Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas - 1999
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas para 1999.
Saludo la presencia del Presidente del Tribunal de Cuentas, el Sr. Karlsson, y a continuación le concedo la palabra.

Karlsson
Señora Presidenta, señoras y señores, en nombre de los miembros del Tribunal de Cuentas, quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por invitarme a presentar el vigésimo tercer informe anual del Tribunal de Cuentas. Como en años anteriores, esta presentación marca el inicio del procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio 1999.
El informe mantiene la estructura establecida los dos últimos años, con capítulos sobre los ingresos y sobre cada uno de los ámbitos de gastos correspondientes a las rúbricas de las perspectivas financieras. Asimismo, encontrarán un capítulo dedicado a la declaración de fiabilidad, y en los anexos al Informe, encontrarán las observaciones del Tribunal sobre la aplicación de los sexto, séptimo y octavo Fondos Europeos de Desarrollo.
En los distintos capítulos del informe anual se abordan cuatro cuestiones principales. En primer lugar, se examina la ejecución presupuestaria y las prácticas de gestión del presupuesto dentro de las rúbricas específicas. Como podrán ver, el Tribunal ha dedicado más atención al seguimiento de observaciones anteriores, en respuesta a las exigencias expresadas por este Parlamento. En cada uno de los capítulos, el Tribunal informa sobre los progresos realizados en los distintos ámbitos sobre los que ya había informado en el pasado y volveré a entrar en algunas de estas cuestiones durante mi presentación.
En tercer lugar, en respuesta a la petición del Parlamento Europeo, el Tribunal ha ampliado sus funciones de fiscalización con la declaración de fiabilidad, que ahora proporciona información adicional por ámbitos de gasto en cada capítulo. Por último, el Tribunal presenta en todos los capítulos otros resultados clave del examen. Muchos de estos resultados han sido recogidos más detalladamente en los informes especiales del Tribunal.
Desde el último procedimiento de aprobación de la gestión, el Tribunal ha aprobado 24 informes especiales, que contienen los resultados de fiscalizaciones centradas en una gran variedad de ámbitos específicos en los que puede mejorarse la gestión financiera de la Comunidad. Aunque estos informes no forman parte de la presentación de hoy, deben ser tenidos en cuenta en el procedimiento de aprobación de la gestión.
El total de ingresos del ejercicio 1999 ascendió a 86.900 millones de euros. Los recursos procedentes del producto nacional bruto representaron el 43% de este total. El recurso procedente del impuesto sobre el valor añadido representó el 36% y los recursos propios tradicionales ascendieron al 15% del total. El 5% restante lo constituye el excedente disponible del ejercicio anterior e ingresos varios. Esto significa que las cuatro quintas partes de los recursos comunitarios, el producto nacional bruto más los recursos procedentes del impuesto sobre el valor añadido, se calculan y establecen utilizando datos estadísticos.
Quisiera señalar dos importantes observaciones del Tribunal en este contexto. Primera, desde hace ya varios años, el Tribunal comenta sobre la utilización del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC79), que, a todos los efectos, ya ha sido sustituido por un sistema más nuevo (SEC95). 16 años marcan la diferencia. Asimismo, en el contexto de la lucha contra el fraude en el IVA, el Tribunal ha identificado un método que consiste en comparar los datos fiscales con los datos estadísticos de los consumos intermedios, lo que puede resultar de especial utilidad para detectar ámbitos en los que el riesgo de fraude fiscal es alto. En consecuencia, el Tribunal invita a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de utilizar este método.
En el ámbito aduanero, el Tribunal informa sobre la complejidad y la aplicación desigual del procedimiento relativo a los intercambios internacionales. No obstante, el Tribunal apoya asimismo la propuesta de la Comisión de modernizar los regímenes aduaneros que tengan repercusiones económicas.
En lo que respecta al gasto en 1999, se contabilizó un importe total de 93.600 millones de euros como nuevos compromisos y se registraron pagos por valor de 80.300 millones de euros. Estos importes equivalen al 96% y 92% respectivamente de los créditos disponibles para el ejercicio. Los coeficientes de utilización de las estimaciones de las perspectivas financieras son del 91% y 83% respectivamente.
El gasto con cargo al presupuesto comunitario se distribuye entre numerosos ámbitos diferentes. Por ello resulta difícil sacar conclusiones generales sobre esta ejecución presupuestaria. No obstante, el Tribunal quiere hacer las siguientes observaciones principales. La mitad del gasto en 1999 se ha registrado en la Política Agrícola Común. Como se informa en el capítulo 2 del presente informe anual, el alto nivel de gastos, que alcanza casi el 99% de los créditos definitivos, se explica, en parte, por las numerosas transferencias que, en realidad, reflejan la baja calidad de las previsiones iniciales, tanto en los ingresos como en los gastos. El Tribunal invita a la Comisión y a los Estados miembros a mejorar la calidad de dichas previsiones.
Asimismo, las numerosas transferencias de créditos a los Fondos Estructurales han alterado de forma significativa la estructura del presupuesto de 1999. Por otra parte, se han producido diferencias importantes entre la programación de los fondos y las dotaciones de las perspectivas financieras, por lo que ha sido necesario un reajuste de la mayoría de las intervenciones con cargo a los Fondos Estructurales. En este ámbito se ha producido también una infrautilización de los créditos de compromiso y de pago, así como una concentración de las operaciones al final del ejercicio.
En aquellos ámbitos en los que la Comisión ejecuta directamente los programas comunitarios, tales como políticas internas y acciones exteriores, los coeficientes de ejecución son algo más bajos. También existe una fuerte concentración de compromisos y pagos al final del ejercicio. Es una cuestión sobre la que hemos vuelto una y otra vez a lo largo de los años.
El Tribunal reitera, por consiguiente, sus comentarios de años anteriores sobre las consecuencias negativas de estas prácticas, como por ejemplo, la toma de decisiones poco satisfactorias y precipitadas, el riesgo de cometer errores que representa la pesada carga de trabajo, etcétera.
Por último, en ambos capítulos sobre políticas internas y acciones exteriores, el Tribunal opina que los comentarios de la Comisión sobre la ejecución presupuestaria son inadecuados. Por ello, el Tribunal acoge con satisfacción el claro compromiso de la respuesta de la Comisión de mejorar fundamentalmente sus informes presupuestario y contable.
El Tribunal incluye en su informe anual una declaración de fiabilidad desde el ejercicio 1994. Todos los años, el Tribunal expresa serias críticas respecto a la legitimidad y regularidad de los pagos y de las operaciones subyacentes. Y este año debe volver a hacerlo. De hecho, la fiscalización de los pagos realizados en 1999 ha revelado, una vez más, la incidencia inaceptable de errores relativos a los importes, la veracidad o el derecho a percibir dichos pagos de las operaciones subyacentes.
La mayoría de estos errores se han producido en ámbitos del presupuesto comunitario gestionados por las autoridades de los Estados miembros. Principalmente, se trata de pagos efectuados que no cumplen los requisitos para obtener subvenciones, excesos en los pagos, justificación insuficiente y errores de cálculo.
Asimismo, existen infracciones de los reglamentos y debilidades de los sistemas cuyas consecuencias sobre los pagos no pueden ser evaluadas directamente, pero que incrementan los riesgos de que se produzcan errores. Los ejemplos más frecuentes aquí son los problemas relativos a las deficiencias respecto a la aplicación de controles reglamentarios, a una documentación de apoyo detallada y al incumplimiento de los procedimientos de licitación.
Por consiguiente, respecto al ejercicio 1999, el Tribunal no ha encontrado las pruebas necesarias en sus auditorías que garanticen que las operaciones subyacentes a los estados financieros sean legales y regulares salvo en lo que respecta a los recursos propios, los compromisos y los gastos de personal de las Instituciones.
Por otro lado, respecto a las actividades de los sexto, séptimo y octavo Fondos Europeos de Desarrollo, el Tribunal realiza una declaración de fiabilidad positiva. El Tribunal no sólo tiene el deber de informar sobre los errores detectados en sus fiscalizaciones, sino que además debemos garantizar la correcta interpretación y utilización de nuestros resultados. Por consiguiente, permítanme recordarles a sus Señorías que la alta incidencia de errores detectados por el Tribunal no pueden ni deben ser considerados como una indicación del nivel de fraude que afecta al presupuesto comunitario.
La mayor parte de los errores relativos a los pagos detectados por el Tribunal se deben a problemas de gestión y control financieros inadecuados, y sólo en una pequeña proporción de los errores detectados se justifican más investigaciones por la OLAF o las autoridades de los Estados miembros. Otro peligro de una mala interpretación es que se establezcan objetivos de las medidas correctoras en términos de disminuir las incidencias de error y obtener una declaración de fiabilidad positiva. Como ya señalaba el Tribunal en su informe anterior, la mejora a medio plazo exige una combinación de medidas generales y específicas, incluida la clarificación y mejora de los procedimientos de control, en particular, a nivel de los Estados miembros. En este contexto, el Tribunal saluda el plan de la Comisión de mejora de la gestión financiera presentado a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión en el contexto de la aprobación de la gestión de 1998.
Al hilo de esta reflexión, quiero hacer algunos comentarios sobre la reforma de la Comisión. El Tribunal acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Prodi encaminados a construir una estructura moderna y sólida de gestión y control, al mismo tiempo que se centra en el establecimiento de las prioridades políticas y la asignación de recursos.
El Tribunal ha hecho hincapié en reiteradas ocasiones en muchas de las debilidades que la Comisión intenta superar ahora. Por ejemplo, las propuestas de la Comisión relativas a incrementar la responsabilidad de los ordenadores de pago para la ejecución de compromisos y pagos, al tiempo que se pone fin al sistema centralizado de aprobación previa de las operaciones por parte del interventor, junto con un servicio de auditoría interna independiente, se ajusta al requisito fundamental para la mejora de la gestión financiera que expusimos en nuestra Opinión nº 4/97.
Otro elemento de la reforma que se corresponde fielmente con una de las prioridades fundamentales identificadas por el Tribunal es la conveniencia de atribuir mayor importancia a la medición de los resultados y de la actuación dentro de un marco de asignación de recursos que sea coherente con las prioridades y los objetivos predeterminados que estén definidos claramente y puedan ser medidos.
A nivel sectorial, la Comisión ha anunciado programas de reforma que pueden ser considerados como una respuesta a las preocupaciones expresadas por el Tribunal durante varios años, por ejemplo, las propuestas para mejorar los programas de gestión de la ayuda exterior. No hay duda de que esta iniciativa está basada en un análisis muy similar a aquél del Tribunal, que se explica más detalladamente en su informe anual de 1997.
Aunque el Tribunal anima a la Comisión a pasar de los principios a la acción con la mayor celeridad posible, conviene recordar que, hasta ahora, buena parte de la reforma sólo existe sobre el papel. La aplicación de esta nueva reforma necesitará un cambio real de la cultura de gestión de la Comisión, proceso que sin duda llevará tiempo.
El informe anual de 1999, cuando informa sobre el seguimiento de anteriores observaciones, ilustra la dificultad que encuentra la Comisión a la hora de introducir los cambios necesarios sobre los que ya existe acuerdo. En algunos casos, como las reformas de las medidas para la utilización subvencionada de leche desnatada y leche desnatada en polvo o el programa de asistencia a Sudáfrica, así como en algunos ámbitos de los recursos propios tradicionales, la Comisión ha emprendido acciones para corregir las debilidades específicas denunciadas por el Tribunal.
En otros ámbitos, la introducción de medidas correctoras ha sido lenta. Por ejemplo, en el caso del sistema de cuotas lácteas, el Tribunal ha podido comprobar que la situación general no ha cambiado de manera significativa y que, en contra de la opinión del Tribunal, se han establecido cuotas más altas, dando lugar así a mayores excedentes en el mercado lácteo y a una pesada carga financiera para medidas de distribución y almacenamiento públicos. En el caso de los productos lácteos importados a tipos preferenciales, el Tribunal considera que no se ha hecho nada hasta ahora para evitar infracciones del reglamento como las denunciadas en el Informe Especial del Tribunal nº 4/98.
En el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Tribunal ha efectuado el seguimiento de 48 observaciones en las que se estimaba oportuno realizar una corrección financiera. Únicamente en 16 casos la Comisión ha adoptado medidas correctoras que el Tribunal considera satisfactorias.
En el ámbito del diálogo social, la Comisión no ha emprendido todas las medidas que se comprometió a adoptar en sus respuestas a las observaciones del Tribunal.
En el ámbito de las políticas internas, el Tribunal ha vuelto a examinar nueve contratos de la Dirección General de Transporte y Energía y ocho contratos de la Dirección General de Investigación. La Comisión había hecho un seguimiento de sólo tres de los 17 contratos y en el caso de otros seis, las acciones están en curso.
En su informe anual de 1996, el Tribunal identificó una serie de debilidades en la gestión de un fondo de fomento de la exportación para Nicaragua y Honduras. En su recomendación para la aprobación de la gestión publicada en 1998, el Consejo hizo un llamamiento a la Comisión para que revisara sus relaciones con el banco local y recuperara los importes abonados indebidamente por dicho banco. A final de 1999, la Comisión se encontraba aún en el proceso de crear una nueva organización.
De éste y otros ejemplos resulta evidente que, hasta ahora, la Comisión no sólo ha sido lenta en la aplicación de medidas correctoras, sino que además tiene problemas, en particular, para recuperar los fondos abonados indebidamente.
Por consiguiente, en su programa para 2001, el Tribunal ha previsto una fiscalización general que abarque todos los ámbitos presupuestarios de los procedimientos de la Comisión para la recuperación de fondos.
Como ya he indicado, la gestión financiera de la Comisión no es más que una parte de la gestión global de los fondos comunitarios. Los Estados miembros son responsables de la gestión cotidiana de la mayor parte de los fondos del presupuesto comunitario en los ámbitos de la Política Agrícola Común y de los Fondos Estructurales. El presente informe anual y los informes especiales publicados desde la última aprobación de la gestión siguen llamando la atención sobre debilidades graves y persistentes en los sistemas de gestión y control de los Estados miembros. Por ejemplo, una categoría importante de errores denunciada en la declaración de fiabilidad son las deducciones irregulares efectuadas por las administraciones centrales y locales sobre las subvenciones agrícolas. Asimismo, en el ámbito de la Política Agrícola Común, el Tribunal hace un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que realicen controles más eficaces a través de la aplicación exhaustiva de los procedimientos de inspección a todas las Organizaciones Comunes de Mercado, que sean comparables a aquéllos del Sistema Integrado de Gestión y Control.
Los dramáticos acontecimientos del pasado reciente han demostrado, sin género de duda, la creciente importancia de los temas de gestión y control de la agenda europea. Debería estar claro para todos y cada uno de nosotros, ya sea como representantes de las instituciones europeas o de los Estados miembros, que esto refleja un cambio permanente de los valores y opiniones de los contribuyentes europeos, que, a cambio de su confianza y su contribución, exigen la utilización coherente y honesta de los fondos europeos.
El compromiso asumido por la Comisión debería ser visto como una respuesta constructiva a este reto: una respuesta que merece nuestro apoyo. Por otro lado, la Comisión sabe que ha despertado muchas expectativas y que está obligada a poner en práctica sus buenas intenciones y obtener resultados.
Las autoridades presupuestarias, que han sabido poner en marcha la reforma necesaria para disipar las preocupaciones de la sociedad por la gestión financiera, tienen el deber de proseguir e incrementar sus esfuerzos para garantizar el éxito de dicha reforma. En la práctica, por consiguiente, deberán dedicar atención y recursos suficientes al seguimiento y a la respuesta del proceso de reforma. Los diputados al Parlamento Europeo asistirán a este proceso desde la primera fila.
El nuevo presidente del Tribunal de Cuentas italiano, la Corte dei Conti, que tomó posesión de su cargo hace pocas semanas, dijo en su discurso inaugural que estaba convencido de que las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y el Parlamento mejorarían considerablemente si el Parlamento reforzara los instrumentos destinados a garantizar que éste toma en consideración, de manera sistemática, los resultados de las fiscalizaciones que realiza el Tribunal de Cuentas.
Hago mías sus palabras, palabras que implican nuestro deseo de que este Parlamento mejore su organización y sus métodos de trabajo de conformidad con esta necesidad de cambio estructural. Ayer tuve ocasión - por la que le expreso mi agradecimiento, señora Presidenta - de tratar con la Presidenta del Parlamento sobre la posibilidad de involucrar a todas las comisiones de este Parlamento en el tema del control financiero y de gestión.
Por último, aunque no por ello menos importante, necesitaremos también la cooperación de los Estados miembros. Como responsables de la gestión cotidiana de la mayor parte de los fondos comunitarios, los Estados miembros deben reforzar sus controles financieros y asumir plenamente sus responsabilidades en la lucha contra el fraude contra el presupuesto comunitario. Sólo cuando todos los interlocutores - la Comisión, el Parlamento, el Consejo, el Tribunal de Cuentas Europeo y los Estados miembros - asuman sus compromisos con respecto a la reforma y cooperen en su realización, podrá restablecerse la confianza de los contribuyentes europeos en la financiación comunitaria.

La Presidenta
Doy las gracias al Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas, y a continuación concedo la palabra a la Sra. Schreyer, en nombre de la Comisión.

Schreyer
Señora Presidenta, señor Presidente, señores miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, la Comisión Europea avanza por buen camino pero todavía le falta recorrer un trecho. Este es el mensaje que dirige el Tribunal de Cuentas a la Comisión. Éste acaba de quedar muy claro en su intervención, señor Presidente. El Tribunal de Cuentas Europeo impone, con razón, unas exigencias muy estrictas en lo que respecta a la gestión del dinero de los contribuyentes europeos. La Comisión está llevando a cabo su reforma de la gestión financiera atendiendo a dichas exigencias.
El Tribunal de Cuentas da impulso a la reforma de la Comisión. Es bueno que así sea y yo quiero agradecerle sinceramente, señor Karlsson, al igual a los miembros del Tribunal de Cuentas y también a sus servicios, el apoyo que brindan a la reforma de la Comisión con su informe.
En su informe correspondiente al ejercicio 1999, el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión de que los excesivos errores cometidos en la ejecución del presupuesto no permiten conceder una declaración de fiabilidad. En cambio, considera fiable la gestión contable de la Comisión y confirma la legalidad y regularidad de la gestión de los ingresos presupuestarios, los créditos de compromiso y los gastos de personal.
En el debate y en el curso de todo el proceso de aprobación de la gestión nos vamos a concentrar seguramente en la ejecución del presupuesto, o sea, en el desembolso y liquidación de los créditos. El Tribunal ha resaltado una vez más que los Estados miembros gestionan más del 80% de los fondos presupuestarios europeos. Si ahora lo menciono aquí, no lo hago en absoluto porque la Comisión quiera escudarse en los Estados miembros para eludir su responsabilidad política; no, de conformidad con el Tratado europeo, la responsabilidad política de la ejecución del presupuesto le corresponde a la Comisión. No obstante, no es aceptable que los Estados miembros utilicen esta disposición del Tratado como una excusa para no adoptar las medidas necesarias.
De ningún modo quisiera generalizar en exceso. Es cierto que hemos iniciado conjuntamente algunos pasos importantes para mejorar los controles, como por ejemplo con la introducción de los controles financieros en el ámbito de los Fondos estructurales o del procedimiento de las correcciones financieras en el contexto de los gastos agrícolas. Sin embargo, me deja francamente estupefacta que, en el caso de los derechos aduaneros, por ejemplo, los Estados miembros se nieguen a asumir la responsabilidad financiera cuando sus administraciones cometen errores por cuya causa se dejan de recaudar derechos de aduana y que todos los Estados miembros deban responder conjuntamente por esa pérdida de ingresos. Esto supone penalizar a los Estados miembros conscientes y premiar financieramente a los menos escrupulosos. A todos los Ministros de Finanzas se les debería revolver el estómago ante un sistema de incentivos tan perverso, pero de momento a la única que parece sentarle mal es a la Comisión.
El Tribunal de Cuentas también deja claro en su informe que los errores que ha detectado no equivalen a un fraude ni tampoco suponen un perjuicio para el presupuesto. No lo menciono como una excusa, sino como una aclaración. Evidentemente, se hace hincapié en que la Comisión Europea tiene el deber de evitar también los errores formales, además de combatir el fraude, con mayor motivo toda vez que repetidamente se plantea el problema de las fronteras y los solapamientos entre uno y otros.
La Comisión Europea hace, por lo tanto, todos los esfuerzos para establecer controles más rigurosos con vistas a la protección del contribuyente europeo y del presupuesto europeo. El informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad recientemente presentado y el informe anual sobre la lucha contra el fraude así lo indican. En 1999 se creó la OLAF. Se adoptaron nuevas medidas para evitar el fraude en el ámbito de la contratación, un aspecto muy importante. Se acaban de proponer disposiciones legales para combatir el lavado de dinero y la falsificación de euros. Se han impuesto condiciones más estrictas en el marco de los acuerdos de cooperación con terceros países y con los países candidatos en particular, con el fin de que la lucha contra el fraude no se detenga en las fronteras de la UE.
Con la demanda presentada ante los tribunales americanos contra las grandes empresas tabacaleras por su presunta participación en el contrabando de cigarrillos, la Comisión también ha demostrado, no en último término, que en la lucha contra el fraude tampoco se deja arredrar por los peces gordos. En este contexto y dada su proximidad, yo también quisiera recordar que, con vistas a la Conferencia Intergubernamental de Niza, hemos propuesto una modificación del Tratado que permita crear una fiscalía europea encargada de perseguir el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad. Yo espero sinceramente que la Conferencia Intergubernamental de Niza no se limite a tomar nota de la propuesta o a desecharla sin más, sino que ésta se discuta seriamente.
Sin embargo, la consiga "Queremos recuperar nuestro dinero" también incluye, obviamente, aquí y ahora, las correcciones financieras y las reclamaciones. Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, usted ha anunciado que van a presentar un informe especial al respecto y van a realizar una verificación especial, lo cual yo no puedo dejar de acoger con satisfacción.
En el ámbito de los gastos agrícolas se realizan cada año correcciones financieras por un montante de unos 600 millones de euros y no se paga, por ejemplo, ninguna ayuda a alrededor de un 2% de las superficies subvencionables como sanción por el frecuente falseamiento de las superficies declaradas, un problema que el Tribunal de Cuentas también señala muy claramente en su informe relativo al ejercicio 1999.
El Tribunal de Cuentas ha reforzado la elaboración de informes especiales. En nombre de la Comisión, yo acojo con gran satisfacción este enfoque pues, por su proximidad en el tiempo, dichos informes especiales pueden ser también muy útiles para adoptar decisiones en la práctica. Pueden serlo, digo. En efecto, a menudo no basta con que la Comisión escuche las observaciones del Tribunal de Cuentas, sino que éstas también deben ser atendidas por el Consejo y el Parlamento. Me refiero, por ejemplo, al caso concreto del informe especial sobre la ordenación común del mercado del azúcar que se acaba de hacer público. La Comisión proponía prorrogar la actual ordenación del mercado por un período de sólo unos dos años, para proceder a continuación a una revisión a fondo. Sin embargo, el Consejo decidió, lamentablemente, que el plazo era demasiado corto y habría que prorrogarla por un período más largo. Yo creo que esto demuestra la necesidad de que las observaciones que formula el Tribunal de Cuentas como resultado de la fiscalización de la actuación pasada y las valiosas sugerencias que ofrece con vistas al futuro también se debatan luego, como es lógico, conjuntamente con el Consejo.
Evidentemente, de una pronta fiscalización se deben extraer también consecuencias rápidas. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la ayuda alimentaria a Rusia, que el Tribunal examinó en un informe. Cuando a finales del año pasado se constató que no se podían alcanzar los objetivos originarios de la ayuda humanitaria sin una aplicación adecuada de medidas de control y vigilancia, la Comisión decidió interrumpir la acción a pesar de que aún quedaban fondos disponibles.
En este contexto, yo también quisiera señalar muy brevemente que la mejora de la gestión global de las ayudas en el ámbito de la política exterior es un aspecto central de los trabajos de la Comisión, tanto en lo que respecta a la reestructuración institucional de todo este ámbito como también desde el punto de vista de la necesidad de reducir más decididamente y con mayor rapidez que en el pasado la elevada carga de los pagos atrasados. La Comisión ha presentado un documento al respecto a la Comisión de Presupuestos.
La Comisión avanza por el buen camino con la reforma iniciada. No sólo hemos seguido la orientación adecuada, sino que también hemos completado ya una parte importante del recorrido. Entre los hitos que hemos superado cabe citar, por ejemplo, la elaboración del Presupuesto 2001, en el que la Comisión ha seguido por primera vez un enfoque basado en las actividades. La Comisión ha revisado sus prioridades en el marco del llamado "grupo de pares" y ha reorganizado la adscripción del personal sobre este base. Se ha reforzado la capacidad de control de las diferentes direcciones generales. Se ha creado un servicio de revisión interna encargado de supervisar los sistemas de control de las distintas divisiones y se ha establecido un servicio financiero central, que está a la disposición de todas las direcciones generales para la redacción de los contratos o para la aplicación de las normas del Reglamento Financiero, por ejemplo.
Ahora hemos llegado a un tramo difícil del camino, en el que vamos a necesitar el apoyo del Parlamento Europeo, del Consejo y también del Tribunal de Cuentas. Me refiero, por ejemplo, a la modificación del procedimiento disciplinario y también a la revisión del Reglamento Financiero, en particular. Señor Presidente, usted ha dicho que hasta el momento muchas cosas sólo figuran sobre el papel. Ahora ha llegado, evidentemente, el momento de trasladarlas a la práctica. El Tribunal de Cuentas se ha comprometido, por ejemplo, a emitir muy pronto su dictamen sobre la propuesta de revisión del Reglamento Financiero, lo cual yo agradezco muy sinceramente. Yo espero que el Parlamento y el Consejo se dejen contagiar por la ambición que demuestra el Tribunal de Cuentas, de manera que este hito importante de la reforma deje de ser muy pronto sólo una propuesta sobre el papel y se convierta en Derecho vigente que permita mejorar la ejecución del presupuesto.

Theato
Señora Presidenta, señor Presidente Karlsson, quiero manifestarle el agradecimiento que merece por la presentación del informe anual que acaba de hacer. La intervención de la Sra. Schreyer ha sido igualmente muy interesante. Sin embargo, yo quiero agradecerle muy especialmente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, el procedimiento que se ha seguido en esta ocasión para mantener informados a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. Esto nos permitió preparar el debate de hoy sin vernos ya obligados a conocer los detalles a través de la prensa.
Como usted ha señalado, señor Presidente, 1999 fue un año de transición debido a la disolución de la anterior Comisión y la designación de otra nueva- No esperamos que esta nueva Comisión pueda corregir de inmediato todos los errores y deficiencias que puso al descubierto el Parlamento y para subsanar los cuales solicitó en vano reformas en su momento. Al igual que el Tribunal de Cuentas, nosotros también acogemos con satisfacción los esfuerzos del presidente Prodi para llevar a cabo una reforma y apoyamos su aplicación con actitud constructiva, pero no exenta de críticas.
¿Se observa por fin una mejora en la ejecución del presupuesto comunitario? Esta es la pregunta a la que habríamos deseado poder responder afirmativamente más de un año después de que entrara en funciones de la nueva Comisión, que ya es en parte directamente responsable de la ejecución del Presupuesto de 1999, a partir de septiembre de ese año. Lamentablemente, con el nuevo informe del Tribunal de Cuentas en la mano, todavía no es posible responder a dicha pregunta con la conciencia tranquila. Es conveniente y acertado que el Tribunal de Cuentas recuerde los numerosos pasos que ha emprendido la nueva Comisión para mejorar las cosas -la Sra. Schreyer también los ha citado- o que al menos ha anunciado. Nuevos procedimientos para la definición de prioridades y la correspondiente asignación de los recursos, modificación de la política de personal, una mejora fundamental en la ejecución del presupuesto y el control financiero, reforma de los programas, creación de un servicio de auditoría eficaz, todo ello siguen siendo, no obstante, sólo esperanzas para el futuro.
La realidad, tal como la describe el informe anual, es más bien decepcionante. Un aspecto particularmente lamentable y casi incomprensible es que la fiabilidad de la contabilidad sigue siendo insuficiente. La Comisión no ha puesto en orden sus libros, las cuentas reflejan sólo de manera muy limitada la verdadera situación financiera. Al final del ejercicio faltan datos sobre los anticipos y pagos a cuenta, y la sobrestimación de los compromisos pendientes es de nada menos que 2.600 millones de euros. Al mismo tiempo, según señala el Tribunal de Cuentas, se han sobrestimado significativamente los créditos potenciales. El Parlamento ya señaló explícitamente todos estos graves errores contables en el procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente a los ejercicios de 1996, 1997 y 1998. Aunque sea una tarea difícil y se necesite tiempo para modificar radicalmente la gestión presupuestaria, estábamos autorizados a esperar, señora Comisaria, que la nueva Comisión consiguiera poner al menos rápidamente en orden sus libros. Sin embargo, al parecer ni siquiera esto se ha conseguido y yo lo lamento mucho. Cuando usted tomó posesión de su cargo, señora Schreyer, nos prometió que haría un esfuerzo en este sentido.
El Parlamento Europeo se encuentra ahora en una tesitura sumamente difícil, puesto que este mismo año declaró -en el mes de enero- que no estaba dispuesto a aceptar que la liquidación de cuentas del ejercicio 1999 siguiese estando plagada de graves errores. Ya conocen el texto de la decisión. Sin embargo, si no se aprueba la liquidación de cuentas, eso significa que tampoco se va a conceder la aprobación de la gestión presupuestaria, tal como manifestamos en enero. La liquidación de cuentas es un requisito previo para la aprobación de la gestión. Tenemos que encontrar una solución y yo le pregunto, señora Schreyer: ¿podemos contemplar la posibilidad de que se rectifiquen las cuentas de 1999?
De nuevo y ya por sexta vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas no puede certificar la fiabilidad, o sea que no puede asegurar que las operaciones subyacentes a los estados financieros sean legales y regulares. El número de errores detectados es demasiado alto para poder ofrecer esa garantía. El porcentaje de errores continúa siendo claramente superior al 5%. Expresado en euros, esto se traduce en un montante de unos 5.000 millones de euros que no se han gastado debidamente. Quiero subrayar que esto no significa que en todos los casos haya detrás un fraude, señor Presidente del Tribunal de Cuentas. A menudo se trata de una negligencia o un error de interpretación debido a la complejidad de las normas y procedimientos, pero no deberíamos quitarle importancia. Un porcentaje tan alto de errores es sencillamente inaceptable y no se puede seguir tolerando indefinidamente.
Tengo que rechazar su alusión a la mala ejecución en los Estados miembros, apreciada señora Schreyer, puesto que el Tribunal de Cuentas también señala con claridad dónde se localiza esa tasa de errores de la Comisión y ésta sigue siendo en última instancia la responsable de la ejecución del presupuesto. Yo les ruego que sean más rigurosos, con objeto de que en verdad podamos decirles a los ciudadanos de Europa: ¡aquí se administra bien su dinero! Nuestra comisión va a iniciar ahora su tarea y nos proponemos colaborar estrechamente con usted.

Blak
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su informe anual. Me gustaría abordar varios problemas y espero que el Sr. Karlsson pueda hoy contestar a mis preguntas. A raíz de la aprobación de la gestión de 1997 aprobamos en este Parlamento que no se concedería la aprobación de la gestión de 1999 si el Tribunal de Cuentas no estaba en condiciones de emitir un dictamen positivo de las cuentas de 1999, como acaba de decir la Sra. Theato. No obstante, me gustaría saber cómo de seria es la situación con respecto a las cuentas de 1999. Ayer planteé una pregunta -sé bien que no había mucho tiempo-, pero me gustaría que me diera una respuesta absolutamente clara a la pregunta de a cuánto asciende el porcentaje de errores. Se dice que no puede calcularse exactamente. Ayer hubo un miembro del Tribunal de Cuentas que dio una conferencia de prensa y en esta conferencia de prensa se facilitó una cifra, y me parece que también deberíamos poder tenerla aquí. ¿Es 5,5 el porcentaje de errores? Espero recibir una respuesta.
La Comisión empleó más de 80.000 millones de euros durante 1999. Sin embargo, la Comisión no ha sido especialmente aplicada en la gestión del presupuesto. La cantidad destinada a actividades de planificación se ha quedado corta en 240 millones de euros. Los compromisos se han situado 2.600 millones de euros por debajo de la cifra real y los compromisos no cumplidos se han situado más de 1.200 millones por encima de la cifra real. Si la dirección de una empresa privada hubiera cometido pifias tan grandes, estoy casi totalmente seguro de que los propietarios la hubieran despedido. No obstante, ¡echemos ahora un poco de agua al fuego y no nos acaloremos por ahora! La antigua Comisión, que en principio era responsable del presupuesto de 1999, ya ha sido despedida. La nueva Comisión debe ser juzgada este año por cómo ha sido de aplicada en la tarea de limpiar a fondo y reformar. Celebro por ello que el Tribunal haga más hincapié en el seguimiento de los informes anuales anteriores. Queda claro donde sigue habiendo problemas, pero también donde se han llevado a cabo algunas mejoras positivas.
Supuse que el informe anual del Tribunal de Cuentas sería mucho más concreto. Debemos disponer de más cifras y de más hechos. El Sr. Karlsson dijo ayer que no es fácil fijar cantidades. Lo comprendo perfectamente, no obstante, le pedí a uno de mis colaboradores que examinara el capítulo sobre agricultura y en una hora había hecho un informe completo de cuáles eran los países de los que se hablaba, de cuáles eran los problemas y asimismo de dónde se había perdido mucho dinero. Cuando un colaborador competente de este Parlamento puede hacerlo en una hora, quizá también podamos exigir que el Tribunal de Cuentas nos facilite un informe semejante de todos los capítulos. Saldrán naturalmente muchas cosas feas, pero al mismo tiempo demostraremos que hay transparencia. De esta forma, podremos cerrar la boca a la prensa que está totalmente salvaje y huele sangre cada año cuando aparece el Tribunal de Cuentas con su informe. De una vez por todas podremos decir: " Éstos son los problemas y deseamos hallar una solución" . Me parece una buena forma de actuar y también creo que este informe debería ser mucho más concreto.
También supuse que el informe del Tribunal de Cuentas sería un poco más fácil de usar y que en él se darían algunas recomendaciones claras, por ejemplo, una o dos recomendaciones claras por capítulo. También me figuré que el Tribunal de Cuentas presentaría su informe este año antes. Lo cual nos daría más tiempo para el procedimiento de aprobación de la gestión en el Parlamento, no viéndonos obligados así a postergar la aprobación de la gestión cada año. Como ponente, ahora sólo dispongo de 14 días en los que puedo plantear preguntas a la Comisión, debiendo ésta facilitarme las repuestas en 14 días. Resulta casi un contrasentido plantear semejantes exigencias, pues si pudiéramos tener el informe mucho antes, podríamos hacer también un trabajo aún mucho más serio.
Celebro también que el Tribunal subraye que el 7% de errores no son sólo casos de fraude y espero que la prensa preste atención a ello en la sala de prensa, de modo que no sólo sean los escándalos los que aparecen referidos en la prensa. Puede tratarse de irregularidades o de casos turbios. Lo que resulta realmente tranquilizador es que parece que se está siguiendo el camino adecuado para luchar contra el fraude. Sólo hay muy pocos casos que hayan ido a parar a la OLAF y que hayan sido objeto de instrucción criminal en los Estados miembros, no obstante, es importante recordar que el 7% del presupuesto, como mencionó también la Sra. Theato, corresponde a una cantidad comprendida entre los cinco y los seis mil millones de coronas danesas. Esta cantidad es mayor que toda la ayuda comunitaria al desarrollo por cuantificar esta cifra. La reforma de la Comisión pretende en gran medida responsabilizar a cada Dirección General y me gustaría preguntar al Tribunal si éste alberga planes en el futuro para reestructurar el informe anual de modo que se elabore un capítulo por cada Dirección General. Ya este año quiero tratar de ver si esto es posible para que podamos empezar a valorar el trabajo de las Direcciones Generales. También podemos empezar a valorar el trabajo de los comisarios y ponerles notas según sean de aplicados. Quizá esto pudiera darles un pequeño empujón de resultar necesario.
El Tribunal de Cuentas subraya otra vez que la administración diaria de la mayoría de fondos comunitarios, por ejemplo, en materia de agricultura y fondos estructurales, se lleva a cabo en los Estados miembros y estoy plenamente de acuerdo, como se ha dicho, en que ahora los Estados miembros deben procurar espabilarse. Los Estados miembros se encubren, engañan con el dinero, no hacen nada por llevar a cabo un control, y cada vez que aparecen críticas, se echa la culpa a los que están en Bruselas, es decir, a la Comisión y a otras instancias. Creo que los Estados miembros deberían sentirse avergonzados. En 1995 se aprobó un Convenio relativo a la protección de los intereses económicos de la Unión Europea. Sólo hay un país miembro que lo haya transpuesto a su legislación. Sencillamente, es terrible, ¡así que se espabilen los Estados miembros!
Por último, quiero decir que celebro la cooperación mantenida a raíz de la aprobación de la gestión. Estoy seguro de que vamos a obtener un resultado positivo, pero tal cosa exige transparencia y honestidad por todas las partes y por nuestra parte en este Parlamento no debe existir ninguna duda acerca de nuestro deseo de contribuir a hacer algo razonable y de que otorgaremos la aprobación de la gestión en el mes de abril si se nos facilita lo que solicitamos.

Mulder
Señora Presidenta, quisiera expresar también mi agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas por el informe y al comisario por su respuesta al mismo. Una vez más creo que la opinión pública se dará cuenta de que en esta ocasión tampoco se ha producido una declaración positiva de confianza en lo que respecta a los gastos europeos. Todos sabemos - y se dirá a menudo - que la mayor parte del dinero se gasta por parte de los Estados Miembros. De modo que, en mi opinión, es allí donde tenemos que centrarnos. También se sabe que la mayor parte del gasto le corresponde a la agricultura. A petición de este Parlamento, la Comisión estableció hace algunos años que, en caso de irregularidades, se produciría una corrección financiera del 25% para los Estados Miembros. ¿No hubiera resultado interesante, y he entendido que el Tribunal de Cuentas lo está analizando, si este mismo tribunal hubiera estudiado los efectos de esta medida? ¿Se podría aplicar también a otros sectores? Quisiera una respuesta a esta pregunta.
Muestro mi total conformidad con el señor Blak en el sentido de que resulta frustrante que no aparezcan cifras exactas en el informe del Tribunal de Cuentas. ¿Se sitúa la fiabilidad de los gastos en el 5% o en el 7%? ¿Es cierto que la fiabilidad de los gastos agrícolas es inferior, situándose en el 3%? El Tribunal de Cuentas afirma continuamente que no dispone de suficiente personal para analizar esta cuestión. No lo pongo en duda pero cuando el Tribunal de Cuentas expresa una conclusión, parto de la base de que lo hace con arreglo a cifras exactas. Mi gran duda es: ¿por qué no se pueden publicar estas cifras? También creo recordar que disponemos de un comité de conciliación para asuntos agrícolas y que en caso de discrepancias entre la Comisión y las correcciones financieras, éstas se pueden someter al Comité de Conciliación. ¿La Comisión y el Tribunal de Cuentas se muestran a favor o en contra de esta cuestión?
Por último, señora Presidenta, este informe financiero se refiere a 1999. Obviamente, la Comisión alegará que llegó en septiembre de 1999 y que, por lo tanto, no es responsabilidad suya. Creo que ya va siendo hora de poner fin a esto. Creo que la Comisión nos debe indicar cuándo cree poder presentar una declaración positiva de confianza, ya que no podemos seguir posponiéndola todos los años desde 1995.

Staes
Señora Presidenta, señor presidente del Tribunal de Cuentas, estimado comisario, estimados colegas. Señor presidente del Tribunal de Cuentas, le doy las gracias por este excelente informe anual. También le agradezco el procedimiento aplicado. Hemos dispuesto de más de una semana para poder estudiar el contenido de antemano. Hemos tenido la oportunidad de prepararnos a conciencia. Creo que en principio se trata de un procedimiento correcto.
Aunque si le soy sincero, me siento algo defraudado por la reunión de ayer en la Comisión de control presupuestario. Fue demasiado corta. En realidad tampoco respondió a algunas preguntas concretas y claves planteadas por mis colegas. Me parece lamentable. El debate de hoy ha planteado algunas de esas preguntas y hoy leo en el Süddeutsche Zeitung que algunos de sus colegas sí que realizan declaraciones detalladas. Hablan de fraude, de irregularidades, de errores que ascienden a ocho mil millones de marcos alemanes. También leo que el porcentaje de error supera el 5%. ¿Por qué hacemos hincapié en esta cifra? El señor Mulder lo ha hecho, al igual que el ponente. Queremos saberlo porque se trata de un elemento importante para nuestra valoración. Ya hemos realizado pronuciamientos políticos con anterioridad al respecto. Por ello quisiera pedirle de nuevo que nos responda a esta pregunta.
Cosntatamos que existen multitud de irregularidades en la Comisión y que aún no existe una cultura que permita administrar el dinero del contribuyente europeo de forma adeucada. Es lamentable. Todos sabemos naturalmente que la Comisión está introduciendo modificaciones. El presidente del Tribunal de Cuentas ya ha lo ha indicado también y, por ello, el informe del año que viene se converitá sin duda en el informe de la verdad.
Existe, en efecto, la necesidad de adoptar medidas en los parlamentos regionales y nacionales, ya que es justamente en esos Estados Miembros donde se produce un gran número de errores. Por este motivo, quisiera hacer un llamamiento a nuestros colegas de los parlamentos nacionales para que ratifiquen las dos convenciones que aún no se han ratificado en todas partes. Hago un llamamiento a los ministros, jefes de estado y de gobierno para que aprueben la propuesta de crear un ministerio público europeo en Niza.
Por último, señor presidente del Tribunal de Cuentas, una última petición. Mejore la redacción de su informe. Sea exhaustivo. Mencione a los Estados Miembros que hacen las cosas bien. Mencione también a quienes no lo hagan bien en determinados ámbitos. De esta forma, mejorará la claridad. Así se incrementará la atención que se presta a su informe, lo que supondrá un estímulo para mejorar de cara a la próxima ocasión.

Gallagher
Señora Presidenta, deseo, junto con todos mis colegas, saludar este informe anual que nos ha sido presentado con un talante constructivo. La Comisión y los Estados miembros deberían contemplarlo desde este ángulo y utilizar los resultados del informe como una herramienta para mejorar su actuación en la gestión de las finanzas de la Unión Europea.
Es lamentable que el Tribunal de Cuentas no pueda dar el visto bueno a la Comisión con una declaración de fiabilidad positiva. Esta situación no ha cambiado desde que se publicó la primera declaración de fiabilidad respecto al ejercicio 1994. Los Estados miembros son responsables de la gestión del 80% del gasto y el Tribunal de Cuentas ha detectado toda una serie de errores a nivel de los Estados miembros. Resulta bastante inquietante. Deberíamos recordar que los recursos comunitarios provienen directa o indirectamente de los ciudadanos europeos. Por consiguiente, existe la necesidad inequívoca de rendir cuentas hasta por el último euro del gasto. Debemos garantizar a los ciudadanos europeos la buena utilización de sus contribuciones.
Me complace que la Comisión haya adoptado medidas encaminadas a mejorar su control de la gestión de las finanzas comunitarias, y que los Estados miembros estén introduciendo sistemas con este mismo fin. De este modo se reducirá el nivel de errores. La Comisión debe mantenerse alerta en su búsqueda de los procedimientos adecuados de gestión a nivel de los Estados miembros. También en el Parlamento debemos ser vigilantes para que la Comisión lleve a cabo esta función.
La Comisión es la responsable de la ejecución del presupuesto. Algunas de las características frecuentes de este informe son la ausencia de procedimientos de gestión y control adecuados, la falta de planificación, evaluaciones insuficientes, la debilidad o inexistencia de criterios a la hora de decidir sobre el derecho de recibir subvenciones. Todo esto, combinado con la declaración de fiabilidad negativa, despierta la preocupación entre los contribuyentes. Sé que este informe y la función en la que se dispone a embarcarse el Parlamento en el contexto de la aprobación de la gestión contribuirán a incrementar la vigilancia en lo que respecta al gasto comunitario. En definitiva, enfoquemos nuestra función con un talante positivo y constructivo en el mejor de los intereses de los ciudadanos de la UE.

Van Dam
Señora Presidenta, señor presidente del Tribunal de Cuentas, los Países Bajos fueron en 1999 el país que realizó la mayor aportación per cápita a la arcas de la Unión Europea. En calidad de parlamentario que representa a estos pagadores netos, me siento algo defraudado por la combatividad de la Comisión. En el caso de la liquidación correspondiente a 1998, pudimos otorgar a la Comisión el beneficio de la duda debido a que se encontró con el legado de la Comisión saliente. Sin embargo, el informe anual de 1999 es responsabilidad íntegra de la Comisión actual y, desafortunadamente, presenta una serie de deficiencias en las cuentas de la Comisión. Considero grave que la Comisión no se sienta aparentemente obligada por el presupuesto aprobado por este Parlamento. La Comisión ha establecido, en primer lugar, 400 millones de euros más de los presupuestados y, en segundo lugar, ha ajustado el presupuesto original y aplicado una versión revisada que no ha contado con la aprobación del Parlamento.
Los Países Bajos tan sólo han percibido un 3% de subveciones agrícolas en 1999 mientras que una proporción justa se hubiera situado entorno al 5%. Me parece correcto que se conceda a los países más pobres de la UE una mayor proporción de las ayudas agrícolas aunque considero especialmente penoso que la mayor parte de las irregularidades se hayan producido en los pagos de las subvenciones agrarias. Quisiera saber cuáles son los Estados Miembros que más se han beneficiado de dichas irregularidades. El número de irregularidades en los pagos de los fondos estructurales justifica una investigación exhaustiva del funcionamiento y de la efectividad de estos fondos.
La reforma de la Comisión no ofrece garantías de que las irregularidades detectadas se vayan a prevenir en el futuro. Por lo tanto, tanto ahora como en el futuro, se juzgará a la Comisión en función del cumplimiento de las normas.

Pomés Ruiz
Señora Presidenta, quiero comenzar agradeciendo al Sr. Karlsson la importante labor que está desarrollando el Tribunal de Cuentas y le agradezco también que este año la publicación del informe no haya sido precedida de titulares de prensa, debidos a filtraciones interesadas, que tanta desconfianza dan al trabajo de un Tribunal tan serio y ecuánime y a la labor que tienen que desarrollar este Parlamento y las demás instituciones.
Aprecio especialmente la ecuanimidad de su informe, en el cual señala los defectos y valora los progresos; por ejemplo, valora que la Comisión se esté moviendo. Un grupo de diputados que trabajamos en la reforma acabamos de estar con el Presidente Prodi y hemos comprobado que éste ha asumido en primera persona el desarrollar el Libro Blanco, de acuerdo con muchas de las recomendaciones que, año tras año, han sido recibidas del Tribunal que el Sr. Karlsson dignamente preside. Hay que decir que, efectivamente, éste es un proceso teórico, que necesita tiempo para convertirse en acciones, pero que va por buen camino. Va por el camino que ustedes, este Parlamento y los expertos independientes estamos señalando. Pero todavía hay problemas en este camino, como, por ejemplo, el larguísimo período transitorio que se prevé para la reforma del Reglamento financiero; estamos en un período que es malo para todo el mundo, también para los responsables de los pagos, en el que tenemos un sistema antiguo, un sistema nuevo y un período intermedio en el que hay cierto desconcierto. Agradezco que el Tribunal quiera emitir pronto su dictamen sobre la reforma del Reglamento financiero.
Y pregunto: señora Presidenta: ¿dónde está el Consejo? Creo que el Consejo es el responsable de cinco sextas partes del informe del Sr. Karlsson y de los gastos que aprueba. ¿Dónde está el Consejo? Y en este momento, señora Presidenta, me gustaría callarme y esperar que alguien del Consejo viniera aquí. Por tanto, señora Presidenta, le sugiero que en el siguiente debate de la presentación de las cuentas se prevean la presencia y la intervención del Consejo.
Repito que la parte que más valoro de su informe es el reconocimiento de que la Comisión se está moviendo; sin embargo, no es eso lo que se puede decir del Consejo, que no sólo tiene importancia cuantitativa en los gastos. Ustedes dicen que siguen llamando la atención sobre debilidades graves y persistentes en los sistemas de control y gestión en los Estados miembros, y dicen ustedes que la mayor parte de los errores se produce en los principales programas de gastos gestionados por las administraciones de los Estados miembros. Yo creo que los diputados de este Parlamento seremos capaces de identificar y culpabilizar a nuestras propias administraciones si no cumplen su cometido, pero usted tiene que hacernos el favor de señalar claramente los Estados y los programas. Porque estoy convencido de que la correcta defensa de los intereses financieros de la Comunidad exige que la falta de cumplimiento en la gestión tenga consecuencias presupuestarias y que este Parlamento pueda negar fondos a un Estado miembro por reiterados incumplimientos de las normas de control de los gastos.

La Presidenta
Señor Pomés Ruiz, es totalmente inadmisible que el escaño del Consejo esté vacío. Ha tenido usted toda la razón en recordarlo.

Morgan
Señora Presidenta, yo también agradezco que hayan vuelto los representantes del Consejo, porque tengo algo que decirles a ellos también.
En primer lugar, permítanme agradecer al Sr. Karlsson que la cooperación con la Comisión de Control Presupuestario en esta ocasión haya sido mucho mejor que en años anteriores. El trabajo del Tribunal es esencial para la realización de nuestras funciones, porque ustedes son los expertos y nosotros nos ocupamos de los problemas políticos.
No debemos olvidar que el presente informe es relativo al presupuesto de 1999, el año en que la Comisión se vio obligada a dimitir, por tanto, no hay duda de que es aún demasiado pronto para hacer valoraciones. El año próximo marcará el inicio de la prueba de fuego que nos permita saber si la reforma de la Comisión ha comenzado a calar o no.
Es interesante observar que una parte fundamental de la reforma de la Comisión es toda esa cuestión relativa a quién debe asumir la responsabilidad. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Quién es el responsable? Hoy deberíamos ocuparnos de la utilización que hacen la Comisión y los Estados miembros de los fondos, en vez de examinar la labor del Tribunal de Cuentas. Aunque opino que el Tribunal de Cuentas no ha realizado su labor lo suficientemente bien como para que nos facilite nuestra función.
No olvidemos, y espero que el Consejo preste oídos una vez más, que los Estados miembros utilizan el 80% del los fondos. El Tribunal, al igual que otros años, no ha señalado exactamente dónde se han producido los fallos. Hemos pedido una y otra vez una 'lista de pecadores'. Queremos saber dónde radica el problema, en qué Estados miembros, en qué ámbitos. Queremos conocer también los detalles sobre la buena práctica. En una parte del informe podemos leer que dos Estados miembros han tenido un comportamiento ejemplar en términos de recaudación del IVA, pero cómo podemos esperar que sigan su ejemplo los otros Estados miembros si no saben de qué Estados miembros se trata.
Necesitamos nombres. Si el Tribunal no cumple con su deber de nombrar y afear la conducta de los responsables, nosotros deberemos hacerlo por ustedes. Pero su legitimidad, como organismo responsable de la fiscalización, quedará en entredicho y existe incluso la posibilidad de que alguien diga que algunos miembros del Tribunal intentan proteger los intereses de los Estados miembros que les designaron. ¿Está dispuesto, señor Karlsson, a comprometerse a facilitar nombres en el futuro? Porque la falta de información clara en el informe nos dificulta enormemente nuestra labor de ejercer presión en los círculos adecuados sobre los mayores infractores.
Asimismo, quiero pedirle que publique una clasificación de los países que presentan la peor trayectoria de mala administración en la UE y en qué ámbitos. Los contribuyentes de Europa merecen saber dónde van a parar los fondos. Sin hechos, estamos luchando contra el fraude con una mano atada a la espalda.
Está claro que no existen soluciones mágicas para mejorar el control financiero en la Comisión. El proceso llevará su tiempo. Son muchos los intereses que nos llevan a presentar un desafío, pero en el informe del año próximo buscaremos pruebas concretas que demuestren que las medidas introducidas por la Comisión desde su investidura han tenido repercusiones reales sobre la erradicación de la mala gestión financiera.

Van der Laan
Señora Presidenta, la ampliación de la Unión Europea se acerca y el informe del Tribunal de Cuentas deja de manifiesto que aún se debe realizar una ardua labor en los países aspirantes. Si esto se debe hacer con los actuales presupuestos escasos, ¿qué pasará más adelante cuando estos países sean miembros de pleno derecho y participen en la política agrícola común y en los fondos estructurales? Mi Grupo considera por consiguiente que resulta clave aplicar nuestras normas de control financiero desde este momento en los países aspirantes. En este sentido nunca es demasiado pronto para empezar a tratarlos como miembros de pleno derecho. Por este motivo, le pido al Tribunal de Cuentas que nos proporcione más información en este sentido en los próximos informes de forma que no nos encontremos con sorpresas desagradables el día de la adhesión.
Presidente, contamos con la presencia de una persona del Consejo pero no es suficiente debido a que - tal y como se ha apuntado en varias ocasiones - los mayores errores se cometen en los Estados Miembros. La Comisión de control presupuestario no puede seguir tolerando que todos los años se genere la impresión de que Bruselas es un desastre, entre comillas, mientras que los principales responsables se encuentran en las capitales. Por ello, señor Karlsson, le pedimos que nos proporcione más información acerca de quienes hacen las cosas bien y quienes se toman esta cuestión a la ligera. Tan sólo de este modo, mencionando a los responsables, podremos adoptar medidas contra ellos y limpiar Europa de forma que recuperemos la confianza de nuestros ciudadanos.
Por último, y tratándose de un aspecto importante para recuperar dicha confianza, manifiesto en este lugar mi esperanza de que esta Cámara disponga de estatuto antes de finales de este año de modo que esta sea la última vez que estos parlamentarios aparecen de forma negativa en un informe del Tribunal de Cuentas. Para ello, también le deseo a usted, señora Presidenta, afán de superación y le agradezco el esfuerzo realizado hasta el momento.

Rühle
Señora Presidenta, también yo quiero manifestar mi más sincero agradecimiento al Tribunal de Cuentas por su informe, así como por la valoración política que nos ofreció ayer en la Comisión de Control Presupuestario. También allí se resaltaron una vez más los esfuerzos para introducir reformas y su necesidad. No obstante, yo quisiera enlazar con lo que ha expresado el orador que me ha precedido, Bart Staes. Yo creo que si el Tribunal permite un margen de discrecionalidad tan amplio en la presentación de su informe, siempre nos encontraremos con titulares negativos. El Süddeutsche Zeitung dice, por ejemplo: "Más de 8.000 millones de marcos alemanes mal gestionados. El Tribunal de Cuentas deniega la certificación a la Comisión debido a su gestión presupuestaria chapucera." Estos titulares tienen su origen en una conferencia de prensa del Sr. Friedmann y a la vista de ello, yo debo preguntarle, señor Karlsson, por qué las declaraciones de los miembros del Tribunal de Cuentas son distintas cuando se dirigen a la Comisión de Control Presupuestario y cuando luego hablan en público ante la prensa.
Yo creo que necesitamos urgentemente que el informe del Tribunal de Cuentas del año próximo se base en unas exigencias más precisas. La Comisión y el Tribunal deben velar seriamente por que así sea. Necesitamos que se indiquen los objetivos en los diferentes sectores, de manera que la opinión pública pueda juzgar realmente en qué aspectos ha habido una mejora. De lo contrario, cada año se repetirá lo mismo; a saber: que nosotros valoraremos los esfuerzos de la Comisión -aunque el Parlamento también se esfuerza por introducir reformas a la vista de los informes del Tribunal de Cuentas-, pero titulares como ése volverán a anular en la práctica casi todos esos esfuerzos ante la opinión pública, dado que ésta se fija sobre todo en los errores y no advierte los esfuerzos que se han realizado para que efectivamente puedan llevarse a cabo las reformas.
Por esto, yo les ruego encarecidamente que volvamos a reflexionar todos juntos sobre la posibilidad de concretar unos objetivos que nos permitan estar mejor equipados para enfrentarnos con la prensa el año próximo.

Bösch
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, recientemente llegamos a un acuerdo con el Tribunal de Cuentas por el que podríamos recibir información del Tribunal de Cuentas por adelantado con carácter absolutamente confidencial y también convenimos que la mantendríamos efectivamente en silencio. Ahora constato con pesar, señor Presidente Karlsson, que sus miembros no han respetado a todas luces dicho acuerdo. De hecho, yo me pregunto si es conveniente que repitamos la experiencia en años venideros. Yo creo que el hecho de que el Tribunal de Cuentas ya no sea capaz de respetar un pacto de estas características debería hacerle reflexionar sobre la cultura de su organización.
En segundo lugar, varios colegas ya se han referido desde diversos puntos de vista y con razón a la falta de claridad. Tenga en cuenta, señor Karlsson, que cuando en el informe no se dan cifras, éstas se inventan. La Sra. Rühle y también otros oradores que me han precedido acaban de citar unos porcentajes. Si yo señalo unos porcentajes de errores de hasta un 7%, la Sra. Schreyer evidentemente ya no puede venir y decirnos que el Tribunal confirma que están avanzando por el buen camino, pues salta a la vista en todo caso sería el buen camino hacia el abismo. Sin embargo, no hacen constar ese dato en el informe y yo ya estoy cansado de oír repetir desde hace años que los Estados miembros son responsables de un 80% del presupuesto y nosotros sólo del 20%, sin señalar a la vez cuál es la situación en cada caso. Es necesario que se incluya lo que ha señalado antes la Sra. van der Laan, y en esto coincidimos plenamente. Tienen que nombrar a los Estados miembros, aunque -quiero decirlo también con toda claridad- éstos les hayan designado como miembros del Tribunal de Cuentas.
A fin de cuentas, tenemos que dictaminar sobre la actuación de la nueva Comisión en el año 1999 A mí me preocupa, señora Schreyer, que en muchos casos en los que usted se comprometió a trabajar sobre la base de las observaciones del Tribunal de Cuentas, este compromiso no se ha cumplido. Yo le ruego que tenga presente que hay algunas cosas que se deben mejorar en el futuro o de lo contrario sus aseveraciones de que está dispuesta a seguir el camino adecuado en la lucha contra las irregularidades no pasarán de ser meras palabras vacías.

van Hulten
Señor Presidente, a pesar de que el Tribunal no puede presentar una declaración de fiabilidad positiva respecto al ejercicio de 1999, el tono del informe en su conjunto es más positivo que en años anteriores. Quisiera felicitar a la Comisión y, en particular, a la Comisaria Schreyer, por la observación del Tribunal de que muchos de los cambios que éste había exigido ya han sido introducidos o están en vías de serlo. Es una alabanza especial al programa de reforma puesto en marcha el año pasado.
También quisiera dirigirme al Consejo y preguntarle por qué no avanza en lo que respecta al artículo 24 del Reglamento Financiero. El Parlamento se apresuró a emitir su dictamen y espero que el Consejo haga lo propio y llegue a un acuerdo sobre su posición mucho antes de Navidades.
Dicho esto, el informe me ha decepcionado en su calidad de primer paso del procedimiento de aprobación de la gestión. Es demasiado político en el sentido negativo del término. Evita las críticas duras y no señala con el dedo a nadie. Otros diputados ya han hecho referencia a este aspecto. Debería ponerse en un aprieto a los Estados miembros que malversan los fondos comunitarios y debería nombrarse a los grupos políticos de este Parlamento que despilfarran el dinero de los contribuyentes, como señaló este mismo año mi colega, el Sr. Kuhne. Debería hacerse público el índice de error, de manera que se puedan fijar objetivos para reducir dicho índice.
Debemos analizar los métodos de trabajo del Tribunal y cómo puede reforzarse su independencia de las instituciones y de los programas en la realización de la fiscalización. Para ello puede que sea necesario otorgar mayores poderes al Presidente del Tribunal para que adopte decisiones relativas a los métodos de trabajo del Tribunal y al modo en que éste realiza sus comunicaciones.
Quisiera decir unas palabras sobre el lugar que ocupa el Parlamento en el presente informe. El informe es positivo respecto a las medidas que ha adoptado el Parlamento para remediar los problemas identificados por el Tribunal, demasiado positivo, en mi opinión. Muchos de estos cambios aún no han sido introducidos o lo han sido sólo en parte. El Parlamento puede resolver la mayoría de los problemas si avanza rápidamente en dos frentes. En primer lugar, a través de la constitución de su propio servicio de auditoría interna y, en segundo lugar, a través de la aprobación de tres estatutos que necesitamos con urgencia: un estatuto de los diputados, un estatuto del personal y otro estatuto de los grupos políticos.
Por último, señor Karlsson, al tiempo que nosotros introducimos todos estos cambios, quizá usted podría ir a los Estados Unidos a ayudarles a contar los votos. El índice de error en el recuento de Florida es francamente demasiado alto. Puede que un poco de sentido común de la Unión Europea contribuya a la resolución del problema y a colocar a George Bush en el lugar de la historia que se merece - ¡su cubo de la basura!

Ferreira
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, Señorías, este nuevo informe del Tribunal de Cuentas, que se nos acaba de transmitir, reviste, para la Comisión de Control Presupuestario, el interés de efectuar un balance sobre los problemas de la gestión del presupuesto comunitario, a la vez que nos lanza una advertencia frente a las interpretaciones restrictivas que podríamos realizar basándonos en un análisis rudimentario de algunos datos.
Sin embargo, más allá del balance de los problemas, señor Presidente, necesitamos explicaciones y análisis más precisos para avanzar. Desarrollaré rápidamente tres puntos.
En primer lugar, una cuestión terminológica: puesto que a menudo las nociones de fraude y de irregularidad no están claramente diferenciadas, el Tribunal de Cuentas previene del peligro de equiparar irregularidades o errores con casos de fraude. Ha de señalarse, a este respecto, que el propio Tribunal de Cuentas afirma que los casos de fraude son limitados.
Otro punto mencionado en este informe: los problemas relacionados con el IVA. El IVA representa una parte importante de los ingresos del presupuesto comunitario. Ahora bien, debe reconocerse que se trata de un sistema complejo. Los tipos varían de un Estado a otro, así como su composición. En algunos Estados existe, por ejemplo, un IVA regional. Por lo tanto, debemos seguir planteándonos la aplicación de una armonización fiscal.
El tercer punto al que deseo aludir atañe a la discusión que tuvo lugar ayer, durante la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas, en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario. Se pidió - como hoy se ha recordado en varias ocasiones - que el Tribunal mencionara explícitamente los Estados en los que se habrían descubierto fraudes e irregularidades. Desearía que fuésemos precavidos en cuanto al peligro de dichas prácticas. No debemos buscar chivos expiatorios, ni en nuestras instituciones ni en nuestros Estados. Además, como el método de trabajo del Tribunal de Cuentas se basa en sondeos, sólo tenemos una imagen parcial de la situación.
El informe del Tribunal de Cuentas hace mayor hincapié que en el pasado en la situación en materia de gestión y de control de los fondos comunitarios por los Estados miembros. Este análisis debe conducirnos - a nosotros, diputados europeos, pero también a la Comisión - a elaborar propuestas para mejorar los sistemas de gestión y de control financiero en los Estados miembros. Éstos deben aplicarlos a fin de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión. Para finalizar, dirijo, pues, un llamamiento con miras a lograr una mejor cooperación con el Consejo.

Casaca
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señora Comisaria, durante los dos últimos años el Tribunal de Cuentas ha publicado seis informes especiales en materia de Política Agraria Común. En su informe especial sobre las subvenciones para dar salida a la leche desnatada resulta evidente una ausencia de medidas de control y un nivel de falsificación de la leche y de fraude en su utilización que no tiene paralelo en ningún otro sector agropecuario.
En su informe sobre las medidas para dar salida a la mantequilla, el Tribunal de Cuentas observó que se gastaba el 89% del presupuesto en subvenciones a la industria alimentaria en procesos de dudosa transparencia y de más dudosa eficacia en cuanto a las repercusiones en la renta de los agricultores. En un caso u otro los beneficiarios directos de esas políticas son un número reducido de países y de agentes económicos. En el que fue su trabajo más importante sobre la Política Agraria Común, el informe especial sobre los cultivos herbáceos, el Tribunal concluyó que de 1993 a 1997 el presupuesto comunitario pagó una suma superior a 13.000 millones de euros más de lo que habría sido razonable. Los cultivos herbáceos representan el 43% del presupuesto de la PAC, pero sólo el 10,7% del producto final. En 1995, casi el 40% de los pagos fueron destinados al 3%, representado por los mayores beneficiarios, mientras que el 57%, representado por los más pequeños beneficiarios recibieron sólo el 4,5% de los pagos.
Conque el Tribunal concluyó, con toda razón, que no se debería hacer el apoyo a los agricultores a partir de precios, producción o superficie, sino como un apoyo a la renta líquida de los agricultores o unidades de trabajo. Se trata de documentos de excelente calidad que son "una pedrada en la charca" de una Política Agraria Común que sigue dando preferencia a los mayores agricultores en perjuicio de los más pequeños, a los países y las regiones del centro de Europa en perjuicio de los países y las regiones periféricos. Es una lástima que el informe anual del Tribunal de Cuentas, supuestamente elaborado para examinar los aspectos más relevantes del trabajo llevado a cabo a lo largo del año por los informes especiales, no haya retenido esos análisis y haya decidido dedicarse a otros temas sobre los que no hizo análisis específicos.

