
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate anual 2003 sobre los progresos en la puesta en marcha del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, sobre la base de las preguntas orales al Consejo (B5-0005/2004) y la Comisión (B5-0006/2004), en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.
Quiero recordarles que la votación sobre las propuestas de resolución que cerrará el debate se celebrará durante el segundo período parcial de sesiones en marzo. 
Ribeiro e Castro (UEN ).
    Señor Presidente, señor Comisario, estamos acercándonos al final del plazo de cinco años fijado en Ámsterdam. Van a entrar en vigor nuevas disposiciones del Tratado de Niza, y la ampliación vendrá a ampliar el territorio contemplado en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Por tanto, es hora de hacer balance, de evaluar la legislatura, este primer período de cinco años. El debate anual se centra en este espacio y este será también el planteamiento de la resolución que estamos elaborando para finales de marzo. He aquí el primer mensaje del Parlamento Europeo: queremos que esta evaluación sea realizada no solo por nosotros, sino también por la Comisión y el Consejo. Aquí haremos el saque inicial y publicaremos nuestra propia evaluación a su debido tiempo. Sabemos que la Comisión también está elaborando su valoración, que aguardamos con impaciencia. Recomendamos encarecidamente que el Consejo haga lo propio.
Pido disculpas al Presidente de nuestra comisión parlamentaria, Sr. Hernández Mollar, que probablemente volverá a referirse a esto y que tuvo la idea y la propuso durante nuestro debate anteayer. Sostenemos que el Consejo debería comenzar ahora a preparar seriamente una Tampere II, una nueva Cumbre europea dedicada específicamente al ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior, en la que se plantee esta valoración política de manera seria y transparente, sin ninguna reserva por parte de nadie. Solicitamos asimismo que se defina un programa nuevo y realista a medio plazo. Debe efectuarse bajo la Presidencia neerlandesa, durante la segunda mitad del año en curso o, a más tardar, bajo la Presidencia luxemburguesa en la primera mitad de 2005.
Y necesitamos este balance, configurado por los tres elementos de nuestro triángulo institucional, en primer lugar para poder avanzar con conocimiento político y con una nueva orientación estratégica. Necesitamos un balance dinámico; uno que evalúe la situación actual y que apunte hacia el futuro. Me atrevo a decir que el primer requisito es una valoración positiva de muchos de los desarrollos ya completados durante este quinquenio. Somos conscientes de que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia constituye un concepto totalmente nuevo y una dirección nueva para el desarrollo de la Unión. Por consiguiente, es importante elaborar una valoración clara y positiva del progreso realizado. A veces, la comprensible insatisfacción de muchos es mal interpretada por el público en general. Con frecuencia se expresa el deseo de haber llegado más lejos; se interpreta como una indicación de fracaso y se suscita el sentimiento de que la situación se halla en crisis, lo cual no refleja la realidad.
Hemos de recordar que el público en general es uno de nuestros mayores aliados, y para poder implicarlo con mayor intensidad en este proceso también hemos de transmitir a este público conocimientos y confianza, en vez de únicamente frustración e ideales utópicos. De aquí, ante todo, la importancia estratégica futura que atribuyo a una política más activa de facilitar información en este ámbito. Sin embargo, si pedimos al Consejo que organice una Tampere II, es porque pensamos que Tampere I, en 1999, resultó muy valiosa y por eso deseo felicitar al Comisario Vitorino, ya que sé lo mucho que Tampere le debe a sus desvelos. Es cierto que queda mucho por hacer, pero la metodología Tampere, si se nos permite llamarla así, fue en sí misma positiva, un marco para esta legislatura parlamentaria, ya que sin Tampere ahora estaríamos mucho peor y más retrasados.
Por dar una visión general, y sin entrar en los detalles de la propuesta de resolución sobre la que estamos trabajando ni volver sobre los términos de la pregunta oral –algo que sin duda harán mis compañeros Diputados de otras tendencias políticas–, se podría hacer una valoración general, oscilando desde «muy positiva» en lo referente al progreso realizado en cuanto a cooperación en asuntos judiciales y civiles, hasta «casi totalmente estancada» en el campo de la cooperación policial, pasando por «buena» y «mala» o simplemente «tolerable», aplicados al progreso y los retrasos en los ámbitos del asilo y la inmigración y la cooperación judicial en asuntos criminales.
Existe una preocupación muy marcada y creciente en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales, junto al incremento de la cooperación policial y judicial, y cada vez son más numerosas las peticiones a favor de políticas de integración en el ámbito de la inmigración. Sin embargo, hay sobre todo un mensaje de carácter general que se podría enviar al Consejo y a todos los gobiernos. Es un mensaje que se puede extraer claramente de estos últimos cinco años y de los debates que se han celebrado: si, en los campos restantes contemplados por el método intergubernamental, la cooperación abierta y eficaz entre los gobiernos y todas las autoridades nacionales implicadas no avanza al ritmo que exigen las circunstancias, la opinión pública va a presionar para que estas competencias y ámbitos queden incluidos gradualmente dentro de la esfera de competencia de la Comunidad, en algunos casos por razones de seguridad, en otros por motivos relacionados con libertades concretas. En otras palabras, si los gobiernos no solo utilizan sus poderes para afinar, ajustar, calibrar e incorporar el principio de subsidiariedad, sino para bloquear e impedir el desarrollo de este Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, estarán aplicando un enfoque poco acertado. Al esperar tanto tiempo, al final acabarán perdiéndolo todo, ya que existen pocos campos en los que los ciudadanos ejerzan mayor presión como en este y en el que esta presión se haga sentir de un modo tan marcado e intenso.
Tampoco podemos contemporizar negándonos a aprobar los presupuestos porque, como ya ha señalado nuestro Presidente, Romano Prodi, todas las políticas de la Unión sufrirían en consecuencia, comenzando por el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Quiero decir una última palabra, Sr. Presidente, acerca del diálogo con los Parlamentos nacionales, un aspecto ya reseñado en el informe anual del año pasado por la ponente de entonces, Sarah Ludford. Nuestra experiencia de este quinquenio parece sugerir que en el Parlamento también tenemos que acelerar los procesos de trabajo y por eso he propuesto que en la próxima legislatura, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos apruebe un director de trabajos, cuyos efectos benéficos he podido constatar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenemos que invitar asimismo a representantes de los Parlamentos nacionales, de comisiones homólogas, para que acudan y participen en nuestros trabajos y debates. En mi opinión, deberíamos hacerlo en tres circunstancias: en primer lugar, regularmente una vez al semestre, en segundo, cuando estemos preparando nuestro debate anual y, en tercero, siempre que se celebre un debate sobre una cuestión legislativa que sea de especial importancia estratégica para impulsar todo el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, o que esté enraizado en su proceso de toma de decisiones y en el que resulte provechoso ampliar el debate transeuropeo para desarraigarlo. Por último, una poderosa recomendación genérica voluntarista: todo lo que se ha planeado se ha de ejecutar. Deseamos que todo lo que ha quedado atrasado en los calendarios definidos esté concluido a finales de 2004. Creemos que, cuando se celebre Tampere II, debiera haberse cumplido Tampere I totalmente. Tal vez eso no sea posible de momento, pero es la dirección que proponemos a fin de erradicar cualquier duda de las mentes de la gente. 
McDowell,
   .  Señor Presidente, quisiera darle las gracias por esta oportunidad de debatir el trabajo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. En concreto quiero dar las gracias al Sr. Ribeiro e Castro por formular la pregunta sobre la cual basaré mis comentarios.
En primer lugar quiero rendir tributo al trabajo de la Presidencia griega e italiana a la hora de avanzar la agenda de Justicia y Asuntos de Interior durante 2003. Se han realizado importantes progresos en toda una serie de cuestiones relacionadas con Justicia y Asuntos de Interior, incluidas las medidas legislativas y la cooperación operativa de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere y el mandato de subsiguientes Consejos Europeos. La medida de dichos progresos puede apreciarse en el hecho de que durante ese periodo, el Consejo adoptó nueve reglamentos, cinco directivas, tres decisiones marco, dos convenios, varios acuerdos con terceros países, más de veinte decisiones y más de treinta resoluciones y conclusiones.
Aunque el debate se centre en los progresos realizados durante 2003, usted ha enmarcado sus preguntas en el contexto de los significativos acontecimientos de este año y lo tendré presente en mi respuesta.
La Presidencia irlandesa es muy consciente de la importancia de este año para la Unión y también para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Los objetivos clave de nuestra Presidencia son lograr progresos en torno a los requisitos de Ámsterdam y seguir avanzando en el trabajo sobre el programa ampliado de Tampere. Asimismo seguiremos promoviendo la cooperación operativa, en especial en relación con la policía y las aduanas.
Pasando ahora a la política de asilo e inmigración, quiero mencionar algunos de los logros del último año. En el contexto del asilo, la adopción del Reglamento Dublín II, que establece los criterios y mecanismos para determinar la responsabilidad de los Estados miembros para examinar una solicitud de asilo, y la Directiva sobre las normas mínimas para la recepción de solicitantes de asilo, fueron importantes logros.
Asimismo se han realizado progresos en otras dos propuestas clave de asilo: la Directiva sobre procedimientos y la Directiva sobre títulos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia italiana y griega, no fue posible alcanzar un acuerdo sobre estas propuestas. Estas propuestas han pasado de una Presidencia a otra, y ahora será la Presidencia irlandesa la que tenga que intentar resolver las cuestiones pendientes, en consonancia con los requisitos de Tampere y el Tratado de Ámsterdam. Ahora haremos todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar un acuerdo sobre estos textos dentro del plazo especificado por el Tratado de Ámsterdam.
Durante 2003 también se adoptaron los primeros instrumentos legales en el ámbito de la inmigración legal: la Directiva sobre el derecho a la reunificación familiar y la Directiva sobre el estatuto de los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración. El Consejo también tiene intención de seguir con el trabajo sobre las directivas relativas a los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o de voluntariado y a efectos de investigación.
En el ámbito de la inmigración ilegal, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre la Directiva relativa a la asistencia durante el tránsito a efectos de expulsión por vía aérea y la decisión sobre la organización de vuelos conjuntos. A nivel operativo se han llevado a cabo diversos proyectos conjuntos en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, incluido el establecimiento de un centro especial para la formación de guardias de frontera. El Consejo ha adoptado asimismo un programa de medidas para combatir la inmigración ilegal en las fronteras marítimas.
El refuerzo de los controles fronterizos contra la inmigración ilegal seguirá siendo una prioridad del Consejo en 2004. El Consejo tiene intención de continuar el trabajo sobre el proyecto de reglamento que establece la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores, de acuerdo con las conclusiones sobre esta propuesta aprobada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en noviembre. Espero que pueda acordarse durante la Presidencia irlandesa.
Asimismo quiero mencionar que la Comisión cerró los acuerdos de readmisión con Hong Kong y que se firmó el acuerdo entre la UE y Macao. Se están manteniendo negociaciones en relación con los acuerdos de readmisión con Marruecos, Rusia y Ucrania.
El Consejo Europeo de Tampere convirtió el reconocimiento mutuo en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y comercial y especificó un programa de medidas para tal fin. Desde entonces se ha logrado un progreso constante en el ámbito de la cooperación judicial en el derecho civil y 2003 no ha sido una excepción. Entre las medidas clave adoptadas durante el pasado año se encuentran la directiva sobre ayuda jurídica y el reglamento sobre la responsabilidad parental. El Consejo estableció asimismo un enfoque general sobre el reglamento propuesto para la creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Espero que el Consejo y el Parlamento Europeo puedan cooperar de forma eficaz para permitir que esta propuesta se apruebe en los próximos meses.
En el seno del Consejo seguirá debatiéndose durante 2004 sobre los reglamentos Roma II propuestos en materia de legislación aplicable a obligaciones no contractuales, que también entra en el ámbito del procedimiento de codecisión. Asimismo tengo entendido que en las próximas semanas la Comisión quiere presentar una propuesta de reglamento para establecer un procedimiento de orden de pago europea.
Su pregunta también hacía referencia al trabajo de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. En los últimos años, sobre la base de mandatos de negociación aprobados por el Consejo, la Comunidad ha podido participar activamente en el trabajo de la conferencia donde se están debatiendo asuntos que son de su competencia. En abril de 2003, a partir de una decisión del Consejo, los Estados miembros firmaron el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños, tanto en su propio nombre como en interés de la Comunidad. El mayor compromiso de la Comunidad con la Conferencia de La Haya se refleja en el hecho de que el Consejo ha autorizado a la Comisión a iniciar negociaciones con la Conferencia sobre el posible acceso de la Comunidad a este organismo.
En el ámbito de la cooperación jurídica, el Consejo realizó progresos durante el año pasado, tanto en materia de medidas que aspiran a promover la cooperación como de medidas en el ámbito del reconocimiento mutuo. Entre las medidas adoptadas se encuentran la decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, la decisión marco relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado y la decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior aceptó asimismo la Decisión Marco sobre Drogas. El año pasado también se aceptó una decisión para firmar los acuerdos entre la UE y los Estados Unidos sobre extradición y asistencia mutua en materia penal.
En lo que respecta al tráfico de seres humanos y terceros países, la Declaración de Bruselas sobre la prevención y la lucha contra el tráfico de seres humanos, apoyada por el Consejo el pasado mes de mayo ofrece la base para un extenso programa de trabajo quinquenal. La Presidencia irlandesa quiere seguir apoyando las iniciativas para luchar contra el tráfico de seres humanos, teniendo en cuenta el contenido de esa declaración y el trabajo del grupo de expertos sobre tráfico de seres humanos, que se creó en 2003.
Tengo entendido que la Orden de Detención Europa ha sido puesta en práctica por ocho Estados miembros. Los demás Estados miembros están preparando la legislación necesaria. Los países candidatos tendrán que aplicar la decisión marco sobre la orden de detención europea a partir de la fecha de su adhesión.
En lo que concierne a las garantías procesales, tengo entendido que la Comisión publicará sus propuestas legislativas en el transcurso de este periodo parcial de sesiones.
Sobre la protección de datos en el tercer pilar, quiero señalar que diversos instrumentos ya incorporan disposiciones para garantizar la protección de los datos personales, por ejemplo, el Convenio de Schengen, el Convenio Europol y el Convenio Eurojust.
Asimismo se han realizado progresos en el ámbito de la cooperación policial. Todos los Estados miembros comparten la criterio de que Europol ha de desempeñar un papel destacado en el apoyo de las fuerzas policiales de la Unión Europea en la lucha contra el crimen internacional organizado y el terrorismo. Se trata de una agencia clave a la hora de promover la eficacia de las fuerzas policiales europeas, y la cooperación entre ellas.
Los ámbitos prioritarios de Europol acordados por el Consejo son los estupefacientes, la falsificación de euros, el terrorismo, el tráfico de seres humanos –incluida la inmigración ilegal– y el crimen financiero. Además, la policía de los Estados miembros coopera estrechamente para luchar cada día contra el grave crimen transnacional. En los últimos años se han cosechado muchos éxitos operativos, por ejemplo en relación con las drogas, el terrorismo, el tráfico de seres humanos y la pornografía infantil. Europol se ha visto implicada con regularidad a la hora de proporcionar apoyo para operaciones de acuerdo con el Convenio Europol.
El pasado mes de noviembre, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior firmó un protocolo por el cual se modifica el Convenio Europol que incluía varias disposiciones encaminadas a mejorar el funcionamiento de Europol. Además, el Consejo adoptó varios instrumentos relacionados con el funcionamiento operativo de Europol, incluida la aprobación de varios acuerdos de cooperación entre Europol y otros Estados.
Otras medidas adoptadas en el transcurso de los años incluyen una decisión sobre el uso común de funcionarios de enlace en el extranjero por las fuerzas policiales de los Estados miembros y una decisión por la que se modifica el Convenio de Schengen para permitir la vigilancia transfronteriza de personas sospechosas de estar implicadas en un delito penal
El jefe del equipo de policía europeo y Cepol –la Academia de Policía Europea– también siguen desempeñando un papel importante en el desarrollo de la cooperación policial a escala comunitaria.
Quiero decir algunas palabras sobre los últimos pasos a emprender antes de que la ampliación sea una realidad. El Tratado de Adhesión, que ha sido ratificado por todas las partes implicadas, estipula que, en general, los actos relacionados con el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia se aplicarán a los nuevos Estados miembros a partir del 1 de mayo de 2004. Sin embargo, para el acervo de Schengen hay un proceso de dos fases. Los países candidatos participarán en las medidas relacionadas con Schengen sobre el levantamiento de los controles fronterizos internos, incluida la participación en el Sistema de Información de Schengen, a más tardar, después del 1 de mayo de 2004.
El Tratado de Adhesión también incluye una cláusula de salvaguardia. Esta estipula que se podrán tomar medidas adecuadas, hasta 2007, si se detectan graves deficiencias o si existe un riesgo inminente de tales deficiencias en la transposición, el estado de aplicación o la aplicación de medidas legislativas en determinados ámbitos de justicia y asuntos de interior.
Quiero terminar mis comentarios refiriéndome brevemente a su pregunta sobre las aspiración de que la Unión Europea sea accesible a sus ciudadanos. El Consejo reconoce la importancia de la transparencia en las actividades de la UE. Vale la pena observar que el reglamento sobre acceso público a los documentos de la UE, aprobado en 2001, promueve la transparencia y contempla una mayor participación de los ciudadanos europeos en el proceso de toma de decisiones. Hay un alto nivel de pleno acceso a los documentos legislativos y acceso parcial a otros documentos que cubren las actuales negociaciones. Actualmente, el 55% de aproximadamente 450 000 documentos del registro del Consejo son directamente accesibles al público en Internet, en todos los idiomas de la UE. Las conclusiones de cada reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior están a disposición del público, así como los textos de todas las medidas adoptadas.
Espero que mis comentarios les hayan dado una visión de los logros en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior durante 2003. Les doy nuevamente las gracias por concederme esta oportunidad y espero que siga la cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo en este año histórico.
Vitorino,
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, este debate anual no es totalmente idéntico a todos los otros, ya que se está celebrando en una coyuntura de significación histórica. Dentro de poco, diez nuevos Estados miembros van a ser admitidos en la Unión, estamos en proceso de negociar un nuevo Tratado constitucional, y nos estamos aproximando al final de la legislatura del Parlamento Europeo, así como al término del período fijado por el Tratado de Ámsterdam para sentar las bases del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Por tanto, quiero felicitar al Sr. Ribeiro e Castro, no solo por el rigor y la calidad de la preparación de este debate, sino también por la forma en que lo ha planteado. Lo que ha presentado no solo es un balance de los trabajos de todo un año, sino que proporciona una visión amplia de lo conseguido en esta legislatura. La Comisión, por su parte, con independencia de lo que yo diga ahora, va a contribuir a este balance mediante una comunicación que va a presentar al Consejo y al Parlamento en junio de este año, cuando presentemos una evaluación exhaustiva de lo logrado y de lo no conseguido de acuerdo con el programa de Tampere y el Tratado de Ámsterdam. En dicha evaluación, también esbozaremos algunas ideas sobre los posibles fundamentos para un programa Tampere II en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores
Trataré de respetar la secuencia en que su Señoría ha planteado sus preguntas: en el campo de la inmigración y el asilo, la Comisión siempre ha procurado compaginar las cuatro líneas principales de esta política, tal como quedó definido en el Tratado de Ámsterdam: regular los flujos de inmigración legal, promover la integración de nacionales de terceros países en las sociedades europeas, combatir eficazmente la inmigración ilegal y definir una política común de asilo y ampliar la asociación con terceros países a fin de regular los flujos migratorios.
Por lo que respecta a la inmigración legal, la Comisión ha presentado varias propuestas para crear el marco legal necesario. El Consejo ya ha aprobado la propuesta de directiva sobre reunificación familiar y sobre la situación legal de ciudadanos de terceros países que sean residentes de larga duración. Espero que para el final de esta legislatura parlamentaria también estemos en condiciones de aprobar la propuesta sobre víctimas del tráfico de seres humanos que cooperan con las autoridades y que, por tanto, tienen derecho a un permiso de residencia, así como las propuestas sobre admisión de estudiantes e investigadores de terceros países a la Unión Europea.
Un motivo de decepción que quiero manifestar es el relativo a los problemas para alcanzar, junto con los Estados miembros, una plataforma común destinada a controlar los flujos migratorios que implican inmigración legal, o lo que se conoce como «admisión para fines de trabajo». En este campo, el Consejo se halla en un punto muerto, la propuesta de la Comisión carece claramente del apoyo de los Estados miembros y la Comisión retomará este tema cuando presentemos, en algún momento a lo largo de este semestre, el estudio que se nos solicitó elaboráramos acerca de la vinculación entre inmigración legal e ilegal.
En el ámbito de la integración, los pasos que se han dado a partir de Salónica son de agradecer y ahora estamos elaborando proyectos preliminares cara a una estrategia más amplia para un programa europeo específico encaminado a integrar a los inmigrantes en las sociedades europeas.
Por lo que se refiere a la inmigración ilegal, la Comisión ha presentado tres planes de acción que han sido aceptados por el Consejo y que ahora se están aplicando: el primero se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal; el segundo, a la gestión común de las fronteras exteriores y el tercero, a una política comunitaria para la devolución o repatriación de inmigrantes ilegales. También tengo la esperanza de que pronto quede aprobada la Agencia para el control y coordinación operativa en las fronteras exteriores, y la Comisión tiene la intención de presentar un nuevo instrumento jurídico, la revisión de un manual de Schengen común sobre buenas prácticas para el control de fronteras exteriores.
Simultáneamente, los temas de seguridad han adquirido una importancia considerable como consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. La Comisión ya ha presentado propuestas para reforzar la seguridad de algunos documentos fundamentales, tales como visados y permisos de residencia, introduciendo datos biométricos y, en el plazo de un mes, presentará su propuesta para incluir datos biométricos en el pasaporte de los ciudadanos de la UE. También progresa adecuadamente el desarrollo del Sistema de Información de Visados (VIS).
En cuanto a la política de repatriación, básicamente la Comisión va a proponer, a corto plazo, acciones en dos frentes: una de apoyo financiero, que todavía ha de someterse a debate, y otra sobre una iniciativa de normas mínimas para los procesos de repatriación. Como ya ha manifestado el Presidente en ejercicio del Consejo, en el ámbito del asilo se han aprobado importantes instrumentos jurídicos: protección temporal, normas mínimas de acogida, el reglamento Dublín II y la implantación del sistema Eurodac, y el Fondo Europeo para los Refugiados, que llegó al final de la primera fase teniendo movilizados cerca de 146 millones de euros durante los últimos cuatro años. La Comisión está trabajando activamente con el Alto Comisario de las Naciones Unidas sobre nuevas ideas para la política de asilo, concretamente con vistas a garantizar la entrada más ordenada y organizada de refugiados en la Unión Europea, y la posibilidad de solicitar asilo fuera del territorio de la UE y para incrementar asimismo la protección en regiones donde se originen conflictos. No obstante, se echan en falta dos aspectos fundamentales relativos a la política de asilo. Me refiero a la directiva sobre procedimientos de asilo y a la directiva sobre requisitos del estatuto de refugiado y la armonización de las normas sobre protección subsidiaria. Me complace saber lo comprometido que está el Sr. McDowell con la aprobación de estos dos instrumentos durante la Presidencia irlandesa, y en consecuencia, dentro del plazo fijado por el Tratado de Ámsterdam, por lo que podemos finalizar esta legislatura teniendo aprobados todos los instrumentos necesarios para la primera fase de una política de asilo común de alcance europeo.
La Comisión también va a presentar un informe durante la primavera de 2004 sobre las negociaciones entabladas sobre acuerdos de readmisión y acogemos con particular agrado el hecho de que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo con el Consejo y el Parlamento acerca de un programa financiero para el período 2004-2008, por valor de 250 millones de euros, con vistas a desarrollar una asociación con terceros países para la gestión conjunta de los flujos de migración.
En cuanto a la cooperación judicial, suscribo íntegramente lo que acaba de decir el ministro, Sr. McDowell. La evaluación de la Comisión es satisfactoria en conjunto y, curiosamente, es probable que sea en el ámbito de la cooperación judicial civil, de las reglas sobre litigios contractuales, sobre obligaciones fuera de contrato, sobre relaciones familiares y sobre la regulación de la autoridad de los padres donde algunas de las decisiones adoptadas por este Parlamento y este Consejo tengan la mayor influencia sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos europeos, aunque los medios de comunicación normalmente les dediquen escasa atención. Tiene mucho mayor interés periodístico hablar de delitos que de la vida cotidiana de la gente normal. Sin embargo, precisamente es en la vida cotidiana de la gente normal donde se han logrado los mayores progresos en el contexto del Tratado de Ámsterdam y del programa de Tampere, y espero sinceramente que, a finales de esta legislatura, estemos en condiciones de superar todas las dificultades para aprobar la directiva sobre compensación a las víctimas de actos criminales.
Por lo que concierne a la dimensión exterior, quiero resaltar el hecho de que la Comisión solicitó al Consejo un mandato que permitiera a la Comunidad adherirse formalmente a la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, a fin de garantizar mejor que el proceso de incluir la cooperación judicial en los asuntos civiles dentro del contexto comunitario fuera coherente con lo que se está haciendo en línea con las convenciones de la Conferencia de La Haya.
Por último, aunque no es menos importante, el tema de la cooperación judicial en asuntos criminales. Creo que el balance de esta legislatura es positivo. Positivo en el sentido de que, prácticamente, las decisiones marco sobre todos los tipos de delitos europeos previstos en el Tratado han quedado aprobadas, con una sola excepción: el racismo y la xenofobia, que continúan resultando problemáticos para el Consejo. Sin embargo, una vez más quiero resaltar que la Comisión ha permanecido fiel al principio de que la piedra angular de la cooperación judicial en asuntos criminales es el principio de mutuo reconocimiento de decisiones judiciales, cuyo mejor ejemplo lo brinda la orden europea de arresto y entrega que, al igual que el Sr. McDowell, espero esté totalmente implantada en los quince Estados miembros a finales del primer trimestre de este año y que en los países candidatos entre en vigor el 1 de mayo de este año.
La Comisión va a presentar en breve una decisión marco sobre garantías procesales y estamos convencidos de que va a ser igualmente importante la iniciativa que vamos a adoptar en junio del año actual en cuanto a presentar una decisión marco sobre normas mínimas para protección de datos, de acuerdo con el tercer pilar. La cooperación judicial en asuntos criminales y el fortalecimiento de los mecanismos para la cooperación policial y judicial en la lucha contra el crimen tienen que ir acompañados, simultáneamente, de unas reglas de garantías mínimas procesales en los procedimientos penales en todos los Estados miembros y de protección de la privacidad y los datos personales en este campo.
Es cierto, Sr. Ribeiro e Castro, que la cooperación policial implica una cooperación a nivel más operativo que legislativo, en el que creo que la Convención sobre el futuro de Europa ha demostrado estar en lo cierto al subrayar que los instrumentos de «convención» no funcionan en este entorno: las enmiendas a la Convención Europol aún aguardan ser ratificadas por la mayoría de los Estados miembros; la Convención sobre asistencia judicial mutua, firmada en mayo de 2000, todavía no ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la UE y, en consecuencia, no ha entrado en vigor. Sin embargo, la cooperación operativa ha aumentado y, para que Europol pueda desempeñar su cometido, resulta vital que las fuerzas policiales de los Estados miembros tengan confianza en Europol y, sobre todo, que se produzca un intercambio continuo de información sobre las modalidades de delitos transnacionales.
Por último, Sr. Ribeiro e Castro, comparto plenamente su preocupación en cuanto a que es vital informar a los ciudadanos de lo que se ha hecho. La Comisión ha lanzado campañas de información sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, sobre algunos de los instrumentos legislativos que hemos aprobado y que pudieran tener un impacto más directo sobre la vida de los ciudadanos. Sin embargo, para ser muy sincero, creo que la instantánea más fiable será la que proporcionen las elecciones al Parlamento Europeo, personificada por los Diputados de este Parlamento –y ustedes pueden sentirse orgullosos de lo logrado durante esta legislatura en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores– ya que ellos son los mejores intérpretes de la información que los ciudadanos tienen el derecho a conocer, porque ellos son la prueba de que la democracia europea funciona y de que los asuntos importantes para la vida cotidiana de los ciudadanos son tomados en serio por los órganos de la Unión Europea, comenzando por sus representantes legítimos, los Diputados del Parlamento Europeo.
Pirker (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, quienquiera que simplemente lea el informe de situación del año pasado se sorprenderá por el gran progreso que hemos realizado en el ámbito de la seguridad, y ustedes, señor Presidente en ejercicio y señor Vitorino, junto con el Parlamento Europeo, pueden sentirse orgullosos por lo mucho que se ha avanzado en lo relativo a la seguridad. Solo quiero reseñar algunos puntos que me parecen especialmente importantes. De una parte, en enero del año pasado entró en funcionamiento el sistema Eurodac. Eso no significa sino que la Convención de Dublín se está aplicando ahora de forma eficaz, que podemos determinar qué país es realmente responsable de tramitar una solicitud de asilo, y que disponemos de un instrumento para frenar satisfactoriamente los abusos contra el sistema de asilo.
Para evitar los flujos de inmigración ilegal, hemos establecido asociaciones con países de origen y de tránsito. Hemos creado un paquete global de medidas para combatir la inmigración ilegal que prevé, concretamente, la elaboración de un nuevo sistema integrado para asegurar las fronteras exteriores, con unas normas muy exigentes que se aplicarán en todas las fronteras exteriores presentes y futuras de la Unión Europea. También hemos hecho preparativos para campañas de repatriación conjuntas.
Algo que considero especialmente satisfactorio es el compromiso político de incorporar datos biométricos en los visados y los permisos de residencia, ya que de esa forma estaremos en condiciones de garantizar que a la gente que atraviesa las fronteras le expedimos documentos que no pueden ser falsificados. Otro avance notable es el cierre del acuerdo de cooperación entre Europol y los nuevos Estados miembros u otros Estados como Rumania o Rusia, a fin de poder actuar eficazmente sobre el terreno contra los delitos internacionales y, en concreto, contra la corrupción.
Por último, otro de los capítulos de excepcional éxito es el acuerdo alcanzado por vez primera sobre una norma de sentencia mínima para combatir el tráfico ilegal de drogas, y luego están las medidas que hemos adoptado en la lucha contra las drogas sintéticas, o el avance realizado en derecho civil y penal, en los que no entraré en detalles. En conjunto, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han elaborado satisfactoriamente un excelente paquete de medidas.
No obstante, quiero formular algunas observaciones críticas y plantear ciertas peticiones. Lo primero que quiero decir es lo siguiente: creo que resulta vital que la pretensión de la Presidencia actual de llevar a la práctica la directiva sobre condición y procedimientos durante la primera parte de este año, es decir antes de abril, se haga realidad en bien de la política de asilo común. Me temo que si no lo conseguimos, tendremos enormes problemas a la hora de ponernos realmente de acuerdo sobre una política de asilo común, ya que entonces careceríamos de cualquier ayuda de emergencia para los refugiados. En consecuencia nos encontraríamos sin los instrumentos necesarios para avanzar en la lucha contra los abusos. Como Presidente en ejercicio, cuenta con nuestro pleno apoyo en este ámbito.
Mi segunda observación se refiere a la lucha contra la corrupción. En bien de la estabilidad en los nuevos Estados miembros, resulta esencial que intensifiquemos la lucha contra la corrupción en estos Estados, y les tenemos que ayudar a alcanzar el nivel de Schengen en las nuevas fronteras exteriores tan rápido como sea posible. Redunda en beneficio tanto de los nuevos Estados miembros como de la Unión Europea en su conjunto. Va a exigir una cierta inversión. Tiene nuestro apoyo en este asunto.
Quiero decir también algo sobre las agencias. No creo que debamos estar inventando continuamente nuevas agencias. No, tenemos que hacer que las muchas de que ya disponemos continúen funcionando adecuadamente. No podemos permitir que se amplíen indefinidamente los consejos de administración –de 15 a 25– agregando nuevos expertos y luego, si eso no funciona, creando un consejo ejecutivo. Y luego sometemos a deliberación nombrar además una junta coordinadora, para asegurar que los otros dos consejos funcionan adecuadamente. Ese no debe ser el camino a seguir.
Una última observación: me gustaría presenciar una mejora general de los procedimientos. De lo contrario, existe el peligro de que se derrochen los recursos. En el futuro no debe darse una situación en la que lleguen a esta Cámara documentos de la Comisión, y luego, al tiempo que el Parlamento está realizando su trabajo, se elaboren nuevos documentos, nuevos acuerdos, acerca de los cuales el Parlamento no está informado, de manera que se continúe trabajando sobre la base antigua y haya que volver a comenzar otra vez desde el principio. Le pido que mejore la coordinación en el interés global de la eficacia de los procedimientos.
Este debate, que se celebra al término de un año satisfactorio y una legislatura llena de éxitos, debería constituir una valoración crítica y debería espolearnos para edificar sobre esos éxitos en bien de la seguridad de los ciudadanos de la UE. Tengan la certeza de que en el Parlamento Europeo haremos todo lo posible para apoyarle, incluso en lo concerniente al incremento del presupuesto que sin lugar a dudas será necesario si realmente queremos lograr los éxitos que deseamos obtener en beneficio de la seguridad.
Paciotti (PSE ).
    Señor Presidente, es cierto que los avances expuestos por el ponente y los representantes del Consejo y de la Comisión –a quienes felicito– son una realidad, pero hemos de admitir que ese progreso no es suficiente. De hecho, el obstáculo más grave para el desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia es la incapacidad para aprobar el proyecto de Tratado constitucional que, al convertir la Carta de los Derechos Fundamentales en vinculante en todos los sectores de actividad de la Unión y ampliar el método comunitario para incorporar la cooperación judicial, criminal y policial, habría resuelto muchos de los problemas que continúan planteados. Esperemos que no se trate más que de un simple retraso.
Entre tanto, deberían darse pasos para superar ciertas contradicciones paradójicas que siguen frenando la aplicación del programa de Tampere, sobre todo en el ámbito de la inmigración y de la cooperación penal y policial. De hecho, los mismos gobiernos que en Tampere aprobaron un conjunto razonable de medidas, a menudo después no las adoptan cuando tales medidas han sido propuestas por la Comisión y solicitadas por el Parlamento. Cuando más adelante, a resultas de una u otra emergencia, esas medidas acaban siendo aprobadas, con frecuencia no se llevan a la práctica en los países en cuestión: tal es el caso, como ejemplo de esto último, de la orden de arresto y la decisión sobre el racismo y la xenofobia. Por tanto, hemos de tener continuamente presente que la eliminación de las fronteras interiores incrementa la libertad de movimiento en el mercado interior, pero también actúa a favor de los delincuentes, siempre que el poder para prevenir y controlar los delitos continúe estando limitado por las fronteras nacionales.
Así pues, es el momento de relanzar y actualizar el programa político para la construcción armónica de un espacio jurídico europeo, que no se limite a respuestas parciales para contingencias específicas, y esperamos ilusionados el comunicado que nos prometió la Comisión.
En lo relativo al caso concreto de la inmigración, por el que se ha preguntado en repetidas ocasiones en este Parlamento, resulta vital diseñar una política común para gobernar la entrada, residencia e integración de los ciudadanos de terceros países que no se limite a reprimir la inmigración clandestina. No obstante, los retrasos e incoherencias que han sido más flagrantes por parte del Consejo y los Estados miembros son los referentes a la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. Se han aprobado medidas que, de hecho, no respetan los derechos fundamentales provocando que el Parlamento se haya visto obligado a denunciar tales medidas ante el Tribunal de Justicia, siendo el ejemplo más reciente la reunificación familiar. No se están aprobando normas comunes en cuanto a garantías procesales y, a resultas de ello, se han rechazado formas de cooperación más estrechas debido a que los Estados desconfían unos de otros en cuanto al respeto de tales garantías.
Por último, el tema de la protección de los datos personales es particularmente sensible y quedan por dilucidar serios interrogantes acerca de la conducta de un gran número de Estados miembros que han permitido la entrega de datos personales de ciudadanos europeos a las agencias de seguridad estadounidenses, que no ofrecen ninguna garantía de que se respete el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a la privacidad. A ese respecto, hay que decir que la conducta de la Comisión, marcada por la pasividad y la complicidad, ha sido deplorable. Verdaderamente ha llegado el momento de tomar medidas más efectivas para proteger los derechos de nuestros ciudadanos. 
Ludford (ELDR ).
   – Señor Presidente, aunque se trate de un documento anual, nos acercamos a la evaluación quinquenal de los logros del programa de Tampere y ahora es preciso pensar en Tampere II. Hemos de decir que la Comisión ha realizado su trabajo, pero el expediente del Consejo no es excelente. Es preciso mejorar tanto el rendimiento como el método.
Si consideramos primero la política de asilo e inmigración, seguimos sin tener todas las piezas del rompecabezas para las políticas comunes. Los europeos necesitan tener la sensación de que estamos actuando realmente juntos para tener unos sistemas bien regulados pero justos en los que se comparte la responsabilidad. Pero, ¿dónde está la solidaridad en el vergonzoso modo en que, uno tras otro, 13 Estados miembros han señalado que impondrán restricciones a la libre circulación desde los nuevos Estados miembros orientales?
Los Estados han sido más estrictos a la hora de fortalecer las fronteras y deportar a los inmigrantes ilegales y asegurarse de que los inmigrantes son legales y están integrados. El Consejo aprobó una Directiva poco generosa sobre los inmigrantes de larga duración y una sobre la reunificación familiar. Sin embargo, no se ha dado prisa en aplicar la Decisión marco de 2002 contra el tráfico para atrapar a las bandas criminales, y recientemente en el Reino Unido han muerto trágicamente 19 inmigrantes chinos. Parece que se traficó con ellos, pero aún no hay legislación en vigor a este respecto.
Tenemos grandes desafíos en Europa en lo que respecta a abordar el prejuicio y la discriminación y promover la igualdad. El reto de integrar a la etnia gitana ocupa un lugar destacado en nuestra agenda.
Me complace que el Presidente Prodi celebre un seminario sobre antisemitismo la semana que viene, pero ¿por qué el Consejo no ha adoptado la decisión marco por la cual el acoso racista y los ataques racistas se considerarán delitos penales?
Hemos de mejorar nuestra comprensión de lo que significa la integración frente a la asimilación. Ayer, la Asamblea Nacional Francesa aprobó por abrumadora mayoría la prohibición del y otros símbolos religiosos manifiestos. En Gran Bretaña, donde las mujeres policías pueden llevar el , lo miramos perplejos desde el otro lado del Canal de la Mancha.
En el ámbito del antiterrorismo y la fuerza policial ha habido mucha actividad útil, pero una falta de equilibrio en la preocupación por las libertades civiles, la responsabilidad democrática y la transparencia. Me complace que la Academia Europea de Policía se ubique en Inglaterra, pero me agrada menos que el Gobierno británico, con 12 ciudadanos y residentes en la Bahía de Guantánamo –la mitad del total de europeos que hay allí– no haya sido capaz de conseguir una posición común y una acción conjunta por parte de la Unión Europea para persuadir a los Estados Unidos de que apliquen la ley internacional y respeten los derechos de los presos allí. El Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua que se firmó con los Estados Unidos, pasando por alto nuestras objeciones, recalca el Estado de derecho, pero no parece haber dado frutos.
Ahora estamos tomando demasiados pasos que invaden la intimidad personal –aceptando que los Estados Unidos tengan acceso a datos delicados sobre los pasajeros aéreos y pongan datos biométricos en los visados y pasaportes– mientras que no se hace ningún esfuerzo por obtener un instrumento para la protección de datos en el tercer pilar. Ello evidencia una actitud extraordinariamente arrogante hacia los derechos individuales.
En el futuro tendremos que hacer un mayor esfuerzo para aumentar la calidad de nuestra observancia de los sistemas jurídicos a través de un proceso de vigilancia mutua y revisión mutua. Ello implicará algunas cuestiones interesantes acerca de dónde se encuentra el equilibrio entre la acción común europea y la intervención en sistemas nacionales. Pero hemos de incrementar nuestros esfuerzos, porque la calidad de lo que hacemos sobre la libertad, la seguridad y la justicia aún no es suficiente. 
Kaufmann (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, Señorías, si examinamos el supuesto progreso hecho en la aplicación del espacio de libertad, seguridad y justicia, el cuadro es desolador. Digo «supuesto» progreso porque primordialmente se trata de aislar todavía más a Europa del resto del mundo. Hace poco el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue muy franco y claro sobre esta política, o mejor dicho, esta farsa de política europea, durante su discurso ante esta Cámara cuando se le concedió el Premio Sajarov. El Secretario General de las Naciones Unidas no nos saludó con corteses y manidas palabras de agradecimiento, no, leyó la cartilla a Europa por su política de inmigración. Permítanme recordarles lo que dijo. Dijo, y cito, «los inmigrantes necesitan a Europa. Pero Europa también necesita a los inmigrantes». Y Annan añadió que acoger e integrar a los emigrantes no solo es una obligación moral y jurídica, sino parte de la solución de los problemas económicos de Europa. Criticó duramente la política de la «Fortaleza Europa» de la UE. Dijo que pensaba que una política de asilo e inmigración restrictiva empujaba a muchas personas a ponerse en manos de bandas criminales de traficantes de seres humanos o incluso a la muerte, asfixiándose en camiones, o pereciendo en el tren de aterrizaje de un avión, y Annan dijo que «esta silenciosa crisis de los derechos humanos avergüenza a nuestro mundo». 
Hay personas que son responsables de esta silenciosa crisis de los derechos humanos. La muerte de cientos de personas cada año en las fronteras de la Unión Europea no se debe a una restricción anónima. Pero, ¿qué nos dicen el Consejo y la Comisión? Informes sobre listas comunes de países de origen seguros, cooperación en materia de deportación, agencias de protección de fronteras para un control más estricto de las fronteras terrestres y marítimas, firma de acuerdos de readmisión, etc. Si todas estas propuestas adquieren fuerza de ley, la única forma de tener la posibilidad de solicitar asilo en la Unión Europea será saltar en paracaídas desde un avión sobre la UE. Al mismo tiempo, la UE y sus Estados miembros son activamente responsables de que haya refugiados procedentes de países del llamado Tercer Mundo por su fracaso a la hora de combatir adecuadamente la pobreza o por exportar armas a las regiones en crisis. 
En lugar de adoptar medidas de subsanación en este ámbito, sin embargo, vamos a gastar ahora millones de euros en proyectos piloto de deportación en Europa. En mi calidad de diputada alemana al Parlamento Europeo, también sé que hasta ahora toda propuesta medianamente progresista en política de inmigración y asilo en la UE será bloqueada por el Gobierno de mi país en el Consejo de Ministros. Se trata de preservar todos los mecanismos especiales alemanes concebidos para atemorizar y acosar a los solicitantes de asilo. Por citar un ejemplo, tenemos la residencia obligatoria para los refugiados, un caso único en Europa. Alemania es el único país en que se penaliza a los refugiados si abandonan su o distrito rural. 
Mientras no haya un cambio de dirección radical de esta política, un gran número de inmigrantes y refugiados seguirá muriendo en nuestras fronteras. Ocasionalmente se derramarán algunas lágrimas de cocodrilo sobre el trágico destino de unos pocos individuos, pero nada cambiará. Debemos tener finalmente la valentía de decir a la gente la verdad sin ambages y afirmar que Europa necesita la inmigración. Sin inmigración, en 2050 la población de la Unión ampliada habrá descendido de 450 millones a solo 400 millones. A menos que haya un cambio de rumbo, solo la población de Alemania habrá descendido un 25%. Las numerosas organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil tienen derecho a rechazar la política de «Fortaleza Europa» de la UE. Ya hay sobre la mesa propuestas para una política de inmigración y asilo de la UE fundadas en un alto grado de respeto de los derechos humanos, pero estas deben aceptarse antes de que podamos tener aquí un verdadero debate sobre el progreso. Lo que necesitamos en Europa es un derecho de asilo de conformidad con la Convención de Ginebra, que incluya el reconocimiento de la persecución específica de género y no estatal entre los motivos para otorgar la condición de refugiado, junto con el reconocimiento de la deserción y la objeción de conciencia al servicio militar. Necesitamos acceso libre a los derechos y procedimientos de asilo europeos. Necesitamos un marco judicial que permita la inmigración legal hacia la UE. Necesitamos un espacio jurídico europeo para realizar campañas de legalización de la situación de las personas sin papeles, y por último necesitamos también un derecho a la libertad de circulación para todas las personas que viven en la Unión Europea. 
Boumediene-Thiery (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, a pesar de todos nuestros esfuerzos, como han dicho ustedes, la Agenda de Tampere no se cumplirá, en especial por lo que respecta a la inmigración y el asilo. Sin embargo, se trata de cuestiones, desde Sangatte hasta Algeciras, que solo encontrarán una respuesta eficaz en una verdadera política comunitaria respetuosa de los derechos fundamentales, y no siendo siempre represiva. 
Muchas propuestas de la Comisión están actualmente pendientes en el Consejo. Las pocas medidas que se han adoptado son sistemáticamente criticadas y la Directiva sobre el reagrupamiento familiar es objeto de un recurso del Parlamento ante el Tribunal de Justicia. 
Por lo que se refiere a la cuestión de la emigración, únicamente le pido que siga el sentido de las ideas desarrolladas por el Sr. Kofi Annan ante este Parlamento. No solo nuestro viejo continente necesita a estos trabajadores, sino que, para ser creíbles en el mundo, tenemos que afirmar una Europa abierta, plural y solidaria. La inmigración es una oportunidad para el futuro de Europa y recordarlo con fuerza y energía es una necesidad en un momento en que el racismo y la xenofobia se abaten sobre nosotros. Estamos convencidos de que una libertad de circulación que vaya acompañada de un política positiva de inmigración legal permitirá poner freno a los distintos tráficos, en particular a la trata de seres humanos. Así podremos consagrarnos mejor a la construcción de una ciudadanía en la que puedan participar plenamente todos los que residen en nuestro continente, dentro del respeto de la igualdad de derechos. Sin contar con que esta política voluntaria permitirá asimismo aligerar nuestras cargas, tanto por lo que se refiere a los sistemas de asilo como en materia de lucha contra la inmigración clandestina. 
En cuanto a las dos directivas sobre el asilo, relativas al estatuto de los refugiados y a los procedimientos de asilo, no podrán adoptarse todavía, a pesar del plazo impartido –y ya superado– de diciembre. Sin embargo, sabemos que deben serlo imperativamente para poder cerrar la primera fase del programa de Tampere. Dicho esto, lo que estas dos directivas deben aportar también y sobre todo es una plusvalía que garantice un mayor nivel de protección del solicitante de asilo.
Por lo que respecta a la cooperación policial y judicial, quiero detenerme en un único punto, el de los datos de carácter personal, en particular los datos biométricos. En una comunicación sobre la transferencia de datos, publicada el 16 de diciembre por la Comisión y transmitida al Consejo y al Parlamento, relativa al acuerdo celebrado entre los Estados Unidos y nosotros mismos, se observa una deriva que privilegia la seguridad al amparo de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. En efecto, el acuerdo dispone que entre los campos de datos transferidos se incluya la fecha de nacimiento, el número de personas que viajan juntas, los detalles de la tarjeta de crédito, el origen racial o étnico, así como las creencias políticas, religiosas o filosóficas. Ahora bien, esta disposición atenta gravemente contra la protección de la vida privada. ¿Cómo remediarlo? Por otra parte, sabiendo que esta información puede servir de medio de discriminación, esta disposición atenta también contra nuestras libertades fundamentales, y más cuando no se sabe con exactitud quién podrá acceder a esos datos. Por tanto, no podemos sino preocuparnos por la utilización que se haga de ellos. 
A este respecto, ¿sabían que, debido a las presiones de los Estados Unidos y en particular a las amenazas de prohibiciones de vuelo, algunas compañías aéreas transfieren ya datos de carácter personal a las autoridades norteamericanas, sin el consentimiento de las personas afectadas? Se trata de medidas que violan la legislación europea, a pesar de que se supone que la Comisión es la guardiana de los Tratados. 
Este tipo de medidas afectan tanto a los europeos como a los nacionales de terceros países, como ha dicho usted, señor Vitorino. Y, sin embargo, este acuerdo se celebró sin mantener previamente ningún debate democrático. Por tanto, con la celebración de estos acuerdos se amenaza la democracia y el Estado de Derecho. ¿No es urgente crear un verdadero órgano europeo de control independiente, a fin de evitar una utilización abusiva de los datos? Por otra parte, ¿no creen que es igualmente necesario pedir al Tribunal de Justicia que decida sobre la legalidad de este acuerdo? Debemos permanecer atentos, porque la seguridad se está poniendo por delante del respeto de nuestros derechos y nuestras libertades.
Por último, y para concluir, ¿cómo vamos a garantizar el respeto de nuestros derechos fundamentales si firmamos un acuerdo con un país como los Estados Unidos, que no cesa de reafirmar su voluntad de hegemonía, que aplica una política unilateral y que se coloca por encima de las leyes, incluso por encima del Derecho internacional, como en la situación de los presos de Guantánamo? 
Le agradecería, señor Comisario, que diera muestras de la mayor vigilancia con respecto a todos estos tratados.
Collins (UEN ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar la bienvenida a esta Asamblea al Ministro irlandés de Justicia y Asuntos Interiores. En segundo lugar, quisiera dar mi sincera enhorabuena a mi colega y amigo, el Sr. Ribeiro e Castro, por la presentación que ha hecho aquí esta mañana.
La Unión Europea se convertirá pronto en un cuerpo político con 25 Estados miembros y una población de casi 500 millones de personas. Por ello es sumamente importante que todos los Estados miembros de la Unión Europea cooperen más estrechamente para luchar contra la amenaza del terrorismo internacional y el crimen organizado. Con la existencia de fronteras europeas comunes y con la libre circulación de personas dentro de la Unión, también hemos de cooperar más estrechamente en un esfuerzo por detener las importaciones de drogas en Europa y luchar contra el tráfico de seres humanos.
No podemos vencer al tráfico de drogas y a quienes se involucran en el odioso crimen del tráfico de seres humanos, si las fuerzas policiales europeas no cooperan estrechamente. Este reto será aún mayor cuando tenga lugar la ampliación, y Europol tendrá que desempeñar un papel más central a la hora de coordinar la respuesta de la Unión Europea a estos crímenes crecientes. Ningún país puede derrotar por sí solo el terrorismo internacional. Si Europa exige más recursos para hacer frente a este reto, habrá que poner a disposición más recursos.
Últimamente hemos sido testigos de las trágicas muertes de muchas personas que se han malogrado por culpa de la plaga del tráfico internacional de seres humanos. Se calcula que 600 000 inmigrantes ilegales entran cada año en la Unión Europea. Por ello, un extenso plan para luchar contra la inmigración ilegal ha de seguir siendo la prioridad clave de nuestra Unión. La asistencia financiera de la UE al programa de acción para el regreso ha de mantenerse y todos hemos de apoyar el trabajo de la Unión. La agencia para la gestión de las fronteras está poniendo en práctica un enfoque coordinado por los Estados miembros de la UE para luchar contra la inmigración ilegal.
Yo también apoyo la aplicación de una política de asilo comunitaria y hemos de resolver las cuestiones pendientes en relación con las directivas relativas a las cualificaciones y procedimientos. Hemos de apoyar la mejor gestión de la entrada de personas en la Unión Europea que necesitan protección internacional de acuerdo con la Convención de Ginebra. En lo que respecta a la cuestión de la migración legal, es preciso promover la nueva legislación de la UE que rige los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios y de formación profesional dentro de la Unión
Por último, las cuestiones relativas a la políticas de lucha contra la inmigración ilegal se abordan mejor a escala de la Unión Europea. Ahora vivimos en un mercado interior donde hay libre circulación de personas en los territorios de la UE, y hemos de emprender juntos una acción colectiva en un esfuerzo por abordar estas cuestiones de forma eficaz. 
Blokland (EDD ).
   – Señor Presidente, en el marcador correspondiente a la primera y segunda mitad de 2003, la Comisión demuestra que ha avanzado y el Consejo Europeo también, en Salónica, ha dado nuevos impulsos para estimular el avance en este ámbito político. Deseo expresar mis felicitaciones a ambos. Se ha acusado al Consejo de Ministros de ser el principal culpable de que una serie de expedientes de asilo e inmigración estén aparcados en un cajón. Según la Comisión, los Estados miembros deben levantar sus reservas antes de que haya transcurrido el período de cinco años especificado en el Tratado de Ámsterdam, plazo en el que según la Comisión deberían adoptarse estas medidas. Aunque esto es correcto, un período de cinco años para las medidas en este ámbito era, de hecho, muy corto. Una legislación largamente madurada y que cuenta con un amplio apoyo es más útil que medidas rápidas que posteriormente no se aplican por falta de voluntad política. La orden de detención europea es un buen ejemplo de ello.
Me sorprendieron las propuestas de la Comisión relativas a la admisión de inmigrantes a la Unión Europea. ¿Seguro que no era una de las obligaciones consagradas en el Tratado de Ámsterdam? Es un tema que exige otro extenso debate. En parte a raíz de incidentes de esta naturaleza no estoy a favor de la aplicación plena del voto por mayoría cualificada en el Consejo sobre acciones europeas en los ámbitos de justicia y asuntos de interior. Estos temas deben considerarse de forma individual. Finalmente, he observado que la Comisión desea aumentar considerablemente el presupuesto de justicia y asuntos interiores para poder adoptar medidas en el ámbito de la inmigración ilegal y el crimen organizado. ¿Podría explicarnos esto con mayor detalle el Comisario Vitorino? 
Turco (NI ).
   – Señor Presidente, acepto la solicitud del Comisario Vitorino de que se informe a los ciudadanos. El problema es ¿qué información vamos a darles? Hemos oído que el Presidente en ejercicio del Consejo nos ofrece algunas estadísticas asombrosas en relación con la transparencia del trabajo del Consejo, decenas de miles de documentos. Es una pena que falte una estadística en esos documentos, y es la posición de los Estados miembros individuales, que no es una estadística de gran interés pero es esencial en términos del proceso democrático. No es casualidad que después se afirme, de forma un tanto alegre, en mi opinión, que la orden de detención europea ya ha sido aprobada por ocho Estados miembros. Pero, ¿cómo? Un documento aprobado por unanimidad durante el almuerzo, sin debate, todavía no aplicado, se considera después prácticamente aprobado, como si esto ya formase parte de los procedimientos de facto de esta institución. 
No hay absolutamente ninguna referencia de ningún tipo al , a pesar de que la Presidencia italiana nos ha recordado que en el campo de la cooperación judicial el concepto de es un pilar en el que los ciudadanos pueden confiar. ¡Ni una palabra! En segundo lugar, con relación a Europol, la Presidencia afirma que el protocolo está un paso adelante: pero ese protocolo niega lo que el Parlamento ha estado solicitando durante años, es decir, el control democrático. Además, los diputados franceses y británicos se oponen actualmente a esta posición de la Comunidad sobre Europol.
Confrontados con todo esto deberíamos informar a los ciudadanos. Sí, pero ¿de qué? 
Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los factores históricos que nos han llevado a esta coyuntura, y que tan bien ha explicado el Comisario Vitorino, justifican claramente este debate. Realmente sería difícil de entender que en el último debate de evaluación del espacio de libertad, seguridad y justicia de esta legislatura nos limitáramos a mantener lo que es un mero debate anual. Por ello tiene mucho sentido hacer balance de la legislatura y felicito al Sr. Ribeiro e Castro por el magnífico informe que nos ha presentado, con el que estamos en gran medida de acuerdo. 
Realmente debemos reconocer que aunque se ha avanzado sustancialmente en las medidas legislativas, en las medidas para la cooperación operativa y en las medidas para las estructuras institucionales, algunos de los progresos realizados no han podido cumplir los plazos límite fijados en Tampere y, lo que es peor, no se han logrado otros objetivos que se habían definido.
Quisiera destacar diez ámbitos en los que deben adoptarse medidas concretas: en primer lugar es preciso legislar sobre la protección de datos en el marco del tercer pilar, estableciendo garantías equivalentes a las descritas en la Directiva 95/46/CE en el marco del primer pilar; en segundo lugar hay que crear una política de gestión integrada común de las fronteras exteriores de los Estados miembros, con financiación comunitaria; en tercer lugar, el Consejo debe adoptar las dos propuestas de directivas pendientes, necesarias para completar la primera fase del sistema de asilo común europeo; en cuarto lugar, el Consejo debe aprobar las propuestas actualmente bloqueadas con vistas al establecimiento de una política común en el campo de la inmigración; mi quinta propuesta es que debe presentarse una propuesta tangible sobre el desarrollo del sistema de información de visados (VIS); en sexto lugar, se nos debe presentar una propuesta para una decisión marco sobre garantías procesales para sospechosos y acusados en procedimientos penales en la UE; siete: visto que la introducción del acervo de Schengen en la esfera de las competencias comunitarias ha permitido una mayor coordinación entre la policía y los servicios judiciales de los Estados miembros en su lucha contra el crimen organizado, es esencial que ahora demos un paso adelante, lo más rápidamente posible, para la creación del nuevo SIS II; mi octava propuesta es que debe promoverse el progreso de la cooperación policial, tal como ha señalado el Comisario Vitorino, mediante un proceso jurídico que sea menos complejo y engorroso que el Convenio Europol, y que incluya un control democrático y judicial a nivel de toda la Unión; mi novena propuesta es que debemos seguir concluyendo acuerdos de estabilización y asociación con los Estados de la región de los Balcanes Occidentales en el terreno del combate contra el crimen organizado, el poder del sistema judicial, la guerra contra las drogas, la gestión de las fronteras y la inmigración; mi décima y última propuesta es que debe supervisarse la aplicación del acervo comunitario en los países de la ampliación, especialmente en lo relativo al campo de la justicia y los asuntos interiores y la aplicación del mecanismo de Schengen y el acervo relativo al control de las fronteras exteriores. 
Acojo favorablemente el hecho de que, en su programa de trabajo, la Presidencia irlandesa considere que el desarrollo de este ámbito es su mayor prioridad y espero que podamos desarrollar una cooperación interinstitucional fructífera. Reconozco que la tarea que nos hemos propuesto es enorme y extremadamente ambiciosa, pero si no aumenta el ritmo ni mejora la capacidad de toma de decisiones del Consejo, llegaremos al final de este período quinquenal sin haber logrado alcanzar los objetivos fijados en Tampere. Por ello espero que a finales de 2004 habremos aprobado todas las medidas en las que estamos retrasados y que están incluidas entre los objetivos y calendarios que se han fijado.
Finalmente, señor Presidente, deploramos la iniciativa adoptada por algunos Estados miembros de enviar una carta a la Comisión para persuadirla de que imponga una reducción sustancial del presupuesto de la Comunidad en las perspectivas financieras para el período 2007-2013. Tal como el Presidente Prodi ya ha declarado, en otros ámbitos esenciales, particularmente en la esfera de la cohesión económica y social, esto impediría a la Comisión realizar su trabajo en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores. 
Terrón i Cusí (PSE ).
    Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar al Sr. Ribeiro, porque, en este momento -como decía el Comisario Vitorino- crucial, creo que su propuesta de resolución es ambiciosa y exhaustiva.
Me voy a centrar en dos puntos de la misma y me sumo a lo que ha dicho anteriormente, en relación al tema de los derechos humanos, la Sra. Paciotti.
El primero es el de la cooperación en el ámbito penal, y me dirijo sobre todo al Consejo. Pienso, señor Presidente, que es importante que una decisión tan emblemática, que afecta no solo a la lucha contra el terrorismo, sino a la lucha contra la criminalidad, y que reconoce de una forma radical el principio de mutuo reconocimiento -como es la orden de búsqueda y captura-, debería estar hoy en vigor en todos los Estados miembros y deberíamos estar ya tratando de una forma bastante más ágil de lo que lo hacemos las medidas de acompañamiento, tales como, por ejemplo, el intercambio de pruebas. No hay forma de convencer a nuestros ciudadanos de que esto no puede hacerse para mejorar la seguridad tal y como la queremos los europeos, es decir, con más cooperación, no con más represión.
A la vez, creo que es importante que, en este momento en que estamos discutiendo la ampliación, seamos capaces de adoptar la decisión marco sobre derechos procesales. A mí me parece que es la otra cara de la moneda de la cooperación judicial, policial y del reconocimiento mutuo en el ámbito de la cooperación penal, y que no podemos entretenernos en este sentido.
En relación a la política de inmigración y asilo, el Comisario hablaba de los cuatro ejes de Tampere. Yo estoy convencida de que son válidos y estoy convencida de que las propuestas de la Comisión los hacen avanzar en la dirección correcta, pero, cinco años después, casi al límite del mandato de Tampere, me parece que estamos en una situación de cierta confusión.
En el vocabulario del Consejo "gestión de flujos", es decir, entrada, residencia de manera legal para trabajar en la Unión Europea, se ha convertido en sinónimo de lucha contra la inmigración ilegal. Ha desaparecido el concepto "gestión de flujos legales". En este momento el Consejo no está ni siquiera en condiciones de asumir la discusión sobre la entrada y residencia por motivos de empleo, que es el nudo gordiano de la cuestión.
Si seguimos levantando el tono en los Consejos, si seguimos poniendo solamente las palabras "lucha contra" al lado de "inmigración" y de "ilegal" y, en cambio, no somos capaces de establecer líneas coherentes de trabajo para gestionar el conjunto de la inmigración en el siglo XXI -que es el siglo de la comunicación y de la globalización-, y dar respuestas ciertas, lo único que vamos a aumentar entre nuestros ciudadanos es la frustración.
Entrada legal, canales de entrada, política de integración de quienes ya están aquí -a veces desde hace muchos años y seguimos llamando inmigrantes-, y relaciones con los terceros países que no se basen solo en la readmisión sino en un conjunto global de medidas que haga de la inmigración algo positivo para los países de origen y para los de destino.
Sørensen (ELDR ).
   – Señor Presidente, yo también estoy satisfecha por el progreso realizado en 2003 en ámbitos esenciales como el control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y lucha contra el crimen.
En mi calidad de política liberal, con una profunda convicción por las libertades fundamentales en que se basan nuestras democracias, pienso también que 2003 es el momento para algunas reflexiones básicas sobre las iniciativas que ya se han aplicado y, especialmente, de aquellas que se están planificando bajo la rúbrica general de la seguridad.
Reconozco plenamente que los ataques terroristas de 2001 son motivo para revisar y actualizar nuestra seguridad. Tal como yo lo veo, los ataques de 2001 fueron sobre todo ataques a los valores democráticos y las libertades fundamentales que tanto apreciamos. Por ello es esencial que el terrorismo no nos obligue a hacer concesiones en relación con estos valores fundamentales. Más específicamente, estoy pensando, por ejemplo, en el acceso directo a los datos personales de los sistemas de reserva centrales de pasajeros aéreos por parte de terceros países, la introducción de agentes de seguridad armados en los aviones y la inclusión de datos biométricos en los documentos de viaje de los ciudadanos de terceros países y en los pasaportes de todos los ciudadanos de la UE. Bastantes de estas iniciativas implican una amplia intrusión en el santuario de la vida privada, y plantean problemas todavía no resueltos en relación con la legislación actual sobre la seguridad de los datos y los riesgos de abuso de los mismos. Creo, de hecho, que es el momento de reflexionar si estas disposiciones de seguridad son o no desproporcionadas. En otras palabras, ¿cumplen las iniciativas los criterios básicos que regulan las libertades fundamentales que nosotros, por supuesto, apreciamos específicamente en la Unión Europea? ¿Son proporcionados los beneficios de las iniciativas a su coste? En este ámbito me preocupa que la Comisión incluso no fue capaz de informarme, en mi calidad de ponente, sobre los datos biométricos exigidos a los ciudadanos de terceros países y sobre el número preciso de solicitantes de visado, documentos de viaje falsificados, etc.
La cuestión que por tanto quisiera plantear al Sr. Comisario se refiere a si las iniciativas que se toman ahora con vistas a mejorar la seguridad son o no proporcionales al interés por evitar la intrusión en el santuario de la vida privada y la dignidad personal de los ciudadanos de la UE. 
Krarup (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, para todo aquel que ha trabajado en asuntos jurídicos en su vida profesional, el tema de este debate es muy interesante. La ambición ideológica del Tratado, a saber, la de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia es, por supuesto, todo menos divina. «Y Dios dijo “hágase la luz”, y se hizo la luz.»
Los ideólogos de la UE han intentado durante muchos años imitar al divino creador. «Hágase la ley», reza el programa. Los resultados, sin embargo, revelan una lamentable diferencia entre el poder divino y el tecnocrático. El trabajo realizado por los tecnócratas comunitarios durante un período de años con miras a hacer realidad la ideología de la libertad, la seguridad y la justicia, ha demostrado tener una sorprendente semejanza con la Torre de Babel. Los resultados observables y demostrables son de dos categorías: en primer lugar, el debilitamiento de los eficaces sistemas legales nacionales, y en segundo lugar la creación de un sistema legal supranacional opaco con su séquito de organismos supranacionales que escapan a toda supervisión. Juntas, estas dos categorías de resultados implican una gran reducción de la seguridad jurídica y, si este desarrollo continúa, el criterio de éxito que dentro de unos años podremos usar para caracterizar el proyecto comunitario será, dicho con humor negro, el de la frase: «la operación fue un éxito, pero el paciente murió».
Para promover la justicia se han creado sistemas de control que dejan a las partes implicadas al margen de toda supervisión. Esto lo percibe todo aquel que ha tratado de trabajar con los sistemas de información de Schengen, los registros de Europol, etc. El grado de seguridad jurídica queda reflejado con precisión en el ámbito de los poderes de la policía y las oportunidades para el ejercicio del control democrático sobre tales poderes. Estas oportunidades se están reduciendo día tras día. La Fortaleza Europa no implica ni libertad, ni seguridad, ni justicia.
Los ideólogos de la UE pasaron por alto dos hechos básicos de la sociología legal: en primer lugar, que los sistemas legales viables y democráticos necesitan algo más, algo que no sean frases ideológicas, acuerdos legislativos y aplicación tecnológica; y, en segundo lugar, que los objetivos perseguidos deben lograrse con los medios estrictamente necesarios.
El exhaustivo informe de seguimiento de la Comisión publicado en noviembre de 2003 contiene una advertencia irónica, al observar que el nivel de corrupción es todavía alto, de hecho muy alto, y que esto puede tener repercusiones en la confianza de los ciudadanos en la administración pública y en el sistema judicial. Por supuesto. Entonces ¿cuál es el remedio? El remedio es que la Comisión ejerza una especial vigilancia. Con el tema de Eurostat todavía fresco en la memoria no hay duda de que es como poner al zorro a cuidar del gallinero. 
Flautre (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, esperaba que el discurso del Sr. Kofi Annan, que oímos la semana pasada, provocara una especie de sobresalto democrático en la Comisión, y sobre todo en el Consejo, y al final me doy cuenta de que no ha sido así en absoluto.
Unos y otros han hecho referencia a Tampere. Me parece que Tampere estaba muy equilibrado desde el punto de vista del derecho y los deberes, desde el punto de vista de los estatutos y del control. Lo que aparece hoy bastante claro en la enumeración de las medidas, operaciones y acuerdos varios y variados que usted ha llevado a cabo, señor Presidente del Consejo, es que esas medidas se refieren única y exclusivamente a la seguridad; ahora bien, estoy extremadamente preocupada porque veo que algunos miembros del Consejo dan muestras de una imaginación auténticamente diabólica. Cuando oímos hablar de externalización del examen de las solicitudes de asilo, se dice realmente que no va más. Lo que me preocupa de verdad, es tener la sensación de que hoy, a través de las decisiones que se toman en el Consejo o en formatos más adecuados –decisiones a 5, a 5+5, depende, en todo caso en fórmulas que rara vez son claramente democráticas–, se ataca la democracia y el proyecto europeo. Creo que la sanción que podemos esperar de una deriva como esta es bastante clara, y por lo demás ya fue enunciada por el Sr. Annan: mañana tendremos una Europa más mezquina, más pobre, más débil y más vieja. Creo que es una perspectiva nada envidiable para ninguno de nosotros, para ninguno de los ciudadanos de la Unión Europea o de terceros países.
Al pedir al Tribunal de Justicia que anule la decisión sobre el reagrupamiento familiar, el Parlamento Europeo le está indicando claramente que el Consejo ha rebasado los bornes democráticos, y creo que hay que saber entender esta advertencia muy fuerte del Parlamento Europeo hacia usted. Pienso asimismo que, en vez de interpretar como puede decisiones adoptadas por el Consejo que en el fondo no aprueba verdaderamente, la Comisión haría mejor en interpretarlas consultando a las ONG interlocutoras. Haría muy bien, con el conjunto de las asociaciones, la sociedad civil europea y todos los diputados que defienden los derechos, los convenios internacionales y la democracia, en suscitar realmente ese sobresalto que permita que todas las decisiones se tomen a partir de ahora con el espíritu de codecisión parlamentaria que se desea en el proyecto de Constitución.
Claeys, Philip (NI ).
   – Señor Presidente, es lamentable que actualmente el espacio de libertad, seguridad y justicia esté planteando más dudas que certezas. Con la adhesión de diez nuevos Estados miembros dentro de unas semanas, esto es preocupante. La Fortaleza Europa, desafortunadamente, es solamente una fantasía política de la izquierda. En los últimos años se ha hablado mucho de política común de asilo e inmigración y de cooperación en materia de justicia penal y policial, pero hasta ahora los resultados han sido poco concretos. De hecho, se ha mencionado en algunos ámbitos la palabra «retroceso». Me viene a la cabeza, por ejemplo, la garantía de los derechos fundamentales. En este momento se presta mucha atención a la forma en que los futuros Estados miembros tratan este tema, y con razón, mientras por otra parte en Bélgica se está cercenando la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Se está abusando de la lucha contra el llamado racismo para amordazar al partido opositor más importante de Flandes y cortar de raíz toda crítica de la fallida política de integración. En unas semanas, cuando los demás partidos inicien sus campañas electorales, el deberá enfrentarse ante los tribunales a un organismo gubernamental que está directamente bajo la competencia del Primer Ministro, para defender su derecho a la existencia. Tenemos derecho a preocuparnos cuando en Rusia desaparece un candidato a la presidencia. Pronto, en Bélgica, el llamado corazón de la Unión Europea, todo un partido corre el riesgo de desaparecer, un partido que cuenta con cincuenta diputados y que, según las últimas encuestas, está respaldado por el 20% del electorado. Todo ello bajo los auspicios de un Primer Ministro que aspira a convertirse en Presidente de la Comisión. Pueden darse cuenta de que este tipo de Europa no gozará de la aprobación de la mayoría de sus ciudadanos. 
Hernández Mollar (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al final de la legislatura de cinco años, como se prevé en el Tratado de Ámsterdam y en la importante Cumbre de Tampere para la adopción de medidas que llevan a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y sobre la base de lo realizado hasta ahora, quisiera, en calidad de presidente de la Comisión de Libertades, hacer un ejercicio de evaluación y de reflexión hacia el futuro de este permanente desafío.
Yo diría, como evaluación general, que no habría que transmitir una sensación negativa de lo realizado hasta ahora, a pesar de que, por ejemplo, muchos de los avances se deben únicamente a crisis como la del 11 de septiembre y a pesar, también, de que en el particular campo del asilo y la inmigración todavía no hayamos sido capaces de encontrar soluciones satisfactorias. Todas las medidas de desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia afectan muy directamente a la soberanía de los Estados miembros, por lo que las reticencias y las dificultades son, en cierta medida, lógicas.
A la vista del camino recorrido y, sobre todo, para seguir avanzando, ¿por qué no plantearse ya un segundo programa de Tampere? Parece que esto puede ser así -por lo que he oído decir al Sr. Comisario- y es el sentimiento también de esta Cámara. Es más, le sugiero que este nuevo programa se enmarque en tres ideas claves: legitimidad, eficacia y solidaridad.
En primer lugar, la legitimidad de las acciones emprendidas, cuyo único fundamento, desde mi punto de vista, debiera ser la protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, para lo cual la intervención del Parlamento Europeo es de vital importancia. Me pregunto: ¿ha sido este el motor de todas las medidas adoptadas o, por el contrario, se ha tratado más bien de un ejercicio de defensa de los intereses nacionales de los Estados miembros dejando, en numerosas ocasiones, de lado al Parlamento o transmitiéndole tarde todos los textos sobre los que se debe pronunciar?
Lamentablemente, señor Presidente, la realidad demuestra que la segunda hipótesis es la correcta. Muestra de ello es el débil papel que el Parlamento Europeo desarrolla en materias clave como son, por ejemplo, el acuerdo de cooperación judicial con los Estados Unidos o el programa de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, donde la falta de consulta al Parlamento demuestra una ausencia de transparencia en la toma de decisiones y la relegación a un segundo plano del auténtico representante de los ciudadanos europeos.
No obstante, es de justicia reconocer que hay algo en lo que tanto el Parlamento como la Comisión y el Consejo han demostrado una gran determinación y consenso: la lucha contra el terrorismo. Permítame, señor Presidente, hacer también una propuesta sobre este punto: la instauración de un día internacional dedicado a las víctimas del terrorismo -que bien pudiera ser el 11 de septiembre-, como única manera de hacer justicia a quienes son los auténticos sufridores de esta lacra criminal, desgraciadamente cada vez más a la orden del día, que atenta contra el derecho más elemental del ser humano que es la vida y su integridad física. Espero, señor Presidente, que tenga en cuenta este llamamiento.
En segundo lugar, un elemento importante de reflexión giraría en torno a la eficacia de las medidas adoptadas. Es indudable que el método de toma de decisiones utilizado hasta ahora nos ha llevado a una situación un tanto esquizofrénica. Así lo demuestran, por ejemplo, las iniciativas de los Estados miembros que no llegan a adoptarse y que se solapan entre sí, los bloqueos en el Consejo como consecuencia de la regla de unanimidad -como ocurre en el caso del desarrollo normativo del procedimiento de asilo- o, sobre todo, los retrasos flagrantes en la incorporación a la legislación de los Estados miembros de normas comunitarias, como es el caso de la "euroorden". Por ello son tan importantes todas las modificaciones que se han incorporado al proyecto de Constitución europea para evitar esta situación.
Un último punto es la solidaridad, que quizás es la carencia más grave que se está dando en estos momentos entre la mayoría de los Estados miembros. Es un hecho real que los Gobiernos están más preocupados por su opinión pública interna o por el presupuesto nacional que por la realización de los objetivos europeos. ¿O no es eso lo que está ocurriendo en los Consejos de Ministros a la hora de afrontar los graves problemas que está acarreando la acumulación de solicitudes de asilo o la inmigración de origen económico desordenada e irregular que están sufriendo, con trágicas consecuencias, algunos Estados miembros?
Señor Presidente, lo peor de esta estrategia es que ignora la realidad objetiva. En un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, de nada sirve empecinarse en defender estrictas posiciones nacionales contra otros Estados miembros si los efectos de la política que los unos adoptan repercuten directamente en los otros.
Europa es un proyecto común. El espacio que debatimos es un proyecto común. Avancemos juntos y, sin lugar a dudas, los resultados nos beneficiarán a todos.

