Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 19 de junio de 1998.

McCarthy
Señor Presidente, estoy segura de que estará informado de que hoy tienen lugar acontecimientos históricos. A raíz del Good Friday Agreement y cuando sólo han transcurrido cinco semanas desde el referéndum, la nueva Asamblea de Irlanda del Norte se reúne a la misma hora que lo hacemos nosotros. Han transcurrido cinco minutos de su nuevo programa. Es un día histórico para Irlanda del Norte, y dado su interés y apoyo al proceso de paz, quisiera pedirle que, en nombre de todos los diputados al Parlamento Europeo, transmita un mensaje de solidaridad en el cumplimiento del Acuerdo de Viernes Santo, y de solidaridad a todos los diputados elegidos en sus esfuerzos por construir la paz para las comunidades de Irlanda del Norte.

El Presidente
Señora McCarthy, como usted bien ha dicho, este Parlamento siempre ha sido solidario, y esta mañana he enviado un telegrama a la Sra. Marjorie Mowlam. El telegrama dice así: "Con ocasión de esta primera reunión de hoy, le ruego que transmita los mejores deseos del Parlamento Europeo y los míos personales a la nueva Asamblea de Irlanda del Norte. El Parlamento Europeo manifiesta su incesante solidaridad con el pueblo de Irlanda del Norte y con su nueva Asamblea en el actual proceso de paz y reconciliación».

Banotti
Señor Presidente, todos conocemos su total y sincero apoyo. Gracias por sus buenos deseos y por haber enviado el telegrama esta mañana. Esperemos que en los próximos días no asistamos a ninguna interrupción de la buena marcha actual de las cosas en Irlanda del Norte.
En la pasada sesión formulé una solicitud relativa a los problemas presupuestarios del Parlamento a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia que afecta a las redes de ONGs que trabajan en favor de la cohesión social. Existe una seria preocupación general al respecto. Espero que podamos escuchar una declaración de la Comisión sobre dicha sentencia.

El Presidente
Señora Banotti, permítame decirle que se ha anticipado a los acontecimientos en aproximadamente cinco minutos. Nos disponemos a iniciar un debate sobre esta cuestión con el Sr. Liikanen.

Günther
Señor Presidente, en relación con el artículo 151 del Reglamento, que establece que las sesiones de las comisiones serán públicas. En nuestro caso, un visitante que se desplazaba en silla de ruedas tuvo enormes problemas para acceder al Edificio D III. Yo le ruego que haga las gestiones necesarias para que las personas discapacitadas también puedan tener acceso al citado edificio.

El Presidente
Muchas gracias, señora Günther. Lo examinaremos inmediatamente.

Elmalan
Señor Presidente, me gustaría rendir homenaje a la memoria de Lunes Matub, vilmente asesinado el pasado viernes en Argelia. Este cantante, portavoz de Kabilia y de la cultura berebere, encarnaba el símbolo de una Argelia que lucha y sufre. Comprendo la emoción y la cólera del pueblo argelino ante este odioso acto y su sentimiento de repulsa frente al integrismo que ha armado a los asesinos. Actualmente Argelia sufre y lucha, y yo deseo que el pueblo argelino y su gobierno encuentren rápidamente soluciones para que esta situación cambie.
Me gustaría terminar, como ha declarado su madre con mucha dignidad en el entierro, diciendo que echaremos de menos el rostro de Matub, pero sus canciones y sus poemas quedarán en lo profundo de nuestros corazones para siempre, y que su lucha por la paz continúa.

Galeote Quecedo
Señor Presidente, en el último período parcial de sesiones celebrado aquí, en Bruselas, nos acompañó una veintena de concejales del País Vasco, hacia los que tuvimos la ocasión de expresar nuestra solidaridad por su compromiso permanente en la lucha a favor de la libertad y la democracia. Y en el próximo período parcial de sesiones, que se celebrará en Estrasburgo, invitaremos también a un grupo de concejales del País Vasco. Pero quien ya no podrá volver, señor Presidente, es un concejal del País Vasco, Manuel Zamarreño, concejal de Rentería. Él era un obrero en paro, su mujer se gana la vida limpiando escaleras en su vecindario, y había salido a comprar el pan para desayunar con su cuatro hijos. Le metió en la política otro concejal, José Luis Caso, cuya muerte tuvimos ocasión, en este Parlamento, de llorar hace apenas unos meses.
Señor Presidente, a nosotros, los demócratas, no nos queda otra alternativa que contestar a los asesinatos, a los tiros en la nuca, con la palabra. Eso sí, con la fuerza de estar clamando simplemente por la posibilidad para un pueblo, el pueblo vasco, de vivir en paz, en libertad y en democracia.

Medina Ortega
Señor Presidente, intervengo muy brevemente para solidarizarme con el Sr. Galeote. Pero quiero insistir en que este caso tiene una importancia particular porque se trataba del concejal que representaba al Partido Popular en el ayuntamiento de Rentería en particular. Su antecesor había sido asesinado -en medio hubo una concejala que renunció al escaño ante el peligro de amenaza- y está claro que tratan de evitar que el Partido Popular tenga su representante, elegido por el pueblo, en ese ayuntamiento en particular. Es un ataque a la democracia y tenemos que utilizar todos los medios posibles para que esto no ocurra, porque realmente es una manifestación de fascismo, de evitar que la representación popular actúe en un ayuntamiento.

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, como ha dicho el Sr. Galeote, no se nos cansará la voz. A los demócratas siempre nos quedará la palabra. Y por eso, sin cansarnos, mientras la brutalidad fascista intente acallar la voz de aquéllos que han sido democráticamente elegidos, lo denunciaremos una y otra vez. Pero al mismo tiempo, señor Presidente, es justo que nos preguntemos: ¿se puede ofrecer diálogo a quienes no tienen otra palabra que la muerte y los disparos? Señor Presidente, Europa, que está por el diálogo, por el entendimiento y por la comprensión, no puede comprender que se quiera ofrecer diálogo a quien sólo ofrece muerte.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, yo también quería en nombre de mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, condenar el brutal asesinato del concejal Zamarreño, un representante del pueblo vasco, que ha sido asesinado por la organización terrorista ETA. Quisiera expresar la condolencia y la solidaridad con sus familiares y también toda la solidaridad con el Partido Popular, partido al que representaba el Sr. Zamarreño, y expresarle toda la solidaridad a esa otra familia política desde el convencimiento de que las armas y la violencia no podrán acallar la legítima defensa de las ideas que hace el Partido Popular en el País Vasco. Sólo espero que la inmensa mayoría de los vascos que buscamos la paz seamos capaces de conseguir los caminos para que nunca más la violencia siga existiendo en nuestro país y en nuestro pueblo.

