Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Hallam
Señora Presidenta, me referiré al Acta y en particular a la enmienda 5 del informe Lindholm. El Acta dice que me abstuve de votar en esa votación. Lo cierto es que tenía la intención de votar a favor pero mis dedos decidieron otra cosa y el resultado es que no pude hacer lo que quería. Le ruego, pues, que se indique que voté a favor de esa enmienda.

El Presidente
Así se hará, Señoría.

van Velzen, W.G.
Señora Presidenta, se trata del punto 7, la ONP, y el servicio universal de telecomunicaciones. Ayer realizamos una votación muy difícil y comprendo que de vez en cuando se cometan algunos errores pequeños, pero quisiera que se efectuara una corrección. Concretamente dice que votamos tres veces sobre la supresión del término «exclusivamente». Ahora resulta que en el Acta consta correctamente, pero en el documento de promulgación de la directiva se han equivocado tres veces; así pues, quisiera preguntarle si puede usted corregirlo con ayuda de sus servicios. El Acta es excelente, pero en el documento de promulgación hay errores. Si pudiera ser, por lo demás es correcto.

El Presidente
He entendido bien, Sr. van Velzen, y lo corregiremos.

Posselt
Señora Presidenta, no me refiero directamente a una cuestión de orden sino al acta literal de la sesión del miércoles. Allí figura correctamente una respuesta insuficiente del Consejo a una pregunta adicional planteada por mi sobre el colega Sjöstedt y más adelante una intervención mía para una cuestión de orden, lo que también es correcto. Pero la pregunta que yo planteé ha desaparecido misteriosamente y ha sido sustituida por otra pregunta que planteé el año pasado a la Presidencia irlandesa del Consejo.
Solamente quiero indicar que de modo misterioso partes del acta literal del período parcial de sesiones de diciembre han aparecido de nuevo en el acta literal del período parcial de sesiones de febrero, concretamente el miércoles.

El Presidente
Haremos lo necesario para que de todas formas eso se restablezca.
¿Hay otras observaciones?
(El Acta queda aprobada)

Votaciones
Eriksson
He votado en contra del informe del Sr. Mcgowan sobre la complementariedad entre la política comunitaria de cooperación al desarrollo y las políticas de los Estados miembros.
Soy una ardiente partidaria de que se refuerce la ayuda al desarrollo, pero pienso que debe mantenerse a un nivel nacional en su mayor parte. Parece, además, que el principal objetivo del informe es reforzar la política europea de seguridad y cooperación (PESC), además de «contribuir a que la Unión disponga de una identidad exterior», como figura en el texto de la resolución.
Soy de Suecia, que es neutral, y pienso que mi país puede jugar un papel mucho más significativo en el mundo como nación progresista independiente que adaptándose a una PESC, que en la práctica está dirigida por una gran potencia.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Hemos votado afirmativamente sobre el informe porque apoyamos la intención de coordinar la ayuda de la UE al desarrollo, y la de evitar que se solapen los trabajos. Pero somos totalmente contrarios a cualquier modalidad de armonización total de las ayudas al desarrollo entre los países de la UE. Pensamos que es importante que los Estados miembros de la UE sigan llevando una política independiente en torno al desarrollo, conservando su línea característica.

Van der Waal
En el Tratado de Maastricht se establece que la política de desarrollo de la Unión Europea ha de ser complementaria respecto de la política de los Estados miembros. Pero para lograr esta complementariedad es necesaria una coordinación entre la Unión y los Estados miembros. Sin embargo, en la práctica se logra relativamente poco. Este defecto se atribuye con razón a la falta de voluntad política en los Estados miembros.
Desgraciadamente, el informe pasa por alto que esta falta de voluntad es consecuencia de las diferencias de orientación de los Estados miembros. Para algunos, la política de desarrollo está al servicio del comercio, para otros forma parte de la política exterior y la defensa de los intereses políticos. Me refiero a la actuación francesa en África. Tal diversidad de objetivos no es fácil de coordinar. Tampoco espero mucho de las medidas propuestas en el informe McGowan.
Esto es lamentable en la medida en que la cooperación al desarrollo se resentirá de ello. Pero a falta de una unidad política europea, me parece más eficaz aprovechar al máximo las posibilidades de coordinación, aceptando la realidad política existente, que aspirar al alto ideal de una política de desarrollo coordinada de la Unión.
En la exposición de motivos de su informe, el Sr. MacGowan dice que la opinión pública en los Países Bajos acepta que un porcentaje relativamente alto del PNB se dedique a la ayuda al desarrollo, precisamente porque esta ayuda otorga una etiqueta nacional a los Países Bajos. En efecto, pero este apoyo no es probable para una política europea. Por ello es preciso que la ayuda al desarrollo dentro de la Unión se coordine siempre que sea posible, pero que siga siendo principalmente una política nacional. Sobre todo porque no se trata del prestigio político que la Unión cree tener que ganarse en el mundo sobre la base del presupuesto dedicado a la cooperación al desarrollo, sino del efecto máximo para los países en vías de desarrollo. Por estas razones tenemos nuestras reservas con el informe McGowan.
Informe del Sr. Fassa (A4-0021/97)
Eriksson
He votado en contra del informe Fassa sobre la ayuda humanitaria de la UE.
Estoy a favor del desarrollo de la ayuda humanitaria, pero no puedo votar en favor del informe porque defiende enérgicamente un reforzamiento de la política exterior y de seguridad común, además de un mayor acercamiento entre la UE y la UEO.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Respaldamos las intenciones de coordinar y hacer más eficaces las ayudas al desarrollo de la UE. Pero no apoyamos las fórmulas que no vienen al caso en este contexto, consistentes en «fortalecer la política exterior común de la Unión», ni tampoco la invitación al Consejo para que refuerce la cooperación con la UEO. Pensamos que la UE debe ser una organización civil y que debería suprimirse la UEO.

Lindqvist
No existe ningún motivo para que la UE, en colaboración con la UEO, establezca unas unidades militares responsables de las operaciones de «mantenimiento de la paz». Hay que rechazar esta propuesta.

Liquidación de cuentas del FEOGA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe interino (A4-0043/97) del Sr. Mulder en nombre de la Comisión de Control Presupuestario (C(96)0417 - C4-0259/96) sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la liquidación de cuentas del FEOGA - garantía 1992

Mulder
Señora Presidenta, desde hace años tenemos una política agrícola europea. En el transcurso de los años ha habido muchas críticas a esta política agrícola. Señora Presidenta, una cosa ha de quedar clara. Si hay reglamentos, hay que cumplirlos, y si se incurre en gastos, estos han de ser conformes con las reglas. En este Parlamento han surgido con los años serias dudas sobre la ejecución de estas reglas financieras. De ahí que el 17 de marzo de 1995, este Parlamento aprobara una resolución en que se afirmaba que a partir de entonces tendrían que aprobarse por separado los gastos agrícolas del Fondo de Garantía Europeo para la agricultura. También el Tribunal de Cuentas anunció que cada año se publicaría un informe especial sobre dichos gastos.
En abril del año pasado, el Parlamento se pronunció por primera vez sobre este procedimiento, y las conclusiones formuladas por aquel entonces siguen siendo interesantes. En primer lugar, la resolución del año pasado llevó a la conclusión de que los servicios de personal que tenían que llevar a cabo el control, no tenían suficiente personal. En la resolución del año pasado se pedía contratar a quince personas más. Un año más tarde podemos constatar que sólo se ha contratado a tres. El segundo punto importante de la resolución del año pasado es que si han de aplicarse correcciones financieras, estas habrán de aplicarse exclusivamente a los méritos técnicos, y no pueden desempeñar papel alguno en las decisiones políticas. Un año más tarde, y gracias al informe del Tribunal de Cuentas, podemos constatar que la Comisión no ha cumplido esta condición.
Si examinamos los gastos de 1992, vemos que de la pauta total de gastos, de cerca de 30 millardos de ecus, 800 millones tuvieron que ser reclamados. Además, en segundo lugar, la Comisión ha otorgado a algunos países ciertos favores que según el Tribunal de Cuentas no estaban justificados. En primer lugar, quiero mencionar el caso del almacenamiento de carne de vacuno en Irlanda. Ha sido un caso curioso. Los servicios de control de la DG VI constataron que algo había salido mal e hicieron una corrección del 5 %. A continuación, el controlador financiero de la Comisión dice que es demasiado poco, que se han cometido errores graves, que tiene que ser un 10 %. Luego la DG VI se suma a esta opinión y vuelve a decir: en efecto, tiene que ser el 10 %; Irlanda protesta, pero la Comisión -los servicios técnicos- se mantiene firme, pero ¿qué hace la Comisión Europea como órgano político? Ignora el dictamen de los servicios técnicos y decide aplicar el 5 %. Pérdidas para el presupuesto de la Comunidad: cerca de 30 millones de ecus. En el caso de Grecia, con el apoyo de la producción de algodón podemos hacer comentarios parecidos. Pérdidas para el presupuesto añadiendo el algodón: cerca de 30 millones de ecus. En todos estos casos, la respuesta de la Comisión a las críticas del Tribunal de Cuentas era que se concedía el beneficio de la duda a los Estados miembros.
No estamos de acuerdo con ello, señora Presidenta. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar: la falta de personal no puede esgrimirse para justificar un control insuficiente. La inversión en personal devolverá más tarde con creces el dinero. En segundo lugar: una corrección de -a la postre- 930 millones de ecus, y según el Tribunal de Cuentas seguramente mucho más, es de todos modos demasiado elevada, es más del 5 % del presupuesto agrícola, y tendrá que controlarse mediante una mayor vigilancia o una normativa mejor. Y en tercer lugar: es inadmisible que la Comisión Europea exonere del cumplimiento de los preceptos reduciendo las correcciones financieras para un determinado año, a pesar de que no se constataran mejoras en este año presupuestario.
Además, a nuestro entender, cabe cuestionar si la corrección financiera máxima del 10 % es suficiente. Pedimos una corrección financiera adicional del 25 %. El año pasado, el Parlamento otorgó a la Comisión Europea el beneficio de la duda. Este año no lo haremos. Aplazamos la aprobación de los gastos agrícolas de 1992 hasta que se hayan cumplido las condiciones que he formulado. Tendremos que encargarnos de que en el futuro los gastos agrícolas estén en orden y que los Estados miembros, tanto el público como los propios Estados miembros, no tengan la impresión de que la Comisión no lo ejecutará de forma correcta en el futuro.

