Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)
La Presidenta. - -
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0384/2007).
Hemos alargado mucho este debate por su importancia, y esperamos poder recuperar algo de tiempo con el turno de preguntas.
Como vamos tarde, primero trataremos de ocuparnos de las preguntas complementarias siempre en grupo, para intentar ver el mayor número de preguntas esta tarde; también, como siempre, invito a sus Señorías a que se acerquen al estrado para participar más de cerca en el turno de preguntas.
Señor Comisario, lamento que haya tenido que esperar, pero se trataba de un debate importante, como estoy segura de que reconocerá.
Se formulan las siguientes preguntas a la Comisión.
Parte una
Asunto: Energía - Organización Mundial del Comercio
Aunque las normas de la Organización Mundial del Comercio no se hayan establecido específicamente para el sector de la energía, también son aplicables a los productos y servicios energéticos y protegen las inversiones en dicho sector. De ese modo están prohibidas las restricciones a la exportación y la discriminación de productos, y debe garantizarse el libre mercado. Existen, no obstante, determinadas excepciones cuando se trata de medidas en interés de la seguridad.
Ahora bien, en el mercado de la energía no siempre está clara la distinción entre producción y servicios.
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión, en el proceso de integración de la política energética en las competencias de la Unión Europea con arreglo al nuevo Tratado, para que las normas de la OMC también diferencien entre inversiones y servicios en el sector de la energía?
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - (DE) Señora Presidenta, como el autor de la pregunta ha observado, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) se aplican a los productos energéticos y las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) se aplican a los servicios energéticos, incluida la inversión directa en tales servicios. Sin embargo, aún no existe un acuerdo que se extienda a las inversiones directas en las actividades relacionadas con la energía realizadas por cuenta del propio inversor en el sector secundario, como la extracción minera, el refinado, la generación y la distribución de energía.
De conformidad con el artículo 133 del Tratado CE, que reglamenta la política comercial común, se faculta explícitamente a la Comunidad Europea de forma exclusiva para legislar y negociar acuerdos sobre el comercio de productos y servicios energéticos. Por otra parte, se faculta a la Comisión para negociar en nombre tanto de la Comunidad como de sus Estados miembros acerca de la liberalización de las inversiones directas fuera del sector servicios en el marco de las conversaciones con países terceros en materia de acuerdos de libre comercio. Lo anterior significa que la Comisión puede abordar cuestiones esenciales relativas al comercio y la inversión en el sector de la energía y representar los intereses europeos en estas materias en las negociaciones bilaterales y multilaterales de la OMC, y esto es justo lo que la Comisión hace.
La política energética que se recogerá en el nuevo Tratado se centrará en cuestiones como la seguridad del abastecimiento energético de la Unión y la promoción de interconexiones entre redes de energía, y en este sentido complementa, sin sustituir, a la política comercial común en el ámbito de la energía.
Lambert van Nistelrooij
(NL) Señora Presidenta, señor Verheugen, se trata de buenas noticias en el contexto del nuevo Tratado. También hemos decidido hoy, por ejemplo, financiar Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITC) del orden de los 3 000 millones de euros y otros 3 000 millones más proceden de la industria para las tecnologías limpias, motores de aeronaves, etc.
Por otra parte, aún me preocupa el hecho de que todavía se comercialice tecnología obsoleta perjudicial para el medio ambiente, especialmente en los países en desarrollo. La tecnología obsoleta aún encuentra su lugar en el mercado, como las centrales termoeléctricas alimentadas con carbón del siglo pasado.
¿Qué oportunidades prevé el Comisario y la Unión Europea en la OMC para establecer, por lo menos, unos fundamentos nuevos y pedir que se interrumpan algunas de las prácticas mencionadas?
Paul Rübig
(DE) En el marco de las negociaciones con la OMC será muy importante negociar el capítulo de conformidad con el que el bioetanol debería regirse en el futuro. ¿Se clasificará como un producto agrícola o pertenece a la categoría de los productos no agrícolas? ¿Cómo ve la Comisión la futura estructura? ¿Lo más probable será que se incluya en el capítulo agrícola, o es más un producto industrial? El bioetanol se produce a partir de cultivos y es fundamentalmente una materia prima agrícola. Por otra parte, no obstante, como producto energético podría incluirse en la rúbrica del acceso a los mercados no agrícolas (NAMA). ¿Tiene ya la Comisión alguna opinión al respecto y, en caso afirmativo, que línea seguirá en las negociaciones?
Jörg Leichtfried
(DE) Señor Comisario, cuando se producen debates en mi circunscripción acerca de la comercialización de los recursos energéticos, la política energética, la Comisión Europea y el nuevo Tratado, y, especialmente, la OMC, mis electores expresan la preocupación de que no nos va a quedar más remedio que importar energía nuclear y que incluso deberemos construir centrales nucleares si continúa la tendencia actual. Por favor, tranquilíceme y dígame que no es así, y déme también alguna justificación que pueda transmitir.
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - (DE) Señora Presidenta, en algunos casos me resulta difícil ver la conexión entre la pregunta original y la complementaria, pero si adopta un enfoque liberal al respecto, también yo seré liberal en mis respuestas.
En lo que se refiere a la primera pregunta, comparto con el señor van Nistelrooij la opinión de que la venta de productos que contienen tecnologías obsoletas en términos de eficiencia y de emisiones de CO2 ciertamente no redunda en nuestro interés. El Comisario Dimas y yo estamos trabajando actualmente sobre propuestas para lograr una economía de baja emisión de CO2 en Europa, tanto en lo que respecta a la política industrial como a las prácticas de producción y consumo. Espero que este trabajo culmine con la adopción de normas que después puedan también incluirse en las negociaciones internacionales.
Ya saben cuál es la situación actual. No podemos negociar actualmente normas adicionales en el marco de la OMC para garantizar su adopción. No obstante, tenemos intención a medio y largo plazo, como saben, de hacer vinculantes ciertas normas medioambientales y sociales estrictas a través de acuerdos multilaterales con vistas a evitar la desventaja competitiva que afecta a nuestras empresas.
También desearía señalar que tenemos un interés especial en llevar adelante con éxito este tipo de política multilateral porque creemos que la oportunidad de oro para las empresas europeas reside en nuestra capacidad de convertirnos en líderes del mercado de productos respetuosos con el medio ambiente y de gran eficiencia y ahorro de energía.
En lo que se refiere a la pregunta del señor Rübig, debo confesar que no conozco la respuesta. Como este tema no entra dentro del ámbito de mis actividades, señor Rübig, pediré inmediatamente al señor Mandelson que le dé una respuesta por escrito. Ciertamente, no deseo decir nada que resulte engañoso en este momento. Sé que esta cuestión entra dentro del ámbito de los acuerdos de libre comercio que actualmente negociamos, como por ejemplo con Sudáfrica, pero desconozco en qué categoría se está incluyendo en los debates. Mañana como muy tarde recibirá una información completa al respecto.
En lo que se refiere a las centrales nucleares, la Comisión Europea tiene una política perfectamente inequívoca, a saber, la política general de la Unión Europea al respecto. Cada Estado miembro es enteramente independiente y libre de determinar su combinación energética. No se hacen recomendaciones ni se dan instrucciones a ningún Estado miembro para que use o deje de usar la energía nuclear, ni la Comisión intenta ejercer ninguna influencia. Somos completamente neutrales en lo que respecta a esta cuestión y seguiremos siéndolo. No se hará ninguna de las recomendaciones del tipo que teme.
En todo caso, ciertamente sabe que el Tratado Euratom se ha incluido en el Tratado CE, lo que significa que la promoción del uso pacífico de la energía nuclear es una de las tareas de la Unión Europea. Ello se hace a través de la ayuda a la investigación, ya que los proyectos sobre energía nuclear son completamente subvencionables y de hecho han estado recibiendo financiación durante diversos decenios, de forma que no es nada nuevo y se hace a través del Banco Europeo de Inversiones, que ha contribuido a financiar centrales nucleares en algunos casos.
En otras palabras, no existe una política comunitaria para el uso generalizado de la energía nuclear, ni existe política comunitaria en relación con el abandono generalizado de tal energía.
Asunto: Modelo de desarrollo urbano duradero
En los Estados miembros de la UE, en particular los que se adhirieron a la UE en el siglo XXI, las ciudades se expanden rápidamente y, a menudo, sin una estrategia coherente. Las zonas residenciales se alejan del centro, lo que acentúa los problemas ligados al transporte, a la distribución de los recursos y al desarrollo de las redes técnicas. De ahí que el desarrollo urbano tenga un impacto nocivo sobre el medio ambiente y aumente el consumo energético.
En el Libro Verde sobre el medio ambiente urbano publicado por la Comisión en 1990, el modelo de desarrollo preconizado para respetar el medio ambiente era el de la ciudad compacta. Actualmente, parece que el modelo de desarrollo urbano más privilegiado es el policéntrico. ¿Cuáles son las recomendaciones de la UE con vistas al fomento de un desarrollo urbano duradero y respetuoso del medio ambiente? ¿Cuáles son los argumentos en favor de uno u otro modelo de desarrollo? ¿En qué datos se basan esas recomendaciones?
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - La Comisión apoya plenamente el fomento de un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La Comisión aprobó su estrategia temática sobre el medio ambiente urbano en 2006. Dicha estrategia enfoca el desarrollo urbano sostenible desde el punto de vista de la calidad de vida, pero reconociendo también la diversidad que existe entre ciudadanos en la Unión Europea.
Por ese motivo, y tras realizar amplias consultas con las administraciones locales y los Estados miembros, la estrategia, respetando el principio de subsidiariedad, ha asumido que las administraciones locales y nacionales son las que están en mejor posición para buscar y aplicar las soluciones más óptimas dadas las circunstancias locales.
