Apertura del período anual de sesiones
El Presidente
Declaro abierto el período anual de sesiones 1998-1999 del Parlamento Europeo.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, yo quisiera hacer una observación relativa al punto 2 del Acta de la sesión de ayer y referirme una vez más al tema de la delincuencia en Bruselas. El Acta dice que el Presidente manifestó que dicha cuestión en realidad no debía figurar en acta, a pesar de que ya había quedado recogida en el Acta del viernes anterior. El Presidente también manifestó que informaría por escrito a los dos firmantes de la propuesta de urgencia. Yo pido a la Mesa que examine la oportunidad de que este tema se examine en el Pleno. Hemos podido constatar que más de una tercera parte de los diputados se han visto afectados por casos de delincuencia en Bruselas. Es decir, que éste es un tema que en realidad nos afecta a todos y no sólo a un par de miembros del Pleno. Yo creo que realmente ha llegado el momento de que el Pleno se ocupe de esta cuestión.

El Presidente
Como sabe Su Señoría, ese tema no figura en el orden del día. En cualquier caso, no tengo nada más que añadir a lo que el señor Presidente Gil-Robles le dijo ayer. La Presidencia está profundamente preocupada por ese problema y ha hecho todas las gestiones necesarias ante las autoridades belgas. En cuanto tenga alguna noticia concreta que transmitir, la Presidencia lo hará sin falta.
Pregunto a Sus Señorías si tienen alguna otra observación que hacer.

McMahon
Señor Presidente, me refiero a la página 15 del Acta, en la que aparece la lista de preguntas para el Turno de preguntas a la Comisión. Mi pregunta, que trata de los Fondos estructurales y el derecho a beneficiarse de los mismos, ha sido colocada en el apartado "Otras preguntas», a pesar de que con antes, en el transcurso de la tarde, la Sra. WulfMathies, Comisaria de Política Regional, responderá a preguntas. Quisiera pedir a los servicios del Parlamento que analicen este asunto y vean si pueden transferir esta pregunta sobre los Fondos estructurales al objeto de recibir una respuesta de la Comisaria responsable de este ámbito. Gracias.

El Presidente
Señor McMahon, vamos a verificar si es posible hacer una rectificación, pero, como sabe Su Señoría, esa tarea compete a la Comisión.
(El Acta queda aprobada)

Andrews
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Quiero poner en su conocimiento el hecho de que la campaña para la puesta en libertad de Roisín McAliskey ha llegado a su fin gracias a los buenos oficios de la Presidencia británica. Deseo expresar mi agradecimiento a la Presidencia británica y, en particular, a Jack Straw, por la actitud compasiva y honesta que ha permitido poner fin a esta saga de injusticias contra la persona de Roisín McAliskey, y presentar mis respetos a la Presidencia británica por su generosidad de espíritu.

Euro y administraciones públicas - Euro y el turismo -
Convergencia de la legislación (informe del IME)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0061/98 del Sr. Arroni, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro (COM(97)0419 - C4-0524/97) y sobre el documento de trabajo de la Comisión sobre la preparación de las administraciones públicas para la transición al euro (SEC(97)2384 - C4-0025/98); -A4-0078/98 de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el euro y el turismo; -A4-0070/98 del Sr. Wolf, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe del Instituto Monetario Europeo relativo a la convergencia de la legislación en los Estados miembros de la Unión Europea (Situación en agosto de 1997)» (C4-0560/97).
Arroni
Señor Presidente, once Estados miembros ya han presentado planes de transición. El euro es ya una realidad que cada día se acerca más a su concreción, pero esto no significa que aún podamos mirar este fenómeno sin una aprensión y una atención particulares. Los consumidores, los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas son los polos que debemos observar y que hemos considerado en la elaboración del informe y en la presentación de las enmiendas, sin olvidar, por otra parte, que otros operadores se verán implicados en esta importante transición: las grandes instituciones financieras o la gran empresa, que dan trabajo a millones de ciudadanos europeos, grandes firmas financieras y comerciales que sabrán absorber con mayor facilidad los contragolpes económicos de la entrada en vigor del euro. Todos estamos comprometidos en esto, y el servicio público será el primero en dar el ejemplo, pues con la doble indicación de los precios generará un fenómeno que, como una bola de nieve, de inmediato se imitará en el mundo de la empresa privada. Al mismo tiempo, responderán a las preocupaciones del ciudadano europeo, que no tendrá que pagar el coste del cambio.
A la vez que la Comisión, me felicito de que se haya fijado el objetivo de llegar el 2 de mayo a las decisiones definitivas sobre los aspectos prácticos del euro. En esa fecha todo estará claro y transparente, no sólo para los grandes operadores sino también para los pequeños comerciantes. Los Estados miembros, a través de administraciones, sindicatos y asociaciones representativas, deberán dar a conocer estas decisiones, tendrán que hacer entender estas decisiones, de modo que el paso al euro se haga en las mejores condiciones, habrán de controlar el sistema bancario para que respete sus propios compromisos y también el comercio para que respete la doble indicación de los precios, pues esto será un elemento fundamental en la comprensión del fenómeno por parte de los ciudadanos. A fin de hacerlo así, me parece muy importante no olvidar el aspecto de la comunicación que está ligado a estas decisiones, porque estas decisiones han de ser entendidas y aceptadas por el ciudadano. Y para que el ciudadano comprenda y acepte estas decisiones, es necesario que el Parlamento y la Comisión hagan una reflexión conjunta para encontrar los mejores medios que permitan el conocimiento generalizado del euro. Con este objetivo he propuesto que se convoque una mesa redonda en la que participen los grandes comunicadores profesionales europeos, cuya finalidad será aclarar todos los aspectos innovadores no sólo a la gran industria, no sólo a la gran banca sino sobre todo a nosotros, los consumidores, a nuestros pequeños comerciantes, al comercio de barrio que debemos proteger y salvar a toda costa.
Además, la Comisión ha organizado, el 26 de febrero, una mesa redonda que tuvo buen resultado y que respondió con amplitud a las preocupaciones expuestas en mi informe. Una vez más quiero recordar brevemente algunas de ellas. Hay que prestar una atención particular a los grupos sociales débiles de la población, como los ancianos, las personas de bajos ingresos y los que padecen alguna desventaja; habrá que evitar que la pequeña y mediana empresa pierda competitividad frente a las empresas de mayores dimensiones, que cuentan con más medios para obtener acceso a una información más amplia; la doble indicación de los precios tendrá que ser facultativa, para dar flexibilidad a los mercados: el periodo de doble circulación de billetes y monedas nacionales y del euro tiene que reducirse al máximo posible, pues así se evitarán complicaciones a los consumidores y se limitarán los costos suplementarios para el sistema económico; los sectores bancario y financiero deben adoptar un código de buena conducta relativo a los costos de conversión, que respete el principio de la gratuidad de las conversiones obligatorias de moneda nacional a euro.
El sector informático desempeñará un papel de extrema importancia, porque va a constituir un elemento básico en la divulgación del euro. El paso al euro es el reto más importante que Europa se ha planteado en este siglo, y de la correcta y atenta realización de este reto dependerá el bienestar de todos los europeos del primer siglo del nuevo milenio.

Torres Marques
Señor Presidente, este informe sobre el euro y el turismo ha sido sin duda uno de los que con más participación de la sociedad en general han contado, porque, además de la audición celebrada en la Subcomisión de Asuntos Monetarios, envié centenares de cartas y mensajes por correo electrónico a las más diversas entidades relacionadas con el sector del turismo en todo el mundo. Y fue muy grata la colaboración que recibí y el interés que sentí.
Quiero agradecer en particular, además de los apoyos de mis colegas aquí, en el Parlamento Europeo, las contribuciones que me han aportado las principales asociaciones europeas y mundiales representativas del sector. Agradezco en particular la colaboración de la Comisión y de las entidades relacionadas con el sector del turismo en Portugal.
Quería que este informe fuera lo más concreto posible y pusiera de relieve las consecuencias que podría tener la introducción del euro para los turistas y para las empresas del sector del turismo. No sólo las ventajas, sino también los problemas que habrán de afrontar con el mayor realismo quienes se dedican a esa actividad y habrán de resolver en la vida diaria las nuevas situaciones que creará la introducción del euro.
Éste no es un informe completo ni definitivo. Pero son tantas las conferencias sobre el euro y el turismo ya anunciadas por todas partes, que esta iniciativa de la Subcomisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo ha tenido al menos ese mérito: hacer comprender a los encargados del turismo en los más diversos niveles que su sector va a ser uno de los primeros en la utilización del euro, que los turistas van a ser las tropas de choque en el arranque de esa operación que, a partir del 1º de enero de 1999, utilizarán -si lo desean- la nueva moneda en sus desplazamientos por esta nueva Europa sin fronteras, sin pasaportes y sin visados y que todos deben estar preparados para ello.
Es también un informe que, por ser de iniciativa de la Subcomisión de Asuntos Monetarios, versa más sobre el euro que sobre la actividad turística. Por eso he aceptado con mucho gusto prácticamente todas las enmiendas que me propusieron los diversos Grupos políticos. Son contribuciones que mejoran mucho el texto final.
Tan sólo he excluido las enmiendas que ni directa ni indirectamente podían relacionarse con el euro, aunque en otro marco estuviera de acuerdo con su contenido. A pesar de que el turismo es aún el sector en el que Europa es más competitiva, pues domina el 60 % del mercado mundial, su posición relativa ha ido descendiendo progresivamente en los diez últimos años. El euro puede ser un instrumento fundamental para invertir esa situación. De las más de treinta propuestas de acción previstas en ese sentido, quisiera poner de relieve las que se refieren a la Comisión, a los gobiernos nacionales, a las autoridades regionales y locales y a las asociaciones del sector, en particular las que proponen:
que en las campañas de información a los ciudadanos se expliquen expresamente las ventajas del euro para los turistas sin olvidar que el éxito del proyecto de moneda única depende en buena medida de la aceptación por los ciudadanos de dicha moneda; -que se atribuya una importancia particular a la información del personal: sólo será posible informar con exactitud a los clientes sobre cuestiones relativas al euro, si el personal ha sido informado a tiempo; -que, en consecuencia, se formulen urgentemente programas de apoyo a la formación profesional y de adaptación de los recursos humanos del sector a la nueva realidad de la moneda única; -que, teniendo en cuenta el agravamiento de la competencia que las empresas turísticas sufrirán a consecuencia de la transparencia de los precios, que se podrán expresar en euros, se adopten medidas con vistas a poner a disposición de los millares de pequeñas y medianas empresas que representan el 95 % del sector, muchas de ellas sin acceso al mercado de capitales, programas de financiación especiales para la transición al euro y para la futura financiación de las inversiones; -que se recomiende a las empresas turísticas la utilización del dinero electrónico, cuyas tarifas deben pasar a ser lo más favorables posible por su más intensa aplicación y por la agravación de la competencia; -que, dada la pequeña dimensión de las empresas del sector, el período de doble circulación de monedas -la nacional y el euro- sea lo más corto posible; -que las administraciones públicas nacionales, regionales y locales tengan en cuenta las necesidades del turismo en el proceso de adaptación al euro y, en particular, en materia fiscal; -que se adopten medidas encaminadas a la armonización de la fiscalizad que afecta al sector, en particular el impuesto al valor añadido, para que las diferencias de trato fiscal no distorsionen la competencia y permitan, así, que la transparencia del mecanismo de precios sea la mayor posible; -que se utilice el sector de los congresos y negocios como forma de movilizar a los turistas e inversores hacia la zona del euro; -que se utilicen como grandes divulgadores del euro los grandes acontecimientos y realizaciones en el nivel europeo, como las Exposiciones Universales de Lisboa en 1998 y de Hannóver en el año 2000, el Campeonato del Mundo de Fútbol en Francia, el Jubileo en Roma y el Milenio en Londres en el año 2000.Por último, que tanto la Comisión como los Estados miembros utilicen sus representaciones exteriores para promover el euro y sus ventajas entre los posibles turistas, las agencias exportadoras de turistas a la Unión Europea y los inversores potenciales, sobre todo en la América del Norte y del Sur, en el Japón, en el Sudoeste asiático y en Australia. La adopción de la moneda única -el euro- es uno de los mayores imperativos de este final de siglo para la Unión Europea. El turismo puede ser un instrumento fundamental en su aceptación y su éxito.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la convergencia de los fundamentos jurídicos de los bancos centrales nacionales no es un detalle técnico. En cualquier caso, se trata de una condición institucional necesaria para la introducción del euro. Éste no es el momento adecuado para debatir la problemática de la construcción del proyecto del euro en términos más generales. Ya tendremos oportunidad de considerarla en el contexto de los debates sobre el informe de la Sra. Randzio-Plath y sobre las decisiones adoptadas en Cardiff, que una vez más tendrán como tema las posibilidades de desarrollar también una política europea de empleo eficaz y coordinada, paralelamente a la introducción de la moneda única europea.
Pasando al problema concreto que nos ocupa, desde la izquierda hemos tenido que aprender a través de un trabajoso proceso que las instituciones no son juegos de construcción estables que es posible montar y desmontar, modificar y ampliar a voluntad, sino que tienen su propia evolución histórica y deben estar enraizadas en la confianza de las personas que las sustentan.
Digo esto porque en el informe del Instituto Monetario Europeo, que plantea acertadamente los dos aspectos centrales relativos a la independencia del Banco Central y del Sistema Europeo de Bancos Centrales y a la funcionalidad de este último como sistema unitario, se observa una tendencia a rebasar el objetivo de la compatibilidad y a prever algo así como una unificación de los diversos entornos de comunicación de la información de los bancos centrales nacionales, como puede ser la participación en los órganos de dirección, en Austria, los derechos de participación y consulta, en Alemania, o una vinculación muy estrecha con el Gobierno, que incluye la consulta y la definición de objetivos, en Francia. Existe una gran variedad de fórmulas muy distintas y yo creo que debemos abordar este tema con mucha cautela. ¿Cuáles de estos aspectos son realmente incompatibles con la formulación de una política monetaria europea única a través del SEBC y con el funcionamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales como un sistema global unificado?
Lo que está en juego son las formas de consulta con el gobierno y con los parlamentos, la participación de personalidades de la sociedad civil y de los interlocutores del diálogo social. También está en juego el referente de la política económica nacional. En todos estos ámbitos es preciso recomendar una estrategia de mínimos, esto es, que el esfuerzo se concentre en suprimir las incompatibilidades y en dotar de una base sólida a los objetivos de la política monetaria europea unificada.
Esto también es aplicable a la relación entre el Sistema Europeo de Bancos Centrales y las restantes funciones que seguirán siendo competencia de los bancos centrales nacionales, sobre todo el control bancario, en algún caso, y las operaciones colaterales, en todos los casos. En este contexto es preciso garantizar, obviamente, la compatibilidad, pero no es imprescindible la homogeneización, la armonización.
No deberíamos abordar a la ligera este proceso, que representa, en efecto, un reto importante y también plagado de incertidumbres, y deberíamos aprovechar la diversidad de las formas de engarce institucional existentes como una oportunidad para mantener una articulación en cierto modo "capilar» entre los bancos nacionales, algo así como un enraizamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales en el ámbito de los distintos Estados miembros, análogo al que tuvo históricamente el "Banco de los Estados Federados Alemanes».
La política monetaria es sencillamente demasiado importante para que podamos dejarla en manos de un reducido grupo de banqueros aislados en un nirvana democrático. Esto sólo supondría subordinarla al dictado de los mercados financieros y sustraerla a cualquier forma de participación política. Las diversas formas de vinculación que han desarrollado históricamente nuestros bancos nacionales y que existen en la actualidad pueden ayudarnos a evitar esta evolución errónea. Mantengámoslas, por lo tanto, siempre que sea posible y dejemos de preguntarnos, por el contrario, qué podríamos unificar, qué podríamos homogeneizar.
Yo creo que si abordamos este tema con dicho espíritu haremos un gran favor al proyecto del euro. Si hacemos lo contrario, le estaremos prestando, en cambio, un flaco servicio.

Randzio-Plath
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, los informes Wolf, Torres Marques y Arroni demuestran, lo mismo que el informe Pérez Rojo, que los debates sobre la unión monetaria ya no son teóricos, sino que ahora tenemos que resolver cuestiones muy prácticas. Es cierto que gracias a los progresos conseguidos entre tanto en materia de convergencia jurídica, la independencia de los bancos emisores nacionales empieza a ser cada vez más una realidad en la Unión Europea y nuestras consultas con los presidentes de los bancos centrales indican que éstos también practican cada vez más el diálogo monetario con los parlamentos nacionales. Esto también constituye un progreso en el marco de la unión monetaria, que sólo puede merecer nuestro apoyo.
La independencia de los bancos centrales es un tema importante del informe sobre la convergencia de la legislación. Sin embargo, también son importantes todos los aspectos relacionados con los problemas que plantea la introducción práctica del euro. La Sra. Torres Marques ha señalado con razón que los primeros ciudadanos y ciudadanas que percibirán un cambio son los turistas, de quienes podríamos decir que viven en el país del euro. Por esto es tan importante -como también quedó patente en la audición de la Subcomisión de Asuntos Monetarios sobre el turismo- que dejemos claro que con la introducción del euro se economizarán costes y, por lo tanto, el euro también supondrá ventajas en materia de precios para las personas que viajen dentro de la Unión Europea. Los datos de la Bolsa Internacional de Turismo también indican que los europeos y europeas son particularmente aficionados a viajar y, por lo tanto, no sólo se trata de un sector en expansión, sino que, además, muchas personas tendrán muy pronto una experiencia del euro y de la unión monetaria en este ámbito.
Por otro lado, también son importantes todos los demás aspectos relacionados con la introducción práctica del euro y, en este contexto, desde el Parlamento Europeo nos vemos obligados a constatar que, lamentablemente, no se ha preparado en suficiente medida a los ciudadanos y ciudadanas y a las pequeñas y medianas empresas, ni tampoco se les ha ofrecido suficiente información. El Parlamento Europeo debe emitir un llamamiento para recordar que no sólo las instituciones europeas, sino también los Gobiernos nacionales, las administraciones nacionales, tienen que contribuir a preparar a las personas y a las pequeñas y medianas empresas. Éste es un requisito fundamental, pues sin información no podremos prepararnos. Además, también tenemos que tener todavía más en cuenta el punto de vista de los consumidores en los preparativos para la unión monetaria. En este contexto, yo quiero abogar firmemente una vez más en favor de una fase de doble exhibición de precios y de valores, de que la conversión sea gratuita y de que se procure que la fase de transición sea lo más breve posible, a fin de evitar que resulte excesivamente gravosa, no sólo para las personas, sino también para las empresas.
Habida cuenta de que precisamente las pequeñas y medianas empresas sólo podrán aprovechar plenamente las posibilidades del mercado interior una vez introducido el euro, es de especial importancia que también reciban apoyo. En este sentido, sería ciertamente necesario que los poderes públicos desempeñasen un papel más constructivo y más positivo, y que también cumpliesen las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo y tomasen la iniciativa en el marco de la introducción del euro, aun cuando los Ministros de Finanzas se hayan puesto de acuerdo para no iniciar la transición en las administraciones públicas hasta el 1.1.2002. Necesitamos contar también con la participación de las administraciones públicas de ámbito local, regional y nacional, ¡y sobre todo que la administración tributaria realice el paso al euro!

Thyssen
Presidente, dentro de 297 días exactamente se introducirá el euro en aquellos países que participen en la unión monetaria. Para los niños quizá queda demasiado lejos para explicarles que el cambio está cerca en términos de que quedan todavía tantas noches por dormir. Pero para los gobernantes adultos ya es hora de que se decidan los aspectos prácticos del euro. Esto es, en todo caso, lo que la gente de a pie espera de su gobierno. Quieren unas respuestas claras a sus preguntas, también a sus preguntas acerca del más pequeño detalle sobre el cómo y ellos quieren un enfoque funcional sin cargas evitables y sin costes.
El informe Arroni, por lo tanto, no ha llegado demasiado pronto y es este informe del que hablaré a continuación en nombre de mi grupo parlamentario. El ponente ha hecho un excelente trabajo por el cual le felicitamos con mucho gusto. El informe no solamente repara en los aspectos lógicos como la información y los costes, también pide con razón atención para los grupos sociales vulnerables. Es nuestra idea que la introducción del euro sólo será un éxito si tanto los minusválidos, como los muy ancianos, como la gente pobre puede cambiar sin problemas al euro. Habrá que evitar a toda costa que la introducción del euro refuerce la dualidad de nuestra sociedad.
En lo que respecta a la doble exhibición de precio, Presidente, me alegra poder constatar que el informe está en la misma línea que la de la Comisión. La Comisión Europea dijo claramente hace dos semanas en la conferencia de la mesa redonda, a la que se refirió el ponente también, que de antemano no era partidaria de una regulación legislativa que impusiera la doble exhibición de precios. Nuestro grupo parlamentario se suma completamente a esto. La doble exhibición de precios puede ser un instrumento de información muy útil, pero es sólo una de las muchas alternativas. En nuestra opinión habrá que evitar que el consumidor se ahogue en un exceso de información y también habrá que evitar obligar a los minoristas y a los que prestan servicios al consumidor a que realicen unas inversiones que sólo sirven para un tiempo limitado. Es mucho mejor, por definición, dejar las soluciones temporales, en cuanto a la exhibición de precios, al mercado y a la creatividad de los mismos implicados. Si el minorista no da la información suficientemente clara, lo notará él mismo el primero. Como portavoz del PPE en este informe, creo por lo tanto que tenemos que tener suficiente confianza, sobre todo en esta primera fase, en el mercado y en las leyes de la competencia y que las regulaciones legislativas solamente tienen sentido cuando se constata, y con la condición de que se constate, que la doble exhibición de precios facultativa no lleva a los resultados esperados. Las enmiendas para imponer la doble exhibición de precios no reciben, por consiguiente, nuestro respaldo.
Otro aspecto práctico de la introducción del euro es la conversión efectiva de las monedas y billetes nacionales al euro. En este punto queda todavía bastante división y hay un debate entre los partidarios de la regulación legislativa y los partidarios de códigos de conducta y de regulaciones voluntarias. Aquí también ha tomado partido la Comisión Europea y se mostrado partidaria de un código de conducta. Con la condición de que en esos códigos sea un principio de oro la gratuidad de las conversiones obligatorias, mi grupo parlamentario está de acuerdo con esto.
Presidente, me gustaría pedir que se prestara atención todavía a un aspecto. Los bancos están considerando la posibilidad de cobrar los costes a los pequeños comerciantes si quieren cambiar grandes cantidades de monedas. Esto es inaceptable. Se le pedirá al pequeño comerciante que juegue un papel importante en el proceso de conversión. Ya es suficiente con que se espere esto de su parte. Que los bancos le hagan pagar por el trabajo de conversión que ellos mismos hacen gratis por un cliente particular, nos parece muy fuerte.
Como punto final, me gustaría abordar lo siguiente: el periódo de transición corto y el cómputo de la reducción de costes por la supresión de los tipos de cambio en la conversión de las monedas nacionales en el periódo de transición. Por supuesto, mi grupo parlamentario da su aprobación a estos puntos.

Garosci
Señor Presidente, como nos ha dado a entender el ponente, el euro representa una pequeña y pacífica revolución de fin de siglo, algo que cambiará, evidentemente en términos prácticos, todo nuestro modo de operar, ya sea como empresas, como ciudadanos o como consumidores. Pero detrás de cada revolución hay aspectos de orden sobre todo psicológico.
El gran problema al que tendremos que enfrentarnos en los próximos años, sobre todo en el semestre en que coexistirán la moneda nacional y la moneda única, será el de hacer comprender, por un lado a las empresas y por otro a los ciudadanos, que el euro es un instrumento de construcción de Europa, y un instrumento estrictamente económico. Es verdad, la que queremos es una Europa tanto económica como social, pero en este momento el euro es el medio fundamental para hacer entender que Europa se puede construir a través de algo que los ciudadanos tocan materialmente, ven, llevan el bolsillo. Por lo tanto, como bien decían los ponentes, será el compromiso de tipo financiero, el de la banca; pero los bancos tienen hombros fuertes, y se han organizado para hacernos llegar, ya desde el próximo 1 de enero, oficialmente, el extracto de la cuenta en moneda nacional y en moneda única, porque disponen de un sistema informático que aplican desde hace tiempo, pero el verdadero problema del euro es el de hacerlo llegar sin sobresaltos a los ciudadanos, a los consumidores.
Es decir que será sobre todo el sistema comercial el que se entienda con esta engorrosa tarea. El ciudadano, como consumidor, entrará en un bar, en una tienda, en un supermercado, en un restaurante, en una agencia de viajes, pagará con moneda nacional, recibirá el cambio en euros y allí será donde se encuentre físicamente con la moneda única. Y allí tendrá que encontrar un operador, un pequeño empresario, una cajera o un colaborador que conozca a fondo el sistema de la moneda única porque, de otro modo, el efecto que se producirá va a ser del de tipo psicológico terrible. Un consumidor confuso o un pequeño empresario confuso respecto al sistema comercial en el momento de la compra producen una demora de las adquisiciones mismas, una caída en el consumo de índole psicológica que, en este momento, es exactamente lo que no podemos desear. Ya hay una caída del consumo fisiológica en este continente y, si le añadimos las consecuencias psicológicas de una caída del consumo ante la incertidumbre a la hora de la compra, crearemos problemas de difícil solución.
Por tanto, debemos llevar adelante una acción por un lado de información y, por otro, de formación. La información, es evidente, tiene que estar destinada a los ciudadanos, y la formación tendrá que ser de tipo profesional, destinada a distintos grupos, sobre todo al comercial, en el que se incluye el comercio propiamente dicho, el turismo, los servicios, es decir, todo el campo del mercado terciario, el que físicamente hará frente a la moneda única.
Los amigos franceses recuerdan que, en su país y a treinta años de distancia, los ancianos aún hoy hacen sus cuentas en francos viejos y francos nuevos. Hace treinta años simplemente se le quitaron dos ceros y todavía hoy, repito, se dan cifras en francos viejos. Piensen ustedes en lo que será multiplicar por una cifra distinta en cada uno de los quince Estados miembros cuando el euro se convierta en moneda real, el 1 de enero del 2002. Para esa fecha, será fundamental haber llevado a cabo conjuntamente esta acción de información y de formación, y poner a trabajar juntos a los tres componentes del mercado, que son la industria, la distribución comercial y, sobre todo, el sector que está en el vértice de este triángulo, los consumidores.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías, este debate es realmente muy importante, en el sentido de que nos ofrece diversas perspectivas prácticas en la aplicación del proceso del euro. Ya no hablamos sobre su posibilidad o sobre su viabilidad porque, previsiblemente, en el mes de mayo habrá una muy amplia y sólida constitución de Estados miembros en la Unión Monetaria, sino que hablamos de cuestiones concretas, y en los tres informes -el del Sr. Arroni, la Sra. Torres Marques y el Sr. Wolf- se tratan aspectos específicos de su aplicación. Yo creo que hay que insistir en la necesidad de hacer un gran esfuerzo para informar al ciudadano, para informar a las pequeñas y medianas empresas, para sensibilizar a las asociaciones de consumidores y para llegar a una preparación lo mejor estructurada posible en los dos ámbitos que se han citado aquí, el financiero y el del comercio, que resultan claves, sin olvidar que la línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que desde hace muchos años desarrolla la Comisión Europea, y que se verá reforzada con esta Unión Económica y Monetaria, deberá intensificarse.
En el ámbito del turismo es, tal vez, donde más rápidamente veremos esta Unión Monetaria, las facilidades que da y cómo potencia un sector en el que ya no habrá diferencias de cambio ni de monedas en el ámbito de la Unión Europea. Y hay un tema más técnico, pero igualmente importante, -del que nos habla el Sr. Wolf- que es el de la accountability como dicen los británicos, es decir, la transparencia real que debe haber en todo este proceso, tanto a nivel de los Bancos Centrales de los Estados miembros como del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

Ribeiro
Señor Presidente, aprovecho para felicitarlo calurosamente. Señor Presidente, Señorías, estos informes preparan la fase posterior a la implantación del euro. Los temas en los que se centran tienen tal importancia, que el escaso tiempo disponible exige aún más que sea muy selectivo y sucinto en las observaciones. El sector del turismo tiene un peso importante en la economía de algunos Estados miembros. A la complejidad del sector, con intrincadas vinculaciones en el origen y en la etapa final, se suma la complejidad de situaciones diferentes de Estado miembro a Estado miembro. Esa compleja complejidad (si se me permite decirlo así) no se refleja en el informe de la Sra. Torres Marques, que considero demasiado optimista y -me atrevo a decir- excesivamente unicolor, de rosa, impregnado de la inconmovible fe de la autora en esta construcción europea, tal como se está desarrollando.
El turismo, algunos turistas, van a tener sin duda beneficios indiscutibles con la introducción del euro. Pero tampoco tenemos duda de que no habrá sólo beneficios y beneficiados. Algunos turistas, pero sobre todo algunos turismos, van a tener mayores dificultades con el nacimiento de una moneda común que se pretende que sea fuerte, por lo que ya no se podrán utilizar instrumentos y mecanismos a los que antes se recurría. Cierto es que no siempre bien. Pero, si retiráramos a los hombres los instrumentos que son conquista suya y de los que hayan hecho mal uso, nos quedaríamos todos con las manos vacías... y sin monedas, sistemas bancarios y políticas monetarias.
En la realidad virtual de una moneda única y fuerte, común a países con políticas de turismo diferentes, complementarias y en competencia, no se puede pasar por alto ni desvalorizar la tendencia al traslado de las corrientes turísticas a destinos extraeuropeos, de oferta más competitiva, utilizando medios derivados de la política de cambios.
Por nuestra parte, por eso mismo y por otras razones, si bien felicitamos a la Sra. Torres Marques por su trabajo, abrigamos serias reservas sobre su optimismo, su posición «el turismo al servicio del euro» y sus peticiones para que se cree una política europea para el turismo y -sería mejor decir- para los turismos que coexisten en el espacio de la Unión Europea.
Por último, no puedo terminar sin decir unas palabras sobre el informe del Sr. Wolf, casi sólo para expresar la satisfacción que da leer su exposición de motivos, en la que se enuncian problemas reales, con equilibrio y ponderación en contraposición a un clima de un pensamiento y un camino intransigentes y únicos. Por no poder hacer ahora el comentario que considero justo y necesario, reservaré para una explicación de voto algunas observaciones que ese informe merece.

Hautala
Señor Presidente, el Parlamento Europeo va a participar esta primavera de una manera muy destacada en el debate sobre el control democrático del futuro Banco Central Europeo. El próximo debate parlamentario sobre el informe de la Sra. Randzio-Plath, que contará con el firme apoyo del grupo de los Verdes, constituirá sin duda uno de sus acontecimientos estelares.
Hoy debatimos sobre cómo podrán los bancos centrales y las instituciones políticas nacionales participar en el control democrático del Banco Central y del Sistema Europeos de Bancos Centrales. Si bien este debate no ha dado mucho de sí hasta el momento, el Sr. Wolf ha elaborado un informe muy interesante sobre esta cuestión. El Sr. Wolf señala que se va a acentuar la importancia del Banco Central, especialmente en una situación en la que -desgraciadamente- la Unión carece de política económica común, ya que la Unión se verá obligada, de una u otra forma, a recurrir a algún tipo de sabiduría en el ámbito de la política económica cuando adopte sus decisiones en materia de política monetaria.
El Instituto Monetario Europeo ha elaborado un informe sobre la adecuación de las políticas nacionales en esta materia al tratado de Maastricht. Compartimos el punto de vista del ponente cuando afirma que el Instituto Monetario Europeo llega demasiado lejos al hacer hincapié en la independencia también de los bancos centrales nacionales con respecto a las instituciones políticas nacionales. Creemos que es importantísimo que también los parlamentos y los Gobiernos nacionales puedan seguir en contacto con un sistema cuyo objetivo es lograr una estabilidad duradera de los tipos de cambio y de los precios. Pero, tal como señala el ponente, la estabilidad de precios no es de ninguna manera un concepto neutro. En ningún lugar se ha estipulado qué porcentaje de inflación es perjudicial para la economía. En este orden de cosas, el Instituto Monetario Europeo no puede, ni mucho menos, participar por sí solo en este debate.
No es ni sabio ni correcto que el Instituto Monetario Europeo emita juicios de valor y considere a determinadas leyes nacionales incompatibles con el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Desearía mencionar un ejemplo al que ya se ha referido el ponente: el Instituto Monetario Europeo ha condenado una ley del Banco Central de Finlandia que establece la potestad del Presidente de la República para destituir al Gobernador o a cualquier otro miembro de la dirección de este banco si se llegara a demostrar que no son las personas adecuadas para ocupar el cargo en cuestión. Nosotros pensamos que se debe seguir permitiendo esta posibilidad. La Unión Europea no es una región económica uniforme, sino que encierra grandes diversidades, por lo que en el Sistema Europeo de Bancos Centrales se deben escuchar también las voces nacionales.

Castagnède
Señor Presidente, Señorías, señalemos primeramente que nuestro Grupo está de acuerdo con los informes de la Sra. Torres Marques y del Sr. Arroni, cuyas orientaciones aprobamos sin reserva alguna.
En cambio, el informe presentado por el Sr. Wolf suscita algunos comentarios. Efectivamente, su autor se entrega en éste a una crítica, a diferentes niveles, del informe del Instituto Monetario Europeo. En primer lugar, deseamos señalar que, a nuestro juicio, el IME desempeña perfectamente su papel cuando se esfuerza en determinar las disposiciones de la legislaciones nacionales incompatibles con las prescripciones del Tratado sobre la Unión Europea y, salvo si se pone en tela de juicio este Tratado así como todos los que lo han precedido, de ninguna manera se trata de dejar a las instancias políticas de la Unión el cuidado de interpretar y definir las exigencias y objetivos del Tratado.
En cuanto al fondo, el Sr. Wolf emite, en lo que tocante al funcionamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales, exigencias de transparencia e información que nos parecen efectivamente necesarias para la confianza de los ciudadanos de la Unión en el modo de gestión de su moneda. Compartimos la preocupación del Sr. Wolf respecto a hacer lo necesario para que el Sistema Europeo de Bancos Centrales no sea una torre de marfil aislada de su entorno institucional, ni de la opinión pública. Es especialmente necesario para la información correcta de los Bancos Centrales que puedan escuchar a los representantes de los Gobiernos o de los Parlamentos nacionales. Asimismo, es necesario que el Banco Central Europeo pueda presentar y explicar a las instituciones democráticas de la Unión, y más ampliamente a los ciudadanos, las decisiones tomadas en el cumplimiento de su misión. Sin embargo, estas exigencias de transparencia e información no deben de ninguna manera, a nuestro entender, atentar contra la independencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales, trátese de la independencia de sus miembros o de sus decisiones.
Afirmamos esta independencia indispensable no por convicción antikeynesiana, sino más bien por convicción europea. Esta convicción es la que nos hace juzgar peligrosa toda reactivación del debate sobre el posible papel del instrumento monetario en la ejecución de las políticas económicas nacionales. Los Estados miembros renunciaron, a través del Tratado de la Unión, a la utilización de tal instrumento, algunos por razones económicas, todos, y más fundamentalmente, por razones políticas. En efecto, cualesquiera que sean las preferencias económicas de unos y otros, queda de manifiesto que la elección de una moneda única para Europa implica que escapa a la presión o manipulación política nacional de toda índole, directa o indirectamente, so pena de constituir un factor de tensión entre los Estados que sería fatal a la Unión Europea. No puede haber una moneda única si no es una moneda independiente. Por lo demás, este es el verdadero consenso de base que desea el Sr. Wolf. Por ello, no podemos comprender, por ejemplo, cuando reprocha al IME que considere como incompatible con el Tratado la disposición legislativa según la cual un Banco Central debe tener en cuenta, a la hora de aplicar su política monetaria, la política económica del Gobierno.
La independencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales no podría significar, claro está, la impotencia económica de las instituciones democráticas de Europa. Por ello, nos parece urgente definir, a la par de la moneda única, otros medios de acción económica comunes, que estarían por su parte en manos de las instituciones democráticas de la Unión y que se llaman presupuesto de Europa, impuesto europeo, política estructural europea.

de Rose
Señor Presidente, Señorías, tanto en la comunicación de la Comisión como en el informe del Sr. Arroni se pide a los actores de la vida económica no escatimar esfuerzos, sin embargo, ¿se les tiene en cuenta para algo más que para pedirles que acepten el euro, o en otras palabras, que le reserven la mejor acogida?
Así, al leer estos informes, se constata que el ponente y la Comisión oscilan constantemente entre incertidumbres y contradicciones. Las primeras que están en la mira son las personas físicas, a cuya cabeza figuran las categorías especialmente expuestas para las que la entrada en vigor del euro viene a sumar desde ahora nuevos problemas a dificultades ya importantes. Se trata, en el informe, de prestarles una atención particular, ¿pero cuáles son las soluciones concretas que van a proponerse a sus problemas prácticos? Ante el incremento constante, desde 1996, de los costes invertidos en los medios de comunicación para promover el euro, y que se han vuelto sumamente pesados, ¿cuánto costará en última instancia esta promoción, a Europa, a los Estados miembros y, por ende, a cada ciudadano?
A pesar de la inversión de cuantías considerables, el ciudadano, en su calidad de consumidor, corre el riesgo de ser víctima de confusiones permanentes. El Sr. Arroni recomienda un período de transición lo más corto posible, contrariamente a las asociaciones de consumidores que vislumbran en un período transitorio corto el riesgo de una confusión total entre los clientes más vulnerables. Por tanto, ¿qué opción tomar entre un período transitorio corto, menos costoso, pero fuente de errores y confusiones y, por otro lado, un período transitorio largo -recordemos que puede durar hasta seis meses- que permita una mejor comprensión gracias a una adaptación paulatina, pero cuyo coste importante repercutirá en el precio al consumo?
Para la segunda categoría de actores de la vida económica, las empresas y los comerciantes, si para la ama de casa ya puede ser difícil administrar dos monederos, ¿qué puede decirse de las dos contabilidades y las dos cajas que deberán llevar los comerciantes, entre otras categorías, que no tenían ninguna necesidad de complicar su gestión? Por otra parte, si el Sr. Arroni se propone tomar medidas de ayuda a las PYME, quiere, a la vez, con el pretexto falaz de aportar ventajas competitivas a los comerciantes, hacer obligatorio el doble etiquetado. Si de lo que se trata es de querer ayudar a las empresas, queda de manifiesto que la primera ayuda posible, es decir, la ayuda fiscal que representa poder deducir el IVA de los gastos generados por la introducción del euro, ya se les ha negado desde ahora.
Para concluir, parece pues, a mi juicio, que la Comisión, apoyándose en el informe Arroni, está dando actualmente palos de ciego.

Antony
Señor Presidente, Señorías, el informe Arroni no traduce una reflexión original, pero suscita algunas observaciones.
¿Cómo hablar de confianza cuando toda la construcción monetaria europea está construida sobre la mentira, al menos, la mentira por omisión? Se ha cambiado el propio nombre de la moneda, violando los Tratados que la denominan, sin ambigüedades, »ecu». Nuestro compañero Berthu introdujo, con toda razón, un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en contra de este cambio intempestivo.
Nadie ha corrido el riesgo, ni el Consejo, ni la Comisión, aún menos el Parlamento Europeo, a intentar evaluar el coste práctico de la introducción del euro ni a evaluar las consecuencias macroeconómicas. Efectivamente, no puede ocultarse que tendrá un coste. En el informe se hace una sola mención, de paso, para pedir que sea mínimo. De hecho, son los ciudadanos los que pagarán las centenas de millones de francos, marcos o liras que costará la doble contabilidad, el doble etiquetado, la conversión permanente entre el euro y la moneda nacional, que serán la regla durante tres años. Lo pagarán a través de un aumento de los precios minoristas y las tarifas bancarias.
Asimismo, se cuida muy bien, de paso, de mencionar las consecuencias sobre el ahorro popular, en Francia especialmente. Todo el ahorro administrado, libretas de cajas de ahorro está destinado a desaparecer. De hecho, se contenta con repetir incansablemente los falsos axiomas de la construcción europea: »sin la moneda única, el mercado único no funciona; sin el mercado único, habrá crisis y guerra» y se hace el primer axioma de esta sucesión lógica, »sin Estado europeo único, la unificación integral de las legislaciones, la moneda única no funciona». La moneda única no es una necesidad económica, sino una voluntad política. Todo el mundo lo sabe y muchos fingen no darse cuenta.
Nuestros tecnócratas no evalúan muy bien las consecuencias psicológicas del trastorno monetario que proponen. Puede informarse todo lo que se quiera al ciudadano, la moneda induce escalas de valor de las que es muy difícil deshacerse. Así, en Francia, al cabo de casi cuarenta años de la introducción de los nuevos francos, los periodistas de la televisión prefieren todavía hablar en miles de millones de céntimos que en centenas de millones de francos, para subrayar la enormidad de una determinada cuantía. Las personas de mayor edad, y otras menos mayores, continúan convirtiendo todo importe en francos antiguos, porque esta moneda les permite comprender mejor los valores relativos.

Harrison
Señor Presidente, creo que el euro tendrá un fuerte impacto sobre Europa, y estos tres informes demuestran por qué. En el caso del informe Wolf, relativo a la convergencia de la legislación de los Bancos Centrales nacionales y su relación con el BCE, el aspecto esencial es que se garantice la transparencia y la obligación democrática de rendir cuentas del BCE y sus relaciones con los Bancos Centrales nacionales. Esta revelación democrática no está reñida con el objetivo de garantizar la independencia del BCE en el desempeño de sus funciones; ambas ideas son complementarias. En este sentido, es pertinente mencionar la referencia que hace el Sr. Wolf al Bank of England del Reino Unido que, bajo el nuevo Gobierno Laborista, ha visto incrementada su independencia, así como su obligación de dar cuentas públicamente.
En el caso del informe Arroni sobre aspectos prácticos de la introducción del euro, existe un acuerdo común sobre la mayoría de los temas, incluida la necesidad de alentar a los Estados miembros a que hagan públicos sus planes para la transición y, lo que es más emocionante, que den a conocer los diseños del euro para la cara nacional de las monedas. Donde discrepo con el ponente es en mi creencia de que necesitaremos una acción europea que garantice que los bancos no transfieren a los clientes los costes de conversión en la tercera fase de la UEM. Puede que un código de conducta no sea suficiente.
Por último, en lo relativo al turismo, quisiera felicitar a todos los ponentes y, especialmente, a la Sra. Torres Marques por su informe. El turismo es la mayor industria europea, a pesar de que desde 1960, Europa ha perdido un 10 % de su cuota de mercado. El turismo es la típica industria del mercado único. La llegada del euro supondrá un tremendo estímulo para la oferta de este mercado y para el turismo en particular.
Creo que habrá tres grupos de ganadores que se beneficiarán de la introducción del euro. En primer lugar, todos aquellos que trabajan en el sector. El euro no sólo creará más puestos de trabajo, sino que además aportará transparencia a los salarios, que a su vez experimentarán una subida.
En segundo lugar, los turistas -los consumidores. En vez de dejar parte de su dinero, que tanto les ha costado ganar, en las agencias de cambio de aeropuertos y puertos, podrán disponer de él para gastarlo más tarde en compras, que resultarán más fáciles de realizar gracias a la transparencia de los precios. Este aspecto facilitará la comparación entre las distintas tiendas y, por consiguiente, se incrementará la competencia.
Por último, los empresarios del sector de viajes y turismo harán más competitiva la primera industria europea, ya que la transparencia del euro abaratará los precios. Además, invertirán en el sector y lo ampliarán, porque el bajo índice de inflación abaratará el precio del dinero. Recuerden esto: la Asociación Europea de Operadores de Turismo estiman que un 3 % más de turistas norteamericanos elegirán Europa como destino de sus vacaciones gracias al euro.
Para terminar, el turismo y los turistas serán las tropas de choque del euro, que no tardarán en poner de manifiesto las ventajas del euro a los ojos de todos los ciudadanos de Europa.

Rübig
Señor Presidente, uno de los oradores que me han precedido se ha referido a los costes que ocasionará el paso al euro. Sin embargo, también deberíamos señalar con toda claridad los costes que nos ocasiona en estos momentos su ausencia. Por ejemplo, cuando ahora voy de vacaciones a España con mi familia, tengo que atravesar Alemania, Italia y Francia y tengo que proveerme de cinco monedas en total para pagar los gastos de comida, bebida, hotel y gasolina. O sea, que antes de partir tengo que ir al banco y proveerme de cinco monedas distintas. A menudo no es posible obtenerlas en el acto, sino que es preciso encargarlas con antelación. Esto supone, por lo tanto, mucho trabajo para el banco, muchos empleados del banco tienen que ocuparse de este asunto y el banco tiene que mantener en depósito y disponibles dichas divisas.
Una enorme avalancha de costes recae sobre los turistas. Puede decirle que sólo los gastos bancarios y comisiones se elevan a una media 3-4 % para los turistas, un dinero que quizás sería más razonable poder dedicar a alargar un poco las vacaciones. La cifra del 3-4 % es, sin embargo, sólo un promedio. Evidentemente, también se dan casos extremos. El año pasado, por ejemplo, mi hija cambió 100 chelines austriacos en un cajero automático de Jesolo y recibió 9.600 liras. Cuando regresamos a Austria yo le devolví 10.000 liras, es decir, que incluso redondeé la cantidad, y a cambio ella recibió 50 chelines austriacos. O sea, que perdió un 50 % en los sucesivos cambios. Éste es sin duda un caso extremo, pero si se considera que en una sola conversión y reconversión ya pueden producirse diferencias de esta magnitud, resulta evidente en que dimensión nos situamos cuando son millones los turistas que cambian dinero.
A esto se suma, además, el hecho de que los turistas también se ven afectados, obviamente, por los riesgos cambiarios. Es perfectamente posible que las relaciones de cambio entre las distintas monedas varíen durante sus vacaciones, sobre todo si las reservas se han realizado con mucha antelación. Es sabido que las oscilaciones cambiarias modifican incluso los flujos turísticos, que el turismo está aumentando rápidamente en Italia y está disminuyendo en Austria y también en Francia. Por lo tanto, también existe una incertidumbre en el ámbito del turismo. Éstas son dificultades con las que nos enfrentamos a diario y que obviamente también generan los correspondientes problemas.
Es necesario clarificar la situación monetaria para el ámbito del turismo, también desde una perspectiva internacional. Los turistas que nos visitan tienen que tener claros cuáles son los precios relativos. Es preciso que la gente sepa cómo debe calcular el cambio. Muchos turistas también tienen, naturalmente, enormes problemas para realizar la conversión. A menudo, con los cálculos de conversión y reconversión, no resulta sencillo determinar a primera vista cuál es el valor de una mercancía.
Por otro lado, también es necesaria una armonización de las normas relativas al IVA. Muchas veces resulta muy difícil saber en qué casos se puede obtener la reintegración del IVA, cuánto más hay que pagar en un lugar en concepto de IVA y cómo funciona exactamente todo el mecanismo. Esta normativa también afectará en último término al ámbito de las tiendas libres de impuestos. Los turistas comprenden una normativa clara y lo que desean es poder viajar con facilidad y sin demasiados problemas.
Sabemos -y esto es muy importante para Europa- que además del turismo intraeuropeo, también tenemos un turismo procedente de fuera de Europa. Nuestra participación en el mercado mundial del turismo es de un 60 % aproximadamente, o sea, que somos ciertamente competitivos a escala mundial en el ámbito del turismo y esto significa una enorme oportunidad.

Gallagher
Señor Presidente, tras la Cumbre de Madrid en la que se fijó la fecha de la introducción de los billetes y monedas en euros, la Comisión ha adoptado una serie de iniciativas destinadas a acelerar los preparativos necesarios para los sectores público y privado. Hoy resulta evidente -y debo añadir que es ésta una buena noticia- que la mayoría de los sectores de la economía han comenzado a prepararse para el paso a la moneda única. No obstante, hay que señalar -y éste es el objetivo del excelente informe del Sr. Arroni- que es necesario informar mejor sobre los dispositivos prácticos que han sido introducidos en los diferentes sectores de la economía. Necesitamos identificar los ámbitos en los que aún no se han tomado decisiones y conocer cuál es el nivel de armonización deseable. En un inicio, debemos conocer qué ámbitos deberán ser tratados a nivel nacional y cuáles a nivel europeo.
En cuanto a los Estados miembros, una de las prioridades era la necesidad de garantizar que presentarían sus planes de transición antes de finales de 1997. Esto incluye el requisito de dar a conocer su posición sobre el estado de la contaduría pública, la presentación de los estados financieros y las declaraciones fiscales en euros. Las decisiones sobre las amortizaciones de la deuda existente debían haberse tomado antes de que finalizara. 1997. La Comisión debe informarnos sobre si se han cumplido y respetado debidamente los distintos plazos fijados para finales de 1997.
En lo relativo a los aspectos prácticos de la introducción del euro para aquellos que utilizarán la moneda única en su vida diaria, quiero hacer hincapié en la necesidad de informar sobre el cambio a todos los usuarios, del mismo modo que se hace actualmente con las pequeñas y medianas empresas. Éste será el mayor acontecimiento económico de la historia europea, y sería un desastre si permitiéramos que fracase por falta de información.
En lo que respecta al régimen de precios dobles durante el período de transición, debemos mantener abiertas nuestras opciones. Las pequeñas y medianas empresas deben recibir ayuda en sus esfuerzos por ofrecer los precios dobles. Las propuestas que hace el Sr. Arroni en relación con el fraude y la adaptación del sector de la tecnología de la información al euro son un paso en la dirección acertada. Esto es válido igualmente en lo relativo a la necesidad de hacer una evaluación continua de cómo las pequeñas y medianas empresas, incluidas las pequeñas tiendas, están haciendo frente a la introducción del euro.
Por último, todo el mundo reconoce que para que el euro tenga éxito, éste no debe presentar problemas al consumidor. Como dice el Sr. Arroni, los Estados miembros deben interesarse especialmente por los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, como son las personas de edad avanzada, las personas con visión limitada, los minusválidos y los grupos con los ingresos más bajos, de cara a garantizar que no tendrán dificultades a la hora de utilizar las monedas y, especialmente, los billetes. Digo esto como diputado irlandés, porque en Irlanda tenemos conocimientos prácticos y experiencia de esto a raíz del paso al sistema decimal, ocasión en que los precios experimentaron una subida en nuestro país. Los colegios deberían participar estrechamente en proyectos piloto relacionados con la introducción del euro, especialmente en las etapas iniciales.

Ewing
Señor Presidente, nos enfrentamos aquí a lo que se ha descrito como el mayor reto, el mayor acontecimiento económico, y aquí me tiene, una diputada reacia de un Estado miembro que se llama Reino Unido, incapaz de ser otra cosa que no sea espectador, en vez de ser participante. Me siento un poco como el niño del cuento del Flautista de Hamelín que avanzaba tan despacio que no pudo mantener el paso con los demás niños y no entró en la tierra prometida.
Desearía que hoy tuviéramos otro informe ante nosotros que nos dijera cómo serán las relaciones en la práctica entre los "ins» y los "outs». Me sobresalto cuando pienso en ello. Es irónico que la Presidencia del Reino Unido esté al mando cuando se tome la decisión de quién entrará y quién se quedará fuera, mientras que el Reino Unido se queda fuera. Quiero decir al Gobierno del Reino Unido que sería mejor subir al tren al inicio del viaje que encaramarse a él más tarde. Esta segunda opción puede resultar difícil.
Me decepciona que el Consejo no esté representado aquí hoy en este gran debate. Puede que se sienta demasiado incómodo. La actitud del ministro de Hacienda, Gordon Brown, ante este asunto ha sido descrita como si estuviera pidiendo a alguien en matrimonio, pero aplazara la boda cinco años y afirmara que había unas condiciones, aunque sin decir cuáles. Es una posición absurda. La posición del otro principal partido británico no es mejor. Su líder ha cerrado la puerta, a pesar de que muchos de los diputados Conservadores aquí son partidarios de Europa. Mi Partido y mi país, en su conjunto, están a favor de Europa. Un euroescéptico al norte de la frontera escocesa es una rara avis. Cuando voy por ahí hablando del euro -lamentablemente, como espectadora-, encuentro un gran apoyo de las empresas, los exportadores, la industria y de posibles turistas. Acojo con satisfacción todo lo que se ha dicho sobre la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas y me pregunto si el Reino Unido piensa introducir alguna medida para mejorar la situación.
El turismo sigue siendo la industria gigante dormida de Europa. El turismo interestatal podría ser mucho mayor. Recientemente intervine en una conferencia de presidentes de asociaciones de albergues juveniles de toda Europa, de dentro y fuera de la Unión. Todos están a favor del euro y consideran que supondría una enorme ventaja para el conjunto de turistas de este sector, que son relativamente pobres. Los turistas serán los primeros en vivir esta magnífica experiencia, una experiencia que, creo, nos unirá -al menos a aquellos afortunados que estén en el sistema- y nos convertirá en auténticos europeos, cuando el dinero en nuestros bolsillos sea el mismo que al otro lado de las fronteras. Aplaudo la actuación de Irlanda como un tigre de la economía y su determinación de entrar en la Unión Monetaria. En definitiva, es un magnífico capítulo de la historia europea. Lamento mucho pertenecer a un Estado miembro que me está dejando fuera.

Berthu
Señor Presidente, una parte del informe de la Comisión sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro está dedicada a la preparación de las monedas, pero no dice nada de los billetes. Por ende, tengo que volver a plantear esta cuestión que las instituciones tratan de pasar por alto y para la que no he tenido, hasta ahora, respuesta a mis numerosas demandas.
En efecto, en relación con las futuras monedas, el Consejo decidió que llevarían una cara europea y una cara nacional. Sin embargo, no se especifica nada para los billetes. Una oscura decisión del Instituto Monetario Europeo, tomada falsamente en aplicación del artículo 109 F, previó que los billetes no llevarían ninguna señal nacional distintiva. Así, sobre una cuestión que no es en modo alguno técnica, pero que pone en tela de juicio principios muy importantes, el Consejo parece haber optado por deshacerse del problema para dejarlo en manos de los funcionarios del Instituto Monetario Europeo.
Señorías, nuestra Asamblea se preocupa mucho estos últimos tiempos por la falta de control democrático en la Unión Monetaria. Por lo demás, vamos a hablar de ello en el próximo período de sesiones. Ahora bien, nos vemos aquí confrontados a un muy buen ejemplo de esta falta de democracia. Debemos reaccionar ahora, de lo contrario, nuestras protestas no parecerán sinceras más tarde. La cuestión de la impresión o no de una cara nacional sobre los billetes de euros plantea varios elementos de principio. Se trata de saber si se quiere una Unión Monetaria sin diferenciación, o una Unión Monetaria que reconozca las identidades nacionales. Se trata también de saber si más tarde, en caso de crisis grave, se aceptará la salida paulatina de un país, o si se tratará de encerrarlo para siempre en la unificación monetaria, incluso contra su voluntad, incluso a pesar de los conflictos que este encierro acabaría acarreando inevitablemente. También a este respecto, debemos prepararnos para un problema grave de democracia.
Por ello, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones piensa que el Consejo debería asumir sus responsabilidades, utilizar sus poderes que le confiere el artículo 109 L4 y decidir que los billetes en euros tengan una cara nacional.

Trizza
Señor Presidente, en nombre del Grupo de Alianza Nacional, doy la enhorabuena a los tres ponentes por el trabajo que han desarrollado de un modo realmente ejemplar. La realización de la Unión monetaria y la entrada del euro como única moneda de intercambio representa uno de los más importantes pasos en el camino europeo y, sin duda, el turismo representa uno de los sectores más interesados por ese inminente cambio.
Los turistas -una categoría en la que se incluye el conjunto de personas que se desplazan sobre el territorio europeo por cualquier razón- no tendrán que cambiar en adelante la moneda nacional y, por consiguiente, no tendrán que sobrellevar todas las cargas inútiles relacionadas con esa operación. Sin duda, tendrán una moneda más estable y una mayor transparencia de precios en los bienes y servicios que compren o contraten en el país antes extranjero.
A estas ventajas individuales, por decirlo así, del cliente se suman las de los operadores turísticos, de las agencias, o sea de todo el campo derivado del sector turístico, sin duda favorecido por una gestión financiera ordinaria de sus actividades. Lo que pretendo subrayar en mi intervención es que, si estas ventajas son realizables, hay que elaborar y aplicar en el momento oportuno una estrategia preparatoria para tal cambio, para que desde un primer momento el euro produzca los efectos esperados. Por lo tanto, concuerdo con la diputada Torres Marques, que en su informe insiste sobre la necesidad de que los gobiernos nacionales inicien una acción de promoción y de divulgación del euro bien articulada en sus respectivos países. Algunos ejemplos de sensibilización preventiva y masiva ya están presentes en Europa, pero es necesario que esas operaciones se intensifiquen y se proceda a hacer verdaderas simulaciones del uso de la moneda nueva, tanto por parte de los consumidores como por parte de las empresas que operan en el sector turístico, con una adecuada información y formación del personal y con la correspondiente adaptación de los soportes informáticos a la nueva gestión financiera. Estas acciones adquieren mayor importancia en las regiones europeas que padecen retraso en su desarrollo, donde el sector turístico a menudo representa un apoyo económico de fundamental relieve, donde la ausencia de una estrategia preparatoria del euro, oportuna y eficaz, podría implicar la pérdida de competitividad en los mercados europeos, con indudables repercusiones negativas en las respectivas economías locales.
De modo que mi atención se concentra, no tanto en las grandes metas turísticas, que sin duda están dotadas de las infraestructuras necesarias para manejar el cambio, sino en los pequeños países de Europa, ricos por su cultura y sus tradiciones, en los que cada día muestra mayor interés el turista medio. Estos países, pues, son los que han de encontrar un soporte adecuado y a ellos se ha de prestar una atención particular, preparando las estructuras convenientes para gestionar el cambio con unos costos no excesivos.
No dejemos de reconocer que, en este periodo, se está avanzando en orden abierto. No hay una estrategia unívoca: si se avanza en orden abierto, los costos aumentarán y se corre el riesgo de que los costos caigan sobre los consumidores. Además, quien como yo vive la realidad de la gestión de las administraciones públicas sabe muy bien lo necesaria que es una estrategia preliminar aplicada a tiempo para el paso al euro: la nueva moneda tiene que poder representar sobre todo para los entes locales, y para la colectividad en general, una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. A propósito, se podría plantear un análisis modelo de las administraciones públicas europeas, poniendo atención en no elegir sólo los grandes y medianos ayuntamientos, sino también los pequeños, cuyas exigencias son distintas pero no menos importantes.
En resumen, la realización de un proyecto piloto en varios ayuntamientos europeos podrá llevarnos a la creación de una red de cooperación verdadera, con la posibilidad de extender los resultados del análisis a otros ayuntamientos no incluidos en el estudio.

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate común que hoy nos ocupa sobre el euro, tomando como base los informes Torres Marques, Arroni y Wolf, es especialmente importante a unas semanas del famoso fin de semana del 1 de mayo.
Apruebo totalmente, claro está, el informe y las conclusiones de la Sra. Torres Marques. Considero, como ella, que el impacto del euro sobre la Unión Europea será benéfico. No solamente por los turistas que puedan venir de lugares fuera de Europa, sino también por el turismo intracomunitario. Asimismo, al igual que ella, me parece urgente establecer programas que permitan perfeccionar la información que tienen sobre el euro las empresas y la plantilla del sector turístico. Mientras más rápido estén listos, más rápido se beneficiarán del efecto euro.
En relación con el informe Arroni, quiero recordar que, durante nuestro fructífero debate del mes de enero, votamos colectivamente medidas destinadas a facilitar la transición de las monedas nacionales hacia el euro. Ahora bien, ahora nuestro colega Arroni nos presenta una propuesta sobre el carácter facultativo del doble etiquetado, lo que corre el riesgo, a mi juicio, de acarrear problemas para los grupos sociales llamados frágiles. Asimismo, no puedo sino comprobar, respecto a las cargas relacionadas con la conversión, un cierto retroceso en relación con el texto de nuestro compañero Pérez Royo. Comprendo, claro está, en mi calidad de ponente en materia de competitividad industrial, la preocupación de nuestro compañero por preservar las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, es preciso prever medidas específicas que les conciernan para minimizar en la medida de lo posible el coste de la introducción del euro, pero en modo alguno ha de sacrificarse a los consumidores.
Por último, respecto al informe de nuestro compañero Wolf, relativo a la convergencia, si bien puedo asociarme a su reflexión sobre el hecho de que la realización del euro implica una convergencia económica, pero también una compatibilidad entre las legislaciones, los Bancos Centrales y el Banco Central Europeo, tengo que oponerme una vez más a algunas concepciones con resabios de liberalismo a ultranza.
El papel del Banco Central Europeo y los Bancos Centrales no puede ser absoluto, no más que sus poderes. La instauración de un diálogo entre estos órganos económicos y los poderes públicos es lo mínimo que podemos hacer antes de construir, con toda rapidez, la Europa política, única garantía de la democracia y la expresión de los ciudadanos.
En conclusión, quiero volver a decir que el euro es para mi una gran esperanza en términos económicos y de empleo, y sobre todo un fantástico motor de la ciudadanía europea. Para ello se requieren tres condiciones: que no sea un motor más para un liberalismo desenfrenado, que los ciudadanos estén informados de la mejor manera y la más rápida posible y que los consumidores sean los primeros beneficiarios.

Peijs
Presidente, el informe del Sr. Wolf sobre la convergencia legislativa ha experimentado un gran cambio por las votaciones en la comisión económica. El informe original era inaceptable para el grupo parlamentario del PPE porque ponía en duda la independencia del Banco Central Europeo. Exceptuando algún punto, mi grupo parlamentario ya puede estar conforme con el informe. Ahora hace el debido llamamiento a los Estados miembros para que armonicen sus leyes bancarias con las reglas del sistema de bancos centrales que funcionará a partir de julio. También dice con razón que los presidentes de los bancos centrales nacionales pueden optar por explicar la política monetaria en los parlamentos nacionales. El banco central neerlandés ya ha optado por esto. El ponente presentó antes del pleno todavía una enmienda y el grupo parlamentario PPE puede compartirla.
El informe Arroni refleja de una forma muy equilibrada cómo debemos afrontar la doble exhibición de precios. La Sra. Thyssen ya lo ha dicho. Que las pequeñas y medianas empresas utilicen su propia creatividad. No querrán dejar a sus clientes en la inseguridad. Eso les mermaría las ventas. La pequeña y mediana empresa y los puestos que crea ocupa continuamente este Parlamento, y debo decirlo, de una manera bastante esquizofrénica. Por una parte mimamos con palabras a las empresas pequeñas hasta la saciedad. Esta mañana ha vuelto a ocurrir. Todo el mundo habla de qué importante es prestar atención a la pequeña y mediana empresa. A continuación, en una votación posterior en esta semana sobre los bienes de consumo, intentaremos ahogar a la pequeña y mediana empresa presentando en este Parlamento una legislación que está situada tan unilateralmente del lado del consumidor que será muy difícil para la pequeña y mediana empresa arreglárselas. Por lo tanto, sería bueno que intentáramos en este Parlamento alguna vez equilibrar lo que decimos con lo que hacemos. El Comisario, respondiendo a mis preguntas escritas, en las que le había preguntado si de verdad se pretendía que se pudiera pagar un café en una terraza en florines y en euros, contestó que era un tema de las administraciones nacionales el determinar este tipo de asuntos.
Sin embargo, no es tan difícil hacer recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo podríamos hacer más creativo y fácil el período en el que se tiene que introducir el euro y durante el cual la pequeña y mediana empresa sufrirá unos problemas gigantescos con algo que ellas mismas no han solicitado. No sería tan difícil instalar puntos de cambio en los centros comerciales para que el pequeño comerciante no tuviera que enfrentarse a unas situaciones de cambio, para que el consumidor pudiera soltar en algunos puntos en los centros comerciales sus florines, pesetas, etcétera, y que después pudiera entrar en la tienda solamente con euros. Este tipo de cosas no son tan difíciles. Si de verdad quisiéramos hacer algo por la pequeña y mediana empresa, deberíamos insistir a los Estados miembros - efectivamente, estoy completamente de acuerdo con la Sra. Rose - de que tomen medidas fiscales para compensar los gastos de las empresas que no son exportadoras.
Termino con unas palabras sobre el turismo. Que no nos prometamos montañas de oro en cuanto al turismo. La Sra. Torres Marques escribió un buen informe, pero los himnos sobre lo que el euro traería para el turismo me hacen pensar en el paraíso en la tierra que se nos prometió cuando empezamos a introducir el mercado interior. Ya estamos con los pies en la tierra. No carguemos el euro con expectativas exageradas en el ámbito turístico.

Kaklamanis
Señor Presidente, yo me voy a ocupar sólo del informe de la Sra. Torres Marques que habla sobre las repercusiones del euro en la industria del turismo. No voy a referirme a todas las cosas positivas que menciona mi colega en este informe. Referiré sólo dos puntos que menciona como negativos; pero que en mi opinión, no se analizan suficientemente y, a los que, principalmente, no se dan respuestas.
El primero atañe a la necesidad de crear programas de información para los que trabajan en el turismo; y también programas de adaptación de las pequeñas y medianas empresas del turismo en relación con el euro. La pregunta que planteo yo, señor Comisario, señores colegas, es: ¿De dónde se va a sacar este dinero? Les recuerdo que hace poco tiempo hemos votado un presupuesto en esta sala. Un presupuesto que, a pesar de los esfuerzos de algunos de nosotros en la comisión de Presupuestos, los gastos para el turismo fueron drásticamente recortados. ¿Pueden entonces decirme dónde se vamos a encontrar dinero para las adaptaciones que son necesarias? De otra forma aquí formulamos deseos sin presentar propuestas.
El segundo punto tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas que estarán en zonas cercanas a la zona Euro; pero que no serán Euro. En una pregunta que había hecho a la Comisión Europea consideraba que, basándome en lo que había leído en los periódicos, cada mediana y pequeña empresa necesita aproximadamente 100.000 ecus para su adaptación. Quiero que me digan si el programa INTERRREG puede cubrir este gasto. Porque, si en este caso tampoco hay dinero, lo siento, pero no soy nada optimista sobre en qué medida serán positivos los resultados del Euro en la industria del turismo y, especialmente, en las pequeñas y medianas empresas de la industria turística, que constituyen el 90 % de dicha industria.

Boogerd-Quaak
Presidente, colegas, en nombre de mi grupo parlamentario hablaré sobre todo del informe del Sr. Wolf y nuestro grupo parlamentario está completamente convencido de que el Banco Central ha de ser los más independiente posible y eso significa independencia total, tanto para el banco como para su presidente. Por otra parte, esto no quiere decir que no seamos partidarios de unos procesos transparentes en la toma de decisiones y no partimos de la idea de que el banco se encuentre en una especie de situación de laboratorio y que fije su política como una especie de mecanismo "clean». Partimos de la idea de que lo hará en diálogo con todo el cuadro social que es también responsable en este tipo de procesos.
Presidente, algunos miembros de este Parlamento siempre quieren ligar las cuestiones de atraso social al euro. En la opinión de nuestro grupo parlamentario, esos son temas que habrá que tratar de forma independiente. Ello no quita, por otra parte, que haya una responsabilidad tanto dentro de los Estados miembros como a nivel europeo para hablar del ámbito de la competencia política después del euro. Por lo que respecta a nuestra opinión, significa que debemos esforzarnos por conseguir una cierta convergencia tanto en el terreno de la fiscalidad como en los terrenos del empleo y de la seguridad social y que debemos fijar qué temas dejamos de forma subsidiaria y cuáles afrontamos de forma unívoca. Esto es de una importancia extraordinaria para el éxito del euro a un plazo más largo como para la introducción de Europa en el escenario mundial.

Nicholson
Señor Presidente, la llegada de la moneda única, sin duda, traerá muchos cambios y algunos no serán para mejor. Sigo creyendo que estamos avanzando hacia lo desconocido con una prisa innecesaria y sin un conocimiento claro de cuáles serán las consecuencias a largo plazo.
Escucho con preocupación a aquellos que están impulsando incesantemente la creación de la moneda única en sus Estados miembros, independientemente de lo que piense su electorado. Algunos de los países que se están esforzando por entrar en la primera tanda recibirán algo más que un ligero susto. Agradecería que alguien me respondiera a una pregunta: si los países que cumplen los criterios de Maastricht pasan a ser miembros en la primera tanda, ¿habrá alguno de estos países que se dé la vuelta y solicite la categoría de Objetivo 1? Sin duda estas dos posiciones son del todo incompatibles, ¿o no?
Deseo referirme a un problema que vislumbro en el horizonte entre los Estados miembros que entrarán en la primera tanda y aquellos que se quedarán fuera. La parte de la Unión Europea a la que pertenezco, Irlanda del Norte, es la única parte del Reino Unido que tiene una frontera terrestre con otro Estado miembro, y las fluctuaciones entre la libra y la libra irlandesa han ocasionado serias dificultades a ambos lados de la frontera en numerosas ocasiones durante mucho tiempo -a veces a un lado, y otras al otro. Ciertamente quisiera pedir que no se permita que esto provoque un desastre para las empresas y la agricultura de ambas jurisdicciones.
Actualmente nada podemos hacer para mejorar la situación. Pero, ¿pueden asegurarnos que se estudiarán los casos de una ventaja comercial injusta y que se garantizará la igualdad dentro de la Unión Europea?