Wynn
Señora Presidenta, si estuviéramos hablando de la liquidación de las cuentas de 1995 podríamos decir que había algo podrido en el Estado de Dinamarca, y se hubiera podido creer que nos estábamos refiriendo al queso feta. Ahora bien, no nos estamos refiriendo a las cuentas de 1995 sino a las de 1992, y muy bien podemos decir que hay algo equivocado en el Estado de Irlanda y en otros Estados miembros, si nos fijamos en la liquidación de las cuentas.
El Sr. Mulder ha trabajado con mucho empeño en este informe y la Comisión de Control Presupuestario no lo ha tomado a la ligera. Hay aspectos inquietantes en la forma en que se ha tratado a los recursos agrícolas, y lo cierto es que cuando llegamos a la liquidación de las cuentas siempre parecemos tropezar con problemas. El Tribunal de Cuentas, en su informe, ha destacado esos problemas de forma muy sucinta, y si no fijamos en los dos casos que ha mencionado el Sr. Mulder, el problema del ganado vacuno en Irlanda y el problema del algodón en Grecia, no hay duda de que hay muchos motivos de intranquilidad.
Tengo la impresión de que esto es como una subasta neerlandesa -y eso que nunca he asistido a una subasta neerlandesa- pero ésa es la forma en que decidimos lo que hay que devolver y lo que no hay que devolver a la Comunidad. Esto explica la presentación de la propuesta del 25 %. Se diría que el comentario es siempre el mismo: »Bueno, quizá haya habido algunas irregularidades, es posible que haya habido algún fraude que otro, pero no tenemos por qué devolver todo el dinero».
La inquietud de la Comisión de Control Presupuestario es precisamente el hecho de que nunca estamos seguros de lo que la Comunidad va a pedir que se le devuelva, ni de lo que va a hacer la Comisión para recuperar el dinero que se ha abonado indebidamente.
En los párrafos 8 y 9 de la exposición de motivos del informe del Sr. Mulder se mencionan dos cuestiones de importancia. El Sr. Mulder dice lo siguiente: »Se tiene la impresión, por consiguiente, en este caso (el caso de la carne de vacuno irlandesa), de que la Comisión cedió en último término a la presión política y al tomar su decisión ya no se planteó la cuestión de a cuánto habían ascendido los daños ocasionados al presupuesto comunitario. Así, no sólo aceptó las pérdidas del presupuesto comunitario, sino que además desautorizó el trabajo realizado por sus propios servicios. Posiblemente, la Comisión tenga que aguantar además que se la acuse de haber tratado de manera diferente a los Estados miembros. En efecto, las rectificaciones referentes a Francia e Italia en relación con el almacenamiento de carne de vacuno no se corrigieron a la baja...». Éste es un caso sumamente inquietante y cuando vemos que no se han reclamado los 100 millones de ecus de Grecia, no podemos sino preocuparnos mucho.
En el párrafo 20 de la exposición de motivos, el Sr. Mulder dice: »En resumen, se trata de pérdidas de más de 1.000 millones de ecus para el presupuesto comunitario, que se produjeron a principios de la década de 1990 y que se están liquidando ahora, y aún así sólo en parte». Teníamos depositadas grandes esperanzas en el procedimiento de arbitraje. Confiábamos en que el procedimiento de arbitraje comenzara a aclarar las cuestiones, para que todo resultara más fácil. Confiamos en que no hubiera Estados miembros que tuvieran que recurrir al Tribunal de Justicia, pero vemos ahora que Irlanda, que había salido bastante bien parada en el caso de la carne de vacuno, ha recurrido ante el Tribunal de Justicia contra la decisión de la Comisión sobre la liquidación de cuentas, y la verdad es que no hay muchos motivos para sentirse optimista.
Creo que la parte más significativa del informe del Sr. Mulder es cuando al final del texto se pregunta: »... hay que formular también otra pregunta: ¿son tal vez las rectificaciones propuestas por la Comisión demasiado pequeñas para compensar los daños ocasionados al presupuesto comunitario?» He aquí una pregunta a la que la Comisión no tiene más remedio que contestar.
En cuanto a las dos recomendaciones que se hacen acerca del aplazamiento de la aprobación de la gestión, diré que espero que la Comisión no crea que el Parlamento está tratando de engañarla, fijando en diciembre la cifra total de la dotación de personal en los diferentes departamentos y volviendo sobre el particular en marzo para recomendar algo diferente. Se trata de dos propuestas diferentes, hechas en dos momentos diferentes. Estoy seguro de que el Parlamento y la Comisión sabrán convenir en cuál es la mejor solución.

McCartin
Señora Presidenta, en nombre de mi grupo quisiera dar gracias al Sr. Mulder por su informe y decirle que mi grupo lo acepta y que justiprecia debidamente su empeño, su sinceridad y su lealtad.
No hace falta decir que nuestra principal obligación, como diputados del Parlamento, es velar por que no haya fraudes, y hemos de reconocer que entre los Estados miembros hay una tendencia natural a ser menos cuidadosos cuando se trata de recursos de la Comunidad que cuando se trata de sus propios ingresos directos; esto es perfectamente comprensible.
El ponente habla de 800 millones de ecus. Esta cifra puede horripilar al hombre de la calle, pero, por otra parte, representa el 2, 5 % de los gastos agrícolas. Desde este punto de vista, la cosa es diferente. Hemos de reconocer también que no se trata de dinero que se ha perdido, sino de dinero que quizá se haya perdido. Ésta es la diferencia esencial de que estamos hablando. Sabemos que una parte de ese dinero se ha perdido, y otra parte no sabemos dónde ha ido a parar pero, si lo supiéramos, quizá pudiéramos recuperarlo.
Tengo también una reserva personal acerca de esa rectificación del 25 %. Tenemos multas del 2 %, del 5 % y del 10 % cuando los Estados miembros son culpables de negligencia o han cometido un fallo que puede traducirse en la pérdida de ingresos comunitarios. Si perdemos el 25 % de los ingresos de la Comunidad, entonces no hay duda alguna de que algo funciona fundamentalmente mal, en primer lugar en el caso de la Comisión, pero también en el caso de las administraciones nacionales. Si se produce una pérdida o una dilapidación de esa cuantía, lo que hay que hacer es cancelar por completo el plan. No puedo aceptar que la Comisión esté tan ciega que deje plantearse una y otra vez situaciones en las que pueda suceder semejante cosa.
Puedo simpatizar hasta cierto punto con la cuestión que ha planteado Jan Mulder acerca de la decisión de la Comisión relativa a Irlanda. Quisiera destacar -y lo hago también para beneficio de Terry Wynn- que en la situación de Irlanda no se ha podido identificar pérdida alguna. Ha sido un caso de mala administración que puede haberse traducido en pérdidas. Si hubiera habido pérdidas y se hubiera demostrado que alguien había cometido fraude, entonces se hubiera perseguido al culpable y se hubiera recuperado el dinero. No ha sido eso lo que ha sucedido: ha sido falta de cuidado, que quizá se haya traducido en una pérdida de recursos comunitarios.
Los servicios de la Comisión -los servicios del Sr. Fischler- propusieron que para 1991 podían reducir o aplazar la mitad de la multa del 10 % y que si en Irlanda se rectificaba la situación -lo que, naturalmente, se hizo- entonces podría darse por olvidada la cosa después de dos años. Dicho con otras palabras, la decisión de la Comisión no afectaba para nada a los recursos de la Comunidad.
Lo que hizo la Comisión fue adoptar una decisión muy neta que suscitó una enorme publicidad entre los medios de información y que hizo creer al Parlamento que en el caso de Irlanda se había hecho una importante concesión cuando, en realidad, no hubo concesión de ningún tipo. También hizo creer al público que un culpable puede librarse de la justicia mediante manipulaciones políticas. Lo cierto es que todo fue un ejercicio de relaciones públicas para la Comisión, y lo lamento porque no benefició en absoluto a la situación de Irlanda en materia de ingresos.
Por último, quisiera decir que reconozco que hemos de ser firmes en la defensa de nuestros intereses porque la política agrícola común ha quedado desprestigiada, pero lo cierto es que los fraudes no ocurren solamente en la Comunidad en relación con la agricultura. En una noticia que tuve ocasión de escuchar, la BBC citaba a un ministro británico que decía que si pudiera acabar con el fraude en el régimen de bienestar social de Gran Bretaña ahorraría cada año 6.000 millones de libras. En todos los casos en que hay una administración pública en el plano local o nacional, hay fraude. No sucede solamente en nuestro caso, pero eso no es razón para que no seamos firmes.

Santini
Señora Presidenta, nos encontramos ante uno de esos casos en que el común ciudadano europeo corre el riesgo de no entender en absoluto lo que estamos diciendo, mejor dicho, corre el riesgo de entenderlo mal, de tener una idea algo confusa de nuestra forma de gestionar la administración comunitaria. Por consiguiente, el desorden administrativo y el desorden burocrático se traducen -según lo que estamos viendoen pérdidas con cargo al presupuesto comunitario ocasionadas por mecanismos en los que abundan anticipos pagados en exceso u otros giros contables.
En estos momentos, nos estamos ocupando de las carnes de vacuno en Irlanda y de las ayudas a la producción de algodón en Grecia, aunque los ejemplos podrían ser muchos más. En materia de gastos agrícolas quizás ha llegado la hora de simplificar. En repetidas ocasiones, usted, señor Comisario, en la Comisión de Agricultura, se refirió a la necesidad de actualizar y simplificar la PAC y, creo, también el sistema administrativo. Sin embargo, ha llegado el momento de la implicación global y constante de los Estados miembros. Y esto para evitar que se tenga que buscar a posteriori, como quizás estamos haciendo con este informe, los errores debidos a interpretaciones inexactas o arbitrarias. Además, ahora nuestro ponente, el Sr. Mudler, que felicito por su meticuloso trabajo, nos dice que disponemos de los elementos para censurar a la Comisión, culpable de haber cedido ante las presiones políticas de los Estados miembros y de haber gestionado de forma caótica, y es lo mínimo que puede decirse, los propios servicios internos.
Creo que no se trata sólo de un problema de la Comisión de Control Presupuestario, sino de un problema que afecta indirectamente también a otras competencias. No cabe duda de que el cometido de la Comisión de Control Presupuestario es indicar los sistemas para recuperar de forma correcta lo que los Estados miembros han substraído indebida y, esperamos, involuntariamente.
Debemos asimismo recordar que el 80 % de las financiaciones comunitarias se atribuye a la discrecionalidad de los Estados miembros en lo que respecta al reparto. En consecuencia, no debe hacerse una guerra de religión entre Estado y Estado, entre Comisión y Consejo, sino que hace falta y es indispensable un mínimo de flexibilidad para evitar escollos burocráticos excesivamente rígidos. De cualquier modo, en mi opinión, hay que llevar a cabo continuas revisiones y comprobaciones para tener la seguridad de que estas interpretaciones son acertadas y para que al final no tenga que ser la Comisión quien pague.
Me extraña que, junto con los malos ejemplos de Grecia e Irlanda, esta vez no figure Italia. Creo que estas disfunciones burocrático-administrativas internas de la Unión Europea acaban reflejándose en el exterior a través del caos administrativo y de gestión, y en definitiva recaen sobre los ciudadanos europeos.
Señor Comisario, mientras hablamos, en Italia, una vez más y en este preciso momento, los campesinos y los ganaderos que producen leche están haciendo frente a la policía a fin de limitar los daños de las famosas cuotas y de las excedencias de las que son víctimas, más que culpables. Ésta también es una consecuencia de la deficiente información administrativa y de la deficiente gestión interna.

