, y para ello necesitamos un cuadro de indicadores nuevo y más adecuado en el que se indiquen claramente las responsabilidades y las fechas de vencimiento correspondientes.
Le mencionaré algunas causas de nuestra preocupación. En primer lugar, los interlocutores sociales desempeñan un papel crucial en la aplicación de la agenda de política social, especialmente en lo que se refiere a la organización del trabajo y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Espero, por tanto, que realicen una importante contribución de cara a Barcelona. Ahora bien, ahí donde falle el diálogo ha de intervenir el legislador, y eso es lo que sucede actualmente en el ámbito del trabajo temporal. Hace mucho que llevamos esperando con impaciencia una iniciativa de la Comisión al respecto.
En segundo término, la exitosa tramitación de la directiva relativa a la participación de los trabajadores en el marco de la sociedad europea y la directiva sobre información y consulta ha despejado el camino para la revisión de la directiva relativa al comité de empresa europeo. Ya no existe ningún impedimento. Lo mismo digo respecto al plan de acción en materia de seguridad y salud al que acaba de hacer alusión la Sra. Hermange. Según la agenda de política social, dichas iniciativas deberían haberse presentado a finales del año 2001 o comienzos del año 2002, pero en el programa operativo de la Comisión, señora Comisaria, no aparece ninguna referencia a este tema. Además, me han llegado indicios de que estas propuestas encuentran bastante resistencia en el seno de la Comisión. Por tanto, quisiera decir una sola cosa para concluir, señor Presidente. Señora Comisaria, quisiera comunicar lo siguiente al Colegio de Comisarios a través de usted: pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse. Este Parlamento no aceptará en ningún caso que la agenda de política social sea aplazada indefinidamente. Espero que le sirva el apoyo de este Parlamento en el Colegio de Comisarios.

Attwooll
Señor Presidente, el Grupo ELDR quisiera felicitar muy sinceramente a la Sra. Hermange por su informe y por la unanimidad que han conseguido en la comisión parlamentaria. Dicho lo que antecede, creo que es natural que comunique al Parlamento que nos resultará menos fácil participar en un consenso cuando la Comisión presente algunas de las propuestas que se mencionan en el apartado 14.
En algunos casos nuestra actitud dependerá de la forma que revistan las propuestas, pues somos resueltos partidarios de la subsidiariedad. En otros, dependerá de su contenido exacto. Por ejemplo, tengo reservas desde dos puntos de vista por lo que se refiere al segundo guión del apartado y sobre cualquier propuesta que se formule en favor de crear un marco fiscal y legislativo para el desarrollo de la economía social, o sea del tercer sector. Muchas organizaciones benéficas me han expresado ya su preocupación acerca de que dicha medida, si no conseguimos formularla con la debida precisión, pueda resultar más bien un impedimento que una ayuda para sus actividades.
Eso no es más que uno de los motivos de que apoye resueltamente el primer guión del apartado 14. Sabiendo lo mucho que los voluntarios contribuyen a nuestro bienestar, a veces me pregunto qué tipo de sociedad tendríamos si no contáramos con sus esfuerzos. Necesitamos urgentemente una base jurídica apropiada para el diálogo civil. Sin ella, nos resultará mucho más difícil hacer lo que el Presidente del Parlamento nos instó ayer a que hiciéramos: involucrar a los ciudadanos de la Unión Europea en la creación de una Europa que pueda hacer frente a su futuro.

Ainardi
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, si bien Niza puso a la luz la necesidad de una política social Europea, quedan aún muchos esfuerzos que realizar para garantizar una política social audaz para mejorar la vida de nuestros conciudadanos.
La Unión debería ser un motor de promoción de las garantías sociales. No estamos aquí fuera de lo que se busca en la sociedad: me refiero al Segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre que puso una vez más en perspectiva muchas decisiones sociales que han de tomarse en consideración.
Para nosotros se trata de responder a las expectativas de los europeos y de las europeas. Pero un avance es un avance y, por mi parte, me felicito también por las observaciones del informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la agenda para la política social.
Me felicito también por la decisión de la Sra. Hermange de integrar en su informe una serie de observaciones esenciales.
Deseo hacer hincapié en mi propósito sobre tres puntos de las recomendaciones que hace el informe. En primer lugar, lamento que la Comisión no haya tomado en consideración las demandas del Parlamento sobre el derecho de huelga a nivel europeo y el derecho a la acción colectiva. Estos dos derechos me parecen indispensables para el buen funcionamiento del vínculo social entre asalariados, patronal y representantes políticos. Estos derechos son avances que se pueden calificar de avances de civilización y Europa no debería retrasarse en este punto, al estar la democracia regularmente en el centro de las preocupaciones de esta Asamblea.
En segundo lugar, desearía hacer hincapié en la solicitud del ponente de tomar más en consideración la dimensión social de la ampliación. Esta cuestión también debe estar en el centro de nuestras preocupaciones. La ampliación debe ser un éxito. El éxito no se producirá si ésta se limita a una visión estrecha de los criterios de convergencia. Ésta implica partir de las necesidades de la población y de las potencialidades de cada país candidato, con la voluntad de elevar la calidad de vida y de trabajo para todo el mundo.
En tercer lugar, me parece muy importante que todas las decisiones de la Comisión sobre las concentraciones tomen en consideración las consecuencias sociales y la ordenación del territorio. La cuestión de la continuación de la ejecución es evidentemente crucial.
Finalmente, comparto lo esencial de las observaciones manifestadas en el informe de la Sra. Hermange y mi Grupo votará, por supuesto, a favor de este informe.

Crowley
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la ponente por su labor. Nos estamos esforzando por lograr un papel de más enjundia para nuestro Parlamento a fin de que podamos concertar acuerdos en materia de inclusión social para responder lo mejor posible a las necesidades y a las demandas de las personas que representamos. El papel del Parlamento tiene que ser un papel constructivo. Ahora bien, tengo algunas dudas acerca del volumen de legislación que se recaba en este informe y acerca del impulso hacia la creación de más burocracia y de más papeleo administrativo, lo que podría ir en detrimento de los ideales en que se inspira el programa de política social.
Tenemos que promover la creación de un entorno comercial adecuado en el que se puedan crear puestos de trabajo, y en el que se puedan mantener empleos apropiados y legítimos dentro de la Unión Europea. Hoy en día, si miramos a los demás países del mundo podemos ver que para la industria y las empresas es más común y más fácil trasladarse fuera de las zonas que tienen costos sociales elevados y una alta fiscalidad. Tenemos que esforzarnos por instituir un sistema más progresivo en el que los trabajadores tengan derecho a la mayor parte posible de sus ingresos y en los que haya muchos más servicios de carácter social en esferas como la vivienda, la salud y la enseñanza por cuenta del Ministerio de Hacienda del país. Quizá no podamos conseguirlo con las propuestas que figuran en este informe. Estoy a favor del informe, pero suscita en mí algunas preocupaciones concretas.
También tenemos que tener en cuenta todo el proceso legislativo implícito en lo que este informe pide que se haga. Aunque el Parlamento está procurando obtener una mayor participación en la coordinación y la posibilidad de actuar con mayor rapidez, con mucha perspicacia está esperando también a que se promulgue más legislación. Los instrumentos legislativos tienen un papel que desempeñar cuando no se consigue llevar a término negociaciones en relación con la formación profesional, la enseñanza durante toda la vida, la organización del trabajo, los ajustes, nuevas formas de trabajo, directrices para negociar con nuestros asociados sociales, y un seguro de enfermedad suplementario.
Sin embargo, la Comisión ha propuesto algo diferente. La Comisión está adoptando un enfoque mucho más proactivo y más previsor en sus propuestas. Tenemos que apoyar la petición en favor de que se desarrollen investigaciones, que desgraciadamente no se puso de relieve en el informe de la comisión parlamentaria. Tiene que haber un incremento radical de la participación en el empleo. Hay que hacer hincapié en la obtención de mejores puestos de trabajo. Tenemos que esforzarnos más por edificar un mercado laboral europeo que incluya una mayor movilidad interna.
Por último, tenemos que desempeñar un papel más importante y más claro por lo que se refiere al lugar que corresponde dentro de la sociedad a los que tienen discapacidades. Esas personas representan el 10 por ciento de la población, y sin embargo se les excluye de muchísimas profesiones. Todavía no hemos conseguido todo lo que deberíamos haber logrado para esas personas.

Smet
Señor Presidente, felicito a la Sra. Hermange por su informe y a la Comisión por su comunicación. Estamos ante el desarrollo de un nuevo instrumento. Es la primera vez que se pone sobre la mesa. Por tanto, es lógico que se siga desarrollando en el futuro. Todas las críticas han de interpretarse desde esta perspectiva, aparte de que cualquier crítica es siempre relativa. Me parece un buen instrumento. En realidad, tan sólo quisiera decir dos cosas al respecto.
En primer lugar, hemos elaborado una amplia legislación europea. Uno de los aspectos mencionados en el anexo a la comunicación es la necesidad de codificación. Se trata de un punto que considero absolutamente necesario, puesto que la complejidad de la legislación europea y la enorme cantidad de normativas europeas comienzan a causarnos problemas. Obviamente, podemos insistir en que hace falta más legislación europea. Posiblemente necesitemos más normativas en el ámbito social. Ahora bien, por otra parte es hora de que nos concedamos un respiro, de que hagamos el balance de la situación, sobre todo de cara a la ampliación. No olvidemos que todas esas leyes también han de aplicarse en los países candidatos. Habida cuenta de las condiciones sociales existentes en esos países ello no resulta nada obvio. Su desarrollo social deja mucho que desear, y, sin embargo, deberán aplicar todas las nuevas leyes que nosotros elaboremos aquí. En realidad, soy partidaria de hacer balance periódicamente. ¿Acaso no es útil analizar el resultado de todas esas leyes ya existentes? ¿Cómo funcionan en la práctica? ¿No sería deseable que los resultados concretos también se incorporaran al cuadro de indicadores a fin de obtener una visión de conjunto, no sólo de nuestros deseos de mejora, sino también de la realidad sobre el terreno? Propongo que este aspecto también entre a formar parte del cuadro de indicadores.

Weiler
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero felicitar a la colega Hermange y agradecerle este buen informe, tan bueno como el anterior. Nosotros compartimos su análisis y también la crítica que expone en el informe.
Señora Comisaria, también quiero agradecerle sus propuestas para la Cumbre de Barcelona. Esta mañana ya he comentado con mi Grupo de invitados de Bad Hersfeld el importante grado de compromiso que usted manifiesta. El Parlamento y mi Grupo, en particular, hemos apoyado muy firmemente su programa, pero ahora esperamos, además, que presente propuestas concretas e iniciativas, planes de acción y también directivas, señora Smet. No será posible seguir adelante sin ninguna directiva. Evidentemente, también deberíamos hacer un mayor uso que antes de los nuevos métodos de coordinación, sobre todo en el contexto de las conversaciones con los Estados candidatos. Yo creo que son un magnífico instrumento para que dichos países empiecen a participar ya desde ahora y ofrecerles también la posibilidad de exponernos sus preocupaciones y necesidades actuales, al igual que sus logros.
Tampoco comparto la opinión de la Sra. Smet al respecto, cuando dice que los Estados candidatos están atrasados en todas estas cuestiones. Yo creo que es urgentemente necesaria una reforma de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. Si tiene problemas en su institución, señora Comisaria, yo le recomiendo que se apoye en el excelente informe del Parlamento de otoño del año pasado.
Tenemos que definir también la política social con un enfoque preventivo y no actuar siempre sólo cuando el daño ya está hecho, por decirlo así. El escándalo de los conductores de larga distancia de Luxemburgo es sólo la punta del iceberg. Tal vez deberíamos tomarnos al pie de la letra las palabras del Jefe de Gobierno de Luxemburgo cuando declaró que se requiere con urgencia una actuación de la Unión Europea en este ámbito. La Presidencia española se muestra, lamentablemente, un poco remisa, pero el Parlamento la apoya a usted plenamente, señora Comisaria.

Figueiredo
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el grado de cumplimiento del programa de política social por parte de la Unión Europea es una referencia importante para calibrar su interés por la resolución de los innumerables problemas sociales que persisten. Ahora bien, la verdad es que no sólo persisten grandes retrasos en su ejecución, sino que, además, las preocupaciones por las políticas sociales no se reflejan en otras políticas y en el presupuesto comunitario, por lo que se da una reducción de los fondos en las esferas del empleo y los asuntos sociales, que es inaceptable.
Incluso en el sector de la inclusión social, y a pesar de los kilómetros de papel escritos sobre ese asunto, de los planes nacionales de inclusión y de las innumerables declaraciones de intenciones, la verdad es que persisten graves problemas que pueden agravarse con la desaceleración de la actividad económica y la insistencia en las privatizaciones en sectores básicos fundamentales y en los servicios públicos esenciales para una verdadera política de inclusión social, además de que los medios financieros siguen siendo muy escasos.
Si los dirigentes de la Unión Europea siguen por ese camino, es de temer, como se dice en el informe, que de aquí a 2005 no se cumplan totalmente los compromisos contraídos en el programa de política social. Por eso es importante que la Comisión acelere sus trabajos y sobre todo modifique sus políticas, concediendo la máxima prioridad al sector social en esferas como el empleo de calidad y con derechos, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la garantía del derecho de cumplimiento de los derechos, en particular a los grupos sociales más frágiles, como niños, personas de edad, emigrantes y personas con discapacidad, y la materialización en todos los sectores de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Por último, mi agradecimiento a la ponente, la Sra. Marie-Thérèse Hermange, y a los colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por la inclusión en el informe de propuestas que presenté, en particular las encaminadas a solicitar a la Comisión que adopte iniciativas y presente un plan de acción con vistas a prevenir de forma eficaz las lesiones osteoarticulares en el trabajo y resguardar debidamente los derechos de los trabajadores, sobre todo el empleo en el caso de reestructuraciones y traslados de empresas, y formule, en particular, un plan de acción encaminado a la materialización de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Nobilia
Señor Presidente, señora Comisaria, junto con el juicio sobre el loable trabajo de la Sra. Hermange, hay que expresar también cierta desilusión sobre el contenido de la comunicación de la Comisión.
Desde luego, no pretendemos pasar por alto las diversas iniciativas adoptadas por la propia Comisión en relación con el empleo y algunos asuntos sociales ni tampoco las iniciativas negociadoras adoptadas por los interlocutores sociales.
El caso es que, si bien la agenda tiene una estructura programática, apoyada después de Niza sobre todo por las conclusiones del Consejo de Lisboa -que, por lo demás, compartimos-, esta primera evaluación de su puesta en práctica parece algo posibilista y no relacionada con la ratio originaria y los fines que planteaba. De hecho, hay que preguntarse si las responsabilidades de los múltiples sujetos que la agenda establece tienen un modelo y ámbitos prefigurados en los que poder ejercerse, si es verificable una calidad, aunque sea embrionaria, del trabajo y cuáles son sus características peculiares, si los sistemas de colocación e información sobre las oportunidades desempeñan de forma provechosa su cometido y si las orientaciones escolares y formativas empiezan a encontrar una racionalización.
Además, habría que averiguar, en el nivel comunitario y nacional, con la óptica flexibilidad/seguridad, si las relaciones industriales van tendiendo de forma estable hacia una evolución general y si los informes sobre los planes nacionales de acción empiezan a recibir la colaboración responsable de las administraciones locales y de las fuerzas sociales y tienen plena coherencia con las orientaciones de la Unión.
Sería necesario también saber, con vistas a disponer de una visión de conjunto, si los Estados han iniciado al menos una reflexión interna sobre su ordenamiento social, sobre la cohesión dentro del territorio nacional, sobre la integración de sectores marginados o en el límite de la marginación, por edad, por discapacidad, por sexo y por profesión.
Un último aspecto se refiere a la ampliación, a la que la agenda dedica una gran atención, a diferencia de esta primera evaluación, que limita su referencia exclusivamente a la acción, pese a ser importante, de las ONG.
Lo que, en conclusión, queremos subrayar es que, si bien buena parte del asunto sigue confiado al principio de subsidiariedad y a la responsabilidad activa de los propias interlocutores, el protocolo social, aunque con retraso, forma parte integrante de los Tratados y la política social figura junto a la económica en el modelo de la coordinación transparente.
Así, pues, es esencial un papel más incisivo y determinado de la Comisión, en el que debe participar de forma destacada y continua el Parlamento Europeo.

Grönfeldt Bergman
Señor Presidente, tengo gran respeto por el ambicioso trabajo realizado por la ponente, la Sra. Hermange, en su informe respecto al cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social. No obstante, me preocupa que estos trabajos impliquen una petición de numerosas iniciativas legislativas por parte de la Comisión. Por ejemplo, se demandan normas en los siguientes campos: formación continua, organización del trabajo, necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, política de ambiente laboral, seguros adicionales de enfermedad y alquiler de personal.
Hay dos razones esenciales por las que considero que no es adecuado exigir iniciativas legislativas en estas materias. En primer lugar, los conservadores suecos pensamos que esas materias no deberían ser de competencia comunitaria. Donde mejor se pueden negociar y aplicar estas medidas es en el ámbito nacional.
En segundo lugar, opino que la ampliación de la Unión se dificultaría considerablemente si se agregasen más páginas a los miles de textos legales cuya aceptación y aplicación exigimos a los países candidatos. Por eso coincido con la señora Smet en que es necesario hacer una pausa para pensar y revisar la legislación existente.
No podemos votar en contra de puntos específicos del informe. En la votación final, los conservadores suecos no respaldaremos el informe en su totalidad, a pesar de que contiene muchos aspectos provechosos. Desgraciadamente, como ya he señalado, la iniciativa está en un ámbito equivocado. Debería pertenecer al ámbito nacional.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, quisiera decir de entrada que este informe constituye una significativa contribución a un mejor uso de una importante herramienta. Como ha dicho la Sra. Smet, es de gran importancia que tengamos en cuenta que es la primera vez que contamos con una herramienta de política social a escala europea, una herramienta conseguida tras muy difíciles y delicadas negociaciones. El informe y las intervenciones de sus Señorías abordan tres temas: contenido, tiempo y procedimiento. Por lo que se refiere al contenido, quiero recordar que la Comisión destacó la necesidad de una Agenda Social vinculante en la primavera de 2000, y durante seis meses, con una muy estrecha colaboración de la Comisión, de la Presidencia francesa y del Parlamento, representado por la Sra. Van Lancker, se trabajó seriamente en la necesaria preparación política, de suerte que en Niza pudo darse por primera vez un acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno en torno a una Agenda Social de un horizonte temporal de cinco años. La Comisión, pues, tiene un mandato concreto de materialización de esta Agenda Social y todos los años anuncia su programa, al objeto de que en 2005 se hayan cumplido todos los compromisos. Quiero recordar que en octubre de 2000 presenté a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales los resultados de la aplicación del primer año de la Agenda. La eficacia, la correspondencia entre compromisos y materialización fue del 100%. En octubre de 2001 presenté de nuevo a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales un cuadro con las acciones de 2001, en el que de nuevo la correspondencia entre compromisos y materialización era del 100%. La cuestión es ésta: ¿la Agenda es invariable, o se va enriqueciendo con nuevos elementos?
La Comisión está sujeta en gran medida -absolutamente sujeta, diría yo- a la Agenda Social tal y como ésta fue aprobada en Niza, con el fundamento de la Agenda que se había acordado en 2000. Sobre la marcha nos comprometimos a su revisión, en 2003, y a este respecto he de expresar mi acuerdo con el informe en que el Parlamento, por supuesto, debe desempeñar un destacado papel al objeto de hacer posible la actualización de la Agenda.
Una segunda observación se refiere al tiempo. En primer lugar, nos enfrentamos a la necesidad de presentar al mismo tiempo el informe sobre la Agenda y el documento de síntesis de la Comisión para el Consejo de primavera. Esto siempre plantea un problema de tiempo, que intentaremos resolver. En segundo lugar, la crítica se refiere a los resultados del primer año de la Agenda, tal y como dice en su informe la Sra. Hermange, y en este sentido no podemos dejar de tomar en consideración el hecho de que tan sólo dos meses después de la decisión de Niza debía ser presentado el informe en cuestión.
A continuación, por lo que respecta al procedimiento quiero expresar mi acuerdo con el informe en tres puntos: primero, que la Agenda Social y el cuadro de indicadores no pueden ser una simple reseña de actividad, sino que deben examinar cuidadosamente el conjunto de logros más en general y orientarse hacia el futuro. Segundo, que no puede sino referirse a una consideración general de la participación de todos los interlocutores en el pasado y a los propósitos para el futuro, y los interlocutores son, por supuesto, los agentes sociales, y son también las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, tal y como éstas han sido descritas por sus Señorías.
El tercer punto es que la estabilidad y la coherencia de la Agenda no tienen carácter de dogma, es decir, allí donde se den situaciones de urgencia, nuevos elementos que creen problemas de naturaleza social, con repercusiones sociales, deberemos intervenir. Es el caso reciente -ya mencionado por uno de sus Señorías- de la iniciativa sobre las reestructuraciones: en un año ha habido 350.000 despidos a causa de la reestructuración de empresas en la Unión Europea. No podíamos dejar de intervenir en el asunto, aun cuando no estuviéramos obligados a ello por la Agenda.
Señorías, puedo asegurarles que este informe, y la estrecha colaboración con la Comisión correspondiente, pueden conducir a una aplicación de la Agenda Social cada vez más eficaz. Quiero recordar una vez más que la Agenda Social es una nueva herramienta y una estrecha colaboración entre todos nos ayudará a mejorarlo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Bienvenida
El Presidente
Señorías, es un honor y un placer dar la bienvenida hoy al Presidente de la República de Bulgaria, señor Georgi Parvanov, que ocupa la tribuna de honor de nuestra Asamblea.

Su delegación comprende algunos miembros destacados del Gobierno búlgaro, entre los cuales el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Passy, y el Ministro de Defensa, Sr. Svinarov, además de miembros de la Oficina de la Presidencia de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Bulgaria.
Como el Sr. Parvanov ha asumido sus funciones hace menos de tres semanas, acogemos con el mayor beneplácito que una de sus primeras iniciativas sea la de visitar el Parlamento Europeo.
Somos conscientes de los esfuerzos hechos por el Sr. Parvanov y por el Gobierno búlgaro para superar las actuales dificultades sociales y económicas del país y prepararlo para la adhesión a la Unión Europea. Apoyamos su deseo de formar parte de la familia europea y nos complace subrayar que el Parlamento Europeo está a favor de su país y de sus ciudadanos.
Le agradecemos, señor Presidente, que esté entre nosotros.
(Aplausos)

Votaciones
1. sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(2001) 347 - C5-0401/2001 - 2001/0142(CNS)) por la que se autoriza a Francia a prorrogar la aplicación de un tipo reducido de impuesto especial sobre el ron 

y
2. sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(2001) 442 - C5-0422/2001 - 2001/0169(CNS)) por la que se autoriza a Portugal para aplicar una reducción del tipo de impuesto especial sobre el consumo en la región autónoma de Madeira, al ron y a los licores allí producidos y consumidos y, en la región autónoma de Azores, a los licores y aguardientes allí producidos y consumidos
(Con votaciones sucesivas el Parlamento aprueba las resoluciones legislativas)
Informe (A5-0005/2002) sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(2001) 336 - C5-0329/2001 - 2001/0136(CNS)) relativo a la constitución de la empresa común GALILEO
Antes de la votación
Rovsing (PPE-DE). (EN) Señor Presidente, tengo intereses económicos que me impiden participar en la votación.
Sobre las enmiendas núms. 10 y 16

Radwan
Yo quisiera presentar una enmienda oral a las enmiendas 10 y 16, que son idénticas. Concretamente, según el texto original la empresa común debería ubicarse donde goce de exenciones fiscales. Esto está, evidentemente, fuera de lugar por razones de competencia e igualdad de trato. En consecuencia, una vez consultado con los Grupos, proponemos que dicho texto se substituya por el siguiente:
... "con arreglo a las exenciones fiscales que ofrezca el país donde pueda ubicarse" .
(La Asamblea manifiesta su asentimiento a la presentación de la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Glante
Señor Presidente, mi intervención tiene carácter de estreno para mí, ya que es la primera vez que hago uso de la palabra durante una votación. Voy a ser muy breve. Yo agradezco la clara señal que acaba de transmitir el Parlamento Europeo al Consejo y confío que el Consejo dé su aprobación al proyecto con la misma claridad en marzo de este año y por fin podamos ponerlo en marcha.
  
Propuesta de resolución común

sobre la situación de los transportistas bloqueados en Luxemburgo
Sobre el párrafo 9

Turmes
Señor Presidente, se ha producido un olvido en la resolución común sobre el punto 9. En nuestras negociaciones entre los diferentes grupos se había dado una función a la Comisión en este punto, es decir, la reforma del sistema de permisos CEMT, pero esta función se ha olvidado en el texto de la resolución.
Propongo por tanto hacer una enmienda oral y añadir las palabras siguientes en las cuales nos habíamos puesto de acuerdo. El texto se leería entonces de la forma siguiente: "pide a los Estados miembros, en estrecha colaboración con los servicios de la Comisión, que inicien una revisión cualitativa y cuantitativa".
(La Asamblea manifiesta su asentimiento a la presentación de la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución común sobre las situación en Oriente Medio
Sobre la enmienda nº 2

Morgantini
Señor Presidente, pido que se substituya la primera frase "exige el respeto por parte de Israel" por la frase "pide a las dos partes el respeto de los convenios internacionales" y que, después de las palabras "arrestados y detenidos", se añadan las palabras "por Israel".
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución (B5-0100/2002) sobre medidas para luchar contra el terrorismo
Sobre la enmienda nº 8

Buitenweg
Quisiera presentar una enmienda oral en nombre de mi propio Grupo, Verdes y Alianza Libre Europea, y del Grupo Socialista. Se trata de añadir algunas palabras a fin de dejar claro que la definición de terrorismo, tal y como fue aprobada ayer, se aplica asimismo a estas medidas. Dicho de otro modo, la modificación no afecta a la entrada en vigor, sino a la interpretación de la definición de terrorismo. Leo el texto: "desea que la aplicación de estas cuatro medidas y, en concreto, de la posición común relativa a las medidas específicas destinadas a combatir el terrorismo se supedite a la interpretación de la definición, tal y como quedó establecido en la decisión marco relativa a la definición de terrorismo aprobada por el Consejo el 6 de diciembre de 2001, especialmente en lo que se refiere a las garantías estipuladas en los considerandos y las declaraciones pertinentes del Consejo" . Espero que esta propuesta pueda ser aceptada por todos.
(La Asamblea manifiesta su asentimiento a la presentación de la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución común sobre la financiación de la ayuda al desarrollo
Propuesta de resolución común sobre la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra
Sobre el párrafo 5

Wuori
Señor Presidente, en el apartado 5, donde se dice "firmar y ratificar" debe decirse "ratificar el Estatuto de Roma o adherirse a él" , porque en la fase actual ya no se puede firmar el Estatuto.
Con ello el apartado 5 diría lo siguiente: "Pide a los Estados miembros que insten a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que suscriban o ratifiquen el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional" .
(La Asamblea manifiesta su asentimiento a la presentación de la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0023/2002) sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en el marco de la construcción europea (2001/2023(INI))
Antes de la votación

MacCormick
Señor Presidente, quisiera comunicar al Parlamento que al final del debate de ayer por la tarde, el Sr. Napolitano, en respuesta a declaraciones formuladas durante el debate por mí mismo y por otros, hizo el siguiente ofrecimiento: sugirió que retirásemos las enmiendas 18 y 12 para que él pudiera, por conducto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, proponer que se presente un informe específico sobre la cuestión de las regiones constitucionales en la arquitectura de Europa.
Muchos de nosotros estimamos que se trata de una cuestión importantísima. Los que estiman que la cuestión es importante se hallan actualmente divididos entre los que desearían incluirla en este informe y los que desearían que se tratase de ella en otro contexto. Lo mejor sería -mi Grupo está de acuerdo con ello, y creo que también los Liberales- que aceptásemos la generosa propuesta del Sr. Napolitano en favor de que esta cuestión se examinase por derecho propio como tema separado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y que nosotros retirásemos las mencionadas enmiendas.
Por lo tanto propongo que obremos de esa manera.

Napolitano
Señor Presidente, propongo una enmienda oral de transacción, que absorbe las enmiendas núms. 7, 8 y 9, presentadas por el Sr. Belder. Mi enmienda substituye los considerandos 2, 4 y 6 del informe por la siguiente formulación: "Vistas las recientes declaraciones de diversos Jefes de Estado o de Gobierno sobre el futuro de Europa".

Van Lancker
Señor Presidente, el Sr. MacCormick acaba de retirar las enmiendas 18 y 12, pero la enmienda 10 trata del mismo tema. ¿Se retira asimismo esta enmienda o se mantiene?

El Presidente
Ante todo quisiera preguntar a la Asamblea si está de acuerdo con la propuesta de enmienda oral, presentada por el Sr. Napolitano en calidad de ponente, de substitución de los tres considerandos por la frase que acaba de leer. ¿No hay objeciones? Bien. Queda aprobada.
Además, en la intervención del Sr. McCormick figura la propuesta de retirar las enmiendas núms. 12 y 18. La Sra. Van Lancker dice que también se debería retirar la enmienda nº 10, porque versa sobre el mismo asunto. Además, me indican que la enmienda nº 17 versa sobre el mismo asunto. Mi conclusión, después de lo que he oído, es la de que se deberían retirar las enmiendas núms. 10, 12, 17 y 18. ¿Puede confirmármelo, señor McCormick?

MacCormick
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, pero se trata de cuestiones diferentes. Las otras dos enmiendas señalan que en este momento hay exactamente 15 Estados miembros en la Unión, y nadie lo contradice. Si hay más naciones, eso es una cuestión diferente. Ahora bien, para dar pruebas de mi buena voluntad retiro también esas enmiendas.

Ferrer
Señor Presidente, lamento que el Sr. MacCormick la haya retirado, pero creo que en estas dos enmiendas no se aborda la misma cuestión, en absoluto. Simplemente se hace una constatación que creo que nadie va a poner en duda, y es que también los Parlamentos regionales representan a los pueblos de la Unión.
Eso es lo único que dice esta enmienda. Por tanto, entiendo que se trata de una afirmación absolutamente distinta.
(El Parlamento aprueba la resolución)   
Informe (A5-0006/2002) sobre la política de la Unión Europea con respecto a los países mediterráneos en relación con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades eh dichos países (2001/2129(INI)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0007/2002) del Sr. Musotto, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM(2001) 24 - C5-0527/2001 - 2001/2207(COS)) sobre la cohesión económica y social
(El Parlamento aprueba la resolución)
 Informe (A5-0022/2002) de la Sra. Kratsa-Tsagarapoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la política de la Unión Europea con respecto a los países mediterráneos en relación con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades en dichos países (2001/2129(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0009/2002) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el analfabetismo y la exclusión social (2001/2340(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
 Informe (A5-0004/2002) sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social
(El Parlamento aprueba la resolución)

Doyle
Señor Presidente, una cuestión de orden: en la votación de ayer sobre el informe Watson acerca del mandamiento de detención europeo, hubo cierta confusión sobre la numeración de las enmiendas. Por el texto de hoy se puede ver que la que era enmienda 3 es mencionada como enmienda 4. Ni siquiera el texto del Diario oficial está claro en algunas de sus páginas.
La enmienda 3, que trata del concepto jurídico de habeas corpus, se nos ha facilitado en la delegación irlandesa del Grupo PPE-DE. Sabíamos que la enmienda no prosperaría pero, a pesar de ello, algunos de mis colegas y yo mismo decidimos votar en favor de ella porque creemos firmemente en el principio de habeas corpus y porque es un buen principio. Con nuestro voto queríamos indicar que ese recurso jurídico debería tener un lugar en la legislación europea.
Si nos fijamos en el acta de la sesión de ayer, la enmienda 3, que recibimos ayer por la mañana, se convirtió en enmienda 4 en la votación. Nuestra decisión de votar en favor del principio de habeas corpus quedó impugnada por este cambio de numeración de la enmienda. Quiero hacer constar aquí que votamos con intención de apoyar el principio de habeas corpus.

