Reanudación del período de sesiones
Elles (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera hacer una breve declaración sobre un incidente que ha tenido lugar esta mañana en la reunión de nuestro Grupo. Este Grupo invitó a la Sra. Andreasen a que asistiera y aportase su testimonio en asuntos de información técnica sobre los sistemas contables. Para nuestra sorpresa, al llegar supimos que la Comisión la había retenido y no le permitía dar ninguna información, ni a los parlamentarios allí reunidos ni a los periodistas presentes.
Lo que la gran mayoría de integrantes de nuestro Grupo político quisiera preguntar es si la Comisión puede justificar por qué motivos se impidió a la Sra. Andreasen proporcionarnos cualquier tipo de información técnica acerca de un tema importante que necesitamos conocer. Y ante todo, ¿cómo es que el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento no nos permite, en nuestra calidad de parlamentarios, hablar con los demás sobre asuntos técnicos y, por consiguiente, qué fuerza tiene la Comisión en nuestra institución? Este es un asunto que tendrá que decidir la Mesa y sobre el que esperamos una aclaración.

El Presidente.
Este asunto corresponde a la Conferencia de Presidentes, no de la Mesa. Sin embargo, la Sra. Schreyer interviene más tarde, de modo que si desea Su Señoría que ella trate el tema, podrá hacerlo, pero dependerá totalmente de ella.

Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera formular una petición a la Presidencia. El Parlamento Europeo, si mi información es correcta, ha invitado a Estrasburgo a todos los ganadores anteriores del Premio Sájarov para que asistan a la sesión parlamentaria.
¿Podría enviar la Presidencia del Parlamento una carta oficial al Gobierno turco, solicitándole que extienda un permiso especial a favor de la Sra. Zana ??

El Presidente.
Su Señoría tiene el honor de formar parte de la Conferencia de Presidentes, y éste asunto compete a dicha conferencia. Puede usted escribir al Presidente, estoy seguro de que puede levantar el teléfono y hablar con él.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual del Tribunal de Cuentas para el año 2001.

Fabra Vallés
. (ES) Honorable señor Presidente, señor Secretario General, honorables miembros del Parlamento Europeo, señoras y señores, me complace presentarles hoy el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente al ejercicio 2001.
He organizado mi exposición en torno a cuatro grandes apartados: primero, el análisis de la gestión presupuestaria; segundo, el seguimiento dado a las observaciones anteriores del Tribunal; tercero, la Declaración sobre la fiabilidad de las cuentas (la DAS); y en cuarto lugar, la reforma de la Comisión.
Comencemos pues por el análisis de la ejecución del presupuesto. 
Por segundo año consecutivo se ha producido un excedente presupuestario elevado, superior a 15 mil millones de euros (un 16% del presupuesto final). El superávit se debe a la anulación de créditos provocada principalmente por el retraso en la ejecución de medidas estructurales. Hubiera sido conveniente modificar el presupuesto para mantener en equilibrio los ingresos y los gastos previstos. 
Otro rasgo determinante de la gestión presupuestaria ha sido la escasa utilización de los créditos de pago en algunas áreas. En el caso de los Fondos estructurales el porcentaje de utilización ha sido inferior al 70%, el nivel más bajo desde 1999. 
La lentitud caracteriza también la puesta en marcha de las ayudas de pre-adhesión, especialmente del programa SAPARD, donde solamente se ha pagado el 9,2% de los créditos. Además, los beneficiarios finales de este programa han recibido únicamente 1 millón de euros y, si no se acelera la ejecución, habrá que anular créditos en el 2003.
La Comisión debe continuar con su esfuerzo de depuración de las cuentas, cancelando aquellos compromisos que ya no son operativos. Los compromisos pendientes de liquidación suman más de 12 mil millones de euros en las ayudas exteriores y casi 3 mil millones en los nuevos instrumentos de pre-adhesión. 
La ejecución de los Fondos Europeos de Desarrollo también se efectúa a un ritmo lento. Tras cuatro años en vigor, sólo el 30% del 8º FED ha sido desembolsado.
En conclusión, las estimaciones de ejecución y pago de los programas deberían ser más realistas y ajustarse a la capacidad de absorción de cada país. El resultado sería un presupuesto más riguroso y equilibrado.
El Tribunal ha analizado el seguimiento acordado a sus observaciones anteriores. En general, la Comisión ha tomado las medidas oportunas para corregir las deficiencias señaladas; así, por ejemplo, se ha simplificado el régimen aduanero de perfeccionamiento pasivo, se ha mejorado el régimen de promoción de sociedades mixtas de pesca y se han revisado los procedimientos de licitación del programa TACIS.
En otros sectores no se ha constatado una evolución tan satisfactoria, como en el caso del régimen de ayudas para el trigo duro, donde subsisten deficiencias señaladas por el Tribunal en 1998 y donde se gastan, innecesariamente, 450 millones de euros anuales. También es el caso de la Organización Común del Mercado del azúcar donde, a pesar de la reforma del 2001, persisten problemas de sobreproducción y precios elevados.
Confío en que la puesta en funcionamiento del Comité de acompañamiento de la auditoría permita a la Comisión prestar mayor atención al seguimiento de los informes del Tribunal. 
Veamos ahora la declaración de fiabilidad.
El Tribunal opina que las cuentas del ejercicio 2001 reflejan fielmente los ingresos y los gastos, así como la situación financiera de las Comunidades. No obstante, el informe formula algunas reservas y observaciones originadas en gran parte por defectos del sistema contable, ya señalados anteriormente por el Tribunal.
En su respuesta a nuestro informe, la Comisión reconoce las deficiencias y se compromete a presentar un plan de modernización del sistema contable antes del final del año 2002. El Tribunal verificará la concepción y ejecución de este plan, e informará, por supuesto, al Parlamento de su progreso.
Como en pasados ejercicios, el Tribunal opina que las operaciones correspondientes a los ingresos, a los compromisos y a los gastos administrativos son legales y regulares. No obstante, debido a los errores detectados, no podemos ofrecer aún esa garantía respecto a los otros pagos.
La mayor parte de los errores se registran en los pagos relativos a la política agrícola y a las acciones estructurales, es decir, en las áreas de gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros, que suponen un 80% del presupuesto. Reducir la incidencia de los errores requiere una mejora significativa en los sistemas de administración y control, tanto en la Comisión como en los Estados miembros. 
Así, en relación con la política agrícola común, las declaraciones presentadas por los beneficiarios de las subvenciones no han mejorado respecto a años anteriores. La puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión y Control no se ha completado y en casi la mitad de los Estados miembros, el sistema de identificación de bovinos, obligatorio desde el año 2000, no se ha introducido. 
Otros errores están relacionados con deficiencias en los controles de los Estado miembros, por ejemplo en el caso del aceite de oliva y del algodón. Las recomendaciones del Tribunal pasan, obviamente, por aplicar integralmente los mecanismos de control previstos en la reglamentación.
En relación con las acciones estructurales, se han detectado de nuevo pagos erróneos provocados por deficiencias en los sistemas de control y en las declaraciones de gastos de los Estados miembros. El Tribunal se inquieta por el retraso de las administraciones nacionales en la aplicación de los dispositivos de gestión y control para el nuevo período de programación. Las unidades de inspección no funcionan y no se realiza un control independiente de las operaciones. Se recomienda que la Comisión intensifique sus chequeos y explote, sistemáticamente, los resultados obtenidos.
En el área de las políticas internas, gestionadas directamente por la Comisión, el análisis del Quinto Programa Marco de investigación ha revelado pagos incorrectos producidos por el incumplimiento de los contratos por parte de los beneficiarios. El Tribunal recomienda simplificar los sistemas de reembolso de gastos e introducir dispositivos de sanción más eficaces.
Las autoridades nacionales de los países beneficiarios y las organizaciones no gubernamentales tienen un papel determinante en el sistema de gestión de los programas de ayuda exterior. Del análisis de la documentación justificativa, disponible a nivel central, en Bruselas, se concluye que la Comisión ha realizado los compromisos y los pagos legal y regularmente. 
Sin embargo, el Tribunal no tiene la seguridad de que esas operaciones hayan sido ejecutadas correctamente en los países beneficiarios. Los sistemas de control son insuficientes y se han detectado frecuentes errores sobre el terreno. La Comisión debe profundizar la transformación de la ayuda exterior, que ha dado ya pasos positivos.
Para concluir este punto, quisiera abrir un pequeño paréntesis. En los últimos meses hemos asistido a un encendido debate acerca del sistema contable de la Comisión. Esto es bueno y espero que el interés suscitado sirva para impulsar las reformas preconizadas por el Tribunal desde hace tiempo. Sin embargo, en algunos aspectos el debate ha adolecido de falta de rigor y serenidad. Llega el momento de poner un poco de orden y establecer un mapa objetivo de la situación.
En este sentido, conviene subrayar que, a pesar de ciertas reservas, las cuentas de la Comisión son fiables; así, salvo quizás en algunos aspectos puntuales, las cifras suministradas por la contabilidad presupuestaria se corresponden con la ejecución real de los créditos. Esta opinión está avalada por un trabajo de auditoría riguroso y profesional, en el que el Tribunal invierte numerosos recursos.
Pero como fruto también de este trabajo, el Tribunal ha criticado el sistema contable. Las insuficiencias señaladas dificultan la obtención de información de mayor calidad, necesaria para mejorar la gestión. Me refiero, por ejemplo, a las carencias de la contabilidad patrimonial al presentar la situación del activo y pasivo de la Comisión. El Tribunal insiste en estos defectos desde hace años, por fin parece que sus observaciones tienen eco. Hoy exigimos, con decisión, que la Comisión tome acciones correctoras; el año próximo, en este mismo foro y con idéntica decisión, exigiremos resultados y confío en que sean positivos. Mientras tanto, dejemos por favor a la Comisión concentrarse en la tarea, que no es simple.
Abordemos ahora el que yo considero tema crucial del Informe: la reforma de la Comisión. 
El 2001 ha sido un año de transición en el que se han hecho progresos significativos, especialmente en la gestión financiera y el control interno. Veamos cuáles son las principales observaciones del Tribunal al respecto.
En primer lugar, señalemos que algunas medidas no se están introduciendo en los plazos estipulados. Este retraso se debe sobre todo, a un calendario inicial demasiado ambicioso, como ya denunció el Tribunal. En segundo lugar, el Consejo ha adoptado un nuevo Reglamento Financiero que el Tribunal considera globalmente adecuado. A pesar de que quedan algunos elementos insatisfactorios, es un buen instrumento que permitirá mejorar la administración de los fondos comunitarios. 
Los Directores Generales han elaborado por primera vez un informe de actividad y han formulado una declaración sobre la calidad de la información y del control interno. Esta responsabilización del gestor es una de las claves del éxito de la reforma. Se trata de una auténtica revolución en la cultura de gestión de la Comisión. 
Recomendamos mejorar la metodología de elaboración de los informes y las declaraciones: la fecha de presentación se debe avanzar; se deben dictar orientaciones más precisas que eviten ambigüedades, que concreten las posibles observaciones y reservas y que definan con más rigor los planes de acción. La Comisión ha sintetizado los informes y declaraciones de los Directores Generales en un documento enviado al Parlamento y al Consejo. Este documento incluye un plan de acción destinado a corregir los problemas detectados. El plan debería abordar más en profundidad cuestiones como el seguimiento de las normas de control interno o la reforma de SINCOM.
Finalmente, un aspecto de la reforma reclama mayor atención. Se trata de la gestión de los programas efectuada por los Estados miembros, lo que se denomina como 'gestión compartida?. La Comisión tiene dificultades para integrar en su estrategia acciones concretas encaminadas a verificar y mejorar el funcionamiento de estos sistemas de gestión que cubren más del 80% del presupuesto. Es urgente buscar soluciones, pero la Comisión sola se verá impotente, por lo que precisará de la colaboración activa de las autoridades nacionales.
Yo creo que este mensaje sirve como conclusión a mi exposición.
La reforma avanza positivamente. La Comisión ha cumplido con su compromiso de trabajar con ímpetu en la mejora de sus prácticas administrativas y de control. No obstante, tardará todavía en ser esa administración excelente y ejemplar que todos deseamos. Se trata de un proceso laborioso, al que todas las instituciones deben aportar su experiencia. 
El Tribunal analizará cada año los progresos alcanzados, informará de las deficiencias y recomendará aquellas medidas que considere necesarias. 
Les agradezco vivamente la atención que me han prestado.
Schreyer
Señor Presidente, Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señores diputados de este Parlamento y miembros del Tribunal de Cuentas, quiero expresar mi agradecimiento más sincero al Sr. Fabra Vallés por su alocución y por su decidido apoyo a la reforma de la Comisión. Deseo dar las gracias a todos los miembros y empleados del Tribunal de Cuentas por su válida cooperación durante este año y por las recomendaciones del Tribunal, que resultan indispensables para la buena utilización y correcta administración del presupuesto europeo. Refiriéndome concretamente a la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas, también quiero agradecer la franqueza en cuanto a la metodología aplicada.
Siguiendo el ejemplo del Sr. Fabra Vallés, voy a concentrarme en tres aspectos, a saber, el excedente de 2001, la contabilidad y la reforma de la Comisión. El Tribunal hace patente su crítica respecto del excedente de 15 000 millones de euros para ese año, que no procede del ahorro - lo que hubiera sido de desear - sino que es el resultado de no haberse utilizado en su totalidad el presupuesto previsto por el Parlamento, así como del retraso en la puesta en marcha de los programas, especialmente de política estructural, con el ritmo previsto. El excedente representa la diferencia entre las estimaciones y los datos de caja tal como se refleja en las cuentas de ingresos y gastos, ajustadas a la contabilidad exigida por el Parlamento.
¿Por qué se ha producido tal discrepancia en el gasto estructural? En este ámbito, la Comisión siempre depende de las propuestas y predicciones de los Estados miembros, y en este caso, hemos estado trabajando sobre la base de supuestos que sencillamente no se correspondían con la realidad. Ayer dije durante la reunión del ECOFIN, y no ha sido la primera vez que lo he hecho, que sigue sin existir en los Estados miembros un procedimiento sistemático para estimar sobre una base sólida qué cantidad de recursos se puede gastar realmente durante un año fiscal. Aquí es donde los Estados miembros tienen que trabajar conjuntamente con la Comisión en la mejora de las previsiones, lo que puede facilitarse ahora por nuestra presentación de las previsiones de los Estados miembros a la Comisión parlamentaria.
El reglamento financiero exige que todo excedente de un año financiero sea asignado a los Estados miembros en concepto de ingresos para el año siguiente. Lo hemos hecho principalmente mediante dos presupuestos suplementarios, un instrumento que también ha estado presente durante los debates sobre el reglamento financiero.
En cuanto a las normas contables, el Tribunal ha dictaminado de nuevo, al igual que en años anteriores, que las cuentas anuales para el año fiscal 2001 reflejan una imagen veraz y fidedigna de los ingresos y gastos, así como de la situación financiera de la Comunidad a finales de año. El Tribunal supedita la gestión financiera, incluida lógicamente la situación de liquidez, a un análisis en detalle. Por tanto, resulta rotundamente falso afirmar que los libros contables y la situación de liquidez de la Comisión no han sido auditados en los últimos diez años. El Tribunal analiza en detalle las cuentas y las normas aplicadas. El Tribunal ha vuelto a expresar ciertas reservas acerca del balance y ha solicitado realizar más modificaciones al sistema.
Como es sabido, el nuevo reglamento financiero exige que todas las instituciones tengan, a partir de 2005, un único balance referido a un periodo concreto, un requerimiento que también rige para el Parlamento. A fin de disipar cierta confusión en este punto, permítanme adherirme al Presidente del Tribunal de Cuentas a la hora de exponer una reflexión básica para clarificar conceptos. La contabilidad en el sector público se basa tradicionalmente en el libro de caja, por cuanto se centra en el registro de ingresos y gastos en comparación con las estimaciones presupuestarias fijadas por las autoridades responsables del presupuesto. Este sistema se encuentra por tanto en armonía con la contabilidad para las autoridades presupuestarias. En algunos Estados miembros, la gestión financiera sigue estando basada en este principio, y carece de toda verosimilitud la pretensión de que este tipo de contabilidad de liquidez se presta por naturaleza al fraude. Sin embargo, este tipo de información no resulta suficiente para las medidas administrativas orientadas a la eficacia, y eso es lo que le preocupa al Tribunal de Cuentas, como ha venido señalando durante años, y también es motivo de preocupación para la Comisión. Existe una vinculación estrecha entre la adopción de normas comerciales en el sector público y la reforma global de la administración en el seno de la Comisión, y especialmente en algunos Estados miembros.
Estos aspectos son los que han de desempeñar un papel muy importante en el presupuesto, y sobre todo en el balance, pero los centros de gasto del presupuesto tienen que poder recabar mayor información de las cuentas. Nos hemos comprometido a un desarrollo continuado, a lo que además nos ha exhortado expresamente el Tribunal, incluida la mejora del sistema informático aplicado. Nuestro sistema contable está informatizado y funciona eficazmente; quiero añadir, de paso, que los centros de gasto presupuestarios en todas las Direcciones Generales y en las representaciones están enlazados entre sí mediante un sistema con el que algunos Estados miembros no pueden ni soñar. En este punto también se han vertido afirmaciones falsas en el sentido de que 4.000 funcionarios habrían podido realizar transacciones de forma directa y casi bajo su propia responsabilidad. Esto también es falso. Tienen la obligación de introducir todo en un único sistema y la Dirección General del Presupuesto es la que se encarga de efectuar las transacciones reales. A este respecto, se han adoptado una serie de medidas de mejora. Durante este año también nos hemos preocupado de implantar mejoras en el ámbito de la seguridad, concretamente en lo concerniente al acceso por parte de los gestores del sistema, un aspecto sobre el que el Tribunal de Cuentas había llamado nuestra atención en numerosas ocasiones.
Todos los años, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento tiene la importante misión de comprobar los estados financieros y, si alguien necesita ayuda, huelga decir que mi equipo se encuentra siempre a su entera disposición. Señor Elles, si su Grupo ha adoptado la decisión de solicitar ayuda externa, es algo que evidentemente sólo le incumbe a él. En lo referente al interrogatorio de una funcionaria suspendida de sus funciones, la Conferencia de Presidentes ha estudiado el asunto y, cuando la interesada presentó una petición, se le informó debidamente sobre aquella y sobre la causa judicial iniciada, nada más.
En resumen, quiero agradecer al Sr. Fabra Vallés nuevamente por la constatación de que el Tribunal de Cuentas, sobre la base de una labor de auditoría rigurosa y profesional, ha vuelto a confirmar la fiabilidad de la contabilidad de la Comisión. La Comisión está ultimando actualmente un planteamiento detallado para la ulterior modernización del sistema contable que recogerá todas las sugerencias y críticas vertidas por el Tribunal de Cuentas, y estaré en condiciones de presentarlo al Parlamento durante el mes de enero.
En cuanto al tercer aspecto - el de las reformas -, las medidas adoptadas por la Comisión son cuantiosas en número y ambiciosas en cuanto a alcance. Como es sabido, en lo referente al presupuesto, la presupuestación basada en las actividades está cambiando la forma de confeccionar el presupuesto. La planificación estratégica sobre la base de la estrategia política anual dentro de la Comisión constituye otro cambio importante. Los departamentos del Servicio de Auditoría Interna y del Servicio Financiero Central se han estructurado con ese mismo enfoque. Sin embargo, el aspecto más importante es la descentralización de la responsabilidad contable, tal como la han descrito los Directores Generales en su informe. Aquí se ha de reflejar si se han logrado los objetivos fijados en el presupuesto y si resulta posible emitir un dictamen, dando fe de la implantación y el correcto funcionamiento de todas las medidas de control.
Todo ello implica además nuevas estructuras, como la elaboración de informes anuales. Lo hicimos por primera vez en 2001 y el Tribunal de Cuentas lleva razón al señalar que las declaraciones de los Directores Generales todavía difieren en demasiados aspectos como para servir de base para algún tipo de planteamiento de auditoría única. Es una observación con la que coincide la Comisión, y por esa razón tendremos que decir en breve las mejoras pertinentes cuya implantación autorizaremos a los Directores Generales.
Hay una sugerencia en el informe del Tribunal de Cuentas en la que quiero detenerme concretamente, una que tendrá importancia en cuanto al trabajo realizado por la Comisión de Control Presupuestario, y es la de que los informes anuales elaborados por los Directores Generales deberían incluir una declaración sobre cuáles de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas ya se han llevado a la práctica y cuáles están todavía pendientes de acciones futuras. Eso reduciría el número de posibles críticas; se trata de una propuesta muy válida, realmente esencial, y es algo que vamos a asumir. Facilitará las labores tanto de la Comisaria responsable del Presupuesto, como las de la Comisión de Control Presupuestario.
Permítanme aprovechar esta ocasión para felicitar al Tribunal de Cuentas por sus veinticinco años de existencia y, en nombre de la Comisión, volver a agradecerle muy cordialmente toda la labor que ha realizado. Quiero dedicar también unas palabras al ponente principal, Sr. Casaca. Los trabajos acerca del procedimiento de aprobación de la gestión ya han comenzado y el cuestionario que nos ha enviado es bastante exhaustivo. Por su parte, la Comisión hará todo los posible por proporcionarle respuestas satisfactorias en el plazo establecido, es decir, antes del 18 de diciembre. El cuestionario también deja bien claro, señor Casaca - y así se lo puede comunicar a la Comisión - que la cooperación exigida será, en mi opinión, no sólo intensa, sino muy satisfactoria.
Theato (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Fabra Vallés, Señorías, quisiera empezar haciendo extensiva mi felicitación cordial al Tribunal de Cuentas por sus veinticinco años de existencia y por las celebraciones de la pasada semana, que estuvieron perfectamente a la altura de las circunstancias. El debate de hoy acerca del informe anual 2001 del Tribunal de Cuentas, que usted, señor Fabra Vallés, afortunadamente presentó a la Comisión de Control Presupuestario a principios de noviembre, nos permite examinar los mismos aspectos clave que ya han sido mencionados, sobre todo el enorme excedente presupuestario de más de 15 000 millones de euros, cuya explicación radica en que no se pudo gastar el 16% de los recursos asignados, tanto más cuanto que el año fiscal 2000 se había cerrado con el 14% de los fondos sin utilizar y sobrantes. Estamos bastante a favor de la austeridad, pero no a expensas de los objetivos que habían quedado acordados, a menos que la capacidad para llevarlos a la práctica estuviera sobrestimada desde el principio.
En el capítulo 1, el Tribunal reitera el llamamiento que hizo el año anterior para que se presentara a tiempo un presupuesto suplementario y rectificativo. La respuesta de la Comisión tal vez sea técnicamente correcta, pero no lo es desde el punto de vista político. Queda aún mucho trabajo por hacer aquí. Lo que el Tribunal afirma en el capítulo 9 de la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas resulta muy interesante, pero al mismo tiempo constituye un motivo de grave preocupación. Una vez más, excepción hecha de algunos ámbitos, no se emite aprobación de las cuentas. La cuestión estriba en saber si alguna vez se llegará a alcanzar la marca superior de esta vara de medir. En relación con la aprobación de la gestión, los aspectos realmente importantes serán una serie de elementos como la reforma de la Comisión, la gestión financiera y el nuevo reglamento financiero.
La fiabilidad del sistema contable de la Comisión ha sido el centro de acalorados debates, que los medios de comunicación se han encargado de difundir a los cuatro vientos. No se ha permitido a la Comisión de Control Presupuestario escuchar los argumentos de la responsable contable de la Comisión, que desde entonces se encuentra suspendida de su cargo. Lo que podemos leer en el informe del Tribunal - en la página 308 y siguientes, por ejemplo - esboza una imagen bastante sombría de los déficits que vienen estando presentes en los libros y los procedimientos contables de la Comisión desde hace años. Si se juntan todas las críticas que el Tribunal ha vertido en sus informes desde 1994 hasta hoy, el resultado constituye una prueba de la negligencia dolosa con que la Comisión se encarga de poner remedio a estas graves deficiencias. Según sus planes actuales, la Comisión pretende eliminarlos progresivamente, pero no lo habrá logrado antes de 2005, por lo que les quedan muchos años de control al Tribunal de Cuentas y al Parlamento.
Voy a terminar con dos preguntas. La primera es si el año 2001 ha sido testigo de una mejora en la puesta en práctica del presupuesto. Será la resolución de aprobación de la gestión la que proporcione la respuesta a este interrogante. La segunda es la siguiente: según el Tratado de la Unión, el organismo responsable de la gestión del presupuesto en su conjunto es la Comisión. El nuevo reglamento financiero asigna a sus Direcciones Generales una responsabilidad descentralizada. Pero, ¿quién, dentro de la Comisión, es responsable de controlar todo el conjunto en el seno de la propia Comisión? ¿Los diferentes Directores Generales, el Director General del Presupuesto o el responsable contable? En cualquier caso, será principalmente a usted, Comisaria Schreyer, en su función de Comisaria del Presupuesto, a quien seguiremos dirigiendo nuestras preguntas.
Kuhne (PSE).
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Fabra Vallés especialmente por la sensibilidad que ha demostrado en las últimas semanas en relación con la cuestión de cómo presentar públicamente su informe a la Comisión, tanto más cuanto creo que era necesario que no celebráramos este tipo de acto a puerta cerrada, mientras un informe de tal naturaleza va cubriendo la ronda por los circuitos interesados en Bruselas. Por tanto, permítame expresar mi gratitud por ello.
Quiero decir algo acerca de los aspectos que ya han sido objeto de numerosos comentarios, por ejemplo, el tema del sistema contable. A lo largo de los meses venideros, nosotros los socialdemócratas tenemos que asumir las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas como elemento fundamental del trabajo que hacemos y, en ese punto, tengo plena confianza en nuestro ponente, el señor Paulo Casaca, que no eximirá a la Comisión de su obligación de suministrar información. Sin embargo, hay una cosa que quiero que conste en acta, y es el hecho de que la Comisión de Control Presupuestario puso condiciones a la invitación a la contable a quien se ha aludido en repetidas ocasiones. Ella debía proporcionar pruebas adicionales de los aspectos que los comentarios del Tribunal de Cuentas, en cualquier caso, ya habían denunciado. Más tarde supimos por un artículo en un periódico publicado aquí en Bruselas que no estaba dispuesta a hacerlo. Esto forma parte también de la historia y no debería ocultarse.
He anotado lo que ha dicho el Sr. Fabra Vallés de manera muy diplomática acerca del otro tema, el de la falta de rigor y objetividad. Permítanme expresarlo a mi manera: nosotros los socialdemócratas - al igual que otros grupos - nos hemos negado a permitir que esta Cámara y sus procedimientos degeneren en un circo de personalidades, y continuaremos haciéndolo.

Por supuesto, no incluimos en ello las expresiones de entusiasmo proferidas por la Comisión acerca de la situación del sistema contable. Los comentarios vertidos por el Tribunal de Cuentas de hecho proporcionan motivo de preocupación, y este no es realmente un asunto en el que vayamos a regalar puntos de bonificación. Vamos a perseguir este asunto y la Comisión tendrá que proporcionar una respuesta a por qué, durante determinados periodos de tiempo, no se ha hecho prácticamente nada en el sentido de tomar en cuenta los comentarios realizados por el Tribunal de Cuentas. No les vamos a permitir que se escabullan diciéndonos que no pudieron hacerlo, porque había que trabajar en el nuevo reglamento financiero. Los dos temas no tienen nada que ver entre sí y esperamos una información rápida y transparente, que nos permita seguir las razones por las cuales no han sucedido determinadas cosas. En el caso de que estas explicaciones resulten menos que satisfactorias, la situación va a empezar a ponerse fea para todos los implicados. Y les puedo prometer que entonces sí que se van a poner las cosas realmente feas.
(Aplausos)

Mulder (ELDR).
Señor Presidente, gracias en cualquier caso por concederme la palabra. Quiero comenzar con una pincelada positiva. El Tribunal de Cuentas está celebrando su veinticinco aniversario, por lo que debemos felicitarle, y lo que sí puedo decir es que en esos veinticinco años, el Tribunal de Cuentas se ha convertido en una figura patriarcal sin la cual este Parlamento no sería capaz de desempeñar su función.
Me agrada asimismo que el Tribunal de Cuentas testimonie que la Comisión está funcionando de manera cada vez más eficaz. El Tribunal de Cuentas tiene una opinión positiva de la reforma de la Comisión, y lo mismo resulta aplicable, en mayor o menor medida, al nuevo reglamento financiero. Esa es la buena noticia.
La mala noticia consiste en que este año tampoco se ha emitido todavía una declaración positiva sobre la fiabilidad de los datos. Quisiera repetir lo que dije el año pasado y el anterior. ¿Por qué no puede ser más concreta la Comisión y fijar una fecha para la que debamos tener una declaración positiva sobre la fiabilidad? Sería algo a favor de lo que podríamos trabajar todos y sabríamos lo que esperar.
Resulta asimismo decepcionante no percibir una mejora real en el ámbito político más antiguo de la unificación europea, a saber, el de la política agrícola. Una vez más, el Tribunal de Cuentas valora el gasto agrícola de forma muy crítica y tengo la impresión de que apenas hay ninguna mejora tangible. Por eso tomé la iniciativa a principio de año de mejorar el control del gasto agrícola. Este tema será objeto de discusión próxima en esta Cámara y espero que la Comisión, el Consejo y los diputados lo valoren positivamente.
También por primera vez este año, los Directores Generales de la Comisión tendrán que rendir cuentas de su saneada gestión financiera. Creo que esto será esencial en el futuro. En lo que concierne al procedimiento, es seguro que existe margen para al menos cierta mejora, y los informes tendrán que ser más específicos y transparentes, si bien creo que esto constituirá un aspecto esencial para nosotros como Parlamento en el futuro.
Como todo lo que había que decir acerca del excedente del presupuesto ya se ha dicho, no voy a entrar en mayor detalle en este tema. Baste con decir que naturalmente tenemos que confeccionar los presupuestos con mayor eficacia.
Quisiera decir algunas palabras acerca de la propia declaración sobre la fiabilidad. Es el mismo mensaje que me veo obligado a repetir. Me dicen el Tribunal de Cuentas y la Comisión que resulta muy difícil establecer márgenes de error en algunas secciones del presupuesto, pero de todas formas agradecería que el Tribunal de Cuentas desarrollara ciertos indicadores allá donde fuera posible. Tendríamos que ser capaces de juzgar, de un año para otro, si las cosas han mejorado con carácter general en un determinado porcentaje. A todo el mundo le gusta saber el resultado final, lo cual también debería ser posible en el caso del presupuesto europeo.
Un punto importante que nos queda es la ampliación. El propio Tribunal de Cuentas admite que incluso los Estados miembros actuales dejan mucho que desear al respecto. Hasta donde yo sé, el SIAC (Sistema Integrado de Administración y Control) no se halla todavía operativo en ninguno de los nuevos Estados miembros. Este tema es motivo de grave preocupación y va a exigir atención, sobre todo en el futuro.

Sjöstedt (GUE/NGL).
Señor Presidente, una vez más tenemos un informe anual, esta vez el de 2001, que contiene críticas muy serias del Tribunal de Cuentas en varios puntos. Como en épocas anteriores, existen casos muy concretos en una serie de ámbitos en los que los fondos de la Unión Europea se están utilizando de forma totalmente errónea, en especial en el contexto de la política agrícola. Este informe apunta además al enorme excedente de 15 000 millones de euros, en otras palabras, el 16% del presupuesto.
Sin lugar a dudas, el aspecto más grave en este informe anual lo constituye, sin embargo, la crítica general a la fiabilidad del sistema contable de la Unión Europea y a su gestión financiera. Esta crítica ha quedado patente tanto en el informe como durante su presentación a la Comisión. Durante la presentación, los representantes del Tribunal de Cuentas informaron a la Comisión de que, debido a la forma de funcionamiento del sistema, realmente sólo se puede garantizar que sea correcto el 5% de los pagos. Es algo que carece de precedentes y que hay que tomarse muy en serio. Además, parece ser que las modificaciones están llevando demasiado tiempo. El informe del Tribunal de Cuentas afirma que en mayo de este año, el plan de acción que habría de traducirse en mejoras ni siquiera se había comenzado a poner en práctica.
A pesar de está crítica severa al sistema contable, la declaración sobre la fiabilidad de los datos afirma no obstante que las transacciones se han realizado correctamente. En mi opinión, eso es algo muy contradictorio. En principio, resulta imposible defender ambos argumentos al mismo tiempo. No es posible poner en entredicho un sistema contable que no puede cumplirse y ser capaz de garantizar que todo se ha gestionado correctamente. Pongo en duda que esta declaración sobre la fiabilidad tenga una justificación real.
Todos recordamos las encendidas críticas a las cuentas por parte de la antigua responsable contable, Sra. Marta Andreasen. Además se negó a firmar las cuentas de 2001. Me gustaría preguntar al Tribunal de Cuentas si entiende esta postura, considerando las críticas expresadas por el propio Tribunal de Cuentas. ¿Acaso no estamos ante la eventualidad de que negarse a firmar las cuentas constituye una postura bastante razonable a adoptar?
Otra opinión interesante de la Sra. Marta Andreasen es la de que se pueden llevar a la práctica mejoras rápidas sin nuevas inversiones en la Comisión. Sería interesante escuchar la opinión del Tribunal de Cuentas sobre este tema también.
Estoy ligeramente sorprendido por este debate en el que se están dejando de lado las críticas vertidas por la señora Andreasen. Puede darse el caso de que sean incorrectas, pero si es así, ¿por qué no podemos escuchar sus críticas? ¿Por que los demás Grupos de este Parlamento Europeo no quieren que se produzca una audiencia? ¿Por que está realmente amordazando la Comisión a la señora Andreasen, cuando los diputados del Parlamento Europeo la habían invitado a venir para facilitar nuestras labores de auditoría? No es un desarrollo de acontecimientos especialmente atractivo.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero manifestar mi concordancia con el señor Kuhne en el tema de la forma transparente y abierta en que cooperamos. Hoy podría plantear a mis compañeros diputados toda una serie de preguntas. Podría cuestionar el notable excedente de 15 000 millones de euros del presupuesto; podría cuestionar por qué, por enésimo año consecutivo, no se ha emitido una declaración positiva sobre la fiabilidad; podría preguntar por el sistema contable de la Comisión, por las deficiencias de los Estados miembros que, de forma global, ya gestionan el 80% de la política de subvenciones europea; por la política previa a la adhesión, o acerca del SAPARD, donde sólo se ha utilizado el 9,2% de los recursos. Todas ellas son preguntas importantes, que iremos abordando junto con el ponente, Sr. Casaca, en el transcurso de las próximas semanas y meses.
A mi juicio, sólo queda una pregunta importante hoy. Señorías del Tribunal de Cuentas, ustedes saben que mantengo relaciones amistosas con el Tribunal. Me agrada trabajar con ustedes y trabajamos muy bien juntos. Sin embargo, según el informe anual de la OLAF, existe una denuncia formulada por un diputado del Parlamento a la OLAF en relación con una posible apropiación indebida por parte de una antiguo miembro del Tribunal de Cuentas. Es evidente que ese diputado soy yo.
Cuando tuve noticia de dichas acusaciones, las hice llegar a la OLAF. En ese momento rehusé expresamente toda publicidad. Quería ver si la OLAF actuaba correctamente y he de felicitar a los investigadores de la OLAF por haber llevado a cabo una labor excelente. Hace algunas semanas enviaron un informe al Tribunal de Justicia en Luxemburgo. También remitieron un informe al propio Tribunal de Cuentas con una serie de recomendaciones. Una de tales recomendaciones consistía en abrir un expediente disciplinario contra un antiguo miembro del Tribunal de Cuentas y contra alguien que había sido empleado temporal suyo. Tengo entendido que existe una demanda de reembolso financiero por importe de 28 000 euros. Señorías del Tribunal de Cuentas, me gustaría preguntarles por su reacción oficial ante la investigación de la OLAF. ¿Asumirán las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas? ¿Me dan permiso para que examine por mí mismo ese informe de la OLAF? En tercer lugar, ¿me pueden asegurar que el caso en el que se halla implicada la Sra. N es un hecho aislado y que no representa una práctica habitual en el Tribunal de Cuentas?
Señorías del Tribunal de Cuentas, se trata de una pregunta esencial porque dentro de poco vamos a debatir no sólo la aprobación de la gestión del Parlamento, la aprobación de la gestión de la Comisión, sino entre otras cosas la aprobación de la gestión del propio Tribunal de Cuentas. Creo que una respuesta honesta y franca por parte de ustedes resulta muy importante para que la Comisión de Control Presupuestario o para que el Parlamento pueda decidir si concederles o no la aprobación de la gestión con respecto al año 2001.
Camre (UEN).
Señor Presidente, ¿qué ocurriría si una pequeña sociedad limitada danesa con 100 empleados tuviera unas cuentas anuales, sobre las que un auditor oficial hubiera elaborado un informe poniendo de relieve que la mayoría de las reservas se debían al hecho de que se repetían año tras año; y si se confirmara que las deficiencias se debían en gran medida al fracaso del sistema contable de la empresa para garantizar debidamente que su balance estaba completo e incluía todos los elementos de las actividades de la compañía; y si, además, el informe reflejaba que existían problemas con los sistemas de control y de seguridad, y que los datos en el sistema no estaban completos, y continuase afirmando que constituía un motivo de preocupación el que la compañía no había otorgado una prioridad suficientemente elevada a remediar estos defectos, y que no había concedido suficiente atención a este ámbito o asignado suficientes recursos para encontrar una solución a los problemas en un espacio de tiempo razonable? ¿Qué ocurriría si finalmente se llegara a la conclusión de que no se podía afirmar nada acerca de si los trabajos de edificación, las compras o los servicios que justificaban los pagos a los proveedores locales se habían producido realmente? Si hubiera ocurrido todo lo anterior, el comité de dirección se habría negado, en primer lugar, a dar su aprobación a la gestión. A continuación prescindiría del equipo de gestores. Después, las autoridades fiscales habrían hecho acto de presencia y habrían confiscado toda la documentación contable de la empresa para someterla a un análisis crítico. Más tarde, la compañía habría visto cómo su nivel impositivo habría quedado asimilado al del gasto indocumentado y, por último, estaríamos hablando de responsabilidad penal.
Pero eso no ocurre en la Unión Europea. Ese es el enfoque que adoptamos para las empresas privadas. Aquí, la Comisión está intentado silenciar las críticas por todos los medios a su alcance, que es exactamente lo que ocurrió con la responsable contable despedida, la Sra. Marta Andreasen, y cuando el Parlamento quiso investigar su crítica, una mayoría de la Conferencia de Presidentes evitó que pudiéramos celebrar una audiencia. Si la crítica fuera injustificada, como reivindica la Comisión, lógicamente lo pondríamos en claro y todo quedaría en paz. Sin embargo, la Comisión sabe, y así lo ha confirmado el Tribunal de Cuentas europeo, que las críticas están justificadas y por tanto no es conveniente que salgan a la luz. En su lugar, este Parlamento opta por cerrar los ojos, lo que significa dar la aprobación a la gestión, pues de lo contrario los ciudadanos podrían enterarse de que las finanzas de la Unión Europea no se hallan bajo control. Creo que resulta increíblemente torpe prolongar esta política de silencio, y no pienso que a la larga resulte posible eludir el escándalo que supone el fracaso por parte de la Unión Europea para gestionar el dinero que los contribuyentes ponen en nuestras manos. Considero el informe enormemente aleccionador. El problema radica en que no nos atrevemos a respaldar nuestras críticas con la acción.

van Dam (EDD).
Señor Presidente, todos los otoños, cuando los árboles pierden sus hojas, nosotros en esta Cámara debatimos el informe anual del Tribunal de Cuentas europeo, cuyo contenido apenas cambia de un año para otro. Parece como si la Comisión casi no se hiciera eco de las críticas y recomendaciones recogidas en este informe anual. ¿Va a producirse realmente algún cambio este año? Nos tememos lo peor. Esta Comisión lleva prometiendo un cambio a mejor desde 1999, pero el hecho de que en mayo de 2002 no haya tenido lugar ninguna acción para reformar el sistema contable constituye, en opinión del Grupo EDD, una auténtica burla. La Comisión está buscando una repetición del otoño de 1999, sobre todo a la luz del hecho de que no se le haya permitido a la señora Andreasen proporcionarnos ninguna información acerca de las deficiencias en la organización contable y administrativa esta mañana. Así las cosas, queremos preguntar al Presidente del Tribunal de Cuentas si está dispuesto a remitir un informe especial que contenga toda la información de interés acerca de este tema para mediados de marzo de 2003. Estamos hartos de las tácticas dilatorias de la Comisión y de que se ande por las ramas. ¿Comparte el Presidente del Tribunal de Cuentas la opinión de que una posición más independiente respecto de la Comisión podría incrementar notablemente la eficacia de su institución?
Dado el excedente prácticamente intrínseco en la política de los Fondos estructurales, se impone una revisión a fondo, a la vista además de la ampliación inminente de la Unión Europea. Además de un mejor control, necesitamos con carácter de urgencia una evaluación integral de la política. ¿Nos puede indicar el Tribunal de Cuentas si el curso inalterado de la actual política de los Fondos estructurales conducirá después de 2004 a problemas administrativos aún mayores? En nuestra opinión, deberíamos detener cuanto antes el trasvase de fondos gubernamentales, que conlleva el riesgo considerable de que alguien se aproveche de ello.

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, Señorías, considero que el informe que nos ha presentado hoy nuestro antiguo compañero, el señor Fabra Vallés, es importante en términos de lo que dice y de lo que sugiere. Nos deja muy claro que las cuentas de la Comisión son fiables y además que, a pesar de las críticas que se le pueden formular al sistema contable, éste no constituye necesariamente origen de fraude. Son dos aspectos que considero importantes en el contexto del debate que estamos manteniendo.
Dicho esto, es obvio, señor Presidente, pero sobre todo, señora Comisaria, que esta Cámara está preocupada por la situación contable de la Comisión, y debo decir con la mano en el corazón - incluso yo que, como saben, siempre adopto una actitud prudente ante los «escándalos» - que algunas decisiones, tales como la adoptada esta mañana, no ayudan en mi opinión a la Comisión a demostrar que es capaz de proponer una auténtica reforma del sistema contable y a hacerlo de verdad. A veces me digo a mí mismo que «no estamos aprendiendo nada», o dicho en latín «oportet ut scandala eveniat». ¿Por qué hemos recurrido a utilizar un escándalo, un mini-escándalo, un mini-debate para retrasar una reforma - reforma que ustedes mismos han admitido es urgente - durante tanto tiempo?
Ésa es la cuestión que se está planteando en el fondo. Esperamos su inminente decisión. Creo sin embargo, y el Tribunal de Cuentas así lo afirma, que esto no tiene nada que ver con el descubrimiento de casos de fraude o mala gestión por parte de la Comisión, pero considero realmente que ya va siendo hora de que esta reforma despegue, se discuta y se ponga en práctica en todas las instituciones. Es una vergüenza que esté provocada por una situación que hemos sufrido recientemente.

Avilés Perea (PPE-DE).
Señor Presidente, querría felicitar al Presidente del Tribunal de Cuentas, Sr. Fabra Vallés, por el informe que nos ha presentado. Es un informe riguroso, claro y muy concreto, que nos permite conocer con precisión cómo se ha ejecutado el presupuesto.
Lo más llamativo de este informe es, de nuevo, el importante excedente presupuestario del ejercicio 2001: el 16%. Es un porcentaje muy elevado, como han repetido aquí los oradores que me han precedido, sobre todo si lo analizamos con detalle y vemos que, de los Fondos estructurales se ha ejecutado sólo el 70% y que el presupuesto de SAPARD apenas ha sido ejecutado, a pesar de ser un instrumento de enorme importancia para los nuevos países de la Unión Europea.
También ocurre algo parecido en el ámbito de la política agraria. 
Por lo que se refiere a la fiabilidad de las cuentas que le ha presentado la Comisión, el informe del Tribunal las considera adecuadas y, entre las recomendaciones que hace, hay que destacar lo relativo al sistema de contabilidad. Como en años anteriores, el Tribunal considera que se deben realizar acciones que modifiquen el actual sistema para perfeccionarlo. 
Y dado que este asunto ha levantado una cierta polémica - en mi opinión, una polémica excesiva - sería deseable que la Comisión tuviera muy en cuenta las recomendaciones de modernización del sistema contable y lo dotara de unas características que lo hicieran lo más transparente posible, en un plazo lo más breve posible. 
Creo que es preciso también señalar la referencia a la reforma interna de la Comisión y la lentitud con la que se está produciendo. Esto se debe sin duda a que es un proceso complicado y ambicioso, pero también hay que señalar que es una reforma necesaria, por lo que esperamos que la Comisión tenga muy en cuenta las recomendaciones que se le hacen.
No quiero abundar en las intervenciones que me han precedido. Prácticamente todos los diputados que estamos tomando la palabra coincidimos en las preocupaciones de este informe y en la claridad con la que se han presentado y, por tanto, creo que ahora es la Comisión quien tiene la pelota en su tejado.
Reitero mi felicitación al Sr. Fabra Vallés. Sin duda alguna, su experiencia como antiguo miembro de la Comisión de Control Presupuestario le ha resultado de gran ayuda para realizar su tarea.

Casaca (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señora Comisaria, Señorías, quiero saludar con satisfacción este informe del Tribunal de Cuentas, sobre todo por las innovaciones que introduce y por la abundancia de contenido, así como rendir especial tributo a su Presidente, Sr. Fabra Vallés. Deseo también dar las gracias a la Comisaria por sus amables palabras hacia mí y quiero manifestarle mi especial gratitud por la cooperación que me han dispensado los servicios de la Comisión en este proceso de aprobación de la gestión.
El marco de referencia de la implantación presupuestaria en 2001 descrito en este informe se caracteriza por una puesta en práctica muy rígida del presupuesto, que afecta concretamente a las asignaciones para los programas de la adhesión previa y de los Fondos estructurales, debido tanto a deficiencias continuadas en los procedimientos contables de la Comunidad, que necesitan ser reformados con carácter urgente, como a la persistencia de problemas antiguos, tales como la falta de transparencia en la gestión, por parte de la Comisión, del sistema de protección para la industria azucarera europea.
Entre las deficiencias de la implantación presupuestaria resulta especialmente chocante constatar que la preocupación manifestada por la falta de preparación de los países candidatos parece haber variado en una magnitud que es inversamente proporcional a los fondos que se han concedido efectivamente a los beneficiarios finales, en especial, los agricultores de dichos países. A veces parece como si las miles de empresas consultoras que revolotean alrededor de las instituciones europeas, formadas a menudo por antiguos funcionarios o funcionarios en excedencia, fueran más importantes que los ciudadanos. Además, las normas van adquiriendo una complejidad absurda y creciente, desconectada de la realidad.
En el contexto de la tan necesitada revisión del sistema contable, hay que hacer todo - y subrayo «todo» - lo que se considere preciso para garantizar que los sistemas contables de la Unión Europea cumplen las mejores prácticas y las normas internacionales de contabilidad pública. La modernización de los procedimientos de contabilidad y de pagos, con una codificación clara, accesible y exhaustiva de todos los gastos, con la notificación sistemática de los beneficiarios finales y con una terminología clara y coherente, son proyectos que nos gustaría ver llevados a la práctica.
La transparencia de las relaciones entre las instituciones europeas y el mundo exterior constituye un motivo de preocupación recurrente. El informe del Tribunal sobre el proceso que llevó a que no se produjera la reforma del régimen azucarero demuestra cómo uno de los sistemas agrícolas más anacrónicos de la Comunidad ha sido capaz de resistir durante casi cuatro décadas sin experimentar apenas ningún cambio significativo. En un sistema complejo de alto nivel de intermediación a veces resulta fácil de olvidar a los ciudadanos en beneficio de los grupos de presión, sacrificando a los más necesitados por quienes son capaces de ejercer la presión mayor y más eficaz. Por tanto resulta fundamental hacer de la transparencia y de la equidad una lucha diaria.