Karlsson
En primer lugar, respecto al procedimiento de presentación del informe anual al Parlamento y a la Comisión de Control Presupuestario, me alegra escuchar las palabras tranquilizadoras de sus Señorías en el sentido de que la situación este año es más satisfactoria que en años anteriores. Espero que, juntos, lleguemos a la conclusión de que hemos encontrado el modo adecuado de enfocar el procedimiento de aprobación de la gestión.
Quiero decir al Sr. Staes que lamento no haber tenido ocasión de responder a todas las preguntas que se formularon en la reunión de ayer. Es posible que hoy tenga el mismo problema. No obstante, como he señalado, nos encontramos aún en la fase inicial de este procedimiento de aprobación de la gestión. Espero sinceramente que podamos ofrecer una respuesta razonable a cualquier pregunta que el Parlamento o la Comisión de Control Presupuestario desee formular y que todas las preguntas que nos dirigieron ayer y que nos han dirigido en el presente debate obtengan la debida respuesta.
Paso, a continuación, a la construcción de la declaración de fiabilidad y a la cuestión de las cifras. En primer lugar, quiero señalar - no sólo al Sr. Blak, ponente de la aprobación de la gestión este año, sino también al Sr. Mulder - que hemos modificado y desarrollado gradualmente el procedimiento de elaboración de la declaración de fiabilidad en estrecha colaboración con este Parlamento y con la Comisión de Control Presupuestario para satisfacer los deseos de la comisión, y hemos incluido en la declaración de fiabilidad observaciones específicas sobre los diferentes ámbitos presupuestarios. Es el resultado de las conversaciones que hemos celebrado hasta ahora.
Quiero subrayar - en honor a los Sres. Mulder, Blak, y Sras. van der Laan y. Morgan y todos los demás oradores que han hecho referencia a este asunto - que el Tribunal continuará avanzando en este sentido. Pero me gustaría dejar perfectamente claro que un procedimiento de esta naturaleza debe desarrollarse de manera muy gradual, para no encontrarnos con un cambio radical del método de recogida de datos, porque en ese caso, el valor de este ejercicio no se ajustaría a las obligaciones que nos impone el Tratado.
En lo que se refiere a la pregunta del Sr. Blak sobre cuál es la cifra exacta, si 5,5% o 3%, no quiero parecer demagogo, pero esta pregunta se sitúa al mismo nivel intelectual que la pregunta de ¿cuándo dejó de pegar a su mujer? No me haga preguntas a las que es imposible responder. El año pasado no presentamos ninguna cifra y tampoco lo hemos hecho este año. Por tanto, la pregunta de si la cifra del año pasado se corresponde con la de este año es poco razonable.
Una declaración de fiabilidad es un ejercicio muy minucioso que incluye no sólo observaciones específicas sobre los distintos ámbitos presupuestarios, sino además una evaluación global. Lo estudiaremos detenidamente con sus excelentes secretarios. Me alegra mucho saber que el Parlamento dispone de personal capaz de resumir el informe del Tribunal en una hora. Me alegra muchísimo. Puede que les robemos a esa persona. Pero tendremos oportunidad de tratar sobre todo eso. Me encargaré de que el ponente para la aprobación de la gestión reciba plena información sobre todos los detalles.
Algunos miembros de la Comisión de Control Presupuestario apuntan a la necesidad de más precisión. Tienen razón cuando dicen que debemos ser más precisos en nuestras observaciones. Cuando estudien este informe anual, descubrirán que lo que el Tribunal intenta es poner los medios necesarios para que la compensación de cuentas se convierta en un auténtico instrumento que permita examinar las deficiencias en la aplicación de la política agrícola. Aunque el lapso de más de dos años limita considerablemente el valor de este ejercicio.
Lo que también señalamos es que, en el otro ámbito en el que se produce la mayor parte del gasto en los Estados miembros no disponemos de un procedimiento correspondiente a la compensación de cuentas. Me refiero a los Fondos Estructurales. Resulta muy difícil ser más precisos sin disponer de un sistema de compensación que proporcione las respuestas que buscamos, por ejemplo, en lo que respecta al Fondo Social.
Prometo que, junto con la Comisión de Control Presupuestario y el Parlamento, seguiremos intentando desarrollar información más precisa para atajar el problema real. El Tribunal está completamente de acuerdo con el Parlamento en que no se trata únicamente de la reforma de la Comisión o de que el Parlamento modifique su modo de actuación en el control financiero. El Tribunal de Cuentas también debe cambiar sus métodos de trabajo.
Paso, a continuación, a la cuestión de dar nombres: no puedo aceptar la opinión del Sr. van Hulten de que el presente informe es demasiado político en el sentido de que nos cuidamos de no nombrar a nadie, no dar los nombres que deberíamos dar. Están escuchando a un miembro del Tribunal que, como ponente de la Comisión de Desarrollo, fue responsable en cierta ocasión de nombrar no sólo dos países, sino dos empresas, motivo por el que el Tribunal de Cuentas fue demandado ante el Tribunal de Justicia.
El Sr. van Hulten insinúa que, por motivos políticos, tememos mencionar los nombres necesarios para la fiscalización que, independientemente, consideramos importantes, pero tengo pruebas que demuestran lo contrario. En este caso concreto, quedó perfectamente claro que el Tribunal de Primera Instancia nos apoyaba cuando dijo que no sólo tenemos derecho a mencionar dichos nombres, sino además el deber de hacerlo.
Si leen el informe del Tribunal de Cuentas sobre las medidas de la Comisión para luchar contra la contaminación, no sólo encontrarán países a los que se les llama por su nombre, sino también regiones, y el miembro francés del Tribunal de Cuentas, que es natural de Bretaña, Sr. Jean-François Bernicot, no protestó por el hecho de que nos ocupáramos, página tras página, de su Bretaña natal.
Cuando es importante, desde el punto de vista de la fiscalización, mencionamos todo lo que hay que mencionar. Es la política y el principio del Tribunal. La intención del Tribunal de Cuentas no es convertirse en un instrumento político, sino ser un instrumento objetivo al servicio del control político aquí en el Parlamento, y seguiremos intentando conseguirlo.
Dicho esto, prometo que prestaremos oídos a las peticiones del Parlamento de instrumentos más precisos de análisis, y nos aseguraremos de que podemos utilizar estos instrumentos para satisfacer las necesidades del control político. Volveré sobre este asunto la próxima vez que volvamos a vernos, cuando venga a informar y presentar al Parlamento el proyecto de programa de trabajo para el año próximo.
Hago hincapié, señor Mulder, en lo que dije ayer. Desde un punto de vista técnico y estadístico, para poder ofrecer cifras específicas, en lo que respecta a la declaración de fiabilidad, sobre cada país y cada ámbito político importante necesitaríamos una enorme plantilla, porque si reducimos la población, incrementamos la necesidad de muestras, por tanto la cantidad de muestreo exigiría una gran cantidad de trabajo que no creo que nadie lo considere viable. Es el motivo por el que deberíamos utilizar otros métodos y adoptar el enfoque que hemos acordado sobre el ámbito de las observaciones específicas y adaptar mejor el ejercicio de la declaración de fiabilidad a otras fiscalizaciones, no sólo del Tribunal, sino también de la Comisión y de los Estados miembros, en la liquidación de las cuentas.
Yo también pensaba esta mañana en Florida, señor van Hulten, y me alegra no haber sido el responsable de la supervisión del procedimiento electoral en ese Estado concreto. Siempre hay algo de lo que alegrarse.
Espero que el debate haya concluido, de manera que pueda responder a cualquier pregunta que haya olvidar. Debo hacer un comentario, señor Blak, sobre lo que usted ha dicho. Usted quiere que reestructuremos el informe y lo hemos hecho.
Sólo deseo recordarles que, tras el diálogo que hemos mantenido con la Comisión de Control Presupuestario, hemos reestructurado el informe. La comisión sugirió que el informe debía reflejar las carteras de los Comisarios o directores generales. Quisiera advertirles en contra de eso. Comisarios como el Sr. Fischler, que es responsable de la ejecución de la mitad del presupuesto, deben tener un capítulo mayor que los Comisarios que no guardan relaciones directas con el presupuesto. Seamos abiertos y hablemos sobre cómo estructuraremos el informe de manera que sea lo más satisfactorio posible.

El Presidente
Muchas gracias, señor Presidente Karlsson.
El debate queda cerrado.
Señorías, como deben haber notado, la parte final de la intervención del Presidente del Tribunal de Cuentas ha sufrido las consecuencias de la intromisión de un malhadado virus entre su discurso y esta Asamblea. Exactamente por eso, y a fin de exterminar el virus, vamos a tener que suspender la sesión durante dos o tres minutos para intentar encontrar la forma de resolver este problema técnico.
(Se suspende la sesión durante tres minutos para resolver un problema técnico)

Seguridad general de los productos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0309/2000) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 139 - C5-0224/2000 - 2000/0073(COD)) relativa a la seguridad general de los productos.

González Álvarez
. Señor Presidente, debatimos hoy una propuesta sobre la seguridad general de los productos. A la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo le ha parecido, en general, una buena propuesta. Por eso hay pocas modificaciones. Quizá la calidad de la propuesta se deba, en parte, a que la Comisión ha consultado a más de 14 organizaciones sociales y éstas han puesto de manifiesto las dificultades que la Directiva de 1992 ha tenido en su aplicación. Creo que algunas de esas consideraciones hechas por las organizaciones sociales se recogen en la propuesta de la Comisión. Cito un ejemplo: una que sé que tiene algunas dificultades para el Consejo, pero para el Parlamento Europeo es muy importante y la apoyamos totalmente, es la prohibición de exportar productos que se consideren inseguros a países terceros. Y así se han hecho otras propuestas en el documento que nos parecen aceptables. Por eso, nosotros no hemos hecho demasiadas modificaciones pero sí algunas que creemos que garantizan mejor los derechos de los consumidores.
Este informe se ha aprobado por una gran mayoría en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento y, por lo tanto, voy a defender el resultado de la votación en esa comisión.
En las propuestas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente se trata de reforzar la transparencia y la información al consumidor, de garantizar la recuperación de los productos aun cuando ya estén en manos de los consumidores, de limitar el secreto profesional al mínimo imprescindible, de definir de forma más clara qué es un producto seguro y qué es un producto peligroso, de la inclusión del control de seguridad de la instalación y del mantenimiento de los productos -porque, a veces, en esa instalación y mantenimiento pueden darse casos de inseguridad para los consumidores-, de la inclusión del principio de precaución, un principio muy interesante que se utiliza poco en la Unión Europea -de lo contrario, no nos ocurrirían cosas como la de las vacas locas, que se va a examinar esta tarde, el tema de las dioxinas o algún otro relacionado con los productos genéticamente modificados-, de garantizar una cierta armonización de los programas de vigilancia y seguimiento -es importante que los Estados miembros tengan una cierta igualdad en esos sistemas de vigilancia y seguimiento- y, en términos generales, de procurar que los consumidores tengan la información en la lengua del país en el que compran los productos.
Señor Presidente, desgraciadamente no podemos aceptar algunas enmiendas que se presentaron primero en la Comisión de Medio Ambiente, que se presentan ahora aquí y que van en la dirección contraria a estos principios. Cito dos ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con la enmienda 40. Se pretende suprimir un párrafo que solicita simplemente a productores y distribuidores que, cuando tengan conocimiento de un producto peligroso, lo pongan inmediatamente en conocimiento de las autoridades de los Estados miembros. No podemos permitir que se suprima ese párrafo. Otro de los párrafos que se pretende suprimir se refiere al secreto profesional y dice que el secreto profesional debe estar supeditado a la eficiencia de los servicios de vigilancia y seguimiento de los productos peligrosos. Tampoco podemos permitir que ese párrafo se suprima.
Algunas enmiendas, como la 1 y la 18, tienen que ver con cuestiones que atañen fundamentalmente al Reino Unido y hay que decir que todos los grupos del Reino Unido, sean socialistas, populares o verdes, las han defendido con gran vehemencia y se han aprobado en la Comisión de Medio Ambiente. Tienen que ver con una cuestión muy específica del Reino Unido, como son las tiendas de caridad o las ventas más o menos entre particulares. Algunos compañeros de otros países comprendemos menos esa preocupación de los compañeros del Reino Unido, pero esas enmiendas fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente y por ello tengo que explicarlo.
Señor Presidente, agradezco a la Comisión y al Consejo su colaboración para la elaboración de este informe. Creo que la Comisión de Medio Ambiente ha elaborado un informe que pretende profundizar en los derechos y en la seguridad de los consumidores. A la vista de lo que ha ocurrido, sobre todo en el sector alimentario, en los últimos años, creo que es una directiva muy importante y espero que sea aprobada por una gran parte de este Parlamento aunque, como decía anteriormente, algunas enmiendas presentadas van en la dirección contraria al espíritu adoptado en la Comisión de Medio Ambiente.

Lehne
Señor Presidente, Señorías, en este caso la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior mantiene una opinión absolutamente divergente con respecto a la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, competente para el fondo. Consideramos necesarias una serie de enmiendas a la propuesta de directiva que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor lamentablemente no ha asumido. Por consiguiente, yo agradezco muchísimo al Grupo del PPE que haya hecho suyas dichas enmiendas, incorporándolas así de nuevo al debate aquí en el Pleno.
Yo quisiera señalar tan sólo dos aspectos. En primer lugar, nos parece un error que se incluya en el marco de la presente directiva relativa a la seguridad general de los productos la cuestión de una posible responsabilidad en el marco de la prestación de servicios, pues por una mera cuestión de método consideramos que no tiene cabida aquí, sino que llegado el caso se debería regular paralelamente en otro contexto.
El segundo punto se refiere a la prohibición de exportar que tanto se ha elogiado antes. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior opina mayoritariamente que dicha prohibición carece de fundamento jurídico. Después de las recientes experiencias -léase la decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre el tema de la publicidad del tabaco-, sinceramente no puedo dejar de instar a la Asamblea a que atienda la recomendación que dirige al Pleno la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en su calidad de comisión competente para estas materias. De lo contrario, creo que es muy posible que el Tribunal de Justicia Europeo vuelva a emitir otro dictamen incómodo. Por este sencillo motivo, mantenemos una opinión discrepante en relación con este punto y la mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sólo puede recomendar al Pleno que haga suyas las enmiendas 38 o 41 que suavizan la prohibición de exportar.
En nombre de mi Grupo, debo manifestar que si alguna de estas dos enmiendas no se aprobase, el Grupo del PPE rechazaría como consecuencia la totalidad del informe, porque ya estamos cansados de que aquí se adopten continuamente propuestas contrarias a derecho.

Rübig
Señor Presidente, en marzo de este año adoptamos la directiva sobre los funiculares destinados al transporte de personas. Si ya se hubiese procedido a su transposición, quizá no se habría producido el desastre que ocurrió en Austria. Esto nos muestra que sobre la legislación recae una gran responsabilidad y sería deseable que las directivas relativas a cuestiones tan sensibles como la seguridad de los productos se transpongan lo más pronto posible. Yo espero que así se haga antes del 3 de mayo de 2002.
La presente norma sobre la seguridad de los productos es, en efecto, una directiva de carácter general que se ocupa sobre todo de los ámbitos no incluidos en las directivas ya existentes. Yo quiero agradecer a la Comisión que haya introducido un nuevo aspecto muy importante, concretamente el de la presunción de conformidad, es decir, que se considerarán seguros los productos que se ajusten a las normas europeas. Yo creo que es un principio de suma importancia justamente con vistas a la protección del consumidor, puesto que permite verificar en todo momento si un producto cumple o no las normas. La enmienda 37 -que establece la posibilidad de obtener un certificado externo y que las declaraciones de conformidad no las emitan sólo las empresas, sino que sean verificadas por servicios neutrales externos- es, por consiguiente, de particular importancia para la protección del consumidor ya que, como es lógico, esto reforzaría considerablemente la confianza del consumidor en dichas declaraciones.
La enmienda 14, relativa a la publicación de las normas en el Diario Oficial me plantea un problema evidente, dado que los servicios de normalización nacionales son actualmente los titulares de los derechos de autor y la Unión Europea tendría que pagar, por consiguiente, un royalty. Además, también es preciso preguntarse, obviamente, cuál es el ámbito de aplicación de las normas actualmente existentes en Europa y cuál sería el de las normas europeas. Por esto, yo debo decir que tengo grandes objeciones contra esta disposición y preferiría que se rechace.
En relación con el tema de la "prohibición de exportar" , no podemos dar por sentado de manera automática que nuestras normas son las ideales para el mundo entero. Hay muchos países que tienen sus propias regulaciones y normas de seguridad, que cumplen su finalidad en dichos países de manera considerablemente más adecuada que nuestras normas actualmente vigentes en Europa.

Flemming
Señor Presidente, señor Comisario, la Sra. González Álvarez ha elaborado un informe coherente en sí mismo, pero mi Grupo considera que la inclusión de las prestaciones de servicios en la responsabilidad de los productos, tal como ya preveía la Comisión, no lo es. Un ejemplo: en muchos sectores, el fabricante ya no monta los productos, sino que los entrega al comerciante en forma de piezas sueltas. Aquí se considera como fabricante responsable a cualquier persona que intervenga en la cadena de distribución y pueda influir sobre las propiedades relevantes para la seguridad del producto, con lo cual todos los comerciantes que, además, también realizan trabajos de montaje tendrían la consideración de fabricantes. Nosotros opinamos que no se deben hacer recaer sobre el comercio las obligaciones del fabricante previstas en la legislación relativa a la seguridad de los productos. El derecho civil prevé otras medidas que sin duda ya protegen suficientemente al consumidor, como por ejemplo la compensación de daños en virtud de la responsabilidad contractual. En realidad me sorprende que los expertos de la Comisión no resolviesen por propia iniciativa este problema y confío en que el nuevo comisario lo vuelva a examinar. La exención de los comercios de beneficencia y las organizaciones sin fines de lucro de las disposiciones de la directiva relativa a la seguridad de los productos no debería plantear problemas a la Comisión o así lo espero.
En cuanto a las disposiciones relativas a las exportaciones, no se debe permitir la exportación de ningún producto que la Comisión haya prohibido comercializar u ordenado retirar del mercado. ¡En ese caso, de acuerdo! Pero que la Comisión haya solicitado que se efectúe un control de la seguridad no se puede considerar motivo suficiente para paralizar ramas completas de la exportación. Como ya han señalado los colegas que me han precedido, al menos se debería aceptar la prueba de que en el país de destino existen otras normas en materia de seguridad. Sólo me queda instar encarecidamente a la Comisión a que reconsidere esta problemática. Esta es sólo la primera lectura. En una segunda o una tercera lectura vamos a necesitar los famosos 314 votos y seguro que no los conseguiremos con un informe como el que ahora se presenta.

Whitehead
Señor Presidente, me uno a las felicitaciones que, en general, le han dirigido a la Sra. González Álvarez, que ha sido una ponente comprensiva y ha tenido en cuenta las opiniones de todos. En ocasiones puede que le haya resultado difícil entender las excentricidades de las ventas en los maleteros de los coches, habituales en Gran Bretaña, pero también eso ha pasado a formar parte de su generosidad personal.
Toda la Asamblea debería acoger con satisfacción esta directiva, y la cuestión de la seguridad general de los productos y su ampliación son dignas de alabanzas. En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, bajo la sabia dirección de nuestra ponente, hemos aprobado una serie de enmiendas que, una vez más, mi Grupo quisiera recomendar hoy en su totalidad a la Asamblea. No nos parecen tan satisfactorias algunas de las enmiendas presentadas posteriormente. Hemos oído las justificaciones a favor de las mismas y a favor también de repetir los argumentos del sector que ya escuchamos en comisión. Siguen sin convencernos y votaremos en contra de la mayoría de ellas.
Quizá antes de la votación, la Sra. Lulling o uno de sus colegas pueda decirnos cuál es la formulación exacta, al menos en la versión inglesa, de la enmienda 42. Podríamos apoyarla si la formulación fuera 'instalación y mantenimiento' y no 'instalación como mantenimiento'. Estoy seguro de que se trata de un error, y si así se confirma, apoyaremos la enmienda.
La presente propuesta incluye algunos principios generales sumamente valiosos, incluido aquel que la otra parte de la Asamblea parece encontrar ofensivo. Se trata del principio de que no exportaremos productos que consideremos poco seguros para nuestra población en la Unión Europea. A medida que avanza el comercio mundial, nos enfrentamos cada vez más a este problema y debemos atajarlo, en vez de evitarlo con el pretexto de que, en cierto modo, el resto del mundo poco importa, ya se trate de su seguridad sanitaria, sus productos alimenticios o el producto que nosotros le exportamos. Es hora de que analicemos las relaciones que existen entre los productos y los servicios. La Comisión ha comenzado a adoptar medidas provisionales, pero gratas, en esta dirección y quizá el Comisario pueda decirnos algo más al respecto cuando responda al debate.
Por último, quisiera decir algo sobre las tiendas de beneficencia o las ventas entre particulares, así como todos los demás intercambios de productos donados o usados. Las tiendas de beneficencia acogen con satisfacción la protección general que ofrece esta directiva. Pero deben quedar exentas de la obligación de proporcionar información en virtud del artículo 2, información de la que sencillamente no disponen. Nuestras enmiendas 1, 8 y 18 tratan sobre este punto. Espero que la Asamblea pueda apoyarlas, porque nadie puede querer que desaparezcan estas actividades caritativas tan valiosas y, en general, sin ánimo de lucro por la sencilla razón de tener que proporcionar información sobre el origen de los productos y sobre productos nuevos cuya seguridad está fuera de toda duda. Debería bastar con que el vendedor informe al comprador sobre la naturaleza de los productos y sobre los escasos datos de que disponga sobre los mismos.

Maaten
Señor Presidente, las directivas deben evaluarse y adaptarse de vez en cuando y, en realidad, es algo que ocurre con demasiada poca frecuencia. El modo en que la Comisión Europea se ha dispuesto a ello en esta ocasión merece que la felicitemos. El procedimiento empleado ha sido excelente y participativo. En el caso de esta directiva, nos encontramos ante un conflicto entre lo que cabe esperar de los fabricantes y la protección del consumidor. En este sentido me muestro, en parte, de acuerdo con lo expresado por el señor Lehne en relación con que las últimas sentencias del Tribunal apuntan a que nos encontramos en este caso con un cierto vacío en lo que respecta a lo que puede y no puede hacer la Unión. En concreto, el aspecto de la norma de exportación es algo en lo que nos tenemos que fijar muy bien.
Si tenemos en cuenta la situación actual, mi Grupo se decanta por apoyar las propuestas tal y como se plantean aunque desearía que el comisario profundizará algo más en este aspecto. Por otra parte, apoyamos las propuestas de la Comisión cuando se trata de la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva a los servicios y la apertura de productos exportados aunque aún se podría hacer más en estos ámbitos, pero eso es algo que veremos en el futuro. Mostramos nuestro acuerdo con el ponente cuando hace hincapié en la información al consumidor acerca de los riesgos y en la transparencia, especialmente en el ámbito de la sanidad y de la seguridad. Debe convertirse sin duda en un principio general.
Dos observaciones finales. En lo que respecta a una enmienda muy concreta y que se refiere a la propuesta de la Comisión de que los fabricantes informen inmediatamente a las autoridades competentes en el momento que descubran que un producto presenta riesgos. Creemos que se trata de un elemento de suma importancia. Existe una propuesta para eliminar esta enmienda alegando, entre otras cosas, que los fabricantes no deberían tener la obligación de incriminarse a sí mismos y teniendo en cuenta el secreto profesional. Creemos en este aspecto se debe hacer hincapié en la protección del consumidor y que no se debe permitir que los fabricantes de productos que resulten ser peligrosos se puedan salir con la suya.
Por último, una pregunta dirigida a la Comisión Europea en relación con el artículo 4 en lo que respecta a las normas europeas y a la cuestión de si dichas normas se deben hacer públicas. Quisiera pedir a la Comisión que profundizara algo más en esta cuestión.

Nobilia
Señor Presidente, la propuesta que nos ocupa era realmente esperada. No obstante, lo que debemos preguntarnos es si responde plenamente a los objetivos que hace ocho años habían planteado su adopción o si, por el contrario, no causa más perplejidades. Lo dicho no afecta en absoluto al trabajo realizado por la Sra. González Álvarez que se ha ejemplarmente empleado para mejorar la normativa en cuestión, sino que se refiere a las orientaciones y a algunos contenidos de la misma propuesta. Para empezar, en este caso específico, la Comisión parece que de principal artífice del proceso legislativo se ha convertido en autoridad administrativa sin que, por otra parte, exista un adecuado sistema para delimitar jurídicamente y con transparencia este nuevo papel, empezando por la definición de su ámbito de investigación y por el control de sus decisiones basadas en la intervención rápida.
Asimismo, habida cuenta de su posible activación autónoma con respecto a la puesta en marcha de medidas de emergencia, así como del mucho tiempo que se necesita para llegar a acreditar su fundamento, con la única preocupación por el aspecto ocupacional, hay que evidenciar la falta de consideraciones acerca de los perjuicios provocados a una empresa - pero más que nada a sus trabajadores - por una decisión que podría llegar a ser equivocada. Por contra, existe la prohibición de exportar productos considerados peligrosos, lo que seguramente muestra el alto nivel de civilización de la Unión, pero no hay respuesta alguna en cuanto a si esta prohibición es coherente con el llamado procedimiento Prior Informative Concert, previsto en los convenios internacionales.
También el concepto de responsabilidad referido tanto a la definición de producto como a su rastreabilidad y a la asimilación de los servicios en dicho concepto, parece interpretable y, en consecuencia, censurable a discreción. Al mismo tiempo, piénsese en las posibles interpretaciones de producto de las materias primas en los procesos de elaboración y en los positivos efectos de esto en la búsqueda de la salud del trabajador limitada, no obstante, por la falta de un válido plan europeo de estadísticas, así como por los distintos sistemas jurídicos de reconocimiento de una enfermedad profesional.
En conclusión, es deseable que la Comisión emprenda una labor de armonización en el ámbito de la legislación comunitaria en vigor, así como su desarrollo para convertirla no solo en cada vez más transparente, sino también, de cara a su certeza, realmente aplicable.

Blokland
Señor Presidente, evidentemente resulta necesario disponer de un determinado nivel básico de protección al consumidor en la Unión Europea. Sin embargo, ¿es necesario disponer de un nivel de protección completamente armonizado y uniforme? Sin entrar en el elevado coste, no creo que una reglamentación tan estricta, acompañada de su correspondiente burocracia, sea una buena idea. Creo que es mejor tener en mente la subsidiariedad. Un consumidor danés o alemán plantea exigencias de seguridad distintas a las de un consumidor holandés o italiano. Tenemos que tener en cuenta dicha diversidad a la hora de plantear la directiva sobre seguridad general de los productos.
Asimismo, creo que existen motivos suficientes para que la Comisión Europea presente propuestas en relación con la seguridad de los servicios. Las características de la prestación de servicios se prestan menos a este tipo de regulación. Los fabricantes pueden retirar un producto pero, en el caso de un servicio, esto resulta complicado para quien presta dicho servicio.
Me siento satisfecho con las excepciones que se incluyen para los establecimientos de instituciones y organizaciones caritativas sin ánimo de lucro, y para los artículos que se comercializan como artículos de segunda mano en mercadillos o por parte de particulares.
Por último me pregunto si se ha formulado correctamente la enmienda 14 de la Comisión de Medio Ambiente después de leerla detenidamente. Creo que no supone un problema si se llega a un acuerdo entre el instituto de normalización y la administración por el que se pongan las normas europeas a disposición del público, aunque se trata de algo distinto a que la Comisión Europea publicase las normas europeas. Quisiera conocer la opinión del comisario a este respecto.

Fatuzzo
¡Bravo mamá Europa! ¡Gracias, mamá Europa, que se preocupa por sus hijos! O más bien debería decir: ¡Gracias, papá Byrne! Gracias, porque todas las directivas en materia de seguridad están orientadas a que nosotros, los ciudadanos europeos, gocemos de buena salud, empezando por los menores, los niños y terminando por las personas mayores. Esto es seguramente positivo. Sin embargo, recuerdo una gran discusión que tuve con mi hija Elisabetta cuando tenía nueve años y me pedía ir sola por la calle. Entonces le dije: "No, no puedes ir sola, debes ir acompañada, es peligroso". Años después, cuando permití a mi hija menor, de seis o siete años, ir sola por la calle, la mayor protestó: "Papá, papá, a mi no me permitías ir sola por la calle; en cambio, a mi hermana que es más pequeña, sí." De hecho, un buen padre de familia debe tener en cuenta que hay que velar por la seguridad de los hijos, pero que no se pueden meter en una campana de cristal, sino que han de poder volar por su cuenta.
¿Por qué he dicho esto? Porque todas las directivas en materia de seguridad deben ser equilibradas, deben encontrar un equilibrio. Debemos estar libres de peligros, sí, pero, en este caso, sin ahogar la producción que ha de ser libre. Sobre todo - y aquí me dirijo al representante del Consejo - ¿qué directivas en materia de seguridad podrán ser realmente aplicadas si el Consejo se niega a aprobar la directiva sobre las inspecciones y los controles de seguridad? Los resultados serán como los de las vacas locas: cien mil propuestas sobre la seguridad y ahora, lamentablemente, debemos sacrificar millones de reses.

Damião
Señor Presidente, felicito a la ponente por su trabajo, que coincide con las preocupaciones fundamentales de las asociaciones de consumidores, a las que se debe aceptar como interlocutoras válidas en un diálogo constructivo. Nosotros, los socialistas de la Comisión de Industria, apoyamos la iniciativa de la Comisión de aclarar los procesos de información y recogida de los productos declarados peligrosos, haciendo extensiva esa responsabilidad a los distribuidores y proveedores de servicios en la justa medida de su intervención, proveedores y distribuidores que deben asumir inequívocamente las consecuencias de los riesgos previsibles de sus productos, de la instalación del equipo a su mantenimiento, como responsables de la información a las autoridades y a los consumidores y de la justa reparación de los perjuicios. No se puede hacer la recogida de los productos en situación de riesgo como último recurso, se debe iniciar en cuanto lo aconsejen dudas razonables a la luz de conocimientos científicos recientes.
La normalización comunitaria debe basarse en conocimientos científicos adecuados, para lo cual se debe incentivar la cooperación entre los Estados miembros en la investigación de la seguridad de los productos en general y de los productos de riesgo en particular: niños, ancianos, las nuevas culturas juveniles, los nuevos estilos de vida y personas con patologías. La fiabilidad en la inocuidad de los productos y la asistencia posventa son una plusvalía más para la etiqueta europea en un momento particularmente difícil y decisivo. Todas las medidas son dignas de beneplácito para aumentar la confianza y significar que el producto europeo es producido y distribuido con respeto de la salud de los trabajadores, de los derechos sociales, del medio ambiente, de la lealtad en la competencia y con elevados niveles de exigencia en materia de seguridad. Lo que no corresponda a ese criterio debe ser retirado adecuadamente y eliminado, pues tampoco se puede exportar a países más desfavorecidos lo que no queremos para nosotros. Espero que esta Directiva contribuya a responder a los anhelos y temores en aumento de los europeos en materia de seguridad del consumo.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, ya existe desde 1992 una directiva sobre la seguridad general de los productos. El presente debate debería estar dedicado a revisar y actualizar la directiva existente y las experiencias acumuladas y a corregir posibles errores. Yo querría poner en duda que esto se haya conseguido en un grado suficiente.
Es cierto que se trata de cuestiones legales difíciles. Es necesario delimitar el ámbito de aplicación de la directiva en relación con las numerosas normas nacionales y comunitarias relativas a los productos. En éstas también se regulan los mismos aspectos de la seguridad. Es preciso garantizar la protección del consumidor sin fisuras, sin duplicar las regulaciones o que éstas incluso se contradigan. La posibilidad de acreditar mediante un certificado externo que un producto es conforme a las normas resultaría sin duda muy útil en este contexto y garantizaría una mayor claridad y transparencia. No obstante, hubiese sido preferible adoptar una normativa europea general por medio de un reglamento y acabar con la aplicación paralela de disposiciones europeas y nacionales.
También en el sector de los alimentos subsisten, por ejemplo, numerosas normas que en este momento se están revisando y retocando mediante propuestas de reglamento y yo creo que esto nos permitirá establecer unos criterios exigentes en materia de seguridad. En otros sectores se ha ampliado la presente directiva a otros ámbitos de aplicación. La inclusión de los servicios relacionados con los productos acabará imponiendo a los comerciantes y artesanos cada vez más obligaciones que de hecho son responsabilidad del fabricante. Cuando en otro contexto pedimos a la Comisión que presente una propuesta relativa a la seguridad de los servicios, resulta incomprensible que ahora se pretendan regular conjuntamente los aspectos relacionados con los servicios, en lugar de esperar a que la Comisión presente su propuesta. En efecto, ya se puede prever que surgirán problemas de delimitación del ámbito de aplicación de las diferentes normas y la inseguridad jurídica se incrementará con el tiempo.
Finalmente, sólo dos comentarios sobre las exportaciones. Por una parte, reclamamos unas normas de seguridad muy diferenciadas y pedimos que se respeten las exigencias regionales y nacionales, como ha solicitado el Sr. Blokland, y luego exportamos las normas nacionales a otros países. Yo creo que el enfoque mismo de la directiva ya es contradictorio en este caso y esto nos impide apoyar la propuesta con el grado de exigencia con que aquí se plantea.

Sacconi
Señor Presidente, en este momento no es nada nuevo afirmar que una gran distancia sigue separando a los ciudadanos de la Unión Europea. La desconfianza en la posibilidad de garantizar, por ejemplo, la seguridad alimentaria se extiende como una mancha de aceite y acaba por ensombrecer el positivo trabajo que, en cambio, la Unión está llevando a cabo en este sector. Pero esto lo debatiremos hoy.
En este contexto, me parece importante subrayar el valor político de la directiva que estamos a punto de votar. Gracias a la buena propuesta de la Comisión, mejorada aún más, si cabe, por la labor de la Sra. Álvarez, el texto que estamos examinando es por fin una buena noticia para los consumidores, como lo demuestra, por otra parte, el apoyo de las organizaciones no gubernamentales que los representan. La normativa sobre la seguridad de los productos, en particular de aquellos que hasta ahora escapaban de la legislación vertical existente en la materia, se ha mejorado, reforzado y convertido en más transparente. Se han hecho muchos esfuerzos para definir mejor la interacción entre normativas verticales, relativas a ciertas clases de productos, y esta nueva directiva horizontal, tanto es así que se ha alcanzado un resultado decididamente satisfactorio.
Quisiera subrayar asimismo la importancia de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente que refuerzan la transparencia de cara al consumidor final y que determinan las responsabilidades no solo de los productores, sino también de los distribuidores en las posibles operaciones de recuperación de los productos considerados peligrosos.
Con la esperanza de ver confirmada la línea definitiva de la ponente y mostrando mi acuerdo con ella en las enmiendas vueltas a presentar para ser votadas en el Pleno, confío en que esta directiva siga rápidamente su curso para confirmar cuanto antes a los ciudadanos europeos el compromiso de la Unión con su seguridad.

Byrne
. (EN) En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. González Álvarez, a los ponentes para opinión, Sr. Rübig y Sr. Lehne, y a las comisiones respectivas por su informe tan exhaustivo sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos.
La presente propuesta de la Comisión es la respuesta a los numerosos problemas relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores surgidos recientemente. A pesar de que la propia directiva exige formalmente un examen y una revisión de la misma, este ejercicio coincide con el compromiso reforzado de la Comisión de proteger la salud y la seguridad de los consumidores.
La importancia de la directiva revisada para la seguridad alimentaria tendrá una validez limitada, pero a largo plazo, mejorará las posibilidades de solucionar los problemas de seguridad de productos no alimentarios.
Quisiera decir unas palabras para presentar los aspectos principales de esta propuesta. La idea que se esconde detrás de la directiva es sencilla: sólo deben comercializarse productos seguros. Esto es válido para los productos europeos y los productos importados. Los dos objetivos clave de la directiva relativa a la seguridad general de los productos son: garantizar un nivel alto y coherente de protección de la salud y la seguridad de los consumidores en toda Europa, y garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.
Hemos realizado amplias consultas a las partes interesadas - como ha reconocido la ponente - sobre la aplicación de la presente directiva, consultas que han puesto de manifiesto algunas deficiencias que ahora intentamos corregir.
En primer lugar, hemos aclarado el ámbito de la directiva. Esta directiva tiene el objetivo de proporcionar a los consumidores garantías sólidas y coherentes respecto a la seguridad de los productos. Asimismo, viene a suplir las posibles lagunas existentes en la legislación sectorial, por ejemplo, la vigilancia del mercado o las medidas de urgencia, que rara vez están contempladas en la legislación específica. No obstante, no será aplicable cuando exista legislación sectorial específica que cubra el mismo aspecto. Esto significa también que cuando se introduzca nueva legislación sectorial, ésta pasará a sustituir las disposiciones correspondientes de la presente directiva.
Por ejemplo, en el ámbito alimentario - como ustedes saben perfectamente -, cuando exista una autoridad alimentaria, la propia autoridad establecerá un sistema de notificación que sustituirá las disposiciones generales sobre la seguridad de los productos. Queríamos asegurarnos de que la directiva ofrece la mejor cobertura posible de los productos que utilizan los consumidores. Esto incluye también los productos que han pasado del ámbito profesional al uso personal: por ejemplo, los punteros láser; y en segundo lugar, los productos que se utilizan para proporcionar un servicio.
Queríamos disponer de un sistema más eficaz, lo que entraña para productores y distribuidores la obligación adicional de proporcionar información. La actual situación está lejos de ser ideal. Es increíble, por ejemplo, que las autoridades estadounidenses deban informar a veces a las autoridades de nuestros Estados miembros de que ciertos productos europeos son peligrosos. La notificación es obligatoria en los Estados Unidos, pero hasta ahora no lo es en la Unión Europea.
Como ustedes saben, ninguna ley es buena si no se cumple debidamente. Los Estados miembros deberán ahora reforzar las funciones de vigilancia de las autoridades competentes. Se les exigirá la imposición de sanciones y deberán además desarrollar las relaciones con otros Estados miembros; en particular, a través de una red europea que reúna a las autoridades de los Estados miembros responsables de la vigilancia del mercado. Esto también es de la máxima importancia, desde el punto de vista del sector, para poder garantizar el mantenimiento de la igualdad de condiciones entre competidores y, especialmente, en el caso de los productos importados.
También es necesaria una mejora del sistema RAPEX (el sistema de alerta rápida de la Comisión). Hemos ampliado el ámbito del sistema RAPEX para que incluya las medidas voluntarias adoptadas por el sector para la retirada de un producto. Mejoraremos el funcionamiento práctico del sistema. Asimismo, hemos previsto ahora la posibilidad de abrir el sistema a terceros países, en particular, a los países candidatos: la simplificación de los procedimientos para introducir medidas de urgencia a nivel comunitario, de manera que podamos intervenir con rapidez a raíz del dictamen de un Comité de Reglamentación. Hemos introducido la prohibición de exportar productos que hayan sido retirados a nivel comunitario.
Otro punto sobre el que me gustaría llamar su atención es la cuestión de la mejora de la transparencia. La falta de confianza de los consumidores se debe a menudo a que no saben qué está sucediendo. Nada debilita tanto la confianza de los consumidores como la creencia de que está ocurriendo algo sobre lo que ellos no saben nada. Creemos que, de conformidad con la política general de la Comisión, los ciudadanos tienen derecho a conocer los peligros reales a que se exponen y las medidas adoptadas para evitarlos. La limitación de este principio es el secreto profesional, tal y como lo define el artículo 287 del Tratado, salvo cuando existan razones primordiales para la salud pública. Espero que la excepción se establezca e interprete con todo rigor.
Me alegra mucho que el informe de la Sra. González Álvarez respalde los principios más importantes de la propuesta de la Comisión. Muchas de las enmiendas presentadas en el informe representan una mejora del documento y, por consiguiente, la Comisión puede aceptarlas.
Permítanme que me refiera, en primer lugar, a las enmiendas con las que la Comisión no está de acuerdo. En primer lugar, las enmiendas 1, 8 y 18 proponen eximir de la obligación de suministrar información y documentación sobre los riesgos de los productos y el origen de los mismos para los artículos usados vendidos en tiendas de beneficencia y organizaciones sin ánimo de lucro, por particulares, en mercados callejeros y en los maleteros de los coches, como ha dicho el Sr. Whitehead. Las obligaciones de los distribuidores, que forman parte de la directiva desde 1992, han sido formuladas de una manera muy genérica y flexible.
El único requisito nuevo es que los distribuidores, dentro de los límites de sus actividades respectivas, deberán proteger y proporcionar a las autoridades, previa solicitud, la documentación disponible necesaria para averiguar el origen de los productos. Esto no implica que los distribuidores deban adoptar medidas prácticas para averiguar el origen de un producto, sino que no deben destruir la identificación del producto y/o del fabricante y conservar cualquier información disponible sobre el origen del producto que pueda ser de utilidad para su rastreabilidad.
Este nuevo requisito no entraña ninguna responsabilidad sustancial adicional en el caso de este tipo de tiendas. Normalmente, las tiendas de beneficencia reciben a título gratuito productos usados sueltos que éstas, a su vez, venden a los consumidores. La naturaleza de su comercio es tal que no se les puede exigir que desempeñen un papel activo en la rastreabilidad del artículo. Asimismo, en términos de vigilancia del mercado, averiguar el origen de productos defectuosos aislados, sencillamente, carece de interés.
En definitiva, ya existe mucha flexibilidad respecto a las disposiciones de la directiva relativas a los distribuidores. Es posible aplicar estas disposiciones a estos tipos de tiendas de una manera compatible con la naturaleza de sus actividades. No obstante, de cara a las preocupaciones surgidas y para aclarar mejor la situación, podríamos plantearnos incluir en el considerando relativo a este artículo, la declaración de que puede resultar imposible proporcionar a las autoridades competentes la información y documentación sobre los posibles riesgos del producto y el origen del mismo en el caso de objetos usados sueltos donados por particulares.
En segundo lugar, la enmienda 3 propone la eliminación de parte de la motivación para incluir condiciones claras en el anexo de la directiva sobre la obligación de las empresas de informar a las autoridades sobre los peligros. Esta motivación es necesaria para evitar el exceso de burocracia. En tercer lugar, la enmienda 4 propone añadir, en un considerando, la obligación de que los Estados miembros elaboren informes razonados con la cooperación de instituciones públicas o privadas, competentes e independientes. Exigir a los Estados miembros que contraten a instituciones externas para este fin va en contra del principio de subsidiaridad.
Las enmiendas 6 y 29 exigen a la Comisión que examine los posibles enfoques o que presente propuestas en materia de seguridad de los servicios antes de una fecha determinada. La Comisión ya ha comenzado a analizar y a estudiar este asunto, pero iría muy en contra del derecho de iniciativa de la Comisión introducir esto en la directiva de un modo tan preceptivo.
La enmienda 7 propone ciertos cambios en las referencias a los distintos apartados. La primera parte es aceptable para la Comisión, pero no es práctica habitual en los textos jurídicos comunitarios explicar el contenido de los artículos a los que se hace referencia, como propone la enmienda. Sustituir la palabra "productor" por "prestatario", como propone la enmienda 11, crearía más confusión que claridad, ya que no existe ninguna definición de prestatario en la directiva. La definición de productor ya cubre a los prestatarios, cuyas actividades pueden afectar a las condiciones de seguridad del producto.
La enmienda 13 propone añadir la referencia al principio de precaución en la obligación general de los productores de comercializar únicamente productos seguros. El principio de precaución es un principio general de la gestión del riesgo por parte de las autoridades competentes y no puede ser aplicado por sí solo como una obligación directa de los productores. No obstante, la Comisión comparte la opinión de que el principio es importante como dato para la revisión de la directiva y, por consiguiente, podría hacerse una referencia a este principio en su primer considerando.
Aunque la idea de publicar el texto íntegro de las normas europeas en el Diario Oficial, como se propone en las enmiendas 14 y 16, es comprensible, para ello sería necesario realizar cambios fundamentales en las relaciones entre la Comunidad y los organismos europeos de normalización, lo que probablemente acarrearía un incremento de las subvenciones con cargo al presupuesto comunitario. Ello se debe a que los organismos de normalización son propietarios de las normas y a que, en su mayoría, financian parte de sus actividades a través de la venta de las normas. Este asunto con repercusiones para la mayor parte de la legislación comunitaria en materia de productos no puede, por consiguiente, ser planteado en el contexto de la actual revisión de esta directiva.
La enmienda 19 propone que los Estados miembros deberán armonizar los programas de vigilancia sobre la base de líneas directrices preparadas por la Comisión y el Comité consultivo. A pesar de que la Comisión está a favor de la cooperación y de los principios comunes, la formulación propuesta va en contra del principio de subsidiaridad. Exigir a los Estados miembros que adopten medidas, aun cuando las empresas ya hayan adoptado medidas satisfactorias para prevenir el riesgo, que sería la consecuencia de la segunda parte de la enmienda 21, no es aceptable. Además, iría en contra del objetivo de alentar a las empresas a adoptar medidas por propia iniciativa.
La enmienda 23 propone la introducción en la directiva de disposiciones sobre la indemnización por los perjuicios sufridos. Son aspectos del Derecho civil que ya están regulados por la directiva sobre fiabilidad de los productos y, por consiguiente, no deberían ser abordados aquí.
En la enmienda 24 se propone el requisito de establecer una Red europea de seguridad de los productos dentro de un plazo determinado. Aunque la Comisión está a favor de la creación cuanto antes de una red, este extremo deberá ser acordado entre los Estados miembros. Por ello, no es realista fijar un plazo.
La primera parte de la enmienda 27 propone que se ponga a disposición del público únicamente información relacionada con los riesgos que hayan sido reconocidos. Esto no es aceptable, porque los consumidores deberían también tener derecho a ser informados sobre las investigaciones que se estén llevando a cabo - a condición de que esta información no esté amparada por el secreto profesional del modo que describí hace un momento y se interprete al pie de la letra.
Por último, la enmienda 28 propone que la Comisión presente cada dos años un informe sobre la aplicación de la directiva, en vez de hacerlo cada tres años. Aunque la Comisión simpatiza con esta idea, no es viable con los recursos limitados de que dispone actualmente la Comisión.
La Comisión no puede estar de acuerdo con las enmiendas adicionales presentadas a la sesión plenaria. Permítanme explicar, en primer lugar, cuál es la posición de la Comisión sobre las enmiendas con las que no podemos estar de acuerdo. Las enmiendas 30, 32, 42 y la parte principal de la enmienda 33 proponen una nueva formulación del texto actual de la directiva que no es objeto de la revisión. La Comisión no ha recibido ninguna queja respecto a la formulación actual y las modificaciones debilitarían las disposiciones.
La enmienda 36 propone que los servicios que guardan una relación directa con el producto deberían quedar excluidos, salvo cuando dichos servicios los proporcione el productor original. Las conversaciones en el Consejo van en la dirección de resolver el tema de los servicios dentro de la definición del producto, lo que, en realidad, nos parece aceptable.
La enmienda 43 excluiría por completo del ámbito de la presente directiva los productos regulados por legislación específica. Eso no es aceptable, ya que dichas directivas carecen a menudo de disposiciones sobre vigilancia del mercado, sistemas de notificación, etcétera.
En la enmienda 37 se propone la posibilidad de mejorar la conformidad de un producto a los requisitos mediante la presentación de un certificado externo. Dicho certificado siempre puede utilizarse para aportar pruebas, pero no puede ser considerado en sí como una prueba decisiva.
La enmienda 38 propone limitar a seis meses la validez de las decisiones de emergencia, algo que, en la mayoría de los casos, no es suficiente para adoptar medidas permanentes. Asimismo, propone una excepción de la prohibición de exportación cuando el productor demuestre que estos productos cumplen las disposiciones del Estado de destino en materia de seguridad. Eso no es aceptable, porque cuando se considere, a nivel comunitario, que un producto presenta graves riesgos y exige una rápida intervención, dichos productos no deben ser exportados. La enmienda propone además que las partes interesadas tengan la oportunidad de exponer su punto de vista respecto a una medida comunitaria adoptada, sin perjuicio de las compensaciones nacionales. Habida cuenta de que aquí no se trata de ningún recurso de apelación, esto parece innecesario.
Asimismo, la enmienda 41 propone que la prohibición de exportación no sea aplicable cuando un producto haya sido prohibido mientras se realizaban controles adicionales. Es un período durante el cual existe el peligro real de que se realicen exportaciones. Si los controles confirman que el producto es seguro, la prohibición se levantará automáticamente.
Las enmiendas 39 y 44 proponen que el público tenga acceso a la información sobre productos peligrosos únicamente cuando se haya emitido la prohibición o la decisión de retirar el producto, y que el intercambio de información protegida por el secreto profesional no debería ser posible entre las autoridades responsables de la vigilancia del mercado. Esto tampoco es aceptable porque el consumidor también debería de tener derecho a la información sobre los riesgos que aún no han sido establecidos definitivamente, incluso en los casos en que la medida adoptada no es la prohibición o retirada. Asimismo, la vigilancia eficaz del mercado no puede realizarse bajo las limitaciones propuestas relativas a la información confidencial.
La enmienda 40 propone suprimir la obligación de las empresas de notificar a las autoridades competentes sobre los productos peligrosos que comercializan. Esto no es aceptable porque se trata de una mejora fundamental con respecto a la directiva actual. Siguiendo con la obligación de notificación, creemos que la utilización del término "determinar" en vez de "concluir" para establecer el momento en que la información debe ser notificada, como propone la primera parte de la enmienda 34, creará más incertidumbre que claridad.
Tras haber explicado de manera pormenorizada los motivos por los que la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 28 hasta 30, 32, 33, 36 hasta 34 y parte de la enmienda 7, la segunda parte de la enmienda 21 y la primera parte de las enmiendas 27 y 34, puedo informarles que la Comisión sí puede aceptar las enmiendas 2, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 26, 31 y 35 y parte de la enmienda 7, la primera parte de la enmienda 21 y la segunda parte de las enmiendas 27 y 34, porque constituyen una mejora y una clarificación de la propuesta de la Comisión. No obstante, en el caso de algunas de estas enmiendas, en particular, las enmiendas 2, 15, 22, 25, 31 y la segunda parte de la enmienda 27, una modificación de su formulación mejoraría el texto.
Para terminar, deseo expresar, una vez más, mi agradecimiento a la Sra. González Álvarez por el excelente informe que, en buena medida, merece la aprobación de la Comisión.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Byrne.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

Composición de los grupos políticos
El Presidente
Señorías, hay muchas votaciones previstas y, en consecuencia, yo les pido su disciplinada colaboración. Antes de empezar, quiero comunicarles que el Sr. Claudio Martelli del Grupo Técnico de Diputados Independientes se ha incorporado al Grupo Mixto, o sea, que deja el Grupo Técnico para unirse al Grupo Mixto.
Señor Martelli, como norma no le correspondería intervenir hasta que se haya completado la ronda de votaciones pero, como una excepción, voy a concederle brevemente el uso de la palabra. Sin embargo, no vamos a abrir un debate al respecto, sino que sólo puede hacer una breve declaración personal.

Martelli
Señor Presidente, hace treinta años que soy socialista en Italia y en las organizaciones internacionales. Al ser reelegido en este Parlamento en el mes de junio de 1999, naturalmente me incorporé en Grupo Socialista. El 30 de agosto de 2000 el Sr. Barón Crespo, al final de una reunión de la Mesa de la que yo formaba parte y que debatía mi caso en petit comité, en mi ausencia y a mis espaldas, me comunicó que me había autoexcluido de su Grupo. Mi protesta no fue siquiera considerada merecedora de una respuesta de cortesía. Evidentemente, para el Sr. Crespo si se es socialista italiano no se puede formar parte del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Hay que ser o ex comunistas, como el Sr. Veltroni, o satélites de los ex comunistas, como el Sr. Boselli. Es la historia de la izquierda italiana, la historia del cuco: el cuco ex comunista que, al derrumbarse su mundo, pone sus huevos en el nido de otros y, por el desinterés de la madre, devora los huevos originales.

El Presidente
Señor Martelli, ha transcurrido el minuto del que disponía. Las declaraciones personales no pueden exceder de un minuto. Puede entregar el resto por escrito, también al Sr. Barón Crespo.

Hänsch
Señor Presidente, rechazo enérgicamente las declaraciones del Sr. Martelli. ¡Enrique Barón se pronunció en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, de acuerdo con nuestros estatutos, y es de lamentar que el Sr. Martelli se haya adherido ahora a la derecha europea!

VOTACIONES
Watson
Señor Presidente, le agradecería que me explicase el significado de "wir checken" puesto que ese verbo no forma parte de mi vocabulario alemán.

Ayer la Sra. Roth-Behrendt se refirió a unas personas que estaban "eingesqueezed" en un ascensor. Dado que estamos hablando de los derechos de los ciudadanos quisiera saber si en algún momento hemos adoptado enmiendas a la lengua alemana.
(Risas, aplausos)

El Presidente
Un ejemplo típico de humor inglés.
(Risas, aplausos) Además, ha empleado la palabra "eingesqueezed" en alemán, de modo que tampoco ha utilizado un alemán correcto, aunque la mayoría de los aquí presentes lo han entendido, usted también, señor Watson.
  
Informe sin debate (A5-0322/2000) del Sr. Averoff en nombre de la Comisión de Presupuestos sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(2000) 632 - C5-0532/2000 - 2000/0255(CNS)) sobre la concesión de subvenciones a Grecia para aliviar la carga de los intereses de los préstamos BEI para la reconstrucción de la región devastada por el seísmo de septiembre de 1999
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  
Informe (A5-0294/2000) de la Sra. Eriksson en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(2000) 335 - C5-0386/2000 - 2000/0143(CNS)) sobre el programa relativo a la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)El Presidente. ¡Con esto llega por fin la igualdad de derechos entre mujeres y hombres!

Interrumpimos el turno de votaciones para que se pueda celebrar la sesión solemne.
(La sesión, interrumpida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.25 horas)
Informe (A5-0309/2000) de la Sra. González Álvarez en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 139 - C5-0224/2000 - 2000/0073(COD)) relativa a la seguridad general de los productos
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  
Informe (A5-0303/2000) del Sr. Seppänen en nombre de la Comisión de Presupuestos sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(2000) 479 - C5-0454/2000 - 2000/0197(CNS)) por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE con el fin de establecer un programa especial de acción del BEI en apoyo de la consolidación e intensificación de la unión aduanera CE-Turquía
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  
Informe (A5-0324/2000/ del Sr. Lagendijk en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo (COM(2000) 628 - C5-0526/2000 - 2000/0112(CNS)) relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción
Después de la votación de la enmienda 32:

Lagendijk
. (NL) Señor Presidente, parece existir un malentendido en torno a las enmiendas 12 y 37 que se van a someter ahora a votación. Creo que no existe conflicto entre la enmienda 12 y la enmienda 37. Por este motivo quisiera abogar por votar tanto a favor de la enmienda 12 como de la 37 debido a que ofrecen en conjunto una solución precisa; de modo que no se trata de elegir una de las dos, sino ambas.

El Presidente
Señor ponente, tenemos plena confianza en usted. En contra del análisis de que ambas enmiendas se excluyen mutuamente por ser contradictorias usted opina que podemos votar las dos, y es lo que haremos.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  
Informe (A5-0330/2000) del Sr. Westendorp y Cabeza en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo (COM(2000) 628 - C5-0525/2000 - 2000/0111(CNS)) relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Hercegovina, Croacia, República Federativa de Yugoslavia y Antigua República Yugoslavia de Macedonia y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3906/89, la Decisión 97/256/CE y el Reglamento (CEE) nº 1360/90
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  
Informe (A5-0305/2000) del Sr. Garot en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(2000) 193 - C5-0225/2000 - 2000/0076(CNS)) que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759/75 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino

El Presidente
 Estimados colegas, en relación con la votación del informe GAROT he descubierto un error al revisar los documentos. La equivocación se encuentra en la lista de votaciones de uno de los Grupos -creo que no afecta a los demás-, en concreto en el del Partido Popular Europeo.
Les ruego que examinen detenidamente la lista, ya que en mi opinión se han intercambiado las partes I y II. Hagan el favor de revisarlo un momento. Si no me equivoco hay que invertir el orden en la lista del PPE: shall establish corresponde al segundo punto, en tanto que el segundo punto debe convertirse en el primero. Mírenlo bien cuando lleguemos al texto en cuestión.
(Críticas)¡Si el error se hubiera producido en las filas de los socialdemócratas o en cualquier otro Grupo también lo habría señalado!
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  
Informe (A5-0297/2000) del Sr. Morillon en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre el informe periódico 1999 de la Comisión (COM(1999) 513 - C5-0036/2000 - 2000/2014(COS)) sobre los progresos de Turquía en el camino de la adhesión

Katiforis
Señor Presidente, quisiera, antes de empezar, señalar que en el punto 16, al final, en la traducción griega, hay un error, puesto que dice que se entablarán negociaciones bajo la égida de la OTAN, cuando lo correcto es que se entablarán negociaciones bajo la égida de Naciones Unidas. Quisiera pedir a los servicios que lo corrijan.

El Presidente
El Sr. ponente puede responder brevemente a la pregunta, pero antes debemos prestar atención a una objeción del Sr. Wurtz.

Wurtz
Señor Presidente, deseo referirme al orden de la votación de las enmiendas sobre el apartado 10, es decir, sobre el genocidio armenio.
La hoja de votación que se preparó ayer, puesto que la votación debía tener lugar ayer, establecía un orden diferente, que era lógico. El de hoy no lo es. Sugiero, pues, remitirnos a la lista de votación de ayer, es decir, votar en primer lugar la enmienda 13.

El Presidente
Colaboran con nosotros personas altamente cualificadas que nos ayudan a realizar nuestro trabajo. En el primer análisis se detectó un error que ya se ha corregido, pero le agradecería al ponente, el Sr. Morillon, que se pronunciase brevemente acerca de ambas preguntas. La primera, del Sr. Katiforis, concierne al término OTAN, en tanto que el segundo diputado le pregunta si el orden de votación aquí previsto es el correcto.

Morillon
 - (FR) Señor Presidente, en relación con la primera cuestión, se trata, evidentemente, de un error de transcripción y no de traducción.
En cuanto al orden de la votación, lo dejo a la decisión del Presidente, y señalo que, en cualquier caso, estoy en contra de las tres enmiendas.

El Presidente
Con esto se ha contestado a ambas preguntas. No olvidemos rectificar la enmienda 16.
Después de la votación de la enmienda 7:

Swoboda
Señor Presidente, con el consentimiento del Sr. Katiforis quisiera proponer el siguiente texto -aquí sólo lo tengo en inglés- que se diferencia ligeramente del texto que tenemos delante. Lo leo en un momento:
Acoge con satisfacción el inicio de las negociaciones sobre las medidas para reforzar la confianza, aprobadas el 31 de octubre de 2000 por los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y Grecia.
(DE) A estas alturas sólo aplaudimos el inicio de las negociaciones, no el resultado. Por desgracia aún no podemos aplaudir el resultado en este momento.
(El Parlamento aprueba la resolución)
   Informe (A5-0275/2000) del Sr. Jové Peres en nombre de la Comisión de Pesca sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(1999) 613 - C5-0108/2000 - 2000/2068(COS)) sobre la participación de la Comunidad Europea en las Organizaciones Regionales de Pesca
(El Parlamento aprueba la resolución)Explicaciones de voto
Propuesta de resolución (B5-0845/2000)

Muscardini

Señor Presidente, he formulado mi explicación de voto por escrito, sin embargo, quisiera añadir para que conste en Acta que encuentro realmente sorprendente que esta mañana este Parlamento, precisamente en relación con este informe, haya votado en contra de una serie de enmiendas en las que, por ejemplo, se abogaba por el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Lo encuentro sorprendente, dado que ayer aprobamos la Carta de los Derechos Fundamentales. Por esto, me parece que los prejuicios de una parte política frente a las enmiendas de otra provoca un grave déficit democrático en este Parlamento.
  

Korakas
. (EL) El Mediterráneo ha sido y sigue siendo una región particularmente sensible con importantes problemas políticos, económicos y sociales. Los asuntos relacionados con la coexistencia pacífica y la cooperación en pie de igualdad y recíprocamente beneficiosa entre estados y pueblos, sin injerencias en sus asuntos internos, la normalidad que ha de presidir sus relaciones, constituyen siempre el rasgo principal de toda colaboración entre estados. Los países mediterráneos extracomunitarios se enfrentan, qué duda cabe, a problemas particularmente graves relacionados con el desarrollo económico. Las desigualdades regionales se acrecientan sin cesar.
La Unión Europea y los estados miembros son en gran medida responsables de esta situación. Somos, verdaderamente, testigos de una sobreexplotación de los recursos naturales y humanos por parte de los países desarrollados, principalmente de la UE, y de sus empresas, así como de la persistencia e incremento de la deuda externa.
El intento de exportar el modelo socioeconómico de la UE a los países del Mediterráneo que no son miembros de la Unión, y su integración en el Nuevo Orden de cosas y en la llamada globalización es expresión de una mentalidad colonialista. De modo alguno puede constituir una base sólida de cooperación, desde el momento en que pretende imponer los criterios de los fuertes a los débiles, y se propone servir a los intereses de las grandes empresas monopolistas y no a los de los pueblos y los trabajadores de los países del área.
Ejemplo característico de esta conducta es la posición que mantienen los estados miembros de la Unión Europea para con los emigrantes provenientes de esos países -como para con los que provienen de otros-, emigrantes a los que en muchos casos se les crea un sentimiento de inseguridad y de amenaza de expulsión, al no concederles los mismos derechos que al resto de los trabajadores y mantener así un gueto de ciudadanos de segunda categoría, víctimas de una trata de esclavos de nuevo cuño.
Otro ejemplo que ilustra perfectamente la política comunitaria lo constituyen los diferentes embargos y las intervenciones militares en contra de países que no siguen la senda de la sumisión a las opciones de la Unión Europea y el Nuevo Orden, así como la exclusión de ciertos países de la cooperación euromediterránea, frente al trato privilegiado que reciben otros, y la distribución de las partidas no de acuerdo con las necesidades reales, sino de acuerdo con los intereses del capital multinacional.
Finalmente, no debemos olvidar que hablamos de una región en la que Yugoslavia fue bombardeada por la Unión Europea y la OTAN, y en la que la UE, con las bendiciones de la OTAN, concede el título de candidato a Turquía, un país que mantiene ocupado el 40% de Chipre y cuestiona derechos soberanos de Grecia; y no debemos olvidar tampoco las responsabilidades que tenemos para con un pueblo, el palestino, que vive en condiciones miserables, y que, bajo el régimen del terrorismo de estado de Israel, sigue luchando heroicamente por tener una patria.
La propuesta de resolución, desgraciadamente, no hace frente a las cuestiones mencionadas; se mueve en el consabido espíritu de la Comisión Europea; se propone la penetración del capital monopolista europeo, para seguir saqueando, claro está, las riquezas de los países mediterráneos extracomunitarios. Por estas razones los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia la rechazamos.

Muscardini
. (IT) Las condiciones para el relanzamiento del proceso de Barcelona son insuficientes. El retraso acumulado en la aplicación de los acuerdos se puede justificar sólo parcialmente. La responsabilidad es doble: de los Gobiernos de los Estados de la Unión y de los Gobiernos de los socios mediterráneos. El proceso adolece de voluntad política que a veces hace dudar del éxito de esta importante empresa euromediterránea. Y es en consideración a esta doble responsabilidad que he presentado algunas enmiendas que tienen que ver con los Gobiernos de los Estados Euromed.
De hecho, sin su responsabilidad y su compromiso, no se puede hablar de un proyecto para establecer una zona multilateral de librecambio a escala interregional en los países mediterráneos, como se sugirió en la Conferencia de Malta en el ámbito de las relaciones Sur-Sur.
También la cuestión de la financiación implica una voluntad de tener éxito que hasta ahora no se ha demostrado. Es preciso restablecer el equilibrio entre los fondos destinados a todas las zonas geográficas, en el respeto de la democracia, de la transparencia y de la eficacia, del mismo modo que hace falta un relanzamiento duradero de la cooperación descentralizada, tras realizar un examen crítico y en profundidad de las debilidades y de las carencias encontradas en la ejecución de los viejos programas.
Por lo que se refiere al respeto de la dignidad de los inmigrantes legales, en aras de una política europea armonizada en materia de inmigración, además de los instrumentos jurídicos para garantizar su tratamiento justo, habría que crear instrumentos de ayuda financiera en favor de todos esos jóvenes que, habiendo terminado un ciclo de estudios superior o universitario en los Estados europeos, desean regresar a sus Estados de origen para empezar a ejercer una actividad profesional. La coordinación de las iniciativas de los Estados miembros en esta materia es indispensable, una coordinación que podría ser llevada a cabo por la Comisión Europea. Esta última debería presentar asimismo propuestas de ayuda financiera análogas en favor de los jóvenes inmigrados en el ámbito de la política de cooperación con los países ACP.
Otro tipo de coordinación afecta a los donantes potenciales, Estados e instituciones financieras, de las ayudas internacionales y regionales, en particular de los países del Golfo. Es necesario un programa concertado de inversiones en la región mediterránea. Sin concertación no hay dinamismo y sin dinamismo no existe el impulso suficiente para el desarrollo.
Quisiera terminar afirmando que el elemento de coordinación por excelencia es una estrategia global de la Unión para la región mediterránea. Es esta estrategia que puede indicar las finalidades de una asociación óptima. Es esta estrategia que ofrece los motivos válidos para respaldar cualesquiera iniciativas y acciones. Es esta estrategia que convertirá la asociación en un instrumento indispensable no solo para garantizar a la región mediterránea el desarrollo económico y social, sino también para permitir a Europa desempeñar un papel equilibrador en toda la zona. Por estos motivos, votaremos a favor de la propuesta de resolución.
Informe Averoff (A5-0322/2000)

Martin, David
. (EN) Acojo con satisfacción el presente informe del Sr. Averoff sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre la concesión de subvenciones a Grecia para aliviar la carga de los intereses de los préstamos BEI para la reconstrucción de la región de Ática, que quedó devastada por el seísmo de septiembre de 1999. Esta ayuda está más que justificada a la luz de la tragedia.
Informe Eriksson (A5-0294/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor de este informe que establece qué debe hacer la Comunidad Europea para que exista una verdadera igualdad entre hombres y mujeres.
El domingo, antes de viajar a Estrasburgo, me encontré con la Sra. Rossi. La Sra. Rossi - una pensionista viuda - me dijo: " ¿Por qué, desde que he enviudado, mi pensión se ha reducido a la mitad de la que cobraba cuando mi marido aún vivía?" Pues bien, quisiera subrayar que, a la hora de hablar de igualdad entre hombres y mujeres, también hay que preocuparse de las leyes en materia de pensiones que perjudican más a las mujeres que a los hombres. Los Estados miembros deben respetar a las mujeres también en las leyes sobre las pensiones para las viudas y en las leyes sobre las pensiones para las mujeres casadas.

Ortuondo Larrea
Señor Presidente, a pesar de los progresos habidos en los últimos años en la Unión Europea, en esta Europa paladín de los derechos humanos, continúa existiendo una discriminación estructural por razones de sexo. Las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres, persiste la menor presencia representativa de las mujeres en las instituciones públicas y también en los puestos de decisión en las entidades privadas, y siguen siendo ellas las primeras víctimas del maltrato en la pareja y de la violencia sexual.
Quisiera resaltar un factor, que considero francamente determinante en esta cuestión; la falta de igualdad en el terreno laboral. Nunca habrá igualdad si la mujer no tiene una autonomía económica personal, si para su sustento y el aseguramiento de su futuro tiene que depender del hombre; lo que más puede hacer verdaderamente libre e igual a la mujer es el hecho de disponer de las mismas oportunidades que el hombre para encontrar un puesto de trabajo y que su remuneración no sea inferior. Yo estoy convencido de que el día en que la mujer consiga con su trabajo una independencia económica real, entonces será verdaderamente libre y el resto de las desigualdades habrán desaparecido.

Alyssandrakis
. (EL) El nuevo programa (2001-2005) propuesto para la igualdad entre hombres y mujeres es el programa más reaccionario que se ha elaborado estos últimos años, y se propone la plena incorporación de la mujer a las políticas antiobreras de la Unión Europea.
La supuesta política de igualdad de oportunidades no ha conseguido transformar la realidad de unos mayores porcentajes de mujeres en el paro, en el empleo a tiempo parcial, en la pobreza; ni tampoco la que supone su escasa presencia en los centros de decisión. La igualdad de oportunidades en el trabajo, en la participación social, o en cualquier otro ámbito, no se puede concebir en un marco de políticas reaccionarias que ofende globalmente a la dignidad humana; una sociedad de paro, subempleo, sin estado del bienestar; una sociedad que pone precio a los valores humanos y comercia con ellos.
Discrepamos radicalmente del modo en que se utilizan los términos «igualdad», e «igualdad de oportunidades», puesto que ambos, en el marco del capitalismo una sola cosa pueden implicar: igual trato para la mayoría de los trabajadores en la miseria social que día a día se acrecienta, igual distribución de la pobreza, en el aumento general del paro, en el empleo a tiempo parcial; la reducción de las prestaciones públicas y gratuitas del estado en el ámbito de los servicios de política social y el incremento global de las cargas familiares.
Dadas las políticas antiobreras de la UE, el objetivo concreto, y las medidas concretas positivas que puedan impulsarse para su consecución, tendrán un único fin: la plena incorporación de la mujer a las políticas de la UE, que se han vuelto aún más reaccionarias para los intereses populares.
El texto se orienta a la materialización de las políticas más generales de la UE, define con precisión que la política de igualdad debe impulsar la plena incorporación de las mujeres a la «nueva economía». Es decir la plena adaptación en términos de igualdad al empleo a tiempo parcial, a la erradicación del empleo estable y a tiempo completo, a la reducción de los costes laborales no salariales.
Una verdadera política para la igualdad presupone una política económica y social diferente, que sitúe en su centro de atención la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para la prosperidad -y no para una vida cada día más miserable-, como, por ejemplo, la reducción de los límites de edad para la jubilación para los dos géneros: sesenta, para los hombres, y cincuenta y cinco, para las mujeres; el fortalecimiento y mejora del sector público y gratuito de la política social; la abolición del sector privado en la salud; la abolición del empleo a tiempo parcial.

Bordes, Cauquil y Laguiller
 - (FR) Hemos votado a favor de este informe puesto que hace hincapié en una serie de principios sobre la igualdad de hombres y mujeres, principios con los que estamos, ciertamente, de acuerdo. Pero todas las manifestaciones referentes a la "igualdad de oportunidades de hombres y mujeres" adquieren una perspectiva cruel con la directiva europea por la que se autoriza el trabajo nocturno para las mujeres.
La prohibición del trabajo nocturno para las mujeres era uno de los pocos ámbitos en los que la legislación social de algunos países, encaminada a proteger a las mujeres, era más avanzada para las trabajadoras que para los trabajadores.
Incapaces de combatir la segregación social que sufren las mujeres en los ámbitos del empleo, del salario o de la promoción profesional, incapaces, por consiguiente, de "igualar las oportunidades" hacia arriba, las instituciones europeas "igualan" hacia abajo. Rechazamos el retroceso social que representa la autorización del trabajo nocturno para las mujeres.
El trabajo nocturno en la industria y, en general, en el sector mercantil, que es perjudicial tanto para la salud de las mujeres como para la de los hombres, no tiene ninguna justificación social ni humana. La única razón de su generalización es la búsqueda rápida de beneficios por las empresas.
Para suprimir todo tipo de segregación social en la materia, es preciso prohibir el trabajo nocturno tanto para los hombres como para las mujeres, exceptuando únicamente el ámbito de los servicios públicos - hospitales y transportes públicos, en particular -, donde dicho trabajo es socialmente útil, con la condición de compensar los inconvenientes del trabajo nocturno mediante una fuerte reducción de la jornada laboral y protegiendo a las mujeres embarazadas.

Figueiredo
Aunque tardíamente, la Comisión presentó el Programa relativo a la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005), que se aparta marcadamente de los anteriores y, en particular, del cuarto programa de acción que concluye al final de este año.
Conforme a la propuesta presentada, la modificación de la metodología tiene por objetivo aumentar el acceso y la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales participen activamente y contribuyan al proyecto. Ahora bien, para que eso sea posible, es necesario que se fomente esa participación efectiva no sólo en el nivel comunitario, sino también en los Estados miembros.
Como dice la ponente, es importante que la Comisión considere que una verdadera democracia presupone que todos los ciudadanos -hombres y mujeres- participen y estén representados en igual medida en la vida económica, en los lugares de decisión y en la vida social, cultural y civil. Pero es necesario tener en cuenta que ninguna labor con vistas a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres tendrá efectos perdurables, si no se reforzaran simultáneamente los derechos de las mujeres, en particular en las prácticas cotidianas en todas las esferas de actividad.

