Comunicación del Presidente
El Presidente. -
Señorías, recuerdo a esta Cámara que ha sido modificado el artículo 148 del Reglamento. De conformidad con el orden del día, se procederá a la aprobación del Acta por la tarde, cuando se reanude la sesión a las 15 horas. A las 14:30 horas será distribuida a todos los diputados en el hemiciclo, aunque estará disponible en el servicio de distribución a partir de las 14 horas.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, acaba de responder a una parte de mi pregunta pero, en primer lugar, quiero decir que no sé si yo firmé ayer, aunque realmente estuve aquí durante toda la jornada y, de hecho, voté. Por lo tanto, me gustaría pedir que esto se tuviera en cuenta ya que, de todas formas, el Acta llegará tan tarde.
En segundo lugar, desearía saber si en un futuro se podría distribuir el Acta por la mañana. De este modo, la aprobación de la misma se aplazaría hasta la tarde y podríamos leerla detenidamente durante la jornada. Realmente, no entiendo por qué el reparto del Acta se realiza por la tarde.

El Presidente.
Señor Posselt, sugiero que comunique de nuevo esta tarde su asistencia en el día de ayer, para asegurar que los servicios tengan constancia de ello. En cualquier caso, participó en la votación, así que no tiene por qué preocuparse.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los tres informes presentados en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo:
(A5-0258/2002) del Sr. Fava, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo [COM(2001) 123 - C5-0480/2001 - 2001/0060(COD)];
(A5-0266/2002) de la Sra. Sanders-ten Holte, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre:
1. la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo [COM(2001) 564 - C5-0482/2001 - 2001/0235(COD)]
2. la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo [COM(2001) 564 - C5-0483/2001 - 2001/0236(COD)]
3. la interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo [COM(2001) 564 - C5-0484/2001 - 2001/0237(COD)];- (A5-265/2002) de la Sra. Maes, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad [COM(2002) 8 - C5-0023/2002 - 2002/0014(COD)].

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, hoy vamos a tratar un paquete legislativo destinado a establecer el cielo único europeo. El objetivo principal de todas estas medidas es, sencillamente, responder al problema de la congestión en el espacio aéreo europeo sin, por ello, reducir la seguridad del mismo, sino, por el contrario, aumentándola.
Una vez más, hay que recordar que ésa es nuestra primera preocupación y nuestra prioridad, sobre todo después del trágico accidente de Überlingen -donde hubo que lamentar una serie de víctimas mortales-, y donde tuvimos la sensación de que se debía y se podía haber evitado.
Lo que pretendemos es introducir un marco reglamentario armonizado que rija la gestión del tráfico aéreo en la Unión Europea, facilitando así la mejor gestión del espacio aéreo y la mejora de la seguridad.
Recuerdo que el cielo único fue una de las iniciativas que el Presidente Prodi anunció en el debate de su investidura como prioridad política de una Europa cercana a los ciudadanos. Durante estos tres años hemos venido trabajando en esta cuestión, y hoy es día de conseguir resultados concretos.
Entrando ya en los informes concretos, me voy a referir en primer lugar a los de los ponentes, Sr. Fava y Sra. Sanders-ten Holte, en los que se reconoce la importancia estratégica y la madurez de la iniciativa sobre el cielo único. Quiero señalar mi satisfacción al comprobar el apoyo que la comisión competente ha prestado, estudiando estas propuestas aquí en el Parlamento y, una vez más, quiero agradecer la colaboración y el trabajo realizado por el Parlamento Europeo.
En lo que se refiere más concretamente a las enmiendas, la Comisión está en condiciones de aceptar la mayor parte de ellas; algunas, con cambios de redacción que las adapten mejor al texto, y otras parcialmente, ya que, normalmente, esas enmiendas aclaran o refuerzan nuestras propuestas iniciales. No obstante, la Comisión no puede aceptar y, por lo tanto, ha de rechazar las enmiendas 1, 2, 13, 19, 24, 27, 29, 34, 35 y 37 a 40 del informe del Sr. Fava, y las enmiendas 3, 12, 13, 14, 26, 46, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 75, 77 a 80 y 83 a 107, del informe de la Sra. Sanders-ten Holte.
Si sus Señorías me lo permiten, quisiera hacer algunas observaciones sobre las enmiendas que tienen mayor relevancia. En primer lugar, pienso ante todo en las que se refieren a las relaciones con Eurocontrol. Estoy de acuerdo en que es necesario establecer una cooperación adecuada entre la Comunidad y esta organización y, de hecho, las negociaciones técnicas para la adhesión de la Comunidad a Eurocontrol ya han concluido. Como muy bien saben sus Señorías, la firma del acuerdo oficial sobre el protocolo de adhesión de la Comunidad a Eurocontrol está prevista para dentro de un mes, sencillamente por un problema de acuerdo parlamentario en uno de los países de la Unión.
Por lo tanto, no es necesario especificar en el Reglamento las modalidades de asistencia técnica a esta organización, porque vamos a formar parte de ella. Considero que las enmiendas propuestas a este respecto se refieren a aspectos que ya están cubiertos adecuadamente por la misma adhesión de la Comunidad a Eurocontrol, o bien, deberán modificarse para adecuarlas a la naturaleza de los actos comunitarios. Lo mismo ocurre con las enmiendas que piden consultas obligatorias. La Comisión no cuestiona el principio de la consulta con las partes empresariales y sociales, pero desea que este principio se aplique respetando su derecho de iniciativa.
En lo que se refiere a la naturaleza de los servicios de la circulación aérea, el paquete legislativo ha sido redactado cuidadosamente para conciliar las exigencias del interés público con la necesidad de apoyar la dinámica del sector. Aun reconociendo las características inherentes a estos servicios, no podemos negar su impacto económico en los costes directos e indirectos que implica. Por ello, la Comisión no puede aceptar, y rechaza, las enmiendas 12 y 13 del informe del Sr. Fava. Lo mismo ocurre con una serie de enmiendas que antes he citado y que nos parecen jurídica o técnicamente incompletas y que no podemos respaldar, así como aquellas enmiendas que piden rechazar nuestra propuesta en su conjunto.
Quisiera, asimismo, añadir las consideraciones siguientes sobre determinadas enmiendas del informe de la Sra. Sanders-ten Holte. La enmienda 13, sobre el principio de separación entre las autoridades de vigilancia nacionales y los prestatarios de servicios de navegación aérea afecta al compromiso razonable que se encontró en el momento de las negociaciones en el Grupo de Alto Nivel, donde -les recuerdo a sus Señorías- estaban representados todos los países de la Unión, así como también Noruega y Suiza.
Comparto el punto de vista de que la cooperación entre los sectores civil y militar en un factor clave para el éxito del cielo único europeo y, de hecho, nuestras propuestas legislativas intentan ya crear las condiciones necesarias para estimular dicha cooperación. Pero las enmiendas 57 y 59 van más allá de lo que nos permite el actual reparto competencial y, por lo tanto, el primer pilar. Las enmiendas 14 y 51 introducen mecanismos de recurso que ya están previstos en los procedimientos nacionales.
En cuanto al informe de la Sra. Maes, sobre seguridad de las aeronaves de países terceros, esta propuesta pretende mejorar la seguridad aérea mediante la creación de un sistema de inspección de las aeronaves de países terceros para verificar su conformidad con las normas de seguridad internacionales. La Comisión ya había presentado una propuesta sobre este tema en 1997, que no había podido ser aprobada hasta hoy por el contencioso sobre el aeropuerto de Gibraltar. La propuesta presentada ahora a sus Señorías recoge las disposiciones de la posición común que el Consejo había aprobado en su momento, así como las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en segunda lectura. Su ponente, la Sra. Maes, a quien quiero dar las gracias, ha suscrito esta nueva propuesta y la Comisión acoge con satisfacción el informe aprobado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo.
En efecto, estamos en condiciones de aceptar la mayor parte de las 23 enmiendas; cinco de ellas, en cuanto a sus principios, con otra redacción, y otras también con algunos cambios redaccionales.
No obstante, siete enmiendas resultan problemáticas a los ojos de la Comisión y, por ello, quiero hacer las siguientes reflexiones: primero, la enumeración de las carencias que figura en la enmienda 3 es restrictiva en relación con los datos de que dispone la Comisión; segundo, la enmienda 6 tampoco puede ser aceptada, ya que la propuesta de Directiva se refiere solamente a las aeronaves de países terceros y no a los aviones de los Estados miembros de la Unión; tercero, lo mismo puede decirse de la enmienda 8, que asignaría a la Agencia Europea de Seguridad Aérea nuevas responsabilidades y esto exigiría modificar el Reglamento constitutivo de la misma, y de la enmienda 10, que queda fuera del ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva. La enmienda 14 no nos parece necesaria, ya que la propuesta de la Comisión especifica que todas las denuncias son admisibles, y la 15 añadiría un trabajo importante a los servicios de inspección de las aeronaves y, sin embargo, la utilidad práctica de la información suplementaria solicitada nos parece más que dudosa. Por último, la enmienda 17 queda fuera del ámbito de las inspecciones cubiertas por la Directiva y estaría en contradicción con los principios del Convenio de Chicago, por lo que debe ser rechazada.
Señor Presidente, Señorías, espero haber aclarado la postura de la Comisión en lo que respecta a los diferentes informes objeto de este debate conjunto. Nadie duda de que los informes que sus Señorías aprobarán mañana contribuirán de forma significativa a la seguridad, eficacia y regularidad del tráfico aéreo en Europa.
Una vez más, quiero agradecer el trabajo de la comisión competente, en general, y el de los ponentes, Sr. Fava, Sra. Sanders-ten Holte y Sra. Maes, en particular, porque han hecho un trabajo francamente notable sobre asuntos muy técnicos y complejos.
Fava (PSE)
Señor Presidente, Comisaria, representantes del Consejo, Señorías, la propuesta de reglamento de la Comisión surge en respuesta al informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre el cielo único europeo. Como todos sabemos, el objeto de dicha propuesta es conseguir, a más tardar el 31 de diciembre de 2004, que el cielo de la Unión Europea constituya un espacio aéreo integrado, organizado según los mismos principios y regido por las mismas normas. Asimismo, estamos familiarizados con los objetivos prioritarios de tan relevante reglamento: en primer lugar, garantizar una mejor utilización del espacio aéreo, lo que supone una reducción de los costes y una mejora de la gestión del tráfico aéreo con vistas a reducir los retrasos, aumentar la capacidad del sistema y, principalmente, reforzar el nivel de seguridad, que constituye nuestra principal prioridad.
Al mismo tiempo, sabemos que no basta con declarar cuáles son nuestros objetivos prioritarios, sino que ha llegado el momento de tomar decisiones: la primera decisión que deben adoptar el Parlamento y las demás instituciones europeas hace referencia precisamente a la cesión de gran parte de la soberanía. Para ello, es necesario proceder con cuidado y determinación.
Me gustaría centrar mi intervención en algunas cuestiones incluidas en nuestro informe, que desde nuestro punto de vista constituyen los puntos más destacados del reglamento. Para empezar, permítanme afirmar que la consecución de un cielo único no sería posible sin el apoyo incuestionable del Parlamento Europeo, puesto de manifiesto en una resolución el mes de julio de 2000, y sin el apoyo de los gobiernos de todos los países. La Comisaria ha citado durante su intervención (y yo volveré a hacerlo) el reciente acuerdo firmado entre el Reino Unido y España sobre la inclusión en el acto legislativo sobre el cielo único europeo de la llamada «Cláusula de Gibraltar».
Tal como dije anteriormente, el reglamento contempla cuestiones importancia. La Comisaria describió la primera de ellas, relativa a la cooperación de la Comunidad con Eurocontrol. La cooperación con esta organización resulta esencial. Fue propuesta en su momento por el Grupo de Alto Nivel con el fin de evitar, especialmente, la duplicación de las actividades. La cooperación recíproca resulta fundamental aun cuando la Comunidad firmará la adhesión al Convenio Eurocontrol en el plazo de un mes. En nuestra opinión, las enmiendas presentadas al respecto resultarán innecesarias una vez firmado dicho Convenio. No obstante, pensamos que es preciso hacer hincapié en este tema, especialmente cuando la adhesión de la Comunidad a Eurocontrol, así como la ratificación del Convenio por los Estados miembros, ha llevado tanto tiempo.
Asimismo, consideramos que la cooperación entre las autoridades civiles y militares resulta igualmente de vital importancia. Se trata de un tema especialmente delicado porque podría entrar en conflicto con una serie de hábitos y prerrogativas que se encuadran indiscutiblemente en el ámbito de los poderes soberanos de los Estados miembros. Tanto nuestro informe como el reglamento de la Comisión se han elaborado siguiendo dos líneas principales: en ambos documentos se solicita que se fomente una cooperación estrecha entre los proveedores de servicios de navegación aérea civiles y militares, al tiempo que se propone que las autoridades militares estén representadas en la comisión para el cielo único. Aunque el texto no incluye ninguna disposición específica al respecto, proponemos que uno de los dos escaños disponibles para cada Estado en dicha comisión, a la cual se le asignará el control político y técnico del cielo único, sea asignado a un representante de las autoridades militares. De este modo, se conseguiría un nivel más elevado de responsabilidad compartida y de colaboración entre las autoridades civiles y militares.
En tercer lugar, el tema de las sanciones. El respeto de las medidas reglamentarias del cielo único mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, tal y como solicitó el Parlamento, constituye otro punto delicado. En nuestra opinión, la previsión de estas sanciones resulta esencial para garantizar que el cielo único se convierta en algo más que una simple lista de buenas intenciones y llegue a ser una auténtica realidad jurídica para todos los países de la Unión Europea.
El ultimo punto a destacar es que la apertura gradual del sector y, por consiguiente, de la competencia, se llevará a cabo con algunas limitaciones específicas. Es nuestro deber recordar que el control del tráfico aéreo representa un servicio de interés general, tal y como establece la Decisión del Tribunal de Justicia y, por lo tanto, pedimos a la Comisión que resalte especialmente el impacto social y económico sobre el empleo. La enmienda 36, cuya descripción nos ocupa, plantea la creación de una comisión para el diálogo sectorial que se haga cargo de todas las medidas con implicaciones sociales adoptadas para implementar el reglamento. Consideramos que, desde este punto de vista, la creación de dicha comisión resulta fundamental.
Para terminar, señor Presidente, permítame expresar mi optimismo informado a la vista de los resultados alcanzados estos últimos años. Con el establecimiento del cielo único, podremos, por fin, eliminar las fronteras tanto en el cielo como en la tierra, acercándonos de este modo a una ciudadanía europea más plena y real.
Sanders-ten Holte (ELDR)
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, a pesar de los trágicos sucesos acontecidos recientemente, el avión sigue siendo un medio de transporte muy seguro. No obstante, se prevé que el tráfico aéreo crecerá de manera exponencial durante los próximos años, lo que someterá nuestro espacio aéreo a fuertes presiones, con todos los riesgos para la seguridad que ello conlleva. Esta es la razón fundamental que subyace en la presente propuesta sobre el cielo único.
Parece que «la seguridad ante todo» se ha convertido en el lema de todos los diputados, ya que se han aprobado directamente 24 de las 79 enmiendas presentadas, todas ellas relacionadas con el tema de la seguridad. Confío en que el Consejo interpretará adecuadamente lo que esto significa. Por lo demás, creo que se ha alcanzado un sólido compromiso en la Comisión. Si me lo permiten, hay tres puntos que me gustaría comentar.
En primer lugar, desearía mencionar la postura de los controladores aéreos y sus preocupaciones en torno a la privatización del sector. En mi opinión, el cielo único, el cielo europeo, no admite una privatización encubierta. Continúa siendo responsabilidad de los Estados miembros decidir si los proveedores de servicios de gestión del tráfico aéreo en los nuevos y funcionales bloques de espacio aéreo transfronterizos pertenecerán al sector público o al privado. Opino que no se debe adoptar una actitud dogmática al respecto. Lo que realmente importa es garantizar un alto nivel de seguridad y la existencia de un marco regulador estricto, independientemente de si los servicios de navegación aérea los presta el sector público o el privado. No obstante, puedo asegurarles, Señorías, que un amplio número de Estados miembros están convencidos de que estos servicios deben continuar en manos del sector público. De hecho, la comisión de transportes de Dinamarca declaró recientemente en nuestra comisión que el control del tráfico aéreo danés debía seguir siendo responsabilidad del sector público. Asimismo, los principales proveedores de servicios de navegación conservan el monopolio de los bloques funcionales de espacio aéreo y no hay duda de que evitarán competir entre ellos.
La cuestión que se debe resolver en relación con los proveedores de servicios es bien distinta. Dado que disfrutan de una situación de monopolio, resulta importante garantizar la independencia del mecanismo regulador en cada Estado miembro para así lograr que el nivel de seguridad acordado se respete de forma estricta. El mensaje que el Parlamento debe hacer llegar al Consejo es que, en la práctica, éste es el modo conveniente de actuar. De aquí se deduce que no puedo apoyar las enmiendas presentadas por el Sr. Simpson en nombre del Grupo PSE. La misma postura se aplica a las enmiendas sugeridas por el Grupo GUE/NGL, ya que proponen que un proveedor de servicios integrado preste todos los servicios en cada Estado miembro, sin dejar oportunidad a la subcontratación de unos servicios auxiliares. Desde mi punto de vista, un enfoque de este tipo impediría alcanzar el objetivo de aumentar la eficacia de los servicios conservando el mismo nivel de seguridad. Además, dicho enfoque no refleja la situación actual presente en la mayoría de los Estados miembros.
En segundo lugar, me gustaría comentar el tema relativo a la cooperación civil y militar que, en mi opinión, resulta imprescindible para el éxito del proyecto del cielo único europeo. No obstante, para lograr la utilización flexible del espacio aéreo, es preciso que los usuarios militares participen en el proceso habitual de toma de decisiones de la comisión para el cielo único. Desde el Parlamento debemos garantizar que los Estados miembros respetan este punto y es por ello, Comisaria, que las enmiendas que presento van aún más lejos. Sin la cooperación militar, la calidad de este proyecto de cielo único se verá seriamente afectada. En este sentido, me cuesta aceptar la enmienda 40 ya que, si se analiza de forma lógica, prohíbe la participación militar en el Comité del cielo único.
El tercer y último punto que deseo tratar hace referencia al papel y la posición de Eurocontrol. Comisaria, he escuchado en diversas ocasiones que todo el asunto está preparado de antemano, pero necesito verlo para creerlo. De ahí las enmiendas presentadas y la intensa presión que ejercemos para que éstas se adopten. Aunque, en términos generales, puedo aceptar el resultado de las votaciones, mantengo mi preocupación acerca del papel de Eurocontrol en el proceso de toma de decisiones. Después de todo, se trata de una organización intergubernamental y no de un organismo legislativo. Dado que su significativa competencia en la materia es indiscutible, opino que debería desempeñar un papel clave en lo que se refiere a la asistencia técnica, pero su cometido ha de limitarse a ese ámbito. Eurocontrol no es la panacea para la solución de todos los problemas de gestión del tráfico aéreo en Europa, esto es un hecho evidente.
La Comisión ha aprendido valiosas lecciones de los éxitos de Eurocontrol y las ha integrado en sus propuestas. El error es que también ha tratado de copiar sus defectos. Si, por ejemplo, tenemos que hacer totalmente compatible el sistema de rutas del cielo único con el de Eurocontrol, resultará imposible desarrollar un plan de incentivos. No se pueden fomentar las mejores prácticas en el ámbito de la gestión del flujo de tráfico aéreo de este modo. Asimismo, Eurocontrol no es sólo un organismo regulador, sino que es al mismo tiempo un proveedor de servicios, lo que significa que puede surgir un grave conflicto de intereses. Por esta razón, he presentado las enmiendas 81 y 82 y solicito, en nombre de mi grupo, que la votación de la enmienda 51 se realice por partes, para que se establezca de este modo un equilibrio de poder entre Eurocontrol y el proceso de toma de decisiones del cielo único.
Señorías, les ruego que voten hoy a favor de mi informe, cuyo texto, espero, se mantiene lo más pegado posible al de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Hemos dado un paso adelante. La propuesta es ambiciosa. Me gustaría agradecer la valiosa colaboración de sus Señorías y, en especial, la del personal implicado. No ha sido una tarea fácil; a través de varios debates hemos obtenido finalmente una clara visión de la situación, y creo que hemos conseguido alcanzar el equilibrio adecuado entre seguridad y eficacia. Con la Cumbre de Johanesburgo todavía en nuestro pensamiento, quiero afirmar asimismo que el cielo único europeo resultará de un valor importantísimo para el desarrollo sostenible de nuestro medio ambiente.
Maes (Verts/ALE)
Señor Presidente, Señorías, si la seguridad se mantiene constante en el nivel de 1996, en el año 2015 podríamos enfrentarnos a una tasa de un accidente grave cada semana. Partiendo de este punto de vista, nuestros documentos explicativos subrayan una vez más la importancia de la propuesta de directiva de la Comisión. La seguridad en el sector de la aviación nunca había cobrado tanta relevancia como ahora. En el periodo previo al trascendetal aniversario del 11 de septiembre, la seguridad en la aviación se ha convertido en un asunto que preocupa a la mayoría de los usuarios. Esta preocupación no debe ceñirse tan sólo a la propia flota europea, sino abarcar también a las de terceros países. De ahí que esta propuesta, que ahora se plantea en el marco de las propuestas comentadas ampliadas por los diputados en sus diferentes informes sobre el cielo abierto, resulta de vital importancia.
La Comisión ha vuelto a abrir el procedimiento para la elaboración de una directiva sobre la seguridad de las aeronaves de terceros países. De hecho, resulta trágico que el procedimiento de aprobación de esta directiva se paralizara, ya que podría haberse completado en 1997. No obstante, debido a la disputa surgida entre España y Gran Bretaña por la situación en Gibraltar, quedó aparcada en su momento. Afortunadamente, en la actualidad este tema despierta una amplia unanimidad, aunque lamento que todavía sea competencia de los Estados miembros, ya que el control de los procedimientos de inspección por parte de éstos puede significar que el muestreo no se realice de la forma más adecuada. No obstante, la necesidad de una política de seguridad comunitaria es, en mi opinión, indiscutible.
No podemos pasar por alto que el número de accidentes varía enormemente entre regiones y continentes del mundo. Las líneas aéreas con base en África, Asia y Suramérica o Centroamérica arrojan unos índices de accidentalidad dos veces superiores, como mínimo, a la media mundial. En Europa Occidental y Australia podemos alegrarnos de presentar los índices más bajos, mientras que la accidentalidad en los países de Europa Oriental es la más elevada, casi 50 veces superior a la registrada en Europa Occidental. Debemos tener en cuenta que nos enfrentamos a la ampliación masiva de la UE, lo que aumentará, en consecuencia, los riesgos de seguridad en nuestros países.
Asimismo, partiendo de la base de que los usuarios de las aeronaves traspasan las fronteras, el tema de la seguridad no debe circunscribirse a las fronteras nacionales. A menudo, los problemas surgidos se pueden atribuir a una normativa principal sobre aviación inadecuada y a la falta de estructuras institucionales, personal cualificado y recursos financieros. Los accidentes acaecidos recientemente ponen de manifiesto que un dominio insuficiente del idioma oficial de la aviación, el inglés, puede tener consecuencias trágicas. Baste recordar algunos accidentes graves, como los sucedidos en Francia e Italia, provocados ambos por la falta de domino del inglés, el idioma oficial, por parte del personal de aviación.
Asimismo, existen otras deficiencias cuyas consecuencias pueden ser aún más terribles. En un 25% de los casos relacionados con aeronaves de terceros países, faltan los manuales de vuelo o los mapas de navegación, o bien, los sistemas GPS de posicionamiento global no están convenientemente actualizados. La acción coordinada, acompañada por un intercambio de información que permita la identificación anticipada de posibles defectos en la aeronave, resulta preferible a que se proceda de acuerdo con medidas nacionales. En este sentido, los Estados miembros pueden recurrir a la posición común de la UE respecto a terceros países para evitar que las aeronaves que no cumplan las normas de seguridad se desvíen a aeropuertos de Estados miembros limítrofes en los que no se lleven a cabo las inspecciones oportunas.
Determinados aspectos de nuestro informe hacen referencia al hecho de que la gente que vive en las cercanías de los aeropuertos pueda presentar sus quejas sobre la seguridad de los aviones y obtener información acerca de la falta de seguridad de algunas aeronaves que se dirijan a los aeropuertos de su localidad. El pueblo de Ostend agradecerá la aprobación de esta sección. No obstante, no es de esperar que la Comisión acepte este punto.
Me gustaría resaltar que en este tema no hay lugar para la discriminación. Las aeronaves de la UE deberán ser inspeccionadas estrictamente siguiendo los mismos criterios aplicados a los aparatos de terceros países. Desde los sucesos del 11 de septiembre, es preciso pensar en la seguridad de aquellos que residen en las cercanías de los aeropuertos y en las rutas de aproximación. Además, para terminar con mi intervención sobre este punto, desearía comentar que es necesario evitar que la privatización en el sector de la aviación, especialmente en el ámbito de la seguridad, perjudique a la seguridad de las aeronaves, porque probablemente se volverían a descuidar los detalles. Confío en que los recortes en materia de seguridad, que quedaron patentes en Überlingen, no vuelvan a tener consecuencias fatales.
Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE)
. (EN) Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, nos encontramos en el inicio de este nuevo período parlamentario ante uno de los temas que yo diría estrella en esta legislatura.
Recordarán cómo a finales de la sesión parlamentaria anterior felicitamos a la Sra. Vicepresidenta, tanto por los esfuerzos realizados en materia de transporte ferroviario, como por los relativos a los paquetes Erika en materia de seguridad marítima.
Pues bien, hoy, en el inicio, nos volvemos a encontrar con un tema estrella: el intento de creación del cielo único; el intento de armonizar las normas técnicas; el aumento de la seguridad; el aumento de la capacidad de nuestro espacio aéreo. Armonizando todo ello con los intereses nacionales. Armonizando o intentando involucrar a las autoridades militares, pero a la vez, intentando dar respuesta a una demanda de los ciudadanos de Europa: el aumento de la capacidad de vuelo y el aumento de la seguridad.
Nosotros entendemos que esa seguridad se puede lograr, precisamente, por la vía de la armonización. Entendemos que la creación del cielo único va a responder a una demanda creciente en materia de seguridad aérea. Por ello, insto a la Sra. Vicepresidenta a que, con el apoyo de este Parlamento -porque sabe que lo tiene y que la respalda- emprenda, después de la aprobación de los informes que en estos momentos estamos debatiendo, el difícil camino de intentar convencer al Consejo de un acuerdo rápido. Esto es lo que requieren los ciudadanos europeos: que se aumente la seguridad técnica mediante la aprobación de todas estas propuestas y medidas, que en estos momentos estamos debatiendo aquí.
Quiero recordar que la Comisión de Transportes y, evidentemente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que represento, hemos estado instando y empujando a la Comisión Europea para que se adopten este tipo de medidas. Desgraciadamente, como nos pasó en el debate del paquete Erika, estamos debatiendo en un aniversario dramático en la historia del mundo pero que, además, coincide con lo que es la historia de la navegación aérea.
Salvaguardar los intereses militares -reforzando la coordinación y la colaboración entre las autoridades civiles y militares-, aumentar la seguridad aérea, armonizar las normas técnicas, crear el comité de cielo único, reforzar el papel de Eurocontrol en una colaboración entre la Comisión Europea y Eurocontrol en la línea planteada y manifestada por la Sra. Vicepresidenta. Ésos son los retos, ahí tenemos las opciones y el camino a seguir.
Quiero dar la enhorabuena a los ponentes y a sus Señorías por el esfuerzo en este importante debate. Igualmente, doy la enhorabuena a la Sra. Vicepresidenta y la insto a que no ceje en lograr un acuerdo rápido.

Schmitt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, a modo de introducción de mi intervención, me gustaría dedicar unas palabras de agradecimiento a ambos ponentes, el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte, ya que considero que sus informes se han redactado con muchísimo cuidado y demuestran al mismo tiempo un enfoque responsable del contenido tratado. Permítanme decir asimismo que agradezco su disposición, en lo que se refiere a la preparación de las votaciones en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, a la hora de colaborar en la búsqueda de compromisos y avances, cosa que hemos conseguido en gran medida.
También deseo dar las gracias a la Comisaria, quien ha mostrado un compromiso profundo con este proyecto y opino que, sin su esfuerzo constante, no habríamos llegado a la situación en la que nos encontramos actualmente, a punto de completar la primera lectura de un proyecto de esta magnitud.
No obstante, me gustaría añadir un comentario. Me sorprendió bastante, Comisaria, su postura crítica con respecto a gran parte de las enmiendas aprobadas por el Parlamento, las cuales he vuelto a analizar brevemente, y el hecho de que admitiera las escasas posibilidades que existen de que llegue a aceptarlas. Creo que debería leerlas con mayor detenimiento y considerar al Parlamento como el colaborador que necesitará para defender con éxito y de forma coherente nuestro proyecto conjunto ante el Consejo.
Nos encontramos hoy aquí hablando de una situación que ha sido durante tanto tiempo una realidad concreta. Se ha convertido, entretanto, en la norma para que los bienes, al igual que las personas, puedan cruzar las fronteras con total libertad, en cualquier momento y de cualquier forma. A decir verdad, el origen de esta libertad debe encontrarse en el cielo, ya que parece menos problemático establecer fronteras en el espacio aéreo que eliminarlas de la tierra. No obstante, el asunto es diferente en la actualidad y el público, la gente que vuela con frecuencia, espera con apremio grandes cambios; son los usuarios los que nos piden que adoptemos finalmente decisiones políticas y solucionemos los problemas.
El hecho de que, sencillamente, la posición actual no resulte satisfactoria, es lo que nos ha empujado a plantearnos la existencia de un cielo único. Para aclarar este punto, ofreceré algunos ejemplos. En Europa, hoy en día, uno de cada cuatro vuelos llega con retraso. Una parte de los retrasos se puede atribuir a la saturación del espacio aéreo que, a su vez, se debe a esta desastrosa situación en que nos encontramos a raíz de la fragmentación del cielo. Cada año se pierden 350.000 horas de vuelo debido a que la ruta directa que debería seguir la aeronave atraviesa zonas militares que no se pueden sobrevolar y es preciso tomar rutas más tortuosas. Asimismo, nos enfrentamos actualmente a la existencia de 41 bloques de espacio aéreo en sólo 15 Estados miembros de la UE. Para ilustrar esta situación, siempre recurro al ejemplo del piloto que, en un vuelo de Roma a Bruselas, debe atravesar nueve bloques de espacio aéreo diferentes, lo que significa que tiene que notificar su entrada y su salida nueve veces. En todo momento, cabe la posibilidad de que surjan malentendidos y problemas lingüísticos, de modo que si alguien trata de responder que no existen riesgos potenciales adicionales en estos casos, se equivoca. El problema es tan obvio que es preciso realizar un cambio al respecto, cambio que hace tiempo ya debía haberse aplicado.
Considero que las propuestas pueden aportar una nueva arquitectura al cielo, crear bloques funcionales de espacio aéreo y, por tanto, garantizar que, por un lado, se producirá un aumento de la capacidad (realmente necesario debido al crecimiento del tráfico aéreo) y, por otro lado, mejorará la seguridad al reducir de entrada los peligros potenciales al mínimo. Asimismo, se reducirán los costes, con el consiguiente abaratamiento de los vuelos y, final y particularmente, estas propuestas podrán asegurar una serie de beneficios para el medio ambiente al eliminar radicalmente 350.000 horas de vuelo innecesarias a las que he hecho referencia anteriormente.
Por lo tanto, nos hemos centrado en el objetivo adecuado, aunque me atrevo a afirmar que todavía existe un número de puntos que podríamos someter a debate. Estoy seguro de que alguno de los diputados aquí presentes duda acerca de cuál será el modo de actuación correcto. En la comisión hemos intentado añadir algunos aspectos. Uno de estos aspectos consiste en la creación de un organismo consultivo de la industria, ya que consideramos que tanto los usuarios como los fabricantes deberían participar más activamente en el proyecto, para evitar así desarrollar puntos que resulten finalmente poco prácticos o, por otro lado, evitar el establecimiento de requisitos que no guarden relación alguna con los productos del mercado. La realidad es que, así como el espacio aéreo está fragmentado en 41 zonas diferentes, Europa se encuentra dividida en el campo tecnológico. Por este motivo, opino que nuestras tecnologías se deberían modernizar y armonizar lo antes posible.
Al igual que el Sr. Stockmann, quien ha presentado una enmienda sobre el tema, desearía que diéramos un paso adelante y nos planteáramos la creación de una autoridad de supervisión europea, reduciendo la autoridad de los Estados nacionales en este ámbito. Soy consciente de que, por el momento, esto es solo una quimera. No obstante, desde la esperanza que me aporta mi relativa juventud, confío en que hoy nos arriesgaremos y daremos un importante paso al declarar nuestro deseo de conseguir el cielo único europeo, al adoptar una decisión sobre este objetivo político y al seguir las directrices marcadas por la Comisión. De este modo, puede que dentro de diez o veinte años exista realmente un cielo único europeo con una autoridad de supervisión europea que, ante todo, respetará los intereses nacionales. Por lo tanto, les pido que voten a favor de estos proyectos para que sean aprobados por amplia mayoría.

Stockmann (PSE).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, «y, sin embargo se mueve». Me refiero a la política de transporte aéreo europea. Obviamente, existen problemas tan numerosos y urgentes que España y Gran Bretaña han puesto fin en el Consejo a un bloqueo que duraba décadas. Esto supone un importante avance para Europa.
La relevancia del proyecto de cielo único en el ámbito del espacio aéreo europeo es comparable a la de la introducción del euro en el ámbito económico y monetario europeo. Tan sólo espero que exista la misma conciencia de los problemas y la misma voluntad para resolverlos, ya que el mal es bien conocido como para detenerse en los detalles. Ya podemos ver cómo surgen intereses nacionales bastante divergentes que se disponen a socavar el ambicioso objetivo de convertir este proyecto en una realidad para el año 2004. Los informes elaborados por el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte muestran la voluntad necesaria para solucionar los problemas y confío en que, igualmente, los diputados de este Parlamento mantendrán la misma disposición.
Asimismo, me gustaría comentar un número de puntos principales mencionados durante este debate y que parecen bastante importantes. Todavía me cuesta entender por qué no se ha resuelto definitivamente el tema de la responsabilidad compartida entre la Comunidad y Eurocontrol. Es preciso aún resolver diversos aspectos en este ámbito.
En segundo lugar, creo que la postura de la Comisión es bastante acertada al hacer referencia a la cooperación entre las autoridades civiles y militares. No obstante, opino que su alcance no es suficiente ya que, a fin de cuentas, aún existe la necesidad intrínseca de que se integren completamente los servicios de control del tráfico aéreo. Este ámbito exige medidas más avanzadas que las propuestas por la Comisión. Por supuesto, soy consciente de que para ello habría que entablar un debate continuado en las diversas instituciones, un debate en el que se abarcara la Política Exterior y de Seguridad Común y no se ciñera exclusivamente a la política de transporte.
En tercer lugar, la disposición sobre los servicios de control del tráfico aéreo propone la creación de autoridades de supervisión nacionales que deberían ser institucionalmente independientes de los proveedores de servicios. Tal y como ha indicado mi compañero, estaríamos de acuerdo con este punto si ya existiera una autoridad de supervisión europea, pero parece que todavía no es el momento adecuado para esto.
En cuarto lugar, es preciso disponer de procedimientos claros y normas transparentes para la autorización y designación de los cargos. En este momento, les pediría que no se encerraran en un debate acerca de si el control del tráfico aéreo debe asignarse a proveedores de servicios privados o estatales o, de lo contrario, el proyecto corre el riesgo de quedar paralizado, tal y como ha sucedido en el ámbito del transporte público. Esto podría resultar negativo, ya que la seguridad debe situarse en primer plano. Este tema es prioritario, junto con la prestación de servicios integrados de control de tráfico aéreo adecuados a los bloques funcionales de espacio aéreo.
El quinto punto que deseo tratar, alrededor del cual gira toda la cuestión, se deriva del punto anterior. Es preciso crear bloques funcionales de espacio aéreo. No obstante, la descripción aportada por la Comisión acerca del método para lograrlo es incorrecta e inapropiada. En este aspecto, la necesidad de liberar al cielo de la estrechez de miras estatal implica que aún faltan mejoras por introducir. Existen 26 subsistemas, 58 sistemas de control y equipos diferentes. Todo esto es innecesario y, tal como se ha dicho anteriormente, aumenta la probabilidad de error. La seguridad debe ser la prioridad principal.
Señora Maes, no puedo más que apoyar su informe sin reservas. No existe objeción alguna al respecto por parte de nuestro grupo.
Caveri (ELDR).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, para empezar, me gustaría aclarar que el debate en comisión ha resultado largo y exhaustivo, de tal modo que las enmiendas acordadas no son aleatorias, sino fruto de una prolongada discusión. Asimismo, me gustaría dar las gracias a los tres ponentes anteriores por el excelente trabajo realizado. Me atrevo a afirmar que el apoyo del Parlamento al proyecto de cielo único quedó confirmado en el debate llevado a cabo en comisión y quedará patente en el debate que nos ocupa hoy, que ha demostrado ser una aportación constructiva a la creación del cielo único. No obstante, si pretendemos que el año 2004 siga siendo la fecha programada para la introducción de este nuevo modelo de espacio aéreo, será necesario, en mi opinión, proseguir este diálogo en el seno del Consejo. En especial, con aquellos países que todavía se muestran escépticos al respecto (algunos incluso manifiestan su clara oposición a la idea) y con los países cuyos sistemas internos requieren aplicar un proceso de modernización urgente. Con esto, me refiero a los problemas que se derivarán claramente de la ya inminente ampliación.
Durante el desarrollo del debate, he observado que surgía un tema de carácter político: la persistencia del mito de que el cielo único representa un ataque a la soberanía de los diferentes Estados. Se ha llegado a afirmar incluso en comisión que este proyecto supone un ataque a la soberanía física de los Estados sobre sus respectivos territorios. Creo que es importante aclarar que este mito no tiene fundamento alguno y que resulta, evidentemente, contrario al espíritu subyacente en los Tratados. Sin embargo, me temo que es un tema que ya ha trascendido a las negociaciones de alto nivel.
Asimismo, tal y como han afirmado varios diputados, resulta necesario entablar un diálogo con los sindicatos. Éstos expresan las preocupaciones justificadas de la población, en particular las concernientes a los puntos más delicados relativos al concepto de servicio público o de servicio de interés general. Especialmente en lo que se refiere a los controles, que es sin duda un tema delicado.
Opino que debemos resaltar, tal y como se ha hecho anteriormente, que el proceso de liberalización, que resulta absolutamente esencial en este sector, no conlleva la privatización del mismo. Debemos destacar que la competencia, por muy amplia que sea, debe, evidentemente, tener en cuenta los requisitos básicos de seguridad. Por lo tanto, es preciso aumentar la capacidad de gestión del enorme volumen de tráfico aéreo, al tiempo que, como ya he dicho, se refuerza la seguridad, se reduce la fragmentación del control del tráfico a través de nuevas tecnologías y, en particular, se resuelve el complejo tema pendiente de la integración con los sistemas militares, ya que opino que es un asunto de carácter político que hay que abordar. Uno de los principios rectores debe ser la creación de nuevas rutas para evitar así la congestión de determinados espacios aéreos. Nos enfrentamos actualmente a la existencia de rutas saturadas y a un elevado aumento de los costes, originado por los retrasos y la enorme cantidad de combustible consumido. Creo que el proyecto del cielo único ofrecerá un sistema eficiente y eficaz a todos los ciudadanos europeos.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, la propuesta para la creación del cielo único europeo es un tema complejo que yo, personalmente, sigo considerando bastante ambiguo. No obstante, debo reconocer la intensa labor realizada por el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte, dado el tamaño de este informe.
De entrada, para poder comprender las repercusiones de este asunto, he dedicado parte de mi tiempo a colaborar con el sector en cuestión. El jueves pasado, sin ir más lejos, pasé la mañana en el centro de control de tráfico aéreo de Roissy y la tarde en el de Athis-Mons, el centro de control de tráfico aéreo más importante de Europa después de los de Maastricht y Londres. De esta experiencia, he llegado a la conclusión de que, a pesar de que los ponentes y la Comisión han tenido en cuenta un gran número de factores, el contenido que se presenta hoy aquí sigue entrañando riesgos considerables.
Me gustaría dar las gracias a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por haber incorporado una serie de enmiendas que propuse en su momento para que se preste mayor atención a la seguridad. Asimismo, considero que resulta bastante positiva la inclusión de una enmienda en la que se especifique que cada Estado miembro puede nombrar libremente a entidades públicas o privadas como sus operadores, si bien opino que los servicios de navegación aérea constituyen un servicio de interés general a los que no se pueden aplicar las normas de competencia, tal y como ha dictaminado de hecho el Tribunal de Justicia europeo.
Por desgracia, aunque estas enmiendas han sido aprobadas, no se ha modificado, en mi opinión, el trasfondo liberal del proyecto. Trataré de explicar lo que quiero decir. Todas las enmiendas propuestas por mi grupo, en las que se defendía claramente la introducción de la competencia en el sector de la navegación aérea, fueron rechazadas en comisión. A pesar de ello, insto a la Cámara a que reflexione sobre el hecho de que los sindicatos de controladores aéreos mantiene la misma postura al respecto. Aunque existen, obviamente, diferencias de opinión entre las partes, la conclusión a la que llegan todos los miembros del sector en relación con los riesgos de la propuesta actual es la misma. Debemos aclarar que no hablamos del personal que disfruta de los supuestos privilegios, incapaz de aceptar cambio alguno: el trabajo real de los controladores aéreos implica la sucesión de cambios y un desarrollo constante.
El sistema actual dista mucho de ser perfecto. Además, su carácter es en sí mismo transfronterizo. Todos somos conscientes de que los puntos límite no suelen, por lo general, comenzar y terminar en las fronteras. Existen otras razones para ello aparte del control del tráfico aéreo. Claramente, es preciso introducir mejoras en el sistema actual pero, en mi opinión, existen otros problemas que se deben resolver, como el relativo al objetivo primario. El objetivo primario debería convertirse, de hecho, en el punto prioritario. Asimismo, se plantea un problema a la hora de decidir el método a aplicar. Ninguna reforma del sistema de control del tráfico aéreo podrá llevarse a cabo con éxito sin la ayuda de los controladores aéreos, que son los responsables de mantener normas de seguridad máximas en Europa. Asimismo, gracias al aumento de la productividad de los controladores aéreos, por no hablar de la significativa inversión realizada para actualizar los equipos, ha sido posible salvar la considerable distancia existente entre el crecimiento extraordinario del tráfico aéreo experimentado estos últimos años y la mejora del flujo de tráfico.
La búsqueda de normas aplicables en toda Europa constituye un objetivo primordial para la Unión y, desde esta interpretación, la Comisión Europea puede desempeñar un papel realmente importante a la hora de ofrecer una organización armonizada y un sistema de control eficaz. Aunque la propuesta de reglamento considera prioritaria la cuestión de la seguridad, opino que todas las propuestas que sugieren elaborar un reglamento partiendo de una base económica se oponen a esta afirmación. Independientemente de los procedimientos (que presentan diferencias considerables) elegidos por los Estados miembros, la propuesta de introducir la competencia en los servicios de navegación aérea poniendo en duda el sistema integrado, incluidos todos los servicios técnicos, resultaría perjudicial para la navegación y representa un daño manifiesto para la seguridad.
Es cierto que existe un vínculo entre la seguridad, la capacidad y los costes. Sin embargo, pretender establecer normas de seguridad máximas considerando la cuestión económica como una prioridad, por encima de los demás aspectos, resulta, en el mejor de los casos, ilusorio y, en el peor de los casos, podría llevar a confundir el objetivo principal de mantener dichas normas de seguridad. Obviamente, el flujo de tráfico aéreo y la seguridad forman parte de una cadena cuyos eslabones son, en su totalidad, esenciales. Si se rompe la cadena, la seguridad puede verse seriamente comprometida. Por lo tanto, y para ser franco, me temo que no podré apoyar los textos, con la redacción actual que presentan, si no se introducen cambios significativos en lo que respecta a estas cuestiones primordiales.

Collins (UEN).
Señor Presidente, me complace que se hayan presentado hoy estas propuestas, concebidas sin duda para tratar de resolver los retrasos ocasionados por los problemas de control del tráfico aéreo en Europa. Estos retrasos se dan en numerosos vuelos debido a las dificultades con los sistemas de tráfico aéreo en Europa. Es preciso modernizar y centralizar estos sistemas para garantizar que los vuelos no sufran retrasos debido a las deficiencias del control del tráfico aéreo.
Todos hemos leído estudios que muestran que el tráfico aéreo va a aumentar en los próximos años. El objetivo de la propuesta del cielo único europeo es garantizar que los sistemas de gestión del tráfico aéreo se diseñen, gestionen y regulen de forma armonizada dentro de la Unión y con el nivel de seguridad más alto posible.
Provengo de un país insular que depende en gran medida del transporte aéreo, y una mejor eficiencia de estos modelos de transporte es sumamente importante para permitir el futuro desarrollo económico de mi país.
En la actualidad hay 73 centros de control del tráfico aéreo en el espacio aéreo paneuropeo, que funcionan con distintos códigos de clasificación. La gestión del tráfico aéreo en Europa está fragmentada y el sistema actual no puede mantener el ritmo de la demanda, lo cual se traduce en retrasos en muchos vuelos. La Unión Europea necesita establecer acuerdos de reglamentación vinculantes y efectivos para resolver este problema lo antes posible.
En una cuestión aparte, pero no ajena, en breve va a iniciarse un procedimiento de conciliación en relación con la promulgación del nuevo reglamento de la Unión Europea relativo al establecimiento de normas comunes en materia de seguridad de la aviación civil. Este procedimiento de conciliación ha de llevar a un acuerdo efectivo. Necesitamos asegurar un control de equipajes al 100% en todos los aeropuertos de Europa. También hemos de garantizar la formación necesaria del personal para hacer que estos cambios funcionen.
La mejora de la seguridad supone un gasto considerable, y una de las cuestiones que tienen que tratarse en la fase de conciliación es acordar exactamente quién va a asumir el coste de la implementación de los nuevos dispositivos de seguridad antiterrorista. En la actualidad, la financiación de las medidas de seguridad antiterrorista en el transporte aéreo difiere según el país y el modo de transporte. Esta situación es inadmisible.

van Dam (EDD).
Señor Presidente, las compañías aéreas y los pasajeros se enfrentan a una serie de graves problemas, que podrían ser resueltos con la gestión combinada del espacio aéreo europeo. El aumento de eficacia y el control de las tarifas reducirían al mínimo los retrasos, la contaminación ambiental y los costes innecesarios. Nos enfrentamos a una serie de complicaciones, entre las cuales, en mi opinión, destaca la división existente entre el espacio aéreo militar y los pasillos civiles. Corresponde a las autoridades nacionales y militares el desafío de poner término a dicha división.
Debemos tener muy presente el tema de la seguridad durante el proceso de liberalización de los servicios de navegación. Nadie sale beneficiado si, al reducir los costes, aumentan los riesgos para los pasajeros y el personal. Por esta razón, apoyamos el énfasis con que la Sra. Sanders-ten Holte defiende este aspecto. Las normas aplicables a los diferentes servicios deben alcanzar la mayor uniformidad posible, preferiblemente a escala global y, como mínimo, a escala europea. Éstas deben basarse en la competencia y la experiencia de organizaciones como ICAO, Eurocontrol y, en breve, también EASA. Rogaría se prestara especial atención al cumplimiento de estas normas. En numerosas áreas, una legislación sólida fracasa a consecuencia de un cumplimiento inadecuado y un control insuficiente. Una labor de preparación e implementación apropiada de las fases de inspección y cumplimiento permitiría a empresas que no pertenezcan al sector público ofrecer igualmente servicios de navegación.
Para terminar, decir que tanto el tiempo como la capacidad y la seguridad requieren una mejora urgente de la situación actual. Espero que la Comisión pueda cumplir los apretados plazos de tiempo programados, sin menoscabar en ningún momento la calidad y la seguridad de los proyectos. A nuestro juicio, los ponentes han llamado suficientemente la atención sobre este tema en sus respectivos informes, que cuentan con nuestra aprobación.

Berthu (NI).
Señor Presidente, en vista de la explosión del tráfico aéreo en los últimos años y de la saturación de los cielos europeos, se deduce que es preciso adoptar una serie de medidas para reducir la congestión existente. Una de estas medidas ha de consistir en establecer procesos reglamentarios coordinados y mejorados entre los países europeos.
Desde esta perspectiva, la iniciativa de la Comisión sobre el cielo único, que pretende ofrecer un espacio aéreo más fluido y seguro, parece que se basa en lo evidente. No obstante, lo evidente resulta más claro aún cuando se estudian los detalles prácticos del proyecto y al comprobar que ya existe un organismo regulador del tráfico aéreo, Eurocontrol. Este organismo dispone de una excelente capacidad técnica y abarca un territorio más amplio que el de la Unión, ya que entre sus miembros hay 31 países del continente.
En este sentido, existe una discrepancia considerable que, debemos admitir, no mencionan los textos presentados por la Comisión. Dicha discrepancia queda patente en el artículo 1 del Reglamento, que establece el marco general, ya que en él se declara que la Comunidad proporcionará los medios necesarios para crear el cielo único europeo al tiempo que se tendrá en cuenta la labor de Eurocontrol a la hora de determinar un espacio aéreo paneuropeo. Más adelante, en el mismo texto, tampoco queda muy claro el punto que trata la coordinación entre la Comisión, que representa a la Comunidad, y Eurocontrol. Esto se podría resumir en una sola frase: ¿quién da las órdenes y quién tiene la última palabra a la hora de redactar el Reglamento? Aunque el texto pretende sugerir lo contrario, sólo se obtiene una respuesta. Eurocontrol da las órdenes y la Comunidad debe acatarlas, junto a los Estados miembros, que siguen desempeñando el papel más importante.
Pensamos que la mayoría de los Estados miembros comparten la misma opinión. Es preciso mantener la colaboración con Eurocontrol y aceptar sus prerrogativas y, por consiguiente, debemos aclarar previamente los requisitos esenciales de las relaciones con este organismo en materia de regulación. En caso contrario, se pueden complicar los problemas en lugar de simplificarse.

Deva (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría, en primer lugar, dar la enhorabuena a la Sra. Maes por su muy competente y excelente informe. Esta cuestión debería haber sido planteada hace tiempo y, por tanto, agradezco a la Comisión que la presente. El problema de las aeronaves de terceros países y sus normas de seguridad preocupa a mucha gente, especialmente a las aerolíneas de Europa del este e incluso de países más orientales.
La directiva de la Comisión ha intentado resolver este problema disponiendo un gran número de inspecciones en pista y de inspectores encargados de llevar a cabo inspecciones aleatorias en estas aeronaves cuando aterricen en la Unión Europea. Ese es un modo de hacerlo. Podríamos haberlo enfocado de otro modo, pero ahora no voy a quejarme. Únicamente quisiera decir que la propuesta de la Comisión supone un programa de creación masiva de empleo para ingenieros y técnicos aeronáuticos. Yo soy ingeniero aeronáutico y no debería quejarme. Pero va a suponer la creación de un gran número de puestos de trabajo en los aeropuertos de la Comunidad, en los que se necesitará gente para hacer las inspecciones aleatorias y en pista.
Una alternativa que sugeriría de cara al futuro consiste en mejorar la capacidad técnica y de mantenimiento en terceros países, y ofrecerles apoyo y ayuda para que puedan mejorar sus propias especificaciones técnicas y su capacidad de mantenimiento, hasta llegar a una norma que sea aceptable internacionalmente. Esto es algo que los Estados Unidos han venido haciendo, especialmente con países africanos. Esto supone una ventaja para las exportaciones y también para el sector aeronáutico de los EE.UU., ya que ofrece una oportunidad a largo plazo para vender sus bienes y servicios. También es una manera de colocar sus equipos en todo el mundo: el acuerdo Boeing-Airbus, supongo.
Por supuesto, hay una serie de cuestiones que es preciso abordar en relación con el transporte aéreo en la Comunidad. Permítanme mencionar lo que considero una cuestión muy importante para los eurodiputados británicos que vienen a Estrasburgo. Nos quedamos en tierra por mucho que tengamos billetes totalmente confirmados. Esto se ha producido con Air France en repetidas ocasiones; ayer dos de mis colegas, con billetes confirmados, se quedaron en tierra porque la compañía aérea había vendido demasiadas reservas para dicho vuelo. Esto contraviene las normas internacionales. Asimismo -y quizá el Comisario quiera escribir al presidente de Air France sobre este tema-, en el Reino Unido es un delito penal impedir que un diputado acuda al Parlamento. Existe una cosa llamada orden de arresto europea, que entendemos va a poner las cosas en su sitio. Planteo estas cuestiones para que podamos actuar antes de que sea demasiado tarde.

?astorakis (PSE).
Señor Presidente, Señorías, aunque estoy claramente de acuerdo con la idea básica, opino que, en lo relativo al complejo tema del cielo único europeo, deberíamos analizar detenidamente los parámetros locales y pedir a todo aquel que defienda la privatización de la gestión y del control del tráfico aéreo que aporte argumentos mucho más convincentes. Asimismo, debemos llegar a acuerdos, en conjunción con el sector militar, para proteger sus poderes de decisión sobre temas de defensa y garantizar que no se sobrepasan los niveles actuales de defensa y de política exterior y de seguridad común.
Está claro que han surgido diversas cuestiones que precisan una mayor clarificación. Por ejemplo, en relación con la cuestión de la soberanía nacional, cada Estado miembro deberá ceder la planificación y el control de su espacio aéreo a una agencia central, lo que puede llegar a ocasionar numerosos conflictos constitucionales en dichos Estados. Este problema debe estudiarse detenidamente. Del mismo modo, a pesar de la opinión inicial de los servicios jurídicos del Consejo, parece que no se ha contemplado el tema del espacio aéreo sobre aguas internacionales. En algunos países, como Grecia, esta cuestión resulta bastante delicada ya que, sin la continuidad del espacio aéreo, pueden surgir problemas de carácter técnico e institucional y pueden llegar a operar diferentes sistemas en un mismo Estado miembro. Esta situación complicaría las operaciones diarias y acabaría con la flexibilidad que se pretende lograr con este proyecto.
Asimismo, la participación del sector militar en todo este proceso no se ha asegurado claramente en lo que respecta a los temas de seguridad nacional, que son cuestiones enmarcadas del segundo pilar. También debemos comentar la cuestión de la base legal de las normas propuestas que, en nuestra opinión, resulta igualmente problemática. Estas normas parece que, en esencia, ofrecen más garantías que las contenidas en el apartado 2 del artículo 80 del Tratado, ya que el asunto no se limita al ámbito del transporte.
Para terminar, opino que si se contemplan estos puntos delicados, el derecho de defensa y de seguridad consagrado en la legislación nacional deberá estar estrictamente asegurado cuando el cielo único europeo se convierta en la realidad que todos deseamos. Gracias a todos y doy la especial enhorabuena a la Comisaria y a Sus Señorías por el excelente trabajo realizado.

Pohjamo (ELDR).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, para empezar también me gustaría agradecer a los ponentes la extraordinaria labor realizada en la redacción de estos importantes informes. En su elaboración han tenido en cuenta diferentes puntos de vista y el resultado ha sido un documento equilibrado.
Los objetivos del paquete legislativo destinado a mejorar la viabilidad del tráfico aéreo han tenido una acogida realmente positiva. Las reformas que plantean son necesarias para reducir los costes del tráfico aéreo, disminuir el número de retrasos y aumentar la capacidad. Tal y como se ha repetido hoy aquí en diversas ocasiones, el refuerzo de la seguridad en el tráfico aéreo resulta extremadamente importante. Respecto a estos objetivos, se ha llegado a un amplio consenso.
No obstante, existen aspectos importantes del Reglamento sobre los que difiere la opinión de los Estados miembros. Entre ellos está el factor de la dimensión política, la prestación de servicios, los bloques funcionales de espacio aéreo y las relaciones con Eurocontrol. A la hora de tomar una decisión, hay que tener en cuenta las necesidades de las fuerzas aéreas de defensa nacional. Para garantizar este punto, se podría incluir una cláusula de salvaguardia. Además, los Estados miembros deben conservar en el futuro la capacidad para designar al proveedor responsable de los servicios de navegación aérea. Con respecto a la prestación de servicios de navegación aérea, el Reglamento propone la posibilidad de establecer bloques de espacio aéreo supranacionales, lo que permitiría a las autoridades nacionales elegir a los proveedores de servicios.
La decisión reciente de la UE de solicitar la adhesión a Eurocontrol, la Organización Europea de Seguridad de la Navegación Aérea, era absolutamente necesaria. Tras su adhesión, la UE podrá recurrir a la competencia decisoria de los Estados miembros en aquellos asuntos relativos a la organización que afecten a dichos Estados. El principal objetivo de Eurocontrol es, concretamente, la mejora del flujo de tráfico aéreo y de la seguridad. La armonización de los sistemas de navegación y el control de los flujos de tráfico contribuirá a lograr dicho objetivo.
Para conseguir reforzar la seguridad aérea, será preciso adoptar medidas con respecto a la inspección de las aeronaves de terceros países. Esta cuestión, que considero esencial, ya aparece reflejada en el informe de la Sra. Maes.
Las diferentes opiniones manifestadas hoy aquí podrían conciliarse del modo que han demostrado los ponentes. Deberíamos intentar que el debate sobre el paquete legislativo progrese rápidamente para que éste pueda ser finalmente aprobado en el transcurso de este año.

Markov (GUE/NGL).
Señor Presidente, Comisaria, es indiscutible el hecho de que la gestión del espacio aéreo sobre la Unión Europea debería ser común para así reducir los retrasos y poder garantizar una utilización segura y una calidad mejorada del mismo.
Permítanme decir que estoy de acuerdo con el planteamiento adoptado por los ponentes, que sugieren aceptar la participación de asociaciones de consumidores y del sector, así como la de Eurocontrol y las fuerzas armadas, a la hora de adoptar decisiones sobre propuestas relativas a la utilización del cielo único. Sólo si se colabora de esta forma, teniendo en cuenta la experiencia de los operadores civiles y militares, de los proveedores, de aquellos que ofrecen servicios de transporte aéreo y de aquellos que los utilizan, se podrán alcanzar decisiones que enlacen eficientemente las normas de seguridad requeridas, la eficacia y los intereses del personal.
No obstante, tengo mis dudas en lo que respecta al proceso de implementación técnica propuesto. Entiendo que los proveedores de servicios y las autoridades reguladoras deben conservar su independencia, pero me opongo a la opción contemplada de destruir el sistema de control de tráfico aéreo vigente hasta la fecha mediante la concesión de contratos individuales, algunos de ellos otorgados a operadores del sector privado. Puesto que con esta medida se propicia la aparición de más competidores en el mercado, considero que el resultado puede ser totalmente opuesto al objetivo propuesto inicialmente de reforzar la seguridad.
La fragmentación geográfica actual de los servicios de control del tráfico aéreo sólo favorece una situación de fragmentación de tipo económico. No reduce en modo alguno los problemas existentes en el transporte aéreo europeo sino que, en su lugar, contribuye a la aparición de otros nuevos, tal y como prueba la colisión reciente de dos aeronaves sobre el lago de Constanza. Por cuestiones de rentabilidad se produjeron recortes de personal que provocaron una situación en la que sólo se encontraba de servicio uno de los pilotos. De este modo, fue imposible llevar a cabo una operación segura y sin problemas.
Llegados a este punto, se plantea claramente la cuestión de si no sería más recomendable que un servicio público se responsabilizara de aquellos temas de seguridad especialmente delicados relativos a la gestión del tráfico aéreo. Este servicio podría incorporar las ventajas derivadas de la integración de los servicios individuales en una única cadena, aportando la calidad laboral exigida, una serie de profesionales cualificados y los recursos materiales necesarios. Aunque la introducción de bloques de espacio aéreo transfronterizos representa un avance hacia la integración necesaria del espacio aéreo europeo, sólo tendrá lugar cuando todos los Estados implicados lleguen a un acuerdo. Los casos ambiguos o conflictivos que puedan surgir en un momento dado nunca podrían resolverse sin la participación de uno o varios Estados.
En contraste con la propuesta de la Comisión, que presupone la cooperación transfronteriza de los servicios regionales cuya disponibilidad es bastante limitada, la estrecha colaboración entre los servicios de control de tráfico aéreo públicos existentes en los diferentes Estados resulta definitivamente concebible e incluso realista. En este caso, dos países formarían un bloque de espacio aéreo transfronterizo. Esta compleja cuestión del respeto a la soberanía estatal resulta igualmente aparente en el planteamiento de la Comisión y en su cobertura de la colaboración mejorada entre la utilización civil y militar del espacio aéreo.
En estos informes no queda del todo claro el modo en que se reducirá el cierre del espacio aéreo a la aviación civil a expensas de la militar. No se puede decir que con las normas actuales se logre mejorar la utilización del espacio aéreo europeo único ni se refuerce la seguridad. La interoperabilidad ampliada de la red de gestión del tráfico aéreo europeo se puede considerar positiva, dada la tendencia natural de las redes integradas a facilitar un aumento de la compatibilidad y su contribución a la reducción de los costes de adquisición y mantenimiento.

Queiró (UEN).
Señor Presidente, Comisaria, dado que los diputados de este Parlamento somos un grupo de usuarios habituales del transporte aéreo, debemos prestar especial atención a todas las iniciativas destinadas a mejorar la organización, la puntualidad y la seguridad de los servicios de navegación y de control del tráfico aéreo.
Por supuesto, no estamos cuestionando que la intención de la propuesta de crear un organismo legislativo aéreo comunitario, denominado «Cielo Único Europeo», y de desarrollar reglamentos al respecto sea otra que aumentar la eficacia y reforzar la seguridad de este medio de transporte y hacer frente a los retos que planteará su predecible crecimiento en el futuro.
Sencillamente, debemos admitir que en este ámbito hay preguntas que no se pueden dejar sin responder. Puesto que dispongo de muy poco tiempo, analizaré solamente las cuestiones principales. En primer lugar, me gustaría saber si el Parlamento es consciente de que la base legal a la que se acogen los cuatro reglamentos, el apartado 2 del artículo 80 del Tratado, puede que no sea suficiente para las medidas recomendadas por la Comisión, cuya consecuencia principal es la conversión de un espacio aéreo nacional en comunitario, permitiendo a los Estados miembros ejercer, de forma independiente y conjunta, sus poderes soberanos. Asimismo, ¿se dan cuenta, Señorías, de que, en virtud de estos reglamentos, será difícil distinguir entre los usuarios civiles y militares del espacio aéreo común? En tercer lugar, ¿no creen que es evidente que la asunción por parte de la Unión de estas nuevas competencias, que deberán ejercerse de acuerdo con las normas de comitología, requiere la inclusión de un nivel de competencia que no está reflejado en el Tratado actual, e incluso la definición de una política defensa común, lejos aún de ser alcanzada? Además, teniendo en cuenta la necesidad de respetar las normas máximas de seguridad, ¿se puede asegurar que la introducción de mecanismos de competencia económica en las actividades de control del tráfico aéreo resultará apropiada para cumplir el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico aéreo, en otras palabras, la seguridad de las personas y las mercancías transportadas y de las comunidades residentes bajo las rutas de vuelo?
Por último, durante este proceso, ¿se realizará un análisis imparcial y objetivo de las verdaderas causas que originan los retrasos producidos en los vuelos europeos? ¿Se pueden atribuir dichos retrasos únicamente a aquellos defectos en el sistema de control del tráfico aéreo que tratamos de resolver actualmente? ¿Se tendrán en cuenta, por ejemplo, la responsabilidad de los aeropuertos o de aquellas líneas aéreas que se niegan a anular sus vuelos, así como los factores meteorológicos? Lamentamos decir que en estos nuevos reglamentos no conseguimos ver propuestas para la aplicación de medidas destinadas a mejorar las prácticas del resto de componentes de este complejo sistema. No las vemos y, por lo tanto, seguimos preocupados al respecto.

Esclopé (EDD).
Señor Presidente, Comisaria, la lectura de los textos propuestos por la Comisión induce a creer que los servicios de navegación aérea pueden estar sujetos a las reglas económicas de la Comunidad, lo que significaría tener que hacer pública la convocatoria de licitaciones para los servicios públicos de este tipo. Sin embargo, en su decisión de 19 de enero de 1994, el Tribunal de Justicia declaró que el control de la navegación aérea es una labor de las autoridades públicas carente de carácter económico, puesto que esta actividad es un servicio de interés general destinado a proteger tanto a los usuarios del transporte aéreo como a las poblaciones afectadas por las aeronaves que sobrevuelan su territorio. Por consiguiente, se podría pensar que los servicios de control del tráfico aéreo, de información de vuelo y de vigilancia ejercen un tipo de supervisión administrativa de una naturaleza regia, y que no pueden, bajo ninguna circunstancia, incorporarse a un servicio de mercado, a pesar de la existencia de las tarifas de usuario. El hecho de que estos servicios se cubren con las tarifas que pagan los usuarios no les otorga, sin embargo, el carácter de servicios sujetos a las reglas económicas del Tratado.
Por esta razón, los Estados miembros deben poder elegir los procedimientos para la organización y prestación de estos servicios en función del volumen y la naturaleza del tráfico que gestionan, así como de la realidad económica presente en sus territorios específicos. Asimismo, queremos señalar que los servicios de tráfico aéreo no pueden estar sujetos a las reglas económicas del Tratado, ni se debe introducir la competencia en el sector. Los conflictos de intereses que podrían surgir afectarían negativamente a la seguridad del transporte aéreo y, aún más importante, a la seguridad del público general. Una de las funciones soberanas del Estado es la de garantizar la seguridad de su población y su territorio. Por lo tanto, corresponde a los Estados y sólo a ellos (fomentando en todo momento, por supuesto, la armonización con Eurocontrol) el cumplimiento de esta tarea.

