Apertura del periodo anual de sesiones
El Presidente.
Declaro abierto el período de sesiones 2003-2004 del Parlamento Europeo.
(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

Valdivielso de Cué (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, al igual que varios miembros de esta Cámara, yo también soy vasco y también soy un ferviente defensor de los derechos humanos, empezando por el más elemental de ellos, que es el de la vida.
Como algunos de ustedes saben, el agente del Cuerpo Nacional de Policía, Domingo Durán, falleció el pasado viernes, a los 51 años de edad, tras pasar ocho años tetrapléjico por las lesiones sufridas en un atentado de la banda criminal ETA mientras custodiaba una oficina de tramitación de DNI en Bilbao.
Le rogaría, señor Presidente, que trasladara desde la Presidencia del Parlamento Europeo nuestra condena a todo tipo de manifestación violenta y, en especial, aquélla que, a través del terrorismo, persigue fines políticos, así como una expresión de condolencia para la familia de esta víctima del terrorismo.
Asimismo, me gustaría solicitar a todos ustedes un gesto de solidaridad con la sociedad española -y en particular con la vasca- en defensa de la libertad, el respeto a las leyes y la convivencia pacífica y que guardemos todos un minuto de silencio.

El Presidente.
Gracias por plantear ese tema tan grave esta mañana. En nombre del Parlamento deseo transmitir nuestro pésame a la familia y a los colegas del fallecido y manifestar también nuestra indignación por este acto.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, se acaba de referir usted a Guantánamo. Yo quisiera informar a la Cámara de que un grupo de militantes del Movimiento Cristiano de Liberación han sido acorralados, hostigados y asediados en Santiago de Cuba, y quisiera recordarle, como usted sabe muy bien, que el Presidente del Movimiento Cristiano de Liberación es Oswaldo Payá, nuestro Premio Sajarov del año 2002. Oswaldo Payá ha publicado un comunicado haciéndose eco de estos acontecimientos y pidiendo a los Gobiernos y a las instituciones que transmitan su solidaridad para garantizar la vida y la integridad de esos pacíficos militantes de su movimiento.
Por lo tanto, señor Presidente, le pediría que se interesase por la suerte de esas personas.

El Presidente.
Lo haremos.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre la Estrategia política de la Comisión Europea 2004 / Orientaciones presupuestarias 2004:
Declaración de la Comisión - estrategia política anual (EPA) de la Comisión Europea para 2004;
Informe (A5-0039/2003) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2004 (2003/2001 (BUD)) Sección III - Comisión;
Informe (A5-0041/2003) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones presupuestarias para las Secciones II, IV, V, VI, VII, VIII (A) y VIII (B) y sobre el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo (Sección I) para el procedimiento presupuestario 2004 (2003/2002(BUD)): Sección I - Parlamento Europeo; Sección II - Consejo; Sección IV - Tribunal de Justicia; Sección V - Tribunal de Cuentas; Sección VI - Comité Económico y Social; Sección VII - Comité de las Regiones; Sección VIII (A) - Defensor del Pueblo Europeo; Sección VIII (B) - Supervisor Europeo de Protección de Datos

Prodi
Señor Presidente, Señorías: estar hoy aquí con ustedes es para mí un motivo de particular satisfacción. El debate sobre el estado de la Unión constituye un punto fijo de nuestra agenda de trabajo común que nos brinda la ocasión de reflexionar sobre el camino recorrido durante el año apenas acabado y sobre el trabajo que vamos a efectuar en el año en curso. El debate de este año coincide con un momento particularmente delicado en la política internacional y en la vida de la Unión. La crisis iraquí, la ampliación y la Convención están tan presentes en nuestras mentes y corazones que ni siquiera es necesario recordarlos. Aunque sí podemos hacerlo para insistir en que el debate de hoy nos impone a todos el deber de medir las oportunidades y retos ligados a la unificación de nuestro continente y de reflexionar sobre las enseñanzas que podemos sacar de la crisis del Iraq en el momento en que redactamos la nueva constitución de la Unión.
Y es la ampliación el primero de los temas que deseo abordar. El pasado mes de diciembre concluimos las negociaciones de adhesión con diez países. Diez países a los que ya no llamaremos «candidatos» sino «próximos miembros de la Unión». Mientras tanto continúan las negociaciones con Bulgaria y Rumania en la perspectiva de una adhesión solo ligeramente retardada, mientras que, con los necesarios ajustes, prosigue el trabajo en común con Turquía. Ante ustedes quiero dar las gracias, por su compromiso y su trabajo, a los servicios de la Comisión y al Comisario Verheugen. 
Pero el compromiso de la Unión en el asunto de la ampliación no se agota con la decisión tomada en Copenhague el pasado diciembre. La reciente demanda de adhesión presentada por Croacia es la señal de que otra región europea está llamando a nuestra puerta. Me refiero a los Balcanes Occidentales. Quiero decir con absoluta claridad que la unificación de Europa, iniciada con la presente ampliación, no podrá concluir hasta que también los Países de los Balcanes sean miembros de la Unión. Esta perspectiva tiene que ser claramente garantizada a todos los países balcánicos, subrayando al mismo tiempo que los criterios seguidos en la primera ronda de ampliación serán aplicados con la misma seriedad. Después de años de incertidumbre, el debate democrático, tanto en los antiguos como en los nuevos países miembros de la Unión, puede ahora desarrollarse abandonando la frágil base de las expectativas e hipótesis y aferrándose, en cambio, a bases concretas. El resultado muy positivo del referéndum de Malta es un buen augurio y un estímulo para un compromiso aún más fuerte.
Pero aún siendo importante, el proceso de adhesión de los nuevos países miembros solo constituye una etapa de nuestro camino. Una etapa que no nos tiene que hacer olvidar lo mucho que nos queda todavía por alcanzar. El primer imperativo es completar la integración económica. En materia de crecimiento, empleo y reducción de desigualdades, los quince actuales miembros de la Unión pueden y deben hacer mucho más. Pero es a los futuros miembros de la Unión, a los que se incorporarán el próximo año y a los que lo harán posteriormente, a quienes deberá prestarse la máxima atención. Nuestra ambición común tiene que ser favorecer un crecimiento sostenido, una mayor cohesión, una más eficaz protección del medio ambiente, una reducción de las disparidades y, finalmente, la adopción del euro por todos. Estos son, en grandes líneas, los componentes esenciales de nuestro proyecto de integración económica. 
Si este es, como he dicho, el primero de nuestros imperativos, el segundo, no menos importante, es profundizar nuestra discusión política. Ha llegado el momento de debatir a fondo y con la máxima transparencia y sinceridad el tipo de Europa que queremos construir juntos. Ha llegado el momento de un verdadero debate político. El éxito mismo de nuestra integración ya lo hizo obligatorio pero con la crisis iraquí, la actualidad internacional ahora lo hace insoslayable. La eventualidad de una guerra en Iraq afecta a los europeos porque la reconciliación y la paz son la historia y el fundamento mismo de Europa y todavía nos toca más, aquí y hoy, porque la casualidad ha querido que en estos días se sienten en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuatro países miembros de la Unión y un país candidato. 
En este contexto, dos son las tentaciones que debemos evitar. La primera sería construir Europa en contraposición a Estados Unidos. Todo el mundo ha visto que esta crisis se caracteriza por fuertes divergencias con respecto a los instrumentos a adoptar. Se trata de divergencias importantes porque marcan la frontera entre guerra y paz, pero se trata de divergencias que ni implican el objetivo último de nuestras políticas y la solidez de nuestra alianza ni cuestionan la compleja relación transatlántica, nuestra historia común y el alcance de nuestros lazos. La segunda tentación que debemos evitar es concentrarnos solo en el disenso en la Unión. Tanto entre los Quince como entre estos y los futuros miembros se han manifestado en las últimas semanas de modo patente divergencias de puntos de vista. Sin embargo, y el Consejo Europeo extraordinario del pasado 17 febrero así lo subrayó justamente, todos estamos de acuerdo sobre una larga serie de puntos, todos esenciales. Todos queremos que la ONU siga siendo el elemento central del orden internacional. Todos apoyamos al Consejo de Seguridad en el ejercicio de sus responsabilidades y todos creemos que la guerra no es inevitable y situamos al Iraq frente a las mismas responsabilidades. 
Dicho todo esto, nos enfrentemos abiertamente a nuestras debilidades. Los europeos no tienen una obligación solamente política de investigar una Posición Común: tras Maastricht deben, en virtud de los Tratados, dar prueba de lealtad y solidaridad recíproca. Los Estados miembros que se sientan en el Consejo de Seguridad, en especial, deben concertarse y tener a los demás al corriente, y los miembros permanentes tienen que defender las posiciones e intereses de la Unión. 
Es evidente que se trata de mecanismos que han demostrado no ser suficientes. ¿Debemos por ello resignarnos y concluir que el objetivo de una acción común está fuera de nuestro alcance? Yo no lo creo y no lo quiero creer. Sin procedimientos e instrumentos eficaces, es decir, capaces de facilitar la emergencia de posiciones compartidas, la construcción de una Política Exterior Común de la Unión será improbable y, en todo caso, se retrasará. Nuestros esfuerzos de imaginación y nuestras voluntades deben estar a la altura del reto. Resignarnos es sencillamente impensable. Las cuestiones que se nos plantean y a las que tenemos que dar respuesta son (¿y cómo podría ser de otro modo dado lo que acabamos de decir?) al mismo tiempo difíciles y esenciales. ¿Qué Europa queremos? ¿Cuál es el proyecto que nos guía? No podemos conformarnos con un "supermercado", o, en otras palabras, con un gran mercado común. Queremos construir un espacio auténticamente político que nos permita afirmar y defender nuestros principios y valores en el mundo. No podemos continuar con ese tipo de «esquizofrenia europea» que consiste en pedir a la Unión y a la integración que nos den prosperidad y desarrollo y en esperar de Estados Unidos, a cambio, la garantía de la seguridad.
La opinión pública europea, una opinión pública que paso a paso se está construyendo y revelando, nos dice con notable claridad cuál es su respuesta. Los sondeos del Eurobarómetro, elaborados regularmente por la Comisión, muestran, en especial, como los ciudadanos piden a la Unión garantizar su seguridad, tanto interna como exterior. Para optimizar nuestro compromiso en el sector de la defensa, el Colegio adoptará esta tarde una comunicación que refuerza la industria europea de la defensa. Sobre la guerra y la paz el hilo común de las opiniones no conoce fronteras dentro de Europa, pero de esto ya hemos tenido una demostración sin precedentes, más allá de los resultados de los sondeos, en las calles y plazas de nuestras ciudades, señal de un acercamiento de los pueblos que anticipa y adelanta las reformas de las instituciones y las leyes. Este sentir común, esta división espontánea de valores no reducen la importancia sino que, al contrario, todavía subrayan más la necesidad de un profundo y abierto debate político. No por azar en su primera comunicación a la Convención, el pasado 22 mayo, la Comisión eligió comenzar proponiendo un «proyecto» por Europa que subraya, entre otras cosas, la necesidad de que la Unión «ejerza las responsabilidades propias de una potencia mundial». Insisto en pensar que el debate sobre la finalidad de nuestra acción común tiene que preceder y guiar los debates sobre los papeles correspondientes de las distintas instituciones y sobre los méritos de las diversas soluciones que se pueden sugerir para regular las relaciones entre ellas. Uno de los pocos méritos de la crisis iraquí es obligarnos a un debate sin falsos pudores sobre la esencia misma de nuestro modo de estar juntos y de proceder. No tenemos que tener miedo a un debate abierto porque solo de él pueden nacer las posibles soluciones.
Esto me lleva a hablar de la Convención. Una Convención que, junto a vosotros, he promovido y apoyado desde el primer momento con pasión. Una Convención cargada de una responsabilidad que la crisis actual aún hace más grande: elaborar una propuesta de constitución, es decir, un texto de ley fundamental, única y coherente. Proponer opciones o, aún más, dejar cuestiones abiertas constituiría hoy un peligroso paso hacia atrás. Ni siquiera me atrevo a pensar como una conferencia intergubernamental podría tener éxito en caso de que fracasara una Convención más diversificada y transparente, y menos prisionera de los esquemas nacionales. Siempre he pensado, y ustedes lo saben bien porque este es el mensaje que he transmitido repetidamente en este hemiciclo, que nuestra misión es conducir en paralelo la ampliación y la reforma institucional de la Unión. Las instituciones y los procedimientos actuales, nacidos y concebidos para una Unión de seis Estados bastante homogéneos entre sí, no responden a las necesidades de una Unión más vasta y diversificada. Por esto considero un bien que los países candidatos a la adhesión hayan estado ya desde el principio representados de pleno derecho en la Convención y que estén contribuyendo activamente. Quisiera subrayar como uno de los aspectos más alentadores de los trabajos de la Convención el que supone la mezcla de delegados en formas y ocasiones tales que hacen sustancialmente imposible y hasta falta de sentido la distinción entre los representantes de los actuales y los futuros países miembros.
No es este el momento de examinar el avance de los trabajos de la Convención. Pero quiero decir que el amplio consenso sobre cuestiones como la naturaleza constitucional del texto que tendrá que redactarse, la racionalización de los instrumentos y procedimientos, la inserción de pleno derecho de la Carta de Derechos Fundamentales y la personalidad jurídica de la Unión inducen al optimismo. Por mi parte quiero confirmarles que la Comisión participa y participará en estos trabajos con espíritu de apertura. Como dije el pasado año con ocasión de la sesión inaugural de la Convención, Europa está llamada a adaptarse a una nueva dimensión y a nuevas tareas. Esto, lo dije entonces y lo ratifico ahora, vale para los Estados y todas las instituciones de la Unión, sin excluir a ninguna. Repito que no es este el lugar adecuado para detallar las cuestiones que está estudiando la Convención. Hay un punto, sin embargo, que creo esencial, tanto a la luz de la crisis internacional como del necesario papel de la Unión en la escena internacional. Me refiero a la generalización del voto por mayoría. La unanimidad es fuente de parálisis. Esto ya ocurre hoy y aún ocurrirá más en una Unión ampliada como la que hemos decidido construir. También por esto es esencial un debate político abierto sobre el proyecto de la nueva y gran Europa. Solamente si elaboramos y compartimos un proyecto común estaremos listos para aceptar hasta el final la regla de base de toda institución democrática, que es el voto por mayoría. Solamente si alcanzamos la conciencia de estar en todo caso de acuerdo sobre lo esencial de lo que nos une, podremos, todas las veces que sea necesario o inevitable, aceptar estar en minoría y, aún así, sentirnos plenamente representados. He hablado, hasta este momento, de proyectos y visiones para Europa. Nosotros, la Comisión, responsable de proponer y luego de ejecutar las políticas, ustedes, Parlamento Europeo, responsable de colaborar a adoptar las decisiones y luego de controlar nuestros actos, sabemos muy bien, sin embargo, que los proyectos y visiones necesitan, para realizarse, estrategias coherentes e instrumentos operativos válidos.
La estrategia política anual que hoy debatimos define el horizonte político y el marco de los recursos para el 2004. Ello abre un proceso que se cerrará con la adopción del presupuesto y la presentación del programa de trabajo legislativo para el mismo período. A lo largo de todo este recorrido procederemos a un diálogo profundo con esta asamblea y con el Consejo de Ministros con el fin de llegar a definir las opciones políticas fundamentales. De gran importancia será, en particular, y deseo subrayarlo, el trabajo de las comisiones parlamentarias. Un elemento novedoso de la estrategia para el próximo año es la programación plurianual 2004-2006 que corresponderá aprobar al Consejo Europeo, lo cual constituye una novedad absoluta.
Confío en que de nuestra cooperación interinstitucional surgirá un programa de trabajo a la altura de nuestras ambiciones. Ambiciones que, como resulta con evidencia de las prioridades políticas que nos hemos fijado por el 2004, son muy altas. El próximo año, en efecto, nuestros esfuerzos se centrará en:
la ampliación, para asegurar una correcta y eficaz gestión del proceso de adhesión;
el crecimiento, para consolidar la base de un desarrollo sostenible;
la seguridad interior y externa para asegurar la estabilidad de las fronteras de la Unión y otras.
Sin entrar en el detalle de las acciones individuales previstas en este marco, quiero sin embargo llamar su atención sobre el asunto de las relaciones con los países que ya son hoy nuestros vecinos o que serán vecinos de la Unión ampliada. Me refiero al anillo de países que van desde Rusia y Ucrania hasta Marruecos. Se trata de un grupo de países amigos con los que proponemos intensificar la colaboración para emprender un proceso que pueda llevarnos, en su momento, a compartir «todo excepto las instituciones». Un mercado común, un diálogo político renovado sobre la base de principios y valores compartidos, el pleno empleo de todo el potencial exterior de nuestras políticas comunes: estos son los pilares del nuevo concepto estratégico para la Unión, que nos preparamos a recoger en una comunicación titulada Una Europa más amplia. Solo en el marco de un área más vasta de estabilidad y bienestar Europa podrá afrontar con plena seguridad las evoluciones, no siempre tranquilizadoras, de la política internacional y podrá explotar plenamente las oportunidades ofrecidas por la mundialización.
Esta estrategia a medio y largo plazo con respecto a los países vecinos así como todas las otras políticas previstas por la Europa de los próximos años piden e imponen preparar el proyecto político de la Unión y definir las implicaciones desde el punto de vista financiero. En esta óptica desempeñará un papel esencial el programa político a medio plazo que prepare las próximas perspectivas financieras, que tendrán no solo que reflejar el tratado constitucional que emergerá de los trabajos de la Convención y la siguiente conferencia intergubernamental sino que tendrá que sentar la base necesaria para una Unión ampliada con el fin de conseguir tres grandes objetivos políticos: la paz, la libertad y la solidaridad. A este respeto, antes de final de año o a más tardar al principio del 2004 presentaremos nuestro proyecto político general para la Europa ampliada e indicaremos las líneas básicas de las propuestas financieras necesarias para este proyecto. Luego prepararemos las consiguientes propuestas legislativas de modo que estén listas para ser adoptadas a mediados del próximo año. Considero nuestro deber dejar a nuestros sucesores un proyecto político y un plan financiero coherentes con la nueva Europa ampliada y el modelo institucional que esta Comisión habrá llevado a cabo. Es nuestro deber dejarles a nuestros sucesores el fruto de las experiencias que hemos acumulado en la ejecución del actual paquete financiero y en la realización de la ampliación.
En cuanto al contenido de nuestras futuras propuestas ya puedo decir ahora que examinaremos de manera abierta todos los temas conexos a la definición del cuadro financiero de la Unión. Hemos llevado a cabo las negociaciones de ampliación. Ahora tenemos que definir el proyecto político para la Unión ampliada. Para ellos tenemos que decir, qué puede hacer la Unión para promover y tutelar las libertades civiles. De qué manera la Unión puede integrar las disposiciones de los Estados miembros en materias fundamentales como salud y seguridad o espacio de libertad y justicia. Qué políticas de la Unión pueden contribuir mejor a ofrecer una prosperidad duradera para Europa. Qué objetivos debe fijarse la Unión para promover la cohesión regional y social en una Europa ampliada que presentará mayores disparidades económicas con respecto a la Unión de los Quince. Qué cambios serán necesarios en el sector de la política de investigación y los fondos estructurales para alcanzar estos objetivos. Para contribuir a reducir las disparidades económicas entre los países de la Unión y en su interior, los gastos destinados a cohesión tendrán que permanecer inalterados, aumentados o disminuidos. Qué políticas promoverán la proyección externa del modelo europeo, sobre todo entre los países cercanos a nosotros.
Señor Presidente, Señorías: La Unión de hoy es una Unión en movimiento. Es una Unión que debe basarse en la experiencia que estamos viviendo para fortalecerse y afirmar de manera más decidida su identidad y su papel en el mundo. La crisis actual tiene que servirnos de estímulo para acelerar el proceso de reforma en curso, necesario independientemente de la ampliación, pero que la ampliación y el actual contexto internacional aún hacen más importante y urgente. Hoy podemos relanzar nuestra unidad: nuestros ciudadanos lo piden, lo imponen los acontecimientos. La Convención puede suponer un cambio en nuestra vida en común: empeñémonos todos para asegurar su éxito. Juntos podemos lograrlo. Juntos, con las bases institucionales, podemos y tenemos también que sentar las bases políticas y financieras necesarias para poder abrir esta nueva fase.
Del trabajo que realizaremos juntos este año y el próximo dependerá en gran medida la naturaleza y el papel de la Unión de mañana en Europa y en el mundo, de la Unión que entregaremos a las nuevas generaciones. Gracias.
Elles (PPE-DE).
Señor Presidente, antes de nada, el Grupo del PPE-DE agradece los documentos que la Comisión nos ha presentado esta mañana. Se trata de una ocasión histórica y única. Es la primera vez en nuestra historia que hemos tenido oportunidad de debatir las orientaciones presupuestarias disponiendo simultáneamente de documentos políticos. Ahora tenemos que ingeniárnoslas para empezar a hacer casar las prioridades con los recursos disponibles. Es una lástima que el Consejo no esté presente porque podría haber participado también en el debate.
Empezaré por el extenso documento que ha presentado la Comisión esta mañana. Traza las líneas maestras de las finanzas de la Unión a partir del año 2006, preguntando justamente qué proyecto propugnamos desde el punto de vista, por ejemplo, de las competencias de que dispondrá la Unión, de los límites a la extensión geográfica de la Unión y de toda una serie de asuntos para situar nuestro debate presupuestario dentro de la perspectiva apropiada. En primer lugar voy a centrarme en el fondo de la cuestión.
Es correcto que deberíamos tener un conjunto de ideas, con grupos de trabajo creados por la Comisión dedicados a los temas de la paz y la prosperidad y a cuestiones relativas al desarrollo sostenible. Pero en cuanto a la vertiente exterior, el grupo de trabajo no llega a abarcar lo que debe ser la dimensión exterior de la Unión. Como ha dicho el Presidente acerca del contexto actual, parece sensato que recapacitemos sobre asuntos sustanciales, como lo que será dentro de cinco años la relación transatlántica.
Hemos solicitado un informe. No se ha elaborado. De hecho, incluimos en el presupuesto de este año, 2003, una petición para que se elaborara un documento. Cuando alguien pregunta «¿cuáles deberían ser las prioridades estratégicas para la Unión en el ámbito exterior hasta el año 2007?», se hace un silencio sepulcral.
Después, en cuanto al procedimiento, deberíamos andar con cuidado, porque esta Comisión, aunque se muestra muy activa a la hora de mirar al futuro, hasta la siguiente perspectiva financiera, en teoría podría llevarnos hasta el año 2013, lo cual no solo comprende a la próxima Comisión, sino también a la Comisión posterior a ella. Encontrarnos en 2003 discutiendo ya sobre 2013 parece más bien extraño.
En este contexto hay una pregunta concreta que deseo formular al Presidente de la Comisión. La última frase de este interesante documento afirma que la duración de la siguiente perspectiva financiera podría hacerse coincidir con el mandato de cinco años de la Comisión y del Parlamento Europeo. ¿Significa eso que la perspectiva financiera alcanzaría hasta 2010, en vez de 2013? El Grupo del PPE-DE está a favor de que la perspectiva financiera abarque un período de cinco años. Me gustaría que me aclarara este punto.
Al hablar de la Comisión, señor Presidente, usted ha mencionado la Convención. A la hora de imaginar una Unión a partir del año 2006 con 500 millones de habitantes o más, ¿cómo va a ser posible gestionar una Unión con un número menor de Comisarios que el que tenemos hoy? Parece correr el bulo actualmente en esta Cámara de que deberíamos tener de 10 a 12 Comisarios. No veo cómo podemos hacer funcionar una Comisión con solo de 10 a 12 Comisarios, cuando la mayoría de los Gobiernos tienen al menos de 30 a 35 ministros para gestionar su país. Aquí estamos hablando de la Unión, una empresa mucho mayor, así que ¿por qué no disponer de 30 ó 35 Comisarios?
Me parece lo más normal que los tuviéramos a la vista de la Unión del mañana.
En segundo lugar, las prioridades del presupuesto para 2004 están bien definidas en el documento de estrategia política anual con los tres puntos planteados. En lo concerniente al crecimiento sostenible, parece sensato asegurar una mejor integración de las cuestiones medioambientales. Además, el Grupo del PPE-DE está interesado en el documento relativo a la mejora de la relación con nuestros vecinos en términos de seguridad y estabilidad. Sobre todo, estamos interesados en el proceso de ampliación y en asegurar que podamos cumplir nuestras obligaciones y que los Estados miembros estén totalmente integrados en la Unión después del 1 de mayo de 2004.
Compartimos además la visión de que el procedimiento para manejar estas estrategias políticas a medida que van pasando por las comisiones y, después, a través del proceso presupuestario, será muy importante para que seamos capaces de asegurar que quedan correctamente encajadas.
Las preguntas que vamos a formular se refieren al aumento significativo de 780 miembros de la plantilla y, concretamente, a si realmente necesitamos tantos funcionarios en los departamentos de interpretación y traducción.
Por último, paso a las prioridades fijadas por mi Grupo durante el proceso presupuestario. Seguimos fieles a lo que nos ha guiado en los últimos presupuestos, con tres elementos concretos que son importantes para nosotros. En primer lugar, la culminación de la reforma de las instituciones. Este fue el punto de partida de la Comisión. Nos gustaría asegurar que esta reforma estará terminada al final de nuestro mandato. En este terreno seguimos encontrando problemas. Ayer se mencionó un documento que se citaba parcialmente en la prensa acerca del asunto vigente de la jefa de contabilidad que ha sido suspendida de sus funciones. Nos gustaría ver ese documento. No es tan secreto; la mayoría de los diputados, incluido yo mismo, tenemos una copia. ¿Por que existe ese temor, ese deseo de mantener secreto un documento que ya es semipúblico? Nos gustaría ver ese documento lo antes posible.
En segundo lugar, está la cuestión de las partidas de subvención A-30, un punto concreto pero muy sensible para el Parlamento. Nos gustaría tener claro qué va proponer la Comisión en cuanto a estas subvenciones a determinadas instituciones. Existen opiniones muy dispares en el Parlamento en lo referente a lo que debería y no debería evaluarse comparativamente y necesitamos un enfoque común sobre el tema.
Mi último comentario se refiere a una carta que he recibido del Secretario General acerca del seguimiento de los actos parlamentarios. En ella se puede leer que al menos el 25% o 30% de los informes que solicitamos en esta Cámara jamás llegan a elaborarse. Afirma, en relación con las resoluciones del Parlamento sobre documentos COS, que de 490 peticiones formuladas el año pasado, la Comisión ha decidido no hacer ningún seguimiento de 104 casos. Quisiéramos que se aclarase la razón por la cual la Comisión no está cumpliendo lo que solicita el Parlamento y creemos sinceramente que debería incluirse alguna observación en el proceso presupuestario en caso de que la Comisión no desee hacer lo que exige el Parlamento.
Termino afirmando que este es un momento clave en este proceso presupuestario. La Comisión ha trazado algunas líneas útiles de discusión y debate con la vista puesta más allá del año 2004. Espero que al final del proceso, nuestro Parlamento sea capaz de adoptar las conclusiones correctas en interés de nuestros ciudadanos.
Swoboda (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, hoy nos enfrentamos aquí a un documento extremadamente tecnocrático y con un discurso de usted, señor Prodi. No pretendo negar que el discurso de carácter político resulta más de mi agrado. Voy a intentar salvar, mediante un elemento de unión, la distancia existente entre ambos elementos.
Tiene mucha razón, Presidente Prodi, al afirmar que las condiciones generales distan mucho de ser favorables y no parece que tampoco vayan a ser mucho mejores en 2004. La amenaza de guerra en el Iraq ha dibujado nuevas líneas divisorias en el seno de la Unión Europea y también entre los países candidatos a la adhesión. Actualmente, a menos que se produzca un cambio radical, nuestra política exterior y de seguridad está hecha trizas, y los progresos económicos -sobre todo en lo concerniente a los puestos de trabajo- no han sido todo lo favorables que cabía esperar. Todo ello implica que debemos adoptar un enfoque bastante más crítico ante los acontecimientos.
Permítanme comenzar por lo que se propone conseguir la ampliación. Efectivamente debemos procurar que la ampliación se traduzca finalmente en todo un éxito. A todos los que -quizás llevados por los sucesos de los últimos meses- han expresado hoy su parecer en favor de posponer la ampliación, les propongo el argumento contrario de que eso provocaría una división y un debilitamiento todavía mayor de Europa. Acepto, no obstante, que muchos de nosotros nos sentimos decepcionados por la escasa evidencia que existe en muchos de nuestros vecinos -y, aceptémoslo, entre algunos de nuestros Estados miembros- en cuanto a la vinculación emocional e intelectual con el proyecto europeo. Tienen razón al afirmar que la Unión Europea no es un supermercado, ni es un banco que se limite a conceder fondos para una serie de proyectos. Tampoco es un artilugio que solo existe para servir de justificación cuando hay que poner en práctica medidas de reforma poco agradables aunque necesarias.
Señor Presidente, creo que probablemente todos hemos fallado -y no solamente en relación con el tema del Iraq- a la hora de recalcar los objetivos y la auténtica razón de ser de la Unión Europea como proyecto de paz. El Presidente ha mencionado el Tribunal Penal Internacional. En este caso también hemos sido incapaces de transmitir a los nuevos Estados miembros la enorme importancia que entraña para nosotros, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional, así como las Naciones Unidas y el tremendo aprecio que sentimos por estas instituciones multilaterales. Ha sido un fallo, un error por omisión. Tal vez estemos pagando el precio por lo que, en ocasiones, ha sido un enfoque demasiado legalista y estrecho de miras del acervo comunitario.
La Comisión propone ahora que establezcamos un círculo de amistades en torno a la Unión Europea ampliada, pero, Presidente Prodi, en el transcurso de estos últimos años no hemos conseguido ni siquiera hacer suficientes amigos entre los Gobiernos de los países candidatos a la adhesión y hemos de reconocer que los estadounidenses a veces han estado más acertados a la hora de imbuir ideas diferentes por lo menos a los Gobiernos de ciertos países incluso antes de su adhesión, utilizando dinero procedente de los grupos de presión, de una red tupida de instituciones y fundaciones, algunas de ellas creadas por la diáspora y, cuando ha sido necesario, también mediante presiones y amenazas.
La Comisión tiene también como tarea estudiar la forma en que podemos contrarrestar lo anterior y, por encima de todo en el ámbito de la cultura y la sociedad, de cómo podemos difundir la idea de Europa a una audiencia mayor, además de la voz unificada de la Unión Europea.
Pasaré a ocuparme ahora de la estabilidad dentro y en torno a Europa.
Creo igualmente que en este caso debemos aplicar un enfoque más amplio y profundo a las diferentes regiones y ajustar las relaciones a unas directrices apropiadas. Los objetivos implicados resultan demasiado imprecisos e indiferenciados, ya que Rusia exige un tratamiento diferente al del Mediterráneo, que a su vez precisa un enfoque distinto del de los países balcánicos, que por cierto han venido siendo candidatos en potencia desde la Cumbre de Zagreb, aun cuando el presente informe afirma que todavía tienen que adquirir tal condición.
Hemos de reconocer, no obstante, que nuestra política de concesión de visados para esos países -a los que viajo con mucha frecuencia- es deplorable. Empresarios, científicos, periodistas, estudiantes -todos los que podrían reforzar los lazos de amistad con dichos países- se estrellan a menudo contra una política de visados altamente restrictiva, incomprensiblemente inamovible y burocrática, irritante para todos ellos y, sobre todo, para los líderes de opinión más importantes en sus respectivos países de procedencia. Bien es cierto que debemos disponer de una política de visados restrictiva, pero a este respecto podría prever un trato más flexible para estos grupos sociales.
Me referiré ahora al tercer objetivo, el crecimiento sostenible. Acepto que se trata de un concepto muy vago, pero es algo que ya significa una serie de cosas para mi. Me pregunto simplemente si de verdad tenemos una política coherente de crecimiento. Invertimos muy poco, no solo en investigación y desarrollo, sino también en infraestructuras. Pensemos en el transporte público, que además podría mostrar un mayor respeto por el medio ambiente. Apenas se está haciendo nada para convertir las instituciones educativas en centros más eficaces, al tiempo que se garantiza el acceso a ellos para amplios colectivos de la población.
A menudo acusamos a la gente -a nuestros propios ciudadanos- de carecer de voluntad y valor para asumir riesgos. Pero, si las diferencias en el tejido social en nuestros propios países se hacen cada vez mayores y permiten que cada vez engullan a un mayor número de personas, no puede sorprendernos que la gente a menudo se muestre temerosa, de los riesgos tanto como de cualquier otro condicionante.
De igual manera, el deterioro progresivo de los servicios de interés general -un campo en el que todavía seguimos a la espera de una política coherente por parte de la Unión Europea y, sobre todo, de la Comisión- a menudo produce el efecto funesto de inducir a algunas personas a oponerse ciegamente a la mundialización, o, por lo menos, a desconfiar del mercado común. A este respecto, también quiero refrendar lo que usted ha manifestado. La Unión Europea no es efectivamente un supermercado. Deberemos ser perfectamente capaces de hacer compatibles los objetivos de desarrollo sostenible con las políticas sociales de mercado económico.
Mi Grupo no considera que el anhelo en favor de un mayor grado de individualidad, flexibilidad, movilidad y -por utilizar una expresión de nuevo cuño- empleabilidad sea un planteamiento anticuado. Habremos alcanzado el éxito en el momento en el que la gente en toda Europa disponga de un correcto entramado de seguridad social. Mi Grupo tiene la firme convicción de que -aun cuando solo sea por evitar la competencia desleal- este tejido también debe amparar a quienes han inmigrado a nuestro entorno.
Por consiguiente, debemos comprometernos con un modelo de capitalismo europeo, un modelo que a la larga sea más eficaz, más social y más humano.
Para finalizar deseo reiterar la calurosa acogida, tanto por mi parte como por la de mi Grupo, a este informe. Sin embargo, Presidente Prodi, en la misma línea de su discurso, creo que necesitamos una mayor convicción en cuestión tanto de políticas como de estrategias que estén en sintonía con el pensamiento popular, lo mismo de nuestros países como de nuestros vecinos.
Haga algo, señor Presidente, para garantizar que los documentos de la Comisión expongan claramente la naturaleza del proyecto europeo, un proyecto ni tecnocrático ni administrativo, sino político.
Clegg (ELDR).
Señor Presidente, en un momento en el que los países candidatos de Europa Central y Oriental han sido objeto de múltiples críticas por parte de Jefes de Gobierno de la UE, de Comisarios europeos y otras personas, por manifestar públicamente su parecer acerca de la crisis del Iraq, el Grupo ELDR saluda con especial beneplácito la afirmación de la Comisión Europea de que la ampliación deber ser y seguirá siendo nuestra prioridad central. En nuestra opinión resulta absurda esa avalancha de críticas a los países candidatos; se les ha reprendido de manera altiva, cuando las divisiones surgidas en el seno de la Unión Europea se deben casi exclusivamente a los Estados miembros actuales.
Bien es cierto que la Unión Europea no es un supermercado, pero tampoco es una iglesia en la que se invite a guardar silencio a quienes levantan un poco la voz. Las razones por las cuales se han producidos estos cismas tienen mucho que ver con la insistencia por parte de ciertos Estados miembros actuales de profesar una lealtad casi sumisa a Washington, o con una hostilidad igualmente obcecada contra todo lo que proceda de los Estados Unidos. Los países candidatos son espectadores inocentes de ese debate y no deberían ser penalizados por haberse visto presionados a manifestar sus opiniones.
Por eso aplaudimos con entusiasmo su insistencia, señor Prodi, en garantizar que estos problemas actuales no desvíen o frenen en modo alguno el proceso de ampliación y esperamos que haga cuanto esté en sus manos para que el proceso de ampliación llegue a su fin lógico el año que viene.
El segundo tema que quiero comentar es el asunto de la gobernanza. Este documento representa un paso adelante muy útil en la mejora de la gobernanza de la UE y, en esta medida, lo acogemos con agrado. Tiene una importancia crucial que mejoremos la gobernanza a escala institucional. No tiene ningún sentido que una u otra institución mejore su funcionamiento si las demás instituciones no hacen lo mismo. Esa es la razón por la que el Grupo ELDR tiene tanto interés en que las conversaciones hasta cierto punto estancadas en el grupo de trabajo interinstitucional, que está estudiando la forma de que todos podamos mejorar conjuntamente nuestra capacidad legislativa, concluyan lo antes posible. Los plazos han expirado; el grupo debería haber concluido su trabajo a finales del año pasado y el nuevo plazo para la Cumbre de primavera parece ahora poco realista. Es vital que todos nos volquemos en las tres instituciones implicadas para hacer realidad este planteamiento institucional.
Permítame poner un ejemplo. Usted cita profusamente en su documento los intentos muy loables de la Comisión Europea de aplicar evaluaciones de impacto de una serie de propuestas legislativas clave. Creo que piensa hacerlo con 31 propuestas en el año 2004. Dichas evaluaciones de impacto carecerían de sentido si los diputados al Parlamento Europeo o los Ministros en el Consejo de Ministros ignorasen sus evaluaciones y simplemente revisaran la legislación sin prestar ninguna atención al impacto. Esa es la razón por la que muchos de nosotros en el grupo de trabajo interinstitucional hemos instado en la Comisión Europea a reflexionar sobre la forma de poder extrapolar su excelente labor en el campo de la evaluación de impacto y solicitar encarecidamente a todas las instituciones que apliquen prácticas análogas. Le pedimos encarecidamente que redoble estos esfuerzos durante las semanas venideras.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, en mi intervención durante el debate del 18 de noviembre de 2002 sobre el programa legislativo y el trabajo de la Comisión para 2003, en nombre del Grupo GUE/NGL afirmé que no me cabía en la cabeza que alguien pudiera estar en contra de las prioridades políticas expuestas, pero añadí que existía una gran discrepancia entre los objetivos y las medidas adoptadas para llevarlos a la práctica, que se traducía en un creciente descontento por parte de la opinión pública y el riesgo de que el propio ideal europeo fuera rechazado por quienes, como yo mismo, anhelamos una Europa europea. Cuatro meses más tarde, una vez leída la extensa comunicación de la Comisión y habiendo escuchado al Presidente Prodi, y actuando como portavoz del Grupo GUE/NGL, me siento tentado de volver a decir lo mismo, excepto que el documento informativo de hoy está bastante más suavizado. Constituye una muestra de lo que me atrevería a calificar de optimismo ciego. Peor aún, lo encuentro enormemente trasnochado y anegado de datos inútiles y obvios. Por ejemplo, el mandato de la Comisión Prodi finaliza en 2004; se van a celebrar elecciones europeas, donde saldrán elegidos 732 diputados; la ampliación tendrá lugar el 1 de mayo, siempre y cuando esté concluido el proceso de ratificación.
Señor Presidente, Señorías, la paz mundial se encuentra seriamente amenazada y las Naciones Unidas corren el peligro de sufrir una pérdida de credibilidad. Los Estados miembros están divididos entre los defensores de la paz y quienes están a favor de la guerra, entre los que siguen a ciegas a los Estados Unidos y quienes propugnan una posición europea equilibrada. La crisis económica y la recesión se están agudizando rápidamente, el desempleo aumenta en todos los sitios convirtiendo a miles de personas en víctimas de brutales despidos, la inseguridad en todas sus modalidades florece en perjuicio de los más débiles y, a la vista de estos desafíos mortales, los dos primeros de los cuales han sido planteados por el Presidente Prodi esta mañana, la comunicación escrita se plantea nuevas formas de gobernanza, estabilidad, nuevas agendas sociales y económicas, calidad de vida, seguridad fronteriza e incluso impuestos sobre matriculación y circulación para vehículos particulares.
Señor Presidente, Señorías, no todos los diputados de mi Grupo son europeístas, por decirlo de una manera suave, pero sí son realistas. La gran mayoría de ellos, dado que Europa ya existe, exige que al menos sea una Europa para los ciudadanos, que sea democrática, que preste atención a los temas sociales y no se someta al dictado de la economía, a fin de poder responder a los problemas reales de los ciudadanos europeos.
Por todo ello, lamento tener que decirle, Presidente Prodi, que no solo estamos en desacuerdo con la ideología que sustenta sus propuestas, sino que, lo que es peor, dichas propuestas, aun cuando estuviéramos dispuestos a aceptar tal ideología, apenas abordan los temas principales que es preciso resolver. Por ello, señor Presidente, con todo el debido respeto a su figura y el que yo profeso por usted, le pido que revise su documento.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisarios, Señorías, quiero hacer extensiva mi más sincera gratitud a los dos ponentes, así como a la Comisión, naturalmente, por todo su trabajo. Comparto la decepción de mi compañero diputado, el Sr. Elles, en cuanto a la ausencia del Consejo. Hoy estamos debatiendo simultáneamente las orientaciones presupuestarias y la estrategia política de la Comisión, ya que esperábamos que surgiera algún tipo de sinergia entre ambos temas. Sin embargo, eso resulta muy difícil cuando las propuestas políticas se presentan tan tarde: demasiado tarde para debatirlas en profundidad en el seno de los Grupos y, además, demasiado tarde para confrontarlas con las orientaciones definidas por el Parlamento Europeo.
Por tanto, mi Grupo considera que es importante elegir otro momento a lo largo de este año para que la Comisión marque con nitidez sus prioridades específicas para el año que viene; es decir, no una lista de buenas intenciones, sino opciones políticas conjuntamente con una planificación en el tiempo. De hecho, disponemos de poco tiempo durante este periodo legislativo. Valga como ejemplo los acuerdos acerca de productos químicos. Se supone que deben entrar en vigor en 2004, pero existe el peligro de que una serie de modificaciones, sobre las que se ha llegado a un acuerdo, sea presentada demasiado tarde, lo que se traduciría en que el procedimiento para estos cambios adicionales no se podría concluir antes de que finalice este período. En tal caso, lógicamente, no existe posibilidad de poder cumplir esa fecha de implantación de 2004, y mi Grupo siente gran preocupación por ello.
Dentro de un contexto diferente, por otra parte, el lema de mi Grupo ha venido siendo durante los últimos meses «haz la ley y no la guerra». En nuestra opinión, resultan vitales los instrumentos legales y el ánimo de alcanzar acuerdos, especialmente en los temas de los derechos humanos y de la democracia. Nos gustaría, por consiguiente, establecer nuevos acuerdos acerca de las cláusulas incluidas en los tratados con terceros países. El Parlamento debe desempeñar una función de control de dichos acuerdos y es necesario asimismo extraer conclusiones. ¿De qué otra forma se podría evitar que esas cláusulas importantes -a las que la Unión Europea hace además constante alusión para exteriorizar su apoyo a los derechos humanos y la democracia- se conviertan en simple palabrería hueca?
La igualdad de trato entre hombres y mujeres afecta asimismo la esencia de los valores de la Unión. El sábado pasado fue 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- y por ello considero oportuno decir también algo al respecto. La directivas han ejercido una enorme influencia en la emancipación de la mujer y es vital que se cumplan, también por parte de los países candidatos a la adhesión. Forma parte del acervo comunitario que ha de adoptarse sin períodos transitorios. Espero que la Comisión se manifieste acerca de si, según su criterio, dispone de suficientes medios financieros y administrativos para ello. En caso negativo, esta es otra de las partidas que deberán incluirse en el procedimiento presupuestario.
Quisiera referirme ahora a un tema de una índole totalmente diferente. El informe de la Sra. Gill afirma -en contra de su deseo, dicho sea de paso- que los partidos políticos deben ser financiados con cargo al presupuesto del Parlamento. Realmente me deja estupefacta. ¿Es que no hemos aprendido nada del informe del Tribunal de Cuentas, que afirmaba que no puede existir ninguna conexión entre los grupos y los partidos políticos? Además, eso estrecharía la línea divisoria entre la donación de fondos y la compra de votos. ¿Pudiera darse el caso de que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos considerara oportuno que el Consejo careciera de control sobre dichos fondos, porque en tal caso el Consejo, en virtud de un pacto entre caballeros, tampoco se avendría a opinar acerca de los fondos para los partidos políticos? En opinión de mi Grupo, eso resulta inaceptable. En el caso de que, en contra de nuestro deseo, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que propugna la inclusión de tales fondos en el presupuesto general de la Comisión, no salga aprobada, nos veremos obligados por desgracia a votar contra el informe.

Butel (EDD).
Señorías, Presidente Prodi, hoy estamos debatiendo, además de la estrategia de la Comisión para 2004, las directrices económicas y presupuestarias. Toda vez que el clima económico y social es de extrema tensión, me sorprende el optimismo de la comunicación de la Comisión y, siendo muy franco, me exaspera esta forma de plantear un debate. Yo podría haber redactado el apartado 2 de la propuesta de resolución sobre el estado de la economía europea, que hace un llamamiento a los dirigentes europeos durante el próximo Consejo de primavera sobre Asuntos Económicos para que eviten alocuciones vagas y autocomplacientes y estaría dispuesto a votar mañana en favor de ella. Pero esa es la única parte de este debate con la que estoy de acuerdo.
En lo concerniente al resto, existe una enorme abismo entre las divagaciones líricas de la Comisión acerca de la economía europea más competitiva, la sociedad basada en el conocimiento, las nuevas modalidades de gobierno, por una parte, y las esperanzas fallidas de crecimiento y empleo, por otra, a pesar de las reiteradas promesas del mercado único y el euro. Resulta chocante y no admite una explicación sencilla. Tal vez el señor Prodi pueda explicarnos por qué la Comisión se manifiesta en este sentido, cuando los análisis realizados por la Eurostat y la OCDE dibujan una imagen netamente pesimista. El Gobierno de mi país también ha aceptado finalmente los hechos, tras haber mostrado un exceso de optimismo que, irónicamente, la Comisión no ha pasado por alto criticar. Todavía resulta más chocante asistir, a la luz de los hechos, a la contumacia de la Comisión en favor de la ampliación y de la utilización de todos los medios a su alcance para tratar de dar una imagen atractiva de la Unión Europea.
Los anuncios publicados en los diarios de Malta, exhibiendo el monto de la ayuda que el país recibirá en caso de adherirse a la Unión, me han parecido especialmente desafortunados. He tenido esa misma sensación desagradable al leer el siguiente párrafo de la estrategia de usted para 2004: «En tales circunstancias, esta Comisión desea dejar sentados los fundamentos para el éxito de la Europa ampliada. Con dicho enfoque, esta Comisión manifiesta que 2004 verá el cumplimiento de los objetivos que se marcó a principios de su mandato». Este pasaje me recuerda otro extracto de hace cinco años, que afirmaba que el mandato de la Comisión en aquel momento se había caracterizado por el progreso en diversos campos a fin de prepararse para el futuro con la confianza y los recursos necesarios. Este pasaje merece consideración a la vista de lo que le ocurrió a la Comisión anterior y al objetivo político de una gestión transparente y eficaz. Queda en sus manos demostrarnos que no está siguiendo la misma senda y eso no nos dejará mucho tiempo para hacer de vigilantes del mundo.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la Comisión nos presenta hoy una comunicación sobre su estrategia política anual, respecto a la cual deseo formular varios comentarios.
En primer lugar, en cuanto a la forma: el primer párrafo afirma, y cito textualmente: «La estrategia política anual de la Comisión [?] tiene por objeto definir las prioridades políticas de la Comisión y garantizar una adecuada correlación entre las iniciativas políticas y los recursos correspondientes». Esta frase puede proporcionar una impresión errónea. Nos lleva a creer que la Comisión es un gobierno que adopta su estrategia política. No se trata de eso: esta comunicación es una mera propuesta que deberá, de una manera o de otra, ser aprobada por el Consejo, que es el único organismo, según el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, facultado para proporcionar el empuje político a la Unión. Quiero señalar asimismo que el Consejo no se halla presente hoy y no sé qué explicación darle a tal ausencia.
En segundo lugar, las prioridades seleccionadas son válidas, pero cabe apreciar una diferencia de enfoque entre la primera, la ampliación y el funcionamiento de la Unión Europea, y la segunda, la estabilidad de las fronteras.
En el seno de la Unión, incluyendo tanto los antiguos como los nuevos Estados miembros, existe una especie de fundamentalismo comunitario; sin embargo, en lo referente a las relaciones con los países vecinos, la flexibilidad y la geometría variable hacen posible la puesta en práctica de diferentes marcos de cooperación. Creemos que la flexibilidad debería estar presente en la totalidad de los casos. El Presidente Prodi ha vuelto a repetir una vez más que, en una Europa con 25 Estados miembros, tendremos que eliminar las decisiones por unanimidad y generalizar el voto por mayoría cualificada. Nosotros opinamos que el voto por mayoría cualificada tampoco funcionará si no aceptamos además el derecho de veto para los Parlamentos nacionales y la geometría variable.

Mulder (ELDR)
Señor Presidente, el ejercicio financiero de 2004 será atípico por varias razones. En primer lugar, nuestro presupuesto tendrá que tener en consideración el hecho de que, con fecha 1 de mayo de ese año, se habrán adherido probablemente diez nuevos Estados miembros. Para que eso sea posible es necesario modificar el planteamiento financiero. Todavía se están celebrando negociaciones a este respecto, pero en cuanto al Parlamento, la aprobación de los protocolos de adhesión, y las cifras que implican, no debería implicar automáticamente el visto bueno para el planteamiento financiero. Este tema exige profundizar en el debate.
El Parlamento muestra una inclinación no disimulada en favor de que quede aprobado el presupuesto en diciembre del presente año para los 25 Estados miembros. Eso significa que hemos de trabajar sobre la base de 15 Estados miembros para la primera parte de 2004 y luego, a partir del 1 de mayo de 2004, adicionalmente para los nuevos diez Estados miembros. Los presupuestos tendrán que reflejar ciertas observaciones para permitirlo.
Otro elemento novedoso del presupuesto de 2004, al que espero se acostumbren los Estados miembros, es un nuevo sistema denominado «presupuestación sobre la base de las actividades». Como he dicho, todo el mundo tendrá que adaptarse a él. ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto de 2004? En primer lugar -y el Sr. Prodi ya lo ha mencionado- tenemos que procurar que las economías de los nuevos Estados miembros se integren en las de los Estados miembros actuales. Tenemos que favorecer la actividad económica y, a tal fin, primero hemos que crear mejores oportunidades de inversión en dichos países y tenemos que habilitar todos los medios para hacerlo posible.
La segunda prioridad del presupuesto consiste en mejorar la capacidad administrativa en dichos países. ¿Cómo van a poder gestionar las enormes sumas de dinero que van a recibir y cómo van a poder asegurar que se presenten buenos proyectos?
Quiero pronunciarme ahora acerca de las diferentes rúbricas del presupuesto, comenzando por la 1, Agricultura. Todo dependerá de los resultados de la revisión intermedia del Comisario Fischler, pero al margen de ello, nos gustaría que se prestara atención a una serie de temas. El primero entre ellos es la cuestión relativa a la naturaleza exacta de la relación entre el abono de las subvenciones agrícolas y las directrices medioambientales europeas. Hemos de definirla con mayor precisión.
El segundo punto gira en torno a la cuestión de si será posible desarrollar planes de seguros en el futuro para las enfermedades veterinarias. Actualmente estamos padeciendo peste aviar en los Países Bajos y hemos sufrido fiebre aftosa y fiebre porcina. Tenemos que estudiar esta cuestión. Además, ¿se puede hacer algo más para promocionar la venta de productos agrícolas, especialmente los productos agrícolas de alta calidad?
En cuanto a la rúbrica 2, Acciones estructurales, lo principal es que tenemos que cumplir lo que hemos prometido. Tenemos que preocuparnos de que los países, a quienes se les ha dicho que serán destinatarios de fondos estructurales, realmente los reciban y que las limitaciones administrativas no sean demasiado restrictivas. Tenemos que estudiar las consecuencias de la regla n+2 y las consecuencias de la reserva de prestaciones del 4%.
En cuanto a la rúbrica 3, Políticas internas, varios de los aspectos encuadrados bajo esta rúbrica ya han quedado sentados. Por lo que respecta al resto, tendremos que dedicar atención a lo que Europa puede hacer para combatir el terrorismo, un tema que está muy presente en estas fechas. ¿Qué se puede hacer, para que resulte más eficaz, aplicándolo a toda Europa en su conjunto en vez de en cada uno de los Estados miembros de forma independiente? ¿Qué podemos hacer en favor de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, en pro de una mejor protección de las fronteras exteriores y una mejor política de asilo? ¿Qué podemos hacer para mejorar la seguridad nuclear en los nuevos Estados miembros? Por último voy a suscitar un tema adicional: ¿qué podemos hacer respecto de la proliferación de organismos? Parece ser que cada año van surgiendo nuevos organismos. ¿No constituye esto un exceso? Quiero plantear asimismo un último asunto: ¿qué podemos hacer acerca de la población de edad cada vez mayor de Europa?
Como ya es habitual, la rúbrica 4 exige una atención especial, sobre todo en estos momentos. ¿Cuáles serán las consecuencias de una crisis en el Iraq o de una crisis en Oriente Medio? Tal vez tengamos que enfrentarnos a muchos otros temas, por lo que debemos permanecer vigilantes de los anteriores.
Respecto de la rúbrica 5, Administración, tenemos que examinar minuciosamente los resultados de la reforma de la Comisión. Hemos de estudiar igualmente cuáles han sido los resultados de la asignación adicional de funcionarios que hemos realizado en el pasado, entre otras cosas.
Por lo que concierne al último punto, la rúbrica 7, en Copenhague se adoptó una decisión para incluir la ayuda a Turquía bajo la rúbrica 7 y la Comisión está de acuerdo. Sin embargo, el Consejo también ha dicho que debemos esperar hasta 2004 para analizar si se pueden iniciar las negociaciones con Turquía. Tenemos que reconsiderar si se debe cambiar de denominación esta rúbrica y si debemos dividirla en diferentes subrúbricas, etc.
Mi última consideración -ya oigo su maza, señor Presidente- consiste en que estoy dando por sentada una cooperación constructiva con todo el mundo en este Parlamento y, especialmente, con las innumerables comisiones. Finalmente, también voy a dedicar especial atención al tema planteado por el Sr. Elles.

Gill (PSE)
Señor Presidente, el presupuesto de 2004 de otras instituciones, tal como ha dicho el Sr. Mulder, será el primero de la Unión Europea constituida por 25 Estados miembros. En consecuencia, probablemente será más complejo que cualquier otro y por ello me gustaría comenzar agradeciendo a todo el mundo su cooperación.
A mí me parece imperativo que las instituciones europeas cuenten con los medios necesarios para completar sus preparativos, ya que la ampliación tiene que resultar un éxito perceptible para los ciudadanos europeos. Dentro de este contexto, en mi resolución resaltan tres temas principales. En primer lugar, la consecución de una mayor responsabilidad mediante la mejora de la presentación y de la transparencia del presupuesto. Quiero que mejore la calidad del gasto, no solo conseguir que se haga. Es necesario seguir desarrollando la información sobre los factores de coste más importantes para lograr una mayor efectividad y una sana gestión financiera.
La transparencia real solo será verdaderamente perceptible hacia fuera para los ciudadanos europeos si antes lo es hacia dentro. Nuestro sistema actual no siempre se presta fácilmente a cumplir este objetivo. La adopción de decisiones está demasiado centralizada y no existe suficiente cesión y delegación en las estructuras de gestión.
Ya que estamos hablando de transparencia, uno de los principales ámbitos nuevos a considerar es la subvención de los partidos políticos. Estoy muy decepcionada por el hecho de que los que se encuentran al otro lado de esta Cámara, que se proclaman paladines de la transparencia, abogan por subvenciones a cuenta del presupuesto del Parlamento, en vez del de la Comisión. Sin lugar a dudas, esto nos hará blanco de acusaciones en el sentido de que perseguimos nuestro propio interés político. Esta partida presupuestaria debería seguir asignada a la Comisión, que dispone de los instrumentos para gestionarla de manera objetiva. La Comisión se equivoca al adoptar un enfoque a muy corto plazo y proponer una solución diferente.
Mi segunda gran preocupación es la de conectar y comunicar más coherentemente con los ciudadanos de Europa. Tenemos que ser más innovadores y ambiciosos en casi todos los ámbitos de nuestro quehacer, y más que nunca en lo relativo a nuestras políticas de información y comunicación. Si hablamos de informática, nuestro sitio web tiene que ser percibido más como una herramienta de comunicación que como una simple ventanilla de información.
El Parlamento tiene que desempeñar una función más importante en la estrategia de comunicación interinstitucional ejecutada por la Comisión. Además, necesitamos una mayor dedicación por parte de todos para garantizar una participación ciudadana y cívica activa. Es por tanto crucial que los ciudadanos europeos estén mejor informados acerca de las actividades del Parlamento y del modo en que la legislación europea puede afectar su vida cotidiana. Para conseguir esto tenemos que pensar en crear un espacio de medios de comunicación públicos europeos.
Mi tercera consideración gira en torno a la creación de un marco flexible para las operaciones futuras del Parlamento y otras instituciones. Este es probablemente uno de los mayores desafíos para todas las instituciones y acojo con agrado las propuestas de «pisar el acelerador» formuladas por el Secretario General del Parlamento para mejorar el enfoque de las actividades de nuestro secretariado y proporcionar una mayor asistencia legislativa a los Estados miembros. De todas maneras, hay que decir que se trata de un conjunto bastante moderado de propuestas. Entre ellas figura una encaminada a establecer una oficina de presentación de propuestas, lo cual constituye sin duda un paso en la buena dirección. Sé que hay personas que abrigan ciertas reservas al respecto, pero siendo honrados con nosotros mismos, el número de enmiendas alucinantemente banales a que hemos de enfrentarnos es asombroso. Me hubiese gustado detectar una mayor ambición e innovación por parte del Secretario General, pero reconozco el escaso entusiasmo que nuestra institución siente por las reformas y los cambios.
En resumen, he sido ponente únicamente durante los últimos meses. Sin embargo, he constatado que el proceso es sumamente instructivo. He descubierto rincones y pasillos en esta Cámara que no sabía que existían. Abusando de su indulgencia, me gustaría compartir con ustedes algunas de mis impresiones iniciales.
Me he topado con algunas personas de enorme talento, comprometidas y tenaces, pero por cada una de ellas hay dos que parecen vivir flotando. No deja de ser notable que esta Cámara consiga lo que consigue y continúe evolucionando, dada la resistencia en prácticamente todas las estructuras. La cultura con que me he enfrentado a lo largo y a lo ancho de toda la institución parece ser extremadamente hostil a cualquier cambio por pequeño que sea, y apenas se ha terminado de formular una opinión ya andan circulando por ahí cartas poniéndole pegas. Son muy pocos los que han valorado verdaderamente todas las implicaciones de la ampliación. Existe la creencia de que podemos continuar haciendo las cosas tal como hemos venido haciéndolas, solo que habrá que hacerlas diez veces más.
Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros han tenido que hacer gala de una flexibilidad enorme para pasar del sistema antiguo al nuevo. Los que trabajamos en las instituciones tenemos que empezar a mostrar una flexibilidad similar si queremos aumentar la credibilidad de nuestras instituciones.

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, la estrategia política anual proporciona un marco para el presupuesto de 2004, que será especial por cuanto va a ser el primer presupuesto aplicable a la población de veinticinco Estados miembros y, dicho en términos oficiales, el primer presupuesto con el formato nuevo, en el que se pone mayor énfasis en las políticas de la Unión Europea.
La ampliación se hará realidad en 2004 y nosotros, desde las instituciones, tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que sea una éxito desde el primer momento. Los nuevos Estados miembros participarán a partir del mismo día de su adhesión en todos los programas subvencionados por el presupuesto europeo: programas de política agrícola, política estructural, política medioambiental, los programas de investigación y, por poner un ejemplo distinto, los programas para promocionar las redes transeuropeas.
Aunque el marco financiero para los nuevos Estados miembros se negoció en Copenhague, el ajuste de la perspectiva financiera ha de ser una decisión adoptada conjuntamente por el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Así las cosas, necesariamente se infiere que el Parlamento tiene el derecho acordado de examinar la adecuación de la propuesta al ajuste financiero del marco. No obstante, espero que seamos capaces de alcanzar una resolución conjunta acerca del ajuste del marco financiero antes de la firma formal de los tratados en el Ágora de Atenas. Hablando en nombre de la Comisión, reitero que estamos a su total disposición para validar todas las opciones a fin de alcanzar una resolución conjunta al respecto.
En 2004 habrá programas nuevos para los nuevos Estados miembros, por ejemplo, el mecanismo de Schengen, que será, por primera vez, una especie de acuerdo de cofinanciación, mediante el cual el presupuesto europeo subvencionará las tareas para el cumplimiento de los criterios de Schengen. Por primera vez, igualmente, se habilitará ayuda financiera, por ejemplo, para el cierre de las centrales de energía nuclear. Dado que los nuevos Estados miembros tendrán que adaptar su legislación referente a la competencia y al medio ambiente desde el primer momento, la Comisión va a solicitar a las autoridades presupuestarias, a partir de este mismo año, que autoricen partidas adicionales y, puesto que debemos hacer frente a una nueva diversidad lingüística, la mitad de las partidas necesarias en 2004 quedarán reservadas para los servicios lingüísticos.
Entre las demás prioridades para 2004 se encuentra el mantenimiento de la estabilidad política y, como acaba de decir el Presidente de la Comisión, eso posee una dimensión tanto exterior como interior. En lo que concierne a los efectos exteriores, esta prioridad tendrá fiel reflejo en el presupuesto merced a nuestra propuesta de un incremento de subvenciones para la región balcánica y asimismo para el programa MEDA. La Comisión propone igualmente que la ayuda de preadhesión para Bulgaria y Rumania -tal como se ha prometido a los dos países- debe incrementarse para proporcionar a ambos una mayor asistencia en su esfuerzo por alcanzar el objetivo de llegar a convertirse en Estados miembros de la Unión Europea en 2007.
La Comisión propone además aumentar de manera notable las subvenciones para Turquía a fin de financiar los procesos de reforma y su preparación para su adhesión a la Unión Europea. La Comisión va a formular adicionalmente una nueva propuesta para tratar los temas relativos a la migración en el contexto de los diferentes ámbitos políticos. Para ello vamos a proponer un nuevo programa plurianual. El crecimiento sostenible constituye otra prioridad, lo que significa que, por ejemplo, una de nuestras propuestas que necesita perfeccionarse es la relativa a las formas de combatir la contaminación marina ocasionada por los accidentes de los buques petroleros, y además tenemos que prever una mayor dotación de recursos para la lucha contra las enfermedades contagiosas.
Si comparo esta lista con la expuesta por el Sr. Mulder durante su intervención y su informe, por el cual le felicito, muchas de las prioridades fijadas para el presupuesto de 2004 por el Parlamento y la Comisión resultan muy parecidas. Siendo así, yo también espero que seamos capaces de llevar a término satisfactorio el procedimiento presupuestario. Deseo felicitar igualmente a la Sra. Gill por su informe.
Quisiera utilizar el tiempo que me queda para tratar brevemente dos cuestiones que han sido planteadas. La primera tiene relación con la propuesta de un instrumento para las partidas presupuestarias en el capítulo A-30. Presentaremos dicha propuesta al Parlamento a finales de abril. En cuanto a la segunda, la financiación de los partidos, lo que resulta esencial es que por fin nos lancemos y establezcamos una base legal que permita zanjar este capítulo de manera que dispongamos de unos cimientos legales inequívocos sobre los que poder asignar fondos con cargo al presupuesto europeo. Por lo que respecta a la pregunta de a quien compete, a la vista de la separación de poderes, administrar tales fondos, ciertamente tendremos oportunidad de debatirlo con mayor profundidad.
En 2004, se hará realidad la ampliación, un acontecimiento histórico. El Presidente de la Comisión ha expuesto cómo la Comisión ha decidido aceptar su responsabilidad y presentar propuestas para las tareas de la Unión, así como para los recursos financieros que estas requieran, para el período posterior a 2006. La Comisión se muestra abierta a todos los argumentos en cuanto a si esta propuesta para la nueva perspectiva financiera -es decir, para el período posterior a 2006- debería abarcar el período hasta 2013 ó 2011. Considero que es un momento oportuno para cambiar a un ciclo de cinco años de duración. Tenemos la suerte de disponer de tiempo para discutir conjuntamente estos temas y fijar el marco más apropiado.
La propuesta relativa al marco financiero tiene que adecuarse a los desafíos que planteará el futuro y, en términos financieros, estos van a afectar los temas planteados por el Sr. Mulder, acerca de lo que podemos hacer para convertir realmente a Europa en una economía basada en el conocimiento y en la economía más competitiva de todas, acerca de cuánto más podemos asignar del presupuesto a esto y de qué programas son necesarios para conseguirlo. Las expectativas a que ha hecho referencia el Presidente de la Comisión -esto es, la expectativa de la población de que la Unión Europea contribuya a su seguridad- plantean la cuestión acerca de lo que, por ejemplo, eso significa para el presupuesto europeo. Dado que la tarea de asegurar nuestras fronteras es una cuestión de interés común, ¿no debería plasmarse en algún tipo de financiación conjunta?
La ampliación se traducirá en mayores diferencias económicas dentro de la Unión Europea y eso planteará exigencias concretas cara a las subvenciones que habremos de habilitar como expresión de nuestra solidaridad. Estas tareas nos obligarán a presentar propuestas. Aun cuando queramos desempeñar, como Unión Europea, un papel de mayor enjundia en los asuntos exteriores, tendremos que plasmarlo en propuestas que resulten aceptables para el presupuesto.
Esto significa que nuestra tarea ha de consistir en elaborar propuestas para una Unión conformada por veinticinco o veintisiete Estados miembros y parece razonable que tales propuestas encierren un valor añadido para los ciudadanos de la Unión Europea. Desde este momento puedo prometerles que aprovecharemos el tiempo de que disponemos durante este año para trabajar en estrecha unión con el Parlamento en la elaboración de dichas propuestas.

