Cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (breve presentación)
Presidenta
De conformidad con el orden del día se procede a una breve presentación del informe por el señor Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
Manuel Medina Ortega
ponente. - (ES) Señora Presidenta, a esta tardía hora del lunes probablemente la Comisión tendrá otras cosas que le preocupen más que este informe. En definitiva, lo que estamos haciendo es nada más que contestar a un informe de la Comisión, a un informe sobre la aplicación de Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
Estamos en un ámbito que realmente es no comunitario, es un ámbito intergubernamental, en el que desde el Consejo -a través del Reglamento- se ha tratado de estimular la cooperación entre esos órganos jurisdiccionales. Pero, al hacerlo, creo que hay una cierta falta de rigor por parte de la Unión Europea. Es decir, se ha previsto determinadas medidas, por ejemplo, la emisión de ideas prácticas, la utilización de medios electrónicos, etc., pero reconozco que es bastante difícil una acción por parte de la Comisión.
No sé lo que la Comisión ha conseguido o piensa conseguir, pero me parece bastante difícil conseguirlo por la enorme dificultad que constituye esta forma de cooperación intergubernamental. Es decir, les estamos pidiendo a las autoridades judiciales que colaboren entre sí, estamos hablando de veintisiete países, de autoridades judiciales que manejan veintidós idiomas diferentes, con sistemas jurídicos muy distintos entre sí, y estamos tratando de conseguir resultados.
La Comisión ha constatado que los resultados no son buenos, que hay un enorme retraso en estos mecanismos de cooperación y, desde luego, que no contamos con medios para hacerlo. Lo ideal sería contar con medios materiales. Por ejemplo ¿qué podría hacer la Comisión para dotar a los órganos jurisdiccionales, sobre todo a los de un nivel inferior, de elementos tecnológicos, como un sistema de videoconferencia? La videoconferencia puede ser una utopía en muchos juzgados pequeños del conjunto de la Unión Europea, pero parece que es la única forma de hacerlo.
Creo que la Unión Europea tendría que apoyarse en instituciones ya existentes, concretamente la Red Judicial Europea. Tendríamos que reforzar esta Institución para que los propios jueces, a través de sus sistemas de cooperación, pudieran desarrollar este tipo de comunicación.
Por otro lado, todo lo que sea formación de los jueces es fundamental. Esto es algo que tampoco puede hacer la Comisión por sí misma. Pero la Comisión sí puede estimular el desarrollo de este tipo de cursos, de formación en Derecho comunitario y en el conocimiento de los diferentes sistemas jurídicos.
Aparte, hay una enorme dificultad, el problema de las lenguas, es decir, ¿cómo se pueden comunicar -pongamos- un juez español con un juez finlandés con dos lenguas tan diferentes? No se puede pretender que los jueces, además de tener que manejar su propio Derecho, que ya es bastante complejo de por sí, estén obligados a tener conocimientos para este tipo de cosas.
¿Qué podemos hacer desde el punto de vista práctico para facilitar a los jueces la tarea de interpretación y traducción? ¿Qué podríamos hacer para ayudarles a hacerlo? Al exponer este informe, no quiero manifestar ningún tipo de rigor o dureza frente a la Comisión. Creo que el trabajo es bastante difícil. Lo que sí me gustaría saber, aprovechando que tenemos aquí a un Comisario que está interesado en este tema, es qué piensa la Comisión que se puede hacer para poder dar mayor rigor a este Reglamento del año 2001 un poco impreciso, un poco voluntarista y que no sé si, desde el punto de vista práctico, puede tener alguna consecuencia o se puede conseguir avanzar con él.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señora Presidenta, en primer lugar deseo dar las gracias al señor Medina Ortega, que plantea una serie completa de cuestiones fundamentales. Es cierto que los jueces y los profesionales de cada país deben ser más conscientes de este Reglamento.
Debería destacarse que la toma directa de pruebas según menciona el artículo 17 del Reglamento ha simplificado y acelerado la obtención de pruebas sin ningún problema especial. Los organismos centrales mencionados en dicho Reglamento desempeñan una importante función, controlando los organismos jurisdiccionales que han de tratar las peticiones presentadas en virtud del presente Reglamento y resolviendo los problemas con los que tropiecen.
La asistencia proporcionada por los organismos centrales puede ser esencial para los pequeños organismos jurisdiccionales, que se enfrentan por primera vez con un problema relacionado con la obtención de pruebas en un contexto transfronterizo.