Foster (PPE-DE).
Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a nuestros ponentes, el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte, y también al ponente alternativo, Sr. Schmitt, por el gran trabajo realizado en la elaboración de un complejo y detallado informe.
No obstante, me gustaría plantear una serie de cuestiones que aún no han sido abordadas, en especial por la Comisión. El sector aeronáutico no puede mantener la pérdida de 4.000 millones de dólares estadounidenses a causa de los retrasos en toda Europa, y reconozco que quedarnos de brazos cruzados no es de recibo.
Pero a pesar de todo, como suele decirse, el problema está en el detalle. Las propuestas presentadas podrían comportar una duplicación de los esfuerzos y medidas en materia de reglamentación de cara a los Estados miembros o a la totalidad de Eurocontrol, que en la actualidad abarca 31 países. Es más, existe un riesgo real de dañar o destruir los sistemas paneuropeos existentes que funcionan a plena satisfacción de todos, únicamente porque hay que situarlos de pronto en el contexto de la Unión Europea. Me refiero en particular a la propuesta de la Comisión de restablecer las tarifas de ruta de Eurocontrol y los sistemas de gestión central del flujo. También pondría en tela de juicio la creación de un organismo consultivo del sector, ya que supondría una duplicación innecesaria del sistema existente.
Es nuestro deber mirar más allá de nuestras fronteras y emprender acciones y medidas coherentes y efectivas para mejorar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento de la gestión del tráfico aéreo, que no nos conduzcan a una sistema de dos niveles, poniendo así en peligro el actual modus operandi. Además, no podemos ignorar la inquietud sincera de muchos Estados miembros en relación con las dimensiones militares del cielo único, ni la cuestión de la soberanía.
El 6 de julio de 2000, durante el debate inicial en esta Cámara, informé a la misma de que el 44% de los retrasos y el 30% de los embotellamientos se concentraban en sectores que sobrevuelan zonas al norte y al sur y que incluyen a Suiza, Francia, Italia, España y partes de Alemania. También señalé que era improcedente utilizar a Eurocontrol de chivo expiatorio. Un cielo único no solucionará todos nuestros problemas de congestión si estos Estados miembros y Suiza no realizan un esfuerzo conjunto por resolver sus propias deficiencias.
Finalmente, tanto las líneas aéreas como los aeropuertos también tendrán que revisar detenidamente sus prácticas, ya que demasiado a menudo son responsables de un alto porcentaje de los retrasos sufridos.
Este informe ha recorrido un largo camino y, de nuevo, debemos dar las gracias a los ponentes. Pero aún no hemos logrado nuestro objetivo. Espero que este punto se aclare más y mejor una vez se haya reunido el Consejo.

Wiersma (PSE).
Señor Presidente, en este debate no se discute sólo el tema de la seguridad o la eliminación de los retrasos mediante una mayor cooperación a escala europea. En mi opinión, este debate tiene al mismo tiempo una dimensión política internacional. A pesar de que la cooperación constituye uno de los pilares de la UE, representa igualmente uno de sus puntos débiles. Resulta útil llegar a acuerdos acerca de normas europeas que regulen la aviación, incluyendo la utilización del espacio aéreo. No obstante, el fallo radica en el modo en que esto se lleva a cabo: lentamente y con un gran número de reservas por parte de los Estados nacionales.
Tal y como pone en evidencia el protocolo de Kioto y todo el asunto relativo a la Corte Penal Internacional, la Unión Europea trata de imitar a los Estados Unidos en el plano internacional. Los norteamericanos suelen provocarnos para que discutamos entre nosotros y, a menudo, no somos capaces de oponer resistencia alguna. El expediente de aviación es un caso ilustrativo.
Si comparamos la Unión Europea con los Estados Unidos, queda patente que la organización en aquel país es superior y el hecho de que aquí todavía queda mucho por hacer. El debate y el informe Fava muestran al mismo tiempo que todavía no se ha llegado ni mucho menos a un acuerdo sobre la utilización del espacio aéreo y las normas para el control del tráfico aéreo. Una discusión sobre este tema resulta innecesaria en los Estados Unidos, ya que dispone de una autoridad para la aviación. Por lo tanto, opino que es importante, en vista de este debate, realizar un rápido avance y establecer un sistema, un conjunto de normas, que constituya la base para un espacio único, en lugar de disponer de quince reglamentos diferentes a los que se otorgue un denominador común europeo de cualquier tipo.
Para terminar, me gustaría añadir un comentario acerca del informe de la Sra. Maes, admitiendo que éste es excelente. Considero positivo el hecho de cerrar por fin este expediente. Su desarrollo se ha prolongado durante bastante tiempo, debido en parte a la cuestión de Gibraltar. Existen riesgos en relación con las aeronaves de terceros países, generalmente derivados de la antigüedad de los mismos. Son riesgos que no admiten justificación alguna y que afectan incluso a los aeropuertos de la UE en los que los pasajeros suben a dichos aviones. Por consiguiente, apruebo la creación de un sistema de inspección y doy las gracias nuevamente a la Sra. Maes por su excelente informe.

Cauquil (GUE/NGL).
Señor Presidente, la introducción de la competencia en los servicios de navegación aérea no reducirá los retrasos de los vuelos, ni armonizará los cielos europeos, tal y como proclama la Comisión.
De hecho, la competencia agravaría estas dificultades, ya que obstaculiza la cooperación. La aplicación de criterios de productividad a lo que es sencillamente una cuestión de rentabilidad comercial no puede mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios del transporte aéreo. Y, lo que es más importante, el ataque al carácter integrado y público de los servicios de control del tráfico aéreo y, por consiguiente, la ruptura de la cadena de seguridad que este servicio proporciona, sólo aumentará los riesgos. Por desgracia, el desastre aéreo acontecido en el lago de Constanza el pasado mes de julio constituyó un trágico recordatorio de este punto.
La postura que adoptan los controladores aéreos al rechazar el proyecto denominado del «Cielo Único» y los riesgos que éste conlleva es acertada, un mensaje que se reafirmó durante la huelga de este sector que tuvo lugar el pasado 19 de junio en toda Europa.
Mis colegas, la Sra. Laguiller y la Sra. Bordes, y yo, condenamos la disolución -planeada por la Comisión- de este servicio público en vistas a transferirlo a la codicia privada. Los accionistas de las compañías aéreas, de la industria aeronaútica y del sector de las tecnologías de la información se encuentran ya calculando los beneficios que obtendrán de dicha disolución. Si despojamos el proyecto de los pretextos presentados por la Comisión, la realidad de este proyecto resulta demasiado evidente.
Por lo tanto, rechazamos rotundamente el proyecto, y votaremos en contra de los informes Fava y Sanders-ten Holte, puesto que la privatización y la búsqueda de beneficios son peligrosas e incompatibles con el progreso, con la preocupación por la seguridad, así como con la posible y necesaria renacionalización de las actividades humanas, tanto en el cielo como en la tierra.
Titford (EDD).
Sr. Presidente, cuando mi colega habló del cielo único europeo en julio de 2000, le dio las gracias al entonces ponente, Sir Robert Atkins, por hacer un regalo al movimiento euroescéptico del Reino Unido. Desde entonces, la prensa eurófila británica, especialmente el dominical nacional The Observer, ha sacado provecho de la trágica colisión reciente entre el avión suizo y el ruso. Un periodista llegó a sugerir que la ausencia de un sistema unificado era en parte responsable del accidente. Sin embargo, la cuestión no es el control del espacio aéreo. Ya existe un sistema unificado a través de Eurocontrol. Durante 42 años, Eurocontrol se ha dedicado a coordinar los movimientos aéreos en 30 países, la mitad de ellos fuera de la Unión Europea. La cuestión real es una batalla tan antigua como las mismas Comunidades: la batalla entre el supranacionalismo y el intergubernamentalismo.
El sistema de Eurocontrol está basado en una control intergubernamental; la directiva marco del cielo único europeo es puro supranacionalismo. La Comunidad quiere mantener una parte del sistema bajo control supranacional. Quiere hacerse con el control de las relaciones de los Estados miembros con Eurocontrol, acercándose de ese modo a su ambición de llegar a ser lo que Monnet calificó de gobierno europeo. Ese es el verdadero plan.
Por tanto, quisiera recordar, en especial a mis colegas británicos, que si votan a favor de esta medida, están votando por la integración política.

Cocilovo (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias y la enhorabuena a la Comisión por su iniciativa, tal y como ya han hecho otros diputados. Asimismo, me gustaría agradecer la labor realizada por los ponentes y los órganos parlamentarios en relación con este complejo asunto, al cual se debe aplicar, en mi opinión, el principio de flexibilidad citado frecuentemente.
Quiero dar las gracias también a la Comisaria y Vicepresidenta de la Comisión porque, en este caso, al introducir un pequeño cambio formal en el procedimiento, ha anticipado la postura que adoptará la Comisión sobre las enmiendas al final del debate. Esto nos ha permitido, a pesar de la complejidad del asunto, especificar algunas de las razones que justifican la importancia que concedemos a las enmiendas y sacar a relucir, precisamente, los puntos más delicados y esenciales del debate.
La iniciativa del cielo único es positiva por las razones mencionadas anteriormente por todos los oradores, las cuales no volveré a repetir para ahorrar tiempo y espacio. Los principios rectores son la seguridad, la eficacia y la puntualidad, según palabras de la Comisaria. Por este motivo, aunque hemos decidido no hacer referencias explícitas y aisladas al carácter económico de los puntos tratados en algunas enmiendas, esto no significa que no seamos conscientes de su importancia, sino que preferimos evitar seguirle el juego a aquellos que han considerado el proceso negativo desde el principio. Se suele decir que no debemos desechar al bebé junto con el agua del baño, pero en este caso hay gente que ha intentado, desde el principio, ensuciar el agua precisamente para que el bebé se vaya con ella, y nosotros queremos evitarlos.
Lo mismo se aplica al tema de la cooperación entre las autoridades civiles y militares. Puede que las soluciones propuestas hoy aquí no resuelvan el problema pero lo único seguro es que nunca se resolverá si no le hacemos frente. La cuestión se complica nuevamente con respecto a las relaciones con Eurocontrol y el respeto de las soberanías nacionales a la hora de redefinir los espacios aéreos funcionales, y existen soluciones potenciales que pueden perfeccionar el trabajo positivo realizado hasta ahora.

Watts (PSE).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes por su labor y recordar a todos los colegas que las cuestiones reales, los tres principios rectores que deben servir de piedras de toque de estas propuestas, deben ser la seguridad, la sostenibilidad medioambiental y los derechos del consumidor. Los sistemas actuales de control del tráfico aéreo en Europa están viviendo de prestado y los trágicos sucesos de este verano así lo demuestran. La Sra. Maes tiene toda la razón cuando dice que en un plazo de 20 a 30 años podríamos ser testigos de una tragedia importante en la aviación cada semana, a menos que emprendamos de inmediato alguna acción al respecto.
El cielo único europeo y las propuestas de inspecciones a aeronaves que no pertenezcan a países de la Unión Europea son contribuciones importantes para convertir nuestros cielos en un lugar seguro. Pero también debemos tener en cuenta el medio ambiente, especialmente en esta semana de la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo. Cada día se gastan millones de litros de combustible y se producen emisiones innecesarias debido a los retrasos en la aviación y a las aeronaves que cruzan los cielos europeos. Un cielo único supondrá una importante contribución a reducir la contaminación, las emisiones y el consumo de combustible fósil.
Finalmente, no olvidemos los derechos de los consumidores. Uno de cada tres vuelos en Europa sufre retrasos. El coste humano es incalculable: miles de vacaciones familiares se han visto frustradas este verano, con gente esperando largo tiempo y pasando calor en aeropuertos anticuados. Los negocios no marchan y se retrasan.
Espero que esta propuesta reciba un amplio apoyo. Estoy satisfecho de que la Comisaria sea suficientemente ambiciosa como para decir que deberíamos observar un adelanto significativo en 2004. Al igual que el Sr. Fava, mantengo la postura optimista de que cumpliremos ese plazo. Es una pena que el Consejo no esté presente para responder a nuestras inquietudes y a nuestras peticiones de acción inmediata, porque la Comisaria ha hecho lo que tenía que hacer. Y nosotros también. Ahora le toca al Consejo.

Miranda (GUE/NGL).
Señor Presidente, no tenemos nada en contra del proyecto del cielo único destinado, tal y como se proclama, a reforzar los niveles de seguridad en el espacio aéreo europeo mediante la coordinación de directrices y acciones, y a través de la armonización de normas. Sin embargo, este no es, objetivamente, el motivo verdadero de esta propuesta de la Comisión. Por cierto, los problemas de seguridad o incluso los retrasos no se encuadran dentro del ámbito del control del espacio aéreo. Y, a decir verdad, la propuesta introduce pocos aspectos nuevos en el campo de la seguridad. Algunas de las directrices que contiene podrían, de hecho, poner en duda incluso las normas de seguridad máximas que proclaman como objetivo que se pretende alcanzar: esto hace referencia a la apertura del mercado de servicios auxiliares, dada la prioridad asignada a la mejora de los resultados, lo que podría originar una reducción de los gastos destinados a personal y equipos. Asimismo, esto se aplica a la transformación de bloques geográficos en bloques económicos, entre los cuales surgirá la tendencia a competir, lo que afectará negativamente a la seguridad.
No obstante, son otros aspectos de la propuesta los que verdaderamente nos preocupan, así como algunas de las enmiendas introducidas en la comisión parlamentaria competente. Me refiero concretamente a la intención de transferir la definición de «bloques funcionales» de los Estados miembros a la esfera comunitaria. Puesto que este tema ha sido y sigue siendo una cuestión correspondiente al foro sobre administración territorial, en virtud de los Tratados y las constituciones de algunos países, concretamente el mío propio, debe atribuirse a la competencia exclusiva de los Estados miembros. No existe, por tanto, base legal alguna para proponer lo que aquí se propone. Particularmente, no existe base legal según los términos adoptados en la comisión parlamentaria, que refuerza el papel de la Comisión como autoridad de última instancia.
De hecho, este asunto cobra especial importancia dada la participación de la esfera militar. Resulta inaceptable que se trate de subordinar el control del espacio aéreo militar y, en general, que se intente definir nuevos «bloques funcionales» sin considerar la decisión competente de los Estados miembros. Por lo tanto, creemos que la postura adoptada recientemente por el Consejo a la hora de analizar este asunto es bastante sensata.
Estas cuestiones (entre otras, como las relativas a la movilidad de los controladores) han captado toda nuestra atención y han provocado la presentación de un conjunto de propuestas de enmiendas. Éstas, en caso de ser aprobadas, se podrían incorporar a otras enmiendas, ya adoptadas en comisión, que han perfeccionado algunos aspectos de la propuesta inicial de la Comisión. Se trata de la idea de que los servicios de control del tráfico aéreo son un asunto de interés general; la ausencia de participación anterior de los agentes sociales en el proceso; la posibilidad ya aceptada de que la utilización y gestión de los servicios de control del tráfico aéreo siga perteneciendo a la esfera pública; y, finalmente, el compromiso de fomentar la cooperación con Eurocontrol. No obstante, repito que las cuestiones mencionadas al comienzo de mi intervención resultan esenciales para la evaluación final de esta propuesta.

Rack (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, los tres informes presentados -por el Sr. Fava, la Sra. Sanders-ten Holte y la Sra. Maes- fueron aprobados en comisión por amplia mayoría. Los diputados han llamado justamente la atención sobre los objetivos que alcanzará el proceso legislativo actual en su desarrollo hacia el cielo único. Todo esto, incluido el agradecimiento a la Comisaria y los ponentes, merece nuestro apoyo.
Sin embargo, tal y como ya han afirmado varios diputados, todavía queda un largo camino que recorrer hasta las soluciones ideales. Aquellos que no estén dispuestos a admitir esto deberían, por un instante, ponerse en el lugar del público. La visión de nuestros ciudadanos sobre el tema de «volar en Europa» es mucho menos optimista, especialmente la de aquellos que, como sucede frecuentemente, se ven obligados a desplazarse por aire. Consideran que el transporte aéreo en Europa es seguro, lo cual resulta positivo. Y puede seguir siendo así, a pesar de que también en este aspecto se pueden introducir mejoras. No obstante, los usuarios creen, ante todo, que el transporte aéreo resulta extremadamente caro. Con el importe de un vuelo de Graz, mi cuidad natal, a Bruselas, podría volar a Los Ángeles o Kuala Lumpur. Resulta bastante evidente que esto es desproporcionado.
Asimismo, hay cada vez más retrasos. Teniendo en cuenta la alta velocidad de los vuelos actuales, resulta que pasamos más tiempo esperando en los aeropuertos y, desgraciadamente, ocurre en numerosas ocasiones que ni siquiera llegamos a volar. Las huelgas, especialmente justo antes de las vacaciones, nos recuerdan hasta qué punto hay gente que, cuando se plantea el tema de la seguridad del transporte aéreo, se preocupan por sus propios intereses antes que por el interés público. Desde este punto de vista, no sólo deberíamos alabar los logros alcanzados sino que, además y especialmente, deberíamos trabajar sobre la base de que puede resultar preciso introducir mejoras posteriores en los avances iniciales. De este modo, al imponernos normas más exigentes, conseguiremos garantizar una seguridad más reforzada en el espacio aéreo y unas condiciones más adecuadas en el transporte en Europa. Todavía queda mucho por hacer.

Poignant (PSE).
Señor Presidente, Comisaria, esta propuesta resume bastante bien nuestro enfoque. Nuestro punto de partida es un problema conocido, los retrasos de 1999, aun cuando aquel fue un año excepcional debido a la guerra de Kosovo y los cambios de las rutas de vuelo. Cuando surge un problema, nos volvemos espontáneamente hacia uno de los temas favoritos del Parlamento, a saber, la competencia. Pronto o tarde tendremos que erigir un monumento a la competencia. Los limites de ésta se alcanzan muy rápidamente cuando la seguridad de los pasajeros está en juego, y estos límites que, afortunadamente, aparecen por lo general en los borradores de textos, son responsabilidad de los Estados miembros. Los controladores del tráfico aéreo son, esencialmente, el equivalente a un policía en el arcén de una carretera, a un capitán pilotando un buque al puerto, y nunca podemos hacer tratos a su costa. Además, cada Estado miembro es libre a la hora de seleccionar quién proporciona sus servicios de navegación aérea, y la normativa debe prevenir contra los casos en los que los negocios públicos o privados afecten a las misiones de interés general. Se ha presentado una enmienda en este sentido.
El espacio aéreo es utilizado no sólo por los civiles sino también por los militares, y por tanto la cooperación entre ambas partes es necesaria. Quisiera señalar que esta cooperación, para el ejército, recae más en lo intergubernamental que en el pilar comunitario y, en este caso, el Comité del Cielo Único no responde a la pregunta. Además, los quince no están solos; hay otros países. Usted nos dijo que van a ingresar en Eurocontrol el mes próximo y este es un paso positivo. Ahora debemos esperar a los próximos acontecimientos.
Hay más límites -y terminaré en este punto-, ya que el control aéreo es una entidad única que no podemos dividir o cortar en porciones. Los servicios implicados en la prestación de control aéreo no pueden disociarse. Espero que el resultado de nuestra votación tendrá en cuenta toda esta información. Dicho esto, nuestros colegas diputados han realizado un buen trabajo y les agradezco por escuchar atentamente lo que hemos dicho.

?orakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, existe el riesgo de que el cielo abierto que se pretende crear con la Directiva propuesta se convierta en una pesadilla de seguridad para millones de pasajeros. Los problemas del transporte aéreo, la competitividad y la eficiencia se están utilizando de tapadera para la total liberalización del mercado en este sector, para aumentar los beneficios de las grandes empresas y, al mismo tiempo, para emprender un brutal ataque a la seguridad de las aeronaves, a la independencia nacional y al potencial de desarrollo de los Estados miembros, especialmente de los Estados miembros menos desarrollados y de las zonas más remotas.
Y esto no es todo. El cielo abierto propuesto, como se admite abiertamente, se usará para atender a los planes militaristas y antipopulares de los belicistas de la OTAN y la Unión Europea. Al mismo tiempo, la misma naturaleza del servicio de transporte cambiará, pasando de ser un servicio en beneficio de las personas a ser una manera de incrementar los beneficios de las grandes empresas. Los efectos adversos de esta Directiva serán muchos y variados, especialmente para Grecia, un país con cientos de islas, con zonas que están entre las menos desarrolladas de la Unión y con serios problemas de defensa y seguridad.
Por estas razones nosotros, trabajadores y consumidores, nos oponemos a esta Directiva. Luchamos por compañías aéreas nacionalizadas que alcancen altos niveles de calidad y seguridad y que estén integradas en un programa de desarrollo nacional diseñado para servir a las personas, no a las grandes empresas.

Lisi (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisaria, yo, al contrario, doy la bienvenida con satisfacción a la adopción hoy de este paquete de medidas, y si tenemos algún motivo del que lamentarnos, es de que haya llevado tanto tiempo en conseguirse: hemos malgastado 10 años por esta confrontación entre España y el Reino Unido -que ni siquiera estaba basada en hechos históricos-, pero eso ya no tiene remedio. Hoy, finalmente, se abre ante nuestros ojos un nuevo horizonte.
Tengo que decir que, en cualquier caso, un buen número de dificultades se han debido a que el expediente era y es en sí mismo complejo, y su aprobación no ha estado precisamente carente de obstáculos. Los efectos de esa complejidad se han sentido incluso hoy en este Parlamento, aunque está claro para todos que hay muchas justificaciones económicas, de seguridad, medioambientales y de protección al consumidor para elaborar este paquete de medidas: hemos visto la cantidad de retrasos, el nivel de congestión del tráfico aéreo, los costes de la congestión y las dificultades para la creación de nuevo espacio aéreo en términos de seguridad. A pesar de que todos podemos ver que existen razones más que excelentes por las que necesitamos este paquete de medidas, hoy todavía se han puesto reparos y éstos han adoptado diversas formas: la referencia bastante insólita a la soberanía de los Estados, la cooperación con las autoridades militares, que de repente se ha hecho tan vital -yo estoy particularmente sorprendido de ver a la extrema izquierda mostrar tal deferencia hacia las autoridades militares- y la confusión entre liberalización y privatización. Todas estas objeciones que, a mi juicio, en realidad encubren una cierta resistencia y el deseo de mantener el status quo, el deseo de no cambiar, que es exactamente lo contrario de lo que nuestros ciudadanos están demandando de nosotros.
Comisaria, hay muchas áreas en las que Europa necesita dar un paso atrás más que adelante, en las que no debe asumir las funciones y competencias de los Estados miembros, pero ésta no es una de ellas. Nuestros ciudadanos reclaman esta iniciativa, y por tanto ustedes deben seguir adelante con resolución y proporcionarnos un cielo único en el que todo el mundo pueda viajar con seguridad y sin inquietud.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, esta cuestión demuestra perfectamente la necesidad de una entidad como la Unión Europea. Ningún Estado miembro por sí solo puede resolver efectivamente los problemas de control del tráfico aéreo o de seguridad aérea. Tenemos una Unión en la que no sólo cooperamos como Estados, sino que también compartimos nuestra soberanía y nuestra legislación en interés de nosotros mismos como Estados miembros individuales y de toda la población de la Unión Europea. Este es un buen ejemplo de cómo podemos hacerlo efectivamente. Que no es lo mismo que decir que esta sea una propuesta perfecta, pero es un paso adelante en la dirección correcta.
Nadie duda de que necesitamos que exista interoperabilidad entre nuestros sistemas de control del tráfico aéreo; necesitamos una mejor integración y equipos mejores y más comunes, además de la adecuada formación del personal. Es preciso que intentemos restablecer no sólo el placer de volar, sino también la sensación de seguridad que se tiene cuando uno aborda un avión y viaja de un sitio para otro.
En nuestra calidad de diputados de este Parlamento, volamos por motivos de servicio; estamos constantemente en el aire. Soy consciente de que, en los últimos años, el placer de ir a un aeropuerto y embarcar en un avión se ha visto mermado, no sólo por los retrasos ocasionados por el control del tráfico aéreo y a la falta de espacio, etc., sino también por los retrasos en los aeropuertos, la recogida de equipajes y la seguridad, aunque bien se puede a alegar que la seguridad es necesaria.
Asimismo me complace el carácter de servicio público de Eurocontrol. Es importante tener en cuenta que esta es una cuestión que no puede dejarse en manos de la empresa privada. La normativa debe mantenerse gracias a un fuerte elemento de servicio público.
Finalmente, en cuanto a los principios que aplicaría en este sector, la seguridad es la principal prioridad, la sostenibilidad medioambiental la segunda y la eficiencia la tercera. Es importante tenerlos en cuenta para seguir adelante con esta propuesta.

Vatanen (PPE-DE).
Señor Presidente, señora de Palacio, Señorías, hemos estado oyendo aquí una vez más toda clase de razones por las que puede que no seamos capaces de adoptar una solución europea única con respecto al uso del espacio aéreo. Las razones aducidas han reflejado a menudo lo que parecerían inquietudes sobre la seguridad, pero en realidad todo tiene que ver con el egoísmo y con el hecho de que queramos mantener el status quo.
Es difícil imaginar un proyecto más sensato y más lógico que el uso racional y coordinado del espacio aéreo europeo, especialmente cuando su uso y el número de pasajeros van a aumentar a partir de ahora. ¿Por qué una aeronave en vuelo de Helsinki a Atenas o de Varsovia a Dublín zigzaguea sobre Europa y el piloto tiene que repetir muchas veces las mismas cosas? Este vuelo debería verse como un único uso del espacio aéreo.
El resultado de los procedimientos actuales son los retrasos. Los parlamentarios finlandeses no vuelan ya más de Helsinki a Estrasburgo vía Paris porque los vuelos tienen a menudo retrasos o son cancelados, o se pierde el equipaje. Ahora volamos directamente a Francfort o Zúrich y después viajamos por carretera durante tres horas. Esto es mejor que usar los servicios de tráfico aéreo europeos.
Es también un sistema muy caro. En los Estados Unidos, como todos bien sabemos, pueden operar el doble de vuelos por la misma cantidad de dinero. ¿Quién paga la factura en la sociedad cuando actuamos de una manera ineficiente? Siempre los desfavorecidos. Los ricos pueden permitirse buscar una alternativa.
Es también un sistema vulnerable. Con toda seguridad el trágico accidente acontecido en Suiza no se debió a que los equipos fueran malos o a que no hubiera suficiente personal de servicio. Tenemos que plantearnos esta cuestión: ¿por qué Suiza, un pequeño país, tiene su propio espacio aéreo? Si un modus operandi basado en las fronteras internacionales es el correcto, deberíamos establecer centros en Andorra, San Marino y el Vaticano. En realidad, el Vaticano ya es una especie de centro de control de tránsito aéreo celeste, digamos que espiritual. Allí nos recuerdan que el cielo nos pertenece a todos, que es algo que todos compartimos.

Vairinhos (PSE).
Señor Presidente, Comisaria, ponentes para el fondo y de opinión, la necesidad de una normativa que construya un espacio aéreo verdaderamente integrado es ampliamente reconocida. La situación actual se caracteriza por la existencia de varios sistemas de prestación de servicios, implementados por unos cincuenta centros de control del tráfico aéreo, con dos docenas de sistemas de gestión diferentes y 70 lenguajes de programación informática. ¡Esto es absurdo!
Existe una auténtica necesidad de enmendar y legislar, que implique la armonización necesaria, que también puede extenderse a la formación de los controladores aéreos. En este punto me gustaría hacer un inciso: yo fui controlador aéreo durante mi servicio militar y soy muy consciente de las dificultades causadas por la falta de coordinación entre el espacio aéreo controlado por los militares y el controlado por las autoridades civiles. La cuestión de la normativa es de suma importancia, y en esta propuesta de un paquete de cuatro reglamentos para el cielo único europeo, la necesidad de poder e independencia de Eurocontrol, una de cuyas principales funciones es la de un servicio público concebido para garantizar la seguridad del espacio aéreo es, por tanto, indiscutible. Sin embargo, la cuestión que se plantea inevitablemente es el tema de la creación de bloques funcionales de espacio aéreo transfronterizo. También vale la pena hacer transparente lo que esos bloques son y a para qué sirven. Estos bloques tienen que crearse con el acuerdo de los países implicados; pues de lo contrario se vulnerarían con toda seguridad las constituciones de algunos Estados miembros.
Para terminar, la seguridad debe ser la preocupación principal de todas las partes implicadas en establecer el cielo único europeo, seguida de consideraciones medioambientales y de eficacia.

Jarzembowski (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, me gustaría comenzar disculpándome por mi ausencia al inicio del debate, ya que he llegado a Estrasburgo esta mañana. Todas las cosas que hemos visto en detalle, en realidad pienso que deberían darnos razones para alegrarnos esta mañana, puesto que hemos avanzado enormemente, incluso cuando nos haya costado tres años hacerlo. La Comisión dijo en su primera intervención -que fue en el verano de 1999- que un sistema único de control del tráfico aéreo es un problema típicamente europeo, que debemos abordar a la manera europea. Entonces la Vicepresidenta creó un grupo de trabajo de alto nivel. Nosotros, los diputados del Parlamento Europeo, no estábamos del todo satisfechos con esto, pero era la medida correcta que había que tomar en el sentido de que ella estaba intentando asumir las inquietudes de los Estados miembros, que temían una centralización mal fundamentada. Era por tanto correcto establecer un grupo de trabajo de alto nivel, que remitió su informe en el año 2000. Después, en 2001, la Comisaria expuso las propuestas de directivas. Hoy, tras una serie de buenos debates en comisión, el Parlamento tiene que completar la etapa de la primera lectura, lo que significa que hemos hecho grandes avances en tres años y deberíamos simplemente alegrarnos de ello.
En segundo lugar, quedan algunas diferencias filosóficas, y aunque esto es natural, permítanme hacer unas reflexiones sobre ellas. Yo creo que hay suficientes ejemplos que demuestran que el control del tráfico aéreo militar y civil pueden ser integrados y acoplados, volviéndose por tanto más efectivos, teniendo en cuenta los intereses de la seguridad militar. Esta antítesis entre el control del tráfico aéreo militar y su homólogo civil es algo que debemos superar. Por otro lado, deberíamos reiterar con énfasis que somos demócratas, y que democracia significa que es el Gobierno, controlado por el Parlamento, el que tiene que llegar a una decisión. De ahí que Eurocontrol sea, al fin y al cabo, algo con lo que no podemos contemporizar. Eurocontrol es un conjunto de funcionarios cuya competencia técnica y función de prestación de servicios en sectores específicos reconocemos, pero es la Unión Europea, la Comisión, quien debe ejercer una función legisladora, y debe ser controlada por nosotros, ya que nosotros somos los responsables de las legislaciones promulgadas por el Estado. Señora Vicepresidenta, quizás podría decirnos usted en su respuesta el resultado que ha alcanzado el Consejo. Con el grupo de trabajo de alto nivel, usted dio al Consejo todas las oportunidades, y aún así fue capaz de entablar negociaciones en paralelo. ¿Podemos estar seguros de que el Consejo ultimará el expediente con una posición común para Navidades? Tan sólo si lo hace podremos alcanzar el objetivo en 2004.
Savary (PSE).
Señor Presidente, Comisaria, me gustaría en primer lugar decir que yo también estoy personalmente implicado en la implementación del proyecto de cielo único por tres razones. La primera tiene que ver con la racionalización de la capacidad y todos estamos de acuerdo en este punto dado el auge del tráfico aéreo. La segunda es la introducción de altos niveles de seguridad, particularmente antes de la ampliación, y esto, desde mi punto de vista, es un aspecto muy importante. La tercera y última razón es la transformación del consenso de Eurocontrol en normativa comunitaria. Estos tres factores revisten una importancia bastante alta.
Este es un asunto difícil porque comenzó de una forma incorrecta, a causa de dos errores iniciales cometidos por la Comisión, que antes que nada lo quiso presentar como un juego de poder entre la Comisión y Eurocontrol y que también se ha inclinado excesivamente ante la presión de las líneas aéreas en vista de la comercialización de los servicios de control. Pero la Comisión ha presentado una segunda propuesta que yo creo que supone un cambio considerable, con la participación de Eurocontrol, el reconocimiento de los servicios de interés general de los servicios de control del tráfico aéreo, su carácter de monopolio natural y, por encima de todo, el hecho de que los Estados miembros estén integrados en un cielo único y tendrán algo que decir en la forma en que opera la normativa.
También creemos que quedan todavía tres cuestiones a las que hay que responder. La primera de todas, los servicios auxiliares son todavía muy vagos: a veces hay una concepción muy restringida, otras, hay una noción amplia de estos servicios. Sin embargo yo no creo, como muestra el desafortunado ejemplo de lo ocurrido con los ferrocarriles en el Reino Unido -y debemos aprender lecciones de ello- que debamos romper la cadena de control en un grado muy alto. El radar, la radio y las tecnologías de la información son los ojos y los oídos de los controladores aéreos. Hemos visto, desgraciadamente, lo que puede suceder cuando no existen. Esto no significa que un servicio integrado sea infalible, pero significa que hay, probablemente, un grado mínimo en que los servicios pueden ser integrados y quizás incluso uno máximo, que podemos mantener.
En segundo lugar, parece que la interacción entre Eurocontrol y la Agencia Europea de Seguridad Aérea no está clara. La Agencia no se menciona en los proyectos, pero verá la luz y será necesaria una clarificación.
Por último, hay una feroz oposición a la atribución de bloques de espacio aéreo y debemos vencer esta oposición. De hecho, si cada Estado miembro puede escoger su proveedor, y dos Estados miembros no se ponen de acuerdo en el mismo, no se dice nada sobre cómo resolver el conflicto. Debemos por tanto proponer enmiendas para clarificar este punto, y espero que sean aprobadas.

Ebner (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar expresando mi gran satisfacción por el hecho de que este debate esté teniendo lugar hoy y de que hayamos alcanzado esta fase. Considero que se lo debemos agradecer, en particular, a la Comisaria de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión, que está aquí presente hoy. Este resultado se ha alcanzado gracias a su perseverancia, y a la contribución de muchos otros, incluido el Parlamento Europeo. Como he dicho, esto me causa una gran satisfacción. Espero que, de la misma forma que ella ha tenido éxito a la hora de vencer una resistencia tan grande, también será capaz de vencer la resistencia opuesta por el Consejo y llevará a su conclusión con éxito el proyecto dentro del margen de tiempo establecido.
En particular, me gustaría decirles que en el pasado he señalado repetidamente a la Comisión que no se deje apartar de su camino por una élite privilegiada como la de los controladores aéreos que, tengo que decir con tristeza, está más interesada en conservar su condición privilegiada que en hacer una contribución práctica a la seguridad del conjunto de la población de la Unión Europea. Tristemente, hemos tenido pruebas en el pasado de la negligencia y la escasa disciplina de los controladores aéreos, que ha ocasionado muchas víctimas, y el hecho de que esto se deba en parte a la inexistencia de un espacio aéreo único muestra cuán importante y necesario es resolver este asunto sin dilación.

De Palacio
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los responsables de los informes y a todos los que han intervenido en este debate, que me ha resultado interesantísimo.
Quiero agradecer a la Sra. Maes su informe sobre el control de las aeronaves de terceros países, que ha suscitado el apoyo prácticamente unánime de esta Cámara, y que permitirá reforzar la seguridad general en la Unión Europea, garantizando, no sólo la situación de las aeronaves de la Unión, sino también las de terceros países, muy especialmente las de los países más vecinos, los de Europa del Este, que son con los que tenemos más relación.
Por lo que se refiere a los otros informes, del Sr. Fava y de la Sra. Sanders-ten Holte, sobre el cielo único, quisiera, para concluir, hacer unas cuantas reflexiones:
Primero, la propuesta "cielo único", evidentemente, no va a acabar con todos los retrasos. Pero el 50% de los retrasos en el sector aéreo tiene su origen en problemas de gestión del tráfico aéreo, y la propuesta "cielo único", claramente, va a mejorar la gestión del tráfico aéreo y, por lo tanto, va a mejorar ese 50% de retrasos.
Segundo, lo que se pretende, sencillamente, es la racionalidad del espacio aéreo, armonizando reglas, armonizando sistemas, introduciendo la interoperabilidad y poniendo sencillamente en red -en esta era en que todo está en red- los sistemas de control aéreo en todos los países de la Unión. Se termina así con un sistema compartimentado, fragmentado, que, lejos de ser un elemento de seguridad, es un elemento de falta de seguridad. La puesta en red, la integración de los sistemas, el facilitar a la industria mayores posibilidades para avanzar tecnológicamente es una aportación al aumento de la seguridad.
No quiero hacer demagogia ni utilizar tragedias, pero les quiero decir una cosa: en el terrible accidente que se produjo este verano, los controladores aéreos alemanes se dieron cuenta de lo que iba a pasar, pero no estaban en red, ni integrados con los controladores aéreos suizos, y tuvieron que ir a un teléfono para llamar al control aéreo suizo y no pudieron conectar. No puedo garantizar que con el cielo único en marcha se hubiera evitado ese accidente, no lo sabemos. Lo que sí les puedo asegurar es que se habría facilitado el poder evitarlo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Estamos introduciendo, no sólo más racionalidad, sino mayor seguridad, como es el objetivo de esta iniciativa.
A partir de ahí - fecha, 2004 - hay que mantenerse en este objetivo y - recojo lo dicho por el Sr. Jarzembowsky, por el Sr. Ripoll y por otra serie de oradores - hay que exigir al Consejo una solución rápida. Confío en la Presidencia danesa para impulsar este dossier, que sé que es una de las prioridades en el terreno del transporte y, muy especialmente del transporte aéreo.
Eurocontrol. Señorías, nadie pretende ni duplicar las acciones de Eurocontrol ni anular Eurocontrol. Pero hay que saber que Eurocontrol no tiene las capacidades que ofrece el método comunitario para llevar a cabo sus acciones. Quiero que sepan que Eurocontrol lo único que hace es coordinar los vuelos a priori. En el momento operativo, cuando los aviones están funcionando, la operatividad del control aéreo de esos vuelos recae en las autoridades nacionales correspondientes basándose en una coordinación genérica que se ha hecho previamente desde Eurocontrol.
De lo que estamos hablando es de que en tiempo real, en esa realidad de vuelo, haya esa integración y esa armonización de sistemas que refuerce el control. Por lo tanto, lo que hacemos es reforzar la seguridad y no quitar competencias a un organismo ya existente. Porque ese organismo, insisto, no tiene esas capacidades, no dispone del método comunitario, que hace que lo que aquí acordamos (Comisión, Consejo y Parlamento) sea regla de obligado cumplimiento, exigible ante los tribunales por parte de todos los países de la Unión.
Privatización. Estoy harta de repetir lo mismo. No sé si hay desconocimiento o mala fe. Léanse lo que dice el texto, no lean algunos panfletos de algún sindicato. Aquí no hay ninguna privatización. El control del tráfico aéreo es un monopolio natural que tiene que estar regulado. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia que establece claramente que ese control está fuera de las normas de competencia. También figura en los Tratados que la realización concreta de esa actividad y la fórmula que se adopte para llevarla a cabo compete a cada Estado. Nosotros, lo que no vamos a hacer es cambiar el Tratado a través de una Directiva. Señorías, seamos un poco conscientes de cuáles son nuestros límites. Claramente es un monopolio de hecho, claramente el Tribunal de Justicia se ha pronunciado y nadie pretende cambiar el statu quo, al revés, lo que estamos planteando es reforzar la situación de servicio público y el marco comunitario común para esa gestión del tráfico aéreo.
Civil-militar. Este es el elemento más espinoso y más delicado de todo el debate. Hay un informe del Servicio Jurídico del Consejo, importantísimo, que, primero, confirma lo apropiado del fundamento jurídico en que se basa la propuesta de la Comisión; con lo cual, si alguna de sus Señorías tuviera dudas, léase el informe del Servicio Jurídico del Consejo que, como saben muy bien sus Señorías, en esto hila muy fino.
Segundo, estamos viendo cómo podemos superar las dificultades derivadas, sencillamente, del hecho de que la Unión tiene unas competencias limitadas; no podemos ir más allá de las competencias atribuidas, por un lado, y por otro, en ningún caso se trata ni de disminuir la capacidad de defensa de ninguno de los países de la Unión Europea ni de entrar en terrenos de soberanías más allá de lo que los Tratados contemplan. Por lo tanto, sepan sus Señorías que todo eso estará cuidadosamente garantizado y que, además, el informe del Consejo da una base para resolver claramente este problema.
En este contexto se plantea la cuestión de los bloques supraterritoriales. Tengo que decir a sus Señorías, que lo ven muy bien, que sólo hay bloques transfronterizos en tanto en cuanto haya acuerdo de los dos Estados de la Unión. Es verdad, no existen en caso de que haya una divergencia. En este caso no hay un bloque compartido, cada Estado controla su zona de territorio y punto. Por lo tanto, creo que esa premisa permitirá superar esta dificultad.
Muchas gracias, señor Presidente, reitero mi agradecimiento al magnífico trabajo que han realizado el Sr. Fava, la Sra. Sanders-ten Holte y la Sra. Maes en este paquete aéreo que permitirá reforzar la seguridad y racionalizar el sector aéreo en la Unión Europea.

El Presidente.
El siguiente punto del orden del día es el informe (A5-0269/2002) elaborado por el Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un marco comunitario para la clasificación de las emisiones acústicas de los aviones subsónicos civiles para el cálculo de las tasas sobre el ruido [COM(2001) 74 - C5-0001/2002 - 2001/0308(COD)].

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, una vez más, quiero agradecer al ponente, Sr. Blokland, su magnífico informe, que nos presenta hoy.
Estamos tratando la posibilidad de proporcionar incentivos económicos a las empresas, para que tengan en cuenta las molestias acústicas provocadas por determinados aviones, siguiendo el principio de recompensar a los mejores y castigar a los peores.
Aunque el ruido de los aviones ya está integrado en algunos sistemas de tasas aeroportuarias de la Comunidad, los criterios utilizados para la diferenciación y cuantificación de las molestias acústicas varían ampliamente entre los distintos Estados miembros. Por ello, es difícil comparar un sistema con otro. La presente propuesta aborda esta cuestión, aportando un marco común para la clasificación del ruido de las aeronaves que refuerza la convergencia y la transparencia, y permite predecir la situación en cada caso concreto. La propuesta se limita al mínimo necesario para alcanzar su objetivo y deja suficientes posibilidades a los Estados miembros para ajustarse a parámetros específicos de determinados aeropuertos, como el nivel de la tasa de ruido unitaria, las características de la flota que presta servicio en un aeropuerto determinado, o la variación entre la tasa más alta y la más baja.
La responsabilidad de la decisión de implantar tasas sobre el ruido se deja a los Estados miembros. No existe obligación de imponer tasas en todos los aeropuertos, puesto que no es necesario establecerlas en aquellos que no tienen problemas de ruido.
Quiero agradecer el apoyo del Parlamento a este expediente y, al final del debate, me pronunciaré, ya con más detalle, sobre algunas de las enmiendas, adelantando que, una vez más, aceptaremos la mayor parte de las presentadas.

Blokland (EDD)
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor me gustaría hablar del informe relativo a las tasas sobre el ruido en los aeropuertos.
Aunque llevamos años luchando contra el ruido de las aeronaves, todavía se permite que aviones ruidosos aterricen en los aeropuertos europeos. Pensemos en los llamados aviones marginalmente conformes, que están equipados con silenciadores que sólo cumplen marginalmente la norma establecida para los aviones incluidos en el Capítulo 3. Otros aviones pueden causar también una perturbación acústica considerable, sobre todo en los grandes aeropuertos donde aterrizan y despegan multitud de aeronaves. Para evitar los efectos negativos de estos aviones ruidosos, es preciso tomar medidas en las proximidades de los aeropuertos, tales como el traslado de las pistas de despegue y aterrizaje, la colocación de pantallas amortiguadoras del ruido, el desplazamiento de zonas residenciales, el aislamiento acústico de las viviendas y así sucesivamente. Es evidente que estas medidas cuestan mucho dinero y conllevan grandes esfuerzos, y son esos gastos los que se pretenden sufragar mediante tasas sobre el ruido.
Actualmente, el ruido de los aviones ya es parte integrante de los sistemas de tasas de algunos aeropuertos de la Comunidad. La finalidad del informe que nos ocupa es armonizar las tasas sobre el ruido en los aeropuertos. Evidentemente, pretende también fomentar el uso de aviones más silenciosos. Con el actual marco europeo común, las tasas sobre el ruido se calculan utilizando un sistema fácil de entender, que mejora la transparencia, la igualdad de trato y la previsibilidad, y que evita la arbitrariedad.
Me gustaría insistir en la imposibilidad de calcular las tasas sobre el ruido a base de mediciones, puesto que existen otras fuentes de ruido y los aviones aterrizan y despegan simultáneamente en los aeropuertos. Así pues, esta Directiva se basa en un método de cálculo, por ser ésta la única opción.
Para evitar distorsiones de la competencia, la Comisión de Medio Ambiente ha decidido que las tasas sobre el ruido sean obligatorias en todos los aeropuertos. Queda, no obstante, más margen para la flexibilidad. La variación máxima entre las tasas mínima y máxima sobre el ruido durante una determinada parte del día puede alcanzar una proporción de 1:40, en lugar de 1:20. Además, se estipula que los aviones más ruidosos deben pagar más por la mayor perturbación que causan. La propuesta de la Comisión establece concretamente que los aviones más ruidosos no tendrán que pagar unas tasas más altas sobre el ruido que las categorías menos ruidosas.
En mi opinión, ahora se ha introducido suficiente flexibilidad. Por consiguiente, no es necesario hacer excepciones para los aeropuertos que sean partidarios de una política estricta en materia de tasas sobre el ruido. El marco propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor permite una política muy estricta. Yo no creo que existan aeropuertos con unas políticas tan estrictas que queden fuera de ese marco. Si algunos aeropuertos recibieran un trato especial, eso generaría arbitrariedad.
Como ya se ha dicho, la recaudación de tasas sobre el ruido se utilizará para hacer inversiones destinadas a reducir las molestias acústicas. No obstante, la Comisión de Medio Ambiente opina que también deben cubrirse otros costes, como los costes medioambientales derivados de las molestias acústicas. Además, no todos los efectos de las molestias acústicas pueden expresarse en términos monetarios hasta el último centavo. Algunos ejemplos son la perturbación del descanso nocturno o los efectos psicológicos de las molestias acústicas, que no pueden compensarse económicamente. En última instancia, debemos recordar que las tasas sobre el ruido tienen por objeto promover el uso de aviones más silenciosos.
Finalmente, me gustaría hacer un comentario sobre las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. El uso de niveles de ruido para calcular las tasas sobre el ruido es totalmente incompatible con el enfoque de esta Directiva. Además, todavía está por ver que esos niveles lleguen a establecerse alguna vez. Por esos motivos, yo recomendaría que se rechacen esas enmiendas.
Con este informe, espero que las tasas sobre el ruido se hagan más justas y más transparentes. Pero lo más importante de todo es reducir las molestias acústicas que soportan nuestros ciudadanos.

Bouwman (Verts/ALE)
. (NL) Señor Presidente, intervengo en calidad de orador invitado en representación del verdadero ponente de la opinión de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, el Sr. Josu Ortuondo, que como saben se encuentra en España por razones políticas.
El trecho que separa al espacio aéreo europeo del ruido es, lógicamente, pequeño. Si simplificamos este procedimiento, entonces debemos implantar toda una serie de condiciones y medidas. Me gustaría agradecer a la Comisión y al ponente, el Sr. Blokland, el trabajo que han realizado, pero los problemas son claros y evidentes. Por otra parte, ya se han dedicado varios años de trabajo a esta cuestión. Yo mismo asistí a los debates sobre los equipos silenciadores en el anterior período de sesiones. En principio, los aviones ruidosos deberían verse obligados a ser menos ruidosos; en otras palabras, a partir de ahora deberían aplicarse los requisitos del Capítulo 3. Este es, de hecho, el objetivo último de toda esta iniciativa y su aplicación a través de estas medidas tiene una gran importancia.
Ni que decir tiene que el informe de la Comisión ha suscitado comentarios. Dicho informe tiene que referirse, en primer lugar y ante todo, a las tasas sobre el ruido, los gastos asociados y la relación entre ambos. Se trata de procurar la armonización y las tasas sobre el ruido deben ser el resultado lógico de una clasificación acústica. Pero lo más importante son las tasas sobre el ruido.
El problema que existe con la propuesta de la Comisión es que -y ese es el motivo por el cual se han presentado enmiendas en algunas comisiones- sigue sin ser obligatoria hasta cierto punto, puesto que sólo existe un débil vínculo entre las tasas sobre el ruido por un lado y los impuestos por otro. Los Estados miembros tienen libertad para decidir cómo quieren tratar esos impuestos y, como el Sr. Blokland explica en su informe, eso puede tener, en la práctica, un efecto distorsionador de la competencia. Pero lo peor de todo es que no motiva al sector de la aviación en el sentido al que yo me refería antes. Asimismo, creo que es muy importante estipular -y esto se refleja en algunas enmiendas- que, siempre que existan buenas prácticas que complementen o vayan más allá de los requisitos establecidos en las directivas, esas prácticas deben mantenerse. Por lo tanto, yo recomiendo que se acepten una serie de enmiendas, especialmente las del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos.
Existe demasiada poca diferenciación entre los impuestos, y la relación entre las tasas sobre el ruido y los gastos es, en mi opinión, ambigua. Me van a permitir que haga un breve comentario al respecto. Como ya ha dicho el Sr. Blokland, el trastorno del sueño, los efectos psicológicos y algunos de los efectos medioambientales son difíciles de verificar, y hay margen para una mejora en este sentido. De nuevo, recomiendo que se aprueben las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes; a saber, las enmiendas 18, 19 y 20. Soy totalmente partidario de que se aprueben sus enmiendas. No estoy hablando en nombre de la Comisión de Política Regional, pero en cualquier caso, recomiendo vivamente que se aprueben.

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Señor Presidente, la legislación que trata sobre las molestias acústicas experimentadas por muchos ciudadanos en las proximidades de los aeropuertos civiles reviste gran importancia. En la actualidad, vemos que todavía quedan importantes discrepancias. Lo que no resulta posible en Maastricht, se permite en Bierzet, que está a tan sólo una distancia de 10 km. Los horarios diurnos y nocturnos varían. Cuando la noche se cierne sobre Düsseldorf, nosotros en los Países Bajos todavía volamos al alba y al anochecer.
Es, por tanto, muy necesario que procuremos la armonización -aunque con prudencia- mediante la introducción de un sistema de tasas sobre el ruido aplicable a todos los aeropuertos europeos, que fomente la fabricación de aviones más silenciosos y prohíba los aviones ruidosos. Puedo informales de que la mayor parte de mi grupo votará, en el pleno, a favor de la propuesta modificada, según ha sido aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Acogemos con satisfacción las enmiendas presentadas con objeto de hacer más vinculante la propuesta de la Comisión y de este modo eliminar el elemento de competencia inapropiado. La propuesta del Sr. Blokland de modificar el factor de 20 como límite superior de la tasa a un factor de 40 es también excelente, puesto que, de hecho, al ampliar la franja de 13 a 16 dB, los aviones más ruidosos tendrán que pagar más por las perturbaciones acústicas ocasionadas. Por consiguiente, quiero manifestar mi apoyo al ponente y agradecer el esfuerzo que ha realizado para llegar a un acuerdo con todos.
Aprovechando la presencia aquí de la Comisaria, me gustaría hacer un comentario diferente, aunque relacionado con este debate. Me aventuro, por tanto, a hacer un comentario de naturaleza diferente, aunque relacionada con el ruido de los aviones. Comisaria, aunque respeto la forma en que está usted tratando de enfrentarse al problema del ruido de los aviones, me gustaría también que nos explicara -y si no pudiera responder sobre la marcha, podría hacerlo por escrito- cómo podemos evitar que surjan nuevas fuentes de perturbación acústica. Puedo citar el ejemplo de Laarburch, en la frontera entre Alemania y los Países Bajos, respecto al cual se han formulado ya numerosas preguntas. En Laarbruch, un aeropuerto militar se está transformando en civil, y se está rechazando rotundamente cualquier contribución exterior. Además, no existe transparencia en las condiciones bajo las que se establecerá el aeropuerto, el mecanismo para la concesión de licencias o la cuestión de si se mantendrá un régimen de tasas diferentes para el día y la noche. Comisaria, me gustaría que nos explicara qué medidas concretas piensa usted adoptar para evitar que ocurran este tipo de cosas.

Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, me alegro de que estemos ya un paso más cerca de conseguir poner coto al ruido en Europa. Me gustaría comentar cuatro puntos importantes. En primer lugar, es conveniente establecer un criterio para aplicar un sistema de tasas sobre el ruido que promueva el uso de aviones más silenciosos por parte de las líneas aéreas. En nuestra opinión, lo que se recaude debe invertirse de nuevo en infraestructura para reducir las molestias acústicas. La introducción del nuevo sistema aumentaría la transparencia de un sistema actualmente ambiguo.
En segundo lugar, no es obligatorio introducir este sistema en todos los aeropuertos, lo cual es conveniente, puesto que algunos aeropuertos presentan barreras naturales contra el ruido que podrían explotar económicamente.
En tercer lugar, debería introducirse un sistema de certificación conforme a la norma ICAO. En mi opinión, es importante que no empecemos a utilizar otras normas, sino que investiguemos primero si podrían utilizarse en el futuro, y es conveniente que la contaminación acústica real experimentada por la población se traduzca en una clasificación del ruido. Es muy complicado trabajar con las clasificaciones del ruido que existen hoy en día. Como ya ha dicho el Sr. Blokland, existen siempre efectos externos que interfieren. En el futuro, me gustaría que esta cuestión se investigara más a fondo, para poder implantar y evaluar esas normas, pero no ahora.
Mi último comentario se refiere al factor, respecto al cual nosotros, el Grupo ELDR, hemos adoptado una posición diferente. En nuestra opinión, el factor 1:20 además de los otros sistemas y los derechos de aterrizaje tiene ya un efecto suficiente sobre los precios y sobre el reto que supone para las líneas aéreas y las industrias a la hora de aplicar las tarifas. En nuestra opinión, se ha conseguido un buen equilibrio. Debemos, por tanto, introducirlo.

Lannoye (Verts/ALE).
Señor Presidente, la contaminación acústica tiene un efecto importante en el bienestar de muchos ciudadanos europeos. El ruido en las zonas próximas a los aeropuertos alcanza a menudo un nivel que resulta insoportable para millones de nuestros ciudadanos. Es, por ello, absolutamente esencial que los métodos de control se combinen con instrumentos económicos para reducir al mínimo la contaminación acústica.
La primera medida que debe adoptarse es la retirada de los aviones más ruidosos. Hasta la fecha, esta medida se ha puesto en práctica sólo parcialmente. Tenemos entendido que muchos aviones que sólo cumplen los requisitos establecidos en el Capítulo 3, siguen utilizando los aeropuertos europeos. Ahora es fundamental que complementemos esas medidas de control con instrumentos económicos. Por ello, el uso de tasas y la aplicación del principio de que quien contamina, paga, es desde luego, una buena iniciativa. Acogemos, pues, con satisfacción la propuesta de la Comisión, que trata de introducir un sistema de tasas dentro de un marco comunitario armonizado.
La finalidad es promover el uso de aviones más silenciosos por parte de las líneas aéreas y, además, evitar la competencia desleal entre aeropuertos. Ese tipo de competencia desleal en relación con el ruido es, evidentemente, muy dañina para los ciudadanos que residen cerca de esos aeropuertos. Dicho esto, aunque la propuesta de la Comisión parezca razonable en un principio, cuando se examina con más detalle se comprueba que carece del rigor y la efectividad suficientes, como ya ha señalado el ponente. Según esta propuesta, la introducción de tasas es opcional, lo que inevitablemente traerá consigo una política de competencia desleal.
Además, la diferenciación entre los tipos de contaminación acústica es insuficiente. Puesto que la proporción propuesta de 1:20 entre las tasas máxima y mínima sobre el ruido es insuficiente, el ponente ha sugerido aumentar esa proporción de 20 a 40, lo cual es totalmente aceptable. En general, estamos de acuerdo con las propuestas del ponente, pero hemos añadido un elemento a esas propuestas que, lamentablemente, el ponente rechaza; a saber, que se tenga en cuenta el nivel de ruido por la noche y el nivel de ruido por el día, la noche y la tarde, que son dos indicadores extremadamente importantes de la contaminación acústica que nos permiten diferenciar entre tasas.
Esperamos que el ponente revise su posición y tenga en cuenta el problema del ruido por la noche, porque es evidente que ese problema es, con toda seguridad, la peor molestia que uno puede sufrir. El problema no va a resolverse exclusivamente con tasas; pero en cualquier caso, esta medida ayudará a mejorar la situación.

Jarzembowski (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, en principio los expertos en transporte de los Demócratas Cristianos apoyamos también la propuesta de la Comisión relativa a las tasas sobre el ruido, puesto que tenemos que imponer tasas más altas a los aviones más ruidosos que supongan para las líneas aéreas un incentivo práctico para utilizar aviones más silenciosos y, de esa forma, proteger a la población de un nivel innecesariamente alto de ruido percibido.
Aquellos de nosotros que formamos parte de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo no estamos muy satisfechos con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, puesto que la Comisión de Medio Ambiente se ha limitado a rechazar las propuestas que la Comisión de Transportes había adoptado por gran mayoría. La Comisión debería reconsiderar la manera de reintroducir nuestras propuestas, puesto que las propuestas de la Comisión de Transportes tenían por objeto dotar a los aeropuertos de un marco mucho más sofisticado para el cálculo de las tasas sobre el ruido.
Queremos que en la legislación quede claro que la carga puede repartirse entre más y que las tasas impuestas a los aviones pueden calcularse en función del ruido certificado o del ruido medido en los aeropuertos. Nuestra opinión es que lo que propusimos en la Comisión de Transportes es más efectivo desde el punto de vista medioambiental y establece normas más estrictas. En la UE siempre hemos actuado de hecho conforme al principio de que, cuando ya existen sistemas generalizados y efectivos para la protección del medio ambiente, y adoptamos una norma mínima a escala europea, los países y grupos con los sistemas más desarrollados no tienen que relajar sus normas.
Usted, Comisaria, parece hacer caso omiso de la preocupación que he expresado en el sentido de que podríamos estar utilizando la legislación europea para relajar las normas vigentes sobre el ruido, como sería éste el caso. Un gran mayoría de nosotros en esta Cámara se ha manifestado de acuerdo con la enmienda 11, que tiene que añadirse al Informe Blokland, y con la que pretendemos dejar claro que los sistemas de tasas sobre el ruido que ya existan y sean más efectivos pueden mantenerse, de manera que la normativa europea no suponga dar un paso atrás en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. En ese sentido, Comisaria, espero sus comentarios sobre la enmienda 11 con gran expectación.

Stockmann (PSE).
Señor Presidente, Señorías, la Directiva forma parte de una estrategia para combatir las molestias acústicas en los aeropuertos y sus proximidades, un tema que significa mucho para la población. La estrategia pretende conseguir que entren en servicio aviones más silenciosos y se establezcan unas tasas sobre el ruido más efectivas desde el punto de vista del medio ambiente. Eso ya está sucediendo en muchos aeropuertos europeos, pero a todos ellos les queda todavía un largo camino por recorrer. La Comisaria tiene razón cuando dice que cada Estado miembro tiene criterios muy diferentes a la hora de diferenciar entre las tasas y medir el nivel de ruido percibido. Existe una verdadera necesidad de armonización.
Hasta aquí, la Directiva tiene sentido. Conseguirá, de una vez por todas, mejorar la transparencia y la igualdad de trato, así como la previsibilidad de las tasas que tienen que pagar las líneas aéreas, por lo que, además de mejorar considerablemente la protección contra el ruido, tendrá un efecto incidental sobre la competencia. La propuesta de Directa presenta, no obstante, un grave defecto, y ahora quiero hacer la misma advertencia que el Sr. Jarzembowski cuando ha dicho que significa una armonización a la baja, aunque sea involuntaria. Porque la propuesta de Directiva supone un freno tal del progreso que ya no puede considerarse un incentivo perceptible, ni puede ser el objetivo de nuestra política en materia de ruido y medio ambiente.
Frankfurt, Londres, París, Múnich, Amsterdam, Hamburgo, Roma, Madrid y Stuttgart tienen otros sistemas de tasas sobre el ruido que consiguen una protección mucho mejor contra el ruido y esos sistemas deben mantenerse, aunque eso es precisamente lo que la propuesta de la Comisión impediría si no se modifica en algunos aspectos. ¿A qué se debe esto? Si las tasas sobre el ruido no aumentan de manera considerable y progresiva -insisto, de manera considerable y progresiva- con el nivel de ruido, no servirán de incentivo económico efectivo. Por lo tanto, es preciso que los aviones silenciosos obtengan algún beneficio y los aviones ruidosos se vean obligados a pagar unas tasas cuantiosas. Sea cual sea la armonización necesaria, nuestro objetivo tiene que seguir siendo el de mantener una normativa europea lo más estricta posible en materia de prevención del ruido. Por ese motivo, mi grupo ha reintroducido tres enmiendas, que reflejan claramente la necesidad de mantener los sistemas de tasas que ya existen y son más eficaces desde el punto de vista del medio ambiente.
Pido a la totalidad de la Cámara que apruebe estas enmiendas. En efecto, sería absurdo penalizar a los aeropuertos que proporcionan una protección mucho mayor contra el ruido que la que se ha propuesto aquí.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, quiero reiterar, en primer lugar, mi agradecimiento al Sr. Blokland, por el trabajo realizado.
La Comisión no puede aceptar todas las enmiendas propuestas, entre otras cosas porque, a la hora de regular este tipo de cuestiones, hay que tener en cuenta un equilibrio entre la necesaria armonización, que evite que cada uno vaya por su lado, y el margen de la actuación de los distintos Estados de la Unión y de las distintas autoridades responsables, es decir, el principio de subsidiariedad.
Señorías, no podemos aceptar las enmiendas que cito a continuación: la enmienda 3, que prevé basarse en el ruido medido en los aeropuertos, y no en el ruido certificado de la aeronave, porque disminuiría significativamente la trasparencia del sistema de tasas y también podría causar discriminación, debido a las grandes diferencias entre los sistemas de medición del ruido que se emplean en los distintos aeropuertos.
La enmienda 4, que no deja suficientemente claro que el concepto de modulación de las tasas debe aplicarse, tanto en el caso de un marco neutral, desde el punto de vista de los ingresos, como cuando los ingresos se utilizan para financiar medidas de atenuación de los efectos medioambientales.
La enmienda 8, que obligaría a la Comisión a preparar un informe sobre la posibilidad de sustituir a largo plazo el sistema propuesto por un sistema basado en la medición del ruido. Como la Comisión considera que esta metodología no garantizaría una trasparencia suficiente, como he dicho respecto de la enmienda número 3, entendemos que no tiene sentido llevar a cabo el estudio correspondiente.
Si decimos que esas enmiendas pretenden aumentar las diferencias y, por lo tanto, disminuyen el efecto armonizador que busca la propuesta de la Comisión, debo decir que, sin embargo, tenemos que rechazar la enmienda 9, que establece una tasa mínima sobre el ruido, porque los aeropuertos que carecen de problemas de ruido no tienen por qué, en principio, estar obligados a imponer tasas sobre el ruido.
La enmienda 10 no puede aceptarse, ya que no dejaría suficientemente claro que aumentar los ingresos de las tasas sobre ruido es una opción y no una obligación. Lo mismo ocurre con las enmiendas 11, 15, 16 y 17, porque van en contra del objetivo principal de las propuestas, que es lograr un mínimo de armonización. Y en ese sentido le digo al Sr. Jarzembowski que si dejamos ya lo que está hecho, lo siento mucho, pero tendríamos una armonización bastante reducida.
La enmienda 13 no puede ser refrendada, porque obligaría a todos los aeropuertos a aplicar un sistema de impuestos por ruidos y las 18, 19 y 20 no sólo se descartan porque la inclusión o referencia a objetivos europeos armonizados queda fuera del campo de aplicación de esta propuesta, sino también porque son complemente incompatibles con el método propuesto para el cálculo de las tasas sobre las emisiones sonoras.
Señorías, hay una serie de enmiendas que son aceptables, pero hay otras que no podemos aceptar, o porque pretenden una armonización que va demasiado lejos o porque, por el contrario, debilitarían demasiado la armonización propuesta.
Agradezco nuevamente las intervenciones de los distintos diputados.

El Presidente.
Muchas gracias, Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

El Presidente.
El siguiente punto del orden del día es el informe (A5-0253/2002) elaborado por el Sr. Beysen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las promociones de ventas en el mercado interior [COM(2001) 546 - C5-0475/2001 - 2001/0227(COD)].
En primer lugar intervendrá el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión. Debo advertir a todos que, debido al número de oradores previsto, está claro que no podremos concluir este debate antes de la votación. En nombre de la Presidencia, me gustaría pedir disculpas a los diputados que tengan que volver esta noche para realizar sus intervenciones.

Bolkestein
Señor Presidente, es para mí un gran placer presentar, aunque sea brevemente, el tema del día, y posiblemente del momento, a sabiendas de que tendré otra oportunidad de explicar la opinión de la Comisión sobre esta cuestión al final de las intervenciones de los señores diputados.
Me gustaría decir lo siguiente a modo de introducción. La propuesta de Reglamento relativo a las promociones de ventas pretende crear un mercado interior en el terreno de los descuentos, los obsequios, las primas y los concursos y juegos promocionales. La Comisión ha estimado que la actual fragmentación normativa en este campo obstaculiza la prestación transfronteriza de tales servicios. El Parlamento ha solicitado, en este sentido, la adopción de medidas rápidas. El Reglamento propuesto trata de responder a esa petición armonizando los requisitos de información y suprimiendo restricciones nacionales ya obsoletas en este campo.
Tengo el placer de presentarles la propuesta de resolución del Parlamento elaborada por el Sr. Beysen. Aunque se han presentado algunas enmiendas al texto de la Comisión, el resultado sigue la línea de la modernización prevista y los objetivos del mercado interior. El objetivo de la propuesta es suprimir algunos límites impuestos al valor de las promociones de ventas y, al mismo tiempo, armonizar una serie de requisitos de información. Este enfoque equilibrado debe mantenerse. De hecho, la mayor parte de las enmiendas del Parlamento reconocen la necesidad de ese enfoque, pero la Comisión está menos convencida de las enmiendas que reintroducen un límite sobre el valor de las promociones de ventas, como la enmienda 29, o las enmiendas que suprimen requisitos de información, como las enmiendas 49 y 54.
Esta propuesta ha causado inquietud en las siguientes cuatro áreas: el tratamiento de las prohibiciones nacionales sobre la reventa por debajo del coste; la relación entre esta propuesta y las actividades actuales de la Comisión relativas a una iniciativa mucho más general con respecto a unas prácticas comerciales justas; las disposiciones que regulan los juegos promocionales, en relación a las cuales la Comisión ha sido acusada de fomentar actividades de juego ilícitas; y finalmente, las críticas que ha recibido también la Comisión por hacer un uso excesivo del reconocimiento mutuo como punto de partida.
Me gustaría ceñirme a esos comentarios introductorios. Como ya he mencionado, al final de las intervenciones de los diputados, la Comisión tendrá otra oportunidad de comentar estas cuatro objeciones generales con más detalle. Pero antes de que la Comisión lo haga, me gustaría escuchar las opiniones de los diputados. Eso le permitirá a la Comisión dar mejores respuestas esta tarde.