Raschhofer
Señor Presidente, hoy debatimos las medidas prácticas para la introducción del euro, o sea, que también tenemos que referirnos a la protección de los intereses de los consumidores. La doble exhibición de precios durante el período de transición es absolutamente imprescindible y no debe ser una medida facultativa, tal como se prevé el informe. El interés de las empresas en disponer de un margen de discrecionalidad lo más amplio posible por lo que respecta a la exhibición de precios no debe relegar a un segundo plano los intereses de los consumidores. La doble exhibición de precios es, en efecto, el instrumento adecuado para generar confianza, concretamente a través de la transparencia, en una fase de inseguridad para los consumidores.
Al mismo tiempo, la doble exhibición de precios también puede representar una ventaja competitiva para las empresas si gracias a ello consiguen ganarse la confianza del consumidor. A pesar de que la Confederación Bancaria de la Unión Europea y la Confederación de Cajas de Ahorros declararon hace poco su intención de no repercutir sobre sus clientes los costes reales de la conversión, será necesario velar atentamente por el cumplimiento de dicha promesa. En efecto, una lectura meticulosa revela que los representantes de los bancos sólo manifiestan que la transición deberá efectuarse sin roces y de manera favorable para el consumidor. Por lo tanto, no se menciona para nada el mensaje publicitario que afirma que la conversión será gratuita para el consumidor.
Yo acojo, por lo tanto, con satisfacción la propuesta de un código de buena conducta para el sector bancario y financiero. Me parece digna de atención la constatación del ponente de que el trato fiscal preferencial de las inversiones en el contexto de la introducción del euro podría dar lugar a distorsiones de la competencia dentro del sector en cuestión y en relación con otros sectores. En efecto, hace pocos días pude leer en un diario austriaco una petición de un banco austriaco precisamente en ese sentido. Por consiguiente, yo creo que es importante exigir la igualdad de trato para todos, si se me permite que lo exprese de manera tan burda. Garantizar dicha igualdad será, sin embargo, también tarea de los órganos legislativos de los Estados miembros.

Hendrick
Señor Presidente, permítame comenzar felicitando a los ponentes Arroni, Torres Marques y Wolf por los tres excelentes informes que abordan en profundidad la cuestión del euro.
Hasta ahora nos inquietaban mucho los aspectos técnicos, como los presupuestos y la convergencia. Es muy importante que nos ocupemos ahora de los aspectos prácticos de la introducción del euro. En particular, es fundamental preparar a los ciudadanos y las empresas. Si desean seguir operando en el mercado único, las PYME necesitarán hacer la conversión sin pérdida de tiempo, de manera que sus programas informáticos funcionen con el euro. Esto es válido también en el caso de los países que han manifestado su deseo de no pasar a la Tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.
En el Reino Unido, el anterior Gobierno Conservador arrojó muchas dudas sobre si el euro se llevaría realmente adelante o no. Muchos escépticos afirmaban que si el euro llegaba a hacerse realidad, algunos terminarían llorando. Esta actitud impidió que muchas pequeñas y medianas empresas se prepararan debidamente para el cambio. Son numerosas las empresas que operan a nivel internacional y que deberán afrontar el euro como una moneda extranjera.
Estoy de acuerdo, hasta cierto punto, con la introducción de un código de conducta sobre los costes de transacción. No creo que los costes de transacción, desde luego en lo que se refiere a los bancos, deban repercutir directamente sobre el consumidor, porque a partir del 1 de enero de 1999, el euro sólo existirá realmente en forma electrónica. Eso significa, básicamente, que no habrá ningún coste físico de un cambio real de divisas, billetes y monedas, por otras. Lo único que tendrá que cambiar es lo que, de todas formas, hacen las instituciones bancarias: será necesario añadir una moneda más a la lista de divisas que maneja el sistema bancario, al tiempo que desaparecen once monedas, lo que supongo simplificará realmente las cosas.
Por ello pregunto, ¿qué costes? Los costes serán importantes una vez que los billetes y la monedas entren en circulación, pero no antes. Las PYME tendrán gastos, pero en toda la Unión Europea primarán las mismas reglas del juego. Por tanto, no veo ninguna desventaja competitiva en lo que se refiere a las empresas, porque todas las empresas deberán introducir los mismos cambios.
En cuanto al turismo, la introducción del euro es de la máxima importancia. Digo esto como alguien que procede de una circunscripción que depende en buena medida del turismo. Mi circunscripción se extiende desde la costa de Blackpool a lo largo del Valle del Ribble hasta Pendle Hills. Teniendo en cuenta que actualmente el turismo supone aproximadamente el 20 % de la actividad económica a nivel de la Unión Europea, ya sea directa o indirectamente, es importante que se introduzca el euro y que las zonas que dependen del turismo para su prosperidad se beneficien de las ventajas que éste ofrece.

von Wogau
Señor Presidente, Señorías, parece ser que en la mayoría de los Estados miembros se cumplen la mayor parte de los requisitos para la introducción de la moneda única el 1 de enero de 1999. Esto es cierto sobre todo por lo que se refiere a la tasa de inflación, cuyo nivel medio para el conjunto de la Unión Europea ha alcanzado entre tanto un mínimo histórico.
Dos aspectos siguen siendo, no obstante, problemáticos. Por un lado, el nivel de endeudamiento, a pesar de que todos los indicios apuntan hacia una mejora gradual de la situación y, por el otro, la garantía de la independencia de los bancos centrales de los Estados miembros, un tema que a mi parecer apenas ha sido objeto de debate público. Este aspecto tiene una importancia absolutamente decisiva. La independencia del Banco Central Europeo sólo estará garantizada si los bancos centrales nacionales, como parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, pueden actuar con independencia de las instrucciones estatales. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo establecerá la política monetaria de la Comunidad. Éste estará formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Por lo tanto, es absolutamente decisivo que los Estados miembros garanticen la independencia efectiva de estos últimos. Yo lamento que el informe del colega Wolf, en la forma en que ahora se presenta, no profundice suficientemente en esta cuestión. En efecto, todavía existen algunos reparos en relación con este tema.
Voy a referirme primero a los aspectos positivos. Hemos podido constatar que todos los bancos centrales nacionales en cuestión ya pueden actuar con independencia por lo que se refiere a la determinación de los tipos de interés. Éste es el primer paso y el más importante. Sin embargo, todavía subsisten algunos problemas por lo que respecta a la independencia personal de los gobernadores de los bancos centrales. Por ejemplo, fuimos informados de que el Presidente de Finlandia sigue teniendo la facultad de destituir al Presidente del Banco Central. Esto estaría en contradicción con el Tratado de Maastricht. Luego, está el tema de la independencia de las instrucciones. En un Estado miembro que yo conozco muy bien existía, por ejemplo, la posibilidad de suspender las decisiones del Banco Central durante 14 días. También esto estaría en contradicción con el Tratado de Maastricht. Siguen subsistiendo normas de este tipo y es preciso que éstas se modifiquen. Finalmente, tenemos el tema de la independencia de la administración. Ésta también es un elemento esencial de la independencia de los bancos centrales. Y también en este caso yo quisiera plantear algún interrogante.
Yo quiero dejar bien claro que el Instituto Monetario Europeo nos presentará el 25 de marzo su informe, en el cual sin duda se ocupará extensamente del tema de la independencia de los bancos centrales. O sea, que la Comisión Europea emitirá primero su evaluación el 24 de marzo y a continuación el Sr. Duisenberg presentará su informe a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial el 25 de marzo. La comisión estará muy atenta a este aspecto de la independencia de los bancos centrales en ambos informes, señor Comisario.

Van Bladel
Presidente, ahora que se aproxima la introducción del euro, las opiniones positivas y negativas al respecto aumentan, no solamente en la Unión sino también en los Estados Unidos, como atestigua el artículo de primera página del Herald Tribune. Lo cito: "lo que es bueno para Europa, también es bueno para América», y también opina que el euro es un agitador potencial. Se habla incluso en este ambiente americano sobre la posibilidad de un aumento de conflictos, de fricción y de menor estabilidad, según los economistas americanos. Dejo esa opinión americana como una instantánea que es lo que es. Es más importante ver lo que opina el ciudadano europeo de esto.
Incluso con todos los aspectos prácticos de la introducción, por los que abogan de forma muy concreta el informe Arroni y la Comisión, el ciudadano todavía no está convencido en absoluto de la utilidad del euro. La información sobre esto empieza demasiado tarde, inspirada muchas veces lamentablemente por motivos electorales, también en mi país; esto es realmente antidemocrático. Ningún partido, ningún programa electoral en mi país, deja de verdad espacio para estar en contra del euro. Eso es muy extraño en una Europa que dice que quiere ser transparente. Empieza a parecerse a una dictadura monetaria.
Sobre todo los mayores, una parte considerable de la población europea, se preguntan si el valor y el nivel de sus pensiones se pueden mantener bajo la presión el euro. Debemos tratar estas preguntar con seriedad. Si no lo hacemos, el euro se convierte en un desastre y luego no habrá apoyo para ningún otro paso en la Unión - pienso en la ampliación y en la adaptación de la política agrícola y en los fondos estructurales. Entonces conseguiríamos justo lo contrario de lo que era nuestra intención con el euro.
La propuesta de la Comisión y el informe Arroni tratan de los aspectos prácticos de la introducción, son perfectos, pero son insuficientes para conseguir el apoyo político del ciudadano.

Teverson
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a Winnie Ewing por su intervención, con la que estoy absolutamente de acuerdo.
El turismo es un sector clave en Europa, y el euro proporcionará sin ninguna duda un alto grado de transparencia adicional. Pero también pondrá de manifiesto las diferencias existentes en los impuestos indirectos, especialmente en el impuesto sobre el valor añadido. Por ello he presentado una enmienda al informe sobre el euro y el turismo, para llamar la atención de la Comisión y del Consejo de Ministros sobre este particular. Por ejemplo, si nos alojamos en un hotel de clase turista en Luxemburgo, Francia o Portugal, el IVA es tan sólo de entre el 3 % y el 5, 5 %, mientras que, irónicamente, en dos de los países que han optado por quedarse fuera de la zona del euro -el Reino Unido y Dinamarca-, los tipos son del 17, 5 % y del 25 %. Esto crea una doble barrera para los países y los sectores turísticos de dichos Estados miembros: en primer lugar, carecen de la conveniencia de la zona euro y, segundo, sus precios quedarán fuera de toda competencia en el seno del mercado único.
Sentí una gran satisfacción al escuchar ayer que los ministros de Economía piensan crear un comité que estudie la armonización de los impuestos indirectos. Deberán dar prioridad al sector del turismo. Si no lo hacen, las repercusiones serán la pérdida de puestos de trabajo en este valioso sector.

Féret
Señor Presidente, la declaración nº 6 adjunta al Tratado comunitario europeo estipula que la Comunidad se compromete a facilitar la renegociación de los acuerdos monetarios existentes entre los países miembros de la Unión Europea y los Estados terceros con una población reducida que adopten la moneda de un país vecino como moneda nacional.
Por un malabarismo realizado con toda discreción, la Comisión considera que esta disposición debería permitir a la República de San Marino, a la Ciudad del Vaticano y al Principado de Mónaco beneficiarse automáticamente del euro como moneda oficial. Si el hecho de acordar el euro al Vaticano y a San Marino no plantea ningún problema moral particular, no ocurre lo mismo con el Principado monegasco, dirigido por un monarca absoluto que no respeta los derechos humanos, reina sobre un minúsculo territorio en el que se organiza una gigantesca evasión fiscal en detrimento de todos los Estados miembros de la Unión Europea, salvo Francia.
Insto a nuestro Parlamento para que se manifieste y se oponga a una decisión de la Comisión en favor de Mónaco, lo que resultaría inicuo e inmoral.

Fayot
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera tratar de manera muy especial algunos aspectos prácticos del euro, aspectos que cada vez adquieren mayor importancia conforme se resuelven los problemas políticos y los ciudadanos se interesan en el euro.
Una primera cuestión que me interpela es la siguiente: puesto que la fabricación de monedas con las caras nacionales debe comenzar a más tardar el 1 o el 3 de mayo de este año, según la decisión que se tome, sería interesante saber si los probables participantes de la zona euro ya han elegido los símbolos nacionales que deberán figuran en éste. Me gustó mucho la actitud de Italia, que trató de utilizar la elección de este símbolo nacional para hacer mucho ruido en favor del euro e implicar a los ciudadanos en el euro. Pienso que debería hacerse lo mismo en todos los países y que no debería tratarse de una elección tecnócrata llevada a cabo por un ministro de finanzas y otros funcionarios. Sería preciso que los ciudadanos, los parlamentarios y la Comunidad en su conjunto se asocien a esta elección.
Hay una segunda cuestión que me interesa mucho. Todo el mundo parece estar hoy de acuerdo en reducir en la medida de lo posible el período de doble circulación de billetes y monedas emitidos en moneda nacional y en euros. Esta circulación debe empezar, de conformidad con la decisión tomada, el 1 de enero de 2002. El Comisario podría decirme si los países han comunicado, desde ahora, su intención de limitar este período a una duración inferior a los seis meses previstos.
Pienso, por mi parte, que debería ser posible limitar el período de doble circulación, en el comercio, por ejemplo, a un período lo más breve posible -dos, tres incluso cuatro semanas- aunque el cambio de las monedas nacionales en euros en los bancos pueda continuar un determinado tiempo, por ejemplo, hasta el 30 de junio de 2002. Así, algunos comerciantes podrían hacer ahorros importantes. Me gustaría saber si sería posible poner en práctica esta modalidad.
Por último, última pregunta, señor Comisario, durante los años de 1999 a 2002, las asociaciones profesionales, por ejemplo, el sector comercial, requerirá de mucho dinero para sus programas de comunicación y formación. Es preciso elaborar vídeos para la formación de la plantilla comercial así como material impreso electrónico de comunicación; es preciso aproximarse a la base comercial y a los consumidores. ¿Pronto desbloquearán los socios correspondientes en los países miembros los numerosos programas previstos?

Herman
Señor Presidente, Señorías, es tradición en esta casa empezar por elogiar al ponente. Con toda la cortesía que me merece un estimable compañero, diría que el informe Wolf es un informe malo. Este informe es malo porque no alcanza el objetivo que se fija. Cuando se tiene la oportunidad de poder presentar un informe de iniciativa -y Dios sabe si nuestra Mesa los concede con parsimonia- se le utiliza para marcar puntos con respecto a la opinión, el Consejo, o la Comisión.
En el caso que nos ocupa, me temo que este informe no llama la atención de nadie. En efecto, en la exposición de motivos, se contenta con repetir teorías nostálgicas sobre el poder perdido de los bancos nacionales cuando, en lo esencial, lo que esperábamos era saber qué había hecho cada país para conformarse a las prescripciones del Tratado. Ahora bien, esta cuestión no se trata aquí de ninguna manera, o se hace con sordina, cuando mucho, para defender a los países que no se han conformado a la norma; así, el Sr. Wolf defiende a los suecos o a los finlandeses, que no están en orden, y les concede razón cuando invocan motivos que atañen el control democrático. Esto me parece estúpido. La batalla que libra el Sr. Wolf, en este ámbito, es una batalla de retaguardia. Por ello, este informe carece de peso. Por lo demás, se le han expurgado, en comisión, la mayor parte de sus puntos sobresalientes.
Por tanto, me contentaré con recordar aquí lo esencial. El Sr. von Wogau tiene razón cuando se pregunta qué actitud deberá adoptarse si, el primer día de la entrada en vigor del Sistema Europeo de Bancos Centrales quedan países que todavía no han puesto en orden su legislación. ¿Impondrá la Comisión, y solamente entonces, como condición esta puesta en orden? ¿No sería preferible precisar las cosas desde ahora, de manera a dejar a los países interesados los seis u ocho meses necesarios para hacerlo, y no tener que notificarles en un momento determinado que, si no cumplen con esta condición, no pueden entrar en la Unión? Por lo menos, se trataría de una medida que tendría, en todo caso en las circunstancias actuales, el efecto de una bomba política. Si se dijera que, el primero o el dos de mayo, tal país podría entrar, pero que no se ha dado las bases legítimas para hacerlo porque todavía no ha adaptado su situación interna, al menos constituiría un acto importante y sin duda podría obligar a ese país a rectificar el tiro. Me parece difícil admitir a Estados miembros con una condición suspensiva; por ende, es preciso que haya una decisión clara y neta. Espero que se corrija esta situación. Lamento que todos estos problemas no hayan sido mencionados en el informe.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, constatamos con satisfacción que crece el consenso en Europa sobre cómo toma cuerpo el período de transición de la UME. Europa ha fijado un marco jurídico para la introducción del euro y con ello ha cumplido brillantemente con sus tareas más importantes. No obstante, durante el recorrido tuvo que sortear muchos obstáculos. Al principio se puso en entredicho la fecha de inicio, más tarde se discutió sobre el guión de Madrid, y mientras tanto se avivó la discusión sobre el criterio del tres por ciento. Europa nadó en los mares más movidos pero la costa está cerca. Ahora es el turno de los Estados miembros para poner buen fin a la conversión. Nos alegra porque las constituciones, los sistemas jurídicos y las tradiciones institucionales de los Estados miembros difieren tanto entre sí que una progresiva armonización de las medidas transitorias es inadmisible.
Un segundo asunto importante es que la doble exhibición de precios no se imponga obligatoriamente y que se opte por una solución flexible. La Comisión insiste sobre todo en establecer códigos de conducta y acuerdos voluntarios. Dales a los pequeños comercios, gasolineras y agencias de viaje suficiente espacio para la libertad.
El tercer punto se refiere al cobro de los costes de la conversión. El principio es que no se le puede cobrar costes a la gente por la conversión obligada al euro, es decir, para el cambio de las monedas nacionales al euro y viceversa. Todavía no hay claridad al respecto. Estamos de acuerdo con el ponente en que este principio eventualmente se debe imponer. ¿Puedo preguntar al Comisario si también comparte este punto de vista?

Pérez Royo
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar a los tres ponentes -y de manera muy particular a Helena Torres Marques, cuyo planteamiento comparto totalmente- por los informes sobre los que debatimos esta mañana, cuando faltan sólo unas cuantas semanas para la selección de los primeros países del euro y menos de 300 días para el comienzo de la Unión Monetaria. Y a este respecto quiero subrayar algunas de las ideas que han sido mencionadas por anteriores oradores.
La primera se refiere a la importancia del paso que supone la Unión Económica y Monetaria. Con seguridad, se trata del avance más importante producido en Europa desde el nacimiento de la Comunidad hace ya unos cuarenta años.
La segunda quiere subrayar que este cambio fundamental estará ya presente en nuestras vidas desde el 1 de enero de 1999, aun cuando las monedas y billetes en euros no circulen hasta tres años después. A partir del 1 de enero de 1999 existirá una sola política monetaria para los países de la zona euro, desde Laponia, en el extremo nororiental del continente, hasta Lepe o el Cabo San Vicente, en el extremo sur occidental.
En tercer lugar, quiero insistir en un punto que considero fundamental: los auténticos y definitivos protagonistas de la aventura del euro son los ciudadanos, como agentes económicos en la producción, como consumidores y como usuarios, en fin, de la nueva moneda.
El éxito del euro va a depender no sólo de su empleo en los mercados financieros hasta alcanzar la famosa masa crítica, sino también -e incluso, diría, sobre todo- de su aceptación como medio de pago por parte de los ciudadanos desde el primer momento.
Y en relación con esto, quiero atraer la atención sobre una cuestión que me parece importante -que ha sido ya mencionada anteriormente, por ejemplo, por el colega Hendrick- que es la cuestión relativa a los costes de transacción por el cambio a euros o por el cambio entre las monedas participantes durante este largo período transitorio de tres años.
El ciudadano, al que se le ha dicho repetidamente que desde el 1 de enero de 1999 el marco, el franco, la lira, la peseta, etc. se funden en el euro y pasan a ser fracciones no decimales del euro, no podrá entender que se le cargue una comisión por pasar de una de estas fracciones -digamos, el marco- a otra -como por ejemplo, digamos, el escudo- o que se le cargue un gasto o una comisión por transformar su cuenta en marcos en una cuenta en euros.
El ciudadano que sea tratado de esta manera concluirá que le han engañado cuando le dijeron que desde el 1 de enero de 1999 existiría una moneda única; percibirá el euro no como una moneda única, sino como una moneda adicional a las nacionales.
Por eso pensamos que es necesario un enfoque más decidido que el anunciado hace unos días por la Comisión cuando decía que será gratuito todo lo que sea obligatorio y que, en cambio, todo lo que sea facultativo dependerá del mercado. Creo que es necesario un enfoque más decidido y, para finalizar, recuerdo a este respecto la votación de esta Asamblea con ocasión del informe sobre el euro y los consumidores, que tuve el honor de presentar hace unas semanas en este Parlamento, y en el cual se abordaba directamente este problema, proponiendo la prohibición de este tipo de prácticas.

Porto
Señor Presidente, felicito a Helena Torres Marques por el informe sobre el euro y el turismo, que no podría ser más oportuno, al permitir subrayar la importancia del sector y la contribución mayor que la moneda única le proporcionará.
Por ser la tercera industria mundial, después de la petrolera y la automovilística, se trata de un sector en el que destaca el papel desempeñado por Europa, con el 60 % del total. La pérdida de importancia relativa que se ha dado es consecuencia, naturalmente, de la aparición de nuevos polos en otros continentes, sin que por ello deje de crecer el turismo europeo también en términos absolutos con la prevista creación de un millón ochocientos cincuenta mil nuevos puestos de trabajo hasta el año 2007. Se trata, además, de un sector con una implantación geográfica bastante equilibrada, pues muchas regiones sin opciones substitutivas en otros sectores, incluidas muchas regiones rurales, resultan atractivas como destinos turísticos.
Con el euro dejará de haber costos de transacción, incertidumbre y cálculo, que hoy constituyen limitaciones de importancia considerable, como ya han subrayado varios oradores, por lo que es de esperar un aumento sensible de los desplazamientos de un gran número de ciudadanos europeos. Además, se trata de un beneficio del que no disfrutarán exclusivamente los ciudadanos europeos, pues aumentará, naturalmente, la demanda de ciudadanos de otros continentes, que circularán con mayor facilidad en un espacio en el que podrán hacer todos los pagos con la misma moneda. Así, pues, los operadores turísticos no tienen motivos para recelar del euro. Al contrario, con él resultarán beneficiados, por lo que se les pide, evidentemente, como se subraya en el informe, que no aprovechen su introducción para hacer redondeos hacia arriba y aumentos injustificados de los precios de los productos y los servicios que han de suministrar.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, señor Comisario, los tres informes que hoy debatimos tienen un punto en común fundamental del cual dependerá, en buena medida, el éxito de la moneda única. Los tres informes tratan de cuestiones que determinarán la aceptación del euro por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos europeos son los protagonistas de este cambio que se avecina; son ellos los que deben pilotar esta transición, única en la Historia mundial. El turismo, convertido en fenómeno de masas en esta segunda mitad del siglo XX, debe servir para promocionar el euro, la moneda del siglo XXI. Al mismo tiempo, el euro debe servir para impulsar el turismo en Europa y hacia Europa.
Quiero felicitar a la Sra. Torres Marques por su excelente informe. Las expectativas de crecimiento del sector turístico constituyen una esperanza cierta para resolver el problema del paro. Las ventajas que la moneda única va a suponer para este sector son evidentes. El euro será aceptado por los ciudadanos si contribuye a resolver los problemas que les preocupan: el paro es la primera preocupación; el turismo contribuirá a solucionarlo; el euro ayudará al turismo. Debemos ser capaces de transmitir esto a los ciudadanos si queremos que el proyecto sea un éxito.
Con respecto al informe Arroni, quiero felicitar con toda sinceridad al ponente por su excelente trabajo. Tenemos que conseguir reducir al mínimo las molestias derivadas de la introducción del euro, reducir los costes, centrarnos en los sectores que más problemas van a tener: las pequeñas empresas, los pensionistas, los ciudadanos, los discapacitados. No debemos escatimar recursos en la información y en la formación de los ciudadanos.
Finalmente, respecto al informe del Sr. Wolf, que trata de la independencia del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, quería expresar alguna matización, alguna consideración. La independencia del Banco Central Europeo y el sometimiento jurídico del mismo al objetivo de la estabilidad de los precios es una garantía para los ciudadanos. La historia económica está llena de momentos en los cuales las autoridades monetarias han impulsado la inflación con el objetivo de aminorar el peso de la deuda pública. Esto ya no va a ser posible. Este impuesto encubierto que es la inflación no podrá aplicarse en Europa. Los ciudadanos menos favorecidos son los que más han sufrido este tipo de políticas. El futuro Sistema Europeo de Bancos Centrales lo impedirá. Cuando un Gobierno o una autoridad regional o municipal tenga que pagar deudas deberá hacerlo de cara y frente a sus ciudadanos. Me alegro de ello, y estoy seguro de que los ciudadanos también. Sin embargo, es imprescindible que en los albores de la introducción del euro los Bancos Centrales adecuen cuanto antes las legislaciones; no podemos permitir que el futuro Banco Central y el Sistema Europeo de Bancos Centrales no tengan todas las posibilidades de éxito que les puede dar, necesariamente, la confluencia de tantos bancos centrales sin reglamentaciones tan dispersas. Es necesario, como decía mi compañero Herman, acelerar los plazos y señalar cuáles son las normas que deben ser modificadas con urgencia.

Hoppenstedt
Señor Presidente, Señorías, en el curso de esta mañana ya se ha dicho todo, aunque lamentablemente no todos hemos intervenido y en particular tampoco lo hice yo. Por consiguiente, voy a insistir en algunas cuestiones fundamentales. El informe del Sr. Arroni se ocupa precisamente de cómo puede organizarse de manera óptima la transición y él ha expuesto aquí algunos aspectos esenciales. Por una parte, se ha referido a la optimización de las estrategias de información y yo pienso que precisamente en el ámbito de los medios electrónicos podría y debería responderse con mayor precisión a las preguntas de los ciudadanos y ciudadanas en el contexto de la difusión informativa. Esto podría ser muy útil en los próximos meses, pero también con vistas a los próximos años.
En segundo lugar, a mi parecer podría ser útil -ésta es una propuesta excepcional- que grandes acontecimientos, como por ejemplo la Exposición Internacional del año 2000 en Hannover, que se espera que reciba 60 millones de visitantes, utilizasen el euro como medio electrónico de pago. Yo creo que sería un excelente proyecto piloto. En tercer lugar, yo quisiera destacar la responsabilidad del Estado en relación con la transición al euro es especialmente importante; me refiero a la doble exhibición de precios. Yo creo que, tal como ya se ha manifestado en más de una ocasión aquí, todos los ámbitos de la administración pública -desde los más reducidos, como pueden ser las ciudades, los municipios y las regiones, hasta las grandes unidades estatales, como es lógico- podrían y deberían practicar durante tres años la doble exhibición de precios en las notificaciones y declaraciones fiscales, y también en los pagos de salarios y otros aspectos análogos. En efecto, esto permitiría ir iniciando al ciudadano en el tema hasta el año 2002 y le permitiría comparar el euro con la moneda nacional y convertirlo a la misma con toda naturalidad. Esto también contribuiría a que las pequeñas y medianas empresas -que no siempre están bien preparadas- se habituasen al proceso e intensificasen sus preparativos para la transición del año 2002 e induciría asimismo a las organizaciones empresariales a colaborar intensamente en este aspecto, como en parte ya vienen haciéndolo o intentan hacerlo.
A mi parecer es importante que las oficinas estatales, sobre todo en el ámbito de las haciendas públicas, estén en condiciones de empezar a incorporar con tiempo el uso del euro en las notificaciones fiscales y otras actividades análogas. Esto ya se está haciendo en 9 o 10 de los Estados miembros que posiblemente participarán en la Unión monetaria. Yo espero que la República Federal de Alemania, en particular, empiece a incorporar también este sistema. Esto podría resultar muy útil más adelante. El Estado debería situarse en cabeza del movimiento con una importante cuota de transición estatal en vez de ser el último en abordar este tema.

Secchi
Señor Presidente, Señores diputados, también yo tomo parte en esta discusión para referirme, en particular, al informe del Sr. Arroni y al informe de la Sra. Torres Marques sobre el euro y el turismo, aunque sé muy bien que muchas cosas ya se han dicho y que, por lo tanto, el tiempo para otras aportaciones es bastante limitado. De todas maneras, creo que algunos conceptos se deben reforzar en esta Asamblea.
Ante todo, debemos partir del aserto de que el turismo es un campo fundamental para una reflexión seria sobre las modalidades de introducción del euro. El sector se caracteriza en rigor por una actividad económica que desarrolla un papel unificador dentro de la Unión, promueve un mejor conocimiento recíproco y un mayor sentido de la posesión de una ciudadanía común. Además de ser una de las principales fuentes de creación de riqueza y de ocupación, como ya se ha dicho será uno de los ámbitos -junto al sistema de distribución y comercial- en los que la forma en que se introduzca el euro condicionará el éxito de esta moneda o determinará sus inconvenientes, pues estos sectores son los que están en contacto directo con los ciudadanos y los consumidores.
Además, el euro tendrá un efecto notable en el sector turístico porque, por un lado, asistiremos a una reducción de los costos de transacción y, por otro, habrá una mayor transparencia de precios. Así se estimulará una mayor competencia, con el resultado final de mejor la competitividad, incluso respecto a los mercados externos de la Unión Europea. Por consiguiente, no sólo el turismo es fundamental para el éxito del euro, sino que además estamos ante una ocasión histórica para el relanzamiento de este sector fundamental, aun cuando -como ya se ha recordado- tenemos que recordar con tristeza que el presupuesto ha recortado notablemente los fondos destinados a los programas específicos previstos.
Los aspectos prácticos de la introducción del euro, pues, tienen una importancia crucial sin duda, y un objetivo de fondo que consiste en conseguir que los ciudadanos se familiaricen al máximo con la nueva realidad y que se reduzcan al mínimo los costos pertinentes. Desde este punto de vista, sostengo la tesis ya impulsada por otros colegas -en especial por la Sra. Thyssen-, de que es importante insistir en el hecho de que las categorías interesadas deben organizarse por sí mismas, tanto para informar como para eliminar o minimizar los costos del paso a la moneda única. Entre otras cosas, esto estimulará una fecunda interacción en el mercado entre la oferta y la demanda para la determinación de las mejores condiciones posibles para los consumidores. Sólo si falta esta autodisciplina serán precisas las normas de obligado cumplimiento emanadas desde arriba, normas que, sin embargo, conviene limitar a los casos particulares, a fin de no hacer que el proceso de transición se vuelva demasiado rígido a causa de medidas o normas demasiado complejas.

Cornelissen
Presidente, hay buenas y malas noticias en relación con el turismo. La buena noticia es que se atisba el fin del calvario para el turista de tener que cambiar continuamente dinero. Un calvario que además cuesta mucho dinero. Este fin de semana pasé en coche por una oficina de cambio en la frontera de Bélgica y los Países Bajos y constaté que la diferencia entre el cambio de compra y venta de escudos portugueses era de un quince por ciento. Esa es una partida de gastos considerable. Gracias a la introducción del euro el turista recibe de Europa por cada catorce días de vacaciones un día de regalo. Es un beneficio que viene muy bien ya que la proporción de Europa en el turismo mundial se reduce paulatinamente y esa es una mala noticia para el empleo. ¿Por eso, puedo preguntarle al Comisario cómo van los planes para permitir a los Estados miembros hacer experimentos para colocar a los sectores de alta densidad laboral, como el turismo, en una tarifa más baja del IVA?

de Silguy
Señor Presidente, Señorías, al escucharles me hice una primera observación: ¡qué cambio en relación al debate de hace todavía dieciocho meses o dos años, qué unanimidad, qué consenso ahora en cuanto a la introducción del euro y a la moneda única y cuán satisfactorio es interesarse por fin a los problemas concretos y prácticos que encontramos en este proceso!
El debate común de los tres informes que hoy nos ocupan, muestra hasta qué punto han avanzado los preparativos necesarios para la introducción del euro, y son indispensables para una buena adaptación, una buena aceptación por parte de la opinión pública, de la moneda europea. Y para confirmarlo, quisiera abordar, ante todo, a la luz de los resultados de la última mesa redonda organizada por la Comisión el 26 de febrero, los aspectos prácticos de la introducción del euro, que trata su ponente el Sr. Arroni, y luego las aplicaciones concretas de estas modalidades a un sector particular, el turismo, como nos pide hacerlo la Sra. Torres Marques y, por último, el informe del Sr. Wolf me permitirá mencionar los progresos registrados en lo que se ha dado en llamar la convergencia legal.
Empiezo, pues, por los aspectos prácticos de la introducción del euro. La comunicación hecha por la Comisión el 11 de febrero pasado, así como la mesa redonda del 26 de febrero, testimonian los considerables progresos realizados desde el mes de mayo de 1997. Trátese de la preparación de las administraciones públicas o de otros aspectos prácticos, la mesa redonda, organizada con el apoyo del Parlamento Europeo, ha permitido registrar varios motivos de satisfacción que me parecen responder a una gran parte de las preguntas que acaban de formular ustedes hace un momento.
Primeramente, en relación con los preparativos del sector público, 11 Estados miembros han presentado hoy un plan de transición al euro, es decir, se han previsto las relaciones posibles, en euros, entre los particulares, las empresas y su administración y ello a partir de 1999. Por lo demás, todos los Estados miembro ofrecen lo que se llama una «opción euro 1999» muy amplia para las empresas y muchas de éstas igualmente para los particulares. Además, el trabajo legislativo a nivel nacional, destinado a traducir estas decisiones en hechos, progresa correctamente.
Tal como lo desea su ponente, la Comisión vigila y estimula estas adaptaciones, especialmente las adaptaciones legislativas nacionales, y presentará una puesta al día de la situación en que se encuentra la preparación de las administraciones públicas durante la primavera. El Sr. Fayot me interrogó sobre el número de países que ya habían decidido la cara nacional de las monedas. Según la cuenta que acabo de hacer, hay siete países en la Unión Europea que ya han adoptado las caras nacionales: Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal e Irlanda.
Sobre las demás cuestiones prácticas, todos los puntos difíciles, desde el mes de mayo pasado, han sido objeto de un exhaustivo examen por parte de grupos de expertos en donde los consumidores estaban representados junto a de los profesionales afectados y los representantes de los poderes públicos. Estos trabajos, cuya calidad ha sido unánimemente reconocida, han permitido a la mesa redonda registrar resultados tangibles sobre cuatro puntos específicos que responden a sus preguntas.
El primer punto concierne al doble etiquetado de los precios y a este respecto se ha conseguido un consenso. El doble etiquetado es un instrumento esencial, Sra. Raschhofer, pero no es deseable imponer una obligación a nivel comunitario. Sra. Thyssen tiene usted razón, no hay que empezar por imponer. Cabe, en cambio, asegurarse de que se respetan determinadas reglas del juego, tal como lo sugiere, con toda razón, su ponente.
En segundo lugar, también se logra un consenso en lo relativo a los gastos bancarios por la conversión en euros. En el debate de la mesa redonda se impusieron dos principios: primeramente, la no discriminación entre los precios de los servicios realizados en euros y en moneda nacional y, en segundo lugar, la regla según la cual todas las operaciones obligatorias deben ser gratuitas. Sobre este punto no hay equívoco y de este modo respondo al Sr. Hendrick y al Sr. Amadeo. Por lo demás, la Comisión observa con satisfacción que el sector bancario ya ha confirmado desde ahora, por escrito, su compromiso en relación con estos dos principios.
Por lo demás, también se han registrado progresos alentadores en tres ámbitos. En primer lugar, en lo que se refiere a la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, que se mencionó mucho esta mañana. Se registró en particular un determinado número de progresos en sus relaciones con los grandes grupos, más avanzados en los preparativos de la introducción del euro. Pienso que ello debería responder -y el futuro nos lo dirá- a las interrogantes de la Sra. Peijs o del Sr. Gallagher. Lo que puedo decir al Sr. Fayot, es que están poniéndose en marcha las campañas de comunicación con las PYME, y a la Sra. Kestelijn-Sierens, que en las campañas de información 1998 hay una prioridad destinada especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
En lo que concierne la educación, Sr. Garosci, tiene usted razón, se carece de información y de formación. Regularmente comento que es preciso formar a su plantilla para motivarla e informar a su clientela para hacerla fiel. A este respecto, la educación es esencial, con la creación, por lo demás próxima, y que les anuncio, de una red específica derivada de la red de administraciones públicas existentes en el seno de distintos Estados miembros.
Por último, aunque nadie mencionó este punto, -lo que, por lo demás, me sorprende y de todos modos quiero comentarlolos progresos alentadores que también se han registrados en lo relativo al establecimiento de observatorios locales del euro, destinados a prevenir los abusos, tal como lo desean su Asamblea y el Sr. Hoppenstedt, si entendí bien lo que dijo hace un momento.
Por último, el cuarto punto específico de la mesa redonda abordó el problema de la duración de la doble circulación de las monedas y los billetes, cuestión mencionada en varias ocasiones esta mañana. El proyecto de reglamento sobre el estatuto jurídico del euro prevé que este período máximo de seis meses, a partir del 1 de enero de 2002, pueda reducirse para cada Estado miembro. Se trata de la subsidiariedad, es una cuestión de competencia nacional. No obstante, hemos podido conseguir, en el curso de la mesa redonda, un amplio consenso sobre el hecho de que una duración de seis meses es demasiada larga, que sería conveniente reducirla y, en segundo lugar, que el período de doble circulación debería armonizarse en todo el conjunto de los países euro.
Al constatar que los Estados miembros se encuentran actualmente en un proceso de reflexión, porque ello plantea un determinado número de problemas prácticos y técnicos, se convino -y la Comisión se propone hacerlo- proceder a un intercambio de puntos de vista informal con los Estados miembros. Sin embargo, tiene usted razón, Sr. Fayot, es preciso adelantarse en la materia. No obstante, por ahora debemos esperar el resultado de los estudios nacionales y de los contactos que vamos a poner en marcha y a continuar. En todo caso, es importante que los Estados miembros muestren claramente sus intenciones sobre este tema de aquí a finales de 1998. Sobre todos estos puntos que acabo de presentarles pude conseguir, apenas ayer, un amplio asentimiento en el Consejo de Ministros de Finanzas, celebrado en Bruselas. Así pues, ahora se inicia para la Comisión una nueva fase, siempre con el mismo espíritu de diálogo y transparencia, que se traducirá, en algunas semanas, en la adopción de recomendaciones exhaustivas -y, Sra. Peijs, espero que éstas respondan a sus preguntas. Estas recomendaciones les serán transmitidas, también al Consejo, así como a las organizaciones profesionales, nuestra intención es que ustedes puedan debatirlas, de manera concreta y precisa. En segundo lugar, espero que el 2 de mayo, una vez que se adopte la lista de los países que introducen el euro, el Consejo Europeo también pueda adoptar estas orientaciones.
Por último, como estas orientaciones se transmitirán en paralelo a los profesionales interesados, deseamos que se transformen en un código de buena conducta, de prácticas correctas. Este será el espíritu de las recomendaciones, para evitar, en la medida de lo posible, tener que pasar a una fase más reglamentaria y, por tanto, más vinculante. Añado que deberá prestarse una atención muy especial a las poblaciones frágiles y vulnerables, y a este respecto usted mencionó, Sra. Thyssen, con toda razón, a las personas mayores y a los discapacitados. Esto es lo que puedo decirles respecto a los aspectos prácticos.
Paso ahora al segundo informe, sobre el turismo. Sra. Torres Marques, tiene usted toda la razón de llamar nuestra atención sobre el sector del turismo. Este representa, en efecto, un ámbito de actividades muy diversas, pero creadoras de empleo, que se beneficiarán ampliamente de la llegada del euro, como lo han subrayado, me parece, el Sr. Harrisson y el Sr. Rübig.
El sector del turismo reviste una importancia muy especial en la economía europea. El 5, 5 % del PIB, nueve millones de puestos de trabajo directos, el 6 % del empleo total. Se trata de un sector de actividades integrado en un 85 % por pequeñas y medianas empresas, y que representa la tercera parte de las exportaciones de servicios en la Unión. El desarrollo de este sector de actividades tiene asimismo importantes efectos inducidos sobre el conjunto de las economías locales y regionales. Por ende, la introducción del euro debe producir, y debemos velar por ello, efectos benéficos en el conjunto de las actividades de este sector. Sr. Ribeiro, de ninguna manera se trata de limitar estas ventajas a algunas empresas, las más grandes, del sector. Además, la introducción del euro debe producir sus efectos lo más rápidamente posible, es decir desde que se ponga en marcha el período de transición.
¿Cuál será el impacto? Como lo destaca su ponente, pienso que el turismo será uno de los sectores económicos, uno de los ámbitos de actividades, que se beneficiará más rápidamente de los efectos positivos de la introducción del euro. ¿Por qué? Porque la supresión del riesgo de cambio estimulará el turismo intracomunitario. A este respecto, es muy interesante el ejemplo citado hace un momento por el Sr. Rübig sobre su hija. Sin embargo, el euro también facilitará el turismo procedente de países terceros.
Les remito a un estudio que la Comisión hizo público ayer 9 de marzo, me parece, en lo relativo a los europeos en vacaciones, que mi compañero Papoutsis presentó en el Congreso Internacional de Turismo en Berlín, y que es totalmente significativo. El estudio demuestra que en 1997, uno de cada dos nacionales de la Unión Europea salió de vacaciones. Se comprueba que el 91 % de luxemburgueses, el 74 % de belgas, el 73 % de alemanes se marchan de vacaciones a otros países distintos a su país de residencia. Ello demuestra el interés que representará el euro para todos ellos, teniendo presente que un cuarto de los europeos, lo que puede considerarse poco, pero que de todas maneras, me parece mucho, viajan en el interior de la Unión Europea. En todo caso, se trata de un mercado de 75.000 millones de euros. La introducción del euro permitirá tanto a los turistas como a los viajeros, no solamente ya no perder dinero en comisiones de cambio, sino ahorrar en sus gastos de desplazamiento, alojamiento y restauración. Por lo demás, la creación de una moneda estable permitirá utilizar el euro como moneda de facturación en los contratos turísticos internacionales. Esto representará una fuente de ahorros, por tanto, mayor competitividad, para las empresas de viajes europeas.
Una vez dicho lo anterior, y retomo algunas de las cuestiones mencionadas, merecen profundizarse algunos aspectos. Asimismo, la Comisión organizará este año, con el conjunto de los profesionales interesados y, claro está, se les pedirá a ustedes que participen, un seminario sobre las modalidades de la introducción del euro. Preciso que los aspectos fiscales mencionados por su ponente se examinarán, obviamente, con todo cuidado. No quiero entrar en detalles, aquí y ahora. No obstante, sepan de todos modos que estos aspectos no pueden estar aislados del enfoque general que la Comisión recomienda en materia fiscal. Al Sr. Kaklamanis le repetiré que me remito al próximo debate que probablemente tenga con mi colega Papoutsis sobre el turismo, ya que estas cuestiones superan ampliamente el sector del euro y conciernen, por lo demás, al turismo en tanto que sector de actividad que reside en las PYME.
Por último, ya para terminar, abordaré brevemente el informe del Instituto Monetario Europeo sobre la convergencia legal. Permítanme decir «brevemente», porque no me corresponde, en mi calidad de representante de la Comisión, comentar los trabajos del IME, no obstante, quisiera precisar que desde su publicación, el pasado mes de agosto, la convergencia legal ha evolucionado mucho en Europa, y en la buena dirección. Sr. Wolf, tiene usted razón, cuando dice que no se trata de una cuestión de detalle. El Sr. Castagnède también tiene razón al decir: más transparencia y más información. Y el Sr. von Wogau también la tiene, claro está, al decir: sí, pero todo ello respetando la independencia del Banco Central Europeo. Sr. Caudron, la independencia del Banco Central Europeo no significa su aislamiento, de ahí la necesidad de puentes, así como de instrumentos de procedimiento, de concertación, de debate. Esto es lo que la Comisión presentó la semana pasada, en su propuesta relativa a la composición del Comité Económico y Financiero que preparará el trabajo del Consejo ECOFIN.
Se han llevado a cabo o se han puesto en marcha numerosas reformas de las legislaciones nacionales y de los estatutos de los Bancos Centrales por parte de los Estados desde la publicación del informe del Instituto Monetario Europeo, para hacerlas compatibles con las exigencias del Tratado. Puedo decir al Sr. Herman y al Sr. von Wogau que tendrán la respuesta a su pregunta en el informe de convergencia que la Comisión presentará el próximo 25 de marzo. Visto que trabajo en éste catorce horas diarias, puedo decirles que sé de lo que estoy hablando cuando les digo que tendrán la respuesta a esta pregunta, ya que debemos, en tanto que Comisión, proceder a nuestra propia evaluación de la compatibilidad de la legislaciones nacionales con el Tratado y el estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, le doy cita el 25 de marzo para tratar este punto.
Para concluir, y rogándoles me disculpen por haber rebasado dos minutos el tiempo que me había sido impartido, quisiera destacar simplemente que, al igual que yo, ustedes comprobarán que los trabajos preparatorios para la introducción del euro llegan ahora a su fin, que de ahora en adelante lo esencial es dar a conocer mejor el euro y hacerlo aceptar mejor por nuestros conciudadanos. El trabajo de movilización y de convicción que se nos pide debe ser sin precedente. A este propósito, la Comisión, Sr. Arroni, toma nota con interés de su sugerencia sobre la posibilidad de organizar en común, si el Parlamento lo desea, una mesa redonda con las personalidades del mundo de la comunicación, para reflexionar sobre los aspectos psicológicos de la llegada del euro.
Señorías, no hemos escatimado esfuerzos para realizar la introducción del euro de conformidad con el calendario, de conformidad con las modalidades del Tratado. Pues bien, tampoco escatimemos esfuerzos ahora, cuando todavía nos queda por informar al ciudadano europeo de las ventajas de la introducción de la moneda europea y disipar los temores que todavía pueden existir entre algunos de ellos.

El Presidente
Le doy las gracias, Señor Comisario, y las extiendo a los tres ponentes y a todos los colegas que han intervenido.

Cornelissen
Presidente, sólo había hecho una pregunta. ¿Querría el Comisario contestármela ahora o más tarde? ¿Cómo está el tema de permitir a los Estados miembros realizar proyectos pilotos para una tarifa más baja del IVA en sectores de alta densidad laboral como el turismo?

Sisó Cruellas
Señor Presidente, el señor Comisario ha hecho referencia a aquellos países que ya han adoptado la cara nacional del euro. Y yo quiero decir aquí que España también ha adoptado ya la cara nacional, concretamente la semana pasada.

de Silguy
He tomado nota de su pregunta. Le responderemos directamente. No tengo los elementos para responderle hoy de manera pormenorizada y prefiero no decir tonterías. Gracias por la información sobre España. Perdóneme, creía estar al día. El euro va a tal rapidez que nunca se está totalmente al día.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas.

Promoción de la seguridad vial en la UE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Cornelissen (A4-0065/98), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión "Promoción de la seguridad vial en la UE - Programa para 1997-2001».

Cornelissen
Presidente, el viernes por la noche nos invitaron a cenar a mi mujer y a mí. Durante la cena llamaron por teléfono al anfitrión y le pidieron que fuera lo más rápido posible al hospital porque su hijo mayor había sufrido un accidente de tráfico. El sábado por la mañana volvimos a visitar al anfitrión y a su mujer. Su hijo había muerto. Parecían diez años mayores. Su vida no volverá a ser nunca igual.
Este es uno de los 45.000 muertos de tráfico que hay que lamentar año tras año en la Unión Europea. 45.000 al año, es decir, 900 por semana. Dicho de otra forma, cada semana una catástrofe de tráfico parecida a la dimensión del hundimiento del transbordador Estonia. Más de 2 millones de europeos al año resultan heridos en accidentes de tráfico, de los cuales muchos se quedan minusválidos para siempre. El dolor y el sufrimiento humano detrás de estas cifras son inmensos. Además, la inseguridad del tráfico causa también grandes daños económicos y sociales. Los expertos calculan que ascienden a más de 150 miles de millones de ecus al año. Este sufrimiento y este despilfarro de vidas humanas y de medios financieros son inaceptables en una sociedad civilizada con unas posibilidades técnicas casi ilimitadas.
De las investigaciones y de los estudios me atrevo a sacar la conclusión de que, a pesar del crecimiento del tráfico esperado, se puede reducir a la mitad el número de víctimas de tráfico en los próximos 15 años. Esto significa una reducción del número de muertos por tráfico hasta menos de 25.000 para el año 2010. El programa de seguridad vial que la Comisión Europea presentó el año pasado es un importante punto de partida para ello. Reconozco en él una gran preocupación del Comisario Kinnock sobre la inseguridad vial y su determinación de hacer todo lo que esté a su alcance, tomando en cuenta las competencias de la Comisión.
Sin embargo, queremos puntualizar algunos temas. Un objetivo político concreto de reducir por lo menos a la mitad el número de víctimas de tráfico nos parece necesario y factible. Está claro que la realización de este objetivo, en vistas de la subsidiariedad, no es solamente la responsabilidad de la Unión. No obstante, señalo que los países de la Unión que han redactado su objetivo en cifras concretas, han conseguido unos buenos resultados. Menciono el Reino Unido, los países escandinavos y los Países Bajos. Un objetivo concreto tendrá también una función de señal hacia los ciudadanos y dará a todos los implicados una meta para tener un punto de referencia.
Para la realización de los objetivos habrá que poner prioridades en las 65 medidas del programa de la Comisión. ¿Puedo nombrar algunas? En primer lugar, una legislación para vehículos más seguros. Más seguros para los ocupantes, pero también mayor protección en la parte delantera y trasera para limitar las heridas de los ciclistas y peatones en caso de atropellos. También la carretera puede y debe ser más segura. Queremos una evaluación obligatoria de las repercusiones en la seguridad vial de las carreteras que se construyen con financiación europea. La introducción de zonas con velocidad máxima de 30 km/h en zonas residenciales y cerca de centros de enseñanza disminuiría los accidentes con niños. Las velocidades irresponsables son mortales para la seguridad vial. Conducir bajo la influencia del alcohol no sólo es asocial sino también criminal. ¿Está dispuesto el Comisario a volver a presentar la propuesta de un límite legislativo europeo del nivel de alcohol en la sangre de un máximo de 0, 5 mg/litro, que lleva ya años sobre la mesa del Consejo? Los recientes estudios demuestran que también el uso de drogas en el tráfico es responsable de miles de muertos de tráfico. Muchos fármacos tienen también un efecto negativo en la capacidad de conducción. ¿El Comisario quiere investigar, en cooperación con las organizaciones implicadas, cómo se pueden abordar estos problemas de la mejor manera?
Permítame que pida especial atención hacia las posibilidades de los nuevos progresos tecnológicos, como por ejemplo los sistemas que impiden el arranque del coche cuando el conductor ha bebido demasiado. Conducir con las luces puestas durante el día y llevar el cinturón de seguridad con más frecuencia reducen los accidentes significativamente. Mejorar los primeros auxilios en caso de accidentes es importante.
Como punto final la conducta segura en el tráfico - más de un 90 por ciento de los accidentes son causados por fallos humanos. Para ello son imprescindibles una buena enseñanza práctica de la conducción, la enseñanza sobre seguridad vial en la escuela, campañas de información, el control del respeto de las reglas de tráfico como las horas de conducción y de descanso, con una alta probabilidad de ser pillado en caso de infracción. Nos parece deseable la introducción del sistema de penalización por puntos. ¿Puedo preguntarle al Comisario cómo va a continuar? ¿Presentará después de este debate una elaboración más detallada de sus planes y quiere comprometerse a que en 1998 y en los años siguientes haya, o habrá, suficientes medios en el presupuesto?
Señor Presidente, la seguridad vial es una responsabilidad conjunta de la Unión, de los Estados miembros, de los fabricantes de automóviles, de los educadores, de las organizaciones de seguridad vial, de los usuarios de la carretera por supuesto y de muchos otros. Para tener éxito se requiere un enfoque global con el suficiente apoyo social.
El principio de subsidiariedad tendrá que respetarse. La Unión debe concentrarse en las medidas cuyo enfoque a nivel europeo tengan un valor añadido. La inseguridad vial no es un fenómeno natural contra el cual no se pueda luchar. Justo lo contrario, nosotros mismos hemos hecho el tráfico, y lo podemos hacer tan seguro como nosotros mismos queramos. Comisario, usted puede contar con nosotros en esa lucha, pero también contamos con usted.

Watts
Señor Presidente, agradezco sinceramente al ponente, Sr. Cornelissen, su intervención y su informe. El Sr. Cornelissen habla con la cabeza y el corazón cuando se refiere a su compromiso con la seguridad vial. Le presento mis respetos por el modo en que ha sabido conducir a través del Parlamento el presente informe, que abarca el mayor número posible de opiniones y llega a una conclusión, que mañana recibirá el apoyo mayoritario del Parlamento.
Asimismo, debemos presentar nuestros respetos al Comisario Kinnock. Acertadamente, ha sabido dar prioridad a este asunto en el marco del programa de trabajo de la Comisión. ¿Por qué lo ha hecho? Porque -como ya ha dicho el Sr. Cornelissen- es consciente de que 45.000 personas mueren cada año y más de un millón resultan heridas. El coste para la sociedad asciende probablemente como mínimo a 100.000 millones de ecus. Son las pasmosas cifras que ha presentado en su comunicación. Uno de cada 80 de nosotros morirá como resultado de un accidente de tráfico; uno de cada tres de nosotros será hospitalizado a consecuencia de un accidente de tráfico; la principal causa de mortandad entre los jóvenes son los accidentes de circulación. Por ello, le presento mis respetos por haber presentado de una manera tan gráfica la necesidad de adoptar medidas en este ámbito.
No subestimemos la magnitud de la tarea a la que nos enfrentamos. Resulta muy fácil hacerlo, porque dichos incidentes suelen producirse de forma aislada, pero en su conjunto, representan el equivalente a dos o tres aviones jumbo cargados de pasajeros que mueren en Europa cada semana. Si eso sucediera a uno, dos o tres aviones jumbo todas y cada una de las semanas, ese tipo de avión, sencillamente, dejaría de volar; no lo toleraríamos. Y sin embargo, por alguna razón, la sociedad tolera que un número similar de personas mueran y que muchas, muchas más resulten heridas en nuestras carreteras. Por consiguiente, tenemos la responsabilidad colectiva de garantizar que este asunto recibe la debida atención del Parlamento, la Comisión, el Consejo y del conjunto de la sociedad.
Por tanto, apoyamos el objetivo ambicioso, aunque realista, fijado por el Sr. Cornelissen; a saber, una reducción del 40 % de esta cifra para el año 2010. Las propuestas del Comisario Kinnock nos proporcionan las herramientas necesarias para alcanzar dicha meta. Puede que algunos piensen que es poco realista, pero no podemos tolerar una situación en la que miles de nuestros conciudadanos mueren inútilmente cada año en nuestras carreteras. Hay que hacer algo a una escala ambiciosa. Por ello, los Socialistas nos sentimos muy orgullosos de unirnos al informe del Sr. Cornelissen y a la comunicación del Sr. Kinnock.
Quisiéramos destacar seis prioridades de actuación. Muchas de estas prioridades reflejan las opiniones del ponente y del Comisario, pero también dejan perfectamente claro dónde se pueden y deben emprender las acciones.
En primer lugar, debemos combatir la conducción en estado de embriaguez. Cada año se producen en nuestras carreteras unas 9.000 muertes a consecuencia del alcohol. Disponemos de los medios para corregir este problema, apoyando la propuesta del Comisario de que se fije el límite en 50 miligramos; una propuesta que, según tengo entendido, lleva ya diez años sobre la mesa. Hagamos algo. Quisiéramos aplaudir los esfuerzos del Comisario por buscar y garantizar el acuerdo del Consejo lo antes posible.
En segundo lugar, queremos que un programa de investigación examine el tema relacionado con las drogas, para garantizar que las personas que consumen drogas no puedan conducir y provocar accidentes, como ocurre actualmente en una proporción cada día mayor.
En tercer lugar, queremos respaldar la opinión del ponente relativa a la necesidad de presentar una nueva directiva destinada a los vehículos, que garantice que los vehículos respetan a los peatones y a los ciclistas en la medida humanamente posible. La tecnología existe. Lo que falta en la voluntad política.
En cuarto lugar, queremos una reducción de la velocidad y que se introduzcan más zonas en las que esté prohibido circular a más de 20 millas por hora. En quinto lugar, queremos que se haga realidad el reconocimiento mutuo de las prohibiciones de conducir y, por último, queremos más investigaciones sobre el comportamiento al volante.
Todas estas medidas contribuirán a nuestro objetivo común de atajar esta inadmisible, pasmosa y lamentable cifra de 45.000 muertes al año.

Jarzembowski
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, veo que ha llegado usted sin problemas, por lo cual nos congratulamos. Al igual que el orador que me ha precedido, también yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente, Sr. Cornelissen, por su excelente informe, al cual ha dedicado un esfuerzo incalculable. Nosotros valoramos su compromiso de varias décadas en favor de la seguridad vial. Por lo tanto, no es de extrañar que fuese designado como ponente y que haya elaborado un excelente informe.
Sin embargo -para romper con la total unanimidad-, yo quisiera recordar en primer lugar que la comunicación de la Comisión sobre las medidas de promoción de la seguridad vial para el período 1997-2001 comprende 65 propuestas, muchas de las cuales tienen que presentarse antes de 1998/99. Por consiguiente, señor Comisario, lo primero que yo quisiera pedirle es que agilice al máximo todas las propuestas concretas. Usted sabe tan bien como yo que todo quedará parado después de la primavera del año próximo. Entraremos en el período electoral, la Comisión pasará al retiro o se presentará a la reelección. Es decir, que todos los temas urgentes deben presentarse para el debate en primera lectura en esta Cámara en otoño de este año como muy tarde. De lo contrario, dichas propuestas permanecerán inmovilizadas, de hecho, durante dos años hasta que el Parlamento y la Comisión vuelvan a estar en condiciones de ponerse a trabajar. Por lo tanto, señor Comisario, yo le pido que procure que sus colaboradores se apresuren a presentar las propuestas concretas al Parlamento y a la Comisión.
En segundo lugar, yo desearía saber si hará suya la lista de prioridades del ponente y seguramente también de la Asamblea, si así se aprueba mañana. El Sr. Cornelissen ha manifestado con razón que no sirve de nada presentar 65 propuestas si éstas luego se desarrollan con cuentagotas. Necesitamos que se adopten masivamente los proyectos prioritarios que puedan incrementar la seguridad vial. Por esto nos interesaría mucho saber si también usted está efectivamente de acuerdo con la lista de prioridades que propone el Sr. Cornelissen y que aprobaremos mañana, y si se propone apoyarla.
Quisiera volver a señalar algunos aspectos que mi Grupo político considera urgentes, así como dos o tres puntos del informe que vamos a votar negativamente. Nosotros también consideramos importante mejorar la seguridad de los automóviles como medio de transporte -tal como ha expuesto acertadamente mi colega Watts-, ya que éstos son el instrumento que mata y lesiona a las personas. En segundo lugar, la mayoría de mi Grupo político es firmemente partidaria de una legislación europea que reduzca a 0, 5 mg/ml el límite de alcohol. Sencillamente tenemos que superar esta lacra. En noviembre de 1993 se acordó en el Tratado de Maastricht que el Parlamento y el Consejo serían competentes para adoptar medidas. Yo creo que la adopción de medidas contra la conducción en estado de embriaguez es un tema crucial sobre el cual deberíamos decidir conjuntamente en estos momentos.
El tercer punto es el siguiente: yo creo que es importante que se establezca un registro europeo unificado de puntos de penalización y que se decida su creación y se llegue a un acuerdo al respecto. En algunos países, la conducción en estado de embriaguez sigue considerándose un pecadillo que casi se celebra en las tertulias, es decir, que además de fijar el límite, también tendremos que procurar modificar la conciencia y la conducta de las personas por medio de un catálogo europeo de puntos de penalización y de la ejecución efectiva de las sanciones.
Permítanme que señale otros dos aspectos que no podemos aceptar. La disposición por la cual no sólo las motos, sino también los coches estarían obligados a circular con las luces encendidas durante el día es algo que, a mi parecer, todavía no parece imprescindible en el conjunto de la Comunidad. Puede que sea una norma adecuada en Escandinavia, donde las condiciones de luz son distintas, pero ¿qué sentido tiene llevar las luces del coche encendidas en verano en España? Ciertamente, tenemos que considerar la subsidiariedad y las diferencias climáticas en el ámbito de la Comunidad antes de adoptar unas normas tan de fondo.
El último punto se refiere a un tema curioso. Sería poco razonable pedir ahora que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas en todas las estaciones de servicio y autopistas. Yo creo que es preciso actuar sobre los conductores, pero sería un reglamentismo excesivo pretender castigar también con esta prohibición a los viajeros de autobús que desean tomarse una cerveza en una estación de servicio y no queremos que esto suceda.

Santini
Señor Presidente, Señor Comisario, es importante que se hable con claridad de estos problemas, aunque ya se haya visto que las palabras por sí mismas no bastan para disminuir el número de las víctimas. Por ejemplo, hemos hablado intensamente, el año pasado en la Conferencia Paneuropea de Helsinki -yo mismo hice un informe sobre la seguridad y sobre el papel de la telemática-, pero infortunadamente no influimos en las estadísticas. Estoy de acuerdo en que las estadísticas son muy importantes para valorar los problemas: 45.000 muertos al año es un dato que, sin duda, impresiona; 45.000 millones de gasto de la colectividad es otra dimensión que puede impresionar. Pero las estadísticas serían tan sólo un ejercicio matemático, si no sirvieran después como fuente de ideas y para ayudarnos a sacar conclusiones. Pues bien, junto a las propuestas para catalogar los accidentes y valorar sus efectos a fin de ayudar a los infortunados, considero más interesante, más importante el análisis de los instrumentos y de las iniciativas que procuran prevenirlos. Ya hemos visto que los simples accesorios que todos tenemos en nuestros coches no bastan: los cinturones, los air-bags , los cascos, los sistemas inteligentes de control de las velocidades no son sino factores complementarios de otra cosa que aún está por inventar.
Una buena idea, contenida en el excelente informe del Sr. Cornelissen, me parece la de tratar de convencer a las firmas fabricantes de automotores de que deben modificar el frontal de los vehículos, para que al mismo tiempo sean más seguros para los peatones y los ciclistas y resulten más resistentes en caso de choque: al parecer, esta medida por sí sola podría garantizar 20.000 muertos menos al año y, por lo tanto, merece la pena probarla. Creo también en instrumentos de asistencia e instrumentos de comportamiento; por ejemplo, la telemática como elemento de control pero también de socorro. No obstante, sobre todo creo en la educación de los jóvenes en las escuelas. Es inútil crear diversos instrumentos si después se usan mal. Por lo tanto, debemos partir de los orígenes, introducir en las escuelas una auténtica asignatura de enseñanza sobre el comportamiento en la calle, es decir, un comportamiento cívico.

Wijsenbeek
Presidente, la seguridad en el tráfico nos atañe a todos y esto se refleja de nuevo esta mañana, no sólo por parte del Comisario, sino también de la introducción del ponente, a quien apoyamos en todos los aspectos en este caso y en la manera de su presentación, pero también compartimos sus sentimientos. Lo hacemos todos realmente porque nos confrontamos continuamente con este tipo de terribles consecuencias de la inseguridad vial. Señalo que en mi familia se sufrió un accidente entre un automovilista neerlandés y otro francés en Bélgica, ahora ya hace más de dos años y medio, y que las secuelas no han desaparecido todavía del todo.
Si resulta que tiene mucho que ver con los fallos humanos, se pueden tomar unas medidas mejores que decir simplemente: la gente debe tener más cuidado y aprender más. Si vemos que ahora ocurre un accidente en más o menos las mismas circunstancias y en el mismo momento que hace un año, en la A 17 cerca de Kortrijk, en las condiciones y con al menos el mismo número de muertos, entonces dices: ¿cuándo vamos a aprender de verdad y cuándo haremos algo contra esto?
Presenté una enmienda en nombre de mi grupo parlamentario que hace hincapié en que debemos tomar en cuenta en la enseñanza de los jóvenes conductores que han de saber algo de lo que hay que hacer cuando hay heridos y también de lo que no hay que hacer. Hay una enmienda propuesta por la Cruz Roja y se la recomiendo al pleno.

Van Dijk
Presidente, en nombre de mi grupo parlamentario puedo decir también que en gran medida estamos muy contentos con el informe del Sr. Cornelissen. Pone el dedo en la llaga y expresa por enésima vez que 45.000 muertos al año y el múltiple de heridos son inaceptables y que, por lo tanto, hay que tomar medidas.
Se pueden señalar dos causas importantes del enorme número de víctimas, a saber la velocidad y el consumo de alcohol. Justo en esos puntos me gustaría ver un endurecimiento del informe. En lo que respecta a las zonas de 30 km/h en las ciudades, ya no nos hace falta más investigación. Las zonas existentes de 30 km/h han demostrado más que de sobra su eficacia y pasemos por eso entonces a las acciones.
Con respecto al consumo de alcohol: 0, 5 mg/litro parece un buen compromiso, pero le puedo asegurar que las personas grandes, gordas y pesadas siguen pensando todavía que pueden beber más que otros. Por lo tanto, es más inequívoco prohibir sin más el consumo de alcohol. Entonces ya no les hace falta pensar en cuánto está permitido beber todavía, cuánto han bebido ya y cuánto pueden beber aún. ¿Qué les pasa a los conductores que se empeñan en querer beber porque sí antes de ponerse al volante? 0, 2 me parece más que suficiente.

Van Dam
Presidente, expresamos regularmente nuestro pesar por las víctimas de catástrofes. El asfalto de la Unión Europea se cobra anualmente la vida de 45.000 personas y más de un millón y medio de heridos. Ya se ha mencionado muchas veces. Sin embargo, este no es el inevitable precio del progreso, sino el resultado de nuestra elección de medios de transporte inseguros. Le honra a la Comisión Europea que haya puesto la inseguridad vial a la cabeza de la agenda. El programa de acción lo apoyo enérgicamente, cuyo énfasis tiene que estar en mi opinión en la protección de los grupos vulnerables como los ciclistas y peatones.
¡La Comisión opina que, vistos los gastos de un muerto de tráfico, se debe tomar ya sólo por razones económicas, una medida que vale un millón de ecus y que salva una vida! Este beneficio económico demuestra una vez más la dejadez con que se trata la vida humana en el tráfico. Pero me opongo por principio al establecimiento del valor de la vida humana en un millón de ecus. Como culminación de la creación de Dios, cada ser humano es único y de un valor incalculable.
¡Esta prueba puede llevarnos a optar por la protección de, por ejemplo, los trabajadores jóvenes en vez de los ancianos! El ponente Cornelissen señala con razón que de la cifra de un millón de ecus se puede hacer un mal uso utilizando las medidas más baratas. Lamentablemente, la Comisión sólo se fija en la mayor seguridad en el tráfico.
Asimismo, estimo necesario reflexionar sobre una reducción de la movilidad. Una movilidad reducida salva directamente vidas humanas. También echo de menos los estímulos para elegir medios de transporte más seguros como el tren y la bicicleta. Todo esto no quita que aprecie mucho este programa de acción. Quisiera darle las gracias a mi colega Cornelissen por su buen informe.

Baldarelli
Señor Presidente, Señor Comisario, creo que los datos proporcionados son alarmantes: una persona de cada ochenta es víctima de accidentes de circulación y los costos económicos derivados se elevan al 1 % del PIB de la Unión Europea. Se dice también que estos costos están subestimados y que en realidad llegan al doble del citado valor. No creo que baste con la educación vial, sin duda importante, ni creo que sólo baste con considerar el tema de la tasa de alcoholemia. Debemos desarrollar en especial los servicios de transporte colectivo, los servicios de transporte público, y debemos dar a los ciudadanos la oportunidad de usar estos medios de transporte, en especial en momentos específicos de la vida, como son periodos de vacaciones y los fines de semana. También debemos desarrollar la vigilancia, de una forma muy cuidadosa.
Una propuesta podría ser la de coordinar los horarios de venta de las bebidas alcohólicas, que actualmente no están para nada coordinados en Europa. Ya se ha hablado, asimismo, de la posibilidad de utilizar instrumentos tecnológicos innovadores. Sin duda, la telemática aplicada a los transportes brinda importantes efectos positivos, así como la navegación por satélite, cuando se producen condiciones meteorológicas particulares. Además, hay que romper la resistencia de las empresas fabricantes de automóviles, sobre todo en lo relativo a las normas de seguridad. En este sentido, se otorgará gran valor a los proyectos piloto, ya activados por la Directiva General XXIII conjuntamente con la Directiva General VII, que prevén intervenciones directas para mejorar la seguridad de los elementos de movilidad individual y de los elementos de movilidad colectiva.
En este caso, creo que la telemática puede tener una función importante en lo que respecta a la comunicación visual y a la comunicación oral. Pienso que, desde este punto de vista, hay que desarrollar igualmente proyectos piloto que incluyan a las ciudades pero sobre todo, si queremos tomar en cuenta de modo global a todos los ciudadanos, creo que la intervención en el campo de la seguridad debe considerarse como algo relacionado con la calidad de vida. Y la calidad de vida se mide por la conciencia de lo que se hace, a la vez que se mantiene también una concepción armónica del hombre y de las cosas y, desde este punto de vista, considero imprescindible desarrollar más y más una concepción europea de verdad, más responsable de verdad, de los ciudadanos, algo que además es fundamental si queremos convertirnos en un modelo y en un punto de referencia avanzado.