Van der Waal
Señora Presidenta, las devoluciones obligatorias de anticipos del fondo de garantía agrícola son con regularidad motivo de debate entre la Comisión y los Estados miembros. En sí, esto no tiene nada de malo. Pero ha de limitarse a la cuestión de si la Comisión ha valorado correctamente los importes pagados injustificadamente. El informe Mulder demuestra que por desgracia la Comisión se ha dejado llevar por otros criterios.
Una declaración de intenciones por parte de la administración irlandesa sobre la mejora del sistema de control fue suficiente para que la Comisión disminuyera la corrección acordada de 1991 para el almacenamiento de la carne de vacuno irlandesa del 10 al 5 %. Además, se hizo caso omiso del dictamen del controlador financiero, que señalaba que los déficits constatados no daban motivo alguno para reducir la multa. Este procedimiento es inaceptable. La Comisión no tiene por qué recompensar a los Estados miembros por sus promesas. El cumplimiento de los preceptos comunitarios ha de ser algo natural.
Además, el informe Mulder demuestra que la Comisión no es coherente en la aplicación de sanciones. En 1991, en Francia e Italia se constataron el mismo tipo de infracciones que en Irlanda. Estos Estados miembros no protestaron y tuvieron que pagar íntegramente la multa del 10 %.
Teniendo en cuenta el uso indebido que ha hecho la Comisión de la aprobación de las cuentas, apoyo al ponente para que se aplace la decisión. Primero habrá que determinar con claridad que sólo los daños sufridos por la Comunidad son decisivos al fijar la cuantía de las correcciones acordadas. En este sentido es preciso agudizar los criterios para las correcciones acordadas.
Señora Presidenta, la envergadura de las correcciones financieras totales -que en 1992 ascienden a 800 millones de ecus- indica que algo falla en la aplicación de la normativa comunitaria. No es únicamente un problema financiero, sino que además es muy perjudicial para el prestigio del sector agrícola y la Unión. Por ello estoy de acuerdo con el ponente en que es preciso ampliar el servicio de aprobación de cuentas para aumentar la fiabilidad de las correcciones financieras. Ello no quita que una gestión financiera adecuada es sobre todo responsabilidad de los Estados miembros y no es posible sin la cooperación de las instituciones de control nacionales.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, el diputado Mulder ha presentado hoy un informe muy ponderado en el que analiza en cierta manera a fondo los problemas a los que se ve confrontada la Comisión cuando adopta una decisión sobre la liquidación de cuentas presentadas por los Estados miembros. La Comisión tiene que recuperar de los Estados miembros los gastos que no se han empleado claramente conforme al derecho comunitario. Pero, Señorías, tales situaciones unívocas, lamentablemente, son excepcionales.
En la mayoría de los casos, la Comisión tiene que enjuiciar el riesgo que surge para el Fondo de Compensación y de Garantía debido a un cumplimiento insuficiente de las normas, en especial las relativas a la eficacia de los controles realizados por los Estados miembros sobre las solicitudes de ayuda. En consecuencia, a veces tiene que rechazar una parte de los gastos en una proporción adecuada al riesgo. El montante del importe a rechazar se pondera muy concienzudamente en base a directrices determinadas, teniendo plenamente en cuenta los argumentos de los Estados miembros y tras escuchar a un gremio de personalidades de alto rango e independientes.
El hecho de que la Comisión efectue recuperaciones, supone para los Estados miembros un importante estímulo para controlar los fondos presupuestarios de acuerdo con las normas. En muchos casos, mejoran sus controles tan pronto como los interventores de la Comisión les llaman la atención sobre defectos. Cuando ha ocurrido esto, en caso de duda la Comisión siempre ha decidido a favor de aquellos a la hora de fijar el tipo de corrección. Pues uno de los objetivos más importantes de la Comisión es la motivación de los Estados miembros, mejorar continuamente sus sistemas de control y no penalizar.
Señorías, en lo que se refiere a la reducción de la corrección para Irlanda del 10 al 5 %, quiero decir lo siguiente: los interventores comprobaron que en Irlanda, en los años 1990 y 1991 se habían cometido graves fallos en el control de la compra de carne de vacuno para intervención; en consecuencia, propusieron para ambos años una corrección global del 10 %. Irlanda, al igual que el órgano de conciliación, eran de la opinión de que en 1991 mejoraron los controles, por lo que el riesgo de pérdidas para este año era menor. Pero los interventores no quedaron convencidos de la eficacia de dichas mejoras pues las compras de intervención a partir del año 1993 se paralizaron hasta que tuviese lugar la decisión sobre el cierre de cuentas. No se produjo ninguna. Por ello, el interventor financiero no pudo dar su asentimiento a una reducción de la corrección. La Comisión decidió a continuación a favor del Estado miembro como se hace siempre en los casos de duda como he mencionado antes. No obstante, puedo decir que entretanto se han realizado intervenciones y en octubre/noviembre de 1996 los controles han sido muy satisfactorios para la Comisión.
Respecto a la segunda cuestión, la situación del algodón en Grecia: esta corrección extraordinariamente elevada del 25 % representa la máxima pérdida posible para el presupuesto de la Comunidad. En el marco de las medidas para la mejora de los procedimientos de control, las autoridades griegas han llevado a cabo controles ex-post en la plantas desgranadoras revelándose que las pérdidas reales muy probablemente no eran superiores al 10 %. Antes estas circunstancias, no podíamos mantener la corrección del 25 %.
En relación con las declaraciones que se han hecho antes en el sentido de que las correcciones ascienden a más de 800 millones de ecus, de lo que se deduce que los créditos FEOGA han sido mal administrados, hay que indicar que no es una magnitud demasiado elevada si se consideran todos los créditos y que 415 millones de ecus, es decir, más de la mitad de la totalidad, se refieren a un único caso, la no recaudación de la tasa de corresponsabilidad para la leche en Italia y en España. Si se considera este importe en si, el importe restante corresponde al 1, 3 % de los gastos del Fondo de Garantía. Creo que de ello no se puede deducir que los créditos hayan sido mal administrados.
La Comisión está dispuesta a revisar sus directrices para la determinación de las correcciones en el sentido exigido por el Parlamento, para destacar y precisar de un modo aún más intenso los principios que ella ya sigue de facto. Esta revisión estará concluida antes de que finalice junio y en ese mes informaremos también al Parlamento sobre los resultados. Sin embargo, las correcciones de un 25 % deben realizarse solamente tras una ponderación muy concienzuda porque los fundamentos jurídicos de la Comisión raramente permiten corregir más de las posibles pérdidas ocasionadas realmente al presupuesto de la Comunidad. Además, no en todos los casos en los que la Comisión exige unos controles mejores, se pueden realizar automáticamente correcciones sino solamente si no se ha respetado una norma jurídica de la Comunidad. Sin embargo, la Comisión considera deseable aumentar el número de interventores y se va a esforzar en encontrar los puestos recomendados por el Parlamento. Pero les ruego que piensen que el personal necesario para esta actividad tan especializada raramente se puede reclutar mediante traslados internos y que el número de nuevos puestos está estrictamente limitado. Ante este trasfondo, espero su apoyo para lograr este objetivo.
Quiero expresar mis felicitaciones en especial al Sr. diputado Wynn por sus declaraciones y para finalizar también quiero agradecer de nuevo al Sr. Mulder y a la Asamblea por el constructivo informe.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar ahora.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, nuestro Grupo votará a favor del informe del Sr. Mulder.
En efecto, estamos de acuerdo con sus conclusiones, según las cuales la aprobación que debe darse a la Comisión relativa a la liquidación de cuentas del FEOGA 1992 se aplazará y estará subordinada a ciertas consideraciones.
Estamos de acuerdo también con el análisis que se hace en el informe del Sr. Mulder, especialmente en lo que se refiere a las dos decisiones de la Comisión que motivan este aplazamiento. Por último, estamos de acuerdo con las conclusiones a las que llega. No debe pedirse ninguna revisión, incluso si resulta difícil de aceptar vistas las pérdidas importantes experimentadas por el presupuesto comunitario, que ascienden a cerca de mil millones de ecus.
La Comisión debe enmendar su procedimiento de liquidación de cuentas de tal manera que una referencia a una eventual mejora de los controles ya no pueda llevar, en lo adelante, a una reducción retroactiva de las correcciones globales. Estamos de acuerdo también con la solicitud de corrección global del 25 %.
Quisiera hacer hincapié, aprovechando esta votación, la diferencia en relación con las aprobaciones de 1992 a la Comisión y de 1993 sobre el presupuesto del Parlamento. Deseo que el aplazamiento de la aprobación que se somete a votación no lleve a una decisión contraria y realmente surta efecto, que la aprobación sea rechazada mientras no se cumplan las demandas del Parlamento. En todo caso, esto es lo que tratará de conseguir el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, con el fin de que, de conformidad con lo que siempre se ha apoyado, las importantes cuantías del presupuesto comunitario se afecten de conformidad con las normas legales y que pueda haber un control real de los diputados europeos, con vistas a preservar el interés de los ciudadanos de las diferentes naciones de Europa.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Cónyuges colaboradores de los trabajadores independientes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al informe de la Sra. Lulling (A4-005/97) en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores independientes.

Lulling
Señora Presidenta, las personas que se ocupan de fijar nuestro orden del día siguen demasiado a menudo una particular escala de valores y prioridades por razones que nuestra razón desconoce.
Así, el informe que tengo el honor de presentar en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, informe que afecta, al menos, a diez millones de mujeres que trabajan como cónyuges colaboradores en la Unión Europea, quizás incluso el doble, ha sido relegado a esta rala sesión del viernes por la mañana. Es verdad que hemos sufrido la competencia de las vacas locas, cuyo número también se ignora en la Unión Europea. También es verdad que la triste suerte de millones de mujeres que en calidad de cónyuges colaboradores trabajan en las empresas de su marido, sin estatuto, sin seguridad social independiente, desprovistas en caso de divorcio, sin derecho al patrimonio al que ellas han contribuido, no emociona tanto como las vacas locas a nuestros compañeros que presentaron esta semana una moción de censura contra la Comisión.
Estamos en 1997. La Comisión presentó en septiembre de 1994 un informe sobre la decepcionante puesta en práctica de la directiva de 1986 relativa a la aplicación del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidos los cónyuges colaboradores. Esta directiva no provocó nuestro entusiasmo ya que su contenido puede ser calificado de «descafeinado» en relación con la propuesta inicial de la Comisión, pero que tenía el mérito de existir, y no quisiera negar que se han hecho progresos en algunos Estados miembros, pero, más de diez años después de la aprobación de la directiva, los cónyuges participantes en la actividad de los autónomos siguen siendo, en su gran mayoría, rechazados, trabajadores invisibles. Como el informe sobre la aplicación de la directiva -establecido por la Comisión con un retraso de por lo menos tres años- no se presenta el Parlamento, la Comisión de los Derechos de la Mujer tuvo que redactar un informe de iniciativa sobre estas trabajadoras invisibles y discriminadas que son las mujeres que trabajan en calidad de cónyuges colaboradoras en millones de empresas familiares, en la agricultura, las PYME, la artesanía y el comercio, pero también colaborando con cónyuges que ejercen una profesión liberal.
Pensé que no servía de nada lamentarse sobre el pasado y sobre el hecho, manifiesto, de que la directiva de 1986 fracasó tristemente en su objetivo y que era preciso mirar hacia al futuro, es decir hacer propuestas concretas para dar fuerza a la directiva «descafeinada» de 1986, propuesta susceptible de remediar a la situación precaria que padecen las mujeres que trabajan como cónyuges colaboradores, especialmente en caso de divorcio o deceso del marido.
No ignoramos, ¡subsidariedad obliga! -que la directiva modificada que deseamos no puede sino fijar el marco en el que los Estados miembros deberán actuar para realizar objetivos que quisiera resumir así: queremos para los cónyuges colaboradores un estatuto jurídico que les permita elegir entre los estatutos de cónyuge asalariado, cónyuge asociado o cónyuge colaborador, queremos que los cónyuges colaboradores se afilien obligatoriamente a un régimen de seguridad social y que se cubran los riesgos de enfermedad, invalidez, accidente y vejez. Recomendamos incentivos fiscales, es decir la inclusión, en los gastos de explotación de la empresa, la remuneración efectivamente asignada al cónyuge con la doble condición, claro está, de que se trate de una remuneración normal por los servicios debidamente prestados y que sean abonados todas las deducciones y cotizaciones legalmente obligatorias.
Asimismo, creemos que es preciso tomar medidas para que las mujeres que en calidad de cónyuges colaboradores han trabajado numerosos años en la empresa familiar ya no se vean desfavorecidas en materia de herencia y sucesión. Por último, queremos que se reserve una representación adecuada a los cónyuges colaboradores en las organizaciones profesionales y las cámaras profesionales de los sectores correspondientes.
En mi país, en lo que se refiere, por ejemplo, al seguro de invalidez-vejez, la afiliación obligatoria de los cónyuges colaboradores está prevista desde 1988, pero con posibilidad de dispensa. La realidad es que a causa de esta dispensa -demasiado fácil de obtener- de 2.000 empresas artesanales donde es evidente que los cónyuges participan activamente en la actividad, sólo 164 están afiliadas a este título. La situación es igualmente desastrosa en el comercio y las profesiones liberales. ¿Por qué? Falta de información, miedo al coste de las cotizaciones - aunque éstas puedan deducirse fiscalmente- o, sencillamente, descuido o falta de interés.
Los legisladores que quisiéramos ser deberíamos saber que, a menudo, hay que favorecer a los ciudadanos a pesar de ellos, sobre todo en el caso en el que tienden a retroceder ante los gastos.
Es por ello que también propusimos el registro obligatorio de los cónyuges colaboradores para que ya no sigan siendo trabajadores invisibles. Me han señalado que en el Reino Unido, esta reivindicación había sido especialmente puesta de relieve por cierta prensa para hacer una vez más campaña contra Europa. Me gustaría que fuera así, ya que al menos, se pondría sobre aviso a la opinión pública y sabría que nuestro Parlamento se ocupa de estos trabajadores invisibles.
Sé que la Comisión está organizando mesas redondas con las organizaciones interesadas con miras a debatir las necesidades de los cónyuges colaboradores. Tuve la posibilidad de asistir a la primera de estas mesas redondas. Si se sigue por esta vía y la Comisión saca las conclusiones que se imponen de estas mesas redondas y de nuestro informe, puedo prometerle, en lo que a mi se refiere, que no correrá el riesgo de una moción de censura. En caso contrario, no vería una mejor razón -en todo caso no una mejor que la que nos ha ocupado esta semana- para censurar una Comisión que ignorara la suerte de decenas de millones de ciudadanos de nuestra Unión.