Evans, Robert J.E. (PSE ).
   – Señor Presidente, limitaré mis observaciones al ámbito de la migración legal, un tema que han tratado el Sr. McDowell y el Comisario Vitorino, y que han retomado también varios colegas.
Estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho antes la Sra. Kaufmann al hacer referencia al discurso de Kofi Annan ante el Parlamento Europeo hace algunos días. El Sr. McDowell ha hablado antes acerca de la reunificación familiar y de permitir la entrada de migrantes a efectos de estudios y formación. Pero esta es solo una parte de la cuestión de la migración legal.
Por otra parte, en los últimos años el Comisario Vitorino ha intentado impulsar una agenda más imaginativa con un marco más amplio. Creo firmemente que sin un sistema de migración legal dentro de la Unión Europea –algo como el sistema de carta verde que han puesto en marcha los Estados Unidos– seguiremos enfrentándonos al desafío de la inmigración ilegal con todos sus problemas. Seguiremos enfrentándonos a los difíciles problemas de las bandas de traficantes y todos los crímenes asociados, por no hablar de la continua escasez de mano de obra en industrias clave, tanto cualificada como no cualificada.
Salvo que haya pasado por alto un punto clave, no creo que exista una alternativa a una migración legal planificada. Pero asimismo estoy absolutamente convencido de que hay que hacerlo de una manera que sea positiva tanto para los países de la UE como para los países de origen. No es aceptable admitir únicamente a los trabajadores cualificados procedentes de países menos desarrollados, ni tampoco es aceptable que los países ricos de la UE digan que aceptarán migrantes para que hagan los trabajos desagradables y sucios que ellos no están dispuestos a hacer. Por ello pido al Comisario y al Consejo que sigan esforzándose en este trabajo muy difícil en un ámbito muy importante, un programa estructurado para la migración planificada para una Unión Europea de 25 países y más. 
Calò (ELDR ).
   – Señor Presidente, en un futuro cercano los ámbitos de libertad, seguridad y justicia serán particularmente cruciales a la vista de los diferentes enfoques que tienen los Estados miembros actuales y futuros sobre estos problemas. Se colocarán trabas en la vía de la cooperación operativa real entre los organismos encargados de la aplicación de la ley a nivel europeo. Se necesita un sistema genuino y adecuado para derrotar a las bandas y las organizaciones criminales. Parece que la ley italiana, que abole de hecho las garantías internacionales, se ha hecho con la intención de impedir que los que están en el poder tengan que responder a preguntas que les parezcan embarazosas, como el cuestionable uso de paraísos fiscales, la exportación ilícita de capitales y la participación en empresas de conveniencia extraterritoriales. 
Tal como están las cosas, mi país todavía no ha ratificado la orden de detención europea. Tras un período de casi cinco años, el intento de racionalizar los procedimientos de extradición está muy lejos de obtener resultados tangibles. Una comprensión más clara del problema de la justicia exige una observación preliminar sobre la independencia de los tribunales. En Italia, actualmente, hay deseos de volver a la cultura jurídica y política de la Edad Media, superada definitivamente en el mundo occidental con la abolición de las inmunidades y privilegios, sancionada en 1789 por los Estados Generales franceses. Actualmente se ha cuestionado la separación de poderes del Estado moderno, primero con la aprobación de leyes de derecho consuetudinario , y después con leyes constitucionales que las personas intentan hacer pasar por leyes de derecho consuetudinario, lo que significa que no están sujetas a mayorías cualificadas ni a segundas lecturas. En el fondo de ello está el intento desestabilizador de subordinar los tribunales al ejecutivo, cosa que vemos hacer al Gobierno italiano diariamente con medios indignos de un Estado civil. 
¿Por qué hago acusaciones tan graves en el Parlamento Europeo? Creo que la democracia no puede exportarse, pero es algo que puede vivirse y cuanto más la vivimos juntos, más fuerte la hacemos. Para que mi país pueda superar este tiempo difícil, todas las instituciones europeas deben seguir muy de cerca lo que está pasando en Italia. Lo que está pasando puede dar un mal ejemplo que podría exportarse muy fácilmente a otras partes. 
Berthu (NI ).
   – Señor Presidente, el debate de hoy sobre las cuestiones de libre circulación de las personas, la seguridad y la justicia adquiere, como todos los años, un cariz marcadamente jurídico. Se hace la lista de los textos en preparación, y se lamenta, como de costumbre, que las ideas de la Comisión no avancen lo bastante rápido. Quisiera plantear la cuestión de otra forma, y volver a la realidad. ¿Cuál es el resultado constatado sobre el terreno de las medidas ya adoptadas? Pienso evidentemente en la armonización en el sentido más laxo y en la abolición de los controles en las fronteras interiores.
Pues bien, Señorías, los resultados de esta abolición son catastróficos, tanto por el aumento de la inmigración ilegal como por el de todo tipo de tráficos, desde la droga hasta el proxenetismo. La combinación de la falta de control con la inmigración ilegal está convirtiendo a Europa en un vivero privilegiado para el terrorismo.
El Comisario Vitorino me responderá sin duda que esta es la prueba de que hay que ir más lejos en la comunitarización. Pues bien, no, señor Comisario, porque la comunitarización desconectaría aún más el sistema de los pueblos y debilitaría aún más los imperativos de seguridad.
En este contexto, vemos llegar con preocupación la fecha del 1 de mayo de 2004, que va a dar nuevos poderes a la Comisión, relanzar el proceso de nuevas armonizaciones a la baja y continuar el establecimiento de un sistema alejado de las personas. 
No obstante, algunos Estados parecen dar muestras, en los últimos tiempos, de una nueva lucidez: ponen freno a los textos laxos, por ejemplo el estatuto de los refugiados y la protección subsidiaria. Los felicito por proteger así a sus ciudadanos y les aliento a continuar de ese modo, porque las decisiones de Ámsterdam y Niza han sido, en este ámbito, irresponsables. Hay que cambiar por completo de prioridad, detener las armonizaciones que reducen nuestra protección y poner la seguridad en primer término.
Santini (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, he seguido con gran interés este debate, que intenta hacer una evaluación no solo de este año, sino de la legislatura en su conjunto en relación con el ámbito de libertad, seguridad y justicia. Es una evaluación difícil de hacer porque encierra muchos aspectos: por un lado están los aspectos jurídicos y políticos, y por otro el aspecto social, en el que es preciso progresar. El aspecto político implica la voluntad de los Estados miembros; el aspecto jurídico se basa en los instrumentos consagrados en el Tratado; en cuanto al aspecto social, no tiene absolutamente ninguna base lógica por cuanto viene dictada por el desarrollo continuo del marco en el que se va a aplicar el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
En vista del tiempo que tengo disponible, trataré sobre todo del aspecto político. La mayoría de los Estados miembros, desafortunadamente no todos, tienen la intención declarada de ampliar y consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia en respuesta a un deseo explícito cada vez mayor por parte de los ciudadanos europeos de allanar el camino a la solidaridad y ampliar los ámbitos de cooperación en relación con la recepción de nuevas oleadas de inmigrantes, resolviendo las incoherencias todavía existentes con respecto al reconocimiento del derecho de asilo, la ciudadanía y el establecimiento en cualquier país de la UE. 
Me complace que esta actitud pueda rastrearse hasta el tremendo incentivo proporcionado por las demandas contenidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos, que se lanzó en Niza en 2000 y espera ser incluida en la Constitución. Es un documento que puede compararse con el buen vino: al principio no produce una gran impresión, pues parece bastante débil e imperfecto, pero, con el paso del tiempo, emerge la calidad intrínseca del texto en el que encontramos puntos de referencia precisos para todas las elecciones y medidas que se nos exigen en esta difícil fase de nuestra historia.
Con la aprobación en segunda lectura de la Directiva sobre la libre circulación de los ciudadanos comunitarios, sus derechos y responsabilidades, de la que soy ponente, se dará un nuevo paso adelante. Comprende un gran número de medidas que deben consolidarse para que podamos superar efectivamente las nuevas tareas que nos ha impuesto la llegada cada vez más numerosa y caótica de ciudadanos de terceros países.
Con respecto al informe en cuestión, señor Presidente, señor comisario, la comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha fijado el 18 de marzo como la fecha para su aprobación. Casi todos los grupos políticos han aceptado la solicitud del ponente de no presentar enmiendas al texto planteado por el Consejo, en el que solo se incluye el 50% de las peticiones del Parlamento. También se ha logrado un acuerdo con la Comisión en ese aspecto.
Estamos convencidos de que la Directiva, aunque no sea perfecta, debe aplicarse durante el mandato actual, prefiriendo ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío: en otras palabras, mejor lograr la mitad de lo reclamado que diferirlo indefinidamente. Esperemos que el Consejo sepa apreciar esta posición responsable de modo que los ciudadanos reciban al menos la parte de las reformas contenida en el texto y que constituye, en cualquier caso, un importante paso adelante para otorgar sustancia legal y dignidad política a la condición de ciudadano europeo. 
Karamanou (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, sin duda Tampere fue un hito importante y un punto de partida para la creación de un espacio europeo común de libertad, seguridad y justicia.
Nos parece que, a medida que el plazo fijado se acerca, el vaso está a la vez medio lleno y medio vacío. Sin duda se ha avanzado a pesar de las difíciles condiciones que las distintas culturas y enfoques de los Estados miembros crearon en el Consejo. En lo relativo a la política de inmigración se han hecho progresos significativos en el Consejo Europeo de Salónica, tal como usted ha mencionado, señor Comisario; sin embargo, parece que la cuestión del reconocimiento de los derechos y la integración social de los inmigrantes no ocupa un lugar destacado en nuestra agenda política. Y sin duda esto no está en consonancia con todo lo que decimos sobre una Europa de valores humanitarios y respeto de los derechos humanos. La directiva sobre reagrupación familiar, tal como la ha redactado el Consejo, es esencialmente prohibitiva y creo que es importante que el Parlamento Europeo acuda al Tribunal de Justicia con respecto a la cuestión del contenido de la Directiva. 
En lo que se refiere al asilo, señor McDowell, señor Comisario, deseo enviar mis condolencias al Consejo por no haber sido capaz de aprobar las dos directivas sobre la definición de refugiados y los procedimientos para otorgar y revocar la condición de refugiado, que fueron también asuntos que la Presidencia griega hizo avanzar. Entretanto es un hecho bien conocido que de un extremo al otro de la Unión Europea se ha hecho trizas la Convención de Ginebra sobre los refugiados. 
En lo relativo a la lucha contra el crimen organizado internacional, pienso que no se ha avanzado en este sector si tenemos en cuenta que cada día se envían miles de mujeres y niños a la Unión Europea con el fin de explotarlos sexualmente. Creo que este error se debe a la ausencia de cooperación operativa esencial entre las autoridades policiales de los Estados miembros para combatir este fenómeno, que es un insulto a nuestra civilización.
De modo similar, los esfuerzos de la Presidencia irlandesa por cerrar el asunto de la creación de una base de datos personales de los inmigrantes con elementos biométricos, como huellas dactilares y fotografías digitales, creará, pienso, serias discrepancias en lo relativo al respeto y el control de la gestión de los datos personales. 
Espero, señor Comisario, que se presenten nuevas ideas y una nueva estrategia para Tampere II. 
Beysen (NI ).
   – Señor Presidente, a pesar de las muchas medidas que la Unión Europea ha adoptado, desde las competencias de Europol hasta la creación de una orden de detención europea, me doy cuenta de que, básicamente, se han obtenido pocos resultados, si es que se ha obtenido alguno, en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Las estadísticas muestran que la criminalidad ha aumentado en varios Estados miembros. Además, el crimen se está caracterizando cada vez más por agresiones cada vez mayores, lo que aumenta la percepción pública de falta de seguridad. Desafortunadamente ya no es excepcional que se asesine o se hiera gravemente a ciudadanos inocentes durante un asalto. Sin duda, ahora, con la ampliación a la vuelta de la esquina, los angustiados ciudadanos tienen derecho a preguntar si la Unión Europea puede ofrecer garantías suficientes para salvaguardar su seguridad. Son los mismos ciudadanos que tienen que contentarse con contemplar cómo la acción policial es insuficiente para frenar este comportamiento delictivo cada vez más descarado. Es sumamente importante que la Comisión proponga medidas para aliviar este inconveniente particularmente doloroso. Después de todo, la principal tarea de un Gobierno es la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en cualquier circunstancia. Puesto que se piensa ampliar considerablemente las fronteras exteriores de la UE, se trata sobre todo de si los nuevos Estados miembros tienen capacidad suficiente para servir de barrera contra la inmigración no deseada y contra la inmigración ilegal. Es un asunto cada más candente dentro de la UE, a resultas del cual la política de integración, que debe aprobarse, está siendo socavada. De hecho, ¿a qué estamos esperando para aplicar un plan de acción global con la intención de expulsar a todos los inmigrantes ilegales del territorio de la UE? Porque mientras no tengamos un control firme de la inmigración ilegal, no habrá un espacio real de libertad, seguridad y justicia. 
Matikainen-Kallström (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, los objetivos fundamentales de la Unión incluyen la garantía de un espacio de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. Desafortunadamente todavía estamos muy lejos de la aplicación de este objetivo. Los ciudadanos de la Unión deben poder circular libremente dentro de la UE y al mismo tiempo tenemos que redoblar la lucha contra el crimen. Los mayores desafíos son la prevención del crimen, la garantía de la seguridad de las fronteras exteriores y la plena aplicación de Schengen. El Convenio de Schengen es un importante paso adelante en el ámbito de la libre circulación. 
Debe prestarse especial atención a la seguridad de las fronteras exteriores cuando estamos a un paso de la ampliación. Tan pronto como la adhesión se produzca, los nuevos Estados miembros podrán participar en la primera fase del proceso de Schengen que los preparará para convertirse en miembros plenos de Schengen. Durante la primera fase todavía habrá controles fronterizos internos en las fronteras entre los nuevos y los antiguos Estados miembros. No podrán eliminarse hasta que los controles de las nuevas fronteras exteriores de la Unión alcancen el nivel necesario. La actualización del sistema de información de Schengen debe acelerarse de modo que ningún posible defecto técnico de los sistemas de información de la Unión impida a los nuevos Estados miembros pasar a la segunda fase.
Deben aumentarse los niveles de cooperación entre las autoridades de los Estados miembros de la UE en la prevención y la lucha contra el crimen. La cooperación basada en convenios ha quedado anticuada y constituye un proceso lento en la UE actual. Los Estados miembros firman y ratifican convenios según su propio ritmo, si es que lo hacen. La aplicación de un convenio desde el momento de su negociación puede tardar varios años. Entretanto los inconvenientes en los niveles de cooperación y el flujo de información entre las autoridades son un obstáculo para resolver y prevenir el crimen de forma eficaz. La Unión debe desarrollar nuevos instrumentos legales para hacer frente a las actuales demandas sobre cooperación entre Estados miembros de forma más eficaz. La cooperación entre las autoridades policiales, aduaneras y de control de fronteras no han avanzado de la forma esperada. Necesitamos ahora iniciativas y acciones por parte de los Estados miembros y la Comisión para lograr mejores niveles de coordinación. La UE en su forma actual ofrece el potencial para una cooperación más plena. Juntos podemos hacer más si en los Estados miembros existe la voluntad de luchar contra el crimen. 
Marinho (PSE ).
   – Señor Presidente, en realidad, el Consejo es el único culpable del retraso en la adopción de medidas fundamentales en el campo del asilo y la inmigración. Recordamos la propuesta de una directiva sobre la concesión de la condición de refugiado, que debía haberse aprobado mucho antes de finales de 2003, pero no se trata, desafortunadamente, de un caso aislado. Debemos hablar también del objetivo general de crear las condiciones para una entrada ordenada en la Unión Europea de aquellos que no disponen de protección internacional, pero el hecho es que otra directiva importante sobre los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para otorgar la condición de refugiado finalmente cayó en el olvido. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 27 y 28 de noviembre abandonó la búsqueda de un acuerdo político sobre estos dos instrumentos legislativos que son cruciales para la primera fase de armonización del sistema de asilo común, y decidieron posponer su adopción hasta finales de 2004. Afortunadamente no todo ha terminado en inercia o en un punto muerto. Debemos ensalzar la actitud de la Comisión y el compromiso del Comisario Vitorino, plasmados en la propuesta de un reglamento por el que se establece un programa de asistencia técnica y financiera a terceros países en los ámbitos de la migración y el asilo, un instrumento que nos permitirá abordar las necesidades apreciadas por estos países en su esfuerzo por asegurar una mejor gestión de los flujos migratorios. 
Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que el proyecto de Constitución de la Convención Europea prevé un auténtico sistema de asilo común europeo y una política de inmigración que nos permitirá abandonar el sistema actual de normas mínimas en el que los Estados miembros mantienen gran parte de sus sistemas nacionales.
Desafortunadamente, incluso este ámbito histórico esencial está comprometido y por ello solo podemos concluir que 2003 fue un año en el que se tomó conciencia vivamente de las necesidades y se previeron los medios adecuados, y en estos ámbitos la Comisión y el Parlamento hicieron lo que se les pidió. Sin embargo, también fue un tiempo que adoleció de hipocresía, dudas y bloqueos que las estrategias nacionales y los prejuicios ideológicos impusieron sobre la capacidad de decisión del Consejo. 
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, como se ha dicho aquí, a lo largo de esta mañana, este es el último debate de esta legislatura sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y coincide, además, con la cercanía a la fecha del 1 de mayo, en la que se modifican algunos aspectos del Tratado, como consecuencia de lo adoptado en el Tratado de Niza, y se incorporan diez nuevos países a la Unión Europea.
El artículo 6 del Tratado de la Unión establece que esta se basa en principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como al Estado de Derecho, común a todos los Estados miembros. Creo que no debemos garantizar simplemente que sean los Estados quienes cumplan estos principios, sino que, como Unión Europea, debemos convertirnos en garantes del respeto de esta libertad y del cumplimiento del Estado de Derecho.
Además, contamos hoy con el apoyo de los ciudadanos europeos, que cada vez nos piden más Europa, que nos piden que Europa sea no solamente un gran mercado, sino, además, un lugar más seguro, más libre y más justo.
Provengo de un país donde el terrorismo es una de las grandes lacras y donde algunos de los principios que se establecen en el artículo 6 no son cumplidos. La banda terrorista ETA nos impide a algunos hablar con libertad, actuar con libertad y hacer política con libertad. ETA y su entorno limitan nuestra libertad y atentan gravemente contra el Estado de Derecho. Y desde el Estado de Derecho, junto con la justicia y la policía, podremos luchar contra la lacra del terrorismo.
Hoy ya no podemos decir que el terrorismo sea un problema local, sino que es un problema global, que nos afecta a todos, que afecta también a la Unión Europea.
Sin duda, la aplicación de la "euroorden", la inclusión de las organizaciones terroristas en listas europeas reconocidas por todos, la definición del delito del terrorismo son algunos de los grandes logros de Europa en la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y en la lucha contra el terrorismo. Y es que nuestra victoria en esta lucha dependerá de nuestra firmeza, del respeto y la aplicación del Estado de Derecho y de la aplicación de todos los mecanismos que nos permite la ley. No será por vía de la negociación o de la ambigüedad como venceremos al terrorismo. El terrorismo es un ataque a la democracia y tendremos que vencerlo con más democracia.
En relación con las víctimas también se ha avanzado mucho en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y este propio Parlamento, en estos últimos años, ha concedido un premio a organizaciones de defensa de las víctimas del terrorismo.
Refiriéndome concretamente al informe del Sr. Ribeiro e Castro, querría, en primer lugar, felicitarle por su informe y felicitar también al Sr. Comisario, por el esfuerzo que ha hecho en estos años en la creación de este Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Creo -y destaco algunos de los aspectos que aparecen en el citado informe- que todos debemos luchar para que las decisiones marco sean incorporadas lo antes posible al ordenamiento jurídico de los Estados miembros y no debemos permitir que la distinta aplicación -como dice su informe- del Derecho en los Estados miembros se convierta en un tratamiento desigual a los ciudadanos europeos.
Por lo que se refiere a Europol y a la cooperación policial europea, ese es también un aspecto importante de la lucha contra el terrorismo y aquí también debemos avanzar en la cooperación.
Por último, quiero añadir que, en el próximo Tratado constitucional, que estoy seguro de que no tardará mucho tiempo en ver la luz, debemos avanzar en la creación de este Espacio y -como dice el informe citado- eliminar la estructura de los pilares, aumentar el número de decisiones que se tomen por mayoría cualificada y, contando con la participación de este Parlamento, reforzar el derecho de iniciativa de la propia Comisión y reforzar el papel de los Parlamentos nacionales.
Sin duda la Unión debe garantizar la libertad a todos sus ciudadanos y la lucha contra el terrorismo es la garantía de que esta Unión Europea sea más justa y más libre.
Ceyhun (PSE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al hacer balance de nuestros logros en 2003, creo que es necesario decir, señor Vitorino, que tenemos una deuda de gratitud con usted no solo por 2003, sino por los últimos cinco años. Dado que estamos debatiendo hoy esta cuestión, y que pronto llegaremos al final de esta legislatura, es justo decir que hemos logrado mucho trabajando con usted. No solo le hemos exigido cosas a usted en su calidad de Comisario, sino que usted también nos ha exigido a veces cosas a nosotros en nuestra calidad de Parlamento. Por esta razón podemos decir que todos juntos hemos logrado mucho con las disposiciones actuales, teniendo en cuenta lo difícil que es lograr algo con esas disposiciones cuando tienes 15 Estados miembros con 15 puntos de vista diferentes. 
Existen por supuesto muchos problemas. Todavía no hemos podido realmente combatir el contrabando de personas. No hemos logrado detener a las bandas de tipo mafioso que operan en este ámbito y esta es la razón por la que muchas víctimas mueren todavía. Sin duda tenemos que mejorar todavía más la cooperación policial. Debemos mejorar las medidas internacionales para poder resolver este problema de forma más eficaz en los países de origen. Pero por supuesto necesitamos también, en última instancia, una política de inmigración común de modo que no haya lagunas que las bandas de contrabandistas de personas puedan aprovechar. 
No podemos ignorar el 11 de septiembre de 2001. El terrorismo es realmente un enorme dolor de cabeza para nosotros. En este ámbito particular necesitamos pensar en cómo emprender acciones más eficaces en el futuro utilizando Europol y Eurojust y pensar qué medidas organizativas urge adoptar en este terreno. 
No debemos olvidar, sin embargo, que en todos estos ámbitos no deben pasarse por alto la protección de los datos y los logros de los derechos civiles. En este sentido, señor Comisario, deseo expresar mi sincera gratitud por todo lo que ha hecho hasta ahora. 
Banotti (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida al Ministro McDowell en la Asamblea. Quiero retomar algunos pequeños puntos, dado que estamos llegando al final del debate, y muchos de los puntos que quería plantear ya han sido tratados. En lo que respecta a la referencia del Sr. Evans sobre la migración legal, con la que estoy plenamente de acuerdo, me enorgullece y me complace que Irlanda sea uno de los únicos dos países de Europa que no haya levantado barreras a la circulación de trabajadores de algunos de los nuevos países candidatos que vienen a trabajar a nuestro país, como muchos de ellos están haciendo ya.
Mientras escuchaba cómo el Comisario y el Ministro enumeraban la legislación que ya se ha establecido, en especial en el ámbito de la inmigración y el asilo, sé que ambos son hombres de buen corazón, pero en la descripción de toda la legislación parecía faltar en cierta forma la cualidad de la compasión. Es preciso reconocer y celebrar la contribución que han hecho a la vida en muchos de nuestros países quienes han venido a vivir entre nosotros. De hecho, señor Ministro, cuando pienso en ello pienso en mi peluquería, en la misma circunscripción que la de usted. La calidad del servicio y la alegría y todo lo demás en nuestra pequeña peluquería, donde vamos las señoras de mediana edad para que nos peinen, ha mejorado mucho gracias a jóvenes estudiantes de China que trabajan allí; todas hacemos cola para que nos laven el pelo. Aunque esto pueda parecer trivial en el contexto de las cuestiones serias que tratamos hoy, es algo que hemos de celebrar. No todo son cuestiones criminales negativas; también hay una considerable contribución a la calidad de vida.
Se han mencionado, en especial el Comisario lo ha hecho, algunos de los ámbitos jurídicos civiles que se han resuelto en el último año, muchos de los cuales contribuyen considerablemente a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. El ámbito que merece en especial mi atención es la protección de los niños, así como la cuestión según el Convenio de Bruselas II del acceso a los niños y la custodia de los niños en las disputas entre los padres. Sé que no se hace a menudo en esta Asamblea, pero no puede dejar de referirme a las dificultades que estoy teniendo con la República Federal de Alemania en muchos casos, especialmente en lo referente a que los padres tengan acceso a sus hijos, que han vuelto a vivir legal o ilegalmente a Alemania. Tenemos situaciones en que, por ejemplo, resulta perfectamente fácil y legal que un padre que tenga la custodia en Alemania cambie el apellido de sus hijos –los niños suelen llevar el apellidos del padre– sin hacer referencia alguna al padre. Los apellidos se cambian legalmente, lo cual causa mucha angustia a los padres, a quienes en muchos casos se deniega asimismo el acceso a sus hijos, tanto legalmente como a través de los servicios sociales. Por desgracia, a pesar de los grandes esfuerzos que he realizado yo y muchos otros, estos padres tienen muchas dificultades para acceder a sus hijos. Aunque el Comisario piensa que este tipo de legislación no se comenta a menudo en la prensa, he de decir que esta cuestión particular sí ha encontrado eco en la prensa; es una cuestión que preocupa de verdad a la gente y comprende un elemento de justicia que hay que reconocer.
Señor Comisario, por último, ¿podría usted escuchar la voz de su conciencia y ver si no puede hacer algo por mejorar nuestras relaciones con los países no adheridos al Convenio de La Haya, hacia los cuales aún se siguen secuestrando a muchos niños? 
Fernández Martín (PPE-DE ).
    Señor Presidente, este es uno de los debates que más interesa hoy a los ciudadanos europeos.
El Consejo de Sevilla estableció con claridad la necesidad de que la Unión hiciera un esfuerzo contra la inmigración ilegal, partiendo de un enfoque integral y equilibrado, destinado a combatir las causas de esa nueva forma de explotación de seres humanos, especialmente de mujeres y niños, que todos los días llegan a nuestras fronteras desde el este al sur y al extremo sur de Europa. Desde entonces, la Comisión y el Parlamento han realizado un esfuerzo para ordenar y dar forma a lo que debería llegar a ser una política común en materia de inmigración y asilo.
Desde la Comisión de Desarrollo hemos venido reclamando la necesidad de lograr una mayor integración de nuestras políticas de cooperación, dentro de la acción exterior de la Unión, con los países de origen de los flujos migratorios, para así avanzar en una gestión más eficaz de esos flujos. Sin duda, es necesario el reforzamiento de políticas de fronteras más eficaces, pero solo con ello no conseguiremos nuestros objetivos. Es necesario lograr una recíproca confianza y la colaboración con los países de origen para resolver las causas de los movimientos migratorios, así como una mejora e incrementación de los instrumentos de lucha contra la pobreza, verdadera causa de la inmigración desde los países en desarrollo.
La Unión debe aspirar a integrar eficazmente la gestión conjunta de los flujos migratorios en sus relaciones con terceros países. Para ello, los acuerdos de cooperación deberán reflejar el compromiso de las partes de asumir sus responsabilidades en materia de lucha contra las mafias, que, a ambos lados de esas fronteras, obtienen los mayores beneficios en la explotación de seres humanos, la más reciente y sofisticada forma de esclavitud. 
Esas acciones deben servir, al mismo tiempo, para movilizar la creación de riqueza como elemento clave al servicio del codesarrollo. Esa nueva versión de la esclavitud que es el tráfico ilegal de inmigrantes fomenta la explotación laboral, la corrupción y la infiltración de personas que pueden poner en riesgo la seguridad. Los acuerdos de readmisión deberán ser un elemento nuevo en la relación de la Unión con terceros países.
Para terminar, quiero señalar que, durante el último año, ha cobrado especial notoriedad el volumen de los enormes flujos económicos que representan las remesas de dinero de los inmigrantes hacia sus países de origen. Esas remesas se ven sometidas a unos costes financieros escandalosos que alcanzan, en algunos casos, niveles de usura. No es este su cometido, señor Comisario, pero debo decirle que la Comisión debería encontrar los instrumentos legales para garantizar la transferencia ágil y segura de esos rendimientos del trabajo de los inmigrantes al servicio de iniciativas de codesarrollo y de fortalecimiento de la sociedad civil y del sector privado en los países terceros, respetando así las conclusiones de la Conferencia de Monterrey.
Sin duda, en este último año hemos comenzado a dar algunos pasos y agradezco al Comisario, Sr. Vitorino, sus valiosas aportaciones, pero, por desgracia, queda todavía un largo camino por recorrer.

