Medidas restrictivas que afectan a los derechos de las personas tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (debate) 
Presidente
El siguiente punto es:
la pregunta oral presentada por Emine Bozkurt, Louis Michel y Michèle Striffler, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, al Consejo sobre las medidas restrictivas que afectan a los derechos de las personas tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (B7-0233/2009);
la pregunta oral presentada por Emine Bozkurt, Louis Michel y Michèle Striffler, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles., Justicia y Asuntos de Interior, a la Comisión sobre las medidas restrictivas que afectan a los derechos de las personas tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (B7-0234/2009).
Emine Bozkurt
Señor Presidente, la Unión Europea simboliza la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. No obstante, la UE tiende a pasar por alto estos principios en la lucha contra el terrorismo. Tomemos como ejemplo la lista negra de las Naciones Unidas, en la que se puede incluir a personas o entidades sobre las que recae la sospecha de tener vínculos con Osama Bin Laden, la red Al Qaida o los talibanes. En consecuencia, se prohíbe viajar a esas personas o entidades y se inmovilizan sus activos financieros. Esta medida es apropiada en lo que respecta al terrorismo, ya que este debe combatirse, eso es indudable, pero no debemos permitir que la ilegalidad con la que operan los terroristas impregne la forma en que luchamos contra el terrorismo.
Desafortunadamente, el sistema actual se caracteriza por las continuas violaciones de las libertades fundamentales. La inclusión de personas en la lista, a menudo sin que se les informe plenamente de ello, se acompaña de una ausencia total de intervención de un poder judicial. Con frecuencia, la fuente de la información que origina su inclusión en la lista negra procede de servicios secretos. Las personas sobre las que recae la sospecha no tienen acceso pleno a esa información y, como resultado, desconocen las razones de su inclusión en la lista. Esto les priva no sólo de su derecho a la información sino de su derecho a la defensa.
Una vez incluido el nombre de una persona en la lista, es muy difícil eliminarlo. No son pocos los casos conocidos de personas que han engrosado la lista erróneamente durante muchos años y han tenido que luchar por un procedimiento judicial apropiado. Esas personas están condenadas a vivir en la pobreza, no pueden introducir su PIN para pagar sus compras y no pueden abandonar su país. Lo que solicito hoy aquí no es que se concedan más derechos a los sospechosos de terrorismo sino únicamente que puedan disfrutar de sus derechos como cualquier otra persona. Lo que defiendo es que todo el mundo tenga derecho a disfrutar de procedimientos transparentes y de procesos judiciales apropiados.
La lista también tiene efectos secundarios de mayor alcance, y es que ésta puede utilizarse como herramienta política dado que las autoridades pueden decidir incluir en la misma a personas u organizaciones. Se puede catalogar a organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan por los derechos humanos, por ejemplo, que representan un estorbo para el gobierno, como organizaciones terroristas con el objetivo de paralizar sus actividades. La Comisión se vio obligada a revisar los procedimientos actuales tras una sentencia emitida por el Tribunal Europeo. La Comisión dio a esta cuestión un impulso adecuado pero fracasó en el ámbito del Consejo.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha dado lugar a una nueva situación. ¿Qué artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea vamos a utilizar, el artículo 215 o el artículo 75 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? Dicho de otro modo, ¿va a participar el Parlamento Europeo en el examen de las propuestas, o participará mediante el procedimiento normal, a saber, la codecisión? La Comisión de Asuntos Jurídicos, así como el servicio jurídico del Parlamento, han indicado que el artículo 75 es la base jurídica adecuada. Me gustaría que tanto el Consejo como la Comisión nos dijeran hoy aquí qué camino planean seguir para estas propuestas de medidas restrictivas. ¿Qué función desempeñará el Parlamento a ese respecto? Es hora de que dispongamos de procedimientos transparentes y democráticos. La pregunta es si podemos contar con su cooperación.
Carlos Coelho
Señor Presidente, me temo que la cabina portuguesa no funciona. No he oído ni una palabra de la intervención anterior. Hay que solucionarlo, de lo contrario no puedo seguir el debate.
Presidente
Preguntaremos cuál es el problema y se lo comunicaremos, señor Coelho.
Louis Michel
Señor Presidente, señora Malmström, en primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento y felicitar a mis colegas ponentes, la señora Bozkurt y la señora Striffler.
Apoyo plenamente las conclusiones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como las del servicio jurídico del Parlamento. Habida cuenta de que el respeto por los derechos humanos es uno de los valores fundamentales de la Unión, es vital que se respeten plenamente esos derechos. Las medidas adoptadas en el marco de la lucha contra el terrorismo deben ser proporcionadas, apropiadas, y eficaces.
Siguiendo en el contexto del respeto por los derechos fundamentales y los derechos de defensa, el acceso de las personas afectadas a los datos personales, así como a la información sobre las razones en las que se basa la medida, constituyen fases esenciales del proceso de lucha contra el terrorismo. Teniendo en cuenta que las sanciones y las listas negras son sólo temporales, creo que debe realizarse una supervisión minuciosa y seria y que es necesaria una evaluación periódica, con la celebración de consultas obligatorias al Parlamento.
Si bien acogemos con beneplácito las medidas adoptadas, en particular aquellas relativas a Zimbabue y Somalia, debemos tener en cuenta que estas sanciones no pueden, bajo ningún concepto, constituir un obstáculo a las misiones de desarrollo, de consolidación de la democracia y de derechos humanos realizadas por organizaciones humanitarias, ni tener consecuencias perjudiciales para las poblaciones locales.
