Desplazamiento de trabajadores (debate)
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión sobre el desplazamiento de trabajadores (0-0041/2007-B6-0312/2007), formulada por el señor Andersson en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
Jan Andersson 
Creo que fue Jacques Delors quien dijo que el mercado interior de productos y servicios nunca tendría éxito sin una fuerte dimensión social. ¿Por qué lo dijo? Quería decir que no debemos utilizar las malas condiciones de trabajo, salarios bajos, etc., para competir entre nosotros en el mercado interior. ¿Por qué no? Porque los trabajadores europeos nunca aceptarían semejante política. El debate sobre flexiguridad también demuestra que no podemos utilizar salarios bajos y malas condiciones de trabajo para competir con países de fuera de la UE. Por tanto, tampoco podemos adoptar un enfoque similar dentro de la UE.
Esta es la perspectiva en que deberíamos considerar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. El propósito de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es garantizar unas condiciones de trabajo justas y dignas para los empleados: condiciones salariales, horarios y otras condiciones de trabajo. Se ha hablado de normas mínimas, pero si queremos proseguir sobre la base de la opinión del Abogado General en el caso Laval no deberían aplicarse normas mínimas, sino, más bien, normas normales. Eso es lo que llega a decir el Abogado General en su opinión, lo cual es importante para los trabajadores. Es importante si quieren tener condiciones dignas, y también es importante para las empresas. Si no tuviéramos estas normas, habríamos beneficiado a las empresas que pagan salarios bajos y a las que tienen unas condiciones laborales pésimas. No habría habido neutralidad en la competencia, cosa que es importante para trabajadores y empresas.
La Comisión ha presentado una interpretación. Puedo decir que estamos de acuerdo con partes de ella, pero también que hay otras con las que no lo estamos. Permítanme empezar con las partes con las que estamos de acuerdo. Hace falta un mejor intercambio de información entre las autoridades de los diferentes Estados miembros. Es preciso que las empresas que operan en otro país estén mucho mejor informadas de las condiciones existentes en ese país. En este terreno podemos hacer mucho en el futuro.
La Comisión ha examinado la jurisprudencia y a veces ha encontrado interpretaciones excesivas, pero otras veces también ha hallado interpretaciones correctas. Cuando se trata de ciudadanos de terceros países, no opinamos sobre la interpretación de la Comisión, pero cuando se trata de otros asuntos no compartimos el enfoque de la Comisión.
Permítanme citar dos ejemplos. El primero está relacionado con la necesidad de un representante. En este ámbito la Comisión ha hecho una interpretación excesiva del concepto de justicia vigente. El problema está en la necesidad de obligar al representante a residir en el país donde se está desempeñando la actividad. No establecemos este requisito. Dicho esto, es importante que los países puedan pedir no un representante cualquiera, sino uno con un verdadero mandato que represente a la empresa. Esto es importante en mi país, donde tenemos convenios colectivos, y también lo es en otros países desde el punto de vista de las autoridades y, por ejemplo, de las condiciones del entorno laboral. Ha de ser posible pedir a un representante que tiene un mandato que hable en nombre de la empresa.
El siguiente asunto es la documentación social. Hay casos jurídicos a los que se refiere la Comisión. En este sentido nos preocupa Bélgica y la cuestión de si la documentación debería conservarse durante cinco años. Se trata de un tiempo injustificable; estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, se precisa documentación para demostrar quién está empleado y trabajando y qué salarios y horarios laborales se tienen. Esta información es indudablemente necesaria durante el periodo de duración del trabajo que se está llevando a cabo y, asimismo, durante un periodo posterior razonable. Somos conscientes, por supuesto, de que este asunto conlleva cierto engaño, por lo que hace falta un periodo de tiempo razonable una vez terminado el trabajo.