McDowell,
   .  Señor Presidente, quiero dar mis más sinceras gracias a los diputados a este Parlamento por el honor que me han hecho al escucharme hoy y también por la muy extensa y amplia gama de opiniones que han expresado aquí. No estoy de acuerdo con todas las opiniones, pero he escuchado con atención el debate y soy consciente del hecho de que si tuviera que mencionar a todas las personas que han intervenido, agotaría por completo el poco tiempo del que dispongo, por ello abordaré las cuestiones muy importantes que muchos de ellos han planteado y los temas muy importantes que se han repetido en las intervenciones.
En primer lugar, en relación con la cuestión central en diversas contribuciones –si miramos hacia atrás o hacia delante–, la humilde tarea de la Presidencia irlandesa es completar en la medida de lo posible los temas pendientes de la agenda. Será el Comisario Vitorino quien en el Consejo de junio ofrezca su mirada retrospectiva sobre lo que se ha logrado en el periodo de tiempo contemplado en el Tratado de Ámsterdam y crear el escenario, si lo desea, para la agenda de Tampere II, cuyo proceso inicial se desarrollará bajo la Presidencia neerlandesa. Por el contrario, para Irlanda y su Presidencia se trata de abordar las cuestiones aún pendientes de la agenda y concentrar sus esfuerzos en ellas.
Se ha mencionado el lento progreso en relación con los dos principales imperativos de Ámsterdam: las Directivas relacionadas con el asilo. Será una tarea considerable asegurar el acuerdo necesario para completar estas dos medidas. En relación con una de ellas –la Directiva sobre los procedimientos de asilo–, tengo que decir que aunque obtenga un acuerdo político sobre esta cuestión antes del 1 de mayo, mi sucesor tendrá que volver al Parlamento Europeo entrante para conseguir la codecisión necesaria. Por ello, no quiero crear expectativas poco realistas sobre lo que se puede conseguir. Sin embargo, en relación con todas estas medidas, ha transcurrido mucho tiempo, y estoy de acuerdo con diversos diputados que expresan su frustración por el hecho de que, a nivel político, no se hayan cumplido los plazos establecidos en Ámsterdam y Tampere. En inglés hay un refrán que dice: «puedes llevar a un caballo hasta el agua, pero no puedes obligarle a beber». Este es uno de los problemas. Has de decidir si existe la voluntad política. ¿Están dispuestas las personas a cumplir los mandatos que, en un arranque de entusiasmo, pueden adoptar en una reunión del Consejo? ¿Están dispuestas a hacer el trabajo político básico para lograr la aplicación de las agendas que han creado ellas mismas?
Un segundo punto acerca del espacio de libertad, seguridad y justicia es este: no se trata de una agenda represiva, sino alentadora. Quiero hacerme eco de las contribuciones que nos han recordado que la lucha contra el crimen, por ejemplo, es una lucha positiva para reforzar y reivindicar los derechos de las personas que de otro modo serían víctimas del crimen. Por consiguiente, no se trata de que los Ministros de Interior o los Ministros de Justicia se reúnan en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para idear nuevas medidas represivas, sino de la otra cara de la moneda, que se refiere a los derechos de los individuos y el derecho a gozar plenamente de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Me hago eco de lo que han dicho el Sr. Collins, el Sr. Beysen y otros sobre la importancia de la cooperación práctica. Los terroristas no temen una decisión marco. Los terroristas no temen algunos de los resultados de decisiones sobre el terrorismo, como penas reforzadas para los que han sido condenados. Lo principal que puede hacer la Unión Europea en relación con el terrorismo no tiene que ver con el papeleo, sino con el ámbito de la cooperación pragmática, concreta y diaria entre las diversas agencias en los Estados miembros y las agencias europeas, para asegurarse de que la plaga del terrorismo no destruya el espacio de libertad, seguridad y justicia que estamos construyendo.
Así pues, nunca podemos limitarnos a considerar estas cuestiones sobre una base legislativa o de política de papel. También hemos de mirarlas desde un punto de vista pragmático, concreto y cooperativo. Lo mismo se ha dicho en relación con Europol. Es preciso hacer que esta agencia funcione, y no plantearnos una y otra vez ante quién ha de rendir cuentas, para que sea el motor de la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo.
A veces existe el peligro de que sigamos las políticas del Libro del Génesis: que se haga la luz, y la luz se hizo. Desde mi punto de vista, el enfoque es adecuado en algunos ámbitos donde es importante elaborar un plan político y crear un marco legal para determinados ámbitos de progreso; pero asimismo deberíamos ser conscientes de que no podemos simplemente legislar para la seguridad, la libertad y la justicia. Hemos de actuar para lograr estos resultados.
La Sra. Karamanou y la Sra. Banotti han mencionado cuestiones prácticas relacionadas con el derecho civil y su aplicación a las víctimas del tráfico ilegal con fines sexuales, y asimismo en los ámbitos legislativos de la familia. Creo que, hasta el momento, se han logrado progresos muy importantes en estos ámbitos, pero hay mucho más que hacer, en especial en relación con la protección de los derechos de la gente corriente: el derecho a no ser explotado sexualmente o, por ejemplo, el derecho a tener acceso a sus hijos. En todos estos ámbitos hemos de garantizar que la nueva Unión Europea sea un espacio en el que se respeten estos derechos, y no un espacio que cree nuevas oportunidades para que las personas eviten estos derechos.
El Sr. Hernández Mollar se ha referido a la cuestión del terrorismo y la conmemoración de las víctimas del terrorismo. Es una opinión que personalmente comparto. A veces vemos el terrorismo puramente como una historia de prensa, pero hemos de concentrarnos en preservar los derechos de las víctimas y reconocer el terrible daño que causa el terrorismo.
Asimismo quisiera tratar la cuestión de la migración. Está de moda decir que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se centra en combatir la inmigración ilegal y que no se recalca suficientemente la migración legal y sus implicaciones, como la integración y cosas por el estilo.
Quiero hacerme eco de los sentimientos expresados por la Sra. Banotti, que creo son compartidos por muchas personas aquí, que la migración –la inmigración dentro de la Unión Europea– no es solamente inevitable, sino también deseable. Europa necesita enriquecerse cultural, económica y socialmente por medio de las posibilidades que ofrece la migración. La migración no ha de considerarse algo negativo, algo que ha de controlarse o desalentarse. La migración es sin duda un fenómeno del mundo globalizado en el que vivimos. Las sociedades capaces de abordar la migración positivamente y sin miedo son sociedades que, por eso mismo, son mucho más ricas y más justas internamente.
Quedan pendientes dos dictámenes que, para poder completar la agenda de nuestra Presidencia, esperamos recibir del Parlamento. Lo mencioné en comisión el mes pasado. Me gustaría volver a recalcar que pediré la cooperación del Parlamento a este respecto.
En lo que respecta a toda la cuestión de la CIG, el papel de la Presidencia irlandesa consiste en intentar consultar, reflejar e informar a la reunión del Consejo de marzo sobre los posibles progresos en la CIG. Creo que tanto si estos progresos se hacen rápida como lentamente, es una tarea muy importante de la Presidencia irlandesa realizar todos los progresos posibles, para que los Estados miembros se unan tras la iniciativa de implementar un nuevo tratado constitucional para la Unión Europea.
En relación con un aspecto de ese tratado, muchos diputados han hablado acerca de la necesidad de transparencia. Ha habido un trasfondo de preocupación en el debate de esta mañana acerca de la falta de transparencia y la falta de consulta, con la exclusión del Parlamento en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior. Ya he mencionado el nivel de consulta que existe en estos momentos. Una de las dificultades de conseguir que 15 –y dentro de poco 25– Estados miembros se pongan de acuerdo en torno a las propuestas reside en la necesidad de tener cierto margen para negociar con ellos y para que ellos expresen su posición sobre el papel. Pido al Parlamento que por lo menos comprenda que todos los documentos de trabajo –algunos de los cuales reflejan las posiciones cambiantes de los Estados miembros– podrían, por un lado, someterse al escrutinio público; pero por otro, el carácter de estos documentos probablemente se vería alterado si se vieran sometidos a un constante escrutinio. La flexibilidad y la disposición de los Estados miembros para hacer concesiones, una vez que han establecido una posición por escrito, podría verse afectada de forma significativa si cada acción en el proceso de deliberación se expusiera al escrutinio más amplio posible. Por ello pido a los diputados a esta Asamblea que comprendan que es preciso mantener un equilibrio entre la rendición de cuentas y la eficacia en el proceso de deliberación que implica a 25 Estados miembros.
Quiero dar las gracias a cada uno de los diputados por el debate muy constructivo y estimulante. Sé que tanto la Presidencia como la Comisión tienen previsto tener en cuenta todas las intervenciones hechas aquí. Doy las gracias al Parlamento por su cortesía al haberme escuchado hoy. 
Ribeiro e Castro (UEN ).
   – Señor Presidente, he solicitado intervenir antes de que el Sr. McDowell hablase en nombre del Consejo porque deseo pedirle que clarifique su posición en relación con un tema muy importante en el debate de hoy, en concreto la idea de que la próxima legislatura debería abrirse con un Tampere II, y, por consiguiente, con una respuesta, un contrapeso de parte del Consejo. Deduzco por su respuesta que él también está a favor de esta sugerencia, que el Comisario aceptó inmediatamente. Estoy de acuerdo con la Presidencia en que la prioridad de la Presidencia irlandesa hasta el final de esta legislatura es la resolución de tantos asuntos pendientes como sea posible. Apruebo y apoyo esta clara prioridad, pero también sería bueno que la Presidencia y el Consejo diesen una señal clara a la próxima Presidencia, concretamente la Presidencia luxemburguesa, de que Tampere II está en condiciones de seguir adelante. Me interesaría por tanto saber tanto como sea posible cuáles son las ideas exactas del Sr. MacDowell sobre este asunto. 
McDowell,
   .  Señor Presidente, esto refleja por completo mi punto de vista. La agenda de Tampere II ha de progresar. Me encantaría poder dedicar toda mi atención a este proceso, pero por desgracia el volumen de trabajo que tengo que hacer para cerrar otras cuestiones es enorme. Deseo mucha suerte y fortuna a la Presidencia neerlandesa y a la luxemburguesa a la hora de establecer una nueva perspectiva orientada al futuro, para crear una agenda nueva y ambiciosa bajo la amplia rúbrica de Tampere II. 
Vitorino,
     Señor Presidente, doy las gracias al ponente, una vez más, y a todos los que han participado en este debate.
Cuando debatimos sobre la política de asilo y migración en nombre de la Comisión, me gustaría recalcar que nuestras propuestas coincidían plenamente con los objetivos que acordaron los Jefes de Estado y de Gobierno en Tampere. Es sumamente injusto y es pura demagogia decir que el enfoque de la Comisión en este ámbito político es laxo. No lo es en absoluto. Todos los instrumentos que hay sobre la mesa intentan alcanzar un equilibrio justo entre acciones efectivas y positivas hacia los migrantes y los solicitantes de asilo por un lado, y por otro garantizar la seguridad de las fronteras y una gestión adecuada de los flujos migratorios. La Comisión ha intentado alcanzar este equilibrio a través de una serie muy amplia de propuestas. Reconozco ante el Parlamento que en algunos casos el grado de ambición de la Comisión no ha sido igualado por el del Consejo. Esta es, como saben ustedes mucho mejor que yo, la manera normal de construir Europa: un enfoque gradual y progresivo. Si se compara el acervo jurídicamente vinculante –y se trata de una palabra muy adecuada– en este ámbito hoy con el acervo de hace cinco años, tendrán que reconocer que se han realizado enormes progresos y no deberíamos ser autodestructivos. Deberíamos ser activos y voluntaristas e intentar movilizar a los ciudadanos a hacer aún más y mejorar en el futuro próximo.
En el ámbito de las libertades civiles, existe una tensión permanente entre la garantía de los derechos fundamentales y la garantía de seguridad. No es algo que nos viene dado; es algo que hemos de encontrar en cada decisión tomada cada día. Creo, para ser sincero, que cuando integramos la Carta de los Derechos Fundamentales en el nuevo tratado constitucional, cuando debatimos las garantías procesales, cuando incluimos algunas garantías procesales en las decisiones marco sobre aproximación de las sanciones penales, intentamos encontrar el equilibrio justo entre libertad y seguridad. El Sr. Santini nos ha recordado que uno de los mayores logros de esta legislatura –espero que sea posible concluir el proceso antes de que acabe el mandato de este Parlamento– es la nueva legislación sobre la libertad de circulación de nuestros ciudadanos.
Les recuerdo que cuando hablamos del refuerzo de la seguridad de nuestras fronteras exteriores y de garantizar nuestra seguridad interior, no lo hacemos de forma represiva, sino en nombre de la libertad. Es precisamente para preservar la libertad de circulación y la abolición de nuestras fronteras interiores por lo que hemos de reforzar la seguridad de nuestras fronteras exteriores. Es en nombre de la libertad que decimos que deberíamos ser más eficaces a la hora de integrar a los migrantes legales. A tal fin, necesitamos garantizar a nuestra opinión pública que tenemos la situación bajo control.
No puedo decirles algo diferente, porque esto es lo que he dicho desde el principio. Les ruego relean la comunicación de la Comisión de noviembre de 2000 sobre la política de inmigración y la comparen con el discurso que hizo hace dos semanas ante el Parlamento el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Lamento que parezca algo presuntuoso por mi parte, pero por favor hagan la comparación y luego volveremos a hablar al respecto.
Mi tercera observación tiene que ver con la protección de datos. Para serles franco, cuando hablamos acerca de introducir la biometría en algunos documentos de viaje, hemos de tener mucho cuidado de garantizar que somos comedidos en el tipo de datos que elegimos, en los tipos de sistemas de almacenamiento de datos y en los tipos de control y supervisión realizados por las autoridades competentes. Lo que quiero es llamar su atención sobre el hecho de que hoy la protección de datos en el tercer pilar está bajo la plena autoridad y responsabilidad de los Estados miembros. Estamos intentando crear unas reglas de juego uniformes a nivel europeo para garantizar que en los 25 Estados miembros tengamos el mismo patrón de protección de datos personales en lo que respecta a la actividad policial. A este fin, las directivas vigentes basadas en el primer pilar no son suficientes. Espero que tendré la posibilidad de introducir estas propuestas en junio de este año y presentárselas a ustedes.
Mi última observación se refiere al presupuesto. Doy las gracias al Sr. Ribeiro e Castro y al Sr. Coelho por llamar la atención sobre el hecho de que para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos, hemos de tener las herramientas financieras necesarias. Como verán ustedes en las propuestas que la Comisión presentó ayer sobre las nuevas perspectivas financieras para 2007-2013, el espacio de libertad, seguridad y justicia ha recibido herramientas financieras suficientes para abordar nuestros ambiciosos objetivos.
En lo que respecta a Tampere II, me sumo a lo que acaba de decir el Sr. McDowell. Espero que durante la Presidencia de los Países Bajos sea posible tener un Consejo Europeo de Tampere II. ¿Cuáles serán las sugerencias para Tampere II? Recalcaré tres cuestiones principales: en primer lugar, ser justos a la hora de evaluar las deficiencias y las cuestiones pendientes de Tampere I: tendremos la herencia de Tampere I, que habrá que retomar en Tampere II; en segundo lugar, en el tratado constitucional se establecen unos objetivos claros: Tampere II deberá seguir de cerca la agenda que se definió en ese tratado; y por último, Tampere II deberá concentrarse de forma más adecuada en la calidad de la transposición de la legislación europea en este ámbito en el plano nacional, y en el control de la aplicación concreta del acervo en los 25 Estados miembros. Espero con interés el debate sobre este tema que ha sugerido el Sr. Hernández Mollar y la Comisión presentará sus propias ideas en una nueva comunicación en junio de 2004.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de marzo II.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales de los Grupos políticos del PSE, Verts/ALE, ELDR y GUE/NGL, al Consejo (B5-0008/2004) y a la Comisión (B5-0013/2004), sobre el desarme nuclear: Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación en 2005 - Trabajos de la UE para el tercer Comité preparatorio TNP (Nueva York, 26 de abril - 7 de mayo de 2004).
Wiersma (PSE ),
   . – Señor Presidente, hemos solicitado este debate porque en breve comenzará la preparación de una nueva ronda de debates en el marco de las Naciones Unidas sobre el futuro del Tratado de No Proliferación, el acuerdo que se opone a la proliferación nuclear. Nos complace que durante los últimos meses se haya decidido presentar otra resolución separada sobre este tema, que se someterá a votación en la próxima sesión plenaria. Pensamos que es importante que la Unión Europea desempeñe un papel importante, como ya lo ha hecho anteriormente, y que asuma el liderazgo en el debate sobre las armas de destrucción masiva y particularmente sobre la proliferación de armas nucleares y los riesgos a los que nos hemos enfrentado últimamente. El tema es muy actual a la luz de todo lo que está sucediendo con respecto al Iraq, Irán, Corea del Norte y, en las últimas semanas, al Pakistán con el llamado caso Khan. 
Tal como ya he indicado, a finales de abril se celebrará una consulta sobre los trabajos del Tratado de No Proliferación. Para nosotros los socialdemócratas hay principios orientativos que deben aplicarse a ese debate: estamos a favor de un enfoque multilateral porque no hay soluciones unilaterales a los problemas que debemos afrontar. Todos los objetivos del Tratado de No Proliferación siguen siendo válidos, incluso los del desarme general. Las potencias con armas nucleares reconocidas, como las llamamos, deben dar el ejemplo correcto y seguimos concediendo gran importancia a una prohibición total de las pruebas nucleares. Además instamos a aquellos que consideran la posibilidad de desarrollar nuevas armas nucleares, las llamadas armas nucleares inteligentes, que suspendan este desarrollo. Es correcto que se preste atención a lo que llamamos Estados del bienestar, y debo recalcar en este sentido que estamos totalmente a favor del enfoque que la UE adoptó recientemente en relación con el Irán, es decir, el de persuadir al país a que se adhiera a los acuerdos e inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica mediante presiones económicas, políticas y diplomáticas. Al mismo tiempo, y apreciaríamos una respuesta del Consejo y la Comisión al respecto, mientras se está revisando y evaluando el Tratado de No Proliferación, debería prestarse atención a la forma de mejorar el mecanismo de inspección y sanciones. Después de todo, esta es la vía mediante la cual podemos mejorar la situación mundial. También debe prestarse atención al posible papel nocivo de los Estados con armas nucleares que no están reconocidos pero que se sienten libres en lo relativo a la proliferación de conocimientos técnicos y equipos. Ya he mencionado muy brevemente el caso Khan. Quisiera que también me respondieran a esto. ¿Qué han hecho los países del la UE hasta ahora para evitar prácticas de este tipo? Parece que los riesgos aumentan, incluso en la antigua Unión Soviética. Las iniciativas adoptadas han despegado solo en parte y apreciaría las respuestas del Consejo y la Comisión en este sentido. ¿Estamos esperando simplemente a que algo salga mal, o intentamos de verdad impedirlo?
Una pregunta final: está claro que ha habido un desarrollo interesante en el Oriente Próximo, también recientemente con la apertura con respecto a Libia. De hecho podemos concluir que Irán se está adhiere ahora más o menos a los acuerdos del TNP. Libia abandona su programa de armas nucleares. Parece que el Iraq no las tenía. ¿No es hora de ver si podemos iniciar un debate sobre una zona desnuclearizada en el Oriente Próximo? 
Evans, Jillian (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, el Tratado de No Proliferación Nuclear es un acuerdo entre 189 naciones para eliminar las armas nucleares. Sin embargo, 34 años después de su entrada en vigor, nos hallamos en una situación en que los Estados Unidos están dispuestos a lanzar ataques nucleares preventivos, en que el Reino Unido se ha negado a descartar el uso de armas nucleares en el Iraq, en que continúa la investigación y desarrollo y el ensayo de armas nucleares, en que las armas nucleares siguen considerándose como una parte vital del plan de defensa de la OTAN, en que se están desarrollando nuevas generaciones de armas nucleares tácticas y en que se abre camino la nuclearización del espacio.
En la última conferencia de revisión en 2000, se acordó el plan de 13 pasos como una forma de aplicar el TNP y se renovó el compromiso inequívoco de los Estados nucleares de eliminar sus armas. La Comisión Preparatoria en Nueva York es la última oportunidad para aplicar este programa antes de la próxima conferencia de revisión en 2005. Salvo que adoptemos una postura firme ahora, el TNP corre peligro de convertirse en algo carente de sentido, lleno de buenas intenciones, pero con escasa acción política. La Unión Europea tiene el deber de asumir un papel destacado en este contexto y garantizar que se emprenda una acción real.
Las armas nucleares hacen que el mundo sea más inseguro y más peligroso. En 1996, la Corte Internacional de Justicia sentenció que su uso, o incluso la amenaza de usarlas, era ilegal, lo cual hace que sea aún más urgente reforzar el TNP. Estamos hablando aquí de armas de destrucción masiva reales, que existen, y de destruirlas de la forma más eficaz aplicando los acuerdos internacionales.
Preguntamos a la Presidencia, al Consejo y a la Comisión qué se está haciendo exactamente para preparar la Comisión Preparatoria en Nueva York. ¿Qué progresos se han realizado, por ejemplo, en relación con los 13 pasos prácticos y con las zonas libres de armas nucleares? Mi país, Gales, se declaró zona libre de energía nuclear en 1982. ¿Qué se está haciendo para apoyar el trabajo pionero de los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki para movilizar a ciudades de todo el mundo para trabajar en favor de la abolición total de las armas nucleares? Este ha de ser el objetivo para todos nosotros. 
Roche,
   .  Señor Presidente, me complace mucho responder, en nombre de la Presidencia, a la pregunta que se ha formulado.
La Unión Europa está comprometida con el sistema del tratado multilateral, que ofrece la base jurídica y normativa para todos los esfuerzos de no proliferación. El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó una estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva. La estrategia incorpora y se basa en los textos aprobados por el Consejo Europeo de Salónica en junio de 2003.
La estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva recalca el especial compromiso de la UE con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el TNP. La UE cree que todos nuestros esfuerzos deberían ir encaminados a preservar y reforzar este instrumento fundamental de la paz y seguridad internacional. La UE apoya de todo corazón los objetivos establecidos en el Tratado y se compromete a lograr la aplicación efectiva del documento definitivo de la conferencia de revisión del TNP de 2000 y las decisiones y la resolución adoptadas en la Conferencia de Revisión y Extensión de 1995.
La UE ha declarado en numerosas ocasiones que el TNP es la piedra angular del régimen mundial de no proliferación y el fundamento esencial para que continúe el desarme nuclear de acuerdo con el artículo VI del Tratado. La declaración de la UE en el segundo comité preparatorio del año pasado para la Conferencia de Revisión de 2005 del TNP, recordó que los Estados miembros siguen otorgando mucha importancia a lograr la universalidad y el cumplimiento universal del TNP. En este sentido aplaudimos la adhesión al Tratado por parte de Cuba, en 2002, y Timor Leste en 2003, que lo acerca más a la universalidad. Sin embargo, hay tres países –la India, Israel y Paquistán– que permanecen fuera del régimen y seguimos pidiéndoles que se adhieran incondicionalmente al TNP como Estados libres de armas nucleares.
En 17 de noviembre de 2003, el Consejo adoptó una posición común sobre la universalización y el refuerzo de los acuerdos multilaterales en el ámbito de la no proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de suministro. El artículo 4 de la posición común confirma que es de crucial importancia lograr la adhesión universal al TNP. Para ello, en primer lugar, la Unión Europea tendrá que pedir a los Estados que aún no son parte en el TNP que accedan incondicionalmente al TNP como Estados libres de armas nucleares y pongan todas sus instalaciones y actividades nucleares bajo las disposiciones del Sistema de Salvaguardias del OIEA.
En segundo lugar, instará a los Estados que aún no hayan firmado acuerdos de seguridad con el OIEA a cumplir sus obligaciones de acuerdo con el Artículo III del TNP y firmar estos acuerdos con carácter de urgencia.
En tercer lugar, promoverá todos los objetivos establecidos en el TNP.
En cuarto lugar, apoyará el documento final de la conferencia de revisión del TNP de 2000 y las decisiones y la resolución adoptadas en la Conferencia de Revisión y Extensión del TNP de 1995.
En quinto lugar, promoverá una mayor consideración de las garantías de seguridad.
Por último, fomentará medidas para garantizar que se excluya eficazmente cualquier posible abuso de los programas nucleares civiles para fines militares.
No existe ningún análisis común del Consejo sobre los progresos en la aplicación de los 13 pasos. Sin embargo, la Unión Europea se compromete a alentar los progresos realizados hacia unos esfuerzos sistemáticos y progresivos hacia el desarme. La Unión Europea seguirá alentando todos los esfuerzos para aplicar el artículo VI del TNP, así como los apartados 3 y 4c de la Declaración de 1995 sobre «los Principios y Objetivos de la no Proliferación y el Desarme Nuclear» y los pasos prácticos acordados en el documento definitivo de 2000.
El compromiso de la UE con el tratado de prohibición total de pruebas nucleares también es claro y se reiteró recientemente en la posición común sobre la universalización de los instrumentos multilaterales aprobada en noviembre de 2003. La UE seguirá fomentando la temprana entrada en vigor del TPTPN. Pendiente de su entrada en vigor, instamos a todos los Estados con capacidad nuclear que acaten la moratoria sobre las explosiones de ensayos nucleares o cualquier otro tipo de explosiones nucleares y se abstengan de realizar acciones contrarias al TPTPN.
La UE ha reconocido la importancia de las zonas libres de armas nucleares, establecidas sobre la base de acuerdos alcanzados libremente entre los Estados miembros de las regiones implicadas. Estas aumentan la paz y seguridad mundial y regional. Aplaudimos y apoyamos tanto la firma como la ratificación por los Estados con armas nucleares de los protocolos relevantes de las zonas libres de armas nucleares.
Sobre la cuestión de la verificación y las salvaguardias, la UE cree que las salvaguardias sirven de herramienta técnica para apoyar el objetivo político de mantener un entorno en el que la energía nuclear pueda utilizarse pacíficamente sin amenaza de proliferación. En este sentido, apoyamos firmemente el papel de verificación del Organismo Internacional de la Energía Atómica. La Unión también considera que la adopción y aplicación de extensos acuerdos de seguridad, y los protocolos adicionales a los mismos, son un requisito previo en el sistema de salvaguardias eficaz y creíble.
La UE también sigue dando mucha importancia a la lucha contra el terrorismo y apoya firmemente todas las medidas que aspiran a evitar que los terroristas adquieran armas nucleares, biológicas y químicas. La estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva recalca el compromiso de la UE para reforzar las políticas y prácticas de control de las exportaciones dentro de sus fronteras y más allá, en coordinación con sus socios. La UE trabajará para mejorar los mecanismos existentes de control de las exportaciones. Abogará a favor de la adhesión a los criterios eficaces de control de las exportaciones por países fuera del régimen existente y acuerdos que incluyen el ámbito nuclear.
En lo que respecta a la «» (PSI), el Consejo no ha adoptado una posición sobre esta cuestión. No todos los Estados miembros participa en la PSI. La cuestión de la Campaña Internacional de los Alcaldes no ha sido considerada por el Consejo.
El tercer comité preparatorio para la Conferencia de Revisión de 2005 del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que se celebrará del 26 de abril al 7 de mayo de 2004, será un acontecimiento central en cuanto a desarme y no proliferación en 2004. La Presidencia trabajará dentro de la Unión y con socios clave, para intentar lograr un acuerdo sobre una base sólida para un resultado logrado del ciclo de revisión. Este trabajo tendrá lugar en primera instancia dentro de la Grupo de Trabajo sobre No Proliferación y en las reuniones de la troika con terceros países. El trabajo incluirá la preparación de declaraciones comunes de la UE sobre diversos aspectos del Tratado para que sean entregados por la Presidencia en el comité preparatorio. La Presidencia informará al Parlamento Europeo sobre los progresos realizados en este ámbito de conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. 
Patten,
   .  Agradezco la oportunidad de contribuir a este debate hoy, aunque, inevitablemente, atravesaré parte del terreno que tan hábilmente ha abordado la Presidencia.
Recientes revelaciones sobre la proliferación de la tecnología de armas nucleares en Irán, Libia y Corea del Norte han recalcado la importancia de mantener y reforzar controles efectivos. Es un hecho histórico que la adquisición clandestina de armas nucleares por parte de la India y Pakistán en la década de los noventa y el subsiguiente impacto en la estabilidad regional provocaron graves preocupaciones. La retirada de Corea del Norte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares el año pasado fue otro paso peligroso y desestabilizador, tanto para la región adyacente como para la comunidad internacional en su conjunto.
El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares –el TNP–, que entró en vigor en 1970, estableció el régimen internacional de no proliferación nuclear tal como lo conocemos. Este régimen fijaba las normas de conducta básicas. Establece –como sabe esta Cámara– una prohibición jurídica total de la proliferación nuclear aparte de los cinco Estados con armas nucleares reconocidos por el Tratado y convierte la proliferación nuclear en una actividad ilegal en la comunidad internacional. Con él llegó el principio de comercio nuclear regulado, el concepto de salvaguardias nucleares y, por supuesto, el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo excelente trabajo sustenta al régimen.
Es comprensible que gran parte del interés se haya centrado en los fallos del régimen, pero a menudo se subestima el éxito que ha tenido. En un debate presidencial de 1960, John F. Kennedy preveía un mundo con quizás 20 naciones con capacidad nuclear. El hecho de que esta visión nunca llegara a realizarse se debe, en gran medida, a la creación del TNP. Sudáfrica, Argentina, Brasil, Taiwán y Corea del Sur, por ejemplo, han dado la espalda a la proliferación de armas nucleares, en parte debido a la presión internacional, pero también a raíz de unas decisiones sensatas y sabias tomadas en respuesta al debate y la opinión nacional. Asimismo hemos visto recientemente desarrollos positivos con Irán, que ahora ha aceptado el Protocolo Adicional, y Libia.
En este contexto, aunque reconocemos las dificultades a las que se enfrenta el TNP, especialmente en la proliferación y el desarme nuclear, creemos que la llegada del próximo tercer comité preparatorio puede esperarse con confianza. Es posible que haya deficiencias en el régimen de no proliferación, pero sin duda no son insalvables y, a nuestro entender, pueden solucionarse. Hemos de seguir aspirando a la adopción universal del TNP por países que hasta ahora se han negado a hacerlo, y es especial la India, Pakistán e Israel. Corea del Norte ha de volver a formar parte del Tratado. Asimismo hemos de ampliar la ratificación del importante Protocolo Adicional al Tratado. Este Protocolo ofrece al OIEA poderes más amplios y más firmes para realizar inspecciones. En este contexto, el papel de la Comisión consiste en primer lugar en asistir a la Presidencia, que considera prioritario realizar progresos en este ámbito, y en segundo lugar alentar un grado máximo de coordinación dentro de la UE.
Durante los últimos 12 meses, la UE ha luchado mucho por reforzar su enfoque de no proliferación La estrategia de seguridad europea que se adoptó en el Consejo Europeo de diciembre de 2003 identifica las armas de destrucción masiva como una de las amenazas más peligrosas para la Europa de hoy en día. En el mismo Consejo Europeo se aprobó la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta estrategia viene seguida ahora de una acción concreta. Se está trabajando en la implementación de la estrategia en muchos ámbitos que son demasiado numerosos como para tratarlos hoy, pero destacaré algunos ejemplos importantes.
El primero fue la aprobación el pasado mes de noviembre por parte del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de un texto que aspira a integrar las políticas de no proliferación en las relaciones más amplias de la Unión Europea con terceros países, entre otras cosas, introduciendo una cláusula de no proliferación en los acuerdos con dichos países. Este nuevo compromiso de no proliferación es importante porque la nueva estrategia de la UE aspira a incluir disposiciones sobre la no proliferación en todos los acuerdos con terceros países. Esto forma ahora parte de las negociaciones en curso, por ejemplo, con Siria, que sitúan la no proliferación a un nivel similar que los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.
En 1999, el Consejo estableció la Acción Conjunta de la UE para el Desarme y la No Proliferación en Rusia, a fin de mejorar la cooperación con la Federación Rusa en su intento por desmantelar, destruir o convertir de forma segura y ambientalmente sólida las infraestructuras, equipo y materiales de armas de destrucción masiva. Los proyectos apoyan la destrucción química y el almacenamiento de plutonio de calidad armamentística. Estos proyectos, que la Comisión pone en práctica en estrecha cooperación con diversos Estados miembros, son una parte pequeña, pero importante de la contribución de 1 000 millones de euros de la Comunidad a la Asociación Global del G8, lanzada en la reunión de 2002 en Canadá.
La Conferencia Interparlamentaria organizada por la Comisión bajo la Iniciativa de No Proliferación y Cooperación para el Desarme el 20 y 21 de noviembre de 2003, que tuvo lugar aquí en Estrasburgo, subrayó los considerables retos futuros que nos esperan si queremos almacenar de forma segura los peligrosos restos de los programas de armas de destrucción masiva de la Guerra Fría. La importancia de la conferencia se vio confirmada por su condición de reunión interparlamentaria de figuras procedentes de parlamentos nacionales clave, incluidos el Congreso de los Estados Unidos y la Duma rusa. Para eliminar la amenaza de las armas de destrucción masiva es preciso que sea y siga siendo una cuestión de máxima prioridad para los Gobiernos nacionales, las organizaciones regionales y la comunidad internacional en su conjunto. Desde la perspectiva de la Comunidad, nos complace la mayor atención prestada por el Parlamento Europeo a la necesidad de financiar adecuadamente las actividades de reducción de la amenaza en el próximo ciclo presupuestario. La Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo, está intentando definir las futuras prioridades de no proliferación y, gracias a una reciente decisión del Parlamento, dentro de poco podrá lanzar un proyecto piloto para avanzar este trabajo.
Agradezco la oportunidad que se me ha brindado para participar en este breve, pero importante debate sobre una cuestión de tal importancia internacional. 
Theorin (PSE ).
    Señor Presidente, el TNP no es solamente un tratado de no proliferación. Es también el único acuerdo vinculante para el desarme nuclear. Las potencias no nucleares se comprometen a no adquirir armas nucleares y las potencias nucleares prometen deshacerse de las que existen. Podemos encontrar estos compromisos en el artículo 6 del Tratado, según el cual las partes se comprometen a llevar a cabo negociaciones serias con vistas a deshacerse de todas las armas nucleares. Todas las potencias nucleares han firmado este compromiso.
En la reunión quinquenal anterior, los Estados nucleares se comprometieron a suprimir la totalidad de su arsenal nuclear. Sobre todo, se adoptó una decisión unánime sobre un programa de acción de 13 puntos para la aplicación del desarme nuclear completo. Lo que la UE debe hacer en la próxima reunión es, por supuesto, exigir que estos compromisos se cumplan. Irlanda ha desempeñado durante mucho tiempo un papel activo en el trabajo a favor del desarme nuclear, por ejemplo en colaboración con mi país, Suecia.
¿Exigirá el Consejo, por tanto, que se cumplan estos compromisos? Las potencias nucleares han reducido sin duda sus arsenales nucleares estratégicos. Los Estados Unidos, a cambio, han desarrollado lo que se llaman minibombas nucleares, destinadas a un uso directo en la guerra, junto con armas nucleares llamadas «antibúnker», que penetran en la roca viva. Estos desarrollos infringen sin duda el artículo 6 del Tratado TNP. Además, los Estados Unidos han modificado su política nuclear con el fin de poder utilizar las armas nucleares, y no solo en la guerra, sino también para los llamados fines preventivos. Esto supone una violación grave del derecho internacional. Entrar en guerra por razones preventivas es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y una vuelta a la ley de la selva, es decir, al derecho del más fuerte a intervenir según sus propios fines, aplicable antes de la llegada de las Naciones Unidas. Por supuesto que es importante que el Parlamento Europeo exija en su resolución que las partes que han firmado el TNP cumplan sus compromisos. Deben emprender un desarme nuclear serio e interrumpir todo desarrollo de nuevas armas nucleares. ¿De qué forma impulsarán la Comisión y el Consejo estas exigencias en la próxima reunión del TNP? 
Van Hecke (ELDR ).
   – Señor Presidente, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el Sr. El Baradei, declaró recientemente que el riesgo de un conflicto nuclear es hoy mayor que nunca. Mientras se sometió a control al Iraq, el resto del mundo se convertía en una especie de supermercado de la proliferación privada, un supermercado en el que los países y, posiblemente, incluso los terroristas con ambiciones nucleares pueden aprovechar su oportunidad. A pesar de los recientes éxitos en relación con Libia e Irán, no hay muchos motivos para ser optimistas. Los Estados Unidos, Rusia y Francia han iniciado la fabricación de una nueva generación de armas nucleares. Mientras crece la tensión entre Arabia Saudí y los Estados Unidos, los saudíes también se inclinan ahora por la opción nuclear. Durante años, el padre de la bomba atómica del Pakistán, Abdul Qadeer Khan, formado en Europa, pasó información nuclear a dictadores y posiblemente incluso a terroristas. Teniendo en cuenta esta combinación de expertos nucleares con intereses comerciales y empresas e instituciones estatales inmorales, se ha rebajado el umbral de una guerra de destrucción nuclear. Hoy todos están de acuerdo en que el sistema de control debe actualizarse y hacerse más estricto. Debe reforzarse con urgencia la capacidad del Organismo Internacional de la Energía Atómica si queremos que exista un control eficaz, pero la Unión Europea debe tener el coraje de emprender acciones políticas, diplomáticas y económicas contra los países que ignoran o eluden el control en el campo de la proliferación nuclear. No solo debemos ser más estrictos en lo referente al control, también debemos prepararnos para hacer cumplir la ley de forma colectiva. Por ello acojo favorablemente la promesa del Consejo y de la Comisión de comprometerse en favor de una mayor y más plena aplicación del TNP y a trabajar en favor de resultados ambiciosos durante la próxima Prepcom y la Conferencia de Revisión de 2005.
Frahm (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, en primer lugar, hemos escuchado un debate en esta Cámara sobre un espacio de libertad, seguridad y justicia y después hemos escuchado dos discursos esenciales del Sr. Patten y de la Presidencia irlandesa. Deberíamos estar contentos y animados, pero la verdad es que, de hecho, las cosas se están encaminando prácticamente en la dirección equivocada en lo relativo a desarme nuclear y la posibilidad de obtener dicho espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Una de las razones por las que las cosas se están encaminando en la dirección equivocada es que existe una falta de voluntad para cumplir no solo la letra, sino también el espíritu del Tratado de No Proliferación. Pienso, particularmente en el artículo 6, relativo a la supresión de las armas nucleares. En la última reunión, en el año 2000, se decidió crear una comisión especial para ocuparse del desarme nuclear. Desde entonces no ha sucedido nada. Si no hay avances es porque los países que deberían poner su energía y recursos en este asunto, o bien no lo desean o son incapaces de hacerlo.
Por el momento está claro que no podemos esperar apoyo de los norteamericanos en este asunto. Están en trance de hacer prácticamente lo contrario de aquello a lo que se han comprometido. También han resaltado que no desean cumplir ni la letra ni el espíritu del Tratado de No Proliferación. En lugar de ello, con la introducción de las llamadas minibombas nucleares, han rebajado el umbral nuclear en lugar de hacer aquello a lo que, en un principio, se habían comprometido. 
Los países de la UE no son mucho mejores. En lugar de convertir este tema en una parte firmemente consolidada del diálogo transatlántico, somos demasiado cautos y serviciales. Nos involucramos un poco en una guerra en el Iraq y hacemos nuestra pequeña aportación en otra serie de acciones de los Estados Unidos, en el Afganistán, etc., sin señalar que, si no se toma en serio y se resuelve este problema, nuestro discurso sobre los espacios de libertad, seguridad y justicia podrá servir a lo sumo de arrullo para que la gente duerma tranquila. En ningún caso puede usarse para crear un mundo como el que queremos ver.
Rodeados de llamas, no podemos hablar de una vida de libertad, seguridad y justicia, y por ello quisiera ver un poco más de energía detrás de las buenas palabras. Siempre es entretenido escuchar las buenas palabras del Sr. Patten, pero yo quiero un poco más de energía. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la tercera Comisión Preparatoria del Tratado de No Proliferación, que se celebrará dentro de unos meses en Nueva York, tiene que ser un éxito. Para ello es esencial que Irlanda, como titular de la Presidencia, garantice que los Estados miembros adopten una posición común que se convierta en parte de su compromiso con la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva aprobada en Salónica, porque estas son las armas de destrucción masiva. Irlanda, al ser uno de los instigadores del Tratado de No Proliferación, tiene un papel importante que desempeñar aquí.
Nos gustaría saber, en relación con el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Armas Nucleares, cuáles son las prioridades para la reunión de la Comisión Preparatoria del TNP. El Parlamento tiene que saber qué Estados miembros están cooperando y cuáles no. El Consejo debería preparar informes de situación regulares sobre esta cuestión para el Parlamento, en especial sobre las cuestiones del desmantelamiento de los arsenales de armas nucleares, las zonas libres de armas nucleares y la opción de renuncia al primer golpe. Esto es de interés público. Hemos de saber hasta qué punto los Estados miembros de la Unión han aplicado el programa de acción de los 13 pasos prácticos acordados en 2002 en la Conferencia de Revisión del TNP.
Asimismo es muy importante que la Presidencia irlandesa asuma un papel activo para asegurarse de que Europa se convierta en una zona libre de armas nucleares, que el Reino Unido y Francia se deshagan de sus arsenales nucleares y que se ponga fin a la política del primer golpe de la OTAN. El Consejo ha de preparar una declaración sobre los progresos realizados por la UE desde el informe de 1995 por este Parlamento sobre el TNP y, de hecho, las numerosas resoluciones desde entonces. Quisiera que la Presidencia irlandesa adoptara una postura activa, informando a este Parlamento acerca de lo que sucede en el seno del Consejo. 
Maes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, cuando les escucho hablar en nombre del Consejo y de la Comisión, debería tranquilizarme, pero no lo hago, porque desde Hiroshima estamos viviendo bajo la amenaza de una guerra atómica y esta amenaza aumenta en lugar de disminuir. Debemos dejar de apoyar solo de boquilla la no proliferación y el control. De hecho, la hipocresía está ampliamente extendida en este caso; después de todo, desde el Tratado de No Proliferación el número de países con material nuclear ha aumentado continuamente. Parece que esto se ha producido con ayuda de países de nuestra propia Unión a los que nunca se ha castigado ni se ha pedido cuentas. ¿Cómo consiguió Israel desarrollar una bomba atómica? Primero con ayuda de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania; todos han ayudado a crear esa bomba, y ahora nos lamentamos de que Israel siga fuera de la zona porque, por supuesto, los Estados Unidos no quieren obligar a este país a aceptar la no proliferación. A resultas de ello, los árabes también desean ardientemente disponer de armas nucleares. Vemos que, a pesar de todos los controles en vigor, no fue posible impedir que el Sr. Khan, el padre de la bomba nuclear del Pakistán, construyese su propio artefacto e hiciese lo que le viniera en gana durante treinta años. Entretanto el material es cada vez más fácilmente asequible o está disponible en el mercado negro. En un período de cinco años, un kilo y medio de material de fisión ha desaparecido de Georgia. La implosión de la Unión Soviética ha hecho surgir un nuevo mercado, el mercado negro de material nuclear. Espero que voten a favor de medidas aplicables y que adopten una postura clara contra las declaraciones bienpensantes que sirven para que nuestros pueblos duerman, porque están con los ojos bien abiertos. 
Lucas (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, no comparto el optimismo ni del Consejo ni de la Comisión a este respecto. El hecho de que dos Estados miembros de la Unión Europea posean armas nucleares socava la autoridad moral de toda la UE en el debate sobre las armas de destrucción masiva.
La apabullante hipocresía del Gobierno británico y norteamericano al exigir el desarme de otros, mientras que al mismo tiempo aumentan su propia capacidad nuclear, es evidente para todos. Es una postura insostenible, hipócrita y muy desestabilizadora. Recientemente, se ha hablado mucho del derecho internacional, así que permítame recordar a Gran Bretaña y Francia que, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia en La Haya, las armas nucleares son inmorales e ilegales. De acuerdo con los compromisos contraídos en la sexta Conferencia de Revisión del TNP, todos los Estados nucleares se comprometieron inequívocamente a completar la eliminación total de sus arsenales nucleares hasta llegar al desarme nuclear. De esto hace cuatro años, y desde entonces se han realizado muy pocos progresos. Gran Bretaña y Francia deberían dar ejemplo y desmantelar unilateralmente sus cabezas nucleares. Deberían retirarse de inmediato las armas nucleares estadounidenses del suelo europeo. Estos son sin duda objetivos ambiciosos, pero si nos tomamos en serio las amenazas que suponen las armas de destrucción masiva, esta la ruta que hemos de seguir. 
El Presidente.
   El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el 26 de febrero de 2004 en Bruselas.
El Presidente.
   Quisiera dar la bienvenida a una delegación de 15 diputados y senadores que representan a los países miembros de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y que se encuentra en la tribuna oficial.
La delegación está presidida por el diputado argentino Alfredo Atanasof, Presidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur.
El objeto de esta visita es participar en la VI Reunión Interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur que tiene lugar hoy y mañana en Estrasburgo. 
Como saben, la Unión Europea y Mercosur están negociando un acuerdo de colaboración económica, coordinación política y cooperación.
Me complace, pues, saludar a esta delegación y expresar los mejores deseos para que la Reunión Interparlamentaria se desarrolle con gran éxito.
Les comunico asimismo, señorías, que el debate relativo a la Declaración del Consejo sobre la posición de la Unión Europea en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro israelí se aplaza a las 15.00 horas para que podamos proceder dentro de unos minutos a las votaciones.

Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Zappalà (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, la enmienda prevé que se inserten las palabras «suficientemente cualificados» detrás de la palabra «profesionales». 

Cercas (PSE ),
   . Señor Presidente, el Grupo del Partido Socialista propone una enmienda oral al apartado 12, que dice así:

«Demanda la revisión, con vistas a su desaparición lo antes posible, del individual previsto en el inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 18 de la Directiva 93/104/CE; entretanto pide a la Comisión que examine las posibilidades prácticas de hacer frente a los abusos, potenciales o reales, de la disposición relativa al , incluida la búsqueda de vías para reforzar lo mejor posible la naturaleza voluntaria del »

Señor Presidente, algún Grupo quiere que se haga también una división en esta enmienda oral. La primera parte llegaría hasta «Directive 93/104/EC» y la segunda parte sería desde «in the meantime» hasta el final.
Lynne (ELDR ).
   – Señor Presidente, yo, en nombre del Grupo ELDR, y el Grupo del PPE-DE hemos presentado conjuntamente una enmienda. ¿Es correcto que el Grupo del PPE-DE pueda hacer un giro radical y presente una enmienda oral que es contraria a la enmienda original? Al mismo tiempo, el Grupo parece estar en total desacuerdo con sus colegas conservadores, y el ponente alternativo era un conservador. ¿Qué ocurre con mi enmienda...?
Presidente.
   Discúlpeme, lamento interrumpirle. No volveremos a celebrar el debate, pero tiene usted una buena cuestión relativa al procedimiento. Me ocuparé de ella. Si 32 diputados se oponen a la enmienda oral, esta decaerá. 
Lynne (ELDR ).
   – ¿Acaso no habría que votar sobre la enmienda oral después de la votación sobre la enmienda, dado que modifican el apartado más que la enmienda que he presentado? 
Presidente.
   Si votamos sobre la enmienda oral, la enmienda 15 revisada decaerá, porque está incorporada en la enmienda oral.
Ahora pasamos a la cuestión de procedimiento. ¿Hay alguna objeción a la enmienda oral? 
Crowley (UEN ).
   – Señor Presidente, sin duda, dado que pretende suprimir el texto, la enmienda 26S debería asumirse antes de que se asuma la enmienda oral. 
Presidente.
   La respuesta a su pregunta es que salvo que 32 diputados tengan objeciones, proseguiremos con la enmienda oral, que representa un compromiso entre los Grupos políticos.
Con esto concluye la votación.

Fatuzzo (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me complace anunciar la presencia en la tribuna de una delegación de representantes regionales de la Lombardía, entre ellos mi hija Elisabetta Fatuzzo que, sabiendo que tenía que hablar sobre el informe sobre rentas agrícolas en la Unión Europea me señaló que hace tiempo había frutales que producían manzanas, peras, cerezas, hermosas cerezas dulces y que había campos de trigo y hortalizas. ¿Cuándo volveremos a tener el placer de cosechar estos productos cerca de nuestras casas como solíamos hacer? ¿Cuándo podremos otra vez, como Adán, recibir manzanas arrancadas por Eva directamente del árbol? 
El Presidente.
   Gracias, señor Fatuzzo. Damos la bienvenida a su grupo de visitantes procedentes de Lombadía y a su hija Elisabetta. 
Berthu (NI ),
   . – En el informe Garot sobre la evolución de las rentas agrarias en la Unión Europea, el Parlamento Europeo empieza a quejarse con medias palabras de las consecuencias futuras de la reforma Fischler, que sin embargo él mismo aceptó. En efecto, fue él quien, para complacer a la Comisión, ratificó la inmersión de la agricultura en el mercado mundial, la desvinculación de las ayudas y de la producción, y la alineación a la baja del precio de los productos. Resulta difícil de creer leyendo el informe Garot. 
El Parlamento se da cuenta hoy de que la preservación de la renta de los agricultores y la presencia de una agricultura sana en todos los países de Europa requieren unos precios remuneradores en relación con los costes de producción, y la existencia de una protección exterior adaptada (apartado 12).
Nosotros fuimos más coherentes cuando rechazamos la reforma Fischler, y propusimos en el coloquio «Reconstruir una política agrícola en Europa», un modelo de agricultura menos sometido, en el interior, a los regímenes de intervención pública, y no subvencionado a la exportación, pero protegido del exterior, a fin de determinar espontáneamente unos precios internos remuneradores y compatibles con una gestión sostenible de la naturaleza. Estas son las únicas vías que preservarán verdaderamente el futuro agrario de Europa. 
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL ),
   . – Este informe denuncia, con razón, algunos aspectos de esta PAC, que ha servido sobre todo para engordar los beneficios de los grandes agricultores de tipo capitalista y de la gran distribución. El ponente declara la ambición de distanciarse de esta política y proteger a los agricultores, en particular a los pequeños, y ello en todas las regiones de la Unión Europea, incluso en las más apartadas. 
No nos oponemos a que se proteja a los más pequeños, y es la única razón por la cual no hemos votado en contra de este informe. En cambio, nos oponemos por completo a que se subvencione o ayude a los capitalistas de la agricultura.
Por otra parte, estamos en contra de los aspectos proteccionistas de la política defendida en este informe, porque el proteccionismo representa un ataque directo a las rentas de muchos agricultores de terceros países, incluidos de países pobres, y es perjudicial para los consumidores. Por tanto, nos hemos abstenido.
Caudron (GUE/NGL ),
   . – He votado a favor del excelente informe del Sr. Garot y quiero aprovechar la ocasión para felicitarle por su trabajo sobre la agricultura europea. 
El Sr. Garot ha sabido encontrar el equilibrio justo entre quienes desearían que Europa se desentendiese de la agricultura en beneficio del mercado mundial y los que consideran el presupuesto europeo «una vaca lechera» destinada a enriquecer todavía más a los agricultores más ricos.
Meijer (GUE/NGL ),
    – Un sólido argumento a favor del mantenimiento de las subvenciones agrícolas europeas es que permiten a los pequeños agricultores sobrevivir a las caídas de los precios de sus productos y contribuir a preservar una campiña viable. Este argumento queda anulado si el dinero de los impuestos se malversan llenando los bolsillos de los agricultores ricos y las multinacionales de la agricultura.
Un estudio reciente de la organización de desarrollo Oxfam muestra que las subvenciones agrícolas comunitarias en Gran Bretaña benefician principalmente a los grandes propietarios. Se calcula por ejemplo que el más rico de ellos, el Duque de Westminster, recibe unas 38 libras esterlinas por hora en concepto de subvenciones agrícolas.
Incluso el ponente, el Sr. Garot, que, en su condición de socialdemócrata considera lamentablemente que la liberalización de la agricultura es un fenómeno natural, observa ahora que hay algo anormal en lo relativo a las subvenciones agrícolas. Entre 1995 y 2002 las rentas agrarias aumentaron un 7%, pero al mismo tiempo el número de explotaciones se redujo un 15,7%. Las explotaciones restantes aumentaron su tamaño y se hicieron más intensivas. El apoyo a la agricultura se distribuye de forma desigual: el 20% de las explotaciones recibe el 73% del apoyo directo, por el 59% de la superficie y tan solo el 25% de los empleos. El ponente está preocupado sobre todo por las explotaciones que producen poco pero reciben apoyo. Yo estaría más a favor de un tope, un límite máximo de ayuda para cada explotación. Sin esta medida, los fondos agrícolas se convertirían en una fuente de burocracia innecesaria y una forma de redistribución injusta. 
Mulder (ELDR ),
   . – Me he abstenido en la votación sobre el informe del Sr. Garot, a pesar de que respalda el desarrollo y la reforma a favor de una política agrícola con desvinculación de primas y fortalecimiento de la política rural.
Sin embargo, el informe no tiene en cuenta suficientemente las restricciones que regulan la financiación de la Política Agrícola Común. Incluso el margen financiero disponible tiene su impacto en la política que debe adoptarse. Quisiera llamar en particular su atención sobre el apartado 25, en el que se rechaza la cofinanciación para la política agrícola y rural. En mi opinión, la cofinanciación obligatoria es precisamente uno de los instrumentos clave que puede ayudar a adoptar en el futuro una política agrícola común. 
Queiró (UEN ),
    Este informe se centra en la actual crisis de las rentas agrarias de una serie de Estados miembros. El asunto esencial es ver hasta qué punto la política agrícola común cumple los objetivos establecidos por el Tratado en lo relativo la garantía de un nivel de vida digno para los agricultores y los habitantes de las zonas rurales. Mientras de modo general la renta agraria se elevó un 7% entre 1995 y 2002, este resultado se obtuvo a costa de un la reducción del número de explotaciones en un 18%. Hemos visto los costes sociales de este fenómeno para los agricultores portugueses, que se han visto obligados a abandonar o modificar las actividades que siempre habían realizado.
La verdad del asunto es que en comparación con otros sectores de la economía, la agricultura se ha ido rezagando. Las cifras globales ocultan también grandes desigualdades, como el hecho de que el 20% de las explotaciones reciba el 73% de las ayudas de la PAC. Estas explotaciones representan solamente el 59% de las tierras y el 25% de los empleos en el sector. La situación es política y socialmente inaceptable y explica el comportamiento de algunos Estados miembros que desean mantener sus privilegios en el marco de la PAC.
Votando a favor aprobamos la formulación del informe sobre las recomendaciones con respecto al pilar recientemente fortalecido del desarrollo rural de la PAC, promovido...
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Ribeiro e Castro (UEN ),
    En el marco de la PAC, el número de explotaciones ha descendido vertiginosamente, un 15,7%, entre 1995 y 2002, generando una elevación de las rentas agrarias en toda la UE.
Esta elevación, de hecho, se debió a la reducción del número de explotaciones y al aumento del tamaño de las mismas.
La pluriactividad y la diversificación también han ayudado al mantenimiento de las rentas agrarias.
El examen de la realidad de la vida rural en los Estados miembros, sin embargo, revela en muchos casos que los agricultores dependen o bien de la ayuda pública, o bien de las fluctuaciones de los precios y los mercados, lo que genera un sentimiento de inseguridad que, a su vez, reduce los niveles de inversión en la modernización y en la diversificación de cultivos.
Las explotaciones se concentran cada vez más y, a menos que se luche contra esta tendencia, la consecuencia será la despoblación del campo, haciendo peligrar así todos los factores externos apoyados por el campo, siendo algunos de ellos no cuantificables.
Deben compatibilizarse los objetivos de «competitividad» y «multifuncionalidad», asegurando de este modo un nivel de seguridad mínimo para las personas relacionadas con la agricultura, así como confianza en un nivel de vida justo y estabilidad de rentas. Los resultados de ello serían una agricultura comunitaria viable, capaz de apoyar el mayor número posible de explotaciones y empleos en toda la UE.
He votado a favor. 
Souchet (NI ),
   . – He votado a favor del informe Garot en reconocimiento del mérito de una iniciativa que, por una vez, ha permitido emprender un debate sobre una de las cuestiones de fondo que condiciona el mantenimiento de nuestro modelo agrario: la renta de los agricultores. Este debate nos ha permitido romper con los enfoques fragmentarios y técnicos a que nos obliga habitualmente el examen de la oleada de propuestas legislativas procedentes de la Comisión. 
He querido señalar asimismo mi pleno acuerdo con el recordatorio de los objetivos fundamentales de la PAC, cuya pertinencia reafirma el informe: «fomentar una agricultura territorial que sea capaz de mantener, en todo el territorio, el mayor número posible de explotaciones y puestos de trabajo», «garantizar un nivel de vida equitativo para la población agraria y conseguir la estabilización de las rentas con el fin de mantener la actividad agrícola en todo el territorio de la Unión Europea». 
Pero no puedo sino expresar mi extrañeza ante el razonamiento contradictorio que consiste, por una parte, en aprobar sistemáticamente las propuestas de la Comisión, ya se trate de la desvinculación o del descenso de las protecciones exteriores y, por otra, en denunciar el riesgo que presentan esas mismas propuestas de una desnaturalización completa del modelo agrario europeo.
Mi aprobación no se refiere evidentemente a las referencias a la desvinculación y al desarrollo rural contenidas en el informe Garot. 

Fatuzzo (PPE-DE ).
   –Con este informe todavía seguimos en el campo de la agricultura. Quisiera que la investigación agrícola progresase de tal modo que consiguiese un vino producido a base de uvas que no dañe el hígado de la persona que lo bebe. También quisiera que esta agricultura produjese peras que sepan a peras, manzanas que sepan a manzanas, cerezas que sepan a cerezas y melocotones que sepan a melocotones; pero sobre todo, señor Presidente, quisiera que la menta, que es mi sabor favorito, tenga, y siga y siga teniendo el sabor y el perfume de la menta, que me produce tanto placer y que adoro. 
Presidente
   . Le doy las gracias por esta contribución tan práctica. 
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL ),
   . – Que gran parte de la investigación agronómica se ha orientado hasta ahora, de un modo u otro, hacia ámbitos en que los capitalistas del sector agroalimentario esperaban un máximo de repercusiones para sus beneficios es una evidencia. Este informe preconiza una reorientación de la investigación, aunque solo sea parcial, hacia sectores actualmente abandonados. Sería en efecto una buena cosa. Y ello, a pesar de que no creemos, a diferencia del ponente, que el desarrollo de la agricultura denominada sostenible y de las producciones agrícolas denominadas biológicas, que él apoya, sean sinónimo por fuerza de una ventaja real tanto para los consumidores, al menos en su gran mayoría, como para las pequeñas explotaciones familiares.
No nos oponemos, por supuesto, a una reorientación de la investigación agronómica en este sentido, ni a que se financie con fondos públicos, como pide el ponente. Esta última demanda subraya hasta qué punto es incapaz la economía de mercado de garantizar la financiación de la investigación cuando sus resultados no conducen a un beneficio inmediato.
Figueiredo (GUE/NGL ),
    La agricultura tiene un gran impacto en el clima, en los suelos, en la biodiversidad, en el equilibrio de los ecosistemas y en la gestión del paisaje; en otras palabras: existe una gran interacción medioambiental. Es una actividad socieconómica y cultural vital que debe asegurar una producción agrícola de alta calidad. Las crisis alimenticias y zoosanitarias ocurridas en la UE han mostrado la insostenibilidad del actual modelo agrícola establecido en el marco de la PAC. Este modelo fomenta la intensificación de la producción y está completamente en desacuerdo con el aspecto multifuncional de la agricultura.
Para desarrollar una cultura agrícola sostenible, por tanto, es importante desarrollar, aplicar y financiar una investigación agrícola que tenga en cuenta la importancia de la agricultura para el desarrollo de las zonas rurales y la producción de alimentos de alta calidad. El mísero 2% del Sexto Programa Marco de Investigación es un nivel de financiación demasiado bajo para la investigación en ámbitos como los métodos de explotación más sostenibles, seguridad y calidad de los alimentos, fuentes de ingresos alternativas en la agricultura (usos no alimenticios de materias primas agrícolas), la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, nuevos modos de regulación del mercado y la mejora de los métodos de producción agrícola ecológica. 
Otros ámbitos en los que la investigación es esencial son los cultivos genéticamente modificados y la biotecnología. Para ser más específicos debemos examinar las cuestiones relativas a la coexistencia entre los cultivos genéticamente modificados y los cultivos convencionales/ecológicos, y los riesgos potenciales derivados de la liberación de estos cultivos en el medio ambiente y su introducción en la cadena alimentaria. 
Queiró (UEN ),
    El informe que tenemos ante nosotros señala la necesidad de aumentar la financiación de la investigación en el ámbito de la agricultura a la luz de desarrollos tales como la transición hacia la multifuncionalidad, la mayor importancia otorgada al desarrollo rural y la necesidad de comercializar mejor algunas prácticas agrícolas especializadas como la producción agrícola ecológica.
Por ello el ponente solicita el uso de fondos del Sexto Programa Marco de Investigación para apoyar proyectos e iniciativas en el marco general de la agricultura y el desarrollo rural, teniendo presente el considerable potencial que existe en el ámbito de la ciencia de los alimentos y el desarrollo de productos, para incentivar la producción y la economía locales. 
Estamos completamente de acuerdo en que si queremos satisfacer las expectativas cada vez mayores de los consumidores en lo relativo a trazabilidad, el control higiénico, la calidad de los ingredientes, etc., se necesita una inversión considerable para elevar los niveles de calidad y mantener la competitividad. Dado que no es fácil que tal inversión se produzca en el nivel de las PYME, debemos crear las condiciones para lograr una inversión a nivel industrial, o a nivel regional o nacional, mediante la financiación pública. 
Por tanto, he votado a favor de este informe. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    Comparto la opinión del ponente de que se necesita financiación para la investigación en el campo de la agricultura. Hay un potencial considerable en los ámbitos de la ciencia de los alimentos y en el desarrollo de productos para incentivar la producción y economía locales, que, desafortunadamente, no se ha explotado adecuadamente.
A la vista de los últimos desarrollos en el sector, como la transición a la multifuncionalidad, creo que debe concederse al desarrollo rural la prioridad que merece, y la utilización de fondos del Sexto Programa Marco de Investigación puede ayudar en este aspecto.
Creo que las crecientes demandas de los consumidores, que acojo favorablemente y aliento, merecen con seguridad el apoyo total de las instituciones europeas.
Las instituciones deben contribuir no solo a posibilitar cada vez más el seguimiento del progreso de un producto «del huerto al plato», sino también a hacer más comercial ciertas actividades agrícolas especializadas, como la producción agrícola ecológica.
Todavía se necesita una inversión considerable en lo relativo a trazabilidad, control higiénico y calidad de los ingredientes para elevar los niveles de calidad y mantener la competitividad.
Por lo tanto, he votado a favor. 

Fatuzzo (PPE-DE ).
   – Es más, yo he votado a favor de este informe relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales porque su objetivo es contar con médicos que sean médicos europeos, reconocidos como tales en toda Europa, abogados europeos, contables europeos, arquitectos europeos. Nosotros los diputados, señor Presidente, ¿no somos ya parlamentarios europeos? ¿No demostramos que podemos tener éxito siendo parlamentarios sin tener que pasar exámenes adicionales para ser reconocidos en toda Europa? Por lo tanto, somos un ejemplo de cómo es posible en la práctica contar con una profesión europea única. De la misma forma que hemos tenido éxito como parlamentarios a la hora de realizar nuestro trabajo de forma eficaz, muchas otras profesiones también pueden ser capaces de hacerlo. ¡Esperemos que ocurra pronto! 
Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   .– Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra del informe porque, so pretexto de «transparencia» y «reconocimiento de cualificaciones profesionales», intenta hacer mermar disminuir los fundamentos científicos de las cualificaciones, cuando los desarrollos en ciencia y tecnología presuponen la mejora de la educación.
Tal y como destacamos durante el debate sobre el informe, su objetivo es seguir liberalizando el mercado laboral en beneficio de los grandes negocios, interviene en el sistema educativo de los Estados miembros imponiendo un modelo educativo que empeora la educación superior, y armoniza a la baja las cualificaciones necesarias para acceder a las profesiones protegidas por ley.
Por lo que respecta por ejemplo a los ingenieros, aparte de la cuestión del trato desigual a expensas de los ingenieros cualificados que han cursado una carrera de cinco años en una institución de educación superior, a los que equipara con graduados que solo han estudiado durante tres años, la disminución de la categoría de la profesión implicada por la Directiva plantea la grave cuestión del interés público y de las urgentes exigencias sociales y fundamentales en sectores sensibles, como por ejemplo la protección frente a terremotos, o la construcción y mejora del entorno natural y humano.
Además, el Pleno ha votado a favor de las enmiendas que preparan el terreno para el reconocimiento de diplomas de imitación emitidos por institutos universitarios, los famosos Centros de Estudios Liberales vinculados a universidades extranjeras que equiparan a sus graduados con los graduados de las escuelas superiores griegas, a pesar del hecho de que las carreras en estos centros no están reconocidas en Grecia como estudios superiores. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Acojo con agrado las críticas realizadas en el informe al proyecto de la Comisión, sobre todo respecto a las medidas temporales para definir la prestación de servicios y a la posibilidad de evitar el pago de cotizaciones a la seguridad social.
En Portugal, el elemento clave de la regulación y de la limitación del acceso a determinadas profesiones se encuentra en el artículo 47 de la Constitución. Solo se admitirán restricciones mediante disposiciones legislativas de la Asamblea Nacional. El acceso solo podrá restringirse cuando estén en juego otros derechos fundamentales –la vida, la salud y la seguridad de las personas y sus repercusiones– y mientras se respeten en todo momento los criterios de proporcionalidad, de necesidad y de garantía de que la medida es apropiada.
La idea de consolidar todos los reglamentos profesionales en una sola directiva, tomando en cuenta las características particulares de cada una de ellas –médicos, veterinarios, enfermeras, tocólogos, arquitectos y dentistas– es aceptable, ya que están en juego la vida, la salud y la seguridad de las personas y sus repercusiones.
Sin embargo, es inaceptable, y además incomprensible, que la Directiva no incluya a otros profesionales del sector sanitario, quienes ejercen un papel vital en la salud y la seguridad de los trabajadores, tales como los trabajadores sanitarios y de seguridad, biólogos, técnicos jefe sanitarios y técnicos de diagnóstico y terapeutas. El proyecto de Directiva, al no establecer explícitamente que con el fin de reconocer las cualificaciones profesionales la formación debe basarse…
Krivine y Vachetta (GUE/NGL ),
   . – El informe sobre el reconocimiento de las cualificaciones europeas amplía las posibilidades de prestación de servicios y armoniza las cualificaciones para aumentar la movilidad y la libre circulación de la mano de obra en Europa. Se propone garantizar la calidad del trabajo a los clientes de los prestadores de servicios y permitirles encontrar al responsable si el servicio no le conviene, así como tener un seguro contra los riesgos. Pero no hay nada en este texto sobre los derechos que otorgan las cualificaciones reconocidas, nada sobre las garantías ofrecidas, nada sobre la armonización de los estatutos y las condiciones de trabajo, nada sobre la mejora de las condiciones de formación.
Rechazamos una política que se dirige a dar todas las garantías a las empresas o a los clientes en caso de movilidad profesional, y ninguna a los que trabajan; rechazamos una política que favorece el dumping social poniendo a los asalariados en una situación de competencia brutal sin ninguna garantía, minando así los estatutos y las conquistas sociales. Defendemos una armonización de las cualificaciones que vaya indisolublemente unida a una definición de los estatutos, de las condiciones de trabajo y de los compromisos sociales en términos de salarios y de protección social, pues permitiría una movilidad que favorecería una mejora de las condiciones de vida y de trabajo en todos los países europeos. Por tanto, hemos votado en contra del informe Zappalà.
Lulling (PPE-DE ),
   . – El informe que se nos presenta contiene un número enorme de enmiendas, entre las que me he centrado solo en una de ellas, a saber, la enmienda 20 relativa al considerando 21.
En efecto, me lo pidió el Consejo de Arquitectos de Europa a través del Colegio de arquitectos e ingenieros consultores del Gran Ducado de Luxemburgo.
Esta enmienda introduciría el concepto según el cual «surveyors» podrían ofrecer servicios de diseño de edificios. La introducción de la referencia a los «surveyors» en esta directiva confiaría el reconocimiento a una profesión que solo existe en el Reino Unido e Irlanda y que no intervienen en el diseño de edificios. En estos países son los «building surveyors» los que se contratan de forma ocasional en el diseño de edificios. Dado que la profesión de «surveyor» no es común en Europa, las versiones lingüísticas de la enmienda van a crear confusión a la hora de saber quién está habilitado para diseñar edificios. En la traducción francesa se emplea el término «géomètres». Pero no se trata del mismo grupo profesional. 
Votaré en contra de esta enmienda, que me parece peligrosa.
Manders (ELDR ),
   .  El Partido Popular para la Libertad y la Democracia está particularmente satisfecho por el hecho de que las enmiendas de transacción que se han acordado concuerden por entero con la iniciativa de la Comisión Europea de poner en marcha un Europasaporte, un sistema de Internet que tendría como objetivo la promoción de la comparabilidad de los estudios y de las cualificaciones en la UE. El compromiso consiste en un sistema de puntos basado en el tiempo, en el que se otorgan puntos por cada curso de formación. Este sistema garantiza que al evaluar un curso de formación cobre importancia la calidad y no la duración del curso. Además, en este compromiso se han reforzado los derechos y deberes para aquellas profesiones que implican el deber de tener en cuenta especialmente al consumidor, por medio del registro y del seguro obligatorio en el caso de una prestación temporal de servicios en otro Estado miembro. También en el caso de las mujeres siguen siendo válidos los mismos derechos para acceder al mercado laboral. Se ha suprimido una disposición discriminatoria que estipulaba la posibilidad de retención de una cualificación solo en el caso de que no se hubiera interrumpido el trabajo durante dos de los últimos cinco años. La Directiva reviste una importancia vital para mejorar la movilidad en el mercado laboral y es una precondición esencial para alcanzar el objetivo de Lisboa. Un sistema transparente de cualificaciones será cada vez más importante, sobre todo con vistas a la ampliación, que derivará en un incremento todavía mayor de la migración intracomunitaria. 
Meijer (GUE/NGL ),
     A la gente joven se le dice que cada vez es más fácil conseguir un puesto de trabajo en el extranjero. Para algunos, trabajar en el extranjero por una temporada para ganar experiencia es divertido, pero no así cuando se convierte en una necesidad porque los puestos de trabajo de su profesión están desapareciendo en su propio país, de forma que solo pueden encontrarlos en lugares remotos. Las personas se desilusionan por completo cuando tienen que trabajar en el extranjero con salarios más bajos y sin reconocimiento por las cualificaciones obtenidas. De acuerdo con la propaganda de la UE, toda persona de todo Estado miembro tiene derecho a trabajar recibiendo un salario normal adecuado a ese país, y las cualificaciones están reconocidas mutuamente. Sin embargo, en la práctica hay una gran diferencia respecto a ese escenario ideal. Los profesores extranjeros no pueden realizar un trabajo equivalente en Francia y en Italia. Según peticiones recibidas recientemente, Grecia no reconoce los estudios universitarios que los griegos han cursado en el extranjero, y también hay problemas en Baden-Württemberg y en Escocia. No tengo la impresión de que la modificación propuesta de quince directivas vaya a resolver el problema realmente. Como mucho, habrá más libertad para establecerse por parte de quienes desempeñan profesiones liberales, y los extranjeros ya no tendrán que satisfacer los requisitos de permiso y registro; en cambio, dichos requisitos seguirán siendo obligatorios para sus homólogos nacionales. De acuerdo con especialistas médicos, la Comisión Europea no ha regulado muy bien la equiparación de sus cualificaciones. Parece que las quejas persistirán. 
Ries (ELDR ),
   . – Celebro la aprobación hoy del informe del Sr. Zappalà relativo al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la Unión Europea. En el momento de la ampliación, la libre circulación de los trabajadores, en este caso de los médicos, dentistas, enfermeros, veterinarios, comadronas, farmacéuticos y arquitectos, en la Unión exige un régimen de cualificaciones profesionales simplificado y armonizado. 
Me parecía importante preservar los logros y, por tanto, mantener unas normas elevadas de cualificación, en especial para los médicos, con un espíritu «europeo» que respete los valores personalizados. Por esta razón he votado en contra de la enmienda 155. En efecto, es preferible un mecanismo flexible que tenga en cuenta la evolución de los cursos de licenciatura universitarios para fijar el número de años de formación de los especialistas. 
Por último, he votado en contra de la enmienda 156, que no aclara el ámbito del reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales y no deja a los Estados miembros libre elección para reconocer especialidades en la profesión médica. Con respecto a estos puntos, espero del Consejo un gesto fuerte y una mayor escucha de las asociaciones profesionales, en particular de los médicos, a mayor beneficio, en última instancia, no lo olvidemos, de los pacientes.

Fatuzzo (PPE-DE ).
   – Estaba de viaje en coche de Milán a Roma. Tenía que ir a ver a mi madre, a quien no he visto desde hace un tiempo a causa de mis obligaciones como diputado al Parlamento Europeo.
Entre Bolonia y Florencia había una gran congestión de tráfico, lo que los franceses llaman un ; no podíamos seguir adelante por culpa de una cola de camiones, de camiones articulados y de coches parados. Divisé al Sr. Gargani, el ponente de este informe, que me estaba esperando allí. «¿Qué hace usted aquí, señor Gargani?», le pregunté. Y él me contestó: «Estoy aquí para mostrarle lo que podría pasar si no se aprueba mi informe sobre la armonización de los vehículos de motor. Mire, un coche ha dado la vuelta. Así que, cuando mañana llegue al Parlamento, acuérdese de votar a favor.» Fue un sueño, porque nunca no me encontrado con el señor Gargani, pero desde mi punto de vista votar a favor es lo correcto, y es lo que he hecho. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    Manifiesto mi satisfacción por el presente informe sobre la propuesta de la Comisión encaminada a completar el mercado interno único en el sector automovilístico por medio de la extensión a todos los vehículos de motor de los principios y procedimientos de homologación de la UE, que en la actualidad solo se aplican a los turismos.
Ante los progresos realizados en el sector automovilístico y dada la ampliación inminente, es necesario implantar un sistema único obligatorio para la homologación de vehículos de motor que reemplace los procedimientos nacionales. Puede que esto beneficie a la industria automovilística europea, como por ejemplo con una reducción en los costes de producción, mayores facilidades de acceso y expansión en el mercado europeo. Además, habrá ganancias en términos de seguridad en las carreteras y protección medioambiental.
Yo estoy de acuerdo en particular con el punto de vista del ponente de que todos aquellos beneficios que puedan otorgarse a las pequeñas y medianas empresas quedarán anulados por las condiciones que la propuesta les impone al aplicarla. El límite anual de producción exigido se sitúa en un nivel demasiado bajo, lo que podría desincentivar a las PYME europeas, obstaculizando de esta forma su potencial para el desarrollo y la innovación tecnológica.
Los periodos de transición, que deben preceder a la entrada en vigor del sistema, también deben ampliarse para tener en cuenta los ajustes que deberán realizar los fabricantes y todos aquellos que se ven obligados a trabajar con los nuevos procedimientos.
He votado a favor. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
    La Comisión considera que los bancos de merluzas del norte han sufrido un colapso biológico y, en consecuencia, ha presentado un plan de recuperación que consiste en reducir de forma drástica el esfuerzo pesquero y de capturas. El ponente considera que esta medida es desproporcionada y sugiere únicamente un plan de gestión. Ambas partes justifican sus posiciones remitiéndose al dictamen científico. Esto plantea cuatro cuestiones importantes:
– en primer lugar, es esencial evaluar la eficacia de los planes de recuperación establecidos en la revisión de la política pesquera común (PPC) en el Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo de diciembre de 2002, para la conservación de los recursos pesqueros;
– en segundo lugar, los pescadores deben involucrarse en el proceso de evaluación de las reservas, como reclamó el Parlamento en su opinión sobre la integración de las exigencias de protección medioambiental en la PPC. Es deplorable que en el caso de la merluza del norte los pescadores no hayan participado antes como es debido;
– en tercer lugar, dado que la sostenibilidad de los recursos es un objetivo clave del sector pesquero y de los pescadores, las medidas de recuperación de las reservas –que conducen a una reducción de los esfuerzos pesqueros y de captura y en algunos casos a un cese total de las actividades– deben estar sujetos a una evaluación de su impacto socioeconómico; también deben asegurarse indemnizaciones para las pérdidas sufridas por los afectados, especialmente los pescadores;
– por último, las medidas deben ser proporcionales a los objetivos, lo que no solo requiere la evaluación…
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Hudghton (Verts/ALE ),
   . Hoy he votado en contra de este informe, como hice en comisión. La propuesta original de la Comisión era un plan de recuperación de la merluza y el bacalao basado en consejos científicos que eran muy similares en su evaluación de la situación de ambas pesquerías.
La intensa presión por parte de aquellos cuyos intereses nacionales se centran en la pesquería de la merluza influyeron en la decisión de la Comisión y el Consejo de separarlas, procediendo primero con las medidas de recuperación del bacalao, que han sido discriminatorias con respecto al sector escocés del pescado blanco.
En comisión, este informe Souchet fue prácticamente redactado de nuevo mediante enmiendas que favorecen a los intereses nacionales centrados en la pesquería de la merluza. Esta medida aviva la opinión de muchos escoceses de que determinadas flotas pesqueras nacionales están siendo favorecidas, mientras que Escocia sale perdiendo con la gestión de la UE.
El principal factor que influye en este proceso es el hecho de que algunos Estados miembros tienen Gobiernos que están dispuestos a hacer que la supervivencia de sus comunidades pesqueras sea una prioridad, mientras que Escocia tiene la desgracia de estar representada por el Gobierno del Reino Unido, que regularmente nos traiciona en las negociaciones del Consejo de Pesca de la UE. 
Martinez (NI ),
   . – Los recursos pesqueros no son inagotables. El bacalao es un ejemplo de ello. Por eso, para su conservación, la Comisión Europea no cesa de encuadrar nuestro esfuerzo pesquero con variados instrumentos de gestión tanto de las poblaciones como de los buques. Las capturas se limitan con totales autorizados de captura desglosados en cuotas nacionales. En cuanto a los buques, no se deja de amputar su número a través del instrumento financiero de orientación de la pesca. 
El Reglamento de 20 de diciembre de 2002 sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros recoge estos instrumentos, pero sirve sobre todo de base a un tercer instrumento de gestión propuesto el 27 de junio de 2003, la limitación del esfuerzo pesquero en kilovatios-día. Para que las poblaciones no desciendan por debajo de la biomasa límite, 100 000 toneladas para la merluza del norte por ejemplo, el número de días de salida de los buques se limitaría en función de su potencia. Aparte de la complejidad de esta herramienta, ¿para qué poner a los pescadores europeos en barbecho si las reservas así liberadas son sobreexplotadas por los japoneses, los rusos y otros industriales de la pesca?
Sacrédeus (PPE-DE ),
    La propuesta de la Comisión demuestra la necesidad de un conjunto de medidas para facilitar la recuperación de los bancos de merluza. La propuesta se basa en el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). Sin embargo, el Parlamento no desea ir tan lejos y juzga que los problemas no revisten tanta seriedad.
Las enmiendas del Parlamento se basan esencialmente en el punto de vista de que la Comisión ha exagerado los problemas de la sobrepesca y que un plan de recuperación es innecesario. He decidido votar en contra de las enmiendas del Parlamento porque la propuesta original de la Comisión hace más hincapié en tomarse los problemas en serio. Además, se da prioridad a la supervivencia continuada de los bancos de peces por encima de los efectos socioeconómicos que pueden derivarse, en el peor de los casos, de cualquier restricción. 