Con esta diversidad de situaciones urbanas como telón de fondo, la Comisión no recomienda un modelo específico de desarrollo que valga para todas las ciudades europeas. La Comisión considera fundamental la utilización de herramientas adecuadas de gobernanza y planificación, pero opina que no sirve de nada imponer la obligación de establecer planes concretos, como planes de gestión ambiental y planes de transporte urbano sostenible.
No obstante, la Comisión ha publicado directrices sobre planes de transporte urbano sostenible y planes de gestión integral del medio ambiente, con el objetivo de ayudar a las administraciones locales a lograr los objetivos de su estrategia. Las directrices deben verse como una descripción del proceso y un recordatorio de los elementos fundamentales que pueden considerarse a la hora de elaborar programas de gestión integrada del medio ambiente y planes de transporte urbano sostenible a escala local. Ambos documentos se basan en amplias consultas y ejemplos de buenas prácticas aplicadas por las propias ciudades.
Ya existe legislación que afecta a las zonas urbanas, por ejemplo, en materia de calidad del aire, gestión del agua, ruido y residuos. Esa legislación tiene que aplicarse mejor. Con la plena aplicación de los instrumentos legislativos existentes, se conseguiría una mejora notable y significativa de las condiciones de vida en las zonas urbanas.
La Comisión recuerda todas las ideas sobre desarrollo urbano que han permitido a los ministros responsables de urbanismo alcanzar un consenso basado en el Programa de acción de Lille, el Acervo urbano de Rotterdam, el Acuerdo de Bristol y, más recientemente, la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles, aprobada en una reunión informal del Consejo el 25 de mayo de 2007. En septiembre de 2007, aprobó un Libro Verde sobre movilidad urbana, que ahora se ha sometido a consulta pública. Estos documentos constituyen una base común, que establecen las principales condiciones necesarias para conseguir un desarrollo urbano sostenible. Asimismo, la Comisión fomenta activamente el diálogo y el intercambio de buenas prácticas entre ciudades, en el marco de los programas financiados por el Fondo de Desarrollo Regional Europeo.
En cuanto a los datos disponibles sobre la situación de las ciudades europeas, que pueden proporcionar la base para tomar decisiones políticas, la Comisión ha implantado la Auditoría Urbana, que contiene datos sobre la situación de las ciudades europeas y que ahora se está actualizando. La Comisión ha publicado recientemente un estudio sobre la situación de las ciudades europeas, que analiza también los resultados de la Auditoría Urbana.
Justas Vincas Paleckis
(LT) Muchas gracias, señor Comisario, por su detallada y persuasiva respuesta. Los esfuerzos realizados por la Comisión para encontrar el modo de impulsar a las ciudades a encontrar iniciativas positivas y compartirlas son muy significativos. Me gustaría preguntar qué regiones considera que se han acercado más a este ideal que, ciertamente, sigue siendo inalcanzable. ¿Qué Estados miembros de la UE han logrado mayores éxitos en la aplicación de las ideas recomendadas por la Comisión Europea?
Reinhard Rack
(DE) Señor Vicepresidente, ya ha respondido usted a mi pregunta complementaria, pero como nada resulta más claro que una declaración inequívoca en nuestra lengua materna, me encantaría que repitiese en alemán lo que ha dicho antes acerca del hecho de que la Comisión no pretende desempeñar el papel de autoridad de ordenación territorial suprema de Europa interfiriendo en todos los ámbitos, especialmente imponiendo o recomendando un modelo de desarrollo determinado. Como ponente para el Libro Verde que citaba, titulado "Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana", le puedo asegurar que el Parlamento le respaldará sin duda en el camino del apoyo a la diversidad.
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - Si me lo permite, señora Presidenta, quiero empezar respondiendo a la segunda pregunta; volveré a leer lo que he dicho y haré un breve comentario al respecto.
Con esta diversidad de situaciones urbanas como telón de fondo, la Comisión no recomienda un modelo específico de desarrollo que valga para todas las ciudades europeas. Esta recomendación respeta claramente el principio de subsidiariedad y el principio de diversidad y, en otras palabras, en mis propias palabras, significa que lo mismo no vale para todos. No es un enfoque igual para todos; es un enfoque que tiene en cuenta las peculiaridades, las necesidades específicas y los intereses y las capacidades de las ciudades, pero creo que contiene todo lo que necesitamos: directrices, recomendaciones e intercambio de buenas prácticas.
En cuanto a la primera pregunta, me veo tentado a dar una respuesta basada en mi propia experiencia y desde luego que podría decirles en qué ciudad yo preferiría vivir, pero eso no tiene interés político. La Comisión no tiene una clasificación de ese tipo, ni un ranking de ciudades europeas que combine todos los elementos.
Lo siento, pero de verdad que no puedo darles una respuesta que tenga una base objetiva y sería muy poco prudente hacerlo sobre una base personal en detrimento de todas las demás.
Asunto: Neutralidad de las redes respecto a la reforma de las telecomunicaciones
Desde hace cinco años asistimos a un vivo debate en los Estados Unidos a propósito de la neutralidad de las redes. Se plantea la cuestión de la medida en que los operadores de las redes pueden limitar y canalizar el tráfico de Internet de los usuarios. Esta cuestión figura en el programa de reforma de las telecomunicaciones y se intenta resolverla exigiendo más transparencia a los productos ofrecidos a los consumidores. Ahora bien, la transparencia no es siempre una garantía suficiente para el consumidor, como lo ejemplificó la imposición de tarifas de itinerancia. El acceso ilimitado a Internet favorece la innovación (véase Skype, Joost, web 2.0, etc.), pero si las empresas de telecomunicaciones tienen derecho a dar prioridad e incluso a bloquear el tráfico de Internet de los usuarios, ¿considera la Comisión que el programa de reforma de las telecomunicaciones protege suficientemente al consumidor y favorece la innovación en Internet? ¿Cuál es la mejor solución?
Viviane Reding
miembro de la Comisión. - La pregunta que formula su Señoría es muy importante para los consumidores, los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos, y por supuesto también para los reguladores de las telecomunicaciones. Se refiere al equilibrio entre el deseo de los proveedores de la red de ofrecer servicios de Internet con diferentes calidades de servicio, para optimizar el uso de los recursos de sus redes, y la libertad de los usuarios para distribuir o acceder a cualquier contenido legal en Internet, sin interferencias como bloqueos o pérdida de prioridad.
La Comisión se ha comprometido a mantener el acceso gratuito a Internet para los proveedores de servicios que quieran prestar servicios nuevos e innovadores y para los consumidores que quieran acceder a los servicios que ellos elijan, que quieran crear y subir a la red sus propios contenidos.
El debate que está teniendo lugar en los Estados Unidos sobre la neutralidad de las redes se ve muy influido por la ausencia de legislación en ese país para garantizar el acceso y esa falta de regulación del acceso, sumada a la concentración de propietarios de redes, ha provocado una verdadera preocupación entre consumidores y proveedores de contenidos por la posibilidad de una compartimentación de Internet.
En Europa, por lo general, estamos en una buena posición con respecto a la neutralidad y las libertades de las redes, porque tenemos una regulación efectiva de las redes que es compatible con la legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones, y los consumidores europeos tienen una mayor capacidad de elección de proveedores de servicios de banda ancha. El hecho de que los consumidores tengan una mayor capacidad de elección y que haya más competencia significa que, si un proveedor trata de restringir los derechos de los usuarios, otro podrá entrar en el mercado con una oferta más abierta. El marco regulador actual de la UE ha garantizado hasta la fecha que el mercado de las telecomunicaciones siga abierto, que las ofertas hechas a los consumidores sean transparentes y que la competencia sea efectiva.
Comprendo la pregunta de su Señoría, porque existe el riesgo de que en el futuro se introduzca cada vez más el derecho a dar diferente prioridad al tráfico. Antes, toda la información, los paquetes y los bits de datos se trataban por igual. Pero ahora las nuevas técnicas permiten diferenciar entre paquetes y dar prioridad a las comunicaciones más urgentes o a los usuarios que hayan pagado una prima por servicios de mayor calidad.
Estas técnicas son legítimas cuando hay que garantizar unos niveles de servicio para que éste sea efectivo. Los servicios de Internet por voz, por ejemplo, necesitan un nivel mínimo de conexión para funcionar bien, sobre todo cuando se trata de llamadas urgentes o de trabajo. Además, el derecho de prioridad crea un mecanismo incentivador para que los operadores de las redes inviertan en mejorar la banda ancha al aumentar la demanda. Esa es la parte bonita de la historia. El problema es que esas mismas técnicas pueden utilizarse también para degradar la calidad del servicio hasta niveles inaceptablemente bajos. Tal discriminación puede producir un deterioro de la calidad de los servicios para consumidores y proveedores alternativos.
Por eso, en el paquete de reforma de las telecomunicaciones, que fue aprobado por la Comisión el 13 de noviembre de 2007 y remitido al Parlamento ese mismo día, proponíamos dar a los reguladores nacionales de las telecomunicaciones poder para establecer niveles de calidad mínimos para los servicios de transmisión de redes basados en unas normas técnicas establecidas para toda la UE. Además, la legislación en materia de telecomunicaciones establece ahora un nuevo requisito de informar a los usuarios por adelantado de cualquier técnica que se haya implantado y que pueda dar derecho de prioridad. Es lo que llamamos la norma de la transparencia.
Nosotros, en la Comisión, creemos que este enfoque consigue un equilibrio que protegerá la competencia y el acceso de los usuarios sin restringir indebidamente la capacidad de los proveedores de las redes a experimentar con diferentes modelos de negocio.