Ceyhun (PSE)
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, señora Gill, señor Mulder, este año es otro en el que nuestra Comisión ha enfocado su atención sobre los temas centrales de la seguridad en las fronteras exteriores y en la completa libertad de movimiento, que son de gran importancia en cuanto a las partidas asignadas en las rúbricas presupuestarias que entran dentro del cometido de la Comisión. Por desgracia, este año vuelvo a constatar que seguimos sin haber avanzado mucho en cuanto a la total implantación de la libertad interior de movimiento. Por dicha razón resulta imperioso disponer de los medios necesarios para garantizar nuestras fronteras y defendernos contra el tráfico de seres humanos. Seguimos necesitando una reglamentación común inequívoca sobre inmigración legal.
El refuerzo de Europol y Eurojust, junto con la lucha contra el terrorismo, continúan estando entre las tareas más urgentes de la Unión Europea. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre: la creación de una espacio judicial común, pues solo así lograremos hacer entender a la gente la ampliación y convencerle de sus ventajas. Precisamente en relación con la ampliación quisiera llamar la atención hoy acerca del aumento de los costes de la seguridad interna en la Unión Europea del futuro. La UE tendrá que invertir bastante más dinero tanto en Eurodac como en Eurojust si queremos lograr, por ejemplo, un nivel igualmente elevado de protección en las nuevas fronteras, cuando la UE haya quedado ampliada para dar cabida a veinticinco Estados.
Schengen implicará también, en el futuro, nuevos incrementos del gasto para la UE, que constará, como ya he dicho, de 25 Estados miembros. Lo que todo esto significa es que el presupuesto de política interior tendrá que incrementarse si la Unión Europea pretende cumplir sus objetivos y obligaciones y desea que el espacio de libertad, seguridad y justicia no tenga una mera existencia teórica.
Por tal razón hago un llamamiento a mis compañeros Diputados para que apoyen la enmienda que hemos presentado hoy a las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2004 y las enmiendas que se plantearán durante los debates venideros sobre el presupuesto.

Maat (PPE-DE)
, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. (NL) Gracias, señor Presidente. Para empezar, me alegra que el Sr. Mulder sea ponente este año. Al ser miembro de la Comisión de Presupuestos, está muy bien informado sobre la agricultura, y como miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, quiero manifestar además mi confianza en que gozaremos de una cooperación constructiva con la Comisión de Presupuestos y con este ponente.
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural desearía expresar un par de consideraciones importantes acerca de las orientaciones. En primer lugar, constatamos que está comenzando a tomar cuerpo una cierta política concreta en relación con las enfermedades veterinarias en Europa. En cuanto a la tenencia de animales, la Unión Europea posee una legislación diferente a la de otras zonas del planeta y nuestra política hace más vulnerables a los animales ante las enfermedades. Observo que, en el pasado, hemos tenido brotes de fiebre aftosa y fiebre porcina en la Unión Europea y ahora padecemos otro brote de peste aviar. Eso significa que necesitamos una política mejor y que además tenemos que desarrollar mejores sistemas de aseguramiento con el fin de combatir adecuadamente justo este tipo de crisis y, además, tenemos que reservar una cantidad suficiente de fondos para permitir a los ganaderos y a la ganadería sobrevivir a este tipo de crisis. Por tanto, acojo con satisfacción el hecho de que el informe del Sr. Mulder incluya lo necesario para alcanzar tal fin.
El segundo punto hace referencia al desplazamiento en el sector en favor de una mayor orientación hacia el mercado. Eso significa que tenemos que ser más activos en cuanto a la promoción, la orientación hacia el mercado y la organización de la política financiera en este campo.
El tercer punto se refiere a los nuevos Estados miembros, motivo por el cual este es un presupuesto histórico. Me refiero al informe del Sr. Xaver Mayer, en el que solicita de manera expresa que los fondos SAPARD sean abonados en cualquier caso en los nuevos Estados miembros. Si lo anterior plantea problemas de índole legislativa, tendremos que procurar encontrar una solución satisfactoria, pero en cualquier caso, estos fondos también tendrán que abonarse en los nuevos Estados miembros en el futuro, sobre todo para la reestructuración de la agricultura y la horticultura. También tiene importancia que la política, especialmente en relación con la seguridad alimentaria, el desarrollo del bienestar animal y los instrumentos medioambientales en la agricultura, se enfoque en mayor medida hacia el desarrollo de instrumentos para la política financiera.

Collins (UEN)
Señor Presidente, uno de los mensajes claros que se desprende del informe de hoy es la necesidad de introducir procedimientos que simplifiquen el régimen de pagos de los Fondos Estructurales en Europa.
También es importante que la Comisión Europea se comprometa estrictamente a hacer cumplir el principio de la adicionalidad con métodos de verificación uniformes. Este es el parecer de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo de este Parlamento. La Comisión considera importante acelerar la implantación de todas las medidas generales necesarias para mejorar la calidad del gasto de los Fondos Estructurales en Europa.
Si se pretende que los Fondos Estructurales de la UE se apliquen a los fines previstos, esto es, a mejorar la cohesión económica y social de las distintas regiones, entonces ese dinero debe gastarse en forma de recursos financieros adicionales. Si el principio de adicionalidad no se hace cumplir de forma rigurosa y no se verifica de manera independiente, resultará muy difícil para las instituciones de la Unión Europea y los Gobiernos nacionales de la UE garantizar la mejora de la posición competitiva de las regiones más necesitadas. Apruebo la introducción de un presupuesto basado en actividades, y la fijación de objetivos claros y cuantificables ayudará mucho al proceso presupuestario. Todos estamos de acuerdo en que el presupuesto de la UE debe estar estructurado de manera que cumpla sus objetivos. Me preocupa que, aun cuando el ritmo de asignaciones con cargo al presupuesto comunitario para las redes transeuropeas en el ámbito de las medidas relativas al transporte sigue estando en un nivel satisfactorio, una serie de Estados miembros no han anticipado el dinero necesario para estos proyectos de RTE.
En un planteamiento presupuestario más amplio, acojo con satisfacción el hecho de que en el marco del presupuesto de 2004, la Comisión de Presupuestos del Parlamento apoye las siguientes medidas: la necesidad de aumentar las medidas de ayuda para el desarrollo rural en el contexto de la Política Agrícola Común de la UE; la necesidad de garantizar la seguridad de los productos alimentarios, tanto los procedentes del territorio de la UE como de terceros países; una mayor coordinación de las medidas de seguridad en las fronteras exteriores de la UE y mejores políticas de inmigración y asilo en la UE; y la promoción de un espacio de medios de comunicación de la UE para difundir información relativa a los trabajos de la Unión Europea y aumentar la percepción del público en cuanto al impacto de la legislación de la Unión Europea sobre las vidas cotidianas de los ciudadanos de Europa.

Perry, Roy (PPE-DE)
Señor Presidente, voy a hablar de un aspecto minúsculo, pero sin embargo muy importante, del presupuesto: el de la Comisión de Peticiones. Quisiera mencionar igualmente la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. Estas dos comisiones llegan a tener un contacto muy directo con el ciudadano europeo individual.
En los últimos años, la Comisión de Peticiones ha instituido la posibilidad de invitar a quienes formulan una petición a asistir a las reuniones de la comisión, siempre que sea posible, para abordar sus peticiones. Tenemos que garantizar una financiación suficiente para permitir que los ciudadanos lo puedan hacer si procede.
La formulación de una petición al Parlamento es un derecho fundamental de los ciudadanos de Europa. La Comisión de Peticiones constituye a menudo un atajo para el ciudadano a través de la burocracia de Europa a la hora de plantear temas que afectan a su existencia. Estoy hablando solo de un aumento muy modesto de las cantidades disponibles, pero transmitiría un mensaje imponente a la población europea.
Debemos recordar igualmente que el Defensor del Pueblo es el otro gran valedor de los derechos de los ciudadanos. Según el Eurobarómetro, el 87% de los ciudadanos conocen su derecho a recurrir al Defensor del Pueblo europeo. Acabamos de nombrar un nuevo Defensor del Pueblo. Yo no tengo ningún interés personal en esto, pero necesitamos garantizar la existencia de una dotación adecuada para que el Defensor del Pueblo disponga del equipo y los recursos para hacer frente a la ampliación de Europa.
Para la cultura -menos del 0,5% del gasto total- tenemos que habilitar un procedimiento eficaz para las partidas A-30. He escuchado lo que ha dicho antes la Sra. Comisaria. Me parece muy bien. El calendario es crucial a este respecto. Espero que los procedimientos estén operativos para que organismos tales como la Joven Orquesta Europea y la Fundación Yehudi Menuhin tengan la certeza de que su futuro está asegurado.

Garriga Polledo (PPE-DE).
Señor Presidente, representantes del Consejo -dondequiera que estén-, señora Comisaria Schreyer, queridos colegas, quiero defender la posición del Grupo del Partido Popular Europeo en relación con el informe Jan Mulder, sobre las orientaciones presupuestarias para el año 2004.
Quiero empezar por lo más fácil, es decir, felicitar al ponente por sus ideas y por el cuidado exquisito que ha puesto en intentar incorporar al informe la mayor parte de las ideas de los demás. Nuestro Grupo está de acuerdo con el informe, lo apoyamos plenamente, tanto que no hemos presentado a este Pleno ninguna enmienda. Nos gustaría que no fueran aprobadas demasiadas enmiendas de las que han presentado otros Grupos.
El ejercicio presupuestario de 2004 va a ser, como ha dicho nuestro ponente, un presupuesto extraño hasta al final, ya que empezará siendo para quince Estados miembros y terminará en una aplicación a veinticinco. Esto va a suponer un esfuerzo suplementario de entendimiento entre las tres instituciones, entendimiento que no pasa ahora mismo por el mejor momento de la comprensión mutua.
En los difíciles tiempos que corren dentro y fuera de Europa -especialmente fuera-, el presupuesto 2004 de la Unión debería ser una muestra de confianza en nosotros, europeos, en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades. El presupuesto de la Unión para el año 2004 debería contribuir a reforzar el papel y la influencia de Europa fuera de sus fronteras, ahora que nuestra política exterior común, sus instrumentos e incluso las personas encargadas de manejarlos, parecen desaparecidos en un combate que aún no ha empezado.
La Europa que se anuncia en el informe Mulder es una Europa unida que debe crear competitividad y empleo y que debe ser un socio fiable en el mundo, gestionando mejor sus políticas comunes. Pero, para ello, entre muchas otras cosas, debe haber una cooperación interinstitucional que hoy parece dudosa. El propio informe habla en sus apartados 2, 3 y 5 de que las perspectivas financieras de la ampliación se aprobarán conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo. A fecha de hoy, eso no parece ser así.
Para que Europa sea un socio fiable, para que seamos competitivos y creemos empleo, el Parlamento Europeo tiene mucho que decir respecto a la financiación de la política interior y exterior. No es aceptable que, unilateralmente, se fijen unos montantes globales en el ajuste de las perspectivas financieras, sin que el Parlamento Europeo pueda mostrar las carencias de dichas categorías y negociar unos montantes suficientes.
El Grupo del Partido Popular Europeo está dispuesto a negociar con el Consejo y la Comisión estas categorías, que hoy son imprescindibles para cumplir las prioridades que el propio Jan Mulder ha marcado. En un momento de tanta desunión, de tanta divergencia, no deberíamos dejar que las instituciones de la Unión contribuyeran al desorden, sino que estas deberían ser un ejemplo de diálogo y de cooperación.

Walter (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, permítanme comenzar agradeciendo sinceramente a los ponentes, la Sra. Gill y el Sr. Mulder, por la excelente cooperación que hemos venido disfrutando durante las últimas semanas. Estamos todavía demasiado a principios de año para fijar las partidas presupuestarias, pero el procedimiento ha variado de tal forma que en el futuro tendremos que hacerlo siempre bastante temprano, lo cual no representa necesariamente un inconveniente.
Si observamos las discusiones que están teniendo lugar actualmente en la Unión Europea, detectaremos que, por una parte, Europa se asocia a nivel de la población con una enorme dosis de esperanza, pero que, por otra, la gente está momentáneamente bastante desconcertada por muchos de sus aspectos. Los debates que vamos a celebrar este año, que además ejercerán cierta influencia en el presupuesto del año próximo, versarán sobre temas tales como la Convención, la ampliación, el progreso económico futuro y las perspectivas de paz. Resulta igualmente necesario que nosotros, el Parlamento, hagamos un trabajo fiable respecto del presupuesto, fiable en cuanto a lo que hemos hecho en el pasado y en cuanto a lo que queremos afrontar en el futuro.
Hay que plantear y debatir cada tema concreto de una manera sincera y transparente. En todos y cada uno de los debates he dicho que tenemos que disfrutar de igualdad de derechos en todos los ámbitos del presupuesto, y sólo dejaré de decirlo cuando alcancemos esa situación, y la Convención tiene la oportunidad de que así ocurra y también en el procedimiento presupuestario, incluso en asuntos de política agrícola, y conceder a ambas partes de la autoridad presupuestaria idénticos poderes. Tenemos que garantizar que la transparencia y la claridad en materias relativas al presupuesto europeo puedan llegar a comunicarse al público.
Nos encontramos en el umbral de la ampliación. Queremos la ampliación. La división del continente de Europa en Occidental y Oriental, pobre y rico, es una falacia, pero los preparativos para la ampliación tienen que ser transparentes y la lógica que los sustente tiene que ser comprensible, aun cuando se trate de asuntos financieros. El Parlamento es una de las dos partes responsables de la toma de decisiones y no vamos a permitir al Consejo que nos presente hechos consumados en estas materias.
En lo que concierne al desarrollo económico de Europa, muchos de los que han hecho uso de la palabra anteriormente han afirmado que tenemos que desarrollar aún más el mercado interior, ese mercado interior que muchos juzgaron enfocado en una dirección correcta y que generó sus esperanzas; pero el desempleo en Europa sigue siendo un problema de la misma gravedad que la que había venido teniendo. Disponemos de los medios para hacer algo al respecto. En los últimos años hemos devuelto 14 millardos de euros en una ocasión, 11 millardos de euros en otra y este año vamos a devolver 7 millardos de euros, recursos que no se han utilizado, en los Fondos estructurales por ejemplo, para combatir el paro. Es algo que no debemos aceptar. Esta tendencia se ha visto aliviada en parte, pero sigue dándose el caso de que son excesivos los fondos disponibles de los que no podemos hacer uso. Para poder avanzar en este campo, os pido que promováis aún más la simplificación de la administración.
En cuanto a la paz -tanto en el mundo como en el continente europeo- parece natural que tomemos como base de partida nuestras acciones pasadas para los desarrollos futuros, pero puesto que Europa aspira a elaborar una política exterior y de seguridad común, no debe entenderse como constituida solo por quienes están actualmente implicados en la creación de estructuras militares conjuntas. Nuestro planteamiento ha de consistir en evitar y prevenir los conflictos y en el desarme, como hemos realizado en temas como las minas terrestres, y si se me permite hacer referencia a los acontecimientos en Palestina y en el Iraq, evidentemente estamos preparados para suministrar ayuda humanitaria allí en fechas futuras, pero que nadie entienda esto como una patente de corso para hacer cuanto esté en sus manos, sobre la idea de que pueden aportar su pequeño grano de arena y que la reconstrucción pueda quedar en manos de la Unión Europea. Hemos de dejar meridianamente claro que no vamos a conceder carta blanca a nadie.
Paso ahora al punto final que quiero exponer. Europa está sufriendo un cambio demográfico -y este es el punto en el que hemos de tener una mayor visión de futuro- por cuanto tiene un número cada vez más abundante de gente de edad avanzada y cada vez menos jóvenes. En el contexto europeo, eso producirá un efecto sobre las pensiones. Queremos que todas las políticas se enfoquen desde la perspectiva de lo que estos cambios supondrán en el futuro ?
(El Presidente interrumpe al orador)

Jensen (ELDR).
Señor Presidente, como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, la elaboración del presupuesto de 2004 resulta especialmente motivadora y complicada debido a la ampliación y a las continuas reformas en la confección de presupuestos de la UE. Este es el primer año en que se pone en práctica el presupuesto basado en actividades, que nos simplificará a todos en el futuro la interpretación de los mensajes políticos en el presupuesto.
Quisiera comenzar agradeciendo al Sr. Mulder y a la Sra. Gill por sus documentos de debate, tan constructivos y bien estructurados, para trabajar sobre el presupuesto de 2004. El objetivo del presupuesto de este año ha consistido en unificar Europa, ya que la ampliación implica la necesidad de toda una serie de nuevas iniciativas. En este contexto, quiero mencionar concretamente la necesidad de que las reformas de la Comisión se lleven a la práctica de forma tal que la administración resulte verdaderamente eficaz y goce de suficiente flexibilidad como para poder, de una vez por todas, solventar esos problemas que desembocaron en la dimisión de la Comisión en 1999. Si no conseguimos resolver los problemas ahora, el estado de cosas va a resultar mucho más complicado en una UE ampliada. Cabría argumentar que la ampliación va a representar una oportunidad única para acabar con una serie de problemas. Pero sin embargo, las dificultades para resolverlos también se agudizarán. Como ha mencionado la Sra. Gill, eso resulta igualmente aplicable, por supuesto, a nuestra propia institución, el Parlamento, que sin lugar a dudas tendrá que convencerse de la necesidad de adecentar su administración.
Para nosotros resulta muy importante reservar los fondos necesarios para el desarrollo continuado de la administración, la formación y el diálogo social en los nuevos Estados miembros. Lo mismo cabe decir de los presupuestos para los organismos en las esferas de la formación y el mercado laboral.
El último tema que quisiera abordar es el de que, tras la ampliación, la UE tendrá fronteras nuevas en la región oriental. Dentro del presupuesto, la ayuda a los países del antiguo bloque soviético ha de encauzarse a través de los programas TACIS que proporcionan fondos para el desarrollo administrativo, la formación y la promoción de la seguridad en relación con las plantas de energía nuclear. Es muy importante que TACIS continúe garantizando la correcta puesta en práctica de los proyectos. La seguridad nuclear, sobre todo, constituye una prioridad política de primera categoría.
Me alegra que en este proceso presupuestario podamos dar la bienvenida también a nuestros futuros compañeros diputados al Parlamento de los nuevos Estados miembros. Creo que, gracias a su conocimiento más profundo de nuestros nuevos vecinos, ellos podrán aportar algunas ideas precisas acerca de como desarrollar en general, cara al futuro, los programas TACIS y asegurar además que se lleven a la práctica de una manera eficaz. Es uno de los aspectos del debate y del presupuesto que espero con enorme interés.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, señores Comisarios, he sacado una impresión muy pobre durante la Convención europea en cuanto al rumbo que está siguiendo la política de la UE en materia de idiomas. Las enmiendas propuestas al borrador de la constitución del Presidio no han sido traducidas a los idiomas oficiales de la UE. Los debates celebrados por los grupos de trabajo de la Convención solo han sido objeto de interpretación a dos o tres idiomas. Sin embargo, se está elaborando el borrador de una constitución que tiene un rango superior al de la legislación nacional de los Estados miembros. Dado que la Convención se denomina Convención sobre el futuro, las restricciones lingüísticas y la destrucción de las identidades lingüísticas pudieran parecer parte integrante del futuro de la Unión Europea.
Los dos informes presupuestarios prestan atención a los idiomas, la traducción y la interpretación. Cuando la Sra. Gill habla de un multilingüismo controlado, no tengo la certeza de que eso signifique igualdad para todos los idiomas. Cuando se menciona la interpretación a distancia, no estoy seguro de que eso signifique interpretación a distancia para todas las lenguas. En el caso de que no se vayan a utilizar en igualdad de condiciones todas las lenguas en la UE, sometamos a sorteo cuáles de esas lenguas van a ser las denominadas lenguas de trabajo. Otro desafuero lingüístico es el hecho de que el Servicio de Visitas del Parlamento Europeo ya no cuenta con un funcionario que hable finés.
Por lo demás, las orientaciones para el procedimiento presupuestario se mantienen a un nivel tan amplio que solo cabe formular algunas observaciones de carácter general. La voluntad política unánime del Parlamento parece ser la de adoptar la determinación de reducir el monto de los créditos de pago no abonados o RAL. Muchos de los integrantes de nuestro Grupo son contrarios a la introducción del apoyo financiero a los partidos europeos, por cuanto los partidos se convertirían entonces en supranacionales.
Por lo que se refiere al informe del Sr Wynn, que es el siguiente que se va a someter a debate, se han presentado algunas enmiendas al respecto que abogan por la implantación de «euroimpuestos» para financiar las labores de la UE. Estos impuestos supranacionales resultan inaceptables para muchos de los integrantes de nuestro Grupo.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, el diseño de una estrategia para el año que viene nos proporciona una oportunidad excelente para fijar prioridades. Dentro de su estrategia política para 2004, la Comisión opta en primer lugar por el acceso de diez nuevos Estados miembros a la UE, seguido por la estabilidad y finalmente por el crecimiento sostenible. No tenemos inconveniente en apoyar esta selección de prioridades políticas. La adhesión de diez nuevos Estados miembros ha supuesto un tema importante a lo largo del mandato de esta Comisión y es justo que se le conceda máxima prioridad en 2004. Al fin y al cabo, el 1 de mayo del año que viene, la ampliación de 15 a 25 Estados miembros será una realidad, siempre y cuando, por supuesto, la población de cada país candidato dé su consentimiento.
En la elaboración por parte de la Comisión del tema de «crecimiento sostenible y solidaridad» resulta chocante que, según el parecer de la Comisión, la Unión debe asumir gran número de responsabilidades, a saber: a) la consolidación de la cohesión económica y social, b) la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones, c) la potenciación de un desarrollo económico y social sostenible, y d) la promoción de un desarrollo equilibrado y sostenible.
Este optimismo acerca de la capacidad de un organismo para inducir por sí solo el cambio social no concuerda con nuestra visión del problema. La Comisión debería adoptar una actitud más modesta al respecto y no debería hacerse cargo de tantas tareas.
Consideramos que seleccionar la estabilidad como una de las prioridades constituye una sabia elección. Al fin y al cabo es preciso que nos tomemos más en serio la amenaza terrorista global. La elaboración de este ámbito político en términos concretos, sin embargo, difiere una vez más de nuestra idea de seguridad y estabilidad en Europa. El aliado más importante en la lucha global contra el terrorismo y en el mantenimiento de la estabilidad internacional falta del lado de lo que se conoce como la «iniciativa de nuevos vecinos» o política de «círculo de amigos». Me estoy refiriendo a la alianza de la OTAN, con los Estados Unidos como aliado de peso. ¿Está preparada la Comisión para definir su posición en este asunto?
En el contexto de la perspectiva plurianual de la Unión Europea para el período 2004-2006 es donde realmente queda al descubierto su verdadero talante: esta perspectiva habla de las tareas fundamentales no solo de la «ciudadanía europea» y la solidaridad mencionada anteriormente, sino también de permitir a la Unión «ejercer las responsabilidades propias de una potencia mundial».
A la luz de la situación actual, resulta utópico pensar en que la Unión Europea profundamente dividida desempeñe un papel más activo en el mantenimiento de la seguridad en el mundo.
El Sr. Mulder es acreedor a nuestra felicitación por su encomiable informe sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario de 2004. Por desgracia no me puedo manifestar en términos igualmente elogiosos respecto del informe de la Sra. Gill. Las ventajas que ella prevé en el borrador de estatuto para los partidos políticos europeos se nos escapan totalmente. ¡La Comisión pretende extraer no menos del 75% del presupuesto para tales partidos europeos del propio presupuesto de la UE! ¿No resulta completamente desproporcionado?
Los partidos políticos son asociaciones libres de ciudadanos. ¿No es lógico, por tanto, que los ciudadanos que conforman la base de los diferentes partidos, proporcionen apoyo financiero al partido de su preferencia? Lo mismo resulta válido para la vinculación natural entre los partidos y las bases que los sustentan, que no puede sino reportar beneficios a su implicación en la política. Los partidos políticos nacionales que deseen asociarse a nivel europeo deberían sufragar tal iniciativa con cargo a su bolsillo, es decir, al bolsillo de sus afiliados. Los partidos políticos europeos se encuentran, por definición, mucho más alejados de los ciudadanos que los partidos nacionales. En consecuencia, si otorgamos a dichos partidos europeos una subvención enorme procedente de los fondos comunitarios, estaremos ampliando la brecha entre la ciudadanía y la política.
Juzgamos totalmente increíble el análisis de la Sra. Gill en el sentido de que una ofensiva propagandística permitiría acercar los partidos a los ciudadanos. ¿Qué efecto visible han producido las campañas europeas sobre la condición de ciudadano europeo o las ventajas del euro? La respuesta es ninguno, así que ¿por qué habrían de tenerlo ahora? En opinión de nuestro Grupo, lo mejor sería retirar de la circulación el borrador de estatuto cuanto antes.

Dover (PPE-DE).
Señor Presidente, en calidad de ponente alternativo, quiero plantear cuatro cuestiones acerca del informe de la Sra. Gill. En primer lugar, en cuanto a la financiación de los partidos políticos -un tema que acaba de plantear el Sr. van Dam-, mi Grupo considera que dicha financiación debería estar encuadrada dentro del presupuesto del Parlamento, no en el de la Comisión. La razón radica en que nosotros podemos ser responsables: las reglas ya están fijadas y consensuadas por las tres instituciones. Yo tenía entendido que el Consejo de Ministros y la Comisión ya habían iniciado alguna acción para atribuir este presupuesto al Parlamento. Resulta justo y adecuado mostrar que somos responsables y que debemos rendir cuentas. Se ha presentado una enmienda y yo quiero instar a los diputados a votar -incluso en contra de sus propios Grupos- a favor de que sea el Parlamento quien tenga el control sobre el presupuesto de financiación de los partidos políticos.
En segundo lugar, en cuanto al tema inmobiliario, la Mesa ha adoptado demasiadas decisiones sin remitirse a la comisión competente, la Comisión de Presupuestos. Me agrada el apartado 40 del informe de la Sra. Gill, que apoyo ampliamente. Pide al Secretario General que presente un informe, a más tardar el 1 de junio de 2004, donde se señalen «las justificaciones funcionales para los nuevos proyectos inmobiliarios». Espero que ese informe incluya la propuesta de dos nuevas salas de reuniones aquí. Los diputados conservadores y socialistas del Reino Unido se oponen a esas dos salas de reuniones, ya que entorpecerían el acceso tan agradable al Parlamento Europeo junto a los mástiles de las banderas. No hay ninguna justificación funcional. Las salas de reuniones -sobre todo las grandes- están infrautilizadas. Hay espacio más que suficiente, incluso con los países de la ampliación, para proporcionar cuantas instalaciones sean necesarias. Se trata de un tema muy importante y, en el futuro, nosotros al menos exigiremos una justificación funcional antes de aprobar cualquier gasto.
Quisiera llamar la atención sobre una enmienda muy positiva -que estoy seguro merecerá la aprobación de la Sra. Gill- al apartado 28. Clarifica el impulso en favor de un mayor equipamiento para atender el multilingüismo, que resulta especialmente importante con vistas a la ampliación. Se refiere a la guía electrónica, estaciones de trabajo informáticas y señalización de las salas. Recuerdo que, siendo un diputado novato hace tres años, me tropecé con innumerables dificultades tanto en Bruselas como en Estrasburgo, incluso para encontrar los despachos. Pensemos por un momento en las dificultades lingüísticas que van a encontrar los diputados de los nuevos países. Por consiguiente, unas pantallas y una señalización permanente que se visualice consecutivamente en los diferentes idiomas, constituirían un complemento muy importante.
Por último, en el informe hay una referencia al Tribunal de Cuentas. Desempeña una tarea muy importante y requiere recursos adicionales, una sugerencia que apoyo plenamente.

Pittella (PSE).
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero dar las gracias a los ponentes. Pero quiero agradecer concretamente al Presidente Prodi por expresar, dentro de un discurso de amplio alcance, una realidad política: vivimos unos momentos terribles, pero la Unión tiene que seguir adelante con sus proyectos y sus ambiciones.
El objetivo histórico que estamos a punto de conseguir -la ampliación de la Unión- exige una coherencia total de nuestras decisiones presupuestarias. A este respecto, el Parlamento también tendrá que desempeñar su papel, que no es el de notario que se limita a redactar informes y acepta las decisiones de otros sin capacidad de influir en ellas. Son cuatro las principales políticas europeas que contribuirán a la ampliación: la política de cohesión, la Política Agrícola Común, la política de las RTE y la política de cooperación entre pequeñas y medianas empresas. El éxito de la ampliación y la integración dependerá en gran medida de la forma en que se redefinan estas políticas y de la importancia que se les otorgue en el presupuesto.
Solo quiero decir dos cosas. En primer lugar, creo que necesitamos reconsiderar los fondos asignados a las RTE y la contribución de la Unión, simplificar los procedimientos y reforzar la dimensión norte-sur, así como la dimensión este-oeste. En segundo, creo que tenemos que incrementar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y su capacidad para establecer alianzas con las pequeñas y medianas empresas de los países candidatos a la adhesión. A tal fin, sería positivo potenciar los instrumentos existentes y el proyecto piloto actual sobre la ampliación y las PYME y aprovechar la oportunidad que nos brinda la revisión intermedia de la Agenda 2000 para dar un empujón decidido a las medidas que favorecen la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

Virrankoski (ELDR).
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi felicitación más cordial al Sr. Mulder y a la Sra. Gill por sus excelentes informes, así como a la Comisaria Schreyer por el planteamiento tan constructivo que ha puesto de manifiesto durante la elaboración del presupuesto. Sin embargo, mi especial agradecimiento es para el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, por la importante labor que ha realizado hasta el momento en favor de la construcción de la Unión Europea y del acercamiento de las naciones, dentro del contexto de un proyecto común que ahora denominamos ampliación por el este.
El presupuesto que tenemos ante nosotros es el primero que se elabora para una Comunidad de 25 Estados miembros. Se trata de una empresa de mucha enjundia desde el punto de vista técnico, ya que el presupuesto se deberá aplicar a 15 Estados miembros durante los primeros cuatro meses y a 25 Estados miembros durante el resto del año. Por tal razón es de justicia resaltar la importante función de los ponentes durante la elaboración de este presupuesto.
Por fortuna, trabajamos con la confección de presupuestos basados en actividades, que por primera vez se está llevando a la práctica con seriedad. Servirá para mejorar la transparencia del presupuesto y proporcionar una imagen mejor del trabajo que se está llevando a cabo dentro del marco de la Unión Europea. La elaboración de presupuestos basados en actividades proporciona una respuesta inmediata a la pregunta de lo que cuesta realmente cada actividad.
La ampliación por el este supone un reto para todo el mundo y debe tenerse en cuenta durante todo el proceso de elaboración del presupuesto. Eso comienza por la administración. Tenemos que seguir respetando los distintos idiomas de los Estados miembros y tener en máxima consideración el multilingüismo. El reto más importante, sin embargo, afecta a los Fondos Estructurales. La ampliación por el este va a representar un tremendo proyecto de reconstrucción, el mayor en el que se haya embarcado Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Para que se traduzca en un éxito, hay que simplificar la administración de los Fondos Estructurales y gestionarlos con mayor eficacia. Solo de esta forma se podrán alcanzar los resultados que nos hemos propuesto.

Fiebiger (GUE/NGL).
Señor Presidente, la Comisión ha recalcado en su comunicación que la ampliación de la Unión Europea representará el desafío principal de 2004. Si bien no cabe negar la importancia de este tema, tengo mis dudas de que estas partidas presupuestarias permitan realmente a la Comisión hacer frente a estos retos.
Mi auténtica preocupación radica en el hecho de que, junto con la ampliación, hemos de prever un gasto de unos 11 millardos de euros en 2004, lo que representa únicamente el 10% de todos los créditos comprometidos. En el caso del gasto agrícola, la proporción solo es del 2,4%. Estas proporciones difícilmente serán capaces de garantizar la participación de los Estados miembros en condiciones de igualdad, aun teniendo presente que la adhesión no se producirá hasta el 1 de mayo, así que lo que espero de la Comisión es que especifique con detalle en el borrador preliminar del presupuesto los derechos legales que van a tener los nuevos Estados miembros a la hora de participar en todos los programas subvencionados con cargo al presupuesto de la UE.
Los fondos para las medidas estructurales son muy amplios -durante los años precedentes se han diseñado planes de previsiones muy acertados- pero lo que no está funcionando es la salida de recursos. Espero que la Comisión no demore mucho la elaboración de cifras exactas y un análisis de por qué esto es así y de las cortapisas que implica. Precisamos una mayor confianza en la equidad del sistema, ya que no se puede despilfarrar ni un euro de los fondos de apoyo estructurales. Para muchos ciudadanos en las regiones de la Unión Europea, los proyectos que dependen de tales fondos representan la última esperanza sutil de conservar sus puestos de trabajo.
Ahora, hoy, ha sonado el pistoletazo de salida y puede comenzar el proceso de confeccionar el borrador preliminar del presupuesto general de 2004; nos esperan debates importantes y queda por hacer una labor importante. Por tanto, espero una transparencia total en todo el procedimiento, junto con una labor de relaciones públicas de gran alcance, que no puede fracasar en su misión de mejorar la percepción del público de la Unión Europea.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, el Presidente de la Comisión nos ha recordado el contexto en el que se plantea la estrategia de la Comisión para el año 2004.
Él se ha referido, lógicamente, como no podía ser de otra manera, a la crisis de Iraq, a la ampliación y a la necesidad de un proyecto político estratégico para una Unión ampliada. Se ha referido, también, a la profunda reflexión acerca de nosotros mismos y de nuestro papel en el mundo que estamos llevando a cabo en el seno de la Convención, que prepara los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, y también a otros factores como la entrada en vigor del Tratado de Niza y, ya más en la óptica presupuestaria, a la entrada en vigor el 1 de enero del nuevo Reglamento Financiero.
Quisiera detenerme en el ámbito de la política exterior. Es evidente que necesitamos una política exterior de la Unión que sea eficaz, transparente y visible. Por eso, sería deseable que la Comisión nos diese alguna indicación de cómo ha ido evolucionando la política de descentralización y, también, de cómo van los compromisos pendientes de liquidación anormales, asuntos que realmente preocupan al Parlamento desde hace tiempo.
Creo que deberíamos acometer una profunda reflexión acerca de la rúbrica 4 -política exterior- donde estamos, todos los años, poniendo parches. Ahora vamos a tener la urgencia que probablemente se plantee sobre Iraq, tenemos Afganistán y Oriente Medio, los Balcanes y la política mediterránea, así como el ámbito de las relaciones transatlánticas que se van a ver afectadas después de este conflicto con Iraq en el que, en mi opinión, es absolutamente imprescindible profundizar, y, por último, y no por ello menos importante, señora Comisaria, hemos de abordar las relaciones con América Latina.
Le pido a la Comisión que este año, cuando nos presente el anteproyecto de presupuesto, sea coherente con los compromisos que ella misma ha asumido en el ámbito de la Cumbre de Madrid, porque no se pueden financiar nuevas prioridades con los mismo recursos. En este sentido, la Comisión está, por un lado, modulando el sistema de preferencias generalizadas para países como Colombia o Costa Rica y, por otro, no esperamos que este año la Comisión en el APP nos proponga nuevas reducciones presupuestarias.
Le pido que esté atenta a este supuesto y le digo que es importante que, si queremos tener una política exterior ambiciosa, reflexionemos sobre la forma en la que hemos de dotarnos de recursos para poder llevarla adelante en el ámbito de la política exterior y en el ámbito de la política de la defensa, porque si no, señor Presidente, nos limitaremos, como es el caso, a no estar presentes en la mesa de negociaciones y a firmar el cheque de los grandes dramas contemporáneos sin tener ninguna capacidad decisoria.
Creo que hay que felicitar al Sr. Prodi por la visión que ha tenido al presentar este debate sobre las prioridades estratégicas, que debemos asociar al debate sobre las orientaciones presupuestarias para el año 2004.

Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, la guerra que está a punto de librarse en el Iraq en provecho del imperialismo estadounidense y de sus aliados, no solo es una guerra inhumana; tendrá un enorme impacto sobre la economía de la Unión Europea y reducirá sensiblemente los ingresos de la clase trabajadora y los ingresos de la Unión Europa.
El ingreso de los nuevos Estados miembros, cuyo PIB se encuentra por debajo de la media comunitaria y cuyas necesidades son mayores, provocará asimismo graves problemas. Las orientaciones presupuestarias de 2004 de la Unión Europea se refieren todas ellas al recorte de inversiones en los Fondos Estructurales y la Política Agrícola Común y a la subvención de la política común europea de defensa y seguridad, tan represiva y agresiva, utilizando como meras excusas la lucha contra el terrorismo y la inmigración, la gestión de la crisis y la prevención de conflictos. En otras palabras, el gasto agrícola va a sufrir un recorte de acuerdo con el planteamiento de la OMC y bajo presión de los Estados Unidos y esto se va agravar por una reestructuración obligatoria y una tendencia antiagrícola en la reforma parcial de la PAC.
Todo ello viene a constatar que el presupuesto sigue siendo un presupuesto contra las bases populares y que los sacrificios impuestos a los trabajadores en beneficio de los monopolios constituyen una práctica continuada, ahora en el estilo de Lisboa, con una mayor explotación, más ataques contra los derechos de empleo y de seguros de los trabajadores, un desempleo galopante, catástrofes medioambientales y una comercialización todavía mayor de la salud, la educación y los servicios sociales.
Los trabajadores, las clases medias bajas e inferiores de la sociedad urbana y rural vuelven a ser los paganos de la factura que nos pasa la recesión, con el fin de que las grandes empresas puedan seguir incrementando sus beneficios. Los diputados del Partido Comunista de Grecia se oponen a estas orientaciones presupuestarias porque, en vez de resolver los problemas de los trabajadores, los agricultores y las pequeñas empresas, crearán nuevos problemas y disminuirá el nivel de vida de la gente en los países candidatos a la adhesión. En vez de ayudar a mantener la paz, el presupuesto se está utilizando para financiar una mayor militarización y agresión por parte de la Unión Europea y su filosofía antidemocrática y antipopular.

Laschet (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, quisiera responder, desde la óptica de la política exterior, a una serie de observaciones que se han formulado acerca de estas orientaciones presupuestarias. Tradicionalmente, la política exterior en los Estados miembros es un asunto de competencia de los gobiernos, pero el parlamento entra a participar por la vía del procedimiento presupuestario, que le permite influir en la política exterior y la fijación de prioridades por parte del gobierno.
Dado que existe una especie de falta, en el ámbito europeo, de un equivalente a este tipo de control democrático, nos complace la atención prestada por la Convención a un rango más amplio de opciones para que el Parlamento ejerza su influencia sobre temas fundamentales de financiación de asuntos de política exterior.
Sobre todo nos alegramos por el hecho de que haya sido posible, en el transcurso del procedimiento presupuestario de 2003, alcanzar un acuerdo con el Consejo acerca de la información relativa a las medidas en el campo de la política exterior y de seguridad. El hecho de que el Consejo haya dado un paso significativo accediendo a los deseos del Parlamento constituye toda una novedad, y aun cuando en principio no cumplió el compromiso que había adquirido durante el procedimiento presupuestario, la información relativa a nuestras actividades en Macedonia ha acabado aterrizando sobre la mesa. La consulta más reciente al Consejo permitió garantizar esto último y en mi opinión eso supone un paso en la dirección correcta. Una cooperación de este tipo entre el Consejo y el Parlamento sienta las bases para futuras acciones. Por esta razón consideramos especialmente importante la sección de las orientaciones en la que el Parlamento hace renovado hincapié en su voluntad por trabajar conjuntamente con el Consejo en el tema de la política exterior y de seguridad común, así como en su propia insistencia de implicarse en el mayor grado posible en la elaboración del presupuesto de acciones conjuntas, su planificación y la toma de decisiones al respecto. En el pasado hemos tenido problemas por cuanto los compromisos adquiridos por el Consejo se traducían en que el Parlamento acababa viéndose obligado a suministrar los fondos con cargo al presupuesto. Esto se puede cambiar si se informa y se implica al Parlamento con suficiente antelación. En tal caso, creo que estas orientaciones presupuestarias bien pudieran dar paso a una nueva etapa de cooperación entre el Parlamento y el Consejo.
Manteniéndonos en el ámbito de la política exterior, permítame formular otra observación respecto del grupo ad hoc que hemos creado ahora para analizar los pagos directos a la Autoridad Nacional Palestina. Considero que este grupo ad hoc nos proporciona una buena oportunidad para cooperar con la Comisión para saber exactamente lo que se ha hecho con el dinero de los contribuyentes europeos. Decidimos no crear una comisión de investigación, que contribuiría a aumentar los gastos desde un principio, toda vez que lo único que queremos conocer es cómo ha funcionado esta ayuda directa y cómo organizarla mejor en el futuro. Este grupo de trabajo está a punto de comenzar a funcionar. No es tanto un problema entre el Parlamento y el Consejo, como entre el Parlamento y la Comisión, y esperamos que, en el seno del grupo de trabajo, la Comisión haga honor a sus compromisos y esté dispuesta a trabajar codo con codo con el Parlamento.

Morillon (PPE-DE).
Señora Presidenta, a la hora de analizar lo que usted, Presidente Prodi, ha denominado el estado de la Unión y las orientaciones presupuestarias relacionadas, hemos de tener cuidado, como también ha dicho, para evitar dos escollos. El primero consistiría en exagerar nuestras diferencias, mientras que el segundo sería considerarlas insignificantes.
Si queremos definir una política exterior comunitaria, si pretendemos dotar a esta Unión ampliada de los medios para defender sus valores, no debemos temer los debates y, Señorías, si se nos presenta la oportunidad, quizá por primera vez en esta etapa, sometamos a discusión los recursos financieros que tendremos que acordar dispensar para tal fin.
En calidad de ponente, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, para un informe sobre la nueva arquitectura de la nueva política de seguridad y defensa europea, que será sometido a votación en la Comisión a finales del mes en curso, agradezco la oportunidad que se me presenta para introducir este tema sin mayor dilación, lo mismo que acojo con satisfacción la información y las indicaciones recibidas a lo largo de las últimas semanas, procedentes tanto de la Comisión como del Consejo.
Con relación al Consejo, en primer lugar, el Consejo de Asuntos Generales decidió durante la reunión del 27 de enero pasado, al tiempo que decidía hacerse cargo de las operaciones militares en Macedonia, establecer un mecanismo financiero diseñado para cubrir la parte de gastos relacionados que tendrán que ser financiados conjuntamente por la Unión Europea. Esta iniciativa es algo totalmente novedoso e indudablemente comenzará a proporcionar cierta credibilidad a los objetivos enunciados, que usted acaba de recordar de forma tan precisa, Presidente Prodi. Ahora solo nos queda esperar que este instrumento, que se ha habilitado con tanta diligencia de acuerdo con el Parlamento, se pueda hacer extensivo a todas las operaciones futuras de la UE.
En cuanto a la Comisión, he recibido con idéntico interés el balance final del encuentro reciente entre usted, Presidente Prodi, y el ministro de Defensa griego, Giannos Papantoniou, que parece ser ha sugerido incluir una nueva partida para financiar la investigación en temas de defensa dentro del presupuesto de la UE. Esa es justamente una de las nuevas propuestas que debería quedar aprobada a ciencia cierta dentro de unos días por la mayoría de mis compañeros en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. ¿Puedo preguntarle, Presidente Prodi, por su reacción personal ante dicha propuesta y cuándo cree que podría comenzar a ponerse en práctica?
En conclusión, señora Presidente, Presidente Prodi, a menos que la Unión se dote a sí misma de los medios institucionales, operativos y financieros necesarios, se verá condenada a permanecer en la banda del terreno de juego internacional durante mucho tiempo. Estoy convencido de que eso no es lo que desea la mayoría de nuestros conciudadanos europeos.

Ferber (PPE-DE).
Señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, quisiera comenzar dando las gracias a la Comisión por haber cumplido lo prometido el año pasado y haber sincronizado los debates sobre la estrategia política y el presupuesto del año que viene; considero que hoy se nos brinda una ocasión importante y nos confiere la tarea de llevar conjuntamente sobre nuestros hombros esta gran responsabilidad conjunta cara a Europa y a sus habitantes.
Las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar son naturalmente importantes y, ahora mismo, quiero decir algo de manera muy rotunda: señora Comisaria, sería de gran ayuda para nosotros si no tuviéramos que preocuparnos únicamente de cuestiones que serán trascendentes después de haber expirado el mandato de usted, tales como la forma de proceder después de 2006 y con lo que nos encontraremos entonces. Lo que tenemos que tratar, muy concretamente, es cómo ajustar la Perspectiva Financiera para tener en cuenta la ampliación. Me hubiera encantado que la Comisión hubiera adoptado una actitud algo más afable respecto del Parlamento a fin de garantizar los derechos del Parlamento, y por consiguiente el interés público en lo que respecta a la transparencia y la franqueza de este proceso. Ciertamente hubiéramos agradecido algunas declaraciones más explícitas en este ámbito. Permítame manifestar ahora, en términos muy claros, que tendremos que considerar si, dentro de unos meses, nos hallaremos en situación de gestionar las solicitudes de admisión en esta Cámara, o de si quizá debiéramos antes resolver la cuestión institucional de cómo involucrar al Parlamento en el trámite de este tema tan importante.
Lo que realmente me gustaría hacer ahora es decir algo al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que brilla por su ausencia y no considera necesario enviar a ningún representante a este debate, lo cual habla por sí solo. Ahora que estamos debatiendo la ampliación y nos estamos preparando para dar la bienvenida a nuestros observadores parlamentarios de otros Estados candidatos dentro de muy pocas semanas, deberíamos recapacitar ciertamente sobre otras alternativas de cooperación -el Sr. Dover expuso ese punto de vista de una manera impresionante y le estoy enormemente agradecido por hacerlo- a fin de evolucionar juntos de una manera más organizada en nuestro quehacer y nuestra vida cotidiana. Considero deplorable que el Grupo de los Verdes presente enmiendas destinadas a eliminar tales pasajes del informe de la Sra. Gill. Es justo lo contrario de lo que necesitamos si queremos dar cabida a más de un centenar de nuevos diputados en esta Cámara.
Ahora, querida Comisaria, llega mi petición de que nos concentremos en los asuntos pendientes. He mencionado el asunto de la Perspectiva Financiera, así que permítame que le recuerde el caso Andreasen. Tengo aquí un informe interno de la Comisión, que llega a unas conclusiones diferentes de las expuestas por usted en la Comisión de Control Presupuestario. Ha llegado el momento por fin de solventar el problema del sistema contable. Una de las grandes promesas de la Comisión consistió en que esta legislatura parlamentaria se encargaría de poner en marcha todo este engranaje. Una vez que hayamos esclarecido debidamente todas estas cosas estaremos en condiciones de hablar sobre las perspectivas de las finanzas de la UE más allá de 2006, pero ahora mismo hay otros temas en la agenda, que tendrán que ponerse en claro con carácter de urgencia si queremos que todos los aspectos prometidos desde el día de la toma de posesión de la Comisión queden finalizados para cuando su mandato toque a su fin. Si conseguimos eso, habremos hecho mucho en favor de Europa.

Naranjo Escobar (PPE-DE).
Señor Presidente, las orientaciones presupuestarias para 2004 nos obligan a plantearnos, a mi juicio, tres cuestiones básicas: en primer lugar, el nivel de gasto posible; en segundo lugar, la mejora de la ejecución y, en tercer lugar, las opciones estratégicas de gasto.
En cuanto al nivel de gasto, actualmente, el presupuesto de la Unión representa el 1,02 % de la renta bruta comunitaria y está en su nivel más bajo. Las actuales perspectivas autorizarían una cantidad adicional de unos 5 000 millardos. El mismo nivel de gasto se proyecta para el presupuesto 2004. Nos movemos, por tanto, en un contexto de austeridad, exigencia tan apreciada por el Consejo.
Una buena ejecución es crucial para el presupuesto 2004. En los últimos tres años hemos tenido un consumo de pagos muy inferior a las previsiones, con un excedente total, para estos tres años, de unos 23 000 millardos. Hay que insistir, por tanto, en la declaración del pasado año sobre los perfiles de ejecución y el plan para eliminar el RAL anormal.
En cuanto a las prioridades, creo, sinceramente, que el informe de nuestro colega Mulder ha acertado plenamente, porque refleja dos cosas muy importantes: por un lado, las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos y, por otro, los elementos necesarios para que la autoridad presupuestaria pueda decidir de común acuerdo. 
Por muchos motivos, Señorías, el presupuesto para el 2004 es crucial y símbolo de una nueva andadura de la Unión. Los ciudadanos tienen claro que su seguridad, su libertad y su prosperidad exigen decisiones presupuestarias adecuadas e instrumentos comunes. Los controles de las fronteras exteriores, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo requieren dar más capacidades a Europol y a Eurojust. 
Y, por último, el impulso a la actividad empresarial es una exigencia para el éxito de una Unión ampliada. Aún quedan por despejar muchas incógnitas como las posibles repercusiones financieras de la reforma agraria o la adopción del ajuste de las perspectivas financieras. En cualquier caso, el Consejo, que hoy incomprensiblemente no nos acompaña, debe ser consciente de que los retos que se avecinan solo tienen una vía de solución, que no es otra que el acuerdo con el Parlamento.

Von Wogau (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, estamos debatiendo el presupuesto y la estrategia para 2004. Como ya se ha dicho, 2004 será el año de la ampliación de la Unión Europea, pero también tiene que ser un año en el que, por fin, la política exterior y de seguridad de la Unión Europea experimente un desarrollo notable. Así que, la cuestión esencial estriba en saber qué control democrático habrá cuando dispongamos de una política de defensa común. En este ámbito, el control democrático se ejerce principalmente a través del procedimiento presupuestario. Si tenemos que abordar temas de guerra y paz lo mismo que los temas de política exterior y de seguridad, dicho control democrático adquiere mayor importancia que en otros campos. A la vista de la Convención necesitamos formular ciertas demandas ahora, demandas que serán importantes en 2004.
Para empezar, tenemos que garantizar que el elemento militar del gasto operativo en el mantenimiento de la paz y la gestión de crisis tiene asignado un lugar fijo dentro del presupuesto regular de la Unión Europea y que nosotros, en el Parlamento, gozamos de plenos poderes de codecisión. En segundo lugar, Presidente Prodi, usted ha dicho que se están realizando acciones conjuntas en la Unión Europea en el campo de la investigación y desarrollo, así como en la adquisición de armamento. Sabemos que la Convención está hablando de un organismo de armamento y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que estas partidas presupuestarias no desaparezcan por ahí en un presupuesto fantasma, un presupuesto sobre el que ni el Parlamento Europeo ni ninguno de los veinticinco parlamentos nacionales tenga control alguno, sino que estas unidades de gasto queden reflejadas en el presupuesto oficial de la Unión Europea.

Piscarreta (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, en el ámbito de esta discusión conjunta sobre la estrategia política de la Comisión Europea para 2004, no puedo dejar de recordar que este es el primer presupuesto en una Europa ampliada que incluye los nuevos Estados miembros.
Por tanto, el presupuesto de la Unión Europea tiene que contribuir, más que nunca, a lograr la cohesión social y regional, tanto en los nuevos Estados como en los actuales 15 Estados miembros.
Estoy de acuerdo con el hecho de que las prioridades elegidas para este presupuesto de 2004 sean la conclusión del mercado interior, la estrategia para el desarrollo sostenible y la consecución de la estrategia de Lisboa, con el propósito de convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en el año 2010. Este es, de hecho, uno de los mayores desafíos con que se enfrenta la Unión Europea y que se significan por tener implicaciones inmediatas y prácticas para cada uno de los ciudadanos de Europa.
Me congratulo igualmente por la entrada en vigor del Tratado de Niza que, a pesar de todas las críticas que ha suscitado merecidamente, al menos posee una virtud: ha aumentado el número de políticas que quedan cubiertas por el procedimiento de codecisión, proporcionando con ello mayor poder de acción al Parlamento Europeo.
Sin embargo, y debido a que la situación no es toda de color rosa, quisiera formular algunas críticas al documento de la Comisión Europea que nos ha sido presentado hoy.
En primer lugar, estoy de acuerdo con el ponente en cuanto a la necesidad de insistir en que la Comisión europea convierte en su directriz prioritaria el aumento de la ayuda al desarrollo rural en el contexto de la PAC. Este es precisamente el campo en el que se pueden apreciar las mayores disparidades entre los diferentes Estados miembros.
En segundo lugar, insto a la Comisión a reforzar el proceso de simplificación y mejora de la implantación del presupuesto, especialmente en cuanto a su política sobre Fondos Estructurales. En este contexto apoyo la puesta en práctica de previsiones de pago más fiables y de que se informe mejor al Parlamento Europeo acerca del nivel de pagos en curso, por programa, a fin de contrarrestar los riesgos de anulación de pagos.
Concretamente en el contexto de la anulación de fondos, considero que la regla N+2, que obliga a los Estados miembros a utilizar los fondos dentro del plazo de dos años a partir de haber sido programados debe contemplarse como un incentivo para utilizar con prontitud los fondos, sin comprometer con ello la calidad del gasto efectuado.
Con respecto a los Fondos Estructurales, quisiera aprovechar asimismo esta oportunidad para recabar la atención de la Comisión sobre un problema del que ya ha sido alertada: la adhesión de los nuevos Estados miembros tendrá el efecto estadístico de reducir el PIB medio de la Unión Europea. En consecuencia, los niveles de algunas regiones aumentarán, con un mayor riesgo de perder Fondos Estructurales debido a que sobrepasan los niveles mínimos que les hacen acreedores a la ayuda comunitaria. Quiero resaltar que esto, como de hecho ha señalado el propio Comisario para la Ampliación, Günter Verheugen, representa riqueza sobre el papel, pero no en la realidad. Los indicadores estadísticos por sí solos no pueden justificar el fin de una política de cohesión para los actuales Estados miembros. La Unión Europea tiene todo el interés en ver que sus Estados miembros actuales disfrutan de elevadas tasas de crecimiento, más empleo y más oportunidades.

Weiler (PSE)
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, el público -especialmente en los países candidatos a la adhesión- a menudo asume erróneamente que el presupuesto de la Unión Europea versa, efectivamente, solo sobre política agrícola. Esa suposición no solo es fatal, sino que es falsa. En momentos de cambio y renovación económica tiene para nosotros más importancia el hecho de afirmar y crear cohesión social a fin de, entre otras cosas, estabilizar la democracia y conseguir la aceptación del público en estos nuevos Estados miembros.
Hablando en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me gustaría ahora resaltar cuatro puntos del debate que resultan de especial importancia para nosotros. En este contexto, el primero es el apoyo para el diálogo social. Prácticamente en todos los países candidatos sigue existiendo la necesidad de establecer y reforzar unas estructuras que hagan realidad el diálogo social.
El segundo punto consiste en la necesidad de mejorar las condiciones del puesto de trabajo. Nuestra labor en los Estados miembros contempla la salud y la seguridad en el trabajo como prioritarias y lo mismo tiene que cumplirse en los países candidatos.
El tercer punto es que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha respaldado nuestro deseo de disponer de mayor soporte, en cualquier caso, para la plataforma social como parte del programa de acción contra la exclusión y la discriminación social. Quisiera remitirles a la resolución de Lisboa en la que resaltamos la competitividad y las oportunidades de empleo y llamamos la atención sobre la necesidad de ambas. En los países candidatos, la reestructuración no solo afecta a la agricultura, sino también a amplios y anticuados sectores de la industria. Necesitan que les ayudemos en esa tarea, una ayuda que podemos -y debemos- proporcionar mediante fondos de la Unión Europea.
En todos estos campos, dependemos naturalmente de los conocimientos de los organismos. Por tanto esperamos que se les concedan los créditos financieros que precisan.

Prodi
Señora Presidenta, Señorías, me gustaría responder brevemente a algunas de las preguntas, que son enormemente interesantes. Es una lástima que la mayoría de los diputados se encuentren ausentes. Esto debería ser un diálogo. Pero me agrada ver que el señor Elles está aquí, así que dirigiré mis respuestas principalmente a él, ya que ha formulado una serie de preguntas fundamentales.
En primer lugar, ha planteado el tema acerca de si esta perspectiva es solo para cinco o para siete años. No estamos en situación de tomar una decisión, así que hemos dejado abiertas las posibilidades. Yo personalmente estoy a favor de una perspectiva de cinco años, tanto porque así quedaría sincronizada con la labor del Parlamento como porque considero demasiado prolongado un período de siete años, que dificultaría en exceso las tareas de control y rebasaría nuestra capacidad de previsión.
El señor Elles ha planteado además el asunto del número de Comisarios. El problema no radica en el número de Comisarios, sino en la autoridad que se otorgue al Presidente para organizar y tomar decisiones. Con independencia del número de Comisarios, la cuestión está en cómo organizar el trabajo de la Comisión. Se puede gestionar satisfactoriamente tanto con un número reducido de Comisarios como con un número mayor de ellos. En lo que concierne al personal y al servicio de traducción, hemos realizado auténticos esfuerzos hercúleos y restringido al mínimo posible el número de nuevas contrataciones de personal dedicado a la ampliación.
El señor Elles ha planteado una serie de puntos diferentes que considero importante debatir. Por ejemplo, ha señalado posibles deficiencias en el capítulo de las relaciones exteriores, concretamente en lo relativo a la alianza transatlántica. Nada más comenzar mi intervención he mencionado uno de los dos errores que hay que procurar evitar, el de no ser capaces de comprender la importancia de la alianza transatlántica, y lo he hecho adrede porque lo considero esencial. De hecho, el «grupo de paz» creado por el Comisario Lamy también se ocupa de este tema. Más concretamente, hay dos dimensiones principales de las relaciones exteriores: la dimensión regional «Wider Europe», el proyecto que vamos a aprobar hoy, y la dimensión internacional, que cubre de manera esencial y primordial las relaciones transatlánticas.
La reforma de la Comisión ha constituido una prioridad desde un principio y, a partir de 2004, dispondremos de un Reglamento de Personal totalmente nuevo. Ha representado una labor ingente. Tenemos un proceso de cualificación que abarca a todas las instituciones, hoy estamos debatiendo la estrategia política anual, hemos transformado completamente la gestión financiera de la Comisión y disponemos de un nuevo sistema de gestión que otorga mayores poderes y responsabilidades -lo cual es de una importancia vital para nuestro futuro- a nuestros funcionarios, tenemos además un nuevo sistema de control y estamos trabajando concretamente en el nuevo sistema contable, como usted bien sabe, señor Elles. A la vista de la mención que usted ha hecho de la carta, ahora que sé de su existencia, le puedo garantizar que se hará pública de forma inmediata, porque estas cosas han de publicarse. No obstante, en cualquier caso tenemos que ser conscientes de que, en caso de que se haga necesario un procedimiento disciplinario, deberán respetarse todos los derechos de los implicados en el procedimiento. De cualquier forma -vuelvo a recalcar- la carta debe salir a la luz pública sin demora alguna.
En cuanto a las famosas peticiones que aún están pendientes, me encargaré de ellas. Haré todo lo posible y más, utilizando cuantos recursos se hallen disponibles para tomar cartas en el asunto cuanto antes. Sin embargo, me atrevo a sugerir que el hecho de que todavía queden por responder 400 peticiones -como usted afirma, señor Elles-, tal vez signifique que se ha planteado un número excesivo de ellas. Asumo la culpa por el retraso en dar respuesta a algunas de ellas, pero creo que tenemos un montón de cuestiones enormemente importantes que solventar.
Quisiera centrarme ahora en un aspecto planteado por el Sr. Clegg acerca de un mejor reglamento, ya que guarda relación con estos temas. Nos hallamos próximos a un acuerdo, pero debo decir que mi impresión es que el Parlamento muestra ahora menos interés en el asunto que un tiempo atrás. Quiero aprovechar esta oportunidad para solicitar un último esfuerzo a fin de poder lograr un acuerdo durante la cumbre interinstitucional del 19 de marzo. Animo formalmente a la Presidencia del Parlamento a que aproveche al máximo esta oportunidad y a que esté preparada para lograr una conclusión política la próxima semana. La Comisión, por su parte, está realmente dispuesta a ello.
El General Morillon ha solicitado información acerca de la rúbrica presupuestaria y la investigación relacionada con defensa. Estamos estudiando la posibilidad de financiar la investigación militar fuera del Sexto Programa Marco de investigación, pero por ahora no disponemos de una respuesta definitiva al respecto. He señalado la necesidad de celebrar un debate; sería útil discutir el asunto y presentaremos soluciones lo antes posible.
Mis observaciones finales son para responder las cuestiones planteadas por el Sr. Swoboda, en otras palabras, lo que él ha descrito como el debate impreciso sobre los objetivos, los Balcanes y el Mediterráneo. La Comisión ha presentado -y hoy va a completar ese material- un plan extremadamente preciso con una política clara que considera los países balcánicos como parte de Europa. Serán Estados miembros de la Unión, pero estarán sujetos a las mismas condiciones estrictas que se han aplicado a los países de esta primera fase de la ampliación. No hay concesiones. La puerta estará abierta para cuando quieran entrar, pero solo se les permitirá la entrada cuando estén debidamente preparados. No va a haber ninguna permisividad al respecto.
Estoy de acuerdo con lo dicho por el Sr. Swoboda acerca del tema de la política de visados -que ha calificado de absurda- no porque no tengamos que ser rigurosos a la hora de proteger las fronteras de la Unión, sino porque sinceramente creo que se trata de una política necesitada de una completa modernización. Efectivamente, en muchos casos los delincuentes no tienen problema alguno en obtener un visado mientras que, para los ciudadanos normales, a menudo representa un proceso tedioso que no conlleva un mayor control, y digo esto precisamente porque he visto cómo se aplica la política de visados en la vida real. Lo que necesitamos, me atrevo a recalcar, no es reducir la protección de nuestras fronteras sino, más bien al contrario, aumentarla y hacerla más eficaz e inteligente.
Finalmente, la última observación del Sr. Caudron: la Comisión hace gala de un optimismo injustificado en su informe. Nos encontramos en una situación de extrema dificultad en la que todo se está desintegrando. Quiero dejar muy claro que somos plenamente conscientes de la dificultad de la situación, de los trágicos sucesos que están ocurriendo, pero también conocemos la enorme importancia de mantener un planteamiento equilibrado que tenga en consideración la totalidad de los factores, de la necesidad de conceder la máxima consideración a la labor de las Naciones Unidas, del hecho de que la nueva estrategia exige verdaderamente unas instituciones internacionales más sólidas y con un apoyo universal, y para todo ello resulta indispensable el papel de Europa.
Creo que en las semanas venideras probablemente presenciaremos una crisis tremendamente grave, pero tengo la profunda convicción de que esta propia crisis pondrá de manifiesto el papel insustituible de las instituciones europeas. Solo Europa ha logrado su unidad con la paz como prioridad máxima, introduciendo e implantando una nueva concepción del interés nacional y relacionándolo con el interés común, comportándose frente a los países que la defienden con franqueza y exhibiendo, yo diría, una nueva forma de entender las relaciones y los asuntos internacionales. No podemos ignorar todo esto. Ciertamente, en tiempos de crisis como los actuales, la gente no nos presta toda la atención que querríamos, pero sabemos que estamos esparciendo la simiente para el futuro.
El Presidente.
 Muchas gracias, Presidente Prodi.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0046/2003) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la reforma del procedimiento presupuestario: posibles opciones con vistas a la revisión de los Tratados [2002/2271(INI)].

