Apertura del periodo anual de sesiones
El Presidente
Declaro abierto el período de sesiones 2000-2001 del Parlamento Europeo.

Orden del día
Lannoye
Señor Presidente, la recomendación para la segunda lectura sobre los productos de cacao y de chocolate, de la que soy ponente, figura inscrita como segundo punto en el orden del día de la sesión de esta mañana. A las 20.30 horas de ayer me enteré, por casualidad, de que la votación se celebraría este mediodía. Según tengo entendido, la votación estaba prevista para mañana al mediodía. Ahora bien, este cambio me ha cogido totalmente desprevenido, y ni siquiera he tenido la posibilidad de preparar la lista de votaciones y de comprobar si se han solicitado votaciones nominales.
Sabemos que el asunto es controvertido y que está bastante mediatizado. Hace diez años que soy diputado de este Parlamento y siempre se me ha comunicado, como ponente, cualquier cambio en el orden de las votaciones. Pido que la votación se aplace hasta la sesión de mañana, lo cual solucionaría mi problema, sin perjudicar a nadie, creo yo, puesto que se trata de una votación relativamente breve.

Swoboda
Señor Presidente, nosotros no tenemos nada que objetar en contra de que se aplace la votación. Yo sólo quisiera insistir en que también se celebren mañana las demás votaciones previstas, en particular la relativa a la Cumbre de Lisboa. Con esta condición, no nos oponemos a dicho aplazamiento.

El Presidente
Los servicios competentes me informan que mañana tendremos un turno de votaciones más bien cargado.

Blokland
Señor Presidente, al igual que el Sr. Lannoye, me vi confrontado a última hora de la noche de ayer con el hecho de que la votación de mi informe en segunda lectura se previera para las 12.00 horas. Los Grupos me han rogado encarecidamente que le pida que no se proceda a dicha votación a las 12.00 horas, sino mañana, puesto que los diferentes Grupos no han tenido la oportunidad de pedir votaciones por partes ni votaciones nominales. En definitiva, supuso realmente una gran sorpresa que la votación se hubiera previsto para las 12.00 horas del día de hoy. Por todo ello ruego, en nombre de otros muchos diputados, que la votación se celebre mañana.

El Presidente
Señor Blokland, los funcionarios de los servicios competentes me comunican que la votación de su informe ya está prevista para el turno de votaciones de mañana. Ahora, pregunto al Pleno si está de acuerdo en aplazar hasta mañana la votación del informe Lannoye. En caso afirmativo, se acuerda dicho aplazamiento.

Programa legislativo anual (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el programa legislativo anual para el año 2000.

Prodi
. (IT) Señor Presidente, Señorías, el año 2000 debe ser un año de giro y será el año de giro de Europa. Ya hemos aclarado en nuestro debate sobre el plan quinquenal que este año marcará el comienzo de la "década de Europa" y, por lo tanto, el año de giro de la Comisión. La explicación del plan quinquenal nos ha facilitado el marco de referencia general y ya ilustramos el programa de la Comisión para los próximos cinco años. Debemos decir que, tan sólo un mes después de ese debate, hemos comenzado a actuar concretamente y puesto en marcha el largo proceso de ampliación a los sucesivos países que han solicitado la adhesión. Se trata de un trabajo de mucha envergadura y de gran alcance y calado, y quisiera reiterar ante este Pleno que la Comisión se está empleando a fondo en esta tarea. Desde muchos ángulos se ha comprobado mi declaración de compromiso muy fuerte con la ampliación, así como que la Comisión se ha comprometido muy seriamente a llevar a cabo este proyecto para tranquilizar a nuestras opiniones públicas. Quisiera reiterar a todo el mundo que se trata de un compromiso serio, solemne, cuya finalidad no es aplazar la ampliación, sino realizarla en plazos concretos, ciertos y prudentes. Si no haremos esto, llegará un momento en que la misma ampliación se convertirá en imposible. Por el contrario, éste es el compromiso fundamental del quinquenio de legislatura de la Comisión actual.
Hemos puesto en marcha el plan quinquenal también con respecto a los otros dos puntos en los que nos habíamos comprometido: la modernización de la Comisión y la preparación de la Conferencia Intergubernamental. Hoy planteamos el discurso de una forma diferente y más analítica y las críticas que se me hicieron en el debate anterior, que sólo fue un debate de carácter general, eran justas, ya que ese era el plan quinquenal. Hoy tienen ante ustedes un documento analítico y muy específico, porque así debe ser un programa anual. Se trata de un programa de acción concreto, de un documento pormenorizado: para cada iniciativa de la Comisión se señalan el servicio competente, los procedimientos, las fechas de aprobación, el instrumento de trabajo, el tipo de documento previsto y el fundamento jurídico propuesto. Se indican todos los pasos a través de los cuales se concretan estas decisiones. Es evidente que hemos hecho especial hincapié -no lo digo porque estamos aquí, ante el Parlamento, sino porque me parece muy importante -en las competencias que implican un procedimiento de codecisión del Parlamento. Hemos publicado todo este programa en Internet, no para seguir una moda -que no es una moda, sino un gran cambio cultural- sino porque así cada ciudadano puede disponer de él y cotejarlo. Actualmente, ya no existe un plan oculto o un plan privado. Éste es un plan contrastable.
Analicemos ahora el fondo de las líneas de este plan. Hay un espíritu fundamental, un espíritu que guía el propio plan: dar una respuesta a los problemas específicos de los ciudadanos. Se trata de un programa anual y, por lo tanto, hay que ser específicos. Hemos abordado todos los asuntos de mayor trascendencia y en esta exposición quiero mencionar algunos de ellos: el medio ambiente, la salud, la energía, los transportes y la protección de los consumidores, así como el gran problema de la justicia.
Empecemos con una pequeña reflexión sobre este último punto. En definitiva, los ciudadanos europeos piden justicia para gozar de seguridad en su vida cotidiana. Cuando he hablado de la ampliación he tenido en cuenta estas cosas, ya que es muy importante tener presente el marco global. La Comisión presentará propuestas concretas en relación con la seguridad con vistas a una coordinación más estrecha entre las fuerzas del orden de toda Europa y a una acción común de lucha contra la delincuencia y porque debemos afrontar grandes problemas, entre los cuales también se plantean nuevos problemas. Se registran nuevas tensiones raciales, existen problemas de minorías y problemas de convivencia fundamentales. Debemos garantizar, proteger y regular esta convivencia. Este año, por lo tanto, arbitraremos medidas eficaces en materia de emigración y de derecho de asilo. A lo largo del año 2000 presentaremos propuestas concretas en relación con estos ámbitos. Nuestra línea es muy clara. Debemos conjugar apertura, tolerancia y hospitalidad con seguridad. En consecuencia, vamos a proponer medidas para mejorar el reconocimiento recíproco de las sentencias en materia civil y comercial.
El espacio de justicia es indispensable para que funcione el mercado. Si no conseguimos un espacio de justicia, el mercado único es un mero planteamiento teórico y no un instrumento operativo cotidiano. Para medir los progresos en este y en otros campos, presentaremos un scoreboard, es decir, una verdadera tabla donde se registren los puntos de dificultad, así como los puntos conseguidos. Se nos pidió en Tampere, hemos prometido crearlo y, por consiguiente, el espacio único de justicia es uno de los objetivos prioritarios.
En cuanto al medio ambiente, se trata de uno de los problemas más serios que tenemos ante nosotros. En efecto, cada año vemos que los nuevos problemas casi se superponen a los resultados alcanzados. Es una especie de trabajo de Sísifo. Hay que hacer un esfuerzo muy fuerte porque si no se recupera de manera dinámica la política medioambiental, luego resultará casi imposible subir por la pendiente. Hemos adoptado un Libro Blanco sobre las responsabilidades medioambientales y la estrategia para cumplir los objetivos de Kioto de reducción de las emisiones; ahora debemos trabajar en todo el marco jurídico general para el medio ambiente y en el marco jurídico relativo a los organismos modificados genéticamente. Además, no podemos dejar de presentar una visión de conjunto y una estrategia para la industria química europea porque, de lo contrario, nuestro esfuerzo se convertirá realmente en un trabajo de Sísifo.
Otro capítulo que quiero mencionar como ejemplo de nuestro plan concreto es el tema de la pesca y de la utilización de los recursos, un tema que guarda una relación muy estrecha con el medio ambiente. Debemos lanzar un programa para reducir el número de buques de pesca, habida cuenta de que ya no existe un equilibrio entre las capturas y la reproducción natural. Es necesario restablecer este equilibrio y proteger el medio ambiente; al mismo tiempo, tenemos una fuerte obligación con los que viven de la pesca y que se concentran sobre todo en algunas regiones menos favorecidas de la economía europea. Nos emplearemos a fondo con miras a firmar el acuerdo con Marruecos y tendremos que simplificar la legislación europea en materia de pesca, porque la existencia de más de veinte reglamentos no nos permite un orden y no garantiza que se mantenga el equilibrio al que nos hemos referido. Por lo que respecta al medio ambiente, nuestro punto de referencia es la Conferencia del año 2002 que se celebrará diez años después de la Conferencia de Río de Janeiro. En esta conferencia deberemos llevar resultados concretos.
En cuanto a la energía, se trata de un asunto especialmente importante en estos días, porque creo que Europa debe tener cada vez más su propia voz con respecto a los problemas energéticos. Cuando culmine la ampliación, seremos los mayores consumidores de energía del mundo. Por lo tanto, nuestro compromiso será presentar un documento sobre las diferentes fuentes de energía teniendo como objetivo la seguridad de los abastecimientos.
En lo que respecta a los transportes, nos comprometemos a crear un espacio aéreo comunitario. Éste es un compromiso en el que ya se está empleando a fondo la Vicepresidenta Sra. Loyola de Palacio, y dentro de pocos meses tendremos el marco completo. A esto debemos añadir el problema de la seguridad de los transportes marítimos y no sólo el de la seguridad de los transportes aéreos. Es un problema que guarda relación con el discurso de la ecología y es de capital importancia.
Por último, tenemos los derechos de los consumidores y el problema de la salud. Con respecto a los derechos de los consumidores, la prioridad es la seguridad de los productos y de los servicios. Hace falta una legislación más clara para los ciudadanos, al objeto que estén protegidos de insidias como la publicidad engañosa. De hecho, en este ámbito, los ciudadanos tienen pleno derecho a conocer perfectamente los productos que compran. En lo que atañe a la salud, hemos elaborado una estrategia en materia sanitaria y respecto a este tema adoptaremos un programa de acción que, evidentemente, se une al de la seguridad de los alimentos que acabamos de mencionar. El año 2000 es el año en que se concretará la propuesta relativa a una autoridad europea en el sector alimenticio; ya contamos con el Libro Blanco y, en otoño, tendremos el texto legislativo que implementará esta última iniciativa. A esto debemos añadir otras propuestas, actualmente en fase de elaboración, relacionadas con el asunto de la defensa de los derechos de los animales que se ha debatido ampliamente en los últimos meses.
Estos son los esquemas lógicos que aplicamos en el programa anual; los mismos se separan del discurso de referencia del programa quinquenal, son muy específicos y concretos. Evidentemente, a los ejemplos que he mencionado hoy podemos añadir otros en otros ámbitos, sin embargo, la metodología es la siguiente: la lista concreta, los plazos, la seriedad en la acción. Ésta es, por así decirlo, nuestra facturación diaria, la entrega de nuestros productos responde al compromiso que hemos adquirido ante los ciudadanos europeos. En efecto, estas cosas afectan muy de cerca a la vida de todos nosotros y es por esto que el Parlamento desempeña un papel determinante. Ustedes desempeñan la función de ser el gran medio de conexión con los ciudadanos europeos y debemos realizar un trabajo en común con el fin de que la respuesta a los ciudadanos sea clara, concreta e inmediata. Ayer cerramos el debate afirmando que nuestro éxito se medirá con la participación de los ciudadanos en las próximas elecciones europeas. Creo que con las medidas concretas a las que hoy me he referido estamos estableciendo la confianza y la relación con los ciudadanos.
Les agradezco la colaboración que nos han prestado hasta ahora y les invito a reforzarla para que podamos dar las respuestas concretas que todos esperan de nosotros.

Poettering
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Programa anual y el Programa legislativo de la Comisión para el año 2000 deberían ofrecernos a todos la oportunidad de volver a reflexionar sobre las funciones y tareas fundamentales de la Comisión, pero también de las instituciones europeas.
Señor Presidente de la Comisión, el Grupo del PPE/DE tiene un interés fundamental en una Comisión Europea sólida. No vamos a permitir -allí donde tengamos influencia- que el Consejo de Ministros sustraiga en cierto modo algunas funciones a la Comisión para ejercerlas luego directamente. Al contrario, consideramos que la Comisión es la guardiana de los Tratados y a ella le corresponde el derecho de iniciativa en relación con la legislación europea. ¡Nosotros vamos a defender ese derecho!
Sin embargo, también queremos recordar que la Unión Europea en su conjunto se basa en unos valores y unos principios, y se basa en el Derecho europeo. Dentro de dos meses -el 9 de mayo- tendremos ocasión de recordar a Robert Schuman, que el 9 de mayo de 1950 presentó la magnífica propuesta a favor de la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Entonces señaló que el objetivo no ha de ser equilibrar los intereses de las naciones europeas, sino su unificación. Este es el fundamento y el punto de partida de la resolución de los conflictos sobre la base del Derecho europeo, y nosotros vamos a observar atentamente cómo cumple la Comisión su función de guardiana de los Tratados también en este aspecto. ¡Nadie debe vulnerar el Derecho europeo! Existen unos límites en los que confluyen la equidad, la igualdad de trato y el Derecho de la Unión Europea, de la Comunidad Europea.
Si ayer hubiese tenido el uso de la palabra en presencia del señor Presidente del Consejo, habría dicho lo mismo que digo ahora. Para mí es un motivo de gran preocupación que la Presidencia del Consejo y con ella todo el Consejo adopte un trato diferenciado hacia un país miembro de la Unión Europea. No me parece conciliable con los principios de la Unión Europea y con la noción de una Comunidad de Derecho que el Presidente del Consejo visite las capitales europeas para preparar una Cumbre europea -siguiendo el procedimiento habitual desde hace muchos años-, pero excluya a una capital e invite a los representantes de dicho país a trasladarse a Bruselas.
(Aplausos de la derecha)
Por esto lo digo ahora dirigiéndome a la Comisión: señor Presidente de la Comisión, hasta el momento no hemos tenido ningún motivo de crítica contra la Comisión. Su tratamiento de esta cuestión ha sido correcto y ajustado a derecho -no tenemos nada que objetar al respecto-, pero en el futuro también vamos a juzgar a la Comisión atendiendo a si continúa actuando como hasta ahora como la guardiana de los Tratados y garantizando junto con nosotros el cumplimiento del Derecho europeo. Si se vulnera el Derecho europeo y la equidad, nos veremos obligados a hacer oír también claramente nuestra voz, pues debemos defender nuestros orígenes.
(Aplausos de la derecha)
Me gustaría exponer una reflexión sobre la subsidiariedad. Algunos conciben la noción de la subsidiariedad como una palanca para transferir las tareas europeas al ámbito municipal, regional o nacional. Esto puede ser adecuado en ciertos casos individuales y es preciso que en cada procedimiento legislativo consideremos también si la tarea en cuestión se puede cumplir mejor a escala nacional, regional o local. Es algo que tenemos que hacer. Pero el concepto de la subsidiariedad incluye también la obligación de la Unión Europea de asumir aquellas tareas que no se puedan cumplir de manera razonable a escala nacional, regional o local.
Señor Presidente, a ustedes les corresponde ejercer el derecho de iniciativa. De conformidad con los Tratados, el Parlamento Europeo puede solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa. Hasta ahora hemos visto que no siempre se ha respondido a estas peticiones. El 15 de septiembre del año pasado se alcanzó un acuerdo con la Comisión, por el que ésta se comprometía a hacer suyas la mayor parte de las iniciativas legislativas solicitadas por el Parlamento. Yo le ruego, señor Presidente de la Comisión, que se tome muy en serio este acuerdo. En el futuro esperamos que cuando el Parlamento solicite a la Comisión que presente una propuesta, ésta cumpla su palabra y responda a la petición.
Si así lo hacen, yo puedo asegurarle en nombre de nuestro Grupo que nosotros también contribuiremos -allí donde nos sea posible- no sólo a una Europa fuerte, sino a que también lo sea la Comisión, cuyos derechos nos proponemos defender también frente al Consejo de Ministros. En este sentido, estamos obligados a establecer, en interés de Europa, una buena colaboración y un buen diálogo entre la Comisión y el Parlamento Europeo, y por consiguiente también en este aspecto vamos a apoyar, donde nos sea posible, su política para el año 2000.

Swoboda
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, cuando los ciudadanos y ciudadanas de Europa intentan localizar esta Europa, dirigen su mirada sobre todo hacia Bruselas y especialmente hacia la Comisión. En mi calidad de parlamentario, esto no me satisface pero, al menos de momento y mientras no cambien las cosas, tengo que reconocer que es así. Sin embargo, esto también significa que la Comisión debe responder a una enorme exigencia. Si quiere impulsar el gran cambio de rumbo que ha mencionado, señor Presidente de la Comisión, tendrá que empezar a muy pronto.
A la vista de esta responsabilidad, en su anterior intervención ante esta Cámara usted manifestó su propósito de concentrarse más en los aspectos esenciales de su trabajo, señor Presidente de la Comisión. Lo cual se podría describir también como la aplicación y transposición del principio de subsidiariedad. No obstante, en este contexto, debe quedar claro que esto no se puede traducir en la delegación de las tareas que a la Comisión le resultan demasiado complicadas o difíciles. Como también debe quedar claro, señor Presidente de la Comisión, que deben empezar a aplicar ya esos criterios y comenzar esa labor. No podemos esperar a que se elabore un libro blanco, pues la Comisión ya tiene muchos trabajos en curso que quizá se deberían reconsiderar desde este punto de vista, mientras que otros aspectos se tendrían que transponer con mayor celeridad y de manera más clara.
Los y las socialdemócratas de esta Asamblea nos diferenciamos de los demás Grupos no tanto por la amplitud de las tareas o la cantidad de propuestas que esperamos, sino evidentemente por su orientación. Queremos fortalecer de manera clara e inequívoca el papel internacional de Europa y mejorar también su competitividad. A nuestro modo de ver, el objetivo principal ha de ser la construcción de una Europa más social, una Europa de la igualdad de oportunidades, y también incrementar la seguridad y la calidad de vida en Europa. No obstante, no deseamos una burocratización ni una centralización de Europa. ¡Esa no es nuestra idea de Europa! Si usted trabaja a favor de ese objetivo, señor Presidente de la Comisión, coincidiremos plenamente.
Paso a tratar ahora un segundo punto. La Comisión ha presentado al Parlamento una larga lista de intenciones. Nosotros, prudentemente, hemos decidido redactar una resolución que quizá no sea tan larga como la suya, pero que responde a ella con una serie de propuestas y en parte también de contrapropuestas.
Este intercambio de listas no es la forma óptima de diálogo y en el futuro deberíamos idear, por consiguiente, otra vía. Yo le rogaría, señor Presidente de la Comisión, que en su próximo programa presenten una valoración de sus éxitos y también de sus fracasos y expongan en qué medida han conseguido lo que se habían propuesto, con objeto de que unos y otros podamos iniciar de ese modo un diálogo más adecuado, un diálogo óptimo y constructivo. Me parece que eso sería mucho más razonable que el ejercicio que vamos a repetir de nuevo esta semana, aunque yo espero que sea por última vez.
Señor Presidente de la Comisión, yo quisiera retomar su expresión: "el año del cambio de rumbo" . Es tarea de todos nosotros seguir los debates sobre Europa en los distintos países y no sólo en nuestros respectivos países de origen. En este sentido, la verdad es que siempre me asusta comprobar que, en el contexto de este debate, todavía no hayamos conseguido persuadir a las ciudadanas y los ciudadanos de Europa de la necesidad de esta Europa, y sobre todo que todavía no hayamos conseguido transmitirles que nuestra única oportunidad de influir sobre la globalización es una Europa fuerte, que no debe regularlo todo, pero sí aquello que tiene un valor añadido europeo. No se trata de impedir la globalización, lo cual en cualquier caso no está en nuestra mano. Nuestro objetivo sólo puede ser configurarla a partir de nuestros valores, de nuestra diversidad. Para ello es preciso que entre todos logremos mejorar claramente la comunicación, a la que también se ha referido usted.
Ustedes están diseñando una estrategia de comunicación con vistas a la ampliación de la Unión Europea. Sin embargo, señor Presidente de la Comisión, sólo lograremos conseguiremos un verdadero cambio de rumbo si somos capaces de plantearnos conjuntamente, en el contexto de cada proyecto y de cada propuesta legislativa, cómo podemos convencer a los ciudadanos y ciudadanas de la necesidad de esa propuesta. Si no logramos esa mejora de la tecnología de la comunicación, no será posible alcanzar nuestro objetivo común, que es conseguir una mayor participación en las próximas elecciones europeas. Lo cual no sólo sería una lástima para los diputados de esta Asamblea, que quizá ya no estemos aquí, sino también para Europa.

Wallis
Señor Presidente, mi Grupo está muy satisfecho con el Programa legislativo anual, pero el proceso nos preocupa un poco.
Me he visto envuelto en este procedimiento siendo un diputado relativamente reciente de este Parlamento. No sin cierta incredulidad me he encontrado frente a diversos proyectos de resolución presentados por cada uno de los Grupos; todos parecían listas de compra de diferente longitud y con diferentes ingredientes. Para seguir con la metáfora diré que si tuviéramos que preparar una comida con esas listas de compra, la comida sería más bien prolongada y más bien indigesta.
Me hago cargo de que la tradición ha sido preparar obedientemente esas listas pero, aunque no me distinga por mi carácter radical o revolucionario, tengo la impresión de que a mis colegas les parece que este proceso carece de algo, especialmente en momentos en que estamos tratando de reconectar a Europa con sus ciudadanos, y cuando queremos que los ciudadanos de Europa sepan qué es lo que estamos haciendo aquí.
Se ha hablado mucho de concentrarnos en tareas fundamentales y de conseguir, no más cantidad, sino mejor calidad de la legislación europea. Todo eso tiene poco que ver con esas listas interminables. Pensando en lo que acabo de decir, hemos preparado una resolución de una página que subraya las esferas esenciales. A pesar de todo la resolución no ha llegado a ser una resolución de compromiso, y ahora quisiéramos dejar una clara indicación para que en el futuro se sepa de qué forma hay que desarrollar el proceso. Nos gustaría sugerir que, como se trata de un proceso importantísimo y de un importantísimo momento en nuestro ciclo legislativo, y para que la Comisión y el Parlamento puedan abordar esta cuestión con espíritu constructivo, el discurso anual sobre el estado de la Unión se combine con una resolución del Parlamento sobre las prioridades políticas esenciales y a continuación pase a las comisiones parlamentarias para que lo examinen con más detalle. Esto se apartaría del sistema de listas de compra y nos permitiría centrarnos más en los aspectos políticos. El Parlamento podría participar plenamente en el proceso, sin limitarse a comparar e intercambiar listas de compra.
Como queremos dar un mayor sentido de finalidad y una mayor prominencia a este procedimiento, el ELDR tiene la intención de no firmar la actual lista de ocho páginas, no porque tengamos algo que objetar a su contenido, sino porque nos parece que corremos el riesgo de entronizar un acto ritual anual que carece de esencia y de verdadero significado. Lo que queremos es captar la imaginación de los ciudadanos de Europa.

Lannoye
Señor Presidente, no voy a repetir la crítica global, que hicimos en la sesión anterior del Parlamento, sobre las orientaciones del trabajo de la Comisión Europea. Lo menos que puede decirse es que el programa que se nos somete este año es copioso.
El mismo contiene elementos positivos y otros que lo son menos. Desearía hacer hincapié en un capítulo que considero algo incompleto, el de la política social. Esto no sería demasiado grave si durante los últimos cinco años se hubiesen registrado avances significativos; pero no es así. Ahora bien, con respecto a la política social, la Comisión y el Parlamento tienen la posibilidad de promover muchas actuaciones. En el marco del Capítulo I del Título 11 del Tratado, en particular, pienso concretamente en los problemas relativos a las condiciones de trabajo y a la mejora del medio de trabajo.
Con respecto, en especial, a la seguridad y la salud de los trabajadores, en este momento nos regimos por una directiva que data de 1989. En mi opinión y en la de mi Grupo, esta directiva tendría que ser reconsiderada a la vista, sobre todo, de un importante estudio publicado en 1997 por la Fundación de Dublín. El mismo destaca una degradación general de las condiciones de trabajo en algunos sectores importantes. Esto merece que se reflexione, y desearía que la Comisión estudiara a fondo este expediente y efectuara una evaluación de lo que habría de modificarse en dicha directiva, para mejorar la situación.
No me extenderé sobre el fondo, y querría ahora examinar durante unos minutos el propio proceso, vinculado al programa legislativo, es decir, la presentación del programa y su realización. En este sentido, pediré categóricamente dos cosas por parte del Grupo Verts, aunque hubiese deseado que fuesen exigencias del Parlamento, pero bastará, por hoy, expresar dos peticiones categóricas.
En primer lugar, cuando se aprueba una resolución del Parlamento Europeo, en el marco concreto de una iniciativa de este Parlamento, considero democrático que, dentro de un plazo razonable, la Comisión realice un seguimiento serio de una petición de este tipo. Por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente existe un Libro Blanco sobre responsabilidad civil en materia de medio ambiente. Se trata de un avance importante, pero señalo que, a pesar de todo, este Libro Blanco es resultado de una resolución del Parlamento aprobada en 1994, es decir, hace seis años. Y después del Libro Blanco habrá, sin duda, que esperar bastante tiempo para que se elabore una directiva. Como podemos ver el procedimiento es muy lento, y para justificar esta lentitud, creo importante que se elabore un informe.
Segundo elemento: cuando en el marco del programa legislativo se anuncia una propuesta legislativa y ésta no se presenta durante el año en curso, se nos tendría que informar por qué no se ha hecho. Doy un ejemplo. Hoy se anuncia una propuesta de directiva sobre los residuos eléctricos y electrónicos. A pesar de haber sido anunciada en varias ocasiones, nunca ha llegado a presentarse. Sabemos que ello se debe a las presiones del Gobierno norteamericano, que amenaza con entablar una acción ante la OMC, pero sería pertinente, justo, democrático y transparente que la Comisión nos explicara lo que ocurre en los pasillos y por qué da largas a la presentación de dicha directiva.

Manisco
Señor Presidente Prodi, permítame expresar la aprensión y la alarma que me causan el enfoque dado al programa para el año 2000 que usted ha definido año de giro, así como la falta de propuestas realmente innovadoras. Lo que nos preocupa es el planteamiento programático, semi-ideológico de este plan de trabajo, su adopción subordinada y dogmática del modelo estadounidense, de ese modelo de desarrollo asocial y drogado que perturba los sueños de personajes fuera de toda sospecha como el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. El suyo es un planteamiento carente de una visión autónoma -no ciertamente antitética- de la Europa de hoy y de mañana, impracticable, por no decir, ciega ante elementos que están despertando la conciencia de muchos de sus colegas europeos: eventos puntuales como Seattle que usted pretende relanzar a toda costa, o los reiterados y arrogantes vetos de Washington a los candidatos al Fondo Monetario, levantados sólo en estas últimas horas por la insistencia europea en el nombre de Horst Köhler. Ante el rodillo estadounidense, usted se empeña en atenuar al máximo, a eliminar los conflictos transatlánticos, en nombre de una hipotética asociación entre la superpotencia planetaria y la impotencia programada que sufre Europa, gracias también a la incesante labor de lobbies como RT.
No tengo tiempo para detenerme en otros aspectos elusivos y moderados, demasiado moderados de su programa: medio ambiente, salud, justicia, transportes, seguridad, además de la precipitada ampliación de la Unión que ha provocado las críticas de su predecesor Jacques Delors, el fomento de la economía on line que es una de las muchas panaceas del desempleo, o la defensa de los consumidores ciudadanos y no de los ciudadanos consumidores.
Señor Presidente Prodi, permítame una sugerencia amigable. No estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles: nubes amenazadoras en forma de barras y estrellas se ciernen sobre los cielos de Europa, en las inmortales palabras de Charles De Gaulle al general Leclerc que acababa de liberar esta preciosa ciudad de Estrasburgo. Monsieur Prodi, préparez votre défense, c'est la défense de l'Europe.

Gallagher
Señor Presidente, me satisface el sentido general de las propuestas publicadas por la Comisión en su Programa legislativo anual para el año 2000. Las cuestiones más importantes que se tratarán este año serán la reforma de los procedimientos decisorios de la UE, a fin de que el proceso de ampliación pueda desarrollarse de forma racional y estructurada. Soy partidario de la ampliación de la Unión, pero la ampliación no puede tener lugar mientras instituciones esenciales de la UE, entre ellas la Comisión, el Consejo y, naturalmente, el Parlamento, no reformen sus operaciones decisorias internas.
Como diputado del Parlamento en representación de la circunscripción de Connaught Ulster en Irlanda, que es una zona periférica de esta Unión, creo firmemente en la representación real y tangible de los Estados miembros más pequeños en el seno de las estructuras de la UE. En la actualidad los cinco Estados miembros mayores tienen dos puestos cada uno en la Comisión Europea y no hay más que un puesto para cada uno de los Estados miembros más pequeños. Sea cual fuere la reforma, es de importancia capital que los Estados miembros más pequeños retengan su derecho a presentar un candidato para la Comisión.
No hay duda de que el Consejo Europeo, que representa a los 15 gobiernos, tendrá que reformar sus estructuras. Desde el punto de vista de Irlanda, creo firmemente que los gobiernos de los Estados miembros tienen que tener derecho de veto sobre los cambios fiscales en el plano de la Unión. En la actualidad no se puede acordar cambio alguno en materia de política fiscal en el plano de la Unión sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros de la Unión. Creo que éste es un importante derecho que debe incumbir a los diferentes Estados miembros.
En mi propio país, el régimen fiscal es bastante innovador desde muchos puntos de vista. La carga fiscal para los trabajadores con ingresos de baja y mediana cuantía se ha venido reduciendo constantemente, mientras que se han concedido importantes exenciones fiscales para estimular a las empresas comerciales. No cabe decir lo mismo de muchos de los demás Estados miembros. Toda propuesta en favor de dar al Consejo Europeo el poder de votar por mayoría cualificada sobre asuntos de justicia y del interior sería, en mi opinión, muy imprudente.
Permítanme que les diga que me ha agradado mucho que el Presidente se haya referido esta mañana a la pesca. Ha dicho que, en su opinión, los asuntos de la pesca están retrasados, y que en el año 2002 habrá que efectuar verdaderos progresos, ya que las pesquerías están establecidas en zonas en las que no hay otra fuente de empleo. No hace falta decir que queremos lograr que para el año 2002 los países que más sufrieron cuando se instituyo en 1983 la política común de pesca reciban en el futuro una parte justa y equitativa de los recursos.
Para acabar diré que, en un plano más amplio, es importante que la Unión Europea, como entidad económica, no quede retrasada en la búsqueda mundial de oportunidades de comercio electrónico. La Comisión tiene que prestar apoyo a los programas educativos y de capacitación, para conseguir que las estructuras comerciales tengan en cuenta las oportunidades que brindan Internet y el comercio electrónico en general. Nos estamos aproximando a una revolución en materia de tecnología de la información. Cuando esos cambios tengan lugar no podemos limitarnos a ser pasajeros: tenemos que ser los conductores de nuestras comunidades comerciales y de nuestras instituciones docentes, para que las iniciativas de tecnología de la información se incorporen a todos los sectores económicos y sociales fundamentales de nuestra sociedad.

Bonde
Señor Presidente, la Comisión del Sr. Prodi no resistirá cinco años, pues la gente a la larga no quiere verse regulada al detalle desde Bruselas. Puede ser difícil ver quién dará el golpe reparador y cuándo. Así pasa a menudo con las cambios históricos. Interviene el azar, pequeños asuntos se convierten de repente en grandes asuntos, porque el asunto pequeño se convierte en símbolo de lo fundamental. El contraste principal es que la Unión se califica a sí misma de cada vez más democrática mientras que la democracia es mermada sistemáticamente en nuestros países. Un día, el electorado dirá como el muchacho del cuento de hadas de H. C. Andersen El Traje Nuevo del Emperador: "Pero si no lleva nada puesto" . El mes pasado el Sr. Prodi hablaba a favor de una radical descentralización de las actividades de la Unión. El programa quinquenal entraña una radical centralización en la que se les arrebata nuevas parcelas legislativas -muchos ámbitos nuevos- a los parlamentos nacionales y regionales de los países miembros para dárselas a la Comisión del Sr. Prodi en Bruselas y para que sean aprobadas con 62 votos de los 87 de los que componen el Consejo. Es algo "puramente Orwelliano" . Bajo el titular de "descentralización" se centraliza. Bajo el titular de "democracia" se actúa de forma antidemocrática. Bajo el titular de "mayor transparencia" , la Comisión propone un régimen que cerrará documentos que hoy están abiertos al público. Al tomar cargo, el Sr. Prodi prometió solemnemente -ante nuestro Grupo y ante esta Asamblea- una postura totalmente nueva en materia de transparencia. Podríamos obtener cualquier documento cuando la Comisión se lo hubiera facilitado a otras personas. Los representantes elegidos por el pueblo ya no seríamos los últimos en ser informados. Ya no tendríamos que sentarnos en las dependencias de las comisiones y observar a los estudiantes detrás de las representaciones permanentes que están sentados con los documentos que no podemos obtener. Ya no tendríamos que aguantar que los empresarios de Euro o que la COPA agraria accedan a documentos que nosotros no podemos obtener. En democracia es un principio básico que el poder ejecutivo está al servicio de los electores y de sus representantes. En la UE el poder legislativo ha sido cedido al poder ejecutivo. Los representantes populares son premiados con privilegios mientras que documentos básicos del proceso de decisión se mantienen en secreto. En la Conferencia de Presidentes hemos decidir convocar al Defensor del Pueblo y al Sr. Prodi a un coloquio sobre la transparencia. Espero que el Sr. Prodi diga: "Discúlpenme, no me di cuenta de que mis servicios hicieron lo contrario de lo que había prometido. Cumplo mi palabra, aquí está mi firma en la transparencia prometida" . Gracias, señor Presidente, en el caso de que haya algo por lo que darle las gracias.

Hager
Señor Presidente, trastornado por la condenada anticipada de Austria por catorce Estados miembros, yo quisiera instar desde aquí a la Comisión a que amplíe su ambicioso programa a la vista del trato injusto que está recibiendo Austria.
Yo quiero agradecer muy especialmente en este contexto las palabras del Sr. Poettering. La capacidad de funcionamiento de la Unión Europea es un requisito indispensable para el éxito del proceso de unificación europea, como se ha resaltado también muy especialmente en el marco de la preparación de la Conferencia Intergubernamental. Sin embargo, la suspensión de los contactos -aunque sólo sean los de carácter bilateral- por parte de los catorce socios de la UE y el consiguiente déficit de comunicación ponen seriamente en peligro dicha capacidad de funcionamiento de la Unión. La Comisión no puede permanecer cruzada de brazos ante esta situación. Su tarea tiene que ser contribuir a hacer patente la solidaridad inscrita en los Tratados.
En este sentido, yo le insto, señor Presidente Prodi, a que intervenga personalmente a favor de la celebración de una reunión de urgencia entre los máximos representantes del Gobierno de Austria y los catorce Estados socios de la UE, con objeto de contribuir a distender la situación y a una normalización de las relaciones. Asumiendo la responsabilidad que me corresponde en mi calidad de parlamentario, yo mismo ya dirigí ayer una carta en este sentido a todos los Jefes de Gobierno.

Van Velzen
Señor Presidente, en primer lugar quisiera manifestar mi gratitud hacia el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, por su programa de trabajo. Me sumo a las palabras de quienes han reclamado un enfoque más ajustado y también comparto la idea de que el programa ha de vincularse más estrechamente con el plan quinquenal. Pues en este momento parece que se trata de dos documentos distintos.
Considero muy atinado que el programa de trabajo comience con un primer capítulo que lleva por título: "Europa, sus vecinos y el mundo" . Cito una de las primeras frases, con la que concuerdo plenamente: "La Unión Europea debe desempeñar un papel activo en la escena regional y mundial" . Sin embargo, a este fin es fundamental que se desarrolle una fórmula de colaboración eminentemente práctica entre el Alto Representante del Consejo, el Sr. Solana, la Comisión y el Parlamento Europeo, siendo aún más importante que se fortalezcan el control democrático y la responsabilidad democrática.
Asimismo estimamos esencial que se refuerce el papel de la Comisión en el ámbito de la política exterior. Deseamos que la política exterior europea adquiera un carácter mucho más comunitario. Pero también están en juego los instrumentos. En concreto, se trata de nuestra capacidad de analizar crisis no militares y de ofrecer una respuesta inmediata. Déjenme ponerles el ejemplo de Mozambique. Cuánto tiempo transcurrió antes de que pudiéramos entrar en acción. Así las cosas, es preciso resolver asuntos muy concretos, como puede ser la capacidad de transporte. Por eso mismo, es fundamental que se logre una rápida coordinación en el seno de la Unión Europea.
Detengámonos un momento en la gran mortalidad del ganado en Mongolia. Sabemos que de cara a este problema la Unión Europea puede otorgar recursos financieros en el marco de TACIS y ECHO. Entonces, ¿por qué no prestamos ayuda? Pues porque hay demasiadas trabas burocráticas. Dicho de otro modo, la representación exterior de la Unión Europea habrá de ajustarse mucho mejor a la necesidad de afrontar el futuro con una política exterior europea fortalecida. Resumiendo, todo gira en torno a una ejecución operativa.
Las relaciones con Rusia ocupan un lugar primordial. A nuestro modo de ver, nosotros no podemos quedarnos atrás después de las críticas que el Consejo de Europa ha vertido contra la política rusa en Chechenia. A nosotros nos resulta sumamente triste constatar que en Rusia la libertad de prensa sigue sin respetarse. Teníamos previsto invitar aquí al periodista Babitski el próximo jueves, pero las autoridades rusas no le conceden autorización para ello. Espero, por tanto, que la Comisión Europea alce asimismo enérgicas protestas contra las autoridades rusas.

Goebbels
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, cuando un Parlamento discute sobre prioridades legislativas, todo es prioritario. En mi opinión, las prioridades más importantes son: el empleo -y, por consiguiente, el crecimiento económico- y la calidad de vida -y, por consiguiente, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos del consumidor.
Desearía ahora hacer algunas observaciones sobre el ámbito económico y social. Una de las iniciativas de la Comisión que merece una alta prioridad es la iniciativa "e-Europe" . Ayer discutimos sobre la Cumbre de Lisboa para la renovación económica y social de Europa. Expresé mis deseos de lograr unos objetivos de crecimiento comunes, para orientarnos hacia el pleno empleo.
El pleno empleo no significa la ausencia total de toda forma de desempleo. Siempre existirá un desempleo coyuntural, trabajadores que piden cambiar de empleo, jóvenes que acceden al mercado del empleo. Pero el pleno empleo se recuperará cuando ya no existan desempleados de larga duración, cuando a cada joven se le haya ofrecido, al menos, un cursillo de formación a más tardar seis meses después de acceder al mercado laboral. Ello es posible si invertimos más en lo que el Sr. Guterres llamó ayer "el capital humano" , es decir, la educación de base y, además y sobre todo, la formación a lo largo de toda la vida.
En este contexto, la iniciativa "e-Europe" resulta muy oportuna. En el futuro los empleos tendrán un contenido informático cada vez más marcado. Ahora bien, en este ámbito carecemos de trabajadores cualificados; los Estados Unidos también. Por eso el Senado norteamericano ha establecido, durante cuatro años, una cuota total de cerca de 500.000 visados para trabajadores inmigrantes altamente cualificados.
Debemos formar nuestros propios cerebros y mantenerlos en Europa. Un documento de la Comisión acaba de demostrar que la mitad de los jóvenes que realizan un tercer ciclo en los Estados Unidos se establecen en este país. Para conservar nuestros cerebros, para atraer los mejores cerebros, para formar más cerebros, debemos invertir mucho en la investigación y el desarrollo.
Los dos únicos países europeos que invierten una parte más importante de su PIB en investigación y desarrollo que los Estados Unidos - Finlandia y Suecia -, son también los únicos países que, en materia de tecnologías de la comunicación, van a la par de los norteamericanos. ¿No sería un ejemplo que deberían seguir el resto de los europeos? ¿No debería establecerse en Lisboa una especie de criterio de convergencia tecnológica, y pedir, por ejemplo, a los Estados miembros que se aproximen en un plazo de cinco años a un índice de gastos de investigación y desarrollo equivalente, como mínimo, al 2,5% de su PIB, es decir, ni siquiera el nivel alcanzado actualmente por los Estados Unidos?
En este contexto desearía igualmente saludar la iniciativa del comisario Philippe Busquin en favor de la creación de un espacio europeo de investigación. Unas mejores condiciones de vida, el empleo y la calidad del empleo seguirán estando íntimamente ligadas a nuestra capacidad de dinamizar la investigación europea. En este orden de ideas, la existencia de una verdadera patente europea, el desarrollo del capital-riesgo, así como la ayuda a las jóvenes empresas, revisten asimismo una importancia crucial.
El Presidente Prodi mencionó anoche mis palabras sobre el déficit del futuro de Europa. Creo que me entendió mal: yo no había acusado a la Presidencia portuguesa o a la Comisión de falta de perspicacia, sino que había hecho hincapié en el miedo que muchos de nuestros conciudadanos sienten ante el futuro, en un mundo que está cambiando profundamente.
Todos sabemos que atravesamos un cambio de modelo con el advenimiento de la sociedad de la información y del desarrollo. Pero en un mundo donde 1,5 millardo de personas carecen aún de electricidad, el hecho de permitir acceder a todos los ciudadanos del mundo a la sociedad de Internet no está a la vuelta de la esquina.
El desafío más importante para la humanidad es evitar la ruptura entre países "info-ricos" y países "info-pobres" , evitar el advenimiento de sociedades en las que, según la feliz expresión de mi amigo Claude Desama, la "fractura digital" constituirá la nueva fractura social.

Clegg
El Programa legislativo anual es la manifestación más concreta del poder político y constitucional esencial de la Comisión Europea, es decir, del derecho exclusivo de iniciativa. Ese poder tiene que ser objeto en todo momento de una justificación rigurosa y de una explicación clara. A pesar de ello el programa de trabajo de este año, como el de todos los años anteriores, no proporciona una justificación detallada de cada una de la multitud de nuevas medidas propuestas. Un resumen general de una quincena de páginas no puede reflejar debidamente las 500 iniciativas que se citan en el anexo.
En el futuro, por lo tanto, el ELDR insistirá en que haya una clara justificación y un debate parlamentario técnico sobre todas las medidas anunciadas en el programa de trabajo. En particular, veremos si hay pruebas de que cada nueva propuesta ha sido debidamente confrontada con los principios de la subsidiariedad y de la proporcionalidad y nos esforzaremos por que en las propias comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo haya debates sobre sectores concretos. Dicho con otras palabras, ha llegado el momento de reformar a fondo el sistema más bien anticuado que se sigue para la elaboración y el debate futuros de este documento esencial para la programación.

Elles
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Presidente de la Comisión por habernos dirigido dos discursos dentro de un plazo de 24 horas. En el primero, anoche, indicó claramente que tenemos ante nosotros la perspectiva de una economía europea positiva durante los dos o tres próximos años, y nos dijo con toda franqueza que si inesperadamente nos encontramos con un crecimiento superior a lo normal, eso nos ayudará en las andanzas de este Programa legislativo anual.
El discurso de esta mañana del Presidente de la Comisión suscita en mí tres preocupaciones: la primera se refiere a la subsidiariedad, pues nuestro Grupo, como acaban de decir los Liberales, tiene la firme creencia de que necesitamos contar con una prueba que indique que cada una de las propuestas que se nos presenten redunda en interés de la Unión. Hay que velar por que la subsidiariedad se aplique: tiene que quedar bien sentado que nosotros no legislamos cuando no hay necesidad de hacerlo.
La segunda se refiere al presupuesto. En vista de que la tasa de crecimiento que se preveía en las perspectivas financieras, basadas en un crecimiento del 2,5%, es más elevada, nos parece perfectamente aceptable que adoptemos medidas presupuestarias ligeramente diferentes de las que hubiéramos adoptado en caso contrario. En nombre de mi Grupo quisiera prevenir a la Comisión que de momento no siga adelante con la idea de desplazar los gastos agrícolas destinados a la categoría 1 hacia la categoría 4. En Gran Bretaña en particular tenemos una industria agrícola que se halla en una situación sumamente desesperada y que quiere que se preste asistencia a determinados sectores de la agricultura: desplazando el dinero destinado a la agricultura a otra parte del presupuesto en esta fase equivaldría a transmitirles un mensaje erróneo.
Por último, permítanme unas palabras de advertencia acerca de la cuestión de la información. Eso es lo que perjudicó la relación entre nuestro Parlamento y la Comisión anterior: el hecho de que nosotros, con arreglo a los Tratados, tengamos acceso y derecho de acceso a todas las informaciones en principio.
Se diría que estamos tropezando con dificultades en relación con nuestro acuerdo marco. Por eso quisiera insistir en que, si queremos que la Comisión y el Parlamento trabajen de consuno, hemos de encontrar lo antes posible una solución a ese problema y no tolerar limitación alguna respecto de los documentos que están a disposición de los ciudadanos. Como ha indicado con toda razón el Sr. Bonde, nos hace falta una Unión Europea en la que la información se transmita libremente desde la burocracia hasta todos nuestros ciudadanos.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, señor Prodi, ya mantuvimos el mismo debate hace unas semanas. También entonces usted declaró su intención de medir su éxito por el grado de participación en las elecciones europeas de 2004. Y yo entonces también le repliqué que me parece un propósito francamente presuntuoso por parte de un organismo que no ha sido elegido directamente por sufragio popular. Sin embargo, esa es su intención y yo no voy a entrar ahora en más detalles.
El Parlamento Europeo, al igual que todos y todas mis colegas y yo misma, que a diario nos encargamos de abogar muy directamente a favor de la política de la Unión Europea en las calles y plazas de Europa, y no sólo desde los altos escenarios -lo digo sin ninguna connotación-, estamos obligados a conseguir que esa política funcione y, por consiguiente, yo deduzco de lo que usted acaba de manifestar que la Comisión Europea va a trabajar todavía más claramente codo con codo con el Parlamento Europeo y que van a colaborar con nosotros de manera abierta, transparente y con espíritu de cooperación. Todavía está por ver si las tendencias manifestadas en las pasadas semanas permiten abrigar esperanzas de que esta apertura y transparencia lleguen realmente a arraigar y yo voy evaluar su labor según este criterio.
Señor Prodi, usted ha dicho hoy muchas cosas sobre los ámbitos para los que yo soy competente dentro de mi Grupo. Éstos son la política medioambiental, la protección del consumidor y la política sanitaria. Por primera vez, no le he escuchado pronunciar hoy una conferencia económica salpicada sólo con algunas pequeñas referencias a las autoridades alimentarias, el dopaje o los retrasos de los vuelos y quiero felicitarle explícitamente por ello. Es algo que hago raras veces y justamente por esto lo manifiesto con satisfacción. En contraste con otras ocasiones, ha sido un discurso francamente mucho más concreto y también comprensible para mí.
Evidentemente, no puedo dirigirle los mismos elogios en lo que respecta a los detalles. Seguro que no le sorprenderá, ni tampoco a ninguna y ninguno de mis colegas. En efecto, ¿son coherentes sus propuestas, señor Prodi? He leído el programa que ha presentado en nombre de toda su Comisión. Allí expresa, por ejemplo, su intención de incorporar la política medioambiental a las políticas en todos los demás ámbitos. El único en el que esto se ha hecho es el ámbito de la competencia de la Sra. Palacio, o sea, el de la política de transportes. ¿En qué aspectos se ha incorporado la política medioambiental en los demás sectores, por ejemplo en el ámbito de la ampliación -donde el problema es enorme-, de la seguridad de los alimentos o de la protección del consumidor? ¿Dónde se menciona esto en el texto? En relación con la política comercial, por ejemplo. En ese contexto no se dice nada, ni una palabra, señor Prodi. En relación con la competencia, con la política económica: tampoco ni una palabra, ¡en ningún momento! Esto significa que una vez más sólo se trata de declaraciones de labios afuera. En relación con la política medioambiental se repite como de costumbre que se debe incorporar, como una fórmula de compromiso, pero en la práctica no lo hacen. También vamos a tener que evaluar su labor según este criterio.
En ningún momento se señala claramente la vinculación o las posibles interdependencias mutuas entre las políticas en los diferentes ámbitos. No debe tolerar usted este proceder por parte de los demás departamentos. Tiene que criticarlo y tampoco debe difundir sus planteamientos bajo esta forma. Usted ha expuesto con gran detalle algunas propuestas concretas, lo cual también está muy bien y me alegra, pero con eso no basta. En efecto, señor Prodi, sus resultados están sujetos a un control semanal, mensual y anual. Cada semana se verifica qué ha hecho y de qué forma lo ha hecho la Comisión. Lo que pasa en las comisiones y en el Pleno se comprueba cada mes.
¿Cómo actúa la Comisión en las comisiones y en el Pleno? ¿Cómo responde usted, por ejemplo, a las enmiendas del Parlamento Europeo? Si usted está dispuesto a colaborar con nosotros y si ambos declaramos, usted en nombre de la Comisión, señor Prodi, y nosotros, en nuestra calidad de Parlamento Europeo, que el control de nuestros resultados serán las elecciones de 2004 y la participación en dichas elecciones, a mí me gustaría oírle decir que la Comisión hará suyas todas las enmiendas aprobadas por mayoría en esta Asamblea. El control anual de sus resultados tiene lugar cuando examinamos el programa de trabajo del año anterior y verificamos qué aspectos se han cumplido y qué se ha hecho, y la calidad de lo que se ha hecho. Como puede ver, señor Prodi, es mucho más sencillo de lo que usted teme. No tendrá que esperar hasta el año 2004. Cada año recibirá un certificado de evaluación continua y no estará obligado a esperar tanto tiempo. Y esta evaluación, como oímos repetir a menudo en la escuela, será estricta, pero justa, y así vamos a proceder también con el presente programa de trabajo, que es muy ambicioso y que yo espero que usted habrá cumplido al menos en parte antes de finales de año.

Thors
Estimado Presidente de la Comisión, cuando usted asumió dijo que la Comisión se caracterizaría por la apertura. Muchos lo han señalado aquí también hoy. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Por qué ya no se emiten en directo las conferencias de prensa de la Comisión, por televisión vía satélite, para que todos en Europa puedan verlas? Espero que Prodi me escuche.
¡Presidente Prodi!, en cuanto a su carta a Fontaine sobre los delegados: ¿estima usted realmente que los delegados están sujetos a algún principio de cooperación leal entre las instituciones? En ese caso, ¿dónde ha encontrado usted fundamento legal para esto y cree usted que un principio de este tipo puede invalidar el derecho de los delegados a hacer declaraciones libremente a los medios de comunicación?
Además, quiero informar acerca de su carta al director del Wall Street Journal, en la que usted hace alusión a un seminario sobre apertura en abril, como prueba de que la ordenanza ha sido preparada abiertamente. Ese seminario fue organizado por la European Federation of Journalists, por las diputadas Lööw, Thors y Hautala entre otros, pero la propuesta que se discutió allí no tiene nada que ver con la que se está discutiendo ahora. Esta última se ha estudiado en un ambiente de gran secreto. Ante todo, Presidente de la Comisión, el asunto es saber si el principio de colaboración leal debe tener prioridad sobre el derecho a expresarse ¿Dónde está el fundamento del principio según el cual usted podría inhibir este derecho y exigir semejantes cosas a los delegados?

Fiori
Señor Presidente, en una declaración tan ambiciosa y compleja como la que usted ha hecho, me voy a detener sólo en algunos puntos.
Primero: el nuevo interés que usted ha mostrado por la región del Mediterráneo no puede más que satisfacerme tanto desde el punto de vista de la contribución de la Unión Europea al proceso de paz en Próximo Oriente como desde el punto de vista de la recuperación y la ampliación de los vínculos históricos y políticos que unen a los países del sur de Europa. Consideramos que, a raíz de los procesos geopolíticos en curso, la frontera del Mediterráneo tiene el mismo valor que la ampliación al Este, en la que están trabajando tanto el Parlamento como la Comisión.
Segundo: el mercado interior. Al trabajar en el Parlamento Europeo, consideramos indispensable la armonización de la normativa existente en materia de Derecho civil. Probablemente, se debería comenzar a trabajar también en el terreno del Derecho administrativo. Además, a medida que va pasando el tiempo, advertimos la necesidad de un Derecho común coordinado entre las fuentes.
Tercero: los actos preparatorios. No puedo sino sumarme a las solicitudes de limitar su uso, formuladas de manera reiterada y desde muchas instancias en el Parlamento Europeo. A pesar de que tienen el gran valor de ahondar en el debate, los Libros Verdes, los Libros Blancos y las comunicaciones tienen también un efecto colateral complejo y difícil, ya que dilatan la iniciativa legislativa en la inmensa mayoría de los casos en materias en que la inmediatez es absolutamente necesaria.
Último punto: tras la lectura del programa de la Comisión, me ha parecido que se descuidan dos sectores que precisan una atención especial por parte de las Instituciones europeas, sobre todo a la vista de los cada vez mayores progresos del comercio electrónico. Estimo que la Comisión debería presentar propuestas en materia de resolución extrajudicial de las cuestiones derivadas de los contratos llamados on line y de modificación de la directiva relativa a los contratos a distancia. Y ello con miras a una cada vez mayor preotección del consumidor.

Schulz
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el ámbito de la política interior europea no ocupa un espacio muy amplio, pero sí muy importante, entre las consideraciones que nos presentó por escrito y que también ha expuesto aquí el señor Presidente de la Comisión. Lo que importa no es, por lo demás, el volumen de lo que se ha expuesto, sino su calidad.
Ahora bien, en un gesto que es muy de agradecer, el Sr. Comisario Vitorino presentó ayer por la tarde a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, en nombre de toda la Comisión, un scoreboard, un "marcador" , o sea, un calendario acompañado de la asignación de competencias y descripción de tareas relativo a la creación del llamado Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia. Si se examina detenidamente dicho documento, no resulta difícil advertir que la Comisión está abocada a mantener un enfrentamiento abierto con el Consejo en el año 2000 a causa de sus planteamientos sobre la creación de dicho Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia, es de esperar que con el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo. Y esto es así porque la Unión Europea está haciendo lo siguiente: está suprimiendo las fronteras exteriores e interiores. Ha establecido la libre circulación y la libertad de establecimiento, ha creado un espacio económico que permite una actividad económica sin restricciones, incluida por cierto también la actividad económica ilegal. Para luchar contra ésta ha creado, a su vez, una policía europea. Ha establecido una moneda única. Está creando todas las instituciones concebibles a fin de dotar al Espacio Económico Europeo de un marco legal.
Esto nos conduce a la pregunta decisiva: ¿cómo va a gestionar la UE todo esto? ¿Va a gestionar la economía exclusivamente sobre la base del Derecho comunitario y va a gestionar el marco normativo en el ámbito de la seguridad exclusivamente a escala interestatal? Ambos planteamientos no casan. Ambos planteamientos representan un sistema jurídico tan contradictorio que en realidad sólo puede conducir a donde siempre nos conduce: al inmovilismo.
Por consiguiente, todo depende de la Comisión. En nombre de mi Grupo, yo le aseguro que la Comisión va a contar con nuestro pleno apoyo si defiende ante el Consejo aquellos aspectos que es ineludiblemente necesario comunitarizar, los cuales en el ámbito de la seguridad interior, en el ámbito de las libertades fundamentales de los ciudadanos -me remito a la Carta de derechos fundamentales-, conllevan siempre una transferencia de derechos de soberanía del ámbito nacional al ámbito europeo y este es precisamente el contencioso entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Si la Comisión tiene el valor de declarar que va a actuar como guardiana de los Tratados y del futuro integrador de Europa, aunque ello suponga un enfrentamiento con el Consejo, yo confío en que también podrán contar con un respaldo mayoritario de esta Cámara. Pero tienen que tener también el valor de hacerlo. Yo espero que consigan reunir ese valor.

Fraga Estévez
Señor Presidente, en lo que a la pesca se refiere, no voy a entrar en detalles de las propuestas legislativas que propone la Comisión. Lo que sí me gustaría obtener es un compromiso claro de que la Comisión va a buscar una solución para transponer rápidamente a la normativa comunitaria las recomendaciones de las organizaciones regionales e internacionales de pesca.
Ya en la sesión plenaria pasada, señor Presidente, tuvimos ocasión, con motivo del informe Gallagher sobre recomendaciones del CICAA sobre el atún rojo en el Mediterráneo, de debatir este tema de los retrasos de la Comisión, que se están convirtiendo en un gravísimo problema, porque aunque dichas recomendaciones pasen a ser vinculantes en un determinado plazo, su ausencia de la legislación comunitaria propicia el incumplimiento de las medidas por parte de las flotas y puede provocar que se incoen procedimientos de infracción contra la Unión Europea.
La tardanza en las transposiciones es un problema endémico de la Comisión. Esperamos, por ejemplo, desde 1996 la incorporación a la normativa comunitaria de la prohibición de desembarcos de Honduras y Belice, o, por ejemplo, desde 1998 el control del esfuerzo pesquero en aguas comunitarias del atún blanco.
La Comisión está denunciando a los Estados miembros un día sí y otro también por no transponer a sus legislaciones nacionales decisiones o directivas de la Comisión, mientras que la Comisión hace exactamente lo mismo en materia internacional.
Es evidente que la propuesta que ha presentado la Comisión sobre una Comunicación de reforma de las organizaciones internacionales, en aras de una mayor rapidez, intenta separar del procedimiento legislativo tanto al Parlamento como al Consejo. Desde esta institución, ello plantea serias dudas de que ésta sea la mejor manera de resolver este problema.
Yo espero que el Presidente Prodi contraiga aquí un compromiso de que este tema, de una vez por todas, va a solucionarse, y que el Parlamento, en cualquier caso, siempre estará vinculado al procedimiento legislativo de incorporación a la normativa comunitaria de las recomendaciones de las organizaciones internacionales de pesca.

Medina Ortega
Señor Presidente, ayer, tras la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo, que había pintado un panorama bastante optimista con respecto al desarrollo comunitario, el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, tuvo la precaución de señalar que ese desarrollo económico en que nos encontramos ofrecía la enorme dificultad de que iba acompañado de un aumento de la marginación social dentro de la Comunidad Europea. Es un fenómeno al que acaba de hacer referencia el Sr. Schulz, hablando en nombre de los socialistas, porque el peligro al que nos enfrentamos en este momento es que, como consecuencia de una liberalización de la economía comunitaria en el marco de la globalización de la economía mundial, se pueda producir una situación de mayores diferencias sociales y la desaparición del modelo social europeo, del que tan orgullosos estamos.
Señor Presidente, la anterior Comisión se había fijado como lema "hacer menos para hacerlo mejor", por contraste con el supuesto activismo de la Comisión Delors. Como sabemos, la cuestión no es de cantidad sino de calidad, algo a lo que también han hecho referencia tanto el Sr. Schulz como el Sr. Swoboda, hablando en nombre del Grupo Socialista. El problema es hacia dónde va esta Comisión. Yo espero que la Comisión actual, la Comisión Prodi, no sea la que haga menos para hacerlo mejor sino la que haga aquello que tiene que hacer. Si la Comisión Delors nos llevó del Acta Única al Tratado de la Unión y a una gran ampliación de la Comunidad Europea, espero que la Comisión Prodi sea la Comisión de la Europa social, la Comisión que garantice que el desarrollo económico no vaya acompañado de discriminaciones sociales sino de progreso social. Y para hacerlo, espero que la Comisión tenga en cuenta los puntos de vista que se vienen expresando en el Parlamento Europeo. Como sabe el Presidente de la Comisión, en el actual Tratado de la Unión hay una especie de vínculo entre el Parlamento Europeo y la Comisión, de forma que, aunque la facultad de iniciativa legislativa le corresponde a la Comisión, ésta ha de tener en cuenta los puntos de vista del Parlamento para llevar a cabo el desarrollo legislativo.
En ese aspecto, quisiera hacer referencia al tema de la codificación del Derecho comunitario. En este momento, el Derecho comunitario es una selva impenetrable, absolutamente incomprensible para los ciudadanos comunitarios, incluyendo los que tienen como profesión el ejercicio del Derecho. En este momento, el Derecho comunitario se ha desarrollado sobre la base de una casuística similar a la de los legisladores medievales, de forma que carecemos absolutamente de sistema, concretamente en los aspectos relativos al Derecho civil, a la competencia, a la protección de los consumidores y a la propiedad intelectual.
Finalmente, señor Presidente, quiero recordar un texto que recoge la comunicación de la Comisión. Es el punto 2.3 relativo al estatuto de las regiones ultraperiféricas que ha de ser desarrollado por la Comisión. Hoy precisamente la Comisión ha de pronunciarse sobre el primer documento en esta materia, y espero que lo haga teniendo en cuenta las exigencias de estas regiones ultraperiféricas de la Comunidad.

Nassauer
Señor Presidente, Señorías, el señor Presidente de la Comisión ha declarado que este será el año del cambio de rumbo y yo quisiera instarle, señor Presidente, a que dentro de este concepto incluya también una redefinición de la relación de la Comisión con los Estados miembros. La Comisión es la guardiana de los Tratados. Hasta ahora esto ha significado que, en su calidad de tal, insiste particularmente en los derechos de la Comunidad, como debe ser. Sin embargo, bajo los Tratados subyacen también los derechos no escritos de los Estados miembros y yo creo que ha llegado el momento de que, en el desarrollo de su labor, la Comisión empiece a concebirse más como guardiana de los derechos de los Estados miembros. Yo quiero instarle, señor Presidente de la Comisión, a que actúe también como abogado de los derechos de los Estados miembros, pues lo que a veces nos pesa de la labor de la Comisión es su intento de arrogarse derechos bajo la presión de las tareas cotidianas. Debemos tener en cuenta que en el futuro será preciso salvaguardar mejor los derechos de los Estados miembros. Este es el requisito para lograr la aceptación de Europa.
Esto incluye, por ejemplo, el ordenamiento federal de la República Federal de Alemania, incluidos los derechos fundamentales de los Estados federales. La Comisión debe aceptar también estos derechos. Resulta difícilmente concebible que podamos modificar la estructura de los Tratados sin contar, por ejemplo, con la aprobación de los Estados federales alemanes. Por esto yo le insto, señor Presidente, a que se erija en abogado de los derechos de los Estados miembros. Por esto pedimos un catálogo de competencias que distinga claramente entre los derechos de la Comunidad y los que conservan los Estados miembros. La Comisión ganaría mucha aceptación en Europa y entre los ciudadanos si trabajase en esta dirección, a lo cual la instamos encarecidamente.

Sakellariou
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, en su introducción se ha referido usted a un programa concreto. Yo quisiera completar este programa en dos aspectos -a saber, en lo que se refiere a la Política de Seguridad y Defensa Común y en relación con el tema de la ampliación, concretamente en lo que respecta a Turquía- y pedirle una aclaración.
Señor Presidente de la Comisión, yo defiendo la creación de una identidad europea de defensa, incluida su dimensión militar, y acojo con clara satisfacción los resultados de la reunión informal de los Ministros de Defensa celebrada en Sintra. Sin embargo, todo no puede reducirse a esto. Lo que, por un lado, resulta difícil y, por el otro lado, es nuevo e importante es la prevención de los conflictos, o sea, el aspecto no militar de nuestra política de seguridad. La prevención de los conflictos resulta difícil porque para la construcción de estos elementos de la política de seguridad carecemos de ejemplos, como podría ser la OTAN, de los que podamos obtener inspiración y reproducir algunos aspectos.
La Comisión debe asumir la responsabilidad en este nuevo ámbito que es preciso diseñar, poner en marcha iniciativas y presentar proyectos. Necesitamos propuestas concretas de instrumentos de control no militar de las crisis, como el envío y aplicación de la ayuda humanitaria -Mozambique sería en este momento un buen ejemplo-, el apoyo a la instauración de instituciones y procedimientos democráticos, la observación de las elecciones, la constitución de una unidad de asesores especializados en conflictos, de fuerzas policiales y otras medidas análogas. No me corresponde a mí enumerar una lista interminable de instrumentos. Yo quiero pedirle, señor Presidente de la Comisión, que exponga su posición al respecto.
Con respecto a Turquía, usted manifiesta en su programa su propósito de iniciar una estrategia de aproximación. Yo estaría gustosamente de acuerdo si supiese qué quiere decir con ello. Después de las decisiones de Helsinki, desde el Parlamento Europeo pedimos un catálogo de medidas y un calendario detallado con vistas a la aproximación concreta y estructurada de Turquía al cumplimiento de los criterios de Copenhague, en particular los criterios políticos. Mi Grupo político abogó muy firmemente por que se concediera el estatuto de candidato a Turquía en la Cumbre de Helsinki. Acogimos con satisfacción esa decisión y en verdad deseamos la aproximación de ese Estado a la Unión Europea. Será una tarea difícil, habida cuenta de los déficit políticos de Turquía. Por esto es todavía más necesaria una política muy clara, concreta y detallada, o sea, un catálogo de medidas y un calendario.
¿Podemos contar con que su Comisión presentará próximamente al Parlamento las correspondientes propuestas para la aproximación de Turquía a la UE?

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, al señor Presidente de la Comisión no le sorprenderá que le hable del mercado interior. Pero para no repetir lo que ya se ha dicho -y, en particular, para no repetir lo que ha dicho mi colega Fiori, con quien estoy de acuerdo-, voy a referirme a otro eje del debate, esto es, a la reforma de la Comisión.
¿Qué tiene que ver la reforma de la Comisión con el mercado interior? Mucho.
Señor Presidente de la Comisión, cuando se lee su Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión, puede percibirse claramente que la línea directriz, la filosofía que inspira esa reforma, es algo muy romo que no podemos aceptar en este Parlamento. Esa línea directriz es principalmente la protección de los intereses financieros de la Comunidad. Evidentemente, esa es una preocupación de todos nosotros pero se trata sólo del punto de partida. A partir de ahí, la Comisión tiene que empezar a trabajar, tiene que cumplir con las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el Tratado.
Déjeme darle un ejemplo, puesto que con el tiempo de palabra que tengo, no tengo muchas posibilidades de desarrollar esta idea. Tomemos la reforma que se está planteando sobre los procedimientos de infracción. ¿Qué se plantea ahí? Pues sencillamente, que de lo que se trata es de administrar los recursos que se tienen en cada nivel, en vez de atender las demandas de este Parlamento de crear un auténtico Derecho procesal administrativo para la seguridad jurídica, necesaria desde el punto de vista del ciudadano europeo, es decir, desde el punto de vista de quien puede presentar ese procedimiento de infracción. Se dice sencillamente que no se creará dicho Derecho procesal administrativo, sino que se seleccionarán las demandas. ¿Cómo? Como se seleccionan estas cosas, con pura arbitrariedad.
Desde el punto de vista de este Parlamento, ese tipo de derivaciones no se pueden admitir. Comprendemos que hay que reformar la Comisión, compartimos los objetivos de esa reforma, pero, desde luego, no a costa de que, en aras de un interés importante y que todos compartimos -como es la protección de los intereses financieros de la Comunidad- se tire por la borda el gran impulso de la construcción europea, impulso que, en primer lugar, le corresponde dar a la Comisión desde las obligaciones que le impone el Tratado.