Además de eso, el Parlamento sabe que la Comisión vigila de cerca la situación de las libertades de las redes. Después de la Cumbre mundial de 2006 sobre la sociedad de la información, presentamos al Parlamento una comunicación en la que se reflejaba claramente la intención de la Comisión de vigilar y proteger la neutralidad de Internet. Los principios arquitectónicos de una Internet abierta y de la conectividad de extremo a extremo reciben también mención expresa en las conclusiones del Consejo de 2005.
Estas cuestiones se analizan constantemente, se vigilan continuamente y se discuten periódicamente con los Estados miembros, por ejemplo en el Grupo de Alto Nivel i2010 y con países terceros. Esto es importante, porque Internet no conoce fronteras. La Comisión insistirá siempre en la necesidad de una Internet abierta y de un acceso no discriminatorio. Eso es lo que sustenta la filosofía del enfoque regulador en la legislación comunitaria sobre telecomunicaciones, la cual mejoraremos en el futuro con nuestro proyecto de reforma, que se debatirá en el Parlamento Europeo dentro de unos meses.
Karin Riis-Jørgensen
Gracias, señora Comisaria. Me he quedado muy contenta con su respuesta. Ha sido muy amplia y ha demostrado realmente su interés y su conocimiento sobre este importante tema.
Creo que usted vigilará de cerca el sistema, como ha prometido. Espero que, en el plazo de un año, pueda volver aquí para informarnos sobre si se ha garantizado la neutralidad de las redes con la cláusula de transparencia y con el sistema de vigilancia que hemos establecido. Espero que podamos volver a este tema dentro de seis o doce meses y ver si el sistema está funcionando.
Malcolm Harbour
Yo también quiero dar las gracias a la señora Comisaria por su detallada respuesta. La semana pasada hablé con algunos miembros del Congreso y les di la misma respuesta, por lo que me alegro de que usted la haya confirmado. No obstante, ¿podría comentar la cuestión de cómo mantener el acceso abierto, dado que estamos entrando ahora en una era de grandes inversiones en la nueva generación de redes de fibra para los hogares, y algunos del sector están diciendo que no existen incentivos suficientes para invertir? ¿Puede confirmar a esta Cámara que defenderá los principios de acceso abierto exactamente por las mismas razones que nos ha dado en respuesta a la pregunta de la señora Riis-Jørgensen?
Paul Rübig
(DE) Yo también desearía felicitar a la Comisaria por su elección como "Comisaria del Año". Realmente nos enfrentamos a una tarea ímproba en este ámbito. Por una parte, tenemos las corporaciones televisivas públicas, que han recibido enormes cantidades de dinero para sus producciones, lo que les ha permitido, naturalmente, emitir buenos programas educativos. Por otra parte, la TV móvil llega ahora a un número de personas cada vez mayor. ¿Qué valoración le merecen los acontecimientos que se producen en este ámbito?
Viviane Reding
miembro de la Comisión. - Antes de nada, quiero dar las gracias a su Señoría por ayudarme a avanzar en esta política. Se trata de una política basada en una red abierta y en una Internet abierta, como siempre ha sido y seguirá siendo la mentalidad, el enfoque y el valor de referencia de Europa.
Por ahora no debemos preocuparnos demasiado, porque nuestro marco reglamentario, por fortuna, hace que no estemos en las mismas condiciones difíciles que otras regiones del mundo. Eso no significa que debamos sentarnos y cruzarnos de brazos, y por eso he dicho que vamos a vigilar esta cuestión muy de cerca. Volveré para informar al Parlamento, y estoy convencida de que en el transcurso de nuestros debates sobre el paquete de reforma de las telecomunicaciones, volveremos a tratar estos temas. Preveo también avances tecnológicos que harán que las cosas cambien muy deprisa, lo que posiblemente signifique que no tenga que volver en los próximos meses.
En cuanto al acceso abierto a la nueva tecnología y las nuevas inversiones en banda ancha, su Señoría sabe muy bien que la Comisión ha vetado la propuesta del Gobierno alemán para establecer un nuevo monopolio de fibra. Nosotros pensamos que los monopolios no son la respuesta al acceso abierto a Internet y a todo en lo que creemos. Esa es también la razón de que defendamos la competencia, ya que nos parece la forma de crear oportunidades de inversión. Los Estados miembros con mayor competencia en términos de mercados abiertos son también los que más competencia tienen en infraestructura. La competencia en infraestructura supone para el consumidor disponibilidad de contenido de servicio y capacidad de elección. Eso es exactamente lo que nosotros queremos conseguir.
(DE) Permítanme decir lo siguiente al señor Rübig: es bien conocido que he estado defendiendo firmemente una norma europea, que nos permitiría hacer de la TV móvil una iniciativa de éxito en toda Europa en el plazo más breve posible, tal como hicimos con la normalización GSM. Y pienso en este sentido principalmente en cosas como el contenido, ya que estos formatos más reducidos necesitan tipos de contenido específicos, que ofrezcan a nuestra industria creativa una gran oportunidad si logramos lanzar la televisión móvil al mercado lo antes posible, y me refiero a antes del próximo gran campeonato de fútbol y los Juegos Olímpicos del año que viene. Se trata de una oportunidad que como Europeos no deberíamos desaprovechar.
Parte dos
Asunto: Carta Europea de la Pequeña Empresa
La Carta Europea de la Pequeña Empresa puede desempeñar un papel fundamental en la mejora del entorno en el que se mueven las pequeñas empresas en la UE.
¿Cree la Comisión que la Carta está demostrando ser una herramienta útil de ayuda y apoyo a las pequeñas empresas?
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - Durante sus siete años de existencia, la Carta Europa de la Pequeña Empresa se ha convertido en un documento fundamental para la política europea para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Empezando por los 15 Estados miembros en 2000, 44 países la han aprobado ya como marco de referencia y en la actualidad se utiliza también a escala regional.
Desde 2005, la política sobre las PYME se ha convertido en un elemento fundamental de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo, y la Carta se integró en el proceso de información de Lisboa. Así se asegura la necesaria atención a las prioridades de carácter político. Esto se complementa con el ejercicio anual de buenas prácticas y las conferencias sobre la Carta, que proporcionan la necesaria atención a la aplicación. Pero el ejercicio de buenas prácticas y la conferencia anual sobre la Carta siguen siendo un gran éxito.
El ejercicio de buenas prácticas ha proporcionado, hasta la fecha, más de 250 ejemplos de medidas políticas para las PYME de éxito demostrado. En cerca de 80 de esos casos, los Estados miembros dijeron que se habían inspirado en medidas de otros Estados miembros a la hora de formular sus propias políticas.
Le pondré algunos ejemplos, aunque podría darle una larga lista. El sistema griego de servicios de ventanilla única se inspiró en Irlanda y su presentación en la Conferencia sobre la Carta celebrada en Dublín en 2004. En Austria, la desgravación fiscal de beneficios invertidos se inspiró en una medida similar adoptada en Italia. Dinamarca concede ayudas a las PYME para promover el uso del negocio electrónico sobre la base de iniciativas similares en Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Noruega. En todos estos casos, los Estados miembros han confirmado que la Carta ha sido su fuente de inspiración.
El gran interés que suscita la Carta se demuestra también por el número cada vez mayor de participantes en las conferencias anuales de la Carta. Este año, la conferencia sobre la Carta celebrada en Berlín atrajo a 350 participantes, el mayor número de su historia, y fue para mí un gran placer poder acudir y dirigirme a esas personas procedentes de más de 40 países. La próxima conferencia sobre la Carta tendrá lugar los días 3 y 4 de junio de 2008 en Bled, Eslovenia. Será coorganizada por la Presidencia eslovena, y yo espero un número aún mayor de participantes.
La Comisión piensa que la Carta es muy útil para animar a los Estados miembros a mejorar el entorno empresarial para las pequeñas empresas en toda Europa. En su séptimo año, sigue siendo un instrumento político crucial. Así que la respuesta lógica a su pregunta es "sí".
Colm Burke
Gracias, señor Comisario, por su detallada respuesta. De lo que yo entiendo en realidad - y sé que no está en su ámbito de competencias - es sobre el desarrollo de los servicios de Internet y los servicios de banda ancha. En Europa, la tasa de aceptación es del 19 %. En mi país, es casi del 16 %, y afecta a las pequeñas empresas en las zonas rurales, sobre todo en mi región. Por ejemplo, yo viajo en avión para asistir al Parlamento desde el aeropuerto más occidental de la UE, que es el de Tralee.
Mi comentario básicamente es que las organizaciones voluntarias de pequeñas empresas que dan apoyo a éstas han hecho una gran labor de información y me preguntaba sencillamente si no podríamos hacer más cosas con ellas, ayudándolas a proporcionar información a sus miembros.
Malcolm Harbour
- Gracias, señor Verheugen, por esa respuesta tan alentadora. En mi pregunta complementaria sobre cómo debemos avanzar con esta iniciativa y aprovechar su éxito, he querido tratar dos cuestiones. La primera se refiere a cómo se integrará la Carta a la idea que tenemos de una ley de la pequeña empresa, que considero una iniciativa de gran interés e importancia. La segunda, vinculando este tema con la Agenda de Lisboa, ¿está usted de acuerdo conmigo en que una de las principales cuestiones es cómo ayudar a las pequeñas empresas a crecer rápidamente, sobre todo a las pequeñas empresas que tienen buenas ideas, pero que tienen dificultades para acceder a capital, acelerar su crecimiento y crear puestos de trabajo? ¿Existe, dentro del programa de la Carta, la posibilidad de una "mini-carta" para las empresas de elevado crecimiento?
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - En cuanto a la primera pregunta, le confirmo que todas las organizaciones de PYME están, en efecto, plenamente implicadas y que hemos finalizado un proyecto que creará una red de apoyo a la pequeña empresa en todo el territorio de la Unión Europea. Uno de los elementos más importantes de esa red será precisamente la utilización de TCI en un sentido general.