Wynn (PSE)
Señora Presidenta, la Comisión de Presupuestos decidió que sería bueno elaborar un informe sobre este tema. Como no fue posible alcanzar un consenso sobre la persona que debería elaborarlo, se decidió que el presidente de la Comisión de Presupuestos fuera también el ponente, así que me encontré con la maravillosa tarea de confeccionar este informe. Por este motivo llevo puestas tres gorras al mismo tiempo, si es que ello es posible. Llevo la del ponente, y como tal reflejo los deseos de la comisión en el sentido en que ha votado y enmendado el borrador original. Llevo otra en calidad de Presidente de la comisión, controlando al ponente. La tercera gorra corresponde a mi condición de diputado laborista británico que está en desacuerdo con una serie de enmiendas de su propia familia política, el PSE. No ha sido fácil intentar compaginar las tres.
Es de justicia reconocer que el único cambio que he intentado introducir en este informe fue el de refundir los apartados 6 y 8 en aras de una mayor coherencia. Sin embargo, no he logrado obtener un consenso entre los Grupos políticos y, por tanto, el informe ha quedado como estaba.
Si pudiera cambiar de gorra -lo cual no es posible, puesto que llevo la propia del ponente- y si hablara en calidad de diputado laborista británico, daría mi aprobación al texto de la Sra. Buitenweg, ya que resulta de fácil lectura, es sencillo, conciso y, sobre todo, no es nada exagerado acerca de nuestros propios recursos. Sin embargo, pondría una milla de tierra por medio -bueno, tal vez me bastara con media- respecto de la enmiendas del Grupo parlamentario del PSE. Permítanme dejar meridianamente claro que no estoy hablando como diputado laborista británico y que, por tanto, no puedo hacer tales afirmaciones. Tengo que llevar mi gorra de ponente y pronunciarme como tal, plenamente consciente de que el Presidente de la Comisión de Presupuestos está muy pendiente de lo que digo.
En justicia, el informe resulta aceptable para todos los Grupos políticos. La votación ha sido casi unánime en la comisión, pero existen uno o dos pequeños aspectos de desacuerdo acerca de los recursos propios. Por eso el Grupo parlamentario del PSE ha presentado dos enmiendas.
En lo que todos coincidimos es que el procedimiento presupuestario tiene que ser objeto de simplificación. Eso está bastante claro. El sistema de recursos propios en esta era de transparencia es totalmente opaco y nadie, fuera de la Comisión de Presupuestos o de la Dirección General de Presupuestos, entiende de qué trata y cómo está construido. Necesitamos la codecisión y, por tanto, hay que eliminar los gastos obligatorios y no obligatorios. Eso queda expuesto de forma muy sencilla en los tres primeros párrafos del informe de la Sra. Buitenweg. Tenemos que reformar, actualizar y simplificar nuestros procedimientos. Existe una imperiosa necesidad de hacer el sistema presupuestario más transparente, exhaustivo y democrático, y el procedimiento de codecisión debería aplicarse a toda la legislación, incluido el Reglamento Financiero y el procedimiento presupuestario. En esas circunstancias, desaparecerían los gastos obligatorios y no obligatorios.
Espero que cuando votemos -estoy seguro de que el resultado de la votación será favorable- podamos enviar esto a los miembros de la Convención y que nuestros representantes del Parlamento en la Convención puedan presentarlo como la postura del Parlamento de cara al futuro.

Schreyer
Señora Presidenta, Señorías, el presupuesto de la Unión Europea está para financiar sus políticas y sus instituciones. Esa frase debería ir impresa en el encabezado de la sección financiera del tratado constitucional que será nuestra futura constitución, porque es evidente que esta debería incluir una constitución financiera en forma de capítulo dedicado a las finanzas. De hecho está contemplado en el guión del borrador constitucional sobre el que está trabajando la Convención.
El capítulo dedicado a las finanzas debería especificar los principios presupuestarios más importantes y definir los instrumentos, los principios y, sobre todo, las reglas más importantes de acuerdo a las cuales se han de adoptar las decisiones, tanto en lo referente a los gastos como a los ingresos. La constitución financiera serviría por tanto para fijar los derechos presupuestarios del Parlamento. La Convención tiene que adoptar esta consideración como tema central. Los derechos presupuestarios de un parlamento constituyen la vara de medir que indica hasta qué punto un sistema es democrático y la Comisión es del parecer de que ha llegado el momento de que se le concedan plenos derechos presupuestarios al Parlamento Europeo.
Felicito al ponente, Sr. Wynn, por la competencia y amplia experiencia con que, en calidad de presidente de la Comisión de Presupuestos, ha planteado con ecuanimidad los puntos centrales en su informe y ha planteado propuestas para la futura constitución. También quiero felicitarle por su destreza, por así decirlo, para llevar tres gorras al mismo tiempo.
En materia presupuestaria, el Parlamento y la Comisión cooperan tan estrechamente que no puede sorprendernos que un número muy elevado de propuestas del Parlamento coincida con las presentadas por la Comisión o apunten en la misma dirección. Entre ellas se encuentra el principio de que los ingresos y los gastos del presupuesto deben compensarse entre sí y que no debe permitirse sufragar el gasto mediante créditos. Otra es la propuesta de que la perspectiva financiera plurianual debe incorporarse en la constitución como un instrumento; la consecuencia de ello sería que, en el futuro, la perspectiva financiera plurianual ya no se basaría sobre un acuerdo, sino que se convertiría en una ley aprobada conjuntamente por el Parlamento y el Consejo por iniciativa de la Comisión. Incluso cuando se trata de la propuesta de que el Fondo de Desarrollo Europeo sea en el futuro una parte integrada en el presupuesto de la Comunidad, existe una acuerdo total.
En cuanto al tema de los gastos del presupuesto comunitario, permítanme tocar un tema que aún no se ha sometido a debate en la Convención, pero que está en el orden del día, y que es el de si la futura constitución -lo mismo que el Tratado actual- debe excluir la posibilidad del gasto militar con cargo al presupuesto de la Comunidad. ¿No es muy defendible la idea de que, cuando se emprendan conjuntamente tareas de Petersberg, los costes derivados de tales operaciones conjuntas deban ser soportados por el presupuesto de la Comunidad?
Que el presupuesto de la Comunidad debe ser financiado mediante recursos propios constituye un principio firmemente arraigado sobre el que no existe discusión, pero ¿refleja la estructura financiera actual el principio de transparencia? ¿Son suficientemente autónomas nuestras disposiciones financieras? ¿Basta con que el Parlamento sólo pueda expresar una opinión acerca de la resolución sobre recursos propios? La opinión de la Comisión sobre todas estas cuestiones que no, que lo que tenemos ahora no es suficiente y que se precisan cambios con carácter urgente.
A la hora de tomar decisiones sobre los recursos propios parece lógico tener además en cuenta las apreciaciones del Consejo y de los Parlamentos nacionales. Aun así, se le debería reconocer al Parlamento Europeo el derecho de codecisión en este ámbito también. La estructura financiera debe reflejar el hecho de que la UE es una unión de Estados miembros y de ciudadanos. La Comisión aboga, por tanto, en su propuesta por una mayor implicación directa a la hora de financiar el presupuesto europeo.
Si se me permite volver al procedimiento presupuestario, la Comisión comparte la postura expresada en el informe del Parlamento, en cuanto a que debe simplificarse el procedimiento presupuestario y deben concentrarse los recursos. La Comisión debería presentar un borrador al Parlamento y a la primera lectura en el Parlamento le seguiría una lectura en el Consejo, seguida de una consulta y la segunda lectura en el Parlamento. Caso de que se apruebe este procedimiento, la enmienda de las resoluciones del Consejo exigiría una mayoría supercualificada en el Parlamento.
Existe también acuerdo total entre las posiciones del Parlamento y la Comisión en cuanto a la supresión de la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, una diferenciación que en forma alguna puede formularse de manera más clara para el público ni justificarse ante este. Espero de corazón que exista un consenso absoluto en la Convención y que esta distinción y el subsiguiente recorte de los derechos presupuestarios del Parlamento se conviertan en objetos del pasado.
El capítulo financiero de la constitución debe describir la totalidad del proceso presupuestario con palabras sencillas y con reglas inequívocas. Deberá hacer referencia, por consiguiente, a la puesta en práctica del presupuesto y especificar no solo las responsabilidades de la Comisión, sino también la obligación de cooperar por parte de los Estados miembros. Deberá asignar un lugar fijo a la aprobación de las cuentas del presupuesto e imponer a la Comunidad y a los Estados miembros la obligación de proteger contra el fraude las finanzas de la Comunidad. Con este enfoque, debe aparcar de una vez la posibilidad de instaurar el cargo de un Fiscal Público para toda la Comunidad. La población espera que los activos de la Comunidad estén protegidos de manera eficaz y que el fraude se persiga con procesamientos judiciales.
La Convención nos brinda ahora la oportunidad de sentar nuevas reglas, adecuadas a la evolución de la Unión, para el presupuesto europeo, que constituye un importante instrumento comunitario. Este debate se está celebrando justo en el momento oportuno, ya que la Convención está trabajando en este instante sobre el capítulo financiero; la Convención debe aprobar este importante informe del Parlamento y la Comisión, dentro de sus propuestas al respecto, planteará principios y previsiones claras que abogarán, en concreto, por el disfrute de plenos derechos presupuestarios por parte del Parlamento. Gracias por su atención.

Garriga Polledo (PPE-DE).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar al presidente Wynn, en su doble calidad de presidente y ponente, por el informe que ha realizado y me congratulo por este consenso que hemos tenido todos los grupos políticos. Quiero recordarle al Sr. Wynn que un grupo tan diverso como el Grupo del Partido Popular Europeo va a presentar a este Pleno solamente una enmienda, lo cual quiere decir que hemos realizado una tarea de consenso y de contribución a su informe que creo que es también notable.
Por otra parte, mi Grupo apoya claramente la modificación del actual sistema de distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. Esto es ya una Posición Común del Parlamento y debería ser tenida en cuenta siempre que pudieran garantizarse determinadas categorías del gasto, particularmente la agrícola. Apoyamos la mayor parte de las propuestas del grupo de trabajo de la Convención, que quieren garantizar el principio de una autoridad presupuestaria dual: Parlamento y Consejo.
El Grupo del Partido Popular Europeo cree que la manera más eficaz de garantizar este enfoque sería a través de la formalización de un equilibrio entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria. El presupuesto sería aprobado por una codecisión adaptada al especial caso presupuestario y, si no se llegara a un acuerdo, el Consejo tendría la última palabra en los ingresos y el Parlamento Europeo la tendría en lo que se refiere a los gastos.
En lo que se refiere a las perspectivas financieras, creemos necesario dotarlas de una mayor flexibilidad, que pueda responder a unas circunstancias inesperadas. La excesiva rigidez entre las rúbricas ha servido a veces para poder salvaguardar el gasto, pero muchas otras veces ha impedido una mayor eficacia en la asignación de recursos.
Apoyamos plenamente la propuesta del grupo de trabajo de la Convención de incluir las perspectivas financieras en el Tratado, al igual que las disposiciones sobre disciplina y cooperación presupuestaria. Las perspectivas financieras, para asegurar la continuidad de las decisiones en el marco financiero, deberían cubrir los cinco años del mandato del Parlamento y la Comisión.
Finalmente, la reforma del procedimiento presupuestario debe partir de una simplificación que permita mayor democratización, legitimidad y transparencia. En este sentido, compartimos la propuesta de abandonar la primera lectura del Consejo porque es una propuesta coherente con este objetivo de simplificación.
Rechazamos, por último, las enmiendas que llevan más allá de lo aconsejable el debate porque queremos contribuir a la Convención con un documento que sea ampliamente consensuado por toda la Cámara.

Colom i Naval (PSE).
Señora Presidenta, aunque no seamos muchos en el Pleno en este momento, el presupuesto está histórica y políticamente en el núcleo mismo, en el origen histórico de las democracias representativas. Es el control del gasto del soberano por el Parlamento lo que permite el desarrollo de una democracia representativa.
Estamos a punto de aprobar la primera Constitución europea. La Unión ha cumplido cuarenta y seis años y no hemos alterado los poderes presupuestarios en los últimos treinta. Por lo tanto, me parece que tenemos que actualizar absolutamente esta situación. Numerosos puntos están obsoletos y el Tratado, si se respeta formalmente, no corresponde a la realidad presupuestaria de nuestros días. Hace un momento, mi amigo Garriga Polledo mencionaba las perspectivas financieras: no están contempladas en el Tratado, aunque a menudo el Consejo parezca ignorarlo.
Señorías, la Constitución ha de extenderse claramente al proceso presupuestario y a los recursos propios. Las revoluciones del siglo XVIII se hicieron bajo el lema de «no taxation without representation». En la Unión Europea estamos exactamente en el caso contrario: mucha representation democrática -esta casa lo es-, pero no tenemos imposición aprobada democráticamente.
En el fondo, aunque jurídicamente sean recursos propios de la Unión, el sistema de recursos propios es una forma disimulada de contribuciones nacionales. No podemos continuar en esta situación. Hemos de pasar a recursos que se obtengan directamente a partir del ciudadano, que hagan comprender al ciudadano -es una cuestión básica de responsabilidad democrática- que el destino del impuesto es el presupuesto de la Unión. De lo contrario, siempre será el ministro de Hacienda el que esté recaudando y la Comunidad la que gaste no se sabe muy bien por qué. Eso es malo para el control democrático.
Por lo tanto, hemos de ir a un sistema que, sin incrementar la carga total impositiva de los ciudadanos, nos permita hacer este vínculo. Y, si se me permite la caricatura, impuestos personales, quizás progresivos, para que no se pueda decir, como se dice fácilmente, que los parados de Alemania Oriental están subvencionando a los latifundistas de Andalucía. Esto nos lleva a demagogias insanas y hemos de evitar que en el sistema financiero futuro podamos continuar hablando de las contribuciones de unos países o de otros.
Los ciudadanos han de contribuir según su riqueza personal, no en función del lugar donde residen. Creo que esto ha de ser un elemento básico de la nueva perspectiva, de la nueva visión que hemos de dar a nuestro sistema de recursos.
Señora Presidenta, creo que este es el punto básico. Otros colegas míos desarrollarán otros aspectos de la posición socialista.

Buitenweg (Verts/ALE).
El ponente, el presidente de nuestra comisión y mi estimado compañero diputado del Partido Laborista británico han concedido a todos los grupos todo tipo de oportunidades para exponer sus ideas e intentar alcanzar un compromiso. Le expreso mi más sincera gratitud por ello. Sin embargo, mi Grupo no está totalmente satisfecho con el resultado final. Hemos optado por no presentar ninguna enmienda, porque acabaría traduciéndose en una especie de batiburrillo, y hemos preferido presentar una resolución alternativa. Hemos elegido este camino precisamente porque se necesita la claridad más absoluta cuando se trata de establecer la forma que debe adquirir el procedimiento presupuestario del futuro. Por ejemplo, también quisimos dejar muy claro desde un principio cómo deberían repartirse las competencias. El Consejo y el Parlamento deben negociar entre ellos para alcanzar una acuerdo común respecto de la estructura y el techo de los recursos financieros para el presupuesto de la UE, así como acerca del gasto anual o plurianual. En caso de que fracasaran las negociaciones, el Consejo sencillamente tendría la última palabra en cuanto a los ingresos y el Parlamento en cuanto a los gastos.
En nuestra resolución no hacemos más que reiterar la necesidad de disponer de poderes de codecisión en toda la legislación. Está muy bien discutir en favor de hacer desaparecer la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, pero si además no disponemos del poder o la codecisión sobre la legislación, con frecuencia nos quedaremos con las manos vacías. Puede darse asimismo una situación en la que tengamos capacidad de codecisión sobre un gasto agrícola, pero en la que nos veamos obligados sencillamente a conceder dinero a los agricultores porque tienen derecho a ello según la ley europea. Además, el juicio del Tribunal de Justicia sobre la base legal nos ha enseñado que no podemos tomar ninguna decisión presupuestaria por propia iniciativa sin un fundamento legal.
Quiero exponer la conclusión de que la codecisión presupuestaria no nos sirve de nada a nosotros como Parlamento si no disponemos de codecisión legislativa. Los dos aspectos deben ir unidos.

Hyland (UEN).
Señora Presidenta, el informe del Sr. Wynn es coherente con el nivel tan alto a que nos tiene acostumbrados en esta Cámara. Sin embargo, comprenderá que, desde el punto de vista de mi Grupo, no puedo aprobar la sugerencia de eliminar la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio. Le digo abiertamente al ponente que trataré de borrar esta sugerencia de un informe que por lo demás es muy constructivo, como ya he dicho.
La distinción está ahí por una razón muy simple y ha cumplido su misión perfectamente durante todos estos años. La razón consiste en despolitizar la toma de decisiones cuando le llega el turno al presupuesto agrícola. La agricultura es posiblemente el sector que se halla en la situación más precaria hoy en día en la Unión Europea. Las rentas agrarias son atacadas desde la izquierda, la derecha y el centro. No voy a tratar describir mi rechazo a las propuestas de reforma de la PAC en el debate presupuestario de hoy, pero sí quiero exponer una cuestión muy breve y sencilla: los agricultores necesitan planificar de cara al futuro y precisan estabilidad política. El hecho de exponer el presupuesto agrícola común a las vicisitudes de las confrontaciones políticas anuales en el Parlamento Europeo puede provocar estragos indecibles en la renta agraria y en la viabilidad y competitividad del sector agrícola europeo respecto del mercado mundial.
Hago un llamamiento a la Cámara para que lo tenga en cuenta en el momento de la votación de mañana. Las rentas agrarias en Irlanda y en otros muchos Estados miembros dependen en gran medida del apoyo directo a cargo del presupuesto de la Unión Europea. La estabilidad nace del hecho de que tal gasto ha provenido hasta ahora de garantías legalmente vinculantes y tenemos que continuar proporcionando tales garantías.

Piscarreta (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, al hilo del proceso de la revisión y simplificación de los Tratados, que está siendo debatido actualmente en la Convención sobre el Futuro de Europa, el Parlamento Europeo ha aprovechado la oportunidad para poner manos a la obra en la reforma del procedimiento presupuestario de la Unión Europea.
De hecho, año tras año, reforma tras reforma, el procedimiento presupuestario ha sido modificado de manera informal, mediante acuerdos políticos entre las diferentes instituciones implicadas. Estas enmiendas informales han convertido el texto actual en redundante y anticuado. El próximo Tratado constitucional tiene que contener artículos que cubran los principios que rigen el presupuesto y los procedimientos para su aprobación.
Como contribución al debate sobre este informe que la Comisión de Presupuestos nos ha presentado por iniciativa propia, quiero en primer lugar felicitar a nuestro presidente y ponente, Terence Wynn, por su entrega y la calidad ejemplar de su labor.
Quiero manifestar mi aquiescencia total e inequívoca con las propuestas de reforma que han sido presentadas. En primer lugar, porque creo que debemos aprovechar esta oportunidad de revisar el tema de la financiación de la Unión Europea. Más Europa significa, entre otras cosas, más dinero. La contribución de los Estados miembros tiene que ser adecuada y proporcional a los objetivos que la Unión Europea desea alcanzar. Resulta totalmente utópico fijar objetivos, como los de la Cumbre de Lisboa, conservando el esquema financiero actual. Cabe añadir que la propia Unión Europea debe iniciar un estudio exhaustivo de sus propios recursos para financiar el presupuesto de la UE. En segundo lugar, puesto que veo que, al margen de estos nuevos desafíos, se nos viene encima una nueva realidad: una Unión Europea con 25 Estados miembros. En este contexto, los Fondos Estructurales pondrán de manifiesto su importancia capital, por una parte para lograr la cohesión económica y social en los nuevos Estados y, por otra, para proseguir el progreso realizado en los actuales Estados miembros. En tercer lugar, debido a que creo que la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, así como los respectivos procedimientos, se ha convertido en algo artificial. Por consiguiente, estoy a favor de una revisión completa de los procedimientos, otorgando mayores poderes al Parlamento Europeo para actuar mediante el procedimiento de codecisión, logrando así una posición de igualdad con el Consejo.
A este respecto, el gasto presupuestario para la Política Agrícola Común (PAC) sería entonces estudiado por el Parlamento Europeo utilizando el procedimiento de codecisión. Caso de ser aprobada, esta medida representaría un avance histórico para el Parlamento Europeo, que se ha visto obligado a permanecer alejado, en términos políticos, de la PAC desde su concepción, a pesar del hecho de que la PAC representa actualmente más del 50% del presupuesto total de la UE.
La mayor implicación del Parlamento Europeo en la PAC solo puede resultar beneficiosa para los agricultores y para el desarrollo rural. Proporcionará mayor control sobre la utilización de los fondos. Me gustaría recordarles que cada año se devuelven a los Estados miembros enormes sumas destinadas a la PAC, porque no se han utilizado debidamente. Merece la pena añadir también que la PAC se está haciendo cada vez más difusa, incorporando nuevas dimensiones, tales como el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la seguridad y calidad de los alimentos, y por tanto exige una financiación que se corresponde con este nuevo estado de cosas, que tiene una importancia extrema para los ciudadanos europeos.
La semana pasada, sin ir más lejos, Eurostat publicaba unos datos que resultan del máximo interés para nosotros: los ciudadanos europeos, incluidos los de los futuros Estados miembros, opinan que las prioridades de la PAC deberían ser la seguridad de los alimentos y el apoyo para mejora de la vida rural.
Merced a esa mayor capacidad de acción del Parlamento Europeo, los intereses económicos, sociales y medioambientales de los agricultores europeos quedarían garantizados.

Haug (PSE).
Señora Presidenta, señora Comisaria, nuestro debate se está desarrollando bajo el título de la «Reforma del procedimiento presupuestario», que es una denominación modesta para una empresa ambiciosa. Probablemente sería más apropiado hablar en términos de una reforma de la constitución financiera, ya que deseamos que la Convención elabore un borrador coherente para una constitución que impulse la integración europea. Queremos que el Tratado esté sustentado por una legitimidad democrática, que sea transparente y eficaz, y que proporcione al público respuestas inequívocas a sus preguntas en cuanto a lo que esta federación de Estados y pueblos denominada Europa puede -y debe- alcanzar en interés de sus ciudadanos. El presupuesto de la Unión Europea tiene que gozar de idéntica legitimidad democrática en su función de financiamiento de la política Europea.
Lo que necesitamos, por tanto, no es solo cambios al procedimiento presupuestario, sino una reforma de nuestras finanzas públicas, y lo que eso supone resulta evidente para todo el mundo, descrito en nuestra solicitud de que todos los ámbitos presupuestarios estén sujetos al procedimiento de codecisión, incluso las decisiones sobre el sistema de recursos propios, cuya estructura está muy necesitada de un cambio radical. Aunque debemos admitir que el sistema actual de financiamiento funciona, es objeto de críticas, al margen de su naturaleza poco democrática.
Ni lo que percibimos por el IVA ni nuestros ingresos nacionales brutos pueden denominarse realmente recursos propios de la Unión Europea. La realidad es que se trata de transferencias de los Estados miembros y ese es precisamente el argumento utilizado por los Estados miembros a la hora de discutir las posiciones de los contribuyentes netos. Para el público no resulta tan evidente qué impuestos se destinan a la financiación de los gastos de la UE. La proporción de lo que se denominan recursos propios tradicionales disminuye continuamente y todo el sistema está alejándose de la auténtica autofinanciación hacia la transferencia de partidas globales.
Lo que denominamos reducción de las contribuciones para el Reino Unido tampoco obedece ya a ninguna lógica, Sra. Presidenta, Sra. Comisaria, Sr. Wynn, y al llevar mi única gorra -en mi condición de ponente por el PSE para recursos propios- puedo afirmar que, en este ámbito también, la reducción de las contribuciones ha dejado de ser aplicable, lo mismo que la distinta financiación por parte de los otros Estados miembros. ¡Hay que eliminarla!

La estructura del presupuesto ha dejado de proporcionar una justificación para ella. Durante los últimos quince años ha habido que realizar modificaciones a la estructura del gasto de presupuesto europeo. Algunas políticas existentes, como la política agrícola, fueron reformadas y se agregaron otros ámbitos políticos, tales como la política estructural y la ayuda preadhesión, y esto convierte en anticuado la imposición de una carga injusta sobre todos los demás por culpa de un trato preferencial para el Reino Unido.
Todo ello lleva a la conclusión lógica de que debemos introducir un impuesto para sustituir a los antiguos recursos propios y que eso deberá efectuarse sin imponer cargas adicionales a los contribuyentes europeos, que sin embargo al fin tendrían la posibilidad de ver cómo están financiando la Unión Europea.
Así pues, no nos quedemos en este Parlamentos cortos a la hora de pedir lo que la Comisión ya ha hecho, sino que unámonos para dar juntos un paso importante hacia un mayor grado de transparencia y de democracia.
(Aplausos)

Guy-Quint (PSE).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, los puntos principales del informe presentado por el presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Wynn, ya han quedado expuestos. Por tanto, todos somos capaces de comprender su importancia. La reforma del procedimiento presupuestario no es ni mucho menos un asunto técnico que pueda dejarse exclusivamente en manos de los especialistas. Más bien lo contrario: se trata de un asunto eminentemente político; afecta a nuestra capacidad para dar contenido a la integración europea y demostrar nuestra solidaridad por medio de la acción.
Yo personalmente me limitaría a recordar a los participantes en las negociaciones en curso sus responsabilidades. Eso significa ir más allá del pequeño juego estéril de defender los privilegios nacionales y el territorio a corto plazo. Esa clase de actitud jamás conduce a negociaciones fructíferas, sino que desemboca en compromisos vacuos que, al fin y al cabo, no satisfacen a nadie. Ya es hora de que miremos dónde se hallan los verdaderos intereses del conjunto de los europeos. Tenemos que crear un círculo eficaz en el que las concesiones efectuadas por las diferentes partes beneficien en última instancia a todo el mundo. Si permitimos que se imponga esta forma de pensar, creo que será posible aprovechar la oportunidad que nos brinda la Convención.
Demostremos por tanto el valor político necesario para exigir una auténtica reforma que, repito, incluye de manera específica la supresión de la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, la creación de un impuesto europeo y el asentamiento de unas leyes uniformes para todos los Estados miembros. La Convención tiene que establecer un verdadero procedimiento de codecisión, dentro de cuyo marco el Parlamento y el Consejo puedan trabajar juntos en calidad de iguales para tratar todos los aspectos del presupuesto comunitario y los demás instrumentos financieros a disposición de los políticos europeos. Sólo este método permitirá reforzar de manera decisiva la naturaleza democrática del presupuesto europeo y acercar a los ciudadanos a nuestras instituciones, como deseamos de todo corazón.
El Presidente.
 Señora Guy-Quint, quiero felicitarle por haber sido capaz de hablar de forma calmada y clara en medio de este ruido.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Heaton-Harris (PPE-DE).
Señor Presidente, ayer mantuvimos un breve debate en esta Cámara acerca de un asunto muy grave: la solicitud a la Comisión para que respondiera en un debate a las acusaciones hechas a su Dirección General de Presupuestos. Por desgracia, en ese debate ocurrió que el Sr. Watson, presidente del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, indujo objetivamente a error a la Cámara y con ello influyó en la Cámara al indicar que el Director General del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, el Sr. Muis, iba a asistir a la reunión de ayer noche de la Comisión de Control Presupuestario para discutir este asunto y que, por consiguiente, no era necesario celebrar ningún debate.
El Sr. Muis no estuvo presente ayer por la noche. De hecho, merced exclusivamente a la presión ejercida durante la reunión de anoche por el Grupo Parlamentario del PSE y el Grupo Parlamentario del PPE-DE, existe la posibilidad de que asista a una reunión la semana que viene. ¿Estaría dispuesto el Sr. Watson a decirnos si engañó de manera deliberada a la Cámara, o si se trata de un ejemplo más de la incapacidad por parte de los demócratas liberales británicos para pedir responsabilidades a los Comisarios que no cumplen?

El Presidente.
Quiero indicarle a Su Señoría que en lo que se refiere a rendir cuentas, el Grupo ELDR posee un historial excelente en esta Cámara.
(Mixed reactions)

Watson (ELDR).
Señor Presidente, es todo un honor ser atacado por uno de los agitadores del Partido Conservador.
(Reacciones diversas)
Yo proporcioné a la Cámara una información que creí correcta. De hecho, dije a la Cámara que «tenía entendido» que el Sr. Muis iba a estar presente en la reunión de la Comisión, pero me complace que, más adelante en ese mismo debate, la propia Presidenta de la Comisión dijera que desconocía que el Sr. Muis fuera a estar presente, por lo que no hubo ningún engaño a la Cámara. Si hubiera dispuesto de una información diferente, la habría comunicado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Petición de consulta del Comité Económico y Social - Representación de mujeres entre los interlocutores sociales de la Unión Europea
(El Parlamento aprueba la petición de consulta)

Petición de consulta del Comité Económico y Social - Valoración de la experiencia adquirida por el CES en la evaluación del impacto y el efecto social y económico sobre el empleo ocasionado por las reformas estructurales llevadas a cabo en la Unión Europea
(El Parlamento aprueba la petición de consulta)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0034/2003) por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas (10927/1/2002 - C5-0532/2002 - 2000/0315(COD)) (Ponente: Sra. Petersen)
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Informe (A5-0038/2003) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas (COM(2002) 494 - C5-0415/2002 - 2002/0217(COD))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0029/2003) del Sr. Dunn, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 276/1999/CE por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales (COM(2002) 152 - C5-0141/2002 - 2002/0071(COD))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0030/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Parlamento Europeo y del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado (COM(2001) 789 - C5-0004/2002 - 2001/0314(COD)) 
Antes de la votación:

Frassoni (Verts/ALE)
Señor Presidente, la votación de hoy sobre estos cuatro informes pone fin al largo proceso de adaptación del sistema de comitología que entró en vigor en 1987, un proceso que se inició en 1998 con la propuesta de la Comisión, continuó con la aprobación de la nueva decisión del Consejo en junio de 1999 y que, por fin, estamos concluyendo hoy al aprobar con estos cuatro informes las aportaciones de todas las comisiones adaptadas al sistema que ha estado vigente desde 1999. Ha sido un proyecto mecánico y, no me cabe duda, tedioso para las personas encargadas de lidiar con los detalles y en nombre de nuestra institución, quiero expresarles hoy mi agradecimiento más profundo. Han sido necesarios cuatro años para adaptar los cientos de comisiones al nuevo sistema y efectuar los preparativos para la votación que estamos a punto de efectuar. Esta sola cifra pone de manifiesto el ingente trabajo que queda por realizar si queremos dotar a la Unión de un sistema de implantación de su normativa que sea transparente, sencillo y ayude a mejorar la forma, hasta ahora poco satisfactoria, de llevar a la práctica las normas comunitarias.
El Parlamento ha trabajado denodadamente para realizar mejoras notables al sistema de comitología. Por tanto, en esta ocasión quiero rendir homenaje a la labor paciente y minuciosa de la ponente durante estos años, Sra. Adelaide Aglietta, que ha logrado implicar de lleno al Parlamento en los debates sobre comitología, lo cual no era una tarea sencilla en aquel momento. Estoy convencida de que las propuestas sobre comitología presentadas el pasado mes de diciembre por la Comisión y las propuestas en los textos recientes enviados a la Comisión también son fruto de este trabajo. Aunque en 1999 no fuera posible lograr lo que el Parlamento siempre había deseado, a saber, una posición de igualdad con el Consejo y la opción de anular una medida puesta en práctica cuando se considerase contraria a la voluntad del legislador, este camino parece ahora expedito. En aquellos momentos, la intransigencia y el formalismo de la Comisión y el Consejo nos impidieron lograr tal resultado y tuvimos que contentarnos con un modesto sistema de timbre de alarma. Ahora, y gracias no nos olvidemos a ese año y medio de trabajo paciente y a veces oscuro, la Comisión parece haber modificado su posición y la Convención parece presta a superar las reservas burocráticas de los gobiernos.
Espero de verdad que los informes que vamos a someter a votación hoy pronto caigan en el olvido o queden sustituidos también y que los misterios del sistema de comitología queden confinados a los libros de historia.

El Presidente.
 ¡Cuatro años de trabajo y una votación nominal!
(El Parlamento aprueba el texto)

Recomendación (A5-0033/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1260/1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (11104/2002 - C5-0440/2002 - 2001/0313(AVC))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0031/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (mayoría cualificada) (COM(2001) 789 - C5-0091/2002 - 2001/0315(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0032/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (unanimidad) (COM(2001) 789 - C5-0092/2002 - 2001/0316(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0028/2003) del Sr. Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1268/1999, relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión (COM(2002) 519 - C5-0497/2002 - 2002/0227(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0035/2003) del Sr. Oreja Arburúa, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) nº 354/83 relativo a la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (COM(2002) 462 - C5-0417/2002 - 2002/0203(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0056/2003) del Sr. Simpson, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre las relaciones exteriores de la Unión Europea en el ámbito del transporte (2002/2085(INI))
(El Parlamento aprueba el texto)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0050/2003) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios (11146/1/2002 - C5-0533/2002 - 2001/0047(COD)) (Ponente: Georg Jarzembowski) 
Antes de la votación de la enmienda 48:

Piecyk (PSE).
Señor Presidente, la Comisión se ha mostrado unánimemente de acuerdo en la necesidad de restringir la autoasistencia a la tripulación del barco.
Sin embargo, ahora tenemos el problema de que estas expresiones se utilizan de manera muy distinta en las diferentes traducciones, no solo en la versión alemana, sino también en la inglesa y la francesa. En mi opinión, sabiendo que se ha de tomar como base el texto alemán, la traducción más correcta y pulcra es la inglesa, que utiliza «regular seafaring crew», permitiendo al Parlamento dejar meridianamente claro que no nos estamos refiriendo a la actividad en tierra, sino únicamente a lo que puede ser realizado por la tripulación, utilizando su propio equipo, y nada más.
Por eso quiero que lo deje claro el lenguaje utilizado en las traducciones. «Seafaring crew» (tripulación embarcada) y «Schiffsbesatzung» (tripulación del buque) presentan una ventaja adicional sobre la expresión utilizada en la versión alemana, por cuanto «seemännische» (marinero) en alemán todavía conserva una connotación muy masculina, mientras que «Schiffsbesatzung» (tripulación del buque) y «seafaring crew» (tripulación embarcada) podría decirse que tienen género neutro, lo que constituye una ventaja en cuanto al trato igualitario de géneros.
(Fuerte aplauso)

El Presidente.
Antes de dirigirme al ponente para solicitar su asesoramiento, se me ha informado de que la enmienda 48, como usted ha sugerido, representa una enmienda lingüística en varios idiomas. Se trata de una aclaración lingüística importante, pero la enmienda principal en este contexto es la enmienda 13. Mi sugerencia, siempre que el ponente esté de acuerdo, es votar primero la enmienda 13 y luego votar las partes relevantes de la enmienda 48 y las connotaciones lingüísticas que conlleva.

Jarzembowski (PPE-DE)
Señor Presidente, yo también considero acertado votar primero la enmienda 13, pero creo que, en el caso de que quedar aprobada la enmienda 13 -como espero que ocurra- todas las demás se cancelarán. No veo ninguna necesidad de votar las demás.
En cuanto a la cuestión de la lengua, no deberíamos enzarzarnos ahora en una largo debate, sino que deberíamos proceder de la forma siguiente. La Comisión desea -como supongo que quiere esta Cámara- suprimir las palabras «personal propio fijo con base en tierra» de la versión del Consejo. Cualesquiera que sea la otra propuesta -«personal embarcado»-, nosotros no queremos cambiarlo y debería permanecer en el texto en la forma en que se halla en la versión del Consejo, a fin de que las cuestiones lingüísticas no nos conduzcan a una confrontación con el Consejo. Así que lo que pretendemos hacer es eliminar las palabras «personal propio fijo con base en tierra» y deberíamos ajustar la terminología utilizada en inglés, francés y demás a la Posición Común del Consejo, ya que no deberíamos apartarnos de ella. Hasta ahí, el señor Piecyk y yo estamos de acuerdo sin necesidad de entrar en grandes discusiones lingüísticas.

El Presidente.
Así que procedemos a la votación sobre la enmienda 13.
Antes de la votación de la enmienda 16

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, quisiera preguntar si, después de la votación sobre la enmienda 13, se cancelan las enmiendas 56 y 57. Me explico: la finalidad de la enmienda 13 consistía en restringir la autoasistencia a los miembros de la tripulación. Si lo entiendo correctamente, las enmiendas 56 y 57 se refieren a las condiciones para conceder licencias a los operadores portuarios para acometer labores de autoasistencia. No obstante, en mi opinión esto carece de sentido, si estamos restringiendo la autoasistencia a los miembros de la tripulación.

El Presidente.
Comunico al ponente que consultaremos su opinión cuando lleguemos a las enmiendas 56 y 57.
Antes de la votación de la enmienda 45

Watson (ELDR).
Señor Presidente, mi Grupo considera que esta enmienda no debería decaer aunque se apruebe la enmienda 24.

Jarzembowski (PPE-DE)
Señor Presidente, esta enmienda es redundante, ya que la frase 2 de la sentencia 24 ya prevé la eventualidad de un recurso legal. La referencia allí al apartado 3 del artículo 17 de la Directiva es definitiva, así que ahora no podemos votar sobre posibles opciones alternativas. No me cabe la menor duda de que esta enmienda debe quedar cancelada.

Sterckx (ELDR).
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con el ponente. Pienso que la enmienda puede complementar efectivamente la enmienda presentada por la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo que ha quedado ahora aprobada y que constituye una formulación más precisa del contenido de la primera enmienda.

El Presidente.
Parece que el ponente se mantiene firme. Mi decisión, por tanto, es apoyar la opinión del ponente y resolver en contra de la enmienda 61.
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada)

Informe (A5-0039/2003) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2004, Sección III - Comisión (2003/2001 (BUD))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0041/2003) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones presupuestarias para las Secciones II, IV, V, VI, VII, VIII (A) y VIII (B) y sobre el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo (Sección I) para el procedimiento presupuestario 2004 (2003/2002(BUD)): Sección I - Parlamento Europeo; Sección II - Consejo; Sección IV - Tribunal de Justicia; Sección V - Tribunal de Cuentas; Sección VI - Comité Económico y Social; Sección VII - Comité de las Regiones; Sección VIII (A) - Defensor del Pueblo Europeo; Sección VIII (B) - Supervisor Europeo de Protección de Datos 
Antes de la votación de la enmienda 8

Dover (PPE-DE).
Señor Presidente, cuando nosotros, desde el Grupo del PPE-DE, presentamos la enmienda 4, añadimos las siguientes palabras: '... espera que el procedimiento legislativo concluya a finales de junio de 2003 a más tardar».
Sugiero que se divida la enmienda 8, presentada por el grupo del PSE y otros, de forma que la primera sección vaya desde el principio, «celebra el hecho de que la Comisión haya presentado...», hasta «... en el presupuesto de la Comisión». La segunda parte estaría formada por el resto de la enmienda.
En tal caso, apoyaríamos la primera parte y nos opondríamos a la segunda. Esta división iría seguida de una tercera votación -no es preciso que sea una votación nominal- en la que se recogerían nuestras palabras de forma independiente del resto: '... espera que el procedimiento legislativo concluya a finales de junio de 2003 a más tardar».
Le pido su consentimiento, señor Presidente.

Gill (PSE)
Señor Presidente, la supresión propuesta no tiene sentido alguno. No tiene sentido mantener el resto del apartado tal y como se ha sugerido. Este es un asunto que compete a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La razón por la que aludimos a este aspecto es la de intentar adoptar una decisión sobre si de acuerdo con la propuesta de la Comisión la financiación debe adjudicarse al presupuesto del Parlamento o no. Opino que no debería atribuirse al presupuesto del Parlamento, por motivos de transparencia y responsabilidad, así como por los costes que implica.
Es importante que la financiación permanezca en el presupuesto de la Comisión. Por lo tanto, sugiero que votemos a favor de la enmienda 8 en su redacción actual.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, simplemente una observancia del Reglamento, el señor Dover parece haber solicitado una votación por partes y existe un Reglamento que gobierna este tipo de procedimiento. Por consiguiente, si se puede realizar, no existe ningún problema: sentará un precedente que deberíamos seguir.

El Presidente.
Gracias por su advertencia, señora Frassoni.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0046/2003) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la reforma del procedimiento presupuestario: posibles opciones con vistas a la revisión de los Tratados (2002/2271(INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución)
El Presidente. Con esto concluye la votación.
EXPLICACIONES DE VOTO

Foster (PPE-DE)
. (EN) Hace ahora 20 años que adquirió carácter obligatorio en el Reino Unido el uso de los cinturones de seguridad por parte de conductores y copilotos. Esta ley ha salvado una media de siete vidas cada día. Sin embargo, se siguen perdiendo numerosas vidas debido a que estas normas no se aplican a los pasajeros de autocares.
Con bastante frecuencia, el Parlamento Europeo se inunda de reglamentos que sirven de poca ayuda a nuestros electores. Esta Directiva es nuestra oportunidad para marcar una verdadera diferencia, reduciendo la trágica pérdida de vidas en nuestras carreteras.
Por este motivo, los conservadores británicos apoyamos este informe y felicitamos a todos aquellos que han colaborado en la presentación de estas medidas, que se deberían haber propuesto hace mucho tiempo.
No obstante, nos decepciona que las propuestas no sean más ambiciosas. Es hora de que la seguridad de los niños en los autobuses escolares reciba la atención que reclama urgentemente.
Resulta inaceptable que los niños vayan a la escuela en autobuses sin cinturones de seguridad y que muchos de ellos deban permanecer de pie debido a la falta de asientos.

Ribeiro e Castro (UEN)
Naturalmente, apoyo por completo este informe. En primer lugar, porque opino que resulta crucial y de vital importancia para la reducción del número de víctimas registradas en las carreteras Europeas, que actualmente ronda la cifra de 45 000 muertos cada año. Y, sobre todo, porque estoy convencido de que el uso obligatorio de cinturones de seguridad ha contribuido positivamente a reducir esas trágicas cifras. Resulta verdaderamente extraño que en el tercer milenio, los accidentes en carretera constituyan la principal causa de muerte entre la población infantil. Como ciudadano portugués, me preocupa especialmente el hecho de que mi país, junto con España y Grecia, sea responsable de un porcentaje significativo del número total de víctimas registrado en Europa.
Tal como indica el ponente, se debe observar esta propuesta simplemente como parte integral de un plan de acción más amplio. En este contexto, considero que dicho plan en particular se podría vincular a la política de transporte europea y perseguir, por ejemplo, la provisión de alternativas más seguras al transporte por carretera lo más rápidamente posible. Asimismo, creo que resulta esencial invertir en la implementación de auténticas medidas preventivas ya que, aunque el cinturón de seguridad es una medida importante, solo sirve para minimizar las consecuencias de los accidentes. Me refiero, concretamente, a la mejora de la señalización de las carreteras, a la intensificación de la protección pasiva, al aumento de los mecanismos de control...
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Coelho (PPE-DE)
. (PT) El problema de las drogas constituye uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos europeos. La lucha contra las drogas exige una perspectiva europea que incluya la adopción inmediata de instrumentos legales contra la elaboración y el tráfico de estas sustancias, la colaboración con los países productores y el fomento de la prevención y la lucha contra la adicción a la droga.
La propuesta del Sr. Pirker responde al aumento constante de la producción y el comercio de las drogas sintéticas. Resulta preocupante el hecho de que la mayoría de la producción ilegal de drogas sintéticas se origine en Europa, según la información recopilada en 1999 por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Suiza. Tan solo en los Países Bajos se registra más del 50% de la producción mundial.
Resulta urgente y necesario el establecimiento de un control más riguroso y eficaz de la fabricación y venta de sustancias que, aparte de ser productos químicos destinados a usos legítimos, se utilizan frecuentemente para la elaboración de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esto no se aplica al comercio legal de dichas sustancias, en concreto en lo que respecta a la fabricación de medicamentos.
Apoyo esta propuesta, la cual transforma la directiva actual en un Reglamento y permite que se simplifique la legislación, facilitando así su aplicación -de forma uniforme y concurrente- (factor que resulta aún más importante en el contexto de la ampliación). El objetivo principal consiste en supervisar el comercio de las sustancias precursoras de las drogas de un modo armonizado y en prevenir que se utilicen incorrectamente para la producción de drogas ilegales. Para ello es necesaria una colaboración estrecha entre las autoridades competentes y los operadores económicos (quienes deberían notificar inmediatamente a las autoridades cualquier transacción o pedido inusual). Este objetivo se debe extender a sustancias que hasta la fecha no se han incluido en nuestras listas.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Estoy de acuerdo con este informe sobre todo porque me preocupa enormemente el hecho de que se describa a Europa como el origen principal de las drogas sintéticas de producción ilegal. Por si esto no fuera bastante grave, diversos informes procedentes de organismos internacionales, como la Junta Internacional de Control de Narcóticos (INCB), indican que la producción y el comercio de drogas sintéticas siguen aumentando.
En consecuencia, el modo de luchar eficazmente contra las drogas se basa, principalmente, en un control efectivo de los precursores. No obstante, existen algunos obstáculos que dificultan este control, que no consiste simplemente en la prohibición del uso de estas sustancias. Los precursores no se utilizan exclusivamente para la producción ilícita de drogas, por lo que un control efectivo supondrá un sacrificio por parte de los fabricantes de medicamentos, por ejemplo. A este respecto, considero que el informe ha logrado un equilibrio razonable.
Por último, opino que resulta igualmente importante la adopción de medidas en lo que se refiere a los sitios de Internet que fomentan la venta de estas sustancias y proporcionan información sobre el modo de elaborarlas.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de los cuatro informes presentados por la Sra. Frassoni, a pesar de los problemas que este asunto conlleva. En efecto, el uso de la comitología debe resultar más transparente en el trabajo de las diferentes comisiones, centrándose especialmente en la necesidad de proporcionar al Parlamento Europeo los órdenes del día y los resúmenes de las reuniones de dichas comisiones, las listas de participantes, los borradores de medidas de aplicación presentados en las mismas, los calendarios provisionales de las reuniones e información detallada sobre los resultados de las votaciones.
Asimismo, el público debe poder acceder a todos los documentos de las comisiones excepto, claro está, a aquellos que sean confidenciales.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se declara que el Parlamento Europeo no pretende usurpar los poderes de aplicación que pertenecen a la Comisión: su objetivo consiste en introducir un sistema que permita ejercer un control adecuado y, si es necesario, refutar una medida de aplicación con la que no esté de acuerdo cuando entre dentro del procedimiento de codecisión. Este es el único modo de garantizar el respeto total del proceso legislativo y de los poderes del Parlamento como colegislador.

Boogerd-Quaak (ELDR).
Señor Presidente, me alegro de volver a verle y espero poder visitarle de nuevo personalmente en el futuro. Me complace enormemente que sea usted actualmente el Presidente del Parlamento. No obstante, debería centrarme en hablar sobre esta directiva. Mi grupo o, al menos, D66, ha votado a favor de esta directiva para ofrecer la posibilidad de una competencia justa en los puertos y prevenir el denominado «dumping» social. Esto significa que todas las partes implicadas, incluido el personal de autoasistencia, deben disponer de las elevadas normas sociales y las cualificaciones profesionales exigidas. Además, los Estados miembros y las autoridades portuarias, en concreto, deben establecer determinadas condiciones en el ámbito de la seguridad y la protección medioambiental. Lo que resulta importante es que el Consejo y el Parlamento elaboren y presenten la directiva de tal modo que se excluya la posibilidad del «dumping» social y, al mismo tiempo, la posibilidad de una protección rígida de una de las partes. Por consiguiente, espero que las negociaciones resulten productivas.

Howitt (PSE).
Señor Presidente, los puertos de Harwich, Felixstowe y Tilbury pertenecen a mi circunscripción. Cientos de trabajadores portuarios demuestran hoy su preocupación por esta Directiva, que a mi entender en primer lugar nunca fue necesaria, al confundir, como hace, la competencia dentro de los puertos con el objetivo real, que debería ser la competencia entre los puertos. No obstante, estoy orgulloso de que el Parlamento Europeo haya aprobado enmiendas que garantizan la implementación de medidas contra las subvenciones públicas injustas, la exclusión del servicio de practicaje por rigurosos criterios de seguridad y, quizás lo más importante, la obligación de los nuevos prestadores de proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores y de navegar bajo la bandera de la Unión Europea, no la de conveniencia.
Sobre todo, con un período de 36 años en el que se registrarán paulatinamente cuantiosas inversiones, opino que no hace falta que los empleos de los trabajadores portuarios que operan actualmente en Harwich, Felixstowe o Tilbury se vean afectados nunca más. Insto a los implicados en la conciliación a que se atengan con firmeza a las enmiendas del Parlamento, para que así podamos garantizar la seguridad de nuestros puertos y el carácter prioritario de los empleos de nuestros trabajadores portuarios.

Alavanos (GUE/NGL)
 Con la excusa de crear un marco operativo único y proporcionar servicios portuarios mejorados, se paga al sector privado para que se haga cargo de un sector que aún se gestiona como una empresa de servicio público.
Se está concediendo a los puertos existentes la oportunidad de comenzar a ofrecer más servicios en cualquier sector que consideren rentable, en contraste con la administración pública y el proveedor de servicios central que se encarga de las actividades necesarias ?aunque no sean rentables?.
En virtud del nuevo sistema, las condiciones y las licencias operativas garantizarán la existencia de un centro de toma de decisiones. Este será diferente del proveedor de servicios portuarios anterior, ya que una agencia no puede actuar al mismo tiempo como proveedor de servicios y administrador portuario.
Las empresas que ofrecen servicios portuarios deben cumplir con las exigencias de transparencia en sus relaciones financieras con las autoridades públicas. No obstante, no hay pruebas de que se haya impuesto una obligación similar sobre el sector privado.
La directiva hace mención específica al personal. En virtud del artículo 6.5, el proveedor de servicios tiene derecho a contratar al personal de su elección. Sin embargo, no se hace referencia alguna a la cualificación o formación necesarias.
Lo que deseamos es contar con servicios portuarios que funcionen de forma transparente, que ofrezcan el mismo nivel de servicio a todo el mundo y que garanticen, al mismo tiempo, derechos laborales para los trabajadores, protección medioambiental y puertos seguros.

Darras (PSE)
. (FR) El objetivo de la directiva, que consiste en establecer normas comunes para los puertos marítimos con el fin de mejorar su papel en materia de transporte y ofrecerles un lugar privilegiado en la intermodalidad, a través de un acceso transparente a los servicios portuarios, no se debe alcanzar a toda costa. Es decir, para lograrlo no se debe renunciar a un nivel elevado de seguridad marítima, a una protección medioambiental eficaz y a unas condiciones laborales satisfactorias para los trabajadores del sector.
No obstante, la directiva que se debate cuestiona los derechos sociales de los trabajadores, constituyendo un ejemplo paradigmático la cuestión de la autoasistencia: permitiría que la autoasistencia se confiara al «personal con base en tierra» contratado por las empresas navieras, lo que provocaría probablemente que esta labor se transfiriera de estibadores profesionales y otro personal técnico cualificado a otros trabajadores más baratos, sin preparación alguna. Los riesgos de que se produzca una situación de «dumping» social son evidentes.
Por lo tanto, votaré para que se rechace esta directiva, una postura que seguramente no compartirá la mayoría del Parlamento Europeo. Por esta razón votaré a favor de toda enmienda que persiga aumentar la protección de los trabajadores que ofrece el texto.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) El Parlamento, el Consejo y la Comisión mantienen y confirman su deseo de liberalizar los servicios portuarios. El pequeño avance realizado hasta ahora, como la eliminación de los servicios de practicaje de la directiva, no cambia el proceso en curso. Por tanto, tememos que los servicios de practicaje sólo disfrutarán de un breve aplazamiento. Si la liberalización -sinónimo de abandono de las misiones de servicio público, en combinación con el aspecto de la regresión social de los trabajadores y de las graves violaciones de las normas medioambientales y de seguridad- fracasa, los trabajadores y los usuarios de los servicios portuarios deberán unirse a gran escala.
Los estibadores amenazados por la autoasistencia, es decir, por la posibilidad de que los armadores y los fletadores recurran a su propio personal para cargar y descargar los barcos, han sido pioneros al respecto al organizar diversas huelgas en Europa y manifestarse en grupos de miles de personas frente a las instituciones europeas. Hemos apoyado, y aún lo hacemos, las acciones que llevan a cabo. Por esta razón, hemos votado para que se rechace la directiva, ya que provocará desastres humanos, sociales y medioambientales, como en el caso de la liberalización del sector ferroviario. Dichos desastres pasarán de producirse a lo largo de nuestras costas, como ocurrió en los naufragios del Erika y del Prestige, a ocurrir en el interior de los puertos. Para luchar en contra de la liberalización, debemos fomentar un servicio portuario público que se coordine en el nivel Europeo y garantice las normas sociales y los niveles seguridad más altos posibles.

Martinez (NI)
Tras haber abierto el transporte marítimo a la competencia ultraliberal, con sus sabidas consecuencias (playas contaminadas y pescadores franceses exterminados por un buque cisterna noruego cargado de agentes químicos, pilotado por ceilandeses), pretende ahora entregar los servicios portuarios, desde el practicaje al estibaje, al sector privado, alegando favorecer la competencia entre los puertos, la competitividad y la reducción de costes, como en el caso de los sectores aéreo y ferroviario.
La apertura del mercado, que aparentemente se limitará a los grandes puertos (aunque no sabemos si con esto se refiere al tráfico de 3 millones de toneladas de mercancías o al de 45 millones), incluirá, por ejemplo, la «autoasistencia». En otras palabras, la tripulación del barco, que imagino que estará formada por trabajadores mal retribuidos del sudeste asiático, una fuente de nuevos esclavos del capitalismo mundial al servicio del «dumping» social, podrá llevar a cabo las tareas de estibaje, siempre bajo un pabellón de conveniencia.
El debate se limita a determinar si las preocupaciones por la seguridad permitirán excluir el practicaje y el arrastre de la «privatización» portuaria.
Dicho esto, hay que añadir que los estibadores de Marsella, Sète y otros puertos importantes se verán reemplazados por los piratas del ultraliberalismo. La destrucción del empleo portuario se sumará a la destrucción del empleo pesquero. La sublevación y la desesperación de estas personas ante una directiva elaborada por los partidarios de la mundialización económica resultan comprensibles.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Los puertos situados entre Hamburgo en Alemania y Le Havre en Francia, así como los daneses y belgas, experimentan el grado más alto de competencia de todos los puertos. Esto se debe a que todos ellos abastecen en gran medida al mismo amplio mercado interior, incluido el distrito alemán del Ruhr, a través del cual se pueden desplazar constantemente flujos de cargas de un puerto a otro. En consecuencia, los costes derivados del trasbordo de una determinada cantidad de la carga resultan inferiores en estos puertos que en los Estados Unidos o el este asiático. Las consecuencias de una directiva sobre la actividad portuaria, que pretende fomentar la competencia para reducir el precio de estos servicios, tienen un alcance mayor precisamente en estos puertos. A pesar de que no pueden ofrecer servicios a precios aún más bajos, se ven forzados a hacerlo. En puertos como estos, el riesgo de «dumping» social y de empeoramiento de la seguridad resulta mayor que en un puerto que disfruta prácticamente de una situación de monopolio sobre un mercado interior reducido. El puerto o ciudad portuaria que tenga las exigencias más estrictas en materia de seguridad, medio ambiente, calidad del trabajo y condiciones laborales saldrá perdiendo en situaciones de competencia, en las que resultará ganador el peor puerto. Además, la directiva obligará a los Estados miembros de la Unión Europea a actuar en contra de las obligaciones contraídas en virtud del marco del Convenio de la OIT. El apoyo a la autoasistencia en la segunda lectura y la declaración de que las votaciones sobre las obligaciones asumidas en virtud del Convenio de la OIT no resultan indicadas plantea conflictos en la tercera lectura y, tras esta, procedimientos judiciales y huelgas.

Pasqua (UEN)
. (FR) A pesar de que esta Directiva dista de ser perfecta -los Estados deben poder exigir que las reglas vigentes para el personal con base en tierra se apliquen a la tripulación de mar encargada de las actividades de autoasistencia citadas en el anexo de este documento- resulta, no obstante, bienvenida.
La actitud reticente de algunas corporaciones profesionales simplemente demuestra un rechazo categórico a la apertura de los servicios portuarios a la competencia. Esta lógica autocrática es algo más que un mero rechazo del principio de la economía de mercado. Las declaraciones formales sobre la conservación de las obligaciones de servicio público, la garantía de los empleos y el mantenimiento de la seguridad y el medio ambiente en los puertos -todos ellos objetivos legítimos que nadie discute- ocultan el deseo no tan noble de defender situaciones de monopolio, en particular los monopolios sindicales, que algunos consideran intocables.
La implementación de un proyecto a gran escala como «Port 2000» en Le Havre, el mayor puerto francés en términos de contenedores de mercancías, demuestra claramente que a nuestros puertos y empresas no les asusta la introducción de una dinámica más competitiva en los servicios portuarios. Todo lo contrario ya que, al poder equiparse por su cuenta de la infraestructura necesaria para el futuro, los puertos podrán aceptar y superar el reto planteado por la apertura del mercado.

Piscarreta (PPE-DE)
. (PT) Tras el naufragio del Prestige, han aumentado las manifestaciones de preocupación por la seguridad marítima, las cuales yo comparto. Mi país cuenta con una extensa costa que depende principalmente de los recursos marítimos. Por esta razón y porque estos problemas afectan al mismo tiempo a otros países de la Unión Europea, el informe Jarzembowski sobre los servicios portuarios merece toda nuestra atención.
Con respecto a las normas sobre practicaje, considero que resulta lógico eliminarlas del ámbito de esta decisión. Cada Estado miembro ha de poder, por motivos de interés público, mantener el sistema actual, teniendo en cuenta las características locales específicas.
Este informe destaca por el modo en que mantiene un grado de equilibrio entre la liberalización de los servicios portuarios y la demostración de una preocupación continua por la legislación social sobre la protección de los trabajadores, la seguridad marítima y la protección medioambiental en las regiones conflictivas. Este equilibrio ya se ha alcanzado en la liberalización del transporte aéreo y ferroviario.
En relación con la legislación social y laboral, se deben proteger los derechos de los trabajadores de los puertos comunitarios. Por lo tanto, apoyo la opinión del ponente para abogar por una mayor protección de estos trabajadores, sin olvidar la necesidad de mantener un personal cualificado en los puertos e insistir en las medidas para la formación de los miembros de la tripulación.

Queiró (UEN)
. (PT) En líneas generales, estamos de acuerdo con la propuesta de directiva de la Comisión relativa a los puertos e infraestructuras del transporte marítimo, cuyo propósito consiste en crear o restablecer condiciones transparentes de competencia en todos los puertos comunitarios, dentro del contexto específico de la apertura del mercado a los diferentes servicios portuarios.
Los servicios contemplados por esta directiva relacionados con el arrastre, amarre y trasbordo de cargas (incluidas la carga y la descarga) no merecen especial atención. La cuestión radica en si se deben excluir o no las actividades de practicaje de la directiva. Puesto que pienso que el practicaje es un trabajo que requiere un nivel de experiencia considerable y que resulta muy importante en relación con la seguridad del tráfico marítimo en los puertos, estoy de acuerdo con la mayoría alcanzada en este Parlamento, la cual ha contado con mi voto a favor del informe.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) La intención primera de mi voto es la de destacar tres puntos que considero esenciales: en primer lugar, la práctica denominada «autoasistencia» no debe ser trastocada subrepticiamente para abrir las puertas a todo tipo de oportunismo y distorsiones del mercado. En vez de eso, se debería limitar oportunamente a la propia tripulación del barco y ser llevada a cabo en colaboración con el operador portuario; en segundo lugar, el sistema de practicaje en los puertos se debe excluir del ámbito de la directiva y reservarse para la legislación nacional; en tercer lugar, resulta vital que se definan correctamente normas transparentes sobre las ayudas estatales en este campo, tal como se ha sugerido en los debates sobre el Libro Verde y de lo cual, lamentablemente, el texto de la directiva hace escasa mención. Por último, en lo que respecta a las significativas enmiendas económicas que hace la directiva al sistema operativo portuario, considero que es importante proporcionar sistemas de transición que protejan los intereses legítimos de aquellos operadores que han aceptado las continuas obligaciones impuestas por la legislación nacional y cuya estabilidad económica se podría ver perjudicada irremediablemente.

Sacrédeus (PPE-DE)
En general, opinamos que la propuesta es equilibrada y constructiva, a excepción, no obstante, de la limitación insuficientemente justificada sobre la autoasistencia.
Al restringir la autoasistencia, como ahora, para que se aplique solo al personal de a bordo y no al de tierra (como podrían ser los empleados de una fábrica cercana al puerto), se pone de manifiesto que la legislación desconoce el funcionamiento del sector. De este modo se reducen las oportunidades de competencia dentro de este ámbito. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de la comisión en lo que respecta a estas cuestiones.
En relación con los servicios de practicaje, coincidimos con la propuesta de que estos no deben ser contemplados en la directiva debido a su especial naturaleza.

Van Dam (EDD)
 - (NL) En particular, la razón que impulsa las huelgas en los puertos es la sección del paquete portuario que trata sobre la autoasistencia. Esto también se aplica a la postura de los prácticos, la duración de las concesiones, las condiciones sociales de los trabajadores, la transparencia en relación con las ayudas estatales y la libertad de desarrollo de los puertos.
Hay que reconocer que, aunque la Posición Común no es perfecta, ofrece una respuesta adecuada a las disposiciones sobre la duración de las concesiones y la libertad de desarrollo de los puertos, por ejemplo. Asimismo, representa un avance en materia de servicios de practicaje. Los puntos que quedan por debatir son las directivas sobre la ayuda estatal y las condiciones laborales de los trabajadores portuarios, con especial atención en las disposiciones relacionadas con la autoasistencia.
En lo que respecta al primer punto, las enmiendas del Parlamento definen claramente lo que se espera de la Comisión, así como el plazo de tiempo disponible.
El segundo punto es más complicado. Si se conceden márgenes demasiado amplios al desarrollo de la autoasistencia, se corre el riesgo de que esta actividad se transforme en una competencia salvaje, con todas las consecuencias adversas que esto conlleva. Lamentablemente, el procedimiento no nos permite evitar esta situación en el ámbito de la Unión Europea. Ahora corresponde a los gobiernos nacionales hacer todo lo posible para eliminar las distorsiones de la competencia en este punto. De lo contrario, el espectro de la existencia de trabajadores portuarios ineficientes podría convertirse en una realidad que no beneficiaría a nadie.
Con todas sus -inevitables- deficiencias, acepto la posición del Parlamento; con la intención, en cualquier caso, de no dar carta blanca al Consejo y para alentar la movilización de los Estados miembros.
(Texto acortado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Miranda (GUE/NGL)
. (PT) El ponente recuerda el bajo nivel de pagos establecido y acepta la tendencia hacia la reducción de la parte del presupuesto europeo del PIB/PNB comunitario. Dada esta situación, con el aumento sistemático de las prioridades y con la política de ahorro perseguida -inseparable del Pacto de Estabilidad y que incluye la práctica sistemática de recortes, congelaciones, revocaciones, redespliegue y reprogramación del gasto presupuestario- es inevitable la aparición de consecuencias que afectan negativamente a los niveles de aplicación de las prioridades tradicionales de la Unión Europea, especialmente en los ámbitos sociales y en los de cohesión y cooperación. Incluso la propia credibilidad del proceso presupuestario se ve perjudicada.
Nos enfrentamos actualmente a un mayor número de problemas a la hora de definir las prioridades, como la otorgada a la estrategia de Lisboa o a cuestiones como la inmigración y el asilo.
Asimismo, el ponente reconoce la necesidad de modificar la política presupuestaria nacional cuando acepta el marco actual de perspectivas financieras y las limitaciones existentes en las políticas internas y externas. Lo hace hasta el punto de llegar a contradecirse a sí mismo en lo que respecta a Afganistán, al declarar, por un lado, que no reduciría el apoyo a otras regiones y afirmar, posteriormente, que pretende evaluar las posibilidades de redespliegue del presupuesto y hacerlo más flexible.
Además, todavía no se da prioridad a Palestina...