Por último, en lo que respecta a la protección de datos personales, apoyo plenamente las conclusiones del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la recogida, el procesamiento y la transferencia de esos datos.
Michèle Striffler
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la inmensa mayoría de ciudadanos europeos considera que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con carácter prioritario a nivel de la UE. Además, son plenamente conscientes del impacto que Europa, con su visión global y la aplicación de políticas coherentes, puede tener en este ámbito.
Por lo tanto, me complace el hecho de que, gracias al Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo pueda realizar un trabajo exhaustivo como colegislador y pueda asegurar el control democrático necesario en lo que a políticas europeas contra el terrorismo se refiere.
La primera década del siglo XXI está llegando a su fin. Todos recordaremos que comenzó con una de las peores tragedias en la historia de la humanidad. No podemos permitir que el terrorismo crezca y debemos encontrar una solución firme y adecuada a este problema. Los talibanes, la red Al Qaida y Osama Bin Laden representan el riesgo mayor y más urgente para la Unión Europea.
El extremismo islámico -un abuso vergonzoso de la religión musulmana- y el odio hacia Occidente y los valores que éste representa alimentan esta mortífera red terrorista. Debemos combatir este fenómeno y, repito, la Unión Europea debe mostrarse extremadamente firme y mantenerse alerta ante esta amenaza.
Además, en vista de las graves y constantes violaciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión y reunión pacífica cometidas en Zimbabue, la Unión Europea no puede osar a guardar silencio. Deben aplicarse severas sanciones a todas aquellas personas físicas o jurídicas -pertenecientes o no al gobierno- cuyas actividades socaven la democracia, el respeto por los derechos humanos más fundamentales y el estado de derecho en Zimbabue.
De igual modo, Señorías, la Unión Europea tiene el deber de imponer medidas dirigidas contra aquellos que representen una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en Somalia. Debemos hacer cumplir el embargo general y completo sobre el suministro de armas a Somalia y asegurarnos de que se garantice la entrega de ayuda humanitaria y el acceso a la misma y su distribución en Somalia.
Digo esto porque son, sobre todo, las poblaciones más pobres y vulnerables las que están sufriendo, y no podemos permanecer de brazos cruzados. No obstante, lamento que el Tratado de Lisboa haya reducido el papel que desempeña el Parlamento en este ámbito, contrariamente al espíritu del tratado y a la importancia que éste confiere al Parlamento.
No obstante, la Unión Europea debe castigar a los responsables. ¿Quiere esto decir que debe pasar por alto sus principios más fundamentales? No. La acción de la Unión Europea en el ámbito internacional debe basarse en los principios que han regido su creación, su desarrollo y su ampliación, y debe promover estos valores en el resto del mundo.
Cecilia Malmström
Señor Presidente, las medidas restictivas son muy importantes y muchas de sus Señorías tienen una opinión al respecto. Tal vez las personas que están siguiendo este debate encuentren esta cuestión un poco difícil. Permítanme comenzar explicando cómo utiliza el Consejo estas medidas, para, a continuación, hablar sobre el Tratado de Lisboa.
Las medidas restrictivas contra terceros países, particulares, personas físicas o jurídicas u otras entidades constituyen una herramienta importante para la Unión Europea en su política exterior y de seguridad. En general, se podría decir que se emplean para impulsar un cambio en una política o una actividad concreta. Por supuesto, deberían emplearse como parte de una política global e integrada que puede incluir un diálogo político, distintas formas de incentivos y condiciones que deben darse. Las medidas restrictivas por sí solas no siempre son suficientes para impulsar un cambio, pero pueden servir para ejercer presión en los regímenes represivos o para detener el flujo de dinero y otros recursos que mantienen a esos regímenes o redes terroristas.
En algunos casos, el Consejo presenta las medidas restrictivas cuando aplicamos resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En esos casos, los distintos instrumentos jurídicos de la UE deben cumplir estrictamente esas resoluciones. Estas hacen referencia a situaciones y actos, incluido el terrorismo, que representan una amenaza para la paz y la seguridad. Únicamente pueden formar parte de la acción exterior de la UE y, en ese sentido, difieren de las medidas destinadas a crear nuestra propia zona de libertad, seguridad y justicia, que es, por supuesto, nuestro objetivo dentro de la Unión.
La interpretación que el Consejo hace del Tratado de Lisboa le permite aplicar el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con estas medidas restrictivas y con otras en el marco de la política exterior y de seguridad común, incluido en el ámbito del terrorismo. La Unión Europea también tiene poder de decisión para aplicar medidas adicionales a las que aplica la ONU y también podemos introducir medidas por nuestra cuenta. Las sanciones que decide la Unión Europea pueden introducirse para respaldar otros objetivos de política exterior y de seguridad, como por ejemplo el respeto por los derechos humanos, la democracia, los principios del estado de derecho y la buena gobernanza, todos ellos de conformidad con las obligaciones contraídas por la UE en virtud del derecho internacional.
En la actualidad, en la mayoría de los casos estas medidas se dirigen directamente contra las personas culpables de la elaboración de la política o de las medidas a las que nos oponemos, o contra sus intereses o fuentes de ingresos. Esto resulta más eficaz que imponer sanciones más generales en forma de embargos comerciales generales u otras medidas más arbitrarias. El objetivo de las sanciones selectivas es reducir el posible impacto negativo de estas medidas sobre la población del país en cuestión. Este factor reviste especial importancia cuando el Consejo elabora una decisión relativa a la introducción de nuevas sanciones.