El error de la Comisión es haber hecho una interpretación excesiva en su Comunicación. Ha interpretado excesivamente la jurisprudencia. El requisito de un representante es muy importante, al igual que la demanda de documentación social. La Comisión establece que no debemos cuestionar ningún modelo de mercado laboral en Europa. Esta es una declaración importante, pero eso es precisamente lo que se hace cuando se crítica a los Estados miembros que establecen requisitos con respecto a representantes y documentación social. Si no se permite establecer dichos requisitos, por supuesto es imposible que se regule el mercado laboral e imposible mantener un modelo de mercado laboral. Entonces hablamos de otro modelo, y la Comisión debería tenerlo en cuenta. Alemania ha presentado precisamente la misma crítica que los países nórdicos.
Por último, solo quiero abordar la cuestión del equilibrio. También habría que criticar a los países que no ejercen ningún control. En algunos países no se aplican controles suficientes, por lo que los trabajadores quizá trabajen en condiciones que no cumplen los requisitos de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Esos países deberían ser objeto de crítica.
Vladimír Špidla
Señora Presidenta, Señorías, el 13 de junio de 2007 la Comisión aprobó la Comunicación final relativa a la Comunicación de 2006, donde expresaba su apoyo total al objetivo de los Estados miembros de acabar con las prácticas ilegales en el mercado laboral. La Comisión reconoce que los organismos nacionales han de aplicar controles apropiados para garantizar que los proveedores de servicios cumplan las condiciones de trabajo nacionales.
Sin embargo, las evaluaciones de los progresos realizados desde 2006, que la Comisión realizó basándose en la información de los Estados miembros y los interlocutores sociales del ámbito de la UE, señalan que algunas medidas aplicadas en algunos Estados miembros son desproporcionadas y exageran con respecto a lo que es necesario para garantizar una protección eficaz de los trabajadores desplazados. Tal y como ha señalado la Comunicación de junio de 2007, parece que esta situación ha surgido de la cooperación ineficaz entre los organismos pertinentes de los Estados miembros y del acceso insuficiente a la información.
En sus Comunicaciones la Comisión señala que, con respecto a la libre circulación de los servicios, consagrada en el Tratado CE, las normas solo pueden restringirse por un interés público superior, por ejemplo la protección los trabajadores, y estos motivos han de ser adecuados. Deberíamos evaluar caso por caso si las medidas nacionales concretas pueden considerarse justificadas y apropiadas, como por ejemplo el requisito de tener un representante residente en el país de acogida o la obligación de tener ciertos documentos relacionados con las condiciones sociales y laborales en el territorio de acogida con fines de supervisión.
La Comisión está examinando con mucho detenimiento la situación de cada uno de los Estados miembros, a fin de poder determinar qué medidas de control pueden considerarse injustificadas e inadecuadas. Cuando sea necesario, la Comisión emprenderá acciones por incumplimiento de las obligaciones, de forma que pueda velar por el cumplimiento del Derecho comunitario.
Permítame hacer hincapié en que la Comisión también examina si las medidas adoptadas por un Estado miembro son suficientes y efectivas. Si no lo son, actuará de la misma manera, porque el objetivo consiste en proteger a los trabajadores de forma efectiva sin poner trabas al mercado interior.
La Comisión no pretende actualmente publicar más directrices. La decisión final sobre la conformidad con medidas nacionales está en manos del Tribunal de Justicia, que ya ha emitido una serie de sentencias, y no en la Comisión o el Parlamento.
Con respecto a la cooperación en materia de información, los controles llevados a cabo por la Comisión demuestran que se ha producido una mejora alentadora. Sin embargo, es esencial mejorar más. Por tanto, la Comisión propone intensificar y fortalecer la cooperación administrativa con los Estados miembros, sobre todo reunir a otras partes interesadas, en particular a los interlocutores sociales, que desempeñan un papel importante en la supervisión del cumplimiento de las normas.
La evaluación de las medidas de cumplimiento señala que, aunque la aplicación de la Directiva no haya suscitado quejas formales o acciones judiciales, existen algunos problemas que han de analizarse más, como la efectividad de las sanciones transfronterizas o la protección de los trabajadores en caso de subcontratación múltiple. A la Comisión le gustaría implicar en esa labor a los interlocutores sociales y a los Estados miembros.