Muscardini (UEN)
. (IT) No podemos sino apoyar la perspectiva presentada: no se pueden negar o rechazar las prioridades de la adhesión de diez nuevos Estados y de la estabilidad y el desarrollo sostenible.
No obstante, el panorama del futuro inmediato no resulta tan optimista como lo presenta el documento de la Comisión. Con respecto a la adhesión, teniendo en cuenta todo lo sucedido en las últimas semanas entre el presidente de un Estado miembro y los países candidatos, así como las recientes declaraciones del presidente de la Convención relativas al riesgo de que la misma no finalice su trabajo dentro de los plazos establecidos, nuestro optimismo se ve nublado por un recelo que esperamos sea infundado. ¿Lograremos garantizar el cumplimiento de las fechas establecidas para la ampliación? De no ser así, numerosos puntos de la estrategia resultarán ser meras ilusiones.
El objetivo de la estabilidad es también una prioridad que debe ser perseguida. Sabemos lo difícil que resulta crear todas las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad y debemos trabajar para garantizar un desarrollo sostenible. Con casi cinco millones de desempleados en la República Federal y con los porcentajes negativos registrados también en muchos otros países (tanto Estados miembros como países candidatos), ¿cómo podemos mantener el optimismo en lo que respecta a estas prioridades?
(Texto acortado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Queiró (UEN)
. (PT) El Consejo Europeo de Copenhague refrendó los resultados del proceso de adhesión de diez países candidatos y las negociaciones se completaron tomando como base un paquete financiero por un total de 41 millardos de euros, que permitirá ajustar la perspectiva financiera y constituirá la base del presupuesto para el año 2004, el cual también aumentó con la entrada en vigor del Tratado de Niza el 1 de febrero de 2003.
Hemos votado a favor del informe porque, en lo que respecta a la política interna, el texto recuerda que la consecución del mercado interno, la aplicación de la estrategia de Lisboa y la estrategia a favor de un desarrollo sostenible siguen siendo los tres principales objetivos de la Unión Europea, cuya importancia será especialmente destacada en el año 2004, cuando se inicie la participación de los nuevos Estados miembros.
Asimismo, se celebra el énfasis depositado sobre las medidas de apoyo a las PYME como generadoras de empleo y crecimiento económico y sobre la necesidad absoluta de una lucha global contra el terrorismo.
Se trata, en resumen, de un informe que expresa de forma adecuada las orientaciones políticas de la Unión con la idea de incluirlas en el presupuesto para el año 2004.

Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond y Saint-Josse (EDD)
Seguimos manteniendo nuestra oposición a la idea de que se utilicen los fondos comunitarios para financiar los partidos políticos europeos.
No obstante, si los grupos mayoritarios imponen finalmente la adopción de este proyecto, consideramos que resultaría mucho más preferible que estos créditos permanecieran en el presupuesto de la Comisión. Esta seguiría al cargo de su aplicación y, por tanto, asumiría la responsabilidad de esta iniciativa desde el principio, en lugar de endosar los créditos al presupuesto parlamentario y perpetuar la confusión entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos.
Por consiguiente, hemos apoyado la enmienda 8, basándonos exclusivamente en este principio de técnica presupuestaria y con vistas a la responsabilidad resultante. No obstante, seguimos oponiéndonos a la totalidad de la propuesta.

Queiró (UEN)
. (PT) El presupuesto 2004 será el primero en una Unión Europea de quizás 25 Estados miembros. Por tanto, debemos resaltar la importancia histórica de la próxima ampliación, que pondrá fin a la división artificial de Europa; hasta entonces, se deberán adoptar un número considerable de medidas entre los años 2003 y 2004, con el fin de asegurar que las instituciones europeas obtienen los medios necesarios para llevar a cabo los preparativos.
Me preocupaba especialmente una solicitud realizada en el texto en la que se pide al Parlamento que adopte una ambiciosa estrategia para racionalizar sus operaciones y, en consecuencia, su gasto. Se pide al mismo tiempo que mantenga el multilingüismo y la fidelidad a sus principios, ya que representan una parte integral de la legitimidad democrática de la institución.
Debería añadir que la idea del informe de mejorar la asistencia técnica ofrecida a los Estados miembros es acertada; de hecho, es preciso que los Estados miembros reciban la mejor asistencia posible para así poder asumir sus responsabilidades legislativas y presupuestarias y, paralelamente, mejorar el rendimiento de su trabajo para reducir al mínimo el impacto de la distribución del personal en tres emplazamientos laborales diferentes.
Aunque no estoy de acuerdo con otros puntos, concretamente con la idea de que la Comisión administre los fondos destinados a los partidos políticos europeos, una labor que debería ser transferida al Parlamento por obvias razones democráticas, celebro la idea general del informe tal y como se hizo en...
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson y Sandberg-Fries (PSE)
Hoy hemos decidido votar a favor del informe sobre una reforma del procedimiento presupuestario. Dicho informe incluye una serie de importantes medidas en el ámbito presupuestario. Propone, por ejemplo, que se elimine la distinción entre el gasto obligatorio y no obligatorio. Creemos que no hay una razón de peso para la existencia de esta división. Evidentemente, el Parlamento también debe tener influencia sobre el gasto agrícola.
Apoyamos la propuesta de simplificar la transferencia de recursos entre las diferentes categorías de gasto del presupuesto comunitario, ya que constituye una medida importante para la creación de un sistema en el que se garantice un uso más eficaz de dicho presupuesto.
Asimismo, el informe indica que se deben revisar las normas que rigen los propios recursos de la Unión Europea. En particular, queremos resaltar que estamos a favor de un sistema más transparente que el actual, que muestre de forma más clara los ingresos de la Unión Europea. Sin embargo, nos oponemos completamente a un sistema que podría otorgar influencia al Parlamento sobre la cantidad de dinero que se asigna a la Unión Europea. Es importante que sean los Estados miembros los que decidan los niveles de financiación de la Unión y que el Parlamento tenga la última palabra sobre los gastos.

El Presidente.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.
Excepcionalmente, el Sr. Fatuzzo no se encuentra hoy aquí para dar una explicación de voto en nombre de los pensionistas italianos.
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15 horas)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0062/2003), presentado por el Sr. Mann, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre nuevas propuestas para la estrategia de empleo y la política social en la Unión Europea (2002/2236(INI)).

Mann, Thomas (PPE-DE)
Señora Presidenta, Señorías, hace tres años que el Consejo Europeo, reunido en Lisboa, decidió adoptar una rigurosa y ambiciosa estrategia, en virtud de la cual la Unión Europea se convertiría en el espacio económico más dinámico y competitivo del mundo para el año 2010, y lo haría sobre la base de un conocimiento cualificado. Con esto se pretendía lograr un desarrollo duradero y, al mismo tiempo, una situación de pleno empleo, un mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión social. ¿Quizás fuimos demasiado ambiciosos, demasiado eufóricos? ¿Ni siquiera entonces eran previsibles las crisis actuales? Eurostat nos informa de que existen en la actualidad casi 14 millones de desempleados europeos. Las causas principales de esta cifra son la incapacidad de solucionar los problemas estructurales de los Estados miembros, como las burocracias abotargadas, la distorsión de la competencia provocada por la existencia de subvenciones y la elevada tasa de desempleo presente entre las mujeres, la juventud, los trabajadores de mayor edad y los discapacitados. Las cifras oficiales indican que, solo en Alemania, existen 4,7 millones de desempleados, la tasa más alta registrada en los últimos cinco años. Asimismo, se prevé que en este país tanto la oleada de quiebras empresariales como el alto nivel de los impuestos y obligaciones, que se aplican a empresas y ciudadanos particulares, alcancen niveles históricos.
No hay duda de que la estrategia europea para el empleo ha logrado resultados positivos gracias a la coordinación de las políticas de empleo locales, regionales y nacionales. Aunque se cumple el principio de subsidiariedad, la expansión continua de dicha estrategia, desde los objetivos horizontales hasta los cuatro pilares, ha reducido de forma constante su eficacia. Estoy de acuerdo con la evaluación del Consejo y la Comisión en la que se señala que se deben reforzar las nuevas directrices para así mejorar su eficacia. Necesitamos, sobre todo, una prueba de su transposición y de los cambios resultantes en los mercados laborales. En mi opinión, cualquiera que sea la orientación a medio plazo (la Comisión ha propuesto tres años), debemos mantener una revisión anual independientemente de lo que suceda. De este modo, se ejercerá una presión positiva sobre los Estados miembros, algunos de los cuales afrontan problemas a la hora de aplicar los planes de acción nacionales. Es preciso que se realicen compromisos voluntarios, permítanme añadir, de la misma magnitud que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya naturaleza no deberá ser modificada como ya ocurrió cuando la estimulación del desarrollo y la inversión se conviertan en los asuntos principales. El cumplimiento estricto del Pacto constituye la base de la estabilidad y de la confianza por parte de los mercados y el público. Por lo tanto, el empleo y el dinamismo económico dependen fundamentalmente de ello. Uno es inseparable del otro. Un factor nuevo introducido por la estrategia europea para el empleo es la observancia de tres prioridades: en primer lugar, aproximarse lo máximo posible a las tasas de empleo definidas en Lisboa de un 70% para los hombres y un 60% para las mujeres de aquí al año 2010, inclusive; en segundo lugar, una mejora en la calidad del trabajo, cuya consecuencia directa es el aumento de la productividad; y por último, la apertura de los mercados laborales a los más desfavorecidos y a los grupos sociales marginados.
El desarrollo del empleo exige la existencia de unas condiciones marco financieras adecuadas. La leyes fiscales de numerosos Estados miembros son desfavorables a las empresas y al empleo. En lugar de aumentar más los impuestos, estos deberían reducirse. Es preciso librar a los consumidores y a las empresas de las cargas fiscales que soportan y recortar el gasto administrativo. Debemos recuperar la importancia de la creación de empleo en términos financieros. La reducción del IVA impuesto sobre los servicios para finales de este año es un modo perfecto de afrontar la cuestión. Propongo que se aumente el número de mini-empleos favorecidos por una reducción de impuestos y gravámenes, que sean independientes de los trabajos a jornada completa en lugar de una alternativa a los mismos - tal como, según dicen, he afirmado. Se trata siempre de una cuestión de equilibrio entre, por un lado, una mayor flexibilidad y, por otro, la seguridad a largo plazo.
Ante todo, es preciso establecer condiciones más favorables para las pequeñas y medianas empresas. No en vano, constituyen la fuerza motriz del empleo, al crear un 70% de los puestos de trabajo y un 80% de las plazas de formación. No me he conformado con compromisos generalizados para el apoyo a las PYME, sino que he planteado demandas muy concretas. Dichas demandas van desde la concesión de capital de riesgo a intereses reducidos a través de un tratamiento fiscal favorable para las nuevas PYME, a la aceleración de los procedimientos de aprobación; desde el establecimiento de redes para creadores de empresas, a métodos para simplificar los trámites administrativos. Las diferentes experiencias vividas en el ámbito nacional condujeron a un intenso debate sobre estas propuestas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. No obstante, hemos alcanzado determinados compromisos, con algunas reservas. Permítanme, llegados a este punto, dar las gracias a los ponentes de todos los grupos de la oposición por sus constructivas sugerencias. Hemos aprendido mucho juntos y los unos de los otros.
Asimismo, podemos esperar que el empleo mejore si se introduce mayor flexibilidad en la organización laboral, aumentando, por ejemplo, los trabajos de contrata y los puestos a tiempo parcial, lo cual beneficiaría a las mujeres al poder compatibilizar el trabajo y la familia. Instamos a los Estados miembros a que centren más sus esfuerzos en el establecimiento de instituciones para el cuidado de los niños y de reducciones fiscales para el personal que trabaje en ellas. Al mismo tiempo, la flexibilidad beneficia a los desempleados de larga duración, a las personas que empiezan a trabajar y a aquellas de escasa cualificación, que podrán aumentar sus habilidades y capacidades laborales. Se presta poca atención al cambio demográfico y a la falta de especialistas. El modo en que se trata a los ciudadanos al llegar a los cincuenta resulta inaceptable; muchos de ellos, a los que se despide y excluye, desean trabajar y se encuentran capacitados para ello, con ganas de aprender más. Desean mejorar su formación y pueden soportar las presiones. La experiencia es una ventaja; no puede convertirse en un defecto.
Una última reflexión: si esta nueva estrategia europea para el empleo se centra en las tres prioridades mencionadas, no tendremos que esperar demasiado para ver los eficaces cambios producidos en nuestros mercados laborales. De este modo, realizaremos un importante avance hacia la consecución de los objetivos de Lisboa.

Diamantopoulou
Señora Presidenta, Señorías, hace cinco meses presenté los resultados de la evaluación de la estrategia europea para el empleo en el Parlamento, el cual aprobó una resolución que recogía los resultados principales de dicha evaluación y sus directrices esenciales.
A la presentación de los resultados le siguió un extenso debate entre todas las instituciones europeas. Asimismo, se llevaron a cabo consultas generales con los interlocutores sociales, para que la Comisión pudiera presentar los resultados del debate junto con una serie de propuestas específicas relativas a las prioridades futuras y la gestión mejorada de la estrategia para el empleo. Y Como resultado, la Comisión presentó en enero un documento que incluía un nuevo enfoque sobre dicha estrategia.
Básicamente, el nuevo enfoque se centra en la aplicación de los objetivos de Lisboa. Tal y como afirmó Thomas Mann, la situación es diferente, la situación económica no es prometedora. Esto afecta de forma significativa al desempleo, resultando algunos grupos de la población más perjudicados que otros. Por lo tanto, a pesar de la evaluación positiva de los resultados de la estrategia para el empleo, con la introducción de reformas en todos los Estados miembros y la creación de diez millones de nuevos puestos de trabajo entre 1997 y 2001, a pesar del enfoque positivo, no hay duda de que debemos activar más políticas y acelerar las reformas.
Para poder centrarnos más en Lisboa, hemos establecido tres objetivos básicos: pleno empleo, normas laborales y productividad, y un mercado laboral unido. Me gustaría destacar que la perspectiva de género se ha integrado en los tres objetivos y en nuestras prioridades. Además, se hace referencia específica a las condiciones particulares a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral.
Una vez acordados los tres objetivos básicos, pasamos a considerar los aspectos fundamentales de las directrices. Tanto el Parlamento como el Consejo han solicitado el establecimiento de un número menor de ellas, de carácter más simple, que se centren de forma más clara en los resultados. Nuestro objetivo, por tanto, es reducir el número de directrices, a la mitad si es posible, y articularlas en torno a unas prioridades muy específicas. Hemos seleccionado once prioridades; las nuevas, aquellas que se han enfrentado a la mayor resistencia (en el sentido de que algunos países las han aceptado y otros no), son el trabajo no declarado y la inmigración. De este modo, las directrices sobre el empleo se estructuran en torno a tres objetivos principales y once prioridades básicas.
Creemos, a la luz de la experiencia de los últimos años, que el enfoque cuantitativo desempeña un papel importante. Es decir, las directrices deben incluir objetivos cuantitativos, si pretendemos que la política sea cuantificable, y es preciso juzgar a los gobiernos sobre la base de objetivos específicos. Por esta razón, nuestra propuesta incluye sectores específicos que pueden servir de base para el debate y sobre los que los Estados miembros pueden acordar objetivos europeos o nacionales.
Otro punto importante es el de la asociación. Naturalmente, el método de administrar el procedimiento de la estrategia para el empleo varía de un país a otro. Cada uno de ellos adopta un enfoque diferente, en función de su cultura y de la organización de las autoridades locales y la interlocución social. No obstante, la evaluación identifica determinados puntos que son comunes a todos los países. En todos ellos es necesario: reforzar el papel de los interlocutores sociales, publicitar el procedimiento para concienciar al mayor número posible de ciudadanos e instituciones y, por supuesto, en los parlamentos nacionales y europeos, desarrollar la perspectiva territorial de la estrategia mediante el establecimiento de planes de empleo regionales y locales, movilizar a la sociedad civil y, por último, aumentar la participación de los organismos parlamentarios en el procedimiento.
Este último punto me lleva a hablar sobre el calendario. De entrada, quisiera comentar que comprendo perfectamente las preocupación del Parlamento, en lo que respecta a la aprobación de las directrices, ya que este año es la primera vez que se aplicará una coordinación mejorada de los ciclos de política económica y de política de empleo.
Para poder llevar a cabo esta coordinación, que ha sido solicitada en numerosas ocasiones, incluso en el Parlamento, es preciso establecer cuatro etapas diferentes. En la primera de ellas se deben definir las directrices generales para la estrategia de empleo y la política económica durante el Consejo de primavera. En la segunda, tan pronto como sea posible, se presentarán las directrices como un paquete. Esto significa que, una vez establecidas las directrices en el Consejo de primavera, la Comisión presentará un paquete de directrices sobre política económica y empleo. En la tercera se deben aprobar dichas directrices; es preciso que esto se haga sin demora, a ser posible en el Consejo de junio. En la cuarta, una vez aprobadas las directrices, se elaborarán planes de acción nacionales y el informe conjunto sobre empleo durante el otoño.
Obviamente, por tanto, soportaremos una enorme presión este año si pretendemos cumplir con este calendario. Sin embargo, les recuerdo que el debate de abril no partirá de cero, puesto que el debate sobre la reforma de la estrategia para el empleo ya se inició el mes de julio del año pasado. En el Parlamento se llevó a cabo un debate muy específico, al que siguió en enero la reciente comunicación. Por lo tanto, opino que si el Parlamento y la Comisión colaboran estrechamente, podremos superar los problemas del calendario y coordinar este año la política económica y la política de empleo. Esto es muy importante si deseamos evitar coincidencias en el tiempo y asegurar que no se otorga preferencia a un procedimiento antes que a otro.

Pronk (PPE-DE).
Señora Presidenta, ante todo, quisiera dar mi más sincero agradecimiento al ponente por su informe, cuyo carácter considero valiente. Por primera vez, se han presentado algunas ideas nuevas, lo cual no ha sucedido con frecuencia últimamente. Ideas que, al mismo tiempo, se relacionan de algún modo con la nueva realidad que afrontamos, en el contexto de una situación económica menos favorable que la de hace unos años. Por esta razón, opino que el informe es valiente. Además, no resulta del todo políticamente correcto en algunos puntos, lo cual considero que también es un aspecto positivo. Si pretendemos que se establezca un auténtico debate sobre el empleo, no basta con que este sea políticamente correcto, y creo que esto se aplica a este asunto tanto como a otros.
Tal y como he dicho, nos enfrentamos a una especie de crisis económica. Esto siempre afecta negativamente al empleo ya que, por norma, se produce una subida en las tasas de desempleo. En este caso, se suele registrar un aumento más acusado del desempleo entre la población joven ya que, actualmente, a este grupo le resulta más complicado encontrar un empleo que en el pasado. Cuando la situación mejora repentinamente, los jóvenes son los primeros en conseguir un puesto de trabajo. Sin embargo, en cuanto la situación empeora, se quedan parados. Para evitar que esto suceda y, precisamente, porque es posible que ocurra, deberíamos centrarnos de forma específica en este asunto. Esto no significa que debamos olvidarnos completamente de los otros grupos señalados, es decir, las mujeres y las personas mayores. Ustedes, por el contrario, piensan que deberíamos seguir trabajando sobre estos puntos. Sin embargo, opino que la gente joven merece la atención especial que no se le ha prestado en los últimos años.
Ahora quisiera centrarme en la cuestión de las comparaciones. Actualmente, el desempleo en la Unión Europea es aproximadamente un 2,5% superior que el registrado en los Estados Unidos o en Japón. Sin embargo, las diferencias no son tan acusadas como parecen a primera vista. En Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Irlanda, Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia las cifras son más bajas que en los Estados Unidos. Por lo tanto, estas deben ser algo más elevadas en el resto de los países europeos. No obstante, si observamos las diferencias, la situación resulta alarmante. Por este motivo, precisamente, resultan tan importantes esta política y estas ideas. Es inevitable darse cuenta de que si la tasa de desempleo de un país es muy elevada y no logra reducirse, hay algo que no marcha correctamente. Existen países en los que el desempleo, cuya cifra siempre ha sido alta, está experimentado una reducción actualmente. Por otro lado, hay países en los que el desempleo, a pesar de que siempre ha sido bajo, ahora sufre un aumento. Esto concretamente sucede cuando en una parte del país la situación es favorable y en la otra no. En Alemania, por ejemplo, que constituye claramente uno de los asuntos de mayor preocupación en este momento, algunos estados se encuentran al nivel europeo. ¿Cómo es eso posible? Es una pregunta muy interesante. Para que un enfoque sea válido, no basta con que se centre en los países, sino que debe extenderse a las regiones. Esta es la forma de obtener una visión conjunta.

Van Lancker (PSE).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, para ser sincera, me desagrada debatir una nueva estrategia de empleo en mitad de una situación de crisis internacional y, quizás, justo antes de una guerra en el Iraq. Sin embargo, puede que sea importante hacerlo. Debemos seguir el camino marcado por el proceso de Lisboa, incluso en tiempos difíciles.
En nombre de mi grupo, puedo decirles que el nuevo enfoque de la Comisión sobre la estrategia para el empleo ha sido recibido de forma muy favorable por todos nosotros. En efecto, es preciso aumentar la estabilidad de dicha estrategia. Esto no significa que debamos ser menos ambiciosos sino que, en el futuro, quizás sea necesario concentrarse con mayor detenimiento y orientar más las directrices hacia los resultados.
Asimismo, estamos de acuerdo con la Comisión en que debería existir una mayor cohesión entre los procesos de coordinación. Cada vez con más frecuencia sucede que, en la práctica, las directrices económicas generales juegan el papel de un instrumento primordial. En nuestra opinión, esto significa que dichas directrices deben tener más en cuenta las ambiciones relacionadas con el empleo, la lucha contra la pobreza, el futuro de las pensiones y la asistencia sanitaria. Asimismo, esto quiere decir que las directrices económicas deberían ser realmente directrices económicas y sociales, sobre las cuales puedan opinar no solo los Ministros de Asuntos Económicos y Financieros, sino también los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales, los Ministros de Educación y, posiblemente, los Ministros de Política Científica. Desde nuestro punto de vista, significa que, aunque los distintos procesos políticos se deben desarrollar de modo independiente, es necesario aumentar la coherencia entre ellos. Esto también trae consecuencias en términos de contenido ya que, en nuestra opinión, la política económica debe impulsar al mismo tiempo el crecimiento económico.
Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en materia de innovación, investigación y desarrollo, y de inversión en recursos humanos. Según nuestro grupo, esto significa que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe cumplir también su papel de pacto de crecimiento y permitir el funcionamiento anticíclico en los Estados Miembros para fomentar así la economía.
Mi grupo está completamente de acuerdo con la Comisión en que es preciso aumentar también la coherencia de los procesos de coordinación en el ámbito social; es decir, entre la cuestión de las pensiones, el proceso de las pensiones, el proceso de pobreza y el proceso sanitario. Por lo tanto, desearíamos prestar todo nuestro apoyo al propósito de la Presidencia griega de activar estos procesos y otorgarles una mayor continuidad.
Estamos totalmente de acuerdo con la idea de que se debería prestar más atención a una aplicación efectiva de la estrategia para el empleo. Debemos evitar que dicha estrategia se convierta en papel mojado. Actualmente, la discrepancia existente entre las intenciones del Consejo y la realidad es aún demasiado grande: no solo en relación con la participación laboral de la gente mayor, los jóvenes y los inmigrantes, sino también con respecto a la inversión en los recursos humanos. Por ejemplo, podemos observar que hay graves deficiencias en los esfuerzos de formación de las empresas y que el trato ofrecido a la gente mayor y a aquellos con menor preparación es desigual. Por esta razón, creemos que resulta fundamental la participación de todos los implicados. Por eso, también pedimos a la Convención que se incluya en la Constitución el método de coordinación abierta, en relación tanto con el empleo como con el proceso social, para así garantizar un grado mayor de transparencia y legitimidad democrática.
Según mi grupo, el informe Mann resultaba razonablemente equilibrado y reflejaba nuestras principales preocupaciones con la redacción que presentaba al salir de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Por consiguiente, no pretendemos presentar ninguna enmienda. Debo ser honesta: las enmiendas presentadas amenazan con cambiar el informe completo. No se trata, señor Pronk, de una cuestión de corrección política ni nada por el estilo. En nuestra opinión se trata de una cuestión de eficiencia de este Parlamento. Puede que un informe así, que cuente con el consenso del Parlamento, no resulte atractivo. Sin embargo, la intención es la de presentar un informe que se aplique a toda la Unión y no solo a un Estado miembro, en el que se establezcan las directrices para una política común. Un informe de este tipo no se presta a deliberaciones políticas nacionales ni a debates ideológicos sobre puntos específicos de una orientación política u otra. Por lo tanto, mi grupo decide rechazar estas enmiendas.

Jensen (ELDR).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la cumbre de primavera de los jefes de estado y de gobierno de la Unión se centrará en el desarrollo de la economía y el mercado laboral. Resulta completamente lógico el vínculo entre los dos temas, ya que representan las dos caras de una misma moneda.
El éxito de la política de empleo es fundamental para lograr los objetivos de la política económica. Además, una política económica que aumente la competencia y la flexibilidad, lo cual mejora al mismo tiempo los incentivos económicos para la creación de puestos de trabajo, constituye la base de una política de empleo.
Asimismo, debemos tener presentes los factores brillantemente destacados en el informe del Sr. Mann, el cual apoyamos los miembros del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Consideramos que las enmiendas presentadas por nuestro propio grupo y por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos lograrán mejorar dicho informe. Enmiendas que, naturalmente, también contarán con nuestro apoyo. El informe del Sr. Mann resalta la necesidad de adquirir un compromiso más fuerte en relación con la formación, la oferta de mejores incentivos para la aceptación y creación de puestos de trabajo, y la reducción de la administración y el aumento de la flexibilidad en el mercado laboral.
Lamentablemente, teniendo en cuenta las cifras de empleo y las estadísticas de desempleo, la política común de empleo no se puede considerar un éxito rotundo. Nos encontramos bastante lejos de los ambiciosos objetivos establecidos en Lisboa hace tres años. Puede que alguien se pregunte si no eran, quizás, demasiado ambiciosos. No, no lo eran; pero hay países creadores de tendencias que no se sienten suficientemente comprometidos a cumplir las promesas. Aunque se ha producido algún avance en determinados ámbitos, este se encuentra eclipsado, en mi opinión, por el panorama general de un deseo demasiado modesto de cumplir con los objetivos comunes. Estoy de acuerdo con la propuesta presentada, señora Comisaria, destinada a simplificar y clarificar la coordinación abierta de la política de empleo, con vistas a reducir el número de directrices. Considero que las reformas presentadas son constructivas y, al mismo tiempo, opino que resulta positiva la propuesta de mejorar la coordinación en la política económica común.
Además, debemos aumentar nuestra eficacia a la hora de supervisar a los Estados miembros y asegurarnos de que se sienten realmente obligados a cumplir las acertadas promesas realizadas en la cumbre de Lisboa, y esto se aplica también a los grandes países.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señora Presidenta, cuando se discutió el informe del Sr. Mann en la comisión, varias enmiendas fueron objeto de un importante debate. Existía desacuerdo sobre un punto específico, concretamente las condiciones bajo las que desarrollan su actividad las pequeñas empresas, junto con su papel en la política de empleo. En consecuencia, surgieron dos enfoques enfrentados. Los defensores de uno de estos enfoques deseaban facilitar la situación a las pequeñas empresas a través de exenciones fiscales, costes salariales inferiores, reducción de los trámites administrativos, la introducción de los denominados mini-empleos y determinados servicios que no se pueden proporcionar sin ayuda gubernamental y subvenciones públicas, como por ejemplo los servicios domésticos.
El otro enfoque era bastante diferente. Los representantes del mismo deseaban depositar su confianza en las pequeñas empresas con ideas empresariales prometedoras, capacidad de gestión, posibilidades de crecimiento y aspiraciones de desarrollo y de contratar a más gente. Nos interesan, por tanto, las pequeñas empresas que son potentes o pueden llegar a serlo, y que pueden permitirse pagar buenos salarios e impuestos comunes, ofrecer a sus empleados unas condiciones laborales adecuadas y mantener relaciones sindicales positivas.
Por lo tanto, aunque nos encontramos ante dos enfoques diferentes, no se observan influencias políticas de derechas o de izquierdas. Soy consciente de que gran parte de la industria prefiere las pequeñas empresas potentes y cualificadas y que, precisamente, es a estas empresas a las desean ofrecer el capital, las oportunidades de crecimiento y el apoyo en términos de conocimiento. Este camino es justamente el que desea seguir mi grupo.
La realidad es que contamos con demasiadas pequeñas empresas en Europa. El mayor índice con diferencia de pequeñas empresas se puede encontrar en los países y regiones más débiles desde el punto de vista económico, en los que las tasas de desempleo son elevadas. Existe un gran número de empresas que apenas pueden mantener a una familia. Muchas empresas inician su actividad con la ayuda de subvenciones estatales y desaparecen inmediatamente al finalizar el período de duración de las ayudas. En resumen, nos encontramos con una situación en la que las estadísticas muestran que, de cada diez nuevas empresas, quizás solo una, puede que dos, sigan funcionando tras los tres o cuatro primeros años.
Debemos confiar en la calidad. Podríamos unir todos los grupos políticos de este Parlamento en torno a una política progresista en este ámbito, una política en la que se tomarían en serio los objetivos primordiales y los objetivos de la estrategia de Lisboa, que es lo mismo que decir «buenos puestos de trabajo para todos». Dicha política exigiría que, también en las pequeñas empresas, los empleos fueran de buena calidad y se convirtieran en el origen de una productividad lo suficientemente alta como para proporcionar un excedente social.
El informe del Sr. Mann contiene una serie de propuestas constructivas para una política moderna y progresista de este tipo, centrada en las pequeñas empresas. Confío en que se rechacen aquellas enmiendas que señalan en la dirección opuesta. Asimismo, espero que el Parlamento envíe a la Comisión y al Consejo una señal clara de que deseamos contar con pequeñas, y no tan pequeñas, empresas de buena calidad y en conexión con la estrategia de Lisboa.

Lambert (Verts/ALE).
Señora Presidenta, yo también quisiera dar las gracias al ponente. El informe elaborado finalmente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha demostrado ser en efecto un informe razonable. No obstante, mi Grupo ha encontrado grandes dificultades a la hora de apoyar la rigidez del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En consecuencia, apoyaremos la enmienda que, sobre este punto, presentará otro Grupo esta tarde.
Puesto que consideramos que el resultado general es bastante equilibrado, no apoyaremos la mayoría de las demás enmiendas que pretenden restablecer algunas secciones del texto original, como la enmienda 17 relativa al Acuerdo General de Comercio de Servicios. No estamos de acuerdo con la idea de que el AGCS se convertirá en un motor de creación de empleo, ya sea aquí o en el mundo en vías de desarrollo. Este tema fue objeto del intenso debate sostenido el lunes en el Parlamento.
Otro aspecto que nos preocupa es la ausencia en el texto actual de un mecanismo para la sostenibilidad, es decir, una dimensión medioambiental que debe incluirse en todas nuestras acciones. Con frecuencia podemos ver cómo los más pobres, aquellos que trabajan en las peores condiciones laborales, suelen vivir al mismo tiempo en el entorno más degradado. Si realmente pretendemos mejorar la situación laboral o nuestro entorno social, debemos tener en cuenta el entorno físico.
También estamos de acuerdo con gran parte de las afirmaciones de la señora Comisaria sobre la propiedad de esta estrategia de empleo. Sería ventajoso que los parlamentos nacionales debatieran los planes de acción nacional presentados por los diferentes gobiernos. En las visitas realizadas por nuestra delegación de esta comisión, hemos comprobado que es frecuente que los parlamentos nacionales ni siquiera tengan constancia de la existencia de estos planes y, por lo tanto, no hayan participado en ellos. Esto constituye un claro retroceso.
Para retomar el tema de las pequeñas y medianas empresas: sí, son importantes, pero solo si -como ha dicho el Sr. Schmidt- son de alta calidad. Se puede tener tanto una planta explotadora como un negocio ético, y las normas están ahí para apoyar a este último y no al anterior.

Nobilia (UEN).
Señora Presidenta, señora Comisaria, no hay duda de que el Sr. Mann ha realizado un excelente trabajo. Sus propuestas se basan en la más elevada tradición comunitaria en política de empleo y asuntos sociales. Asimismo, en términos de medidas activas, incorpora una amplia variedad de campos y puntos innovadores, tales como la sociedad del conocimiento y sus implicaciones estratégicas. Por supuesto que no pretendo presentar los puntos siguientes con la intención de criticar sino, en todo caso, con el propósito de compartir nuestras esperanzas. No obstante, me temo que pueden resultar bastante insustanciales en ámbitos como el de las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta el número de puntos expresados.
En efecto, todos sabemos que, si deseamos implementar las recomendaciones realizadas con respecto al régimen fiscal, disponemos de tres opciones, que se pueden considerar como alternativas o aplicarlas de forma simultánea: el Pacto de Estabilidad y su durabilidad, especialmente en relación con la posibilidad de una exención completa a las PYME durante los tres primeros años, en vista de su considerable aportación al producto interior bruto nacional; una revisión de los ámbitos cubiertos por el sistema de subsidiariedad; o, nuevamente, una revisión de los ámbitos que requieren un voto unánime en el Consejo. No soy pesimista sobre el asunto, simplemente soy realista.
Otro ejemplo apropiado en el área de asuntos financieros es el de las políticas propuestas para ofrecer créditos a las pequeñas y medianas empresas. Esto parece contradecir al contenido del acuerdo de Basilea de 2002, en virtud del cual no se contempla conceder el capital de riesgo suficiente que necesitan las pequeñas y medianas empresas y su desarrollo internacional futuro. Lo mismo se puede decir de los incentivos para el fomento de empleo, como el ponente los llama, que se observan como un asunto diferente de la flexibilidad y la simplificación administrativa. En tal caso, constituyen ejemplos directos de ayudas estatales de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado de Ámsterdam, el cual, como sabe el ponente, solo se aplica a las materias identificadas en 1998, sin posibilidad de enmienda aparente, ni siquiera en los casos en que la situación ha cambiado con el tiempo.
Sin embargo, el papel de los interlocutores sociales, el cual ha destacado acertadamente el ponente, se trata de una cuestión digna de mencionar. Instados a aplicar formas de interlocución local y de flexibilidad contractual dentro de un marco coherente de principios, los interlocutores sociales se encuentran actualmente, a pesar del diálogo social europeo, en una posición en la que, en la práctica, no disponen de los organismos ni las políticas necesarias para establecer unas normas sociales mínimas para las empresas, especialmente en países de Europa Central y Oriental. Todo ello a pesar de que, entre otras razones, un gran número de estas empresas tienen su origen en los Estados miembros actuales. Esta es una situación que, en estos países, unida generalmente a un régimen fiscal inferior y a un aumento gradual de la importancia otorgada al acervo comunitario en cuestiones medioambientales, está generando realmente nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, significa que no hay esperanza alguna de reducir las patentes diferencias sociales, ni siquiera a medio plazo.
El siguiente punto hace referencia a la sociedad del conocimiento, cuyos propósitos y objetivos apoyamos. Como sabe el ponente, la sociedad del conocimiento no se puede alcanzar simplemente aumentando el número de ordenadores en las familias y escuelas o introduciendo cursos mejorados y más específicos. Aunque esto sea necesario, una sociedad de este tipo se basa en el aprovechamiento adecuado y completo de información útil y en la disponibilidad de dicha información.
Para terminar, me temo que, a pesar de todo el énfasis depositado continua y repetidamente sobre la importancia de las políticas sociales y de empleo y de su integración horizontal con otras políticas, estas seguirán siendo simplemente una especie de subproducto. Un subproducto que, dentro de los Estados miembros que hacen caso omiso de la agenda social europea, combina la visualización estéril de los resultados cuantitativos negativos o positivos con, lamento decirlo, la retórica constante y el igualmente persistente deterioro de la calidad.

Lang (NI).
Señora Presidenta, la doctrina económica de la Unión Europea en general y de este informe en particular crea una sensación de total desvinculación entre, por un lado, las declaraciones de principio, las buenas intenciones y un honesto debate sobre el empleo y, por otro, la terrible y penosa realidad social de competencia global y la guerra económica.
Naturalmente, todos reconocemos que al fomentar la inversión y la empresa se impulsa la creación de empleo; que al reducir la presión fiscal y las limitaciones administrativas se estimula la actividad; y que la formación de la gente joven y las personas mayores para que puedan entrar o permanecer en el mundo laboral es una cuestión positiva.
No obstante, una vez citadas estas vías, tras explicar que, además del empleo y el crecimiento, se requiere una perspectiva medioambiental (por no mencionar el objetivo de promover la salud y el bienestar en el entorno laboral), después de enumerar todas estas buenas intenciones, debemos despertar, abandonar nuestras fantasías y volver a la realidad. Y esto es un duro golpe: inestabilidad, planes sociales, deslocalización, «dumping» social, aumento del desempleo, inmigración masiva, descenso del crecimiento, descenso demográfico brusco y un sistema de protección social a punto de implosionar. Debemos todo esto a una clase política europea que se las ha arreglado para unir los problemas del socialismo burocrático a los del ultraliberalismo y la mundialización. En otras palabras, nos enfrentamos a lo peor de ambos mundos.
Asimismo, resulta evidente que la ampliación hacia el este abrirá las puertas a un proceso de deslocalización a gran escala y a la inmigración masiva. Está claro que la política económica de la Unión basada en la apertura del mercado interno a la competencia global está liquidando lo que queda de nuestras industrias de gran intensidad de mano de obra. Resulta peligroso permitir que irresponsables extremistas del libre comercio y fundamentalistas de la mundialización se encarguen del futuro de nuestras economías y nuestras estructuras sociales. La recuperación económica y social se debe alcanzar a través de la recuperación de nuestros mercados internos, a través de la prioridad y de la protección nacional y comunitaria, así como mediante la redefinición de las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio, y no dentro del marco de la terrible máquina opresora de naciones en la que se ha convertido actualmente la Unión Europea.
Sacrédeus (PPE-DE).
Señora Presidenta, quisiera dar mi más sincero agradecimiento al Sr. Mann por el esfuerzo dedicado a este informe y por todas las enmiendas aceptables sobre las que se ha llegado a un acuerdo importante en la comisión pertinente.
Para nosotros, como Demócratas Cristianos, resulta verdaderamente esencial que tanto en la estrategia para el empleo como en la de bienestar social en Europa se combinen valores fijos y estables, construidos sobre la base ética y moral que representa la historia cultural europea, con una economía social orientada al mercado. Me gustaría destacar que, en este contexto, nos interesan los valores económicos y sociales, y no una economía de libre mercado carente de valores éticos, morales y sociales.
Quisiera dirigir concretamente la atención de la Comisión hacia el punto 37, en el que se resalta la importancia de facilitar las medidas necesarias para que pueda compatibilizarse la vida familiar y profesional, mediante la creación de mayores posibilidades para que los padres tengan más tiempo para sus hijos, la ampliación del número de instituciones para el cuidado de los niños, permitiendo a los padres el ejercicio del derecho de permiso parental y estableciendo reducciones fiscales por el empleo de personas que cuiden a los niños y para familias de acogida, así como instituciones para el cuidado y asistencia de las personas de edad avanzada. Asimismo, en este punto se hace referencia a la asignación de mayores recursos para los programas destinados a combatir el desempleo entre la población femenina.
En realidad, quisiera centrarme en el que constituye uno de los principales problemas de Europa, el reto demográfico. Soy consciente de que la Comisaria asume un sólido compromiso personal dirigido hacia la búsqueda de métodos que permitan solucionar el problema y obtener en el futuro una población y una mano de obra europeas suficientemente numerosas. En el punto 37 se refleja la importancia de combinar la vida profesional y familiar y de dedicar más tiempo a los niños. Por lo tanto, este informe trata de contemplar la decisión del Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 relativa al reto democrático como uno de los problemas más importantes de Europa. En el punto 37 se enfatiza esta cuestión de forma absolutamente clara.

Weiler (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Sr. Mann comentó durante los debates sostenidos en la comisión que su informe no había contado con el apoyo que solía recibir en anteriores ocasiones. Naturalmente, esto se debe en parte a una serie de peticiones de marcado carácter nacional que no tienen nada que ver con el debate europeo. Apoyo la intención expresada en su informe, en virtud de la cual se recomienda que las directrices se concentren en los puntos esenciales y que se sigan presentando informes anuales en el futuro.
Asimismo, en relación con los objetivos, considero que hemos logrado un amplio consenso, especialmente con respecto a la flexibilidad de los mercados laborales, sin necesidad de someter a la población activa -los empleados- a ningún desmantelamiento de la protección social que disfrutan. El método para conseguir este objetivo es, sin lugar a dudas, objeto de debate. La aportación de ideas innovadoras, señor Pronk, resultaría muy positiva. Sin embargo, existen ámbitos en los que se pueden detectar claros retrocesos, empezando por el punto en el que se habla sobre la participación de los parlamentos nacionales. El Sr. Mann ha solicitado que se permita a dichos parlamentos ejercer un control reforzado, a pesar de que acordamos hace algún tiempo que no solo ejercerían dicho control sino que participarían a través del marco legislativo, lo cual representa un avance mayor. De hecho, en Suecia y Dinamarca ya se ha aplicado esto. Asimismo, el Sr. Mann pide que se apruebe la aplicación de los proyectos nacionales de formación adicional. Del mismo modo, ya acordamos anteriormente sobre esta cuestión que debería existir una legislación que impusiera una obligación vinculante y determinara los derechos a una formación adicional de los trabajadores.
Además -y es en este punto, por supuesto, donde no podemos estar de acuerdo con el ponente- solicita el establecimiento de reducciones fiscales y ayudas salariales indiscriminadas. Estas ideas no son innovadoras. Son completamente obsoletas y no fomentan la creatividad empresarial que urgentemente necesitamos.

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera hacer un par de breves comentarios. Opino que, en el contexto del desarrollo económico, demográfico y tecnológico, de la ampliación y de una posible guerra, hemos acabado juntos en una complicada situación en la que resultará cada vez más difícil lograr las cosas que deseamos, como un enfoque global. Se trata simplemente de un punto que quería señalar hoy, el día en que se celebran elecciones en Los Países Bajos. Aunque nos hemos esforzado mucho, no resultará fácil, por ejemplo, seguir alcanzado en el próximo período los niveles de creación de empleo a los que estamos acostumbrados. En cualquier caso, estoy de acuerdo con observaciones como las de la Sra. Van Lancker en relación con la vinculación de la política económica y social. En mi opinión, deberíamos adaptar al mismo tiempo la política económica a la política social. Asimismo, coincido con una serie de comentarios del Sr. Pronk relativos a la errónea comparación establecida frecuentemente entre los Estados Unidos y Europa. Es preciso analizar esta cuestión con mayor detenimiento y cuidado.
Estoy de acuerdo con los principales objetivos de la nueva política de empleo y quisiera llamar la atención en particular sobre el segundo de ellos. Aunque hay que desarrollar el primer objetivo, el pleno empleo, incluso en relación con la economía social, debemos prestar atención también a la creación de mejores puestos de trabajo, lo cual resultará más complicado aún en este período. Al observar las prioridades, resulta curioso ver que se conservan once de las dieciocho directrices originales. Considero que debemos analizar con mucho cuidado el modo de introducir y asegurar sistemáticamente los nuevos ámbitos, tales como la inmigración y el trabajo no declarado. A la hora de revisar, por ejemplo, aquellos elementos que demuestran ser relativamente pobres según la evaluación de la política de empleo -tales como la mejora de la organización en el trabajo y un empleo de mejor calidad- debemos garantizar que no volvemos a desglosarlos en todo tipo de categorías, cuando ya nos encontramos actualmente en la etapa de las iniciativas en este ámbito. En otras palabras, creo que es necesario seguir trabajando sobre esta cuestión en el próximo período. Con respecto a la racionalización del paquete completo de directrices, lo cual me parece lógico, esto significa que -como dije al principio- debemos adaptarlas unas a otras.
Por último, opino -y espero- que el Consejo también se comprometerá durante el próximo período a aplicar el método de trabajo adoptado conjuntamente, el método de coordinación abierta, sin ningún tipo de desviación.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, quisiera unirme a los demás para expresar al ponente mi agradecimiento por su trabajo sobre un tema tan relevante, cuya importancia creció durante el año pasado debido al aumento de las cifras de desempleo en numerosas economías de la Unión Europea.
Si pretendemos adoptar una postura seria en lo que respecta al modo de desarrollar las oportunidades de las personas y de ofrecerles los instrumentos de libertad e independencia, debemos considerar la cesión y la ayuda en materia laboral como uno de los medios más importantes para combatir la pobreza y la exclusión. Independientemente de nuestra orientación política, todos coincidimos en que es necesario avanzar más para alcanzar una estrategia de empleo de ámbito europeo más efectiva. Gran parte de las propuestas incluidas en el informe del Sr. Mann y algunas de las enmiendas permitirán lograr este objetivo final.
No obstante, es preciso que aprendamos al mismo tiempo de los errores cometidos en el pasado. En particular, opino que es necesario simplificar y reducir las orientaciones marcadas. Es preciso establecer objetivos adecuados para garantizar la obtención de los resultados correctos, en lugar de un simple ajuste de las cifras. Debemos crear las condiciones apropiadas para alcanzar una situación de pleno empleo estable, que permita mejorar la calidad y la productividad en el trabajo, y la cohesión del mercado laboral. Debemos asegurar la orientación hacia las personas de todas las políticas laborales, evitando que estas se conviertan en una simple respuesta a una necesidad urgente en uno u otro Estado miembro.
Nuestra estrategia requiere no solo la formación y la capacitación del personal, sino también que se elimine la discriminación entre hombres y mujeres. Este año, concretamente, el Año Internacional de los Discapacitados, deberíamos al mismo tiempo trabajar de forma más activa por la integración en el mundo laboral de las personas con discapacidades.
Debemos mantener y mejorar el incentivo para trabajar. El modo más eficaz consiste en garantizar mejores salarios y asegurar que el personal pueda mantener su potencial adquisitivo reduciendo los impuestos laborales. No obstante, es en este punto donde no estamos de acuerdo con algunos de los oradores ni con la propuesta del informe del Sr. Mann, en concreto con los apartados 11 y 13, en los que se trata el tema de los impuestos. Este tipo de asuntos son competencia exclusiva de los Estados miembros. Si un Estado miembro, o un grupo de ellos, desea aplicar las medidas más adecuadas adoptadas en un Estado miembro diferente, que así sea. Sin embargo, aunque se observen todos los modelos que se quiera y se analicen todos los procesos implementados, el único modo de aumentar el empleo que ha demostrado ser eficaz es la reducción de los costes laborales.
El último punto que deseo abordar hace referencia a mi propia enmienda del apartado 24. La intención es la de aumentar la confianza del cliente mediante una responsabilidad social empresarial mejorada, que permita crear y fomentar un rendimiento innovador más elevado. La idea consiste en diferenciar entre el modo en que la empresa se relaciona con los socios, los accionistas y los empleados. Asimismo, la responsabilidad social empresarial puede tener unas consecuencias favorables en lo que respecta al establecimiento de buenas relaciones con clientes, proveedores y demás. Si podemos resolver la cuestión tributaria, apoyaremos este informe. Para ello, considero que esta cuestión debe permanecer fuera del ámbito de responsabilidad.

Bastos (PPE-DE).
Señor Presidente, ante todo, quisiera felicitar al Sr. Mann por este informe, el cual hace una extraordinaria contribución a la definición de una estrategia futura para el empleo y la política social de la Unión Europea.
Ahora que han transcurrido cinco años desde el lanzamiento de esta estrategia, es el momento oportuno de evaluar la experiencia, de valorar sus puntos flacos, de intentar ofrecer respuestas realistas y audaces a los retos emergentes que son comunes a los Estados miembros actuales y futuros, y de tratar de adecuar dichas respuestas a los objetivos de la estrategia de Lisboa.
No hay duda de que la estrategia para el empleo ha contribuido a reducir el desempleo. Sin embargo, actualmente nos enfrentamos a un panorama diferente, con la economía europea en un período de estancamiento, una situación a la que los Estados miembros deberían prestar especial atención. Asimismo, debemos centrarnos en cuestiones evidentes, en la adopción de prioridades globales a medio plazo y en la obtención de resultados. Una de estas cuestiones es la de la prolongación de la vida activa como respuesta al reto demográfico, sin olvidar a la gente joven y a los grupos sociales menos favorecidos. La historia reciente ha demostrado que cuanto mayor sea la participación de las políticas locales y regionales en las políticas adoptadas en el ámbito nacional y europeo, más beneficios obtiene la estrategia para el empleo. No está de más insistir en la importancia del papel de los interlocutores sociales, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la consecución del objetivo del pleno empleo y de trabajos de mejor calidad para todos.
El informe resalta de forma acertada el papel de las pequeñas y medianas empresas en particular. Efectivamente, las PYME han sido la fuerza motriz de la creación de empleo en Europa. En consecuencia, las medidas destinadas a impulsar la creación y la existencia de estas empresas influirán positivamente tanto en la cantidad como en la calidad de empleos originados. Asimismo, quisiera destacar y expresar mi total acuerdo con la idea de cooperación entre las distintas universidades, así como con el establecimiento de una verdadera interrelación entre universidades y empresas. Por último, haré referencia al principio de igualdad de oportunidades: un aumento duradero de la tasa general de empleo sólo será posible si se mejora considerablemente la tasa de empleo femenino. Para ello, se deberán introducir medidas efectivas que compatibilicen las exigencias de la vida familiar y profesional.

Gillig (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, tras las conclusiones del Consejo de Lisboa, los distintos informes sometidos a votación en este Parlamento relacionados con el empleo han resaltado constantemente la necesidad de encontrar el equilibrio justo entre el desarrollo cuantitativo y cualitativo del empleo, o entre el desarrollo económico y el desarrollo social.
La estrategia aplicada ha realizado un verdadero avance y, tal como se ha señalado, señora Comisaria, apoyamos totalmente las propuestas relativas al modo en que planea realizar un seguimiento de este trabajo. Hoy, no obstante, en un contexto complicado, un contexto de oleadas de reestructuraciones empresariales y despidos masivos que aumentan la inestabilidad del mercado laboral, el Parlamento Europeo debe emitir una vez más una señal clara y contundente. El informe de propia iniciativa del Sr. Mann, sin embargo, adopta la postura contraria en relación con el mensaje que deberíamos emitir, al presentarnos un credo exclusivamente liberal. El trabajo realizado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para equilibrar el texto corre el peligro de verse completamente anulado por las enmiendas introducidas nuevamente en la sesión plenaria.
Señor Mann, actualmente necesitamos algo más que una mayor flexibilidad: necesitamos una política que sea al mismo tiempo duradera y flexible. No queremos contar con empleos de segunda clase o trabajos casuales de escasa cualificación, tal y como usted propone. Debemos centrarnos en la mejora de la formación y las cualificaciones, y apoyar a las categorías más vulnerables, constituidas por las mujeres, la gente joven y las personas mayores. Tampoco queremos una política que se empeñe en considerar la presión fiscal como el origen de todos los problemas en este ámbito. Igualmente, no deseamos la liberalización ni la apertura descontrolada de los mercados de servicios, ya que supondría sacrificar todo el acervo social en beneficio de la libre competencia.
Si finalmente se aplicaran al informe las enmiendas propuestas en la sesión plenaria, tendríamos que oponernos a él. Para finalizar, señor Presidente, quisiera decir que, al fomentar la estrategia de empleo y política social en la Unión Europea, tal y como indica el título del informe, no podemos pasar por alto los principios de solidaridad y cohesión social, ya que son garantías de la prosperidad de nuestras economías.
Flautre (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, no sé si podré añadir algo más al excelente discurso de la Sra. Gillig. Creo que este informe no me permitirá dirigirme a los trabajadores de Metaleurop, Alstom, France Télécom u otras muchas empresas, que se encuentran en la actualidad claramente amenazados por una reestructuración masiva y una serie de despidos masivos severos e inaceptables, debido generalmente a las actuaciones totalmente descontroladas de los accionistas.
En este contexto, las incesantes solicitudes para que se establezca el diálogo social resultan ser un recurso retórico bastante surrealista. El compromiso que debemos asumir hoy consiste sin lugar a dudas en una política de democratización dentro de las empresas que ponga fin al modo inaceptable en que los empleados son contratados y despedidos actualmente, se les requiere para trabajos intermitentes o se les cesa. Opino que la situación social, agravada en mayor medida por la recesión económica, está creando actualmente un clima despreciable al que este informe no puede ofrecer respuestas creíbles.
¿Debemos, ante una situación de este tipo, prohibirnos a nosotros mismo investigar y analizar con mayor detenimiento -soy consciente de que es bastante inusual hablar de esto en esta Cámara- determinados experimentos sobre la reducción de la jornada laboral, experimentos negociados que crean puestos de trabajo, que han mejorado considerablemente el rendimiento económico de algunas grandes empresas, que han aumentado en gran medida la calidad de las relaciones sociales en el entorno laboral y la calidad del trabajo? ¿Debemos evitar estudiar dichos experimentos y elaborar las conclusiones que en general son, desde mi punto de vista, realmente interesantes?
¿Debemos dejar de examinar la capacidad de desarrollo de numerosas actividades que resultan útiles en el ámbito social o para la gestión medioambiental, y cuyo potencial imaginamos, reciben, lamento decirlo, escaso apoyo o reconocimiento? Creo que sería bastante más interesante despertar la imaginación, en lugar de seguir ofreciendo las mismas ideas anticuadas que tantas veces hemos escuchado. Debemos empezar a mostrar interés por este tipo de debate e iniciativa.

Rovsing (PPE-DE).
Señor Presidente, tras fijar el Consejo Europeo de Lisboa el objetivo de convertir a la UE en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo para el año 2010 ?una economía capaz de lograr un crecimiento económico sostenible, de crear más y mejores puestos de trabajo y de conseguir una mayor cohesión social?, cabe preguntarse cómo se han desarrollado los acontecimientos desde entonces. En resumen, no ha sucedido nada. Nuestra competitividad y la de los Estados Unidos han crecido de manera tan distinta, que las diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Europea se han incrementado, en lugar de disminuir, desde que se marcó el objetivo.
Por tanto, nos hallamos ante un grave problema, y lo único que podemos decir es que, hasta la fecha, la estrategia de Lisboa no ha dado ningún fruto y que el objetivo se encuentra ahora más lejos que cuando se aprobó. Como habrá quedado patente en el debate parlamentario, hay demasiada burocracia y demasiadas normas. Hace falta formación, un mejor acceso al capital y un buen número de cambios estructurales que nos permitan triunfar en la nueva economía basada en el conocimiento. La clave para avanzar será realizar una mayor investigación básica, para que el nuevo conocimiento se transforme rápidamente en puestos de trabajo atractivos y bien remunerados.
Me gustaría decir que el informe del Sr. Mann representa un paso adelante para fomentar el crecimiento económico y aumentar el empleo en los Estados miembros. El Sr. Mann hace hincapié en la importancia de las pequeñas y medianas empresas y expone una larga serie de iniciativas que, en mi opinión, impulsarán el proceso.

Ghilardotti (PSE).
Señor Presidente, al contrario que el ponente que ha intervenido con anterioridad, pienso que la Estrategia Europea de Empleo ha desempeñado, hasta la fecha, un papel fundamental en la lucha contra el desempleo y que ha tenido un efecto positivo en las políticas nacionales sobre el mercado laboral, no en todos los Estados miembros, claro, pero sí en algunos.
Por los ambiciosos objetivos que nos marcamos, la Cumbre de Lisboa constituyó un paso decisivo, y se ha venido actualizando anualmente por medio de indicadores específicos, de la misma manera que la evaluación de la Comisión sobre los planes nacionales y las recomendaciones respectivas son un punto de referencia y un estímulo para seguir el ejemplo de aquellos países que obtienen resultados más positivos que los demás mediante una política proactiva que aglutina a todos los interlocutores sociales.
Cada año, el Parlamento Europeo ha logrado siempre, en sus resoluciones, encontrar el equilibrio justo entre flexibilidad y seguridad, así como poner a la misma altura la política de empleo y la política social. Ahora bien, frente a la nueva generación de directrices propuestas por la Comisión, que pretenden, como se ha dicho, cumplir tres objetivos ?aproximar la tasa de empleo a los objetivos de Lisboa, mejorar la calidad del empleo y fomentar un mercado laboral abierto a los grupos sociales más vulnerables?, sorprende un poco que el ponente propusiera en comisión y esté volviendo a proponer, en forma de enmiendas ante la Cámara, una serie de medidas ?reducir los impuestos de manera generalizada, recurrir a los llamados «trabajos menores» e introducir una excesiva flexibilidad? que son incompatibles con la mejora de la calidad del empleo, la inversión en recursos humanos o una reconciliación efectiva de la vida familiar y profesional que no va en detrimento de la seguridad.
Pienso que estas medidas van más encaminadas al debate ideológico que está teniendo lugar en algunos Estados miembros ?Italia, por ejemplo? que a estimular y coordinar a la Unión. Este enfoque se corrigió parcialmente en comisión, y el resultado es más equilibrado, motivo por el que, como ya se ha dicho, no apoyamos las enmiendas.
Me gustaría concluir con un comentario: la Sra. Bastos ha apoyado, con toda la razón, el apartado de la resolución que solicita una mayor cooperación entre las universidades y los centros de investigación. Es una pena que su Grupo haya presentado una enmienda que tiene como objetivo sustituir la cooperación por la competencia.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, sin caer en la autocomplacencia, porque los números no son opinables, y quizás, al mismo tiempo, viendo sólo una cara de la moneda, es gratificante verificar que en la Unión Europea se ha reducido el número de desempleados de manera considerable desde los 17 millones en 1997 a los 13,5 millones en 2002. Hoy el ritmo y el escenario son distintos.
La otra cara de la moneda es: el persistente 7,4 % de desempleados que no han tenido la ocasión de trabajar, o han perdido su empleo, o ven difícil su reincorporación al mundo laboral activo. Porque, probablemente, son mayores; quizás, mayores para ser jóvenes o demasiado jóvenes para ser mayores y pasar a una anticipada jubilación. O porque son jóvenes y carecen de la experiencia y formación requeridas. 
Al socaire de lo dicho, ya me he referido a dos colectivos necesitados especialmente de protección o de impulsos: jóvenes y mayores que han perdido su empleo. Pero en el 11 de marzo todavía suena, y debe sonar todo el año, el eco del día 8 pasado, día internacional de la mujer trabajadora, y con él el compromiso del Consejo de Lisboa: aumentar el número de mujeres empleadas a más del 60 % a más tardar en el 2010.
Tres ideas, por lo tanto, son el objetivo de la propuesta que ahora debatimos: aumentar la tasa de empleo, mejorar la calidad del empleo y un mercado abierto a los grupos sociales con más dificultades. Estamos en el año de los discapacitados. Recordémoslo. Todo ello impregnado, suficientemente, de las políticas horizontales, mil veces expresadas en este Hemiciclo. De ellas no es la menos importante -quizás no cabe jerarquizarlas-, la relativa a la salud y seguridad en el trabajo o la de la igualdad o el desarrollo sostenible. Y con la implicación de la sociedad en su conjunto y de todas las administraciones, desde la más lejana a la más próxima a los ciudadanos. No olvidemos, en todo caso, que los países de la ampliación nos mirarán con ojos atentos.
Globalmente, señor Presidente, el informe del Sr. Mann recoge todo esto y, por eso, merece la doble felicitación por su redacción original y por las mejoras admitidas en la comisión. Felicito al Sr. Mann, por lo tanto, y pido el voto favorable a su informe.

Cercas (PSE).
Señor Presidente, es absolutamente indiscutible que, si en 1997, Europa necesitó de una estrategia para el empleo, en un momento del ciclo económico alto, donde, por decirlo de alguna manera, el mercado por sí mismo hubiera ido dando respuesta a nuestras necesidades, en una situación como la actual y como la que se adivina en el escenario bélico y postbélico, hoy, más que nunca, deberíamos estar disponibles para mejorar esta estrategia. Por tanto, bienvenida sea la Comunicación de la Comisión, la reforma, y esperemos que este segundo tramo de la década que empezó en 1997 sea incluso mejor que el primero.
Tengo que empezar por decir también -como lo han hecho otros colegas- que no sé si comentar el informe Mann o las enmiendas que lo van a acompañar, porque, oídos el ponente y el Sr. Pronk, creo que estoy obligadamente en el camino de tener que anunciar una oposición muy fuerte a todas las enmiendas.
Efectivamente, en el informe del Sr. Mann hay ideas positivas, que han sido consensuadas en comisión, pero, desgraciadamente, las enmiendas son un conjunto ideológico fuertemente reactivo a lo que han sido las ideas más sensatas y más equilibradas de la estrategia europea.
Centrándome en el tema de los objetivos -porque no puede haber estrategia cuando los objetivos se debilitan-, los objetivos de Lisboa -lo ha reconocido la señora Comisaria- son claros. Los objetivos de la estrategia para estos cinco años son clarísimos: más empleo, más calidad para ese empleo y más inclusión social.
No podemos cambiar, señor Mann, pleno empleo por más empleo. No podemos decir que hemos pecado de ambición por querer llegar a las tasas de actividad que dice Lisboa. Todo eso es retroceder, señor Mann. No podemos cambiar más calidad por menos impuestos. No podemos cambiar más inclusión social por más desfiscalización, cuando vamos a necesitar recursos públicos para hacer políticas proactivas y para poder incorporar al mercado del trabajo a tanta gente como se va a quedar fuera.
Por tanto, señor Mann, si son esas enmiendas las que se aprueban, personalmente, así como muchos diputados de mi delegación, tendremos que votar en contra de su informe.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señor Presidente, espero que mi buen amigo el Sr. Thomas Mann me haya perdonado por no votar a favor del informe en la comisión y confío en que me perdone nuevamente tras la sesión plenaria, porque, como él sabe, tampoco lo apoyaré en esta ocasión. Estoy de acuerdo con varios puntos de su informe, tales como el reconocimiento de la necesidad de poner en práctica las conclusiones alcanzadas en Lisboa, el fomento y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los grupos sociales menos favorecidos. Sin embargo, no acepto la idea básica del informe que defiende que una de las soluciones consiste en reforzar el papel de los interlocutores sociales.
Ante todo, me considero partidario del diálogo social, pero este debe producirse entre empleados y empresarios en el seno de las propias empresas. El ponente ha confirmado la importancia de las PYME como motor de creación de empleo. No obstante, su papel dentro de la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) es poco relevante y la mayoría de sus empleados ni siquiera están sindicados. En consecuencia, su voz pasa prácticamente desapercibida dentro del diálogo social, a pesar de que los interlocutores sociales presuman de hablar en su nombre.
El fin de semana pude leer un informe interesante sobre Alemania en la prensa británica: al parecer, al canciller Schröder le resultaba cada vez más difícil obtener la necesaria aceptación de las reformas del mercado laboral debido al bloqueo de los interlocutores sociales. Según palabras de un Ministro alemán, «cuando es necesario drenar la ciénaga, no se pierde el tiempo preguntando a las ranas». En un país en el que la cifra de desempleados alcanza los cinco millones, la ciénaga se encuentra cada vez más llena y queda patente la necesidad de un cambio.
Aunque apoyo totalmente la justicia y la integración social, considero que el peor enemigo de ambas es el desempleo. Los Gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para abordar este problema. No sirve de nada aferrarse a conceptos anticuados; el refuerzo del papel de los interlocutores sociales solo conduciría a una paralización mayor. Por supuesto, si algunos países desean continuar con esta tendencia, es una decisión que les incumbe a ellos. Pero, por favor, señora Comisaria, le ruego encarecidamente que no nos imponga tales conceptos a los demás.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos hoy debatiendo el futuro de la Estrategia Europea de Empleo, en un momento en que la economía se enfrenta a la amenaza de la guerra en el Iraq, a la subida de los precios del crudo y a los problemas económicos de los países de la eurozona.
Por desgracia, el mercado laboral no es, en la actualidad, lo suficientemente dinámico como para crear nuevos puestos de trabajo. Por lo que respecta a la mujer, cuestión que ha abordado exhaustivamente, a pesar del aumento del número de mujeres trabajadoras, que representan actualmente entre el 41% y el 42% de la población activa, y del número cada vez mayor de mujeres que trabajan en sectores tradicionalmente dominados por los hombres, el paro femenino continúa siendo más elevado que el masculino.
Los objetivos de Lisboa para mejorar la situación de la mujer en el mercado laboral siguen estando muy lejos de cumplirse, debido a que el paro femenino duplica al masculino: un 14,6%, frente al 8,7%. Además, la explotación de la mujer es moneda de uso corriente: más de 250 000 mujeres trabajan en casa sin recibir ninguna protección social. Al mismo tiempo, florece el mercado negro, que se apoya, en gran medida, en cientos de miles de extranjeros, de los que la mayoría son mujeres, que se ven excluidas de las estadísticas de empleo.
La Estrategia Europea de Empleo reconoce el papel que la mujer puede desempeñar a la hora de incrementar la tasa de empleo, y nos complace que se haya propuesto limar las diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere a los salarios y a la representación de la mujer en todos los sectores de la economía. Asimismo, señora Comisaria, nos satisface que haya dado tanta importancia a la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, en todos los sectores. No obstante, las estadísticas sobre el número de mujeres que trabajan muestran claramente que las políticas que se están aplicando en la actualidad exigen un mayor impulso y una evaluación más profunda; y lo que es más importante: es necesario fijar objetivos cuantificables, cualitativos y cuantitativos, tanto a escala europea como nacional. Por ejemplo, podríamos marcarnos el objetivo de reducir a la mitad, para el año 2010, el diferencial actual entre el hombre y la mujer en lo que se refiere a los salarios, la formación, las pensiones, los ascensos y el tiempo que la mujer permanece trabajando.
Espero que el próximo Consejo de primavera acepte sus propuestas y que contemos en otoño con nuevos planes de empleo nacionales, como ha afirmado en su intervención.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, puesto que hemos debatido las distintas cuestiones planteadas por Sus Señorías en diversas ocasiones, solo tengo tres comentarios que realizar.
El primero se refiere a los objetivos del Consejo de primavera. Es importante que la Presidencia griega haya hecho del empleo una prioridad para el Consejo de primavera. Esta será la segunda vez, desde Lisboa, que el empleo constituye una de las prioridades del Consejo. Curiosamente, las iniciativas presentadas, el mes pasado, por los primeros ministros hacen pensar que todos abogan por que el empleo sea una prioridad, y en el Consejo de primavera, si lo permite la guerra, constituirá uno de los puntos principales de la agenda. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el objetivo cuantitativo del pleno empleo para el 2010, fijado en Lisboa, dependía de dos condiciones previas fundamentales: un crecimiento anual del 3% y la aplicación de una serie de reformas.
Por lo que respecta al primer objetivo, llevamos un buen retraso. En algunos países, el crecimiento está por debajo del 3%, y varios tienen un crecimiento casi cero, lo que, por definición, hará muy difícil cumplir nuestros objetivos.
En cuanto a la segunda cuestión, a pesar de la evaluación positiva de la Estrategia de Empleo, muchas reformas necesitan acelerarse. El mensaje, por lo que se refiere a la reforma de la Estrategia de Empleo, es que no podemos insistir en reformas relativas al mercado laboral, a la modernización de los sistemas sociales y a otro conjunto de políticas relacionadas con la Estrategia de Empleo. Creo que ahí reside la principal diferencia, es decir: las reformas del mercado laboral son parte integrante de la Estrategia de Empleo, que es mucho más amplia y que, como han afirmado muchos diputados, abarca desde la fiscalidad hasta la educación.
Por tanto, creemos que es muy importante que el Consejo de primavera y el Parlamento se vayan a atener a los objetivos de Lisboa, lo que demuestra que todos confiamos en poder compensar, en los próximos años, la falta de crecimiento de los dos últimos años.
Mi segundo punto tiene que ver con la discriminación. En pocas palabras, uno de los tres objetivos fundamentales es lograr un mercado laboral no discriminatorio, y lo que proponemos al Consejo es que se fijen metas cuantitativas individuales para los grupos susceptibles de padecer discriminación.
Mi tercer punto tiene que ver con la mujer. Por primera vez, han entrado en el mercado laboral más mujeres que hombres. De los diez millones de puestos de trabajo creados entre 1997 y 2001, el 75% lo cubrieron mujeres, una clara señal de que nuestras metas se están alcanzando y de que nuestras políticas son eficaces. Naturalmente, voy a insistir en la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, en todas las medidas y prioridades.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0063/2003) del Sr. Friedrich, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la recomendación del Banco Central Europeo relativa a una Decisión del Consejo sobre la modificación del artículo 10.2 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (6163/2003 - C5-0038/2003 - 2003/0803(CNS)).

