Igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)
El Presidente. -
De conformidad con el orden día se procede al debate del informe (A5-0197/2002), presentado por el Sr. Figueiredo en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la aplicación del programa de trabajo en materia de la igualdad entre hombres y mujeres 'Gender Equality? (2001-2005) (2001/2266 (INI)).

Figueiredo (GUE/NGL)
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, a pesar de los pasos positivos que se han dado en la esfera legislativa para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, aún hay muchas insuficiencias, discriminaciones y desigualdades en la práctica diversificada de los Estados miembros que conviene resolver.
Después de la aprobación en 2000 de la estrategia-marco de la Unión Europea para la igualdad entre hombres y mujeres y del respectivo programa de acción comunitaria de 2001 a 2005, hay un esfuerzo para abarcar todas las políticas comunitarias y todos los servicios de la Comisión en esta estrategia ya con algunos resultados prácticos positivos. Pero es preciso ir más lejos. No es aceptable, por ejemplo, que en las propias instituciones comunitarias, incluida la Convención europea que está en marcha, haya menos de 20 por ciento de mujeres, es decir, un porcentaje aún inferior al de la anterior Convención que preparó la Carta de Derechos Fundamentales.
Resulta particularmente importante seguir con rigor la aplicación por parte de los Estados miembros de las orientaciones, directivas, recomendaciones y resoluciones encaminadas a fomentar la igualdad a fin de que se apliquen más correctamente las decisiones adoptadas en el ámbito de la política de igualdad, derechos y oportunidades y se plasmen también de forma eficaz en la política de igualdad de derechos y oportunidades.
Así, por ejemplo, respecto del objetivo fijado en el Consejo de Lisboa de conseguir que el 60 por ciento de las mujeres formen parte de la población activa (de aquí a 2010), reafirmamos que sólo si la mayoría tiene empleos de calidad y debidamente remunerados, contribuirá esa meta a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y subrayamos la importancia de la formación en diversas formas y modalidades, así como la creación de una oferta suficiente de servicios de acogida para niños y personas dependientes y una diversificación de las opciones profesionales de las mujeres.
A eso se debe también la importancia de la aplicación de la recomendación del Consejo de 31 de marzo de 1992. Y no basta con que la Comisión diga que aprobó un informe sobre esa aplicación el 4 de febrero de 1998. Entretanto, ya han pasado cuatro años y conviene saber cómo está la situación actual, por lo que subrayamos la importancia del establecimiento de indicadores comunitarios relativos a las estructuras de acogida de niños y sobre la diferencia de salarios y otras rentas de hombres y mujeres por sector, incluido lo relativo al trabajo atípico y al trabajo con jornada parcial.
De igual modo conviene insistir en la conclusión de las investigaciones sobre las causas y las medidas adoptadas y por adoptar por los diversos Estados miembros para luchar contra la discrepancia salarial existente (de un 15 a un 20 por ciento), a pesar de la directiva vigente -y ya desde 1975- relativa a la igualdad de remuneración. También es necesario introducir objetivos cuantitativos y temporales precisos en las directrices para el empleo, cuyo proceso de revisión está en marcha, por lo que la Comisión debe presentar un informe a ese respecto, en particular sobre las medidas por adoptar.
Igualmente importante es establecer metas por concretar mediante fases realistas y mensurables en las esferas de intervención establecidas en la estrategia-marco a fin de garantizar avances prácticos efectivos en todas las esferas, teniendo en cuenta que sigue siendo elevado el número de infracciones a la legislación en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Respecto de la nueva directiva en preparación sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en otros sectores distintos del de la igualdad de oportunidades de empleo y cuya propuesta estaba prometida para junio, es fundamental que no se retrase más su presentación. Igualmente insistimos en la actualización con mejoras de otras directivas existentes, en particular de las relativas a la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas, puérperas o lactantes en el trabajo y a la igualdad de trato de hombres y mujeres en los regímenes legales y profesionales de la seguridad social.
Una cuestión fundamental es la de pugnar por la integración de la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en las orientaciones económicas, incluido el proceso de adhesión, con vistas a evitar efectos negativos provocados por los procesos de privatización, liberalización y reducciones en los gastos públicos de sectores sociales, por lo que reafirmamos que son esenciales servicios públicos de calidad y hacemos un llamamiento en pro del fortalecimiento de las asignaciones presupuestarias en las esferas sociales a fin de prevenir la exclusión social y luchar contra el tráfico de mujeres.
Por último, quiero agradecer a todos los que han colaborado en la realización de este informe, convencida como estoy de que el éxito de la lucha por la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, incluidos la vida política y los órganos de decisión, depende también de una mayor participación y voluntad política de todos nosotros.

Avilés Perea (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, tengo que agradecerle a la Sra. Figueiredo su labor de seguimiento del programa de trabajo de igualdad de oportunidades, ya que -como ella ha dicho y decimos continuamente en la Comisión de Derechos de la Mujer- todavía hay que seguir trabajando para conseguir la igualdad en la mayoría de los ámbitos -igualdad salarial, igualdad de oportunidades-, a pesar de que continuamente vienen a esta Cámara informes de todo tipo con rangos legislativos diversos. Es necesario continuar con este trabajo e insistir en el cumplimiento del programa, conocer los datos y tener una información mayor sobre el desarrollo del mismo. Sería de una gran ayuda para toda nuestra labor que los datos se expresaran por países. Es algo que pedimos reiteradamente y que es fundamental para que el trabajo se base en datos reales y sea más eficaz.
Es importante también, como dice el informe, alcanzar los objetivos propuestos en el Consejo Europeo de Lisboa, para que las mujeres representen el 60% de la población activa, sin olvidar el importante número de mujeres que trabajan dentro de empresas familiares, empresas autónomas, sin ningún tipo de reconocimiento por su trabajo y sin ningún tipo de protección social. Ése es un problema que deberíamos abordar en un plazo breve, ya que es muy significativo el número de mujeres que se hallan en esa situación en ámbitos como la agricultura, la pesca, en pequeñas empresas. Son problemas específicos ligados a la dimensión de género que se dan en distintos ámbitos, pero que son de una gran importancia. En este informe se hace un llamamiento para que se busque una solución.
Muy importante también es la dimensión de género en cuanto a la exclusión social y la pobreza. Por tanto, hay que felicitarse de que la Presidencia danesa lo haya incluido en su programa para poder avanzar en la resolución de estos problemas.
Espero también con verdadero interés que nos llegue la propuesta de directiva de igualdad basada en el artículo 13 del Tratado. Espero igualmente que no se retrase la puesta en marcha del Instituto Europeo para la Igualdad, que afortunadamente ya ha pasado el informe de viabilidad.
Señora Comisaria, le insisto en nombre de mi Grupo en que estos trabajos deben continuar con la mayor celeridad posible.

Swiebel (PSE).
Señor Presidente, el programa de trabajo 'Igualdad de Oportunidades? para el año 2002 es un magnífico documento. Proporciona una buena visión de las acciones que la Comisión ha organizado y de la estrategia planteada. La Comisaria Diamantopoulou ha vuelto a explicar detenidamente la estrategia, a su conocida, profunda y convincente manera, en el transcurso de una reunión de la Comisión sobre los derechos de las mujeres de este Parlamento celebrada en abril. Nosotros hemos valorado altamente el debate que se produjo entonces. Especialmente, quiero mencionar aquí la iniciativa para desarrollar una política sistemática sobre la dimensión de género de la política extranjera. Quizás la Comisaria esté en condiciones de explicar aquí cuál es el estado de la cuestión con respecto a este punto.
En términos más generales, creo que se debe hacer constar que, actualmente, la Comisión Europea se encuentra a la cabeza en el establecimiento de líneas generales de género. No sólo muchos de los Estados miembros, sino el propio Parlamento Europeo, pueden tomar ejemplo de ello.
Deseo hacer especial hincapié en algunos elementos del informe de la Sra. Figueiredo que tenemos ante nosotros.
En primer lugar, el apartado 3 del informe: la cuestión del llamado Instituto de género - un término extraño, por cierto, para el cual deberíamos buscar otro alternativo -.
Se nos ha comunicado la situación de viabilidad, que expone un esquema de Instituto encargado de la recopilación y de la distribución de información, que apoye las redes de contactos, etcétera. En pocas palabras, que cumpla una función de agente intermediario. Podría ser útil dar una mayor presencia política en Europa al asunto de la mujer y dar más apoyo a la calidad profesional de nuestro trabajo. Mi pregunta a la Comisaria es la siguiente: ¿Comparte la Comisión esta forma de pensar y está dispuesta a profundizar en ella y darle forma? y sobre todo, ¿está dispuesta a pedir al Parlamento asesoramiento al respecto y, de ser así, dentro de qué plazo? Yo creo que en la Comisión hay mucha gente a favor de los derechos de la mujer a los que les parece bien la idea de tal Instituto, pero que desearían que se pusiera sobre la mesa un plan más elaborado en los aspectos concretos antes de emitir finamente su juicio al respecto. Mi pregunta es, pues: ¿Va a presentar la Comisión tal plan?
Mi segunda pregunta se refiere al apartado quinto. ¿Puede la Comisaria prometer que va a elaborar un análisis del estado de la implementación del acervo comunitario de los Estados miembros en materia de igualdad de trato? y ¿nos puede decir si tiene intención, bien de modificar la legislación o bien de establecer procedimientos inbox del tratado?
Para finalizar, me gustaría saber - tal como ya planteó la Sra. Avilés Perea - cuándo va a presentar la Comisaria un proyecto de directiva 'Igualdad de trato?, que tantísimo tiempo llevamos esperando.

Dybkjær (ELDR).
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al señor Comisario por la infatigable labor que realiza en este ámbito. Éste no depende sólo de la señora Comisaria de igualdad de oportunidades, depende primordialmente de toda la Comisión, y estoy plenamente convencida de que con nuestra Comisaria, quien está aquí presente, disponemos de una importantísima defensora de la igualdad de oportunidades. No es tan fácil abrirse paso y así lo evidencia que sólo haya cinco mujeres entre veinte comisarios. Todos sabemos que estamos en el límite crítico para sacar las cosas adelante y por ello hay motivos suficientes para agradecer la perseverancia. Si tenemos que criticar a alguien, no sería en cualquier caso a nuestra Comisaria, antes nos dirigiríamos a la parte masculina de la Comisión.
Una vez dicho esto, también me gustaría dar las gracias a la señora ponente por el excelente informe que se ha presentado aquí. En general, considero una de nuestras grandes tareas seguir manteniendo estas cuestiones en el orden del día. La UE es un proyecto político y es también un proyecto político que se aplica también a hombres y mujeres y de ahí la importancia de que prestemos siempre atención a lograr la participación de la otra mitad de la población, es decir, de las mujeres. Una vez dicho esto, naturalmente debemos distinguir también entre lo que debe ser primordial y lo que es subsidiario. En este punto, al igual que ponentes anteriores, me gustaría interesarme también por el Instituto para las cuestiones de género. Será cada vez más acusada la falta de datos si no hay órganos de iniciativa, por ejemplo, en la UE, que puedan recoger los datos nacionales y realizar así una labor de coordinación. Luego está la subsidiariedad, que también ha sido mencionada en el informe con relación a importantes ámbitos de intervención, por ejemplo, regímenes para el cuidado de los niños. Sin esto, las mujeres no podrán incorporarse al mercado laboral. Lo sigo considerando como subsidiariedad, donde sólo podemos mostrar la ?best practice? y en realidad sólo exhortar, pero no intervenir directamente.

Evans, Jillian (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero hacerme eco de los comentarios de la Sra. Dybkjær y dar las gracias a la Comisaria por su trabajo. En nombre del Grupo de los Verdes/ALE deseo felicitar a la ponente por su amplio y justo balance crítico de las deficiencias observadas en el trabajo de la Comisión, ensalzar los logros del programa de trabajo y las constructivas sugerencias de trabajo en el futuro. El apoyo que este informe ha recibido en la comisión es un reflejo de todo ello.
Somos plenamente conscientes, como han señalado otros oradores, de que tenemos un largo camino por recorrer en lo que respecta a la igualdad de género en el seno de las Instituciones de la UE, así como en la sociedad en su conjunto. No podríamos tener un más claro reflejo de todo ello que la composición de la Convención sobre el futuro de Europa. Sólo un 16% de sus miembros son mujeres, en un organismo plenamente implicado en la planificación de todo el futuro de Europa.
Este informe aborda los medios para alcanzar la igualdad de género en el mercado de trabajo, empleo, toma de decisiones, inclusión social, formación continuada, salud, etc. La ponente ha concentrado todos sus esfuerzos en estos temas y ofrece directrices muy claras a la Comisión sobre el tipo de medidas que el Parlamento desearía que se adoptasen.
Por cuanto respecta a las acciones previstas para 2002, acojo con particular satisfacción el compromiso de la Comisión de ofrecer datos desglosados por género, indicadores que permitan evaluar los progresos en materia de igualdad y una evaluación del impacto sobre los hombres y las mujeres de ámbitos políticos en los que no se habían integrado hasta la fecha los principios de igualdad. Ahora sabemos que esta información es esencial a la hora de elaborar y evaluar la legislación en materia de igualdad de género. En nuestros informes y opiniones hemos condenado una y otra vez la falta de datos adecuados sobre los que basar nuestro análisis. Este problema tiene que abordarse ahora, como han manifestado otros oradores.
Querría también hacer una referencia a algunas de las propuestas de la Comisión mencionadas en este informe, como la conferencia internacional sobre las mujeres en las zonas rurales, que se celebrará en octubre. Dicha conferencia reviste una enorme importancia, habida cuenta de la crisis que han sufrido muchas de nuestras zonas rurales, sobre todo en los últimos 18 meses y de las necesidades específicas de las mujeres que viven y trabajan en áreas rurales.
La igualdad en la política exterior y las relaciones internacionales es, una vez más, una cuestión vital. La conferencia proyectada no sólo podría llamar la atención sobre esta cuestión, sino también ayudarnos a comprender mejor su importancia en toda nuestra labor internacional. Como ha señalado la Sra. Avilés Perea, la cuestión de la igualdad de género debe ocupar un lugar central en el debate sobre la exclusión social y la pobreza.
El programa de trabajo para 2002 es más amplio y ambicioso que el de este año y espero que, sobre la base de este informe, podamos realizar progresos significativos.

Angelilli (UEN).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por el trabajo desarrollado. Antes que nada, señalo que comparto plenamente, como también ha sido recordado por otras colegas mías, la amargura por el hecho, tristemente simbólico y grave, de que, a pesar de los muchos buenos propósitos, en la Convención Europea que está elaborando el futuro de la Unión, y por tanto el futuro de los derechos de los ciudadanos y de las ciudades europeas, por desgracia, las mujeres sólo están presentes en el 16 por ciento de los miembros, que es en mi opinión un dato realmente preocupante. Si bien, merece la pena insistir sobre algunos objetivos fundamentales, subrayados enérgicamente en el informe, que ayudarían a hacer más concretas y sobre todo a mejorar las oportunidades para las mujeres europeas.
Me refiero, en primer lugar, a la necesidad de elaborar un informe de valoración sobre el cumplimiento de todos los textos legislativos aprobados - resoluciones, recomendaciones, directivas, etcétera - para averiguar puntualmente su estado de aplicación por parte de los Estados miembros y, en su caso, poder poner en marcha los oportunos procedimientos de infracción en caso de ausencia de transposición o incumplimiento de éstos. De este modo, sería más fácil tener bajo control la situación, responsabilizando a los Estados miembros e interviniendo más eficazmente para garantizar todas las condiciones para una participación más equilibrada de las mujeres, tanto en el mundo del trabajo como en los papeles de su elección, tratando además de promover una seria política de apoyo social a las mujeres trabajadoras - por lo tanto: asistencia a la infancia y asistencia a la familia - para dar la posibilidad realista a todas las mujeres de conciliar su vida profesional con la familiar.
Por los motivos que brevemente he tratado de sintetizar, nuestro Grupo votará a favor del informe.

Prets (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, acabamos de escuchar cosas muy positivas, pero también se han enumerado las deficiencias, y me quiero sumar a esto. Año y medio después de la entrada en vigor del programa de acción relativo a la estrategia comunitaria para la equiparación de mujeres y hombres, su puesta en práctica - tal como muestra ahora el informe- deja todavía mucho que desear. Los ámbitos de acción de los derechos sociales, de la vida económica y participación y de la representación sólo pueden recibir un juicio negativo, porque las diferencias de renta entre hombres y mujeres siguen siendo aproximadamente del 25% en el sector privado. Únicamente el 23% de los empresarios son mujeres. La cuota de introducción de mujeres en los procesos de decisión apenas ha alcanzado en la mayoría de los países el nivel del 30% y las instituciones de la Unión Europea, en las que la representación de las mujeres está entre el 13 y el 30%, tampoco constituyen necesariamente el mejor ejemplo. Ya lo hemos oído: la composición de la Mesa constituye también una contribución al respecto. Cuando planteamos exigencias a los Estados miembros deberíamos ir por delante con el mejor ejemplo.
Las directivas que existen ya en la UE en relación con la equiparación de hombres y mujeres no sólo deben mejorarse sino que deben encontrar una mejor realización en los Estados miembros. Esto significa también que debe haber un mejor control por parte de la Comisión para que funcione la equiparación, pues, de lo contrario, me parece una mera farsa que haya directivas y que tengamos que mirar constantemente si se producen avances en el ámbito de su puesta en práctica.
Diamandopoulou
. (EL) Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Figueiredo y agradecerles, tanto a ella personalmente como a la Comisión de Derechos de la Mujer en su conjunto, el importantísimo apoyo y, sobre todo, las propuestas y, naturalmente, las críticas. 
Quisiera referirme a algunos de los asuntos que se han debatido, que considero especialmente importantes, y en los que no se han registrado progresos. Bastantes oradoras se han referido al asunto de las estructuras de acogida de niños y, en general, de todas las personas dependientes, en muchos casos, de las familias. Se trata de un asunto, naturalmente, que es competencia absoluta de los Estados miembros, pero siempre existe la posibilidad de coperación ?no intervención? de la Comisión, y de cooperación a escala europea, al objeto de hallar el valor añadido. De este modo, quiero recordar los siguientes esfuerzos: primero, en la estrategia para el empleo, uno de los cuatro ejes se refiere a la igualdad de oportunidades, con especial atención al asunto de las infraestructuras y con una importante financiación en muchos países miembros. El año pasado, tras la evaluación de la aplicación de la estrategia para el empleo, a 8 de los 15 países se les hicieron recomendaciones concretas sobre la necesidad de mejora de sus infraestructuras en relación con la acogida de niños. Los Estados miembros, salvo en en algún caso excepcional, se niegan en su conjunto a plantear objetivos cuantitativos, de suerte que fuera más fácil el seguimiento de los resultados. Vemos, sin embargo, que año tras año, y a través de la estrategia para el empleo, la mejora es patente. El segundo asunto es el seguimiento estadístico, que tampoco podemos decir que a escala europea sea satisfactorio. Ahora se ha abierto paso una estrecha colaboración con Eurostat al objeto de que con la nueva encuesta sobre la población activa se incluya ya entre los datos estadísticos el asunto de los servicios de acogida de niños. Ha habido muchos debates sobre la definición, no es igual la situación en todos los países miembros, pero considero que es muy importante, en todo caso, el hecho de que indicador correspondiente se introduzca en las estadísticas oficiales; lo mismo cabe decir del asunto de las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Un segundo asunto planteado por sus señorías es el asunto del Insttuto. Me han preguntado si estoy de acuerdo. Creo que repetidamente hemos debatido en la comisión del Parlamento este asunto. Pues claro que considero necesaria la creación del Instituto. Sus señorías saben que la Comisión encargó el estudio; ya tenemos los resultados; hemos constatado científicamente la necesidad de la existencia del Instituto; tenemos la primera estimación de las necesidades presupuestarias y de los presupuestos económicos, y ahí está ya mi correspondencia con el Presidente. Quiero llamar su atención sobre las dificultades para la creación de nuevos institutos. He planteado el asunto en el último Consejo de Ministros de Empleo, y debo decir que muchos países han respondido afirmativamente apoyando la necesidad de creación del Instituto. Los demás países no se han pronunciado en absoluto. De manera, que hasta el momento no tenemos respuesta negativa a la creación del Instituto de ningún Estado miembro. Quiero asegurarles que por mi parte iré dando pasos cada vez más firmes hacia la decisión final.
Un tercer asunto es el de la aplicación de la legislación en los países miembros. Aquí, al igual que ocurre con otros asuntos, como son el mercado de trabajo y todo el marco legislativo que afecta a las relaciones laborales, la Comisión se encuentra con una dificultad objetiva para el seguimiento de la aplicación de la legislación. No cuenta con los mecanismos adecuados para hacer un seguimiento detallado de lo que pasa en cada uno de los países miembros. De manera que actúa en dos niveles. Uno es, podría decir, relativamente más fácil: examinar si los países miembros han adoptado el marco legislativo necesario y si lo han hecho de la manera adecuada. El segundo consiste en la actuación inmediata de la Comisión en todos los casos de denuncia de incumplimiento de la ley, con utilización de todos los medios, incluida, claro está, la remisión al Tribunal.
Mi última observación se refiere globalmente a la planificación para 2002. Creo que tenemos progresos importantes; en primer lugar, en el modo de funcionamiento. Este año en toda la planificación, todas las carteras, tomarán en consideración en la elaboración de sus planes y análisis ?y no después en la evaluación? el asunto de la igualdad de los dos géneros. Segundo, en todos los niveles se siguen recogiendo los datos por sexo; esto nos ayuda especialmente en el diseño de indicadores. Tercero, una de las prioridades, desde este año, es la formación del personal en todas las Direcciones Generales, especialmente de quienes trabajan en relación con la planificación y programación en asuntos relacionados con la igualdad de los dos sexos.
Durante estos dos últimos años de colaboración, se hemos tenido importantes resultados en el ámbito legislativo; el principal logro ha sido el último acuerdo en torno a la legislación sobre igualdad de los dos sexos, la cual fija bases muy serias y nos ayuda mucho en la nueva propuesta sobre el artículo 13, que se refiere a la igualdad entre los sexos en todos los ámbitos.
Un comentario político: creo que esta directiva está llamada a resultar excepcionalmente importante y excepcionalmente conflictiva, de ahí los esfuerzos por conseguir un texto lo mejor redactado y documentado posible, que ayude desde el primer momento a fundamentar adecuadamente el debate.
El Presidente. -
Gracias, señora Comisaria.
Se cierra el debate.
La votación se realizará hoy, a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0214/2002), presentado por el Sr. Herman Schmid en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión "Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de empleo" - (COM(2001) 629 - C5-0076/2002 - 2002/2034(COS)).

Schmid, Herman (GUE/NGL)
. (SV) Señor Presidente, señora Comisaria, me alegra que la Comisión haya enviado otra comunicación sobre el desarrollo de la dimensión local en la estrategia europea del empleo. Pienso que esto es extraordinariamente importante y en mi informe he intentado desarrollar estas ideas.
En la estrategia del empleo hay una desafortunada tradición que nos lleva a pensar en términos nacionales, economías y mercados nacionales, y a ver al mercado laboral como una unidad. Así se hace caso omiso de los mercados de trabajo locales, de sus diferencias y de su significado. También existe la tendencia a considerar a los mercados laborales locales como una especie de concepto residual, que se ocupa de las zonas rurales, de los capítulos más débiles de la economía o de la economía social.
En mi informe doy a los mercados laborales locales otro significado, es decir, me refiero a mercados que producen bienes y servicios que se consumen localmente. Es personal sanitario y son obreros, es gente que trabaja en la red vial y personal técnico, son comerciantes locales, pequeñas empresas, servicios públicos de carácter local, y, también, comprende infraestructuras, tales como formación y otras. Hablamos, por tanto, de cosas importantes, aun en una perspectiva económica.
Esta materia también tiene importancia por la forma cómo se comporta frente a los ciclos económicos. Los mercados laborales locales son muy sensibles a las variaciones coyunturales de los mercados mundiales. Esto significa que durante un periodo como el actual - en que la economía camina despacio - los mercados laborales locales gozan de buena salud relativa. Para que la economía pueda salir de una depresión como la actual es especialmente relevante que los mercados laborales locales funcionen adecuadamente, ya que constituyen la tierra fértil en la podrán crecer nuevas empresas y desarrollarse nuevas actividades.
Quisiera subrayar también el significado de los mercados laborales locales. En mi informe destaco que éstos comprenden al menos un 30 por ciento del empleo. Esta proporción puede ser aún mayor, dependiendo de cómo se cuente. Por tanto, no es un problema marginal, sino que es una parte económica muy grande, importante y trascendente del conjunto de la política de empleo.
Cabe destacar también que, por muchas razones, estos mercados locales tienen gran trascendencia para la calidad de vida y el bienestar social. Es un mercado laboral con mayoría de mujeres, cosa muy importantes desde la perspectiva del empleo: si nos interesa incentivar el empleo, habrá que hacerlo especialmente con el empleo femenino. Además, a menudo es el primer mercado laboral para los jóvenes y el de más fácil acceso para los que comienzan su vida laboral. Estos mercados laborales locales tienen, por tanto, la importante función de servir de puente para alcanzar otras metas laborales.
Finalmente, estos mercados locales tienen gran valor para el asentamiento de las grandes industrias, incluso de las empresas multinacionales, en las estructuras sociales locales y, además, proveen de personal altamente cualificado a las empresas que tienen que competir en el ámbito internacional. Por tanto, hay muchas y poderosas razones sociales y económicas para dedicar más atención a los mercados laborales locales.
En los países de la Unión existen muchas variaciones regionales y locales, lo que implica que hay mucho por hacer. Quisiera subrayar que me refiero tanto a las grandes ciudades, a las regiones urbanas, como a otras zonas. En las grandes ciudades hay grandes diferencias entre los barrios pobres de inmigrantes y los de los ricos, como asimismo entre los mercados laborales vinculados a éstos. Muchos problemas sociales tienen su reflejo en la situación del empleo.
Finalmente quiero comentar las tres enmiendas presentadas. He propuesto acuerdos de colaboración de carácter local que estén abiertos para muchos grupos. En la primera de las enmiendas se ha propuesto suprimir a algunos de ellos, cosa que me resulta incomprensible. Quizás alguien pueda explicármelo más tarde en este debate.
En la segunda enmienda propongo marcas cualitativas para la política educativa, materia sobre la que no sorprende que existan diferentes opiniones. No tengo objeciones respecto a la tercera enmienda y la respaldo con gusto.
Para terminar, doy las gracias a los Grupos políticos por su colaboración en la comisión en torno a esta importante materia.

Bastos (PPE-DE)
Señor Presidente, este informe fue votado por unanimidad en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, lo que demuestra no sólo el consenso sobre la importancia del fortalecimiento de la dimensión local de la Estrategia Europea de Empleo, sino también el mérito del trabajo del ponente, a quien aprovecho para felicitar.
Esta iniciativa propone un desarrollo de los mercados laborales locales a fin de alcanzar niveles de eficacia y calidad en lo relativo a la creación de puestos de trabajo y un planteamiento de aspectos como la igualdad entre los sexos, la dimensión social, el desarrollo económico, la innovación y la sociedad de información, como subrayé en la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.
Resulta cada vez más necesario adoptar medidas de incentivación y acción en la esfera de la cohesión económica y social, concediendo atención especial a las regiones menos desarrolladas y con carencias estructurales y a los grupos más afectados.
Para alcanzar esos objetivos, es esencial una correcta articulación de los planes nacionales de acción y de los planes locales de acción, que deben indicar con claridad el papel y el nivel de participación de las autoridades locales a fin de que la formación y la información de todos los copartícipes contribuya a una mejor organización de las medidas adoptadas.
De igual modo, los Estados miembros deberán hacer participar a las agencias locales de empleo en el proceso de descentralización de la Estrategia Europea de Empleo, dada la proximidad de esas entidades y el mejor conocimiento de las realidades de los mercados laborales locales.
Las mujeres deberán ser simultáneamente agentes y grupos destinatarios de las estrategias locales de empleo. Las empresas locales (en cuanto empleadoras) y los interlocutores sociales pueden y deben contribuir al fomento de las oportunidades de carrera de las mujeres y a la conciliación de la vida profesional y familiar en el nivel de la empresa (por ejemplo, mediante horario flexible, aspectos fiscales y seguridad social), acelerando en particular la aplicación de directivas y acuerdos celebrados en esa esfera.
Para que se alcance el objetivo de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la Estrategia Europea de Empleo, es necesario que haya un fortalecimiento de los instrumentos financieros de las iniciativas comunitarias, como EQUAL, el Fondo Social Europeo, el FEDER, también las acciones locales.

Menrad (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, mi cordial felicitación a Herman Schmid por su excelente informe sobre la comunicación de la Comisión sobre la dimensión local de la estrategia europea para el empleo. Como ponente de las Directrices 2000 de política de empleo del Parlamento Europeo me remito gustoso a lo que aprobamos a este respecto casi por unanimidad en el Pleno en 1999 en el sentido de que es preciso tomar en cuenta en mayor medida el papel especial y la responsabilidad especial de los órganos regionales y locales de los demás interlocutores a nivel regional y local, así como de los interlocutores sociales y de que, además, habría que apoyar plenamente el papel de las administraciones públicas en la búsqueda de posibilidades de empleo a nivel local y en el aseguramiento del buen funcionamiento del mercado local de trabajo.
La exigencia que se expone, a veces de manera algo nebulosa, en el documento de la Comisión acerca de pactos territoriales para el empleo se ve complementada en el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales mediante la exigencia de crear pactos para el empleo entre los interlocutores sociales en las empresas. En mi circunscripción electoral he podido constatar hace poco con cuánto éxito ha discurrido un intento de este tipo. Las Bürkert-Werke de Ingelfingen se salvaron. Como contrapartida a que los trabajadores renuncien a determinadas prestaciones es preciso que se acuerde con carácter vinculante una garantía de empleo.
Mediante la introducción de la dimensión local en la estrategia europea para el empleo ésta resultará esencialmente mejorada. Se trata de coordinar en el plano europeo las políticas nacionales de empleo incluyendo también las políticas locales y se trata de lograr una estrategia común para descubrir potenciales sociales de creatividad, de innovación y de espíritu fundador. Se trata de encontrar soluciones subsidiarias para poner en consonancia la flexibilidad y la seguridad social. La fórmula correcta para la estrategia europea para el empleo significa: pensar globalmente, actuar localmente y, en este sentido, queremos dar nuestra conformidad al informe Herman Schmid.

Ghilardotti (PSE).
Señor Presidente, querría también darle las gracias al Sr. Schmid por el trabajo desarrollado. La comunicación de la Comisión, que considero muy positiva, responde a la consulta, lanzada por dicha Comisión en el 2000, sobre 'Actuar a nivel local en materia de empleo?, consulta que ha contado con la participación de numerosos actores, a nivel europeo, nacional y local, y que ha confirmado la opinión, que este Parlamento ha expresado varias veces en el pasado y que también ha encontrado corroboración en las posiciones de la Comisión, sobre la necesidad y sobre la importancia de dar valor a los actores a nivel local.
Si queremos alcanzar el objetivo, que los jefes de Estado y Gobierno se pusieron en Lisboa, de aplicar una estrategia europea para el empleo que, en el 2010, logre un buen y pleno empleo dentro de un contexto de cohesión social, no hay duda de que hace falta considerar, valorizar, sustentar los esfuerzos que los actores están cumpliendo en el ámbito local, de manera diferente según el contexto ambiental en que operan. Para hacer esto, es necesario espolear a los Estados miembros para que sigan las indicaciones que siempre hemos dado en el ámbito europeo: mecenazgo, ayuda a los planes locales de empleo, ayuda a todos los actores - tanto si son partes sociales, organizaciones no gubernativas o sector terciario - con una responsabilidad primaria de las instituciones públicas. Creo que realmente tenemos que seguir pidiendo a los Estados miembros, y lo hacemos con esta comunicación, que, en la estrategia europea del empleo y en el lanzamiento de los planes nacionales, los actores locales sean escuchados, porque es en el ámbito local donde se encuentran los responsables obligados a responder en primera persona a los desafíos actuales, representados por las nuevas necesidades, por la necesidad de crear empleo, por el recurso a instrumentos de movilidad y a instrumentos de formación permanente, que son fundamentales para alcanzar el objetivo.
En conclusión, querría observar que el forum que la Comisión ha prometido organizar el próximo año me parece fundamental. En segundo lugar, a mí personalmente y al grupo socialista, las enmiendas propuestas nos parecen superfluas y contrarias al espíritu unitario con el que ha sido votada la comunicación en comisión. Nosotros querríamos mantener pues el texto votado en comisión.

Jensen (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero manifestar mi enorme agradecimiento a Herman Schmid por el estupendo trabajo que ha realizado con su informe. Políticamente estamos en desacuerdo en muchas cosas, sin embargo, cuando se trata de hacer más transparente la coordinación abierta de la política de empleo, estamos unidos y le doy las gracias en particular al Sr. Schmid por haber puesto claramente de relieve que la estrategia para el empleo no sólo debe ser un proceso top down, sino también un proceso construido desde abajo y que implique a todos los que en la práctica trabajan en la política de empleo. Sabemos que es en el nivel local donde se ponen en práctica grandes partes de la política de empleo - es aquí donde se recogen experiencias, se consiguen conocimientos, y es aquí donde se está al tanto de qué funciona cuando el objetivo a alcanzar es un mayor empleo. De ahí que sea fundamental recoger las experiencias locales.
A la Comisión quiero decirle que celebro que bajo el Fondo Social se haya incluido el esfuerzo local de la forma en que se ha hecho. La Comisión nos ha prometido una declaración corriente sobre cómo se utilizarán los créditos a nivel local y regional del artículo 4 del Fondo Social Europeo, donde hay asignados 40 millones de euros para este año y para el año próximo. Insistiremos en que la Comisión mantenga esta promesa. Es importante que el Parlamento siga el desarrollo dentro de este ámbito prioritario. Espero asimismo que la cooperación abierta involucre el nivel local y regional y que los nuevos planes de acción nacionales y el informe comunitario sobre el empleo nos cuenten qué está pasando a nivel local y regional. A esto añadiré la cuestión respecto a un esfuerzo informativo más activo por parte de la Comisión con relación a las autoridades locales y regionales. El objetivo de la cooperación abierta no es sólo que unos pocos expertos, funcionarios y líderes políticos se reúnan y se confirmen mutuamente que disponemos de una buena política. No, el objetivo de la coordinación abierta de la política de empleo debe ser proporcionar a los cargos electos una mejor base de decisión y a los electores más información sobre las posibilidades con las que contamos en el ámbito de la política de empleo.

Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, las sociedades locales, viven con mayor intensidad la lacra del desempleo y el subempleo, especialmente en zonas de desarrollo económico en retroceso, en las que tras la involución cuantitativa del proceso productivo, los trabajadores se enfrentan a problemas de supervivencia.
En mi país el paro alcanza el 11% y se manifiesta más intensamente entre los jóvenes, de entre los que uno de cada tres por debajo de los 25 años está parado; hay asimismo zonas en las que el desempleo, o el subempleo, sobrepasan el 40 ó el 50%.
Las propuestas que se hacen no se proponen hacer frente a este trágico fenómeno, sino supeditar a los agentes laborales y sociales, y a los órganos de la administración local, a la política liberal de la Unión Europea. El objetivo no es otro que convertir la administración local en un entidad que funcione con criterio de empresa privada y se implique en la reestruturación de las relaciones laborales, el deterioro de los convenios colectivos y la reducción de los derechos de los trabajadores. Las propuestas debilitan el movimiento obrero y refuerzan las posibilidades del gran capital de romperlo, de crear contradicciones artificiales y de plantar falsos dilemas. Intentan proteger los superbeneficios de los monopolios de la protesta y la oposición popular alimentada por la barbarie capitalista y la inhumanidad de las políticas lliberales. Estamos categóricamente en contra de estas políticas y luchamos al lado de los trabajadores por una administración local y por agentes sociales locales de base masiva que expresen los verdaderos intereses populares y que sean instrumentos de lucha en manos de los trabajadores en contra del azote neoliberal.
Blokland (EDD).
Señor Presidente, el empleo hay que adecuarlo a la dimensión humana. Por el contrario, el paradigma del crecimiento económico no es más que una abstracción que, en la práctica, tiene poco significado. En los últimos tiempos se está registrando un aumento del desempleo, pero las personas que, por ello, pierden sus trabajos y sus ingresos, no son tomadas en cuenta. El informe del Sr. Schmid intenta no perder de vista a las personas que se encuentran detrás de esa abstracción inherente a la política de empleo. Quiero hacer unas observaciones con respecto a dos puntos sobre esa dimensión humana en la estrategia de empleo.
En primer lugar, considero de gran importancia que en la resolución se haga hincapié sobre la fuerza de los planes locales de empleo. En la exposición de motivos, el ponente hace referencia a la estabilidad del empleo local y al hecho de que éste se ve menos afectado por las fluctuaciones coyunturales. Por mi experiencia como concejal del ayuntamiento de Capelle-aan-den-IJssel, puedo decir que la política local de empleo es eficaz, lo cual me hace preguntarme cuál será el papel reservado a Europa si la política local de empleo es capaz de conducir a un clima de estabilidad. Y es que, de esa manera, en el ámbito europeo se creará un marco para la promoción del empleo que se encuentra lejos del ciudadano en el ámbito regional. Además, tal marco limitará las posibilidades de las diferentes regiones para desarrollar sus propias iniciativas.
En mi opinión, por tanto, el papel de Europa en la estrategia local de empleo debe ser limitado, a lo sumo de coordinación. Su papel se limitará al intercambio de experiencias sobre la participación de grupos meta de difícil acceso y al lugar que ocupen la enseñanza y la educación en la promoción de empleo.
En segundo lugar, pido que se preste atención a las consecuencias de la política que se ha formulado. El objetivo de la promoción de la participación de la mujer y de creación de igualdad de oportunidades para los diferentes grupos nos sitúa ante nuevos problemas. No tengo más que indicar las consecuencias para las familias, para los contactos sociales, el voluntariado y el cuidado de personas. No es suficiente que se señale el especial significado de la existencia de guarderías infantiles de alta calidad. El derecho adquirido de hombres y mujeres a elegir sus tareas en el cuidado de la familia es un gran privilegio en nuestra sociedad occidental. Sin embargo, la presión para participar en el mundo laboral es grande, y nuestro deber es el de encontrar un buen equilibrio entre ambas situaciones. La participación en el mundo laboral necesita que no se excluya la asistencia familiar, del mismo modo que la asistencia a familias se debe considerar como trabajo.
Finalmente, señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a esta resolución. La política de ámbito europeo en materia de empleo no debe hacer sombra a las iniciativas locales y regionales. La política europea debe apoyar las iniciativas locales encaminadas a promocionar la participación de los ciudadanos en el mundo laboral, de tal modo que se consiga encontrar un equilibrio entre el trabajo y las labores de asistencia familiar. Creo que, de esa manera es como mejor se puede servir al ciudadano.

Caudron (NI).
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, esta mañana intervengo en calidad de nuevo y muy provisional no agrupado, después de haber sido, por cierto, expulsado del Grupo PSE a petición del PS francés. Por lo demás, en este momento quiero centrarme en un dossier que para mí es esencial: el dossier del empleo, y, como siempre, lo haré como hombre de izquierdas y como socialista en el sentido amplio de la palabra, y todos ustedes son conscientes de ello.
De entrada, me gustaría darle las gracias a la Comisión Europea por su comunicación. Aunque no es un texto revolucionario, contiene propuestas concretas, susceptibles de conseguir que las cosas vayan por buen camino. En un mundo ultraliberal, este es un rasgo muy interesante. Por descontado, desearía también darle las gracias al ponente, nuestro colega Herman Schmid, por la calidad de su trabajo y por el interés y la pertinencia de muchas de sus propuestas, que comparto y apoyo sin fisuras. Dicho esto, quiero recordarles con idéntica firmeza que, por encima de las propuestas concretas de la Comisión y de las del ponente, lo importante, lo esencial e incluso lo vital es volver a situar al empleo en el centro de todo, y a todos los niveles.
Efectivamente, el empleo le permite a cada ciudadano encontrar su lugar, mientras que, por el contrario, el paro lo desestructura, lo aísla y muy a menudo lo destruye. En un mundo en el que el empleo se considera con demasiada frecuencia 'una variable de ajuste de la supuesta eficacia y del ánimo de lucro, que es absolutamente real?, ya va siendo hora de superar el sentido de las prioridades y de recalcar a todos los niveles que el pleno empleo es el objetivo número uno.
Por tanto, dado que en materia de empleo, no existe, naturalmente, ninguna solución milagrosa, y dado que las fórmulas mágicas no son suficientes, hay que compatibilizar, multiplicar, diversificar las fórmulas de actuación a todos los niveles para alcanzar este objetivo. Es evidente que donde conviene actuar, y donde es absolutamente necesaria la creación de una regulación, es a escala mundial. Hay que aplicar en el ámbito europeo una política industrial voluntarista, una política de investigación y una política social enérgica. Asimismo, hay que llevar a la práctica políticas sociales nacionales que den prioridad al empleo sobre todo lo demás. En este punto, la evolución de estos últimos meses aleja a un gran número de países europeos de este objetivo. Finalmente, hay que diseñar políticas sociales que impliquen a las empresas, a las colectividades, a las asociaciones, a los sindicatos y a los ciudadanos. Esta es ciertamente la fórmula que permite que se puedan crear nuevos puestos de trabajo a una escala lo más local posible. Esta es la fórmula que permite crear puestos de trabajo para las personas a menudo marginadas o en situación precaria. Finalmente, esta es la fórmula que permite aunar puestos de trabajo, ingresos, servicios y calidad de vida.
La Comisión Europea y el ponente avanzan en esta línea con propuestas concretas. Repito que me sumo a ellas y que las respaldo, y que ahora hay que llevarlas a la práctica rápidamente, aunque rechazando la engañifa de pensar que todo puede resolverse a escala local. La lucha contra una mundialización desenfrenada, una Europa exclusivamente liberal y políticas nacionales sometidas a la dictadura de las bolsas y de las finanzas condicionan el éxito de las políticas locales en materia de empleo. Estoy seguro de que el ponente es consciente de ello, pero esta mañana, quería precisarlo de nuevo muy claramente en mi intervención.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me sumo a las felicitaciones al Sr. Schmid por su trabajo y también por su actitud al recoger las numerosísimas enmiendas presentadas, que no han tenido otra pretensión que la de fortalecer y ampliar las ideas en torno a la dimensión local del empleo y a sus posibilidades.
Ciertamente, todos los trabajos pueden considerarse locales, y aunque la estrategia europea de empleo se haya centrado en los esfuerzos realizados a escala nacional y europea, cada vez es más aceptado que el objetivo del pleno empleo no podría alcanzarse sin una mayor implicación y participación de los niveles más próximos al demandante de empleo -el regional y el local-, tanto desde la perspectiva de la actividad como de la de los trabajadores.
En la consideración del mercado laboral como una estructura vertical desde los planos europeo, nacional, regional y local, ya nadie duda del papel del mercado local -quizás, cuantitativamente, un tercio del empleo total- y esta dimensión local cobra significación especial en zonas rurales y marginales. En tal sentido, puede y debe servir como instrumento de fijación de población en determinadas áreas y puede desempeñar -y creo que tiene que hacerlo- un papel importante de cara a los colectivos socialmente más vulnerables.
Las acciones locales por el empleo de realización directa y claramente inmediata pueden ser muy diversas también, por supuesto con el apoyo de los programas europeos. En cualquier caso, una acción municipal o local puede abrir las puertas del trabajo en la lucha contra la discriminación por razón de género, como destacaba la Sra. Bastos, o en la lucha contra la exclusión social. Quizás sólo se trate de convencer a la empresa -a veces, la más importante de una ciudad- de que tan importante como patrocinar un club -puede que de fútbol, ahora que el campeonato está reciente- son las incorporaciones a esa empresa de algunos trabajadores que proceden de grupos socialmente débiles, y convencerla también de que, probablemente desde el punto de vista de la publicidad y la promoción, esta actitud es más sensible y, al menos localmente, también más rentable. Además, en el supuesto de dominio de los empleos por una o unas pocas empresas de un sector en una localidad determinada, existe la oportunidad de diversificar y de dar mayor garantía para la sociedad en su conjunto. Desempeñan también un papel importante aquí los agentes sociales, a los que habrá que convencer.
No quiero terminar sin referirme a la importancia de la conexión de las iniciativas locales de empleo con la salud laboral. Una buena intercomunicación entre la administración local y otras administraciones puede ser también un mecanismo que facilite la lucha contra la siniestralidad.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, quiero abordar dos cuestiones. Una es la cuestión de igualdad de remuneración y otra es la cuestión del empleo juvenil. Las estadísticas demuestran que, a pesar de la adopción de normas en materia de lucha contra la discriminación en Europa, a nivel nacional y comunitario, la diferencia de salarios entre un sexo y otro sigue siendo aproximadamente del 17% entre hombres y mujeres. En Irlanda esta diferencia alcanza ahora el 20%, después de subir desde el 18% registrado en 1997.
Es evidente que existe todavía un problema y, si nos planteamos seriamente el objetivo de que un 60% de las mujeres forme parte de la población activa, tenemos que abordar la cuestión de la igualdad de remuneración en la revisión que la Comisión está haciendo de sus políticas.
Creo que este planteamiento animará a las mujeres a participar voluntariamente en el mercado de trabajo y -espero- contribuirá a disminuir las diferencias entre sexos.
En lo que respecta a la cuestión del empleo juvenil, hay cientos de miles de jóvenes en toda Europa que son excluidos del mercado de trabajo por razones de todo tipo. Si nos planteamos seriamente romper el ciclo de la pobreza en Europa, tenemos que abordar este problema. Tenemos que hacerlo mediante programas y objetivos de acción, de una forma tal que se comprometa con cada uno de ellos en una perspectiva multidisciplinar para romper de verdad el ciclo de la exclusión. De otro modo, seguirán abocados permanentemente a la exclusión y a la pobreza.

Mann, Thomas (PPE-DE).
Señor Presidente, la Comisión Europea formuló la promesa de comprometerse en la dimensión local de la política europea para el empleo. Lamentablemente, no hubo recursos financieros adicionales, hubo que tomarlos del Fondo Social Europeo. Para el Parlamento Europeo los mercados laborales locales gozan de prioridad. Éstos contribuyen sustancialmente a la mejora de la situación de los empleados en las prestaciones, en la economía social, en el tercer sector, sea en los centros urbanos sea en las regiones de difícil acceso. Mejoran las condiciones de partida para la creación de empresas no sólo en el mercado regional, sino también a nivel nacional e internacional.
Para el apoyo a las mujeres en todas las posiciones en la empresa y de cara a su insuficiente representación -nuestro colega el Sr. De Rossa ha aludido a esto- es preciso adoptar de una vez por todas medidas eficaces. Se fomenta la integración. Los grupos marginales y los socialmente desfavorecidos -personas de edad, desempleados, personas con discapacidades- se hunden con más facilidad en los mercados laborales locales. Igualmente estimables son los pactos territoriales para el empleo en los que cooperan las ciudades y los municipios pequeños. Se generan diálogos sociales. Sin embargo, lo que falta es el intercambio intencionado de experiencias y de buenas prácticas por encima de las fronteras de los países.
Para aprovechar de manera más eficaz el potencial de los puestos de trabajo locales y regionales necesitamos estrategias de empleo de los interlocutores sociales de las empresas - nuestro colega, el Sr. Menrad ha aducido un ejemplo muy bueno - y de las autoridades. Sin duda, servirán de ayuda in situ las agencias de desarrollo, los observatorios -incluso los programas de apoyo de la UE Sócrates, Leonardo- las iniciativas comunitarias y los Fondos estructurales que apoyan proyectos de empleo. El concepto del aprendizaje a lo largo de la vida servirá entonces de ayuda en la adaptación al cambio tecnológico y en la adquisición de nuevos conocimientos. 
Sumándome expresamente a mi colega, la Sra. Lulling, quiero apoyar la exigencia del excelente informe del Sr. Herman Schmid de ampliar notablemente la financiación de las medidas de formación y de maximizar la calidad de sus contenidos.
Andersson (PSE).
Señor Presidente, me gustaría sumar mi voz al coro de felicitaciones a Herman Schmid por su excelente informe y por la buena colaboración alcanzada en la comisión.
A mi juicio, el gran problema del mercado laboral del futuro es, como ya vemos, que dentro de poco tiempo habrá escasez de mano de obra en toda la Unión Europea. Ya es un hecho en algunos sectores. Al mismo tiempo, en la Unión hay numerosos desempleados a los que no somos capaces de dar un empleo. En estas circunstancias cobra importancia la dimensión local. Para coordinar la política de empleo con las necesidades que estamos palpando en el mercado laboral hay que aplicar localmente estrategias centrales. Hay que hacerlo para dar a conocer localmente los objetivos centrales, pero también para que en el centro conozcamos los problemas existentes en la periferia. Personalmente estoy en contacto con esta situación. Como presidente del Cross-border de la región del estrecho de Sund informo sobre los objetivos centrales de la política de empleo y, además, escucho los problemas de la región. En el futuro tendrá que existir este tipo de coordinación.
Es conveniente la participación de muchos actores, tanto en el ámbito central como en el local. Estos actores pueden ser, por ejemplo, las partes del mercado del empleo, las agrupaciones populares y las organizaciones de discapacitados, pudiendo estas últimas diseñar programas para grupos con necesidades especiales. También hay que actuar en el seno del Fondo Social Europeo. He visto muchos casos en que este Fondo ha tenido un papel relevante en los mercados laborales locales a la hora de respaldar las estrategias que hemos creado en el ámbito central.

Vairinhos (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, ¡una buena comunicación de la Comisión, un excelente trabajo de su ponente!. Como sabemos, es inequívoca la importancia de los mercados laborales, los recursos, las instituciones y las administraciones locales en un desarrollo armonioso y sostenible. El nivel local es, de hecho, un valor añadido, pero si participa efectivamente en la estrategia de decisiones que se adoptan normalmente en otros niveles; no se debe relegar el nivel local a la condición de mero espacio de ejecución, como, por desgracia, sucede muchas veces.
Lo que es indiscutible es que cada vez hay -y ha habido a lo largo de los años- una mayor panoplia de medidas y proyectos específicos de impulso al empleo, que se deben integrar inmediatamente, porque urge -todas las políticas que se aplican en el nivel local deben ser integradas-, así como todos los protagonistas, todos los agentes locales. Las administraciones locales, por excelencia, pueden y deben considerarse agentes de desarrollo incentivadores de asociaciones en las esferas del turismo, la cultura, el artesanado, el medio ambiente, participando en la constitución de empresas mixtas y microempresas, haciendo participar a los jóvenes, a las mujeres y a los desempleados. Son puntos de excelencia en la esfera de la información, la colaboración y la formación. Termino ya con esta observación: es necesario desburocratizar los procesos de candidaturas y facilitar el acceso al crédito.

Diamandopoulou
. (EL) Señor Presidente, tras la intervención del Sr. Schmidt, y del resto de los diputados, creo que queda muy claro que las fuerzas emergentes en este siglo son las mujeres, las regiones y las pequeñas y medianas empresas. Por ello, también en la estrategia de empleo, estos tres elementos deben ser tomados muy seriamente en consideración.
La estrategia europea para el empleo implica, naturalmente, la confección de planes nacionales de acción por el empleo, pero muy pronto se hizo patente la necesidad del planeamiento regional y local, ya que a causa de las nuevas condiciones conformadas en el mercado globalizado, en la nueva definición de aislamiento ?cuando una zona está o no alejada del centro?, está dimensión se ve ya modificada, a causa, principalmente de la sociedad de la información. Igualmente, la nueva lógica del modelo productivo, tanto en el trabajo como en las empresas, ha creado muy rápidamente la necesidad del planeamiento estratégico local, la necesidad de los planes locales de acción por el empleo.
La Comisión, para llegar a proponer la comunicación en cuestión, ha desarrollado previamente una amplia labor de consultas. Se han celebrado importantes reuniones, una de ellas en Estrasburgo, en las que han participado representantes de los poderes regionales, de los gobiernos regionales de toda Europa, y hemos tomado en consideración sus propuestas. Creemos que es importante que el planeamiento local vincule los objetivos locales de desarrollo con los ejes fundamentales de la estrategia por el empleo, que son los mismos: empleabilidad, adaptabilidad, empresarialidad, igualdad de oportunidad. De este modo, tenemos la posibilidad de crear un gran número de puestos de trabajo y de lograr una mayor cohesión en las sociedades locales.
¿Cómo Interviene la Unión Europea? ¿Cómo relacionamos el planeamiento europeo, la estrategia europea de empleo, el planeamiento nacional, el plan nacional de acción por el empleo y las opciones locales? La Unión Europea puede intervenir ?con el debido respeto, naturalmente, al principio de subsidiaridad y a la separación de poderes?, y creo que, de hecho, tenemos ya importantes resultados, de los siguientes modos: primero, como ya se ha dicho, a través de las iniciativas, ya sea la iniciativa Equal, ya sean los programas contra la exclusión o contra la discriminación, pero principalmente a través del Fondo Social se han dado líneas, y podemos ver en muchos países planes integrales locales de acción por el empleo financiados por el Fondo Social. Estas propuestas, denominadas iniciativas locales, son los planes que, principalmente, seguimos de cerca, al objeto de tener así la posibilidad de extender el conocimiento correspondiente, la información y la experiencia. Un segundo elemento es el apoyo por parte de la Comisión a las entidades locales que desean participar en estos programas, al objeto de facilitarles el acceso a las fuentes de financiación oportunas. Esto tiene lugar a través de redes de información muy concretas, y de un esfuerzo, que sé que aún no ha dado sus frutos, por combatir, en la medida de los posible, la burocracia, que, en ocasiones, se convierte en un peso excepcionalmente grande para los planes locales de acción y para los grupos implicados. Por supuesto, la Comisión está creando nuevos instrumentos procedimentales para el apoyo a estos planes locales de acción.
Quiero destacar el importante papel que deben desempeñar los parlamentos nacionales y regionales, en la acción nacional y regional por el empleo, respectivamente; cosa que hasta el momento no se ha conseguido en el grado esperado.
En general, diría que en la evaluación que hemos hecho de la aplicación de los planes nacionales de acción se percibe un serio problema, que ha sido mencionado por bastantes de diputados, en la colaboración; en la colaboración entre las instituciones, las iniciativas, la sociedad civil, los agentes sociales representativos de los trabajadores y de los empresarios; la necesaria colaboración no ha quedado plasmada en la forma que desearíamos.
Creo que es interesante anunciar que el año que viene, durante la Presidencia griega, se celebrará un forum paneuropeo sobre el empleo local, en el que se presentarán comunicaciones sobre la marcha de los programas de empleo local que en este momento se están materializando en colaboración con la Unión Europea.
El Presidente.
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A5-0251/2002) de Marie-Hélène Gillig en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la comunicación de la Comisión "promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto de la mundialización" (COM(2001) 416 - C5-0162/2002 - 2002/2070(CNS).
Gillig (PSE)
. (FR) Señor Presidente, Señora Comisaria, queridos colegas, efectivamente - lo ha recordado usted, Señor Presidente -, la comunicación de la Comisión ha diseñado una estrategia tendente a promover las normas fundamentales del trabajo en el contexto de la mundialización. ¿A qué nos referimos?
De entrada, recordemos que las normas fundamentales a las que se hace referencia son las que se derivan de la Declaración de 1998, identificadas en la Cumbre de Copenhague e incluidas en ocho convenios de la OIT: la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la erradicación de cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio, la efectiva abolición del trabajo infantil, la supresión de la discriminación para empleados y profesionales.
Aunque ciertamente, la Organización Mundial del Trabajo, OIT, es el órgano competente para definir y negociar las normas relativas al trabajo, el Consejo Europeo de Octubre de 1999 recordó que la Unión debía reforzar con su respaldo la protección de los derechos fundamentales del trabajo. Así, el papel de la Unión Europea en el seno de la OMC ha cobrado una fuerza especial.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las dificultades, incluso la incapacidad de conseguir que estos derechos, a pesar de ser elementales, se apliquen a escala mundial, son absolutamente reales. Al mismo tiempo, surgen en todos los rincones del planeta voces que denuncian que desarrollo económico no significa desarrollo social, y la propia comunicación reconoce que 'el gobierno de mercado se ha impuesto sobre el gobierno social?. ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados?
De entrada, me gustaría acoger con los brazos abiertos la comunicación, así como las propuestas que dependen de ella, y poner de manifiesto el interés y la oportunidad de abrir un debate sobre esta relación mundialización / derecho del trabajo y gobierno social dentro de nuestras instituciones. Así, la comunicación deja patente que los mecanismos del mercado y la liberalización de los intercambios, a pesar de ser esenciales para el desarrollo, no pueden por si solos garantizar este desarrollo para toda la humanidad del planeta. En cuanto a las normas fundamentales del trabajo, esta mundialización debe ir acompañada del establecimiento de normativas públicas que tengan la misma eficacia que las que se aplican en el ámbito del mercado. La OMC no puede ignorar estas normas. Tampoco puede ser el único reducto de estas regulaciones mundiales, ni ser la que domine al conjunto de las demás instituciones.
A partir de estas reflexiones, les presentamos esta opinión, que viene a complementar las propuestas de la Comisión. Se basa en algunas ideas fundamentales, que se desarrollan en el informe. Me gustaría mencionar tres elementos, que a mi modo de ver son esenciales.
En primer lugar, la necesaria definición y clarificación de las relaciones entre la Unión Europea, la OIT y la OMC. La enorme dificultad que existe a la hora de conseguir que las normas fundamentales del trabajo se apliquen a escala mundial pone de relieve, por una parte, la falta de coherencia en las iniciativas adoptadas por distintas instituciones, y por otra, la debilidad del sistema de gobierno mundial, su estructura inadaptada a la realidad de hoy en día, y la ausencia de una jerarquía normativa común entre estas distintas regulaciones mundiales.
Para ello, el informe propone, entre otras cosas, que se revise y se corrija la colaboración entre la Unión Europea y la OIT - esto se está haciendo ahora mismo, lo cual nos parece estupendo -, que la OIT tenga un estatuto de observador en la OMC, que las decisiones de la OIT - y sobre todo los resultados de sus controles - sean publicados, y que la Unión los tenga de verdad en cuenta en sus relaciones con los países terceros. La segunda línea de actuación se refiere a las políticas de desarrollo. La Unión Europea tiene que adoptar un enfoque integrado de sus políticas y favorecer una ayuda coordinada para potenciar las normas fundamentales del trabajo. Tomemos un único ejemplo: ¿De qué sirve promover la erradicación del trabajo infantil, si al mismo tiempo no actuamos sobre las políticas educativas? ¿Qué ocurre con el derecho a la libre expresión de los trabajadores en un país que no es democrático, o que no es un Estado de derecho?
Así, le pedimos a la Unión Europea que, además de incluir cláusulas incitativas en lugar de sancionadoras, y cláusulas que no estén exclusivamente vinculadas a los acuerdos comerciales, integre sistemáticamente en el conjunto de los acuerdos que se cierren con los países terceros, sean del tema que sean, la cláusula que se refiere a las normas fundamentales del trabajo.
Señora Comisaria, he retomado una fórmula muy apreciada por las feministas, que decían que lo que no se dice no existe. Creo que si las normas fundamentales del trabajo no se mencionan, se olvidan, y dejan de existir.
El tercer punto se refiere al desarrollo de la actuación europea relativa a las actuaciones regionales y que afecta a nuevos ámbitos de regulación que se están creando en el mundo para conseguir una mayor adaptación a la realidad local. La OIT trabaja con esta filosofía, y aquí podría haber un verdadero efecto de sinergia. En este punto, el debate debería poder abrirse, con la incorporación de representantes de los países en vías de desarrollo que compartan el objetivo de identificar programas de actuación realistas y progresivos.
Señora Comisaria, esta comunicación supone para nosotros un avance, y tendría que abrir la puerta a un cambio en los métodos de trabajo que la Unión Europea debe desarrollar con los países terceros, especialmente sobre una base más respetuosa de su realidad.
Deseamos también, señora Comisaria, que el Consejo se ocupe lo antes posible de este dossier, y le pedimos a la Presidencia danesa que tenga la amabilidad de incluir su examen en el marco del próximo Consejo de Asuntos Sociales.
Para finalizar, señor Presidente, concluyo dando muy sinceramente las gracias a mis colegas en su conjunto; en especial, quiero manifestarle mi agradecimiento a los que, en las cuatro comisiones que han tenido a bien adoptar opiniones que hemos intentado integrar lo mejor posible en este informe, han permitido, en mi opinión, enriquecerlo y permitirán también alcanzar - así lo espero - un amplio consenso.

Alyssandrakis (GUE/NGL)
 - (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, en nombre de la Comisión de Industria, quisisiera felicitar a la Sra. Gillig y expresar mi agradecimiento a la Comisión de Empleo por haber aceptado una gran parte de nuestras propuestas.
La Comisión de Industria concede especial importancia al respeto a las normas fundamentales del trabajo y considera que condiciones necesarias para que la situación mejore son impulsar una política comercial internacional más justa, frenar la especulación y reducir la deuda exterior. La Comisión de Industria saluda los progresos registrados en la dirección de reconocer el carácter universal de las normas fundamentales del trabajo, y expresa su inquietud por las consecuencias de la cada vez más acelerada liberalización del comercio y del sector financiero.
La Comisión de Industria se congratula de la iniciativa de la Comisión Europea de plantear el asunto en organismos internacionales en respuesta a las demandas al respecto del Parlamento Europeo, y del movimiento sindical y popular, tal y como éste se expreso en Seattle, Génova y en otros lugares. Destaca que en Doha no se registró avance alguno, llama a la Comisión Europea a revisar su estrategia y a la Unión Europea a intensificar el diálogo con organismos initernacionales. Se pronuncia a favor de la imposición de sanciones, especialmente a empresas multinacionales que obtienen beneficios del incumplimiento de las normas fundamentales del trabajo y aplaude el uso del sistema de preferencias generalizadas. Por otra parte, nuestra comisión considera que los países que participan en la Organización Mundial del Comercio tienen especial responsabilidad con respecto a la observación de las normas fundamentales del trabajo y pide a la OMC que aclare que las sanciones impuestas por la OIT no pueden considerarse contradictorias con los Tratados de la propia OMC. Por último, llamamos a la Comisión Europea y al Consejo que fomenten igualmente el respeto a otros derechos laborales, como son la seguridad social, el derecho a un trabajo estable y la prevención de los accidentes laborales.
Señorías, quisiera llamar su atención sobre ciertos puntos de nuestro dictamen, muy importantes en mi opinión, que no fueron aceptados por la Comisión de Empleo. He tomado la iniciativa de plantear de nuevo estos puntos con motivo de la presentación de las enmiendas 9 a 12, que les propongo aprobar. Se trata de la referencia a relaciones comerciales más justas, la imposición de sanciones a empresas multinacionales que obtienen beneficios del incumplimiento de las normas fundamentales del trabajo, el necesario respeto a otros derechos laborales, así como la necesaria referencia a las movilizaciones de Seattle, Génova, etcétera.
Roure (PSE)
. (FR) Señor Presidente, creo que de entrada, lo que procede es felicitar a la Sra. Gillig por este informe.
Con frecuencia, la población no percibe con nitidez la legislación europea, y por tanto pedimos que se tengan más en cuenta sus intereses, sobre todo para mejorar el gobierno social y las condiciones de trabajo en los Estados miembros, pero también en los países terceros.
Generalmente, consideramos peligroso decir que lo más importante es ante todo evitar que el reconocimiento de la existencia de un vínculo entre el comercio y las cuestiones sociales sea abusivamente utilizado con fines proteccionistas, o sirva de pretexto para recurrir cada vez más a las sanciones comerciales. Sin duda, para algunos, las cuestiones sociales son siempre abusivas. ¿Dónde está el abuso? ¿Cuándo hay abuso? Podemos seguir afirmando que el trabajo está al servicio del hombre con el fin de mejorar sus condiciones de vida, y no al revés.
Por desgracia, los ajustes vienen a menudo acompañados de un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. En el programa de actuación, los gobiernos se han comprometido a defender y a promover el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, en concreto prohibiendo el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y respetando la libertad de asociación, la libertad de crear sindicatos y de entablar negociaciones colectivas. Es un punto importante. La esclavitud es un crimen; la explotación sexual, también. No se trata de un trabajo. Y me habría gustado que esto se hubiera podido decir más claramente aún.
Promover las normas fundamentales del trabajo es permitir que los países terceros no sean explotados por los países ricos. A mi modo de ver, así es como hay que entenderlo.
Durante el Consejo de Niza, la Unión Europea aprobó una agenda social que considera que la calidad en el empleo, las relaciones profesionales y las condiciones laborales son el elemento motor de una economía próspera y de inserción, que crea un mayor número de empleos, y de mayor calidad.
Señor Presidente, Señora Comisaria, insistimos aquí en la idea de que la aplicación universal de los derechos fundamentales es, a todas luces, una condición necesaria para el progreso.

Howitt (PSE)
. (EN) Quiero felicitar a mi amiga y colega la ponente Sra. Gillig. El informe que ha elaborado en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales es paralelo en muchos aspectos al mío sobre la responsabilidad social empresarial. Hemos trabajado juntos para garantizar que se presente al Parlamento un paquete de propuestas uniformes y complementarias, y quiero darle las gracias de veras por ello.
En nombre de la Comisión de Desarrollo quiero subrayar cuatro cuestiones en particular. En primer lugar, si bien acogemos con gran satisfacción el compromiso de la Comisión de incluir las normas fundamentales del trabajo en el nuevo SPG y en sus acuerdos comerciales (ya hemos visto pruebas de ello en el acuerdo comercial con Sudáfrica y en el Acuerdo de Cotonou), en el punto 11 de esta resolución ponemos de relieve que debe concederse una mayor importancia a su aplicación en la práctica. Durante demasiado tiempo las cláusulas relativas a los derechos humanos y a la democracia contenidas en los acuerdos internacionales de la UE nos han comprometido a los más elevados ideales, pero no han sido objeto de seguimiento, de elaboración de informes y de diálogo sistemático entre las partes. Dichas cláusulas sobre las normas fundamentales del trabajo deben convertirse en el medio de un efectivo cumplimiento, y además será la prueba de que disponga la Comisión de la observancia de esta comunicación.
En segundo lugar, como señalamos en el punto 12, la aplicación de tales normas también debe formar parte de programas de cooperación al desarrollo, y no sólo buenas palabras recogidas en documentos de estrategia de país, sino programas reales, cuantificables, ayudando a los Gobiernos de los países Estados miembros en desarrollo a poner en marcha cuerpos de inspección efectivos y ofreciendo ayuda directa al desarrollo de los sindicatos y de otros grupos de la sociedad civil y de vigilancia, al objeto ofrecer dar una voz independiente que haga frente a abusos como el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
En tercer lugar, las normas fundamentales del trabajo. No debe haber excepciones, y esto significa que debe ponerse fin a los abusos que son sistemáticamente aceptados en la formidable economía sumergida de muchos países en desarrollo, y deliberadamente fomentados en zonas francas industriales de otros muchos. Europa debe contribuir a este objetivo.
Por último, en lo relativo, en particular, a la responsabilidad social de las empresas, acojo con satisfacción el nuevo compromiso de la Comisión, asumido esta semana, para promover y introducir las directrices de la OECD sobre las empresas multinacionales en su Libro Blanco y, repito -como ya señalamos en el punto 15-, el objetivo último es un código de conducta europeo vinculante relativo a las operaciones de las empresas multinacionales. La votación y el informe que hoy nos ocupa nos acercan un paso más a este objetivo.