Mann, Thomas
 - (DE) Para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la vida cultural, social y económica y atajar e impedir la discriminación por razones de sexo la Comisión ha formulado una doble propuesta que recibe el apoyo de nuestra Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Deben aplicarse medidas específicas en favor de la mujer no en un segundo plano, sino paralelamente a la integración de las perspectivas igualitarias en la política comunitaria. Más en concreto se distinguen cinco ámbitos de acción, entre ellos la igualdad en la vida económica, igual participación y representación e idéntico acceso a los derechos sociales.
La línea presupuestaria B3-4012 prevé 53,5 millones de euros, un importe considerable pero necesario que ha sido aprobado por la Comisión de Presupuestos competente para emitir opinión habida cuenta de que se trata de una prioridad política. Antes de adoptar una decisión acerca del quinto programa de acción quisiéramos examinar a fondo el programa anterior.
Espero que en el futuro la Comisión presente todos los años, en su debido momento, un balance de la situación, creando así las condiciones oportunas para que el Parlamento Europeo pueda analizar y debatir la situación con mayor profundidad. Tengo otra observación respecto al factor tiempo. El presente informe contiene diversas formulaciones imprecisas y desafortunadas porque nos vimos obligados a debatir y votar contra reloj sin que las enmiendas estuvieran disponibles en todas las versiones lingüísticas.
Tengo algunos reparos en cuanto al contenido. No entiendo por qué tenemos que exigir -como se ha hecho tantas veces en este Parlamento- que se realicen estudios sobre el impacto de una reducción generalizada del horario laboral. Disponemos de decisiones unívocas adoptadas por mayoría en virtud de los conocimientos actuales al respecto, según los cuales podemos vivir mucho mejor con tiempos laborales flexibles en los Estados miembros que con una solución colectiva ajena a la realidad. Además, considero inviable la propuesta de elaborar un código de conducta para los medios de comunicación. Cuando las mujeres son objeto de discriminación en los medios lo único que realmente surte efecto son las enérgicas protestas de lectores activos y diputados nacionales y europeos despiertos ante casos concretos.
A pesar de ello, he votado a favor del informe. Por una parte, porque se han tenido en cuenta diversas propuestas de mejora presentadas por mi Grupo. Por otra, porque se insiste en la necesidad de examinar la situación de la mujer en los mercados de trabajo nacionales y el deficiente acceso a los sistemas de seguridad social sobre la base de estadísticas elaboradas a partir de datos representativos y desglosados según el género. Se reclama con toda razón que el quinto programa marco esté en consonancia con los fondos estructurales -probablemente el instrumento más eficaz de nuestra Comunidad-, la iniciativa comunitaria EQUAL y los programas DAPHNE, STOP, PHARE y MEDA.

Sacrédeus
. (SV) He votado a favor de las enmiendas 61 a 74, que han sido aprobadas en conjunto.
Al mismo tiempo, quisiera manifestar mi más profunda congoja por los criterios de niño, de padre, de vida familiar, de unidad familiar y de simple y decente amor al prójimo que denota la exposición de motivos de la enmienda 72 cuando dice "Creación de infraestructuras (guarderías infantiles, atención a personas mayores) que permitan la armonización de la vida familiar con la profesional" (que interpreto como el cuidado infantil de los padres en la propia vivienda) y "la necesidad de cuidado de los niños y la atención a familiares de edad constituyen obstáculos para la actividad profesional, política y social de las mujeres durante ciertas épocas de su vida" . Son las expresiones "obstáculos" y "la necesidad de cuidado de los niños y la atención a familiares de edad" las que me preocupan profundamente.
Además, ¿es "la actividad profesional, política y social" , como aparece en la exposición de motivos, el más alto y único valor del individuo? ¿Es esto lo que más valoran los políticos, en tanto que la vida familiar, base de la sociedad, y los profundos y humanos valores relacionados con ella son ignorados y subestimados en nombre de la UE?

Scallon
. (EN) Respecto al informe Eriksson (A5-0294/2000) sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre el programa relativo a la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005), apoyo plenamente la igualdad entre hombres y mujeres, pero tras examinar el documento correspondiente de la Comisión, COM(2000)335, encontramos en la declaración financiera que los gastos de funcionamiento del "European Women's Lobby" (EWL) son financiados principalmente con cargo a la partida presupuestaria A-3037.
Como ustedes saben, la Comisión de Presupuestos ha calificado esta ONG de monopolio. Al parecer, según los escritos procedentes de varias agrupaciones europeas de mujeres, este monopolio no representa ideológicamente a un número demasiado importante de organizaciones europeas de mujeres.
Habida cuenta de que esta ONG desempeña un papel fundamental en la formación y aplicación del presente programa, creo que la integridad de esta estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres está en entredicho y, por consiguiente, no puede ser apoyada.
Asimismo, ¿es adecuado financiar un monopolio con una partida presupuestaria que ha sido concebida para fomentar la igualdad? Es más, ¿se justifica que financiemos un monopolio con cargo al presupuesto de la UE?
Por estos motivos, lamentándolo, he votado en contra.
Informe González Álvarez (A5-0309/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado en contra del informe González Álvarez por varios motivos, sin embargo, al disponer de tan sólo de un minuto de tiempo para mi explicación de voto, sólo voy a referirme a uno de ellos. Cuando salí hacia Estrasburgo, entre las personas que me vinieron a despedir al aeropuerto, había una persona mayor pensionista que, lamentablemente, sufría una grave lesión causada por un producto muy, pero que muy peligroso que se comercializaba en la Unión Europea. Al marchar, le dije: "Estáte tranquila porque habrá el informe González Álvarez que hablará precisamente de la seguridad de los productos". Sin embargo, he constado que por desgracia en este informe no hay ningún punto en que se establezca una obligación clara y rápida de indemnización de los daños causados a las víctimas de la inseguridad de los productos.

Titford
. (EN) Mi partido tiene serias reservas respecto a aplicar legislación comunitaria a la venta de productos de consumo, al igual que respecto a la negativa de aplicar el concepto de reconocimiento mutuo de las normas. Por lo que, en principio, estamos en contra de la directiva original y, por consiguiente, debemos oponernos a cualquier ampliación de la misma.
Aun en el caso de que no fuera así, seguiríamos teniendo serias reservas. Aunque esta propuesta de la Comisión sobre la seguridad general de los productos ha adoptado la forma de una revisión de la Directiva 92/59/CEE, alegando que no se ha modificado el enfoque adoptado en la directiva original, eso no parece ser del todo cierto.
Lo que nos molesta de manera especial son los planes revelados por el Comisario Byrne de desarrollar una red europea que reúna a las autoridades de los Estados miembros responsables de la vigilancia del mercado para facilitar la aplicación de esta normativa.
Tras haber visto propuestas de "creación de redes" en otras iniciativas comunitarias, vemos en esto el inicio de algo completamente malsano; un sistema unificado de vigilancia que viene a ser un servicio encargado de velar por el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea en materia de protección del consumidor.
Nos parece que esto se inscribe en una tendencia general, en la que la Comisión, tras haber saturado de legislación los Estados miembros, está mostrando ahora demasiado interés en sistemas de vigilancia, con vistas a obtener el control sobre los mismos.
Sólo por este motivo, mi partido se opone a esta medida.

Titley
. (EN) Aunque apoyo el presente informe sobre la seguridad general de los productos, es importante que no vayamos demasiado lejos. Es importante que nuestros productos sean seguros, pero no deberíamos exagerar adoptando acciones extremas.
A la población de toda Europa le preocupa enormemente la seguridad de los productos de consumo, y es justo que le preocupe. El presente informe saluda una mejora de la legislación europea en vigor en materia de seguridad de los productos, pero, en mi opinión, la directiva no debería aplicarse a las tiendas de beneficencia, una peculiaridad importante del comercio minorista británico. Es absurdo pensar que una tienda de beneficencia típica pueda proporcionar a las autoridades información sobre los riesgos y el origen de productos usados que son adquiridos del gran público.
No olvidemos que fue mi colega Laborista, Sr. Whitehead, quien presentó las enmiendas encaminadas a eximir a las tiendas de beneficencia, y deberíamos felicitarle por sus logros. La amenaza para las tiendas de beneficencia se produjo porque la Europa continental sencillamente no entendía este concepto. Ahora ya lo entiende y las enmiendas Laboristas ofrecen la garantía de que estas tiendas permanecerán intactas y quedarán exentas de la directiva.
El objetivo general de la directiva es muy importante para garantizar un grado alto y coherente de protección de los consumidores, así como el buen funcionamiento del mercado único. Apoyo incondicionalmente la tendencia en favor de colocar sobre los productos, en su lugar de venta, advertencias formuladas con claridad y que sean fáciles de entender sobre los posibles riesgos. Un etiquetado claro es la mejor forma de tranquilizar a los consumidores preocupados por la seguridad de los productos que compran.
La confianza del público en la seguridad de los productos que todos compramos ha sufrido un duro golpe en estos últimos años, a raíz de varios sustos, especialmente, en juguetes para niños. Únicamente si adoptamos la actitud de que la seguridad debe primar sobre todo lo demás - y que el público vea que adoptamos esa actitud - podremos restablecer la confianza del público y la seguridad de nuestros hijos.
Informe Lagendijk (A5-0324/2000)

Berthu
Señor Presidente, el Consejo ha querido, con razón, racionalizar la ayuda de la Unión Europea a los países de los Balcanes y, paralelamente, reformar la Agencia Europea de Reconstrucción de Kosovo, cuya competencia podría extenderse progresivamente al conjunto de la región.
Nosotros apoyamos plenamente esta orientación, así como las dos propuestas de reglamento del Consejo que la concretizan, pero no podemos apoyar las enmiendas del Parlamento Europeo tendentes a modificar profundamente el equilibrio del sistema en provecho de la Comisión. Hoy la Agencia de Reconstrucción de Kosovo está regida por un consejo de dirección, en el cual cada uno de los representantes de los Estados miembros y de la Comisión tiene un voto y en el cual las decisiones se toman por mayoría de dos tercios. La Comisión no soporta esta situación de tutela, y se queja de que el peso de los Estados miembros obstaculiza su libertad de acción, o sea - en su opinión -, la eficacia de la ayuda.
El Parlamento Europeo ha escuchado la llamada de su vieja amiga, y acaba de aprobar una serie de enmiendas que le dan la razón. La enmienda 5 propone entregar la gestión de la Agencia a la Comisión, que sería responsable ante el Parlamento Europeo. La enmienda 14 debilita el consejo de dirección frente a la Comisión, al establecer que éste adoptará sus decisiones por mayoría simple. La enmienda 10 amplía los cometidos de la Agencia, dirigida, pues, por la Comisión. Finalmente, la enmienda 15 deja las manos libres a la Comisión con respecto al régimen lingüístico de la Agencia, lo que consideramos muy preocupante.
Vemos así como vuelve a producirse un esquema tipo consistente en creer que la Comisión gestionará mejor la ayuda exterior si dispone de mayores poderes, de mayor autonomía y si está menos vigilada por los Estados. Se trata de un error que, desgraciadamente, puede provocar evoluciones muy conocidas. Nosotros pedimos, por el contrario, que los Estados sigan llevando la voz cantante en relación con la gestión de la ayuda y con la Agencia. Por una parte, éstos ejercerán un mejor control; por otra, mantendrán un vínculo esencial entre la ayuda europea y las políticas nacionales en esta región sensible.

Fatuzzo
Señor Presidente, tanto como diputado del Partido Popular Europeo como en mi calidad de diputado del Partido de los Pensionistas en Italia, he votado con gran satisfacción a favor de este importante informe sobre las ayudas, así como sobre su gestión, que la Unión Europea a decidido facilitar a Albania, Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia y Kosovo. Estas ayudas servirán ante todo para sentir que Europa existe y se siente solidaria con las poblaciones víctimas de situaciones de guerra que han llevado dificultades y pobreza especialmente a las personas mayores, a las personas discapacitadas que, por lo tanto, han de ser las primeras, sin olvidar a las demás, en ser ayudadas. Evidentemente, esto merece todo mi apoyo.

Posselt
Señor Presidente, he votado a favor del informe, aun cuando no distingue claramente entre Kosovo, Serbia y Montenegro. El Presidente Kostunica no tuvo ningún inconveniente en que en una entrevista reciente le compararan con el General De Gaulle. Ahora bien, para que el General De Gaulle pudiera desempeñar el papel que desempeñó primero tuvo que solucionar el problema de Argelia. Creo que en el caso de Serbia el equivalente de Argelia se llama Kosovo. Kosovo tiene derecho a decidir su futuro camino de forma autónoma y de común acuerdo con sus vecinos. Es por esto por lo que debemos brindar al Presidente Rugova y al Presidente Kostunica la oportunidad de negociar como demócratas. A este fin necesitamos urgentemente elecciones en Kosovo, una estrecha cooperación y una solución para la zona que cuente con el apoyo de todas las partes implicadas.

Alavanos
. (EL) La ampliación del ámbito de actividad de la Agencia Europea de Reconstrucción al espacio de la República Federal de Yugoslavia debería haber tenido lugar hace mucho tiempo y no haberse vinculado a los cambios internos en ese país. El bloqueo, la falta de ayuda internacional, la crudeza de la posguerra, no los han pagado Milosevic y sus colaboradores, sino los ciudadanos, y, sobre todo, los menos favorecidos de entre ellos.
La simplificación de los procedimientos de toma de decisiones, la creación de bases de operaciones descentralizadas (no sólo en Prístina, donde ha adquirido el significado de su separación de Yugoslavia), el tratamiento de la doble estructura entre el Consejo de Administración y la Comisión, pueden resultar movimientos positivos en la dirección de afrontar la gran insuficiencia burocrática de la Agencia Europea de Reconstrucción.
Paralelamente se requiere:
1. Aumentar la financiación en una región de cuya destrucción la Unión Europea es autor moral y material.
2. Garantizar el protagonismo de los agentes locales que han sido relegados por la burocracia y por las diferentes compañías europeas de asesores.
3. Reforzar los programas de cooperación entre las antiguas partes enfrentadas y entre los países de la zona.

Martin, David
. (EN) Acojo con satisfacción el presente informe que intenta mejorar el suministro de asistencia de la UE a la República Federal de Yugoslavia, a través de la simplificación de los procedimientos de toma de decisiones y dotándolos de mayor transparencia.
Informe Garot (A5-0305/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Garot, a pesar de que presenta algunas lagunas e imprecisiones que no cuentan con el apoyo del Partido de los Pensionistas. En primer lugar pido que la Comisión se decida a presentar varios y diferentes tipos de propuestas para resolver los graves problemas de la agricultura y de la ganadería. De hecho, no es posible que se continúe ayudando a esos agricultores que necesitan las ayudas de la Unión Europea - aun siendo bien recibidas - en la forma que se ha venido siguiendo hasta ahora, una forma que no ha causado más que perjuicios. El sistema de las cuotas se debe eliminar totalmente y hay que proceder con otro tipo de ayudas a la agricultura, a la pesca y a la ganadería en la Unión Europea.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson y Theorin
. No respaldamos las nuevas subvenciones a la crianza de cerdos y por eso votamos en contra del informe.

Blak, Lund y Thorning-Schmidt
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra del informe que instaurará ayudas a los productores porcinos de la UE. La Comisión ha propuesto la instauración de un régimen de ayuda a los productores porcinos creando un fondo de regulación en los Estados miembros. La propuesta es innecesaria y perjudicial, puesto que instaura una nueva ayuda a un sector que hasta ahora se las ha apañado bien sin ayudas. La crisis del sector porcino se ha resuelto por sí misma vía economía de mercado y porque precisamente no se han instaurado caros e innecesarios regímenes de ayuda. El informe del Parlamento implantará todavía más regímenes de ayuda. Los productores recibirán el 100% de la ayuda del fondo destinado a la reducción de su producción y la UE cofinanciará el régimen. Votamos por ello en contra tanto de la propuesta de la Comisión como del informe del Parlamento.

Bordes, Cauquil y Laguiller
Una vez aprobado, este informe sobre la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino se añadirá a las toneladas de papel que representa la reglamentación del mercado agrícola común.
Es curioso observar como el ponente, a pesar de ser partidario de la economía de mercado, al mencionar los "movimientos cíclicos" del mercado de la carne de porcino, ataca sus "efectos negativos", para alarmarse del "espectáculo desastroso" que éste ofrece.
Nosotros somos contrarios a la economía de mercado, que resulta tan estúpida como desastrosa para regular el conjunto de la economía, para regular la producción de la carne de porcino. Sin embargo, no compartimos el cinismo del ponente cuando echa de menos los viejos tiempos, en que "el abandono de la actividad de pequeñas unidades productivas podía contribuir a recuperar los costes". Compartimos aún menos la opinión del ponente cuando la referencia a la muerte de los pequeños productores le sirve sobre todo para solicitar a las instituciones europeas financiaciones suplementarias para las grandes empresas ganaderas.
Ha de impedirse que los productores sean víctimas de la variación cíclica del mercado. Pero los únicos verdaderos productores son aquellos que trabajan y que hacen que la ganadería funcione, pequeños campesinos y obreros agrícolas, y no aquellos que son el objeto principal de las atenciones del presente informe y que se contentan con invertir en este sector para obtener beneficios con las subvenciones de las instituciones europeas.

Figueiredo
Es necesaria y urgente una verdadera reforma de la OCM en el sector de la carne de cerdo para afrontar la prolongada crisis que ha afectado a los productores de la UE. Pero la propuesta presentada por la Comisión de la creación de un fondo de solidaridad voluntario y financiado sólo por los productores no sólo es contraria al principio de solidaridad financiera de la PAC, sino que, además, no va a resolver ningún problema de fondo en el sector.
El informe Garot intenta mejorar, en algunos aspectos, la propuesta de la Comisión procurando alcanzar una transacción con el Consejo, en particular en cuanto a la coparticipación financiera del fondo. Sólo, que, aun con cierta apertura de la Presidencia francesa, se sabe que la Comisión rechaza esas propuestas y en el Consejo no parece existir una mayoría para aprobarlas.
Así, sigue siendo esencial continuar la lucha por la obligatoriedad de la constitución del fondo totalmente coparticipado por la PAC y por la modulación de sus pagos a fin de abarcar más productores y prestando atención particular a los pequeños y medianos agricultores.
Respecto de la cuestión principal de la coparticipación comunitaria del fondo, es preciso añadir que la propuesta del informe Garot mejora la situación respecto de la posición de la Comisión, pero seguimos disintiendo de la vinculación de esa coparticipación con un principio de cofinanciación de la PAC que, por lo demás, fue rechazado con ocasión de la aprobación de la Agenda 2000.

Lulling
 - (DE) Nadie negará que en los dos últimos años los productores de cerdos de todos los Estados miembros se vieron afectados por una crisis cuyas consecuencias han sido devastadoras.
La organización de mercados en el sector de la carne de porcino no es comparable a la de otros productos agrícolas. En principio no queremos modificar esta situación, pero cuando un sector sufre grandes cambios estructurales, como es el caso de la carne de porcino, y cuando se produce una brusca caída de los precios del 30% durante un período mucho más largo de lo que viene a ser normal conviene actuar. No interesa a nadie que sobre todo los pequeños criadores de cerdos tengan que tirar la toalla porque no pueden hacer frente a estas prolongadas catástrofes.
Por todo ello, parece justificado que se adapte la normativa comunitaria existente en la materia.
Habida cuenta de que se crearán fondos de regulación se puede considerar la posibilidad de la cofinanciación por parte de la Comunidad, puesto que precisamente por eso no supondría una carga tan grande para el presupuesto comunitario como algunos nos quieren hacer creer. Por tanto, he votado a favor del informe.

Raymond
 - (FR) La propuesta de la Comisión es en sí misma un reconocimiento de la insuficiencia de las herramientas actuales de regulación de mercados. La última crisis fue excepcionalmente dura y grave. Hizo desaparecer explotaciones agrícolas y ha complicado la situación de los jóvenes agricultores. La ausencia de un mecanismo de regulación agravaría este movimiento en beneficio de grandes unidades, a menudo integradas. No es posible pedir un esfuerzo suplementario sólo a los criadores: muchos empiezan a afiliarse a cajas de regulación. Consideramos que es necesario acompañarlos creando herramientas eficaces no sólo para resolver las crisis, sino también para controlar los mercados, para mejorar la calidad y promover los productos.
La cría de cerdos sigue siendo hoy una actividad esencialmente familiar, basada en la responsabilidad. Constituye un apoyo a la actividad económica del mundo rural, a menudo en regiones que no ofrecen casi alternativas. Hemos optado por luchar para defender un mundo rural vivo y diversificado: el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas, ya sean agrícolas, artesanales o industriales, constituye su pilar. La creación de un fondo de regulación para la producción porcina, tal como ha sido enmendado, no pone en entredicho el mercado libre, sino que permitirá proteger las explotaciones de tipo familiar.

Van Dam
. (NL) El mercado de la carne de porcino es cíclico. Una pequeña variación en la oferta basta para provocar una situación de crisis. Sin embargo, las crisis se prologan durante más tiempo en los últimos años y sus consecuencias son graves, especialmente para los ganaderos jóvenes y para las explotaciones pequeñas. Esta situación justifica que la Comisión busque soluciones para garantizar los ingresos de los ganaderos de porcino.
Lamentablemente, la presente propuesta de la Comisión no supone una solución estructural y el ponente, señor Garot, opina que ha llegado la hora de sacar de la cuadra al viejo caballo socialista y llevar a cabo una intensa intervención estatal. Carece de sentido apartar fondos para mitigar las consecuencias de las reiteradas crisis. Existe el riesgo de que este fondo prolongara la duración de los períodos de crisis debido a su naturaleza atenuante. Asimismo, el fondo ofrece la posibilidad de que las administraciones concedan ayudas más o menos encubiertas en forma de cofinanciación por parte de los Estados Miembros. Los países de la Unión que siempre han mostrado generosidad en el tema de las ayudas podrán aprovechar esta situación para falsear la competencia. Esto llevará a situaciones en las que se citará a George Orwell en los once idiomas oficiales de la Unión: "Todos los cerdos son iguales aunque algunos cerdos son más iguales que otros".
Sin embargo, aunque se eliminará la cofinanciación de la propuesta, el fondo que se plantea no podría influir en la frecuencia y gravedad de las crisis que afectan al sector. Cuando los precios bajan, se debe reducir la producción. Ésta es una reacción natural en la ganadería porcina. Un fondo no soluciona nada si no tiene carácter vinculante y si no existe el compromiso de todos los participantes para reducir la producción. Por este motivo hemos votado en contra de la propuesta.
La limitación de la producción es la clave de las crisis en el sector porcino. Por ello, espero que el Consejo adopte una postura crítica con este informe y que tenga en cuenta la opinión de los ganaderos porcinos de los Países Bajos. Estos ganaderos, que en principio se declaran contrarios a un fondo de ingresos, opinan que si el Consejo permite un fondo de este tipo, deberá hacerlo a condición de que se produzca una reducción de la producción de todos los Estados Miembros.
Informe Morillon (A5-0297/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, soy muy crítico a la hora de tomar decisiones respecto a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. A pesar de que he votado a favor, quisiera destacar algunos puntos que, en mi opinión, siempre deberíamos tener en cuenta en estos momentos. En primer lugar, Europa no ha pedido formar parte de Turquía, sino que Turquía es la que ha pedido formar parte de Europa y, en consecuencia, debe adaptarse y aceptar las reglas que la Unión Europea le exige que respete. En segundo lugar, ya no es Turquía la que se encuentra sola frente a Grecia, sino que es Turquía la que se encuentra sola frente a la Unión Europea. Grecia que en este foro ya no tiene posibilidades de defender sus derechos y sus intereses, ha de ser defendida por toda la Unión Europea.

Speroni
Señor Presidente, he votado a favor y he comprobado con satisfacción que se ha aprobado una enmienda que reconoce el genocidio del pueblo armenio. Por el contrario, lamento que hayan sido rechazadas las enmiendas que presenté y que hacían hincapié en la obligación de respetar el principio de autodeterminación de los pueblos. Este Pleno habla mucho de derechos - ayer fue aprobada la Carta de los Derechos Fundamentales - sin embargo, cuando se trata de aplicar estos derechos, no digo prácticamente, sino al menos de hacer hincapié en ellos, este Pleno da una espantosa marcha atrás que, sin duda, no le honra.

Posselt
Señor Presidente, el genocidio de los armenios fue el primero de toda una serie de matanzas perpetradas a lo largo del siglo XX, que puede ser considerado el siglo de los genocidios. Franz Werfel le dedicó un monumento literario en "Los cuarenta días de Musa Dagh". Franz Werfel tuvo parientes judíos y alemano-bohemios. Sus parientes judíos fueron víctimas del holocausto y sus familiares alemano-bohemios, incluidos los judíos, fueron expulsados de Bohemia después de la Segunda Guerra Mundial. Ello demuestra cómo una catástrofe puede desencadenar otra. Cuando Hitler preparó su holocausto dijo: "¿Quién se acuerda hoy día de los armenios?" Por ello, debemos dejar claro a nuestros amigos turcos que en los tiempos que corren tampoco podemos cerrar los ojos ante la injusticia. No pretendemos ahondar en las llagas históricas, queremos eliminar las injusticias entre todos, con independencia de quien las haya cometido.

Alavanos
. (EL) A pesar de sus serias carencias, el informe Morillon es, sin duda, más avanzado que la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la asociación Unión Europea - Ôurquía.
Es positiva la referencia al caso Loizidis y la correspondiente resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es igualmente positiva, aunque insuficiente, la referencia a la cuestión armenia, con respecto a la cual se le debería formular claramente a Turquía la exigencia del reconocimiento del genocidio; esto, claro, queda en gran medida corregido con las enmiendas. Positiva es también la referencia a la cuestión kurda y a las minorías, silenciadas en el proyecto de la Comisión sobre la asociación.
Lo que constituye, sin embargo, el gran inconveniente y la gran carencia del informe Morillon es el asunto de las relaciones Grecia - Turquía. El Parlamento Europeo debería hacer saber con toda claridad al gobierno turco que el camino de Turquía hacia Europa pasa por el abandono de su cuestionamiento de las fronteras de los países miembros de la Unión Europea y la remisión de las diferencias al Tribunal Internacional para su resolución. Esto responde también a los intereses del pueblo turco, que desearía vivir en paz con sus vecinos.
La aprobación de la resolución por mi parte tiene el sentido de apoyar lo que significa un paso adelante en relación con la Comisión, y no el pleno acuerdo con ella.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson y Theorin
. Nos parece excelente que el Parlamento Europeo se manifieste sobre los avances de Turquía en relación con la adhesión, especialmente en el respeto a los derechos humanos.
Puesto que Suecia no está dispuesta a participar en una defensa militar común, pero sí en el manejo civil de las crisis, no respaldamos el punto 15 que "acoge con satisfacción la voluntad de Turquía de contribuir a la mejora de las capacidades europeas en el marco de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSD)" .

Bordes, Cauquil y Laguiller
 - (FR) El informe Morillon sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea pretende sobre todo recordar al Gobierno turco que debe garantizar una mayor apertura del mercado turco con respecto a los capitales europeos mediante "reformas estructurales" que van "desde el desmantelamiento de las ayudas estatales a la reestructuración de las pensiones o el incremento de las privatizaciones". Dicho de otra manera: mediante la reducción de los presupuestos sociales y agravando las condiciones de vida de las capas más desfavorecidas de la población.
En relación con los derechos humanos, en cambio, el informe se limita a "animar al Gobierno turco", a "pedirle" que se esfuerce, sin que exista amenaza alguna por los países europeos, aunque más no fuese la suspensión de la entrega de armas. De hecho, ni el ponente ni, detrás de él, los gobiernos europeos desean desagradar a los militares que, en realidad, dirigen Turquía y someten a una parte del país al estado de emergencia. Los gobiernos europeos no desean desagradar a los partidos reaccionarios turcos, que se niegan a abolir la pena de muerte y pisotean los derechos de las mujeres, ni a las autoridades turcas de siempre, que hoy reprimen al pueblo kurdo, después de haber exterminado al pueblo armenio.
Que aquellos para los que sólo cuenta la circulación de capitales y de mercancías - y no la vida y los derechos humanos - voten a favor de este informe. Nosotros hemos votado en contra.

Carlotti
 - (FR) Hoy no se trata, Señorías, de volver a abrir viejas heridas históricas que sangran todavía. No se trata de reavivar odios ancestrales, de soplar sobre las brasas de la intolerancia, como he oído decir en esta Asamblea.
El desafío ni siquiera es el reconocimiento de la realidad del genocidio armenio, puesto que nuestra Asamblea ya ha tenido la ocasión de pronunciarse, concretamente en su resolución de junio de 1987. Lo que los diputados europeos pedían a Turquía en 1987 es que tuviera el valor de mirar hacia su pasado, para poder mirar hacia el futuro. La verdad histórica es la garantía de la democracia y no debe ni puede ser víctima de intereses particulares, financieros o económicos, ya se trate de individuos, de gobiernos o de Estados. La verdad y la memoria no se negocian.
Basta con recordar lo que ocurrió en Alemania, que reconoció la Shoah y que, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un gran país democrático.
Esto es lo que hoy deseamos nuevamente al pedir que el informe Morillon mencione el genocidio. El reconocimiento del genocidio debe ser un llamamiento al diálogo, que ahora debe entablarse entre las nuevas generaciones armenias y turcas.
El conjunto de la comunidad armenia y los hijos de armenios que se exilaron a principios de siglo en nuestras tierras esperan hoy un acto de justicia. Desean ofrecer a sus ascendientes víctimas del genocidio una "sepultura moral". En el momento en que los últimos testigos del exilio, los últimos supervivientes de las matanzas, se apagan lentamente, la obligación de recordar se impone aún más.
Pero más allá de esta obligación de recordar que se debe exigir a todas las democracias y que los europeos saben lo difícil y doloroso que resulta - tan difícil que algunos países europeos no lo han realizado completamente -, es importante que esos actos de barbarie que destruyeron vidas por motivos étnicos, religiosos o culturales y que chocan a la conciencia universal no vuelvan a producirse nunca más. Europa debe dirigir este mensaje.

Caudron
 - (FR) Fue en el Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre de 1999, donde la Unión Europea decidió conceder a Turquía el estatuto de país candidato a la adhesión, así como un marco financiero único para ayudar a que la candidatura de Turquía progresara de acuerdo con los criterios de Copenhague. Por supuesto, y siempre hay que recordarlo, las negociaciones de adhesión no podrán empezar mientras no se respeten dichos criterios.
Valoramos, pues, la importancia de los informes de situación elaborados por la Comisión Europea. Hoy discutimos el informe de 1999. Al igual que el ponente, debemos admitir que Turquía ha progresado en algunos planos y que existen señales positivas.
Pienso ante todo en la reanudación del diálogo político, después de tres años de interrupción, en el seno del Consejo de Asociación, que se reunió el 11 de abril de 2000, así como en la creación de ocho subcomités encargados de determinar las prioridades para la integración del acervo comunitario; en la firma por Turquía, el 15 de agosto y el 8 de septiembre de 2000, de cuatro importantes convenios de las Naciones Unidas relativos a los derechos políticos, civiles, sociales y culturales - convenios que deben ser ratificados lo más rápidamente posible a fin de que se garanticen los derechos humanos y el pluralismo político en los países -; en la aprobación por el Consejo de Ministros turco del informe presentado por el Alto Consejo de Coordinación de los Derechos Humanos turco como "documento de referencia y de trabajo" - aun cuando sea necesario añadir medidas concretas en favor de la protección de los derechos de las minorías -, así como en la aprobación de la ley por la que se suspenden temporalmente los procedimientos y las penas por delitos de prensa y radiodifusión.
No obstante, persisten muchos ámbitos donde los progresos son insatisfactorios o incluso inexistentes. Pienso, a este respecto, en la ausencia de una ley de abolición de la pena de muerte, en el problema chipriota y en la ocupación por el ejército turco de una tercera parte de la isla de Chipre, así como en el problema de los derechos de las minorías étnicas, como las minorías kurda o armenia. En tal sentido, he apoyado la enmienda tendente a incorporar en el informe una referencia al genocidio armenio. En efecto, es importante reconocer esta realidad histórica. Pido, por otra parte, a las autoridades turcas que hagan otro tanto: ¡ello supondría un gran paso por la vía del desarrollo democrático del país!
Si Turquía desea iniciar negociaciones de adhesión, le quedan, pues, grandes esfuerzos por realizar. Si un día desea adherirse a la Unión, tendrá que integrar todos los valores "que hacen a Europa". Y quizá entonces se volverá a plantear la cuestión de saber si realmente desea ser miembro de la Unión Europea, o si prefiere organizar con otros países de Oriente Medio un "conjunto" integrado, estrechamente vinculado a la Unión Europea en el plano comercial y económico, en el plano de la seguridad y de la estabilidad, así como en el plano de los derechos humanos y de las normas democráticas.
Se trata, sin duda, de un debate diferente del de hoy; pero, teniendo en cuenta la importancia que para mí reviste Turquía, hoy deseaba insistir en ello.

Duff
. (EN) Mis colegas y yo hemos votado en contra de esta enmienda porque Leyla Zhana insiste en que ella no pide un trato especial ni su puesta en libertad inmediata. Ella quiere que se modifique el Derecho penal, al igual que nosotros. Asimismo, creemos que no sólo los kurdos, sino todos los prisioneros políticos deberían ser puestos en libertad.

Grossetête
 - (FR) He votado a favor de esta propuesta de resolución.
Me congratulo de que el Parlamento Europeo se haya comprometido abiertamente a alentar al Gobierno turco y a la Gran Asamblea nacional turca a que reconozcan públicamente, antes del restablecimiento en Turquía de un Estado moderno, el genocidio sufrido por la minoría armenia.
Desde 1987 nuestra Asamblea había iniciado la vía del reconocimiento, y la aprobación de la presente enmienda demuestra la coherencia del Parlamento en este debate.
No obstante, dicha resolución no da respuesta a una verdadera pregunta: ¿qué fronteras deseamos realmente para la Unión Europea?

Meijer
. (NL) Quizás llegue un momento en el que la Unión Europea se amplíe aún más hacia el Este con la adhesión de Ucrania y Rusia. En ese momento resultaría lógico ofrecer también a Turquía una oportunidad. Ese momento queda muy lejos. Turquía es en la actualidad un estado autoritario con preponderancia militar, presos políticos, censura, prohibición de partidos, conflictos fronterizos y un sistema electoral que excluye a las minorías. Aún no se han aprendido las lecciones correctas de la masacre de los armenios tras su levantamiento hace ochenta años. Éste es uno de los motivos por el que a nadie le extraña que en la actualidad se sigan negando sus derechos a otra minoría nacional. Los kurdos se ven obligados a huir, se les bombardea y se les oprime mientras que el uso de su idioma se encuentra excluido de la administración, la educación y medios de comunicación. Turquía deberá aprender primero las lecciones de la historia de Grecia, Serbia, Bulgaria, Albania, Siria, Irak y Yemen. Estos países pertenecieron en el pasado a Turquía y sufrieron en repetidas ocasiones la represión de los levantamientos. Gracias a que ya no se impide que la población ejerza su derecho de autodeterminación, la paz ha sido posible en estos lugares. No tengo la esperanza de que el modo en que se dirige Turquía cambie si se le plantea a este país la perspectiva de adhesión a la UE en condiciones menos estrictas. Las modificaciones necesarias no pueden comprarse a los gobernantes desde fuera, sino que deben producirse desde dentro.

Muscardini
. (IT) Turquía ha de llegar a ser parte integrante de la Unión Europea lo antes posible tanto para contribuir a la lucha contra los fundamentalismos y al proceso de paz, como en aras de un mejor desarrollo y equilibrio entre los países del norte y del sur de Europa.
Lamentablemente, existen muchas cuestiones pendientes ligadas a las realidades kurda y armenia, así como al pleno respeto de los derechos civiles, a pesar de los muchos avances realizados en este ámbito.
La dignidad de los pueblos y el respeto de las tradiciones son aspectos fundamentales para la Unión que no puede seguir atada a meras declaraciones de principio sobre la situación kurda y armenia. La Unión debe hacer más propuestas y considerar la ampliación a Turquía como una estrategia geopolítica indispensable. Por esto, volvemos a invitar al Gobierno a que reconozca oficialmente la responsabilidad de Turquía en el exterminio del pueblo armenio. Dicha declaración, necesaria desde el punto de vista moral e histórico, representa un paso obligado para ingresar en la Unión.
Por estos motivos, Alianza Nacional, habiendo ya expresado en el pasado su opinión favorable a la ampliación de la Unión a Turquía, se va a abstener en la votación de hoy como una señal más para invitar al Gobierno y al pueblo turco a que procedan a solucionar estas cuestiones rápidamente.

Roure
 - (FR) Nos enfrentamos a un peligro terrorífico: el olvido.
Debemos recordar los horrores de la Historia si no queremos revivirlos. El genocidio armenio forma parte de dichos horrores, y ese dolor sólo puede aliviarse si se le reconoce.
Reconocer el genocidio armenio es reconocer la dignidad de la persona.
No podemos olvidar al conjunto de la población armenia deportada a los desiertos de Mesopotamia; a los armenios de Anatolia oriental deportados en 24 horas; el fusilamiento de los hombres sanos, la persecución de las mujeres, los niños y los ancianos, que han recorrido cientos de kilómetros andando, sin asistencia sanitaria y sin alimentos, siendo atracados, violados, degollados, por el camino; a los armenios de Cilicia y de Anatolia occidental deportados en 1915; el asesinato de 600 personalidades armenias en Constantinopla; al más de un millón de armenios exterminados en poco más de un año, es decir: casi la mitad de la población armenia otomana.
Los testimonios nos refieren el mismo calvario de las poblaciones civiles armenias. Les recuerdo la resolución de 1987, que pedía a Turquía que reconociese el genocidio armenio, como condición previa para la adhesión a la Unión Europea.
He votado a favor de las enmiendas que piden dicho reconocimiento, hoy, para continuar con este testimonio y para reconocer el dolor de un pueblo.
Turquía saldrá fortalecida en el concierto de las naciones cuando acepte mirar su pasado.

Souchet
 - (FR) Lo que el informe Morillon nos demuestra es simplemente el hecho de que no hemos acabado de pagar lo absurdo de la decisión adoptada en la Cumbre Europea de Helsinki en el sentido de considerar a Turquía, al igual que a Polonia, como un país plenamente europeo y acreditado para ingresar en la Unión Europea, con todas las consecuencias prácticas que se derivan de ello (estrategia de preadhesión, etcétera). Les recuerdo el texto exacto de las conclusiones de la Presidencia, en el apartado 12: "Turquía es un país candidato calificado para unirse a la Unión, basándose en los mismos criterios que aquellos que se aplican a los demás países candidatos".
Todos saben que esta decisión está cubierta de hipocresía. En cualquier caso, el engranaje creado actúa y nos impondrá su lógica hasta el momento en que la ambigüedad será tan insostenible que se desembocará inevitablemente en una crisis profunda y grave de nuestras relaciones con Turquía.
Algunos dirán que se puede alargar la situación, multiplicar las condiciones y ampliar hasta el infinito los criterios de Copenhague, para retrasar el momento en que habrá que discutir con Turquía sobre la libre circulación de trabajadores.
Estas segundas intenciones son indignas de Europa e indignas de Turquía. Con la gran nación turca y con el gran pueblo turco debemos utilizar un lenguaje franco y respetuoso, no un doble lenguaje que da lugar a los peores desengaños y a humillaciones inaceptables.
No se trata en absoluto de alejar a Turquía de Europa, como dice Cohn-Bendit. Se trata simplemente de comprobar que la geografía y la Historia han convertido a la Turquía actual en un país que no es europeo. En cambio, frente al odio de las realidades, se trata de respetar plenamente la dignidad del pueblo turco, sin tratar de imponerle el comportamiento que debe seguir y buscando desarrollar con éste una estrecha cooperación.
La ambigüedad del proceso de preadhesión impide el desarrollo de una verdadera cooperación sobre bases sanas y claras entre Turquía y Europa, cuando existe un poderoso interés común para que Turquía, con su influencia y su peso, con las relaciones privilegiadas que mantiene actualmente con los países del Asia Central turcófona, constituya un potente factor de estabilidad en una región que verdaderamente lo necesita.

Titley
. (EN) En nombre del Partido Laborista del Parlamento Europeo, acojo con satisfacción el informe del Sr. Morillon. Creemos que Turquía debería recibir el mismo trato que cualquier otro país candidato. Aunque es evidente que Turquía no cumple aún los criterios de Copenhague, deberíamos trabajar estrechamente con dicho país para que alcance ese objetivo; como hemos hecho con todos los demás países aspirantes.
No podemos seguir insistiendo en encontrar nuevos obstáculos que obstaculicen su camino. Estamos en contra de las enmiendas sobre la masacre de los armenios precisamente por esa misma razón. Aquel acontecimiento ocurrió en tiempos del Imperio Otomano. No recuerdo que se haya utilizado ningún acontecimiento ocurrido durante el Imperio Británico para obstaculizar la adhesión del Reino Unido.
La coherencia y la honestidad deberían ser los distintivos de nuestras negociaciones con cualquier país candidato.
Informe Jové Peres (A5-0275/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, usted sabe que entre los peces se ha difundido la noticia de que yo los defiendo. En efecto, muy preocupados por la crisis de las vacas locas, al enterarse de este informe del Sr. Jové Peres - en que nos preocupamos justamente de que no se puede controlar cuántos buques van a faenar en un caladero y cuántos en otro - me han sugerido que recuerde a la Comisión que sería conveniente dotar estos buques de un aparato de control por satélite - igual al que tienen muchos vehículos - con el fin de que la Unión Europea sepa cuántos buques están pescando en un determinado caladero y cuántos en otro, y esto para evitar que haya demasiados pescadores, dado que también a los peces les gustaría que los dejasen vivir su vida y convertirse en peces pensionistas.

Berthu
 - (FR) Hemos votado en contra del informe Jové Peres sobre la participación de la Comunidad Europea en las organizaciones regionales de pesca porque exige en este ámbito transferencias de soberanías nacionales que serían totalmente contraproducentes.
Desde hace varios años, como miembro de la delegación para las relaciones con Canadá, he podido observar el funcionamiento de una de estas organizaciones regionales, la OPANO (Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental), en la que participan los Estados de esta región, entre ellos Canadá, así como todos aquellos que utilizan en este lugar zonas de pesca tradicionales, entre ellos Francia, España y otros países europeos. Cada Estado miembro dispone en principio de un voto en el proceso de decisión. Ahora bien, desde el momento en que los Estados europeos afectados decidieron comunitarizar esta cuestión y estar representados únicamente por la Comisión, sólo disponen de un único voto. Así, el primer resultado de la unificación de nuestras fuerzas fue pasar de seis a un voto. Los países europeos tienen, en conjunto, el mismo número de votos que, por ejemplo, Cuba.
Esta situación no preocupa a los federalistas, para quienes, desde el momento en que la Comisión habla con una sola voz, somos más fuertes. Desgraciadamente, se trata de "una sola voz" y también de un solo voto. Además, nuestras posiciones a menudo resultan debilitadas por nuestros mecanismos internos, en particular el ajuste previo al menor denominador común. En suma, nuestros intereses se hallan desvalorizados, no se los defiende con la fuerza necesaria y la Comisión desempeña sobre todo el papel de gendarme frente a los países miembros para exigirles que apliquen las decisiones obligatorias aprobadas, a veces en contra de la voluntad de éstos, en la organización regional de que se trate.
No sólo el informe Jové Peres desearía sistematizar esta situación con respecto a las organizaciones regionales existentes y a aquellas que se están creando, sino que querría, además, reforzarla y acabar con la costumbre de la Comisión de recurrir al apoyo de técnicos procedentes de diferentes Estados miembros. Para el informe sería necesario, pues, que la Comisión contratara personal y dispusiera de los créditos correspondientes para ello.
No podemos aceptar ninguna de estas orientaciones. Nosotros consideramos que el sistema actual de representación por la Comisión nos debilita en lugar de fortalecernos, y deseamos que cada Estado europeo siga estando plenamente representado en el seno de las organizaciones regionales de pesca, aunque es deseable, evidentemente, que los miembros coordinen sus posiciones.

Farage
. (EN) A pesar de que el informe Jové Peres trata, aparentemente, sobre recursos pesqueros, veo en él una agenda mucho más siniestra. Por ejemplo, vemos declaraciones como: "... el desarrollo de una verdadera política común de pesca exige que las potestades de control de la actividad pesquera sean competencia de la Comisión"; "... el establecimiento de un sistema de control de las pesquerías verdaderamente comunitario supone siempre una cierta transferencia de soberanía a las instituciones de la Unión"; y "... la Unión Europea no es una confederación de Estados, sino un sujeto de derecho internacional de naturaleza 'sui generis', en el que ... existe una voluntad de integración económica, social y política...".
Luego está la observación de que: "... la carencia de recursos humanos y materiales suficientes obligue a la delegación de competencias de la Comunidad a las administraciones de los Estados miembros...", con la opinión de que esta situación no puede prolongarse indefinidamente.
La respuesta del ponente es conceder, de hecho, a la Comunidad los recursos para que asuma el control directo sobre el control de las pesquerías. Esto revela la auténtica ambición de la Unión Europea - la adquisición continuada de potestades hasta convertirse en un Superestado omnipotente. No se contentará hasta que su flota de cañoneras, enarbolando las banderas del "anillo de estrellas", vigile el cumplimiento de sus políticas de pesca.
Mi partido no puede apoyar el presente informe.

Musotto
. (IT) En este período, el sector europeo de la pesca está haciendo frente a una serie de retos derivados de una creciente competencia debida a la mundialización del mercado de los productos de la pesca. Se advierte asimismo una mayor necesidad de proteger el medio ambiente marino y la gestión racional de los recursos explotables. En este contexto, parece necesario incrementar la cooperación internacional y procurar que la Comunidad refuerce su participación con vistas a establecer una normativa sobre los recursos piscícolas.
El principal instrumento para lograr una cooperación más estrecha son las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) que desempeñan un papel fundamental en el ámbito internacional, pero que carecen de recursos humanos para garantizar una satisfactoria representatividad de la Comunidad.
Las ORP son un instrumento especialmente apto para conseguir los objetivos establecidos en virtud de las especificidades regionales, pero sobre todo contribuyen a la gestión racional de los recursos, al reflejar las características específicas de las zonas de pesca. En este contexto, teniendo en cuenta la importancia de las ORP para el futuro de la política común de pesca y el diferente nivel de organización, competencias y desarrollo de cada una de ellas, es necesario que la Comunidad adecue su participación en función de las características respectivas y armonice su papel en el seno de las treinta ORP existentes, al objeto de que sea más rápida la transposición al Derecho comunitario de las recomendaciones adoptadas en el seno de las mismas.

Souchet
- (FR) Sin repetir la excelente argumentación desarrollada por mi amigo Gallagher sobre el texto que se ha sometido a votación, desearía ampliar el debate al conjunto de los casos en que nuestros países están representados por la Comisión ejecutiva en las negociaciones internacionales. Mis observaciones son válidas, evidentemente, para el asunto que hoy nos ocupa: la representación de la Comunidad Europea en el seno de las organizaciones regionales de pesca, pero también se aplican a las negociaciones llevadas a cabo, por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Si la Comisión ejecutiva tiene el poder de representar a la Comunidad y de negociar en un foro internacional, es porque ésta ha recibido para ello el mandato del Consejo. Por consiguiente, conviene que dicho mandato esté claramente definido con respecto a su duración y a su contenido y que sea objeto de un seguimiento riguroso por el Consejo.
En muchos asuntos, y es el caso de la pesca en algunas regiones del globo, el interés de los Estados miembros es muy desigual. A algunos de ellos no les afectan ciertas regiones pesqueras. Es indispensable, pues, que los Estados miembros directamente afectados puedan defender por sí mismos sus intereses participando en la mesa de negociaciones, ya que la Comisión desempeña un papel de apoyo técnico. De lo contrario, una representación exclusiva de los intereses europeos sólo en beneficio de la Comisión terminaría por debilitar la influencia y el peso de Europa en estos foros. Europa sólo dispondría, en efecto, de un puesto y la posición que se defendería sería, fatalmente, el menor común denominador establecido basándose en posiciones de un conjunto de Estados miembros con intereses diversos.
Lo importante no es, pues, satisfacer la voluntad de hegemonía de la Comisión y debilitar la posición de Europa, lo que estaría en contradicción con una correcta aplicación del principio de subsidiariedad. Por el contrario, en todas las negociaciones internacionales de las que la Unión Europea forma parte, es importante efectuar una revisión estricta del propio papel de la Comisión, que en ningún caso debe desempeñar un papel de sustitución, sino, al lado de los Estados miembros afectados, un papel de apoyo y de coordinación. No estoy del todo seguro de que este sea el camino que se dispone a emprender la cumbre de Niza... pero aún no es tarde para que los Estados miembros rectifiquen.

El Presidente
Con esto hemos llegado al final del turno de votaciones. ¡Gracias a quienes se han quedado hasta el final!
(La sesión, interrumpida a las 13.27 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Incineración de residuos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-321/2000) del Sr. Blokland, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación (C5-0371/2000 - 1998/0089 (COD)) sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la incineración de residuos.

Blokland
. (NL) Señor Presidente, cuando hace tres años se me nombró ponente para la modificación de una directiva referida a la incineración de residuos peligrosos, no podía suponer cuál sería el resultado. Lo que en un principio era un asunto menor se convirtió en un extenso documento al unir en una sola directiva los residuos peligrosos y los no peligrosos. Mi sugerencia de unión contó con el apoyo del entonces Presidente del Consejo, el señor Trittin, y de la Comisión Europea de los que la decisión del Parlamento de unir tres directivas apenas encontró oposición. Esta unión permitió pulir la legislación comunitaria. Lo que no funcionó tan bien fue que la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura no fueron aceptadas por el Consejo.
En un acto de sobriedad, el Parlamento Europeo se limitó a adoptar dieciséis enmiendas en la segunda lectura. Desde el primer momento se puso de manifiesto la necesidad de la conciliación debido a que el Consejo no pareció aceptar estas enmiendas.
Con el fin de evitar una costosa y compleja conciliación se iniciaron negociaciones informales para tratar de llegar a un compromiso. La disposición del Parlamento Europeo para acelerar el procedimiento sí que exigía flexibilidad por parte del Consejo. Aquí se produjo el conflicto debido a las posturas enfrentadas. Finalmente, tras arduas negociaciones se llegó a un resultado que merece la pena defender. Como ponente, lo hago con plena convicción. Durante todo el período, he podido colaborar de forma positiva con los representantes del Consejo y con la Comisión Europea, además de saberme apoyado por la Comisión de Medio Ambiente y por su secretaría. Por este motivo deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos.
Quisiera citar tres razones por las que la directiva sobre incineración de residuos resulta tan importante. En primer lugar, porque se reducen de forma drástica las emisiones de dioxinas y de otras sustancias peligrosas. En segundo lugar, porque se proporciona al público un acceso más amplio a la información referida a las instalaciones de incineración. En tercer lugar, porque se establece un tratamiento más igualitario para las instalaciones de incineración y para las instalaciones de co-incineración de residuos como es el caso de los hornos cementeros.
Sin embargo, aunque me muestro optimista acerca del resultado final de esta directiva, no puedo evitar que la incineración sea una solución de emergencia. Supone que no hemos sido capaces de prevenir los residuos y que la reutilización también ha fracasado. Afortunadamente, se han producido avances tecnológicos. Estos deben aplicarse a mejorar la durabilidad. Cito un ejemplo: El PVC representa 0,7% de los residuos incinerados. Según en Libro Verde de la Comisión Europea, la incineración de PVC plantea una serie de problemas. No debemos dudar en hacer frente con decisión a estos problemas. La tecnología aplicada a la durabilidad nos puede ser de gran ayuda en este sentido.
Por último, espero que dentro de algunos años podamos afinar aún más la directiva sobre incineración de residuos en estrecha colaboración con el mundo empresarial. Los ciudadanos que vivan en las inmediaciones nos lo agradecerán.

Grossetête
Señor Presidente, comparto al menos una evidencia con el ponente, nuestro colega, el Sr. Blokland: la incineración es quizá una fuente de contaminación importante, pero hoy es necesaria habida cuenta del bajo índice de reciclaje de residuos. Esta cuestión cobra toda su gravedad con el problema de las harinas de origen animal - a las que nos referiremos esta tarde - que habrá que destruir.
Así, el objetivo de esta propuesta tendente a sustituir tres directivas relativas a la incineración de residuos es mejorar la calidad del aire, del agua, de los suelos, la salud de las personas, reduciendo las emisiones de sustancias contaminantes vinculadas con las actividades de incineración y de coincineración, y sobre todo de dioxinas, de furanos y de metales pesados. Dicha propuesta permite, además, integrar los progresos técnicos realizados desde la década de los años 90. El resultado del procedimiento de conciliación es, pues, globalmente muy satisfactorio.
Se han aproximado los valores límite de emisión de las instalaciones de incineración y de coincineración, aunque teniendo en cuenta las diferencias técnicas que existen entre estas dos actividades. Siempre he estado de acuerdo con el proyecto común que considera que estos dos sistemas son complementarios y no opuestos. Hoy no es posible prescindir de ninguno de dichos sistemas de incineración. Por otro lado, es de lamentar que se hayan fundido ambos procedimientos de incineración con respecto a los residuos peligrosos y no peligrosos. El debate, en mi opinión, se ha complicado mucho, y siempre lo he denunciado. El método de trabajo no me parece bueno, y creo que no debemos comportarnos de esta manera en cuestiones como la que nos ocupa.
Sin embargo, esta tercera lectura nos satisface porque establece condiciones más rigurosas con respecto a los permisos de explotación. Nuestro Grupo, que quería evitar la confusión entre los residuos peligrosos y no peligrosos, comprueba que el texto actual establece claramente procedimientos de recepción y de tratamiento diferentes, adaptados a los tipos de residuos de que se trate, ya que deben tomarse precauciones suplementarias con respecto a los residuos peligrosos. Concluiré, señor Presidente, manifestando que el Grupo PPE/DE está satisfecho del trabajo realizado en esta tercera lectura.

Lund
Señor Presidente, en primer lugar creo que existen motivos suficientes para dar las gracias al Sr. Blokland, a la Comisión y al Consejo por la colaboración mantenida con relación a la directiva. Todos sabemos que ha sido un proceso largo y muy complicado compilar los requisitos para la incineración de residuos tanto en lo que respecta a los residuos peligrosos como en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. Quiero destacar sólo tres objetivos fundamentales que podemos alcanzar con la directiva. En primer lugar, se da un paso fundamental hacia la reducción de las emisiones de las sustancias peligrosas y contaminantes provocadas por la incineración. Sustancias que son muy perjudiciales para la salud pública y dañinas para el medio ambiente. Esta reducción se lleva a cabo mediante los requisitos referidos al funcionamiento exigidos a las plantas, pero también con los valores límite de emisiones que ahora hemos establecido tanto para metales pesados y dioxinas como para otras sustancias. No obstante, también me parece importante destacar como novedad que ahora ya no se trata únicamente de las emisiones a la atmósfera sino también de las emisiones a las aguas y a la tierra.
El segundo punto que quiero señalar es que ahora los ciudadanos, como también mencionó el Sr. Blokland, estarán mejor informados sobre las emisiones de las incineradoras mediante los informes anuales que deben realizarse. Me parece un resultado muy importante. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre estos temas. Y por último, me gustaría subrayar que estableciendo los requisitos comunes que ahora todos deben cumplir, es de esperar que pueda ponerse fin a una parte considerable del llamado turismo de residuos. Ya no resultará tan atractivo desde el punto de vista económico exportar los residuos a otros puntos de la Comunidad donde los requisitos en materia de gestión de residuos sean más favorables. Como mencionó el Sr. Blokland, la incineración dista de ser la forma ideal de gestión de residuos. Es importante que sigamos apostando por mejores métodos de producción, por el reciclaje y por la reutilización. Esta apuesta debe ser priorizada claramente y preferida a la incineración. Creo que esta directiva resultará ser una contribución esencial a la mejora del medio ambiente.

Pohjamo
Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias al Sr. Blokland por la elaboración de este informe tan importante. La elaboración de esta propuesta de directiva ha sido un proceso difícil porque las circunstancias y las prácticas de los Estados miembros varían muncho entre sí y porque se trata de algo que afecta a muchos grupos con intereses diferentes. Como resultado final, tenemos ahora una propuesta relativamente equilibrada que establece unos límites estrictos para la icineración de todos los residuos, peligrosos y no peligrosos, mejora el estado del medio ambiente y hace posible también el aprovechamiento de los residuos en la producción eléctrica y térmica.
Uno de los puntos más difíciles fue definir la llamada icineración paralela. La mejor alternativa en algunos países, también desde el punto medioambiental, es la icineración de los residuos aptos para la quema en pequeñas instalaciones eléctricas y térmicas municipales, previa cuidadosa clasificación de los mismos. En los primeros borradores se exigía que estas instalaciones llevaran a cabo mediciones innecesarias, caras técnicamente y en algunos casos imposibles. La propuesta ha sido mejorada durante su elaboración. También es importante que la industria pueda seguir aprovechando los residuos no peligrosos en su propia producción de energía. En mi opinión, el problema también residía en que la directiva en cuestión se concentraba en detalles técnicos muy específicos, ante los cuales era muy difícil que los mismos expertos emitieran juicios inequívocos. Yo creo que el Parlamento debería limitarse a trazar las líneas generales, en cuyo caso los Estados miembros podrían tomar en cuenta las diferentes circunstancias y continuar las prácticas consideradas óptimas desde el punto de vista medioambiental.
La propuesta de directiva relativa a la icineración de residuos incrementa los costes de icineración, pero reduce las emisiones contaminantes y mejora el estado del medio ambiente. Durante su tramitación en el Parlamento, hemos conseguido presentar una propuesta bastante equilibrada que puede servir de base para la actuación en todo el territorio de la Unión.

Evans, Jillian
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Blokland por su excelente labor en el presente informe y ofrecer el apoyo de mi Grupo al texto de compromiso. El endurecimiento de la legislación sobre vertidos ha dado lugar a un aumento importante de la incineración de residuos y, por experiencia propia en mi circunscripción del País de Gales, sé que la incineración de residuos peligrosos y no peligrosos despierta tanta preocupación, en términos de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, como los vertidos.
Es fundamental que no sustituyamos una práctica malsana e insostenible de eliminar residuos por otra semejante. La incineración no significa reciclaje. No es un método limpio y seguro de eliminar residuos. Es necesario financiar y fomentar alternativas que sean realmente sostenibles, y hay que invertir mucho más en investigación y desarrollo en lo que respecta a la prevención de residuos, dar nuevos usos a los productos y el reciclaje. Por todo esto, acojo con satisfacción estas normas sobre la coincineración de los residuos municipales y el transporte de residuos, que debería contribuir a poner fin al actual comercio de residuos, en el que las zonas con los operadores más económicos y las exigencias más bajas se convierten en las capitales de la coincineración de Europa.
En particular, acojo con satisfacción el compromiso de mejorar el acceso del público a la información sobre las instalaciones de incineración y la obligación de que los operadores de las instalaciones publiquen un informe anual sobre las emisiones. Una mayor transparencia, evidentemente, es de máxima importancia para las personas que residen en las proximidades de las instalaciones de incineración, pero además contribuirá a garantizar que los operadores de las instalaciones respetan los límites máximos de emisión establecidos.
La introducción de límites mucho más estrictos de emisiones de NOx para las nuevas instalaciones de coincineración, tales como los hornos de cemento, es otro paso adelante que servirá de incentivo para la reducción de emisiones, a pesar de que las normas propuestas no reflejan las mejores técnicas disponibles. En general, esta legislación tan necesaria creará medidas de salvaguarda para limitar los efectos más nocivos de la incineración sobre la salud y el medio ambiente y, espero, tendrá un efecto disuasivo respecto a la incineración con fines de lucro, que depende de la creación de cantidades cada vez mayores de residuos.

Korhola
Señor Presidente, quiero dar las gracias de forma especial al Sr. Bolkland por su colaboración durante todo este proceso. Una de las cuestiones más difíciles para la tramitación y conciliación de esta propuesta de directiva fue la consecución de un acuerdo en cuanto a las excepciones del campo de aplicación de la misma. El objetivo era establecer unas excepciones restringidas y formular una definición lo más clara posible. Creo que en este punto hemos conseguido que los objetivos ecológicos sean alcanzables, incluso con facilidad, a través de fórmulas que los hacen compatibles con el resto de las políticas comunitarias. El Parlamento también abogó por el incremento de la transparencia y por la mejora de las posibilidades de los ciudadanos para acceder a la información. Así, en el procedimiento de conciliación pudimos llegar al acuerdo de que las instalaciones que icineren más de dos toneladas por hora publiquen un informe anual sobre las emisiones producidas por su unidad y que, a su vez, las instalaciones más pequeñas sean catalogadas en listados abiertos al público. Los límites máximos para las emisiones establecidos en el Anexo de la Directiva fueron, sin duda, el punto más difícil de la misma. También en este aspecto se llegó a un buen resultado tras aprobarse la propuesta del Parlamento sobre una reducción de los límites máximos del óxido de nitrógeno producido por los hornos de cemento utilizados para la icineración paralela. Personalmente, logré que se incluyesen en el informe algunas modificaciones que eran vitales para proseguir las prácticas de icineración paralela adoptadas hace años en Finlandia, prácticas más ecológicas aún que las contempladas por la propuesta de directiva que vamos a aprobar ahora. Me siento muy satisfecho de ello porque, como nuevo miembro de la comisión que entra directamente en la segunda lectura, la tarea no ha sido fácil.
El informe del diputado al Parlamento, Sr. Blokland, que ha llegado ahora para la tercera lectura, ha sido para muchos de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente elegidos por primera vez al Parlamento la primera prueba de madurez, durante la cual hemos aprendido los procedimientos del Parlamento. Con todo, es sorprendente lo bien que funcionan los procedimientos adoptados por las instituciones. Está justificado que consideremos bueno el resultado final. En cualquier caso, esto ha sido posible en gran medida gracias al auténtico deseo de colaboración mostrado por cada una de las tres instituciones. Las acciones de la Presidencia portuguesa y de la Presidencia francesa han sido constructivas y hay que mencionar, sobre todo, el papel de la Comisión, que contribuyó decisivamente al nacimiento del resultado final. En mi opinión, esto debe servirnos de aprendizaje de cara al futuro y tenemos que encargarnos de que la cooperación por una Unión Europea más ecológica sea efectiva.

Wallström
. (EN) Señor Presidente, Señorías, pido disculpas - especialmente al Sr. Blokland - por haber llegado unos minutos tarde. No he podido oír su presentación, pero puedo imaginarme su contenido. En primer lugar, quiero expresarle mi agradecimiento por su excelente labor como ponente del presente informe.
El hecho de que esta directiva haya superado el procedimiento legislativo con tanta facilidad demuestra su gran importancia para todos los interesados. La presente directiva permitirá una reducción considerable de las emisiones de varios contaminantes especialmente dañinos en toda la Unión Europea, a pesar de que el volumen de incineración de residuos se incrementará durante los próximos años. La directiva no sólo contribuye a la lucha contra la contaminación atmosférica, sino que además cubre el vertido de aguas residuales, como ha dicho el Sr. Lund, procedentes de la limpieza de la emisión de gases, así como la calidad del agua procedente del propio proceso de incineración.
El procedimiento de conciliación fue difícil, pero hemos alcanzado un compromiso muy equilibrado y las enmiendas del Parlamento y del Consejo han mejorado la directiva. Ahora, el ámbito de la directiva es mucho más claro. Mejora el acceso del público a la información. Introduce límites más estrictos para las emisiones de los nuevos hornos de cemento que coincineran los residuos, como ha señalado la Sra. Evans. Ello ha sido posible, en buena medida, a la excelente labor del Parlamento Europeo y del ponente, Sr. Blokland.
Estoy convencida de que el texto conjunto establece el equilibrio justo - opinión que quedó reflejada ayer en las intervenciones de sus Señorías -, un equilibrio que incorpora un alto grado de protección ambiental junto con los intereses legítimos de todas las partes interesadas. Permítanme recordarles que la directiva no es más que uno de los instrumentos del concepto de gestión de residuos de la Comisión. La incineración de residuos es la fase final en el tratamiento de residuos, habida cuenta de la jerarquía en materia de residuos, y la Comisión no escatimará esfuerzos en que respecta a la reducción y el reciclaje de residuos, así como a su enfoque de una política de productos integrada. Naturalmente, el objetivo general es prevenir la producción de residuos.
Para terminar, la presente directiva es una contribución importante a la reducción de los efectos nocivos sobre el medio ambiente y los riesgos que éstos representan para la salud humana.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Seguro complementario de enfermedad
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0266/2000) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el seguro complementario de enfermedad (2000/2009 (INI)).

Rocard
 - (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, desde hace ya casi diez años las instituciones comunitarias realizan trabajos sobre el tema de la protección social, ámbito del cual la cobertura sanitaria constituye un elemento de capital importancia.
Hoy los Estados miembros, que siguen manteniendo sus propias responsabilidades en aplicación directa del principio de subsidiariedad, conocen problemas comunes que justifican un debate en el plano europeo. Los sistemas sociales se enfrentan a tendencias generalizadas con incidencias directas en su funcionamiento, en particular las consecuencias de veinticinco años de crecimiento débil, que han dado lugar al desempleo y la exclusión y han frenado la capacidad contributiva; las consecuencias del envejecimiento demográfico; las consecuencias de la aparición de nuevas patologías y, finalmente, los progresos de la investigación y la terapéutica, que han aumentado el coste de la asistencia sanitaria.
Más allá de las diversas situaciones nacionales, podemos, pues, comprobar, en todos los Estados de la Unión Europea, una disminución casi general de la cobertura obligatoria, una mayor importancia del papel que desempeñan los denominados sistemas de seguro de enfermedad complementarios y la agudización de factores discriminatorios.
En este contexto, he creído necesario realizar un enfoque más global de la protección contra los riesgos de enfermedad, teniendo en cuenta, naturalmente, el contexto institucional: responsabilidad de la organización y de la financiación de los sistemas de protección social por los Estados miembros, modelos sociales heredados del pasado, libre competencia que regula las normas del seguro.
Un objetivo prioritario al que deben converger los esfuerzos y las financiaciones de los sistemas obligatorios y de los sistemas complementarios es garantizar a los ciudadanos europeos un acceso a la asistencia sanitaria. Tomando como base el principio de que cada individuo tiene derecho a la asistencia médica y de que dicha asistencia sanitaria constituye un bien social cuyo acceso todos los Estados miembros deben garantizar, ya no es admisible que algunos se vean obligados pura y simplemente a renunciar a ella, dejando que surjan situaciones patológicas, desastrosas para nuestras sociedades.
El Consejo de Empleo y Política Social aprobó por unanimidad el 17 de octubre pasado, en Luxemburgo, una estrategia europea de lucha contra la exclusión social. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que será proclamada oficialmente en la cumbre de Niza, reconoce como valor común de referencia el derecho a la seguridad social y a la protección de la salud. El Parlamento Europeo se honrará, en nombre de las discriminaciones y de la lucha contra las exclusiones y en el respeto de las responsabilidades de cada uno, en dar un fuerte impulso a la creación de un dispositivo que permitirá que exista concretamente el principio esencial de solidaridad.
Con este propósito, señor Presidente, señora Comisaria, he requerido el dictamen del Comité Económico y Social europeo, que nos ha sido muy útil, en una comunicación aprobada por una muy amplia mayoría. La opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como las propuestas de su ponente, Ioannis Marinos, han dado lugar a numerosos debates y favorecido la aprobación de textos de compromiso. Finalmente, en el seno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que tengo el honor de presidir, se ha obtenido un amplio consenso.
El dispositivo propuesto tiene varios ejes. Primer eje: el desarrollo de una visión común de un servicio universal que permita el acceso a la asistencia médica esencial en un plazo razonable. Segundo eje: la creación de un control comunitario de los sistemas sanitarios y de su capacidad para responder a las necesidades: recogida de datos estadísticos cotejables, búsqueda de cooperaciones y compartir las mejores prácticas. Dicho control debería organizarse en el marco de la ampliación de los cometidos de una agencia comunitaria ya constituida. Tercer eje: la presentación por la Comisión Europea, como se lo pedimos, dentro de un plazo de seis meses - señora Comisaria, será un trabajo considerable -, de un Libro Verde en el que se examine la posibilidad de establecer un marco para los sistemas de seguro de enfermedad complementarios y se propongan las iniciativas legislativas pertinentes.
Se trataría preferentemente de una propuesta de recomendación con respecto a los siguientes elementos: el reconocimiento por los Estados miembros de una noción común de servicio universal que regule el servicio básico, que permitirá que todos los ciudadanos europeos puedan acceder a la asistencia sanitaria necesaria; el establecimiento, en colaboración con los aseguradores privados, de una garantía del respeto del principio de no discriminación; la organización de una mutualización de los costes para la asunción de los gastos de las personas y grupos que presenten graves patologías preexistentes y alentar a los aseguradores privados a que desarrollen acciones de prevención. Se trataría, en cambio, de una propuesta de directiva que incluya los siguientes elementos: la prohibición de utilizar información médica nominativa procedente de la investigación genética, un punto clave; la ausencia de examen de salud previo a la suscripción; la creación de una obligación de garantía vitalicia por parte del asegurador; la asunción mejor coordinada de las indemnizaciones para las personas que trabajan y se desplazan en el seno de la Unión y, finalmente, la creación de un mecanismo de mediación.
Habría que pensar en alentar y apoyar los códigos de conducta de los aseguradores celebrados sobre una base nacional o transnacional, y un foro anual debería efectuar el balance de estas cuestiones.