Gröner
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, quiero felicitar a la ponente, quien se ha esforzado por presentar un informe equilibrado y sobre el que ha habido una gran unanimidad en la Comisión de Derechos de la Mujer. Como se ha dicho, la gran mayoría de los cónyuges colaboradores de los trabajadores independientes son mujeres, quienes trabajan junto con sus maridos en la agricultura, la artesanía y el comercio así como en las profesiones libres. La mayoría de las mujeres participan en esta actividad sin que se les reconozca formalmente su situación jurídica aunue muchas de ellas desempeñan un papel tan importante como el de sus maridos, sobre todo en la dirección de las explotaciones agrícolas.
Sin embargo, es muy difícil saber las cifras aproximadas de los cónyuges que están en esta situación y el hecho de que no se hayan determinado unos criterios exactos lo dificulta aún más. Algunos están en una situación de pleno empleo y figuran como trabajadores normalmente dados de alta e inscritos en la seguridad social como todos los demás trabajadores. Otros no están registrados de ninguna manera, lo que en caso de divorcio o de separación de la pareja ocasiona considerables dificultades y ante todo deja sin protección a las mujeres, sin ningún tipo de seguridad social. Otros son copropietarios de la empresa, es decir, hay toda una serie de diferentes posibilidades.
La directiva de 1986 pretendía solucionar esta situación, pero su orientación no es precisa y las formulaciones imprecisas dificultan encontrar un status común. A ello se suma la vacilante aplicación en los Estados miembros. Estos se niegan a transferir competencias a la Unión. Se producen situaciones de bloqueo. Nos encontramos ante la gran dificultad de que ni siquiera el Protocolo sobre la política social es parte de Tratado. Por ello, es esencial exigir que la igualdad de oportunidades se incluya en el Tratado de la Unión Europea y que constituya un pilar importante para las mujeres y los derechos cívicos en la Unión.
Pero como los Estados miembros están poco propensos a hacer algo al respecto, en el Parlamento Europeo tenemos que ejercer presión para lograr que la situación de estas mujeres mejore. ¿Dónde podemos hacerlo? El informe indica que el registro obligatorio de las mujeres es un asunto que no debe quedar en suspenso. Debemos hacer presión para que se registre a todas las mujeres y puedan ser miembros del seguro legal de enfermedad y de pensiones y que se produzcan avances en este campo.
Quiero decir que ante el umbral del siglo XXI no podemos asignar a la familia un papel proveniente del siglo XIX que contempla el matrimonio como una institución de amparo para las mujeres cuando tenemos unos índices de divorcio superiores al 30 %. Las mujeres no deben seguir siendo las abejas obreras en las empresas familiares, que trabajan sin queja hasta el agotamiento bajo la doble carga de la profesión y de las casa, sin ningún tipo de status ni de derechos.
Por ello, necesitamos un seguro de enfermedad y de pensiones propio así como una representación profesional propia para estas mujeres, tienen que existir posibilidades de perfeccionamiento profesional y creo que ante las puertas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, esta es una exigencia que debe apoyar plenamente el Parlamento. Les ruego su voto afirmativo al informe.

Flemming
Señora Presidenta, Señorías, el debate sobre las esposas colaboradoras de los trabajadores independientes comenzó en Austria hace unos 30 años. Hoy la situación jurídica es la siguiente: el cónyuge puede ser empleado de un modo totalmente normal como asalariado por lo que está incluido en el seguro de enfermedad, de accidentes y de pensiones. Si la actividad consiste solamente en una ayuda interna, puede que no surja una relación laboral pero sí se puede asegurar en el seguro de enfermedad. Si el matrimonio se divorcia, según el art. 81 de la Ley de Matrimonio se produce una división de los bienes y ahorros matrimoniales. La mujer solamente tiene que haber realizado realmente su aportación. Según el apartado 2 de artículo 83 de la Ley del Matrimonio, esta aportación consiste en «la dirección de la economía doméstica común, el cuidado y educación de los hijos comunes y en cualquier ayuda matrimonial de otro tipo». Esta puede ser una buena sugerencia.
En lo tocante a las agricultoras, en 1989 se introdujo en Austria el pago separado de las pensiones. La agricultora puede exigir que se le pague a ella directamente el 50 % de la pensión incluso en contra del deseo del marido.
Desde 1992 existe una pensión propia para las agricultoras. Desde el 1 de julio de 1990, las agricultoras perciben tras el nacimiento de un niño un dinero de carencia durante un año y medio. También se paga el subsidio de maternidad durante el tiempo legal de protección de la maternidad -en Austria son cuatro semanas antes y cuatro semanas después del parto- y se basa en un seguro propio.
A partir del 1 de enero de 1993, las mujeres que pasan a la situación de retiro perciben un suplemento por cada niño y se computa el tiempo dedicado a la educación de los niños para la propia pensión.
Señorías, creo que deberíamos proseguir el debate. Estoy dispuesta a poner a disposición de todos ustedes la documentación sobre estas posibilidades jurídicas. No mantenemos aquí un debate sobre deseos fantásticos sino que esto es una realidad y un derecho ya existentes en un Estado miembro de la Unión Europea.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, estoy plenamente de acuerdo con la Sra. Lulling. El hecho de que este informe se examine un viernes en el pleno de Estrasburgo, dice mucho sobre la falta de interés por esta cuestión. Por otra parte, refleja bien la situación de las cónyuges colaboradoras hasta hoy.
La indicación que suele constar en los registros públicos en relación con las cónyuges colaboradoras es «sin profesión», »madre» o «ama de casa». Para la seguridad social, son sobre todo grandes desconocidas. Sin embargo, en realidad son una fuerza imprescindible para sus esposos. Por ello, el Grupo de los Liberales se complace de que la Comisión nos presente por fin su propuesta para modificar la directiva existente. La cónyuge colaboradora merece más que el reconocimiento de su esposo y su familia. Circunstancias como el divorcio, el fallecimiento o la invalidez del marido pueden poner fin de modo inesperado a este reconocimiento y suponer el principio de mucha miseria.
Ahora el informe. Lo que considero sobre todo importante es, en primer lugar, que optamos por un sistema obligatorio de registro y afiliación a un seguro. Después de todo, el sistema francés nos enseñó que con un sistema voluntario no se logra la reacción esperada. En segundo lugar, es necesario que el estatuto legal, aunque obligatorio, sea también suficientemente flexible, sobre todo en lo referente al cálculo de las contribuciones. Si dificultamos demasiado la obtención de un estatuto, nos arriesgamos a crear inconscientemente una categoría de cónyuges colaboradoras clandestinas. Esta no puede ser nuestra intención. Asimismo apoyo las propuestas de la ponente de aumentar la sensibilidad y alentar con incentivos fiscales a los implicados a que afilien a sus cónyuges.
Lamento tener que constatar que, en esta cuestión, el Gobierno belga va en dirección contraria y precisamente ahora da marcha atrás. A partir del 1 de enero del presente año, ya no permite que los trabajadores independientes pongan parte de sus ingresos a nombre de su cónyuge y por tanto elimina este incentivo fiscal. De ahora en adelante, el cónyuge colaborador sólo puede inscribirse como trabajador o hacerse empresario, pero esto es imposible para muchas profesiones liberales dada la deontología de la profesión liberal y la legislación en materia de sociedades. Es decir, que no hay ni rastro de flexibilidad. Pero esperemos que la nueva legislación europea ofrezca nuevas ideas al Gobierno belga, pues ahora, con lo que experimentamos, parece que demos dos pasos adelante y uno atrás, como en la procesión de Echternach.
Señora Presidenta, Señorías, espero que dentro de poco podamos debatir aquí la propuesta legislativa sobre los cónyuges colaboradores. Agradecería que la Comisión comunicara sus intenciones al respecto.

Ribeiro
Señor Presidente, lo que hasta hace poco se llamaba trabajo atípico ha llegado a tipificarse. La inestabilidad y la precariedad de los vínculos laborales, fruto de la flexibilidad del llamado mercado de trabajo -nunca considerada suficiente por los empleadores- tiene su expresión en los significativos aparición y aumento de trabajadores independientes.
Y si bien en muchos casos el trabajador independiente no es sino un trabajador que perdió su vínculo jurídico, pero mantiene un vínculo laboral real idéntico al anterior, en otros casos el trabajo independiente es una nueva y diferente actividad que substituye lo que era una actividad profesional denominada atípica.
Esta revolución arrastra otras en una acumulación de discriminaciones y la situación de los cónyuges auxiliares de los trabajadores independientes, que justificaría que se tratase siempre en femenino, debería merecer una atención particular.
Nos congratulamos de que este informe lo haga. Por tratarse de los cónyuges auxiliares de un grupo derivado y muy heterogéneo de trabajadores, se puede considerar que, pese a la indefinición del estatuto profesional y a la dificultad para calcular su número, será muy superior a los tres millones mencionados en el informe de la Comisión de Asuntos Sociales. Al ser mujeres las tres cuartas partes de esos trabajadores, pueden representar incluso, en un Estado miembro como Grecia, una cuarta parte de la población femenina a la que se podría considerar activa.
Como subraya en su informe la Sra. Lulling, a la que felicito por su trabajo, la Directiva 86/613 es insatisfactoria sobre todo por la indefinición del estatuto y la ineficacia en cuanto a los derechos de protección social para ese grupo de trabajadores/trabajadoras, por lo que es necesaria su modificación y para 1997.
El conjunto de propuestas del informe merece nuestro acuerdo de principio y es una buena base de trabajo para una nueva directiva encaminada a afrontar situaciones que no pueden cristalizar en una consagración, por antiguas y por nuevas vías, de la discriminación de la mujer en el mundo del trabajo, con el agravante en este caso de su casi total falta de viabilidad.
Apoyamos en particular, con arreglo, por lo demás, a los presupuestos no cumplidos de la directiva que se debe substituir, la plasmación de iniciativas como debates y mesas redondas, que proporcionen una participación real de los interesados/las interesadas en la formulación de las necesidades, del estatuto y de las disposiciones de la nueva directiva.

Van Dijk
Señor Presidente, me sumo plenamente al informe de la Sra. Lulling. En efecto, se trata de un excelente informe y expresa la insatisfacción de la Comisión de Derechos de la Mujer y del Parlamento sobre el efecto de la directiva que debería mejorar la posición de las cónyuges colaboradoras. De hecho no se ha mejorado gran cosa, y tendría que hacerse mucho más para que estas mujeres pudieran tener derecho a la seguridad social que les corresponde. Es llamativo sobre todo porque precisamente la Comunidad Europea y la Unión han intentado equiparar la posición de las mujeres en el mercado laboral a la posición de los hombres, y es una parte sustancial del mercado laboral que de hecho no se tiene en cuenta. Nos hemos de preguntar qué se pretende exactamente al permitir estas formas de lo que de hecho es un trabajo clandestino.
Quiero recalcar el hecho de que en el informe se incluye también que queremos que se reconozcan las formas de convivencia duradera en los Estados miembros donde se reconocen los contratos de convivencia.
Por último, señor Presidente, en el título neerlandés del informe se habla de «empleados independientes». Estos no existen. Los «empleados independientes» son una contradictio in terminis . Tendría que ser: trabajadores independientes. Le agradecería que tomara nota de ello.

Féret
Señor Presidente, saludo la feliz iniciativa tomada por la Comisión de Derechos de la Mujer al haber pedido que se realizara este informe en favor de una protección social digna de los cónyuges colaboradores. Lamento tanto como la ponente los años de retraso, el tiempo perdido por la Comisión Europea, años que habrían podido aprovecharse para tener un mejor intercambio de puntos de vista entre las diferentes partes interesadas.
Ninguno de nosotros puede razonablemente negar la necesidad de legislar en la materia, asimismo, tampoco se plantea, a mi juicio, la cuestión de saber si es preciso establecer un sistema de protección facultativo u obligatorio. La experiencia luxemburguesa demostró la ineficacia de un llamamiento a la contribución voluntaria. La razón de este fracaso salta a la vista. Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos ya se encuentran, en todos los países de la Unión, agobiados por tasas e impuestos de todo tipo, a los que, por lo demás, escapan con demasiada facilidad las grandes empresas multinacionales.
Asimismo, además de la obligación que debemos imponer a los Estados miembros de organizar la protección social de los cónyuges colaboradores, tenemos el deber de añadir la obligación de una información correcta de los trabajadores interesados y el compromiso de las autoridades nacionales de administrar los fondos recaudados con probidad, a la inversa de las costumbres adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de los países de la Unión, sean de izquierdas o de derechas.