Todas las sanciones se someten a revisiones periódicas a fin de evaluar su eficacia. Las sanciones pueden sufrir ajustes o ser levantadas por completo, dependiendo de los avances. En virtud del Tratado de Lisboa, las medidas restrictivas también seguirán utilizándose como herramienta dentro del marco de política exterior y de seguridad común mediante decisiones del Consejo de conformidad con el artículo 29 del Tratado. Un cambio relevante en el nuevo tratado es que ahora las decisiones sobre medidas restrictivas relativas a personas físicas o jurídicas se someten a examen jurídico. Esto significa que ahora el tribunal puede examinar si una decisión relativa a sanciones es legítima.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la aprobación de reglamentos tiene en base a una propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad y la Comisión de conformidad con el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se informará al Parlamento Europeo sobre esas decisiones. Entiendo que este cambio no agrada al Parlamento, dado que el Consejo ya no está obligado a consultar al mismo sobre las sanciones relativas a personas. Sin embargo, así es como nosotros interpretamos el tratado.
Es importante destacar que cualquier decisión sobre medidas restrictivas, y la aplicación de las mismas, deben respetar siempre el derecho internacional. Las medidas restrictivas conllevan una restricción de determinados derechos para las personas contra las que se dirigen. Por lo tanto, está claro que las sanciones deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto incluye los derechos procesales y el derecho a la protección jurídica. Las medidas siempre deben guardar proporción con el objetivo.
Valiéndonos de la experiencia adquirida en la aplicación de sanciones hemos realizado evaluaciones exhaustivas, prestando especial atención a la forma de imponer sanciones de manera constructiva. Se han introducido una serie de mejoras tangibles, que incluyen la obligación de especificar los criterios para utilizar determinadas sanciones, así como las razones para incluir en una lista de sanciones a un particular, a personas físicas o jurídicas o a otras entidades. Esto debe estar sometido a continuas revisiones y ajustes cuando sea preciso. Para este trabajo, el Consejo ha tenido en cuenta la resolución emitida el año pasado por el Parlamento Europeo relativa a la evaluación de las sanciones de la UE en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos.
Catherine Ashton
Vicepresidenta propuesta de la Comisión. - Señor Presidente, como ha declarado la Presidencia, las preguntas que ha planteado hacen referencia a cuestiones importantes en relación con la futura gestión de medidas restrictivas o sanciones en la UE. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa nos obliga a tomar una decisión con respecto a la base jurídica para el Reglamento propuesto que modifica el Reglamento relativo a las sanciones sobre Al Qaida y los talibanes. Nuestra opinión es la siguiente.
En primer lugar, el nuevo tratado ha añadido una disposición específica al artículo del anterior Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea sobre medidas restrictivas o sanciones relacionadas con la política exterior. El apartado 2 del artículo 215 sienta una nueva base jurídica para las medidas restrictivas contra las personas o grupos físicos o jurídicos y las entidades no estatales. Esta base amplía el ámbito de aplicación del anterior artículo 301 y debería aplicarse como base jurídica para enmendar el Reglamento relativo a las sanciones sobre Al Qaida y los talibanes.
En segundo lugar, el artículo 215 se aplica cuando existe una decisión sobre Política Exterior y de Seguridad Común (CFSP). El Reglamento de sanciones sobre Al Qaida y los talibanes aplica una decisión sobre política exterior y de seguridad común que requiere la introducción de normas para implementar determinadas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas resoluciones son vinculantes para los Estados Miembros de la UE en virtud del derecho internacional.
En tercer lugar, consideramos inviable una doble base jurídica basada en el apartado 2 del artículo 215 y el artículo 75, dado que existen diferencias entre los objetivos, ámbitos de aplicación y procedimientos de ambos artículos. Constato que la Comisión de Asuntos Jurídicos y los asesores jurídicos del Parlamento también han llegado a esta conclusión.
En resumidas cuentas, opinamos que el tratado ha aportado especificidad y claridad sobre la base jurídica para las medidas restrictivas contra las personas y grupos físicos o jurídicos y las entidades no estatales. El artículo 215 aborda el papel desempeñado por el Parlamento y el Consejo y el legislador no debería desviarse del tratado.
También nos han solicitado información sobre las mejoras realizadas en el ámbito de los derechos fundamentales en la labor de los Comités de Sanciones de las Naciones Unidas.
La modificación propuesta al Reglamento de Sanciones sobre Al Qaida y los talibanes tiene en cuenta el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Kadi. En esa sentencia, el Tribunal expresa una serie de observaciones sobre medidas para mejorar los procedimientos relativos a las listas aplicados por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas sobre Al Qaida y los talibanes. Las observaciones realizadas por el Tribunal han motivado la modificación de los procedimientos relativos a las listas recogidos en el reglamento.
Una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han establecido los procedimientos para la gestión de la lista de sanciones a nivel de las Naciones Unidas. Recientemente, la Resolución 1822 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece que en la página web del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas sobre Al Qaida y los talibanes debe estar disponible un resumen de las razones de la inclusión en relación con cada una de las personas incluidas en la lista y garantiza que se revisen todos los nombres antes del 30 de junio de 2010, y contempla revisiones periódicas posteriores. La resolución exige al Estado pertinente tomar medidas para informar a la persona incluida en la lista sobre su inclusión en la misma y las razones por las que se le ha incluido y facilitarle información sobre las excepciones y las solicitudes para ser eliminada de la lista.