Crowley (UEN ).
   – Señor Presidente, no estoy seguro de poder emular la elocuencia del Sr. Fatuzzo en mi explicación de voto.
Sin embargo, en primer lugar, pese a que nadie en esta Asamblea se opone al control adecuado del tiempo de trabajo de todas las personas empleadas en la Unión Europea, es igualmente importante que se permita cierta flexibilidad. El objetivo de las enmiendas que he presentado, y algunas de las propuestas que he apoyado, era el de garantizar que se aseguraría esa flexibilidad, que no necesariamente se produciría una renacionalización de las normas relativas al tiempo de trabajo, sino que habría flexibilidad en el sistema para garantizar que los trabajadores temporales y otras personas que optan por trabajar más horas tengan derecho a hacerlo, y no que se regule en sentido contrario. Aunque algunas de estas enmiendas no se aprobaron, sigo apoyando el informe y felicito al ponente.
En otra cuestión de procedimiento, creo que se cometió un error al admitir la enmienda oral a la enmienda 26. Mi enmienda 26 pretendía la eliminación de determinado párrafo, mientras que la enmienda oral añadía alguna cosa a dicho párrafo con respecto al texto original. Quisiera pedirle que usted o sus servicios examinen esto y que se deje constancia. Aunque sé que no podemos cambiar el voto al aspecto, debería quedar constancia de que se ha producido un error. 
El Presidente.
   Tomo nota de su comentario y se hará constar en acta. Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que dice. Pediré a los servicios que se pongan en contacto con su Señoría respecto a este tema. La enmienda oral no habría prosperado en caso de haber 32 objeciones. Esto no ha sucedido, por lo que se ha convertido en el precedente conforme al que hemos votado. Pediré a los servicios que le den una explicación, pese a que su contenido no le plazca. 
Martin, David (PSE ).
   – Señor Presidente, celebro el informe Cercas y felicito al ponente por su equilibrado planteamiento.
En el Reino Unido, 4 millones de personas –o el 16% de la población activa– trabajan en la actualidad más de 40 horas por semana. A principios de los noventa, la cifra era de 3,3 millones de personas, o el 15% de la población activa. Es increíble que haya más personas que voluntariamente quieran trabajar más de 40 horas semanales ahora que en el momento en el que se introdujo esta Directiva. Esto también cuestiona el uso de la exclusión voluntaria individual y si se está respetando la verdadera libertad de elección de los trabajadores, tal y como se establece en la Directiva.
Un exceso de horas afecta a la salud de los trabajadores a causa del estrés y el agotamiento; afecta a la productividad de la industria y menoscaba la vida familiar. No debería obligarse a nadie a trabajar más de 40 horas. Apoyo la flexibilidad, pero debe haber una verdadera libertad de elección, no estoy convencido de que esta exista en la actualidad. 
Fatuzzo (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, he tenido un sueño. He soñado que el Sr. Berlusconi, el Presidente del Gobierno italiano, tenía una aureola, así que puedo llamarlo San Berlusconi. San Berlusconi me dijo: «Sé que mañana tienes que votar sobre el informe Cercas relativo a la ordenación del tiempo de trabajo, que pretende impedir que aquellos que están exentos, con arreglo a la Directiva del tiempo de trabajo mínimo, trabajen demasiado. Mírame a mí: Trabajo todo el día, desde las seis de la mañana hasta las dos de la madrugada. Fíjate qué joven estoy, qué activo soy, qué despierto y satisfecho me encuentro en el trabajo. Así que el consejo que te voy a dar es que votes en contra del informe Cercas, para que todo el mundo pueda trabajar tanto como yo y esté tan satisfecho y se mantenga tan joven como yo.»
En ese momento me desperté y me di cuenta de que había sido un sueño. Así que me he sentido libre para votar de acuerdo con mi conciencia y, de hecho, he votado a favor del informe Cercas, a pesar de que San Berlusconi me aconsejó que votara en contra. 
El Presidente.
   Señor Fatuzzo, le agradezco que aporte cierto color mediterráneo a estos debates, por lo demás modestos, después de nuestra votación. Usted ha hablado de parecer joven: como sabemos por las referencias que ha mencionado, hay muchas formas de parecer joven, y puede que trabajar duro solo sea una de ellas. 
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL ),
   . – El informe Cercas pone de manifiesto lo que todo trabajador ya sabe: la patronal y los políticos a su servicio, que quieren una mano de obra que se deje explotar, desean que la duración del trabajo pueda ser fijada por el patrón como él quiera, sin ningún freno legal.
El Reino Unido es líder en este ámbito. El ponente indica que «más de 4 millones de trabajadores hacen jornadas superiores a 48 horas, lo que supone casi un millón más que los que hacían estas largas jornadas antes de la Directiva. Igualmente se ha incrementado el número de los que trabajan más de 55 horas, elevándose su número a 1,55 millones. Hay un 1% de trabajadores en el Reino Unido que hacen jornadas semanales de más de 70 horas»
En cuanto al acuerdo individual del trabajador para cumplir estos horarios, el cinismo de esta disposición queda subrayado por esta observación del ponente: «de forma generalizada, se hacen firmar estos acuerdos al mismo tiempo que el contrato de trabajo individual.» La elección es, pues, o matarse a trabajar o no tener trabajo.
Esta ofensiva generalizada contra toda reglamentación del trabajo que proteja aunque solo sea un poco a los trabajadores de la omnipotencia de la patronal constituye una regresión social profunda.
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Hemos votado en contra del presente informe ya que, lamentablemente, se han aprobado las propuestas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, que modifican notablemente el texto aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. A resultas de las propuestas y los votos de estos grupos, se han quedado en el tintero algunos elementos sumamente importantes:
– la solicitud de medidas temporales para impedir que un número importante de Estados miembros, como el Reino Unido, y de nuevos Estados miembros sean capaces de aplicar la cláusula de autoexclusión, lo que frustraría la finalidad de la Directiva;
– la solicitud de que la Comisión emprenda inmediatamente acciones contra el Reino Unido por incumplimiento, debido al amplio abuso sistemático de la Directiva a que se hace referencia en la comunicación de la Comisión;
– el punto que afirma que la Agenda de Lisboa establece un objetivo del 60% de la cuota de empleo entre las mujeres para el año 2010, que no se alcanzará si continúan permitiéndose las horas trabajo extraordinarias.
Por otra parte, no se han aprobado nuestras propuestas, en particular las que abogan por una reducción gradual de la jornada laboral y que presentan modelos alternativos de organización del tiempo de trabajo en el sector de la sanidad y en sectores similares, que implican estar «disponible» para proteger los derechos de los trabajadores con respecto al máximo de horas de trabajo. 
Krivine y Vachetta (GUE/NGL ),
   . – El informe Cercas tenía por objeto una revisión seria de la Directiva que fija la duración máxima del tiempo de trabajo semanal en los países de la Unión Europea. Esta es de 48 horas, medidas en un período de cuatro meses. No obstante, la Directiva reconoce la posibilidad de autorizar excepciones que amplíen el período de medición anualizándolo, y concede incluso la posibilidad de no aplicar esta regla si los trabajadores «renuncian a ella voluntariamente». Ahora bien, en la exposición de motivos del informe se reconoce que estas excepciones se están convirtiendo en la norma en Europa. En particular en el Reino Unido, la «cláusula de renuncia individual» habría sido firmada por una tercera parte de los trabajadores, 4 millones de los cuales trabajan ya más de 48 horas semanales. La resolución preguntaba, pues, a la Comisión por qué no realizó la evaluación de la Directiva prevista para 2003. Pronunciándose a favor de la mejora de las condiciones de trabajo, de la salud de los trabajadores y, en particular, de las mujeres, pretendía limitar al máximo los rebasamientos de la semana de 48 horas y, sobre todo, a suprimir una «renuncia individual» manifiestamente descarriada. Una vez más, la gran mayoría de los diputados han demostrado su desprecio por las cuestiones sociales y su exclusiva preocupación por el beneficio votando enmiendas que hacen tabla rasa de la voluntad de limitar el tiempo de trabajo. Por ello, hemos votado en contra de la resolución enmendada.
Meijer (GUE/NGL ),
     La Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de 1993 protege a los empleados de las semanas laborales de más de 48 horas, descansos diarios de menos de 11 horas y vacaciones de menos de 4 semanas. En todos estos casos se trata de disposiciones mínimas que podrían hacerse fácilmente más estrictas. Por encima de todo, esto es necesario para impedir que los Gobiernos de los Estados miembros de la UE consideren que estas disposiciones mínimas europeas son lo normal y en consecuencia adapten sus legislaciones nacionales, tal y como parece que quiere hacer el Ministro neerlandés De Geus. En la práctica, la Directiva está siendo socavada por una concesión que se hizo al Gobierno británico, por aquel entonces de signo conservador. La cláusula de exclusión voluntaria significa que, cuando los trabajadores británicos firman su contrato de trabajo, se les pide que renuncien a sus derechos. Las personas que no están dispuestas a hacerlo a menudo tienen que ceder su puesto a personas que sí lo están. Un problema adicional es que las horas de disponibilidad de los bomberos y del personal sanitario no están a menudo incluidas en su horario laboral. Como esta situación ha cambiado gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia, ahora se incluye a estas personas en el ámbito de la cláusula de exclusión voluntaria. Esto posibilita que la gente trabaje durante periodos de tiempo excesivamente largos. Gracias a una mayoría reducida, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se ha decantado a favor de un procedimiento de infracción contra el Gobierno británico y de la abolición de la exclusión voluntaria individual. Hoy la propuesta ha sido desbaratada por la mayoría conservadora.
Ribeiro e Castro (UEN ),
    El informe que ahora tenemos ante nosotros atañe a la revisión de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo: los periodos de referencia y las cláusulas de autoexclusión, comúnmente llamadas cláusulas de «opt-out».
En 1993, el Reino Unido negoció una cláusula de exclusión voluntaria que autorizaba a Estados miembros específicos a no aplicar la semana de 48 horas laborables como máximo en determinadas circunstancias.
Aunque estas cláusulas no son exclusivas del Reino Unido, es allí donde se usan con más frecuencia.
Sin embargo, la Directiva de 1993 establece una semana de 48 horas de trabajo como máximo, acordando de ese modo una protección básica para la mayoría de los trabajadores, siendo los directivos la principal excepción.
Aunque con reservas, la aprobación de varias enmiendas ha limitado los aspectos más excesivos de las propuestas del ponente. Por lo tanto, he votado a favor. 
Sacrédeus (PPE-DE ),
    La UE cuenta con una larga historia de fijación de reglas mínimas para la organización del tiempo de trabajo. Lamentablemente, la exclusión voluntaria británica en este terreno se ha convertido cada vez más casi en una norma principal, porque el 33% de los trabajadores en Gran Bretaña han firmado contratos en los que manifiestan estar dispuestos a trabajar más de 48 horas semanales.
Esto tiende a extenderse ahora a más países, lo que comportaría un riesgo para la salud de los trabajadores y socavaría la seguridad en el lugar de trabajo. Nosotros, los Demócratas Cristianos, no deseamos apoyar semejante desarrollo.
Así que era crucial que yo votara a favor de la nueva redacción del apartado 12, cuyas dos partes fueron aprobadas respectivamente por 275 votos a favor y 229 en contra (con 9 abstenciones) y 335 votos a favor y 155 en contra (con 21 abstenciones). Esto significa que el plazo de la exclusión voluntaria británica va a irse cerrando ahora de forma paulatina.
La enmienda 28 implica una solución a largo plazo del problema de las horas de disponibilidad de los médicos, que se discutirá en la próxima fase de la consulta, cosa que he apoyado porque de lo contrario el resultado sería una demanda de unos 3 000 nuevos médicos en Suecia y una situación financiera insostenible para los consejos comarcales. 
El Presidente.
   –Con esto concluyen las explicaciones de voto.

(1)
Cf. Acta.
Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre la posición de la Unión Europea sobre la audiencia en la Corte Internacional de Justicia sobre el muro israelí. 
Roche,
    Señora Presidenta, al abordar la situación de del Próximo Oriente, lamento tener que decir que se han producido pocos avances de naturaleza positiva en la región en los últimos meses. Debo ser sincero y decir que las previsiones de avance a corto plazo no son muy alentadoras. Sin embargo, la Unión Europea sigue otorgando una gran importancia a esta cuestión, y esta Presidencia debe desempeñar un papel activo en las iniciativas de paz internacionales y, en concreto, como miembros del Cuarteto internacional que comprende a la Unión Europea, Rusia, los Estados Unidos y las Naciones Unidas, trabajaremos con ahínco en este asunto.
El Ministro de Asuntos Exteriores irlandés, en su calidad de Presidente del Consejo, visitó Israel y Egipto los días 14 a 18 de enero de 2004. Se reunió con el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel e hizo una llamada de cortesía al Presidente de Israel. En sus reuniones, el Ministro Cowen señaló que el no era sostenible y que deberían hacerse avances en la aplicación de la hoja de ruta. Sugirió que si los pasos iniciales previstos en la fase uno de la hoja de ruta resultan ser demasiado grandes, quizás deberían darse pasos más pequeños a fin de generar confianza en la región. La parte israelí mostró cierto interés por estas ideas. Durante una visita a Dublín celebrada el 9 de enero, se hicieron sugerencias similares al Ministro de Asuntos Exteriores palestino, el Dr. Nabil Sha'ath. Estas ideas también obtuvieron el apoyo del Presidente y el Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, además del Secretario General de la Liga Árabe.
El Primer Ministro palestino, Sr. Qurei, visitó Dublín el pasado lunes y sus conversaciones con el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores incluyeron nuevas discusiones en torno a estas ideas. Las reuniones se celebraron en una atmósfera muy cordial y las conversaciones fueron variadas y francas. El Primer Ministro palestino informó a sus interlocutores irlandeses de los preparativos que se están haciendo para una reunión con el Primer Ministro de Israel. Afirmó que está dispuesto a reunirse con el Primer Ministro Sharon en una fecha conveniente para ambas partes. También anunció varias medidas positivas que está adoptando el Gobierno Palestino o que adoptará en breve. Dichas medidas incluyen la vuelta gradual de la policía palestina a las calles; acciones firmes para poner fin a la incitación; y una declaración inequívoca que reafirma la postura palestina expresa sobre el derecho de Israel a existir en paz y seguridad.
El Primer Ministro Qurei también señaló la labor de la comisión electoral palestina, que está preparando los comicios en los territorios palestinos en los próximos meses. También instó a que el Cuarteto haga que el Gobierno israelí detenga la construcción del muro, ya que continuar con la misma socavaría la hoja de ruta y la solución de los dos Estados, además de la catástrofe humana que supondría el muro para el modo de vida del pueblo palestino.
No puede caber duda de que la construcción por parte de Israel de un muro divisorio que se adentra en los territorios palestinos constituye un importante obstáculo para el progreso y la paz en esta región. Este ha sido el tema de las declaraciones por parte de la Unión Europea y de otros, que han instado a Israel a que considere las consecuencias a largo plazo de esta construcción. Sobra decir que el muro desempeñó un papel destacado en las conversaciones que el Presidente del Consejo mantuvo en Israel hace dos semanas y que la actitud israelí fue lamentablemente evasiva.
El 21 de octubre de 2003, los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados en vías de adhesión copatrocinaron una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución solicitó a Israel que detenga y dé marcha atrás a la construcción del muro, además de pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que informe sobre el cumplimiento por parte israelí. Cuando a finales de noviembre el Secretario General informó de que no había pruebas de cumplimiento por parte de Israel, la Asamblea General aprobó una resolución solicitando a la Corte Internacional de Justicia que presentase un dictamen consultivo sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro en los territorios palestinos ocupados. Esta resolución se aprobó el 8 de diciembre de 2003; en esa ocasión, la Unión Europea se abstuvo de votar. La decisión de abstenerse se tomó tras intensas consultas y se basó en la convicción de muchos Estados miembros de que transferir la cuestión del muro a un foro jurídico no contribuiría a hacer avanzar el proceso político necesario para la paz. La abstención no sugería en modo alguno que hubiese cambiado la postura de la Unión Europea de que el muro viola el Derecho internacional, sino lo contrario.
Al recibir la resolución de la Asamblea General, la Corte invitó a los Estados miembros de las Naciones Unidas a remitirle declaraciones o informaciones que puedan ser útiles en sus deliberaciones. Algunos Estados miembros de la Unión Europea consideraron que sería aconsejable presentar una posición común ante la Corte. Otros Estados mostraron una fuerte preferencia por hacerlo de forma individual. Después de una discusión bastante intensa –inclusive en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 26 de enero– se acordó que la Presidencia presentaría una posición en nombre de la Unión y que cada Estado miembro podría presentar a su vez su posición nacional basándose en las posiciones establecidas de la Unión Europea. La Presidencia remitió los textos de las declaraciones de la Presidencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre y el 8 de diciembre. Fueron transmitidas por el Embajador irlandés al Registrador de la Corte Internacional de Justicia de la Haya el 30 de enero. Los documentos remitidos por todas las partes interesadas –inclusive israelíes y palestinos– ya han sido recibidos por el Tribunal. Se espera que las declaraciones orales comiencen el 23 de febrero y que la Corte comunique su dictamen consultivo a la Asamblea General entre finales de mayo y finales de julio.
En medio de la penumbra que prevalece en la región, se han producido algunos pequeños signos de esperanza. La Iniciativa de Ginebra promovida por Yossi Beilin y Yasser Abed Rabo constituye un indicio feliz de que los mandatarios de ambas partes pueden mantener una discusión racional. Este plan señala algunas vías por las que pueden abordarse los difíciles problemas del estatuto definitivo, como Jerusalén y el derecho de los refugiados a regresar. Me complace que los autores hayan estado hace poco en Bruselas para informar al Alto Representante de la Unión Europea, el Sr. Solana. También hay en marcha otras iniciativas entre los representantes de la sociedad civil que implican a académicos, figuras políticas, además de antiguos oficiales de inteligencia y militares. Esto contribuirá a probar que el diálogo es posible, incluso sobre cuestiones muy difíciles y emocionales.
También me siento animado por las propuestas de que la Liga Árabe podría optar por reiterar su iniciativa adoptada en la Cumbre de Beirut hace casi dos años. Esta idea, anticipada por el Príncipe de la Corona de Arabia Saudita, consistía en que, a cambio de la retirada de Israel a las fronteras de 1967, se normalizarían las relaciones con todos los vecinos árabes. La normalización implicarían el reconocimiento de derecho de Israel por parte de todos los miembros de la Liga Árabe, el establecimiento de relaciones diplomáticas, el establecimiento de vínculos comerciales y la apertura de posibilidades para los intercambios técnicos y de inversiones en todos los sectores. En su momento, esta propuesta no fue suficientemente atendida en Israel, pero con la hoja de ruta sobre la mesa esta iniciativa podría resultar complementaria. También serviría para dar garantías a Israel con respecto a la prudencia de avanzar hacia un acuerdo de paz con sus vecinos, Siria y el Líbano.
Quisiera instar a los líderes de la Liga Árabe a que aprovechen la oportunidad de su próxima cumbre para plantear de nuevo a Israel la posibilidad de la normalización. Deberían hacer hincapié en su deseo de paz general que solamente puede ser beneficiosa para todos los países de la región. También quisiera instar a los líderes israelíes a que consideren detenidamente los beneficios y las ventajas que podrían obtener de una relación normal con sus vecinos y de asumir su debido papel en su región política y económica natural.
Por último, quisiera garantizar a esta Asamblea que la búsqueda de una solución pacífica al conflicto árabe-israelí, basada en las posiciones bien establecidas de la Unión Europea, constituye una prioridad de la Presidencia irlandesa y que debemos intentar por todos los medios que la hoja de ruta avance y convenza a las partes del conflicto de que tomen las medidas necesarias para alcanzar una paz amplia y duradera en beneficio de todos los pueblos y Estados de la región. 
Gahler (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, está claro que cuando se menciona el tema de la valla o muro de seguridad entre Israel y las zonas palestinas autónomas, en seguida se produce una exaltación de las emociones por parte de todos los implicados. En varias ocasiones, el Parlamento Europeo ha aprobado opiniones respecto a este tema, respecto a lo apropiado del muro, a su legalidad, al nuevo escenario que se ha creado en términos de futuros acuerdos potenciales por parte de los israelíes, a las extremas dificultades que ello supone para muchos palestinos, y a la ilusión de seguridad que el muro crea para Israel. Ya hemos dejado claras nuestras posturas sobre todos estos aspectos, y no deseo volver a tratar de nuevo los mismos puntos en este momento.
La cuestión que hoy necesitamos resolver es en qué punto nos encontramos respecto a la audiencia en la Corte Internacional de Justicia sobre el muro israelí. En primer lugar quiero dar las gracias a la Presidencia irlandesa por sus observaciones y por clarificar cuál ha sido la posición de la UE, en qué ocasiones y por qué razones. Echemos un vistazo a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo fundamento jurídico era la fórmula «Unidos por la Paz». De hecho, yo creo que, desde un punto de vista jurídico, esta no era una base legal apropiada porque el Consejo de Seguridad estaba realmente en condiciones de tratar este tema, y de hecho lo hizo, y por lo tanto pienso que la UE hizo lo correcto al abstenerse en la votación, sin duda por motivos jurídicos. Sin embargo, la declaración emitida por la Presidencia en aquel entonces también tuvo cierto carácter político. Si me lo permiten, citaré la frase pertinente en inglés: «The EU believes that the proposed request for an advisory opinion from the International Court of Justice will not help the efforts of the two parties to relaunch a political dialogue and is therefore inappropriate.» [«La UE cree que la petición propuesta de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no ayudará a los esfuerzos de las dos partes por reanudar el diálogo político y es por lo tanto inapropiada.»] Así que la consecuencia fue que la UE de los 15 se abstuvo. Apoyo la opinión de que no deberíamos subestimar esta cuestión en este contexto.
Deberíamos tomar medidas políticas a favor de la reanudación de las conversaciones entre israelíes y palestinos, así como de la hoja de ruta, que está moribunda, de manera que no perdamos por completo de vista las consecuencias de este muro de seguridad ni tampoco la resolución del aspecto principal. Me resulta difícil ver por qué estamos manteniendo aquí un debate sobre los aspectos jurídicos si es contrario al estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice que no puede haber juicio si un Estado involucrado en una disputa ante la Corte no acepta su jurisdicción. E Israel ha manifestado específicamente que no desea comparecer ante la Corte Internacional de Justicia respecto a esta cuestión. Por lo tanto, creo que las iniciativas políticas son mucho más importantes, y que la única forma por la que podemos conseguir la supresión del muro de seguridad o incluso, como primer paso, facilitar el paso de personas a través de dicho muro, es presionar a todos aquellos involucrados para que asuman sus responsabilidades y hagan frente a los compromisos que al fin y al cabo han suscrito.
Apoyo a la Presidencia en la medida en que siga en la línea que la Unión Europea ha apoyado hasta el momento. Me complace que la Presidencia pretenda mantener conversaciones intensas y que –aunque lamentablemente la Unión Europea todavía no ha desempeñado hasta el momento un papel de liderazgo o realmente fundamental– será capaz en la práctica de conseguir que influyamos en todos aquellos que están involucrados en el proceso por medio de la adopción de una postura equilibrada, una postura en la que ambas partes nos consideren mediadores honestos. Sin embargo, si ese no fuera el caso, y si continuamos representando un papel meramente secundario, creo que las partes no tendrán la confianza en nosotros que necesitamos en el caso de que con toda honestidad debamos desempeñar un papel en este caso. El dinero que destinamos a esta zona no nos garantizará esta influencia por sí mismo. Tenemos que hablar con una voz política única y esforzarnos por contribuir de esta forma. 
Menéndez del Valle (PSE ).
    Señora Presidenta, con toda franqueza, no tengo demasiado interés en entrar en el debate respecto al asunto del muro de la vergüenza en la Corte Internacional de Justicia. Está claro que estamos ante un muro que es una vergüenza moral y un error político, pero me temo que corremos el riesgo de levantar otro muro, esta vez de humo, al dedicar nuestro tiempo a esto en lugar de ejercer la presión, el esfuerzo y la voluntad política necesarios para impulsar de verdad el proceso de paz israelo-palestino.
Cierto es que el famoso muro dificulta la creación de un Estado palestino, pero también lo es que la existencia de los asentamientos hace imposible la creación de un Estado palestino viable, y mucho más la imposibilita la ausencia de voluntad política para actuar en consecuencia.
Aprovecho la ocasión para señalar que están surgiendo otras significativas cortinas de humo, como por ejemplo, el reciente anuncio de la Administración Bush de que está preparando un vasto plan para reformar el mundo árabe-islámico e integrarlo en un paraguas de seguridad occidental. Ahora, al parecer, los ultraconservadores estadounidenses hablan de un gran Oriente Medio reformado como prioridad de su política exterior, lo que facilitaría -dicen ellos-, la resolución del conflicto israelo-palestino.
Francamente, no me parece serio un proyecto que pretende crear, de la noche a la mañana, democracia y prosperidad de Marruecos a Pakistán. Más bien creo que se trata de otro intento de distraer a la opinión pública de cara a los comicios presidenciales de noviembre, ahora que esa misma opinión pública comprueba que los imperativos electorales del Presidente Bush se imponen a la supuesta intención de hacer avanzar el proceso de paz en el Oriente Próximo.
Además, ese pretendido gran proyecto para Oriente Medio haría perder su centralidad al conflicto israelo-palestino. Al parecer, se pretende que la Unión se incorpore a ese proyecto. Cabe recordar que la Unión es protagonista del proceso de Barcelona que, por cierto, no tendrá éxito -al menos no éxito pleno- hasta que no se ponga fin al enfrentamiento entre palestinos e israelíes.
Otra cortina de humo es la que está erigiendo en estos momentos el Primer Ministro Sharon. Él, el Primer Ministro Sharon, que se pasa la vida anunciando concesiones dolorosas que nunca lleva a cabo y que ha sido incapaz de desmontar los denominados enclaves ilegales -esto es, cuatro carromatos desperdigados en cuatro colinas cisjordanas-, dice ahora que evacuará los asentamientos de Gaza. Le concedo -cómo no- al Primer Ministro el beneficio de la duda, siempre que no acabe demostrándose que su proyecto consiste en trasladar los colonos de Gaza a los asentamientos de Cisjordania, que son los que verdaderamente impiden la viabilidad del Estado palestino que el Cuarteto asegura propiciar.
Ludford (ELDR ).
   – Señora Presidenta, la ocupación de Cisjordania y Gaza por parte de Israel es muy preocupante y me refiero en este contexto a que se haya disparado, provocándole la muerte, a Tom Hurndall, habitante de mi circunscripción. Pero la amenaza de seguridad para Israel también es muy grave. Si el único propósito de la barrera es detener a los terroristas suicidas, es justo preguntar por qué no está situada en la «línea verde». ¿Por qué hace estas incursiones en territorio palestino y provoca tantas penalidades? Al menos celebro el anuncio hecho hace dos días de que el muro se trazará más cerca de la línea verde. También celebro la intención del Primer Ministro Sharon de retirarse de los asentamientos de Gaza.
Un colega del Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, Henry Siegman, escribió hace poco que el apoyo a la causa de la nación palestina no implica la negativa a los judíos a que puedan vivir en su propio Estado. Esta es justamente mi postura: dos Estados codo con codo, con el derecho de los palestinos a volver en gran media a un Estado en Cisjordania y Gaza. Pero debe ser un Estado viable.
Por supuesto, la consecución de esto no es solamente responsabilidad de Israel. Los palestinos deben querer la paz y evitar el terrorismo. Es muy difícil refutar el derecho de Israel a garantizar su seguridad cuando los líderes palestinos parecen ser incapaces de detener a los terroristas suicidas. Existen personas desesperadas, pero no estoy convencida de que la desesperación sea la única base para los terroristas suicidas, también son reclutados y explotados.
La Autoridad Palestina está en crisis, no solo debido a la hostilidad israelí, aunque este sea un factor importante, sino también debido a la corrupción y al desorden criminal. Quisiera señalar que el pasado fin de semana dimitieron 350 activistas del movimiento Fatah, de Yasir Arafat, en señal de protesta. Quizás sea una actitud paralela a la demanda interpuesta por ONG israelíes ante el Tribunal Supremo de su país en protesta contra la barrera.
La principal prioridad es volver a las negociaciones políticas. No estoy convencida de que la causa ante la Corte Internacional de Justicia sea de gran ayuda, ya que nos aleja de esto. Lo que ayudaría sería la presión democrática de la base, tanto en Israel como en Palestina. 
Morgantini (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, me habría gustado decir lo que el Sr. Menéndez del Valle ya ha dicho en su análisis, pero voy a decir algo más. La hermana Dominique dirige la Casa di Nostra Signora dei Dolori en Abu Dis, un pueblo cercano a Jerusalén, partido en dos por el muro de la segregación y la anexión, tal y como lo conocen los palestinos y los israelíes pacíficos, o por una valla de seguridad, tal y como lo llaman las autoridades israelíes. Este es el mensaje de la hermana Dominique: «El 11 de enero se inició la construcción del nuevo muro de separación, de nueve metros de altura. Reemplaza a otro muro mucho más bajo construido en agosto de 2002 que la gente podía saltar cuando no se les permitía ir a Jerusalén. Miles de personas han saltado por encima de ese primer muro: niños, estudiantes, madres, ancianos; muchos se han caído, una persona incluso murió. Hace dos meses tuvimos que llamar a la ambulancia porque un hombre de 65 años se había caído y golpeado la cabeza. La ambulancia llegó demasiado tarde. En la carretera, el ejército se puso a inspeccionar la ambulancia y obligó a bajarse a la mujer del hombre herido, y cuando llegaron al hospital ya era demasiado tarde para él.
Las cosas que ocurren alrededor de este muro son intolerables. Durante meses, cientos de personas han pasado a través de nuestra propiedad cada día para evitar los controles militares, porque no tienen los permisos requeridos. La gente de nuestro entorno vive con miedo de ser arrestada, golpeada y humillada, tal y como ocurre demasiado a menudo. Hay una tensión constante y las condiciones de vida se están volviendo cada vez más miserables.
Confrontados con una apatía general, nos sentimos aislados e indefensos. Queremos hablar en nombre de aquellas personas sin voz que, cada día, durante los dos últimos años, han luchado por llegar a su puesto de trabajo y a la escuela o que mueren por falta de tratamiento médico. En el intento de llevar a cabo nuestra misión, también nos hemos encontrado con dificultades con los soldados, cuando hemos acogido a personas porque la ambulancia tenía el paso prohibido. El mismo problema surge cuando alguien muere: el cementerio está al otro lado del muro. Incluso los comercios están en la otra parte. Muchos de nuestros pacientes están solos, sus familias ya no pueden visitarlos. No sabemos qué es lo que va a pasar cuando el muro esté terminado. La mayoría de nuestros ancianos y de nuestros empleados vienen de Cisjordania. Solo tres de nuestros dieciocho empleados poseen una tarjeta de identificación de Jerusalén; durante dos años han tenido que escalar el muro y cambiar su ruta para evitar los puntos de control, porque, incluso con pasaporte, los soldados les obligaban a dar media vuelta.
Este muro de nueve metros de altura nos obligará a despedir a la mayoría de nuestro personal y a dejar de acoger a gente mayor de Cisjordania, en otras palabras, a dejar de acoger a los más pobres. Estamos más preocupados y más aislados que antes por culpa del muro y porque la zona circundante ha sido declarada zona militar. ¡Ayúdennos!»
Estas son las palabras de la hermana Dominique, pero, de hecho, mucho peor es la situación de los habitantes de Qalqilya, a quienes el muro incluso les impide ver la salida del sol. Para 50 000 personas, la única salida de la ciudad tiene una verja de hierro que el ejército israelí cierra y abre a su antojo. A las 17.00 de la tarde se cierra, y nadie puede entrar ni salir de la ciudad después de esa hora. Además, ¿qué puede decirse de los habitantes de Budrus, que han intentado, junto con muchos pacifistas israelíes, usar medios no violentos para oponerse a la tala de sus árboles y a la destrucción de sus hogares? Han sido golpeados brutalmente por los soldados; un niño israelí todavía se encuentra en el hospital.
De hecho, el muro y las barreras en construcción están forzando a los palestinos a vivir en guetos. Sharon dice que es por seguridad, para prevenir los ataques terroristas, sin querer entender que la seguridad no puede basarse en la construcción de un muro y campos de refugiados, sino en dar a los palestinos la posibilidad de vivir en libertad en un Estado propio que coexista con el de Israel. El muro no es una simple cárcel: equivale de nuevo a la confiscación de tierras, equivale de nuevo a la anexión. No sigue las fronteras de 1967, sino que en su lugar penetra en el territorio palestino y lo divide. Mientras tanto, se ha intensificado la propaganda para que el muro sea aceptado. Preocupadas por la reacción negativa de la comunidad internacional, las autoridades israelíes están intentando hacer que el muro no parezca tan monstruoso. La propuesta publicada en el periódico israelí , hecha por el equipo del Ministro de Asuntos Exteriores responsable de las relaciones públicas, afirmando que «si el muro se pintara de colores vivos, resultaría más estético y reduciría el agravio para las relaciones públicas», no es, por desgracia, un chiste.
El Parlamento ha condenado la construcción del muro y ha solicitado que se paralice. Los muros, como fuimos testigos con el Muro de Berlín, destruyen la libertad. La Asamblea General de la ONU ha votado para que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita un dictamen sobre su legitimidad. El Presidente del Consejo de Ministros Europeo ha manifestado, de la forma más inoportuna, que él considera que el traspaso de la cuestión a la Corte Internacional de Justicia se ha producido a destiempo. ¿Por qué, en lo que respecta a las autoridades israelíes, tienen que dejarse siempre de lado el derecho internacional y las violaciones de los derechos humanos en nombre de negociaciones que no existen, y el Cuarteto, en lugar de hacer presión a favor de la hoja de ruta, permite que pase el tiempo y que sigan muriendo personas en Palestina e Israel? Está claro que hay complicidad, porque este muro no equivale a seguridad, sino a anexión territorial y conquista colonial. La Unión Europea no puede lanzar el derecho internacional por la borda. Emprendamos acciones diplomáticas, relancemos la hoja de ruta, hagamos todo lo que podamos para impedir aquellos actos que puedan causar la muerte de civiles israelíes, ejerzamos también presiones económicas y políticas sobre Israel, para que Sharon no actúe unilateralmente y vuelva a la mesa de negociaciones.
Como ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, la comunidad internacional presta atención y apoyo a la iniciativa de Ginebra, a la resistencia palestina no violenta contra la ocupación militar, a los soldados que se niegan a llevar a cabo bombardeos y a ser instrumentos de la represión en los territorios ocupados, a los padres palestinos e israelíes que han sufrido la pérdida de sus seres queridos a manos del ejército, de los colonos israelíes o de los asesinos/atacantes suicidas palestinos y quienes rechazan la idea de venganza. Todos estos elementos demuestran que la coexistencia y la seguridad son posibles a la vez que se afirma el derecho de todos a vivir en paz con dignidad y justicia. 
Cohn-Bendit (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, estamos entrando en un debate bastante curioso, y no puedo decir que entiendo todos los distintos puntos de vista. Todos estamos a favor de situar las relaciones internacionales sobre un fundamento jurídico. La creación del derecho internacional que todos deseamos está en nuestras manos. Por eso considero que la solicitud hecha a la Corte Internacional de Justicia de que dictamine cómo juzga la realidad de este muro está justificada. Básicamente, lo que deseamos es una declaración clara sobre lo que el muro implica. Tal y como yo lo veo, un resultado muy simple podría ser –y no se tiene que ser clarividente para darse cuenta de ello– que la Corte dictaminara que un muro construido sobre las fronteras de 1967 reconocidas por la ONU no sería de nuestro agrado, pero que estaría en consonancia con el derecho internacional. Nos guste o no, los israelíes tienen derecho a construir un muro sobre su propio territorio. Políticamente hablando podríamos considerarlo incorrecto, pero la cuestión de la seguridad no se puede pasar simplemente por alto.
El factor clave es que la construcción de este muro equivale a una anexión. Según el derecho internacional, se trata de una extensión del Estado de Israel, y de una extensión ilegal en este sentido. No se ha negociado, se ha usado la fuerza para apropiarse de parte del territorio. Siendo este el caso, creo que sería apropiado que la Corte Internacional de Justicia emitiera su opinión. Considero que La Unión Europea, que luchó por ejemplo en contra de los norteamericanos para que se fundara esta Corte –y siempre hemos manifestado que queremos un derecho internacional– se equivocó al abstenerse. No se trata de oponerse a Israel. Se trata de oponerse a cualquier Estado que se arrogue el derecho a anexionar territorio. Esa es la piedra angular del derecho internacional. Es admisible intercambiar territorios por medio de negociaciones, pero no lo es –y este aspecto también está presente en el núcleo de la Carta de la ONU– anexionar territorios.
Tal y como yo lo veo, se podría decir lo mismo si se hubiera pedido un dictamen sobre el contenido de los programas de las organizaciones palestinas. Los programas de las organizaciones palestinas que no reconocen al Estado de Israel también son ilegales y deberían calificarse de ilegales. La cuestión de la Carta de la OLP es complicada. También sería posible determinar en términos jurídicos si se refiere o no al reconocimiento del Estado de Israel. Esto significa que también sería posible examinar la constitución de grupos y de partidos que defienden el Estado palestino y la autonomía palestina. El resultado final sería que ya no sería posible ni para una parte ni para la otra reclamar un derecho para sí misma y al mismo tiempo rechazar el reconocimiento de los derechos de la otra parte. Ese es el factor clave en este conflicto. Los palestinos deben reconocer a Israel, pero los ataques terroristas en Israel lo contradicen. Y los israelíes tienen que reconocer al Estado palestino, pero este muro equivale al rechazo de dicho Estado. Esto puede establecerse jurídicamente. 
Sandbæk (EDD ).
   – Señora Presidenta, la semana pasada, la delegación israelí organizó una reunión sobre el llamado muro de seguridad con el Sr. Peled, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, entre otros. Contó una breve anécdota de un americano que, en un zoológico de Moscú, había visto para su gran sorpresa en una jaula a un lobo junto a un cordero. Resultó que cada día le llevaban al lobo un cordero distinto a la jaula. El Sr. Peled comparó a Israel con el cordero y a los palestinos con el lobo, lo que, desde mi punto de vista, es en realidad darle la vuelta a la cuestión, porque según lo que yo sé, es Israel quien ha ocupado Gaza y Cisjordania, quien tiene armas nucleares y uno de los ejércitos más poderosos del mundo y que recibe el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, esto es típico del comportamiento y de la imagen que Israel tiene de sí mismo.
Si el mundo no hace toda la presión imaginable para tirar abajo este muro completamente desastroso, sea la conclusión que sea a la que llegue la Corte Internacional, no habrá nunca paz en Oriente Próximo. Al mismo tiempo, Sharon debe saber que no puede reemplazar la hoja de ruta para la paz con su propia delineación unilateral de las fronteras. De hecho, me complació escuchar que Sharon quería desmantelar los asentamientos en Gaza, hasta el momento en que quedó claro que lo único que quería era trasladarlos a Cisjordania y que se trataba de una fase en su proyecto actual de abandonar la hoja de ruta para la paz y, en realidad, empezar a actuar de forma unilateral. Esto es desde luego completamente inadmisible. Los asentamientos tanto en Cisjordania como en Gaza son ilegales y el principal obstáculo para la paz.
Los aliados fueron a la guerra para forzar a Sadam Hussein a cumplir las resoluciones de la ONU. ¿Cuándo se ha planteado la comunidad internacional forzar a Sharon a hacer lo mismo, fijándole un plazo límite para el desmantelamiento obligatorio de todos los asentamientos ilegales de Israel en los territorios ocupados? Una vez se haya hecho esto, Israel podrá, si se considera apropiado, construir un muro protector a lo largo de la Línea Verde pero, para entonces, eso será innecesario porque la Autoridad Palestina contará entonces con la base para poner fin efectivamente por sí misma a todos los ataques suicidas. 
Pannella (NI ).
   – Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Sra. Sandbæk ha afirmado que querría derribar el muro. Es la vieja historia: hay una Europa –la de la Sra. Sandbæk– que hace 60 años, por las mismas razones, en el fondo, quería derribar la Línea Maginot. Se ha hecho referencia al Muro de Berlín. Ese muro infame se construyó y fue apoyado por aquellos que hoy quieren derribar el muro israelí. Eso es lo que esta ocurriendo, no tengan duda de ello, incluso si esta tarde el Sr. Cohn-Bendit ha dicho algunas cosas razonables. Se trata de una ocurrencia tan extraña que no voy a perder el tiempo, el suyo y el mío, respondiendo a sus comentarios. Repito: ¡mi enhorabuena por haber dicho algo razonable!
Señor Roche, lo que más me interesa en este momento es una información que se nos continúa escapando: nuestra colega diputada o, mejor dicho, la Ministra española de Asuntos Exteriores, la Sra. De Palacio Vallelersundi, presentará en las próximas horas a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea una propuesta discutida de nuevo ayer en Toledo, hecha específicamente o presentada por Shimon Perez, con el apoyo pleno y absoluto del Ministro de Asuntos Palestinos, Nabil Sha’ath. Le instaría a que tomara nota de ello, ya que los únicos que lo han hecho han sido el y el . Es la información del día de hoy: el Ministro de Asuntos Palestinos ha dado su apoyo al procedimiento de acceso de Israel a la Unión Europea, de manera que el Estado palestino pudiera aspirar igualmente a ello cuando se convirtiese en realidad, en el contexto de una federación de ambos Estados, y no el vergonzoso batiburrillo de Estado nación que les estamos ofreciendo a los palestinos en 3004, un pequeño Estado soberano construido con mentiras, ladrones e individuos corruptos y violentos.
Espero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que escuche la propuesta de la Sra. De Palacio Vallelersundi: las propuestas que hemos planteado en esta Cámara durante los últimos 20 años –para cambiar el contexto histórico– y las propuestas que todavía quedan por escribir, con o sin hoja de ruta, son una pérdida de tiempo, suicidas y no merecen ni ser presentadas.
En consecuencia, espero que el argumento de que Israel debe convertirse en miembro de la Unión Europea, apoyado por un gran número de diputados, se persiga con la máxima convicción porque se trata de una contribución que podemos hacer en respuesta a los sucesos de 1939 en Europa y también a favor de los palestinos, a los que en su lugar quieren ofrecer ustedes un Oriente Próximo fascista, nazi, comunista y no democrático.
Cushnahan (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el Primer Ministro israelí Ariel Sharon afirma que la construcción del controvertido muro de su país tiene por objeto proteger a su país de los ataques terroristas. Aborrezco el terrorismo y apoyaría el derecho de cualquier Gobierno a adoptar medidas adecuadas para defender la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, la estrategia de construir este muro es moralmente errónea, además de contraproducente. Al igual que muchas otras estrategias antiterroristas del Sr. Sharon, esta no ataca las raíces del terrorismo. Se han confiscado terrenos palestinos para construir la barrera; miles de agricultores y comerciantes palestinos se ven separados de sus tierras y sus medios de supervivencia económica. Si se completa el muro, se calcula que aproximadamente 380 000 palestinos quedarán atrapados entre el muro y la frontera israelí previa a la ocupación de 1967, la denominada «línea verde». Por otra parte, 160 000 de ellos se quedarían atrapados en enclaves o guetos rodeados por un «doble muro». Las comunidades palestinas quedarían efectivamente aisladas unas de otras. También quedarían separadas, en algunos casos, de centros como Jerusalén, que han sido el centro de su vida económica, social y religiosa. Las modificaciones recientemente propuestas no lo evitarán.
Por otra parte, las restricciones a la libertad de circulación de bienes y servicios intensificarán los problemas de una ya debilitada economía palestina. Las consecuencias de esta estrategia de seguridad erróneamente concebida por parte del Gobierno de Israel proporcionará un terreno fértil para producir otra generación de terroristas, en lugar de atajar de forma eficaz el problema.
La cuestión de la legalidad del muro ha pasado ahora a centrar la atención. La negativa de Israel a cumplir la resolución adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre para que detuviese y diese marcha atrás a la construcción del muro, dio lugar a la decisión de la Asamblea General del 8 de diciembre de someter la cuestión a la Corte Internacional de Justicia.
Israel debería hacer un alto y reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. El muro viola la Cuarta Convención de Ginebra, concretamente en los dos aspectos de la prohibición del uso del castigo colectivo y la prohibición de la anexión, que no puede abrogarse invocando la necesidad militar. También viola el Acuerdo de Oslo con respecto a la obligación de conservar la integridad territorial de los Territorios palestinos ocupados y la prohibición de la restricción de la libertad de movimiento. Cuando se considera el continuo rechazo por parte de Israel de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas, se plantea la pregunta: ¿adónde cree Israel que va? ¿Quiere ser un Estado paria, considerado del mismo modo que los Estados granujas que se saltan constantemente sus obligaciones internacionales? ¿O colaborará en su lugar con la comunicad internacional para crear la paz en el Próximo Oriente?
Con un avance lento o prácticamente inexistente en la denominada hoja de ruta, uno debe cuestionarse el mérito de imponer una medida tan controvertida sobre el pueblo palestino. Si los israelíes son serios a la hora de hacer un verdadero avance en el proceso de paz y retoman la «hoja de ruta», la construcción del muro de seguridad no solo debería detenerse, sino demolerse. En su lugar, los israelíes y los palestinos deberían trabajar conjuntamente para eliminar las barreras y consolidad la confianza entre las dos comunidades si se quiere alcanzar algún día un arreglo acordado. La reciente declaración de Sharon de que planea desmantelar la mayoría de los 21 asentamientos judíos en la Franja de Gaza, constituye un paso en la dirección correcta. Sin embargo, construir todavía más muros de seguridad e inmovilizar la ya empobrecida economía palestina solamente sirve para dificultar más la consecución de la paz en el Próximo Oriente. 
Swoboda (PSE ).
   – Señora Presidenta, siento un gran respeto por el Presidente en ejercicio, pero hoy se le ha forzado a demostrarnos de forma muy drástica la incapacidad de la Unión Europea para adoptar una posición clara sobre una de las cuestiones más importantes del día. Ni siquiera contamos con una voz apagada, es que no hemos tenido ni voz.
¿Qué hicimos? Nos abstuvimos en una cuestión extremadamente importante donde estaba en juego la legalidad. Porque no es –y en esto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Cohn-Bendit– como si estuviéramos hablando de un muro construido a lo largo de una frontera claramente definida. Eso no se puede apoyar ni rechazar. Pero usted mismo, señor Presidente en ejercicio, ha declarado que el muro se ha construido adentrándose en el interior de territorio palestino, y la Unión Europea también lo ha dicho. Justo cuando se da un paso así, cuando se procede a una anexión de este tipo, y cuando se está considerando si dicha fortificación fronteriza puede ser objeto de un dictamen jurídico, nosotros nos limitamos a decir «lo siento, no tenemos ningún punto de vista, cada Estado puede hacer lo que quiera». Así que, ¿para qué trabajar por una Política Exterior y de Seguridad Común si cuando se plantean las cuestiones más importantes nos limitamos a decir que no tenemos opinión? Ese es el estribillo, el lema si quieren, de la Política Exterior y de Seguridad Común sobre esta cuestión. Pienso que es vergonzoso.
No estamos hablando de condenar a Israel de forma tendenciosa. De nuevo, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Cohn-Bendit: cualquiera que condene y critique este muro no solo debería condenar igualmente cualquier tipo de actividad terrorista, sino también esforzarse por combatirlo.
Sin embargo, no conseguiremos nada si adoptamos una posición como esta. Cuando tomamos la postura de no decir nada sobre esta importante cuestión, nos alejamos de los palestinos, pero eso no significa que a cambio nos ganemos a los israelíes, porque aunque por supuesto Israel nos ha presionado para que no adoptemos ninguna posición sobre el tema, eso no significa que ellos nos van a involucrar más estrechamente en el proceso de paz. Me parece triste que los Ministros de Asuntos Exteriores y Jefes de Estado europeos no lo hayan reconocido ni hayan comprendido las implicaciones. Señor Roche, hoy usted no ha tenido otra alternativa que presentarnos la situación tal y como lo ha hecho.
Tengo dos preguntas suplementarias para usted, es decir, para la Presidencia. La primera cuestión está relacionada con los planes del Sr. Sharon de desmantelar la mayoría –no todos de momento, pero la mayoría– de los asentamientos de la franja de Gaza. ¿Qué significa esto realmente? Desmantelar los asentamientos: oigo que dicen ustedes «excelente, bien hecho, Sr. Sharon». Pero ¿significa esto que se incluirán también otras zonas, en particular Cisjordania y Jerusalén Este? Mi pregunta a usted, señor Presidente en ejercicio, es la siguiente: ¿ha adoptado la Unión Europea por lo menos una posición clara sobre esto? El apoyo al desmantelamiento de los asentamientos en estas zonas está bien, pero de ninguna manera deberíamos prestar nuestro apoyo o consentimiento si significa que se van a anexionar otras zonas de Cisjordania.
Mi segunda pregunta para usted está relacionada con las voces que han hecho corres los norteamericanos sobre un nuevo plan para Oriente Próximo en el sentido más amplio de la palabra. Joschka Fischer expresó su opinión al respecto en la conferencia de seguridad de la OTAN celebrada en Munich. ¿Sabe la Unión Europea algo sobre este plan? ¿Tiene la Unión Europea algo que decir acerca de este plan, e incluye también medidas concretas para abordar el núcleo del problema, Israel y Palestina? Sería interesante que la Unión Europea y el Consejo pudieran decir algo al respecto. 
Boogerd-Quaak (ELDR ).
   – Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el miedo es un mal consejero. Puedo entender el deseo de Israel de autoprotegerse, pero el muro no sirve en este caso. Un informe de la ONU del pasado mes de septiembre condenaba al muro calificándolo de ilegal y acusaba a Israel de anexión ilegal. Usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, opina que las audiencias y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia perturbarán el proceso de paz. No comparto esta opinión. Igual que el Sr. Cohn-Bendit, creo que sería útil verificar hasta qué punto se viola el derecho internacional y que no deberíamos hacer excepciones para Israel ni, en este contexto, para Palestina cuando comete errores. En este momento, estamos hablando de unas 21 000 personas que viven en la franja situada entre el muro e Israel y que quedan aisladas de los servicios sociales, escuelas y trabajos. Esto derivará en un odio renovado y en una nueva generación de refugiados. ¿Como explicaría usted –yo soy miembro de la delegación palestina– a un grupo de habitantes de Qalqilya, que una vez fue la huerta frutal de Cisjordania y que está ubicada cerca de una pequeña apertura del muro, que todo esté cerrado por tres costados? ¿Que se les está apartando de dos grandes fuentes de agua y de todas las explotaciones agrícolas que deberían suministrar alimentos a la zona? La ciudad, con 40 000 habitantes, es accesible a través de un único punto de control israelí. Tal y como yo lo veo, cosas de esta naturaleza deberían llevarse ante los tribunales. Comparto la opinión de todos aquellos que han dicho que el conflicto entre Israel y Palestina debería resolverse, pero tolerar un muro y esperar a que el conflicto se termine no es la forma correcta de hacerlo. 
Lucas (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, es muy lamentable que el Consejo Europeo no haya apoyado el expediente sobre el muro israelí ante la Corte Internacional de Justicia. Se trata de una oportunidad perdida. La oposición a una vista oral ante la Corte Internacional de Justicia so pretexto de que se trata de un foro jurídico –y no político– no tiene sentido. La Corte Internacional de Justicia es probablemente el último instrumento disponible para ejercer presión sobre Tel Aviv y deberíamos aprovecharlo con todo nuestro empeño. Aquellos que afirman que en su lugar deberíamos confiar en la presión europea sobre Israel deberían decir cuándo ha funcionado por sí sola la presión europea sobre Israel. La respuesta es: nunca. Sin embargo, cuando existe un foro multilateral internacional para tratar esta cuestión, le damos la espalda.
Los palestinos señalan acertadamente la falta de coherencia de nuestra posición de instarlos a que abandonen la violencia, a la vez que les negamos la oportunidad de exigir la reparación a través de las instituciones jurídicas internacionales. Un negociador palestino observó que los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania pidieron a los palestinos que no recurriesen a la violencia, pero que cuando han recurrido a la diplomacia se les cierra la puerta.
Por otra parte, existen motivos humanitarios que obligan a actuar. El pasado mes visité los Territorios Ocupados y pude ver cómo el muro está destruyendo miles de acres de tierra de cultivo y árboles, demoliendo casas y tiendas y dejando a miles de familias sin tierras, sin empleo, con hambre y sin esperanza. A raíz de ello, de acuerdo con los estudios realizados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, el pueblo palestino se ha visto reducido a los niveles de pobreza y malnutrición del África subsahariana. La afirmación israelí de que esto tiene que ver con la seguridad se ve totalmente socavada por el hecho de que el muro no sigue la «línea verde» de 1967. En su lugar, como se ha dicho, se adentra profundamente en territorio palestino.
Este muro es intolerable, ilegal e inmoral, y al no apoyar a la Corte Internacional de Justicia como foro para examinarlo, el Consejo ha sido imprudente e irresponsable. El Consejo tampoco ha sido transparente, y quisiera que se facilitase una copia de la carta que contiene la declaración de la Presidencia ante la Corte Internacional de Justicia. 
Belder (EDD ).
   – Señora Presidenta, me gustaría dejar una cosa clara en este debate: sin el reino del terror de Palestina no se estaría construyendo una barrera de seguridad israelí. Es un mérito del Ministro alemán de Asuntos Exteriores que recientemente sancionara esta medida desesperada. No hay duda de que las opiniones sobre la trayectoria precisa de esta división varían, incluso en Israel mismo; y de ahí las audiencias que se están llevando a cabo en estos momentos ante la Tribunal Supremo israelí. También me gustaría dejar claro que los intereses generales de la población palestina en Cisjordania no deberían sufrir de forma innecesaria por culpa de la sumamente polémica barrera de seguridad. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas no ampara sus intereses al solicitar a la Corte Internacional de Justicia que intervenga en una cuestión política básica como es esta línea divisoria entre israelíes y palestinos. Esto solo menoscaba la necesidad apremiante de retomar el diálogo político entre las partes involucradas. En resumen, apoyo en este contexto la posición adoptada por mi país, los Países Bajos, y por la Unión Europea, que es de rechazo.
Además, con respecto a las acciones judiciales que se han interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia, el estatuto de observador especial de Palestina –en otras palabras, el de la Autoridad Palestina– es sumamente extraño, y equivale a un caso claro de discriminación frente al Estado hebreo. Estas relaciones asimétricas tienen el efecto opuesto en términos políticos. Esto es en la misma medida un fracaso del Parlamento Europeo, ya que la semana que viene el Primer Ministro palestino visitará la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, mientras que el Primer Ministro israelí no lo hará. En el conflicto entre Israel y Palestina deberíamos adherirnos al principio probado de escuchar a ambas partes. 
Berthu (NI ).
   – Señora Presidenta, nos parece que, en esta audiencia en la Corte Internacional de Justicia sobre el muro de seguridad israelí, el problema se ha planteado muy mal y, por tanto, puede resolverse muy mal. En efecto, esta barrera es solo parte de un plan más vasto llamado de desentendimiento, que no es más que un anexo de un proceso aún más amplio, que es el de la hoja de ruta para las negociaciones de paz. Todas las imbricaciones de estos distintos niveles son muy complejas. En consecuencia, sería improcedente querer juzgar por separado una pequeña parte sin considerar la función que desempeña en el conjunto del proceso. Lo mismo que apreciarlo desde un ángulo estrictamente jurídico, cuando es un componente de un proceso de paz que es evidentemente de naturaleza política.
Por ello, los países europeos que se opusieron a llevar el problema ante la Corte Internacional de Justicia por el motivo de que obstaculizaría los esfuerzos de paz tenían toda la razón. No hay que considerar este problema de forma exagerada y arriesgarse así a poner en peligro un proceso de paz que todo el mundo quiere por el contrario apoyar.
Por último, hay que distinguir bien entre el principio de la barrera de seguridad y su trazado. Creo haber percibido en este debate cierta confusión al respecto. Del mismo modo que el trazado de la barrera puede ser un elemento de negociación, modificable como cualquier elemento de negociación, su principio obedece al derecho soberano de un Estado –y más aún de un Estado cuya supervivencia está constantemente amenazada– a garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Sacrédeus (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, me gustaría seguir una línea más bien personal en este debate, porque creo que, digamos lo que digamos en esta Cámara, podría ser percibido como una ofensa por todas las partes. Aquí, en el Parlamento Europeo, podemos pronunciar discursos perfectos para halagar a nuestros electores en Gran Bretaña o Francia o, en mi caso, en Suecia. Como Unión Europea y como Parlamento Europeo, ¿qué contribución estamos dispuestos a realizar en la cuestión de Oriente Próximo para un futuro pacífico allí y para la coexistencia entre israelíes y palestinos?
Hace dos años y medio fui de visita a Nicosia y vi cómo estaba dividida la ciudad. Cuando tenía 25 años viajé a Belfast y vi también cómo estaba dividida la ciudad con –ya en tiempos más recientes– barricadas y barreras que se han construido para separar a unionistas de republicanos, los dos grupos en que se divide la población. En Ceuta, que está situada en el norte de África, pero que pertenece a España, hay alambre espino para separar esta ciudad española de Marruecos. Estados Unidos ha construido una barrera entre su territorio y México. Una valla eléctrica entre Zimbabwe y Botswana está casi completada. ¿Estoy diciendo esto para justificar de alguna forma lo que está sucediendo en Oriente Próximo? No, de ninguna forma, más bien lo hago para mostrar que situaciones similares existen en muchos otros sitios.
En el año 2000 y con la aprobación de la ONU, Israel construyó una valla de seguridad entre su territorio y el Líbano, que incluía sistemas electrónicos y de vigilancia equipados con sensores. La Unión Europea y Rusia aplaudieron esta medida como una forma inteligente por parte de Israel de retirar unilateralmente sus tropas de territorio libanés en el año 2000.
Me gustaría esperar y creer que el muro y la barrera que se han construido son soluciones o medidas provisionales. Me gustaría esperar y creer que no se trata de algo permanente y que será posible que se reanuden las conversaciones de paz. Me gustaría tener pensamientos positivos para ambas partes. El hecho de que el público israelí presionara a favor de la construcción de este muro tiene que ver, por supuesto, con el gran número de ataques suicidas sufridos por la población israelí. Ciento veinte bombas suicidas han causado casi 900 muertos y 6 000 heridos israelíes.
Como buenos europeos, y como buenos suecos, intentemos considerar la cuestión desde ambas perspectivas. Tengamos la esperanza de alcanzar una solución pacífica en el Próximo Oriente. 
Fava (PSE ).
   – Señor Presidente en ejercicio del Consejo, escuchando los discursos de muchos diputados, está claro que la reacción es casi unánime y que todos nosotros creemos que la carta del Consejo, en la que el Consejo sugiere al Tribunal de Justicia que una decisión sobre el caso del muro en territorio palestino se considera inapropiada, es especialmente grave e inoportuna.
Bien, en cualquier democracia parlamentaria que se enfrente a una opinión tan firme y extendida del Parlamento, el gobierno dimite. Aunque el concepto de dimisión no está previsto en las instituciones europeas, pediría al Consejo que tomara en consideración la opinión expresada en esta Cámara, que no es la de denunciar el muro porque representa un peligro y frena el proceso de paz, sino denunciar el muro como tal.
Este muro, señor Presidente –como usted bien sabe y como muchos diputados han destacado– es principalmente un muro divisorio porque no sigue la línea verde de 1967, sino que se adentra en territorio palestino, dividiendo a la comunidad palestina, a los alumnos de sus escuelas, a los niños de sus padres, a los agricultores de los campos, a los enfermos de los médicos. Es un muro que se apropia territorio que pertenece a la comunidad palestina: se adentra hasta 25 km en Cisjordania; la primera sección, de 150 km, ya se ha construido y ha dejado a 50 000 palestinos fuera de su territorio. Cuando se haya completado, esa cifra será de 130 000.
Estas cifras, señor Presidente, no se las ha inventado este Parlamento, sino que nos las han facilitado la sociedad civil israelí y organizaciones no gubernamentales israelíes, que nos recuerda que 670 000 palestinos corren el riesgo de verse seriamente afectados por la construcción de este muro y que la Autoridad Palestina perderá el 14% del territorio palestino.
Enfrentados a esta realidad, creemos que es el muro en sí el que provoca la rabia, la desesperación y el odio. Es nuestro deber reconocerlo, señor Presidente, y no deberíamos sorprendernos si esta rabia, desesperación y odio, Dios no lo quiera, se transformen en violencia. El día en que nos encontremos contando las víctimas y las cifras de tal violencia, deberíamos también recordar en qué medida contribuimos a la desesperación, al odio y a la rabia de esa gente. 

