Afrontar la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados (debate) 
Presidente
. - De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
la declaración de la Comisión - Afrontar la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y
el informe de Caroline Lucas, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados.
Stavros Dimas
miembro de la Comisión. - (EL) Señor Presidente, a escala mundial, aproximadamente un 20 % de las emisiones de gases de efecto invernado puede achacarse a la deforestación. En consecuencia, desde el punto de vista del cambio climático, abordar la deforestación constituye una prioridad considerable. Al mismo tiempo, abordar la deforestación contribuye al logro de otros objetivos importantes, como erradicar la pobreza e invertir la pérdida de biodiversidad, que es otra de las grandes amenazas medioambientales que sufre nuestro planeta.
Actualmente, la deforestación se ha convertido en una cuestión fundamental en las negociaciones internacionales, tanto en lo referido a cambio climático como a biodiversidad. Con vistas a promover una política para abordar esta cuestión, la Comisión Europea emitió una comunicación en octubre de 2008, que el Consejo adoptó íntegramente el pasado diciembre. Esta comunicación se refiere a la deforestación y al deterioro de los bosques en los países en desarrollo y propone, entre otras cosas, el desarrollo de un mecanismo de financiación con vistas a proporcionar incentivos para la conservación de los bosques existentes.
Esta propuesta ya está siendo debatida y considerada en el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático que se encuentran actualmente en curso. En su comunicación, la Comisión reconoce asimismo que varias políticas europeas, a escala interior e internacional, pueden repercutir indirectamente sobre los recursos forestales mundiales. Como tal, la Comisión ha realizado compromisos específicos diseñados para reforzar la cohesión de las políticas europeas.
Entre las medidas propuestas se incluye:
una evaluación de impacto sobre el consumo de bienes importados en la Unión Europea que pueden contribuir a la deforestación.
la continuación del procedimiento para la revisión de la cohesión de nuestra política de desarrollo, que es necesaria para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Estos compromisos también se aplicarán a través de la política sobre consumo y producción sostenibles de la Comisión Europea. El objetivo de esta política es estimular el crecimiento y la demanda de bienes y servicios sostenibles, incluida la madera y sus productos derivados procedentes de bosques en los que se aplican métodos de gestión sostenible.
Permítanme que me refiera ahora a uno de los principales factores que generan la deforestación: la tala ilegal. Con gran frecuencia, la tala ilegal es el primer paso hacia la explotación general de los bosques naturales. Por tanto, abordar la tala ilegal y mejorar la gestión forestal en general constituyen medidas esenciales si queremos que los esfuerzos para limitar la deforestación y el deterioro de los bosques tengan éxito. De acuerdo con el Plan de Acción de 2003 sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales, la Comisión propuso una serie de medidas para abordar el problema de la tala ilegal y el comercio asociado con esta práctica.
El elemento fundamental de este plan de acción era la conclusión de acuerdos de asociación voluntaria con terceros países productores de madera. Creemos que estos acuerdos pueden ayudar a abordar las causas básicas de la tala ilegal. No obstante, al mismo tiempo la Comisión ha reconocido que estos acuerdos por sí solos podrían no bastar para abordar el problema, y en consecuencia, es necesario explorar otras posibilidades.
Basándose en los resultados de la evaluación de impacto, la Comisión presentó el pasado año una propuesta política basada en el "principio de diligencia debida". De acuerdo con la propuesta de reglamento, los operadores deben minimizar el riesgo de colocar en el mercado madera y productos asociados procedentes de la tala ilegal mostrando la debida diligencia al colocarlos en el mercado de la Unión Europea, recabando información sobre la procedencia y la legalidad de los productos en cuestión.