Marinos
Señor Presidente, agradezco al Presidente Sr. Rocard las elogiosas palabras con las que se ha referido a mi dictamen.
Los sistemas sanitarios complementarios han surgido, entre otras cosas, y además de todo lo que ha explicado el Sr. Rocard, por la necesidad de una mejor asistencia, que está relacionada con el avance de los medios terapéuticos y unos costes más elevados, cuya financiación crea serias dificultades a los sistemas nacionales de salud. No obstante, su necesidad se ha puesto de relieve por razón también de la creciente insuficiencia de estos sistemas nacionales de salud, a causa de su carácter público, y de su elevado coste, así como por la limitación de su financiación por los presupuestos estatales, financiación que se redujo sistemáticamente en todos los estados miembros durante la década de los ochenta y los primeros años noventa. Estas carencias, y el aumento de la demanda de mejores servicios sanitarios han sido y son cubiertas, cada vez más, por los sistemas sanitarios complementarios, subsidiaria y opcionalmente, ofrecidos por organismos públicos o privados, con fines lucrativos o no.
Se registran, sin embargo, grandes diferencias entre los diferentes países de la Unión, y faltan datos estadísticos pormenorizados comparables para poder constatar de manera fidedigna qué es lo que está en vigor en cada país, qué es -y dónde- lo que funciona mejor, cuáles son los puntos débiles, etcétera. Por esta razón, precisamente, en mi dictamen, elaborado por encargo de la Comisión de Política Económica y Monetaria, se subraya la necesidad, antes de legislar normas comunitarias sobre los seguros complementarios de enfermedad, de que la Comisión prepare un Libro Verde que recoja y sistematice todos estos datos ahora dispersos y toda la información al respecto. Sobre la base de las conclusiones que resulten del Libro, podremos legislar normas generales para todos los estados miembros que garanticen unos seguros complementarios de enfermedad de mejor calidad; seguros que cubran adecuadamente las necesidades incluso de las capas más desfavorecidas de la población. Estas normas deberán preservar el carácter subsidiario de los sistemas complementarios, facilitar la competencia bien entendida y no poner trabas a la eficacia y agilidad del sector privado, así como a su viabilidad.
Quisiera, finalmente, señor Presidente, señalar que el ilustre ponente del informe, el Sr. Rocard, ha tomado ampliamente en consideración las recomendaciones de la ciencia y muchas de las sugerencias contenidas en mi dictamen. Quisiera también expresar mi agradecimiento a los colegas señores Pronk y Karas por su valiosa contribución a la redacción del informe.

Pronk
Señor Presidente, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al señor Rocard y también al señor Marinos por el sensacional informe que nos ocupa en el día de hoy. La cuestión de los seguros de enfermedad ocupa un lugar destacado en el orden del día europeo desde hace mucho tiempo pero las sentencias Kohll y Decker, en las que el Tribunal Europeo de Justicia decidió que la atención sanitaria recibida en el extranjero debía ser compensada por las aseguradores, ha otorgado una nueva dimensión a este debate.
El informe del señor Rocard que tenemos ante nosotros contribuye a que el debate acerca de la evolución de la seguridad social en Europa se avive en el marco del aumento de la competitividad y de la llegada del mercado sanitario comunitario. La modernización actual de la protección social tiene como uno de sus principales objetivos garantizar una protección sanitaria asequible. El carácter asequible de la atención médica es un aspecto que se debe tener en cuenta debido a que el debate acerca de la seguridad social no gira tanto en torno a la calidad, sino más bien en torno al coste de la atención médica. El Tribunal de Justicia ha enviado a los Estados Miembros de la Unión Europea un mensaje claro a través de las sentencias Kohll y Decker. Cada vez nos mostramos más positivos con respecto a la atención transfronteriza por lo que la acción del mercado se aplica progresivamente a la atención sanitaria. Aún no se sabe en qué medida y en qué momento. Los estudios y experimentos demuestran que no se producirá una avalancha de turismo médico. Sin embargo, resulta obvio que cada vez se va a hacer más uso de la atención al otro lado de la frontera. En este sentido resulta de gran importancia que el ciudadano ocupe el protagonismo en este proceso.
Esta cuestión tiene varias implicaciones para nosotros pero también para los sistemas nacionales. Nos enfrentamos a una cuestión de subsidiariedad. Los sistemas nacionales de atención sanitaria y el control sobre los seguros de atención sanitaria se regulan a nivel nacional, aunque esto no significa que no nos enfrentemos todos a los mismos problemas. Es justamente por este motivo por lo que resulta tan importante, y ese es sin duda el principal resultado del informe, que la Comisión redacte a corto plazo un libro verde sobre el seguro de enfermedad complementario. Esta es en realidad la pregunta que tenemos que plantear a la Comisión: ¿está preparada para ello? y, en caso afirmativo, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y es que se trata de algo muy importante. Las cifras de este ámbito no se pueden comparar entre sí a pesar de todos los esfuerzos realizados, por lo que resulta clave que exista un libro verde de este tipo.
Por lo demás, existen numerosos deseos en el ámbito de la atención sanitaria. Gran parte de estos deseos tienen carácter nacional, aunque esto no significa que no debamos realizar comparaciones. Hasta hoy, este tema se ha considerado tabú en cierta medida. La sentencia Kohll y Decker ha supuesto un avance. Asimismo, creo que este informe del señor Rocard también supone un avance en este aspecto, aunque es primordial que la Comisión tome en este momento la iniciativa y ponga efectivamente un libro verde sobre la mesa. A continuación, veremos el modo de continuar.

Ettl
Señor Presidente, señoras y señores, es bonito escuchar aquí cómo personas de todos los Grupos que se ocupan de la política social se muestran dispuestas a lograr un consenso. Manifiesto mi gratitud hacia el ponente, gracias, Michel, por haber tomado la iniciativa de tratar el problema del seguro complementario de enfermedad ya mismo, antes de que sea demasiado tarde.
Quisiera desarrollar algunas reflexiones generales. Jamás nos ha ido tan bien como ahora. Es lo que demuestra entre otros factores el hecho de que cada diez años nuestra esperanza de vida aumenta en tres años, y no es porque llevemos una vida más sana. Nos hacemos más viejos porque los conocimientos médicos se duplican cada cinco años. ¡Por otra parte, los cuidados médicos cuestan cada vez más dinero! Ello no obstante, todo el mundo, sin excepción alguna, debe poder acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. Así, Europa se convierte en una Europa social, y esto es lo que debe diferenciarnos de los demás. Los Estados Unidos nos sirven a menudo de "ejemplo" para la libre economía de mercado, pero cometeríamos un error garrafal si los tomáramos como modelo en materia de política sanitaria.
El sistema estadounidense nos enseña por ejemplo que los gastos sanitarios calculados en relación con el producto nacional bruto casi duplican la media de la Unión Europa, y que en los Estados Unidos sigue habiendo 40 millones de ciudadanos que no pueden sino optar a un régimen de seguro defectuoso o insuficiente. Ello no tiene nada que ver con una política social inteligente.
Por eso mismo, la Unión Europea pretende desarrollar el seguro de enfermedad y el seguro complementario de seguridad de tal forma que se pueda alcanzar una solución que no vaya en detrimento de la calidad y no excluya a los grupos sociales más débiles.
El debate comunitario sobre el seguro de enfermedad no puede estancarse. Mientras las condiciones de los seguros complementarios no estén definidas a escala europea habremos de manejar los sistemas existentes con muchísimo cuidado. Corremos el peligro de que debido a la presencia de graves riesgos los ciudadanos con problemas de salud y las personas mayores tan sólo puedan contratar un seguro privado limitado, lo cual es incompatible con la evolución social. Razonamientos erróneos de este tipo no caben en la Unión Europea. Por eso mismo, en una primera fase nos parece necesario y útil que se elabore cuanto antes un libro verde en el que se examinen las prestaciones de los seguros complementarios de enfermedad en Europa. Luego tendremos que definir normas mínimas para los seguros complementarios europeos, en el supuesto de que deseemos crear y desarrollar una asistencia sanitaria uniforme y socialmente equilibrada en la UE y, de este modo, abogar por una Unión social. Es esto lo que queremos ¿verdad?

Jensen
Señor Presidente, también yo deseo dar las gracias al Sr. Rocard por su informe de iniciativa, aunque no esté de acuerdo con su intención originaria, que era establecer regímenes de seguros de enfermedad complementarios solidarios en todos los países comunitarios con un conjunto de normas comunitarias para tales regímenes. Sin embargo, apoyo que la Comisión destape en un libro verde las circunstancias relativas a los seguros de enfermedad centrándose especialmente en los seguros de enfermedad y en las actividades transfronterizas, y con ello observe si es necesario llevar a cabo iniciativas adicionales. Los seguros de enfermedad son una responsabilidad nacional, los sistemas son diferentes, no obstante, es verdad que el creciente número de ancianos y las demandas crecientes a las que debe responder el sector sanitario indican que los sistemas se hallan bajo presión económica. Éste es un problema que reclama soluciones muy diversas, entre ellas, una mejor organización y agilización de la asistencia sanitaria, de modo que se consiga mayor calidad por el mismo dinero, sin olvidar los nuevos métodos médicos que pueden llevar a tratamientos tanto mejores como más baratos.
En principio, soy partidaria de que el dinero siga en la medida de lo posible al paciente, de modo que el paciente y no el sistema sea el centro de atención, y a este respecto los regímenes de seguros de enfermedad similares a los seguros generales y los regímenes de seguros complementarios ciertamente están justificados. No obstante, cada país ha de decidir por sí mismo qué prefiere. Sería un error que la UE elaborase normas sobre, por ejemplo, informaciones sanitarias o que exigieran que se asegurara a todo el mundo, destruyendo con ello la diversidad de regímenes de seguros de enfermedad existente hoy en día en muchos países y que funcionan sobre principios actuariales. Es verdad que con respecto a enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer y el sida, debe existir un sistema solidario y obligatorio, que garantice a todos un buen tratamiento. Los regímenes de seguros de enfermedad complementarios deben ser precisamente eso, complementarios, por ejemplo, para los que están dispuestos a pagar por un servicio extra, o para cubrir los gastos de enfermedades más banales y frecuentes, en las que pueden hacerse fácilmente los cálculos actuariales.

Flautre
Señor Presidente, el debate posterior a la presentación de este informe por propia iniciativa ha puesto en evidencia dos concepciones; una de ellas es, desgraciadamente, bastante recurrente, y consiste en favorecer la mercantilización de todos los aspectos de la vida. La misma pretendería convertir el seguro de enfermedad complementario en un objeto de proyecto, sometiéndolo a los actores y a las normas puras y simples del mercado interior. Según dicha concepción, la orientación del mercado de seguros de enfermedad complementarios con fines de lucro es adquirir, de manera creciente y determinante, una función de complemento de los regímenes públicos de base. Esta visión menosprecia las mutuas con fines no lucrativos, actores esenciales del seguro complementario en muchos Estados miembros.
El segundo punto de vista ilustrado por la intención inicial del ponente y compartido por muchos colegas consiste en promover las reglamentaciones y los códigos de conducta necesarios para instaurar, entre aseguradores, las formas de mutualización de los costes - garantizando a todos la prestación de una asistencia sanitaria de buena calidad - y para evitar los riesgos de que se desarrollen prácticas discriminatorias, así como una selección de los riesgos y de los clientes.
El informe de Michel Rocard que hoy se nos presenta, enmendado en comisión, demuestra la dificultad que existe para superar estas contradicciones. Las enmiendas que proponemos en nombre de los Verdes recomiendan que se consideren las siguientes preocupaciones.
Ante todo no somos de aquellos que se resignan a aceptar la disminución de la parte relativa a los gastos públicos en el gasto sanitario. La evolución demográfica, las consecuencias del envejecimiento y el aumento de la demanda de asistencia sanitaria deben ser debatidas públicamente. Corresponde a los habitantes de la Unión decidir sobre el resultado de dicho debate social y sobre el volumen de medios que es necesario asignar para garantizar el derecho fundamental a la protección social. La transferencia creciente de la asunción de los regímenes de base hacia regímenes complementarios presenta el doble inconveniente de reducir las obligaciones de dichos regímenes, al tiempo que fragiliza los sistemas mutualistas sin fines de lucro, que rechazan la selección de los riesgos.
Nosotros proponemos incluir en el informe el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria para todos, más que el sólo reconocimiento de un servicio de base accesible a todos, y proponemos evitar cualquier riesgo de discriminación o de selección de riesgos, lo que supondría, en nuestra opinión, la legalización de exámenes de salud previos a la suscripción de seguros complementarios, como se establece en el punto b) del apartado 11.

Schmid, Herman
Señor Presidente, hace algún tiempo sufrí una grave lesión al menisco. Me dirigí entonces al hospital donde se me dijo que tenía que esperar tres semanas para hacerme un examen y dos semanas más para hacerme una operación que era absolutamente necesaria. Entonces dije: " ¡Pero si apenas puedo caminar! ¡Necesito ayuda inmediata! ¿Pueden atenderme de urgencia?" . Entonces se me contestó: "Todos los que están en la cola tienen la misma urgencia" .
Más adelante se vio que había una manera de ser atendido. De repente se me informó que si tenía un seguro privado de enfermedad o si yo podía pagar el coste total me podía atender de inmediato el mismo médico al que hubiera tenido que esperar dos meses. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero elegí esta última solución. Me operaron inmediatamente y por eso puedo estar hoy aquí. En caso contrario, habría estado en mi casa, en la cama y con la pierna hecha un paquete.
Sin embargo, hay algo que no está bien, ya que cada vez que se da prioridad a un paciente que paga, otras personas tienen que esperar aún más tiempo con sus dolencias. Ya sean pacientes comunes o que pagan, se usan los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas camas y los mismos recursos del sector de la sanidad. Esto significa que cuanto mayor sea el sector de los seguros de enfermedad, menores serán los recursos disponibles en la sanidad social.
Opino que es absolutamente erróneo que el dinero sea el factor determinante para ponerse primero en la cola. Cuando se implante el sistema de seguros complementarios de enfermedad para quienes puedan pagar, o que tengan un empleador que pueda pagar, se podrá hablar de lo que se menciona en el informe, es decir, de diferencias entre una sanidad básica para la "gente común" y una sanidad de alta calidad para quienes puedan pagar.
Mi Grupo opina que hay que oponerse a esta organización clasista. Queremos las mismas normas solidarias para todos. Obviamente está bien que se trate de controlar la situación existente en la actualidad, cosa que propone el Sr. Rocard, pero lo más importante es impedir que los sistemas privados crezcan a costa de los sistemas públicos.

Bernié
Señor Presidente, el informe realizado por Michel Rocard sobre el derecho a la salud y a la protección social es alarmante. Alarmante, pero, desgraciadamente, pertinente. Durante la década de los años 90, un fuerte retroceso de las cotizaciones penalizó las cajas de salud. Resultado: la creación, en casi toda Europa, de un tique moderador que penaliza a los pacientes y una medicina preventiva que se encuentra en claro retroceso. Es necesario, pues, lograr mejorar el reembolso de los gastos. Me permito insistir en la especificidad del panorama del ámbito de los seguros en Francia, cuyo sector mutualista garantiza una buena gestión solidaria de la asistencia sanitaria.
En efecto, si cada vez más europeos acuden a los seguros complementarios para ser reembolsados, el sector mutualista sigue siendo la mejor garantía para la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria. Pienso, en particular, en la asistencia sanitaria peor reembolsada: los cuidados dentales, ópticos, etcétera. Para garantizar la continuidad de este sector, creo indispensable proporcionar a las mutuas una base legal en el ámbito de la cobertura complementaria. Creo igualmente indispensable evitar que la Comisión se ocupe de dicho sector a causa de la distorsión de competencia.
¿Quién podrá asegurarse de que las discriminaciones sobre la base de criterios sanitarios, de discapacitación o genéticos están prohibidas y que no se practican, si los seguros complementarios se rigen únicamente por la lógica de la competencia? Con la cartografía genética humana, es conveniente prohibir las pruebas genéticas y la utilización de sus resultados antes de la conclusión o durante el período de validez de un contrato de protección complementaria. Está en juego la salud de todos los ciudadanos de nuestros Estados miembros y la cohesión de nuestros territorios.
Las desigualdades regionales desde el punto de vista del desarrollo son lo suficientemente elocuentes. No añadamos una Europa de la salud de dos velocidades. Es necesario, pues, legislar, es evidente, pero respetando las especificidades y las tradiciones en el ámbito de los seguros de cada Estado miembro.

Menrad
Señor Presidente, señora Comisaria, la libre circulación y el aumento de los gastos sanitarios de los Estados miembros imponen, por una parte, un incremento del tique moderador dentro de los sistemas legales o a través de seguros complementarios privados y, por otra, una mejor coordinación del seguro privado en la Unión Europea.
Felicito de todo corazón al ponente, el Sr. Michel Rocard. Ha emitido un diagnóstico excelente. No obstante, tenemos algunos reparos en cuanto a su terapia. Destaco sus propuestas prácticas y sus sugerencias acerca de una posible solución, que se fundamentan en principios importantes, a saber, solidaridad, subsidiariedad y normas mínimas. Estamos plenamente de acuerdo con ello. Como ya ha señalado el Sr. Pronk, no somos partidarios de reclamar inmediatamente una directiva. La nueva propuesta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales nos parece correcta: primero se elabora un inventario en un libro verde y luego decidiremos si necesitamos una directiva o una recomendación.
La heterogeneidad de los sistemas también plantea problemas. En algunos Estados miembros el tique moderador adquiere dimensiones considerables. Puede llegar a representar, por ejemplo, el 40% de los gastos ocasionados por tratamientos ambulatorios. En dichos países los sistemas complementarios desempeñan un papel más importante que por ejemplo en Alemania, donde el 90% de la población está afiliado a un seguro de enfermedad legal obligado a ofrecer los necesarios cuidados médicos a todo el mundo. Especifiquemos brevemente cuál es el camino que ha de enfilarse en el futuro: una buena previsión personal en el ámbito social y mantenimiento del nivel de cobertura existente, en su caso mediante un seguro complementario de enfermedad irrevocable. Por otra parte, la gente necesita tiempo para acumular una previsión adecuada. Ésta es la alternativa para las manipulaciones y trucos perpetrados en el marco de los sistemas legales.

Van den Burg
Señor Presidente, me uno a quienes han felicitado a Michel Rocard por esta magnífica iniciativa que encaja en la mejor de las tradiciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento.
El informe se basa en la intención manifestada por el Consejo en 1992 de llegar a un convergencia de objetivos y de política en el ámbito de la seguridad social y que enlaza con los objetivos actuales expresados en Lisboa en relación con la cohesión social con respecto al desarrollo económico. Creo que la relación entre ambos elementos es muy positiva.
En mi aportación a la comisión he unido expresamente un tercer elemento que, en mi opinión, ofrece un argumento sólido para la actuación europea en el ámbito de los seguros de enfermedad y que consiste concretamente en la eliminación de los obstáculos a la libre circulación, y no sólo a la libre circulación de servicios de la que hablaba Bartho Pronk, sino también a la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Esto se refleja especialmente en el punto J y en los apartados 11 e) y f) y 14 de este informe. Los numerosos y, a menudo, graves problemas y ejemplos de la vida real me han llevado a plantear estas enmiendas. Me complace que el ponente y la comisión las hayan aceptado.
No es casualidad que me enfrente a este tipo de problemas desde mi origen holandés. En los Paísed Bajos disponemos de una combinación especial de elementos particulares y públicos, individuales y colectivos en un sistema de seguro de enfermedad que se ha visto sometido a numerosos cambios en los últimos tiempos. Sin considerar la cuestión de si los cambios han resultado positivos, en cualquier caso apenas se han tenido en cuenta los efectos de dichos cambios para los trabajadores fronterizos, para los holandeses que trabajan en el extranjero y, por ejemplo, para los alemanes y belgas que trabajan en los Países Bajos.
Desde el punto de vista de la coordinación europea, la actual combinación de un seguro social financiado a través de la fiscalidad para los residentes, un seguro obligatorio para los trabajadores hasta un techo de ingresos determinado y, además, un seguro particular con normas colectivas o individuales, resulta, sin duda, catastrófico. La parte correspondiente al seguro social no se rige por las normas de coordinación debido a que no se trata de un seguro de trabajadores y a que únicamente se aplica a los residentes. La parte correspondiente a los particulares se enfrenta a directivas que afectan a los aseguradores en el ámbito de la competencia.
En la actualidad, en los Países Bajos se está produciendo un debate acerca de la introducción de modificaciones estructurales en el sistema. En el Comité Económico y Social se prepara un dictamen a este respecto. Parece que finalmente se va a producir un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores en torno a un seguro básico en el que la acción del mercado y de la competencia entre aseguradores se combine con acuerdos acerca de un paquete básico obligatorio completado por un paquete amplio de elementos optativos que deberá someterse en cualquier caso a la obligación de aceptación y a una prima que no supere la media. Con ello se pretende evitar la clasificación en grupos de riesgo y la exclusión, garantizando una accesibilidad óptima para todo el mundo.
Afortunadamente, las partes que componen el CES se han dado cuenta de que la creación de esta combinación híbrida de elementos privados y públicos puede toparse con normativas contradictorias procedentes de Bruselas. Se ha solicitado con antelación información acerca de esta cuestión y se ha llegado a la conclusión razonable de que la totalidad del sistema debe englobarse en el sistema de seguros sociales. Esto simplificaría en cualquier caso la coordinación a nivel europeo para quienes trabajan al otro lado de la frontera.
Creo que se trata de un elemento que encaja en la estrategia de convergencia que pretende el informe. Asimismo, opino que la creciente movilidad laboral en Europa es necesaria y que constituye un argumento adicional para redactar un libro verde con medidas en relación con los gastos de enfermedad.

Markov
Señor Presidente, estimados colegas, el Sr. Rocard insta a la Comisión a que defina en un libro verde los rasgos propios de un seguro básico para los sistemas legales de seguro de enfermedad. Según esta filosofía todas las prestaciones que no forman parte de dicho seguro básico deben ser cubiertas por los seguros complementarios de enfermedad privados. Ello significa que el seguro de enfermedad legal que se ha venido construyendo sobre la base del principio de solidaridad quedaría reducido a un sistema sanitario a la carta. Los ciudadanos se verían obligados a invertir cantidades complementarias cada vez mayores en seguros complementarios de enfermedad privados, a fin de poder hacer frente a tratamientos costosos que hasta ahora eran financiados por los seguros de enfermedad legales. Así por ejemplo, los enfermos crónicos con pocos ingresos ya no podrán someterse a los tratamientos necesarios en el futuro. Por este camino vamos directamente hacia el desmantelamiento de las previsiones sociales y el abandono del principio de una asistencia sanitaria igualitaria, orientada hacia las necesidades de la gente y abierta a todo el mundo.
Rechazamos esta reforma antisocial. El artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales exige que se garantice el derecho de acceso de todos a la asistencia sanitaria preventiva y que se defina y aplique un elevado nivel de protección sanitaria. Ésta es la base de la que ha de partir la Comisión para elaborar una iniciativa y articular piedras de toque concretas que puedan convertirse en líneas directrices para los sistemas sanitarios de los Estados miembros. De este modo, la UE se convertiría en buque insignia de una Europa social y una asistencia sanitaria de alto nivel para todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos.
Es útil que se establezcan reglas para la coordinación de los seguros complementarios de enfermedad privados en la UE, siempre y cuando con ello se pretenda garantizar la libre circulación de personas y trabajadores. Coincidimos asimismo en que es necesario prohibir los tests genéticos y los exámenes médicos llevados a cabo en el marco de la selección de riesgos. Los seguros complementarios de enfermedad deben incluir una protección contra los riesgos de quiebra, insolvencia y fraude, pero no pueden promover el desmantelamiento del catálogo de prestaciones del seguro de enfermedad legal.

Bushill-Matthews
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente por su informe de propia iniciativa, en particular, porque es exactamente eso: un informe elaborado por propia iniciativa. El ponente afirma, especialmente en el apartado 17, que los sistemas de Seguridad Social estatales deben seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros y estoy muy de acuerdo con eso. El ponente pone de relieve la necesidad de abordar el tema de la atención médica a los turistas que visitan otros Estados miembros y, sin duda, se trata de un tema muy candente, como he podido comprobar por las numerosas cartas que he recibido de mis electores sobre este asunto.
Pero sobre todo, el ponente llama la atención, por ejemplo en el apartado 3, sobre los graves problemas relativos a la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de Seguridad Social en toda la UE, debido al coste cada vez mayor de los avances que incrementan las posibilidades de tratamiento y al aumento de la demanda por parte de una población cada vez más envejecida.
Es un tema que preocupa especialmente. Sin duda necesitamos ideas nuevas sobre este asunto, ideas que incluyan nuevas vías de colaboración entre los seguros de enfermedad públicos y privados. Su informe, señor Rocard, es una útil contribución a este debate, aunque espero que, por su parte, esté dispuesto a reconocer que las contribuciones realizadas en comisión, incluidas aquellas que hizo esta parte de la Asamblea, podrían haberla dotado de una utilidad aún mayor.
No hay duda de que ahora es menos preceptiva, lo cual es bueno. La financiación de la asistencia sanitaria varía entre los distintos Estados miembros y el papel de los seguros de enfermedad privados son, en la misma medida, diferentes. Incluso las definiciones de "suplementario" y "complementario" tienen connotaciones ligeramente diferentes en las distintas lenguas. Por ello, es poco probable que la respuesta sea una solución única y absoluta para todos los seguros médicos.
A condición de que se aprueben las enmiendas 2 y 3, que aceptan la sugerencia de un Libro Verde, pero no dictan de manera precisa cuál debe ser su contenido, ciertamente haré un llamamiento a mis colegas británicos para que voten a favor, aunque, propondré la abstención sobre la enmienda 16.

Alavanos
Señor Presidente, creo que el ponente Sr. Rocard tiene verdaderamente buenas intenciones; a mí, sin embargo, me ha producido la impresión de un hombre que se mueve en la cuerda floja.
Por una parte, cuando dice «solidaridad» cree, como socialista que es, en lo que está diciendo, pero no quiere asumir la gran responsabilidad de preservar el estado social y los sistemas de protección y seguridad social, que hoy soportan la presión tanto de los hechos objetivos cuanto de determinadas políticas. Por otra parte, no quiere tampoco caer por el otro lado, quiere aplicar una realpolitik, sin avanzar, no obstante, completamente hacia el modelo americano.
Entiendo que debemos tener mucho cuidado. Nos estamos moviendo realmente en la cuerda floja, y creo que las decisiones sobre los seguros complementarios que vayamos a imponer a todos los países miembros deberíamos tomarlas con toda cautela y precaución. Si los seguros complementarios son universales, darán lugar, sencillamente, a un aumento de las contribuciones de los trabajadores; si, por el contrario, son de carácter selectivo, darán lugar a discriminaciones, y esto queremos evitarlo. En este sentido, creo que lo esencial es contar con el estudio de la Comisión sobre los sistemas existentes y contar también con un estudio de la Comisión sobre el propio sistema americano y sobre los sistemas de otros países, de suerte que podamos hacernos una idea clara al respecto.

Pérez Álvarez
Señor Presidente, quienes nos hemos dedicado a lo largo de nuestra vida al estudio de las cuestiones sociales recordamos que los viejos manuales solían incluir una definición de la protección social como un conjunto de medidas de protección estatal para atención de riesgos económicamente evaluables, de concreción individual o familiar y a los que los individuos -la unidad familiar- no podían atender por sí mismos. Desde luego, la salud es uno de esos bienes que los individuos más valoramos, bien es verdad que muy frecuentemente cuando la hemos perdido o estamos en riesgo de perderla.
Es cierto, por lo demás, que los sistemas sociales, los sistemas de protección han venido sufriendo las influencias y las consecuencias de situaciones económicas, demográficas, sanitarias, etc. Y también es cierto que recesión económica, desempleo, exclusión social, aparición de nuevas patologías, envejecimiento poblacional -como también los progresos de la investigación, la mejora de las terapias, el desarrollo de las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento- han tenido honda repercusión en los niveles de cobertura socio-sanitaria obligatoria.
Es un hecho constatado y constatable que la protección de los europeos contra los riesgos derivados de las situaciones de enfermedad, maternidad o vejez -ésta con nuevas modalidades en los tiempos actuales, por el envejecimiento de la población- no está siendo atendida solamente por los sistemas sociales y estatales, y como tales imperativos y obligatorios, de seguridad o de protección social.
Nuestra jovencísima Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sus artículos 34 y 35, reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales y proclama al mismo tiempo el derecho de toda persona, que reside y se desplaza legalmente dentro de la Unión, a las prestaciones de la seguridad social y a las ventajas sociales con arreglo al Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales.
El seguro de enfermedad privado complementario -voluntario o no- coexiste con el sistema público obligatorio y puede constituir un medio para alcanzar una asistencia sanitaria de calidad en un tiempo determinado. Por eso, yo creo que debemos apostar por el contenido del informe del Sr. Rocard, al que felicitamos, que pide a la Comisión la prestación de un servicio, de un Libro Verde que nos permitirá conocer el estado actual de los seguros en los Estados miembros y también definir el futuro.

Cauquil
Señor Presidente, el presente informe, así como las explicaciones que lo acompañan se basan en un balance abrumador. Desde hace veinte años, la cobertura médica legal de los habitantes de Europa no deja de reducirse, y una parte de los gastos en el ámbito de la salud que quedan a su cargo aumenta constantemente. A un número creciente de la población se le reduce su nivel de vida a causa de empleos mal pagados, del paro, de la precariedad y de la exclusión, y ya no cuenta con los medios para ocuparse debidamente de su salud, incluso para acceder a la asistencia médica más elemental.
Frente a esta situación intolerable, el informe sólo pretende generalizar el recurso a seguros complementarios privados o mutualistas, y afirma que éstos serían la solución al problema. ¿Pero para quién? No, por cierto, para aquellos que deberían pagar más para curarse, cuando esta sociedad les niega los medios, sino ante todo para los aseguradores privados a los que los Estados han regalado el mercado de la salud.
Mediante este informe y algunas enmiendas se desearía imponer normas de no selección, sobre criterios de salud o de discapacitación, a los tiburones, como el asegurador Axa, que había multiplicado por diez las cotizaciones de padres con hijos discapacitados mentales. Como menos, votaremos a favor de la imposición de estas normas, pero no tenemos la intención de aceptar que dicha propuesta libere a los Estados de una misión literalmente vital de servicio público sanitario.
En el momento en que la medicina ha realizado progresos considerables, el hecho de reafirmar el acceso de todos a una asistencia sanitaria de calidad no es sino papel mojado, ya que la liberación de los Estados y la privatización creciente del ámbito de la salud no harán más que desembocar en una selección económica, en una desigualdad creciente con consecuencias...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Fatuzzo
Señor Presidente, tras dar las gracias al Sr. Rocard por su iniciativa, le pregunto si, como representante del Partido de los Pensionistas - que, por la larga vida de los ciudadanos y de los pensionistas, se considera casi el culpable de esta situación de crisis de la sanidad - podía dejar de intervenir en esta ocasión. Por contra, he de decir que el tema me condiciona, dado que usted, señor Presidente, me parece el jefe de servicio de un hospital, con la bata blanca, el estetoscopio y el martillo que golpea la rodilla del paciente.
Estamos debatiendo la asistencia médica pública y privada. Pero si la asistencia médica pública funciona tan bien, ¿por qué, por ejemplo, en Italia - vox populi, vox dei - la gente decía refiriéndose a la seguridad social: "saldréis sin salud y os quejareis"? ¿Por qué Alberto Sordi, el gran actor italiano, tuvo tanto éxito con una película titulada "El médico del seguro"? ¿Por qué el gran doctor Christian Barnard - que tuve la suerte de conocer la semana pasada en un congreso organizado por mi amigo Nisticò - a una pregunta que le formulé me contesto que cuando realizó el primer transplante de corazón en Sudáfrica, trabajaba en una clínica privada? ¿Por qué, como lamentablemente me ocurrió al ir a visitar a mi madre - que sigue viva, gracias a Dios - ingresada en un importante hospital público de Roma, se ve a gente que se está muriendo mezclada con los demás pacientes que comen y cenan alegremente?
Esto quiere decir que hay que reflexionar mucho sobre el porqué del fracaso de la asistencia médica pública. Creo que el motivo de dicho fracaso es que la asistencia pública se paga antes de curar al enfermo, mientras que la asistencia privada se paga después y si ha curado al enfermo. Por esto, junto con mis amigos pensionistas, pido a la Comisaria Diamantopoulou que se ponga la bata blanca de médico que cura la asistencia médica enferma de la Unión Europea, y que nos haga estar mejor.

Karas
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, en primer lugar quisiera dar las gracias a mis colegas los Sres. diputados Marinos, Pronk y Menrad, así como también a mi colega, el Sr. Ettl, por el apoyo que me han prestado a la hora de realizar mis enmiendas y de modificar el objetivo de este informe.
La financiación de la previsión sanitaria legal así como la financiación de los sistemas de pensiones ocupa el punto central de la discusión político-social y también político-presupuestaria en Europa. Ambas cosas tienen las mismas causas, la evolución demográfica, por un lado, y los avances sustantivos y técnicos en la medicina, por otro. Ambas se desarrollan sobre un modelo de tres pilares: el estatal, el empresarial y el privado. Todos sabemos que estos sistemas están configurados y entrelazados de distintas maneras y que tienen un espectro de prestaciones que varía mucho de un Estado miembro a otro Estado miembro.
Ambos sistemas tienen también disposiciones nacionales que obstaculizan la movilidad y la flexibilidad de los trabajadores en Europa y que incrementan los costes a los empresarios. Por consiguiente me satisface que el ponente haya estado dispuesto a pasar de su insistente exigencia de una directiva a un análisis concienzudo bajo la modalidad de un Libro Verde. Celebro que hayamos renunciado de trasladar a Europa el modelo francés 1:1, cosa que es no es posible en este campo. Necesitamos una definición conceptual de qué entendemos por seguro complementario. Creo que significa: voluntariedad, privada o de empresa, y que complementando la previsión sanitaria estatal...
(El Presidente retira la palabra al orador.)

Smet
Señor Presidente, antes que nada, deseo felicitar al señor Rocard por su informe. Tiene la misma trascendencia que el procedimiento iniciado en relación con lo seguros de jubilación complementarios. Para evitar malentendidos, quisiera subrayar de nuevo que el informe que nos ocupa se refiere a los seguros de enfermedad y no a la atención sanitaria como tal, aunque bien es cierto que no se pueden separar ambas cuestiones. El seguro de enfermedad complementario parte de un sistema legal de acuerdos y servicios. Este sistema garantizado por las administraciones debe ofrecer una atención sanitaria digna, suficiente, accesible y también económica. A medida que mejora el sistema, se reduce la necesidad de un seguro de enfermedad complementario. Sin embargo, los avances tecnológicos y la situación demográfica con la crisis de natalidad y el envejecimiento hacen que un seguro de enfermedad complementario no sea un lujo y se convierta, en determinados casos, en un elemento imprescindible. Esta situación se ve agravada debido a la reestructuración de los sistemas de seguridad social en determinados Estados Miembros. Asimismo, ésta constituye una ocasión inigualable para mostrar a las personas y a determinados grupos cuáles son sus responsabilidades a este respecto. Y es que, al igual que no podemos hacer que todo recaiga sobre el ciudadano de a pie, tampoco podemos exigir todo a las administraciones. El complemento de los mecanismos colectivos de solidaridad con seguros privados o colectivos choca de lleno con el principio de subsidiariedad.
En lo que respecta a las pensiones complementarias, la Unión Europea ya ha elaborado una serie de normas. Lo ha hecho a través de la redacción de un libro verde del que se desprende un proyecto de directiva. Se ha recopilado información, se han realizado estudios, se han analizado los sistemas en los distintos Estados Miembros, etc., y éste es también es el camino adecuado. Resulta obvio que los Estados Miembros tengan sigan siendo los responsables finales de sus sistemas de seguridad social. Sin embargo, si se ofertan seguros, incluyendo seguros complementarios de enfermedad, en un mercado común, también deberán existir normas comunes en relación con la competencia, insolvencia, discriminación, transparencia y cuestiones similares.

Helmer
Señor Presidente, el proyecto de informe original del Sr. Rocard contenía propuestas que podrían haber acabado con el mercado de seguros de enfermedad en Europa. Para las aseguradoras es fundamental que las tarifas sean proporcionales a los riesgos previsibles. Esto es válido para todo tipo de seguros, incluidos los seguros de vida, de automóviles y del hogar. De haberse llevado a cabo las propuestas originales de prohibir la discriminación por motivos de historial médico, las tarifas habrían resultado atractivas a los enfermos crónicos, pero no así a las personas que gozan de buena salud. La consecuencia de ello habría sido un predominio de los enfermos crónicos entre los contratantes del seguro médico. Esto, a su vez, habría creado un círculo vicioso de tarifas cada vez más altas y un descenso del número de asegurados que cada vez estarían más enfermos. Podría haber destruido el sector e imponer nuevas cargas a los sistemas estatales. Es un ejemplo clásico del intervencionismo socialista. Con su intento de eliminar la discriminación por motivos del estado de salud, el Sr. Rocard habría matado la gallina de los huevos de oro.
Me recuerda la historia del representante del gobierno que se dirigió a un hombre de negocios y le preguntó "¿cómo puede ayudarle el gobierno?" a lo que el segundo respondió "la mejor ayuda que pueden prestarnos es la no intervención". ¿Cuándo aprenderemos esta lección? Naturalmente, deberíamos fomentar un mercado fuerte y vibrante para los seguros en Europa. Asimismo, debemos apoyar la provisión estatal, al menos para aquellos con problemas graves de salud que no serían admitidos en el sector privado. La mejor forma de alcanzar estos objetivos es que el Estado no interfiera en el sector privado para que éste pueda seguir desarrollando sus funciones.
La nueva propuesta que se nos presenta es a favor de un Libro Verde. Es mejor que la propuesta original, pero incluso ésta va demasiado lejos. El Libro Verde de hoy se convertirá mañana en una legislación intrusa y perjudicial. La mejor ayuda que podemos prestar a este sector, y a los pacientes a los que atiende, es no intervenir.

Diamantopoulou
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento y dar la enhorabuena al Sr. Rocard por su informe, y felicitar al Sr. Marinos por la opinión de su comisión.
La Comisión saluda esta iniciativa, que llega en un momento crucial, porque acabamos de lanzar un debate político a nivel europeo sobre la reforma de la protección social. Es la primera vez que decidimos que existe la necesidad de cooperación a nivel europeo respecto a la reforma de los sistemas de protección social.
El presente informe subraya los retos económicos y sociales que representan las medidas relativas al seguro complementario de enfermedad y, naturalmente, el seguro complementario de enfermedad tiene actualmente una importancia fundamental, porque el sistema de seguro obligatorio necesita una reforma y porque las necesidades de asistencia sanitaria no dejan de crecer.
El informe dice que existe la necesidad de que la Comisión intervenga y, naturalmente, estamos de acuerdo. Primero, debemos tener en cuenta la gran diversidad que existe a nivel europeo. Existen enormes diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la definición y el funcionamiento de los sistemas, así como a la combinación entre el sector público y privado. A título de ejemplo, en lo que se refiere a las diferencias en el papel que desempeña el seguro voluntario y complementario de enfermedad, la población que cubren los mecanismos del seguro voluntario o complementario de salud oscila entre menos del 0,5% en Suecia y más del 85% en Francia. No obstante, estas cifras pueden inducir a error, puesto que tanto el concepto como la cobertura del sistema difieren considerablemente entre los distintos Estados. La Comisión intervendrá inmediatamente en el marco de sus competencias e intentaré responder a las conclusiones de su informe.
Primero, sobre la cuestión del Libro Verde, la complejidad de estos asuntos es tal que un Libro Verde puede parecer prematuro. No obstante, es fundamental elaborar un informe en profundidad sobre la situación y lo haremos lo antes posible. Naturalmente, tendremos en cuenta la amplia variedad de sistemas nacionales y el carácter complejo de los sistemas de asistencia sanitaria que existen en toda Europa. La Comisión lanzará, con carácter inmediato, un estudio del seguro complementario de enfermedad. Debido a la complejidad del tema, creemos que podremos publicar los resultados antes de que finalice el año 2001.
Este estudio podrá constituir la base para una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo que proponga iniciativas o medidas. Conforme a las peticiones del Parlamento, intentaremos presentar un marco, un análisis objetivo y razonado, que tenga en cuenta toda esta variedad y diversidad y nos centraremos en los diferentes aspectos de la temática. Sus Señorías han hecho referencia a una amplia variedad de aspectos. Podemos partir de cuestiones generales, tales como el acceso a la asistencia sanitaria para todos, y llegar hasta cuestiones más específicas sobre los derechos de las personas que desean fijar su residencia o trabajar en otros Estados miembros.
En lo que respecta a las otras dos propuestas - la directiva, la acción legal y este foro europeo - es algo sobre lo que podemos pensar. Podría constituir el segundo paso después de dicho estudio, cuando haya transcurrido un año, y para entonces no sólo dispondremos de medios de comparación entre los Estados miembros, sino que además podríamos trabajar con indicadores comparables que son importantes para cualquier propuesta de cooperación europea.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Lucha contra la exclusión social
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0307/2000) de la Sra. Figueiredo, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social (COM(2000) 368 - C5-0317/2000 - 2000/0157(COD)).

Figueiredo
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, como es sabido, en el último decenio se han agravado las desigualdades en la Unión Europea y el número de personas que viven con bajos ingresos es de unos 65 millones, es decir, cerca del 18% de la población, lo que resulta un verdadero escándalo, sobre todo si tenemos en cuenta las tasas de crecimiento económico de los últimos años. Se trata de un verdadero atentado a los derechos humanos fundamentales, pues pide que millones de personas tengan acceso a los derechos sociales básicos, en particular vivienda, salud, educación, formación y cultura, empleo de calidad y salarios justos.
Aunque existan grandes diferencias entre los diversos Estados miembros, lo cierto es que la situación más grave es la de Portugal, con cerca de 24% de la población en situación de pobreza, consecuencia sobre todo de los bajos salarios, el empleo precario y la mala remuneración y pensiones y jubilaciones tan bajas, que no permiten un mínimo de vida digno, ni a los trabajadores y a sus familias, ni a personas de edad. Esa inadmisible situación de pobreza y exclusión social, que, según reconoció el Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo, requiere una profunda modificación de las políticas macroeconómicas en el nivel comunitario y nacional poniendo fin a la primacía de las políticas monetaristas del Pacto de Estabilidad a fin no sólo de luchar contra la actual situación de pobreza, sino también de prevenir nuevas agravaciones en el futuro, incluido el sector de las nuevas tecnologías, con atención especial a las mujeres, los niños y la juventud, garantizando a todas las personas el acceso a niveles de renta y a condiciones dignas de vida y trabajo.
Ahora bien, pese a todos los compromisos que el Consejo aceptó aun recientemente en la Cumbre de Lisboa y a haber subrayado la correlación existente entre avances económicos y avance social, las propuestas presentadas poco más hacen que salvar la cara respecto de las innumerables promesas de luchar por la erradicación de la pobreza. De hecho, la propuesta de programa comunitario que presentó la Comisión para incentivar la cooperación entre los Estados miembros en materia de lucha contra la exclusión social poco más es que un programa de estudios. Así, es fundamental que se fortalezcan varios aspectos del programa, en particular en cuanto a las innovaciones que se proponen en la aplicación del método abierto de coordinación, ya sea la creación del grupo de reflexión en el nivel europeo constituido por interlocutores comunitarios, representantes de las ONG con experiencia en esa esfera, así como representantes del Parlamento Europeo, del Consejo y de los Comités Económico y Social y de las Regiones, la colocación en red de los diferentes observatorios u organismos similares reconocidos que existen en los Estados miembros o incluso una atención especial a los problemas de la pobreza y la exclusión social en los niveles local, regional y nacional, con participación en el programa de los grupos de población más afectados o amenazados con llegar a estarlo.
Igualmente importantes son las propuestas de aumento de la financiación de 70 a 100 millones de euros, que insisten en la necesidad de que la Comisión garantice la coherencia de sus políticas, en particular en las esferas económica, monetaria, fiscal, de la competencia, de protección de los consumidores, de pesca y agrícola, con el objetivo de eliminar la pobreza y la exclusión social concretado en el nivel nacional, para lo cual se debe hacer una evaluación de sus políticas en cuanto a sus posibles efectos en la pobreza y la exclusión social.
Espero también que se aprueben las propuestas encaminadas a reconocer que la calificación y la integración en la vida profesional cobran una importancia particular, por lo que conviene tener en cuenta el fenómeno cada vez más importante de la exclusión social y la pobreza a pesar del ejercicio de una actividad profesional remunerada. Es fundamental garantizar un empleo de calidad con derechos y salarios dignos y crear condiciones de acceso a unos servicios públicos también de calidad. Es esencial que el Consejo cumpla las promesas que ha hecho, no sólo respecto del programa, sino también en cuanto a la fijación de objetivos y metas adecuados que se deben acordar de aquí al final de este año a fin de no defraudar las esperanzas que infundió con las conclusiones de la Cumbre de Lisboa respecto de su empeño en la lucha contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social.
Por último, quisiera agradecer la excelente colaboración de los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de los ponentes de otras comisiones, de los Comités Económico y Social y de las Regiones, de las ONG sociales y de los técnicos que en el nivel de la Comisión, de la Presidencia francesa y del Parlamento han trabajado conmigo. En ese trabajo, y teniendo en cuenta que se trata de un asunto objeto de codecisión, fue posible establecer un consenso encaminado a simplificar el informe final y facilitar su rápida aprobación por el Consejo, por lo que las propuestas que mañana presentaremos para su votación son resultado del consenso alcanzado en la comisión, incluidas las nuevas propuestas de substitución y las de rechazo de varias enmiendas repetitivas. Agradezco la comprensión de Sus Señorías para con este proceso a fin de que contribuyamos a que la Unión Europea vuelva a tener un programa en esta esfera, a pesar de sus limitaciones e insuficiencias. Pero será un instrumento para que nos mantengamos más vigentes en la defensa de una mayor justicia social.

Pronk
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la señora Figueiredo por su informe. En segundo lugar, también quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que exista un compromiso en torno a este importante informe, lo que permite finalizar esta primera lectura con éxito.
En relación con las enmiendas de la Comisión Presupuestaria, puedo afirmar con alegría que todas se han incorporado. En realidad se trata de tres puntos. El primer punto consiste en que la Comisión Presupuestaria opinó que el programa, si se comparaba con otros programas, había poco Parlamento y mucho Consejo, por lo que estaba hecho a medida del Consejo.
El segundo punto, y el más importante en realidad, es el de la cuestión comitológica. Esta se centra en determinados aspectos de forma excesiva en los Estados Miembros. La creación de un comité implica por sí sola posponer medio año la elaboración del programa. Se precisa medio año para crear dicho comité, convocarlo y no es necesario ni que apliquen sus habituales tácticas de bloqueo, ya que entonces hablaríamos de un año. Dicha comitología supone un enorme lastre, también en este programa. Quisiera solicitar a la Comisión que se plantee si, tras lo que ha hecho el señor Patten, se puede realizar algo similar con respecto a los Estados Miembro.
Por último está la cuestión de la asistencia técnica. La Comisión Presupuestara insiste en que la asistencia técnica se incluya en el programa. La Comisión de Asuntos Sociales ha determinado una cantidad de 100 millones. De ahí se debe apartar una cantidad adecuada para la asistencia técnica de forma que el programa cuente con un apoyo que resulte realmente suficiente. De modo que, en opinión del Parlamento, las quejas de la Comisión a este respecto son infundadas si se incluye la asistencia técnica en el propio programa.

Bullmann
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, también nosotros, desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, queremos felicitar a la ponente por su documento. Ya ha expuesto el escándalo: el 18% de la población europea vive por debajo del límite de la pobreza relativa. Éste no es solamente un tema para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, éste es precisamente también un tema para nosotros, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, porque estos 65 millones de personas no sólo están excluidas de los recursos, porque no están excluidas de los derechos sociales y culturales, sino porque también se les priva de incorporarse con sus propios talentos a la construcción de esta sociedad y porque se les priva de fomentar sus propios talentos, de desarrollar sus cualificaciones y de ejercer las actividades profesionales para las que están cualificadas.
Por esta razón, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hemos antepuesto con gran unanimidad a nuestra opinión una concepción básica, en la medida que formulamos que todos deben sentirse capaces de contribuir esencialmente a su subsistencia por medio de su propio trabajo. Deberían sentirse capaces de ser cualificados y de adaptar su cualificación. Sabemos exactamente que el problema que tenemos ante nosotros no se soluciona mediante una acción única, sino que nos enfrentamos a una situación permanente que en cada nueva ola tecnológica produce de manera recurrente ganadores y perdedores. Por esta razón nuestras sociedades deben mantener mecanismos abiertos que permitan integrarse a los afectados.
Hay tres aspectos, desde nuestro punto de vista: la integración social debe definirse como una tarea transversal y por esta razón, los resultados de nuestros esfuerzos deben ser integrados también en el informe de primavera. En segundo lugar, el método de la coordinación abierta debe ser apropiado para que los actores locales y regionales se movilicen y aporten su contribución. En tercer lugar, como se acordó en Lisboa, los Estados miembros deben ponerse de acuerdo definitivamente en targets y benchmarks concretos a fin de que el Parlamento pueda asumir también su papel de vigilante y su papel de impulsor en este proceso.

Kratsa-Tsangaropoulou
Señor Presidente, señor Comisario, mi Grupo político recibió con especial satisfacción la propuesta de establecimiento de un programa comunitario para la lucha contra la exclusión social, y consideramos que esta propuesta constituye un hito en la comprensión, análisis y tratamiento de este extendido y profundo fenómeno que flagela a todas las sociedades europeas, y que, además, presenta hoy nuevas formas, relacionadas con las nuevas realidades económicas y tecnológicas, ante las cuales muchos gobiernos parecen mostrarse confundidos, con la consiguiente lentitud en la toma de conciencia y en el tratamiento adecuado de los problemas sociales provocados por estos grandes cambios.
Hemos apoyado los rasgos característicos del programa, como son el tratamiento multidimensional del fenómeno, las medidas sobre la salud, la educación, la vivienda, la coherencia y la complementariedad con otras políticas afines, así como la participación de las organizaciones no gubernamentales, y de las propias personas afectadas por la exclusión social.
Hemos apoyado el aumento del presupuesto hasta los 100.000.000 y hemos concedido gran importancia a la necesidad de que el programa se aproxime a los ciudadanos. Es una excelente oportunidad para que los ciudadanos europeos sientan que la Europa social está naciendo y que no es un mero eslogan o un deseo, sino una realidad. De este modo, hemos prestado particular atención a la necesidad de colaboración con los agentes a escala local, regional y transnacional. Por esta razón, hemos presentado varias enmiendas, las cuales, afortunadamente, han sido bien recibidas por todos los grupos.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades ha subrayado la necesidad de tomar en consideración en el programa que las mujeres están particularmente expuestas a la exclusión social; principalmente, ciertos grupos de mujeres, como son las emigrantes, las mujeres con discapacidades, las mujeres desempleadas, las mujeres que carecen de una formación profesional adecuada a las exigencias actuales, las mujeres que se enfrentan solas a las cargas familiares. Y el problema no es sólo que estos grupos de mujeres se hayan desgajado del tejido social, sino que encuentran además dificultades importantes para cumplir los requisitos que les exige ahora su inserción.
Seguiremos con especial atención, señor Comisario, la aplicación del programa, y su valoración, porque creemos que contribuirá a la consecución del objetivo al que todos servimos, el objetivo de la Europa social, de la Europa de los ciudadanos.

El Presidente
El debate se interrumpe en este punto y se reanudará a las 21.00 horas.

Actualización de los programas de estabilidad de Alemania, Finlandia y Países Bajos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la Comunicación de la Comisión sobre las recomendaciones de la Comisión acerca del dictamen del Consejo sobre la actualización de los programas de estabilidad de Alemania, Finlandia y Países Bajos.

Solbes Mira
. Señor Presidente, la Comisión ha adoptado hoy tres recomendaciones con vistas a sendos dictámenes del Consejo sobre los programas de estabilidad actualizados en Alemania, los Países Bajos y Finlandia; son los primeros que se han presentado actualizados de la ronda de los años 2000-20001.
Como recordarán sus Señorías, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece una supervisión reforzada y continua de la situación presupuestaria de los Estados miembros durante la tercera fase en la Unión Económica y Monetaria. El elemento central de este proceso de supervisión son los programas de estabilidad, que los Estados miembros de la zona euro tienen que presentar cada año. Los países no miembros de la zona euro presentan sus programas de convergencia, que en gran medida, son similares a los programas de estabilidad, aunque los objetivos que se pretenden conseguir sean distintos.
En los programas de estabilidad se incluyen las estrategias a medio plazo en materia de finanzas públicas. ¿Cómo conseguir una situación presupuestaria a medio plazo próxima al equilibrio con superávit? El objetivo, como ustedes recordarán, de esta iniciativa es intentar crear el margen suficiente para que, en caso de situación de crisis, el déficit público no supere el déficit presupuestario al 3% de referencia del PIB, que evidentemente podría llegar a alcanzarse en una fase de crisis. Esto quiere decir que tenemos que aprovechar las fases ascendentes del ciclo para devolver la situación a un equilibrio o un superávit. En la actualización de los programas cada año, los Estados miembros incluyen un año adicional en el programa, analizan la política presupuestaria aplicada durante el año anterior, explican y describen las medidas de política presupuestaria que han adoptado y también revisan sus previsiones y objetivos presupuestarios. Es la segunda vez que actualizamos estos programas; lo hicimos ya en el año 1999, lo volvemos a hacer ahora, en el año 2000, incluyendo un año más.
Sobre la base del documento presentado por los Estados miembros, la Comisión hace la evaluación correspondiente y, a partir de ella, el Consejo puede adoptar la recomendación que la Comisión presenta. Es verdad que para llevar a cabo este proceso, previamente, el Comité Económico y Financiero presta especial atención al análisis de la recomendación de la Comisión y de los programas en sí mismos. Dentro de este marco, y para mantener informado al Parlamento, la Comisión considera imprescindible darle cuenta también de la situación en la que se encuentra el proceso.
Dentro del procedimiento anual regular de evaluación presupuestaria, la Comisión tiene también la posibilidad de formular recomendaciones -éstas de naturaleza distinta a la anterior- que pueden, en su caso, poner de relieve el incumplimiento de la situación de déficit por parte de algunos Estados miembros. La utilización de este instrumento de coordinación de las políticas económicas, hasta ahora, no ha sido necesario; hasta ahora, el cumplimiento presupuestario está funcionando de acuerdo con lo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Cada vez son más los Estados miembros que están alcanzando situaciones presupuestarias equilibradas o incluso claramente positivas en términos presupuestarios. Esto nos ha llevado a una reflexión distinta y a preguntarnos si ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha agotado con la consecución del objetivo cuantitativo de una determinada cifra final, o si conviene introducir otros aspectos referidos a la calidad de las finanzas públicas en los próximos programas. La Comisión ha optado por esa segunda posibilidad; de ahí que, en estos momentos, valoremos también en nuestra evaluación anual otros aspectos que en el pasado no considerábamos: en primer lugar, la orientación política presupuestaria de cada uno de los Estados miembros en función de la situación cíclica en la que se encuentra, es decir, si este tipo de medidas presupuestarias tienen carácter procíclico o anticíclico y en qué medida ayudan a la situación del mercado o crean tensión en su seno.
En segundo lugar, intentamos evaluar también en qué medida los recortes presupuestarios, la reducción de impuestos son coherentes, de acuerdo con una serie de principios que puedan permitirnos adoptar una posición común en este punto.
En tercer lugar evaluamos -y la cuestión es muy importante-, en qué medida hay una reestructuración del gasto público que sea favorable al crecimiento, a la producción y, por lo tanto, que evite tensiones inflacionistas en el futuro.
Finalmente valoramos en qué medida los presupuestos nacionales que se presentan cada año son compatibles con estrategias más ambiciosas a medio plazo en cuanto a las finanzas públicas. En ese sentido, por ejemplo, problemas como el envejecimiento de la población adquieren cada vez mayor importancia. A este respecto simplemente recordaré que el último Consejo Ecofin ha solicitado de la Comisión que, a partir del próximo año, se incluya ya en la evaluación de los programas de estabilidad precisamente este aspecto de largo plazo de las finanzas públicas relativo al envejecimiento de la población. En los tres programas que ahora comentaré, uno de ellos, el de los Países Bajos incluye ya en un anexo un análisis específico sobre este problema concreto.
Me voy a referir ya, de forma muy rápida, a los tres programas recientemente actualizados. En primer lugar, los tres Estados miembros cuyos programas de estabilidad ha examinado hoy la Comisión han realizado avances muy significativos hacia el establecimiento de unas haciendas públicas saneadas desde 1997, año en que adoptaron sus decisiones para entrar en la moneda única; de hecho, Finlandia ya pasó a tener una situación de superávit presupuestario en 1998 y los Países Bajos lo hicieron en 1999. En sus nuevos programas, que abarcan hasta el 2004, Finlandia se propone mantener un superávit presupuestario superior al 4% del PIB; los Países Bajos lograrán pequeños superávits, que podrían ser mayores en función de la senda de crecimiento que siga su economía y de algunas decisiones de política económica aún pendientes de adopción; el caso de Alemania es distinto: se acercará paulatinamente al equilibrio global. Pero en los tres casos existe un margen suficiente para absorber el efecto de las fluctuaciones del ciclo económico; dicho en otros términos, en los tres casos se podría hacer frente a una situación de crisis, si ésta se produjera, sin superar el 3% del límite máximo de desequilibrio presupuestario.
Los tres países se proponen introducir importantes reducciones de impuestos en 2001 y en años posteriores, recortes tributarios que van a reducir la presión fiscal sobre el factor trabajo y fomentar el empleo y la inversión, por lo que son positivos y necesarios siempre y cuando se mantenga la estabilidad de las finanzas públicas. En Alemania y en los Países Bajos se prevé un deterioro de la situación presupuestaria para el próximo año como consecuencia de estas reducciones de impuestos. Este tema es especialmente importante en el caso alemán, ya que supone una interrupción en la senda de reducción gradual del déficit público. Es evidente que una de nuestras preocupaciones respecto al programa alemán es insistir en que esta modificación de la tendencia sea sólo cuestión de un año puntual, como consecuencia de la reducción de estos impuestos y no tenga efectos futuros. En el caso de los Países Bajos, la Comisión está preocupada por otros temas, como la adecuación del policy mix, y por los riesgos asociados a los efectos de la incitación fiscal de los recortes tributarios en una coyuntura de fuerte crecimiento económico, que podría crear en los Países Bajos una situación de recalentamiento. Nuestro mensaje básico es, por tanto, que el margen para realizar reducciones tributarias tiene que ser complementado con un estricto control del gasto público.
Alemania y los Países Bajos han obtenido este año unos ingresos sustanciales por la venta de las licencias de telefonía móvil de tercera generación. En el caso de Alemania, por ejemplo, representa un 2,5% del PIB y en el caso de los Países Bajos, un 0,7% del PIB. Ambos países han hecho de forma muy coherente una utilización correcta de estos ingresos utilizándolos para reducir la deuda pública.
Debido a este factor y, sobre todo, a unos mejores saldos presupuestarios y a un crecimiento económico más fuerte, las proporciones de deuda pública seguirán una clara tendencia a la baja en los próximos años. Este año se espera, por ejemplo, que Alemania baje esta proporción hasta el nivel de referencia del 60% del PIB y que los Países Bajos lleguen a una proporción inferior a ese nivel en este mismo año. En el caso de Finlandia, la situación de deuda pública es ya muy inferior a ese objetivo y además se sigue reduciendo de forma constante. Esta evolución de la deuda lleva a unos menores pagos de intereses, que a su vez contribuirán a disponer del marco necesario para proceder a recortes tributarios y, en algunos casos, a incrementos específicos de gasto público.
Una de las características positivas del programa de los Países Bajos es la atención especial que presta -como he dicho antes- al impacto del envejecimiento de la población en la hacienda pública durante los próximos años. Éste es un problema que, en mayor o menor medida, se va a plantear también en otros Estados miembros, como se puso de relieve en las últimas reuniones del Eurogrupo y del Consejo Ecofin. Habida cuenta de que los costes aumentarán en el futuro, habrán de adoptarse en breve algunas decisiones con el fin de contenerlos y asegurar su gestión a largo plazo.
El Gobierno de los Países Bajos deberá tomar, sobre la base de su propio programa, importantes decisiones acerca de la utilización de sus márgenes presupuestarios y sería conveniente que empleara estos recursos para acelerar la reducción de la deuda pública, lo que le permitiría tener mayor margen para hacer frente a estos problemas en el futuro.
Los ambiciosos objetivos de superávit presupuestario del Gobierno finlandés ya están motivados en gran parte por este factor envejecimiento al que anteriormente he hecho referencia. Esperamos también que la próxima actualización del programa de estabilidad de Alemania preste más atención a este aspecto, teniendo en cuenta el impacto de la reforma de las pensiones que se está llevando a cabo.
La Comisión, por último, se felicita por la rápida presentación de sus programas actualizados por parte de Alemania, los Países Bajos y Finlandia. En estos dos últimos países los programas se adoptaron al mismo tiempo que las propuestas presupuestarias para el próximo año, lo que en opinión de la Comisión constituye una práctica más adecuada que las anteriores, cuando conocíamos estas puestas al día después de la presentación de los presupuestos de cada país. Esto garantiza que las decisiones presupuestarias anuales se adopten dentro de un marco estratégico plurianual y proporciona a las instituciones comunitarias una visión global actualizada, basada en los datos más recientes, sobre la situación económica de cada país.
La Comisión recomienda, por tanto, a los restantes Estados miembros que aún están elaborando sus actualizaciones que sigan este ejemplo, no en este año, en que desgraciadamente ya no podrá ser, sino en años próximos.
Estos son los comentarios fundamentales que quería hacer respecto a los tres programas que hoy presentamos. Estoy a su disposición para cualquier comentario adicional, para escuchar sus opiniones y responder, en su caso, a sus preguntas.

von Wogau
Señor Presidente, señor Comisario, le estamos agradecidos por el informe que usted nos ha dado sobre la evolución del endeudamiento neto en la Unión Europea. Creo que visto globalmente se puede extraer un balance positivo. Cuando se redactó el Tratado de Maastricht se partió de que el endeudamiento nuevo máximo ascendería al 3%. Si se toma el promedio de Eurolandia ha retrocedido hasta un valor que ronda el 1% y nos movemos hacia presupuestos equilibrados, es decir, nos movemos en la dirección correcta.
Señor Comisario ¿no está usted preocupado por el hecho de que, al parecer, en la República Federal de Alemania el próximo año este neoendeudamiento neto, en vez de reducirse, crecerá una vez más en un 0,5 por ciento y esto a pesar de que gracias a las licencias de UMTS ha caído algo así como una lluvia templada sobre las finanzas de la República Federal de Alemania? Observamos que en el mayor país de la zona del euro se está dando esta tendencia, mientras que en Holanda y en Finlandia se ha conseguido ya lo que nosotros exigimos, es decir, excedentes para cancelar las deudas demasiado elevadas. Le formulo una vez más la pregunta: ¿No está usted preocupado por esto? Quisiera decir enérgicamente una vez más que nosotros, los del Partido Popular Europeo, consideramos que junto a la independencia del Banco Central Europeo la aplicación consecuente del factor de estabilidad y de crecimiento es uno de los fundamentos esenciales de la estabilidad de los precios en Europa.

Solbes Mira
. Señor Presidente, es cierto -como he dicho antes- que éste es uno de los puntos que señalamos en el caso Alemania, en el que hay dos elementos de interés. Por una parte, las licencias de UMTS -como decía anteriormente- se han dedicado a la reducción de la deuda, lo que permite que la deuda pública se sitúe prácticamente al nivel del 60 %.
Por razones de técnica contable, los ingresos procedentes de las licencias móviles de tercera generación también tienen que considerarse para la reducción del déficit. Por esa razón, la resultante presupuestaria para el año 2000, en el caso alemán, dará una situación de superávit de un punto y medio del Producto Interior Bruto. Si deducimos de este punto y medio los ingresos procedentes de las licencias de móviles, quedamos en una situación de un déficit presupuestario del 1 %, que es la cifra que nos sirve para el programa de estabilidad. Por lo tanto, tendremos una situación -para responder a su pregunta- de un déficit en 1999 del 1,4 %, de un déficit del 1 % en 2000 y -como usted bien dice- en 2001 vuelve a subir el déficit, en vez de reducirse, al 1,5 %.
¿Por qué razón la Comisión acepta este incremento de reducción del déficit? Fundamentalmente por el impacto positivo que las medidas fiscales puedan tener en Alemania. Alemania tiene una carga fiscal superior a la media. El conjunto de medidas fiscales adoptadas por Alemania afectan más a la parte de la oferta de la economía que a la parte de la demanda, tendrán un cierto impacto también sobre la demanda y pensamos que van a permitir el incremento del potencial de crecimiento de la economía alemana a medio plazo. Por esa razón consideramos que, a pesar de la marcha atrás que suponen respecto a la situación anterior, estas medidas son positivas.
Sin embargo, y eso lo dejamos de forma muy explícita establecido en el programa, nos preocupa especialmente esta marcha atrás y somos conscientes de que estas marchas atrás hay que recuperarlas posteriormente. De ahí que insistamos ante el Gobierno alemán en que tenga especial cuidado, al elaborar los programas de trabajo para 2002, en el incremento de ingresos, en la reducción de gastos para que vuelva a obtenerse una reducción del déficit presupuestario.
De acuerdo con el programa actual, el déficit presupuestario bajaría en 2002 al 1 %, en 2003 al 0,5 % y Alemania estaría en una situación de equilibrio presupuestario en el año 2004. Algo más tarde y con un cierto cambio respecto a lo que nos hubiera gustado, pero, en todo caso, con margen suficiente para que no tenga dificultades en caso de que exista crisis económica.

Jensen
Señor Presidente, también me parece estupendo observar la buena marcha que siguen las finanzas públicas de los países afectados, no obstante, me he dado cuenta de que muchas personas están nerviosas ante cómo evoluciona la estabilidad de precios en Europa. Mencionan que en uno de los países más grandes de Europa, que también es uno de los más importantes para la economía europea, es decir, Alemania, se corre el riesgo de acabar entrando en lo que parece una etapa de sobrecalentamiento de su economía. Me gustaría escuchar su valoración de la evolución de la inflación en Alemania y preguntarle su opinión sobre si la evolución de la inflación dentro de la UE es en general motivo de preocupación.

Solbes Mira
. Al hablar de recalentamiento, me refería más bien a las economías de Holanda y Finlandia que a la economía alemana. El problema del recalentamiento no se plantea de la misma forma en Alemania que en estos países.
Hay preocupación por la inflación, sin duda alguna. No hay que olvidar que hemos tenido un doble impacto negativo en el último período, como consecuencia de que en algo más de un año se han triplicado los precios del petróleo. Si a ello unimos la evolución del tipo de cambio del euro respecto al dólar, hemos tenido un claro impacto negativo en términos de inflación.
Como su Señoría conoce, en estos momentos estamos en una cifra de inflación del 2,8%, claramente superior a nuestro objetivo en los términos definidos por el Banco Central. Sin embargo, la inflación subyacente todavía se encuentra en el 1,4%, es decir, que podemos considerar que el petróleo es la causa básica y fundamental de esta situación.
¿Cuáles son nuestras perspectivas de inflación? Podré comentar con sus Señorías el tema con más detalle a partir del día 22, en que presentamos nuestras perspectivas económicas para el año próximo, pero, de acuerdo con nuestras primeras aproximaciones, en el año 2000 acabaremos con una inflación media algo superior al objetivo de inflación previsto en el Banco Central, aunque claramente superior a lo que habíamos previsto en nuestras perspectivas del mes de abril -habíamos hablado entonces del 1,8%-. En el año 2001 serán superiores a las perspectivas que también habíamos definido en primavera, alrededor también del 1,8 o del 1,7%. Sin embargo, se aproximará mucho más como media al 2%, que es el objetivo -como he dicho antes- de la política monetaria del Banco Central.
Todo esto se producirá evidentemente si no tenemos nuevas sorpresas en cuanto a los precios del petróleo y al tipo de cambio del dólar.

Della Vedova
Señor Comisario, en su intervención usted ha insistido mucho, en mi opinión, muy acertadamente en el problema del envejecimiento de la población en los tres Estados en cuestión, así como en los restantes Estados europeos, y ha dado alguna indicación acerca de la necesidad de hacer frente al problema del envejecimiento de la población y, por ende, al problema de la deuda de la seguridad social que gravita y gravitará cada vez más como una pesada incógnita sobre el saneamiento de las finanzas públicas de los Estados europeos.
En el boletín del pasado mes de julio el Banco Central Europeo indicó una vía en la reforma de los regímenes de seguridad social, esto es, el paso del actual sistema de reparto a un sistema de capitalización también en lo que se refiere al seguro obligatorio que pueda liberar recursos y, en perspectiva, garantizar la sostenibilidad de los regímenes de seguridad social europeos. Señor Comisario, me gustaría saber si la Comisión hará alguna propuesta al respecto o no.