Beysen (ELDR)
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en primer lugar me gustaría pronunciar unas palabras de agradecimiento hacia todos mis colegas en esta Cámara y, especialmente, a los ponentes de la oposición, con los que he trabajado estrechamente para presentar al pleno el informe sobre las promociones de ventas. Hemos recorrido un largo viaje, plagado de obstáculos, que se inició en 1996 con la primera publicación del Libro Verde, seguida de la comunicación de seguimiento de la Comisión en 1998. Después de una amplia ronda de consultas, la Comisión presentó una propuesta pragmática y claramente definida en octubre de 2001, para la que se designó a un ponente en noviembre de 2001.
En el terreno de las promociones de ventas, esta propuesta de Reglamento pretende eliminar medidas obsoletas y discrepancias profundas de la legislación vigente en los quince Estados miembros. Estas numerosas discrepancias impiden especialmente a las pequeñas y medianas empresas la penetración en los distintos mercados europeos. Ni que decir tiene que cuando las empresas no pueden comunicarse a través de sus fronteras, no pueden hacer negocios a escala internacional. Además, las promociones de ventas tienen muchas facetas y pueden adaptarse a circunstancias diferentes. Pueden utilizarse para lanzar productos innovadores al mercado, promover relaciones con los clientes, fomentar campañas de corta duración dándoles alguna ventaja competitiva, reaccionar rápidamente a un descenso del volumen de ventas o gestionar de una manera eficaz las existencias.
Además, el presente Reglamento reforzará considerablemente la posición del consumidor. El consumidor no sólo recibirá mucha más información, sino que también, a través del desarrollo del mercado interior, podrá beneficiarse plenamente de unos precios mejores. Después de todo, un mercado interior de mayor tamaño aumenta la competencia, lo que significa precios más bajos, en parte debido a la introducción del euro.
Por eso, yo considero que esta propuesta es una iniciativa muy importante para el futuro desarrollo del mercado interior. Es también un primer paso para poner en práctica las buenas intenciones manifestadas en la Cumbre de Lisboa. Después de todo, nadie puede negar que dos años después de celebrarse esa cumbre tan debatida, el progreso que hemos realizado es decepcionante. ¿No desea Europa convertirse en una economía más competitiva basada en el conocimiento? Creo que ha llegado el momento de dar otro paso más en la dirección correcta con un reglamento de este tipo sobre las promociones de ventas.
Sus consecuencias de largo alcance y los muchos intereses en juego han hecho que la propuesta provoque una reacción a la que la Comisión se refería antes. Me gustaría insistir en los principales retos a los que nos enfrentamos.
En lo que respecta al fundamento jurídico, yo siempre he creído que un Reglamento, al entrar en vigor más rápidamente y tener una aplicación directa, es un instrumento jurídico mucho más eficaz que una Directiva.
El tema de la venta por debajo del coste ha quedado aplazado temporalmente por las excesivas discrepancias en las posiciones adoptadas por los Estados miembros. Por mi parte, he presentado una enmienda de compromiso al respecto, en la que solicito a la Comisión que investigue más a fondo el tema. El motivo de presentar esa enmienda es que no quiero que la liberalización de la venta por debajo del coste tenga un efecto negativo en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, he presentado una enmienda que contiene la petición expresa de que se proteja a las PYME.
En dicha propuesta cobra gran importancia el reconocimiento mutuo o, en otras palabras, el principio del país de origen. Ese principio es también la piedra angular del mercado interior. Significa simplemente que los Estados miembros tienen que reconocer que no pueden aplicar sus respectivas legislaciones nacionales a las promociones procedentes del exterior. Este reconocimiento mutuo de las legislaciones respectivas constituye un medio flexible de evitar una excesiva regulación. Además, es ya una fórmula ampliamente utilizada habitualmente en nuestra legislación comunitaria. La Directiva relativa a la televisión sin fronteras y la Directiva relativa al comercio electrónico son dos ejemplos de ello.
Finalmente, me gustaría comentar la imposición de un límite de edad para los niños. Yo siempre he sido partidario de la edad de catorce años, salvo que algunos productos específicos requieran otros límites de edad. Tras extensas consultas bilaterales con mis colegas diputados de las distintas comisiones, he conseguido resolver estos retos de una manera pragmática. Estoy satisfecho con el resultado, aunque soy consciente de que tendrán que hacerse más ajustes en futuros debates sobre la propuesta de resolución. Creo que el Parlamento le ha remitido al Consejo un asunto de gran importancia, y espero este debate con gran interés.

Langen (PPE-DE)
Señor Presidente, el reglamento relativo a las promociones de ventas es un asunto problemático y controvertido, como ha quedado claro con las intervenciones del Comisario Bolkestein y el Sr. Beysen. Me gustaría agradecer al Sr. Beysen el resultado tan útil que ha obtenido de esas largas deliberaciones. Esa tarea fue realmente difícil, puesto que el debate se centró en la protección del consumidor, la consolidación del mercado interior, la burocracia que todavía existe en los Estados miembros y los problemas que afectan a las pequeñas empresas.
Los tratados europeos establecen el principio de una economía de libre mercado y libre competencia. El interés público se defiende mejor con unos mercados que funcionen bien que con la burocracia. La aplicación de estas reglas de la competencia es responsabilidad de los Estados miembros, por un lado, y de las instituciones europeas, por otro. Es precisamente la introducción del euro lo que ha hecho tan necesaria la armonización en este terreno. Todos, salvo un número muy pequeño de miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, han acogido con satisfacción la línea básica de la propuesta de Reglamento de la Comisión y su opinión hace más hincapié en el mercado interior que el texto definitivo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
En particular, hemos sido más francos en lo que se refiere al principio del país de origen. Debemos reconocer nuestro deseo de mantener las leyes nacionales sobre los cárteles y las leyes contra la competencia desleal, pero dando un paso más hacia delante. Las disposiciones referentes a las leyes sobre los cárteles en el Tratado de las Comunidades Europeas y las disposiciones nacionales esenciales sobre las ventas por debajo del coste deben mantenerse, puesto que protegen a las empresas más pequeñas frente a los grandes grupos corporativos. Tienen que establecerse derogaciones justificables en áreas específicas, como loterías, miembros de profesiones y medicinas. La adopción explícita de métodos para fomentar la lealtad de los clientes, aparte de los descuentos normales, es también correcta y necesaria, algo que la Comisión no ha tenido en cuenta.
La supresión de la normativa que prohíbe las ventas por debajo del precio de coste, solicitada por la Comisión de Asuntos Económicos y aceptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, es correcta y apropiada. En este sentido, quiero contradecir expresamente los comentarios del Comisario Bolkestein. La Comisión ha propuesto obligaciones de transparencia como una condición previa para la prohibición prevista de las ventas por debajo del coste, y esto no tiene nada que ver con la práctica actual, es cuestionables desde el punto de vista de las leyes sobre la competencia y llevaría a adoptar acuerdos para fijar el precio de reventa. Ese no puede ser nuestro objetivo y, por tanto, Comisario, no creo que consiga un apoyo mayoritario del Parlamento a ese sistema.

Patrie (PSE)
Señor Presidente, Señorías, lo menos que podemos decir es que la votación de esta propuesta de Reglamento para liberalizar las promociones de ventas es prematura. Una vez más, la Comisión ha empezado la casa por el tejado, sin esperar a conocer el punto de vista del Parlamento Europeo. La Comisión se ha declarado ya partidaria de la opción abierta en un Libro Verde sobre la protección del consumidor que no será examinado por la Cámara hasta dentro de varias semanas.
Por consiguiente, además de la ligera incoherencia del planteamiento adoptado, no podemos dejar de condenar la escasa atención prestada al punto de vista del Parlamento, que se ha visto reducido a la mera aprobación de unas políticas que ya habían sido decididas previamente por la Comisión. La elección del instrumento jurídico que representa el Reglamento desempeña un papel importante en todo esto. Hubiera sido quizá preferible una Directiva marco que dejara un margen de flexibilidad a los Estados miembros, pero con ella se habrían reanudado los debates a escala nacional que han concluido con la elección del Reglamento, algo que la Comisión no deseaba.
Me gustaría insistir especialmente en la cuestión del reconocimiento mutuo, un principio recomendado por la Comisión para mejorar el funcionamiento del mercado interior. Debo poner de relieve las dificultades prácticas que plantea la aplicación de ese principio. Los consumidores desconocen totalmente las legislaciones extranjeras y los jueces nacionales tienen dificultades para aplicar una legislación extranjera que se contradice con la legislación nacional. En segundo lugar, con el principio del reconocimiento mutuo se corre el riesgo de desembocar en una liberalización perjudicial tanto para los operadores económicos como para los consumidores. Los operadores en situación de desventaja por la aplicación de este principio se verán lógicamente tentados a presionar a sus gobiernos respectivos para que adapten sus legislaciones nacionales a las legislaciones más liberales. Esto conllevará a su vez una relajación de la política de protección del consumidor en toda la Unión Europea. Por eso, propongo sustituir este principio que, por cierto, se ha formulado de una manera muy imprecisa en la propuesta de Reglamento, por una fórmula que es, de hecho, la que se utiliza en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En cuanto al resto, creo que el texto, tal como ha quedado después de las votaciones en las respectivas comisiones, sigue conteniendo los aspectos fundamentales que los Estados miembros consideran necesarios para la protección de sus consumidores. No obstante, todavía no hemos debatido una política realmente europea para la protección del consumidor y, desde luego, esperamos que se debata en un futuro próximo, cuando se presente el Libro Verde al Parlamento.

Fourtou (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, un 10% más por el mismo precio; un segundo par de gafas por sólo un euro más; tres por el precio de dos; un obsequio con cualquier compra... estos son los reclamos habituales de las llamadas promociones de ventas.
Cuando el consumidor aprovecha este tipo de oportunidades, probablemente no es consciente de la sutileza de un fenómeno que es tan económico como cultural. Las diferencias entre la definición de obsequio, bono, descuento y juego promocional son extremadamente sutiles y lo que el francés considera razonable será impensable para un alemán, mientras que el inglés no entenderá por qué sus vecinos imponen tantas reglas y considerará que el consumidor es ingenuo.
Este informe es un buen ejemplo de cómo se solapan las cuestiones económicas y culturales, lo que explica en parte la apasionada respuesta que ha provocado.
La respuesta inicial fue rechazar el informe. No obstante, ante la actitud decidida del Sr. Beysen y después de un proceso de conciliación no menos decidido por naturaleza por parte de mis colegas del PPE-DE, optamos por una posición que refleja nuestro compromiso con la Comunidad.
Así pues, nos declaramos partidarios de un Reglamento que, en un mercado regulado por el euro, liberalice y armonice las promociones de ventas, asegurando al mismo tiempo que ese mismo Reglamento proteja tanto a los consumidores como a las pequeñas y medianas empresas.
Desde esa perspectiva, descartamos la liberalización de las ventas y la reventa por debajo del coste, pidiendo a la Comisión Europea que realizase un estudio más detallado de este tema específico. Para gestionar esta promoción comunitaria sólo pudimos remitirnos al principio del reconocimiento mutuo, que es fundamental y apuntala toda la infraestructura del mercado interior. Dicho esto, en este caso específico, tuvimos que redefinir claramente el ámbito de aplicación del principio, puesto que existen discrepancias importantes en las legislaciones nacionales.
El texto propuesto contenía en un principio más de 300 enmiendas. Finalmente se redujeron a 58, lo cual no sólo representa un esfuerzo considerable, sino también la voluntad común de seguir adelante. No olviden que, en Lisboa, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a hacer de Europa la nación más competitiva del mundo. Todos tuvimos que mantener una mentalidad abierta, demostrar una gran fuerza de voluntad y escuchar atentamente a los demás, y así se ha enviado una clara señal a los gobiernos de los Estados miembros.
Por eso recomendamos que se adopte el texto en la forma que fue aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que se rechacen las enmiendas presentadas en el pleno.
El mercado interior tiene un potencial enorme y podemos superar cualquier dificultad si demostramos la firme voluntad de seguir nuestro camino.
McCarthy (PSE).
Señor Presidente, todos coincidimos en la necesidad de permitir que las empresas de toda Europa realicen promociones de ventas en el territorio de la Unión Europea. Las promociones de ventas son una herramienta clave para comercializar bienes y servicios y necesitamos eliminar restricciones y barreras para permitir que las empresas y los consumidores aprovechen las oportunidades del mercado interior.
En el Reino Unido es frecuente que los consumidores puedan y, de hecho, se beneficien de las promociones de ventas, por ejemplo de los vales de descuento. En el año 2000, por ejemplo, en el Reino Unido se cajearon 531 millones de vales; entre 1999 y 2000 hubo un incremento del 122,5% en la utilización por parte de los consumidores de vales y promociones a través de Internet. Se trata, por tanto, de un fenómeno popular y necesitamos regular y abrir este ámbito a los consumidores y a las empresas.
No obstante, es importante que la Comisión aborde algunas de las cuestiones que inquietan a los diputados al Parlamento europeo y del grupo político al que pertenezco, en especial la de las ventas por debajo del precio de coste. También presentamos una enmienda para exigir a la Comisión la elaboración de un estudio en este ámbito.
Estas preocupaciones están justificadas, ya que a veces las ventas por debajo del precio de coste pueden utilizarse para desplazar a la competencia con precios abusivos; esto no ayuda al pequeño comercio ni tampoco al consumidor. Por esta razón, en aras de una mejor legislación, tal y como ha pedido el Comisario Prodi recientemente, mi grupo ofrecerá su apoyo a la Comisión en esta reglamentación, con la condición de que se lleve a cabo un estudio de evaluación para determinar exactamente cómo las ventas por debajo del precio de coste pueden beneficiar tanto al pequeño comercio como a los consumidores. Este estudio también debería tratar la necesidad de fortalecer los instrumentos de política de competencia para impedir los precios abusivos y sus efectos secundarios no deseados.
El mercado interior no debe convertirse en una batalla para conseguir gangas de los grandes distribuidores, expulsando a las PYME fuera de los mercados, con el resultado de una menor capacidad de elección por parte de los consumidores. También debemos garantizar que las exigencias de información del anexo sean suficientemente claras. Es importante que una empresa entienda claramente cuáles son sus obligaciones a la hora de facilitar información sobre promociones. También es importante que los consumidores tengan suficiente información sobre la promoción y sobre los recursos legales que tienen a su disposición, bien a través de los tribunales de justicia, bien mediante sistemas alternativos de resolución de litigios. Por tanto, el Grupo del PSE ha presentado una enmienda en la que solicita a la Comisión que, en consulta con los grupos de consumidores y con el sector, asegure el cumplimiento claro e inequívoco de las exigencias de información. La manera en que están redactados actualmente es confusa y ha dado pie a que las empresas ejerzan presiones sobre los diputados al Parlamento europeo y formulen quejas relacionadas con la falta de claridad, y también a avisos de los consumidores de que hay lagunas de información. Si este reglamento ha de pretende obtener seguridad jurídica, entonces los requisitos deben quedar claros. No obstante, coincido con el Comisario en que la respuesta no es, como ha propuesto el Grupo PPE-DE, suprimir dichas exigencias y, al igual que la Comisión, votaremos en contra de tal supresión.
El Grupo PSE ha optado por una línea sólida para proteger a los menores de promociones dañinas relacionadas con el alcohol y el tabaco. Espero que se les tenga en consideración.
Finalmente, un breve punto sobre el reconocimiento mutuo. Personalmente, creo que el reconocimiento mutuo ya funciona. Cada día, en Internet, se realizan más y más ventas y negocios a través de las fronteras, aplicando el principio del reconocimiento mutuo. No podemos cerrar los ojos y negar algo que ya existe.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, este es un acto legislativo importante que ayudará a mejorar y consolidar el mercado único, garantizando que no existan excesivas diferencias transfronterizas entre las normas aplicables a la promoción de ventas. Con razón se trata de un reglamento, porque simplemente suprime ciertas prohibiciones sobre las promociones de ventas, a la vez que deja que, en otros casos, sea cada Estado quien decida sobre sus propias preferencias jurídicas, económicas y políticas.
En este sentido, supone una importante contribución a la consolidación del mercado único, y el grupo al que pertenezco le dará su apoyo con el mismo espíritu, y también apoyará las mismas enmiendas que la señora McCarthy acaba de hacer en nombre del PSE.
Me gustaría hace hincapié en algunos aspectos. En primer lugar, no se trata de una merma de la protección al consumidor. De hecho, algunas de las enmiendas dejan totalmente claro que deseamos que las promociones de ventas tengan la libertad máxima que sea compatible con las respectivas leyes de protección del consumidor. En segundo lugar, hay cierta preocupación en torno al destino de los pequeños comercios frente a las grandes organizaciones de distribución, cuyas promociones de ventas pueden estar destinadas a fomentar el cierre de la 'tienda de la esquina? y a hacer crecer el supermercado. Nos oponemos radicalmente a esto y subrayamos, en las enmiendas que apoyamos así como en aquellas a las que dimos nuestro apoyo en comisión, que las leyes sobre la promoción de ventas deben ser plenamente conformes con las leyes en materia de competencia y con la voluntad de impedir el abuso de posición dominante en el mercado.
Dadas estas garantías, incluidas las garantías de protección de los menores, mi grupo votará en el día de hoy, con la mejor de las voluntades, a favor de esta medida.

Esclopé (EDD).
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de Reglamento de la Comisión demuestra que la obsesión por hacer que todo sea uniforme, sin tener en cuenta la subsidiariedad, afectará a los grupos de rentas más bajas. Los representantes electos del grupo CPNT [Chasse Pêche Nature Traditions] no están dispuestos a abandonar a los pequeños minoristas y los pequeños negocios en las garras del sector de la distribución masiva, que es libre de embarcarse en la práctica anticompetitiva de unas ventas por debajo del coste. La legislación de varios países prohíbe este tipo de conducta poco limpia. El consumidor sufrirá las consecuencias en dos frentes. Las ventas por debajo del coste no constituyen un acto de caridad, sino que pretenden hacerse con una cuota de mercado que otros tendrán que perder. Los ciudadanos sufrirán también las consecuencias del cierre de los pequeños establecimientos, que ya atraviesan graves dificultades en las zonas rurales y en los centros urbanos. Nadie pone en duda la calidad del trabajo realizado por nuestros colegas miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y es cierto que se han eliminado muchos elementos negativos, pero existe el riesgo de que la Comisión, como en muchos otros asuntos, ignore este trabajo y mantenga, en casi todo, su postura original.
En resumen, nosotros creemos que la única alternativa política que resulta apropiada y responsable, como ya les han expuesto, es rechazar las propuestas de la Comisión, porque eso nos beneficiará a todos. Si permitimos que la situación empiece a decaer, luego no podremos ser los primeros en quejarnos cuando todo vaya mal en el futuro.

Montfort (NI).
Señor Presidente, toda libertad se basa en un equilibrio. La libertad económica se basa en un equilibrio entre los intereses de los consumidores y los de los empresarios y distribuidores. Esta libertad se perderá, desde luego, si introducimos una desigualdad que beneficie a una u otra parte. Eso es simplemente lo que la Comisión ha tratado de hacer con el engañoso pretexto, una vez más, de la obligada armonización.
Al tratar de suprimir las restricciones sobre las promociones de ventas impuestas por los Estados miembros, la Comisión está eliminando las medidas de seguridad esenciales que las legislaciones nacionales han implantado para proteger los intereses de los consumidores, los pequeños productores y los minoristas. La reventa por debajo del coste o la liberalización de los períodos y las condiciones de venta desembocarán en unas prácticas comerciales peligrosas e irresponsables, que con el tiempo terminarán por deteriorar nuestras economías. Además, la introducción del euro no debe utilizarse como excusa para subir los precios.
Por consiguiente, no puedo más que acoger con satisfacción las enmiendas que han sido adoptadas en las distintas comisiones parlamentarias que han participado en la elaboración de este texto y que siguen respetando las legislaciones nacionales en este campo. La armonización a la baja, que es lo que parece desear la Comisión, va en contra del sentido común y de la solvencia empresarial de los operadores económicos, en particular de los más frágiles. Los pequeños comercios y las pequeñas empresas constituyen la fuerza motriz que impulsa nuestra economía. Creo que es necesario insistir en esto y reiterar que, sin ellos, la diversidad de la oferta y la garantía de calidad desaparecerían. Además, también son importantes para alcanzar un equilibrio social y económico en nuestra sociedad. Tenemos que tratar de no alterar ese equilibrio, puesto que nadie saldría beneficiado, ni en nuestra calidad de consumidores, ni en nuestra calidad de políticos.

El Presidente.
Muchas gracias.
El debate queda aplazado. Cedo la palabra al Sr. Harbour para pasar al siguiente punto del orden del día antes de comenzar el turno de votaciones.

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, una cuestión de observancia del reglamento. Estoy convencido de que hablo en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, algunos de los cuales aún se encuentran aquí. ¿Puedo protestar en nombre de todos los colegas que se dedican a este expediente sobre el modo inadmisible en que se ha programado este debate? Comenzamos este debate a las once y media de la mañana. Los servicios de organización del periodo de sesiones sabían que no podría concluir y, como podrá comprobar en su sistema informático, se habían programado otros debates a continuación, que bien podrían haberse fijado para más adelante. Ahora nos vemos obligados a interrumpir este debate hasta las nueve y media de la noche. La Sra. Montfort y mi colega del EDD han intervenido en circunstancias inaceptables. Considero que esta no es la mejor manera de dirigir una cámara que se supone está celebrando un debate serio sobre estas cuestiones. No es necesario hacerlo; no hay razón alguna para dividir los debates. Usted dispone de la información, y entiendo que no puede haber intervenciones como es debido cuando hay gente entrando en el salón de sesiones. Espero contar con el apoyo de todos mis colegas al sugerir que deberíamos controlar seriamente el modo en que se llevan a cabo las actividades en esta cámara.

El Presidente.
Señor Harbour, he tomado buena nota de su queja, que trasladaré a los servicios responsables de programar nuestro orden del día. Mientras usted hablaba, sus colegas diputados han ocupado sus asientos y vamos a proceder a la votación. 
Rack (PPE-DE).
Señor Presidente, hemos tardado más de diez minutos en bajar de la novena planta al Hemiciclo. Estos ascensores no sirven para nada, o los arquitectos que los diseñaron son unos perfectos inútiles.
(Grandes aplausos)
Mi colega diputado que se sienta a mi lado ha hecho un comentario muy acertado. Ha dicho: «Tenemos los ascensores más seguros de toda Europa.» Son tan seguros porque ya no funcionan. Si no funcionan, nunca pueden estropearse. Pero quizá deberían desempeñar la función para la que fueron diseñados.
Callanan (PPE-DE).
Señor Presidente, en observancia del reglamento, el motivo por el cual parecía que no funcionaban los ascensores era que los guardias de seguridad se encontraban abajo y habían bloqueado al menos tres, ¡por lo visto, porque una delegación estaba visitando el Parlamento! Debido al mal diseño de este edificio, los ascensores apenas tienen capacidad suficiente para los diputados, no digamos si encima los guardias de seguridad bloquean el uso de dos o tres de ellos justo en el momento preciso en que todo el mundo acude a votar. Los servicios de organización de las sesiones deberían organizarse mejor ellos mismos.
Vlasto (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría decir que me he quedado atrapado en un ascensor durante 15 minutos, de manera que es cierto que los ascensores no funcionan.

El Presidente.
- Informaremos debidamente de ello a los servicios. Lo único que puedo asegurarle es que el Presidente no estaba bloqueando ningún ascensor.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Solicitud, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de consulta al Comité de las Regiones sobre el papel de las regiones en el proceso de la integración europea. 
(El Parlamento aprueba la solicitud)

Informe (A5-0268/2002) de Michel Rocard, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 253/2000/CE por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación «Sócrates» (COM(2002) 193 - C5-0188/2002 - 2002/0101(COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0260/2002) de Salvador Jové Peres, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 96/411/CE relativa a la mejora de las estadísticas agrícolas comunitarias (COM(2002) 080 - C5-0064/2002 - 2002/0044(COD)) 
Antes de la votación:

Jové Peres (GUE/NGL)
. Señor Presidente, voy a ser breve. Desde 1996, este Parlamento viene propugnando la utilización de la documentación administrativa derivada de los pagos del FEOGA-Garantía a efectos estadísticos.
La política comunitaria que más fondos absorbe genera una enorme cantidad de información, que actualmente queda desaprovechada. Dicha información podría suministrar un resultado mucho más actual, un retrato más actual y fiable de la agricultura comunitaria, que muchas encuestas mucho más caras y menos fiables.
Hoy nos encontramos ante la revisión intermedia de la Agenda 2000, y sería deseable afrontarla con más y mejores informaciones estadísticas. Si la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha retirado sus enmiendas ha sido porque, a lo largo del debate, la Comisión publicó un informe acerca de la creación de una base de datos sobre los pagos realizados por el FEOGA-Garantía, es decir, sobre la distribución de las ayudas agrarias. La Comisión de Agricultura entendió que dicho informe daba satisfacción a nuestras demandas con un compromiso de transparencia por parte de la Comisión para con el Parlamento y el conjunto de la sociedad.
En el segundo guión de las conclusiones de dicho informe, se establece que dicha base de datos se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2003, aunque esto no impedirá la presentación de cifras indicativas antes de dicha fecha.
Reiterando a la Comisión la necesidad de disponer de dichas informaciones, con vistas a la reforma intermedia de la Agenda 2000, me gustaría que la Comisión respondiera a una pregunta simple: ¿con qué fecha se pondrá en marcha la base de datos en cuestión, y cuándo se presentarán las cifras indicativas?
Cuanto antes sea, ello redundará en mejor trabajo para nuestra comisión y para la revisión de la Agenda 2000.

Bolkestein
. Señor Presidente, la respuesta a esta pregunta es, como el Comisario Fischler ya ha indicado en varias cartas enviadas a diputados de este Parlamento, que a principios de otoño tiene la intención de publicar información estadística sobre los destinatarios de los pagos directos, clasificados según el importe. Las estadísticas abarcan 14 Estados miembros, ya que las cifras de Grecia aún no están disponibles. Por supuesto, sólo se tratará de información estadística y no incluirá ningún tipo de información personal sobre dichos destinatarios.

Seppänen (GUE/NGL)
. (FI) Señor Presidente, la Comisión propone que la Comunidad Europea apruebe la Convención conjunta, pero quiere hacer constar una reserva en relación con el artículo 27. Dicho artículo es importante, dado que permite a los signatarios de la Convención prohibir unilateralmente la importación de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos extranjeros. Entonces, ¿por qué incluir esa reserva? Tras la deliberación de la comisión sobre el asunto, cabe afirmar lo siguiente: un Estado miembro de la UE puede prohibir categórica y unilateralmente la importación de combustible nuclear agotado de un Estado extracomunitario. Asimismo, un Estado miembro de la UE puede prohibir la importación de combustible gastado de otro Estado miembro cuando ese combustible ya no vaya a reprocesar, sino a almacenar definitivamente en otro país. Un país no podrá imponer una prohibición unilateral sobre la importación de combustible gastado destinado al reprocesamiento. La reserva con respecto al Artículo 27 que propone la Comisión no allanaría el camino para un mercado único europeo del almacenamiento definitivo de residuos nucleares; al contrario, permitiría a la CE enmendar la Directiva 92/3/Euratom para asegurar su compatibilidad con la Convención conjunta.

Fava (PSE)
Señor Presidente, propongo a la Cámara que apruebe el texto de la enmienda 33 sin las palabras «y el entrenamiento». La razón es que ya hemos añadido el caso de la movilización rápida a los muchos casos en los que se pueden suspender las normas del «cielo único». Añadir «y el entrenamiento de sus fuerzas armadas» sería inutilizar totalmente toda la legislación que vamos a adoptar sobre el «cielo único». Por consiguiente, solicito que se supriman las palabras «y el entrenamiento».

Kuhne (PSE).
Señor Presidente, necesito un técnico. En un primer momento pensé que era un logro extremadamente inteligente por mi parte, pero lo ha hecho la máquina. Aunque he votado en contra, se ha encendido la luz verde.

El Presidente.
- Sabemos que no falta ningún diputado. Debe ser el aparato.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0266/2002) de Marieke Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, 
1. sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (COM(2001) 564 - C5-0482/2001 - 2001/0235(COD)), 
2. sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (COM(2001) 564 - C5-0483/2001 - 2001/0236(COD)) y 
3. sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo (COM(2001) 564 - C5-0484/2001 - 2001/0237(COD))
(En votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las tres resoluciones legislativas)
Informe (A5- 0265/2002) de Nelly Maes, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad (COM(2002) 8 - C5-0023/2002 - 2002/0014(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0269/2002) de Hans Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un marco comunitario para la clasificación de las emisiones acústicas de los aviones subsónicos civiles, para el cálculo de las tasas sobre el ruido (COM(2001) 74 - C5-0001/2002 - 2001/0308(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0242/2002) de Struan Stevenson, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las opciones para fomentar el cultivo de proteínas vegetales en la UE (COM(2001) 148 /2 - C5-0260/2001 - 2001/2116(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
El Presidente. Colegas, gracias por su colaboración. En menos de una hora hemos conseguido votar 15 informes de acuerdo con el nuevo Reglamento y más de 360 enmiendas. 
Con esto concluye la votación.
EXPLICACIONES DE VOTO

Alavanos (GUE/NGL)
Hasta la fecha, el programa Sócrates ha contribuido de manera importante a los intercambios educativos, pero su gestión resulta cara y los requisitos burocráticos son excesivos. Técnicamente, la propuesta de la Comisión responde a las propuestas del Parlamento destinadas a reducir la burocracia, pero queda mucho camino que recorrer hasta que el centro de enseñanza más pequeño y remoto pueda participar con facilidad en el programa.

Ó Neachtain (UEN)
. La PAC supone casi la mitad del presupuesto de la UE, y es lógico que se rindan cuentas de cada euro gastado. Apoyo plenamente la necesidad de contar con bases de datos eficientes. 
Ahora bien, recordemos cuál es el propósito de dicha recopilación de datos. Debería permitir una administración más eficiente de la PAC y una utilización más eficiente de los fondos públicos. La clave es la simplificación: no la complicación.
No tenemos que generar aún más papeleo ni trámites administrativos para los ya atribulados agricultores. Si queremos favorecer que la gente siga dedicándose a la agricultura -en especial los jóvenes-, no debemos hacer de ella una carrera que tiene más que ver con montañas de papeleo que con la producción de alimentos y el cuidado de la tierra.
Hay que tener especial cuidado en evitar la duplicación de esfuerzos. Hay muchos datos disponibles, facilitados por los propios agricultores a la hora de cumplir los requisitos para participar en distintos programas y planes, que están a disposición de las autoridades nacionales y europeas. Dejemos que los esfuerzos se realicen en el plano administrativo en términos de compartir información y estadísticas, compatibilizar los sistemas de información, etc. Aquellos que, como yo, representan grandes circunscripciones agrícolas, seguramente se opondrán a que sean los agricultores quienes tengan que soportar aún más cargas administrativas.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
Como ha quedado patente en la exposición de motivos, el informe, en el fondo, parece intentar contentar a todo el mundo: a la Comisión, que está aplicando la liberalización; a los Estados miembros que son, por el momento, los encargados de garantizar la seguridad; a las principales compañías aéreas, a las que en ningún caso se impondrán reglamentos excesivamente restrictivos (y, sobre todo, excesivamente costosos); a las compañías aéreas de tarifas reducidas, a las que el informe intenta imponer determinadas normas mínimas, siempre que no afecten a sus beneficios?
Sin duda, estamos ante un ejemplo de lo que las autoridades europeas pueden hacer en este sector: están fijando las normas de trabajo, periodos de descanso y tiempos de vuelo y actividad de las tripulaciones y el personal de vuelos comerciales. Estas normas para toda la UE pueden ofrecer al personal unas garantías mínimas y por esto no hemos votado en contra del informe. Sin embargo, ese mínimo es tan minimalista que desde luego es lo máximo que cabe esperar de las autoridades europeas que, sobre todo, no quieren crear problemas a los empresarios del sector del transporte aéreo.

Miranda (GUE/NGL)
En la actualidad, hay un amplio consenso sobre el hecho de que la tripulación de cabina tiene una enorme responsabilidad y es cada vez más importante para la seguridad de los pasajeros, dado el clima que reina actualmente en la aviación civil.
Es esencial que armonicemos las horas de vuelo, las horas de trabajo y el tiempo obligatorio de descanso del personal de cabina, no sólo en previsión de la futura ampliación, sino también, y con mayor razón, porque creemos que es urgentemente necesario proteger a dichos trabajadores en vista de la expansión de las líneas aéreas de tarifas reducidas en la Unión Europea.
De ahí que apoyemos este informe, que intenta poner remedio a un fallo de la Comisión, que no ha incluido este asunto en su propuesta de reglamento, lo que no podemos dejar de lamentar, sobre todo porque en varios Estados miembros no existe todavía una normativa sobre esta materia. No obstante, queremos destacar la importancia de que se mantengan las normativas nacionales existentes cuando sean más favorables para los trabajadores que la propuesta que se acaba de aprobar.

Queiró (UEN)
. (PT) La propuesta se refiere a un reglamento muy técnico y detallado, que tiene por objeto armonizar, en aras de la seguridad aérea, las normas que rigen las horas de vuelo y el tiempo de descanso de la tripulación, con el fin de garantizar que todos los operadores cuenten con unas condiciones de trabajo similares y unas normas de seguridad comunes. A pesar del amplio apoyo de las compañías aéreas, los sindicatos de pilotos no han respaldado las propuestas del ponente, ya que opinan que los tiempos de vuelo son exagerados. Las consideraciones del ponente, que se ha declarado satisfecho por haber concluido unas negociaciones que se habían alargado durante un periodo de tiempo considerable, contaron con el apoyo unánime de sus colegas en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Por consiguiente, creemos que la solución a la que se ha llegado es la mejor, y quizás la única posible. Por lo tanto, comparto las conclusiones del ponente.

?lavanos (GUE/NGL)
El undécimo convenio del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS) sobre la mejora de la situación de los refugiados en Oriente Medio, entre los que se encuentran unos cuatro millones de palestinos de la Franja de Gaza, Líbano, Siria y Jordania, es extremadamente urgente, dada la trágica situación a la que se enfrenta actualmente el pueblo palestino como consecuencia de la política de Sharon. El incremento de la aportación de la UE, de 120 millones a 237 millones de euros, también es importante, aunque esta cantidad debería ampliarse cuando se elabore el presupuesto. Sin embargo, lo más importante es que la UE y la comunidad internacional en su conjunto exijan al gobierno de Sharon en Israel que abone la totalidad de los costes de reconstrucción de las infraestructuras destruidas por sus acciones militares, lo que ha provocado un acusado deterioro de las condiciones de vida de los palestinos residentes en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
Hemos votado a favor del informe porque, como es lógico, no nos oponemos a que los países europeos ayuden a los refugiados palestinos. No obstante, no hay nada de lo que alardear visto el incremento del importe de la ayuda. Teniendo en cuenta el número de refugiados palestinos hacinados en los países de Oriente Medio, el montante que se propone sólo representa unos 40 euros anuales como máximo. Además, no hay ninguna garantía de que esa cantidad llegue en su totalidad directamente a los refugiados y de que, por el camino, una parte no pase a manos de empresas y proveedores europeos.
Sobre todo, sin embargo, ¿cómo podemos dejar de mencionar la hipocresía del informe cuando critica el hecho de que «las condiciones de vida de los refugiados son cada vez más penosas» y cuando tiene el descaro de achacarlo, en particular, al «fuerte crecimiento demográfico», mientras ni siquiera menciona la guerra que está llevando a cabo el Estado de Israel contra la nación palestina? El informe no condena el hecho de que, a pesar de que miles de palestinos se ven obligados a vivir en campos de refugiados, el Estado de Israel, con el apoyo de las naciones más poderosas, incluida Europa, se opone a que puedan volver a la tierra de la que fueron expulsados.

Ahern (Verts/ALE)
. La cuestión de la seguridad del transporte de combustible nuclear es un asunto urgente. En este mismo instante, dos envíos de combustible nuclear que fueron rechazados por Japón debido a que BNFL falsificó los certificados de seguridad, se acercan a las costas de Europa y van a entrar en los estrechos confines del Mar de Irlanda.
Permitir el movimiento de ese cargamento peligroso en estos momentos es escupir en la cara de las víctimas del 11 de septiembre. Esos barcos no son capaces de soportar un atentado terrorista, ni tampoco un incendio. Son una invitación a los terroristas a secuestrar material para fabricar una bomba nuclear.
Por otra parte, nos encontramos ante una situación absurda, en la que la industria nuclear compra material radiactivo peligroso por todo el planeta. Que no parezca que la Convención da luz verde a la industria nuclear para llevar a cabo ese comercio de material mortífero.
Insto al Gobierno de Irlanda a que tome medidas, al amparo de la Convención, para detener esos envíos. La Convención reconoce que cualquier Estado tiene derecho a prohibir las importaciones en su territorio de combustible nuclear agotado y residuos radiactivos extranjeros. Esta disposición debería aplicarse a las aguas costeras del Mar de Irlanda, que ya están peligrosamente contaminadas con residuos radioactivos.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe del Sr. Deva aborda la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria. Incluye muchas e importantes propuestas relativas a la forma de erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, propuestas que apoyo plenamente y a las que he dado con sumo placer mi voto afirmativo. Sin embargo, señor Presidente, ¿cuántos pensionistas hay en todo el mundo desarrollado que seguirían siendo capaces de enseñar y trabajar en países pobres en desarrollo y que podrían contribuir a mejorar la situación económica? ¿Hacemos algo nosotros en la Unión Europea para ayudar a esos pensionistas, a esas personas mayores que siguen sintiéndose capaces de ser útiles a la sociedad y a los que les gustaría ir a trabajar en esos países en desarrollo? Espero que en el futuro hagamos más al respecto.

?lyssandrakis (GUE/NGL)
El informe sobre el comercio y el desarrollo forma parte de un debate más general en el seno de la UE sobre la llamada globalización y sus efectos en los países del tercer mundo. Demuestra que las fuerzas imperialistas están preocupadas por las diversas reacciones populares contra los efectos del dominio mundial de las grandes empresas y el hecho de que el comercio internacional tenga que bailar al son que éstas tocan. Este debate nos podría hacer creer que la «globalización» puede hacer maravillas y que solucionará los problemas de desarrollo y de pobreza, una vez que se hayan solucionado algunos flecos pendientes. Por ejemplo, sugiere que las multinacionales deberían desarrollar un sentido de la responsabilidad y crear comités de inversión ética, y que deberían aplicar un sistema comercial «justo» (aunque sin concretar) y una política de liberalización generalizada del comercio.
Todo el debate hace oídos sordos deliberadamente a las causas reales y a los mecanismos utilizados para saquear la riqueza de los países pobres. Hace caso omiso al hecho de que es imposible que las multinacionales consigan un gran éxito financiero y el pueblo prospere al mismo tiempo. No tiene en cuenta la utilización directa o indirecta de la violencia para obligar a los países pobres a someterse a condiciones comerciales que benefician a las grandes empresas y, por todo ello, es hipócrita y engañoso.
Ésas son las razones por las que los diputados y las diputadas del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe Deva, que es poco más que un programa electoral del partido de la «globalización».

Belder (EDD)
. (NL) Hay varias razones por las que el informe Deva no ha recibido mi apoyo.
En primer lugar, la propuesta de abolir todas las subvenciones en la UE es tendenciosa. Estoy a favor de eliminar las barreras para los productos procedentes de países pobres, pero también hay buenas razones para mantener subvenciones regionales a la producción o medioambientales. Aunque tienen una importancia crucial, los efectos sobre los países en vías de desarrollo no son el único aspecto que debe tenerse en cuenta.
Por lo tanto, sería lógico que la OMC tuviera en cuenta a la hora de redactar normas comerciales los efectos del consumo de un producto concreto sobre la naturaleza, empezando por el proceso productivo e incluido el transporte hasta el país en el que se consume.
Una segunda crítica se refiere a la aplicación de la inversión ética. El informe avanza en la dirección equivocada. Se ocupa de la organización interna de la dirección, para la que estipula la creación de un comité interno y las secciones de la empresa ante las deberá rendir cuentas. Sería preferible que se dedicara a analizar estrategias que permitieran introducir la inversión ética a una escala más amplia. Especialmente, hay margen de mejora en lo que respecta a la valoración y los informes.
Por último, la petición de que se revise la política común en materia de salud pública es improcedente, dado que la política sanitaria no entra dentro de las competencias de la Comunidad.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) La propuesta del Sr. Deva es la mejor que cabe esperar de un miembro del Partido Conservador británico. Cree en el capitalismo, pero también tiene en cuenta la evolución de la diferencia en el nivel de bienestar entre Europa y los países en vías de desarrollo a lo largo de los siglos. Sabe que nuestra industria se desarrolló gracias al proteccionismo y no a una actitud de laissez-faire, y se da cuenta de que el Acuerdo de la OMC sobre medidas de inversión frena los intentos de los países en desarrollo de desarrollar una industria local promocionando sus propios productos. Sus opiniones sobre un sistema judicial fiable, la lucha contra la corrupción, las transferencias de tecnología, el sistema sanitario, la emancipación de la mujer y las reformas agrarias, tal y como se expresan en su propuesta, cuentan con mi apoyo. También apoyo las tareas asignadas la UE: una contribución distinta a la OMC, la reducción de las subvenciones a la exportación, la prohibición de la venta de alimentos no seguros o de insecticidas que están prohibidos en la Unión, la prohibición del comercio de armas de fuego, la anulación de la deuda y medidas concretas contra empresas y particulares europeos que participen en el comercio ilegal de diamantes, petróleo y oro. Por otra parte, no comparto el optimismo del ponente sobre las inversiones éticas de los empresarios y sobre la aportación del liberalismo comercial al desarrollo, dado que la adquisición barata de recursos en los países en desarrollo sigue siendo una importante aspiración de muchos empresarios.

Queiró (UEN)
. (PT) El informe Deva reconoce un aspecto universalmente positivo del fenómeno de la mundialización: que contribuye a la creación de una riqueza económica, social y cultural para todo el planeta. Sin embargo, destaca que los más pobres no participan en las «ventajas» derivadas del progreso tecnológico y del crecimiento del comercio internacional. Con el fin de liberarnos de la vía del fomento a ciegas de la mundialización, el ponente propone que se haga hincapié en el concepto de «maximizar las ventajas de las que dispone el grupo menos aventajado de la comunidad mundial».
Por consiguiente, el informe trata de conciliar el principio general del aspecto positivo de la liberalización del comercio con la necesidad de obligar a las empresas multinacionales a regirse por los mismos tipos de regulación, estabilización y legitimación que rigen en el ámbito nacional, razón por la cual he votado a favor del informe.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, como no podía ser de otra forma, he votado a favor del informe sobre el reciclaje y aprovechamiento de los residuos de envases, pero tengo que decir que, al hablar del informe con una pensionista, la Sra. Caterina Rossi, de Bérgamo, ésta me dijo: «¡Qué buen informe! ¡Así que los envases pueden servir para algo! ¡Incluso el papel que rodea los envases, incluso la madera y el plástico pueden reutilizarse y sirven para algo! Entonces, ¿por qué se dice a veces que los pensionistas ya no servimos para nada? ¿Quiere decir que somos menos útiles que los envases, que el papel que rodea todos los productos que se venden?»
Espero que el Parlamento preste más atención a los jubilados y las personas mayores, por lo menos tanta atención como dedica a los envases que -y eso es una buena noticia- el Parlamento Europeo considera tan útiles: esperemos que los pensionistas y las personas mayores de todos los Estados individuales, así como los del Estado europeo, sean considerados igualmente útiles.

Darras (PSE)
Cada año, la Unión Europea genera más de 60 millones de toneladas de residuos de envases. A pesar del objetivo de estabilización del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, a pesar de que la prevención de los residuos es la principal prioridad de la política medioambiental europea, la situación no ha cambiado mucho: la cantidad de envases sigue aumentando en la Unión Europea.
Es hora ya, en vista de esa creciente montaña de residuos, de que desarrollemos una estrategia ambiciosa.
Esa estrategia debe incluir la ampliación de la modesta propuesta de la Comisión mediante la introducción de la prevención y de la responsabilidad del productor.
El Parlamento Europeo ya se ha manifestado a favor de incrementar los objetivos de reciclaje y de mejorar la prevención introduciendo el concepto de la responsabilidad del productor. Sin embargo, la propuesta de la Comisión ha hecho caso omiso de esa opinión.
No obstante, la prevención es una prioridad real en el ámbito de la gestión de residuos y podría llegar a ser incluso la piedra angular de la política medioambiental europea.
Tenemos ante nosotros una oportunidad real de avanzar hacia una política de productos integrada y en la estrategia temática del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente.
Por mi parte, voy a dar mi apoyo al informe, que también subraya dos conceptos que son esenciales para el éxito de toda política medioambiental: la necesaria cooperación de todos y el hecho de que los efectos que causamos sobre el medio ambiente deberían guiar siempre nuestras acciones en el futuro.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Cuando el consumidor compra un nuevo producto, se encuentra con que el envase queda en sus manos. A lo largo de los años, esos envases han ido aumentando de volumen, no sólo para proteger el contenido de las cajas, sino también, en gran medida, para llamar la atención de los posibles compradores. Los materiales de envasado tienen cada vez más colorido y contienen, más que las simples cajas de cartón de antaño, materiales perjudiciales para el medio ambiente, incluidos metales pesados. Ya era hora de que la Comisión Europea se decidiera a modificar la Directiva sobre envases y residuos de envases aprobada hace ocho años, pero la modificación propuesta deja bastante que desear. Creemos que es un error hacer hincapié en la generación de energía mediante la incineración, puesto que eso sólo sirve para permitir a los productores y procesadores de envases contaminantes seguir como hasta ahora. Por el contrario, deberíamos centrarnos en la prevención de los residuos y en la reutilización de los materiales. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor tiene razón cuando sostiene que debe reciclarse como mínimo el 65% del peso, prohibirse completamente la utilización de plomo, cadmio, mercurio o cromo hexavalente a partir de 2007 y someter a los nuevos materiales de envasado a normas más estrictas a partir de 2004. Así mismo, me congratulo de la iniciativa de producir un 10% menos de residuos de envases en 2006 que en 1998 y de reconsiderar las normas nacionales y europeas en tanto constituyan un obstáculo para la reutilización.

Titley (PSE)
. Quiero expresar mi apoyo incondicional a este informe, que aborda la necesidad de atajar la creciente montaña de residuos en la UE. Hay que reforzar y endurecer el texto original de la Comisión para garantizar una estrategia más ambiciosa con vistas a reducir esa enorme cantidad de materiales de envase desechados. Por lo tanto, acojo con agrado los conceptos de prevención y responsabilidad del fabricante, que contribuirán a garantizar que la carga de la aplicación de estas medidas se reparta de forma equitativa entre los ciudadanos europeos. Igualmente celebro el llamamiento a los fabricantes a adoptar «todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el impacto medioambiental de los mismos», aunque reconozco también que puede ser complicado normalizar una medida de este tipo. Por último, situar esta Directiva en un contexto más amplio con el fin de asegurar que sea compatible con el Sexto Programa de Acción Medioambiental es una medida muy lógica y demuestra que la UE puede pensar al unísono y adoptar un enfoque sensato a este respecto.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, voy a referirme al informe del Sr. Fava sobre la creación del «cielo único» europeo. Mi colega y mano derecha, Giuseppe Italia, de Cremona, un jubilado de avanzada edad, me dijo cuando me preparaba para venir a Estrasburgo: «Le recomiendo que vote a favor del informe sobre el «cielo único» europeo. Soy un jubilado anciano, y no me ofenderé, señor Fatuzzo, si usted dice en su explicación de voto que nosotros, los pensionistas, estamos más cerca del cielo que los demás ciudadanos. ¿No sería apropiado, dado que ya estamos cerca del cielo, que pudiéramos obtener descuentos en la compra de billetes de avión y que, de esa forma, se fomentara que los pensionistas viajemos en avión con billetes menos costosos?».

Berthu (NI)
He votado en contra de la iniciativa del «cielo único», que más parece una maniobra de la Comisión para incrementar su poder (como siempre, con el incondicional apoyo del Parlamento Europeo) que una iniciativa diseñada realmente para mejorar la seguridad aérea e incrementar los flujos de tráfico aéreo.
Durante el debate de ayer, llamé la atención de la Asamblea sobre una dificultad relevante que sigue sin solucionarse: la que plantea la relación con Eurocontrol. Ahora debo mencionar otra: la relación con los ejércitos. La Comisión ha hecho pública su intención de modificar, en cuanto obtenga las competencias que le concede el proyecto del «cielo único», la distribución del espacio aéreo entre espacio de utilización civil y de uso militar. Ese objetivo está muy claro: reducir o incluso suprimir zonas militares con el fin de facilitar el tráfico aéreo civil.
Estamos doblemente asombrados por este método, que en esencia parece dar por supuesto que los usos militares son menos importantes en la actualidad en Europa, una idea que a su vez presupone que disfrutamos de un periodo de paz duradera. Esa es una idea ingenua y peligrosa. En lo que respecta al procedimiento, debemos reiterar que la Comisión no tiene ninguna responsabilidad militar (afortunadamente, por lo que vemos). Esa responsabilidad corresponde a los Estados soberanos y los procedimientos comunitarios no intervienen para nada en este ámbito.

Bonde y Sandbæk (EDD)
 - (DA) El Movimiento de Junio no está de acuerdo con la totalidad del contenido del informe, pero ha votado a favor porque el espacio aéreo es un problema transfronterizo que requiere soluciones comunes a escala europeo y queremos dejarlo patente mediante nuestro voto afirmativo.

Caudron (GUE/NGL)
Aunque no podemos negar que se han hecho algunos avances en lo que respecta a las normas que regulan el control del tráfico aéreo, la voluntad -confirmada por la Comisaria responsable del informe- de acelerar la liberalización de los servicios de transporte aéreo conlleva riesgos que han sido claramente expuestos por los sindicatos del sector. Desgraciadamente, esos riesgos no se han mencionado demasiado, y por supuesto se les ha prestado aún menos atención, salvo algunos diputados de izquierdas. Sin embargo, no podemos creer que los efectos de la liberalización sean exclusivamente positivos. No hay más que observar el triste deterioro de los servicios de transporte ferroviario en algunos Estados miembros desde su liberalización. Inicialmente se proponía introducir la competencia separando la función de prestación del servicio (operadores) de la función de reglamentación (los encargados del establecimiento y del cumplimiento de las normas). Tras recibir presiones, la Comisión ha tenido que modificar afortunadamente su texto, que sigue siendo mediocre y peligroso. Por lo tanto, los servicios de navegación aérea van a ser liberalizados, lo que dará lugar a riesgos de seguridad reales.
La Comisión propone, en el contexto de sus esfuerzos para conseguir la armonización a escala, la introducción de un sistema de autorizaciones para la prestación de servicios de navegación aérea.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Darras (PSE)
. (FR) Finalmente me veo obligado a dar mi apoyo a este informe, que subraya la importancia de la propuesta de la Comisión con vistas a la creación de un «cielo único» europeo antes del 31 de diciembre de 2004, como muy tarde.
Ésta me parece imprescindible si queremos, no sólo optimizar la utilización de nuestro espacio aéreo actual, establecer unas condiciones de seguridad aérea más estrictas y gestionar de forma segura y eficaz los incrementos del tráfico previstos, sino también crear las condiciones necesarias para que las compañías aéreas europeas compitan con otras líneas aéreas.
Esta propuesta, que debe permitir cierta armonización e interoperabilidad de los sistemas de navegación aérea, no está, sin embargo, exenta de problemas.
La definición de la cooperación entre Eurocontrol y la Comunidad es uno de esos problemas, entre los cuales se encuentra también la definición de la cooperación entre las autoridades civiles y militares.
Doy mi apoyo al informe para subrayar que la creación de un «cielo único» europeo no debe retrasarse en absoluto. Están en juego la reducción de los costes relacionados con el control del tráfico aéreo, la disminución de los retrasos y el incremento de la capacidad del sistema, así como, especialmente, una considerable mejora de las condiciones de seguridad.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
Con el pretexto de querer crear «un espacio aéreo integrado, organizado según los mismos principios y regido por las mismas normas», la Comisión y el Informe Fava están proponiendo en realidad la creación de un método de control del tráfico aéreo en Europa basado en criterios económicos, es decir, de un Mercado Único del espacio aéreo.
¿El desastre aéreo que tuvo lugar en Alemania el pasado julio fue un ejemplo de lo que podemos esperar del «cielo único» europeo? La empresa de control de tráfico aéreo Skyguide era una empresa privada. Operaba en un espacio aéreo funcional en el que el operador y el regulador eran independientes. Las carencias de recursos humanos y materiales de Skyguide eran tales, que afectaban a la seguridad. ¿Es éste el camino que se debe seguir, como recomienda la Comisión? En cualquier caso, este accidente debería inducir a los diputados a actuar con extrema cautela a la espera de los resultados de las investigaciones, y también a la luz de las consecuencias de la liberalización efectiva de otros medios de transporte, como es el caso del transporte ferroviario en el Reino Unido.
Ese fue el mensaje de la importante huelga europea de controladores del tráfico aéreo del pasado 19 de julio de 2002. En lugar de creer con fe ciega exclusivamente en el mercado, deberíamos fomentar la cooperación, como la que existe en el seno de la organización para la seguridad aérea, Eurocontrol. Deberíamos prestar más atención al servicio público y a la seguridad. Deberíamos hacer una reflexión global sobre la intermodalidad del transporte.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Existe tendencia visible a ampliar los ámbitos en los que interviene la UE y con frecuencia eso se traduce en una reducción de la participación democrática del pueblo y una falta de soluciones sólidas, diseñadas a medida. Por esto considero que, en términos generales, esa ampliación de las competencias de la UE es negativa. Haría una excepción en el caso de la aviación, que la mayoría de las veces implica conexiones transfronterizas y recorridos de larga distancia. Mantener los sistemas de navegación nacionales y dividir el espacio aéreo en pequeñas zonas no beneficiaría en nada a la seguridad. Por lo tanto, parece lógico que esa tarea se ceda en su conjunto al actual Eurocontrol, que ha controlado el espacio aéreo de los países del Benelux y de Alemania occidental durante mucho tiempo. Eso debería servir también para el tráfico aéreo militar que, sobre todo en Francia, sigue estando autorizado a ocupar una parte inaceptablemente grande del espacio aéreo. Es una pena que, especialmente ahora, dejemos pasar la oportunidad de contar con una gestión clara y segura del espacio aéreo. El alquiler de bloques de espacio aéreo durante un periodo fijo de tiempo no serviría sino para perpetuar la antigua fragmentación de una forma distinta. La fragmentación geográfica dará paso a una fragmentación económica. Ampliaré ese punto en mi intervención sobre el informe de la Sra. Sanders-ten Holte.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) La Comisión propone mediante estos reglamentos que desmantelemos los sistemas existentes, para atender mejor a los intereses económicos. De acuerdo con la propuesta, el cielo debe dividirse en bloques funcionales que se venderán por separado a los proveedores de servicios. Todos los servicios se liberalizarán (el control, la radio, el radar, la localización y el rescate, y el servicio meteorológico).
Este «Mercado Único del espacio aéreo» es contrario al sentido común y a los principios de seguridad y servicio público. El servicio ferroviario británico es un claro ejemplo de ello. La presencia de múltiples operadores y la competencia entre proveedores del servicio ha obrado en detrimento de la inversión en mantenimiento, el incremento de la seguridad y la mejora de las condiciones de trabajo del personal.
Lo que necesitamos es más bien lo contrario: es preciso aumentar la cooperación entre los servicios de navegación aérea y se debe garantizar la seguridad mediante sistemas integrados. Asimismo, es necesario un mayor control público sobre el transporte aéreo a escala europea, que permita desarrollar planes de transporte intermodal de pasajeros y mercancías. Las propuestas de la Comisión y el informe que ahora se debate no constituyen un paso en esa dirección. Por esto hemos votado en contra de los mismos.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Ya he indicado en mi intervención sobre el informe Fava que la ampliación de los ámbitos de intervención de la UE puede ser inevitable, pero que, desgraciadamente, de nuevo se están proponiendo las opciones erróneas. La participación obligatoria en la licitación para la adjudicación de servicios públicos, durante un periodo limitado de tiempo, de empresas privadas que compiten entre ellas (que ya se había propuesto antes para el transporte público y los puertos) se está aplicando ahora también como solución para organizar la seguridad aérea. Eso significa que cada bloque del espacio aéreo puede acabar en manos de una empresa distinta, aunque a largo plazo es inevitable que se establezca un semimonopolio que controle la mayor parte del espacio aéreo. La ideología neoliberal habrá triunfado entonces sobre la seguridad. En ese modelo, la seguridad ha quedado desplazada del primer puesto de la lista de prioridades por la reducción de costes. Se cree que se pueden reducir costes utilizando menos personal, y con peores condiciones laborales. Dado que esas personas están repartidas entre múltiples compañías aéreas con distintos intereses, que están continuamente preocupadas por sus posibilidades de ganar o perder la próxima licitación, los trabajadores tienen la sensación de que su trabajo ya no es tan esencial como antes, lo que inevitablemente se traduce en un descenso de la calidad del mismo. Asimismo, los militares no van a finalizar todavía su ocupación del espacio aéreo. No puedo dar mi apoyo a este planteamiento.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Como es natural, estamos a favor de la máxima seguridad aérea. Sin embargo, nos hemos abstenido en la votación del informe puesto que éste sólo aborda esa cuestión desde el punto de vista de las líneas aéreas y de los organismos de gestión de los aeropuertos. Como indica el ponente, también es significativo que la directiva no proponga una sola medida sobre la seguridad de las comunidades que viven en las proximidades de los aeropuertos.
El Parlamento Europeo y el Consejo consideran que es cuestión, sobre todo, de establecer un sistema unificado que permita a la Unión Europea excluir a los aviones menos seguros de sus aeropuertos y evitar también que algunos Estados miembros se sientan tentados, por razones comerciales o de otro tipo, a ser menos estrictos en los necesarios controles. Hasta aquí todo perfecto. El ponente, sin embargo, ve estas medidas como un medio para devolver una sensación de seguridad a los pasajeros, lo que beneficiaría mucho a las compañías aéreas.
Al mismo tiempo, las autoridades europeas están dispuestas a correr graves riesgos de seguridad con su proyecto de «cielo único». Esas mismas autoridades europeas pueden tomar todas las medidas que quieran (entre ellas, la exclusión de aviones africanos, latinoamericanos o de la Europa oriental), pero con el de «cielo único» y sus proyectos de privatización, el estado del espacio aéreo europeo va a ser tal que va a acabar pareciendo un espacio aéreo del tercer mundo.

Marques (PPE-DE)
. (PT) Las tasas de accidentes aéreos varían entre las distintas regiones, dado que los aviones construidos en la Europa occidental están entre los más seguros del mundo. Las compañías aéreas de la Europa oriental tienen unas tasas de accidentes elevadas, al igual que las de países de África, Asia y América del Sur y Central.
Conforme al Convenio sobre aviación civil internacional, la responsabilidad de la seguridad de la aviación corresponde a los Estados individuales. La Conferencia Europea de Aviación Civil aplica el procedimiento SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) para controlar los aviones e incrementar, por consiguiente, la seguridad de la aviación.
Por lo tanto, apoyo la propuesta de directiva, de la Comisión Europea, con vistas a la formalización del procedimiento SAFA en la Comunidad. En mi opinión, tratar de conseguir mediante esa propuesta una acción coordinada, junto con un intercambio de información que permita la pronta identificación de posibles problemas, responde adecuadamente a las preocupaciones en cuanto a la necesidad de garantizar la seguridad aérea. Sin embargo, para terminar me gustaría subrayar la importancia de la propuesta que se nos ha presentado para devolver la imagen de seguridad a la industria de la aviación, en la era posterior al 11 de septiembre de 2001, en la que esa imagen, cuya restauración es esencial para la supervivencia del sector, ha sido y aún sigue siendo bastante discreta.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Las conexiones de transporte con terceros países suponen que viajen por nuestras carreteras, nuestros mares o nuestro espacio aéreo medios de transporte que no cumplen nuestras normas medioambientales o de seguridad. Me refiero a petroleros de un solo casco, camiones desvencijados y aviones ruidosos y cuyo mantenimiento es deficiente. En la actualidad, resultan especialmente perjudicados los aeropuertos regionales de menor tamaño, que son los únicos dispuestos a aceptar a los viejos y ruidosos aviones que transportan mercancías desde la Europa oriental y los países en vías de desarrollo. Hay muchas razones para prohibir esos medios de transporte en el territorio de la UE, aunque comprendemos que países con un menor nivel de vida y una tecnología menos avanzada no tengan más remedio que utilizarlos. Sería mejor que les ayudásemos a conseguir unas normas de transporte más seguras que permitirles que causen problemas en Europa. Lamentablemente, la propuesta sobre la seguridad de las aeronaves de terceros países no va tan lejos. Es por eso que apoyo las modestas mejoras propuestas por la Sra. Maes en la primera lectura. Tiene razón cuando destaca la necesidad de unas inspecciones por muestreo más rigurosas, incluso cuando no exista ninguna sospecha, y cuando pide que se prohiba el transporte de material radioactivo en vuelos de pasajeros. Asimismo, es igualmente importante tomarse en serio las reclamaciones de las personas que viven en las proximidades de los aeropuertos.

Sylla (GUE/NGL)
. (FR) El informe Maes debería llevar en realidad el nombre de la comisión. El trabajo de la ponente no se nota. No creo que este informe merezca llevar el nombre de la Sra. Maes.
De hecho, es la comisión la que debería llevarse todos los honores por las enmiendas y la coherencia y fiabilidad del informe. Por lo tanto, he votado a favor de todas las enmiendas de la comisión (que son lógicas y adecuadas) y no he participado en la votación final, ya que eso habría representado apoyar a la ponente cuando en realidad el informe es el resultado del trabajo de la comisión. Por lo tanto, demos al César lo que es del César.

Berthu (NI)
. (FR) Nosotros apoyamos las líneas generales del informe Stevenson, que aboga por la promoción del cultivo en la Unión Europea de proteínas vegetales necesarias para la alimentación animal (soja, pero también guisantes, judías, judías silvestres, altramuces y, en menor medida, hortalizas, cereales, pasto, etc.). De hecho, parece que actualmente dependemos en gran medida de la importación (más del 77%), mientras que la producción de proteínas vegetales aumenta en el mundo y, por lo tanto, podríamos cultivar muchas más.
Esta dependencia nos causa graves problemas estratégicos, pero también problemas de salud pública, dado que es complicado, en las actuales circunstancias, establecer un seguimiento de los productos, lo que podría llevarnos, por ejemplo, a comprar de manera involuntaria soja modificada genéticamente.
No obstante, ¿qué ha limitado la producción europea en este sector? Los acuerdos de Blair House, que también han tenido otro efecto desastroso, ya que han favorecido la utilización de piensos animales, que causó la enfermedad de las vacas locas. Estos acuerdos deben revisarse o eludirse urgentemente. Por desgracia, la Comisión no parece dispuesta a hacerlo. Una vez más, nos preguntamos de qué lado está, y si el sistema comunitario va a volver a debilitarnos.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) ¿Por qué no desarrollamos la producción de proteínas vegetales para alimentar a los animales, ahora que conocemos las consecuencias de alimentar a bóvidos con piensos animales?
Sin embargo, el informe sólo se preocupa por la guerra comercial con Estados Unidos, un país del que Europa depende actualmente en gran medida para alimentar a sus animales. El informe ni siquiera aborda las necesidades reales de la población mundial. Sin embargo, los cimientos del sistema de producción de alimentos están moralmente en quiebra, puesto que éste sólo pretende satisfacer las necesidades de los países y clases sociales con un elevado poder adquisitivo.
Con el fin de vender alimentos con un alto valor añadido que resulten rentables para aquellos con un elevado poder adquisitivo, estamos malgastando lo que podríamos usar para alimentar a los más pobres. Por ejemplo, son necesarios varios kilos de harina de pescado para producir pescados más caros en las piscifactorías. Se trata de un sistema repugnante, porque contribuye a expoliar los recursos de los países más pobres y a dejar morir de hambre a parte de la población mundial.
Igualmente en aras de los beneficios, Europa financia la retirada de tierras para dejarlas en barbecho con el fin de evitar una caída de los precios. No hemos querido apoyar a todo este sistema votando por alguna de las opciones.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
Hemos optado por votar en contra del informe del Sr. Stevenson en su totalidad. No hay ninguna razón que justifique que la comisión utilice la prohibición de la transformación de proteínas animales para fabricar piensos para animales como un pretexto para pedir que la UE subvencione los altramuces (quién lo iba a imaginar) y otros cultivos ricos en proteínas. Igualmente injustificada es la exigencia de una «red de seguridad» o algún programa de seguros de renta que beneficie a los productores de semillas oleaginosas y proteínas vegetales.
Según la comisión, la solución adoptada por la Comisión, es decir, la utilización del mercado mundial casi de forma exclusiva, coloca a la UE en una posición de vulnerabilidad, «en particular frente al cambio climático, las malas cosechas e incluso los aumentos de los precios de los principales abastecedores mundiales (los EE.UU., la Argentina y el Brasil)». No creemos que haya nada malo o antinatural en eso. Más bien al contrario, como liberales que somos, creemos en la mundialización, el libre comercio y la solidaridad internacional. Por lo tanto, no podemos apoyar el informe del Sr. Stevenson.