Nordmann (ELDR ).
   – Señor Presidente, creo que no podemos sino felicitarnos de que la Unión Europea, por una vez, se abstenga y sea prudente en la especie de diplomática lanzada contra Israel, pues en el pasado las posiciones han estado demasiado basadas en prejuicios y con frecuencia han sido injustas.
Señor Presidente, yo también deseo que la barrera de seguridad desaparezca y que, después de repintar algunos de esos elementos, acabe en y baratijas, como otras barreras. Por tanto, que desaparezca, sí, pero cuando ya no tenga razón de ser. Porque su razón de ser no es un capricho. Esta barrera es una respuesta, una respuesta al terrorismo de los kamikazes. Dicho esto, una vez más, aunque se justifique como elemento de defensa, pueden discutirse algunas modalidades, es cierto. Pero nada es definitivo, no es una frontera, no significa una anexión.
Señor Cohn-Bendit, a usted le gusta hablar de las fronteras de 1967, pero permítame recordarle que nunca fueron más que líneas de armisticio que empezaron a reconocerse cuando ya no eran efectivas. En realidad, allí todo es provisional. ¡No lo olvide! Por supuesto, deseo que esta barrera desaparezca, pero al contrario de algunas barreras que matan, esta es una barrera que salva. Habrá que hacer la cuenta de los atentados que no se cometieron, si se puede decir así. Piensen en los inocentes que habrían muerto en los atentados kamikazes que estos controles han permitido desbaratar. La verdadera pregunta sobre esta barrera, señor Presidente, es la siguiente. ¿hay que impedir que se prevengan muertes? No lo creo.
Dhaene (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la protesta internacional contra el muro antiterrorista o divisorio está empezando a dar sus frutos. Parece que Israel acortará el muro, o partición, de forma que no divida tanto el territorio palestino. De esta forma, el Sr. Sharon está intentando invertir la corriente internacional que se opuso a su política, pero intentará compensar el desmantelamiento de los asentamientos en Gaza con las colonias que se encuentran dentro del muro en Cisjordania. De esta forma, puede retener después de todo los asentamientos mayores que hay allí y abandonar la problemática de la franja de Gaza. Así conseguirá de nuevo obtener el visto bueno de Washington y podrá seguir tranquilamente con la anexión de territorio palestino, aunque de esta forma esté debilitando la hoja de ruta y convierta su propio plan en el único plan viable. Él no reconoce la Línea Verde. Esto es inaceptable para las Naciones Unidas y, como declaró Kofi Annan en noviembre, muy contraproducente para la paz.
Europa también debería considerarlo inaceptable, y lamento la actitud del Consejo. Un Estado palestino viable necesita el suelo agrícola y los recursos de agua que ahora les están negando. Por lo tanto, debemos mantener nuestra protesta internacional contra el muro. Aparte, Israel tiene derecho a buscar protección contra el terrorismo tras la Línea Verde, pero un nuevo telón de acero no proporcionará la solución a largo plazo. De donde yo vengo, cualquiera que construya un muro debe hacerlo en su propio terreno; si no, el vecino acudirá al juez de paz. Esto también ocurrirá en La Haya, donde la Corte Internacional de Justicia dictará sentencia sobre la legitimidad de este muro. Ahora el Sr. Sharon está intentando crear una cortina de humo para inducir al mundo a error y que la gente se olvide de la iniciativa de paz de Ginebra. La cuestión ahora es si la Corte Internacional de Justicia puede actuar como juez de paz en este caso. En cualquier caso, el problema ha llamado mucho la atención en todo el mundo y la presión internacional se está haciendo notar, incluso en Israel, donde el Tribunal Supremo está estudiando el caso. Espero que tomen la decisión correcta. 
Roche,
    Señor Presidente, una vez más ha sido muy útil para el Consejo escuchar los puntos de vista expresados en el debate de hoy sobre el muro y más en general sobre la situación en el Próximo Oriente.
Muchos de los puntos de vista planteados se corresponden con la postura del Consejo, que he tratado de resumir previamente. Respecto a mi anterior declaración debe quedar claro que la Presidencia irlandesa mantendrá firmemente el punto de vista de que la situación actual es inaceptable. Los diputados a esta Cámara saben que vengo de una pequeña isla en la que sabemos algo sobre las divisiones, los muros y la separación. Seguiremos explorando de forma activa con todas las partes la posibilidad de retomar el avance –aunque con pequeños pasos en un principio– de un proceso que se ha estancado en repetidas ocasiones.
Quisiera hacer referencia a varios comentarios realizados durante el debate. Respecto al planteamiento más amplio de la región del Próximo Oriente, el esfuerzo por promover la paz, el progreso y la prosperidad debería partir en gran medida de quienes se encuentran en la región. Asimismo, debe concentrarse con la debida insistencia en resolver el conflicto palestino-israelí. Después de todo, la continuación del conflicto constituye una realidad de seguridad esencial para muchas personas que viven en la región. La renovada atención de la UE a la región más amplia no debería evitar ni dejar de lado los beneficios de los mecanismos existentes, incluido el proceso de Barcelona.
El Sr. Swoboda ha sugerido que la voz de la Unión Europea sobre la ilegalidad del muro no se está escuchando. Permítame reiterar la posición de la Unión con respecto a la extensión del muro. No puedo aceptar que una cerca o un muro construido en territorio palestino pueda servir mejor a la seguridad a largo plazo de Israel y nada de lo que he dicho sugiere que este sea el caso. El Consejo Europeo ha expresado su preocupación por la trayectoria prevista de la cerca de seguridad y el alejamiento de su trazado con respecto a la línea verde en Cisjordania. La apropiación de terrenos en Cisjordania o Gaza es ilegal, es contraria al Derecho internacional y alimenta la tensión. Por otra parte, las restricciones asociadas a la cerca de seguridad han provocado un sufrimiento innecesario para el pueblo palestino y el deterioro de la economía de los Territorios Ocupados.
La voz de la Unión al respecto ha sido totalmente clara en todos los foros internacionales. La construcción de la cerca, o el muro, también fue objeto de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de octubre, que copatrocinaron todos los Estados miembros de la UE y los Estados en vías de adhesión.
Otra oradora, la Sra. Lucas, ha pedido a la Presidencia que publique la declaración ante la Corte Internacional de Justicia. Puede que lo ignore, pero el reglamento de la Corte Internacional de Justicia impide específicamente hacer pública la declaración. De hecho, el Tribunal de Justicia no publicará las declaraciones recibidas por la misma razón.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Brian Cowen, en una reciente intervención en el Senado irlandés, señaló que el pueblo israelí no necesita vivir en una fortaleza, rodeados de vecinos hostiles, donde cada uno está en peligro cuando camina por la calle o conduce; donde los jóvenes soldados –apenas chicos y chicas– están constantemente en peligro; y donde gran parte de sus recursos nacionales son consumidos por la defensa. Del mismo modo, el pueblo de Palestina no necesita vivir sin esperanza y con humillación; donde los jóvenes son alentados a hacerse volar por los aires; donde las casas son derribadas y destruidas; donde el empleo es escaso o no existe; donde el pueblo no es libre para desplazarse por su país; donde la inmigración parece ofrecer la única vía de escape.
Todos debemos ayudar a las personas de Israel y de Palestina a encontrar el valor y la sabiduría para construir una nueva paz; el valor para enfrentarse a aquellos que rechazaran el compromiso; la sabiduría para comprender que poner fin a la inseguridad y al sufrimiento de sus vecinos redunda en su propio interés a largo plazo. Podemos conseguirlo y, si lo hacemos, la Tierra Santa podrá convertirse en una tierra de paz y prosperidad.
Una vez más, agradezco a todas sus Señorías su apoyo constructivo y su interés por este tema. Creo que el planteamiento adoptado por el Consejo es el adecuado. Ningún diputado a esta Cámara debe estar preocupado o dudar del interés de esta Presidencia por ayudar a resolver este problema. Vengo de una pequeña isla en la que sabemos algo de las causas y los costes de la división. 
El Presidente.
   – Damos las gracias al Consejo.
El debate queda cerrado.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la gobernanza empresarial y la supervisión de los servicios financieros a través del caso Parmalat.
Tiene la palabra el Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión.
Bolkestein,
   . La Comisión acoge con satisfacción este debate y apoya en gran medida el contenido de varios proyectos de resolución presentados por el Parlamento. Pese a que los hechos no están todavía totalmente claros, el caso Parmalat es muy preocupante. Es el último de una lista cada vez mayor de diversos escándalos financieros que se producen en los últimos años en varios lugares.
El tamaño aparente de este fraude es asombroso y la aparente complicidad de varias personas de profesiones reconocidas y liberales, además de los fallos del control regulador, son igualmente asombrosos. Un escándalo tras otro debilitarán gradualmente los mercados financieros, al igual que la gota corrosiva de un depósito de combustible que pierde. Muchos inversores sensatos se retirarán. El crecimiento económico se verá afectado al aumentar el coste del capital, como ya ha demostrado el caso Enron. Así que esto nos afecta a todos.
Mi primer comentario es el siguiente: es mejor que el sector de servicios financieros se organice y que lo haga rápidamente. Necesitamos un liderazgo sectorial efectivo que se ponga en pie y tome el control, para eliminar a los sinvergüenzas, exhibir sus prácticas carentes de escrúpulos y poner freno a su excesiva avaricia. Si los líderes del sector no están dispuestos a hacerlo, entonces los reguladores tendrán que hacer mucho más que lo que ellos o nosotros desearíamos. Si este es el resultado, los líderes del sector no podrán quejarse de la normativa de Bruselas. Ellos mismos se lo habrán impuesto. Para ser francos, en estos momentos carecemos de liderazgo sectorial.
En segundo lugar, ya contamos con varias políticas que de algún modo mejorarán las cosas en el futuro: las medidas del Plan de Acción de Servicios Financieros –como las Directivas sobre abusos del mercado y de servicios de inversión– que deberían aplicarse rápidamente; medidas como la nueva Directiva de servicios de inversión, que ayudará a tratar algunos de los principales conflictos de intereses en el negocio de los servicios de inversión; las nuevas normas contables internacionales que mejorarán la revelación de datos, además de la Directiva relativa a la transparencia, que queremos que se apruebe antes de la disolución del Parlamento previa a las elecciones. Todas estas Directivas reforzarán también los poderes de las autoridades competentes para actuar y cooperar mucho más entre fronteras. En mi opinión, esto significa cooperar también, del mismo modo, con los reguladores extranjeros –no europeos–, en concreto la SEC de Washington y también el Public Company Accounting Oversight Board de los Estados Unidos. En la actualidad, como todos sabemos, los mercados de capitales son globales y la cooperación en materia de regulación también debe serlo para adaptarse a la situación.
En tercer lugar, en marzo propondré a mis colegas de la Comisión la revisión de la Directiva de derecho de sociedades con respecto a la función de la auditoría legal. Esto fortalecerá los controles sobre la profesión de auditor en la Unión Europea con una supervisión independiente; un refuerzo de la inspección; principios instructivos y éticos más sólidos y normas de auditoría de alta calidad. Estos cuatro aspectos se incluirán en la revisión de la Directiva sobre el derecho de sociedades.
A raíz del caso Parmalat, es probable que la revisión de la octava Directiva sobre el derecho de sociedades también incluya los cuatro elementos siguientes: en primer lugar, la plena responsabilidad del grupo auditor sobre las cuentas consolidadas de un grupo de empresas; en segundo lugar, la obligatoriedad de las comisiones de auditoría independientes para las empresas que cotizan en bolsa, la totalidad de las 7 000 que hay en Europa; en tercer lugar, requisitos más estrictos de rotación de auditores; y en cuarto lugar, un refuerzo de las sanciones.
Estoy acelerando el trabajo en otras tres áreas en la gobernanza empresarial o del Derecho de sociedades con el fin de tener propuestas preparadas, si fuese posible, este mismo año. Son las tres áreas siguientes: el papel de los administradores no ejecutivos; la responsabilidad de los consejeros con respecto a las cuentas de la sociedad; la plena revelación en las cuentas de la sociedad de los vehículos especiales extraterritoriales, incluido el motivo por el que la sociedad recurre a esas estructuras extraterritoriales y una verificación mucho más estricta de su contenido por parte del auditor del grupo. También estamos dedicando muchos esfuerzos a los casos de conflictos de intereses de los analistas financieros y analizando de nuevo las agencias de calificación crediticia. El informe Katiforis es muy útil al respecto.
Por último, es necesario endurecer el papel y el control regulador de los centros extraterritoriales. Estamos considerando las opciones, aunque no es fácil. En junio esperamos presentar la tercera Directiva sobre blanqueo de dinero y esperamos que desempeñe un papel importante.
Para concluir, este es un debate muy importante. Apoyamos las principales líneas de esta resolución. Estamos trabajando con firmeza en ese sentido. Todavía deseamos un fuerte liderazgo sectorial y una dosis adecuada de ética. 
Fiori (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, el caso Parmalat es una crisis sistémica porque ha sido posible gracias a una red mundial de complicidad y omisiones, cuyos protagonistas clave han sido los bancos, las entidades financieras y los organismos de control externos e internos, tanto públicos como privados. Creo que el caso Parmalat es un buen reflejo de los aspectos negativos de la globalización de los mercados financieros, cuya internacionalización permite que las defraudadores oculten y manipulen la información. Esto demuestra cómo una combinación necesaria de transparencia, eficacia y estabilidad es demasiado a menudo teórica y, sobre todo, frágil cuando tiene que enfrentarse a deseos perversos enraizados en la falta de ética.
Siento tener que decir que el caso Parmalat es muy similar a tantos otros escándalos financieros que han aparecido recientemente en las noticias: WorldCom y Enron,para empezar. Es desagradable y difícil tener que admitirlo, pero hay algo en el equilibrio mundial que se ha inclinado y que lo ha arrastrado todo al abismo, incluso a los ahorradores y operadores desinformados, quienes supuestamente debían estar alerta e impedir que pasara lo que ha pasado. No queremos ni debemos ocuparnos de las responsabilidades individuales, porque esta no es nuestra labor, sino que nuestra tarea es tratar de impedir que ocurran de nuevo casos similares. Es esencial combatir las infracciones y el fraude de tal manera que luego los analistas financieros no se encuentren en una situación en la que se vean obligados a aconsejar a sus clientes a que realicen inversiones delictivas.
Entre otras cosas, también hemos revisado la comunicación de la Comisión de mayo de 2003 al Consejo y al Parlamento sobre la modernización del derecho de sociedades. En la propuesta de resolución que presentamos hay directrices que tienen en cuenta el impacto que ha tenido el caso Parmalat y que podría tener en sus trabajadores, ahorradores, bancos y en el buen funcionamiento del sistema financiero. Nuestra tarea es intentar invertir esta tendencia para tratar de proteger los ahorros de millones de personas y recuperar la confianza plena de los inversores del mercado financiero.
Es esencial que aprendamos de este caso y reaccionemos de forma apropiada mediante la evaluación objetiva de lo ocurrido, mediante la elaboración de proyectos de futuro y no solo buscando a toda prisa un chivo expiatorio. Se trata de determinar lo que no ha funcionado, cuáles son las ineficiencias de la normativa, de proponer las correspondientes soluciones y de prever nuevos poderes de control público.
Podemos tener distintas ideas políticas sobre los objetivos de la reglamentación, sobre la producción y la distribución de los ingresos, pero todos debemos estar de acuerdo en el hecho de que no debe haber fraude. Quizás la crisis de la legalidad no es solo una cuestión de personas, sino de instituciones que, tal vez, no son satisfactorias. Quizás se tendría que echar un vistazo a las normas, repensarlas y revisarlas, y para ello necesitamos cooperar. Las autoridades competentes para el control financiero de las distintas jurisdicciones dentro de la Unión deben cooperar. También se requiere una cooperación con terceros países; no solo Europa, sino también los Estados Unidos forman parte de este plan sumamente importante. También insto a la Comisión a hacer un seguimiento de cualquier nueva medida que tenga que ver con el papel de las agencias de calificación.
Me tomaré la libertad de pedir de nuevo a la Comisión que incorpore el plan de acción sobre las medidas de gobernanza empresarial, concebido para impedir que surjan conflictos de intereses, bien los relacionados con las inversiones de los bancos u otras entidades financieras en empresas declaradas que son controladas por los propios accionistas, bien los que tienen que ver con los casos de analistas financieros que trabajan para los bancos de inversión y aconsejan a sus clientes que inviertan en empresas que adquieren servicios rentables de su banco. Además, debemos conseguir que los accionistas sean más responsables y participen más. La garantía de la transparencia óptima antes y después de las transacciones es absolutamente necesaria para los inversores en el campo de los instrumentos financieros. Por lo tanto, sería deseable que se creara una autoridad europea para examinar, de forma imparcial, los mercados financieros europeos e investigar los casos con implicaciones transfronterizas, en la misma línea que la modernización reciente de la política europea de competencia.
Además, insto a la Comisión a que adopte una decisión, tan pronto como sea posible, sobre la compatibilidad de las disposiciones del Gobierno italiano con la normativa europea en el sector de los productos lácteos en relación con el caso Parmalat. Las empresas en este sector, los contribuyentes históricos del grupo Parmalat, están desde hace algún tiempo en un estado de liquidez financiera sumamente grave, lo que podría derivar en una crisis para el conjunto de la empresa. Si la solicitud de ayuda fuera considerada contraria a las leyes de la libre competencia, eso significaría el principio del fin para un sector que presume de tradición y cuenta con una calidad indiscutible a escala europea.
El caso Parmalat requiere un gran sentido de la responsabilidad, sobre todo a nuestra escala, a escala europea. Existen tres áreas en las que debemos actuar. Creo que hemos elaborado un informe bien fundado y que el próximo Parlamento será con seguridad capaz de entablar para una mejor cooperación con la Comisión. 
Fava (PSE ).
   – Señor Presidente, nuestro Grupo aprecia tanto la rapidez con que la Comisión ha intervenido en este caso particularmente lamentable, especialmente para la economía italiana, como el sentido de responsabilidad con que el Comisario ha ilustrado sus propuestas, que son urgentes si resulta que las cifras que debemos examinar son verdaderas. 15 000 millones de euros representan un agujero financiero equivalente al 15% del presupuesto total de la Unión Europea. Esto también es fruto de la liberalización económica y del cinismo financiero del que, como ha dicho el Sr. Fiori, muchos son culpables. Por ejemplo, los grandes bancos que han traicionado la confianza de sus inversores; los asesores internacionales, que a menudo certifican a sabiendas cuentas falsas; los organismos de control que han fracasado en su labor; y, si se me permite mencionarlo, señor Comisario, aquellos Gobiernos que toleran los paraísos fiscales también son culpables. Muchos de los paraísos fiscales están controlados por Estados miembros de la Unión Europea. Citaré un par de estadísticas italianas: 25 empresas italianas controlan 400 empresas ; de estas, 171 tienen sede en Delaware, un pequeño Estado norteamericano, y 127 en Luxemburgo, el centro neurálgico de la Unión Europea.
Así que, ¿qué estamos haciendo en Europa? Quiero proponer, en nombre también del Sr. Imbeni, una iniciativa para restringir el secreto bancario. El economista y premio Nobel Joseph Stieglitz habla de cómo el uso del secreto bancario es a menudo uno de los factores de inestabilidad económica, y la Unión Europea siempre predica, oportunamente, que hay que ser transparentes. Sin embargo, yo no deseo que nos dobleguemos ante ninguno de estos ídolos. Podríamos proponer que la comunidad internacional introdujera finalmente una dimensión moral en la mundialización y, por consiguiente, que se propusiera un acuerdo global sobre el secreto bancario, al que nos comprometemos con el intento de proponer un «Kioto para bancos» –si se me permite usar esta metáfora– en interés de una «ecología financiera» y para introducir finalmente un poco de ética en la economía mundial.
Comisario Bolkestein, usted es consciente, y usted así lo ha manifestado, de que los instrumentos de control nacionales no son suficientes: precisamos urgentemente leyes mundiales y supranacionales. Necesitamos gobernar los mercados financieros y evitar los conflictos de intereses y los planes perversos entre bancos y negocios. La Unión Europea debe revisar rápidamente los reglamentos comunitarios, reforzar las sanciones contra el fraude, intervenir contra la impunidad de los paraísos fiscales y elaborar leyes sobre la independencia absoluta de los auditores.
Una cuestión tan urgente y sensible quizás merece una mayor atención de nuestra parte, del Parlamento y de las instituciones comunitarias, y no una simple comunicación. No proponemos una Comisión de Investigación, pero sí tal vez una investigación promovida por la Conferencia de Presidentes –y por lo tanto con la autoridad de una iniciativa de la Conferencia de Presidentes–, una investigación encomendada, de manera informal y voluntaria, a un grupo de diputados y que pueda continuar más allá del fin de la legislatura. Su función sería investigar y presentar una propuesta para comprender lo ocurrido, cómo ha podido suceder y qué es lo que se necesita hacer para que no vuelva a ocurrir, con el fin de evitar casos similares al de Parmalat.
Para terminar, señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, en la comunicación de la Comisión se hace referencia a los accionistas, a la dirección, a las relaciones entre los accionistas y la dirección, mientras que hay muy pocas referencias, si es que las hay, a los trabajadores, que son los primeros que pagan personalmente las repercusiones de sucesos tan trágicos como el de Parmalat.
Queremos que de esta Cámara surja una voz fuerte para proteger, dar garantías y apoyar a los miles de trabajadores, desde Parma hasta Sicilia, a los empleados directos y a los de las industrias asociadas, que hoy corren el riesgo de perder sus empleos y sus salarios. Creo que una dimensión ética de la economía, a la que nos hemos referido hace poco recordando la gran responsabilidad que tienen también los Gobiernos y la Unión Europea, implica ahora seguir considerando la protección y la garantía del derecho al trabajo un problema clave. 
Riis-Jørgensen (ELDR ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias al Comisario Bolkestein por su discurso tan claro y tan bien articulado. No podría haber dejado las cosas más claras, pues lo que queremos ver es un liderazgo industrial y una conducta ética, simplemente un comportamiento adecuado. Por lo tanto, estoy muy satisfecha con lo que hemos escuchado de la Comisión.
También quiero dar las gracias por el plan de acción para la gobernanza empresarial y el derecho de sociedades. Esto ya se presentó el año pasado, y es por supuesto magnífico que la Comisión se adelantara en este sentido. También es esperanzador escuchar algo sobre todas las iniciativas comentadas hoy por el Comisario Bolkestein.
Hay una necesidad de un plan de acción y de que la Comisión proporcione más recursos para poder aplicarlo. Sin embargo, no solo la Comisión debe contribuir con recursos, sino también el Parlamento y el Consejo. El hecho desafortunado es que pasan seis a ocho años en promedio entre que la Comisión presenta una propuesta y se aplica en todos los Estados miembros. Gran número de escándalos financieros pueden surgir durante ese periodo de tiempo, pero en su plan de acción la Comisión se mantiene continuamente alerta ante las cuestiones de calendario.
La buena gobernanza empresarial es abierta y transparente. Forma parte de ello, por supuesto, una contabilidad correcta. Otro factor importante es el de la responsabilidad colectiva de los miembros del consejo de administración en las decisiones financieras y no financieras importantes. Además, debe haber mejores reglas para inspeccionar las diversas estructuras de grupo que encontramos entre las empresas. Determinadas empresas se estructuran de tal forma que los observadores se sienten como si estuvieran en medio de un laberinto, sin hilo rojo alguno que facilite los movimientos hacia delante ni hacia atrás. Dichas estructuras son insostenibles.
Una cosa que no debemos olvidar es la de contar con un balance correcto. No sirve de nada amontonar norma sobre norma y presumir que las normas lo resolverán todo. La cultura que rodea a la gobernanza empresarial es importante. Si el director gerente es un sinvergüenza con intenciones criminales, las normas no ayudan. No sirve de nada poner obstáculos innecesarios en el camino de todas las numerosas empresas honestas. Es por lo tanto importante que lo que acordemos sea equilibrado y que ayude a todo el mundo. Además, los inversores deben insistir en que se practique una gobernanza empresarial correcta. El mejor medio para aplicar todo lo que estamos discutiendo ahora, a pesar de todo, es el mercado. La presión de los inversores es a menudo el mejor incentivo para no apartarse del buen camino. Entonces, en general, vamos por buen camino. Solo tenemos que acelerar la marcha y conducir un poco más rápido hacia nuestro destino. 
Ribeiro (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el escándalo financiero de Parmalat es el resultado directo de la monetarización de la economía. Esta monetarización es claramente excesiva, porque la producción y el comercio que satisfacen las necesidades materiales de la gente se ahogan en las aguas especuladoras de las altas finanzas internacionales. Mientras tanto, la economía informal florece junto con la criminalización de la economía, en la que los negocios turbios adquieren cada vez más peso, en detrimento del desarrollo social y económico.
Este escándalo es un ejemplo más de los efectos perjudiciales de la liberalización del mercado y de los desenfrenados movimientos de capitales. Parmalat ha hecho uso de todos los trucos de manual: entidades fachada en paraísos fiscales, ventajas de la normativa especial de sedes extraterritoriales, fondos de cobertura y documentos y facturas falsificados. Así es como se disimularon los agujeros financieros y como se cubrieron las pistas, usando estructuras complejas e involucrando a muchas filiales con el fin de llevar a cabo operaciones en el área de las obligaciones y de los derivados financieros, con la asistencia de bancos internacionales, cobertura por parte de empresas de auditoría y agencias de calificación internacionales que les otorgan evaluaciones positivas. Miles de puestos de trabajo están en peligro, en los más de treinta países donde Parmalat operaba, creando grandes dificultades a los miles de productores de leche que dependen de la empresa.
Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Solo en los últimos años se han sucedido un número de escándalos financieros –Enron, WorldCom y Merck, en los Estados Unidos; Crédit Lyonnais, Vivendi, Ahold, Kirch, Marconi y Equitable Life en Estados miembros de la UE– que han tenido un impacto social y económico devastador.
Como se trata de una cuestión de modelos económicos, lo que se necesita es más rigor y controles más estrictos de los productos financieros derivados, reemplazando los mecanismos que son producto de la especulación y encuentran en ella su razón de ser. Hay que redoblar los esfuerzos internacionales para poner fin a los paraísos fiscales y para limitar las sucursales extraterritoriales. Se necesitan instrumentos financieros para hacer un seguimiento de los movimientos de capitales, como la aplicación de impuestos efectivos sobre los beneficios bursátiles. Sin embargo, lo que se requiere de forma más urgente es la vuelta a los valores centrales de la producción y el trabajo. Por muy grandes que sean los problemas de los accionistas, y sin duda son muy graves, debe concederse prioridad a la protección de los puestos de trabajo y a la salvaguardia de los derechos de los trabajadores, así como asegurar su derecho a la información, la consulta y la participación. En el caso Parmalat deberían plantearse inmediatamente indemnizaciones para los productores de leche afectados.
Me gustaría destacar la contribución negativa de la UE en términos de monetarización y, específicamente, del Plan de Acción de Servicios Financieros, que alienta a la desregulación, liberalización e integración de los mercados de capitales junto al desmantelamiento de normas prudenciales y de mecanismos de control. Me preocupa, señor Comisario, que usted diga que un mal pensamiento precipitado a través de la legislación pueda exacerbar, más que resolver, los problemas de regulación ilustrados por casos de gran calado, como los de Enron y Parmalat. A pesar de sus preocupaciones ideológicas y de su reticencia a correr riesgos, no podemos ignorar las pruebas que tenemos ante nosotros, ni la necesidad urgente de abordar estos problemas de forma eficaz. 
Jonckheer (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, no quisiera hacerme pesado con el drama de la sociedad Parmalat –octava empresa más grande de Italia–, que puede costar el empleo a miles de trabajadores, y unos 10 000 millones de euros al presupuesto italiano, según las últimas estimaciones.
Usted mismo ha constatado, tal como se desprende de su declaración, que teníamos una resolución común del Parlamento sobre este tema. En el marco de las distintas iniciativas que nos anuncia o que están en curso, quisiera oírle decir más cosas sobre la responsabilidad que usted debe asumir como Comisario y pedirle que nos diga si las propuestas de directiva que presenta le parecen suficientes y están a la altura de los retos, en particular en dos aspectos. En primer lugar, con respecto a mi colega liberal, quiero destacar que hacen falta normas porque hay defraudadores. Si todo el mundo fuera honesto, no habría necesidad de normas. Por tanto, hacen falta normas para los defraudadores, normas que se apliquen a todo el mundo.
En cuanto al instrumento mismo de las directivas, necesitamos unos plazos de transposición extremadamente breves y hay que asegurarse de que todos los Estados transponen efectivamente las directivas. Son sus propios servicios los que, semestre tras semestre, año tras año, elaboran informes de evaluación sobre la estrategia del mercado interior y constatan que no pocas directivas están sin transponer. Le pregunto, pues, si, en materias como las que debatimos, no harían falta instrumentos jurídicos directamente aplicables a los Estados miembros y sin demoras de transposición demasiado grandes; en caso contrario, podríamos encontrarnos dentro de un año, o incluso de dos, en el mismo tipo de situación. Y sobre este punto, considero que la elección del instrumento es de su responsabilidad directa y de la del Colegio.
Paso ahora a mi segunda reflexión y debo decir que deploro de nuevo que el Consejo no esté presente –no comprendo por qué el Consejo está presente en unos momentos y no en otros–, porque ya he preguntado a la Presidencia irlandesa qué pensaba hacer en estos ámbitos. Ahora bien, en la Comisión Económica y Monetaria, el Ministro de Hacienda me respondió de una forma muy evasiva, diciendo que si la gente quería defraudar, era muy difícil oponerse a ello, opinión que evidentemente no puedo compartir. 
En cuanto a los paraísos fiscales, señor Comisario, ¿por qué no plantear la cuestión de una reglamentación internacional eficaz en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)? En efecto, la cuestión afecta tanto al comercio como a los intercambios. Una serie de países solicitan nuevas normas de la OMC en materia de servicios financieros. ¿No piensa que la Unión Europea –el Consejo y la Comisión–, podrían llevar este debate a la OMC, donde tenemos obligaciones? Hace años que, en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en comités de las Naciones Unidas, debatimos el problema de la reglamentación de los paraísos fiscalesy, por decirlo de una forma muy simple, de su abolición. ¿No cree que es hora de pasar a una velocidad superior, o bien habrá que esperar aún diez escándalos financieros más?
Concluyo, señor Presidente, diciendo que tenemos aquí, a mi modo de ver, una oportunidad única de demostrar a los ciudadanos europeos la utilidad de la Unión Europea. El caso de Parmalat es verdaderamente escandaloso, así como el hecho de que las autoridades políticas no se muevan más rápido, cosa que yo le animo a hacer.
Muscardini (UEN ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, el asunto Parmalat, como el caso Cirio en Italia, el caso Enron en los Estados Unidos, o casos similares en Gran Bretaña y Francia, es una muestra de la crisis que, durante algún tiempo, ha estado afectando a organizaciones financieras multinacionales. La causa de ello es la enorme y terrible distancia que existe entre la economía real y la burbuja especulativa: una riqueza virtual sobre el papel que sobrepasa enormemente la riqueza real, basada en la producción y las inversiones.
Hay otra amenaza común a todos los casos a los que me he referido: la ausencia o la insuficiencia de control por parte de las instituciones competentes: bancos centrales, comisiones de control de las bolsas, entidades de crédito, organismos de inspección profesionales. No es una coincidencia que cuando los ahorradores y las asociaciones de consumidores cuestionan estos organismos, siempre repitan el mismo estribillo. Dicen que no eran conscientes de la verdadera situación, que desconocían este fraude ilícito. Otra posibilidad es que estas instituciones mienten o que las normas de control son tan flexibles –y, por lo tanto, no muy precisas– que es posible interpretarlas de tal forma que permitan el fraude por todo lo alto. En primer lugar, esto lo hacen ahorradores e inversores, puede que con la conformidad de los propios bancos, un asunto, además, al que ya nos hemos referido en diversas ocasiones en relación con el problema de la burbuja especulativa. Aunque hablamos de ello mucho antes de que estallara, las instituciones europeas tampoco le han prestado atención suficiente en esta ocasión.
Hablo sobre conformidad porque otro hecho que se deriva de estos casos es el conflicto de intereses que sufren las entidades de crédito, siempre en detrimento de los inversores. En las semanas anteriores ya habíamos presentado una resolución a la Comisión para sortear las normas insuficientes, en la que pedíamos que se tomara la iniciativa, a escala europea y con el fin de proteger los intereses de los ahorradores, de vincular a todos los organismos encargados de las relaciones de supervisión y control entre las empresas y los bancos y para que se evaluara la posibilidad de armonizar la normativa vigente para garantizar que se aplican principios éticos, lo que significa que los inspectores no deben ser remunerados por aquellos a quienes supervisan.
Los casos notorios de ilegalidad que afectan desastrosamente a las inversiones de cientos de miles de ahorradores nos brindan la oportunidad de intervenir en nombre de consultores profesionales independientes –de los que ya hemos hablado en este Parlamento– e instar a la Comisión a que estudie la posibilidad de crear un registro europeo de este tipo de profesionales. Por un lado, intentar resolver la grave cuestión del conflicto de intereses con la reducción del monopolio bancario sobre el asesoramiento y, de otro lado, aspirar a una cualificación profesional de alta calidad basada en la ética y en la experiencia demostrada en el sector en cuestión.
Lo que pedimos son medidas de apoyo a todos los trabajadores de Parmalat y para indemnizar a los ahorradores que han sido estafados, en algunos casos, dos veces, no solo por Parmalat, sino también por aquellos que les aconsejaron determinadas inversiones. Sin embargo, creemos que la Unión Europea ha de hacer frente con firmeza a otras nuevas consecuencias potencialmente desastrosas de la enorme distancia existente entre la economía real y la economía financiera. Hasta que no se tomen medidas para reducir esta distancia, los riesgos seguirán al acecho. 
Borghezio (NI ).
   – Señor Presidente, la creación de una comisión de investigación, tal como pide el Parlamento Europeo, podría proporcionarnos esos elementos útiles que no creímos que estaban lo suficientemente bien concretados en la propuesta de resolución, y dotarnos de unas directrices específicas y precisas en cuanto a los instrumentos necesarios para impedir que vuelvan a producirse casos como el de Parmalat.
Creemos que Parmalat Finance, con sede en Rotterdam, en los Países Bajos, emitió cinco mil millones de obligaciones a través de una compañía con un capital modesto de solo unos miles de euros. En realidad, no se trataba de obligaciones reales, sino de pagarés, que algunos bancos –incluso algunos muy conocidos– recomendaron desde sus mostradores a sus clientes, sin informar de su verdadera naturaleza que, no obstante, no podían desconocer.
En cuanto a informar mejor a los firmantes, es necesario establecer normas específicas al respecto: los impresos tienen que incluir una descripción concisa del producto, y pedimos que también contenga un informe sobre el factor de riesgo, especificando las características de las obligaciones, algo que no se contempla actualmente.
Queda el asunto de la indemnización: a lo hecho pecho y, por lo tanto, tenemos que pensar en recuperar las sumas malversadas y dar garantías concretas a los ahorradores en caso de colapso. ¿Por qué los bancos no tienen que responder directa e inmediatamente cuando son ellos quienes han asesorado a las personas, incluso poco tiempo antes de quebrar, para que compraran «bonos basura»? En las reuniones corporativas, los accionistas también pueden desempeñar un papel de supervisión, pero, puesto que esto es efectivo, tiene que existir una disposición para que sea obligatorio publicar el acta en un folleto informativo sobre la medida objeto de la reunión.
En el caso que nos ocupa, los directivos ya informan de que es muy difícil recuperar las sumas, por ejemplo de los bancos estadounidenses, ya que hoy en día la normativa estadounidense permite a los acreedores estadounidenses obtener un trato preferente. Por lo tanto, es necesario establecer una auténtica reciprocidad entre Europa y los Estados Unidos en los procesos para confiscar los activos y el capital adquiridos en actividades que impliquen delitos financieros.
En una democracia económica, que se logra a través de la participación de los trabajadores, ¿por qué no prever una obligación para disponer de una representación, que también tenga una función supervisora, de trabajadores y accionistas en los consejos de administración de las empresas que cotizan en Bolsa? 
Villiers (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, como hemos sabido, el caso Parmalat fue una catástrofe para sus trabajadores, los inversores, los ahorradores, sus acreedores, sus clientes y de hecho para los mercados financieros. Es nuestro deber como legisladores y responsables políticos ver cómo debemos responder a esto y ver qué podemos hacer para tratar de impedir que una catástrofe así se vuelva a producir.
¿Cómo podemos garantizar que se detecte este tipo de conducta delictiva antes de que alcance las proporciones catastróficas y desastrosas que alcanzó en el caso Parmalat, antes de que se prolongue durante años, como ha sucedido? Solicito a la Asamblea que garantice que nuestra respuesta sea proporcionada, moderada y analice lo sucedido de forma imparcial, que hagamos un análisis concienzudo de lo sucedido, de qué funcionó mal –si es que algo funcionó mal– en el sistema regulador, y de cómo podemos mejorar el marco legal y regulador para tratar de impedir que se vuelva a producir un caso Parmalat.
Podemos estar orgullosos del hecho de que este proceso comenzase antes de que se produjese el caso Parmalat, ya que como se ha dicho, se han producido escándalos en todo el mundo. Enron es el más grande, pero existen otros en toda la Unión Europea. Pocos fueron lo bastante ingenuos para decir «bueno, el caso Enron se produjo en los Estados Unidos y nosotros no tenemos ningún problema en la Unión Europea». Los que lo hayan dicho está claro que ahora se sentirán en ridículo, pero esta no fue la respuesta general aquí y en los Estados miembros a la crisis de Enron. Observamos lo sucedido y respondimos a ello. Esto nos ayudará, ya que hemos preparado el terreno para tratar de afrontar un suceso tan desastroso como este en la Unión Europea.
Como ya se ha dicho, necesitamos analizar el papel que desempeñan los profesionales –los banqueros, los auditores, las agencias de calificación– implicados en el caso Parmalat, para ver si existe un modo de que en el futuro no se vean arrastrados, de que sean capaces de ayudar a los ahorradores y a los inversores en la detección de este tipo de fraudes, y que su actividad esté debidamente regulada; y examinar si una regulación adicional garantizaría que cuentan con una mayor capacidad para detectar este tipo de fraudes. Pero no debemos cometer el error de tratar de convertir a los auditores, abogados y agencias de calificación en policías, porque no funcionará.
También debemos aceptar que el tipo de conducta claramente delictiva y fraudulenta observada en el caso Parmalat es algo que nunca podrá eliminarse por completo. No importa lo eficaz y amplio que sea nuestro sistema regulador, siempre habrá defraudadores y delincuentes que incumplan las normas. Debemos concentrarnos en una mejor aplicación de las normas y reglas vigentes.
En muchos aspectos, esto es asunto de los Estados miembros. Estos deben dedicar más recursos a su policía, especialmente a la que se enfrenta a los delitos financieros. Esta es una de las principales lecciones que podemos aprender de Parmalat. No necesariamente debemos introducir nuevas normas, que en definitiva puedan llegar a ser una carga para los partícipes del mercado que son totalmente honrados. Necesitamos una mayor cooperación entre nuestros reguladores nacionales, no un único regulador de la Unión Europea. Los Estados miembros deberían dedicar más recursos a combatir los delitos financieros y contar con una gran fuerza policial eficaz que desempeñe esta tarea en el futuro. 
Berès (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tras el caso Enron –y es uno de los puntos en los que me sumo a la Sra. Villiers– algunas personas pensaron en Europa que este tipo de cosas sucedían con el capitalismo norteamericano pero no con el capitalismo europeo. Pues bien, el asunto Parmalat demuestra que el capitalismo europeo del siglo XXI puede experimentar derivas similares. En realidad, nos encontramos ante algo que rebasa ampliamente el caso Parmalat y que tiene que ver con la adaptación de unas herramientas que en realidad no hemos modificado fundamentalmente desde el siglo XIX, cuando la naturaleza del capitalismo, por su parte, ha cambiado tanto. En el siglo XIX, una empresa confrontaba capital y trabajo. Desde entonces, el capital se ha dispersado y ha encontrado con gran inteligencia mil medios de estar presente. En cambio, no existe un mercado de trabajo europeo o mundial, que sigue basándose exclusivamente en sus propias fuerzas.
Tenemos que abordar cuatro grandes problemas: la cuestión de los paraísos fiscales, la de las estructuras del capital, la del divorcio entre financiación y producción y, por último, la de la suerte de los empleados y los trabajadores. Nada menos. A este respecto, le doy las gracias, señor Comisario, por las propuestas que presenta, porque suponen una pequeña semilla plantada en el largo camino de la regulación del capitalismo mundial. Dicho esto, desearía destacar dos o tres dificultades que surgen a mi modo de ver de las propuestas que usted ha formulado. Pienso que no comparte la opinión de la Sra. Villiers de que bastaría poner un policía detrás de cada banquero para regular el capitalismo. Por mi parte, estoy de acuerdo con ella en un punto: siempre habrá canallas. Los hay en el campo del transporte marítimo y siempre los habrá, como los hay en el ámbito financiero, donde siempre los habrá. ¡Pero no les ayudemos! Hoy, el funcionamiento del capitalismo moderno echa cables a los canallas de las finanzas y, de hecho, esos cables se llaman paraísos fiscales, fraudes fiscales y estructuras de capital inextricables. Lo que tenemos que combatir es esa opacidad que nos impide detener al culpable. Por ello, hay que luchar contra los paraísos fiscales con determinación, ejerciendo más presiones, con todos los medios a nuestra disposición, ya se trate de embargos o de boicots. Si se boicotea a un país porque no respeta los derechos humanos, ¿por qué no boicotearlo por abrigar operaciones capitalistas fraudulentas? Me parece que merece la pena reflexionar sobre ello.
Y después, si queremos de verdad conseguir la transparencia, debemos dar voz a los que pueden ejercer un contrapeso. En efecto, no se puede pretender regular mejor el funcionamiento de las empresas sin conceder más voz a los empleados y los asalariados. Esto vale para el debate que hemos mantenido sobre el informe del Sr. Katiforis, relativo a las agencias de calificación, y vale también para la cuestión de las adquisiciones sobre las que ya ha deliberado el Parlamento. Sin olvidar la cuestión de los consejos de administración de las empresas y, en este punto, me parece, señor Comisario, que el texto que ha presentado sobre la gobernanza empresarial sigue estando muy por debajo de lo que necesitamos.
En conclusión, quiero recordar que la vida de las empresas es algo demasiado importante para dejarla en manos de los financieros.
Calò (ELDR ).
   – Señor Presidente, el caso Parmalat tiene difícil solución porque no hemos llegado al fondo de las responsabilidades ni de los mecanismos complejos y ambiguos que posibilitaron que se produjera. Considerar que solo se trata de un escándalo italiano es una visión limitada. En realidad, se trata de un asunto internacional de enormes proporciones, en los que están implicados importantes bancos a escala internacional.
Sin embargo, todo el mundo tiene muy claras las pérdidas que han tenido que sufrir los ahorradores. Tenemos que pensar en ellos y hemos de considerar, y estimular, la aplicación de medidas suficientes, como por ejemplo seguros de tipo específico, que permitan indemnizar a los pequeños ahorradores implicados en la quiebra. Por otra parte, lo que se ha descrito como el mayor fraude financiero y contable que jamás se haya registrado en Europa pone de relieve sobradamente la grave falta de normas rigurosas y efectivas, capaces de impedir casos de falsificación de las cuentas de las empresas que, con arreglo a una reciente ley italiana, ha sido despenalizada. Es esencial que en un mercado común como el europeo, donde los Tratados establecen que se aplican los principios constitucionales de libre circulación de las personas, mercancías, capitales y servicios, la Comisión intervenga para ofrecer una mayor protección a los ciudadanos contra este tipo de fraude, y que lo haga con medidas comunitarias capaces de intensificar el control de las auditorías contables de las empresas de la Unión Europea.
Sin embargo, con esto no basta. , presidida por el Sr. Di Pietro e integrada en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, pide que se establezcan normas estrictas a escala europea para impedir todo tipo de asistencia económica o financiera desleal a nivel de empresa o individual en empresas que operan en los 25 Estados miembros y en estructuras que actúan en paraísos fiscales en «Estados delincuentes». En particular, un embargo económico estricto, vinculante en este sentido, forzaría a toda la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, a actuar honestamente, y así poder impedir que vuelvan a producirse episodios lamentables como los que hemos estado comentando. 
Cauquil (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, durante años, el patrón de Parmalat debió de utilizar con sus 36 000 trabajadores repartidos por treinta países el mismo lenguaje que todos los patronos con sus trabajadores. Les debió de decir que no era posible aumentar los salarios, que había que reducir la plantilla y que eso se debía a la necesaria competitividad. Pues bien, los trabajadores de esta empresa pudieron comprobar cuán burdas eran estas mentiras. Pudieron comprobar que les habían timado. ¿Cuántos salarios podrían haberse aumentado con los 14 000 millones malversados por el patrón de Parmalat? ¿Cuántos despidos supuestamente necesarios habrían podido evitarse? 
El colmo es que todos los cómplices de estas malversaciones, los bancos y las administraciones, seguirán como antes, mientras que los 36 000 trabajadores de la empresa pueden quedarse sin su medio de vida y miles de campesinos productores de leche han resultado perjudicados. Pero entre las empresas que usted pretende que son la mayoría y que tienen un comportamiento ético y honesto, ¿cuántas Parmalat más hay que aún no han sido descubiertas? Y ¿cómo saberlo? ¿Cómo podría distinguir la población a los patronos canallas de los que pretenden no serlo? Y al lado del gangsterismo declarado de los patronos de Parmalat y muchos otros, ¿cuántas grandes empresas, todas en realidad, practican esa forma de gansterismo –legal en este caso– que consiste en cerrar una fábrica echando a los trabajadores a la calle simplemente para obtener una plusvalía bursátil suplementaria? Sus leyes otorgan a los patronos y a los consejos de administración un poder dictatorial sobre sus empresas. 
Estamos a favor de que los trabajadores, los consumidores y la población puedan controlar las empresas, sus cuentas, la forma en que realizan sus beneficios y la forma en que los utilizan. Es preciso que la colectividad pueda vigilarlas permanentemente y prohibir decisiones que vayan manifiestamente en contra de sus intereses. Los paraísos fiscales no están solo en las Bahamas. Para suprimirlos aquí, en Europa, hay que suprimir el secreto bancario y el secreto comercial.
Frassoni (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, hay algunos casos en que Europa es realmente necesaria, donde es especialmente importante y crucial la rapidez de acción para poder establecer si nuestras instituciones están realmente en condiciones de interpretar las necesidades de los ciudadanos. Esto hay que hacerlo de forma visible y decisiva. Por supuesto, señor Comisario, Bolkestein, no somos los Estados Unidos; nuestra capacidad de acción es más limitada, puesto que está limitada por rivalidades nacionales y diversos derechos de veto, en especial en aquellos sectores que estamos tratando en estos momentos.
Sin embargo, creemos que existe margen de maniobra en el caso de Parmalat y que la Comisión ha de utilizarlo. Básicamente, es necesario que nos movamos en tres direcciones, que, además, ya se han mencionado. En primer lugar, la Comisión ha de formular propuestas sobre la conducta de las compañías cuando operan en paraísos fiscales para ocultar su dinero negro. Creemos que se puede adoptar una legislación de la Unión Europea para intentar ponerle freno e impedirlo, ya que esto fue una de las causas fundamentales de lo que ocurrió en Parmalat. Esto, Comisario Bolkestein, va más allá de una propuesta sobre el blanqueo de dinero. Me temo que, para estar realmente del lado de los consumidores y ahorradores, en particular en este periodo políticamente sensible, la Comisión tiene que formular una propuesta que les apoye visiblemente y que –repito– va más allá de las propuestas que se han presentado hoy aquí.
En segundo lugar, me alegraría que el Comisario Bolkestein presentara una propuesta para garantizar que los países de la UE que controlan estos paraísos fiscales, que tienen acceso a estos o que disponen de legislación particularmente poco estricta sobre esta cuestión, se les pueda persuadir de alguna manera para que cambien de rumbo.
En tercer lugar, –como ya ha dicho mi colega, el Sr. Jonckheer– ¿qué piensa el Comisario Bolkestein sobre la posibilidad de presentar la posición de la Unión Europea sobre estas cuestiones a la Organización Mundial del Comercio? 
Angelilli (UEN ).
   – Señor Presidente, tal como ya han dicho algunos colegas, la quiebra financiera de la multinacional Parmalat ha constituido un episodio extremadamente grave para Italia y ha implicado a miles de pequeños ahorradores italianos; es probable que perjudique la credibilidad financiera y, en el futuro, también cree una desconfianza generalizada hacia nuestro país entre los inversores internacionales.
Una de las causas de esta quiebra financiera ha sido, principalmente, la aprobación de estados financieros falsos del Grupo Parmalat por una de las principales sociedades de auditoría, que presuntamente habría ocultado la verdadera situación patrimonial de la empresa. Es más, es obvio que los otros organismos empleados para la auditoría financiera –y – tampoco efectuaron debidamente y en el momento adecuado las inspecciones necesarias. Varias de las entidades de crédito más conocidas en los mercados financieros mundiales –tanto italianas como europeas– también parecen haber participado en el asunto; emitieron un número descontrolado de obligaciones que ya no son rescatables.
Por todo ello, se ha descrito al caso Parmalat como el Enroneuropeo, aunque en realidad es mucho más grave que el escándalo estadounidense, puesto que el PIB de los Estados Unidos es mucho más alto que el italiano.
Como todos sabemos, la quiebra de Parmalat es, por desgracia, solo el último de una larga serie de casos similares que se han producido en toda Europa. Así pues, ¿qué pueden esperar los ciudadanos italianos y europeos que son a menudo las víctimas de este aventurerismo financiero? Creo que lo que esperan son medidas urgentes y tangibles, tanto para proteger a los trabajadores del Grupo Parmalat, que es el caso específico en cuestión como –de modo más general– para salvaguardar e indemnizar a los ahorradores implicados en esta quiebra. Asimismo, esperan que se establezcan instrumentos para impedir que este tipo de operaciones vuelvan a ocurrir en el futuro y limitar la exposición máxima de los pequeños ahorradores.
Por último, quiero llamar la atención del Comisario sobre dos cuestiones finales: creo que ha llegado la hora de crear un centro de supervisión y control a escala europea –una especie de Comisión Europea de vigilancia y control del mercado de valores– con derecho a inspeccionar e imponer sanciones, bajo el control directo del Banco Central Europeo, y concebido de manera que verifique la eficiencia y transparencia del mercado de valores para proteger a los inversores en la medida de lo posible. Por último, conviene establecer una lista negra para asegurar que los paraísos fiscales sean declarados ilegales.
Della Vedova (NI ).
   – Señor Comisario Bolkestein, acojo con satisfacción las iniciativas que anunció de antemano y las que se han tomado recientemente. Merece usted nuestro reconocimiento por declarar, justo en medio del caso Enron, que Europa no es inmune a este tipo de escándalos. Quiero dejar claro a todo el mundo que el escándalo Parmalat no tiene que ver con una empresa sólida destruida por mala conducta financiera; por desgracia para Italia, el escándalo Parmalat es un caso de actividades comerciales fraudulentas e ineficaces que alguien intentó salvar mediante infracciones financieras.
Hoy, con razón, hemos estado hablando largamente de controles. Creo que la cuestión a la que hay que enfrentarse es el del papel de los bancos centrales en cada uno de los Estados. Italia ha dado a su banco central determinados poderes con respecto a la competencia, y por lo tanto a las leyes antimonopolio, y desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de las actividades bancarias y, a resultas de dichas actividades bancarias, en el sistema industrial en su conjunto. Creo que se trata de una anomalía que hay que eliminar y que Europa, el Banco Central Europeo, la Comisión y el Consejo tienen que tomar medidas al efecto.
También creo que tenemos que actuar con extremada cautela, en respuesta al escándalo Parmalat, en lo que se refiere al equilibrio entre controles y sanciones. Está muy bien incrementar los controles, pero no hay que intentar imponer restricciones imposibles sobre el mercado financiero, que es crucial para el desarrollo económico de Europa. También estamos estudiando sanciones que, de la misma forma que los controles, servirán para desalentar el comportamiento fraudulento. En especial, necesitamos dar a los consumidores una herramienta importante, la demanda colectiva, sobre la base del artículo 153 del Tratado, lo que sería útil para desalentar el comportamiento fraudulento en cualquier ámbito.
Lehne (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, primero tuvimos a Enron y WorldCom. Ahora, con Parmalat, Europa ha pillado un resfriado. La realidad es que hay delincuentes por todas partes. No solo hay buena gente, también la hay que es mala, y hemos elaborado leyes contra la mala gente. Por desgracia, la gente mala a veces infringe la ley. Por este motivo no tiene sentido volver a inventar la rueda ahora y plantearnos de nuevo si tenemos que prohibir este tipo de cosas una vez más. Ya estaban prohibidas.
Lo que necesitamos es un análisis racional para establecer dónde se han podido producir deficiencias en el sistema de supervisión y cuáles son las posibilidades de una legislación perfeccionada. Estoy muy agradecido, especialmente a la vista de las declaraciones efectuadas por el Comisario y las propuestas de la Comisión, de las que ya somos muy conscientes, de que al contrario de los Estados Unidos, en Europa no pretendemos reaccionar de forma exagerada, sino que intentamos, con medidas individuales, mejorar la posición jurídica en vigor. Nuestro objetivo no es impedir totalmente que estas cosas vuelvan a ocurrir en el futuro –eso sería imposible–, sino que sean menos probables. Creo que las propuestas efectuadas por la Comisión Winter en el Informe Winter II apuntan en gran medida en esta dirección. El plan de acción de la Comisión sobre derecho de sociedades ha integrado la esencia de las propuestas efectuadas en el Informe Winter II. No quiero entrar en detalles por la sencilla razón de que el plan de acción de la Comisión sobre derecho de sociedades se está abordando a través de una consulta especial que implica un informe separado al Parlamento.
Solo quiero referirme a dos aspectos, a modo de ejemplo: acojo con especial satisfacción que la Comisión vaya a presentar ahora la Octava Directiva en un futuro previsible, pero creo que independientemente de las numerosas buenas ideas que contiene, puede que deberíamos considerar la posibilidad de que algunos aspectos fueran un poco más coherentes. Creo que es indignante que todavía sea posible que sociedades de auditoría presten servicios de consultoría a la vez que llevan a cabo auditorías en grandes empresas que cotizan en Bolsa, al menos en Europa. Mantengo el principio de que si uno audita no puede asesorar, y si uno asesora no puede auditar. En todo caso, no afectará para nada al mercado, ya que el pastel seguirá siendo igual de grande, pero se cortará de otra manera. Frente a este panorama acojo con gran satisfacción que las propuestas legislativas elaboradas en los Estados Unidos también repercutirán en las sociedades de auditoría internacionales que operan aquí en Europa.
En otros ámbitos, a veces dudo de si tienen sentido las propuestas de la Comisión, por ejemplo la exigencia de la directiva de transparencia de que se presenten informes trimestrales obligatorios por parte de las empresas de toda Europa. Sobre este punto, solo quiero comentar que empresas como Enron, WorldCom y otras presentaron todos estos informes trimestrales. Lamentablemente, todos eran falsos. Por este motivo no creo que este instrumento sirva realmente de algo. No se trata de facilitar montones de información, sino de obtener la información correcta que precisan los inversores para tomar decisiones.
Termino con esta observación y les agradezco su atención. 
Goebbels (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en su «Breve historia de la euforia financiera», John Kenneth Galbraith enunciaba la creencia de que, en sus propias palabras, «éxito económico e inteligencia van parejos».
El asunto Parmalat es una ilustración perfecta de ello, porque el fundador de Parmalat parecía tener éxito económico. El mundo financiero, los medios políticos y los medios de comunicación se sintieron satisfechos con su apariencia de éxito, y ni los auditores, ni los banqueros, ni las agencias de calificación, ni siquiera los reguladores italianos pusieron en duda las cuentas publicadas por Parmalat. Ahora bien, la lista de empresas que han empleado ante todo su inteligencia delictiva para engañar a unos mercados financieros eufóricos se ha hecho muy larga en los últimos años.
De Enron a Parmalat, son incontables ya las empresas aparentemente respetables que han acabado por maquillar sus cuentas para no sufrir un revés en bolsa. Todos estos escándalos financieros son el producto de la creencia muy extendida en los mercados de que se puede llegar a ser muy rico sin riesgos y en muy poco tiempo. Pero las grandes ganancias son por lo general fruto de grandes riesgos. Y cuando los riesgos asumidos no producen ganancias, sino pérdidas, es grande la tentación de ocultar estas temporalmente para compensarlas rápidamente con una ganancia basada en la asunción de un riesgo aún mayor.
Movilizando todos los recursos de la ingeniería financiera, se llega así a aparcar pérdidas en vehículos especiales, a inflar el volumen de negocios con operaciones ficticias –como la venta fantasma por parte de Parmalat de leche en polvo al régimen cubano– y a mostrar beneficios inexistentes con una contabilidad creativa. Frente a estos escándalos, el mundo de los negocios sigue padeciendo la misma miopía.
Yo fui ponente del Parlamento para la Directiva sobre los abusos de mercado y los delitos de iniciados. Como ponente, consulté a los medios económicos y recibí a un número impresionante de miembros de grupos de presión. A menudo, demasiado a menudo, oí, por entonces, que Enron no era más que un caso aislado, producto de la exuberancia irracional del mercado norteamericano, pero que Europa era otra cosa. Ahora sabemos que la energía delictiva se reparte equitativamente a una y otra orillas del Atlántico.
Para prevenir los escándalos financieros solo hay un medio. Europa, los Estados Unidos, Japón y todos los centros financieros importantes deben cooperar. Hace falta transparencia, hace falta un marco reglamentario vinculante que se imponga asimismo a los paraísos fiscales, a los centros y otros agujeros negros de las finanzas internacionales. No se trata de prohibir que las islas del Caribe o del Pacífico jueguen en el patio de los mayores y ofrezcan estructuras de acogida para el mundo de los negocios, sino de prohibir a los grandes bancos norteamericanos, europeos y japoneses financiar cualquier cosa a través de sociedades pantalla situadas en islas no controladas y no reguladas, si esos bancos no pueden garantizar que esas transacciones son lícitas.
El instrumento para lograrlo deberían ser nuevas normas sobre la adecuación de los capitales bancarios, es decir, lo que se denomina en nuestra jerga el Acuerdo de Basilea II. Es conveniente, además, evitar los conflictos de intereses entre las distintas funciones de control, de auditoría, etc., pero no se trata de castigar a los bancos y a los demás operadores financieros. La economía de mercado, sobre todo si quiere ser social, necesita empresarios emprendedores y circuitos financieros innovadores que les financien, pero hay que hacer todo lo necesario para encuadrar esos mercados a fin de velar por que asalariados, subcontratistas, proveedores y accionistas no se conviertan en las víctimas de una delincuencia económica que opera bajo la apariencia de la respetabilidad.
Andria (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, Señorías, la quiebra de Parmalat y otras preocupantes crisis financieras antes y después de esta han revelado las limitaciones de las normas que rigen nuestros mercados financieros.
Tal como ocurrió en los Estados Unidos, en el punto culminante del caso Enron, y en el Reino Unido, con sus 34 escándalos de malversación, en Italia también entendimos de inmediato la necesidad de promulgar una legislación estricta para proteger a los ahorradores de forma más eficaz y –en sentido amplio– intentar limitar el descrédito que afectaría inevitablemente al mercado financiero implicado.
Sin embargo, en estos casos, hemos dejado de lado reacciones impulsivas y, en particular, no nos vamos a dejar influir por las apariencias, por graves que sean, de lo que ha ocurrido ni por los incentivos que puedan derivarse. De forma similar, no apoyo que se tomen medidas excepcionales, como la posibilidad de una superautoridad supervisora, ya que correríamos el riesgo de crear un nuevo órgano que tendría dificultades para hacer cualquier contribución adicional a un entorno que es preciso reestructurar.
Hay que aplicar bien las medidas vigentes y no hay duda de que es necesario modificarlas. La legislación en materia de quiebra también desempeña un papel clave: el principio y el «periodo de sospecha» también tendrían que desempeñar un papel tanto en la administración extraordinaria como en la administración controlada. Esto reforzará la protección de los acreedores. Asimismo, el sistema crediticio, que sin duda no está totalmente libre de culpa en el caso Parmalat, no sería el único árbitro de los acontecimientos. Sin embargo, estaría sujeto a la evaluación de un juez designado.
Así pues, para continuar con el tema de propuestas de gran alcance, sería necesario incrementar la información disponible sobre todos los productos financieros disponibles para el público, tanto en los prospectos como en las comunicaciones , y eliminar el problema de la fragmentación de la información sobre los diferentes productos financieros a disposición del público. La supervisión de la transparencia tiene que extenderse a todo, incluidos los productos bancarios y de seguros que se ofrecen a los ahorradores, que contienen una labor de gestión. La introducción de ámbitos más estrictos de incompatibilidad para proteger la independencia de los órganos de inspección será ineludible. Sin embargo, en el caso de las sociedades emisoras de obligaciones es necesario ir más allá: habrá que emitir documentación vinculante para la empresa, en la que se exponga qué hará esta, cuándo lo hará y qué productos de inversión utilizará. Ahora bien, por encima de todo, además de los auditores de cuentas, necesitamos adoptar una figura que ya existe en los Estados Unidos desde hace diez años: el responsable de ética. Esta figura, que actúa como una especie de oyente, o identificador de indicios, tiene que poder captar las más débiles señales de peligro que escapan a la atención de los analistas, quienes se fijan en las pruebas. Al leer el trabajo del responsable de ética, es posible identificar no solo los resultados de la gestión, sino –desde el exterior– el grado de fiabilidad de la empresa. 
Ettl (PSE ).
   Gracias, señor Presidente. El asunto Parmalat de Europa no es menos devastador que el caso WorldCom, el mayor escándalo financiero de los Estados Unidos hasta la fecha. Por supuesto, me preocupa especialmente ya que el escándalo Parmalat también implicó a una empresa austriaca. Hemos estudiado mecanismos europeos de auditoría y legislación financiera desde que estallaron los grandes escándalos en los Estados Unidos hace unos tres años. Por desgracia, sigue dándose el caso de que algunas personas quieren más controles y otras quieren menos. Sobre esta cuestión –esta cuestión objetiva– el terreno de juego es muy estrecho; lo que tenemos en su lugar, a mi entender, es una polarización política absurda.
Ayer mismo deliberábamos sobre la cuestión de las agencias de calificación. Como es habitual en estas situaciones, los conservadores han votado en contra de mecanismos de control mejores y más estrictos y han aceptado el oligopolio de la auditoría y la evaluación tal como está, sin ningún comentario en particular. ¿Cómo tenemos que considerar esta situación desde nuestra perspectiva? Se trata de cuestión de gustos.
Pronto vamos a tener la ocasión de votar la directiva en materia de fusiones transfronterizas de sociedades anónimas. Empieza a ser evidente que se pretende orientar esta directiva en contra de los intereses de los trabajadores y de mejores mecanismos de control. Sin embargo, la normativa financiera vigente en la UE permite que sistemas financieros carentes de transparencia apliquen políticas fraudulentas. Se siguen manteniendo paraísos fiscales, aunque desde hace años se nos pide que los regulemos. Es totalmente inaceptable que los mecanismos de control y reguladores de Europa tengan tantos agujeros como un queso suizo, abriendo la puerta al fraude. Si no actuamos ahora, vamos a perder la confianza de los trabajadores que ahora están perdiendo sus puestos de trabajo, así como la de los inversores de los mercados de capitales, confianza que queremos asegurarnos. 
Inglewood (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el escándalo Parmalat abarca una serie de crisis bastante diversas. En primer lugar, se ha producido un fraude de proporciones gigantescas; en segundo lugar, existe una crisis sistemática en el mercado, y, en tercer lugar, se ha producido un importante desastre social en Italia, donde viven la mayoría de los afectados.
No quisiera hacer más comentarios ni sobre el fraude ni sobre los problemas que pueden producirse en Italia. Preferiría hablar sobre su efecto en los mercados. En ocasiones olvidamos que una de las lecciones del siglo XX fue la evidencia de que los mercados son el mejor impulsor de la prosperidad y el mejor creador de empleos que hemos visto jamás en el mundo. Por lo tanto, está claro que el buen funcionamiento de los mercados es esencial para nuestro futuro bienestar colectivo. Estos mercados deben organizarse de forma que el delito resulte difícil. Sin embargo, al igual que es imposible organizar la Ciudad de Estrasburgo de forma que sea imposible atacarla, también es imposible organizar los mercados financieros de manera que no exista ninguna posibilidad de que se produzca un fraude delictivo. Deberíamos reconocerlo.
En segundo lugar, es importante que los inversores confíen en el mercado. Las afirmaciones y pruebas que facilitan las sociedades sobre si mismas deberían ser transparentes, y las normas sobre el modo en que se recopila esta información deberían ser inimpugnables. Celebro los comentarios del Comisario Bolkestein sobre su revisión de la auditoría y de las normas de auditoría.
Del mismo modo, la gobernanza empresarial en el mercado debería ser irreprochable con respecto al modo en que se toman las decisiones. Una vez más, acojo con satisfacción las observaciones del Comisario en su declaración. Por otra parte, las afirmaciones que se realizan en el mercado y el asesoramiento que se presta a posibles partícipes del mismo no deben sugerir ninguna incorrección. Tengo que preguntar –y quizás lo diga como alguien que no se presentará a las próximas elecciones– si puede decirse lo mismo de las afirmaciones que los partidos políticos van a hacer en la próxima campaña.
Tampoco debemos olvidar que incluso en el caso de las grandes pérdidas evidentes de los bancos, puede darse el caso de que en un mundo en el que los fondos de prensiones privados cada vez serán más frecuentes, son los ciudadanos los que resultan perjudicados por estos desastres. Es la confianza del pequeño inversor –ya sea directamente o a través de fondos de pensiones – la que es tan importante para el funcionamiento del capitalismo del siglo XXI.
Muchos oradores han hablado de regular. Regular es la respuesta, pero no el exceso de regulación. Esta debe ser la lección que aprendamos de esta crisis. 
Bolkestein,
   . Quisiera comenzar dando las gracias a los diputados por sus comentarios sobre lo que he dicho al comienzo de este debate, además de las demás observaciones sobre esta importante cuestión. Me gustaría retomar varios puntos al término de este debate dada la importancia del tema.
En primer lugar, quisiera hacer un comentario sobre un aspecto realmente importante de este caso: los paraísos fiscales y los vehículos para fines especiales. Todavía debe aclararse toda la complejidad de la situación en el caso de Parmalat, en lo que respecta al uso de centros financieros extraterritoriales y los vehículos para fines especiales. Está claro que ha llegado la hora de poner algo de orden en la situación. Todos estos tipos de operaciones especiales deberían estar sujetos a tres requisitos: en primer lugar, deberían incluirse en las cuentas de la sociedad; en segundo lugar, la sociedad implicada debería explicar su objeto –¿por qué esa empresa cuenta con estos vehículos para fines especiales? – y en tercer lugar, el auditor del grupo debería ser responsable de comprobar que realmente hay lo que se supone que hay. Debe haber un mayor control sobre estas estructuras empresariales extremadamente complejas.
En consonancia con esto, la Comisión considerará requisitos adicionales de revelación en el contexto de las enmiendas a la cuarta y séptima directiva sobre el derecho de sociedades. Se pretende aprobar estas enmiendas para septiembre de 2004. La cuestión de la transparencia de los vehículos empresariales y otras disposiciones legales está siendo considerada por la Comisión, tanto de forma interna en la Unión Europea como en el más amplio contexto internacional.
En segundo lugar, me gustaría decir algo sobre la auditoría. Podría preguntarse si existe un fallo sistemático en la función de auditoría; aunque creo que el auditor tiene un papel muy importante que desempeñar para garantizar que los estados financieros sean correctos, este no es el único factor examinado. Es importante tener una imagen más amplia de las responsabilidades sobre los estados financieros y el funcionamiento de los mercados de capitales. Además de los auditores, también deberíamos cuestionar el papel de la dirección, de los administradores no ejecutivos, de los acuerdos de gobernanza empresarial, de las agencias de calificación crediticia –tal y como se ha dicho esta tarde– además de los bancos de inversión.
Con respecto a los auditores, creo que existe la necesidad de una estructura más fuerte que resista la contabilidad incorrecta y la presión comercial indebida por parte de las entidades auditadas. Varias medidas que propondrá la Comisión en su próxima directiva deberían ayudar a los auditores a mantenerse firmes; por ejemplo, los requisitos de independencia, la fuerte supervisión pública, la comunicación con las comisiones de auditoría y la serias revisiones externas de calidad.
También podríamos preguntar si existe un problema contable. Aparentemente, la legislación vigente en Italia sobre las cuentas anuales no requiere ni un informe del flujo de caja ni demasiada información sobre los derivados financieros y su efecto sobre la posición financiera. La Directiva de contabilidad al valor justo, adoptada en 2001, está en vigor desde el 1 de enero de 2004. Esta directiva requiere una revelación detallada de los instrumentos financieros como el valor justo de los instrumentos financieros, información sobre su alcance y naturaleza y una tabla que indique los movimientos del valor justo. Las cuentas anuales, preparadas conforme a las normas contables internacionales, que requieren un informe del flujo de caja y también valores justos, habrían reflejado mejor la verdadera posición financiera de Parmalat y habrían impedido el fraude, al menos en la medida en que se produjo.
Luego está la cuestión de la gobernanza empresarial. El apartado 7 de la resolución establece que las directrices políticas del plan de acción sobre la gobernanza empresarial se basan principalmente en la transparencia y la revelación. Esto es totalmente cierto, existen importantes iniciativas de transparencia y revelación, pero el plan de acción también contiene importantes iniciativas que se introducen a través de las directivas: esto sugiere normas vinculantes adecuadas y proporcionadas, por ejemplo sobre los derechos de los accionistas y también sobre la responsabilidad de los consejeros.
En lo que respecta a los consejeros independientes, el plan de acción anuncia una recomendación con el objetivo de fomentar su labor, al menos sobre una base de «cumplir o dar explicaciones». Por lo tanto, es cierto que la revelación es esencial. Pero las consultas sobre el plan de acción han demostrado que es dudoso si un planteamiento basado en normas vinculantes sobre la composición y el papel de los comités de consejo tendría sentido.
Por último, para cerrar este importante debate, quisiera citar al Sr. Fava, que ha dicho que necesitamos «normas globales». Estoy de acuerdo. No es tan fácil conseguir normas globales. Se ha mencionado la OMC: esta es una posibilidad. La OCDE hace mucho en este ámbito y deberíamos tener cuidado de no adelantarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, quisiera apoyar a la OCDE en la medida de lo posible en su trabajo.
El Sr. Jonckheer ha dicho que esta es una oportunidad de oro para demostrar a los ciudadanos para qué estamos aquí. Está en lo cierto, ya que, como han mencionado muchos de los que han participado en este debate, son los ciudadanos los primeros perjudicados y los que pierden el derecho a sus pensiones o sus trabajos. Debemos dejar claro que la Unión Europea está tomando las medidas necesarias para poner fin a este tipo de prácticas y las próximas elecciones parlamentarias quizás ofrezcan una buena oportunidad para hacerlo.
El Sr. Jonckheer preguntó asimismo si los consejeros también estarán a la altura. Es una pregunta muy oportuna. ¿Son suficientes las medidas adoptadas por la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento? Como han dicho el Sr. Lehne y Lord Inglewood, no pueden darse garantías. Es imposible dar garantías de que algo de esta naturaleza no sucederá: las garantías solo existen para las aspiradoras. Esto es algo que no podemos hacer, pero podemos poner las cosas muy difíciles a las personas con malas intenciones que pretenden continuar con su trabajo. Estamos un poco entre la espada y la pared, por una parte entre el Sr. Jonckheer, que dice que deberíamos asegurarnos de que esto no se repita y, por otra parte, el Sr. Della Vedova, el Sr. Lehne y Lord Inglewood, que dicen que es imposible evitar por completo el fraude delictivo. Sin embargo, podemos hacerlo más difícil.