El Presidente
Naturalmente, señora Doyle, esta declaración suya figurará en el Acta, para precisar cuál era su voluntad.
EXPLICACIONES DE VOTO
Resolución sobre el espacio de libertad (B5-0099/2002)

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, hago esta explicación de voto en nombre del Grupo del PPE-DE.
El Grupo del PPE-DE estaba preocupado de que, a causa de la ambigüedad de su redacción, se pudiera hacer una interpretación equivocada de la enmienda 8 a la resolución sobre el espacio de justicia europeo. Según esta redacción -sobre todo en algunas versiones lingüísticas-, se podía interpretar que se supeditaba la entrada en vigor de las cuatro medidas a la de la decisión marco sobre el terrorismo.
Con la aclaración de la Sra. Buitenweg, hemos votado a favor, porque es lógico que la decisión marco sobre el terrorismo sirva de criterio interpretativo para estas cuatro decisiones.
Informe Hatzidakis (A5-0012/2002)

Meijer
 - (NL) Durante mucho tiempo todos los esfuerzos se centraron en el desarrollo de vehículos de carretera cada vez más veloces, tanto por lo que al transporte de mercancías como al transporte de personas se refiere. La limitación de velocidad se consideraba un efecto secundario provisional y no deseado de una técnica aún en vías de perfeccionamiento. Toda tentativa intencionada de volver a implantar de alguna forma una limitación de velocidad se veía como un atentado contra la libertad individual del automovilista o como una traba que impedía a las empresas de transportes obtener más beneficios. El creciente número de víctimas de la carretera nos ha hecho cambiar de opinión. Con todo y con eso, el uso obligatorio de dispositivos de limitación de velocidad en un número cada vez más elevado de vehículos no es sino parte de la solución. Si imponemos el uso obligatorio de estos dispositivos sin restringir debidamente la velocidad legal parece tratarse más bien de un subsidio encubierto a favor de las empresas interesadas que les permite abrir un nuevo mercado. Esta situación es comparable al convenio regulador acordado con la industria del automóvil en el cual se contempla el uso de faros que se encienden automáticamente al arrancar, pero que el automovilista individual debe volver a apagar para cumplir las normativas legales nacionales o de seguridad. Desafortunadamente, el ponente limita su propuesta a los vehículos comerciales, aparte de que alarga los plazos de transición y eleva la velocidad máxima de vehículos de motor pertenecientes a la categoría N2 en determinados casos a 110 km. Los dispositivos de limitación de velocidad sólo tienen sentido si tienen por objeto garantizar el cumplimiento de una real limitación de velocidad legal. Pues bien, desgraciadamente, aún no existe una limitación de estas características.
informe Marques (A5-0001/2002)

Fatuzzo
Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la delegación interparlamentaria Unión Europea-Bulgaria, quisiera ante todo saludar también yo la presencia en el Parlamento Europeo del Presidente de la República de Bulgaria, Georgi Parvanov.
Pasando ahora al informe Marques, relativo al ron en los territorios de Ultramar de Francia y las Azores, ¿cómo podía votar en contra? Esta noche he visto en sueños al pirata Morgan, que me ha dicho: "El comité sindical de piratas me ha encargado recomendar el voto a favor de ese informe, porque, si no, nosotros, los piratas, no podríamos cantar nuestra canción habitual" -que no canto, pero repito-: "Quince hombres en el ataúd y una botella de ron". La botella de ron debe figurar, razón por la cual he votado a favor.

Lulling
"El ron ya no da de comer al hombre en los DOM".
Se parte de una situación de hecho, deplorable para un producto de calidad como éste que, al igual que otros, es víctima de la competencia procedente de los países ACP y, es necesario, especialmente por razones sociales e incluso culturales, salvar el mercado en Francia del ron procedente de los Departamentos de Ultramar y por tanto prorrogar la excepción que existe desde 1995, es decir, una reducción de los impuestos especiales, hasta 2009. Todo ello en la esperanza de que se adopten medidas de carácter estructural, o bien para salvar el ron haciéndolo competitivo, o bien para reconvertir los 40.000 empleos afectados.

Estoy de acuerdo en prorrogar la reducción del tipo mínimo del impuesto especial sobre el ron de los DOM para un contingente de 490.000 Hl. de alcohol puro en Francia. Sobre todo porque soy de la opinión, en general, de que es necesario reducir el tipo mínimo exorbitante del impuesto especial cero para el vino. Para mí, cualquier ocasión es buena para alertar contra intenciones como ésa.

Soy sin embargo de la opinión de que, en el informe provisional que la Comisión debería presentarnos en 2006, será necesario no solamente evaluar la persistencia de razones que hayan justificado la excepción sino también tener en consideración para esta evaluación normas comunitarias en materia de ayudas de Estado y condicionar la continuación de la excepción a una efectiva reestructuración del sector. Creo que ésta es una demanda legítima.

Por lo que respecta a la reducción del tipo mínimo del impuesto especial que grava los licores y los aguardientes producidos en Madeira y Azores, también estoy de acuerdo en conceder esta excepción hasta 2008, debiendo producirse un informe provisional en 2005. Y ello por razones de política regional, para permitir a algunas pequeñas explotaciones que sobrevivan, a pesar de la competencia de productos importados cuyos costos de producción y comercialización están ampliamente por debajo de los de los productores locales.

Sudre
El artículo 299, párrafo segundo, del Tratado prevé la posibilidad de introducir medidas especiales que permitan preservar la vitalidad de las actividades en las regiones ultraperiféricas, en las que los actores económicos tienen la absoluta necesidad de un clima de seguridad jurídica para mantenerse y desarrollarse.
El sector del ron tiene un impacto determinante en la economía de los departamentos franceses de Ultramar, ya que hay 40.000 empleos vinculados con él. La decisión del Consejo de 1995, que expira a finales de este año, autoriza a Francia a aplicar en su territorio metropolitano un tipo mínimo del impuesto especial reducido para el ron "tradicional" producido en los DOM.
La revisión actual de la OCM azúcar y el desmantelamiento de las protecciones arancelarias en 2003 ha llevado a Francia a proponer el mantenimiento, más allá de 2002, de este dispositivo fiscal, que considera que las medidas nacionales y comunitarias no serían suficientes para permitir a estos productos de los DOM que alcanzaran el mismo nivel de competitividad que los productos de otras regiones.
Con el objetivo de mantener una actividad agrícola tradicional generadora de empleo en todos los estadios del sector caña-azúcar-ron, el régimen actual permite asegurar una comercialización mínima de la producción de los DOM en el mercado francés, de forma estrictamente limitada y dirigida, con el fin de que pueda resistir el crecimiento permanente de las ventas de ron procedente de países terceros, que no están sometidos al mismo pliego de condiciones de producción.
Efectivamente, para preservar la supervivencia del sector, los productores de ron de los DOM tienen la obligación de proveerse en materia prima local, algo que es una garantía de calidad, pero que impide por ejemplo al ron de Guadalupe fabricarse a partir de caña de países terceros, pero también de caña de Martinica.
El ron de los DOM tiene por tanto la obligación de participar en la política de desarrollo rural de los DOM, lo que aumenta sus obligaciones y sus costes de producción y lo coloca en una situación desfavorable en el mercado con respecto a los productos de países terceros. El régimen fiscal de excepción pretende pues exclusivamente compensar la obligación impuesta a los productores de los DOM de participar en la supervivencia del sector caña-azúcar-ron.
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento)
Informe Glante (A5-0005/2002)

Fatuzzo
Estamos hablando del proyecto Galileo, señor Presidente.
Como sabe usted mejor que yo, Galileo Galilei, gran científico italiano, escrutaba el cielo con su catalejo desde la Tierra. Y aquí sucede, en cambio, lo contrario: Galileo escrutará la Tierra desde lo alto de los satélites, donde será puesto en órbita precisamente. Es curiosa esa coincidencia, pero no cambia la importancia del proyecto Galileo, a favor del cual he votado.

Alyssandrakis
. (EL) El programa GALILEO se refiere al desarrollo y despliegue de un sistema de navegación por satélite, que ofrecerá a los usuarios la posibilidad de determinar su situación sobre la tierra con gran exactitud. Más allá de la mayor exactitud que permitirá en relación con el sistema americano Global Positioning System (GPS), que viene funcionando desde hace algunos años, un rasgo fundamental del GALILEO es que se ha previsto que esté bajo control civil y no bajo control militar como el GPS. Al mismo tiempo es la primera empresa espacial a escala de la Unión Europea, y el éxito de su despliegue y funcionamiento, además de la evidente contribución a la mejora de la navegación, imprimirá un importante impulso a la ciencia y técnica espaciales.
La comunicación de la Comisión Europea que examinamos no se refiere al sistema GALILEO propiamente dicho, sino a la creación de una empresa común, con participación de los sectores público y privado, que concentrará fondos para su desarrollo. El informe del Sr. Glante introduce mejoras significativas a la propuesta de la Comisión. No obstante, el Parlamento Europeo ha aprobado, por gran mayoría, a iniciativa del grupo del Partido popular Europeo y con la corresponsabilidad del Partido Socialista Europeo, dos enmiendas que apuntan a la militarización del sistema, con mención explícita a su uso militar bajo el pretexto de las "operaciones de paz" . En la medida en que esta lógica sea aceptada por el Consejo y la Comisión, se desvanecerá por completo el carácter no militar del sistema, y, naturalmente, se incrementa el arsenal de la Unión Europea en sus intervenciones contra los pueblos.
Es significativo el hecho de que una enmienda similar fuera igualmente aprobada por el Parlamento Europeo en el debate del informe sobre la política espacial de la Unión Europea, cuya ponencia, en la anterior sesión, me correspondió por encargo de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. La coincidencia de los dos hechos no es, desde luego, fruto de la casualidad, sino que, como ya denunciamos en el caso anterior, muestra una clara disposición al uso del espacio para fines militares.
Esta deriva política pone de manifiesto la necesidad de que el movimiento popular mundial avance con renovadas fuerzas en su lucha contra la agresividad imperialista y la militarización del espacio.
Por las razones expuestas, los diputados del Partido Comunista de Grecia rechazamos el informe.

Berthu
La delegación MPF da su firme apoyo al proyecto Galileo de puesta en marcha de un sistema europeo de radionavegación por satélite, paralelo al sistema americano GPS, autónomo con respecto a este último, pero que preserve la "interoperabilidad ", es decir, la no contradicción y la posibilidad de trabajo en común.
El proyecto Galileo parece ejemplar por tres razones. Desde el punto de vista técnico, procurará muchos efectos positivos a todas las actividades económicas y aumentará la productividad general de Europa, que lo necesita bastante. Desde el punto de vista institucional, resulta claro que estaría justificada una cooperación Europea, en cuanto a la subsidiariedad, y que la Agencia Espacial Europea (AEE) podría proporcionar el instrumento apropiado. Finalmente, desde el punto de vista político y estratégico, el proyecto Galileo dotará a Europa de una autonomía con respecto a Estados Unidos, mientras que, a la inversa, la aceptación del monopolio del GPS implicaría una dependencia visible, y además destinada a agravarse con el paso del tiempo.
A pesar de estos argumentos, la decisión final sobre el desarrollo de Galileo se ha retrasado de Consejo en Consejo, y el último, que tuvo lugar en Laeken, no se saltó la regla. Ya estamos casi fuera de los límites para adoptar una decisión útil.
Más allá de los debates técnicos sobre las modalidades precisas de asociación de los socios privados, la verdadera razón del retraso reside en las reticencias de los Estados Unidos, que han influido en ciertos países europeos. Llegamos a la pregunta esencial: ¿Es que el paso obligado por estructuras comunitarias no es un freno porque son demasiado rígidas y los socios no están todos de acuerdo? Se trata de un freno ahora para impulsar el proyecto, y sería un freno en el futuro en cada etapa de su desarrollo, principalmente si se quieren añadir aplicaciones militares o de "mantenimiento de la paz".
Sobre este punto, el Parlamento Europeo elige verdaderamente la dirección equivocada reclamando una comunitarización aún mayor del proyecto, y estimando por ejemplo, en su resolución del pasado 17 de enero, que "la AEE, fruto de la cooperación entre Estados, debería a largo plazo integrarse en el seno de la Unión Europea". En realidad, es necesario hacer lo contrario: aplicar a Galileo el principio de la geometría variable, como para Airbus y Ariane, y crear una estructura que reúna solamente a los Estados verdaderamente interesados. Es el mejor medio para sacar este proyecto del atolladero y avanzar.

Caudron
Antes que nada, deseo felicitar a mi colega Norbert Glante por el trabajo de fondo y de negociación que ha realizado en este expediente altamente estratégico.
Quisiera también hacer un llamamiento con respecto al sistema Galileo. Efectivamente, con frecuencia se oye hablar de este proyecto sin conocer realmente las futuras aplicaciones. Se trata de un sistema de radionavegación por satélite que permite al usuario de un receptor captar señales emitidas por varios satélites con el fin de determinar su posición en el tiempo y en el espacio. Por ahora, existen dos sistemas de ese tipo: GPS (Estados Unidos) y GLONASS (Rusia). Ambos han sido elaborados sobre una base militar, al contrario que Galileo.
En el plano práctico, el sistema será utilizable en ámbitos tan variados como los transportes, la pesca, la agricultura, las telecomunicaciones, las prospecciones petrolíferas, las actividades de defensa y de protección civil. Un ejemplo: en los transportes terrestres, permitirá anticipar y gestionar mejor el tiempo de transporte, guiar de forma automática los vehículos, reducir los atascos y el número de accidentes de carretera...
Sin duda, aún no hemos llegado. La puesta en marcha de Galileo debe producirse en cuatro fases. Hemos acabado la fase de definición. Se trata ahora de iniciar la fase de desarrollo (2002-2005). En este periodo, será necesario poner en marcha las condiciones técnicas y financieras indispensables para un despliegue rápido de la infraestructura (2006-2007), con el fin de estar en condiciones de explotar comercialmente este sistema en 2008. La Comisión nos ha hecho propuestas relativas a esta segunda fase de Galileo.
Nuestra Comisión ITRE ha considerado que lo que se había propuesto en materia de estructuras no era apropiado. Así, según el modelo considerado por la Comisión, las empresas privadas podrían participar plenamente en la constitución de una empresa común. Al igual que el ponente, considero que aparecería un conflicto de intereses si esas empresas estuvieran directamente implicadas en la constitución de una empresa así, ya que deberían responder después a licitaciones publicadas por esta misma empresa. Parece por tanto deseable que solamente los miembros fundadores, las Comunidades Europeas y la Agencia Espacial Europea, formen parte de esta empresa común. El BEI podría también incluirse en el futuro.
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento)

Markov
. (DE) La creación de un programa europeo de navegación por satélite me parece, en general, razonable y merecedora de apoyo. Aun así, hoy he votado en contra del informe Glante, ya que no puedo suscribir el enfoque del ponente.
El éxito económico de Galileo en competencia con el sistema GPS, que hasta ahora ha monopolizado el mercado, no se puede considerar en absoluto seguro. Por consiguiente, el riesgo se debería repartir, a mi parecer, a partes iguales entre el sector público y el privado. El ponente quiere facilitar la participación de la industria en la financiación de Galileo a través de una sociedad de fomento, en lugar de que participe directamente en la empresa común, como preveía la Comisión. Con ello se propone disipar, por un lado, algunas reticencias de los Estados miembros por consideraciones políticas de seguridad y evitar, por el otro lado, que las empresas privadas, como parte de la empresa común, gocen de ventajas competitivas en las licitaciones para el despliegue y operación de Galileo.
Yo considero, no obstante, que esta solución de una participación financiera puramente facultativa tendrá por efecto que las inversiones que requiere Galileo acaben siendo aportadas sólo por el sector público. La industria sólo se subirá al carro cuando Galileo demuestre ser rentable y prometa beneficios. Esto equivaldría a invertir fondos públicos como capital de riesgo y regalar luego a la economía privada una importante participación en los beneficios. Yo no creo que los fondos de los contribuyentes se deban gestionar de este modo.
Tampoco me parece convincente el argumento del conflicto de intereses en las licitaciones. En los ayuntamientos, por ejemplo, es una práctica habitual que las empresas municipales concursen junto con empresas privadas en las licitaciones públicas, sin que esto genere desigualdades en el trato.
En cuanto al argumento relativo a la política de seguridad, yo tengo reparos de un orden muy distinto. La Comisión y el Consejo han dejado claro más allá de toda duda que consideran el sistema Galileo como un elemento central para la independencia de la política de defensa europea. El Parlamento Europeo no ha logrado decidirse a rechazar claramente el uso militar de Galileo. Yo, en cambio, rechazo de manera general el uso militar de los sistemas de navegación por satélite.

Meijer
 - (NL) Coincido con el ponente en que es preciso crear una sociedad de fomento separada para el sector privado. Ello no significa, sin embargo, que su iniciativa cuente con mi apoyo, puesto que, a mi juicio, Galileo llega tarde. Debería haberse puesto en marcha hace quince años. La competencia estadounidense se hizo, hace tiempo, con las posibles ventajas de un sistema de navegación por satélite para las autoridades, el mundo empresarial y los usuarios individuales. Sólo si tenemos la intención de cerrar el mercado europeo a las mercancías y servicios procedentes de Estados Unidos tiene sentido emplear fondos comunitarios en el desarrollo de un sistema incapaz de competir con el sistema GPS estadounidense en un mercado mundial liberalizado. Esta intención no existe. Al contrario, todos los indicios apuntan a que hacemos todo lo posible por evitar guerras comerciales con los Estados Unidos sobre la importación de mercancías peligrosas y las molestias causadas por aviones ruidosos. Obviamente, no hay ningún impedimento para que las empresas europeas intenten hacer la competencia al producto estadounidense con un sistema de mejor calidad por su cuenta y riesgo. Tal vez logren conquistar temporalmente una pequeña parte del mercado y puedan hacer después negocios lucrativos con los estadounidenses para integrar innovaciones de impronta europea en versiones mejoradas del sistema existente. Este razonamiento no vale, sin embargo, para un proyecto a gran escala cofinanciado por el dinero del contribuyente. Tamaño despilfarro de los fondos comunitarios sólo sirve los intereses de la industria y del aparato militar.

de La Perrière y Souchet
Los diputados de la delegación del MPF en el Parlamento Europeo han dado su apoyo al informe del Sr. Glante, con el fin de aportar su apoyo a la realización del programa Galileo, pero deben señalar su desacuerdo con el planteamiento mixto, al mismo tiempo comunitario e intergubernamental, que se ha aprobado.
Este proyecto ilustra perfectamente uno de los ámbitos en los cuales la cooperación europea es indispensable. El interés común es evidente y claramente determinado. El sistema Galileo es vital para asegurar la independencia de los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito estratégico de la localización por satélite, ya que les permitirá no depender más del GPS, que los americanos controlan de forma discrecional.
Por el contrario, pretender llevar el proyecto en forma de "empresa conjunta", de la cual la Comisión constituiría, con la AEE, uno de los dos pilares, corre el riesgo de paralizar su puesta en práctica, implica desacuerdos, burocracia, retrasos, imposibilidad de recurrir a competencias exteriores de la Unión... La única vía eficaz nos parece la de un programa específico de la AEE, cuyos mecanismos han demostrado su flexibilidad y eficacia. Solamente un marco intergubernamental voluntario permitirá por otra parte regular de forma satisfactoria la cuestión esencial del uso militar del sistema.

Titley
. (EN) Apoyo sin reservas este informe de mi colega socialista, que dotará a Europa de una tecnología independiente que podrá utilizarse ampliamente para diversos propósitos prácticos, entre ellos los transportes y las telecomunicaciones. Es de una importancia vital cada vez mayor que la Unión Europea desarrolle una tecnología independiente de las otras dos que existen en los Estados Unidos y en Rusia. En la actualidad nos hallamos en una situación precaria porque la UE depende de los sistemas de esos dos países, que pueden ponerse en uso para fines militares en cualquier punto.
La financiación de este proyecto ha sido siempre un asunto contencioso: su ayuda financiera debe provenir inevitablemente del sector privado, pero hay que definir cuidadosamente la relación subsiguiente entre la empresa común y el sector privado. De esta manera se evitará todo conflicto de intereses o toda ambigüedad molesta entre los asociados de este proyecto. A la luz de lo antedicho, diré que es una buena propuesta la de establecer una empresa de desarrollo que pueda obrar efectivamente como árbitro entre los asociados en el proyecto. Por último, un comité de supervisión que siga el desarrollo del proyecto mientras se crea velará por que el proyecto tenga la transparencia y responsabilidad que sean precisas.
Propuesta de resolución común sobre la situación en Oriente Medio (B5-0101/2002)

De Keyser
Señor Presidente, doy esta explicación de voto a título personal.
He votado a favor de la enmienda 1 sobre los reservistas israelíes que se niegan a servir en los territorios ocupados, contrariamente a la consigna del Grupo parlamentario del Partido Socialista Europeo.
Esta consigna no se dio más que por razones tácticas porque si esa resolución hubiera salido adelante el Partido Popular Europeo no la hubiera votado.
Considero sin embargo que si existen hoy en Israel y en Palestina hombres y mujeres que tienen la valentía de decir no a la guerra, es una luz de esperanza y una extraordinaria lección de valentía ante las cuales, a ningún precio, podemos permanecer en silencio. Pienso además - y quiero creerlo - que la historia dará la razón a esos reservistas.

Alyssandrakis
. (EL) La resolución del Parlamento Europeo sobre Oriente Medio, aunque atribuye cierta responsabilidad al Gobierno de Israel, se mantiene en el marco de la política general de equidistancia. Por esta razón, los diputados del Partido Comunista de Grecia nos hemos abstenido.
el Partido Comunista de Grecia condena la exacerbada violación de los Tratados Internacionales, del Derecho Internacional y de los acuerdos bilaterales por parte del Gobierno de Israel, y particularmente la agresividad y la brutalidad de que hacen gala las fuerzas israelíes de ocupación en la Ribera Occidental y en Gaza. Consideramos inadmisible y exigimos el inmediato cese del brutal bloqueo de Ramala, la sede del presidente Arafat y, en lo fundamental, de la propia Autoridad Palestina. Condenamos igualmente la creciente violencia indiscriminada que ejercen las fuerzas de Israel contra la población palestina, cuyo efecto es que los palestinos lloren a cientos de víctimas mortales y miles de heridos entre la población civil y soporten una continua destrucción de las infraestructuras, incluidas sus propias casas y sus tierras de labranza.
Saludamos el combate del pueblo palestino por una solución justa y pacífica, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, y somos solidarios con la lucha por la fundación de un estado suyo independiente con capital el Jerusalén Oriental.
Saludamos igualmente a todos los demócratas israelíes que se oponen a la barbarie desplegada por su gobierno, que luchan por una solución justa y viable, y que se niegan, muchas veces con peligro de sus vidas, a secundar al gobierno en sus ilegítimas e inhumanas acciones. Expresamos nuestro apoyo a los soldados israelíes que se niegan a convertirse en asesinos de civiles.
Consideramos que la posición mantenida hasta hoy por la Unión Europea, independientemente de las declaraciones en sentido contrario, no ha aportado nada a la solución del tema palestino. Más bien, todo lo contrario: en el marco del impulso, junto con los Estados Unidos de América, del nuevo orden internacional, y con la táctica de la equidistancia entre verdugo y víctima, consiente la perpetuación del conflicto con tal utilizarlo del modo más conveniente para los intereses imperialistas en la región y en el conjunto del mundo.
Emplazamos a los gobiernos de los países miembros, y sobre todo a los de los países representados en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como a la UE, a plantear en la ONU el problema de la creciente tensión en Oriente Medio, el problema constituido por el hecho de que las resoluciones aprobadas hasta ahora por la ONU no se aplican, o son sistemáticamente violadas por parte de Israel, y que emplacen a este país a contribuir a una solución justa y viable del problema, reconociendo el derecho de los palestinos a un estado independiente, paso que contribuirá decisivamente a la estabilidad y seguridad en la región.

Figueiredo
La gravedad de la situación en el Oriente Medio es tal, que entraña medidas urgentes y la mayor solidaridad para exigir que se ponga fin a la continua incursión ilegal del ejército israelí en los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina, la detención virtual del Presidente Yasser Arafat, la ejecución ilegal de representantes palestinos, la violación de los más elementales derechos de las personas, incluidas la tortura y la muerte de niños, y la destrucción de las infraestructuras palestinas y de otras instalaciones financiadas por la Unión Europea y por otros donantes. Es urgente que la comunidad internacional adopte nuevas iniciativas que propicien el fin de la violencia, el restablecimiento de la confianza y la reanudación de las negociaciones entre las dos partes, conforme al derecho internacional y las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas.
Por eso he subscrito una resolución común que, pese a ser mitigada, atestiguase la preocupación del Parlamento Europeo por esa situación, repudiase las declaraciones y actuaciones de Ariel Sharon y reafirmara que la solución del problema, incluida la seguridad de Israel y la paz, requiere el reconocimiento del Estado de Palestina con condiciones de viabilidad.
Ahora bien, lamento que la mayoría de derechas se haya negado a manifestar su solidaridad con los reservistas del ejército israelí que se niegan a prestar servicios en los territorios ocupados y que tienen, como demostrará la Historia, toda la razón, aunque considere positiva la decisión de enviar una delegación parlamentaria de muy alto nivel a la región para reunirse con las autoridades israelíes y palestinas y transmitir una mensaje de paz a sus poblaciones, así como la insistencia del Parlamento Europeo en la necesidad de enviar urgentemente observadores internacionales a esa región. Espero que se aplique inmediatamente al menos esta resolución mitigada del Parlamento Europeo.

Souchet
En un momento especialmente trágico para Oriente Próximo y especialmente peligroso para la paz del mundo, en un momento en el que el proceso de paz ya no lo activan los Estados Unidos, que vuelven a un planteamiento partidario, y en el que los Estados árabes aparecen como tetanizados por la toma de posición americana, correspondería con toda evidencia a los europeos asumir la iniciativa e intentar sustituir el callejón sin salida de la violencia por los avances de la diplomacia. Pero desafortunadamente no entrevemos nada sustancial. Los Estados miembros que tendrían la capacidad diplomática para actuar se paralizan en mecanismos colectivos de la Unión y estos últimos no producen más que declaraciones convenidas. La resolución del Parlamento Europeo no constituye más que un reflejo suplementario de esa impotencia Europea.
Francia murmura. Sus sugerencias son sin embargo oportunas, pero considera que ya no tiene la posibilidad de avanzarlas con fuerza. La organización, en los Territorios, de elecciones centradas en el tema de la paz constituiría sin embargo un incentivo que obligaría a los palestinos a posicionarse claramente con respecto a la Intifada y al terrorismo. El reconocimiento del Estado palestino por todos, como punto de partida de la negociación y por encima de las cuestiones de personalización que falsean las perspectivas, permitiría relanzar el proceso de paz sobre bases más sólidas. Naturalmente, la resolución del Parlamento Europeo no hace ninguna referencia a estas propuestas, ya que, al emanar de un Estado miembro y no de un colectivo europeo, no pueden por principio, a su juicio, ser pertinentes. Al no estar sustentadas en una verdadera voluntad política, estas propuestas tienen todas las posibilidades de desvanecerse, cuando hubieran podido poner a los socios en el camino del diálogo político.
Propuesta de resolución sobre el terrorismo (B5-0100/2002)

Caudron
El voto de nuestra resolución contra el terrorismo permite volver a afirmar con fuerza que el terrorismo es un mal en sí mismo, sin excusa, y que es necesario erradicarlo por todos los medios.
Su principal característica y su principal motor consisten, para un grupo minoritario y sin escrúpulos, en imponer sus ideas y su poder por medio de la violencia y el miedo. Y no podemos confundir las causas y los medios. Los jefes terroristas, sean quienes sean y estén donde estén, necesitan medios para alcanzar sus fines, es decir:
dinero, en primer lugar, que tienen en sus fortunas personales o que obtienen por medio de la extorsión, la criminalidad, el tráfico de drogas o el de los petrodólares...
tropas, que reclutan en medios frágiles jugando con el nacionalismo, la religión, la ambición, el sueño, la revancha, la pobreza o la desesperación...
el terror, que imponen a las democracias y a sus ciudadanos, mal preparados para resistir... y siempre dispuestos a negociar compromisos...
Recordemos todos esos movimientos y acciones terroristas en el transcurso de los últimos años, en Alemania con la banda Baader, en Italia con las Brigadas Rojas, en Córcega, en Irlanda, en el País Vasco diariamente, sin olvidar las masacres de los Juegos Olímpicos de Munich, los atentados suicidas de Tel Aviv y las redes del millonario fundamentalista Bin Laden.
Todas estas acciones tienen un punto común, destruir los sistemas democráticos mediante el terror.
La lucha contra el terrorismo debe ser el objetivo número uno de la acción de las democracias, estén donde estén. Es necesaria esa voluntad de un conjunto muy amplio de medios a poner en práctica sin debilidad, movilizar a los ciudadanos explicándoles los desafíos, reforzar la autoridad del poder público, ya sea nacional o europeo.
Fuera de eso... no hay salvación.
Por ello he dado mi apoyo a la petición del Parlamento Europeo, muy fuerte y legítima, de quedar asociado estrechamente a la acción del Consejo en este ámbito.
Para luchar de forma eficaz contra el terrorismo, es necesaria la movilización de la opinión pública, y quién mejor representa esa opinión es el Parlamento Europeo.
Propuesta de resolución común sobre la ayuda al desarrollo (B5-0034/2002)

Carlotti
Vivimos en un mundo en el que la riqueza global no tiene precedentes. Pero esa riqueza jamás estuvo tan mal repartida. Las desigualdades a escala mundial han alcanzado proporciones insoportables y escandalosas. En 1960, el 20% de la población mundial que vivía en los países más ricos tenía una renta 30 veces superior a la del 20% de los más pobres. En 1995, su renta era 82 veces superior.
Al otro extremo de la escala, cerca de 3 millardos de personas viven con menos de dos dólares diarios. Cerca de 800 millones padecen hambre.
En septiembre de 2001, en la "Declaración del Milenio", la comunidad internacional se comprometió a reducir a la mitad la pobreza en el horizonte de 2015. La comunidad internacional debe ahora pasar de las intenciones a los hechos. Europa debe ponerse a la cabeza de esta movilización. El próximo mes de marzo en Monterrey, y después en Johannesburgo en septiembre en la Cumbre mundial para el desarrollo sostenible, la Unión Europea debe tomar la iniciativa de hacer propuestas concretas y fijar un calendario preciso para mantener este compromiso.
Esta ofensiva a favor del desarrollo y en contra de la pobreza debe organizarse en torno a cuatro ideas fundamentales. En primer lugar, aumentar la ayuda pública en proporciones considerables, alcanzando - por fin - el objetivo del 0,7% de la riqueza de los países del Norte fijado hace más de treinta años. En esta dirección se ha dado un paso importante en el último Consejo "Desarrollo" que remitió este objetivo al orden del día y solicitó a la Comisión que fijara los plazos con los Estados miembros. Es necesario fijar un calendario preciso y vinculante.
En segundo lugar, aportar nuevas respuestas al problema del endeudamiento de los países pobres. Para ello, es necesario multiplicar las operaciones de reconversión de la deuda hacia los sectores de la educación y de la salud de base, a imagen de los "contratos de desendeudamiento y de desarrollo", (C2D) puestos en marcha por Francia. Es necesario ir más allá que la iniciativa PPME ("países pobres muy endeudados") y comprometerse en un amplio programa de anulación de la deuda de los países en desarrollo. Es necesario iniciar la reflexión sobre las condiciones de acceso de los países en desarrollo a la financiación internacional, de acuerdo con las orientaciones mencionadas por el Primer Ministro francés.
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento)
Informe Napolitano (A5-0023/2002)
Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe Napolitano. La Convención es un hecho muy importante, respecto del cual estamos todos de acuerdo. Aprovecho la ocasión para afirmar, sin embargo, que, a mi juicio, ha habido una falta de democracia en la elección de los delegados del Parlamento Europeo en la Convención. Creo, por ejemplo, que el Sr. Íñigo Méndez de Vigo habría estado mucho más contento si hubiera sido elegido por esta Asamblea, con voto secreto, como el Presidente del Parlamento y usted mismo, elegido Vicepresidente. No le habría faltado voto alguno, habría logrado probablemente la unanimidad, pero habría sido una auténtica elección democrática de los candidatos y, por tanto, de los miembros del Parlamento Europeo en esa Convención.
Quiero subrayar en esta ocasión que "quien bien comienza ya tiene la mitad del trabajo hecho", pero en este caso quien mal comienza debe intensificar su empeño. Hago votos por que en el futuro haya más democracia en la selección de los representantes del Parlamento Europeo en estos importantes organismos.