Friedrich (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, nos hallamos, en efecto, ante una importante cuestión. Al fin y al cabo, está en juego la estabilidad y el desarrollo de nuestra moneda única, el euro. En la actualidad, el sistema de votación en el Banco Central Europeo es el siguiente: hay doce presidentes de bancos centrales -o gobernadores, si lo prefieren-, además de seis directores de bancos centrales, lo que hace un total de 18 votos. Se trata de un órgano relativamente pequeño y manejable. Cada miembro goza de un derecho de palabra y de voto pleno y sin restricciones.
Suponemos que, más tarde o más temprano, otros países ingresarán también en el Banco Central Europeo. Espero que el Reino Unido sea uno de ellos, pero sin duda, ingresarán también algunos países candidatos de Europa central y del este, lo que significa que es fundamental estudiar cómo modificar este sistema de votación y adaptarlo a los cambios, ya que en el futuro, 15, 20 o 25 países pueden formar parte de la eurozona. El Consejo acaba de pedir al BCE que elabore su propuesta al respecto. Con la presión del tiempo, se ha redactado una propuesta que no es aceptable. Permítanme mencionar tan solo unos ejemplos: propone formar tres grupos de países, aunque es muy difícil explicar por qué cada país pertenece a tal o cual grupo. Podría hacerlo, pero tardaría diez minutos.
Por supuesto, este sistema no es, ni mucho menos, transparente, sobre todo porque introduciría un sistema de rotaciones. Esto significa que el primer grupo, que abarca a los países «grandes», no tomaría parte en un 20% de las votaciones y sí en un 80%. En los demás grupos, sería perfectamente posible que un país -es decir, un gobernador de un banco central- no participara en nada menos que un 40% de las votaciones.
En la práctica, esto podría implicar que un país grande perteneciente al primer grupo examinara con detenimiento en qué asuntos no tiene derecho a voto, en un intento por ejercer influencia en el orden del día y garantizar la exclusión de este de puntos importantes sobre los que no tuviera derecho a voto. Esto provocará que se lleven a cabo extensos debates sobre el orden del día; y lo que es más: los detalles sobre este sistema de rotaciones tienen todavía que ser negociados por el Consejo de Gobierno del BCE. Como podemos imaginar, es bastante probable que un país sin derecho a voto se esfuerce aún más por influir en la votación realizando largas intervenciones durante el debate.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios -muy acertadamente, en mi opinión- acaba de decir que este modelo no es funcional, ni transparente, ni eficaz para un órgano tan importante como el Consejo de Gobierno. Asimismo, nos hemos tomado la molestia de hablar con profesores universitarios de Francia, Alemania y el Reino Unido, porque creemos que el ámbito académico debería dar también su opinión al respecto.
El lunes pasado, a las 19.15 horas, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aceptó mi propuesta, que -sin más discusión por nuestra parte- cuenta también con el apoyo de muchos otros órganos y partidos de esta Cámara. A nuestro modo de ver, el tiempo no nos apremia. A nuestro modo de ver, hay que dejar que la Convención y la Conferencia Intergubernamental presenten una propuesta nueva y mejor. Hasta 2006, como muy pronto y, con mayor probabilidad, hasta 2008 -es decir, dentro de cuatro años-, no se unirán al euro algunos de los nuevos Estados miembros. Por tanto, tómense su tiempo para elaborar una nueva propuesta clara y viable.
Hemos presentado dos opciones en este contexto. Hemos manifestado que, aunque es necesaria la ponderación, no debería haber un sistema de rotaciones. Preferimos siempre el sistema de «un país, un voto», pero con un sistema ponderado basado en el tamaño de la población, en el PIB y en el tamaño relativo del sector financiero: a este respecto, teníamos en mente, en cierta medida, a Luxemburgo. Hemos afirmado también que, a largo plazo, es preciso ir al grano. Si la confianza en el euro aumenta hasta unos niveles razonables, de aquí a unos años, se podría aprobar la propuesta de los profesores universitarios. Esto implica diferenciar entre decisiones operativas a corto plazo y decisiones institucionales o estratégicas a largo plazo. Las decisiones a corto plazo podría tomarlas el comité integrado por los directores de los bancos centrales -en la actualidad, seis, pero en el futuro, quizás nueve personas-, mientras que las decisiones estratégicas, como la estrategia monetaria global y los instrumentos de política monetaria, podrían seguir siendo responsabilidad del Consejo de Gobierno en su conjunto.
Por esta razón -y permítanme citar el pasaje pertinente en inglés, para concluir mi breve intervención-, estamos solicitando «calls for proposals to be made by the Convention in view of its adoption». Tan solo quiero decir que las ideas que he expuesto aquí se han reunido por escrito en forma de enmienda de transacción, ya que esperamos que una nueva propuesta ?si se aceptan estos principios? dé lugar a un procedimiento de votación mejor que la solución insostenible que ha presentado, con poca antelación, el Consejo de Gobierno, y que no es admisible para nadie.

Solbes
. (ES) Señor Presidente, en esta primera intervención voy a hacer algunos comentarios sobre el dictamen de la Comisión, en los que expondré nuestras diferencias con el informe del Sr. Friedrich y haré un comentario también sobre nuestra posición final.
Creemos que cualquier reforma del Banco Central debe satisfacer cuatro condiciones: las decisiones deben adoptarse de forma rápida y eficiente, los órganos decisorios deben actuar teniendo en cuenta los intereses de la zona euro en su conjunto, el sistema debe ser neutral y equilibrado para los miembros actuales y futuros, y los mercados y el público en general tiene derecho a esa transparencia, necesaria para conocer cómo funciona el sistema.
El modelo recomendado por el Banco Central contribuye a mantener la eficacia. Sin embargo, su punto fundamental, que me gustaría desarrollar después de oír la intervención del Sr. Friedrich, la propuesta del Banco Central, se basa en la enabling clause del Tratado de Niza y, por lo tanto, se basa solo en que no se puede modificar el sistema legalmente vigente. Por esta razón la Comisión ha considerado que, aceptando la propuesta, como punto de partida, del Banco Central Europeo, el modelo de rotación podría mejorarse reduciendo el número máximo de derechos de voto en el Consejo de Gobierno. Debería mejorarse de forma sustancial, modificando la clave de clasificación de los países en grupo, no inventando nuevas ponderaciones, sino utilizando la ponderación que el propio Banco tiene, que considera, por una parte, la población y, por otra, el PIB. Tendría que mejorarse clarificando cuál es la frecuencia y la secuencia de rotación en este tipo de votaciones. Esta es la razón de nuestras propuestas.
Cuando analizamos las propuestas incluidas en su informe, creemos que son ambiciosas, pero que plantean un problema fundamental: consideran la posibilidad de hacer interpretaciones que van más allá de la enabling clause. En ese sentido, tenemos dos discrepancias. En primer lugar, y es la fundamental, ustedes rechazan el modelo del Banco Central y presentan una contrapropuesta que puede tener su validez desde el punto de vista técnico, sin duda alguna, pero que no se adapta a la enabling clause. Tampoco se adapta a ella la idea de la doble clave, de la ponderación doble en el voto, dado que, en estos momentos, la regulación existente establece que cada miembro del Consejo tendrá derecho a un voto. Estas son, por tanto, modificaciones que podrían plantearse en un contexto distinto, en una posición más ambiciosa, como a la que usted se ha referido.
El problema con el que nos enfrentamos actualmente es si seguimos adelante con el procedimiento rápido y aprobamos la propuesta del Banco Central, lo que deberá hacerse en las próximas semanas si queremos que sea conforme a la enabling clause. En ese caso, evidentemente, necesitaremos el voto unánime del Consejo de Ministros, cosa que, como ustedes saben, en estos momentos aún no se ha producido. En todo caso, la Comisión, como ustedes, considera que es necesaria una mayor reforma, que vaya más allá de las posibilidades previstas por la cláusula de habilitación, y que debemos estar dispuestos a tratar de nuevo en la próxima Conferencia Intergubernamental sobre la base de un modelo distinto. Esto se puede hacer -como muy bien se ha dicho- en la Conferencia Intergubernamental, pero no con arreglo a la enabling clause de que actualmente disponemos.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos nosotros -tanto las instituciones como los políticos- tendremos que revisar y reestructurar nuestras estrategias de comunicación, nuestras prioridades y nuestros métodos de trabajo, pero también nuestros procesos de toma de decisiones y de formación de opiniones, en vista de la ampliación de la Unión Europea, que probablemente contará con más de 30 Estados -si incluimos los países balcánicos-, pero también en vista de los retos políticos que están fijándonos y que nos estamos marcando nosotros mismos.
En este contexto, acogemos con agrado el hecho de que el BCE haya presentado una propuesta unánimemente. Asimismo, nos satisface que se haya enviado una señal política clara en cuanto a que el BCE debería, en el futuro, regular sus mecanismos de toma de decisiones y a que no deseamos elaborar ninguna disposición especial al respecto. No hay motivo alguno por el que esta decisión deba aprobarse precipitadamente, como el ponente ya ha señalado.
Podemos continuar de manera familiar y preparar una reforma fundamental con la próxima Conferencia Intergubernamental. La reforma fundamental que es necesaria, y que pretendemos llevar a cabo, difiere en algo básico. A nuestro modo de ver, todos deberían permanecer a bordo, no debería haber ningún principio de rotación y, en una Europa común, todos deberían poder dar su opinión en el BCE. La solución no es la rotación, sino la ponderación. Esta ponderación podría basarse en la ponderación del Consejo, pero debe incorporar fundamentalmente parámetros de política económica y de política en materia de mercados financieros.
En lugar de una mayor complejidad, deseamos una mayor transparencia. No queremos nuevas formas de discriminación, sino más integración y, por tanto, mayor claridad para los ciudadanos. Acepten nuestra oferta, que consiste en preparar una reforma global, en lugar de hallar una solución precipitada a corto plazo.

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente: la propuesta presentada para reformar el procedimiento de votación del Consejo de Gobierno del BCE no constituye un paso adelante. Debe rechazarse, ya que se elaboró desde la perspectiva de la representación nacional, y no desde una perspectiva europea. Es necesaria una solución europea ambiciosa. En esta cuestión, ningún diputado puede ser neutral, puesto que es importante el modo en que toma sus decisiones este socio macroeconómico clave. Por consiguiente, debemos saber cómo se da forma a las decisiones, pero todavía hay tiempo para eso en la próxima Conferencia Intergubernamental.
Especificar que la representación debería ser nacional entra en conflicto con el objetivo de una política monetaria integrada. No obstante, debo señalar que, al redactar su propuesta, el Banco Central Europeo se hallaba atado de manos, ya que la vaguedad del Tratado de Niza se refleja también en la cláusula de habilitación contenida en el artículo 10.2, y por tanto, nos es verdaderamente necesaria una propuesta de la Convención para la Conferencia Intergubernamental, con el fin de aclarar una serie de cuestiones: ¿debería tener el Comité Ejecutivo un papel especial? ¿Deberíamos diferenciar entre política monetaria y decisiones operativas? ¿Dónde se deberían tomar las decisiones estratégicas? Esto es posible con una modificación del Tratado que cuente con un respaldo unánime.
Creo, de verdad, que es importante para nosotros hacer esta distinción, simplemente porque es necesaria. En el Parlamento Europeo, tenemos también un especial interés por hacerlo así, porque concedemos una gran importancia a la transparencia. Al igual que nuestros colegas de los Estados Unidos, nos gustaría saber cómo se toman las decisiones y también cómo tienen lugar las ponderaciones en los debates. A este respecto, la complicada propuesta del BCE, que el Grupo del Partido Socialista no puede apoyar, envía una señal esperanzadora, ya que, hasta la fecha, siempre se nos ha dicho que los resultados de las votaciones en el seno del Consejo de Gobierno del BCE no podían publicarse porque no tenía lugar ninguna votación. Pienso que, en un sistema democrático, se debería aplicar un procedimiento de votación por mayoría y que, además, se debería publicar el signo del voto de los miembros de los bancos centrales o del Comité Ejecutivo.
Estoy completamente a favor del anonimato, para que no se mencione ningún nombre, al igual que en los Estados Unidos. Nuestra principal preocupación es lograr una visión de conjunto de las distintas perspectivas sobre política monetaria. Así se acabará con la confusión y la inseguridad, se generará la claridad necesaria, sobre todo en este momento, y se hará hincapié en la obligación democrática del Banco Central de rendir cuentas.

Huhne (ELDR).
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales y Demócratas europeos rechaza también la propuesta del Banco Central Europeo de modificar su proceso de toma de decisiones una vez se haya producido la adhesión a la zona euro de los diez países candidatos. Dicha propuesta crearía un Estado miembro de tercera clase con menos oportunidades de voto y, lo que resulta más indignante aún, es que este grupo de categoría interior estaría formado solo por los países candidatos.
El pequeño territorio de Luxemburgo se incluye de forma especial en el segundo grupo gracias a sus mercados financieros, a pesar de que su banco central existe desde hace muchos menos años que el de varios de los países candidatos, inclusive Polonia y Hungría. Se trata de una propuesta concebida para proteger los derechos adquiridos por los banqueros centrales existentes en la zona euro, que pretenden simplemente cerrar las puertas a su paso.
En su lugar, apoyamos la existencia de un Consejo Ejecutivo formado por nueve miembros, tal y como ha mencionado el Sr. Friedrich, responsable de las decisiones operativas. Asimismo, defendemos la constitución de un Consejo de Gobierno más amplio en el que participen los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros a la hora de adoptar decisiones estratégicas, como la definición de la estabilidad de precios, y de resaltar otros objetivos, como los valores de referencia monetaria.
Con respecto a la propuesta de los grupos PPE-DE y PSE, permítannos mostrar nuestro desacuerdo, ya que en ella se defiende el sistema de mayoría doble para las decisiones del Consejo de Gobierno, lo que otorgaría mayor peso a los miembros procedentes de Estados miembros grandes. Apoyamos el principio que establece la asignación de un voto a cada miembro en el proceso de toma de decisiones. La implantación de un sistema de mayoría doble implicaría que un miembro del Consejo de Gobierno que proceda de un Estado miembro grande representaría a dicho Estado, en lugar de votar por la zona euro en su totalidad. Esto constituiría un retroceso y afectaría a la perspectiva colegiada del Consejo de Gobierno. No obstante, consideramos que se deberían realizar algunos controles y balances en el Consejo Ejecutivo y, por este motivo, proponemos que el Consejo de Gobierno tenga capacidad para anular las decisiones del anterior con una mayoría de dos tercios. Conviene analizar este tema en la Convención, para así poder debatirlo de la forma más abierta posible y en plena consulta con todas las partes interesadas.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, se halla ante nosotros un compromiso que ha logrado un solo objetivo claro, el consenso unánime en el seno del Consejo de Gobierno, que no es exactamente lo que necesita el Banco Central Europeo para prepararse para la ampliación.
El reparto de poderes y responsabilidades entre los parlamentos, los gobiernos y las autoridades independientes -la independencia del Banco Central Europeo es un bien precioso que ha funcionado correctamente y que debe salvaguardarse- no implica que las autoridades independientes decidan sobre sus modalidades de funcionamiento o, como en este caso, sobre los cambios de los mecanismos de funcionamiento, en particular cuando se trata de ampliar un club. Es evidente que los miembros actuales del club han presentado una propuesta que, por encima de todo, los protege a ellos mismos y sus prerrogativas contra las prerrogativas de los miembros que ingresen en el club en el futuro. Es muy evidente.
Me parece que hay un grave quebrantamiento de forma que ha conducido a esta situación y a la elaboración de una propuesta que tiene varios defectos, ya señalados por el Sr. Huhne, que ha afirmado que la jerarquía de los países es discutible. Espero que el Sr. Goebbels me perdone si digo, a modo de ejemplo, que yo también creo que el papel de Luxemburgo no debe ser mayor que el de Polonia.
Naturalmente, la propuesta del Banco Central Europeo respeta el Tratado de Niza, que además estipula que el Consejo puede decidirse por una propuesta del BCE o de la Comisión. Creo que, de algún modo, debemos volver a empezar desde cero y que la Comisión ha de formular su propia propuesta, teniendo en cuenta las recomendaciones del Parlamento. Se va a consultar al BCE, pero no se debe permitir que sea el promotor de esta decisión que le afecta tan de cerca.

Langen (PPE-DE). -
Señor Presidente, Señorías, hemos adoptado una posición clara sobre la propuesta del Consejo de Gobierno del BCE, pero la Comisión, señor Comisario, por desgracia, no lo ha hecho. La han rehuido.
Deseamos que el Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno conciba y apruebe un modelo diferente, empleando otros criterios de ponderación en este contexto. El proyecto de modificación de las modalidades de votación propuesto por el Consejo de Gobierno del BCE y refrendado por la Comisión Europea es innecesario e injusto. Es innecesario porque, al contrario de lo que usted ha dicho, señor Comisario, el tiempo no nos apremia. En teoría, y en el mejor de los casos, la eurozona no contará con 15 miembros hasta el verano del año 2006, como muy pronto. Por tanto, tenemos tiempo más que suficiente.
Con este modelo, creará un sistema de dos clases entre los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, y los gobernadores de los bancos centrales de los países pequeños sufrirán un grave recorte de sus derechos. En una zona con una moneda única, es fundamental que cada miembro del Consejo de Gobierno del BCE tenga un voto permanente y del mismo valor que los demás. Para asegurarnos de que esto se garantice también en el futuro y, por tanto, para conservar la normativa existente, hemos propuesto que se empleen otros criterios de ponderación. Nuestro colega, el Sr. Friedrich, ya se ha referido a esto. Mi propuesta de que la población sea uno de estos criterios no ha contado con el apoyo de una mayoría en comisión, hasta la fecha. Puesto que las normas tienen que acordarse por unanimidad, no habrá cambios sin un compromiso.
El sistema de rotaciones, señor Comisario, es un mal compromiso. He propuesto que, además de una mayoría simple de los votos, debe estar representada, al menos, la mitad de la población de los Estados miembros de la eurozona. Así se evitará que se tomen decisiones por mayoría en el Consejo de Gobierno del BCE que no tengan suficientemente en cuenta la realidad económica de la Unión Europea. La población es un criterio más adecuado y más representativo, por muchas razones, que otros criterios como la dimensión del sector financiero o el PIB. Las cifras actuales y exactas sobre población están disponibles para todos los Estados miembros; el cálculo se realiza per cápita y, por tanto, los datos son absolutamente comparables, y tienen en cuenta el hecho de que el eje central de una política monetaria sensata basada en los tratados de la UE no debe ser los mercados de capitales, sino las personas afectadas por ella.

Goebbels (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea -o, al menos, algunos representantes de países que supuestamente son más importantes que los demás- está padeciendo una misteriosa enfermedad: el síndrome de Gulliver.
Ya sea en el seno de la Convención o en órganos como el Banco Central Europeo, los representantes de los países grandes creen que corren el peligro de quedar maniatados por una banda de pequeños países, irresponsables por definición, que, tras la ampliación, constituirán una mayoría numérica en el Consejo. Aunque es cierto que, en teoría, la Unión Europea aglutina a Estados que son iguales en derechos y obligaciones, algunos, como los cerdos de George Orwell, piensan que son más iguales que otros.
La historia de la Unión Europea no ofrece un solo ejemplo de alianza de liliputienses contra los Gullivers de Europa. En efecto, todos los casos de obstrucción en Europa, desde la política de la silla vacía de de Gaulle, hasta la famosa frase de Margaret Thatcher «I want my money back» (quiero que me devuelvan mi dinero), han sido obra de los países grandes.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se inventó para someter a una disciplina presupuestaria a los países del llamado «Club Med», con el fin de garantizar el valor exterior del euro. El Pacto es respetado por los pequeños países, pero mucho menos por los países grandes. No obstante, el síndrome de Gulliver hace temer a algunos Gobiernos que los gobernadores de los pequeños países puedan imponer una política monetaria laxa. La consecuencia de todos estos temores es la propuesta del BCE de limitar el número de gobernadores con capacidad de decisión sobre la política monetaria.
El Presidente Duisenberg asegura que los gobernadores no votan según sus intereses nacionales, que, de hecho, no se celebran votaciones y que la política monetaria se decide por consenso. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esta propuesta para modificar el sistema de votación? Se nos dice que ya no será posible votar cuando haya 25 miembros. Aunque un debate con 25 miembros requeriría, en efecto, más tiempo, una votación a favor o en contra de un cambio de los tipos de interés clave es igual de fácil de realizar con 25 gobernadores que con 18 ó 9.
Esta no es, por tanto, la verdadera razón de la reforma propuesta. De hecho, los cinco Estados grandes, que representan aproximadamente las tres cuartas partes del PIB comunitario, desean reservarse el diseño de la política monetaria. A este respecto, la propuesta del BCE es ingeniosa, porque se implantaría un sistema de rotaciones entre tres grupos de países que garantizaría a los países grandes poder votar en el 80% de los casos.
El informe Friedrich propone restringir las decisiones sobre política monetaria a un Comité Ejecutivo compuesto por nueve miembros, que serían elegidos en base a dos criterios: el peso demográfico y el peso económico y financiero de cada país. Por lo que se refiere a este último punto, el informe Friedrich está en consonancia con la propuesta unánime del Consejo de Gobierno. No obstante, todavía hay algunas dudas con respecto a todas estas propuestas. Puesto que no es algo urgente, ¿por qué no nos concedemos un período adicional de reflexión?
Señor Presidente, quisiera también responder al Sr. Della Vedova y decirle que, conforme a las propuestas del BCE, Polonia seguiría situada por delante de Luxemburgo.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, todos sabemos que, en una UE ampliada, el BCE debe sufrir una reforma, pero la propuesta presentada por el BCE no se ha meditado lo suficiente. Además, ha sido objeto de duras críticas.
El informe del Sr. Friedrich va bien encaminado pero, al igual que otros diputados de esta Cámara, me pregunto por qué hay tanta prisa. Deberíamos pararnos, reflexionar y elaborar una propuesta bien fundamentada para la próxima Conferencia Intergubernamental. La democracia exige que las normas de votación sean simples y claras. De hecho, la gente de la calle debe ser capaz de comprender cómo se articulan. El principio debería ser el de «un miembro, un voto».
Como ha señalado el Sr. Huhne, es posible cumplir la condición de eficacia en una UE ampliada. Señor Comisario, debemos evitar una excesiva división de Europa. Es inadmisible una división en equipos A, B e, incluso, C. El BCE debe demostrar una mayor apertura e informar a los ciudadanos de los debates y las votaciones. Esta es una exigencia a la que no se puede renunciar. Por último, debemos reforzar también el papel del Parlamento.

Grönfeldt Bergman (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera darle las gracias al ponente, el Sr. Friedrich, por su excelente trabajo en esta materia. La cuestión de las normas de votación para el Consejo de Gobierno del BCE es muy importante, especialmente en vista de la próxima ampliación y también del probable fortalecimiento de la cooperación en la UEM. Las normas actuales deben someterse a una reforma. Todos parecen estar de acuerdo en que es necesaria una reforma. No obstante, no está del todo claro en qué debe consistir dicha reforma.
El informe del Sr. Friedrich rechaza la propuesta presentada por el BCE el 3 de febrero: un modelo consistente en 21 votos repartidos en 15 gobernadores de bancos centrales y 6 auditores, y en un sistema de rotaciones, una vez formen parte de la Unión Monetaria 16 o más países. Esto significa que, en un futuro muy cercano, no se oirán las voces de todos los Estados miembros. Habrá un sistema en el que no participan todos, pero que, sin embargo, es rígido y complicado. Si la toma de decisiones se vuelve excesivamente compleja, o bien el Banco no será capaz de responder, con suficiente rapidez, a los cambios económicos, o bien las decisiones no se considerarán legítimas. El sistema de rotaciones dificultará la petición de responsabilidades, ya que será casi imposible saber quién es responsable de cada decisión.
El informe del Sr. Friedrich, que es fruto de un tira y afloja en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, propone varios principios fundamentales: el principio de «un miembro, un voto» y principios relativos a la representatividad, la transparencia y la asunción de responsabilidades, y a tomar la delantera a la hora de concebir un nuevo modelo de toma de decisiones que sea más eficaz y que, además, esté diseñado de manera que todos los miembros puedan participar.
Creo que esto será importante para los países pequeños, y también para los nuevos Estados miembros. Por lo que a mí respecta, siendo como soy de un país que se enfrenta a un referéndum crucial para cambiar la corona por el euro, me parece acertado y sensato recomendar un modelo de toma de decisiones que pueda ser eficaz y receptivo a largo plazo y que, al mismo tiempo, ofrezca a todos la oportunidad de participar en un proceso en el que, además, sea posible exigir responsabilidades.

Berès (PSE).
Señor Comisario, Señorías, sabíamos que se llegaría a plantear esta cuestión. Durante mucho tiempo, fue siempre demasiado pronto para debatirla. Esto fue así, en particular, cuando mediante un informe presentado en el otoño del año 2000, tratamos de debatir el asunto, en el marco de nuestra labor sobre la ampliación. Se trataba de un informe del Sr. Brok. Hoy en día, sería precipitado tomar una decisión solo en base a la labor del Banco Central Europeo. Lo cierto es que, en el fondo, las soluciones institucionales que adoptamos con respecto al Banco Central dan, a veces, miedo porque, en algunas ocasiones, tenemos la impresión de que podrían imponerse a otros mecanismos institucionales, o incluso a la propia Unión. Esta es la realidad del debate que estamos celebrando en esta Cámara.
Esencialmente, creo que la Convención puede deshacer lo que el Tratado de Niza ha hecho. La Convención debe ser capaz de dar marcha atrás a propuestas del Banco Central porque lo que básicamente se propone es un cambio en el sistema, ya implique poner en marcha un mecanismo de rotaciones, o bien una diferenciación entre las decisiones tomadas dentro del Banco Central. Esencialmente, de nuevo, creo que no podemos rechazar toda la propuesta realizada por el Banco Central: por ejemplo, la idea de limitar el número de miembros del Consejo de Gobierno si deseamos que este órgano pueda seguir tomando decisiones. Fundamentalmente, creo también que deberíamos examinar estas propuestas y tratar de sacar lo que consideramos que son los puntos principales.
Pienso que podemos obtener alguna información, en forma de criterios, de la experiencia adquirida por el Banco Central en su corta existencia. El primer criterio es que el reparto de poder entre el Comité Ejecutivo y el Consejo de Gobierno debe examinarse con atención para garantizar que el Banco está en disposición de tomar decisiones. El segundo criterio, mencionado por la presidenta de nuestra comisión, la Sra. Christa Randzio-Plath, se refiere a la transparencia de las decisiones en el seno de los órganos decisorios. El tercer criterio alude a la capacidad del Banco para definir una política monetaria beneficiosa para toda la eurozona.
Creo que a la luz de estos tres criterios es como debemos examinar la propuesta del Banco Central; en particular, a la luz de estos criterios, la Convención -pues pienso que le corresponde principalmente a la Convención pronunciarse- tendrá que proponer una solución para el futuro de la toma de decisiones en el Banco Central.

Maaten (ELDR).
Señor Presidente, me han decepcionado las propuestas de reforma de la estructura de gestión del Banco Central Europeo, en virtud de las cuales se crearán diferentes clases de miembros y, en la práctica, un reducido grupo de grandes países tomará las decisiones. Tampoco veo cómo se puede conciliar el hecho de que algunos grandes Estados miembros que están bloqueando la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento vayan a ocupar un lugar destacado en este grupo de cabeza, con el hecho de que algunos Estados miembros más pequeños que, desde el principio, han llevado a cabo una política monetaria responsable y correcta, sean relegados a la segunda clase. Estas propuestas afectan a la igualdad de los Estados miembros. ¿Deben los países del segundo y tercer grupo permanecer callados en el debate o hacerse a un lado mientras los pesos pesados emiten sus votos?
No, señor Presidente, creo que las cosas, tal y como las conocemos en la actualidad, están bien así. El ponente afirma, y tiene razón, que disponemos de tiempo más que suficiente para estudiar, con calma, un sistema mejor. Adquiramos primero alguna experiencia con respecto a la ampliación, antes de darle la vuelta a las cosas, y a continuación, optemos por un sistema de gestión simple y transparente, de perspectiva europea y no nacional. Mi propio país hallaría la situación aún más desagradable. Los Países Bajos son uno de los países que llevan años practicando una política monetaria firme. Inicialmente, se nos permitirá formar parte del grupo de cabeza, pero en cuanto el Reino Unido se una al euro, se nos dará las gracias por los servicios prestados y se nos sentará en el banquillo. Aunque espero fervientemente que el Reino Unido llegue a unirse al euro, es muy triste que esto implique consecuencias de este tipo. Se van a ver premiados países que llevan años poniendo zancadillas, en mayor o menor medida, a la estabilidad monetaria europea. No obstante, es inconcebible, señor Presidente, que vayamos a echar por tierra el euro de esta manera.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, me complace que la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo optara ayer por apoyar lo que es también la política del Gobierno finlandés: que cualquier reforma propuesta por el Consejo no puede servir de base para la toma de decisiones. La labor del principal órgano decisorio del Banco Central Europeo debe ser objeto de una reforma para posibilitar una toma de decisiones eficaz tras la ampliación. No obstante, el modelo propuesto por el Consejo de Gobierno del BCE es demasiado complicado y vago, y no hará más fácil a los ciudadanos seguir cómo se diseña la política monetaria. Todos deseamos aumentar la eficacia de la toma de decisiones sobre la política monetaria, pero el sistema debe ser más transparente y comprensible.
El problema, en la actualidad, de la toma de decisiones en el BCE no es cómo se emiten los votos, sino el hecho de que el Consejo de Gobierno evita las votaciones, por todos los medios, en general. La versión actual del artículo 10.2 del Estatuto del Banco Central Europeo dice que el Consejo de Gobierno del BCE toma sus decisiones por mayoría simple. No obstante, no se someten a votación las propuestas de decisiones, hasta que no hay un consenso en los debates. De acuerdo, al menos, con las declaraciones realizadas en el Parlamento por el Presidente del BCE, Wim Duisenberg, un consenso significa más que la mayoría, pero menos que la unanimidad. Para que el BCE sea capaz de reaccionar con más rapidez ante los cambios en el mercado, se debería emplear la votación por mayoría. Desde este punto de vista, no es razonable que los procedimientos de votación se hagan complicados y molestos y que tengan lugar menos votaciones incluso que ahora. Además, el modelo de rotaciones que propone el BCE quebranta algunos principios que tanto el Parlamento como los gobernadores de los bancos centrales consideraban de vital importancia.
Los trabajos preparatorios para reformar los procedimientos de votación del BCE se van a posponer hasta que se celebre la Conferencia Intergubernamental. Dos propuestas del Parlamento merecen el respaldo: la primera es la petición de que se emplee el sistema de votación de doble mayoría, y la segunda, la propuesta de que las decisiones operativas referentes a la política monetaria práctica se distingan, en la toma de decisiones, de las decisiones institucionales y estratégicas a largo plazo. Confiamos en que el ECOFIN tenga en cuenta la opinión del Parlamento cuando tome su decisión.

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, permítame dejar claro, desde el principio, que no he votado a favor del informe que se aprobó, ayer por la tarde, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ciertamente, nuestro ponente alemán renunció a su propuesta inicial de conceder a cada país de la eurozona un voto en el Consejo de Gobierno del BCE y de equilibrar esto exclusivamente con la población representada. Quisiera recordarles que el Consejo de Gobierno del BCE examinó una propuesta similar del Bundesbank durante sus extensas deliberaciones y que, al final, la rechazó. ¿Por qué? Porque en una eurozona ampliada de 25 ó 27 miembros, implicaría que cuatro grandes Estados miembros tendrían derecho de veto en el Consejo de Gobierno del BCE, en detrimento de los demás países. Esto es inaceptable. Aunque -como se acordó ayer, en forma de compromiso, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- se consideraron adicionalmente los dos criterios objetivos (PIB y TAP, producción anual total), esto conduciría a un sistema mucho menos equilibrado que el modelo del BCE, que solo emplea estos dos criterios para clasificar a los Estados miembros a los que se conceden derechos de voto en un sistema de rotaciones.
Naturalmente, el modelo del BCE es nuevo y lleva su tiempo adaptarse a él, pero no es tan complejo y carente de transparencia como para que resulte incomprensible para aquellos a los que afecta. Eso constituiría una crítica contra los políticos y los banqueros centrales de los Estados miembros. En última instancia, en una moneda influye más la fortaleza económica y financiera que la población de un país. La propuesta del BCE refleja esta obviedad.
Otro motivo por el que no he respaldado la llamada enmienda de «transacción» es que conduciría a algo similar a una renacionalización. Prevé aún más competencias mejoradas para el Comité Ejecutivo ampliado de 9 miembros, en detrimento del Consejo de Gobierno del BCE que, en la actualidad, se reúne dos veces al mes, pero que -con nada menos que 27 miembros, de acuerdo con la propuesta de la comisión- solo podría desempeñar un papel subordinado. Espero que el Consejo apoye la recomendación mucho más equilibrada del Consejo de Gobierno del BCE y que esta se pueda ratificar antes de la ampliación, ya que el panorama que se está proponiendo representaría un duro golpe para la confianza en el euro.
Solbes
. (ES) Señor Presidente, seré breve. Creo que en el debate se plantean dos temas distintos. El primero es el sistema que propone el Banco Central en base a la aplicación de la enabling clause: ¿es lógico o no es lógico y puede haber un sistema mejor? El segundo, ¿cuál puede ser ese sistema mejor? Puede ser el introducido en el Informe Friedrich o cualquier otro.
Sin embargo, de lo que estamos hablando ahora es de la utilización de la enabling clause, establecida en Niza, que plantean los gobiernos para autorizar al Banco Central a hacer una propuesta que tiene que ser aprobada por unanimidad o una propuesta de la Comisión que, también, tiene que ser aprobada por unanimidad.
La enabling clause solo permite o que todos los miembros de los bancos centrales estén presentes y todos voten, o que exista un sistema de votación limitado que, necesariamente, tiene que ser un modelo de rotación. Evidentemente, si hay un modelo de rotación, quiere decir que no todos participan en todo, y el problema que se plantea es cuál es el modelo de rotación.
El Banco Central ha planteado un modelo en el que, sin duda alguna, se establece un cierto equilibrio entre unos países y otros en función de su dimensión económico-financiera y que, lógicamente, da un papel muy importante, en función de esa dimensión, a los países más pequeños.
La Comisión considera, sin embargo, que este sistema de rotación no está suficientemente justificado y, por eso, ha propuesto únicamente modificar este esquema de rotación. ¿Qué ha hecho la Comisión? Proponer única y exclusivamente utilizar los criterios que actualmente tiene el Banco Central para definir su sistema de votación.
Es verdad que este sistema cambia respecto a la presencia de todos, pero es lo que permite la enabling clause. Hacer una propuesta adicional para otro modelo de rotación, en vez de hacer una enmienda a la propuesta del Banco Central, no tenía sentido.
Lo que dicen ustedes es que la enabling clause no nos resuelve los problemas, que queremos ir a una posición más ambiciosa. Lo entiendo perfectamente: ha sido la posición de la Comisión, también, en algunos casos. Pero si votamos o decidimos sobre la base de la utilización de la enabling clause, evidentemente la propuesta del Banco Central, con ciertas enmiendas, puede ser perfectamente útil y resuelve el problema de transición que se podría plantear. Cualquier otro modelo -no lo olvidemos- también exige la unanimidad y la ratificación y no será un modelo fácil de aplicar.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el próximo jueves.
(La sesión suspendida a las 17.05, se reanuda alas 17.20 horas)
El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los vecinos de la Europa ampliada: un nuevo marco para las relaciones con los vecinos del Este y del Sur.
Señorías, les informo de que habrá una pequeña alteración en nuestros horarios. Se procederá a la declaración de la Comisión y se prolongará el debate hasta las 17.45 horas, y a las 17.45 horas continuaremos con el turno de preguntas.

Prodi
Señor Presidente, voy a ser muy breve y a realizar tan solo unas observaciones relativas al documento que se ha presentado hoy sobre la política de vecindad. Se trata de un documento muy importante que aclara nuestras propuestas de relaciones en el ámbito europeo y mediterráneo tras la ampliación. En efecto, el proceso de ampliación ha creado grandes expectativas en nuestros países vecinos, pero también ha generado una frustración y una tensión que se puede resumir en una serie de comentarios muy claros y comprensibles efectuados por los países del Este excluidos de la ampliación. Nos han reprochado que simplemente hemos movido hacia el este el telón de acero, mientras que los países mediterráneos nos han reprochado el habernos centrado más en los países del Este que en los países mediterráneos.
Nuestros vecinos albergan muchas expectativas, y yo siempre he creído que no deben sentirse decepcionados y que deberíamos elaborar también una política seria para las relaciones de la Unión con ellos, tanto en su propio interés, como en interés de la Unión. La comunicación aprobada hoy por la Comisión sobre la política de vecindad responde a esta exigencia, la exigencia de crear un marco de referencia dentro del que poder mantener relaciones cada vez más estrechas con nuestros vecinos del este y del sur, así como construir lo que he descrito en varias ocasiones, primero de manera intuitiva y luego de modo cada vez más analítico y razonado, como el anillo de los países amigos, el anillo de los amigos, que comprende desde Rusia hasta Marruecos, un anillo con el que podemos compartirlo todo, excepto las instituciones, es decir, con el que podemos compartir programas, mercado, normas y diálogo político, pero no el Parlamento, ni el Consejo, ni la Comisión. En resumen, nuestro objetivo es desarrollar una política para estos países que solicitan una relación especial con la Unión, pero para los cuales la Unión no prevé una estrategia de ampliación, al menos a corto plazo.
Está claro que los países de los Balcanes occidentales no se incluyen en este anillo: se ha acordado su ingreso en la Unión, aunque todavía no se ha fijado una fecha. El marco de referencia que hemos esbozado en la comunicación complementa, y no sustituye, la relación que la Unión mantiene con distintos países o grupos de países. Evidentemente, la intensidad y, sobre todo, la velocidad con que se tejan las relaciones entre la Unión y los diversos países, dentro de este marco de referencia, dependerá de la habilidad de cada país; es decir: se aplicará también, en este caso, el principio de diferenciación. El objetivo es doble: en primer lugar, crear, junto con nuestros socios, un espacio de prosperidad y estabilidad basado en el principio de la integración económica, del fortalecimiento de los lazos políticos y de la cooperación cultural -insisto en esto último, la cooperación cultural-; en segundo lugar, hacer que el desarrollo de estas relaciones preferenciales dependa de la adaptación progresiva de los países a nuestras normas y a nuestro sistema de valores, tanto en el ámbito económico como en el político. Por tanto, deseamos elaborar con cada país, sobre la base de la experiencia y de nuestras obligaciones contractuales presentes, un plan de acción concertado que señale el camino que pretendemos recorrer juntos.
Estos planes de acción incluirán objetivos, calendarios, procedimientos y mecanismos de supervisión aplicables, de la misma manera, a ambas partes. Por consiguiente, en este contexto, valoraremos la posibilidad de crear un instrumento contractual específico -el acuerdo de vecindad- y un instrumento financiero ad hoc -el instrumento de vecindad-. En concreto, trabajaremos con nuestros vecinos para crear un mercado único, fomentar la libre circulación de personas, bienes y servicios, reforzar la cooperación en la lucha contra amenazas comunes, fortalecer nuestra colaboración en la prevención de conflictos y en la gestión de crisis, promover los derechos humanos, intensificar el diálogo entre culturas y religiones, integrar las redes de transporte, energía y telecomunicaciones y crear un espacio de investigación más amplio: en resumidas cuentas, para lograr una integración cada vez mayor, basada en los valores y los principios comunes de la tolerancia, la paz, la libertad y la solidaridad, es decir, los mismos principios sobre los que se fundó la Unión.

Swoboda (PSE).
Señor Presidente, el Comisario obviamente quería decir algo ahora, y quizás podría formularle una pregunta, al mismo tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con las propuestas que ha esbozado el Sr. Prodi ante esta Cámara.
Lo que me interesaría saber es lo siguiente: ¿cuál será el marco institucional para todo esto? Usted ha mencionado los instrumentos financieros y los tratados con los países vecinos. Sin embargo, mi pregunta para el Presidente o para el Comisario es esta: ¿es necesaria alguna disposición institucional específica?
Al fin y al cabo, en teoría todavía está la Conferencia Europea. Hay varias posibilidades. Con respecto a la región mediterránea, hemos debatido la opción de estrechar también la cooperación parlamentaria. No debemos dejar esto en suspenso, y además hemos de asegurarnos de que se aclaren las responsabilidades dentro de la Comisión, porque de lo que se trata, realmente, es de una fase intermedia entre una política exterior normal y tradicional y la integración en la Unión Europea. A mi modo de ver, esta fase intermedia debe definirse con mucha precisión, y la Comisión debería presentar propuestas específicas para abordarla, exponiendo disposiciones detalladas y describiendo qué instituciones participan. ¿Se va a reactivar la Conferencia Europea? ¿Se responsabilizará alguien, dentro de la Comisión, de este ámbito de cooperación? ¿Seguirá siendo el Comisario Patten? Quizás usted pueda explicar la situación más en profundidad.

Patten
Señor Presidente, acabamos de mantener un debate verdaderamente interesante en la Comisión, en el que ha destacado un tema principal en la mayoría de las intervenciones. El argumento defendido enérgicamente en la mayor parte de las intervenciones manifiesta la necesidad imperiosa de otorgar a la cuestión de la relación con nuestros nuevos vecinos la prioridad concedida en el pasado al proceso global de ampliación; en otras palabras, se insta a que todo el mundo asuma la responsabilidad de fomentar el concepto de un círculo institucionalizado de amigos a los que podemos ofrecer distintas formas de compartir nuestra seguridad, estabilidad y prosperidad.
Su Señoría podrá descubrir en la comunicación publicada en el día de hoy los métodos prácticos con los que pretendemos expresar este concepto. No es una tarea fácil. Ya se ha intentado en el pasado. En cierto modo, se puede comparar con la búsqueda de la piedra filosofal; nunca hemos logrado determinar un medio acertado que permita expresar nuestras opiniones sobre los países vecinos sin que esto conlleve una propuesta de adhesión total a la Unión Europea. Este no es el tema tratado en la presente comunicación. Su Señoría podrá comprobar que en nuestras propuestas hemos presentado métodos razonables y concretos para animar a nuestros vecinos, de los que nos separan fronteras tanto terrestres como marítimas, a compartir nuestro mercado y a compartir nuestras políticas, a compartir la prosperidad y la estabilidad política que distinguen a la Unión Europea, sin necesidad de compartir nuestras instituciones.
La sencilla respuesta a su pregunta es que no existe desacuerdo alguno. La Comisión considera que es una responsabilidad que atañe a toda esta institución y que deberá ser compartida entre todos nosotros.

El Presidente. -
Dada la falta de tiempo y el número de interpelantes, vamos a dar la palabra de tres en tres, uno de cada Grupo, a ser posible. Tengo un número grande de diputados en la lista. El señor Comisario contestará una vez que hayan preguntado tres diputados.

Callanan (PPE-DE).
Señor Presidente, he escuchado con gran interés la declaración del Comisario sobre los países candidatos. Estoy seguro de que si entran en la Unión querrán asegurar que todas las instituciones sean transparentes y responsables.
Para ello, esta mañana el Presidente de la Comisión ha prometido al Parlamento que publicaría la nota dirigida al Comisario Kinnock por el Sr. Jules Muis, del Servicio de Auditoría Interna. Esta tarde el portavoz de la Comisión ha dicho que la Comisión por ahora no tiene previsto publicar esa nota. ¿Podría el Comisario decirnos por qué la Comisión ha cambiado de idea desde esta mañana y por qué se niega a publicar este documento de modo que se pueda proceder a la aprobación de la gestión del presupuesto de la Comisión con la mayor urgencia y celeridad posibles?

El Presidente. -
Este no es el tema de esta tarde. Si el Sr. Prodi quiere hacer alguna observación puede hacerla, pero les ruego que se atengan al orden del día.

Prodi
Quiero confirmar lo que he dicho esta mañana: el documento se hará público conforme al acuerdo interinstitucional.

Lagendijk (Verts/ALE).
Señor Presidente, he seguido con atención la introducción del Presidente de la Comisión y he leído también el discurso que realizó sobre el mismo asunto en Bruselas, en el mes de diciembre. Tanto en su introducción de hoy como en aquel discurso, oscila terriblemente entre la postura de que no debemos descartar por completo la posibilidad del ingreso y la opinión de que tampoco debemos poner en marcha el proceso. Eso lo entiendo muy bien, y tampoco es una crítica contra el Sr. Prodi.
Hay un anillo de amigos en el que Marruecos y Rusia recibirán el mismo trato. Mi pregunta -se trata de una pregunta abierta para la Comisión- es si no sería mejor decir, de manera todavía más clara: «en este anillo de amigos, hay amigos que están un poco más próximos a nosotros». Ucrania y Belarús podrían convertirse en miembros, en un futuro, por ejemplo, pero es difícil imaginar que vaya a ocurrir lo mismo con Rusia. Debemos ser muy claros al respecto. Esto se hace extensivo al norte de África, por ejemplo. ¿No se logra así la claridad que estos países nos piden? ¿Y no es mejor hacer una distinción entre miembros potenciales y países o vecinos que nunca van a poder ingresar en la Unión?

Wiersma (PSE).
Estoy completamente de acuerdo con la pregunta del Sr. Lagendijk. Entiendo muy bien lo que la Comisión está haciendo, así como cuáles son sus prioridades en su política con los países que nos rodean. En esta Cámara, volveremos a hablar en profundidad sobre el anuncio que está realizando hoy la Comisión. Realmente solo tengo una pregunta. El objetivo, naturalmente, es impedir la aparición de una nueva fractura, de un nuevo telón de acero, en Europa. Si queremos evitar esto, vamos a tener que ayudar a países como Ucrania y Belarús para que experimenten las mismas transformaciones que países como Hungría o Polonia.
¿Cree la Comisión que será capaz de ejercer la suficiente influencia y mantener la cooperación necesaria con estos países a través de su propuesta, como para que tengan lugar en ellos los mismos procesos de reforma que en los países candidatos, y que, con el tiempo, se llegará a una situación de igualdad que permitirá contestar la pregunta de si estos países pueden también convertirse en miembros de la Unión?
Para mí, la cosa, al final, se reduce a si, por medio de su propuesta, podemos lograr el mismo efecto positivo en estos países que el conseguido, con el proceso de ampliación, en otros países de Europa central y del este. En vista de lo que está sucediendo actualmente en estos países, me parece que es el único modo de impedir una nueva fractura en Europa.

Berlato (UEN).
Señor Presidente, la adhesión de nuevos países ensanchará aún más las fronteras de Europa, ya que la Unión ejercerá una influencia cada vez mayor en el continente, con la puesta en marcha de políticas de vecindad que crearán nuevos socios potenciales que podrían convertirse, en el futuro, en nuevos Estados miembros, como ha ocurrido en el caso de los actuales países candidatos.
No obstante, nos es difícil imaginar una nueva ampliación de Europa sin iniciar un debate que es urgente: ¿cuánto se pueden ensanchar las fronteras de Europa? Si miramos al sur, hacia las costas africanas del Mediterráneo, nos encontramos con un panorama que siempre ha puesto de manifiesto que estos países no pueden compartir con Europa criterios de desarrollo, ideologías o convicciones políticas o religiosas, a excepción quizás, de Libia e Israel. Si miramos el este, podríamos considerar el ingreso de las repúblicas de Ucrania y Georgia. Lo mismo se puede decir de Noruega, en el norte, mientras que al oeste, el Atlántico ya es de por sí una frontera.
¿Cuáles son las fronteras más amplias que podemos concebir para no desdibujar a la Unión en un espacio de libre comercio, dada la necesidad de que la Unión no naufrague cada vez que tenga que hacer frente a grandes cuestiones internacionales como, por desgracia, ha sucedido últimamente? Será necesario llevar con cuidado el debate sobre qué países están predestinados a formar parte de la Unión y con qué países deberíamos mantener tan solo relaciones preferenciales de cooperación, ya que la cooperación no puede reducirse solo al comercio, sino que debe abarcar también cuestiones delicadas como el respeto por los derechos humanos y el control de los flujos migratorios.

Prodi
Voy a responder muy brevemente las tres preguntas relacionadas. Quiero dejar claro que este objetivo de construir un anillo de amigos no implica ningún compromiso ni ninguna exclusión por lo que se refiere a la ampliación: ninguno de estos países tiene el derecho de ingresar en la Unión Europea, ni tampoco está excluido. No obstante, es evidente que esto no resuelve el problema planteado en la última pregunta. Al respecto, deseo reiterar mi petición ?que ya he realizado ante el Parlamento, en muchas ocasiones, y que me dicen que se ha escuchado? de que se celebre pronto un debate, justamente sobre las fronteras de la Unión. No obstante, el anillo de amigos es un proyecto diferente, un proyecto al margen de la ampliación de la Unión, pero que, sin embargo, ofrece una relación de estrecha colaboración, una integración progresiva y verdaderamente un futuro de seguridad económica y política para nosotros y los países que nos rodean. El ingreso en la Unión es otra cosa.
En cuanto a la segunda pregunta, señor Wiersma, esto se ha hecho justamente para evitar la acusación de que nos hemos limitado a mover al este el telón de acero, como he afirmado en mi anterior intervención. Ya no hay un telón de acero. Ya no hay exclusión. Hay países miembros, pero países que mantienen una relación de creciente cooperación activa con los países que los rodean, con el anillo de amigos. Es una estrategia orgánica que, con la ampliación, incrementa el número de miembros de la Unión y, con el anillo de amigos, crea una política de vecindad cada vez más firme y cercana.

Brok (PPE-DE).
Señor Presidente, me complace que la Comisión haya presentado ahora una propuesta para que la debatamos sobre si hay opciones alternativas al ingreso en la Unión Europea. Esta será, sin duda, una cuestión clave de cara al futuro, tras la ampliación y la adhesión de diez nuevos países.
Me gustaría hacer dos preguntas: en primer lugar, no tengo del todo claro si lo que se propone es un sistema flexible de relaciones bilaterales entre la UE y los distintos países, o bien un enfoque multilateral (una especie de «Espacio Económico Europeo plus»). Creo que este punto es importante. Mi segunda pregunta se refiere a los Balcanes. Sé que es fundamental un planteamiento bien diferenciado cuando consideramos los países balcánicos y que algunos de ellos serán capaces de ingresar en la Unión Europea antes que los demás. No obstante, los demás países seguirán necesitando un largo período de transformaciones internas. Por tanto, sería un error no incluirlos en una estrategia de este tipo, ya que durante el período intermedio -de larga duración, quizás- podrían también incluirse en esta red. Quizás podría la Comisión revisar, una vez más, esta postura.

Souladakis (PSE).
Señor Presidente, el marco general expuesto por el Presidente de la Comisión para las relaciones con otros países, tras la ampliación, cuenta, en general, con mi apoyo. No obstante, las políticas de principios generales normalmente fracasan en la práctica. Siendo esto así, tengo dos preguntas: en primer lugar, ¿qué otras ventajas pueden traer consigo nuestras relaciones con los países mediterráneos del norte de África, en la práctica, cuando las políticas generales, en mi opinión, no han tenido demasiado éxito? En segundo lugar, a propósito de los países candidatos del antiguo bloque del este, dado que la fluidez de las relaciones viene determinada, a veces, por los países vecinos, en lugar de por principios generales, y dado que, como hemos comprobado recientemente, muchos países candidatos han obrado como si se vieran capacitados para manejar asuntos de política estratégica -nos referimos al problema del Iraq, independientemente de la postura de cada uno-, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos influir en estos países para que no establezcan sus propios criterios en sus relaciones con los vecinos, que nosotros consideramos países colaboradores y pacíficos y que quizás otros consideran enemigos?

Schroedter, Elisabeth (Verts/ALE).
Señor Presidente, nuestros debates se han centrado exclusivamente en las grandes líneas maestras y, aunque, por supuesto, su importancia es grande, los problemas residen en los detalles. Una de las cuestiones fundamentales en los países vecinos es qué va a suceder en las fronteras. ¿Habrá instrumentos nuevos y descentralizados para facilitar la cooperación práctica transfronteriza? ¿Se relajarán las disposiciones fronterizas, o provocarán las fronteras una división real y tangible, al separar a grupos étnicos y cortar las relaciones existentes?
Lo que me interesa es qué dice la estrategia de la Comisión al respecto. ¿Qué forma tomará el instrumento financiero? ¿Será un instrumento centralizado, como sucede en la actualidad, con los problemas que tenemos, o será un instrumento descentralizado?

Patten
Señor Presidente, puedo responder a las tres preguntas sobre el principio del trabajo compartido.
En primer lugar, el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa recordará que he aceptado acudir a la comisión el 25 de marzo para discutir a fondo sobre la comunicación de la Comisión, lo que nos permitirá hacer un seguimiento más de cerca de una serie de aspectos que se debaten esta tarde.
Ha planteado un par de cuestiones. En primer lugar, lo que queremos proporcionar es un marco general coherente. Sin embargo, reconocemos que no es defendible que haya una política de talla única. Necesitamos una política capaz de acoger diferentes niveles de desarrollo económico y de compromiso con nuestro sistema de valores. Por lo tanto, espero que haya una coherencia suficientemente flexible para asegurar que la política funciona.
También se ha referido a los Balcanes. Hemos excluido específicamente de esta comunicación a los países implicados en el proceso de estabilización y asociación, es decir, Croacia y los países de los Balcanes occidentales, Turquía, Rumania y Bulgaria. Ya se les ha dado la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea y en este documento nos centramos, tal y como se nos pidió en el Consejo Europeo de Copenhague, en los países que no tienen una perspectiva de adhesión. Como ha dicho el Presidente, estoy seguro de que en su momento habrá un debate sobre los límites geográficos de la Unión Europea. Hace unos tres años y medio, el Presidente ya pronunciaba discursos sobre este tema. Sin embargo, este no es el momento ni el documento para ese debate. Solo querría añadir que queremos que los propios países candidatos participen en este debate, en el que muchos de ellos se juegan más que nosotros.
En cuanto a la cuestión de cómo pueden los países mediterráneos y los países de Europa oriental participar en nuestras políticas, realmente esperamos poder implicarles en todo, desde el mercado interior, el comercio, la migración y la circulación de personas, hasta la justicia y los asuntos de interior, la ayuda económica y cuestiones como la gobernanza, los derechos humanos y el Estado de derecho. Hemos intentado hacerlo a través del proceso de Barcelona, por ejemplo, dando un impulso a los países que ya participan en el proceso Agadir, animándoles a que no se detengan ahí y a que empiecen a armonizar sus normativas con las nuestras, y a que se impliquen más en nuestro propio mercado interior. Esta será la política que vamos a seguir.
Hay una serie de países de Europa Oriental -podríamos llamarlos los NEI occidentales- que no han podido adherirse a la Unión Europea, por mucho que, como Moldova y Ucrania, han expresado su vocación europea. Espero que las propuestas que les planteamos en términos de comercio, economía y diálogo político amplíen el espacio económico y político común alrededor de nuestras fronteras. Sin embargo, en este documento no pretendemos resolver la cuestión de la pertenencia de esos países a la Unión Europea.
Por último, me complace tener la oportunidad de responder a la pregunta de Su Señoría sobre esta cuestión, porque ya la hemos discutido en el pasado. Con bastante buen criterio pregunta sobre la coherencia de nuestros instrumentos financieros para las cuestiones transfronterizas. Le puedo asegurar que en nuestro documento encontrará la propuesta de un instrumento de vecindad, que abordará el tipo de problemas que ha mencionado. Mis colegas que se dedican a las cuestiones de la ampliación y regionales colaborarán con mi Dirección General y otras para intentar aplicar este nuevo instrumento de la forma más eficaz y menos perjudicial posible.

Beazley (PPE-DE).
Señor Presidente, no sabía que los diputados británicos a este Parlamento tuvieran fama de prolijos.

El Presidente de la Comisión ha presentado la comunicación a grandes rasgos, así que quizá pueda hacer una pregunta al Comisario Patten en relación con dos detalles, puesto que los ha mencionado. ¿Podemos estar seguros de que, como ha dicho el Presidente, no estamos intentando crear un nuevo telón de acero y de que, por ejemplo, no se pondrán más obstáculos a los acuerdos actuales sobre visados entre Polonia y Ucrania cuando Polonia pase a ser miembro de la Unión Europea? Veo que el Presidente de la Comisión asiente con la cabeza, y así ahorra tiempo para su respuesta.
La segunda pregunta para el Comisario Patten es que, como los Estados miembros que están a punto de ingresar tienen gran experiencia en materia de relaciones con países como Ucrania, Belarús y Rusia, ¿no sería hora de crear una especie de grupo de trabajo? Entonces, estos nuevos Estados miembros podrían empezar a aportar su experiencia en materia de relaciones de política exterior con nuestros nuevos vecinos, quizá informando al Comisario Verheugen o incluso al propio Comisario Patten.

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, creo firmemente que si al menos se ofrece a Ucrania, Belarús y Moldova una perspectiva de ingreso potencial a largo plazo, se promoverán las reformas necesarias que precisan sus economías, sus sistemas de gobernanza y de derechos humanos, y también se prestará apoyo a los políticos y a los partidos que comparten nuestros valores y aspiraciones.
¿Retirará el Comisario Prodi su declaración, si es cierta, de que Ucrania no es más europea que Nueva Zelandia? Para los ucranios, esto es sin duda un disparate geográfico y una señal para su Gobierno de que deberían echarse a los brazos del oso ruso. Afortunadamente, Rusia no desea adherirse a la Unión Europea, pero Ucrania sí. No deberíamos excluir esta posibilidad, en particular si a finales del año que viene la Comisión aprueba el caso mucho menos convincente, en mi opinión, de la adhesión de Turquía.
¿Puede aportar la Comisión más fondos para combatir la inmigración ilegal y los flujos a través de las fronteras de estos países, al margen de que desaprobemos a los Gobiernos que tienen en estos momentos?

Flautre (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, apoyo y acojo con agrado la declaración de la Comisión que expresa el deseo político de reforzar nuestras relaciones con los países vecinos. No obstante, pienso que la cuestión de las fronteras constituye un elemento de discordia en este clima de acercamiento. Hemos tomado una serie de medidas relativas a las relaciones con terceros países, en especial con nuestros vecinos, para integrar la gestión de los flujos migratorios. Estas medidas se refieren al control de las fronteras, a la lucha contra la inmigración ilegal y a los acuerdos de readmisión. Me pregunto si estamos realmente subcontratando la gestión de los flujos migratorios a nuestros vecinos, creando así una especie de zona intermedia entre la Unión Europea y el resto del mundo, lo que probablemente sería menos loable. En mi opinión, estas medidas favorecen la creación de zonas de detención en estos países vecinos, tanto dentro de Europa como en sus fronteras. Me refiero a zonas administradas de manera inhumana y arbitraria, donde los derechos que constituyen los valores fundacionales que deseamos compartir son menospreciados, la mayoría de las veces. Por tanto, les pido que tengan en cuenta los riesgos a los que nos enfrentamos en la actualidad.

Hannan (PPE-DE).
Señor Presidente, corremos cierto riesgo de incurrir en una petición de principio. La actual ronda de ampliación depende del resultado de ocho referendos que aún están por celebrar en Europa central y oriental. ¿Cree la Comisión que es acertado dejar que estos países decidan por sí mismos, o bien que es aceptable intervenir política y financieramente en esta decisión? Hasta la fecha se ha celebrado un referendo, en el que la Unión Europea admite haber gastado 700 000 euros, una suma que, teniendo en cuenta el número de habitantes, equivale a gastarse 100 millones de euros en la Italia natal del Comisario Prodi o en el Reino Unido natal del Comisario Patten.
Si las condiciones que ofrecemos a estos países son tan favorables, ¿por qué necesitamos dedicar tan colosales recursos para ayudarles a decidirse?