Quiero hacer extensivo mi especial agradecimiento a la ponente, la señora Lucas, a los ponentes alternativos y al ponente de opinión, el señor Ford, por su trabajo excepcionalmente diligente. La Comisión ha examinado las enmiendas que el Parlamento Europeo ha propuesto con respecto a su borrador de reglamento, y quiero comentarlas brevemente:
La enmienda que prohíbe el comercio de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales es muy importante. Esta prohibición fue incluida entre las opciones que examinó la Comisión al elaborar su propuesta. Sin embargo, aunque este enfoque es muy atractivo a primera vista, presenta importantes dificultades prácticas y políticas. Ese es precisamente el motivo por el que aprobamos una propuesta basada en el principio de diligencia debida. Esta propuesta logrará el mejor equilibrio posible entre una estrategia eficaz con respecto a las prácticas ilegales, la posibilidad de aplicar estas medidas sin obstaculizar innecesariamente a los operadores y, por último, su compatibilidad con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Las enmiendas que exigen que todos los operadores pongan en práctica la diligencia debida en todos los niveles de la cadena de aprovisionamiento no parecen seguir el principio de proporcionalidad. Si la legalidad de la madera se comprueba cuando se coloca por primera vez en el mercado, no debería ser necesario que los controles continuaran en todos los niveles posteriores de la cadena de aprovisionamiento.
También quiero comentar la enmienda del Parlamento que propone una definición más amplia del concepto de "madera legal". Esta definición constituye el epicentro de la propuesta, y sin duda será un asunto a debatir con el Consejo. La Comisión examinará detenidamente las consecuencias de la aprobación de una definición más amplia.
Con respecto a las enmiendas relativas al reconocimiento de las autoridades de supervisión y control, creemos que, al convertir a los Estados miembros en los responsables del reconocimiento de dichas autoridades, nuestra propuesta inicial se ajusta mejor al principio de subsidiariedad.
Los motivos por los que se propuso la creación de un grupo asesor son absolutamente comprensibles. La Comisión siempre ha estado dispuesta a consultar a los interlocutores implicados, como subrayó, además, en su declaración de motivos. Sin embargo, a pesar de que la Comisión posee el derecho de iniciativa para crear estos grupos consultivos, no es necesario incluir esa disposición en el reglamento.
Por último, también entendemos por qué se ha propuesto normalizar la aplicación de la ley en los Estados miembros. Sin embargo, por nuestra parte, consideramos que, por principio, las enmiendas en cuestión deben estar en consonancia con el principio de subsidiariedad.
Con esto finaliza mi declaración, y voy a seguir el resto del debate con interés.
Caroline Lucas
ponente - Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi alivio porque, finalmente, tenemos ante nosotros una propuesta de legislación que aborda el problema de la tala ilegal. El Parlamento lleva mucho tiempo esperando esta propuesta, y agradezco sinceramente a mis colegas sus persistentes esfuerzos para hacerla avanzar. Asimismo, quiero dar las gracias a mis colegas por su excelente cooperación para posibilitar la votación de mañana; los ponentes alternativos y todo el personal han eliminado todos los obstáculos para que pudiéramos completar la primera lectura del Parlamento en el menor espacio de tiempo posible, para poder estar en situación de lograr un acuerdo en primera lectura y evitar así cualquier retraso adicional.
Lamentablemente, sin embargo, el lentísimo ritmo al que progresa el Consejo anula esta idea. Así, parece que tendremos que contentarnos con concluir este trabajo en otoño, tras el acuerdo político del Consejo en junio, y ello resulta muy decepcionante, tanto para mí misma como para muchos colegas que se han esforzado enormemente. Si el Consejo hubiera estado presente, me gustaría haberles pedido esta tarde que garantizasen que harán todo lo que esté en su mano para lograr una postura común antes del verano, porque esta situación es extremadamente urgente.