Desde entonces el enfoque de la Resolución 1822 sirve como base a la Resolución 1844 en lo relativo a sanciones en relación con Somalia y a la Resolución 1857 en relación con la República Democrática del Congo.
La Resolución 1822 contempla una revisión de las medidas contenidas en el mismo transcurridos 18 meses. Ese período expira a finales de este año. Existe una labor en curso en relación con el examen pero la Comisión no está en posición de indicar los cambios que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidirá realizar a los procedimientos.
Nuno Melo
Han sido varios los políticos que han dedicado especial atención a la cuestión del fortalecimiento de las facultades del Parlamento en sus discursos sobre la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por ejemplo, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, declaró lo siguiente aquí en Estrasburgo el 25 de noviembre, sobre la preparación del Consejo Europeo: "Ahora el Tratado de Lisboa nos brinda la oportunidad de avanzar. Todos sabemos que algunos de los cambios más significativos del tratado afectarán a la libertad, la seguridad y la justicia. [...] Y, en particular, amplía el marco democrático para estas políticas mediante la participación plena de su Parlamento". Yo destacaría "la plena participación de su Parlamento".
Durante su primer discurso oficial, el Presidente del Consejo, el señor Van Rompuy, también declaró que el tratado es una poderosa herramienta con la que hacer frente a los retos de nuestro tiempo. En tal caso, no tendría sentido destacar el fortalecimiento de nuestras facultades y competencias en un discurso oficial y hacer, posteriormente, una interpretación restrictiva del Tratado de Lisboa, privando al Parlamento de las prerrogativas que tenía y cuya privación carecería de sentido.
Por lo tanto, las preguntas que se han formulado se basan en el sentido común, pero ese sentido común va más allá de la mera evaluación de doctrina y la coherencia entre las intenciones declaradas y la interpretación que se hace de las mismas. También existe una consecuencia práctica, que guarda relación con la expresión "quien mucho puede hacer, sin duda puede hacer menos". Dicho de otro modo, no tiene sentido excluir a priori a un órgano que tiene competencia en asuntos penales y en material de lucha y prevención de ataques terroristas, gracias a su participación en el proceso de codecisión, cuando están en juego otras medidas que, al afectar los derechos de los ciudadanos, podrían incluso ser también importantes en este contexto.
Por lo tanto -con esto concluyo señor Presidente- es de vital importancia que la forma en la que se interpreta el Tratado de Lisboa en la legislación se corresponda en la realidad con las declaraciones sobre el fortalecimiento de las facultades y competencias del Parlamento. Como mínimo, en algunos casos, tal y como se ha planteado en la pregunta, debería ser posible contar con una doble base jurídica cuando estén en juego los derechos de los ciudadanos y las políticas contra el terrorismo estén en peligro. En otros casos, como Zimbabue y Somalia, por ejemplo, debería preverse la celebración de consultas opcionales, como de hecho recoge la Declaración solemne de Stuttgart sobre la Unión Europea, que también se menciona en la pregunta. Esa es la posición que deseaba expresar aquí, señor Presidente.
Monika Flašíková Beňová
Me gustaría decir que, en mi opinión, los esfuerzos realizados por los Miembros del Parlamento Europeo en el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa no fueron, desde la perspectiva del tema objeto de debate, valorados adecuadamente aumentando nuestra participación en estos procesos.
Considero las medidas restrictivas y las sanciones como un instrumento importante de la política de la UE en los ámbitos de política exterior y de seguridad así como, por supuesto, en cuestiones de justicia y defensa de los derechos humanos fundamentales. Obviamente, esperábamos tener la oportunidad, como el Parlamento Europeo, de participar de manera mucho más activa en la adopción de decisiones en este ámbito.
También aceptamos que las medidas y sanciones específicas tienen por objeto minimizar el impacto sobre la población civil y me complace que haya mencionado precisamente esta cláusula, señora Malström. No obstante, como los únicos representantes electos de las Instituciones europeas, tenemos la sensación no en vano de que seremos simplemente una suerte de elemento adjunto en el proceso de adopción de decisiones y control.
No creo que esto sea totalmente correcto, especialmente en un caso como este, que hace referencia a una cuestión muy delicada relativa al ámbito de la justicia y la protección de los derechos fundamentales, porque la lucha contra el terrorismo es una cuestión extremadamente delicada para los ciudadanos de nuestros países y para el conjunto de la UE. Por lo tanto, esperaré pacientemente a que empiece el proceso para ver cómo será nuestra cooperación.
Hélène Flautre
Señor Presidente, de lo que hablo aquí es de las llamadas sanciones específicas, de las sanciones inteligentes, aquellas que tienen un impacto directo también sobre los derechos fundamentales, los derechos fundamentales de particulares, organizaciones u órganos jurídicos de cualquier naturaleza. Estos derechos fundamentales son importantes. Pueden incluir, por ejemplo, la libertad de circulación, pero también la protección de la propiedad.
Por este motivo estas sanciones específicas deben respetar varias normas mínimas en términos de certeza jurídica y procesal. Añadiría, además, que para garantizar la credibilidad y, por tanto, la eficacia, de estas sanciones específicas deben respetarse estas normas jurídicas y procesales.