Hemos identificado claramente una de las razones por las que las PYME europeas son menos dinámicas que, por ejemplo, las de Estados Unidos, y es que éstas crecen más deprisa, son más rentables, más innovadoras y, por término medio, emplean a más personas. Una de sus causas - y hemos analizado esto claramente - es que la utilización de TCI es mucho mayor en los Estados Unidos. En concreto, utilizan la más moderna tecnología disponible. ¡En Europa nos contentamos con que el propietario de una pequeña empresa familiar esté conectado a Internet! Eso es un hecho. La realidad de la empresa europea es que es un micronegocio muy pequeño con menos de 10 empleados. Normalmente no se orienta al crecimiento, sino que se plantea como un negocio para garantizar los ingresos de una familia. Esa es su razón de ser. Por eso resulta difícil convencer a esas empresas de que tienen que modernizarse, de que tienen que ser agentes del mercado y de que tienen que crecer.
Comparto plenamente sus opiniones y sólo puedo decir que tenemos muchas iniciativas ya en marcha para ayudar a estas empresas - algunas de ellas, por cierto, junto con las industrias correspondientes que, por supuesto, tienen interés en vender sus productos. Por tanto, combinamos las dos, y las iniciativas no se dirigen exclusivamente a las PYME. El problema de la utilización de TCI por las PYME tiene que considerarse conjuntamente con el problema de que en las zonas rurales no existe ni red ni infraestructura. La Comisión está trabajando también en este importante aspecto. Esto forma parte también, desde luego, del proceso de la Carta y formará parte del sistema de notificación.
En cuanto a la segunda pregunta, formulada por el señor Harbour, él sabe que a mí siempre me complace responder a sus preguntas pero, en lo que se refiere a la Ley de la pequeña empresa, su pregunta de ahora llega un poco pronto. La Carta es un proceso, como saben, y sería bueno que nos centráramos en lo que ahora es: una red de cooperación en el campo de las nuevas ideas y las buenas prácticas. No me decido a crear demasiados instrumentos, pero es evidente que en el proceso de preparación de la Ley de la pequeña empresa, tenemos que examinar todos los que ya existen, sean o no adecuados, y decidir si podemos mejorarlos o no en este contexto.
En principio, tengo que decir que estoy muy satisfecho con que en toda Europa se acepte ahora que las PYME tienen realmente el mayor potencial de innovación, crecimiento y creación de empleo. Todas las iniciativas que estamos preparando ayudarán a las PYME a hacer pleno uso de ese potencial y a desbloquearlo.
Desde hace un par de años sabemos cuáles son los problemas básicos y ustedes saben bien cuáles son: el problema de una capacidad insuficiente de innovación; el problema de no tener acceso a instrumento financieros, sobre todo a capital de riesgo; y el problema del traslado de empresas - un aspecto muy importante que se subestima mucho en algunos Estados miembros. Estamos perdiendo cientos de miles de empresas todos los años en Europa, que podrían seguir existiendo fácilmente si el traspaso de una generación a la siguiente pudiera organizarse mejor. Esta es una cuestión de gran importancia. La fiscalidad de las PYME es un factor importante; y mi tema favorito, que es, por supuesto, el exceso de regulación, es mucho más importante para las PYME que para las grandes empresas.
Las grandes empresas pueden vivir con una regulación muy pesada y difícil. Tienen departamentos jurídicos que se ocupan de ello. Por cierto, estoy también convencido de que las grandes empresas no necesitan el mercado interior tanto como las más pequeñas. Las grandes empresas harían uso del derecho de establecimiento y estarían en todas partes. Toda la filosofía del mercado interior, en mi opinión, tiene que orientarse a las PYME y, lamentablemente, tengo que decirles que sólo el 8 % de las empresas europeas hacen negocios transfronterizos.
Si analizan esto, se darán cuenta de que el potencial del mercado interior europeo está muy infraexplotado y en él participa sólo el 8 % de nuestras empresas, normalmente las más grandes. Así que nos queda mucho trabajo por hacer.
Asunto: Contaminación acústica producida por los vehículos de motor
¿Podría indicar la Comisión cuáles son la legislación y las directrices actualmente en vigor para abordar el problema de la contaminación acústica producida por los vehículos de motor, en particular, en su caso, el nivel de dBA establecido, y si la Comisión continuará procurando reducir la contaminación acústica producida por los vehículos de motor?
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - El problema de la contaminación acústica producida por los vehículos de motor de cuatro ruedas - coches, furgonetas, camiones y autobuses - es abordado por el Reglamento nº 51 de la CEPE y la Directiva 70/157/CEE equivalente que introduce pruebas de ruido y valores límite.
Los valores límite se han reducido varias veces en el pasado, la última vez en 1995. El nivel de ruido máximo permitido hoy varía entre 74 dBA para los turismos y 80 dBA para los vehículos pesados. Se establecen también límites para los motores diésel de inyección directa, los vehículos todo terreno y los coches deportivos.
Esta última reducción no ha tenido el efecto esperado y estudios posteriores han demostrado que el método de medición no refleja ya el comportamiento al volante en el mundo real.
Se decidió, por tanto, que antes de reducir los límites una vez más, era necesario crear primero una nueva pista de pruebas y aproximar más las condiciones de conducción durante la prueba de ruido a las condiciones de conducción en la vida real.
La construcción de una nueva pista de pruebas ha finalizado ya. Sustituirá al actual protocolo de pruebas con un método de medición mejorado que reproduce los niveles de ruido producidos por los vehículos pesados durante la conducción normal en tráfico urbano.
Con el nuevo procedimiento de prueba, se prevé la eliminación de los límites adicionales existentes para algunos vehículos o tecnologías.
Antes de poder utilizar este método para la homologación de tipo, se tienen que establecer nuevos valores límite sobre la base de una evaluación de impacto. Para la obtención de datos representativos que permitan establecer esos valores y realizar una evaluación sólida del impacto, los fabricantes de vehículos están obligados a utilizar en paralelo el método antiguo y los nuevos métodos de medición durante un período de dos años.
El método antiguo seguirá siendo necesario para obtener la homologación de tipo, y el nuevo método se utilizará para fines de control hasta 2009. Tan pronto como finalice la recogida de datos, la Comisión propondrá nueva legislación en la que se establecerán valores límite revisados.
Está también a punto de finalizar un nuevo método de prueba para las motocicletas. Los debates en la CEPE se están centrando ahora en las pruebas adicionales de carretera que se realizarán para la homologación de tipo con el fin de establecer valores de ruido que puedan compararse con los medidos en controles de carretera, de cara a la detección de motocicletas que hayan sido manipuladas o que tengan un mantenimiento insuficiente.
Se espera que el trabajo pueda acabar en 2008. La Comisión propondrá entonces la aprobación del correspondiente Reglamento de la CEPE con valores límite revisados.
Además, la Comisión ha realizado recientemente un proceso de consulta sobre un paquete de mediciones realizadas en neumáticos, incluida la reducción del límite de ruido actual para los neumáticos. La consulta propone una reducción de cerca de 4 dBA para los neumáticos de los turismos y de 6 dBA para los neumáticos de vehículos comerciales: la diferencia es considerable. Los nuevos límites tendrían que entrar en vigor para los nuevos tipos de neumáticos en torno a 2012.
Jim Higgins
Gracias, señor Comisario, por su detallada respuesta. Acojo con satisfacción, desde luego, su indicación de que ya existe una nueva pista de pruebas y que se establecerán nuevos valores límite.
Yo lo veo desde la perspectiva irlandesa. En los últimos años hemos sido testigos del fenómeno de los llamados "jóvenes corredores", que se dedican a modificar coches viejos, salen a la carretera a todas horas del día y de la noche y causan un grave problema de contaminación acústica porque sus coches suenan como aviones, causando grandes molestias, sobre todo en las zonas urbanas.
Celebro el hecho de que haya dos instrumentos legislativos, como usted ha mencionado, señor Comisario: el Reglamento nº 51 de la CEPE y la Directiva 70/157/CEE. Pero el problema que yo creo que plantea el Reglamento nº 51 de la CEPE es que se aplica únicamente a los vehículos nuevos. Creo que debería haber una especificación, al menos con relación a la respuesta recibida del Comisario Dimas: debe existir un reglamento que prohíba la modificación de los vehículos y que imponga la necesidad de realizar pruebas cada cierto tiempo.
Hubert Pirker
(DE) Señor Comisario, en el caso de los vehículos de motor, la contaminación acústica no puede superar ciertos límites determinados. En el caso del transporte por carretera, los límites máximos se basan en niveles de ruido medios, lo que significa que en las inmediaciones de las líneas ferroviarias se deben soportar niveles de ruido extremadamente altos simplemente porque el nivel de ruido medio no supera el límite permitido. ¿Tiene intención la Comisión de adoptar medidas similares a las que se aplican a los vehículos de motor para mejorar en el futuro la situación de los que viven cerca de ruidosos tramos de vías ferroviarias?
Margarita Starkevičiūt
(LT) Me gustaría señalar que seguimos haciendo referencia continuamente a requisitos específicos, pero la cuestión de su aplicación no se recoge lo suficiente. En relación con la contaminación, me gustaría llamar la atención del Comisario sobre el hecho de que el mecanismo para supervisar todos los requisitos de los que acabamos de hablar se encuentra muy fragmentado. En mi opinión, la Comisión debería presentar una propuesta -tal vez esté preparando una- con vistas a armonizar el procedimiento de supervisión de los criterios de contaminación y de evaluación de la misma, ya que ello reviste una especial importancia para países pequeños como Lituania, cuyos órganos de gestión son débiles y no tienen los medios para aplicar todos los requisitos.