Mathieu (EDD)
. (FR) Aunque la UE depende en gran medida de determinados abastecedores de proteínas vegetales, la Comisión propone mantener la dependencia de las importaciones, dando prioridad a una oportunidad de mercado antes que a la racionalización de sus múltiples políticas. Al hacerlo, pasa por alto los problemas que ya están teniendo los agricultores en este tipo de situaciones y deja al sector agrícola sin nuevas perspectivas.
El desarrollo del cultivo de plantas oleaginosas ricas en proteínas respondería a la necesidad de desarrollar un sector agrícola diversificado y sostenible, en respuesta a la demanda de los consumidores de productos de origen controlado y el rechazo de los organismos modificados genéticamente. Asimismo, brindaría a los agricultores nuevas oportunidades mediante el desarrollo de posibilidades de cultivos para usos no alimentarios, como biocombustibles por ejemplo. Por último, estas cosechas pueden desempeñar un papel esencial desde un punto de vista agronómico y medioambiental.
No debemos despreciar a este sector agrícola. Al contrario, debemos facilitarle los medios para hacer realidad sus sueños de crear condiciones de rentabilidad comparables a las de los cereales, favoreciendo la diversidad de especies y, más concretamente, de las que no se ven afectadas por el acuerdo de Blair House.
Sin embargo, esos esfuerzos no obtendrán resultado alguno si nuestros negociadores no se comprometen a defender con convicción de nuestra producción agrícola en el ámbito internacional.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural también tiene razón cuando se preocupa por la creciente necesidad de importar tortas de soja, con frecuencia modificada genéticamente, de los Estados Unidos, el Brasil y la Argentina. En la actualidad, la UE importa casi el doble del pienso para ganado del que produce. La antigua solución de alimentar a las vacas con harina animal y desechos de matadero como fuente de proteínas ya no puede practicarse desde la aparición de la enfermedad de las vacas locas, o EEB, pero ese es el único cambio que parece contar actualmente con una aceptación generalizada. Todavía no somos capaces de hacernos preguntas sobre cómo producimos nuestros alimentos en general. ¿Es razonable alimentar deliberadamente con vegetales a los cerdos y luego comernos los cerdos, teniendo en cuenta que la carne de esos animales tiene un valor nutritivo menor que el producto original? ¿Es razonable levantar la prohibición de incluir harina de pescado en los piensos fabricados como fuente adicional de proteínas? Estamos pescando en los océanos hasta dejarlos esquilmados, y los pescadores del sur responden a las propuestas de limitación de las capturas acusando al norte de causar problemas debido a la producción de harina de pescado. Una parte más interesante de la propuesta es la idea de que los agricultores deberían cultivar más leguminosas y oleaginosas como parte del sistema de rotación de cultivos.
Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, los conservadores británicos nos hemos visto obligados a votar hoy en contra del informe Blokland relativo al establecimiento de un marco comunitario para la clasificación de las emisiones acústicas de los aviones subsónicos civiles para el cálculo de las tasas sobre el ruido. Esto se debe a que ha sido aprobada la enmienda nº 8, volviendo a introducir un concepto que el Parlamento rechazó el año pasado: la fijación de niveles de ruido y tasas para los aeropuertos, y no únicamente para los aviones. Mientras que los aviones se mueven por toda la Unión Europea, es obvio que ése no es el caso de los aeropuertos y, por lo tanto, las tasas de ruido de los aeropuertos y los problemas de ordenación territorial son aspectos reservados a los Estados miembros de conformidad con el principio de subsidiariedad.

El Presidente.
Así concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 13.10, se reanuda a las 15.00 horas)

El Presidente. -
El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las inundaciones en Europa.

Haarder
Señor Presidente, hace unas semanas presenciamos un terrible desastre natural en Europa central, que ha producido daños de un alcance que es difícil de imaginar. Entre los países afectados hay tanto Estados miembros como países candidatos. Especialmente en este semestre en el que abordamos la ampliación, esa catástrofe tiene una importancia casi simbólica, al recordarnos que los Estados miembros y los países candidatos tienen un destino común y comparten los mismos problemas, que debemos resolver mediante esfuerzos conjuntos.
Me gustaría agradecer al Parlamento Europeo esta oportunidad de expresar, en nombre del Consejo, toda mi solidaridad con las víctimas del desastre. Muchos millones de personas se han visto afectadas. Algunas han perdido a familiares, y muchas, sus viviendas. Los daños materiales se harán notar en la vida diaria durante mucho tiempo. Todos debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar. Es importante -sobre todo en vista de la importancia de la ampliación para la Comunidad Europea- que la UE, que también es una comunidad de valores y de solidaridad, contribuya a paliar esos extensos daños. Así se destacaba también en la carta del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, el Canciller Schröder y el Canciller Schüssel que recibieron el 21 de agosto el Presidente del Parlamento Europeo y los Jefes de Gobierno de los Estados miembros. La Presidencia participó activamente en las deliberaciones que dieron lugar al envío de esa carta.
También querría agradecer, en nombre del Consejo, al Parlamento Europeo y a su Presidente el compromiso y la buena voluntad que ha demostrado el Parlamento para conseguir una respuesta rápida y eficaz de la Comunidad.
Asimismo, hay que alabar a la Comisión por la considerable energía que ha desplegado en relación con este complicado asunto. Debemos felicitar a la Comisión por el hecho de que la UE haya sido capaz de tomar rápidamente la iniciativa respecto a decisiones que beneficiarán a las regiones afectadas de Alemania y Austria, así como de la República Checa y Eslovaquia, en su condición de países candidatos. Se han puesto en marcha varias acciones, y en un futuro muy próximo podremos iniciar otras.
Entiendo que en el Consejo existe un amplio apoyo a favor de la utilización flexible de los actuales instrumentos como los Fondos Estructurales, las ayudas agrícolas y las redes transeuropeas, así como de conceder excepciones y poner a disposición de las regiones afectadas procedimientos más rápidos en lo tocante a las ayudas estatales y las licitaciones públicas. El Consejo tuvo una primera ocasión de debatir la declaración de la Comisión en una reunión del Comité de Representantes Permanentes que tuvo lugar el 29 de agosto. La Comisión propone, por ejemplo, que se cree un fondo europeo para catástrofes, que se podrá utilizarse en el caso de las inundaciones de Europa central y de futuros desastres. Quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a la Comisión por la propuesta, que se está debatiendo en el Consejo.
Debo decir con satisfacción que la propuesta de la creación del fondo obtuvo un amplio respaldo político en la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores que se celebró en Elsinore el pasado fin de semana. Es un buen punto de partida para las intensas conversaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo que se desarrollarán durante las próximas semanas. Este tema se incluirá en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y en el que se hará balance de la cuestión y, si es posible, se adoptarán algunas decisiones prácticas.
La Presidencia danesa está convencida de que la Comunidad debería colaborar para solucionar los problemas que han causado a nuestros conciudadanos, tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros, las graves inundaciones que se han producido. Debemos actuar con rapidez y eficacia, y esperamos poder colaborar de forma constructiva con el Parlamento Europeo en este importante asunto que afectará inevitablemente a muchas de las normas y procedimientos del Parlamento.

Barnier
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, todos estamos preocupados y conmovidos por el alcance de las inundaciones que afectaron tan gravemente a Alemania, Austria, la República Checa y Eslovaquia hace unas semanas. El 18 de agosto, en compañía del Presidente Prodi y de mis colegas, la Sra. Schreyer y el Sr. Verheugen, presentes aquí hoy, pude comprobar con mis propios ojos el alcance de esa catástrofe en la región de Dresde, en particular. El Presidente Prodi y la Sra. Wallström viajaron a Praga con el Sr. Verheugen, y el Sr. Fischler pudo observar asimismo la extensión de los daños en su propio país.
Señorías, hoy quisiera hacer llegar, en primer lugar, mis más sinceras condolencias a todas las familias afectadas, pero también quiero hacer una mención especial a las fuerzas de protección civil, a los miles de voluntarios que pudimos ver, y a los dirigentes políticos y autoridades civiles locales, regionales y nacionales que han demostrado una admirable dedicación en esta situación.
El 28 de agosto, la Comisión anunció una serie de iniciativas en el marco de las distintas políticas comunitarias para ayudar a los países y regiones afectados a superar este desastre. La Unión no sólo ha demostrado su solidaridad con las comunidades afectadas, sino que también se propone demostrar su capacidad de actuar y reaccionar rápidamente. Señor Presidente, todos los Comisarios presentes se han sentido especialmente impresionados por las propuestas que hizo usted al comienzo del presente periodo parcial de sesiones, así como por el discurso del Sr. Haarder de hace unos minutos. Me gustaría destacar, con respecto a los riesgos naturales, que siempre intervienen dos aspectos estrechamente relacionados: la prevención y la reparación. Permítanme, antes que nada, decir unas palabras sobre la prevención.
Sabemos que la prevención requiere tanto financiación como valentía política. Por ejemplo, el deseo de controlar la planificación del uso de la tierra, de evitar la impermeabilización de áreas excesivamente extensas, en resumen, de gestionar en lugar de desarrollar la planificación del uso de la tierra. Sin embargo, también sé que la prevención siempre cuesta menos que la necesaria reparación de los daños. En el ámbito comunitario, no cabe duda que los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión actúan como una palanca financiera para fomentar la prevención. Permítanme que cite un solo ejemplo. Muchos países se vieron afectados por las inundaciones del Rin y el Mosa durante la primera mitad de los años noventa En aquella ocasión movilizamos más de 140 millones de euros en el marco del programa INTERREG y ese dinero hizo posible el desarrollo de sistemas de control de inundaciones y de alerta, la identificación de zonas de riesgo, la construcción de embalses de control de avenidas, así como infraestructuras para facilitar el desagüe.
Durante el periodo actual, 2000-2006, muchos de los programas incluyen también acciones de prevención de riesgos. Ése es el caso, por ejemplo, del programa del Objetivo 1 para Brandenburgo, que establece la construcción de barreras de protección contra inundaciones. Se van a desarrollar más de 40 proyectos con un presupuesto de 230 millones de euros. El Tirol austríaco es otro ejemplo de ello. Tras el desastre de Galtur de febrero de 1999, en el que perdieron la vida 31 personas, se van a asignado casi 10 millones de euros para un programa de prevención de avalanchas.
Señorías, creo que estos esfuerzos, según se están desarrollando actualmente, no están a la altura de los riesgos a los que nos enfrentamos. Hemos debatido conjuntamente sobre los futuros programas de política regional a partir de 2006. Cuando llegue el momento, propondré que la prevención de riesgos naturales, tecnológicos y medioambientales sea prioridad una importante y casi inevitable de los futuros programas de política regional a partir de 2006. Como hemos visto, la frecuencia de estos desastres está aumentando, aunque no todos son tan graves. Asimismo, regiones como Alemania, que con la ayuda de los Fondos Estructurales han hecho considerables esfuerzos para impulsar su economía tras la reunificación, así como para restaurar sus ciudades y pueblos, han visto arrasado su trabajo en el transcurso de unas pocas horas.
Por esto, no es posible un desarrollo regional que no incluya la prevención de riesgos naturales, tecnológicos o medioambientales. La Comisión, fundamentalmente a iniciativa de la Sra. Wallström, va a presentar la propuesta de una estrategia europea de prevención de riesgos antes de que concluya el año.
Para acabar con este punto, me gustaría decir que es muy pertinente que este asunto se debata ahora, el mismo día en que los Jefes de Estado y de Gobierno se encuentran reunidos en Johannesburgo. Es evidente que nuestro planeta necesita un pensamiento global y valentía colectiva, tal y como propugnaba el Informe Brundtland a finales de los años ochenta, antes de la Cumbre de Río. También está claro que deben aplicarse planteamientos globales, ya sea a escala mundial o de la Unión Europa, de una forma práctica y local, sobre el terreno. Ese es el reto ecológico, el reto del desarrollo sostenible frente a la política regional al que estamos obligados a responder.
Señor Presidente, voy a hablar ahora sobre la urgente necesidad de la reconstrucción, de demostrar de forma inmediata nuestra solidaridad con los Estados federados alemanes y austríacos, pero también con las regiones checas y eslovacas que han sufrido daños. En primer lugar, necesitamos movilizar todos los instrumentos de los que ya disponemos para acometer ese reto. Ese fue el compromiso que expresó la Comisión el 28 de agosto, un compromiso que se concretó de inmediato en la adopción de decisiones en el primer ámbito, el sector agrícola, gracias al impulso del Sr. Fischler.
Los instrumentos disponibles actualmente incluyen, por supuesto, los Fondos Estructurales para los Estados miembros afectados y los instrumentos de preadhesión para los países candidatos. En el caso de las zonas y regiones elegibles, los créditos de los Fondos Estructurales podrán redistribuirse entre las distintas prioridades de los programas regionales, y estamos dispuestos a incrementar los porcentajes de cofinanciación tanto como sea posible. Durante los próximos días, se celebrarán reuniones con las autoridades nacionales y regionales con el fin de concretar las cantidades que pueden reasignarse de acuerdo con las peticiones de los Estados miembros. Nos mostraremos tan flexibles como permitan los reglamentos, sobre todo en lo que respecta a la ayuda estatal. También me gustaría confirmar que las zonas afectadas por la catástrofe no serán penalizadas mediante la aplicación de la cláusula N+2 si, como consecuencia de las inundaciones, los créditos no se utilizan dentro de los plazos estipulados por los reglamentos.
No obstante, también en este caso los instrumentos disponibles tienen sus límites. Los Fondos Estructurales no pueden utilizarse fuera de las zonas elegibles. Aunque la mayor parte de las zonas de Alemania afectadas por la catástrofe pueden beneficiarse de esos Fondos en el marco del Objetivo 1, ese no es el caso de Austria. Asimismo, dichos instrumentos se rigen por disposiciones que ustedes ya conocen bien y que no siempre permiten liberar rápidamente la ayuda necesaria.
Es por ello, señor Presidente, Señorías, que la Comisión propone la creación de un fondo para catástrofes para las regiones y Estados en el caso de un desastre natural de gran alcance. Me gustaría subrayar que ese fondo de solidaridad estará a disposición tanto de los actuales como de los futuros Estados miembros. Consideramos que es preferible recurrir a un instrumento nuevo y flexible que permitiría movilizar un mínimo de 500 millones de euros en 2002 y 1.000 millones de euros en el futuro, que se sumarían al Fondo cuando se produjese un desastre. El objetivo de ese Fondo sería, por una parte, contribuir al restablecimiento de la actividad pública normal, por ejemplo mediante la reparación de las redes de energía, transporte y telecomunicaciones, y la reconstrucción o construcción de alojamientos temporales y, por otra parte, limitar los daños consolidando las infraestructuras preventivas, como diques y presas.
Como pueden apreciar, esta propuesta es, por consiguiente, distinta. Tanto en lo que respecta a las cantidades que contempla como al tipo de intervenciones previstas, difiere del sistema de ayuda de emergencia a las víctimas que existió entre 1977 y 1996. Creo, sin embargo, que esta propuesta de la Comisión responde a los deseos que he podido escuchar, en esta misma Cámara, durante los últimos tres años, por ejemplo tras los desastres que afectaron a Grecia, a las Azores, a las Canarias, a Francia y al Reino Unido. Dentro de unos días, el 18 de septiembre, nos gustaría adoptar una propuesta de reglamento que estipule las condiciones y los métodos de implantación de ese fondo para catástrofes. La premura del calendario demuestra la determinación de la Comisión de actuar rápidamente, conforme al deseo de actuar que usted expresó claramente, señor Cox.
En nombre de la Comisión y de mis colegas aquí presentes, me gustaría dar, por tanto, las gracias a la Comisión de Presupuestos, a su Presidente, Sr. Wynn, y a sus ponentes, Sres. Colom i Naval, Podestà y Färm, por la calidad y rapidez de su cooperación. Este apoyo y comprensión son esenciales dado que nuestro objetivo común es conseguir que ese fondo esté operativo dentro de unos meses. Los Ministros de Asuntos Exteriores reaccionaron positivamente a esta propuesta en Elsinore, como ya nos ha informado usted, señor Ministro.
Concluyendo, señor Presidente, Señorías, me gustaría recalcar una vez más que la prevención es siempre más eficaz y menos costosa que la reparación. Sin embargo, en ocasiones, como ocurre en estos momentos, la urgencia es primordial y es importante que la Unión Europea sea capaz de ofrecer ayuda y solidaridad práctica a las comunidades y regiones afectadas de Alemania, Austria, Eslovaquia y la República Checa. Esto demuestra que la solidaridad europea, junto con la solidaridad local, regional y nacional, no se queda sólo en palabras. Durante los últimos quince años, ha sido la base de la cohesión política. Tiene un objetivo. Y hoy demostramos que ese objetivo se está confirmando, impulsando e incluso consolidando.
Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Barnier y demás representantes de la Comisión, Señorías, Europa ha sufrido unas inundaciones que se cuentan entre las más catastróficas de su historia y queremos expresar nuestras condolencias a las familias de las personas que han perdido la vida en ellas. Muchas personas siguen todavía desaparecidas. Hemos sido testigos de una gran destrucción y devastación no sólo en dos Estados miembros de la Unión Europea, Austria y Alemania, sino también en dos países candidatos, Eslovaquia y la República Checa.
El señor Haarder y el Comisario Barnier, en representación de la Comisión, y también nuestro representante del Parlamento, han tenido ya ocasión de expresar la actual necesidad de solidaridad europea. La tarea de descombrar tras los daños causados por las inundaciones corresponde, como es lógico, en fundamentalmente a las regiones y las naciones, pero los acontecimientos a los que hemos tenido que enfrentarnos en esta ocasión han tenido unos efectos tan dramáticos que los ciudadanos se han vuelto hacia Europa en espera de una expresión de solidaridad y, por lo tanto, aunque el Sr. Romano Prodi, Presidente de la Comisión, pueda estar aquí hoy, querría expresarle bien alto y con toda claridad mi más sincera gratitud por su visita a las zonas catastróficas con otros representantes de la Comisión, y por haber representado allí a la Unión Europea de manera correcta y apropiada.

Concedo una gran importancia a ese hecho. Yo no he estado en las zonas afectadas y sólo he podido mantener contactos telefónicos, pero muchas personas me han dicho que la presencia del Sr. Prodi, y la humanidad que encarna su persona, les permitieron ver por una vez a la Comisión y a la Unión Europea de una forma totalmente distinta, y no como la lejana burocracia que siempre habían creído que era. Su presencia humana muy personal en la zona significó mucho para todos nosotros. Estuve en contacto con el Presidente Prodi en aquellos momentos y le comuniqué en nombre de nuestro Grupo (creo que entonces se encontraba en la República Checa) que contaba con todo mi apoyo y le aseguré que cualquier compromiso al que llegara tendría el apoyo de nuestro grupo.
Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a toda la Comisión, incluidos el Comisario Barnier, que acaba de intervenir, el Comisario Fischler, la Sra. Schreyer, el Sr. Verheugen y todos los que han colaborado, así como también, especialmente, a la Presidencia danesa del Consejo encabezada por el Sr. Haarder, cuyo Gobierno ha hecho gala de una actitud muy abierta ante este asunto, en su calidad de Presidencia del Consejo. Por supuesto, todos somos conscientes de que existe una constante tensión entre solidaridad y subsidiaridad, pero en este caso es nuestra solidaridad la que se enfrenta con un gran reto. Si las medidas de seguimiento se completan ahora con la debida rapidez -y lo que acaba de expresar el señor Comisario me llena de alegría-, habremos cumplido con nuestra obligación como Unión Europea.
Antes de pasar a tratar diversos aspectos de carácter más bien práctico, quisiera expresar mi sincera gratitud a todos los que prestaron su ayuda sobre el terreno. Las referencias al cuerpo de bomberos, por ejemplo, suelen suscitar sonrisas en nuestra sociedad, ya que la gente piensa que los artilugios que manejan son de juguete. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado la importancia de disponer de un equipo de bomberos en una situación como la que nos ocupa y cuán esenciales son los soldados destacados en una situación de emergencia interna, al igual que la policía y también el servicio de protección civil. En Alemania, el país del que procedo, he podido ver acudir, en cualquier caso, a innumerables jóvenes dispuestos a arrimar el hombro y prestar ayuda y, en una época en la que con frecuencia parecen prevalecer el anonimato y el egoísmo, es una buena señal que sean los jóvenes los que demuestren esta solidaridad.
Voy a comentar ahora a algunos aspectos de la ayuda de emergencia, a los que también se referirá el Sr. Ferber. Nosotros somos del parecer -que reconozco que difiere de la opinión de la Comisión- de que deberían asignarse 1.000 millones de euros a la ayuda de emergencia. Deseo expresar mi agradecimiento a los seis Grupos que han suscrito el documento -los Sres. Karas y Ferber lo hicieron en nombre de nuestro grupo- por su disposición a llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto. La ayuda para la agricultura ya se había debatido, luego se habló de la reserva de eficacia de los fondos Estructurales, seguida por supuesto por el fondo para catástrofes que se va a crear ahora para el futuro; además, habrá que aplicar con flexibilidad las normas en materia de competencia. El Comisario Monti y la Comisión en su conjunto se han comprometido a ello.
Lo que los ciudadanos esperan ahora de nosotros -y me dirijo ahora especialmente al Sr. Wynn, presidente de la Comisión de Presupuestos-, es que pongamos todas estas medidas en práctica sin demora. Si ahora dudamos y perdemos semanas discutiendo entre nosotros, estaremos desaprovechando la buena voluntad que se ha granjeado la Unión Europea, sobre todo en la persona del Sr. Romano Prodi, Presidente de la Comisión. Por lo tanto, espero que actuemos con decisión y compromiso para poner en marcha las medidas de seguimiento.
Por otra parte, me gustaría hacer una observación que sólo concierne de manera indirecta a este asunto. En estos momentos, se están desarrollando deliberaciones sobre el Pacto de Estabilidad. Incluso en una situación catastrófica como la que nos ocupa, no debemos poner en peligro el Pacto de Estabilidad, dado que está en juego la confianza en la moneda europea, la confianza en la capacidad de la Unión Europea en su conjunto para cumplir lo prometido. Por lo tanto, quiero exhortar a todos, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento, a que ninguno de nosotros socave los cimientos del Pacto de Estabilidad, sino que -volviendo al tema de la catástrofe- todos cumplamos nuestra obligación con las personas que se han visto seriamente afectadas. Si lo conseguimos, nuestra Unión Europea disfrutará de una aceptación popular mucho mayor de la que solemos creer que tenemos.
Con este espíritu, insto a todas las instituciones implicadas a que cooperen.
(Aplausos)

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, Señorías, este verano hemos vivido una auténtica catástrofe medioambiental, económica y cultural en Centroeuropa.
El 14 de agosto, yo, en nombre del Grupo Socialista, expresé nuestra solidaridad y la necesidad de que la Comisión actuara, y me permitirán que mencione el hecho de que el Presidente Sr. Prodi y los Comisarios no sólo se pusieron las botas y patearon el barro, sino que, además, el Presidente, Sr. Prodi, aceptó la invitación del Canciller Sr. Schröder, que desde el primer momento se movilizó, para realizar esa Cumbre extraordinaria de Berlín que, creo, fue un signo fuerte de voluntad y de actuación.
Otros compañeros míos hablarán más extensamente de la situación en Alemania, en Austria, en Chequia, en Eslovaquia y en Hungría. Pero, permítanme, en nombre del Grupo Socialista, en primer lugar, que exprese nuestra condolencia, nuestro sentimiento a las víctimas y, también, nuestro agradecimiento más sincero a todos los voluntarios que se han movilizado, no sólo a aquellos que vienen de las zonas concretas, sino, también, a otros muchos. Yo he tenido la oportunidad de ver en mi país voluntarios que venían de las Islas Canarias, que están un poco lejos, y que se iban a Europa Central a echar una mano donde hiciera falta. Esto demuestra que hay un espíritu común entre nosotros.
Creo que éste es el momento de señalar que debemos enmendar comportamientos pasados. La solidaridad debe expresarse por igual con todos, y ésa es una lección que hemos de aprender de las Azores.
También hay una lección que aprendimos, por ejemplo con el terremoto de Grecia y es que la acción conjunta de griegos y turcos permitió superar barreras pasadas. Es en los momentos de dificultad cuando hay que manifestar la voluntad.
En relación con la decisión que ha tomado la Cámara -me felicito de que sea unánime y de que la Comisión de Presupuestos haya actuado con seriedad- creo que tiene que haber un apoyo decidido. Es evidente que no se pueden planificar las catástrofes en los presupuestos, pero sí se puede, como se ha hecho con ECHO y como vamos a hacer ahora con el fondo: tratar de crear un sistema de aseguramiento que nos permita actuar.
Quiero manifestar, ahora que estamos en la Convención, que ya es hora de que superemos esa absurda distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. Parece que hay que pagar lo que va a las vacas o al trigo y no lo que se destina a las catástrofes. Creo que ésa es una lección política importante. También esto se aplica al pacto de estabilidad. Se puede discutir la aplicación del pacto de estabilidad cuando hay una catástrofe, lo que no es de recibo es que se esté discutiendo el pacto de estabilidad en países que no han sufrido las catástrofes. Creo que en eso tenemos que ser muy firmes.
Por último, señor Presidente, creo que, de cara a nuestro planteamiento del desarrollo sostenible, hemos de ser más humildes y respetuosos con la naturaleza, que tiene memoria y que vuelve. Debemos actuar con más firmeza en el camino hacia una política de desarrollo sostenible y, sobre todo, de reforzamiento de la solidaridad entre nosotros.

Virrankoski (ELDR).
Señor Presidente, las inundaciones que han afectado de esa forma tan grave a Europa central este verano han sido una enorme catástrofe natural. Las pérdidas financieras han sido colosales. Las inundaciones han provocado víctimas mortales, heridos y consternación. En circunstancias como esas, la Unión Europea tiene también la obligación de ayudar. Por esa razón, mi Grupo, del ELDR, apoya las acciones y planes de la Comisión destinados a ayudar a las víctimas de las inundaciones y a contribuir a financiar la reconstrucción, y solicita un enérgico programa de acciones ulteriores.
El reparto de competencias determina que la responsabilidad de la UE sea mayor en el ámbito de la agricultura. Por lo tanto, las medidas que ha adoptado la Comisión para adelantar los pagos de las ayudas agrarias directas son acertadas, al igual que el resto de sus planes. El Grupo ELDR también considera apropiadas las siguientes medidas: la reprogramación parcial de los Fondos Estructurales, un incremento temporal de la financiación comunitaria y la canalización de la reserva de eficacia a la zona inundada. Incluso está del todo justificado el uso de los fondos destinados a la red transeuropea de transportes para los trabajos de reconstrucción. Las medidas encaminadas a ayudar a los países candidatos también tienen el apoyo de nuestro grupo. Debemos hacer posible la utilización de la reserva de ayuda de emergencia del presupuesto para reparar los daños.
Nuestro grupo está a favor de la creación de un fondo europeo de ayuda de emergencia. Técnicamente, puede ser conveniente crearlo de conformidad con un instrumento flexible. Su finalidad y sus normas deberían definirse claramente. La compensación tendría que proceder fundamentalmente de la cuota nacional de los Estados miembros, y de las compañías de seguros. Nuestro grupo está dispuesto a impulsar una puesta en marcha tan rápida como sea posible de la legislación y los preparativos técnicos relativos a este fondo.
Es importante que la Unión Europea haga un esfuerzo más intenso para superar el cambio climático, aplicar el acuerdo de Kioto y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, es importante promover la utilización de fuentes de energía renovables. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta el riesgo de desastres naturales, como las inundaciones, en los distintos ámbitos de la estructura social e intentar reducirlos.

Markov (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, señores Comisarios, mi grupo acoge con satisfacción el debate sobre las medidas necesarias en el ámbito europeo para afrontar los daños sin precedentes que han causado las desastrosas inundaciones en la República Federal de Alemania, Austria, la República Checa y Eslovaquia. Quisiera volver a expresar nuestra consternación y nuestro dolor por las víctimas, así como nuestras condolencias a sus familias.
Los inmensos daños materiales y la pérdida de los medios de vida de miles de personas requieren una ayuda amplia y coordinada por parte de las autoridades e instituciones europeas, nacionales y regionales. Los ciudadanos, las comunidades, las empresas y las instalaciones agrarias que se han visto afectados esperan que las instituciones europeas les presten una ayuda inmediata y tangible para aliviar su estado de necesidad y también para abordar las amplias consecuencias de la emergencia.
La Unión Europea puede hacer mucho para mejorar su imagen y su reputación a los ojos del público actuando de forma rápida y sin trabas burocráticas. La notable oleada de solidaridad y ayuda mutua altruista que se manifestó en la lucha contra la crecida de las aguas debe complementarse con muestras evidentes y significativas de la solidaridad de la Unión Europea.
La Comisión ha dado un paso en la dirección adecuada al proponer la posible redistribución de los recursos en el marco de los Fondos europeos, pero eso no es suficiente. Junto con el fondo comunitario para catástrofes que ha propuesto la Comisión y que movilizará dinero para ayudas a largo plazo, es preciso aportar una ayuda de emergencia con cargo al margen todavía no utilizado de los recursos presupuestarios europeos. Además de eso, proponemos que, en el caso de desastres, sea posible contemplar la opción legal de reducir la cuota de cofinanciación nacional, suspendiendo al mismo tiempo la licitación obligatoria de contratos públicos con el fin de movilizar a las empresas locales y regionales. De esa forma, se contribuiría eficazmente a apoyar y promover las pequeñas y medianas empresas de la región o la zona afectada por la catástrofe.
Nos congratulamos de la iniciativa del Banco Europeo de Inversiones, por la que se van a liberar en un primer momento 1.000 millones de euros para la concesión de créditos con condiciones especiales, con la opción de reponerlos en una fecha posterior. Ofrecer esos créditos sin intereses sería de gran ayuda para sus receptores. Eso nos lleva a proponer que la Unión Europea asuma los costes de los intereses devengados, mediante un fondo creado especialmente con este objeto.
A modo de conclusión, quisiera señalar que esas desastrosas inundaciones no son un fenómeno natural aislado y extremo; la incidencia de desastres naturales en diversas partes del mundo se está incrementando. En nuestra opinión, esa debería ser -debe ser, de hecho- una clara señal de advertencia, que nos exige que otorguemos a los aspectos medioambientales una prioridad mucho mayor de la que les hemos dado hasta ahora en todas los ámbitos pertinentes las políticas comunitarias.
Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, observamos con horror cómo los ríos de Sajonia, Sajonia-Anhalt, Baviera, la República Checa, Eslovaquia y Austria, fueran grandes o pequeños, se convertían en ríos de destrucción. Nunca antes había roto el Elba, el río que pasa por Dresde, mi cuidad natal, sus márgenes originales con tanta brutalidad. Destruyó buena parte de los trabajos de reconstrucción realizados tras la unificación alemana y, sobre todo, se llevó las posesiones de muchos jóvenes que acababan de fundar hogares y de iniciar nuevos negocios -estarán endeudados durante generaciones- y destruyó la mayor parte del centro renovado de la ciudad de manera verdaderamente arrasadora.
Me faltan palabras para describir las pérdidas, los sufrimientos y la desesperación de las víctimas. Hablo de mi ciudad natal, pero tomémosla como un símbolo que representa a muchas pequeñas localidades que también se han visto afectadas en la misma medida que las grandes ciudades de Alemania y sus países vecinos. En mi nombre y en nombre de mi Grupo, me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a todos ellos. Deseo que este debate se convierta en una muestra real de solidaridad y que el fondo para catástrofes llegue a ser una realidad, basada en un sentimiento de solidaridad con todas las regiones, en lugar de sólo con algunas, y que incluya a los países candidatos.
Tanto los residentes como los visitantes tuvieron siempre un gran respecto por el río Elba. La ciudad se ha adaptado a las crecidas de primavera, pero ahora los nuevos planes de las redes transeuropeas de transporte convertirán el río en una esclusa con corrientes rápidas que pondrán en peligro a la población que vive en sus riberas. Por lo tanto, solicito a la Comisión que vuelva a analizar si sus planes de desarrollo urbanístico del río Elba y también del Danubio siguen estando justificados en vista de la presente experiencia.
Hay un plan de desarrollo para el Danubio, que es sostenible y conservará los bosques aluviales Ahora le corresponde a la Comisión decidir si va a financiar ese plan en solitario o si va a establecer algún tipo de acuerdo para la financiación de las presas. En lo que respecta al Elba, todavía no está claro en qué medida va a asumir la Comisión los planes existentes para su desarrollo que son impracticables, como ha quedado demostrado. Si esos planes aún no se han ejecutado -lo que ha sido una gran suerte, pues de lo contrario las inundaciones habrían sido incluso más torrenciales- ha sido gracias a las iniciativas de la sociedad civil que, hasta la fecha, han evitado que se pusieran en práctica. Sin embargo, durante las próximas semanas habrá que plantearse si será posible conservar los importantes bosques aluviales y sus recursos, y mantener así también las aguas controladas, o si el desarrollo urbanístico del Elba va a seguir adelante.
Lo mismo cabe decir del río Oder, para el que existen planes similares; también cerca del Oder hay reservas naturales y el río amenaza con inundar algunos pueblos. La pregunta que hacemos a la Comisión es si se puede elaborar un nuevo plan adecuado y se pueden revisar todos los planes actuales, de forma que también la Comisión asuma su plena responsabilidad en este ámbito.

Nobilia (UEN).
Señor Presidente, el objeto de la propuesta de resolución presentada por el Grupo UEN y de las propuestas de los demás grupos políticos es en esencia crear en el presupuesto de la Unión una línea de crédito destinada a ayudar a paliar los daños causados por los desastres naturales que han ocurrido recientemente en varios Estados miembros y en países candidatos. La necesidad de una acción comunitaria urgente era, además, del todo evidente si tenemos en cuenta los efectos excepcionalmente amplios de los fenómenos atmosféricos que han afectado a toda Europa. Cuando visitó las zonas catastróficas, el propio Presidente Prodi no pudo sino declarar, al expresar las condolencias de la Unión, su disposición a actuar, tanto mediante exenciones como con ayudas financieras.
A nuestro juicio, otras consideraciones también sugieren la necesidad de crear una línea de crédito estable. Aunque muchos no estén dispuestos a admitirlo, me temo que está empezando a ser obvio que el clima de nuestro planeta está cambiando, y no es necesario adherirse a la teoría más alarmista para verlo. Como es lógico, las estadísticas meteorológicas acumuladas a lo largo de los años han hecho lo posible para mostrarnos comparaciones alentadoras, haciendo que la escala de los desastres parezca menor, pero no es su tamaño, a pesar de ser muy significativo, lo que nos preocupa ahora, sino la creciente frecuencia con la que se producen, por una parte, y por otra, el hecho de que ocurran repetidamente fuera de su estación normal en Europa.
La creación de una línea de crédito estable dentro del presupuesto de la Unión ayudaría, por tanto, a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para paliar los daños causados por esos sucesos. Sin embargo, no hay duda de que la Comisión debe adoptar también otras medidas, incluso más importantes, destinadas a la prevención Sin duda, es buena idea volver a analizar, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, las políticas de producción agrícola, de forestación y de gestión de las zonas de riesgo hidrológico. En cualquier caso, el problema principal, la cuestión más importante es, con toda seguridad, el efecto invernadero y sus consecuencias perjudiciales que, debo decir con gran pesar, se han demostrado científicamente más allá de cualquier duda.
Es preciso que reflexionemos sobre el hecho de que la cuestión de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero -que se planteó por primera vez hace ya diez años en Nueva York y por segunda vez, seis años después en Kioto, en el famoso Protocolo- sigue sin avanzar un ápice hacia su solución debido a que el Protocolo no ha sido ratificado por un número suficiente de Estados.
Instar a Rusia a que ratifique el Protocolo es, sin duda, un paso importante, pero entra dentro del ámbito de las relaciones políticas y económicas que se están estableciendo con dicho país. Seguimos teniendo la incuestionable obligación de insistir con mayor firmeza en la necesidad de que los países candidatos ratifiquen el Protocolo, empezando por Polonia.

Bonde (EDD).
Señor Presidente, mi grupo, el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, también desea transmitir sus condolencias a los familiares de las víctimas de las graves inundaciones que se han producido en Europa y afirmar que debemos encontrar métodos eficaces para prestar ayuda a las numerosas personas que en estos momentos la necesitan. Sin embargo, me gustaría prevenirles de las consecuencias negativas de que la UE tome parte en los trabajos de ayuda. Las víctimas del huracán de América Latina no recibieron el dinero que les habíamos asignado. La UE se contenta a menudo con aceptar los beneficios en términos de relaciones públicas de una importante asignación de fondos, pero no está en una posición que le permita tomar medidas eficaces. Lo mismo podría ocurrir fácilmente también en esta ocasión. Sería más razonable pagar un parte del coste del programa de ayudas que han puesto en marcha las autoridades locales, regionales y nacionales, y yo personalmente estoy dispuesto a ser muy generoso en este sentido, puesto que es en tiempos de necesidad cuando los amigos demuestran que lo son.
En la UE somos ricos, mucho más ricos que, por ejemplo, la República Checa y Eslovaquia, dos países muy afectados. Ahora deberíamos apresurarnos a demostrar nuestra solidaridad en términos prácticos y monetarios. Sin embargo, también debemos analizar las causas y tomarnos más en serio el efecto invernadero y otros ataques humanos contra el medio ambiente. El presidente francés, Jacques Chirac, tiene razón, por supuesto. Merece nuestras alabanzas por su discurso en Johannesburgo. Todavía no estoy en condiciones de poder valorar la aportación de la Presidencia danesa del Consejo a la Cumbre de Johannesburgo, pero es escandaloso que sigamos inundando de productos subvencionados por la UE los mercados agrícolas de los países en desarrollo, mientras nos negamos en redondo a abrir nuestros mercados a sus productos de esos países, y que todavía no se haya llegado ni siquiera a un acuerdo que establezca que el 15% de la energía debe proceder de fuentes renovables en 2015. Como consecuencia de esa falta de decisión, probablemente estamos sentando las bases de futuros desastres naturales. Gracias, señor Presidente, aunque no hay mucho que agradecer.

Ilgenfritz (NI).
Señor Presidente, no es necesario decir que nos complace la iniciativa de la Comisión de ayudar a quienes han sufrido daños en las desastrosas inundaciones de una forma rápida y sin burocracia. Sin embargo, creemos que los mensajes de ayuda que ha ofrecido la Comisión en este momento resultarán, por desgracia, insuficientes para ayudar a las víctimas. Asimismo, los fondos se conceden hasta cierto punto de acuerdo con criterios no igualitarios.
Estamos muy conmovidos por la magnitud de esas desastrosas inundaciones. Sólo en las regiones austríacas, más de 10.000 viviendas han quedado destruidas, innumerables puentes y carreteras han quedado inservibles o han sufrido daños importantes, y la infraestructura de comunidades y regiones ha quedado gravemente perjudicada. Las inundaciones han afectado gravemente a cientos de empresas, cuyas instalaciones y edificios están muy dañados o destrozados. Sólo en la región de Alta Austria, las inundaciones han afectado o puesto en peligro millares de puestos de trabajo.
El alcance global de los daños crece prácticamente de día en día, según vamos apreciando mejor hasta qué punto han quedado afectadas las regiones. En la actualidad se cree que los daños totales ascenderán a más de 800.000 millones de euros, lo que significa, como ya se ha dicho en varias ocasiones, que el montante de 500 millones de euros propuesto por la UE como ayuda de emergencia no será suficiente. Por lo tanto, estamos trabajando sobre la base de que como mínimo se asignen mil millones de euros a las medidas de ayuda de emergencia.
En este contexto, nos gustaría recordarles que se acaba de devolver a los Estados miembros un superávit correspondiente al año 2000 por valor de 11.600 millones de euros. Si se devuelven a los Estados miembros miles de millones de euros correspondientes a 2002, las personas afectadas por las inundaciones interpretarán que la UE honra el concepto de solidaridad más sobre el papel que en la realidad. Por lo tanto, creo que la Comisión debería reponer ese dinero y que el superávit de este año debería recortarse como corresponda.
No podemos, o más bien no debemos, llegar a una situación en la que los pobres de Europa sean tratados injustamente. No considero correcto ni apropiado que las medidas de ayuda sean asignadas, en última instancia, en función de la región a la que están destinadas. En el caso de Alta Austria, muchas empresas no están ubicadas en la región incluida dentro del objetivo comunitario y, por lo tanto, se les deniegan determinadas ayudas. No hay ni que decir que también debemos pensar en los agricultores y ganaderos a los que se deberían facilitar, de forma rápida y sin burocracia, fondos para la compra de piensos, además de permitirles utilizar tierras ahora en barbecho y proporcionarles cereales intervenidos a bajo precio para su utilización como piensos.
Es obvio que tenemos que pensar en los miles de particulares cuyas casas quedaron destruidas y también debemos poner fondos a su disposición con espíritu solidario.

Ferber (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías Comisarios, Señorías, permítanme expresar mi gratitud a la Comisión por la iniciativa que presentó a finales de agosto, inaugurada por una visita a las zonas afectadas, seguida de la reunión especial que celebró la Comisión la semana pasada con objeto de dar el pistoletazo de salida a la creación del fundamento jurídico para la concesión de una ayuda que permita responder a esta grave catástrofe. Permítanme que mencione particularmente, en este contexto, al Comisario Fischler, que tiene menos problemas con los presupuestos. Además de hacer propuestas, al mismo tiempo también puede tomar decisiones a través de la Cámara Alta austríaca. Es una gran ayuda para los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones que esto se haya hecho tan rápidamente tras los acontecimientos.
Tres cosas son necesarias. En primer lugar, debemos ofrecer ayudas de emergencia, y hacerlo rápidamente. Con ello daremos una muestra de solidaridad europea. Quiero resaltar explícitamente que esa ayuda debe ser rápida y, lógicamente, inmediata. No podemos conformarnos con que las personas afectadas se sienten en torno a un árbol de Navidad improvisado en sus casas decoradas con gran esfuerzo, mientras en esta Cámara seguimos debatiendo aspectos como la fundamento jurídico, la redistribución de los fondos y todas esas cosas ya consabidas. Una ayuda de emergencia rápida significa que el procedimiento que se siga para actuar debe ser el más rápido disponible -los miembros del Grupo del PPE proponemos que se base en el procedimiento utilizado en el cuarto presupuesto suplementario de 2002-, de forma que se pueda poner a disposición un montante del orden de 1.000 millones de euros para finales de octubre como muy tarde.
En segundo lugar, hay que crear el marco jurídico necesario. El Fondo Estructural -se ha mencionado el nombre de Michel Barnier-, la ley sobre subvenciones y contrataciones públicas, son todos aspectos que se deben tener en cuenta. Es necesario poner en marcha un paquete legislativo completo, con el fin de que la legislación europea no entorpezca una rápida reconstrucción.
En tercer lugar, tenemos que prepararnos para el futuro. ¿Cómo podemos crear un fondo para catástrofes para el futuro? He ahí la cuestión. Debemos hacerlo de forma calmada y sin prisas, con el fin de que todo sea correcto en términos presupuestarios y jurídicos. Si llevamos a buen puerto esos tres aspectos, la ayuda llegará pronto a las personas, y Europa habrá cumplido con sus responsabilidades a largo plazo con sus ciudadanos.
Swoboda (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores representantes de la Comisión, en esta Asamblea ya se han desarrollado en otras ocasiones largos debates sobre si es o no conveniente contar con una institución o fondo con la finalidad específica de conceder ayudas cuando se producen catástrofes.
Es preciso decir en honor a la verdad que muchos nos sentíamos escépticos, creyendo que resultaría una carga para nuestros recursos, pero el gran desastre que se ha producido durante las últimas semanas nos ha convencido, a mi juicio, de que la solidaridad es una respuesta adecuada frente a esas catástrofes. No se trata sólo de ofrecer apoyo financiero a los países que repentinamente se enfrentan con una gigantesca tarea; sino también, como ya se ha mencionado, de una cuestión espiritual y moral, y también de una situación en la que esta Unión Europea nuestra, que ya no despierta un gran entusiasmo, puede conseguir un mayor apoyo público si demuestra que actúa con un espíritu de solidaridad. Por lo tanto, mi grupo está decididamente a favor de la creación de un nuevo instrumento financiero con todas las precauciones que la honestidad nos exige que adoptemos ante una situación de desastre.
En primer lugar, los desastres en cuestión deberán ser de grandes dimensiones y no debemos fomentar la falsa impresión de que podemos reemplazar los esfuerzos de los Estados; podemos y debemos complementarlos, pero no sustituir ese esfuerzo en el ámbito nacional.
De nuevo me gustaría subrayar lo que ha manifestado el Comisario Barnier con respecto a la prevención. No sólo debemos procurar restablecer la situación anterior, cuando esto sea posible, sino también poner en práctica medidas preventivas utilizando todos nuestros conocimientos técnicos, como se ha hecho, por ejemplo en mi ciudad natal, Viena, donde de nuevo hemos podido evitar el desastre. Lo que eso significa es que los Estados no pueden dar por sentado que seguirán obteniendo dinero cuando se produzcan desastres para luego continuar desarrollando indefinidamente políticas urbanísticas y demográficas que han fracasado por completo.
La última cuestión que me gustaría apuntar ya se ha mencionado en un par de ocasiones, pero nunca está de más resaltarla: debemos ayudar de una forma rápida. Sé que todos tenemos que respetar ciertos plazos, pero veo que algunos planes indican que el regalo podría llegar para Navidad o quizá sólo después, cuando ya sea demasiado tarde. Demasiado tarde para que los ciudadanos tengan una experiencia de la Unión Europea como una ayuda real. Por esto pido a todos los diputados, pero sobre todo a la Comisión, que concluyan los preparativos tan rápidamente como sea posible y con la máxima eficacia para que tanto el Consejo como el Parlamento puedan dar su inmediata aprobación. Si podemos explicar a los ciudadanos que así se ha hecho, creo que podrán decir «sí» con gran entusiasmo a esta Unión Europea nuestra.
Olsson (ELDR).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar, me gustaría expresar mis condolencias y las de mi grupo a todas las personas afectadas por la catástrofe.
Las catastróficas inundaciones que han tenido lugar en Europa Central han sido, y siguen siendo, espantosas. Algo ha ocurrido con el clima. Los desequilibrios en la frecuencia de las sequías y las lluvias son cada vez más comunes, y los vientos son cada vez más violentos. En Johannesburgo se hizo un esfuerzo por encontrar soluciones globales. Sin embargo, el país que provoca la mayor contaminación por habitante, los Estados Unidos, no desea participar. Tal y como está en el mundo en estos momentos, a la UE le corresponde asumir ahora el liderazgo del desarrollo de una política medioambiental sólida.
El Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Haarder, ha afirmado que eso afectará a nuestros procesos y a nuestras decisiones. Estoy convencido de que será así. La UE se ha enfrentado con problemas importantes que requerían soluciones comunes y que han unido a países y pueblos. Así ocurrió en el caso de la Unión del Carbón y del Acero, de la política agrícola, del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria. Estoy convencido de que tenemos que trabajar unidos para poder hacer frente con éxito a los futuros problemas medioambientales del planeta.
El próximo proyecto importante de la Unión Europea debería ser la creación de una política medioambiental común que sea estricta y también directamente vinculante para los países y las personas. De esa forma, podríamos fijar unas normas mínimas más exigentes que nadie pudiera rebajar luego y la UE podría tener la oportunidad de representar un papel protagonista en la mejora del medio ambiente mundial. Esa es la cuestión más importante tanto para la humanidad como para la UE.

Fiebiger (GUE/NGL).
Señor Presidente, las inundaciones más catastróficas que se recuerdan que han afectado a las personas que viven en la zona del río Elba y algunos de sus afluentes han tenido también graves consecuencias para los agricultores y ganaderos y sus familias. Aunque todavía no se ha hecho un recuento definitivo de los daños, los informes provisionales de los Estados federales de Sajonia y Sajonia-Anhalt, especialmente afectados, indican el enorme alcance de los daños causados por las inundaciones. En estos momentos, se calcula que los daños causados por la riada en la agricultura y la silvicultura ascienden a cerca de 287 millones de euros. Sólo en Sajonia, unas 1.900 explotaciones agrícolas se han visto afectadas directamente por las inundaciones, y otras 640 en Sajonia-Anhalt. Mucho mayores son, no obstante, los daños causados en las viviendas de los pueblos, en la infraestructura de las zonas rurales y en los diques de los ríos. La zona de la que procedo, Prignitz, está situada en las orillas del río Elba y los daños han sido graves; a pesar de que se pudo evitar parte del desastre, puesto que la zona no se inundó y los diques del Elba no se rompieron, los habitantes de 37 pueblos de Prignitz tuvieron que ser evacuados y unas 20.000 cabezas de ganado tuvieron que ser rescatadas de la inundación: un logro inmenso de solidaridad entre vecinos en una zona como Prignitz, muy poco poblada.
Se llevó a cabo un trabajo ingente en Havelland, donde muchos miles de voluntarios hicieron lo posible para contrarrestar la inundación artificial de la zona a pesar de que los pólderes habían reventado. Las consecuencias medioambientales y financieras no quedarán patentes hasta finales de 2003 y 2004. Solicito expresamente que los anticipos de la prima comunitaria del 50% por hectárea se tramiten rápidamente, pero pido al Comisario Fischler que revise su pago a las empresas, a pesar de que eso no entra dentro de sus funciones.
Los formularios de solicitud que han llegado a mis manos están escritos en jerga burocrática y no en el idioma de la solidaridad. Además, hay una necesidad de fondos adicionales. Las líneas de crédito especiales y los programas de garantía pueden ayudar, pero muchos agricultores ya no pueden volver a endeudarse, puesto que todos estos programas tienen en común la característica de que tardan un tiempo en entrar en vigor. Sabemos que este año quedarán sin utilizar entre 1.000 y 1.300 millones de euros del presupuesto de la UE. Solicito con carácter de urgencia que se estudie la posibilidad de que los fondos no utilizados se destinen a financiar subvenciones a fondo perdido para los agricultores de todas las zonas afectadas que hayan sufrido graves daños, en lugar de devolverlos a los Estados miembros.
Cuando la UE pone en práctica sus medidas, es objeto de un intenso escrutinio por parte de sus ciudadanos. Lo que hace falta, y rápidamente, es dinero, no trucos de prestidigitación ni medidas de evasión política. Espero que, teniendo eso en cuenta, el Parlamento y todos nosotros seamos capaces de hacer lo correcto.

Echerer (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de diputado austríaco, me gustaría empezar mi intervención expresando mi gratitud por la posibilidad de una ayuda rápida e inmediata. Estos tristes acontecimientos nos han permitido avanzar hacia el objetivo de conseguir la proximidad con nuestros ciudadanos que con frecuencia hemos anhelado. Europa ha sido capaz de dar una imagen algo mejor. Bruselas, ese monstruo burocrático, parece encarnar la solidaridad, y esperemos que eso no siga siendo únicamente una imagen de cara a la galería. Los desastres tienen una dimensión que trasciende las fronteras nacionales. Es necesaria la solidaridad europea, y la UE ha dado la respuesta correcta. Junto con las incontables víctimas, cuya muerte lamentamos profundamente, hay muchas personas y familias que están al borde de la ruina; tenemos empresas, tanto pequeñas como grandes, agricultores, el medio ambiente, la agricultura, servicios públicos, edificios históricos, tesoros artísticos, incluidos los de los países candidatos, que necesitan una ayuda inmediata y rápida, concedida de forma conjunta y sin condiciones. Al público no le interesa de dónde viene el dinero ni cómo llevamos a cabo toda la reestructuración. Tenemos que abordar esto de forma inmediata y rápidamente. Las ayudas deben ser visibles.
Volviendo a las medidas de seguimiento y las medidas a largo plazo, me gustaría subrayar lo que han dicho mis colegas, a saber, que el cambio climático se ha convertido en una realidad brutal. Estamos ante un cambio climático provocado por el hombre. El Sr. Barón Crespo ha afirmado que debemos ser más humildes en lo que respecta a la naturaleza, pero esto exige que emprendamos más acciones eficaces y acciones políticas más eficaces. El Comisario Barnier ha destacado repetidamente la necesidad de medidas preventivas. No sólo son necesarias y más baratas, sino que también protegen mejor el medio ambiente. Espero, y solicito a todos los Estados miembros, a la Comisión y a esta Asamblea, que todas estas medidas no se queden en meras expresiones de buena voluntad, sino que se pongan en práctica en todos los ámbitos políticos pertinentes.
En vista de ello, debemos darnos tiempo para desarrollar un debate detallado sobre el fondo para catástrofes. No tiene mucho sentido lanzarse simplemente a la reconstrucción de lo que ha quedado destruido si no hemos reunido previamente toda la información disponible necesaria, sobre todo en áreas sensibles desde el punto de vista medioambiental. Tenemos que reconstruir de una forma sostenible. Las esperanzas que los ciudadanos depositan en esta UE nuestra, en esta comunidad de solidaridad, han aumentado y seguirán creciendo. Por lo tanto, debo felicitarles por esas medidas ad hoc, pero deberíamos trabajar con igual celo para identificar las estructuras para el futuro, pues nuestra solidaridad no debería limitarse a las víctimas actuales, sino que debería extenderse a todo el mundo, y no sólo ahora, sino también en el futuro.
Schierhuber (PPE-DE).
Señor Presidente, Señor Presidente en funciones del Consejo, Comisarios, Señorías, me gustaría empezar manifestando mi sincero agradecimiento a todos mis colegas diputados por su solidaridad y simpatía, ya que ésta es una época realmente difícil para las personas de las zonas afectadas de Europa Central. La última vez que Austria sufrió una inundación de esta envergadura fue hace más de un siglo. Estamos especialmente agradecidos a la Comisión y a la Presidencia del Consejo por su rápida respuesta a esta catástrofe. También me gustaría dar las gracias a los diputados europeos de Austria por la solidaridad y cooperación que han manifestado, independientemente de su adscripción política, así como a todos los ayudantes voluntarios, a los bomberos voluntarios, a la Cruz Roja y al Ejército Federal austriaco por su incansable labor. Procedo de una de las zonas afectadas de la Baja Austria y he sido testigo de sus esfuerzos sobrehumanos.
En muy poco tiempo fueron destruidos los medios de subsistencia de muchas personas, y, por citar un ejemplo, más de 20.000 hectáreas de tierras cultivables austriacas quedaron anegadas. Los daños causados han sido enormes, lo que significa entre otras cosas, que la cosecha no podrá completarse en las zonas en que la trilla se hace tarde, y que numerosos campos y prados no podrán ser segados, ya que todavía se encuentran inundados debido al alto nivel de las aguas subterráneas. Las máquinas y equipos se hunden en los campos y hay que contar con escasez de forrajes.
La inmediata adopción de medidas por parte de la Comisión para ayudar a los agricultores es, por consiguiente, una cuestión de vida y muerte para nosotros y lo agradezco de todo corazón. En un estudio, el Instituto de Investigaciones Económicas de Austria cifra los daños en más de 7.500 millones de euros. La destrucción de numerosas empresas y de la infraestructura en estas regiones ha hecho que el desarrollo de estas zonas se retrase años enteros. El Parlamento y la UE en su conjunto deben ayudar activamente y con gran celeridad. Ha llegado el momento de demostrarlo. Considero que es una oportunidad para que la Europa que compartimos demuestre su valía.
Realmente saludo la ayuda de emergencia concedida por la UE, una de cuyas características más importantes es, como ya han señalado muchos de los oradores que me han precedido, la transparencia del proceso y la ausencia de burocracia. Éste es un ámbito en el que -para ser francos- los gobiernos de las zonas afectadas deben asimismo facilitar los fondos necesarios sin demora. La ayuda de emergencia debe incluirse en el presupuesto suplementario. Debemos crear un fondo eficiente para catástrofes, dotarlo de recursos suficientes y definir los criterios para su funcionamiento. Este fondo debería estar dotado de 1.000 millones de euros.
Las catástrofes sucederán una y otra vez, pero nuestra sociedad se distingue por la manera en que tratamos la naturaleza y vivimos en armonía con ella, así como por nuestra solidaridad con los afectados por el infortunio, ya que todos podemos encontrarnos en su situación.

Krehl (PSE).
Señor Presidente, Señorías, yo vengo de Sajonia. Tan sólo pensar en lo sucedido allí me causa dolor y dos minutos es muy poco tiempo para hacerlo.
El 12 de agosto marcó el comienzo de una de las peores catástrofes naturales que ha conocido este país. He aquí tan sólo una estadística: El 12 de agosto, en los Montes Metálicos cayeron 360 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas. Creo que muchos Estados miembros estarían más que satisfechos con sólo una parte de estas precipitaciones durante el verano. Los arroyos y ríos desbordados barrieron con todo lo que encontraron en su camino. Miles de personas perdieron todas sus pertenencias en unas cuantas horas. Los minoristas y comerciantes no sólo perdieron sus tiendas y empresas, sino también todas sus existencias y materiales. Al parecer, 21 personas perecieron en las inundaciones.
El nivel del agua ha descendido y todo lo que queda es: devastación y lodo. Las primeras estimaciones cifran los daños de las infraestructuras y edificios públicos en el Estado Libre de Sajonia en 16.500 millones de euros. A título de comparación, el presupuesto anual del Estado Libre de Sajonia es de unos 15.000 millones de euros. Sajonia-Anhalt se queja de haber sufrido daños por 2.100 millones de euros, aunque considero que la factura definitiva será más elevada.
Se necesita urgentemente ayuda de emergencia. El Gobierno federal ya ha reaccionado y en breve facilitará 10.000 millones de euros para los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, la Unión Europea también ha recibido solicitudes de ayuda. Y también ha respondido y su respuesta ha sido bien acogida.
No obstante, me gustaría señalar que, incluso si recurrimos a los fondos estructurales y damos prioridad a determinadas medidas, debemos ir aún más lejos. No debe producirse una disminución en las ayudas de los fondos estructurales para las zonas del Objetivo 1 de Alemania Oriental y les exhorto a que tengan esto en cuenta.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que han ayudado en las labores de limpieza y lucha contra las inundaciones. Me gustaría asimismo pedir a la Comisión que no deje fuera de sus planes de ayuda de emergencia a la República Checa y a Eslovaquia. Estos países han sufrido daños enormes y probablemente no están tan bien preparados para ello como Alemania o Austria.
Busk (ELDR).
Señor Presidente, Comisarios, Presidente en funciones del Consejo, mi simpatía en este momento va dirigida a las familias más afectadas de las zonas que han sufrido este desastre. Asimismo debemos mostrar respeto y admiración por la enorme respuesta al desastre y por la manera en que miles de personas lucharon, hombro con hombro, contra las mareas de agua. Fue algo sin precedentes. No cabe duda que los Estados miembros de la UE deben unirse para hacer frente a una catástrofe como ésta. Por ello es importante recordar que la ayuda concedida en el momento oportuno cuenta doble. Asimismo me gustaría destacar que muchas personas desean saber de qué forma vamos a ayudar a la República Checa. La República Checa es un país candidato y, por consiguiente, es muy importante que lo tratemos de tal manera que tanto ese país como los demás países candidatos se sientan seguros.
Por último, destacaré que la agricultura en las zona afectadas ha sufrido una doble pérdida: primero, la cosecha de forraje de este otoño se ha perdido, y segundo, las cosechas de invierno ya sembradas no estarán listas para el año próximo. Por esa razón no cabe duda que las pérdidas sufridas por la agricultura se extenderán al menos a dos ejercicios contables.

Goepel (PPE-DE).
Señor Presidente, en la noche del 12 de agosto, mi hija compró una cámara fotográfica en la localidad de Döbelin, donde vivo, que cuenta con 28.000 habitantes. Tres horas más tarde, la tienda ya no existía. Otro tanto sucedió con 1.425 hogares de ese distrito y 711 empresas. Y por supuesto, las escuelas, los institutos científicos y, sobre todo, las infraestructuras públicas se vieron gravemente afectadas y, para decirlo sin rodeos, la agricultura contempla su propia ruina. Como ya hemos escuchado, 220.000 hectáreas fueron inundadas y las estimaciones provisionales de los daños causados por las inundaciones a la agricultura son enormes. La Sra. Fiebiger ha citado estas cifras.
Lo peor de todo es la pérdida de piensos animales, sobre todo por la pérdida de grano. Los gobiernos y la Unión Europea ya han concedido una suma considerable de dinero en forma de ayudas de emergencia. Y aparte de ello, el Comisario responsable, Franz Fischler, con quien estoy en constante contacto personal y al que expreso nuevamente mi agradecimiento, ha ordenado que se faciliten 560 millones de euros en forma de pagos directos a los agricultores, si bien la cifra definitiva será superior, ya que, de acuerdo con la información con que cuento, ahora se han incluido las regiones de Mecklemburgo y Pomerania Occidental.
Como ya se ha dicho aquí, se han facilitado superficies de barbecho, junto con grano barato para alimentar al ganado. Mi petición o, más bien, mi pregunta es la siguiente: ¿se han facilitado realmente estos 560 millones de euros desde el 1 de septiembre? Escuchar la respuesta de sus labios, estimado Sr. Fischler, sería música para los oídos de las víctimas. Porque no debemos equivocarnos. Ésta es una emergencia nacional y, aunque las regiones afectadas deben hacer todo lo posible por hacerle frente, tendrán que ir más allá de sus límites financieros. Por ello, hacer frente a esta catástrofe a corto, medio y largo plazo es tarea de estas regiones, de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea. Y habrá que adoptar medidas rápidamente, porque las personas afectadas requieren urgentemente ayuda económica.
Izquierdo Collado (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hago míos los mensajes de condolencia y agradecimiento de los colegas.
Europa se ha visto afectada de manera incomparable por el problema de las inundaciones y debe ser parte de la solución de este problema inmediato que tenemos. Por ello, la urgencia reclamada por los colegas y una ayuda que no sea una ayuda semántica son los dos primeros factores absolutamente necesarios en el comportamiento de esta Cámara.
Es necesario, señor Presidente, dinero fresco para acometer las ayudas; no solamente el dinero programado, sino nuevas aportaciones. Debemos tener en cuenta que esta Cámara ha contribuido durante muchos años a que el 1,27 como tope del presupuesto de la Unión Europea nunca se haya utilizado y ha sido, por tanto, utilizado en proporciones sustanciales por debajo del mismo.
Creo que el Sr. Barnier ha introducido consideraciones y matizaciones absolutamente necesarias. Pertenezco a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y es evidente que la flexibilidad es fundamental en la reprogramación, que la reserva de eficacia se debe utilizar para su cometido, revitalizando las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la normalización y la recuperación y que la prioridad en la defensa de nuestras infraestructuras es un dato fundamental en las nuevas prioridades.
Señor Presidente, termino diciendo que, si hemos sabido ahorrar durante muchos años, la solidaridad nos exige hoy generosidad.