McIntosh
Señor Presidente, acojo con gran satisfacción que en el Tratado de Maastricht se amplíe la competencia conjunta en materia de seguridad entre los Estados miembros y la Unión Europea. También acojo muy positivamente la comunicación de la Comisión y el excelente informe del Sr. Cornelissen. No obstante, el auténtico camino a seguir para mejorar la seguridad vial pasa por garantizar el cumplimiento de las normativas existentes. Actualmente hay países que no cumplen las normativas en vigor, mientras que otros, como el mío, endurecen las normativas con restricciones adicionales.
Si tomamos el ejemplo concreto de reducir los índices máximos de alcohol en la sangre del conductor a 0, 5 mg/ml, eso no es ocuparse eficazmente de la seguridad vial. Deberíamos, por el contrario, adoptar medidas más severas contra los conductores ebrios reincidentes, que actualmente infringen la ley y ocasionan accidentes de tráfico con resultados de muerte y lesiones, y que sobrepasan tres o cuatro veces los límites actualmente en vigor. Espero que la Comisión compare este extremo con la acción que se propone adoptar en el Reino Unido en contra de los conductores diabéticos dependientes de insulina; una acción completamente desproporcionada en relación con cualquier posible peligro que pudieran plantear en las carreteras. Ahora se prohibirá a estos conductores circular en el Reino Unido y perderán su derecho a conducir vehículos para el transporte de mercancías que sobrepasen las siete toneladas y media. No obstante, seguirán estando autorizados a conducir dicho vehículos en cualquier Estado miembro a excepción del Reino Unido. Quiero preguntar hoy al Comisario, ¿es esto compatible con la seguridad vial en un mercado único europeo? Insto al Comisario y a esta Asamblea a que actúen.

Fitzsimons
Señor Presidente, este debate sobre el futuro de la seguridad vial europea tiene lugar en unos momentos en que la utilización del teléfono móvil en Irlanda y en toda Europa está experimentando un rápido auge. La utilización del teléfono móvil en los automóviles debe legislarse a nivel europeo en interés de una mayor seguridad vial. La Unión Europea debería imponer que todos los coches que se fabriquen para el mercado europeo vayan equipados con una preinstalación para el teléfono móvil. Los fabricantes de coches europeos deberán asumir los costes de equipar a todos los coches de nueva fabricación con un teléfono de automóvil en interés del futuro a medio y largo plazo de la seguridad vial para los automovilistas y sus pasajeros. En Irlanda, los conductores que hablan por un teléfono móvil mientras conducen pueden ser acusados de negligencia en la conducción en virtud de la Ley de tráfico de 1961. La Unión Europea debe completar la legislación irlandesa sobre este asunto, especialmente teniendo en cuenta que habrá un millón de teléfonos móviles en Irlanda antes de que finalice 1998.
Por último, la penetración del teléfono en Irlanda, que actualmente se sitúa en torno al 15 % de la población, se duplicará probablemente antes de finales de año. Con tantos teléfonos móviles funcionando en Irlanda y en Europa, los equipos de teléfono para automóviles en el futuro no se considerarán ningún lujo, sino una necesidad en interés de una conducción más segura y de la seguridad vial, y la Unión Europea debe inmediatamente tomar medidas en este sentido. Felicito al Sr. Cornelissen por su excelente informe.

El Presidente
Se interrumpe el debate, que se reanudará a las 15.00 horas.
Se procede al turno de votaciones.

Rübig
Señora Presidenta, de conformidad con el Reglamento, yo quisiera comunicar que en estos momentos se han iniciado dos procedimientos contra la delincuencia. Uno es la petición de un debate de urgencia en el Parlamento y el otro es la petición de que el Consejo examine este tema; la petición puede firmarse aquí mismo, en Palais 1115, junto a la ventanilla de recepción de documentos.
En tercer lugar, yo quisiera preguntarle si la Comisión de Reglamento ya ha examinado el tema de la denegación de la urgencia en la pasada sesión.

El Presidente
Señor Rübig, puedo decirle que se ha hecho lo necesario en este sentido, que el Presidente del Parlamento Europeo va a ponerse inmediatamente en contacto con las autoridades belgas sobre este grave problema y que el colegio de cuestores, que se reúne mañana por la tarde, ha inscrito este punto en su orden del día. Para decirle si tomamos su solicitud con toda la seriedad que merece.

Votaciones
Falconer
Señora Presidenta, le ruego que tome nota de que mi colega el Sr. Smith está enfermo hoy. De conformidad con las instrucciones de la Mesa, le ruego que tome nota de mi presencia en la Asamblea.

El Presidente
Tomo nota de que está usted ahí, señor Falconer.
Antes de la votación por AN sobre la enmienda 63
Falconer
Señora Presidenta, ¿sería posible que se tomara nota de mi presencia en la Asamblea? No participaré en esta votación. Quisiera también advertir a los diputados presentes en la Asamblea que estén interesados en proteger sus derechos, que estas votaciones son idóneas para hacer lo que yo estoy haciendo. Hay una aplastante mayoría en contra de la moción de los Verdes y ninguna causa política se perderá en una protesta.
Después de la votación por AN sobre la enmienda 67
Falconer
Señora Presidenta, lamento tener que intervenir. Generalmente soy amable con usted, pero tengo que protestar. Las instrucciones de la Mesa eran muy claras. Cuando alguien pide la palabra antes de una votación nominal, dicha persona debe indicar si participará o no en la votación, y no usted. Le pido que siga las instrucciones de la Mesa en estos asuntos. En el último período parcial de sesiones dijo que su proceder no debía sentar precedente. Por consiguiente, espero y confío que cumpla escrupulosamente las instrucciones de la Mesa.

El Presidente
Señoría, respeto escrupulosamente las instrucciones de la Mesa. Cuando dije hace un momento que estaba usted en la sesión, quería decir con ello que tenía toda la libertad de votar o de no hacerlo y que efectivamente había registrado su presencia. Creo que todo ha sido muy correcto, de conformidad con lo que habíamos decidido.
- Después de la votación por AN sobre la enmienda 58
Falconer
Señora Presidenta, deseaba manifestar mi intención de participar en esta votación. Podría, por favor, seguir las instrucciones de la Mesa.

El Presidente
Señor Falconer, respeto totalmente su libertad. Hace un momento dije: usted vota o no vota. Lo esencial es que hemos tomado buena nota de su presencia.

Corbett
Señora Presidenta, en este Parlamento votamos para que se aprueben textos o enmiendas o para que no se aprueben. Aquel que desea que se apruebe un texto o una enmienda, vota a favor; el que desea que se rechace un texto o una enmienda, vota en contra; aquel que no desea hacer ninguna de estas dos cosas, pero sí dejar constancia de su asistencia, siempre puede pulsar el tercer botón -el de la abstención.
(Reacciones diversas) Sé que algunas personas sostienen que hay una diferencia entre abstenerse y estar presente en la Asamblea y no votar. Personalmente no veo la diferencia.

El Presidente
Señorías, estarán de acuerdo en que no vamos a iniciar un debate. A título personal, considero que hay un matiz importante entre la abstención y el hecho de no participar en la votación. Está claro.
Pienso que el Sr. Falconer está de acuerdo.

Falconer
Señora Presidenta, pensaba que con su larga experiencia como miembro responsable del personal de la Comisión de Asuntos Institucionales, el Sr. Corbett también reconocería la diferencia.
Antes de la votación por AN sobre la enmienda 59
Argyros
Señora Presidenta, el tema del voto obligatorio es mucho más serio que como para terminar en una diferencia pintoresca entre la Presidencia y el Sr. Falconer.
Por eso declaro que yo también estoy presente y que no voy a votar.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Antony
Señora Presidenta, no participaré en la votación sobre este informe.

El Presidente
Muy bien, tomamos nota de ello.
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las 9 resoluciones legislativas)

Graenitz
Señora Presidenta, antes de que se proceda a la votación yo quisiera señalar que dos de las enmiendas no aparecen asignadas al apartado correcto en la lista de votación y que la enmienda 19 del Grupo del Partido Popular Europeo no se refiere al apartado 18, sino al 19. En tal caso, yo me opongo a dicha enmienda, pues ésta sustituiría al apartado 19. La enmienda 28 del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no debería votarse en relación con el apartado 36, sino como un añadido al apartado 45, pues allí se trata esta cuestión y la enmienda encaja muy bien en ese contexto. Yo les ruego que lo tengan en cuenta en el momento de la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Torres Marques
Señora Presidenta, no quiero retrasar la votación. Quisiera pedirle que mande hacer una corrección general en el texto cuyo original es portugués, porque, en relación con las lenguas que domino, hay errores inadmisibles. Tengo muchas peticiones de devolución a comisión de este informe y se debe hacer en varias lenguas que no domino. Y quería pedirle que me concediera el uso de la palabra respecto de las enmiendas núms. 11 y 5.
Sobre la enmienda 11
Torres Marques
Señora Presidenta, no se trata de un problema lingüístico. Quiero decir que este texto es exactamente el propuesto por nuestro colega del Grupo del Partido Popular Europeo. Este texto había fracasado en comisión y yo lo rescaté, porque me parece que es el que mejor explica lo que nosotros queremos decir. Por tanto, éste es el texto que el Sr. Paul Rübig presentó.
Sobre de la enmienda 5
Torres Marques
Señora Presidenta, sólo quiero decir que no puedo aceptar esta enmienda, porque nada tiene que ver con el euro.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Chichester
Señora Presidenta, he intentado captar su atención antes de esta última votación nominal. Desearía que constase mi presencia en la Asamblea. No he votado.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Corbett
Señora Presidenta, antes no he querido interrumpir el procedimiento, pero la respuesta que me dirigió fue que una abstención no era lo mismo que no participar en la votación. Quisiera que este asunto se sometiera a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. Dicha decisión equivale a crear dos formas diferentes de abstención. Habrá miembros que no deseen votar ni a favor ni en contra de un texto, pero que deseen indicar su presencia en la Asamblea presionando el botón de la abstención. Y habrá otros que no deseen votar ni a favor ni en contra de un texto y tampoco deseen pulsar dicho botón, sino indicárselo a usted verbalmente, lo que, como hemos visto hoy, origina una serie de problemas.
Deseo pedir que este asunto sea sometido a la Comisión de Reglamento.

El Presidente
Señor Corbett, visto que estamos entre nosotros, le diré cuál es mi impresión. A menudo me ha ocurrido abstenerme porque no quiero tomar posición ni en favor ni en contra de una votación, pero acepto su puesta a votación. En cambio, en otras ocasiones -por otra parte, más raras- he querido no participar en la votación para manifestar una intención muy firme, que era muy diferente a la de la abstención.
No vamos a iniciar un debate ahora sobre este tema, pero la cuestión es sumamente interesante tanto en la esfera constitucional como en la institucional. Podríamos someterla a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades y abrir un debate muy interesante sobre este tema.

Falconer
Señora Presidenta, este asunto concreto ha sido debatido largo y tendido en esta Asamblea en la sesión anterior y en la actual. También ha sido debatido en el seno del Grupo Socialista. La línea está perfectamente clara dentro del Grupo. Si el Sr. Corbett desea que esto cambie, debería replantearlo al Grupo Socialista. Está perfectamente claro que cuando los diputados no desean votar, no necesitan hacerlo. No necesitan pulsar ningún botón para abstenerse ni para nada. Simplemente expresar su intención de que no desean votar.
Esto es relativo a una decisión anunciada por la Mesa, pero que nunca fue presentada a esta Asamblea. Si el Sr. Corbett desea impulsar algo, quizá quiera apoyar mi llamamiento -que ya hice en anteriores Parlamentos- para que los diputados a este Parlamento sometan a votación este asunto y lo aclaren de una vez por todas. Yo participaría encantado en dicha votación. Una vez que nos hayamos librado de la anomalía que ha creado la Mesa, podemos volver a ocuparnos de los asuntos de este Parlamento. Hasta entonces, sería mucho mejor que el Sr. Corbett dejara de lado sus asuntos institucionales y se pusiera su sobrero político. Quizá entonces consigamos que la política forme parte de la discusión.

El Presidente
Señorías, aunque estemos entre nosotros y visto que nos queda poco tiempo, también hemos de contar con el tiempo de los intérpretes y las explicaciones de voto orales que están en espera. Podríamos prolongar este debate, pero como no está previsto en el orden del día, no nos es posible hacerlo. Señor Falconer, discúlpeme, pero hay compañeros que esperan, que tienen hambre, que tienen citas y me veo obligada a pasar a las explicaciones de voto.
Creo real y profundamente haber respetado su derecho, Señor Falconer, de votar o no votar. Todo quedó anotado de manera muy escrupulosa. Realmente no podría hacerlo mejor.
(Varios diputados piden intervenir por una cuestión de observancia del Reglamento) Puesto que insisten, vamos a hacer, en un primer momento y por corrección hacia los demás, las explicaciones de voto. Luego nos quedaremos juntos para arreglar esta cuestión. Es sumamente interesante.

Watson
Señora Presidenta, no se trata de la cuestión planteada por el Grupo Socialista. Simplemente deseo que conste en Acta que no he estado aquí para votar sobre algunas de las propuestas presentadas anteriormente por culpa de los controladores del tráfico aéreo. Lo lamento especialmente, porque he elaborado un proyecto de opinión sobre el informe de la Sra. Kuhn. Han sido sencillamente los controladores del tráfico aéreo los que me ha impedido llegar a tiempo a Estrasburgo.

Lis Jensen, Sandbæk y Bonde
Hemos elegido votar a favor de la propuesta del Sr. Mendiluce de recomendación sobre el Sahara Occidental, aunque tengamos algunas reservas. Podemos apoyar totalmente el contenido de la recomendación, especialmente cuando el plan de paz del que se trata ha sido presentado y aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, igual que también apoyamos la celebración de un limpio plebiscito sobre la autodeterminación. En cambio, albergamos reservas sobre el modo en que la recomendación debe ponerse en práctica, pues es una parte de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la que por principio estamos en contra. La PESC es únicamente uno de los medios de los que la UE se sirve en la construcción de un nuevo estado.
Informe Kuhn (A4-0029/98)
Bébéar
Garantizar al consumidor que un producto comprado se conforma a sus expectativas es un derecho fundamental.
El proyecto de directiva que hoy nos ocupa se revela una necesidad visto que el contexto económico se hace cada vez más complejo: el mercado único se concluye, pasamos a la dimensión europea, armonizamos nuestras legislaciones.
Como consecuencia, apruebo la actitud de la Sra. Kuhn que ha tratado de establecer un equilibrio entre el interés del consumidor y las posibilidades del industrial y el comerciante. Este enfoque ha desembocado en un proyecto de directiva realista y sobre todo económicamente viable y que puede ser realizado por las empresas.
No obstante, lamento que las dos enmiendas que presenté en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la que pertenezco, no hayan sido aprobadas. Permitían abordar de manera diferente la responsabilidad del fabricante y la duración del período de garantía.
Es lamentable que el fabricante y el importador no sean puestos en cuestión cuando hay un defecto, visto que la responsabilidad les incumbe a ellos. Si el vendedor demuestra que no es responsable, el consumidor no tiene ya ningún recurso.
En el artículo 3, el período de garantía se fijó a dos años después de la entrega del producto y no al descubrimiento del defecto. Este plazo es un tanto corto para los productos con una vida de larga duración. Asimismo, es una regresión en relación con el derecho nacional francés que actualmente pone en marcha esta garantía en cuanto se comprueba el defecto.
En todo caso, apruebo los principios del informe Kuhn. Cabe, en efecto, no hacer más engorrosos los procedimientos ya que resultaría desventajoso para el consumidor sin garantizarle un nivel de protección elevado.

Buffetaut
El objetivo primero de toda legislación debe ser la de elaborar textos justos, claros, de una ejecución sencilla y que aseguren a los ciudadanos una gran seguridad jurídica. Ahora bien, ni el texto inicial de la Comisión sobre la venta y la garantía de los bienes de consumo, ni las enmiendas propuestas por el informe Kuhn satisfacen estos criterios. Por una parte, porque son desequilibrados y hacen pesar una carga demasiado fuerte sobre el vendedor y, llegado el caso, el productor. Por otra parte, porque instauran una inseguridad jurídica propicia a los procedimientos contenciosos que, a defecto de ser favorables a los consumidores, sin duda alguna harán prosperar a los abogados y hombres de ley.
Tres ejemplos ilustran bien el carácter desequilibrado de los textos propuestos. En primer lugar, la duración de la garantía, que oscila entre dos (texto inicial) y cinco años (enmienda del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo), mientras que una duración legal de un año parece suficiente, tanto más cuanto que el abanico de bienes garantizados es muy amplio, desde el secador de pelo hasta el automóvil. Recordemos que se trata de un mínimo legal y que las garantías contractuales, elemento de competencia y promoción, pueden ir, claro está, más allá. En segundo lugar, la inclusión de bienes de segunda mano en el campo de esta directiva, visto que algunas disposiciones se adecuan mal a estos bienes para los que la noción de defecto es difícil de definir, tratándose de bienes que ya han sido usados. En tercer lugar, la inversión de la carga de la prueba en detrimento del vendedor, cuando es un principio general de derecho que el que alega un hecho ha de aportar la prueba. Los juristas romanos ya habían nombrado este tipo de prueba invertida «la prueba diabólica», visto lo difícil que es establecerla.
En cuanto a la inseguridad jurídica, fuente de impugnaciones judiciales sin fin, se deriva de la imprecisión de demasiadas definiciones que son, sin embargo, esenciales.
Por tanto, el Pleno aprobó ciertas enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que vienen a añadirse a la noción de la expectativa del consumidor y del derecho de opción alternativa del comprador, haciendo así el texto sumamente vago y favoreciendo el desarrollo de contenciosos.
Por estas razones de fondo y de práctica jurídica, no ha sido posible a los diputados franceses del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones de votar este texto. Además, trata de principios fundamentales de derecho civil, derecho que no forma parte de los ámbitos de competencia comunitaria.

Ferrer
Cualquier acción política o iniciativa legislativa que promueva la protección del consumidor es loable y, como tal, debe ser bien recibida. Pero esto no significa que dicha protección deba considerarse como un objetivo en sí mismo, aislado del contexto general en el que deberá producirse dicha protección.
Conocido es que el ámbito de un derecho acaba allí donde empiezan las libertades y los derechos de los demás. Pues bien, la protección del consumidor que pretende garantizar el informe Kuhn sobre la propuesta de directiva relativa a la venta y las garantías de los bienes de consumo, por la naturaleza de algunas de las enmiendas aprobadas choca, en muchos casos y de manera gratuita, con los derechos de los demás agentes implicados en dicha propuesta, lo que genera una potencial e innecesaria indefensión jurídica de los vendedores y productores, a la par que puede suponer una carga particularmente importante para los pequeños comerciantes y las pequeñas empresas en un momento en que todos los esfuerzos son pocos para lograr que las PYMES sean competitivas y que esta competitividad permita la creación de nuevos puestos de trabajo.
Por ello he votado en contra del informe Kuhn, en la esperanza de que de cara a la segunda lectura se consiga establecer un equilibrio -que hoy no se da- gracias al cual la protección de los consumidores sea compatible con la protección, también legítima, de los intereses de los productores.

Jackson
La idea de que los consumidores deben tener un concepto claro de sus derechos en lo que a garantías se refiere cuando compran bienes en el extranjero es importante. Para que el mercado común tenga realmente sentido, un aspecto de sus beneficios es que las personas puedan sentirse seguras en aspectos como las garantías cuando compran bienes en otros países europeos.
La cuestión es hasta qué punto debería la Unión Europea no sólo intentar garantizar que los consumidores tienen una idea clara de sus derechos, sino también si debe armonizar la legislación de manera que los mismos derechos estén garantizados en todos lados.
En mi opinión, un enfoque que incluya este grado de armonización no es el acertado. Pasa por alto el principio de subsidiariedad. Interfiere de manera inadmisible en las legislaciones nacionales en materia de venta de bienes. Legislaciones que, en el caso de mi país, el Reino Unido, han sido establecidas y ampliadas en la jurisprudencia a lo largo de mucho tiempo. La directiva propuesta es un burdo instrumento para intentar incorporar las disposiciones recogidas en la Ley sobre la venta de bienes de 1979.
La propia directiva ha desatado la alarma entre las personas que se verán más afectadas por sus consecuencias. El motivo es que el texto de la Comisión permitiría al consumidor pedir al vendedor que repare los bienes sin cargo alguno o que los sustituya, o exigir una reducción del precio o la rescisión del contrato. El derecho a reparación tendría una validez de dos años a partir de la fecha de compra; el derecho de sustitución tendría una validez de un año a partir del momento de la compra. No es de extrañar que los vendedores de bienes afectados por la directiva estén preocupados. Las enmiendas de la Sra. Kuhn complican aún más la situación. Desde luego no hacen nada por resolverla.
Al redactar la directiva, la Comisión ha hecho trampa en favor del consumidor. Ciertamente es poco probable que un consumidor que se queje por lo que se describe como una "falta de conformidad» del bien vendido, acepte una reparación si puede exigir la sustitución. Como pregunta uno de mis electores de Swindon: "El alcance de la discusión sobre lo que es una «pequeña falta de conformidad' no tiene límites, y los consumidores sin escrúpulos pueden sentirse alentados a explotar la incertidumbre creada por estas propuestas, con el resultado de tener que acudir a los tribunales, que se verán inundados de casos. ¿Y quién correrá con los gastos judiciales?»
La respuesta a esta pregunta es, en definitiva, otros consumidores. He aquí la insensatez de esta propuesta, una locura que vemos repetirse una y otra vez en las propuestas inmaduras elaboradas por la Dirección del Consumidor de la Comisión. Los consumidores pagarán de dos formas: primero, porque el precio de los bienes aumentará para tener en cuenta estos costes adicionales. Segundo, porque este tipo de legislación actúa como detractor para que los pequeños vendedores almacenen productos que puedan dar lugar a una legislación onerosa -o puede ser la gota que colme el vaso y provoque el cierre del negocio de una vez por todas.
¿Qué tipo de legislación sería de utilidad en esta situación? Creo que, probablemente, sería el tipo de legislación que menos cabe esperar de la Comisión. La Comisión cree en la gran legislación -directivas y reglamentos importantes que entrañen grandes cambios para toda la comunidad comercial. Lo que aquí hace falta es una legislación ligera. Lo que hace falta es una disposición que garantice que cuando un consumidor, procedente de un Estado miembro compre bienes en otro Estado, sea informado sobre sus derechos en materia de garantía en vigor en el país en el que ha realizado la compra. También podría ser deseable, en su caso, informar al consumidor del agente de la compañía que fabrica los bienes en el país de residencia del consumidor, de manera que haya un canal de información sobre los derechos del consumidor en materia de garantía en el país de compra.
Esto dista mucho de intentar elaborar una legislación completamente nueva a nivel de la UE en materia de garantías para el consumidor e imponer dicha legislación sobre las estructuras legales tan distintas como las que existen en los Estados miembros. Sería de gran ayuda para los consumidores y sería una legislación que demuestra que la Comisión vive en el mundo real. La débil respuesta de la Comisaria en el debate del Parlamento del lunes por la noche demuestra que, realmente, éste no es ni mucho menos el caso. Mis colegas Conservadores británicos y yo nos oponemos a esta directiva y al informe Kuhn.

Lienemann
Me felicito de que una directiva europea se dedique a mejorar la protección del consumidor en Europa respecto a la venta y las garantías de los bienes de consumo.
El proyecto de la directiva, modificado por el Parlamento, se dedica a buscar el mejor equilibrio entre el interés del consumidor y las responsabilidades de los vendedores y productores, sin inducir al desperdicio que podría generarse ante un intercambio sistemático de todo bien que presente un problema, incluso menor, y en todo caso que pueda repararse en condiciones que mantengan la calidad del producto.
Si el mercado de segunda mano merece ser objeto de un mayor número de garantías para el comprador, y de transparencia, cabe interrogarse sobre lo bien fundado de decretar en este caso normas semejantes al mercado de lo nuevo. Es de temer que esta asimilación sea en realidad difícil de poner en práctica. Asimismo, preferiría que una directiva específica para los bienes de segunda mano pudiera tener en cuenta la complejidad de este ámbito protegiendo efectivamente a los consumidores.

Rübig
Yo me he abstenido en la votación de la enmienda 24 porque, desde la perspectiva de la legislación austriaca que prevé un plazo de garantía de sólo seis meses, valoro negativamente que éste se cuadriplique hasta dos años.
Esta ampliación afectará no sólo al comercio, sino sobre todo y en primer lugar a los propios consumidores. En efecto, éstos deberán afrontar en adelante un aumento de los precios como resultado del mayor riesgo que el empresario tendrá que incluir en sus cálculos. Además, los procesos judiciales se complican y se vuelven más costoso cuanto más largo es el tiempo transcurrido desde la compra de un producto.
Finalmente, es del todo contradictorio con el principio de buena fe que el vendedor se vea obligado a responder de la falta de conformidad contractual, aun cuando el comprador tuviere conocimiento de la misma en abstracto o en concreto.

Souchet
Sólo puede estarse de acuerdo con el objetivo perseguido por el proyecto de directiva relativo a las ventas y garantías de los bienes de consumo: reforzar la protección de los consumidores y promover la calidad de los productos.
Lamentablemente, la mayor parte de los medios propuestos por el texto que nos ocupa, lejos de responder de manera adecuada a los objetivos que proclama, aparecen, por el contrario, excesivos, inadaptados y peligrosos.
Incitando al consumidor a internarse, en toda una serie de ámbitos, en procedimientos aventurados, quizás se contribuya a hacer la fortuna de los hombres de ley, pero no se protegerá mejor al consumidor y, sobre todo, se abrumará de obligaciones todavía más pesadas a las pequeñas empresas artesanales de producción y distribución, cuyas obligaciones de explotación son ya muy fuertes. Se incrementará la inseguridad jurídica de los fabricantes y los comerciantes y, por tanto, las buenas intenciones iniciales se traducirán de hecho en un efecto negativo para la economía y el empleo.
Por tanto, votaremos en contra de toda una serie de disposiciones peligrosas, que corren el riesgo de abrir la vía a impugnaciones inacabables, creando un clima general de inseguridad jurídica, negativo para todos.
Somos hostiles a la inclusión de los bienes de segunda mano en el campo de la directiva. La noción de garantía legal no nos parece aplicable a un bien de segunda mano, tal como un vehículo, por ejemplo, cuyas características varían en función del uso que se le ha dado, su edad, su mantenimiento... ¿Cómo prever, en estas condiciones, la sustitución de un bien de segunda mano por otro bien comparable? Sencillamente carece de sentido.
Asimismo, somos desfavorables a la extensión a dos años de la duración de la garantía: esta duración es excesiva, teniendo en cuenta especialmente el elevado grado de protección de los consumidores que pretende la directiva. El plazo de un año parece razonable y equilibrado y, por tanto, totalmente suficiente.
La transferencia al productor y al vendedor de la carga de la prueba por defecto de conformidad nos parece igualmente inaceptable y contrario a los principios generales del derecho. El apartado 3 del artículo 3 crea una presunción de calidad de defectuoso a la entrega de un bien, si el defecto aparece en el plazo de seis meses después de la entrega efectiva. Nosotros votaremos en contra de esta disposición que nos parece totalmente excesiva y peligrosa.
La noción misma de defecto de conformidad se define de manera muy subjetiva en el proyecto de la directiva. La enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no ha hecho sino agravar las cosas al introducir la noción de «expectativas del consumidor», todavía más vaga y, por tanto, más susceptible de ocasionar múltiples contenciosos.
En cuanto a la posibilidad que se ofrece al comprador de obtener, en todo los casos, una sustitución del bien cuando haya un defecto de conformidad, abre una peligrosa posibilidad de desviación, especialmente en los sectores de alto tecnicismo, tales como el automóvil o la navegación de placer, por ejemplo. Por nuestra parte, consideramos que corresponde al vendedor ofrecer la reparación o la sustitución, el comprador podría en su defecto pedir una reducción del precio o la rescisión del contrato.
Otra posibilidad de desviación peligrosa: la que abre la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor al proponer la posibilidad de que el consumidor actúe directamente en contra del fabricante, cuando éste no forma parte del contrato de venta. Nosotros rechazaremos muy claramente esta propuesta.
El establecimiento en el conjunto de los países europeos de una red de «servicio a la clientela» en caso de compra directa de un producto en otro Estado miembro, también plantea problemas y exige ser examinada de nuevo.
Si es legítimo tratar de proteger adecuadamente al consumidor, no debe hacerse en detrimento de las empresas artesanales, imponiéndoles obligaciones insoportables que correrían el riesgo de comprometer sus equilibrios financieros siempre frágiles. Ahora bien, en Francia, estas pequeñas empresas, que rondan las 800.000, son actualmente las que crean el mayor número de puestos de trabajo. En el conjunto de la Unión Europea han creado, durante el período 1988-1995, 1.750.000 puestos de trabajo. Por tanto, debemos prestar especial atención a no poner en peligro su equilibrio imponiéndoles obligaciones poco razonables: esto debe representar para nosotros una prioridad.

Valverde López
La propuesta de directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo nos ha presentado problemas de fondo derivados de una insuficiente información sobre el Derecho aplicable en los Estados miembros.
En más de una ocasión he solicitado a la Comisión Europea que acompañe sus propuestas con un estudio de Derecho comparado de la situación específica en los distintos Estados. Asimismo, la Comisión debería aportar al Parlamento los documentos esenciales que le han servido de base para realizar su propuesta. Lógicamente, esta documentación de apoyo sólo necesitaría ser depositada en la biblioteca o estar elaborada en un soporte técnico de fácil reproducción.
La segunda dificultad ha surgido en la muy variada interpretación que se ha realizado del contenido de la propuesta. En ella no se diferencian dos agentes fundamentales, vendedor y productor. De aquí ha surgido un lamentable confusionismo. Tampoco se diferencia entre bienes fungibles y no fungibles, que es un elemento esencial para diferenciar garantías. Tampoco quedan claras las responsabilidades diferenciadas del fabricante y el vendedor. Este último sólo puede responsabilizarse de las exigencias del contrato distintas de las responsabilidades del fabricante.
Por otro lado, el no haber señalado en la propuesta cuáles son los principios básicos que regulan esta materia en las legislaciones nacionales ha producido una auténtica diáspora en las enmiendas.
El texto propuesto y las enmiendas presentadas es difícil que puedan dar un resultado claro que favorezca al consumidor y no entorpezca las relaciones comerciales.

Wibe
Voto a favor de este informe con la condición de que sea verdad lo que está en la parte de los fundamentos. En estos fundamentos se dice claramente que se trata de una armonización mínima de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Es obvio que esa armonización mínima que se hace debe debatirse en los respectivos Parlamentos nacionales, es decir, cada Parlamento nacional podrá decidir el nivel a que quiera ponerse. La armonización mínima es, por tanto, una recomendación.
La condición es también, en consecuencia, que esta armonización de ninguna manera deteriore la protección sueca al consumidor.
Directiva sobre las plantas ornamentales (C4-0044/98)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Este asunto es particularmente sensible. No es correcto votar simplemente por una directiva del Consejo, sin debate, ya que los diputados tienen tan pocas posibilidades de estudiar el contenido de la directiva.
Los productores de semillas que venden los tipos de verduras no registrados en la UE pueden ser procesados si no terminan con la venta. Solamente se pueden vender las plantas que aparecen en las listas comunes de especies de la UE y para que una especie pueda ser acogida en el listado se exige que tenga un dueño. La propiedad cuesta 20 000 coronas suecas por cada especie.
En vista de lo anterior, especialmente las ínfimas posibilidades de estudiar esta directiva, optamos por abstenernos en la votación.
Informe Kellett-Bowman (A4-0035/98)
Bourlanges
Señora Presidenta, ante todo quisiera agradecerle por habernos permitido conciliar dos pasiones fundamentales del diputado que le habla, que son la gula, que le lleva a querer almorzar, y la pereza, que le impide escribir su explicación de voto.
Quisiera decir una palabra sobre el informe Kellett-Bowman. Yo no voté en favor del informe del Sr. Kellett-Bowman por una sencilla razón: éste organiza, de manera inteligente, la aprobación, las condiciones en las que se concede la aprobación a un determinado número de organismos especializados. Cuando se trata de organismos que no disponen de autonomía financiera, el sistema previsto por la propuesta es satisfactorio. Tratándose de organismos que disponen de ingresos autónomos, el sistema previsto por el Sr. Kellett-Bowman y aprobado por unanimidad, menos un voto, por la Comisión de Control Presupuestario y muy ampliamente por este Parlamento, el sistema resulta profundamente insatisfactorio, ya que conduce, de hecho, a dar el poder de aprobación al Consejo de Administración de los organismos correspondientes, lo que se justificaría, pero en cambio, daría un mero poder de opinión a este Parlamento.
Yo creo que es grave introducirnos en esta vía y hagamos de este Parlamento una especie de organismo consultivo, sometido al arbitraje superior de un organismo técnico creado por las leyes, por los reglamentos que nosotros votamos aquí, en esta Asamblea. Habría sido necesario renunciar a la participación de cualquier índole del Parlamento, o bien invertir el procedimiento y dar a este Parlamento la última palabra. Quería que este punto quedara de manifiesto.
Informe Graenitz (A4-0009/98)
Blak y Sindal
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor del informe sobre los principios generales de la legislación alimentaria de la Unión Europea. Es muy positivo que el Libro Verde de la Comisión reconozca que una ampliación de la directiva de seguridad de los productos a la producción agraria primaria puede mejorar la protección general de los consumidores. Los socialdemócratas daneses son de la opinión de que los actos en vigor deben revisarse de modo que se garantice que estén basadas en el principio de prudencia y en el principio de atención a la salud y seguridad de los consumidores. El punto de partida de la legislación alimentaria europea debe ser la protección del medio ambiente y el objetivo debe ser una producción alimentaria sostenible. Todas estas propuestas son una parte del informe global que apoyamos.
La Unión Europea con el nuevo Tratado de Amsterdam debe garantizar requisitos mínimos a la política destinada al consumidor, entre ellos, considerar debidamente la salud y seguridad de los consumidores, cuando se legisle en el campo alimentario. Sin embargo, esto no cambia con que los Estados miembros conserven o implanten normas que proporcionen una mejor protección que las normas comunes. Los socialdemócratas daneses interpretan el informe del Parlamento Europeo sobre la legislación alimentaria como un paso en esta dirección.

Díez de Rivera Icaza
No cabe duda de la oportunidad del presente Libro Verde sobre la situación actual del Derecho alimentario, ante la crisis de la seguridad alimentaria y de la protección del consumidor, con motivo del escándalo de la EEB.
El Tratado de Amsterdam, por sus artículos 129 y 129 A, amplía el fundamento jurídico para una más eficaz protección y prevención de las políticas destinadas al consumidor, y ello obliga a una clarificación y racionalización del Derecho alimentario de la Comunidad, así como a su aplicación y control.
No podemos olvidar que muchas enfermedades crónicas tienen su origen en la alimentación y que los productos alimenticios no son una mercancía como cualquier otra. De ahí que, como acertadamente solicita la Sra. Graenitz, el aspecto de la responsabilidad ha de establecerse con total transparencia para reforzar la maltrecha confianza de los consumidores.
Por último, dada la importancia del etiquetado de los productos para el consumidor, ya que es su principal y casi única fuente de información, resulta indispensable que dicho etiquetado sea completo, claro y veraz. A mi entender, tras el hecho de la EEB también debería informarse, según el producto, sobre los pesticidas o piensos utilizados en su producción y elaboración.

Ephremidis
La alimentación es un tema de vital importancia para la salud y la seguridad de los consumidores y para la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es un tema complejo cuyas salvaguarda y mejora exigen la combinación y la coordinación de políticas y de acciones paralelas.
La encefalopatía espongiforme ha traído otra vez a la actualidad el debate sobre la seguridad de los alimentos y la salud de los consumidores, los problemas del insuficiente marco legislativo así como el deficiente control de su aplicación por parte de los organismos competentes, indiferentes ante las consecuencias criminales sobre la salud de los consumidores, para servir a determinados intereses. Ha sido necesario que los propios acontecimientos, enfermedades graves "sin precedentes» y sus casos mortales, nos sitúen frente a cuestiones críticas sobre la calidad de nuestros alimentos y los tremendos peligros que corre la seguridad de los consumidores.
Naturalmente también el trazado de normas legislativas claras y de órdenes es imprescindible para la definición de modelos cualitativos y para la salvaguarda del control de los alimentos. Pero antes de cualquier intervención legislativa es indispensable poner "el dedo en la llaga» en las causas de la degradación, de la distorsión y de la adulteración no sólo de los productos alimenticios sino también de toda la cadena alimentaria.
No es sólo la falta de directivas modernizadas - por otra parte las que ya existen se infringen flagrantemente - la que trae el peso de la responsabilidad de la deplorable situación en el sector alimentario.
Cuando se comercializa la concepción alimentaria y se hace cargo de su administración la ley del beneficio, cuando el mercado defina la calidad de los alimentos en base a la relación coste-beneficio, no habrá, en ningún caso, garantías eficaces sobre la salud de los consumidores.
Sería, cuando menos, inocente y no permitiría enfrentarse esencialmente al problema la afirmación de que el agricultor o el ganadero son los que tienen la responsabilidad exclusiva del desequilibrio de la cadena alimentaria, tal como se les atribuye.
Por el contrario, las responsabilidades hay que buscarlas en la intensificación de la producción, en las presiones a las que someten los comerciantes, los envasadores y las grandes multinacionales de la alimentación a los productores para reducir el coste de producción y de aumento de su volumen, que les impone la utilización ilógica de abonos, de pesticidas y de piensos cuya composición a menudo desconocen - o están mal informados - y las consecuencias de su utilización.
Aún son mayores las responsabilidades de las industrias que elaboran y acondicionan los productos primarios producidos antes de su lanzamiento al mercado, utilizando sustancias que no sólo degradan la calidad de los alimentos sino que incluso son nocivos para la salud de los consumidores, que son utilizados como cobayas.
La política alimentaria, la garantía de su calidad así como la de la salud de los consumidores exigen la reorientación de las políticas que se ejercen en los sectores de producción primaria - agricultura, ganadería, pesca - el control eficaz de la transformación y de la utilización de sustancias químicas y otras en la producción, conservación y acondicionamiento de los alimentos, el control continuo de los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo para la producción de estas sustancias y la aprobación de medidas y de reglamentaciones, especialmente en el marco de los acuerdos comerciales que se forman en el marco de la Organización Mundial del Comercio y del Codex Alimentarius, que obstaculicen la actividad inmune de las compañías multinacionales de la alimentación.

Holm
Está bien que el ponente haya adoptado una posición que favorezca a los consumidores. Solamente quiero destacar tres aspectos que son importantes y que el ponente no ha señalado suficientemente.
Primero es el asunto de los antibióticos. Es importante que disminuyamos el uso de los antibióticos en el pienso, especialmente ya que la excepción que tiene Suecia de aplicación de la legislación comunitaria que es peor, seguramente va a terminarse. La UE tiene que ver el peligro del uso de antibióticos. Por eso, apoyo la propuesta de enmienda 28.
En segundo lugar, tienen que mejorarse radicalmente las reglas de marcación de alimentos para que los consumidores sepan lo que comen. Las normas comunitarias han causado grandes problemas en Suecia, entre otros para los alérgicos, ya que actualmente ellos no pueden tener información sobre el contenido de los productos. Las anteriores reglas suecas eran mejores y más claras que las actuales de la UE.
En tercer lugar, tengo objeciones también para el marco jurídico que se propone. Quisiera que la UE impusiera reglas mínimas en vez de reglas de armonización. Las reglas mínimas son mejores ya que así se da a los países miembros la posibilidad de adoptar reglas aún más estrictas que las impuestas por la UE. Con las reglas comunitarias de armonización se bloquean los niveles y en consecuencia se detiene el advenimiento de reglas mejores y más severas. Esto es perjudicial y retarda el desarrollo de normas que favorezcan el medio ambiente.

Lindqvist
La futura legislación de alimentos tiene que fundamentarse en la responsabilidad de los productores, transformadores y distribuidores. El objetivo principal tiene que ser la protección de la salud y la seguridad de los consumidores. La marcación de los productos debe ser obligatoria y debe valer para todos los ingredientes de un producto.
Cada país debe tener derecho a dar primacía al medio ambiente, la salud y la seguridad frente a la libre circulación de mercancías. Las normas comunitarias sobre alimentos y protección a los consumidores tienen que ser de carácter mínimo, es decir, un país miembro tiene que tener derecho a aplicar reglas más estrictas. Los países miembros deben tener derecho, sin limitaciones, a presentar ante órganos internacionales exigencias relativas a alimentos y consumidores que vayan más allá de las normas comunitarias.

Rovsing
La Comisión con su Libro Verde ha dado un importante paso hacia una racionalización necesaria de la legislación alimentaria comunitaria. Ello implica que la legislación comunitaria existente en el campo debe ser examinada con vistas a su simplificación. Lo cual goza de mi completa adhesión. Sin embargo, es evidente que una futura legislación sobre alimentos también ha de garantizar la protección de los consumidores al mismo tiempo que el mercado interior debe poder funcionar sin obstáculos. La comisión en su informe ha completado los importantes objetivos antes mencionados con requisitos sobre la responsabilidad de las autoridades y del productor de alimentos sanos y seguros y de una información completa destinada al consumidor. En mi opinión, ello está justificado. Por ello, doy al informe mi total apoyo y aguardo las iniciativas concretas que la Comisión tome sobre la base del Libro Verde.

Souchet
Nuestro Grupo presentó seis enmiendas que tienen tres objetivos principales.
El primero estipula la necesidad de etiquetar de manera clara y comprensible los productos alimenticios vendidos a granel, con el fin de dar a los consumidores una información transparente sobre su denominación, su precio y, llegado el caso, su procedencia. En efecto, el texto propuesto por el ponente hace una discriminación excesiva entre los productos vendidos en «unidad-consumidor» y los productos vendidos a granel. Cualquiera que sea el modo de envasado y embalaje, es necesario que el consumidor disponga de una información clara.
El segundo grupo de enmiendas precisa el papel de los comités científicos comunitarios. Estos comités existen, por ende, deben servir de referencia científica a la elaboración de reglamentos, directivas y recomendaciones.
En tercer lugar, nuestro Grupo rechaza el principio de responsabilidad última de los agricultores y productores en lo relativo a la prueba «científica» de la calidad sanitaria de sus productos. En efecto, son todos los participantes en la cadena agroalimentaria y agrodistribuidora los que deben aportar esta prueba científica. No hay que olvidar que los productos agrícolas pueden sufrir modificaciones intrínsecas de su calidad sanitaria en función del proceso tecnológico utilizado para su transformación, especialmente con el uso de la biotecnología. Además, los agricultores no pueden tener un conocimiento profundo de la calidad sanitaria del conjunto de sus insumos. Pienso especialmente en los productos alimenticios para el ganado que ellos utilizan y la calidad sanitaria y medioambiental de los limos de depuración que pueden esparcir en sus campos.
Nuestro Grupo pide que se respete el principio de una reglamentación vertical específica relativa al etiquetado. En efecto, un determinado número de productos agrícolas experimentan procesos de transformación específicos -pienso especialmente en el sector vitícola- o son vendidos directamente tal cual a los consumidores (sector de las frutas y legumbres) y, por tanto, deben depender de una reglamentación vertical más obligatoria que las directivas horizontales que se aplican al etiquetado de todos los productos alimenticios.
En relación con los organismos genéticamente modificados, nuestro Grupo recuerda que es necesario informar claramente al consumidor sobre la posible utilización de organismos genéticamente modificados en la composición de los productos alimenticios. La Comisión sigue sin publicar las modalidades de aplicación relativas a este etiquetado específico y el consumidor consume, actualmente, productos alimenticios a base de organismos genéticamente modificados sin saberlo. Esto es inaceptable.
El consumidor ha aprendido la lección de las vacas locas. Un reciente sondeo realizado en Francia por la SOFRES muestra que el 69 % de los franceses son hostiles a los cultivos transgénicos. Por tanto, para nosotros se trata de permitir al consumidor europeo de ejercer clara y fácilmente y a un mismo precio su libre elección entre productos con organismos genéticamente modificados y productos sin organismos genéticamente modificados. En este caso, queda claramente de manifiesto que debe asegurarse la rastreabilidad de los organismos genéticamente modificados del campo hasta el plato.
El principio del etiquetado ha sido aceptado. Debe aplicarse a la totalidad de los ingredientes cuyo ADN haya sido manipulado, y no solamente a algunos, trátese de productos importados o productos comunitarios. Recuerdo la importancia de las importaciones: únicamente para la industria agroalimentaria francesa, se trata de 5.000 toneladas de soja y de 8.000 toneladas de lecitina anuales, procedentes esencialmente de los Estados Unidos. Ahora bien, las condiciones de cosecha, almacenamiento y transporte conducen a mezclas tales que no permiten, actualmente, identificar la presencia o la ausencia de organismos genéticamente modificados en estas importaciones. Esta es la cuestión fundamental de la que es preciso ocuparse, ya que el consumidor europeo que no quiere consumir organismos genéticamente modificados no debe verse imponer, para poder ejercer su libre elección, un coste adicional resultante de la constitución de ramos que no contienen específicamente organismos genéticamente modificados para productos difíciles de encontrar e identificar y que resultan, por ende, más caros. Este coste adicional debe cargarse a aquellos que cambian las reglas del juego y quisieran imponer un nuevo modo de consumo. Debemos hacer lo necesario para que puedan proponerlo, pero no imponerlo. La idea de un precio adicional que ha de pagar el consumidor final para evitar ingerir alimentos genéticamente manipulados es absolutamente inaceptable. Este es, a nuestro entender, el problema prioritario de seguridad alimentaria del que debe ocuparse el legislador comunitario si quiere hacer algo útil.
En lo que se refiere a las PYME y los agricultores, es necesario que la Comisión evalúe su capacidad para integrar el conjunto de normas comunitarias. Hay que recordar que una reglamentación sólo es pertinente si puede ser aplicada por el conjunto de los operadores.
Por último, nuestro Grupo se opone al apilamiento de estructuras y, por tanto, a la creación de una Agencia europea para la seguridad alimentaria, ya que haría un doble empleo con los comités científicos comunitarios y los organismos de control de los Estados miembros, que desempeñan un papel esencial. Algunos desearían que la Comisión pudiera presentarse como tal en el codex alientarius , órgano científico reconocido por la Organización Mundial del Comercio: nuestro Grupo considera que es una mala idea, ya que 15 votos, los de los 15 Estados miembros, siempre pesarán más que un sólo voto, el de las Comunidades Europeas. Como ya tuvimos oportunidad de verlo durante las conferencias internacionales sobre la pesca, cuando la Comisión se sustituye a los Estados miembros, debilita sus posiciones, en lugar de fortalecerlas.

Wibe
La seguridad de los alimentos es un asunto extremadamente importante. Me parece que faltan algunas cosas en este informe, por otra parte, excelente. No es aceptable que hoy, por ejemplo, haya partidas de carne importada en Suecia, con certificado de sanidad, que se ha visto que están infectadas de salmonella. Del mismo modo, deben hacerse esfuerzos para que se termine con la incorporación rutinaria de antibióticos en los piensos.
En el punto 36 de la propuesta de informe se insta a la Comisión a iniciar un proceso contra el Consejo por no haber cumplido la prórroga, que se estableció hasta el 1 de enero de 1995, para decidir sobre las medidas necesarias para erradicar la salmonella de las gallinas ponedoras. Evidentemente que es grave que el Consejo no haya cumplido, pero llevar al Consejo a los Tribunales es inadecuado en este contexto.
Informe Arroni (A4-0061/98)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro entre 1999 y 2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. Éste es un asunto para los Estados miembros que entrarán en la zona del euro.
Con todo, hay que señalar que el informe de ningún modo se refiere a los grandes costos de adaptación que conlleva la implantación de una nueva moneda, como la sustitución de las máquinas automáticas de monedas, sistemas informáticos, etc. Es obvio que serán los consumidores, los ciudadanos, quienes pagarán todo esto con más altos precios y contribuciones.

Fourçans
En su conjunto, el informe del Sr. Arroni sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro es satisfactorio. Insiste como es debido en la necesidad de informar al consumidor, prepararlo a la llegada de la moneda única. No omite subrayar la dificultad que esta revolución monetaria corre el riesgo de representar para las poblaciones frágiles tales como las personas mayores, o incluso los discapacitados.
Si actualmente se admite sin ambages la necesidad de información en materia de euro, sería conveniente que ésta se pusiera efectivamente en práctica, y rápido, como lo subraya acertadamente nuestro ponente.
Asimismo, cabe conceder un interés muy especial a las PYME, ya que éstas representan una importante cantera de empleo. Apruebo la idea del Sr. Arroni de pedir a los Estados miembros de prestar una atención muy especial al impacto de la introducción de la moneda única sobre estas empresas, para que saquen provecho de todas las ventajas. Y hacer, por ende, que el impacto sobre el empleo sea lo más favorable posible.
No obstante, dos observaciones: la primera se refiere a la doble exhibición de precios. Si es una necesidad, especialmente en la fase durante la cual el euro y las monedas nacionales circularán a la par, no me parece juicioso hacerla obligatoria, tal como lo propone nuestro ponente. Imponer la doble exhibición de precios implicaría costes y rigideces que serían sin duda alguna perjudiciales al buen funcionamiento del mercado único. En cambio, sería bueno instaurar un código de buena conducta, al menos para el comercio minorista.
La segunda observación concierne el pago del coste de conversión de las monedas nacionales en euros. Así como lo pide el ponente, es deseable, también en este caso, pedir al sector bancario y financiero la instauración de un código de buena conducta que respete el principio de gratuidad de la conversión cuando ésta sea obligatoria. Por ello, las propuestas tanto del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, para hacer obligatorio este principio de gratuidad mediante un reglamento, no me parecen juiciosas. Una competencia sana y legal entre todos los actores capaces de efectuar las operaciones de cambio me parece suficiente para regular esta cuestión.
Mi voto sobre el informe dependerá de la suerte de estas propuestas.

Lindqvist (ELDR), Eriksson, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL), Gahrton, Holm y Schörling (V), Bonde, Lis Jensen y Sandbæk (I-EDN)
La UME es un proyecto centralista de alto riesgo con débil arraigo popular. La UME da prioridad a la estabilidad de precios y la baja inflación. El riesgo es grande de que el ya alto desempleo aumente aún más. Las diferencias regionales entre los territorios de crecimiento elevado y las zonas de despoblación pueden agudizarse. La UME conduce a una centralización de la política monetaria y de cambios que, en su prolongación, puede llegar a comprender también a la política tributaria y financiera. La UME es un proyecto político que amplía los componentes federales de la UE y fortalece la orientación hacia la formación de un estado común.
Con el objeto de ampliar el apoyo popular del proyecto de UME propone ahora la Comisión campañas de propaganda dirigidas a los ciudadanos y las empresas. Entre otras, una figura inventada de tebeo, El Capitán Euro , va a hacer que la gente cambie su opinión sobre la UME y el euro. Es una forma inaceptable y provocativa de usar el dinero de los contribuyentes. Solamente se corre el riesgo de agrandar la distancia entre la UE y los ciudadanos. A la luz de lo expuesto, hemos votado en contra del informe.

Rovsing
La Comisión describe en su comunicación la base de una serie de iniciativas que deben acelerar los preparativos para la implantación del euro tanto en el sector privado como en la administración pública. En diez meses el euro será una realidad económica y dentro de escasamente tres años tendrá lugar la mayor reforma monetaria de la historia. Sin embargo, los países europeos apenas tienen una idea general completa de la enorme trascendencia que la implantación del euro acarreará para todas las actividades económicas - también en los países que no participan en la moneda común desde el primer momento.
Por ello es una alegría que la comisión en su informe tenga en cuenta que los usuarios de la nueva moneda naturalmente deben estar bien dispuestos y bien informados. Un código de conducta entre las instituciones monetarias a fin de garantizar una implantación sin problemas del euro es además una de las iniciativas absolutamente necesarias que se subrayan en el informe de la comisión, al cual otorgo mi total apoyo.

Theonas
Sin duda la introducción del euro crea las más graves cuestiones de las cuales sólo algunas parecen ocupar a la Comisión. En nuestra opinión, el punto central que está ausente de las reflexiones de la Comisión y de los preparativos que se hacen a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros es para quién va a ser la carga directa o indirectamente; quién, finalmente, va a ser llamado a pagar el coste de la adaptación. Nosotros apreciamos que las condiciones de libre mercado y de desregulación, este será el consumidor final, es decir, los trabajadores con el método, y no sólo con él, de la rotación.
Tal como señala la propia Comisión en su comunicado, no es casual que las organizaciones del capital profieran precisamente esta amenaza para conseguir nuevas facilidades y desgravaciones fiscales, nuevas prerrogativas para que no se institucionalice lo que, en un principio, habían apoyado más ampliamente como un componente del periodo de transición de adaptación a la nueva moneda, la doble exhibición obligatoria de los precios.
Nosotros consideramos la doble exhibición obligatoria de los precios, por lo menos en los sectores del comercio al por menor y de la distribución, un medio básico y mínimo de limitación de las tendencias especulativas que caracterizan cada transición de una moneda a otra. En relación con la postura del ponente sobre la necesidad de "flexibilidad» de los mercados y el carácter facultativo de la doble exhibición de precios subrayamos que nunca los mercados han conducido a "mejores soluciones» y que no hay ninguna garantía de evitar las tendencias inflacionistas.
Paralelamente, deberán intensificarse los esfuerzos por erradicar los casos de estafa con sanciones administrativas y penales inmediatas, y deberemos mirar por establecer el derecho, de las organizaciones de consumidores, de entablar una demanda para defender un interés estatutario.
Estamos especialmente intranquilos por los problemas a los que se enfrentarán las pequeñas y medianas empresas, las cuales, bajo la presión de la competencia de las grandes empresas multinacionales y también en el ámbito de creación de contratos de subcontratación se verán forzadas, ya desde el principio del periodo de transición, a acceder a las adaptaciones técnicas necesarias ( de contabilidad, de infraestructura, etc.), hecho que quizá resulte fatal para muchas de ellas y acelere su cierre.
En este marco, podríamos estar de acuerdo con determinadas medidas especiales de discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas empresas, y especialmente a favor de las microempresas, que dan trabajo a menos de diez personas, para que puedan responder al encarecido coste de las adaptaciones al euro. Estas medidas podrían ser de carácter contable (por ejemplo una más rápida amortización de las inversiones) o programas financieros especiales, o bien la facilitación del acceso a las entidades de crédito.
Somos categóricamente contrarios a cada intento en que la preparación técnica de introducción del euro sea la excusa para aumentar los beneficios del gran capital por medio de desgravaciones fiscales del coste de inversión y del coste de reestructuración por el establecimiento del euro "¡¡¡como también de los beneficios que resultan de la supresión de los riesgos de cambio!!!», soluciones que, sin embargo, se están estudiando.
Con esta ocasión queremos repetir nuestra demanda: que la Comisión proceda a la publicación de un informe sobre las repercusiones del euro en los países que no participen en él y sobre la supresión de la inseguridad en las relaciones e intercambios entre los países de dentro y de fuera; pero también, más generalmente, sobre el coste social del euro, que oficialmente se acepta que habrá tal coste, pero que - la propia UEM y sus defensores - evitan cuidadosamente determinarlo.
Queremos subrayar la contradicción y la provocación escandalosa entre la política de las duras limitaciones presupuestarias y de sanciones en caso de infracción y el derroche de los recursos del presupuesto para campañas de "información» y manipulación de los trabajadores para que acepten una política de la que, tal como muestran la trágica situación que están viviendo hoy y las perspectivas para el futuro, no tienen nada de que beneficiarse.
Informe Torres Marques (A4-0078/98)
Berthu
Con el informe Torres Marques sobre el euro y el turismo, puede decirse que los partidarios del euro están echando mano de sus últimos recursos disponibles. No sé cuál es el sentido exacto que hay que dar a esta señal, pero en cambio, estoy seguro de que habría sido mejor que dejaran este texto donde estaba.
Efectivamente, se basa en un contrasentido completo. Para la ponente, los turistas estarán muy contentos de ver su vida simplificada por la unificación monetaria europea y ahorrar al mismo tiempo los gastos de cambio. De paso, el informe no vacila ante las afirmaciones más extravagantes. Por ejemplo, según éste, el euro representaría para los turistas -y cito- una ventaja enorme si consideramos que en la actualidad pueden perderse en las transacciones de cambio hasta los dos tercios del valor de su moneda, aun sin realizar gasto alguno. Aquí encontramos el rastro de viejas lecturas mal digeridas, realmente muy mal digeridas.
De todas maneras, es muy probable que, para un turista, cambiar su moneda nacional por la del país visitado, formara parte del encanto del destierro del viaje y en modo alguno lo percibía negativamente. En aplicación del mismo principio de unificación, la ponente pide la supresión completa de controles en las fronteras, sin duda alguna para que los turistas ya no se den cuenta de que están pasando de un país a otro. ¿Y mañana no se nos va a pedir que practiquemos el esperanto para facilitar la vida de los turistas? No andamos muy lejos. No han inventado ya, para adornar los futuros billetes, en euros, el monumento europeo virtual, el que no presenta ninguna característica nacional particular. En total, pues, el informe Torres Marques no percibe en modo alguno la cuestión, los turistas vienen a un país para apreciar su identidad, pero si para facilitar la vida de los turistas, se asesina la identidad, es realmente una política de tontos. Y por lo demás, aprovecho esta ocasión, puesto que el Sr. Corbett todavía está en la sala, para agradecer a nuestros amigos británicos por negarse a entrar en el euro, porque, en tanto que turista, realmente me entristecería ya no ver el rostro de la reina sobre sus billetes de banco.

Ahlqvist, Theorin y Wibe
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro entre 1999 y 2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. Éste es un asunto para los Estados miembros que entrarán en la zona del euro.
Sin embargo, el informe contiene, quizás, demasiados cálculos optimistas en cuanto al crecimiento del turismo debido a la moneda común. En este contexto, debemos recordar que una gran industria turística en Europa tiene su fundamento en un alto bienestar generalizado y tiene bastante poco que ver con la moneda común. Los costes de cambio de moneda son, en este contexto, marginales. Este bienestar puede muy bien verse amenazado por la creación de una moneda común en un terreno que no es óptimo.

Holm
El turismo es un importante sector que en gran medida va a ser afectado por la introducción del euro. La redacción de este informe me despierta, sin embargo, un poco de escepticismo. Especialmente se trata de lo expresado en los puntos 17 y 20, donde se consideran asuntos que son de relevancia nacional y en los que la UE no tiene derecho a actuar. Se trata de los impuestos nacionales y, como dice el punto 20, que se toman medidas para armonizar los impuestos, especialmente el impuesto al valor añadido. Esto demuestra que la introducción de la UME es el primer paso para la construcción de la UE federal, donde también se van a decidir y armonizar las reglas impositivas en el ámbito comunitario, en lugar de encargarse de ellas los Parlamentos nacionales. No puedo contribuir a esto y por eso votaré en contra del informe.

Sindal y Blak
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy en contra del informe de la Sra. Torres Marques sobre el euro y el turismo. La señora ponente propone en su informe una serie de medidas que pueden facilitar a la industria turística el paso a la nueva unidad monetaria. La señora ponente exhorta a que se den los pasos para la armonización de los impuestos y los derechos que tienen relevancia para el sector turístico, especialmente el impuesto sobre el valor añadido (IVA). La señora ponente se centra mucho en la liquidación y la armonización de derechos nacionales. No queda claro si se trata de una armonización dentro de la zona del euro o en toda la Unión. Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo son contrarios por principio a armonizaciones fiscales e impositivas, pues esto minará la base de financiación de la sociedad danesa del bienestar. De ahí que la delegación haya optado por votar en contra del informe.

Theonas
Estaremos de acuerdo con la ponente en el carácter estratégico del turismo en general, como sector de creación de miles de puestos de trabajo, como sector de desarrollo por excelencia de las pequeñas y medianas empresas, como medio de desarrollo económico y de recuperación, de comunicación entre los pueblos. Pero quisiéramos expresar nuestra preocupación por la importante reducción del porcentaje de la industria europea del turismo en el mercado internacional en los últimos años así como por el hecho de que, desde el punto de vista de las relaciones laborales, la situación predominante está caracterizada por miles de despidos, por la utilización extendida del trabajo a tiempo parcial, del trabajo ilegal de los contratos de tiempo limitado, de los fenómenos de dumping social. En general, y en contradicción con la euforia que caracteriza a la ponente en su descripción de la situación en el sector, tenemos un uso generalizado de los modelos de trabajo flexible y el fomento de facto de las relaciones laborales flexibles. En cuanto a los cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, principalmente de carácter familiar, simplemente van tirando en el intento de corresponder a la, cada vez mayor, competencia de las grandes cadenas organizadas.
Sobre todo esto falta cualquier reflexión, simplemente se propone (en la exposición de motivos) la aprobación de una política común de turismo con la introducción del capital relativo al Tratado de la Unión Europea. Parece que los defensores de está propuesta se inspiran en los sectores que son de competencia comunitaria, como los cientos de miles de hogares destruidos en la agricultura o en la desorganización, en los despidos y la duda sobre cada posibilidad nacional de intervenir, como en los traslados aéreos y en las telecomunicaciones.
En este marco, la esperada introducción del euro conducirá a reestructuraciones de amplia extensión en el sector. A esto también contribuirá el hecho de que, contrariamente a otras ramas en donde la participación o no en la moneda común en una primera fase incumbirá, en los intercambios internacionales, a un determinado abanico de personas (es decir, principalmente, a las relaciones entre comerciantes así como a un número determinado de contratos de consumidores); en el sector del turismo el problema es más amplio, dado su carácter primordialmente internacional y el largo número de los directamente implicados. La Comisión tampoco proporciona la mínima información sobre este sector en cuanto a cómo se formará la situación en los países que no son de la zona euro así como sobre las consecuencias que habrá.
Realmente, la existencia de una moneda única podría contribuir a la simplificación de algunos procedimientos y al ahorro de algunos recursos de la supresión de la conversión de divisas; pero en ningún caso debemos hacernos ilusiones sobre los resultados. Ni el aumento de la competencia ni la reducción del coste indirecto conducen a una reducción esencial de los precios, tal como demuestra la experiencia de la liberalización y la concesión de facilidades económicas fiscales u otras. Paralelamente, el aumento de la competencia lleva a la concentración del capital, a la reducción del empleo, a la intensificación de la explotación y al cierre de las pequeñas empresas.
En relación con las últimas, es seguro que muchas de ellas no alcanzarán el predominio de la nueva moneda porque no podrán hacer frente a los gastos de adaptación al euro y a la competencia, y mucho más cuando tienen un acceso mínimo a la información y al mercado de capitales y cuando se esté fomentando ya desde el 1/1/99 la aplicación del principio "no obligación, no prohibición» sobre la circulación del euro como dinero electrónico.
En este marco consideramos indispensable el especial apoyo a las menores de las pequeñas y medianas empresas, o bien facilitando el acceso al sistema de crédito y de la participación en programas financieros o con su tratamiento fiscal favorable.
Creemos que el factor básico que juzga el desarrollo o no del turismo es la situación económica y el nivel de vida de los trabajadores, ya que el turismo como gasto elástico predominante es una de las primeras víctimas de la política de austeridad. Por otra parte, si a la "reducción progresiva del tiempo de trabajo que aumenta el tiempo libre» la acompaña una reducción de los ya limitados salarios, el único resultado que tendrá será la búsqueda de un trabajo complementario. Con las políticas que imponen Maastritcht y la UEM con la, cada vez más intensa, reflexión sobre las consecuencias de la institucionalización del euro, somos incapaces de comprender la previsión de la ponente sobre la "esperada mejora del nivel de vida de los consumidores». Si la Unión Europea realmente quiere el desarrollo del turismo, tendrá que basar sus políticas en los trabajadores y en la mejora de su nivel de vida, abandonando sus duras posturas monetarias que se ha demostrado que sólo pueden conducir a callejones sin salida.
Informe Wolf (A4-0070/98)
Berthu
Señora Presidenta, mi Grupo se muestra muy preocupado por el impacto de la introducción del euro en las pequeñas y medianas empresas. En efecto, hasta ahora, esta cuestión esencial era tratada con mucha ligereza, como si se tratara de una mera cuestión de intendencia. Ahora bien, este no es el caso. El equilibrio de las PYME puede verse gravemente desestabilizado debido a la introducción del euro, lo que evidentemente es muy preocupante, ya que esta categoría de empresas suministra alrededor las dos terceras partes de puestos de trabajo en nuestros países.
En efecto, las ventajas y los costes de la unificación monetaria, si finalmente se realiza, se repartirán de manera muy desigual entre las empresas. Las ventajas irán en primer lugar a las grandes o a las PYME superiores que trabajan a escala europea. Sin embargo, en cuanto a los costes, pesarán sobre todas y mucho más pesados serán cuanto que las empresas no dispongan de servicios informáticos y contables muy competentes, no estén muy bien organizadas, no posean reservas disponibles para financiar los costes de transición, características todas que describen bastante bien a las PYME.
En estas condiciones, las pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de experimentar una grave pérdida de competitividad en relación con las grandes. Este efecto, esta situación se verá todavía más agravada si el euro no produce todas las consecuencias benéficas esperadas. Si, como mi Grupo piensa, los efectos estimuladores de la supresión de los costes de conversión y las incertidumbres de cambio internas son anuladas por el efecto recesivo de la nueva rigidez monetaria y los costes de transición, la disminución del ritmo de crecimiento afectará primero a las empresas más frágiles, una vez más, las PYME.
En resumen, la nueva zona euro será blanda con las grandes, pero dura con las pequeñas. ¿Cómo rectificar el rumbo? Los responsables de la transición se quedan, por el momento, en el discurso sobre el despertar de las conciencias y sobre la mejor información del público. Es sumamente insuficiente. ¿Pero cómo hacer algo mejor? Evidentemente, los Estados no podrán subvencionar a todo el mundo. Resultaría ruinoso.
En realidad, constatamos aquí un inconveniente práctico que se desprende de la concepción misma del sistema, a saber, la transición universal y obligatoria hacia el euro. Si se hubiera elegido la vía de una moneda común desarrollándola de manera progresiva y facultativa, no se plantearían todos estos problemas.

Ahlqvist, Theorin y Wibe
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro entre 1999 y 2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. Éste es un asunto para los Estados miembros que entrarán en la zona del euro.
Podemos solamente señalar que estimamos erróneo que, en el caso de Suecia, el Banco Central ahora sea independiente de influencias políticas. Estimamos que esto no debe ser así.

Lienemann
El informe del Sr. Wolf sobre las convergencias de las disposiciones jurídicas de los Estados miembros con vistas al euro plantea de manera indirecta la cuestión del papel del Banco Central Europeo y de su independencia.
Lamento que este informe no ponga suficientemente de manifiesto la necesidad de constituir un gobierno económico europeo que debería ser el contrapeso del Banco Central Europeo con vistas a evitar que en determinados arbitrajes primen las lógicas puramente monetaristas, cuando ha de quedar garantizado el apoyo al crecimiento y al empleo.
Si la creación del Consejo del euro permite un intercambio en materia de políticas económicas y monetarias y una tentativa positiva de coordinación, de hecho no está dotado de ningún poder.
Hubiera deseado que se adjuntaran al informe las propuestas destinadas al reforzar el papel del Consejo.
Si el informe habla del deber democrático del Banco Central Europeo de presentar informes a nivel comunitario, hubiese sido necesario clarificar y reforzar el papel y poder del Parlamento Europeo en el diálogo con el Banco Central Europeo.

Ribeiro
Si se votara sobre las exposiciones de motivos que serán el fundamento de las propuestas de resolución, votaríamos con entusiasmo a favor del texto que constituye la llamada parte B de este informe.
En esta exposición de motivos figuran tres niveles para la convergencia entre las disposiciones jurídicas de los Estados miembros. Un primero y aún (!) existente tiene que ver con los propios Estados miembros y sus legislaciones, otro con lo que ya está consagrado en los Tratados aceptados entre los Estados que acompañan y promueven o aceleran la llamada «construcción europea» y un tercero que se deriva de posiciones del Instituto Monetario Europeo, tales como la del informe que es objeto de dicha exposición de motivos y propuesta de resolución del Parlamento Europeo.
Y resulta evidente que la difícil compatibilización y articulación entre los niveles nacionales y supranacionales parece resuelta fácilmente por el IME, al formular e imponer, mucho más de lo que serían en un marco democrático, sus atribuciones. Llega incluso a permitirse consentir que sigan existiendo especificidades nacionales ... siempre que no menoscaben la aplicación de la disposición del Tratado para que «cada Estado miembro [garantice], a más tardar en la fecha de constitución del SEBC, la compatibilidad de su legislación nacional, incluidos los estatutos del banco central nacional, con el presente Tratado y con los Estatutos del SEBC». Por otra parte, Portugal ya lo ha hecho, expeditivamente, con su revisión constitucional que remite a los compromisos adoptados en organizaciones internacionales la formulación de las competencias de su banco central.
El Sr. Wolf, en su informe, particularmente en la exposición de motivos, aclara esa dificultad y denuncia la forma expeditiva de resolverla por parte del IME. Y, por eso, plantea algunas cuestiones que son fundamentales en un proceso democrático. Podríamos citar muchas de sus consideraciones, pero elegimos la siguiente pregunta: »¿Cómo se deberá entender la independencia exigida a lo[s] banco[s] central[es]?», a la que después responde así: »Las definiciones del IME que figuran en el presente informe y, en particular, en el informe relativo a 1996 [...] acentúan, de forma demasiado unilateral, la 'independencia' en detrimento de la 'apertura' y la transparencia democrática».
La propuesta de resolución no presenta, como debería, la misma claridad. Sólo así ha podido escapar al rodillo que no admite dudas, cuestiones, opciones substitutivas. A pesar de su formulación menos clara, obtuvo un importante número de votos en contra, pero consiguió su aprobación en comisión. Y cuenta con nuestro voto en el Pleno, aun cuando sólo represente un apoyo a la exposición de motivos.
Informe Arroni, Torres Marques y Wolf
Blokland
Los tres informes arriba mencionados que se refieren a los diferentes aspectos de la unión monetaria que se avecina, no reciben mi aprobación.
La resolución sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro es con la que menos problemas tengo. Sin embargo, es extremadamente indeseable que la información gubernamental sobre el euro se convierta en una publicidad a favor del euro, como sugieren los puntos 10 y 17. Tampoco me puedo identificar con el punto de vista de obligar a los minoristas a aplicar una doble exhibición de precios durante la transición al euro.
El informe de nuestra colega Torres Marques se parece mucho a un globo hinchado. Con mucho entusiasmo se señalan las enormes ventajas del euro para los turistas. Pero estas son aplicables a los turistas que hacen un recorrido por diferentes países de la Unión Europea, no tanto a los turistas que van a un país. Y el que utilice los medios de pago electrónicos, no notará mucho el euro. Además, los diversos costes que tienen que ver con la conversión tendrán un efecto encarecedor de los costes. Por lo tanto, en gran parte se anula esta ventaja "enorme». No soy capaz entonces de ver la utilidad de este informe, sobre todo porque la política del sector turístico es un asunto netamente nacional.
Del informe del Sr. Wolf - que debería de tratar de la convergencia de la legislación de los Estados miembros - se desprende que el PE no tiene un concepto correcto de la política monetaria. El objetivo de la estabilidad de precios se evalúa como parcial en este informe y en otros sitios. En cambio, resulta que el PE está tan preocupado con el crecimiento del bienestar y del empleo, que cree que todo esto se puede realizar con la política monetaria. Mi primer inconveniente es que el abandono de la estabilidad de precios como único objetivo va a tener una influencia negativa en el desarrollo económico. Mi segundo inconveniente se refiere a la miopía: el desarrollo económico perseguido tendrá que ser duradero en el sentido ecológico, si queremos que sirva también a las futuras generaciones. Si no toman en cuenta estos problemas, no le sirve para mucho a la población europea que el BCE rinda cuentas al PE.