Oomen-Ruijten (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, en el comunicado que debatimos hoy se indica la estrategia con la que la Unión Europea intenta contribuir al desarrollo social. Es bueno que eso ocurra. Hay muchos que temen que en estos tiempos de mundialización el desarrollo social se vea relevado. Los órganos dentro de los cuales se establecen los acuerdos se encuentran actualmente demasiado lejos del alcance del ciudadano medio y, por ello, a éste le resultan desconocidos. Este desconocimiento produce malestar e inquietud. El ciudadano que está bien en esta sociedad echa de menos una visión general.
La Comisión ha expuesto de forma clara y resumida las relaciones entre los diferentes actores de la sociedad mundial: ha hecho un balance de los mecanismos con los que la Unión Europea se va a esforzar, tanto en cooperación con la OIT y la OMC como desde dentro de estas organizaciones, para impulsar el desarrollo de normas laborales fundamentales y para mejorar la gobernanza social.
Como ponente de la comisión de derechos de la mujer le tengo que decir que, en nuestra opinión, en este comunicado falta una atención explícita a la dimensión de género como componente de las normas laborales fundamentales, y a la posibilidad de conseguir una durabilidad social. Es cierto, el género forma parte de las normas laborales centrales de la OIT, porque el principio de no-discriminación y el principio de igualdad de trato están contemplados en ellas. Pero sabemos que la mejor forma de desarrollo en el área económica y social es, desde luego, aquella en la que las mujeres se encuentren completamente integradas en el proceso de participación. Y ésa es, por tanto, la razón por la cual la Comisión propone derechos para la mujer con el fin de introducir, también como instrumento, informes sobre efectos de género.
También quisiera llamar su atención sobre el hecho de que, cuando se habla de los agentes sociales, no se expone el papel que desempeñan las organizaciones de mujeres. Y eso es una deficiencia, porque, no sólo dentro de la UE sino fuera de ella, aún se recurre muy poco por la vía regular a las mujeres para que ayuden a dar forma a la política.
Para finalizar, hago un llamamiento urgente a la comisión para que refuerce el excelente informe que tenemos ante nosotros con el informe sobre efectos de género, lo cual dará una mejor visión sobre el importante papel reservado a las mujeres en el desarrollo social. Agradezco de corazón a la Sra. Gillig, no sólo por su buen informe, sino, desde luego, por la manera en que ha colaborado con la Comisión de Derechos de la Mujer.

Mann, Thomas (PPE-DE).
Señor Presidente, ¿es anacrónico que en vista de muchos efectos amenazadores de la globalización y de las graves transformaciones de los mercados laborales instemos a las empresas a que se sometan a normas laborales básicas? ¿Es aceptable, en vista del predominio de la orientación de la economía que apoyemos una orientación más social de las normas laborales? Para poder arrastrar a los ciudadanos, consumidores, trabajadores, directivos, debemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. El Grupo PPE-DE, en nombre del cual estoy hablando, comparte las ideas fundamentales de la Sra. Gillig. Consideramos importante una estandarización de las normas laborales, la no discriminación en el empleo y en la profesión, la supresión del trabajo forzado, el reconocimiento del derecho a las negociaciones colectivas y a la libertad de asociación. Sin embargo, nosotros damos preferencia a las regulaciones voluntarias en las empresas si se cumplen y se valoran de manera consecuente y si son reconocibles claramente mediante el sello de la conciliación. Es preciso desarrollar estándares para una certificación internacional. Tenemos la expectativa de que las iniciativas privadas y un eficaz control público de la calidad sean una contribución influyente de la UE para dotar a las normas laborales básicas de un lugar adecuado en la nueva arquitectura global. 
Para lograr un desarrollo sostenible necesitamos una política de dos fases. En primer lugar todos los Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión deben ratificar las convenciones de la OIT. Considero absolutamente merecedora de apoyo la iniciativa de un encuentro común entre la OIT y el Parlamento Europeo. Necesitamos después unanimidad acerca de la jerarquía de las normas en los ámbitos de la política social, del comercio y del medio ambiente así como de la gobernabilidad social. En segundo lugar, los países terceros han de ser persuadidos de aceptar los acuerdos de la OIT. Esto es difícilmente alcanzable mediante un catálogo de sanciones y resulta mucho más lograble a través de un sistema de incentivos, por ejemplo, a través de una intensificación de la ayuda financiera al desarrollo o de un acceso privilegiado a los mercados cuando se hayan alcanzado signos sociales de conciliación porque se pueda decir, por ejemplo, que no se va a permitir el trabajo infantil. Por esta razón, mi Grupo subraya el papel especial que asumen las asociaciones patronales y los sindicatos en el fomento de estas normas laborales importantes y básicas.
Van den Burg (PSE).
Gracias, señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero felicitar a la Sra. Gillig por este magnífico informe y a la Comisión por presentar este comunicado sobre normas laborales.
Es cuestión de seguir repitiendo y e insistiendo en el interés que tiene el respeto por las normas laborales fundamentales en una economía que cada vez se mundializa más. Por ello, es bueno que la Comisión lo haya hecho. Por tanto, en nombre de mi Grupo puedo decir que apoyamos firmemente este informe.
Creo que es bueno que, gracias a este informe, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se haya convertido en el centro de atención. Dentro de la familia de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización en la que los servicios no sólo los llevan a cabo funcionarios y autoridades nacionales sino que también a las organizaciones patronales y a los sindicatos se les reserva un importante papel. No sólo con funciones de asesoramiento y de supervisión como es el caso de muchas ONG que, por cierto están llevando a cabo una labor magnífica, no: en esa organización tripartita los agentes sociales están plenamente integrados en la gestión, dirección y desarrollo de la política. Ese compromiso de los agentes sociales, que desempeñan un papel esencial en la economía y en el mercado laboral, es de una importancia incalculable. Quisiera hacer hincapié sobre ello en el contexto de la UE porque, cuando debatíamos este informe en la comisión, noté que para un determinado número de Señorías no era un dato conocido. Por suerte, ha sido retirada la enmienda presentada por el PPE, que amenazaba con negar ese papel sustentador. Gracias por ello.
Otro punto fuerte de la OIT es que combina la reglamentación con un apoyo técnico muy práctico sobre el terreno. Ambos elementos hacen que la OIT no sólo sea un tigre de papel sino que desempeñe un activo papel en el debate general.
Creo que en el debate internacional se debe evitar que se cargue con la responsabilidad de las cuestiones sociales sólo a la OIT. La OMC y otras organizaciones también deben tener realmente en cuenta este asunto dentro de su política y deberán participar más activamente en la comisión mundial que ha constituido el Sr. Somavia de la OIT.

Jensen (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Gillig por el gran y muy competente trabajo que ha realizado con este informe. El resultado ha sido un informe equilibrado que respaldo.
Hay partes del informe en las que aparecen posiciones fundamentales con las que no puedo estar de acuerdo. La globalización y el libre comercio se presentan de vez en cuando como algo que perjudica el desarrollo social en el mundo, y creo que fundamentalmente es al contrario. El libre comercio, especialmente para los países en vías de desarrollo, es el camino para salir de la pobreza y de la necesidad social. El desarrollo social y los derechos de los trabajadores están mejor asegurados en países con economías abiertas, mientras que los peores ejemplos de violaciones de derechos fundamentales de los trabajadores los encontramos en países que se aíslan del mundo circundante. Básicamente, pienso que el libre comercio favorece el desarrollo social; sin embargo, una vez dicho esto, debemos garantizar naturalmente el cumplimiento eficaz de los convenios de la OIT y así asegurar a los trabajadores unas condiciones de trabajo adecuadas, pues coincido con la Sra. Gillig en que el libre comercio y el crecimiento económico no son suficientes.
El informe de la Comisión muestra cómo la tarea de garantizar el cumplimiento de los convenios es una tarea que la OIT no ha podido poner en práctica, por lo que hemos de preguntarnos qué podemos hacer. Quiero rechazar las sanciones comerciales como instrumento por la naturaleza del caso, sin embargo, es importante que la UE incluya la cuestión en el orden del día en los foros internacionales. Desgraciadamente, no todos los países comparten nuestra visión de los derechos de los trabajadores. Luego hemos de presionar.
También es cierto que los derechos de los trabajadores serán parte natural de la acción de lucha contra la pobreza, luego, cuando demos la ayuda al desarrollo, pensemos también en los derechos de los trabajadores.
Por último, es importante que hagamos un esfuerzo en materia educativa, que incluyamos en las formaciones profesionales conocimientos sobre derechos de los trabajadores, así éstos podrán imponerse, tanto en nuestra parte del mundo como en los países pobres.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, creo que la comunicación de la Comisión es generosamente ambiciosa. No obstante, y por desgracia, este tipo de comunicaciones corren el riesgo de quedar limitadas a un cúmulo de buenos deseos frente a la mundialización tal y como hoy se plantea, y también frente a sus consecuencias.
Por ello, al igual que mis colegas, apoyo al cien por cien el informe de la Sra. Gillig, que tiene el mérito de señalar un cierto número de propuestas que exigen determinadas precisiones. Así, y también lo he subrayado, ha planteado la cuestión del sentido de la libertad de expresión y de asociación de los trabajadores en un Estado dictatorial, e igualmente la del rechazo al trabajo infantil en los países menos avanzados cuando no existe un sistema educativo gratuito y obligatorio.
Aunque, en lo tocante a la Unión Europea, existen normas específicas relativas al trabajo infantil, a los derechos sindicales y a la igualdad de trato, siempre es necesario controlar la efectiva aplicación de estas normas y establecer un procedimiento que garantice sus efectos. El informe hace hincapié en la mejora de las relaciones entre la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, pero también en la necesidad de respetar las normas fundamentales proclamadas por esta organización. Además, avanza propuestas encaminadas a seguir progresando.
Finalmente, el informe pone de relieve el papel esencial y positivo de los sindicatos en la promoción de las normas fundamentales del trabajo dentro del contexto de la Organización Mundial del Comercio, y subraya igualmente la importancia del papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales. Aunque tomo buena nota de estas aportaciones, y a pesar de que me alegro de ello, quiero insistir en el hecho de que la solución al problema al que nos enfrentamos no debe limitarse a atenuar o a regular los efectos nefastos de una mundialización neo-liberal. Se ve todos los días, esta mundialización hace que los pobres sean cada vez más pobres, y agudiza las diferencias entre el Norte y el Sur. No estamos ni ante una fatalidad, ni ante una situación abstracta. Urge que la Unión Europea proclame su deseo de convertirse en un bastión de la lucha contra esta mundialización, y que proponga un verdadero proyecto alternativo para unas relaciones internacionales nuevas.
Mi Grupo ha presentado enmiendas en este sentido. En ellas, pedimos que se tome en consideración la existencia de interlocutores desiguales, así como una reforma de las instituciones financieras internacionales. También pedimos que las empresas transnacionales sean efectivamente sancionadas en caso de que no respeten las normas de la Organización Mundial del Trabajo, y más aún teniendo en cuenta que sacan partido de esta violación, en perjuicio de los propios asalariados.
Paralelamente, y terminaré por este punto, en breve se celebrará en Florencia el Foro Social Europeo, que forma parte del movimiento global para otra mundialización. Este movimiento, que está muy diversificado, avanzará propuestas encaminadas a reformar ante todo las reglas del comercio mundial y de las instituciones financieras internacionales, con el fin de conseguir un desarrollo más solidario. Este Foro reivindica nuevos derechos internacionales para los asalariados de las compañías multinacionales, en concreto el derecho a la asociación y a la negociación colectiva. Considero que sería una buena oportunidad para que la Unión Europea escuchara y apoyara estas propuestas.
Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, me dirijo a usted en nombre del Grupo Los Verdes alianza Libre Europea. El fracaso de las grandes conferencias como las de Seattle y Doha significa también el fracaso de las grandes organizaciones que, en el ámbito mundial, se ocupan de los procesos económicos, de la distribución del trabajo y de la riqueza o de los procesos sociales de este planeta: las Naciones Unidas, la OMC, la Organización Internacional del Trabajo y también nuestras propias instituciones europeas. Los países del mundo rico deberíamos hacer examen de conciencia.
Esperamos que Johannesburgo se convierta en un punto de inflexión. Y es que en algún momento se habrá de comenzar a hablar de desarrollo sostenible, de manera que ese desarrollo se plantee de forma centralizada. Para establecer las razones por las que no ha habido éxitos hasta el momento, deberíamos analizar nuestra propia participación en el fenómeno. Los procesos económicos tienen impacto en todo el mundo. Las autoridades e instituciones políticas, tales como la Unión Europea, han ayudado a demoler las barreras para alcanzar una mundialización, que ha sido posible gracias al desarrollo de nuestra tecnología occidental. Pero, a pesar de la existencia de una multitud de políticos electos y de funcionarios de instituciones internacionales, no hemos sido capaces - a la misma escala y con la misma eficacia - de sacar adelante la reglamentación necesaria para que la humanidad en general y las gentes de los países del Sur en particular puedan vivir dignamente. No sólo no se ha conseguido en el ámbito material sino tampoco en el ámbito cultural.
En materia de comercio se podría crear una reglamentación eficaz, provista de un órgano sancionador dentro del marco de la OMC. Pero, por nuestra experiencia en la Unión Europea, sabemos que la promoción exclusiva del comercio es peligrosa. Casi siempre conlleva exclusión social de los débiles. Las consecuencias pueden ser la pobreza, la destrucción de las estructuras sociales y culturales y la destrucción de normas y valores. Y de todo ello se aprovechan los dictadores, las mafias internacionales, los traficantes de armas y aquellos interesados en la existencia de guerras.
Me adhiero, pues, a la conclusión de la ponente de que es necesaria una jerarquía de normas a escala internacional. Nos tiene que interesar ir más allá de la simple introducción de correcciones; debemos encaminarnos a conseguir un desarrollo mundial sostenible. Nunca se podrá pedir lo suficiente que se respeten los derechos administrados por la Organización Internacional de Trabajo. Yo propongo que comencemos por mirar hacia nuestras instituciones europeas para comprobar si manejamos correctamente el equilibrio. Ya veremos cuándo empiezan los primeros debates sobre los subsidios para la agricultura.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debo, en primer lugar, felicitar a la Sra. Gillig por su buen trabajo y el equilibrio que ha dado a un informe tan importante.
Creo que vivimos en un mundo global, en la sociedad de la información y de las tecnologías, y que apostamos por una sociedad con una economía dinámica, fuertemente desarrollada, creadora de más y mejores empleos. Pero, al lado de esta viveza económica, situamos el desarrollo sostenible y la cohesión social. En la Unión Europea disfrutamos de un modelo social -el modelo social europeo- que se ha ido desarrollando durante los últimos 40 años y que ha dado lugar a lo que llamamos nuestro "acervo social", un legado importante, que comprende la libre circulación de los trabajadores, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad en el trabajo, la lucha contra la exclusión social y la pobreza, etc.
Estos principios se han plasmado, por otra parte, en la Carta de los Derechos Fundamentales, cuyo primer capítulo se refiere a la dignidad y el cuarto a la solidaridad. Ahora bien, la mundialización supone una nueva regulación de relaciones económicas y comerciales y también, al propio tiempo, nuevos riesgos. Estas nuevas políticas no pueden constituir en ningún caso un obstáculo a aquellas prácticas e ideas sino que, antes bien, deben contribuir al desarrollo social y al fomento del respeto de los derechos fundamentales. En la terminología o en la concepción de la OIT, se han ido perfilando como tales los relativos a la libertad sindical y al reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la proscripción o eliminación de toda forma de trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil o la ausencia de discriminación respecto del empleo.
Creo, señora Comisaria, que la aplicación de estas normas y su difusión, con un papel importante por su ejemplaridad en los Estados candidatos, debe constituir una prioridad de la Comisión desde la colaboración interinstitucional con el Consejo y los Estados miembros. Creo también que el diálogo social será un instrumento idóneo de aplicación y difusión de los principios que integran nuestro modelo social europeo.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, quisiera felicitar muy especialmente a la Sra. Gillig por su excelente informe, y también a la Comisión Europea, por plantear un asunto tan serio y de tanta actualidad, precisamente, además, en un momento en el que se debate el futuro de Europa y el refuerzo de su papel en la escena política mundial.
Es necesario destacar hoy la gran importancia y transcendencia de que la Unión Europea ejerza influencia y asuma iniciativas, de suerte que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sean sancionados por países que aún no lo han hecho, que las normas fundamentales del trabajo sean respetadas, que el diálogo social se convierta en una práctica habitual en todos los países de la OMC, que se haga frente debidamente a la vergüenza que suponen la explotación del trabajo infantil y el tráfico de esclavos en nuestros días, que haya de una vez por todas una verdadera política europea común de inmigración y asilo, de suerte que pueda combatirse la sobreexplotación de los inmigrantes, que ha transformado las sociedades contemporáneas en sociedades de patricios y plebeyos. Es necesario, igualmente, que Europa funcione como modelo mundial y como fuerza impulsora, poniendo además los acuerdos internacionales, como el acuerdo de Cotonou, al servicio activo del fomento de la igualdad entre los sexos, no sólo por motivos de justica entre hombres y mujeres, sino también como factor dinámico de reducción de la pobreza, de desarrollo sostenible económico y social, de profundización en la democracia y consolidación de la paz.
Desgraciadamente, una anárquica globalización, sin garantías sociales, ha globalizado la pobreza y no la riqueza. La Organización Mundial del Trabajo habla de mil millones de parados en el mundo, y desgraciadamente parece que hemos pasado no ya a la economía de mercado, sino a la sociedad de mercado. Por ello, es urgente promover políticas que hagan de la globalización fuente de bienestar y reducción de las desigualdades, en lugar de amenaza para el desarrollo social y la paz mundial.
Cauquil (GUE/NGL).
Señor Presidente, este informe deja bien patente su deseo de promover las normas fundamentales del trabajo, de mejorar el gobierno social, e incluso de ajustar mejor los límites de la mundialización. Pero, ¿qué ocurre con su gobierno social aquí mismo, en estos países ricos y supuestamente civilizados de Europa? Ni siquiera es capaz de garantizar universalmente el derecho elemental a poder trabajar y a asegurarse un salario que permita vivir dignamente.
Sin ir más lejos, en estos últimos días hemos sido testigos de una larga lista de expedientes de regulación de empleo anunciados por grupos que se encuentran entre los más poderosos del planeta, de Alcatel a Hewlett Packard, pasando por Vivendi, otrora futura joya del capitalismo, arruinado tanto por sus propias especulaciones, como por el aberrante funcionamiento de su economía.
Con mayor motivo, ¿cómo puede usted pretender garantizar un gobierno social a favor de los países pobres, que sufren un saqueo constante por parte de estos mismos grupos industriales y financieros sin que usted haga absolutamente nada por impedirlo?
El trabajo infantil, al que usted se opone, es - como muy bien sabe - fruto de un cierto número de grandes trusts, que recurren a él a través de subcontratistas interpuestos, en sus fábricas estratégicamente situadas en los países pobres, dónde se explota a muerte a mujeres y niños a cambio de salarios miserables.
En realidad, usted no gobierna gran cosa. Los que gobiernan son estos grandes grupos financieros, que no solamente se burlan de sus recomendaciones, sino que incluso llegan a darle órdenes. Por lo tanto, no vamos a darle nuestro aval a este entramado de hipocresía y de impotencia.

Hermange (PPE-DE).
Señora Comisaria, la única actitud que podemos adoptar es alegrarnos por este texto, y agradecerle a la Sra. Gillig la labor que ha realizado. Tomemos un criterio muy simple: el trabajo infantil.
Un informe reciente de la OIT nos recuerda que 245 millones de niños en el mundo se ven obligados a desempeñar una actividad profesional, de los cuales 180 millones realizan las peores tareas laborales, es decir, aquellas que ponen en peligro su salud física y mental o su integridad moral. Esto demuestra la importancia de hacer una reflexión sobre las normas fundamentales. Sin embargo, en este momento, en el que estamos defendiendo un modelo social europeo, debemos hacer una reflexión sobre nosotros mismos, porque, siguiendo con este criterio del trabajo infantil, no hay que olvidar que, según las estimaciones, el número de niños que trabajan en los países desarrollados se sitúa en torno a 2 millones y medio. A pesar de que actualmente los Quince han ratificado en bloque los Convenios 182 y 138 de la OIT sobre los trabajos más penosos, esta situación, señora Comisaria, es muy reciente, y además, hay que tener en cuenta que no todos los países candidatos los han ratificado.
En los países en desarrollo, 10 millones de niños trabajan en actividades relacionadas con la exportación, y por tanto trabajan indirectamente para empresas multinacionales. Pero la inmensa mayoría de estos niños desarrollan actividades que forman parte de la economía sumergida, por lo que el control es muy difícil. Este es el motivo por el cual nuestro Grupo propone integrar las normas fundamentales del trabajo en la política de la Unión en materia de desarrollo, definir mejor actuaciones muy delimitadas en el marco de los programas de cooperación al desarrollo, y promover una ayuda coordinada. Bajo este prisma, hemos redactado un cierto número de enmiendas, y esperamos que la Asamblea adopte las propuestas del PPE en la materia.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, doble felicitación, a la Comisión, por la iniciativa asumida, y a la ponente, por haber insuflado un nuevo aliento al informe.
Desde el primer momento de mi presencia en las diferentes instancias y comisiones del Parlamento Europeo para asuntos de política social, intenté mostrar y poner de relieve que el primer y principal gesto que tiene que hacer la Unión Europea para reforzar el prestigio de la Organización Internacional del Trabajo es convertirse en miembro de pleno derecho de la OIT, desplegar una red de cooperación permanente entre la Unión Europea y la OIT. Es el único modo de hacer frente al gran déficit social en los tiempos de la globalización.
La sociedad mundial ha conseguido a buen ritmo derribar los obstáculos al comercio, a un ritmo aún más intenso plantear nuevas normas al comercio mundial, y, al mismo tiempo, no sólo rechazar la previsión de reglas normativas para los asuntos sociales, sino identificar el desarrollo de los terceros países con privatizaciones y liberalización de los mercados sin límite alguno. Imperio absoluto de los programas del Banco Mundial. Y sin embargo, los propios informes de los organismos hablan de fracaso de los programas en materia social. La lógica de la abolición de los derechos de los trabajadores, la lógica del trabajo forzoso que prevalece en los terceros países debe ser denunciada. Se requiere, en consecuencia, un programa integral si queremos verdaderamente convertir a la OIT en protagonista sustantivo en la nueva escena mundial. Se hace necesaria la sanción de los convenios internacionales y, principalmente la aceptación de mecanismos de control en materia social.
Smet (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente, no sólo a la Comisión y a la Sra. Gillig, sino también a todas las comisiones del Parlamento que, verdaderamente, han emitido informes muy buenos.
La mundialización de la economía, que es inevitable, sólo se puede aceptar si con ello se mejoran las condiciones laborales y de vida. En vista de que la Unión europea, con su fuerte economía, es uno de los más importantes actores de esta mundialización, Europa tiene la obligación de hacer lo necesario para mejorar también las condiciones sociales. Para ello, Europa puede utilizar diferentes palancas; la cuestión es hasta qué punto estas palancas realmente se utilizan.
A este respecto, quiero hacer dos preguntas a la Comisaria.
En primer lugar, con respecto a Europa. Sabemos de la existencia de abusos en nuestros propios países. Por ejemplo, el trabajo infantil y la servidumbre doméstica. Tales tipos de trabajo van en contra de las normas laborales fundamentales. He redactado un informe de propia iniciativa sobre tal servidumbre doméstica. Con frecuencia he hecho preguntas a la Comisión con el fin de saber hasta qué punto se ocupa de esta problemática y, sinceramente, debo decirle, señora Comisaria, que, a pesar de sus promesas de ocuparse de ello, hasta el momento no se me ha comunicado nunca nada al respecto.
Mi segunda pregunta versa sobre los acuerdos de cooperación con países terceros, en los cuales se han introducido recientemente cláusulas en materia de respeto a las normas laborales fundamentales. La Comisión de Cooperación para el Desarrollo ha declarado a este respecto que no se está haciendo nada para poner en práctica las nuevas estipulaciones.
Pregunto: ¿Cómo está organizada la cooperación en estas materias dentro de la Comisión Europea?, ¿entre el Comisario de Cooperación para el Desarrollo y el Comisario de Asuntos Sociales, por ejemplo? ¿Hasta qué punto está usted comprometida con estos asuntos? ¿Hasta qué punto es usted capaz de hacer un seguimiento de estos asuntos y de estimularlos desde su administración? Las mismas preguntas se pueden hacer, por cierto, con respecto a la introducción y puesta en práctica de cláusulas en materia de derechos del ser humano y de derechos de la mujer. No he olvidado, señora Comisaria, cuán indignado estaba todo el mundo por la destrucción de estatuas por parte de los Talibán, mientras que durante ese mismo periodo fueron asesinadas muchísimas mujeres. También de esos casos se debería hacer un seguimiento.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señor Presidente, agradezco la oportunidad que se me brinda de contribuir a este debate, siquiera brevemente. Asimismo, me complace que tantos colegas se apresuren a entrar en la Cámara, evidentemente con el objeto de escuchar lo que voy a decir.
Quería contribuir a este debate porque, como saben los colegas del otro lado de esta Cámara, existen diferencias entre los grupos sobre el importante asunto de la responsabilidad social de las empresas. El Sr. Howitt ha formulado una interesante observación al afirmar, al principio de este debate, que había estado trabajando en paralelo en este informe con la Sra. Gillig. 'En paralelo? es una expresión bien elegida, porque las líneas paralelas son líneas separadas que no se cruzan. Es importante que la responsabilidad social de las empresas, en cuanto tema, no debe verse como un cajón de sastre en el que quepa todo lo que queremos que los empresarios hagan mejor. Asimismo, es importante que las normas fundamentales del trabajo (las normas de la OIT) sean objeto de la dedicación y la atención necesarias para su aplicación, como, en efecto, el ponente ha señalado con tanta elocuencia. Es evidente que tenemos que trabajar mucho y en común esta cuestión.
Doy las gracias al ponente por aceptar dos de mis enmiendas en particular. En una se afirma que la globalización puede ser positiva, creando oportunidades de un crecimiento y desarrollo verdaderos. A la Sra. Jensen quiero decirle que esto es una parte sin duda alguna fundamental del informe. La otra trata de que uno de los principales impulsores de la cohesión social es el pleno empleo. Todos nosotros debemos ser mucho más positivos y proactivos a este respecto.
Por último, observo que la ponente ha aceptado las conclusiones de la Comisaria. Nosotros, toda la Cámara, apoyaremos las conclusiones de la ponente. Existe un peligro cierto de que el consenso brote por todas partes. Felicito a la ponente por su trabajo dirigido a hacer esto posible.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, creo que se pueden vincular automáticamente las dimensiones local y global del empleo.
La anterior comunicación, sin ir más lejos, se refería al planeamiento local del empleo, y, sin embargo, las intervenciones de muchos diputados han demostrado que un trabajador reducido a la miseria, un obrero en un país del Tercer Mundo, puede convertir en rehén a un trabajador de una región europea. Y este es el problema que resulta del gobierno mundial de la economía, que tiene como resultado la liberalización del comercio y de los capitales, sin que se dé al mismo tiempo la gobernanza mundial social correspondiente. Esta comunicación aspira a hacer una aportación a la necesaria arquitectura de la gobernanza social. El enfoque político que inspira a la comunicación es que nuestro marco no es el proteccionismo. Se trata de un enfoque en positivo que utiliza conceptos como incentivo, cooperación y desarrollo sostenible.
Quisiera referirme a datos concretos planteados por los oradores. El papel de la Organización Internacional del Trabajo. Reconocemos y respaldamos el papel central de la OIT, decidimos en su momento ?y hemos avanzado en ese sentido? incrementar nuestra participación en los programas de la OIT, y el año pasado firmamos el Sr. Somadias, Secretario general de la OIT, y yo, una nueva colaboración que incluye el fomento mundial de las normas fundamentales del trabajo, la reducción de la pobreza, la promoción del trabajo digno, el diálogo social, la responsabilidad social de los agentes y el empleo. Esta colaboración cubrirá también los acuerdos de Cotonou y ACP. Es importante el apoyo por parte del Parlamento de la dimensión económica de esta colaboración de la Comisión con la OIT.
Igualmente, creo que un paso importante es la creación de la comisión mundial de alto nivel para la dimensión social de la globalización, convocada por acuerdo mundial en el marco de la OIT para concebir y proponer enfoques innovadores que permitan mejorar la gobernanza a escala mundial.
El paso siguiente es la necesidad de promover la máxima cooperación posible entre la OIT, la Organización Mundial del Comercio, el Banco mundial y las conferencias de Naciones Unidas para el comercio y para el desarrollo.
Por lo que se refiere a los Estados miembros y a los acuerdos bilaterales o multilaterales, la Comisión propone que se tome en consideración en todas las áreas implicados de la Unión Europea (comercio, desarrollo, relaciones exteriores y asuntos sociales) la dimensión social y las normas sociales del trabajo, las escasas normas del trabajo. Se ha mencionado el apoyo del parlamento al nuevo enfoque del sistema de preferencias generalizadas. Quisiera recordar el aliento a determinados países a ir más allá del límite mínimo de normas sociales del trabajo; es algo que se impulsa mediante incentivos concretos que la Comisión ofrece a estos países.
Una última observación, señor Presidente, se refiere a la iniciativa europea por la democracia y los derechos humanos, a través de la cual, y con acciones muy concretas, se apoya la lucha contra el trabajo infantil, al que se han referido muchos diputados, así como la reincorporación de los niños trabajadores a la educación. Para terminar mi comentario a esta comunicación, quisiera responder a dos diputados. En primer lugar, a la Sra. Smet, que se ha referido al control del mercado interior de trabajo en Europa: está, por supuesto, el Instituto de Dublín, pero por lo que se refiere al asunto del trabajo doméstico que adquiere características de esclavitud, tenemos en primer lugar el enorme problema del trabajo no declarado que es muy difícil detectar; pero volveremos sobre el asunto con un informe que, como ya he dicho, se está preparando sobre el asunto de las mujeres no declaradas que trabajan en casas. En cuanto al asunto de la colaboración del Comisario de Ayuda al Desarrollo y Asuntos Sociales, hay una gran colaboración, resultado de la cual, quiero recordarles, fue que el año pasado en toda la ayuda al desarrollo hubiera paralelamente un plan de acción sobre la dimensión de género en todas las acciones parciales, con calendario y con un presupuesto específico.
El segundo elemento es la nueva comunicación de la Comisión referida al diálogo social, y especialmente a la dimensión exterior, a la dimensión global del diálogo social y al papel que los agentes sociales, trabajadores y empresarios, pueden desempeñar en el asunto de las inversiones a escala mundial en el cumplimiento de las noprmas sociales del trabajo.
Blokland (EDD)
. (NL) Señor Presidente, en mi calidad de ponente, tengo el honor y el placer de comunicar a sus Señorías que el proyecto de acuerdo sobre la elaboración de estadísticas de residuos, alcanzado el pasado 26 de junio en el transcurso de una reunión entre representantes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, fue ayer autorizado, confirmado y comunicado por escrito por el presidente del COREPER (Comité de Representantes Permanentes) al presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Con ello, actualmente ya no quedan obstáculos para que todos nos pongamos de acuerdo con el resultado alcanzado. El Consejo ha adoptado 13 enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, al tiempo que se ha alcanzado un compromiso sobre el resto de las enmiendas. Las enmiendas de compromiso fueron presentadas en nombre de EDD, Los Verdes y el PSE, ya que esos eran los únicos Grupos representados el 26 de junio, pero también las apoyan los demás Grupos.
Me gustaría que la Comisaria Diamantopoulou confirmara que para la elaboración de esta estadística de residuos y en la ulterior puesta en marcha de los estudios piloto por parte de la Comisión europea y de Eurostat se haga todo lo posible para limitar en la medida de lo posible las molestias a las personas encuestadas, especialmente, por lo que a mi respecta, en el sector agrícola.
Además, me gustaría recibir la confirmación de la promesa verbal del Consejo de que se encargará de actualizar anualmente los indicadores de residuos de que se disponga, ya que es con esa condición con la que hemos dado nuestro acuerdo para la distribución bienal de datos.
Finalmente, señor Presidente, con el actual acuerdo ganamos un año. Este resultado sólo se ha podido alcanzar gracias a la excelente colaboración que me han prestado las Señorías de la Comisión de Medio Ambiente, sus colaboradores y nuestro nunca bien ponderado secretariado. Por lo demás, doy también las gracias a las 7 presidencias de consejo con las que he colaborado, a la Comisión europea y a Eurostat por su magnífica colaboración.

El Presidente. -
Le agradezco, señor Blokland, las buenas noticias que nos ha dado. El Consejo no puede confirmárnoslas oralmente, como usted solicita, porque está ausente, mientras que, en cambio, la Comisión está en condiciones de decirnos lo que piensa de nuestras enmiendas.

Diamantopoulou
. (EN) Señor Presidente, la Comisión puede aceptar todas las enmiendas de compromiso presentadas y, por tanto, apoyar las recomendaciones de voto de la ponente.
Las enmiendas recogidas en el paquete de compromiso están dirigidas a aumentar la calidad de las estadísticas. La principal razón es que los Estados miembros tengan más tiempo para establecer sus propios métodos para recabar datos fiables. Los datos recopilados sobre asuntos complicados como los residuos agrícolas y el reciclaje de residuos se beneficiaran particularmente de ello.
Permítanme decirles unas palabras sobre la exigencia de datos sobre residuos agrícolas. La Comisión también ha sido consciente de la necesidad de encontrar un equilibrio entre esta importante exigencia de datos y la reducción de los obstáculos a quienes tengan que facilitarlos. Quiero subrayar el hecho siguiente: al objeto de reducir las barreras administrativas que afectan a las pequeñas empresas, las empresas con menos de 10 empleados quedarán excluidas de las inspecciones, a menos que contribuyan significativamente a la generación de residuos. Esta excepción en beneficio de las pequeñas empresas se extienda a toda la normativa. Además, quiero recordar que la normativa prevé un período transitorio de hasta tres años y que dicho período transitorio está estrechamente vinculado a los estudios piloto, dirigidos a encontrar los métodos más eficientes desde el punto de vista de los costes para la obtención de datos.
La Comisión acoge con satisfacción la propuesta sobre la periodicidad con que deben facilitarse los datos, que será de dos años. La Comisión toma nota de que los Estados miembros facilitarán actualizaciones anuales sobre diversos grupos de datos agregados. Estos datos agregados hacen referencia, por ejemplo, a algunos de los indicadores estructurales necesarios para el informe anual de primavera de la Comisión, acordado en el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001.