Torres Marques
Señor Presidente, el informe de iniciativa que hoy estamos examinando, preparado por la Sra. Lulling, a quien quiero felicitar, reviste enorme dificultad, dado que se refiere a un conjunto de millones de trabajadores invisibles, tan invisibles, que las estadísticas los clasifican oficialmente como clases «inactivas»: clases inactivas porque no están inscritas como desempleadas ni buscan trabajo, porque trabajo mo les falta precisamente, sólo que no está reconocido ni remunerado. Esta situación se aplica sobre todo a las mujeres de los trabajadores independientes que los ayudan en el campo o en cualquier tipo de pequeñísimas empresas familiares que existen por todos lados y que abarcan, según los estudios realizados, a millones de personas.
La legislación comunitaria y las legislaciones nacionales, incluso cuando se refieren expresamente a la situación de los cónyuges de los trabajadores independientes -como ocurre en la legislación portuguesa- chocan con una realidad muy diferente del espíritu de la ley.
Las mujeres consideran aún muchas veces como su deber ayudar gratuitamente a su maridos o compañeros, por considerar ese inmenso trabajo suyo -pero que no cuenta para el cálculo del producto interior de los paísesuna obligación que su situación de cónyuge presupone. Si sumamos a ese hecho el desconocimiento de la ley y de los derechos que ésta les concede. Comprenderemos por qué hablamos de trabajadores invisibles: trabajan pero no ganan, trabajan pero no tienen derechos sociales, aunque la ley lo disponga.
Por eso, concuerdo con las propuestas de la ponente, así como con las enmiendas encaminadas a retirar de la clandestinidad todo ese mundo que trabaja: inscripción obligatoria de los cónyuges auxiliares en los regímenes de seguridad social, obligatoriedad de que los Estados miembros adopten no sólo las medidas jurídicas adecuadas, sino que, además, se esfuercen por que se apliquen efectivamente, incentivos a las empresas familiares que cumplan con esas obligaciones, son, todas ellas, propuestas que han de ser apoyadas. Por eso es esencial que la Comisión prepare una nueva directiva sobre este tema, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista financiero. A fin de cuentas, hay muchos más trabajadores, sólo que no cuentan ni para el PIB ni para la seguridad social.
También las propuestas de una flexibilización del sistema y de su adaptación a la dimensión de la empresa me parecen de gran agudeza, así como la propuesta de que en las empresas familiares muy pequeñas esos costos de la seguridad social puedan ser deducibles de las rentas de las empresas.
Por último, hago un llamamiento para que las asociaciones de trabajadores independientes consideren su obligación estricta luchar por la situación social de los cónyuges de sus socios.
Por eso, reitero las felicitaciones a la ponente y espero que esta propuesta, que hoy aprobará sin duda el Parlamento Europeo, sea convertida en breve en proyecto de directiva por la Comisión.

Thyssen
Señor Presidente, deseo felicitar a la Comisión de Derechos de la Mujer y sobre todo a la ponente por la iniciativa de rescatar del olvido la situación de los cónyuges colaboradores y hacer propuestas para crear por fin un estatuto para una categoría de la población que es grande en número, pero pequeño en las estadísticas. Espero enterarme más tarde que la Comisión encuentra en ello inspiración para un trabajo legislativo.
Señor Presidente, sigo este expediente desde mucho antes de la directiva de 1986 y siempre me he preguntado si el estatuto de los cónyuges colaboradores estaría tan vacío y sin firmas si la composición de este grupo fuera predominantemente masculina. Para mí, la situación de los cónyuges colaboradores es por excelencia un barómetro de la siempre existente discriminación entre hombre y mujer. En mi país, señor Presidente, es decir, en Bélgica, la mayoría de los cónyuges colaboradores son el único grupo de personas permanentemente activas y que sin embargo no entran en el ámbito de aplicación de un estatuto social obligatorio. Pero es que se compone en el 97 % de los casos de mujeres.
Esta situación no puede verse aislada de la presencia siempre escasa de las mujeres en las organizaciones profesionales e interprofesionales y en la toma de decisiones política. Si las mujeres no se sientan a la mesa allí, sus intereses no estarán bien defendidos. Pero lo que hemos de lograr, en todos los Estados miembros de la Unión, es ni más ni menos que un estatuto basado en el mismo automatismo que el de los trabajadores independientes, los agricultores y las profesiones liberales, concretamente un estatuto que ofrezca protección social y jurídica frente a todo riesgo para el que esté indicado. El revés de la medalla es sin duda el precio que habrá que pagar, pero si bien nadie cuestiona el principio de «los servicios con servicios se pagan» para los empresarios independientes respetados, surgen todo tipo de objeciones cuando se trata de las cónyuges colaboradoras de estos empresarios.
Señor Presidente, termino con la reflexión de que no sólo es incomprensible, sino también escandaloso que tengamos que denunciar esta situación en 1997.

Papoutsis
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Comisión de Derechos de la Mujer y, en concreto, a la Sra. Lulling por su excelente trabajo. El informe que se examina hoy constituye una clara muestra del interés del Parlamento Europeo por promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En mi opinión, el tema de la igualdad de las mujeres colaboradoras de su cónyuge trabajador independiente es de especial importancia. Este tema, como saben, se trató por primera vez a escala comunitaria en 1986, con la aprobación de la directiva del Consejo 86/613/CEE de 11 de diciembre de 1986. De la evaluación de las medidas adoptadas por los Estados miembros en este ámbito, así como del informe, se desprende que todavía hay mucho por hacer, tanto con respecto a la protección social, como con respecto a la posición y el reconocimiento del papel de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autoempleados en una empresa familiar. Como ha subrayado el Sr. Gröner, no debemos olvidar que la falta de progreso en este ámbito refleja en parte la postura tradicional con respecto al papel de los cónyuges en la empresa familiar. De hecho, existe una tendencia a considerar como algo natural la contribución de los cónyuges a la empresa familiar, como una prolongación de los deberes matrimoniales. La falta de progreso refleja asimismo las dificultades que existen, tanto con respecto a la adaptación de los sistemas de seguridad social, como con respecto a los gastos originados por esta adaptación de las empresas familiares en las que los cónyuges trabajan conjuntamente. La Comisión Europea conoce estos problemas. Hemos financiado muchos estudios, que ponen de manifiesto la gran laguna existente en relación con la protección social de las mujeres colaboradoras. Sin embargo, también se ha observado que no suelen aprovecharse las posibilidades que ofrecen los seguros voluntarios o la introducción de diferentes regímenes jurídicos. En este contexto quisiera señalar que el asunto de los cónyuges colaboradores también se incluye en los objetivos del Cuarto Programa de Acción a medio plazo en favor de la igualdad de oportunidades. La Comisión Europea ha evaluado detenidamente la situación y ha mantenido amplias deliberaciones con todas las partes interesadas. Nuestro objetivo es favorecer la presentación de una directiva revisada que se adapte a las necesidades reales que existen en este ámbito. Los debates en mesa redonda que usted menciona en su informe han puesto de manifiesto que es aconsejable que haya un foro para el debate de este tema. Sin embargo, para comprender los obstáculos que existen en la mejora de la protección social de las mujeres colaboradoras, necesitamos más información sobre sus opiniones y la posición que las organizaciones empresariales mantienen al respecto. En este contexto es necesario adoptar medidas y políticas muy diversas, que respondan a la compleja naturaleza de las dificultades encontradas y al hecho de que la protección social de las cónyuges colaboradoras está relacionada con temas como el reconocimiento de su papel en la empresa familiar, como han destacado con claridad la Sra. Kestelijn-Sierens y la Sra. Thyssen. Las mujeres desean asumir un papel más activo en el mercado de trabajo a todos los niveles, como ha subrayado la Sra. Torres-Marques. Sin embargo, nos enfrentamos a dificultades y, en primer lugar, a una falta de financiación, como ha destacado muy claramente el Sr. Ribeiro. Nos enfrentamos a problemas como la falta de servicios de asesoramiento a la empresa, de la formación profesional necesaria y de reconocimiento de sus capacidades. Por otra parte, la reforma agraria y los cambios introducidos a raíz de la PAC cambiarán radicalmente la vida del agricultor y, en este contexto, la mejora de la posición de la mujer en las empresas agrarias debe ser una de nuestras prioridades, como ha subrayado la Sra. Flemming. Todos estos factores deben ser evaluados conjuntamente en el debate sobre los trabajadores independientes y sus cónyuges colaboradores. Señor Presidente, quisiera dar de nuevo las gracias al Parlamento por su apoyo a la igualdad de oportunidades y felicito a la Sra. Lulling una vez más por su excelente informe. Estoy seguro de que nuestra colaboración continuará con las mismas prioridades y los mismos objetivos. Hoy debemos hacer hincapié en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para responder a las exigencias de nuestra época, mediante la formulación de políticas más eficaces para la integración de la mujer en el mercado de trabajo. Muchas gracias.

El Presidente
Muchas gracias, señor Papoutsis. Tiene ahora la palabra la ponente, Sra. Lulling.

Lulling
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Comisario Papoutsis por su muy positiva intervención y destacar lo que ha dicho: que la Comisión va a presentar una propuesta de directiva modificada. Como el Sr. Flynn no ha podido estar presente hoy aquí, espero que a las positivas palabras del Sr. Papoutsis sigan los hechos del Sr. Flynn.

El Presidente
Muchas gracias, señora Lulling.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
Antes de la votación de la enmienda nº 4

Lulling
Señor Presidente, quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre la importancia de esta enmienda porque, en nuestro texto, hablamos de cotizaciones de la seguridad social, en función de la renta personal. Esta es, efectivamente, una expresión muy mala porque en ninguna parte, en ningún seguro obligatorio, las cotizaciones se pagan en función de la renta personal, sino de la renta profesional. La enmienda lo precisa. Por tanto, me gustaría que esa enmienda fuera adoptada así como la otra fórmula, porque es mejor que la mía, que hablaba de base del baremo de la seguridad social. La otra fórmula habla de base global.
Me parece que es un detalle importante, pero si los diputados no están de acuerdo con la segunda parte, pido una votación separada para la primera, porque nunca es posible percibir cotizaciones sobre las rentas personales. Es algo que no se hace en ninguna parte, insisto en ello.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Cepos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0002/97) del Sr. Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la Comisión, sobre la posición de la Comisión Europea relativa a la legislación en materia de cepos.
Tiene la palabra el Sr. Collins.