Martin, David
Señor Presidente, en mi calidad de Vicepresidente del Parlamento, responsable de las relaciones con los parlamentos nacionales, diré que aprecio sobremanera el tono y el contenido del informe del Sr. Napolitano. Estoy seguro de que sus ideas nos ayudarán a mejorar lo que ya es una buena relación entre nuestros homólogos nacionales y nosotros. Creo firmemente que esa relación es de importancia vital si queremos asegurar que la Unión Europea esté basada en cimientos democráticos.
Sin embargo, coincido con algunos de mis colegas cuando ponen de relieve que los parlamentos regionales que poseen facultades legislativas constituyen una parte igualmente importante de la adopción democrática de decisiones en la UE. Para no citar más que el caso de mi propio país, más de la mitad de la labor del Parlamento Escocés no se consagra a los reglamentos de aplicación concebidos en Edimburgo ni siquiera a los reglamentos de aplicación provenientes de Londres, sino a los reglamentos de aplicación procedentes de Bruselas, con miras a conseguir que la legislación de la UE se incorpore debidamente a la legislación escocesa.
Por eso, aunque es importante que nos fijemos en los parlamentos nacionales -y sigo manifestando mi satisfacción por la importancia que damos a esa cuestión- también deberíamos considerar ahora de qué forma podemos involucrar a los parlamentos regionales en nuestra labor.

Palacio-Vallelersundi
Me parece un informe excelente y de una gran sabiduría, igual que el ponente. A título personal, comparto este informe en su totalidad, porque creo que está perfectamente orientado. Sin embargo, no he participado en la votación -pese a compartir personalmente lo que se recoge en este informe- debido a mi nombramiento como representante del Presidente del Gobierno español en la Convención. No porque crea que haya incompatibilidad -que no la hay: ni jurídica, ni material, ni ética, ni de ningún tipo- sino, todo lo contrario: la condición de diputado europeo -que comparto con otros dos colegas, que también han sido nombrados por otros dos Jefes de Estado y de Gobierno, el griego y el luxemburgués- es un valor añadido de cara a la Convención y a un trabajo que es común y no de oposición.
Sin embargo, por razones también personales, que tienen mucho más que ver con lo simbólico y, si se quiere, con la estética, Señor Presidente, he preferido no participar en la determinación de una orientación que, indudablemente, servirá de base para la toma de posición de la delegación del Parlamento en esa Convención.
Aunque no hay incompatibilidad de ningún tipo, quiero que quede constancia de que mi voto en blanco es exclusivamente a efectos de constatación de presencia.

Alavanos
. (EL) La propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Constitucionales se encamina por la senda adecuada, y por ello cuenta con mi apoyo.
Los parlamentos nacionales se encuentran las más de las veces al margen del proceso de construcción europea. Es necesario potenciar su papel; no con un nuevo órgano que complique aún más la ya complicada estructura burocrática de la Unión, sino como actuaciones como:
la revalorización del debate de los asuntos europeos en los parlamentos nacionales,
el examen del programa de los ministros antes de su presentación en los Consejos de Ministros,
el control de la actividad de los ministros en el Consejo,
la asignación de función y contenido a las comisiones de asuntos europeos de los parlamentos nacionales,
la intervención de los parlamentos nacionales en el proceso de producción de los textos legislativos de la Unión,
el refuerzo de la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén y Hans Karlsson
. (SV) Hemos votado en contra del punto 3 de la enmienda 21, puesto que coincidimos con el ponente en que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales representan, en sus campos respectivos, a los ciudadanos de la Unión. Por el contrario, no pensamos que un aumento del parlamentarismo en la Unión requiera una ampliación de las facultades del Parlamento respecto a la totalidad de las resoluciones comunitarias. Conviene recordar que la colaboración entre los estados tiene lugar entre gobiernos que son controlados por los parlamentos nacionales, que también exigen responsabilidades.
Votamos a favor del punto 7 del informe ya que, en principio, coincidimos con la opinión del ponente de que sería lamentable que los gobiernos desarrollasen nuevos instrumentos de poder que cercenasen las facultades del Parlamento. Al mismo tiempo, nos interesa dejar constancia de que el método abierto de cooperación - a pesar de sus deficiencias respecto al arraigo parlamentario - ha sido y es un método adecuado para aumentar la integración, la colaboración y los resultados en materias que no son consideradas aptas para otras formas de decisión más superestatales.
Votamos a favor del punto 8 del informe, puesto que coincidimos con el ponente en que no se puede considerar legítima - trátese de la representatividad o de las posibilidades prácticas - la existencia de dos mandatos, es decir, de la titularidad de un escaño en el Parlamento Europeo y de otro en un parlamento nacional o regional. En cuanto a los parlamentos regionales, suponemos que el ponente se refiere a aquellos que tienen poder legislativo propio y no a los que cuentan con facultades delegadas, como, por ejemplo, las asambleas de las Diputaciones Provinciales de Suecia. Este tipo de mandatos debería poder combinarse con un escaño en el Parlamento Europeo.

Berthu
El informe Napolitano refleja la concepción tradicional en el Parlamento Europeo de las relaciones con los Parlamentos nacionales: estos últimos están encerrados, con elogios de consolación, en la función secundaria de defensores de intereses nacionales parcelarios.
Eso es olvidar, evidentemente, que el escalón democrático más vivo es el de la nación, y que por querer superarlo se supera también la democracia. El bien común europeo no se decreta desde arriba, a partir de una democracia europea demasiado débil para ser otra cosa que una tapadera de la tecnocracia, sino que se define por el diálogo pacífico entre los intereses y las aspiraciones de las diferentes democracias nacionales.
Hay un punto sin embargo en el cual el informe Napolitano pretende aportar, según los términos de su exposición de motivos, "una innovación de máxima importancia": es la propuesta de una especie de "poder constituyente compartido". Ésta desenmascara en realidad las verdaderas intenciones que hay detrás de las palabras tranquilizadoras del informe: efectivamente, se trata ni más ni menos de quitar a los Parlamentos nacionales el derecho exclusivo a ratificar los Tratados europeos, y por tanto a definir de forma soberana las competencias de la Unión.
Este nuevo "poder constituyente" sería ejercido por los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo de forma conjunta, así como, precisa el párrafo 21 de la resolución, por la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros, lo que es realmente inédito desde el punto de vista democrático.
Una reforma así constituiría un grave retroceso: el poder de revisar los Tratados (y por ende el "poder constituyente"), corresponde sólo al pueblo, y ciertamente no a ejecutivos, nacionales o europeos; el pueblo puede delegar este poder en algunos casos a asambleas elegidas a este efecto (como el Parlamento francés en los casos previstos por el artículo 89 de la Constitución), pero el Parlamento Europeo no forma parte, ya que no está previsto ningún poder constituyente, o ni siquiera solamente de revisión de los Tratados, en las competencias bien precisas y que los pueblos le han conferido.

Blak, Figueiredo, Frahm, Miranda, Schmid, Herman, Seppänen and Sjöstedt
. (EN) El informe limita la labor de los parlamentos nacionales al escrutinio de sus respectivos gobiernos, papel que perdió dimensión desde que el incremento de las votaciones por mayoría cualificada en el Consejo rompió el vínculo entre las decisiones de la UE y las adoptadas separadamente por cada pueblo. También procura ampliar las facultades del Parlamento Europeo, sin reconocer que la legitimidad la conceden primordialmente ciudadanos que obran en su respectivo nivel parlamentario nacional.
A fin de revitalizar la democracia en Europa, es esencial que cada pueblo reciba facultades visibles de decisión a nivel europeo. En consecuencia, en el futuro debemos considerar que los parlamentos nacionales se hallan en el centro del proceso de adopción de decisiones, y no en su periferia. El Consejo Europeo de Niza parece haber tenido la intuición de lo que acabo de decir cuando incluyó el papel del parlamento nacional en la arquitectura europea (y no al margen de esa arquitectura) en el orden del día de la próxima Conferencia Intergubernamental.
Los ciudadanos de la Unión Europea estiman generalmente que las elecciones para sus parlamentos nacionales (y, en algunos países, las elecciones para la presidencia nacional) representan la posibilidad democrática fundamental de elegir entre, por ejemplo, un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. La legitimidad de la democracia se basa hoy en las elecciones a los parlamentos nacionales y, por lo tanto, las instituciones de la Unión Europea tienen que adaptarse a ese hecho. Lo que es aún más importante: las decisiones importantes del Consejo deberían requerir la ratificación de los parlamentos nacionales.

Bonde
. (DA) SOS Democracia no puede votar a favor del informe Napolitano porque éste no otorga el papel fundamental a los parlamentos nacionales que son los únicos que mantienen una estrecha relación con la población.

Ferrer
. El momento tan decisivo que atraviesa el proceso de integración europea, a consecuencia de la ampliación en curso, por un lado, y de los nuevos retos políticos y económicos a los que hacer frente la UE, por otro, exige el concurso tanto del Parlamento Europeo como de los Parlamentos de los Estados miembros a fin de que los ciudadanos, a través de sus legítimos representantes, puedan participar en este proceso.
De ahí la oportunidad del excelente informe Napolitano y de mi voto positivo al mismo. Porque si bien es evidente la necesidad de garantizar el control democrático de las políticas comunitarias y de la toma de decisiones, también lo es que este control debe hacerse en el respeto de cada uno de los ámbitos de actuación parlamentaria.
En este sentido me parece especialmente positivo el compromiso que asumió el Sr. Napolitano, como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de elaborar un próximo informe sobre el papel de los Parlamentos de las Regiones Constitucionales en este proceso.
Estas regiones, dotadas de competencias legislativas, constituyen una pieza fundamental del engranaje, y no sólo por su mayor cercanía al ciudadano, sino porque los Parlamentos de estas regiones, en tanto que legítimos representantes de los pueblos que conforman la Unión, tienen derecho a participar en el marco de su ámbito competencial en el control del proceso legislativo de las políticas comunitarias y a hacer oír su voz para defender sus intereses.

Goebbels
Dando mi apoyo de forma general al informe Napolitano, me he abstenido en la votación final porque considero prematuro concluir contra la eventualidad de una segunda cámara europea (un senado de los Estados). Corresponderá a la futura Convención profundizar en estas ideas y sacar las conclusiones sobre las instituciones que se hayan de crear, o que no se hayan de crear, y ello en función de la arquitectura global que finalmente se apruebe.

Meijer
 - (NL) Gran parte del poder arrebatado a los Parlamentos nacionales en aras de la unificación europea no ha ido a parar al Parlamento Europeo, sino a los Gobiernos nacionales. De este modo, la existencia de la UE ha acrecentado el poder de los ministros y de los secretarios de Estado. Ni el Parlamento Europeo ni los Parlamentos nacionales están en condiciones de controlar la forma en que éstos alcanzan acuerdos en el seno del Consejo. Si se adopta una decisión contraria a la opinión pública nacional siempre pueden argumentar que ellos defendieron la opción correcta, pero que, por desgracia, sus vecinos impidieron que saliera adelante. Los ministros de los países vecinos hacen lo mismo. Esta toma de decisiones de índole intergubernamental ya no ofrece garantías para que se tengan en cuenta las ambiciones existentes en los diferentes Estados miembros. Por todo ello, abogo por una toma de decisiones interparlamentaria en vez de intergubernamental. La Comisión Europea formula propuestas, el Parlamento Europeo adopta una decisión en primera lectura y, posteriormente, cada uno de los Parlamentos nacionales estudia si dichas decisiones pueden ser aplicadas en su país. Acorde con este modelo, el Consejo ya no tendrá autonomía de decisión. Aunque, por desgracia, las propuestas del Sr. Napolitano no vayan aún tan lejos, refuerzan con razón el papel de los Parlamentos respecto de los gobernantes en los diferentes niveles.

Queiró
Me he visto obligado a votar en contra del informe Napolitano, aunque reconozco que su resolución refleja un conjunto de preocupaciones positivas respecto del papel de los parlamentos nacionales en el ejercicio del control de sus gobiernos -sobre todo cuando éstos formulan y aplican la política europea- y en su construcción.
Reconozco también, cosa que, por lo demás, he dicho expresamente en mi intervención, que ha sido posible integrar parcialmente en el documento algunas de las proposiciones que figuran en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la que fui ponente.
No obstante, no puedo dar mi acuerdo a algunas de las conclusiones aprobadas, que considero políticamente decisivas. Entre ellas destaco el punto 21, relativo al surgimiento -mediante la Convención- de un poder constituyente, aunque ejercido conjuntamente por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, la Comisión y los gobiernos de los Estados miembros, y la negativa preliminar de un futuro Senado (punto 17), en el cual se podría plasmar, a mi juicio, el principio de la paridad entre los Estados miembros de la Unión.
Así, pues, mediante esta explicación de voto queda clara mi posición, ya que, además de las objeciones manifestadas, que determinaron el sentido de mi voto, considero que el Sr. Napolitano es acreedor de mi respeto intelectual por su trabajo y por su esfuerzo en la vía de la parlamentarización de la UE, al rechazar el simplista esquema de hacer del PE el titular exclusivo del papel de representante de los ciudadanos y garante de la democracia en la relación con las demás instituciones de la Unión.
Informe Pohjamo (A5-0006A5-0006/2002)

Markov
Mi Grupo va a votar afirmativamente el informe de propia iniciativa del colega Pohjamo. Las normas jurídicas existentes y la reforma de los Fondos estructurales en el marco de la Agenda 2000 aún no han dado, hasta ahora, resultados tan positivos como se esperaba.
En particular, es necesario mejorar:
las prolongadas negociaciones de los programas entre la Comisión y los Estados miembros
las complejas disposiciones financieras
la participación de las regiones en la ejecución de los programas y proyectos
los gastos de gestión y
el control no obligatorio de los proyectos ejecutados.
Si no se introducen otras modificaciones estructurales en la gestión de los Fondos estructurales, en el futuro seguirá siendo muy difícil superar el problema de que, aun cuando se reduzcan las disparidades entre los Estados miembros, no ocurre lo mismo con las que existen entre las regiones de cada Estado. Dichas modificaciones deberían incluir, en particular, los siguientes aspectos:
limitación temporal del desarrollo de los proyectos
no continuidad de la financiación de los proyectos cuya realización supera el plazo previsto
reparto de los Fondos estructurales de los países que no los utilicen entre los que han presentado suficientes proyectos de calidad
mayor ponderación relativa de los proyectos de inversión que fomenten el empleo
En el contexto de la ampliación de la UE es imprescindible que la Comisión presente en 2003, a más tardar, propuestas concretas que garanticen que los actuales Estados miembros no se verán perjudicados en lo que respecta a los créditos de los Fondos estructurales y los países candidatos a la adhesión recibirán un trato equitativo, en consonancia con las tareas de una política estructural común.
De lo contrario, será imposible conseguir el objetivo de ir reduciendo progresivamente las diferencias existentes en materia de desarrollo y reforzar, por consiguiente, la cohesión económica y social. Las enmiendas de mi Grupo también apoyan esta orientación política.

Meijer
 - (NL) Mientras los Fondos Estructurales continúen existiendo en su forma actual surgirán tensiones entre la vertiente regional y la vertiente europea. Desde el punto de vista regional se trata de dinero propio al que se tiene derecho y que, por tanto, debe poder gestionarse de forma autónoma, con la mayor libertad posible. Desde el punto de vista europeo se trata de dinero europeo que solamente se concede bajo condiciones estrictas para su uso en regiones y ciudades y que debe ser devuelto en caso de que no se destine a las acciones previstas o no se respeten los plazos. La única forma de conciliar estos intereses contrarios pasa por un intenso diálogo administrativo previo y un intenso control. Ello significa que el empleo de estos fondos genera gastos elevados y mucha burocracia. Europa haría posiblemente mejor en limitarse a redistribuir los fondos de libre disposición con objeto de fomentar la inversión en regiones que sufran un retraso, estén en crisis o se vean perjudicadas por una situación desfavorable desde el punto económico y geográfico. Sería preferible que Europa no se ocupara o apenas se ocupara del empleo de los fondos. Gracias a este cambio, los funcionarios europeos podrían dedicarse a otras tareas que requieren aún mucha atención. Además, de este modo se pondría fin a la inútil transferencia de dinero desde los Estados miembros ricos hacia a esos mismos Estados miembros ricos. Habrá menos vallas publicitarias que luzcan la bandera europea, pero saldrá ganando la eficacia.

Titley
. (EN) Apoyo sin reservas la petición de que los Fondos Estructurales de la Unión Europea sean más eficientes y estén más orientados a la consecución de resultados. En realidad, los Fondos Estructurales son una de las mejores maneras de hacer notar a los ciudadanos europeos que la UE está haciendo algo por ellos y es fundamental que no se confirme la impresión, muy extendida, de que somos un emporio de burocracia y de papeleo administrativo. Con demasiada frecuencia, la labor de los Fondos Estructurales ha pecado de burocracia y sus actividades de ejecución han sido lentas e ineficientes. Con el considerable crecimiento sucesivo en la cuantía de los fondos asignados a los Fondos Estructurales, es indispensable que los principios de productividad, valor añadido regional y calidad no sólo se reiteren sino que se supervisen cuidadosamente.
La utilización efectiva de los Fondos requiere la cooperación de todos los niveles de autoridad en la Unión Europea. Los gobiernos nacionales tienen un papel que desempeñar en la liberalización del proceso de ejecución y en favor de la petición de los diputados del Parlamento Europeo de que los recursos de los Fondos se asignen más directamente a las regiones. Además, la Comisión ha de ser más proactiva en la aprobación de los documentos de orientación, liberalizando así aún más el proceso. Por último, la consideración de los Fondos Estructurales en el contexto de la ampliación es positiva: para empezar, la UE puede aprovechar esa oportunidad para asignar los Fondos con mayor efectividad.
Informe Musotto (A5-0007/2002)
Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Señor Presidente, quisiera subrayar -en este informe se ha tratado la cohesión económica y social entre las regiones de la Unión Europea- lo importante que es, a juicio del Partido de los Jubilados y mío personal, que la futura ampliación de la Unión Europea no entrañe variación alguna en la importante política de cohesión que se aplica mediante los Fondos estructurales. Considero un deber de todas las regiones más ricas de Europa contribuir, también financieramente, pero no sólo así, al progreso de todas las demás regiones menos ricas, más pobres, que, por desgracia, hay todavía en toda la Unión Europea. Así, pues, con este deseo he votado a favor del informe Musotto.

Darras
Antes que nada, debo agradecer al mismo tiempo a nuestro ponente en el seno de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, Sr. Francesco Musotto, y al conjunto de esta comisión por el trabajo de calidad que nos han presentado.
Votar este informe es en primer lugar, para mí, señalar que el principio de cohesión y, por consiguiente, de solidaridad e integración de los pueblos y de los territorios de la Unión está incluido en los tratados y como tal resulta esencial defenderlo.
También la heterogeneidad de los progresos realizados y sobre todo la persistencia de intolerables disparidades regionales, que implica la marginalización de las regiones con retraso, deben ponerse de manifiesto - es lo que hace este informe -, y ello con el fin de llamar a los Estados a apoyar los esfuerzos de convergencia económica regional realizados a nivel europeo. Los autores del informe - que, con toda razón, consideran esencial asegurar un grado máximo de coherencia entre la acción realizada a nivel europeo, con cargo a la política de cohesión, y las políticas interiores de apoyo al desarrollo en los Estados miembros - invitan así a los Estados miembros a apoyar, de acuerdo con los principios de adicionalidad y subsidiariedad, este esfuerzo de convergencia económica regional puesto en marcha a nivel europeo, principalmente mediante una política de inversiones adaptada.
Este esfuerzo es tanto más importante en la medida en que debemos superar el desafío que representa la ampliación. La cohesión debe hacerse así más fuerte aún, si se pretende evitar, aunque sea poco, que las separaciones y las disparidades entre las regiones aumenten de forma catastrófica con la ampliación.
Finalmente daré mi apoyo total a la enmienda 49, que señala todo lo que puede tener de insuficiente la proporción del 0,45% del PIB comunitario dedicado a la política de cohesión si se pretende poner en práctica una política de cohesión eficaz y portadora de una solidaridad real.

Hudghton
. (EN) He votado a favor de este informe, pero quisiera subrayar algunos aspectos fundamentales de la política de pesca. La protección de los intereses de las pesquerías tradicionales está vinculada íntimamente con la cohesión económica y social de las comunidades que dependen de las pesquerías.
En virtud del principio de la estabilidad relativa, la proporción de recursos de pesca asignada a Estados determinados en pesquerías determinadas permanece constante. Cuando las posibilidades de captura aumentan o disminuyen en una pesquería determinada, todos los Estados que tienen una participación reconocida legalmente en dicha pesquería asumen una parte proporcional de la degradación. La estabilidad relativa es fundamental para la política de pesca y para el mantenimiento de los recursos pesqueros, y no hay que perjudicarla. Tampoco hay que olvidar la importancia de las preferencias de La Haya. Las preferencias de La Haya reconocen el grado en que muchas comunidades costeras dependen de las pesquerías y ofrecen una protección adicional. No se puede exagerar el papel socioeconómico de esos arreglos: hay que mantenerlos no solamente porque revisten importancia fundamental para la Política Pesquera Común sino también porque forman parte integrante de los objetivos básicos de la política de cohesión.
Por último, hay que hacer hincapié en la financiación con cargo al IFOP cuando se trata de comunidades que dependen de la pesca, y en particular por lo que se refiere a la renovación de la flota pesquera por motivos de seguridad en un sector que opera en un entorno claramente hostil.

Krivine
A mi juicio existe una contradicción de fondo entre la política llamada de cohesión y las orientaciones neoliberales que dominan Europa; la competencia y la privatización generalizadas van en contra de una verdadera armonización. Ésta supone la extensión de fondos que aseguren las necesarias transferencias y repartos equitativos que introducirían así distorsiones positivas con respecto a los puros fenómenos mercantilistas y a la búsqueda ciega de la rentabilidad. Estos fondos podrían verse alimentados por un impuesto unificado sobre la renta del capital.
El informe Musotto reconoce a su manera esta contradicción, por ejemplo, señalando "la necesidad de adaptar la política de la competencia y la política fiscal". Pero siente inmediatamente la necesidad de excusarse alabando los méritos de una asociación de lo público-privado. A pesar de su timidez, las sugerencias del informe van en la buena dirección: pidiendo una mejor evaluación de los efectos de la ampliación; considerando como un techo la proporción del 0,45% del PIB comunitario dedicado a la política de cohesión. Por ello no he votado en contra de este informe, aunque se queda muy por debajo de lo que exigiría una verdadera política de solidaridad e igualdad a escala europea.

McCarthy
. (EN) El Partido Laborista del Parlamento Europeo (PLPE) acoge con satisfacción las conclusiones del informe Musotto sobre la cohesión. Sin embargo estimamos que es prematuro a estas alturas del debate adoptar una posición fija sobre las opciones futuras para la designación de las zonas que requieren asistencia de la Unión Europea.
En el Reino Unido seguirá habiendo zonas necesitadas después del año 2006 y quisiéramos que la Comisión evalúe el papel que un mecanismo de redes de seguridad y la financiación de transición podrían desempeñar para prestar asistencia a las regiones más pobres del Reino Unido después de dicho año.
Es decepcionante que el Partido conservador británico, entre otros, no haya prestado apoyo a esta enmienda. Es una afrenta para la democracia y el espíritu de asociación, que no sean partidarios de que los gobiernos locales y regionales desempeñen un papel más fuerte en la gestión de la financiación de la Unión Europea.

Miranda
El presente informe tiene el mérito de hacer un diagnóstico aproximado de la situación actual en lo relativo a la cohesión económica y social en la Unión Europea. Concordamos, en particular, con la posición de que la cohesión constituye, conforme a los Tratados, uno de los pilares comunitarios. También merece concordancia la referencia explícita a los retrasos en la lucha contra las asimetrías de desarrollo y nivel de vida e incluso la regresión que se da en algunas regiones de ciertos países. También merece concordancia la necesidad expresada de dar continuidad y reforzar la política regional en el futuro y la oposición a una posible retirada de ciertas regiones del objetivo 1 por razones meramente estadísticas.
Ahora bien, en lo relativo a las causas de las citadas situaciones de atraso y regresión, el informe no llega todo lo lejos que sería de desear. Al referirse a la insuficiencia de los medios financieros asignados para el objetivo de la cohesión, omite aspectos esenciales como la ausencia de carácter redistributivo en el presupuesto comunitario y la necesidad absoluta de una revisión de las perspectivas financieras, sobre todo en vísperas de la ampliación. Y olvida también algunos elementos determinantes para las regiones menos desarrolladas, en particular los efectos negativos y, en consecuencia, la necesidad de revisión de las políticas macroeconómicas y financieras y de las políticas sectoriales que, no pocas veces, resultan profundamente inadecuadas para aquéllas.

Sudre
Uno de los mayores éxitos de Europa, en el camino de su construcción, resulta de su decisión de 1975 de instituir la solidaridad y la cohesión, que son necesarias para el acercamiento de los niveles económicos entre todas las regiones y todos los Estados constitutivos de la Unión Europea. Podemos decir hoy que la manera como sepamos adaptar nuestra política comunitaria de cohesión a las perspectivas de la ampliación determinará la vía en la que se comprometa cualitativamente el futuro de la Unión.
El Parlamento Europeo apoya desde hace tiempo, y con toda razón, que una política apropiada de cohesión económica y social no puede reducirse a retirar a algunos lo que se quisiera redistribuir a otros.
Es el análisis de las necesidades reales, amplificadas por la perspectiva de la ampliación, el que debe considerarse en primer lugar, y no una referencia paralizada en los recursos fijados en el pasado, para situaciones diferentes. Porque, tal como señala la Comisión, la ampliación hará crecer el diferencial de desarrollo entre, por una parte, los territorios centrales y, por otra, las regiones periféricas y ultraperiféricas.
Solicito en este sentido que las regiones ultraperiféricas sigan siendo objeto de una prioridad de la política regional y de cohesión a través de nuevos progresos que realizar en la puesta en práctica del artículo 299, párrafo segundo, del Tratado.
Además, es necesario adaptar la política de la competencia (en especial las ayudas de Estado con finalidad regional) y la política fiscal, para reforzar la política regional y de cohesión, quedando claro que sólo los Fondos Estructurales no bastan para contrarrestar los obstáculos y retrasos de desarrollo acumulados desde hace varias décadas.
Conviene también considerar la adaptación de la política agrícola común y de desarrollo rural, con el fin de articular mejor las dimensiones urbanas y rurales del desarrollo regional. Finalmente, considero urgente crear un observatorio europeo de cohesión territorial.
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento)
Informe Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0022/2002)
Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Señor Presidente, he votado a favor también del informe de la Sra. Kratsa, que versa sobre las mujeres en los países mediterráneos. Quisiera pedir, a ese respecto, el compromiso de todos nosotros, diputados, para que la Unión Europea haga extensiva unilateralmente la validez del Reglamento 1408 relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social correspondiente al período en que se ha trabajado en los Estados de la Unión Europea a todos los ciudadanos de los países del Mediterráneo meridional, que desde hace tantos años trabajan aquí, en Europa, y que tienen derecho a tener una cuota de pensión por el trabajo hecho en Europa, independientemente de los convenios respectivos.

Martin, David
Señor Presidente, este informe nos da una imagen deprimente de la situación de la mujer en algunos países mediterráneos. Demuestra que la mujer está desfavorecida desde el punto de vista económico, y está desfavorecida en términos de atención médica y, lo que quizás es mucho más importante, que está desfavorecida en términos de educación, pues las tasas de alfabetización entre las mujeres de algunos países mediterráneos son muy inferiores a las de los hombres.
Es importante que el Parlamento preste atención a esta cuestión, pero no basta con eso. También debemos velar por que la Unión Europea conciba políticas destinadas a ayudar a que la mujer mejore su situación en algunos de esos países. Por ejemplo, el programa MEDA no tiene hasta ahora ningún objetivo dedicado especialmente a la educación de la mujer, a mejorar la atención médica de la mujer. Tenemos que ocuparnos de esa cuestión. También tenemos que fijarnos en la forma en que operan nuestras relaciones económicas con algunos de los países mediterráneos para ver si podemos utilizarlas a fin de mejorar la situación de la mujer, por ejemplo prestando apoyo a las cooperativas femeninas y a otras actividades.