Solbes Mira
. Señor Presidente, muchas gracias Sr. Della Vedova. La Comisión planteó en su momento y el Consejo Europeo de Lisboa aceptó la necesidad de analizar en profundidad el problema del envejecimiento de la población en Europa; de hecho, con cooperación de la Comisión, el Comité de Política Económica ha estado trabajando durante los últimos meses sobre este tema. En el último Ecofin se ha presentado un informe del Comité de Política Económica en el que, como rasgo general, se puede destacar que hay un problema de envejecimiento en general en Europa, no exactamente igual en todos los países; hay diferencias muy importantes en países como Irlanda, por ejemplo, con población muy joven y con un margen todavía de incremento de la tasa de actividad, respecto a países con tasas de actividad más alta y poblaciones más envejecidas.
El informe pone de relieve que las reformas realizadas hasta ahora en los regímenes de seguridad social están ayudando a mejorar la situación. Pone de relieve también que las reducciones de la deuda, en la medida en que puedan permitir la reducción del déficit futuro, pueden ayudar a resolver la situación. Como término medio, quiero señalarle que para los próximos veinte años la situación varía en cada país, pero supone un incremento en el déficit público de entre el 2% y el 7% adicional, según las características de cada país; sin embargo, estos dos elementos no serán suficientes para hacer frente al problema.
En cuanto a la solución que se puede adoptar, evidentemente será una decisión nacional en cada uno de los países miembros; la Comisión no hará ninguna propuesta al respecto. En estos momentos, la impresión que yo tengo es que las fórmulas que se están utilizando en los diferentes países miembros van en tres direcciones. Van, por una parte, hacia la búsqueda de algún sistema de financiación de los sistemas de reparto que pueda implicar algún elemento de capitalización; he hecho referencia antes, por ejemplo, al sistema holandés que tiene ya claros elementos de capitalización. Van también en el sentido de hacer compatible un sistema público de reparto con sistemas privados de capitalización y, evidentemente, son compatibles también con apoyos para la creación de fondos de inversión específicos que puedan obtener ventajas fiscales a largo plazo y que puedan ayudar a hacer frente al problema del envejecimiento. Pero, al final, será la decisión de cada país miembro la que prevalezca, dado que éste es un tema de la responsabilidad, como he dicho antes, de cada uno de ellos.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.

EEB y prohibición de las harinas animales en la alimentación de todos los animales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre EEB y prohibición de las harinas animales en la alimentación de todos los animales.

Patriat
 - (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, cumplo con el deseo de ustedes de oír a la Presidencia, con ocasión de este Pleno, sobre la actualidad, en Francia y en Europa, de la prevención y de la lucha contra la enfermedad de la vaca loca.
Como ustedes saben, el Gobierno francés aprobó ayer un refuerzo del dispositivo nacional de seguridad sanitaria, incluyendo la suspensión del uso de las harinas de origen animal en la alimentación de cerdos y de aves de corral. Yo mismo estaba junto al Primer Ministro, el Sr. Jospin, quien anunció dicho plan de acción. El Consejo de la Unión Europea asume un papel activo, con este Parlamento y la Comisión Europea, en la actualización y refuerzo constante del dispositivo europeo de prevención y de lucha contra dicha enfermedad.
Creo que ustedes deseaban que hoy nos refiriéramos a estos dos capítulos: a la actualidad de la lucha contra la EEB en Europa y a sus desarrollos en Francia.
Empezaré, pues, por confirmarles el conjunto de las disposiciones aprobadas ayer por el Gobierno francés, para referirme luego a las iniciativas adoptadas por la Presidencia y a los desarrollos comunitarios en curso. Es importante, en efecto, reconsiderar con ustedes la actualidad de la lucha contra la EEB en el marco más general del desarrollo de la seguridad alimentaria en Europa.
El Gobierno francés, pues, anunció ayer, en París, un refuerzo del dispositivo nacional de seguridad sanitaria. Este plan de acción, que responde a una exigencia del gobierno, se basa en la primacía de la salud pública y de la transparencia.
Ante una situación de incertidumbre y un mayor riesgo potencial para la salud pública, deben adoptarse todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, y revisarse permanentemente a medida que avanzan los conocimientos y las opiniones científicas. El tercer principio que nos guía, pues, es el principio de cautela.
Ha resultado necesaria una etapa suplementaria de protección. En efecto, existen dos elementos reales que han provocado algunas preocupaciones con respecto a las harinas a base de carne en la alimentación animal.
La aparición, en primer lugar, de casos de EEB en los rumiantes nacidos después de la prohibición de las harinas. La hipótesis de una contaminación accidental cruzada o fraudulenta de estos animales por las harinas a base de carne se abre camino.
En segundo lugar, un informe hecho público en el Reino Unido ha permitido valorar las dificultades de control del uso de dichas harinas.
Hay que añadir, más allá de las cuestiones sanitarias, que para el consumidor, estas harinas simbolizan los excesos de cierto modo de producción agrícola, impuesto desde hace 40 años, que ha permitido garantizar el abastecimiento de productos alimenticios baratos, pero que también ha mostrado sus límites y que se ha puesto en tela de juicio en estos últimos años.
Por eso el Gobierno francés ha decidido suspender el uso de harinas de carne y huesos en la alimentación de los cerdos, las aves de corral y los peces, así como de los animales domésticos. Sólo las harinas de pez pueden seguir siendo administradas a los peces.
Al mismo tiempo, la Agencia francesa para la seguridad sanitaria de los alimentos realiza una nueva evaluación científica del posible riesgo sanitario relacionado con estas harinas, habida cuenta de la evolución de los conocimientos y de la eficacia de las medidas dirigidas a restablecer la seguridad.
Paralelamente, el Gobierno francés prosigue con las medidas de retirada de los tejidos de riesgo. De conformidad con las recientes recomendaciones científicas, ha decidido proceder a la retirada de las columnas vertebrales.
Siguiendo una sugerencia de la Agencia nacional de evaluación científica independiente, la AFSSA, el gobierno ha decidido prohibir el "T-bone". Las vértebras bovinas también estarán excluidas de la fabricación de gelatina y sebo, y se revisará el conjunto de la organización de la matanza, a fin de hacer más seguras las operaciones de despiece.
Se reforzarán los medios de control en el conjunto de la cadena alimentaria.
Francia, además, ha lanzado un importante programa de 48.000 tests entre las poblaciones bovinas de riesgo, de los que 8.000 entran en el ámbito de competencia del programa comunitario. Ya se ha decidido extender dicho programa a todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, los tests se practicarán igualmente de manera aleatoria en los bovinos que entran en la cadena alimentaria.
Proponemos a la Comisión Europea y a nuestros socios de la Unión que preparen la extensión de los tests a escala europea, en función de las recomendaciones científicas.
Un capítulo específico lo constituye la forma humana de la enfermedad y las actividades sanitarias. Se aplicará de inmediato un programa para reforzar las desinfecciones y esterilizaciones de los dispositivos médicos de uso del material desechable en los hospitales. Se está efectuando una revisión de las medidas de precaución y de protección respecto de la fabricación y el uso de los productos sanguíneos. Se prestará especial atención a las condiciones de higiene y de seguridad de los trabajadores de las instalaciones de que se trate.
Los progresos de la investigación son decisivos para mejorar el conocimiento, la prevención y el tratamiento de la EEB. Por eso continuarán y se ampliarán los esfuerzos realizados desde 1997 en materia de investigación.
La disminución actual del consumo de carne de bovino se traduce por un desequilibrio importante del mercado. Deben crearse herramientas de apoyo al sector bovino para hacer frente a esta crisis. Francia ha pedido que la situación del mercado de la carne de bovino se inscriba en el orden del día del Consejo de Agricultura, que se celebrará en Bruselas, los próximos 20 y 21 de noviembre. Ya ha pedido la activación del dispositivo de almacenamiento privado establecido por la OCM de la carne de bovino. No hay que excluir el hecho de ir más allá respecto del dispositivo de intervención, y estudiar si las posibilidades de producción de proteaginosas en Europa pueden incrementarse.
Este plan de acción nacional, anunciado por el Primer Ministro Lionel Jospin, ayer en París, se basa en el hecho de que la seguridad alimentaria constituye una exigencia legítima de los consumidores y de que orienta permanentemente la acción del gobierno, que seguirá garantizándola con una firme vigilancia.
Tengo la convicción de que esta preocupación es totalmente compartida por las instituciones europeas, bien se trate del Parlamento Europeo, señora Presidenta, de la Comisión o del Consejo, y que está orientada a inscribirse plenamente en el contexto europeo.
Hoy mismo en Bruselas, los expertos del Comité Veterinario Permanente de la Comisión Europea están reunidos para preparar las modalidades de una ampliación del programa europeo de realización de tests preventivos en los bovinos. Esta reunión de expertos veterinarios en el seno de la Comisión Europea es particularmente útil para efectuar el balance con miras al próximo Consejo de Agricultura que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre, bajo la presidencia de mi colega y amigo Jean Glavany.
En este preciso momento, dicha reunión permite, en efecto, comparar las experiencias y los enfoques respecto al programa de tests, a la prohibición de las harinas animales y a las demás disposiciones que pueden reforzarse en el plano europeo. Los resultados de este primer debate se presentarán en el Consejo del 20 de noviembre. El reto consiste en restablecer la confianza de los consumidores europeos en la carne de vaca.
Por otro lado, la Presidencia decidió, en esta misma sesión, celebrar un debate abierto sobre la seguridad alimentaria, basándose en los trabajos actualmente en curso, en el desarrollo de la crisis y en las recientes propuestas de la Comisión sobre higiene y derecho alimentario, así como la creación, en particular, de una Autoridad europea alimentaria.
Es preciso recordar que actualmente se están discutiendo varias propuestas reglamentarias, que ayudarán a reforzar la eficacia y la pertinencia del dispositivo comunitario y, por consiguiente - así lo espero -, la confianza de los consumidores.
Deseo recordarles que el Consejo está examinando un proyecto de texto-marco sobre la lucha contra las EEST, con el objetivo llegar a un acuerdo en el Consejo de Agricultura de diciembre.
Dicho texto tiene como objetivo principal crear la base jurídica que permita adoptar, en el marco de un texto único, toda una serie de medidas de vigilancia epidemiológica, de control sanitario y de prohibición de los tejidos de riesgo, pero también las medidas relativas a la comercialización, a los intercambios, a las importaciones y a las exportaciones de animales vivos y de sus productos. El conjunto de estas medidas atañe, sin distinción, a la EEB bovina y ovina, así como a la tembladera de los pequeños rumiantes. El campo de dichos dispositivos afecta a la alimentación humana y animal, puesto que los demás capítulos de la problemática de las EEST son competencia de las legislaciones sectoriales (medicamentos, cosméticos y demás).
Asimismo, la Comisión ha propuesto medidas sobre higiene alimentaria, cuyo examen ha iniciado tanto el Consejo como el Parlamento.
La reciente propuesta de la Comisión sobre derecho alimentario y la creación de una Autoridad europea alimentaria será objeto de un debate a fondo en el Consejo de Mercado Interior, Consumidores y Turismo del 30 de noviembre, que yo presidiré, tendente a definir las líneas maestras que orientarán el funcionamiento de dicha Autoridad. Creo, en efecto, que el debate abierto sobre seguridad alimentaria, que tendrá lugar la semana próxima en el Consejo de Agricultura, demostrará claramente, entre otros elementos, que la evaluación científica constituye una pieza maestra del dispositivo europeo en materia de seguridad alimentaria.
El Parlamento se ha expresado recientemente sobre el Libro Blanco de la Comisión, que prefigura la definición de dicha Autoridad. No dudo que el calendario parlamentario tendrá en cuenta la necesidad de avanzar con mayor rapidez para que, como lo propone la Comisión, dispongamos en Europa de una Autoridad europea alimentaria a partir de 2002.
Tan pronto como la Comisión hubo presentado la propuesta por la que se creaba la Autoridad europea alimentaria, el 8 de noviembre, la Presidencia inició los trabajos del Consejo.
Los días 9 y 14 de noviembre tuvieron lugar dos reuniones del grupo del Consejo en preparación del debate de orientación que, a su vez, se celebrará el 30 de noviembre en el Consejo.
La misión de la Autoridad europea alimentaria consistirá ante todo en proporcionarnos dictámenes científicos independientes de alta calidad sobre todas las cuestiones que afecten directamente a la salud de los consumidores y que resulten del consumo alimentario, lo que cubre todas las fases desde la producción primaria al consumidor final.
La Autoridad europea alimentaria proporcionará asimismo informaciones claras y accesibles sobre las cuestiones que caen dentro de su mandato. Así, la eficacia, la independencia y la transparencia serán los principios clave que guiarán claramente la evaluación del riesgo alimentario en Europa.

Byrne
. (EN) Señora Presidenta, me alegra tener ocasión de poner al día al Parlamento sobre los últimos acontecimientos en la actual crisis desatada por la EEB. Ya tenía previsto dirigirme al Parlamento sobre el informe Phillips, publicado este mismo mes por el Gobierno del Reino Unido. No obstante, los sucesos ocurridos en Francia la semana pasada exigen un adelanto de este debate.
Sólo alguien que sea peligrosamente complaciente o ingenuo podía creer que habíamos superado con éxito la crisis de EEB. Una vez más, se nos recuerda que la EEB no es un suceso que pertenezca al pasado, sino un peligro real y actual. El número de casos de EEB detectados en Francia ha experimentado un preocupante incremento durante el pasado año, en parte, debido a la introducción de pruebas selectivas. Asimismo, la comercialización de carne de vacuno procedente de una cabaña que, según pudo descubrirse, estaba incubando un caso clínico de EEB desató los temores del público acerca de la idoneidad de los controles para proteger la salud pública.
Es evidente que debemos examinar estos acontecimientos y sacar las conclusiones pertinentes. Este proceso debe comenzar con un análisis de los hechos. La actual incidencia en Francia es del orden de 7 casos por millón de reses de más de un año de edad. Índice muy por debajo del criterio internacional de 100 casos por millón, que se utiliza para definir a los países con una incidencia alta. No obstante, esta incidencia relativamente baja no es motivo para sentirnos satisfechos. Lo cierto es que la incidencia va en aumento en varios Estados miembros. Ante la falta de pruebas claras y transparentes de un descenso de la incidencia de EEB en todos los Estados miembros, debemos extremar la vigilancia. Y lo que es más importante, debemos aprender de esta última experiencia.
Permítanme exponer brevemente mis principales observaciones en este sentido. Primero, el aumento de la incidencia de EEB en Francia es debida, en buena medida, a la introducción por parte de las autoridades de pruebas al azar, a raíz de la decisión de la Comisión de exigir a todos los Estados miembros la introducción de este tipo de pruebas antes del 1 de enero de 2001. Todos los Estados miembros deberían seguir el ejemplo francés.
Segundo, no está de más insistir en la necesidad absoluta de que se apliquen controles estrictos de EEB. Lo cierto es que existe una serie de controles estipulados en la legislación. Si se respetan y aplican estos controles, el riesgo para la población se reduce a un mínimo. Volveré sobre este punto más adelante.
Tercero, debe existir total transparencia sobre nuestro modo de enfocar la EEB. La reacción de los consumidores ante la EEB ha sido descrita indistintamente como psicosis, irracional o presa del pánico. La falta de claridad y transparencia en el tratamiento de este problema ha contribuido enormemente a esta desafortunada situación.
Por último, no debemos olvidar el enorme progreso que hemos realizado en los últimos años, en particular, durante el año pasado, en lo relativo a la creación de un marco comunitario para atajar la EEB. Al mismo tiempo, hemos emprendido la tarea de garantizar que existen sistemas comunitarios para prevenir tragedias similares en el futuro.
Francamente, me decepcionó que en la declaración que hizo ayer el Primer Ministro Jospin no hubiera ningún reconocimiento del papel tan positivo que ha desempeñado la Comunidad durante los últimos años. La Comisión, inspirada por este Parlamento, ha sido la fuerza motriz a la hora de impulsar la adopción de medidas para la erradicación de la EEB. Y lo hicimos a pesar de la frecuente falta de apoyo de los Estados miembros.
Esta labor no está completa. El Consejo y el Parlamento tienen ante sí en estos momentos importantes propuestas, por ejemplo, sobre despojos animales y sobre encefalopatías espongiformes transmisibles. La propuesta adoptada la semana pasada por la Comisión sobre la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria es una iniciativa aún más significativa.
No debemos permitir que los recientes acontecimientos debiliten este progreso. Espero un fuerte respaldo del Consejo Europeo de Niza a las propuestas de la Comisión relativas a la Autoridad europea de seguridad alimentaria, y tomo nota de lo que usted dijo, señora Presidenta, sobre este particular hace muy poco tiempo. El Parlamento puede igualmente demostrar su compromiso con la propuesta dándole la mayor prioridad con vistas a su adopción en el plazo más breve posible.
Volviendo sobre el tema que nos ocupa, los acontecimientos de estas últimas semanas exigen una respuesta inmediata. La opinión de la Comisión de que las pruebas selectivas son fundamentales para establecer el verdadero alcance de la incidencia de EEB en la Comunidad ha quedado plenamente justificada por los resultados de la prueba en Francia. No obstante, es necesario efectuar dichas pruebas a una escala mucho mayor.
El público necesita poder confiar en la eficacia de los controles en vigor. Las pruebas a gran escala parecen ser ahora el medio más eficaz de proporcionar dicha confianza. La Comisión tiene intención de presentar el lunes próximo al Consejo de Agricultura propuestas que darán cumplida respuesta a las exigencias de la sociedad en este sentido. El Parlamento Europeo ha sido un defensor coherente y firme de estas pruebas y cuento con su apoyo para el enfoque de la Comisión.
Las repercusiones que han tenido los recientes acontecimientos sobre las medidas comunitarias relativas a las harinas de carne y hueso también están en el punto de mira. Existe la necesidad evidente de encontrar explicaciones al aumento de la incidencia de EEB, no sólo en Francia, sino también en otros Estados miembros. Una vez más, el dedo acusador señala en la dirección de las harinas animales contaminadas.
Francia decidió ayer prohibir, con carácter temporal, las harinas de carne y huesos. Siento gran interés por conocer la próxima opinión de la AFSSA, la agencia francesa de seguridad alimentaria, que contribuirá a formar la decisión de las autoridades francesas sobre si debe mantenerse o no esta medida provisional.
Las pruebas siguen apuntando con fuerza a que el incremento de la incidencia en algunos Estados miembros tiene su origen en el período anterior a la introducción, en 1996 y años posteriores, de los controles reforzados. Y desde luego no hay ninguna duda de que los controles en vigor son muy estrictos. Por ejemplo: existe la prohibición de alimentar a rumiantes, en particular al ganado vacuno, con piensos a base de harinas animales. Los piensos que contienen carne y huesos deben ser tratados, es decir, cocidos a presión, según normas muy estrictas. Los despojos de animales enfermos deben ser retirados y destruidos. Las medidas de vigilancia activa, entre las que se incluyen las pruebas al azar, se efectúan para prevenir que los animales infectados de EEB entren en las cadenas alimentaria y de alimentación animal.
No obstante, estos controles sólo pueden ser eficaces si se aplican rigurosamente. Numerosas inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión denuncian lagunas en la aplicación de dichos controles. En algunos casos, el seguimiento que se les da en los Estados miembros no reviste toda la seriedad que merece, lo cual, francamente, es inaceptable. Es inaceptable por motivos de salud pública. Además es insensato, porque la alternativa a estos controles conduce hacia la prohibición total de harinas animales, lo que acarrearía enormes consecuencias financieras y ambientales.
La salud pública y las consideraciones de orden financiero aconsejan, por consiguiente, el cumplimiento estricto. La Comisión, por su parte, seguirá insistiendo ante los Estados miembros en la importancia de este asunto. La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión ya concede prioridad absoluta a los controles de los Estados miembros en relación con las medidas de protección contra la EEB.
He pedido a la Oficina Alimentaria y Veterinaria que efectúe, una vez más, una inspección fundamental y exhaustiva en los Estados miembros. Por ejemplo, la obligación de separar y destruir los despojos de animales enfermos no entró en vigor hasta el 1 de octubre de 2000, y quiero una confirmación urgente sobre el terreno de que esta obligación se cumple. La asistencia del Parlamento en este sentido también sería muy grata, para alertar a la población de los Estados miembros de la importancia de estos controles.
Por otra parte, el Parlamento y el Consejo tienen ante sí en estos momentos una propuesta relativa a la regulación de los despojos animales. Esta propuesta ofrece la oportunidad de poner en vigor un marco amplio que garantice el examen de todos los aspectos relevantes relacionados con los despojos animales. Una vez más, espero poder trabajar con el Parlamento para incluir esta propuesta en los estatutos con carácter de urgencia.
Varios oradores se han referido al tema de la prohibición total de harinas de carne y huesos. Permítanme añadir algunos comentarios a lo que he dicho anteriormente al respecto.
En una situación como en la que nos encontramos, siempre es tentador buscar una solución mágica, una solución que, de un solo golpe, elimine el riesgo y restablezca la confianza. He declarado públicamente que seré completamente transparente con los consumidores. En mi opinión, esto incluye la responsabilidad de no inducirles a creer que existen soluciones mágicas a un problema muy difícil. La prohibición total de harinas animales es un ejemplo de ello.
Lo único que me preocupa en relación con la utilización de harinas animales es si su consumo para piensos es seguro o no. Dejo a otros la tarea de defender las ventajas económicas y ambientales para seguir utilizándolas. En lo que respecta a su seguridad, permítanme que repita que ya existe una amplia serie de controles en vigor para garantizar que las harinas animales no representan una amenaza de contagio de la EEB. Quizá los rumiantes no puedan consumir dichas harinas y eso ya lo he dicho. La opinión científica es que las harinas de carne y huesos producidas en las condiciones estipuladas no encierran peligro.
Este Parlamento reconoce también que existe un lugar para las harinas de carne y huesos producidas en condiciones seguras. El Parlamento así lo reconoció en su informe sobre la EEB de 1997, en el que se decía que el reciclaje de carcasas y despojos, a través de la producción de harinas de carne y huesos para la alimentación animal, ofrece la mejor alternativa por razones de política económica, medioambiental y sanitaria. No obstante, como he dicho antes, la seguridad de la utilización de harinas animales está supeditada al cumplimiento de los controles necesarios y a su total aplicación. Si existen lagunas en los controles, no hay duda de que tenemos un problema. Insisto, una vez más, en que todos los Estados miembros deben aceptar sus responsabilidades en este sentido.
La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión intensificará sus esfuerzos para que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones. Quisiera añadir que si la decisión francesa de prohibir las harinas animales está motivada por los temores sobre la idoneidad de sus controles, es una decisión que respaldo plenamente. En este sentido, acojo con satisfacción que el Primer Ministro Jospin anunciará, también ayer, un endurecimiento importante de los controles de la cadena alimentaria, que incluirá un aumento considerable del personal. El lunes preguntaré a los Estados miembros si existe el temor de que las lagunas en la aplicación de los controles durante estos últimos años, en contra de la legislación comunitaria en la materia, son un factor en el actual aumento de la incidencia de EEB.
Por último, señora Presidenta, quisiera añadir que la Comisión ha presentado recientemente al Parlamento una propuesta de reglamento sobre despojos animales por el procedimiento de codecisión. Esta propuesta va encaminada a la creación de un marco comunitario que se ocupe de todos los asuntos relevantes por los que se rige el tratamiento de los despojos animales, especialmente, su utilización para piensos. Es sorprendente que en las conversaciones que ya se han celebrado sobre esta propuesta con los Estados miembros nadie haya sugerido la prohibición de alimentar a los animales con harinas de carne y huesos como medida necesaria. Con esto quiero decir, una prohibición total. Por el contrario, la opinión general es que la Comunidad deberá garantizar que en la producción de las harinas animales únicamente se utilizarán los despojos de animales aptos para el consumo humano. Queda por ver si se produce algún cambio a la luz de los recientes acontecimientos.
Permítame recordar, señora Presidenta, en este sentido, que hasta hace cinco meses no conseguí obtener la aprobación del Consejo a la prohibición de utilizar despojos de animales enfermos en las cadenas alimentaria y de alimentación animal. Sí, aunque pueda resultar difícil de creer, fueron necesarios cuatro años para aprobar una medida que considero fundamental para la protección de la salud pública. Los obstáculos para obtener el apoyo a la prohibición de harinas animales debería ser visto desde esta perspectiva. No obstante, quiero asegurarles que si considero que la prohibición de harinas animales en la producción de piensos para todos los animales es una medida necesaria para proteger la salud pública, presentaré una propuesta en dichos términos, cualesquiera que sean los obstáculos.
El Parlamento tiene ahora la oportunidad de determinar de manera decisiva la dirección que seguirá en el futuro la política en materia de desechos a nivel comunitario. En esta propuesta sobre despojos animales, todas las opciones están abiertas, incluida la prohibición total, en caso de que se estime necesaria. Espero el informe del Parlamento y las enmiendas y les garantizo mi plena cooperación para apoyar las mejoras que se sugieran.

Böge
Señora Presidenta, de hecho hoy no necesitaríamos este debate si todos los Estados miembros hubieran puesto en práctica inmediatamente y de manera completa las exigencias de la comisión de investigación de la EEB y de la comisión de seguimiento, de febrero y noviembre de 1997. Quiero reconocer también a la Comisión que ésta en los últimos años - seguramente también a causa de la enérgica presión del Parlamento Europeo - ha hecho grandes avances en la implantación del principio de la protección previsora del consumidor. Pero la puesta en práctica en los Estados miembros se sigue realizando con lentitud.
Sin embargo ambas cosas pueden ser posibles, actuar rápidamente y seguir siendo serios. Los ciudadanos no entienden que en los períodos de crisis nuestra legislación requiera tanto tiempo. También por la misma razón deseo decir que en tales periodos de crisis en caso de violación del Derecho comunitario o en caso de peligro de retraso la Comisión debe tener la competencia de poder decidir y actuar con más rapidez, si el bien común y la salud pública lo requieren.

También quiero afirmar que los embargos en el mercado interior requieren una fundamentación convincente. Las medidas que se han acordado para la identificación de los animales, para el etiquetado de la carne, constituyen una base importante para la seguridad y la confianza. Siempre es mejor combatir el mal allí donde aparezca , y no hacer populismo de ello.
Salgamos conjuntamente, de una vez por todas, de este circuito de especulación y de acusaciones mutuas, donde la EEB figura hoy realmente para blame somebody else. Por esta razón, apoyo expresamente la resolución común de que desde fuera de esta atmósfera de sospecha digamos: introducción general en todo el territorio del test rápido de la EEB no sólo para los animales afectados, no sólo para los animales mayores de 18 meses, sino también, si es posible, para todos los animales propensos.
(Aplausos)
Sobre esta base tendremos criterios más amplios, más objetivos, de evaluación del peligro de EEB o de la no existencia de EEB en los Estados miembros, y podremos adoptar nuevas y más amplias decisiones.
Señor Presidente del Consejo, quiero exigir expresamente que el Consejo haga pública, por fin, su opinión acerca del Reglamento sobre la EEB.
(Aplausos) Concluimos la primera lectura en mayo. Es un escándalo que, estando relacionada causalmente la EEB con la tembladera, no haya aún disposiciones comunes para combatirlas.
En realidad, Francia tiene derecho a prohibir por razones de política de interior la harina animal. Sin embargo, lo que pueda ser acertado para Francia en esta situación, no tiene por qué valer para todos los Estados miembros. Es bueno que en este punto, como ha dicho ya el Sr. Byrne, nos atengamos también a las decisiones comunes de 1997. Un sistema de reciclado que funcionaba por partes se ha venido abajo por no respetar los elementos de seguridad. Quiero decir abiertamente que lo que vamos a exigir mañana en la resolución - cese general provisional de la producción y de la alimentación con harina animal, hasta todos los preceptos en relación a criterios, a la limpieza de origen, se han cumplido, y la puesta en práctica de la propuesta de la Comisión de retirar definitivamente a los animales afectados - constituye un duro camino para muchos Estados miembros, pero vamos a transitarlo juntos, porque a la larga sin la aceptación social vamos a tener problemas. Sin embargo, las partes de los animales que están autorizadas para consumo humano han de poder ser aprovechadas también en el futuro.
También hemos de tomar precauciones en relación con el presupuesto. Un test de la EEB para todos los animales, que esté cofinanciado por la Comunidad, significa 130 millones. Al mismo tiempo hay que establecer reservas para el caso de que sea necesario a adoptar medidas de saneamiento. En este sentido celebraremos también el diálogo a tres bandas con la Comisión y con el Consejo, para que el documento rectificativo de la Comisión para el Presupuesto de 2001 pueda ser retocado en el sentido de esta necesaria previsión.
(Aplausos)

Roth-Behrendt
Señora Presidenta, no puedo contar, en absoluto, las veces que hemos discutido esto aquí en los últimos cuatro años, las veces que yo he hablado sobre este tema. Admiro expresamente su coraje, señor Presidente, el hecho de que usted haya acudido aquí, pues además de las bofetadas retóricas de nuestro colega, el Sr. Boge, seguramente recibirá usted hoy algunas bofetadas más en representación - y lo digo expresamente - de sus colegas del Consejo de Ministros.
Hemos generado legislación, comenzando con nuestro desvelamiento del escándalo de la EEB, que el Consejo pretendió mantener durante años debajo de la alfombra. Hemos generado una legislación que es excelente. Quiero enumerarles algunos ejemplos: la prohibición de la alimentación con harina animal en los rumiantes, los métodos de fabricación de harina animal, la retirada de materiales de riesgo. ¿Dónde estaba el Consejo a la hora de llevar a la práctica esta legislación? ¿Cuántos golpes en la nariz tuvo que recibir la Comisión en el Consejo hasta que se convirtió en ley la retirada de los materiales de riesgo? ¿Por qué este Consejo, tan amigo de los consumidores, que ahora hace como si la salud de las personas fuera lo más importante, no estuvo presente antes allí y no dijo que haría esto incluso sin legislación? Usted, señor Presidente del Consejo, y todos sus colegas habrían podido decidir en los países miembros que sólo se transformasen en harina animal las partes de animales que fueran aptas para el consumo humano, mucho antes de que la Comisión viniera - algo tarde, lamentablemente - con esta propuesta. Ésta podía haber sido una iniciativa de ustedes. Realmente me pregunto por qué tuvimos que pelear con el Consejo de Ministros ante el Tribunal de Justicia Europeo sobre el etiquetado de la carne de vacuno. ¿Era necesario? También le pregunto, señor Presidente del Consejo, por su referencia a la política francesa, por qué en Francia se ha tardado tanto tiempo en poner en práctica los métodos de fabricación de la harina animal? No lo he entendido. No he entendido por qué Francia no pudo transponer con más rapidez las disposiciones sobre la presión, la temperatura y el tiempo de calentamiento para la fabricación de harina animal.
El Sr. Boge lo ha dicho ya - yo mismo y también él fuimos ponentes para el Reglamento -TSE - tuvimos nuestra primera lectura el 17 de mayo. ¿Dónde está la posición común del Consejo, si esto es tan importante? Permítame, señor Presidente del Consejo, una suposición un tanto herética: seguramente usted, como persona, se interesa mucho por la salud de las personas y por la seguridad de los consumidores, pero una y otra vez tengo la impresión de que la ordenación del mercado y los aspectos económicos son considerados con mucha más urgencia por el Consejo; y en cuanto existe, llámela como quiera, una histeria pública, enseguida surge el miedo a que se derrumben los mercados de la carne de vacuno. Después se produce una reacción. Lo digo, señor Presidente, con una pequeña reserva. Estoy muy curioso por ver cuándo los países que hoy están acordando una prohibición total de alimentar con harina animal abrirán de nuevo la puerta y dirán: ahora hemos producido ya una harina animal segura, ahora podemos volver darla como alimento a los animales. Me voy a tumbar absolutamente relajado y esperaré a que usted me diga alguna novedad sobre el asunto.
Quiero decirles de manera muy clara, queridos colegas, que lo que necesitamos son dos cosas. Por un lado, una buena legislación. La hemos producido ya en amplios bloques e intentamos ampliarlos más, pues los necesitamos rápidamente. De ustedes depende suministrarlos rápidamente. Hasta ahora quien frenaba era el Consejo. Era un freno muy grande. Todos ustedes, los quince, se han subido de pié en este freno. Con eficacia, les puedo decir, muy eficientes. Una vez que tengamos la legislación, necesitaremos controles. Por esta razón, agradezco mucho que en nuestra resolución común, que se aprobará mañana, ojalá que casi por unanimidad, se pida que los países informen de sus controles. Quisiera saber cuándo se han llevado a cabo controles de higiene en relación con la fabricación de alimentos animales en Alemania, en Francia, en Suecia, en Austria y cualquier otra parte, cuándo ha habido controles en el ámbito veterinario y cuántos de los pobres veterinarios los promueven o incluso introducen nuevos controles.
Si todos ustedes piensan esto en serio, no necesitan como excusa una autoridad en materia de alimentos, que quizá puede preparar legislación en materia de seguridad alimentaria, pero no podrá proporcionar lo que nosotros proporcionamos: buena legislación y controles. Ésta es su función, señor Presidente del Consejo. Celebraría, señora Presidenta, que ésta pudiera ser mi última contribución en esta materia aquí, ante esta Asamblea, pues, realmente, alguna vez llegaremos al final con este tema.

Olsson
Señora Presidenta, la prohibición francesa de las harinas animales en los piensos llegó demasiado tarde. En esta situación, la única forma de romper el círculo de contagio de EEB es la total prohibición de usar harinas animales en los piensos. En tanto no se pueda garantizar que las harinas animales no están libres de contagio, hay que prohibir el uso de toda clase de harinas animales en los piensos.
No hay que profetizar el pasado, pero me cuesta mucho en este debate no hacer referencia a la situación de comienzos de la década de los noventa, cuando como responsable de las negociaciones agrícolas de Suecia me vi obligado a negociar una excepción, ya que en Suecia estaba prohibido el uso de las harinas animales. Nos costó mucho conseguir esta excepción, pero lo logramos, aunque se rieron de nosotros diciendo que las harinas eran totalmente inocuas. Hoy ya no se ríen. Realmente era como decíamos, señor Presidente del Consejo. Usted ha dicho que se debe a una inadecuada forma de producción, que ésa es la razón por la que se han prohibido las harinas animales en Francia. Fue por eso que nosotros las prohibimos hace mucho tiempo en Suecia. Se demostró que los procesos de producción son efectivamente defectuosos y que hay que combatirlos desde el principio.
Quisiera subrayar también un par de cosas. En la resolución que espero que sea votada mañana hay algunos puntos muy importantes. El primero es que se debe conocer la procedencia de todos los ingredientes de todos los alimentos. En una situación como la que se ha producido en Francia, y antes también en muchos otros países, es importante poder decir a los consumidores de dónde provienen los productos y cómo hacer para conocer su origen. Esta exigencia es esencial, especialmente tratándose de la EEB.
En segundo lugar, es importante - cosa que no es una novedad - subrayar que quienes conscientemente permiten que un animal enfermo, o que se sospecha que está enfermo, entre en la cadena alimenticia o de los piensos, comete un acto criminal. Todos los productores de alimentos tienen que ser conscientes de esto. Evidentemente esto afecta a muchas personas, especialmente a los ganaderos. A veces es necesario sacrificar a la totalidad de la cabaña ganadera, lo que constituye un golpe muy fuerte. Entonces también conviene recordar que los sistemas nacionales para eliminar esta terrible enfermedad deben contemplar medidas que compensen adecuadamente a los ganaderos. En esta materia, quisiera manifestar que el Grupo Liberal ha presentado una enmienda que espero que sea aprobada.
Finalmente quiero agradecer al Comisario Byrne su excelente trabajo.

Auroi
Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, la Comisión y el Parlamento Europeo deben reaccionar ante la preocupación de los consumidores y de los agricultores europeos en materia de seguridad alimentaria.
La crisis de las vacas locas constituye hoy un problema de salud pública, por no decir un problema que afecta a toda la sociedad. La Comisión y el Consejo no pueden responder, con el corazón en la mano y el principio de cautela en la boca, limitándose a un proceso de "reunionitis" agudo y de decisiones vagas. Aun cuando se han aprobado numerosas disposiciones en el plano comunitario, éstas o bien se aplican mal, o bien son insuficientes. Hay que presentar, pues, propuestas concretas y dotarse de los medios para aplicarlas.
Nuestro Grupo solicita, como primera medida, la aplicación inmediata de pruebas de detección sistemáticas de la EEB en todos los Estados de la Unión - empezando por los bovinos mayores de dieciocho meses - y, al mismo tiempo, la suspensión temporal y general del uso de harinas de origen animal en la alimentación de los animales.
Hoy, señor Böge, quienes pretenden no tener casos de vacas locas en su territorio son aquellos que no los buscan.
Las prácticas de la agricultura intensiva han sido los mismos en todas partes. Por lo tanto, es necesario que contemos con un balance preciso, país por país.
Nuestro Grupo solicita la prohibición inmediata de las harinas de carne y de huesos para todos los animales mientras los Estados miembros no puedan garantizar la elaboración de leyes sobre la prevención de la EEB y la aplicación rigurosa de las directivas europeas.
Señor Comisario, señor Ministro, es necesario efectuar un control estricto que garantice la eliminación de los materiales de riesgo en toda la cadena de alimentos para animales. Es preciso aplicar asimismo la propuesta de la Comisión consistente en eliminar de los alimentos de los animales las materias de origen animal no aptas para el consumo humano.
Las harinas de carne y de huesos que se convierten, en gran medida - aunque sólo sea provisionalmente - en un nuevo residuo pueden incinerarse en hornos de cemento o servir para la fabricación de biogás. Existen soluciones alternativas para la alimentación de los animales, ya que las harinas sólo representan - a menudo se olvida - una parte reducida de su alimentación. El pasto de nuestros prados, el trébol blanco, la alverja - actualmente abandonados por la PAC - pueden aportar soluciones satisfactorias para la seguridad de la alimentación animal y humana.
Es posible salvar la ganadería si se reforma un sistema económico agrícola que, aún hoy, convierte a los agricultores y a los consumidores en rehenes de multinacionales, que se preocupan más por obtener grandes beneficios que de la seguridad alimentaria.
Las políticas deben cambiar este estado de cosas para que los verdaderos responsables de esta crisis sean penalizados y para que decisiones precisas permitan dar un primer paso a fin de acabar con esta crisis dramática. Este es el sentido de la resolución común. Se trata de una gran responsabilidad, pero hemos sido elegidos para asumirla plenamente.

Ainardi
Señora Presidenta, pienso que la crisis de la vaca loca, que estalló en 1996, nos había revelado la manera en que el ultraliberalismo puede conducirnos a sacrificar la salud de los consumidores y los intereses de los criadores.
Los trabajos de la comisión de investigación de nuestro Parlamento habían contribuido a la aplicación de medidas para proteger la salud de los consumidores: prohibición de harinas animales para los rumiantes y el etiquetado obligatorio, en particular de la carne de bovino. Pero debido a fraudes, negligencias y, además, a una falta de medidas adecuadas, la crisis de la EEB sigue sin poder ser controlada puesto que se han descubierto nuevos casos. Evitando caer en la psicosis, reconozcamos que la preocupación de los consumidores es perfectamente legítima. Mi Grupo considera que la salud de los consumidores es un imperativo que debe predominar sobre cualquier otra consideración. Es urgente, pues, adoptar medidas para tranquilizar a los consumidores, restablecer su confianza en la seguridad de los alimentos.
No sé si se trata de la panacea, señor Comisario, pero en nombre del principio de cautela, creo que la experiencia obliga a prohibir desde hoy el uso de las harinas animales en la alimentación de todos los animales de cría, incluyendo los cerdos, las aves de corral y los peces.
Es asimismo necesario extender las pruebas de detección a todos los bovinos que entran en la cadena alimentaria humana. La crisis actual ha provocado una baja importante de las ventas y de los precios, perjudicial para los criadores y para todos los actores del sector bovino. Es necesario, al mismo tiempo, restablecer la confianza de los consumidores y ayudar a los criadores afectados. Son indispensables las ayudas puntuales, tales como el apoyo del mercado o la prima a la utilización de hierba.
Pero más allá de lo inmediato, ¿no debemos acaso reflexionar sobre los mecanismos de la política agrícola común? ¿Acaso no son ellos los que plantean problemas?
Dichos mecanismos han contribuido a una producción superintensiva, perjudicial para el medio ambiente y la calidad de los productos. Habría, pues, que revisarlos. En el fondo, no estaría mal que los animales volvieran a un alimento más tradicional. Me apetece decir: sí, un poco más de pasto.
Pero la Unión Europea debe también fomentar la producción de oleaginosas y proteaginosas para sustituir las harinas animales por harinas vegetales. Para ello, también habría que revisar el acuerdo del GATT de 1993, que prohibe a la Unión Europea producir más del 25% de sus necesidades en proteínas vegetales, para cumplir con las exportaciones norteamericanas.

Pasqua
Señora Presidenta, señor Presidente, la crisis de la vaca loca se ha transformado en psicosis colectiva. La desconfianza justificada de los consumidores amenaza al conjunto del sector bovino y el espectro de la ruina atormenta a nuestros criadores y artesanos.
Hemos llegado a este punto porque la ineficacia de los gobiernos ha sido amplificada por nuestra propia incapacidad para responder al doble desafío que se nos ha lanzado: un desafío sanitario y un desafío económico. No haré la lista detallada de los horrores que se han cometido por unos y otros. Creo que el debate que se ha iniciado en nuestra Asamblea, consistente en buscar quién - del Consejo, de la Comisión o de la Asamblea - ha hecho lo más o lo menos, me parece bastante superfluo. La realidad es de naturaleza diferente. Los hechos están ahí y son abrumadores. Conocíamos los peligros de las harinas animales, conocíamos los peligros de los materiales específicos de riesgo. Las autoridades científicas habían señalado claramente que el desarrollo de la enfermedad en los bovinos no estaba controlada y habían subrayado el preocupante aumento del número de animales enfermos.
Creo que la Comisión no ha hecho lo suficiente. El etiquetado de la carne de bovino que ha sido aprobado, que es un etiquetado mínimo y que entró en vigor hace sólo dos meses y medio, no permite rastrear adecuadamente el origen de los animales y hemos prohibido muy tardíamente los materiales específicos de riesgo.
La gestión de la crisis ha estado marcada por una terrible debilidad y la anticipación de sus consecuencias previsibles por una ineficacia trágica. ¿Dónde están los programas de reducción del déficit de proteínas de la Unión a los que se aludía hace algunos minutos, la incineración de las harinas y de los residuos de animales, la realización de pruebas de detección obligatorias en la Unión? En efecto, el problema se plantea al conjunto de la Unión y no a un solo país. Es cierto que la calidad alimentaria se ha sacrificado en favor del productivismo, de la estandarización de los hábitos de vida, de los productos sin sabor.
El consumidor dudaba de la calidad; hoy se preocupa por su propia salud. Nuestros conciudadanos saben, ya que no se miente impunemente al pueblo, que la crisis es grave. Ellos saben que si, en Francia, descubrimos animales enfermos es porque los buscamos, como se ha dicho hace un momento. Se necesitan medidas de gran envergadura en el plano nacional y europeo si queremos evitar una quiebra económica y un peligro sanitario de grandes proporciones. Es preciso aprobar las propuestas presentadas por el Presidente en ejercicio de la Unión: prohibir, en particular, las harinas animales en la alimentación de todos los sectores de producción animal.
Pero son necesarios otros dos planes de conjunto, cuya aplicación inmediata solicito, ya que con retrasos y dudas no hacemos sino incrementar los riesgos sanitarios y económicos. Las medidas aprobadas por el Gobierno francés son, en este sentido, insuficientes. En primer lugar, como otros lo han dicho antes que yo, es necesario practicar pruebas de detección sistemáticas en todos los bovinos sacrificados destinados a la alimentación de los europeos. Desde hace más de un año las autoridades europeas han autorizado tres tests de detección, entre los cuales se halla el test francés, considerado como el más fiable y el más sensible. Dicho test puede ser desarrollado industrialmente de inmediato. Hay que hacerlo sin dudar, de inmediato y masivamente. Hace un momento oía hablar de tests aleatorios. Con tests aleatorios no van a restablecer la confianza en el consumidor y tampoco en el productor.
La opinión pública debe estar plenamente informada de las características del test al que me refiero. El test francés de detección de la EEB se ha desarrollado en el instituto de investigación público CEA. El mismo ha sido evaluado por la Comisión Europea, DG XXIV, encargada de la protección del consumidor, en junio y en julio de 1999, y se ha transferido a un socio industrial. Este test ha sido desarrollado desde el punto de vista de la protección del consumidor, con el fin de poder ser utilizado a gran escala en los mataderos, para impedir, de este modo, la entrada en la cadena alimentaria de animales peligrosos para los humanos. Los resultados de la evaluación europea, publicados en julio de 1999, han indicado que era de 10 a 300 veces más sensible que los otros tres tests evaluadas al mismo tiempo.
La Comisión Europea ha evaluado un nuevo estudio en septiembre de 2000. Éste confirma los resultados anteriores desde el punto de vista de la sensibilidad. La sensibilidad de dicho test garantiza, pues, la imposibilidad de que entren animales contaminados en la cadena alimentaria. El mismo permite obtener el resultado del examen en cinco horas y, puesto que su fabricación no supone grandes dificultades, se puede disponer anualmente de centenares de millones de tests. Su uso inmediato, a gran escala, en los laboratorios veterinarios departamentales implicaría simplemente el hecho de poder contar con los medios humanos adecuados, mientras se espera su automatización. El test existe, es fiable, puede producirse masivamente. Hay que hacerlo; espero haberles convencido.
En segundo lugar, es preciso reorganizar la agricultura comunitaria para restablecer la producción, en nuestras tierras en barbecho, de los cultivos de soja, de alfalfa, de guisantes, que nos proporcionarán las proteínas de sustitución que nos faltan y que alimentarán a nuestros animales mucho mejor que los OMG norteamericanos. Hemos sacrificado nuestra soja, nuestra alfalfa, nuestros guisantes, en las negociaciones de la OCM en Marrakech. Y bien, los malos acuerdos deben ser puestos en entredicho, a fortiori cuando la salud pública lo exige.
Haciendo gala de valor y de ambición podremos conjugar el interés sanitario de los europeos y el interés económico de nuestros productores, para poder, de este modo, restablecer la confianza. Eso sólo será posible si la opinión pública deja de dudar, es decir, si las pruebas de detección son - insisto - sistemáticas. Sin un test obligatorio generalizado no se restablecerá la confianza, ya que ésta no se decreta, sino que se merece.
Estas son las razones por las cuales el grupo que presido ha firmado la propuesta de resolución que se presentará mañana a nuestra Asamblea y para la cual espero una aprobación si no unánime, al menos muy amplia, a fin de que todos se den cuenta, por una vez, que este Parlamento está en contacto directo con los problemas de nuestros conciudadanos europeos.
(Aplausos del Grupo UEN)

Gollnisch
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, aprovecho esta circunstancia para condenar una vez más la exclusión escandalosa de este Parlamento de nuestro colega Jean-Marie Le Pen, quien habría podido recordarnos que el Grupo de las Derechas Europeas ha sido el primero, y de lejos, desde septiembre de 1990, en revelar a nuestra Asamblea que el agente patógeno de la EEB era capaz de atravesar la barrera de las especies y de pasar al ser humano. ¿Cuáles fueron las reacciones en aquel momento? Sólo hubo sarcasmos y críticas en estos escaños, en el conjunto de la clase política, y el silencio despreciativo de los medios de comunicación.
En aquel momento, señor Presidente del Consejo, no hizo nada o casi nada, como sus homólogos tampoco hicieron nada a propósito de las consecuencias de Chernobil, nada a propósito de la epidemia de sida, nada a propósito de la sangre contaminada, siempre por el mismo motivo: no provocar el pánico en la opinión pública. El antiguo comisario MacSharry justificaba de este modo ese silencio culpable, afirmando que no había que poner en peligro el sector bovino ni provocar el pánico en los consumidores. Hoy existe una catástrofe sanitaria y económica de primer orden y pánico en el conjunto de los consumidores.
Frente a las reacciones previsibles de la opinión pública, ustedes aprueban de rápidamente la prohibición de las harinas de origen animal para el conjunto de los animales, en virtud del famoso principio de cautela. A pesar del dictamen de los expertos y de los científicos, que habían demostrado que dichas harinas eran la causa del desarrollo y de la transmisión del agente patógeno de la EEB, ustedes olvidan mencionar en su análisis que la situación es ante todo atribuible a los fabricantes de harinas anglosajones, quienes, por razones de competitividad, disminuyeron la temperatura de cocción de las harinas.
Señor Presidente del Consejo, usted olvida también señalar que Francia ha seguido importando del Reino Unido, en particular vía Bélgica, harinas de carne y de huesos potencialmente contaminadas, después de 1989, fecha de su prohibición. El resultado es proporcional a la incapacidad de la clase política: casi un centenar de casos de EEB, en el año 2000, en Francia y, hasta ahora, 80 personas muertas por la variante atípica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido y dos en Francia.
¿Por qué, señor Ministro, señor Comisario, hubo que esperar al 1 de octubre de 2000 para prohibir los materiales específicos de riesgo prohibidos en la Unión Europea, cuando se trata de materiales infecciosos de alto riesgo? ¿Por qué esperar al 1 de enero de 2001 para generalizar las pruebas de detección rápida a las que hace un momento se refería el Sr. Pasqua? Ni siquiera me refiero al sistema de etiquetado y de rastreabilidad, que será completado en 2003, a pesar de los riesgos a los que están expuestos los consumidores y de la falta total de garantía para los criadores.
Hoy, en medio del pánico, no ven otro remedio que actuar. Pero frente a la crisis, es necesario garantizar a la vez la protección sanitaria y alimentaria del consumidor y los ingresos de los criadores, al igual que el de los carniceros, los casqueros, los mayoristas, todos víctimas de la desidia de los poderes públicos, tanto nacionales como comunitarios. Insisto, ellos no son en absoluto responsables de la crisis. Por eso la Unión Europea deberá manifestar su solidaridad para con ellos.
Hay que denunciar a los verdaderos responsables de la crisis y procesarlos - si es necesario penalmente, si tuvieron conocimiento del peligro que provocaban -, a los productores de harinas angloamericanas. Es preciso reconocer la responsabilidad específica de la Comisión, como lo ha demostrado la comisión de investigación de nuestro Parlamento. También es necesario exponer las verdaderas causas de esta situación. Éstas son cuatro: la productividad desenfrenada, la violación de las leyes naturales que pretendía transformar los herbívoros en carnívoros, la dilución de las responsabilidades por la transferencia de la soberanía de los Estados hacia la eurocracia bruselense y, finalmente, el librecambismo descontrolado. Estos son los verdaderos factores que han provocado la crisis, y sólo incidiendo en dichas causas podrán resolver duraderamente el terrible problema que han contribuido a crear.

Farage
Señora Presidenta, en nombre de todos los ganaderos, permítame expresar mi profunda preocupación por la decisión del Gobierno francés de prohibir la utilización de harinas animales en la alimentación animal. A pesar de que es una medida francesa, tiene amplias repercusiones internacionales. El principal sustituto de las harinas de carne y huesos es la proteína de soja. La prohibición francesa ocasionará un enorme incremento de la demanda, pero las existencias de este productos son limitadas. El resultado será una presión excepcional sobre los precios. Los costes de los piensos terminados en toda Europa podrían experimentar un aumento del orden del 20 o 30%. Habida cuenta de que los costes de los piensos representan hasta el 60% de los gastos generales, los productores sentirán una fuerte carga. Esta medida podría ser la puntilla para miles de pequeñas explotaciones de cría de cerdos. Asimismo, la prohibición crea una tensión considerable para el sector de los mataderos, que podían vender los despojos a las empresas de transformación por 25 libras la tonelada. Ahora deben pagar por su eliminación 75 libras por tonelada. Para un matadero de tamaño medio, que sacrifique 2.500 cerdos a la semana, esto representa un aumento de los costes del orden de 120.000 libras al año, de los que sólo se le reembolsaría una pequeña parte.
Como salida a esta situación, la solución no pasa por un aumento de la financiación del sector agrícola. Necesitamos harinas para piensos específicos para cada especie, que puedan destinarse a sectores específicos de ganado, de manera que se sigan suministrando harinas de carne y huesos a los mercados de cría de cerdos y de pollos, sin temor a que pueda producirse una contaminación cruzada del sector bovino. Si conseguimos eso, no habrá necesidad de mantener la prohibición ni de pagar subvenciones adicionales.

Grossetête
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, al menos el mérito de este debate será mostrar las divergencias de puntos de vista que existen entre todos nosotros, entre el Consejo, por un lado, y la Comisión, por otro.
Yo tampoco acepto la arrogancia de algunos Estados miembros que, al no practicar las pruebas de detección, no reclaman una reglamentación. Es inadmisible. Si hoy Francia se encuentra en la situación que conoce, es porque ha aplicado controles que no existen en otras partes.
Hoy ni siquiera estamos, pues, en un contexto de crisis del sector bovino. Se trata de un verdadero problema de salud pública, y nos encontramos también ante una crisis económica. La salud de los consumidores europeos debe ser considerada como una prioridad absoluta en todas las decisiones. El conjunto de la cadena alimentaria se encuentra en el centro de este problema. Los consumidores han perdido confianza, y para contener este fenómeno es necesario generalizar las pruebas EEB a los bovinos y los ovinos. Los propios agricultores lo reclaman. Aprobar hoy medidas de urgencia, medidas de sentido común, prohibiendo el uso de las harinas animales para todas - repito -, para todas las especies: ¡he aquí una aplicación concreta del principio de cautela!
Señor Comisario, siempre he tenido mucha confianza en usted, pero no comprendo sus dudas. ¿Cómo puede usted concebir la aplicación del principio de cautela, rechazando la prohibición de las harinas animales? Señor Byrne: usted sabe que todas las harinas son peligrosas. Aplicando disposiciones de este género es como se tranquilizarán los consumidores, como los agricultores, que apoyan esta idea sobre todo a través de sus organizaciones sindicales, oirán el mensaje de solidaridad que deseamos transmitirles.
Hoy no tenemos pruebas científicas de la transmisión de la enfermedad a otras especies. Pero estamos seguros de que debemos, por una parte, restablecer la confianza a los consumidores y, por otra parte, apoyar el sector agrícola. Que no me digan que no se sabe cómo hay que destruir las harinas animales.
Hemos perdido mucho tiempo, puesto que hace varios años que ya tendríamos que haber creado las herramientas necesarias para incinerar estas harinas. ¡Y que no me digan que se es incapaz de sustituir las harinas animales!
Señor Comisario, lamento que su colega de agricultura no esté presente y que no tenga el valor de enfrentarse con nosotros y de explicar que es necesario, en efecto, modificar completamente la Política Agrícola Común. Denuncio los límites y las consecuencias preocupantes de esta política. Una reforma de la PAC no sólo es necesaria: es inevitable, porque es intolerable que un país tome medidas draconianas y ocasione dificultades a su economía. La solidaridad europea también debe desempeñar un papel, porque nuestra política ha mostrado sus incoherencias: barbecho, harinas animales para los rumiantes, nitratos, pesticidas. La PAC debe ser reorientada para alentar a los agricultores. Es necesario producir mejor, y el presupuesto de la Política Agrícola Común debe servir para reorientar dicha política.

Kindermann
Señora Presidenta, hace apenas cuatro semanas la Comisión aprobó una propuesta de reglamento con normas de higiene para productos secundarios no aptos para el consumo humano. Mediante éstas se pretende impedir en el futuro no sólo contaminaciones microbiológicas sino también contaminaciones químicas en los alimentos para animales.
En mi opinión, esta propuesta es ya muy amplia y satisface el principio de prevención. Desde el punto de vista de una economía circular sostenible debería seguir siendo posible utilizar en la producción de alimentos para animales material analizado de origen animal, libre para el consumo humano. Seamos realistas. Una prohibición general de utilización de harinas animales en la alimentación de todos los animales, es decir, en cerdos, en aves y en peces, tal como exigen algunos Estados miembros y también ya algunos colegas, no está científicamente fundamentada.
Si se siguiera la lógica de algunos colegas de esta Asamblea, habría que prohibir también la comercialización de la carne de jabalí. En el sentido de la propuesta de la Comisión ahora es mucho más importante trabajar para que las harinas animales respondan a los máximos criterios de seguridad. A las empresas que actualmente no están aplicando en los Estados miembros los máximos estándares tecnológicos en la producción de harina animal se les debería retirar la licencia de producción hasta que demostrasen el cumplimiento de las normas. Los controles de los estándares tecnológicos, y el cumplimiento de las disposiciones legales en la producción de harina animal deben ser parte de una concepción más amplia de la seguridad.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, hemos vivido algunas cosas en esta crisis de la EEB. Una Comisión ha caído, un gobierno en Gran Bretaña perdió las elecciones también por este motivo y existe una crisis política en Francia que quién sabe donde terminará. Hay personas, países, que están instrumentalizando esta crisis de la EEB. Aparece un Presidente de Gobierno de un país y anuncia que no se debe administrar más harina animal como alimento a los animales. Harina animal que no debía haberse administrado jamás como alimento, porque Francia no ha cumplido las normas. Aparece una Ministra de Sanidad de un estado federado alemán y afirma que apoya otra vez la prohibición de importación para la carne de vacuno inglesa y francesa. Esta ministra se ha negado a introducir tests, cosa que hemos demandado en combinación con el levantamiento de este embargo. Entonces habríamos tenido tests en Alemania y, de esta manera, la demostración científica de que no existe EEB o de que existen casos de EEB. No habría habido que quejarse ahora de estar clasificado en una categoría en la que no se había querido estar porque sólo se había postulado que se está libre de EEB. Entonces tengo que escuchar lo que dice aquí, en esta Asamblea, el Sr. Gollnisch que su Grupo ha sido la punta de lanza en la discusión sobre la EEB. No he visto a su Grupo en la comisión de investigación ni en la comisión de control de la EEB. Ustedes no han participado, en absoluto, en las mismas.
Luego aparece un Presidente del Consejo y nos cuenta aquí cuántas medidas va a adoptar. Naturalmente es acertado lo que usted dice. Es evidente lo que usted nos ha comunicado, evidente. Ésta es legislación europea.Es urgentemente necesario que pongamos en las manos de la Comisión instrumentos y esto es también una petición a Niza en el sentido de que en caso de peligro de tardanza - el Sr. Böge se ha referido ya a ello - esta Comisión pueda suspender, intervenir e imponer sanciones para que no transcurran los años hasta que se ponga en práctica lo que hemos reconocido como científica y políticamente necesario. Éste es el auténtico escándalo y no depende - al menos en este momento - de la Comisión , esto hay que decirlo, señor Byene, y celebro su intervención de hoy. Pero ha dependido también de la Comisión. Ahora depende de los Estados miembros que no quieren hacer la transposición. Aquí hemos de hacer la presión decisiva.
Nos encontramos en el nivel europeo. Por eso me he permitido hablar sobre Francia y Alemania , porque consideramos esto como un problema europeo y nos queremos mantener fuera de las escaramuzas nacionales que se libran aquí. Tenemos que asegurar para todo los ciudadanos europeos la política de prevención y lo hemos hecho aquí de manera sólida y razonable. En este sentido celebro también la resolución. No nos hemos dejado camelar en el sentido de pronunciar una prohibición total de la harina animal, pues entonces tendríamos que exigir una prohibición total de la carne pues si lo que se puede comer no se le debe dar como alimento a los animales, no sólo es absurdo sino que es populismo político. Aquí tenemos que renunciar al populismo y seguir trabajando sólidamente, como lo hemos hecho.
(Aplausos)

Papayannakis
Señora Presidenta, le rogaría a la Comisión que no se mostrara tan segura de sus posiciones y, sobre todo, de sus previsiones para el futuro. En diciembre de 1995 -tres meses antes de que estallara el escándalo- formulé una pregunta sobre el peligro de la EEB. La Comisión me respondió entonces: «no hay ningún problema ni ninguna razón para la inquietud». De manera que no sobra un poco más de modestia; creo.
Una pregunta dirigida también a la Comisión: ¿ha calculado el coste que tiene en estos momentos la política actual de las harinas animales baratas y el coste que tendría relegarlas y fomentar la producción vegetal? No estoy ya muy convencido de que las harinas animales, si sumamos el coste de los controles y los peligros, sean más baratas.
Tercero, todos los colegas han hablado de controles. ¿Cuándo ha hecho controles la Comisión? ¿Tiene posibilidad de hacerlo? ¿A qué países ha remitido al Tribunal Europeo por no cumplir la legislación? Por ejemplo, señora Presidenta, la regulación del etiquetado de la carne bovina, asunto del que fui ponente del Parlamento: ¿la aplican todos los países? Yo en Atenas sigo sin ver etiquetas. ¿Ha remitido la Comisión a alguien al Tribunal Europeo? Sería muy interesante saberlo, para poder continuar el debate.
Por lo demás, estoy plenamente de acuerdo -por una vez y sin que sirva de precedente- con cuanto han dicho las colegas señoras Ainardi, Auroi y Grossetête.

Berlato
Señora Presidenta, uno de los objetivos prioritarios del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo es el de seguir garantizando la seguridad alimentaria a través de la aplicación de normas eficaces que deberán ir acompañadas de rígidos controles que puedan restablecer la confianza de los consumidores. Todo esto se ha de llevar a cabo en un clima de transparencia y de corrección con el fin de que los ciudadanos no se sientan estafados o víctimas sacrificadas en el altar de los grandes intereses económicos. Hay que evitar que los animales afectados por la EEB entren en la cadena alimentaria. En consecuencia, es necesario extender lo más posible un sistema de control eficaz en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es indispensable suspender la utilización de harinas animales hasta que no se demuestre fehacientemente que su utilización no facilita la transmisión de contaminaciones.
El alarmismo que embarga a la opinión pública ha puesto en crisis a todo un sector, y aquellos que tienen menos responsabilidades - los ganaderos - están sufriendo las peores consecuencias, especialmente los ganaderos que son las víctimas - y no los culpables - de lo que está ocurriendo. Los ganaderos alimentan sus animales con productos suministrados por las industrias, tal como ocurrió hace algunos meses en Bélgica con los pollos con dioxinas. Para que los costes de la crisis no recaigan exclusivamente en los ganaderos pedimos que se prevean ayudas financieras en su favor. Asimismo consideramos oportuno lograr que se acote cualquier foco y que se prohiba la exportación de carne hasta que no se demuestre su seguridad.

Maat
Señora Presidenta, quisiera tratar el aspecto financiero de la cuestión, en parte también como ponente del presupuesto agrícola. Se ha tratado suficientemente el procedimiento, el contenido de todo el problema que se deriva de la EEB. Mañana comienza un diálogo a tres bandas acerca del presupuesto de 2001. Ayer, los coordinadores de los distintos partidos de la Comisión de Agricultura se mostraron de acuerdo con la propuesta de dedicar 600 millones de euros del margen del que aún disponen de 1.300 millones de euros a combatir la EEB. He entendido que se necesita una cantidad superior a los 150 millones de euros para poder practicar pruebas a todos los terneros de matadero mayores de 2 años en la Unión Europea. Pues bien, señores del Consejo y de la Comisión, disponen de una base financiera suficiente para llevar a cabo una política sólida. Que no vuelva a surgir el debate acerca de estos 600 millones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Se cuenta con este margen en el presupuesto, el Parlamento ha optado por ello y ahora les corresponde a ustedes, la pelota está sobre el punto de penalti, meter un gol financiero en pro de una sólida política contra la EEB.
Mi segunda observación se refiere a los procedimientos. Llama la atención que en el orden del día oficial del Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes y martes aún no se haya incluido la EEB de forma oficial. Se incluirá en el orden del día pero aún no se ha hecho de forma oficial. Me pregunto cómo es posible que, si el miércoles 8 de noviembre, los ganaderos europeos se reunieron con urgencia en la COPA y presentaron una serie de medida de gran calado. ¿En qué modo pueden dejarse oír las organizaciones de consumidores? No es posible que en este debate público parezca que aún nos encontramos en un carro del siglo pasado para la aplicación de la política por parte del Consejo y de la Comisión. Le insto a que muestren una política firme y, en cualquier caso, diferente.
En lo que respecta a la conversión de la normativa, se han dicho varias cosas. Sin embargo, quisiera indicar que ningún ser humano puede vivir sin alimentos, ningún día. No es posible que nosotros, desde la política, no destaquemos suficientemente esta prioridad. Si esto supusiera un problema en relación con la escasez de proteínas y otros productos, les aseguro que la agricultura europea dispone de capacidad suficiente para hacer frente a ello, también en lo que respecta a los piensos para el ganado.

Whitehead
Señora Presidenta, al igual que muchos otros, quiero expresar mi agradecimiento al Comisario Byrne por su habitual vigilancia y también al Ministro francés por haber acudido hoy al Parlamento. En mi condición de inglés, saludo las medidas adoptadas por las autoridades francesas. Existe un reconocimiento generalizado de que la EEB, que surgió como una enfermedad británica y que hoy se presenta como una crisis francesa, es realmente una enfermedad europea - un problema europeo - y debe ser atajado partiendo de esa base.
No deberían existir recriminaciones sobre este problema entre Estados-naciones ni entre los diferentes gobiernos que se han sucedido. Debemos atajarlo. El Sr. Ministro ha dicho que las harinas de carne y huesos representan un pienso de bajo coste. No es un pienso de bajo coste si contribuye a la propagación de la EEB y de su variante humana. Ése es el problema fundamental que hoy nos ocupa.
Han sido muchos los oradores que han dicho que debemos ampliar la prohibición de utilizar harinas animales a todos los piensos para mamíferos. El Reino Unido ya lo ha prohibido a todas las explotaciones de ganado. Nuestra agencia de normas alimentarias se pronunciará en breve sobre el reciclaje dentro de la misma especie y, espero, que también lo condene. Debemos tomar estas precauciones y debemos tomarlas sin pérdida de tiempo en beneficio de todos los países de Europa.
El Sr. Byrne, a diferencia de lo que cabría esperar, no ha dicho gran cosa hoy acerca de las pruebas. Me alegra que sigamos analizando el alcance de las pruebas sobre una base experimental. Prevalecen las dudas acerca de la validez de las pruebas, en particular, sobre los animales más jóvenes, y hemos oído a otros oradores referirse a la gran magnitud de la cabaña europea que habría que examinar, aun en el caso de que los animales de más edad sean apartados de la cadena alimentaria.
Para terminar, debemos apresurarnos más en lo que respecta a instar al Consejo a que intervenga en nuestro nombre. Así lo han dicho todos los oradores y todos sabemos que es cierto. El Consejo tiene que actuar. Acabamos de oír que han sido necesarios cuatro años para que se aprobara la prohibición de utilizar despojos de animales enfermos en la cadena alimentaria. No disponemos de otros cuatro años. Es posible que ni siquiera dispongamos de un año más. Debemos adoptar precauciones ahora, no sólo en nombre de aquellos que nos sentimos involucrados, sino también en nombre de la minoría complaciente de Estados miembros. Lo hacemos por su bien.

Isler Béguin
Señora Presidenta, señor Presidente, señor Comisario, me congratulo de oír aquí, en el seno de este hemiciclo, que, cueste lo que cueste, es necesario cambiar la PAC. Desearía simplemente recordar a algunas personas que los Verdes estaban solos cuando pedían a grito pelado la reforma de la PAC actual.
Con respecto a la EEB, deseo saludar, por mi parte, la decisión francesa; pero la Presidencia no debe olvidar asumir también sus responsabilidades en materia de seguridad alimentaria en el plano de la Unión, y desearía recordar dos puntos al respecto.
De hecho, lamento que ni el Consejo ni la Comisión hayan insistido en la necesidad absoluta e inmediata de ajustar las primas a la utilización de hierba y de proteaginosas en la alimentación animal a las primas a la utilización de cereales, a fin de evitar tener que compensar, el año próximo, la falta de proteínas mediante el aporte de soja modificada genéticamente.
Considero asimismo que actos de criminalidad y de fraude no pueden quedar impunes. Es absolutamente sorprendente que después de tres crisis de EEB en diez años, no se haya identificado ni procesado a ningún culpable. Esta impunidad no puede continuar. Por eso solicito que la Unión efectúe también las investigaciones necesarias entre los fabricantes de harinas animales y los destazadores, para encontrar a los responsables de estas catástrofes sanitarias, económicas y sociales.