McNally
Muchas gracias, señor Prodi, por su exposición y su documentación. Le felicitamos por utilizar el Internet para beneficio del público en general: excelente idea.
Para empezar me referiré al comercio. Coincidimos con usted en que necesitamos un sistema comercial basado en reglas. Es esencial. El fracaso de Seattle se debe a que los Estados Unidos, en particular, resultaron incapaces de comprender lo legítimas que eran políticas como la protección ambiental, la conservación de las comunidades rurales mediante la política agrícola común, el bienestar animal, las cuestiones de salud y los derechos sociales. Los Estados Unidos dieron muestras de una insensibilidad increíble para con los intereses legítimos del mundo en desarrollo y, francamente, el mundo en desarrollo tiene hasta ahora muy poco que agradecer a la OMC. Confiamos en que la Unión Europea continúe las negociaciones, manteniendo nuestras firmes posiciones respecto de todas esas cuestiones y utilizando nuestros vínculos con países del mundo en desarrollo para velar por que la próxima ronda sea una ronda equitativa. Por favor, en los tres meses que siguen necesitamos recibir propuestas detalladas sobre la forma de conseguirlo.
Innovación y conocimientos: buen lema para un nuevo siglo. ¿Cuánta innovación ha habido en la Comisión, o incluso en el Parlamento, si me permiten que lo diga? Hace algunos años recibimos un Libro Blanco sobre la innovación, pero ¿qué ha sucedido desde entonces? Hay algo que me gustaría decirles con la mayor firmeza posible, y es que nos preocupa muchísimo el seguimiento, no sencillamente de las excelentes comunicaciones que acogemos con satisfacción, sino el seguimiento, el seguimiento, ¡¡¡el seguimiento!!! Se está desarrollando el Quinto Programa Marco de Investigaciones: ¿qué ha sucedido con lo que aprendimos en el Cuarto? ¿Qué difusión han tenido las nuevas ideas, los nuevos productos, las nuevas comparaciones de sistemas socioeconómicos? Por favor, permítanme que diga una vez más: ¡seguimiento!
Nos satisface la formación de esa zona europea de investigaciones que usted y el Comisario Busquin han expuesto. Excelente forma de comenzar el siglo. Espero con interés la próxima comunicación sobre las empresas, pero espero que la labor realizada se examine también antes de seguir adelante con las nuevas actividades.
Discúlpenme ahora si utilizo un lugar común que es una tremenda perogrullada: "nuestro mayor recurso en la Unión Europea es nuestro pueblo" . ¿No es una verdadera vergüenza que Estados miembros importantes como el mío y como Alemania no puedan contar con suficientes personas que reúnan las cualificaciones necesarias en materia de tecnología de la información? ¿No es un escándalo que tengan que atraer personas de países que necesitan sus aptitudes? Es una verdadera vergüenza, y espero sinceramente que tenga usted en cuenta lo que acabo de decir cuando trate de la legislación.
Señor Comisario, el caso de la mujer constituye otro lamentable desperdicio de recursos: en las esferas de la técnica, la ciencia y la tecnología de la información la mujer está malgastando sus capacidades. Espero que haya un seguimiento del Libro Blanco sobre la Ciencia.

Pomés Ruiz
Señor Presidente de la Comisión, la reforma interna de la Comisión ha comenzado ya. ¡Bienvenida!
No es el primer intento de hacer de la Comisión un servicio público de categoría mundial, pero nosotros, Sr. Prodi, queremos creer en la sinceridad y resolución de su promesa ante esta Asamblea.
De momento ya tenemos una serie de medidas y también un Libro Blanco. Ustedes lo están examinando con los miembros del Consejo, con los sindicatos de funcionarios y, al final, este Parlamento dará su apoyo, colaborará con ustedes para ese gran objetivo de hacer que la Comisión Europea sea la mejor administración del mundo. ¡Adelante!
Le voy a señalar, de todas formas, un vicio de su Libro Blanco. Le falta un análisis de por qué falló el sistema anterior, y el señor Kinnock debería haberlo hecho porque es experto en la materia, pues lleva cinco años trabajando en la Comisión.
Por ejemplo, antes ya existían medidas punitivas o medidas para valorar el mérito de los funcionarios pero, señor Prodi, no se utilizaban. Los funcionarios responsables, incluso los comisarios, no hacía uso de esas medidas, de esos resortes que antes había. ¿Por qué ahora, si establecemos medidas distintas, sí van a ser utilizadas? Ese secreto sólo lo sabe usted.
El grado de desmotivación que existe entre excelentes funcionarios es grave. Ahí tenemos que intervenir y el ejemplo tiene que venir de arriba.
La reforma de la Comisión, señor Prodi, no tiene sólo que proteger los intereses financieros de la Comunidad. Muchos más recursos se pierden con una administración ineficaz y desmotivada. Es más, incluso habría que consentir que los funcionarios que adoptan responsabilidad y riesgo pudieran equivocarse. Usted lo dijo en su discurso, que prefería equivocarse pero no por ello dejaría de actuar. Adelante, señor Prodi. El empeño que usted tiene, ha de ser un empeño histórico. No es el primero que lo intenta. Esperamos que lo consiga.

Hughes
Señor Presidente, es interesante que el Sr. Prodi haya presentado hoy un programa de trabajo, pero nuestro orden del día dice que este debate trata de un programa legislativo. Si enfocamos la cuestión desde el punto de vista de la política social y de empleo es evidente que no tenemos ante nosotros un programa legislativo. En realidad no hemos tenido un programa legislativo desde hace varios años. Lo que hemos tenido ha sido un proceso de consolidación y el desarrollo de algunos procesos de convergencia como los que se han preparado y lanzado en Luxemburgo.
Nos satisface el procedimiento de Luxemburgo, y esperamos que se profundice, se fortalezca y se extienda a otras esferas como la convergencia de la protección social, pero ¿significa eso que hemos hecho lo que teníamos que hacer respecto de la legislación en la esfera social? No lo creo.
Hay unas cuantas esferas en las que tenemos que actualizar y modernizar la legislación social que hemos adoptado en el pasado. Con la profundización y el fortalecimiento del mercado interior y con la mundialización estamos siendo testigos de un número cada vez mayor de fusiones, adquisiciones y transferencias dentro de la Unión Europea. Para mí, eso significa que tenemos que fijarnos en todo el marco legislativo que produjimos principalmente en el decenio de 1970 en esta esfera: sobre transferencias, redundancias colectivas, insolvencias, y más adelante sobre consejos de empresa.
Tenemos que modernizar y reforzar esa legislación, no con miras a detener la mundialización o a profundizar el mercado interior -no hace falta decir que no es ésa nuestra finalidad- sino para cerciorarnos de que controlamos los cambios que todas esas operaciones han traído consigo, mediante un espíritu de asociación en todos nuestros lugares de trabajo, grandes o pequeños, en el seno de la Unión Europea. Eso significa que necesitamos impulsar con vigor el marco general sobre información y consultas en el lugar de trabajo.
También en la esfera de la salud y la seguridad se deja sentir la necesidad de actualizar y modernizar la legislación que adoptamos en el pasado: la directiva sobre trabajadoras embarazadas, cuyo examen tenía que haberse celebrado hace ya cinco años; la directiva sobre el ruido, de 1986, cuyo examen tenía que haberse celebrado hace 10 años, y otras directivas que hay que actualizar y modernizar radicalmente.
¿Tiene sentido hablar de actualización? No. No necesitamos toneladas de papel sobre nueva legislación social, pero hay esferas de las que no nos hemos ocupado. Tenemos excelentes proyectos de legislación sobre trabajo a domicilio, sobre teletrabajo; tenemos la herida abierta de la seguridad social para los trabajos atípicos, que está pendiente desde hace casi un decenio; tenemos la promesa de una directiva concreta sobre lesiones óseomusculares, pendiente desde el último Programa de acción social a mediano plazo.
Hay otras esferas. Una mujer vino a verme recientemente: era la Sra. Angela Elliot Mathis, y trabajaba para Lucent Technologies. Le había "cazado" una empresa de caza-ejecutivos de muy alto nivel, para que ocupara un puesto de administradora superior y miembro del Consejo de administración. Había trabajado en una serie de países europeos para empresas de alta tecnología. Trece meses después de tomar posesión de su cargo la despidieron sin aviso previo y sin comunicarle los motivos. Sigue sin saber por qué motivos la destituyeron. Lo más extraordinario es que no puede encontrar protección ni en la legislación belga -estaba trabajando en Bélgica- ni en la legislación de la Unión Europea. Sin ese tipo de protección la gente no aprovechará la oportunidad de vivir, viajar y trabajar donde les parezca en la Unión Europea.
Hay deficiencias que tenemos que subsanar. Hagámoslo en el nuevo Programa de acción social a mediano plazo.

Pirker
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, yo quisiera referirme brevemente al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y sus puntos centrales, y puedo manifestar en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratacristianos)/Demócratas Europeos que la elección de dichos puntos centrales es muy positiva en este caso. Éstos abordan efectivamente los mayores retos. Usted ha citado como un punto central el ámbito del asilo y la inmigración. Este es un aspecto absolutamente necesario, ya que en el ámbito del asilo todavía no contamos con unas normas mínimas ni tampoco hemos empezado a dar los primeros pasos para la aplicación de las decisiones de Dublín, ni hemos avanzado realmente en la instalación del sistema Eurodac.
Usted ha citado como otro punto central la lucha contra el delito organizado y su prevención. También esto es imprescindible, si se considera que entre un 25% y un 30% de los delitos ya son atribuibles a la delincuencia organizada. También en este aspecto sería necesario avanzar un paso más y acelerar, por ejemplo, la creación de la Academia Europea de Policía, con objeto de garantizar unas normas comunes de calidad también en lo que respecta a la formación. Ha mencionado igualmente otro punto central, a saber: la lucha contra el blanqueo de dinero. También en este aspecto cuenta usted con nuestro pleno apoyo, pues el blanqueo de dinero es prácticamente el motor de la delincuencia organizada. Y ha señalado asimismo un cuarto punto, concretamente la cooperación judicial. En este aspecto llevamos lamentablemente unos 10 o 20 años de retraso con respecto a la cooperación policial y es urgentemente necesario un programa que permita recuperar dicho retraso. Puede contar usted con nuestro pleno apoyo, pero el caso es que cada año hemos debatido estos temas. A nuestro parecer, el progreso decisivo sería poder contar con un scoreboard, un "marcador" , que defina efectivamente las responsabilidades y establezca unos plazos, y que nos permita ejercer un control semestral y exigir responsabilidades en relación con su cumplimiento. Puede contar usted con nuestro apoyo si el objetivo es una mayor transparencia, si el objetivo mantener el impulso de Tampere, que deseamos que no se pierda, y toda vez que existe la posibilidad de ejercer una presión sobre el Consejo. Sin embargo, todo ello sólo tendrá una oportunidad de llegar a ser realidad si contamos con un scoreboard y si todos los representantes del Consejo respetan el espíritu de los Tratados y los Tratados mismos. Si es así, conseguirá transponer sus propuestas con resultados positivos con nuestra cooperación. ¡En cualquier caso, ya cuenta con nuestro apoyo!

Simpson
Señor Presidente, quisiera destacar los sectores del programa de trabajo que afecta directamente a la labor de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Por lo que se refiere a la política regional, mi Grupo quisiera ver cómo la Comisión logra la plena aplicación del principio de asociación a todos los niveles de programación de los Fondos Estructurales.
Nosotros, como otros grupos de este Parlamento, seguimos esperando a que la Comisión presente una propuesta que enuncie los arreglos prácticos para la aplicación del código de conducta que facilitaría la cooperación y el cuidadoso examen de las cuestiones. Señor Presidente, ¿cuándo va la Comisión a seguir adelante con su planificación global y presentar nuevas propuestas para poner en práctica la decisión adoptada en las reuniones oficiosas del Consejo, particularmente en Potsdam y en Tampere?
En cuanto a los transportes y el turismo, mi Grupo y yo acogemos con satisfacción las propuestas que refuerzan la seguridad del transporte aunque necesitamos propuestas más concretas sobre la seguridad vial y, en particular, sobre la cuestión de los niveles de alcohol en la sangre y los límites de velocidad. También me satisface el continuo compromiso respecto del proyecto Galileo y el examen de la estrategia sobre las Redes transeuropeas, especialmente en cuanto destacan el sector ferroviario, sector que en nuestra opinión es importantísimo.
Sin embargo, he de decirles que mi Grupo lamenta el hecho de que varios expedientes se hallen actualmente bloqueados en el Consejo. También queremos que sigan adelante la directiva sobre el horario de trabajo y la directiva sobre la asignación de espacio en pistas de aeropuerto, así como medidas para poner término a los deplorables retrasos en el control del tráfico aéreo en Europa en estos momentos.
También nos inquietan, Presidente Prodi, la falta de propuestas acerca del sector turístico, sector en el que tantos de nuestros ciudadanos trabajan.
Lamento que al parecer las cuestiones relativas al transporte no se hayan tomado seriamente en cuenta en el capítulo relativo a la ampliación y me gustaría estimular a la Comisión a que presente propuestas en favor de una mejor coordinación entre las acciones e instrumentos estructurales y los programas PHARE y TACIS. También quisiera insistir en que las opiniones y los deseos del Parlamento en materia de servicios postales, que a menudo se mencionan en esta sala, se tengan debidamente en cuenta en cualquier propuesta nueva.
Quedo agradecido al Sr. Prodi por habernos expuesto esta mañana el programa de trabajo de la Comisión pero he de decir que en las esferas de la política regional, los transportes y el turismo, es curioso que el programa sea más notable por lo que falta que por lo que contiene, y espero que durante los doce próximos meses podamos subsanar todas esas deficiencias.

Langenhagen
Señores Presidentes, ayer mismo asistí a una reunión de la agrupación de productores del sector de la pesca de cangrejos en mi país. Alrededor de un centenar de propietarios de embarcaciones y pescadores debatieron exclusivamente sobre la política de pesca de la UE. Se trataron los temas de la organización de mercados, el reglamento de control, el reglamento estructural, las medidas técnicas, el IFOP, el programa POP IV, la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres y su preocupante transposición, y finalmente el enorme éxito, debido a su carácter voluntario, de la cooperación trilateral con Dinamarca y los Países Bajos. Ésta reclamó y consiguió finalmente un aumento de los precios de mercado. La temporada de la pesca del cangrejo de 1999 fue financieramente muy sólida. Los hombres eran sorprendentemente jóvenes. Tres jóvenes pescadores habían superado, además, con excelentes resultados su examen y no hubo silbidos contra la UE, como anteriormente solía ocurrir a menudo.
Evidentemente, también me ofrecieron de paso algunas recomendaciones para la Comisión y un cuaderno de bitácora que desde el 1 de enero de 2000 es de uso obligado para todo pescador. Su sentido implícito era naturalmente irónico y la finalidad, clara. También en Bruselas y Estrasburgo deberíamos ponernos manos a la obra y anotar minuciosamente, como hacen los pescadores, nuestras capturas diarias, o sea, nuestros resultados. Por las mismas fechas, una maestra les preguntó a sus alumnos de la escuela primaria: "¿Qué oficios existen en la costa?" Un chico respondió: "Los pescadores." Respuesta de la maestra: "Pero si ya han desaparecido." El chico estaba mejor informado. Su padre es pescador. Y a continuación leo su Programa de la Comisión para el año 2000, señor Prodi, y yo también le pregunto: "¿La Comisión también considera que la pesca se ha extinguido, puesto que no la menciona?"
La pesca es, sin embargo, una de las auténticas políticas comunes de la UE. Pero tenemos pendiente la Conferencia Intergubernamental 2000. Los "flecos" del Tratado de Amsterdam. El cumplimiento de las promesas sobre la codecisión del PE que realizó en su momento por la Comisión durante las audiencias. La Política Común de Pesca a partir de 2000, así como el fundamento legislativo desfavorable para la participación del Parlamento en la negociación de los acuerdos internacionales. No obstante, hoy ha mencionado usted la pesca, señor Prodi. Es un alivio para mí y ahora podré anunciarles a mis vecinos pescadores: "¡Aún seguimos vivos!" Y usted también debería decirle lo mismo a la maestra, señor Prodi, a través de sus acciones.

Garot
Señor Presidente, desearía dirigirme a la Comisión para expresarle mi deseo de que el año 2000 nos permita avanzar en el sentido general de la coherencia, en especial en el ámbito de la agricultura. En efecto, si bien la Unión Europea se propone luchar por establecer reglas diferentes en materia de comercio internacional, si bien defiende su modelo europeo de agricultura, es necesario reconocer que queda mucho por hacer para realizar sus opciones políticas. En cuando al expediente del plátano, por ejemplo, hasta ahora no hemos podido conciliar los intereses de nuestros productores, los de los ACP, con las exigencias de la OMC. ¿Por qué? Simplemente porque la OMC - según el modelo Marrakech - no lo permite o, en todo caso, lo permite con muchas dificultades. Ahora bien, después de haber declarado más de una vez que la OMC debe integrar mecanismos de regulación social y medioambiental, que la Unión Europea desea garantizar determinadas ventajas a los países en desarrollo, ¿por qué la Comisión sigue limitándose a una única perspectiva de liberalización del mercado en este sector?
Después que en Seattle se pusieron en entredicho los acuerdos existentes - inadecuados - de la OMC, abogo firmemente por que la Unión trate este expediente de conformidad con las reglas que pretendemos hacer prevalecer en los intercambios internacionales.
Hago el mismo llamamiento a la coherencia en otro sector: la gestión de la crisis porcina. Como ustedes saben, debido a esta crisis, que ya dura dos años, muchos productores independientes vuelven a ser simples trabajadores a destajo de empresas u otros productores integradores. Se trata de una situación totalmente contraria a nuestro modelo de agricultura europeo basado en explotaciones familiares numerosas, diversificadas y multifuncionales. También en este caso, señor Presidente de la Comisión, doy la alarma y pido a la Comisión que proponga dispositivos nuevos y realmente adaptados a la gestión de este tipo de crisis, más allá, naturalmente, de lo que ya propone, es decir, un fondo de solidaridad.
Último punto: la preparación del presupuesto para el año 2001. Ciertamente, las líneas agrícolas del presupuesto pueden examinarse con vistas a solidarizarse con los Balcanes, es verdad. Pero cuidado, deben respetarse, no obstante, los compromisos asumidos en Berlín con respecto a la PAC, y sobre todo deben mantenerse márgenes de seguridad suficientes para hacer frente, concretamente, a las crisis que deterioran el tejido agrícola y el tejido rural.

Jarzembowski
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, ¡mire a su derecha! Supongamos por un momento que no estamos en el Parlamento, sino en una reunión del Consejo de Administración de una gran sociedad anónima. Usted sería el Presidente de dicho Consejo de Administración, que acaba de presentar un buen informe y un buen proyecto. Permítame, por lo tanto, en su supuesta calidad de Presidente del Consejo de Administración, que exponga un par de consideraciones sobre sus colegas en dicho Consejo.
Al igual que Brian Simpson, yo también considero que su Vicepresidenta, la Sra. Palacio, está realizando un excelente trabajo. En diciembre, con mucha elegancia, consiguió acordar con la Presidencia finlandesa la liberalización del sistema ferroviario. También está trabajando con gran esfuerzo en una cuestión que usted ya planteó en julio del año pasado, señor Presidente, concretamente en el tema de un control eficaz del tráfico aéreo europeo. En este sentido, mi valoración sería positiva. Las propuestas del Sr. Barnier son asimismo excelentes, ya que ha mantenido una colaboración muy buena con el Parlamento en relación con los programas INTERREG y URBAN. Ahora vamos a tener que debatir, no obstante, con él el tema del ISPA. Mi colega Simpson ya se ha referido a esta cuestión. ¿Cómo podemos vincular la preparación de la ampliación con la política de transporte, pero también con la política estructural? Este es un tema importante.
En resumen, yo le pediría, señor Presidente del Consejo de Administración Prodi, que transmita nuestros mejores saludos y nuestro reconocimiento a esos dos colegas, pero también le rogaría que le comunique a otro colega que no estamos satisfechos con él. Me refiero al colega Liikanen. En efecto, lo que está haciendo en el ámbito de la política de turismo no es aceptable, no corresponde a la cualificación esperada de un miembro del Consejo de Administración. Considerando que el turismo emplea actualmente a más personas que el conjunto de la agricultura y que contribuye en mayor proporción que ésta al crecimiento, la actuación del Sr. Liikanen al no presentar nuevos planteamientos estratégicos en materia de política de turismo es una afrenta.
Señor Presidente de la Comisión, le ruego que le comunique a su colega Liikanen que debe hacer sus deberes. ¡Necesitamos una buena política de turismo de la Unión!

O'Toole
Aprovecho esta oportunidad para decir que apruebo el programa en el contexto del plan estratégico quinquenal. En especial me gustaría felicitar al Presidente Prodi por haber destacado la cuestión de la buena gestión pública en el proceso general de planificación. The Economist de la semana pasada hacía comentarios más bien mordaces acerca de la importancia que se concedía a esta cuestión, pero nos enfrentamos con un enorme desafío al abordar la cuestión de la arquitectura institucional que tenemos que crear de cara al siglo XXI, una arquitectura que tiene que guardar proporción con nuestras responsabilidades y nuestra posición en el mundo. Los estallidos de Seattle y de Davos, por ejemplo, no se debían solamente a las cuestiones que se iban a estudiar: eran más bien la reacción de gente y de ciudadanos que trataban de ajustarse a un nuevo conjunto de instituciones y que no sabían muy bien cómo hacerlo. Por eso es absolutamente indispensable que abramos los reductos invisibles del sector decisorio de la Unión a los ciudadanos.
El programa anual me satisface particularmente porque había una omisión en el plan quinquenal: se trata de toda la esfera de la educación, la juventud y la cultura, que no se menciona para nada. El volumen de los programas dedicados a esas cuestiones en el programa anual confiere una importancia apropiada a esas esferas porque pueden brindarnos la base sólida que necesitaremos para poder enfrentarnos con los desafíos que nos rodean en la actualidad.
La configuración de una Europa más grande nos plantea un desafío importante, pero la movilidad en Europa -por ejemplo, la movilidad estudiantil- sigue siendo muy baja. Solamente el 2% de los estudiantes que participaban en el antiguo programa Erasmus se benefician actualmente del régimen de movilidad en Europa, y me parece que eso no es suficiente para erigir una nueva economía. Estamos entrando en la nueva era tecnológica, y quisiera felicitar una vez más a la Comisión y también a la Presidencia portuguesa por la labor que se ha realizado para abrirnos las puertas de la era tecnológica y de la información. También en este caso necesitamos un programa educativo que corresponda a las mejores prácticas de nuestro continente. No podemos preparar una serie completa de iniciativas basadas, por ejemplo, en las pequeñas empresas o en la salud "en línea" o lo que sea, sin educar a la gente para que esté familiarizada con esas tecnologías. Eso significará probablemente que tendremos que examinar de nuevo nuestros programas docentes para ver si corresponden a los programas que tanto entusiasmo suscitan en nosotros.
Para acabar quisiera decir que para cuando termine este año habremos iniciado cuatro nuevos programas: Medios informativos, Cultura 2000, Juventud y Sócrates. Espero que podamos evaluar la labor realizada en los programas anteriores para cerciorarnos de que no se trata de dar sencillamente una nueva capa de pintura a lo anterior sino de poner en marcha nuevos programas que puedan ofrecernos una ciudadanía europea bien capacitada.

Stevenson
Señor Presidente, tengo que oponerme con la mayor firmeza posible a la propuesta que se hace en este programa legislativo, para reducir el presupuesto agrícola en 100 millones de euros a fin de poder reconstruir Kosovo.
No hace falta decir que simpatizo con la idea de reconstruir Kosovo, y aunque me hago cargo perfectamente de que la PAC representa casi la mitad de los gastos totales de la UE, he de oponerme a que se considere al presupuesto agrícola como un pozo del que se puede extraer agua cada vez que otro departamento tiene sed. Sé que se ha dado la garantía de que la utilización de esa suma presupuestaria no influirá en ninguna de las obligaciones financieras que ha contraído la Comisión en el marco de la PAC, pero la verdad es que no lo creo. No puedo creer que se trate únicamente de un caso único e irrepetible.
A los agricultores de mi propia circunscripción de Escocia, que están padeciendo la peor recesión en más de 100 años, ¿cómo puedo explicarles que es mejor gastar esos 300 millones de euros en Kosovo? En el Reino Unido hay todos los días casos de agricultores que quiebran, el número de suicidios entre los campesinos y los trabajadores agrícolas ha alcanzado niveles sin precedentes, la economía británica rural se halla en una espiral negativa, ¿y tengo que explicarles a todos ellos que esos 300 millones es mejor que los gastemos en Kosovo? En las circunstancias actuales sería una locura reducir de esta manera el presupuesto. Tendríamos que gastar más para aliviar la crisis en vez de estudiar la posibilidad de gastar menos. Insto a los diputados de este Parlamento a que voten en contra de esa propuesta cuando llegue el momento de votar sobre el particular.

Corbett
Señor Presidente, después de la reciente digresión sobre el presupuesto de la Unión quisiera volver al tema del Programa legislativo anual. Me referiré únicamente a un tema concreto, que es la cuestión de lo que ha sucedido a las iniciativas que el Parlamento adoptó con arreglo al artículo 192 del Tratado de la Comunidad Europea.
Como sabe muy bien el Sr. Prodi, ese nuevo artículo que fue añadido al Tratado por el Tratado de Maastricht daba al Parlamento el derecho a pedir a la Comisión que presentara propuestas legislativas. El último Parlamento ejerció esa nueva responsabilidad en seis ocasiones, pero solamente en una de ellas conseguimos que la Comisión presentara una propuesta legislativa en respuesta a nuestra petición; me estoy refiriendo a las propuestas basadas en el informe de mi colega, el Sr. Rothley, sobre el seguro para las personas que utilizan sus vehículos en otros Estados miembros. No hay duda de que es un buen ejemplo, pero ¿qué ha sucedido con las otras cinco? Todo parece indicar que la Comisión no ha respondido a ninguna de ellas.
Es verdad que la Comisión no tiene la obligación de responder, pero lo lógico sería esperar que la Comisión, con espíritu de cooperación con el Parlamento, se ocupase cuidadosamente de esas propuestas y respondiera en la mayor parte de los casos. Una sola respuesta frente a seis peticiones es, sencillamente, poco.
Tenemos ahora una Conferencia Intergubernamental que va a ocuparse nuevamente de los Tratados. Tras haberse añadido ese artículo al Tratado de Maastricht no insistimos en que la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam diera al Parlamento un pleno derecho de iniciativa que nos permitiera presentar una propuesta al Consejo sin tener que pasar por la Comisión. El artículo 192 representaba una transacción que nos contentaba, pero si se empieza a pensar que esa transacción no da resultados y si se empieza a pensar que no es satisfactoria desde el punto de vista del Parlamento, entonces se ejercerá inevitablemente presión para que el Tratado se enmiende a fin de dar al Parlamento pleno derecho de iniciativa, cosa que la Comisión no desea porque la Comisión concede suma importancia a su monopolio del derecho de iniciativa. Permítanme que diga a la Comisión lo siguiente: si no quieren ustedes que ese artículo se enmiende más a fondo, lo que tienen que hacer es asumir con mayor seriedad las responsabilidades que tienen en virtud del texto actual.
Insto a la Comisión a que en el futuro, cuando el Parlamento formule una propuesta legislativa de esa manera, se ocupe de ella por lo menos en la mayoría de los casos y, mejor aún, en todos.

Rack
Señor Presidente, la Comisión ha presentado un ambicioso programa de trabajo para el año 2000, que no podemos dejar de suscribir plenamente. Sin embargo, dicho programa también presenta algunas lagunas lamentables. Yo quisiera señalar en particular una de ellas, que ya acaba de mencionar también el colega Jarzembowski.
En el programa de trabajo yo encuentro a faltar por completo el turismo. Éste constituye uno de los sectores económicos más importantes en el marco de la Unión y fuera de las fronteras de la Unión Europea. Hace ya mucho tiempo que se nos vienen prometiendo medidas en este ámbito. Es urgentemente necesario mejorar el marco de actividad, pero no se está haciendo nada.
La Comisión no tiene confiadas, no obstante, importantes tareas únicamente en el ámbito legislativo. También le corresponde cumplir una función absolutamente central -el colega Poettering ya lo ha señalado- en su calidad de guardiana de los Tratados. En este contexto, la Comisión se ha atribuido -con motivo, diría yo- la tarea de vigilar muy especialmente a un Estado miembro. En mi calidad de ciudadano de dicho Estado miembro este modo de proceder no me plantea ningún problema. Mi país tampoco tendrá problemas para someterse a la observación europea en lo que se refiere al tema de los derechos humanos, de los derechos de los extranjeros y de la política contra el racismo. Al contrario: ya demostramos en el pasado que nuestro país posee uno de los mejores historiales en relación con todas estas cuestiones y vamos a seguir manteniéndolo en el futuro.
Si la Comisión ha de ser la guardiana de los Tratados, señor Presidente de la Comisión, entonces le ruego que lo sea en todos los aspectos. La actuación de los Catorce o al menos de algunos dentro de ese grupo también puede vulnerar el Derecho comunitario y éste se ha vulnerado en algunos aspectos en los días y semanas pasados, por ejemplo en relación con el tema de la Capital Cultural Europea 2000, en el contexto de los programas de intercambios escolares de la Unión y en otros ámbitos. "Etcétera" , tengo escrito aquí; yo espero que las cosas no sigan por ese derrotero. Por esto quiero rogar a la Comisión que cumpla su función de guardiana de los Tratados también en este contexto y que se mantenga vigilante.

Prodi
. (IT) Señor Presidente, Señorías, les agradezco este serio, concreto y sencillo debate. Les ruego tan sólo que consideren mi discurso como parte de un discurso global que estamos llevando a cabo día a día. La técnica de los discursos breves elegida por el Parlamento Europeo obliga a considerarlos unitariamente con los discursos hechos ayer, el mes pasado y, repito, del mismo modo que el mes pasado fuimos sintéticos a la hora de presentar las grandes líneas directrices, hoy hemos sido analíticos, ya que el programa anual debe ser analítico.
De este debate aflora de manera cada vez más clara el papel extraordinariamente importante de nuestra colaboración. De hecho, todos los temas que se han abordado esta mañana -la necesidad de una gran coordinación del presupuesto y de la acción común, la necesidad de mantener una posición respecto a la Conferencia Intergubernamental y a las relaciones con el Consejo- exigen una labor conjunta del Parlamento y de la Comisión.
Por esto es tan importante la manera en que acudiremos a la próxima Conferencia Intergubernamental, porque precisamente en ese foro se establecerán las reglas con las cuales actuaremos en el futuro, dado que no habrá otra Conferencia Intergubernamental inmediatamente después de ésta. No podemos celebrarlas continuamente.
Hoy alguien ha expresado cierta perplejidad frente a la larga lista de asuntos. Considero que hoy había llegado el momento de la lista y del análisis. No cabe duda de que en esta lista faltan determinados asuntos. Muchos de ustedes han estimado justamente que un capítulo que falta es el del turismo que, como se ha dicho, cuenta con un número de agentes mayor que el de la agricultura. Cierto que debemos centrar nuestra atención en este aspecto, aunque, como ustedes saben, los poderes de la Comisión en esta materia son muy limitados.
Con todo, hay muchos temas en la lista cuyos aspectos específicos deberemos debatir en el seno de las comisiones. Se ha hecho referencia -lo recuerdo compartiendo la objeción que me ha sido expresada por uno de los diputados aquí presentes- a la seguridad y a la salud de los trabajadores, a la política social, al reforzamiento de la política exterior, a la eliminación de los dramáticos retrasos burocráticos de la Comisión, a los distintos proyectos concretos como GALILEO, a la política regional y a la educación. En consecuencia, tenemos una serie de cuestiones que deberemos afrontar mediante un trabajo en común a lo largo de este año. De todos modos, tenemos una gran ocasión que, afortunadamente ha sido recordada por muchas Señorías, es decir, la posibilidad de contar con una buena economía durante al menos un período de dos o tres años. No podemos hacer más que utilizar esta posibilidad, ya que sus Señorías han puesto de relieve un dramático problema presupuestario. Si tomamos en cuenta los discursos hechos hoy en el Parlamento, resulta un análisis preciso pero también despiadado. En lo que se refiere a la agricultura, no se puede renunciar a los recursos existentes que se consideran prioritarios para el mantenimiento mínimo de algunas regiones agrícolas, pero, por otra parte, tenemos los compromisos de política exterior como Kosovo y otros y, por lo tanto, existen incompatibilidades en nuestro presupuesto. Vamos a paliarlas en parte -como decía el Sr. Elles- con una economía que confiamos en que se desarrolle por encima del 3% anual y que, en consecuencia, facilitará mayores recursos, aunque sabemos muy bien que también estos recursos no bastan para hacer compatibles los programas y los objetivos que se han mencionado en el debate de esta mañana.
Además, la relación entre el Parlamento y la Comisión se convierte en fundamental a la hora de tomar estas decisiones. Éste es el momento de la verdad, éste es el momento en que juntos debemos ver qué nos depara el futuro, esto es, cuáles son los límites del presupuesto, cuáles son las principales decisiones que debemos tomar y cuáles son las grandes iniciativas que hemos de emprender para nuestro futuro.
Éste es, por un lado, el tema fundamental del que nos ocuparemos en los próximos meses y, por otro, como ustedes han recordado, se planteará el problema de las competencias, de la gobernabilidad, de la constitución europea, es decir, los poderes de los Estados, de las regiones, de los Länder. Soy plenamente consciente de este hecho. La semana pasada me reuní con los representantes oficiales de los Länder alemanes para debatir esta cuestión y el discurso no fue en absoluto un discurso de descentralización, sino un discurso mucho más profundo. Es decir, se habló acerca de cuáles son los niveles de gobernabilidad que debemos tener en Europa y no de temas de descentralización.
Éste el motivo por el cual he sostenido la necesidad de un Libro Blanco sobre la gobernabilidad. Estamos inventando algo nuevo. Podrán haber críticas, límites en nuestras acciones, dificultades para avanzar, sin embargo, estamos eliminando la barrera intelectual y experimental de la política. Por esto debemos actuar conjuntamente. El Libro Blanco sobre la gobernabilidad, por un lado, y los problemas de la compatibilidad presupuestara, por otro, son los dos pilares sobre los cuales debemos desarrollar la acción política común del próximo futuro.
Lo único que les puedo asegurar es que el método utilizado por la Comisión es un método que parte realmente de una pizarra blanca -no negra- en la que debemos escribir lo que pensamos que será el bien futuro de las Instituciones de las que somos responsables.
Evidentemente, hemos de ser diligentes en todo esto, ya que no nos debemos limitar a formular grandes proyectos, y conecta con esto la tercera solicitud que me han dirigido en relación con el balance de nuestras acciones. Hemos presentado un informe anual sobre las acciones emprendidas y en febrero presentamos el Informe anual sobre las acciones llevadas a cabo en 1999 que queremos profundizar ulteriormente; sin embargo, el mismo ya contiene cada una de las acciones realizadas y nos proponemos actuar también de cara a una mejor información sobre el trabajo en curso.
Éste es el proyecto de una gran Unión Europea, un proyecto que tiene un objetivo concreto. Si no realizamos este proyecto no encontraremos espacio en el nuevo mundo. Aquí se ha criticado la globalización, una crítica que estimo inútil, en el sentido de que la globalización está en curso, la dificultad estriba más bien en como queremos llevarla a cabo. ¿Queremos ser los líderes de esta globalización? ¿Queremos realizarla responsablemente con respecto a los países subdesarrollados y del Tercer Mundo? Creo que ésta es una estrategia realmente importante. Por esto, no nos podemos permitir olvidar Seattle, por mejor decir, debemos reanudar el discurso de Seattle, y tenemos que hacerlo enseguida tratando naturalmente, o mejor, teniendo como punto de partida remediar los errores que hicieron fracasar Seattle. Se siente la necesidad de una concienciación global en orden a que debemos ocuparnos de todo el mundo, no sólo de nuestro propio interés. ¡Ay de nosotros si detenemos la globalización! : es la única esperanza para India, para China, para el mundo que debe crecer en esta economía global. No podemos pensar en ahogar a estos países en este momento tan delicado.
Por lo tanto, éste es nuestro gran destino, en el cual nuestra gran tarea es crear una Europa cada vez más capaz de desempeñar un papel. Y la ampliación forma parte de todo esto: no es sólo un instrumento para proteger nuestra paz, es un instrumento para definir nuestro papel.
Y volviendo a la ampliación, la posición de la Comisión es una posición fuerte y valiente, pero también seria y rigurosa, porque las objeciones que se escuchan tienen una doble vertiente: de una parte, el deseo que también es el nuestro de que la ampliación tenga lugar de inmediato; de otra, la gran necesidad de aclarar las consecuencias de la ampliación y los instrumentos de ejecución. Cuando decía que debemos realizar la ampliación tranquilizando a la opinión pública de los países candidatos y de los nuestros, sé que mi afirmación no ha sido bien acogida y ha causado perplejidad en algunos países candidatos a la adhesión. Sin embargo, lo hago en aras a su seguridad, no sólo en aras a la nuestra, porque si existiera la mínima sospecha de que la ampliación se realiza de forma superficial, se crearía una opinión pública contraria a este gran movimiento histórico, a este gran acontecimiento que caracterizará nuestra acción y que da un sentido moral a la política que estamos construyendo.
En consecuencia, en el presupuesto, en la ampliación, en la gobernabilidad, debemos tener este gran equilibrio, este sentido de la misión, este sentido de las compatibilidades que guían las acciones de cualesquiera Parlamentos y Gobiernos.

Thors
Señor Presidente, he formulado una pregunta muy actual y muy concreta al Presidente de la Comisión sobre su opinión acerca de la relación entre la libertad de expresión y la obligación de colaborar lealmente con las instituciones. Desgraciadamente no se me ha dado una respuesta. Se trata de un asunto que actualmente se debate en toda Europa y sería muy interesante escuchar su opinión. No, not this time either!

El Presidente
Muchas gracias, señora Astrid Thors.
El Presidente de la Comisión ha respondido como le ha parecido oportuno y debemos proseguir con el debate.
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Productos de cacao y de chocolate
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común aprobada por el Consejo (9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana (ponente: Sr. Lannoye).

Lannoye
. (FR) Señor Presidente, creo útil recordar que votamos en primera lectura sobre esta propuesta de directiva relativa a los productos de cacao y de chocolate en octubre de 1997. En realidad, el Consejo de Ministros tardó mucho, pues, en lograr un acuerdo sobre una posición común, ya que fue necesario esperar a octubre de 1999 para poder disponer de esta posición común. Se necesitaron dos años, y creo que nuestro Parlamento, en particular, trata esta cuestión con cierta laxitud, hasta el punto que algunos diputados -para ser exactos, precisaré que son incluso mayoritarios en el seno de la Comisión de Medio Ambiente- piensan que se trata de un compromiso equilibrado: la posición común constituye un compromiso equilibrado y no hay que introducir demasiadas modificaciones.
Personalmente, considero que la votación en primera lectura del Parlamento desembocaba en un compromiso equilibrado, y lamento profundamente que la Comisión Europea no haya apoyado en ningún momento la posición del Parlamento en las negociaciones en el seno del Consejo. En ningún momento la Comisión ha recogido las enmiendas del Parlamento y, además, en el debate en la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión ha decidido nuevamente no modificar dicha posición común: claramente para rechazar todas las enmiendas. La Comisión de Medio Ambiente, sin embargo, ha aprobado dos enmiendas importantes, de lo que me felicito, aun cuando, en mi opinión, no es suficiente.
En realidad, creo que el compromiso no es aceptable y que se ha restado importancia a la utilización de materias grasas vegetales, ya que éste no facilita al consumidor una información adecuada, ignora el problema de la falta de fiabilidad del método de análisis, suprime la subsidiariedad y responde a las exigencias de las multinacionales del chocolate; y ello en perjuicio de los intereses de los artesanos del chocolate y de las PYME, del derecho de los consumidores y del futuro de millones de agricultores productores de cacao. Pienso, en particular, en los productores de cacao de África Occidental, que superan los diez millones y cuyo futuro resulta claramente comprometido.
¿Por qué digo esto, cuando en la propuesta común se incluye un anexo que aparentemente responde a este problema? Existe efectivamente un anexo que admite hasta seis sustancias de la lista de materias grasas vegetales, entre las cuales se encuentra la manteca de karité, que es un producto de la cosecha procedente de algunos países pobres de África, como Malí y Burkina Faso. Lamentablemente esta limitación no ofrece todas las garantías con miras al futuro. Por una parte, en efecto, es posible fabricar sustitutivos del cacao, y no dudo que se haya optado por esta solución por razones de coste y de fiabilidad del producto.
Por otra parte, es posible obtener, a través de procedimientos industriales, químicos o basados en la ingeniería genética, sustitutivos del cacao a partir de una sustancia de base más barata, que figura entre las seis que han sido admitidas: el aceite de palma resultante de cultivos industriales y cuyo precio en el mercado puede ser diez veces inferior al del cacao. Al oponer a los productores de karité, que merecen nuestra atención, a los productores de cacao, los promotores de materias grasas vegetales, con el apoyo de la Comisión Europea - lo cual deploro absolutamente -, enmascaran una realidad que considero indiscutible: los únicos beneficiarios de la entrada en vigor del texto propuesto por el Consejo en su forma actual son las multinacionales chocolateras, cuyo objetivo es aumentar sus ganancias, fomentando las materias grasas vegetales baratas y acentuando la presión a la baja del valor del cacao. Por eso pienso que algunas enmiendas presentadas por iniciativa de colegas de diferentes grupos, sobre todo las Sras. Thomas-Mauro, Ries o Isler Béguin, hacen más estricta la posición, aprobada en primera lectura, del Parlamento y valorizan el texto. Mencionaré, concretamente, la mención obligatoria, en la cara principal del envase del producto, del contenido de materias grasas vegetales; el requisito de una homologación previa de un método analítico fiable; el principio de subsidiariedad, que el Consejo ha suprimido, cuando había sido propuesto por la Comisión; la negativa a utilizar métodos de ingeniería genética y métodos químicos - señalo que la Comisión de Medio Ambiente apoya la no utilización de la ingeniería genética -; y, finalmente, la última propuesta, no menos importante: la realización de un estudio serio para valorar el impacto - y no algún tiempo después de la entrada en vigor de la directiva, sino en el momento de su entrada en vigor - en la situación socioeconómica de los países productores de cacao, que pueden ser las primeras víctimas de este texto.
Señor Presidente, Señorías, creo que se trata de un enfoque que corresponde a lo que aprobamos hace dos años. Naturalmente, éste se opone a la posición común del Consejo, pero creo que nuestro papel es demostrar que el Parlamento existe en los procedimientos de codecisión y no aceptar las decisiones del Consejo, aunque las mismas sean resultado de una elaboración que ha tardado demasiado, que ha tardado dos años.

Thyssen
Señor Presidente, en primera lectura el chocolate fue objeto de un vehemente debate. Hicimos bien y los resultados no se hicieron esperar. Hicimos bien porque la propuesta inicial se centraba únicamente en el mercado interior. La calidad del producto aparecía como un asunto meramente secundario, por no hablar de la falta de interés que mostró la Comisión acerca de las obligaciones éticas y jurídicas en relación a los países en desarrollo. La discusión no ha sido infructuosa. Quien analice seriamente la posición común ha de admitir que la democracia funciona. En lugar de quedarnos con los brazos cruzados, nos hemos puesto a enmendar el texto. ¿Pretenden autorizar otras materias grasas? Muy bien, si así ha de ser, así será; ahora bien, nosotros pondremos las condiciones. Nosotros solamente queríamos materias grasas tropicales, pues la posición común las enumera de forma limitativa. Nosotros queríamos un doble etiquetado, pues la posición común nos lo concede, con la salvedad de que hubiéramos preferido que la indicación complementaria figurase en la cara principal del envase. Reclamamos un estudio de impacto. Pues bien, dicho estudio se llevará a cabo dos años y medio después de que la directiva realmente haya surtido efecto. Reclamamos que la Comisión, llegado el caso, presentase una propuesta de modificación. Así se hará y, de ser necesario, nosotros podremos volver a enmendarla. No queríamos que se recurriera a la comitología para introducir modificaciones fundamentales y hemos conseguido que se aplique el procedimiento de codecisión. También solicitamos métodos de medición más exactos, y creo que, en este sentido, el Centro de Investigación de Ispra ha hecho sus deberes.
En esta Casa éramos muchos los que no estábamos felices con la propuesta de la Comisión. Aunque no hayamos sido capaces de impedir la introducción de materias grasas distintas del cacao, hemos podido condicionar su uso de tal forma que los propios países en vías de desarrollo admitan que el texto, tal y como se presenta ahora, es aceptable y que el chocolate de calidad, o sea, el que solamente contiene cacao, se diferencia claramente de los demás.
Señor Presidente, como ponente en la sombra del Grupo del PPE me siento orgullosa de que prácticamente todas las enmiendas de la primera lectura, que han ejercido una enorme influencia sobre la posición común, sean el producto de nuestra labor artesanal. Por eso mismo, el PPE no ha vuelto a presentar enmiendas, aunque algunos de nuestros colegas respaldarán las enmiendas presentadas por otros diputados, tanto más cuanto que se trata de enmiendas nuestras ya presentadas en primera lectura. Incluso cuando al final no se adopte ninguna de estas enmiendas, el resultado es francamente positivo.
Quisiera concluir mi discurso con la siguiente reflexión. En el debate sobre el chocolate se ha mencionado en reiteradas ocasiones la palabra "ética". En mi opinión, una conducta ética implica asimismo que cuando esta Casa se apunte un tanto sus miembros se atrevan a decirlo y a resaltarlo. Si uno se adjudica un triunfo, debe celebrarlo. Estimados colegas, tal vez va siendo hora de que aprendamos también a disfrutar de nuestros logros.

Whitehead
Señor Presidente, nos ha llevado 25 años llegar a una posición común que constituye una verdadera transacción.
Quisiera rendir homenaje al Sr. Lannoye. Es un parlamentario muy dotado, y ha defendido este caso con fuerza y convicción en todo momento, pero está subestimando su propia contribución a este debate, porque lo que él y otros han hecho es lo que nos ha permitido alcanzar una posición que podemos considerar muy acertadamente como posición de transacción. Los que no la aceptan y dicen que estamos todavía en una posición de obstrucción total en realidad están admitiendo -lo mismo que los que desean rechazar la posición común en la votación de mañana- que no quieren en absoluto que está directiva se apruebe. No quieren que se añadan grasas vegetales en ningún sitio, en ningún Estado miembro, de ninguna manera, a nada que lleve el nombre de chocolate. Ésta no es una posición que la mayoría de los Estados miembros o la mayoría de los consumidores de la Unión Europea aceptarían aunque no fuera más que por un minuto, y voy a utilizar el breve período de tiempo de que dispongo para impugnar esa posición.
Si pasamos de la armonización a un porcentaje cero de grasas vegetales, que es lo que siempre ha sido el argumento utilizado, pasamos a una posición en la que pediremos salvaguardias para los consumidores, para los productores primarios, y esencialmente para las normas que establecemos en la Unión Europea.
Las enmiendas que se sometieron al examen de la Comisión de Medio Ambiente, excepción hecha de las pocas enmiendas que se aprobaron, eran enmiendas destructivas. Su finalidad era aplazar, durante la vida de este Parlamento y la vida de esta Comisión, toda resolución sobre el particular, y eso no es aceptable. Pedían que se efectuaran estudios sobre las repercusiones que se aplicarían antes de que la propia directiva estuviera en vigor, así como toda clase de etiquetas adicionales además y por encima del doble etiquetado del paquete que se ofrece a los consumidores.
Mi Grupo apoya la posición común con algunas excepciones, que se expondrán durante el debate. Estimamos que la directiva es buena para los consumidores. Los consumidores obtienen un mayor surtido de productos y un etiquetado separado y distintivo. Es buena para los fabricantes de todas las grasas vegetales, e incluyo entre ellas a la manteca de cacao. La manteca de cacao es el componente predominante en todas las formas de chocolate, y seguirá siéndolo, también para los que hayan producido grasas vegetales naturales, de las cuales existe una lista específica que sólo se puede modificar con el asesoramiento y el consentimiento de este Parlamento.
Si yo viniera de Burkina Faso o de Malí o de alguno de los países que producen beurre de karité y se me dijera que las cooperativas de mujeres que recogen las cápsulas, que constituyen una parte considerable de sus exportaciones a Europa, van a quedar sin trabajo o se van a ver en peligro porque se las considera como partidarias de las multinacionales, no hace falta decir que me enfadaría, y mucho.
Sólo tengo tiempo de referirme a una última cuestión: la de los fabricantes de chocolate de calidad que siguen los métodos especializados que les vemos utilizar en Bélgica y en otros países. La calidad se defiende por sí misma. Pueden poner ustedes más etiquetas, si quieren. Personas como yo seguirán comiendo chocolate pero lo que queremos es que la gente disponga del surtido más amplio posible de todos los productos, lo que aumentará las importaciones de cacao y de las grasas vegetales añadidas en la Unión Europea.

Maaten
Señor Presidente, al ciudadano de a pie que se entere del presente debate sobre la directiva del chocolate se le hace la boca agua sólo con pensar en el placer y el gusto que le causan todas estas exquisiteces, porque, desafortunadamente, el chocolate se considera un estimulante. Aun siendo nuevo en esta Casa acuso el cansancio que ha producido este largo debate y no puedo evitar la sensación de que el chocolate no haya sido precisamente una fuente de placer para este Parlamento. Hoy este calvario llega a su término.
Son muchos los que tienen interés en este debate. Están los productores de cacao, los productores de aceites vegetales, las organizaciones no gubernamentales, los productores de chocolate y otros muchos. Todos son interesantes, pero, en mi opinión, lo más interesante es el consumidor. El principio más interesante es, a mi modo de ver, el de la libre elección del consumidor. Como políticos hemos de tratarlo con mucha cautela, puesto que sobre gustos no hay nada escrito.
El Parlamento Europeo no puede y no debe imponer un eurogusto armonizado. En consecuencia, por nosotros no hace falta que en la cara principal de los envases del chocolate figuren advertencias en fluorescentes letras de neón. No se trata de cigarrillos.
Obviamente, hay otros intereses que hemos de tener en cuenta. Así, por ejemplo, debemos prestar atención a la situación precaria de los países que aportan las materias primas para el chocolate. Pero aquí también hemos de andar con pies de plomo, puesto que nos hallamos ante intereses encontrados. En tanto que Costa de Marfil exporta cacao, otras materias primas concurrentes proceden de Malí y Burkina Faso, entre otros países.
La posición común del Consejo, tal y como la tenemos delante ahora, tiene por objeto lograr un equilibrio entre todos estos intereses. Aunque, a nuestro modo de ver, algunos aspectos son susceptibles de mejora, lo positivo de este compromiso es que ninguno de los implicados se haya salido con la suya. No hay ganadores, pero tampoco hay perdedores.
La mayoría del Grupo Liberal no tiene reparo en respetar ese equilibrio inestable. En otras palabras, respaldamos la posición común y estimamos que la directiva ha de adoptarse lo antes posible.
Pasemos al orden del día y dejemos el chocolate para lo que sirve, o sea, para disfrutar.

Isler Béguin
Señor Presidente, señora Comisaria, como no podemos rechazar la directiva sobre el chocolate, que, en el estado actual, es inaceptable, el Parlamento debe, por lo menos, mejorarla.
En primer término, debemos interrogarnos sobre la pertinencia de esta directiva que modificará la definición del chocolate. El Parlamento Europeo debe saber que el codex alimentarius, que establece la composición del chocolate en el plano internacional, indica que éste se fabrica a partir de manteca de cacao. Por consiguiente, ¿con qué derecho la Unión Europea, habida cuenta de las tradiciones alimentarias de algunos Estados miembros que denominan, erróneamente, "chocolate" unos productos que incorporan grasas vegetales diferentes a la manteca de cacao, podría imponer la modificación de la propia definición del chocolate?
Si hoy se permite añadir un 5% de materias o grasas vegetales diferentes al cacao, el Parlamento Europeo abriría la vía para muchas otras suplantaciones ¿Por qué no llamamos aceite de oliva a algo que lleve aceite de palma?
En segundo término, si el texto de la posición común no se cambia, el consumidor va a necesitar una lupa para ver la composición del chocolate. Por eso pido a mis colegas que voten positivamente las enmiendas que permitirán que el consumidor note de inmediato la diferencia entre el verdadero chocolate y el chocolate enriquecido con grasas vegetales diferentes a la manteca de cacao.
Finalmente, nosotros, países productores, que hoy sabemos que el precio del cacao está muy bajo, corremos el riesgo de que mañana, a causa de una posición, se hunda. Para evitar el caos a los países productores, el Parlamento Europeo debe realizar una evaluación del impacto en la situación de las exportaciones. Por eso les pido que apoyen todas las enmiendas presentadas por los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.

Boudjenah
Señor Presidente, señora Comisaria, los conocedores lo saben, un buen chocolate es el que está elaborado con manteca de cacao. Cualquier añadido de otras materias grasas altera su sabor. Con el fin de mantener esta calidad, la directiva de 1973 prohibía la utilización de materias vegetales diferentes a la manteca de cacao.
Con la entrada de nuevos países a la Unión Europea, se han aplicado excepciones a esta prohibición estricta. En nombre de la libre circulación de mercancías, era necesario efectuar una armonización. La Comisión podía entonces optar por reajustar el estándar europeo hacia arriba y ampliar la prohibición a todos los Estados miembros. Pero debido a la presión de firmas multinacionales que querían disminuir sus costes de producción, la Comisión propuso, en abril de 1996, una directiva que autorizaba un añadido mínimo de materias grasas vegetales.
En su primera lectura, el Parlamento puso en marcha un proceso peligroso que supone aceptar la directiva con algunas condiciones. El Consejo aprovechó el precedente y aprobó su posición común, que reconoce la denominación "chocolate" incluso con la incorporación de otras materias grasas vegetales. Se trata nuevamente de la victoria de los intereses de unos pocos a costa de la calidad para todos.
Pero el Parlamento, en segunda lectura, puede acabar con esta directiva cuya aplicación tendría graves repercusiones. Consumidores y artesanos chocolateros sufrirían las consecuencias de una disminución de la calidad y de una nivelación hacia abajo. Los países ACP productores de cacao, por su parte, conocerían una reducción importante de sus mercados y de sus ingresos. Solamente para Côte d´Ivoire ello supondría más de 300 millones de dólares. Demás está decir que están muy preocupados.
Atento a los intereses del consumidor y de los países ACP, mi Grupo, mayoritariamente, es favorable, pues, a la prohibición de materias grasas vegetales, a fin de defender la autenticidad y la calidad del verdadero chocolate. Por eso hemos presentado una propuesta de rechazo de la posición común del Consejo.
Los artesanos chocolateros vinieron al Parlamento para alertar a los diputados en el período parcial de sesiones de enero de Estrasburgo. Hago un llamamiento a todas aquellas y a todos aquellos que demostraron su solidaridad, para que apoyen nuestra propuesta de rechazo.

Thomas-Mauro
Señor Presidente, la protección del consumidor es nuestra principal preocupación. También lo es el objetivo de la directiva sobre la producción y la comercialización del chocolate.
La Unión debe trazar el camino de la simplificación, de la confianza, de la autenticidad y del respeto de las diferencias. Desde 1973, la legislación europea establece que la denominación "chocolate" debe asignarse a los productos que sólo contienen cacao o manteca de cacao. Algunos Estados se benefician de una excepción a este principio desde su adhesión. Muy bien, que cada uno sea el rey de su tableta de chocolate en su país. Yo quiero comprar en mi tienda, en Reims, chocolate fabricado según las tradiciones gastronómicas de mi país, sin tener que mirar todas las caras del envase del producto y sin tener que ponerme las gafas para asegurarme de su calidad.
Naturalmente, este frenesí por el etiquetado es necesario, puesto que ya se ha perdido la confianza. Pero, Señorías, si renuncian a una determinada definición del chocolate, deben hacerlo clara y visiblemente. Por eso les pido que apoyen las enmiendas 29 y 18.
Es cierto que los gustos son de orden cultural. Si ceden al compromiso, entrará en nuestro territorio, con la denominación "chocolate", un alimento que para nosotros no es tal. Nosotros defendemos una concepción auténtica del chocolate. La manteca de cacao constituye la esencia del chocolate. Respetemos la garantía del sabor.
No basta con publicar un Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria, para tranquilizar al consumidor. Los artesanos y las pequeñas empresas no tienen por qué inventar una manera de promocionar su savoir faire o de marcar sus diferencias valiéndose de una indicación del tipo "chocolate puro" o "manteca de cacao pura" . Si cambiamos la definición del chocolate castigaremos a todo el sector de los artesanos y a las PYMES.
Esta votación de hoy es simbólica. Debemos favorecer la información del consumidor y los intereses de los países africanos, productores de cacao, asociados a Europa por el Convenio de Lomé. ¿Acaso en el reino de la absurdidad no se programa un estudio para valorar el impacto en su economía, tras algunos años de aplicación de una directiva?
Para contentar a las multinacionales, el consumidor debería entonces complicarse la vida, las etiquetas deberían ser creativas y restablecer la confianza, los artesanos deberían crear un sello "calidad chocolate", los países exportadores de cacao deberían adaptarse... ¡Y ustedes nos hablan de una Europa próxima al ciudadano, generosa, transparente y respetuosa de la diversidad de las culturas! No queremos su chocolate fruto de un compromiso, conocemos demasiado bien la receta federalista.
La armonía culinaria entre los pueblos es difícil, refleja demasiado bien, con demasiada exactitud, nuestras diferencias, lo que se opone a una armonización en todas las direcciones. Sepan, Señorías, que no lograremos que se ame a Europa haciéndola insípida.

Martinez
Señor Presidente, durante siglos, las vacas comían hierba y el chocolate se fabricaba con cacao. Luego, hace algunos años, el Reino Unido, que ha aportado a la humanidad la carne con mermelada, los hooligans y a Adam Smith, empezó a alimentar las vacas con reses muertas y a fabricar cacao sin chocolate. Estas aberraciones no tendrían que haber salido de las Islas Británicas, pero la supresión de fronteras ha permitido la circulación del chocolate adulterado. Hasta el punto que hoy, en siete de quince países, el consumidor ignora que come chocolate adulterado, incluso en el Austria del Sr. Haider y en el Portugal del Sr. Guterres. Para tranquilizarnos se nos dice que la imitación del cacao se limitará a seis productos tropicales: el illipsé de Borneo, la mantequilla de karité -con la que también se fabrican aceites para motores de aviones-, etcétera. Pero, de directivas en enmiendas, los seis productos se convertirán en siete, ocho, nueve, hasta que se utilice la soja, la colza y los OMG.
Se nos asegura asimismo que el fraude del cacao se limitará al 5%... para empezar, luego al 10%, sin tener en cuenta que no se efectuarán controles, del mismo modo que tampoco se controlan, por ejemplo, las cajas de plátanos Chiquita, que deben pesar 18 Kg, y que, en realidad, pesan veinte. Por otra parte, los controles no sirven de nada, ya que se nos dice que el margen de error es del 1%, cuando los científicos afirman que éste es del 40%. Se nos dice, sobre todo: "Comed, bebed sin miedo, una etiqueta nos protege" . Pero la etiqueta es una impostura gráfica, ya que es ilegible, y una hipocresía científica, puesto que, por ejemplo, la mención "aceite de palma" pasará desapercibida en una extensa lista de ingredientes. Ocurre como con el oporto: no se nos dice "imitación de Sudáfrica" ; con respecto al cacao no se nos dirá: "imitación" .
Por consiguiente, a falta de argumentos para justificar el fraude del chocolate, las multinacionales afirman: "Debe aceptarse el 5%, de lo contrario, el fraude será completo" . ¿Y qué? Basta con que el producto se denomine "karitelate" si es karité, "sojalate" si es soja, pero no "chocolate" . Es menester que las 388.000 toneladas de chocolate francés, por ejemplo, se fabriquen con cacao, y que los artesanos cobren los 19 millardos de francos del volumen de negocio francés.
Se trata de una obligación jurídica frente a Côte d´Ivoire, a los agricultores africanos. Con respecto al cacao, estamos obligados por el Convenio de Lomé y por el Convenio sobre los productos de base, suscritos por la Unión Europea. Se trata, además, de una obligación financiera: si no la respetamos, estaremos obligados, en virtud del sistema "Stabex" , a compensar las pérdidas de estos países. Se trata de una obligación en materia de salud y de seguridad alimentaria, ya que los productos sustitutivos del cacao, como la nuez del Brasil, pueden crear patologías inmunológicas.
Se trata, finalmente, de una cuestión de veracidad, de una cuestión moral. Hay que acabar con la mentira generalizada, porque se empieza con el chocolate falso y se termina con una Comisión Europea falsa, cuyos miembros son organismos modificados "norteamericanamente" , y cuya bandera es un pabellón de conveniencia que esconde una mercancía internacional.

Bernié
Señor Presidente, señora Comisaria, los organismos modificados genéticamente y las "vacas locas" no han bastado para detener el entusiasmo de los manipuladores alimentarios.
Las personas continúan jugando al aprendiz de brujo, burlándose de la seguridad alimentaria. He aquí - "lobbying industrial obliga" - el chocolate con un añadido de materias grasas vegetales. Su contenido en cacao disminuirá un 15%, pero seguirá llamándose chocolate. Todo el problema radica en ello. Una falta de transparencia evidente, a pesar de que distinguimos la mantequilla de la margarina. Al dorso del producto figurará una inscripción poco visible, en caracteres pequeños, que indicará su nueva composición.
Se trata de una alteración de la calidad, ciertamente, pero también del sabor, de un engaño evidente respecto a la mercancía. Este sucedáneo, este chocolate falso, supone una competencia desleal, ya que será más barato que el chocolate puro elaborado artesanalmente, que respeta la autenticidad, la ética y la tradición. Pero existen grandes ganancias en perspectiva para la multinacionales, que desde hace unos quince años se mueven en los pasillos para lograr que las excepciones obtenidas al capricho de las sucesivas adhesiones a la Unión se conviertan en regla general. En cambio, los artesanos chocolateros y los países en desarrollo productores de cacao, a los que se piensa seriamente compensar, están preocupados.
Finalmente, un problema de capital importancia: si bien hoy sabemos detectar las materias grasas vegetales en el chocolate, no podemos, en cambio, ni identificarlas ni cuantificarlas. Por lo tanto, no existe ningún tipo de trazabilidad, y se trata de una puerta abierta a todo tipo de abusos.
En nuestra opinión, es conveniente prohibir que se llame "chocolate" a cualquier producto que contenga ingredientes distintos que el azúcar y el cacao. No se debe engañar al consumidor llamando chocolate a otra cosa.
Europa no debe convertirse en cómplice de una trampa, de una manipulación alimentaria, cuando la seguridad alimentaria constituye una de sus prioridades. Europa no debe nivelar hacia abajo; debe velar por la calidad de los productos y por la salud del consumidor. Basándonos en estos principios, no podemos avalar los objetivos de esta directiva. El hecho de rechazarla constituiría una señal importante para los ciudadanos, una actitud responsable para el Parlamento. Este es el contenido de nuestra enmienda; de lo contrario: ¿para cuándo el vino sin uvas y la mantequilla sin crema?

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, en general se atribuye al chocolate el efecto de provocar momentos felices y contribuir al equilibrio de las personas. La directiva sobre el chocolate constituye una enorme excepción en este sentido, en el Parlamento y en la Unión Europea; es un tema polémico y desencadena emociones, como hemos podido comprobar muy bien hoy aquí. El Sr. Matt ha hablado de un calvario y efectivamente lo ha sido. Ahora es preciso que se acabe este calvario.
Sin embargo, la cuestión es en realidad muy sencilla. Siempre se habla de lo que podría ocurrir. Dentro del Mercado Único europeo tenemos dos mercados del chocolate. Para repetirlo una vez más con toda claridad: ya hay chocolate que contiene el discutido 5% de otras materias grasas vegetales y países en los que esta prohibida la adición de dichas materias grasas, excepto la manteca de cacao. Desde el punto de vista de los participantes en el mercado, o sea, de los consumidores, en este mercado existe confusión e inseguridad jurídica. ¡Es preciso acabar con ellas! No se trata de ir en contra o a favor de los intereses de las multinacionales, señor Lannoye. Yo he hablado con empresas de tamaño medio y se alegrarán cuando por fin entre en vigor esta directiva.
En cuanto a las peticiones del Parlamento, éste pidió una identificación y ésta se prevé, aparte de la lista de ingredientes. Siempre hemos planteado este requisito. El Parlamento señaló que se requería un procedimiento de control. El Centro Común de Investigación de Ispra ha certificado que este procedimiento existe. Tampoco controlamos las manzanas de cultivo ecológico en el mercado, sino en el lugar donde se producen. Por lo tanto, yo considero que se puede hacer lo mismo en el caso del chocolate.
En el debate también ha tenido, evidentemente, mucho peso en todo momento el tema de las consecuencias en los países en desarrollo. Sobre esta cuestión, existe una carta abierta en la que se dice que la directiva sobre el chocolate es el último clavo en el ataúd de 11 millones de habitantes del África occidental. ¡Semejante distorsión de la realidad y dramatización del debate me parece una enorme irresponsabilidad! En efecto, es evidente que pedimos la lista porque esta petición procede de los países en desarrollo. En realidad, es de prever que esto incluso reporte ventajas a los países en desarrollo.
Yo me congratulo de que la posición común haya conseguido un apoyo mayoritario. Concedamos al consumidor la oportunidad de elegir y al mercado interior del chocolate, una mayor variedad unida a la seguridad jurídica, rechazando las enmiendas y votando afirmativamente la posición común.