Corbett
Señora Presidenta, el Sr. Falconer tiene toda la razón cuando afirma que un diputado no tiene ninguna obligación de participar en una votación. No existe ninguna obligación de votar a favor ni en contra de un texto en particular, ni siquiera de expresar una opinión sobre un texto. No obstante, si un diputado desea indicar que se encuentra presente en la sala, a pesar de no desear expresar una opinión, tiene la opción -no la obligación- de pulsar su botón de abstención, lo que demuestra que estaba presente, aunque no deseara adoptar una posición sobre un texto o una enmienda en particular.
Usted afirma que existen diferentes tipos de abstención. Es posible que una abstención pueda tener significados diferentes. Éste es precisamente el objetivo de las explicaciones de voto, que acabamos de celebrar ahora. Si alguien desea indicar que ha votado a favor o en contra o se ha abstenido por algún motivo concreto, ésta es la oportunidad que ofrece el Reglamento para explicar ese matiz. Pero lo que no necesitamos son dos formas separadas y diferentes de no expresar una posición a favor o en contra de un texto en particular.
Quisiera presentar a usted, y a través de usted, a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, la opinión de que sólo hace falta una forma. Ello simplificaría enormemente nuestras votaciones. En realidad, habría otras formas de simplificarlas cuando la votación no es electrónica ni nominal. Bastaría con que el Presidente dijera quién está a favor y quién está en contra. En semejantes circunstancias, no necesitamos conocer quién se abstiene, cuando lo que se requiere es una mayoría simple. Pero ésta es otra historia.
Quisiera terminar volviendo sobre una observación del Sr. Falconer en el sentido de que aquí se trata de una cuestión institucional y no política, o algo parecido. Me pregunto si a aquellos que, reiteradamente, han estado haciendo observaciones en votaciones sucesivas y en períodos parciales de sesiones sucesivos sobre este asunto no les empuja un motivo político.

El Presidente
Señor Corbett y señor Falconer, ustedes me pidieron hacer uso de la palabra. Les señalo que son las 13.29 horas. No podemos abusar del tiempo de los intérpretes.
Voy a darles el uso de la palabra sólo por un minuto. Luego, si lo desean, pueden prolongar esta conversación delante de una copa de brandy o un vaso de agua, como prefieran.

Falconer
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con usted. No deseo prolongar el tiempo de los intérpretes. Los intérpretes deberían haberse marchado hace mucho tiempo. Es el Sr. Corbett quien está prolongando el tiempo de los intérpretes, porque está desafiando algo que he hecho, y tengo el derecho a responder. Mantendré y protegeré ese derecho. Cualquier diputado que esté presente en esta Asamblea y represente a la Presidencia también debería proteger ese derecho a responder.
El Sr. Corbett afirma que tenemos la opción de abstenernos, que es una forma de participar. La cuestión de la no participación en la votación significa que no deseamos participar en la votación, por lo que no es una opción. Esta Asamblea decidió establecer las explicaciones de voto hace mucho tiempo. Es la mejor forma de abordar este asunto en estos momentos. Me gustaría que volviéramos a la manera en que procedíamos antes, pero hace mucho tiempo que tomamos una decisión al respecto y esta Asamblea emitió su voto.
Para terminar, quiero decir al Sr. Corbett que sí, me empuja un motivo político en este asunto. Me niego a ser tratado como un niño. Me niego a ser tratado del mismo modo que se trata a las personas que no acuden lunes ni viernes. Normalmente acudo a la Asamblea los lunes y me quedo hasta el viernes, y soy una persona diligente, al igual que el 99 % de esta Asamblea. Me niego a ser tratado como un niño en nombre de una minoría. Por consiguiente, mientras antes revise la Mesa este Reglamento -que según he podido saber, ya lo está haciendo-, mejor. Quisiera instarle a que no haga caso a la petición del Sr. Corbett de remitir esta cuestión a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. La Mesa ya se ha ocupado de ello. Es ahí donde debe quedar este asunto hasta que la Mesa revise la insensatez que nos ha impuesto actualmente.

El Presidente
Sus declaraciones quedarán concienzudamente inscritas en el acta.
Agradezco a los intérpretes su paciencia.
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15 horas)

Promoción de la seguridad vial en la UE (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0065/98) del Sr. Cornelissen, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión «Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea - Programa para 1997-2001».

Piecyk
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando se habla de la seguridad vial en Europa, es preciso hablar en primer lugar de ignorancia, de represión, de peligrosa negligencia generalizada y de inacción penal. Esto es aplicable tanto a los agentes que participan en la circulación vial como a la política. El eje central y la piedra angular de cualquier debate encaminado a mejorar la seguridad tienen que ser los datos que hoy ya se han citado un par de veces: 45.000 muertos y 1, 6 millones de heridos cada año, o sea, 123 muertos diarios en las carreteras de Europa. Sólo la cifra de muertos en relación con el número de habitantes equivale en la práctica a la aniquilación anual de la población de una ciudad europea de tamaño medio un año tras otro. Por esto es bueno que el Comisario y la Comisión hayan presentado un programa para promover la seguridad vial. El colega Pam Cornelissen merece mi reconocimiento por su completo informe que profundiza en las causas de los accidentes. Desde luego, yo esperaba menos de él.
Una mayor seguridad vial exige un paquete completo de medidas, una educación vial permanente dirigida a los jóvenes y los mayores, medidas técnicas de todo tipo tanto por lo que se refiere a las carreteras como a la seguridad de los vehículos - airbag, cinturones de seguridad, iluminación son sólo algunas palabras clave-, protección especial para los usuarios más débiles -niños, ancianos, peatones, ciclistas-. Sin embargo, a mi parecer, la atención debe centrarse sobre todo en dos aspectos, dos aspectos en los que se requiere una mayor conciencia ciudadana pero también una política más valiente. Éstos son el alcohol y la velocidad. La norma práctica aplicable en este caso indica que cuanto más se ha bebido y cuanto más elevada es la velocidad a la cual se circula, mayor es el número de muertos y heridos. El razonamiento inverso también es válido naturalmente. Por esto es necesario establecer un límite radical en relación con el alcohol y también son necesarios unos límites de velocidad de ámbito europeo.
La petición de un límite de velocidad, que también formula la Comisión, sigue siendo a mi parecer demasiado vaga y demasiado abierta a diversas interpretaciones. El Parlamento ya adoptó en 1990 una decisión clara sobre esta cuestión: la velocidad máxima para los vehículos de pasajeros, en los Estados miembros de la UE donde todavía no esté regulada, deberá limitarse a 120 km/h en las autopistas, 100 km/h en las carreteras y entre 30 y 50 km/h en las zonas habitadas y poblaciones. Desde el Parlamento tenemos que seguir apoyando e impulsando la decisión que adoptamos en 1990. Si algunos Estados miembros fijan límites de velocidad máxima todavía más bajos, ello sólo es digno de encomio y debemos apoyarlo. A quienes objetan que es imposible aplicar esta norma con carácter general, debemos recodarles el caso de la limitación de la velocidad de los camiones. En ese caso, Europa consiguió dicho objetivo; existe un límite de velocidad para los vehículos y camiones de gran tonelaje, por lo tanto yo pido que éste también se establezca para los vehículos de pasajeros. No deberíamos renunciar a ninguna medida para intentar alcanzar nuestro objetivo comunitario de reducir a 25.000 la cifra de muertos antes del 2010. Cada nueva víctima de la circulación vial es una víctima innecesaria y por esto yo les pido que apoyen mi propuesta.

Sisó Cruellas
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Cornelissen, por el magnífico trabajo que ha realizado en la redacción de este informe. Y espero y deseo que su trabajo sirva para concienciar a todos los agentes implicados -instituciones, diseñadores y constructores de los vehículos, usuarios, técnicos de seguridad, agentes de tráfico, empresas de transportes, compañías de seguro, talleres de mantenimiento y reparación de vehículos, centros de enseñanza para conductores, etc.- que deben sacar conclusiones objetivas sobre la verdadera causa de los accidentes que se producen en nuestras carreteras y vías urbanas y, en consecuencia, se puedan tomar medidas que eviten o reduzcan al mínimo posible el número de accidentes y de víctimas.
Somos muy sensibles -y así debe ser- a todo tipo de catástrofes, pero incomprensiblemente estamos aceptando con irritante resignación y facilidad esa gran catástrofe, que semana tras semana, se produce en las carreteras de la Unión Europea y cuyo balance anual se acerca a los 50.000 muertos y supera el 1.650.000 heridos, dando luego lugar, según consta en el informe, a medio millón de ingresos en los hospitales de los cuales un 25 % termina en invalidez.
Por lo tanto, señor Presidente, es necesario hacer un mayor esfuerzo en esa materia, tanto por parte de la Comunidad como de cada uno de los Estados miembros, que están obligados a potenciar el desarrollo tecnológico de la seguridad y a hacer esfuerzos imaginativos a la hora de elaborar planes de seguridad vial; y no debe aceptarse por más tiempo la excusa de siempre -que no se tienen suficientes recursos-, puesto que el coste económico y social, además del humano que es imposible cuantificar, de estos accidentes es muy elevado, posiblemente superior al coste necesario para evitarlos si hubiera voluntad política para ello. Por todo ello, señor Presidente, doy la bienvenida a la comunicación de la Comisión, así como al magnífico informe del Sr. Cornelissen.

Paasio
Señor Presidente, habida cuenta de que en la Unión Europea mueren cada año 45 000 personas en accidentes de tráfico, sería posible afirmar que el transporte vial constituye una catástrofe de gigantescas dimensiones. Sin embargo no lo hacemos, en primer lugar por que las sociedades modernas no existirían sin el transporte vial y, en segundo, por que los accidentes no ocurren todos al mismo tiempo y en el mismo lugar.
La seguridad vial recuerda en cierto modo a la protección del medio ambiente. Todos afirman considerarla importante, pero son pocos los que están dispuestos a ponerse manos a la obra para mejorarla.
Ya que es innegable que una parte muy considerable de los accidentes tiene como causa la velocidad excesiva de los vehículos, además de aprobarse normas más estrictas y concretas, se debería prestar atención a los motivos que llevan a los conductores a circular a velocidades excesivas. Sin lugar a dudas, uno de estos motivos reside en la publicidad de automóviles y motocicletas en la que se hace hincapié, entre otras características, en su velocidad punta, es decir, en algo que precisamente no se puede aprovechar en ningún lugar. Con frecuencia se recurre a los logros conseguidos por una marca de automóviles en una competición, ya sea de rallies o de Formula 1, para hacer publicidad de vehículos destinados a un uso normal. Ésta es seguramente una de las razones fundamentales por las que las marcas de automóviles invierten enormes sumas de dinero en las pruebas de competición. De esta manera se genera un atractivo hacia un modo de conducir que se adecua únicamente a los circuitos, y ni siquiera siempre.
Existen motivos para apoyar con fundamentos homogéneos determinadas limitaciones de velocidad en toda la UE. Con esta medida, la ignorancia de las normas de tráfico no sería, al menos en la misma medida que en la actualidad, un motivo, y aún menos una justificación, para una conducción peligrosa.
Aún hoy sigue existiendo una oposición a las restricciones de velocidad en nombre de las libertades ciudadanas. Se trata del derecho de los ciudadanos a hacer el uso más seguro posible de las redes de transportes. El derecho a poner en peligro la seguridad no puede figurar entre los derechos ciudadanos. Por idénticos motivos, se debería incorporar a la legislación común europea el uso obligatorio de las luces de cruce incluso durante el día, para permitir percibir a tiempo a los vehículos que circulan tanto en uno como en otro sentido.

Koch
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, la seguridad vial es un tema interdisciplinar complejo en el cual intervienen factores técnicos muy diversos, pero sobre todo factores humanos. Yo acojo el excelente informe Cornelissen con una gran satisfacción, que de hecho es mi sentimiento predominante, pero al mismo tiempo también con una cierta preocupación. En este sentido, me congratulo por sus numerosas recomendaciones importantes y fundamentales y por sus propuestas prácticas para mejorar la seguridad vial. Una mejora que yo personalmente considero urgentemente necesaria no sólo por los costes económicos demostrables que ocasionan los accidentes de tráfico, los cuales se elevan a más de 100 millardos de ecus, y debido al sufrimiento humano no cuantificable pero inconmensurable, sino también porque, al igual que cualquier otro ciudadano, yo mismo desearía sentirme más seguro en las carreteras de los países vecinos.
Esta consideración también es válida, por otro lado, para el caso en que sea necesario un rescate o la prestación de auxilio después de un accidente. En un Estado que por suerte ya no existo yo tuve experiencias favorables gracias al hecho de que la formación para la obtención del permiso de conducir incluía un curso de primeros auxilios. Me preocupan los intentos de trasladar al ámbito europeo, con ayuda del programa de acción previsto, competencias no previstas en el Tratado CE por lo que se refiere a las decisiones legislativas. Sin duda podría conseguirse lo mismo mediante acuerdos voluntarios, a la vez que se pondría coto a la burocracia y a la profusión de normas.
Yo sólo puedo recomendar la aprobación del informe si se rechazan seis de las siete enmiendas que mañana se someterán a votación y siempre que no se aprueben los apartados 7b y 7c, cuyas palabras clave son "regulación rigurosa de la velocidad máxima» e "introducción de un sistema europeo de penalización por puntos».

Morris
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi satisfacción por el informe y, ciertamente, por la intención que se esconde en el interés de la Comisión de tomar medidas en este asunto.
No puedo añadir mucho a lo que ya se ha dicho, excepto, quizás, destacar dos ámbitos de preocupación. Uno es la relación que existe entre el consumo de alcohol y los accidentes. Los conductores que sobrepasan los límites legales no llegan al 5 %, pero ocasionan el 20 % del total de los accidentes mortales. Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de limitar el nivel de alcohol a 0, 5 mg/ml, junto con las propuestas de prohibir la venta de alcohol en las estaciones de servicio y la estandarización de los dispositivos de control del aliento.
Mi otra observación es la siguiente: ahora es el momento de plantearse la armonización de las sanciones y su cumplimiento en todo el territorio comunitario, de manera que los conductores sancionados, digamos en Inglaterra, País de Gales o Francia, no puedan conducir en Alemania o Bélgica. Me gustaría que la Comisión presentará una legislación en este sentido. Deseo a la Comisión mucho éxito en su tarea de hacer nuestras carreteras más seguras.

Schierhuber
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo quiero saludar explícitamente la iniciativa de la Comisión de poner en marcha un programa de acción para promover la seguridad vial en la Unión. El elevado número de muertos en accidentes de circulación en las carreteras de Europa es pavoroso. ¡Es imprescindible hacer algo para evitarlos! La reducción de los accidentes debe ser nuestro objetivo común. La conducción en estado de embriaguez es una de las causas más frecuentes de accidentes. Por lo tanto, no debería superarse el límite de 0, 5 mg/ml como índice máximo de alcohol en la sangre para los conductores. Austria ya ha introducido este límite. Sin embargo, no sólo el alcohol puede influir sobre la capacidad de conducción, sino que sobre todo los medicamentos y las drogas también pueden alterarla. La legislación debería tomar en consideración este hecho y tiene que existir la posibilidad de adoptar medidas que permitan actuar contra ello. Es imprescindible un control más riguroso y consecuente de los agentes que participan en la circulación. Otro concepto clave en este sentido debería ser igualmente el control de las limitaciones de velocidad.
En relación con la retirada del permiso de conducir y el reconocimiento a escala europea de la misma, yo quisiera recordar que no existe una armonización legislativa de ámbito europeo, la cual es no obstante un requisito previo necesario para ello. El reconocimiento mutuo de la retirada del permiso de conducir no será posible mientras no contemos con normas administrativas y penales de ámbito europeo, dadas las grandes diferencias en los requisitos para la misma en los diferentes Estados miembros.

Sindal
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de lo razonable de esforzarnos por tratar este asunto en el ámbito europeo. Quiero dar las gracias al Sr. Cornelissen, al señor Comisario y a todos los que han contribuido a hacer este asunto europeo. Se ha mencionado varias veces en el día de hoy el número de personas que fallecen en las carreteras. Causa gran impresión cada vez que se produce un accidente de ferry. Sin embargo, puedo llamar la atención sobre el hecho de que 45.000 personas fallecen al año en la carretera, lo que corresponde a 45 accidentes como el acaecido en Estonia. Lo que debemos examinar en común es la construcción de los automóviles, el tráfico transfronterizo y el tráfico creciente en la carretera, por tanto, hay cuestiones suficientes que abordar. Estoy de acuerdo con mis compañeros, sin embargo, quiero sólo llamar la atención sobre la existencia de diferentes culturas de la circulación, luego nos hacemos un favor a nosotros mismos aumentando desde abajo y no tanto desde arriba, cuando queremos elaborar normas comunes. Mis recomendaciones no son diferentes a las de mis colegas. Sólo quiero llamar la atención sobre el hecho de que, cuando se nombran el alcohol y los fármacos, también debe mencionarse la fatiga, es decir, los tiempos de conducción y de descanso.
No obstante, para alcanzar su objetivo, el plan de actuación debe salir de los países miembros y no sólo de la Comisión, aunque apoyo a la Comisión - y al Parlamento - en la iniciativa. La seguridad vial es algo que nos atañe a todos. Permítaseme mencionar el tema de las velocidades. Es esencial que hallemos marcos para las velocidades y no tengamos demasiadas velocidades distintas. Sólo conducir de un país con velocidades altas a otro país con velocidades bajas causa algunos accidentes.
Quiero mencionar aún una cosa que ha llamado la atención no sólo a la Cruz Roja. No es sólo la ayuda profesional la que se precisa en la carretera cuando se produce un accidente. Debemos hacer algo por garantizar los primeros auxilios en el lugar. De si esto forma parte de nuestros certificados de conducción, no estoy seguro, sin embargo, en cualquier caso es algo que merece la pena incluir. Por último, quiero recalcar la importancia de disponer de marcos seguros para la circulación, la seguridad de los ciudadanos, etc. Finalmente quiero decir que todos nosotros andamos muy ocupados en no morir a manos de un bistec inglés. Si pudiéramos prestar la misma atención a lo que sucede en el ámbito de la circulación, llegaríamos lejos en una Europa en la que el futuro está basado en la pertenencia y la movilidad.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, en primer lugar quisiera pedir disculpas a la Asamblea y al Sr. Cornelissen, en particular, por haber llegado aquí hoy con algo de retraso. Como sabrá el Sr. Cornelissen, el retraso ha sido debido a las retenciones ocasionadas por un horrible accidente en cadena que se ha producido en la autopista francesa. De un modo trágico y gráfico, este accidente pone de manifiesto el gran significado del tema que hoy debatimos, es decir, el informe del Sr. Cornelissen sobre la Comunicación de la Comisión sobre Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea durante los próximos años.
Felicito al Sr. Cornelissen por la minuciosidad del informe elaborado por él y sus colegas de la Comisión de Transportes y Turismo. Me complace, aunque no me sorprende, que exista una fuerte convergencia entre las opiniones del Parlamento y de la Comisión sobre los asuntos que nos ocupan, no sólo en lo relativo a la conveniencia de mejorar las medidas para mayor seguridad vial, sino también a la estrategia general que debe adoptarse a nivel de la Unión con el fin de alcanzar dicha mejora.
Me complace especialmente observar que hay conformidad con algunos de los elementos nuevos que hemos introducido en esta última comunicación, como el desarrollo de un sistema integrado de información de la Unión Europea sobre seguridad vial que hará más fácil la identificación de problemas específicos y que estará a disposición de los Estados miembros para alentarlos a que prosigan sus esfuerzos en favor de estrategias para la seguridad vial.
Existe acuerdo sobre la necesidad de un mejor cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes, independientemente de las modificaciones que introduzcamos. La necesidad del cumplimiento estricto será universal y se mantendrá. La necesidad de fortalecer la formación sobre la seguridad vial ha sido comentada en el informe y en este debate. La Comisión lo apoya plenamente. La necesidad de hacer un uso mejor y más amplio de los cinturones de seguridad, no sólo en los asientos delanteros de los vehículos, sino también en los asientos traseros, en los que siguen produciéndose un número alarmante de defunciones, incluso en países con los más altos niveles de cumplimiento de las normas de utilización del cinturón. La necesidad de moderar la velocidad, en la que han hecho hincapié varios oradores en este debate. No hay la menor duda de que la velocidad es una asesina cualquiera que sea el estado de la carretera y cualesquiera que sean las condiciones climáticas, y es este un aspecto que merece la pena destacar. Es evidente la necesidad de combatir la práctica de conducir bajo los efectos del alcohol, y acojo con satisfacción el apoyo que una vez más aporta el Parlamento a la propuesta de la Comisión, que tiene ya nueve años, para la introducción universal de una reducción del nivel permitido de alcohol en la sangre. Existe una creciente concienciación de la necesidad de desarrollar medios técnicos y legales más eficaces para combatir la conducción bajo los efectos de las drogas.
En lo que respecta a la armonización de las sanciones, a nivel personal, estoy dispuesto a respaldar los sentimientos expresados por los diputados en favor de la armonización y el cumplimiento universal de las sanciones en toda la Unión Europea. No obstante, como el Parlamento comprenderá, es una cuestión que se incluye en el denominado tercer pilar y que, en buena medida, sigue siendo competencia intergubernamental. Lamentablemente, la Comisión aún no está en condiciones de adoptar una iniciativa al respecto. Estoy seguro de que, por motivos puramente prácticos y de interés común, llegará el día en que esta situación cambie.
Existe amplio acuerdo también sobre los esfuerzos que se vienen realizando para desarrollar sistemas que permitan clasificar la seguridad con el fin de proporcionar a los consumidores la información precisa sobre los niveles de seguridad de sus vehículos en todas las categorías de automóviles, y amplio acuerdo también sobre la necesidad de tener plenamente en cuenta los altos costes económicos y financieros de los accidentes de tráfico y que se adopte un enfoque coste/beneficios sobre las medidas de seguridad vial. Sobre este tema, la Comisión presentará una comunicación específica en un futuro próximo.
Es inevitable que un informe tan minucioso e integral como el del Sr. Cornelissen difiera en algunos aspectos del enfoque adoptado por la Comisión. Quisiera responder brevemente a esas opiniones que, en la mayoría de los casos, son ligeras divergencias.
En primer lugar, está la cuestión de si es adecuado o no establecer un objetivo numérico a nivel de la Unión Europea para la reducción del número de muertes que se producen cada año en la carretera, al objeto de que la terrible cifra actual de 45.000 muertes al año se reduzca a un máximo de 25.000 antes del año 2010. No estoy de acuerdo con este objetivo por tres motivos. En primer lugar, los Estados miembros difieren considerablemente entre sí en lo relativo a sus prácticas y opiniones sobre la fijación de objetivos. Algunos ya se los fijan y serían reacios a revisarlos. Otros no son partidarios en absoluto de fijarse objetivos. Por ello no es realmente factible que la Comisión o el Parlamento fijemos unos objetivos sin disponer de los medios legales para obligar a los Estados miembros a que los cumplan.
A pesar de estas consideraciones, podemos fijar unos objetivos orientativos con las mejores intenciones del mundo de que se hagan realidad. Luego, cuando circunstancias que escapan a nuestro control hagan imposible el cumplimiento de dichos objetivos, lo único que quedará será nuestro exceso de optimismo. Las críticas que ello podría desatar no me preocupan en absoluto. El auténtico motivo de preocupación sería la distracción de los serios esfuerzos que se habían realizado para reducir el número de muertos y heridos. Teniendo en cuenta la predilección que sienten determinados sectores de la prensa europea, entre los que se incluyen los británicos, por "trivilializar» incluso el tema de las muertes y las terribles lesiones por accidentes de tráfico, prefiero evitar los problemas que desataría la fijación de objetivos, y centrarme en cambio en los principales temas básicos.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, no me parece realista establecer un objetivo preciso a nivel de la Unión Europea. No obstante, quisiera recordar a la Asamblea que la Comisión está convencida de que si se siguen y se cumplen las medidas propuestas en nuestra comunicación, razonablemente cabría esperar en la Comunidad una reducción del número de muertes de 7.000 antes del año 2000 y de aproximadamente 27.000 para el año 2010. Espero que estas cifras y el razonamiento que las sustenta sirvan de estímulo a los Estados miembros y a los conductores para realizar mayores esfuerzos que permitan introducir modificaciones en las provisiones y el comportamiento, modificaciones que pueden salvar muchas vidas. Este enfoque no conlleva los problemas que pueden surgir de la fijación de objetivos.
Un segundo argumento divergente del Sr. Cornelissen es relativo al presupuesto que este Parlamento destina a la seguridad vial y que ejecuta la Comunidad. Al igual que el Sr. Cornelissen, lamento el recorte del 50 % de la línea presupuestaria B-2702 y estoy de acuerdo en que debemos plantearnos seriamente la posibilidad de utilizar fondos procedentes de la línea B-2704 de 1998. No obstante, la línea 2704 abarca otras prioridades importantes para nuestra política de transportes que esta Asamblea comparte, y de acuerdo con la sugerencia que se hace en el informe, equivaldría a desvestir a un santo para vestir a otro. Estoy seguro que si reflexionamos sobre ello nadie de esta Asamblea ni de la Comisión de Transportes y Turismo querrá hacerlo.
La reducción presupuestaria inevitablemente ocasionará retrasos en algunas de las medidas que esperábamos apoyar este año. Es muy lamentable, pero realista, puesto que nuestras futuras acciones deberán basarse en los fondos disponibles. Espero que los responsables de calcular y establecer el presupuesto en el futuro presten atención al hecho de que hay pocas cosas más importantes para la ciudadanía en general de la Unión Europea que intentar aumentar la seguridad en nuestras carreteras. El presupuesto debería reflejar esta prioridad.
En tercer lugar, y por último, estoy de acuerdo con la opinión del Sr. Cornelissen sobre la necesidad de establecer una clara lista de prioridades y de clasificar las medidas en función de su valor para reducir el número de muertes. No obstante, como añadidura a ese criterio, otros factores importantes deberían ser tenidos en cuenta, como la relación coste/beneficio de las medidas, su valor añadido derivado de la dimensión europea o los avances ya realizados a nivel comunitario o del Estado miembro.
En lo que se refiere al resto del informe, puedo confirmar que coincidimos francamente con las opiniones vertidas. Continuaremos trabajando con la máxima eficacia posible para reducir en lo posible esas terribles cifras de 45.000 muertes y 1, 6 millones de heridos al año y, naturalmente, la tristeza humana y el coste económico que dichas cifras ocasionan. En estos esfuerzos, nos sentimos claramente fortalecidos por el apoyo activo y el interés de esta Asamblea y por diputados como el Sr. Cornelissen y sus colegas que han demostrado y continúan demostrando su continuo compromiso en favor de la mejora de la seguridad vial, como han venido haciendo desde hace muchos años.

Wijsenbeek
Señor Presidente, a pesar de que este informe es de iniciativa propia, podría el Comisario, por favor, comentar sobre el hecho de que cuando tuvimos una directiva sobre el permiso de conducción europeo, presenté una propuesta para que se incluya algún tipo de formación sobre primeros auxilios en circunstancias difíciles, como en las que él mismo se ha encontrado esta mañana; es decir, prestar los primeros auxilios y que ello forme parte de la preparación para sacarse el permiso.

Kinnock, Neil
Ciertamente puedo ver las ventajas de un sistema semejante. No obstante, recomendaría cautela al Sr. Wijsenbeek en el sentido de que, aunque hay personas muy hábiles en la administración de los primeros auxilios y que pueden ayudar a salvar vidas y evitar males mayores, estas cualidades no son universales. Debemos tener mucho cuidado, por tanto, a la hora de incluir algún tipo de formación o de preparación en los permisos de conducción o en otros documentos que puedan alentar a las personas, con sus mejores intenciones, a prestar primeros auxilios sin tener los conocimientos necesarios para ello. Personas con las mejores intenciones, pero inexpertas, pueden ocasionar terribles daños adicionales. Por ello debemos examinar esto muy detenidamente.

Cornelissen
Señor Presidente, diferimos de opinión sobre la redacción de un objetivo político concreto. Debemos seguir debatiéndolo hasta el final. Señalo que los países que han tenido el valor de formular un objetivo concreto tienen mejores resultados que los otros y eso me parece un argumento extraordinariamente importante.
Presidente, el segundo punto trata del presupuesto. El Comisario sabe que no es inhabitual que la Comisión llegue en el año en curso con un presupuesto complementario, y mi pregunta concreta en nombre de nuestra comisión es, si esto ocurre este año si el Comisario va a aprovechar esa oportunidad, si es necesario - y disponemos de indicaciones de que es necesario -, Presidente de recibir también el dinero suficiente para la necesaria investigación?
Presidente, no basta con decir solamente cuán importante es la seguridad vial. Tendremos que ser también consecuentes en el presupuesto. "Noblesse oblige».
El tercer punto, Presidente. ¿He entendido bien que el Comisario nos detallará la realización de su paquete de medidas? Concedemos mucha importancia a ello de modo que podemos seguir el pulso para saber cuándo la Comisión propone qué medida. Me gustaría que el Comisario diera una respuesta concreta ahora o más tarde a estos tres puntos.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, en nuestra Comunicación hay una lista de comprobación y nos complace recibir preguntas, peticiones, correspondencia y consultas de todo tipo que nos ayudan a proporcionar, semana tras semana, informes sobre los avances alcanzados en la aplicación de las aproximadamente 65 medidas que constituyen el fondo de la comunicación. No sólo responderemos con rapidez a esas preguntas, sino que además las acogemos con satisfacción, sencillamente porque son una forma de mantener la presión y de llamar la atención pública y política sobre la necesidad de avanzar en este campo.
En cuanto al presupuesto, no se trata tanto de noblesse oblige , como de vitesse oblige . En cualquier momento del año, podemos hacer una utilización realmente buena, muy rentable y sin malgastar un céntimo, de recursos presupuestarios complementarios. Simplemente quisiera instar a aquellos que ya han comenzado a argumentar a favor de recursos adicionales para la línea presupuestaria relativa a la seguridad a que sigan trabajando, y que sepan que si la Comisión -que tiene una influencia y unos poderes muy limitados en estos asuntos- puede disponer de recursos adicionales, los utilizaremos eficazmente en todo lo que vaya dirigido a nuestro programa de seguridad.
La primera parte de la pregunta era relativa a los objetivos y, ciertamente, aplaudo a aquellos Estados miembros que aplican el sistema de fijación de objetivos. La diferencia entre ellos y nosotros que trabajamos a nivel comunitario es, naturalmente, que ellos tienen la soberanía y el mando de los sistemas para imponer la ley y varios otros medios para intentar asegurarse de que realmente se cumplen sus objetivos. Esos medios nos son negados a nosotros por motivos evidentes y ese es el motivo por el que existe una diferencia entre intentar fijar unos objetivos a nivel comunitario que abarcan a unos 350 millones de ciudadanos y afectan a 45.000 muertes en accidentes de tráfico, y establecer unos objetivos a nivel nacional o incluso local que son mucho más fáciles de alcanzar, debido sencillamente a las medidas de refuerzo que pueden adoptarse. La diferencia de dimensión es determinante para la estrategia y espero que sus Señorías reconozcan esta realidad.

McIntosh
Señor Presidente, estoy muy decepcionada porque el Comisario ha hecho caso omiso a la sencilla pregunta que he formulado. ¿No comparte el Comisario mi preocupación de que haya personas que persistentemente conducen con un nivel de alcohol en la sangre dos o tres veces superior al límite establecido que causan muertes y lesiones, y que se les permita seguir conduciendo después de una breve condena en prisión, mientras que a los conductores diabéticos inocentes que dependen de la insulina ahora se les prohíbe conducir en el Reino Unido? No sería mejor que la Comisión se esforzara en hacer cumplir las normativas existentes antes de aplicar otras nuevas?

Kinnock, Neil
Señor Presidente, sólo deseo señalar un par de cosas. En primer lugar, no he hecho caso omiso a la observación de la Sra. McIntosh. Si se aplica el Reglamento oficial, ella ha faltado al mismo al introducir el tema en un debate sobre un informe relativo a la seguridad vial. En segundo lugar, lejos de hacerle caso omiso, ya he utilizado diez minutos, cuando mi tiempo de intervención era de cinco minutos, y me ha sido imposible responder a todas las preguntas. En tercer lugar, lejos de hacer caso omiso, sé que le he dirigido una carta muy larga en la que explico exactamente el significado y la letra de la ley y lo que ello supone en el Reino Unido. En cuarto lugar, ella, de forma inadvertida, ha confundido a la Asamblea en su intervención inicial de esta mañana, porque no es cierto que las normas relativas a los conductores diabéticos dependientes de insulina sólo se aplique en el Reino Unido. También se aplican rigurosamente en otros países.
Cada uno de nosotros puede tener sus propias opiniones sobre el significado, la importancia, la eficacia y la proporcionalidad de esa ley en particular. Como he señalado en la carta que le he dirigido a ella y a muchas otras Señorías y otras personas que se han puesto en contacto conmigo en relación con el tema de los conductores diabéticos, la autoridad fundamental para interpretar y aplicar la ley recae en los Estados miembros, no en la Comisión. Los Estados miembros actúan en base al asesoramiento experto de los médicos mejor informados. Su criterio es que la ley debe aplicarse del modo en que se viene aplicando. No compete a la Comisión hacer una interpretación. No tenemos competencia para ocuparnos de la aplicación de esa ley. Agradecería a sus Señorías que, antes de acusarme de hacer caso omiso a sus preguntas, tuvieran en cuenta la amplia información que ya les he facilitado con anterioridad, así como el tiempo de que dispongo para responder a las preguntas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Registro de personas a bordo de buques de pasaje
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0068/98), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común adoptada por el Consejo (C40620/97-96/0281(SYN)) con vistas a la aprobación de una directiva del Consejo sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje (Ponente: Sr. Watts).

Watts
Señor Presidente, antes de analizar las detalladas propuestas que tenemos ante nosotros, quizá convendría recapitular el motivo por el que debatimos sobre el registro de pasajeros y enumerar los objetivos clave de la propuesta.
No hará falta recordar a los diputados todo el horror de la tragedia del Estonia ocurrida en 1994, y también recordarán que la reunión del Consejo de diciembre adoptó una serie de medidas muy importantes en favor de la seguridad marítima y, en particular, de los buques de pasaje, incluida la decisión unánime de solicitar a la Comisión que presentara una propuesta sobre el registro de pasajeros. Personalmente -al igual que, creo, muchos de nosotros en esta Asamblea- estoy encantado de que el Comisario Kinnock hiciera exactamente lo que le pedía el Consejo, de una manera rápida y eficaz. Por consiguiente, en buena medida estamos respondiendo al Consejo que, muy acertadamente, ha sabido reaccionar ante todo el horror de la tragedia del Estonia .
El Consejo, la Comisión y el Parlamento estamos intentando garantizar que todo pasajero que se embarque en un puerto situado en un Estado miembro para una travesía superior a veinte millas facilite a las autoridades datos como apellidos, nombre o iniciales, sexo y grupo de edad al que pertenece, y si lo desea, información sobre cualquier minusvalía que pudiera tener. Esta medida recibe el apoyo mayoritario en toda la Unión Europea. De hecho, algunos Estados miembros ya vienen aplicando estas disposiciones.
También es importante recordar por qué es tan necesaria esta información. En primer lugar, para garantizar que no se supera la capacidad máxima del buque -algo que, lamentablemente, ocurre en algunos Estados miembros. En segundo lugar, para que en el terrible supuesto de que se produzca un accidente, los servicios de emergencia dispongan de toda la información posible y puedan utilizar eficazmente sus recursos. No hay más que hablar con los servicios de emergencia para comprobar que esta medida les sería de gran utilidad. Puedo citar, por ejemplo, al Servicio de guardacostas del Reino Unido, que apoya esta medida.
En tercer lugar, cuando se produce un accidente, evidentemente lo correcto y acertado es informar a los familiares sobre las últimas noticias disponibles. El argumento a favor es, por consiguiente, aplastante. Lo apoyaremos en segunda lectura con el mismo entusiasmo que ya pusimos en la primera.
Hay, sin embargo, una serie de aspectos importantes sobre los que diferimos de la lógica que defiende la posición común. En primer lugar, hemos avanzado en nuestro afán de que esta información se recabe antes de 30 minutos después de la salida, y que el recuento debe haber concluido antes de zarpar. Acogemos con satisfacción ese paso en la dirección acertada. Pero creemos que el artículo 8 sigue siendo ambiguo en cuanto a proporcionar a tierra toda la información antes de que zarpe el buque. Por ello, quisiéramos recomendar al Comisario nuestra enmienda 6, que garantiza que el buque no podrá zarpar hasta que dicha información haya sido transmitida a tierra.
También nos preocupa la competencia y la seguridad entre modalidades competitivas de transporte. A pesar de que a nivel de la UE existe un reconocimiento general de que esta medida es satisfactoria, la cuestión clave que quiero poner a la atención del Comisario, y que seguro que él ya conoce, es la de la competencia en el Canal de la Mancha. Esta propuesta está basada en el requisito de 30 millas, según el Convenio SOLAS. Deliberadamente se ha reducido a 20 millas para incluir el Canal de la Mancha. Estoy de acuerdo con eso. Pero han de tenerse en cuenta las consecuencias, y éstas son que las compañías de transbordadores se encontrarán en una clara y auténtica desventaja competitiva con respecto al Eurotúnel, algo que preocuparía a este Parlamento en términos del buen funcionamiento del mercado único.
También llamamos la atención del Comisario sobre el hecho de que creemos que existen numerosas pruebas que justificarían la aplicación de esta media al Túnel por motivos de seguridad. Quisiera llamar la atención del Comisario, en particular, sobre el informe de la Unión de bomberos relativo al incendio ocurrido en el Eurotúnel el 18 de noviembre de 1996, en el que afirman que se puso en peligro la vida de sus efectivos por tener éstos que entrar una y otra vez para cerciorarse de que todos los pasajeros y la tripulación habían sido rescatados. Por motivos de seguridad, y también por motivos de competencia, las enmiendas 4, 5 y 7 deberían recibir el apoyo no sólo de esta Asamblea, sino también, o así espero, del Comisario. Por último, reiteramos nuestra continua preocupación por la seguridad de los transbordadores. No estoy en absoluto denigrando la labor de nuestro Comisario aquí presente -nos sentimos orgullosos de él y es probablemente quien más se ha esforzado en Europa por impulsar la causa de la seguridad de los transbordadores. Creemos, sin embargo, que no podemos ser complacientes. Por ello hemos presentado las enmiendas 1, 2 y 3, porque debemos dar apoyo a los avances que hemos conseguido.
Quisiera llamar una vez más la atención del Comisario, en particular, sobre el preocupante informe aparecido recientemente en la publicación Which (Primavera de 1998), que cataloga toda una serie de fallos en la seguridad de los transbordadores en toda la Comunidad, pero especialmente en el Mediterráneo. Estoy seguro de que volveremos sobre este tema.
Quisiera recomendar la propuesta y las enmiendas a la Asamblea. Espero con interés poder mantener un diálogo con el Comisario sobre la ampliación del alcance de la directiva para que incluya el Eurotúnel y el Shuttle.

Klironomos
Señor Presidente, deseo felicitar a mi colega por el serio esfuerzo que ha hecho por lograr la exigida convergencia de opiniones entre el Parlamento y el Consejo para la aprobación de la directiva que, de buena fe, tiene como objetivo el reforzamiento de la seguridad de los viajes en los buques de pasaje.
Sin embargo, con esta ocasión quisiera formular mi opinión personal sobre la forma en que el Consejo intenta reforzar las condiciones que se imponen para ayudar para un viaje por mar seguro. Tras los trágicos accidentes de los últimos años en el mar, y especialmente tras el naufragio del Estonia , el Consejo y en gran parte también la Comisión, mas o menos fueron presas del pánico y con propuestas sucesivas, directivas y recomendaciones principalmente se pusieron a restablecer algunos sentimientos de seguridad en la opinión pública de la Unión que había mostrado, además justificadamente, que estaba intranquila por el nivel de seguridad de los viajes por mar. Con todo, me temo que cualquier medida que se tome bajo la presión de acontecimientos de este tipo es espasmódica, del momento y fragmentaria, y la consecuencia natural es que se vuelva ineficaz. Y quiero creer que ni el Consejo ni la Comisión ni por supuesto el Parlamento desean tomar medidas única y exclusivamente para satisfacer a la opinión pública para exhibirlo ante las personas, como dice la Biblia, mientras que esencialmente, son mínimas las cosas que pueden ofrecer para la mejora del nivel de seguridad en los viajes por mar.
Tengo la impresión de que la directiva propuesta relativa al registro de los datos personales de los viajeros permanecerá como una medida sólo en los papeles y esto porque, aparte del número total de los que embarcan, que es bastante fácil conocerlo y comunicarlo antes de zarpar, el registro detallado del resto de los datos personales simplemente impondrá y establecerá un proceso extremadamente burocrático que, unos pocos meses después del inicio de la aplicación de la medida, o bien decaerá y se olvidará, o se evitará y será ficticio, puesto que los que están obligados a mantenerlo, bajo la presión del tiempo que crean las condiciones de embarque y desembarco de los pasajeros, terminarán por dar datos inexactos. Por tanto, que se tomen medidas, pero que se tomen con serenidad y sangre fría y que satisfagan un enfrentamiento global del problema. Sin embargo, principalmente debemos imponer, con el establecimiento de un sistema de controles muy estrictos de los registros y de las autoridades portuarias, el mantenimiento de los reglamentos de seguridad ya en vigor y de las directivas que, gracias a Dios, son muchos; pero se infringen sistemáticamente y en un porcentaje que supera el 60 %.

Stenmarck
Señor Presidente, permítame comenzar dirigiendo mis agradecimientos al ponente, Watts, por el ambicioso trabajo que ha realizado durante todo el tratamiento de este informe, un trabajo que ahora nos permite tener listas de pasajeros en el tráfico de transbordadores en toda la UE. Opino también que es el momento de dirigir un agradecimiento al Comisario Kinnock por la dedicación que ha mostrado a la hora de proponer medidas para aumentar la seguridad.
En Europa han ocurrido muchos accidentes de transbordadores durante los últimos decenios. Después de esos accidentes ha surgido una postura de hacer todo lo humanamente posible para evitar que vuelvan a suceder. El Parlamento ha exigido medidas de largo alcance y la Comisión, en diferentes ocasiones ha presentado propuestas para reforzar la seguridad. Con un voto, la UE lleva adelante aún más claramente el trabajo de aumentar la seguridad en Naciones Unidas y en el organismo marítimo OMI.
La decisión que vamos a adoptar hoy es otro paso más en esta dirección. Del mismo modo que siempre ha sido algo obvio en el caso de la aviación, ahora es también algo natural en el tráfico de transbordadores. Cada persona que viaja en un vuelo de tráfico regular recibe, independientemente de la extensión del vuelo, un boarding pass y se le anota en una lista de pasajeros que van en el mismo avión. Estas reglas internacionales han existido desde hace mucho tiempo y cualquier otra cosa sería totalmente inaceptable.
Ahora tenemos las mismas reglas para el tráfico de transbordadores. Tendrá que existir una lista que indique claramente quién se encuentra a bordo y cuántos son los pasajeros. Se ha debatido entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión acerca de cuándo se deben entregar esas listas. En la posición común del Consejo se dice que los informes deben reunirse antes de la salida, pero que no necesariamente se comunique al responsable del registro antes de 30 minutos después de la partida. La Comisión de Transportes dice que esos datos se deben entregar antes de que el transbordador deje el muelle. Esto último creo que es una necesidad. Tampoco debería ser un problema hacer que esto funcione así. Con ayuda de la técnica informática se crea un registro inmediato para el responsable. Esto no impide que, a mi modo de ver, sea necesario hacer este agregado. Estaría muy agradecido por un comentario de la Comisión a este respecto.
Con la propuesta que se ha presentado ahora, existe solamente una limitación, a saber, la extensión del viaje. Está limitada a 20 millas náuticas entre dos puertos, en los demás casos no se consideran necesarias las listas de pasajeros. También en este aspecto la Comisión de Transportes hace un pequeño complemento. Quiero subrayar que aunque ésta sea una pequeña modificación, es necesaria.
Es beneficioso que esté creciendo un marco coherente para la política comunitaria en materia de seguridad naval. El Parlamento Europeo lo ha reclamado desde hace mucho tiempo. Agradezco si podemos continuar este trabajo para alcanzar un grado de seguridad aceptable para los pasajeros.

Berès
Señora Presidenta, la directiva sobre el registro de personas a bordo de buques de pasaje va a imponer considerables molestias al enlace marítimo Calais-Douvres, en cambio no se aplicará a los transportes ferroviarios que pasan por el túnel debajo de la Mancha.
Esta diferencia de trato entre ambos modos de transporte es injusto en términos de seguridad, de igualdad de condiciones de competencia, de cohesión económica y social y de equilibrio regional.
Por ello, apoyo las enmiendas propuestas por nuestra Comisión de Transportes y Turismo y nuestro compañero británico, Marc Watts, en las que éste propone establecer una igualdad de trato entre los ferries y el tren, a pesar de la negativa inicial de la Comisión Ejecutiva.
La Comisión considera que el mejorar la seguridad exige nuevos procedimientos de embarque de los pasajeros. En su opinión, tendría más riesgos navegar por la Mancha que tomar el túnel bajo la Mancha. Sin embargo, hay dos elementos que contradicen este argumento. El acta de la intervención de los equipos de bomberos durante el incendio del túnel bajo la Mancha el 18 de noviembre de 1996 pone de manifiesto que las operaciones de auxilio se vieron entorpecidas porque se carecía de informaciones precisas sobre el número de pasajeros que viajaban a bordo del tren. El túnel, por su parte, también implica riesgos.
Por lo demás, los estudios sobre la altura media de las olas en la Mancha, realizados por los institutos meteorológicos francés y británico arrojan un resultado que no justifica, según los criterios de la propia Comisión, un trato particular. La hipótesis de que la Mancha sería un mar difícil no puede entonces retenerse para justificar un control más estricto.
Para garantizar la seguridad de ambos modos de transporte y restablecer las condiciones equilibradas de competencia en las regiones en donde la apertura del túnel ha fragilizado considerablemente el ferry, pueden proponerse tres soluciones. La primera es que la Comisión y el Consejo acepten las enmiendas que el Parlamento haya, espero, aprobado, que imponen la misma obligación a ambos modos de transporte.
La segunda, si las exigencias jurídicas lo imponen, es que la Comisión proponga una nueva directiva, especialmente dedicada al transporte ferroviario que presenta riesgos. En espera de este nuevo texto debería aplazarse la aplicación del texto actualmente en debate, en lo que concierne el enlace marítimo a través de la Mancha, hasta la adopción de esta segunda directiva.
La tercera solución, más pragmática, consiste en exonerar el enlace marítimo a través de la Mancha de las disposiciones previstas por este texto.
Cuando se sabe que el 57 % de los pasajeros que toman el ferry entre Calais y Douvres, hacen el viaje de ida y vuelta el mismo día, se comprende fácilmente hasta qué punto la introducción de las nuevas disposiciones, tal como se prevén actualmente, conduciría a condenar este modo de transporte y, con ello, el equilibrio de regiones enteras.

McIntosh
Señor Presidente, el trasfondo del presente informe son, claramente, los devastadores accidentes en los que se vieron involucrados, primero, el Herald of Free Enterprise y, más recientemente, el Estonia , y los compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros en el marco del Convenio SOLAS, aprobado en 1995. Las compañías de transbordadores del Reino Unido ya han comenzado a registrar el número de pasajeros. El principal inconveniente de la propuesta en su forma actual es que planteará problemas de tipo operativo para el funcionamiento de los transbordadores, especialmente a través del Canal de la Mancha, para tramitar los datos como nombres, direcciones y necesidades especiales en caso de accidente, en un mercado de por sí muy competitivo.
La Comisión ha insistido mucho en que el fundamento de esta propuesta es incrementar la seguridad. El Sr. Watts ha destacado el hecho de que para que esta medida incremente la seguridad, deberá también hacerse extensiva a los pasajeros que viajen a través del Eurotúnel. En caso de incendio es igual de importante registrar los detalles de los pasajeros que viajan a través del Eurotúnel para garantizar su evacuación. Recuerdo a la Asamblea que ya se declaró un grave incendio que, lamentablemente, pudo convertirse en un desastre mucho mayor.
Lo más necesario es exigir el registro de los nombres, dirección y detalles de los pasajeros para, en caso de muerte, poder informar a los familiares si ocurriera un desastre semejante en el Eurotúnel.
Mi mensaje a la Comisión es muy sencillo: lo mínimo debe ser unas reglas del juego iguales y competitivas que garanticen la máxima seguridad de los pasajeros, independientemente de si viajan en transbordador o a través del Eurotúnel. Una situación en la que los pasajeros que viajen a través del Eurotúnel estén en desventaja, sería completamente inaceptable.

Provan
Señor Presidente, siempre hay alguien que se encuentra al otro lado de la discusión, y hoy parece ser que me va a tocar a mí.
Personalmente siempre me resulta difícil cuando se trata de restringir los derechos de las personas. La medida que hoy se propone -el registro de nombres, sexo, edad, niños, etc.-, en realidad, es una puñalada en la espalda a la libre circulación de las personas en el seno de la Comunidad Europea.
Reconozco la necesidad de seguridad. La seguridad, naturalmente, es un requisito prioritario. Todo el mundo la desea. Pero creo que una legislación que se presenta en aras de la seguridad debería ser sencilla, práctica y fácil de aplicar. Esta medida -en lo que al Reino Unido se refiere- entrañará unos costes de 2, 5 millones de libras al año. Para la facturación, ya sea en el Túnel o en un transbordador, añadirá posiblemente una hora más como mínimo al trayecto, y restará competitividad a los viajes bajo el mar o por superficie con respecto al avión. Por ello me pregunto, ¿qué intentamos hacer con lo que estamos proponiendo?
Me preocupa la burocracia; me preocupa comprobar que porque necesitemos mayor seguridad marítima, incluyamos también a otros medios de transporte. No es una buena legislación. Creo que es una mala legislación.
La Road Transport Association ha afirmado en una declaración que el registro de pasajeros en transbordadores, especialmente, en la ruta Dover-Calais, ocasionará serios inconvenientes. Podría perjudicar a nuestro gremio cuando las personas viajan con el tiempo muy justo. Esto, que viene a sumarse a la desaparición de las ventas libres de impuestos, será la puntilla que acabe con los transbordadores y tendrá serias y nocivas consecuencias para el transporte de mercancías hacia y desde puertos de Gran Bretaña.
No es necesario. Lo único necesario es un recuento de las personas para conocer el número de pasajeros a bordo, y no necesariamente quién está a bordo.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que estoy muy agradecido al Sr. Watts por su característico trabajo minucioso y por su recomendación de que se apruebe la posición común sobre la presente medida. También me complace, naturalmente, que la Asamblea continúe apoyando la armonización del registro de pasajeros en toda la Comunidad, tanto por motivos de seguridad, como para poder intervenir con eficacia en caso de que se produzca un accidente.
Deseo decir asimismo que, aunque estoy completamente de acuerdo con el Sr. Klironomos cuando afirma que es esencial el debido cumplimiento de todas las normativas, básicamente discrepo con la descripción que hace del modo en que se ha enfocado este asunto. El Consejo y la Comisión han sido acusados, en sus palabras, de "sucumbir al pánico». La semana pasada se cumplieron diez años del terrible naufragio del Herald of Free Enterprise en Zeebrugge, y han transcurrido tres años y medio desde que el Estonia se fue a pique causando la muerte a más de 950 personas. Nada de lo que hemos hecho puede ser descrito como impulsado por el pánico o en un ataque de pánico. Lo que tenemos aquí es un conjunto de normas integrales que vamos a añadir con el fin de garantizar los niveles de seguridad de los pasajeros y de la tripulación en los transbordadores más altos que permita el mar, e insistiremos en este aspecto.
Debido a que la mayoría de las enmiendas presentadas reiteran sugerencias ya hechas en el debate de la primera lectura, me siento obligado a aclarar los motivos que han llevado a la Comisión a apoyar la posición común del Consejo y también a asegurar a la Asamblea que los intereses concretos abordados en el informe original han sido tenidos debidamente en cuenta.
Las enmiendas 1 hasta 3 del informe del Sr. Watts hacen referencia a los escasos progresos en el incremento de la seguridad del transporte marítimo. Comprendo perfectamente el sentir que subyace en esta opinión: es el sentir propio de un diputado al Parlamento Europeo entusiasta y comprometido, y todos estamos impacientes por introducir mejoras adicionales. Pero es justo que no perdamos de vista los logros a nivel de la Organización Marítima Internacional y a nivel comunitario, que en estos momentos se encuentran en fase de adopción y que espero -de hecho, estoy seguro- supondrán un avance.
Entretanto, reconozco la necesidad de que los principios aprobados a nivel internacional se apliquen a todos los transbordadores de pasajeros de carga rodada que se dirijan a los puertos europeos. Estoy de acuerdo en que deben incluirse las normas de estabilidad necesarias, en su caso, y estoy de acuerdo en que todo debe ser controlado debidamente.
Para lograrlo y para garantizar al público que los servicios de transbordadores de pasajeros de carga rodada de Europa están equipados de las mejores medidas de seguridad posibles y para sustentar la confianza del público en los servicios de transbordadores, me complace informar que el mes pasado, la Comisión aprobó una nueva propuesta relativa al funcionamiento de los servicios regulares de transbordadores de pasajeros de carga rodada y de embarcaciones de alta velocidad en la Comunidad. Espero sinceramente que esta propuesta sirva de aliento a la Asamblea y, lo que es más importante, acreciente la seguridad marítima.
Debo decir al Sr. Provan que comprendo perfectamente su oposición a la burocracia innecesaria o a las limitaciones poco realistas a la libre circulación. En este caso no se plantea ninguno de estos problemas y ninguna de sus inquietudes estará justificada cuando los sistemas sean operativos. Naturalmente, las preocupaciones que ha manifestado, y que también han manifestado otros diputados, serán tenidas en cuenta.
Los artículos 8 y 9 de la posición común garantizarán que la información sobre los pasajeros esté disponible siempre que haga falta, permitiendo una gestión adecuada de los viajes de menos de dos horas y, al mismo tiempo, proporcionando la flexibilidad necesaria para en el caso de aquellos que deban establecer los sistemas de registro. En consecuencia, no puedo apoyar las enmiendas 6 y 8.
Las enmiendas 4, 5 y 7 abordan el tema del Shuttle y de la seguridad en el Eurotúnel. Como prometí en mayo del pasado año, pedí a mis servicios que examinaran las ventajas de una medida comunitaria relativa a la aplicación de los principios de registro de pasajeros a los vehículos que utilizan los servicios ferroviarios del túnel submarino. Nuestras conclusiones son las siguientes. Primero, introducir las disposiciones por las que actualmente se rige el funcionamiento de los servicios ferroviarios en la legislación propuesta sobre buques de pasaje entrañaría el riesgo de retrasar su adopción, porque sería necesario intentar combinar dos conjuntos de disposiciones claramente diferenciados.
En segundo lugar, no existen argumentos convincentes para la introducción de normas para los túneles ferroviarios que difieran en función de que transcurran bajo el mar o bajo tierra. En tercer lugar, existen serias dudas acerca de si un plan de registro de pasajeros del tipo propuesto para los transbordadores tendría el suficiente valor añadido al detallado régimen de seguridad desarrollado específicamente para el Eurotúnel por las autoridades francesas y británicas que se aplica actualmente. Por estos motivos, no puedo aceptar las enmiendas presentadas relativas al Eurotúnel. Quisiera decir al Sr. Watts y a la Sra. Berès que la seguridad en el Eurotúnel es un asunto específico a ese lugar y, como debe ser, compete a Francia y a Gran Bretaña estudiarlo a nivel bilateral. Creo realmente que este asunto estará mejor atendido por los gobiernos de los Estados miembros que son los únicos directamente involucrados, y la acción comunitaria al respecto estaría fuera de lugar.
Algunos diputados, entre los que se encontraba la Sra. McIntosh, han planteado la cuestión de una posible distorsión de la competencia entre las modalidades de transporte a raíz de la introducción de esta directiva. Naturalmente, la Comisión se propone alcanzar condiciones equitativas de competencia entre las modalidades de transporte mediante una serie de medios, pero por motivos muy prácticos, eso no puede significar legislar para un sector simplemente porque otra modalidad haya pasado a estar sujeta a una ley que impone nuevas obligaciones.
Como la Asamblea recordará, la necesidad de un registro de pasajeros a bordo de buques de pasaje deriva de las catástrofes que sufrieron los transbordadores Estonia y el Herald of Free Enterprise , así como de las obligaciones que se desprenden del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de la OMI. Ninguno de estos sucesos ni dichas normas internacionales son aplicables al funcionamiento del Eurotúnel.
Un último elemento que deseo añadir es el relativo a la capacidad de los operadores de transbordadores para cumplir esta legislación. El sector de tratamiento de datos europeo proporciona los medios técnicos necesarios para cumplir estos requisitos y la fecha propuesta para la entrada en vigor ha sido fijada deliberadamente para permitir tiempo suficiente para la preparación. La Comisión está convencida, por tanto, de que las compañías que operan en el Canal, que están comprometidas con unos niveles muy altos de seguridad y servicio, podrán aplicar soluciones viables basadas en estas tecnologías, al tiempo que salvaguardan su posición competitiva.
Aunque la Comisión no puede apoyar las enmiendas presentadas hoy en las recomendaciones del Sr. Watt, sé que él y la Comisión de Transportes y Turismo siguen apoyando la medida relativa al registro de pasajeros en los transbordadores. Es una actitud que, naturalmente, acojo con satisfacción. También estoy seguro de que el auténtico compromiso del Sr. Watts y de otras Señorías con los progresos en la legislación sobre seguridad es una garantía de que mantendrán ese apoyo cuando debatamos la nueva propuesta sobre las licencias para transbordadores y embarcaciones de pasajeros de alta velocidad, a la que me he referido hace un momento.

Watts
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Kinnock por su declaración. Las diferencias entre nosotros no deben ensombrecer el acuerdo general que existe sobre el principio de esta medida que será aplicable en todas las aguas de la Unión Europea. Quiero hacer hincapié en ello. Acojo con satisfacción su medida sobre la concesión de licencias, cuyo debate, estoy seguro, todos esperamos con interés. No obstante, debo prevenirle que, lamentablemente, estoy seguro de que volveremos sobre el tema del Shuttle. Lamento que tengamos que discrepar sobre el análisis de ese problema. Estoy seguro de que respeta nuestra opinión y de que tendremos ocasión de volver a tratar sobre éste y otros asuntos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0073/98) del Sr. Kreissl-Dörfler, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones en la OCDE relativas a un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI).

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es un honor muy especial para mí tener la oportunidad de exponer hoy aquí la posición de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre las negociaciones sobre un acuerdo multinacional de inversiones -el denominado AMI-, sobre todo porque esta es la primera ocasión en que un Parlamento debate exhaustiva y oficialmente sobre este acuerdo multilateral, sin duda el más importante después la conclusión de la ronda de negociaciones del GATT.
Lo hacemos con la clara intención de ofrecer a la Comisión Europea, como una de los socios más importantes, una pauta de referencia para las rondas de negociaciones que todavía deben celebrarse en París antes de la conclusión del acuerdo, prevista para finales de abril. El AMI tiene unos antecedentes muy instructivos. En marzo de 1995, la Unión de Industrias de la Comunidad Europea, UNICE, presentó un documento en el cual proponía un AMI y esbozaba los contenidos fundamentales del mismo. Según la propuesta, los acuerdos bilaterales de inversiones existentes deberían ser sustituidos por una normativa multilateral, que suprimiese los obstáculos para las inversiones de conformidad con los principios del trato de nación más favorecida y del trato nacional, y que liberalizase en gran parte y protegiese ampliamente las inversiones.
Todas las medidas fundamentales que solicitaba la UNICE se han incorporado al presente proyecto de la OCDE. La reunión de ministros de la OCDE dio la luz verde para la negociación del AMI en mayo de 1995. Desde entonces las negociaciones han venido celebrándose a puerta cerrada en París, a espaldas de la opinión pública y también de los parlamentos, pero con la participación de los consorcios económicos.
Se prevé establecer un llamado free standing agreement , que también estará abierto a los Estados no integrados en la OCDE, los cuales no pueden ejercer, sin embargo, ningún influjo para determinar el texto del acuerdo. Precisamente por esto es de suma importancia el informe por propia iniciativa de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. Con él hacemos uso de nuestro derecho de formular recomendaciones sobre un procedimiento en curso. Además, damos explícitamente por sentado que, una vez concluido el acuerdo, el AMI será sometido al dictamen del Tribunal de Justicia Europeo y el Parlamento será consultado por la Comisión y por el Consejo en aplicación del procedimiento de dictamen conforme. Sería una gran satisfacción para mí si usted pudiera confirmarlo también claramente en su respuesta, señor Comisario.
No queremos que el AMI siga estando al servicio de la gran industria, pues no podemos dejar en manos de los capitanes económicos nuestra responsabilidad con respecto a la regulación política de la economía. Al contrario, suponiendo que fuese necesario un AMI, éste tendría que permitir acabar con la actual "carrera cuesta abajo» (race to the bottom) en la competencia por reducir al mínimo las normas sociales y ecológicas.
Por lo que se refiere al acuerdo en sí, el mandato supremo del acuerdo previsto es una prohibición general de las discriminaciones contra los inversores extranjeros. Sin embargo, la supresión de los obstáculos a la inversión no debe llevarnos a tirar el niño junto con el agua del baño. No es posible que se dejen en la cuneta los acuerdos multilaterales sobre protección del medio ambiente, como el Protocolo de Kioto, por ejemplo. Un documento de trabajo elaborado por plumas autorizadas de la propia OCDE expresa, de hecho, este temor. No basta con una mera declaración formularia en favor de la salvaguardia de las normas ecológicas y sociales incluida en el preámbulo. Las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales deben quedar incorporadas de manera vinculante y sancionable en el acuerdo.
La comisión también tiene serias dudas en relación con los temas de la "expropiación» y la "indemnización». No puede admitirse que un inversor pueda reclamar ganancias no realizadas, simplemente porque se ha desarrollado la legislación medioambiental o social de un Estado o en caso de que se introduzca una reforma fiscal socioecológica, por ejemplo. Una región tiene que poder seguir decidiendo bajo el control democrático si desea atraer macroproyectos o si prefiere promover a las pequeñas y medianas empresas con una vinculación local con vistas al consumo local. Las largas listas de peticiones de excepciones que entre tanto se han presentado al secretariado de la OCDE ponen en entredicho algo más que la validez jurídica del principio máximo de la igualdad de trato. Nosotros tampoco consideramos aceptables los procedimientos de "standstill» y "rollback» en su presente forma.
La comisión se manifiesta igualmente contraria al procedimiento de conciliación propuesto, que sitúa a los inversores al mismo nivel jurídico que los Estados. En efecto, pensamos que los procedimientos nacionales e internacionales existentes ya son suficientes. Por consiguiente, deberíamos tomarnos un tiempo para examinar detenidamente los objetivos y los efectos de un AMI, pues la cohesión social, la sostenibilidad ecológica y el poder fiscal democrático no deben quedar sujetos a limitaciones con múltiples consecuencias en el contexto de un AMI, sino que por el contrario deberían ser los principios máximos del mismo.
Yo quiero agradecer también muy sinceramente a las demás comisiones que han emitido su opinión y a la secretaría de la comisión su colaboración y su dedicación, y solicito su voto afirmativo, Señorías, para el presente informe. Nuestra tarea más importante es delimitar el terreno de juego sobre el que puede desarrollarse la política económica.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar a la Comisión REX por haber tenido la iniciativa de ocuparse de este informe; felicito también a la comisión por el ponente que ha elegido, cuya exposición suscribo de la cruz a la raya. Quisiera además, señor Presidente, resaltar una de las ideas que ha subrayado el ponente: el secretismo con que este acuerdo se está negociando. No quiero traer aquí a colación las declaraciones de responsables parlamentarios nacionales; baste que la Comisión sepa que este Parlamento no está satisfecho con el grado de información y participación que se le está dando a la tramitación de un acuerdo que ha sido calificado como la constitución económica del mundo, como el documento más importante que vamos a discutir en los próximos tiempos. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha elaborado un informe de opinión y ha formulado algunas observaciones, algunas recomendadas por mí, otras incorporadas por mi comisión, pero que voy a defender con la misma pasión.
En primer lugar subrayamos la necesidad de que este acuerdo vinculante afecte a los Gobiernos «inferiores», a los Gobiernos que tengan competencias en materia de inversiones, a los Gobiernos subfederales, a los Gobiernos subcentrales -estoy pensando fundamentalmente en los Estados Unidos y en Canadá-.
En segundo lugar, se subraya la necesidad de informar, a los países no miembros de la OCDE que, en el futuro, quieran acceder a este acuerdo, de la marcha de las negociaciones, y que se respete su derecho a formular reservas.
En tercer lugar, y como es obvio, pedimos, por coherencia, que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones respete el Tratado de la Unión Europea y las decisiones aprobadas por la Ronda Uruguay y por los demás tratados internacionales.
En cuarto lugar -y posiblemente sea la cláusula más importante- este Parlamento pide que se incluya la cláusula llamada de «organizaciones económicas de integración regional», que disponga que no estarán obligados los países que forman parte de ellas -y estoy singularmente pensando en los de la Unión- a extender a los países que no forman parte de dicha organización el tratamiento más favorable reservado a los países miembros de la misma. La no inclusión de una cláusula de este tipo haría volar por los aires el proceso de integración mercantil que los europeos hemos realizado.
En quinto lugar, se pide que se incluya en el acuerdo multilateral una cláusula que prohíba a cualquiera de las partes contratantes la aplicación de medidas que tengan efectos extraterritoriales; no es ningún secreto que estoy pensando en la ley Helms-Burton.
Finalmente, y con esto termino, que en ningún caso se permita que los estándares laborales o los estándares medioambientales sean disminuidos en el marco de ese acuerdo.

Ahern
Señor Presidente, yo también felicito a la Comisión REX y al ponente por plantear este asunto ante el Parlamento Europeo. Las inversiones que se realizan de acuerdo con las condiciones del AMI son muy elevadas y de gran alcance, de hecho, su alcance es tal que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos teme que puedan desestabilizar el acervo comunitario. Debemos ser muy cautelosos en este asunto. Podría obligar a los Estados miembros a ofrecer a los inversores extranjeros las mismas ventajas que a las empresas de la UE, lo que podría significar que la protección del medio ambiente, la protección del empleo y otras leyes comunitarias se consideraran ilegales y, por consiguiente, fueran desmanteladas.
El papel del Parlamento Europeo es muy importante en este asunto. El Parlamento Europeo tiene la obligación de influir en el contenido de un tratado tan importante como el AMI, que corre el riesgo de ser negociado y concluido sin ninguna participación democrática. En segundo lugar, tiene que salvaguardar sus poderes y aquéllos de la Unión en general, que podrían verse reducidos mediante la celebración de un convenio internacional como éste.
En sus conclusiones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos hace un llamamiento al Parlamento Europeo para que declare que no puede aceptar avalar ningún acuerdo que tendría el efecto de hacer retroceder la legislación de la UE y, por consiguiente, insiste en que se haga uso de las cláusulas de excepción y se incluya una cláusula separada de Organización de Integración Económica Regional. No puede decidir avalar ningún acuerdo que tendría el efecto de prevenir una mayor armonización de la legislación de la UE, e insiste en que se introduzca una cláusula separada de Organización de Integración Económica Regional que haga posible nuevas medidas armonizadas, como, por ejemplo, la legislación sobre medio ambiente, aprobada en el marco de dicha organización, y sustituya las medidas aplicadas previamente po dichos Estados.
La Comisión de Asuntos Jurídicos exige que las propuestas sean compatibles con los convenios internacionales ya ratificados por la UE, y llama la atención sobre los graves problemas de coherencia y de seguridad jurídica a que podría dar lugar la inclusión de la propiedad intelectual en el campo de acción del acuerdo multilateral sobre inversiones, dada la complejidad del tema que entra en el ámbito de la OMPI y, más recientemente, de la Organización Mundial del Comercio.
Por último, la Comisión de Asuntos Jurídicos desea hacer un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 228, presenten la totalidad del proyecto definitivo del AMI al Tribunal de Justicia para que sea examinado exhaustivamente antes de ser ratificado.