La tala ilegal constituye un problema muy grave contra el que la UE ha alzado la voz durante años, aunque al mismo tiempo ha seguido siendo uno de los mercados más grandes del mundo para la madera y los productos derivados procedentes de la tala ilegal. Se estima que entre un 20 y un 40 % de la producción industrial mundial de madera procede de fuentes ilegales, y hasta un 20 % de esta se introduce en la UE. Ello reduce los precios de la madera, agota los recursos naturales, disminuye la recaudación fiscal e incrementa el nivel de pobreza de los pueblos que dependen de los bosques. Los efectos a más largo plazo son todavía más graves, como ha indicado el Comisario Dimas, ya que la deforestación, a la que contribuye considerablemente la tala ilegal, supone aproximadamente una quinta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Con la conferencia de Copenhague sobre el clima ya en el horizonte, es todavía más importante que la UE ponga en marcha acciones creíbles contra las talas ilegales. Pero las acciones creíbles implican una legislación efectiva y vinculante. Aunque los acuerdos de asociación voluntaria concebidos al amparo del Plan de Acción 2003 sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales pueden generar cambios positivos, hasta la fecha solo se ha firmado uno y, en la medida en que su alcance no es universal, los riesgos de blanqueo de dinero y transgresión son demasiado elevados.
La buena noticia es que por fin tenemos legislación comunitaria al respecto; la mala noticia es que la propuesta de la Comisión es muy débil y necesitará mejoras exhaustivas para ser significativa y efectiva.
A pesar de las buenas palabras del Comisario Dimas sobre la importancia de abordar las talas ilegales, la propuesta de la Comisión no es suficiente en su formulación actual. El preámbulo de la propuesta declara que "las normas poco rigurosas que se aplican para impedir el comercio de madera procedente de la tala ilegal" están en la base de la persistencia de las talas ilegales, pero me temo que lo que la Comisión ha presentado no cambiará esta situación. Sencillamente, la propuesta de la Comisión en su formulación actual no logrará nuestro objetivo de garantizar que la UE deje de ser un mercado para la madera talada ilegalmente.
La laguna más flagrante de la propuesta es que, de hecho, no prohíbe la importación y venta de madera talada ilegalmente, por perverso que pueda sonar. Únicamente exige que los operadores situados en un determinado nivel de la cadena de aprovisionamiento pongan en marcha un sistema de diligencia debida, mientras que el resto de partes están exentas de cualquier obligación relativa a la legalidad de la madera o de los productos derivados con los que comercian.
Esto contrasta de manera muy clara con la revisión de la Ley Lacey de Estados Unidos, promulgada en mayo de 2008, que postula una prohibición explícita de la importación y venta de madera talada ilegalmente, sin que exista motivo alguno que impida que la UE pueda emular esta norma. Por tanto, mientras mi informe recoge la sugerencia de la Comisión en el sentido de que solo los operadores que colocan madera y productos derivados por primera vez en el mercado de la UE deben poner en marcha un sistema completo de diligencia debida -puesto que ellos son claramente los actores con una mayor influencia-, también deja claro que todos los operadores del mercado comparten la responsabilidad de comerciar exclusivamente con madera procedente de fuentes legales, y que no hacerlo puede constituir un delito.
Quiero decirle al Comisario Dimas que realmente creo que nuestras propuestas complementan la diligencia debida: la hacen más eficaz, la hacen operativa y no entran en conflicto con las normas de la OMC. Si los Estados Unidos pueden hacerlo, nosotros debemos hacerlo, y este es el motivo por el que el Parlamento pretende modificar esta propuesta.
Péter Olajos
Como portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, considero que los dos elementos que estamos analizando revisten la misma importancia: la declaración de la Comisión y el informe de la señora Lucas. Desde nuestro punto de vista, ambos textos son muy necesarios para frenar la deforestación, la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad. Actualmente, casi 13 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de Grecia, desaparecen cada año. Asimismo, casi un 20 % de las emisiones de dióxido de carbono a escala internacional pueden atribuirse a la deforestación, lo cual supera el total de emisiones de gases de efecto invernadero de toda la Unión Europea. La deforestación contribuye de manera significativa a la pérdida de biodiversidad y a la extinción de determinadas especies, por no mencionar el deterioro del ecosistema terrestre. Por tanto, no cabe duda de que debemos actuar ahora. Esto significa que la Unión Europea debe asumir el liderazgo en la formulación de una respuesta política mundial.