Por último, quiero hacer hincapié en que la Comunicación de junio de 2007 demuestra que, por principio, la Comisión no desea de ninguna forma minar los diferentes modelos sociales de los Estados miembros, ni el modo en que los Estados miembros organizan sus sistemas de relaciones de Derecho laboral y de convenios colectivos. Por supuesto, es tarea de la Comisión garantizar que el Derecho de la Comunidad Europea se cumpla rigurosamente, y cuando se hayan adoptado medidas inadecuadas, que en vez de proteger a los trabajadores restrinjan la libertad de prestación de servicios en el mercado interior, la Comisión ha de actuar, tal y como establece el Tratado.
Philip Bushill-Matthews
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (EN) Señora Presidenta, una de las dificultades que entraña el intento de elaborar una pregunta oral a la que sigue una resolución inmediata en un lapso de tiempo muy corto es conseguir reflejar plenamente todo lo que queremos decir. Creo que esta vez, como en otras, la misma prisa ha provocado que todos no estemos de acuerdo con la redacción de cada detalle de la resolución. Con esto no pretendo criticar a los oponentes políticos del otro lado de la Cámara. Solo quería hacer un comentario, una declaración para situarnos.
Quiero añadir -sin carácter oficial en cualquier respuesta y consideración que dé la Comisión a este asunto- la siguiente pregunta. Si la Directiva vigente no se aplica satisfactoriamente en todos los Estados miembros, ¿podría la Comisión hacer el favor de estudiar la posibilidad de tomarse un poco más de tiempo para entender por qué? ¿Existen problemas intrínsecos con la Directiva? ¿Existen algunas cuestiones que en ciertos Estados miembros todavía chocan con ella? Así que, en lugar de decir con autoridad "la Directiva es la Directiva, y la aplicarán ustedes sin demora", por favor, intentemos escuchar un poco más, porque estoy seguro de que podemos aprender algo. En principio, todos estamos a favor de tener una Directiva en este terreno en aras de la claridad.
Lo último que quiero decir lo digo, sin duda, desde este lado de la Cámara. Nos interesa ayudar a los trabajadores a obtener un destino nuevo. Por supuesto, nos interesa la seguridad de las condiciones de trabajo, pero también promover su movilidad. No nos interesa utilizar esto como instrumento proteccionista para impedir que se envíe a los trabajadores a destinos nuevos.
Anne Van Lancker
en nombre del Grupo del PSE. - (NL) Señor Presidente, señor Comisario, puedo decirle que mi Grupo afronta con sentimientos encontrados esta nueva Comunicación de la Comisión. Por un lado, naturalmente, es bueno que la Comisión desee seguir interesada en la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, porque casi semanalmente nos enteramos de nuevos casos de explotación social de trabajadores desplazados a cualquier sitio, una situación que, además, ha ejercido una gran presión sobre las condiciones de trabajo en nuestros países. Por otra parte, tenemos la clara impresión de que la Comisión todavía no ha logrado el equilibrio necesario entre la garantía de la libertad de prestación de servicios, por un lado, y la protección de los trabajadores, por otro.
Debería usted tener claro, señor Comisario, que es esencial que los Estados miembros hayan adoptado una serie de medidas de control, entre ellas el requisito de guardar los documentos en el lugar de trabajo, de imponer la presentación de declaraciones de trabajadores o la presencia de un representante autorizado, para poder proteger las condiciones laborales de los trabajadores desplazados.
Además, es evidente, señor Comisario, que los Estados miembros solo pueden contar con sus propias medidas nacionales, porque la necesaria cooperación transnacional entre administraciones y el acceso a la información necesaria son casi inexistentes, y los mecanismos de fuerza internacionales simplemente no funcionan. Sin embargo, la Comunicación señala que algunas de estas medidas son incompatibles con la legislación de la Comunidad, y usted amenaza con incoar procedimientos por incumplimiento incluso antes de que se den los pasos necesarios para garantizar el flujo de información, para permitir que la cooperación entre los Estados miembros funcione de verdad y para poner en marcha un sistema eficaz de sanciones.