Van Brempt
Señor Presidente, estimados colegas, la posición común relativa a la directiva del chocolate se refiere a una directiva -y para esta ocasión citaré literalmente al grupo de presión de la industria chocolatera- que crea un verdadero mercado único para productos de chocolate, respetando las tradiciones chocolateras nacionales, que proporciona toda la información necesaria a los consumidores y que protege los intereses de los países en desarrollo. ¿Es eso realmente así?
Empezaré por la información que se facilita al consumidor. La propia Comisión ha admitido que no existe un método de detección suficientemente fiable. Hay un margen de error del 2%. Tomando como punto de partida un 5% este margen se incrementa incluso en un 50%. Me parece inaceptable. Además, el control varía según el tipo de chocolate y la información que desee proporcionar el productor. Al introducir una directiva cuya aplicación no se puede controlar debidamente no nos tomamos en serio a nosotros mismos, pero sobre todo no tomamos en serio al consumidor.
Pasemos ahora a los intereses del Tercer Mundo. Me preocupa realmente que tanto los partidarios como los detractores de la posición común aduzcan este argumento una y otra vez. Los unos sostienen que redundará en beneficio de los países del Tercer Mundo y los otros advierten que perjudicará a más de un millón de agricultores en el África Occidental. ¿Qué hay ahora y qué habrá en el futuro? ¿Tan difícil es averiguarlo y controlarlo previamente? ¿Tan difícil es verificar cuál será por ejemplo el efecto de esta directiva sobre la exportación y el desarrollo sostenible de los países productores de cacao?
Estimados colegas, no puedo por menos que decir una última cosa. Sin razón o con ella se está diciendo que este Parlamento no puede aceptar ninguna enmienda a fin de no hacer peligrar este delicado compromiso. Pues bien, si eso es así y si eso sirve como argumento, apaga y vámonos. Toda posición común constituye un equilibrio delicado entre intereses nacionales, condiciones ecológicas y ponderaciones sociales. También en este expediente el Parlamento Europeo ha de desempeñar el papel que le corresponde. Por tanto, debe procurar que la posición común se enmiende en algunos puntos, convirtiéndola en una directiva beneficiosa para los consumidores y el Tercer Mundo.

Davies
Señor Presidente, uno de los placeres que nos ofrece una visita a Bélgica y a Francia es el placer de comer el chocolate de esos países. Es un chocolate exquisito, aunque a millones de personas de Europa les gusta también el chocolate británico. Ni unas ni otro experimentan ningún perjuicio en este proceso de elección. Sea cual fuere el contenido, al consumidor le encanta denominar chocolate a ese producto.
Es absurdo que estemos jugando a juegos de semántica acerca de la definición de una palabra. Los ciudadanos que representamos no tienen un pelo de tontos. Saben cuáles son las diferencias que hay entre diversas variedades de chocolate, y hay que permitirles que se decidan por la que prefieran. Estoy completamente seguro de que este compromiso nos ayudará a ampliar el mercado global. Lo triste es que ninguno de nosotros, belgas, franceses o británicos, estemos pagando a los cultivadores de cacao un precio justo por sus esfuerzos; el contraste entre nuestro placer cuando comemos este producto de lujo y su pobreza es, sencillamente, una vergüenza.

Sjöstedt
Señor Presidente, represento a una minoría de diputados del Grupo GUE/NGL en este asunto. Opino que esta directiva realmente es innecesaria, que no se necesita. No creo que haya ningún problema para que los países miembros tengan normas diferentes sobre el chocolate. No existe en esta materia necesidad de armonizar en el ámbito comunitario, pudiendo mantenerse el antiguo sistema.
Si se va a armonizar, parece que el Consejo de Ministros se ha decidido a ello, es mejor permitir un contenido de hasta cinco por ciento de las grasas vegetales diferentes de la manteca de cacao. Así se pueden mantener ambas clases de chocolate, pudiendo elegirse la compra según el gusto individual o la tradición nacional. La alternativa de prohibición de las grasas vegetales implica también la prohibición de un gran número de productos que la gente está acostumbrada a comer y que le gusta. Creo que es totalmente innecesario en este caso. Sin embargo, es importante que el chocolate esté etiquetado de manera clara, lo que me parece que se contempla en la propuesta, ya que como consumidor se pueden elegir los productos que realmente se quiere comprar y comer.
Tampoco es seguro que se beneficie al Tercer Mundo con una prohibición de aditivos de otras grasas vegetales. En parte, se va a perjudicar a otras grasas tropicales como, por ejemplo, la manteca del árbol del sebo, lo que va a afectar a determinados países. En parte, es probable que disminuya el mercado total de los chocolates y, consecuentemente, también el consumo de manteca de cacao.
Mi conclusión es que lo que más me gustaría sería que se mantuviese el sistema antiguo con reglas diferentes en los distintos países. Ya que no va a ser así, opino, no obstante, que la posición común es aceptable.

Sandbæk
Señor Presidente, tengo la impresión de que estamos alcanzando por fin un compromiso positivo en el caso de la directiva sobre cacao y productos de chocolate, sobre todo gracias a los esfuerzos del Sr. Lannoye. Respaldo sin problemas la obligación de que el etiquetado sea claro. Significa una información adecuada para los consumidores y puesto que algunos países hasta ahora sólo conocían el chocolate en el que se emplea la manteca de cacao como grasa vegetal, puede ser relevante para los consumidores de estos países enterarse de que se ha empleado otra grasa vegetal. No obstante, pienso que ni se puede ni se debe indicar que el chocolate que emplea, por ejemplo, semillas de karité como grasa vegetal sea de menor calidad que el chocolate en el que la grasa es manteca de cacao. No existe absolutamente ningún criterio que lo justifique y el Consejo con toda la razón deja en manos de los consumidores juzgar sobre la calidad. No hemos de olvidar que las semillas de karité constituyen una base de subsistencia igual de importante para los países que las exportan como el cacao para los países exportadores de cacao. De ahí que un próximo análisis del efecto de esta directiva sobre la exportación de los países en vías de desarrollo deba incluir tanto el cacao como las semillas de karité. La cuestión de mayor importancia es, en mi opinión, que la grasa vegetal empleada en el chocolate no pueda ser modificada con ayuda de modificaciones genéticas ni enzimáticas. Tal prohibición constituye la única garantía que podemos dar a los países en vías de desarrollo de que podrán seguir exportando los productos que producen de forma natural.

Grossetête
Señor Presidente, señora Comisaria, es sabido que el chocolate puro de manteca de cacao es un euforizante. No ocurre lo mismo con esta directiva, que en absoluto necesitábamos. Tampoco ocurre lo mismo con ese chocolate adulterado con grasas vegetales recomendado por el Consejo, que no ha seguido, lamentablemente, las recomendaciones del Parlamento Europeo, en primera lectura. Habría mucho que decir sobre la actitud de algunas delegaciones en el seno de este Consejo.
Hoy el consumidor está cansado de que le engañen. ¿Qué propone el Consejo para remediarlo? Una información imprecisa, casi ilegible, escondida en la cara posterior del envase del producto. Esto no es lo que pedimos. El consumidor no podrá elegir sabiendo lo que se hace. Nosotros queremos una información clara, bien elaborada, que aparezca en la cara principal del envase del producto. Esto es lo que habíamos logrado en el Parlamento Europeo en la primera lectura. Sabemos que el coste de las materias grasas que pueden sustituir el cacao es menos elevado. Por eso la gran industria se muestra favorable a su utilización. Hacer que todo sea siempre más barato: ¿esto es promocionar Europa? ¡Hoy poco importa el consumidor, poco importa su paladar, poco importa la opinión pública, que pide siempre mayor transparencia!
¿Quién puede hoy pretender controlar el famoso 5% de las grasas vegetales que sustituyen la manteca de cacao pura? Nadie. ¿Qué hacer, entonces? Confiemos en nuestras PYMES de artesanos chocolateros, que deberán trabajar con un sello de calidad. Eso es lo que pide el consumidor. Y sobre todo, apoyemos a nuestro ponente, el Sr. Lannoye.

El Presidente
Muchas gracias, señora Grossetête.

Bienvenida
El Presidente
Señorías, antes de proseguir, permítanme dar, en nombre de todos, la bienvenida entre nosotros al Sr. Herman de Croo, Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Bélgica, así como a una delegación del Comité Federal Consultivo para las cuestiones europeas, que también preside el Sr. Herman De Croo.

No quiero dejar de recordar en este momento la gran calidad y la constancia de las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de Bélgica, que, gracias al compromiso mayoritario de nuestros colegas belgas en pro de la causa europea, siempre han sido mucho más que simples relaciones de buena vecindad y constituyen un deber común en gran medida compartido. En vísperas de la Conferencia Intergubernamental, así como con ocasión de los trabajos de la convención encargada de elaborar la Carta Europea de los Derechos Humanos, no podemos por menos de desear que las relaciones entre el Parlamento de Bélgica y nuestra institución sigan teniendo un valor ejemplar. Todos nos esforzaremos por que la visita del Sr. Herman De Croo y sus colegas tenga el mayor de los éxitos.

Productos de cacao y de chocolate (continuación)
Ries
Señor Presidente, señor De Croo, Señorías, tras 25 años de debate, estamos nuevamente aquí reunidos para discutir sobre el chocolate, una palabra con tanto sabor y, sin embargo, un asunto tan polémico. Se trata de armonizar, de sabor, de costumbre, casi de cultura. En resumen, el chocolate divide, y las divergencias no son ideológicas, ni siquiera nacionales, a pesar de que algunos puedan pensarlo.
¿Qué contenido ideológico, les pregunto, tiene el hecho de defender los países productores de cacao? Estamos situados en el terreno de la ética. Desde un punto de vista social, hablamos de millones de familias que viven de la producción de cacao. Hemos asumido compromisos formales a este respecto. ¿Por qué, entonces, todo este tiempo transcurrido? Sesenta y seis meses para efectuar un estudio para evaluar el impacto de esta directiva: dicho período será suficiente para causar daños irreparables a las estructuras de exportación de estos países. Es evidente que dicho impacto debe conocerse previamente.
Por otro lado, si hay que efectuar alguna armonización -frente a un consumidor que es más exigente que nunca en relación con la calidad de lo que come, y que, dicho sea de paso, no ha pedido nada ni tiene absolutamente nada que ganar con este asunto-, lo mínimo, en mi opinión, sería calificar "chocolate de calidad" o con cualquier otro sello de calidad superior sólo al chocolate 100% cacao, el verdadero chocolate. Cualquier otro tipo de armonización aplicaría la nivelación hacia debajo, y no es esta la Europa que desea el consumidor.

Meijer
Señor Presidente, las normativas son útiles cuando están destinadas a proteger a las personas contra el poder del dinero, contra los riesgos para la salud y contra la pobreza. Pues bien, si la Unión Europea adopta una normativa relativa a la producción de chocolate, ésta ha de garantizar la protección de los productores de cacao en el Tercer Mundo, concretamente en África. Las normativas desempeñan otro papel importante. Deben proteger a los consumidores contra las manipulaciones genéticas y la adición de sustancias inesperadas. Por último, las normativas garantizan la protección de los profesionales en Europa.
Ahora bien, lo que se avecina aquí no se corresponde en nada con los objetivos anteriores. ¿Realmente ha de tener toda la preferencia el libre comercio? Tal vez sea ésta la solución que mejor concuerde con el desarrollo que experimenta la Unión Europea en este momento. Se trata del desarrollo de un proyecto de socialdemócratas y democristianos encaminado a la adopción de medidas de protección en el marco de una economía lo más liberalizada posible en la que todo está permitido, en la que se fomenta la competencia y en la que la libre elección del consumidor es sagrada. El precio que hay que pagar por esto es demasiado alto, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes acaban pagándolo son los agricultores africanos.
Aprecio los esfuerzos del Sr. Lannoye por conseguir que se cause el menor daño posible, pero, en todo caso, lo mejor sería que se mantuviera al cien por cien la protección actual contra el uso de productos distintos a la manteca de cacao.

Bushill-Matthews
Los diputados han recibido diversos documentos antes de este debate, y me gustaría destacar uno del ponente en el que dice que los únicos beneficiarios de la entrada en vigor del texto propuesto por el Consejo serán las multinacionales del chocolate. Respeto en lo que cabe el compromiso del ponente respecto de su propia causa, pero sugiero al Parlamento que lo que ha dicho es absurdo. Ésta no es una cuestión que interese solamente a las grandes empresas: es una cuestión de gran interés para los pequeños consumidores, que son millones en toda la Unión Europea y que desean y merecen tener derecho a escoger, sin que al producto se le ponga una etiqueta peyorativa.
El Sr. Lannoye dice que ha dado marcha atrás y volverá a presentar alguna de las enmiendas originales. Me parece que éste no es el momento de dar marcha atrás: es el momento de dar marcha adelante, adelante con decisión. Se trata de una cuestión referente al mercado único; este Parlamento no tiene que estar mirando a ver si se completa el mercado único, lo que tiene que hacer es promoverlo activamente.
Quizá le interese al Parlamento una breve cita histórica acerca de mi propio país: la primera vez que se mencionó la venta de chocolate sólido en el Reino Unido fue en 1657, cuando un francés abrió una tienda en Londres. O sea que en 1657 era legal que un francés vendiera su chocolate en Londres, y eso me anima a sugerir al Parlamento que, 350 años más tarde, debería ser no menos legal que un inglés, o cualquier otro nacional de la UE, pudiera vender su chocolate en cualquier país de la UE, incluido el país del ponente.

Paulsen
Señor Presidente, 25 años de discusión sobre el ser o no ser del chocolate y sobre su definición ponen en ridículo a la Unión Europea. Conocí como niña los horrores de la guerra y este debate me da una idea de cómo eran esos tiempos en que los pueblos de Europa se mataban entre sí por símbolos mayores que el chocolate. Sin embargo, no se trata de un producto nocivo para la salud. No son peligrosos los chocolates escandinavos, ni los belgas ni los ingleses. No se trata de un producto que afecte al medio ambiente de manera especial. ¡Por eso todo esto es ridículo!
En cuanto a los países en desarrollo, quiero decir que si los británicos, los escandinavos y otros no pueden comer los chocolates que comían cuando niños, seguramente los sábados por la tarde comerán en cambio marshmallows o gominolas. ¿Qué ha ganado entonces el Tercer Mundo?

Arvidsson
Señor Presidente, en el Parlamento Europeo no nos corresponde sostener que hay un chocolate mejor que otro. Tampoco cabe decir que hay un chocolate que tiene mejor sabor que otro. Debemos dejar que los consumidores juzguen qué chocolate es el mejor y el más agradable. Las elecciones de los consumidores son el fundamento de la economía de mercado y los políticos no debemos ejercer de tutores.
Dom Mintoff, ex Primer Ministro de Malta, trató de disminuir en 1970 las importaciones de chocolate y de modificar los hábitos de consumo de los malteses y de los turistas. Se construyó en la isla una fábrica de chocolate con ayuda china, pero a los consumidores no les gustó el chocolate que se producía allí y bajó el consumo. Si encaminamos el desarrollo hacia una tradición chocolatera única dentro de la UE, los países productores de cacao correrán el riesgo de salir como perdedores, ya que existe un grave riesgo de que disminuya considerablemente el consumo total de chocolate en la UE. Por eso, no incurramos en el mismo error que Dom Mintoff.
La propuesta de que ciertos chocolates contengan información sobre sus ingredientes en la parte anterior del envoltorio, es discriminatoria y totalmente injustificada. Sería como los textos de advertencia de los paquetes de cigarrillos.
Señor Presidente, la guerra del chocolate ha durado 25 años en la UE. Nos ha puesto en ridículo a los políticos y a la UE como institución. En el futuro, en una sociedad plural, tendrá que haber espacio para dos tradiciones chocolateras. Ahora tenemos la oportunidad de dar por terminados los 25 años de guerra europea del chocolate de manera honrosa para todas las partes. Por este motivo, debemos seguir the common position en todas sus partes.

Sterckx
Señor Presidente, yo soy belga y, pese a ello, no estoy en contra de la posición común. Obviamente, no le daría mi visto bueno si el chocolate que a mí me gusta estuviera en peligro o si la tradición de los transformadores belgas de chocolate saliera perjudicada.
Esta mañana he comprado un tableta de chocolate aquí en Estrasburgo y el francés que me ha vendido esa tableta me ha explicado claramente lo que he comprado. En la cara principal del producto figura "Prestige noir intense, 72% de cacao" y en letras doradas, lo cual ciertamente no es muy habitual en Francia, "chocolat belge" . Por tanto, sé lo que he comprado.
Creo que con la futura directiva los fabricantes de chocolate de calidad incluso verán aumentar sus posibilidades de desmarcarse en sentido positivo de los demás si así lo desean.
Hay, sin embargo, un punto en el que convengo con el ponente. Los productores de cacao, los pequeños agricultores de los países pobres del Tercer Mundo, son vulnerables. Es algo que no podemos perder de vista y, por eso mismo, soy partidario de que la Comisión nos presente a más tardar dos años después de la entrada en vigor de la directiva un estudio acerca del impacto de la misma. Por lo demás propongo que zanjemos esta cuestión de una vez por todas a fin de que cada cual pueda comer el chocolate que le guste y se proceda a la creación de un verdadero mercado interior del chocolate.

Wallström
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, la posición común relativa a los productos de cacao y de chocolate es el resultado de largas y complicadas discusiones. Es un acuerdo al que ha sido difícil de llegar, pero que está bien equilibrado.
Mediante esta posición común se introduce la libre circulación de los productos de cacao y de chocolate, pero con severas condiciones referentes a la producción y a la información a los consumidores. Está permitido añadir grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en la cantidad mínima de cacao que exige la directiva, sin embargo, el máximo es un cinco por ciento. Solamente se pueden utilizar las sustancias enumeradas en el anexo. Son todas de origen tropical y producidas en los países ACP. Hay que mencionar separadamente la presencia de estas sustancias, pero en el mismo campo visual en el que se señalan el nombre del producto y la lista de ingredientes. Entonces, los consumidores pueden elegir y pueden distinguir estos productos de aquellos que solamente se fabrican con cacao.
Estas condiciones y limitaciones, que no están relacionadas con aspectos sanitarios, constituyen el punto de equilibrio de la posición común. Además, esta propuesta da respuesta a los asuntos que preocupan a los consumidores, a los países productores de cacao y a los países que producen chocolates, con o sin grasas vegetales. Cualquier modificación alteraría gravemente el equilibrio del acuerdo alcanzado en el Consejo y debería estar condenada al fracaso.
La recomendación para segunda lectura del Parlamento contiene dos enmiendas. En la primera de ellas, se repite la política de la Comisión, y puede aprobarse. La segunda, realmente no tiene lugar en una directiva especial, ya que el lanzamiento de organismos genéticamente modificados al mercado europeo debe tratarse de una manera general y unitaria, lo que se hace en el marco de las normas sobre difusión voluntaria de organismos modificados genéticamente o en el reglamento sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. Sin embargo, la segunda enmienda puede aprobarse en principio pero hay que hacer un estudio más profundo de las consecuencias de esas enmiendas a la luz de la OMC y del Protocolo de Montreal. La otras enmiendas que desechó la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, se refieren a asuntos de gran importancia para el equilibrio de la posición común y, por tanto, no pueden aprobarse.
La posición común implica un verdadero acuerdo y un claro progreso en comparación con la legislación actual, que es de comienzos de la década del setenta y muy incompleta, especialmente en materia de etiquetado e información a los consumidores. Resumiendo, por las razones ya expuestas, solamente pueden aprobarse las enmiendas 1 y 2.

Queiró
Señor Presidente, quisiera, como cuestión de orden, hacer uso de la palabra para defender la consideración que merecen el Parlamento y sus diputados. Como todos recordarán, en el último Pleno celebrado aquí, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo debatió y aprobó una resolución en la que expresaba su preocupación y condenaba las difíciles condiciones en que los periodistas ejercen su actividad en Angola, los juicios sucesivos a que están permanentemente sujetos y, por consiguiente, la ausencia de libertad de expresión y de prensa libre que semejante situación representa.
En ese debate intervino, entre otros, el Sr. Mário Soares, que igualmente subscribió la resolución mayoritariamente aprobada. Inusitadamente, el Gobierno de Angola, por mediación de uno de sus ministros y también de un diputado, reaccionó ante la participación de Mário Soares en el citado debate recurriendo a la difamación, a la calumnia y al insulto, acusando sin prueba alguna a nuestro colega de ser uno de los principales beneficiarios del tráfico ilícito de diamantes y marfil llevado a cabo al parecer por UNITA, principal opositor del MPLA en Angola.
Ahora bien, esas alegaciones inaceptables del Gobierno angolano afectan no sólo a Mário Soares, sino también a todos los que, como nosotros, aprobaron la resolución de que se trata. En esas circunstancias, señor Presidente, quiero expresar aquí a Mário Soares toda mi solidaridad, en vista de la campaña difamatoria de que ha sido objeto, y solicitar a la Presidenta del Parlamento Europeo que presente ante las autoridades angolanas, por los medios adecuados, la más enérgica e indignada protesta del Parlamento por el insulto de que ha sido objeto también esta Asamblea y que representa, además, una intolerable intromisión en el principio de independencia de que gozan los diputados en el ejercicio de su mandato.

Seguro
Señor Presidente, Señorías, quisiera subscribir íntegramente la intervención que ha hecho el Sr. Luis Queiró a este respecto y añadir otro elemento a este debate.
En el pasado período de sesiones de febrero hubo un debate sobre la situación en Angola, este Parlamento Europeo aprobó una resolución y, en respuesta a dicha resolución, el embajador de Angola en París escribió una carta al Parlamento Europeo. En dicha carta, de la que tengo aquí una copia, se insinúa que un colega nuestro de esta Asamblea, el Sr. Mário Soares, tiene vinculaciones políticas, ideológicas y de "otra naturaleza" con el criminal de guerra Jonas Savimbi. Además de esa carta, se hicieron declaraciones posteriores, que son falsas, insultantes, y pretenden menoscabar la dignidad y la honra de un colega nuestro de esta Asamblea, que fue un excelente Presidente de la República de un Estado de la Unión Europea.
Señor Presidente, todos tenemos el derecho en esta Asamblea y en democracia a expresar nuestras opiniones. Podemos concordar o podemos discordar. Lo que es inaceptable es que un Estado que tiene relaciones con la Unión Europea se permita responder intentando atacar la dignidad y la honra de un colega nuestro de esta Asamblea.
Y, por eso, señor Presidente, mi pregunta es la siguiente: ¿ha respondido ya la Presidencia del Parlamento Europeo al Gobierno de Angola por mediación del embajador en París? En caso de que lo haya hecho, ¿cuál fue el tenor de esa respuesta? En caso de que aún no lo haya hecho, es indispensable que esta Asamblea se muestra clara e inequívoca al repudiar la actitud del Gobierno de Angola ante nuestro colega, que es, como quien dice, ante el Parlamento Europeo, un espacio de libertad y democracia en el que todos tenemos derecho a la opinión.

El Presidente
Señorías, comparto los motivos políticos e institucionales, así como solidarios que han dado lugar a estas intervenciones. Ahora doy la palabra al Sr. Pacheco atendiendo a su petición, aunque después nos detendremos aquí, pues no considero justo abrir un debate sobre un asunto que, aun siendo relevante, no estaba previsto. Más tarde, les informaré sobre las decisiones que tomará o no nuestra Presidenta o sobre las gestiones que, siempre en nombre de sus Señorías, va a realizar nuestra Presidenta.

Pacheco Pereira
Señor Presidente, comparto las objeciones de Sus Señorías que han hablado antes de la inadmisibilidad de que un Gobierno como el de Angola, que dirige desde hace años un proceso de guerra civil en el territorio y que está acusado internacionalmente por varias organizaciones de ser un Gobierno corrupto, se permita atacar la libertad de intervención de un diputado a este Parlamento Europeo que precisamente criticaba la violación de los derechos humanos en Angola.
Pero quisiera decir también con toda claridad que no se trata sólo de obtener, en el nivel de las instituciones europeas, la protesta y el repudio del Parlamento Europeo. Estaría bien que el Consejo, cuyo Presidente en estas circunstancias es el Primer Ministro portugués, respondiera con igual vigor a las críticas que se han hecho a un diputado portugués en esta Asamblea y no persistiera en la posición dudosa que ha mantenido en relación con la ofensa que el Gobierno angolano ha hecho a ese diputado a este Parlamento, así como a las instituciones de la Unión Europea. Por tanto, este Parlamento repudia sin duda la actitud de Angola y espera que la Presidencia del Consejo de la Unión sea capaz también de expresar con claridad ese repudio y no responda con silencio a esas acusaciones.

El Presidente
Agradezco a los Sres. Queiró, Seguro y Pacheco sus intervenciones. Nuestra Presidenta transmitirá estas protestas a las autoridades angoleñas y trasladará la solicitud que acaba de dirigirse al Presidente del Consejo para que el Consejo y su Presidente en ejercicio emprendan una iniciativa al efecto de reaccionar ante estos ataques incalificables.
Se procede al turno de votaciones.

VOTACIONES
Wijkman
. (EN) Señor Presidente, lamento crear algunas leves complicaciones por lo que se refiere al orden de los trabajos de la plenaria. Tras consultar a otros miembros de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, le agradeceré que aplace la votación sobre este reglamento hasta mañana.
Fundamentalmente hay dos razones para ello: una es que la solicitud de votación separada sobre las enmiendas debería haberse hecho a más tardar ayer a las siete de la tarde. Hubo un malentendido y la solicitud no se hizo a tiempo. Persistir en votar hoy sobre toda la cuestión en bloque sería, en mi opinión, una lástima. Las consultas oficiosas con el Consejo me hacen creer que hay muchas posibilidades de que se puedan allanar las diferencias que había entre el Consejo y el Parlamento, pero si votamos sobre la cuestión en bloque es posible que dejemos pasar esa oportunidad.
La otra razón tiene que ver con la comitología. Saldríamos ganando si pudiéramos sostener nuevos debates entre los grupos de partidos acerca de determinados detalles referentes a algunas de las enmiendas. Por eso le pido, en mi calidad de ponente, que acepte mi recomendación en favor del aplazamiento.
(La votación se aplaza hasta el turno de votaciones de mañana)
Recomendación para la segunda (A5-0048/2000) de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la posición común del Consejo (12487/1/1999 - C5-0014/2000 - 1999/0015(COD)) con vistas a la adopción del reglamento del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo (Ponente: Sr. Fernández Martín)

Wallström
. (EN) Sin más intención que la de repetir lo que dijo ayer mi colega, Poul Nielson, les diré que la posición de la Comisión respecto de las enmiendas es la siguiente.
La Comisión apoya la enmienda 11, en principio, y apoya también las siguientes enmiendas: 4, 7, 9, 10, 13, 14 y 15. La Comisión no apoya las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 12.
(El Parlamento aprueba la posición común así modificada)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0043/2000) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (11195/1/1999 - C5-0251/1999 - 1998/0249(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (Ponente: Sr. Bouwman)
Enmienda 6:

Bouwman
. (NL) Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre la consecuencia de la votación por partes. En círculos parlamentarios suele ser habitual que se vote primero la propuesta más trascendente y luego la propuesta menos trascendente. Ahora bien, la votación por partes hace que votemos primero lo menos trascendente y luego lo más trascendente. Como soy relativamente nuevo en este Parlamento no sé cómo se puede resolver este problema, pero, de todos modos, quisiera recomendar a todo el que se preocupe por el medio ambiente y suscriba el principio de que quien contamina paga que vote a favor de las dos partes votadas por separado.
(El Parlamento aprueba la posición común así modificada)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0040/2000) de la Comisión de Política regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (111287/1/1999 - C5-0323/1999 - 1998/0097(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos utilitarios que circulan en la Comunidad (Ponente: Sr. Piecyk)
(El Parlamento aprueba la posición común así modificada)

EXPLICACIONES DE VOTO- Recomendación para la segunda lectura Fernández Martín (A5-0048/2000)

Laguiller
Señor Presidente, he votado a favor de las consideraciones de sentido común sobre la catástrofe ecológica que amenaza al planeta si prosigue la evolución actual. Pero las preocupaciones se pierden en un montón de declaraciones pusilánimes.
Ni la Comisión de Bruselas ni el Parlamento Europeo desean actuar, ni siquiera pretenden señalar claramente a los responsables de una evolución ecológica desastrosa.
Las instituciones europeas se contentan con buenas intenciones para proteger los bosques tropicales, por ejemplo, cuando los grandes trusts del sector de la madera, que son los industriales que devastan los bosques en muchos países del Sudeste Asiático o en África, imponen sus artimañas a las poblaciones locales, y estos industriales son perfectamente conocidos.
En muchos países pobres, naturalmente, es la población la que tala y destruye los bosques, bien para procurarse unos ingresos mínimos, o bien con fines de deforestación, y así poder acceder a un terreno al que de otro modo es imposible acceder.
Pero el hecho de pretender integrar la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo es mera hipocresía en el momento en que las clases dirigentes de los países ricos cierran, en realidad, la vía al desarrollo con respecto a los países pobres, y mantienen a la mayoría de sus poblaciones en la pobreza.

Souchet
. (FR) El texto del informe que hoy se nos somete responde a una necesidad, cual es la protección de los bosques tropicales. La Unión Europea y sus Estados miembros tienen, en efecto, una responsabilidad que deben asumir con respecto a la protección de un ecosistema necesario para el equilibrio del medio ambiente del conjunto del planeta. Esta responsabilidad está vinculada ante todo a la historia y a los compromisos de los Estados miembros en favor de países donde están situados la mayor parte de estos bosques. Dichos lazos históricos, este estudio de expertos, deben ponerse al servicio de la protección de dicho ecosistema. Por otra parte, somos responsables como consumidores: muchos de los productos que se consumen en Europa proceden de estas regiones, y, en general, tienen un efecto negativo en los bosques.
Finalmente, la Unión Europea cuenta en el territorio de sus Estados miembros, en particular en el de Francia, con importantes zonas de bosques tropicales. El departamento de la Guayana Francesa, en especial, está prácticamente cubierto por este tipo de vegetación. Es conveniente, concretamente, permitir un desarrollo real de dichas zonas, que respete la cultura y las tradiciones de sus habitantes, sin inmovilizarlas en un papel puramente pasivo de protección ecológica.
La Unión Europea puede aportar una contribución en este campo, si sabe coordinar los esfuerzos y las competencias sin buscar controlar ni imponer una estrategia única a los Estados miembros. Por eso hemos apoyado las enmiendas del PPE-DE, que mantienen la flexibilidad necesaria respecto al conjunto del dispositivo.
Recomendación para la segunda lectura Bouwman (A5-0043/2000)

Berthu
. (FR) El reciente hundimiento del petrolero Erika frente a las costas bretonas ha hecho que el gran público tome conciencia del problema, entre otros, de la limpieza de los fondos de los buques, de los vertidos ilegales de aceites residuales, de residuos de carga o de otros desechos generados por los buques, que algunos capitanes sin escrúpulos realizan en el mar. En efecto, mientras que oficialmente las fisuras del casco estaban reparadas, el mar seguía arrojando las manchas de petróleo a las costas, lo que demuestra o bien que existían otros escapes, o bien que algunos buques que pasaban cerca del lugar aprovechaban para limpiar sus depósitos, o bien, sin duda, ambas cosas a la vez. En la verdadera jungla del transporte marítimo estos comportamientos son, desgraciadamente, frecuentes. Los mismos contribuyen a convertir nuestros mares y nuestras playas en basureros y a poner en peligro el equilibrio ecológico del medio marino.
Ahora bien, precisamente, el Parlamento Europeo examina hoy en segunda lectura un proyecto de directiva que se discute desde hace dos años, y que saca, en el plano comunitario, las consecuencias del Convenio internacional Marpol de 1973, ratificado por todos los Estados miembros. Dicho convenio obliga a los buques a descargar sus residuos, durante las escalas, en las instalaciones portuarias receptoras previstas a este efecto, y a cambio pide a los Estados firmantes que dispongan de las instalaciones apropiadas. No podemos menos que felicitarnos, pues, por el proyecto de directiva europea, que permitirá aplicar estos principios.
Pero al mismo tiempo queremos formular la gran pregunta: ¿qué pasará con los controles? El proyecto establece que los buques que hacen escala en un puerto comunitario no podrán abandonarlo si no presentan certificados que demuestren que sus desechos y residuos han sido efectivamente depositados en instalaciones apropiadas. ¿Pero que pasará con los buques que llegan del exterior de la Comunidad? ¿También se les exigirán certificados? ¿Y cómo se controlarán los buques que pasan sin efectuar escala?
Nosotros pensamos, en primer lugar, que los puertos de los países miembros deberían estar prohibidos a los buques que no presenten dichos certificados, incluso si proceden del exterior. Además, los Estados miembros - que, basándose en la directiva, se comprometerán a reforzar sus controles en los puertos - deben comprometerse también a reforzar sus dispositivos de control en el mar. Conocemos muy bien la presión de la competencia en el sector del transporte marítimo. De nada sirve adoptar convenciones o directivas si luego resultan ser papel mojado por falta de medios de control.

Caudron
. (FR) El informe que debemos votar hoy es revelador de la posición que desea adoptar nuestro Parlamento Europeo en el debate sobre la seguridad marítima, que ha vuelto a plantear el dramático hundimiento del Erika.
Señalaré que la propuesta de directiva que debatimos hoy tiene por objeto mejorar la oferta y la utilización de las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y de residuos de carga. La misma sigue las orientaciones del Convenio Marpol 73/78 (prevención de la contaminación por los buques), concentrándose, en particular, en los dispositivos de gestión de los residuos en los puertos. La directiva forma parte de la estrategia comunitaria global de gestión de residuos y exige a todos los puertos que proporcionen las instalaciones de recepción apropiadas, de acuerdo con las necesidades de los buques.
Hoy nos enfrentamos a unos problemas de contaminación marítima que debemos resolver con energía, adoptando medidas audaces. En efecto, como subraya el ponente, ya existen reglamentaciones, pero no se respetan. El sistema que se aplica de manera general es el que se rige por el principio de "quien contamina, paga", ¡principio que brilla por su ineficacia! Por eso debemos buscar una alternativa. Esta alternativa se nos propone en una enmienda que yo he apoyado.
Se trataría, en efecto, de aplicar un sistema de tasas que deberán pagar sistemáticamente todos los buques, cada vez que pasen por un puerto, independientemente del hecho de que utilicen o no las instalaciones de depósito de residuos. Esta tasa servirá para contribuir un 90% a los costes del sistema. Dicho sistema incitará inevitablemente a los buques a descargar sus desechos u otros residuos en los puertos, antes que efectuar desgasificaciones en alta mar, práctica condenable, que hoy es moneda corriente. Todos saben que algunos buques aprovecharon incluso la contaminación causada por el hundimiento del Erika para descargar sus residuos en el mar. Es absolutamente escandaloso e inadmisible. No obstante, existen ejemplos de buenas prácticas, puesto que los ribereños del mar Báltico ya aplican este procedimiento desde 1998.
Soy muy consciente de que esto supondrá grandes cambios en la organización de los puertos de muchos Estados miembros y de que acarreará gastos adicionales para los buques. ¿Pero no es este el precio que debe pagarse para garantizar la limpieza del medio ambiente marino, sobre todo en la medida en que la directiva establece que los buques que contaminen menos podrán beneficiarse de tasas reducidas? Dicho sistema me parece justo; voto, por lo tanto, a favor.

Darras
. (FR) Esta propuesta de directiva es bienvenida en el seno de la Unión Europea. La misma forma parte de la estrategia comunitaria global sobre la reducción de la contaminación del mar y la gestión de los desechos, y obliga a los puertos de la Unión, incluso a los puertos de recreo, a ofrecer instalaciones receptoras apropiadas que respondan a las necesidades de los buques.
Ya existía una reglamentación internacional, puesto que el Convenio Marpol impone a todos los buques normas internacionales obligatorias, en virtud de las cuales se prohibe cualquier tipo de vertido en el mar. ¡Pero el problema que se plantea es el de la aplicación y del acatamiento de estas normas! El principio muy respetable de "quien contamina, paga", al que muchos Estados miembros, entre ellos el mío, están adheridos, ¡dista mucho de ser respetado! La catástrofe del Erika demuestra, desgraciadamente, este estado de cosas, ¡al igual que las 39 desgasificaciones efectuadas impunemente en el espacio de una semana!
Por eso el Parlamento Europeo y su Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, confirmando la primera lectura de la anterior legislatura, han propuesto que cada buque que entre en el puerto de un Estado miembro sufrague el 90% de los costes de recepción y de gestión de residuos, con independencia del uso real que haga de las instalaciones. Creemos que este es el único medio eficaz y justo para evitar esos vertidos intempestivos en el mar. En efecto, si las instalaciones portuarias estuvieran financiadas (en un porcentaje significativo) sólo por los buques que las utilizan, cabría esperar que muchos de estos buques se sustraerían a esta tasa, puesto que el vertido en el mar es menos costoso. Por otro lado, deseamos asimismo fijar en un 25% la proporción de buques que obligatoriamente deben inspeccionarse.
En vísperas de la Presidencia francesa de la Unión Europea, esta es la posición que los socialistas franceses se disponen a defender. No puedo menos que incitar a nuestra Asamblea a que haga lo propio. Se trata de un combate político; ahora bien, ¿acaso nuestro papel no consiste, justamente, en llevarlo a cabo, aun cuando nos conduzca a tomar decisiones políticas ambiciosas, que a veces van más allá de las de nuestros gobiernos, y que son siempre importantes y portadoras de esperanza?

Savary
. (FR) Hoy no se puede ignorar la coincidencia fortuita de esta segunda lectura de la propuesta de directiva contra la contaminación marítima con la trágica actualidad del hundimiento del Erika.
Naturalmente, este texto no se refiere a las causas accidentales de contaminación, pero sabemos muy bien que, por ser más malintencionadas, las consecuencias de las prácticas piratas de limpieza de los fondos de los buques en el mar no son menos graves. La última semana de febrero, se identificaron 39 limpiezas ilegales de fondos de buques únicamente en la zona donde se encuentra el casco del Erika. Estas prácticas son intolerables, pero son difícilmente controlables, sobre todo por la noche o cuando hay niebla.
La presente propuesta de directiva y la enmienda tendente a crear, en todos los puertos europeos, un sistema de tasas portuarias universales para los buques, a fin de financiar el tratamiento de sus residuos, presentan un doble interés: obligar a los puertos a equiparse o a organizarse para tratar los desechos generados por los buques, aplicando un régimen de administración directa o de subcontratación de operadores especializados competentes; y sobre todo disuadir a los buques de liberarse de sus obligaciones de tratamiento de residuos, ya que de todas formas pagarán parte de los costes.
No obstante, hay que tratar de que esta medida consistente en crear un sistema de tasas universales esté lo más repartida posible y vaya acompañada de disposiciones financieras nacionales o europeas que permitan que los puertos pequeños ofrezcan servicios de tratamiento de residuos, sin recargar abusivamente su economía y garantizando, por tanto, la continuidad.
Con esta condición, lo que dicha directiva nos propone es una primera respuesta ejemplar de Europa a la preocupación legítima que ha suscitado la contaminación provocada por el hundimiento del Erika. Esta directiva introduce, en cierta manera, el reconocimiento y la constitución de un espacio marítimo europeo, sometido a una normativa común.

Souchet
. (FR) El Consejo ya había tenido que debatir extensamente sobre esta directiva relativa a las instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques, pero el texto que había elaborado respetaba los principios de intensificación de la protección del medio marino, tomando en consideración la realidad de cada uno de los Estados miembros, sin trastrocar las prácticas nacionales, lo que no ocurre con el texto del informe que se nos acaba de someter.
En efecto, un Estado como Francia ya ha aplicado las disposiciones del Convenio Marpol, y garantiza en cada puerto la calidad de las instalaciones para la recepción y el tratamiento de residuos, las cuales están gestionadas por sociedades privadas, que cobran directamente a los armadores en función del tipo de residuos y de su naturaleza: la reducción de los costes de utilización para los buques llamados "ecológicos" es, por lo tanto, "natural" .
Esta solución, que favorece a los buques que respetan el medio ambiente, es mucho más justa que una reducción arbitraria que beneficiaría -¿sobre la base de qué criterios?- a los buques con el sello "ecológico" y que una contribución independiente de la utilización de las instalaciones, aplicada más o menos arbitrariamente. Nosotros nos negamos, pues, a sustituir una tasa basada en la naturaleza de los residuos por una política arbitraria que aplica un sistema de tasas a los buques, independientemente de su peligrosidad para el medio ambiente.
Es asimismo conveniente decir que la descarga de residuos en el mar es, desgraciadamente, independiente del sistema de pago de tasas: solamente los controles en el mar y unos controles más frecuentes de la flota que hace escala serían capaces de limitar las descargas en el mar.
Por todas estas razones, el Grupo UEN expresa su acuerdo con la posición común del Consejo, y se opone al texto de este informe que ha desnaturalizado los principios de la posición común. Nuestro Grupo pide enérgicamente a los Estados miembros que asuman sus responsabilidades, y apliquen lo antes posible las medidas de control que, acompañadas de un dispositivo de sanciones basado en el principio de "quien contamina, paga y limpia" , permitirán quizá evitar que se reproduzcan catástrofes como la que, reciente y escandalosamente, acaba de desfigurar las costas francesas.
Recomendación para la segunda lectura Piecyk (A5-0040/2000)

Zimeray
. (FR) El Parlamento Europeo se ha pronunciado hoy sobre la propuesta de directiva relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales.
En efecto, es indispensable mejorar el nivel de seguridad y atenuar el impacto en el medio ambiente de estos vehículos, cuyo tráfico aumenta constantemente. El hecho de efectuar inspecciones aleatorias obligatorias en carretera para comprobar durante todo el año su nivel de mantenimiento es una idea pertinente, siempre que se aplique con eficacia.
Dicha propuesta de directiva completaría muy oportunamente los esfuerzos emprendidos en las ciudades, sobre todo gracias a los planes de desplazamientos urbanos, y en particular en Ruán y su extrarradio, que diariamente atraviesan 5.000 vehículos pesados.
Es urgente asimismo pensar en recurrir a modos de transporte alternativos para las mercancías (vía fluvial, ferrocarril...) y al desarrollo de vehículos limpios.
Estas son las razones por las cuales, Señorías, hoy he apoyado la propuesta de directiva relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales.
(La sesión, suspendida a las 12.35, se reanuda a las 15.00 horas)

Carta de derechos fundamentales de la UE
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0064/2000) de los Sres. Duff y Voggenhuber, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la elaboración de una Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Duff
. (EN) Señora Presidenta, la comisión parlamentaria tiene la intención de instituir una Carta de derechos fundamentales en el centro del sistema de la Unión, con efectos obligatorios para la Unión Europea, sus instituciones y los organismos. Lo hacemos porque hay una gran concentración de poder en el centro de la Unión y es evidentemente necesario que los ciudadanos queden protegidos contra la posibilidad de que se abuse de ese poder.
Creemos que la Carta tendrá tres efectos principales: en primer lugar, reforzará el carácter constitucional del Tratado; en segundo lugar, constituirá un punto de referencia para los que, este Parlamento incluido, deseen seguir adelante con la integración europea dotándola de un mayor grado de legitimidad democrática; en tercer lugar, una Carta que tenga estilo y potencia fortalecerá el perfil de la Unión para sus ciudadanos presentes y futuros. Esta resolución define el mandato de la delegación parlamentaria de la Unión en el seno de la Convención.
La Convención ha comenzado ya el proceso de redacción de la Carta sobre la base de las líneas principales que proponemos y partiendo del supuesto de que el resultado final será vinculante. Un claro voto en favor de esta resolución ayudará a la Convención a completar sus tareas y establecerá criterios para la evaluación final de los resultados por este Parlamento.
Deberíamos hacer lo posible por no obsesionarnos con la cuestión de la subsidiariedad. La aplicación de ese principio influirá sin duda alguna en la redacción de la Carta, pero es indispensable que la Carta refleje a la sociedad europea moderna, con todos sus pluralismos y con toda su diversidad. El efecto de la Carta será continuo y gradual en vez de repentino y revolucionario. Ha surgido también una controversia acerca de la relación entre la nueva Carta de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos vigente. Lo que proponemos es que la propia Unión se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos, para que los derechos enunciados en el Convenio vigente formen el núcleo sólido de la Carta.
Señora Presidenta, nuestro propósito es escribir un texto que sea tan bueno que los Estados miembros estimen vergonzoso negarse a aceptarlo dentro de la jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo. La Carta representa una posibilidad de erigir una sociedad posnacional moderna y es un firme paso adelante desde las penas y las lástimas de la Europa del siglo XX. Les recomiendo firmemente la resolución.

Voggenhuber
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, si es cierto que sólo se puede unificar lo que ya posee una unidad interna, esto nos obliga a preguntarnos en qué consiste la unidad de Europa. No somos un pueblo. No tenemos el mismo origen étnico. No hablamos la misma lengua. No tenemos una única cultura ni una sola religión. Nuestra historia está marcada por la guerra, por las guerras de unos contra otros, y las fronteras difusas de Europa ni siquiera permiten identificarla con claridad como unidad geográfica.
¿Qué es, entonces, lo que nos une? ¿Qué nos permite convivir? La respuesta tal vez parezca endeble. Sin embargo, en mi opinión, es todo lo que tenemos: la democracia y los derechos humanos. En ello reside la unidad de Europa. Por muchas cosas discutibles que hayan salido de este continente, la democracia y los derechos humanos son un mensaje emanado de aquí que posee una validez mundial indiscutible. Después del siglo XX, el siglo de los grandes horrores y el peor de los crímenes, este mensaje se ha convertido en el imperativo moral de este continente. ¡La dignidad del ser humano es inviolable!
Por esto no podemos darnos por satisfechos con que todos los Estados miembros hayan suscrito el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, pero no así la Unión Europea. Por esto ya no se debería seguir considerando aceptable que el Derecho de la UE prevalezca sobre el Derecho constitucional de los Estados miembros sin que la Unión misma cuente con un ordenamiento jurídico fundamental claro y completo. Por esto debe inquietarnos que se planteen nuevos conflictos que afectan a los derechos fundamentales en el ámbito de las ciencias de la información y la comunicación, y en el ámbito de las biotecnologías, sin que Europa sea capaz de darles respuesta mediante un consenso sobre los derechos fundamentales.
Por esto no puede sernos indiferente que el control parlamentario y judicial -y, por consiguiente, la salvaguardia de los derechos fundamentales- se encuentren claramente debilitados en el ámbito sumamente sensible de la Unión política, por ejemplo en lo que respecta a la cooperación policial y judicial o a la Política Exterior y de Seguridad. Por esto la Unión Europea ha permanecido inacabada durante tanto tiempo, mientras se extiende continuamente el dominio del Derecho y el poder de las instituciones, pero no se amplían en la misma medida los derechos relativos a la protección y la libertad de los ciudadanos, ni tampoco sus garantías y protección jurídicas.
El Parlamento Europeo cuenta con una larga tradición ininterrumpida de defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por esto también podemos considerar las decisiones de las Cumbres de Colonia y de Tampere como una realización de las exigencias que ha venido planteando durante años el Parlamento. Estas exigencias están en consonancia con dicha tradición y se desprenden de la naturaleza misma del tema, de la naturaleza de los derechos fundamentales, es decir, no se pueden prometer unos derechos, sin que el ciudadano sea titular de esos derechos. Su carácter jurídicamente vinculante y el acceso a los tribunales son inseparables de los derechos fundamentales y los derechos humanos.
Otro tanto sucede con la indivisibilidad de los derechos fundamentales. Todas las políticas, todas las instituciones y todos los órganos de la Unión Europea deben estar subordinados a esta Carta de derechos fundamentales. De lo contrario, ésta se reduciría a una promesa de unos derechos fundamentales a los ciudadanos y a los habitantes de la Unión que no pasaría de ser una proclama. Esto significaría responder sólo en apariencia a las expectativas de las personas. Y la resolución que hoy se presenta, si se aprueba, recoge una antigua exigencia del Parlamento que es ahora más importante que nunca. Esta Carta de derechos fundamentales debe ser la primera piedra, el elemento fundacional del proceso necesario que habrá de dotar a la Unión Europea de una constitución. La construcción de una democracia europea en este espacio supranacional va unida a la adopción de esta Carta de derechos fundamentales.
Señora Presidenta, quizá sea un ardid de la historia que un austríaco haya sido designado como ponente, como co-ponente, de esta Carta de derechos fundamentales. Yo les agradezco esta muestra de confianza y, aunque tal vez no sea habitual, con su permiso yo quisiera dedicar mi contribución de los últimos meses a esta tarea a la abrumadora mayoría de la población austríaca que defiende el gran consenso europeo contra las acciones y contra las palabras. ¡La dignidad del ser humano es inviolable!

Paciotti
Señora Presidenta, por fin se somete a la aprobación del Parlamento Europeo el informe, largamente trabajado, sobre la elaboración de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y espero que el paciente trabajo de los ponentes consiga el apoyo del Pleno. Es decir, espero que se rechacen las enmiendas destructivas de aquellos que ven en la redacción de una Carta de derechos nada menos que un atentado contra la democracia. Sin embargo, se trata de unos derechos que ya existen en gran parte de la Unión, habida cuenta de que están reconocidos, aquí y allá, en los tratados, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en las tradiciones institucionales comunes a los Estados miembros y en los convenios internacionales firmados por todos. ¿Cómo se puede tener miedo a una Carta de derechos fundamentales? Dicha Carta es tan sólo el reconocimiento formal, la expresión coherente de esos derechos individuales, inviolables, sin los cuales la democracia se convierte única y exclusivamente en reino de la fuerza de los números, en prevaricación potencial de los poderes constituidos.
La Unión Europea es convivencia pacífica y solidaria de diferentes pueblos, de diferentes culturas, gracias a su tradición de respeto a los derechos individuales. La Carta se convertirá en una tabla de principios compartidos que definen la identidad de Europa en el mundo, una identidad que no se basa en vínculos de sangre, en etnias, en pertenencias territoriales, sino precisamente en valores humanos. En el cuidadoso examen de los derechos vigentes y compartidos deberán encontrar espacio esos derechos sociales fundamentales que no tienen una naturaleza intrínseca diferente de los demás derechos: derechos a la libertad sindical, derechos fundamentales a la vida y a la seguridad en los centros de trabajo, derechos a la formación, nunca como hoy tan fundamental para garantizar el desarrollo, el empleo y la competitividad en el mercado global. Deberán encontrar espacio los derechos políticos de los ciudadanos y los derechos humanos de cada persona; deberán definirse los derechos fundamentales ante los nuevos riesgos. Un catálogo de los derechos humanos, reconocidos como vinculantes por las Instituciones europeas, indica a los ciudadanos también los deberes que tienen de respetarlos. Constituye un espacio civil, jurídico, de libertad no solo económica, sino también de seguridad y justicia, en un amplio territorio que antes ha sido escenario de repetidos conflictos sanguinarios. Europa, lugar de confrontación de ejércitos enemigos hasta toda la mitad del siglo, se convierte ahora en garantía de paz y libertad del miedo y de la necesidad. Éste es el significado que para nosotros ha de tener la Carta de derechos fundamentales. Nadie tiene fundadas razones de temor cuando se reconoce la prevalencia del derecho sobre la fuerza.

Cederschiöld
. (SV) Señora Presidenta, colegas, Europa se asienta en derechos fundamentales. También la Constitución americana se basa en nuestros derechos fundamentales europeos, en ideas de John Locke y de la revolución francesa. Los ciudadanos americanos pueden exigir nuestros derechos europeos en sus tribunales, cosa que a ellos les ha proporcionado orgullo, seguridad en sí mismos y genio.
Los derechos fundamentales pueden crear identidad y ciudadanía. Además, pueden ayudar a los individuos a sacar provecho de las posibilidades que ahora surgen en Europa mediante la libre circulación, el euro y la informática, es decir, las posibilidades que florecen en la nueva economía. Nuestros recursos europeos, las diferencias culturales, son más fáciles de mantener y aceptar si los ciudadanos saben que pueden exigir sus derechos en toda la Unión. Unos derechos fundamentales y garantizados contribuyen a la libre circulación. Sin derechos garantizados, la ampliación podría ser un fracaso y, además, podría frenar nuestro desarrollo económico. Es una exigencia inquebrantable que la Carta de derechos fundamentales, que realmente se necesita, sea un estatuto con normas obligatorias.
Quiero alertar sobre la adhesión a la Convención del Consejo Europeo, especialmente si esto ocurriese sin que se combinase con una Carta obligatoria. Hay que estudiar esas complicaciones con más detenimiento. Espero que consigamos una versión más moderna del artículo 6 de la Convención del Consejo Europeo, en la que brevemente y de manera concentrada se hace una lista de nuestros derechos actuales, añadiéndose las modernas técnicas biológicas y la protección informática. Los ciudadanos deben tener fácil acceso a la Carta y a su contenido. No deberá estar seccionada y tampoco es conveniente que contenga muchas referencias. La Carta debe ser de carácter obligatorio y tiene que abarcar a las instituciones europeas. ¡No es razonable que se deje a los ciudadanos en la indefensión frente a los abusos de instituciones cuasipoliciales como, por ejemplo, OLAF y Europol! Este proyecto da origen a individuos europeos más fuertes.

Van den Burg
Señora Presidenta, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales prestaré especial atención al tema de los derechos sociales fundamentales.
Los derechos sociales fundamentales no pueden ser disociados de los derechos fundamentales clásicos. En qué se beneficia, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión una persona que por causa de la pobreza y el desempleo vive al margen de la vida social. Hay derechos sociales fundamentales cuyo carácter es idéntico al de los tradicionales derechos a la libertad de los ciudadanos y que, por tanto, pertenecen a esta misma categoría de derechos. Pongamos por ejemplo el derecho a la libertad de reunión y asociación, que puede concretarse en el derecho a negociaciones libres sobre las condiciones laborales y el derecho a emprender acciones colectivas. Por todo ello, estos derechos deberían incorporarse a la primera parte de la Carta.
En otros casos, los derechos sociales fundamentales requieren un eslabón que vincule la formulación del derecho fundamental a las consecuencias que éste tiene para el individuo. Es por esto por lo que dichos derechos fundamentales suelen definirse como normas de instrucción que las autoridades han de transponer a la legislación social. Sin embargo, no por eso son menos importantes como elementos constituyentes básicos de la Carta.
Es en esta categoría de derechos fundamentales donde los equívocos sobre el verdadero sentido de esta Carta a escala europea se manifiestan con mayor virulencia. El primer equívoco es que la Carta de la UE vaya a sustituir las garantías nacionales en materia de protección de los derechos fundamentales. Como si de ahora en adelante los ciudadanos tuvieran que dirigirse a la Unión Europea y al Tribunal Europeo en lugar de recurrir a sus propias autoridades y jueces. Como si los derechos fundamentales en el ámbito del empleo, la vivienda y la seguridad social se convirtieran de repente en competencias europeas. Eso no es así, como tampoco lo es en el caso de la garantía de la libertad de expresión o el derecho a un proceso penal justo. La Carta tiene por objeto vincular las instituciones europeas y la política europea a los mencionados derechos fundamentales.
Por eso mismo, quisiera responder a un segundo malentendido muy generalizado. No es necesario que la Carta recoja solamente derechos para los cuales la Unión Europea sea el principal ente competente. También en ámbitos en los que la Unión no tiene competencia alguna pueden adoptarse medidas, ya sea por parte de la Unión Europea o por razón de ella, que atenten contra los derechos fundamentales. Es decir, la Carta debe integrar asimismo los derechos fundamentales que, aunque no puedan ser garantizados por la Unión Europea, sí pueden ser violados por ella.
Ahora me referiré brevemente a los acuerdos internacionales en materia de derechos sociales fundamentales. Algunos de ellos figuran en el dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales: la Carta Social Europea del Consejo de Europa y los convenios fundamentales de la OIT y de las Naciones Unidas. En la enmienda 22 al informe DUFF/VOGENHUBBER defiendo que en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea no sólo se introduzca una referencia al CEDH, sino también a la CSE de los convenios fundamentales de la OIT y de las Naciones Unidas.
Otra enmienda, que pretende ir más lejos, a saber, la enmienda 23, no sólo propone la adhesión al CEDH, sino también a estas normas internacionales de índole social.
Por último, es fundamental que el amplio apoyo social y el diálogo con las organizaciones sociales se mantengan después de la elaboración de la Carta. Tendremos que proseguir ese gran debate en aquel momento.

Swiebel
Señora Presidenta, como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades quisiera responder a dos preguntas.
Primero, ¿cómo beneficia esta Carta a las mujeres en Europa? Segundo, ¿cuál es la relación entre la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades, tal y como se define en el apartado 2 del artículo 3 del Tratado de la CE, y la presente Carta? En Europa la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres como normativa jurídica se ve perjudicada por la ley de la ventaja inhibidora. Sobre la vieja disposición de igualdad de retribución se ha venido construyendo todo un entramado de normas legislativas relativas a la igualdad de trato que ya han sido incorporadas al acervo comunitario. Está claro que estos instrumentos jurídicamente vinculantes han fomentado enormemente la igualdad de trato de hombres y mujeres en los Estados miembros. Pero por otra parte, como tienen su origen en el objetivo del mercado interior, todas estas directivas y recomendaciones se circunscriben lógicamente al empleo y a las condiciones laborales. Hace poco ha quedado demostrado con motivo del paquete de medidas destinadas a la lucha contra la discriminación en virtud del artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que continúa habiendo una gran renuencia a admitir que la igualdad de trato de hombres y mujeres requiera medidas más allá del mercado de trabajo. A mi modo de ver eso es un error. Desafortunadamente, la discriminación de la mujer es un hecho inherente a nuestro orden social como tal. Por eso es tan importante que el principio de igualdad de trato continúe presente en la legislación en todos sus niveles. En otras palabras, el reconocimiento inequívoco a través de la futura Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europeo de una prohibición generalizada de la discriminación por razón de sexo así como su consiguiente inclusión en los Tratados mismos crearía las condiciones necesarias para una nueva política de la UE encaminada a reforzar el papel de la mujer en todos los ámbitos sociales relevantes.
Señora Presidenta, en los debates sobre los derechos fundamentales los derechos de la mujer se agrupan frecuentemente bajo el denominador común de los derechos específicos. En estos casos, las mujeres, como categoría social, se insertan en una larga lista de otros grupos sociales, entre ellos los discapacitados, las personas mayores, los inmigrantes, etcétera. No es mi intención defender aquí que unas discriminaciones sean peores que otras. No podemos caer en la trampa de pensar en términos de jerarquía al hablar de los derechos fundamentales. Pero precisamente por eso tenemos que subrayar que en el caso de los derechos de la mujer no se trata de derechos reservados a una especie humana particular que, debido a su desviación de la norma masculina, tenga derecho a una protección especial. Tampoco se trata de los derechos de las mujeres como grupo, como si fueran equiparables a las minorías nacionales.
Los derechos de la mujer constituyen una parte integrante de los derechos humanos universales, los derechos fundamentales o los derechos civiles. No existen derechos específicos para mujeres. Lo que sí existe es la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en el debate sobre los derechos fundamentales. Es lo que requieren los derechos de la familia entre otros. Podrán leer el resto de mi discurso en la versión escrita que tengo previsto publicar.

Fourtou
 - (FR) Señora Presidenta, ante todo deseo felicitar a todos los ponentes por la riqueza de su trabajo; han sabido reafirmar la importancia que reviste esta cuestión para el Parlamento, Europa y sus ciudadanos.
El objeto de este informe es otorgar a nuestros colegas miembros de la Convención un mandato claro y preciso respecto a las expectativas del Parlamento Europeo y transmitir a nuestros conciudadanos un claro testimonio de nuestro compromiso por el respeto efectivo de sus derechos fundamentales por las instituciones de la Unión.
El ámbito de competencia de la Comisión de Peticiones legitima su interés por la elaboración de la Carta. Las numerosas peticiones que le llegan permiten determinar la percepción que los ciudadanos tienen de la Unión y de los derechos que esperan que ésta proteja. La opinión de la Comisión de Peticiones tiene por objeto poner de relieve las aspiraciones expresadas por los europeos que someten al Parlamento el no respeto de un derecho otorgado por la Unión Europea.
Los peticionarios que se dirigen a nosotros nos demuestran una convicción tenaz y sin fisuras de ser titulares de un conjunto de derechos, lo cual causa la impresión de que los ciudadanos europeos están persuadidos de que ya existe una Constitución material de la Unión, donde se hallan recogidos todos estos derechos, anticipando en tal sentido las decisiones de la Convención.
Así, nuestra opinión subraya dos puntos esenciales que los ponentes, por otra parte, parecen compartir. Primeramente, la necesaria visibilidad de la Carta como texto de referencia para los ciudadanos. Este punto requiere una redacción clara y concisa en un texto único y comprensible.
En segundo término, la fuerza vinculante de esta Carta, que permita recurrir a los tribunales para que se protejan los derechos reconocidos. La consecuencia natural de esta voluntad es la inclusión de la futura Carta en el cuerpo de los Tratados. En conclusión, diré que es necesario dar un salto cualitativo en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales. Este informe debe ser un mensaje unánime del Parlamento para que el Consejo y la Convención respondan a esta expectativa de los peticionarios.

Méndez de Vigo
Señora Presidenta, sin duda el Consejo quería escuchar la opinión de los Grupos políticos, lo cual me parece muy saludable.
Yo quiero, señora Presidenta, decir que este debate se produce en un momento óptimo. La convención que elabora la Carta de los Derechos Fundamentales ha comenzado sus trabajos y yo creo que ya lo estamos haciendo a velocidad de crucero. Estamos entrando en el contenido de los derechos civiles y políticos, luego entraremos en los derechos de la ciudadanía y en los económicos y sociales.
Y, por tanto, es importante que este Parlamento establezca cuál es el mandato de los miembros de la delegación que le representan y establezca también -lo cual me parece todavía más capital- cuáles son los objetivos políticos que perseguirá el Parlamento con esta Carta de los Derechos Fundamentales.
Porque, al final, muchas veces -tiene razón la representante de la Comisión de Peticiones-, los ciudadanos nos preguntan: y esta Carta de los Derechos Fundamentales, ¿para qué? Los derechos fundamentales están reconocidos en nuestras constituciones. Los Estados miembros de la Unión Europea respetan los derechos fundamentales. Hay una Convención de Roma, garantizada por el Tribunal de Estrasburgo, que constituye una última garantía cuando existe una violación.
¿Para qué esta Carta? Yo creo que el mensaje político que este Parlamento tiene que dar es muy claro: la Carta de los Derechos Fundamentales es un plus a esos derechos garantizados en las constituciones. Ser europeo tiene un efecto positivo añadido. Y, precisamente, con la Carta lo que queremos es vincular a las instituciones europeas a una tabla de derechos fundamentales y a los Estados miembros a esos mismos derechos fundamentales cuando hagan la transposición o la aplicación del Derecho comunitario.
Éste es el mensaje político que tenemos que lanzar: ser europeo es positivo; añade algo a lo que ya tenemos como ciudadanos nacionales.
Y me parece que el informe que hoy estamos debatiendo y votaremos mañana deja bien claro también cuáles son los objetivos políticos de este Parlamento. Queremos que la Carta no sea sólo una declaración. Nos parece que una declaración no es suficiente. Precisamente porque queremos que los ciudadanos tengan más derechos y más garantías, queremos que la Carta sea incorporada a los Tratados.
Evidentemente, el que la Carta sea o no incorporada a los Tratados depende del trabajo que la Convención sea capaz de realizar. Lo será sólo en la medida en que el trabajo sea útil y pueda ser incorporado a los Tratados. Pero a mí me parece capital que este Parlamento tenga presente ese objetivo político a la hora de la redacción de la Carta. También me parece importante el afirmar, como se hace en este informe, que en ningún caso la protección de los derechos fundamentales va a sufrir menoscabo alguno con la protección existente actualmente. No va a haber doble empleo con la Convención de Estrasburgo: que quede eso claro. Lo que queremos -insisto- es facilitar a los ciudadanos europeos una garantía suplementaria cuando se trate de la aplicación del Derecho comunitario.
Y creo que, al afirmar la indivisibilidad de los derechos fundamentales, como se hace en esta resolución, o al afirmar su carácter innovador, estamos dando pasos positivos hacia una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos europeos.
Por eso, señora Presidenta, yo quiero concluir mis palabras felicitando de todo corazón tanto a los ponentes de fondo como a los ponentes de opinión. Es una cláusula de estilo de este Parlamento felicitarles, pero yo quiero hacerlo desde un punto de vista político y en nombre de mi Grupo, porque creo que los Sres. Duff y Voggenhuber, y todos los ponentes de opinión, han sabido dar con la respuesta política a lo que este Parlamento necesita en estos momentos.
Por eso, yo espero, señora Presidenta, que mañana la votación ratifique la buena labor de los ponentes con un voto masivo en favor de este informe.

Berès
Señora Presidenta, señor Representante del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que el ejercicio que hoy iniciamos llega a tiempo, y la actualidad nos hace recordar cada día la urgencia que reviste esta Carta de la Unión Europea. Este es el marco en el que nos situamos.
Una Carta de la Unión Europea significa claramente que dicha Carta incumbirá tanto a nuestros conciudadanos como a los residentes, a las personas que están de paso en el territorio de la Unión... Esto cuenta. Esto cuenta en el momento en que la Unión Europea conoce sobresaltos en su propio seno; esto cuenta también -y deseamos recordarlo en el texto que se votará mañana- en el momento en que iniciamos un procedimiento de ampliación de nuestra Unión a países para los cuales el respeto de los derechos fundamentales es una cuestión que tiene sentido; esto cuenta, finalmente, en un momento en que consideramos -y deseamos precisarlo en el texto que votaremos mañana- que la Unión ha superado la fase de la integración económica, y está claramente comprometida en un proceso de integración política y social. Esta Carta debe contribuir a ello.
La resolución que votaremos mañana no tiene por objeto, naturalmente, otorgar un mandato imperativo a nuestros colegas - y, por tanto, tampoco a mí - en la perspectiva de la Convención, puesto que ya hemos iniciado el trabajo. Se trata más bien de expresar lo que el Parlamento espera de la Convención. En este sentido, desearía hacer hincapié en dos puntos.
En primer lugar, ¿qué esperamos nosotros del ejercicio? Francamente, Señorías, si el objetivo fuese reunir una Convención, original tanto en su forma como en su composición, tal como la conocemos hoy, para desembocar simplemente en la proclamación de un texto adornado con la firma de los Presidentes de las tres instituciones, creo que erraríamos el camino. Queremos más. Dentro de este espíritu trabajamos en el seno de la Convención, ya sea desde el punto de vista del calendario como del de la forma.
Mi segundo punto se refiere al contenido. Nuestra resolución contiene pocos elementos a este respecto, pero el Parlamento ya ha tenido -al menos tres veces- la oportunidad de expresar lo que esperaba de una Carta de derechos fundamentales. Este no era el objeto del debate de hoy, pero conviene de todos modos señalar tres puntos. Uno: si reunimos una instancia tan original sólo para codificar el derecho existente, casi al pie de la letra, creo que no valía la pena concebir este nuevo organismo. Dos: si la Convención debe contentarse con copiar en su totalidad o en parte el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para vaciar de contenido la cuestión de saber si la Unión debe o no adherirse a éste, creo que también erraríamos el camino. Tres: considero que, con respecto al contenido, tenemos una oportunidad de reafirmar a escala de la Unión algunos de los compromisos que suscribe cada Estado miembro, pero que debemos confirmar en nombre de la Unión Europea como tal: el reconocimiento de unos derechos, en particular en el ámbito económico y social. Pondero en tal sentido las dificultades que entraña el mandato que se nos otorgó en Colonia: reconocer unos derechos sociales que no sólo consistirían en objetivos. Pero, justamente, este es también el desafío del trabajo que se realizará en la Convención, y en nombre de mi Grupo deseo expresar la importancia que atribuimos a la cuestión del contenido de la Carta.
Dentro de este espíritu, apoyo totalmente la propuesta que acaba de presentar Ieke van den Burg: si la Unión se plantea la cuestión de su adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, también debería plantearse la de su adhesión a la Carta Social Europea.
Finalmente, pienso que el Parlamento emprenderá el camino correcto, para que esta Carta pueda -ya sea en cuanto al fondo o al calendario- integrarse durante la Presidencia francesa. La misma permitiría el reconocimiento, en debida forma, de los derechos fundamentales y el lugar que merecen ocupar en nuestro orden jurídico interno, que hoy es observado con mucha atención por los ciudadanos, dentro de la Unión Europea, naturalmente, pero también por los países que aspiran a unirse a nosotros.