Fue la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los presentes en esta Cámara lo recordamos, la que, a través de uno de sus miembros en aquel momento, Dick Marty, exigió transparencia y el derecho a la defensa y la que puso de manifiesto la absurdez de esta falta de transparencia en lo que se refiere a la eficacia de incluir y eliminar a personas de la lista. Esto último corría el riesgo de afectar también a las personas, personas que no eran conscientes de lo que ocurría a su alrededor o incapaces de hacer nada ante una situación con la que generalmente se topaban accidentalmente.
Por este motivo el acceso a los datos, como ha mencionado el señor Michel, la comunicación de las razones de la inclusión en la lista, y la protección en la transferencia de datos personales, son elementos cruciales de este procedimiento.
No obstante, para que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconociera los derechos de estas víctimas fue necesaria la perseverancia de las víctimas del sistema de sanciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y la movilización de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y también del Parlamento.
Añadiría que las enmiendas del Consejo relativas a las listas negras dependen de las propuestas que se han formulado, incluso por el Parlamento Europeo. Por esta razón, el Parlamento Europeo debe sin duda alguna participar en la adopción, aplicación y supervisión de estas decisiones, habida cuenta de que la historia muestra que fue el Parlamento Europeo el que hizo posible la reforma del reglamento del Consejo.
Derek Roland Clark
en nombre del Grupo EFD. - Señor Presidente, como la caridad, los derechos empiezan en casa. Pregunto por los derechos de los sikhs europeos. Se les ha negado la entrada al Parlamento Europeo por el hecho de llevar debajo de la ropa el kirpan, una pequeña daga ceremonial.
El kirpan es un acto de fe del que no deben desprenderse, por lo tanto se trata de una exclusión por motivos de intolerancia racial y religiosa. Durante los últimos años he escrito a los dos Presidentes que le han precedido y a la Comisión, y todos han alegado que la exclusión se debe a motivos de seguridad.
Con motivo de la celebración de su sexagésimo cumpleaños, la Reina Isabel visitó mi región, la Región Central de Inglaterra, y habló con los sikhs en su lugar de culto en Leicester. Todos ellos llevaban el kirpan, y la distancia entre los mismos y la Reina era exactamente la misma que la que ahora le separa a usted de sus colegas.
Y me ocupa hoy este tema porque hace un mes estuve en el Palacio de Westminster. Allí, en nuestro democrático parlamento, muy cerca de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, conocí a varios sikhs, que llevaban el kirpan. Con ellos iba un líder sikh con el que he entablado una amistad. Sus antepasados estuvieron hombro con hombro con mis antepasados, luchando por la democracia en esos conflictos que tanto han desfigurado esta nuestra Europa. Como resultado, usted y otras 700 personas tienen libertad para venir de los cuatro rincones de Europa a reunirse en este lugar.
Por lo tanto, ¿dónde queda el Tratado de Lisboa que habla de una Unión basada en el respeto por la libertad, la igualdad, los derechos de las minorías y los valores de la no discriminación? ¿Actuarán conforme a lo dispuesto en el tratado o se trata simplemente de palabras vacías?
Presidente
Señor Clark, no acabo de entender qué relación guarda su discurso con el debate que aquí nos ocupa sobre la pregunta oral, pero gracias.
Andrew Henry William Brons
Señor Presidente, en la lista original, ¿cuál es la justificación para situar a los talibanes en la misma categoría que Usamah bin Ladin y Al Qaida?
Osama Bin Laden y Al Qaida son terroristas que ya han perpetrado actos terroristas a nivel mundial y pretenden seguir perpetrándolos en el futuro. Debemos perseguir a esas personas hasta los confines del mundo e imponerles el mayor número de restricciones posible.
Si bien es cierto que los talibanes son una organización atroz, represiva y antidemocrática, el mundo está lleno de regímenes desagradables y los talibanes ni siquiera están en el gobierno.
También están asesinando y mutilando a nuestras tropas en Afganistán, motivo por el que se les odia no sin justificación. No obstante, no estarían matando y mutilando a nuestras tropas si estas no estuvieran desplegadas allí. La ambición de los talibanes, a mi entender, no va más allá de sus fronteras.
Me pregunto si no será peligroso situar a los talibanes en la misma categoría que Al Qaida, dado que esto podría proporcionar munición a los belicistas de los Gobiernos de los Estados Unidos y Gran Bretaña para justificar una guerra sin sentido, homicida e imposible de ganar en Afganistán durante años. Además, las guerras contra países musulmanes sólo tienen como consecuencia atrocidades terroristas.
Volviendo brevemente a la cuestión de Al Qaida, existen muchas dudas sobre su existencia como entidad organizativa, por oposición a entidad ideológica. Es imposible elaborar una lista definitiva e inclusiva de sus componentes. La única estrategia es vigilar a las comunidades en las que realizan los reclutamientos, lamentablemente, incluidas las personas inocentes así como las culpables.
Georgios Papanikolaou
(EL) Señor Presidente, el Tratado de Lisboa tiene un espíritu específico y establece nuevos marcos para la cooperación entre las instituciones de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con este nuevo régimen; el Parlamento Europeo ha adquirido un papel más importante en términos de los derechos de las personas, dado que las decisiones se tomarán ahora mediante el proceso de codecisión.
Por lo tanto, considero ligeramente contradictorio que hoy, en el primer pleno tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, nos veamos obligados a debatir y ahondar en las disposiciones jurídicas sobre los límites impuestos a nuestro nuevo papel cuando sólo acabamos de empezar y adaptarnos a él.