Souchet
Señora Presidenta, desearía mencionar tres puntos. Primero, para responder a una necesidad justificada y muy exigente de seguridad alimentaria del consumidor europeo, vamos a poner la barra de los controles y de las precauciones a un nivel extremadamente elevado. Pero si generalizamos las pruebas de detección, si destruimos las harinas animales, si imponemos la matanza de toda la manada por un solo animal enfermo, debemos exigir normas sanitarias estrictamente equivalentes a los países terceros que son nuestros socios comerciales y que buscan exportar hacia la Comunidad animales vivos, canales y preparados a base de carne.
En segundo lugar, incluso antes de esta crisis, la Comunidad padecía un déficit grave de proteínas vegetales desde que hemos aceptado, en Blair House, una inverosímil limitación de nuestra producción de oleaginosas y proteaginosas en un 30% con respecto a nuestras necesidades, para complacer a los Estados Unidos y a sus exportadores de soja. Hoy la Comunidad no puede, no tiene el derecho de cultivar más de 5,5 millones de hectáreas de oleaginosas y proteaginosas, cuando nuestras necesidades ascienden a 18 millones de hectáreas. Es por eso por lo que los fabricantes de alimentos han debido usar masivamente harinas animales para la fabricación de sus productos. Y mañana, con la prohibición de estas harinas, nos faltarán millones de hectáreas suplementarias de cultivo de oleaginosas y proteaginosas.
Esta crisis subraya, pues, el carácter aberrante de las concesiones hechas por la Unión Europea en el marco del GATT. Nosotros lo habíamos denunciado en su momento, aquí mismo, con Jimmy Goldsmith. Tenemos las tierras, tenemos el clima, tenemos la tecnología necesaria para sustituir inmediatamente las harinas animales por proteínas vegetales no modificadas genéticamente, y he aquí que, al mismo tiempo que hemos financiado barbechos, nosotros mismos hemos renunciado al derecho de cultivar en nuestras propias tierras las proteínas vegetales que nos son imprescindibles para alimentar a nuestros animales y alimentar a nuestra población.
Por eso nuestro Grupo ha presentado una enmienda a fin de pedir al Consejo y a la Comisión que encuentren los medios para reactivar, en Europa, el cultivo de estas proteínas vegetales, que sustituirán ventajosamente las harinas animales con priones y la soja transgénica norteamericana. Pedimos igualmente que se vuelva a negociar, en el marco de la OMC, ese desastroso artículo de Blair House que ata a nuestros productores de oleaginosas y proteaginosas.
Finalmente, la Comunidad tiene el deber de acudir en ayuda del conjunto de los actores del sector bovino, víctimas de una profunda desestablización de sus mercados, para ayudarlos a soportar financieramente el coste de las pruebas de detección obligatorias y de la destrucción de los residuos animales retirados de la cadena alimentaria, así como de las medidas de promoción indispensables; de lo contrario ya no vale la pena seguir hablando de Política Agrícola Común.

Schnellhardt
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, cuando en el marco de la comisión de investigación de la EEB emprendimos nuestra actividad en materia de EEB, antes de nada tuvimos que descubrir y eliminar ocultaciones, silenciamientos y engaños, e introducir medidas que en el conjunto de la acción alcanzaron mucho éxito y que ofrecen el planteamiento para una solución del problema de la EEB. Hoy se ha dicho ya con frecuencia lo siguiente: la puesta en práctica de estos acuerdos que hemos adoptado constituye el auténtico problema de toda esta historia.
Señor Comisario, quiero darle mis más expresivas gracias porque hasta ahora usted ha hecho realidad de manera excelente la promesa que hizo en su introducción. Usted presentó propuestas; recuerdo el Libro Blanco y las normas de higiene. Quiero decirle también que las normas de higiene serán tratadas rápidamente en este Parlamento. Trabajaremos con tanta rapidez que éstas podrán ser implantadas de manera efectiva en los próximos años. Sin embargo, en este plano no observo ningún movimiento en el Consejo. Solo veo declaraciones y opiniones, pero ningún acuerdo que discurra en la dirección de esta directiva o de estos reglamentos.
Lo que considero increíble es este forcejeo en el Consejo en torno a la exportación e importación de carne .Aquí solo se ha despertado emociones. La población ha sido certeramente motivada aunque sólo en interés de asegurar el mercado para la propia carne de vacuno. Aquí no ha sucedido más que esto. Ahora se está despertando la segunda emoción, en tanto se está anunciando algo de manera muy drástica, la prohibición de la harina de cuerpos animales como comida para todos los animales. Lleven a la práctica lo que hemos acordado y ya no necesitaremos más hablar sobre estas cosas. Esto me recuerda la quema de brujas en la Edad Media. Aquí se está buscando culpables que no son culpables, en absoluto. Las causas residen en otra parte.
Quisiera proponer que introduzcamos con toda rapidez estos tests que usted prevé también, señor Comisario, no aleatoriamente, sino para cada animal después de ser sacrificado, y sin ninguna limitación de edad. Entonces podremos decir al ciudadano: aquí está la carne, ha sido analizada y la puedes comer. No hay una solución mejor, en absoluto. He calculado los costes: 10 céntimos por kilo. Por consiguiente, no necesitamos pelearnos por millones. Cada ciudadano va a pagar esto. Estoy totalmente convencido.

Lavarra
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, todos debemos partir de un supuesto fundamental y vinculante. Es inadmisible que materias primas o alimentos compuestos puedan ser factores de riesgo para los animales y los seres humanos. La comida debe ser un alimento seguro para el ser humano. En estos días, a pesar del desarrollo y de los avances de nuestra legislación, debemos transmitir a los ciudadanos un mensaje fuerte e inequívoco. Debemos tranquilizar a la opinión pública respecto a que la Europa de los derechos protege realmente los derechos reconocidos en sus Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Señor Comisario, estoy seguro de que el Parlamento prestará todo el apoyo necesario a las nuevas iniciativas. Hacen falta medidas claras. Pienso que la prohibición total de harinas animales es, hoy por hoy, y hasta que no se demuestre lo contrario, una medida necesaria, así como son necesarias la introducción de test generalizados, la armonización y la implementación efectiva de la legislación comunitaria en todos los Estados, del mismo modo que es preciso no solo vigilar la aplicación de nuevas normas sobre el etiquetado, sino anticipar lo más posible la adopción de dichas normas.
Y termino con este principio: seguramente los costes de estas medidas serán muy elevados, pero nuestra prioridad es la salud. Y, en segundo lugar, sin estas seguridades la reducción del consumo recaerá negativamente en todo el sector. Por esto, los consumidores y los productores deben unirse para conseguir mayores seguridades en torno al principio inviolable de la salubridad de los alimentos.

Breyer
Señora Presidenta, celebro mucho que la Comisión se haya manifestado, por fin, de manera vehemente a favor de tests que cubran todo el territorio. Efectivamente, Francia lo ha demostrado: quien busca, encuentra.
Señor Comisario, le ruego encarecidamente que adopte providencias para que estos tests se realicen también en otros Estados miembros. No puede ser que en Alemania, por ejemplo, no se apliquen tests en todo el territorio sino solamente en Renania del Norte-Westfalia, por miedo a no poder denominarse más territorio libre de EEB. Naturalmente, esto no debe suceder y, en consecuencia, no me queda sino esperar que la Comisión presione vehementemente sobre los Estados miembros que, por miedo a no estar libres de EEB, no aplican tests. Ésta es una amenza consciente a los consumidores y no puede ser tolerada. Aquí es preciso realizar una amplia campaña de información.
Sin embargo, me opongo decididamente a la afirmación de la Comisión de que prohibir ahora la alimentación con harina animal sea crear el pánico. Al contrario. Considero muy ejemplar que Francia se haya apresurado a dar este paso. Señor Comisario, considero abiertamente cínico que usted diga que esto no debe suceder por razones de protección de medio ambiente. Usted no puede esperar seriamente que nosotros comamos basura especial para solucionar así el problema de la eliminación.
En resumen, considero ya un tanto vergonzante que aquí se hable mucho de la indemnización para los agricultores y para los ganaderos. Quizá deberíamos pensar alguna vez en las víctimas y en los muchos allegados de las personas que han fallecido en Creutzfeldt-Jacob.

Trakatellis
Señor Comisario, he escuchado cuanto ha dicho con la mayor atención y me ha impresionado que en un momento de su intervención haya dicho usted que no tienen la varita mágica para poder solucionar inmediatamente el problema. Y le respondería a eso que no necesitamos la varita mágica; necesitamos dos cosas: primero, asumir que la salud, la salud pública, constituye una prioridad frente a todas las otras políticas. Si esto lo asumimos; si no nos limitamos a declararlo; si lo creemos verdaderamente, entonces, claro, interviene el segundo factor, que no es otro que la voluntad política. Y si hubiera voluntad política, le garantizo que este problema no se plantearía hoy, porque los datos del problema son bien conocidos. Y sabemos bastante sobre las harinas animales; sabemos que hay pruebas y que podemos localizar a los animales que proceden de rebaños que deben ser aniquiladas para poder hacer frente al problema. Todo esto lo sabemos. ¿Qué es lo que nos impide actuar? ¿Por qué necesitamos que se produzca una crisis para venir aquí a asegurar que nosotros, el Parlamento, creemos firmemente que la salud pública constituye prioridad absoluta?
Y usted lo dice, pero no sé en qué medida lo ha comprendido el Consejo. Porque por alguna razón, que no sé dónde radica, no podemos actuar. No podemos aplicar lo que sabemos. Y es bien sabido que la prevención es mejor que cualquier otra cosa. Mucho más cuando en este caso no hay terapia posible; es sabido que esta epizootia causa terribles daños y que sus consecuencias son trágicas, y, lo que es peor, no sabemos adónde pueden conducirnos; porque aún no ha sido caracterizada desde el punto de visto epidemiológico en todos sus aspectos. De manera que estamos jugando con fuego. Y me causa impresión que vengamos aquí y repitamos todos lo mismo una y otra vez. He escuchado a mis colegas. Todos dicen cosas correctas. La cuestión es ponerlas en práctica. Queremos práctica, señores del Consejo, queremos acción, y la queremos en toda la Unión Europea; no queremos que las ponga en práctica fragmentariamente Francia o cualquier otro país. Deben ponerse en práctica en todas partes; inmediatamente; ahora.

Campos
Señora Presidenta, abrigo la profunda convicción de que hay falta de autoridad política, moral y pedagógica en toda la Unión para poder hablar de calidad y seguridad alimentaria. Y no ha sido casualidad que el Presidente del Consejo o el Comisario se hayan abstenido de mencionar al principal causante de todos estos problemas en la cadena alimentaria, que, como es evidente, es la propia Política Agraria Común. El Parlamento vota la mitad del presupuesto para incentivar la producción. Hoy el agricultor moderno no es el que produce, es el que es capaz de producir con calidad y seguridad. Pero, ¡a ésos no se les ayuda! Porque sólo se ayuda a los que producen en cantidad y, por consiguiente, ¡se gasta gran parte del presupuesto en incentivar estos problemas! ¡Estos y otros que vendrán! Pero no se quiere aceptar el principio de que se debe acabar con la alimentación de animales con restos de otros animales...
Ya hablamos aquí del Reino Unido, de Portugal, y ahora estamos hablando aquí de Francia. Y yo aquí quedo a la espera del Comisario para el próximo caso, porque aquí estaremos dentro de un año con otro país, con nuevos casos. Porque la cuestión fundamental es que el Presidente del Consejo y el Comisario deben convencerse de que hoy no es posible, no es admisible, una política orientada por los principios de la posguerra. Tienen ustedes que acabar con todas las ayudas a la producción y pasar a ayudar en función de la calidad, la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos. Y, sin eso, no tendremos una cadena alimentaria que dé garantías a los consumidores. Seguiremos aquí engañando permanentemente a los agricultores y a los consumidores.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, la EEB no desaparece de los medios de comunicación. Tampoco desaparecen las terribles imágenes de las personas afectadas por el mal de Creutzfeld-Jakob a pesar de las numerosas medidas adoptadas en los Estados Miembros y en Europa. El debate que estamos manteniendo hoy acerca de las consecuencias de la crisis de la EEB y del modo en que podemos paliar de forma efectiva dichas consecuencias se centra en aspectos trascendentales. En primer lugar se trata de las pruebas que deben realizarse y me congratulo de que no especifiquemos una edad concreta para las mismas. En segundo lugar, se trata del uso de harinas de huesos en los piensos para ganado y sobre lo que se ha debatido ardientemente en esta sala.
El vínculo entre los piensos de huesos y la EEB, que por otra parte constituye una forma de alimentación completamente antinatural, ha quedado patente para todo el mundo. Por ello de se deben adoptar medidas. En los Países Bajos, las normativas referentes al uso de residuos animales de los mataderos en los piensos animales son bastante estrictas en la actualidad. Desde 1989, no se pueden emplear proteínas de mamíferos y rumiantes en los piensos para ganado destinado a rumiantes. Además, esta normativa se ha endurecido constantemente y se ajusta a lo que llega desde Bruselas. El uso de grasa y sangre sen encuentra asimismo sometido normas muy estrictas. Por este motivo, me sorprende que en estas circunstancias se sigan pudiendo utilizar o procesar cadáveres.
A pesar de que no se ha demostrado de manera absoluta la existencia de riesgos, me complace la pretensión de los Países Bajos de no permitir de ninguna forma el uso de cadáveres en los piensos animales a partir de 1 de julio de 2001. Considerando los acontecimientos del pasado, no nos podemos seguir permitiendo que estos cadáveres sigan llegando de la forma que sea a la cadena alimentaria. Opto, junto con todos los colegas, por no esperar a julio de 2001 y por encargarnos de que se cumpla esta prohibición desde ya, con entrada en vigor inmediata.
La necesidad de medidas estrictas a nivel europeo es evidente. De modo que no se trata únicamente de medidas nacionales, ya que el funcionamiento del mercado interno sufriría perjuicios graves si dejamos permanentemente en manos de las administraciones nacionales la decisión acerca del grado de prohibición en la utilización de cadáveres en los piensos. Por ello, por el bien del mercado interno y para reforzar además la confianza del consumidor europeo, abogo por una prohibición total e inmediata. En relación con los cadáveres y su recogida, le pido al comisario que se unifique la situación a nivel europeo. En nuestro país vemos con cada vez más frecuencia cómo simplemente se abandona el cadáver de una oveja o de un ternero debido a que los gastos de su recogido resultan excesivos.
Por ello, le pido a la Comisión Europea que imponga un cierto grado de armonización en este aspecto. Si no lo hace ahora, que lo haga luego por escrito de forma que sepamos a lo que atenernos.

Parish
Señora Presidenta, hoy intervengo en mi calidad de diputado al Parlamento Europeo y de productor de ganado vacuno del Reino Unido. El sector agrícola de Gran Bretaña ha sufrido las graves consecuencias de la crisis de EEB tanto financieras como en términos de la confianza de los consumidores. No obstante, con el paso de los años, hemos aprendido mucho sobre cómo poner orden en nuestra propia casa. Ahora disponemos de un sistema a toda prueba que garantiza la seguridad de nuestra carne de vacuno. Recientemente se ha publicado en el Reino Unido el informe Phillips sobre EEB. Me alegra que usted, señor Comisario Byrne, lo haya leído y espero que proceda en consecuencia.
El Gobierno francés también debería leer este informe porque corre el peligro de cometer exactamente los mismos errores que cometimos en el Reino Unido durante nuestra crisis de EEB. Pero ahora tenemos la ventaja de la sabiduría que da la experiencia. Sugiero que el Gobierno francés aprenda de nosotros. Nunca me ha convencido el argumento sostenido por Francia de que la política de sacrificar toda la cabaña no es la medida adecuada para atajar los brotes de EEB en el país.
La reciente aparición en Normandía de un animal infectado que fue presentado como animal sano pone de relieve la resistencia que existe entre la comunidad agrícola al sacrificio de toda la cabaña. Por otra parte, las recientes pruebas efectuadas en Francia de reses sacrificadas han revelado varios casos ocultos de EEB. Hace tiempo que sospecho que, para evitar el sacrificio de toda la cabaña, en granjas de Francia se han matado y enterrado animales en secreto.
El sistema británico de retirar los animales infectados de las cabañas y pagar una buena indemnización por ellos es un incentivo para que los agricultores declaren sus casos de EEB. Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que realice una revisión total de los sistemas en vigor en Francia para solucionar los casos de EEB.
En Gran Bretaña también hemos aprendido que es muy difícil poner fin a la utilización de harinas de carne y huesos, que se producen e incorporan a los piensos para cerdos y aves de corral, y que además - bien accidental o intencionadamente - terminan en los piensos para el ganado vacuno y rumiantes. Es muy difícil que un productor de piensos pueda garantizar que sus líneas de producción están por completo exentas de harina de carne y huesos antes de iniciar la elaboración de piensos para cerdos y pollos. Soy de la opinión, desde hace mucho tiempo, de que la utilización de harinas animales para piensos debería estar prohibida en toda Europa.
Francia ha introducido recientemente la prohibición de consumir la carne de vacuno adherida al hueso y muchas provincias francesas han impedido que los escolares consuman carne de vacuno procedente de animales criados en casa. Una de las numerosas razones que justifican esta medida es que la agencia alimentaria francesa se toma muy en serio el principio de cautela. Quisiera sugerir que la Comisión Europea también aplique el principio de cautela con respecto a la carne de vacuno de Francia. Hasta el momento en que el Gobierno francés pueda garantizar la seguridad absoluta de su carne de vacuno, la Comisión debería prohibir todas las exportaciones de Francia al resto de la Comunidad, especialmente, la exportación de animales de más de 30 meses de edad.
En el Reino Unido, el sector de transformación dispone actualmente de carne de vacuno francesa por valor de 2 millones de libras. Es algo absolutamente inaceptable, teniendo en cuenta los problemas de EEB que existen en Francia.
Hace algo más de un año, 16 de los mejores científicos europeos, bajo la presidencia de un francés, declararon que la carne de vacuno británica era segura para su consumo en toda Europa, y sin embargo, Francia ha mantenido ilegalmente la prohibición de la importación de carne de vacuno británica. Es una hipocresía absoluta que Francia mantenga su prohibición de carne de vacuno británica.

Paisley
El Reino Unido ha sufrido con esta terrible plaga. Quisiera decir, en nombre de la comunidad agrícola, que aunque son ellos a los que generalmente se les señala con el dedo, la culpa no es suya. El Comisario Byrne se mostró muy firme ayer, en su declaración inicial, cuando dijo a la Asamblea que estaba dispuesto a examinar este asunto de la harina de carne y huesos y adoptar medidas.
Quisiera preguntarle hoy, tras haber escuchado este debate, si no se ha dado cuenta de que este problema exige la adopción inmediata de medidas. Como acaba de decir el orador anterior, el único modo de abordar la prohibición de harina de carne y huesos es imponer su prohibición total, de lo contrario no será posible su vigilancia. El resultado es que el veneno entra en el sistema, como sucede actualmente, y lo destruye.
Hago un llamamiento especial al Sr. Comisario hoy para que tome nota de lo que se ha dicho en la práctica totalidad de la Asamblea durante el presente debate, y que intervenga sin pérdida de tiempo para imponer la prohibición de todas las harinas animales en la Comunidad Europea.

Patriat
 - (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señor Comisario, he escuchado con interés el conjunto de sus intervenciones.
Hoy el problema no es procesar a nadie por las prórrogas de la aplicación de la reglamentación o por las responsabilidades, y dirigiéndome a todos ustedes, me digo que el problema consiste en que tenemos un imperativo común que es la seguridad alimentaria. Se trata de una exigencia legítima por parte de todos los consumidores europeos. Es un imperativo para los poderes públicos, sean nacionales o europeos. Creo que hoy debemos, después de sus debates, intentar definir líneas maestras, tanto sobre el método como sobre los medios, para lograr garantizar dicho imperativo.
La Presidencia considera el método siguiente: éste se basa en la evaluación científica y en la consulta. Hoy debemos saber, ya que seguimos en la incertidumbre, cuáles son los datos científicos, cuáles son las medidas que deben adoptarse. Y el segundo punto consiste en estudiar la viabilidad de estas medidas, lo que supone el tratamiento de las harinas, la creación de pruebas de detección. Luego la aplicación inmediata de dichos medios y, finalmente, el control. Y todos ustedes han tratado, unos tras otros, estos problemas.
Hoy, el control: para tratar el último punto, señor Comisario, le doy las gracias por las palabras que usted ha pronunciado, demostrando la apertura de la Comisión e indicando el posible estudio de todos los problemas, así como la creación inmediata, como ustedes lo desean, de la Autoridad europea alimentaria. Pero los controles son sólo controles, y en la medida en que queda una ínfima posibilidad de que se produzcan fraudes, irregularidades, utilización de procedimientos inadecuados, esta duda, por más ínfima que sea, queda en la mente de las personas y, a veces, cae el oprobio en el conjunto del sector.
La generalización de las pruebas de detección: naturalmente, creo que es necesario - y ustedes lo han pedido - aumentar el número de pruebas. Algunos países ya se han comprometido ampliamente en tal sentido. Deseamos que se multipliquen y se incrementen en las poblaciones bovinas y ovinas bien determinadas. Pero hoy no veo cómo sería posible, en el estado actual de los medios de que dispone cada país, realizar 28 millones de pruebas de detección por año, ni técnicamente, ni financieramente, ni eficazmente, sobre todo teniendo en cuenta que dichas pruebas, por excelentes que sean, no quitarían todas las dudas en la medida en que las mejores pruebas - y se han mencionado - no permiten detectar la presencia de la enfermedad sino en los últimos meses de la incubación, justo antes del desencadenamiento de la misma, y no al principio. Por lo tanto, existen dudas, existen incertidumbres, pero creo que nuestro proyecto común y sus debates de hoy nos permiten avanzar.
Nos permiten avanzar, y por esta razón he escuchado con mucha atención todas sus intervenciones, en el momento en que creo pertinente e indispensable que el debate sobre dicha seguridad de nuestros conciudadanos sea zanjado en el plano europeo. Naturalmente, es difícil la coexistencia, en la materia, de las legislaciones nacionales y una legislación europea. Creo que se necesita una legislación única, completa y puesta en práctica para responder a esta demanda y evitar así las distorsiones de competencia y permitir que el mercado único se aplique plenamente.
Créanme que conservo todo esto en mi mente, para continuar los trabajos del Consejo y mis intercambios con la Comisión, sabiendo que la convergencia de puntos de vista de las instituciones es uno de los mejores medios para tratar un problema tan complejo y global como el de la seguridad alimentaria. El 30 de noviembre, con ocasión del Consejo, la Presidencia francesa lanzará un importante debate de orientación capaz de aportar los primeros elementos de respuesta a una situación de sospecha generalizada que pone en entredicho la credibilidad de nuestras instituciones frente a nuestros conciudadanos. Aquí hablamos de salud pública, o sea, de acontecimientos graves que es importante tratar como tales, con rigor y, sin duda, con transparencia.
Señora Presidenta, señoras, señores diputados, señor Comisario, estén ustedes convencidos de que mi determinación en la doble empresa que nos incumbe, y el Consejo asumirá - procuraré que así sea - toda la parte que le corresponde, consiste en restablecer la confianza de los consumidores y en reforzar la credibilidad de las instituciones europeas. Todos aquí se han dedicado también a poner en tela de juicio o a mencionar la supervivencia de la Política Agrícola Común en materia agrícola: para algunos, se ha planteado el proceso del productivismo y la posibilidad de revisar los acuerdos de Blair House, que sólo podrá efectuarse en el marco del nuevo ciclo de la OCM.
Por otra parte, he oído todas estas propuestas; no soy insensible a ellas. Espero los resultados de sus debates y estoy convencido de que podremos continuar juntos en este imperativo de seguridad, encontrar juntos las vías y las medidas que permitirán garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos.

Byrne
. (EN) Señora Presidenta, cuando recorro con la mirada esta Asamblea, veo muchas caras de personas que, me alegra poder decir, he llegado a conocer muy bien durante los últimos doce meses. Una cosa que puedo decir con convicción es que soy consciente de que todas estas personas que tengo delante son expertos en el tema de seguridad alimentaria. Muchos de ustedes se han ocupado de este asunto durante muchos años, en particular, en la formidable comisión que se reunió hace algunos años para tratar sobre esta cuestión. De hecho, llevan involucrados en este asunto más tiempo que yo. Conozco el compromiso que todos ustedes han asumido. Por consiguiente, este debate ha tenido un interés y un valor considerables para mí como miembro de la Comisión responsable de la salud pública y de la protección de los consumidores, y responsable, en particular, de la seguridad alimentaria.
Hay algo que me sorprende y que es especialmente importante en este contexto, a saber, que en una Asamblea llena de expertos en seguridad alimentaria el espectro del debate, en particular sobre la cuestión de si debería imponerse la prohibición total o no de la harina de carne y huesos, abarca desde el "sí" hasta el "no". Es uno de los temas de los que deberemos ocuparnos.
A la hora de examinar este asunto, debemos tener presente el hecho de que ya existe la prohibición de incluir harinas de carne y huesos en la alimentación de reses. Dicha prohibición está en vigor. Es la ley y debe respetarse. Asimismo, existe legislación en vigor que establece cómo debe elaborarse la harina de carne y huesos, el tratamiento a que debe ser sometido este pienso - una medida más de salvaguarda que ha sido incluida en el sistema para proteger la salud pública y la seguridad alimentaria.
Los que dicen que hay que prohibir la harina animal en los piensos para cerdos y aves de corral, animales que no pueden contraer EEB por esta vía, no lo dicen porque quieran proteger a los cerdos y a los pollos, sino al ganado vacuno. Por consiguiente, lo que están insinuando es que la legislación en vigor es inadecuada o no se cumple. Si se cree que existe un incumplimiento generalizado de la ley en lo que a este asunto se refiere, ¿qué nos dice eso acerca de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses y años en relación con la alimentación del ganado vacuno? Apunta a una pregunta que me da miedo incluso formular. Pregúntense a sí mismos cuál es la respuesta a esa pregunta.
Creo que se ha cumplido la legislación y si creo eso - y no pienso que esté siendo ingenuo - no considero necesaria una ampliación generalizada de la prohibición de la harina de carne y huesos para alimentar a cerdos y aves de corral. Pero estoy dispuesto a atenerme a las pruebas que existan de este asunto. Si representantes de los Estados miembros vienen y me dicen que la legislación no se ha aplicado en su totalidad, quizá debamos replantearnos el tema, pero no lo haremos porque los científicos nos digan que es necesario, sino porque existen lagunas en el cumplimiento de la ley en la Unión Europea. Es una cuestión sobre la que debemos reflexionar seriamente.
Permítanme que pase a la cuestión de las pruebas. El Sr. Whitehead me ha pedido más detalles al respecto y creo que tiene razón cuando dice que yo debería haber hecho mayor hincapié en ello en mi intervención.
Existen dos tipos de pruebas en todo este asunto. En primer lugar, está la prueba que entró en vigor tras la presentación de la Comisión al Parlamento, hace algún tiempo, de una propuesta legislativa encaminada a introducir pruebas post mortem al azar en todos los Estados miembros, de las que se realizaron un total de 170.000. Esta inspección tenía la finalidad de identificar el nivel de contagio que existía en la Unión Europea. Se hizo para obtener información. Acojo con satisfacción que Francia haya actuado con celeridad y, antes que cualquier otro Estado miembro, comenzara este trabajo a un nivel más alto que el que estipulaba la legislación. La información que se está obteniendo ahora es lo que ha desembocado la actual situación. Ha habido total transparencia en la provisión de información en lo relativo a estas pruebas. Algo que también merece ser saludado y aplaudido.
Reflexionemos un momento sobre otro aspecto del caso que me produce cierta inquietud. Si se produce una reacción adversa generalizada contra las autoridades en Francia porque cumplen con su deber, espero que ello no intimide a otros Estados miembros cuando hagan exactamente lo mismo. Si éstos realizan las pruebas de forma similar a como lo ha hecho Francia, asegurándose de que se centran en los animales de mayor riesgo, y efectúan el número necesario de pruebas, obtendremos exactamente el mismo tipo de información de que ahora dispone Francia y obtendremos esa información sobre toda la Unión Europea, de manera que podamos tomar las decisiones oportunas para seguir avanzando.
Las pruebas a las que ahora me refiero son algo diferentes. Su finalidad no es proporcionarnos información relativa al nivel de contagio, sino que se centran más en la cuestión de intentar alejar de la cadena alimentaria las carcasas que puedan estar infectadas. Hay quien ha dicho que eso será muy costoso, que afectará a un gran número de carcasas, etcétera.
Limitémonos a los hechos. Las tres pruebas de que disponemos - la francesa, la suiza y la irlandesa - no pueden detectar la EEB en animales por debajo de cierta edad. El resultado será negativo. Corremos con los gastos y nos tomamos las molestias de realizar unas pruebas para luego obtener resultados negativos. Por consiguiente, ¿qué valor tiene efectuar dichas pruebas en animales jóvenes? En mi opinión, ninguno. Pero además tenemos el peso de la evidencia científica de que los animales menores de cierta edad no manifiestan los síntomas de EEB. Por consiguiente, he pedido al Comité Veterinario Permanente, que se encuentra reunido en estos precisos momentos, que examine este asunto para determinar a qué edad deben llevarse a cabo estas pruebas. Me refiero a analizar las carcasas de animales mayores de una edad determinada para detectar si existe contagio y, en caso afirmativo, apartar al animal de la cadena alimentaria.
Tenemos el caso de animales jóvenes entre los que no existe ningún caso de EEB, según nos cuentan los científicos, pero tras examinar a los animales de mayor edad para determinar si tenían EEB o no, son eliminados todos ellos de la cadena alimentaria. Es una medida para proteger al consumidor y también para incrementar su confianza. Por eso he sugerido que sigamos por este camino y espero con interés poder conocer el dictamen del Comité Veterinario Permanente, que obtendremos esta tarde y que tengo intención de presentar al Consejo de Ministros la semana próxima para tratar sobre este asunto en particular relacionado con la cuestión de la edad en que deberíamos trazar la demarcación.
Creo que es el camino a seguir. Existe una cierta polémica al respecto y, como puedo ver, en esta Asamblea existe diversidad de opiniones en lo relativo a este asunto, pero es importante que aunamos nuestros esfuerzos en esta misión. Es importante que intentemos alcanzar un consenso sobre el modo en que debemos de avanzar y encontrar respuestas proporcionales, y no lancemos acusaciones a otros que, cuando identifican una respuesta proporcional, afirman que lo que estamos haciendo no basta para proteger la salud pública y a los consumidores. Es legítimo decir basta en circunstancias en la que uno está bastante seguro de la trayectoria que está trazando; seguro por un lado, aunque no por otro. Debemos asegurarnos de que somos justos unos con otros en la identificación de estas medidas que todos consideramos necesarias, porque la finalidad de este ejercicio es proteger la salud pública y la seguridad alimentaria y afianzar la confianza de los consumidores.
Por último, he escuchado con gran interés los comentarios de mi amigo Sr. Patriat, los de su primera intervención y los de su segunda, y espero con interés poder trabajar en estrecha colaboración con él sobre estos temas durante las próximas semanas. Debo decir a la Asamblea que él y yo hemos mantenido conversaciones sobre este asunto en concreto esta misma semana en París, por lo que confío en que el Parlamento, el Consejo y el Comisario trabajemos unidos, sin encono, para poder encontrar respuestas a este grave problema al que nos enfrentamos.

Gollnisch
Señora Presidenta, desearía intervenir brevemente por alusiones personales, puesto que nuestro colega, Graefe zu Baringdorf, ha recriminado el hecho de que los miembros de mi Grupo no hubieran participado en la comisión de investigación sobre la EEB. Desearía, simplemente, hacer la precisión siguiente: existen dos comisiones de investigación en el seno de este Parlamento. El Sr. Martinez ha participado en la primera y pongo a disposición de mi colega su opinión minoritaria, que ha sido formulada por escrito en la primera comisión, la comisión Böge.
No hemos participado en la segunda comisión porque, simplemente, hemos sido excluidos de la misma por el mecanismo de la ley d´Hondt y por los reglamentos, o la falta de reglamentos - no lo sé -, de este Parlamento.
La mejor manera de no oírnos es no invitarnos. En cualquier caso, el Sr. Martínez había formulado su advertencia pública en 1990, es decir, seis años antes de la primera comisión de investigación.

La Presidenta
He recibido siete propuestas de resolución, presentadas en virtud del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0553/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Se darán cuenta de la situación de catástrofe organizativa en la que estamos porque ahora deberíamos terminar el turno de preguntas. Tengo que decirles que en mis competencias y en mis capacidades no están los milagros. Por lo tanto, vamos a cooperar para utilizar esta media hora porque vamos a hacer todo tipo de incumplimientos. Ni vamos a estar hora y media, ni vamos a terminar a las 7, ni siquiera vamos a estar una hora porque los Sres. Comisarios tienen que partir a las 7.30 de viaje.
En un reparto proporcional, la única solución que veo sería hacer dos preguntas en la primera parte -no da tiempo para más-. Les pido que solamente haga una pregunta complementaria el diputado que ha formulado la pregunta y, en todo caso, de forma excepcional, uno más. Luego daremos la palabra para preguntas a cada Comisario para que todos participen y ninguno se sienta en agravio comparativo. El colegio de Comisarios es muy respetable y creo que todos tienen derecho a contestar alguna pregunta. El reparto que vamos a hacer es equitativo.

El Presidente


Carmen Cerdeira Morterero
Pregunta nº 17 formulada por (H-0848/00):
Asunto: Normas mínimas en la expulsión de inmigrantes En la reunión del Consejo de 18 de diciembre de 1997, se adoptó la Resolución sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior para el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, resolución en la que se establecía de manera clara el objetivo de "mejora de la cooperación en materia de expulsión de inmigrantes".
Los últimos y frecuentes ejemplos ocurridos en diferentes Estados miembros, donde en las expulsiones de inmigrantes no se han respetado los derechos humanos más elementales, hacen que ésta debería ser una cuestión especialmente observada por la Comisión. Sirvan como ejemplo la técnica de la almohada que provocó la muerte de una inmigrante en Bélgica, la utilización de fuertes sedantes en España, el transporte de inmigrantes hacinados en bodegas de barcos en Italia y España, la tragedia de los 58 inmigrantes chinos muertos en el Reino Unido en el puerto de Dover, después de haber sido detenidos varias veces en territorio europeo, y el uso generalizado de diferentes medios de coacción e intimidación con los inmigrantes expulsados.
¿Tiene la Comisión alguna propuesta en el marco de la Política de Asilo e Inmigración que, en primer lugar, evite estas terribles situaciones y, en segundo lugar, armonice y coordine las políticas de expulsión en los países miembros, acorde con el respeto a los derechos humanos y los convenios de las Naciones Unidas sobre esta cuestión?

Vitórino
Señor Presidente, al hacer mi contribución a un milagro laico, quisiera decir que, en materia de armonización de la política de asilo, las principales medidas que adoptará la Unión no sólo están formuladas en el plan de acción de Viena y en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, sino que, además, constan en el informe del grupo de evaluación que la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo y que se desarrollarán en dos fases esenciales. En la primera fase -espero que pueda estar totalmente concluida en junio del año que viene-, se trata de formular normas comunes mínimas sobre los elementos definitorios esenciales de una política de asilo. En una fase posterior, a más largo plazo, el objetivo es el de formular un sistema común de asilo global. Y con vistas a la formulación de ese sistema de asilo integral, la Comisión presentará, de aquí al final de este año, una comunicación para promover su debate. Por lo que se refiere en concreto a la cuestión del fundamento jurídico, la letra b) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado de las Comunidades Europeas es la que establece la adopción de medidas relativas a la inmigración clandestina y a la permanencia irregular en el territorio de los países de la Unión, incluidas las medidas sobre repatriación de personas que se encuentren en situación irregular.
En este momento está en la mesa del Consejo una primera iniciativa adoptada por la Presidencia francesa que tiene como objetivo el de aprobar una directiva referente al reconocimiento mutuo de las decisiones de exclusión de los ciudadanos oriundos de terceros países, proyecto de directiva que también está pendiente de consulta en este Parlamento.
Las opiniones públicas de los Estados miembros tienen la sensación de que las políticas de repatriación existentes están poco coordinadas y son en gran medida ineficaces. La Comisión considera que para la aclaración y la coordinación de esas políticas los acuerdos de readmisión desempeñan un papel importante y en este momento están en curso de negociación los primeros acuerdos comunitarios de readmisión con Rusia, Sri Lanka, el Pakistán y Marruecos. La Comisión espera que, en el marco del presupuesto para 2001, se apruebe un instrumento financiero de cooperación con los países de origen y de tránsito que mejore sus capacidades en materia de readmisión y regreso voluntario.
Por lo que se refiere a la política futura, la opinión de la Comisión es la de que la necesidad de una política global y coherente en materia de repatriación debe ir encaminada sobre todo a dar preferencia la repatriación voluntaria. Con vistas a esa repatriación voluntaria, quisiera recordar a la Asamblea que el Fondo Europeo para los Refugiados establece medidas específicas de carácter financiero para apoyar la formulación de las políticas de los Estados miembros en materia de repatriación y, por lo que se refiere a las condiciones en que se hace dicha repatriación, me sumo a las preocupaciones expresadas por Su Señoría en cuanto a la necesidad de que adoptemos normas comunes mínimas que definan el proceso y las condiciones de dignidad y trato humanitario de la repatriación. Estoy convencido de que será un buen tema para el programa de trabajo de la Comisión en el año 2001.

Cerdeira Morterero
Señor Presidente, yo también voy a tratar de contribuir a ese milagro del reparto del tiempo entre el Colegio de Comisarios y los parlamentarios europeos.
Sr. Vitorino, sabe perfectamente que compartimos sus inquietudes, el trabajo que usted personalmente ha explicado a la Comisión de Libertades, el "scort board" y las prioridades que sus servicios han planteado para todas estas materias. En ello estamos trabajando en esa comisión. Sin duda, circunstancias como las que comento en la pregunta que le he formulado tienen que llevar a cualquier ciudadano europeo, y más a los que tenemos una responsabilidad, un compromiso político adquirido y trabajamos en estas materias, a insistir en ellas y a pedir los máximos esfuerzos en la aceleración de los trabajos, para que no se repita nunca más ninguna de las situaciones que enumero, como la expulsión de inmigrantes, porque eso nos avergüenza como europeos y, mucho más, como responsables políticos.

Vitorino
Señor Presidente, quisiera decir que me sumo a las preocupaciones de Su Señoría y que espero que no sea sólo la Comisión la destinataria de su llamamiento, sino también el Consejo, para que podamos tener todo el marco jurídico aprobado de aquí a junio del año que viene. Ése es mi compromiso. De mí respondo yo.

Naranjo Escobar
Señor Presidente, solamente quiero decir dos cosas. En la lista de ejemplos de la pregunta opera la memoria selectiva, lo que yo creo poco conveniente en estos casos. Pero, en definitiva, señor Comisario, al día de hoy no tenemos actualizado el tableau de bord, ni disponemos de un instrumento legal que regule las condiciones y los supuestos materiales de la expulsión. El próximo día 12 de diciembre las Naciones Unidas firmarán en Palermo la Convención Mundial sobre la Criminalidad Organizada con un protocolo sobre el tráfico de seres humanos. Existe relación directa entre la criminalidad organizada y la inmigración. ¿Qué propuestas tiene la Comisión en esta materia sobre la base del artículo 31 de la Unión?

Vitorino
Reitero mis disculpas sobre el exceso de celo en la cooperación para el milagro laico y quisiera decir a Su Señoría que espero que de aquí al final de este año la Comisión pueda presentar al Consejo y al Parlamento Europeo dos decisiones-marco basadas en el tercer pilar en las que figuran definiciones comunes, incriminaciones comunes y sanciones comunes para el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y económica. Será la primera piedra del edificio penal europeo de represión del tráfico de seres humanos, que suele ir asociado a la delincuencia organizada. Las soluciones que la Comisión va a proponer se ajustan totalmente al contenido del Convenio de las Naciones Unidas que se firmará -espero- en Palermo en la semana del 12 al 15 de diciembre próximos.

El Presidente


Efstratios Korakas
Pregunta nº 18 formulada por (H-0860/00):
Asunto: Informe de las Naciones Unidas sobre la explotación de la mujer Según un informe de las Naciones Unidas, la situación de la mujer en el mundo es deplorable. Decenas de miles de embarazos indeseados, de abortos en condiciones precarias, de violaciones, malos tratos, infanticidios y crímenes por honor. En concreto, el informe menciona que hay 60 millones de niñas desaparecidas, que 5.000 mujeres son asesinadas cada año por motivos de honor y que aproximadamente 4 millones de mujeres son objeto de compraventa en la industria del sexo, y las que consiguen escapar acaban trabajando en condiciones miserables. Un dato significativo del informe es que, a escala mundial, una de cada tres mujeres ha sido víctima de malos tratos, violación o coito no deseado por lo menos una vez en su vida, mientras que los culpables han quedado impunes.
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para poner fin a esta situación inaceptable de vil explotación, tráfico de seres humanos y malos tratos, y para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer?
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. Solbes
Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, sin duda alguna el asunto de los malos tratos a las mujeres, de la violencia contra las mujeres, es uno de los grandes problemas sociales de nuestra época, con enormes consecuencias económicas, ya que en este ámbito se desarrollan muy importantes actividades económicas ilegales a escala mundial. El asunto de la violencia contra las mujeres adopta muchas formas: la violencia familiar, que es un crimen silenciado, las diversas formas de explotación sexual, el tráfico de mujeres, el tráfico de personas.
Quiero recordar que después de Pekín, este año en Nueva York se ha expresado de nuevo el consenso mundial en la consideración de que todas estas prácticas afectan a los derechos humanos y que, en consecuencia, deben ser tratadas como formas y casos de violación de los derechos humanos. La Comisión aprobó en 1996 una política paneuropea para la lucha contra la trata de seres humanos, con especial atención a los asuntos que afectan a las mujeres, que son las más castigadas por esta plaga. Quiero recordar los programas DAFNE y el programa STOP; tengo que decir que el año pasado se organizó una campaña dedicada a la violencia doméstica, la violencia familiar, problema de grandes dimensiones a escala europea, y que en 1997 se aprobó una medida común sobre la trata de seres humanos y sobre la explotación sexual de los niños, por la que se llama a todos los estados miembros a revisar su marco institucional, a tomar en consideración determinadas formas de conducta y a fomentar la colaboración entre las autoridades judiciales.
El nuevo programa comunitario -2001-2005- para la igualdad entre hombres y mujeres propuesto por la Comisión tiene cinco ejes; uno de estos ejes se refiere a la violencia ejercida contra los derechos humanos, y ahí esperamos la colaboración de los gobiernos, de las autoridades locales y de las organizaciones no gubernamentales, al objeto de que durante los próximos cinco años tengamos programas en todos los países.

Korakas
Le agradezco sus explicaciones a la Sra. Comisaria; está muy bien todo lo que nos ha dicho; creo, sin embargo, que lo esencial no es eso. Y quisiera preguntar: ¿No cree, señora Comisaria, que los abominables fenómenos que denunciamos -y que, tal y como usted misma ha señalado, están relacionados con la situación económica imperante hoy en los países de la Unión Europea y los demás países de Europa y del mundo- son fruto de la miseria provocada por la política de exaltación de la búsqueda a ultranza del máximo beneficio al más elevado de los ideales? En Europa, las esclavas contemporáneas, destinadas a todos los usos, proceden principalmente de los antiguos países socialistas, de los países donde la mujer tenía antes la posición social que se merece. Hoy, con los trágicos cambios que tanto desearon y promovieron ustedes -su sistema quiero decir- la exportación de mujeres y niños a nuestros países constituye la parte más importante de las exportaciones de esos países...
(El orador es interrumpido por el Presidente)

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, sólo una cosa: no es verdad que haya tráfico de mujeres procedentes exclusivamente de los antiguos países socialistas o que la mayor parte proceda de allí. Desgraciadamente tenemos que decir que Asia se lleva la palma, y también los países de Africa. La pobreza, donde existe, es la causa principal, es el principal factor desencadenante de este fenómeno.

El Presidente
Pido disculpas a la Sra. Schreyer y al Sr. Fischler pero es imposible que puedan contestar a las preguntas. Las preguntas 19, 20 y 21 se contestarán por escrito.

El Presidente


Camilo Nogueira Román
Pregunta nº 22 formulada por (H-0809/00):
Asunto: La política monetaria y la función de la Comisión Europea En un debate en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Jacques Delors, antiguo Presidente de la Comisión, afirmó que la Comisión debería asumir la responsabilidad de la expresión pública de la política europea sobre el estado y las evoluciones del cambio de la moneda única.
¿Va a tomar la Comisión alguna medida, poniendo fin, en cualquier caso, a la actual diversidad de opiniones, tan perjudicial para la salud del euro?
Preguntas dirigidas a la Sra. Wallström
Solbes
. Señor Presidente, al Sr. Nogueira le diría que, evidentemente, en el modelo que tenemos definido, la política monetaria, corresponde al Banco Central y es el Banco Central Europeo quien actúa según los criterios establecidos en el Tratado.
Un problema de mayor envergadura es cómo conseguir que una política monetaria única sea compatible con unas políticas económicas que son nacionales de acuerdo con el Tratado. Esa operación es precisamente toda la que se incluye en la coordinación de políticas económicas, que tiene dos objetivos fundamentales: por una parte, que las políticas económicas de los diferentes Estados miembros no sean incongruentes y, segundo, que tampoco sean incongruentes con la política monetaria y generen una situación que pueda llevarnos a una política monetaria excesivamente restrictiva.
Intentamos llevar a cabo esa coordinación, fundamentalmente, a través del instrumento de las grandes orientaciones de política económica, que son aplicables en cada uno de los Estados miembros que las aprueban y que recogen, no sólo las grandes líneas de política económica, sino también recomendaciones específicas para cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, también hemos puesto en marcha, como consecuencia del plan de estabilidad y crecimiento, los llamados programas de estabilidad. Aquí tenemos un enfoque mucho más preciso, mucho más puntual, pues estamos introduciendo única y exclusivamente el elemento de las finanzas públicas.
El objetivo durante este período ha sido reducir el déficit público para lograr una política monetaria más acomodante, menores tipos de interés y un mayor crecimiento. Los objetivos que se han previsto se están alcanzando de manera satisfactoria. Esperamos que el próximo año lleguemos a una situación de déficit cero.
En estas condiciones, el Eurogrupo se está planteando, como responsable fundamental de la coordinación de la política económica, ir más lejos en cuanto a nuestras obligaciones fiscales y, sobre todo, mejorar la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que supondrá, sin duda alguna, una mejora del pacto de estabilidad y crecimiento y el tratamiento de temas más precisos y con mayor contenido.

Nogueira Román
Señor Presidente, señor Comisario, me ha dado usted una respuesta acerca de la política económica europea y la práctica de los Estados y de la Comisión sobre la misma. Creo que en el estado actual del euro el problema no es la política económica y que son otras las respuestas que hay que dar.
Si pudiera ser comprensivo con su respuesta, yo añadiría la evidencia de que hay una compra de dólares sistemática desde Europa, una inversión extraordinaria en Estados Unidos, que si fuera gobernante de este país me preocuparía enormemente, y, en todo caso, que la baja del euro está favoreciendo enormemente las exportaciones europeas, lo cual no es negativo para Europa.
Pero, creo que ustedes no saben explicar esto o no se atreven y que, en todo caso, el problema fundamental del descenso de la cotización del euro radica justamente en la inexistencia de la confianza hacia una política común, porque los Estados se resisten a admitir la realidad estratégica y política de la propia existencia del euro.

El Presidente
Tampoco hay una pregunta, señor Solbes. Ya ve usted que todos los diputados, casi sin excepción, tienen vocación de Comisarios, quieren explicarnos el tema. Todos sabemos que no hay tiempo. Les ruego, señores diputados, que comiencen por la pregunta y no por la explicación.

Rübig
Señor Presidente, creo que en la opinión pública es muy importante distinguir entre el efecto interior y el efecto exterior, y a mí me interesaría lo siguiente: ¿Podrá en marcha la Comisión ahora, poco antes de la introducción física del euro, una acción para explicar a la población la diferencia entre el efecto interior y el efecto exterior de la estabilidad monetaria?

Solbes Mira
. Señor Presidente, voy a intentar dar respuesta a ambos temas rápidamente. En primer lugar, es cierto que tenemos un efecto euro interior y un efecto euro exterior. El efecto euro en términos globales debe considerarse un éxito absoluto y total, hemos conseguido mejorar el crecimiento, mejorar las condiciones de estabilidad en nuestra economía, hemos conseguido mantener la inflación, a pesar de los riesgos que estamos teniendo, a un nivel relativamente bajo y el objetivo fundamental, que es mantener la inflación bajo control, se está consiguiendo.
Desde el punto de vista exterior, es verdad que hay un problema -y contesto indirectamente al Sr. Nogueira- que es, no lo debemos olvidar, que el ahorro en Europa es mucho mayor que en Estados Unidos. Parte de ese ahorro europeo está sirviendo para que empresas europeas vayan al exterior a internacionalizarse; en unos casos son inversiones europeas que se producen fuera y en otros son simplemente países o emisores que actúan en Europa, donde captan mejor sus recursos, y después los trasladan al exterior.
Pero contestando a su pregunta concreta, ¿qué vamos a hacer? En1999 pusimos en marcha una serie de programas específicos, en cooperación con el Parlamento, para dar a conocer lo mejor posible el euro. Yo digo siempre que el euro no se introducirá el 1 de enero de 2002, el euro ya está en nuestro bolsillo; lo tenemos con monedas fraccionarias distintas, pero ya lo tenemos en el bolsillo. Ahora hay que trabajar sobre ese punto específico. Si en el año 2000 hemos dedicado más atención a las pequeñas y medianas empresas, el año 2001 deberá ser el año de los ciudadanos. Lo estamos haciendo en cooperación con los Estados miembros, que son los responsables de los programas específicos de cambio al euro; el Parlamento está participando (recuerden las reuniones celebradas los pasados 23 y 24 de octubre) y por nuestra parte lo que estamos haciendo para intentar que los Estados miembros avancen y conseguir esa visibilidad que todos queremos es informar al Ecofin cada mes. Ustedes también están recibiendo esa información sobre la situación en que se encuentra cada plan de cambio al euro físico en cada uno de los Estados miembros, para que todo el mundo pueda elegir las mejores prácticas en uno y otro país y podamos avanzar lo máximo posible entre todos y conseguir los mejores resultados antes del fin de año próximo.

El Presidente
La pregunta 23 se contestará por escrito.

El Presidente


Mihail Papayannakis
Pregunta nº 24 formulada por (H-0787/00):
Asunto: Contaminación atmosférica en Grecia De unas valoraciones efectuadas por GREENPEACE según la metodología de la OMS y de los datos más recientes (1997-1999) obtenidos por mediciones de los organismos públicos competentes, resulta que en Grecia el coste en vidas humanas de la contaminación atmosférica es comparable al debido a los accidentes de tráfico (1342 y 7247 muertes adicionales al año por secuelas a corto y largo plazo, respectivamente), y la valoración del coste social asciende a 548.000 y 2.096.000 millones de dracmas en el caso de las secuelas a corto y largo plazo, respectivamente. En Atenas, concretamente, se registran elevadas concentraciones de micropartículas, ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.
¿Puede indicar la Comisión si Grecia le ha comunicado las medidas de ejecución para incorporar las Directivas 96/61/CE y 96/62/CE a su Derecho nacional y aplica correctamente las Directivas citadas? En términos generales, ¿cómo valora la situación de la calidad del aire en Grecia, especialmente tras el gran número de estudios que ella misma ha financiado para encontrar una solución al problema?
Preguntas dirigidas al Sr. Monti
Wallström
. (EN) En primer lugar, la Directiva 96/61 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, que los Estados miembros debían transponer antes del 30 de octubre de 1999, aún no ha sido incorporada en Grecia. La Comisión, por consiguiente, ha enviado recientemente una opinión a las autoridades griegas. Si la parte griega no adopta las medidas oportunas, la Comisión proseguirá el procedimiento que ya ha iniciado.
En relación con la Directiva 96/62 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, la Comisión ha denunciado a Grecia ante el Tribunal de Justicia por la no transposición. Durante el procedimiento, las autoridades griegas hicieron saber que la directiva ya había sido incorporada. La Comisión solicitó entonces al Tribunal de Justicia la retirada del procedimiento iniciado contra las autoridades griegas.
Un estudio sobre la contaminación atmosférica en Atenas, efectuado en el marco de un programa entre los servicios de la Comisión y el Ayuntamiento de Atenas, ha tenido como resultado la instalación de un red de vigilancia en cumplimiento con los requisitos de la legislación de desarrollo de conformidad con la Directiva 96/62. El estudio analizó asimismo la calidad actual del aire en Atenas. Durante la campaña de medición se registraron altas concentraciones de dióxido de azufre en algunos puntos conflictivos. Los valores límite en vigor para el dióxido de nitrógeno y plomo no se sobrepasaron. Los valores máximos establecidos por la Directiva 92/72 no se sobrepasaron en la ciudad de Atenas, aunque cabe observar que no se efectuaron mediciones a mediados de verano. Otros datos del seguimiento demuestran que los valores límite de ozono se sobrepasan con frecuencia fuera de la zona metropolitana de Atenas.
Tengo esperanzas de que esta situación mejore con la aplicación de otras iniciativas comunitarias, tales como el reciente acuerdo sobre la propuesta de directiva de la Comisión sobre los límites nacionales de las emisiones. Asimismo, los Estados miembros deberán transponer la Directiva de desarrollo 99/30 antes del 19 de julio de 2001. La directiva establece los futuros valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, micropartículas y plomo.
Según el estudio, las actuales concentraciones de dióxido de nitrógeno sobrepasan los límites que deberán alcanzarse antes de 2010, y el nuevo valor límite para micropartículas que deberá alcanzarse antes de 2005 se sobrepasa ampliamente en la actualidad. El valor límite adoptado recientemente para benceno también se sobrepasa. Se espera que esta situación mejore con la aplicación de la legislación comunitaria, por ejemplo, en el sector de transportes. No obstante, las autoridades griegas deberán adoptar medidas complementarias a nivel local para garantizar que se respetan las nuevas normas en materia de calidad del aire.

Papayannakis
Señora Comisaria, le agradezco mucho, sinceramente, la información detallada y precisa que nos brinda. Esta vez, señor Presidente, para innovar, no voy a expresar ninguna posición; simplemente, le voy a dirigir dos preguntas a la Sra. Comisaria. Nos ha dicho usted que hay casos en que la concentración ha rebasado los límites. ¿Les han comunicado que se haya tomado alguna medida cuando se han registrado esas concentraciones excesivas? Segundo; en las partidas para el Fondo de Cohesión y para el tercer marco comunitario de apoyo hay inversiones previstas, ¿se ha hablado de inversiones destinadas a instalar realmente en toda Grecia, y no sólo en Atenas, las redes de medición que prevé la legislación comunitaria?

Wallström
. (EN) Cuando se sobrepasan los valores establecidos, los Estados miembros, en este caso Grecia, deben adoptar medidas. Lo que hace la Comisión es garantizar que existe un sistema de vigilancia y de medición. Si se sobrepasan los valores, la Comisión pide al Estado miembro en cuestión que adopte medidas y la Comisión hace un seguimiento. Existe la posibilidad de utilizar fondos comunitarios para la creación de redes y para las mediciones en Grecia. Es de la máxima importancia que nos mantengamos vigilantes ante la evolución de la calidad del aire en Grecia, y no sólo en Atenas.

El Presidente
Las preguntas 25 a 28 se contestarán por escrito.

El Presidente


Geneviève Fraisse
Pregunta nº 29 formulada por (H-0811/00):
Asunto: Ayudas públicas al sector audiovisual En un seminario de la Presidencia francesa sobre las industrias relacionadas con la cultura, un representante de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea afirmó que las obligaciones legales de inversión impuestas a las cadenas de televisión constituyen ayudas de Estado por el hecho de que estas inversiones son impuestas con carácter obligatorio por el legislador.
¿Podría confirmar la Comisión si este es el enfoque que se aplica en el marco de su examen de las ayudas de Estado concedidas al sector cinematográfico y audiovisual?

Monti
 - (FR) Los recursos asignados por las cadenas de televisión en aplicación de una obligación legal son, por ello, recursos estatales. El hecho de que exista una obligación legal de inversión para las cadenas de televisión no implica necesariamente que dichas inversiones constituyan ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CEE, pero supone, en cambio, que la Comisión debe ejercer un control con miras a la aplicación del artículo 87 del Tratado CEE.
El principio en el que se basa la Comisión para determinar si dichas inversiones son ayudas y, en su caso, cuantificarlas es el principio del inversor privado que opera en las condiciones normales de una economía de mercado. La compra de productos audiovisuales para sus programas posteriores de radiodifusión se inscribe en el marco normal de las actividades comerciales de las cadenas de televisión. Las inversiones efectuadas para financiar estos productos no implicarían elementos de ayuda estatal salvo que las cadenas de televisión no obtengan una contrapartida o una remuneración suficiente de los Estados. Dicha remuneración puede adoptar la forma de suministros, de compras de productos audiovisuales, de cuotas de coproducción o de derechos de difusión. La misma podría igualmente consistir en otras formas de compensación comercial de sus inversiones. Dicho de otra manera, las inversiones podrían suponer un elemento de ayuda cuando éstas sirven para financiar proyectos de producción que no habrían obtenido financiación por las cadenas, a falta de obligación legal.
Evidentemente, el elemento de ayuda en favor de estos proyectos no consistiría en la totalidad de la financiación que aportan las cadenas. Éste consistiría más bien en el diferencial que existiría entre un rendimiento normal y el rendimiento efectivo de la producción financiada. Finalmente, debe señalarse que el carácter de ayuda de algunas de dichas inversiones no implica necesariamente que sean compatibles con las normas del Tratado. Podrían considerarse compatibles debido a su efecto de ayuda particular a la producción cultural.

Fraisse
Señor Comisario, podría precisar si, en tal caso, no existe una contradicción con el hecho de que "Televisión sin fronteras" también conceda ayudas para la producción del contenido de las obras.
Con respecto al corte entre el importe de una ayuda nacional y su utilización territorial, ¿no cree que éste amenaza, a la larga, la oportunidad y, por tanto, la existencia de las ayudas nacionales? ¿Qué opina la Comisión al respecto? En realidad, mi problema es entender la razón por la cual ustedes trabajan con notificaciones bilaterales y no con un texto oficial que nos permitiera examinar el problema, en conjunto, como usted acaba de plantearlo con la cuestión de los Tratados.

Monti
 - (FR) En su decisión de aprobación del régimen francés de apoyo a la producción cinematográfica, la Comisión había establecido cuatro criterios de compatibilidad específica. En la misma decisión, la Comisión se había comprometido a estudiar los regímenes de ayuda a todos los Estados miembros, basándose en criterios específicos de compatibilidad aprobados hasta el año 2004, año en el que expirará la fecha de validez de la autorización del régimen francés de ayuda. El objetivo de la intervención de la Comisión es crear la seguridad jurídica y la estabilidad reglamentaria que el sector necesita para desarrollarse y que le faltaban hasta ahora, fijando los criterios de compatibilidad mínima, pero sin pretender armonizar los regímenes de ayuda, cuya diversidad es reflejo de la diversidad cultural que la Comisión desea proteger. Por lo tanto, señora diputada, este enfoque bilateral sólo pretende examinar la conformidad de los diferentes regímenes existentes con el prototipo establecido con ocasión de la decisión de aprobación del régimen francés, sobre la base de cuatro criterios de compatibilidad específicos.

El Presidente
Las preguntas 30 a 59 se contestarán por escrito.
Hoy podríamos decir en latín vulgar aquello de ite cuestiones sunt.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Lucha contra la exclusión social (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A5-0307/2000) de la Sra. Figueiredo, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 368 - C5-0317/2000 - 2000/0157(COD)) por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social.

Pérez Álvarez
Señor Presidente, señora Comisaria, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice en su preámbulo: "al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación" , y añade en su artículo primero: "La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida" .
Traigo a colación la cita de la Carta de Derechos Fundamentales, porque probablemente algunas situaciones que se describen en este magnífico informe -felicito a la ponente por ello- son incompatibles con esta declaración que en estos mismos días este Parlamento asumía voluntariamente.
Frente a estas afirmaciones la realidad es terca. Datos de Eurostat nos dicen que el 18 % de la población de la Unión Europea vive con menos del 60 % de los ingresos medios nacionales o, lo que es lo mismo, que 65 millones de europeos viven en situación de pobreza. Es verdad que las tasas nacionales de pobreza son variables y distintas, como son variables los tipos de pobreza: urbana, de barrios industriales, de zonas rurales alejadas, etc., o la pobreza vinculada a la discriminación por razón de sexo o de edad -me estoy refiriendo, lógicamente, a la pobreza femenina y a la pobreza infantil-.
Los mundos actuales, la sociedad de la globalización y de la mundialización de la economía, la sociedad de la información y del desarrollo tecnológico podrían también tener una influencia no en exceso positiva y crear nuevas formas de pobreza o contribuir a hacerlo, por las dificultades intrínsecas en este tipo de sociedad para facilitar el acceso al empleo, que me parece que es la vía fundamental de integración e inclusión social, y por la necesidad de mejorar el empleo y obtener un empleo de más calidad.
Europa ha creado empleo de forma importante. En mi país, en España, el Gobierno de José María Aznar ha hecho un esfuerzo y ha adoptado un compromiso: partiendo de índices elevados de desempleo ha logrado reducirlo y sigue manteniendo este objetivo, que se está cumpliendo, y este compromiso. Pero creo que no debemos darnos por satisfechos con lo logrado.
La consecución de una Europa que fomente la integración, en palabras del Consejo Europeo de Lisboa, exige un esfuerzo y una acción de conjunto. Y ésa pasa por conocer las características y los medios que pueden implicar a todos, en la sociedad globalmente considerada y en los distintos gobiernos, por la necesidad de cuantificar objetivos y erradicar la pobreza infantil, porque esta pobreza infantil sería generadora de otra pobreza y quizá de un enraizamiento de fórmulas de exclusión social que perpetuarían la pobreza y quizá la miseria. Por eso, Sra. Comisaria, yo pediría un esfuerzo especial en la erradicación de esta pobreza infantil.

Désir
Señor Presidente, desearía primero dar las gracias a nuestra ponente y saludar su iniciativa de lanzar el diálogo con el Consejo y la Comisión a partir de esta primera lectura, para trabajar mejor sobre las enmiendas que desea introducir el Parlamento.
Tras el desempleo masivo de las décadas de los años 80 y 90, la exclusión puede convertirse en la nueva enfermedad que carcomerá Europa durante los diez próximos años. En el momento en que se recupera el crecimiento, se trata de un reto que debemos aceptar si deseamos que dicho crecimiento beneficie realmente a todos. Ahora bien, esto no es evidente, ya que el nuevo crecimiento es muy desigualitario y puede estar acompañado, como lo hemos visto en los Estados Unidos desde hace unos diez años, por fenómenos persistentes de precariedad, de exclusión, de pobreza, de ghettización urbana. Se trata de un crecimiento en las condiciones heredadas de la crisis: se crean muchos empleos, pero nunca ha habido tantos empleos precarios, provisionales, con dedicación parcial obligatoria. Creo que debemos procurar que no se generalice también en nuestros países el fenómeno de los working poors. A esta exclusión económica se añade, en gran medida, la exclusión respecto a una vivienda decente, así como la falta de acceso a la asistencia sanitaria, a la formación y a la cultura, ya que algunos grupos están más expuestos que otros.
Este programa comunitario no está orientado a hacerse cargo por sí solo de la lucha contra la exclusión en la Unión, sino que debe permitir que Europa lleve a cabo esta acción con mayor determinación, mayor eficacia y mayor coordinación. Para eso, dicho programa debe estar estrechamente ligado al compromiso que los jefes de Estado y de gobierno decidieron en Lisboa, en marzo de 2000, de dar - cito - "un impulso decisivo a la eliminación de la pobreza, fijando objetivos apropiados que el Consejo debe aprobar de aquí a fin de año", es decir, de aquí al Consejo de Niza que debe celebrarse dentro de algunas semanas. Creo que el programa sólo tendrá sentido si se vincula a la realización de dicho objetivo.
¿Cómo?
Primero, mejorando la comprensión de los fenómenos de exclusión, gracias al establecimiento de indicadores y criterios de evaluación, articulados sobre todo en grupos definidos previamente.
En segundo lugar, permitiendo sacar mayor partido de la experiencia de los actores que trabajan sobre el terreno, de las ONG, de las colectividades locales, de los organismos sociales y de las propias personas que están en situación de exclusión.
En tercer lugar, ayudando a evaluar los efectos de las políticas públicas llevadas a cabo en los diferentes Estados miembros, para sacar lecciones, extraer las mejores prácticas y reflexionar en las mejores estrategias y sobre todo en la coherencia con las demás políticas económicas y sociales.
En cuarto lugar, contribuyendo, finalmente, a la definición de líneas maestras y de planes de acción nacionales a semejanza del proceso de Luxemburgo para el empleo, basados, pues, en indicadores y objetivos, no mínimos, sino de un alto nivel de exigencia, de acuerdo con la idea que nos hacemos del modelo social europeo.
Las enmiendas propuestas por el ponente - que nosotros apoyamos - tienden a fortalecer el programa en tal sentido. Creo que coinciden en muchos puntos con las propuestas realizadas por el grupo de alto nivel sobre la protección social - propuestas presentadas al Consejo de Empleo, con miras a la cumbre de Niza -, en particular con respecto a la idea de promover el acceso a un empleo sostenible y de calidad, el acceso a la protección social y a la asistencia sanitaria, así como el acceso de todos a una vivienda decente y salubre y a los servicios esenciales - el grupo de alto nivel cita, en este sentido, la electricidad, el agua, la calefacción, y también el acceso efectivo a la educación, a la justicia y a los servicios públicos -.
Creo, para finalizar, que no podremos luchar eficazmente contra la exclusión sino es garantizando a todos el acceso a los derechos fundamentales, puesto que estos derechos son la condición de la dignidad para todos y de una verdadera participación en el plano de la ciudadanía.

Jensen
Señor Presidente, la lucha contra la exclusión social es un deseo político que todos respaldamos, pero ¿qué debe entenderse por exclusión social y cuál es la mejor manera de combatir ésta? ¿Cuál debe ser el papel de la UE? Son las respuestas a estas preguntas las que debemos hallar en este programa para el fomento de la cooperación entre Estados miembros en materia de lucha contra la exclusión social. La idea es que todas las partes afectadas e interesadas se vean involucradas en un trabajo en el que cada país describa el alcance de la exclusión social y sus esfuerzos por combatir ésta. Éste nos servirá de base a la hora de disponer de un marco de comprensión comunitario más amplio. Es verdad que no resulta tan fácil definir el concepto de exclusión social. ¿Pensamos en los parados de larga duración -tanto jóvenes como mayores-, pensamos en los disminuidos físicos o psíquicos, pensamos en los enfermos mentales, pensamos en los pobres o en las personas de menos recursos? Seguramente todos nosotros albergamos nuestras propias ideas sobre qué debe incluir este concepto. Sin embargo, carecemos de una definición común.
La Comisión intentó dar una definición en su borrador de la Cumbre de Lisboa, pretendiendo que los excluidos son aquellos que disponen de unos ingresos situados por debajo del 60% del ingreso medio del país en cuestión. Los gobiernos de los países miembros no aceptaron esta definición, que también es verdad resulta algo simple y demasiado banal. Hace falta disponer de una descripción más detallada de las problemáticas. El acercamiento muy abierto por el que ha optado el Consejo para enfrentarse a esta cuestión es, en mi opinión, completamente acertado. Hace falta reunir estadísticas, efectuar análisis y mediante conferencias y otros tipos de mediación alcanzar un mayor entendimiento comunitario de lo que entendemos por exclusión social. Con respecto al informe concreto, la Sra. Figueiredo desea que se incluya la palabra "pobreza" en el texto legislativo. En principio, mi Grupo se opone a ello por motivos formales, es decir, por la cuestión de la base conforme al tratado. Reconocemos naturalmente que la pobreza es motivo de exclusión social, como, dicho sea de paso, se desprende del texto. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Varios integrantes del Grupo ELDR albergan también reservas sobre la introducción del grupo de reflexión en el texto legislativo y sobre el aumento de los fondos asignados, pero por lo demás respaldamos el informe de la Sra. Figueiredo.

Lambert
Señor Presidente, deseo felicitar a la ponente por el enorme compromiso mostrado al ocuparse de este informe sobre un programa de acción comunitario para luchar contra la exclusión social, exclusión en la que, como muchos han dicho, la pobreza desempeña posiblemente un papel importante. Se nos dice que encontrar trabajo remunerado es la mejor forma de evitar la exclusión social, pero yo coincido con los que han dicho que deberíamos tener en cuenta el hecho de que la actividad remunerada por sí sola no garantiza la participación en la sociedad. Hay mucha gente de avanzada edad que estarían de acuerdo con ello, como las personas que han trabajado muchas horas por un salario reducido que no proporciona un sustento vital decente (trabajadores del campo, por ejemplo).
Es lamentable que la pobreza se convierta en un añadido tan controvertido al nombre de este programa, por la razón de que no es mencionada en los Tratados. Sería interesante escuchar al Consejo, en algún momento, si va a proponer la rectificación de esta omisión en la cumbre de Niza.
Luchar contra la pobreza resulta controvertido porque plantea las cuestiones de la protección social como factor productivo y de la redistribución, conceptos totalmente pasados de moda en algunos Estados miembros. Sería muy beneficioso utilizar parte de la cantidad que se solicita en este informe para financiar la elaboración de estudios comparativos que pongan de manifiesto cómo podría manejarse esta situación. Estoy seguro de que a muchas ONG y autoridades locales y regionales -que la Sra. Figueiredo propone incluir en el programa y en su evaluación- les gustaría compartir su amplia experiencia.
Si queremos evitar la exclusión social, tenemos que garantizar que nuestras políticas macroeconómicas no actúen de una forma tal que incrementen la exclusión social. Sería totalmente contraproducente poner en práctica políticas que socaven el desarrollo económico local, hagan el empleo menos seguro pero más exigente y luego tener que arreglar el desaguisado con programas que intenten combatir la pobreza y la exclusión social.