Van den Bos
Señora Presidenta, la necesidad de poder disponer de una Carta vinculante reviste carácter político más que jurídico. Aunque no por eso resulta menos importante. Los derechos fundamentales ocupan un lugar secundario en los Tratados actuales. Las pocas veces que se alude a ellos, las referencias son totalmente caóticas. Esto es inaceptable, tanto más cuanto que Europa también pretende ser una Comunidad de valores. Desde este punto de vista, la Carta debe garantizar al ciudadano que puede defenderse de las violaciones del cada vez más fuerte Derecho supranacional. A este respecto el Convenio Europeo de Derechos Humanos debe convertirse en norma mínima aumentada con los derechos específicos de la Unión Europea. Obviamente, debemos procurar que, en la medida de lo posible, las constituciones nacionales se mantengan intactas. No se descarta, sin embargo, que los derechos europeos hagan sentir su influencia, puesto que la Carta debe poder sentar las bases para nuevos derechos fundamentales si la evolución de la sociedad lo requiere.
Por último, señora Presidenta, es fundamental que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En lugar de debilitar a Estrasburgo hemos de reforzarlo.

Boumediene-Thiery
Señorías, la Carta de derechos fundamentales debe constituir una etapa esencial en la construcción europea. Debemos dotarnos de los medios para convertirla en el elemento fundacional de la identidad europea, ya que es necesario un salto cualitativo, que Europa no ha dado aún para justificar su existencia. Desde este punto de vista, desearía asociarme a Sus Señorías para señalar la necesidad de que esta Carta sea vinculante. Los ciudadanos no entenderían que la Unión Europea se esforzara por definir unos derechos fundamentales que no estuvieran jurídicamente garantizados. Insisto en este término, si se trata de derechos fundamentales, éstos deben ser vinculantes, de lo contrario, la propia construcción europea perdería para muchos su carácter fundamental. La futura Carta debe, pues, incorporarse a los Tratados, y ello con ocasión de la próxima CIG, que probablemente sea la última que reúna a quince países. Francia, que se reivindica ante todos como patria de los derechos fundamentales, debe necesariamente aprovechar su Presidencia en el segundo trimestre del 2000 para inscribir en el orden del día esta modificación de los Tratados. Es un llamamiento solemne que lanzamos al Gobierno francés.
Pero querría mencionar dos puntos. Por una parte, deseo subrayar la necesidad de que la Carta desarrolle el concepto de ciudadanía europea de residencia. Es más que nunca necesario evitar que coexistan en Europa categorías diferentes de personas con derechos distintos. Por ejemplo, ¿cómo podría permitirse que un argelino, que trabaja y paga impuestos desde hace treinta años en Francia, no pueda votar en las elecciones municipales europeas, cuando un europeo, que reside desde hace seis meses en otro país de la Unión Europea, pueda participar en ellas? Se debe hacer todo lo posible porque esta Carta permita que evolucione nuestra definición de ciudadanía europea, sobre la base de la noción de residencia. Por ser fundamentales, los derechos que definimos deben aplicarse a todos.
Por otra parte, desearía insistir en la urgencia que reviste la introducción en la Carta de una protección eficaz de los datos informáticos de carácter personal. El Parlamento Europeo, en efecto, aprobó el mes pasado una enmienda por la que se pedía la creación de una comisión europea de informática y de libertades. Ahora bien, ésta sólo podrá existir sobre la base de una norma jurídica sólida. La Carta debe, pues, poder regular el contenido de los registros, los medios autorizados para almacenar datos y el acceso a éstos. Además, en el momento en que se condenan determinados sistemas de comunicación, de espionaje, debemos garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las nuevas instancias europeas que se desarrollan, garantizar los derechos de los ciudadanos a través del control parlamentario, así como también los derechos del consumidor frente a las nuevas técnicas de mercadotecnia en Internet. Se trata de un desafío de capital importancia para la garantía de las libertades fundamentales del siglo XXI.

Kaufmann
Señora Presidenta, Señorías, la Carta de derechos fundamentales es sumamente urgente y políticamente necesaria. A medida que avanza la integración se ha ido creando un vacío cada vez mayor en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales. Esto se debe a que los Estados nacionales han ido transfiriendo un número creciente de derechos de soberanía y competencias a la Unión, mientras la protección de los derechos fundamentales de las personas que viven en la Unión continuaba restringida al ámbito nacional. Es preciso superar al fin este vacío en la protección de los derechos fundamentales.
La Carta de derechos fundamentales constituye al mismo tiempo una gran oportunidad para Europa. ¿Por qué? En primer lugar, porque por fin, al cabo de muchos años, se pone en marcha un proyecto que muchos ciudadanos y ciudadanas comprometidos, organizaciones no gubernamentales, diferentes fuerzas políticas y también esta Asamblea venían reclamando desde hace largo tiempo.
En segundo lugar, también es una oportunidad porque puede dar un impulso positivo a la integración europea desde el punto de vista de la identidad. Concretamente, por un lado, porque permitirá fortalecer la democracia y, por el otro lado, porque la estipulación de los derechos de las personas que viven en la Unión permitirá hacer por fin visible y comprensible a escala individual y de manera muy concreta esta Europa para cada una de las personas.
Esto me parece extraordinariamente importante. Todos hemos experimentado a menudo cuán grande es la incomprensión y también el rechazo con respecto a esta Bruselas imaginaria, tan distante. Una y otra vez nos preguntan con razón: ¿qué es en realidad esta Europa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué gano personalmente con ella? Si queremos que las ciudadanas y los ciudadanos digan: Sí, esta Europa también es un proyecto mío, la Carta de derechos fundamentales puede contribuir a que así sea.
¿Qué condiciones debe cumplir, sin embargo, esta Carta para que sea posible aprovechar realmente esta oportunidad? Yo quisiera mencionar cinco puntos. En primer lugar, la Carta de derechos fundamentales no debe establecer criterios que sean menos exigentes que los derechos fundamentales vigentes en nuestros países y menos aún que los derechos establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, debe ser válida para el siglo XXI y para el futuro, y debe tomar en consideración las nuevas transformaciones modernas de nuestras sociedades.
En segundo lugar, debe incluir obviamente todas las políticas de la Unión, tanto el Derecho comunitario como el Segundo y el Tercer Pilar, y por lo tanto debe obligar a todos los órganos de la Unión a respetar los derechos fundamentales en sus decisiones y en el desarrollo y transposición de las políticas.
En tercer lugar, y en este aspecto no puedo dejar de suscribir lo que ha manifestado mi colega del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, la carta de derechos fundamentales debe estipular los derechos de todas las personas que viven en la Unión y no establecer, por ejemplo, derechos de primera y segunda clase para personas de primera y segunda clase.
En cuarto lugar, yo comparto la exigencia que plantea el informe, en el sentido de que la Carta de derechos fundamentales debe ser jurídicamente vinculante y parte integrante del Tratado de la UE. El Consejo debe reconsiderar y revisar, a mi parecer, su posición en este aspecto. Si la Carta no fuese parte integrante del Tratado y, por lo tanto, su cumplimiento tampoco pudiese ser exigido individualmente por cada uno y cada una, la gente tendría justificadamente una reacción de decepción e incomprensión y diría que en Bruselas no se ha hecho más que escribir otro papel.
En quinto lugar, para nuestro Grupo es particularmente importante que los derechos fundamentales no queden finalmente olvidados o sólo se contemplen con reticencia. En este sentido yo quiero hacer constar que coincido con la Sra. van den Burg. El derecho al trabajo, a la vivienda y a la salud o el derecho a la creación de sindicatos y el derecho de huelga son irrenunciables. Ya tenemos una cierta inquietud en este sentido, sobre todo después de haber visto como prácticamente todas las enmiendas al respecto fueron rechazadas en las votaciones en comisión.
Nosotros vamos a abogar decididamente por el enraizamiento de los derechos sociales. También confiamos en que esta Cámara emita mañana una señal política clara en el momento de la votación en el Pleno. No podemos celebrar una Cumbre extraordinaria en Lisboa y declarar allí que el pleno empleo ha de ser el objetivo de las políticas, y negarnos simultáneamente a incluir los derechos sociales fundamentales en la Carta. Yo creo que es una contradicción políticamente insostenible.

Berthu
Señora Presidenta, mi discurso será muy diferente al que han pronunciado los oradores anteriores, ya que desearía demostrarles que la Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, tal cual la esboza el informe Duff/Voggenhuber del Parlamento Europeo, sería en realidad una Carta que reduciría los derechos fundamentales. En efecto, se nos propone en dicho informe inscribir los derechos de los ciudadanos, hasta ahora establecidos en el plano nacional, en una Carta europea uniforme, detallada, vinculante, cuya aplicación, por lo tanto, controlaría e interpretaría el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Debo subrayar, antes de ir más lejos, que dudo que en el órgano constituido por el Consejo de Colonia para preparar un anteproyecto de Carta el conjunto de los demás participantes que representan a los jefes de Estado o de gobierno y a los Parlamentos nacionales estén de acuerdo con esta posición del Parlamento Europeo. Así pues, de momento, lo que voy a decirles sólo se aplica al informe Duff/Voggenhuber.
Es evidente que, para los promotores de la Carta, la defensa de los derechos fundamentales, que, por otra parte, hoy en Europa están bien protegidos, por más que digan, es sólo un pretexto para disimular otro objetivo puramente ideológico: proporcionar las premisas de una Constitución europea, colofón de un súper Estado, cuando los pueblos de Europa, en conjunto, no desean ni lo uno ni lo otro. Y tienen razón, puesto que esta Carta detallada, vinculante, que establece para toda Europa normas rígidas y uniformizadas para la definición de los derechos de los ciudadanos, impondría una tapadera jurídica rígida que enmarcaría a cada pueblo en una normativa que no sería totalmente la suya.
Si nosotros decimos que la Carta que se prevé reduciría los derechos de los ciudadanos, ello obedece a tres razones. En primer lugar, con la excusa de defender mejor a los ciudadanos, la misma los alejaría del foro donde se asientan sus derechos. Debilitaría el control que hoy tienen del mismo. La Carta supondría que un pueblo ya no podría modificar los derechos de sus ciudadanos sin el acuerdo de los catorce restantes, fórmula asfixiante, no adaptada a la naturaleza y a los intereses de Europa, como lo he explicado en la opinión minoritaria aneja al informe.
En segundo lugar, la Carta daría una nueva excusa para una uniformización delirante de los derechos de los ciudadanos en Europa. Me sorprende, por otra parte, que los gobiernos accedan a ello. ¿No han comprendido las lecciones del pasado? ¿Desean -me refiero ahora, por ejemplo, al Gobierno francés- tener que cargar mañana con veinte problemas a la vez, como el problema de los cazadores?
Finalmente, esta Carta tendería a soslayar los derechos de las comunidades y, en primer lugar, de la comunidad nacional, que son derechos muy preciados para los ciudadanos, ya que es en ese círculo donde se expresa la democracia más pura y legítima. Estamos en el meollo de lo que hemos dado en llamar el proceso de reducción de los derechos. Este proceso iría, además, mucho más lejos de lo que se cree, ya que toda una serie de pedigüeños y de minorías ha empezado a manifestarse, al comprender que si la Carta es uniforme y vinculante, y si, además, es aprobada en las condiciones dudosas de la pretendida democracia europea, la misma podría llegar a ser en los próximos años el eslabón pequeño de la cadena democrática.
Por eso el Grupo Europa de las Naciones piensa que la Carta, si llegamos a tenerla, debería ser muy breve y presentar únicamente los valores esenciales, los principios fundamentales de los países de Europa, en forma de declaración política. Podría imaginarse, por otra parte, que a partir de finales de año los países candidatos se adhieran a ella, para demostrar su pertenencia al círculo de los valores europeos. En esta hipótesis, la proclamación de la Carta por los miembros actuales y los miembros futuros debería ser común.
Lo que es evidente, señora Presidenta, es que hay que evitar, en cualquier caso, imponer a los países de Europa, con la excusa de construir la sociedad postnacional que el Sr. Duff requería hace un momento, un texto uniforme y vinculante, que constituiría una agresión a la libertad de elección de las democracias nacionales. Cada país debe seguir eligiendo libremente sus normas, de acuerdo con su cultura y su desarrollo propios. Nos gustaría que la Conferencia Intergubernamental, que inicia sus trabajos, conservara siempre en la mente esta gran regla de respeto de las democracias nacionales.

Speroni
Señora Presidenta, en nombre de la Liga del Norte que aquí represento, me es muy grato constatar que por fin se está procediendo a la elaboración de una Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Me satisface recordar que precisamente aquí, en territorio francés, hace dos siglos, se empezaron a redactar, a definir estos derechos y sólo en Norte América, en la misma época, estos derechos fueron proclamados por primera vez en documentos formales como las Constituciones de Estado y no sólo en los libros de los filósofos y pensadores.
Ahora, la Unión Europea parece que se ha quedado atrás, sin embargo, el tiempo se puede recuperar con este recipiente, lo llamo así porque, obviamente, es un proyecto. No sabemos aún qué pondremos dentro del recipiente. Cierto que el informe repite algunos de los aspectos principales, sin embargo, después quisiéramos valorar cuál va a ser el texto definitivo. Es importante que exista esta Carta porque, a pesar de otras convenciones y otros tratados, los derechos humanos están siempre amenazados incluso dentro de la Unión. Pienso, por ejemplo, en aquellos que en Italia quisieran eliminar o reducir los recursos de apelación en los juicios penales; pienso, por ejemplo, en el derecho a la libre celebración de elecciones que luego se vacía de contenido cuando, por ejemplo, los ciudadanos de un Estado de la Unión, tras votar en cierta manera y libremente, asisten al aislamiento de su país como consecuencia del resultado de esas elecciones. Pienso que debe respetarse en todo y por todo el derecho de los ciudadanos a votar a quien prefieren, sin luego hacer sabotajes políticos contra los Gobiernos y países que resultan de dichas elecciones.
No se trata pues sólo de derechos de los ciudadanos; debería aclararse mejor el derecho de los colectivos, el derecho de los pueblos, de esos pueblos amenazados, por un lado, por la globalización que querría achatarlo todo y, por otro, por el retorno a un Estado nación centralista y opresivo. A nuestro juicio, por el contrario, debemos abrir el camino hacia una Europa de los pueblos, pueblos que sean reconocidos más allá de los que ahora son los Estados actuales. En particular, se deberían cambiar algunas normas previstas en algunos Códigos penales como el artículo 141 del Código penal italiano que condena nada menos a cadena perpetua a quien realiza intentos de secesión. Con esto no quiero decir que la secesión es necesariamente algo deseable, antes bien reivindico el derecho para quien la pide de poder actuar de forma pacífica y no violenta para afirmar, para aplicar este derecho reconocido en la Carta de la ONU y en el Acta final de la Conferencia de Helsinki, así como -espero, en contra de algunas normas penales- en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.

Van Dam
Señora Presidenta, la escasa participación en las últimas elecciones europeas ha demostrado que los ciudadanos no se interesan por "Europa" . No cambiaremos esta situación confiriéndoles una Carta de Derechos Fundamentales. Es importante que los ciudadanos se den cuenta de que las instituciones europeas trabajan realmente por el bien de las personas y no se ocupan únicamente de ampliar su propio poder. De este modo, la gente volverá a depositar confianza en Europa, algo que nunca conseguiremos con todas nuestras magníficas declaraciones y cartas.
Nosotros no compartimos la pretensión de que se pueda elaborar una Carta exhaustiva que incluya todos los derechos fundamentales actualmente vigentes. No se puede elaborar un documento de estas características y, de hecho, nunca se hará. Además, ciertamente no corresponde a la Unión Europea proponérselo. Lo que hemos de proponernos en la Unión es la colaboración fundamentada en el respeto de la identidad propia de los pueblos y los Estados.
Los derechos fundamentales han de definirse ahí donde su protección pueda llevarse a cabo con la máxima eficacia y donde tengan cabida en la estructura social. Esto es, en los Estados miembros.
Es asimismo fundamental que se mantenga intacto el control externo sobre la protección de los derechos fundamentales a través del CEDH y la correspondiente supervisión del Tribunal de Estrasburgo. Una Carta vinculante desde el punto de vista jurídico afecta inexorablemente a la inserción de los derechos fundamentales en los Estados miembros y socava el papel y el poder del CEDH y del Tribunal de Estrasburgo.
Si pese a todo la Carta acabara imponiéndose, rogaríamos encarecidamente que sólo se aplicara a las instituciones de la Unión. En tal caso, debe incluir únicamente artículos que transmitan un mensaje sensato para las instituciones europeas y debe hacer caso omiso de vagas normas de instrucción y derechos en ámbitos en los que la Unión no tiene competencias.
Para terminar quisiera destacar que los derechos fundamentales se basan en la dignidad humana. No podemos olvidar, sin embargo, que el verdadero valor de la vida del hombre no puede comprenderse a fondo si se pierde de vista la dimensión divina. Dios lo creó todo y, por tanto, también creó al hombre.

Hager
Señor Presidente, consternado por la condena anticipada de Austria por catorce Estados miembros, yo veo en la Carta de derechos humanos prevista una oportunidad para aproximar la Unión Europea a los ciudadanos. Por este motivo la acojo con satisfacción.
La Unión quiere documentar con esta Carta que respeta los derechos de los ciudadanos y vela por el bienestar individual. Sin embargo, al mismo tiempo se ha creado entre la opinión pública la impresión de que la Unión Europea no respeta no siquiera el derecho fundamental -por llamarlo así- de un Estado miembro individual a constituir soberanamente su Gobierno. A la vez también se ha creado la impresión de que catorce Estados miembros de la Comunidad no respetan las normas acordadas por ellos mismos e incumplen sus compromisos de solidaridad.
Yo les pregunto: una Unión de Estados miembros que, sin haber escuchado antes al afectado y sin un fundamento jurídico, decide imponer sanciones basadas en prejuicios, ¿cómo puede tener credibilidad cuando afirma que los derechos fundamentales representan algo más que una mera declaración de labios afuera?
La decisión de los Catorce ha dañado gravemente la conciencia europea de la población de la Unión Europea. Y a mí me parece más que dudoso que una Carta de derechos fundamentales pueda compensar este daño.

Maij-Weggen
Señor Presidente, durante años el Parlamento Europeo y nuestro Grupo hemos insistido en la necesidad de incluir una buena descripción de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Europa en los Tratados europeos. Lo solicitamos con motivo del Tratado de Maastricht y volvimos a solicitarlo con motivo del Tratado de Amsterdam. En este marco les recuerdo el informe preparatorio que redacté junto con la Sra. Dury en vista del Tratado de Amsterdam. Ya recogía esta cuestión. Por cierto, con este informe cosechamos nuestros primeros éxitos, puesto que nuestra formulación de un artículo relativo a la lucha contra la discriminación fue incorporada casi íntegramente al Tratado de Amsterdam. Pero fue más en adelante, en la Cumbre de Colonia, cuando se accedió a la solicitud más amplia del Parlamento. Allí se lanzó la propuesta de constituir una Convención para la elaboración de una Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. La pregunta que se nos plantea ahora es: ¿Qué debe figurar en esta Carta y cuál ha de ser su carácter jurídico? Por lo que al último punto se refiere quiero pronunciarme sin ambages a favor de la incorporación de la Carta a los Tratados y de la redacción de una Carta con fuerza vinculante, a fin de que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante los jueces europeos. No debemos producir globos vacíos, aparte de que nuestros ciudadanos los pincharán enseguida. Respecto al contenido, la Carta ha de enlazar con los Tratados existentes, por ejemplo con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Considero asimismo que la Unión ha de adherirse lo antes posible a dicho Convenio. Sea como fuere, la Carta ha de detenerse en los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos políticos, los derechos sociales y, a mi modo de ver, también han de incluirse los derechos de las minorías. La Carta debe completar aquello que ya tenemos. No debe ser una repetición. Desde esta perspectiva hay que anticipar las nuevas amenazas que se anuncien por ejemplo en los ámbitos de la informática y de la biotecnología. También es preciso prestar la debida atención a la protección del medio ambiente, del que el hombre forma parte.
Señor Presidente, todos los indicios apuntan a que los derechos de las minorías constituyen el principal escollo de la Carta. Habida cuenta de que este tema siempre ha sido uno de los principales problemas de Europa en el pasado y lo continuará siendo en el futuro, soy partidaria de que los derechos fundamentales de las minorías se incorporen a la Carta. Tengo la intención de presentar un texto al respecto. Pero lo más importante, señor Presidente, es que la Carta tenga fuerza vinculante, que se integre en el Tratado y que nuestros ciudadanos tengan la garantía de que la Unión Europea se toma en serio sus derechos fundamentales y esté dispuesta a defenderlos ante la máxima autoridad judicial.

Napolitano
Señor Presidente, intervengo sólo en el punto de la incorporación de la Carta a los Tratados. El Parlamento Europeo se ha pronunciado resueltamente en orden a que se lleve a efecto dicha incorporación, con la convicción de que éste es el camino para garantizar el valor jurídico de la Carta y para reforzar la protección de los derechos también en el ámbito jurisdiccional atribuyendo la responsabilidad de la misma al Tribunal de Justicia de la Unión. Los Gobiernos y, en su nombre, el Consejo de Colonia dejaron abierta la cuestión, no la cerraron. Dejaron abierto el debate sobre la posibilidad y la manera de incorporar la Carta a los Tratados. Consideramos que la ocasión nos la brinda la Conferencia Intergubernamental y que esta ocasión no debe desperdiciarse.
Podemos decir que existen dos ejercicios paralelos. Le corresponde a la convención elaborar el proyecto de Carta en tiempo hábil, para que la Conferencia Intergubernamental pueda decidir su incorporación a los Tratados. A este respecto, me permito decirle al representante del Consejo, el secretario de Estado portugués de Asuntos Europeos que la Conferencia debe prepararse ya desde ahora para esta eventualidad. Cuando la Carta esté redactada, la Conferencia Intergubernamental deberá establecer las modalidades de su incorporación a los Tratados. Como es sabido, según el Parlamento Europeo, esto debería representar un paso hacia la constitucionalización de la Unión. Sé perfectamente que en los últimos tiempos éste es un término que se ha convertido en sospechoso, se teme utilizarlo o por lo menos se prefiere no utilizarlo. Algunas veces me encuentro en una situación violenta porque la comisión parlamentaria que presido ha cambiado de denominación, de "Comisión de Asuntos Institucionales" en "Comisión de Asuntos Constitucionales" . Sin embargo, estimo que hay que ir en esta dirección y que esto no implica en absoluto avalorar el espectro, el fantasma de un superestado europeo. Considero que nada puede poner en tela de juicio el valor de las constituciones nacionales, del mismo modo que, según los Tratados, la ciudadanía europea no sustituye las ciudadanías nacionales sino que las integra.
En Colonia los Gobiernos realizaron un acto valiente al proponer la elaboración de la Carta de derechos fundamentales; ahora no deberían arrepentirse de ello, no deberían volverse atrás, sino que deberían extraer todas las consecuencias.
Señorías, cuando se habla de derechos fundamentales, se está hablando de un hecho constitucional. La incorporación de la Carta de derechos a los Tratados es la lógica consecuencia de la decisión que se tomó en Colonia pensando en los ciudadanos, en la posibilidad de hacerles partícipes de la construcción europea, en la posibilidad de que se reconozcan plenamente en el diseño de la Unión, en sus principios, en sus valores y en sus Instituciones.

MacCormick
Señor Presidente, quisiera decir que estoy virtualmente de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Napolitano. Si uno piensa en ello, no cabe duda de que es absurdo imaginar que grandes instituciones de este tipo puedan existir sin algún tipo de documento constitutivo. Es evidente que existimos y por lo tanto es evidente que tenemos ya alguna especie de constitución. De lo que se trata es de lo siguiente: ¿tenemos una constitución adecuada y qué tipo de constitución queremos? Decir que necesitamos una constitución no es decir que la Unión Europea deba tener una constitución análoga a la de un país, pues la Unión no es un país ni está a punto de serlo. Por lo tanto todos convenimos en que dentro de la Unión deben reconocerse debidamente los derechos y que ese reconocimiento debe ser obligatorio para los órganos y las instituciones de la Unión. Los órganos e instituciones de la UE pueden ejercer un poder demasiado grande para que les permitamos que ejerzan ese poder sin el debido control que supondría una Carta de derechos.
Ahora bien, hay un riesgo. Uno de los grandes éxitos de nuestra Europa es la forma en que el Tribunal de Justicia europeo, especialmente cuando otras instituciones habían quedado bloqueadas, consiguió instituir el concepto de Europa como Comunidad con arreglo a la ley.
Si la Carta de derechos que creamos da por resultado un exceso de trabajo para el Tribunal de Justicia, que cada semana recibe visitas de gente y más gente que van a Luxemburgo con esa finalidad, estaremos destruyendo su propósito. Tenemos que lograr que el foro principal para la protección de los derechos esté en los tribunales nacionales con una jurisdicción supervisora ejercida en el plano europeo. Si no conseguimos eso, no conseguiremos nada.

Frahm
Las convenciones versan sobre la relación existente entre estados y ciudadanos y puesto que la UE no es un estado, es un problema que la UE cada vez más se comporte y logre competencias como estado. Con ello se abre una brecha con respecto a derechos fundamentales y naturalmente esta brecha debe cerrarse. No obstante, en nuestro afán por arreglar las cosas, corremos el riesgo de hacer mucho daño. La UE está en una situación en la que debe hacer una elección.. ¿Debemos asegurar nuestros propios derechos, debemos encerrarnos en nosotros mismos y en nuestra tierra o debemos reforzar la situación de los derechos humanos en toda Europa? La UE no ha de competir con las autoridades judiciales ya existentes como, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tal competencia debilitaría a éste perjudicando la situación de los derechos humanos en toda Europa. En mi opinión, el Tribunal de Justicia de la CE debe mantenerse fuera del proyecto de los derechos fundamentales. En su lugar, la UE debería tomar en serio los fallos de Estrasburgo y exigir que los actuales y futuros Estados miembros ratifiquen la Convención Europea de Derechos Humanos, las Convenciones de la OIT y las Convenciones fundamentales de Naciones Unidas y supeditar los acuerdos económicos y aduaneros al cumplimiento por las partes de estas convenciones. De esta forma la UE fortalecería las convenciones existentes, que es lo que hace falta.

Crowley
Me gustaría sumarme a mis colegas que han felicitado a los dos ponente, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que han indicado y sugerido. Al mismo tiempo, hay que reconocer que se les ha encomendado una tarea imposible: nada menos que resolver la cuadratura del círculo.
En el escaso tiempo de que dispongo, quisiera concentrarme en una cuestión concreta que el orador anterior ha mencionado y que también han mencionado otros oradores. Se trata del posible conflicto que puede surgir entre esta Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No olvidemos que todos los Estados miembros han ratificado el Convenio, lo han incorporado a su derecho interno y están vinculados por las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo. En los 50 últimos años, el Convenio Europeo, con las decisiones del Tribunal, ha crecido y evolucionado para acomodar nuevos derechos y nuevas libertades que se han desarrollado con la sociedad.
Por si los diputados no lo saben, conviene recordar que, si enfocamos la cuestión desde un punto de vista estrictamente jurídico, cualquier legislación de la Unión Europea prevalece sobre cualquier disposición constitucional o cualquier otra disposición legislativa nacional de cualquiera de los Estados miembros. Por consiguiente, si esta Carta se incorpora en los Tratados, prevalecerá sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos, prevalecerá sobre cualquier disposición constitucional nacional, y prevalecerá también sobre cualquier disposición legislativa nacional. O sea que, aunque es importante que cada uno de nosotros se erija en paladín de los derechos y las libertades inalienables de que disfruta cada ciudadano y cada grupo de ciudadanos, quizá haya una mejor forma de ocuparse de esta cuestión que mediante una Carta: me estoy refiriendo a la incorporación del Convenio en el derecho de la Unión Europea y a su cumplimiento en el plano de los Estados miembros nacionales.

de Gaulle
Señor Presidente, Señorías, con el proyecto de Carta y otros informes que esta Asamblea debatirá mañana por la mañana, hemos entrado en un nuevo período de la construcción europea, el período "dadaísta" de la construcción europea, que desprecia las realidades y busca continuamente justificaciones morales. En efecto, ustedes rechazan lo trascendental y lo sublime porque mezclan el moralismo con la moral -Goethe, como saben, había dicho que el moralismo es lo contrario de la moral- y el "juridismo" con el derecho.
Comprendan que no ponemos en entredicho la existencia de los derechos humanos, sino que decimos que éstos deben ser considerados entre otros derechos, y que es el conjunto de dichos derechos lo que debe converger en la formación del interés general. El interés general es la regla superior de la acción política, y no el acomodarse al tiempo, la sociedad del espectáculo, la "mediagogia" , ni la debilidad erigida en sistema. Por otro lado, los derechos humanos no son más que un objeto, una excusa, de los que -como el supuesto artista Duchamp- los oradores, aquí presentes, generalmente se mofan.
Una excusa, cuando el propio título de este proyecto de Carta se refiere a derechos fundamentales "de" la Unión Europea, en lugar de referirse a derechos fundamentales "en" la Unión Europea. Ustedes quieren hacer un preámbulo de una Constitución que no es posible encontrar porque, en realidad, están en un atolladero, y saben que la construcción europea se ha convertido en una increíble letanía de textos y de declaraciones.
Los socialdemócratas, que olvidan al pueblo, se esconden, avergonzados, detrás de los derechos humanos. Y los liberales furtivos se vuelven socialdemócratas. Pero al pueblo le traen sin cuidado estos cambios de opinión, y un día u otro los echará, o será Occidente el que desaparecerá.

Garaud
Señor Presidente, la pregunta que hemos oído varias veces durante este debate es: ¿para qué debe servir la Carta de derechos humanos, cuando ya existe una e incluso varias convenciones universales de derechos humanos, cuando ya existe una convención europea de derechos humanos, cuando los derechos humanos figuran en las constituciones de todos los Estados miembros, en las de los países candidatos y, generalmente, en las constituciones de todos los países, y en las de aquellos que no los respetan?
No será, ciertamente, como se ha dicho antes, para mejorar o fortalecer los derechos humanos en la construcción europea. No, hay que rendir homenaje a la Sra. Berès por haber dado, hace un momento, un sentido claro a este debate, que marca un hito absolutamente fundamental en la historia de la construcción europea: el paso de una Europa económica, comercial, mercantil, a una Europa política e institucional.
Naturalmente, la Carta de derechos humanos es el primer paso en esta dirección; pero, como ocurre con todo lo que caracteriza la construcción europea, el paso es oblicuo, disimulado, esquivo, me atrevería a decir "jesuítico". No se plantea el problema de una constitución y de su contenido, se plantea el problema de una Carta de derechos humanos que es evidentemente el preámbulo de una constitución, quedando claro que del preámbulo de la constitución nacería, en su caso, la constitución y luego, en su caso, un Estado. Lo interesante de este enfoque - y hay que rendir nuevamente homenaje a la Sra. Berès por su lucidez y su honestidad, aun cuando, como sabe, estoy en total desacuerdo con la finalidad - es que procura determinar los principios de las colectividades europeas, o de la colectividad de seres humanos que viven en la Unión Europea.
Cuando la Sra. Berès habla de derechos que se aplican no sólo a los ciudadanos, sino también a las personas que están de paso y a los residentes, aborda una cuestión que creo debe desarrollarse en los textos sometidos y en los que deben ser sometidos a este Parlamento, a saber: ¿cuál será la base de los derechos que regirán la Unión Europea? ¿Será la ciudadanía en el sentido en que la entendemos tradicionalmente, con unos derechos que caracterizan de manera particular a las personas que pertenecen a una colectividad dada? ¿O se tratará de derechos que se extenderán a otras personas distintas que los ciudadanos propiamente dichos, con una desviación o, en todo caso, un comienzo de desviación entre la democracia basada en la ciudadanía y la democracia basada en la igualdad de trato de los individuos que viven, que residen o que transitan en los territorios de la Unión Europea?
Creo que es un problema del que, de momento, sólo vemos las premisas, pero me parece absolutamente fundamental ver sus premisas, para luego poder seguir el hilo.

Stockton
Señor Presidente, me place felicitar a los ponentes por su labor pero mucho me temo que, como el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, es muy posible que suceda lo mismo con esta Carta.
Las naciones de Europa pueden estar orgullosas de su historial en materia de derechos humanos; ahora bien, ¿han necesitado alguna Carta? Gran Bretaña acaudilló los esfuerzos mundiales en la lucha para abolir la esclavitud, pero la única Carta -y en realidad ése era su nombre- que hayamos tenido nunca en Gran Bretaña fue firmada en Runnymede por el rey Juan en 1215. Claro está que hay excepciones, excepciones tan importantes que Europa tiene la obligación de hacer todo lo que pueda para lograr que no se repitan nunca las atrocidades e inhumanidades del pasado. ¿Qué añade esta Carta a todo lo que tenemos ya? ¿Añade algo o sustituye al Convenio de Derechos Humanos del cual son signatarios todos los Estados miembros de la UE y todos los Estados solicitantes, o no hace más que añadir otro foro judicial, dejando a los abogados con la feliz y provechosa posibilidad de escoger entre el Tribunal Europeo y el Tribunal de Derechos Humanos?
¿Por qué no bastaría con una sencilla declaración de derechos humanos en el marco de los artículos 6 y 7 del Tratado, sin necesidad de contar con una Carta para los litigios? ¿Quedarán debidamente protegidos los derechos fundamentales por un tribunal que está ya desbordado por el exceso de trabajo y que frecuentemente dicta sus fallos mucho tiempo después de los sucesos que está juzgando? ¿O es que esta Carta no tiene más finalidad que la de ser una distribuidora onerosa de indemnizaciones en la terrible plenitud del tiempo?
Velar por los derechos humanos fundamentales es la mejor de las intenciones, pero una Carta para los litigios y la burocracia es, sin duda alguna, otro camino hacia otro infierno.

Martin, David
Señor Presidente, ¿por qué necesitamos una Carta como ésta? Es evidente, como ha dicho el Sr. Berthu, que no la necesitamos para crear un superestado europeo, sino más bien, como ha dicho la Sra. Berès, para dejar bien sentado ante nuestros ciudadanos de hoy y de mañana que lo que ahora nos rodea es una Comunidad de valores: valores basados en la democracia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de la diversidad, valores -e insisto en esto ante la Sra. Garaud- que unan a los europeos a través de las fronteras, desde el norte, el sur, el este y el oeste de la Comunidad. Lo importante no es saber si necesitamos una Carta como ésta, sino cuál va a ser su condición. Algunos han alegado que la Carta debería limitarse a reunir en forma legible todos los derechos que existen actualmente en la Unión Europea. Eso sería un buen ejercicio: no hay duda de que la gente no está muy al corriente de los derechos que tiene. Muchos ciudadanos no saben qué derechos existen en la actualidad. Un documento que exponga claramente esos derechos, y que diga con toda claridad cuándo y cómo se pueden ejercer, sería un documento valioso, pero si eso es todo lo que queremos hacer con la Convención entonces lo mejor hubiera sido dejar el asunto a un equipo de académicos, que sin duda alguna harían ese trabajo mejor que un grupo de 60 políticos.
Creo que tenemos un equipo de 60 políticos que están ocupándose de la Convención porque tenemos la obligación de buscar las deficiencias que hay en nuestros derechos actuales, de identificar las deficiencias de las actuales estructuras y de probar que tenemos la voluntad política de corregir esas deficiencias. O sea que la Carta subsanaría las deficiencias que hubiera en los derechos vigentes, y sería vinculante para las instituciones de la Unión Europea.
Sin embargo, es evidente que no todos los derechos serán iguales, por lo menos en la forma en que se llevarán a efecto. Los derechos tienen que estar clasificados en dos categorías. Tiene que haber una lista de derechos que los tribunales puedan confirmar directamente, pero también tiene que haber otra lista de derechos generales que las instituciones comunitarias y otras entidades hayan de tener en cuenta cuando redacten textos normativos; algunos en el Tribunal, otros sencillamente como antecedentes que nos brindarán una valiosa base cuando tengamos que adoptar otras decisiones. Lo que es evidente, y lo que une a la mayor parte de las personas de esta sala que desean esa Carta, es que tiene que estar en los Tratados. Si queremos que haga mella en los ciudadanos tiene que figurar en los Tratados de la Unión Europea.

Hautala
Señor Presidente, quiero dar las gracias especialmente a los ponentes y a la Comisión de Asuntos Constitucionales por haber conseguido adoptar una postura acerca de cómo debe integrarse la Unión Europea en su calidad de participante en el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Yo deseo que esta postura se siga manteniendo mañana en la Sesión Plenaria, ya que ello será de una importancia fundamental si queremos evitar confusiones entre los diferentes sistemas de derechos fundamentales.
Quisiera presentar aquí a consideración la consolidación de los derechos políticos a través de la Carta de los Derechos Fundamentales. Creo que, hasta el momento, se ha hablado menos de estos derechos políticos. Sin embargo, si examinamos las posibilidades actuales de los ciudadanos para actuar a nivel de la Unión Europea, los medios con los que cuentan para influir en el proceso de toma de decisiones, hay que reconocer que no son muchos. Un ciudadano puede presentarse como candidato a las elecciones y puede votar en cualquier otro Estado miembro, poco más. Pero, ¿por qué no podríamos crear, mediante esta Carta, algunos nuevos instrumentos e instituciones que permitan a los ciudadanos influir de verdad? ¿Por qué no promovemos la idea de que, por ejemplo, un número determinado de ciudadanos -digamos que de tres Estados miembros de la UE- pudiera presentar iniciativas que fueran encauzadas a través del Parlamento Europeo? ¿Por qué negarnos a ver el futuro, si cada vez es más importante que los ciudadanos participen directamente, atendiendo a otras fórmulas, en el proceso de toma de decisiones? Esta idea concedería una dimensión muy natural a la Carta de los Derechos Fundamentales, dimensión de la que se ha hablado muy poco hasta ahora.

Cossutta
Señor Presidente, a lo largo del siglo, Europa ha padecido dos guerras terribles, dos tragedias inmensas, pero al mismo tiempo ha visto crecer un irresistible movimiento de progreso civil, cultural y social. Con sus batallas las masas trabajadoras han conquistado y consolidado resultados revolucionarios en defensa de sus derechos y, al mismo tiempo, decisivos para el desarrollo de la democracia. Sorprende e impresiona amargamente que en este documento no haya una referencia concreta y explícita a esos derechos sociales que, de hecho, son la sustancia más significativa del amplio proceso democrático que se ha afirmado en Europa a lo largo del siglo. Me refiero a los derechos fundamentales, sin cuya existencia la democracia ya no es democracia: las libertades de expresión, de prensa, de reunión, etcétera son la estructura en que se asienta la democracia, sin embargo, dentro de esas estructuras, gracias a esas estructuras, debe aflorar un contenido vigoroso y sustancial que sepa conjugar plenamente la libertad y la justicia. En un documento como éste no puede faltar en primer lugar la referencia precisa e irrefutable al derecho al trabajo. No puede faltar, no debe faltar. Cierto que se mencionan los derechos sociales, sin embargo, han de explicitarse, aclararse, concretarse: derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, a la pensión, es decir, derecho a la vida, a la vida que cada uno debe poder vivir con las mismas oportunidades, conforme a los principios de liberté y de égalité que han inspirado nuestra secular historia. Por esto pido que el Parlamento Europeo apoye las pocas y explícitas enmiendas al respecto, presentadas por la Sra. Kaufmann y por mí.

Ribeiro e Castro
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la única cosa verdaderamente fundamental en esta idea de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión es el intento, bajo capa aparentemente generosa, de dar un paso hacia la llamada constitucionalización de los Tratados o incluso, más directamente, a una constitución europea de un Estado europeo. Y, por eso, nosotros estamos en contra.
No está en entredicho el contenido de una Carta. Procedemos de un país cuya constitución tiene una de las más extensas enumeraciones de derechos fundamentales existentes. Y somos de un partido puesto a prueba en la lucha por la democracia, de la que siempre forma parte la defensa intransigente de los derechos humanos como una de las referencias más elevadas. Pero nos oponemos porque vemos en la idea de esta Carta como un "caballo de Troya" del federalismo, una trampa política que sobre todo lleva en su seno otras graves consecuencias políticas y jurídicas para los Estados y los pueblos de Europa. No nos parece correcto ni sobre todo oportuno herir y romper el equilibrio de los Tratados en este momento. Al contrario, los tiempos y los imperativos son de tal clase, que consideramos más importante que nunca defender los Tratados y volver a los exactos y seguros caminos trazados por los fundadores que nos han traído hasta aquí. La Unión Europea no necesita una Carta de Derechos Fundamentales por la razón más sencilla de todas: la de que la Unión Europea no tiene ningún problema con los derechos fundamentales. La Europa de la que formamos parte es incluso en buena medida la cuna de la cultura de los derechos fundamentales. Al no haber un problema, la Carta no es una solución, Y, al no ser una solución para nada, la Carta es, por tanto, un problema. Sin lugar a dudas, porque nos divide en una causa en la que deberíamos estar unidos y, además, porque crearía una superposición y potencialmente un conflicto perturbador con la tutela del Convenio Europeo en el marco institucional probado y estabilizado del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es un más: es un menos.
La sede adecuada para la consagración de los derechos fundamentales es el derecho constitucional de cada uno de los Estados-nación. Y la sede adecuada de concertación jurídica internacional y avance sólido en la protección internacional de los derechos humanos son los pactos y los convenios ratificados por los Estados en un ámbito geográfico lo más vasto posible. Es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en el marco europeo, el Convenio Europeo.
En esos marcos internacionales amplios es en los que debemos trabajar para volver realmente más efectiva en el plano internacional la protección de derechos ya reconocidos por los Estados, en lugar de internarnos por un camino que será reductor, por ser contrario al principal rasgo de la cultura de los derechos fundamentales: su universalidad.
Si la Unión Europea quiere efectivamente dar pasos emblemáticos a ese respecto, el camino que debe seguir es otro: el de incluir en la lista de los textos internacionales de referencia, en el artículo 6 del Tratado de la Unión, todos los pactos y convenios sobre los derechos humanos ya ratificados por los quince Estados miembros, con lo que los inscribirá claramente en el acervo comunitario. Eso sí que sería un avance. Esta Carta es una falsa respuesta a una pregunta inexistente y, por tanto, un problema suplementario del que, por nuestra parte, prescindimos.

Sacrédeus
Señor Presidente, "la realización de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa y el mantenimiento y desarrollo de la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia se fundamentan en el respeto general y pleno de la dignidad del ser humano, que es única, igual para todos e inviolable" . Así lo señala el considerando B de la propuesta de resolución que debatimos.
Opino que es un gran avance que el Parlamento haya precisado y fijado un concepto del hombre que tiene profundas raíces en la historia, la cultura, los pueblos y la tradición espiritual de Europa. Por este motivo me alegra que mi enmienda sobre el valor de las personas -inalienable, único e igualitario- haya sido apoyada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Necesitamos un concepto común sobre el hombre, como fundamento para poder motivar la lucha, perseverante y global, contra la pena de muerte, lucha a favor de la vida y también lucha contra la tortura, contra el comercio sexual y contra la explotación sexual. Tenemos, como ciudadanos, libertades y derechos, pero también tenemos obligaciones. Por eso doy la bienvenida a las obligaciones que se agregaron a mi formulación del considerando E.
También quiero recordar que mañana se votarán las enmiendas 24 y 25, presentadas por el Grupo PPE-DE.
Finalmente quiero señalar que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hizo una declaración en noviembre de 1999 en el sentido de que la familia no tiene derechos especiales sino solamente derechos individuales. Esta declaración está en contradicción con los estatutos de derechos humanos y derechos de la familia de la ONU y del Consejo Europeo.

Martin, Hans-Peter
Señor Presidente, dado el ritmo exageradamente trabajoso con que se mueven las cosas, no es frecuente que en el Parlamento Europeo tengamos la oportunidad de expresar alguna vez sin reparo nuestra satisfacción. El informe de los colegas Duff y Voggenhuber nos ofrece, sin embargo, hoy esta oportunidad. Yo quisiera resaltar ahora sobre todo la firme determinación con que ambos ponentes han perseguido su objetivo. En esta Asamblea también se observa demasiado a menudo que, a pesar de todas las protestas verbales, la prepotencia y la situación ventajosa del Consejo y la Comisión acaban imponiéndose, y con demasiada frecuencia prevalecen también aquí los intereses de los partidos y los Gobiernos nacionales. Duff y Voggenhuber se presentan, por el contrario, como auténticos parlamentarios europeos, a quienes mueve un interés europeo común. Como resultado, mañana podremos aprobar un informe basado en la idea fundamental de que es obviamente el Parlamento Europeo, y no los Gobiernos, quien ha de consagrar los derechos fundamentales de la Unión Europea y que sólo si se acepta esta evidencia podremos tener éxito.
Los ciudadanos y ciudadanas de Europa sólo podrán llegar a sentirse satisfechos con esta Carta si se cumplen dos requisitos: en primer lugar, su contenido debe ser sustancial y, en segundo lugar, la Carta debe incluir la coercibilidad de los derechos. Con increíble decepción debemos constatar, no obstante, que la Convención constituida específicamente con este fin, reúne una gran competencia, pero poquísimo valor. En este sentido, el presente informe se puede considerar también como un llamamiento dirigido a dicha Convención: ¡Atrévanse por fin a hacer algo! ¡Atrévanse a introducir innovaciones en la Carta, también y muy especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y las biotecnologías, pero asimismo en lo que se refiere a la igualdad de derechos de la mujer o a la protección del medio ambiente! ¡Atrévanse a no limitarse a hablar de la sociedad civil en el palacio de cristal del Parlamento y a incluirla efectivamente también! ¡Y atrévanse a incorporar, por ejemplo, las normas de la Organización Internacional del Trabajo en el ámbito del derecho laboral internacional!
La Carta podría ser justamente el instrumento adecuado para plasmar el espíritu de Europa y podría contribuir a modelar una identidad común. ¿Por qué se muestran los Gobiernos de la UE tan prestos a la hora de impulsar reformas económicas y tan vacilantes cuando se trata de los derechos políticos? ¿Acaso no se dan cuenta de que esta Europa se desintegrará si sólo se impulsa unilateralmente la economía, pero no los derechos políticos fundamentales? Por esto, muy conscientemente en mi calidad de austríaco, yo quisiera gritarles a los Gobiernos: ¡Despierten y ofrezcan, por su propio interés, una oportunidad a los derechos fundamentales! En este sentido, yo quiero expresar mi deseo de que el presente informe obtenga mañana una abrumadora mayoría aquí en el Pleno.

Alavanos
Quiero decir que una Carta de los Derechos Fundamentales es bien recibida y necesaria; basta con que haga frente a estas tres trampas que tenemos ante nosotros.
La primera trampa es que sea un texto de relaciones públicas, y hemos visto muchos de la Unión Europea, por ejemplo, en el ámbito del empleo; y que no haya fundamento jurídico, carácter vinculante, posibilidad de que el ciudadano reivindique la aplicación de sus derechos en los tribunales.
El segundo peligro es que sea la coartada para que la Unión Europea continúe sin comprometerse con las decisiones y regulaciones básicas de organismos internacionales, como es el Convenio Europeo de Derechos Humanos o como son las diversas decisiones de la Organización Internacional del Trabajo.
Y el tercer peligro es que sea una Carta general, un relajado término medio de ser, al final, un mecanismo para minar los derechos humanos conquistados en algunos países. Por ejemplo, si un país tiene el derecho a la enseñanza gratuita, una mención general al derecho a la enseñanza en una Carta de la Unión Europea puede ser el primer paso para minarlo.
Si se hace frente a estas tres trampas, si en esta Carta se solucionan con seriedad los derechos sociales, si es positiva ante las cuestiones que plantean Internet, las nuevas tecnologías etc. y si tiene validez para cuantos viven en la Unión Europea, entonces puede ser una aportación positiva.

Schleicher
Señor Presidente, Señorías. Los derechos fundamentales, la ciudadanía, la libertad y los derechos humanos cuentan con una larga tradición en Europa. Como antecedentes originarios de los derechos fundamentales modernos cabe citar la Magna Charta Libertatum inglesa de 1215, la Petition of Rights de 1628, el auto de Habeas Corpus de 1679, la Carta de Derechos, Bill of Rights, de 1689 y, finalmente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. En los últimos 200 años se ha ido imponiendo el reconocimiento jurídico constitucional de los derechos fundamentales, particularmente bajo la influencia de esos documentos clásicos sobre los mismos.
La Europa del siglo XXI requiere ahora una recopilación de los derechos fundamentales vigentes en los Estados miembros y de sus componentes importantes para Europa. Los derechos fundamentales, como por ejemplo los de libertad de culto, de reunión y de asociación, son derechos inviolables e inalienables que garantizan la libertad frente a la injerencia estatal. Aplicado esto a Europa, una Carta europea de derechos fundamentales debe proteger a los ciudadanos de la Unión Europea frente a los abusos e injerencias de las instituciones europeas en el ámbito de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Nuestro Grupo espera, además, que una recopilación escrita de los derechos fundamentales de carácter europeo dote de un fundamento ético-jurídico más sólido al valor integrador de Europa y contribuya a mejorar la transparencia y la claridad de cara a los ciudadanos. Para nosotros es particularmente importante que la Carta europea no pueda reemplazar ni menoscabar los ordenamientos jurídicos fundamentales de los Estados miembros.
La petición de que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 1950 fue objeto de un apasionado debate. El Convenio del Consejo de Europa cuenta ahora con 50 años de antigüedad. Nuestro Grupo se opone a dicha adhesión, no sólo porque los Tratados europeos vigentes no la permiten, sino porque la Unión Europea necesita su propio recopilación de derechos fundamentales, que refleje las convicciones actuales. Esto implica, sin embargo, al mismo tiempo, que debemos limitarnos a los derechos fundamentales clásicos y evitar su ampliación a los derechos fundamentales de carácter social y económico que carecen de coercibilidad a escala europea.
Yo agradezco el trabajo exhaustivo que han realizado los ponentes y espero que las consideraciones del Parlamento Europeo sean recogidas en las deliberaciones de la Convención para la elaboración de la Carta de derechos fundamentales.

Rack
Señor Presidente, los ponentes Duff y Voggenhuber y también la Comisión de Asuntos Constitucionales han realizado un buen trabajo. El informe en sí mismo es bueno, pues transmite los mensajes esenciales sin llegar al extremo de anticiparse a los trabajos de la Convención sobre los derechos fundamentales. Por consiguiente, yo tengo la esperanza de que el informe se adopte mañana en el Pleno bajo la forma en que fue redactado en la Comisión competente para los derechos fundamentales. Yo desearía, no obstante, que se modificase un punto y he presentado una enmienda en este sentido en nombre de mi Grupo. Se refiere al tema, que ya se ha comentado repetidamente hoy, de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La adhesión de la Unión a dicho Convenio fue un objetivo importante en el pasado. Fue un objetivo importante y acertado justamente cuando no existía la intención de establecer una recopilación propia de derechos fundamentales a escala de la Unión Europea y en este sentido representaba, como segunda alternativa, una opción mucho mejor que no hacer nada.
Sin embargo, no es este el camino por el que queremos y debemos avanzar en el futuro en Europa. Con todo el respeto hacia el Convenio de los Derechos Humanos, ¡necesitamos algo más! Necesitamos nuestra propia Carta, con nuestras respuestas a los problemas de nuestro tiempo. Con una presencia equilibrada de los derechos liberales clásicos, un conjunto adecuado de derechos económicos y buenas soluciones para los temas relativos a los derechos sociales y la dotación social básica de los ciudadanos de la Unión Europea. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos no cumple esta función. No puede cumplirla porque se elaboró en los años cincuenta bajo un marco de condiciones políticas y sociales totalmente distintas. Visto así, ha llegado el momento de que todos lancemos un llamamiento a favor del trabajo constructivo en la elaboración de nuestra propia Carta. La Convención sobre los derechos fundamentales, esos 62 políticos a los que se ha referido David Martin, tiene encomendada esta tarea. ¡Brindémosle nuestro apoyo!

Inglewood
Señor Presidente, la finalidad legítima de la Carta de Derechos es proteger los derechos, las expectativas y las aspiraciones legítimos de los ciudadanos contra la conducta opresiva del gobierno, de las empresas o de otros ciudadanos; naturalmente, es perfectamente natural que la gente reciba esa salvaguardia respecto de las instituciones europeas y de sus actividades. Ahora bien, dicho lo que antecede, lo que es indispensable no es la existencia de una Carta sino la debida protección del ciudadano, y los medios de que el ciudadano reciba esa protección varían en la actualidad según los Estados miembros. En vista de las prácticas legislativas normales de la Comunidad, he de decir que me sorprende bastante que no se haya estimado que la debida protección de los ciudadanos debería conseguirse plasmándola en la esencia de los mecanismos jurídicos y administrativos establecidos de cada Estado miembro.
Dicho con otras palabras, la normativa debe aplicarse según las líneas generales de una directiva más bien que por reglamento. Por ejemplo, no hace mucho estaba conversando con algunos magistrados muy importantes de Alemania que estaban convencidos, sobre la base de la historia y de las tradiciones de su país, de que esas cuestiones debían figurar en una Carta vinculante. En cambio mi propio país tiene una tradición sumamente diferente a ese respecto, como nuestro Primer Ministro ha indicado claramente, y no es parte de la tradición del Reino Unido el proteger al ciudadano de esa manera. Lo hacemos de una forma diferente, pero no menos eficaz. Estimo que es muy pertinente que el actual Gobierno socialista del Reino Unido se haya comprometido a lograr que la Carta no sea vinculante y que no se aplique a los derechos vigentes que no figuren actualmente en los tratados
Señor Presidente, para los países que poseen una larga tradición de cartas directa y jurídicamente vinculantes, un nuevo texto del tipo propuesto no tiene nada de dramático, pero para los demás países representa un paso muy radical y, por el momento, vigilaré muy estrechamente lo que el Reino Unido dice y hace acerca de toda esta cuestión.

Korhola
Señor Presidente, algunos de los debates mantenidos sobre el tema de la Carta de los Derechos Fundamentales han causado la impresión de que la palabra familia es un concepto políticamente incorrecto en la Unión Europea. Y es que algunos Grupos están borrando esta palabra con mucho tesón. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Tratado de los Derechos del Niño, en la Carta Social del Consejo de Europa y en la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la Declaración sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales se llegó a formulaciones inequívocas en la redacción, en las que se declara la necesidad expresa de proteger a la familia. Lamentablemente, no todo el mundo interpreta así esta cuestión, sino que se ve una contradicción, innecesaria a mi juicio, entre los derechos de la mujer y los derechos de la familia, y que intenta subsanarse abandonando a esta última, en lugar de aspirar a una política familiar europea igualitaria y radicalmente nueva. Esta forma de proceder está dando lugar a que los valores familiares en la sociedad terminen en manos no tan deseables o, al menos, demasiado exclusivas. La nueva derecha se está apropiando de estos valores y se sirve de ellos para competir desde las cimas de la virtud moral. Por eso, este tema aburre a mucha gente. Sin embargo, yo considero que el Parlamento Europeo cometería un gran error aceptando este desarrollo. La familia forma parte integral del concepto europeo de sociedad.
Al igual que otros muchos, también los demócratacristianos quieren una sociedad en la entronquen la libertad y la responsabilidad. Yo creo que esto ocurre en la sociedad de las familias, puesto que es difícil aprender la corresponsabilidad y la solidaridad si no se hace en el seno de grupos pequeños de colaboración. La sociedad puede ser justa pero nunca puede amar. Su regazo es demasiado frío y su brazo demasiado corto para ello. No obstante, precisamente es el amor la condición indispensable para el buen desarrollo de los individuos. Y los derechos fundamentales progresistas no serán de ninguna utilidad para Europa, si los miembros de la sociedad no quieren respetarlos. Las responsabilidades sociales en este sentido siguen adquiriéndose en el seno de la familia.
Así pues, no existe la Europa de los pueblos sin la Europa de las familias. La familia necesita reconocimiento, estímulos, libertad de acción para desempeñar sus funciones y, del mismo modo que los individuos, protección frente a las arbitrariedades de la sociedad. En este aspecto, los derechos y las medidas de protección de la familia establecidos por otras organizaciones deben repetirse en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Scallon
Es evidente que hay mucha gente que tiene mucho miedo, en particular la gente que me eligió a mí, de que esta Carta prevalezca sobre las constituciones nacionales, particularmente por lo que se refiere al apoyo y la protección de las instituciones fundamentales como la familia, el matrimonio y la protección de la vida, tanto por lo que se refiere a las personas que ya han nacido como las que no han nacido todavía. Vale la pena de recordar que Europa ha compartido una posición común en toda su historia acerca de la importancia de apoyar y proteger a la familia y al matrimonio. Eso figura en todas nuestras constituciones así como en las constituciones de los países que han solicitado el ingreso en nuestra Unión Europea en plena expansión. Podría enseñarles a ustedes las constituciones de los Estados poscomunistas en las cuales se protege la familia y el matrimonio.
Me alegra que en nuestra Carta se haga referencia a la vida de familia. En la primera parte del artículo 9 se dice que todos tendrán derecho a fundar una familia. Se indica que eso se inspira en el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual los hombres y las mujeres en edad de contraer matrimonio tienen derecho a casarse y a fundar una familia según el derecho nacional. La sociedad reconoce el matrimonio, no por motivos morales, sino porque reconoce sobre una base racional la estabilidad social y económica que concede a la sociedad, así como la protección de las generaciones futuras.
En interés de las mejores prácticas -y teniendo en cuenta que es cada vez más difícil definir la familia y que necesitamos gran sensibilidad y compasión en esta esfera- no deberíamos desembarazarnos de la unidad familiar tradicional como unidad fundamental que queremos promover; en realidad deberíamos fomentar esa idea.
En la parte 3 del artículo 9 se dice que la Unión tiene que velar por la protección de la infancia. Se sugiere que podríamos añadir "de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño" . Estoy de acuerdo con ello, pero me permito proponer firmemente que digamos en el texto del punto 3 que, antes que nada y como asunto de la máxima importancia, la Unión apoyará a la familia como educadora principal y natural y como protectora de los niños, en cumplimiento de su deber. Lo único que tiene que hacer la Unión es asumir un papel principal cuando la familia no pueda cumplir sus obligaciones. Como se dice en la Convención, "la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad" .

Seixas da Costa
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea considera que el proyecto de establecimiento de una Carta de Derechos Fundamentales es un paso de la mayor importancia para la creación de una comunidad de valores que sirva de referente a la evolución futura del proceso de unión política. Muchos se preguntan hasta dónde podremos llegar en esta operación de fijación de ese mismo criterio de valores y principios que garantice a todos los ciudadanos en el espacio de la Unión un conjunto de derechos que fortalezca su pertenencia a un espacio de civilización común. Hoy ya se ha preguntado aquí qué es lo que nos hace querer estar juntos y superar nuestra gran diversidad mediante la afirmación de un cuerpo en el que podamos estar todos reunidos. Ésa es la gran cuestión sobre la identidad europea y a la que se debe esencialmente que estemos aquí, también conjuntamente, en esta gran casa que constituye la Unión Europea.
A lo largo de decenios, y superando traumas y crisis, hemos ido formulando una forma de estar en el mundo basada en los valores de la libertad, la democracia y el respeto del Estado de derecho. Durante años se ha mostrado a quienes vivían en otra Europa la virtualidad del modelo basado en la cultura de las libertades que vivíamos en algunos países europeos y que, por lo demás, forma parte de la tradición de una cultura de la tolerancia que se fue cultivando en el continente y que hoy forma parte de la matriz de su propio proyecto en cuanto tal. La victoria de esas ideas y el fin del período totalitario que marcó a algunas sociedades europeas creó una nueva situación a la que es imperativo dar respuesta. A nuestro entender, es una cuestión de responsabilidad, pero también de coherencia.
La ampliación de la Unión Europea a nuevos países, que constituye un imperativo ético y estratégico esencial para la estabilidad y la paz en el continente, va a traer a nuestro seno Estados con culturas políticas muy diversas y, en muchos casos, con instituciones y estructuras jóvenes y poco consolidadas. También para esos Estados y cuantos de entre ellos se baten por principios fundamentales que deben estructurar las sociedades contemporáneas resulta importante que se incluyan esos principios en el acervo al que quedarán vinculados después de la adhesión. Pero no se debe pensar que esa idea de una Carta o de un acervo de principios sea sólo como un mecanismo de salvaguardia ante los nuevos miembros, una forma de fortalecimiento frente al exterior. No es así, y no es ésa la intención.
Acontecimientos recientes prueban que lo que consideramos estable y permanente en el ámbito de nuestros propios países, en el ámbito de la Unión de Quince, puede resultar, en determinadas circunstancias, mucho menos de lo que sería deseable para afrontar problemas que son muchas veces sencillos, pero, otras veces, recuerdan a viejos fantasmas.
Aun así, una Carta de Derechos Fundamentales no substituye las garantías constitucionales de que cada uno de nosotros goza en su propio país. Hay que desechar ese mito, utilizado sistemáticamente contra la carta de Derechos Fundamentales, a fin de que no sirva de coartada a quien se refugia en la subsidiariedad para no asumir sus responsabilidades como ciudadano de Europa. Al contrario, estamos ante un valor realzado, una garantía suplementaria, en cierto modo, que va a funcionar como un instrumento de la nueva ciudadanía. Y a ese respecto tenemos que conseguir, señor Presidente, superar algunos problemas que el debate en el ámbito de la Convención empieza a afrontar -y considero que afrontará más en el futuro- y quisiera subrayar que, al hacer estas consideraciones, hablo en nombre del Consejo y no necesariamente en nombre de mi propio país, que sobre este asunto tiene una posición -digamos- bastante ambiciosa.
La primera es una cuestión de orden jurisdiccional: la necesidad de garantizar una compatibilidad total entre las dos jurisdicciones relevantes que pueden resultar conflictivas en ese proceso. Es un problema real y es un problema del que todos debemos ser conscientes. No podemos correr el riesgo de ver crearse, con la introducción de esta Carta, una nueva esfera de incerteza jurídica. Estamos entrando en una operación para volver más transparentes los derechos de nuestros ciudadanos, no para enredarlos en una trama de contradicciones jurisdiccionales que podría funcionar como un elemento de confusión. Esta cuestión nos conduce también al problema, que renace una vez más después de Amsterdam, de la posible adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Una segunda cuestión tiene que ver con la determinación de aquellos a quienes se dirige esta Carta: ¿hablamos de los ciudadanos que tienen una nacionalidad de la Unión o nos dirigimos a cuantos se encuentran en el espacio comunitario? Ésta es una cuestión esencial. Y de nuestra respuesta debemos sacar todas las consecuencias, tanto más cuanto que muchos de nosotros creemos incluso que sólo las instituciones son el verdadero objeto de esta nueva Carta.
Una tercera cuestión decisiva se sitúa en el cuerpo de los derechos. ¿Hasta dónde pretendemos llegar? ¿Nos limitaremos a un cuerpo de principios básicos, como un denominador común de lo que es correcto desde el punto de vista europeo, o vamos a situarnos en un terreno más ambicioso y que tiene más que ver con dimensiones de modernidad de lo que hoy es la Unión Europea? Nuestros ciudadanos parecen poder reivindicar hoy la consagración de un espacio en el espacio de la Unión no sólo de sus derechos económicos y sociales, sino también de los nuevos derechos que han venido presentándose como elementos de la ciudadanía moderna. ¿Hasta dónde esta dispuesta a llegar la Unión?
Por último, una cuarta cuestión, que tal vez sea la más importante: estamos en un debate en el que hay quien manifiestamente defiende un texto meramente declaratorio, como una excusa política. Pero, ¿acaso cualquier Carta de Derechos Fundamentales, sin un elemento de apremio, no pasaría de ser una mera enunciación de principios sin valor alguno? ¿Estaremos -al elaborar una Carta de Derechos Fundamentales meramente declaratoria- refugiándonos pura y simplemente en una cuestión políticamente correcta, tal vez, pero que no responde a lo que hoy constituye la esencia de la Unión?
Es que hay también, señor Presidente, Señorías, una nueva realidad que no podemos pasar por alto y que, desde la perspectiva de esta Presidencia, justifica claramente la necesidad de que trabajemos profundamente en una Carta de Derechos Fundamentales: quiero decir que, en el marco del Tratado de Amsterdam, lanzamos un ambicioso proyecto de creación de un gran Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. La Comisión Europea y los Estados miembros determinaron en el Consejo Europeo Extraordinario de Tampere el inicio de un proceso de fortalecimiento de las estructuras de seguridad interior en pro de la estabilidad de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, garantizando una lucha eficaz contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas y otros aspectos de orden interno. Ahora bien, en ese esfuerzo de carácter europeo resulta esencial velar por que toda esa acción, la acción futura que vamos a llevar a cabo en ese marco, tenga como referencia un cuerpo de principios muy claro que pueda servir de protección de los ciudadanos bajo una tutela jurisdiccional, clara y transparente. También por esa razón entendemos -y lo dijimos en Colonia con ocasión de la aprobación en el Consejo Europeo de la idea de la Carta de Derechos Fundamentales- que esa Carta constituye un elemento esencial, fundamental, para el futuro de la Unión. Sin ese fortalecimiento de los principios, sin que la Unión se dote de un pilar ético que le dé crédito ante sus ciudadanos -y que, por lo demás, sirva también de modelo y de referencia para su marco de relaciones exteriores-, nos arriesgaríamos a orientarnos hacia una profundización de las políticas y una debilitación de nuestros valores.
A ese respecto, quisiera referirme a la cuestión de la Conferencia Intergubernamental. Está claro, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, que la cuestión de la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales es un elemento esencial para el propio crédito de la Conferencia. Desde el comienzo, la Presidencia portuguesa ha dicho con toda claridad que era muy importante garantizar que la agenda de la Conferencia Intergubernamental no entrara en un debate sobre la división y la gestión del poder en una Unión ampliada. La Carta de Derechos Fundamentales es, en ese marco, y así lo consideraremos hasta el final de la Presidencia, un elemento esencial con vistas a un resultado más equilibrado de esta Conferencia, que, por lo demás, deberá ocuparse de otros aspectos, en particular la cuestión de la defensa y la seguridad. Por todas esas razones, el Consejo ve, señora Presidenta, Señorías, con interés (y no dejará de prestarle la mayor atención) la resolución que este Parlamento apruebe en lo relativo a la Carta de Derechos Fundamentales.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, la Comisión quisiera comenzar felicitando vivamente al Sr. Duff y al Sr. Voggenhuber por el excelente trabajo que han presentado y por que el informe que hoy estamos examinando subraye un hecho indiscutible: con la operación de redacción de la Carta de Derechos Fundamentales se inicia, se quiera o no, una nueva etapa en la construcción europea.
Estoy convencido de que de este modo la Unión asume sus responsabilidades ante los ciudadanos europeos a la hora de realizar un acto de naturaleza política encaminado a responder a la cuestión de la legitimidad política y moral de la propia Unión Europea del futuro. La ambición que acaban de señalar tanto Sus Señorías como el representante de la Presidencia del Consejo exige que hagamos todos los esfuerzos posibles para que los trabajos de la convención de elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales estén concluidos a tiempo para que se tengan en cuenta en la Conferencia Intergubernamental y en la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno del final de este año.
La Comisión quisiera comenzar subrayando la importancia de la composición de la convención que redacte la Carta de Derechos Fundamentales. Porque por primera vez están en un mismo órgano creado por el Consejo Europeo representantes de instituciones comunitarias y de instituciones nacionales, tanto de la rama legislativa como de la ejecutiva. Y no cabe duda de que esa composición (que podríamos calificar de juiciosa) de las esferas comunitaria y nacional contribuirá a fortalecer la legitimidad del proyecto de Carta ante la opinión pública y a garantizar el éxito del trabajo que se está haciendo en este momento.
La Comisión quisiera dejar claro ante el Parlamento una vez más cuatro puntos fundamentales. El primero es el de que, en líneas generales, la Comisión comparte los objetivos del Parlamento en cuanto a la naturaleza jurídica de la Carta, su integración en los Tratados y el amplio abanico de derechos que incluir en la Carta de Derechos Fundamentales. Pero creo que el informe que se está examinando hoy subraya también que hay cuestiones destinadas directamente a la Convención, que interpelan a los redactores de la Carta de Derechos Fundamentales, como, por ejemplo, la del catálogo de derechos que se deben incluir en la Carta, pero hay otras cuestiones que superan el nivel de la labor de la Convención y que tienen como destinatarios sobre todo a los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo, como destinataria a la propia Conferencia Intergubernamental.
En realidad para la Comisión, como se afirma en el punto 14 de la resolución presentada por el Parlamento Europeo, la naturaleza jurídica de la Carta debe ser determinada por el Consejo Europeo de Niza. Pero la Comisión considera que la operación de redacción de la Carta debe dar como resultado un texto claro, un texto conciso, fácilmente legible por los ciudadanos de la Unión, pero también riguroso en su forma jurídica para que se le pueda reconocer carácter vinculante, carácter apremiante.
De igual modo, la Comisión considera que la Unión debe adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que esa opción no se debe adoptar en la convención que está trabajando en la Carta de Derechos Fundamentales, sino que debe adoptarla el Consejo Europeo en el momento en que decida la naturaleza jurídica de la Carta. La Comisión ya lo defendió en 1979. La Comisión volvió a defenderlo en 1990. También el Parlamento Europeo comparte en gran medida la idea de que la Unión como tal debe adherirse al Convenio Europeo. Es verdad que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró en 1996 que la Comunidad no podía adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero porque faltaba -lo subrayo- en los Tratados una norma jurídica habilitadora para esa adhesión. Pues bien, el momento en que estamos revisando los Tratados y paralelamente se está redactando una Carta de Derechos Fundamentales es el idóneo para responder a dos cuestiones: una Carta con fuerza jurídica y decisión política de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Y quisiera también dejar aquí una segunda idea muy clara. No hay contradicción genética alguna entre que la Unión tenga una Carta de Derechos Fundamentales y, simultáneamente, se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al contrario, quisiera recordar a Sus Señorías que fue la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa la que hace tres semanas votó, por grandísima mayoría de los Grupos políticos, una recomendación en el sentido de que no sólo se reconocía y aplaudía la iniciativa de la Unión Europea de dotarse de una Carta de Derechos Fundamentales, sino que, además, veía con buenos ojos y apoyaba que la Unión Europea se adhiriera como tal al Convenio Europeo de Derechos Fundamentales.
Y más aún: recomiendo que se lea atentamente la contribución del observador que representa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la convención encargada de la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. En esa declaración del propio Tribunal de Derechos Humanos el representante del Tribunal expresa su adhesión a la idea de que la Unión tenga una Carta de Derechos Fundamentales y, en segundo lugar, pueda adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y, en cuanto a la cuestión del riesgo de contradicción entre la del Tribunal de Estrasburgo y la del de Luxemburgo, conviene recordar que ya hoy, en el marco del derecho comunitario, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hace referencia siempre al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como fuente inspiradora de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en lo relativo a los derechos fundamentales. Es decir, que no estamos hablando de ninguna revolución, estamos hablando de consagrar en letra legislativa lo que ya es hoy la práctica del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en lo relativo a su relación con el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo.
Señor Presidente, dos últimas consideraciones en cuanto a los catálogos de derechos. La Comisión reitera aquí, una vez más, que es partidaria de que tengamos una Carta que englobe tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales y los que se desprenden de la ciudadanía europea, derechos formulados a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que, siempre que sea necesario, tengan un carácter innovador en la medida en que actualicen la redacción de 1950 del Convenio de Roma y que respondan a los nuevos imperativos en materia de derechos humanos como los que se desprenden de las tecnologías de la información, de la bioética, de la igualdad entre las mujeres y los hombres, en la lucha contra todas las formas de discriminación y con atención particular a la protección del medio ambiente.
Por último, diré que, para nosotros, la Carta Fundamental de la Unión Europea no va a encaminada a substituir ni las constituciones nacionales ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tiene un destinatario claro: las instituciones de la Unión y los Estados miembros cuando actúan en la transposición de normas de derecho comunitario a sus ordenamientos jurídicos internos. Y tiene beneficiarios claramente determinados: a raíz de lo que se decidió en Tampere, los beneficiarios de los derechos fundamentales de la Unión son los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión y los ciudadanos de terceros países que residan legal y permanentemente en los países de la Unión, donde, según dijeron claramente los Jefes de Estado o de Gobierno, deberían tener derechos y obligaciones lo más próximos posible a los de los ciudadanos de los Estados miembros.
Con ese marco de acción, estoy convencido de que, estrechando la colaboración entre la Comisión y el Parlamento Europeo, tendremos un instrumento jurídico que aleje los fantasmas de los miedos a las contradicciones, el fantasma del superestado europeo, pero que, sobre todo, garantice un orden jurídico basado en los derechos fundamentales pensando en aquellos en nombre de los cuales estamos todos nosotros aquí, que son los ciudadanos de nuestra Unión.