Collins, Kenneth
Señor Presidente, henos aquí de nuevo protagonizando la saga de los cepos. Es una saga lamentable de mala conducta por parte de la Comisión. Mis colegas recordarán que los cepos dentados son un medio particularmente perverso de capturar animales salvajes para la industria de la peletería, un medio que causa a los animales un dolor tan grande como innecesario. Mis colegas recordarán también que el informe sobre los cepos dentados presentado el año pasado por Carlos Pimenta, que preconizaba su prohibición, obtuvo una enorme mayoría en este Parlamento.
El 9 de diciembre del año pasado, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente se sumó a nosotros y pidió que la Comisión aplicara plenamente lo que preconizaba el informe. Esto era el día 9 de diciembre. El día 18 de diciembre la Comisión rechazó categóricamente la demanda. Esto significa que el Parlamento votó a favor del informe el año pasado, que el Consejo votó también a favor en diciembre y que el 18 de diciembre, la Comisión, que no está elegida por nadie ni rinde cuentas a nadie, rechazó lo que pedíamos.
El informe Pimenta pide que los procedimientos de captura sean humanos y se redactó de forma inteligente para evitar todo conflicto con los compromisos de la Unión Europea en el marco del GATT y de la OMC. Llega incluso hasta el punto de imponer una prohibición sobre la venta de pieles procedentes de animales capturados con cepos dentados y de prever la supresión de esa prohibición cuando se llegue a un acuerdo con terceros países para interrumpir la utilización de cepos. Ese acuerdo ni siquiera tiene que estar en vigor para que se suprima la prohibición. Bastaba sencillamente con que quedase aprobado. El Parlamento Europeo pudo manifestarse en favor del principio, al mismo tiempo que dejaba amplio margen de maniobra a los terceros países.
Sin embargo, nos enteramos ahora de que la Comisión está estudiando la conveniencia de proponer un nuevo reglamento que procura eximir a Rusia y al Canadá. No hay justificación para ello. La Comisión manifiesta una total indiferencia por la voz democrática del Parlamento, así como por la decisión del Consejo. He escrito al Presidente Santer y esta mañana he recibido su respuesta. No la acepto. Es una audaz tentativa de justificar lo injustificable. La Comisión tiene que reconocer que la cuestión de los cepos dentados es una cuestión de bienestar animal.
No se trata únicamente de comercio. La Comisión no puede permitir que se archive un principio para aplacar a los asociados comerciales. La Comisión tiene que tener el valor de defender nuestros principios democráticos. Nuestro Comisario y nuestra Comisión tienen que cesar de ser los representantes de la OMC en Europa y tienen que empezar a ser los portavoces de la Comunidad Europea ante la OMC. Al parecer han cambiado por completo el orden de sus prioridades.
Por eso se plantea hoy la cuestión, porque el Consejo de Ministros de Asuntos Generales se reúne la semana próxima y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente se reúne en marzo. La Comisión tiene que percatarse de que con su decisión ha alborotado un avispero, y quisiera que nos dijera cómo consigue hacer compatible su decisión con el respeto por los procedimientos y los principios democráticos. Quisiera que la Comisión dijera a este Parlamento por qué la legislación que ha promulgado no se está aplicando, y quisiera que la Comisión diera a este Parlamento la seguridad de que consultará al Parlamento y al Consejo antes de adoptar cualquier acuerdo internacional sobre cepos dentados.
Por último, pido esta mañana a la Comisión que nos diga claramente que no hay ni habrá circunstancia que la mueva a preparar normas legislativas que eviten la necesidad de consultar al Parlamento Europeo y que eviten la necesidad de respetar los deseos del Consejo de Ministros del Medio Ambiente. Espero que la Comisión pueda darnos esa seguridad esta mañana.
(Aplausos)
Papoutsis
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera informarles de que el Presidente Santer contestó por carta, fechada el 4 de febrero de 1997, a la carta remitida por el Sr. Collins el 23 de diciembre del 1996.
En su respuesta, el Presidente Santer expuso con claridad y detalladamente las opiniones de la Comisión Europea sobre el asunto considerado. El Reglamento es plenamente vigente y efectivo en cuanto a las disposiciones referentes al interior de la Comunidad. Sólo plantea dificultades la aplicación de las medidas de comercio exterior del Reglamento en cuestión.
Permítanme que recuerde aquí el punto de partida. El Reglamento (CEE) 3254/91 del Consejo relativo a los cepos prevé dos supuestos en los que los terceros países pueden superar las barreras comerciales impuestas por la Unión Europea a la importación de pieles, bien mediante la prohibición del uso de cepos, bien mediante el uso de cepos o métodos de captura conformes a las normas internacionales de captura no cruel. La posibilidad de elección que se deja a los terceros países muestra la intención del legislador de solucionar el problema de la compatibilidad entre las medidas comerciales previstas en el Reglamento y las normas internacionales de comercio. Sin embargo, como ustedes saben, lamentablemente esas normas internacionales no habían sido establecidas cuando entró en vigor la disposición del 1 de enero de 1996. Eso fue debido al fracaso de las actividades de la Organización Internacional de Normalización, actividades en las que la Unión Europea no tenía la posibilidad de influir. En consecuencia, la aplicación del reglamento era inviable bajo las condiciones y con los objetivos que se fijaban en su texto. Por estos motivos, en noviembre de 1995 la Comisión decidió aplazar la aplicación del reglamento por un año y proponer al Consejo una modificación del Reglamento 3254/91. En concreto, el objetivo era facilitar las negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo internacional sobre normas relativas a métodos de captura no crueles con los principales países exportadores de pieles, es decir, con Estados Unidos, Canadá y la Federación Rusa.
Hasta hace poco, el Consejo apoyaba el planteamiento de la Comisión Europea, como demuestra en concreto el mandato recibido por la Comisión en junio de 1996, para negociar un acuerdo sobre normas relativas a métodos de captura no crueles. El Parlamento Europeo, en la primera lectura de la propuesta por la que se modificaba el Reglamento 3254/91 apoyó también la negociación de un acuerdo de ese tipo, pero al mismo tiempo se expresó a favor de la aplicación inmediata de las restricciones comerciales previstas en el Reglamento 3254/91 y de que se mantuvieran en vigor hasta la firma de dicho acuerdo.
No corresponde a la verdad que la Comisión Europea haya pasado por alto esta propuesta. Sin embargo, consideramos que aplicar la prohibición de las exportaciones de pieles no contribuiría a crear las condiciones adecuadas para realizar unas negociaciones constructivas. El valor de un acuerdo internacional que establece por primera vez normas de control del comercio no debe subestimarse.
Como ustedes saben, en diciembre de 1996 la Comunidad Europea, Canadá y la Federación Rusa firmaron un acuerdo sobre normas internacionales relativas al uso de cepos no crueles. La Comisión mantuvo las negociaciones correspondientes en nombre de la Comunidad, en cumplimiento de las disposiciones del Tratado. En concreto, la Comisión afirma que este acuerdo es, por un lado, plenamente consecuente y compatible con las disposiciones del Reglamento 3254/91 y, por otro lado, plenamente conforme con el mandato dirigido a la Comisión por el Consejo en junio de 1996. Asimismo, la Comisión está convencida de que este acuerdo consistente, ambicioso y jurídicamente vinculante constituye el mejor medio para garantizar una mejora fundamental del nivel de protección de los animales capturados en Norteamérica, en la Federación Rusa y en Europa. Al mismo tiempo, este acuerdo salvaguarda los legítimos intereses comerciales de las partes firmantes.
La ausencia de un acuerdo, en cambio, conduciría probablemente a un desacuerdo comercial que no tendría ningún resultado con respecto a la protección de los animales. Además, la ausencia de un acuerdo tendría importantes repercusiones negativas de tipo económico y social, tanto en la Unión Europea como en los terceros países interesados, sobre todo para las poblaciones indígenas. Por otra parte, un desacuerdo comercial socavaría la credibilidad de la política comercial de la Comunidad, que siempre es contraria a la aplicación de medidas comerciales unilaterales con efectos extracomunitarios. Por lo tanto, el 24 de enero de 1997 la Comisión remitió al Consejo una propuesta de decisión para la aprobación de dicho acuerdo por el Parlamento Europeo. Simultáneamente, la Comisión procedió a las acciones necesarias para la aplicación del Reglamento 3254/91, conforme a lo solicitado por el Consejo de Medio Ambiente el 9 de diciembre. De hecho, se ha publicado ya en el Diario Oficial el Reglamento de la Comisión relativo a los certificados que los importadores deben presentar a las autoridades aduaneras de la Comunidad antes de importar pieles. En lo que se refiere a la lista de terceros países, se sigue aplicando el procedimiento de la Comisión establecido en el artículo 5 del Reglamento 3254/91.
Por último, siempre de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Medio Ambiente del 9 de diciembre, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con los terceros países. El objetivo de estas negociaciones ha sido estudiar las posibilidades de modificación del acuerdo firmado por Canadá y la Federación Rusa. Quiero, además, comunicarles que el 14 de febrero se celebraron unas reuniones en Nueva Orleans y los días 17 y 18 de febrero en Ottawa, donde se transmitieron las demandas del Consejo de Medio Ambiente a los países interesados. Estos contactos no han sido fructíferos hasta la fecha, por lo que la Comisión está a la espera de directrices adicionales del Consejo para seguir en esa dirección.
Quiero asegurarles que la Comisión Europea no sólo respeta y acepta el papel del Parlamento y el control parlamentario, sino que, como saben, hemos demostrado en reiteradas ocasiones que intentamos por todos los medios, e incluso más allá del marco institucional de los Tratados, colaborar con el Parlamento Europeo, sobre todo cuando se trata de temas de esta naturaleza, que no sólo son delicados desde un punto de vista económico, sino que afectan a la sensibilidad de los ciudadanos europeos. Así pues, quiero asegurarles que, también en esta ocasión, la Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre cualquier evolución de este tema.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al Comisario acerca de lo que acaba de decir. Ha mencionado la probabilidad de que esto entre en vigor en diciembre. Como nos ocupamos principalmente del hemisferio septentrional, ¿no le parece que sería absurdo que la fecha de entrada en vigor fuera a mediados de la temporada de caza? ¿No sería más lógico que esa fecha fuera este verano?

El Presidente
Muchas gracias, señor Kellet-Bowman. No creo que esto sea exactamente una cuestión de orden. Más bien es una cuestión cronológica. Pero, en todo caso, la flexibilidad de los viernes me permitirá darle la palabra al Sr. Comisario por si desea contestar a esta inquietud cronológica del Sr. Kellett-Bowman.

Papoutsis
Señor Presidente, quiero asegurar al Sr. Kellet-Bowman que este mecanismo se pondrá en funcionamiento en cuanto lleguemos a un acuerdo que permita que todos los Estados miembros aprueben su aplicación.

Pollack
Señor Presidente, como la Comisión no ha obtenido ningún resultado con las nuevas negociaciones que ha sostenido, se ha colocado en una situación absolutamente indefendible en relación con el reglamento sobre los cepos dentados. No solamente ha desafiado al Parlamento sino que ha desafiado también al Consejo de Ministros, cosa que es verdaderamente inconcebible. En beneficio de un comercio libre y liberalizado, la Comisión espera seriamente que la Unión Europea se quede tranquila y se corte su propia pierna, que es exactamente lo que sucede con los 600.000 animales que tienen pieles codiciadas y que cada año quedan atrapados en esos cepos bárbaros en el Canadá para que las mujeres elegantes de Europa puedan llevar abrigos de piel y para que las empresas de peletería y el Gobierno canadiense puedan seguir amasando millones de dólares. Ésos son los cepos que el Gobierno canadiense no acaba de convencerse de que son crueles.
Todo empezó con la cuestión de los atunes y delfines, cuando el comercio ganó la batalla a las necesidades ambientales. Ahora la Comisión está dispuesta a sacrificar lo que algunos estiman que es la opción más suave -los animales con pieles- tanto en el caso de los cepos dentados como en el caso de la industria de cosméticos, con la esperanza de ganar algunas ventajas en materia de libre comercio. ¡Pues bien, no lo conseguirá! Estas cuestiones de la OMC están escapando a todo control, y lo mismo pasa con la Comisión. El denominado proyecto de acuerdo con Canadá y Rusia sobre cepos dentados representa, más que un compromiso, una justificación suicida. Por ejemplo, en su artículo 13 se dice que ninguna de las partes puede imponer medidas que restrinjan el comercio de pieles y de productos de piel provenientes de cualquier otra parte. Este texto se mofa resueltamente de nuestra legislación.
Frente a la obstinada negativa del Canadá a interrumpir la utilización de cepos dentados, la Comisión, ignorando el mandato que ha recibido de sus amos europeos, se ha limitado a decir: »Muy bien: seguid adelante con vuestra crueldad, que nosotros seguiremos comprando vuestras pieles, y todos contentos». Más de 60 países de todo el mundo, entre los cuales figura naturalmente la Unión Europea, han prohibido la utilización de cepos dentados, con lo que no cabe acusar a la Unión Europea de promover sus propias ventajas.
Además, el artículo 20 del GATT contiene una defensa perfectamente adecuada de una prohibición de importaciones basada en medidas que son aceptables si son necesarias para proteger la moral pública. La moral pública necesita protección. Las naciones civilizadas no pueden aceptar que se sacrifique la decencia pública y los imperativos ambientales en aras del libre comercio. Tiene que haber algún límite, y el reglamento sobre cepos dentados fija el límite que queremos aplicar en este caso concreto. Queremos que la Comisión tenga un mínimo de firmeza moral.