Lulling
A primera vista, podríamos preguntarnos por qué hemos de ocuparnos especialmente de la promoción de los derechos de la mujer en los países mediterráneos.
La política de igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres es la misma para todos los Estados de la Unión. Lejos de nosotros la idea de pensar, por ejemplo, que por motivos de situación y mentalidad de los hombres en los Estados miembros mediterráneos sería más difícil aplicar en ellos la política de igualdad, ahora fuertemente anclada en el Tratado de Ámsterdam.
No vamos en todo caso a calificar a los hombres de esos países de machistas. No lo son sin duda más ni menos que las personas del género masculino de más al norte de nuestra Unión Europea.
Pero resulta claro que, en los países mediterráneos que no son, o no todavía, miembros de nuestra Unión, la situación de las mujeres es más preocupante desde muchos puntos de vista, y resulta legítimo y necesario ocuparse más especialmente de ello para poner remedio a discriminaciones inaceptables.
Estoy por tanto a favor de este informe, con dos reservas. Considero que acciones positivas como las que se mencionan en el párrafo 5 de la resolución y la creación de infraestructuras no deberían solamente permitir a las mujeres sino también a los hombres conciliar vida profesional y vida familiar.
En el párrafo 14 se propone la creación de un banco euro-mediterráneo de desarrollo. ¿Es necesario realmente crear un nuevo banco, cuando tenemos el Banco Europeo de Inversiones, que puede perfectamente asignar préstamos en el marco del proceso de Barcelona también?
Hemos de cuidarnos de crear precedentes. Porque, si creamos un banco euro-mediterráneo de desarrollo, ¿por qué no crear uno para el mar Báltico, para el mar del Norte, por poner sólo algunos ejemplos?
(Intervención recortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento)
Informe Hermange (A5-0009/2002)

Bastos
He votado a favor de este informe, que es una iniciativa excelente para iniciar una política coherente, clara y eficaz en el nivel comunitario sobre el problema del analfabetismo. Se trata de un problema que no ha recibido la atención debida, probablemente porque hasta muy recientemente estaba aceptado que los países más desarrollados no tenían problemas de analfabetismo gracias a la escolarización obligatoria. Téngase en cuenta que las últimas acciones comunitarias relativas específicamente a este problema fueron aprobadas en 1987.
Pero el informe sobre la lectura y la estructura, publicado en junio de 2000 por la OCDE, viene a demostrar claramente lo contrario, es decir, que el analfabetismo es una realidad en nuestros países, que entraña elevados costos económicos y sociales.
La misma organización definió la ausencia de analfabetismo como "las capacidades de lectura y escritura que los adultos utilizan en su vida cotidiana, en el trabajo o en la comunidad, para alcanzar sus objetivos, adquirir conocimientos y aumentar sus posibilidades". Siendo así, la existencia del analfabetismo es la negación de uno de los derechos humanos básicos, es decir, el derecho a la educación, y también un obstáculo al acceso a otros derechos, pues impide la mejora de las condiciones de vida, limita el acceso al mercado laboral y restringe la libertad de expresión de las personas y, con ello, su participación en la sociedad, así como el disfrute de los derechos cívicos que les corresponden.
No se pueden subestimar las cifras que nos llegan sobre la amplitud de este fenómeno en el nivel comunitario, pues afectan a un porcentaje considerable de la población de la Unión Europea entre los 15 y los 65 años. Sin sorpresa, pero siempre con mucho inconformismo, compruebo que mi país, Portugal, es el más gravemente afectado. Si no se hace algo, ese problema irá agravándose.

Krivine
. (FR) Si bien reconoce que el hecho de saber leer y escribir es un derecho para todos, el informe aporta pocos elementos para promover una política a la altura de las bazas en materia de lucha contra el analfabetismo.
Creo que las referencias que se hacen a los pedagogos y docentes sólo son útiles si se defiende una auténtica política de contratación en la Educación nacional, pues se trata de una misión de servicio público.
En efecto, faltan en toda Europa decenas de miles los puestos de maestro. Las recientes manifestaciones de maestros y padres de alumnos de la región nantesa contra el cierre de aulas y a favor de la creación de puestos y de un número limitado de alumnos por aula van en este sentido.
Por último, son sin duda las consecuencias negativas de las políticas liberales - desempleo y ataques a los servicios públicos - las que provocan una recrudescencia del analfabetismo. Luchar contra el analfabetismo exige también luchar contra la miseria.
No obstante, dado que el informe propone una serie de medidas positivas, como el acceso igual de todos a los derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, así como una ayuda específica a las regiones de la UE más afectadas por esta forma de exclusión social, he votado a favor del informe.
Informe Hermange (A5-0004/2002)

Moraes
El Partido Laborista del Parlamento Europeo (PLPE) ha votado a favor del informe Hermange sobre el plan de ejecución del programa social porque hay muchos aspectos positivos en este informe sobre la Agenda de política social de la Unión Europea.
Ahora bien, también hay motivos de preocupación cuando el informe insta a la Comisión a que proporcione información sobre la forma de actuación que se propone llevar a cabo respecto de algunos requisitos que figuran en la Agenda social pero que el PLPE no apoyó en sesión plenaria en el año 2000.
Por lo que se refiere al apartado 14 el PLPE no puede apoyar el llamamiento en favor de un derecho a la huelga en la Unión Europea, y se abstuvo. El PLPE estima que esta cuestión se trata ya en la legislación del Estado miembro y que se trata también en la Carta de Derechos Fundamentales.

El Presidente
Queda cerrado el turno de votaciones.
(La sesión, suspendida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Debate de actualidad y urgencia
La Presidenta
El próximo punto del orden del día es un debate de actualidad, urgencia y especial importancia.

Ataques terroristas en la India, especialmente contra el Parlamento
La Presidenta
El próximo punto del orden del día es un debate sobre las siguientes cinco propuestas de resolución:
B5-0053/2002 de Collins en nombre del Grupo UEN,
B5-0061/2002 de Thomas Mann, Morillon, Tannock, Sacrédeus y Maij-Weggen en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0072/2002 de Frahm en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0081/2000 de Sakellariou y Van den Berg en nombre del Grupo PSE,
B5-0089/2002 de Lynne en nombre del Grupo ELDR,
sobre ataques terroristas en la India, especialmente contra el Parlamento.

Mann, Thomas
Señora Presidenta, el 13 de diciembre de 2001 fue un día aciago y no sólo para las relaciones indopaquistaníes. El atentado de terroristas islámicos radicales contra el Parlamento indio fue un ataque contra el centro neurálgico de la mayor democracia del mundo, la institución de los representantes populares libremente elegidos y la sociedad multiétnica. Desde entonces se ha iniciado una movilización masiva de soldados y una amenazadora concentración de armamento.
Existe un gran riesgo de que los extremistas consigan apoderarse de estas armas mediante ataques por sorpresa. El ataque contra el centro cultural americano de Calcuta, presuntamente por obra de militantes fundamentalistas musulmanes, ha agravado todavía más la situación. Paquistán es sospechoso desde hace años de ofrecer un refugio seguro a los extremistas islámicos y prestarles apoyo logístico y material. Sin embargo, ahora se han adoptado medidas, por indicación del presidente Musharaf. Se detuvo a alrededor de 1.500 sospechosos y se cerraron unos 400 locales de organizaciones extremistas islámicas. Esto permite abrigar esperanzas.
El General ha sacado, sin duda, a su país del aislamiento gracias a su participación en la alianza antiterrorista internacional. Tras la declaración televisada de su voluntad de combatir el terrorismo de manera consecuente debe pasar, sin embargo, de las palabras a los hechos. Sería muy deseable que los guerreros talibanes que se han ocultado en Paquistán fuesen desenmascarados y apresados. Se debe proceder a una reestructuración organizativa de las escuelas religiosas islámicas radicales, que constituyen un caldo de cultivo religioso para los talibanes, y se deben reformar sus contenidos. Lo más importante es, sin embargo, indagar las causas de la simpatía hacia los talibanes y su ensalzamiento como combatientes por la libertad, aún presentes en amplias zonas del país.
Es necesario un intenso debate intelectual. La educación pública debe cumplir un papel prioritario con este objeto. Unas personas conscientes y capaces de emitir juicios críticos, gracias a una buena educación escolar, también estarán en condiciones de oponer resistencia a cualquier tipo de dictadura y manipulación. Paquistán debe aceptar la libertad religiosa de las minorías. Pienso, entre otras cosas, en la reciente masacre cometida durante un servicio religioso en una iglesia cristiana. Todavía no se ha detenido a los terroristas islámicos responsables.
La discriminación de los cristianos -también por las instancias oficiales- debe quedar relegada al pasado, al igual que la persecución de otras religiones. La exigencia de la India de que Paquistán desenmascare y entregue a los instigadores del atentado contra el Parlamento indio está justificada. Su cumplimiento requerirá, no obstante, mucha paciencia. Las pruebes de misiles indias constituyen un instrumento de presión inútil y una provocación que resulta contraproducente.
El Grupo del PPE/DE insta a ambas partes en conflicto a que se enfrenten a las situaciones de crisis con todos los recursos de la diplomacia. Tenemos que procurar que renuncien al uso de la fuerza militar. En mi calidad de vicepresidente de la delegación ante la SAARC, me preocupa que Paquistán ratifique y transponga por fin la declaración de la SAARC sobre la represión del terrorismo. En general, es necesario seguir avanzando por el camino de los acuerdos de Lahore y de Simla. La Unión Europea puede desempeñar sin duda un papel de mediación que sería muy bien aceptado. Seguramente todas las partes implicadas así lo desean. Nos hemos granjeado desde hace años una gran confianza gracias a una política equilibrada. Ambos Estados y las exigencias de la seguridad en el conjunto del Asia meridional merecen nuestro compromiso.

Souladakis
Señor Presidente, los últimos días, a principios del mes pasado, tuvimos que hacer frente a la posibilidad de un enfrentamiento violento, de alcance imprevisible, entre la India y Pakistán. Afortunadamente el enfrentamiento se evitó gracias a la responsabilidad mostrada por ambas partes. Corríamos, pues, el peligro, tras el violento choque, en los términos en que se produjo, y tuvo que producirse, con los terroristas en Afganistán, de que se produjera otro conflicto desgraciado entre dos grandes países que disponen de arsenal nuclear.
Esto, sin embargo, no significa que el problema se haya resuelto. Y en este sentido, el debate que hoy mantenemos tiene el objetivo de señalar a los dos países, a la India y Pakistán, su responsabilidad ante sus pueblos y ante los países de su entorno. Al mismo tiempo, en embargo, debemos también nosotros asumir nuestras responsabilidades, de suerte que como Unión Europea intentemos contribuir a la solución pacífica de todos los conflictos de la región, al respeto del Derecho internacional, al respeto a los derechos humanos, y al imperio, en términos generales, del estado de Derecho y los derechos humanos.
No obstante, este intento no debe conducirnos a ignorar que de hecho en Pakistán hay serios problemas en relación con los derechos humanos, serios problemas con respecto a cuestiones de democracia, serios problemas con las minorías religiosas. No menciono esto aquí a modo de fundamentación de una denuncia a Pakistán, o de amistad hacia la India. En modo alguno. La mención es a las necesidades y las prioridades al servicio de las cuales deben trabajar estos dos países; por su propio bien, por el bien de la región, por la evolución pacífica de la región. Los dos países son responsables de la estabilidad en la región. Los dos países son responsables de la evolución de los acontecimientos, responsables de que aquellos territorios dejen de ser dominio de la pobreza, dominio de la miseria, tierra de conflictos y enfrentamientos. En este sentido, quiero creer que la resolución de hoy, y su apoyo unánime por todas las tendencias del Parlamento, constituirá una aportación simbólica y sustantiva.

Lynne
Señora Presidenta, permítame que deje bien sentado desde el principio que condeno el terrorismo donde quiera se manifieste, y que condeno particularmente los ataques contra el parlamento de la India y el centro cultural de los Estados Unidos. No hay justificación alguna para el terrorismo, sea cual fuere la presunta provocación que se alegue como disculpa.
Ahora bien, tenemos que estudiar las causas radicales del terrorismo. Por eso me agrada sobremanera que hayamos ampliado el ámbito de esta resolución, aunque no hayamos podido modificar su título. No quisiera que nadie pudiera pensar de nosotros que estamos tratando de vincular a un país o a una organización con esos ataques. Seguimos sin saber realmente quién los ha cometido y por eso me alegro de que el Gobierno indio esté investigándolos y de que el Pakistán esté colaborando en esa investigación.
Lo antedicho me brinda la oportunidad de abordar un problema más amplio: la nueva amenaza de guerra entre la India y el Pakistán. Aplaudo el anuncio del Presidente Musharraf de que está tratando de acabar con el terrorismo, pero también es importante que tengamos en cuenta la controversia sobre Jammu y Cachemira, que dura desde hace más de 50 años. Reitero el llamamiento para que la Unión Europea ofrezca sus servicios como moderadora a ambas partes y para que se tengan en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Lo que estoy proponiendo es algo parecido a lo que hizo el senador Mitchell en Irlanda del Norte. El pueblo que sigue sufriendo es el pueblo vulgar y corriente, los civiles de la India, el Pakistán, y Cachemira. Los que dicen que un mediador proporcionado por la Unión Europea, la Commonwealth o las Naciones Unidas no es una solución, no ofrecen ninguna otra alternativa. Tenemos que encontrar una alternativa al derramamiento de sangre y a la continuación de esta controversia. Espero que votemos todos en favor de esta resolución, para demostrar no solamente que el terrorismo nos repugna sino también el deseo de encontrar una solución para las tensiones que reinan en esa región.

Tannock
Señora Presidenta, el 13 de diciembre del año pasado el Parlamento de la Unión India en Delhi, que es su símbolo más visible de democracia y de nación secular, sufrió un ataque cruel y espantoso. No subestimemos el peligro que entrañó, pues si se hubiera conseguido asesinar a los ministros gubernamentales y dirigentes de la oposición reunidos, eso podría haber significado una guerra entre la India y el Pakistán, que son dos Potencias nucleares que también poseen una masa impresionante de fuerzas armadas terrestres convencionales, aunque por lo menos la India haya declarado que no será la primera en hacer uso de su arsenal nuclear, cosa que no ha hecho Pakistán.
Pronto se descubrió que la responsabilidad recaía en grupos terroristas islámicos militantes que tenían una base en Pakistán, con pleno apoyo e instrucción militar recibidos del Gobierno pakistaní, que también eran responsables de los ataques contra la Asamblea Nacional de Cachemira, que habían tenido lugar anteriormente en Srinagar. Todo esto en clara violación de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prohíbe que los países patrocinen el terrorismo contra otros países. Sin embargo, me alegra sobremanera que el Presidente Musharraf' haya cambiado de actitud y apoye a los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo, que acabó con el régimen Talibán y que destruyó la facción al-Qa'ida en Afganistán, aunque dicho régimen fuera en gran parte creación del organismo de interservicios secretos del Pakistán; en particular, su discurso del 13 de enero en el que prometió la reforma de las madrassas o escuelas religiosas, que han fomentado tanto odio respecto del Oeste y que han creado una atmósfera que llevó el año pasado a la matanza de cristianos que estaban orando pacíficamente.
Es un buen punto de partida, pero el Pakistán todavía no ha accedido a la petición de que dicte la extradición de 20 dirigentes de la confabulación. Se teme con profunda preocupación que el secuestro de Daniel Pearl, periodista de Wall Street, haya involucrado a miembros renegados partidarios de los Talibán, pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Pakistán. Se han recibido mensajes electrónicos que parecen probar que los superiores de Richard Reid, el hombre de los zapatos explosivos -que por desgracia es de mi país-, quizá estaban basados en el Pakistán. En consecuencia insto al Pakistán a que ratifique la SAARC y todas las convenciones de las Naciones Unidas sobre el terrorismo y felicito a la India por la moderación de que ha dado pruebas frente a la provocación y en su declaración conjunta con la Unión Europea en noviembre del año pasado contra el terrorismo.
Durante la guerra de Afganistán en el decenio de 1980 nosotros, los occidentales, apoyamos la ideología militante islámica a fin de combatir la difusión del comunismo. América, desgraciadamente, pagó el precio el 11 de septiembre. ¿Vamos a repetir de nuevo ese error?

Ford, Glyn
Señora Presidenta, quisiera expresar la profunda preocupación del Grupo Socialista por el creciente fenómeno del terrorismo fundamentalista, no solamente en la India sino en todo el mundo. Estamos preocupados por la amenaza que esto plantea para las sociedades democráticas y reafirmamos que los actos de terrorismo amenazan la paz y la estabilidad en cualquier lugar del mundo, pero en ningún lugar tanto como en la India y el Pakistán en estos momentos. Esos dos países poseen armas nucleares y por lo menos uno de ellos no ha declarado que no será el primero en recurrir a la utilización de esas armas.
Secundamos las demandas de la India en favor de que el Pakistán colabore en una investigación a fondo de los ataques contra la Asamblea del Estado de Cachemira y contra el Parlamento de la India, pero instamos a ambas partes a que hagan todo lo que puedan por evitar que actúen pensando en la perspectiva de una guerra. Sabemos que eso requerirá buena voluntad e iniciativa por parte de la India y del Pakistán, y en particular por parte del Presidente Musharraf. La única manera de salir adelante es a base de negociar. Confiamos en que la India y el Pakistán, con el apoyo del Parlamento Europeo, puedan seguir ese camino en vez de embarcarse en una ruta mucho más peligrosa para ellos y para el resto del mundo.

Dupuis
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, creo que nos hemos librado de buena. Concretamente, ha circulado un primer texto de base, confirmado por la Sra. Lynne y el Sr. Elles, que era realmente inaceptable. Los trabajos, en especial los trabajos nocturnos de los últimos días, han permitido corregirlo en profundidad y llegar a un texto que, si bien no es perfecto, es aceptable.
Debemos recordar el título y la razón de ser de esta resolución: los ataques terroristas en la India. La resolución es, pues, ante todo una expresión de solidaridad con las víctimas de esos atentados. El Sr. Tannock nos ha descrito los desastrosos efectos que habría podido tener ese atentado para toda la clase dirigente india.
Pienso que en la resolución se infravaloran, del mismo modo que, a mi entender, sobrevaloramos un tanto el alcance de lo que, a día de hoy, no son más que declaraciones del Presidente Musharraf. Como ha recordado con acierto el Sr. Tannock, todavía no hemos visto el cierre efectivo de todas las madrasas, de todas las escuelas coránicas. Es importante, pues, que mantengamos una gran firmeza hacia el Pakistán.
Por otra parte, diría también al Sr. Souladakis que el equilibrio, en el caso que nos ocupa, no es realmente un apoyo a la democracia. No olvidemos que la India es una democracia, una democracia desde hace 50 años. Es también y debe ser para nuestro Parlamento una referencia: la India es un país en desarrollo; desde hace 50 años, la India viene consolidando, junto con su población, su democracia. Este caso no se da prácticamente en ningún otro lugar. Tenemos a su gran vecino, ese gran mercado, ese "Eldorado" para muchos de nuestros colegas, me refiero a China. Y después, tenemos a ese gran país que olvidamos demasiado a menudo, con el que la Comisión ha realizado algunos progresos en los últimos dos o tres años. Se ha celebrado una primera cumbre Unión Europea-India, seguida de una segunda cumbre Unión Europea-India. Pero es verdaderamente insuficiente.
La India, por su régimen, por su voluntad de afrontar dentro del respeto de la democracia su desarrollo, debería ser nuestra referencia para nuestra política de cooperación con todos los países del mundo. Sus dificultades específicas son incomparablemente mayores que las de muchos otros países en los que seguimos tolerando la dictadura, el fundamentalismo y otras plagas de ese género.
Por tanto, doy las gracias a los diputados que han trabajado hasta altas horas de la noche para transformar el texto de base y hacer de él un texto de apoyo a la India. Pienso que se habría podido ir más lejos en nuestro apoyo y que debemos mantener una enorme prudencia con respecto al Pakistán, porque ha habido por parte de este país muchas buenas palabras: es un primer paso, pero todavía es claramente insuficiente.

Sacrédeus
Señora presidenta, en primer lugar, señora Cederschiöld, permítame desearle éxito como la primera sueca que ha sido elegida Vicepresidenta del Parlamento Europeo. Es una elección que me alegra.
Lo que ocurrió el 13 de diciembre pasado en el parlamento indio fue algo terrible: el parlamento de un país democrático y plural fue atacado por grupos de militantes islámicos. El parlamento, el corazón de la democracia, fue objeto de un brutal atropello. Se asesina. Toda la democracia es puesta en duda por esos militantes islámicos.
Es importante que intentemos entender qué pasó en Nueva Delhi ese día. ¡Pensemos si nuestro propio Parlamento, aquí en Estrasburgo, o nuestros parlamentos nacionales - en mi caso el Riksdag de Estocolmo - fuesen objeto de ataques terroristas! Nuestras reacciones serían muy enérgicas. Quizá es difícil para los europeos entender la verdadera magnitud de lo ocurrido.
Quiero dirigirme a la Comisaria Diamantopoulou para comentarle algo acerca de las escuelas religiosas islámicas, las denominadas madras, en Paquistán. Creo que la Comisaria y la Unión Europea tienen la enorme tarea de fomentar en esas escuelas un tipo de enseñanzas que se fundamenten en el amor, en el amor al prójimo y que no vean a otras religiones o a otras corrientes políticas con ojos de odio. Desde esas escuelas y desde otros lugares islámicos se extiende el odio.
Estimados amigos, ha caído el régimen de los talibanes en Afganistán, pero su mentalidad de odio, de violencia, de llamar a otras personas "infieles" y de verlos como inferiores sigue existiendo. Insto a la señora Diamantopoulou para que intente por todos los medios a su alcance que en las escuelas de Paquistán y de Oriente Medio la enseñanza se inspire en el amor, el amor al prójimo y la tolerancia.
La finalidad de las religiones es la sublimación del alma, la excelencia ética y moral, dar al individuo valores espirituales y no estar al servicio de la violencia y el odio. Paquistán ha sido un país donde se han entrenado los terroristas de al-Qaida. Ésta es una de las tres naciones que reconocieron al régimen de los talibanes. El embajador talibán de Afganistán permaneció en Paquistán después de los ataques a EE.UU. del 11 de septiembre. Paquistán tiene que explicar muchas cosas. Lo que ha dicho el Presidente Musharraf es importante. Estamos esperando que actúe con energía.

La Presidenta
Gracias por sus amables palabras en relación con la elección de una Vicepresidenta sueca. Ha sido algo de gran trascendencia para nosotros los suecos.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, quiero yo también felicitarlo y desearle todos los éxitos en el desempeño de su cargo.
La iniciativa es saludada con satisfacción. Sus Señorías han destacado que lo ocurrido constituye una agresión de proporciones extraordinarias en contra de la más alta institución de la democracia más grande del mundo. La Unión Europea expresó unánimemente su indignación por este hecho. El Consejo hizo declaraciones mediante las cuales condena el hecho y expresa la solidaridad de la Unión Europea con la República de la India. El Consejo y la Comisión han destacado igualmente en repetidas ocasiones que Pakistán debe continuar y ampliar su política contra el terrorismo. la India pide a Pakistán que muestre con acciones concretas su determinación de erradicar todas las formas de terrorismo, exigencia absolutamente legítima.
Tras el atentado del 13 de diciembre, asistimos a un despliegue sin precedentes de fuerzas militares en la línea de control, en la frontera entre los dos países, y causan inquietud la creciente tensión y los enfrentamientos armados. En este marco, nos congratulamos por la declaración del Presidente de Pakistán Sr. Musharraf, el 12 de enero, en la que anunciaba medidas enérgicas para la lucha contra el terrorismo y el fanatismo religioso. Es un paso en la dirección adecuada y hacia la normalización de las turbulentas relaciones entre Pakistán y la India. La Comisión continuará llamando la atención de las dos partes sobre la necesidad de cooperar y de rechazar la solución militar. La semana próxima, con ocasión del encuentro, de nivel ministerial, de la Unión Europea y la India el 14 de febrero en Madrid, el mensaje de la troica incluirá dos elementos. El primero es que la Unión Europea brinda todo su apoyo a la India en la lucha contra el terrorismo, tal y como se acordó en la declaración contra el terrorismo en la Segunda Cumbre, y el segundo, que anima a ambas partes a reanudar el diálogo lo antes posible y a comenzar la retirada de los efectivos militares.

La Presidenta
Gracias, Comisaria Diamantopoulou.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas.

Ayuda humanitaria a Goma
La Presidenta
El próximo punto del orden del día es un debate sobre las siguientes cinco propuestas de resolución:
B5-0058/2002 de Maes, Rod y Lannoye en nombre del Grupo Verts/ALE,
B5-0065/2002 de Johan Van Hecke y Maij-Weggen en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0073/2002 de Sylla, Miranda, Sjöstedt, Koulourianos en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0082/2002 de Sauquillo, Pérez del Arco y Van den Berg en nombre del Grupo PSE,
B5-0090/2002 de Sanders-Ten Holte y Dybkjr en nombre del Grupo ELDR,
sobre ayuda humanitaria a Goma.

Maes
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, una desgracia nunca viene sola, sobre todo si se trata de la población, tantas veces azotada por el dolor, del este de la República Democrática del Congo. Desde hace años sus habitantes deben hacer frente a la guerra, al problema de los refugiados, a la ocupación por la vecina Rwanda, y para colmo, ahora han sufrido estas erupciones volcánicas. Las trágicas noticias que acaban de llegarnos confirman que la gente vive en unas condiciones francamente miserables. Ha comenzado la breve temporada seca y hace un calor sofocante. Hay sustancias tóxicas. La lava despide vapores tóxicos. Dado que no tienen leña aprovechan el calor de la colada volcánica para cocinar. Ustedes entenderán que viven una situación horrible, en una ciudad parcialmente destruida, que recuerda a Hiroshima.
En la parte de la ciudad que no ha sido afectada por la erupción la vida sigue su curso normal, en la medida en que las circunstancias y la ocupación lo permitan. Por eso resulta difícil distinguir a las verdaderas víctimas de los demás. En este momento no se sabe muy bien quiénes son las personas más necesitadas. Según he podido comprobar, esta noticia se confirma en el reciente comunicado de la conferencia obispal. Los obispos se quejan de la escasez de las raciones, a pesar de que hay provisiones suficientes. Lamentan que gran parte de la ciudad haya sido destruida, sin que se sepa cuáles son las personas más afectadas. Se han realizado encuestas, pero los resultados aún no han sido corroborados.
Afortunadamente, se ha puesto en marcha una avalancha de ayuda internacional. A este respecto la Unión Europea ha desempeñado un papel primordial. Ya temía que en mi discurso iba a tener que expresar algunas quejas, porque, por supuesto, me entero de todas ellas. Algunos se lamentan, por ejemplo, de que toda la ayuda debe pasar necesariamente por Kigali ya que, según ellos, ahí se aprovechan de las circunstancias. Otros me han asegurado que el aeropuerto de Kigali es el más cómodo para la tramitación de las mercancías y que ya no se obstaculiza la ayuda.
Sé que la República Democrática del Congo ha enviado ayuda a Bukavu que está lista para ser distribuida. Ahora bien, dicha ayuda se considera como ayuda procedente de la población congoleña y, por eso, los invasores se oponen a que se reparta.
Resumiendo, en cierto modo quiero tranquilizarles, pero al mismo tiempo debo dejar muy claro que las medidas anunciadas por el Parlamento Europeo son absolutamente necesarias.

Schwaiger
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en realidad yo quisiera abundar en la conmovedora descripción de los sufrimientos de la población que nos ha presentado la Sra. Maes. Pero también desearía tratar otros aspectos, tal vez más relacionados con la organización, así como con el contexto político.
Voy a empezar por la organización. Esperamos que en adelante nadie obstaculice ya la intervención de ECHO, las medidas de ayuda de la Unión Europea, y que sea posible hacer llegar cuanto antes la ayuda al lugar de los hechos. También esperamos que esto se cumpla no sólo en la ciudad de Goma, sino también en la zona circundante. Ésta se extiende hasta Bukavu, donde también hay refugiados, y hasta Ruanda y Burundi, donde hay asimismo refugiados dispersos. Tenemos que prestar ayuda a todos y tenemos que prestársela rápido. Este es el primer punto.
El segundo es, naturalmente, que lo ocurrido vuelve a sacar a la luz la debilidad de la organización estatal y la inexistencia de una organización estatal en el Congo. Es necesario que el proceso de paz reciba cuanto antes un firme respaldo. Tenemos que contribuir a hacer entrar en razón lo más pronto posible a las diferentes partes, a fin de que sea posible iniciar la reconstrucción del Congo y el restablecimiento de las estructuras administrativas, así como también unas estructuras democráticas, y evitar que ese gran país continúe hundiéndose en el caos.
Tenemos una gran tarea por delante y el ejemplo de la ayuda que ahora podemos ofrecer, tal vez también pueda servir de estímulo para que las diferentes partes enfrentadas se decidan a escuchar a la Unión Europea y a recurrir a nuestra mediación.

Sylla
Señora Presidenta, Señorías, evidentemente tengo que abundar en el sentido de las palabras de mis dos colegas. Como saben, la erupción del volcán Niragongo en Goma, en el este de la República Democrática del Congo, se considera la más grave registrada en el África central desde hace 25 años. En primer lugar, quisiera rendir homenaje a las 300.000 ó 500.000 personas que huyeron de la ciudad en un primer momento y que no van a parar hasta regresar a ella, porque están apegadas a su tierra.
Hay que saber que esta catástrofe es humanitaria, es ecológica y ha sucedido en un momento en que el 80 % de los campesinos acababan de sembrar el trigo y el maíz. Hay que saber que la lava ha sepultado precisamente las tierras agrícolas más fértiles, ha reventado casas y ha destruido edificios públicos, en particular los que albergaban ONG. Es más, todo esto se desarrolla en un clima - y esto ya lo han dicho mis dos colegas - de violencia, de conflicto, en la región de los Grandes Lagos. En este drama, creo que cabe temer ahora que, debido a la escasez de agua potable, se produzcan también epidemias de todas clases, en particular de cólera y disentería. Ya sabemos lo que este tipo de epidemias pueden provocar, en especial después de los genocidios calificados de "tropicales" , cuando 50.000 personas fueron asesinadas en esta misma región de Goma. Incluso se ha producido una explosión en una gasolinera - hemos visto las imágenes. Hemos visto a personas saqueando y a otras partiendo con bidones en la cabeza en busca de gasolina. Creo que todo esto también crea un clima de inseguridad, que hay que atajar.
Si bien hoy podemos felicitarnos, como ha dicho la Sra. Maes, porque la Unión Europea ha estado muy presente y se ha mostrado muy activa y rápida, y porque finalmente la ayuda humanitaria ha llegado a su destino, no es menos cierto que se han planteado algunas cuestiones y pienso que debemos intentar, con la Sra. Comisaria, responder a ellas.
En primer lugar, en 1977, entró en erupción el mismo volcán. Es muy lamentable que se hayan reconstruido casas sobre un volcán cuyas brasas aún estaban candentes. Esta cuestión se ha planteado en Goma, pero yo la planteo para todas las situaciones semejantes en el mundo. Se está reconstruyendo en lugares donde se han producido catástrofes similares. También creo que este drama debe incitarnos, a escala mundial, a adecuarnos a las prescripciones establecidas para el "decenio contra los riesgos naturales" y que, en este marco, la Unión Europea tiene que desempeñar un papel más importante. Por último, debemos aprovechar la ocasión para obligar a todas las fuerzas políticas, y especialmente a las partes en conflicto, a garantizar la conducción de la ayuda de emergencia a las personas siniestradas y a los refugiados. La Comisión y los Estados miembros deben participar más activamente en el decenio internacional que he mencionado. Por último, con ocasión de la reanudación de la cooperación entre la Unión Europea y la República Democrática del Congo, pienso que debemos alentar a nuestros socios al cese de los conflictos y a la instauración de una paz justa y duradera. Creo que estas son condiciones sine qua non para que no reproduzca este tipo de dramas.
Hay que saber, y concluiré con esto, que pueden producirse otras catástrofes: se sabe, por ejemplo, que el lago Kivu contiene inmensas reservas de metano y que la lava vertida a las aguas puede provocar muchos problemas aún. Doy las gracias a la Unión Europea por haberse mantenido atenta y por actuar con rapidez, pero quisiera que reforzáramos nuestra acción y, de ese modo, impulsáramos la instauración de una paz justa y duradera.