Sørensen, Ole (ELDR).
Señor Presidente, durante los últimos seis meses muchas son las cosas que se han dicho acerca del sistema contable de la Comisión. El Tribunal de Cuentas europeo confirma, en términos nada ambiguos, que muchos de los problemas recurrentes que rodean a las transacciones básicas, que hacen imposible emitir una declaración sobre la fiabilidad sin ninguna reserva, se deben al defectuoso sistema contable. La Comisión reconoce la mayoría de los defectos señalados por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, no deja de sorprenderme que la Comisión no hiciera nada ya en 2001, sobre la base del borrador de plan de acción que se presentó aquel año, para hacer frente a algunos de los problemas más acuciantes. Ahora estoy a la espera de un debate franco y serio entre la Comisión y el Parlamento, de manera que todo esto quede clarificado. Resulta políticamente indefendible que sigan surgiendo críticas por parte de los auditores. Si hay algo mal, tiene que ser corregido.
La Comisión ha prometido que su estrategia para dotar a la Unión Europea de un sistema de contabilidad integrado sobre la base de los patrones más elevados dentro del sector público será presentada a finales de este mes. Quisiera que la Comisión cumpliera esta promesa y saludo con agrado el plan de acción. Pero también espero que el plan vaya enfocado directamente a los sectores que requieran una acción inmediata, especialmente desde el momento en que la Comisión de Control Presupuestario ha de centrarse justo en este sistema contable en conexión con la aprobación de la gestión para 2001.
Heaton-Harris (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, pero quisiera expresar mis dudas sobre lo que acaba de decir el Sr. Fabra Vallés, que da un giro interesante a las palabras que se recogen en el informe. En sus declaraciones, con las que estoy de acuerdo, usted plantea que hay una falta de equilibrio en lo que se dice públicamente en estos momentos. Me habría gustado establecer ese equilibrio frente a los comentarios de los 300 expertos de la Comisión sobre Marta Andreasen y llamar la atención de los miembros del Parlamento sobre el hecho de que esta mujer ha sido silenciada por la Comisión esta misma mañana.
Sin embargo, ¿qué ha escrito usted? Cito textualmente: «Desde la primera declaración de fiabilidad (DAS) relativa al ejercicio 1994, el Tribunal ha reiterado sus reservas sobre la fiabilidad de las cuentas. Dichas reservas con frecuencia se deben a las debilidades del sistema contable y a la debilidad de la sensibilización de las DG operativas de la Comisión [...]». También dice usted: «Sin un sistema contable completo, la preparación de los estados financieros se basa en gran medida en los inventarios extracontables». En mi opinión, estas declaraciones son bastante escandalosas y, por extraño que parezca, parecen respaldar exactamente algunas de las opiniones de Marta Andreasen, ex jefa de contabilidad de la Comisión.
Si, como ha dicho usted en su declaración, las cuentas son tan fiables, ¿que necesidad había de decir esas cosas en el informe? Asimismo, si las cuentas son tan exactas, ¿por qué se negaron tantos jefes de departamento a firmar sus propias cuentas sin reservas? Si las comprobaciones que se llevan a cabo son tan exhaustivas, no entiendo el motivo por el cual no nos proporcionan a nosotros, el Parlamento, una cifra que pedimos desde hace tantos años: el porcentaje de dinero perdido a través del fraude, la mala gestión y los gastos excesivos. En el pasado, esta cifra era un punto de referencia que nos ayudaba a ver con claridad si la situación iba mejorando sustancialmente.
Por último, me gustaría formular un par de preguntas a la Comisaria, ya que estoy bastante seguro de que sabe usted muy bien maniobrar políticamente, Comisaria Schreyer. Creo que ya ha escuchado usted hoy en esta Cámara un montón de discursos políticos sobre los informes del Tribunal de Cuentas y cómo la gente se sitúa con vistas al descargo. Estoy seguro de que se avecinan un gran número de problemas y, si lee usted los signos correctamente, se dará cuenta de la conveniencia de acelerar la marcha de las reformas.
En consecuencia, apelo a su sentido político y le ruego que conteste a esta serie de preguntas cortas que le planteo a continuación. ¿Quién dio, dentro de la Comisión, la aprobación final de las cuentas en el año 2001? Creo haberle hecho esta pregunta antes, del mismo modo que muchos periodistas. Esperamos su respuesta con gran expectación. ¿Fue la responsable máxima de cuentas de por entonces? ¿O quizás fue la Dirección General de Presupuestos? ¿Fue usted? ¿O alguna secretaria? ¿Fue el ingeniero comercial que han contratado ustedes como jefe de contabilidad de la Comisión? ¿Qué está ocurriendo en sus sistemas?
Queremos una reforma. Este Parlamento le urge a que reforme, y si no lo hace pronto, haga el favor de irse y deje que alguien dispuesto a hacer el trabajo, lo haga en condiciones.
Morgan (PSE).
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al Tribunal de Cuentas por el informe de este año. No obstante, me decepciona que ésta haya sido la primera ocasión en la que el Tribunal ha podido presentar su informe de auditoria este año. Estamos ante una de las principales responsabilidades del Parlamento y me entristece que se haya tenido que esperar hasta diciembre para poner en el orden del día algo que vio la luz en noviembre.
Debo decir que, a pesar de que la exposición del informe ha mejorado un poco, el documento en sí es bastante críptico. Es demasiado complicado y su presentación deja mucho que desear. Esperamos, señor Presidente, que no ceje usted en sus esfuerzos por hacer el informe más claro en el futuro.
El principal asunto en el que probablemente se centrará la Comisión de Control de Presupuestos este año es, por supuesto, el sistema contable de la Comisión. Esto no se debe a que Marta Andreasen nos haya dicho que ha de ser así, sino a que el Tribunal lleva señalando estas irregularidades desde 1994. La Comisión ha actuado con extrema lentitud a la hora de investigar las reformas y es improbable que veamos alguna reforma radical completa antes de 2005. Desde mi punto de vista, este nivel de complacencia es inaceptable. Tenemos que ir mucho más allá y establecer unas fechas más ambiciosas. No obstante, reconocemos que lo que pedimos de la Comisión está muy por delante de lo que once de los Estados miembros llevan a cabo en la presentación de sus cuentas. Nuestro objetivo al ser tan duros con la Comisión es alentarles a que se equiparen con los mejores.
El Tribunal también ha sido negligente al ser incapaz de nombrar y avergonzar a los Estados miembros que no han pasado el control de gastos de la Unión. Dudo que logremos identificar a los culpables reales hasta que el Tribunal de Cuentas deje de actuar de un modo tan cobarde y empiece a dar nombres.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, es inútil que se haya dado a las Direcciones Generales el control sobre sus departamentos, ya que 22 de ellas han expresado reservas. Estudiaremos estos casos durante nuestra investigación.
Otro asunto cuyo desenlace queremos conocer muchos de nosotros es la incapacidad de la Comisión para multar a los Estados miembros que infringen las directivas de la Unión. Quisiera advertir a la Comisión que vamos a tomarnos este tema con mucha mayor seriedad. Queremos ver más dinero en las arcas de la Unión proveniente de las multas que deberían ponerse a los Estados miembros que no respetan las directivas.

Fabra Vallés
. (ES) Señor Presidente, conociendo como conozco su habitual agenda, le agradezco de todo corazón que esté usted aquí. Muchas gracias.
Ha habido una serie de preguntas concretas o comentarios en general, pero siguiendo un poco el orden del día, creo que ha sido el Sr. Kuhne el que ha dicho que tenía confianza en el Sr. Casaca. En lo que a mí respecta, desde luego, por lo que le conozco, la confianza es total y absoluta. Y no solamente en él, sino en toda la casa, en todos los parlamentarios, pero me consta del buen hacer, habitualmente, del Sr. Casaca.
Por otro lado, se han tocado temas de la DAS. Se nos pregunta muchas veces cuándo vamos a poder dar una DAS positiva. Pues bien, yo estoy convencido de que el día en que el control interno de la Comisión - que acaba de empezar - funcione como Dios manda, será el día en que la DAS será positiva. Porque estoy seguro de que será la propia Comisión la que se rectificará y controlará a sí misma.
¿Por qué no damos la tasa de error? Yo he comentado varias veces, siempre que se me pregunta, que la tasa de error da una información limitada y puede conducir a interpretaciones sesgadas. Por tanto, yo creo que es mejor no dar ese dato.
Se nos dice entonces que podríamos dar la DAS por sectores. Ojalá, y digo ojalá porque si tuviéramos nosotros los medios para poder hacer una DAS por sectores, estén seguros de que la haríamos. Y estén seguros de que podríamos sacar mucha más información.
La verdad es que hoy en día, con la información que da la DAS, hay que tener en cuenta algo muy claro: hablar de error no siempre significa hablar de irregularidad, y hablar de irregularidad no siempre significa hablar de fraude. Por tanto, la tasa de error lo que muestra son errores y lo que hay que ver es el fondo de esos errores. Esta tasa de error, por el sistema que se ha seguido, de muestreo, es tan pequeña, que lo que no podemos hacer es dársela al Parlamento para que la interprete como si fuese un resultado claro, que diga exactamente lo que se quiere oír. Éste es el motivo.
Estamos trabajando en una nueva metodología de la DAS, y esperamos que con esa nueva metodología podamos llegar a un punto en que demos la información requerida por el Parlamento y que ésta sea suficiente para las necesidades de nuestra autoridad presupuestaria, tanto del Consejo como del Parlamento.
El Sr. Staes me ha hecho una pregunta sobre el caso de la Sra. N, lo único que le puedo decir al respecto es que, desde el momento en que llegó la OLAF al Tribunal de Cuentas, se les dejaron todas las puertas abiertas, los armarios abiertos y los ordenadores enchufados para que pudieran mirar lo que quisieran.
Cuando usted me pregunta si nosotros hemos tomado ya medidas, yo creo que el Tribunal de Cuentas ha adoptado una actitud prudente, esperando a que sea el fiscal el que califique la documentación que ha entregado la OLAF, porque al miembro N todavía no se le ha escuchado. Creo que nosotros, como Tribunal de Cuentas, no nos podemos poner a juzgar, porque por mucho que nos llamen tribunal, nosotros no juzgamos, nosotros solamente hacemos recomendaciones.
Entonces, creo que es prudente esperar a que sea el Fiscal General de Luxemburgo el que califique la documentación que le ha sido entregada por la OLAF. Pero que conste que, en este mismo momento ya hay un grupo de miembros del Tribunal trabajando en este asunto. ¿Para qué? Para tener adelantado el máximo posible para cuando se manifieste el Fiscal General, sea en un sentido, sea en otro, sea en la calificación que crea oportuno hacer.
El Sr. Dell'Alba decía que está preocupado. Yo creo que preocupados debemos estarlo todos. Y debemos estarlo todos porque, que la Comisión mejore o no, depende de todos.
Yo sé que ustedes cumplen con su trabajo, y lo sé porque lo he hecho antes, y me acuerdo que era de los que me gustaba meter el dedo y rascar. Pero debo decirle que he encontrado una situación completamente diferente. No es que me haya pasado al enemigo o que me haya cambiado de bando, ni me he pasado del Barcelona al Real Madrid, no; de verdad que he encontrado una Comisión diferente de la que yo estaba acostumbrado a tratar. Una Comisión en la cual veo cambios diariamente; ¿Que todavía no se notan en el resultado final? Es cierto, todavía no se notan en el resultado final. Y ¿sabe usted por qué no se notan? Porque no es un simple maquillaje. Si fuera un simple maquillaje, tocas dos cositas y a los dos meses ya ves resultados. Es un cambio profundo el que está llevando a cabo la Comisión. Y por tanto, hasta el año que viene, yo estoy seguro de que no veremos cambios.
Yo creo que esa confianza y, además de confianza, ayuda, la tenemos que dar todos, y no olvidar -ustedes están en contacto con los Gobiernos, con los Estados, y ustedes tienen que hacer llegar también a estos Gobiernos - que uno de los problemas que hoy día tiene la Comisión para mejorar sus resultados, el presupuesto comunitario para mejorar su resultado, está también en manos de los Gobiernos. Por tanto, yo creo que si todas las instituciones más los gobiernos hacemos un esfuerzo, podemos ayudar a la Comisión a que se noten lo antes posible sus resultados.
En cuando al Sr. Heaton Harris, lo siento, pero no voy a responder sobre la anterior contable porque está en un proceso disciplinario y, por tanto, yo no voy a contestar. Lo que sí le puedo decir, y en esto tenemos que estar todos de acuerdo, es que yo creo que se ha equivocado en el procedimiento; creo que hay un error de procedimiento.
Y en cuanto a la Sra. Morgan, por supuesto, que nos esforzamos. Nos pide que nos esforcemos; de verdad que lo hacemos cada día, de verdad que cada día incrementamos los contactos y el diálogo con las diferentes instituciones para mejorar nuestro trabajo. Trabajo que esperamos y deseamos que cada vez les sea de más utilidad. Me comprometo, por supuesto a ello. Yo creía que había conseguido mejorar algo el planteamiento del informe, porque lo único que he hecho ha sido buscar aquello que yo preguntaría y presentarlo en consecuencia. Parece ser que todavía no es suficiente, pero en fin, yo me comprometo, Sra. Morgan, a que el año que viene haremos otro esfuerzo.
Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera hacer referencia brevemente a mi alocución anterior. He formulado tres preguntas al Presidente del Tribunal de Cuentas, dos de las cuales han quedado sin respuesta. Le he preguntado concretamente si yo podría tener acceso al expediente preparado por la OLAF como consecuencia de la presentación al Tribunal de Cuentas de mi informe sobre el fraude. No me ha dado una respuesta al respecto. Tampoco he recibido una contestación a la pregunta de si el caso relacionado con la Sra. N, antigua miembro del Tribunal de Cuentas, constituye un caso aislado y de si podemos fiarnos de que ésta no es una práctica habitual dentro del Tribunal de Cuentas.
En tercer lugar, debo decir que estoy tremendamente descontento con sus contestaciones. En su nota de prensa, la OLAF primero afirma lo siguiente acerca del caso: «hemos remitido un expediente a las autoridades judiciales en Luxemburgo». A continuación la OLAF añade: «en este contexto la OLAF ha recomendado al Tribunal de Cuentas europeo que abra un expediente disciplinario a estas personas y que inicie procedimientos de recuperación en relación con las cantidades en cuestión». Ahora escucho que el Tribunal de Cuentas está a la espera de la vista judicial en Luxemburgo. Me temo que esto durará años y años, como es habitual en los tribunales belgas. Quisiera apremiar al Tribunal de Cuentas a que actúe tal como ha recomendado la OLAF.

Fabra Vallés
. (ES) Sr. Staes, perdone que me haya dejado en el tintero alguna de sus preguntas. 
En cuanto a conocer el informe de la OLAF, hasta que no haya respuesta del Fiscal General, el asunto está sub iudice, y por tanto, no hay nada más que decir.
Por otro lado, la OLAF en su informe deja claro - y voy a dar un pequeño dato del informe - que el caso del miembro "N" es un caso - y cito textualmente - "un caso específico y que los procedimientos utilizados por el Tribunal de Cuentas para el control interno son correctos". Eso es todo.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la discusión de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de Copenhague de los días 12 y 13 de diciembre de 2002, incluidos los aspectos institucionales de la ampliación.

Haarder
Señor Presidente, señor Comisario, antiguos colegas, Señorías, la próxima reunión del Consejo Europeo de Copenhague tendrá un papel decisivo en la conclusión de la Presidencia danesa. La agenda se va a centrar en dos cuestiones: la ampliación y el funcionamiento del Consejo a raíz de ésta.
En la reunión, el Presidente de la Convención informará al Consejo Europeo sobre el estado de los trabajos de la Convención y, además, el Consejo Europeo se reunirá con el Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Cox. Permítanme comenzar por esto último. La reunión con el Presidente del Parlamento es, como todos saben, una tradición arraigada en las reuniones del Consejo Europeo, una tradición que los Jefes de Estado y de Gobierno consideran importante y valiosa. Es importante que las instituciones tengan periódicamente la oportunidad de intercambiar opiniones y debatir sobre cuestiones europeas de primer orden, como estamos haciendo hoy también en esta Cámara y como hicimos el Primer Ministro danés y yo mismo la semana pasada, cuando recibimos la visita del Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, y del Sr. Cox, Presidente del Parlamento. Estoy seguro de que ambos tienen fresca en su memoria esa reunión.
Si la ampliación tiene éxito en Copenhague, y lo tendrá, este éxito será otra consecuencia del arduo trabajo realizado por las instituciones y de su eficaz colaboración durante los últimos años.
La ampliación será el punto más importante de la agenda de la reunión del Consejo Europeo de Copenhague. Durante varios meses, el ritmo de las negociaciones de adhesión ha sido muy rápido. Ahora estamos a punto de tomar la decisión que sellará la reunificación del continente europeo: la conclusión de las negociaciones de adhesión con el primer grupo de países candidatos, con vistas a su adhesión el 1 de mayo de 2004. Este proceso ha sido enormemente difícil y complicado, y aún quedan algunos flecos por resolver. El hecho de que la posibilidad de llevar las negociaciones a buen término parezca ahora una realidad se debe, en no poca medida, al positivo resultado obtenido en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.
Como ustedes saben, el Consejo Europeo de Bruselas decidió que diez países estarán preparados para su ingreso en la UE a partir de principios de 2004. Las negociaciones finales y definitivas están teniendo lugar en estos momentos. La semana pasada, la Presidencia presentó un paquete de negociación para cada uno de los países candidatos. Estos paquetes constituyen la propuesta de la Presidencia para resolver definitivamente las negociaciones. Tienen en cuenta, en la medida de lo posible, las opiniones que los países candidatos han manifestado en las reuniones individuales mantenidas con cada país, y están en consonancia con el marco financiero de la ampliación, es decir, con el Acuerdo de Berlín y con las decisiones tomadas en la reunión del Consejo Europeo celebrada en octubre en Bruselas.
La Presidencia espera que podamos avanzar mucho en las negociaciones - tanto como sea posible -, antes de la reunión del Consejo Europeo de Copenhague. No es ningún secreto que las negociaciones finales no van a ser fáciles. Sin embargo, dada la acertada voluntad de compromiso tanto de los actuales como de los futuros Estados miembros, estoy convencido de que lograremos un resultado satisfactorio.
La ampliación, no obstante, no concluye en Copenhague. El Consejo Europeo también desea dar un nuevo impulso al proceso de adhesión de Bulgaria y Rumania. Se tomará una decisión sobre planes de trabajo y calendarios detallados y sobre las ayudas de preadhesión, con el fin de avanzar en el proceso de adhesión de Bulgaria y Rumania. La comunicación de la Comisión del 13 de noviembre relativa a los planes de trabajo para ambos países es un gran paso en la dirección correcta.
En la última reunión del Consejo Europeo, celebrada en octubre, la UE se congratuló de las nuevas reformas que se están llevando a cabo en Turquía. Los países de la UE destacaron unánimemente que las muchas e importantes reformas realizadas en Turquía han acelerado el inicio de negociaciones de adhesión con dicho país. La adhesión de Turquía se regirá por los mismos principios y criterios que se han aplicado con los demás países candidatos. La UE está decidiendo cuál será el próximo paso con respecto a la candidatura de Turquía, una decisión que se tomará en el Consejo Europeo de Copenhague.
La Presidencia confía en que se pueda encontrar una solución al problema de Chipre antes de la reunión de Copenhague. La UE apoya de corazón los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para hallar una solución. Si no se encuentra una manera de resolver el conflicto político de Chipre en la Cumbre de Copenhague, la UE tomará su decisión sobre la adhesión de Chipre basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 1999.
Fijar la fecha de adhesión de los nuevos Estados miembros conlleva diversas consecuencias institucionales, y es obvia la importancia de que el Parlamento participe plenamente en los debates sobre dichas consecuencias. Yo mismo he tenido el placer de informar al Parlamento en todas las fases de las deliberaciones. Ya he tenido la ocasión de debatir algunos asuntos durante la última sesión de Estrasburgo, en la que el Sr. Barón Crespo planteó esta y otras cuestiones, y también la semana pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en la que debatimos el asunto con detenimiento.
La Presidencia comprende perfectamente el gran interés del Parlamento por las consecuencias institucionales de la ampliación y está dispuesta a celebrar un debate abierto sobre estos aspectos. Al mismo tiempo, debo llamar su atención sobre el complicado proceso de negociación que está teniendo lugar ahora en torno a la ampliación. Es preciso alcanzar un acuerdo no sólo dentro del Consejo - y en el seno de las demás instituciones -, sino también - y esto es especialmente importante - con los futuros Estados miembros. Por lo tanto, puede decirse que se trata de un proceso en curso e intensivo en el que todavía no tenemos todas las respuestas.
Las cuestiones institucionales son apremiantes y representan una parte necesaria de la ampliación en su conjunto. Cuestiones como el peso de los votos de los países en el Consejo o la representación de éstos en el Parlamento Europeo constituyen una parte esencial del tratado de adhesión. Ahora tenemos que empezar a establecer disposiciones claras sobre el período de transición. Estamos hablando de derecho primario en consonancia con el tratado. A este respecto, me gustaría señalar que el Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento y que el tratado de adhesión ha de ser ratificado tanto en los Estados miembros actuales como en los nuevos Estados miembros.
El acuerdo que fija como fecha de adhesión el 1 de mayo de 2004 se basa en prolijos debates sobre lo que es deseable y lo que es posible, en vista del proceso de ratificación tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros. Tenemos el deber con los futuros Estados miembros de no demorar la adhesión más tiempo del estrictamente necesario. Creo que esto va por todos nosotros: el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Eso significa que son precisas algunas medidas de transición, como ocurrió también en las anteriores ampliaciones.
Se ha sugerido en esta Cámara que las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 se celebren antes: por ejemplo, el 9 de mayo. Personalmente, comparto esta opinión. El asunto se debatió con detenimiento durante muchos años en relación con la revisión del Acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, que se ha modificado recientemente (publicada en el Diario Oficial del 21 de octubre de 2002). Se han estudiado todo tipo de fechas, pero ha sido en vano. Por desgracia, no creo que ningún futuro intento de cambiar la fecha tenga éxito. No obstante, no es la Presidencia la que está poniendo trabas a que se fije una fecha más temprana.
Espero que el Parlamento se dé cuenta de la situación en que se encontrará la Comisión durante el período comprendido entre la adhesión de los nuevos Estados miembros y la investidura de la nueva Comisión. Es evidente que redistribuir las carteras dentro de la Comisión para sólo medio año no es una solución satisfactoria.
La Presidencia confía en que el Parlamento acepte que los comisarios interinos de los nuevos países no estén sujetos a la obligación de comparecer en audiencia ni a la aprobación del Parlamento. De esta forma se evita cualquier posibilidad de predisponer la opinión del nuevo Parlamento sobre la nueva Comisión. Como es lógico, los nuevos Estados miembros no pueden aceptar que «sus» comisarios sean aprobados por un Parlamento en el que todavía no están representados por diputados con derecho de voto.
La solución propuesta evita cualquier posibilidad de predisponer la elección de candidatos por parte del Presidente designado de la Comisión Europea en la composición de la nueva Comisión. No hace falta decir que si los comisarios de los nuevos países no tienen una cartera durante el período comprendido hasta la investidura de la nueva Comisión, no tiene mucho sentido que las comisiones especializadas del Parlamento reciban en audiencia a los nuevos comisarios y los examinen en áreas especializadas que no son de su competencia. Es por eso que espero que el Parlamento no tenga inconveniente en aceptar que los nuevos comisarios sean nombrados mediante un procedimiento simplificado en el período de transición, hasta que pueda nombrarse una nueva Comisión con la total implicación del Parlamento.
Por último, está la cuestión de la plena participación de los nuevos Estados miembros en la próxima Conferencia Intergubernamental. El Consejo mantiene una postura claramente definida al respecto: los nuevos Estados miembros deben estar en igualdad de condiciones con los antiguos Estados miembros en las negociaciones que conformarán su futuro y nuestro futuro en común. Además, al igual que los antiguos Estados miembros, deben tener, sin duda alguna, derecho de veto. Esto debe ser así, si queremos comportarnos con ellos de una forma justa.
Me he esforzado por explicar las complicadas consecuencias institucionales de la ampliación, y ahora espero con ansiedad el debate. Voy a prestar mucha atención y estoy abierto a toda sugerencia que aporte soluciones alternativas realistas. El Consejo debatirá, una vez más, las consecuencias institucionales de la ampliación en el Consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el lunes y el martes.
Ya se ha acordado mi presencia en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 10 de diciembre. Entonces podré informar a la comisión parlamentaria competente de los últimos cambios, y se podrá realizar también un debate sobre la importancia de éstos. A mi juicio, lo normal es que los debates tengan lugar en el seno de esta comisión, pero si el Parlamento desea que dicho debate se realice en otro foro, en la fecha en cuestión, el 10 de diciembre, yo estoy, como es lógico, a su disposición.
El Consejo Europeo de Sevilla solicitó a la Presidencia danesa que continuara trabajando en la cuestión del funcionamiento de la presidencia, en el futuro, en una UE ampliada. La Presidencia debe presentar un informe inicial en el Consejo de Copenhague: de esta manera, podremos tener un debate orientativo inicial sobre el tema en esa reunión. El informe de la Presidencia expone tres modelos de presidencia para el futuro y aborda, a este respecto, la cuestión del fortalecimiento del papel del Alto Representante y la posibilidad de contar con un presidente electo del Consejo Europeo.
No se pretende que el Consejo Europeo tome una decisión sobre los modelos. La Presidencia sugerirá que el trabajo para establecer el formato de las presidencias en el futuro continúe tanto en el Consejo como en la Convención, algo que, en el caso de ésta última, forma parte de sus debates generales sobre las instituciones.
En la reunión de Copenhague, el Presidente de la Convención presentará un informe sobre los avances realizados por ella. Este diálogo es muy importante. El trabajo de la Convención entró en una fase decisiva con la presentación, el mes pasado, de un anteproyecto de Tratado Constitucional. Los debates sobre los pormenores de este marco que presentó el Presidente avanzan rápidamente. En estos momentos se está creando la base del texto final de la Convención. A este respecto, es positivo que el anteproyecto de Tratado Constitucional haya dado lugar a un debate, en toda Europa, sobre la forma que tendrá en el futuro la Unión Europea. Es un buen presagio para nuestra ambición común de establecer una cooperación europea que sea más democrática y cuente con el apoyo popular.
Durante todo su mandato, la Presidencia ha trabajado para asegurarse de que la labor de la Convención se desarrolle de conformidad con el objetivo de hacer una buena y bien elaborada aportación a la Conferencia Intergubernamental.
Como habrá quedado claro por mi intervención, el Consejo Europeo tiene una agenda muy amplia y ambiciosa para su reunión. Espero - y estoy convencido de ello - que todos los países presentes en dicha reunión hagan gala de la necesaria voluntad de compromiso y contribuyan a tomar las importantes decisiones de las que he hablado hoy aquí.
Esperamos que en Copenhague podamos tomar una decisión histórica sobre la mayor ampliación, hasta la fecha, en la historia de la Comunidad, y me atrevo a decir también, la ampliación con mayores consecuencias y mayor perspectiva histórica. El gran debate sobre la ampliación que tuvo lugar en el Parlamento el mes pasado es sólo un ejemplo de la fuerza de voluntad que ha demostrado esta institución y de los esfuerzos que ha realizado para lograr el éxito de este proyecto. Asimismo, como dije al principio, este gran proyecto sólo podrá salir adelante si las tres instituciones trabajan codo con codo. Creo que así lo están haciendo, y me gustaría dar las gracias de nuevo al Parlamento por la claridad con que se ha expresado en lo que se refiere a la ampliación.
El Presidente.
Tengo presente especialmente su intención de asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 10 de diciembre de 2002 para retomar algunas de estas cuestiones institucionales. Recuerdo que esa misma semana tendremos luego en Copenhague una reunión de la Conferencia de Presidentes con el Primer Ministro danés. Quizás en nuestro propio debate interno en los Grupos podemos ver cómo tratar de coordinar algunas posiciones y en qué medida, si es posible, podríamos avanzar o adelantar las cuestiones sensibles sobre las instituciones.

Prodi
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, el Consejo Europeo de Copenhague puso en marcha en 1993 el actual proceso de ampliación, el mayor en la historia de la Unión. Casi diez años después, estamos a punto de llegar a puerto. A finales de la semana próxima, los Jefes de Estado y de Gobierno volverán a la capital danesa para tomar las últimas decisiones.
¿Qué se va a debatir en Copenhague? Básicamente tres puntos: primero, la conclusión de las negociaciones con los diez países candidatos citados en el informe de la Comisión del pasado octubre; segundo, el fortalecimiento de la estrategia de preadhesión para ayudar a Bulgaria y Rumania a acelerar sus preparativos de ingreso en la Unión; y tercero, la toma de una decisión sobre los próximos pasos de la candidatura de Turquía. En mi intervención de hoy, quisiera desarrollar estos tres aspectos.
No obstante, en primer lugar me gustaría decir unas palabras sobre las decisiones que debemos tomar para conducir con éxito los tres grandes cambios que tendrán lugar en 2004: la adhesión de los nuevos Estados miembros, el nombramiento de la nueva Comisión y las elecciones al Parlamento Europeo. Ahora podemos fijar el apretado calendario de acontecimientos políticos e institucionales de 2004 teniendo en cuenta las reflexiones que se están haciendo en esta Cámara sobre cómo van a organizarse los distintos plazos relacionados con la llegada de los nuevos Estados miembros y con las elecciones europeas. Creo que las recomendaciones del Consejo pueden, en caso de ser necesario, revisarse y complementarse para adaptarse del mejor modo posible a las necesidades concretas del Parlamento.
Mi sugerencia es que organicemos las cosas en el orden más práctico y que, cuando el Tratado no disponga nada, utilicemos el sentido común. Desde el punto de vista político, es muy significativo que las elecciones europeas constituyan el eje de las actividades institucionales relacionadas con la ampliación. El nuevo Parlamento abrirá sus puertas de inmediato a los representantes electos de los nuevos Estados miembros, que ingresarán en esta Cámara como miembros de pleno derecho, lo que permitirá a esta Asamblea aprobar con total legitimidad el nombramiento del nuevo Colegio, que asumirá su cargo lo antes posible.
¿Cómo se presenta la Cumbre de Copenhague en lo que se refiere al punto principal de la agenda, la ampliación? El Consejo Europeo de Bruselas permitió alcanzar un acuerdo en el seno de la Unión sobre las directrices generales de la oferta a los diez países candidatos, sobre todo en lo referente a asuntos agrícolas y presupuestarios. Las conclusiones del Consejo Europeo se presentaron inmediatamente ante los Jefes de Estado y de Gobierno de los países candidatos, que las acogieron bien en general. No obstante, todavía hay muchos asuntos que deben resolverse antes de que se pueda alcanzar un acuerdo aceptable para todas las partes implicadas. La Presidencia del Consejo y la Comisión han trabajado sin descanso - y lo seguirán haciendo - para lograr un acuerdo.
Sin entrar en los pormenores de las conversaciones en curso, voy a describir sucintamente algunos de sus puntos principales: en primer lugar, debemos encontrar el modo de respetar un principio sobre el que todos estamos de acuerdo, es decir, que las cantidades netas que reciban de la Unión Europea los países candidatos en 2004, 2005 y 2006 no pueden ser inferiores a las percibidas en 2003; en segundo lugar, los países candidatos necesitan ayuda para prepararse mejor para la labor de controlar las fronteras exteriores de la Unión, lo que significa permitirles llevar a cabo plenamente las tareas derivadas de Schengen; y por último, debemos resolver algunas cuestiones concretas relativas a la política agraria.
Ante todo, la Comisión apoya plenamente a la Presidencia danesa en sus esfuerzos por conseguir el compromiso necesario sobre todos estos aspectos. Algunos Estados miembros han expresado sus reservas sobre el contenido de la oferta realizada a los países candidatos, reservas que nosotros, no obstante, no compartimos. Al igual que el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Rasmussen, creo que debería hacerse una oferta razonable, una oferta que permita a los países candidatos defender el resultado de Copenhague ante la opinión pública de sus propios países. Debemos respetar los límites del marco general fijado por el Consejo Europeo de Bruselas, pero también son necesarias cierta apertura, flexibilidad y generosidad.
En segundo lugar, la semana pasada pedí públicamente a los líderes de los países candidatos que fueran realistas en esta fase final de las negociaciones. De hecho, es preciso destacar que hay muchas cuestiones pendientes de solución y que sólo nos quedan unos días. Estamos caminando sobre una fina capa de hielo y es necesario avanzar. Hay circunstancias históricas en las que los pequeños intereses particulares, a pesar de ser legítimos, deben ceder el paso al interés general: así es como funciona la democracia, y nosotros debemos respetar esto. Quiero reiterar, en tono solemne, que la mayor parte de los puntos del compromiso final deben decidirse en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el 9 y el 10 de diciembre. No podemos permitir que el Consejo Europeo de Copenhague se halle en la necesidad de tomar decisiones sobre docenas y docenas de aspectos.
Es por eso, Señorías, que apelo ante esta Cámara al sentido común de los líderes de los países candidatos y de los Quince. Las dificultades deben solventarse rápidamente en ese mismo espíritu de asociación y amistad que ha presidido todas las negociaciones de adhesión.
Me gustaría ahora comentar las últimas novedades con respecto a la conclusión de las negociaciones con Chipre. Como saben, la Unión Europea siempre ha respaldado los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, y durante las últimas semanas, el Sr. Kofi Annan ha tomado la valiente iniciativa de presentar un plan de solución global, que cuenta con todo nuestro apoyo. Las reacciones de las partes enfrentadas han sido, en conjunto, positivas. Han aceptado estas propuestas como una base adecuada para llegar a una solución, y en los próximos días, darán a conocer sus propuestas. Confiamos en que estas contribuciones permitan al Sr. Kofi Annan avanzar hacia una solución. Ya hemos declarado formalmente que estamos dispuestos a tener en cuenta los términos de tal solución en las disposiciones de adhesión de Chipre, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo así de alcanzarse ese acuerdo. En cualquier caso, los compromisos alcanzados en Helsinki siguen siendo válidos para la candidatura de Chipre.
En lo relativo a Bulgaria y Rumania, el Consejo Europeo de Copenhague tendrá que aprobar las propuestas de la Comisión sobre planes de trabajos detallados, incluidos calendarios concretos y un incremento de las ayudas de preadhesión, con el fin de avanzar en el proceso de adhesión. Como saben, estos dos países han propuesto como fecha de adhesión el año 2007, y la Comisión opina que es preciso no escatimar en esfuerzos para hacer realidad este objetivo.
Para terminar, unas consideraciones sobre Turquía. Esta Cámara ya ha tenido la oportunidad de debatir este asunto con detenimiento. Por mi parte, quisiera exponer nuestra postura, una vez más, especialmente en vista de los contactos que el Comisario Verheugen y yo hemos mantenido recientemente con el líder del AKP, el Sr. Erdogan. De acuerdo con las Conclusiones de Helsinki, la Comisión considera a Turquía un candidato más, sujeto por lo tanto, a exactamente los mismos criterios de evaluación. El informe sobre Turquía presentado por la Comisión en octubre se basaba en información objetiva que nadie rebatió. Dicho informe destacaba los avances de Turquía en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, además de subrayar las dificultades a las que aún hay que hacer frente. En resumen, Turquía ha realizado grandes avances, pero todavía queda mucho por hacer. El programa legislativo del nuevo Gobierno turco confirma esta aseveración. En efecto, el Gobierno prevé presentar al Parlamento turco varios paquetes de medidas legislativas, e incluso algunas enmiendas constitucionales, con el fin de impulsar la democracia y los derechos humanos en Turquía.
La Unión Europea debe fomentar este proceso. Redunda en nuestro beneficio que un importante socio como Turquía, cuyo papel es de gran importancia desde el punto de vista estratégico, político y económico, refuerce sus instituciones, mejore la calidad de su democracia y se comprometa inequívocamente con los valores y principios que todos compartimos. Por otra parte, antes de dar un paso irreversible, debemos estar seguros de que Turquía cumple plenamente todas las condiciones, al igual que hemos hecho con los demás países candidatos.
Señor Presidente, Señorías, la inminencia de la entrada en la Unión ha dado a millones de europeos una nueva perspectiva política y económica. Sobre todo, les ha dado esperanza, y la esperanza es el bien más escaso y preciado en la política. La historia no se ha portado bien con estos pueblos en los últimos tiempos, pero ahora tienen la esperanza de lograr un futuro mejor: un futuro de dignidad, de libertad y de prosperidad. Estoy seguro de que esta esperanza hará avanzar a la Unión durante muchos años y que, junto con los gobiernos y los pueblos de los nuevos Estados miembros, alcanzaremos grandes logros.
Verheugen
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en la actualidad se producen cambios o hay novedades cada día o incluso cada hora, así que la descripción que les voy a hacer a continuación no es sino una instantánea de este momento. Suscita varias observaciones sobre el tema de Copenhague.
Para empezar, todavía no hemos alcanzado el objetivo. Sigue habiendo notables diferencias entre las perspectivas de futuro de los Estados miembros y las de los países candidatos, y cualquier resultado real de Copenhague exigirá un gran coraje político, prudencia y una buena dosis de liderazgo. Por supuesto, me complace oír que estamos abordando una dimensión histórica, que no debemos permitir que se hunda por un mero detalle. ¿Creen que no lo sé? Sin embargo, hasta los grandes proyectos históricos deben pagarse, todo debe hacerse correctamente, y tenemos que superar los problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos. No obstante, confío en que los Jefes de Estado y de Gobierno evalúen los riesgos que correríamos si no consiguiéramos un resultado, y las concesiones que es posible que deban hacerse todavía en Copenhague.
En segundo lugar, es importante que la reunión de Copenhague no se sobrecargue, y me dirijo ahora a los futuros Estados miembros, a los que ruego encarecidamente que hagan todo lo que esté en su mano para solucionar los muchos problemas bilaterales y flecos que quedan pendientes en las negociaciones para principios de la semana que viene, algo que creo que tienen muchas posibilidades de conseguir. Sin embargo, también me dirijo a los Estados miembros, que deben resistir la tentación de vincular la gran decisión sobre la ampliación al fomento de determinados intereses nacionales. He asistido ya, con cierta preocupación, a los primeros intentos de meter cosas muy distintas en un mismo paquete.
En tercer lugar, debemos alcanzar un resultado que no dé lugar a que haya ganadores y perdedores. Todos los que piensen en términos de ganadores y perdedores fracasarán. Es preciso que alcancemos un resultado que sólo produzca ganadores, un resultado por el que el principal vencedor sea Europa en su conjunto. Por lo tanto, todos deberíamos ser conscientes de que la propuesta de la Presidencia que está ahora sobre la mesa, que se elaboró con la Comisión y que cuenta con el pleno respaldo de ésta en su forma actual, es una oferta justa y equitativa para los Estados miembros. A pesar de que en estos momentos estamos organizando la adhesión de diez países, en lugar de los seis previstos en Berlín en 1999, la propuesta danesa se queda más de 2 000 millones de euros por debajo del límite máximo fijado en Berlín. Esto facilita a los países candidatos un argumento para preguntar por qué ya no se pueden poner a su disposición los fondos que en 1999 se consideraban apropiados para seis países, a pesar de que actualmente estamos trabajando con diez. Se trata de un argumento que no es fácil de rebatir, y por eso creo que habrá algún movimiento a ese respecto.
De verdad tengo que decirles que este problema es la consecuencia, sencillamente, de las normas que hemos elaborado para la Unión Europea. Los nuevos Estados miembros tendrán que pagar todas sus contribuciones desde el principio, pero como ustedes saben, el flujo de fondos es muy lento y está sujeto a determinadas normas. No sólo nos hallamos ante el problema de tener que evitar que los nuevos miembros pasen a ser contribuyentes netos, sino que además debemos enfrentarnos al problema adicional de que no podemos permitir que los presupuestos estatales de los nuevos Estados miembros se desequilibren. Éste es el problema que tenemos en estos momentos.
Permítanme añadir, a modo de conclusión, que la propuesta que se está debatiendo actualmente ya ha incorporado muchos de los argumentos y las aspiraciones de los países candidatos y contiene un buen número de nuevas ideas, la más importante de las cuales, a mi parecer, es la creación de lo que se ha denominado línea de crédito Schengen, mediante la que apoyaremos a los nuevos miembros en la protección de nuestras fronteras exteriores. Creo que lo que hace que esta idea sea tan buena es el hecho de que convencerá a los ciudadanos de que el dinero se está gastando con un fin que nos beneficia a todos.
Dado que el Presidente Prodi ha hecho referencia a Rumania, Bulgaria, Chipre y Turquía, no necesito repetir lo que él ha dicho, pero sí que quisiera presentarles algunas ideas y someterlas a su consideración. Tal y como está la situación en este momento, en el que nos hallamos más cerca de resolver el problema de Chipre de lo que lo hemos estado en décadas, y hay una oportunidad real de solucionarlo - una oportunidad que perderemos si no actuamos antes de Copenhague - en un momento como éste, los mensajes de aliento son extremadamente importantes. Por lo tanto, es de justicia que las instituciones europeas, antes incluso de Copenhague, se manifiesten claramente a favor de que la comunidad internacional acepte su parte de responsabilidad en la gestión de las grandes tareas que seguirán pendientes después de solucionar el problema de Chipre. Este país soportará grandes cargas, cargas que no podrá llevar sólo, y dependerá de la ayuda de la comunidad internacional. Cuanto antes declare la comunidad internacional su disposición a proporcionarle esta ayuda, mayor será, quizás, la buena voluntad para hacer lo que propongan las Naciones Unidas.
Bien mirado, creo que podemos estar satisfechos con la posición a la que hemos llegado. Lo que ahora necesitamos es un gran esfuerzo final, un esfuerzo realizado siendo plenamente conscientes de que el tiempo se acaba. Con frecuencia hemos hablado de una oportunidad. No tenía ni idea de hasta qué punto eso es cierto. Todos debemos ser conscientes de que, si no actuamos ahora, cada mes que sigamos dudando dificultará más las cosas. Estoy totalmente convencido de que sólo harían falta seis meses para que la situación presupuestaria de los Estados miembros imposibilitara prácticamente cualquier solución. Por lo tanto, sólo puedo decir que debe actuarse ya, y que las partes han de hacer todo lo posible para superar los obstáculos.
Poettering (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, empezaré por pedirles que me disculpen, puesto que voy a hacer algo que no he hecho nunca antes: abandonar la Cámara inmediatamente después de mi intervención. La razón de que lo haga es que, al contrario de lo que habían acordado conmigo, la televisión turca ha anunciado que el Sr. Watson y yo mismo estaremos a su disposición para un debate que comienza a las cinco de la tarde. Dado que no deseo dar una impresión política equivocada, voy a ir y a participar en ese debate, aunque no suelo acceder a solicitudes de este tipo si no las he acordado de antemano.
Volvamos ahora al asunto de Copenhague: ¡de Copenhague a Copenhague! Le deseo un gran éxito a la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar bajo la Presidencia danesa, para que podamos abordar los asuntos pendientes de solución. Esta cumbre de Copenhague debe convertirse en una cumbre de la ampliación. Turquía no puede terminar siendo el único tema de debate. Es posible que Turquía sea importante, pero Copenhague debe transmitir el mensaje de que los pueblos de Europa Central, así como Malta y Chipre, van a ingresar en la comunidad de valores que representa la Unión Europea. Ése debe ser el tema central. Copenhague debe culminar el proceso histórico que tuvo lugar durante los años 80 y 90, y es por eso, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que le deseamos un gran éxito.
Apoyo sin reservas lo que se ha dicho en nombre de la Comisión, tanto por parte del Presidente Prodi como del Comisario Verheugen, a quienes, junto con el Presidente en ejercicio del Consejo, quiero dar las gracias por el trabajo que han realizado. En nombre de nuestro Grupo, me gustaría también recordarles que, aunque se acepte la propuesta danesa, seguimos disponiendo de 2 391 millones de euros, suponiendo que esa cifra, que ha mencionado el Comisario Verheugen, sea correcta. Deberíamos contar cada euro y, como sabrá el Presidente Prodi, estoy muy a favor de la estabilidad, pero no debemos permitir que el resultado de Copenhague sea que todo el proceso de ampliación se demore por falta de acuerdo en los asuntos financieros. Por lo tanto, solicitamos a los gobiernos que se logre un resultado positivo en Copenhague.
Señorías, para mí sería una tragedia que finalmente no llegáramos a un acuerdo con Polonia, un país que fue una de las piedras angulares del cambio en Europa - no quiero volver a recapitular las circunstancias históricas, pues ya lo he hecho suficientes veces - que finalmente no llegáramos a un acuerdo con Polonia, el país al que, junto con otros, obviamente, debemos el gran cambio experimentado en Europa. De ahí la petición a los Jefes de Estado y de Gobierno para que hagan algo ahora y posibiliten un resultado positivo.
Pasemos ahora a la cuestión de Turquía. Señorías, el Tribunal Europeo de Justicia cumple hoy 50 años; en todo caso, fue hace 50 años cuando se convocó por primera vez, el 4 de diciembre de 1952. La ley nos importa. Hay criterios de adhesión, y éstos incluyen aspectos como la legislación. Por lo tanto, otros aspectos - todos ellos importantes, pero que nada tienen que ver con los criterios en sí mismos - no pueden constituir razones válidas para fijar ahora una fecha para las negociaciones con Turquía, a pesar de que no se hayan cumplido en absoluto los criterios. Rechazamos rotundamente la idea de que Copenhague deba establecer una fecha para las negociaciones.
Señorías, digo esto siendo plenamente consciente del hecho - que no oculto y que nunca he pretendido ocultar - de que dentro de nuestro Grupo existen opiniones muy divergentes sobre si Turquía debería o no convertirse en miembro de la Unión. Algunos miembros son muy favorables a la adhesión de Turquía, mientras que otros abogan por una relación de asociación estratégica o privilegiada. Eso es normal en un grupo mayoritario, y estoy seguro de que en otros grupos la situación será similar.
Sin embargo, no sólo estamos hablando de Turquía al acordar, sin ninguna disensión, que sería incumplir nuestros propios requisitos si tirásemos por la borda las condiciones que hemos fijado para el inicio de las negociaciones.
¿Cuál será la imagen de la Unión Europea si se nos presiona con respecto al problema de Chipre, si se nos dice que, en caso de no fijarse ya una fecha, el problema de Chipre no se va a resolver? Nos exponemos a un chantaje. Por consiguiente, recomiendo que nos basemos en los sólidos cimientos del derecho y los criterios europeos. La Comisión nos ha señalado la dirección correcta: no vamos a abrir negociaciones ahora mismo sólo porque no se hayan cumplido los criterios, y a este respecto, nuestro Grupo no tiene inconveniente alguno en seguir el ejemplo de la Comisión.
Lo que yo espero de la Presidencia del Consejo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es que usted también adopte una postura basada en los criterios y en los acuerdos tomados hasta la fecha en la Comunidad de los Quince. Si opta por una línea diferente, nuestra evaluación de los logros de la Presidencia danesa será menos favorable que hasta ahora. Tampoco aceptamos la forma en que los Estados Unidos de América tratan de influenciarnos; aunque tienen derecho a intentarlo, no vamos a someternos a esa influencia ni a esas presiones. No obstante, soy consciente también de que hay países en la Unión Europea más rezagados que otros; en concreto, hay un importante país de la UE que necesita recuperar el tiempo perdido en lo que se refiere a su solidaridad con los Estados Unidos, y este país, por lo tanto, podría sucumbir a la presión. Para nosotros, como amigos y socios de los Estados Unidos, las presiones no tienen ninguna consecuencia, puesto que nos atenemos a nuestros propios principios, y es por eso que decimos a nuestros socios y amigos estadounidenses lo siguiente: podéis hacernos recomendaciones, pero nosotros actuaremos de acuerdo con nuestras propias convicciones.
Turquía nos dice ahora que el problema de Chipre no se va a resolver si no les damos una fecha. Teníamos unos principios claros, a los que ha hecho referencia el Presidente en ejercicio del Consejo: si el problema de Chipre no se soluciona en el marco de una federación compuesta por las dos partes de la isla, será de aplicación lo que ya había decidido la Unión Europea, es decir, que toda la isla ? aunque en la práctica sólo la parte griega ? se convertirá en miembro de la Unión.
Tengo otro comentario que dirigir a la Comisión sobre el orden posterior al 1 de mayo de 2004. Recomendamos al Consejo y a la Comisión que no se tome ninguna decisión, ya sea de previsión o de otro tipo, sin tener en cuenta al Parlamento. Estamos dispuestos a ser tan flexibles como corresponda, pero de lo que pueden estar seguros es de que siempre vamos a defender los derechos del Parlamento. De acuerdo con este principio, queremos mantener una buena cooperación con todas las instituciones de la Unión Europea.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente del Consejo, señor Poettering, «insha Al-lâh».
Estamos en vísperas de un importante acontecimiento histórico: la reunificación de Europa, más que la conclusión de una nueva etapa de la ampliación, que ya van cinco. Creo que tenemos que desear que la presidencia danesa tenga suerte en su cometido porque ésta es una cita muy importante.
El Vicepresidente Titley y otros compañeros de mi Grupo tratarán esta cuestión en todos sus aspectos. Yo me voy a limitar a agradecer al Presidente del Consejo, Sr. Harder, la referencia que ha hecho a mi pregunta en el anterior Pleno, concretamente a los aspectos institucionales y su incidencia en el Parlamento Europeo.
Tengo que decir que considero absolutamente inaceptable el comportamiento del Consejo y de la Comisión en estas últimas semanas en cuestiones que no son solamente objeto de negociación con los países de la ampliación, sino que afectan a nuestra vida cotidiana y a la esencia del Parlamento. 
Sigo manteniendo esta crítica. He escuchado con atención al Presidente Harder y al Presidente Prodi, agradezco y saludo que venga el día 10 a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento, pero mantengo mi crítica por las siguientes razones: en primer lugar, se plantea una modificación del mandato de la Comisión; yo siempre he pensado y por eso defendemos que hay que elegir a la Comisión, que la Comisión desde el día de las elecciones europeas está en funciones. Se dijo que su mandato duraría hasta enero y ahora resulta que se adelanta el plazo de finalización de funciones la Comisión. Nunca se hace coincidir con las elecciones, cosa que me preocupa mucho. 
En segundo lugar, el Consejo de Asuntos Generales del 18 de noviembre ha tomado una serie de decisiones que afectan a muchas cosas, concretamente, al calendario parlamentario del 2004, y que hacen de este Parlamento en la próxima legislatura, un Parlamento acordeón. 
Vamos a tener diputados que van a estar un mes, luego tendremos la incorporación de otros diputados de los países candidatos que ya serán miembros. Después, si concluyen las negociaciones con Rumania y Bulgaria al mismo tiempo, habrá otra modificación; si no es al mismo tiempo habrá dos modificaciones, es decir, que no sabremos cuál es la mayoría absoluta de esta Parlamento ni cuál es su composición a lo largo de la próxima legislatura, por tanto, eso no está bien hecho y plantea muchos problemas. Además, creo que no es serio tener a comisarios que se estén paseando por los pasillos de la Comisión varios meses.
Creo que el Parlamento debe defender su derecho a celebrar audiencias y a investir una Comisión a partir de un programa conjunto y ésa es nuestra responsabilidad ante los electores. Yo esperaba que en el «triálogo», como decía el Presidente Prodi, se avanzara en esta cuestión. Pero Señor Presidente, como no ha habido ninguna información por su parte, mucho me temo que no ha habido ningún avance en el "triálogo" de la semana pasada; si no es así, desmiéntame ahora mismo. Y yo le pido por favor, y estamos pendientes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 10 de diciembre, que plantee estas cuestiones seriamente ante el Consejo Europeo de Copenhague, porque así no se puede actuar.
Y por último, y con ello concluyo, todavía tengo esperanzas porque, como dijo Alfonso X El Sabio, un rey filósofo, «si Dios me hubiera consultado el día de la creación, yo le habría dado algunos consejos útiles». Ni el Consejo ni la Comisión son Dios ni nosotros somos el diablo.