Elchlepp
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Kreissl-Dörfler por su excelente informe sobre esta materia sumamente compleja. Se trata de un tema que no sólo afecta a la seguridad en el empleo y la ecología, sino también a la identidad europea. A pesar de que subsisten reparos justificados contra el presente proyecto de acuerdo y, por lo tanto, no podemos darle nuestra aprobación en estos momentos, ello no significa que no sea necesario establecer una mayor transparencia y seguridad jurídica para las inversiones internacionales en todos los ámbitos. Sin embargo, todavía quedan algunos problemas pendientes, problemas vitales de carácter social, ecológico y también político cultural.
En mi calidad de miembro de la Comisión de Cultura yo voy a referirme a la posible amenaza que podría suponer el acuerdo para la política cultural y de medios de comunicación de la UE. Es imprescindible que se incorporen cláusulas de excepción para la industria cultural y con vistas a la protección de la propiedad intelectual. La creación cultural no es, en efecto, una mera inversión económica. Si se aplicase, por ejemplo, en el ámbito cultural el principio de "trato nacional» que consagra el acuerdo, los consorcios de comunicación estadounidenses también podrían acceder a los fondos de subvención de la UE, unos recursos que están previstos precisamente para apoyar a la industria cultural europea. La Directiva sobre la televisión sin fronteras o el programa Media II perderían entonces su valor. Si la UE no protege la política cultural europea mediante la inclusión de cláusulas de excepción en el acuerdo de inversiones, estará contradiciendo su propia política encaminada a garantizar la calidad y la diversidad de la producción audiovisual europea y, con ellas, la preservación de una identidad europea. Yo insto, por consiguiente, al Pleno a que respalde en la votación a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y a la Comisión de Cultura para que la política cultural y la propiedad intelectual se excluyan del acuerdo.

McKenna
Señor Presidente, uno de los aspectos más alarmantes del AMI es la falta de debate público, lo que va en contra de los principios de democracia, transparencia y participación pública. El AMI podría tener gravísimas consecuencias para el sector pesquero tanto desde una perspectiva social como del medio ambiente. A pesar de que la Política Común de Pesca no ha tenido un éxito arrollador, al menos tiene el mérito de que la UE es la responsable de las políticas y del desbarajuste actual. A la Comisión de Pesca le preocupa que el AMI pudiera obligar a la UE a alterar su enfoque de la gestión de la pesca para adaptarse a los deseos de algunos países o, incluso, de algunas compañías.
Por ejemplo, si, como medida de conservación, la Comunidad decidiera reducir la pesca para permitir la recuperación de los recursos, ¿podrían otros países o incluso grandes empresas sostener que la medida es injusta e invalidar la decisión comunitaria? ¿Perdería la UE el control sobre sus recursos propios? La Comisión de Pesca se ha mostrado inflexible ante la idea de que la UE debe mantener su competencia para establecer y aplicar las políticas para la conservación de los recursos y la gestión de la pesca comunitaria. La Comisión aseguró a la Comisión de Pesca que estas inquietudes carecían de fundamento, que se establecerían las reservas adecuadas para garantizar que la UE mantiene su independencia. ¿Pero qué garantías tendrán dichas reservas? Los cambios en el mundo se suceden con rapidez; cabe preguntarse si es posible prever todas las implicaciones del AMI y asegurar unas reservas que garanticen que la gestión de la pesca de la UE seguirá en manos europeas.
No olvidemos que los efectos de este acuerdo durarán como mínimo veinte años y que sin duda habrá fuertes presiones para la eliminación paulatina de las reservas.
A pesar de que la opinión de la Comisión de Pesca es relativa únicamente a la pesca, es fácil imaginar que la situación sería similar en el caso de otros recursos: por ejemplo, el sector de las extracciones, la silvicultura, la agricultura, la minería, etc. Asimismo, las inquietudes de la UE son probablemente similares a aquéllas de otras partes del mundo. Por último, la opinión de la Comisión de Pesca fue aprobada por unanimidad, es muy compleja, y es importante que las conclusiones de esta opinión sean incluidas en su totalidad y no simplemente resumidas en una enmienda breve y casi privada de significado.

Mann, Erika
Señor Presidente, en primer lugar yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, también en nombre de mi Grupo político. Además de realizar un excelente trabajo, también tomó la iniciativa de elaborar el presente informe. De lo contrario, si no nos hubiésemos apresurado a actuar -también desde la Comisión-, seguramente el informe no sólo habría pasado desapercibido en el Parlamento Europeo, sino que tampoco habría actuado como una señal para los parlamentos nacionales, tal como está ocurriendo ahora.
Mi Grupo político ha presentado una enmienda y yo espero que todos los Grupos habrán tomado nota de ella. Pedimos que los Gobiernos nacionales y acto seguido también los parlamentos exijan que no se apruebe la conclusión de las negociaciones y del acuerdo en cuestión en el mes de mayo. Sir Leon Brittan se encuentra hoy aquí y yo espero que también transmita está señal a la Comisión Europea.
Nosotros pensamos que es necesario emitir ahora una señal para que los Gobiernos y la opinión pública, y también los parlamentos nacionales, estén preparados, y que les indique con toda claridad cuál es el contenido del acuerdo y la urgente necesidad de continuar negociando con vistas a conseguir un paquete de resultados satisfactorio. Para nosotros es evidente que es posible que entonces ya no tenga sentido continuar las negociaciones en el marco de la OCDE, sino que quizás sea aconsejable desarrollarlas directamente en el ámbito de la OMC.
Sir Leon Brittan, ya sé que esto seguramente no le complace demasiado, pues usted considera del todo razonable poder disponer de un paquete que ofrezca a los Estados de la OCDE, y sobre todo a los inversores, una garantía para sus inversiones. Nosotros no lo negamos, pero nos preguntamos si no sería más conveniente negociarla ya en el marco de toda la OMC. Nosotros mantenemos una posición de sano escepticismo en relación con algunos puntos, que también comparten, por otro lado, la mayoría de los Estados que participan en las negociaciones.
Uno de estos puntos, para exponerlo muy brevemente, se refiere a la amplitud de la definición de lo que se entiende por inversión. Se protegen las inversiones directas, las inversiones de cartera y también todas las incluidas en el ámbito de las inversiones intangibles, entre las cuales figura también la propiedad intelectual. Este tercer ámbito, en particular, rebasa ampliamente los resultados negociados en el marco de la OMC y es preciso ponerlo críticamente entre interrogantes.
El segundo punto es el hecho de que se sigue avanzando en la liberalización y, además, se introduce un procedimiento de conciliación que ofrece a los inversores la posibilidad de actuar contra los Estados, pero en cambio no concede a éstos el derecho a actuar a su vez contra los inversores en circunstancias en las que esto puede ser de una importancia crítica. Ésta es otra consideración critica.
Todavía me queda todo un paquete de consideraciones críticas en las que lamentablemente no voy a poder entrar ahora. Sería una satisfacción para mí -y sé que la Comisión está informada al respecto- que éstas se incorporasen a las negociaciones. También quisiera pedir una vez más que las negociaciones no se cierren en mayo.

Valdivielso de Cué
Señor Presidente, quiero empezar mi intervención felicitando al ponente Kreissl-Dörfler por el excelente informe que ha elaborado.
La conclusión y firma del Acuerdo Multilateral de Inversiones proporcionará, sin ninguna duda, a los firmantes el primer marco de carácter multilateral que regulará de forma amplia las condiciones y el tratamiento de las inversiones internacionales, incluyendo en este amplio concepto inversiones directas, préstamos, propiedad intelectual, licencias, autorizaciones y todo el amplio campo de derechos y deberes que, dentro del mundo del comercio, estamos considerando.
Teniendo en cuenta la trascendencia que las inversiones exteriores tienen en la economía de hoy, dada la creciente globalización en la que estamos inmersos, podemos considerar que el Acuerdo marco sobre inversiones va a suponer para el campo de las inversiones lo que el GATT supuso en su día para el comercio, es decir, la creación de un marco de referencia global y estable que sustituirá a más de 1.800 acuerdos bilaterales existentes en la actualidad.
En definitiva, podemos acuñar una frase: el AMI cambiará el mundo. El AMI se convertirá en uno de los grandes logros de la OCDE y, en el futuro, de la OMC.
Este acuerdo ofrece garantías a las empresas y a los Estados, y espera que sus normas se extiendan a escala mundial. Tenemos que considerar que en los últimos años las inversiones en el mundo ascienden a más de 10 billones de dólares -todo inversiones internacionales directas-, con una fase de crecimiento que ronda los 500.0-600.000 millones de dólares de crecimiento anual -crecimiento, por otra parte, muy desigual, ya que en el África denominada «negra» apenas se invierte. Yo quisiera hacer un llamamiento para que se invierta no sólo donde consideramos que las inversiones tienen compensaciones inmediatas; tenemos que pensar en la solidaridad de la inversión en todo el mundo.
En cualquier caso, tras haber vivido con gran intensidad el proceso de elaboración de este informe, dadas las numerosas enmiendas presentadas (se han presentado más de 80 enmiendas en la Comisión REX), y a pesar de que no refleja en absoluto la opinión del Grupo del PPE, pedimos el voto a favor de este informe porque consideramos que constituye un compromiso ineludible. Y esperamos que este informe, precisamente por el voto de confianza que va a recibir de este Parlamento, sea tenido en cuenta por la Comisión Europea de cara a la próxima negociación y firma del acuerdo en abril, ya que, como ha dicho el ponente, vamos a ver si se tiene en cuenta al Parlamento.
Nosotros -yo diría que el Parlamento en general y, en este caso, la Comisión REX, en particular- tenemos muchas veces la impresión -yo creo que es una opinión compartida- de que tratamos de trabajar, tratamos de elaborar acuerdos e informes y que, finalmente, la Comisión hace caso omiso de ello. Yo me alegro de contar aquí con la presencia de Sir Leon Brittan para pedirle que nos escuche, que nos atienda y que nos tengan en cuenta.

Baldi
Señora Presidenta, Señorías, para nosotros es positiva la liberalización de las inversiones que estimulen la competitividad y promuevan la economía europea. Naturalmente, un acuerdo de ese tipo por fuerza tendrá que respetar los principios y los fundamentos sobre los que se ha construido Europa. La ciudadanía tendrá que ser informada de las distintas negociaciones, y en especial tendrán que serlo los Parlamentos nacionales, que desempeñan un papel decisivo en el momento de la aplicación de los acuerdos internacionales. El Acuerdo multilateral sobre las inversiones, de todas formas, ha de tomar en cuenta la legislación de la Unión Europea, sin que esto impida una posterior armonización, y no puede perjudicar los acuerdos ni las políticas de desarrollo en vías de aplicación. El Consejo Europeo tendría que ser consultado sobre la conclusión del AMI en nombre de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 228, apartado 3, según el Tratado y según el procedimiento de dictamen conjunto.
De todas formas, considero de importancia fundamental que los Gobiernos y los Parlamentos nacionales estén vigilantes en el momento de la presentación del proyecto. Tal vigilancia es absolutamente fundamental en lo que se refiere al sector cultural en su conjunto: la política cultural necesita de un espacio propio, de un tratamiento particular que no se puede reducir a meros mecanismos económicos. Este tratamiento particular no estará garantizado en el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, al menos mientras las negociaciones estén en la etapa actual, y por lo tanto sería oportuno que el sector cultural quedara excluido del AMI. No obstante, no se debe confundir esto con una actitud proteccionista: debemos dejar de temblar ante Estados Unidos, porque no salvaremos la cultura europea encerrándola en un nicho. En cambio, hemos de comprometernos en la identificación y el sostenimiento de las iniciativas que estimulen y refuercen la competitividad y la creatividad europeas, cosa a la que se podrá llegar incluso a través de cierta forma de liberalización que, no obstante, tendrá que ser desarrollada ad hoc , deberá hacerse a medida, para salvaguardar los principios que apoyan las diversidades y las peculiaridades fortalecedoras e integrantes de la riqueza y de la identidad de la cultura europea.
Por lo tanto, nuestro voto es favorable al informe.

Plooij-Van Gorsel
Presidenta, colegas, Comisario, el grupo parlamentario liberal da mucha importancia a la realización del AMI. Las inversiones internacionales representan cantidades de decenas de miles de millones de dólares al año. Si el comercio mundial crece de un 7 a 8 % al año, las inversiones crecen el doble de rápido. Las inversiones internacionales están haciéndose más importantes que el comercio mundial.
El comercio se regula por medio de los diversos acuerdos de la OMC. No obstante, no hay normas uniformes, decentes para las inversiones directas. En este momento existen más de 1.800 acuerdos bilaterales. El AMI es una iniciativa acertada para llegar a unos acuerdos multilaterales sobre inversiones, en primera instancia entre los países de la OCDE, pero el acuerdo está abierto a una ampliación hacia otros países. A pesar de que se trajeron durante el proceso de negociación muchos temas políticos pesados en el marco del AMI, se llegó a un acuerdo en la mayoría de los puntos. Ahora, sin embargo, Estados Unidos pisa el freno. Reclama que necesita más tiempo. ¿Está renegando esta genuina nación del liberalismo mercantil?
El punto final, colegas, se refiere a las competencias de la Unión Europea a la hora de firmar acuerdos internacionales. El artículo 113 no ofrece a la Comisión competencias explícitas para firmar el AMI en nombre de los Estados miembros. Sin embargo, las Comunidades Europeas sí participan como miembro en las negociaciones en nombre de los Estados miembros. Para excluir la competencia desleal dentro de la Unión y el tratamiento desigual en relación con las inversiones, ruego que mis colegas apoyen la enmienda 11 del grupo parlamentario liberal. Esta enmienda persigue que la CE sea un miembro de pleno derecho en el AMI. Pedimos, por lo tanto, a los Estados miembros que no aprueben el texto final hasta que no se garantice que las Comunidades Europeas sean miembro del AMI. Le pregunto a Sir Leon: ¿ha consensuado esto con los Estados miembros dentro del Consejo? ¿Cuál va a ser exactamente el procedimiento a seguir? Me gustaría que Sir Leon contestara al respecto.

Castellina
Señora Presidenta, la resolución que el Parlamento Europeo se apresta a votar, contenida en el excelente informe del Sr. Kreissl-Dörfler, es de gran importancia, por razones de método y de sustancia. En realidad, se trata de expresar una orientación sobre este documento de consecuencias enormes, que desde hace casi tres años se viene desarrollando en condiciones semiclandestinas. El acuerdo estaba a punto de ser concluido sin que ni la opinión pública ni los Parlamentos hubieran estado en condiciones de tomar conciencia plena de sus implicaciones. Es muy cierto que, una vez firmado, el acuerdo habría pasado por el tamiz de los Parlamentos, aunque demasiado tarde, sólo para su ratificación, o sea cuando sólo se puede decir "sí» o "no», cuando ya no es posible influir en su orientación.
Creo que un gran mérito de nuestro Parlamento es el de haber advertido hace tiempo el alcance de las negociaciones en curso dentro de la OCDE y el de haber tomado la iniciativa -en la que ha sido el primero y único en hacerlo- de votar, sobre la base del artículo 90, apartado 5 del Reglamento, una resolución que puede influir en la negociación mientras esté abierta, para aportar la reflexión de una institución democrática representativa. Este carácter oportuno es tanto más importante en estas negociaciones a causa de las enormes proyecciones del AMI -como he dicho-, un acuerdo que no pide un juicio sobre la mucha o poca bondad de las inversiones exteriores sino, más bien, sobre el derecho y el poder de los Estados de regular las inversiones directas exteriores y, por lo tanto, de orientarlas según las propias prioridades, de someter su gestión a determinadas modalidades, de regular su movilidad, así como el uso de los beneficios que produzcan.
El AMI podría provocar una sustancial erosión de la soberanía de los Estados, cedida a las empresas que estarían en condiciones de impugnar toda legislación del país en que hayan invertido denunciándola como discriminatoria, como una forma de expropiación a priori de un posible beneficio futuro. Podría considerarse discriminatoria cualquier norma destinada a proteger la salud de los propios ciudadanos, a proteger el ambiente, a proteger las normas sociales garantizadas a los trabajadores por las leyes y los contratos colectivos y por último -un aspecto importantísimo del problema- a salvaguardar la propia identidad y cultura, sin hablar de otra dramática consecuencia: la prohibición de establecer cualquier incentivo que pueda reducir los desequilibrios regionales o a encaminar hacia ciertos fines el uso de los recursos, un problema de particular gravedad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que están expuestos al peligro de una mayor volatilidad e inestabilidad de los mercados financieros mismos y que carecen de un poder de control sobre las propias balanzas de pago.
Resulta paradójico que, tras decenios de fatigosa construcción comunitaria y de armonización de las normas dentro de la Unión Europea y después los esfuerzos realizados para conseguir que los países del Este europeo, candidatos a la adhesión, asumieran el acervo comunitario, nos dispongamos a diluirlo todo y a cuestionar el propio sentido de las organizaciones regionales de integración económica, aunque se respete el marco de la OMC, en virtud de la cláusula "REIO», que en el borrador del AMI parece extremadamente ineficaz.
Además nos preguntamos con inquietud por qué se eligió como sede de esta negociación a la OCDE, un organismo que tiene una función bien distinta, pues habría sido más apropiado continuar los tratos a través de la OMC. La duda de que la elección haya sido ésta porque sólo los 29 países más ricos integran la OCDE tiene tal fuerza y está tan difundida, que pone en serio peligro la credibilidad misma de las instituciones que pretenden legitimarse como reguladoras de la globalización, empezando por la propia OMC.
La movilización que el "descubrimiento» del AMI ha producido en la sociedad civil europea, en especial en el mundo de la cultura, y en Estados Unidos, donde las ONG han emprendido una verdadera campaña de denuncia, ya produjo la remisión de la conclusión del acuerdo.
Espero que el voto casi unánime, exceptuada una abstención, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y de las Comisiones que debían expresar su criterio, cuyas enmiendas se recibieron in toto , haga las veces de un consejo para los negociadores europeos en su accionar, si no vale para rechazar el propio acuerdo -como no sólo nuestro grupo sino muchos otros de este Parlamento lo querrían-, al menos para que se haga una revisión drástica del borrador en discusión.

Lannoye
Señora Presidenta, no cabe duda de que la multiplicación de las inversiones extranjeras en el mundo justifica la instauración de un marco reglamentario a escala planetaria, no para acentuar la liberalización, sino para orientar las iniciativas de las sociedades transnacionales hacia un desarrollo social y ecológicamente duradero.
El proyecto actual no responde en modo alguno a este problema y no lo hace por tres motivos. El proyecto, actualmente en debate y en el que participa activamente la Comisión, está destinado a aportar una seguridad máxima a los inversores, tomando en consideración el interés de las poblaciones afectadas de una manera más que subsidiaria. En segundo lugar, el conjunto de los principios de base y las modalidades propuestas conduce a privar a las instituciones políticas de las prerrogativas normales que les corresponden en un régimen democrático y a someter legalmente a las instituciones democráticas y los Gobiernos a las estrategias y a los intereses de las sociedades transnacionales, con la creación específica de instancias de arbitraje donde estas mismas sociedades podrían hacer condenar a los Estados. En tercer lugar, como acaba de decirlo nuestro compañero Castellina, las discusiones en el seno de la OCDE manifiestamente parecen un club de ricos; se ha excluido a los países más vulnerables, es decir, los países en vías de desarrollo, cuando son los que más se encuentran a merced de las estrategias de las multinacionales. Se trata de un proyecto que no puede corregirse superficialmente o adaptarse con excepciones, sino que debe ser fundamentalmente examinado en sus propios principios.
Quisiera ilustrar mis palabras con tres ejemplos concretos. Primer ejemplo: una de las modalidades de base, la prohibición de la obligación de resultados, the performance requirements , va totalmente en contra de una política de lucha concreta y específica en contra del paro excesivo en las regiones afectadas por esta plaga. En efecto, el permiso concedido a un inversor no podría condicionarse a la contratación obligatoria de mano de obra regional, a contratos de preferencia con las empresas regionales, o a cualquier otra medida de esta índole. Tarde que temprano, sería la propia política estructural europea la que estaría en tela de juicio.
Segundo ejemplo: la expropiación y la compensación que se deriva de ésta. Podría considerarse que la adopción de nuevas legislaciones en materia fiscal, medioambiental, o social ejercería un efecto equivalente a una expropiación, lo que la UNICE llama expropiación rampante, ya que causaría una erosión progresiva de las condiciones por las que se tomó la decisión de invertir y acarrearía automáticamente un derecho a compensación financiera.
Tercer ejemplo: el principio de no discriminación o trato nacional. ¿Qué pasaría si, en los antiguos países de Europa del Este, o en un país como Brasil, donde la redistribución de las tierras, ya sea por privatización de los koljóses o para responder a la demanda de las poblaciones indígenas o los campesinos sin tierra, pondría sobre el mismo pie de igualdad a las multinacionales y las poblaciones afectadas?
La respuesta cae por su propio peso: para nosotros es inaceptable. El informe del Sr. Kreissl-Dörfler es excelente en la medida en que señala estos problemas y creo que el Parlamento redoraría su escudo votando en su favor con una mayoría muy amplia.

Leperre-Verrier
Señora Presidenta, sin duda alguna había mil buenas razones para que los representantes de la OCDE prepararan, en la mayor opacidad, este acuerdo multilateral, pero hay otras, y no de menor envergadura, que nos exigen rechazar este nuevo orden económico que se nos quiere imponer. Efectivamente, se comprenden bien las ventajas que las multinacionales podrían sacar de un acuerdo semejante, tanto más cuanto que este proyecto, que podría resumirse en el principio «a los Estados las obligaciones, a los inversores los beneficios», les ofrece sólidas garantías.
Levantar los obstáculos a la inversión es, no cabe duda, algo bueno; aunque sería preciso que el principio de no discriminación, o este concepto muy extensivo de la noción, no tenga consecuencias perjudiciales para el conjunto de nuestros países ya que, al hacer pesar una amenaza real sobre las soberanías nacionales, este acuerdo corre el riesgo de poner a la larga en tela de juicio el derecho de los pueblos, sus exigencias en materia social y medioambiental. Impondrá a los países en vías de desarrollo, excluidos no obstante de las negociaciones, cláusulas a menudo contrarias a sus propios intereses. Lo sabemos, la influencia de la economía sobre la política pone en cuestión la democracia. No hay mejor prueba que la manera en que se ha negociado este acuerdo.
Por ende, es fundamental que en nuestra calidad de diputados europeos, denunciemos este acuerdo que constituiría un perjuicio grave para la construcción europea en el momento en que su ampliación está precisamente al orden del día.
¿Qué sería de nuestra política agrícola común, de nuestro modelo social europeo, de nuestras identidades culturales si se aplicara mañana el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones? Por ello, hay que felicitarse de la iniciativa tomada por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y agradecer al Sr. Kreissl-Dörfler por la calidad de su trabajo. Por lo demás, nuestro Grupo votará sin titubeos en favor de su informe, pero sería igualmente bueno que el Consejo tomara posición. De la misma manera, señor Comisario, esperamos que la Comisión, que participa en las negociaciones, continúe sus esfuerzos, pero siempre en la vía de la razón y la cordura, ya que son nuestras Comunidades Europeas las que está en juego y, a este respecto, es imperativo defender nuestra excepción cultural.
Esta excepción ha sido adquirida gracias a la movilización de los profesionales de la cultura que todavía hace poco sensibilizaron de nuevo a la opinión pública respecto a los riesgos del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Esa excepción cultural, adquirida en reñida lucha en el curso de las negociaciones del GATT, debe extenderse al AMI. De la misma manera, deben mantenerse los convenios que rigen los derechos de la propiedad intelectual ya que, Señorías, ya es hora de comprender que el mundo no es un vasto juego de Monopolio y que la suerte de nuestra cultura no se juega a los dados.

Souchet
Señora Presidenta, señor Comisario, quiero saludar la iniciativa de nuestra Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. Ante el secreto que rodeaba una negociación ya muy avanzada, tuvo a bien juzgar indispensable alertar públicamente nuestras opiniones sobre la importancia de los aspectos que se encuentran en juego en el proceso de elaboración, entre iniciados, de un acuerdo multilateral sobre las inversiones. Es así como, al cabo de tres años de la apertura de las negociaciones, tenemos hoy en el Parlamento Europeo el primer debate público sobre el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones que se realiza en un recinto parlamentario.
Asimismo, quisiera felicitar al ponente por saber conservar cierta coherencia en su texto, a pesar de los asaltos de los grandes Grupos para los que el gusto del compromiso a cualquier precio y la insipidez de toda propuesta se ha convertido en una segunda naturaleza.
El Sr. Kreissl-Dörfler muestra bien que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones pone en cuestión no sólo la defensa de un sector de actividades, aunque sea tan importante como el de la cultura, sino un método, una lógica, la jerarquización de los actores que intervienen en la escena internacional. Organizar la protección de los inversores es una competencia esencialmente nacional y debe seguir siéndolo, incluso si una estrecha coordinación entre los Quince debería permitir perseguir un determinado número de objetivos comunes. Mencionaré especialmente la condena de las legislaciones de alcance extraterritorial, la proscripción de toda forma de competencia destinada a atraer una inversión mediante la disminución de las normas sociales o las normas de protección del medio ambiente, la imposibilidad de que una instancia arbitral en materia de inversiones desmantele las disposiciones de una política común, tales como las de la agricultura o la pesca, de atacar la excepción cultural, o de volver a poner en cuestión la decisión de una jurisdicción interna o comunitaria que tenga fuerza de causa juzgada.
Es esencial que el derecho legítimo del inversor a una protección de su inversión no se transforme en un derecho absoluto a invertir sin restricción alguna ejerciéndose en detrimento de las responsabilidades y de los Estados en materia de legislación y regulaciones.
En la lógica actual del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, el papel de los Estados se limitaría a garantizar a los inversores el pleno gozo de sus inversiones, mientras que las legislaciones nacionales y comunitarias destinadas a preservar el medio ambiente y las condiciones de vida sociales, serían considerados a priori como obstáculos potenciales a la inversión. Por tanto, es la lógica sobre la que reposa actualmente la negociación del AMI y su marco, que excluye a los países en vías de desarrollo, lo que nos parece necesario volver a poner en tela de juicio más que atenerse a una táctica de excepción y reserva, que sólo serviría para designar los lugares de las negociaciones de mañana. El proceso del GATT y de la OMC deberían servirnos de lección. A este respecto, este informe toca la alarma de manera muy útil. Por ello, lo apoyaremos.

Sichrovsky
Señora Presidenta, nosotros también acogemos con satisfacción el debate sobre el presente informe. Con algunas excepciones, también consideramos que se trata de un trabajo muy interesante, muy inteligente. Evidentemente, sería deseable que las condiciones medioambientales, sociales y estructurales que existen en Europa y en el mundo occidental fuesen adoptadas a escala mundial y que los inversores tuviesen que respetarlas en el mundo entero. Sin embargo, lamentablemente también es una forma de prepotencia que el Occidente saciado y acomodado se distancie de la necesidad y las condiciones de vida del Tercer Mundo e idee o promueva unos obstáculos a la inversión que en último término impiden que mejoren las condiciones económicas en otras partes del mundo.
Es una realidad que la modernización global de las infraestructuras y de los sistemas de comunicación en todo el mundo ha creado una situación de durísima competencia por la localización de las inversiones. Los inversores, en nombre de sus titulares de capital, siempre escogerán las localizaciones que prometan el máximo beneficio. Protestar por ello u obstaculizar por medio de leyes este proceso sería un empeño comparable a la destrucción de las máquinas durante la revolución industrial.
El informe deja abierto el interrogante de en qué forma se corresponsabilizará Europa de la promoción de un despegue económico del Tercer Mundo a través de las inversiones, sin imponer pedantemente a esos países normas sobre las condiciones en las que deben lograr dicho despegue. Resultan problemáticas las limitaciones que se piden en el ámbito cultural. En este contexto, yo sólo me remito al informe del Gobierno holandés que dice: "No construir una coraza, sino reforzar la columna vertebral».
Las medidas de regulación de las inversiones de empresas extranjeras que solicita el informe no deben abrir las puertas a una lucha competitiva declarada en todos los sectores de la cultura. Antes se ha criticado que las empresas norteamericanas puedan tener acceso a los fondos de la UE, pero las mismas personas seguro que no tendrán nada que objetar a que empresas americanas participen con su capital en la realización de películas europeas.
Es particularmente de agradecer que el informe se ocupe de la amenaza contra la protección de los derechos de autor. En este contexto es necesario recuperar mucho terreno y éste es un tema que debería debatirse de manera detallada.

Falconer
Señora Presidenta, es un placer intervenir ante la Asamblea sin que se advierta mi presencia.
Mi Grupo y yo apoyamos el informe del Sr. Kreissl-Dörfler. Apoyamos, en particular, los apartados 5, 14, 23 y el apartado 15 sobre las directrices de la OCDE. Permítame adelantar que, independientemente del marco en que se celebren las futuras negociaciones sobre los procedimientos de inversión, ya sea en el seno de la OCDE, la OMC o la UNCTAD, agradeceríamos que los que se encargan de nuestros asuntos sean algo más transparentes en la gestión de los mismos. Los diputados deberíamos estar en primera fila de las negociaciones, y no al final. El Parlamento merece ser felicitado por la elaboración del presente informe.
El principal apoyo es para el código voluntario y proviene de los países de la OCDE. Aparentemente no podemos acordar que se cambie el código voluntario de las directrices por otro vinculante. Según una declaración del Sr. Charles Bridge del DTI (ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido) sobre el carácter voluntario de las directrices de la OCDE, la emergente opinión mayoritaria es que el carácter voluntario debe ser inalterable. Y añade que, desde 1991, los países de la OCDE tienen la obligación vinculante de establecer puntos de contacto nacionales para se encarguen de las actividades de promoción y se ocupen de las consultas y las negociaciones con las partes interesadas en todo lo relativo a las directrices. Quizá deseemos analizar que han logrado exactamente dichos puntos de contacto nacionales.
Según el comité consultivo de la OCDE para las organizaciones sindicales, los resultados de sus estudios apuntan a que, salvo algunas honrosas excepciones, los puntos de contacto nacionales actúan más por iniciativa de otros que por la propia y no se esfuerzan demasiado en cumplir su mandato. Algunos sindicatos nacionales que no respondieron a la encuesta declararon que había poco que notificar debido a que los puntos de contacto nacionales de sus respectivos países habían interrumpido sus actividades.
También se notificó que, a menudo, se hacía caso omiso de las solicitudes de información sobre las directrices, lo que ha dado lugar a un alto grado de apatía por parte de muchos de los afiliados al TUC hacia los CNC, es decir, los centros nacionales de contacto.
El informe pregunta asimismo: "¿ha consultado el punto de contacto nacional de su país a los sindicatos sobre su mandato?» El punto de contacto nacional Sueco es el único que consulta debidamente a los sindicatos. El punto de contacto nacional Belga lo hace por iniciativa de otros y el resto de los demás afiliados respondieron negativamente. Por tanto, quizá pueda la Comisión informarnos sobre las medidas que puede adoptar, si se propone seguir el código voluntario, para fomentar los puntos de contacto nacionales con el fin de asegurarse de que éstos adquieren relevancia para las personas que supuestamente se verían afectadas por el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones.
Quisiera pedir también a la Comisión que estudie la cuestión de las inversiones de cartera, porque aunque estamos hablando de inversiones extranjeras directas, los resultados de muchas de estas compañías dependen de las inversiones de cartera de los accionistas.
Puede la Comisión informarnos de si en dichas negociaciones tendrá en cuenta y alentará a los Estados miembros a que exijan garantías de que los administradores de muchos de los fondos de pensiones y de pensiones complementarias y fondos de seguros son realmente consultados antes de realizar una inversión en cualquiera de la compañías que operan bajo el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones en muchos de los países que, actualmente, no están siendo atendidos demasiado bien por las directrices voluntarias. Esto sería un paso hacia la democracia y la Comisión debería aceptarlo.

Porto
Señora Presidenta, resulta impresionante el aumento de la importancia de las inversiones extranjeras directas (11 % al año), muy superior a la de las demás variables básicas de las economías, pues ha sido a lo largo del último decenio el doble del crecimiento del comercio y el cuádruplo del aumento de los productos. Por eso era de extrañar que no hubiera un código multilateral de conducta a ese respecto.
Al ser la libre circulación de capitales un factor de aprovechamiento máximo de los recursos, no ha puesto, por lo demás, en entredicho, como se podía temer y no sería deseable, el crecimiento del comercio con la libre circulación de productos y servicios. Y, desde un punto de vista espacial, al propiciar las inversiones en zonas más desfavorecidas, ha sido un factor de equilibrio, con el mantenimiento aquí de una mano de obra que de otro modo se habría visto obligada a emigrar, con graves costos humanos y sociales (por lo que cobra importancia a ese respecto la estrategia de las empresas multinacionales, con la localización de unidades y la subcontratación en diferentes países y regiones).
Si bien presenta las virtualidades señaladas, hay que establecer normas de conducta rigurosas, so pena de que la inversión extranjera directa se transforme en una forma inaceptable de explotación y violación de las normas de la competencia. Muy en particular, como lo señala correctamente el ponente, el Sr. Kreissl-Dörfer, a quien felicito, es necesaria la mayor exigencia en el cumplimiento de las normas sociales y medioambientales. De no ser así, tendrán motivos de queja nuestros trabajadores y nuestros empresarios y no será aceptable el traslado de las inversiones. Y, como ya hemos subrayado en diversas ocasiones, se trata de una exigencia con la que al mismo tiempo prestamos un buen servicio a los trabajadores y a los ciudadanos de los países más atrasados, al evitar su explotación y la degradación de su calidad de vida.
Por último, también nos lamentamos de que algunos avances en la esfera del control de las subvenciones no vayan acompañados de avances en la esfera fiscal, al producirse una competencia mediante la reducción de los impuestos sobre el capital que acaba agravando el desequilibrio ya existente, con una sobrecarga exagerada de la tributación del trabajo.
Como única nota de reserva en relación con el ponente y algunos oradores que ya han intervenido, tememos que las excepciones que se proponen en la esfera cultural nos orienten en un sentido proteccionista, cuando, en realidad, la cultura europea se debe imponer por sí misma y no mediante un proteccionismo que acabará atrofiándola. En este caso, estoy más de acuerdo con la perspectiva holandesa.

Daskalaki
Señora Presidenta, yo también quisiera decir que comparto la excitación y la intranquilidad que existe y que se ha expresado también aquí en relación con el acuerdo multilateral de inversiones. Esta intranquilidad existe tanto en las comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo como en los círculos artísticos y académicos. También con razón, hay publicaciones de la Prensa europea que llaman la atención sobre el peligro en relación con la probable y particularmente precipitada firma de este acuerdo. En la Comisión de Cultura, Juventud Educación y Medios de Comunicación, de la que soy miembro, hemos llevado a cabo grandes batallas en contra de los intentos de que la industria de Europa se vea degradada y herida y de que se deteriore nuestra identidad de gran diversidad cultural, tal como se ve amenazada con este acuerdo. Ya la política cultural europea se vio amenazada en las negociaciones del GATT, en donde al final conseguimos la excepción cultural, la cual no sólo debe permanecer intacta sino también, querría decir que, debería reforzarse. Recuerdo que también hay otras representaciones nacionales que ambicionan excepciones que les interesan y esto es lo que hacen los americanos en relación con determinados sectores para los que tiene regulaciones especiales favorables a sus ciudadanos en el marco de la OCDE.
Debemos obstaculizar el esfuerzo que hay por desarticular las políticas europeas y la estructura europea en su conjunto, en cuanto concierne a los sectores de los productos y servicios culturales, incluidas las nuevas tecnologías, la propiedad intelectual y otros derechos de nuestros artistas y autores sin olvidar que el problema existe también en otros sectores - se ha mencionado ya - como son los transportes, la pesca y la agricultura.
La solidaridad europea debe ser imperturbable hasta el fin, a pesar de las intensísimas presiones que hay y de los ataques que recibe esta solidaridad y querría subrayar, en este punto, que desgraciadamente existen Estados miembros con representaciones que quieren avanzar más rápidamente en la firma de este acuerdo, sin examinar los problemas que se crean. No negamos la necesidad de concluir las negociaciones, pero de ninguna manera antes de regular, de forma satisfactoria, cuestiones vitales para Europa.

Teverson
Señor Presidente, acojo el presente acuerdo con gran satisfacción porque favorece la no discriminación en materia de inversiones, la aplicación del Estado de derecho en los Estados miembros signatarios y porque ha sido pensado para incrementar las inversiones internacionales y, por ende, también el comercio internacional. Todo ello es excepcionalmente bueno y lo acojo con satisfacción.
Lo que me preocupa es que cuando se comienza a analizar este acuerdo -he comenzado a leerlo en varias ocasiones, pero aún me falta mucho para terminarlo-, despierta un gran número de interrogantes. Es evidente que debido a que las inversiones extranjeras son un ámbito altamente competitivo, una de las cosas que sucederán es que, a pesar de tratarse de un acuerdo de la OCDE, se producirán fuertes presiones para que también suscriban el acuerdo terceros otros países que busquen inversiones internacionales. Una vez más, en principio, acojo con satisfacción la medida. Me preocupa el nivel de participación de los países en vías de desarrollo, en particular, en el proceso de toma de decisiones, a pesar de que, básicamente, en estos momentos es un documento de la OCDE.
Al igual que ha hecho el Sr. Falconer, también quisiera apuntar a las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. A pesar de que la OCDE se encarga de gran parte de su material publicitario, me gustaría que su prominencia en el contexto del presente acuerdo fuera mayor. Una vez más, cuando se lee el acuerdo, despierta más interrogantes de las que quizá responde, sobre cómo se tratará el tema del respeto del medio ambiente en la versión definitiva.
Mi otro comentario, que hago con una cierta ironía, es la pregunta de si seguirá existiendo discriminación contra las empresas del país en lo relativo a incentivos a las inversiones que realizan algunos países que suelen discriminar en favor de la inversión extranjera.
Por último, deseo preguntar cuándo se firmará, por fin, el acuerdo -estaba previsto que se hiciera en mayo, pero parece ser que se aplazará- y si será sometido al procedimiento de dictamen conforme del Parlamento Europeo.

Moreau
Señora Presidenta, el tratado del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones constituye un verdadero artefacto de guerra contra los pueblos, los países, los Estados. Los intereses de los inversores extranjeros se privilegian más allá de toda mesura; sus derechos se extienden a todas las esferas, puesto que pueden perseguir directamente en justicia a los Gobiernos, para obtener daños y perjuicios en compensación de toda medida que consideren encaminada a disminuir sus beneficios.
Así, los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio, la preservación de los recursos naturales, la preocupación por el interés colectivo, las libertades sindicales, constituirían otros tantos aspectos que podrían justificar las sanciones, así como, por lo demás, la preferencia comunitaria.
En el proceso actual de globalización, se pisotean los intereses de las poblaciones; con el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, se escarnece a los propios Gobiernos y éstos no tendrían sino obligaciones con respecto a las multinacionales. Tal lógica es totalmente inaceptable y, por lo demás, es ampliamente rechazada. Cuando, desde 1995, las negociaciones se han llevado a cabo en el mayor secreto, la realidad del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones ha salido a la luz, suscitando un vasto movimiento de protesta en los Estados Unidos, Canadá, India y Europa. Incluso en Francia, los artistas y los creadores, dándose cuenta de todo lo que la cultura tiene que perder en semejante lógica de mercantilismo, se movilizaron con mucha fuerza.
El Gobierno francés, a través de su Primer ministro, señaló que un acuerdo de esta índole no puede en modo alguno poner en tela de juicio la libertad de los Gobiernos a aplicar sus opciones. Francia, dice, reclama disposiciones legalmente obligatorias, que prohíban una competencia entre los países con el fin de atraer las inversiones a través de la disminución de las normas sociales y la legislación medioambiental.
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler formula numerosas críticas justificadas y reclama, con toda razón, un diálogo público así como la transparencia sobre las negociaciones de la OCDE. No obstante, no va hasta el fondo del asunto limitándose, a fin de cuentas, a la mera recomendación -cito- de no firmar el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones sino después de haber procedido a un análisis profundo. El Parlamento Europeo, primera instancia elegida para debatir el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, gracias especialmente a su Comisión REX, debería, a mi juicio, exigir a los Gobiernos de los Estados miembros que no firmen el AMI, que aplacen las negociaciones y prevean un vasto debate público previo asociando a los Parlamentos nacionales.
Puede formularse la misma exigencia en relación con el proyecto de mercado único transatlántico, conocido con el nombre de «proyecto Brittan», que se inspira exactamente de los mismos principios ultraliberales que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Nosotros, en tanto que diputados franceses, estamos resueltos a contribuir al desarrollo del movimiento social para hacer fracasar estos proyectos predadores del empleo y de las libertades y hacer prevalecer una lógica de cooperación y desarrollo duradero, verdadero envite de civilización para el tercer milenario.

Schörling
Señora Presidenta, quisiera agradecer muy sinceramente a mi colega Kreissl-Dörfler porque realmente ha dado que pensar, no sólo a nosotros, sino también a los Parlamentos nacionales, de manera que verdaderamente nos hemos fijado en esto.
Se dice que será la ley fundamental de la economía global. Pero también se ha dicho que no sólo están en juego intereses económicos, sino también intereses medioambientales, intereses sociales, el derecho de las naciones a tomar sus propias decisiones, etc.
Quisiera preguntar a la Comisión: ¿por qué no se nos ha informado en el Parlamento Europeo que ha habido una discusión? ¿dónde está el diálogo con los ciudadanos y con los Parlamentos elegidos por el pueblo? Estoy sumamente decepcionado del Ministro de Comercio sueco que ha participado en esas negociaciones desde 1995 sin dar la más mínima señal sobre lo que ha estado sucediendo. Él también es socialdemócrata y dijo en la última elección que ellos "domarían a las fuerzas del mercado». Ahora vemos lo que pasa con esas promesas. ¡Así es que adelante con más democracia! Y como se dijo en una intervención anterior: "¡detengan el Acuerdo hasta que hayamos tenido un verdadero diálogo!

Sainjon
Señora Presidenta, ya es hora, a mi juicio, para los responsables políticos que somos, que hemos recibido nuestra legitimidad del sufragio universal, de poner un alto a las desviaciones tecnocráticas de algunas instituciones internacionales.
Se impone una pregunta y voy a formularla claramente: ¿al servicio de quién está la OCDE? ¿Está para ayudar el desarrollo económico, social y cultural de los países y sus poblaciones, o está al servicio de las poderosas multinacionales? El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones da la respuesta. ¿Cómo podemos tolerar que algunos países ricos negocien a escondidas, en el secreto de los pasillos del castillo de la Muette, sede de la OCDE en París, acuerdos que luego se aplicarán a los países menos ricos que ellos? Estos acuerdos están siendo preparados pasando por encima de todo control democrático, por altos funcionarios que no tienen sino un objetivo, eliminar todas las salvaguardias en materia cultural, pero también social y medioambiental.
Con el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones estamos aprendiendo una verdadera lección. No se trata de un mero tropiezo; confirma todo un concepto ultraliberal cuyo objetivo es pisotear todos los avances sociales y democráticos, a menudo conseguidos en reñida lucha. Decir no al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, equivale en el fondo a decir no al concepto actual de la OCDE, pero quizás sea también iniciar una reflexión sobre la oportunidad de mantener o no en función tal institución, o, por lo menos, de volver a definir su misión. ¿No sería mucho más juicioso y eficaz reforzar el papel de la Organización Mundial del Comercio, que se encargaría de tratar los temas que actualmente se debaten en la OCDE? En todo caso, se plantea más que nunca el problema del control democrático de las instituciones internacionales, si se quieren evitar desviaciones nefastas para las poblaciones.

Van Dam
Señora Presidenta, en este momento existen aproximadamente 1.800 acuerdos bilaterales sobre inversiones directas extranjeras. Esto lleva a una intransparencia y a unas contradicciones entre los acuerdos. Un acuerdo multilateral de inversiones en el marco de la OCDE es, por lo tanto, lógico. Los países de la OCDE abarcan la mayoría de las inversiones directas extranjeras y en el marco de la OCDE se puede llegar más rápido y más eficiente a un acuerdo que en el marco de la OMC.
Quiero hacer dos preguntas a mi colega Kreissl-Dörfler. ¿Este tipo de acuerdo internacional global no amenaza con dar más prioridad a los intereses de las empresas multinacionales que al interés general? ¿Sigue habiendo margen de negociación para los países en desarrollo al aceptar el acuerdo o se enfrentan a unos hechos consumados?
El ponente presta atención a esto con razón en su valioso informe. Este acuerdo limita considerablemente las competencias soberanas, lo cual constituye una evolución que me llena de preocupación. Podría tener unas consecuencias negativas en importantes ámbitos políticos como el medio ambiente y también en el ámbito social y cultural. En las negociaciones sobre el GATT ya hemos tropezado más veces con la misma piedra.
Tenemos que navegar entre las rocas de Scyla - un acuerdo demasiado liberal - y Caribdis - demasiado regulador y proteccionista. Resulta que en los Países Bajos los códigos de conducta, redactados por las empresas mismas para los ámbitos de medio ambiente, de derechos humanos y de servicios sociales, funcionan mejor que las normas administrativas.
El informe pone demasiado énfasis en la "sobreprotección» de, por ejemplo, la cultura. La Comisión propuso mucho pero ¿hacía falta recoger todo esto en este informe? ¿Dónde está el apartado sobre medio ambiente entonces? El exceso hace daño. Este punto de vista influirá en mi voto.
A pesar de estas pequeñas imperfecciones, quiero dar totalmente convencido mi apoyo a este informe, por el cual felicito sinceramente al ponente.

Lienemann
Señora Presidenta, Señorías, este acuerdo es sumamente grave para el porvenir de la Unión Europea y el porvenir de nuestras poblaciones.
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler pone claramente de manifiesto todos los riesgos y todas las condiciones que sería preciso reunir para que una organización de las inversiones sea por fin más transparente y a la vez más fácil, pero también para que esté al servicio de las poblaciones. En conclusión, nuestro Grupo propuso una enmienda a fin de que el mensaje de este Parlamento sea más claro. No queremos que el acuerdo, tal y como se debate actualmente, la lógica que lo sustenta, sea ratificada por nuestros Gobiernos, y el Parlamento Europeo debe decirlo en voz alta y fuerte. En efecto, este acuerdo privaría a nuestros Estados, privaría a la propia Unión Europea, es decir a las instancias comunitarias, de toda posibilidad de actuar de manera eficaz para fijar normas sociales, normas medioambientales, o llevar a cabo políticas favorables al desarrollo local y al empleo.
Voy a dar algunos ejemplos que lo demuestran. Sin duda el punto más escandaloso es la cláusula que prevé que los Estados pueden ser condenados si toman medidas susceptibles de reducir o poner trabas a los beneficios potenciales de una empresa multinacional. Lo que significa que los beneficios de una multinacional tienen más importancia que el interés de las poblaciones. Ahora bien, ¿por qué el Congreso americano se muestra en parte reticente? Se debe a que el ALENA contiene una cláusula de esta índole que ha dado pie a que una sociedad americana en Canadá, »Ethyl», pida al Gobierno canadiense una indemnización porque este último fijo una norma prohibiendo un producto que deterioraba un organismo indispensable a la lucha contra la contaminación. Canadá iba a ser condenado, pues, por combatir la contaminación y privar a una empresa de obtener beneficios. Los estadounidenses se dan bien cuenta del peligro, en todo caso una parte del Congreso americano percibe bien el peligro. No nos hagamos sordos. Este peligro es considerable, no solamente en el ámbito del medio ambiente, sino también en el ámbito social.
Quisiera concluir diciendo que hay que instaurar, claro está, una organización mundial más transparente y racional de las inversiones, pero deben cumplirse varias condiciones para hacerlo. Primeramente, el marco de esta organización no debe incluir únicamente a los países ricos, sino a la OMC, incluso a la ONU; en segundo lugar, debe ser posible introducir cláusulas sociales y medioambientales e incluso decretarlas a nivel planetario y, en tercer lugar, los Estados, la propia Unión Europea deben conservar la soberanía y la posibilidad de actuar, ya que se si la seguridad de los inversores es necesaria, la de las poblaciones es mucho más indispensable.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, lo cierto es que la economía debe estar ante todo al servicio de las personas. Por esto también es tan importante, a mi parecer, que hoy tratemos el tema del acuerdo multilateral sobre inversiones. En el informe Kreissl-Dörfler figuran, no obstante, algunas afirmaciones que coinciden con el cuadro que pinta una campaña que vienen desarrollando desde hace algún tiempo diversas agrupaciones que utilizan el AMI para atizar temores difusos a la llamada globalización. Me siento obligado a expresar esta crítica en términos tan directos, Sr. Kreissl-Dörfler, porque, como usted ya sabe, yo valoro mucho su trabajo y la verdad es que desearía poder seguir hablándole con sinceridad.
Evidentemente, como afirma el informe, el Parlamento no puede aceptar que las negociaciones se desarrollen con la más absoluta exclusión de la opinión pública y también de los parlamentos. Esta crítica no debe dirigirse, no obstante, a la OCDE, sino al Consejo. En efecto, el grupo de trabajo del Consejo sobre este tema celebra hoy una reunión en Bruselas. Por ejemplo, usted reclama en su informe una política económica social y ecológicamente equilibrada y el lado contrario de la Asamblea -la Sra. Castellina también se encuentra allí- deduce de ello que el AMI se propone eludir las normas medioambientales y sociales vigentes.
El AMI tampoco impondrá restricciones a la legislación de la UE. El acuerdo contiene una reserva en este sentido. El problema de la propiedad intelectual se ha resuelto de manera que el AMI no pueda afectar al Acuerdo TRIPs sobre la propiedad intelectual. Por otro lado, el acuerdo de la OCDE ya está condicionado a un proceso de ratificación democrática. Si realmente queremos que la economía beneficie a las personas, no debemos atiborrar un acuerdo sobre inversiones de disposiciones que sólo entienden los ejércitos de abogados. En definitiva, éste también afecta a las pequeñas y medianas empresas que no disponen de un aparato gigantesco.
Evidentemente, también pedimos al Consejo que mantenga puntualmente informado en todo momento al Parlamento sobre las deliberaciones.

Monfils
Señora Presidenta, el excelente trabajo y el informe del Sr. Kreissl-Dörfler han demostrado que si la liberalización de las inversiones es un objetivo esencial, el texto, tal como se le conoce, es peligroso y, en algunos puntos, inaceptable. Es peligroso porque es desequilibrado: todos los derechos para los inversores, todas las obligaciones para los Estados. Los Estados podrían incluso tener que responder, ante una pseudojurisdicción internacional, sobre las motivaciones que les llevaron a tomar una determinada medida, por ejemplo, en materia social o medioambiental.
El texto también es inaceptable en lo que toca a la propiedad intelectual, el sector cultural, especialmente el audiovisual. Nosotros hemos luchado aquí mismo para contribuir a crear una industria cultural sólida, dinámica, especialmente a través de la directiva «Televisión sin fronteras». Pues bien, el texto del tratado corre el riesgo de echar abajo todos estos esfuerzos.
Sin embargo, añado un problema nuevo, señora Presidenta. Hoy me he enterado de que la Comisión va a negociar con los Estados Unidos, en el marco de un mercado único transatlántico, New Transatlantic Market Place del que nunca se nos había informado y que también podría afectar a la propiedad intelectual y artística. Empieza a ser demasiado. En estas negociaciones reina la opacidad más completa. Ya es hora de que la Comisión nos informe claramente, tanto respecto al tratado del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones como sobre el proyecto NTM, que está volviendo a negociar numerosos puntos del acuerdo AMI, que excluye del marco de sus tratados internacionales todo el sector audiovisual y los derechos de autor y, por último, que nuestro Parlamento, así como los Parlamentos nacionales, asuman sus responsabilidades respecto a estos textos.

Seppänen
Señora Presidenta, aquí existe la costumbre de elogiar al ponente, si bien no voy a hacerlo esta vez por falta de tiempo, aunque bien es cierto que lo merecería. Sin embargo, el ponente ve con buenos ojos el hecho de que el Acuerdo Multilateral de Inversiones haya sido negociado por la Comisión Europea y no por los Estados miembros. Esta circunstancia implica una transferencia de poder a la autoridad central federalista. Otorga a la Comisión un poder sobre la seguridad social, el medio ambiente, la protección laboral, la política sanitaria y la propiedad intelectual de mi país que, de acuerdo con el presente informe, no estamos dispuestos a otorgar a las empresas multinacionales. Desde la perspectiva de un país pequeño, la Comisión puede actuar también como una multinacional.
El AMI le abre todas las puertas al capitalismo para permitirle practicar la explotación, también en los nuevos sectores y en el campo de la actividad intelectual; incluso en aquellos países que no han sido ni invitados ni aceptados en las negociaciones de la OCDE. El AMI establece unas normas globales de cara a las actividades de los Estados, pero no a las de las empresas: éste es el motivo de los desequilibrios que presenta el acuerdo.
El Sr. Kreissl-Dörfler ha elaborado un buen informe, a pesar de haber demostrado una confianza excesiva en el poder y la bondad de la UE. La Unión Europea es la forma en que se muestra el capitalismo en Europa. Con el AMI aparece en el mundo otra nueva modalidad más de capitalismo.

Hautala
Señora Presidenta, he de decirle a mi colega el Sr. Seppänen que su Gobierno, que también es el mío, sí ha negociado este acuerdo como parte absolutamente independiente.
Pero vayamos al grano: estamos siendo testigos de un cierto escándalo. La Comisión ha venido negociando un acuerdo que vacía de contenido una gran parte de la fuerza y de la idea que mantiene en pie a la Unión Europea. Si los diversos tipos de ayudas se ven cuestionados es porque favorecen los productos propios a costa de la producción ajena, y no cabría imaginar que las excepciones fueran a durar mucho tiempo. Estoy segura de que, poco a poco, se irá metiendo a todos en el mismo saco, por lo que será inútil esperar la solución de los problemas a través excepciones. Estas excepciones deberán ser, como mucho, provisionales. Se necesitan, sin lugar a dudas, cláusulas vinculantes para lograr el respeto de la legislación laboral y del medio ambiente.
Señor Comisario, no dudo en afirmar que si el Parlamento Europeo dispusiera de la posibilidad de destituir a comisarios de manera individual, su continuidad en el cargo no estaría nada segura.

Vecchi
Señora Presidenta, el objetivo de llegar a acuerdos internacionales multilaterales que favorezcan la difusión de las inversiones es muy importante. Un marco de seguridades sin duda es una de las condiciones fundamentales para permitir que los inversores presten una mayor atención a los destinatarios no tradicionales, es decir, a los países considerados como menos fiables por parte de estos mismos inversores internacionales.
Pero, como es natural, esto se debe producir en condiciones que sean plenamente aceptables por parte de todos los países interesados y que sean coherentes con los objetivos de desarrollo equilibrado y sostenible para los Estados y los pueblos interesados.
De esta idea derivan nuestras críticas al método y a los contenidos del Acuerdo que se esta negociando, desde ya hace más de dos años, en la OCDE. El informe presentado por el honorable Kreissl-Dörfler las refuerza de un modo vigoroso y convincente, y por ello nos declaramos favorables al informe.
Existen tres tipos de problemas que queremos destacar. En primer término, hay un problema de democracia y de transparencia. La negociación se produjo y se está produciendo en secreto, sin que ningún Parlamento del mundo haya sido mínimamente informado, e incluso con escaso conocimiento del alcance del acuerdo por parte de la mayoría de los Gobiernos. Esto es inaceptable, porque las consecuencias de un acuerdo de esta clase están destinadas a generar efectos profundísimos y a largo plazo en todos los países del mundo.
En segundo término, rechazamos la idea de que la OCDE sea la sede adecuada para un acuerdo que tendrá que extenderse a casi todos los países del mundo. De este modo, en especial, las exigencias y los problemas de los países en vías de desarrollo estarían condenados, una vez más, a que no se los tomara en la menor consideración, aunque las consecuencias serían más graves precisamente para los países más pobres.
Por último, los contenidos del acuerdo resultan absolutamente inaceptables, porque, de hecho, impedirían toda posibilidad de que cada Estado y las agrupaciones regionales -como la Unión Europea, por ejemplo- desarrollaran soberanamente políticas de calidad en lo social, ambiental, en el servicio público o en la protección y valoración de las diversidades culturales, algo que representaría una seria amenaza para las políticas activas de programación del desarrollo.
Por estos motivos pedimos que de ninguna manera se firme el AMI, al menos no antes de haber modificado profundamente sus contenidos y su carácter.

Thors
Señora Presidenta, puedo ver con alegría que las organizaciones han tenido más éxito que los negociadores para crear un debate sobre este Acuerdo, lo cual también han tratado de hacer los negociadores. Pero lo que se ha dicho sobre las consecuencias del Acuerdo es, en muchos puntos, muy exagerado.
Opino que, antes que nada, tenemos que sostener que se necesita un sistema normativo cuando la globalización es un hecho, y que la UE y el Parlamento tienen un rol muy importante. Espero que la Comisión apoye a los países miembros que han exigido con fuerza que el Acuerdo prohíba la debilitación de las normas medioambientales y sociales con el objeto de atraer inversiones. ¿Qué pasa con esto, señor Comisario? De hecho, el AMI puede conducir a un fortalecimiento de las normas y no, como se dice, a un debilitamiento. También espero que termine el shopping de subsidios que vemos hoy en muchos sitios. Esto también implicaría que empresas menores se atreverían a invertir en el extranjero.
Lo que no está claro es cómo se hará el procedimiento de arbitraje. ¿Van a ser abiertos o cerrados? ¿Cuáles serán las reglas de carga probatoria? Creo que esto es algo de lo que debemos preocuparnos. En este punto, el Acuerdo no está en condiciones de ser firmado. Además, tenemos que pensar en la posición de OCDE. Creo también que, en el largo plazo, este Acuerdo es necesario, de modo que los países en vías de desarrollo puedan participar voluntariamente si cumplen con los estándares exigidos.

Pailler
Señora Presidenta, estoy contenta de que Sir Leon Brittan esté presente en este debate, ya que se han dicho muchas cosas sobre el acuerdo AMI y sólo volveré a hacer hincapié en la necesidad de permanecer vigilantes, más allá de los problemas de la cultura. Efectivamente, se trata aquí de un riesgo de debilitar gravemente el derecho de autor, pero que puede ir mucho más lejos y afectar, tal como se dijo, en gran medida a la agricultura, el medio ambiente, los derechos sociales. Sea como fuere, ¿qué abarca para nosotros la noción de cultura? Se sabe muy bien, en este propio recinto y en el seno de la Comisión, que la cultura se reduce cada vez más hasta el punto de que sólo incluye a los sectores menos estratégicos y deja a un lado el audiovisual, la edición, todo lo que concierne las autopistas de la información.
Si me alegra dirigirme a usted hoy, señor Leon Brittan, es porque preparó usted un proyecto que debería ser adoptado mañana y creo que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones va a permitirle someter a prueba el hecho de que las poblaciones, pero también los diputados y un buen número de Grupos de esta Asamblea, ya no quieren negociaciones secretas, ya no quieren que haya en nuestras instituciones y en Europa estos frentes de ataque del neoliberalismo a menudo inspirado por los Estados Unidos. El proyecto NTM, a mi juicio, deberá ser examinado con el mismo rasero que hoy reservamos al AMI. Pero no sólo eso. Sería preciso que el Sr. Bangemann estuviese aquí, porque el Libro Verde sobre la convergencia plantea también problemas de esta índole.
Para concluir, quisiera decir simplemente que este tratado no es un tratado, sino un texto ideológico, un verdadero manifiesto del neoliberalismo y que mi Grupo propondrá una enmienda que pida el aplazamiento, para permitir un verdadero debate público que respete a la opinión pública que ejerce, día a día, mayor influencia sobre las políticas internacionales.

Blak
Señora Presidenta, me gustaría comenzar diciendo que este acuerdo no sólo debería haber sido negociado en la OCDE. Es demasiado importante para eso. En lo que me gustaría detenerme es en el hecho de que los derechos de los trabajadores se han trasladado al preámbulo del acuerdo AMI. Resulta inquietante que en el borrador de acuerdo de la OCDE sobre inversiones multilaterales haya un gran desequilibrio entre los derechos y los deberes de los inversores. Es importante que los inversores estén obligados a respetar algunos compromisos en los países en los que operan. Me gustaría subrayar que puede constituir un motivo de preocupación que en este acuerdo AMI se haya optado por referirse a los derechos de los trabajadores y al respeco por el medio ambiente en la introducción del texto. Esto implica que las referencias a los derechos de los trabajadores no son jurídicamente vinculantes sino que tienen más un carácter de declaración de intenciones.
Me parece justo que se añada en el texto que los países deben haber ratificado los siete convenios de la OIT sobre derechos fundamentales de los trabajadores. Los países deben reconocer las normas de la OIT sobre condiciones laborales y protección de los derechos para sindicarse, prohibición del trabajo infantil, etc., así tales cosas no pueden convertirse en un parámetro competitivo con el que los estados traten de atraer a los inversores. Es importante evitar que tanto los estados como los inversores especulen con el social dumping . Es importante ser conscientes de que la liberalización de las disposiciones en torno a las inversiones directas extranjeras no sólo debe redundar en beneficio de los inversores y del país de origen. También debe contribuir a asegurar un desarrollo económico sostenible en el país anfitrión. Este Parlamento es el único parlamento - que yo sepa - que discute el acuerdo AMI. Es importante iniciar un debate en los países miembros y en los parlamentos nacionales sobre este acuerdo.

Nordmann
Señora Presidenta, este asunto del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones ha sido mal llevado y quizás sea una lástima. Una lástima, porque sería útil que consiguiéramos, y ese es el objetivo del AMI, la creación y el establecimiento de un derecho de la inversión internacional, capaz de dar confianza a los inversores y a todos un sentimiento de seguridad. Si el AMI debe conducir a la multiplicación de contenciosos, es evidente que surtirá un efecto contrario. Se sustituyen las barreras por los litigios, no creo que se gane nada con ello.
Por lo demás, incluso la manera en que se han llevado a cabo las negociaciones presenta manifiestamente un déficit de transparencia; es indispensable que se afirme más la coherencia del proyecto con los medios existentes y los principios de la democracia y la primacía de lo político sobre lo económico. De lo contrario, asistiremos al desencadenamiento de las mitologías del complot y el AMI corre el riesgo de naufragar e ir a parar al cementerio de los proyectos nacidos muertos.

Sjöstedt
Señora Presidenta, Ruggiero, Director General de la Organización Mundial de Comercio, OMT, ha llamado a este acuerdo "una constitución para una única economía global». Esto puede dar una idea de las enormes consecuencias que puede tener el Acuerdo Multilateral de Inversiones.
¿Quiénes son los que tienen derecho a escribir la Constitución global? Parece claro que los 29 países industrializados más ricos del mundo. Los otros países quedan en la práctica afuera, lo cual es también la intención, ya que cuando se discutió un acuerdo similar en el seno de la OMT se encontró gran resistencia por parte de otros países del mundo. Lo único lógico sería que este acuerdo se discutiese en la ONU, o tal vez en la OMT, en lugar de la OCDE.
En los países de la OCDE se han llevado a cabo unas negociaciones en silencio y con el mínimo control parlamentario. Pero el acuerdo no sólo es inaceptable por la forma en que ha sido negociado, sino que también por su contenido. En el acuerdo se otorgan derechos a las compañías transnacionales a costa del estado. Es absolutamente absurdo que se dé a las empresas la posibilidad de invalidar ante los tribunales decisiones adoptadas democráticamente, en terrenos tan importantes como el medio ambiente, la administración de los recursos naturales y las condiciones sociales.
Hay cosas que no me gustan en este informe, por ejemplo los puntos 7 y 8. Pero el informe contiene también críticas muy importantes, al menos en los puntos 5, 14 y 23, lo cual es suficiente para que yo lo vote favorablemente.

Karamanou
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, ciertamente nuestro colega, el Sr. KreisslDörfler, merece toda alabanza por tener la iniciativa de este formidable informe.
El hecho de que las negociaciones que se están llevando a cabo hayan causado debates tan intensos y opiniones contrarias han probado la necesidad de que haya tiempo suficiente para un diálogo exhaustivo en condiciones de transparencia y de continuo seguimiento parlamentario sobre una cuestión económica mundial de importancia tan determinante.
Es natural que, cuando el Director General de la Organización Mundial de Comercio caracteriza al AMI como constitución de la economía mundial, razonablemente cause intranquilidad y problemas sobre las posibles limitaciones que sobrevendrán a los derechos de los estados en relación con las políticas nacionales y especialmente en los sectores de las políticas industrial, social, medioambiental y cultural, así como en el ámbito de la propiedad intelectual.
Por supuesto, nadie tiene derecho a ser contrario a la determinación de normas sobre los incentivos y la seguridad de las inversiones extranjeras, como para evitar situaciones de distorsión de la competencia internacional.
Sin embargo tenemos derecho a preguntarnos sobre la premura y el carácter urgente que ha tomado todo el tema. Sobre otros temas graves, que también resultan de la universalización de la economía, no descubrimos una prisa equivalente, como por ejemplo sobre los derechos de los trabajadores, el trabajo infantil, la fiscalidad de las multinacionales, la protección del medio ambiente, el fomento de un desarrollo económico viable y regionalmente equilibrado, el mantenimiento de la diversidad cultural. Gracias a Dios, las empresas multinacionales y los grupos internacionales de empresas ya disponen de una gran fuerza y no se les puede dar ninguna prioridad frente a las empresas nacionales, como el derecho automático de recurso al Arbitraje Internacional y la desviación de la legislación por incumplimiento de la igualdad de trato.
Finalmente, considero que el Parlamento Europeo deberá defender y proteger los derechos y los poderes tanto del Parlamento Europeo como de la Unión de cualquier intento de limitar estos poderes por medio del acuerdo en cuestión sobre inversiones.

Theonas
Señora Presidenta, muy simple, el Parlamento Europeo debe exigir la negativa inmediata del acuerdo multilateral sobre inversiones. Este acuerdo se ha formado a escondidas de los grandes intereses económicos, en ausencia del Parlamento Europeo y de los nacionales, pero también de los propios gobiernos. Constituye un ataque ideológico multilateral del gran capital multinacional y un primer paso en la formación de, como se ha dicho, un gobierno mundial de las multinacionales. Las consecuencias de su adaptación serán trágicas para los pueblos y la economía de los países menos desarrollados.
Este nuevo manifiesto del capitalismo mundial va a llevar a la revocación plena de las libertades sociales y de los derechos laborales de los trabajadores y, junto con la UEM, llevará a un mercado completamente desorganizado, en donde el margen de ejercicio de política estatal y la soberanía nacional de los Estados miembros se reducen ostensiblemente en beneficio de los grupos multinacionales, de los bancos internacionales y de los organismos capitalistas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE.
Repito, señora Presidenta, la única exigencia del Parlamento Europeo es el rechazo del acuerdo y deben votarse las directivas que han sido presentadas por nuestro Parlamento.

Pollack
Señor Presidente, la compatibilidad del AMI con la protección del medio ambiente aún no ha recibido toda la atención que merece de las partes negociadoras. Es un tema muy preocupante. A medida que celebramos más y más acuerdos multilaterales, siento que cada vez es mayor el riesgo de encontrar dificultades en caso de que el AMI se hiciera realidad en su forma actual. Un documento de la Secretaría de la OCDE sobre los aspectos jurídicos observa que: "La ausencia de cualquier incompatibilidad jurídica evidente no disipa necesariamente todos los temores sobre la posible interrelación entre el AMI y MEAs».
Existe una cierta preocupación, en particular, acerca de los posibles riesgos que puede correr la transposición de los acuerdos sobre tecnologías no contaminantes del Protocolo de Kioto para luchar contra el cambio climático. El mecanismo para el desarrollo no contaminante es fundamental para el éxito del presente protocolo y podría ir directamente en contra del AMI. Debería incluirse una cláusula vinculante relativa al medio ambiente que, al menos, ofrezca medidas similares de salvaguarda al artículo 20 del GATT y que no resulte ser una cláusula voluntaria inadecuada, como el artículo 114 del Acuerdo del TLCAN.
Asimismo, deben existir disposiciones que garanticen los controles ambientales de todos los inversores extranjeros. Sin dichas medidas de salvaguarda en favor del desarrollo sostenible, tenemos todos los motivos para sentirnos preocupados acerca del acuerdo en su fase actual.

Caudron
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, negociado en el mayor secreto, símbolo probado del triunfo absoluto del liberalismo desenfrenado, voluntad de asegurar la dominación de los grupos financieros multinacionales sobre los Estados, y voluntad de afirmar la supremacía de los países industriales ricos sobre los países en vías de desarrollo, sí, el proyecto de Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, el AMI, es perfectamente inaceptable en el estado en el que se encuentra actualmente.
En consecuencia, y sin prejuzgar mi opinión final sobre el fondo, apruebo totalmente la petición del ponente, Sr. KreisslDörfler, al que quiero felicitar por su trabajo. Sí, Señorías, apruebo la petición del ponente hecha a los Estados de la Unión Europea de no firmar el AMI sin un amplio debate público que sería el único medio de permitir asegurar una perfecta transparencia que resulta absolutamente necesaria en este expediente.
En cuanto a lo demás y sin entrar en detalles, adhiero ampliamente a las preguntas formuladas y a las observaciones planteadas por el ponente, visto que todas demuestran la doble necesidad de un estudio profundo y de una perfecta transparencia.
Si por desgracia, el AMI fuese firmado tal como está, ya no tendríamos ningún medio para frenar una globalización en su dimensión más negativa, la de la ley del más fuerte. Pienso, y espero, que todos nuestros Gobiernos de la Unión Europea se den cuenta de ello.
Una última palabra sobre la cuestión de la cultura europea y la creación audiovisual. Si apruebo el hecho de que el ponente exija de nuevo una derogación insisto en que no sea únicamente en el marco del AMI, sino en referencia al GATT. Esta cuestión es demasiado grave para que de una manera u otra pueda dejarse la impresión de un retroceso, por muy mínimo que sea.
En conclusión, diría que una vez más sobre este expediente, nuestro Parlamento Europeo debe demostrar el papel de vanguardia que desempeña. Pienso, esta noche, que estamos haciéndolo.