Sauquillo Pérez del Arco
Señora Presidenta, la erupción del volcán Miragongo ha puesto de manifiesto dos realidades que se presentan como un desafío para toda la comunidad internacional en general y, concretamente, para la Unión Europea así como para los países de la región.
La primera realidad es la situación de extrema pobreza en la que viven miles de personas no sólo en esta región del este, sino en toda la República Democrática del Congo, pobreza agravada aún más por la situación de guerra que arrasa este país desde 1996.
Ya se han presentado datos: se ha dicho que más de 300.000 personas necesitan asistencia, que el 30% de la población no tiene hogar y que hay que reconstruir 12.000 hogares. En este sentido, ha sido muy oportuna la resolución que esta semana hemos aprobado, que establece vínculos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y lo que es la política de desarrollo.
La segunda realidad es el odio que se ha ido tejiendo entre los pueblos del este y la población vecina de Ruanda, odio que se ha demostrado por el rechazo, por parte de la población de Goma, a la hospitalidad ofrecida por Ruanda y la vuelta masiva de esta población a sus tierras, ya invadidas por el volcán, pese a los riesgos que tienen de nueva erupción.
Estas dos realidades deberían conducirnos a una estrategia y a una acción de la Unión Europea que nos permita implicarnos en esta región. Es cierto que hace falta una buena política de reconstrucción de Goma, y de previsión de posibles nuevas erupciones y control del Volcán Miragongo.
Sin embargo, toda esta estrategia no alcanzará resultados eficaces si no se consolidan en el país las bases de un régimen democrático y con amplio consenso social que garantice una estabilidad y una paz.
Tampoco servirá de nada si no existe una confianza en esa estabilidad entre toda la región. Por ello es importante que este diálogo inter-congoleño que se reanuda en Sudáfrica en la ciudad de Sun City ponga fin a este conflicto. También creemos que es importante que se organice una conferencia regional que reconcilie los países de la región de los Grandes Lagos y devuelva a los diferentes pueblos de la misma la confianza perdida.
La resolución que presentamos es un conjunto de voluntades, de principios y de estrategias que queremos ver aplicados para hacer frente a la erupción del Volcán Miragongo, sin por ello perder de vista lo anteriormente expuesto.
Apoyamos el Plan global para el 2000 gestionado por ECO y solicitamos que este plan, que es muy importante para la región africana, y para el logro de los fines anteriormente expuestos, se agilice y que estas ayudas no lleguen tarde, como desgraciadamente ha pasado muchas veces.

Diamantopoulou
. (EN) Antes que nada quisiera responder al comentario de la Sra. Maes repitiendo un antiguo dicho griego que poco más o menos reza como sigue: "Una cosa mala abre fácilmente la puerta a otras muchas" . Temo que ése sea el caso del Congo.
Los locales de Goma de la Oficina humanitaria de la Comunidad estaba directamente en el camino de la corriente de lava pero un equipo de cuatro expertos de ECHO, entre ellos especialistas de recursos hídricos y de respuesta en caso de desastres, estaba sobre el terreno para evaluar la situación y las necesidades antes de que transcurrieran 36 horas desde la erupción. El Servicio aéreo de ayuda humanitaria de la Comisión, basado en Nairobi, estuvo a nuestra disposición y pudo transportar al Equipo de evaluación de desastres de las Naciones Unidas, a vulcanólogos y a otro personal competente.
Las evaluaciones conjuntas llevadas a cabo por ECHO y por los organismos sobre el terreno dieron por resultado el anuncio de una decisión de emergencia el lunes, día 20 de enero. Se dispone de cinco millones de euros para subvenir a las necesidades inmediatas de 100.000 personas. Esta cifra representa aproximadamente la tercera parte de la población afectada.
Las operaciones se centran en cuatro esferas principales: agua y atención médica, vivienda y productos no alimentarios, alimentos, y coordinación y logística. El jefe de la Dependencia africana de ECHO visitó la región del 20 de enero al 1 de febrero. La misión confirmó que se estaban atendiendo las necesidades urgentes y que se había establecido una coordinación efectiva.
¿Qué vamos a hacer ahora? En primer lugar, se está gestionando la situación de emergencia con los organismos y los recursos de que ya se dispone. Las nuevas donaciones en especie y la incorporación de nuevos organismos deben coordinarse con los organismos que ya se hallan sobre el terreno, para evitar una posible duplicación. Después de evaluar cuidadosamente las opciones, hay que comenzar a centrarse en una asistencia equilibrada y a mediano plazo para el reasentamiento de los que han perdido su hogar y para la rehabilitación de la infraestructura social esencial.
Por último, acerca de la cuestión principal planteada por el Sr. Sylla, la gran importancia concedida por los medios informativos a este desastre no debería desviar nuestra atención de la magnitud de la crisis humanitaria originada por los cinco años de conflicto en el Congo, que ya es el principal cliente de ECHO: 32 millones de euros en el año 2002. La Comisión subraya la necesidad de conseguir pronto una solución pacífica del conflicto mediante el cumplimiento de los Acuerdos de Lusaka y el Diálogo intercongolés.

La Presidenta
Gracias, Comisaria Diamantopoulou.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas.

Derechos humanos
La Presidenta
El próximo punto del orden del día es un debate de las siguientes 28 propuestas de resolución sobre derechos humanos:
B5-0052/2002 de Pasqua en nombre del Grupo UEN,
B5-0066/2002 de Morillon, Galeote, Van Orden, Cushnahan y Tannock en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0074/2002 de Papayannakis, Ainardi y Cossutta en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0083/2002 de Sakellariou, Napoletano, Van den Berg y Terron i Cusi en nombre del Grupo PSE,
B5-0091/2002 de Malmström en nombre del Grupo ELDR,
B5-0097/2002 de Hautala, McCormick, Wuori, Boumédienne-Thiery, Jonckheer, Rühle, McKenna, Isler Béguin, Schörling, Lannoye y Elisabeth Schroedter en nombre del Grupo Verts/ALE,
sobre Guantánamo,
B5-0054/2002 de Elisabeth Schroedter, Lambert, Wuori y Staes en nombre del Grupo Verts/ALE,
B5-0067/2002 de Bethell, Oostlander y Posselt en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0075/2002 de Brie en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0084/2002 de Sakellariou, Krehl y Lalumière en nombre del Grupo PSE,
B5-0092/2002 de Thors en nombre del Grupo ELDR,
sobre el caso de Gregorij Pasko y cierre de TV6 en Rusia,
B5-0055/2002 de Rod, Maes y Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE
B5-0062/2002 de Caullery en nombre del Grupo UEN,
B5-0068/2002 de Corrie, Gemelli y Maij-Weggen en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0076/2002 de Marset Campos y Cossutta en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0085/2002 de Scarbonchi, Fruteau y Van den Berg en nombre del Grupo PSE,
B5-0093/2002 de Sanders-Ten Holte, Van den Bos y Dybkjær en nombre del Grupo ELDR,
sobre las elecciones en Madagaskar, - B5-0063/2002 de Caullery en nombre del Grupo UEN,
B5-0069/2002 de Posselt en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0077/2002 de Marset Campos en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0086/2002 de Van den Berg en nombre del Grupo PSE,
B5-0094/2002 de Maaten y Dybkjær en nombre del Grupo ELDR,
sobre las elecciones en Camboya,
B5-0057/2002 de Rod, Maes y Lucas en nombre del GrupoVerts/ALE,
B5-0064/2002 de Muscardini en nombre del grupo UEN,
B5-0070/2002 de Bowis, Gemelli y Maij-Weggen en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0078/2002 de Brie en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0087/2002 de Ghilardotti y Van den Berg en nombre del Grupo PSE,
B5-0095/2002 de Sanders-Ten Holte, Van den Bos y Dybkjær en nombre del Grupo ELDR,
sobre Eritrea.
Guantánamo

Morillon
Señora Presidenta, señora Comisaria, ¿qué ha pasado en Guantánamo? Esa parte de la intelligentsia europea que todavía sigue empapada del mismo angelismo y sigue creyendo, después del 11 de septiembre, que es posible responder a la violencia sin violencia y a la guerra sin combate, se ha conmovido por las condiciones en que fueron trasladados a Guantánamo los combatientes de Al-Qaeda capturados en terreno afgano.
Intentemos imaginar que habría pasado si los norteamericanos, alertados por la trágica experiencia del motín de Mazar-i-Sharif, no hubieran tomado todas las precauciones para garantizar un transporte seguro de esos fanáticos, formados desde hace años en la búsqueda del martirio, en el ejercicio de la violencia más ciega. Si no hubieran sido neutralizados como lo fueron, habría bastado un simple movimiento colectivo en los aparatos de transporte aéreo para desequilibrarlos y hacerles perder el control.
¿Qué pasa hoy en Guantánamo? Todos los testimonios recogidos demuestran que los presos reciben un trato adecuado y los heridos, la asistencia necesaria para su restablecimiento. Entonces ¿por qué presentar hoy esta resolución de urgencia si no es, después del impulso de solidaridad unánimemente suscitado en este hemiciclo por el horror de los atentados, para empezar, en nombre de los grandes principios y los buenos sentimientos, a desolidarizarse de la batalla que los norteamericanos siguen lidiando contra el terrorismo internacional? No, Señorías, esa batalla no puede ganarse aplicando convenios internacionales aprobados en una época en la que se trataba de proteger a combatientes que se enfrentaban a luchas clásicas, y en la que las poblaciones civiles no eran sistemáticamente tomadas como objetivo, como sucede hoy. La guerra entablada por los terroristas contra poblaciones desarmadas hace caducos todos los convenios de Ginebra. El nervio de la guerra antiterrorista reside, en primer lugar, en la recogida de información, con el objetivo impedir nuevos ataques remontando los canales para destruir las redes que, como bien sabemos, todavía existen tanto en nuestro territorio como en el de Estados Unidos. Es lo que los norteamericanos tratan de hacer en Guantánamo. No podemos sino felicitarles por ello. Por esta razón, nuestro Grupo no se asociará a la resolución común elaborada por otros, sino que presentará su propia resolución, en la que pide esencialmente una revisión del Derecho internacional con vistas a adecuarlo a las condiciones de la nueva era que se inició en Nueva York y en Washington el pasado 11 de septiembre.

Papayannakis
Señora Presidenta, más allá de las maniobras militares y de los análisis sobre Guantánamo, se pone a prueba nuestra humanidad, así como nuestra determinación y nuestra capacidad de defender un mundo en el que prevalezcan las reglas del derecho, previamente acordadas, de suerte que sólo así mantengamos el derecho moral y político a juzgar a los otros, a los que ignoran o quebrantan las reglas internacionales del derecho, sean terroristas, talibanes, o cualquier otra cosa.
El Parlamento Europeo no puede decir, señora Presidenta, no pude defender menos de lo que han defendido diversas voces autorizadas en los Estados Unidos, en la ONU y en la propia Unión Europea. Desde el propio Sr. Powell, pasando por la Sra. Robinson, hasta el Sr. Solana. El mundo no puede gobernarse por la ley del Far West, Texas incluida, ni por los usos y costumbres de la ciudad de Lynch. La ley no puede estar en manos del más rápido con el revolver, pero sin reflejos en lo que toca a ideales e instituciones. Porque, de lo contrario, vamos hacia un mundo, señora Presidenta, que no será en absoluto cinematográfico. Será particularmente trágico.
Señorías, y me dirijo a los colegas del otro lado, cuando tomamos partido contra la pena de muerte, no defendemos los execrables crímenes de cualquier asesino o violador. Defendemos nuestra propia personalidad, nuestras concepciones, nuestra cultura. Con la misma lógica, exactamente, pedimos que se otorgue a los prisioneros de Guantánamo el trato que impone el actual Derecho internacional, o, eventualmente, el derecho norteamericano, que naturalmente no puede restringirse exclusivamente a los talibanes que son ciudadanos norteamericanos. Semejantes discriminaciones no podemos verlas ya ni en la selva.

Napoletano
Señora Presidenta, esta resolución va encaminada a subrayar un punto esencial, es decir, que la lucha contra el terrorismo, que será larga y dura, debe hacerse, en la medida de lo posible, respetando el derecho internacional y el Estado de derecho. Se trata de una petición que procede de dentro de la sociedad americana y de este propio Parlamento, que aprobará -espero- esta resolución.
Por lo que se refiere a los detenidos en Guantánamo, miembros de la red Al Qaida y capturados en el Afganistán, se plantean dos problemas. El primero es el de la detención, pues hay testimonios preocupantes de la Cruz Roja Internacional sobre las condiciones de detención. El segundo se refiere al estatuto jurídico de los detenidos: no hay certeza al respecto, pero salta a la vista el trato reservado a John Walker, ciudadano americano, que es juzgado por un tribunal civil, mientras que los otros detenidos son juzgados por un tribunal militar secreto. Eso no es aceptable. Probablemente es cierto lo que dice el general Morillon: habrá que actualizar también los convenios de Ginebra, en el sentido de que establecen el estatuto de prisionero de guerra, pero, cuando no hay certeza al respecto, se debe prever también la existencia de prisioneros de una guerra no declarada, que no por ello deben tener menos garantías, menos atención desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos en las condiciones de detención.
En la resolución figura, además, una petición importante, es decir, la de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instituya un tribunal competente para el Afganistán a fin de que se pueda abordar el estatuto jurídico de los prisioneros y las condiciones de detención. Aprobando esa petición, realizaremos un acto muy sensato, que, entre otras cosas, contribuirá a la lucha contra el terrorismo.

Malmström
Señora Presidenta, todos hemos visto las escenas de la base de Guantánamo, con los prisioneros vestidos con monos naranja. El trato que se les da ha despertado inquietud internacional. En el Parlamento Europeo hemos protestado y no somos los únicos. La mayoría de los países - exceptuando por una vez a Cuba, donde esta situada la base - ha protestado. El silencio de Cuba podría explicarse por la menor importancia que se está dando al trato que reciben los presos en ese país, pero esto quizá sea tema de otra discusión.
Está poco clara la situación jurídica de esos prisioneros y corresponde a un tribunal competente aclarar este punto. Se podría crear un tribunal mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Independientemente de los delitos que hayan cometido los prisioneros de X-ray camp - actos que condenamos enérgicamente - éstos deben ser tratados de acuerdo con las normas y principios humanitarios internacionales. Hasta que se haya determinado su condición jurídica, deben ser considerados prisioneros de guerra.
Graham Watson, presidente del Grupo liberal, dijo ayer en este Parlamento que respaldamos una revisión de la Convención de Ginebra. Sería provechoso poder aplicar normas nuevas y más modernas a actos terroristas y a situaciones en las que, como dijo el señor Napolitano, no existe una declaración de guerra. Sería conveniente que todo el Parlamento apoyase esta idea.
Este Parlamento respalda a EE.UU. y la lucha internacional contra el terrorismo. Lo hemos demostrado muy claramente con nuestra votación de hoy. Cuando las democracias libran un combate de esta naturaleza, deben hacerlo con respeto por los derechos humanos y los principios del estado de derecho. Por eso comparto la inquietud que han expresado los colegas en relación con los tribunales militares. No es aceptable que un talibán, un talibán norteamericano, John Walker, sea puesto a disposición de un tribunal civil cuando los demás deberán comparecer ante un tribunal militar. Suponemos que las normas son para todos, que todos recibirán el mismo trato, en tribunales civiles, con seguridad y protección jurídica.
Con todo, una buena parte de esta discusión se habría evitado si EE.UU. hubiese ratificado el protocolo por el que se crea un tribunal penal internacional, de modo que hubiese existido un tribunal permanente en el que se pudiese juzgar, de acuerdo a las leyes internacionales, a las personas que cometan este tipo de actos. Quisiera instar a EE.UU. a que ratifique este protocolo.

McKenna
Señora Presidenta, el Parlamento tiene que deplorar, y tiene que hacerlo en términos muy claros, la orden militar del Presidente Bush que permite el juicio secreto de los prisioneros de Bahía de Guantánamo por una comisión militar, que puede adoptar sus propias normas sobre pertinencia y admisibilidad de las pruebas, juzgar a continuación y dictar sentencia. Ese caso está fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Como otros oradores han indicado, el único miembro americano de al-Qa'ida capturado hasta ahora va a ser juzgado por un tribunal de Virginia con plena representación jurídica.
Esa orden militar infringe todas las disposiciones en favor de un juicio equitativo que garantiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los Estados Unidos han suscrito, como por ejemplo la presunción de inocencia, la elección de asistencia letrada, un proceso parcial y oportuno, y el derecho a recurrir ante un tribunal superior. El Gobierno de los Estados Unidos ha instituido una categoría de combatientes ilegales, expresión desconocida en el derecho internacional, al mismo tiempo que se negaba a reconocer a los presuntos combatientes de al-Qa'ida y a las tropas Talibán capturadas en Afganistán el estatuto de prisioneros de guerra.
Esas preocupaciones han sido puestas de relieve por juristas renombrados de todo el mundo, que impugnan la legitimidad de sacar de Afganistán por la fuerza y sin un mandato de extradición a esas personas que están ahora detenidas en Cuba, y que preconizan su estatuto de combatientes y piden que se les trate como a personas vulgares y corrientes de las que se sospecha que han cometido un crimen, con todos los derechos conexos. Tenemos que tener en cuenta también el hecho de que algunas de esas personas, de las que sólo se sospecha que eran partidarios de al-Qa'ida, han sido deportadas de Bosnia a la Bahía de Guantánamo. Las noticias acerca de los malos tratos infligidos a esos prisioneros son verdaderamente escandalosas. Nadie puede negar lo que hemos visto nosotros mismos en la televisión, sin contar los informes acerca de su transporte: amontonados, encapuchados, tranquilos durante el viaje a fuerza de calmantes, con la barba afeitada en contra de su voluntad. Ese aislamiento sensorial es algo que ya se criticó en Irlanda en tiempos pasados en relación con los prisioneros de Irlanda del Norte, criticado incluso por nuestro propio Gobierno. Sin embargo, todo el mundo hace como que no ve lo que está sucediendo en la Bahía de Guantánamo. Tenemos que levantar la voz en interés de la justicia internacional, en favor de los derechos humanos y del respeto del Estado de derecho. Los Estados Unidos tienen que atenerse también a esos pactos internacionales. El Parlamento debería expresarse con firmeza y enviar un clarísimo mensaje diciendo que no estamos de acuerdo con la política que los Estados Unidos han adoptado.

Tannock
Señora Presidenta, apoyo sin reserva la forma en que los Estados Unidos de América están tratando a los detenidos en Bahía de Guantánamo. Redunda enteramente en interés de los ciudadanos de la Unión Europea que las fuerzas de seguridad americanas puedan interrogar a esos sospechosos. Eso no sería tolerable si estuvieran catalogados como prisioneros de guerra en virtud del Convenio de Ginebra de 1949, pues los prisioneros de guerra no tienen más obligación que la de revelar su nombre, su grado y su número, mientras que los combatientes ilegales -que, en mi opinión, es la forma adecuada de denominarlos, según las disposiciones del Artículo 4 (2) del Convenio de Ginebra- pueden ser sometidos a interrogatorio.
He de decir a los oradores del otro lado de esta sala que el hecho de que haya mediado o no haya mediado una declaración de guerra no tiene que ver absolutamente nada con los Convenios de Ginebra. Los Estados Unidos necesitan interrogar a esas personas pues es parte esencial de su lucha de ámbito mundial contra el terrorismo. La decisión de los Estados Unidos de catalogarlos como lo ha hecho es, por lo tanto, no un rasgo de venganza sino una necesidad práctica que expone lo inadecuada y anacrónica que es la jurisprudencia internacional en esta esfera.
Además, creo que muchas de esas personas son tan peligrosas que no hubieran dudado en atacar a sus propios guardianes. Si adquieren la convicción de que uno de sus compañeros detenidos probablemente no podrá soportar el interrogatorio y confesará, estoy seguro de que harán todo lo posible por matarlo.
La única alternativa posible -aparte de la represión física de que fueron objeto durante el viaje, para evitar por ejemplo que pudieran cortar a mordiscos los cables del avión para provocar su caída, y en tierra- sería la administración de altas dosis de tranquilizantes intramusculares que, aunque sean eficaces, hubieran entrañado importantes riesgos para los detenidos y hubieran obligado a hacerles acompañar por personal médico y enfermeras.
No hay prueba alguna de que los americanos les estén tratando con crueldad o de forma inhumana, y deberíamos ponernos abiertamente de su lado en vez de hacerles objeto de críticas especulativas y poco documentadas.
Tengo una doble preocupación: en primer lugar, me preocupa lo que hará América con las personas que no sean objeto de ninguna acusación y que, si vuelven a sus propios países de origen, se exponen a la tortura o la muerte por su falta de militancia islámica; y en segundo lugar me preocupa el párrafo 5 de la resolución, que sugiere un papel para una Corte Penal Internacional que aún no ha comenzado a funcionar. Desgraciadamente, por buena intención que tenga el párrafo, estoy seguro de que, con razón o sin ella, los terroristas nacionales quedan excluidos de las disposiciones del Estatuto de Roma, aunque puede suceder que los terroristas internacionales sí que queden incluidos en su campo de acción. Por el momento eso no está claro.
Tengo otras preocupaciones acerca de la Corte, que se relacionan por ejemplo con la responsabilidad de las órdenes dadas, que culpa a los mandos militares a pesar de que no tengan conocimiento de los crímenes cometidos, y también por el hecho de que las amnistías y los procesos de paz y reconciliación resultarán más difíciles de conseguir entre los beligerantes.
De todos modos, toda esta esfera de la jurisprudencia ...
(La Presidenta interrumpe al orador)

Menéndez del Valle
Señora Presidenta, independientemente de su situación, hoy millones de personas han conocido por la prensa las condiciones degradantes del viaje de los prisioneros y has visto en la televisión las condiciones humillantes a las que se han visto sometidos dentro y fuera de las tristemente famosas jaulas.
No se trata sólo de condenar esa actitud de las autoridades estadounidenses, sino también de rechazar las vergonzosas declaraciones realizadas en los primeros días por responsables militares de la base. Algunas de ellas, en todo caso, de dudoso mal gusto, destilaban desprecio y racismo hacia los detenidos.
Una superpotencia que no fuera sólo militar, sino también potencia civil, tendría, en mi opinión, que dar ejemplo exquisito de respeto de los derechos humanos, aun cuando se hubieran derribado dos torres gemelas por cada uno de los 50 Estados de la Unión. Respeto exquisito de los derechos humanos en cualquier caso.
No obstante, tengo la esperanza de que el 11 de septiembre no haya adormecido de tal manera a la opinión pública estadounidense como para que ésta resulte bloqueada y no pueda llevar a cabo una reacción de decencia y dignidad dentro de los propios Estados Unidos.
En cualquier caso, muchos europeos estamos dispuestos a permanecer vigilantes, a recordar que mantener nuestros valores y principios es fundamental, precisamente en esa batalla que hay que librar contra el terrorismo y el fanatismo. ¿O es que a estas alturas de la historia de la construcción europea vamos a estar dispuestos nosotros mismos a renunciar a los valores que decimos defender?

Alyssandrakis
Señora Presidenta, Señorías, no es la primera vez que aquellos que se consideran a sí mismos portadores de la civilización occidental, aquellos que dan lecciones de democracia a todo el mundo, se revelan como portadores de barbarie. Los vemos en el bloqueo de Iraq, donde provocan la muerte de miles de niños. Los hemos visto en Yugoslavia, junto con sus amigos de este lado del Atlántico, matando a civiles, destruyendo infraestructuras, destruyendo el medio ambiente.
La barbarie, por otra parte, es un rasgo del imperialismo. Los malos tratos inflingidos a cualquier persona constituyen delito. El maltrato de los prisioneros de guerra constituye además una seria violación del derecho internacional. Pongamos punto final al debate sobre si los presos de Guantánamo son o no son prisioneros de guerra. Si los norteamericanos han hecho la guerra en Afganistán, son prisioneros de guerra. Y si los norteamericanos no han hecho la guerra en Afganistán, los presos son sencillamente víctimas de secuestro. Su traslado, sin embargo, al territorio ocupado de la isla de Cuba no es casual. Se trata de una seria provocación al heroico pueblo cubano.
Lo que hacen los norteamericanos con el apoyo de sus amigos, y desgraciadamente ha habido también en esta Sala amigos suyos, no lo hacen a escondidas. Quieren que todo el mundo sepa lo que espera a quienes caen en sus manos. Sin embargo, Señorías, por muy cruel que sea la barbarie, no puede detener la marcha de la historia. Los pueblos se ocupan de ello.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, intervengo en nombre de Gerardo Galeote, firmante junto con el General Morillon, de la resolución del PPE sobre este asunto.
Yo he llegado a tarde a este debate, pero me ha dado tiempo de escuchar algunos pronunciamientos y creo que hay que volver a las cuestiones básicas. Para mí las cuestiones básicas son tres: primero, el terrorismo es hoy en día la gran amenaza de los Estados de Derecho, de las sociedades abiertas y democráticas; segundo, los Estados Unidos y Europa compartimos la misma visión, la misma organización social y, por supuesto, la misma idea de que el respeto de los derechos humanos constituye el cimiento mismo de nuestra organización. Evidentemente, como tercer punto, tendremos que decir que, si la Unión Europea tiene una bandera, ésta es el respeto de los derechos humanos.
A partir de aquí, evidentemente, podemos y debemos elevar nuestra voz y más que pedir tenemos que decir, porque pedir equivaldría a entender que los prisioneros de la base de Guantánamo no están siendo tratados con criterios humanitarios y la verdad es que todo indica que así es.
No voy a entrar en la polémica de si se les aplica la Convención de Ginebra o no. Tenemos, por supuesto, como Unión Europea, que decir que, en caso de duda, se deben aplicar los principios de la Convención de Ginebra, pero que la propia Convención de Ginebra prevé un fundamento jurídico para resolver todas aquellas cuestiones que puedan poner en peligro la seguridad de la organización o de los propios prisioneros, mientras se establece por un tribunal de justicia si son susceptibles de la protección del Convenio de Ginebra o no.
Hasta ahora, señor Presidente, mi impresión es que el tratamiento está siendo absolutamente correcto y que, por lo tanto, este debate está desenfocado. Probablemente aquí hay un error de cara a la opinión pública europea -que no de cara a la opinión pública americana-, un error de relaciones públicas, porque lo cierto es que han sido los propios Estados Unidos quienes han difundido esas fotografías que hieren nuestra sensibilidad.
Evidentemente, debemos seguir y seguiremos vigilantes, pero partiendo siempre de la idea de que estamos juntos en esta guerra.

Swoboda
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ¿en qué se diferencia un régimen al estilo talibán de una democracia? Yo creo que sobre todo se distingue por el respeto de la legalidad. También la lucha contra el terrorismo sólo se puede librar -pese a todas las tentaciones de apartarse de la vía de la legalidad- dentro del respeto de los principios del Estado de Derecho y, sobre todo, también de los Tratados internacionales. Los Estados Unidos no deberían dar pie, por lo tanto, ni siquiera a la sospecha de que los Tratados internacionales, la Convención de Ginebra, etc., son irrelevantes para ellos a la hora de decidir el trato de los presuntos terroristas. Este es también el motivo de nuestra resolución.
No obstante, permítanme que aproveche la oportunidad para añadir algo más. La oradora que me ha precedido ha expresado que Europa y los Estados Unidos comparten la misma visión. Lamentablemente, esto no es del todo cierto, pues la lucha contra el terror que están librando los americanos no resulta demasiado eficaz en su presente forma, aunque nosotros la suscribimos plenamente en su calidad de combate contra el terror.
Yo sólo quisiera recordar que los americanos han mantenido una postura muy ambivalente -por no decir incluso tolerante a veces- con respecto a algunos terrorismos, cuando les ha convenido. No obstante, lamentablemente, una vez pasados los primeros instantes de pánico que siguieron al 11 de septiembre, los americanos han vuelto a abandonar el camino del multilateralismo, de la búsqueda de aliados.
No es mi intención defender aquí ninguno de los regímenes, muy diversos entre sí, de Corea del Norte, Irán e Irak. Sin embargo, agruparlos a todos de esta manera simplista en un mismo cesto y calificarlos como el eje del mal demuestra de hecho que, lamentablemente y a pesar de la postura muy correcta del Ministro de Asuntos Exteriores Powell, el Gobierno de los Estados Unidos está siguiendo una vía que no combate de manera eficaz el terrorismo.
Por ejemplo, sabemos que en Irán existen algunos grupos que no están demasiado dispuestos a seguir el camino que han emprendido el presidente Jatamí y su Ministro de Asuntos Exteriores, junto con su Gobierno. Sin embargo, también sabemos que existen fuerzas poderosas dispuestas a seguir este camino positivo y por lo tanto yo creo que, sin abandonar la lucha inequívoca contra el terrorismo, debemos decirles con claridad a los americanos que su manera de combatirlo es contraria a la legalidad y tampoco resulta demasiado eficaz.

Diamantopoulou
. (EN) Señor Presidente, la Comisión toma nota de las diversas preocupaciones manifestadas por muchos diputados acerca de las repercusiones jurídicas de la decisión de los Estados Unidos de no reconocer a esos detenidos el estatuto de prisioneros de guerra con arreglo al Convenio de Ginebra. Todos hemos visto las fotografías de prisioneros detenidos en la base militar de Guantánamo de los Estados Unidos, y hemos leído informes acerca del trato que reciben. A pesar de la incertidumbre que reina acerca de su estatuto de prisioneros, no hay prueba alguna de que no se les haya tratado humanamente.
Ésa tiene que ser la cuestión fundamental. La Unión Europea ha iniciado hace mucho tiempo un diálogo con los Estados Unidos acerca de cuestiones de derechos humanos y en la esfera de la justicia y asuntos de interior. En la mayor parte de los casos hay acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Ahora bien, cuando estamos en desacuerdo, por ejemplo acerca de la pena de muerte, nosotros exponemos nuestra opinión y discutimos con franqueza acerca de nuestras diferencias.
Estoy de acuerdo con los diputados que estiman que esta cuestión fortalece el argumento de la Unión Europea en favor del establecimiento de una Corte Penal Internacional. Continuaremos discutiendo esta cuestión con nuestros homólogos de los Estados Unidos. La Unión Europea seguirá observando la situación que reina en Guantánamo. Lo haremos cuidadosamente y no vacilaremos en plantear la cuestión bilateralmente con los Estados Unidos cuando sea apropiado.
Para acabar repetiré lo que ha dicho ya el Sr. Patten en la Conferencia de Tokio de Donantes para la Reconstrucción de Afganistán: nuestro concepto fundamental es juzgar los hechos con justicia, y éste es el requisito previo para ganar la paz y también para ganar la guerra.
El caso de Gregory Pasko ycierre de TV6 en Rusia.

Schroedter
Señor Presidente, es un honor para un Grupo pequeño inaugurar el turno de intervenciones. Yo quisiera empezar con las siguientes palabras: sin libertad de prensa, la democracia no puede florecer. Así debemos constatarlo en el caso de Gregori Pasko. Éste constituye un serio golpe contra la libertad de expresión en Rusia, en un país que dio a luz la perestroika y despertó al calor de ésta. Nos recuerda la supresión de la libertad de opinión en tiempos de la Unión Soviética. Por esto lo criticamos, pues la acusación se sigue basando en las leyes militares secretas de la Unión Soviética, que ni siquiera están registradas en el propio Ministerio de Justicia. Éstas prohíben hablar con extranjeros a los familiares de militares. Éstos ya no están autorizados a ir de compras, puesto que hace tiempo que en Rusia muchos de los comerciantes proceden de otros países.
Por esto instamos al Fiscal General del Estado, Sr. Ustinov, a que revise con toda celeridad este caso. Recordamos que en el caso de Alexander Nikitin la revisión tardó dieciséis meses y que, por otra parte, las condiciones de detención de Gregori Pasko son sumamente malas. Ni siquiera tiene cristales en las ventanas de su celda, y esto en pleno invierno. Yo quisiera recordarle a la Comisaria que se están difundiendo curiosas falsas acusaciones. No nos encontramos ante un caso de culpabilidad probada. ¡Su actuación es legítima! Tiene derecho a ejercer la libertad de expresión. Por lo tanto, yo quiero rogarle a la Comisaria, que le transmita al Sr. Patten que este tema se debe tratar de una vez en las conversaciones entre la UE y Rusia.