Schnellhardt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de diputado de una de las regiones afectadas por las inundaciones, estoy muy agradecido de que este debate se celebre hoy. Aquí estamos, pensando en la manera de conseguir dinero para las víctimas. Lo que demuestra que nuestra comunidad, la Unión Europea, se basa sobre todo en el principio de solidaridad. También me gustaría dar las gracias al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, por haber visitado personalmente las regiones devastadas. Su visita demostró claramente que la Unión Europea se encuentra perfectamente, que está lista para ayudar e hizo mucho por mejorar la reputación de la Unión Europea.
Los ciudadanos de a pie vieron que Europa es una fuerza dinámica que ayuda. La semana pasada visité algunas de las zonas afectadas para preparar el presente debate y hable con los ciudadanos y los responsables. La devastación es inmensa y la gente sufre una profunda desesperación. Sin embargo, sacan esperanzas para comenzar de nuevo del incontenible sentido de solidaridad mostrado en Alemania y de la ayuda procedente de otras partes, entre ellas la Unión Europea, ya que no pueden hacer frente a estos problemas por sí solos.
Lo fundamental -como me dijeron una y otra vez- es que se necesita dinero rápidamente. Aparte de reemplazar la pérdida de propiedades personales, antes que nada debemos garantizar que las infraestructuras sean reconstruidas lo antes posible, a fin de reducir al mínimo las pérdidas de las empresas. Además de los créditos baratos, que el Comisario ya ha mencionado, creo que debemos hacer algo más por garantizar que el dinero fluya con rapidez. Una posibilidad sería facilitar fondos del presupuesto suplementario o del fondo para catástrofes sobre el que ya hemos debatido hoy aquí. Este dinero debe desembolsarse a corto plazo.
La segunda posibilidad consiste en facilitar recursos a través de los fondos estructurales. Me parece que ambos canales son importantes y constituyen el planteamiento adecuado. Sin embargo, en el caso de los fondos estructurales debemos tener en cuenta que, con arreglo a la legislación vigente, los fondos estructurales sólo pueden utilizarse con una cofinanciación del 50%. Esta cofinanciación se consigna en los presupuestos de los países en tramos anuales y a continuación se asignan los fondos correspondientes. No se pueden facilitar fondos adicionales a corto plazo. De ahí que el empleo de los fondos estructurales sólo tenga sentido si se modifica la cofinanciación. Lo que necesitamos es una reducción, y no me refiero a un par de puntos porcentuales, sino a una reducción drástica únicamente durante este período, es decir, mientras los fondos se utilicen para la reparación de los daños.
Sin embargo, habrá que revisar la cuestión de la aportación de más dinero con cargo a los fondos estructurales durante los próximos años, como ha señalado la Sra. Krehl. Creo que si adoptamos este planteamiento, tendremos una gran oportunidad de ayudar a la gente y ganarnos su confianza en la Unión Europea.
Berger (PSE).
Señor Presidente, yo también debo comenzar diciendo, con cierto patriotismo local, que mi región, la Alta Austria, y lo que es más importante, mi distrito de Perk, se han visto devastados por las inundaciones. En el distrito de Perk, donde vivo, sufrimos tres inundaciones y avalanchas de lodo repentinas de una magnitud sin precedentes en tan sólo un mes. La primera, que fue, en términos relativos, la más ligera, afectó a mi casa.
Atrás quedó el momento en que intentábamos convencernos de que éste era un suceso que ocurre cada milenio -una infeliz combinación de circunstancias-, pues ahora estamos convencidos de que se trata de una catástrofe producida por el cambio climático que puede repetirse en cualquier momento. Puede repetirse una vez más en cualquier lugar de Europa o del resto del mundo y en cualquier momento, es decir, incluso ahora que nos dedicamos a los casos de emergencia y a reparar los daños, tenemos que centrarnos en la prevención y la protección del clima.
Estoy muy agradecido con todo el mundo, incluida la Comisión, que ha adoptado un impresionante paquete de medidas y nos ha demostrado la forma en que podemos ayudar a escala europea. Todos los que procedemos de las regiones afectadas ya hemos señalado que este mensaje ha sido muy bien acogido por nuestros conciudadanos. Asimismo creo -y ese es el motivo por el que hacemos presión aquí para obtener mayores ayudas- que la asistencia de la Unión Europea debería ser proporcional a los daños. La factura total en Alta Austria probablemente será del orden de 3.000 millones de euros.
Me gustaría hacer una petición especial a la Comisión en nombre de mi región, que no forma parte de los Objetivos 1 y 2, y de los lugares más afectados que no cumplen los criterios para recibir ayudas. Pido que se apoye la aplicación de las medidas de reestructuración dentro de Austria, incluidas estas zonas.
Le agradezco, Señor Presidente Cox por haber adoptado la temprana iniciativa en nombre de la Unión Europea y por inaugurar una exposición sobre los daños sufridos en Alemania, la República Checa y Austria que yo he organizado para las 17 horas de hoy, pues considero que este tipo de solidaridad es importante. Puedo informarles de que en mi región, incluso las personas que lo perdieron todo o casi todo, afirman que los pobres checos están peor y que probablemente tendrán mayores problemas para hacer frente a esta catástrofe. Creo que hemos sido testigos de un súbito repunte de la solidaridad transfronteriza.
Me gustaría aprovechar este foro para agradecer a todos los que han ayudado en Austria: el ejército, los bomberos, la Cruz Roja y todos los voluntarios. Numerosos organismos se han visto desbordadas por los ofrecimientos de ayuda. En Austria, los solicitantes de asilo africanos han ayudado y las asociaciones de jóvenes musulmanes han colaborado de forma voluntaria. Se ha producido una ola de solidaridad que nunca habíamos presenciado y que ha sorprendido a muchos, y con mucho gusto transmitiré el mensaje de sincera simpatía que se ha expresado aquí para las víctimas de mi región.
Piscarreta (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisarios, Señorías: mi intervención se debe, por supuesto, a las diversas catástrofes que han ocurrido en los Estados miembros de la Unión Europea, las devastadoras inundaciones, sequías e incendios.
Este verano, las lluvias torrenciales que azotaron Alemania y Austria, así como la República Checa y Rumania, han causado un daño incalculable. Antes que nada, en términos humanos, la pérdida de docenas de vidas humanas y de miles de heridos o desparecidos y de familias que han quedado sin techo. Se han producido igualmente daños materiales en las infraestructuras, como puentes y carreteras destruidos, cultivos inundados y la destrucción de un patrimonio centenario.
Antes que nada -y creo que hablo en nombre de todos mis colegas diputados- deseo utilizar este foro para elogiar la gran dedicación y la movilización de los servicios de emergencia, bomberos, policía, soldados y voluntarios. En la víspera de las sombrías conclusiones de la Cumbre de Johanesburgo, la Unión Europa ya tiene que hacer frente a las consecuencias del cambio climático y del incumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Para mí y para mi país, la Unión Europea significa solidaridad, tanto con los Estados miembros como con los países candidatos. Por ello, la Unión Europea tiene que poner en marcha todos los mecanismos y medios financieros que tiene a su disposición para ayudar a las zonas afectadas. La ayuda debe ser directa e inmediata, ya que las víctimas no comprenderían que se utilizasen procedimientos burocráticos y que se produjeran retrasos administrativos.
Por esa razón deseo manifestar mi apoyo inequívoco a la creación a corto plazo de una línea presupuestaria excepcional para hacer frente a este tipo de desastres, mediante la reorientación de los fondos estructurales que ya han sido asignados, teniendo en cuenta la nueva situación, y la liberación de créditos concedidos en el marco de los programas de preadhesión. Igualmente estoy a favor a medio plazo de la propuesta de la Comisión de crear un fondo especial de asistencia para las catástrofes naturales, tecnológicas y medioambientales con una dotación no inferior a 1.000 millones de euros. Este fondo nos permitiría dar un respuesta rápida en caso de desastre en el sentido más amplio del término. Propongo que la dotación de este fondo que no se gaste durante el ejercicio en curso se añada al fondo para los años siguientes con el fin de reforzarlo. De esta manera, cada año aumentaría la capacidad de respuesta. Además, la cuantía de la financiación liberada debería tener en cuenta no sólo la magnitud del desastre, sino también la prosperidad de las regiones afectadas.

Walter (PSE).
Señor Presidente, Señorías: los desastres a gran escala como los acontecidos hace un mes traen consigo tristeza, ansiedad y pena, pero en ocasiones también traen algo bueno. Como por ejemplo, que la gente se sienta más cercana y unida, y que todos veamos que tiramos en la misma dirección. La cooperación vivida en un contexto europeo hace mucho más en los tiempos difíciles que los interminables y nobles discursos, y aquí hemos visto -y mis felicitaciones sobre todo a la Comisión por la forma en que se puso en acción- que la Unión Europea, que a menudo es considerada inflexible, puede demostrar toda su flexibilidad al asignar recursos de los fondos estructurales, al pagar las ayudas a los agricultores, al aplicar las normas de los fondos procedentes de Europa, al establecer un régimen flexible de ayudas, es decir, cuando los fondos no son canalizados directamente, y al mostrarse flexible en sus disposiciones en materia de competencia. Y estas actividades emiten un mensaje positivo, un mensaje que dice que Europa puede ponerse en movimiento cuando resulta necesario.
Nosotros tenemos nuestra tarea hecha para nosotros. El Consejo y el Parlamento tienen que facilitar ahora ayudas tangibles con rapidez. La ayuda debe ser rápida debido a que los diques que han sido inundados no resistirán indefinidamente. Se necesita ayuda. Y la ayuda debe ser tangible porque se necesita una ayuda permanente y aquí me gustaría decir con toda claridad que el fondo de ayuda propuesta, que cuenta con nuestro pleno y firme apoyo, no está concebido como un parche rápido para unos cuantos meses o un incidente aislado. Cualquier persona que haya presenciado que dos países, que se encuentran entre los más fuertes económicamente de Europa, han recibido expresiones de solidaridad de países que no se encuentran entre los más fuertes, nunca más podrá negar ayuda a esas regiones si sufren una catástrofe en el futuro. Y digo esto a la vista de lo que hemos hecho en materia presupuestaria en años anteriores. Desgraciadamente, nunca hemos tenido suficiente dinero para ayudar realmente. Fundamentalmente, todo lo que hicimos fue despertar esperanzas para luego defraudarlas. Esto no debe repetirse con el fondo de ayuda y debemos actuar de forma consecuente.
Sin embargo, debemos abordar una serie de cuestiones que trascienden estas medidas de emergencia. Debemos abordar estos temas en la Comisión de Presupuestos, donde intentaremos mantener un estrecho contacto y una estrecha colaboración con la Comisión y el Consejo a fin de hacer que las cosas avancen lo antes posible. Pero también debemos tener en cuenta en nuestros cálculos la experiencia a la hora de elaborar políticas en otros ámbitos. La información vía satélite sobre gestión de inundaciones debe incluirse en el programa marco de investigación, como sucede con la investigación sobre seísmos, ya que aquí no sólo estamos hablando de agua, sino también de terremotos, y ahí tenemos el caso de las Azores. Tenemos que pensar cómo imponer especificaciones obligatorias para garantizar la estabilidad de los edificios. Asimismo debemos considerar muy detenidamente la canalización de los ríos y las vegas. Y se necesita ayuda urgente. A medio plazo debemos crear una base sólida para la futura ayuda de la Unión Europea -incluida la ayuda financiera- y adoptar medidas preventivas en todo el espectro político que nos atañe. Sólo entonces la ayuda será creíble, pues sólo entonces la gente nos tomará en serio e, incluso entonces, no debemos prometer más de lo que podemos cumplir. Me gustaría dar las gracias a todos los que han ayudado y confío en que colaboraremos en las próximas semanas y meses para llevar a cabo la tarea que nos espera.
Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisarios, Señorías: como ya se ha dicho, mi país, Austria, ha sufrido daños por 7.500 millones de euros. He participado personalmente en los trabajos de limpieza, evacuación y excavación en Alta y Baja Austria, como muchos de los que estamos aquí y miles, literalmente miles, fuera de esta Cámara. Juntos hemos presenciado la necesidad material y la angustia mental causada por este desastre, que ha llevado a algunas personas al límite y que acabó con casas, calles y empresas. Muchos sólo se dieron cuenta de la gravedad de la situación una vez que se marcharon los bomberos, el ejército y los servicios de emergencia.
En nombre de un gran número de personas me gustaría dar las gracias a las autoridades, los municipios, los Estados federados, los Gobiernos de los Estados miembros, la Unión Europea y los voluntarios y, en mi calidad de presidente de una organización social, la Österreichisches Hilfswerk, que es una de las ocho organizaciones que distribuyen el dinero de los donantes o, mejor dicho, de los cientos de miles de donantes. La sociedad civil ha demostrado su valía y no nos ha fallado. Pero su labor aún no ha terminado. El Canciller austriaco, Dr. Schüssel, estimó ayer que ya se ha registrado un 70% de los daños y se han desembolsado directamente entre 65 y 60 millones de euros. La jefa de la Delegación austriaca, Ursula Stenzel, tomó la iniciativa de presentar una resolución común de los diputados austriacos, que se ha incluido en la resolución común del Parlamento Europeo.
No es necesario definir este desastre, ya ha tenido lugar, y es por ello que el Parlamento Europeo solicita una ayuda de emergencia de 1.000 millones de euros para las zonas inundadas. Ahora pedimos flexibilidad en la concesión de las ayudas, pedimos que los recursos de los fondos estructurales sean reasignados, pedimos que se reduzca la cofinanciación nacional, pedimos que se supriman los límites nacionales en materia de ayudas y pedimos que las ayudas de emergencia se entreguen rápidamente; queremos fechas concretas, no sólo promesas.
Me gustaría concluir dando las gracias a todas Sus Señorías por el tono del presente debate. No se ha intentado oponer las víctimas a los que no han sufrido daños, el norte al sur, los Estados miembros a los países candidatos, las cifras presupuestarias entre sí, los proyectos a nuevos planes. Este debate pone de manifiesto que debemos actuar porque todos vamos en el mismo barco. Es un buen ejemplo de madurez política y de la disposición para demostrar que las acciones valen más que las palabras, para contribuir a garantizar que no se produzcan retrasos, que se adoptarán medidas a corto plazo y que se adoptará un nuevo enfoque a largo plazo.
Zrihen (PSE).
Comisario, señor Presidente, Señorías: pronto llegará el invierno y las peticiones de nuestros ciudadanos a la Unión Europea no deben quedar desatendidas. En toda Europa, los hombres y mujeres que han sufrido la terrible tragedia de las inundaciones, en condiciones especialmente difíciles, esperan que el Parlamento les transmita una señal de esperanza, pero más que eso esperan medidas claras, inmediatas y prácticas.
En mi región, el Hainault belga o en zonas que han recibido menos publicidad, el público no entendería que nos negáramos a ayudarles o que hubiese dos tipos de ayudas según la zona en la que se viva o la magnitud de los daños, puesto que todas estas personas se han visto desgraciadamente afectadas por este desastre, unas más que otras o incluso dos veces más que otras; me refiero en particular a aquellos que forman parte del tejido económico, como los agricultores y las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón, todos ellos deben ser compensados con rapidez y de forma equitativa y sin tener que superar los excesivos obstáculos burocráticos que todos conocemos. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Demostremos nuestra eficacia y utilidad; asumamos nuestras responsabilidades y apliquemos de inmediato una política europea concertada, coordinada y vinculante en materia de ordenación territorial. Debemos defender firmemente lo dispuesto en Kyoto, independientemente de lo que digan algunos. Podemos crear un fondo de ayuda permanente, pero debemos mirar hacia el futuro y elaborar medidas preventivas a largo plazo. Comisario, usted habló de «valor político», y yo le diría que lo que debe demostrar este Parlamento es «responsabilidad política común» a fin de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Lo que está en juego es nuestro futuro.

Casaca (PSE).
Señor Presidente: Me gustaría decir dos cosas: Primero, quisiera manifestar la sincera y profunda solidaridad de la Región Autónoma de las Azores, y segundo, deseo destacar las palabras y concretamente la actuación del Comisario Barnier, quien desde hace años presta especial atención y gran dedicación al problema de las catástrofes naturales.
Lo que debemos hacer ahora es transformar esa dedicación en un proyecto de reglamento que garantice que dichos fenómenos se aborden con objetividad e imparcialidad, de forma que todos los ciudadanos sean tratados de la misma manera, independientemente del lugar en que vivan, ya sea en medio del Atlántico o en el centro de Europa. Además hay que hacerlo de acuerdo con el principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta el espíritu que ha demostrado esta Cámara, el espíritu de que la solidaridad europea está siendo construida en este preciso instante, en estos momentos tan difíciles para todos nosotros.

Haarder
Señor Presidente: ha sido un debate tranquilo, pero conmovedor. Me refiero a los informes testimoniales que hemos oído y a las numerosas expresiones de simpatía y voluntad de ofrecer asistencia rápida. Creo que podemos decir que el Parlamento, la Comisión y el Consejo están unidos en su voluntad de ayudar a los cientos de miles de personas afectadas, y no sólo ayudarles, sino hacerlo rápidamente.
Estamos a la espera de que la Comisión presente propuestas prácticas. Consideramos que la Comisión ha actuado correctamente en este asunto. La Presidencia debería hacer todo lo posible por garantizar que el Consejo aborde rápidamente esta cuestión y, si juzgo por lo que he oído hoy, estoy convencido de que los asuntos pueden avanzar con mucha rapidez en este Parlamento. Actuar con rapidez es importante. Como ha señalado un diputado, la ayuda concedida en el momento oportuno cuenta doble. Estoy convencido de que podremos crear un instrumento eficaz, tanto a corto como a largo plazo, para ayudar a todas las personas afectadas. Como señalé en mi intervención introductoria, los Ministros de Asuntos Exteriores han aprobado este fin de semana la creación de un instrumento de este tipo.
Ahora nuestra tarea es la de la reconstrucción tras los abundantes daños, pero como han mencionado varios diputados, no debemos dejar a un lado la prevención, pues los daños podrían haber sido mucho menos graves si hubiéramos tenido más visión de futuro a la hora de abordar las inundaciones en Europa.
Los verdaderos amigos se conocen en la necesidad, dice un viejo refrán que existe en muchos idiomas. Creo que es importante que la solidaridad que ha puesto de manifiesto este debate se extienda igualmente mas allá de los actuales Estados miembros para incluir a los países candidatos que, de esa manera, recibirían la señal de que también ellos son tomados en cuenta en el contexto en el que estamos trabajando. Es este espíritu de comunidad y solidaridad con los nuevos Estados miembros el que utilizaremos más adelante, este mismo año, para aprobar una de las decisiones más importantes en la historia de Europa.

El Presidente. -
Gracias, señor Ministro. Quiero dar las gracias a todos nuestros colegas que han participado en el debate. El tono del debate y su contenido prácticamente ya lo dicen todo. Dadas las distintas responsabilidades ejecutivas de nuestros colegas en la Comisión, es importante que aprovechemos su presencia al final de este debate invitando a cada uno de los Comisarios a hacer una breve declaración relativa a la institución en general y a sus carteras en particular.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, Comisarios, Señorías: yo también quiero dar las gracias a todos ustedes por sus intervenciones y por el tono del presente debate. Creo que éste ha sido uno de los mejores momentos del Parlamento Europeo.
No voy a extenderme mucho, simplemente deseo responder a las preguntas que se me han formulado. En este contexto, la pregunta principal es: ¿cómo se aplicarán las medidas adoptadas para la agricultura? La primera medida adoptada consistía en utilizar las tierras en barbecho. Esta medida ya está en marcha. Estas superficies ya pueden utilizarse en las regiones afectadas. La segunda medida adoptada fue suministrar grano de intervención para la alimentación del ganado en Austria. Esta medida está igualmente en marcha. Ya se han recibido solicitudes de las autoridades austriacas. La tercera medida y la más completa consiste en dar prioridad a los anticipos del 50% de las primas por superficie en el presente ejercicio presupuestario. El Sr. Goepel ha preguntado cuál es la situación en este ámbito. La decisión ya ha sido adoptada y será tramitada, el dinero se asignará utilizando los procedimientos normales de asignación que se utilizan para las primas. Éste es el método más expeditivo. En otras palabras, los importes son desembolsados por el Ejecutivo en cada uno de los Estados miembros. Quisiera añadir que mientras tanto esta medida se ha ampliado un poco y que los anticipos se elevan a más de 900 millones de euros.

Schreyer
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías: creo que una vez más el debate de este día ha enviado una señal clara, una clara señal de solidaridad y de que las instituciones europeas colaboran muy bien y se apoyan mutuamente en esta situación. Y me parece que este hecho es sumamente significativo.
La Comisión decidió la ayuda que podía conceder en su capacidad ejecutiva, las medidas que podíamos adoptar directamente, en su reunión extraordinaria tras el descanso estival. Existen las ayudas financieras para los agricultores, las ayudas de preadhesión y, lo que por supuesto es más importante, los fondos estructurales. Pero también podemos ofrecer más flexibilidad. A este respecto me gustaría destacar que hemos decidido permitir, en materia de licitaciones, la máxima flexibilidad en las regiones afectadas, a fin de actuar con rapidez. El Comisario Monti ha dejado muy claro que no se presentarán objeciones basadas en la normativa en materia de ayuda contra las ayudas nacionales destinadas a compensar hasta un 100% de los daños sufridos por las empresas y que esta ayuda incluso puede incluir la pérdida de beneficios o pedidos. Creo que ésta es una señal de gran importancia para las empresas afectadas de esas zonas.
Por lo que se refiere a la creación de un fondo para conceder ayudas directas en caso de catástrofe natural, agradezco el gran consenso que se ha manifestado en esta Cámara, consenso que abarca a todos los partidos políticos y que concuerda con el que se ha producido en el Consejo. Como ustedes saben, anteriormente no contábamos con ese instrumento, un fondo de ayuda para las catástrofes naturales. Primero debemos crear este fondo. Esto significa que debemos llegar a un acuerdo y a un contrato extraordinario entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En las próximas semanas, la Comisión presentará una propuesta al respecto. Deberemos establecer la base jurídica correspondiente, a fin de poder desembolsar el dinero del fondo. Quiero hacer una petición directa al Parlamento Europeo y al Consejo: recuerden que el demonio se esconde en los detalles cuando ustedes formulan esta base legal; tengan en cuenta que lo que deseamos es que el dinero llegue rápidamente a las regiones afectadas. Debemos conceder a las regiones afectadas un importe a tanto alzado en forma de ayuda y, en lugar de esperar a que se formulen proyectos concretos, deberíamos declarar la ayuda como tal para la región.
Al parecer, este debate ha puesto de manifiesto que toda la Cámara está de acuerdo en que necesitaremos al menos entre 500 y 1.000 millones de euros anuales. Tenemos que llegar a un acuerdo con el Consejo a este respecto, ya que, como resulta obvio, el fondo deberá ser financiado por los Estados miembros, incluso si deseamos facilitar ayuda este año sin reclamar nuevos fondos.
Sin embargo, debemos dejar claro que nuestra ayuda es una ayuda subsidiaria. Es una ayuda solidaria por parte de la Unión Europea y no debemos despertar falsas esperanzas. Este debate también me ha hecho comprender que la Cámara está de acuerdo en que las decisiones y las normativas deben adoptarse sin demora. Así las cosas, tenemos que establecer un calendario ambicioso a fin de que las decisiones necesarias para la creación de este fondo de ayuda de emergencia puedan adoptarse para finales del mes de octubre.
Gracias por su apoyo.
Verheugen
Señor Presidente, Señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías: quisiera retomar una idea que ha aparecido en todo el debate, a saber, el hecho de que en medio de un desastre tan terrible se produzcan momentos de consuelo, sobre todo cuando la humanidad muestra de repente su rostro en el momento menos esperado. Estoy encantado de que hayamos podido mostrar el rostro humano de la política europea. Y no sólo en las zonas devastadas de Alemania y Austria. Puedo asegurarles que fue muy apreciado en la República Checa. La celeridad con la que actuamos y el hecho de que dimos por sentado que era necesario actuar han causado una impresión mucho más profunda que mucho de lo que hemos hecho a favor de la República Checa en los últimos años. El hecho de saber que, en la hora de la necesidad, estás en el mismo barco que tu vecino y de ver que se ofrece ayuda con un espíritu de solidaridad, ha venido a responder a la pregunta que se plantean muchas personas en este país: ¿por qué exactamente queremos Europa y la necesitamos?
Agradezco al Parlamento Europeo que, al igual que la Comisión y el Consejo, no haya perdido tiempo haciendo distinciones entre Estados miembros y futuros Estados miembros a la hora de conceder ayudas procedentes de la nueva reserva para emergencias. Podemos elegir a nuestros asociados, pero no podemos elegir a nuestros vecinos. Si llueve a cántaros en Austria y Sajonia y en la República Checa, que se encuentra entre ambas, no podemos decir que ayudaremos a Austria y a Sajonia, pero que no ayudaremos a la República Checa. Y los habitantes de Praga se dieron cuenta de que esta es la opinión general. Estuve ahí el jueves pasado. Me parece que -y lo digo con la mayor de las precauciones- la inundación también ha acabado con algunos problemas políticos recientes entre los países afectados.
Barnier
Señor Presidente: ahora que nos acercamos al final de este debate, me gustaría añadir unos cuantos pensamientos a los de mis colegas. Es significativo que varios Comisarios hubieran manifestado su deseo de estar presentes durante todo el debate, ya que hemos colaborado y cada uno de nosotros, dentro de su ámbito, debe contribuir a una respuesta expeditiva y eficaz.
En particular, quisiera decir a los Sres. Ferber y Markov que vamos a utilizar todos los márgenes de flexibilidad de los que disponemos en materia de porcentajes de cofinanciación, licitaciones y ayudas estatales. Lo que se aplica a los fondos estructurales para los Estados miembros de la UE se aplica igualmente a los instrumentos de preadhesión para la República Checa y Eslovaquia, como ha señalado el Sr. Verheugen. Quisiera responder a la Sra. Krehl que no tenemos intención de excluir a estos dos países candidatos de nuestra solidaridad.
En una intervención anterior, la Sra. Schroeder ha hablado de los pueblos y regiones que rodean su ciudad, Dresde. Por lo que a mí respecta, nunca olvidaré el panorama de la ciudad de Wiesenstein, que me afectó profundamente. Esta pequeña ciudad acababa de ser reconstruida y restaurada tras la caída del muro de Berlín y resulta trágico que ahora haya quedado destruida. No debemos olvidar ese aspecto, junto con las grandes ciudades afectadas.
También me gustaría responder al Sr. Virrankoski, que se ha referido a la metodología del fondo. Dentro de muy poco, el 18 de septiembre, presentaremos una propuesta: celeridad, eficacia y equidad para los métodos de distribución de este nuevo fondo. Actualmente estoy estudiando los criterios que permitirán definir qué es una catástrofe importante. En mi opinión, una catástrofe importante es una catástrofe que afecta gravemente a una parte significativa de la población en una o más regiones o en uno o más Estados. Es asimismo una catástrofe que pone gravemente en peligro la economía de la región, de un grupo de regiones, de un Estado o de un grupo de Estados. Eso es lo que ha sucedido con las inundaciones que han afectado recientemente a muchas regiones y a cuatro Estados.
Con este espíritu estamos trabajando. La Sra. Berger ha mencionado las regiones que no forman parte de los Objetivos 1 y 2. El objetivo de este fondo excepcional de ayuda que vamos a crear juntos es el de poder financiar a las regiones no incluidas en los Objetivos 1 y 2 que se hayan visto afectadas o que puedan verse afectadas en el futuro.
Por último, me gustaría decir al Sr. Swoboda y a la Sra. Echerer y a los demás que han hablado de desarrollo sostenible, al igual que yo en mi primera intervención sobre la prevención, que no existe una competencia comunitaria en materia de ordenación territorial. La planificación de las zonas urbanas y rurales corresponde a las autoridades locales y regionales o incluso a los Estados miembros. La Comisión no reclama nuevas competencias, ni ahora ni en el marco de la Convención. Sin embargo, tenemos una responsabilidad. Utilizo intencionalmente esta palabra de la misma manera que la expresión «valentía política». Nuestra responsabilidad consiste en garantizar, como en el caso de los créditos gestionados en el marco de los fondos estructurales, que los créditos que vamos a asignar en el marco de los créditos totales para este fondo se utilicen sobre el terreno de conformidad con las Directivas sobre medio ambiente, con la exigencia del desarrollo sostenible y, quizás con la exigencia adicional, a partir de ahora, de la prevención. Esto puede suceder con los créditos asignados en el marco de la Agenda 2000-2006. Les prometo que en las propuestas que presentaré en nombre de la Comisión para la futura política regional a partir de 2006, haré hincapié en esta obligación de tomar en consideración, por lo que se refiere a la prevención, el riesgo de catástrofes naturales y ecológicas para los futuros documentos sobre programación en cada una de las regiones que vayan a recibir créditos.
Éste es mi compromiso. En conclusión, como ha señalado el Sr. Karas, debo decir que me ha sorprendido la tremenda dignidad y alta calidad de este debate. Era lo que cabía esperar y demuestra de forma fundamental que la acción, la reacción rápida y la solidaridad deben existir entre la Unión Europea y los países candidatos vecinos: una gran familia que hace frente a sus desgracias unida.

El Presidente. -
Gracias, señor Comisario. En las dos últimas horas se ha celebrado aquí un debate de carácter muy particular. Para todas las instituciones europeas, este asunto exige la respuesta más rápida y sustancial que podamos dar. Como ya se ha mencionado en el debate, en tiempos de crisis se demuestra que la Unión Europea es, sin lugar a dudas, una unión con rostro humano, que quizá es algo más fundamental en su conjunto que la suma de sus partes individuales.
Quiero dar las gracias a todos los que han hecho alguna aportación a este debate.
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 42 del Reglamento.

El Presidente.
 - De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general - 2003. A continuación hablará el ministro Haarder en nombre del Consejo.

Haarder
En nombre de la Presidencia del Consejo, tengo el honor de presentar el proyecto de presupuesto de las Comunidades Europeas para 2003 preparado por el Consejo el 22 de julio.
Tanto en calidad de Ministro de Asuntos Comunitarios como en calidad de miembro del Parlamento Europeo, me complace observar que el procedimiento presupuestario de 2003 se ha caracterizado hasta ahora por una sólida cooperación entre el Consejo y el Parlamento Europeo. En este proyecto de presupuesto que voy a presentar, se han tenido ya en cuenta una serie de acuerdos y entendimientos comunes resultantes de la reunión consultiva celebrada entre el Consejo y el Parlamento el 19 de julio de 2002.
Durante la reunión preparatoria tripartita de consultas y debate celebrada en julio, el Ministro de Economía danés, Thor Pedersen, el presidente de la comisión, Terry Wynn y el diputado de este Parlamento que es miembro de la comisión realizaron un trabajo decisivo. Estoy seguro de que esta labor ha constituido una sólida base para que las dos partes de la autoridad presupuestaria hayan podido llegar a un acuerdo sobre un presupuesto satisfactorio para 2003.
Sé que en ocasiones anteriores algunos diputados se sintieron decepcionados por el hecho de que el Parlamento Europeo y el Consejo hubieran tenido dificultades para llegar a un acuerdo, pero no ha sido el caso este año, lo que me complace en gran manera.
Hablaré a continuación sobre determinadas cuestiones que el Parlamento Europeo y el Consejo ya han debatido y sobre las cuales se ha llegado a diversos acuerdos y entendimientos comunes. Después ofreceré una visión general de las principales características del proyecto de presupuesto preparado por el Consejo el 22 de julio.
Sin embargo, en primer lugar quisiera referirme al debate que acabamos de cerrar en relación con las trágicas inundaciones. Todos estamos de acuerdo en que este nuevo problema requiere que se tomen medidas inmediatas. Es alentador saber que, por iniciativa propia, los diversos Estados miembros ya están contribuyendo a la reconstrucción. Al mismo tiempo, la Comisión ha puesto en marcha una serie de iniciativas, que acabamos de discutir, y ahora el Consejo tiene que debatir qué medidas adicionales se pueden tomar.
Vuelvo pues sobre el tema de los resultados de la reunión entre el Parlamento y el Consejo celebrada el 19 de julio.
Se llegó a un entendimiento común y a un acuerdo sobre el hecho de que la preparación administrativa para la ampliación es una prioridad clave que las instituciones deben tener la oportunidad de discutir a partir de ahora y durante el año 2003.
Se llegó a un entendimiento común sobre el hecho de que hay que trabajar para asegurar la financiación de la política exterior y de seguridad común a la luz de nuevas tareas de gran importancia.
También se llegó a un entendimiento común sobre el hecho de que debería financiarse la reestructuración de las flotas pesqueras española y portuguesa y que el índice de crecimiento de los créditos globales para pagos debería mantenerse lo más bajo posible.
En primer lugar, permítanme que me refiera brevemente al gasto administrativo para 2003. El acuerdo a que llegaron en julio las dos partes de la autoridad presupuestaria es un acuerdo sólido.
El Consejo y el Parlamento Europeo reconocen que las instituciones deben prepararse para la ampliación de la UE en 2003, lo que implicará gastos administrativos adicionales. Por ejemplo, se necesitará más personal y más espacio. Gracias al acuerdo firmado hemos otorgado importancia al aseguramiento de la financiación de las medidas previas a la ampliación, necesarias para cada una de las instituciones.
Al mismo tiempo, se ha acordado que en 2003 debe conservarse el mismo tope para el gasto administrativo. No hay que utilizar el instrumento de flexibilidad.
Las dos partes de la autoridad presupuestaria han acordado, en concreto, que el gasto previo a la ampliación que se pretende aplicar en 2003 podría aplicarse, en la medida de lo posible, ya este mismo año. De este modo las instituciones podrían prepararse más fácilmente para la ampliación. De momento, el objetivo de esta distribución anticipada es financiar la publicación del cuerpo legislativo de la Comunidad en los idiomas oficiales de los nuevos Estados miembros. En este sentido, entre otras cosas se necesitará adoptar un presupuesto adicional complementario y modificador para 2002.
Gracias a un acuerdo alcanzado a principios de julio, las instituciones adquirirán la mejor base posible para la planificación a medida que se preparan para la ampliación.
Este acuerdo garantizará un ambiente más tranquilo para la elaboración de los presupuestos de 2003 tanto del Parlamento Europeo como del Consejo. Además, es bueno que estemos de acuerdo en aprovechar las ventajas de una mayor cooperación interinstitucional que indicaban los secretarios generales de las instituciones en una serie de informes. También se ha hallado una solución al problema de la jubilación anticipada de empleados de los grupos políticos del Parlamento Europeo.
Tanto el Parlamento como el Consejo otorgan una gran prioridad a la participación de la UE en la acciones exteriores, es decir la política exterior y de seguridad común. La Unión Europea debería disponer de los recursos necesarios para poder llevar a cabo en cualquier momento las tareas que comporta su posición en la comunidad internacional. Estoy seguro de que sus señorías estarán de acuerdo conmigo en que es una cuestión de credibilidad de la UE.
En la reunión consultiva celebrada en julio, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron que, cuando las circunstancias lo exigieran, la reserva para ayudas de emergencia en cuestiones humanitarias podría utilizarse también para la gestión de crisis civiles. También se acordó que había que intentar llegar a un acuerdo sobre los créditos para la política exterior y de seguridad común. Y esto debería ocurrir como parte de un acuerdo general en relación con el presupuesto de 2003. Debemos asegurar los créditos de 2003 para la política exterior y de seguridad común a la luz de nuevas tareas esenciales. También queremos llegar a un acuerdo sobre cómo implicar mejor al Parlamento en los acuerdos sobre dicha política exteriory de seguridad común dentro del marco del Tratado. Es alentador que en este campo se hayan conseguido ya tan buenos resultados.
En este proyecto de presupuesto la Comisión ha separado una cantidad de 40 millones de euros para la política exterior y de seguridad común. De este modo, nos preparamos para asumir la misión de vigilancia en Bosnia Herzegovina. El Consejo aprecia este crédito pero cree que los créditos generales son inadecuados. De modo que propone un crédito total para la política exterior y de seguridad común de 47,5 millones de euros para 2003. Más allá de la misión de vigilancia en Bosnia Herzegovina, el Consejo prevé, por ejemplo, medidas que implicarán la asistencia especializada a terceros países que luchan contra el terrorismo. Además, existe una necesidad de más créditos para las medidas de no proliferación y desarmamento.
Espero que podamos llegar a un acuerdo sobre alguna parte del contenido de la propuesta del Consejo.
Me referiré brevemente a la propuesta de la Comisión de utilizar el instrumento de flexibilidad para otorgar una subvención del orden de los 27 millones de euros para la reestructuración de las flotas pesqueras de España y Portugal. En este sentido, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo se han comprometido a encontrar una solución antes de cerrar el procedimiento presupuestario. En opinión del Consejo, el instrumento de flexibilidad debe utilizarse sólo en circunstancias extraordinarias. En cuanto a proporcionar los 27 millones de euros en forma de subvención, el Consejo cree que deberían investigarse todas las formas de financiación antes de considerar la propuesta de la Comisión de utilizar el instrumento de flexibilidad con este fin.
Finalmente, dos palabras sobre el índice de crecimiento de los créditos globales para pagos. En este sentido, me complace que el Parlamento haya reconocido la necesidad de ejercer una disciplina presupuestaria y una sólida gestión financiera. Durante las consultas del mes de julio, el Parlamento declaró que el índice de crecimiento de los créditos globales para pagos debería mantenerse lo más bajo posible. Y a la vez, hay que tener en cuenta la primera lectura que hizo el Consejo del presupuesto de 2003. Como políticos, todos los que formamos parte de esta Cámara somos conscientes de que si la UE devuelve a los Estados miembros cantidades considerables de fondos no utilizados, se ofrece una imagen pública muy pobre. Debemos demostrar al mundo que nos rodea que somos capaces de poner en marcha un presupuesto realista.
El Consejo quisiera pedir a la Comisión que estime cuál será el superávit de 2002 para que podamos asignarlo al presupuesto de 2003 mediante una carta de enmienda.
Permítanme que continúe mencionando varias características esenciales del proyecto de presupuesto del Consejo.
Los créditos globales para compromisos ascienden a 99 548 millones de euros, lo que constituye un aumento de apenas un 0,9% respecto a la cifra de 2002. Se ha tenido en cuenta especialmente la posibilidad de los créditos que en realidad ya están agotados.
Los créditos globales para pagos ascienden a 96 992 millones de euros, lo que constituye un aumento del 1,4% respecto a la cifra de 2002. Este bajo índice de crecimiento debe considerarse a la luz de la infrautilización de los créditos para pagos en los años anteriores.
La primera lectura del proyecto de presupuesto de 2003 se llevó a cabo:
tomando debida nota del acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre disciplina presupuestaria y mejora el procedimiento presupuestario
dentro del marco de las conclusiones del Consejo de 5 de marzo de 2002 referentes a las orientaciones presupuestarias para 2003, y
teniendo en cuenta las conclusiones de la reunión consultiva del 19 de julio de 2002 entre el Parlamento y el Consejo.
En especial, se procuró:
conservar los topes de gasto anual establecidos en las perspectivas financieras para el período 2002-2006
si es posible, permitir unos márgenes adecuados por debajo de los topes para diversas categorías de gastos excepto en el caso de las categorías relacionadas con los Fondos Estructurales y las ayudas previas al acceso, donde los topes incluyen los objetivos en cuanto a gastos
guardar una cantidad adecuada de fondos para las diversas prioridades de la UE.
Me gustaría resaltar un par de puntos importantes del proyecto de presupuesto del Consejo dentro de las diversas categorías de gastos.
En relación con la agricultura, el Consejo propone un ajuste a la baja de 288 millones de euros. La experiencia ha demostrado que a menudo los créditos para política agrícola común son demasiado elevados. Ahora la Comisión tiene la oportunidad de revalorizar sus estimaciones en relación con la carta de enmiendas de otoño. En este contexto se podría tener en cuenta la información más reciente referente, por ejemplo, a las condiciones de mercado y a las variaciones en los tipos de cambio del dólar. En este sentido, el Consejo está de acuerdo con el Parlamento al observar que la Comisión debe examinar más de cerca si la cantidad que ha propuesto para erradicar las enfermedades de los animales es adecuada. Cuando se trata de créditos para el desarrollo de las regiones rurales, el Consejo ha aceptado el proyecto de presupuesto preliminar de la Comisión.
En lo que se refiere a los acuerdos estructurales, los créditos para compromisos se han cargado en su totalidad al presupuesto. Y se ha hecho de conformidad con las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de marzo de 1999 en Berlín. El Consejo ha aceptado las propuestas de la Comisión casi en su totalidad. Sin embargo, ha habido un ajuste a la baja de 525 millones de euros en los créditos para los Fondos Estructurales teniendo en cuenta la poca utilización de los mismos en los años anteriores.
En cuanto a política interior, el Consejo ha aceptado los importes sobre los que se había llegado a un acuerdo en relación con programas multianuales ya adoptados. En el caso de los programas que todavía se están debatiendo, el Consejo ha ajustado los créditos de modo que reflejen la posición común del Consejo o el resultado de los debates en el Consejo. Estos ajustes a la baja no afectan a los proyectos relacionados con las regiones limítrofes de los países candidatos. Permítanme también que mencione que el Consejo ha aumentado ligeramente los créditos para la financiación de los Juegos Olímpicos especiales que se celebrarán en Europa en 2003.
Se ha dejado un margen de 122 millones de euros por debajo del tope para la categoría de gastos 3, lo que permitirá al Parlamento Europeo financiar varias prioridades y a la vez cubrir futuras necesidades.
En lo que se refiere a la categoría de gastos 4 - política exterior - el Consejo ha aceptado prácticamente en su totalidad los créditos del proyecto de presupuesto de la Comisión. Es importante, por ejemplo, financiar la tarea que se está llevando a cabo en Afganistán. En la categoría de gastos 4, el Consejo ha acordado aceptar los créditos para los acuerdos pesqueros internacionales propuestos por la Comisión. Ya he mencionado la decisión del Consejo referente al presupuesto para la politica exterior y de seguridad común.
Se ha dejado un margen de 80 millones de euros por debajo del tope para la categoría de gastos 4, lo que permitirá al Parlamento Europeo financiar varias prioridades, y a la vez cubrir futuras necesidades.
Ya he mencionado los gastos administrativos de la categoría 5.
Terminaré mi informe sobre las diversas categorías de gastos con la categoría 7, referente a la ayuda previa al acceso. El proyecto de presupuesto del Consejo no ha modificado las propuestas de la Comisión referentes a los créditos para compromisos. Sin embargo, los créditos para pagos se han ajustado a la baja en 300 millones de euros. Esta baja debe considerarse teniendo en cuenta la infrautilización de los créditos en los años anteriores.
En conjunto, me complace poder confirmar que el proyecto de presupuesto del Consejo para 2003 contiene fondos suficientes para cubrir las diversas prioridades de la UE, teniendo también en cuenta los acuerdos y los entendimientos comunes a que llegamos en la primera reunión consultiva de julio.
Sus Señorías saben que este procedimiento presupuestario no ha hecho más que empezar y que queda todavía un largo camino hasta la adopción final del presupuesto para 2003. Contamos con las condiciones previas necesarias para que a finales de año hayamos podido elaborar un presupuesto satisfactorio. El proyecto de presupuesto preparado por el Consejo constituye una sólida base para que así sea. Los acuerdos y entendimientos comunes alcanzados en la reunión de 19 de julio son un signo positivo de que estamos dispuestos a llegar al acuerdo.
En resumen, quisiera señalar que estoy seguro de que las tres instituciones aquí presentes hoy harán todo lo que esté en sus manos para contribuir a una cuidadosa priorización que nos permita alcanzar los objetivos para el próximo año. También estoy seguro de que no olvidaremos que, en última instancia, el presupuesto de la UE está financiado por los ciudadanos de Europa. Y por este motivo el presupuesto debe ser realista y responsable - también para el próximo año.

El Presidente. -
Gracias, señor Ministro. Siempre resulta interesante escuchar a un exmiembro de esta Cámara hablar como ministro.

Schreyer
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías. El debate anterior sobre las ayudas en casos de desastres naturales ha demostrado con toda claridad cuáles son las expectativas de la población en cuanto al presupuesto comunitario. Pero si examinamos los contingentes reales de cada país, es decir, la proporción entre el presupuesto comunitario y el producto nacional bruto europeo, la imagen adquiere un aspecto ligeramente distinto. Es prácticamente al revés, porque los contingentes nacionales constituyen poco más del uno por ciento.
La Comisión propuso un 1,03% del producto nacional bruto europeo para el presupuesto de 2003. El Consejo lo redujo ligeramente. Según las perspectivas financieras, es decir las previsiones financieras en las que todos estamos de acuerdo, debería ser en realidad un 1,08%. Y creo que deberíamos tomarlo como orientación, a pesar de que yo esté a favor de separar unas determinadas reservas para contingencias aunque sólo sea por seguridad.
Ahora el Consejo ha efectuado reducciones generales, por ejemplo en el sector agrícola, pero ha ignorado el hecho de que necesitamos una revalorización para poder asumir el valor actual del dólar. Estamos de acuerdo en que en otoño debe efectuarse una nueva presentación sobre los gastos agrícolas necesarios.
El Consejo ha aceptado una gran parte de las estimaciones de la Comisión para el proyecto de presupuesto de 2003. Y lo agradecemos. También nos complace en general que se haya podido llegar a un consenso en el área de política exterior y que la denominada reserva de emergencia se pueda utilizar también para financiar la gestión de crisis civiles. Creo que esto debería ofrecernos mayor capacidad para reaccionar rápidamente en las crisis y que es un paso importante en el camino hacia una política exterior y de seguridad común, clara y eficiente.
Sin embargo, también debo criticar seriamente los resultados de la lectura del Consejo. Por ejemplo, todavía no se ha dado respuesta a la cuestión de cómo se financiarán los fondos para la reestructuración de las flotas pesqueras de España y Portugal o las medidas necesarias para apoyar una reforma sostenible de las industrias pesqueras.
Es un tema que se llegó a plantear pero después quedó olvidado. Y el Consejo ha reducido en 15 millones los fondos para cofinanciar el transporte transeuropeo y la red de energía. Los Estados miembros tienen grandes esperanzas puestas precisamente en este sector, que ahora se debatirá en relación con los desastres naturales. Creo que esta reducción también debería invertirse..
También debo criticar duramente la decisión del Consejo en cuanto a gastos de personal, es decir, su planteamiento de los costes de personal de cada una de las instituciones. La perspectiva financiera permitía un aumento del 3,6% en todas las instituciones. Y sin embargo el Consejo se ha concedido a sí mismo un aumento mucho más elevado. Tomando los gastos de personal por sí solos, el Consejo se ha otorgado un doble aumento. Y si se añade a ello todo el gasto administrativo del Consejo, resulta que se ha concedido a sí mismo un aumento del 11%. Llegados a este punto debo aclarar, para parafrasear las palabras que con tanto entusiasmo utilizó en otra ocasión el Consejo de Ecofin, el Consejo de Ministros de Finanzas, que: la decisión de este Consejo sobre sus propios recursos administrativos no encaja en el paisaje presupuestario. Se ha beneficiado a sí mismo a costa de otros, en concreto, a costa de la Comisión, donde el Consejo ha sugerido recortes oscilantes. Obviamente, los gastos administrativos de la Comisión para el año 2003 serán muy elevados, porque durante este año deberemos preparar la mayor ampliación de la historia de la Unión Europea y la Comisión necesitará iniciar los preparativos en 2003 para que podamos controlar a los nuevos miembros desde el primer día. Por ejemplo, necesitaremos controlar cómo se transponen las leyes medioambientales, si se están cumpliendo las leyes sobre la competencia, cuál es la situación en el sector alimentario o el sector veterinario, y si se está aplicando también la legislación de la Unión Europea.
Y he mencionado sólo unos pocos ejemplos del trabajo de la Comisión. Por supuesto, no tiene sentido empezar a negociar programas de ayuda agrícola o asistencia estructural con los nuevos miembros cuando ya se hayan adherido. Los preparativos deben empezar ahora y para ello hace falta personal. El Consejo se ha otorgado 236 nuevos puestos de trabajo para preparar la ampliación. En cambio, ha cuestionado y reducido la financiación de los puestos de trabajo actuales en la Comisión.
El Parlamento presentó aquí un modelo que después fue enmarcado en un acuerdo. Este modelo exige un esfuerzo para distribuir anticipadamente algunos gastos administrativos en 2002, de modo que podamos disponer de fondos para los costes de personal de la Comisión y preparar así la ampliación.
Sin embargo, esto sólo funcionará si todas las instituciones consideran vinculante este modelo. Por lo tanto, en nombre de la Comisión, debo insistir en que hagamos inventario en octubre para averiguar si este modelo de distribución anticipada de gastos está funcionando o, si no, qué nuevas decisiones debemos tomar.
La ampliación debe prepararse para poder funcionar correctamente desde el primer día. La Comisión cuenta con el Parlamento Europeo, confía en que el Parlamento Europeo no se sentirá satisfecho sólo con la resolución aprobada en julio y efectuará comprobaciones para asegurarse de que también el Consejo está haciendo un esfuerzo para poner en práctica este modelo de distribución anticipada de gastos. Repito, la Comisión necesita recursos de personal para preparar la ampliación. De lo contrario, no podremos garantizar que se lleve a cabo desde el principio el trabajo necesario para que la ampliación sea un éxito.
Gracias por su atención.

Wynn (PSE)
. Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida al Sr. Haarder, y me alegro de verle de nuevo en éste su nuevo cargo. Sabe que siempre es bienvenido en esta Cámara. Le ruego que haga llegar nuestro saludo al Sr. Pedersen, con quien fue un placer trabajar.
No quiero entrar en demasiados detalles sobre muchos de los asuntos, que prefiero dejar a ambos ponentes, que han mencionado varios puntos. Me gustaría centrarme en uno o dos aspectos políticos concretos. Uno de ellos está relacionado con el acuerdo al que se llegó en el procedimiento de concertación sobre la Categoría 5. Aunque ese acuerdo complació plenamente al Consejo, los miembros del Parlamento nos dimos cuenta de que probablemente habíamos puesto a la Comisión en contra nuestra al aprobar ese acuerdo. Sin embargo, permítanme reiterar por qué adoptamos esa decisión. Estábamos convencidos de que el Consejo no daría nunca su consentimiento al instrumento de flexibilidad que se estaba utilizando para la Categoría 5. Por consiguiente, llegamos a un acuerdo que beneficiaría al Parlamento y a las demás instituciones y que permitiría abordar de forma sensata la Categoría 5, no como quería la Comisión. 
Las propuestas que hemos formulado sobre el sistema de amortización de un préstamo con pagos decrecientes, el uso del ramassage y otras propuestas están destinadas a aliviar el dolor de la Comisión. Sabemos que la Comisión va a sufrir, pero intentamos mitigar la situación ligeramente. Si hay problemas con la ampliación debido a lo que ha ocurrido, la Comisión tendrá que convencer al Consejo, no a nosotros, de sus necesidades de personal, dado que algunos de nosotros ya estamos convencidos.
No obstante, no se nos puede criticar por la ayuda que hemos prestado a la Comisión en lo referente a sus necesidades de personal durante los últimos dos años. Contra los deseos del Consejo, hemos ayudado a la Comisión a incrementar su plantilla en varios cientos de personas. Por lo tanto, cualquier crítica deberá ser sobre lo que ocurra el año próximo. Tengan en cuenta que hemos estado codo a codo con la Comisión. Estamos ante un intento de conseguir que la reforma sea un éxito y que la Comisión tenga el personal adecuado para hacer los trabajos que pretendemos que realice. Digo esto porque se trató de un acuerdo bastante excepcional. No obstante, el Sr. Stenmarck y el Sr. Färm de nuestra comisión deben decidir ahora cuál será el ramassage global para este año. Ésa es la tarea de nuestros dos ponentes, sobre todo del Sr. Stenmarck, que se dirigirá a las demás instituciones para comprobar cuánto dinero queda de sus presupuestos para reunirlo con el fin de que la Comisión no esté en una situación de clara desventaja. Somos conscientes de que lo que encontremos este año será aceptable, pero no resuelve el problema de la dotación de plantilla del año que viene, así que ahorraremos todo lo que podamos para el presupuesto del año próximo.
El otro punto político que quería tratar se refiere a la política exterior y de seguridad común. El Presidente en ejercicio lo ha mencionado en su discurso. Vamos a explicar claramente nuestra posición. No llegamos a un acuerdo sobre las cantidades destinadas a la PESC. El importe asignado en el presupuesto de este año era de 30 millones de euros; el importe del anteproyecto de presupuesto ascendía a 40 millones de euros, y la cantidad incluida en la primera lectura del Consejo fue 47,5 millones de euros. No llegamos a acuerdo alguno sobre esto y, en lo que respecta a nosotros, seguimos ateniéndonos al artículo 39 del Acuerdo Interinstitucional. Esa cifra, tal y como están las cosas en este momento, debería ser de 30 millones de euros. No queremos decir con esto que, una vez en nuestra segunda lectura, la cifra no pueda ser de 47,5 millones de euros, pero, en lo que respecta a este debate y para aclarar cualquier duda, mantenemos que el Consejo puso una cifra equivocada: debería ser 30 millones de euros. Puede haber una interpretación jurídica sobre cuándo se confirmó el desacuerdo, pero en lo que respecta a nosotros, se confirmó en la reunión de concertación.
No olvidemos que también hay problemas en otras categorías. En la Categoría 2, los 27 millones de euros asignados a la reestructuración de la flota no van a aparecer por arte de magia. Es preciso afirmar seriamente que hay que encontrar una forma de resolver esa situación. Parece que la única forma de hacerlo es utilizar el instrumento de flexibilidad. Es posible que el Consejo tenga que reconsiderarlo salvo que tenga una idea mejor que todavía no se nos haya ocurrido.
Eso es todo lo que quería decir sobre los aspectos políticos. Dejaré el resto a los ponentes.

Färm (PSE)
Señor Presidente, gracias Señorías y, en especial, muchísimas gracias a la Presidencia danesa. Como muy bien ha dicho el Sr. Wynn, realmente agradecemos la actitud constructiva que encontramos en la conciliación de julio cuando, por primera vez en muchos años, conseguimos un acuerdo con contenido.
¿Pero por qué llegamos a este acuerdo en lo que se refiere a la categoría 5? El Sr. Wynn se ha referido a este tema. Estábamos sometidos a una fuerte presión de los Estados miembros y del Consejo, y finalmente decidimos aceptar que no se utilizara el instrumento de flexibilidad. Pero había otra razón, porque creemos que debemos aprovechar al máximo todos los medios disponibles para racionalizar y dar prioridad a lo que estamos haciendo, aumentando la eficacia y creando una gestión moderna también en la Unión Europea. Debemos aprovechar al máximo las oportunidades, sobre todo cuando nos enfrentamos a una tarea tan increíblemente importante como la ampliación.
Sin embargo, comparto la opinión de la Comisión cuando se trata de una perspectiva bastante más amplia. A largo plazo, sería difícil imponer una gran cantidad de trabajo adicional sin proporcionar los recursos necesarios en términos de personal y de recursos administrativos. Probablemente este tema será fuente de conflictos en el futuro, pero creo que este año era necesario hacer las cosas tal como las hemos hecho.
¿Qué aspecto tiene la situación presupuestaria en general antes del procedimiento presupuestario de otoño? Ante todo, debemos discutir lo que hace bastantes años que el Parlamento está intentando plantear, principalmente las carencias de la aplicación en muchas áreas. Cada año, el presupuesto asigna grandes recursos que después no se utilizan. El Sr. Haarder se ha referido a este acuerdo de julio para justificar que no debemos aumentar los pagos más de lo necesario, e incluso quiere dejar márgenes. Sin embargo, el problema es que, a través de los compromisos del presupuesto, también hemos decidido sobre un determinado nivel de ambición al que debemos intentar llegar. Y este objetivo debería ser también el de los Estados miembros y el Consejo. Los ministros de finanzas no pueden quedarse sentados y aplaudir cuando se les devuelve dinero que no se ha utilizado. Tenemos una responsabilidad política que nos obliga a cumplir los objetivos y poner en práctica los programas que hemos decidido en la Unión Europea. Éste es el motivo por el que el Parlamento aumenta siempre los pagos. Queremos señalar que hay que hacer más, y debemos invertir más recursos para cumplir realmente las promesas que hemos hecho.
Creo que este año en el Parlamento también tendremos un debate en estos términos. Sin embargo, no es seguro que sea suficiente aumentar los pagos, y hemos visto ya algunos ejemplos de que no es así. A veces, que se aumenten los pagos no significa que la Comisión pueda utilizar estos recursos. Como ya he mencionado, debemos discutir los recursos de personal de la Comisión desde una perspectiva un poco a más largo plazo. Y quizás también deberíamos empezar a discutir la reducción de nuestros compromisos. En algunas áreas, donde vemos que la Comisión no está poniendo en práctica lo que hemos exigido, quizás deberíamos empezar a discutir si habría que recortar el personal, o al menos, mantenerlo en reserva. A largo plazo, los recursos de personal destinados a compromisos de un determinado nivel no se pueden mantener si no se están cumpliendo dichos compromisos.
Este problema de los pagos y la aplicación también cobra mucha importancia cuando se trata de la política exterior y la política de ayudas. Año tras año, hemos visto cómo el Consejo ha ido adquiriendo más ambiciones. En el 2000, se añadió Kosovo a la lista, y en consecuencia hubo una ligera pérdida de interés en el cumplimiento de promesas anteriores referentes a África y América Latina. En el año 2001, la nueva preocupación fue Serbia, por lo que disminuyó ligeramente el interés en las prioridades anteriores. La nueva preocupación para el año 2002 fue el Fondo Mundial para la Salud. Este año, estamos discutiendo Afganistán, Oriente Medio y la fuerza policial en Bosnia.
No podemos añadir cada año nuevas responsabilidades y simplemente olvidarnos de las antiguas. Existe un límite más allá del cual hay que proporcionar nuevos recursos si queremos satisfacer todas las prioridades. Este año tendremos graves dificultades para cumplir con nuestra prioridades en lo que se refiere al Fondo Mundial para la Salud. Ya tenemos grandes recortes en el presupuesto en lo que se refiere a Kosovo, ayuda humanitaria, etc. Y esto es insostenible a largo plazo. Si vamos a añadir nuevas prioridades cada año, también habrá que proporcionar nuevos recursos.
Finalmente, permítanme que diga unas palabras sobre la simplificación. Hemos estudiado los Fondos Estructurales y una serie de programas políticos diversos. He estado viajando - hace poco a Finlandia, por ejemplo - y he visto que las organizaciones regionales, las universidades, etc., están dejando de solicitar fondos del presupuesto de la UE porque el proceso es terriblemente complicado. Y creo que ésta es una de las razones por las que el dinero de la UE no se gasta. Ya es hora de que nos tomemos en serio este estado de cosas. Dentro de la UE debemos sentarnos y revisar nuestros métodos, documentos y burocracia para que el proceso sea un poco más simple para quienes necesiten los recursos de la UE.
Señor Presidente, creo que éstos son algunos de los aspectos más importantes que debemos seguir discutiendo en el Parlamento, en la Comisión de Presupuestos y en los futuros debates presupuestarios.

Stenmarck (PPE-DE)
Señor Presidente, permítame que empiece dando las gracias a la Presidencia danesa por su espléndida colaboración hasta el momento.
Ya desde principios del invierno pasado, cuando empezamos a trabajar en el presupuesto de 2003, como ponente y como persona responsable de los presupuestos para el próximo año de ocho instituciones de la UE, mi objetivo ha sido encontrar una solución de equilibrio para el presupuesto administrativo de la UE y que no tengamos que pedir dinero adicional haciendo uso de lo que se conoce como instrumento de flexibilidad. No ha sido una tarea fácil porque a principios de año preveíamos un gran déficit en este presupuesto. Sin embargo, con el acuerdo a que llegaron el 19 de julio las dos autoridades presupuestarias de la UE, el Consejo y el Parlamento, se ha demostrado que era posible.
Y sostengo que el hecho de haber conseguido este objetivo constituye un gran éxito para el Parlamento. Hemos obtenido el apoyo para las reformas que son necesarias, especialmente en una UE ampliada. El instrumento de flexibilidad no debe utilizarse para el presupuesto administrativo de la UE. Debemos respetar el tope para la categoría 5. Después de la conciliación existe un compromiso común para resolver los problemas restantes de la categoría 5 mediante lo que se conoce como distribución anticipada de gastos. Es importante que así sea por el hecho de que quedan varios problemas por resolver durante los últimos meses del año. Pero estoy convencido de que también sabremos resolverlos.
En este contexto, sería muy fácil permitir que una visión de conjunto se viera empañada por todos los detalles, y precisamente el trabajo presupuestario es extremadamente detallado. Pero juntos hemos creado unas condiciones básicas mejores para seguir adelante con la tarea histórica de recibir en este Parlamento y en las demás instituciones de la UE, dentro de pocos años, a diputados o diputadas de quizás diez nuevos Estados miembros. En mi opinión, ésta es la consecuencia más importante de la conciliación. Y ya a principios del próximo año, estos países podrán enviar observadores a lo que se habrá convertido también en su propio Parlamento.
Gracias al acuerdo, estamos cumpliendo no sólo con nuestros compromisos sino también con las prioridades definidas por la Comisión de Presupuestos y el Parlamento a principios de este año. En primer lugar se trata de asegurar que las instituciones de la UE tengan la oportunidad de prepararse para la ampliación. En segundo lugar, se trata de poner en práctica las reformas necesarias. Y en tercer lugar, la intención es que ambos objetivos puedan conseguirse dentro del marco presupuestario.
En mi comentario final sobre el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo quiero dirigirme a la Presidencia danesa que, en mi opinión, ha trabajado con gran eficacia y con el objetivo claramente definido de llegar a un acuerdo. La Presidencia danesa se ha centrado en esta tarea y ha adoptado una actitud constructiva, dispuesta a comprometerse de forma que el acuerdo fuera posible. Ha demostrado que sabe escuchar, lo que no siempre ha sido característico del Consejo en este contexto. Estoy seguro de que también muchas otras personas lo agradecen. Durante mucho tiempo el Consejo ha sido criticado por no haberse exigido a sí mismo lo que ha exigido a los demás. El Consejo no estaba preparado para poner en práctica las reducciones que imponía a los demás. Cuando el Consejo ha reducido puestos de trabajo en otras instituciones, no ha reducido los puestos de trabajo dentro del propio Consejo. Es evidente que en el futuro es necesario adoptar una actitud un poco más humilde. Así lo espero y creo que en este sentido la Presidencia danesa ha jugado un papel positivo que tendrá efectos duraderos en el futuro.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Stenmarck.
El debate queda cerrado.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0257/2002). Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión.
Primera parte
El Presidente. -
Pregunta nº 35 formulada por Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0541/02):

Asunto: Línea especial del MEDA para inmigración
De acuerdo con la información transmitida con motivo de la entrevista, celebrada el 27 de junio, entre el Comisario Patten y el Primer Ministro de Marruecos, Sr. Youssoufi, no hay dudas en la Comisión sobre la importancia del problema de la inmigración ilegal.
¿Tiene previsto la Comisión dedicar una línea específica del programa MEDA a la inmigración?
¿Hay algún proyecto concreto? ¿Hay algún proyecto en este sentido dedicado a las mujeres inmigrantes?

Patten
. Señor Presidente, la Comisión sigue una estrategia global y equilibrada en lo relativo a la inmigración procedente de Marruecos. Dada la importancia del asunto, la inmigración es una de las cinco mayores prioridades del informe estratégico para el periodo 2002 a 2006 para la cooperación financiera con Marruecos. También se aborda en el Acuerdo de Asociación firmado por la CE y Marruecos.
Nuestra forma de abordar la inmigración es integral. Prestamos atención tanto a la inmigración legal como a la ilegal, así como a la dimensión socioeconómica de ese fenómeno. Este enfoque integral se refleja también en nuestro programa MEDA. Dentro de este marco, intentaremos ayudar a las autoridades marroquíes a organizar mejor la inmigración legal. En la actualidad, estamos elaborando un proyecto para crear un centro de inmigración. Asimismo, Marruecos y la CE han llegado a un acuerdo para colaborar con miras a prevenir y evitar la inmigración ilegal. Como primera medida, un programa de gestión de fronteras ayudará a las autoridades marroquíes a reforzar la seguridad de sus fronteras y a luchar contra el tráfico de seres humanos. Este programa, cuya cuantía asciende a unos 40 millones de euros, se comprometerá en 2003. 
Asimismo, estamos tratando las causas socioeconómicas de la inmigración, sobre todo en las provincias del norte de Marruecos, de las que procede aproximadamente el 35% del total de los emigrantes que llegan de ese país. Esa región también se ha beneficiado de una significativa financiación a través del programa MEDA y se prevé la asignación de otros 70 millones de euros para el desarrollo socioeconómico en 2004. La mayoría de los proyectos actuales en las provincias del norte del país contribuyen a mejorar la situación económica de las mujeres, tanto emigrantes como no emigrantes, sobre todo dando una educación básica a las niñas en las zonas rurales, prestando servicios sanitarios maternales e infantiles, mediante la promoción de actividades productivas para mujeres y a través de la instalación de infraestructuras básicas.
Además del programa MEDA, la Comisión financia proyectos de la línea presupuestaria 'cooperación con terceros países en el ámbito de la inmigración?. Se han asignado 3,3 millones de euros para proyectos en Marruecos, sobre todo en materia de codesarrollo, el diálogo intergubernamental sobre inmigración y la lucha contra la inmigración ilegal.

Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Señor Presidente, únicamente quiero agradecer al Sr. Comisario la información que me ha dado y plantearle que -en la línea de codesarrollo que él ha citado, que es lo que puede solucionar el problema de la emigración- voy a seguir con mucho detalle todos estos proyectos y programas que él ha planteado precisamente en toda la zona del norte de África, del norte de Marruecos, que considero de mucha importancia para evitar la emigración.

Patten
. Quisiera hacer tres breves puntualizaciones al respecto. En primer lugar, es evidente que una de las mejores formas de prevenir la inmigración ilegal es promover el desarrollo económico y social, algo sobre lo que no albergo ninguna duda.
En segundo lugar, Marruecos y otros países se enfrentan a problemas reales, dado que ellos mismos son el destino de la inmigración ilegal procedente del sur y a menudo se encuentran en la ruta por la que pasan los inmigrantes ilegales camino de Europa. Debemos ayudarles a afrontar este problema.
En tercer lugar, es obvio que sería de gran ayuda para Marruecos que consiguiéramos pasar de las conversaciones informales a negociaciones formales sobre un acuerdo de readmisión. Reconocemos que Marruecos tiene algunas preocupaciones, a las que esperamos se pueda dar cumplida satisfacción, de forma que podamos avanzar y llegar a ese tipo de acuerdo formal en cuanto sea posible.
Somos conscientes de los problemas a los que se enfrenta Marruecos; queremos ayudarles a abordar esos problemas económicos y sociales y apoyamos los esfuerzos que han realizado, entre otros en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

El Presidente. -
Pregunta nº 36 formulada por Emilia Franziska Müller (H-0570/02):

Asunto: Relajación de la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso como pienso
¿Qué se propone hacer la Comisión para impedir que las existencias de harinas de carne y hueso conservadas vuelvan a entrar en el circuito de los alimentos para animales y, por esa vía, en el de los productos alimenticios para el consumo humano?
¿Qué ha hecho hasta ahora la Comisión para contar lo antes posible con procedimientos de análisis validados y seguros para detectar la presencia de harinas de carne y hueso en los piensos y la de materiales de riesgo en las harinas de carne y hueso?
¿Cómo piensa garantizar la Comisión que, en el caso de que se relaje la prohibición de utilizar las harinas de carne hueso para la alimentación animal, puedan excluirse todos los riesgos que las existencias de harinas de carne y hueso y las harinas de carne hueso contaminadas con materiales de riesgo encierran para los consumidores?