Pimenta
Señor Presidente, me da pena que una vez más Sir Leon Brittan se oculte tras los colegas de la Comisión, que no tienen culpa, y no acuda aquí para examinar aquello de lo que él es el único responsable.
Y el discurso que el Comisario Papoutsis ha pronunciado -no lo tome como una referencia personal, porque no es su discurso, es el discurso de Leon Brittan- es una sarta de mentiras.
En primer lugar, el reglamento de 1991 está en vigor, no fue revocado por ningún acto jurídico aprobado por el Parlamento y por el Consejo. La Comisión no lo aplicó, la Comisión lo suspendió mediante una carta de dos directores generales. Eso es inadmisible en Derecho.
En segundo lugar, señor Comisario Brittan, el reglamento de 1996 -que, como se ha dicho hoy aquí, fue presentado por la Comisión- fue rechazado en primera lectura por este Parlamento, que votó lo contrario de lo que el Comisario propuso. Y el Consejo de Ministros no le dio curso, nunca aprobó la posición común, por lo alejado que está de las posiciones de la Comisión.
Tercera mentira, señor Comisario: ha dicho que el acuerdo a que llegó con el Canadá correspondía al mandato del Consejo. Pues ese mismo Consejo, el día 9 de diciembre, dijo específicamente en su decisión que ese acuerdo con el Canadá no era conforme con el mandato que se le había encomendado.
¡Deje de mentir, señor Comisario Leon Brittan! Podemos debatir la substancia. Lo que yo no puedo admitir es que venga aquí a bromear con los diputados democráticamente elegidos que tienen como función la de controlar la legitimidad del proceso de decisión. Se trata de una cuestión substancial, de una cuestión de respeto de las instituciones. ¡Me siento ofendido por la forma como el Comisario ha venido aquí a mentir!
Por último, quisiera formular dos preguntas: como ha dicho el Presidente Ken Collins, ¿cuál es el fundamento jurídico que se va a dar a estos acuerdos con el Canadá y con Rusia? ¿Va a intentar la Comisión substituir el proceso de cooperación por un proceso de consulta simple de este Parlamento? ¿Es eso lo que la Comisión quiere? ¿Dejar de lado al Parlamento Europeo? Y, por último, ¿dónde está el dinero para la investigación científica, para métodos más humanos de obtener animales?

Eisma
 Señor Presidente, no voy a repetir la triste historia de este expediente. Ken Collins y el Sr. Carlos Pimenta lo ha expresado de forma excelente. Nuestro Grupo se adhiere plenamente a su opinión y no obstante, a raíz de la breve respuesta del Comisario, he de constatar que en este expediente los intereses comerciales parecen pesar mucho más que el bienestar de los animales y los principios democráticos. El Comisario ha dicho que si hubiéramos perseverado habríamos tenido grandes problemas en el marco de las relaciones económicas y los intereses comerciales. Es un punto de partida erróneo si ya hay una directiva de 1991 que dice que el bienestar de los animales ha de anteponerse a los intereses comerciales; y el Comisario y toda la Comisión la incumplen.
Considero que la Comisión ha desempeñado un dudoso papel en este desagradable asunto de los cepos. La Comisión ha actuado en contra de la voluntad del Consejo de Ministros europeo, en contra de la voluntad del Parlamento Europeo. Todos, tanto el Consejo de Ministros como el Parlamento, queríamos la prohibición de importar pieles de países que aún utilizan los cepos. Esta decisión de la Comisión Europea es totalmente contraria a todos los anteriores acuerdos; señor Comisario y ustedes, Señorías, hagan el favor de mirar los vídeos, y verán de qué modo cruel se captura a estos animales. No es una resolución, ni una opinión del Parlamento contra la caza, sino que se trata de un método de captura cruel. Esperamos que, ahora que la Comisión amenaza con levantar la prohibición de importar, basándose en un acuerdo sin contenido y sin compromiso con estos países que exportan pieles, el Consejo de Ministros europeo intervenga y haga entrar pronto en vigor la prohibición de importar para la Unión Europea y que la Comisión Europea rectifique.

Van Dijk
Señor Presidente, hace dos años que el Parlamento lucha contra la Comisión para que se prohíba la importación de pieles obtenidas con cepos. Nos encontramos aquí con una sorpresa tras otra. Primero se aplaza el reglamento y ahora se propone un compromiso que realmente no merece llamarse compromiso. La Comisión ha tenido la osadía de amenazar con una acción penal al único país que quería ejecutar el reglamento en el momento oportuno. ¿Cómo es posible? ¿Acaso la Comisión ha creído realmente que es más inteligente proponer este supuesto compromiso, este acuerdo al Consejo de Asuntos Generales en lugar del Consejo de Medio Ambiente, porque el Consejo de Asuntos Generales quizás sea más sensible a los argumentos comerciales y menos al bienestar de los animales? Es evidente que en este caso el Comisario Brittan ha ganado a la Comisaria Bjerregaard.
Quiero hacer algunos llamamientos. El primero es un llamamiento al Presidente del Consejo, el Sr. Van Mierlo, del Consejo de Asuntos Generales, para que no acepte este punto antes de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y que lo remita al Consejo de Medio Ambiente, que es el lugar que le corresponde. De aceptarlo, el Sr. Van Mierlo desacreditaría y pondría en ridículo a sus colegas los ministros de Medio Ambiente. Los ministros de Medio Ambiente, quienes a fin de cuentas han manifestado en su gran mayoría que no quieren aceptar este acuerdo.
Hago un llamamiento urgente a la Comisión para que deje de una vez por todas de elegir la ley del mínimo esfuerzo y que inicie, incluso en la OMC, el debate ecológico, el debate sobre el bienestar de los animales y el debate sobre la naturaleza. Pues es evidente que algo falla en la OMC y que nosotros, si queremos salvar algo aquí, tendremos que poner esta cuestión apremiante en el orden del día y tendremos que ocuparnos de ganarla allí.

El Presidente
He recibido una propuesta de resolución, presentada sobre la base del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, tras la respuesta del Comisario, saludo la presentación de la pregunta oral del Sr. Collins en este momento. Ante el incompleto conocimiento del resultado de las negociaciones entre la UE, Canadá y Rusia, por lo que se han levantado ya muchas voces críticas, ya es hora de que la Comisión informe extensamente al Parlamento. Me sorprende lo que puede tardar hasta que esta Asamblea es informada sobre el proyecto de convenio mientras que los lobys y otros grupos disponen de textos completos del mismo. Con la resolución que hoy se va a aprobar, el Parlamento tiene que mandar una señal en este sentido, tal como usted ha indicado, señor Presidente.
Apoyo el objetivo de fondo de la presente propuesta de resolución en la que se subraya la posición adoptada en la cuestión de los cepos. Las trampas que torturan a los animales tienen que desaparecer en todo el mundo. El uso de otras trampas solamente se debe permitir si no provocan padecimientos. Este debe ser el principio. Esto significa que en nuestro posterior proceder debemos basarnos en el informe del último año del Sr. Pimenta, en el que se tratan los numerosos aspectos de este problema. Estos son: la prohibición de las trampas que torturan a los animales, el desarrollo de normas internacionales para trampas humanitarias, la consideración del especial papel y la situación de los pueblos indígenas y la aclaración del contexto político-comercial.
Al mismo tiempo, quiero advertir que si las acciones son demasiado ambiciosas, el efecto será el contrario. Como ejemplo negativo se puede mencionar Brent Spar, donde se perdió mucha credibilidad debido a informaciones falsas.
Creo que la acción de la semana pasada, con la gran cantidad de papel que se puso encima de las mesas de los diputados, fue más allá del objetivo. No tengo nada en contra de los lobystas; sin embargo, en interés del asunto es necesaria una argumentación equilibrada. Solamente lograremos que el comportamiento cambie en los países afectados si nos presentamos ante las personas con credibilidad. Esto es aplicable en primer lugar a los pueblos indígenas, que son los directamente afectados. También debemos tener en consideración sus propias características culturales y extraer las correspondientes conclusiones una vez conocido el resultado.

von Habsburg
Señor Presidente, en este Parlamento soy uno de los diputados que pertenecen al grupo de trabajo «caza» y que defienden la protección de los animales pues estoy convencido de que un auténtico cazador es al mismo tiempo un defensor de los animales. Precisamente por ello, quiero decir que felicito encarecidamente al Sr. Collins por haber planteado de nuevo la cuestión de estos cepos inhumanos. Soy diputado de esta Asamblea desde hace 18 años y les puedo decir que este asunto se ha ido prolongando durante todo este tiempo y, lamentablemente, tengo que constatar que la Comisión continuamente ha realizado maniobras dilatorias y encubridoras que no nos han permitido adoptar por fin una clara decisión. Hemos adoptado algunas decisiones pero que no se han aplicado con diversas excusas.
Quiero destacar en especial un aspecto: se habla mucho de trampas humanitarias. Quizás sea posible hacerlas, pero lo que hoy se califica como trampas humanitarias, al menos en la prensa, es casi tan inhumano como las trampas existentes hasta el momento. El que se recubran las trampas sencillamente con algo de goma no supone ninguna diferencia para las patas. La tragedia es que los animales, en especial en Canadá, a veces tienen que vivir en las trampas durante días en una situación terrible.
Creo por ello que nuestra obligación primaria es llamar seriamente la atención de la Comisión para que no pronuncie solamente palabras sino que actúe. No hay que ir a Nueva Orleans o a cualquier otro sitio sino que por fin tenemos que actuar. Sé que hay grandes resistencias pero precisamente las resistencias están ahí para ser superadas. Pido, por ello, a la Comisión que lo tenga en cuenta pues nuestra paciencia está acabándose. He votado precisamente a favor de la solicitud Böge pues me parece que es correcto ponerle un ultimátum.

Papoutsis
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a sus Señorías por sus intervenciones, cualquiera que haya sido su tono o la crítica ejercida.
Además, soy muy consciente de que en esta Asamblea todos servimos a la democracia y, en este sentido, las discrepancias de opinión son respetables, siempre que se basen en la verdad y en la realidad.
Quisiera referirme en primer lugar a los comentarios de los Sres. Pollack y Eisma, que preguntaban cómo era posible que la Comisión Europea haya dado su aprobación al acuerdo con Canadá y Rusia, que no prevé la prohibición total de los cepos.
Quisiera asegurarles, como ya hice en mi anterior intervención, que la Comisión es consciente de que este acuerdo causa ciertos problemas, precisamente porque no prohíbe expresamente todos los tipos de cepos. Hay ciertos malentendidos al respecto, que quisiera me permitan aclarar:
Creo que todos recordamos que el Reglamento 3254/91 sobre los cepos prevé dos posibilidades diferentes de evitar las restricciones comerciales de la Unión Europa a las importaciones de pieles, y, como he dicho anteriormente, estas dos posibilidades son o la prohibición del uso de cepos, o el uso de cepos o métodos de captura conformes a las normas internacionales de captura no cruel.
Sin embargo, sería ilógico y jurídicamente insostenible exigir que los terceros países cumplan con ambas alternativas porque, repito, el acuerdo determina que sean soluciones alternativas. El acuerdo con Canadá y Rusia, evidentemente, corresponde a la segunda solución y, como tal, no sólo es compatible con el Reglamento 3254/91, sino que lo respalda en la práctica al prever más normas internacionales sobre el uso de cepos no crueles en el futuro.
Estos países nunca participarían en negociaciones sustentadas en cualquier otra base, cosa que dejaron clara desde el primer momento, ya que, a pesar de nuestros esfuerzos por convencerles de lo contrario, nunca compartieron del todo el punto de vista de que todos los cepos son crueles, ni de que son más crueles que otros métodos de captura cuyo uso está generalizado, entre otros lugares, en la Unión Europea.
Hasta hace poco el Consejo apoyaba este planteamiento. Así se desprende del mandato que el Consejo remitió a la Comisión en junio de 1996, en el que no se incluía ninguna demanda referente a la prohibición de ningún método de captura en concreto, incluido el del cepo. El acuerdo se ajusta plenamente a dicho mandato.
Por último, en lo que se refiere a las observaciones del Sr. Pimenta, cuya labor y presencia de muchos años en el Parlamento Europeo respeto y estimo especialmente, como él mismo sabe, quisiera decir que no es absolutamente preciso. La Comisión se ha atenido a las disposiciones del Tratado y al procedimiento previsto en el artículo 228, de conformidad con las directrices del Consejo.
El Parlamento Europeo sabe muy bien que es el Consejo el que decide si el tema será examinado por el Consejo de Medio Ambiente o por el Consejo de Asuntos Generales. No es la Comisión la que lo propone. Por consiguiente, no fue la Comisión sino el Consejo el que decidió que el Consejo de Asuntos Generales siguiera este tema, en lugar del Consejo de Medio Ambiente.
Asimismo, la Comisión Europea ha seguido todos los procedimientos de deliberación con el Parlamento Europeo y, como les he dicho, de conformidad con el Tratado, se solicitará el dictamen del Parlamento con respecto a la aprobación del acuerdo con Canadá y Rusia.
En lo que se refiere a la prohibición de importaciones, la Comisión ha adoptado todas las medidas necesarias para llevarla a efecto. El procedimiento correspondiente ya había sido acordado por los Estados miembros antes de la reunión del Consejo de Medio Ambiente. Este reglamento fue adoptado por la Comisión y publicado en el Diario Oficial a principios de enero de 1997. Este reglamento que, repito, era conforme con las directrices del Consejo, establece entre otras cosas que la prohibición entre en vigor el primer día del tercer mes posterior a la publicación de la lista de los Estados. La propuesta para la lista de Estados se presentó a la Comisión CITES el 19.12.1996, y el 13.01.97 los Estados miembros expresaron su rechazo a la propuesta de la Comisión. Por lo tanto, la Comisión, de conformidad con el Reglamento 3254 está iniciando los pasos para promover esta propuesta en el Consejo y, como ya he mencionado en mi intervención, mantendrá informado al Parlamento Europeo conforme al procedimiento de deliberación previsto en el Tratado.