El Presidente
Muchas gracias, Comisario Vitorino.
Con esto acaba el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Contribución complementaria de la Comisión a la CIG
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la Comunicación de la Comisión sobre la contribución complementaria a la CIG sobre las reformas institucionales: mayoría cualificada sobre los aspectos del mercado interior en los campos de la fiscalidad y de la seguridad social.

Barnier
Señor Presidente, señoras y señores diputados, me uno a ustedes mientras la Comisión continúa sus trabajos y acaba apenas, es lo mínimo que puedo decir, de llegar a unas conclusiones sobre el asunto que deseo exponerles ahora. Además, Señor Presidente, si quiero hacer bien mi trabajo, necesito, a las 17.45 horas, tal como estaba previsto en su horario, regresar a la comisión para presentar otro asunto del cual estoy encargado y que se refiere al marco comunitario de apoyo a Portugal, sabiendo que debo también responder a otra pregunta en el siguiente debate. No sé muy bien, teniendo en cuenta la organización común, o paralela, de nuestros trabajos, cómo podré hacer las cosas correctamente. Me esforzaré en ello, y me alegro de darles una explicación, sabiendo que tendremos nuevas oportunidades, ante las comisiones competentes, y sobre todo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, de referirnos de nuevo a este asunto, vinculado a la negociación de la Conferencia Intergubernamental y a la reforma de las instituciones.
Permítame que dé las gracias a dos de mis colegas, Frits Bolkestein y Anna Diamantopoulou, por el apoyo que me han prestado en la elaboración de este texto y sobre el cual quiero recordar que lo había anunciado cuando la Comisión aprobó, el 26 de enero, su dictamen formal y sus propuestas sobre la reforma de las instituciones. Había indicado ante su Parlamento nuestra intención de especificar, de enumerar, algunos aspectos de este informe posteriormente. Lo hicimos hace algunos días sobre el sistema jurisdiccional de la Unión, la función del Tribunal de Justicia y la función del Tribunal de Primera Instancia. Lo hacemos hoy sobre un asunto extremadamente importante, sensible y conciso, el del ámbito de la mayoría cualificada en algunos campos de la fiscalidad y de la seguridad social. Señor Presidente, continuaremos así alimentando el debate de la negociación, especialmente en el asunto que interesa a su Parlamento en particular, la del fiscal independiente europeo encargado de la lucha contra el fraude, pero también sobre un asunto extremadamente importante, el de la reorganización de los Tratados.
Sobre el asunto que expongo hoy ante ustedes, se trataba, como recordarán, en el informe del 26 de enero de la Comisión, de uno de los grandes asuntos que consideramos debe permanecer en el campo de la unanimidad. Habíamos identificado cinco categorías de excepciones a la regla general que hemos aprobado, según la cual, en la Unión, las decisiones se tomarían en lo sucesivo por mayoría cualificada. Pero habíamos identificado, por razones institucionales, para asuntos extremadamente graves o sensibles, cinco categorías de excepciones que requieren la unanimidad. Ésta forma parte de ellas. Habíamos excluido también las decisiones que son incompatibles con los objetivos del mercado interior o que pueden dar lugar a distorsiones de competencia. Por lo tanto, este es el punto sobre el que hemos deliberado hoy para completar nuestro dictamen.
Señoras y señores diputados, quisiera de entrada recordar que las propuestas que les serán proporcionadas dentro de unos momentos, o de algunas horas, no comportan una transferencia de competencias ni consisten tampoco en un programa de acción sobre el fondo. Estas propuestas se refieren a los procedimientos de decisión en materia de fiscalidad y de seguridad social. Dicho esto, quisiera evitar tres malentendidos que se producen a veces. Primero, la Comisión no pide nuevas competencias para la fiscalidad y la seguridad social. Desde el Tratado de Roma, los Tratados prevén un lugar para la acción comunitaria en estas dos materias. Pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada no es una transferencia de competencias. La Comisión se atiene estrictamente a las competencias de que ya dispone la Comunidad Europea.
Tomaré el IVA como ejemplo. En este punto nos encontramos ante un logro importante de la legislación comunitaria que ha sido desarrollado desde los años 1970. El hecho de que, en lo sucesivo, el Consejo pueda modernizar esta legislación resolviendo por mayoría cualificada para tener en cuenta el desarrollo, por ejemplo, del comercio electrónico, no puede ciertamente ser considerado como una transferencia de competencias. La competencia ya existe en el ámbito comunitario. Únicamente podría cambiar el procedimiento de decisión. Este es el primer punto que quería precisar.
El segundo es para decirles que la Comisión no desea imponer ninguna nivelación de sistemas fiscales o de sistemas sociales nacionales. La cuestión que queremos tratar es la de saber cómo conservar lo que existe y hacer que lo compartan todos los nuevos Estados miembros.
No debemos olvidar que se trata, en el ejercicio en el cual nos encontramos, en esta negociación, de saber cómo funcionará la Unión Europea con 18, 20, 25, 27 o quizá 28 Estados miembros, para que cada uno de estos Estados, los que ya están en ella y los que se unirán a nosotros, pueda sacar el mejor partido del mercado único, un mercado que los Tratados han convertido en un motor de desarrollo económico y social de Europa. Se trata pues de introducir la mayoría cualificada allí donde nos parezca necesaria, y dejar la unanimidad donde sea preferible.
Finalmente, la Comisión tiene interés en precisar que esta contribución complementaria no representa su programa para los años venideros en todos estos campos. No encontrarán en ella las medidas que la Comisión puede tomar en consideración para el futuro, o las propuestas de fondo que piensa presentar en su día. Mis colegas, la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Bolkestein, les informarán cuando sea el momento sobre estos diferentes puntos del programa de la Comisión.
Quisiera exponer ahora los principios que han guiado nuestro enfoque en el documento que tienen ustedes. Lo repito, la unanimidad sigue siendo la regla. En su dictamen del 26 de enero, la Comisión había estimado que, puesto que reflejan las orientaciones fundamentales del legislador nacional en materia de política económica y social y de solidaridad, la fiscalidad y la seguridad social determinan ampliamente la elección política nacional de los ciudadanos. Por esta razón, la Comisión estima justificado mantener la unanimidad en estos ámbitos como principio de base. Confirmamos este enfoque. Por otra parte, esta elección nacional es generalmente - repito, generalmente - neutra en relación con la construcción europea. Éste es el primer principio.
Pero de este primer principio deriva un segundo principio, que es el siguiente: la mayoría cualificada para permitir la adopción de medidas que están más directamente vinculadas con el buen funcionamiento del mercado interior. Sabemos, ustedes saben, que algunas disposiciones nacionales en el ámbito fiscal y en el ámbito de la seguridad social pueden tener, a causa de su contenido o de su naturaleza, repercusiones en el funcionamiento del mercado interior.
La Comisión estima que la Comunidad debe poder adoptar por mayoría cualificada aquellas medidas que estén más directamente vinculadas con el buen funcionamiento del mercado interior. Este es el segundo principio.
Finalmente, tercer principio: debemos escoger para el futuro el mejor instrumento para respetar la subsidiariedad. Puede tratarse simplemente de coordinación; puede tratarse de establecer disposiciones mínimas, puede tratarse también, en un nivel superior, de armonización. Pero esta elección del mejor instrumento debe limitarse a lo estrictamente necesario. Por regla general, el objetivo final de las medidas para las cuales se propone la adopción de la mayoría cualificada no constituiría una armonización sistemática de las legislaciones nacionales, sino simplemente su coordinación. Esto es, por otra parte, señoras y señores diputados, lo que ocurre desde hace casi cuarenta años en el ámbito de la seguridad social. Nos parece importante poder instaurarlo también en el ámbito de la fiscalidad.
Finalmente, antes de responder a sus preguntas, quisiera recordar rápidamente el contenido de las propuestas tal como las leerán ustedes. Sobre la fiscalidad directa, proponemos la mayoría cualificada para coordinar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y para garantizar el tratamiento de situaciones que impliquen las legislaciones de varios Estados miembros. Para lo demás, la unanimidad continúa siendo la norma.
Sobre la fiscalidad indirecta, para poder luchar contra el fraude, modernizar y simplificar el "acervo" frente a las evoluciones económicas, para tener en cuenta los objetivos del Tratado en materia de medio ambiente, proponemos actuar a través de decisiones por mayoría cualificada. Proponemos, por otra parte, mantener la unanimidad para las decisiones concernientes a los tipos de fiscalidad y al lugar de imposición.
Finalmente, siempre a propósito de la fiscalidad, proponemos, para más claridad y mejor legibilidad, reagrupar el conjunto de disposiciones fiscales en un único artículo, más corto y con una nueva formulación: el artículo 93. Perseguimos con ello un objetivo de coherencia.
Cuarto punto, que trata esta vez de la coordinación de las legislaciones en materia de seguridad social, proponemos la mayoría cualificada para modernizar y adaptar las disposiciones que pretenden evitar penalizar a las personas y no únicamente a los trabajadores. En efecto, además de los trabajadores, existen, por ejemplo, estudiantes que se desplazan por la Comunidad. Se trata, pues, de evitar penalizarlos.
Finalmente, tratándose de disposiciones mínimas en materia de seguridad social, nos proponemos extender a la seguridad social una posibilidad que ya existe en otros ámbitos de la política social y que consiste en adoptar disposiciones mínimas por mayoría cualificada.
Señor Presidente, unas palabras, finalmente, para expresar el estado de ánimo en el cual he continuado trabajando, como lo habíamos hecho bajo la autoridad del Presidente Prodi con respecto a nuestro dictamen del 26 de enero. La Comisión ha llevado a cabo una labor lúcida y voluntarista. Hemos dejado de lado cualquier razonamiento ideológico. Queremos ceñirnos a hechos precisos, a propuestas concretas, para evitar abordar asuntos mediante eslóganes o de manera ideológica.
Confirmo finalmente que además de esta contribución complementaria, me presentaré de nuevo ante ustedes para otras contribuciones, a fin de precisar el dictamen de la Comisión sobre el conjunto de la reforma de las instituciones europeas antes de la ampliación, como lo hicimos el 26 de febrero.

Martin, David
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar mi satisfacción por el enfoque de la Comisión en general respecto de la CIG. El hecho de que se nos estén formulando explicaciones más detalladas acerca de determinadas cuestiones, es muy útil. En segundo lugar, coincido con la Comisión en que ésta es una cuestión sumamente delicada. Los asuntos fiscales y la seguridad social son lo que la Sra. Thatcher solía llamar "los recovecos" de la vida cotidiana. Es algo que afecta a los Estados miembros y a sus pueblos de forma muy particular, y hemos de ser muy cuidadosos antes de que la Comunidad empiece a ocuparse de esas cuestiones. Por lo que he oído la Comisión ha recibido respuesta a la mayor parte de sus preguntas y ahora me toca a mí hacer un par de preguntas para ver si me resuelven la situación.
Cabe decir que los Estados miembros han aceptado ya una competencia comunitaria; dicho con otras palabras, cuando hemos adoptado una medida lo mejor es utilizar la votación por mayoría cualificada para ajustarla. Esto es perfectamente lógico. Lo que no tenía yo tan claro es lo que hablamos acerca de otras medidas en las que era necesario hacer funcionar al mercado interior. ¿Cómo se puede definir eso? Como sonar, suena bien, pero ¿cómo vamos a definir una medida que es esencial para que pueda trabajar el mercado único? Esta cuestión requiere mucho debate.
De manera análoga, la cuestión de la armonización contra la coordinación: la coordinación de unos puede ser la armonización de otros y necesitamos definiciones claras de lo que es la coordinación y de lo que es la armonización para que esta cuestión pueda quedar bien resuelta. Le deseo que tenga éxito en esta esfera porque se trata de una esfera en la que necesitamos abrirnos paso. No creo que sea fácil llegar a un acuerdo, y me gustaría estudiar el documento detalladamente antes de juzgar lo que ha dicho la Comisión esta tarde.

Barnier
. (FR) Gracias, señor diputado Martin por su apreciación, que entiendo está vinculada al análisis pormenorizado que hará usted del texto de la Comisión. Éste, tan pronto como haya sido aprobado -de esto se trata ahora-, estará disponible hacia el final de la tarde. He sido muy sensible a la referencia que ha hecho usted a la Sra. Thatcher y comprendo perfectamente su preocupación, en vista de la sensibilidad especial que despierta este asunto en su país, por insistir en que debemos adoptar un enfoque pragmático.
Ya les he expresado hace un momento, señoras y señores diputados, mi preocupación, en este documento y en las discusiones que mantendremos, por evitar la ideología, y por atenernos a un enfoque conciso. Esto es lo que he dicho, y creo que se me entendió bastante bien durante una de mis audiencias sobre la Conferencia Intergubernamental, en uno de los Parlamentos nacionales -me refiero al suyo, señor Martin, en Westminster- y creo que este enfoque es, en efecto, el adecuado.
Por lo tanto, repito que nuestra clave fue decir que todo lo que atañía directamente al funcionamiento del mercado interior -y que podía, en una Europa ampliada, comprometer este buen funcionamiento- debía verse afectado por esta extensión a la mayoría cualificada. Naturalmente, hemos trabajado sobre los tres instrumentos que he citado -coordinación, disposiciones mínimas y armonización-, considerando que la armonización era naturalmente el nivel suplementario.
Además de esta respuesta general, y agradeciéndole su apreciación, estaré atento, cuando haya podido usted examinar este documento, a sus críticas o a sus propuestas.

Rübig
Señor Presidente, yo creo que sin duda es acertado afirmar que no se requieren competencias adicionales en materia fiscal, pero también me parece que debemos considerar cómo podemos dar un mayor impulso a los diferentes ámbitos temáticos. Por citar sólo un ejemplo: el principio del país de origen en la recaudación del IVA, ¿no sería posible empezar por las compensaciones en el marco de los actuales regímenes del IVA, o sea, por una aplicación más eficaz de los sistemas de compensación a escala europea? Un segundo ejemplo sería el de la doble imposición, que plantea muchos problemas. Mi pregunta es la siguiente: ¿el programa de trabajo de la Comisión incluirá un calendario con unos plazos o cómo se proponen proceder?

Helmer
Muchas gracias, Comisario, por sus observaciones. No entiendo su afirmación de que no habrá transferencia de poderes. Si está usted aumentando los casos de votación por mayoría cualificada y por consiguiente está usted eliminando el veto nacional, es evidente que está usted transfiriendo poderes del Estado-nación a las instituciones europeas. También me siento poco a gusto con su declaración de que todo lo que busca usted es armonizar los impuestos en esferas "vinculadas con el mercado único" porque sabemos que, si esa frase se interpreta liberalmente -como las instituciones europeas tienden a hacer- entonces prácticamente todo puede quedar vinculado al mercado único.
¿Se da usted cuenta, Excelencia, de que el dirigente del Partido Conservador Británico ha dicho que hemos llegado a los límites de la integración europea? ¿Está usted al corriente de los recientes estudios sobre la opinión pública que indican que el pueblo británico se opone a que se transfieran más poderes del Estado-nación a Bruselas, y cómo va a tener usted en cuenta esos hechos?

Tsatsos
Señor Comisario, quisiera resaltar un punto de su ponencia. Ha dicho usted que, donde haga falta unanimidad, nos quedaremos con la unanimidad y, donde haga falta una mayoría cualificada, iremos a la mayoría cualificada. Por supuesto, todos sabemos que el Parlamento Europeo es de la opinión clara de que debe adoptarse como norma la mayoría cualificada y sólo como excepción la unanimidad.
Si abandonamos esta idea, abandonamos también el posterior ascenso del Parlamento Europeo a colegislador en todos los temas legislativos sobre los que también está prevista la mayoría cualificada en el futuro. O sea, en donde nos quedemos con la unanimidad, el Parlamento no tendrá el papel legitimador, democrático e importante que tendrá en todos aquellos casos en que tengamos mayoría cualificada, casos que, en opinión del Parlamento Europeo, deberán ser la norma por razones de carácter democrático de nuestra forma de funcionamiento.

Barnier
. (FR) Señor Rübig, concentraré mi respuesta sobre el punto del IVA. Me pregunta usted sobre el programa de trabajo de la Comisión, y ya había dicho, anticipadamente, que hoy no habíamos tratado este asunto, que la Comisión tenía su programa de trabajo y que mis colegas encargados de dicho asunto vendrían, en su momento, a hablar de ello ante ustedes.
Sin embargo, me pregunta usted, en líneas generales, si el gran proyecto de modernización del IVA podría ser adoptado con las propuestas de ustedes por mayoría cualificada. Le respondo: depende de lo que se entienda por "gran proyecto de modernización del IVA" . Más exactamente, si piensa usted en el paso del régimen transitorio al régimen final de imposición del IVA, que cambiaría el lugar de imposición, hemos indicado claramente, y se lo confirmo, que este punto se resolvería, de todas maneras, por unanimidad. En lo referente a la modernización del régimen ante los nuevos desarrollos económicos -pienso principalmente en todas las consecuencias de la mundialización, de la liberalización, del comercio electrónico-, se trata de una pregunta que puede dirigir usted al Sr. Bolkenstein. Estamos identificando junto con los Estados miembros los elementos que comportaría este paquete. Se celebró una reunión el 2 de marzo, y creo muy sinceramente que es demasiado pronto para darle más precisiones.
Pero les he hablado de la modernización del IVA, lo cual me permite hacer una transición, y decir al Sr. Helmer: sé bien que se trata de cuestiones delicadas, sé la importancia que se da, en nombre de la soberanía nacional, a la fiscalidad, al hecho de aprobar el impuesto y, sobre todo, de votar los tipos; he ocupado un escaño durante dos años en el Parlamento de mi propio país. Simplemente, deseo servirme de toda mi capacidad de convicción con usted, naturalmente, y si es posible con los negociadores y con los Sres. Tsatsos y Brok, para decir a los Estados que se muestran renuentes y más susceptibles que los demás sobre este asunto: "Piénsenlo bien antes de rechazar la extensión de la mayoría cualificada a las propuestas que la Comisión ha hecho de manera razonable" .
Estamos hablando del buen funcionamiento del mercado interior, hablamos del resultado de este mercado interior, y todos los países están implicados en ello, ya que interesa a todos los países de la Unión. Pero ¿qué ocurrirá en una Europa muy ampliada, donde las desigualdades serán todavía más importantes de lo que son ahora en el plano social y en el plano de los presupuestos? Por esta razón aconsejamos un examen lúcido, iba a decir casi clínico, de estas cuestiones, en interés del mercado interior.
Finalmente quiero agradecer al profesor Tsatsos por haber recordado el vínculo que existe entre estas propuestas y la función del Parlamento Europeo. Puesto que tengo la ocasión de hacerlo, lo confirmo: una de las propuestas de la Comisión consiste en asociar directamente la codecisión a todas las medidas que se tomen por mayoría cualificada, en el momento en que se trate de medidas de orden legislativo. Puede verse perfectamente a través de estas cuestiones que afectan al mercado interior -seguridad fiscal y fiscalidad- y a su buen funcionamiento que se trataría de un lugar legítimo de expresión, de toma de posición del Parlamento Europeo. Tendremos, señor Profesor, nuevas ocasiones de decirlo y de tratar de convencer a los demás negociadores a lo largo de los meses venideros.

Leinen
Señor Presidente, señor Comisario Barnier, yo acojo con suma satisfacción la iniciativa de la Comisión. Es evidente que el Mercado Único y también la Unión Monetaria requieren una coordinación de la política fiscal. Quien lo niegue también está poniendo en entredicho la existencia del Mercado Único a largo plazo. Usted acaba de citar algunos detalles específico sobre el IVA. Yo echo en falta la mención de otros dos impuestos, sobre los que se viene debatiendo desde hace largo tiempo: la tributación sobre los intereses y la fiscalidad de las empresas. Se trata, en efecto, de dos impuestos básicos que es preciso aproximar de algún modo. Yo no sé si los ha contabilizado usted como parte de la evasión fiscal. En cualquier caso, su documento no lo menciona. ¿Podría ofrecernos alguna indicación al respecto?

Thorning-Schmidt
Señor Presidente, he de admitir que me han impresionado mucho los principios expuestos por el Sr. Comisario. Si podemos reducir estas modificaciones de las normas sobre mayoría cualificada relacionadas con el funcionamiento del mercado interior a la práctica creada a través del Tribunal de Justicia y a las decisiones sobre mínimos, considero realmente posible poner en marcha estas modificaciones con la aprobación de todos los países, lo que es sumamente importante. Al mismo tiempo, he de concluir que si la Comisión quiere mantener estos tres positivos principios, en algún momento habrá de disentir con la nota que la Presidencia ha presentado. La Presidencia ha presentado la propuesta de que también los ámbitos incluidos en el tercer epígrafe del tercer punto del artículo 137 relativo a la defensa de los intereses de los empresarios y los asalariados y al segundo epígrafe del tercer punto del artículo 137 relativo a la rescisión del contrato de trabajo se rijan por mayoría cualificada. Me resulta difícil ver cuáles son los motivos para ello en base a los tres principios establecidos y que el Sr. Comisario ha mencionado. ¿Puedo en base a ello concluir que el Sr. Comisario no seguirá la nota de la Presidencia en estas propuestas?

Jonckheer
Señor Comisario, "anda usted pisando huevos" , y por lo tanto apoyo su gestión. Refiriéndome al argumento de subsidiariedad, quisiera simplemente decirle que, a mi juicio, resulta también importante utilizar como argumento, en estas cuestiones fiscales, el argumento de la ciudadanía. Es inaceptable, tras cincuenta años de construcción europea, que los ciudadanos europeos no sean iguales ante la ley por el simple hecho del juego de residentes y de no residentes. La noción de ciudadanía es, pues, un bien común, por el cual es necesario dejar atrás fracasos como el de Helsinki.
Desearía exponerle tres preguntas concretas:
Primera pregunta: ¿Prevé usted que el dispositivo que nos propone pueda entrar en vigor, teniendo en cuenta la integración de los mercados financieros y su necesaria regulación fiscal?
Segunda pregunta: ¿En materia de fiscalidad medioambiental, el dispositivo que usted propone establece la mayoría cualificada?
Tercera pregunta: ¿El dispositivo que usted propone permitirá al Consejo acabar, por mayoría cualificada, con los paraísos fiscales que existen en el interior de la Unión Europea?

Balfe
Muchas gracias, Comisario, por su declaración. Estoy seguro de que ninguno de nosotros se opondrá a que nos ocupemos del fraude y la evasión fiscal pero he de decir que es necesario mantener la confianza de los ciudadanos en la Unión, y me parece que muchos gobiernos de nuestros Estados miembros querrán analizar muy a fondo toda ampliación del empleo de la votación por mayoría cualificada antes de aceptarla. Esa ampliación daría de lleno en lo que se puede considerar como capacidad de un país para ocuparse de sus propios asuntos. Pienso particularmente en casos como el de los impuestos retenidos en la fuente, que hubiera sido inaceptable someter a votación por mayoría cualificada. Espero que se tengan en cuenta esos aspectos cuando se juzgue la posibilidad de conseguir que la cuestión quede aceptada. Me parece muy bien que se luche contra el fraude y contra la evasión fiscal y que se mejore la legislación en materia de seguridad social, pero hay algunos aspectos respecto de los cuales me parece que será difícil convencer a todos los Estados miembros.

Villiers
Comisario, quisiera hacerle unas cuantas preguntas sencillas que, en cada caso, no requieren más que una respuesta "si" o "no" .
¿Puede garantizarnos que la Comisión no procurará, en ninguna circunstancia, recurrir a la votación por mayoría cualificada para imponer los impuestos retenidos en la fuente? ¿Puede darnos la misma garantía acerca de la propuesta de impuesto sobre combustible para aeronaves, que se examinó esta semana en el ECOFIN, y puede darnos la misma garantía acerca del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea? ¿Cabe prever alguna circunstancia en la que la Comisión procure servirse de la votación por mayoría cualificada en relación con cualquiera de los temas mencionados? ¿Puede garantizar usted que la Comisión no utilizará la votación por mayoría cualificada en relación con ninguna de esas cuestiones?

Van Lancker
Señor Presidente, me puedo imaginar que algunos de nuestros colegas consideran que los ciudadanos son sensibles a la intervención europea en los expedientes de carácter fiscal y social. A este respecto puedo decirle que en mi país muchos ciudadanos pierden el sueño por el hecho de que Europa no interviene en los expedientes sociales y fiscales por causa de la unanimidad. Por eso mismo, quisiera hacer dos preguntas al Comisario. En primer lugar quisiera señalar que los ciudadanos más afectados por esta no intervención son sobre todo los que desean beneficiarse de la libre circulación de personas, en concreto los trabajadores transfronterizos. Los expedientes relativos a la coordinación de la seguridad social, la ampliación a terceros países y los sistemas complementarios de seguridad social se encuentran bloqueados en el Consejo desde hace años. ¿Puede comunicarme el Comisario si su alusión a la mayoría cualificada incluye asimismo este expediente? En segundo término me sumo a las palabras de mis colegas que han preguntado si las propuestas del denominado Grupo Prima Rolo que están sobre la mesa caen en el ámbito de aplicación de la mayoría cualificada referida por el Comisario.

Barnier
. (FR) Quisiera responder colectivamente a varios de ustedes, principalmente sobre lo que podría llamarse el paquete fiscal. El Sr. Leinen ha hablado de ello, así como el Sr. Baltas y, ahora mismo, la Sra. Van Lancker.
Una observación previa: el objetivo de esta contribución no es, lo repito una vez más, prefigurar las condiciones de ejecución del programa de trabajo de la Comisión. Queremos distinguir, para facilitar el trabajo de la reforma de las instituciones, entre la gestión cotidiana de las políticas (es el trabajo normal de la Comisión, y nos reunimos con regularidad para hablar de ello) y la reforma en la perspectiva de la llegada de trece nuevos Estados miembros.
Evidentemente, el paquete Monti está vinculado al buen funcionamiento del mercado interior. Por esta razón el Sr. Monti, hace unos meses, y mi colega Frits Bolkenstein, hoy, continúan considerándolo una prioridad política. Espero que todos estos esfuerzos llegarán a un resultado antes de la conclusión de esta CIG, antes de la ratificación que seguirá al Tratado de Niza, y que podremos disponer de este paquete fiscal, en interés del buen funcionamiento del mercado interior, antes de que eventuales modificaciones del Tratado puedan ser ratificadas.
La Sra. Thorning-Schmidt y varios de ustedes, entre los cuales la Sra. Van Lancker, han mencionado las cuestiones sociales, que son extremadamente importantes, tratándose principalmente de nacionales de terceros países. Sí, queremos incluirlos en el ámbito de los beneficiarios de la política social (artículos 42 y 137, que deberían votarse por mayoría cualificada).
También en este caso, independientemente de consideraciones ideológicas, hemos redistribuido los apartados de este nuevo artículo 137, para hacer pasar al campo de la mayoría cualificada todo lo que afecta -de manera objetiva, en nuestra opinión- al buen funcionamiento del mercado interior: seguridad social y protección de los trabajadores, protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato de trabajo, representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluidas la cogestión, las condiciones de empleo de nacionales de terceros países que residan regularmente en el territorio de la Comunidad y las contribuciones financieras encaminadas a la promoción del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las disposiciones del Fondo Social.
La historia reciente de la evolución de la Unión Europea demuestra que en Maastricht éramos conscientes de que la creación de la moneda única exigiría una mejor coordinación del capítulo social europeo, pero, en aquella época, no lo conseguimos. En Amsterdam -lo recuerdo porqué fui precisamente, casi hasta el final, uno de los negociadores de este Tratado-, ampliamos la definición de los objetivos de la política social en el Tratado, y la Comunidad se dotó de competencias propias, complementarias de las de los Estados miembros. En Niza, antes de la gran ampliación, examinen bien -se lo ruego, se lo suplico- este texto de manera prospectiva. Tal como estamos hoy, podríamos funcionar mal que bien y continuar viviendo juntos. Ahora bien, no se trata de esto, sino de una Comunidad -y no creo que podamos replantearnos más tarde esta cuestión tan delicada si no lo conseguimos ahora-, se trata, digo, de una Comunidad que cuenta con 27 ó 28 Estados miembros, y que presenta desigualdades muy importantes. Queremos asegurarnos que la Comunidad dispone de medios eficaces para soportar estas reestructuraciones comunitarias. Proponemos, pues, que estas disposiciones mínimas puedan ser adoptadas por mayoría cualificada, y no por unanimidad, en todos los ámbitos que he mencionado.
Finalmente, quisiera decir al Sr. Jonckheer que, por todo tipo de razones, estoy completamente de acuerdo con él sobre la cuestión de la ciudadanía. Quiero confirmarle que, tratándose de disposiciones fiscales en materia de medio ambiente (muchas de las cuales están directamente vinculadas con el funcionamiento del mercado interior, más allá del bienestar de los ciudadanos y de la calidad de vida), sabemos perfectamente que detrás de estas cuestiones, se perfilan riesgos de distorsión de competencia, los cuales, por otra parte, se irán agravando con la ampliación; proponemos, pues, en efecto, que en todas estas medidas de fiscalidad en materia de medio ambiente se aplique la mayoría cualificada.
Soy consciente que, habida cuenta de los plazos concedidos, mis respuestas son incompletas. El Sr. Bolkenstein, la Sra. Diamantopoulou y yo mismo tendremos ocasión de comparecer de nuevo ante ustedes. Queremos lanzar este debate, mantenerlo, alimentarlo, teniendo como base estas propuestas, de tal manera que, como me había comprometido, esta negociación difícil en el seno de la Conferencia Intergubernamental se vea así facilitada. Pero, a fin de cuentas, sabemos perfectamente que será necesaria la voluntad política.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0201/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Primera parte

El Presidente


Carlos Carnero González
Pregunta nº 39 formulada por (H-0174/00):
Asunto: Consideración del Estatuto Legal Internacional de las aguas del Sáhara Occidental El pasado 4 de noviembre, el Jefe del Gabinete del Comisario Fischler remitió una carta al Sr. Pierre Galand, que se había interesado por las repercusiones de los Acuerdos de Pesca UE-Marruecos sobre el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental.
Sobre la base del apoyo de la UE a las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, y de la inquietud causada por el equívoco contenido de la citada carta,
¿No cree la Comisión que debería efectuar rápidamente y de acuerdo con el Consejo una consulta oficial al Secretario General de la ONU en torno a la definición legal de las aguas del Sáhara Occidental de acuerdo con el derecho internacional teniendo en cuenta que el citado territorio es objeto de un proceso de autodeterminación, de manera que la negociación del citado Acuerdo no entrañe ningún malentendido sobre la postura de la UE en torno al futuro de aquel territorio y no se lesionen los derechos de sus habitantes?

Patten
. (EN) La Comisión confirma la posición indicada por el jefe de gabinete del Comisario responsable de agricultura y pesca el 11 de enero en respuesta a una carta del Sr. Galland en nombre del Comité de coordinación de la organización de apoyo saharauí. Esa posición recordaba que el acuerdo de pesca que expiró en noviembre de 1999 se aplicaba a pesquerías marroquíes definidas como aguas sobre las cuales Marruecos tiene soberanía o jurisdicción. Esa definición no afecta en absoluto a la condición jurídica del Sáhara Occidental ni de sus aguas costeras. Se trata de una cuestión de la incumbencia del derecho internacional, y en particular de varias resoluciones de las Naciones Unidas, y que es responsabilidad del Secretario General de las Naciones Unidas, cuyos esfuerzos por encontrar una solución justa, equitativa y duradera han recibido el continuo apoyo de la Unión Europea.

Carnero González
Quiero comenzar dando las gracias al Sr. Comisario por su amable respuesta, pero señalando que la considero de todo punto insuficiente.
En la carta a la que me refería en el texto de mi pregunta quedaba poco claro cuál es el concepto que la Comisión Europea tiene de las aguas costeras del Sáhara Occidental. Sin embargo, usted lo ha dicho con excesiva claridad.
Ciertamente, el Reino de Marruecos es, en estos momentos, una potencia que ocupa el Sáhara Occidental y éste es un territorio sometido a un proceso de autodeterminación.
En todo caso, según el Derecho internacional, correspondería considerar que el Reino de Marruecos ejerce el control sobre ese territorio, pero de ninguna manera ostenta la soberanía del mismo. Y si no puede ostentar la soberanía del territorio, tampoco la tiene sobre sus aguas costeras. Sería prejuzgar el futuro de las mismas, puesto que cabe la posibilidad de que el referéndum de autodeterminación previsto decida la independencia de ese territorio. ¿En qué situación se encontraría entonces el Gobierno del Sáhara Occidental con respecto a las aguas territoriales que le correspondería administrar -en este caso sí- soberanamente?
Yo estoy absolutamente a favor de que se llegue a un acuerdo de pesca con Marruecos favorable a los intereses del sector pesquero de la Unión Europea, empezando por el sector pesquero español. Pero creo que eso no es contradictorio, sino todo lo contrario, con una interpretación legítima del Derecho internacional que yo pido que se haga formalmente.
¿Se compromete la Comisión a hacer esa consulta formal al Secretario General de las Naciones Unidas? ¿Sí o no, señor Comisario?

Patten
. (EN) Hay muchas cosas que echo de menos en la vida y una de ellas es que no soy un abogado, y si el distinguido diputado me permite una referencia bíblica le diré que no camino de puntillas sobre esas aguas sin sentir nerviosismo. Ahora bien, me parece que el derecho internacional es muy claro y que la cuestión de las aguas territoriales se relaciona directamente con la cuestión de la soberanía sobre el propio territorio. Ésa es una cuestión que se está examinando en este momento en el contexto del referéndum y de la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas. Estoy seguro de que el distinguido diputado sabe que apoyamos firmemente esa iniciativa y que si hay alguna forma de poder ayudar al Secretario General de las Naciones Unidas, no hay duda de que lo haremos. Lo que acabo de decir se refiere también, naturalmente, a su representante especial.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 40 y 113 se contestarán conjuntamente a petición de la Comisión.

Bob van den Bos
Pregunta nº 40 formulada por (H-0241/00):
Asunto: Minas terrestres En una reciente declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Presidencia del Consejo declaró que la UE sigue siendo el mayor contribuyente a los programas de retirada de minas en todo el mundo. Sin embargo, las personas que trabajan en este ámbito se quejan de la limitada función que desempeña la UE y del carácter confuso de la financiación concedida por la UE para la retirada de minas.
¿Puede facilitar la Comisión un desglose de la financiación de la UE destinada a todas las actividades relacionadas con las minas antipersona? ¿Qué importe se destina a programas de actuación en materia de minas y qué importe se destina a I+D en tecnología de retirada de minas? ¿Podría elaborar la Comisión un informe anual sobre su política en materia de minas antipersona, para corregir la actual ausencia de claridad?
¿Podría comunicar la Comisión los progresos alcanzados en cuanto al establecimiento de una normativa relativa a las minas antipersona que proporcione una base jurídica para estas actividades y las concentre en un marco de transparencia?

Marie-Arlette Carlotti
Pregunta nº 113 formulada por (H-0251/00):
Asunto: Acción de la Unión Europea contra las minas En el ámbito presupuestario, ¿deberán financiarse los programas de acción contra las minas, en toda su diversidad, exclusivamente con cargo a la línea B7-661, cuya legitimidad es cada vez mayor?
¿Qué disposiciones se tomarán para garantizar el acceso efectivo de las ONG a las financiaciones de la Unión Europea?
En el marco de la condicionalidad de la ayuda a la adhesión y al respeto del Convenio de Ottawa, ¿cuáles serán los criterios y las condiciones de aplicación de las acciones de la Unión Europea con objeto de que determinadas comunidades vulnerables no tengan en el terreno un "doble sentimiento de víctima"?

Patten
. (EN) Espero que me perdone si mi intervención dura algo más de lo corriente, pero es que quiero contestar de una sola vez a las preguntas formuladas. Me agrada en particular esta oportunidad de contestar a lo que ha dicho hoy el Sr. van den Bos en relación con las minas antipersonal. Aprovecharé también esta oportunidad para contestar a la pregunta de la Sra. Carlotti.
Los Comisarios adoptaron hoy una comunicación y un proyecto de reglamento sobre la acción de la Unión Europea contra las minas, con miras a conseguir una mejor coherencia, una mayor efectividad y más visibilidad en las numerosísimas actividades en que estamos ya participando en esa esfera. Lo hacemos en respuesta a la iniciativa del Parlamento en favor de crear un renglón presupuestario específico para la lucha contra las minas, y basándonos en dicha iniciativa. Las minas antipersonal son causa horrorosa de muchas víctimas en muchas de las partes más pobres del mundo, pero no son solamente una amenaza constante y traidora para la vida y la integridad corporal, también son obstáculos para el desarrollo económico y para la ejecución de una gama de programas comunitarios en apoyo de la reconstrucción, la rehabilitación y el desarrollo. Por eso la Unión participa ya tan a fondo en la lucha contra las minas en todo el mundo y por eso fue tan activa en la negociación y concertación del Convenio de Otawa sobre la prohibición y destrucción de minas antipersonal, que entró en vigor hace un año.
Durante los ocho últimos años, el apoyo de la Comunidad Europea para la acción contra las minas ha excedido de 180 millones de euros. Hemos intervenido en todos los rincones del mundo. Hemos apoyado la acción de las autoridades nacionales, de las organizaciones internacionales, y en no menor grado de las organizaciones no gubernamentales. Hemos contribuido a la limpieza de minas y a la destrucción de minas, así como a la asistencia para las víctimas y a las investigaciones sobre nuevas técnicas de limpieza de minas. A pesar de todo, hasta ahora no hemos tenido un enfoque general y coherente de nuestra acción de lucha contra las minas.
Para aprovechar al máximo la diversidad de nuestros instrumentos y mecanismos de financiación, tenemos que cerciorarnos de que contamos con un marco en el que podamos formular las necesarias prioridades y orientaciones horizontales a fin de que haya efectividad y coherencia en lo que hacemos. La financiación de la lucha contra las minas en el marco de los programas geográficos y sus renglones presupuestarios continuará. La limpieza de minas y otras formas de lucha contra las minas son a menudo un paso preliminar para todo programa de desarrollo bien concebido. Por eso deben formar parte de los planes nacionales o regionales de reconstrucción y rehabilitación.
El nuevo reglamento y el renglón presupuestario especial apoyarán y complementarán el aspecto geográfico porque facilitarán el marco general de política y funcionarán como una reserva general y una fuente para la financiación de programas internacionales. Los recursos disponibles para la acción de la UE contra las minas deben seguir estando por lo menos al mismo nivel en términos reales que lo que hemos conseguido durante estos últimos años, es decir unos 30 millones de euros al año.
Los programas ordinarios de limpieza y destrucción de minas en el marco de nuestra nueva política deben ser principalmente de beneficio para países que hayan suscrito el Convenio de Otawa, pero también hemos de estar dispuestos a prestar asistencia excepcional a las víctimas de las minas en sus hogares o en los lugares en que vivan ahora, incluso si han tenido la mala suerte de estar instalados en un país que no ha firmado el Convenio.
Por último, la Unión Europea está reconocida como uno de los principales contribuyentes a la lucha contra las minas en la comunidad internacional. La entrada en vigor del Convenio de Otawa hace un año nos ofreció un instrumento nuevo y eficaz y un conjunto de objetivos ambiciosos para los años venideros. Nos hemos comprometido a eliminar todas las minas terrestres que hay en el mundo dentro de un plazo de 10 a 15 años. Eso requerirá determinación, coherencia y perseverancia. Con la financiación y el mecanismo de coordinación que ofrece el nuevo reglamento y la nueva comunicación, estamos bien situados para hacer frente al desafío.

Van den Bos
Doy las gracias al Comisario. Su respuesta me ha parecido harto satisfactoria. Demuestra que la Comisión está implicada a fondo en este tema. Solamente me queda por formular una pregunta complementaria que es la siguiente. ¿Está dispuesto el Comisario a informarnos cada año acerca de las actividades desplegadas por la Comisión en todo este ámbito?

Patten
 - (EN) El nuevo reglamento dispone que la Comisión presente un informe anual al Consejo y al Parlamento sobre sus actividades del año anterior para el 30 de abril del año siguiente. Un desglose de la financiación para la lucha contra las minas en cada país entre 1992 y 1999, efectuado por la Unión Europea, así como para los proyectos del año pasado, va adjunto a la comunicación y contamos seguir facilitando ese tipo de información financiera.
Permítanme que les diga lo muy agradecidos que estamos al distinguido diputado y a otros diputados de este Parlamento por lo mucho que nos han estimulado y apoyado y por la calidad de liderazgo de que han dado prueba respecto de esta cuestión, que, según desgraciadamente seguimos percatándonos, es de enorme importancia.

Carlotti
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta tan completa. Quisiera pedirle una precisión. Si la línea B7/601 ve reforzada su legitimidad, ¿qué disposiciones podrán tomarse para garantizar la accesibilidad efectiva de las ONG en la financiación de la Unión?

Patten
. (EN) Una cosa que evidentemente tenemos que hacer es anunciar muy claramente lo que tenemos a nuestra disposición. Hemos instalado un espacio web que, espero, nos permitirá informar a la comunidad de organizaciones no gubernamentales y a otros con mayor claridad acerca de lo que está disponible. Tenemos la intención de establecer un plan de trabajo plurianual. Nos referiremos a esa cuestión en nuestro espacio web. Espero, por lo tanto, que las organizaciones no gubernamentales se sientan involucradas en lo que estamos haciendo. Dependemos mucho de su comprensión y su apoyo activo.
Quisiera mencionar otra esfera que también les interesa, aunque no siempre estén tan directamente involucradas en ella: me refiero a toda la esfera de la investigación, en la que desembolsamos 17 millones de euros de los más de 40 millones de euros correspondiente a 1998, nuestro último año completo. En general puedo asegurar al distinguido diputado que procuraremos involucrar en todo lo posible a organizaciones no gubernamentales. Tienen mucho que aportar en relación con este importante trabajo.

El Presidente


Íñigo Méndez de Vigo
Pregunta nº 41 formulada por (H-0212/00):
Asunto: Iniciativa "Diálogo sobre Europa" El Presidente de la Comisión tiene previsto lanzar esta iniciativa el próximo 8 de marzo.
A tenor de la Comunicación de la Comisión, su finalidad es explicar a la opinión pública de los Quince los efectos de la CIG 2000.
Habida cuenta que dicha iniciativa se enmarca en el Programa PRINCE de información al ciudadano europeo ¿ha pensado la Comisión en la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales como uno de los temas de referencia de esta iniciativa?

Lamy
. (FR) Señor Presidente, de acuerdo con el Parlamento Europeo, la Comisión ha tomado la iniciativa de desarrollar lo que llamamos un diálogo sobre Europa que pueda permitir dar a conocer mejor lo que está en juego en la reforma de las instituciones en la perspectiva de la ampliación. La Comisión considera que todas las cuestiones institucionales susceptibles de estar vinculadas con los trabajos de la Conferencia Intergubernamental entran efectivamente en el ámbito de este debate que ha sido lanzado. Esto, pues, vale también, y es la respuesta que doy a su pregunta, en cuanto a la cuestión de la Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Vitorino, y le puedo garantizar la voluntad de la Comisión de desarrollar, en estrecha colaboración con el Parlamento y sus representantes, tanto en la Conferencia Intergubernamental como en la Convención de negociación de la Carta, un diálogo sobre el conjunto de reflexiones en curso relativas al futuro de la Unión. Este diálogo sobre Europa se desarrollará con el conjunto de las instituciones nacionales y regionales, pero también con los canales de opinión, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. El propio objetivo de la Carta de derechos fundamentales lo justifica completamente.

Méndez de Vigo
Señor Presidente, quiero agradecer su respuesta a la Comisión. Estoy satisfecho con ella por dos razones. Primero, porque vincula la Carta de los Derechos Fundamentales a la Conferencia Intergubernamental -y ese es el objetivo político de este Parlamento en el informe de los Sres. Duff y Voggenhuber. Y en segundo lugar, porque la va a incluir dentro de esa campaña.
Además, me ha complacido mucho la respuesta del Sr. Lamy -no podía ser de otro modo, puesto que el Sr. Lamy conoce bien estos temas- de descentralizar la campaña de información. Creo que ese es un objetivo importante porque, si queremos llegar a la gente, no tenemos más remedio que ir allí donde está y, por tanto, la descentralización de la campaña es una tarea prioritaria.
Hay que brindarle a la Comisión, señor Presidente, como en otras ocasiones, como en el pasado, con motivo de la Conferencia Intergubernamental de 1996, el apoyo de este Parlamento para hacer el seguimiento de las acciones de información.

Martin, David
Me agradan los comentarios del Comisario sobre la Carta. Me gustaría poder recabar de él que diera detalles sobre la naturaleza de la campaña. El pasado miércoles tuvimos un lanzamiento muy positivo de la campaña de información de la Unión Europea sobre los comisarios y los diputados del Parlamento Europeo. Me gustaría que el Comisario me reasegurase que, cuando la campaña se descentralice, las oficinas de información de los Estados miembros de toda Europa involucrarán a los diputados del Parlamento Europeo en la campaña de información como cosa lógica. Al fin y al cabo, se supone que son los diputados del Parlamento Europeo los que representan a los ciudadanos. Estamos al menos tan bien situados como la Comisión para participar en ese diálogo con los ciudadanos.

Lamy
. (FR) La respuesta a la pregunta del Sr. Martin es afirmativa tanto por parte del Sr. Barnier como del Sr. Vitorino. En efecto, la Comisión tiene la intención de implicar in situ en el desarrollo de este diálogo sobre Europa a los diputados al Parlamento Europeo. Se celebra, a más tardar esta noche, una reunión de coordinación entre la administración de la Comisión y la del Parlamento Europeo para determinar, concretamente, el procedimiento que se debe seguir. La respuesta es, pues, "sí" , señor Presidente.

El Presidente


Anna Karamanou
Pregunta nº 42 formulada por (H-0215/00):
Asunto: Bombas ecológicas amenazan a Europa El reciente vertido de cianuro al río Danubio ha puesto de manifiesto la existencia de bombas ecológicas desconocidas que amenazan a todo el continente europeo. Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente prevé que, en la primera década del año 2000, la producción de residuos de papel, cristal o plástico aumentará en el 40% a 60%, las emisiones de cadmio y mercurio aumentarán en un 20% a 30%, y el tratamiento de los residuos contaminará el medio ambiente con metales pesados, gases y otros residuos tóxicos que conducen al efecto invernadero y que son responsables de la contaminación del aire y de las aguas. ¿Puede indicar la Comisión, basándose en los datos que recoge el informe, cómo se propone reaccionar, qué políticas promoverá y qué medidas de seguridad tomará para proteger a Europa de las bombas ecológicas que la amenazan?
Contestará el Sr. Fischler en sustitución de la Sra. Wallström.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, la pregunta de la Sra. Karamanou se refiere tanto al urgente problema de la contaminación del Danubio como también, en su segunda parte, a la permanente amenaza a que está expuesto el medio ambiente en la Comunidad. Voy a empezar por la catástrofe ocurrida en el Danubio y el Tisza. Como consecuencia del vertido de cianuro en el Danubio, mi colega, la Sra. Wallström, anunció que en el marco del estudio ya en curso de la Comisión sobre los posibles riesgos para el medio ambiente derivados de la minería también se examinará en adelante la situación en todos los países candidatos.
Además, también se va a examinar la legislación medioambiental vigente en la Comunidad con vistas a considerar la conveniencia de ampliarla para incluir los riesgos medioambientales derivados de la minería. En cuanto a los problemas generales citados en la pregunta, o sea, su segunda parte, la Comisión conoce muy bien el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Dicho informe sirvió de base para la evaluación global del V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. De esta evaluación se desprende que, como resultado de la política comunitaria, desde hace poco se puede constatar una evolución positiva en algunos ámbitos, como por ejemplo en la lucha contra la contaminación, la mejora de la calidad de las aguas y la protección de la capa de ozono.
No obstante, en otros ámbitos, la situación actual y las previsiones futuras constituyen motivo de gran preocupación. En muchos casos, esto se debe a que el rápido crecimiento de algunos sectores económicos anula los esfuerzos realizados para reducir el impacto sobre el medio ambiente. La Comisión se propone abordar los problemas más graves en su proyecto del VI Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. Para ello, parte de la idea ya expuesta en la evaluación global, en el sentido de que conviene conservar en lo esencial el planteamiento general del V Programa Marco, pero reforzándolo considerablemente.
Esto incluye sobre todo una transposición más enérgica de la legislación comunitaria en los Estados miembros y una integración más eficaz de las consideraciones medioambientales en las políticas en otros ámbitos, con objeto de poder separar las repercusiones medioambientales del crecimiento económico. La Comisión está a la espera de la opinión del Parlamento Europeo sobre su evaluación global y se propone presentar antes de finales de año las propuestas para el VI Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, elaboradas sobre la de las opiniones recibidas.

Karamanou
Le agradezco al Sr. Comisario su respuesta. Claro que el Parlamento Europeo estima los esfuerzos de la Comisión Europea para fomentar la política comunitaria para la protección del medio ambiente y, principalmente, para incorporar el aspecto medioambiental a todas las demás políticas, o sea el mainstreaming.
Sin embargo, señor Comisario, ya que usted se ha referido a la contaminación del Danubio, me gustaría hacerle una pregunta complementaria: Con seguridad conoce usted las recientes denuncias de la Sra. Ministra de Medio Ambiente de Rumania, Sra. Lilliane Mara, quien apoya una opinión que muchos de nosotros compartimos, es decir, que el desastre ecológico que ha sufrido el Danubio con los bombardeos de la OTAN es mucho mayor que el que ha sufrido por el vertido de cianuro.
Como todos sabemos, los bombardeos destrozaron puentes, refinerías de petróleo e industrias químicas, que a su vez destrozaron ecológicamente todas las regiones de la cuenca del Danubio. Señor Comisario, quiero escuchar su opinión: ¿Piensan tomar algún tipo de medida para que se recuperen económica, ecológica y culturalmente las regiones que han resultado afectadas?

Fischler
Señor Presidente, Señoría, en primer lugar, como usted ya sabe, mi colega, la Sra. Wallström, viajó personalmente a Rumania y también a Hungría, y pudo hacerse directamente una idea del alcance de la catástrofe. También acordó con los ministros competentes de aquellos países la creación de un grupo de trabajo que se ocupará de estos problemas. También se determinaron ya los temas principales que abordará dicho grupo de trabajo.
En cuanto a los aspectos financieros, la Comisión está examinando qué recursos se podrían poner a disposición para una ayuda de urgencia. Además, también se dispone en principio, como es natural, de los programas PHARE e ISPA, y en este contexto habrá que considerar -lo cual es un tema que se tendrá que resolver en colaboración con los Estados afectados- en qué medida se podrían aplicar créditos procedentes de ambos fondos.

El Presidente
Estoy convencido, señor Comisario, de que la Comisión de Presupuestos leerá con fruición estos datos en cuanto se los faciliten.

Antonios Trakatellis
Pregunta nº 43 formulada por (H-0242/00):
Asunto: Inquietudes referentes al memorándum sobre la seguridad nuclear de la central búlgara de Kozloduy Pese al avance que supuso la firma por la Comisión y Bulgaria de un memorándum sobre la seguridad nuclear de la central búlgara de Kozloduy y el inicio de las negociaciones de adhesión con el citado país, se registran fundadas inquietudes en cuanto al procedimiento acordado para el cierre de los cuatro reactores inseguros de Kozloduy, dado que dicho procedimiento no coincide con la postura de la Unión Europea ni con los compromisos adquiridos por Bulgaria en el marco del acuerdo concluido con la cuenta "seguridad nuclear".
¿Qué decisiones se han tomado sobre el cierre definitivo de las unidades 1 y 2 antes de finales de 2002, y qué pasos se han dado para concluir un acuerdo que determine el cierre definitivo de las unidades 3 y 4 antes del año 2006, tal como exige el memorándum acordado?
¿Piensa utilizar la Comisión las posibilidades y los medios de que dispone en el marco de la asociación para lograr el cierre definitivo de las unidades 1 a 4 de Kozloduy? ¿Cómo piensa hacerlo?
¿Constituye una condición previa para la concesión de la ayuda financiera a Bulgaria el establecimiento de una fecha para el cierre de los reactores 3 y 4, tal como afirma el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, en su carta de 17 de febrero dirigida al autor de la pregunta?
¿Cuáles son los resultados de la reunión que tuvo lugar el 4 de febrero entre la Comisión y las autoridades búlgaras? ¿En qué dirección desarrolla su actividad el grupo mixto de trabajo?

Segunda parte
Verheugen
Señoría, el acuerdo firmado el 29 de noviembre de 1999 entre la Comisión y el Gobierno de Bulgaria está en consonancia con la política general que viene siguiendo la Comisión. Dicha política se propone conseguir lo más pronto posible el cierre de los reactores que no se puedan adaptar con un coste asumible a las normas de seguridad internacionalmente aceptadas.
El acuerdo concluido entre el Gobierno búlgaro y la Comisión prevé el cierre definitivo de las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kosloduy antes del año 2003. Además, también se prevé que el Gobierno de Bulgaria decida en el año 2002, de común acuerdo con la Comisión, los plazos para el cierre de las unidades 3 y 4 de la misma planta. Las cuatro unidades se cerrarán antes de las fechas inicialmente previstas por el Gobierno de Bulgaria. Éstas eran originariamente los años 2004 y 2005 para las unidades 1 y 2 de Kosloduy 1 y los años 2008-2010 para las unidades 3 y 4.
La Comisión da por sentado que el cierre definitivo de los rectores 3 y 4 se hará efectivo en 2006 como muy tarde. A fin de ayudar a Bulgaria a hacer frente a los problemas que ocasionará el cierre, la Comisión ofrece a dicho país un amplio apoyo plurianual. Éste incluye ayudas en el marco del programa PHARE por un montante de- 200 millones de euros y un préstamo de EURATOM.
Las diferentes partes del acuerdo citado constituyen un conjunto indivisible. A fin de garantizar la plena ejecución del acuerdo, no se ratificará el pago de la segunda mitad de las subvenciones hasta que se haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre las fechas del cierre de las unidades 3 y 4. Ambas partes del paquete de apoyo -tanto el préstamo de EURATOM como la subvención- estarán condicionadas al cumplimiento por parte de Bulgaria de su compromiso de clausurar dichas unidades.
El Grupo de trabajo conjunto sobre Kosloduy constituido por la Comisión y Bulgaria se reunió el 4 de febrero de 2000 en Sofía. Dicho Grupo de trabajo conjunto acordó elaborar para mayo-junio de 2000 un plan de trabajo para el cierre de las unidades 1 y 2 y un presentar asimismo un marco político y propuestas de posibles proyectos en el sector de la energía, que se financiarán con cargo al paquete de apoyo.
La Comisión quiere señalar que la decisión del cierre no fue fácil para Bulgaria. Ésta demuestra, empero, que el Gobierno de Bulgaria hace suyos los compromisos de la Comisión en relación con la elevación de las normas de seguridad en el sector nuclear en el marco del proceso de ampliación. La Comisión va a seguir colaborando con el Gobierno de Bulgaria en la transposición del acuerdo del pasado mes de noviembre. Esta cooperación también se desarrolla en el marco de la Asociación para la adhesión, una de cuyas prioridades es esta tarea.

Trakatellis
Gracias por su respuesta, señor Comisario. Tengo, sin embargo, bastantes dudas porque, no sólo en su audiencia ante la Comisión del Medio Ambiente, Salud Publica y Política del Consumidor del Parlamento Europeo, sino también hoy, ha hablado usted del pronto cierre de los reactores nucleares que, como todos sabemos, son bastante peligrosos, y no sólo estos, sino también los que están en Eslovaquia, y en Lituania.
Claro que comprendo que hay determinadas dificultades para su cierre inmediato; ¿pero es esto lo más brevemente posible? Y la duda porque, mientras que al final nos ha dado una fecha determinada para el cierre de las unidades 1 y 2, antes de finales del año 2002 - que también considero una fecha tardía, porque no olvidemos que tememos un accidente de cualquiera de las cuatro unidades; un accidente catastrófico para Bulgaria y para el pueblo búlgaro, para Grecia que está al lado, y para Europa porque, como ya sabe, estas situaciones son muy peligrosas - ¿qué es lo que le impide determinar desde ahora cuándo van a cerrar las unidades 3 y 4 y por qué lo alarga hasta el año 2006, en que, a lo peor, nos dice que se van a cerrar aún más tarde?

Verheugen
Señoría, las opiniones sobre el grado real de inseguridad de los reactores 3 y 4 son sumamente divergentes. Con gran sorpresa, me encontré con que algunos Estados miembros me criticaron públicamente tras la conclusión del acuerdo con Bulgaria por considerar que éste era excesivamente duro e iba demasiado lejos, y que los niveles de seguridad de dichos reactores no son tan malos como afirma la Comisión. Yo doy crédito al dictamen que se elaboró inicialmente y sigo insistiendo en que debemos trabajar sobre la base del principio de la prevención de riesgos.
Por otra parte, debo rogarle que también tenga en cuenta que el recurso a la alternativa nuclear para la producción de energía es una decisión soberana de cada Estado. Ni la Comisión, ni el Parlamento, ni tampoco el Consejo pueden prohibir a ningún país del mundo el uso de la energía nuclear ni imponerle el cierre inmediato de sus reactores. Lo único que podemos hacer es cerrar un paquete, como hemos hecho en Lituania, en Eslovaquia y últimamente también en Bulgaria, que permita afrontar en cada caso que el correspondiente país las consecuencias económicas y financieras, pero también sociales e infraestructurales de dicho cierre.
Debe confiarse a la decisión de cada uno la interpretación del objetivo de que este cierre tenga lugar lo más pronto posible. Yo sólo puedo decirle -a partir de la experiencia de las negociaciones que yo mismo he desarrollado en parte- que se ha fijado el plazo que era posible conseguir. Si hubiésemos intentado alcanzar algo más, el resultado habría sido la no conclusión del acuerdo y entonces no tendríamos ninguna fecha para el cierre. En este contexto, uno se enfrenta siempre con el problema de aceptar lo que es posible conseguir o acabar manteniendo una postura muy rígida, que quizá tranquilice nuestra conciencia medioambiental, pero sin conseguir nada. Yo creo que justamente en el caso de Bulgaria, dada la situación extremadamente difícil que existe allí, el resultado fue particularmente bueno.
Voy a ofrecerle otra indicación, un poco enrevesada, pero enseguida comprenderá por qué. Por lo que respecta al plazo para el cierre de las unidades 3 y 4, el texto dice que éste se deberá decidir en el año 2002. Es decir, bastante antes de la fecha de cierre que nosotros nos habíamos propuesto conseguir. La interpretación de la Comisión en el sentido de que éste debe tener lugar en el año 2006 como muy tarde -como muy tarde, insisto- también figura inscrita en el texto. El hecho de que el Gobierno búlgaro firmase este texto sin poner en duda esta interpretación de la Comisión tiene una cierta significación política. No puedo decirle más, pero creo que comprenderá lo que esto significa.
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy

El Presidente


Richard Howitt
Pregunta nº 44 formulada por (H-0206/00):
Asunto: Preferencias comerciales a favor de los países menos desarrollados ¿Qué perjuicio concreto a determinados sectores europeos pretende evitar el Comisario Lamy al comprometerse a no aplicar la totalidad de los contingentes y tarifas de exportación comunitarios a "básicamente" todos los productos y servicios de los países menos desarrollados del mundo, en vez de suprimirlos completamente? Teniendo en cuenta que la participación de los países menos desarrollados en el comercio mundial es inferior al 0,5%, ¿piensa reconsiderar sus reservas al respecto? ¿Qué calendario propone para la aplicación de esta medida?