Vallvé
Señor Presidente, quiero manifestar también mi enérgica condena del asesinato del concejal de Rentería, ya que se trataba de un representante democráticamente elegido por sus ciudadanos. Y en este sentido, creemos que la democracia y la paz sólo pueden obtenerse a base de escuchar la voz del pueblo y en ningún caso acabando con la vida de sus representantes.

Robles Piquer
Señor Presidente, no voy a hablar sobre este triste asunto -que, naturalmente, me conmueve también-, sino para informar a los compañeros de esta Asamblea, y sobre todo a las señoras diputadas, nuestras compañeras, del fallecimiento, en este caso por muerte natural, de Carmen Llorca Vilaplana, que fue diputada muchos años en este Parlamento, que trabajó duramente, sobre todo en el ámbito de la cultura y en el ámbito de los derechos de la mujer, y que estoy seguro de que será recordada con afecto por muchos de nuestros compañeros.

Nicholson
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta ocasión para darle las gracias por su mensaje de esta mañana a la nueva Asamblea de Irlanda del Norte, que espero ya habrá iniciado su andadura. Por primera vez en más de 25 años, el pueblo de Irlanda del Norte pronto podrá elegir su propio destino. También quisiera agradecerle, a título personal, que haya venido a Irlanda del Norte, y agradecer a este Parlamento su apoyo manifestado de tantas maneras a lo largo de los años. Es un día histórico. No dudo de que habrá situaciones difíciles en el camino a seguir, pero espero y ruego que, en el futuro, cuando yo intervenga ante este Parlamento para hablar en nombre del pueblo de Irlanda del Norte, sea sobre algo bueno, y no sobre los días oscuros que hemos pasado durante los últimos 25 años.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión del viernes 19 de junio de 1998 ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Provan
Señor Presidente, me refiero a la página 16 del Acta. En el punto 8, relativo a la OCM en el sector de las materias grasas, se hace referencia al artículo 99. Por tratarse de un informe sin debate, debería decir artículo 97, ya que es una urgencia solicitada por el Consejo. Por lo que a mí me consta, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural dio su conformidad para que el informe se tratara por procedimiento de urgencia y fue debatido a fondo el viernes por la mañana.
Me refiero, a continuación, a la parte central de la página 19 de la versión inglesa, donde dice que el Sr. Colino Salamanca, presidente de la Comisión de Agricultura, solicita la devolución a comisión del informe. Se trata aquí de una cuestión de principios. El presidente de una comisión no puede devolver a comisión una urgencia, si dicha comisión no ha participado en el debate que ha tenido lugar. Dicha comisión no presentó ninguna enmienda, y no sé muy bien sobre qué fundamento, el presidente solicitó su devolución cuando representaba a la comisión. Este asunto debe ser sometido a la Mesa o a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades.
El Sr. Colino está en su derecho, como diputado, de intentar devolver el informe a comisión si así lo desea, pero para ello necesita el apoyo de su Grupo político o de 29 diputados. El Presidente no lo solicitó en su momento. No estoy criticando al Presidente, que cuenta con todo nuestro apoyo cada viernes por la mañana que ocupa la Presidencia. Pero es una cuestión de principios que debe ser sometida a la Mesa.

El Presidente
Muchas gracias. Creo que no sólo la Mesa, sino que, en caso necesario, la Comisión de Reglamento debería llenar esta laguna.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, una observación al acta del viernes 19 de junio de 1998. En la página 18, en la votación de mi informe, aparecen dos errores. Uno se refiere al apartado 10: a pesar de que tomé la palabra para pedir una corrección lingüística a la versión española, no se ha hecho así, y quería decir que en los distintos apartados donde aparece la palabra «aceite» debe decir «aceite de oliva». Y aparece, por error, un apartado nuevo, el 13, cuando en mi enmienda oral señalé que era un añadido al apartado 12. Me gustaría, por tanto, que lo que aparece como apartado 13 se añada al 12.

Bösch
Señor Presidente, yo me congratulo de tener todavía la oportunidad de hacer uso de la palabra. Hace rato que la solicité, pero quizá la Mesa debería ampliar su equipo de colaboradores para que puedan prestar atención a todos los diputados.
También quisiera referirme a una cuestión concreta. El viernes al mediodía, hacia el final de la pasada sesión de Estrasburgo, decidimos aplazar diversos puntos del orden día para la próxima sesión, o sea, la de hoy, debido a la falta de asistencia. Dichos puntos no figuran en el orden del día de hoy. ¿Cuándo tienen previsto que éstos se sometan a la consideración de la Asamblea?

El Presidente
Serán tratados en Estrasburgo. Así se propondrá a la Conferencia de Presidentes, que se reunirá hoy y que es la competente para aprobar el proyecto de orden del día. Naturalmente, no podía ser antes. Por otro lado, mis ayudantes son suficientes de momento.
Señor Colino, supongo que pide la palabra por alusiones personales.

Colino Salamanca
Señor Presidente, sencillamente porque he sido aludido por el Sr. Provan. El artículo 60 dice que, una vez votadas las enmiendas, se puede pedir la opinión de la Comisión respecto de esas enmiendas, y que antes de pasar a la votación de la propuesta de resolución legislativa se puede pedir, en su caso, por parte, dice expresamente, del presidente de la comisión o del ponente, la devolución a comisión. Dado que no había ponente, la pedí como presidente de la comisión. Estoy de acuerdo en que seguramente se trata de un problema de interpretación del Reglamento, pero, en todo caso, lo hice en aplicación del propio Reglamento.

De Vries
Señor Presidente, llevamos ya 25 minutos debatiendo sobre la orden. No quiero negar a ninguno de mis colegas el derecho a poner sobre el tapete puntos del orden del día aquí en la sesión, pero me parece que haríamos mejor empezando a las 15.00 horas, conforme al orden del día, con la comunicación de la Comisión. Primero escuchar la comunicación de la Comisión y luego, tras haber terminado la comunicación de la Comisión, a las 16.00 horas, dar paso al debate sobre el orden del día, porque los medios de comunicación y los colegas que han venido para el debate de contenido y el Comisario tienen derecho a que discutamos primero este importante tema político y luego podremos arreglar nuestros asuntos internos. Por tanto quiero proponerle, Presidente, que en lo sucesivo comencemos exactamente a las 15.00 horas con la comunicación de la Comisión y que aplacemos los posibles puntos del orden del día a las 16.00 horas, cuando empecemos con el orden del día regular.