Patten
Señor Presidente, creo que la Asamblea va a poder oír al Presidente después de que el Comisario de Asuntos Exteriores haya planteado una o dos cuestiones.
En primer lugar, quiero asegurarle al Sr. Beazley que es no nos planteamos crear otro telón de acero en Europa. De hecho, esta comunicación está destinada en parte a contrarrestar toda idea de que se va a crear una fortaleza Europa con los 25 Estados miembros.
Cuando se habla de relajar la concesión de visados, es importante tener en cuenta las condiciones en que esto les parezca aceptable a los Ministros de Interior. Uno de los aspectos en que se fijan no es simplemente la frontera entre el país que hace la solicitud y Europa, sino las demás fronteras de las que es responsable dicho país. Por ejemplo, cuando -espero que una vez hayamos cerrado el acuerdo de readmisión con la Federación Rusa- empecemos a hablar de la cuestión de los visados, una cuestión que se planteará una y otra vez es la seguridad de los miles de kilómetros de fronteras que tiene Rusia con otros países. Hay una serie de condiciones que preceden a todo debate serio sobre visados.
Su Señoría también ha preguntado si vamos a intentar implicar a los países candidatos que aún no se han adherido, y si invitamos a estos países a participar en el debate. Hemos de repasar el proceso democrático, tal y como acaba de decir Su Señoría, pero en pocas palabras la respuesta es «sí». Una serie de países candidatos, por ejemplo Polonia con su reciente documento de discusión sobre la dimensión oriental, han formulado propuestas muy razonables y ponderadas. A partir del mes de abril, los candidatos a la adhesión asistirán a las reuniones de los Consejos de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores y escucharán los debates, así que espero que esto les ayude a concretar sus contribuciones a su debido tiempo.
Sé que el Sr. Tannock está preocupado con Ucrania, como ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. Como ha dicho el Sr. Prodi, este documento no es una definición de las fronteras geográficas de la Unión Europea, pero espero que nuestros amigos de Ucrania reconozcan los verdaderos esfuerzos que hemos realizado para ayudar a crear un espacio político y económico común que redundará en su beneficio.
Quisiera que fuéramos capaces de establecer una relación más estrecha y favorable con Belarús. No es por culpa nuestra que no exista. Su Señoría conoce el estilo, los objetivos y las políticas del régimen de Belarús que no hace mucho propiciaron la poco afortunada prohibición de visados. En estos momentos todavía podemos aportar a Belarús ayuda para el desarrollo de la sociedad civil y espero que llegue el día, quizá después de las elecciones, si se realizan libre y justamente, en que podamos desarrollar nuestras relaciones con este país. No queremos que ningún país vecino nuestro se aísle por voluntad propia o de su régimen. He intentado responder a la pregunta de Su Señoría sobre una zona tampón. Hay que tener en cuenta todas las fronteras de otros países.
Por último, Su Señoría, cuyo interés en esta cuestión no dudo en reconocer, debería admitir que muchos de nosotros creemos firmemente que cuando hablamos de la ampliación no solo hablamos de dinero. No solo hablamos de intereses comerciales, económicos o siquiera geoestratégicos. Para muchos de nosotros la ampliación es una cuestión moral.
Su Señoría no debería preocuparse demasiado si nos parece que esto merece expresarse tan vigorosa y ampliamente como sea posible. Aunque he intervenido en su debate, no creo que los ciudadanos de Malta, conocidos por su valentía y su independencia de criterio, se dejen convencer por el anuncio ocasional en uno de sus periódicos, o siquiera, lo confieso, por la entrevista ocasional con el Comisario de Relaciones Exteriores. Es probable que les influyan mucho más las entrevistas con el Comisario de Ampliación, que habla mucho mejor que yo, pero espero que a medida que este proceso democrático se desarrolle por toda Europa, Su Señoría podrá ver cómo un país tras otro votan a favor de entrar.
Prodi
Solo dos observaciones más, ya que el Comisario ha respondido ampliamente casi todas las preguntas.
Insisto: esta oferta, esta propuesta, esta estrategia política no implica para estos países la adhesión; no implica que se vayan a convertir en miembros de la Unión. No lo implica, pero tampoco lo excluye. No obstante, quisiera dejar muy claro que no acepto -o más bien, que acepto sólo hasta cierto punto- el argumento de que la posibilidad de convertirse en miembros de la Unión favorece el proceso democrático y la transformación interna de estos países. Esto me agrada, es positivo, pero no es suficiente para juzgar si un país debe convertirse o no en miembro de la Unión.
Pertenecer a la Unión significa compartir también objetivos políticos concretos, compartir raíces e identidades, compartir mucho más que sentimientos democráticos. Esta es la observación que realicé a propósito de Nueva Zelanda. Nunca he afirmado que Nueva Zelanda sea más europea que Ucrania. Lo único que he dicho, y lo reitero, es que, si nos atenemos a criterios democráticos exclusivamente, no hay razón por la que Nueva Zelanda no pueda formar parte de la Unión. Sin embargo, hay consideraciones geográficas e históricas que tener en cuenta, así como objetivos políticos que un país debe compartir para poder ser miembro de la Unión. Por tanto, es evidente que esta posibilidad debe concederse cuando existan estos objetivos y se consoliden, y sean compartidos por estos países, además de por nosotros mismos. Por eso, estoy impaciente por que comience el debate sobre las fronteras de la Unión.
Por último, quisiera tranquilizar a la Sra. Flautre y decirle que el objetivo es precisamente el contrario a la creación de centros de detención para inmigrantes de estos países, algo que, con toda la razón, se ha catalogado como peligroso. Hay distintas consideraciones éticas a propósito de la inmigración: la cooperación con estos países permitiría abordar la cuestión de la inmigración de manera más humana, más seria y menos traumática, y con una mayor participación de los países afectados. Es evidente que esto sólo se puede lograr con el anillo de amigos, mientras los inmigrantes vengan a Europa procedentes también de países muy lejanos. Es muy importante contar con un grupo de países con los que poder cooperar también en estas cuestiones delicadas, y es naturalmente nuestra responsabilidad garantizar que esto se haga con el debido respeto por los derechos de los emigrantes. Es mucho más fácil lograr este objetivo cuando hay cooperación que cuando no la hay.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0085/2003)
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión
Primera parte
El Presidente. -
Pregunta nº 50 formulada por Bill Newton Dunn (H-0095/03):

Asunto: Noticias sobre las cuotas nacionales para los jugadores de fútbol en la UE
Los periódicos británicos, algunos de los cuales son conocidos por la inexactitud y el sensacionalismo con que informan acerca de cuestiones europeas, han anunciado que está previsto alcanzar próximamente un acuerdo entre la UEFA (Unión de asociaciones europeas de fútbol) y la Unión Europea destinado a limitar a un 50% el número de jugadores "extranjeros" de cada equipo. Por consiguiente, los clubes de fútbol de la Unión podrían verse forzados a incluir en equipos a, al menos, un 50% de jugadores nacionales del Estado miembro en cuestión.
En vista de lo anterior, ¿puede confirmar la Comisión que estas noticias son inexactas, dado que un acuerdo de esta índole infringiría el principio fundamental de la libre circulación de los ciudadanos de la UE?

Diamantopoulou
La Comisión no conoce las noticias de la prensa del Reino Unido a los que hace referencia Su Señoría.
En cuanto al límite impuesto al número de jugadores extranjeros, quisiera recordar lo siguiente.
El Tribunal de Justicia Europeo decidió aplicar la normativa comunitaria sobre la libre circulación de trabajadores al mundo del deporte en el asunto Walrave en 1974, en el que el Tribunal sostuvo que el deporte está sujeto al derecho comunitario cuando constituye una actividad económica, llevada a cabo tanto por deportistas profesionales como aficionados. Esto lo confirmó el Tribunal en su ahora famosa sentencia de 1995 en el caso Bosman. En ese caso, el Tribunal también sostuvo que las cláusulas de nacionalidad solamente podrían justificarse en relación con determinados partidos oficiales entre equipos que representan a países, como los Juegos Olímpicos, o ciertos campeonatos mundiales o europeos.

Newton Dunn (ELDR).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisaria por una respuesta que parece muy satisfactoria y felicitarle por los periódicos que decide leer o, mejor dicho, que decide no leer.

El Presidente. -
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nº 51, 52 y 53 decaen.
El Presidente. -
Pregunta nº 54 formulada por Alexandros Alavanos (H-0066/03):

Asunto: El plan Annan para Chipre y el acervo comunitario
El Parlamento Europeo, en su resolución relativa al documento de estrategia y al informe de la Comisión sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión (Acta de la sesión de 20 de noviembre de 2002), con respecto al plan Annan para una solución política de la cuestión chipriota, "insta a la Comisión a que se pronuncie sobre si dicho plan puede constituir la base de un acuerdo viable y operativo en el marco de la Unión Europea de conformidad con el acervo comunitario". 
¿Podría confirmar la Comisión, que ha estudiado el mencionado plan, si es compatible con el acervo comunitario? ¿Tiene la intención, y en tal caso, cuándo, de comunicar su punto de vista (con documentos que lo justifiquen) al Parlamento Europeo?

Verheugen
Señor Presidente, sin duda Su Señoría sabrá que su importante e interesante pregunta oral lamentablemente ha quedado superada por los acontecimientos de las últimas 24 horas. Por lo tanto, con su permiso, quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles de las últimas novedades.
La Comisión lamenta que los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Annan, por encontrar una solución global al problema de Chipre hayan resultado infructuosos. La Comisión ha prestado pleno apoyo a este proceso y recuerda la buena disposición de la Unión Europea para facilitar una solución de acuerdo con los principios en los que se basa la Unión Europea.
Independientemente de la preferencia de la Unión Europea por una solución política, la Comisión confirma que el proceso de adhesión seguirá según lo previsto de acuerdo con el calendario establecido. Ya se han emprendido todas las medidas jurídicas para que esto sea posible. En otras palabras, ahora presentaremos al Parlamento un protocolo que complemente el tratado de adhesión con Chipre y que establezca cómo se organizará la adhesión de Chipre en las circunstancias actuales.
La Comisión toma nota de la declaración, que suscribe, del Secretario General de las Naciones Unidas de que el plan de paz seguirá sobre el tapete. La Comisión también está dispuesta a respaldar todos los ulteriores esfuerzos en este sentido. La Comisión anima a todas las partes implicadas, incluida Turquía en particular, a trabajar activamente en pro de una solución.
La Comisión destaca su solidaridad con todos los chipriotas y aprecia la valentía con que los turcochipriotas han expresado sus convicciones europeas. La Comisión seguirá promoviendo proyectos en Chipre en beneficio de ambas comunidades, para reducir las desigualdades económicas en la isla y para sembrar confianza entre las dos comunidades.

Alavanos (GUE/NGL).
Quiero empezar dando las gracias a la Comisión y reconociendo el duro trabajo que ha realizado en relación con la adhesión de Chipre a la Unión Europea, así como reconocer la importancia del anuncio que ha hecho aprovechando esta oportunidad y hacer la siguiente pregunta: dado que, según lo previsto, las negociaciones con Turquía empezarán a finales de 2004, ¿es la resolución del asunto de Chipre una de las condiciones necesarias cuya realización exigirá una contribución positiva y constructiva de Turquía si desea integrarse? Además, ahora que esta fase del plan Annan ha llegado a su fin, ¿cree la Comisión que la Unión Europea y la Comisión quizá asuman un papel más protagonista en las negociaciones entre ambas comunidades?

Verheugen
Señor Presidente, señor Alavanos, a finales de enero estuve en Ankara y al marcharme las autoridades turcas no albergaban duda alguna sobre la posible consecuencia de un fracaso de las conversaciones con Chipre. En las conversaciones que mantuve con el Primer Ministro y el líder del partido AK, y también con otras personalidades de la política turca, dejé claro que está previsto que la Comisión emita un dictamen y una recomendación a finales de 2004 sobre si Turquía cumple los criterios políticos para la adhesión y, en tal caso, que recomiende cuándo deberían empezar las negociaciones de adhesión con Turquía.
He de decir que el problema de Chipre forma parte de estos criterios políticos para la adhesión. También lo hemos expresado claramente en la asociación para la adhesión con Turquía. Hoy puedo decir, con toda la cautela debida, que si a finales de 2004, cuando la Comisión deba presentar su informe y su recomendación, la situación en Chipre sigue igual, es decir, exactamente igual que hoy, entonces la situación sería que un país, Turquía, que desea negociar la adhesión con nosotros no reconoce sin embargo a uno de nuestros Estados miembros, Chipre. Me resulta muy difícil imaginar cómo, en esta situación, podría la Comisión emitir un dictamen positivo sobre el inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía.
Pido disculpas por mi incapacidad para ser más claro, y, de hecho, por no querer ser más claro, pero creo que lo que he dicho se ha entendido suficientemente. Si se considera que lo que acabo de decir está relacionado con lo que he dicho sobre el protocolo, entonces esto significa que evidentemente todavía hay una oportunidad de encontrar una solución de aquí a finales de 2004. Por este motivo, las Naciones Unidas y la Unión Europea dicen que el fracaso de ayer no implica que el problema de Chipre ya no tenga remedio, sino que, por supuesto, tan pronto como lo permita la situación política se podrán reanudar las conversaciones sobre el plan. Es muy importante que el plan de las Naciones Unidas siga sobre el tapete.
Permítanme hacer una observación más: la última versión del plan de las Naciones Unidas es una oferta sumamente favorable, especialmente para los turcochipriotas. Estoy plenamente convencido de que nunca habrá una oferta mejor o una solución mejor para los turcochipriotas que esta. Por este motivo es muy importante para los turcochipriotas que las Naciones Unidas digan que el plan permanecerá sobre el tapete. Celebramos que así sea.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Comisario, permítame hacer un breve comentario antes de la pregunta complementaria. No solo el proceso de integración de Chipre en la Unión Europea no ha logrado resolver la cuestión de Chipre; con la integración de la parte libre de Chipre se ha producido una partición de derecho y se ha reconocido la ocupación turca. Las cosas no habrían ido mucho mejor si las dos partes hubieran aceptado el plan Annan, que, a diferencia de las resoluciones de las Naciones Unidas, intentaba imponer una forma particular de federación que no difiere tanto del reconocimiento de dos Estados en Chipre, en otras palabras, la partición.
En estas circunstancias me pregunto, señor Comisario, cómo va a abordar la Comisión una situación en que un país candidato, en este caso Turquía, ocupa por la fuerza y ha colonizado parte de un país que ya es Estado miembro de la Unión Europea, incumpliendo numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. No me refiero únicamente a la resolución del problema de Chipre, sino que hablo de abordar la cuestión de la ocupación. ¿Aceptará la Unión Europea la responsabilidad de liberar la zona ocupada de Chipre?

Verheugen
Señor Alyssandrakis, no estoy de acuerdo con usted en que la adhesión de Chipre, en la forma actualmente propuesta, significará una división de derecho de la isla. El protocolo que ya he mencionado varias veces deja del todo claro que el derecho comunitario no se aplicará en las zonas de Chipre en que el Gobierno de la República de Chipre no puede ejercer un control efectivo. Pero esto no equivale a reconocer dos Estados chipriotas. Como el resto de la comunidad internacional, seguimos considerando que el Gobierno de la República de Chipre es el representante de toda Chipre, su único representante legítimo de acuerdo con el derecho internacional.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el conjunto de Chipre pasará a ser miembro de la Unión Europea. En la práctica, el derecho comunitario no podrá aplicarse en una parte del territorio de Chipre mientras no haya una solución política.
Cuando haya una solución política, sea cuando sea, todo lo que se necesitará será una decisión unánime del Consejo y el conjunto de Chipre pasará a ser Estado miembro, tanto de hecho como de derecho. No necesitaríamos celebrar más negociaciones. Ni se precisaría otro Tratado, ni renovar la ratificación. Todas estas cuestiones figuran en el protocolo, que es parte integrante del Acta de Adhesión.
¿Qué puede hacer la Comisión para mejorar la situación? Creo que lo más importante que podemos hacer es seguir cooperando intensamente con Turquía, seguir utilizando todos los medios a nuestro alcance para animar a Turquía a que emprenda reformas políticas, económicas y sociales y que cumpla los criterios políticos de adhesión. Es lo único que podemos hacer. A fin de cuentas es lo único que servirá de algo.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera pedirle que planteara de nuevo mi pregunta, por el siguiente motivo: he estado aquí a las 17.30 horas y el debate estaba en pleno apogeo. Entonces he ido a otra reunión. Tan pronto como he visto que empezaba el turno de preguntas y que el Sr. Prodi había terminado de hablar, he venido corriendo de esa reunión, pero la primera parte, que según nuestros documentos iba a durar 30 minutos, ya había acabado. Por ello imploro su indulgencia.
En casos como este es muy difícil, incluso para alguien como yo, que se esfuerza por asistir siempre al turno de preguntas, estar aquí puntualmente para participar en este procedimiento. Por ello, le ruego que plantee de nuevo mi pregunta.
El Presidente. -
Mire, Sr. Posselt, créame que lo lamento porque usted es uno de los diputados más comprometidos en este turno de preguntas, pero en la sala hay varios diputados a los que les ha ocurrido lo mismo y el Reglamento dice que hay que estar presente cuando se contesta la pregunta. La pregunta ha decaído y el Reglamento no ofrece otra oportunidad porque, entonces, sentaríamos un precedente.
Comprendo su razonamiento, pero no puedo atenderlo, ni el suyo ni lo que me va a decir ahora el Sr. Salafranca. Le voy a dar la palabra al Sr. Salafranca para una cuestión de orden; pero, por ejemplo, el Sr. Lamy ya se ha ido.
Sé que hemos empezado tarde, porque el Sr. Prodi llegó tarde. Todo eso lo sé. Pero el Reglamento dice que decaen las preguntas.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, me alegra mucho que sepa usted lo que le voy a decir, porque no pensaba decirle lo que usted ha manifestado. Simplemente digo que la interpretación que hace usted del Reglamento es correcta y que la pregunta, cuando no está el autor, decae.
Quería subrayar que yo estaba muy atento en una sala de enfrente viendo la pantalla en la que se señalaba el turno de oradores y que la pregunta nº 51, que era la anterior a la mía, no se ha reflejado en la pantalla. He visto la primera, no he visto la segunda. El orador no estaba presente y la espera del Sr. Lamy no ha sido muy larga, porque me lo he encontrado al salir.
Por lo tanto, señor Presidente, sin imputarle a usted ninguna responsabilidad en el desarrollo del debate -aunque sería deseable que no se cambie el orden del día- le rogaría que pidiese a los servicios de la Cámara que la pantalla y el monitor funcionen correctamente, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a reproducir.

El Presidente. -
Le agradezco que haya usted mejorado en mucho lo que yo pensaba que iba a decir. Siempre es importante que se pueda equivocar el Presidente en las apreciaciones. 
Tienen ustedes muchas razones y me las han explicado. Le voy a pedir a la Comisión que estas preguntas se las contesten por escrito dadas las circunstancias extraordinarias, pero no va a ver contestación oral.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, solo quiero aclarar tres cosas: en primer lugar, el Comisario Verheugen aún está aquí. En segundo lugar, y esto también es importante, en el último período parcial de sesiones hizo usted una excepción. Comprobaré en el Acta de qué diputado se trataba. Recuerdo muy bien que se sentó este precedente. En tercer lugar, quisiera solicitar que el turno de preguntas empiece, como en años anteriores, a las 17.30 horas en punto, independientemente de lo que ocurra en el pleno. Es lo que se ha hecho en esta Asamblea durante casi 20 años y era algo de lo que estábamos seguros. Pero no puedo aceptar que se sea descuidado con la hora de empezar, para después ser estricto a la hora de aplicar esta norma y radical a la hora de interpretarla. O es usted liberal en ambos casos o es estricto en ambos casos.

El Presidente. -
Yo le ruego que sea la última cuestión de orden, porque vamos a ocupar más tiempo que si contestáramos las preguntas.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero agradecerle su buen deseo de que la Comisión responda por escrito a mi pregunta, pero yo prefiero que, con arreglo al Reglamento, mi pregunta decaiga. La volveré a presentar para la sesión próxima porque prefiero que haya un debate en el hemiciclo.

El Presidente. -
Al Sr. Posselt solamente le puedo decir que en ese caso, que era muy diferente al de hoy, dejé bien claro que no sentaba precedente y espero que también conste en el Acta. Pero usted recordará que dije que no sentaba precedente.

El Presidente. -
Pregunta nº 55 formulada por Brian Crowley (H-0082/03):

Asunto: Violación de las reglas del libre mercado en la República Checa en el ámbito de la distribución de periódicos y revistas
El artículo 81 del Tratado prohíbe formalmente los acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y susceptibles de impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.
¿Tiene conocimiento la Comisión del acuerdo alcanzado entre diversas empresas del sector de los medios de comunicación que operan y tienen su sede social en la Unión Europea, acuerdo que les ha permitido convertirse en accionistas mayoritarios en la sociedad První novinová spolecnost, una sociedad anónima por acciones de la República Checa? Asimismo, ¿tiene conocimiento la Comisión de que este acuerdo les permite monopolizar el mercado fijar los precios de distribución, el contenido y la composición de los periódicos y revistas, de hecho, tomar el control absoluto del mercado de distribución de periódicos y revistas en la República Checa, lo que menoscaba el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación? ¿Reconoce la Comisión que sus actividades comprometen seriamente el futuro de su único competidor, Mediaprint & Kapa Pressegrosso, no solamente en el territorio checo sino también en relación con las importaciones de periódicos y revistas provenientes de Alemania, Austria e Italia, así como la distribución de dichos periódicos y revistas en otros Estados miembros de la UE? ¿Qué medidas adoptará la Comisión para garantizar la libre competencia y un sistema de comercio equitativo en la República Checa?

Verheugen
Señor Presidente, señor Crowley, el asunto que plantea en su pregunta oral coincide exactamente con el objeto de una queja formal que nos han formulado. La queja formal procedía del Media Observatory Czech Republic (Observatorio de Medios de Comunicación de la República Checa) y ha sido ratificada por la empresa Media Print & Kappa Pressegrosso. En ella se indica que se han observado supuestos incumplimientos del derecho de competencia de la CE en la República Checa. También nos han llamado la atención, tanto a la delegación de la Unión Europea en Praga como a mí, sobre esta cuestión en las conversaciones con el presidente de Media Observatory Czech Republic. Y puedo decirle que inmediatamente después tuve la oportunidad de plantear esta cuestión al Gobierno checo en el máximo nivel.
De momento, la Comisión opina que los primeros responsables de esta cuestión son las autoridades checas en materia de competencia y los tribunales, porque concierne principalmente a la distorsión de la competencia en el mercado checo de medios de comunicación impresos. No obstante, los servicios de la Comisión se han puesto en contacto con las autoridades de supervisión de la competencia. Las autoridades de supervisión checas están examinando en estos momentos el caso y hace poco han emitido una orden temporal contra la empresa Prvni Novinova Spolecnost y su sociedad matriz por posibles violaciones de las normas checas sobre competencia. Espero haberlo pronunciado correctamente. No estoy muy seguro. El checo es un idioma difícil.
La ejecución de las disposiciones legislativas por parte de las autoridades checas en materia de competencia está siendo supervisada muy de cerca en el período previo a la adhesión, y teniendo esto en cuenta la Comisión seguirá comprobando si se avanza en este terreno.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su breve respuesta. Sin embargo, señor Comisario, no ha respondido usted a los aspectos básicos de la pregunta. El motivo por el que he aportado tanta información -igual que usted, yo he tenido acceso a esta información- es que podría tratarse de un intento por parte de una empresa privada o de grupos de empresas privadas de distorsionar el mercado antes de que el derecho de la Unión Europea entre en vigor plenamente e interfiera de manera que después no pueda adoptarse ninguna medida.
Señor Comisario, quisiera conocer, en primer lugar, la respuesta de su Dirección General a este tipo de acción, y, en segundo lugar, si existen otros mecanismos, además de acudir a las autoridades checas, que puedan utilizarse en el futuro para impedir este caso particular y, asimismo, casos similares que actualmente suponen una amenaza en Polonia, Hungría y Eslovenia.

Verheugen
Señor Crowley, los diferentes papeles que desempeñamos aquí explican nuestras diferentes visiones de la situación. Como diputado al Parlamento es usted por supuesto libre de expresar un juicio político. Como miembro de la Comisión, es evidente que no puedo hacer una valoración política de un asunto si los trámites jurídicos todavía no han concluido. Esto lo entenderá usted y sin duda también se quejaría, y con razón, si la Comisión expresara una opinión en otros casos que están sub judice y cuyos trámites aún no hayan concluido. Por lo tanto, he de decir que por el momento no sé si de hecho tenemos entre manos un incumplimiento de la legislación en materia de competencia. En estos momentos las autoridades checas están investigando la cuestión de si se ha incumplido la legislación en materia de competencia, y los servicios de la Comisión están en contacto con las autoridades checas porque es tarea nuestra asegurarnos de que en la fase de preadhesión se apliquen correctamente los instrumentos pertinentes y se acepten los procedimientos respectivos. Esta es la conexión.
Por cierto, si esto hubiera tenido lugar después de la adhesión, no habría habido ninguna diferencia. No cabe duda de que es un caso que compete a las autoridades nacionales de defensa de la competencia y no a las autoridades europeas homólogas, porque esta disputa solo afecta al mercado nacional checo. Por lo tanto, la Comisión ya está haciendo lo que me ha pedido usted que haga al final de su intervención. Hemos tomado cartas en este asunto. Puedo incluso ir más lejos y decir que, dado que concierne a la pluralidad de medios de comunicación y dado que la pluralidad de medios de comunicación desempeña un papel importante en la promoción de la democracia en un país, la Comisión se ha tomado este asunto especialmente en serio.

El Presidente. -
Pregunta nº 56 formulada por Anne E.M. Van Lancker (H-0125/03):

Asunto: Negociaciones de adhesión con Eslovaquia y situación de las minorías romaníes
En su Resolución de 20 de noviembre de 2002 (apartado 114), el Parlamento Europeo pidió al Gobierno eslovaco que abordara con energía los problemas de discriminación de las minorías romaníes, en particular para eliminar posibles prácticas discriminatorias de instituciones estatales y autoridades públicas. A finales de enero de 2003, el Centro para los derechos reproductivos (Centre for Reproductive Rights) publicó un informe de investigación que indicaba prácticas de esterilización forzada de mujeres romaníes en el sistema eslovaco de sanidad.
¿Comparte la Comisión el punto de vista de que estas prácticas suponen una violación de los criterios de Copenhague y de los artículos 1, 3, 4 y 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? ¿Tiene la Comisión la intención de solicitar al Gobierno eslovaco que proceda a una investigación exhaustiva y que tome medidas referentes a estas prácticas de esterilización forzada, que constituyen una grave violación de los derechos humanos?

Verheugen
Señora Van Lancker, sí, debo decir que es una cuestión especialmente deprimente. Asimismo, los informes que usted menciona me parecen muy alarmantes. Leí el informe sobre la supuesta esterilización forzada de mujeres de la minoría romaní en la República de Eslovaquia con gran preocupación y consternación. Si una práctica así la ordenara o, al menos, la tolerara el Estado u otra institución pública, o si el Estado se negara a que se investigaran las acusaciones y se pidieran explicaciones a los responsables, de hecho constituiría una grave violación de los derechos humanos.
Inmediatamente después de que apareciera este informe expresé mi preocupación al Primer Ministro eslovaco, tanto oralmente como por escrito, y le pedí que se asegurase de que se aclaren con rapidez las acusaciones que han formulado varias organizaciones de derechos humanos.
Me complace decirles que el Gobierno eslovaco respondió de inmediato y sin vacilar. El Vicepresidente de la República de Eslovaquia responsable de los derechos humanos intervino directamente para adoptar las medidas necesarias al amparo del derecho penal. Se creó un grupo de investigación especial. Este grupo de investigación cuenta con el apoyo del asesor del Ministro de Interior sobre cuestiones relacionadas con los romà. Este asesor de Interior para cuestiones relacionadas con los romà pertenece a esta minoría. Además, el Gobierno ha invitado al Vicepresidente del Consejo de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria Europea a la República de Eslovaquia a una misión de investigación.
Mientras tanto, también he recibido una respuesta por escrito del Primer Ministro eslovaco asegurándome de que el Estado no respalda ninguna práctica de este tipo en la República de Eslovaquia, que las acusaciones son objeto de una meticulosa investigación y que si se demuestra que son ciertas, todo el peso de la ley caerá sobre los autores.
Puedo asegurarle que la Comisión supervisará de cerca los progresos de las investigaciones. Naturalmente haremos lo que podamos para garantizar que se ponga fin a todos los abusos y que se adopten las medidas necesarias en el marco del derecho penal, si estas acusaciones resultan ser ciertas.

Van Lancker (PSE).
Señor Presidente, doy las gracias al Comisario por los pasos que ya ha dado en este asunto. Si me lo permite, en breve le entregaré un ejemplar del estudio. Podrá comprobar, señor Comisario, que absolutamente nada de lo que dicen las personas del Centro de Derechos Reproductivos, que han llevado a cabo esta investigación, es absurdo o inventado. Por eso me ha sorprendido la respuesta del Gobierno eslovaco de que estas prácticas ya no se mantienen. Quisiera insistirle en que solicite una investigación independiente del Gobierno eslovaco y también que exija que suspendan los procedimientos contra esta organización, que ha realizado un trabajo serio. El hecho es que, en estos momentos, es el demandante quien está en el banquillo de los acusados.

Verheugen
Señor Presidente, señora Van Lancker, es evidente que no me ha entendido. En cualquier caso, su pregunta complementaria no refleja lo que he dicho. No he dicho que el Gobierno eslovaco haya tachado las acusaciones de falsas. Simplemente he dicho que el Gobierno eslovaco ha hecho hincapié en que no hay prácticas de este tipo patrocinadas por el Estado, que el Estado no tolera esas prácticas y que las acusaciones que formulan usted y otros son objeto de una investigación meticulosa por parte de las autoridades competentes. Si el Gobierno eslovaco dijera que no hay nada de cierto en estas acusaciones, entonces no se vería en la necesidad de encargar una investigación. Le pediría a usted que no se precipite a condenar a otro país. Hasta la fecha, en mi opinión, no hay pruebas de que sea una práctica oficial sistemática. Por el contrario, la sospecha que más me preocupa es que se trata de casos individuales de abuso, sin duda de una de las clases más graves de abuso.
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que la Comisión no tiene ningún poder ejecutivo en los países que se van a adherir. Por lo tanto, es totalmente imposible que emprendamos una investigación criminal o criminológica en un futuro Estado miembro, de la misma forma que no podríamos hacerlo en un Estado miembro actual. Hemos hecho lo que hemos podido para ejercer nuestra influencia política con objeto de que el Gobierno de la República Eslovaca sea consciente de la urgencia de este asunto y de pedirle que lleve a cabo una investigación a fondo.
He de insistir en que el Gobierno eslovaco ha respondido inmediatamente y ha cumplido todas nuestras peticiones sin vacilar.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, quiero agradecer al Comisario su respuesta y felicitar a la Sra. Van Lancker por sacar esto a colación. En referencia a una cuestión un poco más amplia, he estado, si bien hace más o menos un año, con una delegación del Parlamento en Bratislava y Kosice, donde examinamos las condiciones del pueblo romà que vive allí. Vi que, a pesar de los compromisos del Gobierno, sigue habiendo discriminación, en parte porque parece estar arraigada en la sociedad y casi institucionalizada. Las condiciones de los romà son peores, tienen menos servicios e instalaciones, no gozan ni mucho menos de las mismas oportunidades y en general están más marginados de la sociedad, por ejemplo en los colegios, donde no había ni rastro de enseñanza en su lengua materna, ni rastro de profesores romà.
Como criterio para la adhesión a la Unión, ¿se verifica seriamente y de modo independiente el respeto de las lenguas y culturas minoritarias y, en tal caso, quién lo hace y cómo? ¿Cómo piensa responder la Comisión a las críticas que puedan formularse?

Verheugen
Señor Presidente, estoy un poco sorprendido por la pregunta del Sr. Evans, porque apenas si hay un asunto del que haya informado con mayor frecuencia al Parlamento que la situación de los romà en la República Eslovaca, la República Checa, Hungría, Bulgaria y Rumania. Apenas hay otro asunto en el que tanto yo mismo como el conjunto de la Comisión trabajemos con tanta intensidad como en este.
En primer lugar, he de recordarle que la discriminación contra los romà no es solo una triste realidad en los futuros Estados miembros, sino que, por desgracia, también la encontramos en todo un grupo de Estados miembros actuales. Solo que por su número no llaman tanto la atención, pues no hay tantos en los Estados miembros.
La cuestión esencial es si la Constitución, el sistema judicial y la administración pública de los futuros Estados miembros discriminan o no realmente a los romà. Nuestras investigaciones, que por cierto concuerdan con el Consejo de Europa y un número considerable de organizaciones de defensa de los derechos humanos, reflejan que no existe una discriminación aparentemente institucionalizada contra los romà ni en la Constitución, ni en la legislación, ni en la estructura administrativa de estos países. Lo que encontramos es una discriminación tradicional y profundamente enraizada en la sociedad, que en algunas partes de estos países ha tomado proporciones realmente trágicas. Sin embargo, debo repetir que esto no es nada nuevo.
Nuestros esfuerzos se han centrado en conseguir que estos países desarrollen una estrategia encaminada a reducir la discriminación contra los romà. Hemos condicionado políticamente la conclusión de las negociaciones de cara a la ampliación a la existencia y vigencia de tales estrategias. Sin embargo, siempre he dicho, incluso aquí en esta Asamblea, que no podemos esperar la eliminación total de la discriminación social contra los romà dentro del plazo de adhesión de los nuevos Estados miembros. Tampoco podemos decir que no hay absolutamente ninguna discriminación en los Estados miembros actuales. Podría nombrar una serie de casos de discriminación en nuestros Estados miembros actuales, donde tampoco decimos que estas discriminaciones constituyan una violación del Tratado. Por el contrario, decimos que el derecho de la Comunidad Europea exige que se adopten medidas para poner fin a esta discriminación. Esta es la situación en estos países.
En sus instrumentos de preadhesión, la Comisión ha abordado ampliamente las necesidades de las minorías romaníes. Ha empleado una gran cantidad de dinero, ha habilitado numerosos recursos humanos y ha prestado un asesoramiento considerable para ayudar a los futuros Estados miembros a desarrollar y también a aplicar una estrategia para combatir la discriminación contra los romà.
No creo que encuentre usted en muchos kilómetros a la redonda a alguien que conozca la realidad de la situación de los romà en estos países mejor que yo. Nunca dejo pasar la oportunidad cuando voy a estos países de abordar este problema directamente y sobre el terreno. No lo hago porque crea que puedo resolver el problema con una visita a un asentamiento romà, un colegio romà o lo que sea; lo hago como una poderosa contribución simbólica a la formación de ideas políticas. Quiero que las personas de esos países vean en sus televisores que cuando la Comisión va a su país no considera intocables a los romà, sino un sector de la población que necesita especial atención y especial cuidado.

Flemming (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero agradecer al Comisario sus respuestas. Es verdaderamente muy convincente en este asunto. Sin embargo, también quiero dar las gracias a quien ha planteado la pregunta. Voy a formular una pequeña y quizá ingenua pregunta complementaria: ¿no sería posible que la Comisión o incluso la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades invite a una de estas mujeres a venir aquí y que nos explique qué está ocurriendo realmente? Me gustaría hablar con esa mujer en persona. Quizá también a la Comisión le interesaría escuchar un relato individual, cara a cara, de la situación.

Verheugen
Señora Flemming, el Parlamento es por supuesto libre de adoptar sus propias decisiones y me parecería una iniciativa interesante si secundara la propuesta que acaba usted de hacer. En tal caso, la Comisión estaría muy agradecida de tener esta oportunidad de recibir esa información de primera mano.

El Presidente. -
Vamos a iniciar la segunda parte de este turno de preguntas, a las que responderá el Comisario Sr. Fischler.
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. Fischler
El Presidente. -
Pregunta nº 57 formulada por Bart Staes (H-0067/03):

Asunto: Garantía de distribución de alimentos a las personas más necesitadas
El Comisario Fischler, en su respuesta a la pregunta E-1695/02

Fischler
Señor Presidente, Señorías, la pregunta planteada por el Sr. Staes versa sobre la distribución de alimentos a personas necesitadas en Bélgica. Es a todas luces un asunto que compete a los Estados miembros, y por tanto, en este caso, compete a las autoridades belgas. Los fondos aportados al programa de 2002 en Bélgica no eran inferiores a los de 2001. Por el contrario, se aumentó la financiación de alrededor de 2,3 millones de euros a 3,5 millones de euros, precisamente para que pudiera distribuirse carne de vacuno, que también estaba disponible en 2002, sin que ello supusiera reducir la cantidad de los otros alimentos facilitados.
La reducción de la cantidad que se ha puesto a disposición de la Federación Belga de Bancos de Alimentos se debe al hecho de que las autoridades belgas han dividido los alimentos disponibles de manera diferente a años anteriores.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario, me ha sorprendido bastante su respuesta, porque, está claro, todo se reduce a hacer malabarismos con las cifras. Todo lo que sé es que estas organizaciones de distribución de alimentos están formadas por personas muy comprometidas, muy sensibilizadas socialmente y también muy bien predispuestas con respecto a Europa. En cualquier caso, nos han dicho, respondiendo a una pregunta anterior, que ya se había informado de los problemas, y yo he hecho una pregunta a este respecto junto con la Sra. van Lancker, la Sra. Maes y, creo, la Sra. van Brempt. En su respuesta ha dicho usted que se distribuyen tantos alimentos como antes y entonces nos encontramos con la desconcertante evaluación de que, de hecho, se están distribuyendo 750 toneladas menos.
Repito mi pregunta: ¿puede usted confirmar que, en términos cuantitativos, no hablo de cifras o valores, en 2002 había tantos alimentos disponibles como en años anteriores? ¿Lo he entendido bien? Si en efecto lo he entendido bien, entonces plantearé más preguntas al Gobierno belga a través de la comisión asesora federal para asuntos europeos de la Cámara y el Senado y con mis colegas diputados al Parlamento Europeo.

Fischler
Señor Staes, en mi intervención he hablado de cantidades de dinero y no de toneladas. Sin embargo, también he dicho que en este asunto debe usted tener en cuenta tres cosas diferentes. Primero, como he dicho antes, son las autoridades belgas las responsables de dividir los alimentos entre las diferentes organizaciones caritativas, que entonces las entregan a los grupos desfavorecidos. 
La cantidad que recibe cada una de las organizaciones la deciden por tanto las autoridades belgas, y puede muy bien ocurrir que la organización que ha mencionado usted haya recibido menos, pero esto supone que otra organización ha recibido más. Sin embargo, la única forma de saberlo es poniéndose en contacto con las autoridades belgas.
La segunda cuestión es que también existe un vínculo entre la Comunidad y Bélgica, porque, como ya se sabe, hemos concedido una subvención económica, pero no se la damos a la organización individual, sino al Estado miembro. Entonces delegamos en el Estado belga la responsabilidad de dividir estos recursos entre las organizaciones caritativas de acuerdo con sus prioridades particulares.

El Presidente. -
Pregunta nº 58 formulada por Dirk Sterckx, a quien sustituye el Sr. Vermeer (H-0080/03):

Asunto: Cálculo de un "día" empleado en la pesca para fines de limitación del esfuerzo pesquero de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2341/2002
El anexo XVII del Reglamento (CE) nº 2341/2002 determina las modalidades de limitación del esfuerzo pesquero aplicables del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2003. Se limita el número de días empleados en la pesca. Un "día" se define como el período de 24 horas que va desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas.
Esta rígida definición de día de pesca no es acorde con las prácticas de muchos pescadores. Concretamente, los pescadores costeros belgas, que solamente salen a pescar 12 horas y prácticamente nunca salen a medianoche, pierden dos "días" de pesca por cada jornada pesquera, lo que probablemente no es el objetivo perseguido con esta medida.
¿Es consciente la Comisión de los problemas prácticos que causa esta definición? ¿Piensa la Comisión permitir divergencias eventuales respecto de la definición o modificar la definición de "día" para tener en cuenta la situación práctica de determinados Estados miembros?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, la Comisión tiene muy presente el problema planteado por el Sr. Sterckx en su pregunta. Estoy de acuerdo: es cierto que la definición de días de pesca en el plan temporal de recuperación del bacalao es muy poco flexible. Lo aceptamos y estamos estudiando la modificación del Anexo XVII porque de esta forma podremos resolver el problema.
También puedo decirle que convocamos a todos los responsables de este sector en Bruselas el pasado lunes por la mañana. El mismo lunes hablamos de esta cuestión con representantes de los Estados miembros y también lo hemos hecho hoy. Estamos seguros de que encontraremos una solución a este problema que tenga en cuenta la situación práctica.

Vermeer (ELDR).
Gracias por esta respuesta, señor Fischler. Sin embargo, quisiera pedirle que sea más concreto. Afirma usted que espera que se llegue a un resultado. Las bases, las personas que van al mar, preguntan: ¿cuándo vamos a hacer algo concreto? ¿Podrían darnos ustedes una fecha para que podamos emprender específicamente una política muy práctica, por ejemplo, una política basada en horas y no en días, de forma que el caso de las personas que salen por la tarde y empiezan realmente a trabajar al día siguiente se considere de acuerdo con el número de horas? ¿Puede usted concretar más? ¿Qué tipo de resultado han logrado con los acuerdos que han establecido en las reuniones de hoy y ayer?

Fischler
Señor Vermeer, si así lo desea puedo ser todavía más concreto. No estamos posponiendo este problema; queremos cambiarlo de arriba abajo. Simplemente hemos estado esperando a reunirnos con todos los implicados, los representantes del sector pesquero. Ni que decir tiene que nuestra intención es cambiar esta situación en las próximas semanas.

Purvis (PPE-DE).
Comisario, a los pescadores escoceses y otros que faenan al norte de 55º de latitud norte se les impone una restricción de 15 días, lo que consideran difícil de aceptar, sobre todo cuando ven a los pescadores industriales recoger millones de toneladas de lanzones y fenecas, ambos alimentos para sus pescados blancos, y en muchos casos alevines de eglefino y otros pescados blancos. ¿Cómo puede usted justificar esto ante los pescadores de Escocia?

Fischler
Señor Presidente, la cuestión que ha planteado el Sr. Purvis no guarda relación alguna con la cuestión que hemos discutido aquí. Este es un debate general sobre los medios con los que podemos, por un lado, recuperar nuestras poblaciones de bacalao en peligro y, por otro lado, hacerlo de tal forma que evitemos graves problemas a los pescadores afectados.
Volviendo ahora concretamente a la cuestión de la pesca industrial, solo puedo decir que hemos estudiado esta cuestión durante años. También hemos recibido informes relevantes de científicos a fin de determinar si la pesca de anguilas está, por decirlo así, quitando la comida a los alevines, en particular a los alevines de bacalao. Nos han indicado que esto solo es cierto en una parte muy pequeña. Además, también podrá usted comprobar en los estudios que las poblaciones de anguilas siguen siendo muy grandes y que no disminuyen. Estas poblaciones son de hecho estables; ahí no hay ningún problema.
Hay un problema con la pesca industrial, que es el peligro de capturar el bacalao de forma accidental. Sin duda es importante supervisar lo que ocurre en este terreno. Sin embargo, los expertos nos dicen que estas capturas accidentales han disminuido drásticamente gracias a las nuevas tecnologías de pesca y que en el futuro será posible eliminarlas casi por completo.

El Presidente. -
Pregunta nº 59 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0090/03):

Asunto: Jóvenes agricultores y reconocimiento de derechos históricos de explotación en la nueva propuesta de reforma de la PAC
En relación con la nueva propuesta de reforma de la PAC y en lo que se refiere a las ayudas totalmente desacopladas de la producción, con pago a los agricultores por derechos de explotación, ¿cómo encajar en esta propuesta a los jóvenes agricultores? ¿recibirán ellos también una ayuda por derechos históricos? ¿se ha olvidado la Comisión de los jóvenes?

Fischler
Señor Presidente, tal y como ha dicho con razón la Sra. Izquierdo Rojo, la propuesta de la Comisión de establecer normas comunitarias sobre pagos directos en el marco de la Política Agrícola Común establece que el mecanismo de pago único está abierto a todos los agricultores que puedan demostrar que tienen derecho a ello. Todos los agricultores habilitados, incluidos, por supuesto, los agricultores jóvenes, que ya hayan recibido pagos directos en el sistema antiguo, tienen el mismo derecho.
Además, de acuerdo con el artículo 49 de su propuesta, estos derechos pueden transferirse, bien mediante legados específicos, bien anticipando la línea sucesoria. Esta disposición tiene en cuenta la práctica habitual europea cuando una finca pasa a ser propiedad de agricultores jóvenes. Además, la propuesta también tiene en cuenta específicamente a los agricultores nuevos. El artículo 45 establece una reserva nacional en los Estados miembros. Pueden asignarse dotaciones de referencia de esta reserva para el pago único a agricultores que no emprendieron su actividad agrícola hasta después del 31 de diciembre de 2000. Por último, huelga decir que las dotaciones de referencia deben asignarse a agricultores nuevos de acuerdo con criterios objetivos y con el principio de igualdad de trato, para evitar distorsiones del mercado o de la competencia.
Por último, si un agricultor, y por supuesto también un agricultor joven, puede demostrar que su producción se ha reducido en el período de referencia debido a causas de fuerza mayor o a otras circunstancias inusuales, entonces puede reclamar que su caso sea declarado de necesidad. Los posibles casos de necesidad se describen con mayor detalle en el apartado 4 del artículo en cuestión.
Como puede usted ver, Sra. Izquierdo Rojo, queremos utilizar nuestra propuesta de muy diversas formas para ayudar en particular a nuestros jóvenes agricultores.

Izquierdo Rojo (PSE).
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta muy positiva y clarificadora, en unos momentos en los que en el campo existe una gran incertidumbre. No obstante, dada la importancia del tema, yo creo que debería facilitarse más información. Por ello, mi pregunta complementaria es: ¿prevé la Comisión informar y orientar directamente a los agricultores sobre las ventajas y mejoras de la reforma que usted está proponiendo?
Lo digo con conocimiento de causa porque, en mi país, están proliferando parodias en las que se dice constantemente a los agricultores que el desacoplamiento es que, cuanto menos trabajen, más cobran y que cobrarán más cuanto más se «rasquen la barriga», literalmente, con esta terminología.
Por tanto, señor Comisario, si queremos que los agricultores conozcan sus propuestas, teniendo en cuenta que la estrategia del ministro de Agricultura español está siendo una oposición frontal, creo que debe considerar esta pregunta y que la Comisión debe plantear medidas para informar directamente, porque lo que se está haciendo actualmente en España son parodias irrisorias.

Fischler
Señor Presidente, señora Izquierdo Rojo, lo que ha dicho de las parodias me suena a verdad. A veces ocurre, lamentablemente, que cuando uno escucha los comentarios de algunos políticos nacionales apenas se reconocen las propuestas de la Comisión. Tenemos mucho que hacer en este terreno.
Hemos preparado concretamente una estrategia de relaciones públicas para asegurar que las propuestas se discutan públicamente. Sin embargo, esperamos, y con bastante razón en mi opinión, que los Gobiernos nacionales faciliten al menos información correcta. Que le gusten o no estas propuestas a un representante del Gobierno no tiene tanta importancia. No obstante, podemos esperar legítimamente que no se ponga en circulación información falsa. Por desgracia, esta exigencia no siempre se respeta. Por lo tanto, yo diría que es una tarea que nos incumbe a todos. Solo puedo pedirle, en su calidad de diputada al Parlamento Europeo, que dé a conocer los hechos, por ejemplo en España, y que mantenga a los agricultores informados. En cualquier caso, seguiré haciendo todo lo que esté en mis manos para enviar esta información directamente desde Bruselas, en particular a través de los medios de comunicación.

El Presidente. -
Pregunta nº 60 formulada por María Esther Herranz García, a quine sustituye la Sra. Redondo Jiménez (H-0109/03):

Asunto: Importaciones de productos agrícolas y reforma de la PAC
La reforma de la Política Agrícola Común que ha propuesto hace unas semanas la Comisión Europea condiciona estrictamente las ayudas comunitarias a la seguridad alimentaria, el bienestar del ganado, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. De salir adelante la propuesta, los agricultores se verían penalizados si incumplieran alguna de las cerca de 40 directivas que deben respetar. La reforma que propone la Comisión supondrá un aumento considerable de los costes de producción, que estará sólo en parte compensado a través de la nueva medida de acompañamiento prevista en el capítulo de Desarrollo Rural para ayudar a los agricultores a respetar esa normativa. Las nuevas ayudas que propone la Comisión Europea dentro del Desarrollo Rural constituyen una solución parcial y transitoria pues son de carácter degresivo.
¿Tiene previsto la Comisión Europea aplicar las mismas exigencias a las importaciones agrícolas procedentes de países terceros para evitar que los productores comunitarios compitan en el mercado en inferiores condiciones? ¿Qué medidas tiene previsto introducir la Comisión Europea para paliar esa situación?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Redondo Jiménez tiene razón cuando dice que, de acuerdo con el artículo 3 de la propuesta de la Comisión, un agricultor que recibe pagos directos debe cumplir los requisitos básicos de la gestión agraria de conformidad con el Anexo 3 de la propuesta y debe garantizar que la tierra se mantenga en buenas condiciones agrícolas. La intención es garantizar que los agricultores que reciben ayuda directa cumplan las normas preceptivas de la Unión Europea en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, bienestar animal, protección del ganado y también seguridad en el trabajo, y que mantengan sus tierras en buenas condiciones agrícolas de conformidad con las buenas prácticas agrícolas. Las normas de la Unión Europea incluidas en estos requisitos básicos han sido todas jurídicamente vinculantes durante mucho tiempo; no son nada nuevo. Por lo tanto, esta propuesta de la Comisión no puede generar directamente ningún coste adicional.
Además, las medidas que pueden tomar los Estados miembros en el marco del desarrollo rural se han ampliado para incluir instrumentos destinados a mejorar la calidad y también la protección de los animales. En el contexto de estas nuevas medidas propuestas para lograr el cumplimiento de las normas, los agricultores pueden recibir ayuda durante cinco años en relación con una nueva norma, si su aplicación comporta costes y obligaciones adicionales para el agricultor. La ayuda concedida para aplicar una norma particular está limitada en el tiempo, pero no así la propia medida.
En cuanto a la financiación de las medidas sobre desarrollo rural, al introducir la modulación la Comisión también sienta las bases para aumentar los fondos presupuestarios pertinentes. A pesar de nuestros esfuerzos por asegurar el futuro de los agricultores europeos y por promover importantes intereses comerciales europeos, uno de los objetivos más importantes de las propuestas europeas formuladas en enero para las negociaciones con la OMC consiste en que los asuntos no relacionados con el comercio de la ronda de negociación actual, como la seguridad alimentaria o la protección del medio ambiente, se traten en pie de igualdad. La Comisión ya ha respondido varias veces en términos nada ambiguos a la primera propuesta de modalidades para las negociaciones agrícolas que presentó el 12 de febrero el Sr. Harbinson, y seguirá defendiendo la posición negociadora europea.

Redondo Jiménez (PPE-DE).
El Sr. Comisario nos acaba de decir solamente lo que podía.
Sin embargo, se ha guardado otras cosas en el tintero que ya han sido debatidas en los comités especiales de agricultura. Por ejemplo, respecto al arroz, sabe que ha bajado un 60% el precio de intervención, que la producción interna está estabilizada y que el consumo se ha incrementado un 20%. Y, sin embargo, desde hace cinco años, la situación es insostenible para los productores de arroz, que ven un futuro cada vez más negro, debido a las decisiones EBA (Everything but arms) y a las importaciones del arroz basmati, que no se corresponde ni con sus características ni con sus orígenes.
Igualmente podríamos hablar de ajos, champiñones, miel, tomate, arroz, vino, destilados de zumos, etc., y constataríamos que la calidad, la seguridad de los productos que se importan, así como los métodos de producción, tanto los correspondientes al bienestar animal como los que garantizan la calidad y el medio ambiente, no están sometidos a control alguno.
Por lo tanto, le pregunto cuáles son las medidas suplementarias que corresponden a la supervisión de la Comisión, para que no me conteste que el control corresponde a los Estados miembros.

Fischler
Señor Presidente, la Sra. Redondo Jiménez afirma que no he mencionado varias cuestiones, pero simplemente le diría que ella tampoco me las ha preguntado. En su pregunta, señora Redondo Jiménez, usted no me ha preguntado, por ejemplo, qué va a ocurrir con el régimen del arroz o cuál es la situación de la seguridad alimentaria de las importaciones. Es más, este no es ni siquiera un asunto que me competa.
Sin embargo, quisiera hacer un breve comentario sobre lo que ha dicho usted. En primer lugar, ¿por qué necesitamos una reforma del arroz? No la necesitamos a causa de las importaciones del arroz basmati, que, diría yo, son muy limitadas, algo que por cierto molesta mucho a los indios, quienes, por lo tanto, intentan constantemente que aumente su cuota de exportación a la Unión Europea. La necesitamos a raíz de la decisión -que, por cierto, también se adoptó aquí en el Parlamento- de conceder a los países más pobres del mundo el derecho a exportar todos los productos que producen, sin ninguna limitación, a la Unión Europea.
Por supuesto, los países más pobres del mundo incluyen a toda una serie de productores de arroz. De ahí que nuestro régimen de arroz actual deje de funcionar en el futuro y que necesitemos cambiarlo. El objetivo de la reforma tiene que ser, por un lado, abordar las consecuencias de esta política de comercio exterior y, por otro, asegurar que al mismo tiempo se conservan los paisajes típicos en las áreas de cultivo de arroz tradicionales, como en el sur de España, donde, por supuesto, incluso hay un parque nacional en que el arroz es el cultivo principal.
Ahora retomo la cuestión de los controles de las importaciones. Quizá lo que voy a decir no sea de su agrado, señora Redondo Jiménez, pero los productos que se importan a través de los puertos españoles o a través de cualquier otro puesto fronterizo de España en tren o camión han de controlarse en la frontera para asegurar que cumplen los requisitos de salud vegetal y los requisitos veterinarios. Todo lo que pueden hacer las autoridades europeas, por ejemplo, la Oficina Veterinaria de Dublín, es introducir un plan de control para comprobar que las inspecciones fronterizas realmente funcionan. Sin embargo, como he dicho antes, esto es responsabilidad de mi colega el Comisario Sr. Byrne.

Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Vamos a seguir con el arroz. EBA: Everything but arms. Si los 40 países más pobres del mundo son pobres, se mueren de hambre, ¿por qué motivo tienen que mandarnos el arroz? ¡Que se lo coman y así no pasarán hambre! Pero, esta es mi pregunta: ¿cómo pueden el Comisario y la Comisión Europea evitar, por ejemplo, que Viet Nam, que está dentro de los países EBA (Everything but arms), no introduzca su arroz por las fronteras de Tailandia y este país lo meta en la Unión Europea? ¿Cómo podemos garantizar eso? ¿Cómo se puede controlar? ¿Le ponemos una etiqueta a cada grano de arroz? ¿Cómo evitamos que los 40 países más pobres del mundo, a través de multinacionales que todos conocemos, importadoras de arroz, algunas de ellas de aquí, a través de esos países pobres nos metan esos productos y destrocen nuestros mercados?

Fischler
Señor Presidente, señor Bautista Ojeda, primero, al amparo de la iniciativa Everything but arms, los países más pobres del mundo tienen derecho a exportar su propia producción, es decir, toda su producción, a la Unión Europea si así lo desean. Y si quieren también pueden importar arroz para consumo propio. Esto forma parte de la decisión que se adoptó en esta Asamblea. Por cierto, quisiera añadir que desde el principio expresé mis dudas al respecto. Pero la decisión ha sido adoptada y la acato. Ahora solo hay una cosa que podamos hacer, y es estar vigilantes y garantizar que no se exporte a la Unión Europea ningún arroz foráneo que ni siquiera se haya producido en estos países. ¿Cómo podemos garantizarlo? Podemos hacerlo utilizando los instrumentos que también utilizamos en todos los demás sectores para comprobar el origen de un producto. Para ello se precisa una prueba acreditativa del origen, certificados y controles por parte de los equipos de inspectores espectivos, y en algunos casos también se necesitan controles o análisis sobre el terreno. En algunos casos es realmente posible saber, mediante el análisis del arroz importado, si verdaderamente procede del país de origen indicado o no, y esto ocurre en la práctica.

El Presidente. -
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 61 a 95 recibirán respuesta por escrito

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre la Unión Económica y Monetaria:
Informe (A5-0051/2003) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea (informe preparatorio para la Recomendación de la Comisión sobre las orientaciones generales de las políticas económicas) ((2002/2287 (INI));
Informe (A5-0047/2003) del Sr. Trentin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la evaluación anual de la realización de los programas de convergencia y estabilidad (2002/2288(INI));
Informe (A5-0037/2003) del Sr. Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe de la Comisión: Informe de Convergencia 2002 - Suecia (COM(2002) 243 - C5-0326/2002 - 2002/2170(COS));
Informe (A5-0018/2003) del Sr. Dos Santos, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Comunicación de la Comisión sobre las finanzas públicas en la UEM (2002) (COM(2002) 209 - C5-0324/2002 - 2002/2168(COS)).

García-Margallo y Marfil (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, bienvenido a la sesión, señor Comisario, sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los Grupos parlamentarios que han colaborado estrechamente para que hoy podamos ofrecer al Parlamento un texto claro, que se centra en la acción y no en las palabras, en acelerar y no en retrasar la estrategia acordada en Lisboa, en Gotemburgo y Estocolmo para devolver la confianza a los mercados europeos y poder así acelerar nuestro crecimiento con un objetivo muy claro, subrayado en el primer apartado: aumentar la creación de puestos de trabajo, que es la condición necesaria para compensar el envejecimiento y mantener nuestro modelo social.
En segundo lugar, quisiera señalar tres límites estrictos a las políticas de demanda, que se incluyen en la política a corto plazo: mantener la estabilidad macroeconómica, mantener la competitividad europea en un mundo cada vez más globalizado y reducir la deuda pública, para liberar así recursos que deben destinarse a la inversión y hacer una hucha para la previsión social futura.
La segunda de las ideas claves es aumentar la coordinación; por eso damos la bienvenida a las estrategias tendentes a examinar conjuntamente las orientaciones económicas y las orientaciones de empleo, pero nos gustaría integrar además las políticas presupuestarias y las políticas de oferta, que permanecen en manos nacionales, para hacer así un marco que pudiese servir de fundamento a las discusiones de los presupuestos, tanto el de la Unión Europea como los nacionales.
En materia de política monetaria, que es el siguiente apartado, el informe subraya que el Banco Central Europeo debe seguir vigilante la evolución de los precios, habida cuenta de la inflación subyacente en el sector de los servicios. Pero dice algo más, dice que todos los demás, especialmente los Gobiernos nacionales, tienen que hacer sus deberes: mantener la evolución de los salarios ligada a la productividad, introducir medidas en la transparencia de precios y reformar sus estructuras para aumentar la productividad, para así dar margen al Banco Central Europeo, un margen adicional, en el supuesto de que se estime necesario reducir los tipos de interés, sobre todo si se quiere adecuar los tipos de cambio a las necesidades de las exportaciones europeas.
En materia de política presupuestaria, el mensaje me parece igualmente claro. Este Parlamento subraya su compromiso, mantenido a lo largo del tiempo, con el pacto de estabilidad y crecimiento. Saluda, en segundo lugar, los esfuerzos de la Comisión para interpretar este pacto, para evaluar la situación presupuestaria de cada uno de los países miembros, teniendo en cuenta el volumen de la deuda y la calidad del gasto, muy especialmente cuando este sea un gasto de inversión, coherente con las estrategias de Lisboa, Estocolmo y Gotemburgo.
En tercer lugar, lamenta la falta de aplicación, la falta de diligencia de los Gobiernos pródigos, que, bordeando el peligro del déficit excesivo, no parecen querer hacer ningún esfuerzo para reducir los déficit estructurales. Y, finalmente, como llamamiento expreso a la Comisión, la insta a tener un papel más vigilante en las épocas de bonanza para prevenir el temporal.
En cuanto a la política de reforma estructural, subrayamos que la falta de inversión es la clave, la explicación más definitiva de nuestro retraso respecto a los Estados Unidos, especialmente la inversión en nuevas tecnologías. Por eso, pedimos que se establezcan en las orientaciones económicas objetivos cuantificados en materia de inversión, pública y privada, y que se fomenten las inversiones en el sector privado en estas tecnologías, fundamentalmente a través de deducciones fiscales, ligada a la obtención de beneficios y no a las subvenciones, que no se sabe muy bien a qué actividades se destinan. Se hace un llamamiento en favor de una política industrial nueva, porque no solo de servicios vive el hombre, así como un esfuerzo en materia de energías renovables, en las que no tengo que insistir, dado el clima internacional.
En materia de pequeña y mediana empresa, se insta a la Comisión a seguir con los objetivos de la Carta de Feira, a facilitar su creación en 24 horas a través de las nuevas tecnologías, a postular por un aplazamiento de impuestos en los primeros años de andadura, a simplificar su funcionamiento, especialmente en el entorno administrativo, y a ejercer una estricta vigilancia en materia de financiación en las negociaciones de Basilea II, a acentuar el papel del Fondo Europeo de Inversiones y a establecer una red de garantías que les permita el acceso a los mercados.
En materia de la liberación de los mercados, transposición y, por tanto, acentuar los mecanismos sancionadores para los Estados que no cumplan, aumentar la competencia en los sectores privatizados, liberalizar las redes de energía y especialmente su conexión.
En mercados financieros estamos sustancialmente de acuerdo. Saludamos los esfuerzos en materia de fiscalidad y pedimos un esfuerzo adicional para llegar al IVA en origen y una base consolidada en impuestos sobre sociedades y pedimos la representación más estricta del euro en los foros internacionales y una denominación en esta moneda de las energías.
Muchas gracias, señor Comisario, espero que el mensaje sea claro y bien aceptado. Gracias de nuevo a todos los Grupos y al Presidente por su paciencia.
Trentin (PSE)
Señor Presidente, representantes del Consejo, Comisario, Señorías, el excelente informe del Sr. García-Margallo destaca la necesidad de ajustar, a partir de ahora, las amplias directrices de política económica y los objetivos relacionados con la coordinación de las políticas económica y social, a los objetivos fijados en las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa, en particular en lo relativo a la inversión en investigación, el aprendizaje continuo y la infraestructura europea, y también a la garantía de la eficacia de los servicios públicos salvaguardando al mismo tiempo el interés general al que deben servir, y, además, en lo relativo a una estrategia de vejez activa que contribuya a propiciar un aumento sustancial de la población activa y del empleo.
Esta decisión, que exige que se contemplen elementos preceptivos en la aplicación de la estrategia de Lisboa en el marco de las directrices de la política económica, no puede dejar de afectar, y este es el asunto sobre el que versa mi informe, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que carece de indicadores preceptivos relacionados precisamente con el crecimiento y la calidad del crecimiento o la coordinación de las políticas presupuestarias, tal como señala con razón el Sr. dos Santos.
Mi pregunta explícita sobre esta cuestión, señor Comisario, concierne a la compatibilidad de los objetivos de Lisboa con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Preocupan los objetivos de Lisboa también a los Estados de la UEM y en qué medida lo hacen, y si este es el caso, cómo podemos lograr que sean tan preceptivos como los objetivos fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Si la respuesta a la pregunta es afirmativa, como creo que lo es, entonces se plantea el problema de cómo coordinar y reconciliar los diferentes ámbitos de intervención de la Unión con respecto a la política económica, la política social y de empleo, el desarrollo sostenible, la estabilidad financiera y el crecimiento, y cómo lograr una interacción sinérgica entre ellas. Evidentemente, no es una cuestión de procedimiento, sino una opción que tiene que afectar a los objetivos del Pacto de Estabilidad y a la forma en que se aplica.
De hecho, en este nuevo contexto, la aplicación del Pacto de Estabilidad no puede centrarse únicamente en esos períodos en que existen riesgos evidentes de desviación de los objetivos y limitaciones del Pacto en relación con el déficit presupuestario o la deuda pública, limitaciones que no tenemos intención de poner en tela de juicio, especialmente en este período difícil e incierto. De hecho, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería frenar el comportamiento de los Estados de la UEM también en períodos de crecimiento, a fin de evitar decisiones que se desvíen de los objetivos de Lisboa y allanen el camino, precisamente en estos períodos, a una desviación todavía mayor de los objetivos del Pacto de Estabilidad.
La Comisión ha de reconocer la diferencia que hay entre una política económica que favorece los gastos regulares frente a la inversión pública y privada en períodos de crecimiento y una política que busca alcanzar los objetivos de Lisboa en etapas claramente acotadas entre hoy y 2010 en los ámbitos de investigación y desarrollo, formación e infraestructuras europeas integradas. También debe percatarse de la diferencia, en momentos de crisis o en caso de guerra, entre una política económica que intenta reducir la presión fiscal en general y una política que impulsa la inversión pública y privada, que la propia Comisión debería poder ver que redunda en interés común, no solo porque está relacionada con proyectos europeos imbuidos del espíritu de Lisboa.
En este punto es necesario determinar si la inversión destinada a contribuir al logro de los objetivos de Lisboa empeora más las cosas en lugar de mejorarlas en caso de riesgo de desviación del límite del 3%, y si no puede compatibilizarse con un mayor rigor financiero para cumplir los criterios del Pacto de Estabilidad.
Espero que se tengan en cuenta todas las consideraciones y oportunidades similares de modo conjunto en el próximo Consejo de Primavera, y, para concluir, quisiera decir tranquilamente que es preciso que haya coordinación institucional de las políticas económica y social en la zona euro, una coordinación capaz de adoptar decisiones por mayoría y de demostrar, entre otras cosas en la labor de la Convención, que la ampliación de la Unión, que estamos dispuestos a lograr como sea, no dificultará el avance o debilitará la vitalidad de la Unión Europea en su búsqueda de nuevas formas más avanzadas de integración.