No hace falta decir que mi Grupo aplaude la intención de la Comisión de crear un comité permanente de alto nivel para ayudar a los Estados miembros a mejorar su cooperación. Pero la cooperación administrativa no es suficiente, señor Comisario. Lo que también pedimos es una plataforma europea para la cooperación transfronteriza entre los cuerpos de inspectores competentes de los Estados miembros. Hasta que se aborde este aspecto, faltará un instrumento crucial para velar por el cumplimiento de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.
Anne E. Jensen
Señora Presidenta, señor Comisario, en nombre de mi Grupo quiero apoyar el enfoque adoptado por la Comisión en relación con esta Directiva, en concreto confiar en el suministro de mejor información y en la mayor cooperación entre Estados miembros, y, en casos de infracción grave, en llevar a Estados miembros ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Por desgracia, tenemos que reconocer que, por supuesto, en una Unión Europea ampliada con grandes diferencias de ingresos existe mucha inseguridad, incluida la inseguridad asociada a este asunto. Por otro lado, se teme que los trabajadores desplazados a otro Estado miembro trabajen en condiciones sociales peores de lo normal en el país de acogida y que esta situación suponga una amenaza para la seguridad en el empleo. Por otro lado, sigue habiendo muchos obstáculos burocráticos al libre intercambio de servicios en la UE. Estos factores impiden la competencia y conllevan que los servicios prestados sean peores. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores ha sido precisamente concebida para crear un equilibrio apropiado entre la libertad de prestación servicios transfronterizos y el mantenimiento simultáneo de la protección del mercado laboral en el país de acogida. En consultas con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, los representantes de los empresarios y los sindicatos nos han dicho anteriormente que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es, de hecho, bastante buena, pero muy complicada. Por lo tanto, ni las empresas ni los trabajadores conocen suficientemente sus derechos y deberes, y tenemos que hacer algo al respecto. Cumplir la ley ha de ser algo sencillo y simple, y para ello se necesita facilitar información -información, cuidado, que sea comprensible-, en la lengua que corresponda. Asimismo, es necesario un acceso fácil a fin de ayudar a resolver problemas.
La Comisión ha observado que los Estados miembros no siempre confían en la información intercambiada entre ellos y, por tanto, me parece buena idea fortalecer la cooperación continua entre los Estados miembros en este terreno. Además, la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, de Dublín, debería hacer suya la tarea de intercambiar buenas prácticas y, de esta forma, implicar a los interlocutores del mercado laboral y los Estados miembros en un proceso positivo.
En cuanto a la cuestión mencionada por el señor Andersson, con respecto a la exigencia del país de acogida de que haya un representante y a la cuestión de la documentación en el lugar de trabajo, también me parece importante que mantengamos el equilibrio correcto y realmente pienso que este equilibrio es el que ha encontrado la Comisión. Ese es el contexto de nuestras enmiendas al informe. El representante no necesita estar físicamente presente en el país de acogida. Sobre esto estamos de acuerdo, y me gustaría que quedara claro.
En cuanto a la referencia al caso Laval o Waxholm, creo que debemos esperar a la decisión final antes de utilizar este asunto como guía sobre la situación del Derecho.
Con esto concluyen mis observaciones.
Elisabeth Schroedter
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, este debate es también una advertencia: si la presente Comunicación es otro intento más de introducir por la puerta de atrás los artículos 24 y 25 eliminados de la Directiva original sobre los servicios, entonces esta Asamblea la rechazará de plano. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores sirve para proteger a los trabajadores, y esta función protectora ha de ser sacrosanta.
En la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores prevalece el principio local, que implica, entre otras cosas, que todas las medidas de los Estados miembros que sirven para proteger a los trabajadores desplazados y sus intereses son legítimas y deseables. La Directiva es una ley para un mercado libre interior de servicios. Pero esta libertad no puede salir gratis. No es el visto bueno para el dumping social.
Estoy cansada de tener que tomar decisiones de salón sobre la posibilidad teórica de aportar pruebas de un salario justo en el país de origen del trabajador en un plazo de dos o cuatro semanas. La situación de las grandes o pequeñas obras de construcción de toda Europa refleja algo diferente. No poder comprobar las nóminas sobre el terreno supone otra oportunidad más para maquinaciones delictivas.