Günter Verheugen
Vicepresidente de la Comisión. - (DE) Señora Presidenta, Señorías, sobre la primera cuestión, no cabe duda de que las modificaciones de los vehículos que producen unas emisiones de ruido por encima de los niveles permitidos están prohibidas. Tales modificaciones pueden incluso constituir un delito. Ni que decir tiene, no obstante, que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar, a través de sus sistemas de vigilancia del tráfico, que se detiene a los infractores -pues eso es precisamente lo que son-. No veo la menor posibilidad de que nosotros a escala europea podamos hacer nada para obligar a los Estados miembros a emprender acciones más firmes para perseguir unas prácticas que son sin duda ilegales.
Las carreras de coches en las autopistas son, naturalmente, ilegales en todos los países europeos. No existen leyes europeas que tipifiquen como delito las carreras de coches en la vía pública. Esta cuestión entra, por consiguiente, en el ámbito exclusivo de actividades de los Estados miembros, que disponen de todos los instrumentos necesarios para impedir la comisión de estos delitos.
En lo que respecta a la contaminación acústica del transporte ferroviario, mi responsabilidad directa se limita a la prevención activa de la contaminación acústica, es decir, lo que se puede hacer a los vehículos para limitar los ruidos que emiten. No tengo competencias directas en relación con la prevención pasiva a la que se ha referido usted en su pregunta. Sin embargo, estoy más que dispuesto a examinar esta cuestión con el Comisario competente y a garantizar que se le hace llegar una respuesta lo antes posible a esta pregunta en relación con los planes de la Comisión a este respecto, en su caso.
Comparto su punto de vista totalmente. Se trata de una cuestión muy importante. Los esfuerzos encaminados a la prevención del ruido no se pueden centrar únicamente en el tráfico por carretera. La tecnología ferroviaria moderna puede plantear graves problemas en materia de ruido. Sé que en Alemania la contaminación acústica es un factor muy significativo de la moderna tecnología que alimenta el sistema monorraíl del tren Transrapid. Por consiguiente, examinaremos esta cuestión y recibirá una respuesta más definida.
La tercera pregunta se refería a los mecanismos de control. Sobre este asunto, le puedo decir que nuestra legislación no es ambigua. Las normas son claras, los límites también, y la responsabilidad para garantizar el cumplimiento de tales límites recae sobre los Estados miembros. La Comisión no posee instrumentos de control para comprobar que en todos los casos se aplica la legislación europea en los Estados miembros.
El principio de subsidiaridad es un hecho inamovible. Sin embargo, no sé cómo podríamos modificar el Derecho comunitario para garantizar que se aplica adecuadamente en todas partes. Las normas son las mismas para todos los Estados miembros, que tienen instrucciones claras que establecen cómo deberían aplicarse tales normas. En el caso concreto de Lituania, lo único que puedo decir es que nuestros homólogos en el Parlamento y el Gobierno de ese país son responsables de garantizar que no surjan este tipo de problemas.
La Presidenta
Me temo que ahora tenemos que proseguir con el orden del día, por lo que las preguntas que no se hayan podido responder aquí por falta de tiempo se responderán por escrito (véase Anexo).
Gracias, Comisario Verheugen, por haber estado con nosotros tanto tiempo.
Asunto: Liberalización del mercado energético en beneficio del consumidor.
Las conclusiones de un estudio encargado recientemente por la Comisión Europea sobre las consecuencias de la desregulación del mercado europeo del gas y la electricidad para los consumidores, así como las subidas muy importantes de precios registradas o anunciadas últimamente, demuestran que muchos Estados miembros no están preparados todavía para enfrentarse al desafío de la liberalización de ese mercado.
En estas condiciones, ¿puede aclarar la Comisión cómo piensa reaccionar ante las fuertes subidas de los precios de la energía que perjudican a los consumidores, cuando, por el contrario, se suponía que serían los primeros beneficiados por esta liberalización? ¿Puede decir si se va a consultar a los consumidores y si éstos van a poder asociarse a los órganos creados por la Comisión y los organismos de regulación europeos y nacionales en la búsqueda de soluciones a los problemas y dificultades actuales? En caso afirmativo, ¿cómo se va a proceder?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - Esta Comisión está siguiendo de cerca la reciente evolución de los precios en los Estados miembros. Considera que dichas subidas no pueden atribuirse a un único factor, sino que tienen que situarse en el contexto más amplio de la creciente demanda mundial de petróleo y gas. Pero está claro que el incremento de la actividad inversora - y sobre todo el cambio a una producción de energía más sostenible - ha contribuido también. Además, la apertura del mercado en algunos Estados miembros se ha hecho partiendo de precios muy bajos. A medio y largo plazo, no se ha conseguido enviar las señales adecuadas para atraer la tan necesaria inversión, y ahora lo estamos pagando.
En cuanto a la pregunta de si esas subidas de precios pueden atribuirse también al ejercicio de poder del mercado, la Comisión ha estudiado esta cuestión y ha llegado a la conclusión de que los precios de la electricidad en algunos Estados miembros son más altos de lo esperado en unos mercados plenamente competitivos. A este respecto, la Comisión, el Consejo y las autoridades de defensa de la competencia dotaron de armas a los reguladores para que pudieran identificar conductas anticompetitivas y adoptar las medidas oportunas.
La Comisión está también investigando por su cuenta la supuesta conducta anticompetitiva de algunos operadores, y ha puesto en marcha cinco procesos antimonopolio en lo que va de año. La Comisión es muy consciente de los problemas estructurales que existen en el sector también. Por tanto, el tercer paquete de la energía contiene propuestas de largo alcance para remediar esos problemas estructurales y propone, en particular, la separación de la propiedad y los operadores de las redes de transmisión.
La Comisión ha considerado siempre que los consumidores deben ser los principales beneficiados de la liberalización. Las propuestas de la Comisión para el tercer paquete de energía contienen, por tanto, algunas medidas que reforzarán el papel y los derechos de los consumidores. En concreto, el paquete propone dar a los consumidores el derecho a cambiar de proveedor en cualquier momento y tener libre acceso a los datos sobre su consumo. Al aumentar el conocimiento y los derechos del consumidor sobre su consumo de energía, la Comisión proporciona las herramientas para que el mercado minorista pueda funcionar.
Giovanna Corda
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, me complace comprobar que es usted sensible al hecho de que los consumidores de gas y electricidad deberían ser los principales beneficiarios a través de la aplicación de medidas más restrictivas en este sector, algo que esperamos que tenga algún efecto sobre los precios, un efecto a la baja, naturalmente, para los ciudadanos de la Unión Europea. Por poner un ejemplo, se ha anunciado un aumento del 20 % en Bélgica, algo insostenible para los más desfavorecidos. Como humanista, no puedo aceptar esta situación.
Por otra parte, señor Comisario, ¿podría garantizarme que los consumidores participarán en todas las fases de puesta en práctica de la liberalización, es decir, en los diferentes comités consultivos y en los nuevos mecanismos de solución de controversias?
Teresa Riera Madurell
(ES) Señora Presidenta, Señor Comisario, yo quería formularle una pregunta sobre el foro minorista de consumidores que ustedes dijeron que impulsarían.
¿Cuándo tienen pensado lanzar este foro? ¿Qué tipo de participantes podrán formar parte de este foro para que realmente vaya en beneficio de los consumidores? ¿Cuál va a ser el trabajo de este foro en relación con todo lo que usted acaba de mencionar?
DanutBudreikait
(LT) En Alemania, los precios de la electricidad han aumentado recientemente en un 10 %, algo que se justifica diciendo que, como la electricidad crea una gran comodidad, debe costar mucho. ¿El tercer paquete sobre energía tendrá alguna repercusión sobre las autoridades reguladoras? ¿Sería posible que tuviese alguna influencia sobre el aumento de los precios cuando no existen motivos fundados para que se produzca tal aumento? ¿No sería útil aplicar ciertas restricciones al aumento de los precios cuando no existe ningún motivo para obtener unos beneficios excesivos?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - Comenzaré por la tercera pregunta.
Hay algunos problemas que pueden ser resueltos por el mercado, por el poder de los consumidores, pero otros exigen un cambio estructural. La particularidad del mercado de la electricidad es que la central eléctrica marginal decide el nivel de precios. En este caso, está muy claro que necesitamos plena transparencia en el mercado, razón por la cual el tercer paquete de regulación propone realmente la separación entre las actividades de transmisión y producción. De lo contrario, nunca tendremos la posibilidad de saber si estamos pagando o no un precio justo.
En segundo lugar, si creamos unas condiciones que favorezcan la competencia en el mercado, los precios pueden o no subir, o bajar, o subir menos que en un mercado poco competitivo, porque de lo contrario las empresas con un semi-monopolio podrían dictar el precio. Eso significa que estas dos cuestiones están realmente en manos de los gobiernos.
En cuanto al poder de los consumidores, hemos aprobado una carta de derechos del consumidor que contiene toda la información necesaria sobre los derechos del consumidor reconocidos en la legislación vigente. Hemos reforzado esos derechos aún más.
En cuanto al foro de consumidores, desde luego que invitaremos a las organizaciones de consumidores que estén debidamente representadas en los Estados miembros y a la organización europea. Las diferentes organizaciones de consumidores son las que más apoyan nuestras medidas para crear un mercado competitivo a escala europea.
La Presidenta
Al no estar presente el autor, se salta la Pregunta nº 41.
Asunto: Cooperación en materia de energía en Europa Sudoriental
¿Qué medidas está adoptando la Comisión a fin de reducir la dependencia energética de sus Estados miembros de Europa Sudoriental o de los países candidatos de esta región, así como de los Estados balcánicos incluidos en el Programa de Salónica, con respecto al suministro energético ruso?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - La Comisión presta gran atención a la situación de seguridad del suministro en Europa Sudoriental. Ese fue uno de los principales objetivos de la creación de una Comunidad de la Energía, basada en el Derecho comunitario, para los mercados interiores de la electricidad y el gas, y sobre todo sus disposiciones en materia de seguridad del suministro energético y solidaridad.