El Presidente
Señor De Vries, sabe usted como yo que las cuestiones de orden se suscitan en su momento y no podemos hacer otra cosa más que ser todos muy disciplinados.
(El Acta queda aprobada)

Bienvenida
El Presidente
Quiero informarles de que en este momento se encuentran en la tribuna un grupo de diputados de la Cámara holandesa invitados por una de nuestras colegas, y les quiero dirigir un saludo en este momento a nuestros colegas del Parlamento holandés.

Sentencia del Tribunal en el asunto C/106
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre el curso que se ha de dar a la sentencia del Tribunal en el asunto C/106 (fundamentos jurídicos en el presupuesto).

Liikanen
Señor Presidente, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia ha despertado serias dudas acerca de la ejecución del presupuesto comunitario para 1998 y ejercicios anteriores. La Comisión tiene conocimiento del interés despertado por estas dificultades, y acojo con satisfacción la oportunidad de informar al Parlamento sobre la situación actual de este asunto. No obstante, deseo declarar desde el inicio, que cualquier respuesta que hoy se facilite, sólo puede tener un carácter preliminar: el examen por parte de la Comisión de las líneas presupuestarias afectadas sigue su curso en estos momentos. Según lo acordado en el diálogo presupuestario a tres bandas del 23 de junio, la Comisión sacará sus conclusiones el 14 de julio, a tiempo para ser debatidas entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Presupuestos de 17 de julio.
La sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1998 es el resultado de una acción legal presentada por el Reino Unido y respaldada más tarde por Alemania, Dinamarca y el Consejo. La acción se presentó contra la decisión tomada por la Comisión Europea en 1995 de financiar proyectos para luchar contra la pobreza y la exclusión social, a pesar de que la propuesta de fundamento jurídico para el Cuarto programa de lucha contra la pobreza había sido bloqueada en el Consejo. En su defensa, la Comisión recibió el respaldo del Parlamento Europeo, que había consignado créditos para dichos proyectos con cargo al presupuesto para 1995. Pero el Tribunal de Justicia determinó que la Comisión no tiene competencia para financiar los proyectos en cuestión.
Asimismo, en el caso específico que nos ocupa, el Tribunal estableció una serie de principios que la Comisión debe tener en cuenta en la ejecución del presupuesto. En una palabra, el Tribunal de Justicia insiste en que los fondos para una acción comunitaria importante sólo pueden ejecutarse a condición de que exista una entrada en el presupuesto y una aprobación previa de derecho derivado, es decir, el denominado "fundamento jurídico» que autoriza la acción propiamente dicha. El Tribunal de Justicia reconoce, no obstante, que no es necesario un fundamento jurídico para una acción no significativa.
El Tribunal de Justicia no define el término "no significativo». Pero insiste en que una suma pequeña o una duración corta no son criterios suficientes per se . Por otra parte, el Tribunal de Justicia hace referencia al derecho de la Comisión de ejercer su poder de iniciativa para emprender, bajo su propia responsabilidad, los estudios o proyectos necesarios para elaborar sus propuestas. De esto cabe deducir que los proyectos piloto, las medidas preliminares y los estudios para elaborar o actualizar la legislación pueden ser ejecutados sin un fundamento jurídico. Asimismo, las acciones autónomas de las instituciones no han sido objeto de litigio.
En esta situación, una vez emitida la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión no ha tenido otra opción que la de interrumpir temporalmente la ejecución de todas las líneas presupuestarias del presupuesto para 1998 que no tienen un fundamento jurídico, y examinar, lo más rápidamente posible, si pueden aún ser ejecutadas a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia.
La situación de este examen al día de hoy es la siguiente: 90 líneas presupuestarias han sido interrumpidas temporalmente. El volumen presupuestario total afectado es de unos 870 millones de ecus; respecto a 19 de dichas líneas presupuestarias, la Comisión ha propuesto fundamentos jurídicos, en algunos casos, hace ya cuatro años. El volumen afectado es de aproximadamente 500 millones de ecus; más de 30 de las líneas presupuestarias interrumpidas temporalmente ya han vuelto a abrirse, porque la Comisión ha comprobado que cumplen los criterios del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, se ha reanudado la ejecución por unos 240 millones de ecus; en cuanto al resto, el examen continúa y la Comisión deberá tomar su decisión el 14 de julio de 1998.
Paralelamente a sus investigaciones internas, la Comisión se ha puesto en contacto con el Parlamento y el Consejo para tratar sobre la situación. El diálogo presupuestario a tres bandas de 23 de junio ha permitido aprobar un plan de acción de tres elementos. En primer lugar, el Consejo y el Parlamento acelerarán la aprobación de fundamentos jurídicos para los que la Comisión ya ha presentado propuestas. Esto es muy importante, porque afecta a algunas de las principales líneas presupuestarias, en particular la de "Medidas comunitarias para las ONU» (para las que se propuso un fundamento jurídico en 1995), y la de la "Iniciativa en favor de los derechos humanos y de la democracia» (presentada hace un año). Por fortuna, la legislación del servicio voluntario europeo ya ha quedado concluida (al cabo de dos años) y la ejecución del programa podrá reanudarse en breve.
La Comisión tendrá ocasión, esta noche y mañana, de poner a la atención de la Presidencia austríaca la necesidad urgente de aprobar estos fundamentos jurídicos. Pero será la autoridad legislativa la que deberá hacer un esfuerzo especial en este sentido.
En segundo lugar, en el diálogo a tres bandas, la Comisión se comprometió a concluir su examen a tiempo para presentar resultados en la reunión entre el Consejo de Presupuestos y el Parlamento Europeo de 17 de julio de 1998. Así se hará. En tercer lugar, las instituciones no escatimarán esfuerzos por lograr un "código de conducta» para el asunto de los fundamentos jurídicos, ya el 17 de julio. La Comisión ha intentado durante años garantizar la conclusión de dicho código de conducta. Ha presentado una serie de propuestas que, lamentablemente, no han sido aprobadas por el Consejo o el Parlamento. La más reciente ha sido presentada en el marco de propuestas de la Comisión de 18 de marzo de 1998 para el próximo acuerdo interinstitucional. Se están celebrando negociaciones a nivel técnico entre las instituciones. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder concluir las negociaciones en el próximo diálogo a tres bandas que tendrá lugar dentro de dos semanas.