Seguro que no desean ustedes asumir esta responsabilidad, ¿no? Vayan y vean por sí mismos las obras de construcción antes de seguir adelante. Vean cómo se priva a los trabajadores de salarios justos y cómo el dumping social distorsiona la competencia justa en esas obras. A igual trabajo, igual salario en el mismo lugar ha de ser el principio imperante.
Mary Lou McDonald
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (EN) Señora Presidenta, en primer lugar debemos recordar que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores trata de los derechos de los trabajadores y solo establece normas mínimas en relación con los salarios, las vacaciones, la jornada laboral, etc. Sin la Directiva, los trabajadores están expuestos a todo tipo de abusos a través de empresas ficticias y el falso autoempleo, un hecho que algunos empresarios no han tardado en explotar.
Sin embargo, me parece que la Comisión hace hincapié en eliminar obstáculos a la prestación de servicios y al correcto funcionamiento del mercado interior. Creo que la resolución asociada a esta pregunta oral constituye un paso atrás con respecto a las posiciones actuales del Parlamento, recientemente expuestas en el informe Schroedter. El hecho es que la Comisión no ha aplicado la Directiva y muchos Estados miembros hacen caso omiso de sus disposiciones. No deben obviarse estas deficiencias con argumentos sobre la proporcionalidad o el proteccionismo. Cuando el Parlamento aprobó la Directiva relativa a los servicios, quienes estábamos preocupados por el efecto que tendría en los derechos de los trabajadores, se nos aseguró que el debido cumplimiento de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores aliviaría nuestras preocupaciones. Esto no ha sucedido y la Comisión no ha velado debidamente por el cumplimiento de esta Directiva. Esto ha dejado indefensos a muchos trabajadores, ante la ausencia de las normas mínimas necesarias para evitar la explotación y el abuso.
Thomas Mann
(DE) Señora Presidenta, el 13 de junio la DG de Empleo notificó a la Comisión que algunos Estados miembros no aplican conscientemente la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, incluida Alemania. Mi país está acusado de ejercer controles demasiado estrictos, y, por tanto, de echar a trabajadores de otros Estados miembros. ¿Hasta qué grado de provocación pueden llegar ustedes? Esperaba una posición diferente de un Comisario cuya imparcialidad por lo demás aprecio mucho.
Aunque la cooperación entre los países emisores y los países receptores es importante, no puede sustituir a controles eficaces. Nuestro objetivo común ha de ser asegurar la protección de los trabajadores para impedir el dumping social y descubrir y castigar el trabajo ilegal. Pero esto solo puede lograrse si tenemos documentos válidos, que deberían estar escritos en la lengua del país de acogida. Convendría que se preparara lo siguiente para poder presentarlo: contratos de trabajo, cálculos salariales, plantillas de control de horas. El Fiscal del Tribunal de Justicia Europeo apoya esta opinión, porque los inspectores tendrán, naturalmente, grandes problemas con documentos que no se han redactado en la lengua del país correspondiente.
En segundo lugar, a fin de enviar notificaciones debidamente, el receptor ha de tener un domicilio en Alemania y no una dirección postal en el extranjero especialmente elegida por su anonimato, y todo el mundo está obligado a designar como representante oficial a quien considere apropiado. El lugar de trabajo también podría ser un domicilio. Me parece una buena solución.
Amenazar con procedimientos por incumplimiento es un insulto. En Europa, señor Comisario, es preciso actuar con imparcialidad, sobre todo con respecto a los controles. Le pido por favor, señor Špidla, que mantenga el equilibrio al que nos tiene acostumbrados.
Jean Louis Cottigny
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, soy uno de los que piensan que el desplazamiento de los trabajadores es una oportunidad para la Unión Europea y sus ciudadanos. Una oportunidad tanto desde el punto de vista económico como de la contribución al fortalecimiento de la idea europea. Los trabajadores desplazados en el territorio europeo son, en primer lugar, europeos y han de ser tratados como tales, lo cual, en mi opinión, significa que para un mismo trabajo en el mismo territorio no debería permitirse ninguna desigualdad.