Dejando al margen los bosques tropicales, creo que es particularmente importante frenar la deforestación en Europa Central y del Este y elaborar un conjunto de criterios estrictos de sostenibilidad para la madera y los productos derivados. La madera y otras formas de biomasa utilizadas en la producción de energías renovables exigen la contratación pública ecológica y los criterios de sostenibilidad. Parte de los ingresos procedentes de las subastas derivadas de las reducciones de las emisiones de dióxido de carbono deben ser destinados a frenar la deforestación. Acojo con satisfacción la aspiración expresada en el informe de la señora Lucas orientada a reforzar los controles y crear un sistema de sanciones eficaz. Por último, creo que es especialmente importante crear organismos de control e imponer sanciones financieras que reflejen una compensación adecuada al daño medioambiental.
Riitta Myller
Señor Presidente, el informe sobre la prohibición de las talas ilegales, que fue aprobado por una amplia mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, es equilibrado. Aunque resulta suficientemente ambicioso en lo referente a la prohibición de las talas ilegales y la importación y comercio de productos procedentes de estas talas, no genera burocracia adicional para los operadores que ahora se comportan de manera irreprochable.
Controlar las talas ilegales es de vital importancia, puesto que constituyen una de las causas principales de la deforestación mundial, que, a su vez, genera un 20 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y es el motivo principal de la pérdida de biodiversidad. Al margen de los problemas medioambientales, las talas ilegales perjudican la competitividad de los operadores legales en el sector forestal y generan enormes pérdidas de ingresos para los países.
Quisiera expresar mi agradecimiento más sincero a la ponente, la señora Lucas, por su trabajo, gracias al cual mañana podremos votar una propuesta básica positiva.
Magor Imre Csibi
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, a juzgar por el tiempo reservado para este debate, se podría pensar que el parlamento concede escasa importancia a salvar los bosques. Esto alivia la decepción que se genera al descubrir el tímido enfoque de la Comisión con respecto al tratamiento de las talas ilegales, pero lo que me ha resultado más decepcionante es el repetido argumento de que no debemos castigar las buenas intenciones de los operadores comunitarios para resolver un problema exterior.
Resolver un problema implica crear conciencia sobre ese problema, y ya va siendo hora de que reconozcamos que algunas regiones europeas -como la mía- deben afrontar una deforestación galopante. El reglamento sobre talas ilegales no pretende castigar ni obstaculizar el comercio, sino controlarlo mejor. Es cierto que las propuestas de la Comisión no eran totalmente transparentes sobre el modo en que el sistema debería funcionar en la práctica.
Me complace que el Parlamento Europeo consiguiera reforzar y aclarar la propuesta incluyendo todos los productos derivados de la madera y exigiendo que todos los operadores pongan en práctica algún tipo de diligencia debida, introduciendo una nueva línea de referencia para las sanciones financieras y proporcionando criterios inequívocos para un sistema de control creíble e independiente. Ahora nuestro desafío consiste en lograr la adopción y la aplicación de ese sistema lo antes posible. Necesitamos trasladar a los consumidores la garantía de que no están contribuyendo a la degradación medioambiental al comprar accidentalmente productos procedentes de talas ilegales.
Stavros Dimas
miembro de la Comisión. - Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los oradores que han intervenido en el debate de esta tarde por sus constructivas contribuciones. Es importante remarcar que abordar la deforestación mundial y la degradación forestal es un asunto complejo. Su resolución requiere voluntad política real y medidas relacionadas con la demanda.
Debemos recordar que los patrones de deforestación tropical son el resultado de la interacción de una serie de factores distintos cuya importancia varía en función de la ubicación. La cubierta forestal no solo se ve afectada por las políticas forestales, sino también por otras políticas como la política fiscal, la propiedad del suelo y los derechos.
En la Unión Europea entendemos que trabajar por la coherencia de nuestras políticas debe ir de la mano del apoyo a los países en sus esfuerzos por reforzar las instituciones nacionales y locales y avanzar hacia una gobernanza y un uso de los recursos forestales eficaces. Quiero dar las gracias de nuevo a la señora Lucas, al señor Ford y a los ponentes alternativos por su excelente trabajo. Estoy convencido de que el Parlamento, a la vez que apoya el enfoque de la Comisión, quiere reforzarlo todavía más y las enmiendas que ha realizado van en esta dirección.