Las medidas adoptadas por la Comisión y la Unión Europea de hecho hacen mucho más difícil que se repita algo así. Espero que todos los diputados se unan a la Comisión para dejar claro al electorado que esta está haciendo su trabajo, al igual que los diputados, para prevenir que esto vuelva a repetirse. 
Frassoni (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, se trata simplemente de una aclaración. Señor Comisario, al comienzo de su intervención, usted ha hablado sobre la banca extraterritorial y ha enumerado algunos criterios. ¿Quiere decir esto que va a proponer una legislación al respecto? 
Bolkestein,
   . Señor Presidente, como he dicho antes, la frase es: «Está claro que ha llegado la hora de poner algo de orden en la situación.» He mencionado tres exigencias que deben formularse: las operaciones especiales deben incluirse en las cuentas de la empresa; su propósito debe explicarse –por qué cuenta con ellas la empresa–; y el auditor del grupo debe ser responsable de la comprobación. Nos planteamos incluir exigencias de revelación más estrictas en las enmiendas a la cuarta y la séptima Directiva sobre el derecho de sociedades, que se aprobarán en septiembre, pero no sé si estas enmiendas son suficientes para controlar en su totalidad el tema de los paraísos fiscales en el extranjero y los vehículos para fines especiales. Sin embargo, estos tres requisitos que acabo de formular deben cumplirse y debemos encontrar una forma de hacerlo. 
El Presidente.
   – Para concluir este debate he recibido seis propuestas de resolución de seis Grupos políticos.(1)
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0007/2004).
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo.
El Presidente.
Las propuestas presentadas por la Comisión Europea sobre las producciones mediterráneas de aceite de oliva, algodón y tabaco, en sus términos actuales, supondrían una drástica desaparición de cultivos y del tejido social y económico asociado, en las zonas más desfavorecidas, objetivo 1 de atención regional. El problema se agrava si tenemos en cuenta que no existen alternativas económicas a dichos cultivos con la misma capacidad para generar trabajo y riqueza en las zonas productoras. Además, la Comisión no ha aportado ninguna propuesta seria de cara a la reconversión de los empleos agrícolas destruidos e intenta modificar unas OCM que han funcionado bien.
Por otra parte, en la perspectiva temporal de las políticas estructurales en la UE, hemos venido invirtiendo cuantiosos fondos en la generación de este tejido socio-económico agrícola, para que ahora se destruya una buena parte de estas inversiones, realizadas con tanto esfuerzo.
¿Velará la Presidencia irlandesa para condicionar la aprobación de este tipo de propuestas a la presentación de programas y proyectos con alternativas viables que garanticen el mantenimiento del empleo y el tejido social existente?
Roche,
     En noviembre de 2003, el Consejo inició su examen de las propuestas legislativas que la Comisión le había remitido el 18 de noviembre de 2003, con objetivo, entre otros, de integrar los regímenes de ayuda para el algodón, el aceite de oliva y las aceitunas, el tabaco y el lúpulo en la normativa sobre la reforma general de la PAC, que aprobó el Consejo en septiembre de 2003. En el Consejo de Pesca y Agricultura del 17 de diciembre de 2003 se celebró un debate general inicial sobre estas dos propuestas de reglamento. En esta reunión, las delegaciones de los Estados miembros productores manifestaron su recelo ante el efecto que tendrían las medidas propuestas sobre los sectores afectados, sabiendo que implicaban a los cultivos principalmente de las zonas del Objetivo 1 con dificultades de conversión.
Estas conversaciones están en curso y sería prematuro prejuzgar el resultado de los procedimientos y los debates que se celebrarán en el Consejo. Sin embargo, este prestará especial atención al efecto de la reforma en las regiones cuya economía agrícola se basa principalmente en los cultivos a los que afecta la reforma. El Consejo y la Comisión han tenido en cuenta la opinión del Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de reconciliación y tratarán de encontrar una solución equilibrada, teniendo en cuenta los diversos intereses en juego. 
Izquierdo Rojo (PSE ).
    Muchas gracias al Consejo por esta respuesta, aunque la encuentro un poco parca. 
Quisiera preguntar al Consejo si estaría dispuesto a considerar como provisionales estas medidas -que está previsto aprobar en las OCM- mientras no tengamos los datos correspondientes a su impacto sobre el empleo agrario.
Deduzco de su respuesta que efectivamente hay un riesgo de que se produzca un impacto negativo sobre el empleo agrario, que el Consejo no desea, y mi pregunta es si no cabría que, hasta que no se conozca este impacto, el Consejo considere con la calificación de "provisionales" dichas medidas.
Roche,
    Entiendo la observación de su Señoría. No estoy seguro de que se pueda utilizar el término «provisional». La Presidencia es consciente de que estas propuestas podrían tener un efecto en el tejido social, especialmente en regiones como Andalucía. Esto nos preocupa mucho. La Presidencia es consciente de las preocupaciones de los Estados miembros productores por el hecho de que en ausencia de iniciativas alternativas disponibles para los agricultores receptores de pagos desvinculados o parcialmente desvinculados, estos podrían optar por abandonar la producción, con el daño consiguiente para el tejido rural. Creo que este es el quid de la pregunta del diputado.
La Comisión ha tenido esto en cuenta al formular sus propuestas. Propone que un porcentaje del gasto en apoyo de los productores se mantenga como reservas nacionales para tratar estos problemas. Así que existe un elemento de contingencia incorporado en las propuestas. El Consejo estudiará detenidamente los elementos de las propuestas de la Comisión y tratará de encontrar una solución de compromiso que sea aceptable para los Estados miembros productores. Como he dicho, la Presidencia irlandesa es especialmente consciente de este tipo de impacto regional potencialmente negativo. Nos interesa mucho que se logre minimizar. 
El Presidente.
Dado que una gran parte de la financiación destinada al desarrollo del sector terciario y a la mejora de la inclusión social en Irlanda y en otros Estados miembros proviene de la Unión Europea, ¿qué prioridad concede la Presidencia irlandesa a la lucha contra la exclusión social y la pobreza y de qué manera se propone el Consejo fomentar la inclusión social en las zonas desfavorecidas de la Unión?
Roche,
    Esta es una pregunta muy completa e interesante, como era de esperar de Mary Banotti. Como sin duda sabrá la Sra. Banotti, el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 solicitó a los Estados miembros y a la Comisión en concreto que tomase medidas para incidir de modo decisivo en la erradicación de la pobreza; no toda la Agenda de Lisboa se centró en la empresa. También acordó que los Estados miembros deberían coordinar sus políticas para luchar contra la pobreza y la exclusión social basándose en el método abierto de coordinación, combinando objetivos comunes, planes de acción nacionales e indicadores acordados conjuntamente con el objetivo de promover estrategias políticas más ambiciosas y eficaces de inclusión social, además de un programa de acción comunitario de 2002 a 2006 y diseñado para fomentar la cooperación y compartir la experiencia y las mejores prácticas entre los Estados miembros. Esta ha sido una frase interminable, pero la proposición estaba orientada de forma que tiene sentido.
Tras la presentación de la segunda ronda de los programas de acción nacionales sobre la inclusión social correspondientes al período 2003-2005, la Comisión aprobó su segundo informe sobre la inclusión social en diciembre de 2003. Este informe identifica tendencias principales y retos en toda la Unión. Es también interesente por el hecho de que identifica la práctica de grupo y los planteamientos innovadores de interés común. Esto constituirá la base para el informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre la inclusión social que se presentará en marzo en el Consejo Europeo de primavera.
Un aspecto importante del informe es la atención cada vez mayor prestada a las variaciones regionales y locales de los niveles de pobreza y exclusión social, y cómo las causas subyacentes de la pobreza y la exclusión social pueden variar de una región a otra. Sospecho que este es un aspecto que estaba en la mente de la Sra. Banotti cuando planteó su pregunta.
Concretamente, de forma regional, las regiones en descenso con migración negativa, una elevada tasa de desempleo y una mayor dependencia contrastan con los problemas de las regiones congestionadas y en crecimiento en las que los problemas de adaptación se consideran más importantes. Existen diferencias y disparidades regionales generalizadas.
El problema de las zonas rurales marginales con poblaciones envejecidas, escasos servicios y unos niveles de dependencia mayores también se señala en el estudio. Por otra parte, se presta atención concretamente a las concentraciones particulares de pobreza y múltiples privaciones en las comunidades, especialmente urbanas, por ejemplo entre las poblaciones de emigrantes.
La observación que hago sobre la pobreza es que existen diferencias y disparidades regionales, como todos sabemos. Esta es la situación y en este contexto el informe destaca la importancia de que los Estados miembros desarrollen estrategias integradas y coordinadas a escala local y regional. Esto es especialmente importante en las comunidades que se enfrentan a múltiples desventajas. Estas estrategias deberían adaptar la política a la situación local, facilitar la movilización y la implicación de todos los agentes –incluido el sector terciario– y garantizar servicios de calidad y más fácilmente accesibles a los ciudadanos socialmente excluidos y pobres.
En cuanto a la Presidencia irlandesa, esta tomará todas las medidas necesarias para garantizar que se reflejen totalmente los objetivos de inclusión social de la Unión durante la preparación y en el seguimiento del Consejo Europeo de primavera. Por primera vez, por ejemplo, en marzo de 2004, la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Asuntos del Consumidor presentará al Consejo de primavera un documento con mensajes esenciales que incluirá su punto de vista sobre el tema. También informará de los objetivos de Lisboa relativos a la política de empleo y protección social, incluidos los objetivos de la lucha contra la pobreza y la promoción de la inclusión social en los Estados miembros.
Por último, la Presidencia irlandesa adoptará varias iniciativas para ayudar a los Estados miembros a que desarrollen nuevas políticas y programas para luchar contra la pobreza y promover la inclusión social. Habrá tres congresos específicos durante la Presidencia irlandesa. El primero se celebrará el 1 y el 2 de abril en Budoran, en el condado de Donegal, un lugar especialmente adecuado dada su posición regional. Tratará de reconciliar la movilidad y la inclusión social y el papel de la política económica y social.
El segundo tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en Dublín: el Congreso sobre las familias, el cambio y la política social en Europa. Incluirá un debate sobre la familia como centro de la inclusión social y la cohesión social.
El tercero se celebrará los días 28 y el 29 de mayo en Bruselas y será continuación de un congreso previo. Será una reunión especial de personas de los países de la Unión Europea que han conocido la pobreza. El objetivo de este congreso será el de desarrollar nuevos modos para promover la participación, en todos los niveles, de las personas con experiencia de pobreza y fomentar la creación de redes estructurales que la faciliten.
Estoy seguro de que su Señoría estará de acuerdo conmigo en que en la formulación de la política, no importa lo buenos que sean los políticos, solamente escuchando a las personas que han tenido la experiencia sobre el terreno pueden elaborarse políticas centradas de forma eficaz y eficiente en las necesidades de las familias y las comunidades que sufren la pobreza. 
Banotti (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, jamás habría pensado que obtendría una respuesta tan exhaustiva a lo que de hecho era una pregunta de tres líneas. Realmente ha sido una trampa para el Ministro, porque por supuesto estoy interesada en lo que está sucediendo en toda Europa, pero estoy especialmente interesada en lo que está sucediendo en mi propia circunscripción, donde existe una importante preocupación por el hecho de que el Gobierno irlandés no está cumpliendo compromisos adquiridos con varios grupos que han dedicado muchos esfuerzos a idear programas y proyectos dentro de este apartado.
Me refiero especialmente a Dun Laoghaire, Rathdown, que en muchos casos se conoce como una zona acomodada pero, por supuesto, tiene importantes bolsas desfavorecidas, que las organizaciones locales se han esforzado por abordar. Me complace oír que el Gobierno y la Presidencia irlandesa están tan comprometidos como ha afirmado el Ministro. Señor Ministro, ¿que es lo que va hacer en su país para garantizar que muchos de estos proyectos tan bien pensados sobrevivan? 
Roche,
    Estoy seguro de que su Señoría no querrá que me detenga en las excelentes políticas –en concreto sobre inclusión social– que ha lanzado recientemente el Gobierno de Irlanda, pero quizás quiera que le asegure que plantearé esto adecuadamente en el Consejo.
En mi respuesta he mencionado concretamente que incluso en las zonas acomodadas existen la pobreza y las privaciones, y de hecho su Señoría ha mencionado acertadamente el ejemplo de una zona considerada en general muy acomodada.
Uno de los problemas a que nos enfrentamos en Irlanda es que, de muchos modos –especialmente cuando se elaboran estadísticas para apoyar un argumento del tipo que se acaba de plantear– somos víctimas de nuestro propio éxito; esta es una de las acusaciones que se hace. Soy consciente de que algunos de los estudios en que se centra la pregunta de su Señoría sugieren, por ejemplo, que en Irlanda se dedica una menor proporción del PIB a la protección social que en el resto de la UE. Las cifras frecuentemente utilizadas son del 14% o 14,7%, en comparación con el promedio del 27,5% en la UE. Así es como se establecen algunas de estas comparaciones básicas. Sin embargo, se trata de una aberración estadística si se analiza en detalle la base estadística sobre la que se realizan estas comparaciones. Por ejemplo, el PIB de Irlanda es un 15% superior a su Renta Nacional Bruta, cosa harto insólita en un Estado miembro. Esto se produce en gran parte debido a la naturaleza de nuestro desarrollo económico, como su Señoría sabrá, y sucede principalmente debido a la repatriación de fondos de capital. La protección social, en proporción al PIB, sería de más del 70%, lo cual constituye un indicador más realista.
En lugar de entrar en un gran debate estadístico, puede y debe decirse que la pobreza y las bolsas de pobreza se dan en cualquier sociedad, independientemente de lo acomodada que sea. Por este motivo los programas de lucha contra de la pobreza deben tener una orientación más estratégica y deben basarse en experiencias ajenas, y en la Presidencia irlandesa estamos tratando de conseguirlo.
La pobreza es una cuestión muy relativa. Cualquier observador objetivo diría que la mayoría de los Estados miembros –incluido el mío– lo han hecho muy bien las cosas últimamente. Sin embargo, uno siempre debe centrarse en el tipo específico de pobreza que se ha planteado en la pregunta suplementaria y que he tratado de abordar en mi respuesta original. Es inevitable que haya bolsas de pobreza individuales. Sin embargo, para volver a la realidad, la situación en el país del que ambos provenimos es mucho mejor que lo que en ocasiones sugieren los pronósticos. 
El Presidente.
En septiembre de 2001, el Gobierno de Eritrea prohibió los periódicos independientes. Diez periodistas, entre los que se encontraba Dawit Isaac, fueron encarcelados. Dawit Isaac es a la vez ciudadano sueco y eritreo y contribuyó a la fundación de Setit, el primer periódico privado de Eritrea.
El Gobierno eritreo se niega a informar dónde están el Sr. Isaac y los otros periodistas detenidos y afirma que la detención de éste se ha producido para preservar la seguridad del Estado. Dawit Issac no ha podido recibir la visita de representantes de las autoridades suecas y existe una inquietud cada vez mayor sobre si aún se encuentra vivo.
¿De qué manera se propone el Consejo ejercer presión sobre el Gobierno eritreo para aclarar la suerte de Dawit Isaac, ciudadano de la UE y para que su familia y las autoridades suecas puedan visitarle?
Roche,
    Soy consciente de este caso. El Consejo sigue estando muy alarmado por la situación de los derechos humanos en Eritrea en general, no solo en este caso concreto. Las relaciones de la Unión Europea con el Gobierno de Eritrea han avanzado durante los dos últimos años, tras la difícil situación que se produjo a finales de 2001, y se ha restablecido un diálogo sobre la situación interna y sobre el proceso de paz. Esto es muy positivo.
En las reuniones a nivel local, los directores de misión han expresado en varias ocasiones la preocupación de la Unión por el encarcelamiento de varias personas –entre ellas muchos periodistas– y la supresión de la prensa independiente. Se han reiterado las solicitudes de que los arrestados fuesen imputados o liberados. En octubre de 2003, el Consejo celebró las recientes medidas tomadas por el Gobierno de Eritrea de restaurar un clima de comunicación general y desarrollar un diálogo político significativo con la Unión. La UE también solicitó al Gobierno que hiciese operativo el diálogo, que se basa en la democracia, el Estado de derecho y otros elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú. En este contexto, el Consejo seguirá planteando al gobierno de Eritrea casos individuales como el mencionado.
Reitero que el tema de los detenidos se ha planteado formalmente en el marco del diálogo político. La Presidencia italiana planteó específicamente casos como el del Sr. Dawit Isaac –que tiene la doble nacionalidad– directamente a las autoridades eritreas. La Presidencia irlandesa hará todo lo que pueda para prestar apoyo a la ardua labor de las autoridades suecas que han estado tratando de obtener información sobre el Sr. Isaac, y sobre todo el acceso a él. 
Sacrédeus (PPE-DE ).
    Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la Presidencia irlandesa por su respuesta y también doy sinceramente la bienvenida a Irlanda como el nuevo país que ocupa la Presidencia de la Unión Europea.
Concretamente en el ámbito de los derechos humanos, la Unión Europea puede hacer muchas más cosas que lo que pueden hacer los Gobiernos de cada uno de los Estados miembros, como por ejemplo Irlanda o Suecia. Por lo tanto, me alegra su defensa de los derechos humanos en Eritrea.
Por la respuesta de la Presidencia irlandesa entiendo que no hay nuevos datos. Voy a rogarle, antes de que finalice su Presidencia a principios de verano, que no escatime esfuerzos para obtener más detalles sobre el periodista eritreo-sueco, Dawit Isaacs. Nuestra preocupación está justificada y cada vez es más profunda en lo que atañe a su suerte y nos tememos que ya no esté vivo. Le ruego encarecidamente que haga cuanto esté en sus manos para asegurar que Dawit Isaacs regrese con vida a Suecia. 
Roche,
    Puedo comprender bien las preocupaciones en este caso. Ha pasado algún tiempo desde que hemos tenido noticias del Sr. Isaac. Todo lo que puedo hacer es reiterar lo que ya he dicho: el Consejo reafirma en gran medida el compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y el respeto de los mismos. De hecho, como ha comentado su Señoría, los derechos humanos no se determinan geográficamente; son un hecho universal y cada Estado con los que esta Unión tiene algún contacto de cualquier tipo debe ser consciente de nuestras preocupaciones al respecto, especialmente en aquellos casos en que una persona posee una doble nacionalidad que implica ser ciudadano de un Estado miembro de la UE.
Aprecio y apoyo los comentarios de su Señoría. 
El Presidente.
¿Está dispuesto el Presidente en ejercicio del Consejo a realizar una declaración sobre la evolución que, en opinión del Consejo, van a atravesar las relaciones de la UE con Sudáfrica durante 2004? ¿Considera el Consejo que la UE y Sudáfrica pueden colaborar constructivamente para activar y coordinar la ayuda de la UE e internacional en favor de la Conferencia de los Grandes Lagos sobre Paz, Seguridad, Democracia y Desarrollo cuya organización gozaba inicialmente, hace muchos años (octubre de 1994), del apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
Roche,
    Quisiera dar las gracias al Sr. Collins, que mantiene un prolongado y activo interés por todos los aspectos relacionados con África y de hecho un historial muy distinguido respecto a este tema en concreto.
La Unión Europea considera a Sudáfrica un socio principal en sus relaciones con África, no solo en términos bilaterales, sino también en virtud de su función en la SADC, en la Unión Africana y en general en la resolución de conflictos en este continente. Sudáfrica ha organizado y presidido con éxito congresos para resolver los conflictos en la República Democrática del Congo y en Burundi, y este mes la UE ha rendido tributo a la decisiva contribución de Sudáfrica en la celebración del acuerdo político con las Comoras.
Sudáfrica también ha aportado tropas de mantenimiento de la paz integradas en las misiones ordenadas por la UNAC, hasta el punto de que este país se ha convertido en el mayor partícipe en operaciones de mantenimiento de la paz en África, lo cual constituye a todas luces un hecho extraordinario. La Unión Europea ha reconocido estas actividades a través de declaraciones públicas y ha ayudado a Sudáfrica a financiar su despliegue con la misión africana en Burundi, ya que se trata de un considerable esfuerzo financiero para un país como Sudáfrica, que todavía se enfrenta a importantes problemas internos: la pobreza, el desempleo y por supuesto la pandemia del VIH/sida.
Sudáfrica ha desempeñado un papel muy útil y positivo en la reanudación del diálogo UE-África después de que se pospusiese la cumbre programada en Lisboa. Este país también presta un apoyo clave a la iniciativa NEPAD.
En los próximos meses, bajo la Presidencia irlandesa del Consejo, tendremos varias ocasiones de profundizar el diálogo con Sudáfrica. Tras el diálogo político en los márgenes de la cuarta reunión del Consejo de Cooperación UE-Sudáfrica celebrado en Pretoria en diciembre de 2003, la Presidencia organiza ahora una reunión de altos funcionarios en Sudáfrica para principios de este trimestre, además de una troika ministerial, reunión que se celebrará en Dublín.
Las reuniones brindarán una oportunidad para profundizar nuestro diálogo y debatir aspectos que preocupan a ambas partes. 2004 es un año muy importante para Sudáfrica, dado que el 27 de abril celebra diez años de democracia. Se espera que los Estados miembros de la UE estén representados en esta importante ocasión. Esta celebración es motivo de orgullo en Sudáfrica y deberíamos compartir plenamente el orgullo de este país y sus logros.
El congreso previsto en los Grandes Lagos es una iniciativa de la UNAU, basada en gran medida en la propia iniciativa africana. Ibrahima Fall, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, es responsable de la organización de este congreso y lo prepara conjuntamente con las comisiones preparatorias nacionales de los siete principales países. El Representante Especial de la UE para la región de los Grandes Lagos ha ofrecido su ayuda y ha participado en algunas de las reuniones preparatorias. Seguiremos centrándonos en este importante congreso, que tratará de alcanzar la paz completa en esta región llena de problemas.
Permítanme asegurar a su Señoría y a usted, señor Presidente, que la Presidencia irlandesa se implicará con Sudáfrica y otros socios africanos clave en esta importante y significativa cuestión. 
Collins (UEN ).
   – Quiero dar las gracias y expresar mi reconocimiento al Ministro Roche por su respuesta tan exhaustiva. Será algo a lo que podremos remitirnos una y otra vez en el futuro.
Me gustaría decirle al Ministro que cuando tratamos el tema de Sudáfrica, hemos de tener en cuenta que Zimbabwe es un país vecino de Sudáfrica y que la situación política allí es seguramente un grave motivo de preocupación a escala internacional y una cuestión que ya se ha abordado en muchas ocasiones.
¿Podría explicar la Presidencia cómo imagina las relaciones futuras entre Sudáfrica y Zimbabwe, cómo imagina las relaciones entre la UE y Zimbabwe, y podría decir cuáles son los esfuerzos que la UE podría realizar para provocar un cambio de actitud de las autoridades sudafricanas para que intenten adaptarse, de forma pragmática, a la terrible situación existente en Zimbabwe, a la que todavía no se han enfrentado? 
Roche,
     Señor Presidente, esta es una pregunta muy interesante. Como su Señoría ha sugerido, es fundamental que la Unión Europea se comprometa con Sudáfrica en esta cuestión tan delicada de Zimbabwe. Los problemas de África no pueden ser resueltos por personas que hacen gestos admonitorios con el dedo desde el exterior. La Unión Europea reconoce el liderazgo de Sudáfrica, no solo en la cuestión de Zimbabwe, sino en general en todo el continente. Está destinada a representar un papel especialmente importante en su propia región del África austral. Por consiguiente, nos comprometeremos de forma bilateral con Sudáfrica en el tema de Zimbabwe, de la misma forma que lo hemos hecho con la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), de la que Sudáfrica es el miembro más destacado.
Tanto con la SADC como con la Unión Africana se ha convenido en que la cuestión de Zimbabwe debería discutirse como un asunto de interés mutuo. Retomando el argumento del Sr. Collins, la crisis de Zimbabwe afecta de forma directa a sus países vecinos, y también a Sudáfrica. El impacto de la situación turbulenta de ese país sobre los países que lo rodean ha sido objeto de discusión en la troika ministerial UE-África celebrada en noviembre de 2003. El comité conjunto de altos funcionarios de la Unión Europea y la SADC, formado recientemente, también discutió la cuestión. En nuestro diálogo político con Sudáfrica el mes de diciembre pasado hubo un intercambio constructivo de puntos de vista en relación con Zimbabwe y la delegación sudafricana mostró su reconocimiento por la ayuda humanitaria de la UE a ese Estado aquejado de tantos problemas.
Volviendo a lo que apuntaba el Sr. Collins, estoy totalmente de acuerdo con él. Una parte de la clave para resolver los problemas de Zimbabwe se encuentra en Sudáfrica. Sudáfrica es un agente clave y la Unión, tal y como ha sugerido el Sr. Collins, debe comprometerse con Sudáfrica en ese sentido. 
Rübig (PPE-DE ).
   – Sabemos que las relaciones comerciales también pueden acarrear mejoras de las relaciones políticas, por lo que mi pregunta es la siguiente: ¿existen planes para mejorar el marco general de las relaciones comerciales entre pequeñas y medianas empresas o empresas familiares entre Europa y Sudáfrica, puesto que ello sería la base sobre la que crear, en las regiones más pobres, prosperidad, que finalmente constituye la base sobre la que construir la paz? 
Roche,
     La respuesta obvia es «sí». Con mucha frecuencia se establecen mejores relaciones comerciales una vez se ha consolidado un proceso de paz que con anterioridad a él, pero está claro que cualquier cosa que pudiera contribuir al bienestar económico del área en cuestión sería un avance significativo e importante. En estos momentos no existe ninguna iniciativa en concreto respecto a la participación de las PYME en esa parte del continente.
Existe un cierto número de campos que serían de importancia en el transcurso de la Presidencia irlandesa. No contamos con agendas formales, pero estamos pensando por ejemplo en una revisión de los avances obtenidos por Sudáfrica en el contexto del décimo aniversario de la libertad y en una revisión de los avances de la UE, sobre todo en el de la ampliación. También consideraremos la cuestión de los avances en el seno de la Unión Africana y de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. La formación de la Unión Africana y de la NEPAD es otra iniciativa importante. Nada sustituye a la propia iniciativa de los Estados africanos. África deberá tomar la iniciativa, pero nosotros, en Europa, tenemos que apoyarla en esta tarea. Nada sustituye a la propia iniciativa de los Estados africanos en el continente sobre la base de un enfoque unido.
Iniciativas como las de la Unión Africana y la NEPAD revisten gran importancia. Una de las ambiciones de la Presidencia irlandesa es situar las cuestiones relativas a África en un lugar más destacado de la agenda de la Unión Europea. Involucrarse de forma más activa e interesarse más por África no sería solamente positivo para Europa, sino que Europa también tiene algunas responsabilidades morales en la cuestión. 
El Presidente.
   La pregunta n° 5 ha sido retirada.
Como sabe el Consejo, el Programa Juventud de la UE facilita la movilidad y la educación informal a miles de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años de 30 países europeos. Gracias al programa, los jóvenes pueden participar en intercambios de grupos, y en trabajos como voluntarios a título individual, y ofrece asimismo actividades de apoyo.
Con el objetivo de garantizar que la Unión Europea se coloca a la vanguardia en la tarea de proteger a los jóvenes que participan en estos programas contra el riesgo de malos tratos y teniendo en cuenta el Código irlandés de buenas prácticas en materia de protección en el sector laboral de los jóvenes (Code of Good Practice: Child Protection for the Youth Work Sector, septiembre 2002), ¿tiene intención el Consejo de adoptar medidas de manera inmediata para garantizar la incorporación al Programa Juventud de una estrategia o política de protección de la infancia así como de proponer la adopción de una resolución relativa a este asunto en el próximo Consejo de Ministros de Juventud? ¿Tiene intención además, de adoptar las medidas necesarias para garantizar la creación de un grupo de trabajo de alto nivel sobre el tema de la protección de la infancia en el contexto de la revisión del Programa Juventud de la UE?
Roche,
    Es una pregunta muy interesante, como era de esperar de uno de los diputados más jóvenes a este Parlamento.
El Consejo iniciará las discusiones de la propuesta de la Comisión para el Programa Juventud posterior a 2006 una vez que haya sido adoptada formalmente por la Comisión y remitida al Parlamento y al Consejo. Mientras tanto, no sería apropiado que el Consejo prejuzgara de manera alguna el contenido de la propuesta, que es por completo una iniciativa de la Comisión.
Paralelamente, la Presidencia avanzará los trabajos sobre la nueva generación de programas europeos de educación, formación y juventud. El programa de la Presidencia en el campo de la juventud incluye un proyecto de resolución sobre la inclusión social de la gente joven que, entre otras cosas, invita a los Estados miembros, que pretenden abordar cuestiones de integración social contenidas en el Libro Blanco sobre la Juventud, a desarrollar estrategias y propuestas para garantizar el desarrollo de medidas de inclusión social significativas en el contexto de la política de juventud.
También me gustaría destacar que el Consejo es consciente de la necesidad de proteger a la infancia frente a la explotación en todas sus formas. Este es un campo en el que el Consejo ha adoptado un cierto número de medidas, en concreto lo hizo el 22 de diciembre de 2003, con una decisión marco sobre el combate contra la explotación sexual de la infancia y la pornografía infantil. La decisión marco obliga a los Estados miembros a castigar conductas específicas vinculadas a la explotación sexual de la infancia y la pornografía infantil como delitos con arreglo a sus respectivos derechos nacionales. 
Crowley (UEN ).
   – Gracias por esta respuesta, señor Presidente en ejercicio. Usted ha mencionado algunas de las cuestiones que yo quería sacar a relucir en mi pregunta suplementaria. A medida que nuevas tecnologías de la comunicación –Internet, teléfonos móviles, etc.– están disponibles, somos testigos de casos como los aparecidos en Irlanda, Francia, Italia y Alemania, donde se han distribuido imágenes pornográficas de adolescentes en las escuelas por medio de teléfonos móviles entre compañeros de clase. ¿Podría presentar alguna propuesta específica que pueda llevarse a cabo durante su Presidencia, no solo para abordar este tema desde el punto de vista legislativo, sino también con el objetivo de crear asociaciones entre aquellos que participan en la parte técnica y de distribución, así como para traspasar parte de la responsabilidad y la insistencia a estos agentes que son los que gestionan la forma en que funcionan dichas redes? 
Roche,
    El Sr. Crowley tiene razón: la tecnología moderna y la evolución de esta tecnología moderna lanzan un particular desafío. Los casos que se han destacado, por ejemplo en los medios de comunicación nacionales irlandeses y en los medios de comunicación de otros países, ilustran la dificultad de los Estados miembros para mantenerse al día por lo que respecta a las tecnologías y a su abuso.
La protección de la infancia –sobre todo en el campo de Internet y de otras tecnologías en evolución– es algo por lo que claramente hay que preocuparse.
Por lo que respecta a la pornografía y al tráfico de imágenes pornográficas –ya sea en Internet o por medio de las nuevas redes de telefonía móvil–, la decisión marco de 22 de diciembre de 2003 relativa al combate contra la explotación sexual de la infancia y la pornografía infantil es un elemento relevante. De acuerdo con la decisión marco, cada Estado miembro debería tomar las medidas necesarias para asegurar que se castiguen todas las formas de abuso infantil.
Lo que la decisión marco pretendía –y ello ilustra de nuevo cuánta razón tiene el Sr. Crowley– era la explotación de las tecnologías por parte de intereses comerciales. Lo que no pretendía, está claro, era el tipo de abuso que se ha resaltado en el comentario de prensa sobre el que el Sr. Crowley ha llamado la atención. Obviamente, la decisión se centra en la prohibición de la explotación comercial y en el abuso de las nuevas tecnologías como forma de pornografía y explotación infantiles.
Las propuestas disponen que, por lo que respecta a los delitos relacionados con la pornografía infantil, cada Estado miembro tome las medidas necesarias para garantizar que se castigue la producción, distribución, suministro y adquisición de pornografía infantil. Esto afectará a la cuestión específica que ha planteado el Sr. Crowley sobre la nueva tecnología de teléfonos móviles equipados con cámaras de fotografía o vídeo. La directiva marco es capaz de abordar el tipo de problema que él destaca.
Atribuye la responsabilidad principal a este respecto en el tratamiento de las cuestiones, a medida que surgen, a cada Estado miembro. 
Rübig (PPE-DE ).
   – Un problema que afecta, naturalmente, a los jóvenes en particular es el desempleo. El desempleo genera determinadas actividades indeseables. El Presidente de Eurochambers, el Dr. Leitl, ha dicho hace poco que el desempleo por principio no se puede aceptar entre los jóvenes adultos del grupo de 15 a 25 años, y que han de tener una alternativa –trabajo o estudio– para que puedan integrarse en la sociedad. ¿Cree usted que este tipo de iniciativa también se puede poner en marcha dentro del programa Juventud? 
Roche,
    Su Señoría tiene razón porque el desempleo, en particular el desempleo juvenil, es un aspecto especialmente difícil. Una parte del proceso general global de Lisboa consiste en abordar el desempleo en todos los niveles. Un famoso líder político de mi país dijo una vez que cuando la marea sube, todos los barcos flotan, es decir, que la mejor respuesta a la pobreza y al desempleo es la creación de puestos de trabajo y la creación de un entorno económico apropiado.
Dentro del grupo de trabajo del Consejo para la promoción de buenas prácticas en la protección infantil y en la animación de grupos de jóvenes en toda Europa encontrarán una referencia en la creación de una mayor coherencia entre las políticas, y más coordinación y cooperación en la formulación de políticas de naturaleza social para abordar las dificultades que surgen en este sector. Este llamamiento incluye políticas relacionadas con la vivienda, la educación, la formación, el bienestar social, el empleo, cuestiones sanitarias, medidas de prevención del crimen y muchas otras.
La pobreza provoca muchos resultados inquietantes y cuando esta pobreza afecta a los jóvenes, sobre todo en una sociedad moderna, plantea desafíos específicos a los creadores de políticas, como ha sugerido su Señoría. Tomo nota de su comentario y de sus sugerencias. 
El Presidente.
   La pregunta n° 7 ha sido retirada.
Una encuesta reciente organizada por el Departamento de Agricultura y Alimentación de Irlanda revela que la mayoría de los consumidores desea información específica sobre el país de origen de toda la carne que se vende.
¿Cuál es la posición del Consejo sobre la ampliación de la reglamentación relativa al etiquetado de la carne de bovino a todo el sector alimentario?
Roche,
    Estoy seguro de que todos nos unimos para expresar nuestros mejores deseos y desearle una rápida recuperación al Sr. Fitzsimons, un hombre de lo más pintoresco.
El Sr. Hyland ha formulado una pregunta muy importante, dados los temores ante los alimentos, en general, y los riesgos para la salud. El Consejo es consciente de las preocupaciones expresadas por el Sr. Hyland. Sin embargo, todavía estamos aguardando una propuesta de la Comisión que proporcionaría al Consejo la base para llevar a cabo un examen detallado. La pregunta anticipa algo que sucederá en el futuro. Tengo entendido que la Comisión presentará en breve al Parlamento Europeo y al Consejo un informe relativo a la aplicación de la normativa actual sobre el etiquetado de carne de vacuno, que se encargará de examinar en particular la cuestión planteada. Entonces el Consejo tendrá la oportunidad de discutirla en profundidad y espera garantizar la mayor protección posible de los intereses de los consumidores.
Quisiera hacer un comentario más sobre la cuestión, a la atención de mi buen amigo Liam Hyland. Durante muchos años, el Sr. Hyland ha desempeñado un papel muy activo en todo el asunto del etiquetado y de la manera en que se interrelacionan el etiquetado y la protección de los consumidores. Su pregunta anticipa algo que la Comisión está a punto de realizar. Sus ideas se han anticipado todo ese tiempo en este terreno. En su pregunta ha señalado un aspecto que requerirá la atención de la Comisión, del Consejo y del Parlamento. 
Hyland (UEN ).
   – Después de oír estos comentarios tan amables del Presidente en ejercicio, me siento casi afligido por haber anunciado mi retirada del Parlamento Europeo.
Tal y como hemos visto con el reciente foco de gripe aviar en Tailandia, la cuestión del país de origen es una preocupación seria para los consumidores europeos. Si existiera una trazabilidad adecuada, entonces todos los puntos de venta de alimentos podrían conocer el país de origen de la carne y de otros productos alimenticios que ofrecen. Me consta, y estoy seguro de que al Ministro también le consta, que los productores y los consumidores de mi país, Irlanda, están preocupados porque muchos restaurantes no están en condiciones de proporcionar esta información. Dejando de lado las cuestiones de calidad y seguridad, este hecho niega a los consumidores su derecho a apoyar la producción nacional o europea, frente a la producción de terceros países.
Mi pregunta suplementaria es: ¿acepta el Consejo que los consumidores han tenido preocupaciones legítimas en esta cuestión? Ahora sé que sí, y estoy agradecido al Presidente en ejercicio por reconocerlo. ¿Qué otras acciones puede emprender la Presidencia para asegurar que esta cuestión se abordará en propuestas futuras sobre el etiquetado? Estoy convencido de que la aportación del Consejo al resultado final de este aspecto crucial de interés de los consumidores será muy positiva. 
Roche,
    Como uno de los muchos electores satisfechos de Liam Hyland, todo lo que me gustaría decirle al Parlamento es que yo también me siento triste por su decisión de colgar las botas en este Parlamento. Pero no tengo ninguna duda de que se llevará toda su energía y talento y los empleará muy bien allí adonde vaya. La ganancia de Irlanda al recuperar a Liam a tiempo completo será la pérdida de este Parlamento.
Su Señoría tiene toda la razón, porque existen preocupaciones legítimas sobre la seguridad alimentaria y sobre la cuestión del etiquetado y la trazabilidad. Por ejemplo, los temores ante la encefalopatía espongiforme bovina y la fiebre aftosa hicieron tambalearse la confianza de los consumidores en toda Europa. Las cuestiones recientes relacionadas con la gripe aviar mencionadas por el Sr. Hyland han hecho tambalearse sin duda la confianza de los consumidores. De hecho, no se trata solamente de un asunto importante, sino que los consumidores tienen derecho a ser informados de forma permanente sobre cualquier cuestión significativa con respecto a la seguridad alimentaria.
La Presidencia irlandesa pretende facilitar la discusión del tema del etiquetado –que es el núcleo de la pregunta del Sr. Hyland– cuando la Comisión presente su informe, y esperamos que esto suceda en un futuro cercano. Estamos especialmente interesados en que esta cuestión se ponga sobre la mesa del Consejo lo antes posible. De hecho, en Irlanda un grupo de etiquetado alimentario establecido especialmente para ello llevó a cabo un estudio detallado del problema. A raíz del informe que elaboró este grupo, mi compañero, el Ministro Walsh, Ministro de Asuntos Agrícolas y Alimentarios, escribió al Comisario Byrne en otoño de 2003 y le sugirió que las disposiciones reglamentarias de etiquetado, en particular las relativas a la carne de vacuno, se extendieran al sector de los servicios de restauración. Esta es la cuestión en la que el Sr. Hyland ha insistido. Los consumidores tienen el derecho absoluto a saber de dónde proviene la carne de vacuno y también a saber lo que el animal ha consumido, porque la adulteración de productos alimenticios es un asunto muy serio.
Mi colega el Ministro Walsh ha pedido que se tomen en cuenta las preocupaciones a este respecto cuando la Comisión se disponga a redactar su informe, y esperamos que la comunicación de la Comisión sobre esta cuestión se realice cuanto antes mejor. 
El Presidente.
¿Piensa el Consejo que debe aumentar la participación y el compromiso de los pescadores y sus organizaciones representativas en el proceso de toma de decisiones de la Política pesquera común? ¿Está de acuerdo el Consejo en que, para que los pescadores confíen en la asesoría científica empleada para tomar decisiones relativas a la gestión de la pesca, deben establecerse lazos más estrechos entre los pescadores y los científicos, con el fin de aumentar la transparencia de la asesoría científica? ¿Está de acuerdo en que los consejos consultivos regionales, a través de los cuales los pescadores y sus organizaciones participarán en el proceso de toma de decisiones, son la vía a seguir?
Roche,
    Esta es una pregunta del Sr. Ó Neachtain, un nombre típico del oeste de Irlanda.
El Consejo comparte el punto de vista de su Señoría de que a los pescadores y a sus organizaciones representativas no solo se les debería permitir, sino que se les tiene que permitir una mayor participación e implicación en los procesos de toma de decisiones de la política pesquera común. Este es uno de los principios acordados en la reforma de la PPC aprobados por el Consejo en diciembre de 2002. Una vinculación más estrecha entre pescadores y científicos mejoraría la transparencia del asesoramiento científico, de forma que ese tipo de vínculo también debería alentarse.
El Consejo cree que los consejos consultivos regionales son el camino a seguir. Tal y como el Presidente del Consejo dijo a la Comisión de Pesca en enero, estos consejos consultivos regionales proporcionarían un foro en que todos los afectados podrían reunirse y discutir cuestiones de interés. Este proceso de diálogo debería derivar de forma gradual en un mayor entendimiento y confianza mutuos. Hace unos años, como diputado al Parlamento irlandés, presidí una comisión parlamentaria que se encargaba de observar las dificultades que tenía la industria pesquera al comunicarse con los funcionarios de los diversos organismos reguladores en Irlanda. Una de las sugerencias que hicimos en aquella época fue que justamente el tipo de diálogo que el Sr. Ó Neachtain ha estado promoviendo en el sector pesquero es una cuestión central e importante, si los dos agentes han de entender sus funciones respectivas.
El Consejo se propone adoptar la decisión de establecer los consejos consultivos regionales tan pronto como sea posible, una vez haya escuchado los puntos de vista de este Parlamento sobre la cuestión. El Consejo espera poder recibirlos; de nuevo, cuanto antes mejor. Sé que el Sr. Ó Neachtain hará una contribución destacada y enérgica a ese debate. 
Ó Neachtain (UEN ).
   – Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por la exhaustiva respuesta y también por su apoyo al principio de los consejos consultivos regionales. Estoy plenamente convencido de que esta nueva medida, que se incluye por primera vez en la política pesquera común, será beneficiosa globalmente para el sector pesquero en los próximos años.
¿Prevé el Ministro Roche, si esta medida tiene éxito, que adquiera una mayor presencia en la política pesquera común y que lleve a que los pescadores y los interesados cuenten con una función establecida por ley en el desarrollo de la PPC en el futuro? 
Roche,
    Doy las gracias al Sr. Ó Neachtain. La respuesta a su pregunta suplementaria estaba implícita en mi respuesta a la pregunta original. La Presidencia señaló de forma clara el mes pasado que los consejos consultivos regionales proporcionarían un foro importante para todos los interesados. Hay cuestiones que tienen que resolverse, pero yo estaría de acuerdo con el principio general de que consultar a los interesados del sector pesquero es sumamente importante.
La Presidencia irlandesa pondrá por delante la cuestión de cómo nos comunicamos con la ciudadanía en todos los niveles, con grupos organizados de ciudadanos y con ciudadanos individuales en todos los niveles. El tipo de desarrollo que el Sr. Ó Neachtain ha venido impulsando durante algún tiempo concuerda perfectamente con el programa político central de la Presidencia irlandesa, que consiste en mejorar, en general, la relación entre la Comunidad y los ciudadanos de Europa, tanto si esos ciudadanos están involucrados en la pesca como en la agricultura o en cualquier otro sector. 
El Presidente.
   Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas n° 10 y 11 recibirán una respuesta conjunta.
Según numerosos analistas, las elecciones en la llamada "República turca del norte de Chipre" podrían crear una nueva movilización a favor de una solución de la cuestión de Chipre.
A la vista de los resultados electorales, ¿considera el Consejo que se han creado las condiciones para resolver este problema? ¿Acaso las posiciones de Turquía respaldan las iniciativas a favor de una solución de la cuestión chipriota?
En una visita reciente a los EE.UU., el Primer Ministro turco, Recep Tayip Erdogan, declaró sin ambigüedades ante la Comisión de Relaciones Exteriores que el Plan Annan no constituye una base para las negociaciones sino un punto de referencia para el desarrollo de las mismas. Asimismo, añadió que dichas negociaciones deberán incluir a un país independiente e imparcial pero con peso político, así como a un nuevo representante de Kofi Annan.
A la vista de estos datos y teniendo en cuenta que Rauf Denktash sigue siendo el negociador oficial de la parte turcochipriota, ¿considera el Consejo que puede alcanzarse rápidamente una solución permanente del problema político de la isla?
¿Contempla la posibilidad de que Chipre entre en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 como entidad única y con aplicación del acervo comunitario a todo su territorio?
¿Piensa presentar iniciativas concretas destinadas a poner en práctica esta política?
Roche,
    Son preguntas muy oportunas. El Consejo Europeo ha expresado de forma repetida su preferencia por el ingreso en la Unión de un Chipre unificado el 1 de mayo de 2004. El Consejo Europeo de diciembre de 2003 instó a todas las partes, en particular a Turquía y a los líderes turcochipriotas, a que dieran un fuerte apoyo a los esfuerzos del Secretario General de la ONU y, en este contexto, solicitó una reanudación inmediata de las negociaciones sobre la base de su propuesta. La ONU reiteró su buena disposición a adaptar las condiciones de un acuerdo a los principios en que se fundamenta la UE.
En las semanas posteriores al Consejo Europeo se han producido varios avances –de hecho se han hecho avances en las últimas 24 horas– que guardan relación con las posibilidades de llegar a un acuerdo global. En el norte de Chipre, tras las elecciones de diciembre, por ejemplo, se ha formado un Gobierno de coalición presidido por el Sr. Mehmet Ali Talat, líder del partido CTP, que se ha mostrado favorable a un acuerdo sobre el problema de Chipre y el ingreso de un Chipre unificado en la Unión Europea. El Sr. Denktash, líder del Partido Democrático, es el otro partido de esta coalición.
En Turquía, tras un proceso intenso de consultas, el Consejo de Seguridad Nacional declaró el 23 de enero de 2004 que había llegado a una posición de consenso a favor de las negociaciones, tomando el plan de Annan como referencia, y basándose en las realidades de la isla.
El mismo Primer Ministro Erdogan discutió la situación con el Secretario General Annan en Davos el 24 de enero y posteriormente declaró públicamente que Turquía apoya la reanudación de las negociaciones sobre la base del plan de Annan, con vistas a la aprobación de un acuerdo mediante referéndum antes del 1 de mayo.
El Primer Ministro Erdogan se reunió con líderes políticos del norte de Chipre, incluido Rauf Denktash, una vez hubo regresado de Davos. El Presidente Papadopoulos ha reiterado la disposición del Gobierno de la República de Chipre a participar en la reanudación de las negociaciones sin condiciones previas.
La semana pasada, el Secretario General Annan invitó a las partes a reanudar las conversaciones sobre un acuerdo global del problema de Chipre sobre la base de su propuesta. En sus cartas de invitación manifestó que consideraría la aceptación de la invitación como un compromiso para ultimar el plan con la ayuda de Naciones Unidas para el 31 de marzo de 2004. El Secretario General instó a los líderes a reunir la voluntad política necesaria para alcanzar este resultado en el poco tiempo disponible.
Según el calendario establecido en su carta, las partes se comprometerían a concluir las negociaciones el 26 de marzo. En el caso de que en esa fecha no haya surgido un texto completado, el Secretario General Annan hará todas las sugerencias indispensables que sean necesarias para contar con el texto completo el 31 de marzo. Se trata de un calendario muy ambicioso.
Las negociaciones en las que participan los líderes grecochipriotas y turcochipriotas se iniciaron ayer, 10 de febrero, en Nueva York. Esta reanudación ofrece una oportunidad real de alcanzar el objetivo histórico del ingreso de un Chipre unificado a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.
Todos aceptamos que todavía existen asuntos por resolver. Pero esta Unión apoya con todas sus fuerzas el papel central de Naciones Unidas en la búsqueda de un acuerdo global. Nosotros apoyamos plenamente esta última iniciativa del Secretario General Annan, y el Consejo está dispuesto a prestar su ayuda en todas aquellas formas que considere útiles para alentar la consecución de un acuerdo.
La Comisión desempeñará un papel esencial en la reanudación de las negociaciones con el fin de ayudar a obtener una rápida solución en el marco del acervo comunitario. Una vez logrado el acuerdo, la Unión está dispuesta a proporcionar ayuda financiera para el desarrollo de la parte norte de Chipre.
El Consejo mantiene la esperanza de que será posible dar la bienvenida a un Chipre reunificado en la Unión el 1 de mayo de 2004. He de que confesar a este Parlamento que tengo una razón personal para esperar que esto ocurra el 1 de mayo, puesto que la ciudad en que yo vivo será anfitriona de Chipre en el Día de Bienvenidas, el 1 de mayo de 2004. Sin embargo, queda poco tiempo y si las negociaciones han de concluir con éxito, serán precisos compromisos difíciles –y, por supuesto, voluntad política– de ambas partes.
El ingreso de un Chipre unido interesa sin duda a los ciudadanos de la isla; también interesa claramente a los ciudadanos de Grecia y Turquía y a esta Unión. 
Posselt (PPE-DE ).
   – Mi pregunta es sencillamente la siguiente: ¿puede asegurarnos el Consejo, en el contexto de las negociaciones con Chipre, que acojo con gran satisfacción y apoyo, que no se están cerrando tratos con Turquía entre bastidores en torno a la apertura de negociaciones de adhesión o la propia adhesión? 
Roche,
    Entiendo la pregunta, pero nos encontramos en un periodo muy delicado. Su Señoría es consciente de que las conversaciones entre los líderes grecochipriotas y turcochipriotas continúan, mientras nosotros hablamos, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, bajo los auspicios del Secretario General. Por consiguiente, todos tenemos la responsabilidad de ir con pies de plomo cuando hacemos comentarios en público sobre las perspectivas de progreso en estos momentos. No hay duda de que van a necesitarse pequeñas concesiones, miradas cómplices y palmaditas en la espalda con el fin de llegar a producir una resolución.
De acuerdo con el claro compromiso contraído ante Turquía en el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002, el Consejo Europeo decidirá en diciembre de este año, sobre la base del informe y de las recomendaciones de la Comisión, si Turquía ha cumplido los criterios políticos de Copenhague. Mientras se están llevando a cabo negociaciones detalladas y delicadas en Nueva York, este no es el momento para empezar a hacer especulaciones sobre otros asuntos. La realidad es que se ha hecho una oferta, está sobre la mesa, está ahí para ser discutida y se tomará una decisión al respecto en diciembre del año que viene. Ello está relacionado con los criterios objetivos de Copenhague, que son aceptados por los diputados de este Parlamento y por el Gobierno turco. 
Sacrédeus (PPE-DE ).
    El Parlamento Europeo ha expresado con anterioridad la opinión de que considera la presencia turca en la parte norte de Chipre como una ocupación. La Comunidad Europea se creó como un proyecto de paz, y nuestro deseo es salvaguardar el legado recibido de De Gasperi, Schuman, Monet y Adenauer. En este contexto, ¿se ajusta a las ideas de paz de la UE y al legado de nuestros padres fundadores dar a Turquía una fecha para el inicio de negociaciones relativas a la adhesión a la Unión Europea a la vez que Turquía continúa siendo una fuerza de ocupación en la parte norte de Chipre? Dicho de otra forma, ¿puede un país ocupar otro Estado miembro de la Unión Europea y, al mismo tiempo, se le pueden ofrecer conversaciones para la adhesión? 
Roche,
    Ya he señalado la base objetiva sobre la que se tomará una decisión sobre el ingreso de Turquía.
La Unión ha sido el apoyo más fuerte y consistente de la misión de buenos oficios en Chipre del Secretario General Kofi Annan. De forma bastante clara, todos somos muy conscientes del papel que el Gobierno turco puede desempeñar para que se produzca una resolución.
Vuelvo al punto que anteriormente he mencionado. La base objetiva sobre la que se decidirá cualquier solicitud para convertirse en miembro de la Unión Europea es el cumplimiento total y riguroso de los criterios de Copenhague. Esa es la base, no se puede hacer ningún tipo de regateo. 
El Presidente.
Más de un centenar de profesores y catedráticos de Derecho Penal de universidades públicas de toda España han hecho público un manifiesto en el que critican duramente el “espectáculo lamentable y continuo” que han supuesto las reformas penales impulsadas por el Gobierno Aznar en 2003.
El texto censura la última modificación del Código Penal encaminada a impedir que el Presidente del Gobierno Vasco pueda convocar un referéndum entre la ciudadanía vasca, y a meterle en la cárcel si lo convoca. Asimismo, advierte que la política de “exacerbación de la represión” emprendida por el Gobierno español en materia judicial puede conducir al “desmoronamiento del Estado de Derecho, después del cual sólo queda la barbarie”. 
¿Tiene el Consejo conocimiento real de estos hechos? El Tratado UE señala en apartado 1 de su artículo 7 que “el Consejo … podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6 y dirigirle recomendaciones adecuadas”. ¿No considera el Consejo que tiene obligación ética, política y legal de comprobar si son ciertos o no los extremos denunciados y, en su caso, adoptar las recomendaciones y medidas pertinentes?
Roche,
    El Consejo remite a su Señoría a la respuesta que dio a su pregunta oral H-0806/03 sobre el mismo tema durante el turno de preguntas del período parcial de sesiones de enero de 2004.
En este contexto, el Consejo destacaría el hecho de que la Unión está fundada sobre los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales y del Estado de derecho, que son principios comunes a todos los Estados miembros. 
Ortuondo Larrea (Verts/ALE ).
    A mí me gustaría que estos debates los estuvieran escuchando los ciudadanos irlandeses que conocieron los tiempos en los que ustedes -los irlandeses- dependían del Gobierno de Londres, y que aún viven.
La paz es objetivo fundacional de la Unión Europea y, cuando más de cien profesores y catedráticos de Derecho penal de todo el Estado español se han visto obligados a manifestar públicamente el desmoronamiento del Estado de Derecho que está provocando el actual Gobierno español, creo que no podemos mirar para otro lado si queremos mantener la paz y la integración. La paz y la integración de Europa se consiguen, desde luego, respetando los principios democráticos.
¿Está usted convencido de que el Gobierno español está respetando los principios democráticos y el Estado de Derecho?
Roche,
    Entiendo la pasión de la pregunta, pero insisto en que realmente no puedo añadir nada más a las respuestas ya dadas a su Señoría, tanto en esta ocasión como en la ocasión anterior. 
El Presidente.
¿Ha considerado la Presidencia irlandesa del Consejo la manera en la que podría abordarse la cuestión del estatuto de Kosovo?
Roche,
    Está claro que los Balcanes Occidentales siguen siendo una prioridad importante de la política exterior de la Unión Europea durante la Presidencia irlandesa, como lo han sido durante las Presidencias anteriores. En particular intentaremos seguir avanzando a partir de los progresos realizados y del buen trabajo llevado a cabo por las Presidencias griega e italiana. El marco institucional de la Presidencia irlandesa viene dado por la agenda acordada en la cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Salónica el mes de junio pasado, a la que yo asistí. Esa cumbre confirmó que el futuro de los países de los Balcanes Occidentales depende de su integración en las estructuras de la Unión Europea.
En Kosovo se han hecho progresos reales en los últimos tiempos, en base a la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo apoya plenamente a Harri Holkeri, el Representante Especial de la ONU para Kosovo, ya que trabaja para poner en funcionamiento la política de «normas antes que el estatuto» y para garantizar progresos en el diálogo directo sobre cuestiones prácticas entre Belgrado y Prístina. Además, en este sentido no podría haber representante mejor que el Sr. Holkeri; nosotros en Irlanda tenemos razones para estar agradecidos por sus habilidades, en particular por sus habilidades negociadoras. Se trata de elementos esenciales para seguir progresando hacia un acuerdo final en la cuestión del estatuto.
En diciembre, el Consejo subrayó la importancia de reformas económicas estructurales en Kosovo. El progreso en el proceso de privatización es un elemento clave en la implementación de las reformas económicas. El Consejo apeló a las instituciones provisionales de autogobierno a que ejercieran sus responsabilidades de forma constructiva para garantizar lo más pronto posible la reanudación del proceso de privatización.
La Presidencia irlandesa trabajará para asegurar la cooperación más estrecha posible entre la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional en apoyo del Representante Especial, el Sr. Holkeri.
En noviembre, el Consejo reafirmó la disposición de la Unión a cooperar en la consecución de un Kosovo multiétnico y democrático, ocupando el lugar que le corresponde en Europa, en el contexto de la plena implementación de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU y de la política de «normas antes que el estatuto».
Deseamos que se lleve a cabo una pronta discusión del informe que el Consejo de noviembre solicitó que preparara el Alto Representante Javier Solana, en estrecha cooperación con la Comisión y también en cooperación con el Sr. Holkeri. Con ello se explorarán formas y medios para seguir reforzando la contribución de la Unión Europea a la implementación de la resolución 1244, tomando en cuenta plenamente el mecanismo de seguimiento del proceso de estabilización y asociación, así como la importancia de la implementación efectiva de los criterios de «normas antes que el estatuto». 
Posselt (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Presidente del Consejo por su respuesta completa y detallada. Solo quiero añadir dos comentarios críticos o preguntas.
En primer lugar, escuchamos constantemente la frase «normas antes que el estatuto». Sin embargo, todos los principales inversores de Kosovo me dicen que no invertirán en Kosovo a largo plazo a menos que tengan alguna idea de cómo va a evolucionar el estatuto. En otras palabras, el concepto de «normas antes que el estatuto» solo funciona hasta cierto punto, ya que simplemente no existe ninguna seguridad sobre el futuro de Kosovo. Esto es un problema para el progreso económico.
El segundo punto que quiero plantear en este contexto es que los estadounidenses han anunciado que se podrían iniciar conversaciones sobre el estatuto final de Kosovo en 2005. ¿No debería la Unión Europea prepararse para estas negociaciones este año, en 2004, a más tardar, para que no se encuentre con un hecho consumado? 
Roche,
    Sí, la primera observación que debo hacer es que por supuesto su Señoría tiene razón: el progreso económico depende enormemente de las circunstancias. Como profesor universitario durante muchos años en una de nuestras universidades en Irlanda, yo solía hacer el comentario de que el progreso económico es la flor más delicada de todas y tiene que crecer en un entorno ecológico muy específico que se adapte especialmente a sus propias necesidades. La inversión privada en cualquier región turbulenta está sin duda determinada por la situación general.
Sin embargo, la UE está deseosa por apoyar el desarrollo económico en Kosovo. En el cuarto pilar de UNMIK –por cierto, odio las siglas– la UE se encarga de ayudar a la revitalización de la actividad económica en Kosovo y dirigirla hacia la creación de las condiciones de una economía moderna y de mercado abierto. Este es el meollo de la cuestión suplementaria. El objetivo debe ser el establecimiento de un sector privado sostenible que pueda crear empleo, porque esa es la única esperanza para la región. El objetivo es proporcionar perspectivas a largo plazo. El requisito sería acercar el marco legislativo y administrativo de Kosovo a los estándares europeos. Si las empresas europeas tienen que invertir, eso es lo que van a exigir.
La Agencia Europea para la Reconstrucción continúa financiando y gestionando programas de reconstrucción y desarrollo sostenibles en Kosovo. En última instancia, la solución deberá encontrarse sobre el terreno de ese Estado mediante la creación del tipo de condiciones que su Señoría tiene en mente. La Presidencia insta a las instituciones provisionales a comprometerse de forma constructiva en ese proceso.
El documento de «Normas para Kosovo», acordado el 10 de diciembre de 2003, y el desarrollo en curso de las labores de implementación pueden proporcionar un claro marco que las instituciones provisionales deben cumplir, además también pueden proporcionar un marco en el que construir la confianza necesaria. El mecanismo de revisión anunciado el 5 de noviembre de 2003 prevé que el progreso realizado por las instituciones provisionales respecto al cumplimiento de los criterios se evalúe mediante revisiones periódicas trimestrales.
Si se cumple todo esto, se construirá el tipo de confianza que es necesaria en el caso de que quiera obtenerse un desarrollo económico sostenible. El desarrollo económico sostenible solo tendrá lugar cuando las empresas privadas y los inversores privados consideren que las condiciones para la inversión son apropiadas. 
Ortuondo Larrea (Verts/ALE ).
    Quisiera felicitar a la Presidencia irlandesa y al Consejo por todos los esfuerzos que están realizando para solucionar el conflicto de Kosovo y otros conflictos en el mundo.
El Consejo y las Instituciones se preocupan mucho por las cosas que pasan en el mundo, tratan de aportar soluciones y contribuciones para que haya paz en el mundo y se solucionen los conflictos. La Unión Europea también interviene para resolver el conflicto de Irlanda del Norte, contribuyendo incluso con recursos económicos al proceso de paz.
¿Le parece, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que es mucho pedir que se dedique también un poquito de esfuerzo al conflicto político del País Vasco, que también forma parte de la Unión Europea?
El Presidente.
   Aunque la pregunta tiene entidad en sí misma, no es pertinente porque no es complementaria del problema de Kosovo.
El Presidente.
   Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas n° 14, 15, 16 y 17 recibirán una respuesta conjunta.
Las condiciones de la encarcelación de cinco ciudadanos cubanos presos en Estados Unidos de América y en concreto los obstáculos a su relación con sus familiares, suponen un incumplimiento flagrante del Derecho internacional y una violación de los derechos humanos por parte de la Administración norteamericana. La Unión Europea debe intervenir para la protección de los derechos humanos allí dónde están siendo violados, sin que sea de recibo eludir nuestra responsabilidad aduciendo que las violaciones aquí denunciadas son una cuestión bilateral entre los Estados Unidos y Cuba.
¿Va a realizar el Consejo alguna gestión para reclamar de las autoridades norteamericanas un comportamiento acorde con el respeto a los derechos humanos y al Derecho internacional en lo que a la relación entre estos presos y sus familiares se refiere?
Las condiciones de encarcelación de cinco ciudadanos cubanos en EE.UU. y la falta de contacto directo con sus familiares más cercanos suponen un incumplimiento flagrante del Derecho internacional y una violación de los derechos humanos por parte de la Administración norteamericana.
¿No estima el Consejo que la Unión Europea debe intervenir en la protección de los derechos humanos sin eludir su responsabilidad aduciendo que las violaciones aquí denunciadas son una cuestión bilateral entre los EE.UU. y Cuba? ¿Piensa realizar el Consejo alguna gestión a este respecto? ¿Tiene conocimiento la actual Presidencia irlandesa de la falta de respuesta que la Presidencia italiana ha tenido hacia las preguntas presentadas por numerosos diputados preocupándose de este caso?
La situación en la que se encuentran cinco ciudadanos cubanos injustamente juzgados y encarcelados en Miami, así como la falta total de contacto de dos de ellos con sus familiares más próximos, suponen una grave violación de los derechos humanos por parte de la Administración norteamericana.
¿Tiene conocimiento el Consejo de la situación por la que están pasando estas personas? ¿Piensa el Consejo pronunciarse al respecto para que la protección de los derechos humanos sea realmente universal y no sólo de unos pocos?
Las inhumanas condiciones de detención en que se encuentran cinco ciudadanos cubanos en los Estados Unidos y la prohibición de todo contacto directo con sus familiares, por unos delitos que nunca cometieron, suponen una flagrante violación del Derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense. 
¿Piensa intervenir el Consejo para que los Estados Unidos respeten los derechos de estos cinco detenidos, abandonando así la actitud fundamentalmente cómplice que mantiene en la actualidad? ¿Considera la Presidencia irlandesa que es necesario abordar este tema tan grave, o va a evitarlo, como hizo la Presidencia italiana, que ni tan siquiera se dignó a responder a las preguntas de esta índole formuladas por un gran número de diputados?
Roche,
    El Consejo no tiene nada que añadir a las respuestas dadas en el periodo parcial de sesiones de septiembre de 2003, ni a las respuestas dadas a preguntas similares –números H-0629/03 y H-0743/03– en los periodos parciales de sesiones de noviembre y diciembre. 
El Presidente.
   Aunque la contestación del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo no da pie, en principio, a preguntas complementarias, les voy a conceder la oportunidad de que las realicen.
Martínez Martínez (PSE ).
    Gracias, señor Presidente. La verdad es que vamos a seguir preguntando mientras sigan vivos el problema y el sufrimiento que motivan nuestra intervención y se sigan dando respuestas burocráticas, y yo diría que incluso indignas del respeto que nos merece quien las formula.
Los cinco presos objeto de la pregunta fueron condenados a penas tremendas en juicios denunciados como carentes de cualquier rigor jurídico -auténticas farsas- por testigos y juristas norteamericanos. La burla a los derechos humanos crece cuando, además de negárseles estos a los presos, también se ven afectados sus familiares, a los que se niega el derecho fundamental de visita.
Mi pregunta es si interesa al Consejo la situación de los derechos humanos de estos cubanos o solo interesan los derechos humanos de otros cubanos, por los que se está montando un gran revuelo en estos últimos meses.
¿Nuestra aproximación a los derechos humanos en Cuba puede ser selectiva, según quién viola los derechos o quién es violado? ¿Es consciente el Presidente en ejercicio del Consejo de que la credibilidad y la autoridad de la Unión Europea dependen de nuestra coherencia? Y aquí estamos siendo profundamente incoherentes, aunque es cierto que, al lado de la barbaridad que sucede en Guantánamo, esto puede parecer una cuestión relativamente menor.
Roche,
    Odiaría tener que darle una respuesta burocrática al Sr. Martínez Martínez, porque le tengo mucho respeto, conociéndole, como le conozco, desde hace ya muchos años. Es un buen amigo.
El Consejo insiste de nuevo en deplorar cualquier situación en la que no se respeten los derechos humanos. Son de interés universal. Tal como sería el caso para los ciudadanos de cualquier otro país, si el Gobierno cubano se preocupa por el bienestar de cualquiera de sus ciudadanos en los Estados Unidos, es libre de plantear la cuestión a las autoridades estadounidenses, como se dispone en el Convenio de Viena sobre relaciones consulares.
Debo apoyar las respuestas dadas por las Presidencias anteriores. La realidad es que el Convenio de Viena sobre relaciones consulares proporciona el marco a través del que se tratan los asuntos de esta naturaleza y los medios por los que el Gobierno cubano tiene derecho a elevar protestas en nombre de cualquiera de sus ciudadanos.
Existe otra cuestión de la que anticipo una pregunta suplementaria: el derecho de visita. Sé que el derecho de visita a los presos por parte de los familiares es una de las preocupaciones del Sr. Martínez Martínez. La cuestión es que todos los Estados tienen un derecho exclusivo y sin restricciones para decidir sobre la entrada en su territorio de ciudadanos no nacionales. No puedo añadir mucho más de lo que ya se ha dicho. Sin embargo, insisto en que el Consejo condena cualquier situación en la que no se respeten los derechos humanos. Como el Sr. Martínez Martínez puede que sepa, soy ex asesor de derechos humanos de las Naciones Unidas. Me tomo muy en serio todas las cuestiones de derechos humanos, independientemente de donde surjan y de los países que estén involucrados. 
Marset Campos (GUE/NGL ).
    Quería agradecer, en primer lugar, la disponibilidad de que ha hecho gala el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo en su respuesta, pero esta no me satisface por lo siguiente: porque pone como fundamento jurídico al Convenio de Viena.
Sin embargo, la Unión Europea sí que ha actuado en casos parecidos en otros ámbitos geográficos. Por lo tanto, a mi entender, la respuesta no es correcta puesto que, cuando ha habido problemas de derechos humanos entre dos países que podían acogerse a este Convenio, la Unión Europea sí ha manifestado su preocupación por los derechos humanos y ha intercedido para pedir que se aplicara el respeto a los derechos humanos.
Por ello, pido que revise su argumentación y que la complete ya que, de lo contrario, estaría adentrándose en el camino de la parcialidad.
Roche,
    De nuevo me remito a las respuestas que ya he dado al respecto. No me gustaría pensar que cualquier cosa de las que he dicho pudiera interpretarse como un enfoque parcial ante cualquier cuestión de derechos humanos en cualquier lugar. Los derechos humanos son una preocupación universal y no me gustaría que se pensara que la Presidencia irlandesa, o cualquier otra Presidencia de la Unión Europea, adopta enfoques parciales ante las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Debemos ser coherentes y, como ya he dicho, el Convenio de Viena sobre relaciones consulares proporciona el marco por medio del cual debería abordarse en primera instancia cualquier cuestión que surja. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo también estoy descontento con su respuesta, ya que he oído versiones de familiares de ciudadanos cubanos que se encuentran detenidos injustamente en prisiones de los Estados Unidos y a quienes se les niega todo derecho de visita. En un caso se negó a una madre todo acceso a su hijo, y en otro, la esposa de uno de estos detenidos también me dijo que se le había impedido visitar a su marido en prisiones estadounidenses. Esto, evidentemente, constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Por consiguiente, le pregunto una vez más qué medidas tiene que tomar el Consejo para intervenir con el fin de defender los derechos de esta madre y de esta esposa, para que puedan visitar a sus familiares detenidos con total injusticia en prisiones estadounidenses. 
Roche,
    Con el riesgo de volver a repetirme, por lo que respecta al derecho de visita a los prisioneros por parte de familiares, su Señoría ya sabe que la posición es la de que todos los Estados ostentan el derecho exclusivo y sin restricciones para decidir sobre la entrada a su territorio de los no nacionales. Está reconocido plenamente en el derecho internacional.
La segunda cuestión es que si el Gobierno cubano, que es claramente responsable de sus propios ciudadanos, cree que se plantean asuntos que constituyen una vulneración del Convenio de Viena, tiene la oportunidad de abordar dichos asuntos. Realmente la Presidencia no puede añadir nada más. 
Patakis (GUE/NGL ).
   Señor Presidente en ejercicio, nos damos realmente cuenta de la posición difícil en la que se encuentra, teniendo que dar una respuesta sobre este grave problema, una respuesta sobre la que insistimos y que exigimos de la Unión Europea, del Consejo, cuando toma iniciativas sobre otros asuntos. En esta cuestión en particular, somos perfectamente conscientes del trato inhumano que reciben estas personas, que viola el Derecho internacional y los derechos humanos.
¿Qué han hecho estas personas, señor Presidente en ejercicio? Se les ha condenado como criminales por intentar impedir que organizaciones terroristas criminales pagadas por los Estados Unidos actúen contra Cuba y asesinen a sus líderes, incluido el propio Fidel Castro.
Este incidente demuestra claramente cuán hipócrita y selectivo es todo lo que han dicho los Estados Unidos y la Unión Europea sobre la lucha contra el terrorismo. Mientras la Unión Europea no diga nada sobre la liberación de estos combatientes patriotas por la democracia, se alinea a sí misma y participa plenamente en la estrategia contra Cuba, que representa un modelo para los pueblos de la zona.
Le pregunto, señor Presidente en ejercicio, cómo se siente la Unión Europea cuando, de un lado, habla de luchar contra el terrorismo y, de otro, se convierte básicamente en el cómplice de los Estados Unidos en las medidas que toman contra los luchadores antiterroristas? 
Roche,
    Lo que está claro es que rechazo la idea de que la Unión Europea, y en cualquier caso su Presidencia, se muestre ambigua en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Como ya he dicho, el Consejo y la Unión Europea condenan cualquier situación en la que no se respeten los derechos humanos, pero de nuevo, como ya he dicho, si el Gobierno cubano se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos en los Estados Unidos, tiene la libertad de plantear la cuestión directamente a las autoridades estadounidenses, tal y como dispone el Convenio de Viena sobre las relaciones consulares.
Esta es la cuestión. Ahí es donde se encuentra el problema. Existe el derecho de plantear allí ese problema. Tanto si sus Señorías están satisfechos como si no con la respuesta, resulta que esta es la posición del Derecho internacional. Es lo que establece el Convenio y yo no puedo ir más lejos. 
Crowley (UEN ).
   – Me parece que voy a sumarme a la pena y sufrimiento del Presidente en ejercicio con respecto a estas cuestiones.
Más bien me gustaría hacer una sugerencia, antes que formular una pregunta suplementaria. Señor Presidente en ejercicio, ¿podría usted darnos en este Parlamento una indicación de que, para alcanzar el resultado que todos deseamos, usted quizás mencionará el tema de forma discreta en algún momento del transcurso de su Presidencia con sus homólogos de los otros Estados miembros, así como de los Estados Unidos y tal vez de Cuba? 
Roche,
    Si respondiera a la pregunta del Sr. Crowley afirmativamente, eso no sería muy discreto. Sin embargo, él me conoce bien y sabe que yo soy lo bastante audaz como para plantear cuestiones allí donde estas deben discutirse, aunque a veces puedan causar malestar. No quiero crear falsas esperanzas, pero quiero destacar que existen medios, en particular en el contexto del Convenio de Viena, para que el Gobierno de Cuba, que es el principal responsable del bienestar de sus ciudadanos, plantee la cuestión si así lo desea. 
El Presidente.
   Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas n° 18 a 33 recibirán respuesta por escrito(1).
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado.