El Presidente.
Responderé brevemente al Sr. Barón Crespo. El diálogo de la semana pasada tenía un único contexto definitivo en lo que respecta al Parlamento: una oportunidad para que yo confirmase en persona lo que ya había confirmado por escrito, que el Parlamento insistiría en que no debería alcanzarse una decisión definitiva sobre la cuestión de las fechas sin mantener un diálogo y llegar a un entendimiento adecuado entre las instituciones, incluido el Parlamento. Posteriormente, debido a que existen diversos puntos de vista parlamentarios, conforme a mi apreciación de las observaciones realizadas aquí por distintos colegas, no me encontraba yo en condiciones de expresar un punto de vista definitivo salvo el de que no debería haber una decisión final sin nuestro consentimiento.

Yo no debería entrar ahora en el debate.

Duff (ELDR).
Señor Presidente, Copenhague ha sido sede de muchas cumbres controvertidas, pero ninguna lo será tanto como la de la próxima semana, en la que el camello de la ampliación se acercará al ojo de la aguja de la política interior europea. Sabemos que la ampliación nos hará más multiculturales y más competitivos. La pregunta principal es: ¿también nos hará más democráticos?
Muchas de las respuestas a esta pregunta se están obteniendo dentro de la Convención, pero realmente depende del Consejo Europeo y no del presidente, Valéry Giscard d'Estaing, decidir en qué medida y en qué plazo estarán preparados los Estados miembros para proyectar la experiencia de la Unión en democracia parlamentaria hacia el este y hacia el sur. Confío en que el Consejo Europeo y la Comisión serán generosos con Turquía en este aspecto. Deberíamos abogar por el proceso de cambio de régimen que está teniendo lugar en Turquía. No podría haber un modo mejor de expresar el apoyo a los reformistas de Turquía que ofrecer una fecha para la apertura de las negociaciones de adhesión, aunque con la condición de que los turcochipriotas acepten las propuestas del Sr. Annan de una solución federal del problema de Chipre. Realmente será mucho más posible que éstos acepten una resolución de las Naciones Unidas en caso de que hubiese sólidas posibilidades de adhesión para la propia Turquía. Francamente necesitan la garantía de nuestras intenciones resueltas con respecto a nuestra futura asociación con Turquía y sé que la presidencia hará todo lo posible por conseguir este enorme adelanto que está a su alcance.

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, quisiera transmitir también mi agradecimiento a la Presidencia danesa y a la Comisión, entre otros. Nos enfrentamos a una especie de evaluación, y ha llegado la hora de repartir alabanzas y, por supuesto, también algunas críticas. Empiezo con las alabanzas. Me gustaría felicitar a la Presidencia danesa por haber logrado la liberación de Ajmed Zakayev antes del comienzo de la gran Cumbre de Copenhague. Ha sido una magnífica decisión y significa que, afortunadamente, no se han hecho realidad mis peores temores. Deseo también felicitar a la Presidencia por su arduo trabajo en el ámbito de la ampliación. No obstante, creo que merece la pena recordar que también los países candidatos merecen nuestras alabanzas por su hercúlea labor de adaptación y por la enorme tarea que los pueblos de estos países han tenido que acometer en relación con todo este proceso.
Asimismo me gustaría destacar, tal y como ha hecho el Sr. Verheugen, que esto todavía no ha acabado. Aparte de que todavía no hemos terminado todo el proyecto, los ciudadanos de estos países tendrán que votar, por supuesto, si desean o no unirse a nosotros. A este respecto, esperamos que los votantes no comparen el debate sobre el dinero con el debate que hemos celebrado hoy, el debate sobre todo el dinero - la gran cantidad de euros - que, por diversas razones, la Comisión no ha podido emplear. Confío en que los ciudadanos de los países candidatos no comparen ambos debates y se sientan frustrados. Espero que su voto sea favorable.
En lo que se refiere a Turquía, también estoy de acuerdo en que todavía no es el momento adecuado para dar una fecha a ese país, pero creo que lo correcto sería fijar una fecha para dar la fecha; en otras palabras, establecer una combinación de un calendario y un plan de trabajo. ¿Cuáles son las exigencias prácticas que les imponemos? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo deben cumplirse? ¿Cuándo deben aplicarse las distintas partes de los proyectos sobre derechos humanos y democracia en Turquía, con el fin de poder establecer una fecha definitiva? Es obvio que no es posible dar una fecha fija ahora mismo, puesto que hay aspectos fundamentales por resolver y muchas decisiones por poner en práctica. No obstante, lo correcto sería fijar una fecha para dar la fecha.
Sin embargo, hay un par de cosas en las que la Presidencia danesa me ha decepcionado. Me decepciona que no hiciera nada con respecto al Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo. Me decepciona que el Defensor del Pueblo siga sin poder obtener los documentos que solicita: no sólo es necesario que se le permita sentarse en algún sitio a leerlos, sino también que se le entreguen los documentos que haya pedido y que necesite para llevar a cabo su trabajo. Me decepciona también que no se haya realizado ningún avance para garantizar que los empleados que se hallen en contacto con el Defensor del Pueblo sólo estén obligados a una cosa, esto es, a decir la verdad, en lugar de estar obligados a ser leales con alguna de las instituciones de la UE. Estos empleados deben tener la obligación de decir la verdad, con el fin de garantizar un trato equitativo para los ciudadanos dentro del sistema, un asunto que constituía una de las prioridades de Dinamarca.
Me decepciona también la buena disposición de Dinamarca a colaborar con los Estados Unidos en lo referente a la guerra contra Irak y la lista de organizaciones terroristas de la UE. Me gustaría conocer la opinión de la Presidencia sobre los planes para incluir al movimiento de resistencia iraní en la lista de organizaciones terroristas. ¿No entra esto en conflicto con lo que Dinamarca, entre otros países, apoyó cuando se debatió por primera vez la lista de organizaciones terroristas, es decir, que los movimientos de resistencia similares al CNA o al movimiento de resistencia danés no terminarían, bajo ningún concepto, en la lista de organizaciones terroristas? Tenemos un problema, y me gustaría oír la opinión de la Presidencia danesa al respecto.

Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, en cada reunión tenemos siempre la posibilidad de decir lo mismo. Por lo tanto, repitámonos, aunque es posible que, por una vez, no sea necesario.
En primer lugar, con respecto al calendario, me gustaría decir una única cosa: la Comisión, el Consejo y el Parlamento deben llegar juntos a un acuerdo. Es inadmisible que el Consejo fije un calendario y que la Comisión establezca otro. Es preciso que alcancemos un acuerdo interinstitucional. Una vez lleguemos a este acuerdo, depende de los diputados alcanzar un acuerdo, porque dentro de esta Cámara coexisten distintos puntos de vista. Soy contrario a la idea de adelantar las elecciones, contrario a decisiones que no cambiarían nada desde el punto de vista de las oportunidades históricas y que nos conducirían, a mi juicio, a acelerar las cosas, abocándonos inevitablemente al fracaso. Debemos hallar una solución provisional para los nuevos comisarios durante el período de seis meses. Creo que lo más importante, y nadie lo ha mencionado, es que, si la Convención consigue convencer a todos - y espero que así sea - de que el Presidente de la Comisión debe ser elegido por el Parlamento, y si la Conferencia Intergubernamental lo acepta, solicitaré al Consejo que adelante la ratificación, porque, de lo contrario, este procedimiento podría durar 18 meses. Tal y como están las cosas, la próxima Comisión no podrá elegirse conforme a este procedimiento, sencillamente porque no tendremos tiempo suficiente para que la Conferencia Intergubernamental refrende los nombramientos. Por lo tanto, es absolutamente vital que el Consejo acepte y se anticipe a lo que se haya decidido en la Convención y en la Conferencia Intergubernamental y, por consiguiente, que cuando se constituya la próxima Comisión, y esto es lo más importante a mi juicio, el nuevo Presidente sea elegido por el Parlamento, anticipándose así a lo decidido por la Convención y la Conferencia Intergubernamental. Eso es lo más importante.
En lo relativo a Turquía, debemos ser responsables. No podemos tomar una decisión sobre el programa de adhesión de Turquía en estos momentos. Hay posibilidades de que Turquía entre en la UE, pero también hay algunos argumentos en contra de su adhesión. Por lo tanto, debemos decir que se equivocan a aquellos que afirman que Turquía no es parte de Europa, pero también a aquellos en Estados Unidos y en el Reino Unido que nos dicen que Turquía debe formar parte de Europa a toda costa. El Presidente Clinton llegó incluso a manifestar que Rusia debía formar parte de Europa, así que nosotros podemos decirles a los Estados Unidos que México y Canadá deben formar parte de los Estados Unidos. ¿Qué tal? No entiendo por qué depende de los Estados Unidos decidir quién debe formar parte de Europa. Creo, por tanto, que esta cuestión sigue abierta. Hay que celebrar importantes debates, pero solicito al Presidente del Parlamento y al Presidente en ejercicio del Consejo que escriban una carta al Gobierno turco para decirle, con el fin de que tenga la oportunidad de demostrar sus buenas intenciones, que vamos a organizar una reunión en Estrasburgo con todos los ganadores del Premio Sajarov y que Leila Zana deberá ser puesta en libertad para poder asistir a ella. Sería un extraordinario gesto de buena voluntad por parte de Turquía. Esto es lo que puede hacerse en un futuro próximo, señor Presidente. Por tanto, señor Presidente, escriba al Gobierno turco. Sería realmente un gesto extraordinario antes de Copenhague que el Gobierno turco permitiera a la Sra. Zana acudir a la reunión de todos los ganadores del Premio Sajarov. Así es como podemos conseguir que las cosas avancen.
Me gustaría acabar repitiendo exactamente lo mismo que digo siempre: desde el punto de vista financiero, nuestras propuestas para la ampliación no van a ser suficientes, desde luego que no. El Consejo está equivocado y la Comisión está equivocada. Teniendo el mismo presupuesto, no podemos funcionar igual con 25 Estados miembros que con 15. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Siempre tenemos que repetir lo mismo. Un día comprenderán la historia y su significado.

Hyland (UEN).
Señor Presidente, nos encontramos un ante Consejo Europeo realmente histórico en el que esperamos que se tome la decisión política final de dar luz verde a diez países candidatos para que se conviertan en Estados miembros en 2004. El trabajo preliminar está hecho y lo felicito a usted, señor Presidente, por su liderazgo y entusiasmo con el proyecto europeo, así como a la Comisión y a la Presidencia danesa por su eficacia en la gestión de este proyecto sin precedentes.
La ampliación para acoger a diez nuevos Estados y a decenas de millones de nuevos ciudadanos europeos a la UE constituye un gesto vigoroso, además del cumplimiento de nuestro auténtico destino europeo. Insto a los Jefes de Estado y de Gobierno a que sean igualmente vigorosos proponiendo un paquete de medidas para Bulgaria y Rumania que garanticen que también estos Estados podrán reincorporarse a la familia europea de naciones lo antes posible. También espero que se tome una decisión genuina y significativa con relación a la solicitud de adhesión de Turquía. Es evidente que Turquía debe desempeñar un papel fundamental para dar forma a la Unión Europea del futuro y debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que el nuevo Gobierno turco recibe total apoyo y ánimo en su deseo de hacer que su país cumpla los criterios de Copenhague de forma que pueda comenzar con las negociaciones de adhesión.

Bonde (EDD).
Señor Presidente, la Cumbre de Copenhague va a constituir un acontecimiento histórico. Diez países podrán entrar en la UE a partir de 2004, dos países a partir de 2007, y es probable que a Turquía se le dé una fecha para su próxima reunión. Europa está estrechando sus lazos, y eso es positivo. No obstante, el estatuto de miembro que se está negociando en la actualidad no es el que disfrutarán, en la práctica, los países candidatos. Pueden votar a favor de la UE, pero la próxima Navidad, cuando la Cumbre de Roma haya enterrado el Tratado de Roma y nazca la constitución de Roma, recibirán el estatuto de Estado constituyente de un nuevo Estado federal. Se quiere finalizar la redacción de la nueva constitución antes de que ingresen los nuevos países, con su derecho de veto en cuestiones que tengan que ver con la modificación del Tratado. Esto es injusto, como también ha afirmado el Sr. Haarder.
Una vez los países candidatos hayan firmado sus acuerdos de adhesión y éstos hayan sido aprobados en este Parlamento - para marzo o abril - se les debería conceder un estatuto idéntico al de los Estados miembros actuales y deberían disfrutar de la misma representación legal en todos los órganos. Si el resultado de un referéndum es contrario a la adhesión, la representación del país puede suspenderse como ocurrió cuando Noruega votó en contra de la adhesión a la CE y tuvo que encontrarle un trabajo de embajador a su Comisario. Si los referendos confirman la adhesión, dicha adhesión se convertirá en una realidad, y los países deberían tener el mismo derecho de veto en asuntos relacionados con la modificación del Tratado que los actuales Estados miembros. No deben ingresar en la Unión como miembros de segunda clase, sino como miembros que gocen de los mismos derechos desde el primer día.
Creo además que podríamos ser mucho más generosos con respecto a la financiación de su adhesión a la UE. Cuando Dinamarca, un país rico, ingresó en 1973, sólo pagamos el 20% de nuestra contribución durante el primer año, el 40% el segundo, el 60% el tercero y el 80% el cuarto, hasta que, a los cinco años, alcanzamos el total de nuestra aportación. ¿Por qué no podemos adoptar un sistema inicial similar con contribuciones reducidas, o conceder una exención de las contribuciones, mientras estos países se hallen tan alejados de nosotros en términos de riqueza? Deberíamos tener en cuenta que la pertenencia a la CE y a la UE no es sólo, obviamente, algo que se recibe. Para algunos resulta, de hecho, un seguro muy caro, ya que la gente de a pie tiene que pagar contribuciones a través de sus compras de bienes de consumo diario y a través de los impuestos nacionales. Todo el mundo tiene que pagar, pero sólo algunos reciben subvenciones procedentes del presupuesto comunitario. Quizá ahora deberíamos pasar a estudiar la redistribución, o el Sr. Rasmussen correrá el riesgo de recibir una desagradable sorpresa cuando los ciudadanos se percaten de cuánto tendrán que pagar en contribuciones a la UE.
Permítame tan solo unas palabras sobre el siguiente punto del orden del día. Deberíamos hacer algo para que los sueldos se paguen de una forma abierta y se graven en los Estados miembros, y el sistema de gastos de viaje debería reemplazarse por un sistema de tarjeta para diputados, conforme al cual el Parlamento pagase todos los gastos en que se incurriera, con independencia de su importe.

Pannella (NI).
Señor Presidente, el Sr. Bonde se convirtió en diputado por primera vez - al igual que yo - en julio de 1979. En su calidad de activista comunista, fue elegido para defender la necesidad de detener el ingreso de Dinamarca en Europa. Más de 20 años después, han oído lo que nuestro querido Sr. Bonde tiene que decir sobre la gestión de la situación que tenemos ante nosotros. En 1979, el Sr. Cohn-Bendit era todavía, probablemente, muy revolucionario con respecto a nuestras posturas como federalistas europeos, intransigentemente liberales, intransigentemente antifascistas, anticomunistas, antifundamentalistas y federalistas. Hoy las cosas han cambiado. Hoy el Sr. Cohn-Bendit ha dicho algo muy interesante, pero lo ha presentado como una paradoja. Los Estados Unidos proponen que aceleremos los plazos para el ingreso de Turquía en Europa. El Sr. Cohn-Bendit dice que es como si nosotros pidiéramos a los Estados Unidos que aceleraran su proceso federalista e incorporaran al Canadá y a México. ¿No es acaso hoy nuestra preocupación avanzar en pos de una organización mundial de democracia y democracias, empleando el arma mundial definitiva de atracción de masas, frente a las armas definitivas de destrucción masiva? El arma definitiva, libre y liberal, de atracción de masas es el reconocimiento del derecho natural, históricamente adquirido, de cada hombre y de cada mujer a la democracia política, al Estado de Derecho y, por lo tanto, a los cimientos liberales de los Estados federales y federalistas que respetan la libertad del ciudadano individual.
¿Qué tiene todo esto que ver con Copenhague? Mucho. Después de la guerra, Benedetto Croce recordaba que la Europa monárquica - las monarquías escandinavas, la monarquía británica, las monarquías holandesa y belga - había sido la única que no había sucumbido a los distintos nacionalismos, incluido el nacionalsocialismo, ni a los distintos socialismos, incluido el comunismo, para defender así la libertad.
Esta historia presenta algunas paradojas. La paradoja en la que queremos centrarnos, señores Presidentes, es que ustedes no son libres para construir Europa en la Cumbre de Copenhague: representan a Estados burocratizados y a un Parlamento burocratizado. Es difícil entonar el Veni Creator en estas condiciones. Debemos luchar por la libertad y por Europa.

Napolitano, (PSE)
Señor Presidente, intervengo para explicar la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre las implicaciones institucionales de la ampliación. Dichas implicaciones, empezando por los plazos iniciales, requieren mucha atención, a nuestro juicio, y deben abordarse con el debido rigor. No podemos permitirnos no llevar a cabo un meticuloso análisis con la excusa de que se trata de temas políticos - y por lo tanto, no hace falta entrar en pormenores - o de que se trata de cuestiones técnicas sobre las que no merece la pena perder el tiempo.
Las soluciones deben ser sostenibles, respetar los Tratados, cumplir varios criterios institucionales y tomarse por acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento; por su parte, la comunicación del Consejo del 21 de noviembre pretendía presentarnos unos hechos consumados. El representante de la Presidencia, el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Haarder, ha dicho que es importante que el Parlamento participe, pero no basta un debate, algo que, sin embargo, ha solicitado la Comisión de Asuntos Constitucionales: es preciso alcanzar un verdadero acuerdo formal entre las tres instituciones.
No obstante, voy a indicar los puntos que consideramos esenciales. En primer lugar, creemos que deben evitarse o reducirse al mínimo las medidas de transición relativas a la composición tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo. El Consejo ha fijado la fecha del 1 de mayo de 2004 para la entrada formal en la Unión de los nuevos Estados miembros. Eso supondría el nombramiento de diez nuevos comisarios, de modo que el número total de comisarios se elevaría a 30, lo que obviamente traería consigo problemas, dado que la Comisión debe terminar su mandato el 20 de enero de 2005, como muy tarde. ¿Qué responsabilidades y qué estatuto especial podrían otorgarse a esos diez comisarios para unos pocos meses, diez comisarios a los que el Parlamento Europeo no tendría tiempo de examinar, en mayo, antes de su disolución, en las necesarias audiencias? Nos encontraríamos con unos comisarios cuyo nombramiento no se habría aprobado, cuyo papel en la Comisión sería incierto y cuyos nombramientos podrían no ser renovados unos meses después. No creo que eso beneficie a los países candidatos, a los futuros Estados miembros.
De la misma manera, si los representantes de los nuevos Estados miembros entrasen en el Parlamento Europeo después del 1 de mayo, sólo ostentarían su cargo durante unas semanas, durante un único período parcial de sesiones, antes de las elecciones de las que habría de salir el nuevo Parlamento.
En conclusión, si mantenemos la fecha del 1 de mayo de 2004, la solución más sensata sería adelantar las elecciones al Parlamento Europeo y fijarlas para el mismo mes de mayo. El Presidente en ejercicio nos ha dicho que estas tentativas han fracasado en el pasado. No vemos por qué deberían volver a fracasar, y creemos que es preciso hacer un esfuerzo para adoptar esta solución. En concreto, las elecciones al Parlamento Europeo - ¿por qué no celebrarlas el 9 de mayo de 2004, inmediatamente después del ingreso de los nuevos Estados miembros? - adquirirían una especial importancia, lo que podría fomentar una participación mayor y más entusiasta del electorado.
Asimismo, eso nos permitiría proceder a la elección - en caso de que el Presidente de la Comisión se nombre mediante una elección, como nosotros también esperamos - o, en cualquier caso, a la votación para nombrar al Presidente de la Comisión, durante el período parcial de sesiones de junio del Parlamento Europeo, y nos permitiría también completar el proceso de examen de los comisarios y de refrendo de su nombramiento para finales de julio, con lo que la nueva Comisión asumiría sus funciones el 1 de agosto, sin necesidad de poner en práctica dudosas medidas de transición y con todos los comisarios gozando de plena legitimidad y del mismo estatuto.
Al mismo tiempo, es necesario tomar una decisión para adelantar el final del mandato de la Comisión. La consecuencia principal sería básicamente - y creemos que esto también es fundamental - la sincronización de los mandatos de la Comisión y del Parlamento Europeo. Para ello, necesitamos un acuerdo interinstitucional que adelante el final del mandato de la Comisión y la fecha de las elecciones al Parlamento Europeo, un acuerdo interinstitucional que nosotros exigimos.
Un último comentario sobre la Conferencia Intergubernamental. Señor Haarder, usted ha dicho que los futuros Estados miembros deberán también poder ejercer el derecho de veto en la Conferencia Intergubernamental, es decir, que deberán tener exactamente los mismos derechos que los Estados miembros sin ser realmente Estados miembros, estatuto que no adquirirán hasta el 1 de mayo de 2004. Me gustaría saber cómo casa esto con el artículo 48 del Tratado. Creemos que una solución satisfactoria sería que tuvieran el mismo estatuto a efectos de la Conferencia Intergubernamental que el que disfrutan a efectos de la Convención.
van Velzen (PPE-DE).
Señor Presidente, para que conste en Acta, mi nombre se pronuncia van Velzen. Quisiera decir que, en la actualidad, encaramos un momento histórico. En efecto, nos hallamos en la fase final de las negociaciones, y estoy seguro de que el paquete que está preparando la Presidencia danesa, que consiste en varios puntos clave relativos a la agricultura, la seguridad nuclear y el control de las fronteras, también va a resultar interesante para nuestros ciudadanos de la Unión Europea.
No tengo más remedio que llegar a la conclusión, a raíz de la lectura del informe de la Comisión, de que los países candidatos tienen que solucionar todavía un montón de cosas. Creo asimismo que deberíamos mencionar esto expresamente en Copenhague, para que nuestros ciudadanos sepan con qué tendrán que vérselas los nuevos Estados miembros durante el próximo año y medio. Otro ámbito de preocupación al que convendría prestar mayor atención es el pluralismo de los medios de comunicación en Europa central y oriental.
Ya hemos visto en el pasado que, digamos, el antiguo aparato reservó recursos y creó oportunidades para mantener intactos sus propios medios de comunicación. También en este ámbito, creo que podríamos pedir a la Comisión que dedique más atención a la diversidad real - más que a la teórica - de los medios de comunicación de los países de Europa central y oriental.
Creo además que no deberíamos mezclar la ampliación con el debate sobre Turquía. Si ahora nos enfrascásemos en un debate de estas características, estaríamos incumpliendo nuestras propias normas, como ya ha señalado el Sr. Poettering. Analizando los hechos y el informe de la Comisión - y me ha complacido, a este respecto, la intervención del Comisario Verheugen - no podemos sino llegar a la conclusión de que, aunque Turquía ha realizado grandes avances, sigue sin cumplir los criterios de Copenhague en su totalidad. Por este motivo, estamos manteniendo un debate virtual, y además haciendo tonterías, por si fuera poco. Nos gusta fijar fechas por el mero hecho de hacerlo. Le deseo suerte a quien sea capaz de explicar esto a los ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, abogo por que suspendamos este curioso debate. No podemos olvidar la necesidad de que Turquía cumpla los criterios de Copenhague, ni el hecho de que actualmente no los cumple. Por consiguiente, deberíamos dejar de perder el tiempo con eso. No tendría sentido que los Estados miembros fijaran, en la actualidad, fechas que, de momento, no se basan en hechos.
En cuanto a la agricultura, hay algo que sigue preocupándome: las enormes diferencias existentes entre los países candidatos (por ejemplo, entre Polonia, la República Checa y Hungría). Me pregunto si no deberíamos centrarnos en adaptar más el paquete a cada país. La Presidencia danesa ha dado un buen ejemplo de esto.
Con toda seguridad, dedicarse a la agricultura en Polonia con menos de un acre y medio es fundamentalmente un problema social, un problema que debe abordarse en este país, y la Unión Europea podría tener un importante papel al respecto. Los agricultores con hasta 8, 9 o 10 hectáreas van a necesitar ayuda fundamentalmente en forma de programas mundiales de desarrollo, lo que es muy diferente de los amplios debates sobre cuotas y otros aspectos, puesto que las cuotas se aplican, sobre todo, a zonas agrícolas mucho mayores de Polonia. Por lo tanto, me gustaría pedir que se preste más atención a este ámbito; desde luego, sería muy triste que Polonia y el Gobierno polaco no pudieran llegar a un acuerdo por nuestra incapacidad de ofrecer un programa más personalizado y, sobre todo, por no permitir al Gobierno polaco que elabore un programa más personalizado para sus propios agricultores. Por consiguiente, pido algo de creatividad en este campo.
En lo relativo a los nuevos Estados miembros, todos estamos de acuerdo, por supuesto, en que tenemos que establecer un sistema que no permita la existencia de contribuyentes netos. Sin embargo, también deberíamos estudiar cómo podemos acelerar el flujo de dinero para que estos Estados miembros no terminen teniendo graves problemas.
Permítanme concluir diciendo lo siguiente: tenemos una enorme oportunidad en Copenhague y deberíamos aprovecharla.

Titley (PSE).
Señor Presidente, recordará usted que cuando tuvimos nuestro gran debate con los países candidatos en Estrasburgo, concluí mi intervención con un proverbio inglés que afirma que del dicho al hecho hay mucho trecho. Advertí de que no deberíamos celebrar prematuramente el fin de este proceso porque todavía quedaba mucho camino por andar, y no me equivoqué. Ahora parece que aunque pensamos que estamos cerca de alcanzar un acuerdo, en realidad estamos muy lejos de hacerlo y existe la posibilidad muy real de que perdamos todos. Esto que quede claro.
Si Copenhague concluye con disputas interminables sobre cuestiones muy técnicas tratadas en diez sesiones de negociación paralelas, no hace falta ser demasiado listo para darse cuenta de que podría paralizarse todo el proceso. Por una vez no estoy de acuerdo con el Comisario Verheugen. Creo que si perdemos Copenhague, no lo perderemos durante una semana ni un mes ni varios meses, sino que perderemos la ampliación durante una generación entera. Como ya he dicho y repetiré, ahora o nunca. Esta es la oportunidad que debemos aprovechar.
Celebro el valiente intento de la Presidencia danesa de poner mil millones de euros extra sobre la mesa con el fin de despejar el paso para que no tengamos estas complicadas negociaciones en Copenhague. Por desgracia, al hacerlo, sobre todo con un par de semanas de antelación, no parecen haber animado más que a algunos de los países candidatos a creer que esta es una fase más de las negociaciones y, francamente, debemos dejar claro que no lo es. Este no es un proceso siempre elástico. En algún momento debemos decir no. No deben incumplirse los acuerdos de Berlín y Bruselas. En el momento en que rompamos la disciplina presupuestaria, abriremos la caja de Pandora que puede echar por tierra todo el proceso.
También debemos dejar claro que este proyecto es tan importante que no estamos dispuestos a dejar que ningún país sabotee todas las negociaciones. Si cualquier país desea aguantar hasta el último momento posible, lo hará por su cuenta y no por cuenta de los demás países candidatos, ya que debemos estar preparados para mostrar nuestro acuerdo en la medida en que cada país lo muestre. 
Del mismo modo, debo instar a nuestros líderes a que se planteen una pregunta sencilla antes de acudir a Copenhague. Quisiera saber qué harán dentro de veinte años cuando estén con sus nietos en sus rodillas y éstos les pregunten: «¿Cuál fue tu papel real en el gran desastre que se produjo cuando Europa fracasó a la hora de alcanzar su propio destino? ¿Qué hiciste tú realmente?» ¿Se volverán hacia ellos y les dirán: «Bueno, de hecho no pudimos hacerlo porque no estábamos seguros de si los espadines bálticos eran lo suficientemente grandes para nuestras redes. No pudimos hacerlo porque no conseguimos llegar a un acuerdo sobre la prima adecuada de ovejas o la cuota de azúcar exacta o en qué tipo de cartera exactamente debería tener un Comisario durante dos meses»? ¿Realmente diremos eso? Porque va a parecer una excusa muy pobre. Pensemos en la gran foto y recordemos que el dinero que estamos entregando a los países candidatos representa una milésima parte del PIB de la Unión Europea. El presupuesto completo de la UE no representa más que dos tercios del gasto que el Gobierno británico dedica tan sólo a la seguridad social. Realmente estamos hablando de cuestiones menores en el cuadro global de las cosas. No perdamos esto de vista.
Con relación a Turquía, considero que debemos decirle a este Gobierno que en mi opinión es como un soplo de aire fresco: debéis cumplir los criterios de Copenhague. Queremos que los cumpláis para tal y tal fecha y si lo hacéis abriremos las negociaciones. Pero eliminemos de una vez por todas la idea de que Europa es un proyecto solamente cristiano. Yo represento a hindúes, musulmanes, judíos, sijs, budistas, taoistas, a todas las religiones, y no estoy dispuesto a decirles: «La Unión Europea no es para vosotros». Este es el mensaje que algunas personas de esta Cámara están lanzando y debemos acallarlo.

Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, me gustaría manifestar que estoy de acuerdo con el Sr. Titley y añadir también que me sorprende que el espíritu de la integración europea se halle ante una puerta con un letrero que dice «No pasar», ya que no se le quiere dejar entrar en negociaciones que se centren en cuotas de leche y ayudas directas. En la Unión Europea, la solidaridad se acaba cuando empieza el dinero.
Es muy posible que la Presidencia danesa haya intentado, mediante su paquete de negociación, hacer justicia a todas las posiciones pero, dado que no se ha dejado pasar al espíritu de la integración, el único resultado ha sido un inútil batiburrillo que no constituye un marco válido para un futuro en común. ¿A qué se debe esto? La tacaña actitud de los Estados miembros deja a los países candidatos con la impresión de que están formados por ciudadanos de segunda a los que no queremos. Eso da alas a los grupos contrarios a la UE de estos países y pone en peligro su aceptación. Ahorrar en los Fondos Estructurales significa ahorrar en cohesión, en el mismo corazón de la Unión Europea, y tiene, por tanto, efectos negativos para el proyecto de integración. De ahí la imposibilidad de dar un significativo impulso al desarrollo rural o de intentarlo; el indicio más desolador de ello es el hecho de que este desarrollo perderá fuerza cuando se incrementen las ayudas. Éste es un intento de poner de manifiesto las estructuras de una política agrícola que ha fracasado en la Unión Europea y, en la práctica, un rechazo indirecto de la reforma agraria, lo que significa que se está planificando la desaparición de las explotaciones agrícolas en los países candidatos sin que haya puestos de trabajo alternativos. Mediante esta política estamos mandando un mensaje equivocado. Nosotros, el Grupo de los Verdes, rechazamos todos los intentos de reducir la ampliación a una mera caja de ahorros nacional y, por lo tanto, pedimos que el Consejo y la Comisión den prioridad absoluta al proyecto de apoyo a las zonas rurales de los países candidatos y le asignen más fondos. Si no lo hacemos así, se producirá una crisis social, se pondrá en peligro el espíritu de la Unión Europea y también el proyecto de reforma de la UE.

Berthu (NI).
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Copenhague que se celebrará la semana próxima tiene una importante tarea: concluir las negociaciones de adhesión con diez países candidatos.
Será necesario allanar algunas dificultades financieras de última hora, pero albergamos grandes esperanzas y nos congratulamos sobre todo de que Francia esté dispuesta a considerar favorablemente las últimas propuestas de la Presidencia danesa. Es cierto que exigen algunos gastos adicionales, pero lo que nos jugamos merece nuestro esfuerzo, y no debemos olvidar que el Consejo Europeo de Bruselas del pasado mes de octubre retiró un importe prácticamente equivalente de ayudas estructurales a los nuevos miembros. Por lo tanto, habrá que compensarlo todo al final.
El segundo punto principal de la agenda de Copenhague será la candidatura de Turquía. Compartimos la opinión del Sr. Giscard d'Estaing de que, tal y como están las cosas, la adhesión de Turquía significaría el final de la Unión Europea. De hecho, ya lo hemos dicho con anterioridad en numerosas ocasiones. El Consejo Europeo de Helsinki celebrado en 1999 cometió un grave error que desgraciadamente no se ha corregido, sino que se ha corroborado desde entonces. Este error por parte de la Unión demuestra que ignora lo que es y lo que desea.
Señor Presidente del Parlamento Europeo, usted mismo ha sugerido que el Sr. Giscard d'Estaing debería ser cesado de su cargo por haber adoptado esta postura. Yo no lo creo, porque ¿cómo podría la Convención elaborar propuestas sobre el futuro de la Unión y sobre sus instituciones y sus políticas sin responder antes a las siguientes preguntas? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es nuestro modelo de Unión para los próximos 15 años? ¿Dónde deben terminar nuestras fronteras? Por consiguiente, el Sr. Giscard d'Estaing está haciendo justamente lo correcto planteando estas preguntas de manera indirecta. De hecho, a nuestro juicio, señor Presidente, la Convención, no sé bajo la influencia de quién, se ha precipitado al elaborar propuestas técnicas sin haber respondido primero a cuestiones políticas fundamentales que les afectan. Corregir las cosas lo antes posible redundaría en beneficio de los propios intereses de Europa.

Nassauer (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, dentro de unos días el Consejo Europeo de Copenhague decidirá ampliar la Unión Europea con la adhesión de ocho países del antiguo Bloque del Este, además de Chipre y Malta. Éste es el tema de negociación y - necesariamente - de alguna que otra controversia y de alguna discusión sobre un punto u otro, pero nada puede ocultar el hecho de que Europa, dividida hasta 1989, se está dotando, con este paso, de un nuevo orden comunitario, basado en el principio de la democracia, el Estado de Derecho, la libertad y la economía de mercado. Estoy convencido de que, de todos los acontecimientos políticos a los que hemos asistido, éste será el más importante para todas las generaciones que viven en la actualidad.
Si alguna persona muy clarividente hubiera escrito hace 15 años la agenda de este Consejo Europeo, tal cual, junto con la reunificación de Europa, le habrían tomado por loco. Si en ese momento nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a pagar otros 2 300 millones de euros para lograrlo, estoy seguro de que, de inmediato, habríamos contestado rotundamente que sí. Si queremos sacar adelante esta ampliación, tendremos que realizar un continuo esfuerzo - tanto en términos políticos como financieros, de eso no hay ninguna duda - pero éste es el momento en que esta Unión nuestra recibe en su seno a antiguos países europeos con los que nos unen tantos lazos como con Francia y el Reino Unido, y que lucharán con nosotros por defender los principios de la libertad y la democracia, conforme al Estado de Derecho.
La Unión Europea se basa en la aplicabilidad del derecho, y es el reconocimiento de esta aplicabilidad lo que la mantiene unida. Por eso es tan significativo que el Parlamento, en una resolución sobre el informe acerca de las negociaciones con la República Checa, afirmara que la llamada Ley de Exención era incompatible con nuestro concepto del derecho, y lo hiciera de una forma cuidadosa y equilibrada. Esta cuestión no sólo abarca las relaciones germano-checas en el pasado, sino también el presente y el futuro de Europa, puesto que están en juego principios fundamentales del derecho, así como su aplicabilidad, y desde luego sería muy útil que la República Checa dijera algo para aclarar las cosas antes de la ampliación.
Mis notas incluyen una frase, que ya hemos oído con mucha frecuencia, acerca de que no podemos permitir que los debates sobre Turquía monopolicen, en cierta forma, la cumbre sobre la ampliación, pero veo que nosotros mismos hemos sido incapaces de resistir a la tentación, así que es muy probable que esto ocurra también en Copenhague, lo que deja claro que es un asunto que preocupa a la gente. Hace unos días, el Comisario Verheugen afirmaba en un periódico alemán que era contrario al ingreso de Turquía en la UE y que proponía a los turcos establecer una relación especial en calidad de vecinos, un tratado que podría aplicarse también a otros países vecinos de la UE. Estoy seguro, Comisario Verheugen, de que usted lo considera un malentendido o una mala interpretación y, con razón, señala que se trata de un incumplimiento de la obligación de confidencialidad a la que suponemos que se comprometió. Pero la cuestión no es que no se le haya permitido guardarse algo que quería haber tratado de una forma confidencial, sino que esta forma de hacer las cosas refuerza la impresión de que, a este respecto, muchos dicen en público exactamente lo contrario de lo que en realidad piensan. En lo que respecta a Turquía, usted no sería el único, ya que una gran parte de los que abogan por su ingreso no quieren realmente que entre en la Unión y se están escudando en los criterios. Ésa es una forma hipócrita de abordar las cosas, y perjudica más las relaciones de la UE con Turquía de lo que las perjudicaría enfrentarse a la situación con toda la honestidad que exige el respeto por este país. Por eso, más que fechas de adhesión, lo que deseamos es una mayor honestidad en nuestras relaciones con Turquía.
Swoboda (PSE).
Señor Presidente, hay sólo dos cuestiones que me gustaría mencionar. La Comisión tiene razón si piensa que siguen sin resolverse algunos asuntos complicados, y damos las gracias a la Presidencia del Consejo por haber presentado varias propuestas al respecto. Si el Sr. Poettering piensa que los Gobiernos - refiriéndose a los Gobiernos de los Estados miembros - deben hacer ahora el esfuerzo de proponer una solución, estoy de acuerdo con él, pero por otra parte, también quiero dejar claro que lo mismo cabe decir de los Gobiernos de los países candidatos. Sé que Polonia tiene un umbral del dolor. Siento una gran simpatía por Polonia, y sobre todo por su actual gobierno, pero nosotros también tenemos umbrales del dolor, y creo que ambas partes deben reconocer la necesidad de llegar a compromisos en este campo. También creo que los países candidatos no deberían poner el listón tan alto, que sea imposible superarlo.
En segundo lugar, analicemos las cuestiones institucionales y de procedimiento, asuntos en los que, según el Presidente en ejercicio del Consejo, está interesado el Parlamento. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ya hemos dedicado bastante tiempo hoy a debatirlo en otro contexto, y no estamos hablando de un interés, sino de nuestros derechos y también del compromiso del Consejo de hablar con el Parlamento desde el principio. Si lo hubiera hecho, nuestra situación sería más sencilla. El Sr. Napolitano presentó algunos argumentos a favor del cambio de algunos aspectos del procedimiento y, a pesar del gran respeto que le profeso, no me convenció. Mi opinión personal es que cada país, desde el primer día tras la adhesión, tiene derecho a contar con un comisario, aunque sea un comisario sin cartera. Creo que, tratándose sobre todo de diez nuevos comisarios, esta Cámara debería tener el derecho, por lo menos, de aprobarlos conjuntamente. Esta aprobación conjunta sólo podría darse, por supuesto, con la participación de los nueve nuevos Estados miembros en cuestión, ya que no estaría bien que votáramos sobre un comisario polaco y que los diputados polacos no pudieran hacerlo.
Esto nos lleva, evidentemente, al procedimiento detallado para el nuevo Parlamento. Comprendo los argumentos jurídicos en lo referente a la Conferencia Intergubernamental, pero estoy de acuerdo con la propuesta de su participación prácticamente plena, puesto que, en realidad, estos países también tienen que dar su voto y su ratificación. Quiero pedir una cosa al Presidente en ejercicio del Consejo: hable con los países candidatos y negocie con ellos. Se supone que su participación es plena. Antes de tomar una decisión, no obstante, diríjase a nosotros en esta Cámara y entonces nos será más fácil encontrar una solución conjunta.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría hablar sobre el principal riesgo que, en mi opinión, puede conllevar la reunión del Consejo en Copenhague en lo referente a la UE como proyecto de paz. Todos estamos hablando sobre la unificación de la UE. Todos estamos hablando sobre la histórica decisión de Copenhague. Sin embargo, ¿es posible que la UE, en cuanto proyecto de paz, quede destruida en Copenhague? Estoy seguro de que muchos diputados pensarán que esta cuestión no es importante, pero yo sí lo creo.
La UE ha tenido un increíble éxito a la hora de unir a los pueblos y a los Estados en la Unión Europea. No obstante, ahora tenemos un país candidato que figura entre los primeros que entrarán en la Unión Europea: Chipre. Tras la caída del Muro de Berlín, Nicosia ha pasado a ser la capital dividida de Europa. Tras la reunificación de Alemania, Chipre es el país dividido de Europa.
El Parlamento Europeo ha dicho claramente que le gustaría que las fuerzas de ocupación turcas se retiraran de norte de Chipre. Estando así las cosas, se está debatiendo a un alto nivel en el Consejo si es conveniente dar a Turquía una fecha para celebrar una reunión en la que se fijaría una nueva fecha para el comienzo de las negociaciones de adhesión con este país. Por consiguiente, me dirijo en particular a la Presidencia danesa cuando pregunto cuál sería la reacción de los ciudadanos, de los chipriotas y la nuestra si se diera a un país como Turquía una fecha para iniciar las negociaciones de adhesión cuando todavía quedan 30 000 soldados turcos en el norte de Chipre. ¿Es esto la UE como proyecto de paz?
Me gustaría profundizar en este asunto y me pregunto si podemos imaginarnos una situación en la que un país en negociaciones con la Unión Europea ocupa, al mismo tiempo, y sin lugar a dudas, el 37% de otro Estado miembro. Es preciso examinar esto en Copenhague. Si es concebible que la UE, como proyecto de paz, permita a Turquía iniciar negociaciones sin que se resuelva el conflicto de Chipre, esto significa que un Estado miembro puede ser ocupado por un país que pretende entrar en la Unión y que actualmente está en negociaciones con la Comisión.
Me gustaría que se estudiara esta cuestión. Que no nos ciegue la encantadora ofensiva de Turquía. Analicemos los hechos en sí: un país, Chipre, está a punto de entrar en la Unión, y otro país que ocupa el 37% de ese país quiere iniciar negociaciones. ¿Les parece bien? ¿Es esto la UE como proyecto de paz?

Corbett (PSE).
Señor Presidente, me pongo en pie para compartir las preocupaciones de aquellos que han expresado temor ante las decisiones que se toman sin consultar al Parlamento con respecto a la idea de acortar el mandato de la Comisión Europea actual.
Por supuesto que reconocemos que los nuevos Estados miembros tienen derecho a un Comisario desde el primer día de su pertenencia a la Unión Europea. Por supuesto, tiene lógica el hecho de no redistribuir todas las carteras de la Comisión existente tan sólo por unos cuantos meses. Por lo tanto, tiene sentido acortar el mandato de la Comisión existente y avanzar rápidamente hacia la aprobación de una nueva por parte del nuevo Parlamento, con la plena legitimidad democrática que esto implica. ¿Pero cómo es posible hacerlo? Conforme al Tratado actual, solamente existen dos modos. Uno es que cada uno de los Comisarios actuales acepten dimitir en una fecha acordada, o que este Parlamento adopte una moción de censura que los obligue a dimitir. Ambas opciones serían un poco extrañas si no fuesen sometidas a acuerdo entre las tres instituciones. Otro modo sería que el Consejo lo incluyese en el tratado de adhesión, pero de nuevo, si se hiciese unilateralmente, sin consenso y acuerdo, esto podría debilitar el espíritu de los Tratados.
Así que lo que considero que debería pasar es que negociemos y lleguemos a un acuerdo sensato, que consistiría en establecer una fecha temprana para sustituir a la Comisión, con la condición de que la nueva Comisión tenga la plena legitimidad de llevar a término todo el trámite ante la nueva Asamblea que resulte elegida en las elecciones europeas. Esta es una condición imprescindible. En estas circunstancias, tendría sentido, como ya se ha indicado, adelantar la fecha de las elecciones de junio a mayo, ya que de entonces la nueva asamblea ya podría votar en junio sobre el Presidente y en julio podríamos tener las audiencias y votar sobre la Comisión en su conjunto, la cual podría comenzar su actividad, si esto se acordase, ya en agosto o septiembre. Esto nos permitiría avanzar más rápidamente. Se eliminarían los problemas de Comisarios sin carteras durante un período prolongado y tendría lógica celebrar elecciones a principios de mayo, lo cual es por su propio mérito una buena idea. Por cierto, señor Presidente, estoy seguro de que usted está interesado en esto: nos evitaría tener los problemas en esta Asamblea de contar con diputados de pleno derecho durante una sesión solamente antes de las Elecciones Europeas. Creo que este es el camino que el Consejo debe tomar en diálogo con nosotros.

Brok (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, mi problema con el Sr. Corbett es que tiene unos conocimientos de derecho demasiado amplios y siempre me llena de confusión. Sus desmedidos conocimientos hacen que su manera de hilvanar las ideas sea tan complicada, que el mensaje llegue a perderse. No obstante, el mensaje político es que queremos dar a los países candidatos una calurosa bienvenida sin enredarles en minucias burocráticas. Ése es, en mi opinión, el mensaje que debemos darles. Por eso, los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que es la principal comisión sobre la ampliación, hemos hecho otras propuestas, que pretenden ser pragmáticas y directas.
Hagamos lo que hagamos - ya optemos por elegir a la nueva Comisión o consideremos que es mejor que sea nombrada - seguirá habiendo un período de transición en el que los candidatos tendrán derecho a cooperar con la actual Comisión en el nombramiento de comisarios. Con independencia de que sean cuatro semanas o cuatro meses, el principio sigue siendo el mismo e indisoluble. Por eso, sólo voy a decir: dejemos que haya comisarios sin cartera, como hemos acordado, a partir del 1 de mayo. Estos Comisarios pasarán controles para comprobar su competencia, su independencia económica, etc., y esto se hará mediante un procedimiento que no se llevará a cabo en las comisiones, puesto que aún no tendrán cartera. Los observadores, que ya llevan un año trabajando con nosotros, pasarán a ser diputados durante cuatro u ocho semanas, como hemos hecho siempre, y en caso de adhesión, a veces han llegado a permanecer en ese puesto un año o año y medio. ¿Cuál es el problema entonces? Creo que la forma de avanzar en esto es simplificando. Si los miembros de la nueva Comisión deben haber ocupado sus cargos para el 1 de noviembre, es crucial que se garanticen los derechos del Parlamento. El nombramiento del Presidente de la Comisión se hará tras las elecciones europeas para que éstas puedan influir en él y para que tengamos tiempo de hacer lo que sea necesario. Me refiero con esto a que las comisiones someterán a los candidatos de los antiguos y de los nuevos Estados miembros a un riguroso examen para ver si son adecuados para el cargo. Esto es de lo que se trata, en términos políticos, y esto es lo que tenemos que tomarnos en serio, como corresponde.
Permítanme hacer otro comentario. Me gustaría expresar mi gratitud a la Presidencia danesa del Consejo por haber sido capaz, centrando sus esfuerzos en la ampliación, de cooperar con éxito con la Comisión para llevar estas negociaciones de adhesión a lo que es, sin duda, un buen resultado. Los necesarios compromisos habrán de alcanzarse con un espíritu de buena voluntad y habrán de estar - como ha dicho acertadamente el Comisario Verheugen - bien diseñados: estoy seguro de que lo haremos bien.
El debate suscitado en relación con Turquía y la fijación de una fecha ya ha demostrado en nuestra sesión de hoy algo que se perpetuará en Copenhague y posteriormente en los medios de comunicación: nadie se alegrará de nuestra bienvenida a los diez nuevos países, nadie hablará públicamente de la adhesión de Polonia, Estonia y la República Checa; en lugar de ello, Copenhague se convertirá en una cumbre sobre Turquía, y Turquía será nuestro único tema de conversación. Creo que es muy lamentable que hayamos llegado a esta situación, un panorama de chantaje en el que tenemos que hacer frente a la PESD y la OTAN, a la presión estadounidense, a Irak y al problema de Chipre. No creo que esté bien que se haya producido esta situación.
Si el Consejo Europeo se deja llevar por consideraciones de lógica política - a veces conocida en otros lugares como oportunismo - y decide fijar una fecha, me temo que los ciudadanos de nuestros Estados miembros dirán: ¡ajá, van en serio! ¡Diez nuevos países, lo que ya es bastante complicado, y además los turcos! El debate subsiguiente nos creará problemas cuando queramos vender la adhesión de Polonia y Eslovenia a nuestros ciudadanos, y espero que el Consejo sea consciente de esta responsabilidad y no piense demasiado a corto plazo.