Rothe (PSE). -
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quisiera retirar el apoyo a las enmiendas 68 y 69. Fue una solicitud común de la ponente y mía en nombre de nuestros Grupos pues queríamos dirigirnos al Consejo que deseaba tener ya una solución, pero contra la línea de la comisión. Sin embargo, el Consejo no nos ha correspondido en absoluto y mi idea del procedimiento de codecisión no es la de que en la primera lectura cedamos en puntos esenciales de negociación sin recibir ninguna cosa a cambio. Votaremos en contra de las dos enmiendas.
Wieland (PPE-DE)
Señor Presidente, quisiera señalar que ha sucedido una cosa muy peculiar en relación con las enmiendas 13 y 35. En el informe original se dice 'versión consolidada? y en la documentación de las enmiendas -ambas cosas en alemán- se habla de 'versión codificada? en ambas enmiendas. Quiero indicar que existen dificultades con los servicios jurídicos, pero que la versión adoptada originariamente por la comisión se denomina 'consolidada? y no 'codificada?. Sin duda Tendremos que hacer alguna cosa en el maquillaje, pero deseaba que esto constase en Acta.
El Presidente. -
Naturalmente, los servicios lingüísticos harán un atento control sobre la base de lo que ha señalado, señor Wieland, para que el texto sea el que usted correctamente ha indicado.
Sobre la enmienda nº 14 :

Miller (PSE).
Señor Presidente, quiero que en la enmienda nº 14, apartado 2, letra f) se añada, después de 'buques marítimos?, la expresión 'buques de vías interiores navegables?. Se debe a un descuido mío que la comisión omitiese esta expresión. Se lo he planteado al ponente y él está de acuerdo.

Miller (PSE).
Señor Presidente, no quería intervenir hasta que se celebrase la votación sobre la segunda parte. Quiero señalar que en la segunda parte hay un error técnico en la versión inglesa. La velocidad debe ser de 0,15 m/s, mientras que en el texto inglés consta 0,015 m/s. La primera es la correcta.

El Presidente.
También será aportada la corrección en la versión inglesa, señor Miller. El texto que tengo yo ya está corregido.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0189/2002), del Sr. Ceyhun en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión-marco del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia (COM(2001) 664 - C5-0689/2001 - 2001/0270(CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0115/2002), del Sr. McKenna en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la conclusión por la Comunidad Europea del Convenio sobre la conservación y gestión de los recursos pesqueros en el Atlántico Suroriental (COM(2001) 679 - C5-0666/2001 - 2001/0280(CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Propuesta de resolución común

Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, en el texto de la resolución que vamos a tratar a continuación sobre la Corte Penal Internacional figura que el estatuto ha sido ratificado por 69 países, lo cual no es cierto: son 76 países. Ese dato se debe, pues, corregir: son 76 en lugar de 69.

El Presidente.
Señor Van den Berg, este problema ya ha sido señalado también por el Sr. Lagendijk. Por lo demás, durante el debate que presidí ayer, escuché que varios colegas señalaban que era mucho más alto el número de los países que ya han firmado el estatuto del Tribunal penal internacional. Naturalmente, se aportará la corrección.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0215/2002), del Sr. Medina Ortega en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el seguimiento de la política comunitaria en el ámbito de la protección de los adquirentes de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (Directiva 94/47/CEE) (2000/2208(INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0217/2002), del Sr. Berenguer Fuster en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios , sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del Reglamento (CEE) n 4064/89 del Consejo (COM(2001) 745 - C5-0159/2002 - 2002/2067(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0176/2002), del Sr. Busk en nombre de la Comisión de Pesca, de la Comisión sobre el seguimiento de la aplicación de la política pesquera común - síntesis de la aplicación del sistema de control aplicable a la política pesquera común por parte de los Estados miembros (COM(2001) 526 - C5-0008/2002 - 2002/2001(COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0228/2002), del Sr. Attwooll en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las conductas que infringen gravemente las normas de la política pesquera común descubiertas en 2000 (COM(2001) 650 - C5-0197/2002 - 2002/2093(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0197/2002), del Sr. Figueiredo en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la aplicación del programa de trabajo en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) 'Gender Equality? (2001-2005) (2001/2266(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0214/2002), del Sr. Schmid en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión "Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de empleo" (COM(2001) 629 - C5-0076/2002 - 2002/2034(COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0251/2002), del Sr. Gillig en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión "promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la governanza social en el contexto de la mundialización" (Procedimiento Hughes) (COM(2001) 416 - C5-0162/2002 - 2002/2070(COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución)

Schierhuber (PPE-DE).
Señor Presidente, en relación con el informe sobre el fomento del uso de biocarburantes lamento que esta Asamblea no se haya pronunciado a favor de la mezcla obligatoria de biodiesel. En mi opinión, la competitividad de los biocarburantes debe ser apoyada de manera considerable y masiva, pues hay muchos aspectos positivos asociados a éstos. Permítanme que recuerde la dependencia respecto de los elementos energéticos fósiles y que recuerde también en este contexto las importaciones procedentes de terceros estados. Igualmente, quisiera indicar por enésima vez que de esta manera podemos cumplir también con más rapidez el Protocolo de Kioto y quiero insistir también en los impulsos positivos para el espacio rural y en el papel multifuncional de la agricultura.
Me he pronunciado a favor de un porcentaje obligatorio de mezcla porque pienso también aquí que de esta manera se pueden elevar con más rapidez las cotas de mercado. Pero, a pesar de todo, estoy muy agradecida, pues pienso que estas nuevas directivas y estas nuevas decisiones del Parlamento Europeo apoyan de manera muy positiva un futuro innovador en la agricultura y en el espacio rural y creo que hoy se ha producido un buen comienzo.
Montfort (NI)
. (FR) Creo muy firmemente en las posibilidades de desarrollo de los bio-carburantes derivados de materias primas agrícolas; uno de los rasgos de la multifuncionalidad de nuestra agricultura es poder producir alimentos y energía; esta última supone un sector que, con una producción de 570 000 toneladas anuales, está todavía en sus inicios, y va camino de experimentar en los años venideros un importante crecimiento en volumen, en rendimiento energético y en mejora de su balance ecológico.
He respaldado las medidas tendentes a una fiscalidad diferenciada; las tasas que gravan a los productos petroleros deberán considerarse cada vez más como una ecotasa destinada a penalizar a los carburantes de origen fósil por sus efectos negativos externos: duración limitada y contribución al efecto invernadero. En cambio, los bio-carburantes son un recurso limpio, renovable, autóctono y perfectamente neutro en cuanto al efecto invernadero.
He apoyado las medidas que fijan para los Estados miembros objetivos concretos y crecientes de utilización de los bio-carburantes en el pool de los carburantes, y lamento que el Parlamento haya suavizado el carácter obligatorio de estas medidas.
Finalmente, lamento que no se nos haya secundado en las disposiciones orientadas a evitar que las medidas adoptadas se traduzcan en un incremento de las importaciones de bio-carburantes y de sus materias primas.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson y Theorin (PSE)
. (SV) Los socialdemócratas suecos votamos en contra de la enmienda 33, 3a, que propone que los ascensores sólo deberán ser usados por personas con limitaciones físicas. Opinamos que esos sencillos equipos también deben ser accesibles para otras personas que puedan necesitarlos.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Este informe exige que la certificación de los equipos y ascensores parta de criterios que incrementen la seguridad para los usuarios. Por tanto, hemos votado a su favor, a pesar de que las medidas propuestas no se aplicarán más que a los equipos nuevos, y sólo afectarán excepcionalmente a los aparatos antiguos.
Aunque se hace hincapié en la obligación de mantener en buen estado los aparatos en uso, la materialización de esta voluntad puede ponerse en tela de juicio. Recientemente, en Francia, la prensa se ha hecho eco de una serie de accidentes en ascensores de viviendas modestas (HLM), que han provocado la muerte de varias personas. El sindicato "CGT Ascensores" ha recordado que lleva mucho tiempo denunciando la escasez crónica de técnicos de mantenimiento, que se ven obligados a asumir el mantenimiento de entre el doble y el triple de aparatos que hace 20 años. A esto hay que añadir el hecho de que el parque de viviendas HLM está envejeciendo, al igual que sus equipamientos, y cada vez está más abandonado por los poderes públicos.
Por tanto, el deseo de este informe de incrementar la seguridad al máximo, deseo que está claro y que nosotros compartimos, debería ir acompañado de medidas obligatorias que impidieran la comercialización de equipos poco seguros, y de la obligatoriedad de destinar medios técnicos y humanos suficientes al mantenimiento de estos equipos, así como a su sustitución inmediata cuando se considere necesario.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Señor Presidente, este tema pudiera no parecer más que un asunto técnico en el cual no se plantean alternativas políticas importantes. Pero no es ésa la realidad, porque puede tener importantes consecuencias tanto para la protección del consumidor como para el bienestar y la salud de los trabajadores. La Directiva europea del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la convergencia de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (Directiva sobre las máquinas), tiene dos objetivos que difieren notablemente el uno del otro. En virtud del artículo 95 del Tratado relativo al mercado interno, la directiva sobre las máquinas deberá estar al servicio de la promoción del libre tráfico de mercancías. Afortunadamente, el punto 3 de ese artículo alude también a la consecución de un alto nivel de protección en materia de salud pública y de seguridad y protección del consumidor. La cuestión es si realmente se cumple lo estipulado.
Aunque no se ha investigado lo suficiente este asunto, parece que la directiva actual no ha tenido el efecto de conseguir un descenso apreciable de los accidentes laborales. Tampoco espero que de la revisión de la directiva se alcancen grandes resultados, cosa que, desde luego, ocurrirá si sigue existiendo confusión sobre su aplicación. La primera limitación de la directiva consiste en que se otorga el máximo valor oficial a la autocertificación, la llamada 'Conformidad Europea?, que funciona con la marca de la UE, y que ofrece menos garantías que los antiguos organismos nacionales, tal como el KEMA de los Países Bajos para los aparatos eléctricos. La segunda razón es que se excluye de la directiva a, entre otros, los vehículos, los interruptores, los generadores, las escaleras mecánicas y los pequeños ascensores.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson y Theorin (PSE)
. (SV) Los socialdemócratas suecos optamos por votar a favor de la resolución en su conjunto y de la enmienda 12. Con esta explicación de voto queremos aclarar nuestra postura.
La enmienda 12 es contundente en su intención de combatir el racismo y la xenofobia. La constitución sueca da sólida protección a las libertades y derechos fundamentales. Algunas partes de la enmienda 12, especialmente el punto f, pueden contravenir el derecho a asociación consagrado en nuestra constitución. No respaldaremos un atropello o una modificación a nuestra constitución. La explicación de nuestro apoyo a la enmienda 12 y a la resolución en su conjunto es que el informe es evidentemente mejor que la propuesta originaria de la Comisión. Es importante que el Parlamento Europeo adopte una inequívoca postura contra el racismo y la xenofobia.

Berthu (NI)
. (FR) Consideramos que la propuesta de decisión-marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia presentada por la Comisión carece de base legal, desde dos puntos de vista.
1. Tiende a aproximar entre los Estados miembros las normas de derecho penal, y particularmente las sanciones, basándose en los artículos 29, 31 y 34, párrafo 2, del Tratado de la Unión Europea. Pero estos artículos no confieren esta competencia para la lucha contra el racismo.
2. Efectivamente, uno de los objetivos de la cooperación policial y judicial del Título VI TUE es, entre otros, luchar contra 'el racismo y la xenofobia?, pero la propuesta de la Comisión amplía de motu propio la definición de estos términos, añadiendo al rechazo motivado por la raza o por el origen nacional aquel que se deriva 'de la religión o de las convicciones? (artículo 3). Si cambiar a posteriori el sentido de las palabras fuera suficiente para ampliar las competencias establecidas por el tratado, sería demasiado fácil, y todos lo sabríamos.
Finalmente, esta tentativa de extensión abusiva de la definición de racismo hace temer una fiscalización policial del pensamiento a escala europea, y por este motivo debe ser igualmente rechazada.

Bonde y Sandbæk (EDD)
. (DA) Para empezar, queremos dejar sentado que de ningún modo somos contrarios a la lucha contra el racismo y la xenofobia, el objetivo mismo del informe. No obstante, hemos optado por votar en contra de la propuesta pues tenemos la firme convicción de que lo mejor es que los propios Estados miembros se hagan cargo de las cuestiones relativas a los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. Además, dudamos del fundamento jurídico de esta decisión marco, que con sus instrucciones muy específicas toma el carácter de una aprobación supranacional.

Di Lello Finuoli, Frahm, Krivine, Meijer, Schmid, Herman, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL)
. (EN) Coincidimos plenamente en la necesidad de combatir el racismo y la xenofobia, y acogemos con satisfacción que la Comisión Europea reconozca la necesidad de luchar contra el racismo y la xenofobia.
No obstante, no apoyaremos el informe Ceyhun por diversas razones.
En primer lugar, el informe presta muy poca atención a lucha política contra el racismo y la xenofobia, y se centra básicamente en las medidas judiciales que pueden adoptarse. Sin embargo, los ataques y discriminaciones racistas y xenófobos se producen en las esferas sociales y económicas, y deben ser combatidos con medidas que eliminen estas discriminaciones, que se dan también en formas institucionalizadas. En la lucha contra el racismo y la xenofobia no puede considerarse suficiente un planteamiento estrictamente limitado al Derecho penal.
En segundo lugar, el informe centra su atención en las restricciones legales a las ideologías racistas y xenófobas y no en los actos motivados por el racismo y la xenofobia. Criminalizar las ideas supone un intento de censura y aparta la atención de los ataques violentos criminales que sufren las personas de color y los extranjeros. En lugar de un planteamiento de 'vigilancia de las ideas?, nos decantamos por el planteamiento de una legislación 'que odie el delito? que considere las motivaciones de un crimen racistas y xenófobas como una circunstancia agravante y aumente las penas impuestas a estos delitos.
(Acortada en aplicación del apartado 1, del artículo 137 del Reglamento)

Ducarme (ELDR)
. (FR) Hoy, frente a la creciente amenaza que representan los resultados electorales de la extrema derecha en Europa, debemos mostrar, más que nunca, nuestra determinación a defender el conjunto de valores y de principios fundamentales de nuestro régimen democrático.
Los representantes de formaciones políticas democráticas tienen el deber de confirmar su compromiso de no respaldar a ninguna coalición política, ni a formación o partido alguno que defienda ideologías o propuestas susceptibles de atentar contra los principios democráticos que son la base de nuestro sistema político.
Dentro del debate democrático, y con ocasión de las campañas electorales, debemos también comprometernos a condenar cualquier discurso, cualquier actitud demagógica que pretenda amplificar artificialmente los temores que son campo de cultivo para las formaciones de extrema derecha.
Por ende, es deseable que los miembros electos de nuestros partidos en su conjunto se adhieran a un código de buena conducta, para definir la actitud que han de adoptar frente a las formaciones que hacen peligrar los principios democráticos de nuestro sistema político.

Gollnisch (NI)
. (FR) El propio ponente es una prueba de que Europa no es racista. El Sr. Ozan Ceyhun, turco de nacimiento, ha sido elegido por los votantes alemanes. Y no creo que haya muchos hijos de residentes europeos en el Parlamento turco.
Seguimos enfrentándonos al mismo argumento: si rechazan la política de inmigración, los europeos son racistas. Es una inculpación forzosa, una inquisición moral y un permanente condicionamiento psíquico.
El informe Ceyhun supone un paso más en el camino hacia el totalitarismo moral. Presenta una definición tan amplia de la infracción de carácter racista que resulta difícil determinar qué no es racista. Así, la mera referencia al origen nacional puede ser considerada como un acto racista o de discriminación racial. En última instancia, al simple hecho de reservar los puestos públicos o el derecho al voto para los nacionales le sería de aplicación esta aberrante legislación.
Incluye también un arsenal represivo, que sanciona la expresión de las ideas.
La libertad de expresión se volatiliza ante el principio del cosmopolitismo forzoso.
Este delirio del 'anti-racismo? es el incentivo psicológico del proceso de colonización general de Europa. Al final, este informe reconoce implícitamente un solo derecho: el derecho a callarse y a sumarse a aquellos que destruyen nuestras libertades y nuestras identidades.
Este documento es el manifiesto de los colaboradores de las futuras ocupaciones extranjeras. Pasamos a la resistencia.

Kirkhope (PPE-DE)
. (EN) Indudablemente, el racismo es un fenómeno peligroso e inaceptable. No obstante, en Gran Bretaña hemos modificado nuestras leyes para hacer frente a estas situaciones en la forma que mejor se adapta a nuestras circunstancias y reflejar la mejoría de las relaciones interraciales (al menos hasta 1997).
El delito de xenofobia depara enormes dificultades probatorias y no tiene un encaje directo en el Derecho penal británico. En estas circunstancias, preferimos continuar con nuestras políticas y sanciones.
Esta decisión marco, si se lleva a la práctica, también desafía valores tradicionales de la libertad de expresión, y ello va en detrimento, y no en beneficio, de las buenas relaciones interraciales, que es lo que todos deseamos.
A los conservadores británicos no les gusta abstenerse en materia de lucha contra el racismo, pero deben hacerlo en esta ocasión por las razones expuestas.

Krarup (GUE/NGL)
. (DA) Tengo dos motivos fundamentales para votar en contra de la propuesta:
1. Las acciones en contra del embrutecimiento que se plasma en el racismo y la xenofobia no deben convertirse en sanciones penales, en las que está basada la propuesta. La criminalización es en el mejor de los casos inútil, en el peor de los casos contraproducente - y entraña, además, una serie de efectos nocivos, entre ellos, una mutilación de la libertad de expresión.
2. ?Un acceso penal común en la UE?, en el que está basada la propuesta, carece de base jurídica en el Título IV del Tratado. Verdaderamente se trata de una regulación tan amplia tanto de objetivos como de medios que la decisión no puede adoptarse bajo la forma de ?decisión marco?. A esto hay que añadir que ?el racismo y la xenofobia? no están incluidos dentro de los tipos de delitos que pueden regularse en virtud del artículo 31, la letra e) (?delincuencia organizada, terrorismo y tráfico ilícito de drogas?). La decisión marco choca por tanto con el Tratado y supone una clara violación de la excepción danesa en materia de justicia y asuntos de interior.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
. (SV) Respaldamos el informe Ceyhun, que constituye una meritoria contribución en la lucha contra el racismo y la xenofobia en Europa. El racismo se contrapone abiertamente a los valores en que se asienta la Unión Europea: derechos humanos, igualdad, libertad y democracia. Una definición común de los delitos de racismo y de xenofobia y la armonización de la tipificación de éstos pueden ser importantes herramientas para combatir atropellos o acoso contra personas o grupos. Asimismo, nuestro deber como demócratas es discutir con los racistas. Si conseguimos destruir sus argumentos, habremos hecho un gran servicio a la democracia y a la tolerancia.
La libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa son libertades esenciales y, por regla general, jamás deben ser restringidas. Estas libertades están consagradas en la constitución sueca y hay que sopesar minuciosamente su limitación. Por eso resulta difícil el equilibrio entre esas libertades y la eficacia en la lucha contra el racismo y la xenofobia. En estas circunstancias, respaldamos con ciertas dudas la propuesta de prohibir la distribución de escritos y la que, en la práctica, implica que se penaliza la pertenencia a determinadas organizaciones.

Marchiani (UEN)
. (FR) Ahora que tanto se habla de suavizar la legislación comunitaria, creo que esta propuesta de la Comisión es inútil e incongruente.
Está claro que hay que luchar contra el racismo en todas sus formas, y los primeros que deben hacerlo son los Estados. Además, todos ellos cuentan con una legislación específica (a pesar de que la represión judicial no es ciertamente la solución adecuada).
Después de todo, ¿no impone la subsidiariedad el hecho de que la Unión sólo se ocupe de una cuestión si Europa aporta una 'plusvalía??
La existencia de actos calificados de racistas en los Estados - calificación que debe ponerse en tela de juicio, dado que no existe 'ningún criterio uniforme para la obtención de información sobre los incidentes racistas? - no justifica en absoluto esta intolerable ingerencia en las políticas penales internacionales.
Esta propuesta es una fantasmada -¡al parecer, existiría una especie de internacional negra del racismo! -, e incluso una manipulación ideológica; estas propuestas liberticidas suponen una grave violación de la libertad de expresión, y su único objetivo es satisfacer las reivindicaciones de entidades supuestamente responsables de proteger los derechos humanos.
Aquí, Europa no es más que el Caballo de Troya de grupúsculos moralizantes que practican el ajuste de cuentas y que de hecho intentan eliminar a sus adversarios políticos.

Titley (PSE)
. (EN) Señor Presidente, presto todo mi apoyo a esta propuesta de resolución, que tendrá un considerable efecto disuasorio sobre quienes cometan actos delictivos racistas. Al facilitar el procesamiento por delitos racistas, la intolerancia religiosa y racista podría disminuir considerablemente. En efecto, al extender el alcance de lo que se entiende por comportamiento racista para incluir actos que puedan ser considerados amenazadores, injuriosos o insultantes, esta resolución representa una consolidación de los principios de libertad y de los derechos humanos, principios sobre los que se basa la UE y sus Estados miembros.

Berthu (NI)
. (FR) Hemos votado en contra de la resolución sobre los resultados del Consejo de Sevilla, porque aprueba las falaces declaraciones que pretenden confundir a los irlandeses en vísperas de su segundo referéndum sobre el Tratado de Niza.
Pues bien, estas declaraciones - la declaración unilateral de Irlanda y la del Consejo, que se da por enterada de la primera (o toma nota de ella, según las distintas versiones lingüísticas) - parecen garantizar la libre elección de cada país para la política de seguridad y de defensa en general, y para cada operación en particular. Pero esta no es la filosofía de Niza. Si triunfa el 'sí? en el segundo referéndum, los irlandeses se verán atados de pies y manos, al caer en la trampa de unos textos que forzosamente les arrastrarán poco a poco hacia una integración que no desean.
Por desgracia, ahora me es imposible extenderme más sobre este punto, porque la administración del Parlamento Europeo ha decidido acortar implacablemente las explicaciones de voto que superen 200 palabras. Pero las personas que se interesen por la verdad en los asuntos europeos, y que estén cansadas de no encontrarla en los debates oficiales de nuestra Asamblea, pueden dirigirse a la página web de los diputados franceses del MPF en Internet, cuya dirección es la siguiente: http://www.autre-europe.org.
Figueiredo (GUE/NGL)
Es positivo que se haya aprobado la enmienda -que apoyamos- en la que se condena la acción de las autoridades españolas que impidieron a un grupo de ciudadanos portugueses, incluido un diputado nacional, cruzar la frontera para participar en una manifestación autorizada en Sevilla, al margen del Consejo Europeo, por considerar que dicha acción era contraria a los principios y las libertades fundamentales consagrados en los Tratados.
Pero la resolución común tiene muchas lagunas que abordábamos en la resolución del Grupo GUE (pero que, lamentablemente, fue rechazada) y muchos aspectos negativos, en particular por no criticar los aspectos represivos y de seguridad de la política de inmigración, por insistir en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y de las orientaciones monetarias y por propugnar la profundización de las vías federalistas en varios aspectos de la política comunitaria. Así, a pesar de que hemos votado a favor de algunos puntos, como la enmienda que condena las acciones de las autoridades españolas en la frontera luso-española, hemos votado en contra de la resolución común.

Korakas (GUE/NGL)
. (EL) El Consejo Europeo de Sevilla ha levantado aún más los muros de la Europa fortaleza, con la adopción de medidas que contribuyen a reforzar la xenofobia y el racismo, y a enmascarar la inhumana política liberal de la UE y los países miembros, convirtiendo a los inmigrantes y a sus países de origen en víctimas propiciatorias.
Insiste en la antipopular política de la competitividad, las privatizaciones y la liberalización de los mercados; una política que aumenta los beneficios del gran capital y empeora la situación de los trabajadores, lo que provoca su justificada reacción.
Refuerza la militarización y el autoritarismo de la UE, prevé el envío de tropas a Bosnia y la ARYM y la creación de nuevos entes policiales al objeto de facilitar la implantación del nuevo orden, el tratamiento de las contradicciones intraimperialistas y la represión del movimientos de resistencia y contraofensiva de los trabajadores.
Muestra de esta política autoritaria fueron la fortaleza que se levantó en torno al espacio de reunión del Consejo, el intento de aterrorizar a los ciudadanos, la prohibición del recorrido de la manifestación y la prohibición de entrada en España a manifestantes procedentes de otros países.
Estas grandiosas manifestaciones, esta conjunción de tan amplias capas sociales que se opone a esos planes, la formación de frente antiimperialista y antimonopolista, serán, sin duda alguna, la respuesta de los trabajadores para dar al traste con semejante política.
Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra de la resolución común, puesto que viene a coincidir con esa nefasta política.
Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Lo que la opinión pública recordará de la Cumbre de Sevilla será, sin lugar a dudas, el programa europeo de lucha contra la inmigración. Obsesionados por los resultados electorales de la extrema derecha, los jefes de Estado y de gobierno han puesto a punto un amplio arsenal represivo y de seguridad pública, pero no han abordado las causas últimas de la inmigración, ni tampoco han querido buscar otras soluciones distintas de la extradición para los inmigrantes que residen y trabajan en Europa. Por otra parte, es paradójico que simultáneamente, en Sevilla, 450 trabajadores agrícolas sin papeles, originarios en su mayoría de Argelia, hayan ocupado la universidad para intentar regularizar su situación. Ellos eran los que planteaban las verdaderas cuestiones: la de la deuda que su país de origen ha contraído con el FMI, y que deja a la población en la más absoluta de las miserias; la de las mafias que se aprovechan de la Europa-fortaleza; la de los patrones que engañan a esta mano de obra clandestina, despreciando la legislación laboral y los derechos humanos.
La urgencia hay que aplicársela a otra política: la condonación de la deuda del Tercer Mundo, la supresión del apoyo de Europa a los dictadores, la regularización de los sin papeles y la apertura de las fronteras. Por cierto, que el Estado español ha hecho caso omiso de los tratados, bloqueando durante la Cumbre a ciudadanos portugueses en la frontera.
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Kuntz (EDD)
. (FR) Una vez más, los resultados de una Cumbre Europea, en este caso, los de la Cumbre de Sevilla, ponen de manifiesto que la construcción comunitaria sigue avanzando por un callejón sin salida. Si en la década de los 90 se produjo una aceleración de la integración siguiendo una lógica federal, parece que, desde el Tratado de Niza, las naciones empiezan a hacer oír de nuevo su voz.
Las conclusiones de la Cumbre de Sevilla lo confirman: los expedientes de más calado han sido mayoritariamente pospuestos, debido a los desacuerdos surgidos entre unas naciones preocupadas por dar prioridad a su soberanía y a sus intereses.
En cuanto a la inmigración, felizmente, el régimen de sanciones contra los países de origen de los ilegales que algunos gobiernos querían implantar no ha prosperado. Liderados por Francia, varios países han rechazado este tipo de medidas, que son contrarias a la antigua y sólida tradición que les caracteriza como países de acogida. Estas medidas habrían degradado sus vínculos históricos con los Estados de origen de los ilegales.
Tampoco se ha presentado ninguna reforma concreta al funcionamiento de la PAC ni al del Consejo de Ministros. Todo esto da a entender que los Estados miembros tienen intereses divergentes, y demuestra, como si a estas alturas hiciera falta alguna prueba de ello, que no se puede seguir avanzando en la construcción europea prescindiendo de estas realidades.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Señor Presidente, la política de la Presidencia española del Consejo, durante el primer semestre del año 2002, ha arrojado el mismo tipo de resultados que la política interior del Gobierno español. Estaba enfocada al pasado, no al futuro. Sus prioridades eran las de retirar aun más al Gobierno de la actividad económica y reforzar el carácter autoritario y militarizado de lo que entonces quedara de él. De esa manera se crea un mayor espacio de maniobra para los dirigentes y menor para los ciudadanos críticos. Parece un intento de retrotraer a la Unión Europea en su totalidad al siglo diecinueve, es decir, a la época anterior al surgimiento de los movimientos obreros y ecologistas y anterior a la introducción del derecho al sufragio universal.
Afortunadamente, el Parlamento ha enmendado una propuesta sobre la adopción de medidas de seguridad para los prominentes. Y, afortunadamente una vez más, la Presidencia española, que estaba en contra de mi informe sobre el mercado del transporte público, tampoco ha conseguido lograr una mayoría para llevar a cabo privatizaciones en gran escala, cosa que pretendía durante el debate sobre aquel.
La Cumbre de Sevilla no ha contribuido a solucionar los problemas financieros que se interponen en el camino de la ampliación, en ella no se ha alcanzado un entendimiento sobre las 14 delegaciones de la UE, para las que aún se debe encontrar una sede, y, una vez más, la Presidencia española se ha manifestado contra la inmigración sin proponer ninguna solución para ello. En pocas palabras, se han endosado los problemas a la siguiente Presidencia.

Queiró (UEN)
En la Cumbre de Sevilla destacaron tres temas principales; primero, la aprobación de una serie de medidas relativas a la organización del Consejo Europeo y del Consejo, que, sin afectar al principio de igualdad entre los Estados, permitirán un mejor y más eficaz funcionamiento de esos órganos; después, la reafirmación positiva del calendario previsto para la conclusión de las negociaciones con los países candidatos que se adherirán a la Unión Europea en una primera fase, respetando el principio del mérito y la diferenciación; y, por último, la adopción de una posición firme en lo relativo a la lucha contra la inmigración ilegal y clandestina, sin por ello poner en entredicho los compromisos de desarrollo y cooperación con los países de origen de la corriente o paso de las corrientes migratorias y su participación en esa lucha.
También es de destacar, por su importancia y significado, la clara posición del Consejo en cuanto a la necesidad de fortalecer en las políticas de la Unión el componente de las regiones ultraperiféricas, dadas sus especificidades.
Ese conjunto de temas está suficiente y adecuadamente expuesto en la resolución común que se acaba de aprobar, pese a tratarse de un texto de transacción, razón por la cual la he subscrito y he votado.

Ribeiro e Castro (UEN)
En la conclusión de la Presidencia española, en la Cumbre de Sevilla, acojo con particular beneplácito el punto que contribuyó a reanimar el enfoque en las regiones ultraperiféricas y también el párrafo correspondiente en la resolución que hemos aprobado. Las Azores y Madeira, en el caso portugués, bien merecían esa atención para no dejar que el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Ámsterdam cayera en el olvido o en desuso. Por desgracia, en los dos últimos años, ni la Presidencia portuguesa ni la Presidencia francesa (entonces con gobiernos socialistas) dieron impulso nuevo alguno a ese importante aspecto de los Tratados, cuando resulta que Portugal y Francia, además de España, son los Estados miembros con regiones ultraperiféricas. Ha sido necesario esperar a la Presidencia española (no socialista) y al impulso del nuevo Gobierno portugués para que se volviera por fin a examinar ese asunto con la debida relevancia. Estaremos atentos a su desarrollo de aquí al final de este año.

Van den Burg y Wiersma (PSE)
. (NL) Señor Presidente, al igual que mi Grupo, he votado en contra de la enmienda 1 presentada por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas (ELDR) porque no le corresponde al Parlamento Europeo dictar a los Parlamentos nacionales cómo deben abordar los tratados de ampliación previstos.
Sin duda, el Consejo Europeo hará propuestas, ante las cuales los Parlamentos nacionales podrán reaccionar de forma individual. Será decisión de los Parlamentos nacionales si discuten estos tratados individualmente o en bloque.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) ¿Cómo no retomar los términos de esta resolución, que afirma que 'todo ser humano tiene derecho a acceder a unos alimentos sanos y nutritivos, y a un agua no contaminada, así como el derecho fundamental a ser protegido?? ¿Cómo no sentirse indignado ante el dato que se menciona de 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo?
Nuestro voto positivo se basa exclusivamente en este aspecto del texto.
Porque, además, ¿Cómo no indignarse ante la hipocresía de esta unanimidad de todos los partidos que, en su mayoría, han respaldado todas las políticas infames aplicadas por las grandes potencias imperialistas para apoyar a sus trusts y a sus grupos financieros, que son directa o indirectamente responsables de esta situación? Los medios materiales y la riqueza acumulada son se sobra suficientes para garantizarle a todos los seres humanos el acceso a los alimentos y al agua. Pero estas riquezas están acaparadas por un pequeño número de grandes grupos, que no sólo se niegan a renunciar ni siquiera a una mínima parte para ayudar a esta humanidad que está sufriendo, sino que siguen enriqueciéndose a sus expensas.
La resolución termina allí dónde empiezan los problemas. Lo que ha permitido que todos los partidos participen en su redacción es precisamente su carácter hipócrita a la hora de denunciar, y cobarde a la hora de proponer.