Lamy
La iniciativa de la Comunidad Europea de ofrecer, a básicamente todos los productos de los países menos desarrollados, el libre acceso a los mercados de los países industrializados y de los países en desarrollo más avanzados fue lanzada en el marco del proceso que condujo a la Conferencia de Seattle. La misma había sido formulada inmediatamente después de la Conferencia de Singapur, cuando el Consejo pidió a la Comisión que le presentara propuestas en favor de los países menos desarrollados, a la vez sobre medidas inmediatas y sobre medidas adicionales a medio plazo. El Consejo, en sus conclusiones de junio de 1997, se refirió a esta expresión: "básicamente todos los productos de los PMD".
Referente a las medidas inmediatas, mediante reglamento SPG de fines de 1998, la Comunidad estableció, para el conjunto de los PMD, un régimen equivalente al del Convenio de Lomé, tal como el Consejo había solicitado. En 1999, en el marco de las negociaciones del post Lomé, el Consejo precisó, entre otras cosas, lo que pretendía hacer sobre el acceso al mercado de los PMD, y decidió que la Comunidad, cito: "empezará en 2000 un proceso que, al final de las negociaciones comerciales multilaterales y lo más tarde en 2005, permitirá el acceso libre de básicamente todos los productos PMD, partiendo del nivel del régimen comercial existente en el Convenio de Lomé". La diferencia entre "completamente" y "básicamente todos los productos" cubre, como muy bien sabemos, cierto número de casos particulares de productos agrícolas.
Este es el mandato que recibió la Comisión y, por supuesto, lo respetamos. Mis servicios están elaborando las propuestas que serán presentadas al Consejo tan pronto como estén completamente acabadas.
Al mismo tiempo, la Comunidad, en su iniciativa "Países menos desarrollados", en el marco de la OMC, pretende incorporar a otros socios comerciales a este enfoque nuestro de apertura, y que consistiría en exonerar a los PMD de tarifas de exportación y contingentes para básicamente todos sus productos. Esta iniciativa está destinada a ejercer, si me permiten la expresión, un efecto de acicate en nuestra propia propuesta, que, combinada con lo que podemos hacer con los demás, permitiría a los países menos desarrollados dar salida a sus productos en un régimen de casi libertad total hacia un número importante de mercados distintos que los nuestros. Pienso principalmente en los mercados de los países desarrollados: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Pienso también, eventualmente, en varios países emergentes que actualmente están en pleno proceso de industrialización. Me comprometo en este momento a hacer avanzar esta iniciativa que hemos incluido en el paquete de reactivación sobre el que trabajamos en Ginebra. Eso es todo por ahora.
Tal como lo indica el autor de la pregunta, resulta conveniente preguntarse si la restricción vinculada a la expresión "básicamente todos los productos" podrá mantenerse todavía durante mucho tiempo, ya que pretendemos llevar a cabo el acceso completo de estos países a nuestros mercados. En lo referente a la Comunidad, tras la conclusión del nuevo acuerdo con los países ACP, que ya no contiene una obligación de igualdad de acceso para todos los países ACP, podríamos efectivamente empezar a reflexionar sobre una liberalización más avanzada del acceso a nuestros mercados en favor de los países menos desarrollados. No deseo, sin embargo, abrir esta reflexión antes de que nuestra iniciativa actual sobre básicamente todos los productos no haya alcanzado, tras conversaciones con nuestros socios comerciales, un estadio suficientemente avanzado y creíble para poder pasar a un estadio ulterior.
Preciso, finalmente, que el acceso al mercado no lo es todo para países que, a veces, carecen de una capacidad de exportación suficiente por razones internas, tanto si se trata de capacidades de distribución, logísticas o de capacidades de envío. Esta es la razón por la cual se debe también tener en cuenta lo que llamamos capacity building, es decir, las medidas de asistencia técnica que hay que poner en práctica para que este acceso no sea simplemente teórico, sino bien concreto. Esta es la respuesta que quería dar a esta pregunta sobre el futuro.

Howitt
Quedo agradecido al Comisario Lamy por su respuesta, al menos por lo que ha dicho. Huelga decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho en la última parte de su respuesta acerca de la necesidad de crear capacidades en los países menos desarrollados así como, quizá, la necesidad de medidas asimétricas cuyo resultado sea un nivel determinado de protección para sus mercados, del que nosotros no queremos aprovecharnos. Mi preocupación principal al hacer la pregunta -y no creo que la cuestión se haya tratado a fondo en la respuesta- se refiere a la cuestión de saber exactamente qué es lo que significa "productos esenciales" . El Comisario Lamy habla de algunos productos agrícolas, pero precisamente el proteccionismo de la política agrícola común es lo que más ha molestado a los países en desarrollo y lo que ha retrasado el desarrollo de muchos de esos países en términos de producción agrícola.
¿Qué más comentarios concretos puede hacer acerca de qué sectores y de qué productos está hablando, y durante cuánto tiempo? Ése es el tipo de mensaje que me gustaría recibir. Me pregunto si no sería un mayor paso adelante, tanto por lo que se refiere a ganarse la confianza de los países en desarrollo como a dar ejemplo a otros asociados comerciales, si nosotros, como Unión Europea, dijéramos: "Ha llegado el momento: esto es lo que vamos a ofreceros ahora. No queremos esperar cinco años: que los demás sigan nuestro ejemplo" .

Lamy
. (FR) Dos elementos de respuesta a esta pregunta. Primero, creo haber respondido claramente a su pregunta señalándole que la diferencia entre "completamente" y "básicamente" concernía a cierto número de productos agrícolas, en realidad limitado. Pienso, en particular, en el azúcar, que, para algunos de estos países, puede efectivamente ser un recurso suplementario. Saben perfectamente que la Comunidad, en este caso la Comisión, ha pensado en un nuevo examen detallado del régimen del azúcar. Se trata de cuestiones sobre las cuales, sin duda, volveremos a hablar. Esto es sobre lo que nos afecta sólo a nosotros.
En lo referente a la iniciativa más global que hemos tomado, quisiera tratar de convencerles de que, en este estadio, resulta más importante para estos países menos desarrollados que la Comunidad obtenga que los Estados Unidos, el Japón y cierto número de países desarrollados sigan nuestra iniciativa, ya que en términos de capacidades reales de exportación, les abre un mercado que, en líneas generales, es de dos a tres veces superior al nuestro. Así pues, desde el punto de vista de nuestras prioridades, señor diputado, y desde el punto de vista de la eficacia, creo que, confrontados con la elección entre suprimir la diferencia entre "básicamente" y "completamente" -problema que, lo reconozco, habrá quizá que resolver algún día-, y aumentar considerablemente las dimensiones del mercado abierto al duty free, al quota free, para los essentially all products, nos encontramos en el buen camino, trabajando primero por la ampliación del mercado. Seguidamente, tal como lo desea, podremos iniciar una reflexión que se deberá llevar a cabo junto con los Estados miembros, a veces algo indecisos, y un Parlamento Europeo al cual se deberá también, en su momento, convencer para pasar a la segunda etapa.

El Presidente


Nicholas Clegg
Pregunta nº 45 formulada por (H-0208/00):
Asunto: Adhesión de China a la OMC En la línea del dictamen de la Comisión sobre la CIG, ¿conviene la Comisión en que la adhesión de China a la OMC representa un acuerdo lo bastante importante como para justificar el que se invoque el procedimiento de dictamen conforme del Parlamento Europeo?
¿Someterá la Comisión el acuerdo sobre la adhesión de China a la OMC al dictamen conforme del Parlamento, aunque aún no haya concluido la CIG?

Lamy
. (FR) La Comisión, señor Clegg, reconoce que el acuerdo de adhesión de China a la OMC representa una decisión extremadamente importante. Por lo demás, se trata exactamente del tipo de acuerdo que sería sometido al procedimiento de dictamen conforme del Parlamento, si las propuestas de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental fueran aceptadas por los Estados miembros.
Ocurre, sin embargo, que en este estadio sólo son propuestas y que la Comisión no puede contravenir las reglas en vigor establecidas por el Tratado constitutivo de las Comunidades, ni anticipar las decisiones que tomarán los Estados miembros con ocasión de la Conferencia Intergubernamental.
Recuerdo al Sr. Clegg, si es necesario, que, teniendo en cuenta sus aspectos relativos al servicio, el acuerdo de adhesión de China, estaría de todas formas sometido, en principio, al procedimiento de consulta previsto por el artículo 300. Lo cual determina que el Parlamento, según establece el artículo 300, debería tener ocasión de pronunciarse sobre este acuerdo. Evidentemente, y como es de rigor, el Consejo es el que debe consultar al Parlamento Europeo.
Esta es la respuesta jurídica e institucional a su pregunta, señor Clegg. En lo que se refiere a aspectos más prácticos, recuerdo mi voluntad de buscar junto con el Parlamento Europeo el medio de hacer oír su voz en estas negociaciones. Lo he dicho en varias ocasiones, y esto me parece importante para las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, e importante también para la eficacia y el alcance del negociador en un asunto de este tipo. Por consiguiente, estoy completamente dispuesto, como de costumbre, a que este asunto sea objeto de un intercambio de impresiones más profundo ante la comisión competente del Parlamento.

Clegg
Muchas gracias por la respuesta. Quisiera reiterar mi satisfacción por el hecho de que, por primera vez, la Comisión y el Parlamento están hablando con una sola voz acerca de las modificaciones del papel del Parlamento respecto de los acuerdos comerciales importantes.
Quisiera hacerle una pregunta que no tiene carácter jurídico ni institucional: si, por ejemplo, nos fijamos en la decisión que se adoptó en favor de someter las conclusiones de la Ronda Uruguay al asentimiento de este Parlamento, aunque había algunos aspectos jurídicos relacionados con las repercusiones institucionales y presupuestarias del Acuerdo, la decisión era fundamentalmente un reconocimiento político de que se trataba de un acuerdo de tal importancia que los límites estrictos de lo que entonces era artículo 113 podrían quedar rebasados, permitiendo de esa manera que el acuerdo se sometiera al asentimiento del Parlamento. Mi propia opinión es que la adhesión de China a la OMC, aunque quizá no sea tan llamativa como un acuerdo multilateral, no es menos importante para el régimen futuro de comercio mundial, y que por lo tanto el Parlamento y la Comisión pueden adoptar una posición análogamente política. Insto a que se haga. Le agradeceré que nos diga qué es lo que cree que podemos hacer juntos para promover este tipo de acción.

Lamy
. (FR) Creo, como usted, señor Clegg, que la adhesión de China a la OMC sería, será, en el momento en que ocurra, de una extrema importancia.
Dicho esto, creo que la comparación que hace usted con la Ronda Uruguay no está plenamente justificada. Había en la Ronda Uruguay, y sobre todo con ocasión de la creación del mecanismo de solución de diferencias, un salto institucional que se hizo en el orden jurídico internacional, que justificaba, respecto incluso de una lectura no controvertida de los Tratados, que el dictamen conforme figurara allí.
En lo referente a China, nos encontramos jurídicamente en un procedimiento de adhesión de un país a la OMC, que sigue un recorrido relativamente bien calibrado, bien conocido, y que, por ahora, no ha sido objeto de discrepancias. Supongo, pues, que el Consejo dudará en pedir el dictamen conforme, ya que el Consejo no acostumbra ir mucho más allá de lo que los Tratados le piden que haga en materia de consultas del Parlamento.
Lo que importa, desde nuestro punto de vista común, es que, llegado el momento, podamos debatir, ya sea en comisión o en el Pleno, sobre unas condiciones, que, así lo espero, serán las que habremos acordado con la República Popular de China, y que lo hagamos con total transparencia.
En lo que a mi se refiere, estoy completamente dispuesto a ello, y sé que en ese momento se me harán preguntas de naturaleza más política. Me parece normal y ya cuento con ello.

Kauppi
Señor Presidente, señor Comisario, parece ser que ya a estas alturas los diputados al Parlamento debemos conformarnos con el procedimiento de escucha, aunque yo pienso, al igual que el Sr. Clegg, que en este asunto se debería haber acudido ya -en base a la jurisprudencia- al procedimiento de dictamen conforme del Parlamento.
Sin embargo, mi pregunta se refiere a lo esencial y al contenido material de este acuerdo. Cuando se iniciaron las negociaciones entre la UE y China, se nos dijo a los diputados al Parlamento que, en realidad, no se presentarían grandes problemas, porque alrededor del ochenta por ciento de los objetivos de la Unión estaban ya incluidos en el resultado de las negociaciones entre EEUU y China. No obstante, ahora parece que el resto de estos objetivos, o sea, el veinte por ciento de los asuntos pendientes se presenta tan difícil que el tiempo pasa y las negociaciones se han estancado en diversas ocasiones.
Quisiera preguntar si el problema reside en que la parte china no está dispuesta a concedernos la misma posición en las negociaciones que le concede a los representantes de EEUU, y si no es así, ¿a qué se debe que no se llegue a un acuerdo sobre este veinte por ciento -los restos- de las cuestiones?.

Lamy
. (FR) Se trata de una excelente pregunta. Reivindico la paternidad de esta expresión: del 80 al 20 %. Se ha empleado para poner de manifiesto que, efectivamente, ya se ha andado buena parte del camino, puesto que lo que obtiene el que ha negociado antes que usted, usted ya lo obtiene debido a la cláusula de nación más favorecida. Queda, sin embargo, el 20 %, señora, por razones muy simples. En una negociación bilateral, uno intenta concentrarse en los puntos sobre los cuales es menos competitivo, quedando claro que deja el resto a los demás.
Por esta razón, los Estados Unidos concluyeron, sobre cierto número de cuestiones, un acuerdo bilateral con los chinos, que nos beneficia, pero, que, en algunos puntos no nos es tan favorable como lo sería si lo hubiéramos negociado nosotros. Esta es una primera razón. Nos corresponde procurar, en la medida de lo posible -y me estoy esforzando en ello-, que lo que es globalmente un buen "deal" entre norteamericanos y chinos, sea también un buen "deal" para los europeos. Y, por eso, este 20 % -sólo es un 20 %-, pero usted sabe que, en una negociación, son a menudo los últimos puntos del porcentaje los que marcan la diferencia, y esta es la situación en la que estamos.
Existe otra razón, más técnica, que exige algunas matizaciones. Bajo apelaciones más o menos similares, puede haber partidas arancelarias muy distintas. Pondré el ejemplo de los alcoholes: el bourbon y la ginebra no son tratados de la misma manera que el whisky y el coñac. Y aparentemente todos estos alcoholes son lo mismo; pues bien, hay casos en los cuales las partidas arancelarias no son las mismas. Se trata de consideraciones más técnicas, pero que obligan a que todos estos aspectos sean examinados y negociados con todo detalle.
No se ha acabado del todo. He señalado que viajaré a Pekín la última semana de marzo para intentar solucionar lo que considero verdaderas dificultades en esta negociación. Se trata de la parte política, sobre la cual las autoridades chinas han expresado cierto número de reparos. En este momento tengo el mandato de intentar vencer estos reparos, y me esforzaré en ello.

El Presidente
Muchas gracias, señor Lamy. Hemos agotado ampliamente el tiempo asignado al Sr. Lamy. Por lo tanto, la pregunta 46 se contestará por escrito.
Preguntas dirigidas al Sr. Fischler

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 47 decae.

María Izquierdo Rojo
Pregunta nº 48 formulada por (H-0173/00):
Asunto: Coste agrícola de la ampliación De acuerdo con los últimos estudios y estimaciones, ¿cuál será el coste para la agricultura de la próxima ampliación de la Unión Europea? ¿Cómo se repercutirá su impacto?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, en el estadio actual de las negociaciones, la Comisión no puede responder de manera concreta a la pregunta de Su Señoría. Para poder calcular y determinar los costes de la ampliación para el sector de la agricultura sería necesario conocer con una cierta aproximación: a) ¿En qué momento tendrán lugar las adhesiones? b) ¿Cuántos países se incorporarán a la Comunidad en ese momento y por qué orden? c) ¿Bajo qué condiciones tendrá lugar la adhesión de dichos países? ¿Qué disposiciones transitorias se aplicarán, por ejemplo?
Puesto que estos parámetros todavía no se conocen con seguridad en el momento actual y, de hecho, son el verdadero tema de las negociaciones para la adhesión, ahora mismo sólo sería posible hacer una estimación basada exclusivamente en conjeturas, lo cual a nuestro modo de ver no tiene ningún sentido.

Izquierdo Rojo
En realidad, aunque he firmado, como representante electa, esta pregunta, tengo que decir que no soy yo realmente la autora de ella. Como puede suponer el Comisario, la pregunta se la hacen los agricultores, en el campo europeo, que se preguntan, a estas alturas, si ellos, su renta, las ayudas comunitarias, van a tener que pagar la factura de la ampliación. El Comisario no ha sido explícito. Sin embargo, sus servicios, la Comisión, algunos colegas eurodiputados, todos sabemos que existen estudios y estimaciones.
El Sr. Comisario, a veces, es maestro en dar una "larga cambiada" , torear la pregunta y no contestar. Sin embargo, la Comisión, si quiere que el campo apoye sus posiciones, debe erradicar la opacidad, debe ser explícita. Por ello, le pido al Comisario que, si no quiere hablar de sus datos y de sus estudios -que existen-, tranquilice al menos esa inquietud que tienen los agricultores realmente y conteste si esa factura de la ampliación se va a pagar a costa de la renta de los agricultores y, sobre todo, si puede garantizar que no va a repercutir en las ayudas comunitarias.

Fischler
Señor Presidente, Señoría, yo creo que también usted debería estar al corriente de que los ingresos de los agricultores no proceden únicamente de las subvenciones, sino deben obtenerlos básicamente en el mercado. Por lo tanto, la comparación que usted plantea está fuera de lugar, a mi modo de ver. En segundo lugar, se trata de dos preguntas absolutamente distintas. Su pregunta, que yo he respondido, se refería al coste de la ampliación. Si después la ampliación se podría introducir alguna modificación en el ámbito de la Política Agrícola Común es otra pregunta completamente distinta. Ahora mismo yo sólo puedo decirle que la Política Agrícola Común sigue vigente tal como fue aprobada en Berlín para los próximos siete años. Además, en Berlín también se aprobó una perspectiva financiera, o sea, la cantidad de dinero que podemos gastar. Usted se ha referido a unos supuestos estudios. Hace ya varios años que se realizaron los primeros estudios, que remitimos al Parlamento. En este momento estamos realizando nuevos estudios. En cuanto dispongamos de los correspondientes resultados, los pondremos gustosamente a su disposición.

El Presidente


Emmanouil Bakopoulos, a quien sustituye el Sr. Koulourianos
Pregunta nº 49 formulada por (H-0187/00):
Asunto: Iniciativa comunitaria LEADER 2000-2006 La iniciativa comunitaria LEADER se concibió como programa piloto para que la Comisión pudiera introducir innovaciones en las prácticas de desarrollo en zonas rurales sensibles.
Según las conclusiones de los dos primeros programas, LEADER ha funcionado de modo diferente de unos países a otros, de acuerdo con la composición del organismo estatal y regional responsable.
Cuando las administraciones nacionales y locales preparan sus propuestas para el período 2000-2006,
¿puede indicar la Comisión cuál fue la tasa de utilización de fondos de los dos primeros programas en Grecia y cuál fue, en su opinión, el grado de éxito alcanzado por los dos programas anteriores en el caso de Grecia?

Fischler
Señor Presidente, el programa LEADER I para Grecia, que abarcó el período 1993-96, se ejecutó en su totalidad y se desembolsaron todos los fondos previstos, por un montante total de 104 millones de euros, con una aportación comunitaria de 52 millones de euros.
El grado de éxito de LEADER I en Grecia fue igualmente satisfactorio en lo que respecta a su carácter innovador y la uniformidad de su enfoque.
El programa LEADER II abarca los años 1996-2001, si se incluye la liquidación de los pagos pendientes. Hasta finales del año pasado, o sea, hasta finales de 1999, todos los fondos del programa, por un montante total de 364 millones de euros, con una participación comunitaria de 168 millones de euros, estaban comprometidos aunque lógicamente todavía no se habían desembolsado en su totalidad.
Sin embargo, puesto que como ya he señalado, los pagos también se pueden liquidar en el año 2000, o sea, este año, e incluso el año próximo, sólo a principios de 2002 podremos tener un cuadro completo sobre los resultados y la ejecución del programa LEADER II en Grecia. En cualquier caso, a juzgar por la información de la que disponemos hasta el momento, la Comisión no tiene nada que objetar contra el desarrollo del programa LEADER en Grecia.

El Presidente


Carmen Fraga Estévez
Pregunta nº 50 formulada por (H-0190/00):
Asunto: Equilibrio entre los Acuerdos de Pesca del Norte y los del Sur El Consejo de Ministros de Pesca de octubre de 1997 analizó el desequilibrio entre los Acuerdos de Pesca del Norte y del Sur, ya que mientras los armadores que pescan al amparo de los Acuerdos del Sur deben cofinanciar de manera creciente los Acuerdos, éstos resultan gratuitos para los armadores del Norte. Analizó además la infrautilización de los Acuerdos del Norte, a pesar del interés de otros Estados miembros por rentabilizar estas posibilidades de pesca. Por ello el Consejo pidió a la Comisión que estudiara decisiones para permitir la transferencia de cuotas de un Estado miembro a otro y examinara cómo el coste el financiero de los acuerdos debe ser repartidos "de manera equitativa y no discriminatoria" entre Comunidad y armadores.
¿Puede comunicar la Comisión qué estudios se han efectuado sobre la posible transferencia de cuotas y cuáles han sido sus resultados? ¿Qué decisiones se han tomado para equilibrar el coste financiero de los Acuerdos del Norte y del Sur? ¿Cuál es la valoración del Comisario sobre los mencionados desequilibrios entre los Acuerdos del Norte y del Sur?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, la Comisión considera por principio que las posibilidades de pesca concedidas por un tercer país en el marco de un acuerdo de pesca se deben agotar totalmente y que se deben establecer mecanismos adecuados para la transferencia de las cuotas no agotadas o no utilizadas sin poner en entredicho el principio de la estabilidad relativa. La Comisión quisiera recordar que sólo en el caso del acuerdo con Groenlandia, el único de los concluidos en la región del Norte, se planteó un problema de infrautilización.
La Sra. Fraga Estévez sin duda sabe, no obstante, que una serie de Estados miembros consideran cualquier posible transferencia de cuotas como un atentado contra el principio de la estabilidad relativa. Por consiguiente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, todavía no han podido entrar en vigor los mecanismos jurídicos previstos en el marco del Derecho comunitario, que permiten en principio dicha transferencia de cuotas. En consecuencia, la Comisión opina que este tema espinoso sólo se puede abordar en el marco de una revisión más amplia y global de la Política de Pesca Común en general. Como es sabido, está previsto realizar esta revisión con motivo de la reforma de la Política de Pesca Común.
En cuanto al desequilibrio que usted menciona entre los Acuerdos con terceros países del hemisferio norte y del hemisferio sur, yo quisiera recordarle la siguiente circunstancia: en el caso de los acuerdos de pesca del Norte, la Comunidad y los Estados miembros no pagan cánones por la concesión de licencias porque los terceros países del Norte no lo exigen, sino que dichos acuerdos -salvo el Acuerdo con Groenlandia- son acuerdos recíprocos -es decir que se intercambian peces por peces- y no repercuten sobre el presupuesto comunitario.
Los terceros Estados del hemisferio sur exigen en cambio el pago de cánones a la Comunidad y a los armadores. Estos cánones por la concesión de licencias ya estaban incluidos, por otra parte, en los acuerdos bilaterales entre España y terceros países anteriores a la adhesión de España a la Comunidad. Por lo tanto, comprenderá usted que no vamos a ofrecer voluntariamente que se incluya también un canon por la concesión de licencias en el Acuerdo con Groenlandia o en los acuerdos con otros Estados del Norte, cuando la otra parte firmante no lo pide. Por lo demás, otros terceros Estados también pescan en las aguas de dichos Estados del Norte y tampoco pagan cánones. Evidentemente, deseamos evitar que se cree una desigualdad de trato entre nuestros pescadores y los demás pescadores de terceros Estados que faenan en las mismas aguas. Sin embargo, esto es lo que ocurriría si tomásemos la iniciativa de ofrecer el pago de cánones por la concesión de licencias.
Otra diferencia entre los acuerdos de pesca del Norte y del Sur reside en el hecho de que en los primeros las posibilidades de pesca de la Comunidad se expresan en forma de una cuota global de pesca. En los acuerdos del Sur, la situación es distinta. En este caso, nuestras posibilidades se expresan directamente en forma del número de buques de pesca o también del número de licencias. Eso, obviamente, abre la posibilidad de prever en el acuerdo el pago de un canon por la concesión de las licencias para los armadores. Como puede ver, existen buenas razones para proceder de manera diferenciada en el caso de los acuerdos del Norte y los del Sur.

Fraga Estévez
Si he formulado una pregunta es porque previamente había consultado una serie de decisiones que había tomado el Consejo de Ministros de 1997 sobre ciertas orientaciones que había que dar a los acuerdos de pesca que, a mi entender, no se han cumplido en este tiempo en la Unión Europea.
Simplemente -no voy a polemizar con el Sr. Comisario- quisiera saber si, siguiendo las directrices que en su día se dieron, en la próxima renovación del acuerdo de pesca con Groenlandia -donde todo el mundo sabe que no se utilizan o se infrautilizan ampliamente las cuotas pesqueras- se va a dar a las flotas que no tienen acceso en este momento a este acuerdo la posibilidad de utilizar aquellas cuotas que no se utilicen o que se infrautilicen.

Fischler
Como ya he señalado al principio de mi intervención, existe efectivamente un problema, toda vez que la Comisión comparte en principio su opinión, señora Fraga Estévez, en el sentido de que las cuotas no utilizadas deberían ser transferibles. Sin embargo, todavía no se han definido las modalidades en las que se va a concretar esta posibilidad porque los Estados miembros aún no las han aprobado. Usted ha citado en este contexto al Consejo. Por lo tanto, es preciso que se resuelva este problema. Pero yo no creo que la solución consista en pagar un canon por las capturas en el marco de un nuevo acuerdo con Groenlandia y dar así por zanjado el problema. Esta no es la solución. En este contexto es preciso hacer distinciones. ¡De acuerdo con el reparto de las cuotas no utilizadas y un mecanismo para llevarlo a cabo! Pero no deberíamos empezar a introducir cánones por la concesión de licencias allí donde no tenemos que pagar nada por las cuotas. A nuestro modo de ver, esto tendría poco sentido.

El Presidente


Hugues Martin
Pregunta nº 51 formulada por (H-0195/00):
Asunto: Compatibilidad con el derecho comunitario de una ayuda excepcional a la exportación Tras los daños causados por el temporal que afectó al oeste de Europa en diciembre de 1999, el sector silvícola se encuentra en una situación especialmente crítica.
Ante la urgencia de gestionar la madera procedente de los árboles derribados, el gobierno francés ha decidido conceder una ayuda de 50 francos franceses por tonelada para el transporte de madera destinado a la exportación en los Estados miembros de la Unión.
Las normas de competencia de la Comunidad, y en particular la obligación de preferencia comunitaria, prohiben con razón tales ayudas, excepto cuando están destinadas a remediar una situación excepcional. Así pues, la letra b) del apartado 2b del artículo 92 del Tratado CE prevé que "Serán compatibles con el mercado común:... las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional".
¿Son compatibles con el artículo 92 las ayudas previstas por el gobierno francés? En caso afirmativo, ¿podrían dichas ayudas hacerse extensivas a las exportaciones silvícolas a terceros países?
En caso afirmativo, ¿cuáles son los criterios utilizados por la Comisión para determinar las cantidades que pueden ser objeto de tales ayudas, durante cuánto tiempo y a qué coste?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, las autoridades francesas sometieron hace pocos días a la consideración de la Comisión las ayudas estatales que Francia prevé conceder a la silvicultura para reparar los enormes perjuicios causados por las tormentas de diciembre del año pasado. En la notificación de las autoridades francesas se prevé una medida destinada a facilitar el transporte de la madera procedente de las regiones afectadas. Las notificaciones no contienen, no obstante, ninguna indicación sobre el destino de la madera ni tampoco, en particular, sobre si ésta se va a exportar a otros Estados miembros o a terceros países.
En consecuencia, la Comisión solicitó, como es lógico, información adicional a las autoridades francesas. Dado que todos esos datos adicionales todavía no obran en su poder, la Comisión no puede pronunciarse de manera definitiva ahora mismo sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de las medidas en cuestión.

Martin, Hugues
Quisiera pedir al Comisario que concretara su respuesta. En efecto, resulta evidente que esta ayuda está formalmente prevista en los países comunitarios. La pregunta se plantea más bien para los países que están fuera del territorio de la Comunidad, y puede formularse así: ¿tendremos o no la posibilidad de obtener una excepción en cuanto a tonelaje, costes y tiempo con respecto a la madera exportada, teniendo en cuenta el carácter completamente excepcional de esta tormenta? Evidentemente, mi pregunta se refería a las exportaciones fuera del mercado común, de la Unión.

Fischler
Para que quede bien claro: de conformidad con el Derecho comunitario, la madera es un producto industrial y las ayudas a la exportación, tal como se prevén por ejemplo en el caso de la agricultura, evidentemente no son admisibles bajo ningún concepto en el ámbito de la exportación maderera. En este caso, nosotros sólo podemos aplicar el Derecho comunitario vigente. Éste prevé en el artículo 87 que se podrán compensar los perjuicios -los perjuicios, insisto- que guarden una relación directa con la catástrofe. Es decir que, en primer lugar, debe existir un perjuicio y, en segundo lugar, se debe demostrar que existe una relación directa. Además, debe considerar usted también lo siguiente: si aceptásemos esa idea -toda vez que el precio de la madera no ha caído sólo para los silvicultores franceses, sino que se ha reducido en general como resultado de la catástrofe-, cualquier Estado miembro podría solicitar la autorización de una subvención a la exportación. Esto supondría una clara distorsión del mercado.

El Presidente


Werner Langen
Pregunta nº 52 formulada por (H-0202/00):
Asunto: Destilación preventiva - aumento de los contingentes La Comisión ha abierto la destilación preventiva para la campaña vitícola 1999/2000 con un volumen de 10 millones de hectolitros. Los plazos para suscribir las declaraciones correspondientes se han prorrogado. Según diversas informaciones, en algunos Estados miembros ya se han rebasado los contingentes.
¿Se considera la Comisión en situación de aumentar el volumen de destilación preventiva de 10 a 15 millones de hectolitros y de satisfacer los deseos particulares expresados por distintos Estados miembros (por ejemplo, Alemania) de contar con un mayor volumen?

Fischler
Sí, Señor Presidente, la Comisión recibió el 24 de febrero las notificaciones de los Estados miembros de las solicitudes de destilación preventiva. Ese mismo día, el Comité de Gestión del Vino propuso aumentar el volumen de destilación preventiva de 10 a 12 millones de hectolitros. El comité de gestión recomendó, además, mayoritariamente esta propuesta. Ésta permitirá cumplir asimismo todos los contratos suscritos en los Estados miembros. La única excepción es España donde, debido al elevado número de solicitudes, el porcentaje de admisión, si puedo llamarlo así, es del 98% en vez del 100%. En el caso de Alemania, esto significa que el cupo original de 148.000 hectolitros se podría aumentar hasta 468.000 hectolitros. Éste es el volumen total por el que se han suscrito contratos en Alemania. La modificación del Reglamento sobre la destilación preventiva se publicará en breve en el Boletín Oficial y se aplicará con efecto retroactivo a partir del 24 de febrero.

Langen
Señor Comisario, a la vista de la enorme cosecha vinícola de 140 millones de hectolitros y de la organización de mercados en el sector del vino que entrará en vigor en el año 2000, ¿ha considerado la Comisión la posibilidad de recurrir a la destilación obligatoria para descongestionar el mercado este año, el último en el que existe esta posibilidad, o cree que éste podría ser un instrumento adicional?

Fischler
Señor Presidente, Señoría, en primer lugar, a mi modo de ver, puesto que vamos a poder aceptar, en cualquier caso, todas las solicitudes presentadas por parte alemana y prácticamente todas las de los demás Estados miembros, me parece que el equilibrio del mercado del vino está ampliamente garantizado. Considerando, en particular, nuestra clara voluntad de reducir la destilación obligatoria en el marco de la política vinícola reformada, yo creo que no deberíamos crear la impresión de que ahora nos disponemos a dar marcha atrás.

El Presidente
Muchas gracias, señor Fischler.
Las preguntas 53 a 60 se contestarán por escrito.
Preguntas dirigidas a la Sra. de Palacio

El Presidente


Marie Anne Isler Béguin
Pregunta nº 61 formulada por (H-0156/00):
Asunto: Reapertura de la línea ferroviaria Oloron-Canfranc La Comisión ha declarado a la prensa española (9 de febrero de 2000, Agencia EFE) que era consciente de la necesidad de contar con un ferrocarril en el corazón de los Pirineos y que el Gobierno español desea la reapertura de la línea ferroviaria Oloron-Canfranc (Valle de Aspe) en territorio francés. Asimismo, la Comisión ha confirmado que, si los dos Estados se ponen de acuerdo, apoyaría la inclusión de esta línea en la red transeuropea en una próxima revisión de las orientaciones sobre esta red.
Sin embargo, ¿no debe la Comisión alentar previamente a los dos Estados miembros interesados a aplicar la política de reutilización del ferrocarril como medio de transporte y convencerles para que logren un acuerdo para la reapertura de esta línea? ¿Qué medidas pretende adoptar la Comisión desde este mismo momento para impulsar dicho acuerdo?

De Palacio
Respecto a su pregunta, relativa a la reapertura de la línea ferroviaria Oloron-Canfranc, hace falta estudiar alternativas terrestres o marítimas que sirvan para aligerar una situación de congestión del tráfico en los dos extremos del Pirineo, tanto oriental como occidental.
En efecto, en estos dos extremos del Pirineo nos encontramos ante una situación de saturación dado que constituyen los únicos enlaces terrestres reales de una cierta capacidad entre la Península Ibérica y el resto del continente europeo.
Por parte de la Comisión, nos hemos mostrado favorables al análisis de una nueva travesía por ferrocarril en la parte central del Pirineo y hemos apoyado varias iniciativas en la región mediante la concesión de subvenciones a distintos estudios para analizar las posibilidades.
Además -como muy bien sabe su Señoría- España y Francia han establecido un observatorio del tráfico en el Pirineo para buscar la solución más adecuada al problema que tienen planteado.
En cualquier caso, la decisión final a este respecto corresponde a los Estados miembros. En las redes transeuropeas no podemos incluir nada que no esté apoyado por los Estados miembros.
Mientras tanto, quiero decirle que la Comisión tendrá en cuenta los resultados del trabajo del observatorio del tráfico del Pirineo a la hora de proceder a la revisión de la red transeuropea, revisión que esperamos esté lista para antes del mes de agosto.

Isler Béguin
Le doy las gracias, señora Comisaria, pero lo que me hubiera gustado saber es lo que hace la Comisión para que, precisamente, los Estados miembros fomenten la construcción de una verdadera línea ferroviaria en este valle de Somport. En efecto, actualmente se están llevando a cabo obras en la red viaria. Por lo tanto, resulta lícito interrogarse sobre el futuro.
En lo que a mí se refiere, temo que se construya un pequeño tren turístico para, quizá, satisfacer a algunos ecologistas, y en este caso el asunto se acabará ahí.
Ahora bien, se han llevado a cabo estudios, como el de Gretab, para sólo citar uno, que demuestra que, efectivamente, el paso por vía férrea del puerto de Somport-Pau-Canfranc-Jaca podría permitir la circulación de un número de vehículos pesados igual al que transita actualmente por el túnel del Mont Blanc. Así pues, lo que deseamos, y lo que me hubiera gustado saber, tras las propuestas formuladas por el Sr. Lamoureux, en el marco de la Comisión de Transportes - que decía que la Unión Europea iba a dar prioridad a la circulación por ferrocarril -, es lo que van a hacer realmente para pedir esta prioridad también a los Estados miembros.

De Palacio
Señora Isler Béguin, quiero decirle que intentamos convencer a los Estados miembros en función de las conversaciones y de las opiniones que nos plantean sobre los distintos asuntos y de los estudios que nos hacen llegar.
Pero, indudablemente, como muy bien sabe, respecto al ferrocarril Oloron-Canfranc tenemos dificultades con uno de los dos Estados fronterizos.
Es indudable que atravesar las grandes cordilleras en la Unión Europea plantea problemas. En ese sentido, en 1999 la Comisión subvencionó un estudio sobre la observación de los flujos de mercancías en tránsito terrestre y de los intercambios en las zonas sensibles, concretamente los Pirineos y los Alpes, porque los problemas son bastante parecidos.
Quiero decirle que, además, pretendemos hacer una comunicación al respecto -sobre los Pirineos y sobre los Alpes- antes de que finalice el año, proponiendo soluciones concretas.
Pero, indudablemente, las soluciones concretas tienen que ser aceptadas por los Estados miembros.
Y quiero decirle que las conclusiones sobre ese estudio que estamos llevando a cabo también se tendrán en cuenta en la revisión de las orientaciones sobre la red transeuropea y, además, que el programa INTERREG II ha financiado también la realización de estudios generales sobre la pertinencia y la viabilidad de una futura travesía central de los Pirineos, adaptada al transporte pesado de mercancías.
Dicho todo lo cual, Señoría, y como he dejado muy claro en alguna de mis comparecencias, entiendo que hay que hacer un esfuerzo enorme para desarrollar el transporte de mercancías por ferrocarril.
Nos encontramos ante una demanda que, desde luego, no se va a poder resolver mediante un incremento de carreteras y necesitamos estudiar una mejor utilización de las infraestructuras ferroviarias, que son una alternativa no sólo mucho más adecuada desde el punto de vista medioambiental, sino que, además, son una alternativa que permitirá utilizar algunas infraestructuras ya existentes.
En otros casos, como en el caso concreto al que nos referimos, hay que poner las infraestructuras en pie, pero nosotros, desde luego, estamos dispuestos a hablar con los Estados -y lo estamos haciendo- para ver si conseguimos que un proyecto de este tipo, que permita una travesía central del Pirineo a través del ferrocarril, pueda tener al final la aceptación de los dos Estados fronterizos.

Knörr Borràs
Señora Vicepresidenta de la Comisión, quisiera saber, si es verdad que hay un Estado que pone dificultades, de qué Estado se trata y qué tipo de problemas está poniendo. Y, por otra parte, ya que lo ha citado, ¿puede precisar cuándo se dispondrá de la comunicación de la Comisión sobre ese informe anunciado Alpes-Pirineos?

De Palacio
. Ya que me lo pregunta, el Estado que se ha opuesto hasta ahora es Francia.
Evidentemente, los que tienen un mayor interés son los Estados peninsulares. Esto no sólo afecta al Estado fronterizo España, sino que afecta también al tráfico por carretera de Portugal, dada esa situación de muro que suponen los Pirineos.
Lo que plantea fundamentalmente la comunicación sobre las zonas sensibles es cómo combinar dos elementos: las exigencias medioambientales que plantean tanto los Pirineos como los Alpes y la necesidad de permitir la circulación de mercancías y personas.
Pretendemos presentar la comunicación antes de fin de año, como he dicho a su Señoría, y además analizar no sólo las particularidades de estas zonas sensibles, sino las soluciones específicas que se puedan considerar en el ámbito de infraestructuras más adecuadas, financiación, utilización y seguridad. Porque hay también aspectos de seguridad, ligados a la utilización de grandes túneles, que son también importantes.

El Presidente


Ewa Hedkvist Petersen
Pregunta nº 62 formulada por (H-0163/00):
Asunto: Tasas máximas de alcoholemia autorizadas para la conducción Desde 1988, la Comisión aboga por una normativa comunitaria sobre las tasas máximas de alcoholemia autorizadas para la conducción. En 1997, la Comisión constató que dicha normativa resulta necesaria para reducir el número de víctimas mortales y mejorar la seguridad vial.
En la actualidad, las tasas máximas de alcoholemia varían enormemente de un país europeo a otro, oscilando entre el 0,2 por mil en Suecia y el 0,8 por mil autorizado en algunos países. La experiencia sueca muestra resultados muy positivos. La baja tasa de alcoholemia autorizada mejora la seguridad vial.
En la actualidad, la UE elabora normas destinadas a fomentar la libre circulación y mejorar la seguridad vial. ¿Por qué se muestra la Comisión reticente a presentar una propuesta sobre las tasas máximas de alcoholemia autorizadas para la conducción, a pesar de que ello contribuiría a reducir el número de víctimas mortales?

De Palacio
. Como todo el mundo sabe, la ingestión en exceso de alcohol está en el origen de gran parte de los accidentes que se producen en nuestras carreteras. En ese sentido, la Unión Europea ha apoyado, y la Comisión ha considerado importante, que hubiera en los Estados miembros una limitación del índice general de alcoholemia, precisamente para garantizar que no se sobrepasen los límites adecuados.
La Comisión considera que, en general, el índice adecuado se sitúa en torno a 0,5 mg por ml; que incluso en algunos casos de conductores noveles, por ejemplo, se podría considerar la reducción, al menos durante una temporada, de ese índice y hacerlo todavía más restrictivo.
Hay que precisar, sin embargo, que, si bien la Comisión va a formular este tipo de criterios, lo va a hacer mediante la fórmula de recomendación. Entendemos que, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, no procede que propongamos una directiva para fijar este límite de contenido alcohólico, sino que hagamos una recomendación a los Estados en este sentido.

Hedkvist Petersen
El alcohol es la segunda mayor amenaza contra la salud en la UE, según un informe elaborado por un Grupo de Alto Nivel sobre la materia. El alcohol es también el elemento que más contribuye a la existencia de accidentes en las carreteras europeas y una causa muy importante de los accidentes graves. Opino que es muy provechoso que la Comisión también entienda que hay que mantener bajos niveles de alcohol en el tráfico. La seguridad y el alcohol no son compatibles.
Sabemos, por experiencias de los países en que existe un bajo límite máximo, que ésta es una manera de reducir el número de muertos y de accidentes graves. También quisiera formular una pregunta complementaria a la Comisaria ¿Por qué sería imposible dictar una directiva en esta materia si la mayoría de los países tienen un límite máximo de 0,5 mg por ml y sólo unos pocos tienen límites que exceden esa cantidad?

De Palacio
. Como muy bien ha señalado su Señoría, ascienden a unas 10.000 las muertes que se registran cada año en las carreteras europeas relacionadas con el exceso de consumo de alcohol.
La mayoría de los países están alineados en 0,5 mg. El límite de 0,8 mg sólo está vigente en Irlanda, Luxemburgo, Italia y el Reino Unido, y por debajo de 0,5 mg únicamente se encuentra Suecia.
Lo que vamos a hacer es presentar una comunicación sobre seguridad vial, que recibirán en breve en el Parlamento, y recomendar un límite máximo de 0,5 mg. Entendemos que hay que reservar la legislación para los casos donde sea absolutamente necesario legislar.
Entendemos que, como son muy pocos los Estados que han fijado un límite superior a 0,5 mg, esta recomendación será suficiente para que dichos Estados armonicen sus propias legislaciones. Creemos que la subsidiariedad y la recomendación serán suficientes para que el nivel de alcoholemia en los distintos Estados se fije en 0,5 mg o por debajo de 0,5 mg.

Taylor
Puesto que estamos hablando de niveles de alcoholemia no sé si la Comisaria, en su recomendación, va a ocuparse también de la cuestión más amplia de las drogas. Se trata de una importante cuestión que a menudo dejamos de lado cuando hablamos de la conducción de vehículos. ¿Va a añadir eso a la recomendación?

De Palacio
. El problema es que, obviamente, las drogas producen unos estados que limitan claramente la capacidad de respuesta de los conductores.
El problema que las drogas nos plantean es que mientras en algunos países su consumo es incluso susceptible de persecución penal, en otros no lo es y, en ese sentido, ante esas características y con ese diferente tratamiento, no podemos, al menos por el momento, avanzar en este terreno.
No obstante, es una cuestión que me preocupa, como le preocupa a su Señoría, y quisiera ver si, dentro de las nuevos ámbitos de actuación y, concretamente, en el ámbito de nuevas áreas de políticas comunitarizadas, podemos seguir avanzando en este terreno.
Por último, hay que añadir que, en el caso de las drogas, el control es más difícil, ya que los sistemas de control no son tan automáticos ni tan inmediatos como en el caso de la alcoholemia.

El Presidente


Reinhold Messner
Pregunta nº 63 formulada por (H-0164/00):
Asunto: Tramo ferroviario Verona-Munich Desde hace años se viene discutiendo el proyecto de una nueva ferrovía transversal Verona-Munich. El tráfico por el eje Verona-Munich está creciendo pero la actual línea ferroviaria solo es utilizada en una tercera parte de su capacidad. Para disminuir la contaminación atmosférica y acústica causada por el TIR la solución consistirá en desplazar a las carreteras todo el tráfico pesado en tránsito. Para poder hacerlo es necesario aumentar los peajes de las autopistas para el transporte de mercancías y ofrecer una línea ferroviaria veloz y que funcione. En caso de nueva construcción será necesario estudiar la solución que tenga menor impacto medioambiental. Tratándose de una infraestructura destinada a durar centenares de años, sería necesario encontrar mejores soluciones. Por lo que parece, la Comisión favorece el proyecto de túnel de Brennero.
¿Por qué motivo no tiene la Comisión intención de contemplar nuevamente el proyecto alternativo ATT3 de los ingenieros Trojer y Krauer? ¿Ha analizado la Comisión el impacto ambiental de los diversos proyectos de conexión ferroviaria entre Verona y Munich? ¿Puede la Comisión financiar un estudio más sobre la cuestión del transporte a través del paso de Brennero?

De Palacio
El proyecto de línea ferroviaria entre Munich y Verona, acordado por los Gobiernos italiano, austríaco y alemán ya en 1994, está incluido en la red transeuropea de transportes y prevé la construcción de una red de alta velocidad con transporte de mercancías combinado.
En principio, el trazado sigue en gran medida la ruta de la línea convencional actual. La propuesta del proyecto ATT3, bien conocida por la Comisión, se desvía de la ruta establecida en las directrices de la red transeuropea.
Tengo que decirle que las medidas preparatorias y de construcción se han basado siempre en las líneas acordadas, y que el separarnos de ese planteamiento inicial supondría un mayor retraso en el desarrollo del propio proyecto.
La Comisión, además de esa propuesta ATT3, por la cual se interesa su Señoría, recibió otra serie de propuestas alternativas y considera, basándose en las evaluaciones técnicas, económicas y ambientales de los distintos Estados miembros afectados, que la denominada opción de túnel de base, que es la que se está llevando a cabo, presenta una serie de ventajas frente a las otras rutas alternativas.
También tengo que decir que una parte significativa de la ayuda económica ya concedida está directamente relacionada con los aspectos ambientales del proyecto, que vamos a seguir apoyando económicamente al proyecto Brennero y, especialmente, el diseño técnico de la sección del túnel de base que está a punto de iniciarse.
Obviamente, en cualquiera de todas estas actuaciones, el elemento "impacto ambiental" , teniendo en cuenta que es una zona sensible, como señalaba hace un momento al hablar de un problema en los Pirineos, es uno de los elementos claves a la hora de determinar el proyecto concreto y a la hora de hacer el seguimiento de la propia realización del mismo.

Messner
Señor Presidente, yo sólo pido que en este contexto se tenga en cuenta que el tren de alta velocidad representa naturalmente una gran alteración en todos los puntos donde no discurre por debajo de la montaña, debido a la contaminación acústica, y le ruego a la señora Comisaria que considere lo siguiente: ¿qué impide dar el salto que permitiría resolver a largo plazo el problema de la conexión entre Munich y Verona mediante un túnel de base en el paso de Brennero, sea cual sea éste? En efecto, ello permitiría desplazar sin grandes problemas todo el tráfico pesado en tránsito al ferrocarril y al interior de la montaña y resolver así definitivamente el problema. Para ello bastaría establecer una prohibición del tráfico pesado en tránsito. Esto permitiría descongestionar la autopista del paso de Brennero, que ahora está sobrecargada y que también plantea algunos problemas sociopolíticos, y despejarla para el tráfico individual y el tráfico pesado de carácter local.

De Palacio
Entre otras cosas, para prohibir el transporte pesado, lo primero que hay que tener es una ruta alternativa para ese transporte pesado.
La realidad es que, al día de hoy, eso no existe. Y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es un desarrollo adecuado de las rutas correspondientes.
Indudablemente, todo esto está ligado con nuestra sociedad y con el desarrollo de la misma. Pero yo creo que tampoco podemos limitar ese desarrollo; lo cual no quiere decir que no haya que hacer todos los esfuerzos necesarios para que ese desarrollo se haga de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente, con los menores efectos negativos sobre el mismo, especialmente en zonas sensibles como pueden ser los Alpes o los propios Pirineos.

Ebner
Señor Presidente, yo quiero manifestar mi agradecimiento a la señora Comisaria por la gran sensibilidad que ha demostrado hasta ahora en relación con tema del tráfico a través del paso de Brennero y el túnel de base, y sobre todo también por la declaración que ha repetido aquí en lo que respecta a la necesidad de respetar muy especialmente el medio ambiente en este contexto.
Quisiera señalar que la Comisión ya realizó un examen detallado y exhaustivo del proyecto alternativo ATT3 -y en este contexto quiero expresar mi agradecimiento al señor Comisario Kinnock y al Director General Coleman- durante los dos últimos años, sobre el cual también se me remitió información por escrito.
Finalmente, quisiera añadir que en la pregunta del colega Messner figura la siguiente frase: "En caso de nueva construcción será necesario estudiar la solución que tenga menor impacto ambiental." Me parece del todo incomprensible que se pida a la Comisión que se reduzca al mínimo posible el impacto ambiental. Esto afecta a la población de una zona sensible y es preciso proteger a dicha población. Todavía resulta más incomprensible que, además, lo planteen los Verdes y este es un motivo adicional para rechazarlo.

De Palacio
. El proyecto del Brennero, concretamente, es uno de entre 14 proyectos de conexión de transporte transeuropeo y, desde luego, la Comisión va a seguir adelante apoyando este proyecto, aunque, al final, son los Estados miembros quienes tienen que llevar a cabo el desarrollo del mismo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 64 a 114 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.25, se reanuda a las 21.00 horas)

Concesión de etiqueta ecológica
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (C5-0223/1999 - 1996/0312(COD)).

Schnellhardt
. (DE) Señor Presidente, como usted ha dicho, es la segunda lectura para la Directiva sobre la concesión de la etiqueta ecológica. Hay que decir, que este etiqueta ecológica europea es producto del mercado interior. Su función, en cierto modo como respuesta al creciente flujo transfronterizo de mercancías, consiste en marcar los productos y servicios altamente respetuosos con el medio ambiente.
Su función, pues, radica, por un lado, en proporcionar una información a los consumidores de cualquier país, y, por otro, en desarrollar en la industria y en la ciudadanía la conciencia y el reconocimiento de implicaciones medioambientales. Precisamente, esto tiene gran importancia en la compra diaria.

Soy de la opinión de que no se necesita apenas ningún debate sobre la conveniencia de una etiqueta europea adecuada a nuestro mercado interior. Pero con frecuencia el camino que hay entre una buena idea y su aplicación exitosa es bastante largo.
Este es el caso de la etiqueta ecológica. Desgraciadamente, su principal debilidad hoy por hoy es que es casi desconocida en la mayoría de los países. Pienso que tan sólo una pequeña minoría de ciudadanos ha reparado en ella. La preparación completamente insuficiente de la etiqueta recibió la mayor atención en el marco de mi informe.

¿Cuáles son los puntos débiles del actual reglamento sobre la etiqueta ecológica que nos han conducido a la insatisfactoria situación actual? Creo que uno de los problemas principales se halla en su coste. Los procedimientos de control a los que los empresarios han de someter sus productos para conseguir la etiqueta son largos y costosos. Pedimos pro ello que al establecer los criterios de control se tenga en cuenta la máxima reducción de costes posible. Se sobreentiende, claro está, que esto no ha de significar una relajación de esos criterios.
A los costes de los criterios de control se añaden los impuestos existentes sobre el sistema de la etiqueta ecológica. En este punto proponemos una reducción de los costes para pequeñas y medianas empresas, compañías de países en desarrollo así como empresas comprometidas en otros ámbitos legislativos sobre medio ambiente europeos o internacionales. Aquí habría que mencionar, por ejemplo, EMAS e ISO 14001.
Además de una reducción de los costes para determinadas empresas, el informe prevé una tasa impositiva máxima. Con este proceder seguimos el ejemplo de casi todos los sistemas impositivos nacionales, que igualmente prevén un techo semejante. El objetivo de este planteamiento es hacer interesante el sistema de la etiqueta ecológica para los grandes productores de bienes de consumo y servicios. No se trata de un regalo a las grandes multinacionales, como ha sido criticado -quiero decir esto claramente-, sino de un paso importante para que la etiqueta logre imponerse finalmente.

Además tenemos que tener claro, que sin una financiación estimulante como la propuesta para la etiqueta europea no vamos a ganar terreno. En mi opinión, debemos asumir que ésta es la forma en que nosotros debemos contribuir a ello.
Otro punto importante de esta segunda lectura está en la regulación de las relaciones entre las etiquetas ecológicas nacionales y la europea. En la primera lectura pedimos la progresiva eliminación de las etiquetas nacionales a favor de la europea. Ahora hemos abandonado esta propuesta pero no sin razones. En algunos países, las etiquetas nacionales están ya asentadas y aceptadas socialmente. Esto vale para el cisna nórdico en escandinavia y el ángel azul en Alemania.
Desde mi punto de vista, sería contraproducente y no se correspondería con el espíritu de la subsidiariedad, si eliminamos esa etiqueta ya acreditada en favor de una etiqueta europea aún no establecida. No, nuestro planteamiento ha de ser distinto. Debemos procurar que la yuxtaposición de las etiquetas nacionales y europea esté coordinada. En este sentido, el plan de trabajo previsto en la posición común -que hemos completado en algunos puntos, pero creo que aquí también encontraremos su aprobación- es de gran importancia.
El reglamento de la etiqueta europea representa una aproximación de los intereses ecológicos y los económicos. Si a unos les interesa sobre todo imponer criterios estrictos, a los otros les interesa el aspecto de marketing de la etiqueta. Pero ambos comparten algo: desean el éxito de la etiqueta europea. Creo que con el reglamentación que hoy aprobamos hemos encontrado un buen equilibrio entre los intereses de todos los grupos afectados. Estoy convencido de que las propuestas constructivas de esta Asamblea encontrarán una buena acogida en el Consejo y se preocuparán de obtener el mayor éxito para la etiqueta ecológica europea.

Flemming
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, ayer decía alguien en esta Asamblea que la globalización de la economía no es una necesidad que no puede eludirse, sino que se trata de la mala influencia del efecto de algunas multinacionales. En primer lugar encuentro que esta observación es provocativa, pero naturalmente es peligrosa y puede llevar a error. Porque nada de lo que hagamos en Europa de carácter económico o ecológico puede ser visto aisladamente de sus posibles consecuencias globales. Y esto vale también para la aprobación de una etiqueta ecológica para la Unión Europea.
Precisamente las fracasadas negociaciones en el marco de la OMC en Seattle han puesto en evidencia lo difícil que resulta para Europa hacer entender a terceros países sus estándares progresistas en materia de política social y ecológica. Si nos ponemos de acuerdo en el establecimiento de una nueva etiqueta ecológica europea debemos tener presente que esto será un buen ejemplo para terceros estados, que la llevarán incorporada nuestros productos al entrar en países en vías de desarrollo, y que podrá encontrar y encontrará quienes la imiten.
La etiqueta ecológica será una señal en terceros países de toda una serie de importantes ideas políticoambientales. Se pueden reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente en la producción de determinados grupos de productos. Hay que fomentar metas comunes para un consumo respetuoso con el medio ambiente, y ha de darse una unificación entre las correspondientes normativas internacionales.
La globalización de la economía posibilitará en un futuro a los países en desarrollo la participación en el bienestar de los países ricos. Pero una cosa debe quedar clara desde el principio, una cosa que también queda resaltada en nuestra posición común: han de valer para todos los estados las mismas reglas. Si las instalaciones productivas de un país respetan los criterios de la etiqueta ecológica, esto vale para todas las instalaciones productivas en las cuales se elabore ese producto. Si conseguimos esto, habremos globalizado una importante idea de política medioambiental.

Müller, Rosemarie
Señor Presidente, señoras y señores, todavía no hemos abandonado la idea de una etiqueta europea común. En todo caso, así es como interpreto yo la posición común. Pues hasta ahora, la etiqueta ecológica carece de suficiente aceptación. Con un programa de trabajo que prevé la coordinación con las etiquetas nacionales puede aumentarse esta aceptación.

Nuestra propuesta en la comisión -concesión automática de la etiqueta ecológica a productos y servicios que ya posean una etiqueta nacional y que se ajusten a los criterios europeos- no ha encontrado, lamentablemente, una mayoría de apoyo. Habría sido la ocasión para extender la etiqueta europea todavía mejor y más rápido. Un motivo importante es la incorporación de las organizaciones y asociaciones no estatales. Es insoslayable que la comprensión objetiva y la percepción de los intereses del consumidor influyan en el proceso de concesión. Con ello, la bondad y calidad de las connotaciones ecológicas y consumísticas de la etiqueta ecológica no pueden más que ganar.
Con nuestras enmiendas queremos fortalecer la participación de las asociaciones. Y sobre la cuestión del impuesto: es deseable introducir un sistema que cubra los costes. Por ello no es correcto establecer ya un tipo máximo, porque esta fijación del tope impositivo sin conocer los costes reales es muy precipitada. Aquí no estoy de acuerdo con el Sr. Schnellhardt, porque opino que las conocidas etiquetas nacionales también tienen costes y los empresarios los pagan. Sin embargo es correcto que para las PYMEs y productos de países en desarrollo, ha de haber una disminución de costes.
En conjunto hemos de lograr establecer la etiqueta europea en aquellos países miembros sin una etiqueta propia. Pues si la etiqueta común tiene alguna función en este momento, no es sino la de cubrir las lagunas donde aún no hay una etiqueta ecológica. El camino emprendido es correcto, pero una etiqueta común europea reconocida no está a la vista todavía, por lo que necesitamos continuar en el empeño.

Schörling
Señor Presidente, esta propuesta fortalece, mejora y hace más riguroso el sistema de etiquetas ecológicas que ha existido en la UE desde 1992 y que, desgraciadamente, no ha tenido el éxito esperado. Sabemos, por el Cisne en los países nórdicos y por el Ángel Azul en Alemania, que el etiquetado ecológico de productos es un instrumento muy importante y poderoso para hacer que los consumidores cambien sus hábitos de compra y adquieran productos respetuosos con el medio ambiente. Es justamente eso lo que queremos todos, poder comprar productos ecológicos para así influir sobre los productores y sobre el desarrollo de la sociedad, en favor del aumento de los productos y servicios ecológicamente sostenibles.
Creo que la posición del Consejo es relativamente buena. Estoy satisfecha también con las enmiendas de la comisión y de Schnellhardt. Sin embargo, opino que se necesitan algunos refuerzos. Me refiero especialmente al papel de los consumidores y de los movimientos ecologistas y a la coexistencia de diferentes sistemas de etiquetas ecológicas. Creo que se equivocan quienes sostienen que solamente debe existir un sistema de etiquetas ecológicas. Estoy absolutamente convencida de que la flor de la UE podrá introducirse mucho más fácilmente y con mayor rapidez en los países donde ya existe un sistema de etiquetas que funciona bien. Hay que lograr que los consumidores busquen y elijan productos con etiquetas ecológicas. Cuando ya se han cambiado los hábitos de compra, todo resulta más fácil. La clave del éxito está, en gran medida, en la opinión y la credibilidad de los grupos ecologistas y de consumidores. Si estos se comprometen de manera adecuada, el desarrollo también será mucho más rápido.
Señor Presidente, si usted me permitiese un asunto de orden...

Sjöstedt
Señor Presidente, la propuesta que estamos debatiendo sobre un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica ha cambiado de manera considerable en relación con la propuesta original de la Comisión. También se ha modificado mucho en relación con la primera tramitación en el Parlamento Europeo. Para nuestra alegría, esos cambios han sido, en la mayoría de los casos, provechosos. En el Grupo GUE/NGL estimamos que se ha prestado relativa atención a las opiniones que manifestamos en la primera lectura.
Para nosotros, a la hora de juzgar la propuesta, son importantes los siguientes principios: en primer lugar, la etiqueta ecológica común no debe entorpecer ni reemplazar a las etiquetas nacionales, que hoy funcionan mejor que la flor comunitaria, tanto en cuanto a la cantidad de productos etiquetados como al grado de conocimiento por parte de los consumidores. Por eso resulta especialmente importante que se haya eliminado la idea de prohibir las etiquetas nacionales. También creo que es bueno entender que nada se opone a la existencia de etiquetas ecológicas paralelas. En Escandinavia, que es donde quizás mejor funciona el sistema de etiquetado ecológico en la actualidad, ya hay muchas etiquetas de las mismas características que coexisten relativamente bien y que se complementan.
En segundo lugar, queremos que los movimientos ecologistas tengan una influencia decisiva en la concesión de las etiquetas y en la formulación de los criterios para su adjudicación. De acuerdo con nuestra experiencia, esto daría a la etiqueta mayor credibilidad. Además, este sistema funciona a la perfección donde se ha implantado. Por eso nos satisface especialmente que se haya abandonado la idea de una organización de carácter más comercial. También opino que está bien que se haya desechado la idea de una etiqueta graduada. Es más fácil tener sólo una flor. Un sistema graduado, como se tenía al comienzo, probablemente, en lugar de contribuir a una mejor información, crearía más problemas. También estamos satisfechos porque la propuesta comprende al sector de los servicios.
Resumiendo, creemos que la posición común y las enmiendas, incluida la del Grupo GUE/NGL, contribuyen a la buena calidad de este informe.

Goodwill
Señor Presidente, estando recientemente en casa de mi cuñada, observé que tenía un bote de líquido lavavajillas "ecológico" . Cuando la felicité por ello, me miró con cara de culpabilidad y reconoció que la botella verde contenía ahora detergente normal, ya que el producto alternativo no sólo era más caro, sino que necesitaba gastar el cuádruple y aún así los platos no quedaban limpios; rellenando el envase, podía a la vez lavar bien los platos e impresionar a los amigos paladines de lo ecológico. La moraleja de esta historia es, por supuesto, que para competir en el mercado convencional, los productos ecológicos han de tener unos resultados similares a las otras alternativas. Sólo de este modo podrán salir del mercado exclusivo que ya ocupan al mercado convencional. La etiquete ecológica no debiera ir asociada a la mediocridad.
El Angel Azul alemán y el Cisne Nórdico han sido los pioneros de la etiqueta ecológica. Desechar estos logrados planes sería como hacer pagar a justos por pecadores. A la larga, puedo ver las cualidades de una etiqueta europea única, pero ésta no se debe imponer a los planes ya existentes. Un plan único presenta ventajas para las empresas, por ejemplo: derechos de registro e inspección únicos, un envase normalizado y ventajas para los consumidores, que no se verán desconcertados por una plétora de etiquetas.
La etiqueta ecológica está pasando de los productos forestales y lo detergentes a los ordenadores y electrodomésticos, pero ¿por qué quedarse ahí? Se podrían registrar servicios como el turismo y los impuestos limpios. Por otro lado, quizá podrían cooperar y registrarse juntos grupos de pequeñas empresas de características similares.
En el Reino Unido, tenemos un sector floreciente de servicios financieros éticos, que ofrecen ahorros y pensiones que invierten con una perspectiva ecológica. No sólo debieran poder optar a un etiqueta ecológica, sino ser autorizados a vender sus productos sin impedimentos por toda la Unión Europea en un mercado único de servicios financieros.

Wallström
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, en primer término quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento Europeo, en especial a los ponentes Schnellhardt y Poggiolini, por el trabajo tan constructivo realizado en relación con la revisión del reglamento de etiqueta ecológica.
La propuesta de sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica tiene por objeto hacer el sistema más eficaz, más abierto y mejorar los métodos. Esto lo haría más atractivo para los productores, los distribuidores y los consumidores. La propuesta da mayor responsabilidad a los órganos competentes y a diferentes organizaciones para fijar criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta. La Comisión cree que esos objetivos van a cumplirse gracias a la colaboración y al interés del Parlamento Europeo y del Consejo.
Opino que la relación entre la etiqueta ecológica común y los sistemas nacionales debe definirse de forma más clara en la propuesta. Ésta fortalece también el papel y la participación de las partes interesadas. En especial, se trata de los órganos medioambientales que se encargan del etiquetado y de diferentes grupos de interesados. Su participación es decisiva para que este instrumento voluntario pueda ser dado a conocer de manera adecuada. Éste es uno de los pocos instrumentos europeos que va a tener un papel fundamental en el fortalecimiento del consumo sostenible.
En cuanto a las enmiendas del Parlamento Europeo, la Comisión opina que ellas han contribuido a mejorar la materialización del reglamento. En relación con las enmiendas 1, 4 y 8, en las que se propone una participación activa de los movimientos ecologistas y de las organizaciones de consumidores, la Comisión comparte el criterio de que esta clase de apoyo y participación es de enorme importancia para el equilibrio y credibilidad de la etiqueta ecológica. Por estos motivos, aprobamos estas enmiendas.
Respecto a las enmiendas 2, 3 y 7, que se ocupan de ciertos aspectos de la colaboración y la coordinación con los sistemas nacionales de etiquetas ecológicas, la Comisión está convencida de la trascendencia de las actividades de apoyo común, especialmente para dar a conocer la etiqueta comunitaria. Por eso damos nuestra aprobación a estas enmiendas. En la enmienda 5 se proponen cuatro maneras de flexibilizar y facilitar las estructuras de tasas para quienes solicitan la concesión; la Comisión da su aprobación a este objetivo de carácter general. A pesar de todo, la etiqueta ecológica es voluntaria y las tasas no deben ser tan altas como para que impidan solicitar su concesión a quienes realizan los mayores esfuerzos ecológicos. La enmienda 6 trata de reducciones de las tasas para empresas pequeñas y medianas y para países en desarrollo, subrayando que tales rebajas deben ser considerables. La Comisión también puede respaldar esta enmienda. En resumen, la Comisión da su aprobación a la totalidad de las enmiendas.

Schörling
Señor Presidente, anteriormente, al concluir mi intervención, presenté una cuestión de orden que quisiera que el Presidente y el Pleno tomasen en consideración. Ante la votación de mañana, hay que aclarar que algunas enmiendas no están traducidas. Están sólo en inglés. Por ejemplo, se trata de las enmiendas 7 y 8. Éstas existen solamente en inglés, lo que es inaceptable. Para poder votar, por lo menos tenemos que poder leer las propuestas antes de emitir nuestro voto.
Era el primer punto. El segundo se refiere, por ejemplo, al plan de trabajo para la estrategia medioambiental...
(El Presidente interrumpe a la oradora).

El Presidente
Muchas gracias por señalar la situación con respecto a las enmiendas. Los servicios se están ocupando de ello y espero que estén listas a tiempo para mañana. No podemos dejar que el debate continúe porque nos estamos quedando sin tiempo. Gracias, Comisaria, por su intervención.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana al mediodía.

Incineración de residuos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la incineración de residuos (C5-0274/1999 - 1998/0289(COD)).

Lund
En las enmiendas núm. 36 y 37 que se han distribuido, figuro como corresponsable de su presentación. Me di cuenta ayer por la tarde y llamé la atención sobre este hecho a la DG1 esta mañana. La DG1 reconoció que los servicios de traducción habían cometido un error. Por lo que solicité que fuera corregido. En la DG1 se negaron a ello. Dijeron que no había tiempo para ello. Me gustaría decir que me parece algo absolutamente inaceptable. Han dispuesto de más de doce horas para corregir las enmiendas en cuestión. Lamento muchísimo que hayan sido distribuidas al público indicando erróneamente quiénes las han presentado. Se trata de las enmiendas núm. 36 y 37, en cuya presentación no he participado.

El Presidente
Muchas gracias por señalarlo. Haremos por que esté corregido para mañana.