Europa Sudoriental se encuentra en la encrucijada de varias rutas principales de la energía. Algunos países de la región son productores de gas, como Croacia y Rumanía. Las nuevas terminales para gas líquido en la costa adriática y los nuevos interconectores de gas y electricidad que conectan las diferentes fuentes de energía se han puesto hace poco en servicio o se encuentran en una fase avanzada de desarrollo.
No obstante, en algunos países una parte importante del gas natural es suministrado por un mismo proveedor para el sector industrial, para calefacción y también para generación de electricidad.
En el marco del Tratado de la Comunidad de la Energía, con el apoyo de los instrumentos financieros de la UE y las instituciones financieras internacionales, la Comisión promueve el desarrollo de un mercado integrado en la región, anclado al mercado de la UE.
Pero eso significa que el desarrollo del mercado del gas y de la electricidad en la región, el desarrollo de nuevos proyectos de interconexión y generación, y la creación de un marco reglamentario estable aumentarán considerablemente la seguridad del suministro.
Es más, las nuevas fuentes de gas permitirán el desarrollo del sector del gas en los países en donde todavía no existe. Se está prestando también mucha atención a la eficiencia energética. Con el fin de reforzar la seguridad energética, la Comisión favorece la política de diversificación de proveedores y rutas de transporte. En particular, apoya plenamente la ejecución del proyecto Nabucco y otros proyectos de gas e iniciativas relacionada con el gas líquido en la región, así como proyectos petrolíferos viables cuya finalidad es conseguir el objetivo de diversificación.
La Comisión considera, asimismo, que Rusia seguirá siendo en el futuro una importante fuente de energía para Europa Sudoriental, pero conjuntamente con otras fuentes de la Cuenca Mediterránea y la región del Mar Caspio.
Bernd Posselt
(DE) En primer lugar, muchas gracias por su respuesta, muy oportuna y exhaustiva. Deseo formularle dos breves preguntas complementarias. En primer lugar, desearía preguntarle si existe una cooperación específica con los dos países candidatos de la región, concretamente Croacia y Macedonia. En segundo lugar, la dependencia energética de Kosovo plantea un problema especial. ¿No es posible ofrecer ayuda específica a la energía eólica e hidráulica en la vecina Albania? De hecho, el potencial de generación de energía eléctrica hidráulica especialmente en Kosovo y Albania, aunque también en Macedonia, es considerable.
DanutBudreikait
(LT) Hace dos semanas se publicó la noticia de la celebración de un acuerdo entre Italia y Rusia acerca de la construcción de un nuevo gasoducto hacia Europa meridional. Este gasoducto, denominado South Stream, realmente compite con el proyecto Nabucco. Vladimir Putin comentó que agradecía a la Comisión haber aprobado este proyecto. Me gustaría escuchar su opinión al respecto.
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - En lo referente a las relaciones con Croacia, ese país participa en las negociaciones de adhesión y es el más avanzado en cuanto a la aceptación del acervo comunitario, además de participar en todas las actividades de la Comunidad de la Energía. Al encontrarse en un estado más avanzado con respecto al acervo, Croacia está también más integrada en el mercado de la energía de la UE y dirige un par de proyectos.
Macedonia forma parte de la Comunidad de la Energía y está también progresando en la aplicación del acervo. Sus progresos en este sentido la colocan a la cabeza de la región.
En cuanto a Kosovo, estamos trabajando con la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y apoyando todas las actividades allí. Sé que siempre existen ciertas dificultades con los pagos y los suministros energéticos, pero hasta ahora hemos conseguido resolver estos problemas y los ciudadanos han recibido los suministros energéticos que necesitan.
En cuanto al gaseoducto Italia-Rusia de South Stream, nunca he pensado que vaya a sustituir a Nabucco. Nabucco está progresando bien, como se ha informado en el Consejo. He recibido, asimismo, las primeras notificaciones de los reguladores con respecto a la cuestión del acceso de terceros, y Nabucco está buscando nuevas fuentes de suministro: Azerbaiyán, Turkmenistán, Egipto y con el tiempo, Irán.
La cuestión de South Stream está muy clara. Es una fuente de suministro de gas ruso. Es un proyecto que, en este momento, está siendo objeto de un estudio de viabilidad realizado conjuntamente por ENI y Gazprom. Tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla. Proporciona definitivamente a la Unión Europea una nueva ruta de abastecimiento y refuerza la seguridad del suministro, porque más oleoductos en dirección a la UE significan más seguridad del suministro, pero no es que vaya a sustituir a Nabucco.
En cuanto a los elogios del Presidente Putin, no tengo ningún comentario que hacer.
Asunto: Integración de Irlanda en el mercado energético de la UE
La seguridad del suministro energético de Irlanda es cada vez más importante para los consumidores, las empresas y los responsables políticos; esto es, la necesidad de una interconexión plena con el mercado europeo más amplio de la energía. Para conseguirlo, es preciso crear la infraestructura necesaria para garantizar un suministro energético seguro, no peligroso y a precios razonables.
En Irlanda, EIRGRID se encuentran actualmente en la fase de consultas en relación con el proyecto Meath Cavan Power y el dispositivo de interconexión Tyrone-Cavan, proyectos ambos financiados en parte por la iniciativa RTE-E (Redes Transeuropeas en el sector de la Energía) de la UE y es probable que la UE contribuya a la fase de construcción. A nivel local, existe cierta preocupación por las dimensiones de estos proyectos, especialmente en relación con sus posibles consecuencias para la salud de las personas que viven en las inmediaciones de las líneas de conducción eléctrica. ¿Podría la Comisión hacer algún comentario sobre esta dimensión particular del problema?
Además, como las líneas de conducción eléctrica se extienden a lo largo de 58 km, existen poderosas razones para colocar estas líneas bajo tierra. ¿Podría resumir la Comisión su posición en relación con este aspecto de éste y otros proyectos similares en la UE? ¿Podría resumir cuáles se consideran las mejores prácticas y qué necesidades se han de tener en cuenta a la hora de decidir colocar estas líneas sobre o bajo tierra?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - La Comisión no tiene competencias sobre la colocación de las líneas de conducción eléctrica; eso es algo que deciden exclusivamente las autoridades de los Estados miembros respetando la respectiva legislación medioambiental de la UE.
La Recomendación del Consejo del 12 de julio de 1999 sobre la limitación de la exposición de la población a campos electromagnéticos establece un marco de restricciones mínimas y niveles de referencia, pero los Estados miembros son responsables de la aplicación de las medidas.
En cuanto a los posibles efectos sobre la salud de la exposición a campos electromagnéticos, el comité científico sobre los riesgos para la salud emergentes y recientemente identificados ha emitido recientemente un dictamen en el que se evalúa el estado del conocimiento científico en este ámbito.
Las líneas de conducción eléctrica sobre tierra son, con frecuencia, la solución más eficiente con relación al coste para el transporte a larga distancia de más de 50 km. Las líneas bajo tierra son también una tecnología contrastada, pero hasta ahora se han utilizado más para distancias cortas o medias, y siguen siendo más caras.
La construcción de líneas de conducción eléctrica sobre tierra con un voltaje de 220 kW o más y una longitud de más de 15 km tienen que someterse a una evaluación de impacto ambiental. Además, cualquier plan o proyecto de construcción de líneas de conducción eléctrica sobre tierra que pueda afectar de forma apreciable a espacios Natura 2000 está sujeto a las garantías procesales que se establecen en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo.
Jim Higgins
¿Puede decirme el señor Comisario si existen datos o pruebas científicas concluyentes sobre si los campos electromagnéticos representan o no un peligro para la salud pública? Ya sé que los Estados miembros, como él ha dicho, tienen la competencia última en relación con sus interconectores y sus cables, etc.
Segundo, ¿no está el Comisario de acuerdo con que, a pesar de la resistencia de la industria, desde el punto de vista de la intrusión visual, la salud pública y el medio ambiente sería preferible que esas líneas se colocaran bajo tierra?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - Comenzaré mi respuesta con el soterramiento. Hasta ahora, la tecnología de cables soterrados se ha utilizado sólo en casos limitados, como en el Aeropuerto de Madrid.
En principio, no existe limitación alguna a la longitud del propio cable. El problema está en el coste. El coste suele ser entre tres y cinco veces mayor que el de las líneas sobre tierra y, hasta la fecha, no se han utilizado por la simple razón de que existen dos alternativas. De hecho, se ha utilizado sólo cuando las líneas de conducción eléctrica no se pueden colocar sobre tierra.
Algunos municipios están considerando ahora el uso de cables, que se colocarán bajo tierra. Eso, no obstante, supondrá más costes para el consumidor.
En cuanto a la existencia de datos científicas sobre la exposición de la población a campos electromagnéticos, existe una limitación general, están las recomendaciones del Consejo que he mencionado con fecha 12 de julio de 1999, y existen una restricciones mínimas y unos niveles de referencia. En cuanto a otros datos científicos sobre el riesgo para la salud, no tengo conocimiento de que se haya demostrado la necesidad de ir más allá de las recomendaciones relativas a la seguridad que datan de 1999.
Básicamente, las líneas sobre tierra siguen siendo una opción válida y creo que la elección entre líneas sobre tierra o bajo tierra debe hacerse dependiendo de la situación, si se considera que el soterramiento de las líneas plantea también sus dificultades. Hay que saber que puede verse afectado un espacio Natura 2000 o que puede tener alguna repercusión en el medio ambiente. No existe ninguna solución con impacto cero en el medio ambiente. Al mismo tiempo, hay otras alternativas tecnológicas que pueden proponerse, y las empresas las conocen.