Cot
Señor Comisario, acaba usted de declarar que la Comisión no había tenido más opción que la de suspender más de 40 líneas presupuestarias. Sin embargo, no ignora el efecto relativo de lo que se ha juzgado y, en particular, el hecho de que este asunto se refiriese a una situación muy especial, puesto que se trataba no ya de la ausencia, sino de la supresión de un fundamento jurídico: Pobreza 3.
¿Acaso no cree, al igual que Lucky Luke, que están disparando más velozmente que su propia sombra, y que al dar de tal modo una señal catastrófica al conjunto de las poblaciones directamente afectadas por programas que se ocupan de los más desheredados de nuestros conciudadanos, han agravado la crisis de confianza entre la parte más desposeída de la población europea y nosotros?

Liikanen
Debemos recordar que la decisión del Tribunal de Justicia es relativa a asuntos que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a saber, las líneas presupuestarias para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Todos pensamos que estas acciones han sido sumamente importantes, pero cuando el Tribunal de Justicia anunció su decisión sobre la competencia de la Comisión para ejecutar dichas líneas presupuestarias, no tuvimos otra opción que intentar obtener la certidumbre jurídica para la ejecución del presupuesto en lo sucesivo. La interrupción era la única opción que teníamos. Naturalmente, desde entonces, hemos trabajado día y noche para encontrar soluciones lo antes posible. Pero la Comisión no está por encima de la ley. Debemos respetar la decisión del Tribunal de Justicia, a pesar de que nos ocasiona muchas dificultades. Estoy seguro de que en el plazo de dos semanas, la situación se habrá aclarado. No puedo garantizar que todo quedará resuelto, pero sí la gran mayoría de los asuntos.

Christodoulou
Señor Presidente, independientemente de todo lo que se ha dicho acerca de la regulación del presente asunto, es decir, de la supresión de las líneas después de la sentencia del Tribunal, quiero atraer la atención de la Comisión y de los colegas del Parlamento sobre el tema de la solución institucional de esta cuestión.
Este asunto, señor Presidente, se lleva arrastrando en el Parlamento desde 1982 y año tras año surgen todo tipo de problemas que dificultan al Parlamento el ejercicio de sus competencias.
En el debate del día 17 de este mes va a solucionarse el problema del presente presupuesto, que es el problema a corto plazo, y, de forma paralela deberá solucionarse el problema a largo plazo, es decir, establecer un marco institucional que permita, con un fundamento predeterminado mediante un modo jurídicamente aceptable, la solución del problema institucional para que el asunto del fundamento jurídico no aparezca continuamente y ocasione tales dificultades.
Soy de la opinión, señor Presidente, - y la Comisión de Presupuestos hará esta propuesta - que en el caso de que se encuentre una solución para el problema a largo plazo deberíamos lograr de forma paralela la solución institucional. De otro modo me temo que las consecuencias para el presente presupuesto y los sucesivos van a ser muy importantes y la responsabilidad de ello recaerá sobre todos nosotros.

Liikanen
Estoy de acuerdo con esa declaración. Es muy importante intentar resolver este problema que sigue pendiente desde los años ochenta. En el mejor de los casos, antes del 17 de julio podríamos haber aclarado la situación respecto al presupuesto para 1998 y tener una solución a largo plazo, que podría formar parte del acuerdo interinstitucional que deberá quedar concluido antes de que expire el mandato de este Parlamento. Si logramos llegar a un acuerdo sobre todos los elementos básicos, éste constituiría el fundamento para la acción en lo sucesivo. Hay dos cuestiones aquí que son muy importantes. La primera es: ¿qué es una medida no significativa? Según la opinión común, es aquella que, básicamente, facilita la labor de la Comisión con respecto a la ejecución. El segundo problema que debe ser discutido es qué se debe hacer en caso de que el fundamento jurídico propuesto no sea aceptado. Existe una clara diferencia entre estas dos fechas que, técnicamente, podría conducir a una situación en la que debamos poner fin a la acción. Debemos encontrar una solución que sirva de puente desde la acción preliminar normal hasta la fecha en que se apruebe el fundamento jurídico, de manera que el procedimiento legislativo no frene las actividades.

Ojala
Señor Presidente, verdaderamente se acaba de ocasionar un grave perjuicio que tardará años en repararse. Se ha perdido la confianza de los ciudadanos y de las ONGs, por lo que, aunque encontráramos una rápida solución, pasará algún tiempo antes de que podamos reparar estos daños. Creo que se ha mancillado seriamente la reputación de la Unión Europea, del Parlamento y de todas las instituciones comunitarias. Señor Liikanen, usted ha afirmado que se está intentando alcanzar una rápida solución. Es ciertamente importante e imprescindible que se logre una rápida solución y se adopte este código de conducta, pero, ¿qué pasará si nos encontramos el 17 de julio sin soluciones de ningún tipo? Si así fuera, ¿deberá recurrir el Parlamento al único medio del que a fin de cuentas dispone, es decir, negarse a someter a examen el presupuesto? ¿Puede usted garantizarnos que, en tal caso, el Consejo aprobará este acuerdo común y le dotará de un fundamento jurídico? ¿Puede usted ofrecernos garantías a este respecto?

Liikanen
Señor Presidente, para lograr un acuerdo es necesario contar con la participación de las tres partes: la Comisión, el Parlamento y el Consejo. No es posible llegar a ningún acuerdo si no se alcanza entre todos un compromiso común. Indudablemente, esto exigirá mucho trabajo, voluntad y también conocimiento de causa para comprender la gravedad de la crisis que se produciría si existiera una contradicción entre el procedimiento legislativo y el poder presupuestario. A este respecto, espero que una situación tan desagradable como la actual haya servido para lograr una mayor concienciación acerca de lo imprescindible que resulta esta solución.
La Comisión no puede ofrecer garantías de que el Consejo vaya a mostrarse de acuerdo con su posición, pero, por lo menos, la Presidencia precedente se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su poder para encontrar una solución. La Comisión y los representantes del país que actualmente ostenta la Presidencia, Austria, tienen previsto mantener una reunión en Viena durante los días de hoy y mañana en la que tratarán de manera particular sobre esta cuestión. Esperemos que también el Consejo logre una coordinación que permita someter con celeridad a examen las once propuestas existentes de fundamento jurídico, muchas de las cuales fueron presentadas hace ya mucho tiempo.