Posselt
Señor Presidente, algunos colegas y fuerzas políticas tienden a aplicar a un país pequeño como Madagascar, sobre el que hablaremos luego, criterios más rigurosos que un país grande, como es Rusia. En realidad, deberíamos proceder exactamente a la inversa. Rusia es miembro del Consejo de Europa. Rusia ha suscrito un Acuerdo especial de cooperación con la Unión Europea. Por consiguiente, aunque sea un país poderoso y aunque la cooperación con Rusia redunde en nuestro interés, tenemos que aplicarle criterios rigurosos en materia del respeto de los derechos humanos.
Los rusos se comprometieron a cumplir unas normas rigurosas cuando se adhirieron a dichas organizaciones y ahora deben atenerse a dichas normas. ¡Lo ocurrido con el Sr. Pasko es, por lo tanto, absolutamente inaceptable! El Sr. Pasko es una persona que ha actuado en interés de la población de la Unión Europea, de Rusia y de los países asiáticos vecinos al señalar los riesgos que amenazan al pueblo ruso y a todos nosotros. El Sr. Pasko es una persona que merece nuestro pleno apoyo en su calidad de demócrata ruso, de protector del medio ambiente y de defensor de los derechos humanos. Él lucha por la libertad de opinión y el respeto de los principios del Estado de Derecho en Rusia. Esto hace de él un patriota, en contraposición a aquellos que intentan taparle la boca.
En consecuencia, tenemos el deber de hablar con claridad, justamente en este caso, y exigir la abolición de las leyes secretas, las leyes militares y los juicios militares queden abolidos en Rusia y la puesta en libertad del Sr. Pasko, no como una medida de gracia, sino mediante la retirada de los cargos contra él, unos cargos absolutamente injustos e injustificados. Además, también debemos decir claramente que es necesario que en Rusia se creen por fin unas condiciones que permitan de nuevo la existencia de medios de comunicación independientes de ámbito nacional. ¡La clausura de TV-6 es un escándalo que clama al cielo! Es el punto final y la piedra angular de una política de homogeneización impulsada por el Kremlin y por el presidente Putin en persona.
Yo les pido, por lo tanto, que apoyen la propuesta de resolución.

Belder
Muchas gracias, señor Presidente. En mi país se utiliza a menudo la expresión: el que lo capte, que lo capte, o -por decirlo de una forma posiblemente más comprensible para personas ajenas al tema- el que lo comprenda, que lo comprenda. Este refrán me vino a la cabeza con motivo de un incidente ocurrido hace poco en el canal de televisión ruso Kultura. En uno de sus programas el presentador recomendó una obra recién publicada acerca de la situación de los intelectuales bajo el régimen de Stalin. Muy sutilmente, daba por supuesto que los editores consideraban que había llegado la hora de reflexionar sobre una serie de técnicas de supervivencia prácticamente caídas en el olvido. Me pareció una forma refinada de burlarse de la autoritaria política de prensa del Kremlin.
Ahora bien, los directivos de TV6, que han sido privados de su medio de subsistencia, tienen pocos motivos para reírse. El pasado mes se vieron obligados a cerrar su emisora por orden judicial. Así desapareció el último canal privado de cobertura nacional ruso que emitía noticias independientes de producción propia. Los programas de TV6 llegaron a más de la mitad de la población rusa. En adelante estos ciudadanos deberán acudir sobre todo a los canales estatales ORT y RTR para obtener información. No cabe duda de que el cierre forzoso de TV6 supone un empobrecimiento del entorno de los medios de comunicación rusos. Por eso mismo, la presente propuesta de resolución acierta plenamente al poner el dedo en la llaga.
¿Está echada definitivamente la suerte de TV6? No, porque el próximo mes el Ministerio de Prensa decidirá si se concede una nueva licencia a Canal 6. Existe, por tanto, una pequeña posibilidad de que este canal de televisión independiente vuelva a emitir. Anteayer recibió curiosamente apoyo político en este sentido por parte de la oposición de la Federación Rusa, tanto de izquierdas como de derechas.
Está claro que el Kremlin no se inclina por esta opción. Los dirigentes de Moscú prefieren que Canal 6 se convierta en un canal especial dedicado al deporte. Además, en su opinión, ello se enmarca perfectamente en la nueva campaña de Putin destinada a fomentar la condición física de sus compatriotas. Sin embargo, es muy dudoso que la población rusa logre mejorar su forma física pasando horas delante de la televisión. Es, al contrario, un instrumento adecuado para lograr el objetivo final, que consiste en despolitizar la sociedad.
La presente propuesta de resolución se centra asimismo -y con razón- en el juicio contra el periodista militar Gregory Pasko. El hilo conductor que vincula este caso con el cierre de TV6 es que ambos se apoyan en una base jurídica inestable. Ello es incompatible con el principio fundamental de Estado de derecho que acata la Federación Rusa. Nos agrada compartir este principio básico con el Presidente Putin. A juzgar por las numerosas muestras de apoyo que Gregory Pasko y la redacción de TV6 han recibido por parte de la sociedad rusa, hay en Rusia muchas más personas que suscriben este punto de partida, lo cual es sin duda regocijante. Nos unimos con mucho gusto a su causa a través de esta sensata resolución, a fin de que se haga justicia, tanto respecto a la persona de Gregory Pasko como con vistas a la protección de la libertad de prensa rusa en general.

Dupuis
Señor Presidente, la Sra. Schroeder nos ha recordado el caso del Sr. Nikitin. Tenemos el caso del Sr. Gregorii Pasko y ya otro caso, el del Sr. Igor Soutiagin, que es un caso más o menos idéntico. Condenado en 1999, el tribunal de la región de Kaluga acaba de reconocer que no existía fundamento jurídico para su encarcelamiento. Sigue en la cárcel. Esta es la Rusia de hoy, es la Rusia del Sr. Putin, es la Rusia del amigo del Sr. Putin, el Sr. Oostlander, que nos ha hecho votar un informe sobre Rusia - que no ha obtenido mi voto favorable - en el que, línea tras línea, apartado tras apartado, aprobamos la financiación de programas para los medios de comunicación, para la libertad de los medios, para una justicia independiente, para la protección del medio ambiente. Sin embargo, en cada sesión o poco menos, debemos hacer notar que, en Rusia, las cosas no marchan en estos sectores, como tampoco en muchos otros.
Esta es la política de la Unión Europea: se financia la lucha para la protección del medio ambiente y, paralelamente, hay que pelear para sacar de la cárcel a los militantes del medio ambiente, y así sucesivamente. Es una política absurda. Evidentemente, las preocupaciones del Sr. Prodi no van mucho más allá de Gazprom y el gas. Todos lo sabemos, y pediría a quienes han presentado los textos que introduzcan una pequeña enmienda oral. Pediría también a la Comisión que manifieste la protesta más enérgica a las autoridades rusas. Pienso que esto no es sólo cosa del Consejo.
Evidentemente, paso por alto el hecho de que, con mucho pudor, no hablamos demasiado de Chechenia. Sin embargo, cada día o cada semana aparecen artículos en nuestros periódicos. Les invito a que lean en "Courrier International" el último artículo de la Sra. Politovskaïa. Lo que pasa allí, que todavía es Rusia, aunque ya no debería de serlo, es absolutamente atroz. No hay imágenes como en Guantánamo; no hay imágenes, pero es obviamente mucho peor.

Diamantopoulou
. (EN) Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento acerca de los casos de Grigorii Pasko y del cierre de TV6. En el entorno de nuestros esfuerzos conjuntos con Rusia para establecer relaciones políticas y económicas más estrechas, la Unión Europea ha dicho una y otra vez que espera que Rusia obre de conformidad con los valores que se comprometió a respetar cuando ingresó en el Consejo de Europa y en la OSCE. Esos principios básicos, que incluyen la existencia de medios informativos libres e independientes, constituyen necesariamente parte integrante de nuestra asociación, e inspiran la asociación estratégica que estamos edificando. Dejando aparte toda consideración jurídica, lo cierto es que la libertad editorial en Rusia ha sufrido una serie de duros golpes en los últimos meses. Esa evolución es inquietante. Además, el caso Pasko suscita preocupación también debido a las circunstancias confusas y oscuras que rodean su juicio, incluida la falta de toda incriminatoria pública.
Sea como fuere, seguiremos utilizando todos los instrumentos de la PESC para apoyar las causas de los medios informativos independientes y de la libertad editorial en Rusia, si es preciso suscitando todos los casos pertinentes en el marco de nuestro diálogo político bilateral con Rusia.
Además, la Comisión seguirá prestando especial atención al apoyo de la sociedad civil y de los medios informativos independientes en el contexto de la iniciativa europea a favor de la democracia y los derechos humanos, en la cual Rusia constituye una prioridad a corto plazo y a plazo mediano.
Elecciones en Madagascar.

Rod
Señor Presidente, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 16 de diciembre en Madagascar han dado lugar a numerosas controversias y a un conflicto entre los dos candidatos que ocuparon los dos primeros puestos, el presidente saliente, Didier Ratsiraka, y su rival, Marc Ravalomanana. Al parecer, Ratsiraka falsificó los resultados de las elecciones y sus intenciones siguen siendo un misterio. No se entrega y su silencio hace temer reacciones violentas, orquestadas por sus partidarios. El Sr. Ravalomanana reivindica la victoria desde la primera vuelta y pide la anulación de la segunda, si bien el Ministerio del Interior sólo le otorga una mayoría relativa. Ahora bien, los resultados oficiales obligan a los dos hombres a enfrentarse en una segunda vuelta y la comunidad internacional se ha manifestado a favor de que se organice. El Sr. Ravalomanana parece gozar del apoyo de la población, pues cientos de miles de personas se han movilizado a su favor, paralizando el país con una huelga general y reclamando la victoria de la oposición. La huelga está teniendo consecuencias desastrosas para la economía del país. Su coste diario era de 8 a 10 millones de dólares la semana pasada, y las pérdidas, tras diez días de paro laboral, rebasan ya el presupuesto anual de Madagascar para el sector de la Educación.
Entendámonos bien. No se trata de apoyar a un candidato mejor que al otro, y el Sr. Ravalomanana no despierta mi simpatía más que el Sr. Ratsiraka. Sus desviaciones autocráticas a la cabeza de la alcaldía de la capital son preocupantes para el futuro, si el poder económico y religioso, que ya posee, y el poder del Estado, en caso de ser elegido, llegaran a concentrarse en sus manos. Los partidarios de los derechos humanos pueden resultar desencantados. Pero lo que hace falta, ante todo, es el respeto de la democracia y del Estado de Derecho. Por ello, es esencial que los dos candidatos acepten la verificación del escrutinio y que el Alto Tribunal Constitucional acepte cotejar las actas. El cotejo es el único medio democrático para conocer los resultados reales del escrutinio. La Comisión debe hacer todo lo que esté en su mano para aportar una solución a este conflicto que desgarra el país, pero también para contribuir al establecimiento efectivo de un Estado de Derecho. La resolución de este conflicto debe realizarse dentro del respeto de los derechos humanos, políticos y cívicos, pero también dentro del respeto del pluralismo político. El respeto de estos principios fundamentales es esencial para la consolidación del proceso democrático.

Gemelli
Señor Presidente, después del período del colonialismo y de las dictaduras en los países en vías de desarrollo, considero positivo hablar hoy de elecciones en esos países, aunque su tejido social y civil sea débil, como también el concepto de democracia.
Distinguir entre los partidos es difícil, teniendo en cuenta que toda cultura, toda sociedad necesita elegir sus representantes. No obstante, considero que se debe reafirmar la necesidad de las elecciones, que pueden ser transparentes, porque debemos hacer aumentar la conciencia y la cultura democráticas, como también debemos hacer aumentar la sociedad civil. Además, mediante los instrumentos de que disponemos, el Tratado de Cotonou y las Asambleas parlamentarias paritarias ACP, debemos proponer sistemas y métodos de control democrático, siempre en el marco del nivel de la sociedad civil existente en esos países.
Podemos dar pasos adelante, si logramos hacer comprender que el desarrollo de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la creación de un Estado pluralista y, por tanto, de un consenso dentro de una sociedad pluralista, pueden hacer crecer a ese país, que tanto necesita insertarse activamente en el marco de las sociedades civiles del mundo.

Fruteau
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el 25 de enero el Alto Tribunal Constitucional de Madagascar hacía público el resultado de las elecciones. La lentitud del procedimiento, así como el carácter casi monárquico del poder establecido durante cerca de 20 años, que llevó al Gobierno malgache a rechazar la presencia de observadores internacionales, pero también las ambigüedades observadas en las declaraciones públicas de la oposición hacen planear más de una duda sobre la fiabilidad de los resultados.
¿Pero son los dirigentes malgaches los únicos responsables de esta parodia de democracia? ¿Por qué este país, que sin embargo es uno de los más pobres de nuestro planeta, no ha sido objeto de una atención especial por parte de la opinión pública internacional antes de estos tristes acontecimientos? ¿Acaso han olvidado los países europeos, y en particular Francia, su pasado común con estos países?
Señorías, los malgaches no tienen ninguna necesidad de que se les ayude y aún menos de que se tomen en su lugar sus decisiones electorales. Pero Europa no puede, en ningún caso, permanecer muda. Ya que a pesar del clima apacible destacado por los observadores, que es uno de los componentes característicos del pueblo malgache, la situación de este país es excepcional: más de medio millón de personas casi a diario en las calles, manifestaciones de una magnitud nunca vista desde la independencia; un país casi paralizado por una huelga general de consecuencias catastróficas, que todavía se sigue al cabo de diez días. Ante la gravedad de la situación, la indiferencia no es ya de recibo.
Debemos, pues, tomar iniciativas para ayudar a este pueblo a recuperar su dignidad. Y sólo la recuperará si la segunda vuelta se sitúa bajo el signo de la transparencia, dicho de otro modo, si las organizaciones internacionales y la Unión Europea garantizan el correcto desarrollo de las elecciones.
Debemos exigir a los dos candidatos el respeto del Estado de Derecho y la salvaguardia de la paz civil, a fin de que los problemas electorales no deriven en un enfrentamiento étnico. Simplemente, debemos pedir que se conceda la palabra al pueblo y que su veredicto sea respetado.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, la Comisión, preocupada por los derechos humanos, por el respeto a los principios democráticos y del estado de Derecho, expresa su particular inquietud y preocupación por la situación política en Madagascar. A causa de la presión del tiempo y de las acciones de observación de elecciones que se encuentran ahora en fase de preparación, la Comisión no está en condiciones de enviar observadores a la segunda vuelta de las elecciones, que ha sido fijada para el 24 de febrero. Y ello porque Madagascar no figuraba en la lista de prioridades de la Comisión para 2002, y por razones, también, que atañen al propio país.
No obstante, la Comisión está dispuesta a apoyar el proceso electoral. Se ha decidido concretamente que la Comisión envíe un grupo de técnicos expertos, encargada de brindar apoyo al consorcio de observadores locales durante la segunda vuelta de las elecciones en Madagascar.
Elecciones en Camboya

Posselt
Señor Presidente, en Camboya se desarrolló lamentablemente antes de las elecciones, las primeras de ámbito municipal que se celebraban después de varias décadas -lo cual ya representa en cualquier caso un progreso-, una campaña electoral caracterizada por la manipulación e instrumentalización unilateral de los medios de comunicación por parte de quienes detentan el poder, por el partido oficial. Hubo una oleada de intimidaciones contra los partidos de la oposición, incluidos innumerables casos de muerte violenta y asesinatos misteriosos. En consecuencia, no se puede decir que hayan sido unas elecciones verdaderamente libres, aunque el proceso electoral mismo parece haberse desarrollado en conjunto de manera más o menos correcta, según han informado nuestros colegas desde Camboya.
No obstante, debemos tener presente que sigue siendo tan necesario como antes conseguir que la democracia arraigue realmente en ese castigado país, que sufrió mayores horrores que ningún otro en el mundo en el terrible siglo XX. Ningún otro país del mundo ha sido escenario de una furia totalitaria como la que se dio en Camboya bajo los Jemeres Rojos. No obstante, aun así tenemos que aplicar unos criterios claros y promover la legalidad y la democracia. Y esto ahora pasa por los ayuntamientos.
Yo insto, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo a que sostengan y apoyen de manera sistemática a las autoridades municipales recién elegidas y no sólo a los representantes del partido del Gobierno, sino también a los de los partidos de la oposición, que no deben convertirse en una mera "hoja de parra" , sino que su actuación es necesaria para que este primer paso vacilante en la dirección de la democracia no se quede sólo en espectáculo propagandístico, sino que abra las puertas a una auténtica democracia. Para ello es necesario formar a los políticos municipales, apoyarles, conseguir que tengan acceso a los medios de comunicación y promover unos medios de comunicación libres. Estas deben ser las prioridades de nuestra política futura en Camboya. También debemos apoyar a fuerzas políticas como el FUNCINPEC y otras, a fin de impulsar el desarrollo de un auténtico sistema pluripartidista estable en ese país que ha sufrido más que ningún otro..

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, la Comisión Europea comparte la prioridad que el Parlamento concede al apoyo a las instituciones democráticas fundamentales en Camboya. Esta es la razón por la que destinamos tres millones de euros en forma de ayuda técnica al normal desarrollo de las recientes elecciones municipales y enviamos observadores de la Unión Europea, tras la correspondiente invitación de Camboya. la Comisión Europea coordinó in situ un conjunto de 120 observadores el día de las elecciones. Y es la primera vez que se envían observadores a elecciones de carácter puramente local. Quisiera expresar mi particular satisfacción por el hecho de que la misión estuviera encabezada por Carlos Costa Neves, lo que pone de manifiesto la cada vez más intensa colaboración entre el Parlamento y la Comisión en lo respecta al envío de observadores a procesos electorales.
De acuerdo con los primeros informes, se considera que la preparación, organización y celebración de las elecciones transcurrieron con normalidad, que los electores acudieron a las urnas masiva y pacíficamente. Es verdad que hemos recibido información inquietante de crímenes y otros actos de violencia o intimidación; incidentes que ocurrieron a pesar de las declaraciones, tanto del gobierno como del resto de los partidos políticos, en contra de la violencia en el transcurso de las elecciones. Se considera, por otra parte, que la cobertura del período electoral por parte los medios de comunicación no fue precisamente imparcial. El proceso electoral no ha concluido todavía, los resultados no se han hecho públicos y no se han presentado todavía denuncias ni recursos, por lo que es muy pronto para expresar conclusiones definitivas sobre el desarrollo de las elecciones. Pero lo está fuera de toda duda es que el pueblo de Camboya por primera vez en su historia ha podido votar para elegir a sus representantes municipales, y lo ha hecho masivamente.
La delegación de la Comisión Europea, junto con las legaciones diplomáticas de la Unión Europea en Camboya, continuará observando los progresos en el período poselectoral. Sólo entonces estaremos en condiciones de valorar globalmente la trascendencia de este esfuerzo en el proceso de democratización de ese país.
Eritrea

Rod
Señor Presidente, los que hemos apoyado la lucha por la independencia de Eritrea estamos consternados por la evolución de las autoridades de este país, que ha sufrido ya las dramáticas consecuencias del reciente conflicto con Etiopía.
El pasado septiembre, once oponentes eritreos, entre ellos varios antiguos ministros que habían publicado una carta reclamando la democratización del régimen, fueron detenidos por el Gobierno. Estos arrestos fueron acompañados de una suspensión de todas las publicaciones de la prensa privada, que las autoridades presentaron como temporal. Además, se han aplazado las elecciones y se ha prohibido la formación de nuevos partidos políticos. Los periodistas y los disidentes políticos eritreos están, pues, amordazados por el poder.
Estas medidas represivas, que vulneran la libertad de expresión, son preocupantes e inadmisibles. Contradicen abiertamente la voluntad declarada por las autoridades eritreas de proceder a reformas democráticas.
Además, la expulsión en octubre de 2001 del embajador de Italia, que representaba localmente a la Unión Europea, ha perjudicado gravemente las relaciones con Eritrea.
Ahora bien, para regularizar las relaciones entre Eritrea y la Unión Europea, es esencial que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. No sólo es preciso que el Gobierno eritreo libere a todos los presos políticos y periodistas, sino también que levante la prohibición sobre todos los diarios independientes.
La Unión Europea debe revisar sus relaciones con Eritrea a la luz del Acuerdo de Cotonú. De conformidad con su artículo 96, debe organizarse una conferencia nacional intereritrea que reúna a los distintos actores políticos, pero también a la sociedad civil, con vistas a aportar una solución a la crisis actual y encauzar al país en la vía de la democracia y el desarrollo sostenible.

Bowis
Señor Presidente, Comisario, les ruego que compartan la pena y la indignación que siento cuando tomo la palabra como amigo de Eritrea. De 1889 a 1952, Eritrea estuvo bajo la bandera de Italia primero, y después bajo la bandera de Gran Bretaña. A continuación la comunidad internacional entregó Eritrea a Etiopía en régimen de federación, y más tarde fue adhesionada por este último país. A eso siguieron 32 años de guerra, durante la cual su economía y su medio ambiente quedaron arruinados y su población se dispersó.
Luego vino 1993 y el referéndum por la independencia. Yo estaba entonces en Eritrea como observador de las Naciones Unidas. En el país se notaba un espíritu de esperanza. Los refugiados empezaban a regresar, la reconstrucción del país estaba comenzando. El 90 por ciento de la población votó en el referéndum; de ellos el 99 por ciento votaron por la independencia. El Presidente Isaias obtuvo la presidencia por elección. Con su estilo de vida moderado y con el optimismo que consiguió inculcar a la población, estábamos seguros de que todo acabaría bien. Durante algunos años el problema fueron los conflictos fronterizos. Ahora, desgraciadamente, el problema es interno.
Los derechos humanos se han degradado, no se tolera la oposición, se ha detenido a 11 antiguos dirigentes del partido gubernamental, se ha suprimido la prensa y se ha arrestado a los periodistas. Se ha expulsado al Embajador de Italia. Las elecciones pluripartidistas cuya celebración se había prometido para el pasado mes de diciembre fueron canceladas y ahora se ha prohibido también la existencia de partidos.
La democracia ha desaparecido en Eritrea. Eritrea busca desesperadamente apoyo para reconstruir un país destrozado por la guerra. Necesitan nuestra ayuda, pero no puede haber ayuda sin garantías de buena gestión pública. A nuestros amigos de Eritrea les decimos: "Volved a la comunidad mundial de gobiernos democráticos. Separaos del totalitarismo" . Yo le digo a la Comisión: "Sed firmes" . Los derechos humanos no están ahí para nuestro propio beneficio. No están ahí para que podamos sentirnos contentos. Están ahí para beneficio del pueblo de Eritrea y Eritrea necesita esos derechos humanos sin demora.

Ghilardotti
Señor Presidente, señora Comisaria, como ya han dicho los oradores que me han precedido, la situación en Eritrea es cada vez más grave desde el punto de vista democrático. El Parlamento eritreo, compuesto de diputados elegidos, todos pertenecientes al Frente Popular por la Democracia y la Justicia, ha decidido prohibir la creación de partidos políticos; se ha proscrito la prensa independiente y se ha detenido a numerosos periodistas, personalidades políticas, opositores políticos, entre ellos ex ministros del Gobierno, acusados de traición por la Asamblea Nacional; aumentan las acciones represivas contra la ciudadanía y sobre todo los estudiantes, dos de los cuales murieron en prisión en el desierto; se ha expulsado al embajador italiano; la situación económica y las condiciones de vida de los civiles son cada vez peores. Las organizaciones no gubernamentales que actúan en Eritrea nos cuentan situaciones de una gravedad nunca conocida; arrancan incluso al personal médico y paramédico de los hospitales y los envían al frente, con lo que dejan sin asistencia alguna a la población; la violencia perpetrada contra la población y en particular mujeres y niños es indescriptible.
La comunidad internacional no puede seguir contemplándolo con los brazos cruzados. Hay que intervenir con urgencia para determinar las fronteras. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión de Argel se han comprometido al respecto; además, es necesario que una delegación de Europa, la troika, se traslade a Eritrea y se revisen las relaciones con ese país conforme a los acuerdos de Cotonou. Hay que procurar que se convoquen elecciones parlamentarias -ya previstas, por lo demás, en diciembre de 2001-, que deberán celebrarse bajo control internacional, procurar la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento de la libertad de prensa, de asociación, de organización de la sociedad, de creación de partidos políticos y sindicatos.
Todo eso debe ser la premisa esencial para la reanudación, por parte de la Unión, de las financiaciones absolutamente indispensables en el país para la reconstrucción de la economía destruida por la guerra y para el desarrollo. Es necesario que el Consejo y los Estados miembros adopten un planteamiento coordinado de las relaciones con Eritrea que sea más eficaz y apto para contribuir con rapidez al proceso de paz en las fronteras y dentro del país.
A partir de la mitad del mes próximo se celebrará la Asamblea paritaria ACP/UE. Nosotros deseamos que en ella se puedan examinar, dándolos por ya sucedidos, los procesos antes enunciados y se pueda encontrar también el modo de poner en marcha, junto con los eritreos, el proceso de paz, restablecer la democracia y sobre todo restituir a los ciudadanos, mujeres, hombres y niños, condiciones de vida aceptables, de las que no deben avergonzarse.

Gemelli
Señor Presidente, deseo expresar inmediatamente una total desconfianza y condena de la actual clase dirigente eritrea.
La situación en Eritrea es extraordinariamente crítica, lo que nos permite ahora entender mejor las razones que han impulsado a ese pueblo a luchar en una guerra contra Etiopía. Además, la solución alcanzada no fue una solución compartida, sino obtenida por Etiopía, que ganó militarmente la guerra. Por lo demás, Eritrea hizo fracasar una resolución regional con ocasión de la Asamblea ACP de noviembre de 2001, al negarse a examinar el problema de las relaciones entre los dos Estados.
Hay que preguntarse por qué se ha expulsado a ese embajador italiano. Ha sido expulsado porque había cometido el "delito" de reunirse con la sociedad civil eritrea y no sólo con los gobernantes.
Conque ante esa situación debemos demostrar que somos fuertes, sobre todo para liberar al pueblo eritreo de su clase dirigente. Considero necesarios todos nuestros esfuerzos y todo nuestro empeño para desarrollar la sociedad civil, para crear un mundo que sea civil, que no sea excluido del consenso de las naciones civiles. La utilización para ello del Acuerdo de Cotonou por parte de la Comisión no es sólo necesaria, sino también, en esta situación, imperativo. No podemos permitir que en esa zona la situación continúe así por más tiempo.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, los recientes acontecimientos en Eritrea, causan gran inquietud a la Comisión Europea, que considera que la detención de los disidentes políticos y la abolición de la libertad de prensa en Eritrea empeoran aún más la situación de Eritrea.
Consideramos positivo el hecho de que estos asuntos -la detención de disidentes políticos, la ley electoral, el proyecto de ley sobre partidos políticos- se hayan debatido en la largamente esperada sesión de la Asamblea Parlamentaria en Eritrea, pero, claro está, expresamos nuestro pesar porque no se haya tomado ninguna decisión sobre cuando serán remitidos a la justicia o puestos en libertad los detenidos, y por el aplazamiento una vez más de la formación de partidos políticos.
Expresamos nuestra esperanza de que la comisión formada para velar por el futuro de la prensa en Eritrea pueda pronto contribuir al levantamiento de las restricciones que pesan sobre la prensa privada. La Comisión colabora con la Presidencia y con los países miembros, al objeto de reaccionar con determinación ante la actual crisis. Sin duda alguna, la base sobre la que se despliegan todos los esfuerzos la constituyen el Derecho internacional, los derechos humanos, y los convenios sobre los derechos humanos; esfuerzos para continuar y ampliar el diálogo político con Eritrea en el marco del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú.
Se está preparando una visita de alto nivel de la troica a Eritrea. La visita se realizará una vez se publique el informe de la Comisión de Fronteras, que se espera en las próximas semanas. A causa de la tensión entre Eritrea y Etiopía, el Comité de Fronteras considera que habrá que hacer todos los esfuerzos para que el conflicto no se agudice aún más. La Comisión, a su vez, debe contribuir activamente a la previsión de los conflictos y a la construcción de la paz y la estabilidad en la paz. Y en este sentido, hay obrar con mucho tacto y evitar cualquier paso que pudiera crear situaciones sin salida a los dirigentes políticos de la zona.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas.

Terremoto en Turquía
El Presidente
De conformidad con el orden del día, pasamos al debate de 2 propuestas de resolución:
B5-0071/2002, de los diputados Van Orden, Morillon y Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE,
B5-0080/2002, de los diputados Ainardi, Figueiredo, Papayannakis, y Alavanos, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre el terremoto en Turquía

Papayannakis
Una vez más, señor Presidente, señora Comisaria, nos ocupamos de Turquía por razones nada agradables, tras el drama del nuevo terremoto que el país acaba de sufrir. Creo que le debemos al país vecino de Grecia y Europa, amistad y disposición a todo tipo de ayuda, económica y humanitaria; ayuda permanente, añadiría, señora Comisaria.
Nuestra resolución dice con toda precisión qué es lo que pedimos, y no hace falta que yo lo explique. Lo que me gustaría decir, es que, estudiando el problema a largo plazo, y toda vez que los terremotos en la zona son un mal endémico, se constata que carecemos de una verdadera política para los movimientos sísmicos, una política de limitación de los daños, de reparaciones, de ayuda, de protección antisísmica, para nosotros, la Unión Europea, y para todos los países vecinos, Turquía incluida, claro está. Tenemos, sin embargo, los medios, los centros, los investigadores, y me pregunto, señora Comisaria, ¿hacemos el debido uso de todo ello? No es la primera vez que debatimos este asunto; quisiera plantearlo una vez más a propósito de este triste acontecimiento.

Sacrédeus
Señor Presidente, como representante del Grupo cristianodemócrata PPE-DE quisiera manifestar nuestra profunda tristeza por todos las víctimas que ha ocasionado el terrible terremoto en Turquía. Esto lo hacemos extensivo al gobierno turco y a todos los habitantes del país.
Lo que ha ocurrido demuestra que, a pesar de todas las diferencias políticas, lo más importante es la vida. Es importante que las autoridades turcas y la UE, por todos los medios a su alcance y con gran celeridad, hagan llegar las ayudas. Los acontecimientos en Turquía ponen de manifiesto la necesidad de contar con una fuerza preparada para actuar cuando ocurren estas terribles catástrofes naturales. El hecho es que las cadenas de televisión internacionales llegan al lugar de los hechos más rápidamente que la UE y las organizaciones de ayuda. ¡Trabajemos para que las ayudas lleguen más rápidamente a los necesitados!
Para terminar quisiera solamente decir que la última vez que ocurrió algo parecido en Turquía se demostró que turcos y griegos se acercaron un poco más.