Permítanme asegurarles que comparto plenamente el objetivo del Parlamento de crear un reglamento ambicioso para abordar las talas ilegales y el comercio asociado. También quiero asegurarles que la Comisión considerará detenidamente las enmiendas a la propuesta de reglamento.
Para concluir, quiero detenerme a comentar dos de las cuestiones que se han abordado esta tarde. En primer lugar, me gustaría referirme al enfoque de la diligencia debida, que es más exhaustivo que un mero certificado de legalidad. El principio de diligencia debida refleja la obligación legal de tener un comportamiento proactivo en relación a un marco legal determinado y debe demostrarse mediante medidas exhaustivas que aseguren razonablemente el cumplimiento legal.
En algunos casos, el certificado de legalidad será únicamente el punto de inicio, la primera medida contemplada en el procedimiento de diligencia debida. Cuando la evaluación de riesgos indique que el país de origen presenta un mayor riesgo de corrupción administrativa, o en países en los que el cumplimiento de las leyes nacionales es reducido, se necesitan garantías adicionales para dar solidez al certificado de legalidad.
La otra cuestión que quiero abordar es la propuesta de ampliación del ámbito para incluir a los operadores que actúan en los mercados posteriores. De conformidad con los principios de mejor regulación y reducción de las cargas administrativas, parece excesivo obligar a los distribuidores y comerciantes a exigir pruebas de la diligencia debida en los mercados de procedencia. Si la madera fue objeto de controles de diligencia debida cuando se colocó por primera vez en el mercado, ¿por qué cargar innecesariamente a los operadores adicionales?
En resumen, de las 75 enmiendas propuestas, la Comisión puede apoyar total, parcialmente, o en principio, 37. Facilitaré a la Secretaría del Parlamento una lista detallando la postura de la Comisión sobre las enmiendas.
Caroline Lucas
ponente. - Señor Presidente, quiero expresar mi enorme agradecimiento a mis colegas y al Comisario Dimas por sus comentarios.
Una primera observación importante que quiero realizar es que se ha puesto especial dedicación en no reinventar la rueda en nuestras enmiendas. He aprendido, tras numerosas reuniones con representantes de la industria y otros interlocutores, que muchos países, y también muchas compañías, ya cuentan con sistemas excelentes que podrían satisfacer casi todos los requisitos, si no todos, de un sistema de diligencia debida.
Por tanto, tiene sentido que todo el trabajo realizado para poner en marcha estos sistemas no se desaproveche y que no creemos cargas administrativas adicionales innecesarias; esto no es, en absoluto, nuestra intención.
Así, hemos prestado gran atención y hemos seguido la recomendación de incluir textos que permitan a los sistemas existentes que funcionan ajustarse al reglamento sin necesidad de crear de cero nuevas estructuras.
Así que hemos tenido muy en cuenta el mensaje de que no debemos ser desproporcionados, no debemos generar demasiadas cargas para los actores del sistema comercial, y eso es exactamente lo que nuestro informe pretende: garantizar que todos los interlocutores del sistema comercial tengan cierta dosis de responsabilidad, que no la depositemos toda en aquellos que colocan los productos por primera vez en el mercado. Eso es lo que parece desproporcionado. Creo que es mucho más sensato que todos desempeñen un papel.
También quiero añadir que muchos elementos de nuestras propuestas están respaldados por la industria. Resulta bastante irónico que, en muchos sentidos, la industria parece ser mucho más ambiciosa en este ámbito que la propia Comisión.
He recibido información directamente de la industria describiendo cuánto agradecerían no solo que el informe de la Comisión de Medio Ambiente les aclarase mejor lo que se espera de ellos, sino también un sistema que distribuya la responsabilidad de manera más justa y eficaz entre los distintos eslabones de la cadena de suministro que acabo de describir.