Schmidt, Olle (ELDR)
Señor Presidente, los políticos que lanzaron la UEM fueron valientes y tenían visión de futuro. Muchos creían que el proyecto fracasaría. Algunos incluso esperaban que eso ocurriera. Sin embargo, sus temores han resultado infundados. La UEM ha sido todo un éxito. Ahora, no obstante, es preciso que los Estados miembros efectúen nuevas reformas, y que cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En general, la introducción del euro ha sido un proceso indoloro, especialmente en términos de la gran labor logística que ha supuesto. Desde luego, ha habido quejas sobre el aumento de precios, pero el nivel general de precios no ha aumentado. Sin embargo, quizá se precise más investigación, cosa que ahora solicitamos en este informe.
Tres de los Estados miembros de la Unión Europea siguen estando fuera de la tercera fase de la UEM: Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia; en el caso de esta última no hay reglas de excepción especiales. El informe de hoy trata de Suecia y del informe de convergencia bianual de la Comisión.
Creo que, como espero que ya sepan, Suecia ya debería ser miembro de pleno derecho de la UEM. Cuando empecé a elaborar el informe -y quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento por todo el apoyo que he recibido-, seguía habiendo mucha incertidumbre en cuanto a las opiniones del Gobierno de Suecia. Ahora, me complace decir que la situación ha cambiado. En un referéndum que se celebrará el 14 de septiembre de 2003, la población sueca va a decir sí o no al euro. Afortunadamente, los acontecimientos han adquirido su propia dinámica, al margen del informe y de mi persona.
Tanto la Comisión como el BCE han reconocido que Suecia ha cumplido tres de los cinco criterios de convergencia: los relacionados con la estabilidad de los precios, las finanzas públicas y los tipos de interés a largo plazo. No obstante, se considera que en dos aspectos Suecia no ha cumplido los criterios. El criterio de convergencia más controvertido es el relacionado con el tipo de cambio, porque, a diferencia de los demás criterios, se ha formulado de manera muy poco clara. La pertenencia al MC debe considerarse un requisito, pero el período de pertenencia puede ser relativamente breve. Por supuesto, el criterio de los tipos de cambio también se ha aplicado flexiblemente en países que ya han introducido el euro. Estoy pensando en particular en Finlandia e Italia que, por supuesto, estuvieron dos años sin formar parte del MC II. La cuestión de la pertenencia al MC II también es significativa y, desde luego, muy sensible cuando se trata de los países candidatos. Como son muy pocos los que están en vías de ajustarse a la UEM, realmente yo pediría un grado de flexibilidad. También he advertido que, durante un discurso pronunciado en Hungría de la otra semana, el Comisario pensaba en términos similares.
Otro ámbito en que la Comisión y el BCE estiman que Suecia no cumple los requisitos del Tratado es la convergencia jurídica. Esto tiene que ver con la independencia del Banco Central Sueco. La cuestión también se ha abordado en un intercambio de cartas entre el Presidente del BCE y el Ministro de Economía sueco. El BCE ha expresado una preocupación particular por la falta de normas claras relativas a las transferencias de reservas del Banco Central Sueco al Tesoro Público. No obstante, en su respuesta, el Ministro de Economía ha hecho hincapié en que las enmiendas necesarias se presentarían cuando la introducción del euro fuera inminente, junto con los cambios necesarios de la Constitución, incluso si el plazo de tiempo disponible era corto, dado que en Suecia es preceptivo celebrar elecciones provisionales en caso de un cambio constitucional. Sin embargo, en mi opinión, esto no implica que Suecia no pueda acceder a la tercera fase de la UEM hasta 2006 ó 2007. Uno de los principios más importantes del ordenamiento jurídico de la Unión es, por supuesto, que el derecho de la Unión Europea prevalece sobre el derecho nacional.
Me atrevería a decir que Suecia necesita el euro. Al mismo tiempo, quisiera aventurarme a decir que el euro de hecho necesita a Suecia. La economía sueca está en buena forma y puede cumplir los requisitos necesarios. Esto puedo decirlo aunque yo sea miembro de la oposición en mi país. Tal y como yo lo veo, formar parte plenamente de la integración europea y tener el euro como moneda y como sistema monetario es un paso necesario y obvio para Suecia. Ahora le toca a la población sueca decidir esto el 14 de septiembre. El enfoque de «esperar a ver qué pasa» que defienden algunos de mis colegas diputados al Parlamento Europeo merece ser criticado. ¿Qué habría ocurrido con la integración europea si la inclinación natural de Robert Schuman hubiera sido vacilar, o si, cuando cayó el Muro de Berlín, Helmut Kohl se hubiera guiado por intereses económicos a corto plazo, o si la característica distintiva de Jacques Delors hubiera sido la ansiedad? No habría salido nada de todo ello. Espero y estoy convencido de que el 15 de septiembre podré, con la cabeza bien alta, presentarme ante usted, señor Presidente, y usted, señor Comisario, con el siguiente mensaje: «Ha ganado el 'sí?. El pueblo sueco quiere integrarse plenamente y tener influencia en la nueva y la vieja Europa».
Para concluir, quisiera decir que existe cierta confusión en lo que concierne a las enmiendas. Sin embargo, espero que podamos contar con la mayor y la más amplia mayoría posible. He escuchado las críticas y puedo aceptar que las enmiendas 12 y 14 se eliminen porque tratan de asuntos que ya se plantean en otra parte.

Santos (PSE)
Señor Presidente, Señorías y, sobre todo, señor Comisario Solbes Mira, la presentación del documento de la Comisión sobre Finanzas Públicas, en el que se centra mi informe, compartía en su momento la firme convicción de que las previsiones económicas de la zona europea habrían de revisarse sistemáticamente a la baja. De hecho, el contexto económico de vigilancia presupuestaria ha demostrado ser mucho menos favorable de lo inicialmente previsto, y se ha puesto de manifiesto, concretamente, con la duplicación del déficit de la zona euro entre los años 2000 y 2001, con el «hecho» de que este desequilibrio ha aumentado y se ha agravado en 2002 y con la explicación y el verdadero análisis de las graves dificultades presupuestarias que se han producido en cuatro de los Estados miembros.
Por este mismo motivo, la Comisión ha formulado recomendaciones y ha expresado su intención de enviar advertencias inmediatas sobre el desvío del presupuesto a Estados miembros que puedan incumplirlo. Aunque esto no ha ocurrido, en última instancia anticipó la verdadera situación que se vio a finales de año en esos países.
El tono del discurso del Presidente Romano Prodi ante este Parlamento está por tanto plenamente justificado. En este discurso expresó su preocupación por el deterioro del ciclo económico, pero también criticó con dureza una aplicación inflexible y dogmática del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al margen de las nuevas circunstancias y, en consecuencia, reclamó ajustes y la introducción de criterios más sofisticados para aplicar el Pacto. Desde entonces, muchos políticos, expertos, institutos de investigación, académicos y líderes de la opinión pública y publicada han aportado sus reflexiones sobre la cuestión. La propia Comisión se ha aferrado a la interpretación prudente pero ambiciosa de su Presidente, y ha elaborado de nuevo un marco menos rígido y más activo de supervisión presupuestaria que ahora se adhiere al principio de que la aplicación del Pacto debe convertirlo en un instrumento aún más valioso para promover la estabilidad, el crecimiento y el empleo.
El informe apoya este punto de vista en la medida en que considera que corresponde a una vía intermedia entre la aplicación rígida del Pacto y el desarrollo crucial hacia un modelo interpretativo, que considera inevitable en el futuro, teniendo en cuenta criterios más sofisticados como la inflación, el empleo, la deuda pública y las variaciones de esta deuda, las cargas financieras causadas por el envejecimiento de la población y las necesidades de inversión. Por último, la calidad del gasto público ha de servir para adaptar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a los objetivos fijados en la estrategia de Lisboa y al principio de desarrollo sostenible acordado en Gotemburgo.
La preponderancia política de los límites presupuestarios y la interpretación rígida del equilibrio financiero en el marco de la vigilancia multilateral han propiciado en los últimos años un declive constante de la proporción entre la inversión pública y el PIB, aunque hay que reconocer que la inversión privada ha seguido la misma tendencia. Todo ello coincide con las mayores dificultades que ha experimentado la economía europea. Las soluciones propuestas en un principio o que ahora se están adoptando no son inauditas en el contexto de algunas economías desarrolladas de la OCDE donde la «regla de oro» es un elemento crucial, no solo para consolidar las finanzas públicas, sino también para lanzar y sostener un proceso de desarrollo económico y social.
A raíz del paso de gigante que supuso la creación de la moneda única, la Unión parece hoy encontrarse en un auténtico estado de parálisis. Las excesivas restricciones impuestas a las políticas monetaria y presupuestaria, que se diseñaron con la intención de consolidar la economía europea y su moneda única y para aplacar las sospechas y los temores de los países más poderosos de la Unión, podrían convertirse en limitaciones imprevistas que hagan que la solicitada recuperación dependa por entero del buen funcionamiento de la fuerza motriz que constituye la economía de los Estados Unidos.
La flexibilidad y la racionalidad que se defienden no son incompatibles con la necesidad de garantizar el cumplimiento del verdadero espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como tampoco un debate público sobre la cuestión disminuye el alcance de sus objetivos. La consolidación financiera de los Estados que acepten una política monetaria común y una moneda única y que rechacen toda autosuficiencia que dificulte las relaciones abiertas con países de fuera de su propia zona es crucial y hay que esforzarse por lograrla. Por cierto, muchos países han consagrado en sus Constituciones principios y reglas que regulan, algunas de forma más rígida, otras menos, los déficit presupuestarios. Esto también es crucial en el marco político de la Unión, pero si este tipo de compromiso va a resultar poco eficaz, hay que considerar prioritarios los intereses de la zona en su conjunto -un aspecto muy sustancial- aceptando el uso de instrumentos discrecionales en circunstancias excepcionales para contribuir a la recuperación de las regiones o países menos desarrollados.
De lo contrario correremos el riesgo de que las obligaciones presupuestarias solo se cumplan formalmente, y que los países con dificultades recurran a los sistemas más variados y creativos (que también exigen su rápida armonización), con el único objetivo de mantener satisfecha a la Comisión, como guardiana de los Tratados, o de engañar temporalmente a los mercados financieros y durante un tiempo eludir su justo castigo.
Esta, por desgracia, es la situación que se daba en muchas economías europeas a finales de 2002. Por lo tanto, es absolutamente crucial dilucidar los problemas actuales de la economía europea cuando hagamos balance del logro de los objetivos fijados en la Cumbre Extraordinaria de Lisboa. También es necesario dejar claro al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, de que es posible lograr un equilibrio entre una consolidación financiera saludable de los países de la Unión y el pleno cumplimiento de estos objetivos.

Solbes
. (ES) Señor Presidente, voy a intentar, en el tiempo de que dispongo, comentar los cuatro informes que se nos presentan. Trataré inicialmente los tres referidos a la situación económica general y al Pacto de Estabilidad y finanzas públicas, y me referiré, en último lugar, al del Sr. Schmidt Olle sobre el caso específico de Suecia.
En primer lugar, quiero agradecer al Sr. García-Margallo el trabajo realizado y, como él decía, el mensaje claro en su informe respecto a las orientaciones generales de las políticas económicas.
Me gustaría destacar que el documento de este año tiene un carácter más estratégico de lo habitual, en la medida en que es un documento que pretende definir la gran estrategia europea para los próximos tres años. Es cierto que se produce en una situación de incertidumbre económica especial, es cierto que hemos dado ya algunas indicaciones de cómo actuar en caso de choques simétricos donde, lógicamente, la política monetaria tiene que ser usada, cuando puede haber impactos sectoriales, situación esta en que, sin duda alguna, tendremos que utilizar instrumentos específicos de otra naturaleza o en el caso en que se produzcan esos acontecimientos no usuales que están recogidos en la reglamentación comunitaria y que nos permite actuar también en términos de política presupuestaria, aceptando, sin embargo, los límites del 3% que existen en el Tratado.
El Sr. García-Margallo ha insistido en la necesidad de una política macroeconómica sana y apoya de forma clara el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Creo que estamos en la misma línea y no tenemos gran dificultad en aceptar sus recomendaciones.
Hace referencia también a un punto que nos parece fundamental a todos y es cómo podemos incrementar el potencial del crecimiento en Europa. Sin duda alguna mediante el incremento del empleo y de la productividad. Sabemos que el incremento de la productividad -usted mismo se ha referido a ello- y el incremento del empleo también tienen mucho que ver con la evolución salarial, y que son fundamentales salarios compatibles con una evolución del empleo razonable y con incrementos de productividad. Pero también es imprescindible -y esa es la línea que hemos adoptado en Lisboa- mejorar en educación y en formación. Creemos que es fundamental también poner en marcha la fiscalidad más adecuada para conseguir estos objetivos y, desde luego, llevar a cabo más inversión pública y privada. Luego me referiré con más detalle a esto al hacer referencia al informe del Sr. Trentin.
En ese sentido, consideramos imprescindible, dentro del marco de Lisboa, definir el marco apropiado para que la inversión, tanto pública como privada, se realice y avanzar en algunos elementos fundamentales. En estas últimas semanas hay un punto que me gustaría destacar, que es la aprobación de la patente comunitaria que, sin duda alguna, va a ser un elemento de innovación o que va a permitirnos una mayor innovación europea y, desde luego, definir el gasto público con criterios de mejorar la productividad o la producción.
Las grandes orientaciones de política económica, sin embargo, no deben ser vistas de forma independiente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Sr. Trentin hace referencia a este punto cuando señala la necesidad de enfocar de forma conjunta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Lisboa. Creo que todos estamos de acuerdo en que unas finanzas públicas saneadas son el elemento fundamental no solo para permitir a la política monetaria que haga su papel, sino, también, para dar el margen necesario para que los estabilizadores automáticos puedan actuar en una situación de evolución coyuntural. Sin embargo, el Sr. Trentin plantea algo más: ¿qué más podemos hacer, desde el punto de vista del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en términos de crecimiento? ¿Cómo podemos mejorar, en definitiva, la calidad de las finanzas públicas?
En su informe el Sr. Santos incide también en este punto, en el que me gustaría concentrarme más. Creo que la clave está en una mayor inversión en investigación y desarrollo. Por eso, hemos puesto algún objetivo cifrado en este punto concreto, ya que la inversión pública, en este sector, funciona de forma satisfactoria y, sin embargo, encontramos más fallos en cuanto al funcionamiento de la economía privada.
Sin embargo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal como ha sido modificado en la Comunicación de noviembre, introduce un elemento adicional en cuanto a esa política para que sea más impulsadora del desarrollo en Europa. Es cierto que en el Pacto tenemos el principio de alcanzar a medio plazo el equilibrio presupuestario o una situación de superávit. 
La Comisión, en su análisis del pacto, ha visto, sin embargo, que en algunos casos está justificado el que se produzcan desviaciones temporales siempre y cuando estén justificadas por razones que vayan dirigidas a mejorar el crecimiento.
En nuestra aproximación no es solo la inversión física y, sobre todo, la inversión pública, el elemento que puede permitir llevar a cabo una desviación temporal del equilibrio presupuestario en el marco del pacto.
Consideramos que todas aquellas acciones que, al final, nos permitan incrementar nuestro potencial de crecimiento deben ser tratadas de la misma forma.
Por eso, la Comisión propuso en su día, en su Comunicación, que se pudieran llevar a cabo desviaciones temporales en países que cumplen ciertas condiciones; fundamentalmente que disponen de bajos niveles de ratio en cuanto a la deuda pública; que, además, han alcanzado ya una situación de equilibrio presupuestario que, por supuesto, establecen este tipo de desviaciones para incrementar el crecimiento. Y, ahí, estamos hablando de inversiones en infraestructuras, inversiones en conocimiento, pero también de medidas de naturaleza fiscal, por ejemplo, reducciones de impuestos, que al final nos pueden permitir mejorar el crecimiento.
Esos son los elementos fundamentales que la Comisión planteaba en su Comunicación, que no han sido recogidos de forma absolutamente precisa en las conclusiones finales del Consejo, pero que, sin embargo, han permitido o permiten avanzar lo suficiente como para poder llegar a un resultado que, en nuestra opinión, nos debe permitir mejorar en términos de crecimiento.
El Consejo lo que dice es que debemos analizar caso a caso, que no hay un derecho para este tipo de desviaciones; no impone ninguna condición respecto a cómo la Comisión tiene que llevar a cabo sus propuestas y, evidentemente, por parte de la Comisión, seguimos estando convencidos de que las propuestas que hasta ahora hemos hecho, en un par de casos concretos, en cuanto a estas desviaciones temporales siguen siendo válidas y esos son los criterios que utilizaremos en el futuro.
Yo diría, respecto a la coordinación de nuestras políticas presupuestarias, que el sistema ha mejorado, pero que, sin embargo, no debemos estar totalmente satisfechos, pues tenemos demasiadas desviaciones. Creo que es imprescindible avanzar en la coordinación y, en ese sentido, las grandes orientaciones de política económica pretenden dar un cambio cualitativo, no solo con el planteamiento trianual, sino también prestando más atención a los informes de aplicación que a los planteamientos generales. Y creo que tenemos que mejorar nuestros sistemas de coordinación multinacional, en la medida en que -como ya hemos puesto de relieve en nuestras propuestas a la Convención- hay algunas deficiencias en el sistema actual que impide que el peer pressure funcione de la manera que estaba diseñado en el Tratado.
Finalmente, le diría al Sr. dos Santos que agradezco su apoyo sobre el análisis de las finanzas públicas del año 2002 y la calidad de las finanzas públicas. Ese informe es clave para la comprensión de lo que se hace posteriormente, en el mes de noviembre, cuando hagamos nuestra propuesta de Comunicación al Consejo.
En la Comunicación de la Comisión al Consejo no pretendemos, yo diría, ni flexibilizar ni modificar el pacto. Pretendemos, en base a la experiencia que hemos adquirido en los últimos años, conseguir una aplicación del pacto que se adapte mejor a las situaciones específicas de cada uno de los países afectados.
Consideramos también fundamental en nuestra Comunicación el que los Estados miembros confirmen su compromiso con el pacto. Esa es la razón por la que pedimos en su día una resolución del Consejo Europeo que permita este avance.
En nuestra Comunicación, lo he repetido algunas veces, pero tal vez valga la pena hacerlo, insistimos en algunos puntos fundamentales. El 3 % sigue siendo el límite de déficit nominal; pero, sin embargo, tenemos que tomar en consideración la evolución del ciclo y, por lo tanto, la evolución de los déficit ajustados cíclicamente es un elemento fundamental.
En segundo lugar, para conseguir el equilibrio presupuestario a medio plazo, aquellos países que todavía no lo han alcanzado deberán hacer esfuerzos presupuestarios en términos de medio punto anual, como mínimo, o más en el caso en que exista diferencia.
En tercer lugar, somos conscientes de que ha sido la relajación de la política presupuestaria en los buenos momentos del ciclo económico la que nos ha generado problemas posteriores y, por eso, es fundamental prestar atención a que no se produzcan nuevos comportamientos procíclicos en esas circunstancias.
Creemos que es fundamental prestar atención a la deuda y, como ha señalado anteriormente el Sr. Trentin, creo que es imprescindible tomar en consideración la situación específica de algunos Estados miembros, de tal forma que dispongan de mayor margen de actuación.
Todo esto ha sido aprobado por el Consejo Ecofin, con las correcciones a las que hacía referencia cuando he comentado el informe del Sr. Trentin.
Último comentario respecto el informe del Sr. Schmidt. Es cierto que en nuestro informe de convergencia sobre Suecia hacíamos referencia al cumplimiento de los criterios de convergencia con dos excepciones: el criterio de convergencia legal, especialmente, en el Banco Central de Suecia, y el no cumplimiento del criterio de convergencia de tipo de cambio. 
Vemos con satisfacción que, cuando hablamos de las cifras de evolución de Suecia, los restantes criterios de la convergencia se están cumpliendo incluso de forma más cómoda que en el pasado. Sin embargo, tenemos pendiente esos dos elementos que espero que se puedan resolver en el futuro. Sabe cuál es nuestra posición respecto a los mismos. En el ámbito legal tiene que adaptarse el sistema de independencia del Banco Central. En cuanto al criterio de tipos de cambio tenemos que aplicar el Tratado; pero, como he dicho muchas veces, las experiencias del pasado, sin duda alguna, tendremos que tomarlas en consideración.
Personalmente, considero que la adopción del euro sería beneficiosa para Suecia y espero que ese país pueda, en breve, cumplir las condiciones necesarias. Creo que también sería beneficiosa para la Unión Europea y para la zona euro, en particular, ya que constituiría un avance significativo en nuestro proceso de integración.

Langen (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Comisario y aplaudir la claridad de sus palabras en el debate sobre estos cuatro informes. Ha dicho que la Comisión no deseaba ni flexibilizar más el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni adaptarlo, sino simplemente imponer normas más estrictas a la hora de evaluar la situación en los Estados miembros. Esta me parece una política mejor que las propuestas formuladas por los diputados de otros Grupos, en particular las presentadas por el Sr. Trentin y el Sr. dos Santos.
Lo que ha dicho aquí el Sr. Trentin no tiene nada que ver con el informe presentado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y sus comentarios están fuera de lugar en un debate sobre el tema de la evaluación anual de los programas de estabilidad y convergencia. Si estuviéramos en el colegio le diría al Sr. Trentin que se ha ido por las ramas. En su proyecto de informe no había ni una palabra sobre el asunto, y solamente las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos han aproximado el informe al tema debatido. Hoy de nuevo lo ha olvidado completamente.
También doy las gracias al Comisario por recordarnos una vez más los objetivos de Lisboa, que no están en contradicción con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni con la consolidación presupuestaria, sino que de hecho integra todas las condiciones marco: un mercado laboral flexible y la necesidad de aumentar la inversión, reducir los impuestos e invertir en investigación y formación. Sin embargo, esto no puede absolver a los Estados miembros de tener que aplicar normas más estrictas en su política presupuestaria, tal y como prescribe la Comisión.
En el informe Trentin al menos hemos solicitado que en el futuro la Comisión pueda enviar ella misma las cartas azules, sin que dependa de una votación en el Consejo Ecofin, donde los infractores participan indirectamente. Queremos reforzar la independencia de la Comisión. Las propuestas contenidas en los informes son incoherentes en muchos aspectos. Esto lo demuestra el hecho de que desde hace dos años se ha aplicado una política sistemática de poner en tela de juicio el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de socavarlo en todos sus aspectos y con todas las propuestas posibles, con el único propósito de asegurar que la consolidación de presupuestos en varios Estados miembros ya no se considere una condición necesaria para unas finanzas estables y una política económica y monetaria estable.
Por supuesto, no se trata de que haya poco margen de maniobra. Ocho de doce Estados miembros de la zona euro ya han logrado equilibrar sus presupuestos. Los infractores que no se atienen a las reglas son los que ahora solicitan que se cambie el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se penaliza a los que tienen presupuestos estables y que incluso logran un excedente porque en la zona euro todos están en el mismo barco, y mi propio país, Alemania, tanto como los demás. Si Alemania con todo su poder económico no cumple el Pacto de Estabilidad, entonces hace peligrar la estabilidad del euro. No podemos desviar la atención de las responsabilidades de los Estados miembros corrigiendo y retocando las reglas. La regla de oro que aparece en algunas enmiendas del Sr. dos Santos tampoco sirve en este terreno.
No existe nada parecido a una deuda buena o mala. No hay más que deuda: deuda de inversión e infraestructura y deuda de consumo. Señor Trentin, estoy seguro de que conoce usted la scala mobile, la deuda que ha puesto de rodillas al Estado italiano en los últimos veinte años, cuando se acumularon repetidamente nuevas deudas y los sindicatos hicieron el juego, pero no se encontró ninguna solución. El modelo europeo ha comportado una menor inflación y condiciones estables para la política monetaria. Esta debería ser nuestra base, lo que debemos mantener estrictamente como nuestra base.
Por último, quisiera decir a nuestros diputados suecos que celebramos el hecho de que Suecia desee ingresar en la Unión Económica y Monetaria. Haremos todo lo posible para ayudarla, pero pedimos que se haga en las condiciones establecidas en el Tratado de Maastricht. Si el Gobierno aún o las cumple -independencia del banco central o incluso la cuestión de la pertenencia durante dos años al Sistema Monetario Europeo-, entonces tiene que ocuparse de ello; no debe permitirse que se pase por alto. A este respecto tenemos todos los motivos para dar las gracias a la Comisión por la postura que ha adoptado.

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, en materia de política económica se precisa un liderazgo activo y resuelto para la cumbre de primavera de la Unión Europea. No podemos estar siempre repitiendo las mismas viejas fórmulas. Por desgracia, resultan insuficientes ante las necesidades de una época difícil, que no solo se caracteriza por una recesión económica, sino también, lamentablemente, por las sombras que arroja una guerra inminente sobre la política económica y de empleo. Por este motivo, los informes del Parlamento, y me refiero a todos los presentados esta noche, reflejan un brillo de esperanza, pero al mismo tiempo plantean exigencias que exponen despiadadamente los puntos débiles de la economía europea.
Quisiera subrayar que no se trata de eliminar un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha sido creado para poner orden en la economía. En vez de ello, necesitamos aplicarlo teniendo en cuenta los objetivos de Lisboa en un momento y en un sitio y de tal forma que tenga sentido, porque la población europea no merece menos.
Creo que tenemos que esforzarnos todo lo posible por detener el declive económico. Tampoco podemos negar que hasta el Banco Central Europeo habla ahora de los riesgos de una tendencia descendente en la Unión Europea. Esto implica que necesitamos aplicar una política activa y en esta medida las referencias repetidas a las reformas estructurales no sirven tampoco de nada.
Además, aún no sabemos qué beneficios económicos comportarán estas reformas estructurales para la Unión Europea y no tenemos ni idea del impacto que tendrán en la política de empleo. Ni los institutos de estudios económicos, ni los Ministerios nacionales ni tampoco la Comisión han respondido a esta cuestión. Pero necesitamos la respuesta para saber cuál es la dirección correcta. Creo que este dicho sigue teniendo razón: el empleo crea crecimiento, pero el crecimiento también crea empleo. Hemos de trabajar sobre la base de un verdadero crecimiento y no únicamente sobre la base del potencial de crecimiento.
Quisiera indicar una vez más que es totalmente correcto, tal y como señalan también los informes, que insistamos a la falta de inversión tanto en el sector privado como en el público. No respetamos el acuerdo de Lisboa en torno al crecimiento del 3%. Tampoco estamos respetando el acuerdo de invertir más en investigación y desarrollo, lo que también es cierto tanto en el sector privado como en el público. Japón y los Estados Unidos nos llevan ventaja en ambos aspectos. En estos momentos quizá no necesitemos realmente un gobierno económico, sino una coordinación de nuestros Gobiernos, una coordinación que haga honor a su nombre, que defienda el crecimiento y el empleo.

Gasòliba i Böhm (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en primer lugar quiero expresar el acuerdo de mi Grupo con el texto de los informes que aquí discutimos, no con algunas de las afirmaciones que se han hecho al presentarlos en este Pleno.
El fondo de este debate tiene como horizonte inmediato la preparación del Consejo de Primavera y quiere responder al correspondiente balance del llamado «proceso de Lisboa», complementado con las decisiones de los Consejos de Gotemburgo y Barcelona. En este marco, yo deseo, en primer lugar, expresar mi preocupación y la de mi Grupo porque no se ha alcanzado el horizonte que se estableció para 2010, de ser la economía más competitiva, de más calidad, con mejor nivel en los puestos de trabajo. Cuando hacemos balance de los tres años realizados, a pesar de las dificultades de la economía norteamericana, nos encontramos con que, en crecimiento, niveles de productividad y de ocupación, estamos más atrasados que hace tres años. Por lo tanto, es obvio que hay un desfase muy preocupante entre lo que se predica en los Consejos y lo que se practica a nivel de los Estados miembros, que perjudica el resultado conjunto de la Unión.
Nosotros entendemos, desde el Grupo liberal, que los problemas principales radican, principalmente, en que no se han cumplido los procesos de liberalización acordados, pues, como se manifiesta en el informe García-Margallo y Marfil, aún hay muy importantes reformas estructurales por realizar y hay que flexibilizar aún más algunos mercados básicos, como el mercado laboral.
En la presente situación, que no es precisamente una de las mejores situaciones económicas por las cuales ha pasado la Unión Europea en los últimos años, hay tres aspectos clave a los que debe prestarse también una especial atención. Primero, debe mejorarse el nivel, no únicamente de investigación y desarrollo, sino de su aplicación en el sistema productivo. Esperemos que este acuerdo histórico sobre la patente europea, como ha mencionado el Comisario Solbes, sirva para esta promoción, pero también para prestar una especial atención a la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas basadas en la aplicación de nuevas tecnologías, porque, como se ha demostrado en los años 90, son las fuentes de ocupación más importantes.
No tengo más tiempo, señor Presidente, para hacer mención de otros temas, pero quiero acabar como he empezado: más que hacer grandes declaraciones en los Consejos de Primavera, es necesario que se cumpla lo que se acuerda.

Herzog (GUE/NGL).
Señor Presidente, el Sr. García-Margallo y Marfil llama las cosas por su nombre. Ha dicho que la Unión Europea no tiene una política económica. Ha contribuido a un buen debate y le doy las gracias por ello.
Al estudiar las causas y las soluciones, las nociones de inflexibilidad y reforma estructural están muy manidas. Siempre estamos preguntando a la Comisión, al BCE y a los expertos qué significan. Me ha sorprendido la naturaleza imprecisa e incoherente de las respuestas. En una extraordinaria conferencia, el Sr. Adair Turner, Director General del CBI, ha dicho que debemos tener cuidado de no desmantelar el Estado de bienestar y que el plan de liberalización de Europa, aunque útil, no representa más que una respuesta parcial a los desafíos actuales. Es evidente que el problema de las pensiones no se resolverá a menos que aumenten mucho las tasas de empleo en Europa. Es esencial movilizar todo el potencial humano. Habrá que dedicar muchos esfuerzos a la reforma de los mercados laborales, especialmente con respecto a la formación y las cualificaciones. Sin embargo, recordemos que esto supone reorganización y que habrá que pagar un precio.
Hemos de analizar por qué falta inversión productiva pública y privada. Uno de los motivos tiene que ver con el flujo de capitales, gran parte del cual acaba en los Estados Unidos. Aunque el mercado financiero pueda haber estimulado una inversión mundial en la última década, creo que es una falacia creer que el propio mercado iniciará una nueva ronda de inversiones en Europa. No facilita el desarrollo local o el desarrollo de PYME y de infraestructuras. La Unión Europea debería poder financiar redes eficaces de servicios de interés general y desarrollar políticas dirigidas a empresas productivas.
No solo tenemos un problema de oferta; también subestimamos el problema de la demanda. Los cientos de millardos que hay que pagar para amortizar el fondo de comercio merman gravemente los resultados de las empresas y dificultan la recuperación. En lugar de temer a la inflación, el Banco Central Europeo debería modificar su objetivo y reducir sus tipos reales por debajo de cero. Además, incluso si algunos Estados miembros no saben cómo reformar sus finanzas públicas o son incapaces de hacerlo a tiempo, la gravedad del clima actual justifica la adopción de medidas para respaldar la actividad, incluso renunciando temporalmente a la regla del 3%.
Hay otros dos puntos que quiero destacar. Creo que la guerra contra el Iraq no es solo una locura, sino también una insensatez económica. Aumentará de forma absurda los déficit públicos tanto de los Estados Unidos como de Europa, cuando lo que queremos es reducirlos. Como ha dicho uno de nuestros expertos, los Estados Unidos están patinando sobre una capa de hielo muy fina. El futuro crecimiento de ese país nos exigirá echar mano todavía más de nuestras reservas de capital, lo cual es otra contradicción añadida. Por lo tanto, Europa no puede limitarse a seguir a todas partes a los Estados Unidos. Europa ha de definir una política para ella misma. En Europa estamos entre la espada y la pared. Sin embargo, la Convención guarda silencio. En cuanto a las demandas de un gobierno económico, recuerda a una escena de la película Armas al hombro. En ella, una unidad militar está envuelta en la niebla, todo el mundo va dando tumbos y se oye a un soldado llamar a su capitán.

Lipietz (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, he de reconocer que hay una serie de informes que en general tratan del mismo asunto. Por ello no apoyaremos el informe elaborado por el Sr. Trentin, a quien admiro mucho. En su lugar examinaremos el informe del Sr. García-Margallo y Marfil.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se enfrenta a un verdadero problema operativo. Cuando un ponente de la izquierda y un ponente de la derecha deciden abordar la misma cuestión, el informe de la izquierda es destrozado por los diputados de la derecha. Con un poco de suerte se aprueba el informe cuando lo presenta un ponente de la derecha. Por lo tanto, debemos reconocer que el informe de García-Margallo y Marfil es mucho mejor y más útil que el del Sr. Trentin, ahora que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios lo ha hecho trizas. Be that as it may, I have long acknowledged that Mr García-Margallo y Marfil has demonstrated considerable qualities in his role as a rapporteur. Como ha dicho el Sr. Langen, es evidente que el informe Trentin en realidad no ha sido elaborado por el Sr. Trentin. Mr Trentin's speech almost entirely contradicted the contents of his report.
Por lo tanto, solo comentaré el contenido del informe García Margallo y Marfil, en su forma actual. Creo que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya todos los objetivos y comentarios incluidos en el informe de García-Margallo y Marfil. Tiene la virtud de adaptar los objetivos de la política económica a los objetivos de Lisboa y Gotemburgo. Queremos asegurar que Europa sea un modelo de crecimiento económico. El crecimiento debería basarse en la inversión de alta calidad en recursos humanos, en la inversión pública de gran calibre y en el uso de tecnologías sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Dado el tamaño del continente europeo, que es una de las concentraciones de población más grandes del mundo, me parece que es el único camino que tiene la Unión Europea.
El informe García-Margallo y Marfil discrepa. Se ve obligado a hacer malabarismos cuando señala que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha de ser aplaudido y al mismo tiempo reconoce la necesidad de financiar inversiones. Reconoce que no hay que poner en la picota el artículo del Tratado de Maastricht que impide a las instituciones europeas criticar al Banco Central Europeo, a la vez que indica que, sin embargo, es necesario facilitar créditos con tipos de interés especiales para las inversiones que se precisan. Menciona la fiscalidad, no los tipos de interés. En pocas palabras, el informe tiende a eludir los verdaderos problemas del punto muerto institucional en el que nos encontramos en la Unión Europea. El año que viene estos problemas nos catapultarán a la situación de la llamada europarálisis que sufrimos durante los años oscuros de impulso del euro entre 1990 y 1997.
Como no podemos controlar los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo, los tipos de interés serán demasiado altos. Esto comportará problemas para los Estados miembros que deseen invertir y pagar sus deudas. Estos tipos de interés excesivos también fortalecerán demasiado el euro. Esto dificultará las exportaciones en un momento de recesión mundial. A menos que decidamos revisar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en su forma actual, no podremos financiar las inversiones que reclama el Sr. García-Margallo y Marfil.

Blokland (EDD)
 . (NL) Señor Presidente, en este debate conjunto sobre una serie de informes estamos hablando de los progresos de la Unión Económica y Monetaria, una Unión que existe gracias al cumplimiento de los acuerdos establecidos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un acuerdo, un acuerdo a cuyo respeto debemos obligarnos unos a otros. Merece la pena leer las palabras que ha escrito el Sr. Trentin sobre el Pacto de Estabilidad en su informe. Dice que incluso en períodos de recesión económica hay que seguir al pie de la letra el pacto, con lo que estoy completamente de acuerdo. Ahora tampoco debemos replantear esta cuestión.
Además, el Sr. Garcia-Margallo y Marfil dice con razón que los líderes europeos de la próxima cumbre de primavera han de prescindir de las declaraciones vagas y autosuficientes y hablar en términos claros. Para cumplir el pacto incluso en este período de recesión se precisan acuerdos claros sobre la forma en que deseamos lograr los objetivos económicos.
Por lo tanto, me sorprende mucho que Francia parezca otra vez poco dispuesta a cumplir los acuerdos establecidos. El pasado jueves de nuevo resultó evidente que este Estado miembro no haría ningún intento de poner en orden su presupuesto para 2003. Cuando Alemania, Portugal e Italia se esfuerzan por poner orden conforme a los acuerdos establecidos, Francia, por el contrario, ni siquiera declara su intención de ajustarse por fin a los acuerdos suscritos.
Permítame concluir, señor Presidente, diciendo que si este Parlamento desea hacer una contribución seria a la elaboración de políticas en el terreno económico, entonces ya va siendo hora de que invitemos a los Estados miembros y a los políticos reticentes a cumplir estos acuerdos a venir aquí a dar explicaciones.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, los informes que se están tratando hoy son documentos importantes y sustanciales -antes de empezar quisiera rendir homenaje a los ponentes por ello- y representan una gran contribución al debate sobre las directrices políticas para las finanzas públicas de Europa. Los diputados radicales los apoyarán en su forma actual.
No quiero entrar en los detalles de los informes, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios más generales. En primer lugar, creo que deberíamos desconfiar un poco de consignas y objetivos rimbombantes como los objetivos de Lisboa, que mencionamos continuamente. No creo que el hecho de que Europa decidiera en cierto momento fijarse el objetivo, y cito de nuevo, de «un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible» y todos los demás objetivos que conocemos suponga, un gran salto adelante o constituya la base para una nueva política económica para los Estados miembros, a menos que creamos que, en el pasado, los Estados no querían que sus países fueran países competitivos y no querían lograr el pleno empleo.
Además de recalcar constantemente en estos objetivos y de realizar análisis -el Parlamento Europeo es un órgano político, no un centro de investigación-, me parece que deberíamos discutir los motivos por los que no se cumplen estos objetivos rimbombantes y que representan el coste político de que en Europa no tengamos el valor de afrontar para lograrlos, para convertirlos en reformas prácticas, las reformas comentadas en los informes que tenemos sobre el tapete. Me parece que las estructuras económicas europeas han de revisarse de arriba abajo.
Todo el tiempo nos referimos al orgullo del modelo social europeo y de la economía social de mercado, pero después afirmamos abiertamente en los informes -creo que es lo que ocurre con el informe del Sr. García-Margallo- que el destino del modelo social europeo depende de la recuperación económica de los Estados Unidos: si no hay recuperación económica en los Estados Unidos, no habrá crecimiento económico en Europa, y el modelo social del que estamos tan orgullosos pasará por momentos mucho más difíciles que los que ya experimentamos actualmente.
La crisis económica de Alemania es un indicio de la crisis de un antiguo modelo económico, el modelo de una vieja Europa que no tiene nada para invertir. En los informes se señala repetidamente que necesitamos más inversión pública, aunque no decimos dónde podemos encontrar el dinero, y más inversión privada. No creo que la inversión privada en Europa sea baja a causa de los tipos de interés o, por lo tanto, que nuestro único objetivo debería ser presionar al Banco Central Europeo para que nos proporcione una política de tipos de interés más flexible, facilitando así la inversión privada. La inversión privada no aumentará gracias a unos tipos de interés más bajos: aumentará si tenemos una economía más flexible, con flexibilidad introducida en grandes dosis.
Las reformas para conseguir que la economía sea más flexible comportan un coste político, y no nos planteamos ese coste: hay que pagar un precio por entrometerse en la estructura del mercado laboral y por oponerse a los poderosos grupos de presión constituidos por los monopolios -la mitad del presupuesto de la Unión Europea está comprometido en subsidios agrarios y en la protección de la agricultura- y hay que pagar un precio político por plantear la posibilidad de utilizar estos recursos para desencadenar una nueva oleada de inversión en alta tecnología e investigación científica.
Terminaré con un comentario sobre el tema de las pensiones: la necesidad de tener presupuestos nacionales rigurosos surge, en primer lugar, de la necesidad de que los presupuestos nacionales puedan abordar los problemas derivados del envejecimiento de la población y de los costes derivados de la reforma estructural de los sistemas de pensiones. Se lo debemos a las futuras generaciones de ciudadanos europeos.

Grönfeldt Bergman (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero decir unas palabras sobre el Informe de Convergencia 2002 sobre Suecia, y, en primer lugar, dar las gracias al ponente, el Sr. Olle Schmidt, por su excelente trabajo.
El 1 de enero de 2002 se introdujo el euro como divisa, en billetes y en monedas, en 12 países de la Unión Europea. La transición tuvo mucho éxito y la población aceptó la nueva moneda de modo positivo. Las preocupaciones sobre los aumentos de los precios han resultado ser más o menos infundadas. Como todo el mundo sabe, Suecia no está entre los países que adoptaron el uso del euro como divisa. El motivo fue, por supuesto, principalmente político. Si Suecia quiere introducir el euro como moneda, formalmente debemos cumplir cinco criterios de convergencia.
La Comisión y el BCE consideran que Suecia cumple los tres criterios relacionados con la estabilidad de los precios, las finanzas del sector público y los tipos de interés a largo plazo. Hasta ahí todo bien, pero Suecia no cumple los otros dos criterios, a saber, los relacionados con el tipo de cambio y la convergencia jurídica. Con respecto al criterio del tipo de cambio, el valor de la corona sueca evidentemente ha fluctuado en los últimos años. Sin embargo, habría que tener en cuenta que, cuando Suecia solicite formalmente una nueva evaluación, esta se realizará en el curso de un segundo período de referencia y en un marco de expectativas que pueden tender a una mayor estabilidad del tipo de cambio.
En cuanto a la convergencia jurídica, es fundamental que Suecia efectúe lo antes posible el cambio de la legislación sueca que se precisa si desea introducir el euro. Por supuesto, el resultado del próximo referéndum debe respetarse, pero en mi opinión Suecia debería, en caso de decir «sí», estar ya lista para prevenir que se demore la introducción del euro a causa de la ausencia de convergencia jurídica.
Con todo el debido respeto por los criterios de convergencia, la decisión relativa a la participación sueca en la tercera fase de la UEM es política. Es una decisión que adoptará la población sueca. En el referéndum del 14 de septiembre de 2003, los ciudadanos suecos decidirán qué moneda se utilizará durante mucho tiempo en Suecia. Por otro lado, Suecia está obligada, en virtud del Tratado de Maastricht, a participar plenamente en la cooperación de la UEM una vez cumplidos los criterios de convergencia. A diferencia de Dinamarca y Gran Bretaña, Suecia no tiene una cláusula de excepción especial, pero el 14 de septiembre esperamos obtener el «sí» de la población de Suecia. En consecuencia, el Gobierno sueco ya no necesita, intencionadamente o no, demorar o eludir las medidas que permitirán a Suecia cumplirá los demás criterios de convergencia.
He observado con satisfacción que el Sr. Olle Schmidt ha aceptado las enmiendas 3 y 4 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. Esto permitirá conseguir el amplio apoyo deseado para el informe tanto por el ponente como por mí mismo.

Berès (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tres de los informes que se nos han presentado esta noche nos brindan una oportunidad de valorar el funcionamiento de la unión económica y monetaria antes del Consejo Europeo de primavera.
Retomando la situación de las finanzas públicas en Francia, es inevitable observar que la política económica no se considera una cuestión de interés común. No se está respetando el Tratado. Además, es imposible no advertir que la unión económica y monetaria en realidad no existe, sin ninguna duda en lo que concierne a la unión económica. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está en el corazón de estos mecanismos. Sin embargo, parece más una salvaguarda que un instrumento de política económica. La adopción de la estrategia de Lisboa podría haber sido después el catalizador que habría proporcionado a la unión económica y monetaria una política económica. En pocas palabras, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no ha resultado ser un instrumento dinámico para aplicar esta estrategia.
En principio, los instrumentos que tenemos a nuestro alcance son las famosas directrices de política económica que estamos discutiendo otra vez esta noche. Estos instrumentos generarán enfoques en materia de política económica de la Unión Europea en las próximas semanas y los próximos meses. ¿Cuál podría ser el resultado, señor Comisario? En estos momentos estas amplias directrices de política económica funcionan como un ejercicio académico. No tienen ningún efecto en las finanzas públicas de los Estados miembros, que simplemente esperan la imposición de sanciones a través de la aplicación del Pacto de Estabilidad cuando ya es demasiado tarde.
Europa necesita una estrategia de crecimiento. Lo ha dicho usted en su intervención. Esto implica que necesitamos más instrumentos que los que actualmente existen. Señor Comisario, el Consejo acaba de expresar su opinión sobre su declaración. Creo que tenemos que ir más allá y tenemos que hacerlo en la Convención. Creo que hemos de trabajar juntos para establecer propuestas mutuamente aceptables. Deberíamos preparar medidas que a largo plazo doten a la Unión Europea de los medios necesarios no solo para desarrollar una auténtica política económica, sino también para concebirla de modo que sirva al bien común y para aplicar los objetivos de la estrategia de Lisboa.

Nordmann (ELDR).
Señor Presidente, no tengo tiempo para ahondar en las posibles diferencias entre el texto de los informes y las opiniones personales de cada uno de los ponentes. Por lo tanto, centraré mis comentarios en la declaración de la Comisión y la intervención del Comisario, y ofreceré a ambos mi apoyo. En mi opinión, en este asunto la Comisión cumple perfectamente su papel de guardiana de los Tratados. Creo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no está muerto. Me parece que por encima de las controvertidas declaraciones realizadas a finales del año pasado sobre fórmulas que podrían considerarse arriesgadas, es importante insistir en la distinción entre la letra y el espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y garantizar que su espíritu se mantenga vivo. Los criterios de Maastricht implican que estamos comprometidos con una unión monetaria que también es una unión política basada en una serie de valores. La estabilidad en que se basa el euro va más allá de la definición técnica del concepto. Constituye un acuerdo mutuo en torno a una forma de contrato social. Además de ser una moneda fuerte, el euro debe ser sobre todo una moneda estable. Con la proclamación de este principio, Europa deja de lado sus malos hábitos del siglo XX, caracterizado por la inflación, que representaba un impuesto para los pobres. Europa ha decidido comprometerse a ser una sociedad segura que apuesta por el futuro. Estos son los valores que ofrecemos a los países que están a punto de unirse a la Unión Europea. Este es otro motivo para no modificar estos valores al adoptar medidas imprudentes que los socavarían. Cuando los jugadores no juegan bien, no piden que se cambien las reglas, si no que se las aprenden.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, como podrá usted observar, el informe del Sr. Schmidt se lee con gran interés en Suecia, donde en septiembre va a celebrarse un referéndum sobre la introducción del euro. En el punto 6 de este informe se indica que la introducción del euro forma parte de las obligaciones impuestas por el Tratado a todos los Estados miembros, incluida Suecia, por tanto. Sin embargo, en el punto 5 se señala que se celebrarán referendos y que sus resultados deberán respetarse, incluso si suponen rechazar la introducción del euro.
Esto es contradictorio en sus propios términos. El Sr. Schmidt espera que los suecos voten «sí» y así resuelvan esta contradicción. Sin embargo, no hay muchos indicios de que así lo vayan a hacer. Por el contrario, los que defienden el «no» en estos momentos va claramente en cabeza, con un diez por ciento de ventaja, de acuerdo con el último sondeo. La tendencia indica que esta ventaja será aún mayor. Quizá también merezca la pena que el Parlamento sepa que, entre los que dicen que «no» hay unos pocos Ministros del Gobierno sueco, incluido el Ministro de Comercio e Industria, Leif Pagrotsky, al menos dos ex presidentes del Banco Central Sueco y una larga lista de economistas de gran prestigio, y todos ellos creen que Suecia debería votar «no». Por lo tanto, la situación no refleja la imagen clásica de una elite culta eurófila y un populacho desinformado. Por el contrario, tenemos un debate político que exige objetividad y argumentos a ambos lados.
Suecia tiene una economía bien dirigida. En los años en que Suecia no ha participado en la cooperación relacionada con el euro, su economía, en casi todos los aspectos, se ha fortalecido en relación con las de los países de la eurozona. La industria sueca siempre ha afirmado que la comunidad del euro es en todo caso buena para el comercio. Hace poco, el periódico empresarial Affärsvärlden ha demostrado que esto tampoco es cierto.
Los economistas que simpatizan con la UEM no pueden negar esta situación. Por lo tanto, dicen, como acaba de hacer la Sra. Grönfeldt Bergman, que los argumentos a favor de la UEM no son económicos, sino políticos. No suena especialmente convincente cuando son los economistas quienes lo dicen, como si estuvieran defendiendo la entrada en esta unión política por motivos contrarios a los de sentido económico práctico. No es fácil vender este mensaje a los suecos. La verdad es que la UEM no ha sido el éxito que se esperaba que fuera. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se enfrenta a cada vez más críticas, y el estancamiento económico está cada vez más extendido. Para Suecia, la economía alemana es especialmente importante, pero ahora mismo es tarea difícil convencer al pueblo sueco de que haga depender su futuro de la economía alemana.
La cuestión no solo concierne a Suecia, sino también al Reino Unido y a Dinamarca. Pronto tendremos asimismo una serie de nuevos Estados miembros que también están fuera del marco de cooperación en relación con el euro. En esos países quizá también se celebren referendos sobre el euro y, en consecuencia, allí el euro puede ser rechazado. Si se diera esta situación, es preciso hacer la pregunta definitiva: ¿qué deberían hacer la Unión Europea y el Banco Central Europeo si Suecia y quizá otros Estados miembros optan por quedarse fuera de la unión monetaria? ¿Es posible contemplar una comunidad del euro que sea de tipo voluntario? ¿Qué tienen realmente que decir la Comisión y el Consejo sobre estas cuestiones?
(El Presidente interrumpe al orador)

Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado en contra de este informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. En su forma actual, este informe no cuestiona los principios del credo neoliberal, que desgraciadamente constituyen la esencia de muchas políticas comunitarias. Ayer, los trabajadores portuarios nos hicieron ver esto, en esta misma ciudad y cargados de razón. El informe no cuestiona la validez de los programas de estabilidad y crecimiento de manera significativa. Vale la pena considerar el significado de los términos «crecimiento» y «estabilidad». Por definición, las cosas que son «estables» no crecen. Crecimiento significa movimiento; estabilidad significa lo contrario. Certainly, the reality is dialectical in nature. Por otra parte, este uso de las palabras podría interpretarse como un intento de resolver la contradicción.
El informe parece rechazar cualquier iniciativa encaminada a flexibilizar los criterios de estabilidad y crecimiento, especialmente el famoso criterio del 3%. Dadas las dificultades económicas actuales, algunos Estados miembros, y no solo los más pequeños, tienen cada vez más dificultades para cumplir la norma del 3%. ¿Matará este remedio al paciente? Deberíamos tener en cuenta que las predicciones de crecimiento de los expertos tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros eran demasiado optimistas. Esperábamos que la economía norteamericana mostraría signos de recuperación, y que la economía europea le seguiría en esta senda. Sin embargo, esto no ha sido así. Por lo tanto, las políticas aplicadas por los Estados miembros y la Unión Europea se basaban en datos inexactos. A este respecto, la rigidez de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento parece ir en contra de los fundamentos de la gobernanza. Otros más cualificados que yo en este tema han hecho hincapié en ello.
Deberíamos plantearnos políticas keynesianas de recuperación cíclica. También deberíamos plantearnos políticas destinadas a mejorar las bases de la economía a largo plazo, que incluyen, por ejemplo, la eficiencia energética y la formación. Quisiera añadir que la gobernanza implica datos económicos fiables, lo cual quiere decir que el Estado debe beneficiarse del imperio de la ley. El hecho de que el periódico vasco Egunkaria haya sido prohibido durante seis meses hace que uno se pregunte si el País Vasco se encuentra dentro de un país en el que todavía prevalece el Estado de derecho.

Berthu (NI).
Señor Presidente, estamos debatiendo ahora sobre la ruptura del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto afecta principalmente a tres países, a saber, Francia, Alemania y Portugal. Deberíamos recordar que, al examinar el presupuesto o cualquier otro tema, no debemos dejar que los árboles no nos dejen ver el bosque.
Los tres países con el déficit más alto tienen algo en común. Los tres han tenido Gobiernos socialistas. Y yo añadiría que Alemania todavía tiene un Gobierno socialista. Estos Gobiernos han descuidado el gasto público y no han aplicado reformas que podrían haberles reportado ahorros. Han malgastado los márgenes de maniobra alcanzados durante el crecimiento de los años 2000/2001. Y ahora estamos sufriendo las amargas consecuencias de esto.
Pero este árbol particular no debe eclipsar nuestra visión. El problema real es el deterioro generalizado de los equilibrios públicos en la eurozona, que casi alcanzaron el 2,4% de PIB en 2002, cerca del criterio del 3%.
La causa principal de ello es la desaceleración de la tasa de crecimiento, y la marea todavía no cambia, ni siquiera lentamente. Esto contradice las afirmaciones poco realistas de los informes que examinamos esta tarde. Una de las posibles causas de esta desaceleración es el clima económico. Sin embargo, la causa principal se encuentra en los enormes gastos públicos y en la falta de flexibilidad estructural. Todavía no se han encontrado soluciones para esta última. A este respecto, tenemos que romper el tabú y preguntarnos si en realidad el euro forma parte de las rígidas estructuras que están frenando el crecimiento. En vista de las marcadas diferencias de resultados entre la eurozona y los países de fuera del euro, sin duda tenemos que plantearnos esta pregunta.
Puesto que estamos perdiendo terreno, ¿conviene flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Soy consciente de que la respuesta de la Comisión, del Banco Central Europeo e incluso del último Consejo Ecofin ha sido un contundente «no», aunque se avanzaron varias modificaciones menores. Con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la política exterior, la Unión Europea, como siempre, no quiere enfrentarse a la realidad. En cambio, quiere disimular la manera en que no estamos cumpliendo los criterios fundamentales.
En nuestra opinión, no deberíamos perder de vista el objetivo de eliminar por completo los déficit públicos. Este es, sin duda, un objetivo loable. Sin embargo, pensamos que el Gobierno francés hace lo correcto al mantener su programa de reducción de impuestos con el fin de evitar el agravamiento de la crisis actual. Tenemos que abordar una situación que hemos heredado, de la que no somos responsables. Por lo menos debemos intentar hacerlo de manera inteligente.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias al Comisario por recordarnos a todos de nuevo las piedras angulares -no solo porque corren tiempos de incertidumbre, sino también porque este ha sido un debate muy confuso- y que no las haya enfrentado entre sí, sino que nos haya recordado que son principios de política económica europea. Quisiera retomar la cuestión en el punto en el que la dejó el Sr. Gasòliba i Böhm. No estamos fijando objetivos nuevos. No estamos formulando nuevas promesas ni desarrollando nuevas hipótesis y análisis. Lo que estamos haciendo es, por fin, tomarnos a nosotros mismos en serio. Si uno no se toma a sí mismo en serio, los demás tampoco lo van a hacer. Algunos de nosotros se quejan de los principios comunes de la política económica y al mismo tiempo critican el hecho de que no se respeten. Lamentamos el hecho de que el crecimiento, la productividad y el empleo desciendan, y que no estemos ganando terreno sino yendo a la zaga, y algunos piensan que la respuesta a este diagnóstico es más intervención estatal y más deuda. ¿De verdad creen esto los diputados de la izquierda, aunque al mismo tiempo tengamos que reconocer que ni siquiera cumplimos todos los objetivos que nos hemos marcado nosotros mismos?
Hablamos de normas, pero al mismo tiempo decimos -al menos algunos de nosotros lo hacen- que las normas no deberían ser respetadas en tal o cual caso y en tal o cual país. Al mismo tiempo, lamentamos la crisis de confianza que existe en Europa respecto a muchas medidas de política económica y respecto a los principios y objetivos de la Unión Europea. La confianza solo se genera a base de responsabilidad, y solo se puede crear responsabilidad si uno se atiene y actúa sobre las cosas que decide hacer, tanto a escala europea como en los Estados miembros. Por esta razón afirmo claramente en nombre de mi Grupo que decimos «sí» al mercado interior. Sin embargo, si decimos «sí» al mercado interior, debemos asegurarnos de que caigan las barreras en el mercado interior, de establezcamos realmente un plan de acción para los servicios financieros, de que apliquemos realmente el Plan de Acción del Capital Riesgo, de que verdaderamente hagamos realidad la Carta de las Pequeñas Empresas. Decimos «sí» a la política de competencia. Pero eso también significa que, de una vez por todas, debemos eliminar las disposiciones fiscales que distorsionan la competencia. Para algunos tipos de impuestos, como el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre la energía, el impuesto de sociedades y los impuestos sobre fondos de pensiones, es necesario un programa de convergencia. Decimos «sí» a la Estrategia de Lisboa, pero si decimos «sí» a la Estrategia de Lisboa entonces también tenemos que decir «sí» a un modelo de economía de mercado que tenga en cuenta las preocupaciones medioambientales y sociales y que no contraponga constantemente el mercado a la seguridad social. Esto también significa, finalmente, que es preciso que nos aseguremos de que para cada texto legislativo se compruebe su impacto económico y sobre el empleo y el medio ambiente antes de adoptarlo, en lugar de esperar hasta después y quejarnos entonces de las consecuencias.
Decimos «sí» a la evaluación comparativa. Debemos aprender unos de otros. Y si decimos «sí» al Pacto de Estabilidad porque crea un marco ordenado, por la misma razón también decimos «no» a las reglas de oro, porque minan el Pacto de Estabilidad y entonces estaríamos apuñalando por la espalda a la Comisión, la guardiana de los Tratados, y traicionando los objetivos de Estabilidad y Crecimiento.

Färm (PSE).
Señor Presidente, mi país, Suecia, celebrará en otoño un referéndum sobre el euro. A pesar de que todavía no formamos parte de la eurozona, estamos intentando activamente cumplir los criterios de convergencia y respetar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión y el ponente, el Sr. Olle Schmidt, señalan que Suecia no cumple dos de los requisitos: el tipo de cambio y la legislación relativa al Banco Central Sueco. Creo que será posible cumplir pronto los requisitos en estos dos aspectos si el resultado del referéndum es «sí».
Nuestro respeto por estas normas no solo tiene que ver con el hecho de que existen como exigencias externas. Más bien tiene que ver en primer lugar con el hecho de que nosotros mismos nos damos cuenta de que son ventajosas para la economía sueca, que también ha ido mejorando constantemente. Actualmente tenemos una inflación y un desempleo relativamente bajos, y las finanzas del Estado están estabilizadas. Es más, nuestro crecimiento es superior al de muchos otros países. Básicamente, estas normas son buenas. Por ello, sería peligroso empezar a dejarlas de lado, junto con la disciplina presupuestaria, tan pronto como algunos tienen problemas. Eso minaría la confianza depositada en el euro y la UEM.
A pesar del enfoque que defiende el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y los Demócratas Europeos en determinadas enmiendas, hay razones para desarrollar las normas del pacto a largo plazo. Permítanme mencionar algunos ejemplos, como la cuestión de la estabilidad de precios. Está claro que tenemos que ceñirnos al objetivo de la inflación, pero, por ejemplo, el requisito del 2% podría ser la media de un ciclo económico, de tal manera que la inflación podría ser del 1% en un año y del 3% en otro. Eso favorecería el crecimiento e incrementaría la flexibilidad. Lo mismo se aplica a las finanzas del Estado. La Comisión ha presentado una propuesta interesante según la cual los países con deudas públicas bajas deberían tener más oportunidades para conceder préstamos para inversiones a largo plazo. Esto, en mi opinión, sería constructivo.
Por último, permítanme decir que por motivos tanto políticos como económicos, espero que Suecia participe pronto en la cooperación relativa al euro. Si podemos reforzar y unificar Europa en una situación en la que el dominio del dólar y de los Estados Unidos es tan poderoso, y al mismo tiempo reducir el riesgo de nuevas crisis monetarias y de tipos de interés, entonces pienso por supuesto que los suecos deberían votar a favor del euro. Me gustaría dar las gracias especialmente al Sr. Olle Schmidt, que ha redactado un informe verdaderamente excelente. Yo voy a votar a favor del mismo.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, lo que me ha sorprendido más en este debate es que nada hace flaquear la fe de algunos diputados en cuanto a la rigidez de los criterios para la convergencia nominal. Ni el importante declive de la economía ni la contracción de la inversión privada, ni el continuo aumento del desempleo y la pobreza hacen flaquear su fe en los dogmas del Pacto de Estabilidad, cuya rigidez presupuestaria y monetaria no solo ha contribuido a empeorar la actual crisis económica, sino que también ha limitado el potencial de crecimiento en la Unión Europea, con todas las consecuencias que esto conlleva para los niveles cada vez más altos de desigualdad, pobreza y marginación.
Sin embargo, esta situación es especialmente grave para los países de la cohesión, como Portugal, cuyos problemas específicos requieren un sector público dinámico y una inversión pública importante con el fin de alcanzar un alto nivel de convergencia real, que está siendo mermado por la aplicación ciega de los criterios irracionales del Pacto de Estabilidad. Como todos sabemos, la mundialización debería flexibilizar las políticas monetarias y presupuestarias en función de las necesidades específicas de cada país, y no llevar al rígido enfoque que se está aplicando actualmente, que a fin de cuentas impone la flexibilidad en los salarios y el mercado laboral, dando prioridad a las políticas monetarias y concediendo mucha menos importancia a las políticas sociales.
Lamento el hecho de que la Comisión de Asuntos Económicos no considerara la propuesta que presenté, que instaba a la Comisión y al Consejo a suspender inmediatamente el Pacto de Estabilidad y hacía un llamamiento a la revisión en profundidad de las directrices de política económica y monetaria de la Unión Europea, especialmente para tener en cuenta asuntos como el desarrollo económico sostenible del empleo y la aplicación de todos los derechos sociales a través de servicios públicos universales de alta calidad.
No tiene sentido, desde el punto de vista económico, establecer el mismo umbral de déficit presupuestario para países que tienen diferentes niveles de desarrollo, del mismo modo que tampoco hay justificación económica para sacrificarlo todo en aras al déficit cero. Por lo tanto, está claro que el objetivo fundamental del pacto es político, y por esta razón tampoco estamos satisfechos con las propuestas que se han presentado aquí, concretamente por parte de la Comisión.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, mi intervención se refiere exclusivamente al informe del Sr. Olle Schmidt. Quiero felicitarle por este trabajo, a pesar de que no comparto sus conclusiones, porque no solo ha respondido al Informe de Convergencia de la Comisión sobre Suecia, sino que también ha aprovechado la oportunidad de contribuir al debate sobre la UEM en Suecia antes del referéndum de septiembre. Ruego a mis colegas diputados que estén atentos a lo que se declara en el informe, porque en mi opinión algunas partes son al mismo tiempo erróneas y alarmantes.
En primer lugar, el Sr. Olle Schmidt afirma que los precios no han subido en los países que han introducido el euro. Según Wim Duisenberg y un reportaje del diario sueco Dagens Nyheter, los precios han subido de hecho tras la introducción del euro, y han contribuido un 0,2% al aumento de la inflación en la eurozona. En segundo lugar, el Sr. Schmidt presenta una imagen falsa de la economía sueca. Sostiene que, desde el punto de vista del comercio, Suecia se ha quedado atrás porque no hemos introducido el euro. Sin embargo, no menciona que Suecia experimenta un crecimiento más alto y un desempleo más bajo que la mayoría de los países que tienen el euro, y de hecho tampoco tiene una inflación alta ni déficit presupuestario.
Lo que me asombra, por no decir que me preocupa gravemente, del informe del Sr. Schmidt es el punto 6, con el cual pretende que los votantes se sientan impotentes afirmando que, antes o después, en cualquier caso, tendremos que convertirnos en miembros de la eurozona. En esta medida, el informe es una contribución sesgada al debate sobre la UEM en Suecia.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, el retroceso en la economía ha resultado ser más profundo y duradero de lo que se pensó en un principio. La situación actual señala claramente la importancia de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y la competencia. La Unión iba a convertirse en la región más competitiva del mundo para el año 2010 y en un motor de crecimiento, como nos pintaron de manera tan hermosa los líderes de nuestros Estados miembros en Lisboa. Sin embargo, todo parece haber ido por otro camino. En los tres últimos años, Europa se ha convertido en un continente donde se pone el sol, un continente que no puede cumplir sus promesas, que traiciona la confianza de sus ciudadanos y que únicamente deja en herencia a las futuras generaciones deudas y obligaciones de pensiones no cubiertas. ¿De verdad no lo podemos hacer mejor?
Solo tres países - Dinamarca, Suecia y Finlandia - han cumplido lo que se acordó en Lisboa. Irlanda, Gran Bretaña y los Países Bajos también han realizado considerables progresos. Sin embargo, las tres economías más grandes de la zona euro no han hecho lo suficiente hasta ahora. Señorías, si estuviéramos en la escuela, Alemania, Italia y Francia repetirían curso. Normalmente yo no utilizaría palabras tan duras, pero el asunto es grave. Después de todo, ¿qué les dice, en su opinión, un reportaje de prensa que afirma que actualmente cien alemanes pierden su trabajo cada hora?
Los ciclos económicos internacionales desempeñan por supuesto un papel, pero esto no cambia el hecho de que nuestras estructuras económicas están tan constreñidas que suponen una enorme barrera para el crecimiento. Además, cuando intentamos eliminar estos problemas estructurales, por ejemplo con la Directiva sobre servicios portuarios, toda una multitud de alborotadores y anarquistas egoístas se dan cita delante del Parlamento Europeo.
De momento no necesitamos nuevos objetivos o nuevas normas complicadas. Es la hora de la acción. Y esto significa un compromiso genuino con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con las reformas estructurales. Si se permite a los Estados miembros desviarse del objetivo de equilibrar las finanzas públicas de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esto va a emitir una señal equivocada. En la práctica, esto daría pie a normas sujetas a interpretación y debilitaría nuestra credibilidad y nuestros objetivos finales de coordinar todavía más la política económica.