Baltas
Señor Presidente, expreso mi solidaridad más sincera y mi incondicional apoyo al pueblo turco, que una vez más estos últimos tiempos ha sido golpeado por un terremoto que ha dejado víctimas humanas y enormes daños materiales. Espero que muy pronto las personas que han perdido a sus seres queridos, y las que han perdido sus casas o sus bienes encuentren ánimos para superar el trauma provocado por este inesperado desastre. Quisiera igualmente, señor Presidente, resaltar aquí la inmediata manifestación de apoyo y solidaridad, el inmediato ofrecimiento de ayuda a las víctimas de este desolador terremoto por parte del Gobierno griego, y transmitir al Parlamento Europeo el sentimiento de participación del pueblo griego en el dolor provocado por el terremoto al pueblo turco, el sentimiento de excepcional cercanía una vez más experimentado.
Los sentimientos populares espontáneamente expresados, y más aún en casos de desastre y dolor, son los que expresan del modo más transparente la sinceridad y el profundo convencimiento en la coexistencia y la solidaridad de los pueblos. Espero que en el futuro, en un futuro muy cercano, estos dos pueblos, el pueblo turco y el pueblo griego se sientan más cerca el uno del otro, no a causa de acontecimientos luctuosos, sino por razones más agradables, como el ingreso de Turquía en la familia europea, en la Unión Europea, dentro de la cual los dos pueblos disfrutarán y estarán al servicio de los mismos valores e ideales de democracia y libertad del individuo, valores e ideales que unen y garantizan la común aspiración a la prosperidad, a la convivencia armónica y a la cooperación.

Alyssandrakis
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es patente nuestro sentimiento de condolencia y solidaridad hacia las víctimas de un terremoto que, como se ha dicho aquí, es el segundo que castiga a Turquía en un espacio de menos de dos años. Las palabras de aliento, claro está, no tienen el mismo valor que la ayuda real a los damnificados, y en este punto no podemos sino constatar la inexistencia de un mecanismo a escala de la Unión Europea que pueda hacer frente a la prestación de ayuda en casos de desastres naturales como éste o similares.
Y algo más, señor Presidente, podría decirse que el caso de la región afectada en Turquía confirma aquello de que las desgracias nunca vienen solas. Y es que si los edificios estuvieran construidos de acuerdo con las normas antisísmicas no habría tantas víctimas; es significativo el que el director del Instituto Sismológico de Estambul haya declarado que no existe en la región comité de control de calidad de los edificios, que inspeccione su idoneidad. Que nos sirva, pues, lo ocurrido de acicate para una mejor protección antisísmica.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, la Comisión comparte el interés y la preocupación del Parlamento Europeo por la situación de las víctimas del terremoto que ha golpeado a este país.
Quisiera, en primer lugar, responder a la pregunta del Sr. Papayannakis sobre el asunto de la gestión de las emergencias causadas por desastres naturales. La Comisión ya ha propuesto, desde hace un año, la creación a escala europea de un servicio para la gestión de los desastres naturales; se trata, además, de una propuesta que atañe no sólo a los terremotos, sino también a las grandes inundaciones, los incendios, los grandes accidentes, como los registrados recientemente en Austria y en Francia, y el primer nivel de decisión conduce a una forma de cooperación y coordinación adecuada de los mecanismos de los países miembros. Es decir, se trata de que los mecanismos existentes en cada uno de los países para la gestión de los desastres puedan multiplicar sus resultados.
Por lo que respecta concretamente al terremoto de Turquía, nuestra representación en Ankara nos ha asegurado que las autoridades de Turquía responsables de hacer frente a las situaciones de emergencia no han solicitado ayuda, y no es necesaria por el momento ninguna aportación en el ámbito de la protección civil, ni tampoco en el de la ayuda humanitaria. Y han mediado contactos entre la Comisión y el gobierno. La información que nos ha proporcionado la Cruz Roja refiere que se está haciendo frente de forma relativamente satisfactoria a las necesidades de la población. La Cruz Roja ha anunciado la distribución de 7.000 tiendas de campaña y 10.000 mantas, así como artículos de primera necesidad para las familias afectadas; por su parte, el gobierno ha enviado 1.000 tiendas y 3.000 mantas para las personas obligadas a pernoctar al aire libre.
Esta es hasta hoy la situación, tal y como la percibimos, claro está, a través de nuestra representación y de la Cruz Roja. De manera que de momento no se prevé ayuda de la ECHO. La Comisión seguirá de cerca de la situación en el país y colaborará con otros donantes, al objeto de impulsar la coordinación de un esfuerzo internacional por determinar con precisión las prioridades de acción que resulten de una relación ordenada de las necesidades y los problemas de la región.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas.

Transposición de la directiva del tiempo de trabajo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0010/2002) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión: Estado de la aplicación de la Directiva 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo ( "Directiva del tiempo de trabajo" ) (COM(2000) 787 - C5-0147/2001 - 2001/2073(COS)).

Koukiadis
. (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, es para mí un gran honor presentar el informe sobre los cinco años de aplicación de la directiva del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo constituye, junto con el salario, una de las principales materias de reivindicación por parte de los trabajadores, a todo lo largo de la historia de las relaciones laborales en la época industrial. Estas reivindicaciones y sus éxitos son una aportación del movimiento sindical, ya que las regulaciones conseguidas, han ido permitiendo a los trabajadores recuperar su personalidad perdida, mejorar sus condiciones de vida, reducir peligros en su existencia biológica, participar gracias a la liberación de tiempo de trabajo en la vida política y social.
Aun cuando el fundamento jurídico de la directiva esté constituida por disposiciones sobre higiene y seguridad, no debemos menospreciar sus otros aspectos. Por esta razón, los países miembros deben cuidar estas conquistas como piedra angular de la cohesión social. Y desde esta perspectiva, entiendo que me asiste el derecho de expresar mi decepción por el hecho de que un gran número de países miembros se negaran a transponer en el plazo previsto la directiva al derecho interno, cosa a la que obviamente deberían, sin más, considerarse obligados. Quisiera comentar también que los países no han aportado relaciones detalladas de las reglamentaciones nacionales que permitan a la Comisión comprobar con precisión el grado de aplicación de las reglamentaciones de la directiva. No sabemos, por ejemplo, si se aplica -o, si se aplica, en qué grado se aplica- al colectivo de empleados en el sector público. Su aplicación ha venido provocando toda una serie de reticencias, e incumplimientos. Uno de los asuntos polémicos ha sido el de las guardias de los médicos; se trata de un problema relacionado, desde luego, con la cuestión general de la valoración como tiempo de trabajo del tiempo en que un trabajador permanece a disposición del empresario. En este sentido, se trata de una cuestión que incumbe igualmente a otras categorías de trabajadores. El asunto llegó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y éste dictaminó acertadamente, según el criterio tradicional del derecho laboral, que la presencia física en el lugar de trabajo, cuando se requiere además que el trabajador mantenga alerta sus facultades mentales y corporales, constituye tiempo normal de trabajo acreedor al salario correspondiente.
Otro asunto es la vulneración del derecho a las vacaciones pagadas mediante el recurso al contrato de trabajo por tiempo limitado. También a este respecto la resolución del TJCE, que dictamina que el derecho a las vacaciones pagadas, en tanto que derecho fundamental, debe garantizarse a todas las categorías de trabajadores en proporción al tiempo trabajado, aun cuando este sea de menos de un año, constituye una positiva aportación a la lucha contra la vulneración de derechos. Un tercer asunto al que la Comisión debe prestar atención es la determinación con toda claridad del límite absoluto de trabajo permitido. No deja extrañar que la reglamentación en vigor desde hace décadas siga provocando incertidumbre en cuanto a su cabal interpretación.
Un asunto de la mayor relevancia lo constituye el caso de transposición de una directiva en un Estado miembro mediante un convenio colectivo de trabajo. Se trata de un asunto de interés general. No cabe duda alguna de que este método, que realza la autonomía colectiva, ha de ser fomentado. Sin embargo, esta posibilidad debe usarse de tal modo que produzca los mismos resultados que la transposición mediante acto legislativo. Y esto no ocurre hoy, bien porque se recurre al convenio colectivo sectorial, y no a uno intersectorial que cubra a todos los trabajadores, bien porque no existen convenios colectivos válidos para todos los trabajadores.
Finalmente, en relación siempre con las reglamentaciones en el marco de las relaciones laborales tradicionales, nos enfrentamos también el problema de las excepciones en el tratamiento de determinadas categorías de trabajadores con características especiales, como mujeres, madres, personas con discapacidad, menores de edad, etcétera. Pues bien, en lo que ataña a estas regulaciones no sólo se requiere un plus de preocupación, puesto que se trata de categorías vulnerables; se requiere asimismo una iniciativa de mejora basada en la experiencia acumulada al objeto de incorporarlas a la política de la Unión Europea orientada a incrementar la participación de las mujeres en la vida activa y facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidades.
Quisiera dedicar la última parte de mi intervención al destino de las reglamentaciones tradicionales tras la irrupción de las nuevas formas de trabajo y del principio de la flexibilidad, que han ocasionado que la tradicional seguridad en el empleo dejara paso a la empleabilidad. Los cambios exigen innovaciones generosas al objeto de garantizar el proclamado principio de Lisboa, según el cual se debe combinar la flexibilidad con la protección; y este principio debe convertirse en relación, con la consiguiente organización del tiempo de trabajo a través de medidas concretas.
La sustitución de la tradicional seguridad del empleo por la empleabilidad exige un nuevo enfoque en las reglamentaciones del tiempo de trabajo, toda vez que se plantean nuevos problemas, cómo, por ejemplo de qué modo se puede convertir el empleo a tiempo parcial en empleo a tiempo completo, el futuro del descanso semanal y la prohibición del trabajo en días festivos, en qué medida la conversión del trabajo asalariado en autoempleo exige adaptar las reglamentaciones del tiempo de trabajo, de qué manera se puede controlar en el caso del teletrabajo la aplicación de las disposiciones sobre trabajo temporal, qué nuevos equilibrios deben procurarse entre la vida profesional y la vida familiar, y, finalmente, cómo no, con criterios considerar el tiempo invertido en la formación permanente como tiempo de trabajo.
Para concluir, quisiera añadir que todos estos asuntos concernientes a las formas actuales de organización, los sindicatos europeos, con todo derecho, pretenden convertirlos en asuntos de prioridad absoluta con una campaña de amplio alcance que, con ocasión del presente debate, se proponen iniciar el día 14 de febrero.

Ojeda Sanz
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero hacer constar que yo hablo en sustitución de mi compañero, Sr. Pérez Álvarez, que ha sido el ponente alternativo de este informe por parte de mi Grupo y que no ha podido estar presente en esta sesión. En su nombre y en el mío, doy en primer lugar las gracias al Sr. ponente y me felicito por el trabajo realizado y la actitud positiva que ha tenido hacia las enmiendas que habían sido presentadas por mi compañero ya citado.
La Directiva 93/104/CE se inscribe en la continuación de la Directiva 89/391/CE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, con la idea de que la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones laborales, de vida y del trabajo, mediante la aproximación de las legislaciones.
En tal sentido, el informe de la Comisión supone una descripción general de cómo los Estados miembros han transpuesto y aplicado la citada Directiva con unos resultados que indican claramente que el método y el resultado son mejorables. Se ha podido comprobar no sólo el retraso temporal en el cumplimiento del plazo de transposición y, en consecuencia, la no aplicación de la Directiva dentro de plazo, sino que también las exclusiones y las excepciones se han debido a criterios no siempre claros. Así, la transposición, por vía de convenio colectivo, no siempre estuvo acompañada del éxito deseable para este instrumento de diálogo social. A destacar y remediar estas deficiencias se orientaron las enmiendas presentadas por el Sr. Pérez Álvarez y a esta misma finalidad se orientan las que ahora voy a comentar.
La nº 1 porque la confusión de los conceptos "exclusión" y "excepción", estos últimos siempre singulares, no se debe traducir en una posibilidad de burlar la obligatoriedad de los términos de la Directiva. La nº 2, proponiendo un añadido clarificador, que no pretende sustituir, sino aclarar y ampliar el contenido del apartado, incluso a través de conceptos y definiciones que garanticen la aplicación de la Directiva, fieles a la idea de que las cosas son lo que son y no lo que se les denomine. Nos parece importante destacar expresamente estos dos puntos en aras de una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores.
Todo ello en los términos del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea "Condiciones de trabajo justas y equitativas". Primero, que "todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad", y segundo, que "todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima de trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas", aspectos ambos -salud laboral y tiempo de trabajo- claramente vinculados, orientado todo ello hacia una sociedad más justa en la que prime el respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Attwooll
. (EN) Señor Presidente, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Pesca, quisiera felicitar al Sr. Koukiadis por su informe y agradecerle la consideración que ha prestado a las conclusiones de la Comisión de Pesca, para la cual las cuestiones de seguridad revisten gran prioridad.
El informe del Sr. Koukiadis sólo trata directamente de la primera de las tres directivas que hay actualmente sobre tiempo de trabajo. Hace hincapié en las variaciones de interpretación, tipos de derogación y formas de transposición como factores que contribuyen a los defectos de su aplicación. Esos problemas pueden verse agravados por el hecho de que en diferentes sectores se aplican normas diferentes. Por ejemplo, los que elaboran pescado están abarcados por la primera directiva pero lo que se ocupan de la pesca en su acepción estricta están abarcados por la segunda. Es difícil predecir los efectos de esta situación para dos sectores que se hallan tan íntimamente relacionados entre sí. De forma análoga, los posibles cambios en la naturaleza de la acuicultura pueden significar que se precisan normas diferentes para el futuro entre las que responden bien a su carácter actual. Por eso estamos pidiendo a la Comisión que examine esos aspectos de aplicación en futuros informes. Es posible que haya otros sectores en los que un enfoque análogo podría ser útil.
Es conveniente que de cada sector traten normas que sean verdaderamente apropiadas para sus propias situaciones particulares. Sin embargo, muchos problemas de aplicación se podrían evitar y la adaptación a los cambios tecnológicos y de otro tipo podría ser más rápida si esas normas se derivasen de acuerdos entre los asociados sociales. Estamos pensando en el acuerdo entre la Asociación de armadores de la Comunidad Europea y la Federación de trabajadores de la rama de transporte de la Unión Europea como ejemplo de práctica óptima a ese respecto.
Finalmente, con lo importante que es la seguridad, esperamos que las normas sean aceptadas como normas mínimas que se pueden mejorar, y no como normas máximas a las que hay que atenerse por la sencilla razón de que es lo que la legislación exige.

Wyn
Señor Presidente, quisiera felicitar sinceramente al ponente por su extensa y crítica labor respecto de su informe sobre la directiva del tiempo de trabajo. Verdaderamente era una cuestión que había que abordar urgentemente, en vista de las polémicas que se han suscitado en diversos períodos de sesiones del Tribunal de Justicia en relación con esta misma cuestión. Antes de que me refiera a una serie de cuestiones que tienen que ver con la directiva sobre el tiempo de trabajo, he de decir que me place sobremanera que algunos Estados miembros hayan promulgado ya un enorme número de acuerdos legislativos, administrativos y colectivos diferentes sobre el particular.
Creo también que las medidas que han adoptado los sectores decisorios supranacionales van en la buena dirección, pues las nuevas directivas de la Comisión abarcan las esferas descartadas del ámbito de la directiva original. Ahora bien, aún queda mucho que hacer.
Todos sabemos -y el ponente hizo bien en criticarlo- que algunos Estados miembros recurren a la táctica de pretender que su legislación vigente abarca las disposiciones de la directiva. Por consiguiente, no acabo de entender por qué vacilan en aplicar una directiva que es suficientemente flexible en el prolongado espacio de tiempo de que disponen. Por eso estoy de acuerdo con el informe cuando anima a la Comisión a que investigue por qué los Estados miembros se niegan a cumplir algunas de las disposiciones de la directiva.
Deberíamos insistir en que hubiera controles sobre las condiciones de aplicación de la directiva a las nuevas pautas en materia de tiempo de trabajo, por ejemplo el trabajo precario, el trabajo a jornada parcial y el trabajo a tiempo fijo. Me parece además que se deja sentir una fuerte necesidad de ocuparse con mayor intensidad del creciente número de personas que trabajan en su hogar. La propia Comisión se ha esforzado mucho en relación, por ejemplo, con la enseñanza abierta y la enseñanza a distancia en el marco del programa Leonardo da Vinci. Me siento obligado a preguntar, entonces: ¿Por qué no estimulamos más a los asociados sociales a que negocien las cuestiones pertinentes en materia de tiempo de trabajo?
Sin embargo, el informe podía habernos dado más detalles, pues, por ejemplo, descuida desgraciadamente a los denominados trabajadores autónomos. Estoy convencido de que la necesidad de incluir esta categoría en la directiva es una cuestión que todos deberíamos apoyar y con ello no haríamos más que añadir algo a un informe muy bien redactado.

Alyssandrakis
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, las reglamentaciones del tiempo de trabajo que estamos examinamos se mueven en el marco de la política neoliberal que viene a desarticular las relaciones laborales conquistadas con su lucha por la clase obrera. Esta política lesiona los derechos de los trabajadores y aplica las formas flexibles de empleo y regulación del tiempo de trabajo, destruye el empleo estable y a tiempo completo y lo sustituye con el empleo a tiempo parcial y temporal.
El objetivo perseguido, no cabe duda, es el incremento del grado de explotación de la fuerza de trabajo y la optimización de los beneficios del gran capital. Se intenta, pues, abolir la jornada estable de siete u ocho horas y el descanso del fin de semana. Los convenios colectivos están bajo amenaza y se extienden los contratos de trabajo temporal. El trabajador debe estar a disposición del patrón cuando éste quiera y durante todo el tiempo que quiera. Además, con la generalización del empleo a tiempo parcial, no es sólo que se resientan los ingresos del trabajador, sino que a éste le resulta prácticamente imposible adquirir derechos de jubilación. El resultado de las políticas seguidas por la Unión Europea es la extensión del autoempleo, que en algunos países sobrepasa el 30%.
Nosotros defendemos una política diferente, que amplia los derechos de los trabajadores y se opone a las reestructuraciones capitalistas. Luchamos por la abolición del marco legislativo que impone la regulación del tiempo diario de trabajo y las formas flexibles de empleo. Defendemos el trabajo estable y a tiempo completo -siete horas diarias, cinco días a la semana-, la extensión de los derechos sociales y el aumento de los salarios de acuerdo con las necesidades actuales.

Blokland
Muchas gracias, señor Presidente. Los ciudadanos de la Unión Europea gozan de una enorme prosperidad y disfrutan de las ventajas correspondientes. El fruto de la prosperidad se manifiesta en el nivel de bienestar experimentado por el ciudadano. Por eso mismo, la protección del bienestar de los trabajadores en un clima económico orientado hacia la productividad y eficacia merece todo nuestro cuidado y atención. En este sentido el bienestar de los ciudadanos sale ganando con una buena normativa relativa al tiempo que ha de dedicarse al trabajo y al descanso.
Quisiera completar el planteamiento del ponente insistiendo en la necesidad de considerar el domingo como día de descanso colectivo. A mi juicio, el enfoque propuesto por el ponente no presta la suficiente atención a la importancia del domingo como día de asueto.
Incumbe a los Estados miembros fijar un día de descanso de acuerdo con los usos y costumbres de cada país. Me alegra comprobar que en 9 de los 15 Estados miembros el domingo ha sido establecido oficialmente como día de asueto. Dichos Estados miembros se han tomado en serio el llamamiento del Parlamento de 1996. Son conscientes de que un día de descanso colectivo es imprescindible para la familia y las demás estructuras sociales.
Esta semana ha quedado demostrado en un estudio llevado a cabo en los Países Bajos que los consumidores tienen poco o ningún interés en hacer sus compras el domingo. Por eso mismo, es fundamental que en la legislación social de la Unión Europea quede un margen suficiente para mantener el domingo como día de descanso.
Para los cristianos el domingo tiene un significado especial. Este día, que se remonta al domingo de resurrección de Jesucristo, es el día de asueto establecido por Dios. Como tal, está anclado profundamente en la cultura europea. No olvidemos que la vida no se reduce a la producción y al consumo.

Koch
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe de la Comisión que tenemos sobre la mesa es muy necesario y tendrá que ir seguido de mucho, muchísimo trabajo en los Estados miembros. El ponente ha dedicado un gran esfuerzo al análisis, que yo le agradezco mucho.
La directiva me parece, no obstante, una colcha de retales. Hay demasiadas lagunas y en otros puntos se incorporan la intervención de normas nacionales que permiten una individualización y generan una falta general de transparencia. Lo que está en juego es la protección de los trabajadores en el sentido más puro, que ahora hemos inscrito como lema en nuestro estandarte.
Es necesario, por lo tanto, exigir tanto a la comisión como a los Estados miembros que no asuman sólo la definición y la interpretación de determinados conceptos, sino que también examinen atentamente las posibles desviaciones de determinadas normas jurídicas, con objeto de evitar crear cualquier posible confusión, que al final puede acabar teniendo el efecto contrario del esperado.
En los Estados miembros, la mayor falta de claridad se observa en lo que se refiere al tiempo máximo de trabajo autorizado, a pesar de que en las disposiciones finales de los artículos 6 y 18 se establecen unos límites claros.
En principio, cabe valorar muy positivamente la posibilidad de que la transposición de la directiva también se concrete a través de los convenios colectivos y de acuerdos entre los interlocutores sociales. Sin embargo, es preciso que se lleve a cabo efectivamente y con pleno respeto del espíritu de la directiva, sin puertas de escape y sin la posibilidad de eludir a medias su aplicación.
También es urgentemente necesaria una definición más clara del concepto de "servicios de guardia" y sobre todo la plena conformidad con el veredicto del Tribunal de Justicia de Europeo en su aplicación. El veredicto de Luxemburgo ha dejado claramente al descubierto un punto débil de la directiva; es muy de lamentar, que la Comisión tenga que ir a la zaga en este aspecto.
El informe Koukiadis será de gran ayuda en la tarea que tenemos por delante. Yo espero que las observaciones que plantea el Parlamento tengan efectivamente un reflejo en la futura aplicación de la Directiva.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Koukiadis por su excelente informe sobre la aplicación de la directiva relativa al tiempo de trabajo y expresar mi acuerdo con el último orador, que ha señalado la existencia de vacío en la directiva. Vacíos que, sin embargo, se van llenando con el transcurso del tiempo. Me gustaría recordar que a lo largo de los dos últimos años se han registrado avances importantes en relación con el horario de los médicos y en relación con el horario de las personas que trabajan en el sector pesquero; y hay que destacar igualmente la reciente directiva que concierne a los trabajadores de las empresas de transporte.
El informe de la Comisión relativo a la directiva del tiempo de trabajo ofrece un examen general del modo en que los Estados miembros aplican la directiva. La comisión no estaba obligada a hacerlo público, pero consideramos -y se trata de una consideración política- que es algo que aporta una buena dosis de trasparencia y sinceridad. Esto significa que, tal y como acertadamente ha indicado el Sr. Koukiadis, la transposición de la directiva presenta grandes diferencias entre unos y otros países miembros. Y a propósito de esto hemos de tomar en consideración la necesidad permanente de conciliar y armonizar economías y sociedades con culturas y usos muy diferentes; por esta razón el marco acordado es flexible, de suerte que no imponga soluciones rígidas y uniformes. De otro modo, sería además muy difícil alcanzar un acuerdo marco.
A los Estados miembros se les ha concedido un importante margen para la transposición de la directiva. La directiva permite determinadas excepciones fundamentadas en la legislación o en los convenios colectivos, lo que hace posible la mencionada flexibilidad a disposición de las autoridades nacionales. La Comisión reconoce esa diversidad y no se propone impulsar soluciones uniformes en este ámbito.
Quisiera, sin embargo detenerme en ciertas recomendaciones dirigidas a la Comisión. En varios puntos del informe se pide a la Comisión que realice un seguimiento de la transposición y que adopte las medidas oportunas en el caso de transposición indebida. En esto estamos de acuerdo, y para los casos de incumplimiento registrados, ya se ha puesto en marcha, o se va a poner en marcha próximamente, según las circunstancias, el procedimiento previsto para la infracción de directivas comunitarias.
Con respecto a la definición del tiempo de trabajo nos enfrentamos a las consecuencias de la resolución del Tribunal de Justicia en el caso Simap, en la que se dictamina que el tiempo de guardia del personal médico que presta servicio en las unidades de urgencias debe considerarse en su conjunto como tiempo de trabajo. En este asunto, la Comisión examina las consecuencias. Ya se ha celebrado una reunión entre las autoridades nacionales y los servicios de la Comisión, y la Comisión va a promover un estudio de la situación legal y de las posibles repercusiones de esta resolución para los sistemas de salud y para otros sectores.
En el informe del Parlamento Europeo se pide también a la Comisión que determine con claridad las situaciones que justifican excepciones a causa de acuerdos laborales. Hay una referencia precisa a la condición concreta en el apartado 1 del Artículo 18, de acuerdo con el cual se permite a los Estados miembros rebasar el límite máximo de 48 horas, a condición de que el trabajador se muestre de acuerdo en trabajar más horas. Y en este punto debo señalar que no faltan los dispositivos de seguridad, al objeto de que el trabajador que no acepte no sufra represalias. El único país que ha hecho uso de esta excepción es el Reino Unido. La misma directiva determina que el Consejo, a propuesta de la Comisión, acompañada de un informe de evaluación, puede reconsiderar esta disposición. Y quisiera trasmitirles la certeza de que la Comisión va a presentar el mencionado informe de evaluación.
Deseo igualmente destacar que en 2002 las autoridades de cada uno de los países miembros presentarán un informe nacional en el que se analizará la aplicación práctica de la directiva en cuestión. Y del estudio de estos informes nacionales resultará un informe de conjunto de la Comisión sobre la aplicación de la directiva en los Estados miembros que nos ofrecerá una imagen concreta más precisa.
Concluyo con la referencia a los nuevos modelos de trabajo. Es ciertamente difícil mantener la aplicación del tiempo clásico de trabajo a las nuevas formas de trabajo; y el debate sobre la formación permanente y sobre la reducción del tiempo plantea cuestiones sin duda complicadas. Yo podría decir que el diálogo social desempeña un papel muy importante y que lo va a desempeñar aún más en el futuro. Los agentes sociales, sus debates y sus acuerdos sobre el papel de la formación permanente, sobre los principios del teletrabajo... Los acuerdos que ya se han alcanzado en determinados sectores muestran que en una primera etapa los acuerdos parciales a escala europea pueden crear las condiciones que permitan avanzar aún más, si es necesario, hacia un marco legislativo.

El Presidente
Gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas.

Estimular el acceso a internet
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la pregunta oral (B5-0003/02), en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, a la Comisión, sobre la promoción del acceso a Internet.

Harbour
Señor Presidente, me gustaría dar la bienvenida a la Sra. Diamantopoulou esta tarde, aquí con nosotros. Sé que tomará la palabra en nombre del Sr. Liikanen. No hace falta decir que nos decepciona que el Sr. Liikanen no pueda venir. Nos hacemos cargo de que los Comisarios no tienen mucho tiempo disponible. Sabemos que en la Comisión se siente gran interés por esta cuestión y, en particular, por una serie de esferas de las que es responsable la Sra. Diamantopoulou, o sea que esta cuestión revestirá también importancia vital.
La idea fundamental de nuestra pregunta -presentada en un momento oportuno de la preparación de la Cumbre de Barcelona- es que la necesidad que se deja sentir en toda la Unión Europea de facilitar el acceso a los servicios de la sociedad de información y de fomentar un entorno en el que se desarrollen nuevos servicios, han de ser los cimientos del objetivo de Lisboa de conseguir la economía impulsada por los conocimientos más competitiva del mundo. Hago hincapié en "impulsada por los conocimientos" porque de lo que estamos hablando es de la capacidad de conseguir la amplia difusión y la disponibilidad de esos conocimientos. Parte del problema de esta cuestión es el aspecto de la jerga utilizada, y nuestra pregunta quizá ha caído en la trampa al hablar de acceso a Internet a tasa fija.
Quizá mis colegas me disculpen si explico por qué la cuestión reviste una importancia tan grande. Si Internet tiene realmente que explotar todo su potencial como red mundial de conocimientos, como medio accesible instantáneamente, entonces tendremos que estimular a la gente a que lo use de tal manera que lleguen a apartar de su mente el sentimiento de que, con una conexión subordinada al tiempo, tendrán que darse prisa por acabar lo que estén haciendo, temiendo que las facilidades no estén siempre a su disposición ni se puedan utilizar en todo momento. Eso es realmente el fondo de la cuestión. Consiguiendo que esa enorme biblioteca de información y de servicios esté disponible de la manera mencionada es como la gente podrá tener acceso continuo a la red a un precio asequible. Eso es realmente el fondo de la cuestión.
Sabemos que se ha adelantado mucho. Estoy contento de haber sido miembro de los equipos de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que han trabajado muy intensamente con la Comisión Europea para conseguir que se aprueben directivas sobre cuestiones como el carácter no disociable del circuito local y todo el paquete de comunicaciones electrónicas. Nos hacemos cargo de que en esas esferas tenemos un papel y una responsabilidad. El resultado final de esos servicios tendrá que provenir del mercado. Ya ha sucedido con éxito en el caso de la telefonía móvil; ahora está sucediendo ya en el mercado a medida que llegan las nuevas inversiones. Sin embargo, tenemos que fomentar las inversiones en la capacidad fundamental que tendrán esos servicios y tendremos que animar a la gente a desarrollar nuevos servicios que puedan aprovechar esa capacidad incrementada. De lo que estamos hablando es de pasar de los medios de comunicación de conocimiento relativamente pequeños que sirven nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo a medios de comunicación de conocimiento muchísimo mayores. Con ellos dispondremos de nuevos servicios. Por ejemplo, podremos disponer de una película de longitud normal en segundos y no en horas, como sucede en la actualidad.
Diré para acabar que esperamos con interés a que nos digan cómo la Comisión va a estimular ese desarrollo del acceso rápido a Internet, cómo va a estimular esa posibilidad en todos los Estados miembros, qué otras medidas habrá que adoptar, y qué otro tipo de apoyo podemos prestar a esa finalidad crucial para el futuro de la economía de la Unión Europea.