El Presidente.
Permítanme una breve observación. A primera hora de esta tarde, el Sr. Barón Crespo planteó la cuestión de qué habría pasado en el diálogo interinstitucional la semana pasada en Copenhague con el Presidente de la Comisión Europea, el Presidente en ejercicio del Consejo y yo mismo. Ya he indicado que dejé claro que no quería que se tomase una decisión definitiva sobre cuestiones de fechas y transición sin que el Parlamento participase plenamente y fuese consultado. Como podrán apreciar ahora, tras haber oído el punto de vista del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y un punto de vista totalmente distinto del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, no era procedente que yo tratase de obtener una conclusión definitiva en dicho diálogo que no fuese decir que necesitábamos consultar con las demás instituciones. Evidentemente también necesitamos hablar unos con otros.

van den Berg (PSE).
Señor Presidente, me gustaría estar de acuerdo con el Sr. Brok. Lo fundamental es, por supuesto, que demos la bienvenida a los Estados miembros y que esta Cámara - que pronto se renovará - pueda decidir conjuntamente con otras instituciones cuál será el nuevo Presidente de la Comisión; sin embargo, a partir de aquí nuestros razonamientos divergen. Me complace que el Sr. Brok haya mencionado el 1 de mayo como una fecha importante, pero yo diría que este 1 de mayo podría ser, de hecho, la fecha de las elecciones europeas, en cuyo caso estaría del lado del Sr. Napolitano.
Quisiera ponerles al día de lo que ha venido sucediendo recientemente en los Países Bajos. Un líder liberal neerlandés, el Sr. Gerrit Zalm, realizó una campaña electoral suicida. Pidió que los Países Bajos dificultaran la ampliación, con el fin de ejecutar las reformas agrícolas. Afortunadamente, el Sr. Zalm ha quedado fuera del Gobierno por el momento, pero con las próximas elecciones de los Países Bajos fijadas para el 22 de enero de 2003, sigue siendo naturalmente una fuerza peligrosa que hay que tener en cuenta. Tengo la esperanza de que los neerlandeses elegirán a un Gobierno que reconozca las ventajas de la estabilidad y el crecimiento económico, además de la importancia de la reunificación de Europa, evitando así que la reputación de los Países Bajos quede aún más manchada.
Esto no reduce, en forma alguna, la importancia primordial de estas reformas agrícolas para los países de la ampliación, los países candidatos, para nosotros mismos y para los países en vías de desarrollo. Además, es evidente que, gracias a las propuestas del Sr. Fischler, ya tenemos un gran número de propuestas lúcidas sobre la mesa, pero muchos Estados Miembros siguen amenazando con ponerles trabas. Lo que necesitamos es la valentía necesaria para hacer nuestros deberes en el campo de las reformas agrícolas, y esto es imprescindible también para contribuir al éxito de la ronda del dólar. De hecho, podemos hablar de una ronda de desarrollo, pero si no se presentan unas propuestas más firmes y amplias que beneficien a las reformas agrícolas, las cosas empeorarán y esta ronda será un fracaso. En ese caso, no habremos hecho nuestros deberes, algo necesario si queremos tratar con justicia a los países candidatos. Las cuentas netas y brutas entre Europa y los países candidatos se mencionan a la ligera, sin tener en cuenta suficientemente la necesidad de estas reformas agrícolas.
Me gustaría añadir que espero que los debates que estamos celebrando aquí nos sirvan, en cierta manera, como lección en el próximo paso hacia la ampliación mediante la adhesión de más países. Tengamos antes un debate menos ambiguo con nuestro electorado, y tengamos el coraje de preguntarle su opinión a tiempo por medio de un referéndum europeo. En mi opinión, hemos desplegado demasiada tecnocracia y no la suficiente política en esta ocasión. Hemos aprendido que éstas son decisiones políticas. Deberíamos reunir el valor necesario para mirar a nuestros propios ciudadanos a los ojos y aceptar sus opiniones.

Haarder
Gracias por otro útil y constructivo diálogo sobre la ampliación. El debate confirma que hay un apoyo generalizado a lo que ocurrirá la semana que viene. Me gustaría agradecer también todos los buenos consejos que se han dado, y sobre los que me gustaría hacer algunos comentarios. Quisiera dar las gracias al Sr. Poettering por poner al Consejo Europeo de Copenhague exactamente en la perspectiva correcta desde el principio. Sin repetir sus palabras, es esta perspectiva histórica la que no debemos perder de vista en ningún momento. El agradecimiento dirigido a la Presidencia debemos hacerlo también extensivo a la Comisión, sobre todo al Sr. Verheugen, que lleva años trabajando sin descanso en la ampliación.
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Titley. No sé si es «ahora o nunca», pero en cualquier caso es hora de pasar a la acción. Es preciso que tengamos éxito. A pesar de los complicados problemas que siguen sin solucionarse, hemos llegado tan lejos, que no podemos justificar un fracaso.
En lo relativo a Chipre, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Verheugen. La UE y la comunidad internacional deben manifestar claramente su buena disposición para prestar la ayuda necesaria para hacer frente a los grandes retos que la reunificación supondrá para Chipre y para sus dos comunidades. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas por hallar una solución antes de Copenhague den sus frutos.
En lo relativo a Turquía, los principios están claros. Turquía es un país candidato. Las negociaciones de adhesión podrán empezar cuando se hayan cumplido los criterios de Copenhague. Hasta ahora no se han cumplido, pero Turquía ha realizado unos avances impresionantes con el amplio paquete de reformas. En Copenhague se enviará un mensaje contundente y positivo a los políticos y los ciudadanos turcos. La forma exacta que adoptará este mensaje es algo que debe ser debatido pormenorizadamente por los Jefes de Estado y de Gobierno. Estoy de acuerdo con el Sr. Poettering en que éste no es el tema principal de Copenhague. Los diez países serán las estrellas de esta cumbre. Sin embargo, no vamos a olvidar las perspectivas de Turquía, ni tampoco a Bulgaria ni Rumania. Estos dos países han realizado enormes avances en las negociaciones de adhesión, pero todavía no están listos. Se les facilitará un plan de trabajo para la última parte del camino.
Deseo dar las gracias al Presidente de la Comisión por su apoyo al contenido de los paquetes que la Presidencia ha presentado a los diez países, y quiero agradecer también al Sr. Verheugen su advertencia sobre una posible sobrecarga de la agenda de Copenhague con todo tipo de asuntos distintos. Él sabe mejor que nadie cuán difícil y complicado es el proceso de ampliación, y conoce el peligro de entrar en debates pormenorizados sobre los paquetes individuales en la Cumbre de Copenhague.
Asimismo quiero dar las gracias a las muchas personas que han expresado su apoyo a nuestra decisión de mantenernos dentro de los límites de gasto fijados en Berlín y en Bruselas. Deseo además dar las gracias a todos aquellos que han dicho que no deberíamos discutir por pequeñas cantidades en este decisivo momento histórico. No obstante, y pese a las sugerencias recibidas, mi consejo es que no debatamos la posibilidad de añadir otros dos miles de millones al importe fijado en los diez paquetes. El talento reside en no tener opiniones y hacer sugerencias. El talento reside en conseguir una mayoría y obtener el apoyo de todo el mundo, y hay, como es lógico, países que piensan que los paquetes elaborados por la Presidencia danesa ya son demasiado generosos. Debemos tener en cuenta que el talento reside en lograr un consenso o, en otras palabras, en dar los últimos retoques a los paquetes en Copenhague.
El Sr. Barón Crespo y algunos otros tienen razón cuando dicen que sería mejor que los nuevos países tuvieran comisarios con carteras desde el principio y que el Parlamento pudiera celebrar elecciones a tiempo para aprobar la nueva Comisión. Eso significaría que los diputados de los nuevos Estados miembros podrían participar en la aprobación de los comisarios de sus países. No obstante, no es tan fácil como parece. Fijar una nueva fecha para las elecciones podría ser de ayuda, pero nuestros esfuerzos han sido en vano. La Presidencia está por la labor, pero nos tememos que no será posible. Si esto es así, es bueno tener otra solución, una que, aunque no sea perfecta, sea tolerable para todas las partes.
Creo que el Consejo ya ha dicho - y, en cualquier caso, es algo que yo mismo he dicho cuatro o cinco veces aquí en el Parlamento, en nombre del Consejo - que los nuevos Estados miembros estarán en igualdad de condiciones con los antiguos Estados miembros en la Conferencia Intergubernamental, en la que se aprobará un nuevo tratado. Esto no me lo he inventado: está en el artículo 23 del Tratado de Niza. Sería totalmente irrazonable que ofreciéramos a los nuevos Estados miembros, que es posible que estén a punto de celebrar referendos, un estatuto distinto al de los antiguos Estados miembros, justo cuando sus ciudadanos deben votar a favor del nuevo tratado. En cierta forma, ya es bastante que tengan que aceptar un tratado que está en proceso de enmienda. Si no les permitimos estar en igualdad de condiciones con nosotros cuando se apruebe el tratado modificado, creo que no nos estaremos portando bien con ellos.
Por último, me gustaría dar mi apoyo a algo que muchos de ustedes han dicho. Ninguno de los países candidatos tendrá que esperar a los demás. Si sólo están listos nueve países candidatos, esos países ingresarán en la Unión. Por lo tanto, es importante que también los países candidatos sepan aprovechar la oportunidad, o el pronóstico del Sr. Titley se cumplirá.
Para terminar, quisiera decirle al Presidente que la Presidencia estará encantada de reunirse con él y con la Conferencia de Presidentes en Copenhague justo antes de la cumbre. Ahí podremos continuar el diálogo que hemos mantenido durante todo este proceso sobre estos complicados pero también gratificantes asuntos que son comunes a las tres instituciones.
Verheugen
Señor Presidente, ahora que este debate está llegando a su fin, me complace comprobar, una vez más, que hay un amplio consenso entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión acerca de la ampliación, y ésta es una importante señal política en sí misma. A continuación, quisiera decir unas palabras sobre los temas más importantes del debate.
En primer lugar, retomaré la cuestión del dinero. Creo - y a nadie le sorprenderá esto - que cuando se llega a la fase final de un proceso de negociación que implica mucho dinero, la gente empieza a dar marcha atrás en público, y aquellos que van a tener que pagar empiezan a decir que es demasiado, y los que quieren algo dicen que es demasiado poco. Esto es normal, y yo no me preocuparía mucho por ello.
Sin embargo, hay una cuestión estructural que han mencionado, con toda razón, algunos diputados de esta Cámara: ¿está nuestra legislación, de verdad, diseñada para permitir que los nuevos miembros, que son más pobres que la media actual de la Unión Europea, obtengan beneficios de su adhesión durante los primeros años? Éste es justamente el problema.
Para que nadie se preocupe sin razón, la postura, tal y como yo la veo en la actualidad, es la siguiente: de acuerdo con la propuesta de la Presidencia, los nuevos Estados miembros percibirán más de 9 000 millones de euros netos en pagos reales en 2004, 2005 y 2006. Por lo tanto, si se restan sus propias aportaciones, quedan 9 000 millones de euros netos de pagos adicionales.
Eso significa que nadie es un contribuyente neto y que todos están en una situación mucho mejor que en 2003. He de decir, Señorías, que el importe de los créditos es realmente impresionante, y que la palabra tacañería no me parece apropiada. Créditos por valor de 25 700 millones de euros estarán disponibles para esos tres años. Se trata de una considerable suma teniendo en cuenta el tamaño de las economías de estos países. Conviene no olvidar que el producto nacional bruto de los países de Europa central y oriental asciende a sólo el cinco por ciento del de la actual Unión Europea. Yo diría que estas cifras ya están razonablemente equilibradas.
No obstante, también es cierto que ambas partes tienen que repetir constantemente que la Unión Europea no es un cajero automático. No se mete una tarjeta, ya sea una tarjeta de miembro o una tarjeta de crédito, y se saca dinero. No funcionamos así en absoluto. Somos una comunidad basada en el derecho y nuestro objetivo es que las personas disfruten del mismo nivel de vida, meta que ayudamos a alcanzar, pero sólo en la medida de nuestras posibilidades.
La Sra. Schroedter se ha referido a un asunto concreto, y por desgracia, tengo que estar de acuerdo con ella: el hecho de que, en opinión de la Unión, haya que lamentar la propuesta de que los fondos para el desarrollo rural estén disponibles para ayudas directas.
La propuesta que presentamos tenía precisamente la intención de posibilitar un desarrollo estructural sensato y amortiguado, desde el punto de vista social, de la agricultura de los nuevos Estados miembros. No obstante, debo señalar que los propios países candidatos exigieron poder realizar una transferencia, al menos durante los tres primeros años. Su argumento es tan sencillo como convincente: sin esta medida, no hay ninguna posibilidad de ganar el referéndum en Polonia, por ejemplo. Éstos son los antecedentes de esta decisión, pero estoy dispuesto a admitir que es ciertamente lamentable desde el punto de vista de un desarrollo sensato de la política agrícola.
A continuación, quisiera decir unas palabras sobre el tema de Turquía. El Sr. Nassauer ha hablado conmigo sobre este asunto en persona. No tengo nada que decir en privado que no haya dicho en público. Lo que se citó en el periódico es algo que he dicho muchas veces, y también aquí en el Parlamento Europeo. Si en 1999 hubiéramos tenido la oportunidad de desarrollar una estrategia para Turquía sin los 40 años de historia que ya teníamos, nunca se me hubiera ocurrido que la solución correcta podía ser ofrecer a Turquía su plena adhesión a la Unión Europea.
El problema es, sin embargo, que no tuvimos esa opción. Ese camino ya se había explorado y había fracasado, y no había otro. Estoy seguro de que todos los debates de las últimas semanas, incluidos los suscitados por el Sr. Giscard d'Estaing, no han alcanzado el resultado que deseaba el Expresidente francés. La consecuencia de esos debates ha sido precisamente que aquellas personas que no querían comprometerse de momento - y había bastantes que hubieran preferido no hacerlo - se han visto ahora obligadas a volver a ratificar el resultado de Helsinki, es decir, que Turquía tiene claramente estatuto de candidato, que será tratado como cualquier otro candidato, que sus perspectivas de adhesión son claras y sin condiciones y que se le anima a seguir por ese camino. Ése es el resultado del debate de los 15 Estados miembros, en lo que se refiere a los Gobiernos. Soy plenamente consciente de que en público se adoptan otras posturas, y que a veces lo hace incluso la mayoría. Sin embargo, sabemos que los 15 Gobiernos de los Estados miembros tienen la opinión unánime de que debemos atenernos a la estrategia de Helsinki. Es posible que, a este respecto, la contribución del Sr. Giscard d'Estaing no haya obtenido el resultado que él deseaba.
En el debate sobre las fechas, estoy de acuerdo con el Sr. Brok en que no debemos permitir que el asunto de Turquía eclipse el proceso de toma de decisiones sobre la ratificación en los Estados miembros, y es posible que ya haya un peligro real de que eso suceda.
En cuanto a las cuestiones institucionales, la Comisión está, por supuesto, más que dispuesta a celebrar debates intensivos en esta Cámara en cualquier momento, y como siempre, la Comisión no tendrá el más mínimo problema, sino que, al contrario, intentará garantizar la plena protección de los derechos del Parlamento. Me gustaría hacer sólo dos pequeños comentarios.
Naturalmente, necesitábamos ahora una hipótesis de trabajo para las adhesiones. Sin una fecha, no habríamos podido negociar el capítulo financiero, porque la fecha tiene enormes consecuencias para la situación financiera durante el primer año de adhesión. Los paquetes financieros para cada país son bastante distintos, dependiendo de la fecha en la que se haya basado el trabajo. Por eso era necesaria la decisión. Que yo sepa, el Consejo la tomó teniendo en cuenta fundamentalmente el tiempo que los Estados miembros dijeron que necesitarían para la ratificación. Eso también debería tenerse en cuenta, como he dicho en muchas ocasiones.
En lo que respecta a la Comisión, me gustaría señalar, una vez más, que sugirió evitar la Comisión transitoria de 30 Comisarios y se ofreció, por tanto, a reducir su mandato, pero eso resultó imposible de negociar. Los países candidatos y los Estados miembros opinaron que los nuevos comisarios debían ocupar sus cargos desde el primer día tras la adhesión. En ese caso, creo que es razonable pedir que este período transitorio con 30 comisarios sea lo más breve posible.
Por este motivo, se pensó en la fecha del 1 de noviembre para la próxima Comisión. Éste es el período de tiempo mínimo necesario para nombrar a un nuevo Presidente de la Comisión, conseguir su aprobación y darle tiempo para formar una nueva Comisión. Éstos son los antecedentes. Creo que podemos debatir juntos la cuestión con sensatez, y como he dicho antes, la Comisión está dispuesta a hacerlo en cualquier momento.
El Presidente.
El debate queda cerrado.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Maes (Verts/ALE)
Señor Presidente, la ampliación de la UE con la entrada de diez nuevos Estados miembros será un triunfo para la democracia si somos también capaces de adaptar nuestras instituciones de una manera que garantice que esta Unión ampliada, de 500 millones de habitantes, pueda funcionar también de una forma más eficaz, transparente y democrática. Esto presupone una mayor voz para el Parlamento Europeo, que es elegido directamente por los ciudadanos, pero también una Unión en la que los pueblos y las regiones se sientan como en casa.
Todos los futuros Estados miembros han realizado enormes esfuerzos para cumplir los criterios de Copenhague e integrar el acervo comunitario en sus estructuras legislativas y nacionales. Turquía no puede exigir una fecha en Copenhague. Es obvio que a Turquía le queda un largo camino por recorrer antes de que pueda llegar a cumplir los criterios de Copenhague. Con toda seguridad, depende de Turquía decidir lo que debe, puede y está dispuesta a hacer para convertirse en una verdadera democracia que respete los derechos humanos, así como a las minorías culturales. Estos cambios no sólo deben evidenciarse a través de la legislación, sino también por medio de su aplicación real. Esto no depende sólo del Gobierno o del Parlamento turcos, sino, sobre todo, de la actitud del ejército, y mientras el ejército siga teniendo este papel protagonista, Turquía no podrá ser considerada una democracia en el sentido exacto de la palabra.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre dos preguntas orales,
Pregunta oral (O-0085/02 - B5-0506/02) del Sr. Enrique Barón Crespo al Consejo sobre el Estatuto de los diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos
y
Pregunta oral (O-0092/02 - B5-0507/02) del Sr. Othmar Karas al Consejo sobre el Estatuto de los diputados en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, he planteado esta cuestión oral en nombre de mi Grupo para traer de nuevo al Pleno y, por lo tanto, a debate público y transparente, un tema esencial que es un tema constitucional.
En un momento en el que estamos en la Convención planteando reformas de la Comisión, del Consejo, de todas las instituciones, el que podamos cumplir nuestro mandato con dignidad, con honor e igualdad como ciudadanos europeos, es una cuestión esencial en la que llevamos trabajando mucho tiempo. Añadiría algo más: tenemos que resolver este tema en esta legislatura, antes del final de la misma, habida cuenta de la proyección política que tiene.
Planteé mi pregunta buscando el mayor apoyo y consenso en el Parlamento Europeo porque creo que es necesario y tengo que decir que mi Grupo piensa que éste es un tema que tiene que definirse con la máxima transparencia, tanto en lo que respecta al Estatuto en sus aspectos constitucionales como en las normas con las que tenemos que dotarnos.
Lo que tengo que lamentar en este momento es que parece que, buscando el máximo acuerdo, se han acentuado los desacuerdos. Me he encontrado con una acusación abierta y sistemática; esta mañana tres presidentes de grupos parlamentarios han acusado públicamente, en conferencia de prensa, al Grupo Socialista de bloquear el Estatuto.
Yo fui, y lo sabe bien el Presidente, quien planteó la enmienda al informe de Palacio que se aprobó con 455 votos a favor. Yo fui quien planteó, y está en la resolución conjunta del Grupo Liberal como considerando, que tenía que constituirse el grupo de personas eminentes, y lo sabe bien el Sr. Haarder, y propuse su composición, empezando por el Sr. Ersbøl. 
Eso es lo que he hecho yo en nombre del Grupo Socialista. Me gustaría que aquéllos que nos critican - y no me parece mal que se adelante la campaña electoral, pero sin bordear a la difamación -, me gustaría que explicaran aquí - que es donde hay que explicar las cosas - qué es lo que han hecho ellos. 
Y le diría al Sr. Watson, con toda la estima que le tengo, que también sería muy interesante - tiene una oportunidad de oro - que nos explicara por qué se siente rodeado por los alemanes. Aquí todos somos iguales. Yo no me siento condicionado por los alemanes, no es verdad.
No es verdad, por ejemplo, que se haya creado este sistema de dietas para compensar a los ibéricos. Yo vengo de un parlamento en el que me daban el billete, nunca había cobrado más. Me encontré con ese sistema y no conozco a ningún parlamentario, incluso de los que cobran más, que haya renunciado a ese sistema. ¿Por qué tenemos que desarrollar entre nosotros todo ese discurso de hipocresía y cinismo? Creo que hay que buscar la unidad y no ofender a los colegas porque tenemos que buscar conjuntamente la manera de salir hacia adelante.
Por último, Sr. Presidente, usted sabe muy bien que yo fui el presidente del Grupo que más apoyó el que usted tuviera la posibilidad de mantener contactos exploratorios con el Consejo. Ahora bien, estamos en un parlamento, tenemos que aplicar el método parlamentario, no el método plebiscitario, y me alegro de que después de que yo haya planteado la pregunta, usted haya escrito dando cuenta de sus gestiones, y me alegro también de que haya hablado con el Sr. Rothley.
En relación con el Sr. Rothley tengo que decir una cosa; con el Sr. Rothley como ponente el Estatuto es muy difícil, sin el Sr. Rothley, es imposible y tenemos todos que ser conscientes de ello y, por lo tanto, en vez de ahondar en las divisiones y ofender a muchos miembros de esta casa, lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente y sacar el Estatuto adelante.
Le agradezco la carta que ha escrito y espero una cosa, Presidente, porque creo que usted también está en esa misma línea. Espero que hoy el Consejo diga que está dispuesto a dialogar con nosotros sobre las modalidades de aprobación del Estatuto. Es lo único que le pido hoy al Consejo, y agradezco mucho que el Sr. Haarder esté aquí porque él ha estado luchando con nosotros por el Estatuto. Quiero mencionar una cosa, que en este momento está ya vigente el Tratado de Niza, lo cual implica la aprobación por mayoría, salvo los aspectos relativos a la fiscalidad, que se decidirán por unanimidad. En el día de hoy, lo único que hay que pedir es que el Presidente del Consejo me tienda la mano - no a mí sino al Parlamento - . Lo demás tenemos que hacerlo con un debate abierto y con trabajo conjunto entre nosotros y, por favor, no ahondemos las divisiones. Busquemos la unión del Parlamento porque es una responsabilidad nuestra que no podemos transferir a los demás.

Lehne (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, estamos tratando aquí una historia interminable. Esta Cámara lleva considerando el Estatuto de los diputados desde 1998. Creo que ya es hora de que lleguemos a buen puerto. Estamos prácticamente al final de la legislatura y además tenemos una ampliación a la vista. Creo que debe resolverse la situación jurídica de los diputados de esta Cámara, de una vez por todas. Por supuesto, también necesitamos una respuesta oficial del Consejo a las propuestas realizadas por los órganos oficiales de esta Cámara.
El informe Rothley, que fue aprobado inicialmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo como una opinión para nuestro Presidente y la Conferencia de Presidentes, es el único documento de esta Cámara que contiene una propuesta realmente integral de Estatuto de los diputados. Hemos estado esperando una respuesta del Consejo desde abril de este año, por lo que creemos que esta pregunta oral es ahora necesaria. Ya es hora.
Esta propuesta del Sr. Rothley es muy equilibrada. Nos basamos en las aportaciones realizadas por personas de gran valía a las que solicitamos que nos presentaran propuestas concretas. Hemos llegado a la conclusión de que deberíamos percibir un sueldo que ascienda a la mitad del salario básico de un juez europeo. Creo que todo lo concerniente a este plan está bien equilibrado.
Considero que es muy lamentable que tres presidentes de grupo hayan hecho público un comunicado de prensa esta mañana sobre este importante asunto, que realmente depende del consenso de esta Cámara; creo que ha sido absolutamente intolerable. Hay una contradicción bastante obvia entre las afirmaciones falsas realizadas esta mañana y el contenido real de la resolución.
No obstante, quisiera señalar que sólo hay una diferencia importante entre las propuestas que tenemos sobre la mesa, a saber, la referencia, en el apartado 2 de nuestra propuesta de resolución, a la decisión de abril de la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque queremos que el Consejo adopte una postura clara sobre este documento. El resto del contenido es prácticamente idéntico. Por lo tanto, no entiendo en absoluto por qué se ha afirmado esta mañana que los grupos mayoritarios se iban a oponer al estatuto y que querían llenarse los bolsillos. Desde luego, esto no es así, y no resulta correcto decirlo de este modo en esta Cámara o en una conferencia de prensa. Me gustaría dejar esto muy claro.
En esta Cámara no hay lugar para el populismo barato. Los grupos mayoritarios son responsables de toda la Cámara, y estamos intentando hacer honor a ello. Esta pregunta oral y esta resolución se han vuelto a incluir en el orden del día para que podamos avanzar en el debate sobre el Estatuto, no para obstaculizarlo.
Señorías, llevamos negociando casi cinco años y no podemos seguir por más tiempo en una situación en la que el Consejo hace bailar al Parlamento como si fuera un oso con una argolla en la nariz en la pista de un circo. Debe estar ya claro lo que quiere el Consejo. Sabiendo lo que desea el Consejo, seremos además capaces de elaborar un Estatuto razonable en el transcurso de las futuras negociaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el actual proceso legislativo, en virtud del apartado 5 del artículo 190.
Espero que el Sr. Haarder, que al fin y al cabo fue en su día colega nuestro, se ha sentado en esta Cámara y conoce los problemas existentes, y que además participó con anterioridad en los trabajos de elaboración del Estatuto, pueda ahora dar al Parlamento una señal clara y positiva, en nombre de la Presidencia danesa.
Lo que considero inadmisible es que se repita lo que ya sucedió con las Presidencias sueca y belga. Permítanme recordárselo. El grupo de contacto se reunió y se nos dijo que, si llegábamos a un compromiso sobre los impuestos, los problemas se resolverían y el Estatuto podría entrar en vigor según lo propuesto. ¿Qué ocurrió? Aceptamos el compromiso, un compromiso que, por cierto, considero ilegal y que el Tribunal Europeo de Justicia nunca aceptará. Pero lo aceptamos en aras de un estatuto común: ¿y cuál fue el resultado? El Consejo volvió a plantear otros problemas y otras cuestiones y, al final, no hicimos el más mínimo avance.
Es por eso que, en esta ocasión, me gustaría ver sobre nuestras mesas no sólo una carta bienintencionada de nuestro Presidente, sino también una declaración en firme del Consejo. Ésa es la finalidad de esta pregunta oral y de la resolución que la acompaña.
La cuestión de la transparencia de los gastos surge una y otra vez, pero no es el tema de esta resolución. Está perfectamente claro que deseamos transparencia, y también está perfectamente claro que nuestra presidencia presentará nuevas propuestas para el reembolso de los gastos si conseguimos el Estatuto. Lo doy por sentado, y ése es el tema de todas las propuestas de resolución que están sobre la mesa.
Haarder
Señor Presidente, he escuchado con gran atención las intervenciones que se han realizado ya. Éste es, ciertamente, un asunto en el que yo participé muy activamente como diputado del Parlamento Europeo, y concedo una gran importancia a la decisión sobre el Estatuto de los diputados. Me gustaría manifestar que, como ya se ha señalado, el Consejo desea ayudar a encontrar una solución que garantice a cada diputado gozar de dignidad y del respeto de los ciudadanos. En lo referente a la forma en que debe aplicarse un estatuto como éste, debo señalar, como es lógico, que las normas que rigen su aplicación están contempladas en el apartado 5 del artículo 190 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que dice que corresponde al Parlamento Europeo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo, establecer el estatuto de sus diputados y las condiciones generales de ejercicio de sus funciones. Cuando el Tratado de Niza haya entrado en vigor, el Consejo podrá tomar decisiones por mayoría cualificada y ya no sólo por unanimidad, como ha sucedido hasta ahora. No obstante, esto no se hace extensivo al régimen fiscal.
A pesar de que el Parlamento aprobó una propuesta de estatuto el 3 de diciembre de 1998 - es decir, antes de que el Tratado de Ámsterdam entrara en vigor - el Parlamento lleva debatiendo desde entonces las nuevas directrices, concretamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Las sucesivas Presidencias del Consejo y los interlocutores designados por el Parlamento han mantenido un permanente diálogo en el grupo de contacto creado para promover las negociaciones entre las dos instituciones. Como es bien sabido, el Consejo no ha adoptado ninguna posición sobre algunos ejes centrales del futuro Estatuto. A este respecto, me gustaría subrayar un par de elementos fundamentales.
De acuerdo con las posiciones expuestas hasta ahora por el Consejo, en primer lugar debe haber una conformidad entre el Estatuto y el derecho primario, por ejemplo en lo relativo a las inmunidades y los privilegios. En segundo lugar, se ha de respetar el acuerdo del Consejo sobre fiscalidad y, por último, debe haber transparencia y respeto por el principio de reembolso de los gastos, que contempla sólo los gastos en que se haya incurrido realmente. A mi juicio, la declaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de abril de este año no cumple todas estas condiciones, y puedo entender por qué el Presidente del Parlamento ha transmitido el mismo mensaje en sus contactos informarles con los Gobiernos de los Estados miembros.
Entiendo además la razón de que, sobre la base de sus contactos con los Estados miembros, el Presidente del Parlamento haya sacado varias conclusiones sobre algunos elementos de un compromiso que, una vez entre en vigor el Tratado de Niza, podrá conseguir la necesaria mayoría en el Consejo. En conclusión, celebraría cualquier esfuerzo orientado a lograr una solución aceptable tanto para el Consejo como para el Parlamento. Me gustaría instar al Parlamento, en nombre del Consejo, a que no deje pasar esta oportunidad. El Parlamento es quien hace las propuestas, y el Consejo, quien las aprueba, así que le corresponde al Parlamento dar el siguiente paso. Hago un llamamiento para que lleguemos a un acuerdo sobre una propuesta que pueda suscitar un apoyo amplio en el Parlamento y un apoyo lo suficientemente amplio en el Consejo y pueda ser aprobada de conformidad con las nuevas normas del Tratado de Niza que estarán en vigor para febrero.

Gargani (PPE-DE).
Señor Presidente, no tengo mucho que añadir a las palabras del Sr. Lehne, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, me gustaría darle la razón al Sr. Barón Crespo porque, sinceramente, la inteligencia del Sr. Rothley ha hecho posible concluir una iniciativa en la que habíamos estado trabajando bastante tiempo y que ahora se ha completado satisfactoriamente. Hemos refrendado un Estatuto, y un Estatuto no sólo implica dinero - una remuneración -, sino también algo más fundamental para un Parlamento y para sus diputados, en términos, como ha dicho el Sr. Haarder, de aspectos constitucionales y paraconstitucionales.
A la hora de establecer los derechos y las obligaciones de los diputados, hemos destacado la cuestión de la autonomía del Parlamento que, aunque no es absoluta porque el proceso europeo es ligeramente distinto, se asemeja a la de la mayoría de los parlamentos nacionales. Con el Estatuto, los diputados refuerzan esa autonomía. Creemos, señor Presidente, Señorías, que hay un nexo indisoluble entre nuestros derechos y nuestras obligaciones, entre la naturaleza de nuestro trabajo y, por supuesto, la naturaleza de nuestra remuneración. El Sr. Haarder ha demostrado que está de nuestra parte. He tomado nota, señor Presidente en ejercicio, de que el Consejo ha declarado su intención de tener en cuenta la decisión del Parlamento, además de cuestiones de mayoría o unanimidad. Al hacerlo, estará teniendo debidamente en cuenta un asunto que ha sido destacado por primera vez por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que hará que el Parlamento tenga un mayor protagonismo, mucha más autonomía y un papel mucho más completo. Hemos presentado la pregunta, que ha sido respaldada por el Presidente en ejercicio, con el fin de darle una oportunidad aún mayor de encontrar una solución. Creo que, al aprobar este texto, el Parlamento incrementará estas posibilidades todavía más.

Rothley (PSE).
Señor Presidente, mi más sincero agradecimiento por su trabajo. Hemos avanzado. Gracias también por la carta que envió a los diputados, y que ha aclarado muchas cosas. Por cierto, no he olvidado el apoyo que me dio en la Conferencia de Presidentes de 1998 cuando debatíamos si la Comisión de Asuntos Jurídicos debía elaborar una propuesta de estatuto. Usted era presidente del Grupo Liberal en ese momento. Hace ya mucho tiempo de eso.
Deseamos que la resolución espolee un debate más profundo con el Consejo sobre las cuestiones que siguen abiertas. Estamos hablando de reforzar la democracia, y no sólo de salarios; estamos hablando de la dignidad del Parlamento, cuyos diputados representan a 380 millones de ciudadanos de la Unión Europea, y no sólo de reembolsos y dietas. Por supuesto, estas cuestiones deben solucionarse. Estoy seguro de que la Presidencia, que es el único órgano competente para hacerlo, resolverá el sistema de reembolsos de una forma comprensible y transparente para los ciudadanos.
Los que sólo hablan de dinero revelan su gran desprecio por este Parlamento. No somos una banda de estafadores cuyas actividades haya que detener. Cuando el Consejo Europeo introdujo las elecciones directas en 1976, no estableció los derechos constitucionales de los diputados. El Consejo no puede esperar, más de dos décadas después de las primeras elecciones directas, que aceptemos seguir sin una definición de los derechos constitucionales de los diputados. Las normas sobre la inmunidad datan de 1965 y fueron diseñadas para los delegados enviados a la Asamblea Parlamentaria por los Parlamentos nacionales. El Consejo no puede esperar que no cambiemos nada de esas disposiciones de 1965 en el año 2003. Conozco bastante bien los problemas jurídicos, pero con una dosis de buena voluntad por ambas partes pueden solucionarse.
Hay un momento para cada cosa. Omnia tempus habent. Tengo la sensación de que se aproxima el momento de tomar una decisión. En 1999 el propio Consejo Europeo nos instó - ya lo hemos mencionado - a resolver la cuestión del Estatuto de los diputados, con carácter de urgencia. Es probable que solucionemos para siempre el asunto a principios del año próximo. Estamos autorizados para presentar un informe al Pleno. Sé que sigue habiendo problemas con el derecho primario, pero pueden resolverse, y quedaría muy agradecido al Consejo si se centrara en esta cuestión y nos enviara sugerencias concretas para hallar una solución. En cualquier caso, el Estatuto deberá aprobarse antes de la ampliación, porque después será prácticamente imposible.
Watson (ELDR).
Señor Presidente, el motivo por el que esta moción y este debate están en nuestro orden del día radica en la insistencia de los demócrata-cristianos y los conservadores del PPE y los socialistas y socialdemócratas del PSE. No es necesario que tengamos hoy este debate. Mi grupo está a favor de que existan condiciones iguales para todos los diputados en un Estatuto de los diputados, pero esta propuesta hace que sea más arduo y difícil conseguir dicho estatuto.
Si se aprueba la propuesta planteada por el Sr. Barón Crespo y el Sr. Poettering, bloqueará el avance de nuestras conversaciones con el Consejo. Estos dos caballeros le confirieron un mandato de cara a las conversaciones preliminares con el Consejo, pero ahora sus partidos quieren forzar un voto sobre la opinión del Sr. Rothley antes de dar al Parlamento la oportunidad de considerar el resultado de sus discusiones. La opinión del Sr. Rothley quiere incluir en el Estatuto de los diputados cuestiones de derecho primario, como inmunidades y privilegios que requieren la ratificación por parte de los parlamentos nacionales. El mensaje sobre la reforma que transmiten al Consejo es «o lo toma o lo deja». El mensaje que transmiten a los diputados al PE que quieren la reforma es «olvídelo».
La resolución conjunta de mi partido con los Grupos GUE/NGL y Verts/ALE requiere un estatuto común, acordado con los gobiernos nacionales en el Consejo, que dé igualdad de trato a los diputados y suponga transparencia en nuestras asignaciones. Nuestra pregunta a los diputados individuales del PPE-DE y el PSE, muchos de los cuales se reirán de camino al banco si detienen la reforma, es la siguiente: ¿no tienen ustedes amor propio? ¿No les preocupa la reputación de esta Asamblea?
En el comunicado de prensa del Sr. Rothley se me acusa de ser poco serio, de hacer acusaciones deshonestas. Señor Rothley, me tomo en serio las acusaciones de falta de honradez que nos hacen los ciudadanos. El Sr. Barón Crespo me acusa de lanzar invectivas contra los socialistas. Si le lanzo invectivas, señor Barón Crespo, ¿por qué tantos diputados de su grupo, incluidos todos los británicos, van a apoyar nuestra moción en el voto de mañana? La respuesta es que lanzan ustedes invectivas sobre ustedes mismos y se lo merecen. Por otra parte, usted lanza invectivas sobre aquellos de nosotros que reconocemos el malestar público, que admiten que el régimen de gastos es injustificable y que tratan de introducir los estándares más elevados en la gestión de esta Asamblea.
Señor Presidente, al no realizar la reforma abusamos del contribuyente por nuestra cuenta y riesgo y degradamos la política democrática. Al hacer un llamamiento a los diputados para que apoyen la resolución presentada por tres grupos, los convoco a que rechacen la descripción de los políticos en las palabras del poeta Hilaire Belloc, quien escribió:
«Con pompa y ridícula demostración
el cadáver del político era llevado,
mientras por ahí lo criticaban sin perdón,
Yo lloré: ojalá lo hubiese visto colgado».
Wurtz (GUE/NGL).
Señor Presidente, el punto de partida de las deliberaciones de mi grupo sobre la cuestión del Estatuto de los diputados debe ser señalar que hay una crisis de confianza entre los ciudadanos de la mayoría de nuestros países y los políticos. Resolver esta crisis es un importante reto político, quizá el más importante al que habremos de enfrentarnos en un futuro próximo. Todo lo que hagamos debe tener en cuenta este objetivo. En este caso, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica considera que es necesario garantizar una total transparencia en las condiciones que rigen el ejercicio del mandato parlamentario y disipar cualquier idea de privilegios para los diputados. A mi juicio y a juicio de la amplia mayoría de mi Grupo, eso requiere dos cosas: en primer lugar, necesitamos un estatuto a muy corto plazo, es decir, antes de las elecciones de junio de 2004. Por lo tanto, en las propuestas que vamos a negociar con el Consejo, no debemos incluir disposiciones que ya sepamos que no son aceptables. De lo contrario, será como decir que no queremos un estatuto.
La segunda exigencia, a mi juicio, es que el contenido de las propuestas que presentemos respete las posiciones de principio que he mencionado anteriormente, sobre todo la transparencia y el rechazo a cualquier idea de privilegio.
No pretendo insultar ni ofender a nadie al decir esto, señor Presidente. Es muy sencillo explicar por qué mi Grupo se opone - y ya lo ha dicho - a que el Parlamento envíe al Consejo el documento elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en su actual forma.
Por poner sólo dos ejemplos: el artículo 9 del documento pretende garantizar a los futuros diputados la práctica impunidad, lo que es injustificable. En cuanto al artículo sobre la remuneración, solicita un enorme aumento de las dietas para la mayoría de los diputados. En un momento en que la Unión aboga por la austeridad con los trabajadores y pide que el gasto público se racione, esto podría sonar como una provocación. Obviamente, lo consideramos inadmisible.
Juguemos limpio. Aquellos de ustedes que deseen llegar a un rápido acuerdo con el Consejo sobre el Estatuto de los diputados no deben aprobar, en la votación de mañana, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos en su forma actual, puesto que este informe descartaría obviamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo efectivo sobre un estatuto. Por otra parte, si votan a favor de la resolución de compromiso elaborada por los tres grupos «bisagra» del Parlamento, allanarán el camino de la búsqueda de un acuerdo que la amplia mayoría de nosotros, de ustedes, dice que quiere. Mañana cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de cargar con sus responsabilidades.
Hautala (Verts/ALE).
Señor Presidente, ya ha quedado claro aquí que tres grupos han presentado una propuesta de resolución común, y a mi juicio, es muy importante que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea se hayan unido en una campaña común, porque ya es hora de que obtengamos resultados concretos. Queremos lograr un estatuto y resolver todos estos asuntos que molestan tanto a nuestros ciudadanos. No podemos aprobar un estatuto que contenga elementos que puedan constituir una retribución oculta. Queremos que todo el dinero que se nos abone en concepto de sueldo y de gastos sea lo más transparente posible y justificable a los ojos de los ciudadanos. No podemos aceptar tampoco privilegios para nosotros mismos que no se puedan hacer extensivos a nuestros ciudadanos.
Dado que mi colega, el Sr. Lehne, ha atacado a los presidentes de los tres grupos aquí presentes, debo observar que tanto el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos como el Grupo del Partido Socialista Europeo nos han explicado la razón de que los tres grupos hayan tenido que formar una alianza. Los medios que los dos grupos mayoritarios han empleado para impedir que usted, señor Presidente, mantuviera conversaciones con el Consejo son del todo inaceptables. En nombre de mi Grupo, quiero darle las gracias por los esfuerzos que ha realizado, y creo que ya ha logrado más, en relación con esta cuestión del Estatuto, que su predecesora durante la totalidad de su mandato. En la carta que nos envió decía que, en vista de ciertas condiciones previas, tenemos realmente la oportunidad ahora de llegar a una solución y que debemos aceptar que los asuntos relacionados con la inmunidad de los diputados, por ejemplo, se resuelvan en otro contexto.
Mañana todos podremos decidir de qué lado estamos. Si queremos un estatuto, tendremos que seguir explorando las diversas posibilidades del camino iniciado por el Presidente, y de este modo, conseguiremos por fin sacar este asunto de la agenda.
Berthu (NI).
Señor Presidente, el manido asunto del Estatuto de los diputados vuelve a asomarse a esta Cámara, sin que podamos saber muy bien cuál será el resultado de las conversaciones con el Consejo. A nuestro juicio, la razón por la que las negociaciones están estancándose es fundamentalmente porque, además de los detalles técnicos, el Parlamento Europeo pretende obtener un estatuto puramente europeo para sus diputados, con una remuneración con cargo al presupuesto comunitario, y este objetivo contraviene el espíritu y la letra de los Tratados. Los artículos 189 y 190 establecen claramente que los diputados de esta Cámara son representantes del pueblo que los ha elegido.
Por eso, hace mucho tiempo presentamos una propuesta que seguimos creyendo que supondría un buen compromiso. Consta de tres partes: en primer lugar, los diputados deberían, exactamente igual que ahora, seguir percibiendo su remuneración principal del Estado que los ha elegido, y esta cantidad estaría sujeta a los regímenes fiscales nacionales. Sería absurdo - y recalco estas palabras -, en nuestra opinión, que el representante de un país percibiera dinero de cualquier otra fuente que no fuera su propio país y que no tuviera que pagar los mismos impuestos que sus conciudadanos en lo que se refiere a su remuneración principal. En segundo lugar, los gastos de desplazamiento y otros gastos deberían reembolsarse en su totalidad, pero obviamente dentro de unos límites razonables. Por último, si fuera necesario, y a título complementario, podría haber dietas de importe limitado abonadas por el Parlamento Europeo por cada día de asistencia. Éstas constituirían un ingreso - pero, en esta ocasión, un ingreso claro y transparente - que podría estar sujeto a un impuesto comunitario. Hace mucho tiempo que pensamos que esta propuesta ofrece un buen compromiso entre los diversos objetivos. Es racional, comprensible y transparente y, por último, creemos que nos permite preservar un principio fundamental: el vínculo jurídico y económico entre todos los diputados y las personas que los han elegido.

Inglewood (PPE-DE).
Señor Presidente, cuando mis colegas conservadores británicos y yo nos presentamos a las últimas elecciones europeas de 1999, una de nuestras principales políticas era que debían revisarse y actualizarse las condiciones, sin duda insatisfactorias, de los diputados al PE.
Durante los últimos tres años, más o menos, hemos hablado mucho, pero siendo realistas, hemos conseguido muy poco. La clave para alcanzar un resultado satisfactorio para este problema debe ser la consecución de un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo sobre un paquete de condiciones para los disputados del Parlamento Europeo que sean adecuados para el siglo XXI.
Éstos deben adaptarse posteriormente al formato legal adecuado de acuerdo con los Tratados. No debemos permitir que los debates y posibles desacuerdos sobre los detalles de la mecánica de aplicación de este proceso de transposición técnica, ya que si lo hacemos interferirá en el modo de conseguir el acuerdo político necesario. Por supuesto, dicho acuerdo político es una condición esencial para la siguiente fase, el cumplimiento de las formalidades legales y constitucionales, y como han dicho prácticamente todos los oradores, y existe acuerdo al respecto, esto debe suceder antes de las próximas elecciones europeas.
Una vez eliminada toda la retórica, es tan simple como esto.