Todos, sin excepción, coincidimos en que necesitamos actuar de forma decidida contra el terrorismo. Para ello, a menudo es necesario adoptar medidas estrictas, como, en este caso, la congelación de cuentas bancarias y movimientos de fondos.
Por otra parte, el respeto por los derechos de las personas y la protección de los mismos constituyen un valor fundamental y básico de la Unión Europea y no tenemos derecho a pasarlo por alto cuando adoptamos medidas por la seguridad de los ciudadanos, y, obviamente, con esto no quiero decir que no estemos decididos a otorgar prioridad a la lucha contra el terrorismo y otros actos criminales. Evidentemente, tanto la opinión del Servicio Jurídico del Parlamento como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas avanzan en esta dirección.
Los ciudadanos de la Unión Europea nos eligen directamente y es precisamente este motivo el que nos otorga una responsabilidad particular de explicar a los ciudadanos cómo salvaguardamos su seguridad y cómo luchamos, al mismo tiempo, para proteger sus derechos. Somos las personas más competentes para llevar a cabo esa tarea.
Debora Serracchiani
(IT) Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea está decidida a combatir todas las formas de terrorismo. Cuando hablamos de abordar delitos de terrorismo, debemos garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y la eficacia e idoneidad de las medidas adoptadas para combatir el terrorismo.
Las instituciones de la UE deben cumplir cabalmente los derechos de defensa y las garantías procesales fundamentales, incluido cuando elaboran listas de personas y órganos, en este caso vinculadas a Al Qaida, que están sujetas a medidas restrictivas. Asimismo, es esencial que estas medidas sean objeto de examen democrático y parlamentario adecuado, como establece con acierto el Tratado de Lisboa.
Por lo tanto, es evidente, como también ha afirmado el servicio jurídico del Parlamento, que todas las medidas de esta naturaleza deben seguir el procedimiento legislativo ordinario, permitiendo a los representantes de los ciudadanos de Europa realizar sus funciones como legisladores y garantes plenamente.
Franz Obermayr
(DE) Señor Presidente, el artículo 75 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea rige la aplicación de medidas restrictivas para combatir el terrorismo y, por ende, cualquier invasión de los derechos de propiedad de los ciudadanos, como el congelamiento de cuentas bancarias. Mientras que estas disposiciones hacen referencia a la cooperación policial en asuntos penales, el artículo 215 hace referencia a la política exterior y de seguridad común. No obstante, el Consejo tiene poder exclusivo en este ámbito. Como resultado, en una página, en el artículo 75, el Parlamento es un colegislador y, en otra página, en el artículo 215, el Parlamento únicamente debe ser informado sobre los acontecimientos. No obstante, ambos artículos hacen referencia a posibles invasiones de los derechos individuales de los ciudadanos o las personas jurídicas, razón por la que el Consejo y la Comisión deben explicar la relación existente entre estas dos disposiciones y el motivo por el que el Parlamento no participa en el caso del artículo 215 en particular.
Petru Constantin Luhan
Señor Presidente, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las tres propuestas en cuestión se basaban en los artículos 60, 301 y 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Ahora esto sólo reviste un interés histórico, dado que la base jurídica ha cambiado y debemos remitirnos a los artículos 215 y 75 del nuevo tratado.
Aunque parezca increíble, el Tratado de Lisboa impone límites al papel del Parlamento Europeo en este caso concreto. El artículo 215 establece claramente que el Consejo sólo debe informar al Parlamento Europeo sobre las medidas adoptadas, frente al anterior procedimiento que incluía la celebración de consultas con el Parlamento sobre esas cuestiones. Eso es inaceptable, y apoyo firmemente la iniciativa de mis colegas para que se aclare la participación del Parlamento en este ámbito.
Dejando a un lado el aspecto jurídico que espero se resuelva mediante la buena cooperación entre las Instituciones europeas, me gustaría señalar a su atención el importante problema que estamos debatiendo aquí, la lucha contra las actividades relativas al terrorismo, como las perpetradas por Osama Bin Laden y la red de Al Qaida . Creo que cuando se trata de temas tan delicados como este, no nos podemos permitir clasificarlas en categorías estrictas como asuntos internos de la UE y asuntos externos de la UE, porque puede que los actos terroristas se planificarse fuera de la UE, pero pueden afectar gravemente a las personas que viven dentro de la UE.
Sobre nosotros recae la responsabilidad de proteger a estos ciudadanos europeos de la acción terrorista, por lo tanto, debemos contar con las herramientas para hacerlo. Confío en su buen juicio para resolver este problema de procedimiento, y espero con interés escuchar la opinión de los representantes del Consejo y la Comisión.
Carlos Coelho
(PT) Señora Malmström, Baronesa Ashton, Señorías, me gustaría retomar un tema que han abordado varios de mis colegas, en particular en los últimos discursos, pronunciados por el señor Papanikolaou y el señor Luhan.
Vayamos por partes. Empezaré por las propuestas relativas a Zimbabue y Somalia. De lo que aquí se está hablando es de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas, y como tales, se engloban claramente dentro de las acciones externas de la Unión. En teoría, el artículo 215 parece ser el más apropiado. Sin embargo, en virtud de este artículo, cualquier ley aprobada de conformidad con el mismo debería incluir las disposiciones necesarias sobre salvaguardias jurídicas, pero este requisito no se cumple en ninguna de las propuestas.