Uno de los mayores problemas planteados hoy por la Directiva 96/71/CE es que, debido a la falta de armonización de los sistemas nacionales en relación con el Derecho laboral y las disparidades existentes entre los nuevos y antiguos Estados miembros en este terreno, surge el temor de que esta Directiva permita un arbitraje entre los Estados miembros y se asocie al "dumping social". Repito una vez más: la Europa social hay que construirla desde arriba y no triturando su acervo social, como les gustaría a algunos aquí. Valgan de prueba ciertas enmiendas presentadas a este informe en relación con la modernización del Derecho laboral.
En este ámbito les aconsejo que no jueguen a ser alquimistas, a riesgo de encontrarse frente a conflictos sociales incontrolables. En mi opinión, a fin de evitar estas dificultades, los Estados miembros han de poder seguir manteniendo algunas restricciones, pero también, cuando reciben a los trabajadores desplazados, han de poder imponer ciertas condiciones. Creo que, en particular, los trabajadores desplazados deben tener representantes autorizados, que han de ser independientes. Han de poder facilitar información relevante sobre la jornada laboral y sobre cuestiones de salud y seguridad en su puesto de trabajo, para poderles garantizar protección. Los trabajadores desplazados tienen que hacer una declaración previa, para que los interlocutores sociales de los países de acogida, donde se fijan los salarios mediante convenio colectivo, puedan participar en la negociación directamente con la empresa del país de los trabajadores desplazados.
Sin embargo, todavía debemos avanzar más en este ámbito estudiando la posibilidad, por ejemplo, de establecer un salario mínimo europeo. Hemos de contraer un compromiso político a favor de la convergencia hacia un conjunto de derechos sociales comunes a toda la Unión Europea. Con estas prácticas nos ponemos en marcha hacia una Europa social, una Europa unida, una Europa de trabajadores que todos deseamos.
Evelyne Gebhardt
(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, cuando debatimos sobre la Directiva relativa a los servicios, dejamos bien claro que no debería afectar en modo alguno a los derechos sociales de los Estados miembros. Por eso eliminamos los infames artículos 24 y 25 de la Directiva, porque no debería ser posible invalidar estos derechos aprovechando vacíos legales.
También acordamos que, a fin de despejar ambigüedades, si surgieran problemas se modificaría la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Quiero recordarles este compromiso, que la Comisión Europea también aceptó, y quiero pedirles de nuevo su aceptación.
Señor Comisario, comparto su opinión de que la falta de cooperación, o la mala calidad de la misma, entre las autoridades es uno de los motivos principales por los que tenemos tantos problemas con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, pero ¿cree usted realmente que al eliminar oportunidades de control, documentación y todo lo que es necesario para el control mejorará esta mala colaboración? Por el contrario, la falta de documentación y la mala cooperación entre las autoridades se equipara al dumping social puro y duro. No puedo creer que eso sea lo que realmente quiere.
Así que colaboremos para mejorar la cooperación administrativa y para abrir el mercado de servicios y los mercados de trabajadores en el máximo nivel de protección social. Así haremos algo positivo por Europa y, en lugar de un acercamiento destructivo a los Estados miembros, trataremos de encontrar soluciones que ayuden de verdad a avanzar. Este es el rumbo que deberíamos tomar. De lo contrario, acabaremos por no conseguir lo que queríamos.
Proinsias de Rossa
(EN) Señora Presidenta, me han decepcionado las palabras del Comisario Špidla de hoy cuando ha dicho que no propone una nueva Comunicación sobre este asunto.
Si los trabajadores europeos quieren desplazarse de un Estado miembro a otro sin desencadenar una competición a la baja, debemos asegurarnos de que la ley sea clara, de que existan normas aplicadas en toda la Unión Europea y de que se ejecuten íntegramente. La Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores, en su versión actual, no satisface esos criterios ni las directrices que publicó la Comisión hace un año. Ahora es preciso que la Comisión insista en retener documentos en los Estados miembros a los que se destina a un trabajador y nosotros debemos insistir en que haya una empresa identificable que sea jurídicamente responsable del cumplimiento. Ni siquiera eso bastará a menos que todos los Estados miembros pongan en marcha mecanismos y sanciones duras por incumplir la ley.