La Presidenta
Las preguntas que no se hayan respondido aquí por falta de tiempo, se responderán por escrito (véase el Anexo).
El Comisario Piebalgs permanece con nosotros, pero responderá ahora preguntas en nombre del Comisario Dimas.
Asunto: Financiación de ONG ambientalistas europeas por parte de la UE
La sociedad civil, a través de las ONG, desempeña un papel sumamente importante en lo referente a las necesidades del proceso de integración europea y de las nuevas formas de gobernanza europea. ¿Qué programa de acción comunitario de apoyo a las ONG europeas cuyas actividades están principalmente relacionadas con la protección del medio ambiente se halla actualmente en vigor? ¿Qué ONG y qué actividades desempeñadas por éstas y que contribuyen al desarrollo y aplicación de la política y la legislación comunitarias sobre medio ambiente han recibido financiación hasta la fecha? ¿A cuánto asciende el importe de las ayudas por ONG? ¿Se ha diferenciado el ámbito geográfico de aplicación del programa comunitario en vigor? ¿Qué ONG griegas han participado o participan por su cuenta o a escala internacional en dicho programa? ¿Cuáles son los criterios relativos a la selección, el seguimiento y la evaluación sobre la base de indicadores de impacto y resultados?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - Los fondos que la Comisión destina a apoyar las actividades de ONG ambientalistas europeas se canalizan a través de un programa que existe desde 1997. El fundamento jurídico del programa actual es el Reglamento LIFE+.
El objetivo es promover la participación de las ONG europeas en la formulación y la aplicación de la política medioambiental de la UE.
Muchas y muy diversas ONG han recibido ayuda económica en el marco de ese programa. Las listas de actividades y de cantidades recibidas se publican en el sitio web de la DG Medio Ambiente. No dispongo de tiempo suficiente para leerlas todas, pero le facilitaremos la lista a su Señoría.
No existe ninguna diferenciación geográfica en el programa, puesto que se orienta hacia organizaciones europeas, no nacionales. Para poder optar a las ayudas, las organizaciones deben desarrollar sus actividades en al menos tres Estados miembros de la UE. Pero sólo una de las organizaciones con financiación permanente, la Oficina Mediterránea de Información para el Medio Ambiente, la Cultura y el Desarrollo Sostenible, tiene su sede en Grecia. Muchas de ellas tienen organizaciones griegas entre sus miembros, como la Oficina Europea del Medio Ambiente, la FPNNE y la Internacional Amigos de la Naturaleza.
Las ayudas se conceden mediante una convocatoria anual de propuestas. Las solicitudes se evalúan frente a los criterios de adjudicación y se elije a las ONG con más posibilidades de contribuir a la formulación y aplicación de las prioridades de la política europea de medio ambiente.
La Comisión se ocupa de la vigilancia y la evaluación, basándose en los informes remitidos por los perceptores de las ayudas, así como en una auditoría en profundidad. En este proceso se evalúa el grado en que la organización ha cumplido con su programa de trabajo y ha contribuido a la formulación y aplicación de políticas comunitarias.
Georgios Papastamkos
(EL) Señora Presidenta, el Comisario Dimas, que está representando a la Unión Europea en la Conferencia de Bali, tiene todo mi apoyo. No obstante, me gustaría que se arrojase algo más de luz sobre las preguntas concretas que he formulado, porque se trata de preguntas específicas y la respuesta ha sido más bien general. Me gustaría contar con que el Comisario Piebalgs intervendrá para garantizar que la Comisión me envía la información sobre las cuestiones específicas que he formulado. Entre otras cosas, soy de los que creen que las ONG son una forma de gobernanza europea, aunque de tipo informal, y que desempeñan un papel extremadamente importante, un papel -y éste es el motivo de mi pregunta- al que se debe conceder mayor relevancia. Así que espero que se me proporcione la información, y no por mor de la transparencia, sino en relación con la responsabilidad democrática a la que la Comisión se encuentra sujeta.
Para terminar, me gustaría pedir al Comisario Piebalgs que utilice el nombre oficial que la Unión Europea ha aceptado cuando se refiera a terceros países.
Jörg Leichtfried
(DE) Señor Comisario, me gustaría formularle una pregunta sobre esta cuestión, de la que me he ocupado durante largo tiempo. Yo mismo soy miembro de algunas de estas organizaciones. Sin embargo, recientemente me he preguntado cada vez más a menudo en qué medida trabajan estas organizaciones en términos democráticos y si la Comisión comprueba si las ONG son organizaciones democráticas que celebran elecciones internas o si se trata de órganos con una estructura piramidal que no se somete a ningún control ni es responsable ante los miembros de la organización ni ante nadie más, algo que significaría que los fondos podrían canalizarse, en determinadas circunstancias, en direcciones que nadie habría sospechado.
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - El fundamento jurídico está muy claro: es el Reglamento LIFE+. Nuestra evaluación de las organizaciones se basa en este Reglamento. Eso significa que tenemos criterios concretos sobre qué organizaciones pueden solicitar ayuda, pero no evaluamos la estructura interna ni la organización interna.
En cuanto a la pregunta sobre la transparencia, nosotros somos claramente partidarios de ella. Responderemos por escrito a todas las preguntas que nos ha formulado y le facilitaremos la lista que le he prometido en mi respuesta. Me parece importante que los ciudadanos puedan vigilar la situación, porque está muy claro que las ONG reciben dinero de los contribuyentes y el proceso debe ser totalmente transparente. La Comisión hace todo lo que puede por garantizar que este proceso sea transparente y responsable, como establece el Reglamento LIFE+.
Asunto: Delito de vertidos / Protección del medio ambiente a través del Derecho penal
En febrero de 2007, la Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva (COD/2007/0022) que introducía la obligación de los Estados miembros de tratar las infracciones medioambientales graves como delitos penales y de fijar sanciones mínimas para delitos medioambientales como el delito de vertidos. Se trata de un paso positivo, pues, como ha indicado la Agencia para el Medio Ambiente del Reino Unido, uno de los problemas principales para luchar contra los delitos medioambientales es que las multas son excesivamente bajas, por lo que no ofrecen incentivos suficientes para el cumplimiento de las normativas en materia de medio ambiente.
No obstante, habida cuenta de los obstáculos con los que está tropezando esta Directiva antes de su transposición al Derecho de determinados Estados miembros, ¿qué otras medidas está examinando la Comisión para combatir el delito de vertidos en toda Europa?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - Una de las grandes prioridades de la Comisión es asegurar que los Estados miembros apliquen correctamente la legislación comunitaria en materia de residuos y prevengan delitos de vertidos. La Directiva propuesta sobre delitos medioambientales asegurará la imposición de sanciones penales efectivas a los que cometan delitos medioambientales graves en todo el territorio de la Unión Europea. Todos los delitos graves relacionados con vertidos, como el tratamiento, transporte, exportación e importación ilegal de residuos, se contemplan en la Directiva propuesta.
Pero esta iniciativa relacionad con los delitos medioambientales no es ni mucho menos la única acción emprendida por la Comisión para prevenir delitos de vertidos. La Comisión está adoptando una serie de medidas concretas en regiones donde el delito de vertidos constituye un grave problema para los Estados miembros. Esto afecta, sobre todo, a vertederos ilegales y al transporte ilegal de residuos, que son objeto de importante legislación comunitaria.
La Comisión actúa con rapidez para evitar las repercusiones negativas para el medio ambiente y la salud que pueden tener las actividades de vertido. Se organizan actividades de concienciación relacionadas con los vertederos y el transporte de residuos en las zonas de alto riesgo. El año pasado se organizaron 16 actividades de este tipo y este año está previsto que se organicen otras diez. Se celebran también reuniones multilaterales periódicas junto con autoridades nacionales y partes interesadas para abordar los problemas de una mala transposición de la legislación comunitaria sobre residuos.
Se formulan continuamente directrices respecto a la legislación comunitaria básica en materia de residuos, incluido el transporte de residuos, y se presta especial atención a los sistemas de eliminación de residuos más problemáticos, como los relacionados con equipos eléctricos y electrónicos desechados y vehículos ligeros. El cumplimiento de estas directrices permitirá que la legislación de la UE se aplique de manera uniforme y correcta en toda la Unión Europea.
Es de la máxima importancia saber lo que está sucediendo en los Estados miembros y verificar el cumplimiento sobre el terreno. La Comisión coopera estrechamente con la red IMPEL, con la que realiza, por ejemplo, acciones conjuntas de vigilancia policial del transporte de residuos e inspecciones y controles de vertederos.
Las infracciones sistemáticas de los Estados miembros que no respetan la legislación comunitaria sobre residuos son continuamente objeto de acciones legales por parte de la Comisión, entre otras la eficaz imposición de multas en aplicación del Tratado CE. Por ejemplo, en 2003 Grecia tuvo que pagar una multa de 20 000 euros al día por haber autorizado un vertedero ilegal en la isla de Creta. En la actualidad, muchos vertederos ilegales en muchos Estados miembros están siendo objeto de procesos por infracción grave emprendidos por la Comisión.
La Comisión anima también a los Estados miembros a utilizar las oportunidades de financiación a escala comunitaria y a asegurar que el gasto realizado en programas de residuos con los distintos instrumentos existentes contribuya a mejorar la aplicación de la legislación sobre residuos.
La legislación europea en materia de residuos establece los fundamentos de la cooperación entre Estados miembros para prevenir el transporte ilegal de residuos. En la actualidad estamos considerando la necesidad de emprender otras acciones para mejorar la aplicación de la legislación comunitaria sobre residuos, como la adopción de normas legalmente vinculantes para inspecciones del transporte de residuos. Se podrían establecer criterios específicos que garanticen un nivel suficiente de calidad y frecuencia de las inspecciones.