Estas iniciativas emanan exclusivamente de la Comisión y no de una propuesta conjunta de la Comisión y el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad. Por lo tanto, no cabe duda de que estas propuestas no cumplen los requisitos necesarios para su adopción de acuerdo con el artículo 215.
En lo que respecta a la tercera propuesta relativa a las personas y grupos vinculados a Osama Bin Laden, la red Al Qaida o los talibanes, la idea de que esto se englobe dentro de las acciones exteriores de la Unión es inaceptable, tal y como acaba de declarar el señor Luhan. Habida cuenta de que la prevención y la lucha contra el terrorismo constituyen una de las principales prioridades de las acciones internas de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa incluye este objetivo de forma explícita en el artículo 75. Por consiguiente, esa debería ser la base jurídica más adecuada, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario.
Señora Malmström, la aplicación del Tratado de Lisboa está en su fase inicial. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ¿empezará el Consejo nuestras relaciones internacionales con buen pie como muestra de su buena voluntad, o pretende realizar un análisis restrictivo? Creo que a todos nos gustaría empezar de la mejor manera posible.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(ES) Señor Presidente, sobre medidas restrictivas específicas, congelación de fondos a personas y entidades vinculadas a Al Qaeda y contra miembros de los gobiernos de Zimbabue y Somalia, la Comisión y el Consejo manifestaron, el 5 de noviembre, que, una vez que entrara en vigor el Tratado de Lisboa, las citadas propuestas se basarían en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no en el artículo 75.
El artículo 215 dispone que el Consejo informará al Parlamento de aquellas decisiones que prevean la interrupción o reducción de relaciones económicas, etc., pero el artículo 75 deja claro que, cuando sea necesario para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 67, el Parlamento y el Consejo definirán, es decir, codecidirán, medidas reglamentarias por las que se inmovilicen fondos, activos o beneficios cuya posesión, propiedad o tenencia ostenten personas físicas o jurídicas, grupos o entidades, relacionados con actividades terroristas.
Por otra parte, el artículo 67 enuncia los objetivos de los cimientos del espacio de libertad, seguridad y justicia.
Así que parece claro que, respecto a personas o entidades vinculadas con actividades terroristas, la base jurídica de las propuestas de reglamento del Consejo debería ser el artículo 75.
En cuanto a Zimbabue y Somalia, el Consejo y la Comisión podrían considerar también la Declaración solemne de Stuttgart, que prevé la consulta facultativa al Parlamento para asuntos internacionales, incluso cuando los Tratados no establezcan nada al respecto.
Se trata, en definitiva, de dejar clara mi posición, señor Presidente: reivindicar el papel de colegislador del Parlamento, aquí y ahora, y pedir al Consejo y a la Comisión una explicación más razonable. Sólo eso por el momento.
Seán Kelly
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que este es un tema para el que es muy difícil obtener una respuesta definitiva sobre lo que está bien y lo que está mal.
Todos sabemos, desde el 11 de septiembre, que vivimos en un mundo muy peligroso donde los terroristas están en libertad y disponen de todo el día, todos los días, para planear sus misiones mortíferas, y cuentan con recursos económicos, en parte financiados por el Estado, para llevar a cabo sus misiones.
Por esta razón, a las personas que intentan luchar contra el terrorismo les resulta difícil demostrar su eficacia, pero creo que podríamos decir con seguridad que, de no ser por esas personas, hace ya tiempo que los terroristas habrían hecho volar este lugar por los aires.
Si bien es importante que se permita al Parlamento supervisar las restricciones impuestas a los derechos de las personas, etc., al mismo tiempo, debemos depositar nuestra confianza en las personas encargadas de la seguridad. En mi opinión, existen pruebas que demuestran que han hecho un buen trabajo. Puede que a veces no podamos conocer todos los detalles de las personas implicadas, pero al mismo tiempo, el principio general es bueno.
Janusz Władysław Zemke
(PL) Me gustaría expresar mi agradecimiento por la oportunidad que me brindan para hablar sobre este tema. Creo que todos los aquí presentes coinciden en que el terrorismo es la maldición del siglo XXI y en que debemos ponerle fin. Por lo tanto, entiendo, por una parte, nuestra preocupación por defender los derechos fundamentales, pero, por otra parte, sabemos que estamos trabajando con un ámbito en el que no todo puede ser transparente.
Por lo tanto, la pregunta que me gustaría formular a la señora Ashton es la siguiente. ¿Debería facilitarse información al Parlamento sobre lo que personalmente considero una cuestión muy importante, las diversas restricciones a la aplicación de determinadas leyes? Y también me gustaría saber qué información se comunicará al Parlamento. En mi opinión, este debate no es sobre si el Parlamento puede confiar en recibir esa información, sino sobre cuál será el alcance de esa información.
Miroslav Mikolášik
(SK) Dado que el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa y que los ciudadanos de la Unión Europea están representados a nivel europeo en el Parlamento Europeo, considero que la evaluación de las medidas que afectan a los derechos fundamentales de las personas debería, en este caso, haber incluido la participación del Parlamento Europeo.
En mi opinión, no es coherente que el Parlamento Europeo, por una parte, sea responsable de los asuntos penales y en particular de la protección y la lucha contra el terrorismo y, por otra parte, se le excluya de la aprobación de una serie de medidas contra el terrorismo vinculantes que se aplicarán en la Unión Europea.
El artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que funciona como excepción a las disposiciones del artículo 75, en virtud del cual el Parlamento Europeo es un órgano legislador conjunto, no debería, por tanto, haberse aplicado o interpretado de manera que debilite la protección de los derechos fundamentales y el proceso democrático de adopción de decisiones en la UE.
Presidente
Antes de dar la palabra a la señora Malmström y a la señora Ashton, permítanme simplemente decir que el Parlamento confía plenamente en ambas, y les conoce muy bien, en particular por su participación en estas cuestiones en el pasado. Esperamos con interés trabajar en estrecha cooperación con ambas, y contar con su apoyo, el mismo que han prestado en el pasado, al importante papel que el Parlamento puede desempeñar en este ámbito tan delicado.
Cecilia Malmström
Señor Presidente, la Presidencia sueca ha dedicado mucho tiempo al Tratado de Lisboa. Estamos muy orgullosos de que por fin haya entrado en vigor. El Tratado de Lisboa introduce importantes mejoras, que serán muy positivas para la Unión Europea y para los ciudadanos europeos. Uno de los cambios más importantes introducidos por el Tratado de Lisboa es precisamente la introducción del poder de codecisión para el Parlamento Europeo en el ámbito de la justicia, la seguridad y la libertad. Esto otorgará al Parlamento Europeo el poder de codecisión en numerosos ámbitos. Ese es un aspecto muy positivo. Además, no sólo mejorará la calidad de la legislación que elaboramos juntos, sino que también ayudará a aumentar la certeza jurídica y eso es un aspecto importante, dado que se trata de ámbitos difíciles y delicados.
Asimismo, me gustaría expresarles mi agradecimiento por el apoyo prestado a la introducción de sanciones contra terroristas, particulares o regímenes que oprimen a las personas y les privan de sus derechos humanos. Las sanciones y el respeto por los derechos humanos y la certeza jurídica no son mutuamente excluyentes, más bien todo lo contrario. Las sanciones pueden ser muy eficaces y legítimas si, al mismo tiempo, tienen certeza jurídica. Puedo asegurarles que el Parlamento Europeo participará en la formulación de nuevas normas, incluidas las relativas al terrorismo, con el poder de codecisión en virtud del artículo 75 en lo que se refiere a las sanciones dentro de la Unión Europea.
No obstante, en lo que respecta a la acción externa, dicho de otro modo, las sanciones contra los países terceros aprobadas por las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo no tendrá poder de codecisión. Tanto nosotros como la Comisión entendemos claramente que esto es lo que establece el Tratado. No obstante, tendremos muy en cuenta su resolución sobre esta cuestión y tendremos siempre presente el aspecto de los derechos humanos a la hora de recurrir al instrumento de las sanciones, dentro de la UE y en las Naciones Unidas. Intentamos mejorar el procedimiento continuamente.
Tomamos nota de su solicitud para la celebración de consultas y el intercambio de información en lo que respecta a las propuestas para los sistemas de sanciones. Creo que podemos trabajar juntos de manera eficaz y no me cabe ninguna duda de que encontraremos la mejor forma de cooperar dentro del actual marco institucional.
Catherine Ashton
Vicepresidenta propuesta de la Comisión. - Señor Presidente, seré breve. Me gustaría hacer referencia a tres puntos concretos.
En primer lugar, algunos de los aquí presentes han mencionado de manera acertada la importancia de los derechos fundamentales, y creo que nadie duda del importante papel desempeñado en ese ámbito por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, entre otras cosas, velará por que se respeten los derechos en términos de lo que hace el Consejo o la Comisión. Pero tomo nota de sus observaciones.
La segunda cuestión que deseo plantear hace referencia a la buena cooperación. El anterior presidente nos instó a mí y a la señora Wallström a que fuéramos claras sobre la importancia que ellos conceden a nuestro papel y enfoque en el trato con el Parlamento.
Concretamente, me han preguntado qué información. En la fase en la que estamos, no lo sé. Creo que una de las cosas que debo hacer en mi nuevo papel es trabajar con el Parlamento, cosa que haré. Debemos encontrar la manera de cooperar de forma eficaz, y es importante saber qué información se incluye, teniendo en cuenta lo que aquí se ha dicho sobre lo que puede ser de dominio público y lo que no.
Tendré esto muy en cuenta, e intentaré no defraudar a los Miembros del Parlamento.
En tercer y último lugar me gustaría hablar sobre la certeza jurídica. He pasado horas y horas tramitando el Tratado de Lisboa, por eso en un momento dado llegué a conocerlo muy bien. Obviamente, la interpretación del artículo 75 es cómo nos remitimos al artículo 67 y su relevancia dentro del contexto, por lo tanto el asesoramiento jurídico con el que contamos es intentar aclarar dónde encaja esto ahora. Nuestro consejo es claro. Obviamente los Miembros del Parlamento tienen derecho a impugnarlo, pero creo que es muy importante que, sea cual sea la posición que alcancemos, exista certeza jurídica.
Esto reviste una especial importancia con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. También es muy importante para mí en el desempeño de mi nuevo papel, que he tenido el honor de recibir. Es muy importante que lleguemos a una conclusión a este respecto. Por mi parte, creo que tenemos la respuesta en términos de certeza. Entiendo la preocupación del Parlamento, sin embargo, también entiendo la necesidad de que exista una cooperación plena.
Presidente
He recibido una propuesta de resolución presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 115 del Reglamento.
Se cierra el debate.
La votación se celebrará mañana.