Giansily
Señor Comisario, creo que este asunto ilustra un dicho según el cual no siempre se puede nadar y guardar la ropa.
¿En qué situación nos hallamos? Tenemos la posibilidad, gracias al acuerdo interinstitucional, de decir la última palabra en materia de gastos no obligatorios. Sin embargo, esta decisión del Tribunal les lleva simplemente a congelar una parte de los créditos bajo el pretexto de que hemos de esperar un reglamento suplementario. Me parece que en este asunto exagera un poco, puesto que sabemos muy bien que nos falta base jurídica desde hace unos cuantos años y que es indispensable, para las decisiones que toma este Parlamento, que estas decisiones se ejecuten.
Ahora bien, ¿sobre quién recae su decisión? Pues bien, en definitiva, sobre una serie de ONGs, es decir organismos que necesitan estos fondos para vivir y que no pueden esperar a que concluyan inacabables negociaciones entre la Comisión y el Consejo. Por esta razón confío en que no esperen hasta el 17 de julio, y que si no pueden hacerlo antes, que al menos puedan en esa fecha ofrecernos garantías sobre el compromiso de estos fondos.

Liikanen
Debemos recordar que la Comisión no puede actuar como si la sentencia del Tribunal de Justicia no hubiera tenido lugar. El Tribunal de Justicia es una institución independiente de la Unión Europea y tenemos la obligación de acatar sus sentencias. Con independencia de nuestra opinión sobre el contenido de una línea presupuestaria concreta, no estamos por encima de la ley. El ajuste político no puede apartarse del contenido inequívoco de la decisión del Tribunal de Justicia. El mensaje que se desprende con toda claridad es que, de conformidad con el Tribunal de Justicia, una acción comunitaria significativa requiere la asignación de una línea presupuestaria, así como un fundamento jurídico previo. Ahora toca seguir esa decisión. Existen ámbitos en los que tenemos un mayor margen de decisión, como los proyectos piloto, las acciones preliminares y las acciones autónomas. Pero debemos revisarlo todo.
No podemos olvidar que el programa de lucha contra la pobreza fue bloqueado en el Consejo. Queríamos proseguir algunas acciones que afectan de cerca a muchos ciudadanos europeos, acciones que habíamos ejecutado con el respaldo del Parlamento Europeo, pero luego llegó la sentencia del Tribunal de Justicia. Por tanto, no podemos continuar como si dicha decisión no se hubiera tomado. Naturalmente, nos estamos esforzando todo lo posible para esclarecer la situación antes del 17 de julio. Como les decía, hemos podido liberar líneas presupuestarias por un importe aproximado de 240 millones de ecus. En cuanto al resto, espero que hayamos finalizado nuestra labor en las próximas dos semanas.
Debemos tratar esto con toda seriedad, porque la Comisión es responsable de su ejecución posterior. No queremos que vuelvan a surgir los mismos problemas que nos han conducido a este caso judicial.

Malone
No estoy del todo convencida de que los Comisarios Flynn y Bonino estén de acuerdo con su interpretación tan restrictiva de la sentencia del Tribunal de Justicia. Como muy acertadamente ha dicho, los ámbitos y las líneas presupuestarias en cuestión son los que afectan más de cerca a los ciudadanos y que, casualmente, han sido presentados por los propios diputados. Si está intentando mantener el nexo entre el Parlamento, la Comisión, el Consejo y la sociedad, deberá esforzarse por encontrar una rápida solución a todo esto. Hay ONGs que están cerrando en estos mismos momentos, porque no pueden asumir nuevos compromisos. No pueden firmarse nuevos contratos, etcétera.
Cuando el Tratado de Amsterdam haya sido ratificado por todos los Estados miembros y entre en vigor, ¿qué opinión le merece la cláusula de unanimidad con respecto a las disposiciones sobre la no discriminación y la exclusión social? En virtud del Tratado, podríamos financiar algunas de las líneas presupuestaria para la lucha contra pobreza y la exclusión social, pero seguiremos necesitando la unanimidad. Quizá pueda exponernos los datos periciales en materia jurídica de que dispone. Puede que sigamos en un atolladero jurídico, a menos que dispongamos de un acuerdo interinstitucional.

Liikanen
Me temo que se está desviando del tema central. El Consejo no aceptó el fundamento jurídico, pero cuando la Comisión decidió ejecutar dicho fundamento jurídico, los diputados al Parlamento atacaron a la Comisión. Nuestras decisiones han sido anuladas y debemos acatar la ley. Hay muchos ámbitos en el presupuesto que se aproximan mucho a lo que me gustaría hacer, pero en virtud del Tratado y del Reglamento financiero, necesitamos un fundamento jurídico previo y asignaciones en el presupuesto. El Tribunal de Justicia ya ha aclarado esa posición. No podemos continuar como si las decisiones del Tribunal de Justicia no afectaran al modo de actuar de la Comisión.
Debemos ser perfectamente claros al respecto. Tenemos un margen de maniobra cuando se trata de proyectos piloto, acciones preliminares y acciones autónomas. Estamos intentando aclarar todos los casos. En el futuro, no quiero encontrarme en una situación en la que el Tribunal de Justicia anule una nueva decisión de la Comisión y, en ese caso, la organización quizá deba devolver los fondos recibidos. En esta ocasión ése no ha sido el caso. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que no debemos devolver los fondos. No obstante, si la situación vuelve a repetirse intencionadamente en el futuro, los daños para la opinión pública europea serían desastrosos. Reconozco que es importante estar cerca de los ciudadanos europeos; es importante también respetar los tratados sobre financiación, que constituyen el fundamento de la Unión en su conjunto.
En lo que respecta al Tratado de Amsterdam, cabe pensar en términos de si podríamos o no hacer algo para anticiparnos al nuevo Tratado. Éste contiene nuevos artículos sobre el empleo y el capítulo social. Estamos celebrando intensas negociaciones al respecto y puedo que ello constituya una base para acciones preliminares. En tercer lugar, esta interpretación jurídica ha sido elaborada en la Comisión por nuestros servicios jurídicos y por nuestro departamento de presupuestos, y ha obtenido el apoyo general en la Comisión. En el seno de la Comisión no se ha producido ninguna divergencia de opinión política sobre dicha decisión.