Ferrer (PPE-DE)
. Al igual que ya ocurrió en la Conferencia de Monterrey, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación ha sido, lamentablemente, una nueva oportunidad perdida. La UE y los Estados miembros tenían en sus manos la posibilidad de demostrar no sólo con palabras sino con hechos su compromiso con el combate que las Naciones Unidas han emprendido para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. Pero una vez más nos hemos quedado en las grandes declaraciones de principios y no hemos sido capaces de adoptar las medidas y destinar los recursos necesarios para traducir las palabras en hechos. Seguimos afirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos pero somos incapaces de emprender actuaciones que permitan el ejercicio de este derecho a los más pobres. Nos limitamos a reiterar el compromiso de reducir a la mitad para el año 2015 el número de personas desnutridas, lo que no sólo es absolutamente insuficiente sino, además, hoy ya imposible de cumplir de no adoptarse medidas generosas y eficaces.
Por ello he votado a favor de la Resolución sobre la Cumbre de Roma. Porque en ella se proponen soluciones que pretenden ir a la raíz del problema y atacar no sólo las consecuencias sino también las causas que provocan la pobreza y la falta de alimentos en el mundo.
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Modrow (GUE/NLG)
No puedo compartir el cálculo optimista que se expresa en el informe sobre la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma. Desde mi punto de vista los resultados de la conferencia de 182 estados son más bien escasos y la perspectiva de combatir eficazmente el hambre como un problema global es más bien sombría. En los últimos seis años se ha producido solamente una modesta aproximación al objetivo, proclamado en 1996en la conferencia precedente, de reducir de 800 a 400 millones antes del año 2015 el número de seres humanos que padecen hambre. En algunos estados se ha conseguido poner coto al hambre, pero en otras regiones, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, han aparecido nuevos territorios de hambre.
Las causas principales de que el plan de acción de 1966 no haya alcanzado su objetivo residen, sobre todo, en que éste se apoyaba en una política neoliberal que no elimina las causas estructurales del hambre y de la infraalimentación, sino que las refuerza. En lugar de la globalización y de la liberalización de los mercados, la eliminación rigurosa de las limitaciones comerciales impuestas por el norte a los productos del sur es tan necesaria como el fomento de la producción de productos alimentarios por parte de los pequeños campesinos para los mercados locales y el libre acceso de los productores a recursos productivos tales como el agua, la tierra, los bosques o los caladeros pesqueros. El comercio sólo podrá ser un elemento clave para la seguridad alimentaria mundial, si deja de considerase como una vía de dirección única en la que tengan libre circulación las grandes corporaciones de productos alimentarios humanos y animales.
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Muscardini (UEN)
. (IT) La Cumbre de Roma ha mostrado de nuevo la diferencia entre Norte y Sur en el mundo. Uno de los problemas más graves sigue siendo la falta de agua, por lo que se refiere tanto a su potabilidad como a su utilización. La solución a este problema podría ser la constitución, por parte de los países miembros, de un fondo ad hoc que se usara, sin intermediaciones, para el estudio, la adquisición, la construcción y la gestión de acueductos y pozos.
La lucha contra el hambre en el mundo no es una 'competición? de solidaridad fin en sí misma, sino la lucha contra la desesperación que lleva a millones de seres humanos a perseguir, en otro lugar, el sueño de una vida mejor. Por desgracia, en muchos casos se trata de un sueño irrealizable que choca contra la velocidad de los tiempos que el progreso nos impone y la lentitud en la realización de las intervenciones.
Estamos seguros de que una mayor atención a las exigencias primarias de las economías de los países más pobres y a la búsqueda de soluciones in situ podrán dar vida a una solidaridad eficaz. Las propuestas de la Cumbre FAO de Roma parece que se orientan en esta dirección y en ellas converge el compromiso de todos los países participantes. Nuestra función es comprobar que los buenos propósitos se traduzcan en acciones concretas y soluciones directas e inmediatas. Con este deseo votamos a favor.

Korakas (GUE/NGL)
. (EL) El Plenario ha aprobado hoy una resolución de protesta por la reciente ley de los Estados Unidos de America que pone al personal norteamericano fuera de la jurisdicción del recién creado Tribunal Penal Internacional, aun cuando se trate de personas acusadas de genocidio y crímenes de guerra.
No cabe la menor duda de que el contenido de esa ley quebranta los principios fundamentales del Derecho Internacional y constituye, además, un alarde, no exento de exhibicionismo, de la inclinación a enseñorearse del mundo, del perfil altanero, beligerante e imperialista de los Estados Unidos.
Cualquier persona bienintencionada, sin embargo, se pregunta:
1. ¿Ahora se ha acordado la UE de los principios del Derecho Internacional? ¿Por qué no los aplicaba cuando en conjunto con los Estados Unidos bombardeaba a Yugoslavia, y, cuando después del 11 de septiembre, declaró «la guerra contra el terrorismo» y Afganistán, proclamando «todos somos norteamericanos»?
2. ¿Sobre qué principios ha constituido, junto con los Estados Unidos, la ilegal ?de acuerdo con la Carta de la ONU? Corte Penal Internacional para juzgar al Presidente Milosevic y a cuantos se resistieron a la intervención otano-americana?
3. ¿Serán conducidos al nuevo Tribunal los dirigentes de la UE y la OTAN por sus crímenes en Yugoslavia y Afganistán, y por los que perpetren en el futuro?
4. ¿No será finalmente este Tribunal utilizado para pponer en el banquillo a la resistencia contra del nuevo orden imperialista?
Dados todos estos interrogantes, los diputados del Partido Comunista de Grecia no podemos votar a favor de la resolución.
MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, ha sido para todos nosotros un motivo de gran satisfacción que el informe Medina Ortega haya sido aprobado por una mayoría tan amplia. Para muchos de nuestros electores, una mejor regulación del sector inmobiliario en régimen de tiempo compartido es una cuestión importante. Muchas personas de la Unión Europea -y, sin duda alguna, muchos de mis propios electores- han formulado graves quejas sobre comportamientos fraudulentos y abusos cometidos por los tiburones que operan en este mercado. Es ésta una cuestión muy desagradable, pues hay muchos operadores honrados, decentes y adecuados, por ejemplo los representados por la Organización Europea de Régimen de Tiempo Compartido, que me ha prestado una considerable ayuda en relación con mis electores. Estoy seguro de que otros también la habrán obtenido.
El verdadero problema es la regulación del comportamiento fraudulento y garantizar que las personas que se encuentren en situaciones especialmente delicadas disfruten de una adecuada protección contra aquél. El riesgo de adoptar una normativa sectorial sobre un tipo particular de fraude radica en que simplemente se regule una parte y se dejen al margen las nuevas formas de fraude, que no son objeto de regulación o bien se subsumen en el Derecho penal general. Será muy importante que la Comisión estudie esto cuidadosamente y nos presente propuestas más sólidas.
A todos los ciudadanos les interesa que actuemos adecuadamente en este ámbito. Invitamos a la Comisión a desarrollar el excelente informe de mi amigo y colega, Sr. Medina Ortega.

Titley (PSE).
Señor Presidente, al igual que Sir Neil MacCormick, acojo con satisfacción este informe, particularmente ahora que se introducen enmiendas para darle más mordiente. Cuando adoptamos la primera normativa sobre multipropiedad, esperaba que la larga cola de gente que venía a contarme sus problemas en esta materia se acabaría. Y así fue, efectivamente, durante un tiempo, pero la cola comenzó de nuevo porque, tan pronto como se aprueba una normativa, los defraudadores pasan a otro campo. El último chanchullo consiste, básicamente, en crear los denominados clubes de vacaciones. Me complace que estemos tomando medidas al respeto. Es importante recordar que, por cuanto respecta al acercamiento a los ciudadanos de la Unión Europea, nos corresponde tomar medidas en asuntos como éste, que es tan importante, de modo que la gente perciba que es parte de una Europa de los ciudadanos y que se tienen problemas en un país, pueden reclamar adecuadamente mediante el sistema legal.
Afortunadamente, como ha dicho Sir Neil, ahora contamos con diversas organizaciones que trabajan muy duramente en este sector y la situación ha mejorado. No obstante, tenemos que encargarnos de los defraudadores que extiendan tanta miseria.

Manders (ELDR)
. (NL) Señor Presidente, en primer lugar, doy mi total apoyo al proyecto de resolución. Es evidente que la Directiva 94/47 no ha alcanzado los objetivos para los que se creó. Por lo tanto, se necesita proceder a su revisión, ya que desgraciadamente la práctica ha demostrado que los consumidores suelen ser a menudo víctima de estafas en este mercado.
En virtud de la legislación actual, las prescripciones al respecto son mínimas, por lo que los estafadores y los timadores son difíciles de distinguir de aquellos que ofrecen multipropiedad seriamente. Esta situación también es perjudicial para este último grupo.
Para hacer realidad la diferenciación entre los 'buenos? y los ' malos? he presentado una enmienda, en virtud de la cual, en caso de litigio, siempre se declarará competente al juzgado de la localidad de residencia del consumidor. Esta estipulación tiene un efecto disuasor sobre los ofertantes de multipropiedad con malas intenciones y elimina la angustia de los damnificados de tener que litigar en un país extranjero. Mi enmienda, que, por cierto, tiene el apoyo de la Organización para la Multipropiedad en Europa, no ha encontrado, por desgracia, suficiente apoyo dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interno.
Lo anteriormente mencionado ha sido confirmado en parte por el Comisario Byrne con sus respuestas durante el debate y, por tanto, merece la pena considerarlo a la hora de elaborar la evaluación solicitada o nueva legislación.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Señor Presidente, prácticamente nadie sabe a qué se refiere el concepto de 'uso a tiempo parcial de bienes inmuebles?. Esta propuesta trata de medidas para prevenir los timos y las estafas. La gente cree que puede comprar una vivienda de vacaciones barata para ese periodo exacto en el que quieren pasar sus vacaciones. Durante el resto del tiempo son otros veraneantes los propietarios de la vivienda. Debido a que generalmente se trata de residencias provisionales situadas en lugares donde se habla otro idioma, con otras costumbres y con diferente legislación del país de origen, hay grandes riesgos de que se den malentendidos.
Peor aun, es que se dan todas las condiciones favorables para engañar a los compradores. Como no pueden hacerse cargo del mantenimiento y cuidados de su vivienda vacacional debido a sus largos periodos de ausencia, se tiene que encargar de ello otra persona: el vendedor, que, de hecho, sigue siendo el propietario. Los compradores se decepcionan porque tienen que pagar grandes cantidades de dinero, hecho del cual no parece que puedan derivar muchos derechos. Al final, se encuentran con una propiedad inapropiada para sus pretensiones, que no pueden vender a otras personas. Precisamente contra este tipo de estafa transnacional se necesita la existencia de medidas que sean iguales en los diferentes países europeos. También a los que nos declaramos en contra de una legislación de la UE centralizadora y entrometida, nos parece ésta una forma útil de protección del consumidor.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Señor Presidente, una de las características del capitalismo es que también las empresas son objeto de comercio. Las grandes empresas, que obtienen grandes beneficios, son capaces de adquirir otras empresas. A veces, la compra se realiza con el fin de cerrar una determinada empresa y absorber su mercado. También se puede apostar por renunciar temporalmente a los beneficios, manteniendo los precios bajos durante un periodo determinado para desplazar del mercado a empresas de la competencia y hacer que vayan a la quiebra. La concentración de la propiedad y del poder forma parte de la lógica del capitalismo. Por ello, es de esperar que cada vez existan menos empresas grandes, siendo aun mayores y más internacionales aquellas que permanezcan. En sí, no tiene porqué ser siempre un inconveniente que una empresa se sitúe en una posición de monopolio.
Los monopolios que provean a una región y en los cuales los precios de venta al público y las políticas medioambiental y social estén controlados democráticamente por los representantes de la población afectada y por organizaciones de los ciudadanos afectados, pueden funcionar magníficamente. En la UE, siguiendo el ejemplo americano, tales monopolios están malditos porque dañan la libre competencia, mientras que las grandes concentraciones de poder sobre las que es imposible el control democrático pueden seguir creciendo. En doce años de existencia, el Reglamento nº 4064/89 no ha podido romper esa tendencia, y tampoco su próxima revisión ni la cooperación con las autoridades nacionales sobre la competencia lo harán. No obstante, no rechazo este Libro Verde, ya que no hacer nada es aun peor.

Crowley (UEN)
. (EN) Acojo con satisfacción los puntos resaltados por el Sr. Busk y la Sra. Attwooll en sus respectivos informes. Es evidente que hay una necesidad de mejorar diversos aspectos del seguimiento de la política pesquera común y de las sanciones adecuadas que se impongan a quienes la incumplan.
El asunto fundamental es que si queremos llamar a esta política, política 'común?, tenemos que garantizar unas condiciones de igualdad. Ello vale para todos los aspectos de la PPC. Los diputados que, como yo mismo, representan a regiones costeras de la Unión dependientes en un amplia medida de la pesca, tienen fundamentalmente en la cabeza las recientes propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PPC.
Las propuestas, en su perfil actual, son simplemente insostenibles. En ella se presta muy poca atención al impacto socio-económico en las regiones a que me he referido. No creamos unas condiciones de igualdad si seguimos socavando la precaria situación de familias y comunidades para las que el sector pesquero es la única fuente de empleo local y, al mismo tiempo, no examinamos los excesos de la pesca industrial, en particular si afirmamos estar aplicando una política basada en el desarrollo sostenible y una protección medioambiental firme.

Figueiredo (GUE/NGL)
Como se dice en el informe, el cumplimiento de la Política Pesquera Común depende en gran medida de la participación de los pescadores y sus asociaciones en el proceso de adopción de decisiones, por lo que es fundamental avanzar con la cogestión. Igualmente importante es que el informe subraye que la responsabilidad del control de la aplicación de la legislación comunitaria incumbe sobre todo a los Estados miembros y así debe permanecer, aunque con mayor cooperación y fiscalización y no con una total centralización.
Con todo, el informe es bastante crítico en relación con el incumplimiento por parte de los Estados miembros de la notificación de capturas, infracciones y otras informaciones en la esfera de la PPC. Parece que sólo Portugal cumple todas las decisiones, ya sea en el caso de las infracciones de los reglamentos o en el de los POP. De modo que resulta profundamente lamentable que aparezca ahora la Comisión, con la propuesta de revisión, a intentar tratar a todos los países del mismo modo, lo que significaría una penalización de Portugal por haber sido buen cumplidor.

Hudghton (Verts/ALE)
. (EN) La Comisión debe redoblar sus esfuerzos para garantizar unas condiciones de igualdad mediante una mayor cooperación entre todas las partes interesadas. Los pescadores deben participar en la elaboración y aplicación de las normas dentro de un sistema de gestión zonal, un sistema que facilite la aceptación de estas normas y haga más efectiva su aplicación.
Para su seguimiento y control efectivos, debe disponerse de recursos presupuestarios y humanos adecuados. Una cuestión fundamental que suscitan las propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PPC es la propuesta de abrir el acceso al Mar del Norte y dejar que una zona marítima con unos caladeros esquilmados sean gestionados sin más mediante máximos autorizados de capturas y el sistema de cuotas. Sin una inversión comprometida en el control y el seguimiento, el Mar del Norte se convertirá en el escenario de una potencial contienda que podría diezmar aún más los caladeros y acabar con las frágiles comunidades dependientes de la pesca.
Por tanto, insto a la Comisión a que asuma todas estas reflexiones y garantice que se den unas condiciones de igualdad. No abrir en ningún caso el Mar del Norte mientras que no se perciba, o no se demuestre, que el actual sistema de observancia es justo o suficientemente fundado como para garantizar que la pesca ilegal sea erradicada.

Patakis (GUE/NGL)
La disminución de la capacidad de pesca de los países miembros sigue siendo un elemento constitutivo fundamental de la nueva Política Pesquera Común, que se manifiesta a través de la reducción de la flota pesquera, y, más en general, de la pesca propiamente dicha. Es, pues continuación de la anterior PPC que ya tuvo serias consecuencias para las pequeñas y medianas empresas pesqueras. Con la propuesta de revisión estas consecuencias negativas se multiplicarán, ya que se intensificará la destrucción de embarcaciones pesqueras, y las posibilidades de modernización del resto de las embarcaciones se reducirán, si es que no desaparecen completamente, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
Todo lo supuestamente previsto sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en realidad no obedece sino al fin de limitar a los pequeños pescadores el acceso a la riqueza pesquera y entregar ésta para su saqueo y explotación por el gran capital y sus empresas pesqueras. Para que estos planes pasen más fácilmente, y sin reacción alguna, vienen acompañados por supuestas medidas de jubilación anticipada, y reciclaje de los pescadores que encaminarán sus pasos hacia otros oficios.
Las pespectivas y consecuencias de la nueva PPC serán trágicas para las regiones de la UE que por su historia y por las características de su tejido productivo fundamentan su economía en la pesca. Con la aplicación de las nuevas medidas, crecerá el ritmo de abandonos de la actividad pesquera, se perderá una parte importante de su renta, aumentará el paro, y crecerá igualmente, la corriente de abandono de las regiones remotas e insulares.
Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Señor Presidente, la pesca marítima está organizada en los diferentes países de formas muy dispares. En unos países se trabaja con pequeños barcos tradicionales mientras que en otros se utilizan grandes buques modernos que, en compensación por ello, deben permanecer amarrados durante ciertos periodos de tiempo. Los pescadores de unos países realizan sus capturas para el consumo humano; los de otros, para la producción de harina de pescado. Y en todas partes los pescadores de unos países echan la culpa a los pescadores de otros países de que son ellos los que hacen demasiadas capturas, de modo que la población de peces está siendo esquilmada cada vez en un mayor número de zonas marítimas.
Y ahora resulta que los Países Bajos presentan informes anuales ilegibles, que Bélgica maneja códigos incomprensibles, que la información de España es incompleta y que Francia simplemente no presenta informe alguno. El reglamento de control se aplica de diferentes formas en los diferentes Estados miembros, de modo que a los pescadores se les trata de forma desigual. Parece cada vez más que nos autoconvencemos de que reducimos fuertemente las capturas sin que ello ocurra en la realidad en la medida suficiente. Y, mientras tanto nos revelamos en todas partes contra las propuestas de la Comisión Europea encaminadas a hacer más eficaz y endurecer la ley de protección de la población piscícola. Así que esas propuestas volverán a quedar bloqueadas una vez más. Se está llevando a cabo, pues, una política de 'El que venga detrás que arree?. ¿Piensan acaso los partidarios de una política blanda en esta materia que el que venga detrás va a venir arreando pescado?

Van Dam (EDD)
. (NL) Señor Presidente, llama la atención cómo los controles de las infracciones de tráfico en Europa difieren tanto unos de otros. Si en unos países existe una enorme cantidad de controles de velocidad, en otros sólo se controlan las infracciones graves. La conservación de la población piscícola no es asunto comunitario, pero la política de pesca sí. Lamentablemente, el control de los pescadores adquiere formas tan diversas como los mencionados controles de tráfico.
Peor aun, se ha visto que los servicios nacionales de inspección, ante idénticas infracciones a los pescadores de los Estados miembros vecinos les imponen sanciones superiores a las que imponen a los pescadores del propio país.
La diferencia en tipo y frecuencia de los controles y de las sanciones por Estado miembro mina la política comunitaria de pesca. Con razón claman los pescadores neerlandeses que se cree una estructura europea de inspección y control. Es urgente la armonización de la política de control y de imposición de sanciones, ya que está en juego la credibilidad de nuestra política de pesca.
Las organizaciones neerlandesas de productores ejercen un control mutuo sobre extralimitaciones en la cuota. Este ejemplo merece que se siga en otros Estados miembros. Y es que es absurdo que no sepamos si todos los pescadores europeos se ciñen a la cuota o no.

Titley (PSE)
. (EN) Señor Presidente, presto mi apoyo incondicional a este informe, que centra su atención en la importancia de los mercados de trabajo locales. A la hora de examinar las tasas de ocupación, centramos nuestra atención demasiado a menudo en el entorno macroeconómico, puesto que los mercados de trabajo locales contribuyen notablemente al buen funcionamiento general y al dinamismo de la economía. Dado que la UE centra cada vez más sus esfuerzos en el empleo, en buena medida bajo los auspicios de la estrategia de Lisboa, se recibe con gran satisfacción el llamamiento a un proceso ascendente. En efecto, los operadores locales que conocen las condiciones locales son los mejor ubicados para planear los cambios necesarios que las economías locales puedan necesitar acometer. Este informe también resulta especialmente recomendable por atender en particular a todas las partes integrantes de las economías locales: la promoción de las iniciativas empresariales de las mujeres, por ejemplo, es relativamente innovadora y podría preparar el camino para nuevos tipos de innovación y el crecimiento económico.

Alyssandrakis (GUE/NGL)
El hecho de que la UE se ocupe de las 'normas fundamentales del trabajo? es, sin duda alguna, resultado de la presión del movimiento popular y de las grandes manifestaciones de Seattle, Génova, etcétera. Destacamos que su interés rezuma hipocresía, desde el momento en que la directriz es que la llamada globalización contribuye al respeto a las normas fundamentales del trabajo. Hacen, pues, comulgar con ruedas de molino, intentan convencer de que el imperio mundial del capital, la fagocitación de las riquezas del planeta, y el aumento de la explotación de los trabajadores tienen resultados positivos en los países del tercer mundo. La posición de la UE resulta aún más hipócrita al autopromocionarse como paraíso laboral al mismo tiempo en que está desencadenando un ataque sin precedentes contra las conquistras de los trabajadores. Al no enfrentarse a las causas profundas del problema, es natural que las propuestas de la Comisión, e igualmente las de la Comisión Europea se antojen insuficientes cuando no ridículas.
Partiendo de la verdad histórica de que todo cuanto ha conquistado la clase obrera es resultado de luchas y sacrficio, y no de la filantropía de la burguesía, el Partido Comunista de Grecia cree que la mejora de las condiciones de trabajo será fruto de la lucha de los trabajadores y de la solidaridad internacional. Más aún, una solución definitiva sólo es posible con la transformación revolucionaria de la sociedad y la abolición de la explotación.
Por todo ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos rechazado el informe.
Bastos (PPE-DE)
Este informe merece mi voto a favor, pues constituye un importante paso en la toma de conciencia de la compleja vinculación entre la mundialización y el fomento de las normas laborales fundamentales. Destaca, en particular, la necesidad de que se elabore una estrategia encaminada a la mundialización como contribución al desarrollo social con respeto de los derechos fundamentales. De hecho, la mundialización entraña imperativos y oportunidades y debe permitir la mejora de las condiciones de vida y trabajo y el fortalecimiento de la ayuda para el desarrollo en beneficio de las poblaciones menos favorecidas.
El establecimiento de un único código de conducta europeo que reglamente las cooperaciones de las empresas europeas en el nivel mundial es un instrumento esencial para garantizar la aplicación de las normas laborales fundamentales. En ese sentido, la Unión Europea debe trabajar en cooperación con los gobiernos de los países en desarrollo, así como incluir el respeto de las normas laborales fundamentales en todos sus acuerdos de cooperación con terceros países.
Conviene subrayar una vez más la importancia de la cuestión de la igualdad entre los sexos. Se debe prestar mayor atención a las organizaciones de defensa de la mujer cuando se aborda la cuestión de los interlocutores sociales que intervienen en la formulación de las políticas encaminadas al desarrollo sostenible y la cohesión social.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Señor Presidente, la mundialización al modo neoliberal significa que las empresas que ofrezcan los productos más baratos, siempre ganan. Durante un cierto tiempo, esta circunstancia se vio como una gran ventaja para el consumidor y como una forma de justicia.
Sin embargo, cada vez se hace más evidente que muchos de esos productos sólo pueden ser tan baratos a costa de salarios tremendamente bajos, de condiciones laborales insalubres e inseguras, del despido de los trabajadores tan pronto como no son necesarios, del trabajo infantil, de la destrucción de la naturaleza, de la contaminación del medio ambiente, y del suplicio de los animales. Con razón la Comisión de Empleo y Asuntos sociales ha advertido de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) lo está poniendo muy difícil para poder hacer algo en contra de esos abusos. La solución que se ve más factible es la de que la UE se revele como gran potencia y, así, poder conseguir la adopción de mejores normas.
En general, no soy partidario de que la UE actúe como superpotencia, pero, si se trata de conseguir mejores normas laborales y de medioambiente contra las laxas normas en América y el Tercer Mundo, estoy de acuerdo totalmente con tal actuación. La cuestión ahora es decidir si nos limitamos a una invitación a la Comisión Europea, al Consejo, a los Estados miembros y a las organizaciones patronales para que sigan la pauta de la Organización Mundial del Comercio en las próximas negociaciones de la OMC o si estamos dispuestos a rebelarnos contra una OMC permanentemente poco dispuesta.

Titley (PSE)
. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción esta resolución dirigida a promover las normas fundamentales del trabajo. La tendencia hacia una mayor interdependencia económica y a la globalización es una realidad que todos tenemos que afrontar. Esto no significa, sin embargo, que los derechos de los trabajadores y la gobernanza social deban quedar en la cuneta. En efecto, se acoge con una gran satisfacción, aunque debería haberse producido hace mucho tiempo, la llamada a un orden más equilibrado, en el que las cuestiones sociales se consideren al mismo nivel que las cuestiones económicas. La llamada a la ratificación de los convenios de la OIT por los países candidatos y por terceras partes es un medio concreto y conveniente mediante el cual garantizar que la OIT sea tomada en serio. Por último, acojo con satisfacción la llamada a un mayor diálogo y a una mayor vinculación entre la OIT y otras organizaciones internacionales como la OMC y el Banco Mundial. Puede parecer que estas instituciones sean recíprocamente excluyentes, si bien, de hecho, ambas 'partes? podrían aprender mucho la una de la otra y trabajar más eficazmente al unísono.

El Presidente. -
Con esto concluye el turno de votaciones.
(La sesión, suspendida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.05 horas)

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la situación en Somalia.

Diamandopoulou
. (EL) Señor Presidente, la Comisión expresa su satisfacción por poder referirse a la situación en Somalia, situación que no ha dejado de empeorar desde hace años, que le ha impuesto a la población unas condiciones de vida insoportables, y que ha creado, desgraciadamente, las condiciones más propicias para el desarrollo del terrorismo. La Comunidad ha ayudado durante muchos años, y sigue aportando la mayor contribución posible, a pesar del colapso del estado en 1991. La Comisión ha mantenido su colaboración con el pueblo de Somalia; ha destinado por término medio 30 millones de euros al año a través de los programas aplicados por organizaciones no gubernamentales europeas y varias agencias de Naciones Unidas. La intervención de la Comisión se basa en la absoluta neutralidad con respecto a las partes enfrentadas, y se centra en el funcionamiento de una relación de asociación con las autoridades locales. La estrategia podría denominarse método de los dividendos de la paz. Se trata de una estrategia dirigida a promocionar las ventajas del establecimiento de la paz, cuyo objetivo es una segunda fase, más activa y eficaz, el método de la construcción de la paz, orientada al fomento de la administración surgida y al desarrollo de una colaboración más estrecha con las administraciones regionales y locales. La Comisión, al igual que los Estados miembros, alienta la resolución pacífica de los problemas en el marco de la reconciliación nacional, y ha defendido repetidamente el cese de la violencia; igualmente, ha llamado a cumplir las resoluciones de la ONU que imponen embargo de armas a Somalia. Por el momento, los esfuerzos de la comunidad internacional se concentran en la iniciativa regional de reconciliación en Somalia, promovida por la IGAD. Se trata de un proceso encabezado por Kenya, con el apoyo técnico de Etiopía y Yibuti.
En respuesta a los llamamientos a la celebración de una reunión de delegaciones de las partes, hay que destacar que la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros, ha manifestado ya su apoyo a la convocatoria de una reunión en el marco de IGAD. La propuesta ha contado con nuestro aliento no sólo a través de declaraciones políticas, sino que la Comisión ha destinado recursos económicos del orden de medio millón de euros al objeto de apoyar la primera fase del proceso de paz. Aunque no participa directamente en la organización de la conferencia de reconciliación en el marco de IGAD, la Comisión considera que las administraciones regionales que representan a sectores de la sociedad somalí se cuentan entre los más importantes agentes llamados a encontrar las vías para la resolución del conflicto en Somalia. Compartimos el punto de vista de que el enfoque de abajo arriba podría servir perfectamente para coronar los esfuerzos encaminados al establecimiento de una administración central. La Comisión considera, en consecuencia, que habrá que diseñar un modelo institucional definitivo para el futuro de Somalia; los propios somalíes, principalmente, habrán de hacerlo en el marco de un diálogo bien fundamentado y a través de los pertinentes procedimientos democráticos.

Gemelli (PPE-DE).
Gracias a la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, cuyas valoraciones comparto, por fin se comienza a hablar de Somalia. Desde hace mucho tiempo, no logramos afrontar este problema, entre otras cosas porque no se daban las condiciones para hacerlo. Hoy, con este gobierno nacional de transición, logramos hablar de Somalia sabiendo que el recorrido que ha de hacerse todavía es bastante largo y muy tortuoso. Creo que Somalia es el único país de la región que se encuentra en estas condiciones. Así pues, tenemos que pedir, a través del IGAD, que se celebre lo más pronto posible la Conferencia de Nairobi, en la que deberán participar no solamente los representantes del gobierno nacional de transición, sino también todos los demás representantes y todos los jefes que controlan las regiones del Norte y del Sur del país. De hecho, si no lográramos implicar al mayor número de representantes de estos territorios, creo que fracasaríamos en nuestro intento.
Creo que hay que dar las gracias también a Djibouti y a Kenia, países que durante mucho tiempo han llevado a cabo un papel de mediación; a ellos ahora se ha sumado, y con un gran peso, también Etiopía; hay que esperar que estos tres países logren poner a punto muchas sugerencias para hacerles a los jefes que se reunirán en la Conferencia de Nairobi. Deseamos que sean sugerencias para un efectivo recorrido de paz. Sin duda, tenemos que intentar proponer una solución basada en el respeto de la integridad del país, aunque quien decida tendrá que valorar si confiar a formas especiales de autonomía algunas regiones de este país. Los problemas son enormes, como señalaba la Sra. Comisaria: hace falta ante todo desmilitarizar y desarmar a la población, que es un primer objetivo; es necesario limpiar de minas los territorios y, sobre todo, hace falta aislar esas vetas de terrorismo que existen y que están instaladas dentro del país; es necesario, además, determinar el orden institucional y poner en marcha un recorrido de aplicación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Como la Sra. Comisaria ha subrayado, es necesario que exista un espíritu de reconciliación nacional que involucre ampliamente a todas las partes. Además de eso, se ha de afrontar el problema de los refugiados, que deben poder elegir si vuelven libremente a su patria, sin riesgos para su incolumidad; y más aún, un grave problema es el sanitario, que constituye una grave emergencia en este país y debe ser afrontado con urgencia.
Si, como pienso, éstos son los objetivos prioritarios de la Conferencia de Nairobi, es necesario que esta conferencia se celebre lo más pronto posible, posiblemente en este mes, visto que eso permitirá a la unión europea aprobar programas de ayuda que tienen que ser más eficaces y rápidos en su ejecución que los ya realizados. Si se lograran dichos objetivos, esto llevaría a Somalia a compararse con los demás países de la región en la puesta en marcha de un proceso económico indispensable. Además, parece que también hay esperanzas en el inicio de un proceso democrático en Eritrea, y esto permite a la Unión Europea intervenir, con los instrumentos previstos en el tratado de Cotonou, en toda la región con un primer programa orgánico de intervenciones.
Creo que precisamente éste, el dato regional, es un dato que puede crear sinergias dentro de la región y puede crear un espíritu de emulación en los países como Somalia, que necesitan ayuda y comprensión, pero también decisiones que sean atrevidas y que puedan asegurar la participación total de todas las partes.

Volcic (PSE).
Señor Presidente, es evidente que una propuesta de resolución común no puede desear otra cosa que no sea la pacificación y prometer la atención de la Unión Europea por la marcha político-militar del país. Los promotores de la resolución hacen mención obviamente a la asistencia de la comunidad internacional, que es indispensable, pero recordando también que, en las últimas semanas, los choques armados han provocado otras numerosas víctimas civiles. Sin embargo, hay que concluir que la conciliación nacional es un compromiso que han de asumir sobre todo las poblaciones de Somalia. En este sentido, se observa algún progreso. De hecho, el objetivo es evitar la inestabilidad, evitar el gran número de prófugos intentando repatriarlos, evitar dentro de lo posible, incluso con medidas provisionales, la miseria y la constante adquisición de armas, ya que todos estos factores amenazan con exportar la desestabilización de Somalia fuera de las fronteras nacionales.
También en este caso, como en tantos otros, la política y las tentativas, a menudo fallidas, de organizar una conferencia, son la continuación, con otros medios, de las fases en que predomina la violencia; a pesar de que el enredo es muy complejo, creemos que la Conferencia de Nairobi tiene que celebrarse cuanto antes y abrir nuevas vías a la esperanza. Ésta es mi opinión personal como la del colega, y como creo, la de todos los demás colegas.
Por lo demás, sólo se trata de buenos deseos. En nuestro documento, se subraya la bondad de la iniciativa a la vista de una conferencia, aunque no se puede saber todavía si todas las partes aceptarán sentarse en la misma mesa. Se exhorta a los países exportadores de armas a que respeten el embargo decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluso sabiendo que, si una facción busca armas, las encontrará sin duda en el mercado. Es deseable la vigilancia para que el territorio somalí no sea utilizado para actividades criminales, pero no está muy claro quien podrá ejercer este control. ¿El gobierno de transición? A este respeto, soy bastante escéptico, visto que tampoco otros actores que operan en la escena tienen el pleno control del territorio nacional.
Querría concluir señalando que la resolución advierte a Europa que el problema somalí podría extenderse en sus efectos peores y también recuerda a los somalíes que el mundo de alguna forma está atento a sus problemas y está dispuesto a ayudarlos. Quizás por primera vez se vislumbran salidas más racionales y positivas a la crisis. Nuestro deber es denunciar la situación pero, al mismo tiempo, hablar de los métodos. A este respeto, me parece que el método de paz del que ha hablado la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, sea una salida para la crisis somalí, al menos de su fase más grave.