Byrne
. Señor Presidente, la prórroga de la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso para la alimentación animal seguirá en vigor como medida transitoria hasta el 30 de junio de 2003. Para esa fecha, la prohibición debería revisarse. Esa revisión tendrá en cuenta el reglamento sobre subproductos animales que se aprobará próximamente, la correcta implantación práctica de medidas de control de la prohibición de las harinas de carne y hueso, los avances científicos y la disponibilidad de métodos de control.
Los servicios de la Comisión ya están examinando atentamente el posible impacto de las distintas opciones de revisión de la prohibición de las harinas de carne y hueso para pienso, pero aún es demasiado pronto para prever el resultado de ese análisis.
La implantación de la prohibición de las harinas de carne y hueso para pienso en los Estados miembros está siendo objeto de un seguimiento sistemático mediante inspecciones periódicas por parte de la Oficina de Alimentación y Veterinaria. Los informes de la Oficina de Alimentación y Veterinaria subrayan los notables esfuerzos realizados por los Estados miembros para poner en práctica esas normas. No obstante, en aquellos casos en los que se detectan problemas, se hacen recomendaciones concretas tras cada inspección, con el fin de seguir mejorando los controles.
La Comisión ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la seguridad del transporte, el almacenamiento y la destrucción de las harinas de carne y hueso. Por lo tanto, la adopción de medidas sobre subproductos animales será acogida con gran satisfacción, puesto que crea un marco jurídico para la eliminación de forma segura de las harinas de carne y hueso mediante la incineración, el enterramiento o la descarga en vertederos. Asimismo, fija las normas para la utilización segura de harinas de carne y hueso como fertilizantes, en la producción de biogás y en la alimentación animal. En la actualidad, las harinas de carne y hueso sólo pueden utilizarse en piensos para animales domésticos o en piensos para animales.
El nuevo marco de control creado por el reglamento sobre subproductos de animales nos ofrece la posibilidad de revisar la actual prohibición del uso de harinas de carne y hueso para pienso. El reglamento sobre subproductos de animales incluye disposiciones relativas a la canalización y la posibilidad de rastrear esos subproductos con el fin de garantizar que las actuales existencias de harinas de carne y hueso no puedan volver a entrar por medios fraudulentos en la cadena alimenticia. Ya es obligatorio marcar los materiales específicos de riesgo en cuanto se separan de las carcasas, almacenarlos por separado y destruirlos posteriormente.
La Comisión cofinancia un programa de investigación con dos objetivos principales: en primer lugar, la armonización del control de la prohibición de las harinas de carne y hueso para pienso mediante microscopía clásica, así como la mejora de su eficiencia y, en segundo lugar, el desarrollo y la aprobación de nuevos métodos basados en técnicas alternativas.
La Comisión sigue con gran atención los resultados de este programa de investigación, así como los de iniciativas privadas en este campo, y los tendrá en cuenta cuando revise la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso para pienso.
Sea cual sea el resultado de la revisión de la prohibición de la utilización de las harinas de carne y hueso para pienso, puedo asegurarle que la Comisión no va a volver a autorizar la utilización de las harinas de carne y hueso para alimentación animal salvo que puedan excluirse todos y cada uno de los posibles riesgos para los consumidores y los animales y el cumplimiento de las disposiciones pueda verificarse debidamente.

Müller, Emilia Franziska (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario Byrne, su principal argumento para relajar la prohibición alimentaria es el coste de desechar los subproductos animales. No sabemos si se refiere a un coste económico o a un coste en cuanto a protección medioambiental. Me sorprende bastante que este argumento proceda precisamente de Vd., el Comisario para la protección de los consumidores. ¿No deberíamos comparar el coste de desechar los subproductos animales con lo que les costaría a los granjeros europeos la aparición de un nuevo brote de EEB en su ganado o, aún peor, si la gente empieza a enfermar? Le agradecería muchísimo que respondiera a esta pregunta.
Sigo pensando que necesitamos una prohibición alimentaria total en cuanto a las harinas de carne y hueso, al menos hasta que podamos determinar hasta qué punto son infecciosos los priones responsables del brote de EEB y hasta que podamos definir diferentes tipos de harinas de hueso para cada tipo de animal. Sólo entonces estaremos seguros de que la harina de hueso en el alimento de las aves, por ejemplo, no procede de las aves.
Byrne
. Es importante que quede absolutamente claro que el principal criterio para imponer la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso es la salud pública. También la protección de los animales, pero esencialmente las pruebas científicas de que disponemos demuestran que la transmisión de la EEB a los animales se produce a través del consumo de harinas de carne y hueso. Esto, en definitiva, constituiría un riesgo para las personas que consuman la carne. Este es el motivo por el que queremos promulgar una ley que elimine este material de riesgo específico de la cadena alimenticia. De modo que tenemos dos bloques.
El primero es la cuestión de la harina de carne y hueso. Como he dicho, lo que pretendemos con la imposición de la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso es proteger la salud pública y a los animales. Sin embargo, como probablemente ya sabrán, se trata de un tema controvertido. Algunos diputados y otras personas opinan que la prohibición es demasiado amplia y debería revisarse. No estoy de acuerdo, porque creo que ni las pruebas efectuadas ni la investigación llevada cabo a instancias de la Comisión en los Estados miembros, en particular la labor emprendida por la Oficina Alimentaria y Veterinaria, no demuestran que los controles practicados en relación con las harinas de carne y hueso sean suficientemente seguros. La necesidad de estos controles surge en una situación en que pudiera haber cierta relajación de la prohibición de utilizar harina de carne y hueso, pero no para alimentar a rumiantes. No podemos permitir una relajación de la prohibición de utilizar harina de carne y hueso para rumiantes. Se podría relajar para cerdos y aves, que no pueden contraer la EEB y por lo tanto el consumo de harina de carne y hueso no supone un peligro para estos animales.
El problema es que si se relaja la norma sobre la alimentación de aves, por ejemplo, con harina de carne y hueso, existe el riesgo de que dicha harina de carne y hueso destinada a alimentar a las aves o a los cerdos llegue finalmente a los rumiantes, creando así el mismo peligro que estamos intentando evitar.
Por lo tanto, no creo que la prohibición de utilizar harina de carne y hueso deba relajarse a corto plazo. No obstante, esto se puede revisar en el contexto del reglamento sobre la EET, en concreto del capítulo 4, que se podría enmendar por la vía de la comitología. Ya indiqué al Parlamento, cuando se debatía el reglamento sobre la EET en una ocasión anterior, que, aunque la enmienda se podría efectuar a través de la comitología, yo me comprometí a volver al Parlamento y, aunque la ley no lo exige estrictamente, debatir en el Parlamento cuál es la mejor forma de proceder.
Quiero dejar absolutamente claro a la Sra. Müller que lo que nos importa no es el coste. Pido disculpas si ha llegado a esta conclusión por no haberme expresado con suficiente claridad. Las consideraciones principales son la protección de los animales y la salud pública, y la prohibición no se puede relajar jamás para los fines que he señalado, a menos que podamos estar absolutamente seguros de que los controles que se llevan a cabo en los Estados miembros no crean el riesgo en vez de evitarlo.

El Presidente. -
Pregunta nº 37 formulada por David Robert Bowe (H-0583/02):

Asunto: Enfermedad de Chron
Dado que el número de personas que sufren la enfermedad de Crohn va en aumento, ¿es favorable la Comisión a una recomendación que implique la pasteurización obligatoria durante al menos 25 segundos de todos los productos pasteurizados producidos en la Unión con objeto de disminuir el riesgo de desarrollo de la bacteria MAP, que se cree que es el factor desencadenante de la enfermedad de Chron? En caso negativo, ¿por qué no apoya dicha recomendación?

Byrne
La legislación actual de la CE establece un mínimo de 71,7 grados centígrados durante 15 segundos para la pasteurización de la leche líquida o los productos lácteos pasteurizados
Se sabe que esta combinación es eficaz para evitar la fiebre aftosa y otros riesgos conocidos para la salud animal, la salud pública y las zoonosis. Sin embargo, la Directiva 92/46/CEE autoriza cualquier otra combinación equivalente de tiempo/temperatura en la pasteurización a condición de que ofrezca el mismo nivel de seguridad alimentaria.
El Comité Científico de Sanidad y Bienestar Animal, en su informe adoptado el 21 de marzo de 2000, examinó la cuestión de una posible relación entre la enfermedad de Crohn y la paratuberculosis. La conclusión era que no se dispone de datos suficientes para determinar la existencia de un vínculo epidemiológico entre ambas enfermedades y no se recomendaba ninguna combinación específica de tiempo/temperatura para la pasteurización de la leche que pudiera dejar inactivo al agente de la paratuberculosis.
Los datos de que dispone la Comisión indican que no se ha identificado ningún tratamiento concreto de tiempo/temperatura que destruya por completo la bacteria MAP en la leche. Además, la Comisión ha financiado un proyecto, SACROHN -mejora de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn-, que se inició el 1 de octubre de 2000. El coste total del proyecto es de 3 millones de euros. La aportación de la Comunidad es de 1.639.151 euros. La duración del proyecto es de 36 meses. Se financia a través del programa Control de la Calidad de Vida en Enfermedades Infecciosas.
No se dispone de resultados concretos procedentes de esta fuente para confirmar que exista una relación entre la bacteria MAP y la enfermedad de Crohn. Sin embargo, el consorcio está muy implicado en el desarrollo de nuevos métodos de detección basados en nuevas tecnologías moleculares y técnicas de cultivo. Los consorcios de investigación utilizan estas tecnologías para facilitar la detección de la bacteria MAP en la leche y en las biopsias intestinales de los pacientes con enfermedad de Crohn.
También se realizan esfuerzos por emplear técnicas de tipificación molecular para establecer una posible vinculación entre la bacteria MAP procedente de rumiantes y la etiología de la enfermedad de Crohn. El proyecto seguirá hasta octubre de 2003. Los resultados se comunicarán en intervalos regulares.
Por supuesto, en el caso de que salgan a la luz nuevos datos científicos, la Comisión estará dispuesta a tomar las medidas necesarias al respecto.

Bowe (PSE).
Quiero dar las gracias al Sr. Byrne por esta respuesta tan amplia y atenta. Es una cuestión importante, que cada vez afecta a más personas. Es un problema de salud crónico y tiene un efecto notable en la calidad de vida de aquellas personas que contraen la enfermedad. Cada vez hay más pruebas -aunque, al menos de momento, estoy de acuerdo con el Comisario Byrne en que no son concluyentes- de que existe una relación entre la presencia de estas bacterias en la leche pasteurizada y la incidencia de la enfermedad de Crohn.
Quisiera pedir a la Comisión que, una vez concluidos los estudios, sopese todas las pruebas y que quizás celebre un seminario o un debate más amplio sobre las medidas que podrían adoptarse, dado que esta enfermedad preocupa cada vez más y se está extendiendo. El paso más obvio sería que la Comisión ampliara el período de pasteurización de 15 segundos a 25 segundos a la temperatura apropiada. Sería el método más simple y efectivo. Me pregunto si la Comisión estaría de acuerdo en considerar estas medidas cuando concluyan los estudios.

Byrne
Estoy seguro de que el Sr. Bowe recordará que los debates anteriores sobre estos temas se centraron siempre en la necesidad de disponer de pruebas científicas sólidas que nos permitieran justificar las decisiones que aquí se toman y, en concreto, justificar toda legislación de obligado cumplimiento.
{0>As I have indicated in my previous statement, the project that is being undertaken at the moment will continue until 2003. It is quite clear from this that the issue is being kept under review and scientific evaluation is continuing.Como he señalado ya en mi anterior intervención, el proyecto que está en curso en estos momentos continuará hasta 2003. Queda bastante claro, pues, que el tema se está revisando y que la evaluación científica prosigue.Ultimately a report will be published and then will be the time to consider what further action can be taken.Al final se publicará un informe y entonces será el momento de decidir qué nuevas acciones se pueden emprender.The issue that Mr Bowe puts his finger on - the question of temperature - will obviously be seriously considered, but we should await the scientists' advice.Por supuesto, la cuestión a la que apunta el Sr. Bowe, la temperatura, se considerará muy seriamente, pero primero debemos esperar la opinión de los científicos.However, it will be possible to look at the matter again at that time.Sin embargo, llegado el momento podremos retomar la cuestión.<0}
El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
Vamos a comenzar ahora la segunda parte de este turno de preguntas. Ya saben ustedes que dedicamos veinte minutos a cada Comisario. Cuanto más hablemos en cada pregunta, menos preguntas se pueden hacer y menos respuestas. Hay una relación muy bien establecida.
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. Bolkestein
El Presidente. -
Pregunta nº 38 formulada por Bart Staes (H-0525/02):

Asunto: Perfeccionamiento de las normas europeas que rigen los seguros de automóviles en el mercado interior
A comienzos de junio, el Comisario Bolkestein presentó una propuesta de directiva destinada a perfeccionar las cuatro directivas existentes sobre los seguros de automóviles. A consecuencia de las anteriores directivas y a raíz de la reiterada insistencia del Comisario responsable de Mercado Interior, se ha suprimido en Bélgica el denominado sistema 'bonus-malus?. Con ello han desaparecido los acuerdos tarifarios entre los diferentes aseguradores belgas. La posibilidad de establecer libremente las tarifas beneficia sin duda a los buenos conductores. Por otra parte, esta medida más bien va a aumentar las tensiones considerables que ya existen en la segmentación antes que disminuirlas. La consecuencia de ello es que posiblemente vayan a circular cada vez más personas no aseguradas.
¿Va a tener en cuenta la Comisión este efecto negativo en las fases siguientes del examen de esta propuesta o va a permitir por otra parte que los Estados miembros contrarresten los excesos tarifarios de la segmentación?

Bolkestein
Como Su Señoría sabe, el principio de la libertad de contratación se aplica a las compañías que ofrecen servicios financieros. En el ámbito de los seguros, la Tercera Directiva sobre seguros distintos del seguro de vida acabó con el sistema de la autorización gubernamental previa y sistemática de las tarifas y la política de precios. Los sistemas obligatorios de bonificación en ausencia de siniestros infringen el principio enmarcado en las directivas. Creo que el libre mercado de productos aseguradores será beneficioso para la gran mayoría de los conductores, dado que les permitirá elegir a las compañías de seguros que incentiven a los buenos conductores con unas primas más bajas.
Volviendo a la pregunta planteada por Su Señoría en relación con el posible aumento de la cantidad de vehículos no asegurados, quisiera que prestaran atención al apartado 1 del artículo 3 de la Primera Directiva sobre seguro de responsabilidad civil de los vehículos automóviles. En este artículo se establece que todos los automóviles de la Comunidad deben disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Corresponde a las autoridades de cada país garantizar que se respete esta obligación. La reciente propuesta de la Comisión de una Quinta Directiva sobre seguro de responsabilidad civil de los vehículos automóviles a la que se refiere Su Señoría no altera esta disposición. Esta nueva propuesta, la Quinta Directiva, no infringe el principio fundamental de la libertad tarifaria. Su objetivo principal es revisar las cuatro directivas existentes sobre los seguros de automóviles. Los principales objetivos son actualizar y mejorar el marco de los seguros obligatorios para proteger a las víctimas de los accidentes de coche, para eliminar lagunas y aclarar algunas disposiciones de las directivas.
La Comisión está haciendo todo lo posible para mejorar la eficacia del mercado interno de los seguros. Sus planes se describen en el Plan de acción para los servicios financieros. La Comisión está convencida de que el aumento de la competencia comportará un descenso de los precios y una mayor oferta de productos para el consumidor.

Staes (Verts/ALE).
Gracias Señor Presidente, Comisario, Señorías, y gracias por responder de forma tan completa y en un neerlandés tan excelente. No estamos muy acostumbrados a oírle hablar de esta forma en esta Cámara, por lo que se lo agradecemos una vez más.
Como muy bien ha dicho, la Comisión pretendía abolir el sistema belga de bonificaciones en ausencia de siniestros y adoptar una estructura de tarifa libre. Recientemente he hablado con algunos representantes de compañías de seguros, que comparten la opinión de que el nuevo sistema de tarifa libre podría ser beneficioso para los buenos conductores. Pero tienen una reserva: ¿qué ocurrirá con los que son más torpes? ¿Y qué hay de los jóvenes a quienes a menudo se convence para que elijan primas elevadas? El sector de los seguros está convencido de que la nueva reglamentación aumentará el nivel general de las primas, y que, en concreto, los conductores propensos a tener accidentes van a querer evadir el sistema, lo que originará una mayor cantidad de conductores no asegurados. Por lo tanto, quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntar una vez más al Comisario, en relación con sus propuestas y la legislación vigente, qué puede hacer la Comisión para evitar que las primas de seguros suban demasiado, una excesiva diferencia de precios y que los conductores propensos a tener accidentes se evadan del sistema. ¿Qué podría hacer la Comisión en este sentido? ¿Tiene intención de introducir un sistema basado en categorías alrededor de un promedio, según el que, por ejemplo, un tipo estándar sería 100, y donde los buenos conductores pagarían 50 y los malos conductores no más de 150? ¿Podría el Comisario dar una respuesta a esta pregunta?

Bolkestein
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Staes por alabar la calidad de mi neerlandés. Aunque resultaría extraño, Señor Presidente, que no pudiera hablar bien mi propia lengua.
En segundo lugar, quisiera destacar que la principal función de la competencia es garantizar que los precios sean lo más competitivos posible. Por otro lado, así se incentiva a los buenos conductores con la reducción de las primas, lo que según creo, al Sr. Staes le parece bien, mientras que, por otro lado consigue que los malos conductores paguen por sus propios errores. Sólo la persona que ocasiona el daño debe pagar por ello. Nadie más. De modo que la competencia entre las diversas compañías de seguros debería garantizar que las primas que cada cual paga estén en la línea del mercado de los productos de seguros, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la Comisión. Si la Comisión hiciera lo que sugiere el Sr. Staes, se estaría entrometiendo en los poderes y las responsabilidades del sector privado, algo que no le corresponde en absoluto.

El Presidente. -
Pregunta nº 39 formulada por Michl Ebner (H-0549/02):

Asunto: Excepción para proyectos piloto en el ámbito de la competencia
Las autoridades italianas aún no han otorgado la concesión para la construcción de la autopista del Brénnero (A22) entre Módena y Brénnero, dado que en la Comisión persisten reservas al respecto.
Independientemente de las, por lo general, necesarias medidas contra la distorsión de la competencia, al profundizar en la materia, la Comisión y el Comisario competente deberían deducir que no se trata de una concesión normal, sino de un proyecto piloto.
¿No sería, por lo tanto, posible, y además respondería a un interés primordial de la UE en un ámbito sensible, promover y apoyar un proyecto piloto, definido en función del periodo de concesión y destinado a que el transporte por carretera financie el transporte por ferrocarril, en vez de impedirlo por distorsión de la competencia?

Bolkestein
Señor Presidente, el hecho de que se trate de un proyecto piloto, como se ha dicho correctamente, no impide que deban aplicarse las normas generales sobre concesiones. De hecho, las dudas que mis servicios y yo planteamos sobre el tema del proyecto mencionado se refieren exclusivamente a la extensión hasta 2035 de la concesión de la autopista del Brénnero en ausencia de toda competencia.
Las propias autoridades italianas han adoptado recientemente una postura similar al comprometerse a proponer soluciones que puedan satisfacer a la vez los requisitos para el desarrollo del proyecto y la necesidad de cumplir la legislación comunitaria.
Con el fin de no interrumpir la ejecución de este proyecto, las autoridades competentes y mis servicios se mantienen en estrecho contacto para encontrar una solución adecuada.

Ebner (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, este proyecto piloto afecta a tres países, que son Alemania, Austria e Italia, y afecta a una zona muy sensible en el antiguo Hauptkamm, donde los concesionarios de la autopista de Brenner en la zona sur del paso de Brenner y ahora la organización equivalente en el lado norte del paso del Brenner quieren utilizar la carretera para subvencionar los ferrocarriles, con el fin de evitar daños ecológicos y crear un proyecto piloto. Pero el proyecto debe funcionar hasta el año 2035. El año 2005 está demasiado cerca, es decir, hay que ampliar la concesión italiana durante 30 años más. El Gobierno italiano envió un mensaje de apoyo a través del Ministro Buttiglione, que hasta hace poco era miembro de esta Cámara, y debemos esperar que este proyecto piloto, que podría sentar un precedente y que su colega, el Comisario de Transporte, piensa que es un paso positivo, sea considerado como tal y se haga una excepción.
Aunque le he oído citar los puntos positivos, no le he oído decir que está totalmente de acuerdo con ello. ¿Podría comentar este punto?

Bolkestein
He discutido esta cuestión tema en varias ocasiones con el Ministro Buttiglione y también con algunos diputados de este Parlamento. Quisiera añadir que se trata de una extensión para un plazo de tiempo bastante largo -unos 33 años-, de modo que este proyecto está sujeto a las normas de contratación pública y por lo tanto debe haber alguna competencia a la hora de adjudicar los contratos. Al fin y al cabo, la competencia hace que los precios sean más bajos que lo que serían sin ella y también que haya más ventajas para el pueblo italiano, supongo, o al menos para el Estado italiano y, por lo tanto, indirectamente, también para los ciudadanos italianos. O sea que todos deberíamos estar a favor de que haya una mayor competencia en la adjudicación de unos contratos tan cuantiosos.
El hecho de que exista una posible subvención cruzada a favor del transporte ferroviario es un aspecto perfectamente defendible. De modo que, una vez articuladas y formuladas las cláusulas del contrato que se vaya a adjudicar, esta condición deberá incluirse en dicho contrato. Todos aquellos que quieran obtener el contrato deberán cumplir esta condición. No hay nada malo en ello.
La Comisión cree firmemente que los contratos públicos deben concederse de acuerdo con las normas sobre contratación pública, que se refieren básicamente al hecho de que debe permitirse la competencia. De lo contrario, abriremos la puerta a la adjudicación de contratos bajo mano y será la población quien sufriría las consecuencias.
Estoy seguro de que nadie en esta Cámara lo desea y, por lo tanto, la Comisión hace bien en seguir esta línea.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Sus Señorías, estoy de acuerdo con el Comisario; obviamente las rutas que atraviesan los Alpes compiten unas con otras. Pero, como todos sabemos, estas rutas se encuentran en una zona muy inestable. Si durante varios años una compañía concesionaria ha ahorrado dinero para poder ofrecer una mejor solución, mi pregunta es, ¿por qué no podemos dejar que sean las propias empresas concesionarias quienes decidan si desean ofrecer técnicas alternativas para mejorar el tráfico que atraviesa los Alpes?
Me gustaría mucho saber qué piensa sobre ello y si deberíamos dejar que sean las compañías implicadas quienes decidan las técnicas alternativas.

Bolkestein
. Señor Presidente, la Comisión no tiene conocimiento suficiente para entrar en los detalles de ningún contrato público, lo que además no corresponde a la función ni la responsabilidad de la Comisión. Ha de ser la autoridad adjudicadora, que se supone que es el Estado italiano o una parte del Estado italiano, quizás las autoridades provinciales, quien formule el contrato.
La única responsabilidad de la Comisión es comprobar que se permita la competencia, sea cual sea la naturaleza del contrato y establezca lo que establezca, por ejemplo, sobre nuevas soluciones técnicas o subvenciones cruzadas, y que los demás agentes económicos tengan la oportunidad de licitar para obtener el contrato. Si se permite al contratista actual mantener su concesión hasta el año 2035, no habría competencia y los intereses del pueblo italiano se verían perjudicados. 
Ferri (PPE-DE).
Señor Presidente, me complace comunicar a la Cámara que se encuentra entre el público una personalidad especialmente importante, no sólo para Italia sino para Europa en general: el presidente nacional de la asociación italiana de personas con discapacidad o heridas como consecuencia de accidentes de trabajo, quien pide ayuda a Europa para conseguir seguridad, medidas preventivas y rehabilitación, y garantizar que se eliminen lo obstáculos estructurales. Esta mañana nos hemos reunido con el Sr. Medina Ortega y otros diputados, el vicepresidente Podestà y el presidente Cox. Espero que su presencia nos obligue a todos a reflexionar seriamente sobre este asunto.
El Presidente. -
Señor Ferri, sin que sirva de precedente su cuestión de orden para otras intervenciones, me sumo a su salutación en nombre de todo el Parlamento.
El Presidente.- Señor Ebner, ya sabe usted que no se puede volver a preguntar, pero, como se trata de una cuestión de orden, le ruego que sea breve.

Ebner (PPE-DE).
Señor Presidente, creía que estábamos autorizados a realizar dos preguntas complementarias. El Sr. Rübig ha planteado una. No lo estamos. Gracias. ¿Ni siquiera una explicación sobre si me satisface o no lo que ha dicho el Comisario?

El Presidente. -
No, al preguntarme, ya sospecho que usted no ha quedado totalmente contento, pero, en todo caso, tiene la posibilidad de hablar con el señor Comisario, ya en el pasillo.

Ebner (PPE-DE).
Bien. Gracias, Señor Presidente. No me satisface lo que ha dicho el Comisario.

El Presidente. -
Pregunta nº 40 formulada por Paul Rübig (H-0579/02):

Asunto: No reconocimiento de las normas europeas relativas a las placas y sistemas solares térmicos
Desde hace aproximadamente un año están en vigor normas europeas uniformes referentes al control de los productos solares térmicos. Para tener derecho en Francia y España a las subvenciones públicas en el ámbito de la energía solar, las placas y los sistemas solares de fabricantes extranjeros tienen que someterse adicionalmente a las pruebas que exigen las normas y procedimientos nacionales vigentes en cada caso, a pesar de contar con los certificados europeos pertinentes. Las pruebas nacionales no corresponden plenamente a las normas europeas. La duplicación de las pruebas implica también costes considerables, obstáculos burocráticos y pérdida de tiempo. No se reconocen los certificados de pruebas de institutos acreditados de otros Estados miembros de la UE. Así se dificulta considerablemente la penetración en el mercado y las empresas de otros Estados miembros tienen que soportar importantes desventajas competitivas en relación con los fabricantes nacionales.
¿Qué opina la Comisión sobre la situación descrita? ¿Qué medidas piensa tomar en contra?

Bolkestein
. La Comisión quiere resaltar que las placas y los sistemas solares térmicos no están regulados a escala comunitaria. Las normas EN que se aplican a estos productos tienen carácter voluntario. Toda normativa nacional que exija el cumplimiento de normas y procedimientos de ensayo nacionales en el caso de que vayan a concederse subvenciones, debe valorarse a la luz de los artículos 28-30 del Tratado.
De estos artículos, según la interpretación del Tribunal de Justicia, se desprende que el principio de reconocimiento mutuo se aplica no sólo a las especificaciones técnicas de fabricación, sino también a todos los procedimientos de ensayo a que deban someterse dichos productos en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado signatario del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Este principio se aplica también a los certificados emitidos para los productos en virtud de estos procedimientos de ensayo. A este respecto me remito a la sentencia de 17 de diciembre de 1981 sobre productos biológicos. Y existe también otra sentencia, de 28 de enero de 1986, sobre la homologación de maquinaria para trabajar la madera. Y además tenemos la sentencia de 11 de mayo de 1989, comúnmente denominada sentencia Bouchara. La jurisprudencia es coherente y clara.
Esto significa que los Estados miembros no deben exigir innecesariamente análisis o ensayos técnicos o químicos si dichos análisis o ensayos ya se han llevado a cabo en otro Estado miembro y los resultados están disponibles o se pueden obtener previa solicitud.
Sobre la base de la información que el Su Señoría nos ha facilitado, la Comisión emprenderá una investigación al respecto y, si es necesario, procederá contra los Estados en cuestión de acuerdo con el artículo 226 del Tratado.
Si se demostrara la existencia de una infracción, la Comisión examinaría también qué conclusiones cabría extraer a la luz de los artículos 87 y 88 del Tratado.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Sus Señorías, creo que el hecho de que el principio de reconocimiento mutuo sea el tema central en Europa constituye un buen ejemplo. Agradezco al Comisario su análisis claro y que haya explicado abiertamente la intención de la Comisión, haciendo uso de su capacidad ejecutiva, de reafirmarse en este punto y luchar porque este principio vaya ganando aceptación. Por supuesto, en el transcurso de la armonización nos encontramos con límites que no siempre se está dispuesto a aceptar.
También hemos invertido mucho tiempo en la discusión de las marcas emitidas por los institutos certificadores independientes que prueban los productos. ¿Existe un reconocimiento paneuropeo de los productos probados en un país? ¿Estas marcas certificadoras se reconocen como tales en otros países? Si así fuera, aumentaría considerablemente la seguridad de los productos en el futuro. ¿La Comisión tiene planes para poner en práctica alguna iniciativa al respecto?

Bolkestein
. Observo que el Sr. Rübig está satisfecho con la actitud de la Comisión. Eso está bien. Una vez más, la esencia de este problema es el reconocimiento mutuo. La jurisprudencia es completamente clara y coherente. La Comisión iniciará una investigación de estos casos que el Sr. Rübig ha puesto sobre el tapete. Si es preciso, la Comisión emprenderá medidas legales.

El Presidente. -
Al haberse agotado el tiempo asignado al señor Comisario, las preguntas 41 y 42 se contestarán por escrito.
Si alguien tiene una cuestión de orden, puede hacerla.
¿Tiene usted una cuestión de orden, señor Savary?

Savary (PSE).
Señor Presidente, lamento no poder hacer esta pregunta, porque la Sra. Bérès me pidió que se la planteara muy directamente al Comisario Bolkestein, Aunque con pesar, acepto las limitaciones del Reglamento.

El Presidente. -
Sí, y la escasez de tiempo. Hemos pasado los veinte minutos del señor Comisario y no tenemos más remedio que pasar a las preguntas dirigidas al Sr. Verheugen.
Preguntas dirigidas al Sr. Verheugen
El Presidente. -
Pregunta nº 43 formulada por Alexandros Alavanos (H-0537/02):

Asunto: Expiración del plazo fijado para una solución política del problema chipriota
En junio de 2002 ha expirado el plazo fijado para encontrar una solución política al problema chipriota a través de la celebración de conversaciones entre las dos comunidades bajo la égida del Secretario General de las Naciones Unidas sin que se haya registrado ningún avance debido a la intransigencia turca.
¿Tiene la Comisión intención de realizar una evaluación de los posibles resultados alcanzados hasta la fecha en el marco de estas conversaciones? ¿Podría indicar cuáles serán las próximas etapas hasta la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea junto a los otros nueve países candidatos?

Verheugen
Señor Presidente, desde que empezaron las conversaciones directas el 16 de enero de 2002, los dirigentes de ambas comunidades han presentado propuestas sobre los cuatro puntos centrales. Sin embargo, las partes no han podido encontrar una solución global que sea conforme a las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas. Dado que las conversaciones directas son confidenciales, la Comisión no puede evaluar los resultados y tiene que confiar en las evaluaciones regulares que efectúa el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las conversaciones se encuentran en un momento decisivo desde finales de junio de 2002, que era la fecha límite que las propias partes se habían puesto.
Las negociaciones para la adhesión con Chipre siguen el curso previsto. La Comisión presentará sus informes regulares el 16 de octubre de este año. En dichos informes se ofrecerá un análisis detallado del progreso de los países candidatos en cuanto a los criterios de adhesión, y serán la base de las recomendaciones de la Comisión sobre los países que cumplan todos los criterios de adhesión.
Estas recomendaciones y los principales aspectos que surjan de las negociaciones se examinarán en el Consejo Europeo de Bruselas a finales de octubre de este año, y las negociaciones para la adhesión deberían finalizar según dichas recomendaciones antes de que se celebre el Consejo Europeo de Copenhague en diciembre de 2002. Los acuerdos de adhesión deberían firmarse en primavera de 2003 y el parlamento de cada país debería ratificarlo en los meses siguientes.
Antes de que se firmen los acuerdos de adhesión, el Consejo decidirá sobre la adhesión de los países candidatos previa consulta a la Comisión y después de recibir el consentimiento del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 49 del Tratado sobre la Unión Europea.

Alavanos (GUE/NGL).
Agradezco al Comisario su respuesta y la postura que ha adoptado con respecto a este asunto. Simplemente quiero puntualizar que, cuando faltan pocas semanas para recibir los informes de la Comisión y a pocos meses de la ampliación, todavía cuelga sobre la República de Chipre este inmenso interrogante. Me gustaría que el Comisario nos confirmara que, aunque la Unión Europea y la Comisión apoyen todos los esfuerzos que se hagan para encontrar una solución política, cuyo principal impedimento, como todos sabemos, es la intransigencia de los turcos y de los chipriotas turcos, no se excluirá a la República de Chipre del primer grupo de nuevos países que se adherirán a la Unión Europea si no se encuentra una solución.

Verheugen
Estoy de acuerdo con Su Señoría en que ahora el tiempo es un aspecto prioritario y que es de lo más deplorable que todavía no se haya visto un progreso decisivo en la cuestión chipriota. Su Señoría tiene también razón cuando dice que la Unión Europea está haciendo todo lo que está en sus manos para llegar a una solución, y seguirá haciéndolo así en el futuro. Lucharemos para llegar a un acuerdo hasta el último momento.
Es muy difícil responder a su pregunta sobre la actitud del Gobierno turco, sobre todo ahora que el clima político ha cambiado en Turquía. Esta semana tengo que hablar con el Ministro de Asuntos Exteriores turco y quizás después podré decir si en adelante podemos esperar una actitud decisiva y constructiva de la parte turca. De momento, lo único que puedo decir es que no tengo más elementos que Vd. para prever cómo actuará Turquía en este asunto, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir de nuevo a Turquía que reconozca que son los chipriotas turcos quienes van a sufrir las consecuencias si no se puede encontrar una solución para el problema de Chipre. Ellos son quienes más van a ganar con una solución política y la adhesión de Chipre. Pero también son quienes más van a perder si no se puede encontrar ninguna solución política.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Lo siento, Comisario, pero sus respuestas no añaden nada nuevo. Todos sabemos que las conversaciones entre ambas comunidades han llegado a un punto muerto y que las perspectivas de encontrar una salida antes de diciembre son escasas, por no decir nulas. Quisiera plantearle dos preguntas. Primera, tal como están las cosas, existe un claro peligro de que la isla quede dividida o partida y, lamentablemente, esto significará que el Partido Comunista de Grecia tenía razón al prever que los esfuerzos para integrar Chipre en la Unión Europea comportarían precisamente esta consecuencia. La pregunta es, en primer lugar, si la Comisión ha considerado esta posibilidad y qué planes tiene para anticiparse. Y, en segundo lugar, todos sabemos que Turquía tiene la clave del problema de Chipre. Tenemos la impresión de que la Comisión y el Consejo, la Unión Europea en general, no ha agotado todas las vías posibles para ejercer presión sobre Turquía. Vd. ha hablado ya de las repercusiones que tendrá la postura de Turquía, pero tengo la sensación de que el Consejo y la Comisión podrían aumentar la presión. La pregunta es si en realidad hay alguien que quiera ejercer este tipo de presión.

Verheugen
(DE Yo le diría a Su Señoría que mi lectura de la situación difiere un poco de la suya. Ya sé que no he dicho nada nuevo. Pero es porque no hay nada nuevo que decir. Y es algo que ambos lamentamos. La responsabilidad del proceso político, es decir el proceso que debería resolver el problema en el futuro, reside en las Naciones Unidas. Ni el Consejo ni la Comisión ni el Parlamento Europeo tienen competencia alguna en este asunto. Y Vd. debería ser muy cauteloso para no socavar la autoridad de las Naciones Unidas en este tema. Porque la política establecida en la Unión Europea - y que se aplica a todos, el Consejo, el Parlamento y la Comisión - es apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas con todos los medios que tengamos a nuestro alcance.
El instrumento más importante que podemos ofrecer a las Naciones Unidas, y que hemos ofrecido, es el proceso de adhesión. Y si ha habido conversaciones directas ha sido porque Chipre tiene la posibilidad de adherirse y porque la parte turca entiende ahora que la Unión Europea tiene intención de cumplir su calendario de ampliación. Por este motivo creo que la mejor forma de ejercer presión sobre Turquía, y créame que lo haremos, es asegurarnos de que sepan que no negociaremos el calendario de la ampliación.

El Presidente. -
Pregunta nº 44 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0574/02):

Asunto: Chipre y las negociaciones de adhesión
¿Cómo valora la Comisión el modo en que se están llevando adelante las negociaciones de adhesión de Chipre? ¿De qué modo podría influir el diálogo intercomunitario en la cuestión chipriota?

Verheugen
Señor Presidente, Chipre se encuentra en un estado avanzado de las negociaciones para la adhesión. De los 31 capítulos, 28 se han cerrado provisionalmente. En esta fase del proceso no se puede hacer nada más.
En cuanto a las negociaciones con la finalidad de llegar a un acuerdo político bajo la égida del Secretario General de las Naciones Unidas, acabo de expresar mi apoyo total a este proceso, al igual que la UE lo ha hecho en numerosas ocasiones.
En cuanto a la pregunta de cómo el diálogo entre los dos grupos étnicos puede influir en las negociaciones de adhesión, el planteamiento de la Comisión se rige por las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki en 1999 y del Consejo de Sevilla en 2002. La Unión ha dejado claro que desea una isla unida para la adhesión. Sin embargo, también ha puntualizado que la solución política no es imprescindible para la adhesión de Chipre a la Unión, si la cuestión chipriota no se ha liquidado antes de que finalice el período de negociaciones. La decisión la tomará el Consejo teniendo en cuenta todos los factores relevantes. Todavía existe una posibilidad de que consigamos una solución política antes de la adhesión, y es el motivo por el que el Consejo Europeo ha pedido a los dirigentes de ambos grupos étnicos que acudan a las conversaciones. Si se llega a una solución política, el acuerdo de adhesión reflejará el acuerdo conseguido.
Tal como se declaró recientemente en el Consejo Europeo de Sevilla, la Unión está preparada para incluir en el acuerdo de adhesión los términos de un acuerdo global en la cuestión de Chipre. Hemos hecho hincapié en el hecho de que creemos que Chipre debería poder hablar con una sola voz y que necesita poder aplicar la ley comunitaria en toda la isla.
Si se llega a un acuerdo y Chipre accede como país unitario, la Unión Europea está dispuesta a efectuar una gran aportación financiera para conseguir un rápido desarrollo de la parte norte de la isla en el camino hacia la adhesión.

Hatzidakis (PPE-DE).
Comisario, creo que la Comisión Europea ha adoptado un planteamiento constructivo y positivo en el proceso de integración de Chipre y la resolución del problema chipriota, y me complace. Sólo quería hacerle una pregunta: ¿Presentará Vd. su propia recomendación al Consejo sobre la integración de los países candidatos durante el mes de octubre? Vd. ha dicho que Chipre ha experimentado un progreso considerable. Creo que todos reconocemos que la parte chipriota griega ha acudido a las conversaciones de buena fe, pero también existe la posibilidad de que las conversaciones fracasen por motivos que no tengan nada que ver con la parte chipriota griega. Quisiera que la Comisión aclarara cuál será su recomendación si esto ocurre. Es decir, si las conversaciones entre ambas comunidades fracasan, ¿cómo afectará este hecho a las perspectivas de integración de Chipre? Ésta es mi pregunta.

Verheugen
Señor Presidente, señor Hatzidakis, está en lo cierto. El 16 de octubre la Comisión presentará un informe con su valoración sobre si los países candidatos con los que se están llevando a cabo negociaciones están preparados para adherirse. Como saben, se ha nombrado a diez países, entre los cuales se encuentra Chipre, con los que esperamos finalizar las negociaciones a finales de este año. El 16 de octubre la Comisión declarará si se pueden seguir aplicando estas perspectivas. Naturalmente, esto incluye una postura clara de la Comisión respecto a Chipre.

El Presidente. -
Pregunta nº 45 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0538/02):

Asunto: Ampliación, mujeres y fundamentalismo
En relación con los países de la próxima ampliación de la Unión Europea y para prevenir situaciones en las que las organizaciones religiosas invadan competencias pertenecientes al sector de las autoridades públicas, ¿qué medidas aplicará la Comisión para evitar que, por presiones fundamentalistas, se limiten los derechos humanos, y para garantizar un libre ejercicio de los derechos a las mujeres?

Verheugen
Señor Presidente, como Su Señoría sabe, cumplir los criterios de Copenhague es condición indispensable no sólo para concluir sino incluso para empezar las negociaciones de adhesión, motivo por el que ningún país puede adherirse a la Unión Europea si no cumple todos los criterios políticos.
La pregunta que Vd. ha hecho se refiere a las organizaciones que, según Vd., señora, están usurpando poderes que pertenecen al estado o bien existe el peligro de que lo hagan y, como resultado, las mujeres de los países candidatos pueden ver limitada su libertad. La Comisión opina que los futuros Estados miembros han logrado un nivel de estabilidad democrática adecuado, y que en dichos futuros Estados miembros se respetan los derechos humanos, entre los que se incluye la libertad religiosa.
La libertad religiosa está garantizada en todos los futuros Estados miembros, lo que significa que, por supuesto, las comunidades religiosas tienen derecho a participar en el debate social en sus países. Es completamente normal y ocurre en todos los Estados miembros. Las comunidades religiosas forman parte de la sociedad civil y, al igual que todas las demás organizaciones sociales, tienen derecho a participar en el debate social. En algunos países más y en otros países menos. Los gobiernos, las autoridades públicas, deben mantener una vigilancia estricta para asegurarse de que los grupos sociales no ejerzan poderes que no les hayan sido atribuidos y que, por ejemplo, podrían tener un impacto adverso en los derechos fundamentales. En teoría, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para las mujeres, hemos conseguido un progreso considerable desde el punto de vista legislativo e institucional en todos los futuros Estados miembros, aunque, por supuesto, queda mucho por hacer para fomentar la igualdad económica y social de las mujeres. Pero esto no se aplica sólo a los futuros Estados miembros, sino también a la mayoría de los Estados miembros actuales. No podemos decir que se hayan resuelto todos los déficits, y, naturalmente, por este motivo la Comisión seguirá controlando muy de cerca la evolución en este ámbito e incluirá una valoración actualizada de la situación en el informe que ya he mencionado y que se hará público en octubre de 2002.

Izquierdo Rojo (PSE).
Señor Presidente, ¿ha detectado la Comisión en qué temas y países se producen estas invasiones de la esfera pública por parte de los poderes eclesiásticos?
En segundo lugar, quisiera preguntarle también al Sr. Comisario si estaría dispuesto a programar campañas informativas para dar a conocer las ventajas y beneficios que tiene el acervo comunitario para las mujeres.
Me han llegado también, Sr. Comisario, referencias de que en algunos Parlamentos existen departamentos donde los poderes eclesiásticos efectúan controles y seguimientos de la actividad que realizan los parlamentarios. Quisiera que se constatara este hecho.

Verheugen
Señora Izquierdo Rojo, la Comisión no tiene constancia de los hechos que Vd. ha descrito. Por lo tanto, le agradecería que me hiciera llegar una copia de la información que, obviamente, Vd. tiene en sus manos. Sin embargo, debo reiterar que la Comisión no considera que sea una interferencia inaceptable que las comunidades religiosas se unan al debate político como parte de la sociedad civil. No conozco ningún caso en que los derechos humanos se hayan visto violados a consecuencia de la participación de las comunidades religiosas. Si tiene ejemplos específicos de ello, naturalmente queremos conocerlos.
En cuanto a la campaña de información, puedo confirmar que estamos llevando a cabo dichas campañas, especialmente sobre el tema de la igualdad de las mujeres. Forma parte de la estrategia de comunicación que estamos llevando a cabo junto con el Parlamento para que los ciudadanos de los futuros Estados miembros sean conscientes de todos los aspectos de la ley comunitaria, especialmente los derechos humanos y los derechos de las personas y los grupos.

El Presidente. -
Pregunta nº 46 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0543/02):

Asunto: Futuro tratado de adhesión con los nuevos Estados miembros
Es posible que los electores irlandeses voten por segunda vez en contra del Tratado de Niza. De este modo, decaería también la nueva composición de escaños prevista en el Tratado de Niza para el Parlamento y el Consejo. ¿No podría la Unión proceder como hizo con ocasión de la adhesión de Finlandia, Suecia y Austria, cuando negoció y acordó con cada uno de los países candidatos los escaños en el Parlamento y los votos en el Consejo que figurarían en el tratado de adhesión? De ese modo, no se necesitaría el Tratado de Niza como base para la adhesión de los nuevos Estados miembros.
¿Considera la Comisión que sería adecuado aplicar este procedimiento a la ampliación de la Unión en el caso de que el pueblo irlandés votara una vez más en contra del Tratado de Niza?

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, la Comisión no comprende la utilidad de especular sobre lo que ocurrirá en el caso hipotético de que no se ratifique el Tratado de Niza. Como saben, el objetivo de las instituciones europeas es conseguir la ratificación del Tratado de Niza, tal como el Consejo Europeo dejó perfectamente claro hace poco en Sevilla, en junio de 2002. El Tratado debe ratificarse porque, de lo contrario, será muy difícil concluir el proceso de ampliación en las fechas previstas.
La Comisión quisiera recordar a esta Cámara que en el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 se aprobó la determinación del Gobierno irlandés de conseguir que el Tratado de Niza se ratificara en Irlanda. Este tema salió también este fin de semana en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Dinamarca, cuyo orden del día tenía como punto principal la ampliación. Los Estados miembros y la Comisión acordaron de nuevo que no deberíamos interferir en el ejercicio de formación de opinión en Irlanda haciendo declaraciones sobre lo que haremos si en el segundo referéndum sale otra vez el «no» con mayoría.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, Comisario Verheugen, entiendo que no se ha dado respuesta a mi pregunta por ser de carácter hipotético y especulativo. Pero, al mismo tiempo, creo que de todas formas ocurre siempre que quienes piensan en términos políticos deben pensar siempre en varios escenarios posibles. Además, no nos preocupa el futuro remoto, sino algo que tendrá lugar bastante pronto y que ejercerá una influencia importante en el desarrollo de Europa en general. Por lo tanto, me sorprende que la Comisión no quiera pensar en vías alternativas ni reflexionar sobre lo que puede ocurrir si el pueblo irlandés vota «no» de nuevo. Estoy convencido de que la Comisión debe pensar en esta línea.
También creo que es una cuestión de importancia práctica. No se puede permitir que el hecho de que el pueblo irlandés vote «no» sea decisivo para el conjunto de la UE. Debemos buscar una solución práctica. En mi pregunta, indicaba que Finlandia, Suecia y Austria negociaron una fórmula para llegar a una solución práctica a los problemas antes de que dichos países se convirtieran en Estados miembros. Y sin duda podría adoptarse el mismo método con los nuevos países candidatos. ¿Al fin y al cabo, no sería una posibilidad legal y práctica?

Verheugen
Señor Schmid, una vez más, por favor, léame los labios. No existe ningún plan B y tenemos expresamente prohibido entablar este tipo de deliberaciones. Y es muy fácil de entender. Si yo dijera aquí y ahora que la Comisión está considerando una alternativa o que la Comisión tiene una alternativa, antes de que nos diéramos cuenta los votantes irlandeses estarían preguntando cuál es la alternativa. Nos gustaría mucho saber cuál es porque entonces ya no tendríamos ninguna necesidad de ratificar el Tratado de Niza. De modo que si decimos que hay una alternativa, lo único que conseguiremos es que el Tratado no se ratifique nunca. Y tenemos una razón para insistir en la ratificación del Tratado de Niza porque no sólo contiene los requisitos técnicos para concluir las negociaciones de la ampliación en el ámbito institucional, sino que incluye también los requisitos políticos indispensables para un conjunto de Estados miembros si queremos concluir el proceso de ampliación.
Si no elegimos un método más simple en esta ronda de ampliación y no incluimos simplemente las normas institucionales en los acuerdos de adhesión, fue porque la mayoría de los Estados miembros consideraron que se requerían cambios tanto institucionales como políticos antes de llevar a cabo este cambio tan radical en la naturaleza y el estado de la Unión Europea. Estos cambios se enmarcaron en el Tratado de Niza y les aconsejo que los tengan en cuenta. Para toda una serie de Estados miembros, el Tratado de Niza debe asumirse en su totalidad. La alternativa aparentemente adecuada que podría ser, si no hay Tratado simplemente extraigamos los apartados institucionales y escribámoslos en los acuerdos de adhesión, es inaceptable para toda una serie de Estados miembros y, que yo sepa, para la mayoría del Parlamento Europeo.

El Presidente. -
Estimados colegas, estamos ampliamente fuera del tiempo en el turno del Sr. Verheugen. De todas formas, hay varios que han planteado preguntas complementarias, y yo voy a dar la palabra por orden cronológico. Primero al Sr. Crowley y luego al Sr. Seppänen.
Señora McKenna, lo siento mucho, pero usted no es la primera ni la segunda que ha preguntado. ¿Tiene usted algún derecho especial y me lo puede explicar?

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, sobre una cuestión de observancia del Reglamento. Se trata del referéndum irlandés. Lo he señalado con bastante claridad, de modo que sería sumamente injusto debatir sobre el referéndum irlandés y no permitir a los oradores expresar los dos puntos de vista sobre este tema. En esta ocasión es esencial.

El Presidente.
Tengo que ser muy breve: dése usted cuenta, señora McKenna -y le pido que sea racional, como pretendo serlo yo-, que hay un Reglamento del turno de preguntas, y son dos preguntas complementarias. Esto no es un debate sobre el referéndum irlandés. Planteen ustedes un debate en el Pleno y probablemente lo tendrán. Son dos preguntas complementarias, y no a favor o en contra. Tengo el Reglamento delante y, además, nos lo sabemos todos muy bien.
Primera pregunta complementaria del Sr. Crowley, que yo no sé si es a favor o en contra. Sé que ha pedido una pregunta. Si el Sr. Seppänen le cede la palabra a usted, pues será otra cuestión, pero él tiene derecho a hablar.
Tiene la palabra el Sr. Crowley.

Crowley (UEN).
Sólo quisiera pedir al Comisario Verheugen que confirmara lo que creo que ha dicho según la interpretación: que para que en este proceso se complete la ampliación es absolutamente necesario que Irlanda ratifique el Tratado de Niza. Bastará con que responda sí o no.

Verheugen
Sí, es absolutamente necesario que todos los Estados miembros ratifiquen el Tratado.

El Presidente. -
Al renunciar a la palabra el señor Seppänen -muy amable-, tiene la palabra la señora McKenna.

McKenna (Verts/ALE).
Comisario, me interesa mucho lo que ha dicho. Ha dicho, en primer lugar, que no debe caer en la trampa de contar a la gente lo que van a hacer ustedes si el pueblo irlandés vota en contra, y que, si hubiera una alternativa, el pueblo irlandés querría conocer cuál es esa alternativa. O sea que está diciendo que mantendría al pueblo irlandés en la ignorancia y le forzaría a votar a favor. Es interesante oír a la Comisión decir que no debería implicarse. Ya hemos tenido que oír a comisarios como Patten, Byrne y otros decir al pueblo irlandés que deben votar «sí».El Sr. Prodi ha dicho que el Tratado de Niza no es legalmente necesario para la ampliación. Giscard d'Estaing ha dicho lo mismo y que si el pueblo irlandés vota «no» ya se encontrarán otras soluciones. Pero de hecho la estrategia es hacer como si no existiera ninguna alternativa e intentar forzar al pueblo irlandés para que diga «sí» a algo a lo que ya ha dicho «no».
Como usted mismo ha dicho, no quieren proponer alternativas porque no quieren que el pueblo irlandés pregunte cuáles son estas alternativas. ¿Dónde está la democracia?

Verheugen
Muy señora mía, me parece que, por razones políticas, está intentando hacerme decir algo que no voy a decir. Repito que la Comisión no conoce ninguna alternativa legal o política al Tratado de Niza.

El Presidente. -
Al haberse agotado el tiempo asignado al señor Comisario, la pregunta 47 se contestará por escrito.
Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino
El Presidente. -
Dado que su autor no está presente, la pregunta 48 decae.
Pregunta nº 49 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0546/02):
Asunto: Medidas para limitar la inmigración ilegal en Canarias
Sobre la base de los acuerdos adoptados en la Cumbre de Sevilla, ¿qué medidas propone la Comisión para poner límites a la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias?
En particular, ¿qué medidas se proponen para frenar esa desordenada inmigración en los puntos de origen al objeto de velar por la seguridad de los inmigrantes?

Vitorino
Señor Presidente, el Consejo Europeo celebrado en junio en Sevilla fue especialmente importante para el debate sobre la lucha contra la inmigración ilegal, estableciendo plazos para la aplicación de las medidas operativas más significativas en esta lucha que se describen en el plan global propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 28 de febrero de 2002.
Y de especial importancia para las Islas Canarias es el reciente esfuerzo realizado para contener la inmigración ilegal por mar. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior pidió a la Comisión que efectuara un estudio de viabilidad sobre este tema para saber cómo se podía mejorar el seguimiento de las fronteras marítimas de la Unión Europea. El principal objetivo de este estudio será ofrecer un análisis exhaustivo de las medidas legislativas y operativas a adoptar. Los resultados del estudio estarán disponibles a principios de 2003. Hay que indicar también que la Comunidad está dando su apoyo a varios proyectos en terceros países, con la intención de combatir la inmigración ilegal. De especial interés también para las Islas Canarias es el programa diseñado para ayudar a las autoridades marroquíes a controlar mejor sus fronteras marítimas tanto en la costa del Atlántico como en la del Mediterráneo.
La Comunidad ha contribuido a este objetivo con una subvención de 40 millones de euros, importe que se verá complementado por las autoridades marroquíes. Hay que mencionar también que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 13 de junio aprobó un planteamiento integral en este campo, lo que significa que se utilizarán todos los instrumentos de que dispone la estructura de relaciones exteriores de la Unión Europea. Se ha decidido poner en práctica una serie de medidas operativas que incluyen la creación de equipos de investigación conjunta y cooperación sistemática para luchar contra las redes de contrabando y de tráfico organizado.
La Presidencia danesa otorga especial importancia al progreso en el campo de la inmigración ilegal en cuanto a las relaciones con terceros países y la política de repatriación. Con toda seguridad esto ayudará a acelerar la aplicación de futuras medidas en este campo.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, soy consciente del esfuerzo que está haciendo el Sr. Vitorino para obtener medidas concretas en materia de control de la inmigración ilegal en el conjunto de la Unión Europea y, especialmente, en estas regiones ultraperiféricas como las Islas Canarias. Lo que pasa es que la situación se está deteriorando, es cada vez peor, y cada vez es mayor el número de inmigrantes que está entrando en nuestras regiones. Y no sólo están entrando por la vía marítima ilegal de las pateras, sino también por vía aérea, es decir, que hay muchos inmigrantes que vienen a nuestra región procedentes de otros países sin control ninguno.
He tomado nota de las observaciones que ha hecho. Se ha referido a Marruecos, pero no ha mencionado para nada a Mauritania; y no sé si el Comisario es consciente, por ejemplo, del descubrimiento en estos momentos de una red de inmigración ilegal que funcionaba en Mauritania y en territorio español, actuando conjuntamente.
Mi preocupación es que, aunque me parece correcta la realización de estudios, me da la impresión de que en este momento el Consejo no está respaldando las iniciativas del Comisario, Sr. Vitorino, para una rápida solución de este problema.

Vitorino
. Señor diputado, comparto totalmente su opinión de que la entrada de la inmigración clandestina en el territorio de la Unión Europea se produce no solamente por vía marítima, sino también por vía terrestre y por los aeropuertos. Por eso hemos colaborado con el Gobierno italiano para hacer un estudio de viabilidad sobre el control de las fronteras terrestres y aéreas de la Unión Europea. El actual estudio sobre las fronteras marítimas es específico, porque es complementario del otro que ha realizado el Gobierno italiano.
Tengo la esperanza de que, después de concluida la fase de los estudios, los gobiernos se sentirán más respaldados para aplicar medidas concretas y el plan de acción de lucha contra la inmigración ilegal y la Comunicación de la Comisión sobre el control de las fronteras exteriores tiene una lista muy larga de acciones concretas.
Por último, quiero decir que, naturalmente, estamos dando prioridad a la cuestión de Marruecos, pero he tomado buena nota de la información que el señor diputado me ha dado sobre la cuestión de Mauritania y voy a integrarla en mis indagaciones.

El Presidente. -
Pregunta nº 50 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0565/02):

Asunto: Expertos TEAM
A primeros de julio, la Comisión aprobó un amplio programa de información que contenía un proyecto para la continuación y el desarrollo de las actividades de la red del grupo de expertos TEAM. ¿Qué criterios se han seguido para seleccionar a estas personas? ¿Cuál es el importe que se asigna anualmente a su formación, sus dietas y sus honorarios?

Vitorino
. El programa de expertos TEAM Europe fue creado por la Comisión Europea en 1989 con el fin de proporcionar una red de conferenciantes independientes cuya experiencia abarcara todos los campos de actividad de la Unión en todas sus lenguas de trabajo. En la actualidad, el programa cuenta con 550 miembros que pueden participar en conferencias, seminarios, debates y sesiones de formación sobre temas relacionados con la Unión Europea. Hablan en nombre propio y no en nombre de la Comisión.
Los miembros de TEAM Europe son seleccionados por las representaciones de la Comisión en cada Estado miembro basándose en criterios como la experiencia, el conocimiento profundo de los temas europeos, las lenguas que hablan, su formación en medios de comunicación y su disponibilidad. Están organizados en grupos nacionales. La Comisión no paga a los miembros de TEAM Europe, aunque estos pueden aceptar dietas de los organizadores del acto en el que participan e incluso unos honorarios adecuados.
No obstante, la Comisión les ofrece sesiones de formación regulares. En 2002 la Comisión organizó tres seminarios de formación en Bruselas, específicamente para los miembros de TEAM Europe. Hubo un seminario de dos días de duración sobre relaciones exteriores de la Unión Europea, en el que participaron 80 miembros de TEAM Europe; un seminario de tres días y medio sobre la ampliación, en el que participaron 60 miembros de TEAM Europe; y un seminario de dos días sobre el futuro de Europa, el proceso post-Niza y la Convención Europea, en el que participaron 103 miembros de TEAM Europa. Esta formación se lleva a cabo en la Comisión, a cargo de conferenciantes e intérpretes tanto de la Comisión como de otras instituciones, y ocasionalmente de conferenciantes externos que no reciben emolumento alguno.

El Presidente. -
Pregunta nº 51 formulada por Bernd Posselt (H-0588/02):

Asunto: Supresión del visado para los macedonios
¿Planea la Comisión una iniciativa para eximir del visado a los ciudadanos macedonios que quieran viajar a la UE, sobre todo si se tiene en cuenta que el Consejo, respondiendo a una pregunta mía al respecto, ha señalado que sin propuesta de la Comisión no puede adoptar ninguna decisión sobre asunto tan importante para la estabilización de Macedonia?

Vitorino
. (PT) Señor Presidente, el Reglamento nº 539/2001, adoptado por el Consejo el 15 de marzo de 2001, incluye a la Ex República Yugoslava de Macedonia entre los terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado para cruzar las fronteras externas de los Estados miembros. La introducción de una exención de visado para los macedonios requeriría una modificación del Reglamento, que sólo la Comisión puede proponer, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67(2) del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas.
Los criterios para la inclusión de un país en la lista de terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado o en la lista de países cuyos ciudadanos están exentos de visado se definen en el punto quinto expositivo del Reglamento nº 539/2001. Son criterios que abarcan la dimensión de la inmigración ilegal procedente de estos países, razones de orden público y seguridad, relaciones exteriores, coherencia regional y el principio de reciprocidad. Estos criterios no son inmutables. El alcance y la persistencia de una determinada evolución en relación con un país u otro puede llevar a la Comisión a proponer que se modifique el Reglamento.
En este ámbito, la Comisión está llevando a cabo un esfuerzo continuado para detectar estos cambios y efectuar una valoración precisa de su importancia. Para llevar a cabo esta labor, la Comisión utiliza información procedente de diversas fuentes, y presta especial atención a los datos y a las estadísticas de los Estados miembros que recoge de las acciones llevadas a cabo por determinados grupos de trabajo especializados en el Consejo.
En este contexto, conviene señalar que el Consejo Europeo de Sevilla celebrado el 21 y el 22 de junio pidió al Consejo y a la Comisión que, en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgara prioridad absoluta a determinadas medidas en la lucha contra la inmigración ilegal. Entre estas medidas se encuentra la revisión antes de fin de año de la lista de terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado y la de los terceros países exentos. Con toda seguridad, en este ejercicio de revisión del reglamento, la Comisión tendrá en cuenta toda la información referente a la situación en la Ex República Yugoslava de Macedonia, a la luz de los criterios establecidos en el punto 5 expositivo del mencionado Reglamento.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, el motivo de mi pregunta procede de otro turno de preguntas, cuando bajo la Presidencia española se me dijo que el Consejo no podía tratar este tema porque la Comisión no había tomado la iniciativa. Quizás se trate de un juego de pasar la pelota entre el Consejo y la Comisión (no tengo ni idea) pero esto fue lo que me dijo el Consejo. Por eso le hago la pregunta a Vd.
De todos lo nuevos estados procedentes de la antigua Yugoslavia, donde nunca se necesitó un visado, hay tres países con los que la UE tiene acuerdos de asociación, Eslovenia, Croacia y Macedonia, de los cuales Macedonia es el único al que se le exige visado. Ni siquiera los estados vecinos de Bulgaria y Rumania necesitan visados, a pesar de sus graves problemas de seguridad, motivo por el cual éste sería un mensaje importante para este país. Se sienten humillados, y en posición de desventaja respecto a los demás países asociados. Es el único país asociado al que se le exige un visado.

Vitorino
Entiendo perfectamente la preocupación del Sr. Posselt. Pero existe una diferencia, y es que tanto Rumania como Bulgaria son países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, y Macedonia no.
En cualquier caso, en nombre de la Comisión, reconozco que Macedonia ha realizado un esfuerzo considerable para mejorar el control de su frontera exterior y la calidad de sus documentos de viaje.
Incluso creo que en la actualidad Macedonia está adoptando una legislación sobre visados muy similar a la legislación vigente en la Unión Europea, lo que es un factor significativo y positivo. Sin embargo, para poder calibrar el progreso efectuado por Macedonia, el mes de junio pasado enviamos una delegación de expertos como parte del programa regional CARDS. Las conclusiones de esta delegación y el informe sobre el marco regulador y su aplicación en cuanto a concesión de visados, así como el control de las fronteras exteriores, estarán disponibles en octubre de 2002. Entonces la Comisión valorará la situación de Macedonia a la luz de este informe y de los criterios del punto expositivo 5. Sólo entonces podremos tomar una decisión sobre nuestra iniciativa de revisar la legislación de la UE en cuanto a visados.
Por lo tanto, no hay ningún juego de tenis de mesa. Sólo que es esencial cumplir los procedimientos. De momento, no puedo decirle cuál será nuestra valoración después de recibir el informe del grupo de expertos, que me enviarán el próximo mes.

El Presidente. -
Pregunta nº 52 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0599/02):

Asunto: Exigencia de visado para inmigrantes en la Unión Europea procedentes de países que mantienen una relación especial con Estados miembros de la Unión
Una parte importante de los Estados miembros de la Unión Europea -como en el caso de Portugal y del Estado español con los países de América Latina- mantienen una especial relación afectiva y cultural con países que no pertenecen a la Unión, siendo frecuente la doble nacionalidad. Esta relación forma parte de su propio carácter, de forma paralela a su pertenencia a Europa. ¿De qué manera va a abordarse esta realidad con respecto a la formulación del Consejo Europeo de Sevilla en el marco de una revisión de la lista de países a cuyos nacionales va a exigírseles visado para entrar en los Estados de la Unión? ¿Cómo se tratará a los nacionales de los países de América Latina por lo que se refiere al Estado español y a Portugal?

Vitorino
Señor Presidente, Sr. Nogueira Román, cada Estado miembro de la Unión Europea establece sus propias condiciones para otorgar la nacionalidad. Cualquier ciudadano que tenga la nacionalidad de un Estado miembro tiene derecho a circular y establecerse libremente en todo el territorio de los Estados miembros de la Unión, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación comunitaria.
En el caso de la doble nacionalidad, los ciudadanos pueden acogerse a la legislación sobre ciudadanía de la Unión. Por lo tanto, la Comisión opina que la existencia de casos de doble nacionalidad en las relaciones entre España y Portugal y diversos países de América Latina queda cubierta por la legislación existente. En relación con la política de visados respecto a América Latina, el Reglamento nº 539/2001 establece las listas de terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado o están exentos de dichos trámites.
De acuerdo con las conclusiones de la Cumbre Europea de Sevilla, la Comisión envió un cuestionario a los Estados miembros con el fin de revisar las listas de terceros países sometidos a la mencionada regulación. Las respuestas de los Estados miembros pueden proporcionar varias sugerencias, y basándose en las mismas la Comisión quizás podrá presentar una propuesta para modificar el reglamento. Los criterios utilizados para elaborar las listas se definen en la primera frase del quinto punto expositivo del reglamento. La decisión sobre qué ciudadanos de terceros países necesitan un visado y cuáles no se toma mediante una valoración detallada, analizando caso por caso y siguiendo varios criterios, en especial, los relacionados con la inmigración ilegal, el orden público y la seguridad, así como las relaciones exteriores de la Unión con dichos terceros países. También se tienen en cuenta las implicaciones en la coherencia regional y el principio de reciprocidad. Todas las decisiones del Consejo en este campo se adoptan por mayoría cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario Vitorino, no puedo ni imaginar que un día en España y en Portugal, e incluso en la Unión Europea, Brasil pueda considerarse un tercer país para los portugueses o Argentina un tercer país para los gallegos o los españoles. Aunque en estos países vive mucha gente con doble nacionalidad, muchos hijos y nietos de ciudadanos portugueses, españoles y gallegos no son considerados europeos. Sin embargo, considero que este vínculo familiar tan próximo que existe entre Portugal, España y Galicia y América Latina debe recibir un tratamiento muy especial en las soluciones que la Comisión ha propuesto para los visados y que se discutió en el Consejo de Sevilla. Espero que la Comisión no olvide a los familiares que tenemos en América Latina.

Vitorino
Gracias, muchas gracias, Sr. Nogueira Román, no podría estar más de acuerdo con Vd., por todas las razones que ha indicado y por una más, que explica el por qué hablamos casi el mismo idioma. En cualquier caso, quisiera que prestara atención al hecho de que los países que ha mencionado ya disfrutan de exención respecto a los visados y que los únicos países de América Latina que están sujetos a este requisito son Colombia y Perú.