Brinkhorst
Naturalmente reconocemos que la Comisión tiene que acatar la ley. Pero el Comisario ha dicho también que existe un margen para la interpretación. Quisiera pedir a la Comisión que demuestre algo de coraje político. La Comisión no puede permanecer impasible entre el Consejo y el Parlamento, y limitarse a decir que gane el más fuerte. Quiero preguntar específicamente al Comisario, en el caso de una elección entre el artículo 235, que exige unanimidad, y otros fundamentos jurídicos, ¿tiene la Comisión la intención de intentar siempre utilizar el fundamento jurídico que dé prioridad a la codecisión con el Parlamento?

Liikanen
Es una pregunta muy importante, pero no contribuye a la solución de este asunto. El actual problema es si existe o no un fundamento jurídico. Como usted sabe, nuestra posición ha sido siempre la de apoyar, en la medida de lo posible, la codecisión en todo el sistema de toma de decisiones. No estoy en desacuerdo con el Sr. Brinkhorst sobre su opinión en general.

Dell'Alba
Señor Comisario Liikanen, la Comisión está actuando desde el 1 de enero de 1995 y desde esa fecha usted es el responsable del presupuesto. Este Parlamento no ha aprobado la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio de 1996 y se ha reservado hacerlo en septiembre. Los funcionarios han ido a la huelga porque sus propuestas, señor Comisario, han llegado, por así decirlo, repentina y apresuradamente. Ahora nos hallamos ante este caso que, aparentemente, la Comisión sólo descubrió el 12 de junio. Al ostentar el poder de iniciativa, según usted, ¿qué responsabilidad tiene la Comisión en este caso? Se trata de un caso que, sin duda, pone tanto al Parlamento Europeo como también la imagen de la Unión Europea en una situación muy comprometida, considerando la cuestión de los fundamentos jurídicos, así como el hecho de que la Comisión sabía desde hacía años que era preciso facilitarlos a las Instituciones. Qué duda cabe de que el Consejo, en particular, actúa con un serio retraso, sin embargo, quizás habría que achacarle alguna culpa también a la Comisión. Señor Comisario, quisiera conocer su opinión al respecto.

Liikanen
Está en lo cierto, cuando hace esa afirmación. Esta Comisión ejerce su mandato desde enero de 1995, y no debemos olvidar que dichas líneas presupuestarias se ejecutaron en 1995. Han sido decisiones de la actual Comisión las que han sido anuladas. Por ello debemos tomarnos este asunto muy en serio. Si hubiera sido de otro modo, diríamos que no ha sido responsabilidad nuestra. Pero es nuestra responsabilidad -mía y de todo el Colegio. Afirmar que interpretamos la sentencia de manera que todo pueda continuar como antes, iría en contra del Tratado y de todo el espíritu de la Unión Europea. Hemos asignado el papel de resolución de conflictos al Tribunal de Justicia, y ahora debemos acatar sus decisiones. En algunos ámbitos existe un margen de maniobra, que intentaremos utilizar en lo posible.
En lo que respecta a nuestras iniciativas, sus colegas de la Comisión de Presupuestos saben que hemos presentado reiteradamente propuestas de cara a encontrar soluciones a este asunto del fundamento jurídico. He planteado este asunto todos los años en todos los diálogos a tres bandas que hemos celebrado desde el inicio de la actual Comisión. El Sr. Christodoulou, ponente del Parlamento Europeo, ha desempeñado una gran actividad en esta cuestión. El Consejo se ha mostrado sumamente indeciso. Ahora me preocupa que estemos alejándonos del objetivo del debate. Hemos tomado la iniciativa de alcanzar un acuerdo entre las instituciones. Hemos presentado propuestas para los fundamentos jurídicos. El Consejo no ha aceptado. No hemos encontrado ninguna solución sobre un acuerdo interinstitucional, pero la falta de iniciativas no es el problema. Existen muchas iniciativas. Pero ahora necesitamos una solución. Estoy seguro de que sus colegas de la Comisión de Presupuestos y los participantes en el diálogo a tres bandas harán todo lo que esté en sus manos, junto con nosotros, para encontrar una línea que sea aceptable para las tres instituciones.

Ullmann
Señor Presidente, señor Comisario, yo le agradezco que haya despejado con sus palabras algunos de los puntos dudosos que son el motivo de mi pregunta. En primer lugar, tiene usted razón cuando insiste en que será preciso actuar sobre la base de la sentencia. Mi pregunta se refiere, sin embargo, precisamente a dicha sentencia, concretamente a los puntos 39-42 de la misma. La práctica de la Comisión al respecto es fundamentalmente distinta de lo que establece la sentencia. Ésta descarta la suspensión de toda una serie de contratos y de pagos en curso. La Comisión ha actuado de un modo completamente distinto. Lo ha examinado todo y ahora nos cita una suma de las líneas que ha examinado, pero esto no apacigua la inquietud de la opinión pública. Yo quisiera pedirle que despeje esta inquietud con una segunda respuesta que se atenga al sentido literal de la sentencia, en la cual se aplican determinadas categorías.
En segundo lugar, usted ha manifestado reiteradamente que está trabajando para promover un acuerdo interinstitucional. No obstante, a nosotros nos preocupan las bases jurídicas -y, por lo se desprende de los argumentos que acaba de exponer, creo que a usted también deberían preocuparle- y un acuerdo interinstitucional no es una base jurídica en el sentido que exige la sentencia.

Liikanen
Desde 1994, la política de la Comisión interpreta como no significativa una medida que implica menos de 5 millones de ecus y tiene una duración inferior a dos años. Venimos aplicando esta interpretación desde 1994. El problema es que el Tribunal de Justicia no la aceptó. Dice que cantidades pequeñas o una duración corta no son argumentos válidos. Por tanto, nuestra posición ha sido cuestionada. En segundo lugar, respecto a los fundamentos jurídicos, como he dicho en mi declaración, actualmente tenemos 19 fundamentos jurídicos pendientes de la autoridad legislativa. 500 millones de ecus dependen de dichos fundamentos jurídicos. Necesitamos que sean aprobados. En muchos ámbitos no existe desacuerdo sobre el contenido político. A menudo existe desacuerdo por motivo de los diferentes procedimientos o comitologías o por el artículo sobre el que se basa el fundamento jurídico. Necesitamos una firme voluntad política y una coordinación coherente en el Consejo para lograr que sean aceptados todos ellos.
El acuerdo interinstitucional es importante para los denominados ámbitos grises. Debemos intentar obtener una posición común sobre lo que es "no significativo». La posición unilateral de la Comisión no ha sido aceptada por el Tribunal de Justicia. Pero si las tres instituciones logran ponerse de acuerdo sobre la interpretación, tendremos una situación diferente.