Mulder (ELDR).
Gracias, señor Presidente, no hace mucho tiempo hubo una guerra en Etiopía (la Guerra de Ogaden) y otra en el Norte de Kenia (la Guerra del Rift). Ambas tenían como fin el de reunir a todos los somalíes en un mismo país. Si observamos la situación actual, veremos que la situación es completamente opuesta a los objetivos a que se aspiraba entonces. Los somalíes luchan los unos contra los otros con más intensidad de lo que hacen contra los países vecinos, con el fin de volver a reunificar Somalia.
Tal como actualmente se está viendo, ese país se está dividiendo en todo tipo de grupos diferentes. A mí me parece que la zona más estable es la del Norte. Del debate puesto en marcha para llegar a un Gobierno Nacional de Transición (transitional national government) no se ha conseguido nada.
En estos momentos hay guerra en todo el territorio, lo cual es una situación peligrosa. Todo ello significa que en Europa y regiones adyacentes vamos a recibir muchos refugiados de Somalia, cuestión que no sé si caerá bien en todas partes. Hay un gran riesgo de que esta situación se convierta en un caldo de cultivo para los grupos extremistas. Desde el 11 de septiembre sabemos demasiado bien lo que ello podría significar.
¿Qué puede hacer la Unión Europea en las circunstancias actuales? En primer lugar, pienso que la UE debe aplicar las normas especiales del Tratado Cotonou, ya que sabemos que Somalia no lo pudo firmar y que no es miembro de él. Pero en este asunto se deberá hacer uso de las normas especiales. Eso significa que podemos aliviar el sufrimiento humano y que podemos proporcionar ayuda. Entiendo que la Comisión lo haga. Pero en las zonas donde reina una cierta estabilidad ya podemos comenzar a reparar y construir carreteras, hospitales, etc., de modo que retorne una cierta estabilidad a la región. Pero, sobre todo, la solución de los problemas de los somalíes depende de ellos mismos. Nosotros no los podemos solucionar por ellos.
El papel de los países vecinos también es esencial. ¿Realmente desean que, en el espíritu de su Historia, se vuelva a crear una Somalia unida? Esa es para mí aún la gran pregunta. Aquí ya se ha hablado de la próxima Conferencia de Igad, en Nairobi. Según mis datos, será la 14ª conferencia celebrada en los últimos diez años aproximadamente. Esperemos que ésta tenga éxito. Teniendo en cuenta los indicios a la vista, no soy tan optimista al respecto como los oradores que me han precedido, pero aún creo que los italianos conocen Somalia mejor que cualquier otro país de la Unión Europea. Espero que los hechos les den la razón.
A la Comisión Europea le corresponde situar a los Estados miembros de la Unión Europea en una línea política común. Tengo la impresión de que las posturas de Italia y del Reino Unido difieren notablemente una de otra. A este respecto, la Comisión Europea tiene trabajo que hacer. Le deseo que tenga mucho éxito.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con respecto al ánimo y al pesimismo sobre esta cuestión, tiendo a identificarme con el Sr. Mulder, aunque pienso que las sugerencias de los Sres. Gemelli y Volcic son muy interesantes y me adhiero también a ellas. No las voy a repetir. Naturalmente, no es buena señal que tengamos que volver a hablar de Somalia. Significa que hay nuevas hostilidades y que realmente estamos muy preocupados por la posibilidad de que en ese país vuelva a haber una guerra sin perspectiva. Debemos evitar que eso ocurra. Actualmente, ese país está, al menos parcialmente, pacificado y, por lo tanto, se debe evitar que estalle una nueva guerra. Por ello considero que no es demasiado afortunado que el Gobierno provisional pida que se lleven a cabo intervenciones militares. No creo en esa estrategia. En mi Grupo creemos que se deben utilizar otros medios.
Señora Comisaria, usted habla de asociación con las autoridades locales, lo cual aplaudimos. Pero le quiero comunicar que tal actuación no debe pasar sólo por Kenia. Porque en Kenia son los hombres los que llevan la batuta. Las mujeres somalíes me han dicho que son ellas las que se encargan de aprovisionar de agua y alimentos en sus comunidades, lo cual, naturalmente, es esencial. Usted probablemente no será insensible ante esa circunstancia, pero el caso es que esas mujeres no están en Nairobi. También le quiero pedir que preste una atención especial a los refugiados. Y, tal vez, también le tengamos que pedir al Consejo que se cese de enviar a los refugiados de vuelta a Somalia, ya que la situación allí no es en absoluto segura para una gran parte de la gente.
Finalmente, no creo que tengamos que adoptar un sistema unitario. Si tenemos que partir de una autonomía regional para reconstruir el Estado somalí, me puedo imaginar que se llegue a un sistema federal, tal como se ha tenido que hacer en Etiopía. En cualquier caso, pienso que la ayuda que usted pretende seguir prestando, siempre será necesaria. Pienso también que el proceso de paz debe estar apoyado por Europa con fuerza y desde el consenso.

Muscardini (UEN).
Señor Presidente, señora Comisaria, desde hace dos años nuestro Grupo, el UEN, pide al Parlamento y a la Comisión una toma de posición sobre la situación somalí, en relación con los problemas más urgentes: el recrudecimiento de la actividad de grupos terroristas como Al-Ittihaad; las continuas presiones sobre la población por parte de grupos fundamentalistas organizados; la amenaza de nuevas acciones terroristas dirigidas a golpear a otros países, sufragada por el reciente pasado que tuvo a Somalia como base de partida para los atentados de Nairobi y de Dar El Salam; la grave situación política interna, que registra una posición poco clara con respecto al rechazo del terrorismo por parte de exponentes vinculados al denominado gobierno de transición nacional; la petición reiterada por parte de algunas regiones somalíes, como el Puntland y el Somaliland, de llegar a una pacificación nacional por medio de la constitución de un Estado federal; la caída en el hambre y en la penuria de toda una población carente de medios de sustento.
La propuesta de resolución, firmada hoy por algunos Grupos políticos, no tiene en consideración lo expresado por nosotros en nuestra propuesta, ni afronta los problemas que hemos denunciado con preguntas a la Comisión y al Consejo, mientras invita a la Unión Europea a apoyar al gobierno de transición, incluso sabiendo que éste no surge de elecciones democráticas y que precisamente la Conferencia de Nairobi, ya pospuesta de abril a julio, debería tener la tarea de definir los nuevos órdenes institucionales y las nuevas condiciones para que el proceso de normalización y paz corra paralelo a la lucha contra el terrorismo y a las ayudas a la población.
¡Por estos motivos, cada vez más preocupados por la situación en las distintas regiones somalíes, por la amenaza del terrorismo y por la aproximación política demostrada por los redactores de la resolución común, que denota una grave falta de conocimiento de las realidades somalíes y africanas - he oído hablar de una guerra en Kenia, pero desde los tiempos de Kenyatta no hay ninguna guerra en Kenia! - y de los graves peligros que de ella se desprenden, tanto para la población local como para todos los demás países, Europa incluida, expresamos un voto negativo a una resolución que pretende reemplazar a la Conferencia de Nairobi y que, en todo caso, pretende condicionar sus resultados.

Belder (EDD).
Muchas gracias, señor Presidente, la implosión de Somalia representa un gran peligro, no sólo para el país mismo y para la zona, sino también para el resto del mundo. Esa área, que está fuera de control, no es capaz de controlar sus fronteras y, con toda seguridad, en el pasado ha sido un puerto seguro para Al Qaeda.
Su fragmentada situación de seguridad interna y las diferentes agendas de los países islámicos vecinos podrían de nuevo hacer de ese país una base del terrorismo internacional. La organización islámica autóctona más peligrosa, ligada a Al Qaeda, es Al Itihad, la cual quiere instaurar en ese país, con sus siete millones de habitantes, un Estado islámico fundamentalista. Ese estado de cosas sería una auténtica pesadilla para los sesenta y cuatro millones de etíopes, en cuyo país la mayoría cristiana aún convive en paz con la minoría musulmana.
Señor Presidente, Somalia ha sido abandonada al olvido, y la amenaza del terrorismo islámico internacional hace que el compromiso de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea se convierta en un asunto de la mayor urgencia. Asimismo, es necesaria una cooperación más estrecha con los actores regionales. Por ello, doy la bienvenida a la Iniciativa de Igad, que propone organizar este mes en Nairobi una conferencia de reconciliación para Somalia en la cual espero que participen todos los partidos somalíes sin condiciones previas, tal como menciona el apartado 5. Contrariamente a la solicitud presentada ante la Unión Europea, expresada en el apartado 8 de la propuesta de resolución, de ayudar al Gobierno nacional de transición a asentar su autoridad en toda Somalia, llamo al Consejo y a la Comisión a que no fijen de antemano las conclusiones de la conferencia. Yo abogo por que se lleven a cabo unas negociaciones abiertas a las posibles conclusiones. No se debe defender un Estado de unidad a toda costa. Un mundo libre contra el terrorismo islámico, sí.

Bowis (PPE-DE).
Señor Presidente, cuando era diputado del Parlamento Británico, fui copresidente del grupo de Somalia que comprendía a todos los partidos, y yo, junto a mi colega laborista, representábamos a los puertos británicos que contaban con un número considerable de residentes somalíes. Ello se debe la tradición de las personas procedentes de la Somaliland británica que servían en la Marina mercante Británica. En consecuencia, aprendí mucho sobre Somalia y Somaliland y, sobre todo, me di cuenta de la complejidad de este área.
Aprendí que la vieja bandera contenía cinco estrellas, una por cada una de las cinco naciones somalíes: la Somalia francesa, que es ahora Djibuti; la parte británica de Somalia, que es ahora parte de la actual Somalia; la parte británica de Kenia, que estaba habitada por somalíes; los italianos en el sur de Somalia, que ahora pertenece en su mayor parte a Somalia, y los etíopes en Ogaden. Como se ha señalado, la comunidad ogadeni somalí provocó una guerra entre Somalia y Etiopía en un intento de reunir a los pueblos somalíes.
A la Unión Europea le incumbe la obligación de ayudar a todas las naciones somalíes. Y es también nuestro deber entender su historia. Eso es lo que necesitan ahora. Necesitan soluciones políticas que respeten las cinco tradiciones, y el fomento de la economía, la educación, la salud, las infraestructuras y la seguridad de estas naciones.
En 1996, Somalia ocupaba el 164º lugar de los 172 países que componen el índice de desarrollo humano de la PNUD. Era un país subdesarrollado por excelencia. En su reciente historia ha sufrido guerras y la destrucción consecuencia de aquéllas. Tenemos más de 100 agencias de ayuda humanitaria trabajando en Somalia. Como ha subrayado la Comisaria, la Unión Europea y los Estados miembros son los mayores donantes del área, al aportar aproximadamente 60 millones de euros en conjunto, frente a los 26 millones de euros que aportan los estadounidenses. Pero recordemos también la diáspora somalí, que transfiere cerca de 400 millones de euros al año al país.
Con todo, el promedio de años de vida ha descendido de 48 años en 1990 a 45 en 1997; la mortalidad infantil es de un 125 por mil nacimientos; uno de cada ocho bebés muere en el primer año; 4.000 mujeres mueren en el parto al año. Tenemos problemas que ya no son el resultado de una guerra civil, sino que se deben a la hambruna, a las condiciones metereológicas, a unas condiciones sanitarias infames y a la desertificación. Sólo entre el 10% y el 20% de los niños, según las regiones, asisten al colegio. Las mujeres son objeto de abusos. Tienen pocas oportunidades, si no ninguna, de recibir formación. Se practica la ablación a prácticamente el 100% de las mujeres. Hay una generación perdida de profesionales somalíes -doctores, maestros, funcionarios- que huyó del país antes de la guerra y que no ha regresado. La peor crisis la sufre el sur de Somalia, en zonas centrales como Galcaio, que fue devastada en el momento de mayor agravamiento de los disturbios y ahora está siendo reconstruida, incluso instalándose de nuevo el alumbrado público de las calles.
No debemos olvidar el progreso que experimenta Somaliland: se están construyendo y abriendo hospitales de maternidad de beneficencia y hay una escuela de formación de enfermeras. En Hargeisa, los salarios de empleos no cualificados son el doble de la media de Nairobi. Es decir, la estabilidad política en algunas regiones propicia la recuperación y el hambre que se registra en otras partes es causada en buena parte por los combates -si bien se producen sólo esporádicamente-, pero sobre todo por la sequía. Así pues, nuestra tarea debe consistir en prestar ayuda y fomentar los proyectos de desarrollo sostenible y buscar soluciones políticas.
Ahora tenemos que apoyar al Gobierno de transición. También debemos recordar que zonas como Somaliland ya han votado dos veces -en los años sesenta y de nuevo en 2001- en referéndum a favor de la independencia. Eso es lo que han decidido. Cuentan con Gobiernos elegidos. Todo ello pone de manifiesto que Somalia es una región compleja. Existen zonas en las que reina la desesperación y la desolación. Pero también hay zonas de regeneración y estabilidad.
Tenemos que salvar a los hambrientos y a los necesitados, apoyar los movimientos que traigan la estabilidad política, pero también respetar las diversas tradiciones de estas cinco naciones somalíes, para que puedan reunirse en el seno de estas conferencias y vivir como vecinos en paz y prosperidad.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, quisiera decir en primer lugar que, por lo, respecta a la posición de la Comisión Europea a propósito del problema político de Somalia, la Comisión Europea se ha mostrado de acuerdo y ha aceptado la resolución de la IGAD sobre Somalia, que apoya la unidad e integridad territorial del país. Por lo que se refiere al apoyo, la situación ha sido descrita en términos objetivos ?bastante negros, por cierto? por todos los oradores.
No cabe ninguna duda de que la Unión Europea es el mayor donante de ayuda al desarrollo en Somalia, y para el período 2002-2007 ha previsto al efecto una cantidad de 200 millones de euros. En el plan de ayuda a Somalia, habrá que dar prioridad, naturalmente, a las políticas sociales, especialmente a la educación, como ya se ha dicho; toda vez que es la mejor manera de hacer frente al extremismo y el terrorismo. Por supuesto, hay enormes necesidades en materia de capacidad administrativa y posibilidad real de distribución de la ayuda; esto constituye precisamente uno de los grandes retos, y hace falta flexibilidad por parte de la Comisión al objeto de distribuir las partidas del mejor modo posible.
Por lo que respecta al último comentario, que se refiere a la coordinación de los donantes y las intervenciones en Somalia, debo decir que sí, claro que la Unión Europea colabora con Naciones Unidas, aplica una parte de sus programas, y es uno de los miembros fundadores de la iniciativa para la coordinación de la ayuda a Somalia adoptada en Nairobi.

El Presidente. -
He recibido cinco propuestas de resolución

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto dos propuestas de resolución:
B5-0405/2002, de los diputados Almeida Garrett, en nombre del Grupo PPE-DE, Mendiluce Pereiro, Lage y Colom i Naval, en nombre del Grupo PSE, Isler Béguin y Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE, Miranda, en nombre del Grupo GUE/NGL y Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR,
B5-0423/2002, de los diputados Ribeiro e Castro y Queiró, en nombre del Grupo UEN
sobre Angola.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace pocos días una delegación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación de nuestro Parlamento, encabezada por su presidente y de la que formaba parte, entre otros, Teresa Almeida Garrett, visitó Angola. Tuvieron oportunidad de verificar in loco la gravedad y la amplitud del drama en materia humanitaria que reclama la urgencia de la ayuda europea e internacional. No se trata sólo de mejorar el nivel de vida de un pueblo, sino también de la última posibilidad de salvar muchas vidas, sobre todo de niños, que todos los días mueren de hambre y enfermedad en el más escandaloso silencio, sin energía ni ánimo para llorar siquiera. Esa ayuda debe ser eficaz y rápida. Muchas veces, en esta descomunal burocracia en que nos hemos transformado, cuando decidimos actuar es demasiado tarde. Angola necesita ayuda humanitaria de emergencia, lo que se plasma, por ejemplo, en realidades tan prácticas como la urgencia del envío de semillas y herramientas agrícolas antes de la época de las lluvias, el próximo mes de octubre, para evitar un año más de hambre.
Nuestras prioridades están claras en la propuesta de resolución que subscribimos y apoyamos: hay que prestar ayuda humanitaria de urgencia, hay que contribuir a la consolidación de la paz, lo que comprende la conversión de la UNITA en partido político y la integración de sus miembros en la vida nacional, hay que apoyar la conciliación democrática, procurando la legitimación por elecciones democráticas y libres con respeto de las libertades esenciales, en particular la libertad de información, reunión y expresión, hay que proseguir la consolidación económica y la reorganización social.
Como ya hemos dicho varias veces en esta Asamblea, Angola es un gran país con posibilidades de afirmarse como potencia regional, influyente e importante y así contribuir a la estabilización democrática de esa región africana y a su progreso económico y social. La guerra limitaba ese camino. Ahora todo es posible: depende de la voluntad de los angoleños, pero también de nuestro apoyo. ¡Que no falte el nuestro para que no flaquee la voluntad de ellos!

Lage (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace casi treinta años todo parecía favorecer la aparición de una nueva nación en Angola: un territorio inmenso, recursos naturales fabulosos, una población reducida, una red de pequeñas ciudades distribuidas por todo el territorio. Todo podría haber sido diferente, de no haber sido por la ceguera de la dictadura portuguesa y la brutalidad de la lucha por el poder que siguió a la descolonización.
Angola, sin la piedad de los dioses y víctima de la locura de los hombres, se sumió en una de las grandes tragedias de nuestro tiempo: un tercio de la población desplazada, centenares de millares de niños abandonados, destrucciones de ciudades, desmantelamiento de la incipiente infraestructura económica existente en el territorio. Todos los recursos obtenidos por los contendientes fueron dedicados a la guerra y a la crueldad, con indiferencia total para con la población. En medio de la miseria y del sufrimiento general se sabe que hay innumerables individuos vinculados al aparato del Estado que consiguieron acumular, por vía ilegítima, riquezas incalculables.
Ahora ha llegado por fin el tiempo de la paz y la esperanza. La comunidad internacional y, en particular, la Unión Europea no debe regatear esfuerzos para consolidar la paz, fomentar la democracia y socorrer a millones de personas expuestas al hambre, la enfermedad y la miseria. La propuesta de resolución que hoy vamos a aprobar muestra que el Parlamento Europeo no olvida a Angola. Por lo demás, ha contraído muchos compromisos morales con Angola. Debemos intensificar nuestros esfuerzos para prestar ayuda de emergencia a la población amenazada, en particular a quienes, situados en las zonas de influencia de la UNITA, se encuentran en la más negra miseria. Pero las autoridades angoleñas tienen también la obligación moral -hay que subrayarlo- de renunciar a mucha de la riqueza acumulada y ayudar a su propio pueblo. Tienen también la obligación de contribuir a encaminar la ayuda de emergencia, garantizar que llegue a sus destinatarios y no se pierda por el camino.
Por eso, señor Presidente y Señorías, señora Comisaria, nosotros aquí, en el Parlamento Europeo, estamos atentos a lo que ocurre en Angola. El Parlamento Europeo quiere que Angola sea una tierra de paz, una tierra de progreso, una tierra y un país que se inserte en la comunidad internacional. Angola tiene inmensos recursos e inmensos talentos y abriga una inmensa esperanza. Y aquí, en el Parlamento Europeo, debemos estar de parte de la población angoleña aunque muchas veces tengamos que ser duros con el poder instalado en Luanda.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, queridos colegas, hoy, el resurgir de Angola y del pueblo angoleño se presenta tan optimista y estable como espantoso e interminable nos parecía este trágico conflicto. Tres décadas de odio y de barbarie han devastado una tierra y una naturaleza extraordinariamente ricas, han arruinado a escala nacional a todo un país, y han aniquilado física y psicológicamente a todo un pueblo.
Frente a la magnitud prácticamente desconocida del drama histórico vivido por Angola, en un continente que ya está muy castigado, y ante el rebrote de optimismo que despeja el horizonte de este país, la Unión Europea afronta algo más que un simple papel: lo que debe asumir es un verdadero deber, de carácter histórico.
Un deber humanitario, urgentísimo, de entrada, y antes que nada, para garantizar la seguridad en este país, que ha sufrido en sus propias carnes el impacto de las balas y el efecto del hambre, y en sus propios pies la explosión de las minas; pero también un deber tanto moral como político a largo plazo, que deberá asumir lo antes posible para consolidar en suelo angoleño el frágil restablecimiento de la paz civil y religiosa, así como el de una economía todavía libre y el de una democratización transparente de las instituciones. En esta tierra calcinada de Angola, con un subsuelo tan rico y unos recursos tan abundantes, la Unión Europea, a través de sus experiencias, de sus medios técnicos y de sus garantías financieras, puede respaldar el seguimiento de un nuevo modelo en África. Es el modelo de reconciliación nacional, la cual debe ante todo partir de una educación de los ciudadanos, basada en los conocimientos adquiridos en las escuelas, el respeto a los valores civiles y cívicos, y la exigencia de la democracia.
Esta fase es esencial también desde el punto de vista económico. Sería conveniente replantearse y volver a presentar un modelo de desarrollo a partir de los recursos disponibles y de un potencial sostenible y renovable. Sólo en estas condiciones se podrá definir una estrategia de desarrollo económico creíble y con futuro. Ni el petróleo ni los diamantes son eternos en una economía, como tampoco lo fue la dominación política del colonialismo, ni lo será, a partir de ahora, la explotación industrial de las empresas occidentales. Con su inesperada y prometedora reconciliación nacional, Angola le ha dado a los occidentales, que ya habían perdido la esperanza, una brillante lección. A partir de ahora, le corresponde a nuestra Unión, a la Unión Europea, brindarle su experiencia y su apoyo para escribir una nueva página de su historia común y atormentada.

Miranda (GUE/NGL).
Señor Presidente, voy a limitarme a abordar algunos aspectos esenciales, ya que la propuesta de resolución que estamos examinando y que apoyamos es suficientemente exhaustiva y también porque tendremos, además, la oportunidad de debatir en la Comisión de Desarrollo y Cooperación un informe sobre la reciente misión que llevamos a cabo en Angola.
Así, me referiré, en primer lugar, a la nueva y prometedora situación política que se vive en ese país, donde por fin, y después de decenios de guerra, la paz parece ser finalmente irreversible. No podemos por menos de acoger con el mayor beneplácito ese hecho extraordinariamente positivo por las esperanzas que infunde en cuanto a estabilidad, gobernabilidad y mejora de las condiciones de vida de los angoleños, por las puertas que abre en cuanto a consolidación, fortalecimiento y vivencia democrática y por los efectos positivos que podría inducir en toda la región.
Entretanto, subsisten dificultades que pueden condicionar la evolución del propio proceso de paz. Las esperanzas infundidas con la firma del memorando de entendimiento son enormes y conviene que no sean defraudadas. Además de los invariables traumas, los problemas más apremiantes se plantean en el nivel humanitario, pero afectan también a la necesaria reconstrucción del país, cuyas economía e infraestructuras quedaron completamente destruidas con la guerra.
Todas las cifras son preocupantes y evidencian la imposibilidad de una respuesta adecuada y oportuna exclusivamente en el nivel interno. Por eso insistiré en algunas orientaciones que me parecen fundamentales en este momento: la necesidad de que la comunidad internacional y, por tanto, la Unión Europea consideren prioritaria la ayuda humanitaria a Angola, en particular el envío de alimentos, ropa y medicamentos, así como la urgencia en conceder mayor celeridad y eficacia a dicha ayuda; la urgencia en la facilitación de instrumentos y semillas que permitan iniciar cultivos y disminuyan, a corto plazo, la actual y completa dependencia de la ayuda alimentaria; el apoyo decidido al reasentamiento de las poblaciones desplazadas, en particular con la ayuda para la recuperación de infraestructuras básicas y, como corolario, la adhesión clara y comprometida a las dos fases de la Conferencia de Donantes propugnada por las autoridades angoleñas. Angola espera mucho de nosotros, es bueno que no defraudemos esas mismas esperanzas.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, Señorías, fui uno de los miembros de la misión presidida por mi colega Joaquim Miranda que estuvo recientemente en Angola y puedo, por tanto, tener una idea muy viva de la palabra que debe caracterizar nuestro debate y la resolución de hoy: prioridad absoluta.
Debemos reconocer un valor de prioridad a la cuestión angoleña. Desde luego, en el plano humanitario, que es una enorme urgencia que tenemos aún ante nosotros, y a continuación en el plano político general, ya que la paz que se ofrece a Angola puede transformar ese importante país de lengua portuguesa en un enorme factor de estabilidad en una región muy perturbada, desde el África central al África meridional.
Tenemos que laborar con vistas a ese fin, todos nosotros en la Unión Europea, los órganos de la Unión y los Estados miembros, tenemos que actuar para reforzar los factores de confianza.
Pero en este momento tenemos una urgencia humanitaria muy clara. No podemos consentir que, gracias a nuestra indiferencia o a nuestra lentitud, la guerra siga matando en Angola, cuando las armas, por el esfuerzo de reencuentro de los angoleñas, ya callaron hace unos meses.
Quisiera pedir también a Sus Señorías, en el poco tiempo de que dispongo, una pequeña atención para el drama, también particular, de los niños portugueses desaparecidos y justificar la propuesta de enmienda que presentamos al respecto.
Tuvimos ocasión de abordar el asunto con las autoridades angoleñas, se nos aclaró la dificultad de la situación, que comprendemos, dada la situación de guerra que el país vivió hace un tiempo, pero no podemos dejar que esa cuestión caiga en el olvido. Se nos dijo que hay investigaciones oficiales en curso y manifestamos nuestra confianza en que esas mismas investigaciones saquen por fin a la luz lo ocurrido en aquel bárbaro ataque en noviembre del año pasado, qué ocurre con los niños portugueses y, en caso de que estén vivos, como creen sus familias, que puedan ser restituidos a éstas.
Quisiera pedir el apoyo de la Asamblea también para este punto que afecta particularmente a la opinión pública portuguesa.

Junker (PSE).
Señor Presidente, la situación que impera en Angola es, de hecho, altamente dramática. Las imágenes de los seres humanos que padecen hambre y de los niños que mueren circulan a diario por el mundo. Según las informaciones de que dispongo 500.000 personas, medio millón, se encuentran amenazadas gravemente por la muerte. Esto pone de manifiesto que ahora, tras la finalización de la guerra, debe figurar en lugar prioritario la ayuda humanitaria, en especial el aprovisionamiento de productos alimentarios.
Pero, naturalmente, se trata también de poner término a la destrucción de las infraestructuras como un requisito importante para consolidar el país. Es preciso eliminar las consecuencias de las acciones de despoblación que se han llevado a cabo con el objetivo de excluir a UNITA del aprovisionamiento. Antes de que pueda producirse un proceso político de consolidación es necesario prestar, ante todo, una urgentísima ayuda de emergencia. Éste es un requisito imprescindible para establecer la paz y las condiciones previas para unas elecciones exitosas.

Diamantopoulou
. (EN) Sr. Presidente, la Comisión se ha comprometido a apoyar el proceso de paz y a abordar eficazmente y sin retraso la dramática crisis humanitaria que vive Angola.
En respuesta a la firma del proceso de paz entre el Gobierno y UNITA y a la petición de ayuda para hacer frente a la situación humanitaria, la Comisión ha elaborado un plan de acción para Angola en apoyo del proceso de paz.
El plan de acción identifica un paquete financiero de 125 millones de euros destinados a hacer frente a las preocupaciones más apremiantes en esta fase, incluidas la ayuda de emergencia, la ayuda alimentaria y la seguridad alimentaria, la reinserción y reasentamiento de los refugiados y desplazados y la desactivación de minas.
La Comisión ofrece una ayuda humanitaria sustancial dirigida a aliviar el sufrimiento de las personas desplazadas en Angola. La Comisión insta al Gobierno a adoptar nuevas medidas que faciliten la entrega de paquetes de ayuda de emergencia. La Comisión anima al Gobierno a dar prioridad a la extensión de la ayuda a la totalidad del territorio en sus negociaciones con UNITA.
Somos conscientes de que la presencia de minas terrestres y antipersonas constituye un enorme obstáculo para el acceso de la ayuda humanitaria, para el reasentamiento y la reinserción. Una mayor seguridad sobre el terreno permitirá a la Comisión poner en práctica, mediante organizaciones especializadas, la sustancial financiación asignada a operaciones de desactivación de minas.
La Comisión estima que la desmovilización de las tropas de UNITA y de las fuerzas armadas angoleñas es un elemento vital en el proceso de paz y, en este contexto, está considerando, junto a otros socios, prestar su apoyo al programa de desmovilización y reinserción de Angola.
Para garantizar una paz duradera, el Gobierno debería mejorar las condiciones democráticas del país, en particular promoviendo mejoras en la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Estas cuestiones, junto a la libertad de circulación, la reforma de la Constitución y de las leyes electorales y un adecuado censo de población, serán fundamentales para hacer posible la celebración de unas elecciones libres.
Se anima a mantener los esfuerzos dirigidos a dar a UNITA tiempo y espacio para reorganizarse y convertirse en una fuerza política viable.
La Comisión insta a ambas partes a consultar a todos los sectores de la sociedad civil angoleña, incluidas las iglesias, con vistas a la reconciliación nacional y a una paz duradera.
La Comisión está preparada para apoyar organización de elecciones tan pronto como las condiciones in situ lo permitan.
Queremos subrayar que las intervenciones dirigidas a promover la buena gobernanza gozarán de alta prioridad en todas las fases de la estrategia de ayuda a Angola. Nos proponemos contribuir, en particular, a reforzar el sistema judicial y la reforma de la administración de las finanzas públicas.
La estrategia futura de la Comunidad para Angola con arreglo al noveno FED se está debatiendo en la actualidad con el Gobierno y la sociedad civil. La estrategia establecerá vínculos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Se asignará una cantidad sustancial de fondos a fomentar el reasentamiento, incluyendo microproyectos y el restablecimiento de la producción agrícola y la cría del ganado, al objeto de impulsar la recuperación socio-económica de las zonas afectadas por la guerra, particularmente en la región montañosa central.
La Comisión seguirá prestando su apoyo a la salud y a la educación, así como a la capacitación de las administraciones provinciales, que, en última instancia, deben asumir la responsabilidad de crear y mantener estructuras y sistemas sociales.
La Comisión acoge con satisfacción la intención del Gobierno de organizar una conferencia internacional para la reconstrucción del país y confía en que la opinión de todos los grupos sociales se verá reflejada en el plan de reconstrucción que debe presentarse. La Comisión ha ofrecido su cooperación en la preparación de esta conferencia internacional.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de seis propuestas de resolución:
B5-0403/2002, de los diputados Van Orden, Deva, Parish, Foster, Banotti, Corrie, Tannock, Gahler, Korhola, Lehne, Maij-Weggen y Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0406/2002, de los diputados Maes, Isler Béguin y Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE,
B5-0417/2002, de los diputados Van den Bos y Mulder, en nombre del Grupo ELDR,
B5-0418/2002, de los diputados Junker, Kinnock y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE,
B5-0425/2002, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD,
B5-0429/2002, de los diputados Miranda, Sjöstedt, Boudjenah, Jové Peres, Fiebiger, Bakopoulos y Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre Zimbabwe.

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, este Parlamento ha sido un consecuente crítico de la dictadura de Mugabe en Zimbabwe, un país que, hace 20 años, era considerado un modelo de democracia africana próspera y multirracial. Sin embargo, tras la matanza de miles de personas de personas en Matabeleland, el Gobierno del ZANU-PF ha llevado al país al borde del colapso económico y de la hambruna. Las elecciones presidenciales de marzo fueron un simulacro de democracia, reprimiéndose la libertad de prensa y con el líder del partido de oposición MDC actualmente juzgado por traición.
Mugabe ha recompensado a sus camaradas -los llamados 'veteranos?- con las granjas confiscadas a los blancos. La Ley de adquisición de tierras impide incluso la recogida de la cosecha para dar de comer a los hambrientos.
Las sanciones de la UE se han aplicado insatisfactoriamente, mientras que el Ministro de Interior ha participado recientemente en una reunión de la Interpol en España y Mugabe ha asistido a una conferencia sobre el hambre en Roma, lo que supone una clara afrenta a la opinión pública internacional. Se dice que los hijos de los líderes del régimen asisten a caros internados británicos. La Nueva Alianza para el Desarrollo Africano y la troika de la UE han actuado con indolencia a la hora de galvanizar la opinión regional -en particular de Sudáfrica y Nigeria- contra el Presidente.
Aunque Zimbabwe se expone a la expulsión de la Commonwealth el 25 de julio, el Gobierno parece más preocupado por proseguir una desastrosa guerra en la República Democrática del Congo para salvaguardar los intereses de los camaradas de Mugabe en las minas de diamantes.
Insto enérgicamente al Consejo de Asuntos Generales, que se celebrará el 22 de julio, a agravar las sanciones y no permitir excusas de los Estados miembros en el sentido de que sus obligaciones derivadas de los tratados multilaterales anulan las restricciones a las sanciones. Invito también a la Commonwealth a dejar fuera a Zimbabwe de los próximos Juegos de la Commonwealth, que comenzarán el 25 de julio en Manchester.
La gente corriente puede descansar confiada en que la UE seguirá proporcionando ayuda humanitaria de emergencia para impedir todo sufrimiento innecesario y un colapso total de la sociedad civil.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, de entre nuestras preocupaciones, Zimbabwe forma parte de los asuntos recurrentes a tratar en nuestras sesiones. Estoy de acuerdo con la resolución que hemos presentado, pero, sin embargo, tengo ciertos reparos con respecto a la situación, dictados por la constatación de nuestra clara impotencia. Hasta el momento, no hemos conseguido nada con nuestras resoluciones sancionadoras. Mugabe es una figura que ha superado dos elecciones que no ha ganado. La ganadora moral fue la oposición. Mugabe es un triste personaje, que intenta por todos los medios a su alcance manipular la ley a su favor.
Y yo propongo que empecemos por elegir los medios que se adecuen a nuestro discurso. Si no queremos guerra, si no tenemos medios para hacer la guerra, entonces no debemos entonar ningún canto de guerra. Se lo quiero pedir a nuestros colegas británicos. Yo quisiera empezar por aplicarle la ley seca a Mugabe en el Congo. Él está allí, él es el que roba las materias primas, él es el que recurre al ejército. Debe abandonar el Congo en virtud de los Acuerdos Internacionales de Lusaka. Sabemos que él es de gran importancia para el apoyo al régimen del joven Kabila. Si queremos que el Congo se pacifique, debe abandonar el Congo. Así no tendrá más fuentes de ingresos, con lo cual deberá enviar a sus soldados de nuevo a casa, porque a los soldados hay que pagarlos y él no tendría medios para hacerlo. Yo recomendaría estas actuaciones y desearía acabar con esos hermosos llamamientos a los países vecinos, porque no son de ninguna utilidad. A esos países les debemos ir diciendo poco a poco que ya no se puede permitir que sigan apoyando la política de Mugabe. Que, por un lado acatan el ideal de buena gobernanza (good governance) y demás, sin cumplirlo y, por otro lado, siguen demostrando lealtad a Mugabe. Ejerzamos presión también sobre ellos.
Pido que la Comisión revise su modo de actuar con respecto a Zimbabwe, porque nosotros ni siquiera hemos conseguido aplicar las escasas sanciones que se han impuesto. Mugabe y su entorno se van de viaje, y usted lo sabe.