Wallis (ELDR).
Señor Presidente, tengo la impresión de que los votantes ajenos a esta Asamblea tendrían cierta dificultad para comprender lo que está sucediendo aquí esta tarde y lo mismo nos puede ocurrir, de hecho, a algunos de nosotros. Me pregunto cómo lo interpretaría la opinión pública.
El quid de la cuestión es, sin duda, que la mayoría de esta Asamblea desea un paquete de remuneración razonable, un salario, una pensión, reembolso de los gastos cuando sea factible, sobre la base de facturas y justificantes; el mismo tipo de sistema que se aplica a nuestros electores en sus lugares de trabajo. Evidentemente, algunos dirán que el nuestro no es un trabajo corriente. Somos especiales. Sí, efectivamente lo somos, somos funcionarios públicos. Hace ya tres años que vengo escuchando innumerables debates sobre este asunto en esta Asamblea y no parece que hayamos avanzado nada. ¿Qué tenemos ahora sobre la mesa? Mi respuesta inmediata sería que nos encontramos ante un intento de buscar subterfugios que se halla encallado en un atolladero de cuestiones de procedimiento.
Por un lado, estamos hablando de un informe - un informe que no era tal, sino una mera recomendación - votado en una comisión. Por el otro lado, estamos hablando de alguna información que usted nos ha aportado, señor Presidente, y que le agradecemos mucho. Pero algunos de los presentes no quieren ni oír hablar de ello. ¿Me estoy embrollando? Sin duda alguna.
Los diputados no tenemos nada consistente o detallado que debatir, nada que tengamos la potestad de enmendar o que podamos votar debidamente todos. ¿De qué estamos hablando, entonces? Algunos confiábamos en que al menos se trataba de debatir sobre un proceso que conduciría a la elaboración de un informe propiamente dicho, dedicado a presentar los detalles de una propuesta de estatuto clara y transparente, que todos los diputados tendrían derecho a enmendar y votar, y que les permitiría asumir su responsabilidad ante sus electores y poner punto final al fin, de una vez para siempre, a las críticas de que somos objeto con tanta facilidad.
En cambio, nos encontramos encallados en esta interminable ronda de debates sobre cuestiones de procedimiento. Pero, ¡tenemos una oportunidad de salir del atolladero! Hablemos claro: la propuesta de resolución común presentada por tres partidos contiene un apartado muy práctico, que permitiría iniciar un proceso práctico. Se trata, evidentemente, del mismo apartado al que se oponen las mayorías de los grandes grupos de la Asamblea. Ese apartado se ha presentado individualmente en forma de enmienda. Por lo tanto, están avisados: si bloquean esa enmienda, estarán obstaculizando el progreso, estarán impidiendo que esta Asamblea inicie un procedimiento abierto que conduzca a un estatuto y que esta Cámara sea merecedora del nombre de parlamento, y dejarán a nuestros ciudadanos todavía más desconcertados y escépticos.
Le ruego, por lo tanto, señor Presidente, que compruebe el procedimiento por el que se ha presentado la pregunta, pues dudo sinceramente que éste sea aceptable conforme a nuestro Reglamento. No quisiera que la gente llegue a sentirse aún más desorientada de lo que ya lo estamos nosotros.
Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, dado que soy relativamente nuevo en esta Cámara, aunque no en la política, me gustaría empezar contándoles algo sobre mí. En una ocasión, presenté una petición juvenil de referéndum a favor del servicio y la justicia y en contra de los privilegios. He contribuido al endurecimiento de la normativa de incompatibilidades y he trabajado en nuevas normativas referentes a la separación de la política y los negocios, en medidas y decretos orientados a que los puestos del sector público se cubran con una mayor objetividad, así como en la creación de un grupo de expertos dedicado a elaborar una estructura salarial que cubre todas las funciones públicas de mi país natal, desde el Presidente Federal hasta los alcaldes de las localidades más grandes.
La cuestión del servicio y la justicia, el mandato, la profesión y el privilegio está presente en toda mi carrera política, y siempre ha sido una cuestión de credibilidad de la política ante los ciudadanos. Por esta misma razón, he abogado por que esta pregunta se presentara ante el Consejo, ya que desde que estoy en esta Cámara siempre he tenido la sensación de que abundan los rumores y las recriminaciones mutuas en el Parlamento y el Consejo y entre los grupos, pero carecemos de un estatuto. La causa de nuestro problema reside realmente en el hecho de que, aunque a todos nos han elegido para ser diputados de esta Cámara, no recibimos el mismo trato.
Parte de nuestro problema es que tenemos 15 legislaciones electorales nacionales y ninguna legislación electoral europea, que no tenemos una norma de incompatibilidades, sino varias. Ése es un problema. Ya debatimos este tema en 1998, en 1999 y en abril de 2001. El Presidente nos ha dicho que casi hemos llegado a nuestro destino y, por lo tanto, queremos que el Consejo nos informe de qué asuntos quedan pendientes y de cómo vamos a llegar a nuestro destino. Hoy tampoco hemos recibido respuesta alguna del Consejo, porque ésa no ha sido una respuesta. Por lo tanto, me pregunto hasta qué punto estamos cerca de llegar a nuestro destino si no podemos decir claramente cuáles son los asuntos pendientes.
Al mismo tiempo, esta mañana he presenciado una conferencia de prensa en la que se han lanzado acusaciones contra cualquiera que mencione el informe Rothley, que es un informe de una comisión y contiene una opinión para el Presidente. Considero intolerable este comportamiento y declaro que las afirmaciones que se han realizado son falsas, y me pregunto: ¿quién está dañando la dignidad de esta Cámara y el respeto que merece? ¿Aquellos que hacen referencia a una decisión tomada por una comisión parlamentaria o a una opinión dirigida a la Presidencia, o aquellos que hacen caso omiso de esa decisión y quieren iniciar acciones paralelas?
Ningún mandato nacional puede compararse con el mandato del Parlamento Europeo. La duración es mayor, la distancia es mayor y estamos en casa menos tiempo que cualquiera de nuestros colegas de los parlamentos nacionales. Tenemos una decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que constituye la base para las conversaciones del Presidente. Tenemos un grupo de expertos que ha llegado a una conclusión, para que nadie pueda decir que estamos organizando las cosas a nuestro gusto.
Tenemos el informe Rothley y tenemos una situación jurídica según la cual nosotros debemos adoptar el Estatuto y el Consejo ha de aprobarlo para que pueda entrar en vigor. Con esta pregunta deseábamos una mayor transparencia, en lugar de rumores; una mayor claridad, en lugar de recriminaciones. Queríamos que la respuesta del Consejo, que desgraciadamente ha brillado por su ausencia, nos acercara un paso más a la decisión que necesitamos. No queremos tampoco que oportunistas políticos o la indecisión del Consejo nos confundan. Les digo que, si no nos tomamos en serio a nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Por lo tanto, debemos resistirnos al oportunismo y avanzar con determinación por el camino que nosotros, en este Parlamento, hemos escogido conforme a la ley. Evidentemente siempre estamos dispuestos a dividir el informe en una parte constitucional y el resto, si se nos argumentan detalladamente las razones para hacerlo, pero por desgracia, esta pregunta también se ha quedado hoy sin respuesta.
Haarder
- (DA) Señor Presidente, tengo que decir que el discurso del Sr. Karas no tiene sentido. La pregunta al Consejo era: ¿está el Consejo dispuesto a iniciar, a nivel de Jefes de Estado y Gobierno, un diálogo con el Parlamento Europeo acerca de las modalidades de adopción del Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo? La respuesta es que sí: lo he dejado bastante claro. Además, he reiterado lo que el Consejo ha dicho siempre: que le corresponde al Parlamento dar el siguiente paso. Ahora que el Parlamento ha llegado a un acuerdo sobre algo que hay posibilidades de que el Consejo adopte y apruebe, supongo que será el turno del Consejo. No voy a entrar en detalles sobre la declaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior dirigida a la Conferencia de Presidentes del Parlamento. Como es lógico, esa declaración no se ha enviado al Consejo, y no ha sido aprobada por mayoría en el Parlamento. El Consejo no va a presentar una propuesta detallada. Con esto respondo al Sr. Lehne. Le corresponde al Parlamento dar el siguiente paso.
Me gustaría recordarles los acontecimientos de 1999, cuando la entonces Presidencia alemana hizo un gran esfuerzo por llegar a un compromiso. Eso es algo que creo que recuerda el actual ponente, así que no es necesario que lo repitamos. Estoy de acuerdo con quienes han afirmado que es absolutamente fundamental que se apruebe ya un Estatuto con normas claras y transparentes que refuercen la dignidad de cada diputado, así como el respeto de los ciudadanos por el Parlamento. Es preciso que el reembolso de gastos se realice de una forma clara; debe haber un nivel salarial adecuado; y los gastos de viaje deben calcularse por medio de los justificantes. Esto es en lo que el Consejo ha hecho siempre hincapié. Es preciso que este Estatuto entre en vigor a tiempo para las próximas elecciones al Parlamento Europeo. En vista de la próxima ampliación, estas elecciones recibirán una mayor atención que las anteriores, y si este problema no se soluciona, dará lugar a debates muy perjudiciales, sobre todo en los nuevos Estados miembros.
No es bueno que el electorado trate a este Parlamento con indiferencia. Por desgracia, hay demasiadas personas que obran así, como se desprende de la elevada abstención. Será aún peor si, la primera vez que van a las urnas, los votantes de los nuevos Estados miembros leen noticias sobre debates acerca del Estatuto de los diputados en las primeras páginas de sus periódicos. Si eso ocurre, existe el riesgo de que muchos votantes traten al parlamento no sólo con indiferencia, sino también con desprecio, y eso sería lo peor que podría pasar.
Por último, no me voy a morder la lengua a la hora de solicitar el apoyo para el Presidente del Parlamento en relación con la iniciativa que ha tomado, a la vez que pido que se llegue a una solución referente a los paquetes que tenga posibilidades de que el Consejo la apruebe. El Consejo ha dado, por supuesto, señales claras. Debe ser posible hacer estas cosas, señor Presidente. Está en sus manos y en las de sus diputados.
El Presidente.
El debate conjunto queda cerrado.
He recibido cinco propuestas de resolución

Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, hay algo que no puedo dejar de decir. El domingo expresé mi solidaridad con el pueblo gallego acudiendo a la manifestación que tuvo lugar en Santiago de Compostela. Su lema era «Nunca mais» y me gustaría repetirlo en esta Cámara. Galicia vive del mar, y el mar ha sido destruido por comerciantes delincuentes que navegan junto a la costa en viejos petroleros llenos de petróleo. No son más que delincuentes medioambientales que permiten que petroleros que tienen fugas sean remolcados a alta mar.
Ha llegado la hora de ser consecuentes y utilizar el Fondo Europeo de Solidaridad para ayudar a los gallegos, y también a los miles de voluntarios que se enfrentan a una tarea imposible. Insto a todo el mundo a que vea esta apocalíptica escena por sí mismo, porque la realidad es mucho peor que la que aparece en las imágenes de televisión. Por favor, que éste sea el último desastre petrolífero registrado en Europa. El Consejo debe tomar ya las medidas necesarias. «Nunca mais»: nunca más.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, la catástrofe del Prestige en Galicia tiene las consecuencias de una catástrofe natural, pero es realmente una catástrofe política. Política, porque ni los Estados miembros, ni la propia Unión Europea, ni este mismo Parlamento supieron tomar medidas apropiadas en su momento para impedir que buques como el Prestige - y hay cientos de ellos - circulen por los mares comunitarios. Política, porque este Parlamento, después de que frente a las costas de Galicia hubiera siete catástrofes semejantes a la del Prestige en los últimos veinte años, no tuvo el coraje de instaurar una legislación semejante a la de los Estados Unidos con la Oil Pollution Act, de tal forma que se impida radicalmente circular por esas aguas a este tipo de buques, que son bombas de relojería manejadas por mafias del capitalismo delincuente.
En este momento, por lo tanto, señor Presidente, cuando no hay un plan de emergencia europeo para atender estos problemas, son cientos y cientos los barcos gallegos que están intentando impedir - junto con la ayuda de muchos Estados, que agradecemos - que entre el fuel oil en las rías gallegas. En la ría de Arosa, 500 pequeños barcos están procurando resolver, con métodos artesanales, un problema que le corresponde al Estado español y a la Unión Europea.
Termino, señor Presidente, diciendo lo siguiente: creo que la Presidencia de este Parlamento debe ir a Galicia, y mostrar la compasión humana y el afán de arreglar el problema que ese país, como muchos otros, padece; pero especialmente a Galicia, que es quien más sufre en el mundo este problema, se le debe mostrar la compasión y la ayuda que merece. Muchas gracias.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, sólo quisiera expresar mi profunda coincidencia con lo que ha manifestado el Sr. Nogueira Román. En Escocia sufrimos recientemente una desgracia parecida en el caso del desastre del Braer. Pero no es este el tema que deseo abordar esta noche. Quisiera referirme al asunto actualmente candente del acceso al Tribunal de Justicia, en particular a los derechos de acceso semiprivilegiado en el caso de las regiones con competencias legislativas. La Comisión de Asuntos Constitucionales lo debatió la semana pasada y dentro de quince días lo tendremos sobre la mesa como un asunto sumamente controvertido.
El debate de esta noche sobre el sector de la pesca saca a relucir un ejemplo interesante que demuestra cuál es el fondo real del asunto. El sector pesquero escocés está expuesto a grandes riesgos del tipo al que ha aludido, en un sentido distinto, el Sr. Nogueira. Quizá deseemos cuestionar la legalidad de algunas propuestas actuales apelando al Derecho primario relativo a la adhesión de España y Portugal. Se trata de un asunto que realmente deberían poder plantear los poderes legislativo y ejecutivo que se ocupan del problema en virtud del Derecho europeo, es decir, el Parlamento y el Ejecutivo escoceses. Sólo si tenemos un derecho de acceso adecuado a los tribunales podremos conseguir que este tipo de interrogantes se resuelvan en el lugar pertinente.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, Señorías, deseo expresar mi solidaridad, como ciudadano portugués, con nuestros vecinos gallegos que han sufrido esta tragedia. Muchos ciudadanos portugueses han estado colaborando en este esfuerzo humanitario, y estamos muy preocupados por el destino de la mancha de petróleo del Prestige, que también podría llegar a las costas del norte de Portugal.
Éste es un desastre de enormes dimensiones, y debemos congratularnos de que Europa, por una vez, haya aprendido la lección. Parece que el Erika no fue suficiente, pero el Prestige debe serlo, para que sea la última vez que esto suceda. Por lo tanto, me gustaría manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta del Sr. Nogueira Román, que sugiere que el Presidente del Parlamento visite Galicia y, en caso de que las costas portuguesas resulten también afectadas, que visite también esa zona. Sobre todo, debería expresar la solidaridad de este Parlamento y apoyar, en nuestro nombre, las peticiones de que se refuercen las medidas europeas en este campo, algo que probablemente se debatirá en la Cumbre de Copenhague de la semana que viene. Es muy importante que el Parlamento envíe una señal inequívoca y, por lo tanto, respaldo plenamente las palabras del Sr. Nogueira Román.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los tres siguientes informes:
informe (A5-0392/2002) del Sr. Jové Peres, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común [COM(2002) 185 - C5-0313/2002 - 2002/0114(CNS)];
informe (A5-0396/2002) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999 por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad comunitaria en el sector de la pesca [COM(2002) 187 - C5-0314/2002 - 2002/0116(CNS)];
informe (A5-0393/2002) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una medida comunitaria urgente para el desguace de buques pesqueros COM(2002) 190 - C5-0315/2002 - 2002/0115(CNS)];
y
pregunta oral (O-0091/2002 - B5-0504/2002) del Sr. Struan a la Comisión, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la crisis del bacalao.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, no creo que hayamos necesitado el desastre del Prestige ni los informes científicos que acabamos de recibir del ISIS sobre el bacalao y el estado catastrófico de esta especie tan importante, para darnos cuenta de lo urgente que es reformar la política pesquera. Creo que cualquier persona que tenga ojos para ver y oídos para oír debe reconocer que nuestra actual política pesquera no nos permite ni garantizar un futuro a nuestros pescadores y a todas las familias que dependen de la pesca, ni crear condiciones estables que permitan que nuestros recursos pesqueros sigan estando disponibles para las generaciones futuras.
Señorías, no hay necesidad de excederse en la dramatización; la situación es dramática de por sí. Creo que esto hace que el debate de hoy sea crucial para el futuro de la industria pesquera. Estamos debatiendo varias cuestiones e informes a la vez. Quiero comenzar dando las gracias a todos los ponentes, además de la persona que formuló la pregunta, por los informes, ya que nos proporcionan una visión general.
Voy a dividir mi intervención en dos partes. En primer lugar, quisiera hablar principalmente de los aspectos generales y luego retomaré la palabra al final para hablar las diversas enmiendas presentadas y de la postura de la Comisión sobre dichas enmiendas.
Sin embargo, Señorías, quisiera decir unas palabras sobre el desastre del Prestige. Realmente el nombre de Prestige no es nada acertado para este barco. Las consecuencias para los pescadores y los mejilloneros y ostreros son realmente colosales y dramáticas. En la Comisión estamos tratando, con los medios de que disponemos, de ayudar al menos a evitar lo peor y a obtener ayuda para las familias afectadas a la mayor brevedad posible.
Por ello la Comisión ha creado un grupo de trabajo. Éste ya ha estado en Galicia y ha hablado con las personas afectadas sobre el terreno y también con las autoridades. En la actualidad estamos elaborando planes para los programas de ayuda y ya podemos utilizar todos los recursos legales de que disponemos para ver que los instrumentos existentes se aplican con la mayor flexibilidad posible de forma que podamos ayudar a los afectados.
Yo mismo me he puesto en contacto con las autoridades españolas al inicio de este desastre y me mantengo en contacto con las personas que ocupan puestos de responsabilidad en ese país, y dado que ahora parece que también Francia se verá afectada con mayor severidad que la que se preveía inicialmente, se aplicarán por supuesto los mismos principios y se prestará la misma ayuda a este país. 
Creo que los informes del ISIS constituyen la prueba más reciente de la situación desesperada en la que se encuentra nuestra industria pesquera. Como ustedes saben, el ISIS publicó en octubre la noticia de que cuatro de las poblaciones comunitarias de bacalao se encuentran al borde del colapso. Uno de los motivos de esta alarmante situación es que las poblaciones ya se encontraban en niveles bajos - y esto no sólo se refiere a los peces jóvenes; ya no hay tampoco suficientes adultos - otro estriba en la escasa reproducción de la pasada temporada y el último es que la mortalidad sigue siendo demasiado alta.
Los científicos del ISIS han recomendado de forma clara e inequívoca que en ausencia de un plan de recuperación la pesca directa de bacalao debería interrumpirse durante el próximo año en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda, las aguas situadas al oeste de Escocia, el Skagerrak y el Kattegat. También debería suspenderse la pesca de eglefino y de pescadilla, ya que junto a éstos se pescan muchos bacalaos.
La reducción de las capturas de bacalao durante los últimos años no ha sido suficiente y desafortunadamente ahora encontramos que las reducciones de las cuotas han dado pie a falsas recuperaciones y a la pesca ilegal. Los científicos también han señalado esto. No se trata simplemente de una afirmación de la Comisión, como muchos han dicho. Los científicos han advertido en repetidas ocasiones de que no sólo debemos establecer cuotas, sino que también debemos reducir el esfuerzo pesquero de forma que podamos realizar mejores controles y garantizar que las capturas no deseadas no sean demasiado altas, además de que el total de capturas admisibles sea adecuado.
Me limito a citar su palabras. Los científicos afirman - ya lo hicieron en 1990 - que recomendamos limitar el esfuerzo pesquero, ya que los TAC por sí solos no permiten controlar la mortalidad por pesca.
Doce años después, Señorías, todavía no hemos puesto en práctica esta recomendación. Posteriormente presentamos las averiguaciones del ISIS a nuestro Comité científico y técnico de la pesca, y éste recomendó de nuevo que adoptásemos un plan de recuperación para el bacalao lo antes posible, un plan que, además de recortar los TAC y las cuotas más de lo inicialmente previsto, también redujese en consecuencia el esfuerzo pesquero. En su opinión, este es el único modo de realizar lo primero y evitar una moratoria.
Como saben, la Comisión propuso hace un año que el esfuerzo pesquero se limitase en el marco de un plan de recuperación para el bacalao y la merluza. Hasta el día de hoy el Consejo no ha tomado ninguna decisión al respecto, y entretanto la situación ha empeorado. Sin embargo, el Parlamento expresó su opinión sobre este plan de recuperación el 13 de junio este año.
Dada esta situación, la Comisión ha estado sopesando las diversas opciones disponibles. Hemos rechazado la moratoria y en su lugar hemos optado por un plan de recuperación mejorado, precisamente porque debemos tomarnos en serio los datos científicos y la difícil situación de nuestros pescadores.
Entonces ¿en qué se diferencia este plan del del año pasado? En primer lugar, en cuanto a capturas, la gran reducción del esfuerzo pesquero significa una captura admisible total en el Mar del Norte para la Comunidad y Noruega de 16 800 toneladas de bacalao, 31 600 toneladas de eglefino, 10 400 toneladas de pescadilla, 60 000 toneladas de platija y 16 000 toneladas de lenguado. Para las aguas al oeste de Escocia significa aproximadamente 1 000 toneladas de bacalao y 7 200 toneladas de eglefino, para el Mar de Irlanda 1 200 toneladas de bacalao, 7 500 toneladas de eglefino y 400 toneladas de pescadilla. Por supuesto, estas son sólo algunas de las capturas.
En segundo lugar, proponemos un sistema simplificado para el esfuerzo pesquero, en el que queremos aplicar el esfuerzo no para cada barco individual, sino para un grupo de barcos. En tercer lugar, hemos propuesto controles más estrictos. Los Estados miembros tendrán que notificar mensualmente a la Comisión el esfuerzo pesquero y los buques deberán notificar a las autoridades encargadas del control cuando cambien de zonas pesqueras.
También estoy dispuesto a financiar más trabajos de investigación que nos ayuden a encontrar modos incluso mejores de rescatar esta pesquería. Sin embargo, Señorías, esto no puede significar posponer de nuevo las medidas necesarias. Nuestro objetivo es tomar una decisión sobre este plan de recuperación mejorado junto con la reforma pesquera en diciembre.
¿Qué significa todo esto para nuestros pescadores? Soy consciente de que desgraciadamente significa dificultades iniciales, grandes dificultades para los implicados. Soy muy consciente de que su medio de vida está en juego. Por ello no debemos abandonar a los pescadores en esta difícil situación. Así que hemos presentado también un plan de acción adecuado para suavizar algunas de las posibles consecuencias socioeconómicas negativas. Me gustaría destacar solamente tres de estas medidas.
En primer lugar, se insta a los Estados miembros a que ajusten sus programas estructurales y proporcionen recursos adicionales a la industria pesquera y a las zonas dependientes de la pesca. En segundo lugar, los Estados miembros pueden aplicar medidas centradas en la pesca costera de pequeña escala, que es intensiva en mano de obra. Pueden reservar, por ejemplo, determinados caladeros para pequeños buques o pueden centrar sus programas en la flota costera con el fin de conservar empleos en las regiones costeras en particular. En tercer lugar, es esencial que las economías de las regiones pesqueras se diversifiquen.
Señorías, me referiré a continuación a otros temas incluidos en el orden del día de hoy, en primer lugar y concretamente al informe del Sr. Jové. Nuestra propuesta al respecto es un nuevo reglamento de base para la política pesquera común como pilar de la reforma. Los cuatro elementos cruciales de este reglamento básico son los siguientes:
En primer lugar, en el futuro queremos gestionar las poblaciones conforme a un enfoque plurienal. Aplicar un principio anual a los peces no es coherente con su biología; en su lugar, debemos hacer que los ciclos biológicos de nuestras poblaciones sean la esencia de nuestra política. Para que la gestión sea coherente, en el caso de las poblaciones en las que sea sensato hacerlo, queremos gestionar el esfuerzo pesquero, además de los TAC y las cuotas. Tomen nota de que me refiero a las poblaciones en que sea sensato hacerlo. Esto significa que no se hará en todos los casos, lo cual depende principalmente del estado de las poblaciones.
En segundo lugar, proponemos una nueva política de flotas. Los objetivos finales del llamado MAP 4 radican en servir de punto de partida para el límite superior. Este límite superior solamente puede cambiar en una dirección, es decir, la reducción del tamaño de la flota. Cada vez que un pescador desguaza su barco con fondos públicos, el límite superior se ve reducido por el tonelaje en cuestión. Esto significa que también necesitamos un sistema para definir la proporción en la que los nuevos buques pueden cambiarse por otros nuevos, en caso de que se haga con fondos privados.
En tercer lugar, proponemos una vigilancia más estrecha de las pesquerías. Los Estados miembros tendrán que coordinar sus actividades de control y los inspectores de estos países podrán realizar controles más allá de las fronteras. La vigilancia por satélite se ampliará gradualmente a los buques de menor tamaño y por último también habrá mayor poder para la Comisión en lo que respecta a los controles en los Estados miembros. Solamente cuando todas las personas implicadas puedan contar con que su vecino está sometido a exactamente los mismos controles que él y a las mismas sanciones si rompe las normas, solamente entonces habrá justicia y solamente entonces la gente confiará en el sistema.
En cuarto lugar, queremos que la industria pesquera esté más estrechamente implicada en la toma de decisiones en los consejos consultivos regionales.
Ahora me referiré a los Fondos estructurales. En primer lugar, hay algo que me gustaría dejar claro. No se trata, tal y como se ha dicho en repetidas ocasiones, de que la Comisión haya cometido un error jurídico, ya que los Estados miembros están legalmente autorizados a seguir utilizando dinero de sus fondos estructurales para la renovación de las flotas. El hecho es que si el Consejo no consigue llegar a una solución de compromiso este mes de diciembre y no toma una decisión sobre la reforma, no podremos utilizar ningún dinero más para la política de flotas a partir del 1 de enero de 2003. Esta es la consecuencia jurídica de la decisión del Consejo tomada en diciembre del pasado año.
Esta política implica tres medidas específicas. En primer lugar, proponemos conservar las ayudas públicas que sirven para mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y la higiene a bordo. En segundo lugar, queremos que no haya más ayudas para la modernización o la construcción de nuevos barcos.
En el futuro queremos que estos recursos beneficien a quienes realmente los necesitan; es decir, a los pescadores, a los que debemos ayudar económicamente de forma que puedan diversificar su actividad y tener una oportunidad - si es lo que quieren - o retirarse de la pesca. En concreto, esto está pensado para los muchos pescadores que de hecho no se encuentran lejos de la jubilación pero que no pueden retirarse porque todavía tienen préstamos pendientes con el banco, ya que todavía no han pagado sus barcos. ¿Estamos tomando una actitud social si seguimos ignorando esto o fingiendo que no es un problema? No lo creo.
En tercer lugar, proponemos que las ayudas pagadas hasta el momento para la exportación de barcos y para iniciativas conjuntas se utilicen en el futuro para reducir el exceso de capacidad. Estoy dispuesto a proceder de forma diferente en el caso de los pequeños buques con el fin de ayudar a los numerosos propietarios de este tipo de buques de un modo distinto, ya que estos constituyen una fuente de presión mucho menor sobre las pesquerías.
Esto me lleva a la propuesta final, es decir, las medidas de emergencia para el desguace. Proponemos establecer un fondo de desguace. Se trata de una medida de emergencia. Esta está concebida no como un programa a largo plazo, sino como una medida de emergencia y su objetivo consiste en ayudarnos a restaurar el equilibrio entre el tamaño de nuestras flotas y el de los recursos disponibles. El fondo añadirá los recursos para el desguace que todavía hay que reprogramar, a los recursos ya dispuestos en el fondo estructural para la pesca. Estos recursos y el nuevo fondo garantizarán apoyo financiero para guardar durante una temporada los buques pesqueros. 
Esto comprende dos elementos principales. En primer lugar, una prima mayor del 20%, pero con un límite temporal, para aquellos barcos cuyos días en el mar se reduzcan al menos un 25% y, en segundo lugar, 32 millones de euros más disponibles para el desguace el año que viene. También estamos dispuestos a negociar si fuesen necesarios más recursos para ayudar a los pescadores que lo deseen. En ese caso también tendremos que encontrar un modo de hacerlo.
Jové Peres (GUE/NGL)
. (ES) Señor Presidente, no me gustaría llegar a los cinco minutos, pero en estas cosas no me controlo muy bien. En todo caso, quiero disculparme ante los compañeros de la Comisión de Pesca porque voy a hacer una intervención que consiste, no tanto en comentar el resultado final del informe - y quiero resaltar que yo no he presentado ninguna enmienda al resultado final de la votación en la Comisión de Pesca - como en hacer unos comentarios sobre la propuesta de la Comisión.
Nos enfrentamos a una propuesta que presenta diferentes problemas - a mi juicio algunos - con la falta de compatibilidad con los tratados y con elementos del ordenamiento jurídico. Es cierto que las poblaciones de peces atraviesan una situación difícil y que es necesario adoptar medidas urgentes. 
Es cierto que la actividad pesquera debe ser sostenible y para ello es necesario preservar las poblaciones de peces, evidentemente, pero en el binomio desarrollo sostenible o explotación sostenible, las dos palabras son indisociables y, por lo tanto, tiene que haber un equilibrio: tiene que haber pescadores y tiene que haber regeneración de las poblaciones de peces. Pero no tiene sentido hablar de desarrollo sostenible en sí, si disociamos las dos palabras. 
A mí me parece, en este sentido, que la Comisión plantea un enfoque que prioriza, o sólo tiene en cuenta básicamente, el tema de la regeneración rápida de las poblaciones y desconoce la otra vertiente del desarrollo sostenible. Por lo tanto, su enfoque, desde mi punto de vista, implica un mayor impacto social en las poblaciones dependientes de la pesca, que puede inducir a modificaciones estructurales de gran alcance.
En efecto, sólo podrían sobrevivir los segmentos de flota de mayor dimensión y la flota artesanal, que genera mayor nivel de empleo, quedaría abocada a la desaparición. Por lo tanto, en la gestión y la recuperación de recursos hay que tener en cuenta los impactos sociales y económicos de los planes de recuperación. Por ello, sería necesario, en primer lugar, mejorar la calidad de la información científica y, además, introducir elementos económicos y sociales en la elaboración de los planes de recuperación.
Sólo en este sentido, adaptando la velocidad de recuperación de los recursos pesqueros, podríamos modular y minimizar los impactos sobre las poblaciones dependientes de la pesca. Y creo que la Comisión no ha sido cuidadosa e interpreto que ha habido un debilitamiento implícito en su propuesta al no querer reforzar el Comité científico y técnico de la pesca que, personalmente, pienso que debe ser reforzado. Y naturalmente los enfoques de planes plurianuales deben ser multiespecíficos, teniendo en cuenta la relación entre las especies de las poblaciones, y los planes de una sola especie por su enorme gravedad deberían tener carácter excepcional.
La propuesta de la Comisión en algunos aspectos supone una descomunitarización de la política pesquera, o a mí me lo parece. Por ejemplo, se propone facultar a los Estados para adoptar medidas de emergencia en materias de competencia comunitaria o para las que ya existe un mecanismo comunitario. 
La Comisión ha presentado dos propuestas difíciles, complejas y muy restrictivas sobre, por ejemplo, la pesquería del bacalao. Aprovecho esta cuestión para hacer la siguiente reflexión, muy personal, que quizás sea mi reflexión sobre lo que he aprendido en ese debate.
Es evidente que hay una reducción, un declive de los recursos. Además, y es muy grave, la destrucción de empleos ha sido muy superior a la de los recursos, y esto ha sucedido en todos los Estados de la Unión Europea a pesar de las excepciones, las medidas de protección y discriminaciones, algunas en relación a los accesos. Yo, que no he sido excesivamente beligerante en este tema, hago esta reflexión porque ahora seguramente va a ser necesario - ojalá evitemos los mayores impactos - tomar medidas duras que siempre van a repercutir en mayor medida en la flota artesanal.
Este caso ilustra a la perfección la necesidad de cambiar el enfoque de la política pesquera común, porque a mí me parece que no son tanto los Estados como los pescadores los que pescan y es necesario adoptar medidas para garantizar la actividad de aquellos segmentos de flota más sensibles, cualquiera que sea su nacionalidad. Y, aunque supongo que esto ya es un tema de futuro creo que la asignación en la atribución de capturas por tipos de pesca y segmentos de flota, si deseamos preservar aquellas regiones con vocaciones pesqueras y segmentos de flota que crean un alto nivel de empleo, estamos perdiendo seguramente una ocasión única, dejándonos llevar quizá por demasiados particularismos, que la propuesta de la Comisión ha alentado de alguna manera. 
No comento otros aspectos de la Comisión. Quiero agradecer a mis colegas el debate, al Presidente, Sr. Stevenson, el gobierno de todo este dificultoso tema, y manifestar el apoyo de mi grupo político al informe del Sr. Varela.

Stevenson (PPE-DE).
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme a los agradecimientos a los ponentes, Sres. Jové Peres y Varela Suanzes-Carpegna, por sus excelentes informes y expresarles, puesto que ambos proceden de Galicia, que desde la Comisión de Pesca les acompañamos sinceramente en el sentimiento por la tragedia que se está desencadenado en esa zona como consecuencia del naufragio del Prestige. Si la Comisión de Pesca puede prestar alguna ayuda, haremos cuanto sea necesario y buscaremos toda la ayuda que podamos conseguir para el pueblo de Galicia. En estos momentos, estamos a su lado de corazón.
Yo quisiera referirme a la crisis del bacalao. Como sabe la Asamblea, para hacer frente a la disminución gradual de las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda, al oeste de Escocia y en la zona de Skagerrak, la Comisión propugna una reducción masiva, de hasta el 80%, de la pesca de bacalao y eglefino, y reducciones significativas en otros segmentos del sector del pez blanco. Reducciones de esta magnitud acabarían con el sector del pez blanco en el Reino Unido e Irlanda y destruirían muchos puestos de trabajo en dichos países y también en Francia, Escandinavia y los Países Bajos.
He visto el plan revisado de recuperación del bacalao y el eglefino de la Comisión, y debo decirle a la Asamblea que éste representa un cambio radical con respecto al plan originario que examinamos y que, a mi parecer, conforme al artículo 37 del Tratado, tenemos derechos a que se consulte a esta Asamblea sobre las propuestas revisadas. Espero que la Asamblea apoye mi reivindicación de este derecho y mi declaración de que nos proponemos intervenir en este asunto y exigir que se nos consulte sobre estas propuestas revisadas.
Con objeto de ampliar el debate, quisiera preguntar a la Comisión si están dispuestos a aceptar los datos científicos viciados y desfasados en los que han basado la petición de esas reducciones draconianas, dado que los datos científicos del CIEM se obtuvieron en año 2001, antes de que empezaran a aplicarse medidas de conservación rigurosas, cuyos resultados positivos todavía no se han medido. Por ejemplo: los pescadores de mi circunscripción, en Escocia, ampliaron el tamaño de las mallas de las redes a 120 milímetros, sufrieron la primavera pasada la prohibición durante 12 semanas de la pesca en 40 000 millas cuadradas de zonas de desove del bacalao en el Mar del Norte, se desguazaron 170 buques en el marco de la última ronda de desmantelamiento de las flotas, todo lo cual ha dejado nadando en el mar muchos miles de toneladas de peces que de lo contrario se habrían capturado. Y, evidentemente, la pesca del bacalao ha estado prohibida en algunas partes del Mar de Irlanda durante los últimos tres años, lo cual ha permitido la recuperación de las poblaciones. Los científicos no han analizado aún el impacto de estas medidas, ni tampoco la posibilidad de que el aumento de las temperaturas, la contaminación o las corrientes superficiales del Mar del Norte hayan contribuido a la migración del bacalao hacia el norte, en dirección a Islandia y las islas Faroe, donde se capturan regularmente muchos miles de toneladas de bacalao. De hecho, los mismos científicos que propugnan la prohibición de la pesca durante seis años como mínimo para nuestro sector del pez blanco no pueden garantizar que el bacalao regrese algún día al Mar del Norte, aunque apliquemos esas medidas.
Como sabemos los miembros de la Comisión de Pesca, el Gobierno canadiense prohibió hace diez años la pesca en los bancos de Terranova y todavía no se aprecia ningún indicio de que el bacalao haya vuelto. En su lugar, los pescadores canadienses están encontrando grandes poblaciones de cangrejos de las nieves y camarones que les están permitiendo cuadruplicar los ingresos en dólares que les solía reportar el bacalao. Creo que se comienza a perfilar un patrón similar en el Mar del Norte, donde vemos florecer grandes poblaciones de gambas, que ahora son uno de nuestros recursos pesqueros más abundantes.
Algunos científicos han revelado hace poco que, del mismo modo que el bacalao come gambas, las gambas se comen las larvas de bacalao. Es muy posible que, por muchas medidas draconianas que adoptemos, no conseguiremos recuperar el bacalao. Cuando caduque la prohibición de pesca de seis años como mínimo que se pretende aplicar, dichas medidas serán teóricas en cualquier caso, ya que, según el estudio más reciente sobre su impacto socioeconómico, para entonces hasta 44 000 pescadores y trabajadores auxiliares habrán perdido sus puestos de trabajo. Este es el tipo de catástrofe que les aguarda esta Navidad, después de haber cumplido fielmente las normas y regulaciones de la Política Pesquera Común durante los últimos veinte años.
Yo suscribo la necesidad de una pesca sostenible y de ajustar la capacidad de la flota a las poblaciones de peces disponibles, pero también reconozco que una industria pesquera viable necesita pescadores que capturen los peces.

Dührkop Dührkop (PSE)
. (ES) Señor Presidente, el Reglamento marco sobre la reforma de la política pesquera común no recoge todavía las implicaciones financieras fijas de la reforma a cargo del presupuesto comunitario. Estas implicaciones se presentarán en propuestas separadas y, por tanto, la Comisión de Presupuestos las analizará detenidamente a su debido tiempo.
Sin embargo, los importes que se prevén para la puesta en marcha de la reforma son bastante modestos y se incluyen en el Capítulo B-II 90 «Medidas de apoyo a la política pesquera común»: 1 millón de euros para la creación de una estructura común de inspección, 100 000 euros para la creación de cuatro consejos consultivos regionales y 1 millón de euros para la mejora del asesoramiento científico.
La Comisión de Presupuestos ha valorado positivamente estas tres acciones de la reforma y ha aprobado las cantidades propuestas, manteniéndolas en la reserva tal y como proponía la Comisión, a espera de la adopción definitiva del Reglamento marco.
Sin embargo, la Comisión de Presupuestos considera que el Parlamento debería poder examinar de cerca las propuestas detalladas que la Comisión presenta sobre cada una de estas acciones, teniendo en cuenta sus repercusiones, sobre todo en los recursos humanos, los gastos administrativos, las misiones y las reuniones de comitología. Quisiera pedir una aclaración a la Comisión: para la acción para la mejora del asesoramiento científico, el Reglamento marco prevé la cantidad de 4 millones de euros; sin embargo, la Comisión señala en el anteproyecto de presupuesto, que para esta acción de la línea B II-904, se destinará solamente 1 millón de euros que se consigna en la reserva. 
Al mismo tiempo observamos que la Comisión ha aumentado esta partida en 3 millones respecto al año pasado que, sumados al millón en la reserva, podrían suponer un aumento general de 4 millones de euros, tal como está previsto en el Reglamento marco. Pero como no queda claro, mi pregunta a la Comisión es: ¿ese aumento de 4 millones - 3 más 1 - está destinado a la acción para la mejora del asesoramiento científico, tal como prevé el Reglamento marco, o por el contrario, se destina solamente a esta acción el millón en la reserva? Y de ser cierto esto último, ¿para qué ha previsto la Comisión ese aumento de 3 millones en la línea B-II 904?
En cuanto al informe del Sr. Varela, que se refiere a uno de los elementos principales de la reforma de la política pesquera común - la reducción de la capacidad pesquera de la flota de la Unión Europea -, la Comisión de Presupuestos, y no puede ser de otra forma, deja por supuesto al criterio de la Comisión de Pesca la valoración de la necesidad de la aplicación de la medida del desguace. De ahí la necesidad de la puesta en marcha de otras medidas menos drásticas e irreversibles, así como la valoración del número de buques a los que se tendría que aplicar era medida, y de ahí el que la Comisión de Presupuestos sólo se pronuncie sobre el impacto financiero del desguace.
La propuesta de Reglamento prevé una cantidad inicial de 32 millones de euros para el año 2003, como incentivo especial para la cofinanciación. Calcula igualmente que los importes adicionales totales necesarios durante el período 2003 - 2006 ascienden a 271,6 millones de euros. 
La Comisión de Presupuestos considera que la financiación de la nueva acción es incompatible con el límite máximo de la Rúbrica 2 de las perspectivas financieras vigentes y que por lo tanto, los 32 millones ya previstos para el presupuesto 2003, únicamente se podrán poner a disposición mediante la movilización de créditos adicionales utilizando los instrumentos que ofrece el acuerdo interinstitucional.

Paulsen (ELDR)
Señor Presidente, quiero alabar al Comisario Fischler por sus perspicaces comentarios en la apertura de este debate, dado que sabemos que la situación ambiental se enfrenta a una catástrofe en lo que respecta a la pesca y la sostenibilidad. Esto no se aplica solamente al bacalao y al pescado blanco. Todos los científicos temen que estamos pescando la mayoría de nuestras especies de forma que las abocamos a la extinción.
Debemos recordar que sin peces no habría pescadores, no habría economía y no habría política pesquera. Lo que también estamos a punto de perder es una cultura costera y pesquera muy importante en casi todos los países europeos, lo cual representa posiblemente la peor catástrofe que nos afecta a nosotros. Sin embargo, no podemos seguir pescando de este modo. Cargaremos con la responsabilidad no sólo ante las personas que viven hoy, sino también ante el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.
En su decisión, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor también hace referencia al hecho de que nosotros, los ricos europeos, compramos - a cambio de sumas considerables, es cierto, pero todavía a un precio bajo - derechos pesqueros a países más pobres. ¿Qué hacemos realmente ahí? ¿Cuáles son nuestros planes para la sostenibilidad? ¿Qué disposición hay para ayudar a los pobres pescadores costeros de África? ¿Tenemos derecho a comportarnos de forma tan colonial como lo estamos haciendo en lo que respecta a los acuerdos pesqueros con los países en desarrollo? Son muchas las bonitas palabras sobre el papel, pero ¿cómo es la realidad?
Nos hemos precipitado hacia una catástrofe. Por el amor de Dios, no coloquemos también a los pobres al borde de la catástrofe.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, señorías, antes de entrar a valorar los informes, permítanme, como europeo y como gallego, que les traslade a ustedes mi enorme preocupación por la mayor catástrofe marina que ha conocido nunca Europa.
La mayor reserva pesquera y marisquera de Europa - y tal vez del Planeta - está siendo arruinada por un accidente que todos teníamos la obligación de evitar. Estamos ante una tragedia de dimensiones todavía incalculables. Toda la costa de Galicia, mil kilómetros, está cerrada a la pesca y al marisqueo. Paisajes de una belleza singular, parques nacionales, Red Natura 2000, todo el ecosistema marino y nuestra riquísima biodiversidad, arruinados.
Estamos ante un problema europeo que requiere una solución europea. Un Estado miembro, y más aún, una región, en este caso desfavorecida, periférica, del objetivo número 1 que basa su desarrollo en gran parte en la mar y en actividades industriales conexas, - con las que 54 sectores económicos de los 62 que recogen las tablas input-ouput de nuestra Comunidad están relacionadas -, más del 10% del producto interior bruto, el turismo, etc., están dramáticamente afectados.
Nos estamos sintiendo impotentes ante lo que tenemos encima y pedimos en Europa y a Europa ayuda. Ayúdennos, ayuden a los gallegos.
Cuando el pasado verano vimos a la potente Alemania desbordada literalmente por sus caudalosos ríos, acudimos todos a una y creamos un Fondo Europeo de Solidaridad. Hoy pedimos aquí, en el Parlamento Europeo, la movilización urgente de ese Fondo para ayudar a Galicia. No es tiempo de disquisiciones jurídicas, hay que movilizarlo. 
Quiero hacer mías las recientes declaraciones del Gobierno gallego: la Unión Europea no puede ser sólo un sueño de unidad, sino que tiene que ser, además de eso, una realidad solidaria que apoye a cada uno de sus ciudadanos cuando la desgracia se ensaña con cualquier país, ya sea en el Norte, en el Sur, en el Este o en el Oeste. Europa será una realidad cuando esté mentalizada con los problemas de sus ciudadanos. Pongámonos a trabajar todos juntos, codo con codo.
Hemos creado una Agencia Europea de Seguridad Marítima y no sabemos dónde ubicarla. ¿Qué región europea está más expuesta a los accidentes marítimos? ¿Qué región ha sufrido más accidentes? ¿Qué región guarda el mayor tesoro natural pesquero y marisquero, que es preciso proteger? ¿Qué región depende más de esos recursos? ¿Qué región puede estar más sensibilizada y más motivada para acoger y trabajar por la seguridad marítima? Dejémonos en Europa de política con minúscula y de discusiones bizantinas. Europa tiene una deuda con Galicia. Galicia es la respuesta a esas preguntas y Galicia debe ser la propuesta.
Fomentemos sin complejos nuestra industria naval, construyamos los petroleros de doble casco que surquen nuestras aguas con más seguridad, sigamos así el ejemplo de los Estados Unidos. Creemos los corredores marítimos de mercancías peligrosas, como han propuesto ya Francia y España. Lo urgente, lo inmediato, es ayudar a las personas que han perdido su medio de vida y restaurar el medio ambiente. Para ello, flexibilicemos las ayudas de todos los Fondos estructurales y movilicemos el Fondo de Solidaridad. Pero más a corto plazo son necesarias también medidas como las que acabo de mencionar.
Concluyo, queridos colegas, con el lema que miles de gallegos adoptaron en una manifestación multitudinaria el pasado domingo: «Nunca mais».
Sr. Fischler, hablaremos de estos temas el próximo lunes día 9 en la Comisión de Pesca, pues como portavoz del Grupo PPE-DE he pedido la inclusión de este asunto en el orden del día. De momento, le pido y le invito a que visite Galicia para conocer directamente la realidad, tal como se ha visto afectada por la catástrofe, en la pesca y en el marisqueo.
Hablemos ahora de la reforma de la pesca. Lo que hay que desguazar no son, señor Comisario, los barcos de pesca; lo que hay que desguazar son los petroleros viejos. Ha hecho más daño a la pesca el Prestige que toda la flota pesquera europea junta. Dejémonos de hipocresías. ¿Para cuándo la evaluación de los daños a la pesca por actividades no pesqueras? ¿Por qué un barco de 12 metros se puede subvencionar y otro de 13 no? ¿No sabe usted que lo grave es que pesquen en zonas de reproducción? Y eso lo puede hacer tanto el grande como el pequeño, y posiblemente más el pequeño. 
La reforma de la política pesquera común no requería tocar los fondos; el acceso sí, pero el IFOP no era preciso, y menos unilateralmente como la Comisión pretende. Como había dicho su colega Barnier - y está escrito -, carece usted de la base legal y moral para reformar los Fondos estructurales ahora. ¿Por qué la política agrícola puede recibir subvenciones que suponen el 50% del presupuesto de la Unión - y puede recibirlos hasta el año 2013 - y, en cambio, a la política pesquera común, que no llega ni al 1%, hay que retirarle ahora los apoyos previstos hasta el 2006? ¿Acaso no hay excedentes agrícolas? Y, sin embargo, tenemos un déficit de productos pesqueros.
La pesca no pide más dinero, sólo pide lo prometido y en las condiciones prometidas. Eso sí, con más control, como señalan los informes que presento al Pleno, con más transparencia, haciendo justicia a los Estados miembros que cumplieron los objetivos de reducción de la flota y no equiparándolos a los incumplidores. En el 2004 o 2005, habrá que reformar los Fondos estructurales. Ya veremos entonces si todas las ayudas deben desaparecer. Tendremos que analizarlo. Si desaparecen, tendrá que ser para todos, pero hasta entonces queremos que se cumplan los planes previstos y que en el 2006 la Unión Europea tenga su flota pesquera renovada, moderna, segura. No se trata de pescar más, sino de pescar mejor, controlando la conservación de nuestros recursos mediante los totales admisibles de capturas, - que para eso están, con las cuotas y las medidas técnicas - las artes selectivas, las paradas biológicas, el esfuerzo pesquero, la regulación de los días en el mar, y también, con desguaces, pero como una medida más, no la única, porque es la única irreversible.
Con cada barco que desguazamos, destruimos empleos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que hacer compatibles la conservación de los peces con la conservación de los pescadores, y en momento difíciles, como los que ahora está pasando Galicia, y los que le quedan por pasar, no se trata de incrementar el esfuerzo pesquero, y menos en las aguas comunitarias; se puede cooperar al desarrollo de terceros Estados manteniendo nuestro empleo y aprovisionando nuestros mercados. Eso es el fomento de la exportación de buques y la creación de empresas mixtas. Lo contrario, en ocasiones difíciles, anima a los pescadores a enrolarse en barcos pesqueros pirata, con pabellones de conveniencia, que tenemos que evitar.
Por eso he aceptado las enmiendas de los colegas, que enriquecen mis informes, para dotar a la política de la flota de un mayor control y de mayor transparencia. En esa misma línea van dos enmiendas que yo mismo he presentado al Pleno, para dejar claro que no pretendemos aumentar la capacidad pesquera en modo alguno, y que van también en la línea de la coherencia con la política de cooperación al desarrollo.
Sólo me queda agradecer, por tanto, la colaboración de todos los diputados que han trabajado y que han presentado enmiendas. Quiero ahora decirles, ya no sólo como ponente de estos informes, sino como he dicho al principio, como europeo de Galicia, a quienes no estén totalmente de acuerdo con estos informes, que he pretendido hacerlos con la mayor honestidad y con la mayor dedicación que he podido, que ha sido bastante, y pedirles que no voten en contra en este caso. Que, al menos, lo consideren y consideren la abstención, que yo les agradecería.
Y quiero tener unas palabras finales de agradecimiento y felicitación para mi colega, el Sr. Jové Peres, por su magnífico trabajo en condiciones - como ha reconocido nuestro presidente Stevenson - difíciles, contra reloj, con ciertas presiones y con muchos malos entendidos. Y, finalmente, expresarle mi solidaridad, como no podía ser menos, al presidente Stevenson, en la pregunta oral que ha presentado. A todos, muchas gracias.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, quiero en primer lugar felicitar al Sr. Jové Peres por su trabajo, por el informe y por el sentido común que ha inspirado su informe.
Hoy, en realidad, señor Comisario, a uno le puede más la dolorosa situación que atraviesa mi país, Galicia, como consecuencia de la tragedia del PRESTIGE, que cualquier otra consideración. Contemplar la situación de las costas gallegas tras la catástrofe y a un pueblo triste, irritado, generoso, preocupado y que, a pesar de todo, mira hacia adelante, me parece la mejor demostración de que, de verdad, Galicia, la región del noroeste de la Península Ibérica, es una región altamente dependiente de la pesca, y no sólo porque el 20% de su producto interior bruto proceda de la pesca y de actividades vinculadas con ella. Y aprovecho para hacer mías todas las peticiones que formuló el ponente, el Sr. Varela.
Y tiene relación lo anterior con el informe del Sr. Jové Peres porque los gallegos, ante la catástrofe provocada por el PRESTIGE, trabajamos denodadamente frente a las nefastas consecuencias medioambientales, económicas, pesqueras y sociales. Pienso que los tres aspectos están, indefectiblemente, ensamblados como partes de un mismo todo. La propuesta para la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros, en virtud de la política pesquera común, tiene que apostar y comprometerse con el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente. Ambas ideas son como puntos de partida, como quicios, en los que se asienta el edificio de la reforma de la política pesquera común.
Obviamente, la sostenibilidad estaría garantizada si no hubiese desarrollo, pero en función de los puntos de partida, - que unas veces son apriorísticos y otras veces no están bien fundamentados, pero que, en todo caso, son siempre cuestionados o cuestionables -, las soluciones pueden ser diferentes, y en esto, una vez más, el trabajo del ponente, el Sr. Jové Peres, merece alabanza por huir de la sobredimensión de aspectos tomados unilateralmente, aunque éstos fuesen importantes.
En este orden de cosas, la recuperación que todos pretendemos y todos queremos no puede descansar en una idea única - reducción, cuando no desaparición de la actividad pesquera -, porque la pesca la realizan personas, seres humanos, padres de familia, y sólo por eso hace falta buscar y encontrar equilibrios entre consecuencias de la limitación y medios de la conservación. Un ejemplo sería el mecanismo de cese temporal de actividad, de limitación de días de pesca, etc.
Señor Comisario, un periódico de Galicia, esta mañana, recogía lo siguiente: «el Comisario europeo de pesca dice que el recorte de ayudas mitigará la destrucción del empleo. La supresión de las ayudas públicas a la modernización de buques será positiva, pues contribuirá a mantener el empleo a bordo de los buques». En mi opinión, dado que el barco no sólo es el centro de trabajo, sino también el hogar del profesional de la pesca, bien merece el esforzado trabajador una mejora de sus condiciones de trabajo y de vida. Lo exige su dignidad, lo demanda y lo espera la sociedad, y la región pesquera en particular.

Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, Señor Comisario, yo pensaba hablar de los informes que vienen a este Pleno y felicitar a los ponentes porque han hecho, todos, un magnífico trabajo, pero usted se ha referido a la catástrofe que asola Galicia.
Y por primera vez ha reconocido que sus servicios pueden hacer algo por mi región. Y espero que su grupo operativo le haya informado de que en Galicia, más que ostras, hay mejillones y rodaballos, que hacen de Europa el primer productor mundial de estas dos especies, gracias a empresarios acuicultores pujantes y modernos, que en estos veinte días lo han perdido todo.
Espero que le informen de que nuestro litoral es enormemente rico en biodiversidad, y que esta biodiversidad no es gallega, señor Comisario, sino europea. Ahora somos ricos en petróleo y la inacción de nuestros dirigentes nos golpea con fuerza en lo que más amamos, en nuestro modo de vida.
Las ciento veinte mil personas que viven de la pesca en Galicia no le entienden a usted muy bien. Y yo siempre he intentado explicar sus propuestas con rigor, tratando de encontrar un punto de encuentro para ambos, para usted y para mis conciudadanos. Me gustaría, ya que nos ha hablado de este grupo operativo, de cuya visita los pescadores gallegos no tienen noticia, que diese a conocer sus conclusiones en este Parlamento, pero aquí y ahora. 
Porque hemos escuchado a la Comisaria de Transportes, que haciendo frente a la total inactividad del Gobierno español y del Gobierno gallego ha redactado, para poner encima de la mesa del Consejo, propuestas concretas para hacer frente a esta catástrofe y para que esta catástrofe no se repita. Y también hemos escuchado medidas del Comisario Barnier, quien se ha mostrado sensible y receptivo y se ha comprometido a comparecer en breve ante la Comisión de Política Regional, para explicarnos de qué manera se puede movilizar el Fondo de Solidaridad. 
Y ahora le toca a usted, Sr. Fichler. ¿No es hora, Sr. Fischler, de que los pescadores europeos de Galicia escuchen de su Comisario algo más que malas noticias? Porque su nombre, hasta hoy, para los pescadores de Galicia, está asociado - y hay que decirlo así - al no acuerdo con Marruecos, al desguace de la flota y a toda una serie de medidas que no sé si son malas o buenas. 
El Grupo Socialista ha hecho un esfuerzo enorme e incluso ha celebrado una audiencia para hablar de la reforma de la PPC, ha editado un folleto y escuchado al sector, pero, cuando menos, las medidas no están suficientemente bien explicadas. Y todo ello, señor Comisario, y es el reproche que yo le hago, se traduce en pérdida de credibilidad europea, porque a sus conciudadanos austríacos, como a los alemanes, les habrá quedado otro recuerdo de la respuesta europea frente a la catástrofe que ustedes sufrieron por las inundaciones, y en esa respuesta europea me incluyo, señor Comisario.
Pues a lo mismo, exactamente a lo mismo, aspiran los ciudadanos europeos de Galicia. Yo no puedo creer que, tras casi un mes de catástrofe, no tenga usted otra respuesta que decirnos que ha enviado a un grupo operativo. Yo creo que le toca a usted ahora, Sr. Fischler, decirle a sus pescadores -porque son sus «pescadores», no los míos; son los míos, sino los suyos, son sus administrados - qué pueden esperar de su Comisario.
Yo no le voy a proponer visitas, aunque no me parecería nada mal que fuese a Galicia. Los empresarios turísticos empiezan a pensar, como salida, en ofertar turismo de catástrofes, y es que los gallegos somos muy partidarios del humor negro. Pero, Sr. Fischler, ¿no cree que ya es hora de que explique, en este Pleno, en esta Cámara, aquí y ahora, qué pueden esperar los pescadores europeos, los gallegos, de su Comisario en estos momentos de catástrofe? 
Los gallegos sabemos que tenemos dos orejas, una a cada lado de la cabeza, lo que no sabíamos es que, además de dos orejas, íbamos a tener en nuestras playas setenta mil toneladas de petróleo, y que hoy, en este Pleno, íbamos a estar hablando de qué restringir o decidir para que los pescadores no siguieran destruyendo los recursos naturales en el mar.
Es que todo esto, señor Comisario, forma parte del humor negro de los gallegos, pero es tragicómico. Y eso es todo lo que tengo que decir.

Busk (ELDR).
Señor Presidente, Comisario, quiero dar las gracias a ambos ponentes por el gran trabajo que han realizado. Las reformas de nuestra política pesquera que estamos debatiendo esta noche son muy importantes. En particular, son muy importantes los informes del Sr. Varela sobre las ayudas públicas para la renovación y la modernización de la flota pesquera. En nombre de mi Grupo, quisiera expresar al mismo tiempo que comprendemos la declaración del Sr. Varela sobre la contaminación de fuel a lo largo de la costa gallega.
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya las propuestas de reforma de la Comisión, que contienen los elementos necesarios para que seamos capaces de adaptar la flota pesquera comunitaria a los recursos del océano. Bien habríamos podido refrendar el mantenimiento de las ayudas públicas para la modernización de los buques pesqueros si esto hubiese mejorado exclusivamente la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo. También podríamos debatir sobre la ayuda a la renovación si la condicionásemos a que se retirase más capacidad que la que se añadiese. Sin embargo, en ninguna circunstancia podemos aceptar que continúe la situación actual, en la que la flota pesquera europea se hace cada vez mayor a costa del contribuyente.
Uno de los mayores problemas para la industria pesquera europea es, concretamente, que la flota es demasiado grande. Simplemente hay demasiados barcos para demasiados pocos peces, y existen discrepancias excesivas entre los modos en que los Estados miembros han administrado hasta el momento la política pesquera. Seguir con esta política catastrófica, que solamente exacerbaría los problemas y pospondría el proceso de reforma que sin duda hay que llevar a cabo, sería engañar a los pescadores. Con respecto a la prohibición propuesta sobre la pesca del bacalao, el Grupo ELDR apoya las medidas de conservación. Sin embargo, también destacamos que cuando se proponen medidas tan drásticas como estas para reducir las cuotas, realmente necesitamos estar seguros de los hechos, ya que las medidas tendrían consecuencias de gran alcance para el sector pesquero, no sólo en el mar, sino también en tierra. Por ello debe concederse gran prioridad a la investigación y deben facilitarse recursos suficientes.
Todo el mundo está de acuerdo en que la política pesquera actual ha demostrado ser un fracaso. Por este motivo es esencial para nosotros apoyar las propuestas de reforma de la Comisión y por lo tanto rechazar las enmiendas presentadas con el propósito de perpetuar la política pesquera actual.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, felicito a los ponentes por su labor, ya que los informes que estamos debatiendo merecen un gran aplauso, introducen mejoras considerables en los aspectos más negativos de las propuestas de la Comisión e incorporan varias enmiendas que yo presenté en el curso del trabajo preparatorio en la Comisión de Pesca, aunque en algunos casos no estoy de acuerdo con la solución que se ha decidido y me parece que el informe podría haber ido más lejos.
Me gustaría destacar los aspectos de esta revisión que más merecen la pena: una derogación permanente que rija el acceso a los recursos dentro de las zonas de 12 millas de las aguas territoriales de los Estados miembros es esencial para la pesca tradicional y para la estructura socioeconómica de regiones dependientes de la pesca, defendiendo la pesca costera a pequeña escala, protegiendo las poblaciones de peces y la parte más sensible de la costa. Me gustaría recordarles que una propuesta que presentamos anteriormente, que solicitaba que esta derogación se ampliase a las 24 millas, ya ha sido adoptada aquí. Al menos no debería cuestionarse ahora la naturaleza permanente de las 12 millas. La adopción de la propuesta que presentamos para ampliar esta excepción a las 50 millas en las regiones más remotas conforme a los términos de su condición especial es también muy positiva. Esta condición especial, una vez confirmada por el Consejo, proporcionará ventajas claras para la protección del sector pesquero en las regiones autónomas de Madeira, las Azores y en todas las regiones más remotas, contribuyendo así a su desarrollo.
Debemos rechazar la reprogramación de los Fondos Estructurales (IFOP) para el sector pesquero, impidiendo las asignaciones para que el objetivo de «modernización» se transfiera a la destrucción de buques, que está, de hecho, en línea con la opinión de la Comisión de Pesca sobre el presupuesto de 2003. Como hemos señalado, existen otros modos alternativos de reducir el esfuerzo pesquero, a los que ya se ha hecho referencia aquí, como son el sistema basado en la regulación de los días en el mar, la adopción de los períodos de recuperación biológica y las medidas técnicas orientadas a la pesca más selectiva. Señor Comisario, hay que decir que en determinadas regiones lo que causa la mayor destrucción de las poblaciones de peces no es la pesca, sino la contaminación. Y, por desgracia, en la actualidad el caso del Prestige nos demuestra que esto es tristemente cierto: lo que causa la mayor destrucción son estos accidentes; los viejos e inseguros petroleros que todavía navegan junto a nuestras costas.
El desguace de barcos debe considerarse un último recurso, teniendo en cuenta que cualquier política nueva para reducir la capacidad de la flota debe basarse en el grado de cumplimiento efectivo de los objetivos prefijados y no debe penalizar adicionalmente a aquellos que ya han cumplido estos objetivos. Incluso la prohibición, en algunos casos, para los buques de menos de 12 metros de eslora, aunque positiva, es extremadamente limitada. Necesitamos ir más lejos.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que cualquier reducción del esfuerzo pesquero deberá ir de la mano de un incremento de los recursos financieros para el IFOP y las políticas internas de la Unión, con el fin de compensar los efectos socioeconómicos de dicha reducción. También lamento el hecho de que el programa específico para la pesca costera a pequeña escala no se haya adoptado.
La participación de los pescadores y de sus organizaciones representantes en el proceso de toma de decisiones también es esencial para la política pesquera común y para la gestión de las poblaciones, concretamente a través de la cogestión, de forma que garantice la auténtica descentralización.
También creemos que es responsabilidad de los Estados miembros garantizar el seguimiento, la inspección y la aplicación eficaz de las normas establecidas en la política pesquera común. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con las propuestas que pretenden socavar este principio.

Hudghton (Verts/ALE).
Señor Presidente, a lo largo del proceso de reforma de la PPC, yo he apoyado sistemáticamente la conservación del principio original de la estabilidad relativa, con la delimitación de las zonas costeras hasta una distancia de 12 millas como mínimo como un rasgo permanente de la PPC y la consolidación del papel de los consejos consultivos regionales propuestos, con el fin de conseguir una auténtica participación de las partes interesadas. También he apoyado en principio las propuestas a favor de un enfoque plurianual de la gestión de la pesca, basado en la pluralidad de especies y en el ecosistema, y mis puntos de vista sobre los aspectos estructurales coinciden a grandes rasgos con los de la Comisión.
No obstante, creo que todo el potencial positivo de la reforma de la PPC podría resultar vano si la Comisión no se muestra dispuesta a escuchar de verdad a los realmente afectados por la política pesquera. Es preciso que nuestra política pesquera se comprenda y no se perciba sólo como una imposición arbitraria de una Unión Europea que afirma saber mejor lo que conviene, pero en realidad no puede demostrarlo. Desde luego, hasta el momento la PPC no ha sido un éxito rotundo, como todos hemos reconocido. Lo cual significa que el asesoramiento científico debe estar actualizado y debe ser verificable e independiente, y se tiene que poder demostrar que lo es.
La crisis del bacalao que amenaza al Mar del Norte desde hace casi dos años ha encontrado a los pescadores ya sujetos a prohibiciones de pesca en tiempo real, reducciones aceleradas del tamaño de las flotas y diversas medidas técnicas, incluido el aumento del tamaño de las mallas de las redes. Sus esfuerzos por lo menos han dado algún fruto, puesto que el restablecimiento de las poblaciones de bacalao se sitúa sólo alrededor de un 3% por debajo de la meta fijada en los planes de recuperación. Ahora esos mismos pescadores se enfrentan a reducciones drásticas y una pérdida total de confianza en la Comisión y su asesoramiento científico, que proponen medidas que podrían devastar por completo a unas comunidades pesqueras ya frágiles.
Creo que la Comisión debería tener en cuenta el carácter específico de esta crisis del bacalao y no atarse de manos con plazos políticos. El próximo Consejo de diciembre será el foro donde se ultimarán las propuestas de reformas y no se debería utilizar para conseguir la aprobación apresurada de medidas dictadas por el pánico para el bacalao y otras especies afines. Insto a la Comisión a que traduzca sus palabras en acciones reales. ¿Por qué no se crea urgentemente el primer consejo consultivo piloto regional - o comité de gestión, como preferiría llamarlo yo - y se le confía la tarea de colaborar en el diseño de medidas para salvar las poblaciones de pez blanco del Mar del Norte? Esto permitiría restablecer simultáneamente la confianza en el proceso.
Insto asimismo a la Comisión a que vuelva a replantearse el tema del libre acceso al Mar del Norte como parte de una futura PPC. La crisis actual sólo pone de relieve la fragilidad de ese mar y de las poblaciones clave de sus pesquerías mixtas. Según sus propias palabras, señor Comisario, en una respuesta escrita dirigida a mí: «se sabe muy poco sobre la abundancia y situación de las especies del Mar del Norte no sujetas a cuotas, pero su pesca implicaría casi con toda certeza la captura secundaria de especies sujetas a las mismas.» Yo digo: hagamos bien la reforma y luego, apliquémosla?
(El Presidente interrumpe al orador)

Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme de todo corazón a las palabras de condolencia dirigidas al pueblo de Galicia y coincido plenamente con los oradores y con los colegas que han pedido solidaridad con ellos en estos momentos. En líneas generales, acojo con satisfacción el Informe Jové Peres en su forma actual. La propuesta de la Comisión se basa en el principio del desarrollo sostenible y en el mal estado de los recursos pesqueros. El punto de partida es indiscutible, pero muchas opiniones, incluida la mía propia, discrepan en cuanto a la cuantificación del estado de las poblaciones. La propuesta se basa en la consideración de los informes científicos exclusivamente en lo que respecta a las medidas de gestión. Sin embargo, no se proponen medidas creíbles para mejorar los conocimientos científicos, a pesar de las deficiencias bien reconocidas en este aspecto. Prevén una Política Pesquera Común que tiene más en cuenta los intereses a corto plazo de algunos Estados miembros que a los pescadores. Yo digo a la Comisión que la PPC debe estar orientada a mantener vivas las regiones que dependen de la pesca en vez de convertirse en un campo de batalla entre los Estados miembros. Los pescadores comparten intereses comunes. Todos necesitan recursos pesqueros para continuar sus actividades.
Las decisiones y los objetivos de los planes de recuperación no pueden desechar sus posibles consecuencias sociales y económicas. Los planes de recuperación deben buscar un equilibrio entre la recuperación y conservación de las poblaciones de peces y las medidas destinadas a limitar sus repercusiones sobre la industria pesquera.
Los pescadores irlandeses están firmemente decididos a conservar la exclusividad sobre la zona costera, al igual que los pescadores de Escocia, Gales, Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda, y los de Dinamarca, Alemania y otros países; es algo que estoy firmemente convencido que debemos mantener. El objetivo básico del régimen de la zona costera de 6-12 millas era proteger los recursos pesqueros reservando el acceso a los mismos a las actividades de pesca costera en pequeña escala. En general, esto somete a una menor presión a las poblaciones de peces de esas zonas, que a menudo albergan criaderos de alevines. También ha contribuido a proteger las actividades pesqueras tradicionales de las comunidades costeras y a mantener de este modo su tejido económico y social.
La situación crítica actual de muchas poblaciones de peces hace más urgente que nunca, no la mera ampliación del régimen de acceso de las 6 a las 12 millas, que es totalmente inadecuada, sino la ampliación de la zona de exclusividad hasta las 24 millas, si nos tomamos en serio la conservación de las poblaciones de peces. Les pido que apoyen mis enmiendas a favor de la ampliación a 24 millas de la zona de pesca costera exclusiva. No tengo la menor duda de que sus pescadores les pedirían lo mismo.
Porque lamento el insatisfactorio estado actual de las poblaciones de peces y porque soy partidario de la conservación, estoy firmemente convencido de que es preciso proteger las zonas altamente sensibles. El Box irlandés es una de esas zonas sumamente sensibles. Las aguas de esa zona también son importantes lugares de desove y esta es la razón de la excepción al libre acceso a estas aguas. Lamentablemente, ésta no ha impedido el saqueo ilegal de las poblaciones del Box irlandés a lo largo de los años por algunos pescadores comunitarios al amparo de pabellones de conveniencia. Este saqueo se tiene que acabar. Hay que proteger esas aguas. En el contexto del proceso de reforma, es preciso mantener con carácter permanente las actuales disposiciones de acceso al Box irlandés. No existen recambios burocráticos capaces de sustituir al conocimiento y la experiencia de los pescadores. Por esto, mi Grupo ha venido pidiendo durante muchos años una mayor participación de los pescadores en el modo de gestión de la Política Pesquera Común.
La Comisión hace ahora suya esta idea, lo cual es de agradecer, con la propuesta de crear unos consejos consultivos regionales que por primera vez incluirán a los pescadores y sus organizadores. Si se desea que dichos consejos desempeñen un papel significativo en el futuro, los pescadores deben participar en todas las fases del proceso de gestión. También se debe promover su participación en el trabajo de los científicos, con objeto de que se establezca una confianza mutua. Sólo así podrán contribuir los pescadores a la política comunitaria e influir sobre ella.
Felicito al Sr. Varela por sus dos equilibrados informes. Coincido con su análisis. Coincido con sus críticas. Estoy de acuerdo con las modificaciones que propone a las propuestas de la Comisión y voy a apoyar sus informes.
En conclusión, permítanme que manifieste de manera inequívoca, como hice en el debate sobre el Informe Stevenson, que la Política Pesquera Común no trata sólo de los peces, sino también - y como un aspecto más importante - de los pescadores. De sus familias y el futuro de sus familias. De su modo de vida, el único posible en muchas zonas.

Berthu (NI).
Señor Presidente, el informe Souchet, que hemos adoptado recientemente por amplia mayoría, ya recomendaba firmemente mantener la ayuda estatal para la modernización de las flotas pesqueras. Las conclusiones del informe Varela van en la misma dirección, cosa que celebramos. El Parlamento Europeo debe confirmar su apoyo para mantener esta ayuda y no debe aprobar las propuestas de la Comisión que pretenden retirarla basándose en el pretexto de conservar el medio marino. La ayuda a la modernización sigue siendo necesaria y no contribuye de por sí a la sobrepesca, sino todo lo contrario. Utilizando una flota moderna y equipada de forma adecuada y mediante el uso de métodos de pesca selectiva y controlada, fomentaremos la gestión sostenible de los recursos y combatiremos el fraude. No es esta ayuda la que contribuye al exceso de capacidad; esta contribuye a mejorar las condiciones de trabajo, la higiene y la seguridad a bordo; contribuye a la conservación y mejora la calidad de los productos pesqueros. Por lo tanto, desempeña un papel esencial.
Hablando en términos más generales, después de haber oído anteriormente al Sr. Fischler, que ha descrito a grandes rasgos la política general, también queremos destacar que desde luego es necesaria una buena gestión de los recursos, pero ésta debe realizarse de forma objetiva, transparente, implicando a los profesionales y con reducciones o aumentos de las cuotas, en función de las fluctuaciones de las poblaciones de peces.
Quisiera hacer un último comentario. Si introducimos una legislación más estricta en el ámbito de la pesca, ¿se reducirá la demanda de los consumidores o, por el contrario, aumentarán más las importaciones desde otros países? ¿En beneficio de quién? ¿Cómo podemos evitar este efecto pernicioso? Nos gustaría obtener respuestas a todas estas preguntas.

Langenhagen (PPE-DE).
Señor Presidente, alguien ha dicho antes que los langostinos producen ingresos mucho más altos que el bacalao. ¿Significa esto que el bacalao se quedará fuera del menú en el futuro, tal y como sucede al parecer en Terranova? Esto me recuerda un chiste. ¿Para qué necesitamos bacalao cuando tenemos varitas de pescado? Pero en serio, hemos estado preparando esta reforma del 1 de enero de 2003 durante años y ¿qué ha presentado finalmente el Parlamento Europeo? Mucha gente dice que esto es mucho ruido y pocas nueces, porque el fuerte viento del cambio previsto en las pesquerías europeas es ahora poco más que una suave brisa. Y creo que la Asamblea ha dado a luz no a una reforma, sino como mucho a una minirreforma. Bien, sea como fuere...
En lugar de salvaguardar las poblaciones de peces a largo plazo, la consigna es mantener el status quo a corto plazo y de forma miope. Palabras duras, pero yo les apoyo. Apenas la reforma real que todo el mundo supuestamente quería. A un rayo de esperanza para los recursos agotados, sino más bien un fatal «¡bajad la mirada y a la carga!» Tenemos demasiados barcos en busca de cada vez menos peces, encontrándose algunas poblaciones en un estado de colapso total. No pueden ustedes ignorar los hechos, incluso si piensan que puede hacerles perder su escaño. ¿Realmente creen que la gente no cala a los políticos? No puedo seguir prestando apoyo a las ayudas públicas para los nuevos barcos con la conciencia tranquila sabiendo que simplemente tenemos demasiados barcos. Si la construcción de nuevos barcos fuese un negocio rentable con buenas perspectivas de beneficios, ¿no estarían haciendo cola los bancos para repartir dinero?
Pero no lo están haciendo, no existen buenas perspectivas de beneficios y sin embargo esperamos que los contribuyentes europeos intervengan, quieran o no. Esto es totalmente estúpido. Triste, pero cierto. Y no habrá ninguna perspectiva de beneficios si no lo replanteamos y hacemos recortes radicales.

Kindermann (PSE).
Señor Presidente, esta noche estamos debatiendo tres propuestas de reglamento que forman lo que considero la parte más importante del paquete de reformas de la política pesquera común y por lo tanto debemos recordar por qué urge tanto la reforma. Uno de los motivos principales es que las poblaciones de varias especies se encuentran en un nivel crítico. Hay muy pocos peces para demasiados barcos de pesca y las normativas propuestas deben juzgarse en este contexto. El Parlamento debe reunir valor y mantenerse firme si se toma en serio la protección de las poblaciones de peces. Desgraciadamente, los informes del Sr. Varela Suanzes-Carpegna no siguen el hilo de una reforma real. No creo que las pequeñas correcciones cosméticas sean de ninguna utilidad a largo plazo, tanto para los pescadores como para las poblaciones en peligro, que se encuentran al borde del colapso.
Ni estoy totalmente de acuerdo en que deberíamos cuestionar las medidas de desguace voluntario propuestas por la Comisión. Aquí cabe destacar el carácter voluntario; para mi, todo lo demás son sólo palabras. Para mí, ninguno de los informes es aceptable en su forma actual y no puedo votar a favor. El hecho de que todas las medidas propuestas necesiten un suave aterrizaje social y económico es una de nuestras principales demandas y creo que todos nosotros estamos de acuerdo en eso. Pero el debate de hoy trata de las reformas propuestas, no de la pérdida del Prestige, y no debemos confundir estas cuestiones. Estamos con los pescadores gallegos, pero sin perder de vista el balón.

Attwooll (ELDR).
Señor Presidente, necesitamos asegurar la viabilidad de este sector vital para el empleo y la cohesión económica y social en las zonas costeras de la Unión. Necesitamos mantener unos ecosistemas marinos sostenibles que conserven las poblaciones de peces para las generaciones futuras. La resolución del Parlamento sobre el Libro Verde identificaba el objetivo fundamental de la PPC como la consecución de un equilibrio entre ambos aspectos.
Las enmiendas del Grupo ELDR al Informe Jové Peres intentan asegurar el futuro a largo plazo del límite de las 12 millas y de la estabilidad relativa. Ambas cosas son esenciales para la sostenibilidad de las frágiles comunidades costeras y de las poblaciones de peces de las que éstas dependen. Nuestro objetivo es especificar con mayor claridad las demás medidas que es necesario adoptar para proteger a las poblaciones de peces. Preferiríamos rebautizar los consejos consultivos regionales como consejos regionales de gestión. Este nombre deja claro que dichos consejos deberían contribuir de manera efectiva a la formulación y aplicación de las medidas necesarias en el marco de la PPC reformada.
En particular, debemos utilizar dichos consejos para contribuir a la obtención de los conocimientos más completos posible sobre el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Por ejemplo, investigaciones recientes sugieren que aumentar, en vez de reducir, las cuotas de cigalas podría tener, de hecho, un efecto positivo para la regeneración de las poblaciones de bacalao.
Finalmente, lograr un equilibrio entre la viabilidad del sector y la sostenibilidad de las poblaciones de peces no ha de ser sólo una preocupación de la reforma de la PPC. Es exactamente lo que se requiere en el contexto de la crisis actual del bacalao. Es bueno que la Comisión se haya ocupado de los problemas socioeconómicos, pero hasta ahora las medidas se asemejan a la receta de un par de aspirinas para curar un caso grave de neumonía. Por consiguiente, apoyamos formalmente la resolución. Confiemos en que una aplicación adecuada de la reforma de la PPC impida que en el futuro vuelvan a repetirse otras crisis como esta.

Piétrasanta (Verts/ALE).
Señor Presidente, las disposiciones que se someterán a votación el jueves constituirán el cuerpo legal principal de la PPC para los próximos diez años y regularán las ayudas pesqueras y la creación de un fondo de emergencia destinado a resolver el problema del exceso de capacidad de las flotas de la Unión. Depende de los Estados miembros decidir sobre su plan de acción durante este tiempo.
Quiero romper una lanza a favor de la pesca a pequeña escala, que afecta al mayor número de empleos y permite sobrevivir a muchas familias de pescadores tradicionales. Hasta ahora ha sido la pesca industrial la que se ha fomentado cada vez más y me gustaría dar las gracias al Comisario Fischler por las propuestas que ha hecho en su presentación sobre la política general en este ámbito.
En primer lugar, cuando las ayudas del IFOP se emplean para construir barcos cada vez mayores y más poderosos, los Estados miembros, por supuesto, fomentan una pesca mayor y menos selectiva, lo cual tiene un efecto perjudicial en los pequeños comerciantes, que se preocupan por conservar barcos eficaces que se mantienen en buen estado y que por lo tanto proporcionan buenos niveles de seguridad sin dañar el medio marino. Nos gustaría que se concediese más dinero a las empresas, especialmente de los Fondos Estructurales. Este dinero también puede emplearse para adquirir equipos mejores, no para destruir barcos. También deberíamos dar acceso, por ejemplo, a los barcos pequeños con menor potencial a las zonas reservadas para que las utilicen como su recurso principal. Los Estados miembros podrían aplicar medidas similares para fomentar el acceso a los mercados en los que los pescadores a pequeña escala, cuyas actividades no están tan bien estructuradas como las de los pescadores a gran escala, tienen una menor influencia en el área de gestión. Por ejemplo, puede prestarse ayuda a las pesquerías y a las subastas de pescado. En lo que respecta a la representación de los pescadores en los consejos consultivos de la Comisión, debemos estimular a las pequeñas empresas. Deberíamos aumentar la representación de los pescadores tradicionales, especialmente en las comisiones regionales de pesca, en las que las asociaciones profesionales pueden expresar sus puntos de vista. Los tribunales sectoriales del Mediterráneo son un buen ejemplo de esto. De este modo podrían defender sus intereses con más energía. Por último, son siempre los pescadores a gran escala los que pueden ir más lejos, a África, por ejemplo a Senegal, en donde las especies se pescan en mayor grado, o a otros países cuyos recursos pesqueros son esenciales para la economía local. Así contribuyen al agotamiento de las poblaciones, lo cual es dañino para los pescadores locales y para los pescadores de todo el mundo.
Por lo tanto, estas son algunas propuestas que podemos hacer para fomentar la pesca a pequeña escala.

Paisley (NI).
Señor Presidente, los acuerdos adoptados con respecto a la pesca de bacalao en el Mar de Irlanda discriminarán drásticamente a la flota de Irlanda del Norte. Ésta ha hecho más sacrificios que ninguna otra flota de la Unión Europea. Ha sufrido una poda tras otra, una y otra vez. Los pescadores de Irlanda del Norte son quienes más desean mantener unas pesquerías sostenibles en el Mar de Irlanda. El bacalao representa el 10% de todo el pescado desembarcado anualmente en Irlanda del Norte.
Los pescadores norirlandeses se oponen a las presentes propuestas. Éstas no constituyen una opción económica viable, ni para los pescadores, cuyos activos no se utilizarán realmente en su totalidad, ni para los gobiernos, que gastarán cantidades considerables de dinero en ayudas sin conseguir un cambio a largo plazo que asegure un futuro viable para la industria. Los pescadores han impulsado en Irlanda del Norte las siguientes alternativas: continuación del desmantelamiento dirigido de las flotas; prohibiciones de pesca en tiempo real; medidas técnicas de conservación adicionales. 
Los pescadores desean colaborar con los científicos, pero los científicos que asesoran a la Comisión no quieren trabajar con ellos. Asistí a una reunión a la que se había invitado a los científicos para que observasen el Mar de Irlanda, pero éstos ni siquiera quisieron ir a verlo. Habían preparado un barco para ellos y ni siquiera quisieron embarcar en él. Yo considero que si los científicos no pueden embarcarse y argumentar su caso en el Mar de Irlanda, lo que en realidad plantean no deben ser argumentos científicos.
El presidente de la Comisión de Pesca tiene una propuesta que garantizaría más fondos para la investigación de los efectos de las medidas que ya se están aplicando. Esto es muy importante. Tenemos que saber si todos los sacrificios que hicieron los pescadores en el pasado han sido de alguna ayuda para la industria pesquera y si ha sido así, se deberían aportar las pruebas científicas que lo demuestren. Éstas deben ser refrendadas y se debe realizar una evaluación adecuada de las medidas que ya se han impuesto antes de adoptar nuevas decisiones que tendrán un efecto discriminatorio para la flota pesquera de Irlanda del Norte. Los temores a una discriminación no son mitos sino hechos recalcitrantes en Irlanda del Norte. Necesitamos una auténtica evaluación de los logros conseguidos por las anteriores restricciones y toda la información disponible, para poder examinarla.
Los pescadores de Irlanda del Norte han hecho grandes sacrificios en el pasado, pero ahora están convencidos de ser objeto de un ataque. Por ejemplo, desde Dublín se ha anunciado que los buques serán más grandes y mejores. Se va a cumplir un sueño atlántico financiado en parte con la ayuda de la UE, mientras se obliga a los pescadores de Irlanda del Norte a destruir sus buques.
Finalmente, quisiera añadir que no sólo se verán afectados los pescadores, sino también sus familias, y esto supondrá la muerte de las poblaciones pesqueras y de las esperanzas de futuro de esas personas.

Lage (PSE).
Señor Presidente, Señorías, los informes que estamos debatiendo están bien estructurados, contienen exposiciones de motivos útiles, plantean buenos argumentos y, como ha dicho la Sra. Figueiredo, deben ser muy bien acogidos. Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones. La regla de oro para cualquier política pesquera es la conservación de las poblaciones y la prioridad fundamental debe ser la conservación de éstas y de la vida marina, ya que, utilizando una metáfora culinaria, al igual que no se puede hacer una tortilla sin huevos, no se puede pescar si no hay peces. Este problema surgió por primera vez hace mucho tiempo, en torno al 1600, cuando un reconocido jurista, Hugo Grotius, escribió un libro titulado «Mare liberum», en el que abogaba por el principio de la libertad de navegar por los mares, que posteriormente se convirtió en un principio de derecho internacional. Ya entonces, algunos juristas añadieron que esto también implicaba la libertad de pescar, lo cual podría conducir al agotamiento de las poblaciones. Como pueden apreciar, este es un problema antiquísimo.
En otras palabras, la libertad para pescar debe estar condicionada a los recursos marinos disponibles. Proteger los recursos marinos no consiste solamente en garantizar el futuro de la pesca, sino que implica un valor biológico, un valor esencial de humanidad y de vida en la Tierra. Por lo tanto, no podemos tener discursos intrínsecamente contradictorios en los que abogamos por una cosa y también por lo contrario; discursos en los que, por una parte, exigimos la conservación de las poblaciones, pero también reclamamos inmediatamente el derecho a la pesca prácticamente ilimitada e incondicional.
Dicho esto, me gustaría decir algo al Comisario Fischler: tal y como ha dicho la Sra. Miguélez, lo que es admirable del Comisario Fischler es su indiferencia por el destino de los pescadores y de las comunidades pesqueras, además de su falta de sensibilidad. De hecho, necesitamos mostrar solidaridad y comprensión hacia los pescadores, especialmente hacia aquellos que, como ya se ha dicho, están sufriendo ahora las consecuencias de un naufragio terrible y criminal.

Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, voy a centrar mi intervención en la crisis del bacalao. La situación es especialmente mala y a menudo se hace referencia a lo que sucede en Terranova, donde la pesca ha llegado al punto en que los Grandes Bancos están vacíos, pero también deberíamos poner en marcha medidas drásticas para detener la pesca excesiva. Sin embargo, no siempre hemos hecho esto en el pasado.
A modo de comparación, en la década de 1960 había escasez de bacalao, que vino seguida de un enorme excedente en el Mar del Norte en la década de 1970. Hasta la fecha nadie puede explicar a qué se debió. No sabemos lo suficiente, y realmente no todo lo que hay que saber, sobre el bacalao.
En 2000-2001 se impusieron recortes del 40%, una medida bastante drástica. Los efectos de dicha medida han dejado al sector con escasa capacidad de recuperación para soportar más reveses. El sector se encuentra bajo presión y se espera que nosotros adoptemos un enfoque cuidadoso. No deberíamos considerar las reservas del año pasado como una opción; éstas tuvieron un efecto negativo sobre las poblaciones de bacalao. Este es un ejemplo de toma de decisiones precipitada, en lugar de cuidadosa, con un efecto negativo.
Huelga decir que la situación es muy preocupante, pero quiero repetir que necesitamos producir información mucho más clara antes de poder adoptar medidas draconianas de este tipo. No podemos vender esto a la gente que trabaja en la industria pesquera. No podemos limitarnos a suspender la pesca del bacalao. Realmente no podemos pasar el problema al sector de los peces planos, ya que el bacalao se pesca en dicho sector a modo de línea secundaria. Ni las poblaciones de peces planos, ni las poblaciones de bacalao justificarían esto.
No estamos hablando solamente de las poblaciones de peces, sino también de las implicaciones socioeconómicas de otra intervención importante. Por lo tanto, deberíamos pensarlo detenidamente y tomar decisiones informadas. Por ello me satisface la resolución del Sr. Stevenson. Deberíamos pensar en alternativas, pensar en cortar el vínculo con los peces planos y plantearnos la creación de un fondo de compensación.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señor Comisario, dicen que una de las características del ser gallego es contestar a una pregunta con otra pregunta, y yo voy a empezar justamente mi intervención con una pregunta haciendo honor a mi condición de gallego. 
¿Por qué se hace, Sr. Comisario, Señorías, la reforma de la política común de pesca precisamente dentro del año 2002? Se hace porque acaba un período transitorio para España y Portugal. Desde 1986 hasta hoy, España y Portugal no tuvieron derechos iguales a de los demás Estados en los mares que son de todos, los mares comunitarios.
Pero esta realidad no aparece por ningún sitio; aparece sí, en el documento de la Comisión, pero este Parlamento la ha negado. 
Estamos elaborando una serie de documentos, de reglamentos, como si el motivo principal de la reforma no fuese, justamente, el hecho de que desde 1986 han entrado en la Comunidad Europea cinco nuevos Estados y éstos han de tener los mismos derechos en los mares comunitarios que tenían los Estados miembros cuando en la Comunidad Europea eran seis o diez. No se deben mantener privilegios y discriminaciones de tal forma que esos Estados sean considerados aún como intrusos en mares que son de todos.
Dicho esto, ahora estamos asistiendo a una confusión tremenda. Se confunden los privilegios con la conservación de los recursos. Para justificar los privilegios se dice que se quieren conservar los recursos. Todos queremos conservar los recursos, el problema no es ése; nosotros aceptamos todas las decisiones justas para conservar los recursos; el problema es cómo se reparten entre las flotas los recursos que científicamente, razonablemente, con sentido común, aplicando el principio de precaución, se decida que son los justos. Y esto no se está aplicando. De tal forma es así, que esta reforma está hecha contra España y contra Portugal, y desde luego, contra Galicia, tan mencionada hoy, porque ni siquiera se aceptó que fuera considerada como territorio dependiente de la pesca.
Mantener - acabo señor Presidente - el principio de estabilidad relativa, despreciar la pesca internacional, no tener en cuenta que hay que .....
(Interrupción del Señor Presidente)
Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, represento a un país en el que la pesca y el mar son parte integrante de su historia y en el que el sector de la pesca genera unos cincuenta mil empleos. En este contexto es preciso realizar cierta crítica fundamental a las propuestas de la Comisión. Estas propuestas son inaceptables tal como están formuladas.
Nuestra primera crítica se refiere a que poner fin a las ayudas para la modernización de la flota es totalmente inaceptable. Dado que el 40% de la flota de Portugal tiene más de 25 años, esto marginaría definitivamente a la abrumadora mayoría de pescadores portugueses y les impediría realizar cualquier modernización. Nuestra segunda crítica es que la prohibición de la ayuda para la creación de empresas comunes para la pesca fuera de aguas comunitarias solamente servirá para aumentar nuestras importaciones desde terceros países; por lo tanto, sería sensato seguir permitiendo a los barcos clausurados de la flota comunitaria pescar en las aguas de terceros países a través de estas empresas conjuntas. Por último, hay que tener en cuenta los esfuerzos que algunos países, en este caso Portugal, han realizado ya conforme a los Planes de Orientación Plurianuales para la pesca, en los que debería considerarse el esfuerzo que ya se ha hecho para reducir la flota y deducirse de sus objetivos.
Para concluir, Señor Comisario, también me gustaría decir que a otros problemas no se les ha otorgado la consideración que merecen. Por ejemplo: si existe un programa de conservación de las poblaciones, ¿por qué seguimos permitiendo que haya pesca para la fabricación de harina de pescado? Asimismo, ¿por qué no se han previsto medidas específicas para las regiones más alejadas, cuyos ecosistemas acuáticos son extremadamente sensibles? Es esencial, a este respecto, hallar una solución específica para estas regiones más alejadas que, en el caso de Portugal, son Madeira y las Azores. También espero que la opinión emitida por el Parlamento Europeo tenga en cuenta los aspectos que no han sido considerados y que el Consejo pueda llegar a un acuerdo razonable.

Stihler (PSE).
Señor Presidente, voy a centrarme en la crisis del bacalao. Hoy será un día trágico si nos hemos reunido aquí no para centrarnos en una reforma positiva de la PCC, sino para debatir el destino de la pesca en el Mar del Norte. Como todos sabemos, ISIS ha recomendado que no se pesque eglefino y pescadilla en esas áreas salvo que pueda demostrarse la utilización de medios para pescar esas poblaciones - y cito - «sin capturas accesorias o descartes de bacalao». ISIS también ha sugerido fuertes restricciones en la pesca de cigalas, platija y lenguado con - y cito - «estrictas restricciones en las tasas de captura y descarte de bacalao con una supervisión efectiva del cumplimiento de esas restricciones».
Me complace que la Comisión haya abandonado su discurso de una moratoria para todas las especies. Sin embargo, por desgracia, dado el carácter de la pesca mixta, el 80% seguiría significando lo mismo en la práctica: el cierre de las pesquerías en el Mar del Norte.
Quiero elogiar el trabajo de los Ministros de Pesca del Reino Unido y de Escocia: el Ministro de Pesca del Reino Unido, Elliot Moreley, el Ministro de Pesca escocés, Ross Finny y la Secretaria de Estado para Escocia, Helen Liddle. Todos están luchando por el futuro de la pesca en Escocia y la decisión última está en sus manos, y no en las nuestras. Sin embargo, tenemos que analizar qué tipo de futuro deseamos. ¿Queremos realmente decir: «que se fastidie el bacalao, vamos a permitir que la pesca continúe, esperando que todo salga bien, a las demás poblaciones no les va a pasar lo mismo que al bacalao»? O, por el contrario, ¿queremos trabajar, de una forma cooperativa, con la industria, los Ministros y otras organizaciones para intentar lograr una solución común?
Sea cual sea la solución que se acuerde, el cambio es inevitable. En estos momentos, no hay ninguna contrapropuesta del RU/Escocia a la propuesta de la Comisión. Sin embargo, no es posible no hacer nada ante el descenso de las poblaciones de bacalao. Sigue pendiente la complicada tarea de alcanzar una cuota que sea sostenible y al mismo tiempo creíble desde el punto de vista científico. Las próximas dos semanas serán vitales para encontrar una solución a esta crisis.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, mi intervención también trata de la crisis pesquera del bacalao. Los investigadores del Consejo Internacional para la Explotación del Mar han averiguado que las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y el Skagerrak están amenazadas de colapso total. Reclaman una prohibición total. ¿Escuchamos acaso sus consejos y sugerencias? No, estamos tratando de encontrar todo tipo de argumentos para evitar asumir nuestra responsabilidad. Creo que es vergonzoso oír a los diputados en esta Asamblea, sobre todo al presidente de la Comisión de Pesca, culpar a la Comisión cuando está haciendo todo lo posible por asumir su responsabilidad.
El veredicto del CIEM sobre el Báltico es posiblemente un poco más difícil de interpretar, pero parece como si pretendiesen adoptar el punto de vista más optimista con respecto, por ejemplo, a la pesca ilegal. Sin embargo, Suecia ha decidido aplicar una prohibición de pesca unilateral sobre el bacalao, dado que vivimos conforme al principio de cautela. Si no lo hacemos, puede significar la total destrucción del futuro de la industria pesquera.
Ahora mi pregunta a la Comisión es: ¿apoya la Comisión plenamente la prohibición de pesca unilateral sueca? ¿Podría repetir el Comisario Fischler lo que dijo cuando estuvo recientemente en Suecia, que él también apoya la compensación para los pescadores?

Lisi (PPE-DE).
Señor Comisario, una vez más, esta noche ha oído usted a numerosos diputados expresar su descontento por diversos motivos, y esto se ve intensificado por los problemas que existen en el Mar del Norte y en Galicia - y hacemos llegar a la gente de estas regiones nuestro más sentido pesar -, aunque no creo que el enfoque del Sr. Nogueira fuese el modo más adecuado de defender la causa de Galicia; por ello me gustaría hacer un llamamiento a los demás diputados para que sean más objetivos y conscientes del hecho de que este es, en realidad, un problema que afecta a toda Europa.
Sin embargo, Señor Comisario, hay algo que todavía no llego a comprender. Tenemos las mismas perspectivas y metas y entendemos las preocupaciones expresadas por la Comisión: entendemos sus preocupaciones sobre la conservación de las poblaciones; entendemos sus preocupaciones en torno a la congelación del esfuerzo pesquero. El Parlamento está de su parte. Incluso estamos de acuerdo en proporcionar incentivos al desguace y, por lo tanto, animar a algunos pescadores a que dejen el sector pesquero. Sin embargo, no logro entender por qué no conseguimos llegar a un acuerdo. Usted sigue negando que la modernización, específicamente la modernización de la flota, sea esencial, aunque en nuestros países los buques pesqueros tengan las peores condiciones de trabajo que todavía existen en Europa. El otro punto que me gustaría mencionar es la fiabilidad de los datos científicos, que hemos comentado en numerosas ocasiones. Por ello, no creo que no pueda alcanzarse un acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, dado que nuestras metas son las mismas.
Señor Comisario, me gustaría añadir solamente una cosa: considere las implicaciones políticas si fracasamos en este tema. Nos encontramos en vísperas de la redefinición de la Europa que queremos, y queremos que sea más intergubernamental y que esté más basada en la Comunidad. Si usted fracasa, será la prueba de que una organización más basada en la Comunidad significa una Unión Europea que está más apartada de los ciudadanos y menos atenta a sus preocupaciones. No creo que fracasemos, pero debemos librar juntos esta batalla, para garantizar que no se pierda todo lo que hemos construido en los últimos 50 años.

Poignant (PSE).
¿Señor Comisario, cómo podemos convencerle de que restaure la ayuda estatal? Usted es tan testarudo en esta cuestión como un pescador de altura. Ha concedido pequeños caladeros para los buques de menos de 12 metros de eslora, lo cual es positivo. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es debido a que el dinero es dinero público por lo que los peces están desapareciendo. Y usted es consciente de que sin la ayuda del Estado, los pescadores de alta mar, o por lo menos varios de ellos, prolongarán la vida de los barcos, utilizándolos para la pesca en el mar durante más tiempo. Sin embargo, un barco viejo es un barco peligroso. Un viejo arrastrero es tan peligroso como un viejo petrolero.
Ahí están los datos estadísticos de Francia, publicados hace unas semanas. Conforme a la Oficina de «Investigación de Accidentes», se han producido 30 naufragios y han fallecido 22 personas. Sin embargo, ¿qué tipo de barcos están implicados en ellos? Todos tenían más de 30 años, eso es obvio. Sin embargo y sobre todo, la mayoría de ellos se modernizaron hace unos meses o poco tiempo antes del accidente, en otras palabras, fueron desestabilizados y hechos más pesados, ya que los pescadores no tienen otra elección.
Por ello creo y espero que, en diciembre, también encuentre una respuesta para los barcos de más de 12 metros de eslora, en otras palabras, para la pesca a pequeña escala, que depende no sólo del tamaño de los barcos, sino también del patrón a bordo. Usted quiere encontrar una solución sin aumentar la capacidad. Estupendo. La pesca a pequeña escala no cuenta con una financiación adecuada y así, sin un impulso por parte del Estado, nada cambiará.
Por mi parte, creo que necesitamos una solución distinta a «nada», así que espero que adopte un planteamiento ligeramente más flexible al final de este debate.

Maat (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo gallego y con los diputados del PE que provienen de esa región. Dados los recientes acontecimientos, es justo y oportuno que la Unión Europea y la Comisión manifiesten su solidaridad.
Observo que, de hecho, el Comisario ha tomado el toro por los cuernos con respecto a lo que sucede en relación con las poblaciones de peces. Es cierto que, en cuanto al bacalao, existe un problema. Es cierto también que el bacalao puede encontrarse en otros lugares, pero el hecho es que los niveles de bacalao en el Mar del Norte se encuentran en su mínimo histórico. Sin embargo, también deberíamos tener cuidado si queremos adoptar una gestión justa y sana en Europa, y no tirar la fruta sana con la podrida. Deberíamos analizar la situación de forma equitativa y considerar las causas subyacentes. Por supuesto existe el calentamiento en cierto grado del agua del mar, pero también deberíamos examinar primero las causas probables de la sobrepesca. ¿Por qué no existía un control de las cuotas? Centrémonos principalmente en estas cuestiones.
Ahora quisiera referirme al tema siguiente. Es inaceptable que paguen justos por pecadores. Si la Comisión indica que también cree que debería reducirse la cuota correspondiente a los peces planos, por ejemplo, un 30% y un 40%, en ese caso debo decir que no lo apoyo. Una buena gestión de las cuotas en este sector concreto ha significado que, hablando en términos relativos, este sector va bien, considerando realmente los recortes drásticos de las capturas adicionales. Por este motivo la cuota de pesca de peces planos puede recortarse de forma desproporcionada en comparación con la del bacalao, como ha sucedido en Dinamarca, Alemania y ciertamente en mi país, los Países Bajos.
También me gustaría añadir que en el plazo de diez años, las capturas de bacalao de los Países Bajos se han reducido un 70%. Es inaceptable para los pescadores tener que sufrir adicionalmente por el lenguado y la platija. Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble, es esencial que su política en relación con los peces planos no se aplique a otros sectores, y asumo que la Comisión actuará también equitativamente al respecto.