Banotti
El Comisario se encuentra hoy bajo una fuerte presión y el Parlamento ha manifestado una preocupación considerable. ¿Podría comunicarnos el Comisario cómo responderá el Colegio de Comisarios en pleno a su evidente buena voluntad en esta situación? Asimismo, debemos observar que, lamentablemente, los Tribunales de Justicia no son elegidos por referendo y sus miembros no necesitan sentir en sus nucas el aliento caliente de los ciudadanos. Muchas ONGs, especialmente en el ámbito de la seguridad y de la protección de menores, no han podido calificarse hasta ahora para ninguna financiación en virtud de las normas previamente en vigor. Espero que se dé prioridad a esas organizaciones que no tienen la oportunidad de beneficiarse de los Fondos estructurales cuando se tomen las decisiones en la Comisión.
Quisiera también preguntar al Comisario qué piensa acerca de la opinión de la Comisión de Presupuestos. Esta tarde no se ha hecho ninguna referencia a la misma, pero creo que no se muestra todo lo favorable con nosotros que cabría esperar.

Liikanen
El Sr. Christodoulou, ponente de la Comisión de Presupuestos, me preguntó acerca del fundamento jurídico y expuso la posición del Parlamento Europeo. Sobre la base del diálogo a tres bandas, mi convicción es que no estamos muy lejos de una solución, pero necesitamos que el Parlamento realice un decidido esfuerzo sobre la base de la decisión que se ha tomado, y necesitamos también un esfuerzo del Consejo. Si tenemos la base para un acuerdo, la Comisión realizará todos los preparativos técnicos necesarios.
En lo que respecta a las ONGs, en el futuro, el aspecto decisivo para ellas es que tengamos un fundamento jurídico básico para sus actividades. Es lo que venimos proponiendo desde 1995. Si el Consejo acepta este fundamento jurídico, habrá vía libre para las acciones externas. Las acciones internas necesitarán lo mismo. En cuanto a las prioridades políticas del Parlamento, no quiero interferir en las negociaciones entre la Comisión de Presupuestos y las demás comisiones.
Por último, he recibido personalmente a cada una de las ONGs que ha solicitado verme. He hablado con ellas personalmente y les he explicado cuál es la situación. Debemos intentar encontrar soluciones que apoyen las prioridades políticas del Parlamento y de la Comisión, pero que sean legalmente coherentes. No podemos hacerlo de ninguna otra manera.

Green
El Comisario ya ha oído la inquietud que existe a lo largo y ancho del espectro político de esta Asamblea acerca de lo ocurrido con los fundamentos jurídicos y las líneas presupuestarias. Este Parlamento se siente profundamente comprometido con dichas líneas por varios motivos. En primer lugar, permiten un acercamiento de esta institución y de la Unión a la población. Pero además -al igual que el Comisario- nos encontramos al otro extremo del lobby de las ONGs, de las organizaciones y de las personas que recibían ayuda a través de dichas líneas presupuestarias y que ahora descubren que ya no podrán disponer de ella. El Comisario ha dejado claro que el auténtico problema radica en el Consejo, no en este Parlamento ni en la Comisión. ¿Estaría dispuesto, por consiguiente, a unirse a nosotros en la afirmación de que lo que ahora necesitamos es una línea concertada entre el Parlamento y la Comisión que diga a las ONGs y a la población de la Unión que pueden seguir escribiéndonos, pero que deben dirigir sus inquietudes y sus lobbies al Consejo y a los gobiernos nacionales? En esta Asamblea tal vez podamos facilitar direcciones, números de teléfono y de fax de los ministros responsables, al objeto de que puedan sentir la misma exasperación que nosotros. Señor Comisario, nos gustaría contar con su apoyo.

Liikanen
Estoy completamente de acuerdo. Es importante que nuestras acciones en la Comisión y el Parlamento vayan dirigidas a los ámbitos en los que radican los problemas. Muchos problemas quedan resueltos el mismo día en que el Consejo acepta el fundamento jurídico. Debemos intentar convencerle. Lo hemos intentado con la anterior Presidencia y esta noche comenzamos con la Presidencia austríaca. Estoy seguro de que esta desagradable crisis ha transmitido la inquietud de los ciudadanos al Consejo. Debemos intentar encontrar una solución que reciba el respaldo popular.

Galeote Quecedo
Me alegra que la Comisión haya tomado conciencia de la preocupación existente ante esta situación. Preocupación que comparte -y a la vista está- el Parlamento Europeo y ante la que la sociedad civil es muy sensible. Y creo que hay que ser coherente con esa preocupación estableciendo medidas transitorias, una vez conocida la sentencia, hasta que exista fundamento jurídico para la aprobación de los distintos reglamentos que desarrollen las acciones previstas.
La Sra. Green tiene razón en que hay que ejercer presión sobre el Consejo. Pero la Comisión Europea también tiene que hacer sus deberes y tiene que dar respuestas concretas a las preguntas que hay sobre la mesa. Por ejemplo: ¿qué interpretación hace la Comisión Europea sobre el alcance de las palabras «medidas no significativas» de la sentencia?
Segunda pregunta: ¿cuál es el curso que la Comisión Europea va a dar a los programas aprobados en el presupuesto de 1998?
Y tercero...
(El Presidente interrumpe al orador por haber rebasado el tiempo asignado)

Liikanen
Ahora intentamos analizar todas las líneas presupuestarias a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia, de manera que tengamos derecho a ejecutar proyectos piloto y acciones preliminares. Todas aquellas acciones que cumplan estos criterios pueden ser ejecutadas sin un fundamento jurídico. Trabajamos sobre esa base. Cuando el Tribunal de Justicia no acepta nuestra interpretación sobre una suma determinada de dinero, no podemos insertar una nueva suma, porque la sentencia dice claramente que una pequeña suma no es condición suficiente para ejecutar una línea presupuestaria por no ser significativa. Por tanto, esa base no existe. Pero los proyectos pilotos pueden ser pequeños y pueden ser mayores. La acción preliminar puede ser pequeña, pero también puede ser mayor. El aspecto clave es que debemos intentar realizar un análisis cualitativo de las antiguas acciones, no cuantitativo como se venía haciendo hasta ahora.

El Presidente
Gracias, señor Liikanen.
Queda cerrado este punto.
Me pide la palabra el Sr. Telkämper.