Kinnock, Glenys
Señora Presidenta, quisiera exponer algunas preocupaciones que siento acerca de los países en desarrollo en relación con el AMI, en particular y como ya se ha señalado, que hayan sido excluidos de las negociaciones, a pesar de las importantes repercusiones que dichas negociaciones tienen para ellos. Los países en desarrollo deben plantear asimismo la cuestión de los efectos de la liberalización sobre su capacidad para adoptar los programas enfocados a la pobreza, fundamentales para su progreso. Es necesario asimismo, como han señalado otros oradores, que los ámbitos como el empleo, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores sean una parte integral del proceso y no añadidos de cualquier manera como una consideración posterior. También me preocupa el creciente poder que el AMI dará a las multinacionales en los países en desarrollo, en los que se les concederá casi la categoría de nación-estado. Se hace excesivo hincapié en sus derechos, pero no el suficiente en sus obligaciones ni en sus responsabilidades. No se incluye ninguna obligación vinculante exigible acerca de la conducta social, y el nivel de liberalización exigido es inadecuado para los países en desarrollo.
El reglamento sobre las inversiones debería abarcar algo más que la liberalización económica e incluir un compromiso muy claro con el desarrollo sostenible y con la inversión en calidad a largo plazo. Quisiera que se revisaran a fondo las actuales propuestas y se aplazaran hasta disponer de un procedimiento mucho más inclusivo. Quisiera que se constituyera un foro internacional legítimo en el que se incluya a los países en desarrollo y en el que participen instituciones internacionales como la UNCTAD. Sólo entonces estaríamos satisfechos acerca de un procedimiento justo sobre las inversiones multilaterales.

Brittan, Sir Leon
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y a su ponente, Sr. Kreissl-Dörfler, por el excelente informe sobre las negociaciones relativas al AMI. También deseo agradecer a las demás comisiones y a sus ponentes los esfuerzos realizados en la elaboración del presente informe.
Es un debate oportuno. Las negociaciones aún no han concluido. La decisión del Parlamento Europeo de celebrar el presente debate tiene toda la importancia que le ha atribuido la Sra. Castellina. Comparto esa opinión y puedo asegurar también a la Sra. Schörling que hemos celebrado un auténtico debate y que éste influirá activamente en el curso de las negociaciones. La Comunidad Europea es el mayor inversor en el extranjero del mundo, que destina la mitad de nuestras inversiones a la OCDE y la otra mitad a países que no forman parte de la OCDE. Al mismo tiempo, somos los más abiertos de cara a las inversiones procedentes de terceros países del mundo. Por consiguiente, la Comunidad tiene un gran interés en el establecimiento de normas transparentes, no discriminatorias y exigibles para las inversiones extranjeras directas tanto a nivel plurilateral, como multilateral. Por ello estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Valdivielso de Cué, la Sra. Baldi, la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Teverson, que han hecho hincapié, todos ellos, en la importancia y los posibles beneficios de esta negociación.
Tiene que existir un equilibrio entre las oportunidades previstas para la inversión y también la necesidad de que existan posibilidades a nivel nacional para regular y controlar determinados asuntos. Éste ha sido el tema de las negociaciones, y el presente debate ha contribuido a dicho equilibrio. Puedo asegurar a la Sra. Plooij-van Gorsel que éstas serán unas negociaciones en las que, al final, la CE será uno de los miembros. En la comunicación de la Comisión sobre la igualdad de condiciones para las inversiones directas a nivel mundial, insistimos en que se inicien negociaciones en la OCDE y se lancen otras en la OMC. Permítanme recordarles que el Consejo y el Parlamento Europeo, en su resolución de diciembre de 1995, apoyaron este enfoque. Sigo pensando que la conclusión con éxito de las negociaciones sobre el AMI es el mejor punto de partida posible para una legislación multilateral en el seno de la OMC que permita alcanzar igualdad de condiciones para las IDE.
No olvidemos que la amplia mayoría de los países en desarrollo opinan que lo que a ellos les interesa es el fomento de las inversiones directas en el extranjero y no lo contrario. Por tanto, un acuerdo correcto les ayudará tanto como a los países inversores. La relación entre lo que hacemos en las negociaciones del AMI y lo que queremos hacer en la OMC es la clave, como acertadamente declara la Sra. Mann. Dicha relación ha sido un aspecto muy relevante de las observaciones del Sr. Lannoye, la Sra. Leperre-Verrier y la Sra. Kinnock.
Hemos tenido muy presente la importancia de unas relaciones vinculadas. La negociación del AMI, fundamentalmente, gira en torno a los países desarrollados. Es una negociación en la que nadie está obligado a participar y a la que nadie está obligado a unirse, y cuyos resultados nadie que no sea parte negociadora está obligado a aceptar, aunque está abierta a todos. Por este motivo y debido a mi opinión, a la que me aferro, de que para conseguir un acuerdo que refleje debidamente los intereses de los países en desarrollo al igual que aquéllos de los países desarrollados, deben celebrarse conversaciones en la OMC que conduzcan a una negociación en la OMC, que tenga en cuenta la negociación del AMI, pero que no tiene por que ser la misma.
Es la mejor forma de garantizar que el AMI no ejerce una presión desmedida sobre los países en desarrollo para que se adhieran al mismo. No obstante, deberemos superar algunas barreras en este sentido. Hasta ahora, sólo hemos alcanzado un acuerdo sobre las conversaciones en el marco de la OMC, y el obstáculo para seguir avanzando hasta llegar a una negociación en la OMC es el hecho de que algunos países en desarrollo se resisten a ello. Espero realmente, por tanto, que aquellos -y son muy numerosos en esta Asamblea- que tienen influencia sobre los países en desarrollo, los animen a avanzar hacia una posición en la que acepten de buen grado una negociación en la OMC, al igual que una negociación en la OCDE, precisamente para que el acuerdo que en su día entre en vigor y en el que ellos podrán participar, contemple plenamente sus intereses, y no tengan que limitarse a afrontar la alternativa de suscribir la negociación del AMI o no suscribir nada en absoluto.
En realidad, no creo que la negociación del AMI desemboque necesariamente en una conclusión que vaya en contra de los intereses de los países en desarrollo. No obstante, puedo entender sus sentimientos por no haber tomado parte en dicha negociación. Lo mejor que pueden hacer es suplir la negociación en la OCDE con otra en la OMC lo antes posible. El fracaso de la negociación en la OCDE no les servirá de nada, porque se utilizará para que se opongan al inicio de negociaciones en la OMC personas que podrían decir: "si los países en desarrollo ni siquiera pueden alcanzar un acuerdo sobre esto, ¿cómo se puede esperar que se alcance un acuerdo a nivel mundial?» Y si no hay acuerdo a nivel mundial, el equilibrio que atrae las inversiones hacia los países en desarrollo, y que éstos necesitan desesperadamente en las debidas condiciones, no se producirá, y para aquellos que intentan defender sus intereses será contraproducente haberse opuesto a la negociación en la OCDE.
Con estas consideraciones en mente se iniciaron en mayo de 1995 las negociaciones en el contexto de la OCDE, y en diciembre de 1996, en la Conferencia Ministerial de Singapur, alcanzamos un acuerdo sobre la creación de un Grupo de trabajo para inversiones en el seno de la OMC. El plazo fijado para que las negociaciones en la OCDE lleguen a una conclusión es finales de abril de 1998. Toda persona que haya participado en negociaciones de este tipo sabrá que cuando falta un mes y medio para el final de una negociación es un momento muy importante y crucial en el que pueden ocurrir muchas cosas.
No puedo decirles si llegaremos o no a una conclusión. Si lo hacemos, estará inspirada en buena medida en lo que hoy se ha dicho. Pero sí puedo decirles que sólo llegaremos a una conclusión si podemos acomodar los intereses legítimos de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con la mayoría, si no con la totalidad, de las recomendaciones que hace la propuesta de resolución, que es el tema de nuestro debate de hoy. Estamos de acuerdo en que es necesario salvaguardar en el AMI el derecho de las partes contratantes a emprender acción para proteger el medio ambiente, no sólo ahora, sino también en el futuro. Por consiguiente, no tengo la menor dificultad con lo que ha dicho la Sra. Pollack. En el ámbito de la mano de obra, creemos que es muy importante que en la presente negociación se proteja el respeto de las condiciones de trabajo. Por ello estoy de acuerdo con el Sr. Kreissl-Dörfler y también con el Sr. Habsburg-Lothringen en este sentido. También nosotros insistimos en una disposición que abarque las políticas actuales y futuras relativas a la integración europea. Por ello acojo con satisfacción las palabras del Sr. García-Margallo y Marfil, de la Sra. Ahern y la Sra. Castellina sobre la importancia de una cláusula relativa a la integración económica regional que permita una mayor armonización entre los actuales miembros de la Unión Europea y una alineación progresiva en la política de la UE de las leyes y prácticas de nuestros socios de acuerdos europeos.
Quisiera decir al Sr. Falconer que el presente acuerdo -si sale adelante- reforzará la categoría de los puntos de contacto nacionales, y que está prevista la revisión de las directrices a las que califica como inadecuadas.
La propuesta de resolución trata ampliamente también de los aspectos de la cultura y de los derechos de la propiedad intelectual en virtud del AMI, como no podía ser de otra manera. Quiero decir unas palabras al respecto. La Comisión comparte plenamente el objetivo de preservar la identidad cultural europea a través de medidas y acciones políticas específicas, en particular, en el sector audiovisual. Comparto las inquietudes que muchos han manifestado, especialmente el Sr. Elchlepp y la Sra. Daskalaki. Entre los negociadores existe actualmente consenso en cuanto a que el AMI no debe socavar el acervo del GATT excluyendo los servicios audiovisuales, es decir, la conclusión de la Ronda Uruguay. El único problema es saber cómo debe hacerse exactamente. Nuestra opinión es que una excepción general, que superficialmente parece atractiva, no es la mejor solución. Una reserva detallada específica a Europa ofrece realmente mayor seguridad jurídica a las políticas actuales y futuras que una excepción general de una frase.
Hay algo que quiero asegurar a esta Asamblea por encima de toda duda: tuve el privilegio y el honor de dirigir las negociaciones de la Ronda Uruguay por la parte de la Unión Europea. El último día de aquellas negociaciones, cuando el mundo entero se mantenía atento y esperaba la conclusión de dichas negociaciones, nos vimos bajo una fuerte presión por parte de los Estados Unidos para que aprobáramos disposiciones relativas a asuntos audiovisuales y culturales que habrían debilitado y puesto en peligro nuestra propia política audiovisual y cultural. No dude en absoluto en oponer resistencia a dicha presión y decir que no daríamos nuestra aprobación a la Ronda Uruguay si nos veíamos obligados a sucumbir ante semejante presión para alcanzar un acuerdo semejante. Y lo conseguimos. Fueron los Estados Unidos los que dieron su brazo a torcer. Puedo asegurar a esta Asamblea que, ante una situación semejante, si la Unión Europea, a través de su negociadora que es la Comisión, pudo resistir dicha presión, no crean que seremos tan ingenuos como para ceder en las negociaciones del AMI lo que pudimos resistir con éxito en las negociaciones de la Ronda Uruguay. No existe la menor posibilidad de que eso ocurra y cualquier desacuerdo sólo podrá ser acerca de cuál es el modo más eficaz de protegernos.
En cuanto a los derechos de la propiedad intelectual, permitan que les diga que seguimos buscando una solución que respete las normas europeas y aquéllas de la OMPI y que, por otro lado, aporten valor añadido principalmente en el ámbito de la resolución de conflictos. Puedo asegurar a la Srta. McKenna que las reservas en materia de pesca serán efectivas, aunque todos estos temas están aún en fase de negociación. Con voluntad política, teniendo en cuenta las observaciones que acertadamente se han formulado en esta Asamblea, podemos llegar a una conclusión que sea en interés de la Unión Europea en su calidad de inversora de gran magnitud fuera de la Unión Europea, en interés de los países en desarrollo y en interés de todas las políticas que nos son tan preciadas. Sólo suscribiremos el acuerdo si logramos eso.
Personalmente no creo que haya ninguna necesidad ni tenga ningún valor solicitar la opinión del Tribunal de Justicia. Habitualmente negociamos sobre asuntos de gran transcendencia, tenemos nuestros asesores jurídicos, y si cada vez que hay una negociación corriéramos al Tribunal de Justicia, el equilibrio institucional quedaría debilitado.
Naturalmente puedo confirmar gustosamente, como el Sr. Kreissl-Dörfler me ha invitado a hacer, que la Comisión recomendará al Consejo que, si se alcanza un acuerdo que reciba el apoyo de los Estados miembros y de la Comisión, se solicite el dictamen conforme del Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor.
Cuando presentemos el AMI al Consejo, puedo asegurar al Sr. García-Margallo y Marfil que la Comisión analizará la compatibilidad del presente acuerdo con los importantes acuerdos internacionales de los que somos parte, incluidos los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente y asuntos sociales, y con nuestra legislación y nuestras políticas en ámbitos como la pesca, el transporte y el desarrollo, así como con el propio Tratado de la Comunidad Europea. Pero en estos momentos, no veo ninguna incompatibilidad y en la continuación de las negociaciones nos aseguraremos de que siga siendo así.
Actualmente las negociaciones atraviesan por una fase difícil. Nuestros interlocutores de los Estados Unidos han indicado que, dada la necesidad de seguir negociando sobre una serie de temas cruciales, consideran que el plazo de abril no podrá cumplirse. Nos comunican que no están en condiciones de sugerir una fecha alternativa para la celebración del AMI. Esto envía una mala señal sobre nuestra determinación de mantener a los países de la OCDE en su actual curso de política económica, a pesar de las recientes crisis, especialmente en Asia, y para hacer frente a los desafíos de la globalización mediante el fortalecimiento del actual sistema abierto al comercio y a la inversión. No podemos aceptar el anuncio de los norteamericanos como un fait accompli .
En esta próxima etapa podemos alcanzar importantes progresos si existe la voluntad política. Los ministros deberán decidir entonces sobre la suerte del AMI, en fiel reflejo de los deseos de los gobiernos elegidos democráticamente. Ahora nos compete, en las próximas semanas, poner a prueba si existe la voluntad política. Estamos decididos a hacer todo lo posible para llevar a buen puerto las negociaciones, pero no buscamos un acuerdo a cualquier precio.
También es importante hacer hincapié en la necesidad de encontrar un arreglo idóneo con los Estados Unidos dentro y fuera del AMI, para encontrar una solución al problema de la legislación extraterritorial a la que se ha referido el Sr. Souchet en general, y a la Ley Helms-Burton e ILSA, en particular.
La reunión ministerial de la OCDE que se celebrará a finales de abril deberá fijar el curso. Intentaremos avanzar todo lo posible antes de esa fecha. Mientras tanto, la Comunidad y sus Estados miembros tienen un claro interés en alcanzar un AMI que proteja nuestros intereses, proteja los intereses de los países en desarrollo y garantice nuestra capacidad de continuar con las políticas tan preciadas para nosotros. Intentaremos alcanzar eso; no nos rendiremos ante nadie que intente destruir nuestros intereses.
Si actuamos con decisión, aunque con moderación, y nos mostramos dispuestos a defender nuestros intereses, al tiempo que reconocemos que el tipo acertado de AMI en las condiciones idóneas beneficia a los intereses de la Unión Europea, haremos algo que reflejará la voluntad de los pueblos de Europa.

Plooij-van Gorsel
He formulado una pregunta muy concreta. He pedido a Sir Leon Brittan que arroje algo de luz sobre el procedimiento, porque puede haber un conflicto de intereses entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros que deseen adherirse al acuerdo. Quisiera saber cuál será el procedimiento de decisión. Deberá existir unanimidad en el Consejo sobre este asunto antes de firmar o es posible que...
(El Presidente interrumpe al orador)

Brittan, Sir Leon
Creía haber respondido a la pregunta. El apoyo de los Estados miembros debe ser unánime, y el Parlamento Europeo deberá dar su dictamen conforme, como he dicho en mi intervención.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
Señorías, con 35 minutos de retraso sobre el horario que aprobamos en nuestro orden del día, vamos a iniciar el turno de preguntas a la Comisión. Les pido a ustedes disculpas por este retraso, del que no soy responsable y sobre el que he hablado con el señor Presidente, y espero que podamos en el futuro tomar las medidas necesarias para cumplir los horarios previstos en nuestros órdenes del día.
Me pide la palabra el Sr. McMahon para una cuestión de orden.

McMahon
Esta mañana intervine acerca de la pregunta que he presentado sobre la nomenclatura de los Fondos estructurales y el derecho a beneficiarse de los distintos fondos. Como usted bien sabe, yo me tomo muy en serio el turno de preguntas. Vi que estaba previsto que la Comisaria Wulf-Mathies respondiera esta semana a preguntas relativas a los Fondos estructurales y regionales, por lo que decidí presentar mi pregunta. Lamentablemente parece haber sido situada al final, bajo "otras preguntas». Debería encontrarse en el lugar adecuado. El Presidente de esta mañana prometió preguntar a los servicios sobre lo ocurrido. ¿Podría, por favor, facilitarme una respuesta?

El Presidente
Señor McMahon, yo mismo estaba presente esta mañana cuando usted ha formulado esta pregunta y, de acuerdo con los servicios de la Asamblea, hemos tomado contacto con la Comisión. La Comisión nos ha explicado -en primer lugar, debo recordarle que es la Comisión quien tiene la competencia para decidir qué Comisario o Comisaria responde a una u a otra pregunta- que, en el caso de su pregunta 102, correspondía al Sr. de Silguy contestarla por relacionarse con las cifras del Eurostat. Por lo tanto, no correspondía al ámbito de la Sra. Wulf-Mathies.
Así, pues, de conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0260/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.

Flynn
La reforma de los Fondos estructurales de 1993 incorpora la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral como uno de los objetivos de la política, y la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Fondo Social define la igualdad de oportunidades como una prioridad específica. Los Estados miembros han optado por aplicar esta prioridad del actual Reglamento del FSE con un doble enfoque. La mayoría ha aprobado programas específicos sobre igualdad de oportunidades, mientras que los países nórdicos y el Reino Unido aplican el enfoque de corriente principal. A pesar de que los enfoques difieren entre sí, las medidas adoptadas son muy similares: promoción de mayor participación de las mujeres en ámbitos en los que están poco representadas, formación y formación profesional para mujeres desempleadas y mujeres que desean reincorporarse al mundo laboral y promoción de la mujer empresaria, además de otras medidas afines.
En la preparación del nuevo proyecto de reglamento general de los Fondos estructurales nos hemos fijado el objetivo de reducir las actuales disparidades y fomentar la igualdad de participación de mujeres y hombres en las actividades económicas y sociales a través de un enfoque de corriente principal. Lo que se pretende es que la estrategia de la corriente principal impregne todo el proceso de ejecución, desde la programación hasta la notificación. En todas las fases y todos los niveles de toma de decisiones, el objetivo es: a) lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres, y b) una asociación que incluya a representantes de las autoridades y los organismos competentes en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. Está previsto que la actividad del Fondo Social Europeo se base en cinco ámbitos políticos: una política activa del mercado laboral, la promoción de la integración social, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la previsión y la facilitación del cambio económico y social y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Además de la prioridad específica de igualdad de oportunidades en el reglamento del Fondo Social, se pretende implementar el enfoque de corriente principal en todos los ámbitos de la política y ampliar la experiencia actual en el contexto del desarrollo regional y local, que incluya iniciativas locales en favor del empleo y pactos territoriales por el empleo. Espero que el nuevo reglamento envíe un claro mensaje en favor de una acción positiva.
Por último, debo recordar a su Señoría que las directrices sobre el empleo adoptadas en la Cumbre extraordinaria sobre el trabajo, celebrada en Luxemburgo el pasado noviembre, han sido elaboradas en torno a cuatro pilares y uno de ellos es el fortalecimiento de las políticas en favor de la igualdad de oportunidades. En este sentido, los Estados miembros deberán adoptar medidas que reduzcan la diferencia entre ambos sexos en materia de empleo, al igual que la segregación en el ámbito profesional, elevar los niveles de los servicios de asistencia que en muchos casos representan una barrera clave para las mujeres que desean volver a trabajar y facilitar el proceso de reincorporación al mundo laboral. La Comisión espera que se preste especial atención a dichas directrices en los planes de acción que están siendo elaborados por los Estados miembros en estos momentos y que serán presentados en el Consejo Europeo de Cardiff en Junio.

Izquierdo Rojo
Señor Comisario, esta pregunta responde exactamente a mi deseo de que sean las mujeres el sujeto y el objeto prioritario de las nuevas políticas de empleo. Le agradezco, pues, su magnífica respuesta, tan extensa, tan esperanzadora, y sólo quisiera preguntarle si realmente cree que estos beneficios van a llegar a todas las mujeres de Europa, incluidas las de Granada, y, financieramente hablando, de qué cuantía se trata exactamente.
Quisiera también saber si estos beneficios van a llegar a los lugares donde más lo necesitan las mujeres. Y, finalmente, si se va a velar por que haya más programas y por que éstos estén más dotados allí donde el machismo es mayor.

El Presidente
Gracias, señora Izquierdo Rojo, por su pregunta y por atenerse al tiempo.
Tiene la palabra el Sr. Flynn para responder a esta pregunta complementaria, que hace referencia -se habrá dado usted cuentatambién a las mujeres de Granada. Yo no sé si usted conoce Granada, señor Flynn, pero en caso contrario le recomiendo que no deje de conocer esta magnífica ciudad.

Flynn
Acepto su invitación, señor Presidente, y me gustaría mucho poder realizar dicha visita. He estado allí en un par de ocasiones en visita privada, pero quizá pueda volver en visita oficial, y le agradezco su interés.
Quisiera decir a su Señoría que no sólo estoy lleno de esperanzas, sino también lleno de expectativas y, naturalmente, comprenderán que todo cambio dependerá de los programas que presenten los Estados miembros que soliciten ayuda en lo que respecta a la promoción de igualdad de oportunidades. Tengan algo presente: es una obligación recogida en el Tratado, y desde la Cumbre sobre el Empleo, todos los Primeros Ministros y Presidentes de los 15 Estados miembros han suscrito un compromiso personal para impulsar la igualdad de oportunidades y prever actividades específicas para tratar este asunto. Siento especial interés por conocer qué hará el Fondo Social, porque he previsto un marco que proporcione ayudas al empleo y ayudas a los autónomos. Desarrollaré nuevas fuentes de empleo y prestaré asistencia en la provisión de servicios para los beneficiarios. Me estoy refiriendo a los servicios de asistencia que, espero coincidan conmigo en reconocer, en muchas ocasiones son un aspecto fundamental para preparar a la mujer que se reincorpora al mundo laboral. Tengo muchas expectativas de cara al futuro a raíz de los compromisos asumidos en la Cumbre sobre el Empleo.

Sornosa Martínez
Señor Comisario, la Comunidad Valenciana está incluida en el objetivo nº 1 y su continuidad en este objetivo no está todavía resuelta porque está unas décimas arriba o abajo de ese 75 % de la renta comunitaria.
El paro, desde luego, sí que está por encima de la media, no sólo de la comunitaria sino también de la española. Y ésta, a su vez, es dos veces superior a la europea y, en cuanto a las mujeres, es tres veces superior.
¿Piensa la Comisión que la Comunidad Valenciana debe mantenerse como objetivo nº 1, dado que el empleo es un objetivo prioritario en todas las regiones europeas y que, además, tanto la formación como los nuevos puestos de trabajo son absolutamente necesarios, sobre todo para las mujeres, que son el 30 % de las desempleadas en la Comunidad Valenciana?

Flynn
Muy brevemente, sólo quisiera decir a su Señoría que Valencia tiene ciertos problemas concretos. Aún no se ha tomado ninguna decisión con respecto a esas zonas en particular que se calificarán para el Objetivo 1 en el nuevo período 2000-2006. Todo esto deberá ser negociado a partir de ahora y hasta comienzos del año próximo. Quisiera señalar que el reglamento que se aplique a los Fondos estructurales será presentado para su aprobación a la Comisión el 18 de marzo, y a partir de ahí veremos cómo avanzan las cosas.

El Presidente
Gracias, señor Flynn, por su presencia, por sus respuestas y por haber aceptado estas sugerencias de visitar dos preciosas ciudades españolas -Granada y Valencia- por distintos motivos, pero las dos muy interesantes.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por John McCartin (H-0176/98):
Asunto: El mercado de la carne de vacuno
Las cinco principales cadenas de supermercados del Reino Unido ejercen un control monopolístico sobre la oferta de carne de vacuno, ya que entre las cinco suman el 80 % del total de las ventas.
¿Puede impedir la Comisión que estas cadenas comerciales se aprovechen de su posición de dominio en el mercado para excluir la carne de vacuno irlandesa de la oferta de sus establecimientos, de forma contraria a los principios de la libre competencia?

Brittan, Sir Leon
El mercado minorista de la carne en Gran Bretaña incluye una serie de supermercados con cuotas de mercado importantes, pero la Comisión no dispone de ninguna información que demuestre que, a nivel colectivo o individual, están en condiciones de dominar el mercado. En estos momentos no disponemos de datos concretos suficientes para hacer una valoración de la situación del mercado. Los servicios de la Comisión están intentando actualmente comprobar los rumores de que la carne de vacuno irlandesa ha sido excluida de los supermercados y, si es así, intentarán descubrir si la exclusión obedece a prácticas restrictivas o a otras razones; si su Señoría o alguna otra persona dispone de información relevante, la Comisión estaría interesada en recibirla.

McCartin
Tengo entendido que existe abundante información acerca de que algunas cadenas de supermercados del Reino Unido han declarado públicamente que, por el momento, han retirado la carne de vacuno irlandesa de sus estantes. En tales circunstancias y considerando que es un mercado que tradicionalmente ha sido provisto de carne irlandesa, entiendo que es un acto discriminatorio deliberado, que ha sido declarado y confesado por las personas involucradas. Quisiera preguntar al Comisario -suponiendo que pueda verificarlo- si tiene autoridad para emprender acciones judiciales contra los responsables por esta flagrante y reconocida discriminación.

Brittan, Sir Leon
Tendremos que analizar los hechos. En buena medida dependerá de si la exclusión obedece a una práctica restrictiva o se trata de una exclusión unilateral. Por ello no puedo decir realmente si puede hacerse algo o si debería hacerse algo hasta que no se recabe más información y sea analizada.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Simon Murphy (H-0192/98):
Asunto: Actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo
A raíz de especulaciones recientes en la prensa británica, ¿podría confirmar la Comisión si el Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior propiciará una decisión inminente sobre las actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo dentro de la UE?
¿Qué planes tiene la Comisión con respecto al futuro de los anuncios de bebidas en la UE, sobre todo en la perspectiva de la Ley Evin, ley francesa que limita las actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas y que ha supuesto la prohibición efectiva en Francia de retransmitir por televisión acontecimientos deportivos que se benefician de la publicidad o de la actividad patrocinadora de marcas de bebidas alcohólicas en otros países?

Brittan, Sir Leon
Su Señoría se refiere a los artículos aparecidos recientemente en la prensa en los que se especulaba que el Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior propiciará una decisión inminente sobre las actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo dentro de la UE. Eso no se ajusta a la verdad: el Libro Verde, cuyas propuestas fueron aprobadas el 4 de marzo, establece una metodología para evaluar si los efectos de las restricciones en las comunicaciones comerciales transfronterizas son proporcionales a los objetivos de interés público que se quieren alcanzar con dichas medidas.
La comunicación ha nombrado asimismo a un grupo de expertos, formado por representantes de los Estados miembros, para que examine las diferencias entre los reglamentos nacionales de cara a estudiar las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo en este ámbito. La comunicación establece un marco en el que el tema planteado por su Señoría podría ser discutido abiertamente, al objeto de resolver los problemas relativos al mercado interior que pudieran surgir.
La prensa confunde este ejercicio consultivo con el caso de infracción contra una disposición de la Ley Evin francesa, a la que hace referencia su Señoría. Dicha disposición prohíbe a las cadenas francesas de televisión retransmitir eventos deportivos patrocinados por marcas de bebidas alcohólicas, que aunque se celebran fuera de Francia, interesan principalmente al público francés. Esta restricción de las retransmisiones ha llevado a los organismos deportivos de otros Estados miembros a rescindir sus contratos de patrocinio con productores de bebidas alcohólicas por temor a que sus eventos no sean retransmitidos en Francia y, por consiguiente, pierdan sus derechos televisivos. La Comisión emitió un dictamen motivado en 1996 en el que exponía sus dudas acerca de la proporcionalidad de dicha restricción, y actualmente está discutiendo el tema con las autoridades francesas. Quisiera hacer hincapié en que, en este caso, la Comisión no cuestiona la Ley Evin como tal, sino las consecuencias de su aplicación sobre los eventos televisados que se celebran fuera de Francia. La Comisión quiere garantizar el más alto nivel de protección de la salud pública y, en ese sentido, está dedicando la máxima atención a la evaluación de la proporcionalidad de esta restricción.
En lo que respecta a nuestra voluntad de adoptar medidas de armonización en este ámbito, ello dependerá de los resultados de las investigaciones. Tenemos competencia para proponer dichas medidas, pero, en estos momentos, no tenemos intención de hacerlo.

Murphy
No tengo más preguntas, y sólo quiero agradecer al Comisario su respuesta tan clara y directa. Nos mantendremos atentos a cómo evoluciona la situación.

von Habsburg
Quiero preguntarle si no está de acuerdo conmigo en que lo que aquí nos ocupa, el asunto de la Ley Evin de Francia, es la versión europea de un hecho contra el que venimos protestando, el del bloqueo comercial a Cuba. En otras palabras, es una intervención internacional que no tiene ninguna justificación, y si realmente la aplicáramos en Europa, debilitaríamos nuestra posición internacional. No podríamos seguir luchando contra la legislación norteamericana en materia de comercio internacional.

Brittan, Sir Leon
Ciertamente estoy de acuerdo en que al considerar nuestros juicios sobre lo que otros hacen fuera de la Unión Europea, es muy importante que nos cercioremos de que somos coherentes y no nos oponemos a lo que ocurre fuera de la Unión Europea sin, al mismo tiempo, objetar que ocurra algo similar en la Unión Europea. Ya he mencionado que la Comisión envió un dictamen motivado en 1996 en el que resaltaba sus dudas acerca de la proporcionalidad de la restricción de la Ley Evin, y aunque me sienta tentado a ir más lejos, no sería prudente hacerlo.

Larive
Como ponente, Sir Leon Brittan, sobre las comunicaciones comerciales, estoy contenta con la comunicación que salió la semana pasada, aunque naturalmente hay muchas críticas al respecto. Mi pregunta es, en vista del período pasado con tantas reclamaciones, sobre todo de "loi Evin», que realmente no fueron tramitadas de forma seria, si le pareció necesario al gobierno del Presidente Santer o al Presidente mismo que se esperara hasta que se presentara la comunicación y si, por lo tanto, se estudiarán estas reclamaciones a fondo en un plazo muy corto en el comité de expertos nacionales que hay que constituir. ¿Nos puede comentar algo más al Parlamento y a mí sobre los diferentes puntos de vista respecto a la tramitación de las reclamaciones presentadas?

Brittan, Sir Leon
No entraría dentro de las normas dar a conocer los pormenores de todas las discusiones que tienen lugar en el seno de la Comisión, aparte del hecho de que no estoy al corriente de todos ellos. La situación normal es la siguiente: enviamos un dictamen motivado manifestando nuestras dudas en cuanto a la legalidad de lo que se ha hecho y, a continuación, se inician conversaciones con las autoridades francesas si éstas se muestran dispuestas a ello, que sí lo están, y actualmente nos encontramos en esta situación. No puedo adelantar nada más.

El Presidente
Pregunta nº 44 formulada por Graham Watson (H-0257/98):
Asunto: Distribución de entradas para el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1998
Después de la petición realizada por la Comisión Europea a las autoridades organizadoras del Campeonato Mundial francés para que modificaran la distribución de entradas para los partidos de fútbol del Campeonato Mundial, ¿puede la Comisión indicar qué medidas han sido adoptadas por el CFO?
¿Considera la Comisión que estas medidas hacen que el sistema de distribución de entradas cumpla las leyes de competencia comunitarias?

Brittan, Sir Leon
El 20 de febrero, la Comisión dirigió un escrito al Comité organizador de la Copa del Mundo exponiendo sus objeciones a la actual política de distribución de entradas y pidiéndole que en el plazo de dos semanas, a partir de la recepción de la carta, informara a la Comisión de las medidas que se propone adoptar para garantizar que su sistema de distribución de entradas no discrimina a los aficionados al fútbol residentes fuera de Francia. Dicha solicitud se hizo a raíz de una evaluación preliminar de las actuales disposiciones para la distribución de entradas, que llevó a la Comisión a pensar que el comité organizador puede estar abusando de una posición dominante en el mercado de entradas para el Mundial, lo que va en contra del artículo 86 del Tratado de la CE.
La Comisión se reunió con el comité organizador el jueves 5 de marzo para exponerle sus inquietudes por las actuales disposiciones para la distribución de entradas y, en particular, el reglamento del CFO, que exige que todos aquellos que deseen adquirir entradas directamente del CFO faciliten una dirección en Francia a la que puedan ser enviadas las entradas.

Watson
¿Significa eso que la Comisión no emprenderá ninguna acción para prohibir la emisión de entradas que ya se han vendido, a pesar de que muchas de esas entradas no se han emitido aún, sino que sólo han sido solicitadas? ¿Puede garantizar el Comisario que si se han infringido los Tratados, se iniciarán procedimientos formales de infracción? ¿O se limitará la Comisión tan sólo a ofrecer entre bastidores a los aficionados al fútbol un regalo de consolación consistente en un banderín en un bonito estuche?

Brittan, Sir Leon
No tengo previsto dar nada entre bastidores como insinúa su Señoría. Si se ha infringido la Ley, se emprenderán acciones, a menos que se remedie dicha infracción de una manera específica. Ésa será la posición de la Comisión. Como he dicho, el pasado jueves mantuvimos conversaciones. No puedo ofrecer una respuesta específica a la cuestión que ha planteado su Señoría porque, en realidad, se está analizando el resultado de dichas conversaciones y mi colega hará una declaración en un debate el jueves, en la que, sin duda, comunicará el resultado de la reunión, las conclusiones que haya sacado la Comisión y la acción que ésta adopte.

Evans
En una situación como la que describe el Comisario y las restricciones que pone a la distribución de entradas, seguro que no faltará quien busque el modo de eludirlas. ¿Ha entablado contacto la Comisión con las autoridades francesas para analizar los posibles problemas que surgirán en la reventa de entradas? Siempre habrá compañías de viajes legítimas que, de un modo u otro, adquieran entradas y comiencen a ofrecer paquetes alternativos, pero no faltará quien compre entradas para venderlas en la reventa a precios inflados. Esto podría crear numerosos problemas desde el punto de vista del orden público, del equilibrio y el potencial de que se formen aglomeraciones. Podría dar al traste con toda la organización. Podría dar lugar a un mercado muy libre, que, estoy seguro, sería del agrado del Comisario, pero que no estaría exento de problemas. ¿Se han entablado contactos con las autoridades francesas sobre este asunto?

Brittan, Sir Leon
Siento no poder dar una respuesta definitiva sobre qué es exactamente lo que está ocurriendo. Puedo asegurar a su Señoría que como resultado de las conversaciones que tuvieron lugar el pasado jueves, todo este asunto está siendo analizado. La Comisión ciertamente no aprobará ninguna solución que permita abusos evidentes ni que puedan ser eludidas fácilmente. Las personas que están estudiando estos asuntos están bien preparadas para no dejarse embaucar por una solución que no ofrezca las garantías necesarias.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Gary Titley (H-0229/98):
Asunto: Derechos antidumping
A la vista de las reiteradas quejas por dumping presentadas por EUROCOTON, ¿piensa revisar la Comisión sus procedimientos para impedir la presentación de quejas en serie?

Brittan, Sir Leon
La actual queja presentada por EUROCOTON surgió a raíz del rechazo por parte del Consejo de la propuesta presentada por la Comisión en mayo de 1997 relativa a aranceles definitivos anti-dumping sobre la tela de algodón sin blanquear.
Dicha queja era relativa además a la tela de algodón sin blanquear pero, a diferencia del antiguo procedimiento, estaba basada en pruebas de dumping y perjuicios ocurridos en otro momento. Tras recibir la nueva queja, la Comisión examinó si estaba respaldada por una proporción suficientemente representativa de productores comunitarios y si contenía pruebas de primera mano de dumping y de los correspondientes perjuicios.
Tras cumplir dichos requisitos, la Comisión decidió, el 11 de julio de 1997, abrir una nueva investigación, como era su deber en virtud de la legislación anti-dumping que es conforme al Reglamento de la OMC. La presentación consecutiva de quejas por casos de dumping es algo sumamente raro. La tela de algodón crudo es el único caso en la historia del Reglamento antidumping de la UE en que se recibió una segunda queja tras el rechazo de una propuesta de la Comisión por parte del Consejo. En semejantes circunstancias, la Comisión aún no se ha formado una opinión sobre si se justifica una modificación de la legislación que evite quejas sucesivas.

Titley
Para investigar las quejas por casos de dumping , la Comisión debe formarse una opinión sobre si se ha perjudicado la causa de la Comunidad Europea. ¿No es cierto que las quejas en serie por prácticas de dumping son en sí mismas perjudiciales para los intereses de la Comunidad, habida cuenta de los costes que entrañan las investigaciones y de las incertidumbres de que son objeto las empresas, a las que les resulta muy difícil adoptar cualquier tipo de planificación de cara al futuro? ¿Está la Comisión dispuesta a reconocer que las quejas en serie son en sí mismas perjudiciales para los intereses de la Comunidad?
¿Se ha formado el Comisario una opinión acerca de si las quejas en serie están básicamente socavando los compromisos de la UE con la Organización Mundial del Comercio, teniendo en cuenta que dichas quejas pueden considerarse una prueba de la práctica de competencia desleal de los países importadores?

Brittan, Sir Leon
Ciertamente reconozco que toda queja que se presenta impone una carga para las partes interesadas, pero no reconozco que la recepción de una segunda o tercera queja vaya en contra del Reglamento de la OMC. Soy algo reacio a considerar la presentación de una queja como algo que deba ser analizado en sí mismo en el contexto de los intereses de la Comunidad. Pero aseguro a su Señoría que en el caso de esta queja, se analizará detenidamente y se ha analizado detenidamente toda la cuestión de los intereses comunitarios y del equilibrio entre los mismos -contrastándolos con el daño ocasionado a los productores que han presentado la queja.

McCarthy
He presentado una pregunta sobre este tema, pero no ha sido incluida en la sesión de hoy.
Quisiera seguir el hilo de la pregunta del Sr. Titley. A la luz del debate de mañana sobre la competitividad de las empresas de la UE en general, y del plan de acción del Comisario Bangemann sobre la competitividad del sector textil europeo, ¿no considera, señor Comisario, que la queja de EUROCOTON pertenece al pasado en lo que a nuestras empresas se refiere? ¿Está dispuesto a reconocer, señor Comisario, que la imposición de dichos aranceles no favorece los intereses de la Comunidad ni tampoco la competitividad del sector textil de la UE? Ya disponemos de pruebas que demuestran que la medida no sólo destruirá puestos de trabajo en el sector del acabado, sino que además traerá consigo un incremento de las importaciones de productos acabados.
Por ello, le pregunto, señor Comisario, ¿qué propuestas presentará al Consejo de Ministros y al grupo de expertos para potenciar y reforzar los intereses comunitarios en este ámbito? ¿Defenderá con decisión los intereses comunitarios? ¿Está dispuesto a presentar propuestas en este ámbito en el futuro? En términos de representación, 30 empresas productoras de algodón no representan a la totalidad del sector industrial de la UE.

Brittan, Sir Leon
Realmente no hay ningún misterio al respecto. Hemos investigado si se han producido casos de dumping o algún perjuicio -y todos sabemos quiénes son los supuestos perjudicados. Para contrastar, hemos sopesado todos los argumentos planteados por otra sección del sector europeo, que afirma que la adopción de medidas anti-dumping les originaría perjuicios. En realidad, dijo que la influencia neta de las medidas sería beneficiosa para el conjunto de la economía europea. Es un argumento legítimo. Existe un procedimiento para tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta debidamente la cuestión de los intereses de la Comunidad. Es lo que hemos hecho en este caso. No estoy en condiciones de anunciar aún un resultado definitivo, pero puedo asegurar a su Señoría que todos los argumentos que ha planteado han sido plenamente tomados en consideración.

Hardstaff
He recibido quejas contra las medidas anti-dumping . Proceden de pequeñas empresas que creen que se verán en seria desventaja si en lo sucesivo no pueden seguir importando algodón. Quisiera preguntar lo siguiente: ¿no se está perjudicando muy considerablemente tanto a los países en desarrollo como a algunas pequeñas empresas que dependen del algodón importado? Cuando se analiza el equilibrio de intereses, también hay que tener en cuenta estos aspectos. En las respuestas que ya ha ofrecido, ha apuntado en cierto modo a ello.

Brittan, Sir Leon
Estoy muy agradecido a su Señoría por lo que ha dicho sobre mi respuesta inicial. Es muy difícil. No hay la menor duda de que hay personas en la Unión Europea que se quejan de estar sufriendo las consecuencias de las prácticas de dumping y hay otras que se quejan de que lo pasarían aún peor si se adoptaran medidas anti-dumping . Por tanto, dejando de lado a todos los que no pertenecen a la Unión Europea, debemos equilibrar dichos intereses. Es el motivo por el que éste ha resultado ser uno de los casos más difíciles y controvertidos a los que hemos tenido que hacer frente. Lamento no poder decir en estos momentos cómo acabará todo esto, pero sí puedo decir que he garantizado personalmente y he participado personalmente en un examen riguroso de los argumentos que han presentado unos y otros -los productores de fuera de la Unión Europea y aquéllos a quienes representa su Señoría. Es imposible complacer a todos. Por consiguiente, lo único que podemos hacer es intentar ser justos y eso es precisamente lo que haremos.

El Presidente
Pregunta nº 46 formulada por Inger Schörling (H-0007/98):
Asunto: Contaminación por salmonelosis
Las mercancías contaminadas por salmonelosis pueden devolverse al país de origen siempre que las autoridades competentes del país en cuestión den su autorización. Al parecer, las autoridades competentes del país de expedición deben dar su autorización para que sea devuelta la carne contaminada. Sin embargo, el suministrador debería estar obligado a hacerse cargo de la mercancía a la vez que se informa a las autoridades competentes.
Mi pregunta se refiere al hecho de que los controles de salmonelosis efectuados en la carne importada en Suecia han descubierto contaminación por salmonelosis en un número demasiado elevado de casos y ello a pesar de que los certificados del país de origen certificaban lo contrario.
Esto da lugar a complicaciones, no sólo para las personas que consumen la carne contaminada, sino también para los importadores y los vendedores, que deben hacer frente a las consecuencias económicas y a las dificultades burocráticas derivadas de ello.
En este contexto, se plantea la cuestión de quién debe considerarse el primero en estar en contacto con la mercancía: el importador, el distribuidor u otro.
¿Pueden las autoridades competentes del país de expedición no aceptar la devolución de carne contaminada?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, los temas a los que se refiere la pregunta de Su Señoría corresponden al artículo 7 de la Directiva 89/662 del Consejo de 11 de diciembre de 1989 relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior y, en particular, a los controles que deben realizarse en el lugar de destino. En este contexto, es preciso distinguir entre dos hipótesis. En los casos graves, la partida entregada debe ser sacrificada evitando cualquier riesgo o debe ser tratada de conformidad con la normativa comunitaria de manera que ya no pueda representar ningún riesgo. En los casos restantes -o sea, en los casos menos graves-, las autoridades competentes del país de destino pueden dejar al suministrador o al representante autorizado del mismo, si las condiciones de idoneidad para el consumo y de control sanitario lo permiten, la elección entre la destrucción de las mercancías evitando cualquier riesgo o su utilización en otro ámbito, incluida la posibilidad de su devolución con la autorización de la autoridad competente del país donde esté radicada la empresa suministradora originaria.
La citada autorización de las autoridades del país de expedición se consideró imprescindible para que éstas se cercioren de la localización de la partida contaminada y puedan impedir, en última instancia, su comercialización. Cuando el control con resultado desfavorable se realice en una fase posterior de la cadena de comercialización, se aplicarán las normas nacionales correspondientes. Los productos procedentes de otro Estado miembro están sujetos a las mismas normas que los productos procedentes del propio Estado miembro en cuestión.

Schörling
Cuando Suecia se hizo miembro de la UE, se le otorgó una excepción importante porque en Suecia no tenemos salmonella. Consistía en que toda la carne importada desde otros países comunitarios sería acompañada de un certificado que estableciera que esa partida de carne estaba libre de salmonella. Ahora se ha demostrado que esto es mucho más complicado que lo que creían nuestras autoridades, entre otras cosas, porque se ve que muchos certificados son falsos o incorrectos.
No menos del 25 por ciento de todas las partidas de carne de res, de cerdo y aves tienen certificados incompletos y el 20 por ciento de las partidas de carne que tienen certificados correctos, se ha demostrado que están infectadas de salmonella. No menos del 85 por ciento de las pruebas hechas en carnes de aves de Francia demostraron que la carne estaba infectada. Entonces podemos entender que no se trata de pequeñas partidas.
Otro problema es que no se sabe o no se puede interpretar de quién es la responsabilidad. Opino que la Comisión tiene la responsabilidad de que esta excepción que se ha otorgado a Suecia funcione . Estimo que la respuesta que dio el Comisario Fischler, y que yo ciertamente agradezco, no aclaró mucho. Por eso quisiera escuchar un poco más acerca de cómo piensa el Comisario que debe funcionar esto.

Fischler
Señor Presidente, Señoría, en primer lugar, debo confirmar que en efecto se establecieron algunas excepciones para Suecia como resultado de su adhesión a la Comunidad Europea. De conformidad con las mismas, Suecia -y esto, por otra parte, también es válido para el caso de Finlandia- puede exigir garantías especiales para determinados productos -concretamente, la carne fresca, los huevos y la carne de aves de corral-, una vez aprobados por la Comisión los programas operativos para la lucha contra la salmonelosis presentados por dicho país. La Comisión aprobó dichos programas en su Decisión de 1995. Por lo tanto, por lo que se refiere a los controles, aunque volveremos sobre este tema con ocasión de la siguiente pregunta, el aspecto fundamental que conviene señalar es que está previsto un procedimiento en virtud del cual la responsabilidad también recae obviamente sobre el país de expedición, pues es evidente que la Comisión no puede controlar sobre el terreno cada partida individual expedida desde cualquier Estado miembro. La Comisión sólo puede velar por que existan unas normas al respecto. Evidentemente, el correspondiente Estado miembro está obligado a velar por que estas normas también se cumplan.

Redondo Jiménez
Señor Comisario, hoy la Comisión tiene preguntas sobre la mesa sobre el tema de la contaminación, la higiene en la carne, la EEB, la podredumbre parda, etc.
Quiero señalar al Comisario el llamamiento que ha hecho la FAO a la Unión Europea a fin de incrementar y reforzar los sistemas de prevención y el control de la transformación, de la transmisión de enfermedades, en el ámbito de la sanidad agraria. Además, tenemos a la puerta a once países PECO cuyas garantías en este ámbito son, hoy por hoy, por lo menos dudosas.
Con el fin de garantizar la salud de los consumidores y de nuestros productores agrarios ante esta situación tan preocupante, quiero preguntar al Comisario qué medidas está tomando la Comisión con el fin de garantizar el cumplimiento por los Estados miembros de esta legislación -puesto que legislación hay suficiente-, tanto en materia de sanidad veterinaria como en materia fitosanitaria, y, además, si se van a exigir estas mismas medidas a los terceros países y al resto de los países.

Fischler
Señor Presidente, responderé con mucho gusto a esta pregunta, pues nos remite de hecho al tema de la política general que sigue la Comisión en este ámbito. Como seguramente ya saben, estamos empezando a revisar todas las medidas higiénicas relativas a la carne y el conjunto de la legislación aplicable a este ámbito, con los siguientes objetivos fundamentales: por un lado, deseamos establecer unas normas comunitarias claras, que prevean los controles necesarios, desde el inicio de la cadena de producción de un alimento hasta la mesa del consumidor, por decirlo así. Pero en este contexto también queremos iniciar nuevas vías de actuación con el llamado sistema HACCP. En dicho sistema, las empresas transformadoras privadas participan también en las tareas de control efectivo, pero a su vez están subordinadas a una autoridad de control, de manera que la necesaria ejecución de las tareas de control también es objeto de supervisión.
Éste es el enfoque por el que también se ha decidido la FAO. Es el enfoque que apoya la Organización Mundial de la Salud y yo creo que con su adopción vamos efectivamente por buen camino. Evidentemente es necesario que las exigencias que imponemos a nuestras empresas también sean aplicables a los terceros países, o sea, que se apliquen exactamente los mismos criterios a las importaciones. Por citar un ejemplo: en el acuerdo bilateral con Estados Unidos, que en estos momentos se está discutiendo, se exigirá en el futuro justamente este sistema en el caso de las importaciones.

Lindqvist
Quisiera preguntar al Comisario Fischler qué consejo puede dar a un país miembro, en este caso a Suecia, si en el futuro los certificados siguen siendo incorrectos y la carne sigue estando infectada de salmonella. ¿No es así que debería ser un derecho obvio de los países poder defenderse de los productos perjudiciales para la salud? Por tanto, ¿qué consejo tiene el Comisario para nuestro país si continúan entrando certificados incorrectos y productos infectados?

Fischler
Como salvaguardia frente a la reexpedición de la carne que no cumpla las normas especiales aplicables en el caso de Suecia y de Finlandia, tenemos en vigor -como ya he dicho- una normativa específica. Su aplicación práctica se concreta en el hecho de que en caso de que se constaten deficiencias, en el sentido de que los controles establezcan que las partidas entregadas no cumplen los requisitos de las directivas, el país de recepción puede optar discrecionalmente por ordenar la destrucción de la partida ya entregada -en los casos graves- o bien, en los casos restantes, puede decidir entre la destrucción o la alternativa de la devolución, comunicándolo previamente al país de expedición.
Por lo que se refiere a las deficiencias detectadas, sobre todo en las remesas de aves de corral procedentes en su mayor parte de un Estado miembro concreto, en estos momentos se está desarrollando una consulta con dicho Estado miembro y con el Gobierno sueco, como resultado de la cual ambos deberán alcanzar conjuntamente un acuerdo para evitar dichas deficiencias en el futuro. Previsiblemente, las partes implicadas no tardarán en dejar definitivamente zanjada esta cuestión.

El Presidente
Pregunta nº 47 formulada por Sören Wibe (H-0210/98):
Asunto: Controles para la detección de salmonela
En varias ocasiones desde la adhesión de Suecia a la UE se ha detectado que la carne importada de otros países de la UE estaba infectada de salmonela a pesar de la certificación del país exportador de que la carne estaba exenta de salmonela.
En su respuesta (19/1-98) a mi pregunta escrita (P-3933/97), la Comisión afirma, entre otras cosas, que ello puede deberse a manipulaciones o falta de correspondencia entre distintos métodos de control. ¿Sugiere con ello la Comisión que existen deficiencias en los controles suecos o cree la Comisión que los controles suecos son correctos? ¿Ha examinado la Comisión esta cuestión (es decir, el problema con la carne infectada de salmonela importada en Suecia) y ha llegado a alguna conclusión?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, el autor de la pregunta me pide que vuelva a ampliar en mi respuesta algunos aspectos que planteaba en su pregunta escrita nº 3933. Las cuestiones que plantea, al igual que la pregunta anterior de la Sra. Schörling, se refieren al tema del cumplimiento de las garantías adicionales relativas a la carne contaminada por salmonelosis concedidas a Suecia y a Finlandia después de su adhesión.
En primer lugar, yo quisiera exponer brevemente las normas de control previstas por las autoridades suecas para la carne importada. Según la información que obra en nuestro poder, la carne importada a Suecia desde otro Estado miembro es controlada por la empresa destinataria, en el marco de una normativa de autocontrol. Las irregularidades con respecto a la certificación se comunican a la autoridad competente. Un laboratorio autorizado para la comprobación de la contaminación por salmonelosis realiza entonces un examen oficial de las partidas afectadas. Dichos exámenes son completamente independientes de los que realizan directamente las empresas y las autoridades locales competentes. En todos estos exámenes se aplican a las muestras las disposiciones de la UE. Las autoridades suecas han adoptado un método de análisis propio, que se conoce como el método nórdico. Los demás Estados miembros aplican, en cambio, el llamado método ISO, tal como prevén las normas de la UE, en los controles realizados en el país de origen.
Las autoridades suecas decidieron realizar, por otra parte, se realizaría una supervisión especial, a modo de prueba, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre de 1997, con objeto de verificar la correcta aplicación de la normativa relativa a las garantías adicionales. En total, se examinaron 596 partidas y se detectó la presencia de salmonelosis en doce de ellas. Los problemas, o sea, la detección de salmonelosis, corresponden, por otro lado, según los datos presentados, fundamentalmente a la carne de aves de corral y sobre todo a las partidas procedentes de un determinado Estado miembro.
En estos casos es aplicable el artículo 8 de la Directiva de 1989, que prevé como primer paso las conversaciones bilaterales entre los Estados miembros afectados, tal como antes he expuesto, las cuales precisamente se están desarrollando en estos momentos. La Comisión está a la espera de conocer primero el resultado de dichas conversaciones antes de dar otros pasos. Por lo que se refiere al tema de los métodos de análisis, los organismos competentes del Consejo están examinando en estos momentos si es posible reconocer el llamado método nórdico como método de referencia, junto con el método ISO. Es decir, que el objetivo es autorizar con carácter general para toda la Unión Europea la aplicación del método nórdico como segundo método rutinario.

Wibe
Como se sabe, también discutimos esto en el tema anterior de modo que, quizás, no se necesiten tantos comentarios.
Es evidente, señor Comisario, que en este asunto hay dos métodos diferentes. Dentro de una mismo partida, se descubren bacterias de salmonella con el método sueco mientras que con el otro método no se encuentran. Como es sabido, hay cien maneras diferentes de equivocarse, es decir, de no descubrir bacterias donde hay bacterias, pero no hay ni una sola manera de encontrar bacterias donde no las hay. En este caso esos resultados tienen que indicar de forma clara que de esos dos métodos el nórdico es el mejor, puesto que cuando se aplica, evidentemente se encuentran bacterias donde los otros métodos no lo logran.
Interpreto el final de su respuesta como que usted va a usar el método sueco incluso como una medida rutinaria y que, al menos, se le va a equiparar con el método actual que se aplica de acuerdo a las directivas comunitarias vigentes. ¿Es ésta una forma correcta de entender su respuesta?

Fischler
Para aclararlo una vez más del todo, lo que nos proponemos hacer y lo que se está examinando en estos momentos en el organismo competente del Consejo es lo siguiente. En primer lugar, el método de referencia para la Unión Europea, de conformidad con la normativa existente, es el llamado método ISO. En segundo lugar, en Suecia se ha aplicado hasta ahora el método nórdico y Suecia ha pedido que éste sea reconocido también como método de referencia. Entre ambos métodos existen, ciertamente, algunas diferencias y el objetivo es tomarlas en consideración de manera detallada, a fin de que el método nórdico también sea aplicable con método de referencia en el futuro. Éste es el objetivo que se quiere conseguir.
Sin embargo, como parte de las exigencias del Consejo y tal como está previsto en el acuerdo del Consejo, éste debe dictaminar si lo acepta. Mientras no lo haya aceptado, en caso de conflicto, si llegase a plantearse un verdadero conflicto legal, la norma aplicable es la Directiva vigente, o sea, el método de referencia ISO.

El Presidente
Pregunta nº 48 formulada por Mark Watts (H-0032/98):
Asunto: Reforma de la Política Agrícola Común y del bienestar de los animales de explotación
¿Está la Comisión a favor de incluir la necesidad de garantizar altos niveles de salud y bienestar para los animales de explotación entre los principales objetivos de la reforma de la Política Agrícola Común? ¿Está también a favor de introducir reformas para alentar las explotaciones mixtas con objeto de criar más animales al aire libre o, debido a la disponibilidad de paja procedente de las cosechas, mantenerlos estabulados con camas de paja en buenas condiciones? ¿Está, asimismo, a favor de reformar los regímenes de cría para la producción de carne y de leche con objeto de desincentivar la sobreproducción de ganado, permitiendo así a la Unión Europea abandonar los programas destinados a suprimir el exceso de animales, como el Programa de ayuda a la transformación de terneros y los reembolsos a la exportación de ganado vivo a terceros países, programas que son caros y suelen causar sufrimientos a los animales? ¿Es también favorable a modificar el régimen de producción de leche y sus derivados para desincentivar la búsqueda de una producción cada vez más elevada por cabeza de ganado de la que resultan graves problemas de bienestar animal?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quiero subrayar que la Comisión tiene el propósito de tomarse realmente en serio el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales anejo al Tratado de Amsterdam. De conformidad con dicho Protocolo -cito textualmente-, "al formular y aplicar las políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación, la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales».
Este Protocolo también tiene, naturalmente, consecuencias para el futuro desarrollo de la Política Agrícola Común. Los objetivos principales en el ámbito de la política agrícola son: primero, alcanzar una situación en la que los productos agrícolas se produzcan de conformidad con los deseos y las exigencias de los consumidores y, segundo, garantizar una mayor competitividad de los productores europeos en los mercados internacionales. Con el enfoque formulado en la Agenda 2000 de julio del año pasado, la Comisión se propone incrementar la competitividad de la agricultura europea en el mercado interior y en el mercado internacional y evitar la acumulación de nuevos excedentes, de enormes cantidades de mantequilla, de cereales o de otros productos, como las que se han acumulado en el pasado. La Comisión vincula su propuesta de progresivo abandono de los precios subvencionados para incrementar el apoyo directo a los ingresos a la expectativa de que en el futuro la producción se oriente más hacia la satisfacción de la demanda de los consumidores, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo.
Esto permitirá evitar la acumulación de nuevos excedentes y de este modo también dejará de ser necesario exportar los excedentes de carne de vacuno. Sin embargo, la orientación hacia el mercado no es sólo una cuestión de precios. Para el consumidor también son importantes la seguridad de los alimentos, su calidad y sobre todo también la garantía de su procedencia. Entre estos aspectos figuran naturalmente también las cuestiones relativas a la salud y el bienestar de los animales.
Por esto, en la Agenda 2000 propusimos, en el marco de una nueva política para el ámbito rural, como un segundo pilar de la política agrícola, que se dediquen más recursos a medidas ambientales agrarias y también a medidas que fomenten en última instancia el bienestar de los animales. Es de esperar que también esta política tenga efectos favorables que permitan avanzar en la dirección deseada. Sin embargo, yo les ruego que tengan en cuenta que la Comunidad ya ha adoptado un completo paquete de medidas en favor de la protección de los animales y del bienestar de los animales útiles y que la Unión Europea sale muy favorecida, también es preciso decirlo, en comparación con el contexto internacional.
Estas normas se revisan, además, continuamente y se desarrollan debidamente en caso necesario. Por lo que se refiere al transporte de animales, el objetivo prioritario de dichas medidas es mejorar las condiciones de transporte, más que una prohibición total del mismo, pues algunos transportes seguirán siendo necesarios en cualquier caso.
El Consejo aprobó hace poco una propuesta encaminada a mejorar las condiciones de protección de los animales en la exportación de bovinos, que condiciona el pago de las restituciones a la exportación al cumplimiento de las normas adoptadas por la UE en materia de protección y transporte de los animales. El comité de gestión de los mecanismos comerciales también dio hace poco su conformidad al correspondiente reglamento de aplicación, con lo cual ahora ya podremos promulgarlo.

Watts
Para comenzar, deseo expresar mi satisfacción por el claro compromiso del Comisario de tomarse muy en serio el protocolo. Le doy sinceramente las gracias por ello.
En segundo lugar, a modo de ejemplo, quizá pueda comentar el Comisario si estaría dispuesto a estudiar la concesión de planes de ayuda a la producción intensiva de cerdos y aves de corral al objeto de pasar de los actuales métodos intensivos a métodos extensivos en el futuro. ¿Podría plantearse la introducción en el futuro de un programa semejante bajo sus propuestas de reforma de la PAC?
Por último, aunque comprendo lo que dice acerca de que los altos niveles de bienestar de los animales ya están regulados en la legislación de la UE, dicha legislación no siempre se cumple, como usted sabe. Le pondré un ejemplo: tenemos el temor de que el 7 de abril del presente año en el Eid-ul-Kebir de Francia, las autoridades francesas no apliquen la normativa relativa a la protección de animales a las que el Comisario, acertadamente, hace referencia. Está muy bien que dispongamos de estas normativas, pero ciertamente todos debemos colaborar para garantizar que se cumplen.

Fischler
Yo creo que la pregunta del Sr. Watts se refiere sobre todo a dos aspectos, tal como él mismo ha subrayado. En primer lugar, el nuevo paquete de medidas en el marco de la política de desarrollo rural también incluirá la vinculación de las ayudas a la inversión, de las que se benefician las empresas agrícolas, al cumplimiento de determinadas condiciones. Precisamente en los dos ejemplos que usted ha citado, en ambos casos deberán cumplirse, en la construcción o reconstrucción de instalaciones avícolas o porcinas, las condiciones mínimas necesarias para el bienestar de los animales. En segundo lugar, si los granjeros están dispuestos a reformar o construir sus instalaciones de manera que ofrezcan ventajas adicionales especiales en favor de la protección de los animales, dichas inversiones se beneficiarán de una ayuda superior a la otorgada a las restantes.
Por lo que se refiere al tema general de la cría de aves de corral, mañana presentaremos ante la Comisión una propuesta en la que se informa sobre las experiencias obtenidas hasta ahora con la cría de aves de corral en jaulas y se prevén toda una serie de medidas para mejorarla. Las cuales también deberán aplicarse, por otro lado, a los terceros Estados. En efecto, no podemos aceptar que, mientras nosotros respetamos una normas adecuadas y mantenemos unas buenas condiciones, luego nos encontremos con que nuestros productores tienen que competir con importadores que producen con otras condiciones muy distintas y considerablemente peores.

Ferrer
Señor Comisario, en el marco de su respuesta en relación con el bienestar de los animales, que usted mismo considera muy ligado a la sanidad animal, quería preguntarle si la Comisión no cree que sería conveniente y necesario extender también las medidas para la protección del bienestar de los animales, y por tanto para la protección de la sanidad animal, al proceso de la necesaria higiene con que los animales deben llegar al matadero. Porque esto contribuiría en gran manera a mejorar la sanidad animal y, al mismo tiempo, a mejorar la calidad de los cueros y, por tanto, diría yo, el primer eslabón de aquella cadena a la que usted se refería en su respuesta a la Sra. Redondo. El cuero es la primera cadena y, al mismo tiempo, su calidad es imprescindible para los curtidores.

El Presidente
Gracias, señora Ferrer. Permítanme que felicite a la Sra. Ferrer por la habilidad con la que ha colocado la pregunta que le correspondía formular.
Tiene usted la palabra, Sr. Fischler, para responder a esta sutil pregunta complementaria de la Sra. Ferrer.

Fischler
Señoría, el tema que nos ocupa incluye, naturalmente, su verdadera pregunta, pero de hecho también la trasciende. En primer lugar, yo querría decirle que, por lo que se refiere a la futura evolución, podemos conseguir, sobre todo mediante las reformas propuestas, que el reproche que se nos ha hecho reiteradamente, en el sentido de que subvencionamos las exportaciones de ganado vivo a mataderos extranjeros, deje de tener cualquier fundamento. Lo cierto es que ahora tampoco se subvenciona el transporte y que las subvenciones correspondientes a los animales vivos, traducidas al montante por animal, ya son inferiores a las que recibe la exportación de carne, y en cualquier caso, el resultado ha sido que sólo alrededor del 10 % del total de exportaciones corresponde a animales vivos.
Esto ocurrirá, sin embargo, todavía con mayor razón en el futuro. El abandono progresivo de los precios garantizados nos permitirá prescindir precisamente del recurso a la subvención de las exportaciones de animales vivos. Por otro lado, por lo que se refiere al tema más restringido del estado de los animales cuando llegan a los mataderos, yo debo decirle que no es cierto que todos los animales lleguen en mal estado. Al comercializador mismo es al primero que le interesa que así sea, pues tiene usted toda la razón cuando afirma que la calidad se ve afectada cuando los animales llegan en mal estado. ¿Qué interés puede tener entonces la empresa comercializadora en pagar un precio más alto por una menor calidad cuando recibe animales en esas condiciones?
Sin embargo, por otro lado, también es cierto que hace poco se comunicaron algunos casos de contagio de enfermedades presuntamente relacionados con unas condiciones higiénicas deficientes. Con objeto de resolver estos problemas, la Comisión decidió, después de escuchar a los comités científicos competentes, que debe procederse a una modificación de la Directiva 433, a fin de evitar en la medida de lo posible que lleguen a los mataderos animales contaminados. La Comisión está examinando en estos momentos una propuesta que toma en consideración este hecho.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado al bloque del Sr. Fischler, las preguntas núms. 49 a 61 se contestarán por escrito.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, la Comisión propuso en la Agenda 2000 una reducción del número de objetivos de las iniciativas comunitarias y la concentración de sus medidas en ámbitos transnacionales de interés comunitario, manteniendo o reforzando los criterios relativos al carácter innovador, el valor añadido para la Comunidad y el alcance de los acuerdos de cooperación. Se seleccionaron tres temas prioritarios: la cooperación transfronteriza, transregional e intrarregional, el desarrollo rural, y los recursos humanos en el contexto de la igualdad de oportunidades.
El hecho de que la Comisión no haya propuesto nuevas iniciativas en favor de las regiones especialmente afectadas por el declive de la industria de armamento y el desmantelamiento de las bases militares no significa que estas regiones no puedan seguir recibiendo ayudas por principio. Al contrario, dicha posibilidad continúa existiendo en el marco de los Objetivos 1, 2 y 3, y también en el marco de las citadas propuestas de nuevas iniciativas comunitarias.
En el marco del nuevo Objetivo 3, también pueden subvencionarse, fuera de las regiones incluidas en dicho Objetivo, medidas de adaptación y modernización de los sistemas de educación, formación y ocupación con vistas a mejorar la competitividad y amortiguar el impacto de la transformación socioeconómica.

McIntosh
Aunque agradezco a la Comisaria su respuesta, debo decir que estoy muy decepcionada. En zonas como Essex, Suffolk, Yorkshire y Cumbria, el dividendo de la paz ha supuesto la pérdida de un gran número de puestos de trabajo en empresas del sector de la defensa. En particular, si tuviéramos que analizar dos ciudades -Witham y Chelmsforden las que se encuentran las empresas de Marconi y EEV, la fuerte reducción de la fuerza laboral es muy preocupante. ¿Qué garantías puede ofrecerme esta noche, señora Comisaria, de que zonas como ésas, que se han beneficiado considerablemente de un programa a la medida para compensar los recortes de puestos de trabajo en el sector de la defensa, y de programas de formación para ayudar a aquellos que han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de los dividendos de paz, seguirán beneficiándose en la misma medida que hasta ahora? Ésa es la cuestión. Se verán obligados a competir por ayudas más pequeñas bajo tres amplios objetivos, sin que se destinen directamente fondos a los recortes de personal en el sector de la defensa.

Wulf-Mathies
No me es posible responder a ninguna pregunta relativa a una región concreta y a la ayuda que recibirá en el futuro porque de momento la propia Comisión no ha aprobado aún las propuestas de los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales e incluso una vez aprobadas nuestro sistema de ayudas se apoyará mucho más en la cooperación, es decir, que incluirá criterios tanto europeos como nacionales. No estoy en condiciones de poder adelantarles ahora qué propuestas concretas presentará el Gobierno británico. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, no puedo satisfacer su petición en este momento.

Elliott
Mi circunscripción se ha beneficiado considerablemente del programa KONVER. Los municipios londinenses de Hounslow, Ealing y Richmond se han beneficiado todos ellos en algún momento, lo cual me alegra mucho. Pero ha surgido un problema que me pregunto si la Comisaria estaría dispuesta a tomar en consideración a la hora de introducir las modificaciones y variaciones que sean necesarias en el futuro, y es el siguiente: en zonas como la mía, en las que la población fluctúa continuamente, de acuerdo con el Reglamento de KONVER, resulta muy difícil destinar la ayuda exactamente a las personas que han perdido sus puestos de trabajo, porque muchas de ellas salen pitando hacia otras partes del país o incluso al extranjero en busca de un nuevo puesto de trabajo. Las autoridades locales han intentado presentar propuestas encaminadas a revitalizar la zona haciendo uso de los fondos KONVER para crear más puestos de trabajo, pero han encontrado dificultades con el actual reglamento del programa. Me pregunto si, en el futuro, podríamos tener en cuenta este tipo de dificultades, independientemente de las modificaciones que se adopten.

Wulf-Mathies
Sí, es posible que lo que piensa proponer la Comisión sea muy adecuado para resolver sus problemas, pues nuestra experiencia indica, de hecho, que los programas aislados en el marco de la actividad en materia de política estructural han tenido mucho menos éxito que aquellos dirigidos a regiones consideradas dentro de un contexto un poco más amplio. Por esto, en el futuro para definir las zonas subvencionables en el marco del Objetivo 2 procuraremos basarnos también en programas elaborados para regiones más amplias, con objeto de garantizar en lo posible que en el lugar mismo se creen también oportunidades a la medida, justamente también para las personas que pierdan su empleo, mediante una mutua adecuación de la infraestructura y las inversiones, por un lado, y las medidas de cualificación dirigidas a los parados, por el otro. En cualquier caso, yo acojo con agrado su sugerencia.