Lund (PSE).
Señor Presidente, creo que la reforma de la política pesquera común es uno de los problemas más apremiantes que tenemos en la UE e, incluso aunque el Comisario Fischler parezca un poco cansado, la propuesta de una nueva reforma pesquera merece grandes elogios. Existe una necesidad real de establecer una política de pesca que cree un equilibrio entre los recursos y su uso, que se base en el principio de la sostenibilidad y que tenga mucho más en cuenta las consideraciones medioambientales y ecológicas que la política anterior. Necesitamos los planes de gestión plurianuales propuestos por el Comisario, basados en el asesoramiento científico y que se apliquen a todas las poblaciones. Debemos dejar atrás las loterías de cuotas anuales y la resolución de crisis de emergencia que se producen todos los años.
El colapso de las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y el Skagerrak es, en realidad, todo un juicio sobre la política pesquera hasta la fecha. Si los Estados miembros hubiesen seguido los consejos y las advertencias de los científicos, incluida la propuesta de la Comisión de junio del año pasado de un plan de rescate, este colapso posiblemente no se hubiese producido. La falta de seguimiento y responsabilidad política por parte de los gobiernos es la que está dando lugar ahora a diversas consecuencias sociales, ambientales y económicas en la región implicada.
Necesitamos reducir la flota pesquera en conjunto, algo que a la fuerza significa utilizar las ayudas para eliminar el exceso de capacidad de la flota pesquera y, si fuese necesario, para apoyar a los pescadores afectados por las medidas requeridas. Sin embargo, no debemos utilizar las ayudas para renovar y convertir la flota pesquera. Por otra parte, necesitamos establecer una supervisión común de la pesca mucho más eficaz. Sobre este aspecto, el Comisario debería saber que hará falta ayuda.
No puedo apoyar los informes del Sr. Varela. Creo que ambos están mal encaminados. Espero que pueda aplicarse una reforma pesquera sostenible antes de Año Nuevo y sería útil si el Comisario pudiese confirmar que el trabajo prosigue de acuerdo con este calendario y si pudiera facilitar sus valoraciones de las opciones.

Piscarreta (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en el marco de la reforma de la política pesquera común, la Comisión ha decidido avanzar con una enmienda al reglamento sobre la política estructural de pesca, estableciendo medidas de emergencia para la destrucción de barcos e incluso disponiendo un incremento de las primas de desguace, a pesar del hecho de que Europa se encuentra actualmente en un período de restricciones presupuestarias.
En nuestro debate conjunto sobre esta propuesta, en primer lugar me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar al ponente, el Sr. Varela Suanzes-Carpegna y destacar la gran calidad del trabajo que ha sometido a nuestra consideración. Al igual que el ponente, reconozco que la propuesta de la Comisión es bastante inaceptable. Sin cuestionar el concepto completo del desguace de barcos, debo hacer hincapié en la naturaleza irreversible de esta medida y llamar la atención sobre sus enormes costes socioeconómicos en el Estado miembro que yo represento, y especialmente en mi región, el Algarve.
Esta es la realidad de la situación en Portugal: cincuenta mil empleos en el sector pesquero, el 90% de los barcos son viejos y pequeños y practican métodos tradicionales de pesca. Me gustaría señalar que hay otras medidas que no son irreversibles y que causarán menos trastornos para conseguir un equilibrio entre la capacidad de la flota y los recursos pesqueros disponibles. Portugal ha estado muy comprometida con el cumplimiento e incluso la superación de sus objetivos para los planes de orientación plurianuales, a diferencia de otros Estados miembros, que no han hecho esfuerzo alguno o que incluso han aumentado la capacidad de su flota, con total impunidad. Portugal está cada vez más preocupada al ver que la Comisión ignora esta situación, rechaza las inspecciones y sigue pidiendo ciegamente a todos los Estados miembros que hagan los mismos sacrificios.
Volviendo a la propuesta de la Comisión, el repentino desvío de fondos del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) plantea serias dudas en el plano jurídico, financiero y presupuestario. Por lo tanto, deviene injustificable a todos los niveles reprogramar los fondos ya destinados para el período hasta 2006 y que han sido planeados junto con los órganos nacionales y regionales y los operadores económicos y sociales. Como el ponente ha dicho con acierto, esta propuesta de la Comisión parece ser, más que nada, un salto al vacío.
Fischler
Señor Presidente, Señorías, quisiera darles las gracias por el extenso debate que hemos tenido. Me gustaría decir a todos aquellos que han hecho referencia al naufragio del Prestige que quizás no ha quedado claro en mi primera intervención que nosotros, con lo que me refiero a los servicios responsables del transporte marítimo en la DG de Transporte, bajo la dirección de la Sra. Loyola de Palacio, los expertos medioambientales bajo la dirección de la Sra. Margot Wallström, los expertos en Fondos Estructurales y mis expertos se han unido para formar un grupo de trabajo. Todos los expertos llevan ya un tiempo en Galicia y han estado considerando ideas in situ, junto con las instituciones responsables, sobre cómo ayudar del mejor modo en este caso.
En la medida en que está implicada la responsabilidad directa sobre la pesca, como saben, las normas actuales solamente permiten utilizar un 4% de los recursos estructurales totales destinados a la pesca para la compensación en caso de desastre. He dicho que esto es muy poco. Necesitamos hacer más en este caso y estoy tratando de hacer algo al respecto. Estiraré los artículos en la medida de lo posible sin llegar a incumplirlos. También estamos dispuestos a ver, junto con el Gobierno español, cómo podemos destinar recursos estructurales para la pesca al mejor uso posible en este caso. Queremos que las normas de compensación sean suficientemente flexibles como para incluir actividades conjuntas realizadas por grupos u organizaciones en el sector pesquero.
Realmente no podemos ignorar por completo en este caso el principio de quien contamina paga, pero como saben, existe una especie de solidaridad al respecto, en la forma de un fondo de 300 millones de euros, que la Comisión ha demandado aumentar a 1 000 millones de euros desde hace algún tiempo, de hecho desde hace unos meses. En este caso no depende de la Comisión tomar la decisión; se trata de una decisión del Consejo.
Ahora me referiré al plan del bacalao y a la pregunta oral. Debo rechazar de forma categórica lo que el Sr. Stevenson ha dicho de que todo se basa en datos obsoletos y que por lo tanto no son muy relevantes. Estos son los últimos datos disponibles y las evaluaciones no fueron realizadas por un grupo de científicos cualesquiera, sino que las hicieron científicos de todos los Estados miembros que trabajaron en grupo, fueron remunerados por los Estados miembros y tuvieron que llegar a un veredicto común. Decir esto constituye un ejercicio académico que, si desean, pueden ustedes ignorar, y que está totalmente fuera de lugar.
En su mayor parte, se utilizan datos de capturas de 2001. Si 2001 registró unos resultados tan dramáticos, está claro, conforme a las pautas de las poblaciones, que 2002 registrará datos todavía peores. Si ustedes creen que todos estos peces se han desplazado a Islandia, no se hagan ilusiones. ¿Por qué es mejor la situación en Islandia? Porque los islandeses introdujeron un plan de gestión plurienal para el bacalao hace unos años. Somos nosotros los que necesitamos ponernos al día, no al revés. Y necesitamos ceñirnos a los hechos si queremos avanzar en este terreno.
Veamos ahora los informes. Me gustaría comentar principalmente las enmiendas propuestas, en primer lugar en relación con el informe del Sr. Jové Peres y la gestión de poblaciones. Me complace mucho aceptar las enmiendas 4, 14, 27 y 30, porque la Comisión también considera que la gestión de la pesca debería incluir aspectos sociales y económicos. Sin embargo, debo rechazar la enmienda 2, ya que las consideraciones económicas no pueden utilizarse como excusa para atenuar las medidas necesarias. También debo rechazar las enmiendas 24, 31 y 99, porque nuestra formulación del principio de cautela sigue la línea de la legislación marítima internacional y por lo tanto no puede atenuarse.
Las enmiendas 19 y 50 no plantean ningún problema importante; sin embargo, el principio de cautela ya tiene en cuenta las consideraciones medioambientales de por sí y por lo tanto considero que estas enmiendas son superfluas. Sin embargo, agradezco su apoyo a los planes de gestión plurianuales, señor Jové Peres, y con mucho gusto acepto las enmiendas 1, 3, 6, 29 y 32. No puedo aceptar las enmiendas 35 y 36 porque depende del Consejo establecer el marco para los planes de gestión. Sin embargo, acepto de buen grado la enmienda 22 sobre las directrices internacionales para la gestión de la pesca sostenible. Debo rechazar las enmiendas 67 y 68, aunque estoy de acuerdo con que necesitamos urgentemente mejores datos científicos sobre las poblaciones de terceros países y remitiremos al Parlamento una comunicación independiente sobre este tema en primavera de 2003.
Con respecto al acceso a las aguas y las poblaciones, acepto con mucho gusto las enmiendas 8 y 46, pero debo rechazar las enmiendas 70 a 74 y 94, ya que creo que necesitamos mantener la zona de doce millas. También debo rechazar la enmienda 45, ya que en 2003 examinaremos las restricciones de acceso, por ejemplo a los caladeros de Shetland. Debo rechazar las enmiendas 9, 47, 95 y 97 sobre una zona económica de 50 millas para las regiones más alejadas, porque se trata de un asunto de legislación nacional. Rechazo las enmiendas propuestas sobre la estabilidad relativa, ya que creo que ésta forma parte de nuestra política pesquera común.
Puedo aceptar las enmiendas 28 y 76 pero debo rechazar la enmienda 11, ya que los servicios jurídicos tanto de la Comisión como del Consejo tienen la opinión unánime de que debe modificarse el sistema para las aguas occidentales y que estos Estados miembros deberían ser tratados en igualdad de condiciones que otros Estados miembros en lo que se refiere al esfuerzo pesquero programado para esta zona.
Y por último, con respecto a la política de flotas, me complace que el ponente esté de acuerdo en general con nuestras propuestas y celebro estas enmiendas. Acepto la enmienda 44, aunque debemos cumplir las disposiciones comunitarias que rigen la protección de datos. También acepto la enmienda 78. Sin embargo, debo rechazar las enmiendas 7, 26, 34 y 39 a 43, porque no añaden nada nuevo sustancial y crean gran número de problemas prácticos.
En lo que respecta a sus enmiendas propuestas al capítulo sobre controles, me complace que muchos de ustedes estén a favor de intensificar los controles y la aplicación de una política pesquera común y acepto de buen grado las enmiendas 51, 57 y 61. Sin embargo, sólo aceptaré las enmiendas 51 y 57 si se retocan ligeramente. No puedo aceptar las enmiendas 52 a 56 ni la 62. Tampoco puedo aceptar la enmienda 12, ya que necesitamos herramientas eficaces si se va a hacer responsables de los daños que causen a aquellos que rompen las reglas. Y esto incluye la reducción de las cuotas.
Con respecto a las consultas y procedimientos de toma de decisiones, debo rechazar las enmiendas 21, 37, 65, 66, 80, 84 y 86 a 89 en nombre del equilibrio institucional, aunque acepto de buen grado su enmienda 64 y parte de la enmienda 85 que tiene que ver con las comisiones consultivas regionales y la exigencia de que también deberían establecerse en terceros países Por último, desgraciadamente no puedo aceptar su enmienda 69, ya que los principios básicos se incluirán en nuestra nueva normativa marco en el futuro.
Sobre los dos informes del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en primer lugar, he dejado bastante claro el punto de vista de la Comisión al respecto. Debo decir, muy a mi pesar, que muchas de las enmiendas propuestas están concebidas simplemente para mantener el status quo. Considero que esto es inaceptable y por lo tanto debo rechazar las enmiendas propuestas que hacen referencia a esto. Estoy convencido de que no tiene sentido dar dinero para desguaces con una mano y financiar nuevos barcos con la otra, porque esto no hace otra cosa que ejercer más presión sobre las poblaciones en peligro y subsidiar una situación tan absurda con cargo al contribuyente.
Tampoco estoy de acuerdo con usted sobre las exportaciones ni las empresas conjuntas. Estos mecanismos no sirven para reducir el exceso de capacidad en sus aguas porque la mayoría de los barcos que reciben ayudas públicas para empresas conjuntas o para la exportación ya estaban pescando en terceros países. Sin embargo, puedo aceptar la enmienda 3 sobre la posibilidad de adaptar la planificación de programa durante el actual período de los Fondos Estructurales. Solamente puedo aceptar la parte de las enmiendas 19 y 37 destinada a promover la diversificación de los barcos fuera de las pesquerías. Por último, creo que la enmienda 27 es superflua.
Con respecto a la propuesta final sobre el desguace, desgraciadamente, debo rechazar las enmiendas 2 y 9, porque si pedimos a los contribuyentes que financien el desguace de barcos con dinero público adicional, entonces solamente es lógico que programemos las ayudas públicas a la renovación de flotas al mismo tiempo. En lo que respecta a las enmiendas 3 a 6 y 8, en este caso también debo discrepar. Los científicos han estado diciéndonos durante años que nuestra flota es demasiado grande y que las poblaciones están disminuyendo bajo la enorme presión de la pesca. Nuestros científicos han llegado a la conclusión en repetidas ocasiones de que solamente con los TAC, las cuotas y las medidas técnicas no es suficiente. En lo que respecta a los fondos adicionales para el desguace, hemos efectuado cálculos basados en valores empíricos. Por supuesto, no son más que estimaciones, pero la mayoría de los Estados miembros los considera un límite superior, por lo que no puedo estar de acuerdo con las enmiendas 3 a 6 y 8.
Tampoco puedo aceptar la enmienda 7, porque la Comisión ha cumplido en efecto sus obligaciones al iniciar acciones públicas por incumplimiento contra los Estados miembros que no alcanzan sus objetivos en cuestión de flotas. En lo que respecta a la enmienda 10, la cuestión aquí es que los Estados miembros deben cumplir todas las condiciones del MAP 4, es decir, los objetivos individuales y los objetivos de flotas generales, si quieren solicitar primas adicionales para el desguace. Cualquier otra cosa pondría en desventaja a los Estados miembros que han conseguido su objetivo de flota general.
Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, el señor Comisario dijo que no se podía tratar el principio de estabilidad relativa porque forma parte de la PCP. Justamente la reforma de la PCP, que deberíamos emprender hoy y en estos días, es la del principio de estabilidad relativa, que no es inmutable. El Sr. Comisario en cambio dijo que otra enmienda era mantener el statu quo.
Quien mantiene el statu quo en mares comunitarios es la Comisión y el Sr. Fischler, señor Presidente.

El Presidente.
- Sobre esta pregunta oral relativa a la crisis del bacalao, se ha recibido la correspondiente propuesta de resolución.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0389/2002) del Sr. Pérez Álvarez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República del Senegal relativo a la pesca en aguas senegalesas, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2006 [COM(2002) 497 - C5-0493/2002 - 2002/0238(CNS)]

Fischler
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar debo darle las gracias, señor Pérez Álvarez, por su informe acerca de la propuesta sobre la celebración de un nuevo protocolo de pesca con Senegal. Me alegra saber que apoya usted esta propuesta, ya que, en virtud de la misma, nuestros marineros podrán seguir faenando en Senegal hasta el 30 de junio de 2006. Opino que este protocolo resulta de gran interés para ambas partes. Senegal recibirá una contribución financiera de dieciséis millones de euros y, al mismo tiempo, ayudaremos a este país a desarrollar una industria pesquera sostenible.
Asimismo, habrá una mayor presencia de observadores y marineros senegaleses a bordo de nuestros buques, a pesar de que ha habido un recorte de sus oportunidades de pesca, de acuerdo con la información facilitada por científicos de Senegal. Se han reducido las zonas de pesca atribuidas a los buques comunitarios y se han reservado las zonas costeras para las flotas artesanales locales. Por último, hemos aumentado los desembarques obligatorios para la industria pesquera senegalesa en el nuevo protocolo. El acuerdo ofrece estabilidad a nuestra flota, ya que el nuevo protocolo estará en vigor durante cuatro años, al tiempo que le otorga flexibilidad, gracias al nuevo sistema de cálculo de las posibilidades de pesca. A su vez, fomentará unos índices de utilización más elevados y, por consiguiente, una mayor rentabilidad. Las autoridades senegalesas han confirmado que nuestra pesca no afectará a las poblaciones, puesto que, incluso durante el período transcurrido de 1997 a 2001, las actividades pesqueras comunitarias representaron sólo entre el 1,7% y el 3,3% del total de las capturas en Senegal. En comparación, nuestros buques representaron un 25% de los desembarques destinados a la industria local en 1997.
Pasemos ahora a comentar las enmiendas propuestas. Aunque apruebo el contenido de las enmiendas 1, 3 y 4, considero que la forma en que se exponen resulta superflua. La Comisión ya ha pasado la información solicitada, tal y como se le exige en virtud de los acuerdos interinstitucionales existentes, especialmente el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento. Por otro lado, no puedo aceptar la enmienda 5, ya que se trata de un protocolo relativo a un acuerdo de pesca. Como apéndice a un acuerdo marco, no se requiere la inclusión de un nuevo mandato para la renovación de un protocolo. Asimismo, debo rechazar la enmienda 2 del protocolo de pesca. No obstante, prometo proponer este tipo de cláusula en las negociaciones de futuros acuerdos de pesca con terceros países.

Pérez Álvarez (PPE-DE)
. (ES) Señora Presidenta, quisiera referirme brevemente al debate anterior sólo para decirle, señor Comisario, que todas esas posibles medidas de aplicación para ayudar a Galicia, las impulse todo cuanto sea posible y las acelere, porque en Galicia los perjudicados tienen carné de identidad y rostro concreto; son los pescadores, sus vecinos, pequeños comerciantes, etc. Y si bien es verdad que quien causa el daño debe pagarlo, los causantes aquí se ocultan bajo las urdimbres jurídicas, bajo el paraguas de la sociedad anónima, y aquí anónima tiene el sentido más literal. Quizás, señor Comisario, sea bueno impulsar medidas de transparencia, claridad y agilidad también en el ámbito del ordenamiento mercantil marítimo.
Paso ya al Acuerdo de Pesca Unión Europea/Senegal, para decir que fija las posibilidades de pesca en aguas senegalesas y las contrapartidas financieras. Creo que la celebración de un nuevo protocolo sobre las relaciones pesqueras entre Senegal y la Unión Europea - especialmente importante ante la falta de acuerdo con Marruecos - debe ser saludada con satisfacción.
El impacto del protocolo, como usted dijo, en las poblaciones de peces en las aguas de Senegal es mínimo, puesto que las actividades pesqueras de la Unión Europea sólo representan entre un 1,7% y un 3% del total de capturas de la zona. Además, las posibilidades de pesca de los buques comunitarios se han reducido en lo que respecta a las poblaciones sensibles y se han acordado medidas de tipo técnico que incluyen una veda biológica de dos meses para aumentar la protección de las poblaciones y reducir el riesgo de competencia con la flota artesanal.
No quiero extenderme demasiado porque muchos datos constan ya en el informe. Permítame, en todo caso, decir que, en lo referente a las especies de mersales, las posibilidades de pesca pelágica desaparecieron y las posibilidades de pesca de atún se mantuvieron en los mismos niveles, que la compensación financiera de la Unión Europea ascenderá de 12 a 16 millones de euros anuales y que de esos 16 millones, 3 estarán destinados a medidas específicas: desarrollo de la industria local y el compromiso informal - lástima que no conste en el acuerdo - de las autoridades senegalesas de destinar el 50% de la compensación total al sector, que es importante porque la economía de Senegal depende en gran medida de la pesca y uno de cada seis senegaleses en activo trabaja en el sector.
Igualmente destacaré que el período de descanso biológico es obligatorio frente a la simple previsión del acuerdo anterior, que la prohibición de la pesca pelágica busca favorecer la conservación de las poblaciones sensibles y promover el sector artesanal y defender la sostenibilidad de la pesca en Senegal. Elementos todos éstos que ratifican cuanto se viene afirmando, como lo son también la fijación de índices menores de capturas accesorias y de mallas de mayores dimensiones. 
No menor importancia tiene la previsión de una mayor presencia de marineros senegaleses a bordo de los buques comunitarios. Quiero insistir, señor Comisario, en una referencia a la enmienda número 3, que tiene un claro contenido social - yo soy vocal en la Comisión de Asuntos Sociales - y que, en síntesis viene a marcar similares condiciones de trabajo, de derechos y de libertades para todos los marineros embarcados en buques de la Unión Europea, sean marineros de la Unión Europea o no. Desde luego, nuestra Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea no hace distinciones y en su artículo primero nos dice que la dignidad de la persona humana es inviolable.
En conclusión, me parece un buen acuerdo: el acuerdo posible siempre es el mejor acuerdo. El acuerdo, evidentemente, es encuentro de voluntades, y muchas veces - casi siempre -, buscando ese acuerdo hay que hacer recíprocas concesiones. No suele ser costumbre de las señorías de este Parlamento el felicitar, pero creo que es un buen acuerdo y que debemos felicitar a la Comisión.

La Presidenta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0390/2002) del Sr. Lage, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan, para el periodo comprendido entre el 3 de agosto de 2002 y el 2 de agosto de 2004, las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Angola sobre la pesca en aguas de Angola [COM(2002) 495 - C5-0492/2002 - 2002/0237(CNS)].

Fischler
Señora Presidenta, Señorías. En primer lugar, debo darle las gracias por su informe, señor Lage. Me alegra saber que apoya usted esta propuesta, en virtud de la cual se concede a los buques comunitarios el acceso a aguas angoleñas hasta el 2 de agosto de 2004. El nuevo protocolo beneficia tanto a la Comunidad como a Angola y contiene algunas cláusulas adicionales que desearía comentar. Científicos locales investigarán anualmente las poblaciones en aguas angoleñas a fin de asegurar el desarrollo de la pesca sostenible. Como base de este conocimiento científico, o mejor dicho, en virtud de este conocimiento científico, las posibilidades de pesca se revisarán de acuerdo con el mismo. Un 36% de la contrapartida financiera se destinará al establecimiento de un marco de cooperación entre la Unión Europea y Angola, para el desarrollo de la investigación científica, la pesca a pequeña escala, la formación y la acuicultura. Esto representa un incremento neto aproximado del 28% asignado a las medidas específicas en el protocolo anterior. Todos los buques de pesca, no sólo los atuneros, deberán llevar a bordo seis marineros angoleños, frente a los cinco exigidos anteriormente. De este modo, se crearán entre 160 y 180 puestos de trabajo adicionales en la zona.
Quisiera formular unos breves comentarios sobre las enmiendas propuestas, que en líneas generales coinciden con los realizados anteriormente en relación con el protocolo con Senegal. Debo afirmar, en conexión con la inclusión de la obligación de los Estados miembros, en virtud del Reglamento 500/2001, de declarar las capturas realizadas por sus buques en terceros países, que esto no es posible. No obstante, estoy ansioso por incluir dicha obligación en un nuevo acuerdo, ya que se trata de una cuestión que debe ser negociada.
Lage (PSE)
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el Sr. Fischler ya ha abordado el punto principal: el informe adopta los resultados de las negociaciones entre la Comisión y Angola, e incluso celebra el modo en que se alcanzaron dichas negociaciones. Asimismo, el protocolo ofrece a las flotas de los Estados miembros interesantes posibilidades de pesca y actualmente representa, creo, el segundo acuerdo más importante, tras el firmado con Mauritania.
El nuevo protocolo es el noveno desde la entrada en vigor en 1997 del Acuerdo de Pesca entre la Comunidad Europea y Angola; este protocolo se aplica al período que va desde agosto de 2002 a agosto de 2004 y proporciona acceso a los recursos pesqueros a 33 atuneros y 22 camaroneros. Las cuotas para la pesca atunera se reparten entre Francia, España y Portugal (hay que tener en cuenta que el protocolo anterior ofrecía el acceso a 43 buques atuneros comunitarios, una cifra ligeramente superior a la actual).
En relación con la pesca demersal, España ha recibido el mayor porcentaje, compartiendo el resto Portugal, Italia y Grecia. La compensación financiera anual ha aumentado de 14 millones de euros a 15,5 millones, lo cual merece ser aplaudido, ya que representa una importante contribución de la Unión Europea al desarrollo de la industria pesquera en Angola. Se destinan asimismo 5 500 millones a medidas específicas cuyo objetivo es la investigación, el control y la gestión, tal y como ha señalado el Sr. Comisario.
Señora Presidenta, Señorías, no quisiera concluir mi breve intervención sin mencionar el hecho de que Angola constituye una terrible y sorprendente paradoja: Angola es un territorio amplio, con una población aproximada de trece millones de habitantes, dispone de increíbles recursos subterráneos como petróleo y diamantes (baste afirmar que el petróleo, cuya producción aumentará los próximos dos años, representa cerca del 15% del consumo de los Estados Unidos) y, sin embargo, la mayor parte del dinero no va a parar a manos de aquellos que, en Angola, sufren una espantosa tragedia de hambre y miseria. Un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional revela incluso que han llegado 4 000 millones de euros a las arcas estatales y que han desaparecido a través de impenetrables y tortuosas rutas.
¿Significa esto que la Unión Europea no debería apoyar a Angola? Por supuesto que no. Lo que quiero decir con ello es que Angola ha iniciado una nueva fase en su historia, que ha estado plagada de guerras civiles, muerte y destrucción. La industria pesquera angoleña resulta verdaderamente interesante. Recuerdo, a pesar de que siempre es arriesgado depender de la memoria de uno, que en 1973, cuando Portugal todavía era el administrador colonial de esta zona, llegaron a los puertos angoleños cerca de 490 000 toneladas de pescado. Esto lo he leído en un libro sobre la historia y la economía de Angola. En 1999 se desembarcaron unas 190 000 toneladas. Por tanto, esto significa que la pesca angoleña ha sufrido un descenso importante que, en la actualidad, se está recuperando, debido en parte a que ha dejado de ser una industria gestionada por el Estado para pasar a depender básicamente del sector privado. Asimismo, esto quiere decir, si los datos científicos son correctos, que Angola ofrece importantes posibilidades de pesca y que sus aguas contienen una gran riqueza de recursos pesqueros. Los textos revelan al mismo tiempo que la pesca en este país representa el 3% del producto interior bruto, de modo que se agradecerá cualquier esfuerzo realizado para apoyar a la industria pesquera angoleña. Por consiguiente, desearía felicitar al Comisario y a la Comisión por los resultados alcanzados al respecto.
Cunha (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, para empezar desearía felicitar a nuestro ponente, el Sr. Carlos Lage, por la perfecta estructura y la claridad de las propuestas presentadas en este informe. Tal y como ha declarado el Sr. Lage, se trata de una nueva prórroga del Acuerdo de Pesca firmado con Angola. Éste se inició en 1987 y actualmente va a ser renovado una vez más. Asimismo, como ya se ha comentado, los buques comunitarios que faenan en esas aguas se dedican a la pesca de atún, camarones, especies demersales y, con carácter experimental, a la pesca de algunas especies pelágicas.
Este nuevo protocolo demuestra claramente que se ha producido un ligero aumento de la pesca demersal y una caída apreciable de la pesca atunera. Esto resulta verdaderamente preocupante, ya que esta zona, durante algunos años y debido a la migración de los atunes, ha sufrido una importante reducción de las poblaciones, provocada en gran medida por la pesca ilegal, no reglamentada y no documentada. Se puede observar una presencia enorme de la pesca atunera ilegal, especialmente en aguas tropicales, como el Golfo de Guinea, donde se mata a los atunes antes incluso de que se reproduzcan. Puede que la situación de pesca ilegal en aguas tropicales no se diferencie demasiado de esta reducción de la cuota de pesca atunera en el Acuerdo con Angola.
Asimismo, es preciso resaltar que a la hora de calcular la contraprestación financiera de la Unión Europea, que también experimenta un aumento, debemos tener en cuenta las tasas pagadas por los armadores. Tal como pone claramente de manifiesto el informe, la compensación de la Unión Europea ha aumentado de 14 millones de euros a 15,5 millones. Resulta esencial destacar que un 35% de estos créditos se destinan específicamente al desarrollo del sector pesquero.
Además, es preciso subrayar que este acuerdo con Angola representa un progreso gradual en el ámbito de los acuerdos pesqueros con terceros países. Esta considerable asignación de créditos al sector pesquero resulta importante y muestra que es posible celebrar acuerdos pesqueros comerciales en los que se incluya un componente de desarrollo. Opino que no debemos manifestar prejuicio alguno; en otras palabras, los acuerdos pesqueros deben convertirse en parte integrante de la política pesquera común: pueden beneficiar a terceros países, contribuyendo a fomentar su desarrollo, así como a la Unión Europea, a través de la mejora del abastecimiento de sus mercados.
Por último, considero que también sería razonable, en conexión con la reforma de la política pesquera común, que los buques destinados al desguace en la Unión Europea pudieran unirse a las empresas conjuntas que faenan en estas aguas. Asimismo, quisiera mencionar, en nombre de mi Grupo, el PPE-DE, que apoyaremos este informe por considerar que está bien fundamentado.
Titford (EDD).
Señora Presidenta, el completo y vergonzoso fracaso de la política de pesca común y el consiguiente hundimiento de las poblaciones de peces hace que la UE deba ahora lanzar sus redes cada vez más lejos para satisfacer las voraces exigencias españolas. No contentos con destrozar el Mar del Norte, ahora vamos a por África.
Actualmente, hay en vigor 16 acuerdos con terceros países. Hoy vamos a debatir el caso de Angola y, de acuerdo con el World Wildlife Fund, este acuerdo despojará a una vulnerable comunidad costera africana de un valioso activo. Mi colega, el Sr. Nigel Farage, les ha pedido que, durante el debate de cada acuerdo, abran los ojos a la destrucción medioambiental y, lo que es más grave, a la muerte de muchos cientos de pescadores del África negra que los barcos de la Unión Europea están causando cada año.
Amplias pruebas documentales procedentes de Mauritania y Senegal confirman el alcance de esta tragedia. El desprecio con que se han topado nuestros ruegos me lleva a pensar que la mayoría de ustedes deben vivir en otro planeta. Hay formas mejores de proceder. Hace diez años, Namibia expulsó a los barcos españoles y asumió el control de sus aguas territoriales de 200 millas. 14 000 personas trabajan ahora en una industria cuyo valor asciende a 350 millones de dólares estadounidenses anuales. Namibia debería ser nuestro modelo si realmente deseamos ayudar al tercer mundo. Dejemos de explotar a los países pobres y fomentemos que modernicen sus propias industrias. Reconozcamos que los únicos planes de gestión pesquera que funcionan en el mundo son los que están bajo el control del país en cuestión.

La Presidenta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120)

Martinez (NI)
Tenemos tendida ante nosotros a toda la llamada «Europa azul» esperando su reorganización. La realidad de la situación es que los recursos pesqueros están experimentando una reducción, mientras el debate se centra en la fiabilidad de los instrumentos utilizados para medir el alcance de la rareza de los bancos de pesca.
Nuestros instrumentos para la gestión de las capturas, el mercado, las flotas y las relaciones con terceros países reciben las críticas de los profesionales. La Comisión pretende actuar como sustituto del Consejo de Ministros en los procesos de toma de decisiones. Continúa aplicando sus tácticas malthusianas a través del desguace de los buques e incluso la negativa a financiar la modernización. De este modo, además de poner en peligro la seguridad de los marineros, surge el problema de la competencia desleal. Mientras socavamos las posibilidades de pesca de nuestra propia industria, otros marineros de terceros países aparecen para ocupar su lugar.
El margen de acción es, no obstante, muy reducido. Ni siquiera la acuicultura es una solución, ya que para «fabricar» un kilo de pescado cultivado se precisan de cuatro a siete kilos de alimento para peces. Este es el límite absoluto de la pesca industrial.
Las soluciones potenciales son conocidas: regionalización de la gestión para una mayor flexibilidad, evaluación científica más precisa de los recursos para prevenir conflictos, mayor participación de los profesionales?
(Declaración por escrito acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento)

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0400/2002) del Sr. Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la racionalización de los ciclos anuales de coordinación de la política económica y de la política de empleo (2002/2215(INI)).
Karas (PPE-DE)
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, esta es mi opinión sobre el informe de hoy. Uno: el objetivo de la estrategia de Lisboa consiste en transformar la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, una economía capaz de originar un crecimiento económico permanente, más y mejores empleos y una mayor cohesión social. Dos: para ello, necesitamos una estrategia económica, de empleo, educativa, de política de investigación y de política social, desarrollada conjuntamente por los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo.
Tres: Europa está experimentando un cambio de una economía de mercado a secas a una economía de mercado social, y está dando el siguiente paso y situando la economía de mercado ecosocial en el orden del día del siglo XXI. Tal y como alguien bien ha señalado, el siglo XXI será el siglo de Europa, pero, añadiría yo, sólo si queremos.
Cuatro: partiendo de la idea de que realmente es esa nuestra intención, la estrategia de Lisboa y la economía de mercado ecosocial nos permitirán, por fin, superar el tradicional enfrentamiento entre capital y trabajo, política social y política económica, sector público y sector privado, Europa y los Estados miembros. Cinco: todo resultaría bastante sencillo si lográramos ponernos de acuerdo en torno a algunos principios básicos: que la economía genera trabajo, que todo lo que crea el trabajo es social y que la cohesión social y la protección medioambiental son elementos que se favorecen recíprocamente a efectos de sostenibilidad. Todo esto depende principalmente de los recursos humanos más que de los recursos estatales, no de la igualdad para todos, sino de ideas competitivas que fortalecen el continente europeo en su conjunto.
Seis: por lo tanto, deberíamos resaltar que la política económica no se comunitarizado y que se encuadra principalmente en el ámbito de competencia de los Estados miembros. Asimismo, debemos destacar que, en virtud del artículo 99, la política económica debe ser contemplada y coordinada por los Estados miembros, como un asunto de interés común. Siete: por lo tanto, a modo de conclusión, celebramos el enfoque general de la comunicación de la Comisión sobre la racionalización de los ciclos de la coordinación política económica y de empleo. Es preciso lograr esta coordinación para así, a pesar de las diferentes jurisdicciones, poder alcanzar objetivos comunes. No obstante, esta coordinación depende de la colaboración de los Estados miembros, de la transmisión rápida y clara de información a la Comisión, de la definición de las responsabilidades individuales dentro del concepto global - ya que la resistencia de una cadena equivale a la de su eslabón más débil - y de que la zona euro sea más consciente de su responsabilidad dentro de Europa. Este punto se describe ampliamente en el apartado 18 del informe con la petición de que se refuerce el papel de los interlocutores sociales, es decir, la colaboración social Europea, en el proceso de implementación de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. Por consiguiente, instamos a que se establezca una cumbre social tripartita, que cuente con la participación del Parlamento Europeo. No hay tiempo para discusiones jurídicas entre instituciones; es preciso fomentar este diálogo social de forma conjunta e involucrar a organizaciones de los interlocutores sociales.
Por este motivo precisamente solicitamos más derechos en los foros y en este proceso, lo que significa una participación más plena y más derechos de participación por parte del Parlamento Europeo. En el punto 8 del informe destacamos que aquel que esté a favor de esta participación democrática debe preocuparse por el hecho de que el nuevo calendario del paquete de orientaciones reduce aún más el tiempo disponible por el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo sobre su postura.
Celebramos el hecho de que este proceso se haya racionalizado. Celebramos el hecho de que este proceso se centre en la implementación. Celebramos los acuerdos en torno a los calendarios específicos y celebramos el hecho de que se refuerce un concepto político estratégico a medio plazo. Si logramos insuflar vida en esta comunicación, nos encontraremos un paso más cerca de la estrategia de Lisboa.
Diamantopoulou
Señora Presidenta, las perspectivas económicas no atraviesan uno de sus mejores momentos, por lo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que debe coordinar la política económica y de empleo de forma más eficaz.
La propuesta de la Comisión relativa a la racionalización de los ciclos de coordinación ha captado el interés de todas las instituciones. En consecuencia, se han llevado a cabo numerosos debates en distintos niveles, en los que se ha puesto de manifiesto que dicha propuesta no es una simple propuesta técnica, tal y como puede parecer a primera vista, sino que está claramente orientada por objetivos políticos, tales como la eficacia y la transparencia en la aplicación de la agenda de Lisboa y el papel de la Estrategia Europea de Empleo que, tras cinco años de aplicación, se encuentra en la actualidad firmemente establecida. Quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Karas, y al ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el Sr. Bullmann, por el excelente trabajo realizado. Limitaré mis comentarios sólo a algunos aspectos básicos.
En primer lugar, el informe apoya el enfoque a medio plazo. Esto significa que debemos ser bastante más moderados a la hora de cambiar y revisar las orientaciones. La Comisión aprobará por primera vez un paquete de orientaciones en consonancia con el nuevo programa en el mes de abril de 2003, con el que se cubrirá un período de tres años hasta 2006. Es preciso evitar la introducción de cambios radicales en las orientaciones antes de esta revisión intermedia del año 2006. Se ha demostrado que resulta bastante más positivo ceñirse a las orientaciones y garantizar su aplicación que añadir constantemente nuevos elementos.
En segundo lugar, el enfoque a medio plazo requerirá mayor disciplina por parte de todos los implicados en el proceso: la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y todas las demás partes interesadas. Naturalmente, la Comisión revisará todos los años las recomendaciones en materia de empleo de cada país para asegurar que sigan reflejando avances políticos en cada Estado miembro. Permítanme recordarles que el Tratado exige la presentación de este informe anual, que adoptará la forma de un seguimiento de la puesta en práctica. Esto me lleva al segundo aspecto que deseo comentar, referente a la coherencia y la complementariedad. Resulta esencial que los dos procedimientos se complementen mutuamente si pretendemos lograr el grado máximo de coordinación posible entre la política económica y la política de empleo. En el pasado ha existido una intensa interconexión entre ambas; en ocasiones, no obstante, hemos visto surgir enfoques contradictorios de las dos estrategias.
En tercer lugar, es preciso centrarse en la aplicación. Ahora que han transcurrido varios años desde la puesta en marcha de la estrategia de empleo, hemos identificado los problemas prácticos básicos y el vacío que suele aparecer entre la presentación de los planes de acción nacionales sobre el empleo y su implementación. Me gustaría resaltar en particular que este procedimiento de racionalización debería conducir a una colaboración más estrecha, no sólo entre los distintos Consejos - el Consejo Ecofin y el Consejo de Empleo deberán buscar un modo más claro y eficaz de cooperación -, sino también entre las instituciones de la Unión Europea. Opino que el Parlamento - y el procedimiento en su conjunto, por supuesto - se beneficiarán de la racionalización propuesta de los procedimientos, especialmente del suministro de información más transparente, gracias a la coordinación de los principales elementos de la aplicación de políticas financieras y de empleo. Quisiera recordarles que, anteriormente, la información sobre estos dos procedimientos no se facilitaba, por lo general, de forma simultánea, lo que originaba una enorme confusión.
En cuarto lugar, la racionalización significa un modelo de gobernanza mejorado de estos procedimientos, lo que a su vez significa un proceso de consulta más eficaz con el Parlamento Europeo y una mayor implicación por parte de los interlocutores sociales y la sociedad civil. La cuestión principal en lo que respecta a la evaluación de las políticas de empleo consiste en que, durante este tiempo, ni los interlocutores sociales ni los parlamentos nacionales han participado como es debido.
Para terminar, debo decir que esta propuesta respeta la necesidad de mantener procedimientos autónomos, tal y como se especifica en el Tratado. En resumen, las orientaciones económicas ofrecen un marco global para la política económica y la estrategia de empleo conserva el grado necesario de autonomía. Me alegra saber que el Parlamento apoya este enfoque.
¿Qué hay más? Todo este procedimiento coincide con la revisión de la estrategia de empleo. Presentaremos una comunicación inicial en enero de 2003 y ambos documentos, la comunicación sobre la revisión de la estrategia de empleo y el proyecto de informe conjunto, presentado hace un mes, se convertirán en los dos documentos políticos básicos que deberán ser debatidos para poder incluirlos en el Consejo de la próxima primavera y proceder a la aplicación del nuevo procedimiento siguiendo las orientaciones. Aunque contamos con un largo historial de colaboración con el Parlamento Europeo en lo que respecta a la estrategia de empleo, creo que ahora tenemos la oportunidad de establecer una colaboración más eficaz y sustancial.

Bullmann (PSE)
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías. El Parlamento ha tramitado esta propuesta de la Comisión de forma verdaderamente atenta y concertada. Hemos sido rápidos y hemos alcanzado un acuerdo entre las comisiones y los partidos políticos, bajo la dirección del Sr. Karas, en torno a lo que creemos que es una postura correcta. Y gracias a la forma en la que hemos trabajado, podemos formular demandas precisas acerca del tipo exacto de coordinación que se necesita.
En primer lugar, en ningún momento, ni siquiera por un minuto ni por un segundo, dispone nadie de autoridad alguna para subordinar los objetivos sociales de la estrategia de Lisboa, las ambiciones de la política de empleo incluida en la agenda de Lisboa, a una interpretación unidimensional del mercado interior. Esto debe quedar perfectamente claro y deberá reflejarse en los procedimientos elegidos. Al contrario, sólo si se adoptan medidas específicas para fomentar la integración social, sólo si se desarrolla todo el potencial de los ciudadanos de Europa y se les incorpora al mundo laboral, habrá alguna posibilidad de poner en práctica la ambiciosa agenda de Lisboa.
Y digo esto intencionadamente en un debate que se centra en las reformas del mercado laboral y la reforma de los sistemas de seguridad social. Por supuesto que necesitamos que los sistemas sean flexibles y adaptables, pero es preciso que sean, al mismo tiempo, modernos. En este sentido, un sistema moderno es un sistema que ofrece seguridad, seguridad para los buscadores de empleo, seguridad laboral, seguridad en caso de enfermedad, jubilación o discapacidad. Por este motivo, la reforma económica se convierte en un medio para alcanzar el mantenimiento y la renovación del modelo social europeo, y no al revés. Si esto es lo que pretendemos conseguir, tendremos que poner en el mismo nivel los objetivos de competitividad, seguridad social y pleno empleo. Es preciso encontrar el modo de vincular dichos objetivos y hacer que se apoyen recíprocamente. Y, si queremos lograr esto, deberemos garantizar también el mismo grado de participación por parte de los Consejos competentes y los respectivos servicios de la Comisión, así como evitar que se creen nuevas jerarquías o que las ya existentes reafirmen su posición. Llevaremos a cabo la evaluación de su actuación basándonos en el informe que presenten la próxima primavera, en su paquete de orientaciones, en función del cumplimiento de estos objetivos y de las promesas subyacentes al concepto de racionalización.
En segundo lugar, si deseamos satisfacer las exigencias de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, debemos dejar de andarnos con rodeos en lo que respecta al tema medioambiental. Es preciso que utilicemos todo el potencial de la política medioambiental para lograr que resulte positiva en lo que respecta a cualificaciones y empleo. En tercer lugar, tal y como señala acertadamente el Sr. Karas en su informe, la política económica es una cuestión de interés común que merece ser coordinada. Si pretendemos coordinarla, deberemos al mismo tiempo tener el valor para hablar acerca de las inversiones y de una ofensiva en este ámbito ante la existencia de un porcentaje aproximado de desempleo del 8% y un índice de crecimiento inferior al 1%. El Parlamento participará en este debate y debemos asegurarnos el lugar que nos corresponde.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señora Presidenta, desde el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoyamos las propuestas del Sr. Karas y de la Comisión. En lo que respecta a la política económica y de empleo en la Unión Europea, se acerca la hora de la verdad. Las exigencias y los objetivos de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo deben hacerse realidad. La simplificación resulta más importante que la racionalización. Lo que verdaderamente importa es el aumento de la participación, la apertura y la transparencia. Para nosotros los Demócrata-Cristianos, resulta además esencial afirmar que estamos a favor de la instauración en Europa de una economía de mercado social, ecológica y basada en la ética. Debe ser asequible para el pueblo. Debe ser favorable a las familias. Ha de dar cabida a la creatividad responsable y personal, así como a la seguridad y la iniciativa.
La coordinación abierta no equivale a la estandarización, sino que se trata de un método que permite a los Estados miembros, en el marco de una cooperación estrecha, la búsqueda de las soluciones más apropiadas para cada país concreto. Para alcanzar las tres dimensiones definidas, es importante que el objetivo medioambiental establecido en Gotemburgo se combine con el necesario crecimiento económico y la cohesión social. Lamentamos que la Comisión no lo haya incluido en su comunicación.
Como Demócrata-Cristianos, permítannos destacar que la confianza y los valores morales y éticos son fundamentales para el desarrollo social y económico. Si la economía carece de confianza y de una base ética y moral, no podrá desarrollarse. El Parlamento Europeo debe tener una mayor participación sin exigir necesariamente el derecho a tomar decisiones. Se trata de conceder al Parlamento Europeo no sólo el derecho a estar presente, sino también el tiempo necesario.
Para terminar, me gustaría decir que resulta esencial que los países candidatos participen cuanto antes en esta tarea y que se permita asimismo a las autoridades regionales y locales desempeñar un papel activo en esta cuestión.

Randzio-Plath (PSE).
Señora Presidenta, la comunicación de la Comisión retoma en realidad una propuesta debatida continuamente por el Parlamento en esta Cámara desde la segunda etapa de la unión monetaria, concretamente la necesidad de coordinar e interrelacionar de forma más estrecha los distintos ámbitos políticos. Siempre hemos creído que esto sólo será posible cuando todos los ámbitos políticos se encuentren en el mismo nivel y todos los Consejos sean considerados iguales bajo la dirección del Consejo General.
Aunque, por desgracia, hubo que esperar al proceso de Lisboa, unos seis años más tarde, para aprovechar esta oportunidad, me alegra saber que por fin nos hemos decidido a pasar de la teoría a la práctica. Señora Comisaria, esperamos mucho de la Comisión; esperamos que se llegue a un acuerdo. Europa lo necesita urgentemente. Y esto se aplica no sólo a la política económica y de empleo, sino que también atañe a la política social y medioambiental.
Europa necesita de forma apremiante que se llegue a un acuerdo porque no podemos permitirnos el lujo de contar con políticas no coordinadas. La Comisión Delors llegó a la conclusión de que la falta de coordinación entre las políticas afectaba al crecimiento económico, lo que significa automáticamente una reducción del número de empleos en la Unión Europea. Esperamos que esta situación termine y, desde este punto de vista, apoyamos firmemente este nuevo documento, siempre y cuando se encuentre respaldado por un nivel de información más seguro que el actual. Asimismo, apoyamos este documento si nos permite explicar a nuestros ciudadanos que el proceso de coordinación no es sólo un instrumento ni un eurotecnicismo más, imposible de llevar a la práctica.
¿Qué quiero decir con esto? Debemos ser capaces de mostrar que determinadas decisiones en materia de política económica, de empleo o medioambiental adoptadas en un Estado miembro pueden perjudicar o beneficiar a la economía nacional, al mercado laboral o el medio ambiente de otro Estado miembro, al tiempo que pueden frenar, congelar o favorecer el crecimiento económico. Por lo tanto, necesitamos estadísticas que nos proporcionen datos de interés. Lamentablemente, para decepción de los investigadores económicos europeos, la realidad es aún bien distinta.
Es preciso contar con un modelo de coordinación que se haga patente a la hora de decidir las inversiones, las inversiones en investigación y desarrollo por ejemplo, donde Europa tiene todavía mucho por hacer. La cuestión principal es que el Parlamento debería tener derecho de participación en virtud de un acuerdo interinstitucional, como muy tarde para cuando la Convención finalice sus reformas y el Tratado sea modificado.