El Presidente. -
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 53 a 81 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.15, se reanuda a las 21.00 horas)

El Presidente.
El siguiente punto es la comunicación de la Comisión sobre racionalización de los ciclos de la coordinación política económica y de la política de empleo.
Solbes Mira
. Señor Presidente, la Comisión ha adoptado hoy una comunicación para racionalizar la coordinación de las políticas económicas y de empleo. Esta coordinación, a nivel de la Unión, crea el marco en el cual los Estados miembros definen sus propias políticas. Contribuye a avanzar también en los ambiciosos objetivos de Lisboa.
Todos sabemos que el marco general de coordinación se ha convertido cada vez en un marco más complejo. Con demasiada frecuencia se han ido añadiendo nuevos elementos a medida que era necesario, y esta situación no ha facilitado ni la coherencia de las orientaciones para las distintas políticas ni tampoco su comprensión. Ustedes nos han presentado, como Parlamento, distintas propuestas para mejorar la situación y en este ejercicio a Derecho constante hemos intentado tomarlas en consideración.
Racionalizar la coordinación no se limita simplemente a mejorar los calendarios y la organización, como puede parecer a simple vista. Hemos intentado modificar a fondo la coherencia de las políticas y la evaluación de las realizaciones, contribuyendo así a progresar en el incremento del potencial de crecimiento, la creación de más y mejores empleos, la mejora de la cohesión social y el desarrollo sostenible.
Teniendo en cuenta todo ello, la Comisión hace propuestas concretas en su comunicación para aumentar la eficacia y la coordinación, mejorar su coherencia y complementariedad entre los distintos procesos e instrumentos; estimular nuestros compromisos y nuestra ownership en cuanto a una mayor implicación del Parlamento y de los interlocutores sociales, y aumentar la trasparencia y comprensión de la coordinación política y, en consecuencia su visibilidad y efectos. Estas mejoras políticas importantes aumentarán la capacidad de la Unión para conseguir sus ambiciosos objetivos en términos económicos y de empleo.
Querría comentar dos puntos clave: primero, la Comisión propone una mejor articulación del ciclo de coordinación de las políticas alrededor de tres puntos: ejecución, orientaciones políticas y líneas directrices. Estos serán los puntos clave que harán que el ciclo de coordinación sea más trasparente y mejore sus efectos.
El ciclo comenzará con la preparación del Consejo Europeo de primavera. La Comisión presentará a principios de cada año un paquete sobre evaluación de la ejecución que acompañará al informe de primavera y, en el mismo, se presentará tanto la evolución de los avances en las diversas áreas, que afectan a la ejecución de las grandes orientaciones de política económica como al proyecto de informe conjunto sobre el empleo.
El informe de primavera se centrará, por tanto, en los puntos en los que deben acelerarse los avances y propondrá orientaciones políticas clave para el Consejo Europeo de primavera.
Sobre esa base, el Consejo Europeo de primavera formulará a mediados de marzo unas orientaciones políticas generales y la Comisión, teniendo en cuenta estas orientaciones, presentará a principios de abril sus directrices, que incluirán tanto las orientaciones generales de política económica como las directrices de empleo.
Por último, las formaciones competentes del Consejo adoptarán ese conjunto de directrices una vez que hayan obtenido el apoyo del Consejo Europeo de junio.
El segundo punto clave de las propuestas que presenta hoy la Comisión es mejorar la eficacia de la coordinación. En ese sentido sugerimos centrarnos más en el medio plazo a la hora de formular orientaciones.
El conjunto de las directrices adoptará una perspectiva a medio plazo más diferenciada y se revisará en su totalidad sólo una vez cada tres años. En los años intermedios los cambios se limitarán a los necesarios para tener en cuenta los acontecimientos más relevantes de ese período. La orientación más estratégica dará estabilidad a las directrices en las distintas políticas y facilitará su mejor seguimiento.
Por otra parte, la coherencia se verá favorecida por una mayor claridad de los contenidos que deberán cubrir los respectivos instrumentos y su sincronización. Esa mejor complementariedad reforzará los mensajes políticos básicos.
La Comisión sugiere que esta racionalización se ponga en marcha rápidamente y el primer conjunto de nuevas directrices debería adaptarse en el Consejo Europeo de primavera del año 2003 presentando la Comisión su primer paquete de evaluación de la ejecución a principios del año 2004. Por consiguiente, el nuevo ciclo estará totalmente en marcha antes de las elecciones de este Parlamento.
Más allá de estas mejoras, que empezarán a funcionar para el ciclo 2003, la Comisión ha puesto sobre la mesa una serie de modificaciones referentes al Derecho actualmente en vigor en los Tratados, tendentes a la coordinación de las políticas económicas. No voy a entrar en ese tema hoy; quiero simplemente recordar, como he dicho al principio de mi intervención, que estos temas no están vinculados a este proceso de streamlining que hoy planteamos, dado que, como he señalado, lo hacemos a Derecho constante.
Quisiera finalizar subrayando que la Comisión aprecia la contribución a la coordinación de las políticas que el Parlamento ha hecho, esperamos con enorme interés sus sugerencias en las directrices que vamos a plantear y en este proceso de racionalización. Sus contribuciones y participación son una señal del amplio compromiso con las orientaciones comunes de las distintas políticas y con la mejora de los resultados económicos y sociales.
Mi colega Anna Diamantopoulou comentará algunos elementos más sobre este proceso de coordinación que ambos hemos presentado hoy conjuntamente.

Diamantopoulou
Señor Presidente, Señorías, durante el debate del pasado año sobre el paquete sobre empleo, el Parlamento solicitó con toda claridad los procedimientos se hicieran más eficientes. El Consejo de Barcelona presentó la misma petición. Por tanto, creo que esta comunicación responde a las demandas tanto del Parlamento como del Consejo de actualizar los procedimientos.
Como muy bien ha dicho el Sr. Solbes Mira, no se trata de un simple arreglo técnico. No se trata sólo de cumplir mejor los plazos. Existe realmente un ambicioso objetivo político en términos de políticas mejor definidas, una mejor gobernanza y una mayor eficacia. Estamos luchando para modernizarnos, con este nuevo procedimiento común, estamos aplicando nuestra experiencia de diez años de orientaciones económicas desde Maastricht, cinco años de Estrategia de Empleo en acción y, naturalmente, todo el marco de Lisboa, y esto es importante.
Quisiera hacer algunos comentarios sobre la Estrategia Europea de Empleo en concreto. En primer lugar, ambas estrategias se verán claramente reforzadas y tendrán un perfil más preponderante dentro del marco de Lisboa. En segundo lugar, ahora tenemos un calendario a medio plazo, y esto es importante. En vez de unas directrices o unas recomendaciones anuales, tenemos un calendario a medio plazo. Pretendemos redactar unas nuevas directrices hasta 2010, con una revisión a medio plazo en 2006, como se solicitó en Barcelona. De modo que habrá una revisión a medio plazo, cuando establezcamos objetivos y orientaciones, junto con los controles anuales y la cooperación anual en el seguimiento de las políticas, y es así como se mantendrá el impulso de la estrategia. El tercer punto es que este ejercicio tiene un objetivo claro: conseguir una mayor cohesión entre las dos políticas. Obviamente, existe una división de papeles entre las dos políticas. Las grandes orientaciones económicas ofrecen el marco general, el marco en el cual se mueven las directrices sobre empleo, pero son las directrices sobre empleo las que definen un marco más detallado y los objetivos, y proponen estrategias individuales.
El siguiente punto se refiere a una mejor gestión de las políticas sociales y económicas, que es también uno de los puntos del orden del día de la Convención que pretende revisar el Tratado. Lo que queremos demostrar es que, aunque respetamos la autonomía de cada política, tal como se define en el Tratado, también tenemos la facultad de establecer un marco económico único para la Unión. Creo que, en lo que al Parlamento Europeo se refiere, las cosas serán mucho más claras y mucho más transparentes porque en los estudios se tendrán en cuenta todos los aspectos básicos de la política económica y estructural en práctica en un momento dado y de forma coordinada. También quisiera asegurarles que seguiremos con nuestras eficientes consultas al Parlamento; simplemente se han trasladado de otoño a primavera. Nuestro objetivo es garantizar que con este nuevo marco podamos cooperar de forma eficaz con el Parlamento.

El Presidente.
Comisaria Diamantopoulou, Comisario Solbes, muchas gracias a los dos.

Hugues (PSE).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisión por la comunicación de hoy. Sin embargo, hay dos puntos que siguen preocupándome. En la Cumbre de Lisboa se otorgó un papel clave de coordinación al propio Consejo Europeo. Aunque no se dijo abiertamente, una de las principales razones era evitar que todo el proceso estuviera dominado por Ecofin. En el procedimiento de esta comunicación existe una ruptura importante, después del Consejo de junio. De modo que tenemos a los diferentes Consejos, de Competitividad, Empleo y Ecofin, tomando decisiones finales en sus respectivos ámbitos. Y precisamente es en este punto donde Ecofin empezará a ser dominante y paralizará a los otros dos Consejos. Hay un fallo básico en el conjunto del procedimiento.
El segundo punto que me preocupa es que la primera y última mención del Parlamento es en mayo, en relación con las directrices sobre el empleo. Si la Comisión como institución se toma en serio la implicación del Parlamento, debería unirse a nosotros y exigir un acuerdo interinstitucional que otorgue al Parlamento voz y voto en los preparativos del Consejo de primavera.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, gracias por esta información que hemos recibido de la Comisión. Ha sido breve, como presumiblemente debe ser en este contexto.
Sin embargo, me gustaría tratar otros dos asuntos. En primer lugar, sería interesante saber más cosas sobre la forma en la que el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada país podrán llegar a una posición común. El Sr. Hughes se ha referido ya a este tema, pero es importante que quede claro. Se podría decir que en estos momentos no queda claro de qué forma deberán participar en este proceso el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada país.
El segundo asunto que quiero mencionar es el de los procesos. Estoy de acuerdo en que estos procesos deben estar coordinados. Se están discutiendo dos procesos, pero creo que habría que hablar de tres procesos que son: el proceso económico, el proceso de empleo y el proceso de la inclusión social. Los tres tienen su valor particular y algo especial que aportar. Por lo tanto, es extremadamente importante que se conserven estas características distintivas cuando se coordinen los procesos. De lo contrario, disminuirá su valor global. Me pregunto, pues, qué se ha pensado para que, cuando los procesos estén coordinados, se pueda conservar el carácter especial de cada una en concreto.

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisarios, un par de comentarios breves. En varias ocasiones (más recientemente durante el Consejo de Ministros informal de Kolding) hemos comentado, en nombre del Parlamento y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que nos gustaría que los ciclos de política de empleo y política social estuvieran coordinados. Y queremos que esto ocurra por una razón: porque en el Tratado se establece muy claramente que las directrices sobre política de empleo deben alinearse hasta cierto punto con las orientaciones económicas. Espero que podamos ver una interacción entre estos dos elementos. Que no nos centremos exclusivamente en el empleo. Que no nos preocupemos sólo de la cantidad de puestos de trabajo, sino también de la calidad. Que no pensemos sólo en los puestos de trabajo y en expresiones como flexibilidad del mercado laboral, sino que dediquemos algún pensamiento también a la seguridad en el mercado laboral y a sus implicaciones sociales. En otras palabras, todos los elementos que podrían contribuir a la interacción, y mi pregunta es si ésta es la intención de este acto de mezcla de políticas.

Solbes
Señor Presidente, voy a intentar dar una respuesta rápida a los problemas que me afectan más directamente, dejando a Anna Diamantopoulou los que son más de su competencia.
En primer lugar, ¿hay una ruptura con respecto a Lisboa?, ¿hay una falta de coordinación a partir de la toma de decisiones en el Consejo de primavera? Yo creo que no; creo que la situación es exactamente la contraria. Precisamente, iremos al Consejo de primavera con una posición de directrices sobre los distintos procesos. El Consejo de Lisboa tomará esta decisión -que, lógicamente, tiene que ser consistente en todas las directrices- y sobre esa base tendrán que trabajar los Consejos posteriormente. Por lo tanto, lo que conseguimos es lo contrario: que los distintos Consejos trabajen sobre una línea que ha sido ya previamente definida. No sólo somos coherentes con Lisboa, sino que yo creo que vamos más lejos de lo que inicialmente se había previsto.
En segundo lugar, algo que preocupa a muchos de ustedes: ¿cuál es el papel de los Parlamentos -europeo y nacionales- en el proceso? Desde el punto de vista de las grandes orientaciones de política económica, trabajamos a Derecho constante, como antes he dicho. Por tanto, no estamos hablando de una modificación del Tratado ni de otros aspectos que se pueden plantear en la Convención. Sin embargo, creemos que el nuevo procedimiento permite al Parlamento dos tipos de actuaciones. En primer lugar, el debate sobre el informe de realizaciones de las grandes orientaciones de política económica. El Parlamento dispondrá de mucho más tiempo que en la situación anterior para dicho debate, y también dispondrá de mayores posibilidades para llevar a cabo sus propias tomas de posición sobre las grandes orientaciones de política económica, tal y como estamos introduciendo en la práctica en los últimos años. En ese sentido, creemos que la situación mejora claramente.
La posición de los Parlamentos nacionales debe ser una decisión de cada uno de los Estados miembros, aunque la Comisión defiende que, tanto en las grandes orientaciones de política económica, como en los temas referidos a los programas de estabilidad, tiene que haber una implicación de los Parlamentos nacionales.
Finalmente, es cierto que la coordinación se produce básicamente entre grandes orientaciones de política económica, empleo, pero también con el Proceso de Cardiff y con los restantes procesos que pueden afectar a la política económica. Estos son los temas fundamentales que quería comentar.

Diamantopoulou
Señor Presidente, me gustaría responder a dos puntos. El primero se refiere a las políticas diferenciadas y si podemos conseguirlas o no. Sin duda, esta propuesta establece unos objetivos específicos, junto con unos procedimientos y unas fechas para conseguirlos. Un objetivo claro, como he dicho, es que estas dos políticas deben ser independientes. De modo que tenemos unas directrices específicas sobre empleo, dentro del marco de las orientaciones generales, con unos objetivos y unos procedimientos incorporados. No sé si alguien puede asegurar que conseguiremos este objetivo. Pero una cosa está clara, y es que la voluntad política existe y que los procedimientos están pensados para que podamos avanzar en esta dirección. Creo que ahora todos tenemos la responsabilidad política de conseguirlo, tanto por razones políticas como porque necesitamos unas políticas de empleo diferenciadas en la Unión Europea en conjunto.
La segunda cuestión se refiere a la postura del Sr. Bowman sobre empleo, que, por supuesto, conlleva algo más que cifras sobre los puestos de empleo. Dentro del marco de las orientaciones y en el Parlamento hemos dicho una y otra vez que necesitamos incluir directrices y orientaciones sobre la calidad del empleo, y éste es el objetivo de nuestra labor.

Goebbels (PSE).
Mi reacción inicial es bastante positiva, ya que creo que las propuestas de la Comisión se encuentran en la línea correcta. No podemos pedir una mejor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros si no exigimos también una mejora del proceso de coordinación de la política económica, social y de desarrollo sostenible en el ámbito de la Unión Europea.
Creo que, para ello, hay que racionalizar todos los procesos relacionados con el BGEP, es decir, los procesos de Luxemburgo, Cardiff, Colonia, Lisboa y Estocolmo, y todos los demás. Los expertos están empezando a perder el hilo, y los ciudadanos están perdidos del todo. Por lo tanto la racionalización es necesaria, a condición, por supuesto, de que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales se impliquen en dichos procesos. Si he entendido correctamente al Sr. Solbes, en el futuro tendremos coordinación a medio plazo, con una revisión completa cada tres años. Sin embargo, tres años es mucho tiempo, para un Parlamento con un mandato de cinco años y una Comisión que también tiene una esperanza de vida de cinco años. En consecuencia, en algunas legislaturas sólo habría un debate principal sobre grandes orientaciones. Además, tres años es un plazo muy largo en términos económicos. Señor Presidente, hace tres años todos los mercados de valores del mundo estaban en alza. Pero hace dos años la burbuja estalló ocasionando considerables daños colaterales.
Por lo tanto, y ésta es mi pregunta, ¿puede Vd. imaginarse no adaptar las orientaciones al desarrollo de la economía y de la vida en la sociedad?

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisarios, Comisario Solbes, Vd. ha empezado mencionando que están trabajando para cambiar el Tratado. Quisiera preguntarle directamente: ¿Exactamente en qué cambios están trabajando? ¿Cómo encajarán en estos cambios el Parlamento Europeo y la codecisión y la competencia conjunta?
Y en cuanto a mi segunda pregunta. Todos hablamos sobre crecimiento y empleo. Tenemos el pacto de estabilidad y crecimiento. Tenemos el mercado interior. Tenemos el proceso de Lisboa. ¿Cuál es el potencial de coordinación de estos tres acuerdos que todavía no se ha agotado y cómo puede impedir el Tratado que se cumplan estas órdenes?

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, me complace oír que el Parlamento recibirá documentos antes de que tengamos redactar nuestros informes; esto es positivo. La pregunta que quisiera que me aclaren es: ¿Cómo encaja aquí el desarrollo sostenible? En su introducción, el Comisario Solbes ha hablado de crecimiento sostenible, que no es lo mismo que desarrollo sostenible: hay crecimientos que pueden destruir el medio ambiente y puestos de trabajo, y que no son precisamente sostenibles. De modo que me gustaría saber de dónde se va a sacar el elemento de la sostenibilidad. ¿Cómo se determinará mediante un análisis cualitativo del crecimiento, y cómo va a encajar en esta coordinación que esperamos ver en el futuro? De momento es un elemento ausente, aunque se supone que debe ser un elemento clave en las cumbres de primavera, tal como se decidió en Gotemburgo.

Solbes
. Señor Goebbels, para clarificar la posición hemos expuesto muy rápidamente el tema. Tenemos unas grandes directrices cada tres años, pero eso no impide que tendremos una modificación anual y un debate anual.
Pongo un ejemplo: en este momento, las grandes orientaciones de política económica tienen como objetivo fundamental reforzar el crecimiento dentro de un marco de estabilidad económica para incrementar la productividad y el empleo. Ese tipo de principios van a ser generales durante un largo período. Evidentemente, los resultados que se producen cada año, y las modificaciones que tendremos que introducir tomando en consideración lo que está sucediendo en la economía, tendrán que debatirse cada año y tendremos que aportar modificaciones anuales, pero sobre la base de un esquema fundamental que estará en vigor durante tres años.
Señor Karas, creo que, o bien no me expresado bien o la traducción no ha sido todo lo correcta que hubiera sido deseable. He dicho dos veces que lo que pretendemos con esta Comunicación es racionalizar y coordinar los instrumentos de política económica a Derecho constante. Por lo tanto, no hay en ese documento ninguna modificación sobre los Tratados. Estamos hablando de cómo utilizar mejor las posibilidades que los Tratados nos ofrecen.
En este sentido quiero hacer dos comentarios: el Parlamento Europeo ya tiene una participación claramente definida en el Tratado respecto a las líneas generales de empleo y estamos poniendo en marcha un sistema de participación del Parlamento -no en un procedimiento de codecisión al no tratarse de normas legislativas-, que, precisamente, al disponer de más tiempo para poder trabajar sobre los informes de aplicación del año anterior y -aquí será necesaria una cooperación del Parlamento- mejorar los tiempos para la toma de decisiones sobre las grandes orientaciones de política económica, permitirá al Parlamento incrementar su participación en el proceso, que es lo que todos esperamos.
Tercer elemento: ¿en qué medida Lisboa puede mejorarse o puede aplicarse más? En mi opinión, es lo que estamos intentando: sacar el máximo resultado posible de Lisboa.
Último comentario respecto al desarrollo sostenible: el desarrollo sostenible está incluido ya este año como objetivo en las grandes orientaciones de política económica, y éstas incluyen algunos elementos referidos al desarrollo sostenible.

Van Lancker (PSE).
Señor Presidente, creo que la Comisión ha realizado un loable intento de conseguir una mayor continuidad y coherencia, pero permítanme decir que no creo que el intento llegue a materializarse en los objetivos óptimos.
Primero me gustaría decir algo sobre la continuidad. Creo que está bien trabajar en el contexto de un plazo más largo, pero hay que poder incorporar ajustes de vez en cuando. La comunicación de la Comisión habla de ello. Tengo una pregunta sobre el calendario. El calendario actual prevé que las nuevas orientaciones abarquen un período de tres años. De 2003 a 2006. Esto nos lleva más allá de los mandatos de la Comisión y del Parlamento. Yo esperaba que esto fuera más bien un programa de inducción, vinculado a los mandatos políticos de la Comisión y el Parlamento. ¿Podría el Comisario comentar este aspecto?
En segundo lugar, las grandes orientaciones económicas se mencionan como instrumentos esenciales para la puesta en práctica, dado que contienen las líneas de fuerza de la estrategia sobre empleo. Mi colega diputado Stephen Hughes ya lo ha comentado en el contexto del Consejo Ecofin. El empleo forma parte de estas orientaciones económicas, pero ya se había decidido que también incluirían una opinión de consenso sobre temas como la coordinación de las pensiones y la sanidad. Me gustaría saber qué ha ocurrido con estos temas, porque no he oído que en la notificación se hablara de ellos.

Ghilardotti (PSE).
Señor Presidente, yo también quisiera agradecer a la Comisión sus propuestas, pero también quiero llamar la atención sobre un tema que va inextricablemente ligado a la mejora de la coordinación política económica y de la política de empleo, y es el debate, bastante acalorado en algunos Estados miembros, sobre el Pacto de Estabilidad y la flexibilidad del mismo.
Quisiera preguntar a la Comisión cómo tiene intención de responder, para distinguir entre la actitud de determinados Estados miembros, de determinados gobiernos, que quisieran revisar el Pacto de Estabilidad y hacerlo menos rígido (en algunos casos por la simple razón de que tienen dificultades para mantener sus finanzas públicas bajo control pero quieren cumplir las promesas que hicieron de reducir los impuestos en un período económico tan difícil) y la actitud y la postura de otros, que están presentando lo que considero propuestas razonables para que el Pacto de Crecimiento y las inversiones lleguen a buen fin, haciendo un buen uso de la norma de oro según la cual las inversiones públicas más fructíferas deben incorporarse a la estrategia de Lisboa e integrarse en la misma. Finalmente, ¿cómo se coordinará todo esto con las propuestas que la Comisión ha presentado esta tarde?

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisión cómo tiene intención de garantizar que la política económica, la política social y la de empleo vayan coordinadas, tal como se define en el proceso de Lisboa, y que se apliquen de forma legítimamente democrática si se no quiere cambiar el Tratado dentro del marco de la Convención.

Solbes
. En primer lugar, quiero responder a la cuestión sobre la coincidencia de los procesos de la Comisión y del Parlamento.
Por supuesto, se podría pensar en una programación a largo plazo -cinco años-, pero, en nuestra opinión, este período de tiempo es excesivo. Si no hablamos de cinco años, los problemas que su Señoría ha planteado siempre existirán. O es un año o cualquier cifra superior a un año nos plantea esos problemas. Sin embargo, yo creo que su preocupación es que dos o tres años nos plantea el problema, lo mismo que cuatro años. O son cinco o es uno. Cinco es demasiado, uno nos hace perder margen de maniobra.
En todo caso, yo creo que es un falso problema. Porque se podrán discutir anualmente las modificaciones necesarias y, en consecuencia, no plantea ninguna dificultad, como he dicho antes al Sr. Goebbels, que un cambio de circunstancias, o un cambio institucional exija replantear el problema; evidentemente eso se puede hacer.
El segundo punto: ¿qué pasa con Ecofin Empleo y en qué medida se plantean contradicciones? Precisamente, lo que intentamos evitar son contradicciones en el proceso, por una razón muy simple: el proceso parte de la Comisión, con una posición que debe ser consistente; esa posición debe ser decidida o refrendada sobre esa base por parte del Consejo Europeo; los Consejos Ecofin y el Consejo de Empleo tendrán que trabajar sobre las directrices dadas por el Consejo Europeo de primavera, y será el Consejo Europeo de junio quien finalmente acepte unas directrices que deben ser consistentes entre sí y consistentes con lo que el propio Consejo Europeo ha planteado. En consecuencia, ese tipo de incoherencias no debería producirse.
Un tema totalmente, en mi opinión, fuera del debate de hoy es el Pacto de Estabilidad. No voy a alargarme demasiado. El Pacto de Estabilidad está en la legislación comunitaria. Mi posición es perfectamente conocida: yo creo que la legislación hay que cumplirla y, por lo tanto, mi posición es que hay que aplicar el Pacto de Estabilidad tal como está establecido en la reglamentación actualmente en vigor.
Lo cual no quiere decir que la Comisión no sea sensible a la experiencia que el Pacto nos ha proporcionado y no haya propuesto -la propia Comisión- una serie de elementos interpretativos en función de las evoluciones económicas, entre ellos, elementos tan importantes como, por ejemplo, tomar en consideración los presupuestos cíclicamente ajustados para hacer la valoración de la realidad en cuanto a la posibilidad de conseguir los objetivos nominales previstos en los programas de estabilidad.
Sigo pensando que el Pacto de Estabilidad es un excelente instrumento y que, lógicamente, tenemos que extraer de la realidad las mejores conclusiones posibles para que el Pacto funcione mejor, pero no para que el Pacto se vea afectado en cuanto a su sustancia.
Último punto: la legitimación del proceso que plantea la Sra. Randzio-Plath. Yo creo que el proceso tiene toda la legitimación de que se dispone en el momento actual; y yo diría que incluso más, en la medida en que no sólo los Consejos sectoriales están implicados en estas decisiones, sino también el Consejo Europeo al inicio y al final del proceso y, en segundo lugar, no sólo se mantiene el actual compromiso, o la actual participación del Parlamento Europeo, sino que se intenta incrementar.
Su Señoría plantea otro problema: ¿qué tipo de modificación del Tratado puede plantearse en el futuro para una mayor participación del Parlamento Europeo en el proceso? Sobre ese punto esta Comunicación no dice nada. Ése es un punto que está pendiente de la Convención, y el resultado que se consiga dependerá de la negociación de la Conferencia Intergubernamental.

Diamantopoulou
Señor Presidente, me gustaría comentar tres puntos. En primer lugar, ya hemos indicado que toda la propuesta entra dentro del marco del Tratado actual, que no necesita ser interpretado de otra manera ni de forma más amplia ni ser modificado en absoluto. En segundo lugar, esta propuesta no es más que un paso. No podemos actualizar los procedimientos de Lisboa de un solo golpe. De modo que, para volver a lo que ha dicho la Sra. Van Lancker sobre otras políticas, como los programas de pensiones o las políticas sobre otros aspectos sociales, o el problema de la exclusión que hemos debatido hace poco, tengo que decir que todos estos procedimientos se encuentran en un estado de cambio continuo y que nuestro objetivo final es coordinarlos dentro de un marco común. El tercer punto planteado por varios diputados es simplemente cómo debería ser el calendario, a medio plazo o a corto plazo.
Creo que el éxito de esta propuesta reside en el hecho de que establece unos objetivos a medio plazo (he mencionado el año 2010). Es importante, porque las políticas deben ser estructurales, especialmente la política de empleo. No tienen en cuenta los cambios cíclicos, motivo por el cual los objetivos a medio plazo son mucho más significativos y ayudan a los gobiernos a centrar sus esfuerzos y a aplicarlos a unos objetivos específicos. Pero al mismo tiempo proponemos que los procedimientos se controlen anualmente, lo que significa que una vez al año se celebrará en el Parlamento un debate basado en los informes de los Estados miembros y, como acaba de decir el Sr. Solbes Mira, si aparecen incidentes específicos o surgen circunstancias inesperadas, obviamente podremos revisar las nuevas propuestas.

El Presidente. -
Gracias Comisaria Diamantopoulou y Comisario Solbes.
El debate queda cerrado.

President.
The next item is the continuation of the debate on sales promotions in the internal market.

Folias (PPE-DE)
Señor Presidente, señores Comisarios, cualquier empresario estará de acuerdo en que, si aspiramos a contar con un mercado único merecedor de tal calificativo, es necesario eliminar todas las trabas que aún subsisten, por lo que acogemos positivamente la iniciativa de propuesta de reglamento de la Comisión, pero no así su texto, al menos no en su totalidad.
Uno de los puntos que quisiera comentar es el referente a su proyecto de autorizar la venta con pérdidas. ¿Cuál es el propósito de esta cláusula? ¿Quién se beneficia de ella, a excepción de un puñado de grandes minoristas que se pueden contar con los dedos de una mano? ¡Absolutamente nadie! Sin embargo, para más de 20 millones de pequeñas y medianas empresas, representa la amenaza mortal de una competencia desleal por parte de los grandes minoristas que, mediante la venta con pérdidas, podrían barrer a miles de empresas y reducir así cualquier posible competencia.
Si ello ocurriera, decenas de millones de trabajadores irían al paro. Y un aumento del paro es lo último que la precaria economía europea necesita en su calamitoso estado actual. Ni siquiera se beneficiarían los consumidores, ya que a las ofertas puntuales seguirán rápidamente fuertes subidas de precios en cuanto unas pocas empresas hayan conseguido acaparar el mercado.
Por ello, si deseamos seguir representando los intereses de millones de trabajadores y de empresas de la Unión Europea, si queremos preservar el conjunto de pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de la economía y de la sociedad europeas, si no deseamos que se nos acuse de dar la espalda a la realidad, es preciso que mañana votemos en contra de la venta con pérdidas.

El Presidente.
Señor Harbour, ¿desea intervenir por una cuestión de orden?

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, quería solicitar la palabra incidentalmente antes de que empezara el Sr. Folias, porque creo que todos los que estamos aquí quisiéramos que quedara constancia en las actas, antes del debate, de que estamos reanudando este debate diez horas -repito, diez horas- después de iniciarlo. Para mí, y estoy seguro de que para mis colegas también, especialmente el ponente, esto es una forma bastante inaceptable de planificar nuestra actividad como Parlamento serio sobre este tema de máxima importancia.
Espero poder hablar más adelante, pero quería que constara en acta ahora, porque es muy importante que usted como Presidente entienda con qué gravedad juzgamos la forma como se ha tratado este asunto.

El Presidente.
He tomado buena nota de lo que acaba de señalar, señor Harbour.

Lehne (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera refrendar las palabras de mi distinguido amigo, el Sr. Harbour. Tengo la impresión de que la labor legislativa desarrollada por esta Asamblea no queda adecuadamente reflejada en el orden del día, y que seguimos siendo proclives a la resolucionitis que hemos venido padeciendo desde 1979. El grupo del PPE ha tenido francamente muchas dificultades con esta propuesta de la Comisión, debido en parte al hecho de que los Estados miembros mantienen enfoques muy distintos en relación con la legislación sobre la competencia. Hicimos grandes esfuerzos para alcanzar un compromiso con el ponente en la comisión y hoy deseo anunciar al Pleno que el Grupo del PPE respalda plenamente dicha propuesta de transacción, que es idéntica al informe del ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Me parece un hecho digno de mención tratándose de un grupo tan numeroso. No hubo ni una sola voz discordante en el Grupo.
El compromiso incluye una declaración en la que dejamos constancia de nuestra aceptación y nuestro de que estamos de acuerdo con la idea de la Comisión de optar por un reglamento. Somos de la opinión de que, en principio, un reglamento constituye el mejor medio para hacer frente a los problemas que aborda la propuesta. No obstante, los Estados miembros van a necesitar tiempo para adaptarse, por lo que hemos sugerido que se posponga la entrada en vigor del reglamento hasta el 1 de enero de 2005.
El Sr. Folias ha mencionado el problema de la pequeña y mediana empresa, que fue, de hecho, un elemento central de nuestro debate. Permítanme mencionar tan sólo dos ejemplos: con objeto de proteger a la pequeña y mediana empresa, numerosos Estados miembros han prohibido la venta con pérdidas en su normativa sobre la lealtad en las transacciones comerciales. Hemos presentado una enmienda a la propuesta de la Comisión que permite expresamente tal eventualidad. Asimismo, nos hemos asegurado de que se puedan mantener sin restricciones las tarifas de honorarios de las profesiones liberales. Por otro lado, hemos logrado el nivel requerido de armonización. Pienso que los excesos cometidos en la legislación sobre la competencia, como los observados en Alemania a principios de año, cuando una orden judicial prohibió a una empresa ofrecer descuentos del 20%, pasarán a ser cosa del pasado. Gracias por su atención. Me temo que debo marcharme enseguida. Tengo otra reunión a las 21.00 horas y confío en que Sus Señorías y la Comisión sabrán disculparme.

Ghilardotti (PSE).
Señor Presidente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al ponente, Sr. Beysen, por su concienzudo trabajo y por su atención a todos los puntos que, como señaló el anterior orador, el Sr. Lehne, han sido objeto de considerable debate en la Comisión.
Creo que fue una buena idea presentar la propuesta en forma de reglamento, pues opino que los reglamentos constituyen el vehículo más apropiado para establecer normas uniformes relativas a aspectos claramente definidos, para garantizar la transparencia de los precios y para aumentar la seguridad jurídica, y son el mejor modo de satisfacer la necesidad de normas uniformes que ha traído consigo la introducción del euro. Por encima de todo, los reglamentos permiten crear un marco jurídico en el que el consumidor y otros agentes del mercado pueden obtener la información suficiente para estar en condiciones de adoptar decisiones informadas.
El texto que hoy se debate y que se someterá a votación mañana es, en todo caso, el resultado de un análisis meticuloso a cargo de la comisión competente y de las comisiones a las que se ha remitido para encargadas de emitir sus opiniones. Modifica y mejora muchos aspectos importantes de la propuesta original relativos a la protección de los consumidores, de los menores, de las pequeñas y medianas empresas y de la competencia leal, así como a la incorporación del mecanismo de subsidiariedad. En efecto, la enmienda introduce el principio de subsidiariedad, en virtud del cual los Estados miembros pueden limitar parcialmente las comunicaciones comerciales para proteger al consumidor, salvaguardar la competencia y proteger a los prestadores de servicios.
De especial importancia resulta, a mi parecer, la disposición aprobada en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que aumenta la protección de los menores, en particular en lo referente a los datos personales y a las muestras gratuitas que puedan resultar peligrosas. Además, también se protege al consumidor en lo que respecta a los mecanismos judiciales o extrajudiciales de resolución de litigios.
En resumidas cuentas, se trata de una propuesta equilibrada que sabe conjugar la necesidad de un buen funcionamiento del mercado internacional con la necesidad de proteger a los consumidores.

Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, nosotros consideramos importante la armonización a escala comunitaria de las promociones de ventas en el mercado interior, pero las propuestas de la Comisión suscitan muchos interrogantes. El más grave, como muchos diputados han mencionado ya, se refiere a la autorización de la venta con pérdidas, que los gobiernos nacionales no podrán restringir ni prohibir.
Dudo que ello vaya a fomentar la competencia leal; al contrario, contribuirá a promover las prácticas comerciales deshonestas por parte de las empresas de mayor tamaño, mientras que las pequeñas y medianas empresas saldrán malparadas, ya que, una vez eliminada la competencia más próxima, unas pocas empresas acapararán el mercado.
Por ello, aplaudo la intervención de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sus enmiendas, que permiten que cada Estado miembro introduzca o, probablemente, mantenga en su legislación la prohibición de la venta con pérdidas. Cinco países de la Unión Europea cuentan ya con leyes que regulan la materia, incluido Grecia, donde la ley 2941, adoptada en 2001, garantiza básicamente el cumplimiento de unas normas comerciales mínimas y prohibe la venta con pérdidas. Según el texto de la Comisión, esta ley infringiría la legislación comunitaria. Si se adopta la enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, no habría ningún problema, por lo que es esencial que apoyemos sus enmiendas.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, creo que hay que acoger con satisfacción el proyecto de reglamento que hoy se debate en el Parlamento porque, si bien es cierto que las ventas promocionales son un tema recurrente y representan una buena parte del mercado, no es menos cierto que siguen vigentes leyes nacionales que aplican restricciones a las promociones, en particular a los descuentos, algo que en la práctica pone en peligro la consolidación del mercado interior. La Comisión ha presentado un texto equilibrado que ofrece una solución adecuada al problema de la ausencia de un auténtico mercado interior en el caso de las promociones y ventas promocionales, así como al problema de que el mercado está regido por leyes diferentes, que en unos países prohiben prácticas permitidas, en cambio, en otros.
Temo que algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior puedan reducir la eficacia del texto. Me refiero, en particular, a las enmiendas 29 y 32 que, aunque pretenden salvaguardar el principio de subsidiariedad, pueden hacer ineficaces en la práctica las disposiciones y las propuestas del reglamento en el caso concreto de los descuentos. Antes de nada, hay algo que me parece preciso dejar claro: existen autoridades encargadas de regular la competencia a escala comunitaria y de los Estados miembros. Hay asimismo leyes que regulan la competencia y leyes que cubren todos los casos que pueden calificarse como competencia desleal, de modo que casos de descuentos que parecen constituir una muestra de competencia leal también son llevados ante los tribunales por esta vía. Existen autoridades de la competencia, pero en todos los demás casos, los descuentos no sólo no son negativos, sino que son positivos. Son claramente positivos para el consumidor, que puede adquirir bienes y servicios a precios muy ventajosos, sin que importe si es por un tiempo limitado o no. No es cierto, en mi opinión, que los descuentos sean necesariamente perjudiciales para los pequeños negocios. Al contrario, las pequeñas empresas ofrecen con frecuencia descuentos para lanzar un producto o una actividad comercial, puesto que no disponen de grandes recursos económicos para llevar a cabo campañas a gran escala y a menudo ni siquiera a pequeña escala. Por todo ello, creo que corremos el riesgo de perjudicar a los consumidores y a las empresas.
Quisiera tratar ahora brevemente otro punto: el tema de la inflación. Voy a referirme a Italia, aunque otros países se hallan en la misma situación. Penalizar los descuentos hasta que resulta imposible ofrecerlos en la práctica, como ha sucedido en Italia, ha contribuido en un grado equivalente a crear un mercado menos competitivo y, por tanto, más vulnerable a la inflación.

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, en nombre propio y en el de mis colegas del Partido Conservador del Reino Unido, quiero dar una calurosa bienvenida a esta propuesta tan elegante y simple para reformar el mercado único. Quizás sorprenderá a mis colegas saber que el contenido dispositivo de este reglamento que tenemos ante nosotros no ocupa más que ocho cláusulas y tres páginas, y sin embargo tenemos 200 enmiendas. Una parte del problema -y se lo digo especialmente al Comisario, porque sé que lo entiende- es que a pesar de que el mercado único está en el centro de la reforma económica de los objetivos de Lisboa, cuando se presenta una propuesta de reforma simple nos encontramos con el sorprendente hecho de que un número considerable de Estados miembros se oponen a ella e, incluso, algunos diputados pretenden cambiarla y diluirla.
Hemos llegado a un compromiso aceptable, gracias a los denodados esfuerzos del Sr. Beysen. Confío en que mañana haya una sólida mayoría a favor, y la habrá con toda la razón del mundo. ¿Cómo podemos justificar a estas alturas en el mercado único una situación en la que alguien que compra en Amberes obtiene tratos, ofertas y condiciones totalmente diferentes de quienes compran en Rotterdam, que se encuentra a pocos kilómetros de distancia? Y esta historia se repite en toda la Unión Europea.
El propósito de este reglamento es permitir que los consumidores puedan elegir en el mercado único dándoles información y permitiéndoles ejercer sus opciones. Muchas de las propuestas y enmiendas del Grupo Socialista, que estoy seguro que rechazaremos mañana, reflejan la vieja mentalidad de intentar explicar a los consumidores quá es mejor para ellos. ¡Este mundo ya no existe! Estamos hablando de un mundo de Internet en que las personas pueden comprar en toda la Unión Europea y en que las empresas pueden presentarles sus ofertas. Es una medida esencial.
Y finalmente, quiero agradecer al Comisario las observaciones que ha hecho en su comunicación comercial, donde dice que el Parlamento acude a rescatar el mercado interior. Esta parte de la Cámara y esta comisión seguirán en ello. También rescataremos a los consumidores europeos del excesivo intervencionismo que algunos colegas proponen.

Santos (PSE).
Señor Presidente, debemos aplaudir el valiente estudio que ha realizado la Comisión sobre las promociones de ventas en el mercado interior y el enfoque legislativo por el que ha optado, así como la mayoría de las soluciones que ha encontrado para el reglamento que hoy se debate. No obstante, las buenas intenciones de mejorar el funcionamiento del mercado interior y la aplicación de las normas de la competencia ?como desearía la Comisión, con toda la razón? pueden encubrir la irracionalidad que supone permitir la venta con pérdidas. Como ya se ha manifestado durante el debate, nadie da algo a cambio de nada: lo gratuito no existe. Con todo, la venta con pérdidas es un ardid comercial que, tarde o temprano, acaba siendo tolerado por los consumidores. La limpieza de las prácticas comerciales es un elemento esencial para la construcción y el desarrollo de una economía más próspera, justa y cohesionada. La práctica rapaz de la venta con pérdidas es incompatible con estos valores.
En efecto, cuando esta práctica se extiende, ejerce una presión intolerable sobre el sistema de producción en un ámbito en el que existe una posición dominante, reduciendo hasta niveles inconcebibles los márgenes de beneficio legítimos y, a resultas de ello, poniendo en serio peligro la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, que se ven obligadas a hacer todo tipo de concesiones y se hallan sujetas a toda clase de presiones morales. Además, esta práctica es responsable de fomentar la compra impulsiva que, obviamente, no ofrece ninguna ventaja para los consumidores y que, por el contrario, se opone a sus intereses y modifica su escala de prioridades.
Por todo ello, debe mantenerse la prohibición sobre la venta con pérdidas como un principio fundamental que rige unas prácticas comerciales leales. Además, hemos comprobado que la estrategia comercial de recortar brutalmente los precios no se puede controlar simplemente mediante la aplicación de las normas generales que regulan la competencia desleal. En conclusión, el Parlamento Europeo debe presentar enmiendas al reglamento de la Comisión que respeten los principios que acabo de mencionar.

Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, sean mis primeras palabras de sincera felicitación al ponente, por su informe. El texto que ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior es fruto de su buen hacer y de su espíritu de diálogo, que ha permitido llegar a compromisos ampliamente aceptados. El resultado es un texto que se ha reequilibrado para incrementar la protección de los consumidores, especialmente en lo que se refiere a la información que ha de facilitárseles, los medios de reclamación y la situación de los menores de edad, entre otros.
También se excluyen prácticas que no tienen el carácter de promoción comercial, como sería la explotación de un juego de azar encubierto bajo la aparente forma de una operación de promoción de ventas o las ventas con pérdidas o por debajo del coste. Repito que esta última no es una práctica verdaderamente promocional, porque su finalidad no es tanto proteger al consumidor como eliminar competidores del mercado, lo cual, a la larga, no favorece ni a los consumidores, ni a la competencia, ni al buen funcionamiento del mercado.
Por esta razón, se considera una práctica ilegal en la mayoría -no en la minoría- de los Estados miembros. Incluso, varios de ellos -al ser insuficientes las normas sobre competencia- han tenido que reintroducir estas previsiones. Y esto, señor Presidente, Señorías, hay que tenerlo en cuenta cuando la Comisión elabore su informe del artículo 7 y cuando tratemos -como tratamos- de llevar a la práctica el mercado común. Porque lo que no puede ser el mercado común es un medio para extender prácticas que la mayoría de los Estados miembros consideran perjudiciales, por razones fundadas.
El impacto de una liberalización no puede evaluarse exclusivamente en términos económicos, sino que ha de tener en cuenta todos los factores que inciden en el bien común, y la protección de los consumidores es algo que no se puede dejar simplemente a las prácticas predatorias de determinadas grandes empresas.
Por eso, la solución adoptada nos parece apropiada, y por eso, la inmensa mayoría de nuestro Grupo -que no es de un liberalismo a ultranza, sino de una economía social de mercado- lo va a apoyar.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, si nuestro objetivo es elaborar una legislación que proporcione una plena seguridad jurídica y, a la vez, normas que permitan que los ciudadanos obtengan los máximos beneficios del mercado interior, el reglamento que hoy se debate constituye ciertamente un paso en la dirección adecuada. Hemos trabajado arduamente en este reglamento, y tanto el número de enmiendas citadas por mis colegas, como el debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior evidencian la importancia de un camino que creemos que Europa debe seguir sin falta y que nosotros queremos construir.
El mercado interior precisa de normas y éstas normas se deben evaluar en el contexto de la vida cotidiana. El reglamento aborda una serie de temas de crucial importancia. No voy a volver sobre aquellos a los que ya se han referido mis colegas. Hay un punto, por ejemplo, sobre el que desearíamos que se reflexionara más; me refiero a los recursos de resolución de litigios. Nos gustaría además que se intentase experimentar con la autorregulación en este nuevo mundo en el que los consumidores entablan diálogo con el mercado. Continuando con el asunto de los litigios, que nunca faltan en las relaciones comerciales, instamos a la Comisión a que prolongue esta fase piloto de la Red Extrajudicial Europea.
Asimismo, como han recomendado mis colegas, desearía que el Grupo de Expertos sobre Comunicaciones Comerciales desarrollase una mayor actividad. Este grupo, constituido hace ya mucho tiempo, en 1998, necesita adaptarse ahora para poder abordar el desarrollo cada vez más urgente del mercado interior. Por otro lado, hay una serie de puntos, ya mencionados, que apoyamos plenamente.
En conclusión, creemos que este es el camino adecuado para promover nuestro ideal de Europa a través del mercado interior.

Thyssen (EPP-ED).
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, agradecerle al Sr. Beysen que aceptase actuar como ponente. Él brindó a nuestro grupo la oportunidad de expresar en el informe la esencia de nuestros puntos de vista. Como resultado, no sólo obtuvimos el apoyo del 90% de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sino que además pudimos asegurarnos de que la propuesta en su conjunto fuera más equilibrada y mostrara la cara humana del mercado interior.
A continuación, desearía formularle dos preguntas al señor Comisario. Quisiera conocer su opinión sobre la enmienda en la que optamos por mantener las disposiciones nacionales que prohiben la venta con pérdidas o que permiten, en todo caso, que lo hagan los Estados miembros. Me pregunto si el señor Comisario comprende que hayamos optado por una acción preventiva frente a las apelaciones a posteriori ante autoridades nacionales u otras autoridades de la competencia. Me pregunto si el señor Comisario es plenamente consciente de que no todos los Estados miembros cuentan con mecanismos jurídicos que permitan apelar ante las autoridades de la competencia con el fin de resolver tales problemas. Me pregunto si el Comisario entiende que la venta con pérdidas no sólo puede ser objeto de abuso por parte de compañías en posición dominante que aplasten a sus rivales en el marco de la legislación sobre la competencia, sino que también permite que una empresa de distribución integrada utilice su posición económica más sólida contra una PYME especializada de menor peso financiero.
La otra cuestión que me gustaría plantearle al Comisario se refiere a la protección de los consumidores, asunto en torno al cual se han hecho una serie de anuncios. ¿Debemos esperar algo más? Y en caso afirmativo, ¿qué? ¿Qué otras cartas se guarda en la manga la Comisión?

Niebler (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera iniciar mi intervención manifestando mi más sincero agradecimiento al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, Sr. Beysen, y felicitarle por su informe. Gracias a la excelente relación de trabajo mantenida pudimos llevar a buen puerto esta conflictiva propuesta de la Comisión sobre las promociones de ventas.
La publicidad en los diferentes Estados miembros y, sobre todo, la publicidad transfronteriza a escala europea, es un asunto difícil y peliagudo. En los tiempos que corren, uno casi ni se atreve a lanzar una campaña publicitaria sin consultar antes a un abogado. Los anunciantes de los Estados miembros están sujetos a todo tipo de restricciones y prohibiciones. Para ponerles al día sobre la situación actual en Alemania, que el Sr. Lehne también ha citado como ejemplo, les diré que los tribunales prohibieron, a principios de este año, el «eurodescuento» ofrecido por una cadena de tiendas de ropa, así como los descuentos fuera de la temporada de rebajas, y los programas de «fidelización» ya clásicos, como los planes de kilometraje aéreo, están prohibidos bajo la legislación alemana.
A los consumidores se les trata como a niños ignorantes y desinformados. Debemos poner fin a esta situación; por esto los amigos diputados de nuestro Grupo y yo misma acogemos, en principio, con satisfacción las soluciones que ofrece la propuesta de la Comisión. Las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos contribuirán en gran medida a favorecer la publicidad transfronteriza de productos y servicios en Europa.
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha propuesto importantes enmiendas al ámbito de aplicación del reglamento. Diversos ámbitos sensibles deberían quedar excluidos, en particular las prohibiciones nacionales que impiden hacer publicidad a los miembros de profesiones reguladas, como los abogados y notarios, y las prohibiciones de la publicidad de productos farmacéuticos. Además, deben mantenerse las normas nacionales relativas a las prácticas publicitarias agresivas o al empleo de presiones psicológicas para inducir a la compra. Las ventas de temporada y las rebajas quedan también excluidas del ámbito de aplicación del reglamento, así como los precios fijos de los libros y, por último, aunque no por ello menos importante, el espinoso asunto de la venta con pérdidas, que ya se ha comentado. Fue acertado no incluirla en el ámbito de aplicación del reglamento.
Ayuso González (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías,la propuesta de este Reglamento sobre las promociones de ventas en el mercado interior va a permitir a las empresas europeas aprovechar mejor las ventajas de la supresión de fronteras para realizar sus actividades económicas. Considero, por lo tanto, que la propuesta es muy oportuna para humanizar las disposiciones nacionales sobre las actividades de comunicación de las promociones de ventas.
Esta propuesta ha suscitado un debate muy importante en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor de este Parlamento en un aspecto muy concreto y se trata, una vez más, de las ventas a pérdidas. Me produce satisfacción ver que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha incluido en sus enmiendas el punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, y felicito por ello al Sr. Beysen, ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y a la Sra. Patrie, ponente de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.
Es razonable que las ventas a pérdidas se regulen a nivel nacional. En estos momentos, la mayoría de los Estados miembros prohíben esta práctica: Alemania, Austria, Francia, Irlanda, Grecia y España, entre otros, y no se trata de una prohibición arbitraria. Voy a ser la última oradora que diga que las ventas y reventas a pérdidas no pueden considerarse prácticas de promoción comercial, porque se trata de prácticas que distorsionan los principios de la competencia leal y que perjudican especialmente al pequeño comerciante, que no dispone de márgenes para competir en una situación así.
Además, dan una falsa alarma de información al consumidor, desvalorizan la imagen de la marca y alteran gravemente la planificación de fabricantes y proveedores. Concretamente, apoyo las enmiendas 27, 28, 29, 30 y 32 y confío en que la mayoría de esta Cámara las apruebe también y que la Comisión las acepte.

Bolkestein
Señor Presidente, en mis observaciones introductorias de esta mañana, ya he explicado que las objeciones del Parlamento y de otros grupos sociales atañen principalmente a cuatro ámbitos distintos, a cuatro aspectos diferentes. En nombre de la Comisión, quisiera referirme ahora a estos cuatro aspectos. La práctica totalidad de los diputados que han intervenido por la mañana y por la tarde han aludido a la venta con pérdidas. Al referirse a las disposiciones nacionales que prohiben la venta con pérdidas, los Sres. Beysen y Langen, las Sras.. Fourtou y. McCarthy, el Sr. MacCormick y muchos otros han expresado su preocupación por las consecuencias que tendría para las PYME la supresión de dichas disposiciones nacionales. Opino que la propuesta de resolución ofrece una solución aceptable, puesto que pide a la Comisión que emprenda una nueva investigación antes de proponer una solución comunitaria al problema. Los autores de la resolución están de acuerdo en que la diversidad de normas nacionales en este ámbito dificulta las estrategias de precios y los intercambios transfronterizos, y que es necesario adoptar medidas a escala comunitaria. La Comisión considera aceptable la propuesta transaccional.
Asimismo, quisiera destacar que la Comisión no está de acuerdo en que las prohibiciones de la venta con pérdidas sean necesarias para mantener las rebajas. Después de todo, en los siete Estados miembros que no cuentan con tales disposiciones se realizan sin problemas este tipo de rebajas de temporada. Por este motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda número 30, presentada por la Sra. Thyssen. Con todo, me complace aclarar que el estudio sobre la venta con pérdidas que se ha comprometido a emprender la Comisión tendrá debidamente en cuenta las consecuencias de la desregulación para las PYME.
Quisiera ahora tratar el segundo asunto que he mencionado esta mañana. En lo que se refiere a los comentarios de la Sra. Patrie acerca de la protección de los consumidores y la relación entre esta iniciativa y nuestras actividades relativas a las prácticas comerciales leales, el informe del Sr. Beysen, por fortuna, no suscribe la idea de que esta propuesta pueda tener una repercusión negativa en el estudio que estamos llevando a cabo acerca de la necesidad de una iniciativa con respecto a las prácticas comerciales leales. Esto confirma las declaraciones realizadas en varias ocasiones por mi colega, el Sr. Byrne, y yo mismo en el sentido de que ambas iniciativas son totalmente complementarias. La Comisión lamenta, por lo tanto, no poder aceptar la enmienda 28, presentada por la Sra. Ghilardotti, y la segunda parte de la enmienda 12, presentada por la Sra. Niebler. Los requisitos de información de la propuesta ofrecen un alto grado de protección a los consumidores, motivo por el cual la Comisión no puede aceptar las enmiendas 41 y 50, que reducirían la protección de los consumidores. En cuanto al tema del alcohol, la Comisión considera desproporcionada la enmienda 80, pues los Estados miembros ya restringen la venta de bebidas alcohólicas a menores.
En cuanto al tercer punto, juegos promocionales, les comunico que en vista de la fuerte oposición del Parlamento hacia el presente enfoque de la Comisión, ésta acepta la solución de compromiso que propone el informe del Sr. Beysen. Por este motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda 8 en su forma actual. Las enmiendas 20, 21 y 22, presentadas por la Sra. Patrie y el Sr. Lehne, resultan ahora redundantes, puesto que ya no es posible establecer ningún vínculo entre la participación en un juego promocional y la venta de un producto.
En cuarto lugar, quisiera referirme a la cuestión del reconocimiento mutuo. Deseo destacar que este principio permite la libre circulación en el caso de las actividades de promoción de ventas, incluso sin una gran armonización. Como la Sra. McCarthy y la Sra. Fourtou han indicado claramente, el principio de reconocimiento mutuo es la piedra angular de todo nuestro trabajo en el ámbito del mercado interior. Esto también se aplica a Internet, como todos sabemos. La Comisión no puede aceptar, por lo tanto, las enmiendas que tienen por objeto eliminar este principio de la propuesta, como la 72, presentada por la Sra. Patrie, o la 79, presentada por el Sr. MacCormick y la Sra. Hautala. Lo mismo puede decirse de la enmienda 73, presentada por la Sra. Patrie, que hace depender de engorrosos procedimientos de notificación la aplicación de este principio.
Asimismo, la Comisión rechaza las enmiendas que socavan el mercado interior, como las enmiendas 28 y 12, y las que tienen por objeto excluir a ciertos sectores, como la primera parte de la enmienda 13, presentada por la Sra. Niebler. Además, la Comisión no puede aceptar la enmienda 39 en lo que se refiere a la lengua.
Por último, me gustaría informar al Sr. Fiori de que la Comisión está de acuerdo en que se debe hacer uso lo más pronto posible de la posibilidad de obtener reparación, pero considera que en la mayoría de los casos es preferible que lo haga el promotor mismo. La Comisión propondrá un cierto número de normas para asegurar que el promotor actúe en este sentido.
Señor Presidente, éstas son mis respuestas a las preguntas y a los comentarios formulados por la mañana y por la tarde. Sólo me resta la agradable tarea de agradecer al Sr. Beysen y al ponente de la oposición por su contribución muy positiva a los debates sobre este importante asunto, que tan vivo interés ha suscitado. La Comisión sabe que el Sr. Beysen ha dedicado un gran esfuerzo y un tiempo considerable a esta tarea, que presentaba muchas dificultades tanto para él como para su comisión. La Comisión agradece que finalmente se haya conseguido alcanzar un compromiso satisfactorio, y espera que sea aprobado en la votación que, si no me equivoco, tendrá lugar mañana.

El Presidente
Muchas gracias, Comisario Bolkenstein. Al igual que el ponente y los demás diputados, también yo lamento la manera en que se ha llevado a cabo este importante debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0249/2002), presentado por el Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (C5-0259/2002 - 2002/2126(COS)).

Berenguer Fuster (PSE)
. Señor Presidente, Señorías, el Reglamento (CE) 994/98 del Consejo contiene la previsión de que la Comisión apruebe reglamentos de exención por categorías que eximan de la obligación de notificación a la Comisión de determinadas ayudas, trasladando una técnica ya utilizada con éxito en materia de conductas contrarias a la competencia.
Hasta el momento, la Comisión ya ha aprobado los Reglamentos relativos a las PYME, formación y de mínimos, y ahora se nos propone un Reglamento relativo a las ayudas al empleo.
Con carácter previo, me gustaría realizar una serie de consideraciones. En primer lugar, que la propuesta que ahora analizamos, aunque no se modifique, mejora el régimen actualmente existente. En la actualidad no existe un reglamento de exención por categorías en esta materia, y las directrices sobre este tipo de ayudas obran en una serie de comunicaciones dispersas y sin valor normativo. El hecho de que se exima de la obligación de notificar a ciertas ayudas con criterios claros, aunque tales criterios puedan resultar insuficientes, supone un avance importante en cuanto a transparencia y seguridad jurídica, que no podemos dejar de reconocer.
En segundo lugar, quiero insistir en que esto no significa que las ayudas que no reúnan las características incluidas en el Reglamento vayan a ser consideradas ilegales. En absoluto. Lo único que implica es que tales ayudas deberán ser objeto de notificación, para analizar si son o no contrarias a los objetivos del Tratado. Y no hay que olvidar que, entre esos objetivos, no solamente se encuentra el mantenimiento de un régimen en el que la competencia no quede falseada, sino también el fomento del empleo.
En tercer lugar, deberían precisarse algunos supuestos para evitar que las administraciones que conceden las ayudas -particularmente, las autoridades regionales en el caso de España y también de otros Estados miembros- se vean sometidas a los largos trámites que implica la notificación cuando conceden ayudas encaminadas a fomentar el empleo, particularmente en sectores de trabajadores más afectados por el paro y el desempleo.
En esa línea, y en criterio coincidente con los objetivos establecidos en la estrategia de Lisboa, debe proponerse el apoyo a la transformación de los contratos laborales en contratos fijos y una mayor flexibilidad para definir los distintos colectivos de trabajadores beneficiarios, así como adaptarlos a las características propias de cada región, o la inclusión entre las ayudas exentas de las encaminadas a fomentar el empleo femenino y, finalmente, la ampliación de la edad, para que los trabajadores jóvenes -o aquellos que se encuentran en la última etapa de su vida laboral- puedan beneficiarse de ayudas sin necesidad de modificación.
Todos estos criterios, incluidos en la enmienda 1 del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, van eminentemente encaminados a fomentar el empleo en sectores desfavorecidos, y su inclusión en el Reglamento no distorsiona en absoluto la competencia. La comparación de los efectos anticompetitivos de estas ayudas con otras podría resultar, si lo analizamos fríamente, un insulto a la inteligencia.
No vamos a entrar aquí en un debate sobre las ayudas públicas y sus efectos sobre la competencia, pero, de existir unas ayudas públicas dignas de tomarse en cuenta como compatibles con los objetivos del Tratado, ésas son las ayudas encaminadas a fomentar el empleo.
No sería bueno que transmitiéramos a los ciudadanos y a los trabajadores europeos la impresión de que la Comisión da muestras de flexibilidad, admitiendo otros tipos de ayudas, mientras que se muestra extraordinariamente estricta en materia de ayudas al empleo. Igualmente, sería conveniente que -con carácter general- se incluyera la economía social como sector exento. Como todas sus Señorías saben, las empresas de economía social suponen un colchón importante para el mantenimiento del empleo cuando un sector entra en crisis, y esa realidad debería reflejarse en el Reglamento.
Por último, en el informe aprobado se han introducido unos párrafos acerca de la preferencia de las medidas de flexibilidad laboral sobre las ayudas para el fomento del empleo. No voy a dedicarme a rebatir esa afirmación, que -como toda afirmación expresada en términos tan rotundos- refleja un criterio rígido y cargado de tintes conservadores, con el que no puedo estar de acuerdo. Pero, simplemente, tendrán que reconocer sus Señorías que cualquiera que sea la posición ideológica de la que se parta, se trata de una afirmación extraña y extravagante en este momento, que no debería figurar en el informe, que se refiere a otros temas. Insistir en ello denota un interés excesivo en mandar mensajes en favor de una acción determinada, que no puede ser compartida por sectores importantes, tanto de este Parlamento como de la sociedad europea.

Monti
Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar esta intervención felicitando al ponente, el Sr. Berenguer Fuster, y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por la calidad del informe. Dada la situación por la que atraviesa el empleo en la Comunidad, todos los aspectos del empleo representan, y deben representar, una prioridad política de primer orden. Recibiré con agrado las observaciones del Parlamento relativas a esta propuesta, que pretende reducir las cargas administrativas sobre los gobiernos nacionales que recurren a medidas de ayuda estatales para hacer frente al reto que representa el empleo. Me agrada especialmente el tono, en general, favorable del informe.
Como ya saben, y como acaba de señalar el ponente, el proyecto alude a un cuarto Reglamento de exención en el ámbito de la ayuda estatal, que se deriva de los reglamentos de exención ya en vigor para la formación, la ayuda a la pequeña y mediana empresa, y las ayudas de minimis.
El objetivo fundamental de todos estos reglamentos es reducir las cargas administrativas soportadas por los gobiernos nacionales, eximiéndolos de la obligación de notificar medidas que sean claramente compatibles con el mercado interior. El proyecto trata la relación entre dos objetivos comunitarios esenciales: el empleo y la competencia. La necesidad de encontrar un equilibrio justo entre estos dos objetivos es manifiesta y, al afirmar esto, no estoy sugiriendo de ningún modo que la competencia y el empleo sean dos objetivos incompatibles. Al contrario, estamos convencidos de que, a escala mundial, mantener una economía de mercado dinámica, en el que la competencia pueda expresarse por sí misma libremente, contribuirá en gran medida a aumentar la tasa de empleo.
Existen, por supuesto, un buen número de medidas que los Estados miembros pueden tomar ?y, en la práctica, toman? para fomentar el empleo. Muchas de éstas no constituyen una ayuda estatal, en particular cuando no son selectivas, sino que abarcan toda la actividad económica de un Estado miembro. El proyecto de Reglamento no se refiere a estas medidas.
Debe observarse además que, en muchos casos, la ayuda estatal con diferentes objetivos primarios tiene también el objetivo implícito de fomentar el empleo. Éste es el caso, por ejemplo, de la ayuda regional a la inversión y de la ayuda a determinados sectores. El presente Reglamento alude tan solo a ayudas formal y explícitamente ligadas al logro de objetivos relacionados con el empleo.
El texto no sólo racionaliza los requisitos administrativos: aclara también las normas fundamentales que se aplican a las ayudas al empleo.

Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente. Este informe ha supuesto un gran esfuerzo, y es un buen informe. El informe y la reglamentación subyacente intentan establecer unas normas más claras y más transparentes para las ayudas estatales a favor del empleo. Hay que agradecer la elaboración de unos procedimientos racionales para los Estados miembros que quieran favorecer los programas de empleo y también es deseable que exista una sensibilidad hacia las circunstancias locales. El informe saluda y apoya la creación del registro de ayudas estatales, que los conservadores británicos han convertido en una prioridad. Es de vital importancia que efectuemos un seguimiento en los diversos Estados miembros y sus registros sobre ayudas estatales.
En términos de principios generales, creemos que es de vital importancia restringir los ámbitos en que se pueden otorgar ayudas estatales. No estoy seguro de si debemos llegar tan lejos como el Sr. Monti -creo que ha calificado de nefastas las ayudas estatales del pasado-, pero sí creemos que es necesario limitar la ayuda estatal para mantener la eficiencia y la prosperidad económicas y unas condiciones equitativas para las empresas de los diversos Estados miembros. Dicho esto, este informe y el reglamento reconocen que algunas ayudas estatales son aceptables e incluso deseables en relación con los programas de empleo. Sin embargo, somos muy precavidos en cuanto al grado de amplitud que se puede aceptar incluso en este caso, debido a nuestra suspicacia respecto de las ayudas estatales. Pero creemos que la Comisión ha puesto el límite en un punto razonable. Esto se refleja también en el informe.
Yo no iría tan lejos como la primera enmienda, tal como la ha presentado el Sr. Berenguer Fuster. En concreto, el apartado (a) de la enmienda nº 1, que parece condenar específicamente los contratos temporales por oposición a los contratos fijos, no es procedente y esta Cámara no debería apoyarlo.
Pido a la Cámara que recuerde que la ayuda estatal, en este contexto, es más bien como una tirita o un parche aplicado a una herida abierta. Las ayudas estatales para el empleo compatibles con este reglamento, de hecho no podrán resolver nunca los problemas de desempleo en Europa. Es correcto permitir la ayuda estatal para los programas de empleo en determinadas circunstancias, pero la única forma de que los 18 millones de parados de Europa dejen de serlo, de ofrecer a los ciudadanos oportunidades auténticas de trabajo, es mediante una reforma del mercado laboral, introduciendo una reforma estructural y económica y flexibilidad en el mercado de trabajo, para que contratar empleados sea más fácil. Ésta es la forma de resolver el grave e inaceptable nivel de desempleo en la Unión Europea.
De modo que lo aceptamos como una medida pragmática y razonable. Tanto el reglamento como el informe hacen propuestas razonables, pero es de vital importancia que resolvamos el problema principal, que es la flexibilidad del mercado laboral y la reforma económica.

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, quisiera adherirme a la valoración positiva que ha realizado el ponente con respecto a la propuesta de Reglamento de la Comisión. Precisamente porque el sector privado no demuestra estar a la altura de su responsabilidad de crear empleo estable, necesitamos más ayudas para fomentar el empleo en la Unión Europea. No hay más que pensar en los altos índices de paro que padecemos y en las distintas situaciones en que se encuentran las regiones para darse cuenta de que el papel que desempeña este Reglamento es fundamental, pusto que crea una mayor transparencia, reduce la burocracia, proporciona seguridad jurídica y mejora la comparabilidad. Gracias a él, pronto estaremos en condiciones de juzgar la eficacia de las ayudas.
Es interesante observar cómo han variado las políticas nacionales de empleo de la Unión Europea y cómo se han ido orientando hacia los objetivos comunes de una estrategia para promover el empleo mediante planes de acción que han actuado como palancas. Pero lo que nos sorprende en este contexto es que las directrices actuales de empleo no hacen ninguna referencia al crecimiento o a los efectos, deseables o indeseables, de las ayudas al empleo. Debemos exigir unos retoques finales a las directrices de empleo, en el interés de la integración y la coherencia de las políticas europeas en la materia. Tenemos que asegurar que la contribución de ambos aspectos ?la política de empleo y la política sobre la competencia? a la estrategia de empleo europea quede garantizada. En el presente proyecto, la Comisión reconoce, con toda la razón, la necesidad de permitir medidas estatales en forma de incentivos laborales para las compañías, destinados en especial a los grupos menos favorecidos. No se trata sólo de una consecuencia lógica de los objetivos establecidos en Lisboa. El pleno empleo es, y siempre será, uno de los objetivos más importantes de la estrategia de Lisboa, algo que se confirmó en Barcelona. Por eso, debemos exigir unos retoques finales en forma de una definición más flexible de los grupos que se van a beneficiar. Considero que la edad límite de 25 años debería subirse hasta los 30, y que la edad límite para los empleados mayores debería reducirse de 55 a 50 años, teniendo en cuenta que la sociedad se apoya en ambos colectivos, tanto en los jóvenes que entran por primera vez en el mercado laboral como en las personas mayores que siguen trabajando.
Es preciso además que nos aseguremos de que la oportuna distinción que la Comisión hace en su proyecto entre pequeñas y medianas empresas, por un lado, y grandes empresas, por otro, se aplique de hecho cuando este proyecto se ponga en práctica.