Blokland
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, quiero agradecer a mis colegas su oportuna colaboración. Gracias a ella, hemos podido presentar conjuntamente distintas enmiendas y lograr un acuerdo respecto de algunos puntos. Me refiero al acuerdo relativo al ámbito de aplicación de la directiva. Además, quiero agradecer a la Comisión Europea la información y el asesoramiento técnico que nos ha facilitado, ya que han supuesto una gran ayuda.
Es obvio que los residuos deben tratarse de una manera responsable con el medio ambiente en una sociedad civilizada. En la Comunidad Europea, esto se hará más cada vez mediante la incineración de residuos con recuperación de energía. Es evidente que este proceso exige un buen control de las emisiones de sustancias peligrosas. Si se logra que, sobre todo, los residuos peligrosos y los residuos orgánicos dejen de acumularse a fin de evitar las malas consecuencias para el medio ambiente, la incineración debe conllevar, por supuesto, ventajas para el mismo. Se ha logrado un equilibrio en la primera lectura entre lo que es posible dentro de unos cinco o siete años y lo que es necesario desde la perspectiva del medio ambiente gracias al fortalecimiento de las normas de emisión.
Los valores límite de emisión que ahora ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente constituyen un compromiso razonable. Debe señalarse que varios Estados miembros ya cumplen unos valores más estrictos. El establecimiento de buenas normas medioambientales es importante, pero no dice nada sobre el cumplimiento de las mismas. Para su cumplimiento, es necesario un seguimiento adecuado y para este último, un buen sistema de control. Imagínense por un momento que ahora fijamos normas muy buenas respecto del vertido de sustancias peligrosas, como las dioxinas, pero que, por otra parte, dejamos la puerta abierta para eludir todo tipo de obligaciones respecto del control. Corremos el peligro de no avanzar nada, después de todo, y de que no mejore la calidad del aire.
Además, también debemos evitar que a largo plazo resulte que producen efectos perjudiciales para la salud por el sutil motivo de que no se ha controlado el vertido de sustancias perjudiciales. Si ocasionan enfermedades como el cáncer o las homeopatías, no podemos justificarnos diciendo que no lo habíamos previsto porque no hacía falta que se midiera la emisión de sustancias dañinas de las instalaciones para la incineración de residuos.
Como muy bien ha señalado nuestro colega, el Sr. Florenz, es muy importante contar con reglas claras relativas a las mediciones. Espero, por ello, que nos pongamos muy de acuerdo en cuanto al establecimiento de un buen control.
En lo que al ámbito de aplicación se refiere, me satisface señalar que hemos logrado una fórmula aceptable gracias a una oportuna colaboración. Sin embargo, debemos ser conscientes de que, con ello, nos hemos desviado bastante de la primera lectura, dado que, por aquel entonces, solamente la madera no tratada se consideraba una excepción aceptable.
En lo que a la definición de instalación de coincineración respecta, desgraciadamente, no se ha podido llegar de antemano a un acuerdo. Tras muchas discusiones con distintos colegas y la Comisión Europea, se ha encontrado una solución sencilla mediante la enmienda 43, que posiblemente sea aceptable. En cuanto a si se utilizan los residuos como material básico habitual o complementario en la recuperación del cristal, entre otros procesos, éste queda fuera del ámbito de la directiva. No obstante, si solamente una parte de los residuos se utiliza como material básico o complementario, entonces, este proceso cae en el ámbito de la directiva.
En lo relativo a la recuperación de la energía, quiero señalar que el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la integración del medio ambiente en la política energética en noviembre del año pasado, en la que se pide especial atención para la aplicación y desarrollo de los mejores métodos para la recuperación de la energía. La Comisión de Medio Ambiente recomienda, por tanto, la recuperación de la energía mediante la producción combinada de electricidad y calor, también en el caso de la incineración de residuos.
La Comisión de Medio Ambiente ha solicitado que se midan las emisiones de amoniaco. Sin embargo, las normas relativas al amoniaco no se aplican, por error, a todas las instalaciones. He presentado una norma relativa al amoniaco en el caso de los hornos de cemento y de las instalaciones corrientes de incineración de residuos por razones de coherencia.
En lo que al muestreo continuo de dioxina se refiere, parece que esto es muy factible. Como consecuencia de la crisis de la dioxina de Bélgica, se ha puesto en marcha semejante técnica de medición. Durante un mes se han tomado muestras acumulativas. Transcurrido ese mes, se han medido las muestras y el resultado proporciona una buena imagen de la cantidad de dioxina emitida durante el mismo. Está claro que éste constituye un mejor control que realizar una medición dos veces al año en un momento cualquiera. Según los expertos, los costes no son más elevados, dado que la medición de muestras acumulativas es mucho más barata. La inversión en el aparato para realizar este muestreo continuo, se recupera, por tanto, al cabo de algunos años.
La propuesta de la Comisión ha mejorado considerablemente en la primera lectura con un amplio apoyo. Ha levantado esperanzas entre los ciudadanos. Quiero pedir insistentemente a mis colegas que respondan a estas expectativas. Una línea coherente por parte del Parlamento Europeo resulta positiva para la confianza del ciudadano, especialmente de los ciudadanos que viven cerca de las instalaciones de incineración o coincineración de residuos.

Grossetête
Señor Presidente, señora Comisaria, esta directiva no nos satisface en absoluto ya que comporta la fusión de dos textos, uno referente a la incineración de residuos peligrosos y otro a la incineración de residuos no peligrosos. Esto nos plantea un problema con respecto a varias etapas de la incineración: la recepción de residuos, su tratamiento y su manipulación.
Nos podemos preguntar, pues, dónde reside el interés de esta fusión. La respuesta está en el informe del Sr. Blockland, quien se declara totalmente contrario a la industria de la coincineración. Sin embargo, y resulta paradójico, el ponente es a la vez favorable a la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos. ¿Dónde está, pues, el progreso para el medio ambiente?
Nuestro Grupo no desea favorecer uno u otro tipo de industria, ya que ambas son muy útiles para la gestión europea de los residuos. Hay que tener en cuenta las prácticas de cada Estado miembro para conservar el equilibrio industrial existente y ver cómo se puede proteger mejor el medio ambiente.
Esto es lo que propone la posición común. Hay que dar prioridad a los límites de emisión para las sustancias más nocivas: NOx, dioxinas y furanos. Por otra parte, la posición común propone para 2007 un valor límite de NOx para la incineración de residuos peligrosos, el cual no existe en la actualidad. Para dioxinas y furanos, los valores límite son obligatorios para todos los residuos. Hasta ahora, sólo existían para los residuos no peligrosos. Resulta por lo tanto lamentable que el informe Blockland proponga soluciones utópicas, cuando se sabe que muchas directivas referentes a la gestión de residuos no se aplican todavía o son mal aplicadas por los Estados miembros.
Querer abarcar demasiado, resulta contraproducente. Querer revisar los valores límite de esta directiva cada tres años es completamente utópico, cuando se piensa en las enormes inversiones que la industria debería realizar. La industria necesita seguridad jurídica y plazos razonables.
En realidad, el problema que se nos plantea, es que en Europa no tenemos una buena definición de lo que es un residuo. Por lo tanto existe siempre una confusión cuando se debe revisar un texto referente a residuos o cuando deben elaborarse nuevas propuestas.
Resulta por lo tanto urgente, señora Comisaria, reformar completamente la gestión de residuos en Europa.

Lund
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Blokland por este informe. Todos sabemos que la incineración de residuos es un campo muy complicado y muy técnico, no obstante, creo que el trabajo realizado en el caso de este informe es digno de reconocimiento. Al contrario que la Sra. Grossetête, creo que la posición común y el informe del Sr. Blokland constituyen una aportación importantísima de carácter medioambiental a la cuestión de la incineración de residuos, ya hablemos de residuos peligrosos o no peligrosos. Creo que ganamos una buena herramienta con la que prevenir y limitar los daños medioambientales producidos por la incineración de residuos y con la que limitar los riesgos sanitarios que ésta implica para nosotros como seres humanos. Y luego están otras buenas medidas que se adoptan. Quiero respaldar la pretensión de que se lleve a cabo una verdadera planificación de residuos separando los residuos, que vinculemos la incineración de residuos a la legislación sobre residuos comunitaria conjunta y que situemos el problema de la incineración en su lugar correcto dentro de la jerarquía de los residuos. También me parece positivo que ahora quede precisado muy claramente qué instalaciones quedan incluidas dentro de estas normas y qué tipos de residuos quedan así fuera de la norma. Sobre la muy problemática cuestión de la definición de instalación de coincineración, por ejemplo, las fábricas de cemento, que han ejercido un lobbyismo muy agresivo durante la tramitación de este asunto, quiero decir que creo que podemos respaldar la enmienda núm. 43, que supone en mi opinión una buena precisión de la posición común.
Luego está por último la importantísima cuestión del establecimiento de valores límites de emisión para la atmósfera y las aguas -ya hablemos de metales pesados, cenizas, amoniaco, dioxinas, dióxido de carbono o de otras sustancias peligrosas. Creo que en este punto se han alcanzado niveles responsables y que se ha logrado un equilibrio sensato entre las auténticas instalaciones de incineración y las instalaciones de coincineración. Un equilibrio que confío en que se mantenga también durante la votación de mañana en el Pleno. Y de nuevo y frente a lo que la Sra. Grosstête ha dicho, quiero añadir que los niveles de emisión propuestos son realistas, tecnológicamente posibles y de hecho la verdad es que se llevan a cabo en algunos de los países miembros. Encima se les da a las instalaciones existentes que hoy no cumplen los requisitos un plazo muy largo para que se adapten a los nuevos requisitos que se plantean. Espero que con la votación de mañana podamos contribuir a alcanzar una solución de los problemas medioambientales y sanitarios provocados por la incineración de residuos, de tal modo que las inimaginables cantidades de residuos que producimos cada día no creen mayores daños para el medio ambiente o problemas para nuestra salud que los estrictamente necesarios.

Paulsen
Señor Presidente, ¡el Sr. Blokland ha realizado un trabajo excelente! Esta materia es muy compleja. Además, los grupos de presión han estado muy activos. Nunca me habría imaginado que tanta gente pudiese interesarse por los residuos en Europa. Casi se podría creer que se habla de oro en lugar de basuras. Quizá sea un buen presagio el hecho de que se esté desarrollando una industria de reciclaje con tanto poder financiero y personal.
Es evidente que la UE tiene que crear un sistema sostenible para proteger el aire, la tierra y el agua. Es un interés común, una responsabilidad común. También es obvio que esto se regule en el ámbito comunitario. Pero, ¿es este ámbito adecuado también para realizar descripciones técnicas tan detalladas como las de esta directiva? ¿No sería mejor que se adoptasen decisiones sobre los niveles permitidos de vertidos para las distintas sustancias, sobre los sistemas de medición, sobre la forma de realizar esas mediciones, y que después se aplicase el principio de la subsidiariedad? Existen enormes diferencias en la forma de tratar los residuos, en la manera de incinerar basuras junto con grandes cantidades de carburantes biológicos, entre el norte de Escandinavia, donde las distancias son largas, y las regiones densamente pobladas de Europa Central, en las que, literalmente, se trata más de un problema de aseo, más de incineración de basuras, que de la producción de energía. Quisiera que en alguna oportunidad, ahora no, debatiésemos la posibilidad de crear una legislación marco en esta materia.

Evans, Jillian
Señor Presidente, querría también felicitar al Sr. Blokland por este informe, que fijará unas normas para la incineración de ámbito europeo, incluyendo, por primera vez, unas normas de emisión para las dioxinas y los furanos; esto debiera generar una mayor competencia entre los diferentes métodos de eliminación de residuos y, como resultado, poner fin al transporte de residuos peligrosos por Europa en busca de las empresas de manipulación de residuos más baratas.
Teniendo en cuenta el aumento previsto de la incineración, es esencial que la legislación general de la UE sobre eliminación de residuos y sobre calidad del aire sea coherente y completa. Debemos mirar todo el escalafón. Puede ser que la incineración aumente al imponerse controles más escritos a los vertederos, pero no hace buenas migas con el reciclado y los métodos de eliminación de residuos más respetuosos con el medio ambiente. La construcción de nuevas incineradoras es una empresa costosa y a largo plazo que, a su vez, ha de tener rendimientos a largo plazo para los inversores, de modo que a ellos les interesaría que se siguieran quemando residuos. Significa que existe el peligro de un exceso de capacidad que lleve a impulsar la incineración por motivos de lucro y no a impulsar la reducción, el reciclado y el tratamiento seguro de los residuos, lo cual que es nuestra meta.
Este Parlamento debe proteger la salud y la calidad de vida de las personas a las que representamos. No hay un límite seguro para las emisiones de dioxinas y se están llevando a cabo más investigaciones sobre los efectos de las micropartículas en la salud humana y el medio ambiente. Por eso tenemos que asegurarnos de que haya pruebas y controles frecuentes, de que se ponga a disposición de los ciudadanos información pormenorizada periódica y de que se tomen medidas reales contra las infracciones de las normas.
Medir las emisiones dos veces al año puede dar una indicación precoz de lo que ocurre en una planta incineradora y en el aire que respira la población local. Medirlas una vez cada dos años no tendría el mismo efecto. Por eso tenemos que fijar las normas más estrictas posible y no hacer excepciones que debilitan esta importantísima legislación.

Meijer
Señor Presidente, los residuos no desaparecen por vertirse en el mar o lanzarse al espacio y, tampoco, por incinerarlos sin más. Siempre vuelven y a menudo en una forma más dañina. La incineración puede contribuir a la aparición de enfermedades, a la contaminación del aire, al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Actualmente se incineran muchos residuos, pero, efectivamente, no en las caras instalaciones mencionadas que pueden proceder a la depuración de los gases de escape. Estas instalaciones no se modernizan más. Incluso han sido cerradas cuando resulta más barato que la industria del cemento y las centrales eléctricas coincineren también los residuos. Por ello, resulta importante que la incineración sea igual de cara en todas partes y cumpla los mismos elevados requisitos medioambientales. La derecha y la izquierda tienen, con razón y comprensiblemente, muchas diferencias de opinión dentro y fuera de este Parlamento, puesto que representan a intereses y planteamientos opuestos de nuestra sociedad. Esto no debería suceder en este caso. Todos, ricos o pobres, debemos poder respirar, mantenernos sanos y sentirnos seguros. Solamente un imprudente pensamiento a corto plazo y la persecución de ganancias rápidas pueden explicar que se continúe intentando desvirtuar esta directiva. Tales enmiendas reducen la directiva a las reglas de juego de los envenenadores y de los que ocasionan desastres. El Grupo de Izquierda Unitaria respalda, por tanto, las propuestas del Sr. Blokland y espera que se retiren o rechacen las enmiendas destructivas.

Hyland
Señor Presidente, la gestión de los residuos ocupa ahora un lugar primordial para conseguir los niveles más elevados de protección ambiental. Por desgracia, nuestra sociedad de consumo contribuye a un volumen cada vez mayor de residuos domésticos y la preocupación es también cada vez mayor en relación con los residuos industriales.
Afortunadamente, existe ahora una concienciación entre los ciudadanos acerca de la importancia de proteger el entorno natural y, desde mi punto de vista, el clima socioeconómico es favorable a la consecución de este objetivo. En debates anteriores me referí a la necesidad de reducir los residuos: en esto tienen una importante función los fabricantes de productos alimentos y bienes de consumo, sobre todo en relación con el envasado en sus diversas formas y con la importancia de usar productos compatibles con el reciclado, lo que, desde luego, es la opción que yo prefiero.
Todos somos conscientes de la necesidad de reducir el volumen de residuos que ahora se depositan en vertederos y hay que esforzarse todo lo posible por encontrar alternativas más ecológicas. Desde mi punto de vista, no podremos eliminar totalmente los vertederos en un futuro más o menos cercano, pero no sólo debemos reducir, de forma continuada, el volumen de material que va a parar a ellos sino también ser más selectivos en cuanto a los materiales depositados.
Aunque la incineración está obteniendo mucha publicidad en contra, y las recientes decisiones de planificación en Irlanda sin duda han suscitado la cuestión crucial del emplazamiento de las incineradoras, es difícil pensar en un programa completo de eliminación de residuos en el que no entre la incineración, sobre todo en relación con los residuos tóxicos, y a este respecto hay que prestar consideración a encontrar emplazamientos donde las instalaciones no repercutan negativamente en el entorno natural.
Por último, Señor Presidente, es obvio que necesitemos más debates informados cuando se trata de ayudar a aquietar la preocupación de los ciudadanos sobre los aspectos de la incineración relativos a la salud, tema al que se ha prestado atención en amplias investigaciones llevadas a cabo en diversos Estados miembros y a través de la experiencia adquirida en muchas instalaciones avanzadas que ahora funcionan en toda Europa.

Liese
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, quisiera antes de nada felicitar al ponente por su trabajo. La presente recomendación para la segunda lectura es un acto legislativo importante de cara al medio ambiente, pero también de cara a la economía de la Unión Europea. Podemos verlo en las numerosas cartas que recibimos de asociaciones ecologistas, aunque también del ámbito económico, en primer lugar de la industria cementera, pero también de muchas otras, como la industria maderera, papelera, metalúrgica, etc. Pienso que debemos considerar importantes los dos argumentos: los de las asociaciones ecologistas y los de los industriales, porque la industria no ha argumentado sólo en términos de política económica, sino también de política medioambiental. Deberíamos tomar esto en serio.

No todas las enmiendas que, en sentido del medio ambiente, manifiesten buenas intenciones representan en la práctica alguna mejora de la situación actual. Creo que esto puede ser puesto de manifiesto respecto de algunas enmiendas que fueron presentadas a la comisión en el ámbito de la coincineración y que ahora son presentadas de nuevo a este Pleno. Aunque se limite la coincineración no se garantiza que se consiga lo que, en esencia, queremos obtener de la política medioambiental. Queremos, sobre todo, que se produzca también un ahorro de los combustibles fósiles. Si no estimamos bien las existencias, tampoco lograremos alcanzar los objetivos en la política medioambiental.
Por ello nuestro Grupo rechaza las enmiendas presentadas por el Sr. Blokland, los Verdes y otros. Pero creo que hay algunas enmiendas que fueron aprobadas en la comisión y que pueden ser aprobadas sin reservas para mejorar la posición común. Por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, he presentado una enmienda referida a emisiones NOX en la coincineración, que para nuevas instalaciones es más ambiciosa que la propuesta del Consejo. Creo que es realista y la industria afectada así lo afirma también. Por ello debemos ser aquí más ofensivos. Creo que estaremos en la buena línea si aceptamos mucho de lo que la comisión ha aprobado, pero nada que pretenda ir más allá de ello.

Bowe
Señor Presidente, esta noche, extraordinariamente, no hablo en nombre del Grupo Socialista, en gran medida porque sustento algunas opiniones muy marcadas sobre esta directiva. Realmente creo que el Sr. Blokland ha elaborado un informe equivocado en el momento equivocado y por razones equivocadas.
No hace tanto que abordamos el tema y sacamos un conjunto de normas que eran adecuadas para la situación, con las que se vio que el Sr. Blokland estaba contento en su día y de las que no se quejó. Al dársele una tarea, el Sr. Blokland ha elaborado un informe nuevo y revisado que sin duda ha sobrepasado cualquier cosa que hayamos hecho anteriormente. No podemos decir que esté todo mal. Desde luego se formulan muchas propuestas sensatas en áreas en las que la tecnología hace posible avanzar. Pero, francamente, no podemos esperar, habiendo dado ya a la industria un conjunto de normas a aplicar hace sólo uno o dos años, entregarle tan pronto un conjunto de normas completamente nuevo. Hemos de suponer que llevará tiempo llevar a la práctica el presente informe.
El Sr. Blokland ha sobrepasado además de muchas formas el encargo que se le hizo. En particular, el alcance de la presente propuesta va mucho más lejos que directivas anteriores y absorbe en su dominio legislativo numerosos procesos que exigen una legislación aparte, y que han de ser regulados aparte porque son inherentemente diferentes del simple proceso de combustión.
Para ser amables con esta directiva, se la podría describir como buena por partes, como un árbol sin hojas. Desgraciadamente, esto va a dar mala fama a la política de medio ambiente. No tendríamos que estar constantemente volviendo a regular las incineradoras. Tendríamos que estar buscando en primer lugar modos de evitar la incineración. El objetivo del Parlamento en la estrategia de gestión de residuos no es hacer que cada vez sean más estrictas las normas para las instalaciones de incineración existentes, sino modificar el papel de la gestión de residuos, cambiar el tipo de gestión de residuos que utilizamos. Haríamos mucho mejor en concentrar nuestros esfuerzos en los próximos años en el reciclado, la reutilización y otros métodos de reducir el cúmulo de residuos. Si no la hacemos, volveremos a encontrarnos muy pronto con el mismo problema.

Davies
Señor Presidente, desde luego estoy de acuerdo con el resumen final del Sr. Bowe. Aunque la posición común impone firmes controles a las emisiones autorizadas de las incineradoras de residuos, sé que siempre que se hacen propuestas de construirlas en mi país, la gente se alza en contra, desconfía de la afirmaciones de la empresa operadora y yo comparto en cierta medida su postura. Por eso yo y muchos de mis compañeros diputados respaldaremos casi todas la enmiendas del Sr. Blokland porque queremos las normas más estrictas posible. No me supone ningún problema que resulten técnicamente difíciles de conseguir -ningún problema, porque el Reino Unido posee el triste récord de tener el menor grado de reciclado de residuos domésticos de Europa y mucho campo para mejorar. Muchos de nosotros creemos que cualquier gobierno de nuestro país alentará la construcción de incineradoras de residuos como alternativa a fomentar las alternativas. Sería un ejemplo de "echar las cosas al fuego" y quitarlas de la vista y el pensamiento, lo que a mi parecer es un enfoque erróneo. Tenemos que concentrarnos en reducir los residuos, reciclar lo que quede y dejar las incineradoras como último recurso.

McKenna
Señor Presidente, también yo querría dar las gracias al Sr. Blokland por este informe que se esfuerza por mejorar la propuesta de la Comisión, y a los autores de las demás enmiendas que también lo hacen. Pero la incineración ha de ser considerada como último recurso y, tal como ya se ha dicho, la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos son las cosas principales por las que tendríamos que estar luchando. Solo tengo una duda en cuanto a la afirmación del Sr. Bowe sobre la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar los residuos. ¿Será idéntica su postura cuando esté debatiendo la directiva sobre envases? Será interesante comprobar si entonces sigue fiel a sus principios.
Lo único que hace la incineración, tal como ha dicho la Sra. Evans, es fomentar la necesidad de más residuos. No será económicamente viable si no se tienen suficientes residuos para mantener funcionado las incineradoras. Debemos recordar asimismo que los residuos no desaparecen. Se convierten en dioxinas y también en cenizas tóxicas. ¿Qué hacer con ellas? En Irlanda, algunas empresas operadoras proponen utilizarlas en los materiales de construcción. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? Pese a lo que ha dicho mi colega el Sr. Hyland, en Irlanda tenemos un récord funesto en cuanto a gestión de residuos. Tenemos uno de los mayores récords de depósito en vertederos de Europa. Ahora parece que el Gobierno está pasando del vertido a la incineración y se está presentando ésta como la opción ecológica. Dicen: "Estamos convirtiendo los residuos en energía, ¿no es maravilloso?" , cuando en realidad están intentando embaucar a los ciudadanos haciendo creer que es algo ecológicamente seguro. El reciente juicio en Irlanda en el que se decidió en contra de la instalación de una incineradora en una zona agraria fue sumamente importante. Es muy importante que nuestra ley salga bien, que nos centremos en primer lugar y sobre todo en la gestión de residuos. El que cualquier gobierno proponga que se introduzca la incineración en lugar del depósito en vertederos es completamente equivocado. Tenemos que considerar en primer lugar las causas profundas de por qué hay residuos.

Seppänen
Señor Presidente, en las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se destaca el alto nivel de protección general del medio ambiente y, por tanto, muchas de estas enmiendas deben ser aprobadas. Sin embargo, en los distintos países existen infraestructuras diferentes para el tratamiento e incineración de residuos, por lo que las mismas regulaciones no son, en realidad, idénticas para todos. En Finlandia y en algunos otros países, se ha extendido mucho la práctica de clasificar los residuos cerca del lugar donde se producen. Por consiguiente, no incineramos juntos residuos de diferente tipo como se hace en otros países. La incineración mixta es una mala política medioambiental. Se consigue incinerar de forma eficaz los residuos clasificados mediante las llamadas quemas paralelas, combinándolos con otros combustibles. En las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente se vinculan sin fundamento la quema mixta y la quema paralela. Esto puede reducir el nivel de protección medioambiental en los países que clasifican los residuos, debido a efectos indirectos de índole económica. Por esta razón, las enmiendas 14, 17, 18 y 27 no deben ser aprobadas. Concluyo observando que no se debe conceder ninguna ventaja competitiva a la industria del cemento, a pesar de sus influencias en los ámbitos de poder, frente a las centrales de tratamiento de residuos.

Jackson
Señor Presidente, estoy de acuerdo con las Sras. Grossetête y Paulsen y -lo que es bastante alarmante para nosotros dos- con el Sr. Bowe. Pero quiero hacer un comentario concreto en relación con la alarma que ha suscitado en el Reino Unido el sector agrario literalmente en los últimos días. Se han puesto en contacto con varios diputados del Reino Unido representantes de intereses agrarios, a quienes les preocupa mucho que la directiva sobre incineración se aplique a todas las incineradoras de la explotaciones agrarias del país. Se dice que hay miles de ellas, y el efecto completo de aplicar los controles definidos en la directiva sería el de elevar los costes de funcionamiento de cada incineradora en aproximadamente 200.000 libras esterlinas. Lo normal es que dichas incineradoras se dediquen a los residuos de la ganadería y a la eliminación de envases vacíos de plaguicidas a razón de menos de 50 kg. por hora. Ambos procesos satisfacen los criterios de la mejor posibilidad medioambiental practicable y son aceptados por los inspectores de medio ambiente del Reino Unido.
Ninguna excepción se ha propuesto para ellas dentro del apartado 2 del artículo 2, y el cierre de incineradoras a raíz de la entrada en vigor de la directiva plantearía enormes problemas de costes y de eliminación de residuos de animales a los ganaderos del Reino Unido.
Mi pregunta a la Comisaria, que espero pueda responder cuando venga, es la siguiente: puesto que no hemos propuesto ninguna excepción que tenga en cuenta estas incineradoras de las explotaciones agrarias, ¿es la primera vez que la Comisión Europea oye hablar de esta dificultad?, ¿ha recibido alguna protesta de ministros del Reino Unido?, ¿puede decir la Comisaria cuándo podría surgir la oportunidad de revisar la directiva para introducir estas excepciones, suponiendo que el Parlamento llegara acaso a aprobarlas? y ¿piensa que tiene realmente probabilidades de cobrar aceptación dicha excepción para los residuos de animales y para quemar envases vacíos de plaguicidas en las incineradoras de las explotaciones agrarias?
He notificado a la Comisaria estas preguntas.

Myller
Señor Presidente, el tratamiento de residuos y toda la política en esta materia desempeñan un papel cada vez más importante en el marco de la política medioambiental de la UE. Para poder actuar sensata y correctamente, debemos tener presente todo lo que ya se ha mencionado aquí, o sea, la jerarquía de los residuos, las medidas para frenar la producción de residuos, el reciclaje, el aprovechamiento de la energía de incineración y el tratamiento terminal de residuos. La propuesta de la Comisión no responde a este planteamiento en todos sus aspectos, sino que más bien parte de la base de que todo puede y debe quemarse. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en la segunda lectura, ha añadido a la postura común enmiendas que fomentan la jerarquización de los residuos, y espero que estos puntos de vista sean aprobados también en la votación de mañana. Deseo apoyar también la propuesta que facilitaría la incineración en el lugar de producción de los residuos de la industria del papel y de la celulosa, propuesta que también obtuvo gran respaldo en la comisión parlamentaria. Estos residuos suponen una importante fuente de energía, ya no sólo para la propia fábrica, sino también para todo el entorno social.
Puesto que la jerarquización de los residuos se realiza de modos diversos en los diferentes Estados miembros y como en muchos países se incineran en el mismo horno residuos nocivos y residuos no contaminantes, necesitamos una normativa bastante estricta. Sin embargo, en los países donde el reciclaje de residuos se lleva a cabo de forma relativamente óptima, como es el caso de Finlandia, y donde la incineración está clasificada, no puede mejorarse la protección del medio ambiente estableciendo indicadores más rígidos, sino que, por el contrario, puede empeorarse, ya que quedará prohibida la incineración en las centrales más pequeñas y se prolongarían los tramos de transporte de residuos. Sin embargo, para reducir la contaminación atmosférica, sería imprescindible que se concedieran exenciones a esta rígida normativa únicamente en aquellos casos en que la central de incineración pueda realmente demostrar que el índice de escapes contaminantes no supera el acordado en las condiciones estipuladas en la autorización.

Pohjamo
Señor Presidente, el objetivo de la Directiva sobre la incineración de residuos es bueno pero, a mi juicio, se ha ido demasiado lejos en los detalles. A mí me preocupa, ante todo, la llamada quema paralela de residuos. Los residuos clasificados en grupos específicos y los sedimentos fibrosos que se producen, por ejemplo, en los procesos de la industria forestal son buenos combustibles, en combinación con otros, para las centrales térmicas. Sin embargo, esta propuesta exige que las centrales que practican esta inofensiva quema paralela hagan constantes y caras mediciones, en parte imposibles e innecesarias desde el punto de vista ecológico. El resultado irá en contra de los objetivos originales: los residuos inofensivos ya clasificados, que son combustibles útiles para las centrales térmicas, deberán ser arrojados a los vertederos, donde aumentarán los escapes de metano, o bien deberán ser transportados cientos de kilómetros a grandes centrales de incineración, con la subsiguiente contaminación del medio ambiente.
En este informe hay muchas enmiendas problemáticas. Creo que este asunto debe ser devuelto a la comisión parlamentaria o, en su caso, deberíamos quedarnos, a grandes rasgos, con la postura común del Consejo.

Alyssandrakis
Señor Presidente, estimados colegas, el intentar poner límites a las substancias contaminantes procedentes de la incineración de residuos es positivo, así como positivos son también algunos procedimientos de control. Verdaderamente no se puede permitir que la contaminación vaya del aire al agua y a la tierra. En este sentido, la directiva da pasos efectivos.
Pero a pesar de esto, los problemas intrínsecos a la incineración siguen existiendo, ya que su propio proceso produce nuevas substancias tóxicas, entre las que hallamos también dioxinas. Esto es aún más grave en el caso de los residuos domésticos, que antes de su incineración contienen cantidades insignificantes de substancias tóxicas. Así pues, enfrentarnos unitariamente a residuos peligrosos e inofensivos agrava el problema. Además, el coste de instalación de las unidades de incineración y de su funcionamiento sigue siendo mucho mayor que el de las unidades de reciclaje mecánico y de enterramiento sanitario. En pocas palabras, con la propuesta legislativa que estamos debatiendo no se resuelven los problemas intrínsecos a la incineración como método de gestión de residuos.

Korhola
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Blokland por este informe; su misión ha sido especialmente difícil. La creación de una normativa medioambiental para toda Europa es una tarea muy exigente, ya que las circunstancias en los diferentes Estados miembros son muy divergentes. Yo soy originario de un país donde ya se ha elegido una línea semejante, con un parecido sorprendente, a la línea de la UE en la estrategia sobre residuos. Solamente que Finlandia ya ha desarrollado prácticas que funcionan con precisión, como ya han tenido ocasión de escuchar esta tarde. Por ello, es lamentable darse cuenta de que estos mismos mecanismos, que son necesarios para guiar a los países que practican con deficiencias el tratamiento de los residuos, obligan a los países más avanzados a dar marcha atrás. Esto no debería ser así. Nuestra colega, la Sra. Paulsen, tenía razón: es precisamente en este punto donde sería necesario aplicar el principio de subsidiariedad.
Si se establecen, de forma incoherente, criterios de contaminación mucho más estrictos para la utilización de los residuos como combustible que para los demás combustibles, los residuos clasificados dejarán de utilizarse como combustible. No quedan alternativas de aprovechamiento para estos "residuos combustible" , sino que serán arrojados a los vertederos. Ello aumentará la formación de metano procedente de la putrefacción de los residuos biológicos y reforzará el efecto invernadero. Esto afecta especialmente a la quema no contaminante de los sedimentos producidos en la industria del papel y de la celulosa. Es importante que el Parlamento rectifique este aspecto de la propuesta de directiva, ateniéndose a la enmienda número 4 presentada por la comisión parlamentaria.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aprobado algunas propuestas que, si se llevan a cabo, dificultarán la quema paralela de residuos, la cual tiene fundamentos ecológicos. Por ejemplo, se exige que los límites e índices de contaminación de los combustibles convencionales -no de los residuos combustible- sean idénticos a los de los residuos usados como combustible, a pesar de que, según la normativa de la UE, las centrales térmicas pueden incinerar esos mismos materiales con índices más elevados de contaminación. Otro ejemplo es la exigencia de constantes mediciones del índice de amoniaco de los gases contenidos en el humo. Esto aumenta sustancialmente los costes de medición sin ninguna ventaja para el medio ambiente, ya que la obligación de realizar esas mediciones no afecta únicamente a las centrales que pueden generar contaminación de amoniaco. Las inversiones que no repercuten positivamente en el medio ambiente disminuyen las inversiones que sí son útiles desde el punto de vista ecológico.

Caudron
Señor Presidente, señor Ponente, Señorías, la gestión de residuos es una tarea compleja. El debate nos lo ha demostrado una vez más, y el lobbying resulta especialmente importante.
Por esta razón apruebo la actitud de la Unión Europea, que adopta una estrategia global en relación con este desafío medioambiental y sanitario de capital importancia. Sin embargo, siempre me ha preocupado ver tratar en la misma legislación la incineración de residuos peligrosos y no peligrosos, y ya había expresado mi opinión en primera lectura sobre este punto. Una mayoría ha apoyado la coincineración. Creo que actualmente hay que luchar para impedir el debilitamiento de las normas de emisión relativas a residuos peligrosos.
En efecto, el volumen de residuos para incinerar aumentará considerablemente. Se nos habla de 31 millones de toneladas en 1990, y nos deberíamos aproximar a los 60 millones de toneladas este año. Ahora bien, la incineración de residuos ocasiona, como todos lo han recordado, la emisión de sustancias especialmente peligrosas a la atmósfera y suelos.
El debate se ha centrado en la coincineración. Creo que la norma, que fija un tope del 40 %, es demasiado rigurosa, pero quiero insistir brevemente en el hecho de que la generalización de la explotación de residuos peligrosos en el campo de la coincineración puede llevarnos a aceptar la producción de estos residuos, y corremos el enorme riesgo de que mañana se nos diga que se han realizado inversiones para construir instalaciones de coincineración que hay que rentabilizar, lo cual llevará a multiplicar el volumen de transporte de materias peligrosas, con todos los peligros que ello comporta.
En conclusión -y recordando que han de sancionarse las infracciones, y quizá ayudar también a las colectividades que adaptan sus instalaciones de incineración de residuos domésticos a las normas de emisión-, se debe insistir en el hecho de que nuestra prioridad es y debe continuar siendo la prevención de estos residuos y su reciclado, en la medida en que éste sea posible.

Müller, Emilia Franziska
Señor Presidente, señoras y señores, todos sabemos que la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los residuos y su aprovechamiento energético con las últimas tecnologías es lo sensato y actual. La directiva de incineración de residuos contiene indicaciones importantes para introducir de manera vinculante estándares medioambientales altos en toda la Unión Europea, que ya existen desde hace muchos años en algunos Estados miembros. Esto es importante y necesario.
El objetivo de esta Directiva es el establecimiento de unos valores límite de emisión que garanticen una incineración inocua y compatible con el medio ambiente tanto de residuos peligrosos como no peligrosos en plantas incineradoras y coincineradoras y que, por tanto, no representen ningún riesgo para la salud humana. La gente está hoy muy sensibilizada y temerosa de una alta contaminación del aire y de las enfermedades que pueden resultar de ella, por lo que la política ha de crear unas condiciones marco muy claras para limitar los riesgos.
No obstante, hay que decir que el Sr. Blokland propone algunas reglamentaciones y condiciones estrictas para la Directiva que van más allá del objetivo. Las condiciones para el funcionamiento de las plantas incineradoras, como propone en la enmienda 11, no se encaminan al objetivo ni son practicables, sino puramente supérfluas. La ciencia y la praxis han refutado hace ya bastante tiempo que una medida tal impida altas emisiones de cloruro de hidrógeno y de dioxinas. En la práctica, la enmienda 11 significaría que muchos materiales que contienen halógenos, como el PVC, que se encuentran de diversas maneras en los residuos urbanos mixtos, serían excluidos de la incineración en instalaciones de incineración de residuos.
Otro punto es vigilar que no surjan mediante la Directiva mercados subvencionados. Las industrias que en su proceso de producción instalan plantas de coincineración se preocupan desde hace muchos años con éxito de conseguir altos índices de pureza del aire en la incineración. Muchas de las empresas dependen de la utilización de residuos para mantener la competitividad y los puestos de trabajo. Cantidades millonarias han sido ya invertidas en medidas destinadas a la reducción de la energía. En mi opinión, deberíamos tener en cuenta estos esfuerzos....
(El Presidente retira la palabra a la oradora)

Goodwill
Señor Presidente, quisiera hacer dos breves comentarios que bien podrían ser pertinentes en caso de que esto vaya a conciliación, como sospecho que hará. El primero es sobre la repercusión de esta directiva en el actual sector especializado de incineración de residuos tóxicos. Estas incineradoras tienen que observar unas normas más estrictas que las plantas de coincineración. Lo que a mí me preocupa es que los residuos de alto valor calorífico sean separados para coincineración y que esto a su vez eleve los costes de las incineradoras especializadas en residuos tóxicos, lo que significa que tendrán de hacer acopio de combustible en muchos casos para conseguir las elevadas temperaturas requeridas para destruir cosas como la dioxina. Necesitamos las incineradoras especializadas en residuos tóxicos. Sólo hay tres en estos momentos en el Reino Unido. Si tuviéramos menos, significaría que los residuos peligrosos quizá tendrían que ser transportados a mucha distancia, lo que no es aceptable ni por motivos políticos ni por motivos prácticos relacionados con el medio ambiente, y también elevaría el coste de incinerar tales residuos tóxicos.
El segundo comentario que yo haría es para insistir en lo que ha dicho la Sra. Jackson. Yo procedo de la región del Reino Unido con la mayor densidad de cerdos. Tradicionalmente el ganado muerto se eliminaba enterrándolo en la granja, pero en estas grandes explotaciones ya no es una forma práctica de eliminación, así que muchas de las explotaciones han instalado sus propias incineradoras; pequeñas incineradoras que utilizan menos de 50 kg. por hora. Si estas incineradoras no se utilizan, es muy posible que la gente vuelva al enterramiento.
Creo que esta confusión se ha debido a un malentendido entre el Departamento de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura británicos, cuya idea era que había sólo sesenta incineradoras de este tipo cuando hay en realidad varios miles. Este problema también afecta a las jaurías de caza que se alimentan de ganado muerto y vísceras desechadas y -cosa curiosa- a los crematorios de animales de compañía, aunque, según tengo entendido, no están incluidos los crematorios humanos, puesto que las personas fallecidas no entran dentro de la categoría de residuos.
En la conciliación les pediría que tuvieran en cuenta a estos ganaderos que han invertido en limpiar el medio ambiente instalando incineradoras, y para quienes el coste sería excesivo en caso de que éstas no pudieran continuar.

Wallström
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Blokland por su enorme interés y su excelente recomendación para segunda lectura. Esto, junto con la decisión del Consejo de lograr rápidamente una posición común, ha contribuido a la eficaz tramitación de la propuesta de la Comisión.
La directiva que se ha propuesto sobre incineración de residuos afecta a la esencia de toda la legislación medioambiental: la protección de la salud pública. La propuesta va a contribuir a disminuir en un 90 por ciento las emisiones de dioxinas provenientes de la incineración. Desde el año 2005, cuando la directiva empiece a regir para las instalaciones de incineración actuales, las emisiones de dioxinas provenientes de la incineración serán mínimas. Esta directiva, junto con la que se ocupa de los depósitos de residuos, va a poner punto final a los métodos de tratamientos de basuras que no toman en cuenta las necesidades e intereses de las generaciones futuras. Ambas directivas constituyen una base sólida para el tratamiento sostenible de las jerarquías de residuos, introduciendo mejores medidas preventivas, mejores reciclados y depósitos de residuos seguros desde el punto de vista medioambiental. Quisiera recordarles que ya existe una directiva sobre jerarquías de residuos. Por eso resulta obvio que en este caso, lo primero que se quiere alcanzar con la regulación es el reciclado. Desgraciadamente, señor Bowe, ¡hacía 11 años que no se revisaban las exigencias técnicas de esas directivas!
Se han presentado 43 enmiendas. De ellas, la Comisión puede aprobar totalmente ocho, parcialmente cinco y en principio tres. La Comisión da su respaldo, en principio o totalmente, a las siguientes enmiendas que tienen por objeto aclarar la propuesta de la Comisión: 4, en principio, con excepción de la última parte; 6, 8, 9, 10 y 11, sólo la aclaración de los dos segundos; 12 y 14, la segunda parte; 17, en principio, pero no la exigencia de medir continuamente el amoniaco y el mercurio; 18, la primera parte; 19, 22 y 24, en principio; 25, la cifra 500 miligramos de NOx en las nuevas instalaciones, además del último párrafo propuesto al final; 27, en principio y la enmienda 43.
La Comisión no da su aprobación a la primera parte de la enmienda 14. Si se eliminase la palabra no tratadas no sería posible seguir usando residuos domésticos en instalaciones de coincineración y esto valdría también para las basuras que se hayan pretratado. La segunda parte de la enmienda es, en principio, aceptable. Si se aclaran las palabras no tratadas, el párrafo puede hacerse más comprensible.
Las enmiendas 1, 2 y 7 del Parlamento Europeo, que tienen por objeto instaurar normas sobre el tratamiento de las basuras, no pueden aprobarse, por razones de principios. La propuesta de la Comisión tiene por objeto establecer límites para las emisiones y fijar condiciones operativas para las basuras que se incineran o coincineran, y esto no debe afectar a la legislación sobre tratamiento de las basuras. La Comisión no aprueba las enmiendas 5 y 15, que establecen relaciones entre las normas sobre la calidad del aire y del agua. Ya existe, o se está preparando, legislación al respecto, por ejemplo, la directiva sobre calidad del aire y sobre medidas coordinadas para prever y limitar la contaminación, además de la directiva marco sobre el agua que se ha propuesto. Estas enmiendas implicarían una duplicación o confusión de las normas de estos cuerpos legales. Las enmiendas 3, 16, 30, 33 y 35 no son compatibles con la estructura de la directiva y por eso no pueden aprobarse.
Ha habido una cierto desconcierto en torno a la enmienda 13, en que se han cambiado las versiones en algunos idiomas, aunque no en la versión en inglés. La Comisión no puede dar su aprobación a esta enmienda. Los artículos 12 y 15 de la propuesta se ocupan del acceso a la información y a la documentación. Están formulados de tal manera que garantizan a todos los actores acceso a la información que necesitan. Por eso, la Comisión no cree que las enmiendas 20 y 21 sean necesarias. Las enmiendas 36 a 39 tienen por objeto hacer más rigurosas las mediciones. La Comisión no da su apoyo a estas enmiendas porque significarían mayor carga de trabajo para los responsables, sin que sea posible motivar su verdadero valor.
Finalmente los anexos II, IV y V son, como ustedes saben, la esencia de la directiva. En ellos se fijan los valores límite para las emisiones de incineración y coincineración. Como ya lo he señalado, la Comisión aprueba el valor de 500 miligramos de NOx en los nuevos hornos de cemento. Para esto también existe una razón de análisis de coste/beneficio. Cada nuevo cambio que se haga para ajustar los valores límite o para la eliminación del derecho a excepción de algunas instalaciones, amenazará el frágil equilibrio alcanzado en la posición común. Por este motivo, la Comisión no aprueba las enmiendas 23, 26, 28, 29, 31, 32, 40, 41 y 42.
En cuanto a la pregunta de la Sra. Jackson sobre incineración de cadáveres en la agricultura, quiero aclarar lo siguiente: la incineración de cadáveres de animales no está comprendida en la directiva, según las excepciones que se contemplan en el artículo 2.2. Como ya he señalado, la Comisión acepta partes de la enmienda 4, lo que hace referencia a la Directiva 74/442, que indirectamente posibilita la exclusión de la incineración de animales infecciosos en la agricultura. En consecuencia, aceptamos este principio. La Comisión estudiará la posibilidad de ampliar la excepción sobre residuos radiactivos para que también comprenda a los cadáveres de animales infecciosos.
Entiendo que en el Reino Unido, y tal vez también en otros lugares, se debate la incineración de, por ejemplo, envases vacíos de pesticidas y otros. Obviamente, la intención no es que se incineren; parece algo peligroso. Tampoco me parece que se les pueda quemar en el patio de la casa. Por eso, no quiero descartar el estudio de la formulación de las excepciones, cuando tengamos más información y sepamos exactamente de qué tipo de instalación industrial se trata. Hubo cierto desconcierto, ya que primero creímos que se trataba de cadáveres de animales y de cadáveres de animales enfermos y opinamos que éstos tendrían que exceptuarse.

Jackson
El concepto que saqué de la interpretación es que la incineración de animales muertos no está contemplada en esta directiva a efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2. Estoy mirando el apartado 2 del artículo 2 y no encuentro definida en él esta exclusión. Habla de residuos vegetales y los residuos vegetales no incluyen los animales muertos.
Sin embargo, pediré una aclaración a la Comisaria personalmente.

Wallström
Los restos de animales de carácter infeccioso no entran en el ámbito de aplicación de esta directiva en su forma de posición común porque ya que están contemplados en la Directiva 90/667. La aprobación de la enmienda nº 4 al apartado 2 del artículo 2 podría dar a la Comisión la oportunidad de revisar el texto para incluir una exclusión específica para los restos infecciosos de animales. Tal como están las cosas, todos los demás residuos de animales quedan contemplados en el epígrafe (v) de la letra (a) del apartado 2 del artículo 2 de la directiva y en la Directiva 90/667.

Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las doce del mediodía.

El ozono en el aire ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0062/2000), elaborado por el Sr. Davies en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente (COM (1999) 125 - C5 - 0047/1999 - 1999/0067 (COD)).

Davies
- (EN) Señor Presidente, dada la importancia de la directiva sobre límites nacionales de emisión para este informe sobre la propuesta de directiva de desarrollo, es un poco sorprendente que el orden del debate sea el que es, porque sin una reducción de los contaminantes transfronterizos más importantes no vamos a reducir el ozono.
El presente informe fija unas metas nacionales para los niveles de ozono y propone unos planes de actuación para tratar los problemas locales de superación de los mismos. Para ahorrar tiempo voy a suponer que se comprenden los problemas respiratorios y otros problemas de salud asociados al ozono, y que todos los diputados de esta Asamblea querrán reducirlos. Los conflictos entre nosotros serán sobre costes y calendarios, y quizá también sobre la precisión de la metodología de la Comisión y sobre si se pueden alcanzar las metas que ha fijado en esta directiva.
Permítanme abordar directamente la propuesta básica de la Comisión, la fijación de una meta para el 2010 de 120 mgs. por metro cúbico de ozono, que no deberán excederse más de 20 días al año.
Las propuestas de mejoras medioambientales de la Comisión han de ser a la vez ambiciosas y realistas. Estas propuestas son sin duda ambiciosas pero muchos gobiernos cuestionan que sean políticamente realistas, y recién llegado de una difícil -aunque al final exitosa- reunión de mi Grupo, sé que muchos diputados albergan dudas. En particular, los representantes de los países mediterráneos señalan problemas derivados de la intensa luz solar que disfrutan. Hago notar que la metodología de la Comisión ha tenido plenamente en cuenta esto, pero les miro a la cara y sigo viendo un grado de escepticismo. Hace unos meses me preguntaba si presentar o no enmiendas, lo que sugeriría un resultado menos ambicioso, pero sería quizá más aceptable para los Estados miembros. Pero la meta de la Comisión de 120 mg está en consonancia con las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, y ¿quién soy yo para dar a entender que se tendrían que cuestionar? El número de días de superación se podría ajustar fácilmente, pero eso es algo a negociar sólo cuando sea necesario. Es una buena meta y, si es de alguna manera posible, entonces se tendría que mantener.
La postura que he adoptado al elaborar este informe es la de que se debiera rechazar la opinión de los que quieran metas más rigurosas que las que ha propuesto la Comisión. Pero estaría igualmente mal que quitáramos fuerza al proyecto de directiva. Por ello siento que se hayan presentado enmiendas que reflejan la postura de la Comisión de Industria. Muchos parecen haber pasado por alto que muchas de esas enmiendas, si prosperan, dejarían a la Unión Europea en una posición mucho más débil con respecto a las metas para el ozono de la que disfrutan los Estados Unidos de América.
Somos conscientes de los crecientes problemas con el ozono en toda Europa, pero si no estamos ni siquiera dispuestos a igualar las normas que se están fijando en EEUU, uno de nuestros grandes rivales comerciales, desde luego sería bastante vergonzoso y un pobre reflejo de nuestro compromiso con la mejora del medio ambiente.
Pido al Parlamento que apoye mis propuestas, dé el respaldo a la Comisaria y deje que ésta ejerza su función en la negociación de una posición común que es a la vez ambiciosa y políticamente realista.

Langen
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, quisiera exponer la propuesta de la Comisión de Industria, aprobada con 40 votos a favor y sólo 4 en contra, y que se ocupa especialmente del tema de los valores objetivo. No hay duda de que debemos encontrar un camino intermedio razonable en la cuestión del endurecimiento o de la aprobación de la Directiva sobre ozono entre las justificadas exigencias de una mejor calidad de las aguas y las posibilidades de la economía y la sociedad europea de poderse adaptar razonablemente bien a regiones especialmente dañadas.
Por ello -a diferencia de los responsables de la Comisión que es competente para el fondo de Medio Ambiente- no hemos aceptado las propuestas de la Comisión, sino que las hemos modificado. Sé que los técnicos de la Comisión se pronunciarán decididamente en contra, pero creemos que podemos proponer una vía intermedia porque el valor informativo de 180 µg/m3 no se discute, el valor de alarma de 240 tampoco, sino que se trata únicamente del valor objetivo. Quisiéramos proponer un programa a 30 años, que se oriente al valor de la OMS de 120 µg/m3, que, sin embargo, reduce paulatinamente los días que pueden superar ese valor: en el 2010, 40 días, en el 2020, 20 días -la Comisión ha propuesto este valor en 2010- y en el 2030 ningún día más.
Esto es un deseo especial de las regiones más calientes de Europa, puesto que tienen que combatir altas cantidades de ozono exterior: las regiones costeras. Creo que hemos propuesto un equilibrio sensato. Pero estamos dispuestos a negociar con la Comisión, toda vez que partimos del principio de que sólo un acuerdo con la Comisión podrá encontrar el apoyo del Consejo. Por ello nos atrevemos a presentar nuevamente esta propuesta como propuesta del Grupo del PPE aunque ha sido derrotado por poco en la Comisión de Medio Ambiente. Esperamos obtener su aprobación.

García-Orcoyen Tormo
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy de acuerdo en que la dificultad más importante que plantea la directiva que nos ocupa es la diversidad de criterios en cuanto al establecimiento de valores objetivo y plazos para la reducción de las concentraciones de ozono en la atmósfera: son los famosos cuadros 2 y 3 del anexo 1.
Nuestro Grupo, el Partido Popular Europeo, considera necesario apoyar las principales líneas marcadas por la propuesta de la Comisión, especialmente en cuanto a los valores objetivo, que coinciden con las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire y que establecen las concentraciones de ozono admisibles en 120 microgramos por metro cúbico.
Sin embargo, nos parece decididamente desaconsejable aceptar las enmiendas que hacen del 2010 una fecha límite, única a corto plazo, y agregan el 2020 como fecha límite para los objetivos a largo plazo.
En este sentido, creemos que es imprescindible tender a una mayor flexibilidad en cuanto a los períodos de adaptación a dichos valores objetivo, dada la dificultad real en controlar las concentraciones de ozono cifrándolas solamente en la existencia de precursores, como se comprueba continuamente bajo determinadas condiciones climatológicas, especialmente, como se acaba de mencionar, en los países mediterráneos.
Por ello, nuestro Grupo defiende decididamente las enmiendas 26 y 28, que establecen un acercamiento progresivo y realista a los objetivos propuestos, mediante una escala progresiva en el tiempo de más a menos días al año en los que se pueden sobrepasar los valores objetivo.
Consideramos, sin embargo, muy positivas las enmiendas relativas a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, para que participen lo antes posible de los objetivos de la misma -en este sentido, felicitamos por la iniciativa al Sr. Davies-, y también nos parece importante que los planes de acción tengan un carácter local y que se estudien caso por caso las posibilidades de reducción de las concentraciones de ozono.
Creo, colegas, que votar a favor de las enmiendas propuestas por el Partido Popular Europeo es votar por el progreso en el control y seguimiento de uno de los contaminantes más problemáticos hasta el momento, abordando de forma decidida y homogénea, en todos los Estados miembros, acciones para su eliminación como amenaza para la salud de las personas y los ecosistemas, sin querer engañarnos en cuanto a las posibilidades reales de alcanzar su completa erradicación en breve plazo.

Lund
Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias al Sr. Davies por este informe. La aprobación de la propuesta de la Comisión y del informe del Sr. Davies implicará una mejora fundamental de la calidad del aire de los ciudadanos europeos. Creo que hay que mencionar dos puntos fundamentales. El primero es que se atiene a las directrices de la OMS. Pienso que será un paso importante de cara a prevenir graves enfermedades y evitar fallecimientos prematuros, especialmente entre los grupos de población especialmente sensibles, por ejemplo, los niños. El segundo es que me parece muy importante fijar algunas fechas tanto para cuándo debemos alcanzar los valores objetivo provisionales en el año 2010 como también para los objetivos a largo plazo para el año 2020. Creo que dejar fijada una fecha es muy importante de cara a alcanzar también los objetivos. Además, querría también hacer un par de comentarios a las enmiendas inspiradas por la Comisión de Industria y que tienen por objeto debilitar el borrador de la Comisión autorizando superar durante mucho más tiempo las recomendaciones de la OMS y retrasando fundamentalmente los esfuerzos por alcanzar los valores objetivo que la OMS ha fijado. No sólo se trata de un empobrecimiento de la propuesta de la Comisión, se trata también de un empobrecimiento y de un paso atrás con respecto a la situación que conocemos hoy en Europa y no hay que olvidar, tal como mencionó el Sr. Davies, que la norma es de hecho peor a la que funciona en los EE.UU. No sé cómo se puede llamar a esto el justo medio o un compromiso, como dijo el Sr. Langen hace un momento. Creo que las propuestas son absolutamente incomprensibles, me parecen totalmente irresponsables. Acarrearían graves consecuencias sanitarias y medioambientales para la población europea y supondría, además, una factura multimillonaria para el sistema de salud europeo. Quiero por tanto recomendarles encarecidamente que apoyemos la propuesta de la Comisión con el informe del Sr. Davies.

De Roo
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, mi felicitación al Sr. Davies por su excelente informe. Así mismo, agradezco a la Comisión Europea sus positivas propuestas verdes.
En julio de 1995, Estrasburgo se ahogaba debido a la contaminación causada por el ozono. El Parlamento Europeo adoptó entonces, a iniciativa del Grupo de los Verdes, una resolución para reducir a la mitad la norma relativa al ozono que figura en la directiva de 1992. La propuesta de la Comisión Europea supone un avance importante en esta dirección.
La contaminación causada por el ozono aumenta cada vez más. Ahora, ya aparece durante los meses de invierno en el sur de Europa. En el norte de Italia se ha tenido que limitar el tráfico en las semanas pasadas. Durante los meses de verano, también países como Dinamarca o Suecia sufren la contaminación causada por el ozono. El ozono se encuentra ahora por toda Europa. Es siempre una sustancia agresiva. No existen criterios seguros respecto al ozono, diga lo que diga la Organización Mundial de la Salud.
Por ello, el grupo de los Verdes propone que solamente se permita rebasar la norma relativa al ozono quince veces por año. Esto es algo más estricto que lo que figura en la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. Mi Grupo también está dispuesto a respaldar esa propuesta relativa a las veinte superaciones. No, sin embargo, la de los democristianos ni la de la unión de sindicatos UNICE. Poder superar la norma cuarenta veces por año es excesivo y, en el plazo de treinta años, resultará ridículo, si se analizan las dimensiones que adquiriría el problema. Es necesario que disminuyan drásticamente las emisiones de NOx, en particular las procedente del tráfico y de sustancias orgánicas volátiles, a fin de cumplir esta norma estricta relativa al ozono.
Éste es el tema del informe de la Sra. Myller. También son necesarias acciones a corto plazo ante la alarma causada por el ozono. El Gobierno neerlandés se inclina tanto ante el grupo de presión del transporte que no se da cuenta de esto. Para mi Grupo, el coche no es una vaca sagrada.

Hulthén
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Davies por este informe. Es un informe de extraordinaria importancia. Especialmente desde el punto de vista de la salud pública. Visto desde una perspectiva medioambiental, está íntimamente relacionado con el próximo asunto, el informe Myller. Estoy convencida de que ambos informes, conjuntamente, constituyen un buen fundamento para el desarrollo medioambiental y de la salud en Europa.
Durante mi corta presencia aquí, quisiera intentar desterrar al menos algunos mitos que existen y florecen en torno al asunto del ozono. Se trata de la situación en el sur de Europa. El clima en esta parte de Europa se usa a menudo como explicación o causa de la alta proporción de ozono detectada en la época estival. Es verdad que un clima con largos períodos de altas presiones hace que aumente la presencia de ozono. Al mismo tiempo, las investigaciones demuestran que la explicación de que el ozono afecte a ciudades como Barcelona, Atenas o Milán, y a muchas ciudades turísticas de la costa, hay que buscarla en otros sitios. Las causas hay que buscarlas en el tráfico, en los procesos industriales y en la producción energética. Éstos son los factores sobre los que intentamos influir en esta directiva. Por eso, es un poco lamentable que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía tenga una postura tan insensible hacia esta directiva y sólo la vea desde la perspectiva de beneficio a la industria.
Por el contrario, deberíamos ver lo que sucede cuando continuamente se sobrepasan las pautas fijadas por la OMS, cuando constantemente se expone a las personas, residentes y turistas, a peligros para su salud. Sabemos que los riesgos son mayores para las personas que están mucho fuera de sus casas, especialmente los niños. Sabemos que su capacidad pulmonar se afecta directamente si se sobrepasan las proporciones de ozono. La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía debe pensar en estos aspectos cuando mañana se someta esta directiva a votación.

Wallström
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, quiero empezar agradeciendo al ponente y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor su apoyo a la propuesta de la Comisión y a la propuesta de informe. Hemos hecho algunos avances para mejorar la calidad del aire en el seno de la Unión. Sin embargo, el ozono constituye todavía uno de los problemas medioambientales más graves. Casi cada verano, más de 60 días en muchos lugares de Europa Central y del Sur, los valores de ozono sobrepasan los niveles fijados por la Organización Mundial de la Salud. En el Quinto Programa de Acción Medioambiental se estableció que el objetivo a largo plazo era que no se sobrepasasen los valores límite de la Organización Mundial de la Salud. Para resolver este problema se necesitan medidas con objetivos claramente definidos.
En la propuesta de la Comisión se fijan por primera vez valores límite para el ozono, valores que, en la medida de lo posible, se habrán de alcanzar a más tardar el año 2019. La meta para la protección de la salud de las personas implica que las directrices de la OMS no deben sobrepasarse más de 20 días al año. Se necesitan programas para la disminución de las emisiones en los casos en que las metas no sean alcanzadas. La directiva sobre límites máximos nacionales de emisión, que es el próximo punto del orden del día, va a conducirnos a mejorar los niveles de ozono, de manera que esas metas, en gran medida, van a alcanzarse. Sin embargo, la directiva es una clara manifestación de la voluntad política existente en torno a los objetivos a largo plazo. Alcanzar los niveles de la Organización Mundial de la Salud es sólo el primer paso. Cuando en el año 2004 se revise la directiva, tendremos que estudiar cómo y cuándo podremos alcanzar los objetivos a largo plazo.
La Comisión da su aprobación a las enmiendas 3, 4, 6, 7, 13, 14 y 15. La enmienda 5, segunda parte, también es aceptable en cuanto al hecho de que los Estados miembros tienen que preparar programas para la disminución de emisiones antes de aplicarlos. En relación con la enmienda 9, la Comisión también aprueba en su totalidad algunos de los cambios, y la mayoría de ellos en principio. Aprobamos los cambios que se refieren a medidas a corto plazo, que se aplicarán en las zonas en que se hayan sobrepasado los valores límite. También estamos de acuerdo en que los Estados miembros deben informar a la ciudadanía cómo piensan preparar y realizar planes de acción a corto plazo, si tales planes existen, y con qué frecuencia se adopta este tipo de medidas. Creemos necesario que se entregue esa información a la Comisión, pero este asunto está mejor en el artículo 10. No obstante, no apoyamos las medidas a corto plazo que solamente pueden adoptarse en el plano local. Tampoco creemos que haya que obligar a los Estados miembros a estudiar si las medidas a corto plazo son una herramienta eficaz en cada caso particular y en cada sitio en que se hayan sobrepasado los valores límite.
La Comisión aprueba los principios contenidos en las enmiendas 10 y 11. Vamos a modificar el punto 1 c, para tomar en consideración la idea de la última parte de las enmiendas 9, 10 y 11. La enmienda 12 se puede aprobar en principio. La Comisión opina que los avances de los países miembros deben presentarse de manera tal que sea posible hacer comparaciones. El principio contenido en la enmienda 16 también es aceptable. La Comisión está de acuerdo en que hay que hacer hincapié en el cambio climático. Sin embargo, debe hacerse en un sentido más amplio, no solamente en relación con los cambios en el consumo de combustibles. En la enmienda 2 se propone coordinación entre los Estados miembros y los países candidatos. En principio podemos aprobarlo, pero se necesita una cierta modificación en la redacción para evitar interpretaciones erróneas. Con todo, no podemos dar nuestro respaldo a la enmienda 1. Aunque la Comisión está de acuerdo en que es importante interesar a los países candidatos se interesen, no hay razones para repetirlo en una directiva que se dirige a los países miembros.
La enmienda 8 tampoco es aceptable, ya que los valores límite para alertar a la población presuponen el uso de modelos de pronósticos. Esto hace que la manera de informar o alertar a la población sea más insegura. Es un asunto en que hay que tomar en consideración los aspectos prácticos y las posibilidades reales de realización.
Finalmente, tenemos que desechar la primera y la tercera parte de la enmienda 5 y las enmiendas 17 y 18. Actualmente carecemos de información suficiente para poder predecir cuándo se podrán alcanzar los objetivos a largo plazo de no sobrepasar las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Además, la Comisión no da su aprobación a la enmienda 28.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación se realizará mañana a las doce del mediodía.

Límites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos
El Presidente -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0063/2000) de la Sra. Myller, elaborado en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los límites máximos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (COM(1999) 125 - C5-0047/1999 - 1999/0067(COD)).

Myller
Señor Presidente, la Unión Europea tiene objetivos medioambientales muy ambiciosos que han sido presentados, por ejemplo, en el quinto plan de acción del medio ambiente y en la estrategia sobre la acidificación de 1997. Estos programas se han fijado como objetivo proteger a las personas y a la naturaleza frente a los efectos nocivos de la contaminación atmosférica, de forma que no se rebasen los límites perjudiciales para las personas y para el medio ambiente. La propuesta de directiva presentada por la Comisión sobre los límites máximos nacionales de contaminantes atmosféricos es un paso importante para alcanzar el objetivo que la Unión se ha fijado a sí misma: proteger a sus ciudadanos de los efectos nocivos de los contaminantes atmosféricos. Sin embargo, tomará tiempo subsanar las huellas dejadas en las últimas décadas. Ni siquiera tenemos aún conocimiento de las posibilidades técnicas para eliminar completamente las fuentes de contaminación. Por esta razón, es prudente avanzar por fases, tal y como la Comisión ha propuesto.
La primera etapa será establecer objetivos intermedios para el año 2010, lo cual significa reducir en dos terceras partes para esta fecha las concentraciones de ozono que son nocivas para la salud. Sin embargo, no podemos conformarnos con esto porque, una vez alcanzado este objetivo, seguirán existiendo demasiadas zonas que sobrepasen en tal medida los valores límite de contaminantes, que continuarán siendo peligrosas para las personas y para el medio ambiente. Por ello, además del objetivo intermedio, he propuesto en mi informe un objetivo a largo plazo y un objetivo definitivo para el año 2020. Para entonces podríamos, por fin, llegar a una situación en la que los niveles e índices críticos no fuesen rebasados y todas las personas se verían protegidas eficazmente frente a los conocidos efectos nocivos para la salud de los contaminantes atmosféricos.
En este contexto, quiero hacer una observación sobre este aspecto de mi enmienda, pues, debido a un fallo lingüístico, en sus documentos hay una palabra incorrecta. En lugar de la palabra alcanzado hay que poner la palabra rebasado. Espero que esto sea tomado en cuenta antes de la votación de mañana.
Entonces, ¿cómo se podrá llegar a una situación en que los contaminantes atmosféricos no sobrepasen los límites de tolerancia de la naturaleza y de las personas? En la propuesta de la Comisión se establecen para cada Estado miembro límites máximos de emisión de determinados contaminantes, relacionados entre sí, que provocan acidificación, aumentan el índice de ozono en las capas bajas de la atmósfera y dan lugar a una fertilización excesiva del suelo. El examen conjunto de estos problemas y de los contaminantes que los originan se ha revelado como un método económicamente eficaz para descubrir los causantes de la contaminación y poder controlarlos. Las mayores discrepancias que se plantean en la consecución de esta directiva están relacionadas precisamente con el nivel de estos límites máximos, es decir, con los valores objetivo de contaminación atribuidos a cada Estado miembro.
En el marco de la Comisión Económica para Europa, que depende de la ONU, también se han examinado los objetivos de reducción de las mismas emisiones contaminantes que las de esta propuesta de directiva que ahora nos ocupa, y como resultado de esos debates se ha decidido firmar el llamado Protocolo de Goteburgo. Hay una clara diferencia entre esta propuesta y la propuesta de la Comisión. Si nos conformamos con el nivel de valores del Protocolo de Goteburgo, nunca llegaremos a alcanzar los objetivos que la Unión Europea se ha fijado a sí misma en cuanto a la tasa de contaminantes atmosféricos. Si comparamos las diferencias existentes entre el Protocolo de Goteburgo y la propuesta de la Comisión desde el punto de vista de las consecuencias para la salud, el nivel de reducción propuesto por la Comisión puede llegar a salvar incluso cuarenta mil vidas humanas al año en Europa.
A pesar de que se ha demostrado irrefutablemente que los objetivos ambiciosos en materia medioambiental contribuyen a la salud y a la seguridad de los ciudadanos, se ha defendido el establecimiento de valores objetivo más bajos argumentando que un aire más limpio resulta demasiado caro para la industria y para la sociedad. Sin embargo, hay que decir que se han exagerado demasiado los costes en este sentido. Mientras que si ciframos las ventajas que se desprenden de la existencia de una mejor calidad del aire tanto para los ciudadanos, como para la naturaleza y para las construcciones, sacamos el resultado de que los beneficios económicos son cuatro veces mayores que los costes.
Tenemos que ser capaces de moldear aún esta propuesta de directiva de tal modo que se tome mejor en cuenta, por ejemplo, la situación de los países candidatos a la adhesión, así como las cuestiones relacionadas con los territorios vecinos de la Unión Europea.