Las TIC y la videoconferencia, empleadas junto a un sistema fiable de correo electrónico, deberían, señor Medina Ortega, ser un recurso estándar para el envío de pruebas. La tarea habitual de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, como usted dijo, es facilitar esta cooperación legal en Europa. Desde que entró en vigor, la aplicación del Reglamento sobre la obtención de pruebas, en muchas ocasiones, ha sido el centro del trabajo de la Red. Se elaboró un manual acerca de la aplicación del Reglamento en 2006 y se distribuyó entre todos los organismos jurisdiccionales europeos en 2007. La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil puede, sin duda, utilizar sus contactos -tiene razón en esto, señor Medina Ortega- para adquirir una implicación más intensa a la hora de lograr un mayor cumplimiento de los requisitos para la obtención de pruebas dentro de los plazos establecidos en el Reglamento. Eso es cierto.
Quiero continuar y examinar brevemente las perspectivas. Es cierto que el Reglamento establece unos criterios específicos para la forma y el contenido de la solicitud. La solicitud debe cumplimentarse de una forma específica y contiene información concreta: el nombre y dirección de las partes participantes en el proceso, la naturaleza y asunto del caso en particular y una descripción de las pruebas que se presentan. El Reglamento también establece que la solicitud debe presentarse en una de las lenguas oficiales del Estado miembro del organismo jurisdiccional receptor o en cualquier otra lengua que el Estado miembro receptor haya señalado como aceptable pero, como usted acaba de subrayar, el idioma es el menor de los problemas.
Una solicitud para la obtención de pruebas debería normalmente ser atendida rápidamente. Si no es posible atender la petición dentro de los noventa días posteriores a su recepción por parte del organismo jurisdiccional receptor, este organismo debe informar al organismo jurisdiccional emisor y exponer las razones del retraso.
De hecho, sólo es posible rechazar la tramitación de la solicitud de obtención de pruebas en situaciones excepcionales y estrictamente limitadas.
Así era el Reglamento. Se realizó un estudio de su aplicación en marzo de 2007 y, partiendo de los resultados del estudio, la Comisión adoptó un informe en diciembre de 2007. El informe fue redactado conforme al artículo 23 del Reglamento. ¿Qué es lo que dice? Que la aplicación del Reglamento ha mejorado en cierta forma, se ha simplificado y ha acelerado la cooperación entre organismos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
Por consiguiente, ya ha logrado dos objetivos principales: simplificar la cooperación entre Estados miembros y acelerar la obtención de pruebas.
La simplificación se ha conseguido, en concreto, mediante la introducción de transmisiones directas entre organismos jurisdiccionales, aunque a veces las solicitudes van a los organismos centrales, y mediante la introducción de formularios estándar. También se ha podido observar un progreso en la rapidez con la que se tratan las solicitudes para la obtención de pruebas. La mayoría se realizan más rápido que antes de que el Reglamento entrara en vigor, afortunadamente, y dentro de los noventa días fijados en el texto.
Así pues, señor Medina Ortega, yo diría que consideramos que no hay necesidad de modificar el Reglamento. Sin embargo, es imperativo que se mejore su actividad. En el plan de acción adoptado en noviembre de 2008, el Consejo confió a la Comisión la creación de un portal europeo de e-Justicia. La creación y entrada en funcionamiento durante este año de la primera versión de este portal es, evidentemente, una absoluta prioridad para todos y para mí.
En cuanto al empleo de la videoconferencia, eso también se convertirá en una prioridad. La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil está, por el momento, preparando un manual sobre aspectos legales del empleo de la videoconferencia en la obtención de pruebas. Lógicamente, este manual se enviará los jueces europeos y estará acabado para finales de este año. Será parte del portal que, como he dicho, aparecerá antes de fin de año.
Evidentemente las salas de los tribunales han de estar adecuadamente equipadas para la videoconferencia. Esperamos aprovecharnos de los nuevos métodos financieros durante la revisión de la perspectiva financiera de 2010-2013. Las opciones de financiación para proyectos transfronterizos ya existen en el Programa Justicia Civil, donde el empleo de videoconferencia figura como una prioridad.
Le diría, señor Medina Ortega, que estoy de su lado en un punto esencial que, desde mi punto de vista, debe ser una prioridad para Estocolmo: me refiero a la formación de los jueces. Para el tema que ha planteado esta noche, la obtención de pruebas, necesitamos realmente formación adecuada para los jueces. Para mí ésta será una de las pautas a seguir en el próximo programa de Estocolmo.
En cualquier caso, gracias por este útil informe que ha demostrado ser de lo más ilustrador.
Presidenta
Queda cerrado este punto del orden del día. La votación tendrá lugar mañana.