Diamantopoulou
. (EL) Debo dar las gracias a su Señoría, porque se trata verdaderamente de un asunto de excepcional calado, de la máxima prioridad, no sólo para el Parlamento Europeo y la Comisión, sino para todos los departamentos, toda vez que la Europa electrónica es una prioridad para todos nosotros.
La meta en la cumbre de Lisboa era disponer de redes baratas y de alta velocidad de acceso a Internet. Se trata de algo que, por razones que usted mismo ha explicado, cobra dimensiones de piedra angular de la economía europea del conocimiento, dimensiones de piedra angular de las políticas de justicia, igualdad y no exclusión en Europa. Tal y como usted menciona en la pregunta, un medio importante es la tarificación del acceso a Internet. Una cuestión crucial es la tarificación del acceso mediante tarifa plana (flat rate) -en esto, como muy acertadamente ha explicado su señoría, hay un problema de vocabulario y de traducción de términos a todas las lenguas; he de decir que algunas palabras las he reconocido en inglés pero no en griego-, es crucial la interconexión mediante tarifa plana, a través de proveedores de servicios de Internet y de nuevos operadores de telecomunicaciones que actúan en las redes de los antiguos monopolios.
Las autoridades reguladoras de cuatro países miembros, el Reino Unido, los Países Bajos, España y Francia, han exigido a los antiguos monopolios suministrar a los mayoristas el servicio de acceso a Internet mediante tarifa plana. Es la modalidad conocida como friaco, es decir, originación de llamadas de acceso a Internet en tarifa plana (flat rate Internet access call origination). También Italia contará próximamente con este servicio.
El sector sostiene que el sistema friaco tiene como resultado el aumento del uso de Internet, y que al no depender la tarifa del tiempo, los usuarios emplean más horas en Internet y se familiarizan con las páginas correspondientes de carácter comercial o cultural. Sostienen también que gracias al conjunto de estos servicios, mediante friaco, aumenta asimismo la demanda de los consumidores de acceso y servicios de banda ancha.
La Comisión celebra estas decisiones de las autoridades reguladoras de los estados miembros, y estimula la adopción de este modelo por otros países. Este estímulo y apoyo de la Comisión se ha expresado de los siguientes modos: primero, en Comité Consultivo de Realización de la Oferta de Red Abierta (ONP), el foro presidido por la Unión Europea, en el que las autoridades reguladoras y los ministerios de los países miembros están representados en su condición consultiva y reguladora. Este asunto se planteará de nuevo en el orden del día del Comité ONP el 20 de febrero de 2002. Segundo, en la séptima edición relativa a la aplicación del paquete de reglamentaciones en el sector de las telecomunicaciones, que fue presentada al Parlamento Europeo y al Consejo en diciembre de 2002; en esa edición la Comisión concede un apoyo concreto al acceso por banda estrecha a Internet mediante tarifa plana como vía hacia el acceso de banda ancha.
Igualmente -usted mismo lo ha mencionado- debemos decir que en el marco general de la continuidad en la materialización del plan de acción e-Europe hay decisiones vinculantes. En este sentido, debemos recordar que la Comisión garantiza la correcta aplicación del reglamento relativo a la liberalización del bucle local (LLU). El acceso liberalizado al bucle local proporciona a los nuevos operadores la posibilidad de competir con los proveedores consagrados al permitirles ofrecer servicios de transmisión de datos a alta velocidad y de conexión permanente a Internet mediante la tecnología ADSL.
La Comisión se refirió a este aspecto de Internet de alta velocidad también en la séptima edición, así como al suministro de acceso equitativo de alta velocidad a Internet en las ofertas minoristas del operador principal. La Comisión alienta igualmente la necesidad de garantizar condiciones justas y equitativas de suministro de líneas alquiladas de frecuencia de onda corta, que toman en consideración el coste, que constituye otra forma de acceso a Internet; algo importante principalmente para pequeñas empresas y compañías que utilizan los servicios de datos de los nuevos operadores de telecomunicaciones.
Es, pues, evidente que la Comisión actúa en dos planos. Un plano en el que trata de reforzar determinadas colaboraciones políticas, de fomentar la aplicación de modelos que han obtenido éxito; creo que ya he explicado cómo. Y un segundo plano en el que mantiene el seguimiento de la aplicación de las decisiones vinculantes -como son los reglamentos-, que desempeñan, naturalmente, un papel muy importante.
Por lo que respecta a la difusión y consolidación de la tecnología de banda ancha, la Comisión reconoce en su informe al Consejo Europeo de Barcelona, que la comercialización y valorización de esta tecnología no está avanzando por el momento con los ritmos que cabría esperar de los países miembros. Desde esta perspectiva, la Comisión propone al Consejo Europeo establecer como objetivo haber logrado en 2005 la expansión de las tecnologías de banda ancha en toda la Unión Europea.

El Presidente
Gracias, señora Comisaria.

Transporte ferroviario de carga por el túnel del Canal de la Mancha
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de:
la pregunta oral (B5-0004/02) del Sr. Savary y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre el flete ferroviario en el túnel de la Mancha;
la pregunta oral (B5-0005/02) del Sr. Davies y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre el flete ferroviario en el túnel de la Mancha.

Watts
Señor Presidente, desde el 7 de noviembre la SNCF (Compañía ferroviaria nacional francesa) ha suspendido todos los servicios de transporte de carga por raíl a través del Canal porque teme por la seguridad de su personal en Calais, tras las amenazas proferidas por los que intentan entrar ilegalmente en el Reino Unido. Como resultado de ello los servicios de transporte de carga a través del Túnel del Canal se hallan en una situación de profunda crisis. Sin embargo hoy podemos anunciar con placer que tanto los diputados franceses del Parlamento Europeo como los diputados laboristas británicos del Parlamento Europeo han pedido que haya un debate sobre el particular e incluso el Grupo ELDR se ha unido a nosotros para pedir que ese debate tenga lugar esta tarde.
Para resolver ese problema necesitamos cooperación, no conflictos. No más denuncias ni timideces, no más ceder el paso a otros para no quedar al frente: necesitamos que el Gobierno británico, el Gobierno francés, la SNCF, Eurotúnel, EWS y otros empiecen a trabajar juntos y con mayor eficacia. Se ha hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer.
También tengo algo para la Comisión Europea. Los artículos 28 a 30 del Tratado y el Reglamento 2679/98 garantizan la libre circulación de mercancías. Esto significa libre circulación a través del Túnel del Canal. Doy gracias a la Comisaria por intervenir en esta crisis particular y por responder positivamente a lo que otros oradores y yo mismo hemos pedido. En los últimos días se ha levantado una barrera de seguridad y nos parece muy bien, pero sólo se vigila entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Confiamos en lograr persuadir a nuestros colegas franceses de que es necesario que haya vigilancia durante las 24 horas del día y que haya un número suficiente de policías para llevarla a cabo. Necesitamos que la SNCF reanude los servicios lo antes posible y necesitamos una modificación urgente de las locomotoras para conseguir que no tengan que hacer una parada en Calais solamente por razones técnicas. Éstas son medidas prácticas que a corto plazo cambiarán mucho la situación. Esperamos, Comisaria, que siga obrando para conseguir que se restablezca ese vínculo vital del mercado único.

Diamantopoulou
Señor Presidente, la Comisión está alarmada por la reducción de los transportes ferroviarios de mercancías a causa de los problemas de seguridad presentados en la estación de SNCF. Esta situación va a tener un impacto negativo en la distribución en la que se refiere a las actividades de transportes de mercancías en este importante eje. Esto perjudica a los transportes ferroviarios y es contrario a la opinión general de la Comisión sobre el papel que desempeñan los transportes ferroviarios según el Libro Blanco que presentó en septiembre de 2001.
La exclusión parcial de los movimientos ferroviarios a través del túnel reduce la utilización del potencial, y consiguientemente la rentabilidad de la inversión en una infraestructura europea de transportes muy importante. La Comisión está totalmente informada sobre la situación desde que comenzó, es decir, desde noviembre. En virtud del reglamento 2679/98 sobre la libre circulación de mercancías, los servicios de la Comisión ya habían solicitado desde noviembre que las autoridades francesas emprendieran todas las medidas indicadas y necesarias para restablecer el curso normal en la circulación. Asimismo solicitaron ser informadas regularmente sobre la evolución de la situación.
Según nuestros últimos datos, la situación ha mejorado ligeramente. Las fuerzas policiales se hallan in situ constantemente, la capacidad de los ferrocarriles ha aumentado donde ha sido posible, de 1200 toneladas a 1600. Las obras en la estación terminal comercial Freten han comenzado en diciembre y se espera completar una red de refuerzo a principios de enero. Se habrá colocado hasta finales de junio las instalaciones para la protección del lugar, como cámaras de video, rastreadores de temperatura. Los contactos con las autoridades francesas van a continuar, el Comisario Bolkestein ha propuesto un encuentro con sus colegas francés e inglés y con los ministros responsables del mercado interior, para discutir sobre este tema en el margen del próximo Consejo de Mercado el 1 de marzo. Nuestro objetivo es que se restituya la libre circulación de bienes en junio a más tardar, cuando se hayan terminado todas las obras en la estación terminal.
Mi última observación es sobre los temas de asilo y de control en las fronteras interiores. La política de la Unión y de sus Estados miembros sobre el asilo y el control en sus fronteras interiores también se encuentra en peligro. La Comisión cree que aprobar normas armonizadas va a contribuir especialmente a que algunos Estados miembros no sean más atractivos que otros. La Comisión ya ha presentado muchas propuestas encaminadas al cumplimiento de este objetivo.

Chichester
Señor Presidente, un chiste que solíamos contar en el Reino Unido era que cuando había niebla en el Canal quedábamos desconectados del continente. Ahora resulta que hay personas que se cuelan en el Túnel y son los trenes y el comercio los que pierden la conexión, cosa que es mucho más grave.
Los efectos de las restricciones son dañosísimos para la libre circulación y el empleo: millares de puestos de trabajo están en peligro. He de decir que para los afectados, decir que las restricciones se suprimirán en junio representa una espera larguísima. El problema estriba en la proximidad del campo para refugiados de Sangatte: está demasiado cerca y habría que desplazarlo, para facilitar la labor de vigilancia.
Este Túnel es una ventaja y una empresa de propiedad conjunta que beneficia tanto a Francia como a Gran Bretaña, así como a la Comunidad más amplia de Estados miembros. Probablemente es el vínculo físico más importante que acerca a Gran Bretaña y al continente. La dificultad de tener que vigilar para que no haya emigrantes ilegales es perjudicial para el mencionado proceso y es una cuestión que hay que zanjar pronto.
Insto a la Comisión a que insista ante las autoridades francesas para que adopten medidas. Insto al Gobierno del Reino Unido a que ofrezca más asistencia a sus homólogos franceses y a los transportistas y empresas afectados, en vez de hacer como que no percibe sus preocupaciones y sus dificultades y pasar el tiempo acosando con procesos y multas a los conductores de camiones y a los maquinistas de trenes. Las autoridades necesitan pasar a la acción y no meterse con otras partes inocentes.

Skinner
Señor Presidente, antes que nada quisiera rendir homenaje a mis colegas el Sr. Watts, el Sr. Savary y la Sra. Darras por someter esta cuestión al examen del Parlamento. No deja de ser irónico que tome yo la palabra acerca de esta cuestión porque, en calidad de ponente, ayudé a presentar a este Parlamento la cuestión de la libre circulación de mercancías en zonas fronterizas trastornadas. La intención principal era abordar la cuestión de las relaciones industriales en las fronteras, pero lo interesante es que ahora elogio y aplaudo la doctrina lateral de la Comisión acerca de la aplicación de esos artículos que les hemos expuesto.
Sabía entonces y sigo sabiendo ahora, que los requisitos enunciados en ese grupo determinado de artículos eran puramente mecanísticos, que todo lo que se requiere es que haya buena voluntad política. Los que estamos aquí reunidos apreciaremos el hecho de que es necesario que todas las partes presten atención a lo que está sucediendo en el Túnel del Canal y velen por evitar que lo que está sucediendo quede enmascarado por los argumentos culturales o políticos que caracterizan al problema.
Hay problemas, sin duda alguna. En el caso de esta cuestión particular hay problemas debido a la escasez de recursos -cosa que comprendemos- tanto por lo que se refiere a la policía como por lo que concierne al personal de seguridad en las zonas de las que se ocupan. Sea lo que fuere, necesitamos que la carga atraviese el Túnel sin trabas. Reconozcamos, pues, que se trata de un problema internacional. Hay personas que se han visto desplazadas de sus hogares como consecuencia de la guerra y de enormes trastornos, y también hay emigrantes "económicos" que están dispuestos a pagar el precio que se les pida para entrar en el Reino Unido. Muy a menudo el precio lo cobran bandas criminales, que están allí para explotar la motivación de esas personas.
La verdadera solución, por lo tanto, está en manos de políticos que coordinen su actuación en el plano gubernamental. También tenemos que luchar por conseguir que haya paz y desarrollo en las zonas del mundo que se enfrentan con crisis. En Francia hemos visto también, muy desgraciadamente, tragedias humanas que han dejado en nuestro espíritu la impronta humana de todo lo que está sucediendo en dichas zonas.
Las tentativas de las autoridades francesas por reforzar la seguridad son dignas de elogio. Como el Sr. Watts ha dicho, tenemos que seguir pidiendo que haya el grado más alto posible de vigilancia.
Ocupándonos de esta cuestión en el Parlamento confirmamos el interés y el carácter internacional que tiene y que merece. No solamente el Túnel del Canal, sino también otras cuestiones quedarán resueltas gracias a esos procesos. El Túnel no es más que un trampolín para lanzarlos.

Attwooll
Señor Presidente, antes que nada quisiera decir que quedaré muy agradecida si la Comisaria Diamantopoulou transmite a la Comisaria de Palacio mi agradecimiento personal por la labor que sé que la Comisaria ha iniciado ya en este respecto.
Vengo de uno de los lugares más remotos de Europa, que es Escocia, y para nosotros es importantísimo estar conectados con el centro. Los problemas con que nos enfrentamos actualmente son graves. Me refiero a las exportaciones y a los problemas logísticos que se están planteando, así como a los problemas en general para las empresas que se ocupan del transporte por ferrocarril.
Lo que hoy es un problema grave puede convertirse en un problema crónico, si no se resuelve debidamente. La Comisaria Diamantopoulou ha mencionado ya lo que está sucediendo con el Túnel del Canal, que es contraproductivo para la política que todos quisiéramos seguir, que consiste en sustituir en la máxima medida posible el transporte por carretera por el transporte por ferrocarril.
En vista de la situación que prevalece actualmente en el Reino Unido, de las dificultades con que tropiezan para exportar y de la red ferroviaria, y pensando en el futuro de toda la política de transporte de la Unión Europea, espero sinceramente que se pueda ejercer toda la presión posible sobre todos los interesados para conseguir que ese problema pueda resolverse sin demora.

MacCormick
Señor Presidente, como la Sra. Attwooll, yo también soy uno de los diputados que representan a Escocia en este Parlamento. Quedo muy agradecido al Sr. Watson y a los colegas del partido liberal que han planteado las cuestiones que estamos debatiendo. Es un debate de importancia vital.
Para dar más viveza, si es posible, al asunto a que se estaba refiriendo la Sra. Attwooll, a una cincuentena de kilómetros de la casa en que vivo en Edimburgo, a mitad de camino entre Edimburgo y Glasgow, en la ciudad de Motherwell, se halla la estación de carga más septentrional de la red transeuropea que llega al Reino Unido, los depósitos de Motherwell Eurocentral. Nos hemos enterado recientemente de que el transportista que opera desde ese punto, EWS, no podrá seguir ofreciendo un servicio para las exportaciones desde Escocia con el mismo número de trenes diarios con que contamos actualmente. Eso sería una crisis para Escocia, y por lo tanto una crisis para los transportes a través de la Unión Europea, si llegase a suceder. Es un hecho conocido, por ejemplo, que la industria del whisky escocés depende sobremanera del transporte por ferrocarril para llevar el whisky escocés de malta y el whisky escocés mezclado a los mercados europeos. Se está sufriendo graves pérdidas en una rama comercial que tiene una importancia capital.
En estas circunstancias nos alegra saber que la Comisión toma muy en serio esta situación, pero no nos alegra que se nos diga que todo quedará resuelto de aquí a junio, porque la información que estamos recibiendo de los sectores comerciales involucrados es que no pueden resistir hasta junio si la situación continúa como hasta ahora.
En estos momentos pueblos de toda la Unión Europea se preguntan lo mismo: ¿Estamos obteniendo los beneficios que se nos prometieron si ingresábamos en la Unión Europea? Esos beneficios se referían particularmente a la posibilidad de circular libremente por la Unión. Otros beneficios que se prometieron se refieren al transporte intermodal, pues se nos dijo que no todos los transportes se harían por carretera. Esto afecta no solamente al pueblo de Escocia, afecta más aún a las personas que viven cerca de las carreteras y autopistas de toda Inglaterra, si aumenta mucho el tráfico de vehículos pesados por ellas. Necesitamos que se utilicen más los ferrocarriles. También necesitamos que se utilice el transporte marítimo. Quedamos muy agradecidos a la Comisaria de Palacio por la labor que ha desarrollado para instituir el nuevo vínculo a base de transbordadores entre Escocia y Zeebrugge, pero si vamos a tener una política de transporte razonable que realmente distribuya la carga e impida que los camiones pesados utilicen excesivamente las carreteras, es preciso que siga en funcionamiento esa línea ferroviaria.
Quedo muy agradecido a los colegas que han planteado esta cuestión. Quedo también agradecido a la Comisión por tomarla muy en serio, pero quisiera saber también de qué indemnización dispondremos para conseguir que los que han sufrido pérdidas monetarias no se vean privados de seguir trabajando en su oficio debido a las condiciones antieconómicas que prevalecen actualmente en esa ruta.

Van Dam
Señor Presidente, aquí esta en juego la libre circulación de personas, mercancías y servicios, una de las piedras angulares del mercado interior, y eso desde diversos puntos de vista. La libre circulación de personas, y también de mercancías, no puede generar un desplazamiento descontrolado de solicitantes de asilo como consecuencia de la desaparición de las fronteras. La presencia de polizones en el tren que atraviesa el Eurotúnel produjo situaciones insostenibles. El resultado de todo ello es que desde hace tres meses están en vigor una serie de restricciones que ha reducido a la mitad el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril a través del túnel. Esta pérdida de beneficios perjudica seriamente a la empresa que explota el túnel del Canal de la Mancha. Ni siquiera está segura de que se haya solucionado el problema de las multas por la presencia de polizones.
El debate acerca del Libro Blanco sobre la política de transportes se halla en pleno desarrollo. A pesar de las divergencias, prácticamente todos los implicados coinciden en que el crecimiento del transporte de mercancías no puede ir a parar únicamente a la carretera. El ferrocarril constituye, junto con las vías navegables, una buena alternativa. El uso restringido del Eurotúnel ha obligado a muchos empresarios a transportar las mercancías por carretera. Es de temer que, una vez más, la reputación del transporte ferroviario haya sufrido un daño irreversible. La capacidad de transporte no podrá restablecerse mientras no se aporte una solución al problema subyacente. No es éste el lugar adecuado para deliberar sobre el problema y el drama de los inmigrantes ilegales en Europa. Sin embargo, no se puede negar que la caída en picado del transporte de mercancías por ferrocarril a través del túnel se debe en gran parte a la política de inmigración de los dos países situados a ambos lados del Eurotúnel.
El Reino Unido se ve confrontado con la dudosa fama de que aplica una política de inmigración flexible y apenas combate el trabajo ilegal. Independientemente de que esta imagen sea cierta o no, el Gobierno británico no logra desanimar a los refugiados. Por otra parte, la política de asilo francesa debe calificarse de hipócrita. No se detiene al enorme flujo de refugiados que pasa por Francia hasta llegar al Eurotúnel. Ahí los refugiados son agrupados en el campamento cercano a Sangatte, donde se concentran cientos de desesperados, a sólo tres kilómetros del Eurotúnel, único obstáculo que los separa del destino final de su viaje. Están encerrados en un campamento desde el cual alcanzan con la vista la puerta hacia el otro lado. Esta situación responde perfectamente a lo que dice el refrán: los dejan con la miel en los labios.
Los solicitantes de asilo merecen nuestra conmiseración, porque a fin de cuentas ellos también son víctimas de la imprecisión de las normativas, de la arbitraria aplicación de las mismas y de la falta de control. Es hora de que las autoridades francesas confinen a los solicitantes de asilo en el interior del país, por ejemplo en las inmediaciones de un aeropuerto internacional desde el cual puedan regresar a su lugar de origen en caso de que su solicitud sea denegada.
Señor Presidente, las tristes imágenes que nos han llegado desde Frethun obligan a la Comisión y al Consejo a hacer todo cuanto esté a su alcance no sólo para eliminar esta traba sino también para erradicar la causa de la misma. Deben asumir su responsabilidad y hacer frente a esta alteración del mercado del transporte de mercancías.

Berthu
Señor Presidente, me he quedado realmente perplejo ante las preguntas orales formuladas por los grupos socialista y liberal sobre los obstáculos al tráfico ferroviario en el túnel de la Mancha, obstáculos provocados por los refugiados que intentan pasar ilegalmente al Reino Unido.
En efecto, al escuchar las preguntas orales, el principal problema que se plantea, incluso el único, es la perturbación de la libertad de circulación de mercancías bajo la Mancha y, por tanto, el daño ocasionado a las empresas ferroviarias, que iría acompañado, horresco referens, de una distorsión de la competencia entre los distintos modos de transporte en detrimento del ferrocarril.
Lamento vivamente, como mis colegas, los daños sufridos por las empresas ferroviarias y añadiré incluso que me parece ilógico que el Estado francés, cuya responsabilidad está comprometida por su Gobierno socialista, no sea seriamente condenado, moral y financieramente, por su incapacidad para mantener el orden público.
Pero, déjenme decirles también, Señorías, que este asunto plantea problemas sociales mucho más amplios y graves que una simple desigualdad de competencia entre los operadores privados.
Por ello, me gustaría añadir a las preguntas formuladas por los Grupos socialista y liberal una serie de interrogantes complementarios.
En primer lugar, parte de las personas que intentan pasar ilegalmente al reino Unido está constituida por solicitantes de asilo, pero otra parte por inmigrantes en situación ilegal, incluso en Francia. ¿Cómo pueden inmigrantes ilegales llegar en gran número al corazón de Europa después de haber franqueado varias fronteras internas sin ser detectados nunca? Es una cuestión fundamental que habría que resolver.
Pregunta subsidiaria: ¿qué medidas se han tomado para que sean inmediatamente acompañados a la frontera exterior de la Unión?
Segunda pregunta: gran parte de los solicitantes de asilo que quieren pasar al Reino Unido son afganos. Ahora bien, por lo que yo sé, el régimen talibán está hoy aniquilado y esas personas pueden volver a su casa. ¿Qué medidas se han adoptado, pues, para repatriarlas?
Por último, tercera pregunta: hay quien parece pensar que, si hubiera una política europea de asilo unificada, estos problemas no se plantearían. Ciertamente, cabe imaginar que ya habría desigualdad de trato a los refugiados entre los distintos países de la Unión Europea. Pero, ¿cree la Comisión que el número global de solicitantes se asilo disminuiría? En caso afirmativo, ¿mediante qué mecanismo concreto? ¿No cabe suponer por el contrario que si las normas europeas de acogida se alinearan a un nivel alto, como parece ser la intención de la Comisión, el número global de solicitantes de asilo en la Unión Europea aumentaría considerablemente?

Purvis
Señor Presidente, me sumo a mis colegas escoceses que han pedido a la Comisaria que nos ayude a resolver esta situación lo más urgentemente que sea posible.
Quizá sorprenda a la Comisaria esta reacción de Escocia, pero Escocia es probablemente una de las víctimas que más sufren como consecuencia de la situación que prevalece en el Túnel del Canal. A causa de la reducción del transporte a través del Túnel, no tenemos ya solamente tres servicios cada noche, no tenemos ninguno pues el servicio desde Escocia hasta el continente ha cesado por completo. Como ha dicho el Sr. MacCormick, ya no es posible transportar whisky escocés al continente ni enviar nuestros microcircuitos a París, Frankfurt o Milán. Peor aún: ya no podemos importar piezas y productos continentales por ferrocarril. Los costos inherentes a las exportaciones y a las importaciones están aumentando, como también están aumentando la contaminación y la congestión de las carreteras.
Se ha perdido un servicio gracias al cual Escocia estaba algo más próxima al triángulo de oro de Europa, y Escocia regresa a la periferia. Esto es una tragedia, pero ¿por qué? Porque somos incapaces de organizar nuestros sistemas de inmigración sobre una base europea y porque somos incapaces de instituir la seguridad necesaria para que ese tipo de arreglo funcione adecuadamente. Es evidente que se han cometido errores en la costa francesa del Canal de la Mancha y en la costa inglesa del English Channel, pero las víctimas han sido mis circunscripciones de Escocia, que están a centenares de millas de Dover y de Calais.
Insto al Gobierno del Reino Unido a que resuelva su sistema de inmigración, en colaboración con sus vecinos, para que no atraiga a decenas de millares de personas desesperadas. Seguramente no es una casualidad que el Reino Unido sea uno de los escasos países europeos en los que no existen las tarjetas de identidad.
Insto también a las autoridades francesas a que piensen en sus antiguos aliados de la Auld Alliance, sus primos escoceses, a que instauren condiciones de verdadera seguridad en la entrada francesa del Túnel para que pueda reanudarse el servicio de transporte ferroviario desde Escocia o con destino a Escocia.
Insto asimismo a la Comisaria y a la Comisión a que reflexionen urgentemente a fin de encontrar una solución para esta situación tan absurda.

Savary
Señor Presidente, le ruego me disculpe por haber llegado tarde y le agradezco haya tenido a bien aplazar mi intervención. Si hemos formulado esta pregunta, es porque la opinión pública considera que el problema registrado en el Eurotúnel, al afectar a dos grandes países de Europa y referirse a nuestra política de seguridad y asilo, requiere una intervención de la Unión Europea.
No podemos dejar que la situación se deteriore, lo que ilustraría la impotencia de Europa. Por otra parte, esta situación exige que inventemos soluciones que puedan transponerse a otras fronteras y otros lugares de presión migratoria. Dado que la política de asilo y la política judicial y de seguridad no están suficientemente armonizadas, reclamamos una intervención de la Comisión ante Francia y el Reino Unido, de forma que se tomen medidas fuertes en tres direcciones.
Primera dirección: restablecer en la medida de lo posible la libre circulación, en particular la de los convoyes ferroviarios en el túnel de la Mancha. Lo que está pasando allí abajo, a pesar de las considerables inversiones de los operadores, en particular SNCF, entra en contradicción con nuestra política de transferencia modal de la carretera al ferrocarril.
Segunda dirección: a falta de una armonización de las legislaciones y los mecanismos de seguridad, adoptar en los dos países medidas coordinadas y coherentes de lucha contra los transportistas de mercancía humana, multiplicando los controles y endureciendo las sanciones sin vacilar, pues se trata de atentados intolerables contra los derechos humanos y de un comercio vergonzoso.
Tercera dirección: lo que pasa en el Eurotúnel demuestra la urgencia de una armonización de las políticas de asilo en Europa. Porque lo que pasa allí abajo, lo que se reprocha a Francia y el Reino Unido, es un problema que afecta potencialmente a todos los países de la Unión. Por la experiencia de lo que pasa en el mundo entero, sabemos que nunca habrá una solución perfecta, totalmente fiable, ante el desorden del mundo y la creciente desigualdad entre el Norte y el Sur.
La primera solución, la más importante, la solución de fondo reside naturalmente en una política de desarrollo más generosa y equilibrada. Pero, a falta de ella y a corto plazo, es preciso, me parece, aplicar medidas comunes a los dos países, a fin de acorralar sin tregua a esos mercaderes de ilusiones que son los transportistas de mercancía humana. Creo que es muy importante. Por último, deseo personalmente que, en vez de dejar que los dos países se pasen uno a otro las responsabilidades, encontremos, bajo la guía de la Comisión, medidas suficientemente fuertes para que resulten ejemplares y puedan transponerse a otros lugares de Europa.

Diamantopoulou
Señor Presidente, es evidente que nos encontramos ante una dificultad en la aplicación de uno de los principios básicos de la libertad en Europa, la libertad de la libre circulación de los bienes. Hemos escuchado numerosas formas de enfocar el uso de los artículos del Tratado, la posibilidad de que intervenga la Comisión y que presione al Gobierno francés para que avance en medidas más rápidas. El derecho vigente en la Unión Europea permite a la Comisión Europea incoar el procedimiento por infracción contra los Estados miembros cuando se observan obstáculos a la libre circulación de los bienes.
Sin embargo, una acción de este tipo está sometida a criterios estrictos cuando el obstáculo lo plantean particulares aislados y la Comisión puede actuar sólo cuando las autoridades de que se trate no tomen las medidas indicadas necesarias. Evidentemente, esto no vale para el caso que nos ocupa. Se está realizando un esfuerzo muy grande, ha quedado demostrado que los contactos entre la Comisión y el Gobierno francés han sido provechosos y vamos a continuar en este sentido. Ya el Gobierno francés ha cerrado el recinto en concreto, se ha elaborado el estudio y se ha realizado el primer intento de instalar la tecnología necesaria, pero, claro, el grado de la acción policial, el número de policías, la instalación del material de alta tecnología necesario, es algo que depende del Gobierno francés.
El segundo punto al que me querría referir es el fondo, la esencia del problema. ¿Por qué se dan estas interrupciones en la circulación? ¿Por qué observamos esta continua dificultad en la circulación de los trenes en el túnel? ¿Por qué observamos la presencia non grata de emigrantes ilegales en Europa en distintos puntos utilizados por los transportes de mercancías ferroviarios? Consiguientemente podría decir que la esencia del problema, tal como han planteado algunos de nuestros Sres. diputados, es la política europea sobre principios comunes, política de asilo común, para evitar este fenómeno en el que los emigrantes intentan alcanzar ciertos Estados miembros.
En este sentido, la Comisión ha presentado ya bastantes propuestas relacionadas con los procedimientos y las normas para conceder el estatuto de refugiado, así como las condiciones comunes mínimas exigidas para admitir a quienes soliciten asilo. Otra propuesta determina criterios y mecanismos para definir el Estado miembro responsable de analizar la solicitud de la concesión de asilo. Estas propuestas contemplan que una permanencia prolongada en un Estado miembro condiciona que el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de la concesión del asilo sea dicho Estado miembro. De esta forma, en este caso en concreto y de conformidad con este sistema, los que solicitan el asilo no pueden adquirir el estatuto de refugiado en Gran Bretaña tras una permanencia prolongada en Francia.
Así pues, podría decir que en cuanto a la solución inmediata de un problema que puede repercutir significativamente en ciertas regiones, y concretamente en las regiones alejadas de Gran Bretaña, en la región de Escocia, así como en el propio continente europeo y en las relaciones comerciales con Gran Bretaña, el único responsable es el Gobierno francés. Debe avanzar con pasos rápidos, lo más rápido posible, para que se complete este proyecto; y a este respecto diré que la Comisión y el Gobierno de Gran Bretaña cooperan. En cuanto a la solución del problema a largo plazo, puesto que como muchos de los diputados han dicho, este problema se encuentra en las fronteras Francia - Gran Bretaña pero mañana podemos encontrarlo en otras regiones de Europa; hace falta una decisión rápida sobre una política común de asilo en el ámbito europeo.

El Presidente
Gracias, señora Comisaria.
El debate conjunto queda cerrado.
Señorías, suspendo la sesión hasta la hora de las votaciones, a las 18.30 horas.
(La sesión interrumpida a las 18.10 horas, se reanuda a las 18.30 horas)

Votaciones
Informe (A5-0010/2002) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión: Estado de la aplicación de la Directiva 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo ( 

(El Parlamento aprueba la resolución)
EXPLICACIONES DE VOTO - Informe Koukiadis (A5-0010/2002)
Bonde y Sandbæk (EDD), por escrito. (DA) Hemos elegido abstenernos en la votación del informe conjunto. Creemos que lo que la Comisión ha valorado como falta de aplicación de la directiva en Dinamarca, a largo plazo socavará la política contractual danesa. Dinamarca había optado como punto de partida por implantar la directiva mediante los acuerdos colectivos y así dejar esta tarea en manos de los interlocutores sociales. Sin embargo, puesto que la directiva en un futuro no muy lejano será elevada al rango de ley en Dinamarca tras la presión efectuada por la Comisión, sólo nos cabe manifestar nuestro descontento con la intromisión de la Comisión en un sistema eficaz.
No obstante, respaldamos las mejoras generales que el informe propone, entre ellas, las referidas a precisar ciertos conceptos, puesto que se ha demostrado que la redacción de varias definiciones ha supuesto interpretaciones equivocadas en la aplicación de la directiva. Es importante que el texto sea precisado en muchos ámbitos para que queden protegidos los derechos de los trabajadores y tenga lugar una mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo.

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 18.40 horas)