Skinner (PSE).
Señor Presidente, la responsabilidad fiscal de los Estados miembros es una obligación, dentro o fuera de la zona euro. Sería desastroso que actuáramos temerariamente e incluso peor que los países se consideraran desvinculados de un acuerdo que nos impone a todos una disciplina en aras a una zona euro estable. Dicho esto, estoy y siempre he estado a favor de una interpretación inteligente y flexible. Evidentemente todavía se puede mejorar. Estoy seguro de que la Comisión lo reconoce. El ciclo económico reclama una desaprobación más que anual. El seguimiento de un período tan corto es incompatible con el análisis en tiempo real. Comparto la opinión del Sr. Santos de que el déficit ajustado con respecto al ciclo y aprobado para el ciclo económico es razonable y prudente. El crecimiento y la estabilidad son pilares gemelos. La Cumbre de Lisboa expresó la posibilidad de un mercado único que se correspondería con la inversión en formación y la liberación de capitales a través del plan de acción de servicios financieros, complementado con el plan de acción de capitales riesgo. Sin embargo, en competitividad todavía vamos a la zaga. No hay altos muros para dejar el mercado fuera. La Unión Europea corre cada vez más peligro de quedarse fuera. El riesgo que corre la Comunidad de no afrontar importantes reformas estructurales es demasiado grande para dejarlo de lado. Si nos retrasamos ahora, esto agravará los declives económicos, no los mejorará.
Las discusiones de hoy han sido entretenidas y divertidas en muchos aspectos. En particular, doy las gracias al Sr. Schmidt por la perspectiva de que Suecia se unirá al euro y ojalá siente un excelente ejemplo para el Reino Unido, que lo hará poco después.

Bordes (GUE/NGL).
Señor Presidente, cabe señalar que, aunque las instituciones de la Unión Europea sermonean alegremente a los países más pequeños de Europa si no cumplen los criterios de convergencia, adoptan un tono mucho más moderado al dirigirse a dos de las potencias europeas, concretamente Francia y Alemania. Con los criterios de Maastricht o sin ellos, estos dos Estados miembros han asumido el aumento de su déficit con el fin de respaldar riesgos capitalistas en sus países. La actitud del Gobierno francés demuestra el modo en que Francia y Alemania van a responder a los requerimientos de las instituciones europeas, si es que lo hacen. Puede que reduzcan su déficit presupuestario, pero no lo harán reduciendo las considerables sumas de dinero que conceden a los empresarios.
En Francia, esto asciende al menos a un 10% del presupuesto. Sin duda hay margen para compensar un déficit del 3,4%. Sin embargo, para evitar reducir el dinero destinado a las empresas, el Gobierno francés está recortando el gasto público. En realidad, esto significa quitar dinero a los servicios públicos. La necesidad de equilibrar el presupuesto implica que habrá menos dinero para hospitales y escuelas. La población en su conjunto sufrirá para que los ricos puedan salir ilesos.
Aunque en realidad son los Estados miembros y no las instituciones europeas quienes deciden su presupuesto, vamos a votar en contra de este informe, porque sirve de pretexto y justificación de medidas de austeridad y asalto a los servicios públicos.

Konrad (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, la Estrategia de Lisboa solo puede tener éxito si promovemos la competencia entre los sistemas europeos. En otras palabras, lo que aquí nos preocupa es la competencia entre soluciones económicas, y sobre todo, las mejores soluciones que salgan de la competencia entre los Gobiernos de la Unión Europea. Esto también encaja con la idea básica de la subsidiariedad en Europa. Hablando claro, simplemente no debería haber más cooperación en materia de política económica, y esto significa que la política macroeconómica no debería ser competencia de la Unión Europea. También los objetivos sociopolíticos, como el pleno empleo, la promoción de la cohesión social o el establecimiento de una relación equilibrada entre la competencia y el servicio público, son contrarios a los principios de subsidiariedad y competencia. Además, también deberíamos -al menos en mi opinión- procurar que tales objetivos no encuentren una puerta de entrada en la constitución de la Unión Europea.
Es más, también necesitamos competencia en el terreno de los impuestos, es decir, competencia entre los sistemas tributarios europeos. Pero sobre todo, no deberíamos usar el método abierto de coordinación en la forma que se está discutiendo actualmente. En otras palabras, necesitamos, también en el futuro, una política económica que siga siendo responsabilidad de los propios Estados miembros. En mi opinión, solo la competencia entre los objetivos de política económica llevará, al final, a unas condiciones locales dentro de la Unión Europea que, en el contexto de la competencia mundial en general, podrán resultar todavía más reforzadas.

Solbes
. (ES) Señor Presidente, muchas gracias a todos los que han intervenido en este debate por las ideas y los temas planteados y suscitados.
Creo que hemos tratado bien los dos grandes instrumentos que la Unión tiene para la coordinación de las políticas económicas, las grandes orientaciones de política económica y el Pacto de Estabilidad, instrumentos que, aunque ligados, no deben confundirse.
Es cierto que, desde la definición de la estrategia de Lisboa, las grandes orientaciones de política económica se dirigen fundamentalmente a mejorar el potencial de crecimiento de la Unión. Es cierto, también, que muchas veces tendemos a comparar de forma simplista lo que sucede en la Unión Europea con lo que sucede en los Estados Unidos. No hay que olvidar que, por ejemplo, no es lo mismo comparar el crecimiento de la productividad en los Estados Unidos y en la Unión Europea con el crecimiento de la productividad por hora en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Dicho de otra forma, cuando comparamos Estados Unidos con Europa sabemos que en Estados Unidos la población crece más, que hay más población activa y que trabajan más horas. Evidentemente, hay otros factores que intervienen también en términos de productividad y que afectan al mercado de trabajo.
Pero, dejando aparte esto, hay dos elementos que sí me parecen importantes. Los dos están en nuestro informe de síntesis. ¿Qué ha sucedido desde el año 1999, en que pusimos en marcha el proceso de Lisboa, hasta ahora? Hemos visto que, en términos de crecimiento de empleo, la Unión ha crecido más rápidamente que en el pasado y nos hemos aproximado a la tasa de actividad de los Estados Unidos. Sin embargo, hemos reducido en términos de productividad respecto a los Estados Unidos. Esto pone de relieve que hay algunos elementos que fallan en la Unión Europea, que, evidentemente, están relacionados con el mercado laboral en un sentido amplio, pero, también, tienen que ver con las deficiencias del mercado interior, con el mercado financiero, con la falta de inversiones, en definitiva, con la formación y con todos esos elementos que hemos intentado introducir en las prioridades, sobre todo, del año 2004, que presentamos al Consejo de Primavera, para mejorar nuestra capacidad y nuestra productividad en el futuro.
En este contexto, ¿es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento un obstáculo para la recuperación en Europa? Creo que no. Creo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una garantía para permitirnos que cuando seamos capaces de mejorar nuestra capacidad de crecimiento y se produzca una posibilidad de crecimiento, lo utilicemos de la mejor forma posible.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a través de los estabilizadores automáticos, ha permitido ya un impulso fiscal claro en la Unión. No hay que olvidar que, grosso modo, en una aproximación muy simplista, cada punto de caída de actividad implica más o menos medio punto de incremento de déficit público, que es aproximadamente el doble de lo que suele suceder en los Estados Unidos.
¿Tiene sentido una política fiscal discrecional además en la Unión? Desde nuestro punto de vista, un choque asimétrico, evidentemente, plantea problemas que no se van a resolver con elementos de política fiscal en términos generales. Los choques asimétricos deben resolverse con definiciones de política monetaria y, solo en circunstancias muy excepcionales, la política fiscal discrecional tiene sentido en un choque asimétrico. Sin embargo, hemos introducido en el pacto el margen de maniobra al que antes me he referido, pero lo hemos introducido vinculado a ese potencial de crecimiento de Lisboa.
Sé que, respecto a los elementos que acabo de citar referidos al pacto, se me puede decir que estos instrumentos cuentan en aquellos países que se sitúan con posiciones presupuestarias por debajo del 3% en términos de déficit. Y es cierto. Desde el punto de vista de la Comisión -personalmente estoy convencido-, el 3%, en términos nominales, debe ser el ancla fundamental de todo nuestro sistema. Tenemos que definir una referencia que es intocable para todos y, en mi opinión, esa es la referencia sobre la que tenemos que trabajar. Pero no es una referencia que hemos definido y a la que nos vinculamos por exceso de tozudez o de intentar que las cosas no cambien. Pensemos simplemente cuál sería la situación presupuestaria en aquellos países que partieron ya con definiciones de déficit presupuestario relativamente alto si hubiéramos dejado funcionar el crecimiento del déficit público, por ejemplo, de forma semejante a lo que ha sucedido en los Estados Unidos.
Es cierto que, en nuestro sistema, aquellos países que superan el 3%, en los momentos con menor caída de actividad, tienen que tener un cierto comportamiento procíclico, pero esa situación es la consecuencia de no haber cumplido las obligaciones de reducción de los déficits en las situaciones de mayor crecimiento. En definitiva, yo creo que los instrumentos de que disponemos nos van a permitir hacer frente a la situación actual con cierto grado de coordinación.
Si se me plantea si debemos estar satisfechos, debo decir que hemos avanzado, pero no diría que estamos totalmente satisfechos. Ustedes han planteado algunos de los elementos que a todos nos preocupan. Han dicho ustedes que es fundamental que aquello que se acuerda se cumpla. Estoy absolutamente de acuerdo con ese principio y creo que es uno de los fallos fundamentales que tenemos actualmente en el sistema de coordinación. Otros se han referido a la necesidad de prestar más atención al cumplimiento de lo pactado y no a pactar nuevas cosas. Por esa razón, en las grandes orientaciones de política económica, estamos prestando mucha más atención a los informes de aplicación que a la definición de nuevas grandes orientaciones, que pretendemos que sean trianuales.
Pero también, en lo que se refiere al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hemos insistido, de forma permanente, en la necesidad de conseguir un mayor ownership por parte de los diferentes Estados miembros. Es imprescindible que los Estados miembros acepten o reiteren el compromiso del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y que ese compromiso no sea simplemente formal, sino que responda a la realidad. Solo si somos capaces de avanzar en todos estos elementos, dispondremos de un punto de partida que nos permitirá crecer rápidamente cuando el contexto económico se modifique.
Creo que nuestros equilibrios fundamentales están en una posición relativamente confortable en los momentos actuales. Somos conscientes de que nuestras tasas de crecimiento son relativamente bajas. Somos conscientes de que estamos muy afectados por el contexto exterior y de que no hemos sido capaces de ser más independientes de él, pero creemos que estamos en un excelente punto de partida para hacer frente a los problemas que se puedan plantear en el futuro y para aprovechar, en el momento en que se produzcan, de la mejor forma posible, las posibilidades de crecimiento.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0042/2003) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (11212/4/2002 - C5-0534/2002 - 2000/0260(COD)) (Ponente: Othmar Karas).

Karas (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera, al comienzo de mi discurso sobre este informe, dar las gracias a tres grupos de personas: primeramente, y de forma especial, a los representantes de las Presidencias española y danesa. La Presidencia española posibilitó la Posición Común, y la Presidencia danesa dedicó mucho esfuerzo a la búsqueda del diálogo con nosotros. También me complace que, en la última semana, la Presidencia griega haya desechado la prohibición autoimpuesta de entablar conversaciones.
Quiero agradecer al personal político y a la secretaría del Comisario Bolkestein su continua disponibilidad para debatir cuestiones con nosotros y colaborar en la búsqueda de compromisos.
Por último, quisiera agradecer a los ponentes alternativos, el Sr. Kuckelkorn y el Sr. Huhne, y también a mis colegas de la comisión, que fueron muy flexibles y nos ayudaron constantemente a sacar adelante esta Directiva sin tener que echar por la borda los principios que establecimos en la primera lectura. Quiero darles las gracias muy sinceramente por su contribución.
El segundo punto que quiero señalar es que esta Directiva también ha mostrado claramente los problemas que tenemos en lo que concierne al procedimiento legislativo. En octubre de 2000 recibimos la propuesta de la Comisión, y el Parlamento concluyó la primera lectura en julio de 2001, pero hasta el 5 de noviembre de 2002 no se nos comunicó la Posición Común. Hoy estamos debatiendo la segunda lectura, y mañana es la votación. Puesto que conviene recordar todo esto, quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar muy claramente nuestra voluntad de ultimar una Directiva tan importante en primera lectura. La primera lectura del Parlamento obtuvo 458 votos a favor. Si el Consejo hubiera aceptado este gesto de cooperación por nuestra parte, habríamos tenido esta Directiva desde hace mucho tiempo.
El tercer punto que planteo en parte en respuesta a varios informes de prensa de hoy, es que esta Directiva no es una Directiva de pensiones ni una Directiva relativa a productos de seguridad social. Tampoco tiene que ver simplemente con las pensiones de empleo. Como su nombre indica, es una Directiva sobre actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Esto conviene especificarlo, porque lo que nos ocupa hoy aquí es a una Directiva de servicios financieros. Dicho eso, me han planteado muchas peticiones en relación con la definición de las prestaciones, la concepción de los productos, etc. Cuando oyen las palabras «pensiones de empleo», los interesados preguntan cuáles son las prestaciones para ellos en una época de incertidumbre en todos los Estados miembros en lo que concierne a las pensiones.
En vista del hecho de que las Directivas de servicios financieros y del mercado interior, junto con las instituciones relevantes, desempeñan un papel esencial en la financiación de la economía europea y el funcionamiento de los mercados de capitales, hemos intentado, en esta situación tan cargada, seguir el camino marcado en Lisboa y asegurar no solo la competencia, sino también un grado correspondiente de seguridad social. También teníamos la misión de estructurar los sistemas de pensiones de empleo como segundo pilar de la previsión para la jubilación y tratar los aspectos sociales respectivos.
Esta Directiva supone un éxito para el Parlamento Europeo. Introdujimos enmiendas a la propuesta de la Comisión en primera lectura. En segunda lectura modificaremos la Posición Común para que refleje nuestras propias ideas. Esta Directiva no es el producto definitivo. Es un primer paso. En mi opinión, la Directiva será beneficiosa para las personas porque habrá más proveedores que compitan entre ellos; esto, junto con la creación del mercado europeo, tendrá más ventajas para las personas que se desplacen; tendrá más ventajas para los ciudadanos y los proveedores, porque también el segundo pilar estará regulado a nivel europeo; y beneficiará al mercado de capitales moviendo sumas de unos 2 millardos de euros en el mercado y esperamos que este capital se incremente. Esta Directiva será beneficiosa para el mercado interior gracias a la aportación de capital riesgo, y será beneficiosa para las instituciones porque existirán reglamentos europeos que facilitarán las actividades transfronterizas.
Con carácter prioritario hemos propuesto enmiendas en seis puntos. El volumen de información que debe facilitarse a los beneficiarios de las pensiones se ha incrementado. Los riesgos biométricos se han formulado de manera clara, y se ha hecho posible cubrirlos. Se ha especificado de manera clara que nuestro objetivo son pensiones vitalicias, que tienen que constituir la esencia de nuestros sistemas. La Directiva comportará la coordinación de la labor de las autoridades supervisoras, y sienta las bases para crear unas reglas de juego uniformes. Todavía no liberaliza las estipulaciones en materia de evaluación. Dada la posición del Consejo, eso no era posible. La Directiva tampoco clarifica la cuestión de la armonización fiscal, ni cumple nuestro deseo de que el segundo pilar se estructure de la misma manera en toda Europa, proporcionando así una mayor seguridad social.
Sin embargo, la Directiva es un paso importante en la buena dirección. Creo que hemos mantenido el equilibro en el marco de nuestras competencias y las opciones existentes. Quiero dar las gracias con toda sinceridad a todos los que han contribuido a esta labor.
Bolkestein
Señor Presidente, la Comisión quiere dar las gracias al Parlamento Europeo y, especialmente, al ponente. El ponente ha sido muy amable al expresar su gratitud a mi gabinete y mis servicios. Le estoy muy agradecido por estos cumplidos y puede estar seguro de que los transmitiré a mi plantilla. Doy las gracias al ponente y a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath, por haber tratado con acierto y eficacia este importante documento y por su actitud constructiva y cooperadora durante esta segunda lectura.
Esta Directiva tiene una importancia estratégica particular, no solo para nuestros mercados de capitales, sino también para nuestros mercados laborales y, quizá, más que nada, para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas de pensiones en su conjunto. Los jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo en el Consejo Europeo de Barcelona, han dado carácter prioritario a esta Directiva.
La situación actual en Europa se caracteriza por tres aspectos: primero, una conciencia general creciente de lo que yo calificaría de «bomba de relojería demográfica»; segundo, una clara voluntad por parte de todos los Estados miembros de abordar los desafíos financieros sin socavar el objetivo social de sus sistemas de pensiones; tercero, un fuerte deseo de los Estados miembros de conservar la especificidad de los sistemas de pensiones en sus esfuerzos por modernizarlos. Después de todo, la responsabilidad de diseñar y gestionar los sistemas de pensiones reside en los Estados miembros y no hay ninguna intención de cambiar esta situación.
Nuestros esfuerzos por crear un marco de mercado interior para las instituciones que ofrecen pensiones de empleo deben enmarcarse en este contexto. Una directiva destinada a crear un marco prudencial para los fondos de pensiones debe ajustarse a este proceso de reforma coordinada, constante pero gradual, de los sistemas de pensiones nacionales.
Esta Directiva también debe -y esto ha sido fundamental para la Comisión- respetar absolutamente dos principios esenciales: primero, respetar plenamente la amplia diversidad de entidades de jubilación de empleo entre los Estados miembros y, segundo, la no interferencia en la organización de los sistemas de pensiones de los Estados miembros.
Me complace indicar que el paquete de enmiendas de transacción presentadas por el PP-DE y los Grupos de los Socialistas y los Liberales cumple plenamente estos dos principios.

Purvis (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero rendir homenaje a nuestro ponente, el Sr. Karas, quien ha demostrado tener buen criterio al alcanzar un equilibrio en gran parte aceptable en esta Directiva, que es compleja pero crucial. Nuestro Grupo estaba muy preocupado por cualquier posibilidad de que esta Directiva fracasara por falta de consenso en el Parlamento o entre el Parlamento y el Consejo. Pero el ponente ha conseguido con éxito la cuadratura de este dificilísimo círculo. En el Grupo del PPE-DE nos complace mucho apoyar el compromiso diseñado por el ponente y el Comisario.
Sin embargo, he de señalar ciertos aspectos que todavía nos preocupan. Por ejemplo, las enmiendas transaccionales 4 y 12 conceden a los Estados miembros el derecho a prever una opción para la cobertura de riesgos biométricos. Es verdad que solo es una opción, pero nos preocupa que las diferencias entre Estados miembros obstaculicen de alguna forma los fondos de pensiones de empleo transfronterizos y la capacidad para trasladar a empleados junto con sus fondos de pensiones por toda la Unión Europea. Agradecería que el Comisario asegurara que entiende el impacto, o, esperemos, la falta de impacto, de esta opción.
La otra preocupación se refiere a la exigencia de un registro que también deba mostrar en qué Estados miembros opera la institución en cuestión. El ponente me ha asegurado que al amparo de la enmienda acordada no se requeriría semejante acuerdo si, en su lugar, se «autorizara» a las instituciones. De nuevo agradecería al Comisario que confirmara concretamente que él también lo entiende así. Esto sin duda sería bien acogido en el sector de los servicios financieros con vistas a eliminar trámites burocráticos innecesarios.
Aparte de estos dos aspectos, estamos muy satisfechos con el resultado, que asegura una amplia flexibilidad, por ejemplo, con respecto al modo de pagar las prestaciones de pensiones. Seguirá permitiéndose el pago de un tanto alzado. Estamos dando un gran paso adelante al realizar un mercado único europeo de servicios financieros.
Hay que felicitar al Sr. Karas y al Comisario Bolkestein por este logro. Mañana tendremos que garantizar un rotundo voto de apoyo a esta Directiva.

Kuckelkorn (PSE).
Señor Presidente, puesto que todos han sido tan amables al darse las gracias mutuamente, yo también quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Karas, que sin duda se ha esforzado en la primera y ahora también en la segunda lectura por llegar a un compromiso en la comisión y en el pleno. Yo también apoyaría este compromiso al que se ha llegado si, bajo la dirección del ponente o de una delegación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, se presentara en la sesión plenaria inmediatamente después de las negociaciones con la Comisión. En esas circunstancias, lo apoyaría. Sin embargo, un compromiso o un texto presentado por la Comisión tiene su historia, y tales compromisos o textos me parecen ser objeto de disputa en el Consejo ECOFIN, en el que, según me han dicho, uno u otro Estado miembro estaba muy dispuesto, al final, a usar de nuevo el veto.
Desde el Libro Verde hasta ahora, a punto de proceder a la segunda lectura, la Directiva ha tenido varios nombres. Sin embargo, ahora el nombre de la Directiva en realidad no importa. Lo que importa es más bien el contenido. Por lo tanto, permítanme retomar de nuevo un par de cuestiones de una de las propuestas de la Comisión, o, en su caso, de las propuestas del Comisario Bolkestein; por ejemplo, de la propuesta, tal y como se formula, sobre las expectativas de alcanzar la edad de jubilación, que legitima también los pagos realizados antes de alcanzar la edad de jubilación. Lo que esto tiene que ver con los pagos de las pensiones tendrán que explicármelo primero.
En cuanto a los riesgos biométricos, está claro que no existe una solución europea, especialmente a la hora de garantizar los importes cotizados. Eso significa que todo el riesgo del mercado de capitales se transfiere a los asegurados, es decir, a los trabajadores, y esto no estoy dispuesto a aceptarlo. No existe justificación alguna para decir, como se ya se ha dicho implícitamente una vez aquí en el Parlamento: «Deme su dinero; confíe en mí; yo lo invertiré, y si desaparece, mala suerte para usted».
Estoy especialmente inquieto por el hecho de que, en la propuesta de compromiso, la Comisión ha eliminado la obligación de los asegurados, a instancia de parte, de facilitar información sobre sus derechos de pensiones adquiridos. No creo que esto sea un buen compromiso, y me habría gustado que hubiéramos tenido la oportunidad de llevar a cabo un procedimiento de conciliación con el fin de llegar a un reglamento europeo razonable.

Huhne (ELDR).
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Karas, y al Comisario y a su plantilla por lo que me parece es un buen compromiso entre el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión, que permitirá a millones de europeos acumular mejores derechos de pensiones dondequiera que trabajen dentro de la Unión.
Este es un puntal esencial del Plan de Acción de Servicios Financieros. Recortará los gastos administrativos de muchos fondos de pensiones de empresas multinacionales, permitiendo a las personas obtener mejores pensiones al retirarse. Ayudará a millones de europeos de edad avanzada a disfrutar de una jubilación al sol. 
En estos momentos, a los ciudadanos europeos efectivamente se les niega el derecho a la libre circulación durante sus vidas laborales y durante la jubilación debido al mosaico de sistemas de pensiones nacionales, que imponen barreras inaceptables cuando las personas intentan cambiar de trabajo o de lugar de residencia. Este es un gran avance hacia la eliminación de estas barreras. Esperemos que se siga avanzando, en particular en algunas de las cuestiones fiscales.
Las empresas también pierden con la falta de movilidad de la mano de obra y la burocracia suplementaria, la administración y los costes adicionales asociados a la gestión de múltiples sistemas de pensiones. Las empresas presentes en todos los quince Estados miembros soportan unos 40 millones de euros al año de gastos suplementarios porque tienen que tratar con quince diferentes entidades de pensiones y sistemas legales.
Este acuerdo también supone una mayor variedad de fondos de pensiones porque abre el mercado europeo de la gestión de inversiones y de la administración de pensiones. En el futuro podemos tener un auténtico mercado de ahorros de pensiones de 377 millones de personas, que se ampliará a 450 millones de personas después de la ampliación. Es un mercado con un gran potencial.
Los planes de jubilación de empleo financiados en la Unión Europea abarcan el 25% de la mano de obra de la Unión Europea y actualmente están valorados en más de 2 500 millardos de euros. Se prevé que superarán los 7 000 millardos de euros para 2010. Es un puntal clave de la apertura al mercado de servicios financieros.
También es una medida que permite abrir el mercado sin matar moscas a cañonazos. Concede un pasaporte a los fondos de pensiones para operar en toda la Unión Europea sin intentar armonizarlo todo. Los Estados miembros son responsables de fijar los requisitos sociales -como el fallecimiento para las prestaciones de servicios- para sus propios fondos de pensiones y las exenciones fiscales que conceden, conforme al principio de subsidiariedad. Por ejemplo, me complace que se permitan específicamente las cantidades globales.
Además, la Directiva implica que ahora los fondos de pensiones podrán invertir en función de las necesidades de sus propios beneficiarios, en lugar de las reglas arbitrarias establecidas por los Gobiernos para la compra de sus propios bonos y demás. La insistencia en el llamado principio «de la persona prudente», el principio por el que las inversiones se deciden con prudencia, abrirá el mercado de gestión de los fondos.
En resumidas cuentas, es una medida excelente. Pido al Parlamento que vote a favor de ella.

Herzog (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, creo que habría que establecer una directiva sobre instituciones de previsión de jubilación complementaria para proporcionar cierto grado de protección social. Sin embargo, la Unión Europea no tiene tal mandato. Por consiguiente, este informe forma parte del trabajo encaminado a crear un mercado interior de los servicios financieros. Esto está absolutamente claro. Ante todo, este informe permitirá a las instituciones de previsión de jubilación complementaria de Gran Bretaña y de los demás países beneficiarse de su posición y ofrecer servicios transfronterizos.
Votamos en contra de este informe en la primera lectura en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. El documento intentaba sin duda corregir las deficiencias en materia de obligaciones sociales, pero agravaba los riesgos de inversión. La Posición Común del Consejo garantiza mejor los requisitos cautelares de la inversión, pero no cumple las exigencias del Parlamento en el ámbito social. Hemos pedido que se rechace esta Posición Común. Pensamos que este informe debe reconsiderarse en el contexto de la grave crisis que afecta a las bolsas actualmente. Esto está afectando a los fondos de pensiones, supone un riesgo para el nivel de beneficios y hace que se incrementen las cotizaciones. La confianza en estos sistemas de fondos de pensiones no se restaurará sin unas normas estrictas de gestión y unas estructuras de seguros mutuos para las garantías. También es necesario que estas estructuras estén respaldadas por convenios colectivos europeos entre los interlocutores sociales.
Quisiera decir que el Sr. Karas ha trabajado mucho en la elaboración de este informe y se ha asegurado de que el texto sea equilibrado. Sin embargo, al fin y al cabo creemos que las enmiendas tienen un alcance limitado. Esto se debe a los acuerdos entre los distintos componentes de los Grupos políticos y lo que el Consejo estima aceptable para evitar la conciliación. El informe supone una mejora de la Posición Común, y las enmiendas propuestas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea refuerzan los requisitos cautelares de la inversión. No obstante, el enfoque básico del texto sigue siendo el mismo.

Lipietz (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea votará a favor de la propuesta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica que solicita el rechazo de la Posición Común.
No vamos a apoyar esta propuesta porque queremos oponernos por principio a la financiación de las pensiones complementarias a través de la capitalización. Como ha dicho el Sr. Kuckelkorn, una pensión es una pensión. No es una forma de ahorro. Las pensiones son vitalicias. Proporcionan medios de vida a los trabajadores cuando se jubilan. También ofrecen ciertas garantías en caso de incapacidad. Las pensiones de viudedad revierten en los cónyuges supervivientes. Las pensiones no son productos financieros. Es bastante posible que algunos productos financieros e instituciones financieras puedan participar en la gestión de algunos planes de pensiones. Sin embargo, más allá de esto, nos estaríamos embarcando por primera vez en el establecimiento de definiciones europeas de productos de pensiones y mecanismos sociales. También hemos de tener en cuenta las circunstancias en las que las instituciones financieras pueden hacer una contribución.
Actualmente no hacemos más que disfrazar productos de ahorro de manera muy mal definida. Quisiera dar las gracias al Sr. Karas por todos los esfuerzos realizados para hacer que este disfraz sea lo más convincente posible. Los productos de ahorro han sido disfrazados para que parezcan pensiones. Con las enmiendas del Sr. Karas, ya estaban lejos de ser pensiones. Sin embargo, las enmiendas transaccionales lo han dejado todo bastante claro. Son pura y simplemente productos de ahorro y deberían ser tratados como tales. Venderlos como pensiones sería violar las reglas del comercio.

Blokland (EDD).
En primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Karas por su informe. No ha sido tarea fácil llegar a un compromiso en una cuestión compleja como es la supervisión de las pensiones de empleo. Puedo apoyar el compromiso alcanzado en principio, aunque es un compromiso más débil del que habría deseado.
He presentado tres enmiendas en nombre del Grupo EDD, pero también a petición de varios diputados de otros Grupos. Me gustaría que el Comisario Bolkestein aclarara un poco más este punto. ¿Está dispuesta la Comisión Europea a prometer que tendrá en cuenta los asuntos mencionados en las enmiendas en la fase de aplicación de la Directiva? ¿Qué promesas puede hacer con respecto al tema de los informes anuales y las cargas administrativas asociadas, como se afirma en la enmienda a los artículos 10 y 11?
Una segunda cuestión se refiere a la enmienda al apartado 2 del artículo 18. ¿Está usted dispuesto a revisar la prohibición absoluta de los préstamos y a conceder a los Estados miembros la opción de prohibirlos si así lo desean? En el considerando 8 hay, después de todo, una clara referencia al principio de subsidiariedad. En mi opinión, este considerando no es coherente con la cláusula de prohibición del artículo 18.
Si recibo una respuesta satisfactoria a mi pregunta, estaré dispuesto a reconsiderar mi enmienda. Por último, me gustaría comentar algo sobre la traducción al neerlandés de la enmienda revisada nº 32, en la que por error han sido omitidas las palabras «o tiene licencia». El texto inglés contiene las palabras «o autorizado», y creo que eso es lo que también tiene que aparecer en el texto neerlandés.

García-Margallo y Marfil (PPE-DE).
Señor Presidente, me uno, porque es de justicia, al agradecimiento al ponente, Sr. Karas. He sido testigo de excepción de la bravura de los toros que ha tenido que lidiar: el Consejo -muy dividido-, la Comisión, los demás Grupos de esta Cámara y, muy especialmente, mi propio Grupo, que le ha planteado más dolores de cabeza que todos los demás Grupos juntos.
Quisiera, en segundo lugar, subrayar la generosidad del Parlamento Europeo. Es verdad que hemos conseguido que sean aceptadas muchas de las enmiendas que planteamos en primera lectura, pero no es menos verdad que hemos sacrificado aspiraciones legítimas, bien fundadas, bien razonadas, para conseguir un texto que pudiese ser aceptado por el Consejo. 
Y hemos sacrificado esas posturas porque en todo momento hemos sido conscientes de que esta Directiva era transcendental, al menos, para tres cosas. En primer lugar, para hacer más efectivas, más reales, las libertades consagradas en el Tratado y, especialmente, la movilidad de los trabajadores. En segundo lugar, para complementar los sistemas públicos de la Seguridad Social en un momento -se ha dicho aquí- en que el reto al que nos tenemos que enfrentar en los próximos años es el reto demográfico, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estos sistemas profesionales de carácter complementario -insisto en este aspecto- servirán para mantener las rentas futuras de los trabajadores. Orientación social que mi Grupo aplaude. Y, en tercer lugar, porque servirá para aumentar el ahorro europeo, para aumentar la profundidad del mercado financiero europeo, que es el objetivo global del plan de acción de servicios financieros. Ese ahorro nos permitirá financiar -y empalmo aquí con lo que he dicho en el informe anterior- las inversiones que necesitamos para crecer, para aumentar el empleo y nuestra productividad.
Ha subrayado el Sr. Karas muchas de las enmiendas que han enriquecido el texto original de la Comisión y el Consejo. Quisiera subrayar aquí el aumento de la transparencia con las obligaciones de información que recaen sobre los prestadores de estos servicios, sobre los que suministran y garantizan estas pensiones, tanto respecto a las autoridades como a los partícipes. En segundo lugar, y en contra de lo que ha dicho alguien desde los bancos de la izquierda, porque incorpora orientaciones sociales que son muy queridas para los que defendemos la economía social de mercado. Y, en tercer lugar, porque aumenta la coordinación de las autoridades de supervisión y favorece la posibilidad de actividades transfronterizas.
Quisiera terminar, señor Comisario, subrayando algunas de las carencias que ha señalado el ponente. Será necesario avanzar en la armonización fiscal -lo he subrayado en el informe anterior- si queremos que estas actividades transfronterizas realmente se extiendan y que la libertad de elección sea real.

Goebbels (PSE).
Señor Presidente, la gran mayoría del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos votará a favor del paquete de enmiendas negociado con el Consejo y la Comisión por el Sr. Karas. Quiero dar las gracias al Sr. Karas por toda su labor.
El resultado de la segunda lectura probablemente será aceptable en su conjunto. Vamos a crear un pasaporte europeo para fondos de pensiones. Estamos tratando de un instrumento financiero, pero que tiene objetivos sociales. Por lo tanto, algunas mejoras son necesarias en relación con las posiciones del Consejo. Necesitamos garantizar pensiones decentes para los ciudadanos europeos. Los fondos de pensiones tendrán que desempeñar un papel a este respecto, especialmente si hay cobertura biométrica de las cotizaciones o protección contra los riesgos de la vida.
Sin embargo, presentar los fondos de pensiones como panacea sería una mentira deliberada. La prensa se refiere hoy a un mensaje de la Mesa Redonda Europea de Servicios Financieros al Consejo Ecofin, que presenta los fondos de pensiones como solución milagrosa de los futuros problemas de financiación de las pensiones en Europa. Según esta asociación de grandes empresarios, ya no será posible financiar el primer pilar del régimen de pensiones, que implica la redistribución, puesto que cada vez hay un mayor número de beneficiarios y un menor número de contribuyentes. Sin embargo, los fondos de pensiones basados en la capitalización experimentarán los mismos problemas demográficos una vez que lleguen a la madurez. De hecho, las pensiones que se pagan en cualquier año siempre implican una transferencia de fondos de los trabajadores a los jubilados, ya sea por redistribución o por capitalización.
Desde que estalló la burbuja especulativa, la mayoría de fondos de pensiones han arrojado resultados negativos. En los Estados Unidos, los fondos de pensiones ofrecidos por grandes compañías se enfrentan a un déficit de más de 300 millardos de dólares. En Gran Bretaña, el déficit de los fondos de pensiones de las empresas se cifraba en 65 a 130 millardos de libras esterlinas a finales de 2002. También existen déficit significativos en Suecia, los Países Bajos, Bélgica y otros países. Incluso los modestos fondos de pensiones de los diputados del Parlamento Europeo acaban de modificar las cotizaciones en tres puntos. Este tipo de ejercicio también dejaría a salvo todos los fondos de redistribución. Debido a los resultados financieros negativos, las empresas con fondos de pensiones ya no tienen un sistema de beneficios garantizados, sino un sistema de cotizaciones garantizadas. En un sistema de beneficios garantizados, los cotizantes ahorran un dinero que recibirán cuando se jubilen. En un sistema de cotizaciones garantizadas, cada persona sabe cuánto ha de cotizar, pero no recibe garantías del resultado de la política de inversión de los gestores del fondo. Ni que decir tiene que los gestores de los fondos siempre se toman su parte del mismo, vaya este bien o mal.
Esto explica por qué el sector financiero acoge con tanta satisfacción la Directiva. Una vez más, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no se opone a los fondos de pensiones del segundo y del tercer pilar. No obstante, pensamos que necesitamos actuar con mucha cautela y que se precisan unos requisitos cautelares muy estrictos. Señor Presidente, las pensiones basadas en la capitalización no deberían minar los sistemas de pensiones nacionales basados en la solidaridad intergeneracional.

Pronk (PPE-DE).
Señor Presidente, es verdad que los fondos de pensiones del primer pilar son más sensibles al cambio demográfico, y que los fondos de pensiones de segundo pilar son más sensibles a los cambios de las condiciones que prevalecen en la bolsa y en los mercados financieros. Sin duda eso está claro, y también tiene sentido que tengamos dos sistemas de pensiones que coexistan el uno con el otro, y que haya un tercer pilar que haga contrapeso. Pero dado que cumple nuestras exigencias, esta Directiva es muy importante. También estoy muy satisfecho con este compromiso. En particular, si se realiza trabajo transfronterizo -y cada vez más empresas están dejando de ser empresas nacionales para convertirse en empresas europeas- hay una necesidad absoluta de que se trate este asunto; puede describirse como una especie de constitución para la previsión para la jubilación en Europa. Está bastante claro que no todo está regulado.
Algunos oradores han abordado un solo punto, que ya no deberíamos hacer nada en el ámbito social y que, en realidad, los Estados miembros deberían someterse al sistema que se aplica en el país cuyas cifras son más bajas. Afortunadamente, esto no ocurre con este compromiso, o en esta cuestión, con las propuestas presentadas de antemano, que es la razón por la que yo pienso que el compromiso sobre los riesgos biométricos es muy afortunado. En mi país, hasta ahora era habitual asegurar los riesgos biométricos. Si alguien de Gran Bretaña aparece de repente en el mercado y no asegura ningún riesgo biométrico y no lo menciona y solo habla de cazuelas de oro, como parece ocurrir en el Reino Unido, entonces podría ocurrir que la gente realizara previsiones de jubilación bastante equivocadas. Tiene que ser posible impedir cosas de este tipo, y esta es la razón por la que el compromiso es excepcionalmente bueno.
En cuanto al suministro de información, ha habido críticas sobre el hecho de que hemos obtenido menos de lo que se buscaba. Y esto es verdad. Puede que sea una pena, pero creo que no obstante es un avance muy significativo que estemos produciendo en este campo determinadas normas comunes europeas y no normas que son intrínsecamente norteamericanas.
Por último, señor Presidente, la cuestión fiscal, que hemos dejado a un lado porque, en mi opinión, es lo mejor que se puede hacer en términos políticos. Creo que la Comisión ha actuado de modo correcto con su anuncio, es decir, examinando hasta qué punto los impuestos actuales no son discriminatorios. Recientemente hemos tenido el reglamento Danner. Esa es una de las decisiones que llevan a los Estados miembros a pensárselo dos veces antes de aplicar medidas fiscales discriminatorias en contra de los fondos de pensiones que no están establecidos en su país. Aunque nos queda un largo camino por recorrer, creo que de todas formas hemos dado un primer paso. Si rechazáramos este compromiso, entonces ni siquiera tendríamos este primer paso y entonces creo que tampoco estaríamos haciendo ningún bien a los objetivos sociales que también están ahí.

Van den Burg (PSE).
El curso de los acontecimientos relacionados con esta materia de codecisión no merece en mi opinión ningún premio de belleza, pero estoy de acuerdo con el compromiso alcanzado en el último momento, que ya ha sido aprobado por el Consejo. Demuestra que el Consejo y la Comisión estaban, en cualquier caso, dispuestos a tomarse en serio al Parlamento como colegislador. Por lo que se refiere al contenido, tampoco soy un gran entusiasta, pero con las propuestas de compromiso estamos en cualquier caso definiendo más acertadamente los fondos que entran dentro de esta Directiva y que adquieren ahora un pasaporte europeo para invertir y ofrecer sus servicios más allá de sus fronteras.
Sin embargo, en el contexto europeo es necesario un debate más profundo acerca del contenido y la calidad de los planes de pensiones del segundo pilar. A finales de la semana que viene, en la cumbre europea de primavera, puede realizarse un buen comienzo no solo compartiendo información informalmente, sino también llegando a un consenso sobre el contenido y la convergencia de políticas. Si se quiere propagar el segundo pilar, las pensiones financiadas en su totalidad, también hay que guiar el debate sobre la estructura y la calidad de estos planes.
En los Países Bajos, más o menos la mitad de los ingresos de los pensionistas provienen de planes del segundo pilar, financiados en su totalidad y acordados por los interlocutores sociales; en el futuro esta cifra aumentará. No se pueden tratar simplemente como si fueran productos del mercado financiero, que invierten en el mercado de capitales y que tienen que abrirse paso en el mercado interior como servicios comerciales. No, el segundo pilar de los Países Bajos pertenece expresamente al primer pilar, con los regímenes de la seguridad social, y no debe mezclarse con los productos individuales del tercer pilar, para aquellos que pueden permitírselos. Este es un tema de política social. Y ha estado siempre en el orden del día del debate, por lo que también debería desarrollarse más en la cumbre de primavera y en los debates sobre la coordinación abierta.
Sin embargo, pienso que también queda más trabajo por hacer con respecto al tema de la política de mercado interior, porque no estoy de acuerdo con lo que varios oradores han dicho, a saber, que esta Directiva no hace mucho por mejorar la movilidad de los trabajadores y la oportunidad de llevarse consigo la pensión en el contexto de la libre circulación de trabajadores. Sobre este punto han de ocurrir muchas más cosas, no solo en el ámbito fiscal, sino también en lo que se refiere a la portabilidad de las pensiones. En este punto también me gustaría ver un enfoque bastante más ambicioso por parte de la Comisión que repercuta en la legislación.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, para empezar quisiera agradecer a todas las partes implicadas su excelente nivel de cooperación para alcanzar una solución constructiva. El Comisario Bolkestein y los funcionarios que dependen de él, al igual que el ponente, el Sr. Karas, han realizado un trabajo magnífico. Además, quisiera decir a mi amigo Othmar que Austria ha superado los difíciles retos de su historia con una habilidad extraordinaria para establecer consensos y encontrar soluciones beneficiosas para todas las partes. Creo que con el trabajo que ha realizado respecto a esta Directiva, Othmar ha demostrado que posee las importantes cualidades que necesita alguien que tiene influencia en la sociedad.
Asegurar la existencia de las pensiones de jubilación será uno de los principales retos políticos de los Estados miembros de la Unión Europea en los años venideros. No obstante, para abordar este reto, tenemos un mensaje difícil para los ciudadanos de Europa. Debemos trabajar durante más tiempo, pero al mismo tiempo la pensión que recibiremos de los planes de jubilación legales será más baja que antes. Sin duda, a cualquier político le sonará a misión kamikaze, pero es inevitable. El statu quo no es posible.
Aunque la principal responsabilidad sobre las pensiones de jubilación recae en los Estados miembros, nosotros, a nivel de la Unión, podemos aplicar medidas que ayuden a la promoción de planes de jubilación creando una base sostenible para financiarlos. Esta Directiva sobre las actividades de los fondos de pensiones de empleo creará un marco legislativo para la acción en toda Europa y será una de las medidas necesarias para desactivar la bomba de las pensiones. La Directiva estimulará el desarrollo de los regímenes de jubilación que son sostenibles desde el punto de vista financiero, proporcionará a las empresas los capitales que necesitan a través de la inversión, y satisfará las necesidades distintas de los individuos de manera más efectiva que los sistemas legales. Esto será verdad especialmente en el día en que avancemos con las decisiones sobre la fiscalidad. Por una parte, la Directiva promoverá el desarrollo de los mercados financieros europeos, y por otra, beneficiará a los trabajadores, que obtendrán provecho de una política de inversión más eficiente y más transparente en cuanto a sus pensiones.
El establecimiento de leyes comunes de la Unión Europea llevó quince años. El ciudadano de la Unión Europea ha sido capaz durante mucho tiempo de beneficiarse de los servicios sociales y sanitarios de otro Estado miembro. Además, la legislación común existe desde hace varios años y se aplica a las instituciones que proporcionan seguros personales de pensiones. Sin embargo, las diferencias de opinión de los Estados miembros sobre este tema -cosa que estamos debatiendo hoy- frenaron esta Directiva durante demasiado tiempo; esperamos adoptarla en la sesión plenaria de mañana. 
Ahora la Directiva deja a los interlocutores sociales de los Estados miembros una mano libre para escoger el modo de organizar la previsión de jubilación voluntaria de manera integral. Este es un compromiso europeo razonable, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los regímenes de pensiones de los Estados miembros. Nuestras negociaciones han sido a veces muy intensivas e intensas, pero creo que estaremos satisfechos con el resultado final. Lo más importante fue que evitamos tener que recurrir al procedimiento de conciliación.

Skinner (PSE).
Señor Presidente, felicito al ponente, a la Comisión y a la Presidencia por haber creado un paquete de compromisos. Todo el proceso ha sido una cuestión de compromiso. Entiendo todo el esfuerzo que se ha dedicado, pero digamos de manera clara que ha participado mucha gente, dentro y fuera de esta Asamblea, quizá más de lo que sabemos. Sin embargo, las personas que no han participado, como suele ocurrir, son las que con más probabilidad se benefician de nuestras decisiones o salen perdiendo con ellas. El compromiso era muy necesario.
No es una Directiva destinada a sustituir el pago de pensiones propio de la seguridad social, que pertenece al primer pilar. En el Reino Unido, por ejemplo, las personas de más de 60 años de edad han superado en número a las de menos de 16 años. Esto, en toda la Unión Europea, no deja ningún lugar a dudas en la mente de nadie de que nuestra sociedad envejece, de que es una sociedad que costará cada vez más y cuyo porvenir debe asegurarse para evitar el futuro fenómeno de los pensionistas pobres, un riesgo muy real. El problema es que mucha gente no se siente obligada ni animada ni siquiera hoy a ahorrar para su jubilación. Muchas empresas están atadas de pies y manos por los costes administrativos y legales que impiden la promoción de estos fondos en toda la Unión Europea. Esta es una constatación de hecho.
Por mucho que esta Directiva ofrezca una visión equilibrada, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que afectan a los Estados miembros, es evidente que el enfoque transfronterizo de las pensiones complementarias necesita más artículos liberalizadores. Espero que en una fecha posterior retomemos este debate.
Algunas empresas de mi país, que creen que pueden retirarse de los planes de prestaciones definidos, han considerado que esta Directiva particular es una excusa, pero Bruselas no da excusas así a estas empresas.
Los pagos de cantidades globales se han tratado de forma que los pensionistas de muchos países van a pensar que es un reflejo de lo que ya ocurre. esto es un mínimo importante.
Es evidente que los cambios que hemos introducido en materia de transparencia y registro son mejoras que todos en esta Asamblea podemos sobrellevar.

Flemming (PPE-DE).
Señor Presidente, el Sr. Karas merece nuestra admiración. Mi colega español, el Sr. García-Margallo y Marfil, ha comparado al Sr. Karas con un torero que gana una corrida, y esto me molesta porque no me gustan las corridas de toros. Además, él fue el primer y único diputado del Parlamento Europeo en hablar acerca del encanecimiento de la población. Si me hubiera dicho que soy una anciana -quizás del modelo de la anciana cuya visita resulta ser tan peligrosa en la famosa obra de Dürrenmatt-, no me habría importado en absoluto. Lo que no me hace tanta gracia es que me llamen canosa.
¿Qué quiere la gente mayor? Seguridad, independencia y autonomía. Pero resulta que todo esto es muy difícil de alcanzar en el contexto de las pensiones de jubilación que solo se ofrecen para un tiempo limitado. Ni siquiera un pago único -por muy generoso que sea- proporciona seguridad. Los pagos vitalicios hacen más justicia a los deseos y también a las necesidades de la gente mayor, correspondiendo a lo que entendemos por seguridad social. El mérito del Sr. Karas es haber clarificado esta idea tan importante e insertarla en el informe, y quisiera darle las gracias por sus esfuerzos.
En toda Europa estamos discutiendo y resolviendo los problemas de una sociedad en la que por fin la gente debería vivir más tiempo. Con todo un paquete de medidas para los trabajadores mayores, el recién elegido Gobierno federal austriaco ha elaborado una gama de opciones para dar la oportunidad a la gente mayor de poder trabajar durante más tiempo. Tomen nota de que digo «de poder». La reducción de los costes laborales accesorios de los mayores de 58, la exigencia de más cualificaciones y la promoción del trabajo a tiempo parcial para las personas mayores son solo algunas de estas medidas.
La Sra. Lulling sin duda estará de acuerdo conmigo cuando digo que esta sociedad y este Parlamento nos necesitan. Cualquiera que, como yo, tenga seis nietos, ya no puede simplemente renunciar a esta nuestra sociedad para dejarla en manos de otros. Nosotros mismos tenemos que ocuparnos de ella. Sin duda, los ancianos no estamos luchando en última instancia por nosotros, puesto que obviamente ya tenemos ingresos. Estamos luchando por los jóvenes y las jóvenes, y les deseamos unas vidas mucho más largas. Un bebé que naciera hoy podría vivir hasta los cien años, y le deseamos a él o a ella una vida muy larga y, en la medida de lo posible, segura.

Ettl (PSE).
Señor Presidente, la política establece una diferencia cualitativa cuando es capaz de contrarrestar tendencias negativas e incertidumbres con medidas positivas, y sin duda esa diferencia no se está notando en la manera en que se está estructurando el segundo pilar del sistema de pensiones, incluso cuando, como es ahora el caso, nos referimos a una Directiva de servicios financieros. A pesar de sus esfuerzos, el ponente no ha conseguido mejorar la Posición Común, que en realidad no añade nada en términos de calidad. Elaborar un marco dentro del cual se ofrezcan productos que, desde el punto de vista actual, puedan deteriorar gravemente el nivel de vida de los ancianos, no tiene nada que ver con el sentido de responsabilidad política. Lo que necesitamos realmente en este terreno son reglamentos que reduzcan las inseguridades de las personas precisamente en nuestra época. En los últimos años, solo los fondos de pensiones británicos han perdido 35 millones de libras esterlinas, y todavía más en los años anteriores, así que ellos tampoco se han lucido precisamente. Y las cosas tampoco han ido mucho mejor en los demás Estados miembros. En un momento como este, la gente no debería, en lo que se refiere a la cuestión de las pensiones, esperar calidad cuando esta no está presente.
Sin duda, la regulación de la calidad en el mercado europeo no se consigue con una mínima obligación de facilitar información, junto con lo que no es más que un texto discrecional que permite a los Estados miembros definir la calidad para un mercado restringido con referencia a los riesgos biométricos. Si -como usted hace siempre, señor Comisario- queremos ver esa calidad, o un incremento de la calidad, entonces el mejor comienzo, en este momento, sería mostrar nuestro acuerdo con las propuestas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, es decir, rechazar la Posición Común. Eso solo significaría una «vuelta al principio» y, para nosotros, nuevas oportunidades de conseguir una Directiva mejor.

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que, tras años de duras negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento -y gracias a nuestro ponente, que ha sido infatigable en su búsqueda de compromisos-, la aprobación de esta Directiva de pensiones está al alcance de la mano. El Consejo ha asegurado que está dispuesto a aprobar el paquete que tenemos ante nosotros. Esto es crucial, porque solo de ese modo puede evitarse un procedimiento de conciliación largo, que para todos los implicados -trabajadores, empresarios y proveedores de servicios financieros- podría tener el efecto perjudicial que este reglamento europeo tan esperado podría tener si se pospone de nuevo.
Yo podría haber aceptado la Posición Común porque la Directiva en cuestión está destinada en primer lugar a regular, sin barreras frente a la competencia, las actividades transfronterizas de los proveedores de fondos de pensiones, y no el producto en sí. Era esencial elaborar una directiva que, por una parte, no obligara desde el principio a estos proveedores de servicios financieros a meterse en una camisa de fuerza reglamentaria, por ejemplo que rija la política de inversiones; y por otra parte, que organizara la supervisión de tal manera que los beneficios pagados a los asegurados estuvieran garantizados de la mejor manera posible. Creo que los hemos conseguido hasta cierto punto.
No es nuestra tarea prescribir qué tipo de pensiones complementarias se van a conceder y los importes. Naturalmente, podemos hacer que la Directiva refleje un deseo piadoso para que los acuerdos sobre pensiones de jubilación de empleo cubran también los famosos riesgos biométricos, como la invalidez, las pensiones de viudedad y orfandad, etc. Sin embargo, deberían ser las empresas y sus trabajadores los que determinen lo que quieren cubrir y que todavía no está cubierto por el sistema de la seguridad social pública -en otras palabras, el primer pilar-, con pleno conocimiento de que el derecho a unos beneficios más altos y diversificados tienen, lógicamente, su precio.
Por supuesto, también debería ser posible -como, por cierto, sucede con el fondo de pensiones de los diputados al Parlamento Europeo- que el capital pudiera desembolsarse en un pago único a la edad de la jubilación, sin especificar para qué se ha de utilizar este capital. Si, cuando sea viejo, quiero utilizar el dinero en cuestión para realizar un sueño de toda la vida, como dar la vuelta al mundo, debería poder utilizar el dinero para ese propósito. Claro que he de asegurarme de que entonces no devenga una carga para el Estado.
Lamento que no pudiéramos cumplir lo que otros diputados al Parlamento Europeo y yo nos habíamos propuesto, que las instituciones financieras, además de los fondos de pensiones y las compañías de seguros, deberían poder ofrecer sus servicios en el campo de los seguros de pensiones de jubilación. Eso habría conducido a unas reglas de juego equitativas y, por lo tanto, a una mayor competitividad. Sin embargo, el paquete obliga a la Comisión de la Unión Europea a examinar la situación del mercado de pensiones de jubilación de empleo con el fin de permitir a otros proveedores de servicios financieros entrar en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
Dicho eso, esta Directiva no ha hecho nada por establecer un mercado común de pensiones complementarias. Definitivamente necesitamos un reglamento para impedir la doble imposición de primas y beneficios, y espero que dispongamos del juicio necesario para elaborar un reglamento acertado con rapidez.
Bolkestein
Señor Presidente, espero que a la Sra. Lulling no le decepcione que la Comisión tenga la última palabra.
Celebro el hecho de que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y el Parlamento esté de acuerdo con el texto transaccional, que quizá no satisfaga a todos. Al menos es un texto consensuado. Es lo que necesitamos en relación con este importante asunto El Parlamento tiene derecho a saber lo que piensa la Comisión sobre las diferentes enmiendas, pero antes de hacerlo quisiera decir algo a tres diputados que han intervenido.
Primero, la cuestión de la fiscalidad mencionada por el Sr. García-Margallo y Marfil, el Sr. Pronk y la Sra. Lulling. El seguimiento de la comunicación de la fiscalidad de las pensiones de abril de 2001 se ha desarrollado a lo largo de dos vías.
Ha habido un proceso de conversaciones en el Consejo en relación con las propuestas de la Comisión de mejorar el intercambio de información sobre las pensiones transfronterizas y de abordar la doble fiscalidad y la doble no fiscalidad. Siento decir que el proceso no ha dado resultados tangibles. Una serie de Estados miembros solo podían aceptar algún tipo de acuerdo si también se abordaba la cuestión de la fiscalidad del lugar de residencia de los pagos de las pensiones frente a la fiscalidad del lugar de origen. Sobre esa cuestión los Estados miembros están profundamente divididos.
En segundo lugar, la Comisión ha examinado si la normativa fiscal nacional sobre la posibilidad de deducir las cuotas de pensiones son compatibles con el derecho comunitario. Respecto de este asunto la Comisión ha mantenido su promesa de adoptar medidas. El mes pasado, la Comisión envió un dictamen razonado a Dinamarca y cinco cartas de notificación formal a Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal. En todos estos Estados miembros las cuotas de pensiones pagadas a fondos extranjeros no son deducibles del impuesto, mientras que las cuotas pagadas a fondos nacionales sí lo son. Este es un caso evidente de discriminación. La Comisión está convencida de que el derecho comunitario prohíbe esta diferencia de trato. Puedo asegurarle al Parlamento que estos casos de infracción son una prioridad para la Comisión, que hará lo que sea necesario para abrir efectivamente los mercados a las pensiones transfronterizas.
Al Sr. Blokland quisiera decirle que, según la información de que dispongo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no ha aceptado las enmiendas que él ha presentado y, por lo tanto, estas no forman parte, me parece, del debate de esta noche. Por ello, la Comisión no opina sobre ellas.
Al Sr. Purvis quisiera decirle que esta Directiva se basa en dos principios: primero, el principio de cumplimiento de los requisitos de prudencia de los Estados miembros de origen y, segundo, el cumplimiento de la legislación social y laboral de los Estados miembros de acogida, es decir, donde esté establecida la empresa. Esto incluye establecer disposiciones sobre riesgos biométricos, pero esto no debería ser un obstáculo para la actividad transfronteriza.
Una vez más, el compromiso al que se ha llegado implica que no habrá conciliación. Eso está bien. Nunca se sabe a dónde puede llevarnos la conciliación. Personalmente, tengo recuerdos muy vivos de la conciliación de la directiva de absorción de empresas y no me gustaría repetir esa experiencia.
Permítanme que hable de las enmiendas sometidas a votación.
Me complace decir que la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 5, 13, 15, 22 y el paquete de enmiendas 25 a 37. La Comisión no puede aceptar las demás, que en su mayor parte tienen por objeto ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva.
La Directiva no pretende interferir en el modo en que los Estados miembros organizan sus sistemas de pensiones. Estima que la Directiva no debería regular de forma restrictiva los productos ofrecidos por los fondos de pensiones. Tampoco debería definir los mecanismos precisos para el pago de prestaciones. La Directiva también ha de respetar la diversidad de sistemas de pensiones ocupacionales, al mismo tiempo que establece ciertas normas estrictas para garantizar su reconocimiento mutuo, pero sin imponer costes innecesarios a los fondos de pensiones. Por este motivo la Comisión rechaza las enmiendas 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16 y 18.
La Directiva no debería hacer experimentos y contemplar la posibilidad de ampliar su ámbito de aplicación a las instituciones que hoy no ofrecen productos de pensiones ocupacionales. La Directiva no debería abarcar las instituciones que ya se benefician de un marco de mercado único, excepto las compañías de seguros de vida, a las que los Estados miembros deben ofrecer la posibilidad de aplicar esta Directiva a las actividades asociadas al pago de pensiones. Por este motivo la Comisión no puede aceptar, lamentablemente, las enmiendas 2, 6, 8, 10 y 17.
Es preciso que la Directiva haga referencia expresa a un sistema efectivo para garantizar el intercambio eficaz de información entre autoridades competentes y que promueva el cumplimiento coherente de la Directiva, pero sin perjuicio de posibles estructuras futuras. Por este motivo la Comisión no puede aceptar las enmiendas 7, 19, 20, 21 y 23.
La Comisión no puede aceptar la enmienda 24, presentada por el Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea, pues considera que los fondos de pensiones, como los inversores a muy largo plazo con pocos riesgos de liquidez, no deberían verse excesivamente obstaculizados a la hora de invertir en activos no líquidos como las acciones.
La Comisión no puede aceptar la propuesta de rechazo de la Posición Común, pues estima que la Posición Común es un compromiso bien equilibrado y recomienda su adopción al Parlamento Europeo.

El Presidente.
Quisiera agradecer a todos los colegas su asistencia esta noche.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas)
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Figueiredo (GUE/NGL)
La Posición Común adoptada por el Consejo forma parte del objetivo de aplicación del enfoque de la capitalización privada a los recursos financieros de los regímenes de pensiones nacionales; en otras palabras, someter estos enormes volúmenes financieros a los métodos de los mercados de capitales y permitir al sector financiero especular con ellos. La creación de un mercado único para pensiones de jubilación era una de las prioridades de la «Estrategia de Lisboa», conforme al Plan de Acción de Servicios Financieros, que busca alcanzar la integración o liberalización de los mercados de capitales en la Unión Europea.
Los objetivos de la capitalización privada se reflejan claramente en la falta de normas cautelares genuinas, en la liberalización de las inversiones y la prestación de servicios a nivel europeo y en ausencia de garantías que cubran todos los riesgos, o permitiéndoselo solo sobre una base opcional.
El propio ponente, en su exposición de motivos, marca el tono, afirmando que esta propuesta contribuirá al desarrollo de los mercados financieros, reconociendo que la Posición Común carece del equilibrio entre la necesidad de tener en cuenta la seguridad social de los beneficiarios y el objetivo de crear un simple marco para los mercados de capitales. De ahí la adopción de las enmiendas en primera lectura, que no alcanzan ni de lejos lo que habríamos deseado, y que no cuestionan el enfoque de la propuesta original. Esta es la razón de ser de la propuesta de mi Grupo parlamentario, que he apoyado, y que pretende rechazar la Posición Común del Consejo.

El Presidente.
En el día de hoy, en La Haya, delegados de los 89 países que han suscrito el Tratado de la Corte Penal Internacional -los países miembros de la CPI- se reúnen en una ceremonia presidida por el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, y la Reina Beatriz de los Países Bajos. Los 18 jueces del tribunal tomarán posesión de sus cargos y la Corte quedará inaugurada hoy. Se espera la asistencia de Primeros Ministros, Presidentes y Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia de los Estados miembros.
En nombre del Parlamento Europeo, quiero dejar constancia con toda claridad de que nosotros, en este Parlamento, hemos fomentado y defendido los derechos humanos. Así, hemos apoyado firmemente la creación de la Corte Penal Internacional como un paso adelante fundamental a escala mundial. Los diputados al Parlamento Europeo podemos sentirnos orgullosos de que la Corte se haga hoy realidad.
En mi opinión, un organismo como la Corte Penal Internacional es mejor, para quienes han violado el orden internacional de los derechos humanos, que una Bahía de Guantánamo. La Cámara recordará que a este respecto ya hemos aprobado resoluciones en varias ocasiones, sin ir más lejos el pasado mes de octubre.
Bonde y Sandbæk (EDD)
 - (DA) El Movimiento de Junio se ha abstenido de votar sobre la enmienda 8 al punto 12, presentada por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, relativa al lugar que se concederá a los partidos políticos europeos en el presupuesto. Esto se debe a que nos oponemos básicamente a que la Unión Europea financie los partidos europeos. Por lo tanto, no deseamos participar en la elaboración técnica de un sistema de este tipo.