Schmid, Herman
Señor Presidente, vivimos en una sociedad paradójica. En la política económica hacemos cuanto podemos para aumentar la eficiencia, la rapidez y la dinámica. En el ambiente hostil que se crea, son muchos los que quedan en el camino y que son rechazados. Por tanto: mientras más florece la economía, más personas son excluidas y caen en la pobreza.
Esto puede alimentar nuestro pesimismo. A pesar de que hay dinero y de que nunca Europa ha sido tan rica como ahora, parece que es cada vez más difícil proteger a los débiles y dar a los marginados una verdadera oportunidad. Por eso celebro el importante informe de la Sra. Figuereido. Quiero felicitarla sinceramente por este informe. Se trata de instar a los estados para que hagan algo contra la pobreza y la exclusión. Resulta especialmente provechoso que se haga hincapié en que no basta con bellas palabras y que la solidaridad cuesta dinero.
Es obvio que lo mejor sería ofrecer un buen trabajo a tantas personas como sea posible, pero en una economía de competencia hay muchos que sucumben. Según el informe, pueden ser mujeres que tienen doble trabajo, es decir, que trabajan en casa y fuera de ella. Puede tratarse de personas mayores cuyos conocimientos ya no son necesarios. Pueden ser personas con problemas psíquicos. Pueden ser grupos numerosos que desconocen la lengua necesaria para conseguir un trabajo. Ante todo, son personas que trabajan, pero cuyos salarios son demasiado bajos para que puedan vivir de ellos. Todos esos grupos corren riego de exclusión social si no se toman medidas de apoyo muy completas. Por tanto, los Estados miembros tienen que destinar mucho más dinero a las acciones de tipo social, dirigidas a combatir la marginalidad, la pobreza y la miseria social.
Hice referencia a la sociedad paradójica. Según la ideología vigente, las personas deben asumir la responsabilidad de sus propias vidas. No obstante, opino que la exclusión y la pobreza son un producto de las condiciones sociales y que la responsabilidad es, por tanto, común. En una sociedad justa tiene que haber lugar para todos, y ésta es una responsabilidad común.

Della Vedova
Señor Presidente, en este Pleno se escucha con mucha frecuencia, como una cantinela, la exaltación del modelo social europeo, de la economía social de mercado que hay que contraponer con orgullo - muchos lo piensan - al modelo salvaje de los Estados Unidos. Las tasas de pobreza en Europa que están en la base de este informe y que se han recordado - el 18% de pobreza relativa - muestran, por el contrario, una realidad en absoluto halagüeña. El principal problema sigue siendo llegar a comprender qué es lo que no funciona en la economía y en la sociedad de los Estados europeos y cuáles son las reformas deseables para reducir las bolsas de pobreza y de exclusión social que padecen muchas zonas de la Unión.
¿Qué propone la decisión que nos ocupa? Garantizar derechos, crear sistemas de coordinación, comités para analizar la situación y elaborar planes de acción contra la exclusión social, promover el diálogo entre las partes implicadas y la creación a escala europea de redes de organizaciones no gubernamentales, y para esto destinaremos 70 o quizá 100 millones de euros. Ahora bien, no discuto las buenas intenciones de esta decisión, sino que me preocupo por los resultados que podemos esperar de este plan quinquenal. Al final, probablemente conoceremos mejor la exclusión social y la pobreza desde el punto de vista estadístico - y esto es bueno - habremos asegurado acciones de ayuda en favor de algunas decenas de miles de personas en Europa - y también esto puede ser bueno - pero no habremos hecho presión en la dirección de algunas reformas estructurales que, en cambio, podrían reducir de manera sustancial la exclusión y la pobreza.
En el informe se insiste en dos cuestiones: el desempleo y las pensiones muy bajas de algunas categorías. Seguramente es verdad que estos dos factores determinan la exclusión y la pobreza, pero debemos tratar los síntomas, debemos tratar la enfermedad. Si se quieren conseguir más puestos de trabajo, hay que convertir en más competitivas las empresas europeas y sobre todo hay que tener el valor de liberalizar el mercado de trabajo. Allí donde, incluso en Europa, esto se ha hecho, se ha logrado reducir considerablemente el desempleo. En los Estados Unidos un empleo más flexible garantiza que la pobreza se viva durante períodos más cortos con un desempleo muy corto. Si se quieren recabar recursos para darlos a los pensionistas que cobran las pensiones más bajas, se debe tener el valor de decir que hay que impedir la posibilidad de jubilarse a las 50 años y probablemente hay que reformar las bases del sistema de seguridad social.
Sin las reformas del mercado laboral y del bienestar que se debe replantear sobre la base de las libertades y de las responsabilidades individuales y no sobre la base del paternalismo estatal y sindical, mucho me temo que nuestros comités y nuestros sistemas de coordinación conseguirán muy poco para los pobres de la Unión Europea.

Mann, Thomas
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, a pesar de la técnica deseo hablar. El 18% de la población de la Unión Europea vive por debajo del umbral de la pobreza. Con frecuencia se ignora a estos 65 millones de personas. No encajan en la imagen de una Europa rica con un elevado potencial de crecimiento. La causa de la pobreza es la falta de trabajo y un salario insuficiente. Concepto clave "working poor" y puestos de trabajo desprotegidos. Para la cohesión económica y social perseguida, junto a un elevado nivel de empleo necesitamos también un elevado nivel de protección social. Señora Diamantopoulou, ....
(Fallo técnico)
Se me boicotea, señor Presidente.
Debe contribuir a detectar los fenómenos de la exclusión y a intercambiar las experiencias en base a unos datos precisos, cualitativos y cuantitativos. Se debe mantener el diálogo entre los grupos de intereses y las ONG relevantes. Se deben incluir a los centros de observación nacionales así como a las autoridades regionales y locales. Surgen efectos sinergéticos cuando se unen medidas de los Estados miembros con las políticas comunitarias, acciones e instrumentos y con los Fondos estructurales europeos. Un resultado son las prácticas con carácter de modelo que han tenido mucho éxito. Otro es la construcción y ampliación de las redes. Un tercero es el fomento de proyectos innovadores.
Me parece esencial el grupo de reflexión a nivel europeo con representantes de la ONG, los interlocutores sociales, el Consejo y el Parlamento Europeo, quienes deben participar anualmente en una round table. El concepto de la coordinación abierta en la política de empleo desde Luxemburgo debe incluir también la exclusión y reflejarse en planes de acción nacionales de los Estados miembros. En 1992, el Consejo instó a los Estados miembros para combatir la exclusión social. En 1999 acordó fomentar la integración social. Intensifiquemos a partir del 2001 este papel activo para proporcionar a los afectados por la pobreza y la exclusión social un acceso a la vida económica, social y cultural.

De Rossa
Señor Presidente, acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisaria, así como este informe que pretende mejorarla. Europa ha conseguido salvar la crisis económica que ha afectado a muchas partes del mundo en los últimos años. El crecimiento está recobrando impulso, la inflación ha bajado hasta sus niveles más bajos en toda una generación, y sin embargo la pobreza y la exclusión persisten. La tasa de desempleo europea, que alcanza el 8,3%, es aún demasiado elevada. Más de la mitad de los 14 millones de desempleados llevan más de un año en el paro, según los últimos datos de Eurostat.
Además, según los servicios estadísticos de la UE, el 18% de los ciudadanos europeos vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que un tercio de los que viven en la pobreza disponen de trabajo. En mi propio país, cerca del 75% de los que trabajan y viven por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.
La situación parece ir empeorando. Entre 1980 y 1995 la desigualdad general creció en los Estados miembros. La globalización, las innovaciones tecnológicas y el ascenso de una economía basada en el conocimiento coinciden con un cambio de las estructuras sociales, del papel de los sexos y con el crecimiento de las diversidades sociales. Ocurre simplemente que la exclusión social es un freno para el crecimiento económico, mientras que una sociedad integradora impulsa el crecimiento y el bienestar de todos. La Comisión estima que el deficiente empleo de los recursos humanos disponibles, el aumento de los costes por enfermedad, la delincuencia, etc., pueden suponer entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año. Esta es una cantidad enorme.
Es absolutamente necesario que Europa aborde las divisiones que existen actualmente e impida la aparición de otras nuevas. La existencia de una moneda única y de una política de creciente coordinación económica y fiscal significa que las políticas sociales no pueden quedar comprendidas únicamente en los ámbitos de competencia nacionales. Es indispensable, no obstante, que los Estados miembros se comprometan plenamente con este programa y mantengan amplias consultas con la sociedad civil con el objeto de fijar objetivos ambiciosos para eliminar la pobreza y la exclusión. La primera prueba de la seriedad de las intenciones de los Estados miembro será su aprobación de la decisión del Parlamento de aumentar la dotación económica desde 70 millones de euros a 100 millones de euros. Esta es una cantidad en sí misma miserable, habida cuenta de la magnitud del problema.
Por último, desearía felicitar a la ponente por un informe que pone de manifiesto la verdadera magnitud de la pobreza y de la exclusión social y pone en tela de juicio la idea de una Europa comprometida en la defensa de la justicia social y la solidaridad, a menos que todas las Instituciones europeas y la sociedad civil se comprometan seriamente en estos asuntos.

Fatuzzo
Señor Presidente, agradezco muy sinceramente a la ponente, Sra. Figueiredo, no solo el gran trabajo realizado en lo que se refiere a este texto, sino también el hecho de haber acogido algunas de mis enmiendas, una de las cuales afirma que la pobreza y la exclusión social son producto de las leyes de los Estados miembros que asignan pensiones muy bajas, como decía también el Sr. Della Vedova, refiriéndose a mi enmienda que ha sido incluida en el informe Figueiredo.
Ojalá Dios quisiera que pudiésemos luchar contra la exclusión social y la pobreza. Ojalá Dios quisiera que pudiésemos limitar su alcance. Cada año, junto con mis amigos Thomas Mann y Mario Mantovani, vamos al Centro de las Hermanitas de los Pobres de Bruselas para servir las comidas a los pobres vagabundos de la ciudad, y nos duele el corazón y nos sentimos culpables de hacerlo sólo un día al año: quisiéramos hacerlo todos los días, pero es francamente imposible.
Por esto, tenemos que tratar de cumplir, al menos en parte, este compromiso. Estoy convencido de la buena voluntad de la Sra. Figueiredo, de la Comisión y especialmente de la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, no obstante, vuelvo a repetir lo que dije en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, es decir, que debemos poner la palabra "fin" a los programas que luchan contra la exclusión social. Éste debe ser el último programa. Dentro de cinco años - espero estar todavía en el Parlamento Europeo - quiero que se hagan otros programas: basta intentar vencer la pobreza, la pobreza debe ser vencida una vez por todas.

Andersson
Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a la ponente este excelente informe. Todos hemos hablado de nuestro excelente desarrollo económico, con buen crecimiento, menos desempleo y más puestos de trabajo. Al mismo tiempo vemos en todos los países comunitarios, creo, que aumentan las diferencias, además de las diferencias heredadas del período de bajo crecimiento económico. Esto nos dice que no basta con la política del mercado laboral ni con la tradicional política de empleo, sino que hay que involucrar más sectores políticos para combatir la marginación y la pobreza. Es un problema muy vasto.
La política del mercado laboral es, obviamente, una parte de esto. Es importante que el desempleo disminuya y que aumente el empleo, pero no basta, también hay que conseguir que la política educacional llegue a todos los individuos, especialmente en la nueva sociedad en que los conocimientos son importantes. Además, también es importante la política de protección social. En diferentes situaciones en la vida, por ejemplo, cuando se tienen hijos pequeños, cuando se está en el paro, cuando se está enfermo o cuando se llega a viejo, no hay que caer en la pobreza sino que participar en la sociedad. También la política habitacional es importante, por ejemplo, el derecho a una vivienda para poder participar en la sociedad.
Además, tienen que incorporarse todos los niveles políticos. Estamos habituados al ámbito local, regional y nacional. Sin embargo, en atención a la nueva situación económica - a la economía que sobrepasa las fronteras - sabemos que es necesario actuar en el ámbito europeo para crear más riqueza, no para apoderarnos de nada. Por eso resulta importante este programa, así como la coordinación de las diferentes políticas, asunto que se discutió en Lisboa y que continuará discutiéndose en la reunión de Estocolmo, y que implica enlazar la política de protección social, la política del mercado laboral y la política educacional con la política económica. Ése es el contexto apropiado para un programa de esta naturaleza, es decir, para la lucha contra la marginación y la pobreza.

Bastos
Señor Presidente, Eurostat señala con mucha claridad que cerca del 18% de la población de la Unión Europea vive con menos del 60% de la renta media nacional. Eso representa cerca de 75 millones de ciudadanos europeos. De forma general, en los diez últimos años la tasa de pobreza nacional ha oscilado entre el 10%-11% en los casos de Dinamarca y los Países Bajos y un preocupante 24% en el de Portugal. Además, más de 10 millones de personas dependen de la contribución de regímenes de asistencia social en una situación que se va agravando en la mayoría de los Estados miembros.
Este informe es muy importante porque va destinado a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, por lo que constituye un paso más con vistas a fortalecer la cohesión social. Por eso, quisiera felicitar a la ponente. Es un programa ambicioso de acción comunitario que, conforme a la propuesta de la Comisión, tendrá una dotación presupuestaria de 70 millones de euros y estará en vigor durante un período de cinco años. Se deberá reforzar esa dotación teniendo en cuenta los procedimientos y el realismo necesarios al respecto. Hay que incrementar el diálogo con las organizaciones no gubernamentales y con los demás interlocutores sociales con vistas a descubrir con rigor focos de pobreza y exclusión social y determinar los modos más eficientes y eficaces de luchar contra ellos. Con todo, es necesario lanzar una advertencia sobre la insuficiencia de los mecanismos de control financiero de las organizaciones no gubernamentales, exigir una mejor fiscalización que garantice una aplicación juiciosa y rigurosa de los fondos públicos.
Este programa deberá tener como destinatarios a las víctimas de la pobreza y la exclusión social y debemos evitar que en la práctica resulte tan sólo una línea de financiación para las entidades encaminadas a investigar los problemas de la pobreza y la exclusión social.

Damião
Señor Presidente, felicito a la ponente por su excelente contribución a la determinación de las causas y la dimensión de la pobreza, término adecuado para una realidad social cuya crudeza no se puede diluir en un concepto a un tiempo global y abstracto como el de exclusión social. Apoyo a la Comisión en su iniciativa de crear un programa que cumpla los objetivos del nuevo programa social del Tratado y dé cuerpo a las decisiones de Lisboa. Y espero que acoja las propuestas, bastante consensuales, de este informe.
Hago un llamamiento al Consejo para que establezca metas cifradas, programe acciones específicas y transversales contra la exclusión basadas en indicadores ricos en información para que la cooperación reforzada pueda plasmarse en acción concreta y eficaz, más en sus resultados sociales que en la satisfacción de necesidades electorales. Convengo en la necesidad de conocer mejor las causas de la pobreza, apoyo las acciones preventivas contra la exclusión a consecuencia de fusiones, mutaciones industriales, traslados de empresas, desertización rural, hiperconcentración urbana, con intervenciones innovadoras y concretas que entrañen la participación de los interlocutores sociales, las administraciones locales y nacionales y la acción conjunta de los ciudadanos.

Mantovani
Señor Presidente, ante todo yo también me sumo a las felicitaciones que ha recibido la Sra. Figueiredo por el trabajo realizado que fue aprobado por unanimidad en la comisión, y por los contenidos innovadores de su informe sobre la adopción de un programa comunitario de lucha contra la exclusión social. En consecuencia, coincido con la ponente en subrayar que el programa, o por mejor decir, el papel del programa, por lo que se refiere a las clases de pobres y de excluidos, es favorable a una mayor cohesión social. Como ya afirmé en las enmiendas que presenté en comisión y que luego fueron aprobadas, estoy convencido de que una lucha eficaz y concreta contra la pobreza ha de contar con un calendario de acontecimientos y de objetivos específicos. En efecto, si el programa está sujeto a plazos y a controles, será posible su mejor cuantificación y calificación.
Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea más de 65 millones de personas - de las cuales 7,5 millones en Italia, mi país - viven con un bajo nivel de renta y cuando en Italia hablamos de bajo nivel de renta, señora Comisaria, nos referimos a una renta familiar de 750 euros para poder vivir. Esto me hace considerar que el presupuesto puesto a disposición por el programa es totalmente inadecuado. Por lo tanto, espero que se incremente.
En conclusión, señor Presidente, quiero reiterar que la solidaridad entre los Estados debe ser el referente sobre el cual hay que crear una nueva lucha contra la pobreza y la exclusión social teniendo en cuenta, sin embargo, que el progreso económico de los Estados miembros y, por ende, su mayor bienestar a partir de la aplicación de una economía social de escala, seguramente permitirá lograr una mayor y mejor justicia social.

Diamantopoulou
. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias y felicitar a la Sra. Figueiredo, y quiero también expresar mi agradecimiento a los demás miembros del Parlamento que no están presentes y que han manifestado la opinión de las demás Comisiones.
Este informe constituye una importante y constructiva contribución y apoya la propuesta de la Comisión de resolución conjunta del Consejo y del Parlamento por la que se establecerá un programa de acción común para combatir la exclusión social. Tras el Tratado de Amsterdam y unos meses después de la cumbre de Lisboa, todos sabemos que se ha creado un nuevo marco para la acción de la Comunidad en el ámbito de las políticas sociales, la exclusión social y la protección social. Se ha producido un cambio en el debate político a nivel europeo, y podemos apreciar que existe una resuelta voluntad de combinar cohesión social y competencia.
El programa de acción propuesto tiene su base jurídica en el artículo 137 del Tratado de Amsterdam, y hemos recibido un nuevo mandato tras el Consejo Europeo de Lisboa. Esta programa ha sido concebido con el objeto de apoyar la puesta en práctica del método de coordinación abierta, lo que significa que podrá mejorarse el conocimiento, desarrollar el intercambio de información y de las mejores prácticas y evaluar la experiencia para combatir mejor la exclusión social.
Se ha producido un debate muy interesante sobre el papel del empleo en la lucha contra la exclusión social y el papel de las reformas sociales y estructurales. Se discutió la definición de "pobreza" e "ingresos sociales" . Las diferencias entre ricos y pobres están creciendo notablemente, pero, desgraciadamente, no es posible tomar parte en estos debates, puesto que estoy obligada a centrarme en el programa propuesto y en el modo en que cooperaremos para ejecutar este programa a nivel europeo.
Quiero informar a los miembros del Parlamento que el 4 de diciembre se celebrará un debate en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la nueva agenda social y sobre los logros obtenidos el año pasado. Será un debate político de gran interés en cuyo centro se situará el tema de la exclusión social.
Por lo que respecta al programa propuesto y al informe del Parlamento, estoy muy satisfecha por su sólido apoyo general a esta propuesta. Puedo aceptar la mayor parte de sus propuestas, en su integridad o en su espíritu. Coincido con su propuesta de reforzar la referencia a las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa. Asimismo, convengo en la importancia de mejorar la comprensión de la exclusión social y de la pobreza, así como de promover indicadores y criterios de apreciación comparables. También estoy de acuerdo en resaltar la importancia de las ONG y de los actores regionales y locales, como ustedes señalan, así como de un mejor reflejo en el texto de su experiencia sobre el terreno.
También se incluye una referencia al uso de la palabra "pobreza" . Ustedes saben que existe un debate político y teórico sobre el concepto de "pobreza" . Evidentemente, la exclusión social es una noción más amplia, una noción que tiene tres dimensiones principales: pobreza, discriminación y falta de oportunidades. Pero coincido en que "pobreza" es, políticamente, una palabra muy fuerte y en que podemos añadir "pobreza" a "exclusión social" en los pasajes de la propuesta en que sea posible. Por desgracia, no podemos emplearla en el nombre del programa. Esto es un problema de carácter jurídico, puesto que, con arreglo al tenor del Tratado, sólo cabe la referencia a la exclusión social y no a la pobreza.
Asimismo, acojo con satisfacción la enmienda que subraya la importancia de la coherencia entre todas las políticas que inciden en este asunto, al igual que las enmiendas referidas al Comité de protección social. Un aspecto muy importante es el hecho de que la Comisión ha aceptado un aumento excepcional de hasta el 90% en la tasa de cofinanciación por la Comunidad de las redes europeas de las ONG que actúan contra la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, no puedo aceptar un incremento del presupuesto de 70 millones de euros a 100 millones de euros.
El presupuesto que proponemos está adaptado al objetivo del programa, objetivo que consiste en reforzar la cooperación transnacional y el aprendizaje mutuo y no financiar acciones sobre el terreno. A través del Fondo Social y la iniciativa EQUAL las ONG de los Estados miembros pueden recibir financiación para proyectos particulares y acciones concretas sobre el terreno.
No puedo aceptar las restantes enmiendas por diversas razones: unas porque no están en conformidad con las exigencias legales; otras porque plantean asuntos que no están comprendidos en el ámbito de la decisión por la que se establece el programa, y, finalmente, otras porque añadirían confusión al mensaje.
Por último, quiero pasar a su propuesta para que la Comisión constituya un grupo de reflexión. No podemos aceptar esta propuesta porque es contraria a las normas sobre comitología. No obstante, me gustaría hacer la siguiente indicación de orden práctico en respuesta a sus preocupaciones, porque coincido plenamente en que debemos encontrar un modo de establecer una cooperación estrecha y constante. Ya hemos convenido en que el Comité de protección social se reunirá regularmente con el grupo de contacto, formado por diputados del Parlamento. El Comité de protección social desempeña un papel fundamental en el desarrollo de políticas del Consejo Europeo. La estrecha cooperación entre el grupo de contacto y el Comité de protección social garantizará el intercambio de opiniones entre el Consejo y el Parlamento.
Por otro lado, podría establecerse una comunicación regular entre el grupo de contacto y los funcionarios de la Comisión. Podrían intercambiar puntos de vista, cooperar de forma continuada, y ya hemos establecido un vínculo similar entre el Parlamento y la Comisión con respecto al Fondo de Desempleo y para el Fondo Social Europeo. Hemos obtenido grandes y satisfactorios resultados.
Por último, quiero dar una respuesta a sus preocupaciones sobre la participación de diversos actores e instituciones en la ejecución de este programa. Sugiero que la Mesa Redonda anual que hemos propuesto se prepare mediante consultas con representantes de todas las instituciones que trabajan a nivel europeo: el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, los agentes sociales y las redes europeas de ONG. A mi juicio, estas propuestas constituyen una respuesta pragmática a su pregunta. Por razones de carácter procesal e institucional no es posible incorporarlas al texto de la decisión.
En resumen, de las 75 enmiendas que han propuesto, puedo aceptar, en su letra o en su espíritu, 48 de ellas, a saber, las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 42, 46, 48, 51, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68 y 47. Asimismo, puedo aceptar parte de las enmiendas 14, 36, 40, 45, 53, 63, 64, 70, 71, 72 y 73.
Para acabar, deseo resaltar la importancia de la simplificación de los procedimientos. En el transcurso del debate ustedes se han centrado en este asunto. Es cierto que todo el procedimiento reviste una cierta complejidad, pero las tres Instituciones desean alcanzar un acuerdo tan pronto como sea posible. Es lo que la Comisión, por su parte, va a intentar hacer. Intentaremos acortar la duración de los procedimientos tanto como podamos.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0320/2000) de la Sra. Rothe, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 279 - C5-0281/2000 - 2000/0116(COD)) relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.

Rothe
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en el informe sobre el que debatimos se trata -tal como se ha indicado- de la promoción de la electricidad proveniente de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. Nos encontramos ante el primer procedimiento legislativo en el campo de las energías renovables. Señora Comisaria de Palacio, quiero expresarle a usted y los empleados de la Comisión mi reconocimiento por la presentación de este proyecto de ley.
La propuesta de directiva es una consecuencia lógica de la estrategia de la Unión Europea para duplicar la proporción de fuentes de energía renovables en el consumo de energía hasta el año 2010. En el informe de la comisión pueden ver que coincidimos con la estrategia marcada en el proyecto para no realizar de momento ninguna armonización europea de los sistemas de promoción sino dejar al albedrío de los Estados miembros el sistema de promoción de los objetivos nacionales. Pero coincidir en la estrategia no significa necesariamente coincidir en los detalles. El informe de la comisión propone en mi opinión unas importantes y necesarias modificaciones en el proyecto de directiva.
Pero, en primer lugar, quiero realizar algunas observaciones previas. Se trata de la promoción de las energías renovables. A algunos esto les suena como subvención, como ayuda, como ayuda financiera para el desarrollo. Pero en realidad, los sistemas de ayuda, por ejemplo, para obtener electricidad de los rayos del sol, del viento o de la biomasa, son necesarios solamente porque actualmente seguimos subvencionando directa o indirectamente otras formas de energía. Las subvenciones que se han pagado en su mayor parte para fósiles contaminantes del medio ambiente o peligrosas fuentes de energía nuclear y que aún se pagan actualmente distorsionan la competencia. Así pues, la promoción de las energías renovables es una compensación por los costes externos de otras fuentes de energía, tiene en cuenta los positivos efectos sobre el medio ambiente de esta forma de obtención de energía y representa al mismo tiempo una compensación por las distorsiones existentes en la competencia.
Mientras no se lleve a cabo la computación de los costes externos de la energía de origen fósil y nuclear y mientras se subvencionen otras fuentes de energía, serán necesarios sistemas de compensación para las energías renovables.
Respecto al presente proyecto de directiva y de informe: la Comisión propone para los Estados miembros unos objetivos indicativos. Sólo cuando mediante unos informes intermedios se vea claramente que no se cumplen los objetivos de la estrategia global de la Unión Europea, se prevén objetivos individuales vinculantes para los Estados miembros. Pero no disponemos de tanto tiempo. Necesitamos ya ahora de unos objetivos vinculantes. La Unión Europea y todos los estados miembros han adquirido compromisos en Kioto porque se ha reconocido el drama de la transformación del clima. En estos momentos, los países industrializados occidentales están siendo criticados de nuevo en La Haya porque sólo cumplen a medias las promesas. Las energías renovables pueden representar sin duda una aportación esencial para lograr los objetivos vinculantes de reducción de los gases de efecto invernadero determinados en Kioto.
Si los compromisos adquiridos eran serios, ¿por qué entonces no se ha establecido entonces ninguna obligación para los instrumentos que son de ayuda para su cumplimiento tanto más cuando yo -apoyado por la comisión- he allanado el camino al Consejo y a los Estados miembros? La elaboración de estos objetivos vinculantes nacionales debe realizarse en el plazo de un año incluyendo a expertos de los Estados miembros. Los Estados miembros tienen allí la posibilidad de averiguar el importe exacto de su aportación para cumplir los objetivos de la Unión según el principio de la distribución de cargas y, añado también en para este campo, de oportunidades.
Una segunda e importante exigencia de cambio: la Comisión prevé la existencia simultánea de diferentes objetivos durante cinco años. Si definimos un marco claro y vinculante para los Estados miembros, los diversos sistemas que tienen que cumplir tales exigencias deben tener un período de prueba más largo. Al cabo de diez años podremos enjuiciar muy bien qué sistema es el que tiene más éxito y es más eficiente.
Queremos convencer a la gente en Europa para que use energías que la Naturaleza pone a disposición de nuevo cada día, que no dañan al medio ambiente ni al clima y que representan una aportación positiva a la reducción del CO2. No debería existir ninguna controversia sobre las formas de obtención de energía a las que nos referimos y a las que definimos como renovables. Por ello, no queremos decir seriamente a las personas que viven en estas regiones que las basuras domésticas, que actualmente están constituidas por una elevada proporción de residuos plásticos, los consideramos como una fuente de energía renovable. ¿Tenemos quizás que exigirles además que produzcan más de estas basuras para la que alcancemos de este modo los objetivos marcados? No necesito decir que si actuásemos así desacreditaríamos la política de la UE.
No estoy en contra de la incineración de basuras. En el informe, incluso exijo una propuesta de directiva aparte al respecto. No, al igual que la comisión, estoy en contra de que mediante una ley se practique el confusionismo. Pueden ver que en la propuesta de informe se contienen residuos biológicos separados porqué se deben incluir allí. Pueden ver que los residuos de madera y de corcho que no han sido tratados se consideran como una fuente de energía renovable. Aunque la energía hidráulica se incluya en los sistemas de ayuda sólo hasta una capacidad de 10 megavatios, cualquier energía hidráulica es naturalmente una fuente de energía renovable y se tiene en cuenta para el logro de los objetivos. Lo repito de nuevo claramente: la incineración de basuras no es una fuente de energía renovable, por lo que no puede suponer tampoco ninguna aportación para el logro de los objetivos.
Otro punto esencial al que la comisión ha dado su asentimiento esa problemática de la conexión a la red y del acceso a la misma para las energías renovables. No se somete a debate la propuesta de la Comisión de conceder un acceso prioritario a las energías renovables. Creo que en este aspecto existe unanimidad de criterios. Sin embargo, se debe concretizar claramente en el informe el texto general de la Comisión sobre la cuestión de la división de costes. Esto es necesario ya que sólo una aclaración aporta seguridad jurídica y evita los conflictos.
Estos son los puntos esenciales a los que hoy quería referirme. Espero que la Asamblea mañana dé un paso hacia adelante con este proyecto de ley y con este dictamen consultivo y que usted, en nombre de la Comisión, nos pueda decir que puede recoger nuestras enmiendas y que el Consejo, como siguiente escalón, pueda hacer justicia a su responsabilidad.

Ayuso González
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en estos días está reunida en La Haya la sexta conferencia de las partes sobre el cambio climático. Una cumbre que pretende frenar el cambio climático y donde el protocolo de Kyoto va a sufrir su prueba de fuego. Además las últimas conclusiones a que han llegado los científicos del panel intergubernamental sobre el cambio climático nos alertan sobre sus alarmantes efectos.
Las energías renovables no van a ser la panacea para resolver este problema. Pero nadie duda de que, en buena parte, pueden contribuir a paliarlo y también a diversificar las fuentes de energía y a reducir nuestra dependencia de los hidrocarburos, lo que por otro lado no nos vendría nada mal.
Quiero destacar el acierto de la Comisión y de la Comisaria en particular al proponer esta Directiva para el fomento de las fuentes renovables de energía eléctrica. Confiamos en que la Directiva ayude a que estas energías aún incipientes se desarrollen y lleguen a ser competitivas, en que la Comisión nos presente en breve una propuesta similar sobre los biocombustibles. También deseo reconocer el intenso trabajo de la Sra. Rothe y felicitarla por ello.
El informe que vamos a votar mañana lleva implícito el decidido apoyo del Parlamento a esta iniciativa y yo le ruego a la Sra. Comisaria que transmita este apoyo al Colegio de Comisarios, porque es en esa institución y no en el Parlamento donde la Directiva -y otras que puedan llegar en el mismo loable sentido- pueden encontrar su principal detractor.
Me estoy refiriendo, concretamente, al proyecto de directrices o de ayudas en favor del medio ambiente. Este documento es inaceptable por el tratamiento que propone dar a las ayudas de funcionamiento a las energías renovables y a la cogeneración, ya que no reconoce el diferente grado de competitividad entre estas fuentes de energía renovables y las convencionales. Ni tampoco reconoce los costes externos que se evitan con este tipo de energías. Además, es inconcebible que la Dirección General de Competencia se adelante a regular este tipo de ayudas sin tener en cuenta el resultado de la negociación de la presente Directiva y, como mínimo, supone un desprecio al Parlamento. Por lo tanto, quiero decir que es necesario vincular la tramitación de ambos documentos.
Consideramos que, de no modificarse estas líneas directrices, el impacto ambiental que van a causar será muy negativo. Concretamente en mi país, en España, estas directrices serían responsables de que de aquí a 2010 se emitan a la atmósfera 225.000 millones de toneladas de CO2 adicionales y de que no podamos cumplir los objetivos de Kyoto.
La Directiva de energías renovables supone una apuesta por el futuro y una inversión en medio ambiente. Y las inversiones en medio ambiente no caben ni en el ámbito de la gratuidad, ni en el de la competencia.

McNally
Señor Presidente, felicito a la Sra. Rothe.
La energía renovable es, con mucho, la fuente energía más utilizada actualmente en el mundo. ¿Cómo vemos si no a dónde vamos durante el día? La gente emplea más la leña que cualquier otro combustible. Pero esta noche estamos hablando de extender el uso de la energía renovable.
Voy a repetir tres de nuestras demandas. La claridad es fundamental cuando presentamos nuestro punto de vista al Consejo. Lo que queremos es: objetivos vinculantes y no objetivos de recorte indicativos; una definición racional de la energía renovable -la energía procedente de residuos, que deben ser incinerados en cualquier caso, es una buena idea-. Pero los residuos no separados generados en los hogares, las viejas brochas de pintura, los embalajes de poliestireno y los juguetes de plástico desechados no son fuente de energía renovable. Es necesaria otra directiva para la recuperación de energía a partir de residuos, como señala la Sra. Rothe. En tercer lugar, queremos disponer de un período razonable y, por tanto, más largo de certidumbre en el que la energía renovable pueda seguir recibiendo una compensación por los costes externos que su uso evita a la sociedad.
Permítanme que concluya señalando un hecho sorprendente. El Reino Unido podría generar cuatro veces sus necesidades de energía únicamente a partir del viento marítimo -¡cuatro veces sus necesidades de energía!-. Colegas, la adopción esta directiva está justificada. Señora Comisaria, gracias por sus esfuerzos. Espero que usted apoye los nuestros.

Beysen
Señor Presidente, comisario, colegas, la propuesta de la Comisión de crear un marco en el que la proporción de electricidad procedente de fuentes energéticas renovables aumente sensiblemente en la Unión Europea a medio plazo es una iniciativa digna de elogio. El esfuerzo que la ponente, la Sra. Rother, ha realizado para poner de manifiesto la postura del Parlamento Europeo en este aspecto merece todo mi reconocimiento. Esta directiva es, por una parte y sin duda, un elemento importante en la serie de medidas cuyo objetivo es dar cumplimento a los compromisos asumidos por la Unión Europea en Kioto con el fin de reducir los gases causantes del efecto invernadero y, por otra parte, un intento elogiable para limitar la dependencia de la Unión Europea con respecto a los países productores de petróleo. En las circunstancias actuales, se debe admitir que las fuentes de energía renovables necesitan algún tipo de apoyo financiero para poder salvaguardar la competencia en igualdad de condiciones. Sin embargo, estas ayudas deben ser en mi opinión razonables y sólo deben concederse por un período concreto. El caballo de batalla de este informe se ha centrado obviamente en el establecimiento de objetivos vinculantes. La esencia de este informe trata de hecho el sentido o la inutilidad de estos objetivos vinculantes. Yo abogo por un enfoque realista, un enfoque que se base en el hecho de que la producción procedente de fuentes de energía renovables nunca podrá ocupar un lugar prominente en la producción total de energía. El establecimiento de objetivos realistas servirá sin duda para aumentar la confianza del ciudadano en la política energética que se aplique. Si no se logra que los objetivos sean vinculantes, se generarán falsas esperanzas, sobre todo si se actúa como si se tratara se mejorar el medio ambiente sin poder hacer realidad este objetivo. Esto afecta al medio ambiente y a la credibilidad de la política a los ojos del ciudadano.
Por último señor Presidente, en relación con el procesamiento de los residuos domésticos quisiera apuntar, que si se desea implantar la recogida selectiva de residuos domésticos, se pueda de hecho implantar dicha recogida selectiva, pudiendo considerarse de forma absoluta como una fuente de energía renovable.

Turmes
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ponente, lo que nos hace falta es una definición clara de lo que es renovable. El plástico no es un recurso renovable y la turba tampoco. Podemos perder la confianza de los ciudadanos europeos que desean comprar electricidad verde si introducimos la confusión elaborando definiciones ridículas. Se requieren objetivos nacionales claros, y no estoy de acuerdo con el Sr. Beysen; un liberal debería estar a favor del menor número de distorsiones posibles en el mercado. A falta de objetivos claros, habrá una distorsión entre los países que hacen algo por las energías renovables y los países que no hacen lo suficiente.
Pasemos a los instrumentos de apoyo. La comisaria coincide con la posición del Parlamento, que decía: es demasiado pronto para zanjar la cuestión, en esta fase, entre los dos instrumentos, es decir, el sistema de certificados verdes, por un lado, y el sistema de precios garantizados, por otro. Desde el alegato del abogado general ante el Tribunal de Luxemburgo, existen menos riesgos de que los precios garantizados se hundan por las regulaciones de ayudas estatales. Pero la amenaza siempre puede venir de la compatibilidad con el mercado interno.
Creo que un político es alguien que debe prever los problemas. No quiero que los partidarios de la electricidad provoquen interferencias entre los dos sistemas y confundan, hagan dudar, a los inversores en Europa, saltándose, por medio de maniobras, el sistema de los precios garantizados. No sólo hay que tolerar los precios garantizados, es necesario protegerlos por la directiva. Eso es ser político, es hacer posible una competencia entre los dos instrumentos, protegiendo los precios garantizados y armonizando todo lo que tenga que ver con los certificados. Las energías renovables son una cuestión que reúne a los ciudadanos en estos tiempos en que Europa tiene dificultades para que sus ciudadanos se adhieran a una mayor integración. Creo que una política enérgica en materia de energías renovables es un símbolo para la Europa de mañana.

Seppänen
Señor Presidente, la dependencia de los Estados miembros de la Unión de la energía de importación es considerable y aumenta sin cesar. La dependencia de los combustibles fósiles es dependencia de la energía de importación y de las decisiones políticas de terceros estados. La utilización de las energías renovables aumenta la libertad y la independencia de los pueblos, a la vez que está en armonía ecológica y social con los principios del desarrollo sostenible.
Con ocasión de la elaboración de este informe, se han trazado los límites para la definción de las fuentes de energía renovables. Sin pronunciarnos sobre si la turba es una energía renovable, debe permitirse la utilización de la turba como combustible para la producción de energía, preferentemente en la producción conjunta de energía térmica y eléctrica. La turba se encuentra principalmente en los Países Nórdicos, y en nuestros países debe existir la posibilidad de quemar turba, ya que se trata de un recurso propio y disminuye la dependencia de la energía importada por parte de la UE. La combustión de la turba emite dióxido de carbono, pero lo mismo ocurre cuando se queman combustibles fósiles. Los países que quemen petróleo o gas en sus propios territorios no deben venir a prohibirnos a nosotros la quema de turba. Si no quemamos turba, quemaremos petróleo o gas. En nuestros países no damos a entender a nadie que la quema de turba reduzca las emisiones de dióxido de carbono, pero es un combustible propio, en tanto que el petróleo y el gas son artículos de importación.
Los desechos no son un recurso natural renovable, pese a que cada día se produzcan más y más. El gas de los vertederos debe ser quemado, pero no debemos incrementar la cantidad de residuos con el único fin de quemar cada vez cantidades mayores de este tipo de gases.

Belder
Señor Presidente, la Comisión y el ponente han apuntado con razón objetivos a largo plazo para fomentar la producción de electricidad a partir de energías renovables. En este caso se precisa un enfoque progresista.
En este sentido, quiero solicitar una atención especial para el efecto de la competencia que se puede esperar desde los países aspirantes. Estos países presentan ventajas económicas debido a los menores costes salariales y unos niveles inferiores de protección medioambiental. Esta circunstancia podría presionar a la baja los precios energéticos. La consecuencia lógica sería un incremento financiero de las medidas de ayuda a las energías duraderas.
A todo esto, y teniendo en cuenta la diversidad de fuentes energéticas existentes, resulta imprescindible establecer una definición adecuada de le energía duradera. Por ejemplo, la incineración de residuos no puede denominarse energía renovable así como así. En este proceso se liberan también sustancias nocivas. Por este motivo presento la enmienda de aplicar las estrictas normas sobre emisiones del anexo 5 de la directiva revisada sobre incineración de residuos. La aplicación de normas en el extremo de salida proporciona el margen necesario para la innovación.
Por último, estos acuerdos deben permitir que los países europeos hagan realidad su contribución a alcanzar los objetivos marcados en Kioto. Se trata de una medida que apoyo sin fisuras debido a que los cambios climáticos suponen una amenaza para la flora y la fauna de la Tierra. Además, los recursos auxiliares de la creación divina no deben agotarse constantemente por parte de un reducido grupo de países ricos.

Kronberger
Señor Presidente, el fin de semana los ministros de la OPEC se han reunido y llegado a la conclusión de que no se van a producir aumentos de las cuotas de extracción. En los últimos 18 meses hemos sido testigos de que el precio del crudo ha aumentado de 9,75 dólares a 33 dólares por barril. Me parece que es negar la realidad no reconocer que nos encontramos ya en la tercera crisis del petróleo desde la Segunda Guerra Mundial. La primera crisis del petróleo en 1973 fue de carácter político, la de 1979 también tuvo ese carácter y ésta es una crisis permanente pues todo indica que las reservas no son ni mucho menos tan grandes como se nos quería hacer creer.
Este es el resultado también de diversos estudios realizados. Tomo como testigo al antiguo ministro del petróleo de Arabia Saudita, el jeque Yamani, quien hace poco tiempo dijo en la televisión austríaca lo siguiente: la era del petróleo llega a su fin quizás no por carencia de petróleo, pues la Edad de piedra tampoco finalizó por carencia de piedras. No podemos sustituir al agente energético primario, el petróleo, por otro pues se produciría también muy rápidamente una escasez.
El petróleo no se puede sustituir por carbón, gas natural o uranio. En consecuencia, esta directiva adquiere una actualidad involuntaria. Al mismo tiempo, por diversos motivos significa una oportunidad histórica para proporcionar a los agentes energéticos renovables que se regeneran continuamente, a saber, el viento, el agua, el sol y la biomasa, el puesto que les corresponde en el suministro de energía del futuro: por motivos de protección del medio ambiente, por motivos sociales, porque crean puestos de trabajo, por motivos de política de paz pues hacemos la guerra por este agente energético primario desde hace todo un siglo y finalmente porque también representan una gran oportunidad económica para los Estados industrializados.

Chichester
Señor Presidente, señora Comisaria, apoyamos con entusiasmo la propuesta de Directiva sobre electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. Consideramos que se basa en el trabajo de nuestro colega, el Sr. Mombaur, en la medida que propugna una mayor cuota de electricidad y energía generada a partir de estas fuentes en la Unión Europea.
Es evidente que los asuntos que dividen a este Parlamento son de gran calado: el de la definición de la energía renovable, por ejemplo. Muchos de nosotros pensamos que debería incluirse la energía a partir de residuos. Es una fuente de energía valiosa y, efectivamente, se renueva día a día, lo que debería cualificarla para ser incluida en este concepto. Es lamentable que se excluya cualquier categoría que pueda contribuir a la consecución del objetivo general de recuperar energía a partir de residuos -tanto si se trata de proyectos a pequeña escala como si se trata de una parte del cálculo total-.
Sin embargo, el asunto fundamental que nos divide es la cuestión de la naturaleza vinculante de los objetivos. Tenemos serias reservas acerca de que ello entre en conflicto con el principio de subsidiariedad. A nuestro juicio, nuestros amigos de la izquierda y los verdes exigen demasiado a este respecto. Ello podría frustrar esta directiva, pero también estimamos que es una cuestión de sentido práctico. Si ustedes apuntan a estos objetivos, comprobarán que existe una sorprendente banda de porcentajes en los diferentes Estados miembros que oscila entre el 6% y casi el 80%. Esta parece una forma muy particular de abordar el tema, de modo que, a nuestro juicio, la Comisión acierta al proponerse objetivos indicativos.
El tercer punto en discusión es la extensión de los programas de fomento. Estamos a favor de un período más corto seguido de una revisión, y quiero decir a mi colega la Sra. McNally que pinta un bello paisaje de molinos de viento en el mar, pero debo decirle que las dificultades técnicas y los costes que entraña deparan a esta tecnología, al igual que la electricidad procedente de la energía solar, un largo camino hacia el futuro. Con todo, apoyo decididamente esta propuesta.

Paasilinna
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, doy las gracias a la Sra. Roth por su excelente informe y por su comprensivo proceder. Naturalmente, hay que apoyar el incremento de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. Así pues, se aspira a doblar su proporción en diez años, incluso podría ser más. Sin embargo, la dependencia de la Unión de la energía de importación está creciendo demasiado. En un plazo de veinte años, llegará a un nivel de hasta el 70 por ciento. Esto crea inseguridad en nuestras vidas, tanto en la vida económica como en los demás ámbitos. Yo creo que además del desarrollo de las fuentes de energía renovables, y paralelamente al mismo, necesitamos también un programa moderno de ahorro energético, ya que esta dependencia empieza a ser para nosotros una cuestión de seguridad también.
La turba se regenera continuamente. La conformación de la biomasa de la turba en su fotosíntesis y producción de residuos vegetales es semejante a la de las demás biomasas vegetales. En lugar de cien años, como la madera, la turba necesita miles de años para renovarse. Necesitamos turba, sobre todo, en las regiones oriental y septentrional de mi país, a donde todos los combustibles llegan desde muy lejos, con la excepción de la madera.
Nosotros no queremos quemar sólo carbón y petróleo y encontrarnos dependientes de ellos. A nosotros nos basta con utilizar la misma cantidad de turba que se genera anualmente. Esto ya es mucho y de sobra. Nosotros, los finlandeses, tenemos casi consagrados los bosques y los pantanos, y sabemos hacer uso de ellos conforme al principio de desarrollo sostenible.

Caveri
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la utilización de las fuentes de energía renovable debe ser uno de los objetivos centrales de una moderna política energética también en Europa; sin embargo, esto se debe llevar a cabo con unas obligaciones y unas certezas que, evidentemente, se han de basar en el sentido común.
En este sentido, el sector hidroeléctrico es importante y ha sido una cruz y una alegría para las poblaciones de montaña que han pagado un precio muy alto por su territorio y que han vivido la puesta en marcha de procesos de industrialización local ligados a la presencia de esta fuente de energía. Hoy, este recurso - la energía renovable por excelencia - se ha de explotar lo mejor posible: ciertamente sin causar más daños al medio ambiente y pensando en sistemas de indemnización y de restitución para las poblaciones de montaña. Naturalmente esta directiva va en la dirección deseada, esto es, de una seria valorización de las energías renovables.

Ahern
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Rothe por su excelente informe, que llega muy oportunamente en esta semana, justamente cuando estamos combatiendo la crisis del cambio climático. Señora Comisaria, tenemos un problema: la disposición de infraestructura de conexión para facilitar el acceso por red a las fuentes de energía renovables. Existe el riesgo de que las fuentes de energía renovable nazcan muertas o ahogadas por las empresas de servicios públicos que ostentan posiciones monopolísticas si pueden cobrar enormes cantidades por el acceso a la conexión.
A un agricultor de mi pueblo, que tiene un proyecto de energía eólica, le propusieron una tarifa de conexión de más de 2 millones de euros; esto es un problema que me gustaría que se abordase. Asimismo, quiero informar a la Sra. Comisaria de que Irlanda puede ser competitiva en energía eólica en un espacio de tiempo muy corto. Creemos que podemos ser competitivos gracias a un correcto fomento inicial, y ello incluye el acceso a la conexión.
Quiero informar al Sr. Chichester que frente a la costa de mi pueblo se están instalando rápidamente molinos de viento en el mar, un proyecto que sin duda alguna va a entrar en funcionamiento en muy poco tiempo, de modo que me gustaría invitarle a verlo cuando ya se haya puesto en marcha. Estoy convencido de que lo agradecerá.

Alyssandrakis
Señor Presidente, el aumento del porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables es, de entrada, positivo. La cuota propuesta de electricidad procedente de fuentes de energía renovables -22% para 2010, frente al 13,9% actual- parece singularmente ambiciosa, y uno se pregunta si para su consecución basta una directiva; una directiva que, además, se concentra en el mercado, sin contemplar medidas paralelas, como, por ejemplo, el fomento de la investigación.
Una cuestión de la mayor seriedad es cómo se hará frente al incremento de los costes de producción. La directiva habla de sistemas de apoyo, esencialmente para primar a las empresas que se muestren activas en este sector, y confía la solución definitiva a los llamados mecanismos del mercado. Esto, sustancialmente, significa que serán los trabajadores los que sufragarán, no sólo los costes, sino también los beneficios de los empresarios; algo que, por supuesto, no ocurriría si el sector de la producción y la distribución de energía tuviera, tal y como defiende insistentemente el Partido Comunista de Grecia, carácter público, y no se hubiera privatizado violentamente al dictado del gran capital. Por estas razones, creemos que el objetivo perseguido es prácticamente imposible de alcanzar con la directiva que examinamos.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, doy las gracias a nuestra colega, Sra. Rothe, por el valioso trabajo realizado en la elaboración de este informe. El fomento del consumo de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables es algo muy digno de apoyo. En cualquier caso, la dependencia de la UE de la energía de importación crecerá de forma considerable durante los próximos veinte años. Puesto que, al mismo tiempo, la UE debe aternerse a los objetivos climáticos de Kyoto, es muy importante invertir cada vez más en la investigación de las fuentes de energía renovables. Estoy satisfecha de que la nueva Directiva tome en cuenta la importancia, entre otras cosas, de las fuentes de energía renovables, de la turba y de las biomasas de madera.
El debate sobre las fuentes de energía renovables no debe convertirse en una forma de populismo contra la electricidad producida en centrales nucleares. Hay que recordar que sólo el uso combinado de la energía nuclear y las energías renovables nos permitirá cumplir las obligaciones contraídas en el Protocolo de Kyoto sobre el clima. La polémica sobre la renuncia a la energía nuclear, por ejemplo en Suecia y en Alemania, ha revelado que si no existen en el horizonte alternativas energéticas ecológicas que sean viables a un precio competitivo, el debate está condenado al fracaso.
La liberalización total de los mercados de la electricidad es también una condición previa para el incremento del uso de las fuentes de energía renovables. Hay que eliminar las barreras artificiales al libre comercio que siguen manteniendo los monopolios y también las limitaciones comerciales: por ejemplo, la barata energía hidroeléctrica producida en las cuencas escandinavas sigue encontrando obstáculos, en las circunstancias actuales, para acceder a los mercados centroeuropeos.

Corbey
Señor Presidente, colegas, todos conocen la batalla de Don Quijote contra los molinos de viento. Su lucha contra los molinos de viento es sinónimo de una batalla imposible contra lo que resulta obvio. Lamentablemente, los molinos de viento no son algo tan obvio hoy en día. Una de las obviedades actuales es justamente las ayudas que recibe el sector de las energías fósiles. La lucha contra estas ayudas parecía una causa perdida. Sin embargo, esta vez la batalla se centra en los molinos de viento y seguro que saldremos airosos.
Como socialdemócratas, creemos que se debe dar una oportunidad justa a las energías duraderas. Las energías duraderas pueden contribuir a una distribución equitativa entre los países. Los consumidores deben disponer de opciones justas. Las energías duraderas ofrecen además una base sólida para la economía. Por lo tanto, la batalla de los molinos de viento es una batalla sin perdedores. No podíamos haber elegido un momento más adecuado para este debate. La conferencia sobre el clima de La Haya acaba de comenzar. Nuestros objetivos en el ámbito de las energías duraderas son ambiciosos, aunque aún resultan modestos en el contexto del problema climático. Se requieren adaptaciones tecnológicas drásticas. Lo que no hay que hacer es trapichear con la definición de energía duradera con el fin de facilitar al máximo la consecución de nuestros objetivos. Las energías duraderas suelen asociarse a soluciones a pequeña escala: Un panel solar sobre el tejado de todas las personas y un molino de viento en todos los pueblos. Es fantástico pero las energías duraderas exigen también inversiones a gran escala. La financiación requiere un compromiso por parte de las administraciones. Estamos seguros de que existe mercado para las energías duraderas. La falta de compromiso resulta inadmisible en este caso. Por este motivo, los Estados Miembros deben contar con objetivos vinculantes. Debe tratarse de objetivos referidos al consumo, ya que las energías duraderas se pueden importar y exportar de forma que todos los países aprovechen al máximo sus ventajas. Además, se deben establecer objetivos de producción, ya que esto constituiría un incentivo para que todos los Estados Miembros aprovecharan individualmente todas las posibilidades.
Finalmente, señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente por su gran contribución a esta cuestión.

Pohjamo
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por su excelente trabajo en la elaboración de este informe. La colaboración ha dado como fruto una propuesta realmente buena. La definición de fuentes de energía renovables aceptada por la comisión parlamentaria está bastante conseguida y tiene gran cobertura; también la turba debe quedar incluida, tal y como han argumentado convincentemente aquí muchos colegas. El incremento de las energías renovables permitirá reducir la dependencia del petróleo y crear puestos de trabajo en las regiones de escasa población. Además, se trata de un buen método para reducir las emisiones comunitarias de gases de efecto invernadero. En mi opinión, es bueno que nos fijemos objetivos ambiciosos, pero lo más importante es que podamos pactar sobre los objetivos comunes de una forma creíble y también vinculante, cosa a la que ya se refirió aquí antes la ponente. Considero que es bueno el principio de que la Directiva trace las directrices para el incremento de las fuentes de energía renovables en la producción de electricidad. Aunque las decisiones sobre la adopción de medidas y la realización de las mismas se dejen a cargo de los Estados miembros, también necesitamos una aportación cada vez mayor por parte de la Unión.

Wijkman
Señor Presidente, no debe quedar duda alguna de que la combinación de inversiones en energía renovable y eficiencia energética es el único modo realista en la Unión Europea para satisfacer las exigencias del Protocolo de Kioto y reducir nuestra fuerte dependencia de los combustibles fósiles.
Felicito a la Comisaria por su iniciativa, así como a la Sra. Rothe por su informe. Sólo deseo que esta directiva pase a formar parte de una coherente estrategia energética a largo plazo en la Unión. Pero no es así. Antes bien, las propuestas sobre energía se presentan sólo de vez en cuando y sin mucha coherencia. No es culpa suya, señora Comisaria. Ello se debe fundamentalmente a los Estados miembros. Nuestros esfuerzos por transformar nuestro sistema energético se verán abocados al fracaso a menos que convirtamos la política energética -incluidos sus aspectos fiscales- en parte de la política común. El problema que plantea la existencia de distintos sistemas de fomento en la Unión Europea -y con ello me refiero a las manifestaciones del Sr. Chichester- no es más que un ejemplo de la necesidad de un planteamiento verdaderamente común en este ámbito.
Por último, unas palabras sobre los costes. Todas las nuevas tecnologías son caras en su fase inicial. Pero la experiencia en casi todos los ámbitos posibles nos enseña que cada vez que la demanda crece en un 100%, los costes descienden aproximadamente entre el 10% y el 15%. La energía renovable no es una excepción. Podría mostrarles gráficos y curvas que demuestran que esta fórmula matemática se aplica a la energía eólica y fotovoltaica. Por tanto, me muestro optimista ante el potencial futuro de las energías renovables, siempre que se presten los incentivos necesarios.
Le deseo todo el éxito posible, señora Comisaria.

Caudron
Señora Comisaria, nuestro debate de esta noche es oportuno - muchos de nosotros lo han expresado - en el momento en que tiene lugar la conferencia de La Haya sobre el recalentamiento climático. Hoy todo el mundo es consciente de que lo que puede ocurrir a la humanidad ya no es un problema de varias generaciones. Hoy mismo estamos experimentando las consecuencias negativas del efecto invernadero, de los cambios climáticos, del recalentamiento del planeta, es decir, de toda una serie de dificultades que hoy se nos plantean realmente y que suponen la adopción de medidas urgentes, firmes y enérgicas. La acertada propuesta que nos ha presentado, señora Comisaria - y deseo saludar su realismo en materia energética -, así como el excelente informe de nuestra colega Rothe van por el buen sentido, al permitir el fomento de las energías renovables.
Cuando se mira este expediente sólo se ven intereses, ya sea en el ámbito de la seguridad de los abastecimientos, de la protección del medio ambiente, de la lucha contra el efecto invernadero o de la creación de empleos. No es presentable; salvo, naturalmente, que se acceda a financiarlo, y es ahí también donde aparecen los límites del mercado. La libre competencia no soluciona todos los problemas y, en particular, no soluciona la lucha contra el efecto invernadero ni la lucha contra el despilfarro. Es necesario que los Estados acepten las propuestas que se les presentan. Es preciso que votemos masivamente las propuestas de la Sra. Rothe Y desearía concluir, simplemente, mencionando tres problemas que han surgido a lo largo de este debate.
El primero es el de la turba, que es una energía importante: en mi opinión no es una energía renovable. El segundo problema es el de los residuos domésticos: no son, propiamente hablando, una energía renovable, pero hay que evitar dar una señal negativa con respecto a la incineración de los residuos domésticos. Finalmente, en cuando al grado de obligatoriedad, diré, simplemente - porque no me queda más tiempo -, que un objetivo en sí nunca es obligatorio: es un objetivo y luego es necesario hacer todo lo posible por lograrlo. Eso es lo que debemos hacer en el plano europeo.

Rübig
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Rothe por el tacto y visión que ha tenido al elaborar este documento. Creo que hace falta mucho valor para colocar continuamente a las energías renovables en el lugar que merecen. Acabo de llegar de un encuentro de la OPEC y 30 dólares por el barril de petróleo nos abren la oportunidad de realizar inversiones totalmente nuevas en este campo. Precisamente en la investigación y desarrollo es importante que en el futuro nos ocupemos más intensamente de las energías renovables y sobre todo que se incluyan en este sector a los gases, ya provengan de basureros o de plantas depuradoras de aguas.
También creo que no se debe olvidar la formación pues precisamente la eficiencia energética y el ahorro de energía son para nosotros temas de futuro esenciales exactamente igual que el empleo de una estructura eficiente.

Valdivielso de Cué
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Sra. Rothe por el excelente trabajo que ha desempeñado con este informe y, además, por el espíritu de consenso que ha demostrado. Estoy convencido de que, en todos los asuntos relacionados con la energía, debemos ser conscientes de que o mejoramos las fuentes o dejamos inhabitable el planeta Tierra dentro de pocas generaciones. En mi opinión, es fundamental que aseguremos el apoyo a este tipo de fuentes durante un período considerable, permitiendo así a nuestra industria invertir, de manera decisiva y a largo plazo, en esta alternativa energética. Creo que se debe garantizar un marco estable para la energía de origen renovable en un horizonte de diez años como mínimo; es una propuesta que todos debemos apoyar.
En cuanto a nuestros objetivos en este ámbito, tenemos que escuchar a los ciudadanos e ir más allá de la propuesta de la Comisión acerca del 21%, que creo que es muy positiva en su conjunto, e incrementar la parte renovable del total de la electricidad producida. Por otra parte, por un principio de coherencia, los citados objetivos traducidos a parámetros nacionales han de ser vinculantes, ya que de lo contrario la directiva carecería de contenido y de sustancia. Asimismo, este carácter vinculante es fundamental para demostrar que, también en materia medioambiental, la Unión Europea toma en serio sus compromisos internacionales.
Por último, soy consciente de que todo esto es fácil de denunciar y difícil de llevar a cabo, pero si no actuamos inmediatamente, en pocas generaciones estaremos hipotecados y la hipoteca nos llevará al fracaso. Seamos solidarios y dejemos un mundo habitable a nuestros hijos.

De Palacio
. Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Rothe por el magnífico trabajo que ha realizado, así como a todos aquellos de sus Señorías que han intervenido y que además, en muchas ocasiones, han enmendado el texto que ha sido propuesto al Parlamento y al Consejo.
Esta propuesta de la Comisión se presenta en unas circunstancias que creo que, aunque negativas para muchos aspectos de nuestras economías y de nuestras vidas, son positivas precisamente para esta iniciativa. Una subida fortísima del precio del petróleo, indudablemente, nos sitúa con mayor crudeza ante los problemas asociados a nuestra dependencia energética de las fuentes de energía fósiles.
El objetivo estratégico de la directiva es crear un marco estable en el que a medio plazo pueda desarrollarse de forma notable la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables dentro de la Unión Europea, la electricidad verde, y facilitar su acceso al mercado interior de la electricidad. Pero en ese orden. Primero, incremento de la producción de electricidad verde y, después, cuestiones relacionadas con el mercado.
Esta propuesta ofrece cierta certidumbre normativa, al mismo tiempo que respeta el principio de subsidiariedad, al proporcionar a los Estados miembros el grado de autonomía necesario para tener en cuenta sus circunstancias específicas hasta tanto no se vea, en función de cómo evolucionan las cosas, cuál es la mejor manera de impulsar la instalación de fuentes de electricidad.
Quiero agradecer a la Sra. Rothe su apoyo a estos principios y a todos los intervinientes que también lo han manifestado.
Como saben, la Comisión prevé adoptar próximamente un Libro Verde sobre la seguridad en el aprovisionamiento energético y el cumplimiento de los objetivos de Kyoto, de los compromisos allí contraídos por la Unión Europea. Entendemos que son dos aspectos esenciales, de distinta índole pero igualmente importantes. La Unión Europea, que es abanderada en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de emisiones, no puede ser la primera en incumplir sus propios objetivos y sus propios compromisos.
Como segunda cuestión, la seguridad de abastecimiento es un elemento clave para garantizar el desarrollo económico, el bienestar de nuestros países, el de la Unión Europea en su conjunto. Hay que hablar sobre el papel que deben desempeñar las distintas fuentes de energía en ese Libro. En primer lugar, el ahorro energético. Quiero insistir en ello -como ha hecho alguno de los intervinientes- pero también decir que no se trata de oponerse a una fuente de energía concreta o de llevar una guerra contra ella, en beneficio de otra. Uno de los pilares clave de cara al cumplimiento de Kyoto y para el futuro energético de la Unión es el desarrollo y el incremento del uso de las energías renovables.
Con el documento de hoy, la Comisión pretende dejar claro que el lanzamiento de las fuentes de energía renovables no dispone en este momento de las mismas facilidades de que dispusieron en su momento otros tipos de fuentes de energía, por ejemplo la nuclear, el carbón o el mismo petróleo, por no hablar más que de algunas de ellas.
La ayuda a las energías renovables se justifica además por el hecho de que las energías convencionales no pagan de una forma significativa algunos de los costos externos que su uso implica. Además, las energías renovables son un elemento de seguridad de abastecimiento, por cuanto tenemos un enorme potencial de producción dentro de la Unión Europea.
En cuanto a las enmiendas propuestas, permítanme decirles que simplemente su número es impresionante, lo que pone de manifiesto el gran interés que el Parlamento concede a esta cuestión. También muestran la existencia de opiniones diferentes sobre la manera más adecuada de promover este tipo de electricidad. No obstante, todos coincidimos en que en Europa debemos acelerar e intensificar la existencia de este tipo de energías y que eso reclama esfuerzos.
En nuestra lucha por crear un mercado de la electricidad verde fuerte y dinámico, lo primero que tenemos que hacer es escuchar para aprender unos de otros. He comprobado que existen dos corrientes de opinión con planteamientos contrapuestos sobre este tema. La primera hace hincapié en una introducción rápida de las fuerzas del mercado, mientras que la segunda subraya la necesidad de establecer períodos transitorios y ayudas públicas activas.
Señor Presidente, Señorías, en su propuesta la Comisión intenta mantener lo mejor de los dos enfoques con objeto de elaborar un texto equilibrado, pero tengo que decir muy claro también que el objetivo prioritario ahora es la promoción de la energía renovable, su desarrollo. Por lo tanto, las cuestiones de mercado pasan a un segundo término. Son un objetivo que no hay que olvidar pero no son el objetivo prioritario de esta iniciativa que fundamentalmente pretende el desarrollo y el incremento del uso de las energías renovables.
Las enmiendas 1, 2, 8, 20 y 21 subrayan la necesidad de una política favorable a la electricidad verde y sus múltiples ventajas y se pueden aceptar directamente por la Comisión. Por la misma razón, la enmienda 3, en parte, aunque no la enmienda 7, que resulta demasiado técnica para el texto de la propuesta.
En la línea de la enmienda 5 tengo la satisfacción de confirmarles que, dada la importancia de esta cuestión, la Comisión está estudiando la posibilidad de presentar una nueva directiva sobre biocombustibles generados a partir de fuentes de energía renovables, concretamente de biomasa, de productos agrícolas, lo cual simplificará algunos otros problemas que tenemos planteados. Cuando empecemos a hablar de los objetivos para la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables tendremos, en primer lugar, que ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por fuentes de energía renovables. Esto reviste una importancia fundamental para sentar las bases del futuro mercado y varios de ustedes se han referido a este asunto. Quiere esto decir que podemos seguir en gran medida la definición presentada por el Parlamento Europeo en su enmienda 27 pero, al hablar de la ampliación de la aplicación de la biomasa -si bien, tal y como está planteada quizá pudiera ser aceptada- en ningún caso puede serlo en su concepto de basura doméstica. Eso no es energía renovable en su gran mayoría.
Lo que la Comisión tampoco puede aceptar es la turba, por tratarse claramente de un combustible fósil, aunque de una generación más rápida, pero fósil. No debe abusarse además -como he dicho- de la biomasa en los casos de maderas no contaminadas y apoyamos la enmienda 24.
La referencia a los desechos sin otra clasificación como fuente de energía renovable -como he dicho hace un momento- es inadecuada y contraria a la política de gestión de residuos sólidos. La Comisión rechaza esta parte de la enmienda 27, las enmiendas 11, 54, 55, 61 y la enmienda 57, relacionadas con ella.
La Comisión estima asimismo que toda la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y empleada en centrales híbridas debe ser considerada electricidad verde y no sólo la utilizada con fines de reserva. Por lo tanto, no podemos aceptar la enmienda 28. La propuesta de la Comisión incluye en su anexo los objetivos indicativos con respecto al nivel de consumo nacional de electricidad verde, necesarios para alcanzar una cuota total del 22,1% para el conjunto de la Unión Europea para el año 2010, de conformidad con los objetivos establecidos en el Libro Blanco de 1997.
En este contexto, debo señalar dos cuestiones. En primer lugar, la importancia de que los objetivos sean indicativos. Señorías, a mí también me gustaría plantear objetivos obligatorios pero tenemos que ser realistas y, aunque lo siento, no puedo aceptar en el punto actual esta cuestión que su Señorías plantean porque eso sería automáticamente rechazado por los Estados miembros.
Es la primera vez que en una directiva de la Unión se plantean objetivos nacionales de esta índole. No obligaciones que hay que cumplir, sino objetivos nacionales. Desde luego, consideramos esta posibilidad pero, en principio, por razón de una negociación con la otra parte, que es el Consejo, no puedo aceptar a estas enmiendas aunque comprendo por sus planteamientos y tengo enorme simpatía por ellos. Por ello, insisto en que el apartado 4 del artículo 3 es absolutamente clave. Cuando el informe que hay que hacer sobre el cumplimiento y el desarrollo de las energías renovables en los distintos países señale que algún país incumple claramente esos objetivos, se harán propuestas al Parlamento y al Consejo para corregir esta situación. Evidentemente esos serán unos objetivos obligatorios para ese Estado, para que los cumpla, para que por esa vía dé cumplimiento a estos objetivos, que son objetivos y no obligaciones.
La aventura que emprendemos con esta directiva debe basarse en medidas transparentes que refuercen la confianza, pero es probable que este proceso no llegue a iniciarse nunca si ponemos objetivos vinculantes en su texto. Varios Estados ya no quieren aceptar ni tan siquiera los objetivos indicativos, con que no habría ninguna posibilidad de que lo hicieran con los vinculantes.
En cuanto al cálculo, efectivamente nuestro cálculo de un 22,1% en vez del 23,5% establecido en 1997 obedece a cuestiones de credibilidad. Las cifras que aquí damos no son casualidad ni capricho sino que obedecen a las realidades que nosotros planteamos. En ese sentido, no podemos apoyar las enmiendas que proponen objetivos jurídicamente vinculantes, -la creación de ese comité ni ese objetivo del 23,5%- y, por lo tanto, tenemos que rechazar en este momento las enmiendas 6, 9, 12, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 67 y 68.
En cuanto a los sistemas de apoyo, este es el segundo grupo de enmiendas donde la Comisión consideró prematuro proponer un sistema de apoyo armonizado, pero afirmó que en caso necesario presentará una propuesta de este tipo con arreglo a ciertos principios. Estima que muchas de las enmiendas propuestas por el Parlamento refuerzan el planteamiento pragmático de la Comisión, al mismo tiempo que lo clarifican, lo mejoran y lo complementan. En ese sentido, apoyamos las enmiendas 36 y 56 y también algunos aspectos de las enmiendas 4, 15 y 62, relacionadas con la idea de la internalización de los costes externos y la compensación de los costes externos no cubiertos a favor de las fuentes de energía renovables.
Pero, Señorías, no podemos aceptar las partes que prejuzgan la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Tampoco se puede aceptar la parte de la enmienda 37 que exige que el futuro sistema de apoyo armonizado satisfaga la necesidad de internalizar los costes externos, ya que esto sólo podría realizarse mediante una armonización fiscal que sobrepasa el ámbito de aplicación de la futura propuesta en este sentido.
Por otro lado, podríamos aceptar las enmiendas 10 y 59, que precisan que las ayudas de inversión a las grandes instalaciones hidroeléctricas sólo serían posibles en tanto en cuanto contribuyan a mejorar el medio ambiente. En ningún otro caso puedo incluir las ayudas a las grandes hidroeléctricas dentro de las ayudas a la electricidad verde. Las grandes hidroeléctricas, en principio, son ampliamente rentables por sí y tienen unos costes medioambientales muy elevados.
La enmienda 53 supondría excluir todas las formas competitivas de energías renovables de las subvenciones y de las demás ventajas, por lo que la Comisión no puede aceptarla en su formulación.
Por lo que respecta a los principios en los que debe basarse el futuro sistema de apoyo armonizado, la Comisión puede aceptar las partes de las enmiendas 37 y 38 que estipulan que dicho sistema debe tener en cuenta los objetivos medioambientales del Tratado, la experiencia adquirida con los sistemas de apoyo que han demostrado ser eficaces y positivos así como las condiciones geográficas. Por el contrario, la Comisión no puede aceptar partes de las enmiendas 37 y 38 así como la 39, en cuanto que prejuzgan el tipo de sistema que debe aplicarse o que exigen que no se distorsione el mercado de la biomasa. Por la misma razón, se rechaza la enmienda 23.
La Comisión puede aceptar la necesidad de los actuales sistemas de apoyo para los regímenes transitorios ya considerada en la letra d) del artículo 4 de su propuesta. No obstante, al hacerlo, la Comisión tiene muy presente que los términos utilizados no prejuzgan su derecho de iniciativa ni deben ser incompatibles con el mercado único de la electricidad. La Comisión puede aceptar parte de las enmiendas combinadas 17 y 18, en la medida que este período transitorio de diez años se refiere al mantenimiento de la confianza de los inversores y no a la continuación de los sistemas de apoyo como tales.
Señorías, efectivamente, hay que dar un horizonte de tranquilidad. Como ha dicho alguno de sus Señorías hace un momento, la energía eólica está muy cerca de ser competitiva pero hay que seguir dando apoyos reales al desarrollo de las energías renovables. Otro de ustedes se ha referido a que esos apoyos van a provocar una mayor demanda, un mayor desarrollo tecnológico y, por lo tanto, una mayor competitividad, y en eso es en lo que confiamos. A partir de ahí, en su momento, más adelante, habrá que ir incorporando poco a poco los aspectos de mercado que -como he dicho- constituyen el segundo paso, puesto que el primero es disponer de una cantidad suficiente de energía renovable. No obstante, por razones antes señaladas, la Comisión rechaza las enmiendas 13, 32, 40, 41, 63 y 64.
En cuanto a las enmiendas relativas a las fuerzas del mercado, la competencia, la Comisión puede aceptar las partes relevantes de las enmiendas 17 y 18 y la enmienda 22 que subrayan la necesidad de crear un mercado de electricidad ecológica, pero rechaza la enmienda 19, que exige la armonización de los sistemas de apoyo nacionales. Debemos disponer de una definición amplia de sistema de apoyo y, por tanto, no podemos aceptar las enmiendas 16 y 19.
En cuanto a medidas técnicas y en cuanto a la garantía de origen de la electricidad ecológica, lamentablemente no podemos apoyar las enmiendas destinadas a extender esta garantía a todos los tipos de electricidad o a la electricidad procedente de terceros países, ya que rebasa el ámbito de aplicación de la propuesta. Se rechazan las enmiendas 14, 42, 43 y 44 y la enmienda 58, que pretende conseguir el comercio interfronterizo de los certificados de electricidad, es prematura en esta fase y no puede ser aceptada a día de hoy.
No podemos aceptar la enmienda 45, que debilitaría la propuesta al obligar a los Estados miembros a revisar el marco normativo y tampoco la enmienda 46. Tampoco las enmiendas 26, 47 y 60 así como la 65, que imponen normas obligatorias para el reparto de los gastos de conexión y otros costes de la red a escala europea.
En lo que respecta a las enmiendas 48, 49 y 66, la Comisión puede aceptar que en su momento se indiquen los objetivos nacionales sobre la electricidad verde para el período 2010-2020 pero no puede aceptar aquellas partes de las enmiendas que podrían prejuzgar la aplicación de las reglas del derecho de la competencia en materia de ayudas de Estado.
Señorías, lamento haberme alargado pero creo que el debate reclama esta atención. Quiero, una vez más, felicitar a la ponente, Sra. Rothe, a todas sus Señorías por su trabajo, e insistir en que es una absoluta necesidad que de una vez por todas demos un impulso real al uso de energías renovables en la Unión Europea. Eso es lo que pretendemos con esta iniciativa.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0308/2000) de la Sra. Theorin, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, sobre la participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos (2000/2025(INI)).