(2)

El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a debatir el informe (A5-0041/2004) del Sr. Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre las perspectivas de aproximación del Derecho procesal civil en la Unión Europea (COM(2002) 746 – COM(2002) 654 – C5-0201/2003 –2003/2087(INI)). 
Bartolozzi (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria De Palacio, Señorías, el número bastante elevado y creciente de intercambios comerciales y de desplazamientos de personas en el interior de la Unión Europea favorece cada vez más la posibilidad de que los ciudadanos o las empresas se encuentren implicados en litigios judiciales de carácter transfronterizo. Se trata de aquellas causas en las cuales las partes están domiciliadas en Estados miembros distintos y que, por este motivo, plantean determinadas dificultades. En estas situaciones existe el riesgo de que las partes interesadas renuncien a hacer valer sus derechos debido a las dificultades para intervenir en un juicio en un país extranjero, del que no conocen la legislación y los procedimientos, y de los costes que tienen que asumir. En muchos casos, como en los pleitos de escasa cuantía, los gastos judiciales pueden ser incluso superiores a la cuantía en litigio. En otras palabras, un verdadero mercado interior implica la existencia de un espacio jurídico común al que puedan acceder los particulares y las empresas, sin ser penalizadas, independientemente de los sistemas judiciales de los distintos Estados miembros.
Este es el contexto que ha dado lugar a los dos Libros Verdes amparados por la iniciativa de la Comisión. El primer Libro Verde trata de las cuestiones de la transformación del Convenio de Roma de 1980 en un instrumento comunitario y de su actualización. La transformación del Convenio de Roma en un instrumento comunitario, tal como se plantea ahora, es una medida adicional derivada del procedimiento empleado con anterioridad por el Convenio de Bruselas y es realmente útil en el sentido de que asegura la aplicación directa y la interpretación uniforme por parte del Tribunal de Justicia. El cuerpo legal debería completarse en el futuro con el instrumento comunitario denominado Roma II, contenido en la reciente propuesta de reglamento relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, de la que es ponente la Sra. Wallis.
La necesidad de integrar los tres instrumentos salta a la vista e implica que se proceda no solamente a transformar en breve plazo el Convenio de Roma en instrumento comunitario, mediante la adopción de un reglamento, de modo que el cuerpo legal del Derecho internacional privado sea homogéneo desde el punto de vista de la fuente, sino que también se llegue, en una fase ulterior, a una verdadera codificación que agrupe sistemáticamente las disposiciones «comunitarizadas» de Bruselas I, Roma I y Roma II.
En cuanto a las innovaciones a incorporar en el Convenio de Roma, ante todo podemos introducir el principio para asegurar que, en caso de optarse por la ley de un Estado tercero, se garantice en todo caso la supremacía de las normas de carácter imperativo del Derecho comunitario, como por ejemplo la protección de la parte más débil (trabajadores asalariados, consumidores). 
Es necesario, además, ampliar el ámbito de aplicación de las normas del Convenio al contrato de seguros y aclarar en algunos aspectos las disposiciones sobre contratos de consumo y de trabajo y las transacciones del comercio electrónico para poder coordinarlas con la legislación comunitaria vigente.
El segundo Libro Verde presentado por la Comisión, sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de menor cuantía, también reviste la mayor relevancia. Para muchos ciudadanos europeos y para muchas empresas, sobre todo PYME, no es poco importante que estén seguros de poder cobrar, y hacerlo pronto, lo que se les debe, sobre todo cuando el litigio tiene implicaciones transfronterizas porque el deudor está domiciliado en otro país o porque la sentencia ha de ejecutarse en el extranjero. 
El valor añadido de estos procedimientos, que deberían establecerse mediante un reglamento comunitario por los mismos motivos expuestos con respecto al Convenio de Roma, radicaría en el hecho de que las sentencias serían ejecutables en todo el territorio de la Unión sin recurrir el exequátur, lo que permitiría recuperar una masa ingente de deudas no impugnadas o resolver casos en que de otro modo los acreedores no se animarían a incoar una demanda.
El reglamento también tendrá que definir todo el proceso monitorio, indicando también los requisitos aplicables a las reclamaciones del acreedor, con el fin de establecer una medida común que ofrezca seguridad con respecto al procedimiento y, si es posible, a las costas. Respecto del requerimiento de pago europeo, cabe añadir algunas observaciones. En primer lugar, se trata de evaluar si tiene que limitarse a los litigios transfronterizos o si también puede aplicarse a litigios entre partes domiciliadas en el mismo Estado. Habida cuenta de que no todos los Estados disponen de un procedimiento especial de este tipo en su ordenamiento procesal y que, cuando existe, presenta notables diferencias, para evitar disparidades de trato entre las diferentes categorías de acreedores sería oportuno ofrecer a las partes la facultad de utilizar este instrumento en caso de litigios puramente nacionales. 
De Palacio,
   . Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera señalar que la Comisión está muy satisfecha con el apoyo prestado por el Parlamento Europeo en relación con la creación de un proceso monitorio europeo. Las sugerencias formuladas por el Parlamento sobre las características especiales de este proceso -que agradecemos muy sinceramente- se tomarán en consideración en el trabajo preparatorio para la adopción de un Reglamento por el que se cree un título ejecutivo europeo en un futuro muy próximo.
Me complace comprobar que coincidimos también con la idea de que el proceso monitorio no sustituya ni armonice el Derecho procesal nacional, sino que constituya un instrumento alternativo y opcional, y que, además, se aplique exclusivamente a las demandas pecuniarias independientemente de que se refieran a obligaciones contractuales o extracontractuales, e independientemente de su importe.
Quisiera señalar asimismo que compartimos la opinión de que no se justifica el establecimiento de normas separadas sobre competencia jurisdiccional que diverjan de las del Reglamento (CE) n° 44/2001 ("Bruselas I") y que suscribimos el énfasis puesto en una protección adecuada de los derechos de la defensa.
La Comisión aprueba también que la ejecutoriedad directa de las sentencias dictadas en este proceso se logre a través del futuro Reglamento por el que se cree un título ejecutivo europeo para deudas no impugnadas.
Estas convicciones compartidas tendrán cumplida respuesta en la próxima propuesta de Reglamento, aunque hay otros asuntos sobre los cuales el Parlamento no parece plantear una propuesta definida, sino que mantiene un planteamiento más abierto: es el caso de la opción de un modelo de una sola etapa basado en la prueba o de un modelo en dos etapas sin pruebas.
En cualquier caso, con objeto de crear un proceso europeo verdaderamente uniforme, la Comisión tendrá que tomar una decisión y optará, previsiblemente, por un proceso que no requiera la presentación de prueba escrita.
La Comisión lamentaría que, a diferencia de otros expedientes -como por ejemplo, la Directiva sobre asistencia jurídica gratuita- el Parlamento no apoyara un ámbito de aplicación amplio, que abarque también situaciones nacionales, y abogara sencillamente por un planteamiento más restrictivo.
Desearíamos agradecer a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a su ponente sus comentarios al Libro Verde sobre el futuro instrumento comunitario sobre litigios de escasa cuantía. 
También tenemos que decir que pretendemos presentar en su momento -hacia octubre de este año- una propuesta de instrumento comunitario que tenga un criterio de aplicación amplio, propuesta que irá precedida de una amplia consulta, tanto de los Estados miembros como de todas las partes interesadas. Su objetivo será simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía, y en este sentido prevemos que conste de dos elementos: el primero de ellos creará un proceso europeo de escasa cuantía y será una herramienta opcional que se añada a las posibilidades existentes en los distintos Estados; y el segundo suprimirá las medidas intermedias -el "exéquatur"- para permitir el reconomiento y la ejecución en otro Estado de las resoluciones dictadas en un proceso europeo de escasa cuantía.
Quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a su ponente su apoyo a la iniciativa de la Comisión relativa a la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en un instrumento comunitario para garantizar su interpretación coherente y acelerar su entrada en vigor en los nuevos Estados.
Al elaborar la propuesta en relación con dicho instrumento, no dejaremos de considerar cuidadosamente los valiosísimos comentarios que figuran en el informe sobre diversas cuestiones de naturaleza más técnica y, como he dicho, siguiendo el amplio proceso de consulta que hemos lanzado con ocasión del Libro Verde, debería ser posible adoptar una propuesta de Reglamento en el año 2005.
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, no estamos en un procedimiento legislativo sino en un procedimiento de consulta, una fase previa, y diría que el Parlamento no está actuando como órgano legislativo, sino como representante de la sociedad civil europea y, probablemente, no haya ninguna otra institución que represente tan fielmente a la sociedad civil europea como la nuestra, ya que somos elegidos por los ciudadanos.
Las propuestas de la Comisión son buenas ideas. Estamos en la fase del Libro Verde, esperamos que la Comisión presente pronto sus propuestas y, sobre todo, yo quiero saludar el hecho de que la Comisión ya acoge una de las principales propuestas contenidas en las recomendaciones del Parlamento: recurrir al Reglamento, que es el procedimiento más adecuado para sacar adelante estas normas. No podemos dejarlas en manos de una Directiva, porque esta daría demasiado margen a las autoridades nacionales y podría dar lugar a confusiones a la hora de su aplicación.
En segundo lugar, creo que hay una idea bastante importante en el informe Gargani: la idea de la importancia de la codificación. Esta idea se refleja en el reciente acuerdo interinstitucional, celebrado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión: en la medida de lo posible, a medida que vayamos adoptando normas jurídicas, debemos codificarlas, para no encontrarnos después con una serie de reglamentos, directivas, decisiones, etc., que no tienen relación entre sí. Empieza ya a haber un conjunto importante de normas de colaboración en materia de Derecho privado y lo ideal sería que pudieran ser recogidas en un texto codificado, y se podría pensar incluso en una especie de codificación permanente, es decir, que cada nueva norma se integrara con las otras al objeto de tener la mayor coherencia posible en el texto legislativo.
Desde luego, no es el momento de hacerle recomendaciones a la Comisión sobre este tema, pero sí existe una posibilidad de hacerlo y, por lo tanto, deberíamos intentar conseguirlo y tratar de sacarlo adelante.
En definitiva, creo que el Parlamento y la Comisión están colaborando bien en la fase inicial; creo que las propuestas que haga la Comisión a este Parlamento, a partir de octubre, van a ser bien recibidas y podremos trabajar en beneficio de los ciudadanos para que el Derecho comunitario sea lo más armonizado y coherente posible, en beneficio, como decía antes el Sr. Bartolozzi, de las pequeñas empresas y de los ciudadanos normales, que esperan de la Unión Europea algo más que un simple mecanismo de colaboración diplomática internacional.
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, es un placer dirigirme a usted esta noche en relación con este importante tema. Esta tarde he tenido la fortuna de presidir una reunión en la que hemos estado discutiendo la propuesta de directiva relativa al cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. En esa discusión, lo que ha salido a la luz de forma más clara ha sido que la gran diferencia entre los sistemas legales de la Unión Europea es de hecho una diferencia de procedimiento, y no de sustancia del derecho. Las propuestas para aproximar las leyes procesales se encuentran entre las más difíciles de alcanzar efectivamente. Es algo que hemos de tener presente.
Como ustedes ya saben, represento a una región de Escocia en este Parlamento. Nosotros, en Escocia, tenemos la buena suerte exclusiva de contar con un sistema legal que es más o menos mitad y mitad, es decir, una amalgama de los sistemas civiles de la Europa continental y del sistema de derecho consuetudinario de Inglaterra, Irlanda e Irlanda del Norte. Quizás la Comisaria debería dedicar su tiempo al derecho procesal escocés, ya que sería un puente potencial entre los dos grandes sistemas diferentes de este continente. Sea como fuere, nosotros en mi Grupo apoyamos sin duda la idea de desplazarnos de los tratados a los reglamentos. El Sr. Medina Ortega tiene toda la razón al decir que el reglamento es el instrumento adecuado para tratar estos problemas de la armonización.
Finalmente, en cuanto a las pequeñas reclamaciones, todo lo que se encuentra en el informe Gargani es admirable. Sin embargo, me gustaría destacar en particular, en relación con la notificación de actos, la letra i del apartado 6 que afirma: «la notificación deberá ser efectuada por personal especializado dotado de formación jurídica y capaz de ofrecer al deudor todas las explicaciones pertinentes respecto del procedimiento». Mucho de lo alcanzado en el campo de la armonización fracasa en la actualidad por culpa de una mala traducción, falta de interpretación y falta de claridad. Ruego que apoyen este aspecto. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0021/2004) del Sr. Mastorakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (COM (2003) 440 – C5-0393/2003 – 2003/0159(COD))..
De Palacio,
   . Señor Presidente, Señorías, la Agencia Europea de Seguridad Marítima no lleva mucho tiempo en funcionamiento. Sin embargo, la Comisión ha propuesto ampliar sus funciones en tres ámbitos bien específicos y de gran actualidad: la lucha contra la contaminación causada por buques, la formación de tripulaciones y la protección marina.
Quiero señalar que las recientes catástrofes marítimas han hecho patente la necesidad de adoptar nuevas medidas a nivel europeo, no solo en lo tocante a la prevención de la contaminación, sino también en lo relativo a la disposición y gestión de medios para la lucha contra la contaminación cuando esta se produce.
La acción de la Agencia en el ámbito de la lucha contra la contaminación vendrá a completar las disposiciones en vigor en los Estados de la Unión y aportará un valor añadido a las acciones ya emprendidas a escala comunitaria, en el ámbito de protección civil. Vendrá a completar los sistemas de intervención de los Estados de la Unión y en ningún caso va a sustituirlos -ni se pretende sustituirlos-. A tal fin, la Agencia podrá fletar barcos especializados y polivalentes. Además del suministro de los medios adecuados, la Agencia aportará un apoyo técnico y científico en la materia a los Estados de la Unión y a la Comisión.
Por lo que se refiere al nivel mínimo de formación de los marinos, nuestra propuesta supone una simple equiparación con la disposición ya existente en el Reglamento de la Agencia, con una función más importante de la Comunidad, en virtud de la Directiva 2001/25/CE. Por lo tanto, se invita a que contribuya activamente a los nuevos procedimientos para el reconocimiento de los títulos de aptitud de los marinos, otorgados en los terceros países.
También en el ámbito de la protección ciudadana, lo que pretende nuestra propuesta es tener en cuenta la nueva competencia comunitaria relativa a la mejora de la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. El Reglamento que introduce esta nueva competencia entrará pronto en vigor, gracias al acuerdo alcanzado por el Parlamento y el Consejo en primera lectura. Según este acuerdo, la Comisión deberá comprobar la eficacia de los procedimientos de control introducidos por los Estados. La asistencia de la Agencia está totalmente indicada en el desarrollo de estas inspecciones. Una enmienda, propuesta por el Parlamento al texto del Reglamento relativo a la Agencia, especifica el marco de tal asistencia y lo restringe prácticamente a las inspecciones del sector privado. Aunque este enfoque es más restrictivo que el que hemos defendido, la Comisión podría aceptarla.
A modo de conclusión, señor Presidente, Señorías, observo que las posiciones del Consejo y del Parlamento a este respecto están muy cercanas y quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias al Sr. Mastorakis por el trabajo que ha realizado. Creo que las enmiendas son constructivas y creo que con esto podremos conseguir rápidamente un acuerdo con el Parlamento y, por lo tanto, dotar a la Agencia de estas nuevas competencias, muy especialmente la de la gestión de medios de lucha contra la contaminación marina. Esto, junto con la modificación de la dotación de medios en el presupuesto del año en curso y de los próximos presupuestos, permitirá que dispongamos, a nivel europeo, de unos barcos de lucha contra la contaminación marina en alta mar, para hacer frente a lo que lamentablemente no podemos evitar, como es la posibilidad de que se produzcan nuevas catástrofes como las que hemos tenido, ya que el riesgo cero no existe. Hemos de intentar minimizar al máximo los efectos de las mismas, si es que se llegan a producir.
Mastorakis (PSE ),
   . – Señor Presidente, la Comisión Europea ha propuesto ampliar las atribuciones de la Agencia para que pueda apoyar el marco y mecanismo vigentes en la Comunidad en los ámbitos de la contaminación marítima, ya sea voluntaria o involuntaria, y la política de protección.
Hemos mantenido un prolongado debate sobre el alcance de esta ampliación en nuestra comisión parlamentaria y con los altos funcionarios de la Comisión, y casi por unanimidad llegamos al resultado que el Consejo también puede aceptar. El elemento básico de la enmienda propuesta es que la Agencia opera, en general, a título auxiliar, sin cuestionar la jurisdicción de los Estados miembros, y presta asistencia a la Comisión Europea. No le voy a ocultar que existe una profunda preocupación sobre la transferencia de tareas, no solo con respecto a la seguridad técnica, sino también a la seguridad en general, y al final decidimos aceptar lo que es posible. Puede que ayudara que en la lengua del ponente, el griego, las palabras «» y «» se traducen por el mismo término. 
Creemos que, cuando hablamos de un mecanismo de protección, es por supuesto preferible disponer de un mecanismo quizá menos dotado pero lo más rápidamente posible. En este momento, lo más importante para nosotros es organizar lo más rápidamente posible la lucha contra incidentes como el que se refiere al , para el que el Parlamento Europeo creó una comisión temporal, para que sepamos exactamente lo que ocurrió, y tenemos propuestas sobre lo que hay que hacer en el futuro. Además, se prevé una evaluación del reglamento modificado para que, en caso necesario, el procedimiento para mejorarlo pueda avanzar. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir nuevamente que se ponga fin al trato inaceptable del capitán del , Apostolos Magouras, a quien se trata como un criminal. Esta conducta no es humanamente aceptable y desalienta a gente joven cualificada a incorporarse a las profesiones del mar, lo que implica un peligro evidente para la navegación mundial y nuestros mares.
Para terminar, quiero dar las gracias a todos los agentes políticos y departamentales implicados y señalar que nuestra comisión no está de acuerdo con las enmiendas propuestas por la Comisión de Presupuestos, considerando no era justo que se las incluyera en un reglamento como el reglamento modificado, tanto por razones de fondo como formales. 
Hatzidakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, que el informe del Sr. Mastorakis fuera aceptado en nuestra comisión por 45 votos a favor y 1 en contra demuestra claramente, a mi entender, que casi toda la Cámara está conforme con su contenido.
Por nuestra parte, dejamos claro desde un principio que estábamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de ampliar las atribuciones de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Es necesario que se haga y creo que el naufragio del lo ha demostrado claramente. Por este motivo hemos apoyado el informe del Sr. Mastorakis desde el principio. La posición que tomaron nuestro partido y el Parlamento Europeo en general sobre el informe Sterckx también apunta en esa dirección. Fue entonces cuando se propusieron primero las ideas que la Comisión Europea propone ahora.
Me alegra volver a reiterar hoy aquí, ante esta Cámara, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, nuestro apoyo al informe del Sr. Mastorakis, que se ha esforzado por alcanzar un acuerdo con el Consejo, para que podamos llevar a término esta cuestión rápidamente, en primera lectura y sin retrasos. Los esfuerzos del ponente por llegar a un acuerdo han sido difíciles en muchos casos, ya que había que encontrar puntos de convergencia con algunos Estados miembros que tenían determinadas cuestiones que aducir relativas al principio de la subsidiariedad. Finalmente, estos problemas se superaron y, por lo tanto, he de felicitar al ponente por el informe.
Aparte de todo esto, ya no como representante del Grupo del Partido Popular Europeo, sino como un diputado griego al Parlamento Europeo, quiero decir, dado que él mismo se refirió a esta cuestión específica, que evidentemente estoy de acuerdo con él sobre la referencia que ha hecho al capitán griego y espero que las autoridades españolas harán lo que puedan para que se le dé un trato justo. 
Poignant (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, son raras las sesiones en que no tratamos de la seguridad marítima. Y esta no es una excepción, pero ha producido un consenso. En efecto, creo que estamos ampliamente de acuerdo con el informe de nuestro colega diputado.
Dos o tres palabras sobre dos o tres cuestiones. En primer lugar, los lugares de refugio. Pienso, señora Comisaria, que cuando esté terminado el trabajo, sería bueno disponer de un registro europeo de los lugares, puertos y procedimientos de refugio, para que sean conocidos con toda transparencia por nuestros conciudadanos.
Algunas palabras después sobre la propia Agencia. Está ubicada en Lisboa. Le deseo buena suerte en el puerto de Lisboa, pero no hay que olvidar que debe dotarse también de agencias técnicas regionales y hay que hacerlo rápidamente, señora Comisaria. Hay que hacer que el lado operativo de la Agencia, su instrumental de hecho, esté instalado lo antes posible. Se han previsto agencias técnicas regionales, creo, en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Báltico y en el Adriático.
Por último, ayer leí, en el informe de la Comisión sobre las perspectivas financieras 2007–2012, que proponía usted una agencia europea de protección de las fronteras con un cuerpo europeo de guardias de fronteras. Pienso que, en este contexto, habrá que interesarse también por las fronteras marítimas; lo que usted ha dicho de las fronteras terrestres merece examinarse en la perspectiva se su aplicación al ámbito marítimo, no de forma idéntica, sino adaptada.
Para concluir, señora Comisaria, pienso que el trabajo dista mucho de hacer concluido. Hay un ámbito en el que sería conveniente mantener el esfuerzo: el de los pabellones de conveniencia, ya que, a mi entender, mientras sea posible matricular un buque en Panamá por 1 500 dólares a través de un abogado que sirva de tapadera a un propietario anónimo y riquísimo, mientras se pueda hacer con total discreción, se seguirán cerniendo las amenazas sobre los marinos y el medio ambiente.
Vermeer (ELDR ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, una pronta puesta en marcha de la AESM sería muy del interés general de la actual política europea de seguridad marítima. Acojo con satisfacción la forma en que el Sr. Mastorakis se ha empleado a fondo para apartar todos los obstáculos y asegurar que podamos trabajar eficientemente dentro de un breve espacio de tiempo. Puede que no todo el mundo comparta mi punto de vista, pero no lamento las restricciones en torno a la seguridad, y creo que todo está claramente delimitado. Intentar incluir medidas de seguridad físicas entre las atribuciones de la Agencia solo haría que fuera objeto de controversia y, por lo tanto, podría haber dificultado su materialización. En mi opinión, esto significa que el valor añadido reside en la coordinación mejorada del conocimiento y los recursos que ya están disponibles en los diversos Estados miembros.
Es importante que podamos decir que «sí» mañana, en especial puesto que entonces podremos ponerlo en vigor a comienzos de marzo, con lo que la Agencia Europea de Seguridad Marítima podría presentar propuestas para el presupuesto en 2005, lo que debería ocurrir antes del 1 de abril. De este modo, damos cancha a que las competencias de la Agencia en el campo de la eliminación de los hidrocarburos se pueda traducir en la práctica, y permitimos que se realicen inversiones necesarias en nuevos equipos. Creo que es muy positivo que la Agencia también esté autorizada a evaluar cursos de formación de terceros países, ya que, después de todo, el mayor peligro en el mar es el fallo humano, y de este modo se reduciría la falta de conocimientos. Es lamentable que las competencias de seguimiento en el caso de catástrofes de navegación hayan resultado ser más bien decepcionantes. En realidad, no implican más que el intercambio de metodología y datos, cosa que considero insuficientemente activa.
Quiero preguntar a la Comisaria si, en caso de que se concluyeran acuerdos con terceros países, no sería aconsejable asegurar que Rusia fuera uno de los primeros países con los que se haga esto para lograr que la costa europea sea más segura. 
Ortuondo Larrea (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, debido a la amarga experiencia del naufragio del buque , la Comisión Ejecutiva nos presenta una propuesta de modificación del Reglamento de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Nosotros estamos de acuerdo en ampliar las competencias de la misma, a fin de que pueda prestar apoyo en los ámbitos de la contaminación marítima -accidental o deliberada-, y en el de la protección civil, así como que se puedan efectuar inspecciones sistemáticas de los sistemas de seguridad de los buques y en las instalaciones portuarias.
También somos partidarios de la participación de la Agencia en los procedimientos de reconocimiento de certificados de competencia de las profesiones marítimas expedidos por terceros países, a lo que yo añadiría la facultad de homologación de dispositivos que controlen el cumplimiento de la normativa Marpol y otras, para evitar que los restos de los tanques de petróleo o de aceite de las sentinas sean vertidos al mar.
En concreto, consideramos que la Agencia Europea debe estar dotada de todos los medios económicos, personales y materiales necesarios para poder abordar con dignidad estas funciones señaladas. En primer lugar, debe contar con un plan de emergencia para supuestos de catástrofe marina que abarque todas las costas, desde Gibraltar hasta Rusia, y que pueda desagregarse como convenga entre el océano Atlántico, los mares Mediterráneo, Báltico, del Norte, etc., incluyendo planes de tratamiento de los desechos resultantes de operaciones de recogida y limpieza de fuel-óleos.
Además debería contar con una flota suficiente de buques de intervención rápida y algunos de rescate especializado, con capacidad incluso de bombeado y trasvase de fuel de cualquier buque que se hallara en dificultades. Y, por supuesto, debería contar con personal cualificado para verificar y comprobar la eficacia de los procedimientos de control y la aplicación de las normas de seguridad y prevención de la contaminación en los puertos europeos y de los buques que naveguen en aguas comunitarias, no solo de los que recalen en nuestras costas.
Agradezco al señor Mastorakis su informe y expreso nuestro apoyo a la propuesta de la Comisión, aunque nos habría gustado poder ir un poco más lejos.
Queiró (UEN ).
   – Señor Presidente, es de rigor reiterar que el Parlamento, la Comisión y el Consejo han reaccionado rápida y eficientemente a los trágicos accidentes de los petroleros y delante de la costa europea. También se ha adoptado una normativa importante, en el marco de la cual quiero destacar la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, cuya sede central se situará en Lisboa, cosa que, por supuesto, acojo con satisfacción. También quisiera señalar que el Parlamento ha creado una comisión temporal sobre el refuerzo de la seguridad marítima (MARE), cuyo informe esperamos con interés. El hecho de que estemos nuevamente debatiendo este tema hoy aquí, con el objetivo específico de ampliar las competencias de la Agencia, prueba ampliamente que, al revés de lo que a menudo ocurre en este tipo de circunstancias, el paso del tiempo y los efectos de la presión de los medios de comunicación tras estos hechos no han agotado nuestra capacidad de acción política y de estar a la altura de la cuestión.
Por lo tanto, echemos una ojeada a los ámbitos en los que la Comisión propone ampliar las competencias de la Agencia. En primer lugar, la lucha contra la contaminación marina. Siempre hemos dicho que los Estados miembros tienen que coordinar sus esfuerzos cuando se producen accidentes. La experiencia ha demostrado que ningún Estado es capaz de abordar por su cuenta los vertidos de hidrocarburos a gran escala. Por lo tanto, la acción comunitaria coordinada en este ámbito encierra ventajas evidentes y la agencia puede desempeñar un papel importante. Su nueva función, la respuesta a los accidentes, es, además, el principal aspecto positivo de la propuesta para nosotros en Portugal, un país litoral, con una larga costa y donde convergen varias rutas de navegación. Sin embargo, es necesario ser totalmente precisos en la definición de los métodos de intervención de la agencia, especialmente con respecto a la disponibilidad de buques especializados que estarán a disposición de los Estados miembros afectados por la contaminación, y al sistema de flete de estos buques.
En segundo lugar, la formación de marinos no causa ningún problema, en particular con respecto al modo en que la agencia participará en los procedimientos de reconocimiento de los certificados de cualificación de los marinos emitidos por países que no pertenecen a la Unión Europea.
En tercer lugar, la cuestión más polémica se refiere a las actividades de la agencia en el ámbito de la seguridad, puesto que la propuesta original de la Comisión parece que vulnera las competencias de los Estados miembros en asuntos de seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, las enmiendas propuestas por el ponente y aprobadas por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo han logrado no solo limitar el ámbito de aplicación de la Agencia a terrenos claramente definidos, que coinciden con las nuevas competencias comunitarias derivadas de la Directiva de seguridad de los buques e instalaciones portuarias, sino también en asegurar que sus actividades complementen las prerrogativas de los Estados costeros y no las vulneren. Para concluir, respaldamos el enfoque equilibrado del ponente, a quien queremos felicitar por su excelente contribución a la mejora de la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación marina. Lo que no hemos de olvidar nunca, cuando ocurren accidentes, es que los daños no respetan las fronteras nacionales. 
Souchet (NI ).
   – Señor Presidente, es esencial que las tareas encomendadas a las agencias comunitarias, justo cuando su número tiende a multiplicarse a un ritmo vertiginoso, se delimiten con toda precisión a fin de prevenir abusos y tentaciones. Por esta razón, examinamos con especial atención la propuesta que se nos presenta de aumentar las competencias de la Agencia de Seguridad Marítima, en particular en dos ámbitos sensibles. 
Por lo que se refiere a los buques descontaminantes, si bien no tenemos nada en contra de que se reparta el coste de su creación, hay que reafirmar claramente, con respecto a su gestión, que la responsabilidad y la iniciativa en materia de prevención y de lucha contra las contaminaciones marinas incumbe primero y ante todo al Estado costero y que la Comisión solo debe intervenir de forma complementaria, aplicando escrupulosamente y con sensatez el principio de subsidiariedad. Es esencial evitar que la intervención comunitaria pueda comprometer la eficacia de sistemas de mando que han demostrado su valía, como la demostró, por ejemplo, la coordinación de medios nacionales comunitarios y extracomunitarios operada por la prefectura marítima del Atlántico con ocasión del naufragio del . 
En cuanto a la ampliación de las competencias de la Agencia en el ámbito de la lucha contra las amenazas terroristas, debe delimitarse claramente. Así, la Agencia europea no tiene evidentemente la vocación de intervenir en el principio mismo de las inspecciones, ni de proponer sanciones, cuando proceda. La Agencia solo puede desempeñar un papel de puro ejecutor en materia de inspección de los buques y de las instalaciones portuarias. Habrá que estar especialmente vigilantes a esta cuestión extremadamente sensible para la seguridad de los Estados miembros, a fin de evitar que se creen confusiones y que el subcontratista se atribuya responsabilidades que no le corresponden.
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, todos nos damos cuenta de que fue tras el hundimiento del petrolero , y la posterior ausencia de coordinación de las acciones de los Estados miembros, cuando la Comisión decidió presentar las enmiendas al reglamento por el que se creó la Agencia Europea de Seguridad Marítima. El naufragio –y la tragedia humana, medioambiental y económica que causó en las zonas afectadas, en particular en Galicia– demostraron la necesidad de intervenir de forma más eficaz y de que las acciones entre los Estados miembros estuvieran mejor coordinadas. Sin embargo, no hay ninguna justificación para ampliar la jurisdicción de la agencia a ámbitos que son claramente responsabilidad de los Estados miembros, puesto que eso supondría duplicar los costes y eliminar la responsabilidad de los Estados miembros. Esto, a su vez, plantearía cuestiones de soberanía, lo que daría lugar a conflictos de competencias.
La cuestión crucial es determinar hasta qué punto la jurisdicción de esta agencia se puede y tiene que ampliar. He de decir que me alegra mucho que la agencia tenga su sede en Portugal; espero que esto tenga lugar lo más pronto posible y estaría bien que la Comisaria nos arrojara algo de luz sobre el calendario. No hay que permitir que las competencias a las que me he referido socaven el principio de subsidiariedad. El ponente sugiere que el trabajo de la agencia en la lucha contra la contaminación debería limitarse al apoyo técnico y científico y no debe sustituir a los propios mecanismos de lucha de los Estados miembros; debe proporcionar recursos adicionales cuando se soliciten por el Gobierno bajo cuya autoridad se dirigirán las operaciones de limpieza.
Comparto esta opinión, en vista de que ningún Estado es capaz de abordar vertidos de hidrocarburos a gran escala por su propia cuenta. En estas circunstancias, la agencia podrá prestar apoyo, pero no tiene que sustituir a los Estados miembros. La agencia no puede ni tiene que intervenir en la lucha contra los ataques terroristas; se encomendará a la agencia la competencia de supervisar la eficiencia de los buques y la seguridad de las instalaciones portuarias de los Estados miembros. Su creación podrá contribuir al refuerzo de la seguridad marítima, en conjunción con las autoridades nacionales y el apoyo de los diferentes Estados miembros, actuando como un recurso científico y técnico complementario y no como un organismo supranacional que supervisa la seguridad o siquiera las actividades de la pesca. 
Jarzembowski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Vicepresidenta, no puedo realmente respaldar la mayoría de los comentarios de la oradora anterior, en especial sus preocupaciones acerca de las competencias de la Agencia. Sabe usted, si miramos atrás sobre el pasado –el , el –, los Estados miembros han demostrado muy a las claras que son incapaces de resolver los problemas con prontitud por su propia cuenta. Necesitamos una Agencia Europea de Seguridad Marítima, y también necesitamos una ampliación de sus competencias.
Esta Cámara siempre ha apoyado a la Agencia con todas sus fuerzas. Permítanme que les recuerde un ejemplo: en otoño, cuando el Consejo estaba a punto de reducir los puestos de trabajo de la Agencia, que se estaba creando en ese momento, invertimos rápidamente esa medida en primera lectura del presupuesto.
Señora Vicepresidenta, yo también creo que las propuestas del ponente –a saber, proporcionar a la Agencia lo necesario, es decir, recursos financieros realmente suficientes, para fletar buques, equipos y otras cosas, y prestar un servicio rápido de respuesta especializada a la contaminación en caso de que lo solicite un Estado costero– significan que hay que dotar a la Agencia de suficientes recursos. 
Naturalmente, también soy ligeramente escéptico sobre este punto. No deberíamos sobrecargar a la Agencia de tareas generales de prevención de amenazas. El principal objetivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima es asegurar un alto grado uniforme y efectivo de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques dentro de la Comunidad, y no la de la prevención general del terrorismo. Hemos de esmerarnos en asegurar que no creemos expectativas que la Agencia no puede cumplir.
Señora Vicepresidenta, ahora que nos hemos embarcado en un nuevo territorio –o en nuevas aguas– con la creación de la Agencia, hemos solicitado que se prepare un programa de trabajo rápidamente. Y esto es debido a que queremos estudiar el programa de trabajo con usted, señora Vicepresidenta, puesto que es usted en calidad de Comisaria quien asume la responsabilidad sobre la Agencia. La Agencia no dispone de una estructura o identidad separadas; en vez de ello, la Comisión es responsable de asegurar que funcione correctamente. No dudo de que hará lo correcto, señora Vicepresidenta, pero tenemos que debatir este asunto en detalle, ya que no podemos sobrecargar a la Agencia de tareas y no proporcionarle el personal y recursos necesarios. Esto le crearía dificultades a la Agencia. Por lo tanto, necesitamos analizar con precisión cuáles son las tareas que tiene que desempeñar, y qué recursos necesitaremos para este proceso.
Quiero respaldar los comentarios de uno de los oradores anteriores. Señora Vicepresidenta, me alegraría que nos dijera esta noche con qué rapidez podrá trasladarse la Agencia de lugar. Siempre nos hemos sentido satisfechos de que la Agencia empezara a trabajar en Bruselas, ya que el trabajo era urgente y necesario. Sin embargo, dado que los Jefes de Estado y de Gobierno ya han ido de aquí para allá haciendo pequeños ajustes durante largo tiempo y han ido buscando varios emplazamientos en Europa y se han decidido ahora en favor de Lisboa, no queremos que los próximos dos años se empleen discutiendo sobre el espacio a alquilar y la adecuación de los locales para que se pueda empezar a trabajar realmente. Quizá usted podría darnos alguna indicación sobre un posible calendario, ya que queremos que el traslado a Lisboa tenga lugar rápidamente, para que muy pronto tengamos una Agencia funcionando efectivamente.
Quiero hacer un comentario final. En mi vida anterior yo era juez, y creo que tenemos que ser cautelosos con lo que decimos sobre el capitán del . Yo también tengo la impresión de que ha de tener la oportunidad de salir de España para vivir en otro lugar del mercado interior, en concreto en su país de origen, Grecia. Sin embargo, en una democracia, en un país con un Estado de derecho, existe una separación de poderes, y no son las autoridades españolas, sino la justicia española la que le impide salir del país. En esta Cámara deberíamos tener mucho cuidado y no interferir con la independencia judicial. 
Miguélez Ramos (PSE ).
    Señor Presidente, el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas puso de manifiesto, entre otras muchas carencias, la falta de coordinación de los Estados miembros en la lucha contra la contaminación. La Comisión propone ahora la modificación del recientemente aprobado Reglamento por el que se instituye la Agencia Europea de Seguridad Marítima, creada a raíz del naufragio del , no solo para que pueda prestar apoyo en el ámbito de la contaminación marina, sino también en el de protección contra actos ilícitos.
Por lo que se refiere a la contaminación, la propuesta me parece un tanto confusa. La Agencia deberá disponer de los medios necesarios para intervenir, cuando un Estado miembro lo solicite y bajo la autoridad del mismo, con buques especializados que operarán en régimen de fletamiento y que se pondrán, si así se solicita, a disposición de dicho Estado miembro. No se concreta si deben ser adquiridos, alquilados o fletados de manera permanente u ocasional. Personalmente, desearía una aclaración sobre este asunto, porque en Galicia, y a raíz de la visita del Director de la Agencia, realizada en plena crisis del , llegué a leer que uno de los buques tendría base permanente en Fisterra.
Las enmiendas del ponente especifican que la primera responsabilidad en materia de contaminación recae sobre los Estados costeros, que deberán poseer medios propios -lo que a algunos nos parece lógico-, y que las acciones de la Agencia únicamente se emprenderán previa solicitud, por respeto al principio de subsidiariedad. Pero este principio no puede justificar la pasividad de la comunidad. Bajo el pretexto de que es competencia de los Estados miembros y no de la Unión, hemos sido testigos, durante la catástrofe del , de cómo uno de ellos, con una considerable fachada marítima, no disponía, y hoy sigue sin disponer, de los medios mínimos adecuados para hacer frente a una emergencia.
La Comisión no puede seguir ignorando la necesidad de establecer mecanismos de respuesta comunitarios o una coordinación europea de los medios de los diferentes Estados para cubrir las situaciones de emergencia y responder a las catástrofes.
Entre las nuevas responsabilidades, pese a las reservas expresadas anteriormente, opinamos, como el ponente, que la propuesta de la Comisión debe ser respaldada, puesto que contribuye a reforzar la seguridad de la navegación marítima.
Dillen (NI ).
   Señor Presidente, Señorías, tal como ocurre, lamentablemente, con demasiada frecuencia en política nacional, la política europea también está sufriendo el síndrome de que ante una catástrofe medioambiental se actúa más por reacción que por iniciativa en el momento de definir medidas adecuadas. En consecuencia, fue necesaria la catástrofe en que se vio implicado el petrolero para que se creara la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Ni siquiera un año después de que se adoptara este Reglamento, Francia tuvo que hacer frente a la catástrofe en que se vio implicado el petrolero . Por esta razón, en estos momentos se presenta una propuesta para cambiar este Reglamento y eliminar las lagunas. 
Aunque no podemos sino aplaudir una Agencia de este tipo que funcione bien, también quiero plantear algunas objeciones. Ante todo, celebro que la Agencia tenga los medios para luchar contra la contaminación, a petición de un Estado miembro, mediante buques especiales. Este aspecto medioambiental cuenta con el apoyo incondicional de mi Grupo.
En segundo lugar, también respaldamos la propuesta de hacer intervenir a la Agencia en la emisión de certificados de cualificación de marinos, siempre que se siga garantizando la alta calidad de los cursos de formación actuales.
También quisiera hacer un comentario respecto del tercer punto. No tiene que ser esta Agencia, sino que deben seguir siendo las propias autoridades portuarias competentes, quienes sean responsables de tomar las medidas de seguridad contra las amenazas terroristas. En este sentido, como habitante de Amberes, puedo afirmar que el puerto de esta ciudad ha realizado ingentes esfuerzos, en este ámbito entre otros, para que la seguridad de sus infraestructuras se ajuste a la reglamentación de las autoridades aduaneras estadounidenses competentes. Tal como hicimos hace unos meses con la autoasistencia, tenemos que oponernos a la petición de la Comisión de introducir un modelo centralista para todos los puertos de Europa, y seguimos estando a favor del viejo modelo hanseático que ha garantizado la prosperidad, la expansión, el empleo y la seguridad en nuestros puertos del norte de Europa. 
Cardoso (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debido a los últimos accidentes marítimos ante las orillas europeas, finalmente todas las partes implicadas se han dado cuenta de que ha llegado el momento de actuar, para que podamos impedir este tipo de accidentes y responder con efectividad y sin demora. El desarrollo mejor acogido es el establecimiento de una estructura coordinada para estas acciones, en concreto la Agencia Europea de Seguridad Marítima, con objetivos claros y exhaustivos que resultarán en una mayor responsabilidad y eficiencia.
El objetivo principal es impedir y luchar contra los accidentes que contaminan el mar y, en consecuencia, todo el mundo es consciente de él. El mar cubre la mayor parte de nuestro planeta y es la fuente de vida futura, y como tal tenemos que proteger sus recursos. Los que cruzan los mares con regularidad tienen que asumir la responsabilidad en todo momento sobre el estado de sus buques, sobre las personas que trabajan en ellos y sobre los empleados del sector en tierra. Por consiguiente, existe una necesidad urgente de supervisar las rutas y hacer que sean seguras, y reforzar el modelo existente, tanto con respecto a las inspecciones como a la frecuencia con la que se llevan a cabo.
Aunque no es una prioridad de la agencia en esta etapa, la preocupación creciente en torno a la amenaza de ataques terroristas a los buques e instalaciones portuarias ha derivado en la adopción de medidas especiales e instrumentos internacionales. Hay que responder a esta preocupación, clara y rotundamente, en el reglamento de la agencia, lo que constituirá un nuevo objetivo y contribuirá a aumentar la confianza de todas las partes involucradas de todos los Estados miembros. Con toda honestidad, nadie puede garantizar la efectividad total, pero la vigilancia y el cuidado permanente, apoyados por el equipo de detección, corrección e información necesario se traducirá en una reducción de la actividad de este tipo.
También quiero destacar la importancia de la evaluación sistemática y rigurosa de la intervención en el ámbito de la prevención y lucha contra la contaminación marítima. Solo entendiendo los medios y los motivos de las acciones, y responsabilizando a las partes implicadas podremos, en mi opinión, asegurar que todas las medidas que se tomen sean más seguras e inspiren más confianza que las anteriores. Hay que aplicar coherentemente un sistema de evaluación de responsabilidades, independientemente del tema de la evaluación. El principio de «quien contamina paga» es crucial y va a resolver, con seguridad, toda negligencia que no puede ni debe disculparse.
Creo que la formación de los marinos reviste la máxima importancia: tanto la formación técnica y científica en seguridad marítima como la obtención de la correspondiente cualificación. Además de complementar las capacidades de respuesta de los Estados miembros, la cooperación de la agencia está destinada a asegurar que todos los Estados miembros estén adecuadamente equipados para responder a todo accidente que ocurra cerca de su costa. Estoy de acuerdo en que la Agencia Europea de Seguridad Marítima tenga un personal altamente cualificado y con experiencia en el campo de la seguridad marítima, para asegurar que estos objetivos se aborden como es debido y con profesionalidad.
Siendo portugués y teniendo fuertes vínculos con el mar, creo que la Agencia Europea de Seguridad Marítima siempre representará un reto para...
Casaca (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero decir que celebro el informe y que me uno a las felicitaciones expresadas al ponente, el Sr. Mastorakis. Quiero también decir a la Comisaria, en voz alta y clara: «no tema en mostrarse ambiciosa». Salta a la vista para todos que se trata de un problema de dimensiones europeas. No solo estamos hablando del o el ; estamos hablando de los miles de buques que año tras año contaminan las aguas europeas en terribles ataques medioambientales, a los que los Estados miembros han demostrado que son incapaces de responder. Se requiere una dimensión europea; es necesario un cuerpo de guardacostas europeo. No contemplo que haya que trabajar mucho más en este tema, ya que la labor realizada solo será efectiva si se hace con carácter general.
Si en esto hay un problema no cabe duda de que no es porque las propuestas sean demasiado audaces, sino porque son demasiado tímidas. Señora Comisaria, ruego que se muestre más ambiciosa. Los europeos necesitan ambición, necesitan una respuesta a estos problemas, y necesitan la Agencia Europea de Seguridad Marítima para que diga cuándo podremos poner coto al escándalo de la contaminación marina interminable, cuándo veremos una nueva normativa en materia de transporte marítimo. Esto es lo que necesitamos. A la vista de esta responsabilidad, hay que proporcionar a esta Cámara todo cuanto necesite y esta tiene que ofrecer toda la ayuda que pueda. No hay que ceder a la mentalidad conservadora de los que han dedicado sus vidas a pensar en términos del poder relativo de los Estados miembros y que pasaron por alto lo que realmente es importante para los ciudadanos. 
De Palacio,
   . Señor Presidente, quiero agradecer el magnífico trabajo que han hecho el Sr. Mastorakis y todas sus Señorías, participando en algo que, indudablemente, a lo largo de estos casi cinco años, ha sido uno de los elementos claves de este mandato parlamentario y de esta Comisión. Dentro de los grandes pasos adelante que hemos dado gracias a nuestro trabajo conjunto a lo largo de estos años, está el haber revolucionado completamente la cuestión de la seguridad marítima en el ámbito europeo, con una gran ambición demostrada, Sr. Casaca, porque hemos pasado prácticamente del cero, no digo que al infinito, pero sí al muchísimo.
Todavía tenemos que avanzar más, pero los pasos que hemos dado son espectaculares. Quiero decir a sus Señorías, primero, que en el ámbito de la seguridad, también en el sentido de lucha antiterrorista, hay alguien que tiene que asumir las labores de control, de supervisión y de apoyo, que están muchas veces muy relacionadas con la seguridad en el otro ámbito, y por eso entendemos que es mejor que la Agencia abarque los dos aspectos.
En segundo lugar, por lo que se refiere a dotar a la Agencia de capacidades de gestión -y comprendo que la Sra. Miguélez Ramos quisiera más definiciones-, es cierto que hemos optado por dejar abiertas varias opciones. En un momento dado se puede, sencillamente, armar unos barcos; en otras circunstancias, fletarlos; en otras, operarlos directamente. Hay distintas posibilidades: la contratación, la gestión, la propiedad. No cerramos ninguna opción. Habrá que ver en función de los recursos presupuestarios de que dispongamos y de las circunstancias. Esperemos que esta Agencia vaya adelante y que vaya bien y durante mucho tiempo. Hay que darle un margen. Habrá que buscar la fórmula más adecuada e, indudablemente, este mismo Parlamento, aunque solo sea a través de los presupuestos, tendrá mucho que decir sobre cuál es la fórmula que al final se decide.
En tercer lugar, en cuanto a la guardia costera, Señorías, yo sé cuál es la voluntad de este Parlamento y yo estaría encantada con ella. Pero creo que tenemos que empezar por dar unos pasos previos, hasta lograr una verdadera integración de las guardias nacionales y una real coordinación en todos los ámbitos.