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, me gustaría hacer constar nuestro deseo de cooperar aún más con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. No nos hemos formado una opinión sobre este informe ?como es habitual?, debido, en parte, a que lo recibimos demasiado tarde. Lo mismo puede aplicarse también a otras comisiones.
Sobre el trasfondo del asunto que acabamos de debatir ?a saber, la Comunicación de la Comisión relativa a la coordinación de políticas económicas, lo que conlleva políticas sobre la competencia, políticas de empleo y otras áreas de política social? debemos considerar en qué medida podemos alcanzar diversos objetivos muy importantes en la lucha contra el paro.
Un asunto muy importante es el de un cuarto Reglamento de exención. Es tremendamente exasperante la situación que se vive en algunas regiones que padecen graves problemas y presiones de todo tipo, y donde para obtener los necesarios subsidios es preciso hacer frente a una terrible burocracia (yo mismo procedo de una de éstas regiones, aunque los ejemplos son innumerables). En estas circunstancias, me es grato comprobar que se da una oportunidad a los objetivos sociales en la legislación vigente, y a esto era a lo que me refería cuando hablaba del intercambio. Confío en que esta base se amplíe en el futuro y en que, a partir de la cumbre de Atenas, que se celebrará la próxima primavera, luchemos por esos intercambios, en un intento de lograr objetivos sociales comunes y sostenibles, considerando además cómo puede contribuir la política económica a este proceso, en lugar de tratando asuntos que el Tratado califique de subordinados en línea con la política económica.
En resumidas cuentas, y con estos antecedentes, creo que, en líneas generales, nos encontramos ante un excelente proyecto, y me parece que es importante que las normas sobre la competencia en general ?se me vienen a la cabeza, por ejemplo, algunos servicios de interés general que podría enumerar? vuelvan a ser examinadas y probadas, teniendo en cuenta nuestras metas en materia de política social. Si se observa el proceso de Lisboa en su conjunto, creo que algunas de sus afirmaciones contradicen lo que estamos tratando de lograr con nuestros objetivos en materia de empleo. Algunos objetivos, tales como la nueva economía, por ejemplo, fueron seleccionados de manera injusta en el proceso de Lisboa. Ahora podemos darnos cuenta de ello y de las consecuencias trascendentales que esto ha traído consigo.
Tomemos la ayuda estatal basada en los artículos 87 y 88. Estos artículos son muy importantes porque nos permiten retomar los objetivos en política social, y por ello debemos evitar cualquier malentendido. Quizás ahora sea el momento de dar un paso adelante. Pienso que no sólo debemos garantizar que los reglamentos vigentes reflejen, de manera adecuada, los objetivos sociales, sino que además debemos decidir qué metas perseguimos, según se formuló en el Tratado, entre otros documentos, y considerar si se debería revisar el Tratado para, por ejemplo, situar al mismo nivel las políticas sociales y económicas.
Con estos antecedentes, y considerando las propuestas presentadas en el informe del Sr. Berenguer Fuster ?aprovecho la ocasión para agradecerle su trabajo y el de comisión?, solicito a los diputados de esta cámara que apoyen las enmiendas 1 a 4. Un apoyo mayoritario a estas enmiendas por parte del Parlamento podría llevarnos a conseguir una votación a favor del proyecto en su conjunto.

Blokland (EDD).
Desde fuera, los reglamentos europeos parecen un gran e impenetrable misterio. Muchos reglamentos distintos, requisitos y condiciones que varían, innumerables disposiciones y textos extensísimos crean una tupida maraña normativa, ante la que los ciudadanos y las empresas se sienten perdidos sin una ayuda experta.
Esto quiere decir que los reglamentos europeos no constituyen precisamente el mejor ejemplo de claridad e inteligibilidad. Las actuaciones judiciales emprendidas por las corporaciones municipales, las empresas y los ciudadanos afectados, así como las dudas jurídicas planteadas por todos ellos, demuestran que esta falta de claridad causa problemas a la hora de solicitar una ayuda.
El Parlamento debería, por tanto, apoyar la propuesta de simplificar y aclarar las normas de concesión de ayudas, en lo relativo al fomento del empleo.
Esta simplificación y aclaración no implica añadir un gran número de objetivos e ideas nuevas que sean difíciles de poner en práctica. Por lo que respecta a este asunto, desearía realizar un breve comentario acerca de la primera enmienda.
Las adiciones propuestas en la enmienda número 1 pertenecen realmente a la política de empleo, y no han lugar en una resolución sobre concesión de ayudas en el marco del Tratado de la Unión Europea.
Desde mi punto de vista, el Reglamento de la Comisión se refiere, sobre todo, al aspecto monetario de la concesión de ayudas. Después de todo, las ayudas sólo se otorgan cuando son necesarias y están justificadas por las circunstancias. Las adiciones mencionadas en la primera enmienda son, desde mi punto de vista, demasiado generales para aplicarse de forma específica en la concesión de ayudas.
En resumidas cuentas, declaro mi apoyo a la resolución, con la salvedad de la enmienda número 1, y comparto con el Sr. Bouwman la opinión de que este informe se ha llevado de una manera un tanto extraña.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Sus Señorías, el proyecto de Reglamento de la Comisión ilustra, a la perfección, el error en que caen algunos diputados al pensar que las políticas de empleo desempeñan siempre un papel secundario con respecto a las políticas económicas. Las dos son necesarias, pues las unas no pueden existir sin las otras. No existe contradicción alguna entre las políticas sobre competencia, las políticas de crecimiento y la necesidad de otorgar ayudas a determinados sectores, como muy bien ilustra este Reglamento.
Somos conscientes de que las ayudas deben actuar como incentivos que sirvan para tender un puente hacia la autofinanciación. Las ayudas no pueden sustituir a las políticas económicas ni a políticas correctas de empleo. Seguimos pensando que el mejor modo de crear puestos de trabajo es contar con un mercado interior que funcione, poner en práctica el pacto de estabilidad y crecimiento, luchar por los objetivos formulados en Lisboa e introducir las cuatro libertades, un mercado laboral desregulado y más flexible, y un sistema educativo que fomente la educación permanente, la diversificación de las habilidades y la formación continua.
Acogemos con agrado este Reglamento porque respalda la sistematización, la simplificación y la asociación, porque respalda el control y la transparencia, con la ayuda del registro de ayudas, porque respalda las ayudas reguladas al empleo para la pequeña y mediana empresa, los pilares de la economía europea y de las políticas de empleo, y porque respalda una mayor coordinación entre las políticas de la Comisión y las políticas de los Estados miembros, y entre los ministerios y los Estados miembros. En Austria, hemos tomado ya medidas encaminadas en esa dirección, mediante la unión, en un solo ministerio, de los ministerios de Trabajo y de Economía, unión que ha resultado exitosa.
Quisiera mostrarle mi agradecimiento, señor Comisario, por enviar un mensaje tan claro en sus manifestaciones con respecto a las ayudas, así como por su política de ayudas, que tiene en cuentas las diferencias regionales en materia de economía, competencia y políticas de empleo.

Van Lancker (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, me temo que mis palabras no van a ser de su agrado. A diferencia de alguno de mis colegas, no siento un gran entusiasmo por el Reglamento que nos ocupa. Tengo la seguridad de que, si no se realizan modificaciones en el Reglamento durante el proceso de consulta, muchos Estados miembros tendrán muchas dificultades para alcanzar los ambiciosos objetivos de la estrategia de empleo europea a la que se comprometieron en Lisboa.
Si deseamos que el 70% de la población en edad de trabajar tenga empleo en el año 2010, es necesario ayudar a los trabajadores de mayor edad y dar una salida laboral a las personas sin una formación académica adecuada y a los minusválidos, lo que significa que será preciso adoptar medidas de apoyo. Estoy convencido de que una mayor flexibilidad, unida a reformas estructurales, no bastarán para resolver estos problemas. Sin embargo, señor Comisario, el Reglamento se centra tanto en la competencia, que será casi imposible lograr estos objetivos.
Un ejemplo tan solo: los niveles máximos de apoyo a los trabajadores más desprotegidos son tan bajos que, de un día para otro, las empresas flamencas de inserción social que proporcionan trabajo a los parados de larga duración sin formación académica se verán obligadas a cerrar, a menos que dichos trabajadores sean reclasificados como minusválidos.
Quisiera tratar ahora otro punto: me sigue causando preocupación el hecho de que la Comisión no reconozca la realidad institucional de algunos Estados miembros. En mi país, y en algunos otros, son las regiones las que apoyan los programas de empleo. Tal y como está redactado actualmente el Reglamento, esta responsabilidad se engloba dentro de las medidas específicas, y no dentro de las generales, por lo que debe ser notificada por las regiones.
Señor Comisario, creo que hemos encontrado suficientes argumentos para que el Convenio limite las políticas sobre la competencia, pero espero de verdad que, cuando la Comisión aplique este Reglamento, sea capaz de demostrar que, aún sin enmendar el Tratado, es capaz de lograr un equilibrio entre objetivos laborales y objetivos sobre la competencia. Finalmente, me gustaría saber si es posible preguntarle a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a cargo de vigilar el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, su opinión acerca de este Reglamento.

Fiori (PPE-DE).
Señor Comisario, apoyamos el proyecto de Reglamento ?así como los progresos en su ejecución por parte de la Comisión?, que parece estar funcionando como una especie de iniciativa general, de la cual ésta debería ser la cuarta parte.
Dado que apoyo el Reglamento, puede estar ahora preguntándose el porqué de mi intervención, pero si intervengo es porque no tenemos claro un asunto fundamental. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, en un Reglamento que pretende reducir la burocracia mediante una serie de medidas ?y ya hemos mencionado con anterioridad los sectores específicos?, se decidió excluir al sector del transporte? Tomo como ejemplo ?por una vez, y sin que sirva de precedente? la situación interna de Italia, donde algunas decisiones tomadas a lo largo de estos años han tenido consecuencias discutibles, aunque es cierto que Italia es un país cuyas condiciones medioambientales difieren en gran medida de las del resto de Europa. En un Reglamento que estipula las medidas laborales en sectores que ya padecen numerosos problemas, y que necesitan reconvertir y reciclar sus plantillas, excluir de la medida, por completo, al sector de transportes me parece una medida que quizás la Comisión desee reconsiderar.

Howitt (PSE).
Señor Presidente, me complace ver que los artículos 5 y 6 del proyecto de reglamento transmiten una señal favorable a los gobiernos de los Estados miembros para que apoyen los procedimientos especiales de la denominada «adaptación razonable» del entorno laboral para promover el empleo de las personas discapacitadas. Sin embargo, quisiera pedir al Comisario Monti que, cuando responda, se dirija a los 400.000 trabajadores discapacitados -como los de Remploy en Southend, en mi circunscripción, y en otros centros de trabajo de toda Europa-, donde más del 50% de los trabajadores de la empresa son personas con discapacidad que no podrían trabajar en el mercado laboral abierto. Esto se denomina empleo protegido o apoyado.
Sé que el Comisario ha recibido propuestas del Sindicato general, municipal y de caldereros y muchos otros en el sentido de que los gastos de organización, administración y transporte de dichas empresas queden también exentos de la normativa sobre ayudas estatales. Entiendo que el comité consultivo sobre ayudas estatales ha dado una respuesta inicial favorable a esta propuesta.
Espero que esta noche el Comisario reafirme ante este Parlamento y para todas aquellas personas discapacitadas que de otra forma no podrían conseguir un empleo en el mercado abierto, que Europa reconocerá plenamente sus derechos y sus aspiraciones en su normativa en materia de competencia.

Monti
Señor Presidente, las intervenciones del presente día parecen apoyar abiertamente la filosofía que subyace en el Reglamento, que se puede describir de la siguiente manera: en primer lugar, existe una coherencia básica entre la política sobre la competencia y la política sobre el empleo, tal y como el Sr. Karas ha puesto apuntado con gran acierto. Esta coherencia se debe a dos motivos: 
en primer lugar, a largo plazo, un contexto económico competitivo contribuirá, sin duda, a la creación sostenida de empleo y, en segundo lugar, la política sobre la competencia es suficientemente flexible ?como demuestra el Reglamento? para aunar el rigor con la posibilidad de otorgar ayudas estatales cuando se den las condiciones propicias.
Las ayudas estatales ?y éste es otro aspecto de la filosofía del Reglamento que los discursos de hoy han captado perfectamente? son, por definición, selectivas. Nuestro objetivo es garantizar que sean selectivas, de manera que beneficien a las empresas y a los colectivos de trabajadores que se encuentren en mayores dificultades. Las ayudas para la creación de nuevos puestos de trabajo deberían, por tanto, otorgarse a las pequeñas y medianas empresas ?como señaló la Sra. Randzio-Plath? y a los negocios situados en regiones asistidas. Además, deberían destinarse ayudas para fomentar el empleo de los colectivos de trabajadores menos favorecidos. Esto explica, entre otras cosas, por qué a las grandes empresas situadas en regiones no asistidas se les excluye de poder recibir ayudas para la creación de empleo. Esto no debe interpretarse como una muestra de menosprecio hacia las empresas: sólo estamos siendo consecuentes con el deseo de apoyar a otras empresas que se hallen en situaciones que justifiquen las ayudas.
Las normas son ahora más claras, y el importe de las ayudas otorgadas ya no depende de complejos criterios, tales como el hecho de que el trabajo esté o no relacionado con un proyecto de inversión; además, ahora son consecuentes con las normas sobre ayudas regionales y ayudas a la pequeña y mediana empresa.
Varios oradores ?en particular, la Sra. Villiers? han mencionado también el valor de la transparencia de las ayudas estatales. Debo afirmar que transformar tal filosofía ?que parece contar con un amplio respaldo? en disposiciones detalladas y de aplicación directa no es, de ningún modo, una tarea sencilla. Puede haber espacio para la negociación sobre las disposiciones, y tomo nota de las enmiendas presentadas a este respecto. Puedo informarles, por ejemplo, de que estamos considerando la posibilidad de ampliar la definición de trabajador desfavorecido ?y me dirijo en particular al Sr. Howitt? con respecto a la que aparece en la propuesta publicada en abril en el Diario Oficial. El texto ya incluía una disposición acerca de las mujeres de regiones donde el paro femenino supera la media, como se menciona en la enmienda número 1.
Pasando ahora al tema del transporte, al que ha aludido el Sr. Fiori, he tomado buena nota de sus observaciones, señor Fiori, aunque, como usted ya sabe, en términos de responsabilidades internas de la Comisión, este asunto entra dentro, por supuesto, del ámbito de competencias de la Vicepresidenta de Palacio. Diré tan solo que hay una preocupación específica por el exceso de capacidad en ciertos ámbitos del sector, en particular, en el área de transporte por carretera, y compartimos en general la opinión de que, cuando hay problemas de exceso de capacidad, no tiene sentido otorgar ayudas estatales, ya que éstas, en efecto, podrían agravar los problemas. Pese a ello, tendremos muy en cuenta sus consideraciones.
Me gustaría comentar también ?y ahora me dirijo, en particular, a la Sra. Van Lancker ? que estamos pensando dar la posibilidad a los Estados miembros de notificar medidas que beneficien a los trabajadores que no pertenecen a la categoría de desfavorecidos. Además, tenemos la intención de incluir una disposición que recoja el caso especial del empleo protegido para trabajadores con discapacidades. Hay otros casos en los que también podríamos considerar la posibilidad de una mayor flexibilidad.
Para concluir, quisiera mostrar de nuevo mi agradecimiento a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y al ponente, el Sr. Berenguer Fuster, por su gran contribución.

El Presidente. -
Gracias, señor Comisario . 
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0233/2002), presentado por la Sra. Avilés Perea, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el informe de evaluación del programa Daphne (2000-2003) (2001/2265(INI)).

Avilés Perea (PPE-DE)
. Señor Presidente, señor Comisario, analizamos en este informe el Programa DAPHNÉ, su desarrollo, sus aciertos y sus debilidades. Es un programa contra la violencia ejercida hacia las mujeres y los niños, fundamentalmente en el ámbito doméstico. Violencia que es una grave violación de sus derechos fundamentales.
La violencia contra las mujeres es consecuencia de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y de la discriminación de género que existe en la sociedad. La lucha contra la violencia exige un planteamiento integrado que combine la prevención, la represión del agresor y el apoyo a las víctimas.
La Comisión Europea ha realizado un informe de evaluación a mitad de programa, exhaustivo y riguroso, que nos permite plantear las propuestas para el futuro con el fin de conseguir el objetivo "violencia cero".
La violencia contra las mujeres y los niños se manifiesta en todos los países, sin distinción de clases, raza o nivel de educación. La violencia es un obstáculo para conseguir la igualdad y perpetúa las desigualdades. Hay que señalar la insuficiente dotación presupuestaria de este programa, que sólo ha permitido financiar un tercio de los proyectos presentados. Hay que prestar una especial atención a la prevención de la violencia, pero también al tratamiento y la rehabilitación de los agresores para evitar la reincidencia. Es fundamental elaborar programas pedagógicos dirigidos a la prevención de la violencia para su difusión en las escuelas y en los centros de educación de adultos. Hay que implicar a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la violencia, y en particular a los medios de comunicación como creadores de opinión e instrumentos de transmisión de valores, para que a través de los medios se transmita una imagen de la mujer no estereotipada, así como de los niños y de las víctimas en general. La forma en que se transmiten las noticias sobre actos de violencia es también fundamental para la valoración que se hace posteriormente de las mismas.
Las ONG han realizado un papel relevante en la lucha contra la violencia, pero deben implicarse también las instituciones públicas -hasta ahora sólo el 10% de los programas ha sido desarrollado por éstas-, así como las universidades y centros de estudio e investigación. Necesitamos tener más datos sobre la violencia real, ya que sólo conocemos una pequeña parte. Debemos tener indicadores comunes y una base de datos común.
Los Estados miembros deberían actualizar sus legislaciones nacionales para tener instrumentos más adecuados en la lucha contra la violencia. En algunos países ya existe el derecho a desalojar al agresor del domicilio común, con las correspondientes medidas de acompañamiento. Las víctimas deben ser protegidas, y debemos procurar que no sean ellas quienes tengan que huir y esconderse. Una mejor formación de la policía en este ámbito ayudaría mucho.
El Programa DAPHNÉ debería continuar cuando finalice éste, ya que, lamentablemente, el problema persiste y sabemos que su erradicación es difícil, por lo que las acciones que se lleven a cabo para sensibilizar a la sociedad e intentar cambiar la mentalidad machista que aún persiste deben ser bienvenidas. Entre estas medidas proponemos un Año europeo contra la violencia hacia las mujeres y los niños.
Por último, quiero señalar la necesidad de cambiar el fundamento jurídico del Programa. Es el momento adecuado para hacerlo, ya que la Convención Europea que revisa y actualiza el Tratado tiene la oportunidad de modificarla, por lo que le pido encarecidamente al Comisario Vitorino, cuya sensibilidad hacia estos problemas todos conocemos, que insista, que presione, que haga lo posible y lo imposible para introducir en el Tratado un fundamento jurídico que facilite la lucha contra violencia hacia las mujeres y los niños en toda la Unión Europea. Conocemos las dificultades que esto conlleva, pero yo espero de su buen hacer que lo consiga.
Vitorino
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar esta intervención felicitando a la Sra. Avilés Perea por el excelente informe que ha presentado hoy en esta vista del Pleno. La conclusión más importante a la que se llega después de su lectura es que la Comisión y el Parlamento han acordado aunar esfuerzos para combatir el problema de la violencia, en particular, la ejercida contra las mujeres y los niños.
El Parlamento apoya con la resolución propuesta este programa, un programa aún modesto ?lo reconozco?, pero de cuya creación la Comisión se siente muy orgullosa. Acojo con especial agrado el hecho de que el Parlamento Europeo reconozca el éxito de las acciones ya emprendidas y de que tenga la firme intención de prolongar el programa hasta después del año 2003. La Comisión, por su parte, está preparada para presentar el texto de la decisión sobre el nuevo Programa Daphne, en línea con las preocupaciones expresadas en la propuesta de resolución.
Para ello, no obstante, debo referirme a la cuestión de la base jurídica del programa, a la que ha aludido la ponente. El Programa Daphne cuenta, hoy en día, como base jurídica con el artículo 152 del Tratado CE, sobre la protección de la salud. Podría parecer que no existe ninguna relación entre este artículo y la preocupación por la violencia, pero no es así, puesto que la violencia no sólo está muy relacionada con la salud física, sino también con la salud mental.
Respaldo plenamente la idea de que la violencia ejercida contra los niños y contra las mujeres supone una violación inaceptable de los derechos humanos. No obstante, dentro del ámbito de los Tratados, en su forma actual, la Comisión no tiene más remedio que ampararse en el artículo 152 para poder emprender acciones judiciales contra la violencia. Así está la situación, independientemente de la futura postura de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, dentro del ámbito del Tratado o fuera de él.
Pese a ello, la situación actual no debe impedirnos tratar de mejorarla. En breve, la Comisión propondrá una directiva sobre la igualdad entre hombres y mujeres fuera del lugar de trabajo. La directiva excluirá medidas contra la violencia, porque su base jurídica, el artículo 13 del Tratado no lo permite.
Por este motivo, debemos continuar el debate, y me complace tomar buena nota de la sugerencia que acaba de hacer este Cámara, a través de la ponente, de que el debate sobre este asunto por parte de los miembros de la Convención se centre en una propuesta sobre la violencia, con una base jurídica propia y específica en el Tratado. Puesto que soy uno de los representantes de la Comisión en la Convención, apoyaré la petición del Parlamento cuando se debata el asunto.
Obviamente, en un debate de este tipo, tendremos que tener en cuenta y equilibrar las diversas competencias repartidas entre los Estados miembros y la Unión. En otras palabras: si nosotros ?el Parlamento y la Comisión? deseamos un nuevo Programa Daphne que esté listo para comenzar a principios de 2004, la Comisión no tiene más alternativa que recurrir nuevamente al artículo 152 del Tratado.
El éxito de este programa se ve claramente dado el gran número de proyectos que se han presentado. Con todo, debe reconocerse que este éxito es también una causa de preocupación. Implica que el número de situaciones y casos de violencia contra la mujer y los niños en los países de la Unión Europea sigue siendo muy elevado. Por ello, la petición realizada por la ponente de incrementar el presupuesto está en consonancia con las observaciones formuladas por la Comisión, especialmente si tenemos en cuenta que la adhesión de los países candidatos traerá consigo un incremento del trabajo que nos espera en este ámbito.
Además del apoyo otorgado por el Parlamento al Programa Daphne, las sugerencias contenidas en la propuesta de resolución son útiles y están en plena consonancia con los debates que han tenido lugar en la Comisión. Me refiero, en particular, a la idea de dar prioridad a la prevención, para lo que debe movilizarse a la sociedad civil, a las ONG y a los organismos públicos con competencias en la materia.
Me refiero a la preocupación por desarrollar una acción pedagógica permanente en las escuelas, así como en los medios de comunicación, para luchar contra el estigma y los prejuicios culturales que siguen arraigados en nuestras sociedades. Me refiero, más en concreto, a la necesidad de indicadores comunes y a la necesidad de llevar a cabo una recogida de datos más exhaustiva sobre la violencia a escala comunitaria, pues ésta es una realidad que muchas veces se esconde y desaparece de las estadísticas oficiales.
La Comisión también siente esta necesidad, y la actividad futura podría estar relacionada con la labor actual de crear una red de expertos sobre los derechos fundamentales. En efecto, siguiendo una petición del Parlamento Europeo, esta nueva tarea de crear una red de expertos europeos en el ámbito de los derechos fundamentales, con base en la partida presupuestaria B-5850 de 2000, que la Comisión ha empezado a concretar, permitirá que se establezca una relación más estrecha entre esta red de expertos y los objetivos del Programa Daphe, además de hacer hincapié en algo de suma de importancia: la violación de derechos fundamentales que trae consigo toda violencia contra las mujeres y los niños, y contra la que seguiremos luchando.

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).
 - (EL) Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera felicitar también a la ponente por su amplio enfoque sobre el problema de la violencia y las numerosas formas que ésta adopta, así como por proponer que sigamos con el programa y hagamos un mejor uso de éste.
Nuestro informe de evaluación refleja lo mucho que hemos avanzado en concienciarnos sobre el problema de la violencia y sobre cómo ocuparse del mismo. No obstante, la triste realidad es que la violencia persiste en nuestra sociedad y nos fuerza a adoptar medidas más radicales y eficaces, como la de introducir un fundamento jurídico en el Tratado u organizar un año europeo dedicado a este asunto, como sugiere la ponente. Por lo pronto, tengo muchas ganas de que se lleve a cabo una amplia campaña informativa que emplee todos los medios posibles y que implique a todas las agencias, en una acción conjunta de la Unión Europea y los Estados miembros, una campaña que llegue a las pequeñas y remotas poblaciones donde persiste la violencia en la familia, en las escuelas y en las calles. Y, además de este objetivo, hemos de animar al conjunto de la sociedad para que tome cartas en el asunto, como el Comisario ya ha mencionado.
Haciendo un balance hasta el presente, podemos comprobar que, aunque el programa está abierto a los organismos locales y regionales, su grado de participación se reduce tan solo a un 10%, mientras que a las ONG, que trabajan a nivel local y regional, no se les permite tomar parte en él, debido a la obligación de establecer relaciones con organizaciones de otros Estados miembros y a la complicada gestión del programa.
Es, por tanto, fundamental que el informe final contenga un análisis exhaustivo del grado de participación, cuantitativa y cualitativamente, de las distintas agencias, de los mecanismos que emplean para cooperar entre ellas y de la repercusión que los programas tienen en la sociedad. Este análisis nos ayudará a estudiar y proponer nuevas vías para garantizar que las pequeñas agencias se unen al programa en ámbitos en los que se ha desarrollado una escasa labor, ya sea revisando los programas educativos que generan violencia o educando a los profesores y a los periodistas. De la misma manera, si deseamos hacer un mejor uso del programa, hemos de considerarlo en relación con otros programas similares, en especial con programas nacionales para reducir la violencia y ayudar a las víctimas.

Gröner (PSE).
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo acoge con agrado el informe de evaluación de la Comisión acerca del Programa Daphne. Este programa ha demostrado una gran eficacia en la lucha contra la violencia hacia los niños, los jóvenes y las mujeres, aunque ha contado con un presupuesto muy reducido. El Programa Daphne nació de una iniciativa de la Comisaria Ania Gradin y del Parlamento Europeo, y ejemplifica a la perfección cómo se pueden lograr buenos resultados y elaborar nuevas políticas gracias, por un lado, a un profundo nivel de compromiso por parte de las personas involucradas en el programa y en el desarrollo del proyecto y, por otro, a una clara voluntad política.
Debido a la amplitud del fenómeno de la violencia, ha sido difícil limitar el Programa Daphne. Se trata de un tema tabú en las zonas marginales, y hay una carencia de información clara. Pero los estudios nos demuestran que una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia de género, y que una de cada cinco mujeres es víctima de la violencia por parte de su esposo o compañero. Según estimaciones de la OIM, cada año, en la Unión Europea, 500 000 personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, mientras que otras mujeres se encuentran en peligro de sufrir mutilación genital.
En 2000 y 2001, sólo pudimos apoyar 73 proyectos amparados en el Programa Daphne, lo que representa tan solo el 12% de los proyectos presentados, hecho que produjo una gran frustración en el seno de las ONG. Cuatro millones de euros al año no mueven montañas, pero son suficientes para crear expectativas y luego echarlas abajo. Pero lo importante es que el Programa Daphne fue una herramienta multidisciplinaria y que la Comisión debería seguir siendo flexible con respecto a este asunto.
Por ejemplo, el Observatorio de la Violencia de Dublín, supervisado por el Lobby Europeo de Mujeres, proporciona magníficos datos, y ha redactado además el borrador de un buen informe sobre las medidas tomadas y los instrumentos jurídicos de los Estados miembros, lo que crea sinergias entre los distintos agentes y proyectos a escala nacional, europea e internacional. Por desgracia, los países de Europa Central y Oriental no han participado todavía lo suficiente. Sólo el 6% de las organizaciones tienen recursos que destinar a los proyectos. Durante las visitas a nuestras delegaciones de los países candidatos, hemos comprobado las grandes carencias existentes: hay una voluntad de actuar, pero se carece de los recursos económicos necesarios, dos factores que deben reconciliarse en las ONG.
Es importante ir más allá de las fronteras de la Unión Europea. En Rusia, Ucrania y Bielorrusia, nadie está a salvo de este fenómeno, algo que nos repercute también en la Unión Europea. Es preciso abarcar más e incluir otros programas comunitarios en el Programa Daphne.
Mi grupo parlamentario y yo pensamos que es importante que, partiendo de nuestra experiencia en la primera mitad del Programa Daphne, fortalezcamos las sinergias en la segunda mitad de éste, como dice el punto 12 de la resolución. Debemos continuar con la campaña en contra de la violencia y con las medidas preventivas, de las que hay excelentes ejemplos, en las fronteras exteriores, en forma de advertencias a las jóvenes. Hemos logrado buenos resultados con nuestras redes, con las ONG, y ahora es necesario que se tomen medidas en los Estados miembros.
Lo que de verdad se necesita ?algo que ya han señalado y solicitado en varias ocasiones? es un Año europeo contra la violencia. La Comisaria Reding, a cargo de las comunicaciones, ha dado ya la luz verde. Ahora debemos presionar a la Convención para que haga una declaración en la que diga claramente que, desde el punto de vista de la base jurídica, no se trata tan solo de un asunto de salud pública, sino que además la seguridad interna está amenazada si persiste la violencia contra las mujeres.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, la violencia contra las mujeres y los niños, a pesar de haber sido condenada en diferentes resoluciones de la ONU y de la Unión Europea por constituir una violación inaceptable e intolerable de los derechos fundamentales, sigue siendo una realidad social que afecta también a Portugal. Especialmente la violencia doméstica, una de las formas más comunes de violencia, aunque una de las más ocultas, y que supone grandes costes humanos, sociales y económicos para toda la sociedad, además de constituir una amenaza para la seguridad, la integridad física, la libertad y la dignidad de las mujeres.
De ahí la importancia de un enfoque integrado que refuerce las medidas, las acciones y los recursos económicos que el Programa Daphne proporciona, pero que son insuficientes, como se ha puesto ya de manifiesto. Además, como indica el informe ?mis felicitaciones para la ponente?, en la Unión Europea, cada año, alrededor de 500.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, lo que exige medidas más eficaces para luchar contra todas las formas de violencia y para apoyar a las víctimas; entre estas medidas, se incluye el incremento de los recursos económicos destinados en la actualidad a este propósito.
No obstante, es necesario actuar también de manera preventiva, mediante la creación de más empleo de calidad y el aumento del apoyo y las ayudas sociales, así como prestando más atención a la educación contra la violencia, por medio de campañas de información y del fomento de los derechos de las mujeres y los niños. Por ello, insto a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros para que tengan en cuenta las propuestas elaboradas por el Parlamento, aprovechando la experiencia obtenida desde 1997 y presentando un nuevo programa de acción con un presupuesto adecuado, y teniendo en cuenta también la plena participación de los países candidatos y la creación de una base de datos común para erradicar la violencia.

Sörensen (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, saben que este informe ha sido aprobado sin enmiendas por unanimidad.
Ni el informe ni la evaluación del Programa Daphne presentan contradicciones, y el consenso es total. Esta iniciativa, promovida por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, ha sido un gran éxito, no sólo en Europa, sino también en muchas regiones lejanas del mundo, como mis colegas del Parlamento han mencionado ya. Por desgracia, no se puede considerar un éxito rotundo, como el Comisario ha indicado con anterioridad. Este programa puede darse por terminado, pero he escuchado numerosos comentarios positivos acerca de que podría prolongarse, aunque quizás no haya fondos suficientes para atender a todos los problemas relacionados.
Una de las preguntas que me gustaría plantear es, en el caso de ciertos proyectos que contaron con la aprobación de la Comisión, pero que no pudieron financiarse, es si la Comisión y el Comisario no podrían recomendar que los Estados miembros ?que, después de todo, son los responsables de los proyectos? se encargaran de ellos. Esto significaría que tales proyectos pasarían a ser costeados por los Estados miembros, en lugar de por la Comisión, lo que incitaría a los Estados miembros a promover actividades en sus países, contando quizás también con la participación de las ONG y de organismos públicos como los ayuntamientos.
La Presidencia española estableció la violencia contra las mujeres como una de sus prioridades, lo que condujo a la elaboración de un gran estudio acerca de las medidas tomadas por varios Estados miembros y a un examen de la mejor práctica. La Presidencia danesa ha continuado el camino trazado, y me gustaría aprovechar la ocasión para llamar su atención sobre una cuestión en particular que, en mi opinión, merece mayores partidas presupuestarias: la violencia familiar. ¿Por qué? Un estudio realizado dentro del Cuerpo de Policía de Amberes mostró que el 70% de todos los casos atendidos estaban directamente relacionados con la violencia familiar, incluyendo incestos, ataques de los niños a sus padres y viceversa, violencia contra familiares ancianos, problemas psicológicos y violencia física y psicológica antes y después de un divorcio, cuando se ejerce el derecho de visita o en el caso de una nueva unidad familiar. No me refiero sólo a niños que crecen en familias violentas y que consideran este comportamiento como algo normal, sino también a una pérdida general de valores morales. Algunas veces sucede lo contrario: uno de los padres crece en una familia violenta o con problemas y desea, a cualquier precio, que sus hijos no pasen por lo mismo. Este padre se vuelve demasiado protector y ejerce una disciplina excesivamente férrea, y los demás miembros de la familia, o bien aceptan la situación, o se sienten oprimidos y se rebelan. En situaciones como ésta, los niños pueden huir de casa o atacar a sus padres, y las niñas que crecen en estas circunstancias eligen, más tarde, y de forma inconsciente, a un compañero de carácter tiránico, convirtiéndose así con frecuencia en víctimas de la violencia doméstica.
El hecho de que ahora se pueda hablar del tema de la violencia doméstica en nuestra sociedad ha abierto la caja de Pandora. No podemos abandonar a su suerte a las víctimas: debemos apoyarlas y dar una salida a sus problemas. Y no me refiero sólo a los medios tradicionales (servicios de asistencia telefónica y centros o viviendas de acogida), sino también a proyectos educativos y de formación, para que las personas que atienden por primera vez a una posible víctima sean capaces de sacarla de su aislamiento, ya sean médicos, profesores o policías. Actuar cuando se produce el primer acto de violencia impide su escalada, y es el mejor mecanismo para la prevención.
Me gustaría además hacer hincapié en la importancia del Programa Daphne. Fue un proyecto emprendido por varias ONG en distintos países, conjuntamente con una organización internacional: la Organización Internacional para las Migraciones. Concibieron un proyecto de cooperación para ayudar a las víctimas del tráfico de seres humanos. Este proyecto tuvo tanto éxito, que es por este motivo por el que me parece tan importante que los proyectos puedan continuar y mejorarse. En efecto, el 17 de octubre, el Parlamento Europeo organizará una mesa redonda en la que presentará un vídeo, un folleto y un sitio web en los que pueden obtener información políticos, policías, periodistas, investigadores y estudiantes. Me gustaría tan sólo decir a mis colegas que se trata de una medida muy importante, algo que la Sra. Avilés Perea expresó de manera muy acertada. Necesitamos subvenciones y necesitamos un Año Internacional contra la Violencia. Quizás deberíamos ejercer una mayor presión sobre los Estados miembros para que participen.

Angelilli (UEN).
Señor Presidente, deseo comenzar mi intervención felicitando a la ponente por su trabajo, por las cifras y estadísticas presentadas, que, a pesar de no ser homogéneas, revelan que la violencia contra las mujeres y los niños es un fenómeno tremendamente preocupante. Los datos más recientes sobre violencia doméstica y violencia en el hogar, que indican que una de cada cinco mujeres es víctima de malos tratos por parte de su marido o compañero, son creíbles. Estos malos tratos, con frecuencia, no salen a la luz, y a veces terminan con la muerte de la víctima.
Ante cifras tan trágicas, nos deja atónitos el hecho de que se destine tan poco dinero a tratar de solucionar el problema, aun teniendo en cuenta que el presupuesto para el año 2002 ha aumentado en un millón de euros. Nos deja también atónitos el hecho de que los organismos públicos hayan supuesto únicamente el 10% de los participantes.
El papel de los organismos públicos es decisivo, ya sea formando personal especializado o proporcionando información para prevenir los malos tratos a las mujeres y a los niños. En particular, es necesario crear centros de orientación y asesorías jurídicas o mejorar los existentes, con el fin de que puedan garantizar y proporcionar la máxima protección posible a las víctimas, además de asistencia psicológica y asesoramiento jurídico gratuitos. Sería deseable incluir en los planes de estudio algunas horas dedicadas a la prevención del maltrato a los niños y de la violencia doméstica.
Para concluir, mi grupo respalda plenamente la idea de que se celebre un año europeo para luchar contra la violencia hacia las mujeres y los niños. No obstante, estoy de acuerdo con mis colegas: si no se modifica la base jurídica, poco se puede hacer para combatir estos delitos de manera práctica y eficaz.

Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión porque, precisamente, este es el resultado de la constancia y de haber creído en algo que nunca hasta ahora se había tratado.
Por tanto, en los últimos años, en esta legislatura y en otras anteriores, se está creando una conciencia europea sobre los problemas de la violencia ejercida contra la mujer, contra los niños y en el hogar. Creo que hay que insistir en esta línea de trabajo a pesar de que cueste introducir en lo que podríamos llamar la política de los países la credibilidad y la importancia de estas ideas.
Lo que está ocurriendo en muchos países de Europa: la prostitución organizada, la violencia doméstica, el crecimiento alarmante de la violencia contra los niños y el abandono de muchos por sus familias, muestra que estamos ante un tema que debe ser abordado desde un régimen de competencias compartidas. En este sentido, apoyo absolutamente las propuestas de la Sra. Avilés y me muestro muy de acuerdo con lo que ha indicado el Comisario.
Dicho de otro modo, Europa debe crear un marco jurídico referencial mínimo tanto para la violencia en el hogar y la obligación de los Estados para velar por las víctimas como para tratar de evitar el daño irreversible que se está haciendo a los niños, testigos del horror, menores que viven en escenarios de miedo con el único techo de la violencia.
Es bien claro, además, y quiero insistir en ello, que la mayor parte de los niños abandonados y aquellos que padecen el horror en sus propias casas se ven en esta situación precisamente porque su entorno familiar se ha roto o nunca existió o está quebrado. Y en consecuencia, su protección y formación no puede abordarse desde el marco familiar. Es necesario poner a punto otras estrategias de protección y defensa ya que a veces la familia es una maquinaria represora.
Tengo la sensación, además, de que nos estamos acostumbrando a tantos y tantos casos como estamos conociendo. Y en este sentido, pido que se desarrolle un derecho hacia los niños que sea vinculante para los Estados y que se tenga en cuenta esta obligación a la hora de hablar de los países que han de integrarse en la Unión Europea. Sin un marco jurídico básico es imposible seguir trabajando, sabiendo, además, que no estamos protegiendo a las víctimas.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, no hay duda de que el Programa Daphne fue una iniciativa de la Comisión Europea que gozó de gran éxito, pero también fue posible gracias a la presión ejercida por la Comisión de Derechos de la Mujer y la campaña iniciada en 1997 bajo el lema «Violencia contra las mujeres: Tolerancia cero», un lema, señor Comisario, tan actual ahora como lo era entonces, dado que la violencia -o, pasa ser más precisos, el terrorismo y la guerra- contra las mujeres, más que decrecer, va en aumento, tanto en Europa como en todo el mundo.
Cada día llegan a nuestros oídos terribles noticias de los numerosos frentes de esta absurda y despiadada guerra, en especial de países con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos políticos y económicos, empezando por Nigeria y Sudán, donde los tribunales islámicos, demostrando su fanatismo, condenan a morir lapidadas a mujeres inocentes, pasando por la India, donde se obliga a las niñas de diez años a casarse, y terminando por los Emiratos Árabes, donde las mujeres carecen de independencia, es decir, de derechos políticos. Día tras día, la prensa publica noticias de esta guerra salvaje, aunque no aparezcan en las portadas.
En la Unión Europea, como han afirmado otros diputados, se estima que, cada día, se compra y se vende a 500 000 personas, y sin embargo la Europol sólo dispone de tres profesionales para hacer frente este crimen internacional organizado, cuyas víctimas son las mujeres y los niños. Un determinado porcentaje de las mujeres europeas -que, dependiendo del país, oscila entre el 20% y el 50%- ha sido víctima de la violencia doméstica, mientras la violación y el acoso sexual están a la orden del día. Las comunidades islámicas de inmigrantes utilizan las Sagradas Escrituras y las costumbres religiosas como pretextos para continuar con sus prácticas salvajes, como la mutilación genital femenina, que se da incluso dentro de la Unión Europea. Por desgracia, en el año 2002, millones de mujeres de numerosas zonas y comunidades de todo el mundo siguen siendo tratadas como objetos, en lugar de como personas.
Nuestra comisión considera la violencia contra las mujeres una violación flagrante de los derechos humanos de la mitad de la humanidad, una forma moderna de salvajismo, tolerada del mismo modo por sociedades patriarcales e instituciones. A medida que aumenta la lucha por la igualdad sexual y el reconocimiento de facto de los derechos de la mitad de la población del planeta, también lo hace la violencia contra la mujer. Esto significa que la violencia es un problema político mundial de primer orden y que debe acometerse como tal.
Aparte de su dimensión económica ?debe añadirse que el dinero aportado es mínimo comparado con la gravedad del problema?, el Programa Daphne tiene un gran valor político, por lo que debe continuar más allá del año 2003, esperemos que con un mayor presupuesto. Confiamos en que el nuevo Tratado fortalezca la base jurídica para la lucha contra la violencia. Nuestra ponente, la Sra. Avilés Perea, ha redactado un magnífico informe y ha presentado propuestas, en nombre de nuestra comisión, que le pido, Señor Comisario, tenga en cuenta.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, en estos momentos no puedo hacer mucho más que dar las gracias a la ponente y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por su excelente informe. También quiero agradecer al Comisario su respuesta al informe y su compromiso de renovar este programa.
Soy uno de los patrocinadores de una organización irlandesa denominada Women's Aid. Se trata de una organización nacional que se ha beneficiado mucho del programa Daphne. Proporciona refugio a mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. También aporta defensa jurídica, educación pública e investigación.
El problema que tratamos aquí está muy arraigado en nuestra sociedad, y no sólo en comunidades alejadas y distantes con una determinada actitud religiosa respecto de las mujeres. También en Europa existe una misoginia profundamente arraigada en nuestra sociedad. Y no vamos a erradicarla de la noche a la mañana. Se requerirá educación y un cambio de la cultura en la que vivimos; requiere un cambio de las actitudes de nuestros medios de comunicación. Nuestra esperanza reside en nuestros hijos y en intentar asegurarnos de que les inculcamos un respeto por la dignidad de cada ser humano, hombre o mujer, adulto o niño por igual.

Vitorino
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los oradores sus contribuciones a este debate y hacer hincapié en la importancia política dada a este tema por la Presidencia española, impulso que continuará, estoy seguro, durante la actual Presidencia danesa, en el transcurso de la cual espero que la decisión marco acerca del tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual sea finalmente aprobada por el Consejo. Estamos a punto de lograr dicha aprobación, y confío en que se concrete durante esta presidencia.
La única respuesta que me gustaría dar por el momento se refiere a la financiación. Opino que, a veces, uno tiene la tentación de pensar que, cuando una actividad es objeto de financiación comunitaria, el dinero comunitario sustituye a la financiación nacional, cuando, en realidad, la financiación comunitaria es complementaria de la financiación nacional en asuntos de esta relevancia y de esta importancia política. De ahí la importancia que la Comisión atribuye al hecho de que los organismos públicos de los Estados miembros puedan optar también por el Programa Daphne, ya que así se fomentaría en los Estados miembros la participación en proyectos y la inversión para luchar contra la violencia hacia las mujeres y los niños.
Hay, sin embargo, un problema que no deseo obviar: el debate sobre la financiación se halla estrechamente ligado al de la base jurídica. 
Una base jurídica en el Tratado clara, explícita y sólida permitiría obtener una financiación adecuada para los proyectos de esta naturaleza. Mientras tengamos que movernos en el ámbito del artículo 152, seguiremos teniendo problemas. Espero sinceramente que, con este debate, podamos alcanzar un acuerdo sobre los esfuerzos comunes que deben realizarse en la Convención, de modo que el futuro Tratado constitutivo de la Unión Europea consagre como uno de los objetivos del propio Tratado la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños.

El Presidente. -
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0256/2002), presentado por la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social (2001/2241(INI)).

Smet (EPP-ED)
El propósito del cuadro anual de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social es determinar qué progresos se han realizado en torno a los objetivos establecidos en Lisboa y Niza. El espíritu de estos objetivos es la creación de un modelo social europeo que erradique la pobreza y el desempleo, cree empleo de calidad, estimule el aprendizaje continuo, modernice el sistema de seguridad social y elimine toda forma de discriminación. El periodo 2000-2006 es crucial a este respecto, ya que los cambios económicos, demográficos y migratorios rara vez han sido tan profundos como lo son ahora.
Por ello, se espera que el Parlamento, como portavoz por excelencia de las preocupaciones de la población europea, realice un seguimiento pormenorizado de la evaluación de los progresos. El documento presentado por la Comisión nos informa detalladamente de las actividades emprendidas y de lo que nos aguarda en el futuro. Pero falta ?y ésta es mi principal crítica? una reseña de lo que debe hacerse durante estos seis años. El Parlamento opina que los progresos realizados cada año sólo pueden juzgarse a la luz de los objetivos señalados para dicho período de seis años, y espera de la Comisión algo más que un informe anual. Solicita un programa de seis años que exponga las iniciativas que se van a tomar y los instrumentos que se van a utilizar para cada iniciativa, tales como la legislación, la coordinación abierta o las negociaciones entre los interlocutores sociales, así como los plazos para completar estas iniciativas. Como parte de su evaluación intermedia del año 2003, la Comisión debe tratar de elaborar un modelo diferente de cuadro de indicadores y presentarlo al Parlamento. El Parlamento ya formuló esta solicitud el año pasado, y la reitera este año.
Esto me lleva a mi segunda crítica: la falta de participación del Parlamento. La Comisión sabe muy bien que el Parlamento Europeo es el principal defensor de los aspectos sociales del desarrollo europeo, los defiende mucho más que el Consejo. Tenemos multitud de ejemplos que lo ilustran, empezando por la legislación europea, que el Parlamento normalmente lleva más lejos de lo que al Consejo le gustaría. No entiendo, por tanto, por qué la Comisión se molestó tan poco en convencer al Parlamento de que participara, en una fase temprana, en la elaboración del programa social europeo. El documento de la Comisión data del 19 de febrero de 2002, y se aprobó en la Cumbre de Primavera celebrada en marzo. El Parlamento necesita, al menos, dos meses para redactar un informe a través de sus comisiones y sesiones plenarias, lo que no nos deja mucho tiempo. Aconsejaría por ello a la Comisión que envíe su próximo informe antes de que finalice diciembre, de modo que pueda establecer un diálogo productivo con el Parlamento. Este diálogo será fluido si la Comisión tiene en cuenta los comentarios realizados en los dos informes previos del Parlamento.
Para concluir, quisiera decir unas palabras acerca de uno de los instrumentos de la política social: la coordinación abierta. El éxito de este método reside en el hecho de que nos ha proporcionado un modo de coordinar la política de los 15 Estados miembros, establecer un conjunto coherente de objetivos para dichos Estados y suministrarles mejores prácticas para lograr tales objetivos. Y todo eso en ámbitos donde la legislación europea no desea o no puede ser vinculante. El problema para el Parlamento es que su participación no está regulada, al menos, no adecuadamente. Este método cuenta con una gran aportación por parte de numerosos grupos ajenos al Parlamento, lo que plantea la pregunta de si hacer uso del método abierto de coordinación y de la participación del Parlamento Europeo puede resultar más apropiado en el marco de la Convención y de la Conferencia Intergubernamental. Confiamos en que la Comisión nos apoye en esto.

Diamantopoulou
Señor Presidente, me gustaría agradecerle a la Sra. Smet su informe sobre el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social. Como muy bien señala, la Agenda política social para el periodo 2000-2006 es el primer compromiso común adoptado ?también por el Consejo? y la primera carta europea de compromisos y acciones sociales.
El primer año, 2001, fue un caso especial que debatimos el año pasado. Era el primer año que la poníamos en práctica, y tuvo defectos y problemas graves. Este año disponemos de nuestro primer cuadro detallado de indicadores, con un análisis paso por paso de los progresos realizados en este área política en particular. El año pasado se comentó que la descripción sólo era aplicable a la Comisión. Está claro que este año contamos con una descripción detallada de todas las agencias que participan en cada acción. Un ejemplo es la propuesta de una reestructuración, sensible desde el punto de vista social, del sector empresarial, que describe el papel de la Comisión, del Parlamento Europeo, de las agencias y los interlocutores sociales, de los gobiernos y de la sociedad civil. Estoy de acuerdo, por supuesto, con la Sra. Smet cuando dice en el informe que debemos mirar tanto hacia adelante como hacia atrás, y fijarnos no sólo en cómo han participado las distintas agencias, sino también en los objetivos que se han propuesto para las siguientes etapas.
Las siguientes etapas se examinarán, hasta cierto punto, en el primer informe de revisión de 2003. El período 2003-2005 también es importante. Habrá un informe inicial de progresos y podremos efectuar cualquier cambio que se considere necesario. Debería señalar, llegado este momento, que el Parlamento Europeo participará de lleno en este informe de revisión porque, como dice la Sra. Smet ?y estoy seguro de que nadie discrepa?, el principal aliado de Europa en todas las propuestas de política social es el Parlamento Europeo. Las más de las veces, el Parlamento Europeo ha sido la fuerza motriz de la política social de la Unión Europea.
Me gustaría comentar tres puntos que, en mi opinión, son trascendentales para el debate. En primer lugar, gracias a la cooperación entre la Comisión y el Parlamento Europeo, la mayor parte de las iniciativas de la Agenda política social planeadas para el período 2000-2002 han tenido éxito o están en camino para tenerlo. En segundo lugar, como ya se ha mencionado, hemos encontrado un modus operandi con el método abierto de coordinación entre los Estados miembros y, hasta cierto punto, un modo de incluir el papel del Parlamento en este método. Por supuesto, se trata de un primer paso, y lo que debemos hacer es identificar el papel fundamental y básico del Parlamento Europeo, algo que la Convención deberá tratar. El tercer punto es que, como con el Parlamento Europeo, hemos de hallar una base jurídica para conseguir que la sociedad civil participe en los debates de la Convención.
Quisiera agradecerle al Parlamento Europeo su cooperación constructiva. Estamos encantados de recibir sus comentarios individuales.

Karamanou (PSE)
- (EL) Señor Presidente, el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social resulta, obviamente, un instrumento muy valioso porque nos permite sacar conclusiones sobre los progresos realizados.
He tenido el honor de redactar la postura de la Comisión de Derechos de la Mujer. Para ser sincera, poco tuve que añadir al informe muy detallado de la Sra. Smet, que además es un miembro activo de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. Es obvia la importancia y el valor para las mujeres de la puesta en práctica de la Agenda, dado que, en los últimos años, el empleo femenino ha crecido más que el empleo masculino. Alrededor de dos tercios de los nuevos puestos de trabajo que, según las estimaciones, se crearán entre 2002 y 2010 serán ocupados por mujeres, motivo por el que estoy especialmente satisfecha, señora Comisaria, con su comunicación, hace un momento, acerca de las nuevas iniciativas que ha emprendido en nombre de la Comisión para coordinar las políticas económicas y las políticas de empleo.
El procedimiento para evaluar los progresos, a pesar de las deficiencias señaladas por la Sra. Smet en su informe, es sin duda una herramienta muy útil, sobre todo en una época de recesión económica en que se tiende a relajar la política social y a abandonar los esfuerzos para reducir las desigualdades económicas y combatir la exclusión social. Por ello, acogemos con agrado la iniciativa de la Presidencia danesa de hacer hincapié en el problema de la exclusión social y de las diversas repercusiones que dicha exclusión tiene en ambos sexos.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Sr. Presidente, Sra. Comisaria, Señorías, quiero comenzar felicitando a la Sra. Smet por su excelente trabajo. El cuadro de indicadores sobre aplicación de la Agenda de política social debe permitir seguir los progresos realizados en términos de aplicación de dicha Agenda, pero también debe permitir representar una alerta rápida, un toque de atención, cuando se produzcan retrasos en la ejecución de las medidas anunciadas. Creo que la Sra. ponente ha sabido armonizar ambos aspectos en su informe.
Por otra parte, la Agenda de política social no debería, en mi modesta opinión, tratarse en su aplicación como un programa inalterado e inalterable. Pensada por personas y para personas, la entiendo como un programa en evolución que exige ajustes posteriores, como pondrá de manifiesto la evaluación intermedia de los avances logrados, a realizar en el próximo 2003.
Señora Comisaria, en el desarrollo del modelo social europeo se ha hecho mucho, pero me atrevo a decir que queda todavía mucho por hacer, y en diferentes ámbitos. Desde la política de igualdad hombre-mujer hasta las medidas contra la exclusión social y la pobreza, pasando por las políticas de integración social de los discapacitados y el aprovechamiento de sus capacidades residuales, o por las apuestas por la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida y, con ello, las necesidades de adaptación a las nuevas formas de trabajo y a la conciliación de la vida laboral y familiar.
En todo caso, hay una exigencia que quisiera destacar y señalar a la atención de la Comisión. Me refiero a las nuevas formas de trabajo, con los nuevos riesgos a ellas inherentes y, por lo tanto, a la preocupación por las formas de participación en los procesos productivos a través de la externalización o la descentralización productiva -subcontrataciones, presencia de autónomos, trabajadores independientes- en el ámbito de los riesgos de la empresa contratista, etc.
De ahí la necesidad de la aplicación de medidas dirigidas a evitar la conversión del riesgo -inherente en todas las formas de trabajo, pero a veces imperceptible y a veces difuminado en estas nuevas maneras de producción- en accidente laboral. Creo que serán medidas rentables para todos: trabajadores, empresarios y sociedad.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente por este informe y también felicitar a la Comisaria Diamantopoulou por su excelente trabajo en este ámbito de la política social. En la Cumbre de Lisboa, la Unión Europea dio un gran paso adelante en su compromiso no sólo a favor de una economía dinámica y competitiva, sino también de una sociedad cohesionada y basada en el pleno empleo. Demasiado a menudo oímos a los portavoces de los diversos grupos políticos hablar sólo de la idea de una economía competitiva, ignorando el equilibrio que debemos garantizar dentro de la Unión Europea en términos de modernización e intensificación del modelo social que tenemos en Europa.
La Cumbre de Niza también constituyó un gran paso adelante en la adopción de la nueva agenda social. Si en Irlanda hubiéramos celebrado un referéndum sobre este tema, en vez del Tratado de Niza, los votos habrían sido favorables en un 100%. Lamentablemente, no se nos pide votar sobre estos temas en estos momentos. Pero fue un avance importante.
No obstante, debo decir que desde entonces parece que el progreso se ha frenado notablemente. No dudo de que en la Unión Europea -tanto en la Comisión como en el Consejo- existen fuerzas o elementos que deliberadamente intentan retrasar el progreso de esta cuestión. Creo que es una actitud muy miope. Si de verdad queremos crear una Unión Europea que tenga el apoyo de los ciudadanos, debemos llegar a un compromiso equilibrado respecto al desarrollo de una Europa social. Esto resulta lógico incluso para el centro derecha. Si de verdad quieren trabajar por Europa y crear una Europa de los Estados y los pueblos, debemos asegurarnos de que la igualdad, la cohesión y la solidaridad funcionen bien en toda la Unión.
Creo que hay insuficiencias en los propios indicadores. Todavía no se ha medido todo el progreso. Me complace la idea de una revisión intermedia a principios del año que viene, y espero poder participar en ella. Espero que en los próximos años, especialmente en la Convención y en el posterior CIG, consigamos garantizar que el compromiso que empezó a desarrollarse en Lisboa y después en Niza se pueda incorporar e intensificar en una Constitución de la Unión Europea que demuestre que disponemos no sólo de una Europa competitiva, sino también de una Europa que se ocupa por igual de todos sus ciudadanos.

Andersson (PSE).
Señor Presidente, me gustaría comenzar también mi intervención felicitando a la Sra. Smet por haber hecho, como es habitual, un magnífico trabajo. En mi país, Suecia, en estos momentos se está llevando a cabo la campaña para las elecciones generales. Los que en Suecia pertenecen al mismo grupo político que la Sra. Smet suelen afirmar que la Agenda social no es asunto de Europa y que la política social es responsabilidad únicamente de cada Estado miembro.
Cuando esto sucede, recurro al punto de vista de la Sra. Smet. A pesar de que pertenecemos a grupos políticos diferentes, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de contar con agendas sociales nacionales. No obstante, es necesaria también una agenda social europea, pues es algo que cada vez cobra mayor importancia. Suscribiendo las palabras del Sr. De Rossa, las decisiones tomadas en Lisboa cuentan también con mi aprobación. Se realizaron grandes progresos y logramos ampliar y profundizar en la agencia social.
Al mismo tiempo, me preocupan bastante algunos movimientos que se han venido realizando en el transcurso del último año y que, en mi opinión, son intentos de ponerle una zancadilla al proceso de Lisboa. Ahora sólo se habla de las empresas y de la competencia entre ellas, y la dimensión social se ha olvidado. Es por ello positivo que algunos parlamentarios se desmarquen de sus grupos políticos para fomentar los aspectos sociales, y nuevamente deseo felicitar tanto a la Comisión como a la Sra. Smet por su trabajo.
Comparto también la opinión de la Sra. Smet acerca del cuadro de indicadores, en el sentido de que debe ser más progresista y estratégico, y estar basado en las conclusiones de los Consejos Europeos de primavera. Espero que la Comisión asuma también esta postura, además del método abierto de coordinación, algo a lo que volvemos una y otra vez. Hemos debatido esto en numerosas ocasiones, y yo soy defensora del método abierto de coordinación, que ha hecho posible que podamos llevar a cabo una cooperación en nuevas áreas. 
No obstante, si queremos que el método abierto de coordinación tenga éxito a largo plazo, no debemos aplicarlo de puertas para adentro. Si vamos a emplear este método durante mucho tiempo, debe ser objeto de control democrático y de debate tanto aquí, en el Parlamento Europeo, como en los parlamentos nacionales. Confiamos en que la Convención no se desentienda del tema, para que el método abierto de coordinación se tenga en cuenta en los Tratados.
La Agenda social es importante también bajo otra perspectiva: la buena disposición de las personas para tomarse en serio el proyecto de la Unión Europea. La Agenda social se refiere precisamente a estas cuestiones que la gente considera importantes ?la lucha contra la pobreza, el incremento del empleo y una sociedad más justa?, de ahí que la agenda social sea tan importante.

Bastos (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Agenda de política social es un programa dinámico y, por tanto, es probable que sufra ajustes. De ahí la importancia del panel de evaluación anual, que permite al Parlamento Europeo vigilar y controlar la puesta en práctica de la Agenda social, analizando el pasado y programando el futuro.
La ponente, la Sra. Smet, ha presentado un magnífico trabajo que critica la comunicación de la Comisión y pone al descubierto sus puntos débiles, además de realizar contribuciones claras y lúcidas a la futura puesta en práctica de la Agenda. El empleo es la prioridad número uno de la Unión Europea. En el año 2000, la tasa de empleo alcanzaba el 63,2%. A pesar de la creación de 3 millones de nuevos puestos de trabajo, continúa estando un 7% por debajo de los objetivos de la Cumbre de Lisboa para 2010, y así, 14,5 millones de ciudadanos europeos siguen careciendo de empleo.
La baja tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad, las disparidades entre el hombre y la mujer, en términos de tasa de empleo y remuneración (18% y 14%, respectivamente), los altos índices de paro ?alrededor del 8% de la población activa? y las diferencias regionales en cuanto a empleo constituyen fallos estructurales que requieren nuestra atención, así como medidas activas. La participación comprometida de los interlocutores sociales es crucial. La pobreza y la exclusión social son otros asuntos que merecen una mayor atención. Más de 60 millones de personas viven en el umbral de la pobreza. Este fenómeno varía, como saben, entre los Estados miembros, pero no nos equivocamos al considerar que la lucha contra la pobreza y la exclusión, y la erradicación de ambas, es el mayor reto al que nos enfrentamos. Por tanto, la Comisión debe agilizar los trabajos que se han puesto en marcha, con el objeto de comprender y evaluar el fenómeno, y prestar una atención especial a las mujeres. En cuanto a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, este panel de evaluación de la Comisión sigue careciendo de un enfoque estratégico global. En consecuencia, la Comisión debe proponer medidas para mejorar la situación de la mujer y, a la vez, adoptar iniciativas para promover su plena participación en la toma de decisiones en sus lugares de trabajo.

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).
 - (EL) Señor Presidente, comparto las quejas expresadas por la Sra. Smet en su informe por el retraso en la presentación de los contenidos del último cuadro de indicadores sobre la puesta en práctica de la Agenda de política social. La Agenda, como todos sabemos, no es un conjunto de propuestas sobre política social, sino un plan estratégico para modernizar el modelo social europeo y enfrentarse a los problemas y desafíos futuros. Un único cuadro de indicadores anual crearía un mecanismo estratégico de evaluación de los progresos obtenidos en las políticas y de los ajustes que se consideraran necesarios.
Ahora vemos que los cuadros de indicadores no responden a estos ambiciosos objetivos. El informe parece más un trabajo rutinario que un enfoque fundamental. Tiende a lo superficial y apenas parece una herramienta integrada para analizar la situación actual y hacer posible una valoración adecuada de los progresos que permita programar acciones futuras en áreas mencionadas por la Comisión Europea ?como la integración de los discapacitados, la participación de la tercera edad, la movilidad de los trabajadores y las propuestas legislativas pendientes? o sugerir nuevos temas.
Otra observación que me gustaría realizar es que no hace hincapié en el aspecto empresarial de los planes de desarrollo sociales, aunque nuestra nueva percepción de la política europea incluye este aspecto. Después queda pendiente la cuestión de la cooperación con los interlocutores sociales y el Comité Económico y Social Europeo, y la participación de todos ellos, así como los resultados del diálogo social, aunque me ha agradado oír a la Comisaria referirse a los esfuerzos para entablar un diálogo con la sociedad civil. Hemos de hacer un gran esfuerzo con respecto a la forma y el contenido del informe de revisión a medio plazo, que el Parlamento Europeo espera recibir antes del Consejo de la próxima primavera, porque, como usted sabe, señora Comisaria, desea desempeñar un papel importante a la hora de dar forma a la sociedad europea, y con razón.

Diamantopoulou
Señor Presidente, me gustaría extender mi agradecimiento a Sus Señorías por sus intervenciones, que tendremos en cuenta, como ya hicimos el año pasado.
Me gustaría tan sólo responder a algunos de los comentarios de los diputados. Obviamente, el informe refleja los esfuerzos que se han desarrollado o se están desarrollando, así como las actividades legislativas que, o bien han concluido, o están en la fase de consulta. Sin embargo, todo lo que puede hacer es reflejar las posibilidades de la Comisión en el marco del Tratado, en lo que respecta a las posibilidades y las propuestas del Consejo en fases posteriores.
Y digo esto porque asuntos como los de los discapacitados o la tercera edad, mencionados por la Sra. Kratsa, así como otras políticas sociales especiales son, en la actualidad, como ustedes saben, políticas meramente nacionales. El debate en esta fase de la Convención es muy tenso, y creo que todos los que apoyamos la necesidad de que la política social cuente con una dimensión europea tenemos la gran oportunidad política de, a estas alturas del partido, lograr un cambio, incluyendo el de la Convención.

El Presidente. -
Gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) En un asunto tan delicado y tan actual como es la definición y la armonización de las normas operativas con el fin de mejorar la seguridad de la navegación aérea, nos congratulamos de que se haya alcanzado un amplio consenso entre los actores implicados, consenso que ha dado lugar a un acuerdo entre los diversos operadores para limitar las horas de vuelo y para fijar los periodos obligatorios de descanso de las tripulaciones. Por consiguiente, compartimos las conclusiones del ponente, dado que ponen de manifiesto la urgente necesidad de adoptar progresivamente unas normas técnicas que garanticen unas condiciones de seguridad cada vez mayores, con el objetivo, asimismo, de que los pasajeros tengan una total confianza en el transporte aéreo europeo.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Como afirma la ponente, «la supervisión y la aplicación de la legislación medioambiental de la UE siguen dejando mucho que desear». De hecho, en un ámbito cada vez más importante para los ciudadanos europeos, que ya son conscientes de la importancia de gestionar, racionalizar y proteger el medio ambiente, seguimos asistiendo periódicamente a ataques brutales contra lo que constituye el legado cultural de todos. Eso pone de manifiesto la insuficiencia del marco legislativo y la mala coordinación entre los actores y las autoridades comunitarias. Con el fin de acabar con la situación actual, es preciso un mejor control y la aplicación de medidas prácticas y firmes sobre la base de los informes que los Estados miembros presentan a la Comisión Europea cada tres años. De hecho, estamos viendo preocupantes niveles de demora en la aplicación de los procedimientos de infracción. Por lo tanto, es preciso adoptar todas las medidas necesarias para que la Comisión pueda «aprehender un cuadro de lo que está sucediendo en todo un sector de determinado ámbito político, tal como sucede con la gestión de residuos», atendiendo así a las crecientes y cada vez más insistentes demandas de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, he votado a favor del informe.