Purvis
Señor Presidente, la Comisión de Industria, después de mucho debate y de un examen a fondo, se opone de manera arrolladora a los límites propuestos por la Comisión, y ello en todos los grupos y nacionalidades.
Los límites de la CEPE han sido aprobados por todos nuestros Estados miembros, por los países candidatos y, a escala mundial, en un protocolo firmado en Goteburgo tan recientemente como noviembre de 1999. ¿Por qué propuso la Comisión estos límites aún más estrictos y sustancialmente más caros sólo un mes después? Entiendo que los grupos, todo el Parlamento, estén divididos acerca de este tema, entre los partidarios de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y los partidarios de la línea de la Comisión de Industria. Los diputados al Parlamento debieran ser conscientes de las graves consecuencias para nuestras industrias y nuestro sector agrario, para nuestra capacidad competitiva, para los puestos de trabajo y -cómo no- para la gente y para los habitantes de nuestras circunscripciones electorales si al fin triunfa la propuesta de la Comisión. La Comisión de Industria insta a la Asamblea a votar a favor de las enmiendas que se presentan en mi nombre y en el del Sr. Bowe. Son las enmiendas aprobadas por la Comisión de Industria. Los límites de las Naciones Unidas son bastante ambiciosos como para que alcancemos nuestras metas aceptadas internacionalmente en un plazo razonable. La Comisión de Industria desea que estos límites se apliquen completa y adecuadamente en toda la Unión Europea y a escala mundial. La Comisión puede entonces centrarse en velar por esto ocurra, en perfeccionar los modelos que se aplican y sacar quizá nuevas propuestas dentro de dos o tres años basándose en unos argumentos mucho más convincentes sobre los costes y beneficios conexos.
Apoyen las enmiendas Purvis y el cuadro de límites nacionales de emisión de las Naciones Unidas de Goteburgo.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, entre tanto, puede darse por sabido que la contaminación del medio ambiente y, especialmente, la contaminación atmosférica constituyen un problema que tiene por excelencia carácter transfronterizo. La propuesta de directiva relativa a los límites máximos nacionales de emisión que está ante nosotros afecta a los mayores contaminadores de la atmósfera. Se refiere a los límites máximos de emisión de las sustancias responsables de la acidificación, de la formación de ozono en la troposfera y de la eutrofización del suelo.
La materia es bastante técnica y, por tanto, solamente quiero destacar los puntos más importantes para mí, para nosotros. El objetivo principal de la directiva es la reducción de las emisiones de las sustancias mencionadas por debajo de los niveles críticos y de las cargas. Los objetivos deben cumplirse en 2010, procediendo a una evaluación anticipada de los programas nacionales en 2006.
Lo más importante -acaban de escucharlo- y la parte más discutida de la propuesta es, por supuesto, la tabla en la que se establecen las emisiones anuales permitidas por país. El hecho de que, recientemente, en el ámbito de la ONU, 36 países, entre ellos los 15 Estados miembros de la UE, hayan acordado normas menos estrictas para las mismas sustancias han desempeñado un importante papel en la discusión. Hay colegas que abogan por que se sustituya esta tabla, por tanto, la de la Comisión Europea, por la llamada tabla Goteburgo de la ONU, que permite unos valores límites más altos.
Señor Presidente, debo confesarle que este argumento no es sostenible. Los acuerdos en el ámbito de la ONU se sitúan siempre, al fin y al cabo, a un nivel más bajo que el deseado, por el hecho de que es difícil encontrar un denominador común entre la situación en los países más ricos y, por tanto, que más contaminan, y la situación en los países en desarrollo. Por otra parte, tampoco es verdad que los valores límites europeos se hayan fijado una vez concluidas las negociaciones en el ámbito de la ONU. Cuando analizo la propuesta y los argumentos -y supongo que mis colegas también lo han hecho- compruebo que todavía se estaba negociando el protocolo de la ONU en el momento de la fijación de los valores límites europeos. Esto, unido al hecho de que los efectos medioambientales de, sobre todo, el SO2, el NOx y las sustancias orgánicas volátiles afectan directamente a nuestro propio continente, me obliga a estar dispuesta -al igual que la mayoría de nuestro Grupo, creo yo- a seguir con la propuesta de la Comisión relativa a estas sustancias.
Señor Presidente, sí tengo otra cuestión problemática, a saber, el amoniaco. El Grupo del PPE quiere rectificar el valor límite que existe ahora. Si analizo la directiva sobre nitratos, compruebo que casi ningún Estado miembro cumple la norma establecida en la misma. Me parece totalmente inviable ir ahora más allá de la norma Goteburgo. Añado a ello que los efectos de las emisiones de amoniaco son parcialmente locales, y, por consiguiente, una norma menos estricta es aceptable. He presentado una enmienda, en nombre del Grupo del PPE, de manera que se parta de la norma Goteburgo en el caso del amoníaco, que es más baja, y que, a fin de cuentas, la determinación del valor límite se deje, además, abierta hasta el año 2006. El motivo es que espero que, entonces, los efectos de la aplicación de la legislación sobre nitratos actual, y también la que la Comisión tiene entre manos, nos proporcionen una indicación mejor.
Señor Presidente, por último: la legislación relativa a los valores límites depende realmente de la legislación sobre las instalaciones de combustión, de la cual soy ponente. La primer lectura tuvo lugar ya antes de las elecciones del año pasado. Sin embargo, el Consejo de Ministros la tiene todavía bloqueada ¿Puede indicársenos cuál es su situación actual? Mi última observación, gracias a la Sra. Myller, la ponente.

Hulthén
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a la Sra. Myller por su informe y por el dinámico tratamiento que ha dado a la directiva presentada por la Comisión. Aunque parece que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha despertado súbitamente y estaba un poco distraída, podemos informar que los problemas de la acidificación no son nuevos; han existido tanto tiempo como el industrialismo, cien años. Esta materia se ha investigado durante 30 años. Ninguno de nosotros debería tener dudas sobre las fuentes de la acidificación y las medidas para combatirla.
Hay quienes sostienen que la propuesta de la Comisión y el informe son exagerados y demasiado costosos, además, dicen que los cálculos son utópicos. Sin embargo, es erróneo decir esto, ya que sabemos que los propios países miembros han proporcionado los datos en los que se fundamenta la directiva. Sí se puede criticar que no hayamos incluido el escenario energético que presentamos, por ejemplo, en el Protocolo de Kioto, es decir, que disminuiremos la combustión de fósiles para enfrentar los problemas climáticos que nos amenazan.
Tengo que decir que no se puede comparar al Protocolo de Goteburgo, aunque lleve el nombre de mi ciudad, con la directiva que votaremos mañana. Cabe preguntarse por qué la directiva de la Comisión apareció sólo un mes después, casi como una penalización contra esta directiva de la ONU, pero se debe a la lentitud de nuestros propios procedimientos, no hay otras razones. Si hubiésemos sido un poco más rápidos, esta directiva habría estado lista con bastante anterioridad al llamado Protocolo de Goteburgo.
Se dice que esta directiva es imposible, pero quisiera decir que lo imposible es la situación actual. No es un fallo de la directiva, sino que de la situación imperante.

Davies
Señor Presidente, mi enhorabuena a la Sra. Myller, que sé que ha pensado mucho y muy a fondo acerca de este informe. A mí me parece que el debate se reduce a lo siguiente: ¿creemos que el protocolo de Goteburgo es lo mejor que pueden conseguir los Estados miembros desde un punto de vista realista? Reconozco que la Comisión y los grupos ecologistas creerán que en la práctica se puede cumplir mucho más, pero, no obstante, algunos Estados miembros se han comprometido a importantes reducciones de la contaminación atmosférica -aunque ciertamente no todos ellos. Algunos Estados miembros parecen haber ido a las negociaciones con unas cuentas hechas en un trozo de papel y se negaron a comprometerse en modo alguno a fijarse ninguna meta realista. Otros ni siquiera han utilizado la misma metodología, la misma base de cálculo que los demás. Así que el protocolo es en muchos sentidos un desatino. No nos puede ofrecer ningún tipo de confianza. Es un confuso compromiso político y nada más.
No sé cuánto más puede conseguir la Comisaria, pero tendríamos que intentar reducciones de la contaminación atmosférica y darle nuestro apoyo en sus esfuerzos por negociarlas. Debiéramos apoyar este informe y darle nuestro respaldo.

Hautala
Señor Presidente, nuestra colega, la Sra. Myller, ha realizado un informe extraordinario, y nuestro Grupo también piensa que hay que ir mucho más lejos que el Protocolo de Goteburgo. Parece ser que ha habido una subasta de intereses nacionales en la elaboración de esta propuesta de directiva y el resultado es bastante modesto, si consideramos cuáles son los verdaderos desafíos. Pero, en cualquier caso, lo importante es que el Parlamento defienda ahora, como mínimo, la línea que la Comisión ha elegido.
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea plantea que se establezcan objetivos para el año 2010 aún más estrictos de lo que ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Queremos hacer hincapié en que hay que adoptar una estrategia integrada para reducir la contaminación. Debemos recordar que, en todo caso, tenemos por delante el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto, y ello implica la necesidad imperiosa de hacer más eficiente el uso de la energía y de consumir, sencillamente, menos energía. Así que, a nuestro juicio, existen razones para que esta directiva procure ya aprovechar las ventajas de una estrategia integrada en la consecución de sus objetivos. Estamos muy satisfechos de que la Comisión de Medio Ambiente haya integrado el tráfico marítimo y el tráfico aéreo en el ámbito de esta directiva, y estamos convencidos de que las ventajas de seguir una estrategia integrada serán abundantísimas.

Blokland
Señor Presidente, esta directiva sobre valores límites de emisión resulta más que necesaria a fin de cumplir los objetivos relativos a las emisiones en la atmósfera que figuran en el Quinto Programa de Acción en materia de medio ambiente. Combatir la acidificación y la contaminación causada por abonos orgánicos y la formación de polución urbana exige la reducción de las emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, amoniaco y sustancias orgánicas volátiles. Las conclusiones del Consejo respecto de la estrategia de la UE en materia de acidificación han levantado esperanzas que ahora deben traducirse en medidas más concretas. Todo ello puede hacerse incluso de una manera rentable, tal como resulta de la explicación de motivos de la propuesta de la Comisión.
Ahora sabemos todos que hace medio año se acordaron en Goteburgo valores límites más altos en el ámbito de la ONU. Estos criterios son, sin embargo, consecuencia de un compromiso político entre los estados y no se han tomado en consideración los resultados del modelo utilizado. El modelo que ha utilizado la Comisión es concienzudo y las soluciones están bien fundamentadas. Así mismo, es irresponsable adoptar normas menos estrictas teniendo en cuenta que, con estos valores límites de emisión, todavía no se pueden cumplir los objetivos del Quinto Programa de Acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea.
Este primer paso que se va a dar en cuanto al establecimiento de valores límites de emisión implica, sin lugar a dudas, una transposición y mantenimiento enérgico de las directivas actuales, tales como el programa gasolina-coche. Además, debe adoptarse cuanto antes la nueva legislación en este ámbito. Insisto a este respecto, a fin de que el Consejo adopte con rapidez una posición común en cuanto a las grandes instalaciones de combustión.
Por último, continúa siendo necesario el establecimiento de una política adicional, tanto en el caso de los disolventes volátiles de las pinturas y los barnices, como en el caso de la pintura para coches.

Liese
Señor Presidente, señoras y señores, señora Comisaria, quisiera felicitar de nuevo a la ponente.
Yendo al tema: en este Pleno, como se ve, hay diversas opiniones acerca de si la propuesta de la Comisión es demasiado ambiciosa o no. Muchos dicen que no sería realizable en el estadio actual de la técnica o que sería demasiado caro. La Comisión misma dice que la propuesta podría ser realizable con eficiencia de costes. Me parece interesante que la Comisión Europea parta del dato de que en los próximos años el consumo de energía crecerá un 8%, y que no haya cambios en las proporciones en que se consumen los distintos tipos de energía, por tanto que no habrá una reducción de la parte correspondiente a combustibles fósiles. En mi opinión, esto no es ambicioso. Más bien al contrario. Porque en este Pleno siempre estuvimos de acuerdo en que hay que reducir la parte de combustibles fósiles y que debemos ahorrar energía. Si no lo conseguimos, entonces estamos ante una bancarrota en la política medioambiental. Si las previsiones de la Comisión Europea respecto de este supuesto central se cumplen, ya no necesitaremos hablar en esta Asamblea sobre protección del clima.
Hemos de mejorar la eficiencia energética. Hemos de mejorar los sistemas de ahorro energético. Debemos subvencionar las energías renovables, y debemos reconocer también que la energía nuclear no produce ni CO2, ni SO2, ni NH3, ni VOC ni NOX.
Creo que ambas cosas son ciertas si discutimos abiertamente. Por ello quisiera pronunciarme claramente en contra de que algunos Estados miembros pidan excepciones a esta Directiva para el caso de que abandonen la producción de energía nuclear. Esto no puede ser aceptable en el marco de una responsabilidad ecológica global.

Pero quisiera subrayarlo de nuevo, la propuesta de la Comisión no es demasiado ambiciosa, sino incluso quizás demasiado poco. Yo la votaré mañana. Espero que la mayoría de este Pleno haga lo mismo.

Bowe
Señor Presidente, desde luego acojo con satisfacción este informe y le ofrecí un gran apoyo en la Comisión de Medio Ambiente. Crea un marco adecuado en el que poder trabajar a largo plazo para reducir las emisiones. A la gran mayoría de las enmiendas las puedo apoyar. Hay dos o tres que han progresado sobre las que tengo algunas dudas, en particular la enmienda nº 7, que no me parece medioambiental en absoluto, ni que contribuya al intento general de reducir la cantidad de sustancias destructoras del ozono al nivel del suelo en ningún lugar de la Unión.
Quiero tratar el tema que ha abordado el Sr. Davies, es decir, a partir de dónde empezar. ¿Con qué metas debemos empezar?
Señor Presidente, justo antes de Navidades se llegó en Goteburgo, dentro del protocolo de la CEPE, a una serie de cifras bastante prácticas y bien argumentadas y debatidas, y a mí me parece que es el punto lógico donde empezar. A mi entender no sería el punto apropiado para terminar, sino que, desde luego, sería el punto apropiado para empezar y ésta es la razón por la que estaba convencido cuando estuve en el debate de la Comisión de industria, puesto que ninguno de mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente lo estaba, de que era el punto apropiado para empezar. A mí me parece que las cifras de la Comisión son una "aspiración" . Sí, podríamos llegar a ellas, tendríamos que intentar llegar a ellas, pero no creo que debiéramos empezar por ahí. Debiéramos empezar por las cifras de la CEPE, por el protocolo de Goteburgo e ir revisándolas como ha propuesto la Sra. Myller en su informe.

Sterckx
Señor Presidente, señora Comisaria, no tengo, por supuesto, ningún problema respecto del punto de partida de la directiva. Constituirá un importante instrumento para el medio ambiente en los próximos años.
Los Estados miembros tienen, así, un objetivo más claro. Saben hasta dónde deben llegar. No obstante, si analizo la tabla que contiene los límites máximos por Estado miembro, tengo la impresión de que no se tratan de la misma manera cuestiones semejantes. Compruebo que, por ejemplo, mi país, Bélgica, debe ceñirse a las previsiones, por tanto, no a lo económicamente viable, pero que, al mismo tiempo, algunos territorios vecinos, tan contaminados como mi país, pueden seguir una política bastante más indulgente. Esto se debe a que un país grande puede compensar sus malas reglas con las regiones que tienen una situación mejor. Un país pequeño no puede hacer eso. Pongo un ejemplo. De sus datos y sus mapas resulta que las previsiones pueden cumplirse más fácilmente en el norte de Francia, que contamina tanto y está tan contaminado como Bélgica. La ejecución de esta directiva cuesta, por ejemplo, a cada belga 103 euros por año, según sus cálculos. Un francés, por tanto, también un francés del norte, sólo paga 15 euros; esto es ocho veces menos, y eso se debe en parte a que somos pequeños y estamos rodeados de países que contaminan. El 1% del producto interior bruto constituye una carga demasiado pesada para mi país. Pido, por tanto, el respaldo de las enmiendas 16 y 17, en las que solicito que se dé la posibilidad al Gobierno belga de analizar de nuevo la situación con motivo de los informes anuales.

Arvidsson
Señor Presidente, el mayor problema medioambiental de mi país es la acidificación del suelo, de los bosques, de los lagos y de los ríos. La acidificación conduce a la muerte de los bosques, a su crecimiento más limitado, a la disminución de especies y a la muerte de los peces. Además, el agua ácida desprende metales pesados que constituyen un problema para la salud. La naturaleza en los países nórdicos es especialmente sensible a la acidificación, ya que una gran parte de ella carece de capacidad de almacenamiento. La acidificación se produce a causa de la caída de lluvia ácida, ocasionada, a su vez, por las emisiones provenientes de la combustión de carburantes fósiles.
En Suecia y Finlandia hemos tomado muchas medidas para disminuir la contaminación del aire en el ámbito nacional. Hacemos grandes esfuerzos para calcificar los lagos y las regiones húmedas. Cumplimos, en gran medida, con los objetivos que se proponen en esta directiva para las emisiones. Más del 80 por ciento de la lluvia ácida que cae sobre nuestro país proviene de aire contaminado en otros países de Europa Occidental. Por eso les pedimos ayuda. Muchos europeos del norte entienden que los problemas derivados de la acidificación sólo podrán resolverse mediante la cooperación con otros países de la UE.
Quisiera decir a los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que la resolución de la ONU, según el Protocolo de Goteburgo, es insuficiente. Estoy convencido de que la UE puede ser mejor que la ONU para resolver los problemas medioambientales en Europa. La directiva comunitaria contra los contaminantes atmosféricos que se propone, puede llegar a ser un importante paso en la lucha contra la acidificación de la naturaleza, especialmente en la zona norte de la UE. Además, también se puede conseguir una considerable reducción del ozono nocivo que se encuentra cerca de la superficie del suelo, especialmente en las grandes ciudades en las regiones del sur de Europa. Por eso, tenemos un interés común en que se apruebe esta propuesta de directiva comunitaria.

Lage
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, los vientos soplan a favor del medio ambiente en la Unión Europea y tienen buena acogida en el Parlamento Europeo. En efecto, en el orden del día de hoy se asocian, con fortuna poco común, las directivas sobre la incineración de residuos, sobre los valores-límite de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y sobre el control del ozono en el aire ambiente. En otros tiempos la contaminación atmosférica significaba la calle, se confundía con la calle; hoy, en gran escala, es todo el planeta y, en pequeña escala, es incluso nuestra casa, es decir, que, en síntesis, es todo nuestro ecosistema. Es preciso actuar. El establecimiento de valores-límite para los cuatro contaminantes es un camino seguro y una contribución a la reducción de la contaminación, luchar contra la acidificación y los efectos nocivos de dichos contaminantes para la salud humana y para la vegetación.
En su propuesta de directiva, la Comisión Europea propone plafonds nacionales expresados en cifras que cumplir hasta 2010 en el caso de las cuatro substancias contaminantes citadas. Más aún: se calculan los costos para cada uno de los Estados del cumplimiento de esos valores. Me parece una buena estrategia.
El excelente informe de la Sra. Myller considera, lúcidamente, la equilibrada propuesta de la Comisión Europea y procura fortalecerla en algunos puntos. La comisión parlamentaria aprobó, en particular, la revisión obligatoria de la directiva de aquí a 2004, lo que permitirá revisar los valores-límite fijados en el texto y las medidas adoptadas para respetarlos. Todo eso parece razonable.
No obstante, debo formular aquí una pregunta. ¿Por qué no admitir que un Estado miembro pueda demostrar que se ve particularmente desfavorecido en la aplicación de la directiva, dados, por ejemplo, su situación geográfica y su clima, de los que resulten desventajas graves para él? ¿No sería prudente?
El sistema de lucha de la Unión Europea contra la contaminación atmosférica se va ampliando, así, fortaleciendo y perfeccionando. La política medioambiental de la Unión Europea es cada vez más la política medioambiental de cada uno de los Estados, con manifiestas ventajas para todos los ciudadanos europeos.

Kauppi
Señor Presidente, señora Comisaria, los valores de contaminación que aparecen en la propuesta de la Comisión son muy ambiciosos, más ambiciosos que los acordados en los llamados objetivos del Protocolo de Goteburgo, en el seno de la Comisión Económica para Europa de la ONU; y así debe ser. Por mi parte, estoy dispuesta a aceptar el compromiso elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor a instancias de los miembros del Grupo PPE-DE, según el cual se acepta la propuesta de la Comisión en todos sus puntos, salvo en el relacionado con las emisiones de amoniaco, puesto que esto no presenta grandes problemas para mi país, Finlandia, ni para nuestro vecino, Suecia, tal como ya ha salido a relucir en algunas ocasiones durante este debate. Sin embargo, también comprendo los puntos vista que consideran que habría que decidirse por adoptar el nivel propuesto en el Protocolo de Goteburgo. Sea cual sea el resultado de la votación de mañana, pienso que la Comisión debe vigilar constantemente que se hagan progresos en todos los Estados miembros y debe fomentar medidas que ayuden a la industria en la realización de los cambios necesarios. Es importante que los objetivos medioambientales se alcancen de la forma más económica posible en todo el territorio comunitario.
La calidad del aire en Europa ha mejorado notablemente durante los últimos años. La contaminación se ha reducido de forma importante, al menos, en el sector energético, en el tráfico y en la industria. Además, durante los últimos años, se han venido estipulando normas de la UE y han sido fijados nuevos objetivos para la industria. Considero que es algo problemático modificar repetidamente los objetivos antes de que se hayan evaluado con rigor el impacto medioambiental real de las medidas legislativas ya aprobadas y los costes que éstas han supuesto para la industria. Antes de establecer obligaciones adicionales, sería importante comprobar que las medidas ya acordadas están siendo llevadas a cabo íntegramente por los Estados miembros. En mi opinión, no existe contradicción entre estos dos objetivos.
Por último, en cuanto a la contaminación del tráfico aéreo y marítimo, creo que las limitaciones de las emisiones contaminantes deben ser convenidas a nivel internacional y tendrían que ser excluidas, por el momento, del ámbito de acción de la directiva. En lo relacionado con los objetivos a largo plazo, pienso que no debe establecerse un plazo inflexible, sino que los Estados miembros podrían avanzar al ritmo de sus propios objetivos y aspirar a cumplir las normas para el final del plazo, o antes del mismo.

Wallström
Señor Presidente, señores diputados al Parlamento, hemos dados pasos gigantescos en la lucha contra la acidificación y también contra la contaminación en años recientes. Yo espero que esta propuesta sea otro paso importante en esa dirección y este es el motivo por el que quiero dar las gracias en especial a la ponente Sra. Myller por su valioso trabajo.
El protocolo de Goteburgo es un paso hacia adelante. Sin embargo, se queda muy lejos. El protocolo se queda sólo a medio camino de la meta para la acidificación acordada ya por el Parlamento y el Consejo. Un número considerable de personas morirá prematuramente si no aprobamos las medidas propuestas por la Comisión. El protocolo es el resultado de un proceso en el hay demasiadas pocas presiones sobre los reticentes para que hagan lo que debieran. No podemos dejar que esto desvíe a la Comunidad de las metas acordadas. Los costes de la propuesta de la Comisión se deben valorar en justa medida, aun con unos cálculos altamente pesimistas de la Comisión que no tuvieran plenamente en cuenta las soluciones de Kioto o soluciones no técnicas. Equivalen a sólo el 0,08% del PIB de la Comunidad en el año 2010.
Los Estados miembros tendrán que hacer algunas de las cosas que les permitan cumplir los límites de emisión propuestos de forma más barata si quieren respetar sus compromisos de Kioto. Decir que los límites son demasiado difíciles de cumplir está peligrosamente cerca de olvidarse de Kioto.
Permítanme pasar ahora a las enmiendas. La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas núms. 3, 8, 9, 13, 19 y 21. Puede aceptar en parte el principio que subyace a las enmiendas núms. 1 y 2. Redactaremos un considerando que no parezca restringir el derecho de iniciativa de la Comisión, para incluirlo en nuestra propuesta modificada. También incluiremos una referencia en el artículo 9 de la directiva a fin de que el nuevo considerando sea funcional. Se deduce que la Comisión no acepta la enmienda nº 27.
El objetivo de la propuesta de la Comisión es dejar el máximo de flexibilidad posible a los Estados miembros, pero no podemos descartar nuevas medidas de la Comunidad si con ello se ayudara a los Estados miembros a cumplir los límites máximos de emisión con una mejor relación costes-eficacia.
La Comisión puede también aceptar en parte la enmienda nº 11, que introduciría nuevos cambios en el artículo 9. Estamos de acuerdo en que la revisión de la legislación debiera tener en cuenta las emisiones de las aeronaves, reducciones adiciones de las emisiones en regiones vecinas de la Comunidad, medidas adoptadas en los países candidatos y factores de transporte. La Comisión no puede estar de acuerdo, sin embargo, en adelantar las fechas de los informes que se presenten al Parlamento y al Consejo. En el 2003 la Comisión casi no tendrá datos de los Estados miembros sobre los que hacer un informe y basar posibles decisiones. La Comisión no sabrá en el 2011 si se respetaron o no los límites máximos en el 2010, por el tiempo que hay que dejar a los Estados miembros para recopilar los inventarios.
Aceptamos en parte los principios que subyacen a la enmienda nº 12. Por ello volveremos a redactar el apartado 3 del artículo 9 a fin de incorporar gran parte del contenido de la enmienda propuesta. La Comisión acepta los principios de la enmienda nº 23. La referencia a países que están fuera del proceso de la CEPE debe limitarse a los que han suministrado datos y cuyas emisiones tengan importancia para la contaminación en la Comunidad.
La Comisión acepta las enmiendas núms. 24, 25 y la 26 en principio, y también las tendrá en cuenta cuando vuelva a redactar el artículo 9 dentro de su propuesta modificada. Comparte muchísimo las preocupaciones que subyacen a las enmiendas núms. 16 y 17. Habría que dar cabida al hecho de que los Estados miembros más pequeños tienen menos espacio para repartir la carga. Sin embargo, estamos tratando aquí de la contaminación transfronteriza, de modo que la Comisión considera que sólo se pueden hacer ajustes de los límites máximos para Estados miembros concretos dentro de la revisión general de los límites máximos. Propondremos por tanto un nuevo considerando y modificaciones del artículo 9 que garantizarán que en la revisión se tengan debidamente en cuenta los efectos sobre los Estados miembros más pequeños.
La Comisión puede aceptar la parte de la enmienda nº 20 que insertaría un "apropiado" en el considerando 9. No aceptamos el resto de la enmienda nº 20. La Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 15, 28, 29 y 32. Su propósito es sustituir los límites máximos de emisión que se han pensado para cumplir la meta acordada de la Comunidad para la acidificación, y para proteger la salud de nuestros ciudadanos, por los límites máximos de emisión del protocolo de Goteburgo. Los límites máximos de Goteburgo se quedan muy por debajo de lo necesario, como ya se ha dicho.
La Comisión considera que, si los Estados miembros se toman en serio los compromisos de Kioto, los límites máximos de emisión que ha propuesto no serán difíciles de poner en práctica. Bien puede que seamos capaces de ir más lejos para el 2010, pero esto es algo que sólo se podrá decidir cuando sepamos cómo respetan los Estados miembros sus metas de Kioto. Por lo tanto no podemos aceptar la enmienda nº 31. La Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 4 y 14: en virtud del principio de subsidiariedad, les corresponde a los Estados miembros, y no a la Comisión, determinar las sanciones por infracciones de la legislación nacional. Además, la enmienda nº 14 pretende restringir la facultad de la Comisión en virtud del Tratado para decidir cuando incoar procedimientos de infracción.
Las enmiendas núms. 5, 18 y 30 son también inaceptables. La Comisión está comprometida a perseguir unos objetivos a largo plazo de protección del medio ambiente y la salud humana, pero sencillamente no disponemos hoy en día de suficiente información para predecir cuando se podrían alcanzar los objetivos a largo plazo. La Comisión tiene que rechazar la enmienda nº 6. Las emisiones del tráfico marítimo internacional y las emisiones de la aeronaves fuera del ciclo de aterrizaje y de despegue no pueden ser totalmente controladas por los Estados miembros por separado, ni tampoco por la actuación comunitaria y, por lo tanto, no se pueden incluir en los límites máximos de emisión nacionales. Las medidas que convenga deberán ser adoptadas en el marco de la Organización Marítima Internacional o de la Organización Internacional de Aviación Civil.
La semana pasada la OMI aceptó una propuesta de la Comunidad de declarar el Mar del Norte como zona de control del dióxido de azufre. La Comisión examinará si se debieran hacer a la OMI más propuestas de este tipo, y si hace falta también una actuación internacional sobre las emisiones de las aeronaves.
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 7. Se basa en una comparación equívoca con la directiva sobre disolventes, cuyos procesos pueden suponer elevadas temperaturas. Los compuestos orgánicos no volátiles quedan automáticamente excluidos de la definición de "compuesto orgánico volátil" en estas propuestas puesto que no se encuentran en el aire en condiciones ambientales y no contribuyen a la formación de ozono. La definición propuesta es idéntica en el protocolo de Goteburgo. Debemos mantener la coherencia técnica.
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 10. Quitaría la obligación esencial de que los Estados miembros actualicen regularmente los inventarios de emisiones.
Por último, señor Presidente, no aceptamos la enmienda nº 22. El enunciado propuesto por la Comisión sobre el tema fundamental de la información al público está en consonancia con los acuerdos sobre las dos primeras directivas de desarrollo relativas a la calidad del aire.
Finalmente, querría responder a la Sra. Oomen-Ruijten porque se ha interesado por las propuestas sobre las grandes plantas de combustión. La respuesta es que el Consejo no consiguió alcanzar una posición común en diciembre y la Comisión está apoyando a la Presidencia portuguesa en su esfuerzo por hace avances paralelamente a los que se hagan en la presente propuesta.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

Legislación en materia de medio ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos preguntas orales sobre los programas de los Fondos estructurales en los Estados miembros y la aplicación nacional de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente (B5 -0014/2000 y B5 0208/2000).

Jackson
Señor Presidente, quisiera, en nombre de mi comisión, presentar al menos una de las preguntas orales. En primer lugar, me solidarizo con el deseo de la Comisaria de conseguir una mejor aplicación del Derecho de la Unión Europea. Es algo que desearía la comisión parlamentaria en su conjunto.
Quiero citar un artículo que apareció en el Sunday Telegraph del Reino Unido el pasado domingo. El primer párrafo dice así: "La Comisión Europea ha dicho al Reino Unido que perderá hasta 200 millones de libras en subvenciones para las regiones más pobres a menos que aplique el Derecho de la Unión Europea para proteger a las aves y sus hábitats". Querría saber si está haciendo la Comisión estas amenazas y, si así es, si le parece que tiene derecho a hacerlo. Es algo con lo que quieren seguir mis colegas alemanes que presentan la otra pregunta. La Comisión de Medio Ambiente está muy interesada en encontrar maneras de incorporar las consideraciones medioambientales a otras políticas. La cuestión es: ¿hay una manera constitucionalmente viable de hacerlo?
Lo que estamos explorando aquí esta noche en este Hemiciclo abarrotado es el tema de la supeditación. La supeditación, en otras palabras, usar la amenaza de retirar o retener fondos para intentar conseguir una mejor aplicación de la legislación en lo que puede ser a veces un sector bastante poco relacionado pero que en este caso es un sector estrechamente relacionado, la consideran los diputados europeos de vez en cuando para después dar un giro cuando se dan cuenta de que podría afectar a las regiones a las que representan. Es algo que vemos reflejado en las opiniones no sólo de algunos de los diputados alemanes que se encuentran aquí esta noche, sino también en las de algunos de mis colegas británicos.
Tenemos que preguntar en qué medida está dispuesta la Comisión Europea a hacer uso de las disposiciones de los artículos 12 y 41 del reglamento general de los Fondos estructurales para retrasar la concesión de dinero cuando no se cuente con información suficiente acerca de la repercusión sobre el medio ambiente de los proyectos que hayan solicitado el dinero. En el peor de los casos, queremos evitar la posibilidad de que entren en colisión los fines de los Fondos estructurales y el interés de la Unión Europea por proteger sus hábitats naturales.
Por ejemplo, quizá se quiera construir una autopista que atraviese una parte de la Unión Europea a fin de gastar dinero de los Fondos estructurales y crear puestos de trabajo en esa parte de la Unión; pero ¿no habría que tener cuidado si el trazado de dicha autopista pasa por un lugar que el Gobierno nacional tendría que haber designado como lugar protegido? Esta posibilidad se ha dado en el pasado, sobre todo en relación con grandes proyectos de infraestructuras. Queremos evitarlo, pero creemos que la colisión podría deberse al hecho de que los Estados miembros no hayan aplicado la directiva sobre hábitats y también la directiva sobre aves y, en particular, presentado a la Comisión ya en junio de 1995 una lista de lugares de importancia comunitaria potencial, bien porque alberguen tipos de hábitats naturales o porque constituyan el hábitat de especies animales y vegetales de importancia comunitaria. Tenemos que preguntar lo siguiente: sin dicha información, ¿cómo puede estar segura la Comisión de que los proyectos de los Fondos estructurales, que son generalmente de gran envergadura, no dañarán lugares de importancia potencial a escala de la Unión Europea?
Las futuras generaciones no nos perdonarán si dejamos que sean destruidos hábitats irremplazables, por cuya conservación votamos de hecho hace ocho años cuando aprobamos nuestro informe sobre la directiva de hábitats y otra vez en 1997 con las modificaciones al anexo de la directiva.
La culpa es de los Estados miembros que no han observado la directiva, y eso incluye al mío propio. Si gravitan dudas sobre su derecho a los Fondos estructurales, es culpa de los gobiernos nacionales. Esa duda ha recaído ahora sobre la situación del Reino Unido y su derecho a Fondos estructurales por no haber aplicado o cumplido plenamente su Gobierno las disposiciones de la directiva sobre hábitats.
Está en manos del Gobierno del Reino Unido, del Gobierno alemán y de otros gobiernos nacionales eliminar dicha amenaza respetando la directiva sobre hábitats y la directiva sobre aves. En el Reino Unido, la financiación estructural de condados como Cornualles, al que represento y al que se ha concedido recientemente la categoría de región del Objetivo 1, se enfrenta a una doble amenaza, por la indolencia del Gobierno en cuanto a esta directiva y por la incompetencia y mezquindad del Gobierno. Aunque la Comisión Europea emplee todos sus esfuerzos en el Reino Unido, no hay garantías de que el tirando a agarrado Ministro de Hacienda británico encuentre financiación equivalente.

Schnellhardt
Señor Presidente, señoras y señores, la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat es un tema que nos ocupa desde hace mucho tiempo. Actualmente estamos viviendo un parto difícil.
Déjenme antes de nada decir lo siguiente: la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat es una directiva importante y crea en Europa un nuevo clima de protección de la naturaleza, del medio ambiente y las aves. No quisiera corregir ni arreglar nada de este objetivo. También me parece bien que la Comisión, consecuentemente, esté atenta a que se cumpla la legislación europea.
Pero en la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat se plantea la cuestión de si la legislación aprobada por nosotros puede realmente cumplirse. Aquí es donde veo claros puntos débiles. La Directiva es un caso, en mi opinión, en el que la legislación no está adaptada a las posibilidades de las distintas regiones. Veo un problema en las distintas aplicaciones de la ley en los Estados miembros por la definición poco clara de la legislación europea, y por otro lado faltan planteamientos y aspectos fuertes de subsidiariedad. Pienso que no debería excluirse una revisión de la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat considerando las dificultades de su aplicación actual. Además de esta crítica general a la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat veo un problema particular en la combinación de la política europea de medio ambiente y la política estructural.
En el artículo 12 del Reglamento sobre Fondos estructurales de 21 de junio de 1999 hay prevista una posibilidad de sanción aplicable contra infracciones en los siguientes ámbitos: incumplimiento de la legislación europea de medio ambiente, violación de deberes públicos y discriminación de la mujer.
Hasta ahora la Comisión sólo amenaza con sanciones en el ámbito de la fauna, flora y hábitat. ¿Planea introducir también otros mecanismos de sanción respecto en otros aspectos? En mi opinión, esta vía es muy problemática. La UE dispone de un medio totalmente distinto para introducir sanciones, a saber: el Tribunal Europeo.
El posible recorte de recursos o el retraso en la concesión de los Fondos estructurales es una forma de sanción cuyos efectos en las regiones afectadas no son previsibles. ¿Qué pasa con los proyectos ya empezados y qué ocurre en caso de que una región no reciba recursos de los Fondos estructurales? ¿Qué sanciones pone la Comisión entonces en caso de incumplimiento de la legislación europea sobre medio ambiente? Que la Comisión tampoco lo tiene nada claro se manifiesta en el hecho de que, primeramente, quería incluir a todo el país como objeto de sanción, y luego, de nuevo, sólo a la región afectada, tal y como usted, señora Comisaria, le dijo a la Ministra de Medio Ambiente, Sra. Trittin. Pido que esto lo hablemos aquí clara y abiertamente.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, si considero este debate, el círculo de quienes en él participan y la hora que es, dejo de estar seguro de qué es lo que ahora más deseo: zonas protegidas para fauna, flora y hábitat o zonas protegidas para diputados interesados en la ecología. Por el momento me interesan más las zonas protegidas para diputados, pero de ello no se debate.
La demanda por escrito que le dirigimos, señora Comisaria, tiene otro objeto. Me habría gustado haber escuchado primero su respuesta. Pero usted ha preferido emitirla al final del debate. Estamos hablando de algo de lo cual la mayoría conoce ya su historia. La legislación sobre fauna, flora y hábitat tendría que haber sido aplicada antes de 1994, y estamos en el 2000. La lista de la Unión Europea sobre zonas protegidas debería haber estado hecha en 1998, y estamos en el 2000. Los Estados miembros tendrían que haber presentado a la Comisión sus zonas protegidas antes de 1995, y estamos en el 2000. Muchos países miembros, incluido el mío, no lo han hecho. Alemania, por ejemplo, ha aplicado la legislación en 1998, no en 1994, sólo cuatro años tarde. Podría pensarse que no está tan mal.
Por tanto, la lista de la Unión Europea aún no ha sido confeccionada. ¡Cómo habría podido estarlo! Muchos países y muchas regiones no han declarado sus zonas protegidas. Hace un momento, el Sr. Schnellhardt ha dicho: bueno, quizás nos hayamos equivocado en algo al hacer la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat. Puede ser, Sr. Schnellhardt, que no hayamos hecho algo totalmente bien, totalmente perfecto, totalmente factible. Sólo que, por estúpido que parezca, éste no es el procedimiento que tenemos en la Unión Europea, esto es, cuando alguien encuentra que un ordenamiento legal no es bueno, pues no lo sigue.
Si así hiciésemos, entonces habría ámbitos que a usted y a mí no nos parecerían bien regulados. Tenemos un sistema legal en la Unión Europea que puede parecer estúpido, pero esto no es sino porque posee seguridad jurídica. Tenemos un sistema legal en la Unión Europea que puede parecer estúpido, pero es una legislación que ha sido aprobada en este Parlamento con el apoyo de los Estados miembros. ¡Por eso ha de ser respetado! Esto es quizás un poco demasiado estricto y demasiado jurídico, pero es así. En la Unión Europea vivimos en un sistema jurídico. El Sr. Jarzembowski es quien más insiste en este aspecto, porque él es de Hamburgo, y Hamburgo es de las pocas regiones de Alemania que han presentado sus zonas protegidas, junto con Berlín, mi propio ámbito, pero nosotros, he de confesar en honor a la justicia, lo tenemos particularmente fácil por ser ciudades estado.

Pero no quiero decir nada contra el Sr. Schnellhardt, que viene de los nuevos länder, los cuales no están especialmente bien. Éste es un problema interno alemán, que solucionaremos en otro momento y en otro lugar dentro de este Parlamento. Hoy estamos hablando de que Europa está perdiendo su medio natural, y de que Europa, señor Presidente, ha de respetar la seguridad jurídica.

Y voy al último punto: señora Comisaria, si usted no consigue ir al Tribunal Europeo y demandar a los Estados miembros que no aplican correctamente la ley, pierde usted su propia autoridad y legitimidad. ¡Ha de hacerlo! Si usted es de la opinión de que la legislación no vale para nada, preséntenosla para que sea revisada. Si es de la opinión de que está bien, vaya usted al Tribunal Europeo lo más rápido posible.

Davies
Señor Presidente, es un placer estar ante la Comisaria por quinta vez en el día de hoy a esta hora intempestiva. La felicito por sus esfuerzos por intentar asegurarse de que la directiva sobre hábitats y directivas conexas se apliquen adecuadamente. Le deseo lo mejor.
He oído que algunos miembros de la Comisión están convencidos de que han conseguido sacar más de los Estados miembros en los últimos seis meses que en los seis años anteriores. Si así es, entonces se trata verdaderamente de buenas noticias.
Pero la Comisaria cabalga entre dos caballos: uno intenta proteger las especies en peligro, el otro intenta ayudar a las regiones más pobres de Europa. De hecho, es una posición en la que yo también me encuentro en cierta medida.
Algunas preguntas sencillas: ¿Cuánto tiempo está dispuesta la Comisaria a realizar este ejercicio de equilibrio? ¿Cuánto tienen que hacer exactamente los Estados miembros para responder a sus requisitos? ¿Está realmente dispuesta a decir a personas como aquellas a las que represento de Merseyside y el Noroeste de Inglaterra que deben perder Fondos estructurales porque sus gobiernos no han respetado la directiva sobre hábitats? Este es el equilibrio que imagino. Sobre todo y, para terminar, ¿está dispuesta a comprometerse a encontrar soluciones, si las promesas que hacen los gobiernos o el trabajo que estén haciendo llevan más tiempo de lo que ella desearía? Por ejemplo, si un ministro se pone de rodillas, se corta las muñecas y escribe con letras de sangre una promesa de que va a cumplir la directiva sobre hábitats al completo dentro de un plazo acordado, ¿está dispuesta a ayudar a la región y a proporcionar financiación estructural en tales circunstancias?

Wallström
La pregunta sobre cómo respetan los Fondos estructurales nuestra legislación medioambiental es de vital importancia y yo agradezco el interés que manifiestan al respecto la Sra. Jackson, el Sr. Poettering y la Sra. Schnellhardt. Tuvimos una conversión sobre el tema en la reunión de la Comisión de hoy, concretamente en lo que se refiere a la supeditación a las directivas sobre hábitats y sobre aves. El principio fundamental está claro: las medidas cofinanciadas con cargo a los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión debieran contribuir a la protección y mejora del medio ambiente en la Unión Europea. Esto se ve confirmado en el nuevo marco reglamentario de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, así como en las directrices conexas de la Comisión. Debiéramos recordar que tanto el Fondo de Cohesión como los Fondos estructurales financian importantes inversiones en infraestructura medioambiental, tales como instalaciones para la depuración de aguas residuales o sistemas de gestión de residuos.
Déjenme dejar clara una cosa en primer lugar a fin de evitar malentendidos. El reglamento general de los Fondos estructurales dice que las operaciones financiadas "deberán ajustarse a las disposiciones del Tratado y de los actos adoptados en virtud de éste, así como a las políticas y acciones comunitarias". Contrariamente a lo que se sugiere en una de las preguntas orales, esto no representa una nueva obligación para los Estados miembros. De hecho, se basa fielmente en el anterior reglamento marco de los Fondos estructurales para el período de programación 1994-1999. El reglamento de los Fondos estructurales ha sido aprobado por los Estados miembros y el Consejo.
En lo que respecta a la protección de lugares en virtud de las directivas sobre hábitats y sobre aves, es importante que no demos dinero a medidas que afecten negativamente a lugares que merecen protección - pagar dinero con una mano y quizá multar a un Estado miembro con la otra. Esto es lo que confirmamos en la Comisión esta tarde, y Michel Barnier expondrá nuestras decisiones en una carta dirigida a los Estados miembros dentro de unos días. A este respecto, la Comisión se propone hacer uso de todas las posibilidades que ofrece el nuevo marco reglamentario del Fondo de Cohesión y los Fondos estructurales.
Al dar curso a la carta enviada a los Estados miembros por los comisarios Wulf-Mathies y Bjerregaard el 23 de junio de 1999, la Comisión insistirá en que, en los documentos de programación para el período 2000-2006, figure un firme e irrevocable compromiso por el que se garantice que los programas serán coherentes con la protección de lugares dentro de Natura 2000. Se exigirá a los Estados miembros que notifiquen los lugares, si no lo han hecho ya, dentro de un plazo convenido, y que garanticen formalmente que no emprenderán acciones que produzcan un deterioro de posibles lugares de Natura 2000. La Comisión empleará entonces todos los medios a su disposición para asegurarse de que se respeten plenamente los compromisos suscritos en los documentos de programación.
Se propone vigilar la situación en los Estados miembros, también mediante inspecciones in situ. El representante de la Comisión en el comité de dirección de cada programa también procurará asegurarse de que se respeten plenamente las obligaciones de los Estados miembros con respecto a Natura 2000. Asimismo, en caso de que un Estado miembros falte a su compromiso de facilitar las listas de las directivas sobre hábitats y sobre aves dentro del calendario fijado en los documentos de programación, la Comisión adoptará medidas de inmediato. Esto incluye en concreto exceptuar situaciones específicas y, en lo relativo al principio de proporcionalidad, recurrir posiblemente a lo dispuesto en los reglamentos de los Fondos estructurales o el Fondo de Cohesión en relación con la suspensión de pagos. Desde luego, todo esto añadido a los procedimientos de infracción en marcha contra varios Estados miembros por no haber aplicado estas directivas.
Resumiendo, lo que hemos decidido hoy en la Comisión es que insistiremos en que los Estados miembros nos envíen sus listas de Natura 2000: ya se tendrían que haber enviado, tal como se dijo hace muchos años. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos de que hagan honor a los compromisos que han suscrito. Sin las listas, ni los Estados miembros ni la Comisión pueden garantizar la protección de importantes parajes naturales al llevar a cabo operaciones de los Fondos estructurales, por la simple razón de que no sabemos donde se encuentran dichos parajes.
Una palabra más acerca de la directiva sobre hábitats. La Comisión no está de acuerdo en que falte claridad en esta directiva. El fin de ésta es establecer un marco de referencia que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, deje a los Estados miembros los detalles de la aplicación. Aunque la Comisión no tiene planes de revisar la directiva, sus servicios están listos para dar orientación a los Estados miembros acerca de su aplicación y por fin empezamos a movernos en este sentido. Los únicos lugares que la Comisión tiene en cuenta con arreglo a la directiva sobre hábitats son los propuestos por las administraciones de los Estados miembros. Las listas "paralelas" sólo pueden ayudar en la labor de designar lugares dentro de los Estados miembros. A nivel de la Comunidad, pueden sumarse al material de referencia científico en la elaboración de inventarios de hábitats naturales y especies existentes.

Isler Béguin
Le doy las gracias por su explicación, pero lamentamos lo que acaba usted de decir, ya que teníamos la impresión de que la Comisión anterior partía de un principio simple: sin listas, no hay fondos. Hoy revisan este principio, y vuelven a pedir a los Estados miembros que le proporcionen listas. Ahora bien, éstos llevan un retraso considerable. No se adaptan en absoluto a las directivas europeas.
Todavía no sabemos si ustedes aplicarán los medios técnicos, jurídicos y políticos de que disponen, para hacer respetar las directivas europeas.
Resultado: me imagino perfectamente a los Estados miembros regodeándose de esta nueva posición, ya que a fin de cuentas han ganado tiempo, y la protección de la naturaleza seguirá perdiendo. Sabemos, tras el examen de diferentes informes de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que la degradación del medio ambiente continúa.
Así pues, formulo la siguiente pregunta: ¿al aceptar hoy el proyecto de marco comunitario de apoyo para Portugal, se ha exigido la lista de lugares protegidos en el marco de las directivas?

Hatzidakis
Señor Presidente, el objeto que hoy estamos debatiendo, era el tema del primer informe que elaboré como diputado al Parlamento Europeo: Medio Ambiente y Fondos estructurales. Y la conclusión básica era, por supuesto, que las acciones financiadas con los Fondos estructurales no deben afectar, en ningún caso, al medio ambiente de los países miembros y que para lograr este objetivo se debe conceder más importancia al aspecto medioambiental en todos los niveles de programación y de materialización de las políticas relativas de la Unión Europea.
Lo mismo digo hoy. Es decir, que nuestro objetivo principal debe ser siempre el desarrollo sostenible, o sea, el desarrollo que respete y que promueva el medio ambiente. Por esta razón, creo que el Parlamento Europeo en este sentido, en su resolución, debe exigir a la Comisión que aplique los programas de los Fondos estructurales tomando en cuenta la legislación medioambiental comunitaria, y especialmente en lo relacionado con las directivas sobre la conservación de los hábitats naturales y de las aves salvajes. Pero también debemos evitar las exageraciones, no sea que dejemos todos los programas o que no aprobemos ninguno si no tenemos garantías sobre el mantenimiento de uno o dos reglamentos. Esto me recordaría un refrán griego que dice que no te puedes cortar la cabeza si lo que te duele es un diente.
No estoy proponiendo que infrinjamos la ley. Por el contrario propongo que avancemos en la aplicación de los programas, controlando paralelamente la aplicación de la legislación, garantizando, por supuesto, la información de la Comisión al Parlamento. Debemos recordar que mediante los Fondos estructurales se fomentan medidas y acciones muy importantes, relacionadas con los países y regiones ciertamente más problemáticos de la Unión, que están muy necesitados en el gran esfuerzo por el desarrollo y la convergencia con los países miembros más desarrollados. Y también debemos saber que mediante los Fondos estructurales, señor Presidente, muchas veces se fomentan medidas que promocionan el medio ambiente. Si paralizamos parar todos los programas sin excepción por la razón que alegan muchos de nuestros señores colegas, al final vamos a hacer más mal que bien al medio ambiente.

McCarthy
Señor Presidente, no hay desacuerdo en el hecho de que queramos respetar este acto legislativo. Me sorprendió verla citada en la prensa de mi país amenazando con cortar la financiación europea. Yo lo considero una medida desproporcionada para lo que intentamos conseguir. Sabrá que en el caso del Reino Unido, en un seminario de moderación, la Comisión acordó un calendario para que se pudieran estudiar e incluir lugares adicionales. En París se fijó un calendario para que se pudiera presentar una lista revisada en julio, con otra moderación en octubre del 2000. Estamos decididos, después de varios años de renuencia del anterior Gobierno conservador -el partido de la Sra. Jackson- a cumplir con las obligaciones del Reino Unido, de buena fe, seguir el debido proceso legal y proceso de consulta para que se respete la directiva. El proceso está en marcha y no tengo motivos para pensar que ninguno de los planes presentados para financiación regional vulnere las directivas de la UE sobre hábitats y sobre aves silvestres a estas alturas.
Por lo tanto, no consigo entender ni aceptar la supeditación que se está intentando establecer por medio de esta resolución. Pero seamos claros. Cualquier negativa de la Comisión a aprobar el programa -por ejemplo en Merseyside-, mermando así 2.000 millones de libras en inversiones, o en cualquier otra zona del Objetivo I, incluido Cornualles, que reúne 5 millones de habitantes del Reino Unido, violaría de hecho -usted lo ha dicho, Comisaria- el bien establecido principio de proporcionalidad de la Comisión, es decir, la obligación de utilizar el medio menos restrictivo para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, en este caso las directivas sobre hábitats y aves silvestres. Por lo tanto, tiene que haber una relación equilibrada entre medios y fines. A fin de cuentas, cualquier incumplimiento de la legislación de la UE debe ir en realidad al Tribunal de Justicia Europeo. No puedo aceptar que dicho equilibrio signifique cortar fuentes vitales de fondos de la UE para las regiones más pobres y necesitadas.
El Comisario Barnier probablemente le dijera hoy, Comisaria Wallström, que todos los programas europeos debieran poder empezar sin retrasos indebidos porque puede ser tremendamente difícil recuperar más adelante el tiempo perdido.
Por lo tanto pido a la Comisaria que asuma la responsabilidad colectiva de asegurarse de que los programas de los Fondos estructurales se ejecuten a tiempo. Es su responsabilidad como miembro del colegio de comisarios.

McKenna
Al contrario que el último orador, quisiera felicitarla, Comisaria, por su amenaza de cortar la financiación europea. No debiera ser una amenaza en vano. Debiera llevarla a cabo si los Estados miembros no actúan de manera responsable. Procedo de un Estado miembro que se beneficia de la financiación europea pero me horrorizan su historial en la ejecución de la directiva sobre aves silvestres, de la directiva sobre hábitats y de muchas otras directivas. Somos, per cápita, el peor país en cuanto a denuncias.
Ya era hora de que la Comisión Europea actuara y decidiera que, si no se quieren acatar las normas, entonces hay que cortar la financiación. Si esto afecta a mi propio país, que así sea. Los Estados miembros han de cumplir los reglamentos europeos. Anteriores comisarios escribieron al Gobierno irlandés diciendo: "Si no tienen en su lista zonas de hábitat que haya que proteger, entonces, cuando presenten su plan nacional, ¿cómo vamos a evaluar si está en conformidad con las directivas europeas?" Usted debe persistir en esto. Si los Estados miembros no están dispuestos a respetar las directivas, corte la financiación. Yo la apoyaría al cien por cien.

Moreira da Silva
Señor Presidente, Señorías, son demasiados los proyectos y los programas financiados por la Unión Europea que no cumplen los objetivos de desarrollo sostenible y preservación de la naturaleza que los Tratados y los reglamentos exigen. Y se trata de algo fácilmente comprobable: por un lado, atribuimos casi la mitad de nuestros recursos a la agricultura, pero la verdad es que seguimos financiando una agricultura intensiva orientada a la productividad a toda costa y dejando de lado el apoyo a la agricultura biológica y a la agricultura extensiva; por otro lado, gastamos un tercio de nuestros recursos con los Fondos estructurales, pero la verdad es que los proyectos financiados son los primeros que no respetan las directivas de los hábitat.
Portugal es un caso ejemplar de lo que acabo de decir. Y, como lo es, vale la pena explicarlo bien. En Portugal no sólo no existe una lista definitiva de los sitios protegidos de importancia comunitaria para que forme parte de la red NATURA 2000, sino que tampoco existen, como es obligatorio, un plan, normas o mecanismos de gestión y protección para los sitios ya seleccionados. Es decir, que los sitios portugueses que en este momento forman parte de la red NATURA 2000 están totalmente a merced de grupos económicos y constructores civiles sin escrúpulos por falta de instrumentos que garanticen su protección.
El caso más grave es el de la empresa turística aprobada para la zona de Abano, en el parque Sintra-Cascais, para la que solicito una intervención urgente de la Comisión. Pero en Portugal es, señor Presidente, Señorías, el propio Estado el que en este momento se dispone a ejecutar proyectos, algunos de ellos financiados con cargo a los Fondos estructurales, en sitios clasificados o por clasificar por la Unión Europea como integrantes de la red NATURA 2000.
Por desgracia, lo que sucede en Portugal no es un caso único, es tan sólo un buen ejemplo. Así, espero que la Comisión, haciendo uso de su autoridad legal, no apruebe financiación alguna del tercer marco comunitario de apoyo, mientras los Estados miembros no envíen las listas relativas a la red NATURA 2000.

Lucas
Señor Presidente, lo que está en juego en este debate es si el compromiso de la UE con el desarrollo sostenible en teoría realmente significa algo en la práctica, si cuando hay que pasar de las palabras a los hechos estamos listos para tomar algunas decisiones muy difíciles.
Se supone que el desarrollo sostenible consiste en integrar el desarrollo económico y las preocupaciones medioambientales. Esto es lo que ha firmado la UE en incontables tratados desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Esto es lo que nos obliga a hacer el artículo 6 de nuestro propio Tratado CE: integrar esas políticas.
En el centro de este debate está el tema de la confrontación entre el desarrollo económico y las imposiciones medioambientales. Cada vez nos vamos a tener que enfrentar más a duras decisiones a este respecto. Será una magnífica prueba de lo que realmente significa nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. En un reciente período parcial de sesiones plenarias hablamos mucho de la coherencia en las políticas de la UE. Diputados de todo el Hemiciclo insistían, con razón, en lo importante que es la coherencia de las políticas, y pese a todo tenemos aquí un ejemplo sobresaliente de incoherencia de las políticas. Por eso los Verdes apoyamos muy decididamente esta resolución de la Comisión de Medio Ambiente.

Jarzembowski
Señor Presidente, señora Comisaria, he escuchado su discurso atentamente, pero no lo he comprendido del todo. Leeré la comunicación de la Comisión con sumo cuidado. Quizás pueda usted ayudarme a entenderla. ¿Es usted de la opinión de que la Comisión puede parar planes de acción completos y autorizados, o sólo la provisión de los recursos para proyectos concretos? Todo esto no estaba claro.
Déjeme decir dos, tres cosas. Primero: creo que el derecho comunitario ha de ser visto como un todo. Este derecho prevé que si un Estado miembro no aplica la ley o lo hace mal, sea sancionado. ¡Esto es lo que deberían hacer ustedes! No deberían intentar desde la cocina que lo que no logran mediante demandas y procesos ordinarios lo logre mediante la suspensión de recursos económicos. Esto es algo que no me parece del todo correcto. Si ustedes dicen que hay Estados miembros que no respetan el derecho comunitario, entonces demándenlos. Pero no atreverse a ello y tratar de bloquear subrepticiamente fondos para, indirectamente, presionar a los Estados miembros, me parece, primero, improcedente desde un punto de vista técnico, y, segundo, nada valiente.
Segundo: señora Comisaria, los Fondos estructurales no se gastan para dañar la naturaleza. Se gastan para crear puestos de trabajo, para dinamizar las regiones. Por ello no se debe, paralizar o bloquear el fin originario, que es el apoyo a zonas económicamente desfavorecidas para conseguir otro fin.
Tampoco puede ser que un Comisario se erija en Comisario jefe y diga a los demás lo que han de hacer.

Ninguno de nosotros quiere que se deje de hacer algo por la protección del medio ambiente. Pero no se trata, señor Presidente, señora Comisaria, de que sufran las regiones lo que no hacen los Estados miembros. También esto tine que considerarse atentamente.

Nogueira Roman
Señor Presidente, después de las palabras de mis colegas, que corroboran la necesidad de la resolución que estamos debatiendo, permítame que dedique mi intervención a denunciar dos casos ejemplarmente negativos que afectan a mi país, a Galicia, pero que pueden también encontrarse en nuestros países europeos.
En Pontevedra, prácticamente en la ciudad y ocupando un espacio especialmente privilegiado a la orilla del mar, el gran complejo industrial químico formado por las empresas públicas ENCE-ELNOSA, que producen pasta de celulosa y cloro, contaminan las aguas y el aire con la permisividad de las autoridades gallegas y españolas y ante las continuas protestas de la población.
En Vila Garcia de Arousa se han instalado en un muelle financiado con cargo al FEDER depósitos para 80.000 metros cúbicos de hidrocarburos, que ponen en grave peligro, por la manipulación habitual o por accidentes con los barcos de transporte, las actividades piscícolas en las que trabajan 18.000 personas.

Trakatellis
Señor Presidente, considero que garantizar la aplicación integral y correcta de la política del medio ambiente es quizás el mayor reto con el que nos enfrentamos hoy los Estados miembros. Pero por desgracia, las exigencias de la política medioambiental no son respetadas y no están como debieran en la elaboración y adopción de programas y proyectos en los Estados miembros. El problema es aún mayor porque, aparte de las infracciones de la legislación medioambiental en los trabajos y en los programas que se realizan con fondos comunitarios y con la aprobación comunitaria, sufren transgresiones cuando se realizan los trabajos y los programas que se llevan a cabo con financiaciones nacionales y privadas.
Y quiero llamar su atención sobre el apartado b y los puntos 3 y 8 de la resolución, que justamente toman en cuenta este tema. Porque es impensable que la aplicación y el respeto de la legislación de la Unión Europea sobre el medio ambiente en los Estados miembros no incluyan todos los proyectos, independientemente de si necesitan una financiación comunitaria o de otro tipo. Así pues, los países que infringen la legislación medioambiental deben darse cuenta de que la Comisión, que es la guardiana del derecho comunitario primario y secundario, va a garantizar que el medio ambiente no se va a deteriorar con obras de construcción. No pueden continuar infringiéndose flagrantemente las leyes básicas en materia de medio ambiente.
Y debemos decir de una vez qué es lo que está sucediendo en los Estados miembros porque la política correcta exige transparencia, valentía y la verdad. Y la verdad es que la aplicación de las directivas sobre la Red Naturaleza 2000 es incompleta; en mi país y en el resto de los Estados miembros. Por ejemplo, mientras que el Golfo Maliakos y la zona acuática del río Sperjios han sido propuestos como regiones protegidas del programa "Red Naturaleza 2000", se propone el puente del Golfo Maliakos infringiendo las normas comunitarias, a pesar de que se podría encontrar una solución alternativa.
Así pues, insisto: solicitamos a la Comisión que garantice la aplicación y el respeto de la legislación comunitaria relativa al medio ambiente en todos los proyectos y, si es necesario, que recurra al Tribunal Europeo, tal como ha dicho ya uno de mis señores colegas, que proponga sanciones relevantes y que sea muy estricta.

Doyle
Señor Presidente, no puedo resistirme al impulso de empezar diciendo que es bien sabido que mi colega irlandesa del otro lado vive en Dublín capital, donde estos lugares no la preocuparán demasiado. Dicho esto, apoyo la idea general de lo hoy se somete a nuestra opinión y la habilidad de la Comisión para usar los Fondos estructurales como el palo y la zanahoria para impulsar a los Estados miembros recalcitrantes como Irlanda, de la manera quizá más eficaz posible, a que pongan su casa en orden en relación con la designación de lugares para Natura 2000.
Ningún Estado miembro ha cumplido en su totalidad las obligaciones de la directiva sobre hábitats, por ejemplo, y mucho menos dentro del calendario obligado por ley. Hay en marcha en estos momentos procedimientos de la Comisión contra casi todos los Estados miembros -doce de ellos de hecho- en virtud de lo dispuesto en la directiva sobre hábitats. Doce países europeos se encuentran ante el Tribunal de Justicia. La directiva sobre aves silvestres está poco mejor, con trece países desafiados ahora en los tribunales por no haber respetado la directiva 20 años después de que se aprobara.
Parece que hay seis países que están actualmente en peligro de que se retrasen o se rechacen propuestas de utilización de Fondos estructurales, incluido el mío, el Reino Unido, algunos Länder alemanes, Francia, Suecia y Bélgica. El pasado diciembre sin ir más lejos planteé el tema en el Senado irlandés y cité todas las directivas -sobre todo de medio ambiente- que no habíamos transpuesto dentro de plazo ni años después de agotado el plazo de transposición.
A menudo se aduce en Irlanda el problema constitucional como una de nuestras razones. Sin suda nuestra Constitución escrita, con la protección de los derechos de propiedad, ha resultado para el Gobierno un difícil obstáculo a la hora de solucionar muchos de los problemas relacionados con la designación de lugares. Pero si se respeta correctamente el principio de proporcionalidad, las propuestas de utilizar los Fondos estructurales a este respecto ayudarán a países como Irlanda a centrar la atención en lo que realmente necesitan hacer.
En este sentido he propuesto para mañana dos enmiendas a los puntos 2 y 3, añadiendo unas palabras: "a fin de garantizar que los programas financiados por la UE no dañen ni destruyan 'de forma no autorizada' zonas de protección reales o potenciales". Quizá quieran incorporarlas ustedes a los puntos 2 y 3 de la propuesta de resolución.

Müller, Emilia Franziska
Señor Presidente, señora Comisaria, la aplicación de la Directiva sobre Fauna, Flora y Hábitat es motivo de agitación en muchas regiones y tropieza con grandes dificultades. La razón de que su aplicación se haya demorado nueve años es la poca claridad de los criterios de aplicación. En mi región se inició un procedimiento de debate antes de la declaración de las zonas FFH. El debate puso, sobre todo, los siguientes problemas sobre la mesa. Las pequeñas y medianas empresas agrarias ven en la Directiva una disminución del aprovechamiento de las zonas de pastos y cultivables. Esto significa, indirectamente, una pérdida de valor de las tierras. En los municipios, la forma actual de la Directiva significa una obstaculación a importantes medidas infraestructurales.
La amenaza de retener los Fondos estructurales si no se aplica la legislación es un intento de la Comisión de presionar a los Estados miembros y es, con toda seguridad, un camino equivocado, ya que con ello surge el peligro de que se cuestionen proyectos en curso así como que se paralice el desarrollo económico general de una región. Sin duda, este no puede ser el interés de la Comisión.

Sería razonable que se revisase y reelaborase la Directiva 9243 para lograr mayor seguridad y claridad. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de saber qué consecuencias han de tomar en consideración. Ya antes de declarar una zona debe saber el propietario qué objetivos de conservación han de lograse y mediante qué medidas. Por esta razón pido que se apoye la enmienda que presentamos el Sr. Schnellhardt y yo mismo.

Wallström
 Señoras y señores, quisiera hacer algunos comentarios finales. No estamos hablando de la aplicación de la directiva sobre hábitats. Recuerden que no es una directiva de intento, sino una directiva de resultados. Estamos hablando de cumplir nuestras obligaciones con arreglo al reglamento de los Fondos estructurales y sin estas listas no podemos garantizar la protección de importantes parajes naturales durante sus intervenciones. De esto trata todo. Si, por ejemplo, en un país del que hemos hablado hoy hay 40 proyectos actualmente en marcha que afectarían a lugares que hay que proteger, ¿cómo podemos comprobarlo si no disponemos de las listas? Es obligación de la Comisión garantizar que dichos lugares sean protegidos.
Así pues, para responder a sus preguntas ¿significa que no aprobaremos los programas operativos? Somos razonables. No deseamos retrasar el proceso de aprobación de los programas operativos de los Fondos estructurales, pero los programas deberán incluir un firme compromiso del Estado miembro en cuestión de que nos enviará sus lista en un determinado momento. Es un calendario claro. Si no la hacen, iniciaremos sin tardanza el procedimiento para suspender pagos. Esa es la decisión que hemos tomado hoy. Para que le quede muy claro también a la Sra. Isler Beguin, eso significa que lo escrito en la carta conjunta de las Sras. Bjerregaard y Wulf-Mathies sigue siendo válido. Tenemos que entender que es una oportunidad para que cumplamos nuestras obligaciones en virtud de los reglamentos de los Fondos estructurales. Será un instrumento muy importante. Desde luego, esperamos que no sea necesario llegar a ello porque los Estados miembros nos proporcionen sus listas. Eso es lo que tenemos que esperar y quizá también por lo que tengamos que rogar.

El Presidente
He recibido una propuesta de resolución con arreglo al apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación será mañana a las 12 del mediodía.
(Se levanta la sesión a las 24.09 horas.)