Por lo que respecta a los operadores europeos, quiero dejar muy claro que el reglamento, tal como lo hemos modificado, no haría sino beneficiar a los operadores europeos responsables, dado que la gran mayoría de ellos ya hacen casi todo lo que se pide, y la existencia del reglamento impedirá que se vean perjudicados por la competencia desleal de otros operadores menos escrupulosos.
Por ello, debemos ser muy claros en el sentido de que no hay nada en este informe que pueda hacer más difícil la vida de los operadores europeos. También hemos previsto medidas especiales para los operadores más pequeños, así que nos hemos tomado muy en serio el riesgo de resultar desproporcionados; creo que hemos abordado esta cuestión con mucha prudencia en el informe que tienen ante ustedes.
Después de escuchar una vez más, señor Comisario, sus comentarios sobre el informe de la Comisión de Medio Ambiente, me temo que mantengo mi punto de vista en el sentido de que la propuesta de la Comisión, en su formulación actual, es débil y decepcionante, y sencillamente no logrará lo que dice pretender. No consigo entender cómo se puede contar con legislación cuyo fin es impedir la venta de madera talada ilegalmente que no haga de esta actividad un delito. El modo en que está redactada la totalidad de la propuesta de la Comisión es muy errático y tímido.
Creo que la mayoría de los consumidores europeos experimentarían un profundo shock al saber que la UE no cuenta todavía con legislación contra las talas ilegales, y sospecho que todos aquellos que concluyeron, en respuesta a la consulta de la propia Comisión, que la legislación era el único modo de abordar realmente el problema no considerarían que las propuestas particulares de la Comisión, el sistema de diligencia debida por sí mismo, pudieran ser suficientes para poder abordar el problema al que nos enfrentamos.
Voy a concluir mis comentarios esta tarde intentando -quizás por mediación de usted, señor Comisario- presionar de algún modo al Consejo para que acelere su trabajo, porque realmente queremos asegurarnos de que el Consejo contará con una posición común antes del verano, para que podamos avanzar rápidamente con este tema durante el otoño.
Como he afirmado anteriormente, esperábamos conseguir un acuerdo en primera lectura. El Parlamento hizo todo lo que pudo para que eso fuera posible. Francamente, es muy decepcionante que el Consejo no haya actuado con la misma seriedad y rapidez, pero espero poder pedirle una vez más, señor Comisario, que haga usted todo lo posible para asegurarse de que el Consejo avanza rápidamente con este tema.
Presidente
Se cierra el debate conjunto.
Se ha presentado una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
La votación de la propuesta de resolución tendrá lugar el jueves, 23 de abril de 2009.
La votación del informe de la señora Lucas tendrá lugar el miércoles, 22 de abril de 2009.
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Véronique Mathieu  
por escrito. - (FR) Sin duda, combatir el comercio de madera talada ilegalmente debe ser una prioridad, dadas las consecuencias que esta actividad tiene para los ecosistemas y la situación de competencia injusta a que somete a los operadores "legales" en el sector forestal, maderero y papelero.
Sin embargo, si imponemos restricciones desproporcionadas a los operadores que colocan madera en el mercado -especialmente en relación con la trazabilidad-, haremos que nuestras empresas pierdan competitividad sin que de ello se deriven reducciones en las talas ilegales, cuyos productos se redirigirán a otros mercados. De hecho, sería poco realista pensar que una legislación europea muy exigente podría solucionar por sí sola los problemas ligados a la corrupción o el déficit público, que a menudo se dan en los países que practican esta actividad ilegal.
De manera similar, creo que este informe cuestiona en exceso la propuesta inicial de la Comisión, que resulta aceptable para los operadores. Por ello, no creo que sea adecuado cuestionar el sistema de certificaciones que aplican los profesionales, excluyendo a las organizaciones profesionales y los organismos de control financiados por los operadores del sector, o eliminar a las autoridades nacionales responsables de diseñar los organismos de control. Considero que los profesionales del sector deben ocupar un lugar central en el sistema y que no deberían imponérseles cargas administrativas onerosas.