Claude Moraes
Gracias, señor Comisario, por su detallada respuesta.
Recientemente he hecho una consulta sobre esta Directiva a la Agencia de Medio Ambiente en el Reino Unido. Aunque todos celebramos que la Comisión considere prioritario este ámbito, lo que he escuchado de la Agencia de Medio Ambiente en mi propio Estado miembro es preocupación por la escasa cuantía de las sanciones y las posibles multas aplicadas en los Estados miembros, insuficiente para incentivar de verdad el cumplimiento de las normas sin necesidad de vigilancia policial. El resultado sería el vertido ilegal masivo y el vertido de residuos ilegales.
¿Tiene usted alguna opinión al respecto, teniendo en cuenta también que la Agencia de Medio Amiente y otras agencias nacionales han acogido estas propuestas con gran satisfacción?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - En cuanto a las multas impuestas a los Estados miembros, quiero decir que, en el caso de Grecia, la multa es por día, sumando al año una cantidad considerable. En mi opinión, cuando los Estados miembros incumplan la legislación, se deben seguir los procedimientos legales por infracción y el Tribunal es el que decide la cuantía de la multa.
En el caso de las empresas, las multas por infracción se imponen también dependiendo de la legislación nacional. Así que cada Estado miembro tiene que decidir si refuerza esas multas, porque, desde el punto de vista de la Comisión, nosotros hacemos lo que se requiere y no podemos imponer multas por no aplicar con suficiente vigor la legislación comunitaria. Eso debe hacerse en los Tribunales, porque así es la estructura legal de la Unión Europea.
Si es necesario reforzar el sistema de multas, seguiremos definitivamente este consejo con mucha prudencia, porque las multas deben servir sobre todo para prevenir el incumplimiento de la legislación, y no sólo para que las empresas hagan caso omiso de ellas o trasladen el coste a los consumidores. Pero en esto creo que todos compartimos el mismo objetivo, por lo que pienso que la cuantía de las multas impuestas actualmente no es un problema.
El problema es que la legislación no se aplica con rigor suficiente y que las inspecciones no son particularmente frecuentes, y eso requiere que la Comisión deba tomar medidas adicionales para ayudar a los Estados miembros a actuar más enérgicamente frente a los delitos de vertidos.
Reinhard Rack
(DE) Señor Comisario, señalaba usted correctamente que el cumplimiento de las disposiciones jurídicas es al menos igual de importante que su aprobación. Tenemos sin embargo un caso que aún no ha mencionado. Se trata de la situación en la que ciertos vertidos son tipificados como delito en un país y se envían a otro país. En este caso, de hecho, ambos Estados miembros probablemente infringen lo dispuesto en el Tratado. ¿Se ha examinado también esta cuestión?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - Tenemos legislación sobre el transporte de residuos, lo que significa que existe un terreno en común y que existe cooperación adicional en asuntos penales, porque esta cuestión va más allá de las cuestiones de vertido. Se han producido avances y los procesos legislativos actuales permiten multar a las empresas que transportan ilegalmente residuos. No creo que tengamos dificultades debido a la ausencia de legislación adecuada, sino porque esa legislación no se aplica.
Asunto: Instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Grecia
¿Puede indicar la Comisión en cuántas regiones de Grecia (y cuáles en concreto) existen problemas en relación con la existencia o el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales? ¿En qué regiones se requieren más ayudas para el tratamiento de aguas residuales en vez del tratamiento secundario? ¿Han revisado las autoridades griegas la lista de regiones sensibles, y han definido otras masas hídricas que deben considerarse sensibles? ¿De qué zonas se trata?
¿Qué opina la Comisión de la aparente reducción de las dimensiones de las zonas urbanizadas que realizan vertidos en las zonas sensibles, con el fin de mejorar el porcentaje de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE? ¿Se han iniciado procedimientos de infracción contra Grecia, y en qué circunstancias? ¿Ha tomado Grecia las medidas necesarias para cumplir la sentencia del TJE en el asunto C-119/02 sobre la región del Triasio Pedio?
¿Cuál es el nivel de utilización de los recursos del Fondo de Cohesión, del programa operativo para el medio ambiente y de los programas operativos regionales para las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Grecia?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - La verificación del cumplimiento de los requisitos de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento urbano de las aguas residuales es una tarea compleja, ya que implica la evaluación de datos relativos a miles de zonas urbanizadas en toda la Unión Europea. Los servicios de la Comisión recaban y evalúan toda la información disponible y se centran en los datos contenidos en los informes nacionales sobre el cumplimiento.
Cuando la evaluación demuestra que los Estados miembros no están cumpliendo con sus obligaciones establecidas en la Directiva, la Comisión inicia procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE.
Considerando las miles de zonas urbanizadas que tienen que inspeccionarse, la Comisión ha dado prioridad a un enfoque horizontal. Así, en lugar de iniciar aleatoriamente procedimientos individuales de infracción en cada zona urbanizada, la Comisión ha iniciado procedimientos globales considerando la situación en cada Estado miembro y con respecto a cada requisito básico. Grecia es uno de los Estados miembros que siguen teniendo problemas considerables para aplicar correctamente la Directiva.
En cuanto a las zonas urbanizadas con más de 10 000 habitantes, Grecia ha designado 36 zonas sensibles. De las 18 zonas urbanizadas que realizan vertidos a esas zonas sensibles, 14 cumplir los requisitos de la Directiva. No obstante, la Comisión considera que otras 10 masas de agua tendrían que haber sido designadas zonas sensibles. Existe un procedimiento de infracción en curso que se encuentra en la fase del dictamen motivado. Las autoridades griegas cuestionan la necesidad de designar esas zonas como sensibles. Se sigue evaluando la información enviada y, en caso necesario, la Comisión no dudará en llevar el caso ante los tribunales.
En cuanto al caso concreto de la región de Triasio Pedio, en su sentencia de 24 de junio de 2004, el Tribunal de Justicia declaró que Grecia no ha instalado un sistema colector ni proporciona el tratamiento adecuado. Por tanto, la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción en virtud del artículo 228 del Tratado.
Las autoridades griegas han aprobado la construcción de la infraestructura necesaria, que es cofinanciada por el Fondo de Cohesión. Según la información disponible, está previsto que el proyecto esté operativo a finales de 2009.
En cuanto a las zonas urbanizadas con más de 15 000 habitantes o su equivalente, de las 75 zonas, 52 cumplen las normas establecidas por la Directiva en cuanto a los sistemas de recogida de aguas residuales urbanas y tratamiento secundario.
En relación con las zonas que no cumplen la Directiva, la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción. En su sentencia de 25 de octubre de 2007, el Tribunal consideró que 23 zonas urbanizadas seguían sin cumplir los requisitos de la Directiva. La Comisión ha solicitado información a las autoridades griegas sobre las medidas que piensan adoptar para cumplir la sentencia.
Respecto a la pregunta formulada sobre la reducción de las dimensiones de algunas zonas urbanizadas, la Comisión verificará la información disponible y considerará cualquier incoherencia que pueda existir en el marco del procedimiento de infracción ya iniciado.
Debe insistirse en que, para cumplir la Directiva, Grecia utiliza los fondos disponibles de la Comunidad Europea. En lo que respecta al Fondo de Cohesión, en Grecia hay actualmente en marcha 41 proyectos. El nivel de utilización de recursos es del 49 %. Con mucha frecuencia, se trata de proyectos combinados que, además de la infraestructura relacionada con las aguas residuales y las aguas pluviales, pueden incluir también redes de abastecimiento de agua.
El Programa Operativo del FEDER "Medio Ambiente" cofinancia nueve proyectos de aguas residuales. Esos proyectos consisten en la construcción o modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales y las redes de alcantarillado. El nivel de utilización de recursos es del 19 %.
En cuanto a la evaluación de los programas operativos regionales del FEDER, la cuestión del nivel de utilización de recursos para el sector de las aguas residuales debe plantearse a las autoridades regionales competentes.
Al contrario de lo que ocurre con el Programa Operativo "Medio Ambiente", un Estado miembro no tiene obligación de informar a la Comisión sobre el progreso de todos y cada uno de sus proyectos.
Dimitrios Papadimoulis
(EL) Señora Presidenta, señor Comisario, en su respuesta menciona muchas importantes ciudades griegas que siguen careciendo de instalaciones adecuadas de tratamiento de aguas residuales debido a la incompleta construcción de plantas de tratamiento biológico, a pesar de que la gran mayoría de ellas han sido cofinanciadas con cargo a los fondos comunitarios. Le pregunto lo siguiente: ¿puede proporcionarme una lista de las ciudades a las que se ha referido con cifras? Y, en segundo lugar, ¿qué tiene que decir la Comisión acerca del hecho de que algunos años después de la aplicación del Derecho comunitario persistan estos problemas? ¿Tiene intención de llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? En caso afirmativo, ¿cuándo?
Andris Piebalgs
miembro de la Comisión. - En un par de casos, hemos seguido adelante con los procedimientos de infracción. La información que podamos dar, la daremos. Pero en algunos casos que he mencionado, podemos informarles sobre el progreso del Programa Operativo "Medio Ambiente", pero no podemos informarles de todos los proyectos, porque esta información la tiene cada Estado miembro. Así que recibirán la información que está en nuestra mano. Como ya dije en mi respuesta, estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación en este ámbito.
La Presidenta
Las preguntas 67 y 83 no son admisibles.
Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).
Quiero dar las gracias al Comisario por haber estado con nosotros y, sobre todo, a nuestros intérpretes por haberse quedado más tiempo.
Con esto concluye el turno de preguntas.
(Se suspende la sesión a las 20.10 horas y se reanuda a las 21.05 horas)