No existe posibilidad de avanzar en asuntos como la flexiguridad y la reforma del Derecho laboral, a menos que nos ocupemos de asuntos como la seguridad de los trabajadores en este terreno. Los trabajadores de Europa no aceptarán una merma de sus derechos o una competición a la baja. En esta Cámara no aceptaremos ninguna legislación que debilite sus derechos de la forma que sea, a menos que puedan ver que evitar una competición a la baja encierra ventajas. Me parece increíble la miopía del Consejo y de la Comisión en este terreno, y es sencillamente inexplicable si se toman en serio la creación de una unión social europea.
Vladimír Špidla
Señorías, quiero dejar claro que la aplicación correcta de la Directiva sobre trabajadores desplazados no es, bajo ningún concepto, una puerta trasera por la que intentamos debilitar y comprometer la protección de los trabajadores en el mercado laboral europeo. Muy al contrario, la aplicación correcta de la Directiva nos conducirá a la protección eficaz de los trabajadores, y esto tiene una importancia crucial. No es cierto en absoluto que la Comisión limite los poderes de supervisión: permítame declarar categóricamente que todas las medidas que un Estado miembro estime necesarias, y que sean proporcionadas con el objetivo, por supuesto, serán correctas y aplicables.
Además, he de señalar que la decisión sobre esta Directiva no se tomó en una torre de marfil, como no sucedió tampoco con la decisión sobre la Comunicación, sino que se ha debatido en numerosas ocasiones y con los pies en el suelo con los interlocutores sociales. Me parece que, cuando se trata de aplicar leyes, todos sabemos dónde trazar la línea entre ejemplos en que la ley se convierte en materia de mera burocracia y no consigue sus objetivos y otros en que logra objetivos distintos e incorrectos. Por tanto, los controles deben ser exhaustivos y eficaces, pero en el marco de un método aplicado, ya que la Directiva y la ley en general no lo permiten todo. En otras palabras, no todo será aceptable, sino solo lo que entre el marco de la ley y sea eficaz y proporcionado.
Con respecto a la modificación propuesta de la Directiva, quiero decir que el propio Parlamento ha abordado esta cuestión por lo menos dos o tres veces antes, al igual que los interlocutores sociales, y no se ha formulado ninguna posición preponderante según la cual la Directiva pudiera refundirse de manera significativa. Por el contrario, las posiciones formuladas siempre han estado a favor de mejorar la cooperación y la aplicación. También quiero señalar que la aplicación es competencia de los Estados miembros, y la Comisión se encarga de garantizar que se lleve a cabo dicha aplicación en el marco del derecho europeo. Asimismo, tiene la obligación de utilizar los recursos legales a su disposición. A este respecto, la Comisión, desde luego, controla la situación de los mercados laborales de los Estados miembros y actúa con la cabeza, tal y como establece la ley.
Por supuesto, es muy importante mejorar la cooperación administrativa. También es importante mejorar la cooperación entre los distintos organismos de supervisión de los Estados miembros, y la Comisión actuará y canalizará sus esfuerzos en este sentido. Si en los próximos debates se demuestra que existen motivos para ampliar la ley, sin duda alguna se planteará esta cuestión y se debatirá con fervor. En estos momentos, ni el debate político preliminar en el Parlamento ni el debate con los interlocutores sociales sugiere que fuera apropiado tomar alguna medida legislativa nueva a este respecto.
Señorías, una vez más he de subrayar que el objetivo de esta Directiva es la protección efectiva de los trabajadores, y todas las medidas de supervisión que contribuyan a la protección efectiva serán adecuadas. Los Estados miembros que no apliquen una supervisión efectiva estarán incumpliendo la Directiva. Es evidente que hay que intentar supervisar de forma proporcionada, en el sentido jurídico del término, y a menudo no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es proporcionado. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo tiene la autoridad para zanjar estas disputas entre las instituciones europeas.
La Presidenta
Al término del debate se ha presentado una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, 11 de julio de 2007.