Howitt
He observado cómo sonríe la Comisaria, pero no es la primera vez que hemos debatido sobre estos asuntos y no le preguntaré acerca de ninguna región en particular. No obstante, le haré la siguiente pregunta sobre el futuro del programa KONVER: si la respuesta de la Comisión es que las zonas tendrán derecho a beneficiarse según el nuevo Objetivo 2, aún nos queda por conocer realmente cuáles serán los mecanismos que les permitan cualificarse. Parece ser que la Comisión no tiene intención de introducir un arreglo especial, como en el caso del Objetivo 6. Si estoy equivocado al respecto, le ruego que me lo diga. Si no es esa la intención, sigo sin entender por qué no habrá arreglos transitorios para la eliminación por etapas de las zonas KONVER y de otras zonas de iniciativas comunitarias, del mismo modo que las habrá para las zonas del Objetivo 2 que queden fuera de la red. Si existe la misma necesidad de modificar los Fondos estructurales en base al desempleo y al bajo crecimiento para las zonas del Objetivo 2, ¿por qué no para las zonas KONVER?
Por último, el 50 % de las zonas KONVER de toda Europa no son actualmente destinatarias del Objetivo 2 -ni de otros fondos regionales. ¿Está de acuerdo, señora Comisaria, en que tenemos aquí un caso especial que usted debería estudiar detenidamente?

Wulf-Mathies
Yo soy consciente de que la Unión Europea no puede superar y solucionar todos los problemas que existen en la Comunidad con los recursos de los Fondos estructurales. Sé muy bien que algunas transformaciones en algún caso también generarán problemas en las regiones. No obstante, por otro lado, también les ruego que comprendan que al prever unas normas generosas para las zonas subvencionables incluidas en los Objetivos 1, 2 y 5b, con vistas a la supresión gradual de las ayudas a las regiones que en el futuro ya no serán subvencionables, también estamos teniendo en cuenta, de hecho, a mi parecer, los aspectos necesarios para consolidar los éxitos alcanzados.
Yo quiero recordar claramente una vez más que las zonas incluidas dentro del programa KONVER al igual que las correspondientes a todas las restantes iniciativas seguirán teniendo en el futuro la posibilidad de solicitar ayudas en el marco del Objetivo 3, o sea, para la cualificación de los parados y de las personas amenazadas por el paro. Yo parto de la base de que ésta puede ser una ayuda eficaz en el futuro, precisamente también este ámbito.
Como última observación, permítanme que añada tan sólo que las iniciativas comunitarias no han dado en conjunto los frutos que esperábamos -los índices de absorción también lo confirman- y que éste es otro motivo por el cual debemos concentrarnos en la integración de dichas medidas. Obviamente, la industria de defensa también es una industria. Si se cumplen los criterios pertinentes, también puede aspirar, desde luego, a recibir ayudas en el marco del Objetivo 2. Si no se cumplen dichos criterios, sólo quedan las posibilidades horizontales en el marco del Objetivo 3.

El Presidente
Pregunta nº 63 formulada por Ian White (H-0172/98):
Asunto: Urban II
¿Cuáles son las normas de la Comisión para el establecimiento de los comités de seguimiento de los programas? ¿Dónde se han publicado dichas normas?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señorías, el artículo 25 del Reglamento modificado nº 4253/88 incluye disposiciones generales sobre los comités de seguimiento en el marco de la participación en los Fondos estructurales. La Comisión establece con los correspondientes Estados miembros las normas de aplicación para la constitución de los comités de seguimiento encargados de supervisar los programas que se desarrollan en el marco de la iniciativa comunitaria URBAN. Éstas figuran en las decisiones de la Comisión por las que se aprueban los diferentes programas URBAN.

White
Debería haber escuchado la respuesta en versión original, en vez de la interpretación, pero no he entendido cuál es el origen de la documentación del reglamento por el que se rige el programa URBAN. Le diré por qué me preocupa. A raíz de los informes que he recibido de las organizaciones interesadas, creo que existe una cierta anarquía entre los que desean solicitar fondos con cargo al programa URBAN. Supongo, naturalmente, que existirán unas normas y un reglamento por los que se rige el programa. Lo que la Comisaria acaba de decir no parece indicarme ninguna fuente a la que yo pueda recurrir. Me gustaría tener acceso a un manual o al propio reglamento para poder decidir por mí mismo si el Estado miembro en cuestión y la Comisión y el Reino Unido operan sobre la misma base de un manual aprobado que yo pueda consultar por mí mismo. ¿Existe dicho manual? ¿Existe un reglamento, aparte del apartado 2 del artículo 25, al que usted ha hecho referencia?

Wulf-Mathies
En la decisión de la Comisión por la que se aprueba cada programa URBAN también figuran las regulaciones para los correspondientes programas. Voy a enumerarlas brevemente, puesto que pienso que es preferible que hablemos de contenidos concretos, en vez de citar los reglamentos por su número. En el caso de los programas URBAN existen comités de seguimiento en el marco de los Objetivos 1 y 2, que son los comités generales de seguimiento para dichos Objetivos. Las zonas no incluidas dentro de dichos Objetivos -como es el caso de Bristol, si no estoy equivocada-, tienen un comité de seguimiento independiente. Lamentablemente, no puedo negar que el procedimiento es más complejo, ya que dicho comité de seguimiento recibe orientaciones de un comité de gestión, el URBAN management committee, que es un subcomité encargado de la supervisión de la gestión en las zonas no incluidas dentro del Objetivo, y también existe un grupo de socios del programa URBAN, en el cual participan conjuntamente los socios locales y las organizaciones no gubernamentales.

Spiers
He observado que, en su respuesta anterior, la Comisaria ha dicho que las iniciativas comunitarias no habían tenido el éxito esperado. Pero espero que reconozca que el programa URBAN ha proporcionado una oportunidad ideal para desarrollar el tipo de iniciativas comunitarias satisfactorias que promovía la Comisión en sus planes de desarrollo económico y un excelente vehículo para fomentar la Comunidad entre los ciudadanos, debido a su enfoque muy local y a nivel de vecindario. Espero que en el programa URBAN II no se pierda ese elemento local y sea reconocido por los comités de vigilancia, independientemente de cuál sea su constitución. Espero que la Comisaria pueda tranquilizarnos sobre este punto.

Wulf-Mathies
Estoy completamente de acuerdo con usted. URBAN es una de las iniciativas comunitarias que han tenido mayor éxito, debido a su especial proximidad a la población local -aunque los índices de absorción no sean satisfactorios en todas partes-, y que también han permitido una movilización positiva, sobre todo a través de la participación de diferentes grupos locales de ciudadanos. El procedimiento de gestión no se ha modificado con respecto al de URBAN 1, sino que en general podemos afirmar que en URBAN 2 se incorporaron también las experiencias positivas de URBAN 1. Dado el éxito de URBAN, en el futuro queremos incluir dentro de las ayudas generales, las ayudas dirigidas a los puntos socialmente conflictivos de las ciudades, a sus zonas más desfavorecidas, es decir, que nos proponemos incorporar dichas zonas al nuevo Objetivo 2. Esto indica que dicha iniciativa ha servido en la práctica como preparativo para la incorporación de los problemas urbanos a la ayuda comunitaria a escala más amplia.

El Presidente
Pregunta nº 64 formulada por José Apolinário (H-0173/98):
Asunto: Aplicación de Interreg II C
¿Puede aclarar la Comisión qué ayudas se concedieron con cargo a fondos comunitarios a las regiones afectadas por los temporales de finales de 1997 en las Azores, el Algarve y el Alentejo? ¿Cómo explica la Comisión la propuesta de concesión de ayuda financiera con cargo al Interreg II C para algunos Estados miembros mientras que se niega a hacerlo en el caso de Portugal?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, la Comisión está consternada por los daños que causaron los temporales en Portugal, sobre todo en las Azores, el Algarve y el Alentejo. Por esto, inmediatamente después de las catástrofes declaró por propia iniciativa su voluntad de recalificar algunos recursos con este fin. En la evaluación de mitad de período del marco comunitario de ayuda para Portugal, que se aprobó en febrero, se concedieron a las regiones nuevas ayudas con cargo a recursos todavía no comprometidos, así como otras correspondientes a la indización anual, destinadas en primer lugar a medidas de carácter medioambiental. La Comisión abogó por que se incrementasen, con respecto a la propuesta inicial de las autoridades portuguesas, los fondos destinados a reforzar los programas en favor de las tres regiones que usted ha mencionado, y consiguió dicho incremento. Es decir, que dichas regiones recibirán 73 millones de ecus adicionales, en vez de los 44 millones que proponía inicialmente Portugal.
Por lo que se refiere a la iniciativa comunitaria INTERREG 2C, la Comisión quiere recordar que ésta está destinada a financiar, entre otras cosas, medidas de protección frente a las inundaciones y de lucha contra la sequía, en forma de medidas de ordenación del territorio. No se ha previsto la concesión de financiación comunitaria a Portugal para la protección frente a las inundaciones en el período 1997/98 porque el Gobierno portugués no la ha solicitado. La Comisión aprobó, en cambio, el 29 de septiembre de 1997, un programa de lucha contra la sequía en Portugal. Dicho programa también contribuye indirectamente a la prevención estructural de las inundaciones, dado que fomenta una mejor gestión del agua, la investigación hidrológica, la exploración de recursos acuíferos y un equilibrio ecológico más adecuado. La Comisión estaría dispuesta a examinar una solicitud de las autoridades portuguesas para el desarrollo de un programa INTERREG 2C relativo a las inundaciones en el marco de las directrices generales y de los recursos presupuestarios ya comprometidos para Portugal.

Apolinário
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer la respuesta de la Comisaria. La apoyo en lo relativo a la salvaguardia de la prioridad medioambiental y de la ordenación del territorio. Pero subrayo que, en relación con la parte de la respuesta relacionada con el Gobierno portugués, la Comisaria está diciendo la verdad, en la medida en que el reparto de las asignaciones con cargo a INTERREG-IIC indica claramente que, en relación con Portugal, España, Grecia e Italia, las peticiones sólo podían ser para la sequía, mientras que para Bélgica, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Holanda serían para las inundaciones. Y ese aspecto es el que no puedo comprender, porque considero que los servicios de los que la Comisaria es la responsable política han hecho una interpretación demasiado técnica.
Pero no voy a eso ahora. Quiero formular otra pregunta: en relación con las regiones ultraperiféricas, en particular en relación con las Azores, al no haber en el futuro una iniciativa REGIS, ¿cómo se propone la Comisión intervenir en situaciones que, por desgracia, se han repetido? Porque, mientras que la Comisión se multiplica en justificaciones técnicas, por ejemplo, el ejército americano ofreció su cooperación para la recuperación técnica de la zona de Ribeira Quente. Es sólo una diferencia de tratamiento.

Wulf-Mathies
En primer lugar, las Azores, en su calidad de región ultraperiférica, seguirán formando parte en el futuro del grupo de regiones más subvencionadas. En segundo lugar, yo doy por sentado que las demás regiones que usted ha citado también seguirán recibiendo ayudas de la Unión Europea. El problema que se plantea en relación con los Fondos estructurales es que éstos no son un mecanismo de ayuda para hacer frente a las catástrofes. Además, el Parlamento Europeo suprimió este tipo de ayudas para Europa. Por consiguiente, no tenemos ninguna posibilidad de conceder ayudas específicas en caso de catástrofes.
Sin embargo, lo que podemos hacer cuando se produce una catástrofe -y así procedimos también en el caso de Portugal- es procurar poner a disposición recursos en el contexto de los marcos comunitarios de ayuda, reorientarlos y dedicarlos a la reactivación económica y a combatir los daños medioambientales ocasionados por dichas catástrofes. Así lo hicimos en este caso. Sin duda es necesario que se debatan las posibilidades de aplicar más intensamente en el futuro el instrumento INTERREG 2C a la lucha contra las inundaciones en los países del Sur, por ejemplo. Sin embargo, yo les ruego que recuerden que aquí ya debatimos muy largamente sobre los posible métodos para combatir con eficacia la sequía y que, desde entonces, tanto la Comisión como posiblemente también el Gobierno portugués no tuvieron la previsión de incluir preventivamente este aspecto en sus planes relativos a INTERREG 2C y a Portugal. Yo confío, no obstante, en que esto ya no será necesario en el futuro y pienso que deberíamos demostrar la flexibilidad suficiente para revisar dichos programas en caso de necesidad.
Aun así yo pienso que los recursos que ahora ponemos a disposiciones de las regiones representan realmente una enorme ayuda adicional que les permite afrontar mejor las consecuencias de las catástrofes.

Pimenta
La Comisaria dice con razón que los problemas de la sequía y de las inundaciones en Portugal y en España están relacionadas entre sí. Como se sabe, todos los grandes ríos portugueses nacen en España y la mitad del agua que llega a Portugal procede de España. Como también sabe la Comisaria, todas las obras hidráulicas que se están haciendo en Portugal y en España cuentan con la contribución de fondos de la Comunidad. Y, como también sabe la Comisaria, ha habido un contencioso, un conflicto, entre Portugal y España por el plan hidrológico español. Creo que se puede superar con sentido común y la intervención de Bruselas y de la Comisión es fundamental, dado que la financiación de las obras hidráulicas en Portugal y en España procede parcialmente de Bruselas. En este momento, en el que se han reanudado las negociaciones, ¿cuál es el papel que pretenden desempeñar la Comisaria y la Comisión?

Wulf-Mathies
La Comisión no tiene habitualmente derecho de intervención en las negociaciones bilaterales, no sólo debido al principio de subsidiariedad, sino también porque los Estados miembros, por consideraciones de soberanía, también suelen estar muy interesados en evitar que la Comisión se inmiscuya en asuntos que aquéllos pueden resolver mejor por su cuenta.
Sin embargo, aun así, no nos hemos limitado a observar los acontecimientos. Por ejemplo, financiamos un estudio común de España y Portugal, con objeto de obtener una idea clara sobre sus recursos acuíferos comunes. También fuimos unos de los que velamos -en el marco del procedimiento de aprobación de la presa, por ejemplo- por que se propusiera la inclusión de una gestión común del agua en los planos que deben garantizar que el embalse reciba también agua en la cantidad y de la calidad suficiente. Yo parto, además, de la base de que la aprobación y las disposiciones que se adoptaron son favorables en este sentido.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 65 a 109 se contestarán por escrito.
(La sesión, interrumpida a las 19.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Buques que transporten mercancías peligrosas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A40069/98) del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común adoptada por el Consejo sobre la propuesta de directiva del Consejo (C4-0621/97-96/0231(SYN)) por la que se modifica la directiva 93/75/CEE sobre condiciones mínimas exigidas para los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes.

Novo Belenguer
Señora Presidenta, el informe que vamos a debatir esta noche es la segunda lectura del procedimiento de cooperación y hace referencia a la propuesta de modificación de la Directiva sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de ellos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes.
Haciendo un breve repaso del proceso seguido en el informe, debemos mencionar en primer lugar que, en abril de 1997, nuestro Parlamento aprobó en primera lectura once enmiendas que podríamos clasificar en tres grandes grupos. Un primer grupo para reforzar los requisitos de información que deben proporcionar los operadores de buques que transportan mercancías radiactivas. Un segundo grupo sobre medidas dirigidas a extender los requisitos de esta Directiva, la 93/75/CEE, a los buques en tránsito por aguas comunitarias. Y, finalmente, un tercer grupo para realizar modificaciones en los anexos de esta Directiva.
Por parte de la Comisión y del Consejo se aceptaron las enmiendas referidas a la posibilidad de incluir en la Directiva modificaciones futuras al Código internacional de combustible nuclear irradiado, así como aquellas que hacían referencia a la obligatoriedad de facilitar el listado de la tripulación a las autoridades portuarias, siempre con antelación por si pudiera producirse un eventual incidente.
El informe que debatimos ahora y que mañana votaremos tiene un triple propósito. Por un lado, actualizar la Directiva 93/75/CEE solicitando la inclusión de determinados requisitos para la seguridad del transporte marítimo, en especial del combustible nuclear irradiado, plutonio y residuos radiactivos de alta actividad; en segundo lugar, ampliar la información que debe facilitarse en los casos de transporte de este tipo de mercancía; y, por último, establecer un sistema para modificar en el futuro los anexos de la Directiva, a través del comité consultivo, con el fin de adaptar las normas nacionales a las normas establecidas con carácter internacional para la seguridad marítima.
En este sentido, en el presente informe proponemos -y fueron aprobadas prácticamente por unanimidad todas ellas en la Comisión de Transportes y Turismo- cuatro enmiendas.
En la primera enmienda, que hace referencia al quinto considerando de la Directiva, proponemos una modificación en la redacción del texto del Consejo y el nuevo texto, siendo más amplio y general -por lo menos así lo interpretamos- expresa nuestra reserva a que el comité consultivo pueda realizar cambios significativos o sustanciales en la Directiva.
La enmienda 4, que hace referencia al apartado 2 del artículo 1, está directamente relacionada con la anterior y se dirige a evitar que posteriores modificaciones de esa Directiva no deriven en un debilitamiento de las disposiciones existentes en lo que a seguridad y protección del medio marino se refiere. Es decir, ponemos un mínimo para evitar, de alguna forma, que se debiliten las garantías que vienen reconocidas por la misma Directiva.
Nuestra segunda enmienda hace referencia al artículo 1, en el que proponemos que la inclusión del Código CNI se actualice al 1 de enero, como dice la Directiva, pero que sea para el año 1998. Y proponemos que sea así porque, además de ser mucho más reciente y actual, el año pasado en el mes de noviembre, la Organización Marítima Internacional adoptó algunas enmiendas que reforzaban el Código, y de no incluirlas en esa fecha, estaríamos dando motivo a que el comité consultivo interviniera para modificar la Directiva.
Respecto a la tercera enmienda, en ella insistimos en una propuesta que ya hicimos en la primera lectura del informe. Concretamente solicitamos la obligatoriedad de notificar el contenido del Anexo 1 a las autoridades de los Estados miembros por cuyas aguas transiten buques con las características a las que hace referencia este informe.
Por otro lado, señora Presidenta, y en lo que al contenido del informe respecta, considero que esta propuesta es conveniente y adecuada, aunque esperamos que las disposiciones también puedan aplicarse a los buques en tránsito. Hay que recordar que este sistema, efectivamente, estaba cubierto por la propuesta EUROREP del año 1993, pero que no ha progresado prácticamente. Por ello, reconociendo la dificultad que conlleva el cambio del enfoque de esta Directiva, proponemos que la Comisión, si lo estima conveniente, retire esa propuesta original de EUROREP y presente una nueva donde se incluyan los cambios legislativos realizados y aprobados por la Organización Marítima Internacional.
Finalizo ya, señora Presidenta, esperando que los miembros de esta Asamblea tengan en cuenta las modificaciones expuestas a la hora de proceder mañana a la votación de mi informe, en el que solicitamos la aplicación de una serie de normas comunitarias con el fin de, entre otras cosas, tratar de mejorar la seguridad marítima y proteger el medio ambiente marino para generaciones futuras.

Ferber
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hoy examinamos en segunda lectura las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y que transporten mercancías peligrosas o contaminantes. Yo pienso que se trata de un tema sumamente importante, que conmociona a las ciudadanas y ciudadanos cuando ocurre algo. El objetivo de nuestra legislación es evitar que puedan llegar a producirse accidentes catastróficos o que, si llega a producirse alguno, los daños potenciales sean lo menores posibles, de manera que las ciudadanas y ciudadanos no tengan que preocuparse por este tema. Yo pienso que la legislación europea no podría tener un enfoque más acertado.
Yo quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por la seriedad con que se ha ocupado de este tema, tanto en la primera, como ahora en la segunda lectura. El Grupo del Partido Popular Europeo comparte la opinión del ponente. Apoyamos todas las enmiendas y en particular también el deseo de que los buques que no hagan escala en ningún puerto de la UE, pero que, sin embargo, transiten por aguas de la Unión, también comuniquen la correspondiente información. No nos preocupan sólo los accidentes asociados a la entrada o salida de los puertos, sino también una prevención lo más amplia posible de los riesgos, aunque sólo se toquen las aguas comunitarias, pues las experiencias de los últimos años indican que esto puede generar problemas que afectan al territorio europeo, aunque originariamente no existiera el propósito de hacer escala en ningún puerto europeo.
Por consiguiente, yo quisiera rogar encarecidamente a la Comisión que también haga suyo este objetivo. Lamentablemente, sólo se trata de un procedimiento de cooperación. El Tratado de Amsterdam todavía no ha entrado en vigor; de lo contrario tendríamos una mayor participación en el procedimiento legislativo. Yo les pido que también hagan realmente suyo este objetivo, a fin de que podamos alcanzar una solución favorable para todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa.

Kaklamanis
Señora Presidenta, deseo dar la enhorabuena al ponente porque se ha ocupado de un tema especialmente sensible y también especialmente difícil.
Y quiero felicitarle más aún porque sigue resistiéndose a las presiones del Consejo y de la Comisión, que puede que hayan aceptado, señor ponente, algunas enmiendas, pero han aceptado las enmiendas insignificantes. Las enmiendas esenciales que usted había propuesto y que nosotros habíamos votado aquí, en la primera lectura, no las han aprobado.
Y me alegro de que usted lo saque a colación, y apoyaremos estas enmiendas, porque evidentemente el Consejo y la Comisión olvidan o no quieren recordar, más bien, que los residuos nucleares no son sólo un tema de protección del medio ambiente, son un tema de blanqueo de dinero negro y es un tema, bajo unas determinadas condiciones, que determinados residuos nucleares se utilicen después de su enriquecimiento con plutonio para otros usos, señor Comisario, para usos bélicos. La Comisión y el Consejo deberían, pues, no sólo haber aceptado las enmiendas originales del ponente, que ponían estrictas condiciones de control y de seguridad de una carga de tal especie, sino también la propia Comisión debería haberlas propuesto incluso más estrictas. Todos ustedes saben muy bien qué sucede con el comercio de residuos nucleares. Estoy hablando del comercio por parte de los países de la antigua Unión Soviética de residuos bélicos y saben de sobra que estos residuos nucleares van a determinados países que, en algún momento, descubrimos que constituyen un peligro para sus países vecinos y decidimos intervenir o bien bajo la forma de la OTAN, o bien no sé bajo qué forma. Mientras que sabiéndolo los hemos alimentado con estos residuos nucleares porque no habíamos puesto condiciones de control y de seguridad.

Tamino
Señora Presidenta, ante todo quiero recordar que el Grupo de los Verdes considera muy positivo que se haya propuesto esta directiva, que modifica a la anterior, nº 75 de 1993, en especial con el fin de englobar en el campo de aplicación de la anterior directiva las condiciones para el transporte de combustible nuclear -plutonio y desechos altamente radiactivos- a bordo de los barcos. Esto sin duda es un hecho positivo, y como tal también consideramos al resto de la directiva. De otra parte, creemos que el Parlamento hizo propuestas serias y dignas de crédito, razón por la que no estamos de acuerdo con las modificaciones aportadas por el Consejo en los puntos en que no aceptó las propuestas del Parlamento. Por estas causas consideramos que debemos sostener con firmeza todas las enmiendas propuestas por el ponente, en particular la enmienda nº 3, porque creemos que es de vital importancia que los barcos en tránsito por nuestros mares, aunque no anclen en un puerto de la Comunidad, deben informar que llevan a bordo sustancias tóxicas o radiactivas.
Esto es muy importante para el futuro de nuestro mar y para la tranquilidad ecológica y sanitaria de nuestros pueblos.

Camisón Asensio
Señor Comisario, en esta recomendación que debatimos, que trata de fijar las condiciones mínimas que deben cumplir los buques que transporten mercancías peligrosas y toquen puerto de la Unión Europea, se da una circunstancia que, desgraciadamente, se repite con mucha frecuencia: es que, por una parte, la Comisión se esfuerza por que se cumpla la legislación comunitaria, en este caso la seguridad marítima y la salvaguarda del medio ambiente marino y, por otra, hay Estados miembros que realmente van a su aire -y así tenemos, en este caso, que hay todavía cuatro Estados miembros que ni siquiera han traspuesto la directiva original.
Ante este panorama, señor Comisario, nosotros apoyamos a la Comisión. Estamos realmente, como se ha dicho, ante cuestiones de suma trascendencia. Ahí está, por ejemplo, el hecho de que el transporte de pasajeros debe ser incompatible con el transporte de mercancías peligrosas, o la obligación de presentar certificado de seguridad de los pasajeros. No olvidemos, Señorías, que estamos ante sustancias altamente peligrosas, como el combustible nuclear irradiado, el plutonio, o residuos de alta radiactividad cuya vida, en muchos casos -y no exagero- supera los 30.000 años, que ya es decir.
Por tanto, la responsabilidad ante el futuro es tremenda. Y si en cuestiones de riesgo de estas sustancias se está prestando la debida atención al transporte por carretera -otro transporte terrestre-, lo mismo se debe hacer con el transporte marítimo.
Por todo ello, nosotros vamos a apoyar las enmiendas del Sr. Novo Belenguer, ponente, al cual felicitamos por las mismas.

Sarlis
Señora Presidenta, simplemente quería decir yo también que estoy de acuerdo con las enmiendas del ponente; pero deberé puntualizar otra parte del problema, que el Consejo edita directivas y reglamentos que no los aplican los Estados miembros. Un caso clásico de este tipo lo constituye el informe que estamos debatiendo hoy.
Tengo que decirles que la Directiva 93/75 que se modifica con la nueva propuesta de la Comisión todavía no se ha incorporado en las legislaciones de cuatro Estados miembros, entre los cuales está incluida Gran Bretaña, que en la actualidad ejerce la Presidencia de la Unión Europea.
No vayamos al nivel internacional donde la gran mayoría de los Estados miembros no establecen las decisiones del OMI en el Derecho interno. Por consiguiente deberemos protestar ante esta situación, por lo menos en el ámbito de la Unión Europea, y debe verse, por este debate y por la votación de mañana, con la votación de las enmiendas del ponente, que no es posible ni siquiera para el Consejo, ni para los propios Estados miembros, aceptar que se editen directivas y que a nivel nacional no las incorporen.
Se trata de un tema muy serio, no tiene ni siquiera relación con temas de seguridad de la navegación por si misma; tiene relación con temas de seguridad de la población de nuestro planeta y por esta razón todos nosotros debemos mostrar sensibilidad en cada momento hacia todos nosotros.

Flynn
Señora Presidenta, la legislación sobre el transporte marítimo de mercancías peligrosas que está analizando la Asamblea reviste sin duda una gran importancia. Deseo comenzar diciendo que, naturalmente, estoy muy satisfecho de que en su posición común, el Consejo haya respaldado las enmiendas del Parlamento que la Comisión aceptó en el debate de la primera lectura.
Debo decir también que la Comisión comparte las inquietudes subyacentes a las enmiendas de la segunda lectura que han sido aprobadas en la Comisión de Transportes y Turismo. La enmienda 2, por ejemplo, propone que se haga referencia a la versión del Código CNI vigente el 1 de enero del presente año, en vez de la que entró en vigor el 1 de enero de 1996. La Comisión acoge con satisfacción esta útil propuesta que abarca las enmiendas al Código que adoptó la Asamblea de la OMI el pasado noviembre.
La Comisión puede aceptar también la enmienda 4 que declara que las modificaciones a los anexos adoptadas por el procedimiento de comité no debilitarán las disposiciones relativas a la seguridad y la protección del medio marino. Puedo garantizar a los diputados a esta Asamblea que la Comisión, que tiene el derecho de iniciativa en virtud del procedimiento de comité, no presentará ninguna propuesta que debilite su propia legislación inicial.
La Comisión, en principio, puede entender la preocupación que se esconde tras la enmienda 1, encaminada a clarificar el alcance del procedimiento de comité, especialmente a la luz de la enmienda 4. No obstante, la Comisión no puede aceptar dicha enmienda por dos razones. En primer lugar, repudia la disposición expresa que reafirma que los buques en tránsito no pueden ser incluidos en el alcance de esta directiva. El texto fue añadido por el Consejo en su posición común, y la Comisión lo aceptó a la luz de la propuesta pendiente sobre EUROREP. En segundo lugar, esta enmienda, en cualquier caso, es innecesaria porque el actual texto de la posición común ya recoge que las enmiendas adoptadas mediante el procedimiento de comité no alterarán los requisitos de la directiva. Esto es aplicable igualmente a cualquier debilitamiento o ampliación del alcance de la directiva.
Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda 3, que introduce la exigencia de notificación para los buques en tránsito por aguas territoriales de los Estados miembros.
Como dije en la primera lectura, las disposiciones de la directiva propuesta EUROREP hacen redundante la enmienda y, por motivos de coherencia, la Comisión mantiene su posición.
Sé que el ponente comprende perfectamente esta posición, puesto que lo expone en su propio informe. Quisiera pedirle, por consiguiente, que considere una vez más la retirada de su apoyo a la enmienda, puesto que puedo asegurarle que la Comisión comparte su opinión. En consecuencia, estamos analizando las opciones al objeto de garantizar que, en caso necesario, el Consejo reanude las negociaciones sobre la base de una versión modificada de la propuesta EUROREP. Es una opinión que comparten los Sres. Ferber y Kaklamanis. Compartimos la opinión que ellos han manifestado sobre este punto en particular.
Resumiendo: la Comisión puede aceptar las enmiendas 2 y 4, pero no las enmiendas 1 y 3. Deseo expresar mi agradecimiento a la Asamblea, en particular al Sr. Novo Belenguer y a la Comisión de Transportes y Turismo, por su continuo apoyo a la propuesta. Quisiera decir al Sr. Camisón Asensio y al Sr. Sarlis que ha habido retrasos importantes en la transposición de esta directiva original en particular, pero que se han iniciado procedimientos por infracción: actualmente hay abiertos cuatro procedimientos por incumplimiento de las medidas nacionales, y esperamos que se pueda llegar a una pronta solución, en el sentido jurídico, en lo que a estos asuntos se refiere.

El Presidente
El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Relación estadística de los transportes de mercancías
por carretera
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0072/98) del Sr. Bazin, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(97)0443 - C40514/97-97/0233(CNS)) sobre la relación estadística de los transportes de mercancías por carretera.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, espero que tenga a bien excusar la ausencia del Sr. Bazin, retenido en su país, en Francia, por las elecciones regionales y comprenda que se concediera al Sr. Bazin lo que se denegó al Sr. de Silguy, es decir, presentarse como candidato para la hermosa región de Bretaña. Le deseamos todo el éxito posible.
Las estadísticas son fundamentales para el transporte. Por lo tanto, no sólo debemos recoger estadísticas, sino que además y sobre todo, éstas deben ser tratadas por igual en toda la Comunidad. Para ser más exacto, la Comisión presentó una propuesta encaminada a una mayor armonización de las estadísticas de los diferentes Estados miembros sobre el transporte por carretera. La Comisión de Transportes y Turismo presentó dos enmiendas. O mejor dicho, fue el Sr. Bazin quien las presentó con el respaldo de todos nosotros. Por consiguiente, no me resulta demasiado difícil representarle aquí esta noche. El informe del Sr. Bazin no es sólo un informe técnico. Debido a que en la Unión Europea avanzamos hacia una circulación duradera, debemos conocer exactamente qué hacen nuestros transportistas, hacia dónde van y de dónde proceden en la Comunidad. Esta tarea se hará más difícil con la rivalidad que entraña el mercado interior y, más específicamente, este año con la llegada del libre cabotaje en carretera. Al analizar las estadísticas relativas al transporte de mercancías por carretera, resultará más difícil saber si los camiones con matrícula extranjera -de un país distinto de aquél en el que transportan las mercancías- se dedican al transporte local o internacional.
Inevitablemente el transporte de mercancías de corta distancia se hará, en su mayor parte, por carretera. Actualmente, más de las tres cuartas partes del transporte comunitario se hace por carretera. El índice de crecimiento anual del transporte es de entre, aproximadamente, el 7 % y el 10 %, lo que significa que si queremos pasar a otras modalidades de transporte -como desean diputados de todos los grupos- como pueden ser el ferrocarril, la navegación interior o el transporte marítimo de corta distancia, deberemos reconocer el hecho de que el transporte de mercancías de corta distancia se realiza por carretera. Por consiguiente, si queremos pasar de una modalidad de transporte a otra, deberemos saber exactamente qué transporte es intermodal y cuál se realiza exclusivamente por carretera. Necesitamos un sistema más preciso.
Señor Comisario, usted sabe mejor que nadie, puesto que también se ocupa del aspecto social del transporte, que las noticias que nos llegan de la Comisión sobre las horas de conducción y de descanso son peores de lo que cabía esperar. Acabamos de recibir los informes de 1993-94 que demuestran que varios Estados miembros ni siquiera disponen de dichas estadísticas. Es una falta grave. Uno de los Estados miembros que no presentó sus estadísticas es uno de los miembros fundadores de la Comunidad Europea. Cincuenta años deberían bastar para que la adaptación. Contamos con que la Comisión no escatime esfuerzos para remediar este tipo de cosas. Mientras tanto, en reconocimiento de que la mayor parte del trabajo la llevarán a cabo las oficinas nacionales de estadísticas, hemos presentado, con la ayuda de la Comisión de Presupuestos, una enmienda que rebaja ligeramente el importe de los fondos disponibles.

Stenmarck
Señora Presidenta, permítame comenzar agradeciendo a Bazin, que por cierto está ausente, por el trabajo realizado en relación con este informe. La intención de la propuesta es completar la estadística anual armonizada para los transportes de mercancías por carretera, de manera que la información esté a la mano para el control y evaluación de la política común. Las regiones de origen y de destino tendrán que registrarse de la misma manera para el transporte entre los Estados miembros como dentro de ellos. El texto legal comprende también el cabotaje, que ahora será posible dentro de la Unión. Para esto, existirá un código de las regiones de origen y destino y de la distancia recorrida.
Evidentemente que siempre tiene que existir alguna forma de estadística. Sin embargo, opino que cada vez que se presenta este tipo de propuestas y esta clase de asuntos, hay motivos para cuestionar la verdadera utilidad de esto, puesto que implica que se tienen que entregar nuevos datos y, consecuentemente, más burocracia. Son siempre empresas, a menudo pequeñas empresas, las que tienen que entregar datos. Las empresas a lo largo de Europa ya tienen bastante con este tipo de trabajos innecesarios y, a la larga, esto las ha conducido a la difícil situación en que se encuentran en la actualidad.
Hay dos cosas en este contexto que son provechosas. Una de ellas es que no se va a construir una oficina europea de estadísticas especial para esta actividad; la responsabilidad de esta labor se dará a las oficinas de estadística de los países miembros. La otra es que el reglamento excluye taxativamente a los vehículos pequeños. Esto significa que se exceptúan los vehículos con una carga máxima de 3, 5 toneladas y un peso máximo de 6 toneladas. La causa de esto es que tales transportes son a menudo transportes locales por cuenta propia.
Ambas excepciones son importantes. Sin embargo, hay motivos para preguntarse qué es lo que habría ocurrido si no hubiésemos tenido un reglamento como éste. Hay una crítica constante que cada vez más nítidamente se dirige en contra de la UE, una crítica que se refiere a la burocracia, una crítica que se refiere a que las empresas tienen que entregar demasiados datos. Creo que debemos tener claro que cada vez que se presenta una nueva propuesta, igual que la que ahora tenemos para decidir aquí, sin importar cuán legítima sea, aumenta la burocracia y el papeleo en una Europa cuyas empresas ya tienen demasiado de esto.

Flynn
Señora Presidenta, como sabrá la Asamblea, las correspondientes directivas de 1978 y 1989 permitían a la Comunidad desarrollar un conjunto de informaciones estadísticas básicas sobre el transporte de mercancías por carretera que han sido de gran utilidad en la elaboración del marco de la Política Común de Transportes y en su desarrollo.
No obstante, en las políticas comunitarias se han producido varias tendencias que hacen necesaria una mejora de nuestro sistema de recogida de información estadística sobre el transporte por carretera. Ello resulta especialmente evidente en el caso de las modificaciones relativas a la liberalización del cabotaje a partir del 1 de julio de 1998 con vistas al desarrollo de las redes transeuropeas y a los avances en la política de medio ambiente.
En este orden de cosas, como reconocerá la Asamblea, este nuevo reglamento establecerá un sistema para la recogida de información estadística más actualizado, que estará basado sobre una lista de variables enfocada hacia las actuales necesidades de información, en particular en política regional y política de medio ambiente, sobre la recogida y ta transmisión a la Eurostat de los datos sobre cada vehículo y cada trayecto.
Esto permitirá un análisis mucho más detallado que en el pasado y facilitará la necesaria vigilancia, la sintonización y el conocimiento de las relaciones entre los resultados de las distintas políticas. El nuevo reglamento, evidentemente, podría imponer obligaciones adicionales de facilitar información estadística a algunas empresas de transportes. Quisiera hacer hincapié en que la Eurostat no ha escatimado esfuerzos para minimizar cualquier carga adicional con la introducción de disposiciones sobre las estadísticas que deben recogerse mediante encuestas a pequeña escala de los vehículos de transporte por carretera y en favor de las técnicas modernas informatizadas que deberán utilizarse para la transmisión de los datos, siempre que ello reduzca la carga administrativa.
La similitud del enfoque adoptado por el Sr. Bazin, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión significa, felizmente, que puedo aceptar ambas enmiendas. Por ello agradezco al Sr. Bazin y a sus colegas su apoyo y su gran ayuda en los esfuerzos encaminados a desarrollar modificaciones que favorezcan una mayor transparencia y un funcionamiento más eficaz del sistema estadístico. Puedo aceptar sin dificultad el argumento del Sr. Wijsenbeek de que las estadísticas son fundamentales para el transporte y que éstas deben ser coherentes.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, lamentablemente, el Comisario, que no es responsable de Transporte como tal, sino del aspecto social del mismo, no ha hecho ningún comentario de utilidad sobre mi petición de que todos los Estados miembros que no hayan presentado sus estadísticas sobre las horas de conducción y de descanso -que, en mi opinión, es un complemento de la información estadística sobre el transporte por carretera como tal o que forma parte esencial de la misma-, deberán mejorar su actuación, especialmente aquellos que nos las presentan en absoluto.

Flynn
Señora Presidenta, para responder muy brevemente a su Señoría, ese comentario en particular no es relevante para la situación de la Eurostat, esa cuestión concierne a la DG VII. Quizá allí puedan atenderla debidamente y espero que reciba una respuesta adecuada.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Prevención de traumatismos - Enfermedades poco comunes -
Enfermedades relacionadas con la contaminación -
Protección de la salud - Enfermedad
de Alzheimer
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes y preguntas orales siguientes:
informe (A4-0067/98) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0178 - C4-0229/77-97/0132(COD)) por la que se aprueba un programa de acción comunitaria 1999-2003 sobre la prevención de traumatismos en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública; -informe (A4-0074/98) del Sr. Viceconte, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0225 - C4-0236/97-97/0146(COD)) por la que se aprueba un programa de acción comunitaria 1999-2003 sobre las enfermedades poco comunes dentro del marco de actuación en el ámbito de la salud pública; -informe (A4-0075/98) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0266 - C4-0276/97-97/0153(COD)) por la que se adopta un programa de acción comunitaria 1999-2003 sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en el contexto del marco de actuación en el ámbito de la salud pública; -informe (A4-0022/98) de la Sra. Flemming, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM(96)0407 - C4-0663/96) sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud en las políticas comunitarias; -pregunta oral (B4-0170/98 - O-0018/97) del Sr. Poggiolini, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre el programa comunitario de lucha contra la enfermedad de Alzheimer y los síndromes conexos; -pregunta oral (B4-0171/98 - O-0027/97) de los Sres. Gutiérrez Díaz, González Álvarez, Papayannakis y Ojala, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre los programas comunitarios de investigación, prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer; -pregunta oral (B4-0172/98 - O-0040/97) del Sr. Kouchner y de la Sra. Lalumière, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre la lucha contra la enfermedad de Alzheimer; -pregunta oral (B4-0173/98 - O-0050/97) del Sr. Cabrol, en nombre del Grupo Unión para Europa, a la Comisión, sobre la enfermedad de Alzheimer; -pregunta oral (B4-0266/98 -O-0066/98) de las Sras. McKenna y Breyer y de los Sres. Lannoye y Tamino, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre la lucha contra la enfermedad de Alzheimer.
Trakatellis
Señora Presidenta, la mayoría de nosotros a menudo hemos corrido el peligro de sufrir traumatismos o incluso los sufrimos en nuestras ocupaciones en la vida cotidiana o en nuestro tiempo de ocio. Por tanto tenemos mucha experiencia en el tema.
Estos traumatismos desgraciadamente ocurren con frecuencia. Particularmente, junto con los suicidios y las lesiones autoinflingidas constituyen una parte importante de las pérdidas anuales de nuestra sociedad. Por consiguiente la propuesta viene retrasada y debe adoptarse el programa sobre su prevención y reducción.
Hoy en día, en la Unión Europea, los traumatismos sobre los que se ha elaborado el presente programa constituyen una de las causas principales de defunción, de detrimento de la salud y de minusvalía. Se deben principalmente a accidentes domésticos o en el tiempo de ocio. Las categorías de edad más vulnerables son principalmente de 1 a 34 años y por encima de los 75 años. La necesidad de un primer acercamiento a este problema ha conducido a la Comunidad a la creación de un sistema comunitario de información o sistema EHLASS. Datos recientes de este sistema refieren como pérdidas por accidentes 83.000 muertes anuales y aproximadamente 22 millones de heridos, de los cuales 20 millones necesitan ayuda medica y 2 millones tienen que ser hospitalizados.
Señalemos además que del total de personas que han sufrido traumatismos unas 300.000 tendrán minusvalías el resto de sus vidas o tendrán algún problemas crónico de salud.
La segunda categoría de traumatismos proviene de los suicidios, los cuales no deben ser ignorados porque tienen como resultado el fallecimiento de 43.000 personas y el traumatismo de aproximadamente 700.000 personas al año. El coste económico directo de la asistencia hospitalaria es de 7.700 millones de ecus, mientras que el coste global de los traumatismos se estima en unos 23.000 millones de ecus, sin añadir a esta suma el coste de la pérdida de vidas humanas. La necesidad, pues, de un programa de prevención y de seguimiento epidemiológico de los traumatismos a nivel de la Unión Europea, es patente. Queda por examinar si el programa, tal como se ha formulado, es eficaz.
La Comisión definió como ámbito de actuación del programa áreas concretas como los accidentes de los niños en la escuela, los suicidios, con subcategorías las lesiones autoinflingidas intencionalmente. Sin embargo no existen razones para excluir los traumatismos de otros grupos de edad, como por ejemplo los de los adultos debidos a accidentes domésticos y en las actividades de ocio. Igualmente está bien incluir también los traumatismos debidos a lesiones intencionales causados por otra persona o casos de personas que intentan autoinflingirse lesiones. Por este motivo proponemos que se distinga entre a) traumatismos intencionales e involuntarios con una especial referencia a las categorías vulnerables, y b) suicidios y lesiones autoinflingidas. Además en las categorías vulnerables deben incluirse las mujeres que, junto con los niños, sufren traumatismos a causa de la violencia.
Paralelamente, debe haber acciones para los traumatismos procedentes de la violencia en el ámbito de las manifestaciones deportivas. Con un estudio epidemiológico de los traumatismos y los suicidios, éstos podrían registrarse y analizarse estadística, local y temporalmente, no sólo por edades sino también por categorías y, por tanto, se aclararían las causas y las acciones consiguientes estarían basadas en las conclusiones de los análisis.
El eje central del programa, por tanto, consiste en la posibilidad de reunir y elaborar todos los datos pertinentes. Ya existe un sistema de este tipo, el EHLASS, que ya ha dado resultados al detectar algunos productos que están implicados en accidentes, así como al llevar a cabo campañas de información y sensibilización. Desgraciadamente, la Comisión no ha incorporado a su propuesta este sistema, el cual es muy útil para lograr los objetivos del programa. Por esta razón consideré que el sistema EHLASS debía incorporarse y constituir la base para el desarrollo de las acciones en lo que respecta a los traumatismos intencionales o involuntarios y además ampliarse y coordinarse con otras redes que quizás surjan.
En cuanto a los suicidios y los traumatismos autoinflingidos, se requiere otro sistema de recogida y tratamiento de las informaciones y acciones de intervención. Esto se debe a que la causa de los suicidios es completamente distinta de la de los traumatismos no intencionales y la forma de abordarlos también es diferente. El único punto en común que existe en ambas categorías son los traumatismos, los fallecimientos, las hospitalizaciones y el coste económico.
El programa objeto de examen debe estar a la altura del reto que plantea el problema. La Comisión propone sólo 1, 3 millones de ecus para el año 1999 y considero que este presupuesto es totalmente insuficiente en relación con los objetivos y la dinámica del programa. Por este motivo propongo un marco financiero de 14 millones de ecus para los años 1999-2003.
Señora Presidenta, creemos que el programa, tal como lo hemos transformado con nuestras enmiendas va a ayudar esencialmente a la protección de la salud del ciudadano europeo, disminuyendo significativamente las pérdidas humanas y económicas por los traumatismos a los que se refiere.

Viceconte
Señora Presidenta, Señorías, el programa de acción sobre las enfermedades poco comunes, que hoy debemos discutir, se inserta en el marco de la acción comunitaria en el sector de la salud pública, un sector en el que la Unión Europea tiene el deber de adoptar medidas de prevención y de protección en interés de todos sus ciudadanos, no sólo cuando se trata de combatir los grandes flagelos, sino también cuando el número de personas afectadas por patologías poco comunes, o raras, es muy pequeño. En rigor, precisamente en un contexto como el de las enfermedades raras es más necesaria que nunca una acción comunitaria.
En la mayor parte de los Estados miembros, los casos de enfermedades raras habitualmente son demasiado pocos como para que se los considere prioritarios desde el punto de vista de la salud pública y, por consiguiente, a menudo se descuidan. El concepto de "enfermedades raras» abarca más de 5.000 afecciones o condiciones distintas que no tienen una definición común. Los problemas de clasificación plantean dificultades para el reconocimiento, la individualización, el tratamiento y la prevención de esas enfermedades.
El programa quinquenal previsto para el lapso 1999-2003 proyecta una serie de acciones en tres sectores clave: información acerca de las enfermedades poco comunes, con lo que se podrá organizar una base de datos europea; promoción y fortalecimiento de los grupos de apoyo a los pacientes; potenciación de la creación de grupos de respuesta a los reagrupamientos de enfermedades poco comunes. La Comisión propone una dotación financiera de 1, 3 millones de ecus para 1999, en tanto que para el resto del periodo la financiación se determinará año a año, de acuerdo con las perspectivas financieras. A este punto, precisamente, querría llevar yo la atención de Sus Señorías antes de continuar con la presentación de este programa. Es obvio que surge la duda sobre si la Comisión tendrá alguna intención de adoptar un programa de acción aplicable con eficacia a las enfermedades poco comunes. Pero, ¿cómo se puede pensar en proponer actuaciones y realizar proyectos si no hay a la vista los medios financieros mínimos para alcanzar esa meta? Sería mejor ocuparse de otras iniciativas y aprovechar mejor los recursos disponibles. En cambio, si existe la voluntad de hacer algo concreto para tratar de ayudar a una parte de los ciudadanos de la Unión que sufren y cuya calidad de vida está disminuida -ya se trate de los pacientes o de sus familiares-, en tal caso es necesario partir de premisas que deben ser serias. Repito: el presupuesto presentado no tiene sentido. A título informativo recuerdo que, para el funcionamiento de la base de datos de enfermedades poco comunes, Estados Unidos destinó en los últimos tres años nada menos que 3, 2 millones de dólares y Francia por sí sola gastó en el primer año de la elaboración de su base de datos sobre medicamentos "huérfanos» la cantidad de 3 millones de francos. Por todos estos motivos, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha votado favorablemente una dotación financiera de 14 millones de ecus para la puesta en marcha del programa sobre enfermedades poco comunes, que se repartirá en cinco años, para que el programa no tenga un mero carácter simbólico.
Para avanzar hacia una valoración más profunda de este programa de acción, el elemento primordial que no se puede ignorar es la cooperación internacional: la coordinación de las actividades comunitarias y las de las organizaciones nacionales e internacionales competentes permite racionalizar los trabajos, evitar duplicaciones inútiles y acortar los tiempos necesarios para alcanzar los objetivos prefijados.
Otro punto esencial del programa es el que se refiere a la información. Es fundamental que se elabore una base de datos comunitaria en la que se clasifiquen las enfermedades, los síntomas, las causas y los tratamientos disponibles.
Un aspecto más que quiero someter a la atención de Sus Señorías es el relacionado con la definición de agrupamientos o clusters , como indica la Comisión en su propuesta. La definición, sin duda, no es unívoca y para una mayor claridad hay que señalar que el llamado agrupamiento puede ser cualquier aumento anormal de la incidencia de enfermedades poco comunes y que, como tal, exige acciones de control inmediato. Con este fin, hay que favorecer la creación de un sistema de supervisión y de control de las enfermedades poco comunes, que permita reaccionar con rapidez y eficacia y que pueda asegurar la individualización, la valoración y el tratamiento de las enfermedades poco comunes.
En resumen, estimados colegas, permítanme aún una última observación sobre la necesidad de coordinar y racionalizar los temas en el campo comunitario. El Ejecutivo tiene que comprometerse plenamente a coordinar los trabajos correspondientes a las enfermedades poco comunes que actualmente desarrollan tres Direcciones Generales: la DG V, la DG III y la DG XII. El programa de acción sobre las enfermedades poco comunes, la normativa sobre los medicamentos "huérfanos» y el programa de investigación sobre enfermedades poco comunes están estrechamente relacionados y exigen un enfoque global y coherente.
La adopción de este programa representa un paso adelante hacia un mejor conocimiento y comprensión de las enfermedades poco comunes, al tiempo que gracias a él las personas afectadas pueden evadirse de la marginación y del aislamiento en que se encuentran, pues les ofrece una ayuda terapéutica, moral y psicológica. Además, el compromiso en el campo de la investigación sobre las enfermedades poco comunes también podría llevar a descubrimientos decisivos para el tratamiento de patologías mucho más comunes que afectan a amplios sectores de la población y contra las que hasta hoy no se sabe cómo luchar. En este caso, el beneficio que obtendría toda la sociedad sin duda sería indiscutible.

Cabrol
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, esta comunicación de la Comisión es un documento importante. Está bien hecho, es serio, es claro y preciso e insiste en prioridades que, por lo demás, nosotros hemos subrayado en nuestras enmiendas núms. 1 y 2.
Pero, por desgracia, es de alcance limitado, pues no aborda sino el problema de las enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación atmosférica. Naturalmente, conforme a ciertos criterios que comprendemos muy bien, la Comisión ha elegido enfermedades relacionadas indiscutiblemente con contaminantes muy concretos y cuyos efectos nocivos son los más importantes y los más accesibles a la prevención y las contaminaciones respecto de las cuales la acción comunitaria puede completar una acción insuficiente de los Estados miembros.
No obstante, esta comunicación nos inspira tres observaciones principales. La primera es la de que nos parece importante ampliar su campo de acción. Sobre eso versan nuestras enmiendas núms. 4, 11 y 12. Por lo que se refiere a la contaminación atmosférica, sin limitar el papel de los contaminantes relacionados con el tráfico automovilístico, hay que insistir en los muy nocivos efectos del tabaco, a la vez en el fumador y en quienes lo rodean -el tabaquismo pasivo-, que una parte muy importante de la población no aprecia en su verdadero valor.
A esa contaminación atmosférica hay que añadir la contaminación acústica debida a las empresas de trabajos ruidosos, a las viviendas mal insonorizadas, pero también a la música demasiado fuerte difundida en ciertas discotecas o a los walkman que los jóvenes utilizan con una gran intensidad sonora; la contaminación del agua que trasmite también infecciones e intoxicaciones; la contaminación de los alimentos, que origina infecciones o intoxicaciones, como indicamos en nuestra enmienda nº 16; la contaminación del hábitat debida al amianto o a las pinturas, al plomo, en particular, que puede resultar muy nociva, como también el olor de ciertas pinturas y ciertas colas: por último, no insistiremos en la contaminación de las altas capas de la atmósfera, que destruye la capa protectora de ozono y puede propiciar una gran frecuencia de cánceres de piel, como se ha observado, en particular, en los australianos de origen nordeuropeo.
La segunda observación se refiere a los modos de acción previstos por la Comisión para disminuir la importancia de esas enfermedades provocadas por la contaminación. Naturalmente, la Comisión no se propone luchar directamente contra la emisión de esos contaminantes, porque ese fenómeno ha sido objeto de otras directivas relativas a la contaminación del aire, del agua, del suelo, etc. En el caso que nos preocupa, la Comisión se propone actuar de forma muy diferente y en cuatro direcciones principales: convencer a los Estados miembros de la necesidad de que se informen sobre la naturaleza de los contaminantes e insistimos en nuestras enmiendas núms. 7, 8 y 13, orientadas en ese sentido; repertoriar dichos contaminantes, identificarlos, apreciar sus consecuencias con frecuencia gravísimas para la salud (enfermedades, alergias) recogiendo datos compatibles y comparables a fin de evitar confusiones entre los términos, a veces diferentes, empleados por los Estados miembros para designar un mismo producto o una misma enfermedad. Ése es el sentido de nuestra enmienda nº 3.
Por último, la Comisión desea que cada uno de los Estados miembros informe a sus ciudadanos sobre los peligros de esa contaminación para que la población tenga una idea clara de ella. Sobre eso versan nuestras enmiendas núms. 9 y 10, pero, aun así, hay que mostrar a dicha población que no puede haber un riesgo cero, que los peligros no siempre son los que los medios de comunicación presentan con complacencia, sino que ciertos hábitos personales -y vuelvo a insistir en el tabacopueden ser mucho más peligrosos.
Por último, la Comisión se propone hacer una evaluación y un control de las acciones que propugna. Nos adherimos totalmente a esa propuesta e insistimos a ese respecto en la enmienda 6.
Nuestra tercera y última observación tratará de la base presupuestaria. La presente comunicación establece tan sólo un presupuesto de 1.300.000 ecus para 1999 y nada anuncia para más adelante, si bien oralmente la Comisión ha prometido conceder 1.300.000 ecus durante los cinco años del programa futuro, lo que representa una suma total de 6.500.000 ecus.
Así, pues, nos oponemos a las enmiendas que limiten ese período, pues no hay que pensar que la Comisión fuera a darnos para tres años lo que nos daría para cinco. De todos modos, esa suma nos parece muy insuficiente y por eso insistimos en la enmienda 5, que propugna la concesión de una suma más importante. Ni que decir tiene que un presupuesto mucho más importante será necesario, si se quiere luchar de verdad contra esas enfermedades de la contaminación, incluso en el sentido de las acciones que la Comisión nos presenta en esta comunicación.
Así, pues, pedimos, señora Presidenta, a todos los diputados al Parlamento Europeo que aprueben estas enmiendas que han sido aceptadas por nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Flemming
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en este Cámara ya se debatió un informe sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud y el Parlamento emitió un excelente dictamen al respecto. También el segundo informe de la Comisión que hoy se debate es excelente, a mi parecer, lo cual ha sido uno de los motivos por los cuales me ha resultado muy difícil cumplir la tarea que se me había encomendado. A lo cual se suma el hecho de que precisamente en el ámbito de la salud pende continuamente sobre nuestra cabeza el reproche de que estamos lesionando el principio de subsidiariedad.
A pesar de estas breves observaciones, permítanme que añada algunas consideraciones críticas sobre el presente informe de la Comisión. Es indiscutible que la agricultura contribuye de manera muy decisiva a la salud de la población. Las declaraciones de la Comisión al respecto no dejan de ser, sin embargo, de carácter general y, a mi parecer, incompletas.
Este aspecto está relacionado, obviamente, con la alimentación. Sin embargo, las manifestaciones de la Comisión no responden en absoluto a la importancia de este ámbito desde la perspectiva de la política sanitaria. Yo quiero instar cordialmente a la Comisión a que en el siguiente informe, que se presentará muy pronto, preste una especial atención a este ámbito. Igualmente espero que la Comisión emita una comunicación sobre la situación en la UE en lo que se refiere a las vitaminas y los minerales, antes de que se propongan medidas legislativas.
Mientras las consideraciones sobre el ámbito de la salud son de carácter muy general, siempre es posible contar con la aprobación de todos. Pero cuando se concreta un poco, la armonía se desvanece muy pronto. Permítanme que desarrolle el apartado 10 de mi informe sobre el tema del tabaco. Todos sabemos que el tabaco es perjudicial para la salud de las personas: el cáncer de pulmón, las enfermedades circulatorias y cardíacas, los cánceres de laringe y de lengua, estomacales e intestinales son algunas consecuencias científicamente demostradas y muy frecuentes de su consumo.
Todos sabemos que la nicotina es adictiva y todos queremos proteger a la juventud para evitar que se inicie en el consumo de esta droga que es el tabaco. Cada uno de nosotros tiene sus ideas sobre la mejor manera de conseguirlo. En lo único en lo que no coincidimos en absoluto es en cuanto al camino para alcanzar este objetivo común. Muchos creen que el problema puede resolverse con la mera prohibición de la publicidad del tabaco. Yo, por mi parte, comparto la opinión de quienes piensan que si un producto es tan peligroso que no debería permitirse hacer publicidad del mismo, sin duda sería más acertado que éste ni siquiera se produzca, que no se compre y no se venda. Desde luego, en ningún caso se debería seguir concediendo apoyo financiero a dicho producto y continuar subvencionándolo año tras año, como ocurre en nuestro caso con el cultivo del tabaco.
Por consiguiente, yo considero que una vía adecuada para alcanzar nuestro objetivo, tal como ya han empezado a plantearla los Ministros de Agricultura, es que en primer lugar se presente un proyecto de reforma del sistema de subvenciones actual. Yo considero que es necesario que se examine si es posible la reconversión a otros productos agrícolas y, en tercer lugar, que se examine asimismo si es posible continuar garantizando a pesar de todo la subsistencia de muchos agricultores y de muchos millares de familias.
Yo creo que tenemos que combatir el mal en su raíz y en el caso que nos ocupa esta expresión debe interpretarse en un sentido muy literal.
Hay varios otros puntos que me parecen muy importantes, como por ejemplo los apartados 22, 24 y 25. Yo considero que es importante que la Comisión siga defendiendo la prohibición de las hormonas de crecimiento en el engorde de ganado. Sería muy de agradecer que la Comisión exigiese a todos los alimentos importados los mismos criterios de sanidad que a la producción comunitaria. Yo pienso igualmente que la Comisión desde luego debería promover, también en interés de la protección de la salud de la población, el establecimiento de una ley estricta de responsabilidad atómica.
Si nos tomamos en serio el cumplimiento de los Tratados, tenemos que velar por que todas las políticas comunitarias garanticen un elevado nivel de protección de la salud, tal como figura tan bellamente inscrito. Es una gran tarea, sin duda difícil, que deberíamos contemplar como un reto.

Poggiolini
Señora Presidenta, Señor Comisario, pocos -más bien poquísimos, pero, eso sí, muy esforzadosseñores diputados presentes, han pasado casi dos años desde que esta Asamblea votara por unanimidad su resolución sobre el Alzheimer y los síndromes relacionados, y pidiera con firmeza a la Comisión Ejecutiva que presentase lo antes posible un programa de acción específica para combatir esta terrible enfermedad. Por desdicha, a continuación nada se hizo. Es superfluo presentar una vez más este verdadero flagelo de nuestro siglo que cae sobre los ancianos y, por lo tanto, crecerá en relación con el aumento de la alta expectativa de vida que por fortuna caracteriza a la sociedad de nuestro tiempo, como claramente se refleja en el informe demográfico que en 1997 ha elaborado la Comisión.
De modo que, si se mantienen las tendencias actuales, en los próximos treinta años la población europea protagonizará una evolución tal que el número de las personas de más de sesenta años crecerá en un 50 %. La enfermedad de Alzheimer es una degeneración irreversible e incurable del cerebro, que se produce sobre todo después de los 65 años, conduce a una progresiva declinación psíquica y desemboca en la desaparición total de la autosuficiencia y, sin remedio, en la locura. Por lo tanto, no podemos por menos que alarmarnos frente a lo que se ha convertido en un gran problema humano, social y económico para todos los Estados miembros, sin excluir a ninguno.
Las cifras son de una fuerza impresionante: en la actualidad suman 5 millones las personas afectadas por esta terrible enfermedad. Si además se recuerda que en el 80 % de los casos los enfermos viven en familia y que, en una amplia mayoría de los casos, el peso mayor cae sobre la familia, y por tanto sobre las mujeres, se verá que hoy en la Unión un número impresionante de ciudadanos está sometido a un sufrimiento diario e indescriptible de índole afectiva, psicológica y económica. Fieles al compromiso asumido precisamente ante quienes hoy están en primera línea, en nombre del Partido Popular Europeo una vez más se pide con empeño a la Comisión Ejecutiva que tome sin demora las medidas necesarias para dotar por fin a la Comunidad de un programa específico relativo a la enfermedad de Alzheimer.
Se pide, pues, que la Institución poseedora del derecho de iniciativa cree un programa específico contra esta enfermedad, un programa que sea independiente del de la salud pública en general y de su correspondiente presupuesto, y que se proponga metas objetivas, precisas y específicas: un instrumento que dé continuidad a través del tiempo a los numerosísimos proyectos que anualmente ya elaboran las numerosas organizaciones no gubernamentales que representan a los enfermos de Alzheimer y a sus familias en el ámbito de las actuaciones impulsadas por la Comisión.
Al ratificar el Tratado de Amsterdam con una nueva formulación del artículo 129, referido a la salud pública, la Unión le ha dado un perfil sin duda más elevado. En el Quinto programa marco para las acciones de investigación y desarrollo tecnológico 1998-2002, dentro del aspecto de la prioridad temática relacionada con la calidad de vida en la gestión de los recursos vivos, la acción clave relativa al envejecimiento de la población, con el fin de favorecer la salud y la autonomía de las personas ancianas, hace una referencia explícita a la enfermedad de Alzheimer.
Para enfrentar de verdad un reto como éste, hay que proponer remedios en todos los aspectos. ¡Bienvenida la investigación! Es fundamental proseguir en este sector, pero tampoco hay que olvidar el aspecto social del problema, ése tan concreto contra el que deben luchar cada día millares de familias. Tenemos el deber de dar una respuesta a los que sufren hoy y a los que, infortunadamente, sufrirán mañana. Estoy seguro de que por desdicha muchos de los aquí presentes han conocido familias afectadas por esta terrible enfermedad.
Quiero dedicar unas palabras al informe Viceconte. Como ponente del Partido Popular Europeo quiero manifestar el pleno apoyo al informe del Sr. Viceconte relativo al programa de acción comunitario 1999-2003 sobre las enfermedades poco comunes. En efecto, no se puede estar en desacuerdo: es imprescindible que la Comunidad se dote de un instrumento de esta clase para enfrentar estas tremendas enfermedades que, aun cuando son poco comunes, tienen un impacto limitado en el conjunto de la sociedad y presentan unos índices de morbilidad y de mortalidad bastante bajos, adquieren una importancia muy grande desde el punto de vista económico y, sobre todo, humano. Es preciso dispensar los medios eficaces para el diagnóstico y la asistencia. Sin embargo, por ejemplo la industria farmacéutica manifiesta un interés escaso en este sector, al que considera poco rentable. Desde un punto de vista comercial, las industrias farmacéuticas no muestran propensión a comprometerse en planes de investigación, en vista del bajo número de personas afectadas por las enfermedades poco comunes, porque consideran que no habría mercado para los fármacos destinados a esos males y, por lo tanto, reducen la investigación. O sea que es indispensable la intervención de la Comunidad, una intervención de elevado valor moral, social y humano.

González Álvarez
Señora Presidenta, creo que hay que saludar que se debata un paquete tan importante sobre salud pública hoy aquí en el Pleno; quizá es peor que se haga en la sesión nocturna, porque hay menos participación de diputados y de otros posibles oyentes, pero es importante. Empezando por donde terminó el Sr. Poggiolini, hay que felicitar al señor Viceconte por su informe y agradecerle que haya recogido la mayoría de las enmiendas presentadas por el resto de los Grupos. Mi compañero Pedro Marset intervendrá más tarde y abundará en algunas de las propuestas que hicimos en las enmiendas que, muy amablemente, el ponente nos ha recogido.
En todo caso, en tan poco tiempo, no tengo mucho más que decir sobre el tema de la enfermedad de Alzheimer de lo que ya ha dicho el señor Poggiolini. Sin embargo, aquéllos que, de cerca, hemos visto una enfermedad como ésta sabemos la catástrofe que supone para el propio enfermo, que se entera un poco menos, pero, sobre todo, la tragedia que supone para la familia y para aquéllos que quieren ayudarle o atenderle. Por lo tanto, de acuerdo con lo que ya se dijo aquí, nosotros tenemos muy claro que debe haber un programa de acción, como lo hay en otros ámbitos como el cáncer y demás, puesto que ya hablamos en el informe Viceconte de enfermedades poco comunes, pero, desgraciadamente, la enfermedad de Alzheimer, en el año 2000, con 8 millones posibles de enfermos, será una enfermedad común.
Será muy importante el intercambio de experiencias entre los diferentes países de la Unión Europea; será muy importante la formación del personal especializado, será muy importante, también, que se investiguen las causas de la enfermedad, que se estudien los factores de riesgo y que se haga hincapié en la prevención.
Si algo tiene de bueno el trabajo de la Unión Europea en torno a la salud pública es que prácticamente todos sus programas de acción están dirigidos a la prevención, es decir, a impedir que se produzca la enfermedad. Por lo tanto, nosotros hacemos hincapié en ello y, también, en la ayuda a organizaciones no gubernamentales y a los familiares que trabajan de cerca con enfermos de estas características.

Cabrol
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la enfermedad de Alzheimer representa una amenaza grave para la población de la Unión Europea, que ve aumentar sin cesar el número de personas de edad avanzada, las más afectadas. Las estadísticas prevén que en el año 2000 habrá ocho millones de personas afectadas en la Unión Europea, lo que representa el 2 %, aproximadamente, de la población de más de 65 años.
Más allá de esas cifras, se debe calibrar la importancia de esa enfermedad por el gran sufrimiento y las graves consecuencias que entrañará para las familias, obligadas a disponer una asistencia a cada instante para las personas afectadas. Esa enfermedad es también preocupante por la falta de conocimientos médicos sobre sus causas y su tratamiento. Por eso, una primera medida del Parlamento ha sido la de adoptar una línea presupuestaria para la financiación específica de la lucha contra la enfermedad de Alzheimer.
Pero hay que ir más lejos y la Comisión debe aprovechar nuestra resolución para presentar, en el marco de la futura comunicación sobre la salud pública, un programa de lucha concreta contra la enfermedad de Alzheimer y un apoyo a las asociaciones que participan en ese combate. Hay que agrupar esas iniciativas junto con las de la Organización Mundial de la Salud y de todas las organizaciones activas en esa esfera. La lucha contra esta enfermedad requiere también un intercambio de datos dentro de la Unión Europea y una coordinación a escala comunitaria.
Asimismo, habría que aprovechar para crear ese indispensable centro europeo de epidemiología que reclamamos en todos los informes sobre la salud pública y que en todas las ocasiones rechazan el Consejo y la Comisión Europea. Veo que el Sr. Flynn sonríe, pero, ¡el caso es que es verdad!
Así, pues, deseo que el Parlamento apoye esa petición, tan importante para obtener con las acciones comunitarias en materia de salud los resultados que todos esperamos.

McKenna
Opino que la UE no se toma en serio la enfermedad de Alzheimer. En 1997, se destinaron menos de 2 millones de ecus a la investigación de la enfermedad. En la UE hay ocho millones de personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, por lo que, en realidad, la UE ha destinado menos de 13 francos belgas por paciente. Hace falta un programa de acción de la UE con una financiación adecuada, como en los casos de Europa contra el Cáncer y Europa contra el SIDA, que despierte la concienciación sobre la enfermedad y permita coordinar las actividades de lucha contra la misma.
Además, las autoridades nacionales deberían examinar el modo de mejorar sus servicios, y prestar atención a la mejora de la detección precoz para que se pueda informar antes a las víctimas que padecen la enfermedad y éstas puedan decidir si quieren ser atendidas en su propia casa o ingresar en una residencia antes de que les sobrevenga la demencia aguda. Los gobiernos también deben saber que las personas que se encargan del cuidado de los enfermos necesitan más ayuda y las autoridades sanitarias de los Estados miembros deberán contratar a más personal para proporcionar a dichos cuidadores un descanso, asistencia durante el día o cualquier otro tipo de ayuda. Con más ayuda de este tipo, las personas que deseen mantener en casa durante más tiempo a sus seres queridos afectados, podrían hacerlo.
Este Parlamento se ha pronunciado a favor de una serie de cosas: el reconocimiento de la enfermedad de Alzheimer como un azote importante para la salud en el sentido del artículo 129 del Tratado; el establecimiento de un programa de acción para combatir la enfermedad de Alzheimer y los desórdenes derivados que figure entre las prioridades del nuevo programa comunitario de salud pública; el reconocimiento del importante papel que desempeñan los familiares que se encargan de cuidar al enfermo, de la Europa de la enfermedad Alzheimer y sus organizaciones nacionales asociadas; y, por último, la creación de una red europea y apoyo a las redes existentes que trabajan con personas afectadas por esta enfermedad.