Theorin
. (SV) Señor Presidente, el campo de batalla después del fin de la guerra fría se ha trasladado a los pueblos, las calles y a los hogares. Los conflictos se producen con más facilidad en el seno de los estados que entre ellos. Siempre la guerra y los conflictos han sido territorio masculino, pero la mayoría de las víctimas, el 90 por ciento, son civiles. Son mujeres y niñas que han sido expuestas a formas especiales de violencia. Han sido violadas, raptadas y mantenidas como esclavas sexuales. Las viudas se han visto obligadas a hacerse cargo de la educación de los hijos y a mantener a los viejos. Aún así, las mujeres son ignoradas en las negociaciones de paz, igual que sus necesidades y preferencias.
En la comisión para la reconstrucción de Tayikistán, donde hay 25 000 viudas, tan sólo uno de los 26 delegados era mujer. En la primera negociación de paz para acabar con el conflicto en Burundi había dos mujeres entre los 126 delegados. Ninguna mujer bosnia participó en las negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra de Bosnia. Esto a pesar de que todo el mundo era consciente de las violaciones sistemáticas que sufrieron las mujeres y de las responsabilidades que estarían obligadas a asumir para reconstruir la sociedad. En las negociaciones previas a los bombardeos de la OTAN en Kosovo hace cuatro años, había solamente una mujer en la delegación. Cuando se creo el pacto de estabilidad para la reconstrucción del suroeste de Europa ni siquiera se mencionó a las mujeres, a pesar de sus magníficas experiencias en la construcción de la paz en el seno del pueblo. Tampoco participaron en el comité encargado de la reconstrucción.
¡No se puede construir una casa a la que le falta medio cimiento! Si excluimos al 50 por ciento de la población, la paz no será duradera. Las mujeres tienen que participar plenamente en todas las negociaciones de paz, en todos los trabajos de reconstrucción y en las operaciones para el mantenimiento de la paz. Mientras los procesos formales de paz son un territorio casi exclusivamente masculino, las experiencias y declaraciones internacionales demuestran la importancia de la participación femenina en la solución de los conflictos y en la construcción de la paz. En los pocos casos en los que la sociedad civil y las mujeres han participado en negociaciones formales de paz se ha visto que ha sido provechoso, por ejemplo, en Sudáfrica, en Guatemala y en Camboya. Esto se deduce también de una serie de documentos de la ONU, por ejemplo, de la resolución que el Consejo de Seguridad aprobó hace dos semanas sobre las mujeres, la paz y la seguridad.
Hay que proteger la sociedad civil, a los refugiados y a los solicitantes de asilo, hay que combatir la impunidad por las violaciones en tiempo de guerra, hay que fomentar la participación activa de las mujeres en la solución de conflictos y en la construcción de la paz, en todos los niveles. De estas cosas se ocupa mi informe, que ha recibido amplio respaldo en la comisión. Para que el Grupo PPE-DE pudiese votar a favor de la resolución, he aceptado la enmienda 19 al punto 12, apoyada tanto por el Grupo PSE como por el Grupo PPE-DE. Propongo una modificación al cuarto Protocolo de Ginebra, de modo que las violaciones, la maternidad forzosa y la esclavitud sexual sean definidas como crímenes de guerra, tales como el terrorismo y la tortura. Insto a los Estados miembros a ratificar el Tratado de Roma sobre un tribunal penal internacional permanente. Un tribunal de esta naturaleza es un requisito para eliminar la tendencia a usar sistemáticamente las violaciones como estrategia de guerra. Además, todo el personal que trabaja en el mantenimiento de la paz, tanto hombres como mujeres, tendrán que hacer cursos sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Especialmente deberían hacerlo las fuerzas de mantenimiento de la paz. El objetivo debe ser que al menos el 40 por ciento de todo el trabajo de reconstrucción y en favor de la paz sea realizado por mujeres.
Es importante la participación local en los procesos de paz y concordia. Por eso insto a los Estados miembros y a la Comisión a respaldar, técnica, financiera y políticamente, a las organizaciones que trabajan en favor de la paz y de la prevención de conflictos. A pesar de que la proporción de mujeres ha sido limitada, hay estudios que demuestran que la participación de las mujeres en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU mejora las relaciones con la población local y la moral general. Por el contrario, la presencia de inspectores masculinos conlleva violencia sexual y la prostitución aumenta en torno a los campamentos. Soldados de la ONU, incluso de países de la UE, han tenido que ser devueltos a sus países por haber sido acusados de violencia sexual en Somalia y en Mozambique.
La paz es una carga demasiada pesada para ser llevada sólo por una institución, un gobierno o un sexo. La paz duradera no puede alcanzarse si se ignora a la mitad de la humanidad. La paz solamente podrá alcanzarse si las mujeres participan plenamente en los procesos para alcanzarla.

Klaß
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar a la Sra. Theorin, la ponente, por haberse ocupado del tema "participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos " mediante un informe por propia iniciativa del Parlamento Europeo. Debido a su responsabilidad por la familia, los hijos y los ancianos y también a que con frecuencia se encuentran solas en su responsabilidad por la falta de maridos y padres, por lo que tienen que ocuparse también ellas solas de la supervivencia de la familia, las mujeres se ven afectadas en gran medida por las guerras y las situaciones bélicas.
Pero para las mujeres la situación es también especialmente difícil cuando tienen que luchar por el reconocimiento y la igualdad de derechos en sus actividades. Las decisiones sobre la ejecución y aplicación de acciones de ayuda son de la responsabilidad de los gabinetes de crisis y aquí la competencia objetiva y especializada de las mujeres goza de poca atención y reconocimiento. Y eso que parece evidente que en tales situaciones difíciles se debe contar con aquellas que tienen la responsabilidad in situ, por así decirlo, en el frente local y aprovechar también su experiencia para la resolución de conflictos. Como, lamentablemente, esto no es así, el informe plantea de modo muy concreto la exigencia de que se incluya a las mujeres en los gremios y de que participen.
El informe acusa que en situaciones de conflicto se producen terribles actos de violencia y de abusos sexuales. A esto hay que enfrentarse preventivamente proporcionando a las mujeres en los campos de refugiados una protección especial estableciendo una separación en los campos. Hay que ayudar a las mujeres contra las que se ha ejercido violencia. En esto estamos de acuerdo. Este capítulo de la violencia contra las mujeres en los conflictos desborda el tema en si del informe y, debido a su importancia, debería haberse elaborado por separado. El informe Theorin entra en este campo en detalles muy concretos y realiza repeticiones que como Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos rogamos se extraigan en el sentido de un documento oficial.
También debemos prestar atención para que las exigencias se realicen en un marco que se pueda cumplir. Espero que el compromiso encontrado -la Sra. Theorin ha llamado la atención al respecto en relación con el punto 12- obtenga también el apoyo del Pleno. Allí donde las decisiones son competencia de los Estados miembros podemos destacar como Parlamento Europeo enmiendas y mejoras deseables. Pero no podemos demandarlas judicialmente. Los Estados miembros deben adoptar bajo su responsabilidad decisiones para las mujeres también en los campos de refugiados. Pueden ver la enorme importancia del informe. El Grupo del PPE-DE no se ha tomado a la ligera la presentación de las correspondientes enmiendas y ruego a las y a los colegas apoyo también para la propuesta de compromiso sobre el punto 12 presentada por la ponente. Si queremos que se nos escuche internacionalmente, tenemos que tocar las cosas con sensibilidad por la vía diplomática.

Swiebel
Señor Presidente, la cuestión de las mujeres en relación con el problema de la guerra y de la paz tan sólo ha recibido una atención marginal por parte de las asociaciones internacionales en los últimos tiempos. Este asunto se utilizó incorrectamente en numerosas ocasiones como argumento oportunista entre partes enfrentadas. En las conferencias mundiales de la ONU celebradas de forma consecutiva desde 1975, éste fue claramente el caso concretamente en lo que respecta al conflicto de Oriente Medio. Debido a que la cuestión de las mujeres y de la paz no tenía por sí misma un gran peso político, las corrientes utópicas también podían dominar el debate.
Desde la conferencia mundial de la mujer celebrada en Pekín en 1995, esta situación ha cambiado sustancialmente. Allí se dio el primer paso para tratar la cuestión con madurez. En los años posteriores, se adoptaron numerosas iniciativas, especialmente en el ámbito de la ONU y de las organizaciones afines. Ya era hora de que esta cuestión recibiera atención por parte de la UE ya que como suele ocurrir en las cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer, Europa a menudo se queda rezagada. La oposición que algunos hombres de esta Cámara han expresado ante un tratamiento serio de esta cuestión constituye una señal evidente. Aparentemente, quieren mantener su posición de poder en cuestiones de política exterior y de defensa y creen que los intereses de las mujeres pueden defenderse por los hombres. La colega Theorin es digna de elogio por la determinación con la que ha mantenido la cuestión frente a las presiones.
El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución denominada "Mujeres, paz y seguridad" tras un debate de dos días. La señora Theorin ya lo apuntó. Una resolución que se parece a la que tenemos ante nosotros en lo que respecta a su alcance. Esto también resulta significativo en lo que respecta a la importancia de la cuestión.
Finalmente, Señor Presidente, quiero manifestar mi desilusión por las oscuras maniobras que, en mi opinión, han llevado al debilitamiento del apartado 12 en relación con los derechos y con la libre opción de las mujeres que han sido víctimas de violaciones y de situaciones bélicas. Yo no acepto que se comercie con estos derechos. Desde el punto de vista político, considero que la enmienda 19 se puede interpretar como una derrota táctica o un paso atrás táctico en vez de un compromiso real, lo que no es digno de la causa de la mujer.

Dybkjær
Señor Presidente, al igual que otros oradores me gustaría felicitar a la ponente por su muy exhaustivo y gran informe que contiene una serie de propuestas por las que deberían dejarse inspirar los que toman decisiones en el mundo y de las que éstos también deberían apropiarse. El problema de este informe, no obstante, radica en que no prioriza sus numerosas propuestas. Que ésta tampoco ha sido la intención, lo admito. No obstante, por ello corremos el riesgo fácilmente de que, una vez se haya producido la votación, pasemos meramente al próximo tema. Me gustaría proponer por ello que prioricemos nuestros próximos pasos y que comencemos por lo que podamos hacer concretamente con respecto a la puesta en práctica de los aspectos relacionados con la construcción del ejército militar y civil que se está produciendo precisamente duramente estos meses en la UE. Debo exhortar por ello al Consejo, al Sr. Solana y a la Comisión, en especial, al Sr. Patten, a que examinen las numerosas ideas presentes en el informe y se dejen inspirar por ellas e introduzcan estas ideas y propuestas en el trabajo que se está llevando a cabo ante nuestros ojos sin que desgraciadamente sepamos muy bien cómo lo concreto va a plasmarse en la realidad.
Esto puede convertirse en un excelente experimento de cuál es el significado en la práctica de todas las palabras sobre igualdad de oportunidad, mainstreaming, fortalecimiento del papel de la mujer, etc. Comencemos por iniciativas concretas. Además, el Consejo y la Comisión deben regresar al Parlamento para explicar que podría hacerse. Hay muchas tareas planteadas que debemos acometer, por ejemplo, la formación de los cuerpos policiales o la formación del personal militar, ciertamente hay razones suficientes para mejorar el entendimiento de que la violación es de hecho una agresión que no puede aceptarse al igual que tampoco podemos aceptar la tortura. También podríamos referirnos a la participación de las ONG, a las facilidades para la reconstrucción destinadas a las personas afectadas por una crisis, etc. En esta línea podríamos celebrar vistas públicas, seminarios, etc. sobre estos temas. Tendríamos transparencia por añadidura en todo lo relativo a este proceso y a la construcción de este trabajo preventivo y de producirse tomando como punto de partida la participación de las mujeres, habríamos dado a la UE quizá repentinamente y de forma totalmente inesperada una perspectiva humana en un solo ámbito.

Fraisse
Señor Presidente, desearía primero expresar todo el interés que me merece este informe, cuya excelencia querría subrayar, la gran excelencia, incluso. Ahora debemos pasar a los trabajos prácticos, y me referiré de dos puntos de actualidad.
Desde el punto de vista de las actoras, porque las mujeres son actoras de la Historia, sería necesario que en lo sucesivo fueran actoras en los procesos de paz. Me asocio, pues - se trata de un tema de actualidad -, a la delegación que diez diputadas europeas han dirigido en Oriente Medio - ello ocurría hace dos semanas; la Sra. Morgantini podría hablarles largamente al respecto -, con el fin de que no sólo las mujeres estuvieran presentes en el proceso de paz, sino también para que exista una política europea y para que nosotras, las mujeres, apoyemos una política europea en favor de la paz en Oriente Medio. Seamos, pues, prácticos.
Segundo punto, del lado, no de las actoras de la paz, sino de las víctimas de la guerra: dentro de dos semanas las ONG organizarán un tribunal en Tokio. En diciembre de 2000 tendrá lugar, pues - y solicito al Parlamento que lo apoyemos -, este intento del tribunal para denunciar a las "femmes de confort", durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante, puesto que el tribunal también quiere ser pionero, quiere ser el primero en plantear la cuestión de los crímenes contra la humanidad cometidos contra mujeres.
Estas mujeres, la mayoría de ellas coreanas, fueron violadas y engañadas para ser convertidas en esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial por el Japón, que no quiere reconocer este crimen. Fueron mantenidas prisioneras. Existe una película, testimonios, que se presentarán a dicho Tribunal. Deseo que elaboremos una iniciativa, señora Theorin, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, para apoyar esta acción con miras a un reconocimiento, a una reparación de este crimen contra la humanidad perpetrado contra las mujeres.

Avilés Perea
Señor Presidente, señora Comisaria, la participación de las mujeres en la resolución pacífica de los conflictos es una necesidad, lamentablemente por la repercusión que tienen estos conflictos en la vida de las mujeres y su tradicional ausencia en los mismos como parte activa.
La mayoría de los refugiados son mujeres y niños. Las mujeres son doblemente víctimas de los conflictos armados, pues están expuestas a violaciones y a abusos sexuales que, en ocasiones, se han utilizado como arma de guerra. Los graves problemas que esto ocasiona a las mujeres se incrementan, porque se ven repudiadas en sus comunidades de origen. Se ha demostrado que la participación de la mujer en la solución de los conflictos y en la organización de los campos de refugiados es altamente positiva.
Estamos de acuerdo en que se reconozca que las violaciones, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual son crímenes contra la humanidad, por lo que deben actualizarse los textos legales para proteger a las mujeres eficazmente. Asimismo debe haber recursos financieros que permitan ayudar a las mujeres víctimas de esta situación.
La participación de las mujeres en la resolución diplomática de conflictos y en las iniciativas de reconstrucción facilitaría enormemente la consecución de estos objetivos. También sería una eficaz ayuda la formación de los hombres en todo lo que se refiere a cuestiones de género.
Este informe, que consideramos importante por el fondo del asunto tratado, es, sin embargo, demasiado reiterativo y contiene algunas cosas que no nos gustan, pero reconocemos que se trata de un problema real que hay que resolver y, por eso, nuestro Grupo lo apoyará.

Torres Marques
Señor Presidente, señora Comisaria, actualmente el 90% de las víctimas de guerra y las cuatro quintas partes de los refugiados en todo el mundo son poblaciones no combatientes, principalmente mujeres y niños. Ahora bien, cuando se trata de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones relativas a la prevención y la resolución de los conflictos armados o iniciativas de paz, comprobamos que su presencia es muy reducida. No podemos permitir que siga siendo así, porque muchas veces se pasan por alto los derechos, las prioridades y los intereses de las mujeres en las negociaciones de paz. Y porque los pocos ejemplos de mujeres en puestos de decisión sobre esos asuntos han resultado extraordinariamente eficaces.
Voy a citar sólo dos ejemplos que ilustran bien lo que acabo de decir: Mary Roberts, al frente de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, ha desempeñado sus tareas con enorme coraje y determinación, yendo a los lugares de peligro en los momentos de peligro, denunciando situaciones incalificables, obligando a los países y a las instancias internacionales a no ocultarse tras un silencio cómplice y a adoptar las medidas exigidas. También Portugal, donde las mujeres no tuvieron acceso a la diplomacia hasta la "Revolución de abril de 1974", ha demostrado recientemente, con el caso de Timor Oriental y de nuestra embajadora en Indonesia, Ana Gomes, que el papel de una mujer y su sensibilidad para con los problemas y el sufrimiento de un pueblo que afrontó a solas una lucha de 25 años por la libertad pueden ser sentidos por todo el mundo y, en particular, aquí, en el Parlamento Europeo.
Ha llegado el momento de decir "basta" a la ausencia de mujeres en la resolución de este tipo de problemas: de un modo sensato, pero decidido, para que en el futuro los dirigentes políticos tengan muy en cuenta que las guerras son problemas de todos y no exclusivamente de hombres, que quien más sufre son las mujeres y que, por eso mismo, las mujeres deberían estar representadas en todas las instancias en relación con situaciones de conflicto armado, sobre todo para prevenirlas e impedir, de ser posible, que se llegue a situaciones de guerra, pero al menos para mitigar esas situaciones y para devolver la dignidad a los que de forma inocente son sus principales víctimas: las mujeres y los niños. Ésas son algunas de las razones por las que vamos a votar a favor de este informe tan importante.

Morgantini
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Theorin su extraordinario informe y las iniciativas que ha propuesto. Como feminista y pacifista, implicada con otras mujeres en la construcción de relaciones y de puentes de paz, en lugar de conflictos, he encontrado en el informe la riqueza de las muchas experiencias vividas en estos años por las mujeres en la construcción de la paz que no solo es ausencia de guerra, sino reconocimiento de la justicia económica y social. Es verdad que nosotras las mujeres somos las más afectadas en los lugares donde hay guerra, pero no solo somos víctimas, sino portadoras de alternativas a la guerra y a la violencia y creadoras y sujetos de cambio. Es un ejemplo de ello la red internacional de las "Mujeres de negro" contra la guerra y la violencia que, en el ámbito del diálogo y en solidaridad con las mujeres palestinas, desde hace doce años se manifiestan en Israel contra la ocupación militar de Palestina. También nosotras, mujeres diputadas, pudimos comprobarlo cuando viajamos a esos lugares en estos trágicos días. Del mismo modo, durante la guerra en la antigua Yugoslavia, las "Mujeres de negro" de Belgrado establecieron relaciones con mujeres croatas y bosnias, y en muchos países del mundo hemos cruzado las fronteras, unidas en el rechazo de la pertenencia nacionalista.
Sin embargo, esta labor y estos conocimientos de las mujeres, la diplomacia desde abajo que indica otras vías a la diplomacia de los Estados, no deben ignorarse y se han de convertir en una práctica en los foros de toma de decisiones y en todas las instancias de la diplomacia. Por esto es fundamental una nutrida participación en las negociaciones, en los centros de prevención, de gestión...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Smet
Señor Presidente, ya se han dicho muchas cosas y no me voy a reiterar. Quisiera felicitar a la señora Theorin por haberse enfrentado a nivel europeo a un problema que apenas habíamos debatido. Cuando escucho las distintas intervenciones, creo que quienes afirman que deberíamos analizar nuestras prioridades y limitar el número de objetivos que queremos conseguir, están en lo cierto. El informe contiene numerosos puntos y no todo se podrá llevar a la práctica de forma inmediata. Por mi parte, indicaré algunas prioridades.
La primera es que debemos instar a todos los Estados Miembros a que ratifiquen el Tratado de Roma. Hasta la fecha son pocos los Estados Miembros que lo han hecho. Me dicen que son dos o tres. Por lo tanto, si pudiéramos conseguir esto, habríamos dado un primer paso. En este Tratado se reconoce que la violación en tiempos de guerra y todas sus consecuencias deben considerarse un crimen de guerra. Hoy en día, quizás parezca obvio pero hasta hace poco no era normal ni obvio.
En segundo lugar. El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución, la resolución 1325, en la que se hace un "llamamiento para una participación amplia de las mujeres en la pacificación y en la reconstrucción tras los conflictos". Y esto ocurrió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creo que sería positivo, en vistas de que allí se ha aprobado, que la Unión Europea analizara los puntos que allí se debatieron porque se han aceptado en la ONU y esto implica que también deben poder aceptarse en el plano europeo. Se solicitan dieciocho puntos, lo que resulta significativo.
De nuevo, mi enhorabuena y esperemos que podamos llegar a algo concreto.

Karamanou
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera ante todo felicitar a la Sra. Theorin, a la que debemos este excelente informe, que trata un asunto importantísimo y de la máxima actualidad. Cómo, ni más ni menos, una participación sustancial de las mujeres en la resolución diplomática de conflictos puede cambiar el mundo y transformar la cultura dominante de la confrontación y la violencia en cultura de paz, diálogo y arreglo democrático de las diferencias. Y esto es posible porque históricamente las mujeres, en su conjunto, están vinculadas a la no violencia, tienen experiencias diferentes a las de los hombres en materia de guerras y conflictos; y es que la vida entera de las mujeres está entretejida con la protección de la vida, con el diálogo, la reconciliación, la negociación. Estos valores pacifistas de las mujeres pueden constituir la alternativa, la base para la cimentación de una nueva cultura, de la cultura de la paz, la consolidación del diálogo en todos los ámbitos, y la exclusión de la guerra y la violencia como medios de resolución de conflictos.
La ausencia de las mujeres, del sistema pacifista de las mujeres, se deja sentir especialmente cuando uno se encuentra en zonas que se encuentran en crisis, como Oriente Medio, donde he estado últimamente. Estoy convencido de que si las mujeres, palestinas e israelíes, tuvieran voz y papel en el proceso de paz, con toda probabilidad se habría encontrado una solución justa y viable a la cuestión palestina, y no nos encontraríamos ante la actual crisis, que es resultado de siete años de negociaciones fracasadas. En el caso de Iraq, donde estuve participando en una misión de cuestionamiento activo del embargo, las mujeres en ningún caso se plantearían objetivo político o militar alguno por encima de las vidas humanas, y no sacrificarían todos los meses 6.000 niños inocentes en el altar de ningún interés político, económico o estratégico en la zona. Por ello, es necesario tomar en consideración esta dimensión al trazar las políticas de la Unión europea en el futuro.

Sörensen
Señor Presidente, comisario, colegas, en primer lugar quiero unirme a las numerosas intervenciones y felicitaciones de otros colegas, aunque en especial a las palabras de Joke Swiebel en relación con el informe de Maj Britt Theorin en torno al papel de las mujeres en la resolución pacífica de los conflictos. Se trata de un informe clarificante redactado con gran pericia, atrevimiento y equidad, lo que a algunos les parecerá chocante aunque refleja la realidad. Por este motivo, apoyo el informe íntegro prácticamente en su versión en original y creemos que la mayoría de las enmiendas de nuestros colegas resultan atenuantes y en algunos casos manifiestamente hipócritas. La colega Theorin ha redactado un informe combativo y esperamos que no se elimine la ayuda a los centros de adopción, tal y como se recoge en la enmienda 19 c. Los Verdes no aceptan el texto de compromiso redactado por nuestros colegas en relación con la enmienda 19. Felicidades, señora Theorin, por su valor y determinación.

Fiebiger
Señor Presidente, el informe de la Sra. Theorin va en mi opinión muy lejos en la exigencia de equiparar socialmente a las mujeres. Con una elección exacta de las palabras, se denuncian violaciones de la dignidad de las personas y se exigen consecuencias para que se produzcan cambios. En el informe no sólo se llama la atención sobre la exclusión social de las mujeres como problema en si mismo sino que se subraya además con razón que la protección ante la criminalidad y la seguridad personal ya no se pueden garantizar solamente dentro de las fronteras de las naciones. Por ello, apoyo las exigencias del informe por las que las mujeres deben tener un derecho a influir diplomáticamente. Apoyo esta iniciativa del informe así como la constatación que se realiza allí de que las mujeres que han sufrido abusos sexuales precisan de la protección de la Comunidad y que los autores no puedan salir indemnes sin sufrir penas. Mujeres y hombres, las personas en si son diferentes. Una auténtica igualdad de oportunidades exige otro trato, trato que las personas siguen determinando aún ellas mismas.

Van Orden
Señor Presidente, el informe de la Sra. Theorin incluye elementos extraños y curiosos, y tengo que decir que debemos desechar la idea de que los ejércitos son una especie de servicio social y que deben orientarse por criterios de corrección política.
Quiero centrarme brevemente en un apartado del informe -el apartado 3-, que condena la utilización de los llamados niños soldados. Desgraciadamente, no se procede a definir los conceptos ni se hacen distinciones. Todos condenamos sin reservas el brutal secuestro de niños, algunos ni siquiera adolescentes, particularmente en determinados países africanos como Sierra Leona y Uganda, su degeneración en meros asesinos y su participación en actos terribles como mutilaciones y amputaciones. Ellos no son soldados, y deben ser distinguidos de los jóvenes de nuestras propias fuerzas armadas. El problema estriba en que cuando hablamos de niños soldados, algunos grupos de interés aprovechan la ocasión para criticar distinguidas instituciones como el Ejército Británico, algo que ha ocurrido recientemente. A modo de principio orientativo, debemos evitar enviar a los jóvenes a áreas de operaciones, pero a veces ocurre lo contrario, y entonces sirven con orgullo en unidades bien disciplinadas.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, felicito a la presidenta Theorin, por este magnífico informe y creo que extensivamente deberíamos felicitarnos todas nosotras, las mujeres, que somos las que directa o indirectamente vamos a beneficiarnos de sus valiosas y novedosas propuestas y aportaciones.
Señor Presidente, este informe abre un camino inédito en la política europea, cual es el de la aportación de las mujeres a la paz. Un camino que, a mi juicio, está lleno de potencialidades y que bien podría cambiar el negro panorama de fracasos que viene cosechando secularmente el dominio varonil excluyente. En este campo no hay nada más que vergonzosos fracasos y, sin embargo, todavía nos encontramos con un muro de exclusión para las mujeres. Un informe muy documentado, profundo, riguroso, capaz de enunciar principios fundamentales con la claridad que se hace en el artículo 17, audaz pero a la vez con un gran sentido práctico y propuestas muy necesarias. ¡Qué pena, señor Presidente, que haya tenido que ser rebajado en aras del consenso!. Lo único que me consuela es que ello dice mucho de la capacidad parlamentaria de la Sra. Theorin.
Es una vergüenza que no haya nadie representando al Consejo. Señor Presidente, dígame usted quién representa al Consejo en estos momentos, o al Alto Representante para la PESC. La nueva Política Exterior y de Seguridad Común europea no se puede hacer de espaldas a la propuesta del Parlamento, ni de espaldas a la voluntad de las mujeres europeas que quieren participar en ella. Transmita, por favor, al Consejo nuestra protesta. Es un grave error la ausencia del Consejo en este debate.

Carlsson
Señor Presidente, es habitual comenzar una intervención agradeciendo los excelentes trabajos. En mi caso es imposible, ya que opino que el informe de la Sra. Theorin debe ser rechazado. Creo, también, que la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer es muy temeraria cuando sostiene que existe un apoyo amplio para un informe que se aprobó por ocho votos a favor y cinco en contra.
Es una insolencia contra el Parlamento utilizar la iniciativa de redactar informes para promover asuntos que no están comprendidos en el mandato. La Sra. Theorin tenía que redactar un informe sobre la participación de las mujeres en la solución pacífica de conflictos. En su lugar, el informe se ocupa desde la situación de las mujeres en los campos de refugiados hasta la forma de hacerse fuertes. En su anhelo de estar en contra de todos los males, condena las violaciones sistemáticas y la esclavitud sexual. ¡Opino que hay que condenar todas las violaciones y todas las formas de esclavitud!
Hay puntos del informe que posiblemente podrían tener cabida en un informe que se discutiese seriamente en todas las comisiones y con participación de representantes de la política exterior y de seguridad como, por ejemplo, el tema de los cuerpos diplomáticos. La Sra. Theorin ha luchado mucho tiempo para que Suecia no forme parte de la Unión. Ahora, de repente, aboga para que la UE decida qué funcionarios debe contratar el servicio exterior. ¡Es algo inconsecuente! Hagamos que la solución de conflictos sea un asunto que fortalezca las condiciones para la paz, en todos los ámbitos y con todos los actores, en lugar de circunscribirse a un asunto de sexos.
Rechazo enérgicamente el espíritu de colectivización de la culpa de uno de los sexos que se ha manifestado aquí esta tarde. Opino que es una burla contra todos los hombres que han dado sus vidas en aras de la defensa de la libertad, la paz y la democracia, en sus propios países o en acciones para el mantenimiento de la paz. En mi opinión, no resulta pacífico ni constructivo dedicarse a la creación de contradicciones entre los sexos como se ha hecho aquí esta tarde. Por este motivo mañana seremos muchos los que votaremos en contra de este informe. Opino que no es serio.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, creo que se trata realmente de un informe innovador, una resolución innovadora; e introduce una nueva dimensión de modo muy concreto en el ejercicio de la política exterior.
Nadie podría sostener que las mujeres serían mejores generales o mejores negociadoras. Nadie puede sostener que las mujeres sean más demócratas y más defensoras de la paz. Lo que, sin embargo, es evidente en la resolución es que en todas las políticas de gestión de las crisis, en todas las políticas de gestión de los conflictos y de las consecuencias de la guerra en las sociedades, falta un componente fundamental de la sociedad. Falta la dimensión del género. Las mujeres no son personas mejor o peor dotadas, son sencillamente portadoras de vivencias sociales diferentes. Son personas con experiencias diferentes; experiencias necesarias en el modo en que se ejerce la política, especialmente en la gestión de los conflictos. Con datos muy interesantes, que en ocasiones me han sorprendido, queda registrada esta realidad en el informe. Coincido, sin embargo, con algunas de las oradoras en que necesitamos objetivos y medidas muy concretos, para que la dimensión del género adquiera rasgos bien definidos en las políticas, en los programas, en las acciones parciales.
Me van a permitir referirme a algunas de las recomendaciones básicas de la resolución que exigen la acción de la Comisión. A la recomendación, en primer lugar, que se refiere a la sensibilización de los dos géneros en las iniciativas por la paz y la seguridad, en lo que respecta a los medios de reacción rápida (rapid reaction facility); se trata de algo incluido en el reglamento que se votará el cuatro de diciembre. Ahí se menciona con claridad que la seguridad y la estabilidad más allá de las fronteras de la Unión Europea debe tomar en consideración la integridad física de las mujeres y de los hombres allí donde ésta se encuentre amenazada.
Segundo, los reglamentos sobre los derechos humanos. Estos reglamentos prevén una base legal para las nuestras actuaciones políticas ante terceros países, en relación con la asunción de acciones por la Unión, para actividades dedicadas a la prevención de conflictos, el tratamiento de sus consecuencias, la posibilidad de desarrollo de medidas de confianza, la promoción del derecho humanitario y el apoyo a las organizaciones internacionales, regionales y locales que se dedican a la prevención de los conflictos. En toda esta actividad financiada por la Comisión Europea está presente la dimensión del género. Y les pongo el ejemplo de Angola, financiado el año pasado al objeto de que participen también mujeres, de que participen organizaciones de mujeres en el intento de lograr la resolución definitiva de la crisis.
Un tercer elemento lo constituye la participación de la Comunidad Europea en la rehabilitación de las víctimas de torturas. Uno de nuestros objetivos es prestar atención especial a las necesidades específicas de las mujeres, y el año pasado se registró un primer ejemplo con el despliegue de iniciativas orientadas a prestar ayuda psicológica y social a mujeres desplazadas en Bosnia.
El cuarto ejemplo nos lo brinda el importante papel desempeñado por las mujeres en el proceso de paz apoyado por la Comunidad Europea en los Balcanes y en la cuenca del Mediterráneo.
El quinto punto es el papel de la ECHO, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, en relación con el cual está el reto y la invitación del Parlamento a considerar la dimensión del género. Hay que decir que en los programas de la ECHO por regla general se toma en consideración la dimensión del género y que en muchos de los programas financiados por la ECHO y dirigidos a otros organismos, como el Alto Comisariado de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y otros, siempre se intenta que la dimensión del género esté presente. Y ha habido acciones concretas estos últimos años para la protección, la salud, la situación social de las mujeres, a las cuales se dedica una parte importante de los programas.
Finalmente, quisiera referirme al Fondo Europeo para los Refugiados. Está el artículo 4.2, que prevé que, por lo que respecta a los términos de acogida y de acceso a los procedimientos de asilo, se puedan tomar medidas especiales para personas especialmente expuestas, como son las mujeres. A propósito de este programa, y ya que se menciona en la resolución, hay que decir que las acciones son emprendidas por los estados miembros. A iniciativa de la Comisión se puede dedicar el 5% de los recursos, y ese dinero se emplea en acciones especiales, como son la formación de los funcionarios en los centros de acogida, de los policías y del personal sanitario, de suerte que las necesidades específicas de las mujeres refugiadas sean tratadas adecuadamente. Tal y como se pone de relieve en la resolución, también en esta actividad, en el Fondo Europeo se toma cuanto es posible en consideración la dimensión del género.
Señor Presidente, es evidente que estamos ante una primera etapa en la que la dimensión del género, la participación de las mujeres, empieza, si no a convertirse en regla, al menos sí a estar presente en los diferentes programas. Sin duda, no es suficiente. Sin duda, se trata de una primera etapa; pero creo que con acciones políticas y con iniciativas como esta resolución y con objetivos concretos que deben ser marcados por el Parlamento y también por la Comisión podemos cambiar la situación.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Antes de proseguir con el orden del día me permito realizar dos observaciones. La colega Izquierdo se ha quejado antes de que el Consejo no esté presente. Estimada colega, en las sesiones nocturnas el Consejo nunca está presente. Una parte del problema consiste en que en la determinación del orden del día colocamos temas importantes en la sesión nocturna. Esto es responsabilidad de la Conferencia de los presidentes y si se quiere cambiar esto habrá que ocuparse de un debate sobre energías renovables o sobre importantes cuestiones relativas a las mujeres no tenga lugar a esta hora pues, como he dicho, el Consejo nunca está presente.
Si me permite una observación personal: creo que avanzaríamos un buen trecho si independientemente de lo que se piensa sobre lo expuesto por un único hombre que ha participado en este debate, hubiese más hombres que participasen en el mismo.

Normalización del trabajo doméstico
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0301/2000) de la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, sobre la regulación legal del trabajo doméstico en la economía sumergida (2000/2021(INI)).

Smet
. (NL) Señor Presidente, nos centramos en un problema más mundano, concretamente en la regularización del trabajo doméstico que se realiza por parte de terceros en familias particulares, porque al fin y al cabo se trata de eso. El problema es que ese trabajo lo realizan millones de personas, especialmente mujeres, para el que además existe una gran demanda aunque este trabajo no cuenta con ningún tipo de regularización. Los datos parciales disponibles demuestran que se trata de un sector de gran envergadura. Por este motivo, he tratado de averiguar cuántas personas trabajan en este sector en los distintos países y también a escala europea - en la medida de lo posible, ya que a menudo se trata de trabajo en negro. Se trata de muchos millones. A escala europea, he buscado infructuosamente un estudio exhaustivo que nos pudiera proporcionar datos acerca del tamaño del sector, de los problemas existentes en el mismo, de las normativas, por incompletas que fueran, existentes en los países europeos, de los proyectos piloto en marcha, de las iniciativas surgidas donde fuera, aunque tengo que decir que no encontré nada en la Comisión Europea. De ahí mi primera sugerencia a la Comisión: encargue la realización de un estudio, destine los medios financieros necesarios para ello, si es que se necesitan medios financieros, de los medios disponibles para estudios femeninos, ya que aquí nos centramos sobre todo en mujeres, o bien de los medios financieros destinados a los estudios sobre pobreza, ya que este trabajo lo suelen realizar mujeres pobres. Por este motivo, creo que ambos recursos financieros pueden destinarse a realizar un estudio exhaustivo del problema y conocer las distintas iniciativas que tratan de llevarse a cabo en determinados países. Ésta es por lo tanto la primera petición concreta.
Lo que me lleva al segundo punto. Si se desea regular el sector, se deberán analizar varios aspectos. El primero es la unificación de la oferta y la demanda. No sólo aumenta la demanda de asistencia doméstica y se reduce la oferta de personas aptas. Nadie quiere trabajar en un sector en negro sin seguridad social, etcétera, etcétera. Además, no existe ningún foro en el que coincidan la oferta y la demanda. Éste es el primer aspecto. El segundo aspecto se refiere a que los gastos para el usuario, es decir, la familia particular que emplea a una asistenta doméstica en el mercado regular, el mercado blanco, no deben ser excesivamente superiores al precio que se paga en el mercado negro ya que, de lo contrario, el trabajo en negro seguirá siendo la regla. Un tercer aspecto es el de que los beneficios para el trabajador, es decir, para la asistenta doméstica deben ser mayores que para quien trabaje en negro. El cuarto aspecto consiste en que se debe analizar el estatuto social que se debe otorgar a estas personas. Por último, esto deberá implicar necesariamente la intervención financiera de las administraciones, ya sea desde el punto de vista fiscal o parafiscal, ya que una familia particular no puede hacer frente a los gastos de un estatuto de este tipo, aunque sean limitados, lo que significaría que seguiríamos en el mercado negro.
Creo que debemos obligar a los Estados Miembros a regular este sector a través de las directivas laborales tal y como se ha planteado en el dictámen del Parlamento Europeo en torno a dichas directivas. Por lo tanto, he aquí mi petición a la Comisión: ¿Cuáles van a ser las medidas de la Comisión para adaptar las directivas laborales en el futuro, al menos en lo que se refiere a los servicios, a este servicio y para solicitar a los Estados Miembros que traten de encontrar una solución a este problema?
Esto me lleva al último punto, las mujeres inmigrantes. Se trata de un problema muy concreto. Muchas mujeres inmigrantes se encuentran aquí en situación ilegal, llegan con un visado turístico y regresan cada tres meses, por ejemplo a los países del este, para renovar dicho visado mientras que trabajan aquí en el servicio doméstico. En algunos casos se las explota y sufren abusos. No cuentan con ningún tipo de ayuda. Tienen miedo de que si se dirigen a alguien, se conozca su situación ilegal. De ahí que tengamos que prestar sin duda una atención especial a este problema. Las últimas semanas he sabido que existe un gran interés tanto por parte de los círculos sindicales internacionales como de algunas organizaciones sindicales nacionales. Los holandeses, los belgas y los italianos se han presentado ante mí con este problema. Quisiera por lo tanto recomendar a la Comisión que, al menos, empezara a buscar una solución.

Avilés Perea
Señor Presidente, señora Comisaria, el trabajo doméstico es el más antiguo de los que ha realizado la mujer. Un trabajo que no ha estado reconocido ni valorado, tanto económica como socialmente. Hoy forma parte de lo que llamamos economía sumergida, y repercute negativamente tanto en los que lo realizan como en las cuentas de los Estados. Pero es un trabajo de horario flexible, que facilita enormemente la conciliación de la vida familiar y profesional.
Los cambios de las circunstancias familiares hacen que este trabajo tenga cada vez más importancia en el mundo laboral, y por ello es fundamental que se defina y se realicen estudios para conocer su incidencia real. Es una actividad laboral que debe tener un reconocimiento pleno y que debería incluirse en las directivas de empleo para reglamentar los derechos sociales del trabajador.
Hoy existen situaciones muy diferentes en los países de la Unión que deberían normalizarse. Tendría que facilitarse a los trabajadores, en su mayoría mujeres, el acceso a la formación. La población migrante suele ser un colectivo importante en este sector, lo que exige medidas especiales, como centros de acogida especializados, que faciliten la ayuda necesaria.
Este informe de iniciativa es muy oportuno, pues cubre una necesidad creciente dentro del mercado de trabajo. La Sra. Smet ha hecho un magnífico trabajo que, desde luego, vamos a apoyar.

Swiebel
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, deseo elogiar a la señora Smet por su iniciativa a la hora de redactar este informe. Se trata de hecho de la ruptura de un tabú político. Porque cuando se afirma que se debe reconocer el trabajo doméstico como una profesión de pleno derecho, tal y como indica la señora Smet y yo corroboro, en un primer momento nos encontramos con incredulidad e incomprensión. Voy a pasar revista a algunas de las alegaciones en contra.
Alegación en contra uno. ¿El trabajo doméstico se ajusta a la definición de trabajo? ¿Se puede medir mediante las estadísticas laborales? La respuesta es: Sí, pero debe establecerse una definición europea y los países, las administraciones, deben realizar mayores esfuerzos para acabar con el trabajo en negro.
Alegación en contra dos. ¿Entonces están de acuerdo con un salario para amas de casa? La respuesta es: No. Quien hace esta pregunta confunde dos términos. En este caso se trata del trabajo doméstico pagado por terceros y que se realiza en hogares. En lo Países Bajos, hablamos de la asistenta. En Bélgica, se la denomina limpiadora y, a veces, cuidadora de interiores. ¡Qué gracia!
Alegación en contra tres. La regularización de la labor de la asistenta supone legalizar el trabajo en negro y eso ¿no es demasiado caro? La respuesta es: ahora hemos llegado al meollo de la cuestión. El trabajo doméstico se realiza por parte de una categoría en la que se integran quienes cuentan con las peores oportunidades en el mercado laboral. Las mujeres con una educación insuficiente u obsoleta, etcétera, etcétera. Dependen de su trabajo en el servicio doméstico con jornadas partidas y sin ningún tipo de seguridad jurídica ni protección social.
Este tipo de explotación se produce debido a que los empresarios, es decir, las familias para las que trabajan las asistentas domésticas, pueden lavarse las manos gracias a la ausencia de una normativa. Sin embargo, debido a los cambios sociales y al incremento en la demanda en el servicio doméstico, ha llegado la hora de revisar la relación entre las asistentas domésticas, los empresarios y la administración. El modo exacto en que esto debe producirse requerirá amplios estudios y debates. Sin embargo, en cualquier caso se debe crear un marco jurídico y social para este tipo de trabajo en el que se genere el reconocimiento y la seguridad social para las implicadas, además de una mejora cualitativa del propio trabajo. Esto también será mejor para los empresarios, por lo que cabe esperarse una contribución razonable por su parte a los costes.

Schmidt, Olle
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera comenzar agradeciendo a la ponente. Permítame manifestar que el trabajo doméstico es importante, que merece respeto y que hay que valorarlo. Por eso, los liberales respaldamos la mayoría de las conclusiones del informe. Sin embargo, votaremos en contra de él en su totalidad, en atención al principio de subsidiariedad. Es un asunto del que deben ocuparse los países miembros. Algunas propuestas son demasiado detalladas.
Con todo, los siguientes puntos deben ser tomados en cuenta por los países miembros: hay que preocuparse del doble trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico es a menudo pesado y se realiza en muchos lugares diferentes, los salarios son bajos, el trabajo ilegal aumenta y con frecuencia hay condiciones de trabajo abusivas que afectan, en primer lugar, a las mujeres, generalmente inmigrantes. Muchas de ellas están al margen del sistema de protección social.
Es un deber de la Europa con conciencia social preocuparse de que las mujeres inmigrantes, a menudo provenientes de países candidatos, consigan buenas condiciones de trabajo.
Para muchos, especialmente para los jóvenes y los inmigrantes, un buen camino para incorporarse al mercado laboral es la existencia de criterios más amplios en relación con el trabajo doméstico. El trabajo doméstico "blanco" es hoy demasiado caro, ya que hay que pagar IVA y contribuciones patronales a la seguridad social. Hay que simplificar los métodos e intentar introducir deducciones fiscales. Debería ser más fácil crear empresas que se dediquen a las labores domésticas.
En mi país, Suecia, se suelen dar dos motivos en contra del trabajo doméstico. En primer lugar, se dice que entorpece la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¡Falso! Hace la vida más fácil a muchas familias y favorece la igualdad de oportunidades. Muchas mujeres pueden elegir hacer carrera y salir al mercado laboral si reciben ayuda con los quehaceres prácticos; tal vez sea el caso de algunas mujeres en esta Asamblea.
En segundo lugar, se dice que crea un "equipo de segunda" en el mercado de trabajo. ¡Falso! Todos los que actualmente trabajan ilegalmente tendrían un trabajo con condiciones sociales dignas. Razones tanto de orden moral como económico sustentan las intenciones de este informe, pero estos problemas deben ser resueltos en el ámbito nacional y no en el de la UE.

Schörling
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, la ponente Sra. Smet ha presentado un informe muy interesante sobre normalización del trabajo doméstico, pero me despierta sentimientos contradictorios.
Obviamente es muy necesario tratar de eliminar el trabajo ilegal en los distintos sectores de la sociedad, especialmente en relación con el trabajo doméstico. También es hora de mejorar la reputación del trabajo hogareño y reconocerlo como una profesión. Asimismo es importante impedir que se abuse de las mujeres inmigrantes, abarcando desde los bajos salarios hasta la carencia de protección social y los abusos.
Sin embargo, proponer, como lo hace el informe, que los países miembros mediante una directiva u otro tipo de norma adapten los precios y permitan deducciones fiscales en relación con los servicios domésticos, es dar señales erróneas. Es ir demasiado lejos y no es un camino correcto. Contradice la voluntad de considerar el trabajo doméstico como una verdadera profesión. ¿Qué es lo que nos hace pensar que podamos desgravar cuando se encera el piso y no cuando se recoge la basura? Considerar el trabajo doméstico como algo esencialmente diferente de otros servicios es cualquier cosa, menos elevar el estándar de esta clase de trabajos.
Finalmente quisiera añadir que echo en falta un informe que reconozca que dentro de un futuro próximo tendremos gran necesidad de la fuerza de trabajo que representan los inmigrantes.

Prets
Señor Presidente, señora Comisaria, las asistentas domésticas, que antes colocaban casi exclusivamente economías domésticas de mayores ingresos, son actualmente unas ayudas necesarias e irrenunciables para las mujeres y hombres que trabajan y sobre todo para madres solas con hijos a su cargo y personas mayores.
La demanda ha ascendido en los últimos años de manera meteórica pero este hecho apenas se ha tenido en cuenta en la vida profesional general y en los derechos y obligaciones derivados de ello. ¿Pero dónde y cómo se debe incluir esta actividad? Es necesario un marco jurídico que reconozca el trabajo doméstico que se realiza bajo las más diversas denominaciones como una profesión de pleno derecho en todos los Estados miembros a las que se apliquen normas de derecho laboral. Es necesaria una descripción en toda Europa de la profesión del trabajo doméstico que incluya a los interlocutores sociales y allí donde no aún exista deberá incluirse en las directrices de política de empleo.
Sin duda, la definición del trabajo doméstico es una tarea difícil. ¿Dónde se colocan los límites ante la diversidad de actividades? ¿Es trabajo doméstico sólo limpiar o sólo cocinar, sólo cuidar a los niños o sólo el trabajo en el jardín? El hecho es que hay miles de mujeres que ejercen esta actividad durante años sin tener protección del seguro o derechos de jubilación. Reconozco que con frecuencia tanto las empleadas como las mujeres que las emplean están de acuerdo con esta situación ya que ahorra costes.
Debe ampliarse y mejorarse el trabajo de información y las condiciones marco tal como ya existen en algunos países miembros para proporcionar estímulos para reducir esta economía sumergida existente. En Austria y, en especial, en mi región está en marcha desde hace tres años un proyecto promovido por la UE en el que una instancia de asesoramiento a la mujer trabaja con mucho éxito como mediadora para proporcionar mujeres de ayuda para actividades domésticas. Gracias a esta actividad, muchas mujeres han podido obtener un puesto de trabajo fijo. Con frecuencia, en este proyecto se han unido dos o tres familias para colocar conjuntamente a una persona. Se trata de dar de alta cualquier tipo de relación laboral y, a la postre, de la revalorización cualitativa del perfil laboral de las empleadas domésticas.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, debo decir que tras el informe presentado por la Sra. Smet, a la que le expreso mi felicitación, me encuentro en la desagradable posición de declarar que la Comisión no cuenta con una política especial ni con datos sobre el asunto referido a la regulación del trabajo doméstico en la economía sumergida y a la reconducción de esta actividad desde la economía sumergida a la economía plenamente legal.
Está, por supuesto, la comunicación de la Comisión sobre el trabajo no declarado, que ha sido recientemente refrendada por el Parlamento y que puede ser utilizada como punto de partida por los estados miembros, o por estos en colaboración con la Comisión, para políticas capaces de trasladar esta actividad al ámbito de la economía legal. Así pues, de acuerdo con la comunicación, los dos elementos fundamentales son, primero, el registro y análisis estadístico del fenómeno -tal y como ha afirmado la Sra. Smet, no hay datos en la actualidad, y no sólo a escala europea, sino tampoco en muchos estados miembros en los que el problema no está registrado-. Segundo, el tratamiento del fenómeno mediante su inclusión en la estrategia de conjunto sobre el empleo; esta estrategia, que supone que las trabajadoras no declaradas deberán trasladarse a la economía legal, exige una combinación de políticas parciales, que pueden ser sanciones cuando hay explotación, que pueden ser campañas de información, necesarias en todos los ámbitos, sobre los beneficios que reporta la legalización de estas personas. Tercero, el permanente esfuerzo de armonización y actualización de la legislación.
La experiencia es pequeña y son pocos los estados miembros que han abordado específicamente el problema del trabajo doméstico. Me resulta difícil en este momento comprometerme a que podamos abordarlo en las directrices sobre el empleo para 2002. Debo decir, sin embargo, que en las directrices para 2001 por primera vez se menciona con claridad el trabajo no declarado, y que estamos dispuestos a trabajar sobre la base de la propuesta del informe, a avanzar en estadísticas y estudios que nos permitan registrar adecuadamente el problema, de suerte que en un segundo debate podamos definir el siguiente paso a escala europea.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas)

Alocución del Sr. Kostunica, Presidente de la República Federal de Yugoslavia
La Presidenta
Señor Presidente, el Parlamento Europeo le recibe hoy con gran satisfacción, con una profunda estima hacia usted y el pueblo yugoslavo, con una gran esperanza puesta en el futuro que se abre para su país y nuestras nuevas relaciones.
Le había dirigido esta invitación el mismo día en que el resultado de las elecciones democráticas no dejaba ninguna duda para nosotros respecto a la voluntad popular que se había expresado libre y masivamente a favor de usted.
En este momento, en que se han pasado las páginas sombrías de la última década, su presencia ante nuestra Asamblea testimonia nuestra voluntad común de que Yugoslavia recupere rápidamente su sitio pleno en la familia europea. Este ha sido su deseo desde la toma de posesión de su cargo, y la Unión Europea, por su parte, hizo de inmediato el primer gesto significativo de confianza que usted esperaba, el levantamiento de las sanciones internacionales.
Estábamos reunidos en el Pleno de ese primer período parcial de sesiones del mes de octubre, mientras se celebraba el debate sobre la situación en Yugoslavia, cuando supimos de la reacción valiente del pueblo serbio, e inmediatamente, como recordarán, queridos colegas, pedimos el levantamiento de las sanciones internacionales.
Pero el júbilo de esa gran victoria de la libertad, que usted ha logrado por vías pacíficas y arriesgando su propia libertad, no puede llevar a subestimar los grandes desafíos que le esperan: la consolidación de la democracia; la restauración de la concordia entre todas las comunidades que pueblan Yugoslavia; su reconstrucción para recobrar el camino de la prosperidad; sus relaciones pacíficas con sus vecinos; el regreso de los desplazados a sus localidades; los desaparecidos de la guerra cuyas familias esperan desesperadamente noticias; una cooperación necesaria, en su momento, con el Tribunal Internacional de La Haya, para que lo que ha ocurrido no pueda volver a producirse jamás; y, en último término, naturalmente, el futuro institucional de Kosovo, cuyas heridas están aún en carne viva, así como el porvenir de Montenegro.
Ciertamente, el Parlamento Europeo sabe que tras diez años de conflicto en Yugoslavia todo no es posible, al menos no enseguida, y que las urgencias deben jerarquizarse, puesto que los Balcanes, a los que pertenecen, están en la línea divisoria entre las grandes civilizaciones y las grandes religiones que marcaron, muy a menudo y de manera trágica, nuestro pasado común de europeos, a ustedes y a nosotros.
Por lo tanto, en cuanto a las cuestiones más sensibles que quedan por resolver, sobre todo en relación con Kosovo, el Parlamento Europeo siempre ha deseado que se busquen soluciones pacíficas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la integridad y la soberanía de Yugoslavia, en el respeto de los derechos fundamentales de la persona.
Dentro de este espíritu, tenga la seguridad, señor Presidente, de que el Parlamento Europeo, corresponsable del presupuesto comunitario, aportará todo su apoyo para que la ayuda europea a la reconstrucción de su país esté realmente a la altura de sus necesidades.
Con respecto, específicamente, a las medidas de urgencia necesarias, como usted sabe, los primeros camiones cisterna de fuel para calefacción y de gasóleo procedentes de la Unión Europea llegaron el lunes a su país. Esa es la prueba, como lo ha dicho muy bien el ministro de Minas y Energía de su país, el Sr. Antic, de que Serbia tiene amigos en Europa.
Concluiré diciendo que la Unión Europea se dispone a acoger a más de diez países del centro y del este del continente, que han recobrado su propia libertad y la democracia. Su adhesión constituirá un gran paso hacia la reunificación, en la solidaridad, de toda la familia de Estados y de pueblos que componen Europa. Por lo tanto, somos muchos en el seno de nuestra Asamblea - estoy convencida de ello - los que un día, si Yugoslavia lo desea, las puertas de Europa se abrirán, como sería natural, puesto que estamos en la misma tierra europea y compartimos el respeto por los mismos valores.
Esperamos mucho de su intervención, señor Presidente, para trazar las vías de esta cooperación y de esta fraternidad recobrada que desde ahora recorreremos juntos. Tengo mucho gusto, a continuación, en cederle la palabra.
(Vivos aplausos)

Kostunica
. (EN) Señora Presidenta, señoras y señores, ¿ante qué otra institución política, que no fuera el Parlamento Europeo, podríamos hablar con mayor franqueza y sinceridad sobre los deseos históricos y las aspiraciones políticas de un pequeño pueblo europeo? Europa es afortunada porque cuenta con este organismo representativo elegido por los ciudadanos en sufragio directo, aunque, por el momento, hablamos de un número bastante reducido de países. Asimismo, es un gran placer exponer ante semejante foro, aun en esta pequeña intervención mía, los problemas de un país que, tras haber sufrido su propia tormenta histórica, ha divisado por fin en el horizonte la costa de la paz y la libertad. Para la República Federal de Yugoslavia no existe ningún hito mejor para su recuperación del Estado y desarrollo social que la Unión Europea. Es evidente que deberá pasar algún tiempo antes de que nuestro país esté realmente en condiciones de convertirse en miembro de esta grandiosa institución transnacional. Pero ahora, tras el decisivo giro político del 24 de septiembre, o el cambio aún más decisivo del 5 de octubre, el principal objetivo de la política exterior de Yugoslavia es dirigir una mirada amplia a la familia de naciones que comprende la Unión Europea y, más tarde, unirse a ella.
Precisamente, la experiencia de la Unión Europea establece un ejemplo brillante no sólo para los países europeos que deberán aún incorporarse a ella, sino también para el mundo entero, en lo que respecta a la dirección que debería seguir la humanidad si desea dejar atrás la fuerza, las guerras y la dominación como medios de alcanzar determinados intereses nacionales. Con la creación de esta comunidad de Estados-naciones, la Unión Europea ha abierto la perspectiva de una nueva era para toda la humanidad. Y no sólo en términos de los resultados alcanzados, sino también, y quizá en mayor medida aún, en términos de cómo se lograron. Con ello, Europa ha demostrado la vitalidad de su civilización, dentro del marco de la historia mundial, y su capacidad de imaginación política creativa para su futuro desarrollo. Del mismo modo en que el inicio del nuevo siglo coincidía con el invento de Europa de un nuevo foro político, el Estado-nación, que le permitió superar la crisis del individualismo medieval, en esta era posmoderna nuestra, Europa ha inventado una forma más elevada de organización política, una comunidad transnacional que le ayudara a superar los desafíos de la globalización.
El modelo de la Unión Europea representa un doble reto para Yugoslavia como país balcánico. En primer lugar, nosotros preferimos, en principio, un modo no coactivo de integración en las corrientes económica, cultura y política europeas, habida cuenta de que hemos encontrado diferentes estrategias de dominación concebidas por las grandes potencias a lo largo de nuestra historia contemporánea.
En segundo lugar, el enfoque paso a paso que han adoptado los países de Europa occidental hacia la integración es un modelo que deberíamos adoptar en los procesos de integración en los Balcanes para poder aspirar a formar parte de la Unión Europea. Somos conscientes de que ninguno de los países balcánicos podrá unirse a la Unión Europea por separado, lo que explica que antes debamos desarrollar unas relaciones de buena vecindad, estructuras de libre mercado y la seguridad colectiva. Estamos seguros de que la Unión Europea apoyará precisamente este tipo de desarrollo de la Europa sudoriental y que contribuirá a superar las carencias históricas de dichos países a través del Pacto de Estabilidad para la Europa sudoriental y por otros medios.
A causa de nuestro firme compromiso de pisar el suelo del desarrollo europeo, deseamos suscribir cuanto antes el Acuerdo de asociación con la Unión Europea, y aprovechar las disposiciones del acuerdo para dirigir nuestra recuperación política y económica y, más tarde, avanzar hacia la integración europea. Somos conscientes de que en ese caso tan deseable deberemos modificar muchos de nuestros hábitos e instituciones de la vida política y económica, como pueblo y también como Estado. No sólo deberemos construir instituciones democráticas, tarea en la que ya nos hemos embarcado, sino que además deberemos imbuirlas del espíritu democrático, algo que puede resultar mucho más difícil. No sólo debemos llevar a cabo la privatización de nuestra economía centralizada, sino además crear un sistema jurídico que garantice la libertad de las operaciones comerciales y todo el proceso económico. No sólo debemos crear el sistema interno de libertades y paz, sino también armonizarlo con las normas y costumbres que la Comunidad Europea y la Unión Europea mantiene desde hace décadas. Simultáneamente a la creación de confianza de nuestros ciudadanos en nuestras instituciones estatales, deberemos persuadirles de que deben confiar en las instituciones europeas que, en sus casi cincuenta años de existencia, han traído a sus ciudadanos la paz duradera y la prosperidad.
Los cambios democráticos que se pusieron en marcha en Yugoslavia el 5 de octubre han producido, a una velocidad milagrosa, resultados extraordinarios en el plano político internacional. Yugoslavia ha recuperado sus escaños en las Naciones Unidas y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, se ha incorporado al Pacto de Estabilidad para la Europa sudoriental y se han iniciado los procedimientos para su admisión en el Consejo de Europa. Nuestra misión más importante ahora es comenzar a establecer, democráticamente, las relaciones internacionales con la República Federal de Yugoslavia. Kosovo, naturalmente, es sin ninguna duda nuestro problema más difícil. Es evidente que el tema de la situación de Kosovo es un problema democrático. Hemos partido desde el punto de que la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ofrece posibilidades de intensificar numerosos procesos humanitarios y democráticos importantes. Necesitamos la ayuda y el apoyo europeos para garantizar el regreso, cuanto antes, de los refugiados de Kosovo a sus hogares, en el espíritu de las mejores tradiciones democráticas. Naturalmente, necesitamos mucha ayuda para la rehabilitación de sus hogares destruidos, para que los refugiados tengan un lugar al que regresar. Hacemos un llamamiento a Europa para que acuda con determinación en nuestra ayuda para la creación de seguridad y de condiciones económicas que ayuden a los exiliados a sentirse completamente seguros cuando regresen a sus hogares. Creo que Europa tiene la fortaleza y la voluntad de ayudarnos a ejercer el derecho fundamental de todos y cada uno, que es el de vivir en su propia tierra.
Asimismo, necesitaremos la asistencia de Europa para establecer y resolver los grandes problemas ecológicos ocasionados por el uso de uranio empobrecido en el bombardeo de Yugoslavia.
Estamos dispuestos a iniciar el diálogo con los partidos albaneses sobre asuntos políticos, humanitarios, de seguridad y todos los demás aspectos de relevancia para encontrar una solución democrática a las relaciones entre serbios y albaneses en Kosovo.
En lo que respecta a las relaciones entre Serbia y Montenegro dentro del Estado federal, la anterior organización, no democrática, de la República Federal de Yugoslavia representó una seria amenaza para el funcionamiento del Estado. El primer paso que debemos dar en nuestra apuesta por la reestructuración constitucional del Estado federal es definir un marco para el diálogo democrático lo más amplio posible sobre el carácter de las relaciones entre ambas repúblicas.
Necesitaremos mucha paciencia y sabiduría para poder identificar, a través de las negociaciones en los Parlamentos republicano y federal y un debate público y entre expertos, la mejor solución posible para la reestructuración de la República Federal de Yugoslavia en un Estado bueno, operativo, rico y justo que vele por los intereses de sus ciudadanos y proteja la plena igualdad de las tradiciones de construcción nacional de Montenegro y Serbia.
Hay que decir que Serbia y Montenegro tienen una población musulmana y albanesa bastante numerosa. No existe ni un solo motivo para que dichas poblaciones no se incluyan en la integración de Yugoslavia. Un Estado democrático conjunto permite que los musulmanes y albaneses de Montenegro y Serbia puedan vivir en un único Estado y aunar fuerzas para la construcción de nuestro Estado igualmente unido.
La ayuda de Europa será fundamental en nuestros esfuerzos para encontrar soluciones a través de diálogos sinceros, siempre en el estricto respeto del procedimiento democrático, sin presiones ni ultimátum de ninguna de las partes. Por otro lado, nos gustaría tener la oportunidad de demostrar a Europa que somos capaces de desarrollar la igualdad constitucional de Serbia y Montenegro dentro de Yugoslavia por nuestros propios medios, a través del reconocimiento de los auténticos principios de democracia.
El desarrollo y la autodeterminación local en Yugoslavia es la cuestión a la que prestamos especial atención. Somos conscientes de que es el verdadero núcleo de cualquier sistema democrático, y estamos analizando con la debida consideración las experiencias europeas y la nuestra propia en el desarrollo de la autodeterminación local.
La grave situación de la economía yugoslava ha sido analizada exhaustivamente. La ayuda humanitaria a nuestro país que se ha puesto en marcha es inestimable, pero esperamos que Europa la sustituya por programas de inversión que nos permitan trabajar y ganar lo necesario para llevar una vida normal.
Habida cuenta de todos estos enormes problemas, está claro que nuestro camino hacia la entrada legítima en Europa, en la que Serbia y Montenegro ocuparon lugares dignos de ambos países, será largo. Pero no hay ninguna duda de que nuestras oportunidades hoy son mucho más realistas de lo que eran hace tan solo un mes y medio. Quizá los ciudadanos de la Unión Europea lo entienda mejor si evocan su memoria histórica y aquellos años que han quedado ya muy atrás después de la II Guerra Mundial, cuando las perspectivas para el continente y la civilización europeos eran sumamente inciertas. Fue entonces cuando sus valientes antecesores se embarcaron en un proyecto incierto que dio frutos históricos. Ustedes, los representantes del Parlamento Europeo, que son los representantes directos de los ciudadanos de sus Estados miembros, los ciudadanos de Europa, son los que están en mejores condiciones de comprender por qué la posibilidad en sí de entrar en Europa nos parece tan incierta a nosotros, los ciudadanos de la actual República Federal de Yugoslavia. Por ello, como el primer Presidente elegido democráticamente de Yugoslavia, acudo a ustedes, no tanto por la tan necesitada asistencia para la reconstrucción del país, sino para obtener su apoyo y comprensión de la situación en que se encuentran nuestra población y nuestro Estado. Al fin y al cabo, Europa es el hogar que todos compartimos.
(Vivos y prolongados aplausos)

La Presidenta
Le doy las gracias, señor Presidente, por esta intervención que, como puede comprobarlo, ha impresionado a nuestra Asamblea.
Quizá recuerde ese 24 de septiembre: le había llamado por teléfono. Me había permitido felicitarle y asegurarle mi apoyo. Debo decir que, al escucharle, me impresioné mucho por la forma en que usted controlaba una situación tan difícil, y al mismo tiempo por su determinación. Si me lo permite, querría emplear una expresión: "su fuerza tranquila"...
(Risas y aplausos)
creo que hemos visto una muestra de su fuerza tranquila, que espero le guíe en nuestras nuevas relaciones.
Usted ha declarado en muchas ocasiones que la Unión Europea era un modelo. Esperamos, señor Presidente, que lo siga siendo, y nosotros trabajaremos fervientemente para ello, sobre todo en la perspectiva de la importante cumbre europea que tendrá lugar en Niza, dentro de algunas semanas.
Usted ha mencionado la evolución del proceso democrático y hemos oído muy bien todo lo que nos ha dicho al respecto. Y luego ha abordado con mucha franqueza, los grandes desafíos que le esperan, casi todos los que yo había mencionado.
Para hacer frente a todos estos desafíos usted ha solicitado la ayuda de Europa, de las instituciones europeas y, en particular, la ayuda del Parlamento Europeo. Le garantizo, señor Presidente, que esa cooperación responde a la voluntad de la casi totalidad de nuestra Asamblea y que tenemos un largo camino para recorrer juntos.
Le deseamos mucho valor, y me permito decirle: "estamos con usted".
(Aplausos vivos y prolongados)
(La sesión solemne se levanta a las 12.25 horas)