En cuarto lugar, hablan de mayores competencias y ha habido varias intervenciones manifestando la preocupación de que la actividad de la Agencia vaya a sustituir las responsabilidades de los Estados. No, señor. Estamos hablando de una actividad suplementaria y complementaria, en ningún caso sustitutiva. No se trata de quitarles capacidades a los Estados, de crear unas posibilidades que antes no existían y de las que, con esta Agencia, a nivel europeo, vamos a poder disponer, precisamente para luchar por unos mares más seguros y más limpios.
En quinto lugar: ¿cuándo se va a trasladar la Agencia? Señorías, cuanto antes. Pero tienen que saber que estamos negociando con las autoridades portuguesas la cuestión de la sede. Si por nosotros fuera, antes del verano. El problema es que, por parte de las autoridades portuguesas, hay algunas dificultades en cuanto a las instalaciones y ya veremos si se resuelven antes de fin de año. Pero no dependerá de nosotros, sino de las autoridades portuguesas. En cualquier caso quiero decir que ya hay contratadas unas cuarenta personas, entre las que se encuentra personal temporal, auxiliar y expertos nacionales destacados. Hemos insistido mucho en este aspecto porque entendemos que ahí es donde está el conocimiento y la experiencia acumulada, y además eso nos permite una mejor cooperación con los Estados de la Unión, a los cuales -insisto- no se trata de desposeer de ninguna capacidad, sino de darles un mayor refuerzo. Para la cuestión de la gestión y respuesta a los problemas de contaminación, se van a asignar diez personas; para la formación, siete; y para la seguridad, respecto a aspectos de terrorismo, unas ocho personas.
Quiero señalar a sus Señorías -y contestar así a la Sra. Miguélez Ramos- que es obvio que la fachada noroccidental de la Península Ibérica es uno de los puntos de mayor riesgo en cuanto a contaminación por buques. No hay más que ver dónde se han producido los accidentes a lo largo de los últimos años: en las costas gallegas. Otros puntos de riesgo son la zona del Canal, Bretaña, etc. La idea es que los barcos anticontaminación se concentren y se establezcan de manera permanente, más o menos como base de operaciones, en las zonas donde hay más riesgos y, evidentemente, harán falta también en el Mediterráneo.
Por último, diré que, efectivamente, también deberá haber antenas de la Agencia en el Mediterráneo. Son cuestiones que estamos gestionando.
Señor Presidente, hoy vamos a aprobar -espero- y también vamos a discutir dentro de un momento la cuestión relativa a la responsabilidad y al fondo FIPOL. Una vez más -y estamos en los últimos Plenos-, seguimos avanzando y concluyendo medidas importantísimas para, entre todos, dotar a la Unión Europea de un sistema jurídico y de un sistema de medios que de verdad permita luchar contra la contaminación marina y mejorar la seguridad. Sabemos que, con toda probabilidad, en el futuro habremos de tratar cuestiones como los barcos de conveniencia, así como algunos aspectos de las normas del mar -y me refiero a lo que decía el Sr. Casaca-. Habremos dejado un camino preparado y espero que quien me suceda -porque esto es una carrera de relevos- pueda concluir el trabajo que entre todos nosotros hemos impulsado a lo largo de todos estos años.
En cuanto a las responsabilidades de los capitanes -y creo que ha habido contestaciones por distintos elementos-, a nadie nos gusta que la gente no tenga toda la libertad que tiene que tener, pero hay una cuestión evidente, y es el respeto a las decisiones judiciales de cualquier país de la Unión.
Presidente
   .– Muchas gracias, señora Comisaria De Palacio.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Presidente
   .– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0016/2004) del Sr. Stockmann, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las unidades de carga intermodales (COM (2003) 155 – C5-0167/2003 – 2003/0056(COD)). 
De Palacio,
   . Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer, antes de nada, al Sr. Stockmann el trabajo realizado y decirle que esta propuesta es una propuesta que pretende claramente facilitar e impulsar el transporte intermodal.
Entendemos que es un elemento esencial si queremos mantener un desarrollo duradero en la Unión Europea, combinar crecimiento económico con calidad de vida, con competitividad y con un transporte competitivo y respetuoso con el medio ambiente.
Necesitamos utilizar las posibilidades que tenemos mejor y de una manera más clara, combinando distintos modos de transporte, lo cual nos va a permitir optimizar las infraestructuras de las que disponemos. 
Cuando hablamos del sector de la intermodalidad necesitamos un planteamiento más coherente y riguroso del mantenimiento y control de las unidades, porque las unidades son las que nos van a permitir que el contenedor -el principio del contenedor que, como se ha visto, es portador de cara al futuro- pueda ser transportado en barco, en tren o en camión por nuestro territorio.
De ahí la necesidad de un planteamiento más coherente y riguroso en el mantenimiento del control de las unidades a fin de aumentar la seguridad, la armonización de ciertas características de las cajas móviles para mejorar la eficacia del trasbordo y de la manutención, y el desarrollo de una unidad de carga intermodal europea en la que se combinen las ventajas de los contenedores marítimos actuales y de las cajas móviles, es decir, capacidad de apilamiento, resistencia, junto con una dimensión óptima de las paletas europeas dentro de lo dispuesto en la legislación viaria europea. Insisto: el transporte tiene que poderse hacer, también, por carretera.
La intención de la Comisión es crear un sistema más armonizado y eficaz de unidades de carga para el transporte intermodal. Si bien el transporte ferroviario se beneficiará, sin duda, de la propuesta, un objetivo clave es dar más oportunidades a la navegación interior y al transporte marítimo de corta distancia en el mercado intermodal europeo. De ahí que, solo mediante una mayor armonización de las unidades de carga, podamos alcanzar el rendimiento necesario para desacelerar el coste del transporte, de los trasbordos y dar una mayor competitividad al transporte por mar, que tiene que cambiar con el camión o el tren.
Al presentar esta medida, la Comisión no se ha propuesto inventar nada revolucionario -no pretendemos redescubrir la rueda-, confiamos en el enfoque, ya probado y satisfactorio, con el que creamos el mercado interior: una Directiva marco que fija los requisitos esenciales y que deja los pormenores técnicos a los organismos de normalización europeos, en los cuales se dan cita los expertos y, además, los responsables de los sectores. Son ellos quienes saben lo que el sector necesita para lograr los objetivos políticos. 
Hemos mantenido un debate muy útil y profundo sobre el tema con la Comisión RETT -una vez más tengo que decirlo- y quiero agradecerles el que hayan dedicado a esta medida el tiempo y el esfuerzo necesarios para permitir que esta primera lectura sea ya una decisión totalmente madura.
En el Consejo las cosas, sin embargo, no van tan rápidamente. Confío en que el Consejo estudiará cuidadosamente los resultados de esta primera lectura del Parlamento y que, por lo tanto, pronto pueda llegar a una Posición Común y, a poder ser, a una Posición Común que respalde la propuesta que va a salir precisamente de este Parlamento.
Stockmann (PSE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Comisaria tiene razón: el transporte intermodal solo es competitivo en cierta medida, y las unidades existentes –ya sean contenedores o cajas móviles– no se pueden utilizar fácilmente en los cuatro modos de transporte. El proceso complicado y largo de las operaciones de transbordo no solo hace perder un montón de tiempo, sino que también cuesta muchísimo dinero. Por su propia naturaleza, el transporte intermodal se encuentra, por lo tanto, en una situación de desventaja. En primer lugar, es mucho más complejo y, por lo tanto, más complicado de organizar, y en segundo lugar, existen muy pocos agentes que tengan una supervisión clara de toda la cadena intermodal. Por ello tenemos que fomentar el transporte intermodal, y es lo que hacemos con esta directiva.
El propósito de la directiva es triple: primero, crear una nueva unidad de carga, la unidad de carga intermodal europea; segundo, establecer requisitos de intermodalidad específicos para todas las nuevas unidades de carga, y esperamos que al menos a medio plazo podamos reducir a la mitad el tiempo de transbordo en las terminales; y tercero, mejorar la seguridad en consonancia con el Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC). Puede que para la Comisión fuera ligeramente engañoso presentar la directiva como parte del programa para el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa. Naturalmente, esto beneficiará al transporte marítimo de corta distancia, pero de lo que estamos hablando aquí es de toda la cadena de transporte y de una normalización intermodal como nunca se había visto antes. Por lo general son los modos de transporte individuales los que están normalizados, o se normalizan aspectos específicos de un modo de transporte individual. Por lo tanto, esta directiva es una primicia.
Sin embargo, el objetivo de la normalización no solo es determinar una solución técnica ideal. Mediante la normalización conseguiremos la seguridad de la planificación y las inversiones, reduciremos las barreras de entrada al mercado así como los costes de los productos, y abriremos nuevos mercados. Estoy convencido de que Europa necesita la mejor unidad de carga intermodal posible, que combine las ventajas de los contenedores con las ventajas de las unidades de cajas móviles. Sería una especie de supercontenedor europeo, capaz de ser utilizado en todos los modos de transporte y fácil de transbordar. Se podría apilar y levantar por sus esquinas superiores; sería utilizable en buques, ofrecería el máximo espacio para el transporte de palets conforme a las normas ISO, y permitiría la carga y descarga rápidas.
La Comisión estima que el número de vehículos de carretera que serían necesarios para transportar la misma cantidad de mercancías se reduciría un 25% en caso de utilizar el nuevo supercontenedor. Creo que es un poco optimista, pero al menos apunta en la dirección del cambio. Los temores de que ya no se autorizaría el uso de las unidades de carga existentes están injustificados. La directiva no obliga a que se utilice el nuevo supercontenedor; es el mercado el que tiene que regularlo. Esto quiere decir que seguirán circulando unidades diferentes, pero la unidad de carga europea se convertirá en el líder del mercado en virtud de las ventajas que se han expuesto. También creo que será un gran éxito en el mercado de la exportación. China y Rusia son dos mercados masivos que hay que conquistar, y el aumento previsto del transporte de mercancías a Europa del Este habla por sí solo.
Tampoco la directiva afecta a la norma ISO. Hemos conseguido disipar las preocupaciones que despertaba esta cuestión mediante enmiendas al texto de la Comisión. Los buques contenedores de estructura celular, por ejemplo, están configurados de conformidad con las normas ISO en vigor. Hemos estipulado que la estibación segura, en el interior y sobre el puente de los actuales buques contenedores de estructura celular ha de ser posible sin necesidad de una adaptación de las guías existentes. También hemos estipulado que la altura exterior ha de ser de 2 900 mm, lo que equivale a la altura establecida por el Comité Europeo de Normalización (CEN). Por lo tanto, hemos creado la mejor unidad de carga posible tanto para el transporte por carretera como por ferrocarril.
Sin embargo, han de ser los órganos de normalización europeos, junto con la industria, los que tienen la tarea de desarrollar los detalles de la normalización. Solo hemos establecido un marco para este proceso. Queríamos, o queremos, crear un procedimiento de normalización basado en un mandato, para que esta normalización pueda proceder más rápidamente. Se están realizando esfuerzos desde hace tiempo para conseguirlo, pero todavía no han concluido.
Esta directiva solo es el inicio del proceso. Además de las unidades de carga, existen muchos otros ámbitos posibles de transporte intermodal en donde la normalización sería posible, como por ejemplo en las interrelaciones entre la infraestructura y los servicios, es decir, las terminales, las instalaciones de transbordo y, naturalmente, los sistemas de información y las normas contractuales y de responsabilidad civil.
Por consiguiente, la normalización continuará. Me alegra que hayamos dado el primer paso aquí, enviando una clara señal a favor del transporte intermodal. 
Grosch (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar felicitando al ponente en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y agradecerle su trabajo. A través de esta cooperación positiva, nos ha ayudado a entender el tema, algo que no resultó ser tarea fácil, en particular desde un punto de vista técnico. Consiguió sumergirnos en el tema sin ahogarnos. Desde nuestra perspectiva, se ha tratado de una experiencia de colaboración muy interesante. El informe, y la propuesta de la Comisión, incluye una serie de retos y, a mi entender, hemos abordado estos retos de forma muy positiva en comisión. Un nuevo producto tiene que ser atractivo, en otras palabras, debe ser adecuado para el mercado, así como ser eficiente y cumplir los requisitos modernos. Creo que esto se ha conseguido.
El producto ha sido concebido para acelerar y facilitar el proceso al tiempo que es adecuado para las técnicas de elevación y estibado existentes y nuevas. Los sistemas existentes no se echarán simplemente por la borda de la noche a la mañana, ya que esto enfrentaría a las personas que trabajan en este sector con la necesidad de realizar inversiones nuevas y onerosas de la noche a la mañana. Hay que garantizar su seguridad. A nuestro entender se han encontrado muy buenas soluciones a todas estas cuestiones, y la propuesta de la Comisión y, por lo tanto, el informe de la comisión parlamentaria cuenta con nuestro apoyo. Naturalmente, aquí se especificaba el ejemplo concreto del transporte marítimo de corta distancia, donde el transporte intermodal ya representa un 40%, pero el transporte intermodal todavía no ha alcanzado estas cifras en otros modos de transporte. En mi opinión, la iniciativa actual está concebida para ser un incentivo a favor de que las empresas y el sector del transporte inviertan más en el transporte intermodal. Creo que les convenceremos de que lo hagan no solo ofreciéndoles subvenciones, sino proponiendo instrumentos eficientes, como el contenedor completo, el supercontenedor, como lo llama su Señoría, que permite la carga óptima al tiempo que también tiene en cuenta lo que ocurre en el mercado internacional y abre nuevas oportunidades como las que ha descrito.
En su conjunto, estamos muy satisfechos con su propuesta. La única diferencia es que todavía opinamos que si el producto es tan bueno como se presenta, el mercado se encargará de regularlo, por lo que no necesitamos invertir fondos públicos, aunque estamos todos convencidos que será positivo para el desarrollo general del sistema de transporte si un gran número de agentes devinieran más multimodales. Por lo tanto, quiero hacer un último comentario: Considero que nuestro trabajo de hoy es una contribución técnica a este concepto, que todos respaldamos. Sin embargo, si las unidades de carga que estamos proponiendo demuestran su eficiencia en el transporte marítimo o fluvial, aéreo, por carretera y ferroviario, entonces cualquier forma de transporte que las traslada ha de demostrar también su eficiencia. Esto lo digo en particular pensando en el ferrocarril: podemos mejorar el concepto de multimodalidad tanto como queramos, en términos técnicos, pero si uno de los agentes de la cadena es débil o afirma ser débil, todo el concepto no servirá de nada. Por lo tanto, consideramos que se trata de un paso positivo en la buena dirección, pero también es una llamada de atención clara, en particular al ferrocarril, para que adopte una forma de pensar multimodal, para que invierta en este concepto y para revisar sus estructuras y su eficiencia. 
Pohjamo (ELDR ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero dar las gracias al Sr. Stockmann por elaborar un informe excelente. En un principio había diversas opiniones sobre el asunto e incluso desacuerdos, pero el ponente logró, con fuerte determinación, avanzar sobre esta cuestión y al final hubo coincidencia de opiniones en la comisión sobre el desarrollo de la nueva unidad de carga europea. El tema del debate es la idea muy interesante de que los diversos medios de transporte de mercancías en Europa sean compatibles unos con otros. Los contenedores normalizados aportarán ventajas a la Europa Central congestionada y, todavía más, a las regiones de ultramar. Por ejemplo, el 80% del flujo comercial que sale de mi país, Finlandia, viaja por vía marítima, y el funcionamiento flexible del transporte multimodal es absolutamente crucial.
El ponente ha elegido la forma correcta de proceder. Las enmiendas son un intento de asegurar la compatibilidad con las entidades de normalización europeas y la prevención de problemas con las normas ISO. Los operadores del sector tendrán la responsabilidad de concebir los detalles del nuevo contenedor. Hay un posible problema con la enmienda 17. Si la altura de los contenedores tiene que ser de 2,9 metros, al apilarlos no encajarán en el espacio disponible actualmente en los buques actuales de transbordo rodado de carga (ro-ro) . Por esta razón, la propuesta de la Comisión de que la altura de un contenedor sea de 2,67 metros quizá sería mejor. Nuestro Grupo apoya la propuesta y esperamos que el asunto también avance rápidamente en la práctica. 
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, este Parlamento siempre ha creído en el fomento de un sistema sostenible para el transporte de mercancías en el que intervengan todas las modalidades. En teoría se pueden determinar perfectamente sus respectivas funciones, pero en la práctica se ha demostrado que esto es diferente, por lo que hemos observado que existe una serie de modalidades que se han visto desfavorecidas. Un problema que se presenta en este sentido es el amplio abanico de unidades de carga, que en muchos casos son fruto de la práctica diaria. Algunos se utilizan a gran escala, otros en menor medida. Todo ello depende de la situación del mercado. Este último es un factor dominante en el transporte de mercancías. Los cambios solo son significativos cuando están respaldados y estimulados por el mercado. Esto solo ocurrirá si se obtienen ventajas reales.
En este sentido, la propuesta de la Comisión todavía contiene una serie de deficiencias. La introducción de una nueva unidad de carga es una idea excelente, siempre que se pueda utilizar realmente en todas las modalidades sin tener que realizar ningún tipo de ajustes. Sin embargo, tiene que utilizarse en la práctica. Toda la conmoción y los comentarios con respecto a esta propuesta parecen sugerir otra cosa. Por consiguiente, estamos encantados de que la propuesta esté más orientada hacia el mercado en este informe. La unidad de carga intermodal europea ya no es la panacea para todos los problemas existentes, sino una opción a utilizar en el futuro, integrada en las actividades operativas actuales.
Existe otro ámbito que requerirá atención durante la votación de mañana, a saber, la enmienda 16. Si se establecen las dimensiones incluidas en esta enmienda, esto significará, a todos los efectos, el fin del proyecto. Para retener los aspectos positivos de la unidad de carga intermodal europea –un mayor número de palets en una unidad– parece ser útil dejar también la especificación de las dimensiones en manos del mercado, lo que permitirá que las empresas que quieran utilizar la unidad la realicen técnicamente. A la vista de todo ello, el Sr. Stockmann ha realizado un trabajo excelente. 
Jarzembowski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Vicepresidenta, permítame que le recuerde que la propuesta que ha preparado usted –cuidadosamente elaborada por sus funcionarios– causó en un principio algo de confusión. Las autoridades portuarias y las compañías navieras demolieron su propuesta. En mi opinión, también tenemos que dar las gracias al ponente, el Sr. Stockmann, y a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo en su conjunto. El Sr. Grosch también ha trabajado con mucha dedicación en las conversaciones mantenidas con el sector, y de este modo hemos disipado ampliamente las preocupaciones del mismo. Creo que solo se trataba de malentendidos.
Me alegra mucho que, en particular con las enmiendas propuestas por el ponente –que la Comisión de Transportes respaldamos conjuntamente– podamos establecer y asegurar hoy en esta Cámara que no estamos proponiendo un tipo europeo de contenedor normalizado –prefiero no utilizar el término «supercontenedores»– que podría obstaculizar nuestro negocio de transporte mundial. En los sectores de la exportación e importación, dependemos del transporte efectivo, eficiente y rápido de estas unidades de carga en buques sin adaptación de las guías celulares que existen actualmente, etc. A mi entender, tal como se estipula en nuestras enmiendas en comisión, tenemos que dejar la tarea de resolver los detalles a las comisiones de normalización. Como abogado, soy reacio a embarcarme en el tarea de desarrollar los detalles precisos en mi papel como diputado a esta Cámara. Sin embargo, creo que los principios que hemos establecido en las enmiendas propuestas asegurarán que la nueva unidad de carga intermodal europea no entre en conflicto con las normas internacionales vigentes. Esta nueva unidad de carga es importante, ya que nos permite conciliar el interés del sector en una mayor capacidad de carga de palets con el interés de las compañías navieras y las autoridades portuarias de no tener que cambiar todos los medios de carga y descarga y la estructura completa de los buques de contenedores. En este sentido, creo que podemos estar bastante contentos con lo que hemos conseguido.
Espero que el sector adoptará lo que esperamos, a saber, un uso más generalizado de las unidades intermodales. En este aspecto, dependemos del sector. Nosotros solo formulamos propuestas y tendremos que esperar y ver si el sector acepta el nuevo contenedor normalizado. La tarea del sector es proteger sus propios intereses.
Por último, quiero señalar que esta propuesta contiene no solo una definición de esta nueva unidad de carga, sino también una petición de controles e inspecciones más estrictas de todas las unidades de carga, sean del tipo que sean. Si las unidades de carga no se mantienen y reparan adecuadamente, podrían plantear un peligro en el transporte de mercancías, en el puerto durante el transbordo, etc. Tenemos que asegurarnos de que no se produzcan accidentes graves, en particular en los puertos y en los buques. A este respecto, la Comisión tiene razón cuando propone inspecciones más frecuentes y exhaustivas de todas las unidades de carga. 
Pex (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, acogemos con satisfacción un enfoque integrado del transporte en el que se realice un uso adecuado de todos los tipos de transporte disponibles. Si hay que resolver los problemas del tráfico creciente en las carreteras, la Unión Europea ha de tomar la iniciativa en el fomento de la intermodalidad. Tomar la iniciativa, sobre todo, quiere decir que las autoridades tienen que utilizar el mercado para abordar las cuestiones planteadas, no que las autoridades tengan que enjaezar el mercado con reglamentaciones difíciles y costes añadidos. En esta propuesta no se ha seguido completamente este enfoque y por ello, en un principio, yo tenía mis reservas sobre una serie de partes de la propuesta de la Comisión y de la propuesta del ponente. Sin embargo, ahora que se han adoptado las propuestas mediante enmiendas en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, se han despejado mis mayores preocupaciones.
Al elegir las unidades de carga, los participantes del mercado deben ser libres de encontrar la mejor solución para cada tipo de mercancía y modo de transporte. Al mismo tiempo, tenemos que evitar, por todos los medios, una situación en que los propietarios de unidades de carga intermodales tengan que hacer frente a obligaciones innecesarias y elevados costes administrativos y de implantación. No creo que sea necesario utilizar beneficios fiscales ni subvenciones a la compra para apoyar la introducción de la unidad de carga intermodal. La propia Comisión ha expuesto en su propuesta que no pretende que su uso sea obligatorio, sino que quiere que su puesta en servicio quede en manos del mercado. La introducción de subvenciones y beneficios fiscales va en contra de esta idea.
Hay que examinar críticamente las especificaciones técnicas en las que se describen las características de las unidades de carga intermodal. En consecuencia, es importante que los requisitos fundamentales que se contemplan no contravengan las normas internacionales ISO. Esto teniendo en cuenta que se utilizan bastantes unidades fabricadas de conformidad con las normas internacionales y que también se utilizan fuera de la Unión. Me alegra que el ponente comparta mi preocupación en este asunto, y que también se exprese esto en el texto mediante una enmienda. Esto también se aplica al ajuste del periodo de inspección de las unidades de carga intermodal europeas, equiparándolas a las del contenedor ISO, que se utiliza a menudo en el tráfico internacional.
La introducción de nuevas unidades de carga intermodal sigue sin garantizar, sin embargo, la intermodalidad. Además de la diversidad actual, la mala calidad de los servicios ferroviarios disponibles constituye una barrera importante para el crecimiento del transporte intermodal. El transporte por vías navegables interiores también tiene que destacarse más en el debate. Tal como ya se ha expuesto, la mejora del transporte exige una legislación de calidad en que se consideren las posibilidades del mercado y que, fijando los plazos oportunos, se pueda introducir oportunamente de forma suficiente y armonizada. Por este motivo, opino que la introducción del tacógrafo digital debería aparcarse durante un año para que la legislación pueda cumplir los requisitos a los que me he referido, pero la falta de tiempo ha hecho que sea imposible discutir este asunto urgente con la Comisión esta semana. Esta Cámara todavía cree que es difícil hacer algo realmente al respecto. 
De Palacio,
   . Señor Presidente, Señorías, agradezco al Sr. Stockmann el trabajo que ha realizado y creo que el apoyo que el Parlamento plantea, en general -aunque con algunos matices-, a esta iniciativa, muestra la importancia de la misma.
En primer lugar, quiero señalar que coincido plenamente con lo que han dicho varias de sus Señorías, en el sentido de que no basta solo con eso: hace falta mucho más.
Esto se enmarca dentro de la estrategia que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, orientada a lograr un transporte más competitivo, dinámico y operativo, muy especialmente en el sector del ferrocarril; a adecuar las infraestructuras para, de verdad, romper los fraccionamientos y las barreras que existen no solo en el sector del ferrocarril, sino también -como estamos haciendo ahora- entre los distintos modos de transporte. A través de este tipo de medidas podremos impulsar la intermodalidad.
Como muy bien ha dicho el ponente, después de este intento de convergencia en unas medidas comunes de estandarización, tendrán que adoptarse otras medidas, como, por ejemplo, las referidas a los terminales de los muelles. La Comisión ya está trabajando en este asunto para ver cómo podría llegarse a unos sistemas de muelles estandarizados, que facilitaran la carga y descarga y el amarre de los barcos, que redujeran los tiempos y los costes. Todo eso va, también, asociado a nuestra propuesta -que, lamentablemente, no ha salido adelante- de liberalización de los servicios portuarios, donde también hay que dar un impulso y aportar mayor dinamismo.
Todo es un conjunto. Una sola medida no nos lleva muy lejos. Hay que avanzar en todas ellas para obtener lo mejor.
Quiero señalar a sus Señorías que aceptamos la mayoría de las enmiendas. Algunas -la 2, 5, 14, 16 y 17- deben ser reformuladas, porque su actual redacción quizás no sea la más adecuada. En cualquier caso, todas ellas pretenden aclarar que la normalización de la unidad de carga intermodal no provocará necesariamente conflictos con las normas globales existentes -nada más lejos de nuestra intención-. Creemos que los organismos europeos de normalización no deben ni tienen por qué ser esclavos de dichas normas dictadas por la Organización Internacional de Normalización, sino que dichos organismos deben decidir cuáles son las mejores normas posibles para el transporte intermodal europeo, pero -eso sí- teniendo en cuenta de manera adecuada las normas ISO existentes y las necesidades del comercio.
Además, esta propuesta depende, al final, de que el mercado la acepte o no. Lo que estamos planteando son unos estándares comunes que puedan facilitar -si es que el mercado lo considera oportuno- el funcionamiento dentro de la red intermodal con estas nuevas cajas, que, como he dicho antes, evitarían las rupturas y permitirían rápidamente pasar del ámbito fluvial al marítimo, al ferroviario o a la carretera.
Quiero señalar que debemos rechazar la enmienda 6, ya que establece que las normas armonizadas serán desarrolladas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y deja fuera algunos organismos de normalización importantes en este sector, como son el Cenelec y el ETSI.
Señor Presidente, confío en que, después de la aprobación por parte del Parlamento, con la exclusión -espero- de esta enmienda 6, podamos avanzar rápidamente en el Consejo y así lanzar una propuesta para el sector que facilite el avance hacia la intermodalidad, absolutamente necesaria.
Presidente
   .– El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Presidente
   . – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Recomendación (A5-0042/2004), en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a firmar, ratificar o adherirse, en interés de la Comunidad Europea, al protocolo de 2003 del Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1992, y por la que se autoriza a Austria y Luxemburgo a adherirse, en interés de la Comunidad Europea, a los instrumentos subyacentes (14389/2003 – C5-0002/2004 – 2003/0209(AVC)) (Ponente: Sr. Gil-Robles Gil-Delgado).
De Palacio,
   . Señor Presidente, la verdad es que suelo tener bastante trabajo. Si echo la cuenta de los asuntos, directivas y reglamentos a lo largo de estos años, creo que no me equivoco al decir que me llevo la palma. En cualquier caso, creo que todos coincidimos en la importancia de lo que hoy estamos debatiendo, que es la entrada en vigor del Protocolo de 2003 del Convenio internacional sobre la constitucion de un Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos. Los fondos para indemnizar a las víctimas de la marea negra van a multiplicarse por más de cinco, lo que es absolutamente necesario, ya que -como quedó claro en accidentes como los naufragios del y del - los fondos disponibles a través del FIPOL no fueron suficientes.
El Protocolo todavía tiene que entrar en vigor y en ese sentido tenemos que impulsar que los Estados de la Unión procedan rápidamente a su ratificación. Estamos convencidos de la urgencia de la aplicación, pero, lamentablemente, los Estados no terminan de dar el paso adelante.
En su propuesta, presentada en septiembre pasado, la Comisión instaba a los Estados a celebrar el Protocolo antes de acabar el año 2003 y ya estamos en 2004. La Posición Común que se adoptó el 15 de diciembre pasado planteó el plazo límite en junio de 2004 y la Comisión hizo una declaración al respecto, señalando que habríamos preferido que se hubiera ratificado antes de finalizar el año pasado.
Señorías, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Parlamento su diligencia en este asunto, teniendo en cuenta que el Consejo envió la Posición Común al Parlamento hace tan solo unas semanas. Deseo, por supuesto, que el Parlamento se pronuncie en el sentido indicado en el informe del ponente, Sr. Gil Robles, a quien agradezco no solo la rapidez con que ha desarrollado y coordinado con todas sus Señorías el debate de este informe, sino la claridad con la que explica todos los extremos y la importancia que tiene este documento.
Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, Señorías, el dictamen objeto de este debate expresa la conformidad del Parlamento, necesaria -como se nos acaba de decir- para que los Estados miembros constituyan y ratifiquen el Protocolo de 2003 del Convenio Internacional de indemnización de daños por hidrocarburos.
Como se nos acaba de explicar, ese Convenio creó un fondo para indemnizar a las víctimas de daños y que -conviene destacarlo- se financia con contribuciones de las empresas u otras entidades que reciben hidrocarburos transportados por mar. Por tanto, la elevación del importe máximo de la indemnización -como pide este Protocolo y que ascendía, hasta ahora, a 162 millones de euros- no va a pesar sobre las finanzas públicas, sino sobre aquéllos que se benefician con el propio comercio de hidrocarburos.
Desde 1978 se ha utilizado en más de cien casos y en la mayoría de ellos bastaba con el límite establecido. Sin embargo, la Comisaria nos ha recordado que los accidentes del y del han puesto de manifiesto que ya se había quedado obsoleto ese límite y hacía falta aumentarlo. Por ello, en marzo de 2003, a raíz de la ola de emoción y preocupación desatada por la última de esas catástrofes, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea solicitaron el aumento del fondo para que llegase a mil millones de euros y, en mayo de ese mismo año, la decisión fue asumida con loable rapidez por los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional.
Este Parlamento, en su Resolución de julio de 2003 -estamos todavía en ese año y con plazos muy cortos-, sobre el refuerzo de la seguridad marítima ante el naufragio del petrolero -informe del Sr. Sterckx-, acogió favorablemente la decisión de la Organización Mundial y pidió a los Estados miembros que ratificasen lo antes posible el Protocolo pertinente. Fue la primera de las llamadas a esa rápida ratificación.
La Comisión, según se nos ha explicado, ha actuado por su parte no solo con celeridad, sino con un compromiso político evidente al pedir al Consejo que pasase de la fase -siempre muy fácil- de prometer, a la fase -siempre más ardua- de cumplir. Y por fin, cuando ya la situación parecía bastante comprometida, logró este acuerdo al final de la Presidencia italiana, en el que se establece una fecha objetivo, siempre que sea posible, que es la que nos acaba de explicar la Sra. Comisaria.
La verdad es que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha aprobado por unanimidad el proyecto de ratificación del Protocolo. Bastaba en realidad con que se hubiese limitado a la emisión del dictamen conforme, pero me pareció a mí indispensable recalcar esa petición, que está en el considerando 8 de la Decisión, de que es importante que los Estados miembros firmen o ratifiquen el Protocolo.
Tengo que reconocer que todos los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estuvieron en esa misma longitud de onda. ¿Por qué, señor Presidente? Porque, mientras esas firmas y ratificaciones no se lleven a cabo, seguiremos estando en la situación actual, es decir, con un fondo insuficiente para atender a las posibles indemnizaciones.
Urge, en consecuencia, que el Protocolo entre en vigor. Y el Parlamento ha querido dejar claro que, desde ahora, cualquier retraso que se produzca no podrá imputarse ni atribuirse a las instituciones comunitarias. Serán los Estados miembros que arrastren los pies en el camino de la ratificación los que tendrán que arrostrar su responsabilidad. Quiero pensar que no se dará este caso y que todos ratificarán con la máxima diligencia.
Señor Presidente, Señorías, solo me queda el grato deber -puesto que mi tiempo se termina- de agradecer a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior el apoyo que me han brindado; a los servicios de la citada comisión y de la Cámara, su inestimable ayuda; y a la Comisión, el apoyo político que constantemente ha brindado.
El dictamen que se presenta hoy es necesario y urgente. Por eso confío en que sus Señorías le den el voto favorable.
Ortuondo Larrea (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, señora Comisaria, en relación con este asunto del Protocolo 2003 que complementa el Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1992, que formalmente es una organización intergubernamental, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, a la cual represento como ponente de la misma, ha expresado su opinión favorable a la aprobación de la propuesta de Decisión del Consejo, autorizando a los Estados miembros a firmar, ratificar o adherirse a dicho protocolo.
Este Protocolo FIPOL 2003 amplía hasta 750 millones de derechos especiales de giro -que, al cambio actual, equivalen a unos 930 millones de euros- el montante máximo de las disponibilidades financieras agregadas en función de los distintos convenios internacionales, y que son aportados por armadores y empresas que reciben hidrocarburos transportados por mar, para indemnizar por las catástrofes medioambientales y a las víctimas de vertidos provocados por accidentes.
Sin embargo, un año después del accidente del , todavía sigue siendo difícil evaluar con precisión los daños causados. Un nuevo informe del Fondo Mundial para la Naturaleza pone de manifiesto que se han visto afectados 3.000 kilómetros de costa y cifra los daños en unos 5.000 millones de euros, es decir, haría falta 5 veces el Protocolo 2003 de FIPOL para atender todos los daños causados. Por ello nosotros seguimos reclamando la creación de un fondo europeo complementario a todos los internacionales existentes, máxime considerando el enorme tráfico petrolero que se produce en nuestros mares y la existencia de zonas como la "Costa da Morte" en Galicia, que es uno de los lugares donde más accidentes marítimos han ocurrido en el pasado, además de otros puntos negros como el estrecho de Calais, etc.
También queremos expresar nuestro descontento por el alargamiento del plazo para la firma de este Protocolo hasta finales de junio de 2004, acordado por el Consejo y los Estados, en lugar de haberlo mantenido en su fecha original de diciembre pasado. Si hubiese un nuevo accidente en este primer semestre del año, la cobertura no alcanzaría más que a unos 250 millones de euros, lo cual resulta más que preocupante.
Felicito al Sr. Gil Robles por su informe y espero que la Comisión siga adelante con su propuesta de fondo europeo complementario, porque es necesario.
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, creo que tanto la Comisaria como el ponente, Sr. Gil-Robles, han expresado la sustancia de lo que es esta propuesta y el Sr. Ortuondo Larrea ha hecho referencia también a una serie de datos en los que no tengo que insistir.
Nos encontramos en un procedimiento de dictamen conforme, es decir, el Parlamento tiene que aprobarlo para que la decisión sea obligatoria y, concretamente en este caso, el Parlamento ha dado ejemplo de rapidez, porque la carta del Consejo, pidiendo el dictamen conforme, está fechada el 8 de enero, con lo cual mañana, 12 de febrero, un mes y cinco días después, el Parlamento dará su conformidad. En este aspecto, creo que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido ejemplar, porque se adelantó a la petición, de forma que ya en octubre habíamos designado al Sr. Gil-Robles para que, cuando llegara la propuesta del Consejo, pudiéramos aprobarla rápidamente. Creo que es un buen caso de aplicación, casi , de acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones.
Desde el punto de vista del contenido, el Sr. Ortuondo ha señalado la insuficiencia de los medios. Si estamos hablando, por ejemplo en el caso del , de 5 000 millones de euros, estamos hablando solo de la quinta parte de la cantidad necesaria para cubrir los daños, y por eso el Sr. Ortuondo insistía en la necesidad de un fondo complementario europeo.
Pero yo querría referirme a otros aspectos más jurídicos. En primer lugar, la competencia en esta materia, desde el punto de vista del Derecho comunitario, no es de los Estados miembros, sino de la Unión en su conjunto. La fórmula arbitrada es una fórmula inteligente: la firma por los Estados en interés de la Comunidad.
Esperamos que se pueda modificar el sistema jurídico para que la Comunidad Europea, en cuanto tal, sea miembro efectivo para evitar situaciones como la actual, en la que determinados Estados, como Austria y Luxemburgo, no quedarán vinculados hasta el año 2005. Y hay otra situación bastante peculiar: Dinamarca no está vinculada por esta decisión y da la casualidad de que es uno de los Estados más expuestos a este tipo de accidentes, por la tremenda extensión de sus estrechos. Me pregunto si el pueblo danés es consciente de que, a consecuencia de este , los daños causados en Dinamarca por este tipo de incidentes no estarán cubiertos.
Me da la impresión de que, a partir de ahora, aunque la Comisión ha actuado con la mayor celeridad y eficacia, sería conveniente que impulsara un avance en este sentido. No se trata de un convenio firmado por los Estados en interés de la Comunidad, sino de un convenio firmado por la Unión Europea en interés de toda la Unión Europea: la defensa de una soberanía nacional no beneficia a los ciudadanos de la Unión Europea, que es lo que nos preocupa.
Sería una lección fundamental de este tipo de acuerdos. No podemos seguir operando con instrumentos pretéritos, de épocas anteriores, en las que los Estados actuaban en defensa del interés nacional, cuando nos encontramos ante un interés colectivo, como es el de la preservación del medio ambiente en todo el ámbito de la Unión Europea.
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, a mediados de 2001 debatimos el informe Esclopé relativo a la conveniencia de aumentar el límite por daños en caso de catástrofes marítimas con contaminación por hidrocarburos. La posición común del Consejo se ha retrasado mucho. Sin embargo, la Organización Marítima Internacional ha decidido elevar el límite de los fondos existentes a 750 000 Derechos Especiales de Giro y situar el límite virtualmente en 1 000 millones de euros, por lo que se abordaba así la cuestión que esta Cámara había planteado en el informe Esclopé. Por lo tanto, quiero felicitar a los Estados miembros que pertenecen a la Organización Marítima Internacional (OMI) por esta decisión. Hace justicia a la realidad y da garantías de un acuerdo financiero suficiente en el caso de la contaminación por hidrocarburos. Ello no quita méritos de ningún modo al hecho de que prevenir es mejor que curar. Espero que esta elaboración del reglamento en materia de responsabilidad sea alentador en este sentido. Por consiguiente, el informe de nuestro ex Presidente cuenta con mi pleno apoyo. 
Miguélez Ramos (PSE ).
    Señor Presidente, el Protocolo FIPOL que hoy debatimos, destinado a aumentar los medios financieros disponibles para indemnizar a las víctimas de vertidos, es otro de esos dossieres que yo le digo a la Comisaria de Palacio que no tienen nada que ver con el Prestige.
De hecho, sería un sarcasmo recordarles a las víctimas de esta catástrofe que, porque no habíamos hecho los deberes -Europa en su conjunto-, solamente van a ser indemnizados en un 15% del perjuicio sufrido, porque el fondo destinado a ello solo dispone de 170 millones de euros y porque, desgraciadamente, este incremento que hoy debatimos no tiene carácter retroactivo.
A raíz del accidente del -y hablamos de noviembre de 1999-, se puso de manifiesto la precariedad del sistema indemnizatorio ante este tipo de catástrofes, tanto a nivel internacional como europeo, en el que, sencillamente, estos mecanismos no estaban previstos.
La OMI había decidido, mucho antes de que el se fuera al fondo, aumentar hasta 600 millones de euros la cantidad destinada por el FIPOL para indemnizar a las víctimas y, por su parte, la Comisaria había propuesto, en el año 2000, la creación de un fondo europeo complementario, COPE, con un límite de mil millones de euros. La propuesta recibió el respaldo del Parlamento Europeo, pero fue rechazada por el Consejo, que optó por negociar en la OMI.
Y aunque finalmente la OMI instituyó el nuevo fondo, e incluso lo aproximó a la cantidad mágica de los famosos mil millones, esta cantidad jamás podrá garantizar la indemnización, ni completa ni rápida, de las víctimas de futuros vertidos de hidrocarburos, y ello por dos razones. La primera la mencionó el Sr. Ortuondo Larrea: más de un año después de la catástrofe estamos lejos de poder evaluar sus consecuencias en toda su intensidad, no solo porque el buque, con al menos 15.000 toneladas, sigue en el fondo del Atlántico a 3.000 metros de profundidad, sino porque el fuel sigue llegando a nuestras costas. La segunda: que los informes, cada vez más independientes y más numerosos, cifran los daños causados en una cantidad nunca inferior a los cinco mil millones de euros.
Los límites máximos de indemnización no pueden garantizar una protección adecuada a las víctimas potenciales de una marea negra de gran amplitud; solamente lo puede hacer la responsabilidad ilimitada, que incluya los daños colectivos. Poner un tope a los daños no es racional y, sobre todo, es lanzar una señal perversa a los potenciales contaminadores.
Teniendo en cuenta que solo los Estados soberanos -como aquí se ha dicho- pueden ser Partes del Protocolo, la Comisión nos propone pedir a los Estados miembros que lo firmen o lo ratifiquen -en frase benevolente del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, al que felicito por su trabajo como ponente- en cuanto sea posible y, si puede ser, antes de julio de 2004. Quizás, señor Gil-Robles Gil-Delgado, nos tendremos que poner de rodillas porque, desde el pasado mes de mayo hasta ahora, solo dos Estados lo han ratificado y se necesita un mínimo de ocho ratificaciones para que pueda entrar en vigor.
Además, pienso que será necesario desarrollar los convenios para ampliar el círculo de responsables, que debería abarcar -ya lo hemos dicho muchas veces- a todos los agentes de la cadena del transporte.
Koukiadis (PSE ).
   Señor Presidente, ha habido un acuerdo unánime sobre la recomendación del Sr. Robles por parte de los miembros de la comisión, y es por ello que le animamos a que siga adelante.
El sistema de responsabilidad con arreglo a los dos convenios internacionales es un sistema múltiple. Además de responsabilidad subjetiva, que no funciona en la práctica, tenemos la responsabilidad objetiva del armador, con una indemnización máxima de 72 millones de euros, y la responsabilidad adicional del fondo en caso de que el armador no pueda pagar o se supere la suma anteriormente citada, que se ha modificado de 92 a 250 millones de euros. Los daños extensivos tras los accidentes del y del demostraron la insuficiencia de la indemnización prevista.
Por lo tanto, en diciembre de 2000 se hicieron esfuerzos, a raíz de una propuesta de la Comisión, para establecer un fondo europeo adicional por daños en aguas europeas. Esta responsabilidad también será complementaria, puesto que la obligación de pagar una indemnización se aplicará si no existe una indemnización con cargo a los fondos. Aunque el Parlamento Europeo aprobó esta propuesta, el Consejo la rechazó.
Gracias a una agradable coincidencia, sabemos que en mayo de 2003 se adoptó el protocolo para el establecimiento del Fondo Internacional de Indemnización, en que se fija una indemnización máxima de 1 000 millones de euros. Se trata de nuevo de un fondo complementario. Dado que no se han adoptado normas comunitarias para regular la cuestión de la indemnización por daños de vertidos de hidrocarburos, la Decisión del Consejo de suscribir el protocolo tiene que ser visto por todos nosotros como una acción especialmente positiva. Por este motivo el Parlamento Europeo, sin reservas, tiene que expresar su conformidad, con el apartado 3 del artículo 200 del Tratado como base jurídica. Hay que observar que existe una jurisdicción exclusiva sobre asuntos regulados por el protocolo para el fondo complementario.
En todo caso, no se entra en conflicto con el Reglamento 44/2001 sobre jurisdicción y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, puesto que el protocolo se basa en el régimen vigente del Convenio de 1992. Se aclara que no se trata de una adhesión de la propia Unión Europea, sino de la autorización a los Estados miembros para que ratifiquen el protocolo. El ponente señala acertadamente que debe efectuarse lo más rápidamente posible, incluso antes de junio de este año. Esperamos que en futuras negociaciones exista la posibilidad de que la Comunidad sea una parte contratante del protocolo. Hoy no existe ninguna disposición que lo permita. 
De Palacio,
   . Señor Presidente, Señorías, quiero señalar que desde la Comisión hemos instado a los Estados de la Unión a que ratificaran cuanto antes el Protocolo, pero, lamentablemente, no lo han hecho todavía.
Coincido plenamente con el Sr. Medina en que la Comisión debe ser la titular en la Organización Marítima Internacional, al menos para los ámbitos en los que hemos ejercido las competencias comunitarias. El problema es que, como bien sabe su Señoría, no hemos podido ingresar en ese organismo, porque, entre otras cosas, el mandato lo tiene encima de su mesa desde hace ya un cierto tiempo el Consejo. Es una propuesta que formulé hace ya casi dos años y, lamentablemente, las distintas presidencias que ha habido durante este tiempo han estado muy ocupadas con otras cuestiones. Eso es cierto, pero creo que también deberían haber prestado atención a este punto, lo que no han hecho.
En resumen, el entusiasmo del Consejo para avanzar respecto a la presencia comunitaria en el ámbito de la Organización Marítima Internacional no es generalizado.
Pasa lo mismo, por cierto, con otro organismo como es la Organización Civil Internacional, pero coincido plenamente en que esa es la orientación adecuada, sobre todo cuando -como en este caso- las competencias en este ámbito se han ejercido durante los últimos cuatro años, cosa que antes no se había hecho. Las competencias que ahora ha asumido la Comunidad son notablemente más importantes y, por lo tanto, esta debe poder defenderlas también en el ámbito internacional.
A la señora Miguélez le diría que, como muy bien sabe, hice una propuesta en el sentido de la responsabilidad penal, entre otras cosas, porque a menudo hay un problema de negligencia dolosa, y no solo en los casos como el del o el donde, si lo hay o no, corresponde a los jueces decirlo, sino en casos en los que se están limpiando las sentinas sin ningún escrúpulo, limpiando los tanques sin ningún escrúpulo en alta mar, lo que supone, normalmente, el 90% de los vertidos que se producen en nuestras costas; es verdad que se producen más diluidos, más extendidos en el tiempo y en el espacio y por eso, se concentran menos, pero el impacto es absolutamente desastroso y devastador y, como saben sus Señorías, he propuesto que se combata este problema.
Antes se hablaba -creo que era el Sr. Ortuondo Larrea- de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, de la certificación de unos sistemas para controlar precisamente la cuestión de las sentinas y de los vaciados de tanques y demás, para poder luchar contra este tipo de actuaciones. Yo creo, como saben sus Señorías, que hemos de actuar en todos los frentes: hay que actuar con la Agencia de Seguridad Marítima, con el control de las autoridades portuarias, con las instalaciones que -recuerden- aprobamos aquí, instalaciones en los puertos que faciliten que los barcos puedan descargar y puedan hacer ahí las limpiezas de sentinas y otro tipo de aguas sucias-, y todo eso -no crean que lo olvidamos- utilizando las últimas tecnologías, desde la fotografia por satélite a todo tipo de sistemas y de medios posibles para controlar los sistemas instalados en los propios buques y en las zonas de salida para controlar cuándo salen y si se ha producido o no la limpieza.
Creo que hay que actuar en todos los frentes porque la contaminación marítima es algo que no podemos tolerar. El mar no es solo de todos los europeos, sino de toda la humanidad, y tenemos la responsabilidad de conservarlo para las futuras generaciones.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, Señorías, y gracias especialmente al Sr. Gil Robles por la celeridad con que ha preparado este informe.
Presidente
   .– El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
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