Mulder (ELDR).
Gracias, señor Presidente, por desgracia, Zimbabwe figura demasiado a menudo en nuestra agenda. La situación empeora día a día y, en realidad, nos encontramos, como Parlamento Europeo y como Unión Europea, con que no podemos hacer otra cosa que mirar con impotencia. Sólo hay una cosa que podamos hacer por el momento, que es proporcionar ayuda humanitaria para paliar el hambre que hay en ese país. Hay que hacer algo al respecto y la Unión Europea lo puede hacer. En estos momentos hay algo que ha cambiado desde la última vez - hace un mes - en que tratamos aquí el problema de Zimbabwe. En Canadá se ha celebrado la conferencia del G-8, en la cual se ha debatido sobre la conocida iniciativa Nepad para África. En esa conferencia se ha dicho, más o menos, que asegurar la democracia, los derechos humanos, etcétera es asunto de los africanos mismos y que ellos deben presionar a los gobiernos africanos que no lo hagan.
Yo diría que los países vecinos de Zimbabwe tienen ahora una oportunidad de oro para demostrar cuánto vale esa promesa. Ellos pueden ejercer presión sobre Mugabe y nosotros les podemos ayudar a ello. Estos países reciben ayuda a gran escala, lo que nosotros podríamos aprovechar para ejercer presión sobre Mugabe, pero ellos, a su vez deben ejercer presión sobre Mugabe para que cambie la situación en esa zona.
Estoy completamente de acuerdo con la Sra. Maes cundo dice que Mugabe no tiene nada que hacer en el Congo y que se tiene que ir de allí cuanto antes mejor.

Junker (PSE).
Señor Presidente, señoras y señores, mientras que es posible constatar en Angola signos de esperanza, hay que afirmar que la situación en Zimbabwe se hace cada vez más desesperada porque un obcecado presidente, a riesgo de la total destrucción de su país, persiste en el poder precipitando así a su pueblo en la miseria. Quiero citar aquí una cifra que han anunciado hoy las agencias y que es especialmente estremecedora, aunque constituye solamente una instantánea. El 33% de la población adulta de Zimbabwe está infectada por el sida. Cada día mueren por esta epidemia entre 2.000 y 5.000 personas, ya hay 900.000 huérfanos en Zimbabwe y esto es también una consecuencia de esta indescriptible política de Mugabe y del ZANU-PF. Ya no existe prevención, ya no existe tratamiento. La pobreza agrava aún más la desventura de estas personas. En un país, en el que en otro tiempo existió una atención sanitaria ejemplar para Africa, apenas hay ya asistencia sanitaria, al menos, desde hace mucho tiempo, una asistencia de amplia cobertura, pues el personal médico del país ha huido, porque la asistencia hospitalaria se ha derrumbado y porque ya no hay medicamentos.
Todas éstas son las consecuencias de una política en la que aquellos que esperan todavía algo del futuro en su vida, dan la espalda a este país y sólo quedan los pobres. El hambre que se extiende por el Africa meridional es un hambre que solamente en parte está condicionada por la sequía, por las catástrofes naturales que asolan ocasionalmente a tales regiones, sino que está generada por el hombre y es utilizada también como arma.
Aquí es necesaria, realmente, una presión masiva por parte de Europa en la esperanza de que vuelva todavía la sensatez. Pero esta presión debe ser ejercida, de manera fáctica, sobre aquellos que en el marco del NEPAD formulan todavía ampulosas declaraciones de que son partidarios de una buena conducción del estado, del respeto de los derechos humanos y de los valores democráticos. Si lo dicen en serio, entonces pueden demostrar su credibilidad hablando claramente con su vecino colega, Mugabe, retirándole su apoyo político y poniéndole en claro que se encuentra aislado en un continente que ahora está intentando salir de la miseria a la vez que respeta la dignidad humana.
Belder (EDD).
Señor Presidente, un granjero blanco de Zimbabwe dijo en una ocasión 'al continuar mis gallinas poniendo huevos, me encontré con que, formalmente, estaba infringiendo la ley?. De esa forma tragicómica puso al descubierto la locura criminal de la política de expropiación de tierras del presidente Mugabe.
Locura criminal, sí, porque, ¿de qué otra manera se puede describir una política de gobierno que se reduce a puro robo a gran escala en una situación en la que se avecina una gran ola de hambre? El gobierno de Mugabe prohíbe a miles de granjeros blancos que sigan con su trabajo en el campo y, así, deja en la calle a cientos de miles de campesinos junto con sus familias. Y todo ello con la cosecha de invierno en los campos...Piénsese en la inverosímil situación en que Mugabe coloca a los granjeros: las vacas, por ejemplo, tienen que ser ordeñadas por alguien.
Para este presidente ávido de poder y para su entorno, los granjeros blancos y la oposición es todo una misma cosa. Hay que eliminarlos sin perdón. Aunque el país se dirija de cabeza hacia una catástrofe humana. De paso, Mugabe tuvo el descaro de explayarse ampliamente en la Cumbre Mundial de la Alimentación del mes pasado en Roma.
En aquellos mismos momentos, un experto de Zimbabwe se quejaba de que 'ni un sólo Gobierno africano había condenado este robo de propiedad privada en Zimbabwe?. ¿Qué confianza puede depositar el mundo exterior en la Nueva Cooperación para el Desarrollo de África?, añadió con razón. La propuesta de resolución común que tenemos ante nosotros pone también a todos los líderes políticos africanos ante esta asfixiante pregunta e insta para que se haga algo creíble en África contra el régimen de terror de Mugabe. Espero que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros se hagan realmente eco de esta llamada.

Nicholson (PPE-DE).
Señor Presidente, de las anteriores intervenciones se desprende que la situación en Zimbabwe es de una clara y total desmoralización de sus habitantes. El Presidente Mugabe ha utilizado su cargo para destruir un país antes lleno de vitalidad. Y no sólo eso, también ha conducido a lo que fue una de las economías mas fuertes de África hasta las simas de la desesperación.
Si bien todos nosotros condenamos esto, hemos permanecido inmóviles mientras veíamos cómo sus esbirros asesinaban a granjeros blancos inocentes y eran recompensados por el Presidente por sus acciones. Nadie debe permanecer inmóvil y permitir que ocurra todo esto. Sin embargo, el mundo ha asistido indolente a este espectáculo y ha permitido que ocurra. Esto no puede continuar así.
Coincido con el Sr. Tannock en su afirmación de que Zimbabwe debe ser expulsada de la Commonwealth. No se le debe permitir participar en los Juegos de la Commonwealth. Pero los problemas del sufrido pueblo de Zimbabwe no se resolverán simplemente tapándonos los ojos fingiendo que no existen, ni permitiendo al Presidente Mugabe que salga de su país y asista a conferencias.
Ya es hora de imponer fuertes sanciones. Debemos estar preparados para prestar ayuda y dejar claro que estamos dispuestos a ayudar a reconstruir un Zimbabwe democrático, porque podría resurgir un Zimbabwe democrático en el continente africano. No tengo las más mínima duda de ello. Zimbabwe fue el granero de África. Zimbabwe fue un país floreciente y podría serlo de nuevo. Pero no podrá serlo si permanecemos inmóviles y sólo nos oponemos de palabra a un déspota como Mugabe, que no sólo está destruyendo su país y acabando con su población, sino que también vela por que la ayuda que se presta no llegue a quienes la necesitan.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera llamar su atención y la de los servicios sobre el apartado 12 de la resolución propuesta. Quisiera pedir que también sus Señorías británicas echaran un vistazo al texto. Porque en la versión neerlandesa, en el apartado 12, pone lo siguiente: 'exige que estas medidas contengan la ampliación de la lista de individuos situados fuera de la ley...?. Yo creo que esta frase, ya que hace referencia a las sanciones, se refiere los individuos a los que se les niega la entrada a nuestro territorio. En francés pone: 'des personnes frappées d'interdiction?. Yo creo que tendría que poner 'interdiction d'accès?. En estos momentos no tengo el texto en inglés a mi disposición, pero creo que esos 3 textos tratan del mismo tipo de sanciones, es decir, de la prohibición del acceso a nuestro territorio: al territorio de los países de la UE. Yo pido que se revisen estos textos y que el apartado 12 tenga la misma amplitud en todos los idiomas.
Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, del mismo modo en que lo ha hecho el Parlamento, también la Comisión expresa su enorme preocupación por la peligrosa situación política y por la polarización social en Zimbabwe.
La violencia y la opresión no remiten; la oposición ha sido verdaderamente aplastada; la sociedad civil, la independencia de la prensa, no existen ya; y se plantea, por supuesto, la cuestión de las consecuencias tremendamente negativas de las expropiaciones forzosas y la ley de adquisición de tierras en la seguridad alimentaria; especialmente, en las capas más frágiles de la población, y en este punto he de referirme particularmente a los trabajadores de las grandes explotaciones agrícolas.
Los problemas son la crisis política y social, la hambruna y la miseria de la población, que se encuentran en la primera línea de la página de prioridades de la agenda de la Comisión; hay que decir que ya en el marco del Consejo de Asuntos Generales de junio, la Unión Europea se comprometió a responder generosamente a los llamamientos de Naciones Unidas para hacer frente a la crisis en Zimbabwe y en los demás países de la región. Paralelamente, la Unión presiona en el sentido de que se revise el proceso de reforma agraria en el marco de las directrices de la propuesta contenida en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La hambruna y la miseria de la población han adquirido enormes dimensiones, dimensiones de auténtica catástrofe. La Comisión, por su parte, ya ha comenzado el proceso necesario para hacer frente a las demandas de la ayuda alimentaria destinando un total de 55 millones de euros a la región. La gestión de estas partidas correrá a cargo del Programa Mundial de Alimentos y de organizaciones no gubernamentales. Hacemos, claro está, todos los esfuerzos posibles, pero sabemos muy bien, por los informes de los que disponemos, que el gobierno de Zimbabwe utiliza la crisis alimentaria para sus propios fines políticos. En nuestros contactos con las autoridades de Zimbabwe hemos destacado la exigencia de hacer llegar la ayuda a todas las personas que se enfrentan a necesidades perentorias, independientemente de sus convicciones políticas, y les hemos recordado la necesidad de que los alimentos sean distribuidos sin parcialidad alguna.
Muchos diputados se han referido, como era de esperar, a algo que también nosotros hemos señalado: Zimbabwe fue un país exportador de productos alimenticios, y la actual carencia de alimentos se debe principalmente a políticas erróneas y sólo parcialmente a la sequía. Para evitar la repetición de la crisis y el empeoramiento de la situación en los próximos años, el gobierno debe revisar a toda costa sus políticas macroeconómicas y sectoriales, al objeto de que el país vuelva al camino del crecimiento de los indicadores económicos y el desarrollo.
La Comisión participó en la misión a Zimbabwe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que examinó la reforma agraria y manifestó el deseo de apoyar una reforma justa y transparente, orientada hacia los intereses de las capas más pobres de la población; asimismo, destacamos, naturalmente, el papel que pueden desempeñar los países vecinos, cuya presión sería especialmente útil. No obstante, la prioridad para hacer frente a la situación es, sin duda, la canalización de los enfrentamientos políticos a través de la negociación, de suerte que se ponga fin a la violencia. Sólo mediante el restablecimiento del estado de derecho habrá posibilidades de cambio de la situación y de resolución de los acuciantes problemas de Zimbabwe. Por ello, quisiera destacar nuestras acciones dirigidas a la búsqueda de una solución política a la crisis que contribuya a poner límites a la violencia y apoyar a la democracia.
Después de tantos intentos fallidos de mediación, y a la vista de que la situación en Zimbabwe empeora sin cesar, comprendemos el escepticismo que inspiran las nuevas iniciativas. No obstante es de la mayor importancia prestar especial atención a los contactos de la troica de la Unión Europea con la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, la SADC. La troica ha intentado encontrar los apoyos adecuados para las iniciativas internacionales encaminadas a gestionar la crisis en Zimbabwe. Deberemos conceder aún cierto margen de tiempo a estos intentos antes de condenarlos. Los miembros de la SADC insistieron ante la delegación de la troica en que las sanciones de la Unión Europea tenían resultados negativos. Y, aunque no compartimos este punto de vista, debemos examinar seriamente si nuestro objetivo debe ser apoyar los intentos regionales de hacer frente a la crisis de Zimbabwe. La Unión Europea ha impuesto sanciones concretas a 20 miembros del partido en el gobierno, consistentes en el embargo de visados, el bloqueo de propiedades y la suspensión de contactos bilaterales de rango ministerial. A causa del estancamiento del diálogo y del mantenimiento de la represión y la violencia en Zimbabwe, la mayoría de los grupos del Parlamento proponen al Consejo que decida la imposición de más sanciones. La Comisión conoce los intentos de las autoridades de Zimbabwe de desacreditar la prohibición. Sin embargo, sería conveniente examinar cuidadosamente las ventajas de extender la prohibición a otras personas en relación con los problemas que semejante paso podría provocar en nuestras conversaciones con la SADC.
Por las razones expuestas, deberemos mantener, desde luego, el apoyo a la iniciativa de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, así como el seguimiento de los acontecimientos, y replantearnos la política para Zimbabwe después de las vacaciones de verano. Naturalmente, la ayuda que prestamos al pueblo de Zimbabwe se mantendrá a través de los programas de ayuda humanitaria.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dieciséis propuestas de resolución sobre derechos humanos:
Condena de Grigory Pasko (Rusia)
B5-0407/2002, de los diputados Staes, Elisabeth Schroedter, Lagendijk y Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el asunto de Grigory Pasko;
B5-0413/2002, de los diputados Andreasen y Thors, en nombre del Grupo ELDR, sobre el asunto de Grigory Pasko en Rusia;
B5-0419/2002, de los diputados Sakellariou, Paasilinna y Wiersma, en nombre del Grupo PSE, sobre la condena de Grigory Pasko en Rusia;
B5-0426/2002, de los diputados Oostlander y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la condena de Grigory Pasko en Rusia;
B5-0430/2002, de los diputados Frahm y Herman Schmid, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el caso del periodista Grigory Pasko;
Persecución de los homosexuales (Egipto)
B5-0411/2002, de los diputados Boumediene-Thiery, Piétrasanta y Wuori, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la violación de los derechos de la persona en Egipto;
B5-0412/2002, del Sr. Hernández Mollar, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre los homosexuales en Egipto;
B5-0416/2002, del Sr. Van der Laan, en nombre del Grupo ELDR, sobre los homosexuales en Egipto;
B5-0422/2002, de los diputados Cashman, Karamanou, Van den Berg y Swiebel, en nombre del Grupo PSE, sobre las violaciones de los derechos de la persona en Egipto;
B5-0431/2002, de los diputados Vinci, Eriksson, Uca y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la persecución de los homosexuales en Egipto;
Libertad de prensa (Belarús)
B5-0404/2002, de las diputadas Elisabeth Schroedter e Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la libertad de prensa en Belarús;
B5-0415/2002, de los diputados Andreasen y Thors, en nombre del Grupo ELDR, sobre la libertad de prensa en Belarús;
B5-0420/2002, del Sr. Wiersma, en nombre del Grupo PSE, sobre la libertad de prensa en Belarús;
B5-0424/2002, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la libertad de prensa en Belarús;
B5-0427/2002, de los diputados Sacrédeus, Goodwill y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la libertad de prensa en Belarús;
B5-0432/2002, de los diputados Marset Campos y Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la libertad de prensa en Belarús.

Schroedter (Verts/ALE). -
Señor Presidente, tenemos un acuerdo de asociación y cooperación con Rusia. Se está elaborando un acuerdoenergético intensivo con Rusia. Sin embargo, hasta hoy no hay en Rusia ningún estándar democrático. La libertad de prensa y la democracia siguen sin poder prosperar allí. El caso Gregori Pasko, por ejemplo, es una piedra de toque para la condición de estado de Derecho de Rusia. Como en este caso, en Rusia siguen dictándose sentencias que se apoyan en una legislación militar secreta de la Unión Soviética que ni siquiera está registrada en el Ministerio del Interior.
¿Qué ha hecho Gregori Pasko? No ha hecho otra cosa que cumplir con su deber como periodista y como ciudadano. Ha fotografiado un vertido ilegal de residuos nucleares demostrando así su coraje cívico. Por esta razón ha sido condenado en Rusia a trabajos forzados, por cierto, a varios años. Considero, simplemente, un escándalo que Europa se quede mirando, sin más.
Se va a realizar una petición para que se revise la sentencia judicial. Pero no tengo la impresión de que se consiga revisar, por la sola decisión de Rusia, este fallo judicial claramente injustificado. Por esta razón, es urgentemente necesario que se tome al Presidente Putin por la palabra cuando afirma que quiere autorizar en el país medios de prensa independientes. Considero que es una importante responsabilidad de la Comisión -y pido a la Sra. Diamantopoulou que transmita esta noticia al gabinete- que en todos los planes con Rusia se discutan con carácter prioritario los derechos humanos y las libertades democráticas fundamentales y que se exija del gobierno ruso, también con carácter prioritario, una respuesta pertinente y que sólo después se pase a las conversaciones intergubernamentales sobre la energía.
Andreasen (EDLR).
Señor Presidente, según la Constitución rusa, el periodista Grigory Pasko habría cometido un delito si hubiera ocultado información relativa a cuestiones medioambientales o catástrofes que pudieran poner en peligro la vida humana. Lo dicen los artículos 41 y 42 de la Constitución rusa - artículos estupendos. Sin embargo, no lo ha hecho. Al contrario, ha relatado oportunamente cómo la flota rusa del Pacífico vierte residuos nucleares y viejo armamento en el Pacífico y con ello provoca una amenazadora catástrofe medioambiental. Por haberlo hecho, ha sido declarado culpable de alta traición por un tribunal militar ruso y condenado a cuatro años de cárcel. Todo tuvo lugar a puerta cerrada y setenta periodistas fueron expulsados del tribunal. El mes pasado, su condena fue ratificada por la Sala Militar del Tribunal Supremo ruso en Moscú.
Resulta verdaderamente trágico para Grigory Pasko y verdaderamente trágico para la situación de la democracia y de los derechos humanos en Rusia. Muestra las terribles dificultades a las que se enfrentan la libertad de expresión y los principios en los que está fundada nuestra UE en Rusia. Debemos expresar claramente en este Parlamento nuestro distanciamiento de leyes y sentencias que coartan la libertad de prensa y exhortar en este Parlamento al Consejo a que en las próximas reuniones entre la UE y Rusia se haga eco de nuestra grave preocupación. La Unión respalda a Rusia económicamente y en este sentido, la Comisión debe prestar gran atención a que los proyectos que apoyamos cumplan nuestros requisitos en materia de libertad de expresión y de independencia de los tribunales y de los medios de comunicación.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, por sus obras y no por sus palabras los conoceréis. Doy la razón a nuestra colega, la Sra. Schroedter. El caso Pasko se está convirtiendo progresivamente en el caso test del desarrollo o no del estado de Derecho en Rusia y, por ende, en el caso test para las relaciones entre la UE y Rusia. Con frecuencia tengo la impresión de que nuestra política sobre Rusia es una mezcla lograda de engaño y autoengaño, donde no se sabe con precisión donde acaba el engaño y comienza el autoengaño. Hemos visto esto en la cumbre de la OTAN en Roma. Lo estamos viendo en la OSCE. Lo vemos aquí, en Estrasburgo, en el Consejo de Europa y lo estamos viendo también en las relaciones entre la UE y Rusia.
Constantemente se habla de que Rusia ha avanzado mucho en la vía hacia la democracia o, incluso, de que Rusia es una democracia en funcionamiento Esto no tiene nada que ver con la realidad. Lo vemos en el caso de Chechenia. Pero lo vemos también con toda claridad en el caso del Sr. Pasko, pues el Sr. Pasko ha hecho aquello de lo que hablan constantemente las instituciones que he mencionado. Ha actuado en pro de la libertad, de la democracia, de la salud y de la seguridad de los ciudadanos. Se ha opuesto a un delito. Ha puesto al descubierto un delito que ha puesto en peligro a las personas y las habría amenazado aún más si no hubiera sido descubierto, y de esta manera, como ha afirmado nuestra colega, la Sra. Schroedter, ha cumplido con su deber. 
Ahora ha llegado el momento de que cumplamos de una vez por todas con nuestro deber y digamos con toda claridad: respaldamos a los defensores de los derechos humanos y al periodista Pasko. Éste nos ha prestado a todos un servicio, y en esta situación, en la que su salud y su libertad se encuentran gravemente amenazadas, hemos de apoyarlo, no sólo por razones humanitarias, sino por razones de credibilidad de la Unión Europea, cuyos valores de libertad ha defendido, y también en función de las relaciones entre Rusia y la CE, pues no cabe lograr una auténtica asociación con Rusia si no se refuerza allí el estado de Derecho y se siguen produciendo más retrocesos en el camino hacia ese estado de Derecho. En los últimos tiempos se han producido ya notables retrocesos y debemos abrigar el temor de que los últimos restos de la democracia y del estado de Derecho en Rusia están amenazados todavía si prevalecen los que están convirtiendo el caso Pasko en objeto de una lucha por el poder dentro de Rusia queriendo hacer patente que el ejército y los servicios secretos continúan teniendo la última palabra. Esto es irreconciliable con los principios europeos y por esta razón se trata de nuestra credibilidad.
Diamantopoulou
. (EN) La Comisión comparte la preocupación de este Parlamento por la situación del Sr. Pasko, cuya condena infringe algunos de los principios básicos de un juicio independiente y justo, como el de publicidad. Esperamos que las autoridades rusas competentes encuentren una solución rápida para poner fin a la desgraciada situación personal del Sr. Pasko.
Además, el caso Pasko envía un mensaje muy preocupante de autocensura a otros periodistas y medios de comunicación en general, cuyo impacto no puede infravalorarse. A este respecto, en el segundo párrafo de la declaración conjunta de la cumbre de Moscú UE-Rusia, celebrada el pasado 29 de mayo, se afirma que uno de los objetivos comunes es fortalecer una sociedad basada en el respecto de los principios democráticos y de los derechos humanos, de los que la defensa de la libertad de expresión es un elemento fundamental.
La UE ha planteado en el pasado el caso del Sr. Pasko en el marco de su intenso diálogo político con Rusia. La Comisión conviene en la necesidad de una mayor actividad diplomática a la vista de los recientes acontecimientos.
Es evidente que la UE seguirá abordando la cuestión, de carácter más general, de la libertad de expresión y de prensa en su diálogo político con la Federación Rusa. Al mismo tiempo, estos temas seguirán gozando de prioridad en el marco de la Iniciativa Europea por la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), en la cual Rusia desempeña un papel fundamental.
Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, el año pasado este Parlamento mantuvo conversaciones sobre un acuerdo de asociación con Egipto, que debía ser renovado. Entonces, por medio de una resolución, expresamos nuestra preocupación por el procesamiento de 52 hombres a causa de su homosexualidad. 23 de esos hombres se encontraban en la cárcel. Ante nuestro comunicado, Egipto decidió satisfacer en parte nuestras reclamaciones, poniendo en libertad a 22 de esos hombres.
Por tanto, mi Grupo y yo suponemos que también el resto de los Grupos de esta casa estarán asombrados ante el hecho de que en Egipto se vuelva a llevar ante el juez a 50 de esos hombres por hechos por los cuales ya han sido juzgados, lo cual atenta contra la regla que dice ne bis in idem. Egipto dice que suscribe el principio por el cual no debe haber una segunda condena por un mismo hecho. Una carta que Amnistía Internacional recibió de las autoridades egipcias dice lo siguiente:

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, me ocupé por primera vez de este asunto cuando un elector mío me envió un informe de Amnistía Internacional sobre los 52 hombres arrestados en el club nocturno Queen Boat en mayo de 2001 por presunta homosexualidad, prácticas satánicas y ofensas al Islam. No se presentaron acusaciones contra los europeos y las mujeres. Según afirman, fueron torturados con palizas y corrientes eléctricas y amenazados con perros para que firmasen confesiones de homosexualidad. Parece que muchos no eran homosexuales, sino que disfrutaban de la cultura occidental del consumo de alcohol y del baile. La razón del arresto fue, en parte, apaciguar el sentimiento antioccidental y distraer a la población de los problemas económicos que atravesaba el Gobierno en aquel tiempo.
En el primer juicio, celebrado en noviembre de 2001, 25 fueron condenados a penas de cárcel, pero el Gobierno decidió que se celebrase un segundo juicio para los denominados pervertidos. Se pusieron de manifiesto las irregularidades producidas en el primer juicio. La Ley de prensa egipcia prohíbe la publicación de detalles sobre investigaciones en curso que puedan afectar al resultado del juicio, prohibición flagrantemente saltada con la publicación de relatos de supuestas orgías homosexuales, bodas entre homosexuales y fotografías de todos los acusados. La ley no prohíbe los actos homosexuales, sino solamente la 'corrupción habitual?, de la que apenas había pruebas. Estos hombres fueron juzgados por un tribunal de seguridad nacional y no por un tribunal ordinario, y se practicaron exámenes médicos forzosos, manifiestamente contrarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Me parece evidente que la celebración de un segundo juicio constituye una violación del principio non bis in idem, recogido en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 2 del Acuerdo UE-Egipto Euromediterráneo sobre derechos humanos.
El Comisario Patten me contestó, como hizo el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Sr. Brandshaw, manifestando su preocupación y disposición a hacer un seguimiento de la situación que este Parlamento plantea aborda hoy con preocupación una vez más.
Por cuanto respecta al debate previo, querría pedir a la Comisaria Diamantopoulou que utilice todos los medios a su alcance para mantener la presión sobre Zimbabwe.

Malmström (ELDR).
Señor Presidente, anteayer se inició en El Cairo el juicio a estos cincuenta hombres acusados de homosexualidad. Los liberales queremos protestar enérgicamente contra este juicio, por diversas razones. Siempre hemos condenado la discriminación y los atropellos a las personas por sus preferencias homosexuales, etnia, género, religión, etcétera.
Además, la homosexualidad no contraviene la legislación egipcia. A pesar de esto, esos hombres corren el riesgo de ser castigados severamente. Como ya han señalado algunos colegas, ya ha habido un primer proceso. Un segundo juicio se opone a todos los principios jurídicos.
Los liberales queremos hacer presente el artículo 12 del Acuerdo de Asociación. Siempre hacemos referencia a este artículo sobre el respeto a los derechos humanos. ¿No ha llegado la hora, Comisión, de tomar en serio este artículo y de buscar medios que permitan su empleo, por lo menos para que nos permita en determinados casos aplicar sanciones a los países que no lo respetan? Confío en que la Comisión presentará enérgicas protestas contra este juicio.

Cashman (PSE).
Señor Presidente, lamento intervenir tan apesadumbrado, porque nunca es agradable hablar sobre violaciones de los derechos humanos. Nos recuerda que a muchos habitantes del mundo, por ser diferentes, por su lugar de nacimiento, por su ascendencia, no disfrutan de esas libertades fundamentales que nosotros damos por sentadas demasiado a menudo.
Mi pesadumbre se debe también a que yo soy amigo de Egipto. Reconozco la importancia de Egipto y tengo la más elevada consideración del Gobierno egipcio, del presidente Mubarak y del embajador ante la Unión Europea. Pero, cuando se trata de violaciones de los derechos humanos, si somos selectivos en la aplicación de los principios, exponemos a este Parlamento a que se le acuse de hipocresía.
¿Qué pedimos? Pedimos simplemente el respeto de los derechos humanos; el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de opinión, de conciencia y de religión, el derecho a no sufrir torturas ni un trato cruel o inhumano, el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad ante la ley, y, asimismo, reafirmamos el artículo 14, apartado 7, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos mencionado hoy.
Permítanme decirles personalmente -pues no estoy hablando en nombre de mi Grupo- que, como homosexual, si hubiera nacido en Egipto o en otro sitio, podría verme privado de todos y cada uno de los derechos que acabo de mencionar sólo por ser diferente, por la gente con la que me reúno, o por declarar públicamente mi condición. Mírenme. Soy un ser humano. Respiro. Río. Lloro. Cada uno de nosotros somos exactamente iguales, pero, extrañamente, otros perciben diferencias para privarnos de nuestros derechos humanos. Por ello, no hacer nada supone tolerar las violaciones de los derechos humanos allá donde se cometan. Mirar al otro lado supone privarnos de nuestros derechos humanos y de nuestro derecho a llamarnos civilizados.
Insto al Presidente egipcio y al Gobierno egipcio a que hagan lo que es justo, correcto y adecuado y liberen a los hombres en cuestión.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, la mayor parte de las veces, en la primera parte de nuestras resoluciones se hace una relación mecánica de antiguas resoluciones o convenciones internacionales. Sin embargo, en esta ocasión es muy importante lo que se dice en esa relación. En primer lugar, se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que debiera guiar siempre nuestras actuaciones; también, el artículo 2 del Acuerdo UE-Egipto de asociación Euromediterránea, aún por ratificar. En el momento de su ratificación probablemente nosotros debamos tener influencia para el tratamiento que se da al caso que nos ocupa. Asimismo, el apartado 6 de la resolución del año pasado, que refleja muy bien cuál es nuestro sentimiento y exige a las autoridades egipcias que pongan en libertad a las personas que en ese momento estaban en prisión. También el análisis de la legislación egipcia, que refleja que la homosexualidad allí no es ningún delito.
De acuerdo con todas esas consideraciones, nosotros compartimos lo que dice la resolución, es decir, que se deben tener en cuenta esos derechos: el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opción sexual, el derecho a la vida privada y a la igualdad ante la Ley.
Señor Presidente, en Europa, en los últimos días, hubo grandes manifestaciones denominadas del "orgullo gay". En mi país, en concreto en Madrid, 250 000 personas se expresaron pacíficamente en una manifestación colorista y tolerante que es digna de elogio. Por lo tanto, con todo nuestro respeto, hemos de transmitir a las autoridades egipcias ese sentimiento y el derecho de esas personas.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, el derecho de opción sexual, el derecho a expresar libremente y sin temor la opción sexual constituye un derecho humano fundamental que Egipto, a pesar de la repulsa internacional, niega a sus ciudadanos. Si la comunidad islámica desea realmente el diálogo entre las civilizaciones, lo primero que debe hacer es abrir un diálogo encaminado a la comprensión de la sexualidad, de suerte que se ponga fin al enjuiciamiento de personas por supuesta ofensa a la moral.
El reciente informe de Amnistía Internacional describe los sufrimientos de miles de personas que son perseguidas y torturadas porque su sexualidad, real o supuesta, es considerada una amenaza al orden establecido. En más de 70 países las relaciones homosexuales son tratadas como delitos de derecho penal que pueden acarrear hasta la pena de muerte. Aun en la propia Unión Europea, señora Comisaria, es necesario ampliar la base legal de la legislación contra la discriminación al objeto de incluir la orientación sexual, tal y como prescribe el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam.
Desde esta perspectiva, debemos congratularnos por la decisión del Ministerio griego de Justicia de eliminar el artículo 347 del Código Penal, que introducía discriminaciones lesivas para los derechos de los homosexuales. Esperamos que el gobierno egipcio haga lo propio y libere inmediatamente a los ciudadanos encarcelados bajo la acusación de homosexualidad.

Nicholson of Winterbourne (ELDR).
Señor Presidente, recordemos que Egipto es una de las grandes y antiguas civilizaciones. Desde tiempos remotos siempre ha sido un pilar de la cultura y el progreso.
Hoy, su último Ministro de Asuntos Exteriores es el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo. Egipto es un primus inter pares a perpetuidad en la Liga Árabe. Sin embargo, ahora tenemos a estos desgraciados hombres acusados de un delito que en Europa no podemos aceptar en modo alguno que no sea una flagrante discriminación. A la luz del Acuerdo de Asociación Euromediterráneo con que contamos, hablamos como amigos de Egipto porque, efectivamente, Egipto es todavía hoy uno de los más destacados defensores de los derechos humanos y garantes de la democracia y de las libertades del hombre en todo el mundo árabe. Respetamos su cultura, su tradición, su historia, su religión. Pero, no obstante, como amigos, y, más en particular, por nuestra intensa relación con Egipto, le pedimos que reconsidere su actuación.
Hoy, al apoyar esta importante resolución, instamos al Consejo y la Comisión que hablen en nombre del Parlamento y pidan al Gobierno egipcio que reconsidere su actuación.