Flynn
Señora Presidenta, me siento muy alentado al ver tantos temas relativos a la salud en el orden del día de esta noche. Ciertamente me produce satisfacción ver cumplida la promesa que hice al Parlamento de presentar ocho propuestas para programas de salud, y el Parlamento ha sido de gran ayuda en el cumplimiento de esta promesa.
Las tres propuestas de acción que tienen ante ustedes completan el marco de acción de 1993 en el ámbito de la salud pública. Los ocho programas de acción en el ámbito de la salud pública han sido respaldados por el Parlamento como prioridades a la hora de analizar el tipo de políticas de salud pública que podría desarrollar la Comunidad en virtud del Tratado de Maastricht. Espero que obtengan el apoyo de ustedes. Gracias a los esfuerzos de los ponentes y de la comisión, el Consejo de Salud podrá adoptar posiciones comunes en su reunión del 30 de abril.
Deseo ofrecer la respuesta de la Comisión, comenzando por el programa sobre la prevención de traumatismos. El excelente trabajo del Sr. Trakatellis y de la comisión resulta evidente por su elevada calidad y el buen criterio de las enmiendas presentadas, que harán una importante aportación al potencial del programa. En total, la Comisión puede aceptar 23 enmiendas, bien en su totalidad o en parte.
Las cinco enmiendas que la Comisión no puede aceptar son relativas a la comitología; a saber, la enmienda 21, que no se ajusta al texto de la decisión sobre la comitología; a la coherencia y la complementariedad de las acciones comunitarias - enmiendas 10, 14 y 20, que no se ajustan al texto utilizado en decisiones anteriores sobre los programas de salud pública; y a una acción que no entra en el ámbito del artículo 129 -la enmienda 27.
Paso, a continuación, a la propuesta sobre enfermedades poco comunes. Me complace especialmente comprobar el progreso alcanzado en un aspecto del sufrimiento humano algo descuidado y olvidado. En este sentido, no deja de crecer el apoyo al programa. El informe del Sr. Viceconte demuestra que muchos diputados al Parlamento Europeo están convencidos de la necesidad de este programa, al igual que de su utilidad. Para el propósito del programa, las enfermedades poco comunes se definen como aquellas que presentan una amenaza para la vida o son crónicamente debilitadoras y que tienen una incidencia tan baja, que se insta de manera especial a aunar los esfuerzos. En este ámbito es mucho lo que la Comunidad puede ofrecer. No obstante, para que su gestión sea viable, deberán agregarse diversas enfermedades hasta formar un grupo más amplio que comparta las mismas características. Ello permitirá emprender un mayor número de intervenciones e iniciar acciones coordinadas con respecto a los pacientes que, de otro modo, podrían quedar aislados.
La Comisión puede aceptar 16 de las 29 enmiendas presentadas, bien en su totalidad -3, 5 y 22- o en parte -1, 2, 7, 8 y 9, 12, 16, 17, 23, 25, 26, 27 y 28.
Las razones por las que rechazamos las 13 enmiendas restantes son las siguientes: 4 enmiendas no son aceptables por motivos jurídicos, a saber, las enmiendas 6, 10, 20 y 21. Tres son inadmisiblemente limitadoras: las enmiendas 4, 15 y 24. Tres están contempladas en alguna otra parte: las enmiendas 11, 13 y 29. Una -la enmienda 18- queda fuera del ámbito del programa. Dos son inaceptables por restricciones presupuestarias: las enmiendas 14 y 19.
Deseo decir unas palabras sobre el problema presupuestario, que me consta que es un tema que preocupa mucho al Parlamento y al que ha hecho referencia la práctica totalidad de los diputados aquí presentes esta noche. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor votó a favor de la concesión de 14 millones de ecus para los años 1999-2003. La actual situación de las perspectivas financieras, sin embargo, hace imposible la concesión de dicho importe. A pesar de que la situación exacta está aún por aclarar -y espero que la autoridad presupuestaria llegue a una posición definitiva al respecto- parece no haber cabida para un marco financiero que sobrepase los 1, 3 millones de ecus por año. No les oculto el hecho de que lamento la incertidumbre sobre las futuras perspectivas financieras y las consecuencias que ello entrañará para el programa. Sólo puedo desear que la decisión se aclare antes de que se tome una decisión definitiva sobre el programa.
Permítanme que pase al programa sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. El Sr. Cabrol, el incansable ponente, me atrevería a añadir, ha elaborado un valioso informe sobre este tema, que aúna los principales hilos de competencia de la comisión. Según él, el medio ambiente y la salud están relacionados de modo inextricable, y ya es hora de que la Comunidad se decida finalmente a emprender acciones en este ámbito.
Volviendo a las 16 enmiendas, quisiera indicar que la Comisión puede aceptar cinco de ellas. Podemos aceptar la enmienda 7 en su totalidad y las enmiendas 3, 8, 9 y 10 en parte. Las enmiendas que la Comisión no puede aceptar son las siguientes: la enmienda 5, relativa al presupuesto, por los motivos que acabo de exponer en relación con el programa sobre las enfermedades poco comunes. Las enmiendas 4, 11, 12 y 13, porque amplían el alcance de la acción propuesta hasta límites inadmisibles. Las enmiendas 1 y 2 no pueden ser aceptadas porque hacen referencia al Tratado de Amsterdam que aún no ha sido ratificado, mientras que la enmienda 6 no es coherente con el texto correspondiente utilizado en decisiones anteriores sobre los programas de salud pública.
Por último, las enmiendas 14, 15 y 16 tienen que ser rechazadas, porque, inadmisiblemente, limitan el ámbito del programa únicamente a un trabajo preliminar. Ello reduciría la duración del programa a tres años, lo que nos impediría lograr una aplicación adecuada y la evaluación de las acciones propuestas. No obstante, la Asamblea puede estar segura de que la acción iniciada bajo un programa quinquenal continuará en un nuevo marco para la salud pública y se reanudará debidamente. El Sr. Cabrol se ha referido específicamente a este aspecto.
Explicaré por qué prestamos más atención a las enfermedades respiratorias y a las alergias. En primer lugar, dichas enfermedades han experimentado un fuerte incremento en estos últimos años. Algunos Estados miembros han adquirido mucha experiencia en medidas de prevención en estos ámbitos. Proponemos que dicha experiencia se ponga a disposición de todos. También proponemos aunar las acciones más eficaces de los diferentes Estados miembros, especialmente a través de la "autoayuda» y de grupos de apoyo para las personas que sufren de asma y alergias. Esto no quiere decir que no vayan a incluirse otras enfermedades relacionadas con la contaminación. Las Partes I y II de este programa de acción tratan sobre todas las enfermedades relacionadas con la contaminación, sin excepción. No obstante, las acciones específicas destinadas al cáncer, los problemas cardiovasculares y las enfermedades transmisibles relacionadas con factores medioambientales ya están contempladas en otros programas. Hubiera sido una duplicación tratar sobre ellas en nuestras acciones específicas.
Permítanme que pase al informe de la Sra. Flemming sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud en las políticas comunitarias. Quiero darle las gracias, señora Flemming, por su excelente y completo informe y también por sus comentarios de apoyo.
El Tratado de Maastricht obliga a la Comunidad a garantizar que las exigencias en materia de protección de la salud forman una parte integral de las políticas comunitarias. La Comisión ha puesto en marcha una serie de procedimientos para cumplir este requisito. El informe anual sobre las exigencias en materia de salud refleja la amplia gama de políticas que son relevantes para la salud y en las que se centra su informe sobre el segundo informe -el informe que cubre 1995. El tercer informe, relativo a 1996, acaba de ser publicado.
No siempre es evidente cuál es la mejor forma de integrar las exigencias en materia de salud en las políticas comunitarias o de evaluar las repercusiones para la salud de los ciudadanos comunitarios de una determinada política o acción de los Estados miembros. El informe del Parlamento apunta a una serie de direcciones que podrían seguir los trabajos en el futuro para ser de utilidad -usted las ha mencionado en su intervención- y contiene varias sugerencias y propuestas para que nos esforcemos en este ámbito y que la Comisión está dispuesta a tomar en consideración. Me comprometo desde ahora a tomarlas en consideración detalladamente y a analizarlas para nuestro próximo informe.
Habida cuenta de que el Tratado de Amsterdam ampliará considerablemente el alcance de las disposiciones sobre la protección de la salud en las políticas comunitarias, me gustaría tener la oportunidad de continuar el diálogo con el Parlamento sobre la mejor forma de garantizar que las consideraciones en materia de salud son debidamente tenidas en cuenta en todos los ámbitos de las políticas comunitarias. Sin duda será uno de los temas centrales de nuestros debates sobre futuras políticas en materia de salud. De hecho, me he sentido reconfortado al comprobar que el Parlamento comparte mi intención de lanzar un debate sobre la futura política de salud pública de la Comunidad. Espero poder publicar en un futuro próximo una comunicación sobre este mismo tema. Estoy convencido de que proporcionará la base para un intercambio adecuado de opiniones con las instituciones, opiniones que se harán llegar a todas las partes interesadas en este ámbito.
Quisiera decir unas palabras sobre la enfermedad de Alzheimer, puesto que han sido muchos los diputados que han hablado sobre este aspecto concreto. Muchos políticos aún no aprecian en su totalidad la gravedad de esta terrible enfermedad y su creciente importancia. No obstante, el Parlamento es la excepción. A través de sus iniciativas durante estos últimos años para promover acciones relativas a la enfermedad de Alzheimer, el Parlamento ha demostrado que está en sintonía con las serias preocupaciones que sienten los ciudadanos europeos en este aspecto en particular.
Estudio tras estudio han demostrado que deberíamos prepararnos para un importante aumento del número de personas que contraerán esta enfermedad. El Sr. Poggiolini lo ha explicado con toda claridad. Debemos actuar ahora para estar preparados a hacer frente a las repercusiones que tendrá sobre nuestros sistemas sanitarios. Gracias a los fondos que aprobó el Parlamento para la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, la Comisión está proporcionando asistencia a los Estados miembros y ayudando a coordinar sus actividades en este ámbito. La Sra. McKenna se ha referido a este aspecto, cuando apuntó a la necesidad de mejorar la coordinación en este campo.
Con respecto a sus peticiones de intensificar la investigación en este área, el acuerdo político sobre la posición común relativa al Quinto programa marco de IDT alcanzado en el Consejo de Investigación de 12 de febrero de 1998 sostiene unos objetivos precisos y claramente definidos, y el primer programa temático titulado Improving the Quality of Life and the Management of Living Resources comprende una acción clave sobre el envejecimiento de la población, que incluye a pacientes con desórdenes neurológicos crónicos. Hay que reconocer que el margen de acción es bastante limitado, puesto que la prevención de la enfermedad de Alzheimer no es posible y que a nivel comunitario en el Tratado no existe ningún fundamento jurídico adecuado que permita ir más allá de la prevención y la investigación. Esto da lugar a numerosas dificultades a la hora de planificar un posible programa de acción.
Pero desde 1995, la Comisión ha financiado o cofinanciado 58 proyectos diferentes. Estos proyectos mejoran la base de conocimientos, el intercambio de información, la calidad de vida de las personas afectadas y dan apoyo a los cuidadores no profesionales. Atribuyo especial importancia a lo que podamos hacer en el sentido de ofrecer una mejor asistencia y formación a los cuidadores de personas que tienen la desgracia de padecer esta enfermedad.
A partir de estos de proyectos se han desarrollado modelos de buena práctica. He tomado nota del firme mensaje de que compartir esta buena práctica -el ponente ha insistido en este punto- debe ser una parte integral de todo lo que hagamos. Es lo que esperamos poder desarrollar.
Por último, en cuanto a un programa de acción específico para la enfermedad de Alzheimer, que ha sido mencionado por varios diputados -en particular por la Sra. McKenna-, la próxima comunicación sobre el desarrollo de una política en materia de salud pública en la Comunidad Europea nos brindará una excelente oportunidad para discutir sobre el lugar que en el futuro deberá ocupar un programa de acción como éste. Presentaré una comunicación en un futuro próximo. Por tanto, muy pronto tendremos la oportunidad -que creo que debemos explotar al máximo- de profundizar sobre este argumento que con tanta fuerza han presentado tantos diputados esta noche.

El Presidente
Como conclusión de este debate, he recibido siete propuestas de resolución.
La votación sobre dichas propuestas de resolución tendrá lugar mañana.

Needle
Gracias señora Presidenta, señor Comisario y colegas. Acabamos de oír una intervención de gran utilidad, que estoy seguro de que todos acogeremos con satisfacción y podremos profundizar en ella. Permítanme decir, en primer lugar, que esta noche me siento tentado a sugerir que realicemos un estudio sobre los efectos que tiene para la salud trabajar siempre en la oscuridad. En vista de los comentarios realizados por el Sr. Poggiolini hace un momento, quizá podamos presentar una petición a los servicios de este Parlamento para que alguna vez celebremos un debate sobre temas de salud durante el día, en vez de a estas altas horas de la noche. No obstante, debemos alegrarnos por el hecho de que estemos celebrando un debate conjunto de esta naturaleza y que junto con los debates que celebraremos sobre la seguridad de la sangre y la publicidad del tabaco durante las próximas sesiones plenarias, elevará muy considerablemente el perfil de la cartera de sanidad de la Unión Europea. Sé que esta semana, los medios de comunicación han mostrado un gran interés por estos programas en particular. El Profesor Trakatellis, por ejemplo, ha aparecido en cadenas de televisión de difusión mundial, y es muy importante que la opinión pública sepa lo que se está haciendo, a pesar de lo poco concurrida que está la Asamblea esta noche.
También es oportuno que celebremos un debate conjunto de esta categoría por las razones que el Comisario ha expuesto durante su intervención, y quisiera extenderme un poco aprovechando que es tan oportuno. Precisamente podemos profundizar en estos temas porque la Comisión se dispone a presentar una comunicación sobre el futuro marco que permitirá la introducción de medidas tan útiles como las que ha presentado cuando, esperemos, se haya ratificado el Tratado de Amsterdam. El Parlamento está cumpliendo con su deber -una audición en comisión en octubre intentará hacer una evaluación del programa hasta la fecha y, a continuación, desempeñará su papel en la búsqueda de una interpretación constructiva del que será el nuevo artículo 152.
La ironía esta noche, naturalmente, es que por muy rápido que avance el Parlamento, los programas sobre enfermedades poco comunes, sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación y sobre la prevención de traumatismos y accidentes no comenzarán a aplicarse hasta que se haya realizado la evaluación, lo que demuestra la lentitud con que se desarrollan los programas desde el Tratado de Maastricht. Muchos grupos de presión que trabajan en este ámbito argumentarán que sus prioridades aún no han sido atendidas debidamente, y mucho menos evaluadas. Una ocasión como ésta es una oportunidad única para afirmar que la salud pública merece recibir mucho más prioridad en la UE, tanto a nivel de la Comisión como de los gobiernos de los Estados miembros, al igual que en el Parlamento. Sé que el Comisario y su equipo así lo desean, pero debemos ayudarles a convencer a sus colegas menos instruidos sobre esta necesidad, sobre todo en época de presupuestos.
También sé que Luxemburgo es un magnífico Estado, pero que cuando la mayoría de los funcionarios que trabajan en la salud pública se encuentran físicamente alejados de Bruselas, el problema es tangible. Espero que la Comisión vuelva a analizar su estructura interna. La decisión de tener múltiples sedes fue tomada, naturalmente, por los gobiernos de los Estados miembros, y lo único que me propongo es indicar las consecuencias de acciones como éstas. Dichos gobiernos suelen adoptar una posición minimalista sobre el papel comunitario en la salud pública y, en su conjunto, ha sido demasiado negativa y limitada. La mayoría si no la totalidad de los diputados que se encuentran aquí esta noche se sienten comprometidos con el desarrollo de ese papel y presento mis respetos a una sucesión de ponentes que han intentado hacer una aportación progresista al debate, incluidos los aquí presentes esta noche.
No es ideología. Es la expresión de muchos profesionales de la salud y de organizaciones no gubernamentales, que están pidiendo a gritos soluciones sensatas a los problemas comunes que existen en todo el continente. Muchos diputados aquí presentes son invitados, como lo soy yo, a conferencias, algunas organizadas por Presidentes en ejercicio, expertos racionales de enorme experiencia que buscan la participación comunitaria en la solución a los problemas internacionales que no pueden ser atajados debidamente a nivel local o nacional. Los Estados miembros suelen apuntar a la Organización Mundial de la Salud como el organismo idóneo para ello que, naturalmente, tiene una función crucial, y deberíamos fomentar una mayor cooperación de la Comisión con la OMS, como hacen a menudo diputados aquí presentes. Pero esta visión desatiende la creciente esencia económica y social de la Unión Europea, la oportunidad única que le ofrece de canalizar la acción relevante para la protección de la salud y su promoción entre los ciudadanos. Esto no es un simple mercado; es una comunidad. Su población tiene derechos y responsabilidades. Se trata de un argumento moral, social, jurídico y económico y de un argumento sensato en favor de situar en el corazón de dicha comunidad buenas políticas en materia de salud pública.
Creo que la Comisión así lo reconoce y que pronto presentará propuestas ambiciosas y prácticas sobre un nuevo marco. Tendrán un enfoque más horizontal, ofrecerán mayor valor añadido y proporcionarán oportunidades a la UE y a sus Estados miembros de trabajar juntos con mucho más eficacia en temas de salud en un sentido más amplio dentro de lo estipulado en el Tratado.
En referencia específica a las propuestas de esta noche, en primer lugar, el Sr. Viceconte ha elaborado una gratificante aportación al creciente debate sobre las necesidades de las personas que padecen enfermedades poco comunes en cuanto a otros preparados como, por ejemplo, medicamentos "huérfanos», además del desarrollo de principios y prioridades en materia de investigación. Mi colega, la Sra. Marinucci, comentará más detenidamente las disposiciones específicas del informe. Pero en cada uno de los tres programas, esta noche deberemos pelear por la necesidad de financiar sus contenidos de manera adecuada y sostenible.
Oigo lo que dice el Comisario. Tenemos que ser realistas, el dinero tiene que salir de algún sitio, debe proporcionar un valor añadido de utilidad a los planes nacionales y ser utilizado de modo responsable. Pero la otra cara de la moneda es que si necesitáramos otro pequeño programa europeo, del que una parte demasiado grande se destinara a hacer una evaluación de la gestión, y las mismas personas que el programa intenta ayudar son disuadidas de participar ante la falta de competencia en la utilización de los fondos para hacer previsiones o construir redes, muchas organizaciones de voluntarios no podrán dedicar sus recursos ni su tiempo a elaborar dichas propuestas y sencillamente optarían por no intervenir.
El programa sobre enfermedades poco comunes, por definición, va dirigido a pequeños grupos, incluso a nivel familiar, que a menudo se enfrentan a una enorme burocracia para la que este tipo de gastos constituye poco más que una comilona. Por eso vale la pena luchar por conseguir más a través de este Parlamento y también vale la pena incluir la experiencia de los consumidores o pacientes en los comités responsables de hacer una evaluación del desarrollo del programa.
Dichas enmiendas son aplicables también a los excelentes informes de los Profesores Cabrol y Trakatellis respectivamente, y no tengo intención de volver a repetir los comentarios sobre los presupuestos. El informe Cabrol identifica con agudeza las dolencias que van más allá de condiciones respiratorias que sería útil incluirlas en la competencia del programa para atajar las enfermedades relacionadas con la contaminación. Junto con otras acciones en materia de medio ambiente que persigue este Parlamento, dicho informe representa literalmente un soplo de aire fresco para las políticas de salud y merece recibir nuestro apoyo.
Deseo pasar a las propuestas sobre accidentes y traumatismos que, en mi opinión, podrían tener enormes repercusiones sobre la vida del ciudadano medio. Tanto si practican deportes como si llevan una vida normal, es asombroso el número de ciudadanos europeos que sufren traumatismos en accidentes que les ocasionan minusvalías o incluso la muerte, como recoge detalladamente el informe. En ese contexto, la propuesta de la Comisión está plenamente justificada y la mejoras que propone el Sr. Trakatellis representan una excelente aportación que merece todo nuestro apoyo. En particular, la necesidad de reforzar el sistema Ehlass de investigación, así como compartir la información, es fundamental e ilustra la falta de coherencia interna en el seno de la Comisión, a la que me he referido antes. El año pasado tuve ocasión de experimentar directamente su funcionamiento, tras romperme una mano en Bruselas. Puede que, a mi edad, no hubiera debido jugar al crícket y evitar el peligro. Puede que yo haya representado una extraña cresta estadística en la encuesta que llevó a cabo el hospital de mi localidad, pero más tarde muchos médicos se dirigieron a mí para decirme que la información de dichas encuestas les fue de gran utilidad. He recibido información adicional sobre los resultados de la publicación de la propuesta, que sugiere que serán muy numerosas las ventajas inesperadas de este programa en su aplicación en las empresas. Me gusta el alcance y el posible impacto en el día a día del programa y del informe, y los recomiendo encarecidamente, con la previsible advertencia sobre los presupuestos.
Habida cuenta de la, a menudo, errática naturaleza de la asistencia y del tratamiento en los Estados miembros de la enfermedad de Alzheimer, del número y la proporción crecientes de ciudadanos de edad avanzada en Europa, y de la evidencia de que la creciente longevidad no siempre equivale a mejor calidad de vida, es absolutamente comprensible que presentemos y exijamos medidas urgentes para luchar contra esta enfermedad. Asimismo debemos buscar un acuerdo sobre la prioridad de las actividades que tengan resonancia entre los círculos profesionales, científicos y sociales. Todos conocemos a abnegados defensores de las distintas prioridades que llaman a la puerta con sus necesidades especiales. Nosotros y la Comisión debemos poder justificar el desarrollo sostenible de las prioridades de las políticas de salud dentro de un marco muy claro para evitar acusaciones de apego emocional y de intereses creados. Dicha justificación es manifiesta en el caso de la enfermedad de Alzheimer, y ahora que se han puesto en marcha los ocho programas iniciales, aunque aún están lejos de su aplicación, es oportuno poner nuestra mirada en el futuro.
Nos esperan grandes desafíos. Esta misma semana, una importante conferencia en los Estados Unidos está expresando sus temores acerca de la incapacidad de las sociedades desarrolladas y en desarrollo por igual, de combatir y prevenir la reaparición de enfermedades que se creían erradicadas. Prácticamente cada día surgen temores acerca de la seguridad de la sangre y los alimentos. Cuestiones como dietas, estilos de vida, medio ambiente y la propia ciencia médica exigirán importantes respuestas comunitarias, motivo por el que es importante que avancemos de modo coherente y continuo, y por el que los controles que proporcionan los informes como el de la Sra. Flemming sobre la integración de las políticas de salud en toda la gama de competencias de la UE son tan importantes y reveladores. El informe hace hincapié en un desarrollo coherente, y la necesaria integración es ilustrada por mi última petición de apoyo de esta noche. Sus recomendaciones sobre el futuro a largo plazo de la reforma de las políticas agrícolas, que abarcan casi la mitad del presupuesto y, en particular, el objetivo de retirar las subvenciones a la producción de tabaco durante la próxima década merecen recibir el firme apoyo de esta Asamblea.
No es la noche indicada para poner a prueba argumentos acerca de las enfermedades reales que provoca el consumo de tabaco. Eso llegará pronto, al igual que lo harán grandes debates sobre las reformas de nuestras estructuras agrícolas. El mundo lo exige y nuestros ciudadanos esperarán de nosotros, como sus protectores, que cumplamos con nuestro deber de retirar las amenazas y los riesgos para la salud. Con el rechazo de las cuatro enmiendas al útil informe de las Sra. Flemming aprobado en comisión, esta Asamblea podrá mañana dar un pequeño paso adelante a la espera de batallas mucho mayores que se librarán en los próximos meses y años.

Liese
Señora Presidenta, Señorías, la política sanitaria está adquiriendo una importancia creciente en Europa. Lo establece el Tratado de Amsterdam y es bueno que sea así, pues durante demasiado tiempo la Comunidad Europea sólo se ha ocupado de la libre circulación de mercancías en el ámbito del mercado interior y ha prestado demasiado poca atención a otros aspectos, que sin embargo están relacionados con aquélla.
El tema de la subsidiariedad se plantea a menudo, sobre todo cuando la Unión Europea desea adoptar un papel activo y no limitarse sólo a tener en cuenta la política sanitaria en otros ámbitos. Yo creo que al menos en dos de los tres programas que hoy se debaten no se plantea en absoluto el tema de la subsidiariedad, pues es evidente que en el caso de las enfermedades raras es imposible emprender acciones razonables cuando en un Estado miembro sólo hay diez afectados. Pero cuando bastante más de un centenar de personas están afectadas por la misma enfermedad en el conjunto de la UE, ya vale la pena adoptar alguna medida y yo creo que en este caso existe visiblemente un valor añadido europeo.
Yo voy a concentrarme en las enfermedades de carácter medioambiental. Todos sabemos que éste es un grave problemas y que muchas enfermedades están asociadas a una contaminación excesiva. Yo me planteo algunos interrogantes críticos sobre la idoneidad del presente programa para dar una respuesta satisfactoria a dicho problema. Yo pienso -y el Grupo del PPE también ha presentado varias enmiendas por este motivo- que las enfermedades relacionadas con las condiciones medioambientales deben constituir un aspecto esencial de una nueva política sanitaria de la Unión Europea y que no podemos abordarlas mediante un programa tan reducido. Por esto pensamos que es necesario iniciar ahora los trabajos preparatorios para elaborar luego un programa fundamental realmente importante. Esto nos permitiría lograr un resultado verdaderamente sólido, que englobase todas las enfermedades asociadas a las condiciones medioambientales. Por lo tanto, no se deben seguir estableciendo diferencias entre las enfermedades respiratorias y las enfermedades cancerosas asociadas a las condiciones medioambientales, por ejemplo. Todas deben agruparse. Yo solicito, por consiguiente, el voto afirmativo para las correspondientes enmiendas del PPE.
Es importante, no obstante, que no nos limitemos a investigar y a reunir datos, sino que también se extraigan luego las debidas consecuencias. El Parlamento así lo ha hecho en el caso del programa Auto Oil y nosotros pedimos a la Comisión que haga suyas nuestras enmiendas en este sentido. También el fumar es un problema de contaminación, al menos en el caso de los fumadores pasivos, y por lo tanto yo quiero reiterar mi apoyo al informe de la Sra. Flemming. Esto tiene que ser muy doloroso para usted, señor Comisario Flynn: la Sra. Flemming ha hecho una propuesta magnífica en el apartado 10, a saber, que se supriman finalmente las subvenciones al tabaco y que necesitamos una reforma en este sentido, y usted no puede manifestar su opinión al respecto, pues sus colegas no se lo permiten. Por favor, siga luchando para que se supriman las subvenciones al tabaco; ¡cuenta usted con nuestro apoyo!

Parodi
Señora Presidenta, quisiera hacer unas reflexiones de carácter institucional sobre el futuro. En 1984, cuando empecé a acudir a esta Asamblea, pedí que se instituyera una subcomisión para la protección de la salud. Creo que hoy se reconoce que esto es indispensable. Por otra parte, me permito decir con humor que sin salud ni siquiera se pueden hacer los palacios faraónicos del Parlamento: a continuación sería bueno que pensáramos por un instante en nosotros mismos.
También quisiera decir, y estoy de acuerdo con la Sra. Flemming, que la directiva sobre la libre circulación de los médicos, sobre el reconocimiento recíproco -de la que entre otros fui autor-, ha fracasado. Es necesario revisar esta directiva. Los médicos viejos difícilmente se desplazan, y por lo tanto hay que pensar en invertir, como dice la ponente, en los médicos en etapa de formación, tratar que vayan a distintos países. Además de esto, también insto a que se ponga atención en el número de médicos: actualmente, en la Unión Europea, existe una gran cantidad de médicos, un flujo enorme, a menudo relacionado con el número de cátedras universitarias y no con el de pacientes. Por consiguiente, me parecería oportuno estudiar este problema, porque no tenemos necesidad de licenciados en medicina sino de médicos preparados, y creo que el conocimiento de los quince países podría llevar a niveles profesionales muy elevados.
Por último, quiero recomendar el Libro verde sobre la salud. También ruego a todos que contemplen el problema de los ancianos, con un estudio ya sea sobre el aumento de la tasa de envejecimiento o bien sobre la bajada de la natalidad, pues habrá que proponerlo sin tapujos, en un futuro cercano, a la atención del Parlamento. Dentro de diez años éste será el problema más importante de la Unión Europea y lo mejor sería empezar a atenderlo desde hoy.

Eisma
Presidente, mis colegas Cars y Lindqvist comentarán algo sobre la cuestión de Alzheimer y yo haré unas observaciones sobre el informe Cabrol.
Estoy de acuerdo con el ponente Cabrol de que el programa de acción de las enfermedades relacionadas con la contaminación medioambiental tiene demasiadas limitaciones. Nos parece también que se debe prestar más atención a las enfermedades que son consecuencia del exceso de ruido, de la alimentación contaminada, del tabaco y del agua contaminada. Estamos completamente de acuerdo con el texto de la Sra. Flemming cuando se trata de la producción de tabaco.
Esperamos que el Comisario pueda aumentar esos 1, 3 millones de ecus destinados a este programa para el período 1999-2003 para el primer año a 14 millones de ecus. He podido detectar cierta disposición por parte del Comisario y estamos esperando.
Como punto final, presentamos una enmienda y se trata de una central para el registro de quejas relacionadas con la salud ocasionadas por el medio ambiente. Dicha central ya existe en los Países Bajos y también en Bélgica. La ventaja de dicha central es que de tal forma se pueden detectar antes los problemas relacionados con la salud. No perseguimos la constitución de una nueva institución pero sí queremos fomentar una red de registros a nivel nacional. Esto también cuesta dinero y por eso no entendemos porqué el Comisario está en contra de la enmienda 13 del grupo parlamentario liberal. Esperamos que mis colegas voten mañana a favor de esa enmienda 13, ya que es un buen complemento del programa de acción.

Marset Campos
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, deseo, en primer lugar, expresar nuestra profunda convicción sobre la idoneidad de los informes que han sido presentados por los señores Trakatellis, Viceconte, Cabrol, así como también la señora Flemming, a quienes nuestro Grupo de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica va a apoyar.
Precisamente decía antes mi compañera Laura González que hemos agradecido la inclusión de enmiendas nuestras en estos informes. Quisiera poner algunos ejemplos para luego sacar conclusiones generales. Hemos visto que es importante destacar la necesidad de una infraestructura de información científica, un banco de datos, un sistema de vigilancia, una red de difusión de la información (puesto que es imprescindible para poder atacar estas enfermedades poco comunes), la implicación en ello de los familiares y de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos que ayudan a estos enfermos para poder avanzar en una mejor cooperación de la sociedad. También es importante el compromiso de la investigación, de la enseñanza y de la educación en estas cuestiones, y ello supone también, por último, que hace falta aumentar el presupuesto económico para poder hacer frente a estas necesidades.
Precisamente de aquí parten las reflexiones: no es posible hacer frente a estas cuestiones con presupuestos raquíticos como el que tenemos actualmente, y ello pone en cuestión el modelo económico que estamos construyendo en Europa; hace falta un modelo diferente, una visión más solidaria; es imposible estar poniendo dos velas, una vela al diablo y una vela a Dios; hace falta modificar este modelo que tenemos actualmente.
En segundo lugar, hacen falta instrumentos comunes: es incomprensible cómo no se pone en marcha la red de vigilancia, un sólido sistema epidemiológico y también instrumentos comunes necesarios para una acción eficaz.
Y, por último, deseo poner también en evidencia la necesidad de servicios sanitarios que tengan aspectos comunes.

Tamino
Señora Presidenta, creo que, a pesar del bajo número de diputados presentes y de lo tardío de la hora, a nadie escapa la importancia de esta discusión y el hecho de que la política sanitaria cada día adquiera mayor importancia incluso en la política de la Unión Europea, aunque aún de un modo insuficiente respecto a los problemas que aún hoy no se han solucionado. Sin duda, desde el punto de vista de las competencias, la Unión Europea tendrá que tratar de coordinar una política general y adoptar las iniciativas que permitan favorecer los sistemas adecuados para garantizar la prevención; los informes de hoy apuntan hacia esta dirección.
La existencia de un nexo entre los distintos problemas de la sanidad pública se demuestra en el debate de hoy, porque dentro de un enfoque de protección general de la salud, nos ocupamos tanto de un programa que se refiere a las enfermedades relacionadas con la contaminación como de las enfermedades poco comunes. Quiero referirme sobre todo a esta última previsión -y vaya por delante que los Verdes estamos a favor del conjunto de las propuestas presentadas- para destacar que se necesita un alto nivel de protección en lo relativo a las enfermedades poco habituales y, en cierto modo, una profundización del conocimiento de esos males porque, como lo dice el informe de la Comisión, la definición de enfermedad poco común es variable.
Tenemos ejemplos como el de la enfermedad de Alzheimer: hasta hace poco tiempo se la consideraba una afección poco común, pero hoy en parte por el aumento de la expectativa de vida se está convirtiendo en una enfermedad común. En la actualidad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y también la EEB están consideradas como enfermedades poco comunes, pero en un futuro podrían dejar de serlo si en materia de prevención no se escogen las soluciones acertadas.
Por consiguiente, es importante que haya una política de prevención de las enfermedades poco comunes, de estudio común colectivo, porque los Estados pequeños no podrán tener un conocimiento preciso de estas enfermedades y porque es preciso que haya una intervención pública, de investigación pública, incluso en el campo de las medicinas necesarias para resolver los problemas derivados.

Martinez
Señora Presidenta, la sabiduría popular dice «más vale tarde que nunca». La Comisión Europea, que de 1986 a 1996 dejó circular libremente los bovinos contaminados y las harinas contaminadas, se preocupa ahora por la salud de los europeos. O sea, que, incluso en los peores hombres, siempre es posible la gracia.
Tenemos hoy ante nosotros textos sobre las enfermedades debidas a la contaminación, sobre las heridas, sobre la enfermedad de Alzheimer, sobre las enfermedades poco comunes. Por lo demás, se podrían haber añadido las enfermedades de reciente aparición o reaparición con la libre circulación, que permite el regreso de la tuberculosis, el paludismo u otras enfermedades virales como la provocada por el virus de Ebola.
Y la Comisión interviene porque el artículo 129 de los Tratados europeos le asigna la tarea de garantizar un nivel elevado de protección de la salud. Seguramente las treinta personas que tienen una Creutzfeld-Jacob atípica deben de considerar algo irónico ese artículo 129.
En cuanto a la enfermedad de Creutzfeld-Jacob precisamente -mi colega hablaba antes al respecto-, se trata de una enfermedad poco común de momento, pero que podría llegar a serlo cada vez menos, como otras. La lepra aún es poco común entre nosotros, pero tal vez la libre circulación la vuelva más común. Por otra parte, el aumento de la esperanza de vida podría volver más frecuentes enfermedades como la de Alzheimer.
Se nos ha dicho que no era posible el aumento de los medios financieros y, habida cuenta de la política de racionamiento presupuestario, nuestra comisión propone que asciendan a 14 millones. Todo el mundo estaría de acuerdo, incluso el ponente para opinión de la Comisión de Presupuestos, que, por lo demás, ha hecho dos veces el mismo informe sobre dos temas diferentes, lo que denota cierta confusión en el nivel de la redacción.
En cuanto a las enfermedades debidas a la contaminación, el Sr. Cabrol tiene razón en indicar que sólo se muestra interés por la contaminación del aire. Es la neurosis verde, la fijación en el óxido de nitrógeno, en el dióxido de azufre, en el efecto de invernadero. Haroun Tazieff ha muerto, tras haber dedicado una parte de su carrera a demostrar que, científicamente, todo eso corresponde a la brujería.
Pero hay cosas mucho más graves en relación con las alergias debidas a los productos alimentarios. Y a ese respecto no se habla del derecho a la información mencionado por el Sr. Trakatellis, pues no se sabe si la soja que contienen los yogures es soja natural o procedente de manipulaciones genéticas. No es posible remontarse hasta su origen o sólo a un precio muy elevado y a ese respecto también la Comisión Europea tiene su parte de responsabilidad. Lo mismo se puede decir de la contaminación del agua, de la contaminación por la EEB. Por lo demás, el Sr. Trakatellis nos hablaba antes de los suicidios, pero en el caso de los suicidios de los agricultores, los suicidios de los obreros de las minas de hulla, de las acerías, del textil, ¿quién es responsable, señor Comisario Flynn? La prevención podría consistir más bien en protegerse del ultraliberalismo.
Y, si no avanza la investigación farmacéutica sobre las enfermedades de reciente aparición, tal vez sea por los racionamientos presupuestarios, por la estupidez de los medicamentos genéricos, que disminuyen los márgenes de beneficio de los laboratorios. Ahora bien, al no poder los laboratorios descubrir hoy moléculas y como hacen falta diez años para que una molécula descubierta llegue a las estanterías de las farmacias, tal vez en el año 2010 no se disponga de los medicamentos necesarios para luchar contra las enfermedades poco comunes que entretanto se hayan propagado.
Termino, señora Presidenta. Con 40 millones de pobres en Europa que no logran curarse, tal vez sea ésa la señal clínica de una patología muy grave llamada eurofederalismo.

Marinucci
Señora Presidenta, la atención y el compromiso de la Unión Europea respecto a la salud de sus ciudadanas y ciudadanos crece día a día, así como desde Maastricht hasta Amsterdam han crecido sus competencias en materia de sanidad, aunque aún muchos Estados miembros se nieguen -y se seguirán negando por mucho tiempo- a transferir a la Unión las competencias en la atención sanitaria.
De momento, pues, seguimos hablando de prevención, que no es poco. Se debe cuidar de la conservación del estado de bienestar físico y psíquico para ahorrar sufrimientos y costos -no sólo en vidas humanas-, y es innegable que una actividad preventiva puesta en marcha en los quince Estados miembros representa un valor añadido seguro. Si esto es una verdad en general, más aún lo es cuando nos enfrentamos con temas como los de esta sesión sobre la sanidad, en la que hablamos de enfermedades poco comunes, que por definición brindan un conjunto de elementos analizables más amplio si la actividad de vigilancia y control, de conocimiento e investigación se hace en un campo más vasto que el de cada uno de los Estados, y también nos referimos a enfermedades relacionadas con la contaminación, un fenómeno que no tiene fronteras y contra el que sólo se puede luchar con medidas conjuntos y coordinadas en el ámbito transnacional.
Es doloroso tener que repetirlo, pero es cierto que Europa, en lo relativo al problema de las enfermedades poco comunes, ha registrado hasta hoy un serio retraso. Algunos afirman que no siempre debemos establecer comparaciones con Estados Unidos, que son precisamente eso, Estados Unidos que se rigen por normas federales, con una estructura institucional federal, con una moneda única, etcétera. Es un hecho que la mayor potencia económica del mundo no ha impulsado ni sostenido, hasta hoy, la acción de los Estados miembros en un campo en el que no se puede imaginar la sustitución del sector privado y, aunque fuera cada vez más obvio que el carácter poco común de estas enfermedades -raras pero dañinas y a menudo mortalesno permitía disponer del conocimiento, las informaciones y los medios científicos y económicos necesarios para ofrecer una respuesta adecuada.
Cuando se citan las enfermedades poco comunes, se está hablando de más de 5.000 afecciones, con una presencia del 10 por 5.000 en el conjunto de la población comunitaria. La rareza de estos males implica una demora en el diagnóstico, que se extiende entre uno y cinco años, y a veces hasta 6. Piensen ustedes en los enfermos, en los niños enfermos y en sus familias, personas que han sabido llenar el vacío y enfrentarse con la lentitud institucional poniendo en marcha una extraordinaria red de grupos de apoyo, nacidos precisamente por iniciativa de los padres y familiares de los enfermos de estos males y que en muchos casos han acumulado una gran cantidad de conocimientos basados en sus experiencias y en el intercambio de información.
Es decir que hay que estar a favor de la propuesta de decisión presentada por la Comisión relativa a la aplicación de un programa de acción comunitaria para el periodo 1999-2003 al que espero -y pido al Sr. Comisario me lo confirme- siga como lógica conclusión una disposición sobre los medicamentos "huérfanos».
Pero para que este programa no se quede sólo en buenas intenciones, hay que adjudicarle una financiación adecuada, como lo ha pedido el ponente, Sr. Viceconte, a quien quiero felicitar por el excelente trabajo realizado. Si ahorrar en materia de salud es siempre grave, en este caso, en momentos en que, con esta iniciativa, la Unión Europea va a estimular, coordinar y sostener la tarea de los Estados miembros, destinar una suma simbólica -es decir, irrisoria- sería una verdadera burla.
El Sr. Comisario, que ya expresó su desazón, nos ha dado noticia de las dificultades objetivas existentes, pero aceptará el apoyo del Parlamento -espero- que como autoridad presupuestaria tiene el derecho y el deber de velar por que los programas que se aprueben puedan de verdad obtener los resultados previstos.
Permítame, Señora Presidenta, unas pocas palabras sobre el informe Flemming. Tengo que expresar mi inquietud ante el varias veces citado apartado 10. Estoy muy de acuerdo con la exigencia de reducir el uso del tabaco, de reducir e incluso eliminar los peligros del humo, pero no estoy de acuerdo con la inserción, en un informe sobre salud, de una disposición que tendría que estar prevista en otros programas, en los relacionados con la agricultura.
Por ejemplo, pienso -como he dicho en otra circunstancia- que habría que analizar los gravísimos daños producidos por el excesivo consumo de cerveza, costumbre típica de algunos países de la Unión Europea, que produce muy serios daños a la salud e implica grandes riesgos, aun para los que no la beben, pues suelen ser agredidos y tienen que sufrir las consecuencias del alcoholismo de cerveza. Del mismo modo, me parecería muy grave incluir en una disposición sobre la salud una propuesta de reducción de las ayudas al cultivo del lúpulo.

Lindqvist
Señora Presidenta, son cuatro importantes informes que se someten a debate. Tres de ellos tratan de programas para prevenir traumatismos, enfermedades poco comunes y enfermedades relacionadas con la contaminación, además del cuarto sobre aspectos de salud en la política comunitaria. Los dos últimos informes me parecen los más importantes. Todas las enfermedades relacionadas con la contaminación tienen que agruparse para tener claras la causa y la relación. El asma y las alergias aumentan, especialmente entre los jóvenes. Es importante impedir y prevenir las enfermedades.
Tengo dos preguntas: una de ellas es si realmente se van a tratar temas como early warning systems en el ámbito comunitario. La otra pregunta es si realmente se van a instaurar bases de datos en el ámbito europeo. No, yo no lo creo, sino que yo creo que es mejor hacerlo en el plano nacional.
Lo más importante es describir los efectos sanitarios de los propios programas y medidas comunitarias y dejar a los Estados miembros que lo deseen que mantengan pretensiones medioambientales más altas que las comunitarias. Creo que es provechoso para la diversidad en los distintos sistemas.

Lannoye
Señora Presidenta, en vista del poco tiempo de que dispongo, voy a centrar mi intervención en el informe del Sr. Cabrol.
En efecto, sabemos por numerosas publicaciones científicas recientes que las enfermedades relacionadas con la contaminación van en aumento constantemente. Según las conclusiones de un informe publicado hace menos de dos años por la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Oficina Regional de la OMS para Europa, había una recrudescencia de diversas enfermedades, no sólo las respiratorias. Pienso, en particular, en las enfermedades relacionada con la contaminación alimentaria, como son, en particular, las enfermedades del tipo de las zoonosis: por tanto, las salmonellas y las enteritis infecciosas. El constante aumento de dichas enfermedades resulta de lo más inquietante.
Ésa es la razón por la que lamento un poco, como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que la Comisión se niegue a ampliar el campo de aplicación del programa más allá de las alergias y de las enfermedades respiratorias, porque numerosos trastornos relacionados con el medio ambiente merecerían una atención igualmente importante. Aunque la relación de causalidad parece menos evidente, creo que no podemos permanecer indiferentes ante fenómenos tan graves como el aumento de la esterilidad, que resulta palmario en algunos países, entre ellos el mío. Los estudios confirman que aumenta la esterilidad en los jóvenes, lo que constituye una pesada carga para los gastos de salud importantes, pues dicha esterilidad obliga a recurrir a las fecundaciones in vitro . Se entra, así, en un proceso de huida tecnológica hacia adelante contra la que hay que luchar a toda costa. Sería claramente preferible actuar preventivamente. Ahora bien creo que la Unión Europea, gracias a su dimensión y en vista de los medios de que disponen normalmente los Estados miembros, está sin lugar a dudas mejor armada que éstos para abordar esa tarea.

Aparicio Sánchez
Señora Presidenta, señor Comisario, permítanme empezar con una consideración general. Si queremos que nuestra Unión sea una Unión Política, y estoy seguro de que así lo quieren los europeos, reforcemos las políticas internas. Para alcanzar esta deseada Unión Europea debemos superar la actual debilidad de las políticas comunes otras que la UEM y la PAC. Superarla, señor Comisario, a través de los presupuestos, a través de la voluntad política del Consejo, a través de debates como el de esta noche y a través del empuje de la Comisión, que es lo que, respetuosa pero firmemente, le pido, señor Comisario.
Ningún ejemplo mejor de esta debilidad de las políticas internas que el de las políticas de salud. Por ello, y porque la salud, desde el Tratado de la Unión Europea, es competencia oficial de la Unión Europea -sin perjuicio de la subsidiariedadsaludamos como muy oportunas las iniciativas de la Comisión que completan los ocho campos de acción que ella misma definió en 1983, y como muy acertados los informes que aquí se han debatido esta noche y cuyas enmiendas, a nuestro juicio, mejoran esas iniciativas de la Comisión. En unos casos, por la gran incidencia, por ejemplo, de los traumatismos o las enfermedades por contaminación o el Alzheimer; en otros, por lo contrario, por la gran rareza, que hace que no lleguen al umbral de rentabilidad social en la investigación, en la elaboración estadística, etc.
De manera que éstos son ejemplos de lo que debe ser el trabajo cómplice de la Comisión y el Parlamento en la búsqueda de un objetivo final. Hay diferencias graves. Por un lado, la diferencia cronológica. Nos permitimos decir que, en programas de esta modestia relativa y con estas características, el programa debe ser financiado a cinco años, nunca a un año. ¿Es que las perspectivas financieras van a partir de cero? ¿No van a nacer, así, hipotecadas? Por lo tanto, concretemos ya programas a cinco años. Por otro lado, diferencias cuantitativas de los presupuestos. Creo que la Comisión reduce a menos de la mitad los presupuestos generales, proyectando presupuestos de un año, a base de reducir los objetivos. Yo sólo diría que cualquier Ayuntamiento de una gran ciudad europea dedica presupuestos más elevados que el de la Comisión a programas como éste.
De manera que, aceptando y defendiendo presupuestos dignos para estos programas dignos y oportunos, estamos reforzando las políticas de salud y, por lo tanto, estamos reforzando las políticas internas y cumpliendo esa misión histórica que se nos pide a la Comisión y al Parlamento, que es edificar la Unión Política, la Unión Europea.

Filippi
Señora Presidenta, quiero referirme a un problema ya señalado: cuando se habla de defensa de la salud de los ciudadanos y en especial de la calidad de los productos alimenticios o agrícolas en general, se plantea la exigencia de superar esa especie de esquizofrenia existente dentro de las Instituciones comunitarias entre la acción de las Comisiones Económicas, por un lado, y por otro la de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, porque una mayor colaboración y una mejor coordinación de las acciones en estos distintos niveles pueden implicar un mejor control no sólo de la producción sino también de la salud de los ciudadanos.
En este sentido, me parece que el informe Flemming se esfuerza por establecer ese equilibrio. Otras intervenciones de las que aquí se han producido no tuvieron, creo, esa misma sensibilidad. En particular, me refiero a la intervención del ponente oficial del Grupo Socialista que, hace un mes, proponía en nombre de su Grupo la liberalización de las drogas blandas y hoy mismo ha sugerido que se suspendieran las ayudas a los productores de tabaco. Esta me parece una manifestación típica de la esquizofrenia antes mencionada.
Creo que, si se aprueba la enmienda al apartado 10 que junto a otros colegas del Grupo del Partido Popular Europeo he propuesto, lograremos mejorar ese equilibrio y estoy seguro de que la ponente aceptará la enmienda como una contribución positiva a un enfoque ya presente en su informe. Debo decir que personalmente preferiría que también el apartado 12 se eliminara, porque está en abierta contradicción con todo lo aprobado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Pronto podremos volver sobre estos temas. Por ejemplo, habría preferido que se prohibiera la publicidad, aunque dejando a los Estados miembros la posibilidad de reglamentar el patrocinio de los grandes acontecimientos deportivos.
Concluyo ya: me parece que deberemos encontrar la forma de trabajar mejor, en el interés de los productores y, además, en el de la custodia de la salud de los consumidores.

Hyland
Señora Presidenta, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, me complace especialmente que, aunque de manera modesta, el Parlamento haya podido influir en la lucha contra este importante azote para la salud. La aprobación de una nueva línea presupuestaria ha supuesto la provisión de la financiación específica para combatir esta enfermedad. Pero esto sólo puede considerarse como un primer paso en la lucha contra esta enfermedad.
El compromiso recogido en el Tratado de Amsterdam de prevenir enfermedades humanas va más allá del Tratado actual y, por consiguiente, merece ser acogido con satisfacción. El modo en que la Comunidad responda a la enfermedad de Alzheimer será una prueba más de este nuevo compromiso. Insto al Consejo de Ministros y a la Comisión a que no nos decepcionen en este sentido.
Quisiera pedir a la Comisión que, en su caso, exponga las acciones específicas que tiene previstas en el campo de la investigación de acuerdo con el Quinto programa marco de lucha contra la enfermedad de Alzheimer.
Deseo hacer dos últimas observaciones. En primer lugar, los que pertenecemos al Grupo UPE solicitamos un programa de acción comunitario quinquenal destinado específicamente a la lucha contra esta enfermedad y que esté respaldado por los recursos necesarios. En segundo lugar, la Comisión deberá coordinar los resultados de las investigaciones pasadas y futuras sobre la enfermedad y estar dispuesta a colaborar con las asociaciones y organizaciones de la Organización Mundial de la Salud que trabajan en este sector, sin olvidar a los familiares ni a los que se ocupan de cuidar a los enfermos.

Cars
Señora Presidenta, lo que quiere conseguir el Parlamento con su resolución es que la Unión Europea se interese más, también económicamente, en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Como lo señala el Parlamento, es importante que los esfuerzos comunitarios comprendan todas las demencias, por ejemplo, también las con síntomas del lóbulo frontal y las de etiología vascular.
La investigación tiene como misión principal encontrar remedio para las demencias, pero hasta que eso ocurra los investigadores tendrán que desarrollar métodos que permitan a los dementes mantener, tanto tiempo como sea posible, sus funciones normales. Parte de esta misión es también desarrollar métodos para que los parientes y cuidadores se comporten con el demente de tal modo que la vida tenga mayor calidad y sentido para todos.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, permítame que haga cuatro observaciones en el minuto del que dispongo. Primera: El ejemplo de la EEB demuestra con cuánta rapidez pueden adquirir dimensiones de catástrofe las enfermedades raras. Segunda observación: La arrogancia de la administración puede medirse por la rapidez con que un proceso de ese tipo puede ser fomentado por la administración, toda vez que se nos indicó que las investigaciones sobre la EEB debían esperar hasta que se hubiese elaborado un programa relativo a las enfermedades raras. Tercera observación: la industria no tiene ningún interés por las enfermedades raras, pues una incidencia de uno sobre un millón no resulta rentable para un medicamento. Cuarta observación, que se desprende de las anteriores: necesitamos urgentemente un programa de ámbito europeo que investigue estas enfermedades raras, las controle y permite limitar sus posibles consecuencias, concretamente una epidemia, como ocurrió en el caso de la EEB.

Myller
Señora Presidenta, me voy a centrar en el informe que ha elaborado la Sra. Flemming sobre la integración en las políticas comunitarias de las exigencias en materia de protección sanitaria. El informe demuestra estar encaminado en la dirección adecuada, al exigir una mejor coordinación e integración de las políticas sobre la salud con relación en el resto de las políticas comunitarias.
Como ya se ha dicho aquí, el Tratado de Amsterdam dota de un mayor peso específico a las cuestiones relacionadas con la salud pública. Se debería aprovechar este apartado del Tratado para lograr incidir en la promoción de la salud de los ciudadanos a nivel europeo. Así pues, habría que adoptar una estrategia más fiel a los principios y con un carácter más global, una estrategia marcada por su amplitud y su globalidad. Se deberían integrar plenamente las cuestiones en materia de salud en todas las políticas comunitarias.
Existe una clara relación entre igualdad y salud. Sabemos que las personas que son víctimas de la discriminación y que viven en condiciones económicas desfavorables enferman más que las que gozan de mejor situación y formación académica. Se trata, sin lugar a dudas, de una cuestión de cultura general, de dieta alimentaria y de modo de vida, pero también, y cada de vez en mayor medida, de una cuestión económica.
Europa está envejeciendo. Conocer las consecuencias de este envejecimiento en el ámbito de las distintas políticas y saber de qué manera se distribuirán los recursos económicos en el sector sanitario constituyen cuestiones que revestirán una enorme importancia en el futuro, ya no tanto a nivel de la UE, sino -especialmente- de sus Estados miembros.
En cambio, la Unión Europea debería estar en condiciones de otorgar prioridad a las cuestiones verdaderamente específicas de Europa. ¿Cómo podemos aumentar el valor añadido de los esfuerzos nacionales? Ésta debería ser la política a nivel europeo. Habría que someter a consideración cuáles son los asuntos importantes a este respecto y cuáles no.
Así pues, aun comprendiendo la importancia de los programas de acción relativos a enfermedades específicas, desearía resaltar que, con motivo de la elaboración del programa de la UE sobre la sanidad pública, el punto de partida de los futuros trabajos de la Comisión debería ser el fomento de la salud mediante una política estructural en la materia. En otras palabras, se debería incidir en otros ámbitos de política social como la agricultura, estudiando su grado de eficacia y el uso que se hace de diversas sustancias para proteger las cosechas; se debería, pues, desarrollar una actividad razonable desde el punto de vista ecológico. ¿Y cómo se gestionan las cuestiones relativas, por ejemplo, al transporte, al empleo o a la discriminación? Éstas son, en mi opinión, las cuestiones estructurales que revisten importancia cuando se habla de política sanitaria.

Whitehead
Señora Presidenta, deseo hacer algunas observaciones y dirigir al Comisario unas preguntas relativas al informe Trakatellis. Mi sentido de culpabilidad por no haber oído al Sr. Trakatellis se ve algo apaciguado por el hecho de que él no está aquí para oírme a mí. Iré directamente al grano con mis preguntas.
Según tengo entendido, tenemos una propuesta que puede salvar y prolongar el proyecto EHLASS e incorporarlo en el programa sobre la prevención de traumatismos. Ello supondría el fin de la duplicación de recursos entre dos Direcciones y una mayor responsabilidad para los Estados miembros que deberán correr con un 50 %, en vez del 20 %, de los costes de este proyecto. Mis preguntas a la Comisión -y sé que el Comisario las responderá con su habitual ingenio- son relativas al funcionamiento de este paquete de financiación. Acojo con gran satisfacción la propuesta, porque si podemos garantizar la vida de EHLASS durante otros cinco años, que es lo que dura el programa de la prevención de traumatismos, será algo estupendo. Presiento que obtendremos entonces la base de datos que necesitamos para la notificación de accidentes en el hogar y durante actividades de ocio.
El problema es que no se hace la menor alusión a cuál será la procedencia exacta de los 7 millones de ecus necesarios. ¿Los aportarán las dos Direcciones? ¿Provendrán de una más que otra? ¿Se ha indagado entre los Estados miembros acerca de su disposición a contribuir hasta alcanzar el 50 % necesario? Sería bueno recibir respuestas a estas preguntas, porque uno de los problemas es que, tras haber finalizado el actual fundamento para el EHLASS, ni el plan para la prevención de traumatismos ni el marco jurídico para la política de consumidores, sobre la que me gustaría que se basara, comenzarán hasta 1999. En semejantes circunstancias, cabe preguntarse cómo podemos lanzar este plan integrado en 1998.
Inicialmente, algunos Estados miembros, en particular Alemania y, en menor medida, Francia, pusieron objeciones a la introducción del plan EHLASS. Hace dos años me encargué de vigilar el funcionamiento de este plan en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y llegué a la conclusión de que el plan valía la pena y que deberíamos continuar con él. Pero sólo podremos hacerlo sobre la base de un cálculo eficaz de la financiación y una clara indicación de dónde recaen las responsabilidades. No se me ocurren mejores manos en que dejarlo que las del Comisario Flynn, pero me gustaría recibir respuestas a estas preguntas.

Malone
Señora Presidenta, quisiera limitar mis observaciones a la enfermedad de Alzheimer. Sabemos, y lo hemos escuchado aquí esta noche, que en toda la Unión Europea hay muchos miles de nuestros ciudadanos que padecen esta enfermedad y el correspondiente síndrome. La Comisión debería presentar ahora un programa de acción a nivel comunitario sobre la enfermedad de Alzheimer. La Comisión ya ha elaborado iniciativas muy necesarias contra el cáncer, las enfermedades relacionadas con la contaminación, las enfermedades poco comunes, el SIDA y el consumo de tabaco, sobre la base de las actuales competencias en materia de salud pública.
Lamentablemente, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, lo único que hace es financiar la investigación y eso, sencillamente, no es suficiente. Necesitamos la investigación, pero usted tiene que ir más allá, señor Comisario. Debería concebir un programa de acción a nivel comunitario contra la enfermedad de Alzheimer. Dicho programa incluiría estrategias para intensificar la investigación sobre las causas de la enfermedad, para identificar los factores de riesgo, para la prevención y el tratamiento y para fomentar la formación especializada del personal sanitario y geriátrico. Debería proponerse asimismo cambiar la percepción negativa que la enfermedad tiene entre la opinión pública. Debería asegurarse de que utiliza todo el presupuesto que ya se destina cada año en el marco del programa actual.
Un programa de acción para combatir la enfermedad de Alzheimer beneficiaría enormemente a los muchos miles de europeos que padecen esta enfermedad. No sólo están desatendidos los intereses de los pacientes, sino que además, en muchos casos, no se presta la menor atención a las personas que se encargan de cuidar a dichos pacientes. En el caso de Irlanda he podido comprobar que las necesidades reales de muchos miles de personas, principalmente mujeres, que cuidan a nuestros aproximadamente 25.000 enfermos de Alzheimer están desatendidas. Es vergonzoso, por ejemplo, que se examine su situación financiera para poder percibir las ayudas que se destinan a los responsables de cuidar a los enfermos. Me gustaría que se remediara esta situación inmediatamente y, en este sentido, he presentado mis propuestas al ministro responsable.
Por último, los pequeños programas y las pequeñas iniciativas pueden ser de gran utilidad. Recientemente he presenciado un programa en un hospital de Dublín, el Blanchardstown , en el que el paciente recibe la visita de un perro mascota, práctica que tiene un efecto terapéutico fantástico. Deberíamos alentar este tipo de medidas terapéuticas en toda Europa.

Flynn
Gracias señora Presidenta. Permítame hacer un breve resumen, porque en mi primera intervención ya he examinado en profundidad muchos de los argumentos que se han planteado. Sé que me extendí bastante, pero me sentí arrastrado por el deseo de ofrecer una visión general de lo que pensamos acerca de los tres programas, del informe de la Sra. Flemming y de la pregunta sobre la enfermedad de Alzheimer.
He de decir que debemos sentirnos muy alentados por la calidad del debate de esta noche en la Asamblea sobre este tema tan importante de la salud pública. Aunque muchos oradores se han referido a lo avanzado de la hora y a la baja asistencia en la Asamblea, ello no ha mermado la calidad de las intervenciones que hemos escuchado ni la seriedad con que han sido presentadas. Ciertamente aquellos que han permanecido aquí han demostrado un firme compromiso con los temas que nos ocupan.
Tengo poco que añadir en cuanto a la esencia de los distintos informes y de las preguntas orales, pero he tomado nota de los distintos asuntos y de lo que yo consideraría los mensajes subyacentes que han transcendido de las intervenciones. Han sido similares en muchos sentidos, pero vale la pena tomar nota de ellos, porque debemos analizarlos con sumo cuidado en el próximo período parcial de sesiones tan importante, en el que analizaremos el próximo marco relativo a los temas de salud pública.
Muchas de las intervenciones se han centrado en la necesidad de formarnos una opinión muy seria y de dar prioridad absoluta a las disposiciones en materia de salud pública que recogen los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, y quisiera pensar que quizá dentro del próximo marco podamos hacer una interpretación bastante amplia de lo estipulado el Tratado de Amsterdam acerca de la preparación de nuestro nuevo marco. Tomo nota especialmente de lo que ha dicho el Sr. Needle sobre la necesidad de establecer un nuevo marco, aunque para ello harán falta fondos.
Cuando los ocho programas recibieron sus asignaciones, éstas desaparecieron por completo. Los primeros tres o cuatro programas absorbieron la totalidad de los fondos y no dejaron prácticamente nada para los tres importantísimos programas de los que estamos hablando ahora. Pero eso no me desanima, porque a pesar de los escasos fondos disponibles y de que son sólo para este año y sobre una base anual, debemos ponernos en marcha y seguir adelante, de manera que cuando vuelvan a analizarse las perspectivas financieras, demostremos que hemos adoptado la actitud correcta, que los programas tenían fundamento y que el hecho de no disponer de fondos sólo significa que cuando los obtengamos más adelante, podremos adoptar las medidas de las que hemos hablado. Volveré sobre este aspecto dentro de un momento.
El Parlamento respalda la opinión de que la Comunidad Europea y las instituciones pueden dotar de auténtico valor añadido lo que hacen los Estados miembros, y precisamente de eso se trata. Sabemos que los Estados miembros son los principales responsables en materia de salud y asistencia sanitaria, pero lo que debemos hacer es centrarnos en los temas que tienen una base comunitaria y preocupan especialmente a los ciudadanos, de manera que podamos coordinar las mejores acciones y prácticas de los Estados miembros y tomar la iniciativa en este sentido. Ése puede ser el valor añadido que obtengamos de dichos programas, aunque ahora sean pequeños en términos de fondos. Quizá con buenas intenciones y buena práctica en lo que hagamos con respecto al nuevo marco logremos arreglar la escasez de fondos.
La Asamblea ha manifestado un apoyo muy real y alentador a los ocho programas de protección de la salud pública que tenemos. Dichos programas los hemos desarrollado en virtud del artículo 128 del Tratado de Maastricht. Todos los diputados que han intervenido -al igual que yo- comparten la opinión de que las actuales restricciones presupuestarias impiden a la Comunidad hacer todo lo que podría y debería. Es algo que debemos tener muy claro. El Parlamento quiere que se hagan más cosas, opinión que comparte la Comisión. Hay muchas cosas que podemos y debemos intentar. Quizá deberíamos exponer las posibilidades en el próximo programa marco acerca de lo que deberíamos hacer y, a continuación, transmitirlas a los Estados miembros; exponer lo que, en opinión del Parlamento y de la Comisión, merece financiarse por el bien de los ciudadanos y, acto seguido, intentar conseguir los fondos de la autoridad presupuestaria. Esperemos que la perspectiva presupuestaria más allá del año 2000 comparta esta opinión con nosotros, porque la opinión del Parlamento será compartida y será presentada con toda claridad en la comunicación sobre el próximo marco que he prometido a la Asamblea. Expondré lo que, con la colaboración del Parlamento, creo que debe hacerse en los ámbitos que los oradores han destacado esta noche. Ya veremos qué pasa.
La mayoría de los diputados han señalado la importancia del próximo marco sobre la salud pública y la necesidad que vemos de expandir considerablemente los horizontes más allá del actual paquete de programas. Me gustaría seguir por ese camino con la ayuda del Parlamento.
El Parlamento ha dejado perfectamente claro lo mucho que espera de la Comisión. Tomo nota de ello. Cuando volvamos a tratar sobre los elementos que nos gustaría ver incluidos y el tipo de fondos de los que dispondremos, tampoco faltará nuestro apoyo. En la Unión utilizamos muchos fondos para muchas cosas. De hecho, cuando alguien habla de la comercialización de algún producto que acaba de salir, es posible encontrar de la noche a la mañana más fondos para la promoción del producto, que los que se destinan a la totalidad de los programas para cinco años. Es absurdo.
No tengo ninguna dificultad en mostrar mi solidaridad con la Sra. Flemming cuando hace la observación, que también aparece en su informe, sobre lo difícil que le resulta tener que dar su apoyo a productos peligrosos y a la concesión de subvenciones. Se refiere al tabaco que se cultiva en la Unión. Siempre he pensado que en este caso existe una contradicción y así lo he manifestado en más de una ocasión. La Unión llega a proporcionar casi 800 millones de ecus al año para apoyar un producto que prácticamente no tiene ningún valor en lo que respecta al comercio y, al mismo tiempo, ocasiona enormes daños a la salud pública. Aquí lo único que buscamos son pequeños fondos que nos ayuden a promover planes y programas que serán de gran ayuda y potenciarán aquello que las personas pueden hacer para mejorar su salud. Creo que el principio preventivo es una cuestión de salud pública y que debemos perseguirlo.
He observado que se ha hablado mucho acerca de la enfermedad de Alzheimer. Todos han destacado su importancia. Debo decir que esta opinión es compartida por el Comisario y por la Comisión. El envejecimiento de la población traerá consigo un enorme cambio, porque ésta es una enfermedad para la que aún no existe ninguna cura. En los Estados Unidos he oído hablar sobre la posibilidad de que, en el futuro, se desarrolle algún tipo de medicamento. Pero, hoy por hoy, no existe ninguno. De acuerdo con el Tratado, como he dicho, estamos limitados a la prevención. Tomo nota, en particular, del firme deseo del Parlamento de que se siga adelante con el plan de acción del que hablamos aquí hace unos años. Quizá podamos insistir un poco más en la cuestión de la formación de las personas encargadas de cuidar a los enfermos, y quizá, como muy sabiamente ha dicho la Sra. Malone, podamos cambiar la actitud negativa que existe en muchos Estados miembros ante esta enfermedad en particular.
Ya he dicho que presentaré este aspecto en la comunicación en el contexto del nuevo marco. Veo que la Asamblea está dispuesta a aprobar los fondos necesarios. Este aspecto ha quedado perfectamente claro en el firme argumento del Sr. Poggiolini, cuando dijo que ahí está la tendencia demográfica, sabemos que las expectativas de vida son cada vez mayores y que nos enfrentamos a la amenaza -creciente- de que cada vez habrá más personas que contraigan la enfermedad de Alzheimer. Hasta que se descubra un remedio, deberíamos poder centrarnos en una enfermedad específica como ésta y tomar la iniciativa. Podemos compartir las mejores prácticas y quizá prestar ayuda a las personas que se encargan de cuidar a los enfermos y a las organizaciones responsables. Presentaré este argumento y serán las dos instituciones las que decidan lo que debemos hacer en el nuevo programa.
El Sr. Whitehead ha presentado algunos argumentos sobre el EHLASS y, como es habitual en él, también en esta ocasión se ha centrado en un aspecto concreto de gran relevancia. Su observación clave sobre la financiación fue: ¿funcionará y existe acuerdo para que funcione? La DG V, mi Dirección, tomará 7, 5 millones de ecus de la DG XXIV para cubrir la inclusión del EHLASS en los programas de salud pública. De ahí vendrán los fondos, y éste es el arreglo que se aplicará. Desde nuestro punto de vista, los fondos están garantizados.
En lo que respecta a la contribución, en el Consejo de Asuntos de Consumidores, mi colega la Sra. Bonino anunció una reducción del 65 % este año y del 50 % en lo sucesivo, en un esfuerzo por expandir los beneficios del plan. Quiero decir también que la gran mayoría de los Estados miembros, cuando se les preguntó al respecto, se mostraron claramente a favor de que el sistema siga funcionando de una forma más desarrollada y además se declararon dispuestos a asumir una proporción mayor de los costes. Ese compromiso existe y así lo manifestaron varios Estados miembros cuando se les preguntó al respecto. Por lo que no parece existir ninguna objeción en contra de dicha solución. Me siento optimista en lo que a este asunto se refiere. Creo que tanto el Sr. Whitehead como yo deseamos que se desarrolle de este modo.
Han sido muchos los comentarios de utilidad que se han hecho. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Myller sobre lo de dar un enfoque mucho más integral a toda la cuestión de la salud pública. Es lo que intentaremos hacer en el nuevo marco y esperamos poder discutirlo con el Parlamento.
El Sr. Hyland ha manifestado su inquietud acerca del Quinto programa. Sí, hay algunas referencias de carácter general con respecto al Quinto programa de investigación. Muchos de los otros argumentos merecen también una referencia. Pero podría resumirlos todos ellos diciendo que la salud pública, tal y como está contemplada en el Tratado y ampliada en el concepto de aplicación en lo que se refiere al Tratado de Amsterdam, es una cuestión que preocupa enormemente a la Asamblea. También a la Comisión y a mí nos preocupa mucho. Ahora intentaremos avanzar con nuestros ocho programas, independientemente de la escasez de los fondos disponibles para ponerlos en marcha y reducir los objetivos que nos gustaría ver realizados, aún en el supuesto de que dispusiéramos de fondos suficientes, y a continuación intentar financiarlos de acuerdo con las nuevas perspectivas financieras y seguir adelante y hacer algo positivo en apoyo de la salud pública de la Unión.

El Presidente
Creo que hemos tenido un debate de una gran calidad. Pero, si lo permiten Sus Señorías, tengo una última intervención.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, yo quisiera hacerle una pregunta al señor Comisario Flynn: ¿no cree que hubiésemos podido evitarnos muchos de los escándalos que provocó la EEB si usted hubiese aplicado al tratamiento de dicha enfermedad y a los aspectos que entraban dentro de sus competencias la conclusión que ha dejado entrever en su intervención y que ha quedado clara sobre todo en su última frase?

Flynn
Señora Presidenta, sólo quisiera decir en respuesta a esa aguda afirmación, que antes de que surgiera el problema, ya había sido contemplado en una de nuestras propuestas, antes incluso de la crisis de la EEB. Si hubiéramos dispuesto de la red comunitaria de vigilancia y control que se había propuesto, y sobre la que aún no se ha dicho la última palabra, habríamos avanzado más. No pierdo la esperanza de que se apruebe una red de vigilancia y control comunitaria como medida eficaz para atajar problemas como a los que se ha hecho referencia.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.28 horas)