Herzog (GUE/NGL).
Señora Presidenta, ningún método de coordinación, ningún procedimiento podrá resultar efectivo si falta voluntad política. Debemos partir de este punto. Aunque en Lisboa y Gotemburgo se establecieron algunos objetivos positivos, entre el dicho y hecho todavía existe un gran trecho. La Unión Europea se enfrenta a una serie de graves problemas económicos, su crecimiento potencial se desacelera, la inversión pública y privada es muy baja y faltan cualificaciones. Ni el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni la política monetaria hacen frente a estos retos, sino que asignan toda la responsabilidad a los Estados miembros. Y los ciclos de coordinación, concebidos para encuadrarse dentro de la competencia de los Estados miembros, no resultarán efectivos si la Unión no adopta e implementa políticas comunes. No existe ninguna política económica europea auténtica debido a las diferencias entre los Estados miembros. Los ciclos de coordinación no analizan las relaciones económicas entre los distintos países. Y aún no disponemos de un enfoque global sobre la economía comunitaria y la zona del euro que se enmarque en el contexto de la globalización. Todavía no contamos con una política en materia de demanda, de redes o capacidades humanas. La Unión se encuentra todavía inmersa en una fase de competencia reguladora y fiscal, en la que la propia noción de economía de mercado social no es aceptada y por tanto no se incluirá, en mi opinión, en la futura Constitución, especialmente debido a la persistente aversión por los asuntos económicos.
Procederé a hablar a continuación sobre los procedimientos institucionales. Esto que la Comisión nos ha propuesto es meramente un concepto tecnocrático. Estoy a favor de unir ámbitos diferentes y establecer un ciclo. Asimismo, estoy de acuerdo con el principio de la racionalización. No obstante, esto no eliminará los obstáculos políticos mencionados anteriormente, de ahí mis sugerencias. En primer lugar, los Tratados no ofrecen una base sólida para la comunitarización de la política económica. Por consiguiente, el establecimiento de dicha base en la Convención debe convertirse en nuestra prioridad principal. En segundo lugar, no existe una herramienta fiable para la comparación analítica y estadística, concretamente en lo que respecta a la cohesión social y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, debemos proporcionar prioritariamente a la Unión recursos analíticos y de investigación que estén a la altura de lo que dice. En tercer lugar, los procedimientos propuestos no tienen aún ningún valor democrático. Necesitamos urgentemente un proceso general de deliberación pública sobre las situaciones y las opciones antes de que se presente el paquete de la Comisión, así como una evaluación posterior, llevados a cabo por la sociedad civil y los representantes elegidos, y no sólo por la Comisión. En cuarto lugar, no creo que, actualmente, el Parlamento Europeo se encuentre aún en condiciones de debatir correctamente y optar por una política económica coherente. Existen numerosas posturas al respecto marcadas por intereses nacionales y diferentes concepciones ideológicas. Dicho esto, el Parlamento está más preparado que el Consejo y la Comisión para deliberar sobre la política económica y emitir su valoración acerca de la misma. Por lo tanto, es preciso que se entable un debate interactivo anual entre las comunidades nacionales y las instituciones comunitarias en virtud de una iniciativa parlamentaria. Sólo entonces la Comisión podrá redactar sus propuestas, sólo entonces se volverá a remitir la decisión al Consejo, momento en el que el Parlamento podría hacer uso de su poder de ratificación.
En resumen, sin una voluntad política compartida y un procedimiento democrático común, no será posible alcanzar la coordinación de las políticas nacionales.

Hulthén (PSE).
Señora Presidenta, el informe que hoy se debate constituye un paso importante en el camino hacia la aplicación de los objetivos planteados en Lisboa. Al igual que el Sr. Karas y el Sr. Bullman, estoy bastante decepcionada por el hecho de que la Comisión haya olvidado nuevamente las decisiones tomadas en la Cumbre de Gotemburgo, en virtud de las cuales la cuestión medioambiental pasaría a incluirse en el proceso de Lisboa.
Aunque considero positivo que el ponente anime a la Comisión y al Consejo a agregar el desarrollo sostenible a la racionalización de la coordinación política, esto se puede hacer bastante antes del plazo propuesto por la Comisión. La realidad es que, además de fracasar en el refuerzo de los objetivos de Lisboa con la inclusión de un objetivo medioambiental, existen otros muchos asuntos que siguen sin resolverse. Hemos debatido la política de pesca prácticamente durante toda la noche, pero esto también se aplica a una revisión de la política agrícola, un ámbito en el que debemos enfrentarnos a las subvenciones que sabemos que son perjudiciales. Asimismo, debemos garantizar la abolición de aquellas subvenciones que afecten negativamente al medio ambiente. A pesar de que esto se encuadra en el concepto de «desarrollo sostenible», parece que la Comisión no lo ha aceptado o ni siquiera lo ha estudiado detenidamente.
El objetivo para la cumbre de la próxima primavera debe consistir en equilibrar las diferentes medidas entre las tres partes de la agenda de Lisboa, sobre todo a través del desarrollo de la dimensión medioambiental, así como mediante el refuerzo y la concreción del concepto de desarrollo sostenible dentro de las tres dimensiones de dicha agenda. La Comisión debe actuar al respecto de un modo mucho más insistente. Por encima de todo, hay que garantizar el estudio detenido de los indicadores medioambientales que, de hecho, no se debatirán hasta unos días antes de que el Consejo tome una decisión sobre este asunto. Todo el trabajo sobre el desarrollo sostenible incluido en esta agenda está mal enfocado y el tratamiento del mismo por parte de la Comisión es bastante lento.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señora Presidenta, al igual que otros muchos oradores, opino que la comunicación de la Comisión es muy estrecha de miras. El tema de debate es la coordinación de las orientaciones económicas y de empleo. Estamos de acuerdo, no obstante, en que el concepto debe ampliarse. Necesitamos el desarrollo de un proceso medioambiental y, especialmente, necesitamos un proceso social que se integre como una parte importante en el proceso global iniciado a partir de la Cumbre de Lisboa. Estas cuatro partes, cuya importancia es independiente, deben ser coordinadas. De lo contrario, se producirá un desequilibrio, un cambio de carácter de la política de empleo, ya que dejará de estar determinada por su vínculo con la perspectiva social para pasar a convertirse en poco tiempo en una política estructural. Esto significa que la política de empleo se transformará en una especie de imagen refleja o en un apéndice.
Es sumamente importante hablar sobre ideas como integración social, pleno empleo y trabajo de calidad. La Comisión suele ocuparse de la mayoría de estos aspectos. A veces me pregunto si la Comisión habla con lengua viperina, ya que a menudo resalta la importancia de objetivos sociales positivos de este tipo y, sin embargo, éstos no se incluyen en esta comunicación concreta. Considero tal la seriedad de este tema, que quisiera formular una especie de advertencia. Si se da el caso de que esto no es una mera coincidencia, sino una tendencia, el equilibrio y la armonía que parecían derivarse de las decisiones adoptadas en Lisboa se verán reemplazados por un conflicto en el mercado laboral y por lo que se denomina la lucha de clases. Actualmente, ya podemos observar estas tendencias en el mercado laboral europeo, y su presencia se hará más patente en el futuro. Considero que el enfrentarnos a este tipo de conflicto es lo peor que puede sucederle al desarrollo económico en Europa.
Además, me gustaría añadir un comentario relacionado con la sincronización y la coordinación. Actualmente se debate un tipo de coordinación horizontal de la economía y el empleo en el ámbito europeo. Opino que, también en este aspecto, debemos hablar sobre cuestiones sociales y medioambientales. Al mismo tiempo, existe la coordinación vertical entre niveles. El principal problema de todos a los que nos enfrentamos, al cual - incluso la Comisaria, por ejemplo, lo sabe - siempre hago referencia, consiste en que no importa el grado de coordinación alcanzado a escala europea si no logramos coordinar mejor dicho nivel con el nacional, y si los mercados laborales nacionales no se abren suficientemente. Quisiera destacar este punto especialmente ya que, en ocasiones, se afirma de manera bastante imprecisa que hay que otorgar una mayor participación a los parlamentos nacionales. Sin embargo, debemos ser más claros y hablar del modo en que se pretende conseguir esto. Mi respuesta siempre será que la responsabilidad debe estar en manos de los parlamentos nacionales.

Kauppi (PPE-DE).
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a nuestro ponente, el Sr. Karas. Ha tenido ante sí la muy complicada tarea de racionalizar las medidas de coordinación. Celebro los esfuerzos de la Comisión a este respecto y me gustaría agradecer a nuestra Comisaria, la Sra. Diamantopoulou, el valor que ha demostrado al proponer estos temas.
No quiero ser la oveja negra del Parlamento hoy, pero creo que también deberíamos ser críticos en lo relativo la ampliación de los métodos de coordinación abiertos a distintas áreas. En el informe, el Parlamento afirma que hay dos aspectos que son importantes. Si ustedes leen el apartado (e) del informe Karas - les leo un extracto de ese apartado: «Considerando que un examen más racionalizado de la aplicación en forma de un nuevo paquete de medidas de aplicación requiere que los Estados miembros informen sistemáticamente de la aplicación de las políticas adoptadas a escala europea y que se proceda a una evaluación política de la misma en los ámbitos políticos pertinentes». Les he leído un extracto del informe que demuestra que, para el Parlamento, la aplicación de los actuales mecanismos de coordinación es realmente importante. No hemos visto suficientes resultados concretos de los mecanismos de coordinación y eso es lo que necesitamos.
La otra preocupación del Parlamento se refiere a su papel y, como pueden ver en todos los informes, nuestra función como parlamento, como representante de los ciudadanos, es una gran preocupación para nosotros. En el grupo de trabajo de reguladores económicos de la Convención, del que he sido miembro, una mayoría de miembros pensaba que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea debían tener una función y que los métodos de coordinación abierta y los procesos debían incluirse en el Tratado Constitucional. Desgraciadamente, yo estaba en minoría en ese grupo de trabajo, porque yo pienso que el principal objetivo de un método abierto de coordinación es ser flexible, y que no debería regularse en el Tratado. Deberíamos utilizar los actuales mecanismos.

Sacconi (PSE).
Señora Presidenta, desearía expresar mi total apoyo al informe que vamos a votar, especialmente por su enfoque global sobre la estrategia de desarrollo sostenible, tal como se estableció en Lisboa y, a continuación y de forma más especifica, en Gotemburgo: no se trata de una fórmula para agrupar los objetivos económicos, de empleo y medioambientales en un mismo paquete. Se trata de un enfoque integrado que orienta las política sectorales y horizontales hacia un nuevo concepto de desarrollo. En la práctica, esto nos permitirá eximirnos de nuestra responsabilidad para con las próximas generaciones y los países cuyo desarrollo va a la zaga.
Me gustaría realizar unos breves comentarios acerca de los instrumentos necesarios para la aplicación práctica de esta estrategia. Si realmente adoptamos el enfoque que afirma que la calidad de las condiciones sociales y del medio ambiente es un aspecto principal y no secundario en lo que respecta al crecimiento económico, y que resulta asimismo un factor esencial para la competitividad, el instrumento de aplicación más adecuado podría ser el método de coordinación abierta. No obstante, éste debe ser reforzado y racionalizado, tal como indica el informe, especialmente en lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo, que, además, debe prepararse mejor, mucho mejor, en relación con este asunto.
El éxito de una política de este tipo depende de la participación real de todos los niveles institucionales y de todos los agentes sociales. Sin esta participación y este compromiso general, el desarrollo no será sostenible.
Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer sonar la alarma, y en esto cuento con el apoyo, entre otros, del Grupo de Contacto de la Sociedad Civil. El anteproyecto del Tratado Constitucional presentado por el Presidente de la Convención no contiene ninguna referencia al concepto de desarrollo sostenible. Si no damos un nuevo ímpetu a lo afirmado anteriormente en el Tratado y en Gotemburgo, llegaremos a una situación de auténtica regresión cultural, un paso atrás que, además, reducirá la influencia de Europa como agente mundial.

Mann, Thomas (PPE-DE).
Señora Presidenta, la estrategia de Lisboa será valorada nuevamente en la cumbre especial que se celebrará la próxima primavera. No se trata sólo de valorar si los objetivos se han llevado a la práctica, sino que es preciso corregir determinadas medidas e introducir nuevos elementos. Por ejemplo, el Consejo ha decidido añadir una tercera dimensión a las dimensiones de la política económica y de empleo: la dimensión ecológica, tal y como ya han mencionado algunos de mis colegas. No logro entender el motivo por el que la Comisión rechaza la inclusión de objetivos ecológicos. Hemos debatido la posibilidad de una nueva edición del Pacto de Estabilidad en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Mi Grupo, el PPE-DE, está en contra de suavizarlo porque esto afectaría a la estabilidad del euro y crearía ansiedad en la población. Creo que la mayor participación de los interlocutores sociales en una cumbre social tripartita, así como el refuerzo del diálogo macroeconómico, son ideas interesantes.
Considero que existen tres puntos importantes en el formidable informe de Othmar Karas. En primer lugar, es preciso coordinar mejor la política económica, la política de empleo y la integración social. Las orientaciones anuales son la principal herramienta para la coordinación de la política de empleo. Es una pena que varios Estados miembros estén de acuerdo acerca de los objetivos y, sin embargo, no sean capaces de ponerlos en práctica.
En segundo lugar, el Parlamento debe participar intensamente en los preparativos de la cumbre de la próxima primavera. Esto significa que ha de disponer del tiempo suficiente para examinar la propuesta de la Comisión durante el período previo a dicha cumbre. Realmente es preciso que se nos proporcione el tiempo necesario. Esperamos que la Convención refuerce nuestra posición como representantes del pueblo y que el Tratado de la Unión Europea se modifique para otorgarnos más derechos de codecisión en todas las fases del proceso de coordinación.
En tercer lugar, en relación con los futuros Estados miembros de la Unión Europea: debemos integrar a los países candidatos lo antes posible si queremos alcanzar el ambicioso objetivo de transformar la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en el plazo de ocho años. Instamos a la Comisión a que garantice la participación de los departamentos competentes de estos países de un modo eficiente desde un punto de vista técnico y sobre todo logístico.

La Presidenta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0401/2002) de la Sra. Thorning-Schmidt sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (PE-CONS 3666/2002 - C5-0501/2002 - 1992/0449A(COD)).

Diamantopoulou
Señora Presidenta, acogemos con satisfacción el paso tan importante que se ha dado hoy en el terreno de la salud y la seguridad en el trabajo. La propuesta sobre los riesgos derivados de los agentes físicos para los trabajadores se presentó hace ocho años, y la primera parte, dedicada al ruido, se ha aprobado este año. Por ello, somos conscientes de la dificultad, tanto técnica como política, que entraña este tipo de legislación. En nombre de la Comisión, por consiguiente, quisiera felicitar al Parlamento Europeo, y en especial a los miembros del Comité de Conciliación, por la puesta en práctica de esta cuestión tan complicada en el ámbito técnico y en el ámbito político.
La versión final de la Directiva encierra tres logros importantes. En primer lugar, proporciona una mayor protección para los trabajadores de todos los sectores de la economía, incluidos el transporte marítimo y aéreo, que no estaban recogidos en la legislación actual. En segundo lugar, reconoce que los sectores de la música y el ocio constituyen un caso especial y les concede un período de transición de cinco años para redactar los códigos de conducta necesarios para que los trabajadores y los empleadores puedan hacer honor a sus obligaciones legales, y en tercer lugar, reduce el límite de exposición de 90 dB, que era el límite establecido en la Directiva de 1986, a 87 dB. Sin duda, se ha progresado.
La aprobación de esta Directiva completa la segunda fase de la propuesta de la Comisión sobre riesgos derivados de agentes físicos. Se necesita trabajar más sobre las otras dos vertientes de la propuesta de la Comisión, a saber, los campos electromagnéticos y la radiación óptica.
Señorías, quisiera pedir a los colegisladores que sigan esforzándose por completar este marco legal sobre los agentes físicos, que nos proporcionará un marco integrado para la protección de los trabajadores, y que hay que decir que ha permanecido sobre la mesa de negociaciones demasiado tiempo.

Thorning-Schmidt (PSE)
Señora Presidenta, quisiera agradecer a la Comisaria que se haya ocupado finalmente de los demás agentes físicos, porque de ese modo no tengo que decir que todavía quedan elementos sin tratar. Además, estoy encantada de que la Comisión haya situado siempre esta cuestión un lugar destacado de su orden del día. Todos sabemos que el ruido es un problema muy grave en el lugar de trabajo. Es un aspecto que se ha esclarecido plenamente en términos científicos. De hecho, sabemos que hace falta muy poco ruido para causar daños permanentes al oído. También sabemos que los daños al oído pueden causar una reducción de la capacidad de las personas para trabajar o pueden incapacitarles definitivamente para obtener un empleo en el mercado laboral. Por ello, estamos hablando de una situación muy grave 
Y por este motivo, estoy muy satisfecha de que mañana tengamos la posibilidad de aprobar una Directiva que proporciona una mayor protección a los trabajadores de la que gozan en este momento. Lo que tenemos ante nosotros es una Directiva mejor, ante todo porque por fin hemos podido fijar un límite superior adecuado del ruido al que los trabajadores pueden estar expuestos. Me habría gustado que se hubiera fijado un límite más bajo, algo que también incluí en mi propuesta. Del mismo modo, también me habría gustado que no se hubieran tenido en cuenta los medios de protección personales, pero sin duda lo que tenemos supone una mejora. El otro factor positivo es que la Directiva hace hincapié sistemáticamente en la prevención, a la que se da tanta importancia en la Directiva marco. La prevención es importante para la acción, pero por lo que respecta a la Directiva también hemos insistido en asegurar el uso de protectores auditivos que funcionen como es debido.
Sin embargo, hay otras varias disposiciones que conviene evitar. Tenemos que aplicar métodos de trabajo alternativos que minimicen la exposición al ruido. Tenemos que examinar las herramientas de trabajo que se utilizan en las empresas. En general, la responsabilidad de las empresas sobre la aplicación efectiva de Directiva está prevista en la propia Directiva. La Directiva proporciona protección, y al mismo tiempo destaca la responsabilidad de las empresas en situaciones laborales específicas.
Por último, unas palabras acerca de los sectores de la música y el ocio. Éste es un tema muy debatido. Hemos oído hablar de la industria del pop británica y de los gaiteros, temas que han animado el debate. No es que quiera provocar a ninguno de los participantes en el debate sobre este asunto, pero me encantaría repetir que el ruido es, y sigue siendo, sencillamente ruido. Independientemente de que sea un sonido agradable o desagradable, el ruido puede causar daños muy graves al oído. Sólo tenemos que fijarnos en nuestra propia experiencia. Sin duda, somos conscientes de quiénes son las personas más afectadas por la enfermedad llamada zumbido. Se trata, de hecho, de personas que han vivido con ruidos agradables o que se han visto afectadas por ruidos muy agradables, es decir, por la música. Por lo tanto, sabemos que el ruido es ruido. Y me complace que la Directiva reconozca este punto con tanta claridad. La Directiva también reconoce que el sector de la música podría encontrarse con dificultades a la hora de aplicar las disposiciones de la Directiva dentro del plazo previsto. Por ello, ha ampliado el plazo de aplicación de la Directiva.
También me complace que hayamos concedido importancia a la prevención y a que las cosas funcionen en la práctica. Hemos establecido un período de transición, que también está destinado a la elaboración de normas que rijan el comportamiento de los sectores de la música y el ocio en su conjunto. Estoy muy satisfecha con estas normas porque están orientadas al futuro y porque ayudarán de manera práctica al sector a cumplirlas. También vale la pena señalar que estas normas de comportamiento, o ideas de normas de comportamiento, surgieron durante el trabajo realizado en las reuniones tripartitas, y esto ilustra muy bien el modo en que la cooperación a través de estas reuniones tripartitas puede producir resultados constructivos y positivos. No se trata simplemente de ser combativos. También surgen buenas ideas que pueden llevar a compromisos constructivos, y eso es algo que complace a muchos de nosotros. A ese respecto, también le debemos gratitud a la Comisión por el papel que ha desempeñado y al Consejo por su constructiva cooperación.
Por último, simplemente quiero expresar mi satisfacción por que hayamos logrado un compromiso tan amplio y obtenido un apoyo tan importante en esta Cámara. Ahora espero que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoye este compromiso y confirme así lo que sus diputados del Parlamento Europeo dicen normalmente en el comité, a saber, que cuando existen datos científicos y pruebas claras de que una cuestión constituye un problema para los trabajadores, también debemos legislar para resolver ese problema. Este es un punto de vista que espero que el Grupo ELDR adopte mañana. Espero que obtengamos una gran mayoría para una buena Directiva.

Stauner (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, Comisaria, siguiendo con las palabras finales de la ponente, tanto yo como el Grupo del PPE-DE estamos satisfechos con el informe y con el compromiso que se ha alcanzado. Creo que este informe constituye otra pieza fundamental del esquema de protección sanitaria de los trabajadores europeos, aunque, por desgracia, tendrá que pasar mucho tiempo antes de que tengamos normas europeas comunes de protección. En este caso concreto, la primera propuesta data de 1993. La Directiva sobre el ruido no ha sido precisamente una tarea fácil, puesto que el Consejo y el Parlamento defendían puntos de vista distintos. Pero aun así, la única finalidad del proceso de conciliación es alcanzar un acuerdo. La verdadera naturaleza de este acuerdo es siempre un compromiso, pero como he dicho, todos tenemos razones para estar satisfechos con este compromiso concreto.
Objetivamente, la protección contra el ruido se ha visto incrementada, y la oradora anterior nos ha proporcionado los datos técnicos y los detalles al respecto. Pero lo que importa es que la cosa está clara, no hay zonas de sombra o poderes discrecionales que puedan inducir a confusión a la hora de la aplicación. La obligación de las empresas de proporcionar protectores auditivos, comprobar que son efectivos y asegurarse de que las personas los usan es reciente. Esto establece la obligación general de las empresas de cuidar de sus empleados sin dejar resquicios a los malentendidos. Mi grupo también se interesó por que se tuvieran en cuenta las particularidades del sector de la música y el ocio al aplicar la Directiva. Este es un paso que se acoge con satisfacción por razones de verdad y claridad jurídica, puesto que no tiene sentido ignorar permanentemente el hecho de que en teoría, la Directiva se aplica a los miembros de las orquestas, pero en la práctica nunca se hace por razones de comodidad o de estética. Por ello, sencillamente es más honesto establecer un período de transición y dejar que los Estados miembros y los interlocutores sociales decidan por sí mismos lo que quieren hacer.
No obstante, quisiera señalar que aunque sobre el papel la Directiva queda muy bien, todavía ha de aplicarse en la práctica. Cada vez me convenzo más de que las Directivas de protección de los empleados quedan muy bien sobre el papel, pero que en realidad nadie quiere ponerlas en práctica. Eso quizás tenga algo que ver con la evolución de la economía, pero es precisamente en tiempos difíciles cuando necesitamos asegurarnos de que las Directivas se aplican. Y digo esto firmemente de cara a los países candidatos, porque en este aspecto también debemos dar un ejemplo muy claro.

Hughes (PSE).
Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la ponente por su trabajo; asimismo, celebro el resultado de la conciliación sobre el asunto, pero creo que también hay varios aspectos que merecen mis críticas. La Directiva original sobre agentes físicos cubría cuatro aspectos, uno de ellos el ruido, pero la Directiva original de 1986 sobre el ruido debía someterse a revisión en 1991. Sin embargo, no hemos dispuesto de un texto revisado hasta ahora, casi a finales de 2002.
La vibración era otro de esos aspectos tratados, pero el Consejo tardó ocho años en llegar a una posición común sobre la vibración y, según nos ha dicho la Comisaria, siguen pendientes los aspectos relativos a campos electromagnéticos y ondas y a la radiación óptica. Los avances son excesivamente lentos. Sin embargo, en esta era altamente tecnológica sufrimos un creciente bombardeo de campos y ondas de redes inalámbricas de acceso local, dispositivos Blue Tooth, láseres de clase A y otros aparatos similares. Espero que el Consejo dé muestras de una urgencia renovada.
La Directiva no puede sino ser bien recibida, ya que va a generar mejoras directas. Los trabajadores van a estar expuestos a menos ruido en el trabajo y sus representantes tomarán parte en la evaluación de riesgos colaborando en la elección de los protectores auditivos. Nuestras pruebas de audiometría preventivas estarán disponibles en determinadas circunstancias. Todas estas medidas y muchas otras son de agradecer.
En lo que respecta al sector de la música y el ocio, creo que hemos establecido una estrategia muy buena. Como hemos oído aquí, los Estados miembros redactarán un código de conducta mediante la realización de consultas con los agentes sociales y establecerán directrices prácticas sobre cómo deben cumplir sus obligaciones los empresarios y los trabajadores de ese sector. La estrategia ha sido muy bien recibida por el sindicato de músicos del Reino Unido, que se encargó de coordinar el trabajo de los sindicatos de músicos de toda la Unión Europea.
Por razones de tiempo, sólo voy a decir otra cosa. En la conciliación, se oyeron muchas voces que destacaban la importancia de una evaluación del impacto empresarial de propuestas de este tipo, una rigurosa evaluación de ese impacto. Voy a hacer aquí una pregunta que ya hice en la Comisión: ¿qué valor deberíamos dar a si una persona de 40 ó 50 años puede oír y comunicarse realmente con sus nietos pequeños? Porque ésa es la parte del espectro auditivo que destruye con frecuencia la pérdida de audición por motivos laborales. Así que, por supuesto, vamos a hacer una evaluación de coste-beneficio, pero tengamos en cuenta todos los costes y todos los beneficios, no sólo los beneficios estrictamente financieros.

Lynne (ELDR).
Señora Presidenta, hemos avanzado mucho desde el momento en que la ponente presentó por primera vez un informe en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Creo que todavía tenemos problemas en el sector del ocio, pero el resto de los sectores y los trabajadores encontrarán muy fácil convivir con esta Directiva.
Si se hubieran aprobado las primeras propuestas, la industria de toda la UE habría quedado diezmada y se habrían perdido puestos de trabajo - sobre todo en el sector de la construcción, el del cemento, la minería y una buena parte del sector de la ingeniería - así que debemos dar gracias por haber vuelto a una solución sensata y a la posición del Consejo, según la cual los protectores auditivos pueden tenerse en cuenta cuando se miden los niveles de decibelios. Estoy contenta de que hayamos vuelto a la medición semanal autorizada por los Estados miembros si la consideran oportuna.
Sin embargo, por desgracia la enmienda que concedía a los sectores del ocio un período de transición de cinco años para la aplicación mientras la Comisión analizaba la mejor forma de regular este sector, teniendo en cuenta los problemas específicos a los que se enfrenta el sector de los bares y discotecas en particular, se perdió en la conciliación, aunque, con un código de conducta, sigue siendo mejor que lo que se propuso en un primer momento. Se lo garantizo. Sin embargo, en estos momentos la actual directiva del ruido no se está aplicando en los sectores de bares y discotecas, ni en el Reino Unido, ni en Dinamarca, ni en muchos otros Estados miembros. La razón de que no se esté aplicando es que no es factible.
Mi problema es que, si añadimos otra capa de burocracia como ésta para el sector de los bares y discotecas, causaremos graves problemas. Es por eso que yo, personalmente, me niego a firmar la conciliación, ya que creo que podríamos haber obtenido más del Consejo.
No tuve apoyo, salvo una notable excepción, así que supongo que mi voto de mañana no supondrá ninguna diferencia para el resultado final. Hemos conseguido, tras un duro trabajo, un sistema mejor tanto para el sector como para los trabajadores. Podríamos haber conseguido un acuerdo mejor para el sector del ocio y siento que no hayamos aprovechado esa oportunidad.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señora Presidenta, permítame decir que es un placer que se me invite a tomar la palabra a las doce menos cinco de la noche. A menudo pienso - porque suele ocurrir con la legislación en materia de empleo - que todo es un complot de la Secretaría para recordarnos el disparate de la Directiva sobre la distribución del tiempo de trabajo, aunque no es que nos haga falta que se nos recuerde ese disparate concreto sobre esa Directiva concreta.
Volviendo a la Directiva que estamos tratando hoy, este texto conciliado es, en mi opinión, un mal compromiso sobre una mala Directiva. Habría sido mucho mejor para ambas partes haber mantenido sus posiciones iniciales y que la legislación no se hubiera aprobado. Yo desde luego voté en contra; yo era la notable excepción a la que se refería mi colega, la Sra. Lynne. También voté en contra de la misma en el comité de conciliación por esa misma razón, aunque conseguimos diluir muchas de las enmiendas más tontas durante ese proceso de la comisión.
En lo que respecta al Reino Unido, la actual normativa sobre el ruido fue objeto de un profundo estudio y no son necesarias ni convenientes normas más estrictas a escala comunitaria. El Sr. Hughes mencionó la importancia de las evaluaciones del impacto en las empresas y que se deberían llevar a cabo de una forma exhaustiva. Estoy de acuerdo. Resulta significativo que no se haya realizado ninguna evaluación del impacto sobre las empresas a escala comunitaria con el fin de determinar los costes y beneficios de la Directiva propuesta. De hecho, en el Reino Unido se llevó a cabo una evaluación, que determinó que los costes superaban con mucho a los beneficios, y es posible que fuera eso lo que decidió a la UE a no realizar una evaluación. Esta legislación no refleja el mundo real.
Presentada dos semanas después de que el Parlamento aprobara la atípica Directiva sobre los trabajadores, cuyos costes adicionales y burocracia podrían provocar la pérdida de 160 000 puestos de trabajo temporales sólo en el Reino Unido, esta última Directiva demuestra que la UE sigue instalada en un túnel del tiempo en lo tocante a la legislación social y sobre empleo.
Por último, me gustaría decir que, durante el paso de la legislación por el Parlamento Europeo, ha habido tres ministros distintos en el Reino Unido, lo que quizá explique por qué el Gobierno del Reino Unido ha dado una respuesta tan débil a esa Directiva. La respuesta de los Conservadores del Reino Unido no será débil. Defenderemos el sentido común y votaremos contra ella.

Weiler (PSE).
Señora Presidenta, me han sorprendido un poco las dos últimas intervenciones, porque pensaba que habíamos alcanzado un consenso razonable entre la primera lectura y ahora en el proceso de conciliación, y que habíamos mejorado la propuesta de la Comisión en varios aspectos. Pienso que el proceso de conciliación ha sido rápido y se propuso firmemente alcanzar un resultado, que la actitud del Consejo ha sido constructiva y yo tenía la impresión de que el PPE-DE y los Liberales se habían acercado en cierto modo a nuestra postura. ¡Pensaba que había triunfado el sentido común!
Sin embargo, y aquí coincido con los oradores que me han precedido, un aspecto que debe preocuparnos es la aplicación en los Estados miembros, pero no por razones técnicas, como ha afirmado el Sr. Bushill-Matthews. Pienso que hay otra razón por la que la aplicación debe preocuparnos. Hoy me he enterado de que un músico profesional que trabaja en una famosa orquesta alemana había rechazado una entrevista con nosotros por miedo a represalias. Iba a describir los problemas que había experimentado como músico profesional, pero estaba demasiado asustado para hacerlo, y estoy segura de que no es el único caso.
Como ha afirmado la Sra. Stauner, la protección de los empleados es una necesidad básica de la vida laboral moderna, y no un lujo superfluo. La Directiva ha incorporado algunos aspectos importantes con el fin de proporcionar a los empleados de todos los sectores, desde la música hasta la industria, la seguridad de saber que tienen derecho a la instrucción y a la información acerca de los riesgos a los que están expuestos, y que las empresas deben señalarles estos riesgos. Existen varias opciones para los Estados miembros, no únicamente la protección auditiva pasiva. También pueden introducir nuevos métodos de trabajo y desarrollar nuevos puestos de trabajo en los que los niveles de ruido se reduzcan al mínimo.

Moraes (PSE).
Señora Presidenta, dado que soy la última persona que va a hablar sobre este asunto, me gustaría repetir y recalcar que la Directiva conseguirá que enfermedades como la pérdida de audición por causa de la exposición al ruido de los trabajadores y otros problemas físicos relacionados sean cosa del pasado. Eso es un logro de la ponente, un logro que es aún mayor dado que había varias posiciones nacionales muy complicadas en el momento de la presentación de este informe, como ya han dicho otros diputados. Esa posición requirió una enorme cantidad de trabajo. Desde el punto de vista del Reino Unido, nos quedamos en una situación en la que había varias aristas que limar. Actualmente estamos en una situación en la que nuestro Gobierno, y me sorprende la declaración del Sr. Bushill-Matthews a este respecto: es posible que hayan participado tres Ministros distintos, pero el Gobierno británico - que es uno de los Gobiernos más interesados en esta medida concreta de salud y seguridad - cree que se consigue un equilibrio entre la mejora de la protección de los trabajadores y la necesidad de evitar una normativa excesiva e innecesaria. Creo que es importante no caricaturizar medidas de salud y seguridad en el trabajo, cuando se ha necesitado una ingente tarea para limar esas posiciones nacionales. La Sra. Lynne ha hablado mucho sobre el impacto sobre los músicos en el sector del ocio. Todos en el Reino Unido hemos oído hablar mucho de eso. La verdad es que esos sectores se han mostrado satisfechos con lo que podría haber sido una Directiva mucho más complicada. Debemos felicitar a la ponente por los progresos realizados. Por lo tanto, votaré a favor de esa Directiva.

La Presidenta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0387/2002) de la Sra. Evans, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Directiva 86/609 relativa a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (2001/2259(INI)).

Evans, Jillian (Verts/ALE)
. (EN) Señora Presidenta, se calcula que cada año se utilizan en la Unión Europea unos 12 millones de animales vertebrados para crear y poner a prueba medicinas, vacunas, sustancias químicas y otros productos. Otros nueve millones nacen y se destruyen como animales excedentarios.
Desde que hace más de 16 años se aplicara por primera vez la Directiva 86/609, que controla la utilización de animales en experimentos, se han producido muchos cambios. La finalidad inicial de esa Directiva era evitar distorsiones en el comercio. La Unión Europea no tenía la obligación, que ahora sí tiene, de tener en cuenta el bienestar de los animales en las políticas agrícolas, de investigación, de transporte o del mercado único.
Hoy en día, el bienestar de los animales es objeto de un amplio debate público, y el interés y la preocupación sobre la utilización de animales ha aumentado. Asimismo, se han realizado enormes progresos en los conocimientos y las prácticas científicas. Por esas razones, así como por las deficiencias del funcionamiento actual de la Directiva, que han dado lugar a que la Comisión iniciara muchos casos de procedimientos de infracción a lo largo de los años, es evidente que esta Directiva precisa una urgente revisión.
La Comisión ya se ha comprometido a revisar la Directiva el año que viene. Espero que los asuntos en los que hemos centrado este informe sirvan de directrices para su trabajo, porque hay muchas lecciones que aprender. La primera es la necesidad de una inspección central a escala comunitaria, que coordine el trabajo de los inspectores de los Estados miembros, pero que también esté facultada para visitar instalaciones y revocar licencias si fuera necesario. En 1986, el Parlamento solicitó que una comisión permanente supervisara la aplicación de la Directiva, pero esa medida no fue aprobada, lo que, en mi opinión, se ha demostrado que fue un error.
Hay grandes diferencias entre los Estados miembros en la forma en que recopilan información y en la forma en que se aplican la sustitución, la reducción y el refinamiento. Por ejemplo, la Comisión ya ha publicado dos conjuntos de estadísticas sobre el número y la utilización de animales en experimentos. Los datos deben presentarse cada tres años. Asimismo, no es preciso que sean muy detallados y no hay un formato estándar de presentación de los mismos. Algunos Estados miembros publican estadísticas muy detalladas anualmente, mientras que otros publican el mínimo necesario con la menor frecuencia posible. Como consecuencia, la evaluación de la aplicación de la Directiva resulta complicada. Necesitamos que los datos se publiquen anualmente y de acuerdo con un formato estándar.
La utilización de métodos de prueba alternativos es, como es lógico, fundamental. La experimentación con animales debería considerarse la excepción a la regla, en lugar de un procedimiento científico normal. La búsqueda de alternativas está avanzando rápidamente. Es en este campo en el que deberían concentrarse los Estados miembros y al que deberían conceder prioridad.
El apartado (2) del artículo 7 de esta Directiva, que estipula que los animales deben utilizarse para experimentos únicamente cuando no haya ninguna alternativa científica viable, tiene esa finalidad. Dado que la Comisión no exige actualmente información estadística detallada, es imposible controlar si este artículo se está cumpliendo en la práctica. Como consecuencia, el informe recomienda que se cree una base de datos comunitaria central en la que se recoja información sobre todos los experimentos con animales aprobados, en curso y concluidos. Esto permitiría la realización de comprobaciones a escala comunitaria para garantizar el cumplimiento de este artículo y evitar la duplicación de los experimentos.
Aunque parece que el número de animales utilizados para la experimentación se ha reducido, la utilización de animales transgénicos está aumentando. Eso es algo que no podía preverse en 1986, cuando se adoptó la Directiva. Por lo tanto, las disposiciones de la Directiva resultan insuficientes a este respecto. Es preciso incluir los animales transgénicos.
Por último, muchas de las quejas de las ONG y de otras entidades y organizaciones se refieren a incumplimientos del artículo 5 en relación con los cuidados y el alojamiento de los animales. Esto podría solucionarse en su mayor parte mediante un curso de formación estándar a escala comunitaria en el que se aborde el bienestar de los animales y la ética de los experimentos.
Se han presentado cuatro enmiendas al informe. Quiero dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente. También quiero dar las gracias en particular al Sr. Nisticò, por haber hablado de su enmienda conmigo. Lamento no poder apoyar las enmiendas 1 y 2, puesto que debilitan considerablemente el informe en un punto que preocupa mucho, la utilización de primates, sobre todos los capturados en libertad. Por el contrario, sí puedo apoyar la enmienda 3.
Creo que hay un consenso general en el Parlamento y en la Comisión de que la Directiva 86/609 no es apropiada ni eficaz en la actualidad y a la necesidad de una nueva legislación. Espero que la Comisión asuma las recomendaciones del Parlamento.

Wallström
Celebro el informe realizado a iniciativa propia por el Parlamento Europeo sobre la Directiva relativa a la protección de los animales de laboratorio. Quiero dar las gracias al Parlamento y a la Sra. Evans por la iniciativa y por la labor realizada. El informe llega en el momento preciso para mantener el impulso para la revisión en profundidad de la Directiva.
En marzo de 2003, convocaremos una reunión de un grupo de trabajo de expertos técnicos. Expertos de todas las partes implicadas trabajarán sobre aspectos concretos, incluidos los que se tratan en el informe. Sin embargo, quiero decir que la creación y la realización de pruebas de armas con animales y la prohibición que propone el informe no son de competencia comunitaria.
El informe destaca también varios casos de transposición incorrecta de la Directiva en la legislación nacional de los Estados miembros y algunos casos en los que se ha producido una aplicación práctica incorrecta. Hemos actuado activamente contra esos casos y, debido a ello, cuatro de los nueve casos presentados en el informe ya se han cerrado satisfactoriamente.
En conclusión, considero que debemos dar una calurosa acogida a ese informe, ya que proporciona los elementos clave para la revisión detallada de la Directiva. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por su apoyo a la estrategia de dos fases que hemos adoptado para enmendar la Directiva. En estos momentos, se está dando el primer paso, relativo a la inclusión del procedimiento de adaptación técnica en la Directiva. El Parlamento aprobó la propuesta en julio de 2002 sin enmiendas. Sin embargo, recientemente se ha hecho necesaria una modificación de la redacción y es probable que el Consejo adopte una posición común. Por lo tanto, quiero pedirles que, en el momento de la segunda lectura, la aprobación vuelva a ser rápida.
El segundo paso para enmendar la Directiva será, por supuesto, la revisión en profundidad. Quiero volver a recalcar que creo que el informe del Parlamento constituye una ayuda importante y espero poder contar con el apoyo continuado del Parlamento en nuestros esfuerzos para seguir mejorando el bienestar de los animales utilizados para la experimentación en la Unión Europea.

Nisticò (PPE-DE).
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha expresado en varias ocasiones su firme convicción acerca de este asunto y se ha declarado en contra de la utilización de animales de laboratorio en casos en los que se repiten experimentos que ya se han llevado a cabo en otros países tecnológicamente avanzados, cuando existen métodos alternativos aprobados a escala internacional y cuando los productos en cuestión no son estrictamente necesarios, como es el caso de los cosméticos.
La Directiva 86/609 establece límites y normas que los países de la Unión Europea tienen que respetar para garantizar la máxima protección de los animales. Espero que estos se apliquen en toda la Unión Europea. Sin embargo, debemos recordar que las personas que dedican su vida a la investigación científica son profesionales cualificados, como lo son los asesores científicos de la Comisión, que son plenamente conscientes de esta responsabilidad y realizan experimentos con el noble objetivo de erradicar enfermedades que hoy en día son incurables y mortales.
Además, tenemos que reconocer que en la actualidad todavía tenemos que usar primates subhumanos para ciertos fines. Esta práctica es necesaria para evaluar la efectividad y la seguridad de las vacunas del sida - cada año siguen muriendo dos millones de personas -, para la producción de vacunas de anticuerpos monoclonales para combatir enfermedades como el cáncer, la polio, la tuberculosis o la malaria, o cuando no se dispone de otros métodos alternativos. Comisaria, prohibir este tipo de experimentos con primates supondría poner en peligro las vidas de muchos niños y adultos, privándolos de medicamentos y vacunas que son esenciales para preservar sus vidas.
He presentado tres enmiendas. Voy a retirar la segunda, pero las enmiendas 1 y 3 se mantienen tal como están. La enmienda 1 reviste una importancia especial para mí, y por ello espero que mañana la razón prevalezca sobre la emoción, porque es fundamental para la protección de la salud humana. Si la enmienda 1 no se aprueba, lamentablemente me veré obligado - como ya he comunicado a la ponente - a abstenerme en la votación final.

Lund (PSE).
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera darle las gracias a la Sra Evans por su excelente informe y agradecer a la Sra. Wallström la acogida tan positiva que ha dado al informe del Parlamento. Creo que teníamos razón al señalar la aplicación insuficiente de la Directiva de 1986 por parte de los Estados miembros. También pienso que el informe muestra claramente la necesidad de endurecer las reglas actuales. Apoyo plenamente la obligación de la Comisión, antes del año que viene, de presentar una propuesta acerca del modo en que los experimentos con animales van a estar regulados en el futuro. Entre los aspectos que creo que habría que endurecer está el ámbito de aplicación. Creo que sería importante que los experimentos con animales incluyeran el uso de éstos con fines educativos, y también debemos considerar las condiciones en las que se utilizan animales transgénicos y modificados genéticamente en experimentos. Tenemos que establecer reglas éticas claras.
También creo que es muy importante que obtengamos una base de datos centralizada de experimentos con animales que estén aprobados, tanto los que están en curso como los que ya se han realizado, y tanto los que se han llevado a cabo con éxito como los que han sido un fracaso. Creo que es importante que contemos con una base de datos combinada de este tipo para evitar repetir experimentos que ya se han realizado. Por último, quiero apoyar la idea de la Sra. Evans de mejorar la supervisión de las condiciones en las que se crían los animales, quizás mediante una inspección común de la Unión Europea que garantice el cumplimiento de las reglas. Permítame decir que apoyo la enmienda 3 y que la votación será libre para la enmienda 4 en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Por otra parte, no apoyamos las enmiendas 1 y 2. Espero ansiosamente una propuesta de la Comisión que esté a la altura de las expectativas que muestra el informe del Parlamento, inspirado por la Sra. Evans.

Musumeci (UEN).
Señora Presidenta, empezaré diciendo que no pertenezco al grupo de extremistas de los derechos de los animales ni por naturaleza ni por inclinación, nunca he sido vegetariano y no soy de los que les gusta dormir con el perro encima de la cama. Creo firmemente que no nacemos queriendo a los animales, pero tenemos el deber de respetarlos. También ésta es una manera de medir el grado de civilización de un pueblo. La falta de atención casi total por parte de muchos Estados miembros a la necesidad de aplicar adecuadamente la Directiva 86/609 relativa a los animales utilizados con fines experimentales, las terribles deficiencias de la propia Directiva y el retraso en darse cuenta de la necesidad de actualizarla confirman como mínimo dos cosas: primero, que el bienestar de los animales es un tema tabú en esta Europa rica y opulenta, y segundo, que los grupos de presión económicos internacionales todavía consiguen bloquear el debate político libre acerca de ciertos temas.
Admitir, como yo lo hago, que el progreso científico incluye la experimentación con animales no significa permitir que los Estados miembros incumplan y violen repetidamente las normas y ocasionen sufrimiento innecesario a los animales de laboratorio. Por lo tanto, la Comisión Europea debe agilizar su proceso de reforma en este ámbito y reforzar el control y seguimiento de los Estados no sumisos, y el Parlamento, sin permitir que haya tensiones entre su cabeza y su corazón, debe armarse de valor, con la resolución que hoy tenemos ante nosotros de coger las armas y hacer la guerra ideológica al egoísmo y las maneras perversas de la humanidad, y sin poner en peligro la investigación científica, confirmar nuestra incuestionable obligación de respetar a los animales indefensos.

Flemming (PPE-DE).
Señora Presidenta, Comisaria, es tarde, así que voy a ser breve. Estoy encantada con este informe. Gracias a la Comisaria por lo que acaba de decir. Estoy encantada de que las enmiendas que propuse fueran aceptadas por todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente. También quiero darle las gracias a mi amigo el Sr. Nisticò aunque estemos en desacuerdo en una cuestión. Creo que es moralmente censurable sacar a los primates de su estado salvaje. Si pensamos que no podemos pasar sin ellos, entonces debemos criarlos.
Yo vengo de un país en el que ya no nos atrevemos a tener a estos animales en un zoo, ni siquiera en el zoo de Schönbrunn, que es el más bonito y antiguo del mundo. La última vez que una compañía farmacéutica se atrevió a traer dos chimpancés de África a Austria, estos fueron rescatados. Ahora viven con los nombres de Liesl y Hiasl en un centro de salvamento animal en Viena, y son muy queridos por el público. Como dijo una vez un famoso jurista inglés, no nos preguntamos si los animales piensan o si los animales hablan. No, nos preguntamos si pueden sufrir. Y sin duda pueden.

Whitehead (PSE).
Señora Presidenta, siempre es un placer escuchar a una ponente comprometida y a una Comisaria comprometida hablar de su preocupación común en este asunto. Eso ha permitido, como es lógico, acortar el debate, ya que no se han presentado preguntas.
Quiero decir dos cosas. En primer lugar, es extraordinario que una Directiva aprobada en 1986 no haya sido todavía aplicada como es debido en algunos Estados miembros. Creo que el informe de la Sra. Evans ha servido como mínimo para llamar nuestra atención sobre la necesidad de acelerar el proceso, porque es un aspecto central para la reforma de nuestros procedimientos en general: en la actualidad, la aplicación y cómo se realiza, y no la innovación, es siempre nuestro lema.
Estoy de acuerdo con el Sr. Lund sobre las enmiendas del Sr. Nisticò. Tengo que decir con todo respeto que no creo que pueda apoyar las enmiendas 1 y 2 que ha retirado. La razón es, simplemente, que me parece que se devalúa a los animales capturados en libertad, como si fueran un suministro barato que puede traerse, mientras que todas nuestras preocupaciones se centran en los animales nacidos en cautividad y a los que están en los laboratorios. También creo que tenemos que analizar muy detenidamente esta Directiva, con el fin de determinar la forma en que el proceso de experimentación funcionará en el futuro. Tenemos el tríptico presentado por la Sra. Evans: sustitución, reducción y rebaja. Yo añadiría la reflexión: tenemos que reflexionar antes de que se lleve a cabo cada experimento. ¿Por qué vamos a hacerlo? ¿Lo vamos a duplicar? ¿Cuáles van a ser los resultados? Será un buen día para el Parlamento, y también para los animales en cuestión, si podemos hacerlo.

Costa, Raffaele (PPE-DE).
Señora Presidenta, se ha dicho mucho esta tarde sobre este tema. Cada orador ha explicado su postura de forma calmada y resuelta, y yo no quiero utilizar todo el tiempo del que dispongo por miedo a repetir lo que ya se ha dicho.
La Directiva 86/609 establecía disposiciones que reflejaban el entendimiento - bastante limitado todavía - de la época. Han transcurrido más de 15 años desde entonces, y durante este tiempo diría que apenas ha tenido efecto alguno, porque todos los días recibimos noticias que no tratan precisamente de situaciones que se ajusten a la Directiva, sino de maltrato de animales y comportamientos ilegales. Los Estados no han cumplido de ninguna manera la Directiva, y el conjunto de la sociedad - tanto la sociedad humana como, por supuesto, el reino animal - se ha sentido desprotegida. El informe incluye varias disposiciones muy específicas sobre el comportamiento de países sin duda importantes - Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido - que se han comportado de modo distinto, pero en cualquier caso, de manera que justifica la aserción de que casi ningún Estado ha cumplido la Directiva durante mucho tiempo. El incumplimiento de la Directiva ha tomado formas diferentes, pero sigue siendo incumplimiento. Pocos países de la Unión Europea han escapado a las críticas, y puede que sea porque en la fecha en cuestión todavía no formaban parte de la Unión Europea y por tanto no han sido evaluados.
Pienso que debe haber un compromiso a este respecto. Las propuestas del informe son sin duda sólidas, las recomendaciones por parte de la Comisaria - aunque pienso que es un poco demasiado optimista - son sin duda sólidas, pero lo importante es que la legislación se aplique, y para ello necesitamos inspectores, necesitamos seguimiento, necesitamos todos los esfuerzos posibles para asegurar que se respete la Directiva, incluso antes de empezar a revisarla.

La Presidenta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas.