Diamantopoulou
. (EN) Señor Presidente, voy a contestar en nombre del Sr. Patten: es una afortunada coincidencia que yo fuera la Comisaria que hace dos años tuvo la oportunidad de proponer en el Parlamento la adopción de esta normativa. Ahora, por fin, adoptamos una normativa antidiscriminatoria a nivel europeo. Es la primera vez que se ha acordado a nivel europeo que no exista tipo alguno de discriminación en el empleo por razón de la orientación sexual.
Este no es un caso de discriminación, es un caso de derechos humanos fundamentales.
La Comisión Europea ha seguido de cerca el caso de los 52 hombres arrestados en el llamado asunto Queen Boat, y la tramitación y resultado del litigio han suscitado preocupaciones diversas. A la Comisión le ha preocupado en particular la aplicación de la Ley de seguridad nacional, que priva a los 23 presos del derecho de recurso, y el lenguaje exaltado empleado en el juicio y en los medios de comunicación, que han puesto en entredicho las declaraciones oficiales egipcias de que estos hombres estaban acusados de corrupción y no por razón de su orientación sexual.
El Presidente egipcio Mubarak declaró recientemente que todos menos 2 de los 52 hombres arrestados en el Queen Boat no deberían haber sido juzgados por el Tribunal de Seguridad y que su caso será revisado ahora por un tribunal penal. Se espera que se dicte una resolución sobre este asunto el 16 de julio. Este un acontecimiento importante y potencialmente positivo, si bien su impacto se ve amortiguado por la posibilidad de que incluso los absueltos en el primer juicio sean juzgados de nuevo.
La Comisión Europea mantendrá el seguimiento del caso Queen Boat y de otros procesos similares. La Unión Europea ha comunicado ya sus preocupaciones a las autoridades egipcias a través de los canales habituales, y las reiterará mediante la adopción de medidas y acciones concretas.
A nivel internacional, la Unión Europea apoya la protección de los derechos humanos mediante la concesión de subvenciones a grupos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. A nivel bilateral, los acuerdos de asociación rigen en una medida cada vez mayor las relaciones de la Unión Europea con terceros países y exigen que tales relaciones 'se basen en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?.
El recientemente firmado acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Egipto contiene tal cláusula, y el respeto de los derechos humanos es reconocido explícitamente en el texto como un 'elemento esencial? de este acuerdo. El acuerdo de asociación ofrece un importante foro adicional a ambas partes para debatir cuestiones de derechos humanos y democracia.

Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, el masivo deterioro de la situación en Belarús se pone de manifiesto precisamente también en el hecho de que durante dos Plenos seguidos tengamos este tema en la sesión de cuestiones de urgencia. Bien es cierto que esto es realmente excepcional, pues usualmente somos aquí mucho más variados. Ciertamente es increíble que el Sr. Lukaschenko, como único gobernante, siga creyendo que puede permitirse en Belarús algo que no se permite en ninguna parte de Europa ni en ninguna otra parte del ámbito de la OSCE. En mi opinión, padece claramente de pérdida de la realidad. El último ejemplo en el ámbito de la libertad de opinión, en concreto, que las encuestas de opinión tengan que ser discutidas con el gobierno, que los contratistas, las financiaciones, los métodos tengan que ser sometidos a indagación y que la comisión gubernamental exija la corrección de los sondeos de opinión, muestra qué situación tan dramática y qué dramática evolución tenemos en este país.
Un segundo ejemplo: como delegación en este Parlamento recibimos una carta del embajador, que nos dicta qué hemos de hacer con nuestro orden del día. Esto lo puede intentar con su parlamento, pero nosotros somos diputados libremente elegidos, y todavía establecemos nosotros mismos nuestro orden del día. Esto pone de manifiesto en qué situación se encuentran allí los diputados. Presentamos esta resolución sobre el trasfondo de que en la OSCE se plantee la pregunta de si se reconoce o no se reconoce la Asamblea Parlamentaria. No creo que pueda ser reconocida pues no ha sido elegida libremente.
Andreasen (EDLR).
Señor Presidente, mientras que en el resto de Europa central y oriental se han producido grandes avances para la libertad de prensa, las cosas, como ya hemos mencionado todos, van por mal camino en Rusia y también en Belarús. Estos retrocesos suponen, como dijera anteriormente el señor Comisario, un riesgo de que el desarrollo en el resto de la zona se vea afectado negativamente. Resulta sumamente preocupante que como media en los últimos años hayan sido asesinados diez periodistas al año en los dos países. Han sido típicamente periodistas que estaban investigando hechos que los poderosos no querían que fueran sacados a la luz. La voluntad de las autoridades para esclarecer estos casos rara vez es grande. El Parlamento debe respaldar las recomendaciones de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, que señalan con razón la necesidad de que la sociedad internacional siga mucho más atentamente y censure los ataques a la libertad de prensa que se produzcan. Esto es válido cuando los gobiernos mediante la legislación tratan de impedir a los medios de comunicación críticos e independientes que trabajen, por ejemplo, como sucedió con una llamada 'ley de información? en Belarús, y cuando en casos concretos coartan la libertad de prensa, tal y como, por ejemplo, ha sucedido en el caso de los periodistas Mikolai Markevich y Pavel Maozheiko, que se han permitido criticar al Presidente Lukashenko durante la campaña electoral con motivo de las elecciones presidenciales en Belarús y que por ello han sido condenado a duras penas.
Hemos manifestado claramente nuestro distanciamiento de leyes que coartan la libertad de prensa y debemos censurar las violaciones concretas de la libertad de prensa en todo el mundo, también en estos dos países. Debemos aumentar la vigilancia de lo que sucede en estos dos países en lo que a pluralismo y libertad de prensa se refiere, y además, la sociedad internacional debe respaldar en mucha mayor medida proyectos que tengan por objeto promover la profesionalización de los medios de comunicación mediante la educación de los practicantes de la profesión y dando a las organizaciones de la profesión un papel más fuerte en el desarrollo democrático.

Wiersma (PSE).
Gracias, señor Presidente, estoy de acuerdo con la Sra. Schroedter cuando dice que es lamentable que en el plazo de un mes tengamos que hablar dos veces de Belarús en esta asamblea plenaria. Es mala publicidad para ese país.
La vez anterior se trató de los problemas que hubo en la misión de la OSCE en Minsk y su furtiva conclusión. Ese problema aún no está resuelto. Arriba, en la tribuna, se encuentran el Sr. D. Andrew Carpenter, uno de los diplomáticos que ha abandonado Belarús y con el que hemos tenido una conversación esta mañana y el Sr. D. Nikolai Statkevich uno de los líderes de la oposición de Belarús. Creo que debemos darles una calurosa bienvenida.

Últimamente han vuelto a producirse una serie de incidentes en relación con la libertad de prensa. Los viejos tiempos aún permanecen en Belarús. Y eso lo sabemos por experiencia propia. Todo lo que hacemos o intentamos hacer allí, junto con la OSCE y el Consejo de Europa, a menudo es tergiversado por los medios de comunicación estatales, siendo lo peor de todo que a mí mismo, en calidad de presidente de su delegación, se me tilda de espía de la OTAN aunque también forme parte de la delegación de la OTAN
No quiero extenderme demasiado sobre la libertad de prensa porque nuestra resolución ya es bastante clara. Si se trata de buscar soluciones, quiero hacer un llamamiento al consejo y a la Comisión para que intenten establecer un diálogo con Rusia sobre Belarús. La Federación Rusa tiene una enorme ascendencia sobre ese país, pero, hasta el momento, siempre se ha negado a prestarnos su colaboración para ejercer presión sobre el régimen de Lukaschenko.
Las relaciones entre la UE y Rusia y entre Rusia y la OTAN han mejorado notablemente. Deberíamos aprovecharnos de esas buenas relaciones para convencer a los rusos de que hagan realidad una mayor implicación democrática por su parte con Belarús.
De vez en cuando se nos reprocha que, con nuestra política y con nuestras resoluciones, estamos intentando aislar a Belarús, lo cual sólo puede ayudar a Lukaschenko. Yo me doy por aludido por esos reproches, pero creo que también hay que decir que, sobre todo, es Lukaschenko el que se aísla y que nosotros simplemente esperamos ansiosos una señal por su parte, alguna concesión fundamental a la democracia, de modo que nosotros podamos reaccionar con una apertura hacia ese país. Porque queremos realmente hacer entre todos algo por Belarús. Hay más que suficientes problemas que podemos solucionar conjuntamente, pero el régimen de Belarús debe facilitar las cosas.

Belder (EDD).
Señor Presidente, Alexander Lukaschenko, presidente de Belarús, no soporta la crítica. La sentencia contra dos redactores del semanario independiente 'Pagonja? es una nueva y triste prueba de ello. La pena que se les ha impuesto - varios años de internamiento en un campo de trabajo - está encaminada a tapar la boca a todas las voces críticas del país.
El mismo objetivo tiene la maniobra de aparejamiento de diversas revistas literarias bielorrusas. Esa medida coercitiva ha sido firmada por el Ministerio de Información. Casi todos los redactores jefe fueron despedidos al mismo tiempo. Una serie de sus sucesores anunciaron servilmente al momento que, en adelante, no se editarían más trabajos de escritores críticos con el aparentemente intocable jefe de Estado bielorruso.
Paralelamente, las autoridades de Minsk se afanan en conseguir un control cada vez más estrecho de los derechos fundamentales más elementales de los ciudadanos. Saltan a la vista dos ejemplos recientes de ello. Uno es la creación de una comisión especial de control para llevar a cabo encuestas de opinión 'sociopolítica?. ¡Es evidente que la publicación de índices de popularidad desfavorables al presidente Lukaschenko (apenas el 30 por ciento en abril de 2002) no es ajena a la creación de tal comisión de control!
Por otro lado, la 'Ley sobre creencias y organizaciones religiosas?, revisada recientemente, amenaza con reducir drásticamente la libertad de culto. Eso ha hecho que esta semana los líderes protestantes hicieran un imperioso llamamiento a Lukaschenko para que interviniera y para que estableciera conversaciones con ellos.
Por ello, como complemento al apartado 6 de la propuesta de resolución que tenemos ante nosotros, solicito al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que den todo su apoyo a esta iniciativa de los líderes protestantes.
Por mi parte, otro complemento a la propuesta de resolución sería el apoyo concreto a la prensa independiente de Belarús. Ahora que se encuentra en el punto de mira de las autoridades bielorrusas, llegar a acuerdos de cooperación con periódicos occidentales podría significar un poderoso respaldo para ella. Recomiendo que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros se encarguen del desarrollo y de la financiación de esta opción. Todo ello, señor Presidente, Señorías, para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de Belarús.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, hace tres semanas el Parlamento Europeo criticó severamente el cierre de la oficina de la OSCE en Belarús. La negativa a renovar el visado a Andrew Carpenter -su más alto funcionario, que se ha interesado enormemente por la democracia y por los derechos humanos en ese estado europeo- significó, en la práctica, el cierre de la oficina.
Una vez más nos ocupamos de atropellos a los derechos humanos de periodistas y disidentes en Belarús, personas que no sólo son enjuiciadas y condenadas a largas penas de cárcel, sino que también son víctimas de injurias, humillaciones y rechazo por parte de la sociedad oficial. Hay gente que ha muerto en la defensa de la democracia en Belarús. Esto es, en el fondo, una manifestación de la poca confianza en la legitimidad política y democrática del régimen.
La Comisión, en este caso representada por la Comisaria Diamantopoulou, debe revisar minuciosamente la estrategia de la Unión Europea respecto a Belarús. Este país ha estado aislado durante largo tiempo. No tenemos que ceder ni un milímetro en nuestras exigencias respecto a los derechos humanos, pero, al menos en un bajo nivel técnico, tenemos que iniciar un diálogo con este país. A pesar de todo, es un estado europeo. Es un vecino de Letonia, de Lituania y de Polonia, esto es, de la UE ampliada. Se necesita una nueva estrategia.
Permítanme mencionar algunos puntos que pueden servir para la formulación de una estrategia. En primer lugar, una sola persona - el presidente Lukasjenko - no puede interponerse en el camino de un pueblo de diez millones de habitantes. Hay que dar a este pueblo una perspectiva europea, hay que darle esperanza de un futuro mejor. En segundo lugar, hay que fortalecer la sociedad civil y hay que dar prioridad a las elecciones locales como expresión de arraigo popular en pro de la democracia. En tercer lugar, las leyes electorales deben ser más abiertas y dar garantías de seriedad y justicia, cosa que no ha ocurrido hasta hoy. En cuarto lugar, la UE debe actuar de manera que no aumente la polarización en ese país. Hay que apoyar la democracia, pero sin que el país se divida. En quinto lugar, tenemos que continuar obstinadamente nuestra lucha en favor de los derechos humanos. Es probable que Belarús vuelva a aparecer en el Parlamento Europeo entre los asuntos de actualidad y urgencia en septiembre. En sexto lugar, hay que hacer presente a Belarús y al presidente Putin que, en virtud del acuerdo que los une, son responsables del respeto a los derechos humanos en ese país.

Posselt (PPE-DE). -
 Señor Presidente, Belarús, un país que en la historia ha estado orientado durante siglos hacia la Europa central y que ha mantenido una estrecha relación con nuestra actual Comunidad, fue duramente golpeado en el siglo XX. Primero fue el imperialismo de la Gran Rusia, luego el estalinismo que tuvo efectos especialmente crueles allí y en Ucrania, luego la ocupación nacional-socialista con sus delitos - la guerra afectó de manera especial a la Rusia blanca - más tarde, de nuevo, el colonialismo soviético, Chernobil que tuvo efectos muy fuertes allí, y ahora, finalmente, el Sr. Lukaschenko. El Sr. Lukaschenko es un flagelo para este país, en la Europa actual -gracias a Dios, hay que decir- se ha convertido en una figura singular. Desde la caída de Milosevic el Sr. Lukaschenko constituye una reliquia de una época que, gracias a Dios, ha pasado. Precisamente por esto hemos de hacer todo lo posible para apoyar en Belarús el oprimido movimiento democrático, apoyar la liberación de los periodistas que son perseguidos y actuar en pro del estado de Derecho, de la democracia y de la libertad de opinión. Se trata de uno de los últimos regímenes tiránicos de Europa y es preciso superar este régimen de manera pacífica, democrática y con arreglo al estado de Derecho.
Por esta razón considero acertado que en tan breve tiempo nos estemos ocupando de este país por segunda vez y no dejaremos de hacerlo hasta que este país disfrute de lo que disfrutamos nosotros, es decir, de democracia y de un estado de Derecho con arreglo a los criterios europeos, hasta que este país haya regresado también a la comunidad de los pueblos europeos libres. Esto incluye también de manera muy concreta que nosotros apoyemos a los defensores de los derechos humanos, que apoyemos -como ha afirmado nuestro colega, el Sr. Belder - a los medios de prensa independientes, y que velemos por que la tiranía no sofoque el espíritu de la libertad, sino que este espíritu de la libertad triunfe también en Belarús.
Karlsson, Hans (PSE).
Señor Presidente, el derecho a expresar libremente nuestras opiniones y el derecho de los periodistas y de los medios de comunicación a informar sobre el gobierno y el desarrollo de la sociedad es indiscutible para los que vivimos en países con profundas tradiciones democráticas. En muchos países no es así.
En Belarús, por ejemplo, son perseguidos los que sostienen una opinión diferente de la del gobierno. Los que quieren una política diferente de la del gobierno son objeto de represalias. En Belarús tampoco hay libertad de prensa. Los periodistas y los medios de comunicación no pueden investigar ni informar sobre asuntos de política interna y sobre lo que ocurre en el mundo.
Hay poderosas razones para condenar enérgicamente el manejo del gobierno bielorruso de las libertades de expresión y de prensa. Conviene que todas las instituciones democráticas coadyuven para fortalecer la prensa independiente de ese país. Por eso celebro que el Parlamento una vez más dirija sus focos hacia la situación en Belarús.

Diamantopoulou
. (EN) La situación de la democracia y de los derechos humanos en Belarús suscita una enorme preocupación en la Comisión y en los Estados miembros. En principio, Belarús debería contarse entre nuestros socios más importantes: será un vecino directo tras la ampliación y constituye una vía fundamental de comunicación entre la UE y Rusia. Sin embargo, la sistemática eliminación de elementos de la oposición, incluyendo diversas 'desapariciones?, la falta de controles y equilibrios democráticos y el trato dado a los medios de comunicación, nos han conducido a congelar nuestras relaciones. De hecho, como se recomienda en algunas de las propuestas que se han presentado hoy, hemos advertido a las autoridades belarusas que no pueden contar con que se produzca cambio alguno en esta situación a menos que adopten medidas claras de respeto de los derechos de humanos y de observancia del estado de derecho.
El trato dispensado a periodistas y escritores en Belarús es escandaloso. La práctica de redactar listas de escritores que no deben ser publicados recuerda tiempos que creíamos pasados. Constituye una flagrante violación de los principios de la OSCE y de Europa. También estamos muy preocupados por el cierre del periódico Pagonya, ya mencionado por dos diputados de este Parlamento, así como por las imputaciones vertidas contra el director de Rabochy. Estas personas han sido acusadas de difamar al Presidente durante la campaña electoral del año pasado.
Belarús se niega a cooperar con la OSCE, a la que ha acusado de inmiscuirse en cuestiones internas. Estamos convencidos de que la OSCE debe mantener su presencia en Belarús y ayudar activamente al país a cumplir las obligaciones que asumió al adherirse a la OSCE.
La Comisión seguirá insistiendo en que los Estados miembros no deben hacer concesiones ni negociar con el Gobierno belaruso a menos y hasta que modifique su actitud de forma sustancial. Al mismo tiempo, debemos estar preparados para responder si tal cambio se produce, y no dejar de utilizar los instrumentos de que disponemos para apoyar a la sociedad civil y los contactos entre los pueblos. Tanto el programa TACIS como la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) se aplican activamente en estos ámbitos.
No tengo duda alguna de que la UE seguirá abordando los casos particulares, incluidos los de dichos periodistas, políticos de la oposición y académicos como el Profesor Bandazhevski.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cinco propuestas de resolución:
?5-0421/2002, de los diputados Linkohr, Medina Ortega y Izquierdo Rojo, en nombre del Grupo PSE, sobre los graves sucesos acaecidos en Buenos Aires;
?5-0428/2002, de los diputados Andria y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Argentina: crisis económica, institucional y social;
?5-0433/2002, de los diputados Marset Campos, Di Lello Finuoli, Miranda y Jové Peres, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la represión en Argentina;
?5-0434/2002, de los diputados Gasòliba i Böhm, Sánchez García y Marieke Sanders-ten Holte, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Argentina;
?5-0435/2002, de los diputados Lipietz, Mayol i Raynal, Nogueira Román y Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Argentina.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, en realidad deberíamos habernos ocupado de la crisis de Argentina en el pasado mes de enero, cuando se hallaba en su momento álgido, pero la renovación de los cargos lo impidió.
La situación argentina ha mejorado con respecto al mes de diciembre, pero nos encontramos todavía con enormes dificultades. Hace pocos días hubo unos incidentes que originaron la muerte de dos personas y varias decenas de heridos. Ayer, el Presidente de la República Argentina, el Sr. Duhalde, anunció el adelantamiento de las elecciones, que se celebrarán en mayo y no en octubre.
En todo caso, cuando abordamos el problema de la Argentina en estas instituciones, deberíamos renunciar a dar lecciones. Desde luego, no creo que ni este Parlamento ni las instituciones de la Unión Europea en su conjunto estemos en condiciones de dar lecciones. Sobre todo es difícil hacerlo con un país como la Argentina, que ha sido el discípulo predilecto del Fondo Monetario Internacional y al que muchas veces hemos alabado por haber seguido ese tipo de políticas. Pero el discípulo ha sido menos bueno de lo que parecía, ha habido una acumulación excesiva de déficit público, un gasto público desordenado y, en este momento, a consecuencia de ello, se ha producido, un desplome del sistema financiero.
Creo que es difícil recomendar soluciones dogmáticas. Por un lado, no creo que solucione nada volver a las viejas recetas de la sustitución de importaciones, las viejas recetas de las teorías de la dependencia. Pueden satisfacernos intelectualmente, pero no solucionarían nada. Y, desde luego, tampoco es cierto que las recetas de Davos, las del evangelio del neoliberalismo, hayan conducido al país a la vía de la solución.
Creo que hay que buscar una fórmula mucho más pragmática. Hay países de América Latina que, aunque con dificultades, van sorteando esos problemas. El caso de Chile es el mejor exponente, pero incluso Brasil, con Fernando Enrique Cardoso, parece estar defendiéndose en situaciones difíciles. Lo importante es que las instituciones europeas impulsen la ayuda a la Argentina, que es un país democrático, con libertad de prensa, con un alto nivel cultural y con excelentes relaciones económicas, comerciales, políticas, etc. con nuestra Unión. Habría que pensar en una ayuda parecida a la que se dio a Turquía. En este caso es posible que influyera el papel que tiene Turquía como país estratégico en la zona de Oriente Medio. Argentina quizás no esté en una zona estratégica pero, si no se ayuda a Argentina, existe el peligro de que todo el resto de América Latina siga el camino de este país.
Por tanto, desde mi punto de vista y el del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, lo importante ahora no es dar recetas ni recomendaciones, sino hacer que las instituciones europeas y nuestros Gobiernos se movilicen en favor de esta economía y de este país que, por las relaciones íntimas que tiene con nosotros, merece nuestro apoyo.

Andria (PPE-DE).
Señor Presidente, estoy satisfecho con el debate que se desarrolla en la Sala. No me refiero a enero, cuando comenzó la crisis argentina, sino al hecho de que desde hace más de dos meses estoy tratando, con escaso éxito, de debatir sobre esta resolución. El mismo carácter de urgencia creo que ha de ser revisado. La posibilidad de recoger frutos abundantes o frutos escasos, de hecho, depende de la rapidez con que se toman las decisiones y se dan indicaciones.
La situación en Argentina es ciertamente difícil y delicada: difícil porque sustancialmente se ha detenido cualquier tipo de mecanismo económico y financiero. En particular, me refiero a los depósitos bancarios para los que no hay en absoluto posibilidad de cobro, a excepción de las transacciones por medio de tarjeta de crédito, pero que obligan a reponer las mismas provisiones. Una suma depositada no puede ser luego utilizada en modo alguno. Luego, se ha concedido la posibilidad, muy discutible, de adquirir obligaciones a tres o a diez años, pero con una rentabilidad y una posibilidad de reembolso más bien dudosas. Sea como fuere, conviene recordar que con la rentabilidad de estas obligaciones no se puede en absoluto sobrevivir.
Al colega Medina me gustaría recordarle otro aspecto, y es que Argentina es, para bien y para mal, un país locomotora, un país guía. Por lo tanto, es posible que también Uruguay, que se encuentra ya en las mismas condiciones - por no hablar de Chile y de Brasil - por desgracia, pueda seguir el mal ejemplo de Argentina.
Para terminar, querría subrayar que es muy difícil formular propuestas. La resolución, de hecho, desea evidenciar solamente el aspecto de la crisis. En cambio, al Fondo Monetario Internacional le toca decidir, en poco tiempo, si se subvenciona o no la crisis argentina y al Estado argentino. Prometer un circuito de exportaciones, ante todo un circuito de las tarjetas de crédito, que no ha de ser solamente virtual, sino también tener una posibilidad de utilización de los propios fondos dentro del circuito bancario, pienso que puede ser un primer paso para encauzar la crisis hacia su solución.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, a diferencia de tres grupos de la Cámara, nosotros no firmamos esta resolución porque nos parece una resolución que no dice toda la verdad de lo que ocurre en Argentina -aunque es difícil hacerlo en una resolución, lo reconozco- y nos parece un poco débil. El ejemplo mejor es el considerando H, en el que se dice que "considerando que los violentos incidentes con víctimas ocurridos en Argentina se deben a la grave situación económica y social del país (...), y que más del 40% de la población se encuentra en el desempleo". Eso es verdad, pero no es toda la verdad, porque las víctimas las produjo la represión y hay dos víctimas mortales con nombres y apellidos, más de 90 heridos y además la fuerza pública entró en la sede del partido Izquierda Unida a tiros. Es decir, no es sólo la pobreza, el desempleo y la situación grave de crisis.
En la resolución se pide al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional ayuda para que Argentina salga de la crisis, pero no se habla de las condiciones que se ponen para que eso sea así. En nuestras enmiendas recordamos que Joseph E. Stiglitz, que fue Vicepresidente del Banco Mundial, indica que la desregulación del mercado, la especulación financiera y la fuga de capitales contribuyen a esa crisis, además de los errores que hayan podido cometer los argentinos.
Señor Presidente, no hay derecho a que un país tan rico como la Argentina tenga en la pobreza a la mayoría de su población. Por lo tanto, hay que ayudarla a salir de la crisis, pero ayudarla como es debido.

Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, Argentina está en crisis y cuando Argentina llora toda América se preocupa, como creo que también le ocurre a Europa. No sólo porque Argentina es socio privilegiado de ese gran bloque comercial que se llama Mercosur, sino también por sus fuertes lazos sociales y vínculos culturales con la vieja Europa.
Desgraciadamente, estamos comprobando con hechos preocupantes que el populismo político-económico de esta rica república no tiene buen fin. Los vientos que sembraron algunos gobernantes los sufren hoy en sus carnes los ciudadanos argentinos, con las consecuencias calamitosas de las tempestades económicas que estamos viendo. De ahí que lancemos desde el Parlamento Europeo una llamada a la solidaridad internacional para intentar ayudar a estos ciudadanos del Cono Sur americano a que consigan una política económica adecuada. Debemos ayudar a un pueblo que vive y soporta a diario y desesperadamente las consecuencias de nefastas políticas gubernamentales de antaño.
Nuestra contribución debe orientarse a la búsqueda de la estabilidad social de Argentina y a la recuperación económica de su pueblo, porque lo que es bueno para Argentina es bueno para todos.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, coincido con lo dicho por la Sra. González Álvarez. Necesitamos un debate adecuado sobre este asunto y no hablarlo con urgencias. Esta es una crisis que corre el peligro de extenderse a las demás economías de Latinoamérica. De esta crisis es corresponsable, en buena medida, la irresponsable y absurda política crediticia del FMI y del Banco Mundial. Durante una década, Argentina fue su alumno favorito al abrir los mercados, colocar los recursos en inversiones especulativas y no en inversiones productivas e incrementar enormemente la deuda. La paridad peso/dólar, establecida mediante una modificación constitucional, encareció sobremanera las exportaciones, acabando así con el sector exportador.
Queremos que se ofrezca un enorme paquete de ayuda para inversiones sociales y productivas, que se cancele la deuda y que se juzgue en los tribunales a los cómplices de la venta del país. ¡Se trata de un país que era la nación más rica de Latinoamérica y la sexta del mundo! Asimismo, debemos prestar atención a la actuación de algunos europeos. Los españoles reclaman el dinero que colocaron allí mediante sus inversiones dirigidas a acaparar las empresas de los sectores eléctrico, de suministro de agua, bancario, de telecomunicaciones y de líneas aéreas.
Es fundamental investigar a fondo los delitos, y que sus autores sean llevados ante los tribunales. Por ejemplo, en la última semana la policía ha adoptado medidas de represión excesivas y violentas, utilizando incluso armas de fuego. Dos manifestantes han muerto, noventa han resultado heridos y otros 150 han sido arrestados. También se asaltó la sede de Izquierda Unida, sin ni tan siquiera una orden judicial. Hay que abordar estos asuntos y llevar a los responsables ante los tribunales.
La Unión Europea debe distanciarse de los programas económicos neoliberales que se están elaborando. Debemos rechazar las recetas del FMI y del Banco Mundial.
Posselt (PPE-DE).
 Señor Presidente, en el paso del siglo XIX al siglo XX los barcos estaban llenos de europeos que emigraban desde Europa a Argentina. Si ustedes visitan hoy Buenos Aires se encontrarán allí una fascinante pequeña Europa. Todos los pueblos de Europa se encuentran unidos allí en su riqueza cultural y conviven pacíficamente. Hoy, cien años después y, en parte, ciento cincuenta años después, sucede lo contrario: delante de las embajadas europeas hay largas colas de argentinos de origen europeo que quieren emigrar a Europa. Esto es un símbolo del éxito de Europa y de la unificación europea, pero, lamentablemente, es también un signo del fracaso de Argentina. Como alguien, que ama y valora extraordinariamente a este país maravilloso, debo decir que esto es algo que como europeos debemos lamentar y donde debemos ofrecer nuestra ayuda solidaria.
Sin embargo, creo que nuestra colega, la Sra. McKenna , simplifica demasiado las cosas cuando se remite a las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hay que ver claramente que Argentina es un país en el que fluyen la leche y la miel. Hay carne, miel, leche, vino, todo de excelente calidad y en abundancia. La agricultura argentina podría coalimentar a Europa. Argentina posee petróleo y gas natural. Exporta energía y es uno de los países más ricos del mundo con condiciones ideales. El hecho de que, no obstante, se produzcan estas extremadas tensiones sociales en este país - y he visto allí realmente barrios ardiendo, cubiertas de automóvil ardiendo en las autopistas, barricadas y levantamientos - se debe, lamentablemente, a que en Argentina existe un sistema político que no funciona, que es ineficaz, que es corrupto, que origina costes enormes. En provincias pobres, como Misiones, por ejemplo, los diputados provinciales ganan más que un diputado europeo. Me alegro del salario de cada cual, no se trata de esto, pero Argentina posee un sistema enormemente ineficaz y si Argentina no soluciona por sí misma sus problemas domésticos, como se ha comenzado a hacer en el Brasil vecino, los europeos tampoco podremos hacer nada. Hemos de ayudarles a autoayudarse.
Bordes (GUE/NGL).
Señor Presidente, mientras los sobresaltos incontrolables e incontrolados de su economía han dejado a Argentina exhausta, mientras el 50% de la población ha caído por debajo del umbral de pobreza, mientras la rabia se adueña de la población trabajadora, que, sin trabajo y en su inmensa mayoría sin subsidios, se ve obligada a rebuscar en los cubos de basura, la única respuesta que han sabido dar los dirigentes de este país es disparar sobre una manifestación de parados, matando a dos jóvenes e hiriendo a cientos de personas.
Lo que está pasando en Argentina es incalificable, y más aún teniendo en cuenta que este país, que ni siquiera era de los más pobres, ha sido durante años saqueado por grandes trusts de Estados Unidos - aunque también de Europa -, que han obtenido pingües beneficios al tiempo que arruinaban al país. A pesar de que la mayoría de la población está arruinada, hay una minoría rica, argentina y extranjera, que sigue haciendo negocio.
Aparte de algunos difusos comentarios que lamentan la crisis económica, política y social como si se tratara de una catástrofe natural, lo único que se le ocurre a la resolución común es protestar por la violación del derecho a la propiedad, y reclamar un gesto del gobierno argentino para que garantice el respeto al derecho fundamental a la propiedad de los ahorradores locales y de los inversores extranjeros. Esto quiere decir que para usted, los que no tienen ni propiedad, ni inversiones, sólo tienen derecho a estirar la pata, sin que ni siquiera el Parlamento eleve una protesta.
Habríamos votado a favor de la propuesta de resolución del GUE, que al menos denuncia la represión brutal que están aplicando las fuerzas del orden. Rechazamos con indignación la resolución común.

Diamantopoulou
. (EN) La Comisión lamenta los actos de violencia ocurridos en la ciudad de Buenos Aires.
La Comisión coincide en que la causa fundamental desencadenante de estos actos radica en la crisis monetaria, que se ha transformado en una crisis comercial y económica (una acusada caída de las relaciones comerciales, de las inversiones y del PIB) que ha degenerado en una crisis social (desempleo, pobreza y exclusión social) y que desemboca en una crisis de confianza en las instituciones nacionales.
Es muy complicado analizar las razones de la crisis en una resolución o debate en el Parlamento, pero, por otro lado, es muy fácil echar la culpa a las organizaciones internacionales.
Las medidas asociadas al denominado 'corralito?, la paridad peso/dólar introducida por ley y la consiguiente falta de margen de maniobra en política monetaria, entre otros ejemplos, no se ajustan a las recomendaciones del FMI.
Ahora existe una necesidad de introducir reformas. Las reformas que Argentina tiene que aplicar son necesarias no sólo para obtener ayuda del FMI, sino también -y ello es más importante- para poner al país de nuevo en movimiento. Lo que se necesita es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, recuperar la confianza de los actores económicos en la estabilidad y en la credibilidad del orden público y, en particular, restablecer la credibilidad del sistema financiero.
La Unión Europea y sus Estados miembros ya han intentado ayudar a Argentina en los diversas organismos internacionales, incluidos el FMI y la última Cumbre del G-8. La Comisión, en particular, tiene una idea muy clara de qué hacer. Algo que, sin duda alguna, ayudaría a Argentina es una más profunda integración de los países del Mercosur, y la Unión Europea se está esforzando en acelerar sus negociaciones con el Mercosur. A tal fin, los Comisarios Lamy y Patten se reunirán con los ministros del Mercosur el 23 de julio en Brasilia. Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea contribuirán indudablemente a fomentar la cohesión interna en Mercosur, lo que, a su vez, ayudará a Argentina.
Por cuanto respecta a la cooperación tradicional, los recursos financieros que tenemos a nuestra disposición son desproporcionadamente bajos en relación con el problema que estamos debatiendo. Sin embargo, nuestro documento de estrategia de país ha identificado la lucha contra la pobreza y el apoyo institucional como las dos principales prioridades.
El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, querría presentar una enmienda oral; sería un apartado 7 bis (nuevo) que diría lo siguiente: "Valora positivamente el reciente anuncio del Presidente Dualde de adelantar el proceso electoral en seis meses, a la primavera del año 2003, al objeto de afirmar la legitimidad democrática".
El Presidente. -
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

Cushnahan (PPE-DE)
- (EN) El Gobierno irlandés ha hecho público el tenor de la pregunta que se formulará a los votantes irlandeses al objeto de la ratificación del Tratado de Niza mediante referéndum. A mi juicio, la inclusión de un artículo que prohíba a Irlanda participar en un política de defensa común de la UE constituye un error táctico y pone de manifiesto una interpretación equivocada de las razones por las que los votantes irlandeses rechazaron el Tratado de Niza en el referéndum anterior. Una encuesta sobre los motivos de los que se opusieron al Tratado ha puesto de relieve que el 'temor a perder capacidad influencia y dinero? y no la cuestión de la neutralidad fueron los principales factores. 
Además, esta decisión, adoptada por un Gobierno dirigido por un Primer Ministro de Fianna Fail supone una traición al ideal europeísta de sus predecesores, tan remotos como Sean Lemass, quien afirmó que Irlanda estaría dispuesta a participar en una política de defensa común de la UE.
Además, es claramente contraria a las anteriores declaraciones realizadas por el Ministro de Asuntos Exteriores, Brian Cowen, en el Irish Examiner el 3 de julio de 2000.
En lugar de hacerles el juego a los euroescépticos de su propio partido, como el Ministro, O' Cuiv, y a los de fuera de su partido, debería asumir un liderazgo firme y no seguir confundiendo a los votantes. 
(Abreviada de conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento)