El Presidente
Tiene la palabra el Sr. Pimenta por alusiones personales.

Pimenta
Señor Presidente, una verdad a medias es tan mala como una mentira. El Consejo de Representantes de Estados miembros rechazó en enero la lista de países que quería la Comisión porque la Comisión había incluido al Canadá y a Rusia, aunque el preámbulo decía que la lista era provisional. Perdone usted, Sr. Papoutsis, pero no es culpa suya: lo que pasa es que usted no conoce los detalles. No se esfuerce por proteger a alguien que no merece que se le proteja.

Papoutsis
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que no intento proteger a nadie. Intento proteger el prestigio y las decisiones de la Comisión Europea y, como usted sabrá, la Comisión Europea adopta decisiones colectivamente y, sobre la base de esas decisiones colectivas, es sometida al juicio de los demás órganos institucionales y al control parlamentario. En lo que se refiere a la lista de países concretos, como le he dicho anteriormente, la Comisión la presentó al Consejo. Los Estados miembros no la aprobaron y por eso tenemos un retraso, no por culpa de la Comisión Europea, sino porque el Consejo no llegó a adoptar una decisión. En segundo lugar, en cuanto a las directrices del Consejo, que la Comisión Europea recibió y que siguió fielmente, permítame, señor Presidente, que adjunte al acta del Parlamento el acta del Consejo y las entregue a su Secretaría.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Se procede a la votación.

Ford
Apoyaré la resolución que pide que la Comisión ponga en práctica lo que desea el Parlamento y prohíba la importación de pieles de animales capturados con cepos dentados. No podemos aceptar que el dogma del libre mercado prevalezca sobre la cuestión del bienestar animal. Los cepos dentados son el castigo más cruel que se puede infligir a un animal. Como hemos podido ver esta semana, los animales atrapados en un cepo dentado se esfuerzan por cortarse a dentelladas sus propias patas para poder escapar del cepo.
La Unión Europea y casi otros 60 países han prohíbido la utilización de los cepos dentados. No hay razón alguna, no hay ninguna justificación, para que toleremos que, en interés del libre comercio, los canadienses y los rusos exporten pieles a la Unión cuya venta sería ilegal si el animal hubiese sido capturado aquí.
La Comisión debe respetar los deseos del Parlamento, del Consejo y, lo que es más importante, de la inmensa mayoría de la población en Europa, y prohibir esas crueles importaciones que lo único que hacen es dar a hombres y mujeres elegantes la posibilidad de exhibir su inhumanidad para con los animales.

Sandbæk
Señor Presidente, me parece sorprendente que precisamente al votar en contra de la enmienda nº 3 se hayan negado los hechos, pero dejaré este tema tal como está.
Votaré en contra de la propuesta de resolución, ya que estoy convencida de que una reiteración de la exigencia de cumplimiento del Reglamento relativo a la prohibición de la importación de pieles impedirá que se llegue mediante negociaciones a un acuerdo que beneficiará finalmente mucho más el bienestar de los animales, ya que éste incluye obligaciones relativas a la caza con cepos en Canadá, Estados Unidos, Rusia y la UE, donde se siguen cazando millones de animales con cepos. Nosotros mismos no cumplimos las exigencias del Reglamento. Los cepos armados están prohibidos en las zonas públicas, pero no en las privadas, y se pueden comprar cerca del Parlamento Europeo con sus correspondientes instrucciones de uso. Los cepos se utilizan principalmente para cazar alimañas, por lo que prohibir la importación de pieles no será un incentivo para acabar con este uso de los cepos. No obstante, por la vía de las negociaciones podemos prohibir todo tipo de cepos terribles en beneficio de los animales. Sé que, antes de ser aprobado el Reglamento, se intentó en vano la vía de las negociaciones, pero eso no significa que las negociaciones actuales deban correr la misma triste suerte. Las negociaciones iniciadas por la Comisión con Canadá, Estados Unidos y Rusia pueden llevar al primer acuerdo centrado en el bienestar de los animales cazados con cepos. No debemos echar a perder esta perspectiva excluyendo el fundamento de las negociaciones para celebrar un juicio en la OMC que puede durar años, sin que ello beneficie de ningún modo a los animales.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Maíz genéticamente modificado
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión:
B4-0003/97 de la Sra. Breyer y del Sr. Lannoye, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; -B4-0005/97 del Sr. des Places, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de la Naciones, sobre el OGM - puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; -B4-0012/97 del Sr. Pasty, en nombre del Gupo Unión por Europa, sobre los organismos genéticamente modificados; -B4-0013/97 de la Sra. González Álvarez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la solicitud de moratoria a la entrada de maíz transgénico en la Unión Europea; -B4-0014/97, en nombre del Grupo de Alianza Radical Europea, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; -B4-0015/97, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado; procedimiento de autorización; -B4-0016/97, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la puesta en el mercado del maíz genéticamente modificado.Tiene la palabra el Sr. Lannoye para una cuestión de orden.

Lannoye
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera pedir el aplazamiento del debate, en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 131 del Reglamento, y su inscripción el lunes del período de sesiones de marzo, el 10 de marzo, como primer punto del día.
¿Por qué este aplazamiento? Se mencionó hace un momento la ausencia de Sir Brittan durante el importante debate que acabamos de tener. Compruebo que para este debate igualmente importante, incluso más, dedicado al maíz genéticamente modificado, representa a la Comisión el Sr. Papoutsis. No tenemos absolutamente nada en contra de la persona del Sr. Papoutsis, pero queda claro que la Sra. Bjerregaard podría haber estado presente.
Consideramos que además del hecho de que vamos a debatir en condiciones que no son muy favorables, un viernes, a finales de la mañana, con muy pocos miembros presentes, tenemos un comisario que no conoce el tema, y de ninguna manera se trata de un reproche. Por tanto, repito, en virtud del artículo 131, pido el aplazamiento al 10 de marzo como primer punto del orden del día.

El Presidente
Señor Lannoye, he consultado el artículo 131 y está en su pleno derecho de hacer esta solicitud. Pero permítame dos advertencias: la primera, señor Lannoye, que el viernes es un día de trabajo tan digno como los demás y, por lo tanto, yo creo que es una señal de respeto a todos los diputados y diputadas que estamos aquí el considerarlo de esta manera. La segunda cuestión es que no puede haber en este momento ningún compromiso en relación a la fijación del orden del día de la próxima sesión. Ésta es una cuestión que depende, única y exclusivamente, de la elaboración del orden del día.
Lo que sí podemos decidir en este momento es si se aplaza el debate conjunto.
Por lo tanto, vamos, Señorías, a escuchar una opinión a favor, otra en contra y luego lo someteremos a votación.
Señor Lannoye, tiene usted la palabra.

Lannoye
Señor Presidente, no soy un gran especialista del Reglamento, pero sé leer y compruebo que en el punto 1 del artículo 131, se dice que todo Grupo político puede presentar una moción que tenga por objeto aplazar el debate en un momento preciso. Esa es la propuesta que yo hice. El «momento preciso», es el primer punto del orden del día del período de sesiones de marzo, el lunes 10 de marzo. Me parece de conformidad con el Reglamento.

El Presidente
En todo caso, yo recojo su indicación; la pasaré a la Conferencia de Presidentes que, como usted sabe, es quien, en principio, decide el orden del día y seguro que tendrá en cuenta su razonamiento, pero no es en este momento un compromiso que pueda tomar esta Presidencia.
Tiene la palabra el Sr. von Habsburg para una intervención en contra de la propuesta del Sr. Lannoye.

von Habsburg
Señor Presidente, estoy totalmente en contra de la propuesta del Sr. Lannoye no porque no tenga razón retóricamente sino porque significa la destrucción del viernes como día de trabajo. Se nos ha votado para servir a nuestros electores. Es igual si son muchos o pocos. Aquí al menos la calidad sustituye a la cantidad. Los hemos descubierto con frecuencia por lo que pido que en cualquier caso se vote en contra. Agradezco al Sr. Presidente que también lo haya dicho así. El viernes es un día de trabajo exactamente igual que otro.

El Presidente
Muchas gracias, señor von Habsburg. Esta Presidencia jamás quisiera condicionar ninguna votación. Yo he entendido que las razones que ha dado el Sr. Lannoye iban más allá de que se tratara de un viernes. Por lo tanto, yo, en este caso -que abogo siempre por la dignificación de todos los días de trabajo, también del viernes-, no quisiera que desde esta Presidencia se condicionara ninguna votación. La Presidencia debe ser absolutamente neutral a la hora de las votaciones, hasta el punto que, generalmente, ni vota.
Tiene la palabra la Sra. Pailler para defender la propuesta del Sr. Lannoye.

Pailler
Señor Presidente, creo que se trata de un debate particularmente importante que tiene lugar después de los 118 votos que expresan el deseo de censura de la Comisión sobre un tema muy parecido. Por tanto, nos gustaría que estuvieran presentes los comisarios competentes en la materia y que haya suficiente audiencia para que este debate tenga la dignidad y la seriedad que merece.
Ayer, el Sr. Caccavale pidió, por razones completamente imprecisas, cuando había mucha gente presente en la sesión plenaria, aplazar su informe, lo que no pareció chocar a nadie. Ahora bien, era jueves y se aplazó su informe. No veo por qué no tendríamos el valor de aplazar un tema tan importante para que se debata en un momento en el que los miembros estén presentes, así como la Comisión, e incluso el Consejo.

El Presidente
Muchas gracia, señora Pailler.
Someto a votación la solicitud de aplazamiento del debate conjunto.
(El Parlamento aprueba la solicitud) Tiene la palabra el Sr. Ford para una cuestión de orden.

Ford
Señor Presidente, una cuestión de orden. Supongo que la lista de oradores está cerrada, para que los diputados que estimaban que la cuestión no era suficientemente importante para estar aquí hoy por la mañana no decidan repentinamente que la cuestión es interesantísima si está en el orden del día el lunes por la tarde. ¿Puede confirmarnos que la lista de oradores está cerrada?

El Presidente
Señor Ford, sabe usted muy bien, porque es un miembro muy importante de la Comisión de Reglamento, que la lista se abrirá de nuevo para el debate, de manera que puedan participar aquellos miembros de la Asamblea que deseen hacerlo.
Tiene la palabra el Sr. Rübig para una cuestión de orden.

Rübig
Señor Presidente, me parece irresponsable que se aplace un debate tan importante.

El Presidente
Señor Rübig, ésta no es una cuestión de orden. Es una opinión personal -y muy respetable-, pero no es una cuestión de orden. La Asamblea ha decidido, libremente, con el voto que es, en democracia, lo definitivo. Por lo tanto, esta Presidencia está obligada a respetar la voluntad mayoritaria de la Asamblea.

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Señorías, una vez más, me ha correspondido la agradable misión de haber presidido estas sesiones ejemplares del viernes. Les deseo que tengan un relajante fin de semana y, una vez más, permítanme que agradezca a todos los servicios de la Asamblea su colaboración y a ustedes, Señorías, que hagan tan fácil y tan agradable presidir esta sesión.
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 11.30 horas)