Telkämper
Señor Presidente, yo creo que es usted quien debe responder a la pregunta anterior, en su calidad de Presidente del Parlamento. En efecto, no podemos dirigir nuestras preguntas o nuestras quejas a la Comisión, ya que ha habido un desplazamiento de poderes, como resultado del cual la Comisión y el Parlamento se encuentran ahora en la misma posición frente al Consejo. Ahora le toca al Parlamento manifestar su posición al respecto. Creo que usted ya debe haber observado que el Parlamento ha visto debilitados sus poderes y a nosotros nos corresponde decidir si queremos emprender una iniciativa desde el Parlamento para modificar este desplazamiento de poderes que ha tenido lugar, y yo creo, en efecto, que ha habido un desplazamiento de poderes en favor del Consejo. Yo solicito que se incluya este punto en el orden del día de la próxima sesión plenaria de Estrasburgo y que el Parlamento adopte una iniciativa para recuperar nuestros poderes. Se trata del Tratado, se trata de la conveniencia de que se establezca tal vez un procedimiento básico de codecisión...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente
Señor Telkämper, sabe usted que esto no es una facultad del Presidente. Es una facultad de la Conferencia de Presidentes, a la que usted puede plantear el asunto a través de su Grupo político, como cualquier otro diputado lo puede plantear a través de su Grupo político. Pero no es el Presidente el que hace el orden del día. Es la Conferencia de Presidentes y, en último término, el Pleno en el momento de aprobar el orden del día.

Colom i Naval
Señor Presidente, yo respeto su facultad, como Presidente, de conducir los debates pero quizá, en un debate como éste, si el ponente pide la palabra debería ser uno de los 20 o 30 diputados que pudieran formular una pregunta.

El Presidente
Señor Colom, este es un debate que está hecho para que todos los diputados tengan iguales oportunidades de pronunciarse, sean ponentes, presidentes de Grupo o cualquier otra causa. Y dentro de las limitaciones del Presidente, que son muchas, intenta hacer esto con un equilibrio de nacionalidades, Grupos políticos, etc., etc. En su caso, por desgracia, usted pidió la palabra pero la pidieron otros miembros de su Grupo y, entre ellos, acertada o desacertadamente, tuve que seleccionar a uno.

Acuerdo Euromediterráneo con Jordania
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A4-0165/98) de la Sra. Aelvoet, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la firma y a la celebración del Acuerdo Euromediterráneo con Jordania [COM(97)0554 - C4-0171/98-97/029(AVC)].

Aelvoet
Señor Presidente, hoy vamos a hablar aquí del Acuerdo Euromediterráneo de Jordania con la Unión Europea. Este Acuerdo Euromediterráneo se encuentra desde luego en el proceso global que todos hemos denominado el proceso de Barcelona, un proceso que aspiraba -y sigue aspirando, eso espero- a un acercamiento global entre la Unión Europea y los Estados del sur del territorio del Mar Mediterráneo y desde luego también la autoridad palestina.
Los grandes objetivos del acuerdo eran, por un lado, contribuir a la paz y a la estabilidad en esa región, también intensificar la colaboración económica, para lo cual se había elaborado una perspectiva para comenzar dentro de doce años un acuerdo de libre comercio entre Jordania y la Unión Europea, reforzar la cooperación regional, dar también más oportunidades a la colaboración social y cultural en un contexto organizado y, por último, naturalmente, hacer posible también el acceso de Jordania a la financiación de la MEDA.
Hasta ahora, desde la puesta en marcha del proceso de Barcelona, ya se han firmado cuatro acuerdos de asociación semejantes con Israel, con Túnez, con Marruecos y con la Autoridad Palestina. Con bastante pesar en este momento debemos constatar que el proceso de paz en Oriente Medio se ha estancado, se ha estancado del todo. De eso recibimos pruebas todos los días y, naturalmente, esto representa un impedimento muy grave para la intención original del proceso de Barcelona, que precisamente quería dar más oportunidades a la paz. Se ha hecho un esfuerzo en el mes de junio, en Palermo, para dar un nuevo impulso a este proceso convocando una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión y de los Estados candidatos, pero por supuesto son los hechos los que determinan hacia dónde se va y no sólo las reuniones. Una reunión puede conformar un hecho pero no puede ser un contrapeso si todos los demás elementos de una realidad siguen apuntando hacia otra dirección y, por tanto, en lo que a eso respecta la situación en Israel puede calificarse en este instante de más que alarmante.
En lo que respecta a Jordania, la propia realización del acuerdo hace mucho tiempo que ha quedado pendiente. Eso tiene que ver sobre todo con el hecho de que en este caso un solo país, España, ha empezado a llevar muy fuertemente la contraria después de que el acuerdo original ya hubiera sido rubricado, porque España era de la opinión de que una cláusula determinada era demasiado desfavorable para la situación en el mercado de los tomates españoles ante la posible importación de tomates jordanos, lo que finalmente ha conducido a la modificación de la cláusula con un aumento de la cuota de concentrado de tomate y frente a eso Jordania debía entonces permitir una revisión global de la cuota. Una penosa ilustración de cómo un proyecto que tiene la intención de dar forma a una política exterior de la Unión Europea puede tropezar finalmente con un par de cajas de tomates. En realidad, no es una cosa para alegrarse.
Pero visto de modo concreto, si examinamos la propia situación en Jordania en este momento, es cierto que en el plano económico la situación global sigue siendo débil. También aquí hay que decir de nuevo que la economía jordana, junto con la palestina, sufre muy fuertemente el estancamiento del acuerdo de paz. Todos aquellos que en el Parlamento Europeo abogan tan a menudo por la comprensión de la situación en Israel deberían ponerse a mirar alguna vez al otro lado para ver cómo se estancan todas las iniciativas económicas por el hecho de que no existe la posibilidad de pasar las fronteras con fluidez y que sólo hay dos puentes que pueden utilizarse en una u otra dirección, que hay un control por parte de Israel desde por la mañana muy temprano hasta bien entrada la noche, de tal manera que el país que ha tenido el valor político de firmar un acuerdo de paz político en 1994 con Israel ahora tiene que pagar un precio económico muy elevado y, por tanto, no recibe el pago que había esperado por el valor político que han manifestado de manera efectiva.
En lo referente a la situación de la democracia está claro que Jordania no responde a los criterios máximos de una democracia con buen funcionamiento. Realmente no. La situación en este momento está incluso empeorando en cierto sentido. Pero si se compara con la situación media de diferentes países de esa región, entonces Jordania lo está haciendo relativamente bien. Por tanto, creo que el Parlamento Europeo, tal y como lo he propuesto en mi informe, haría bien en plantear muy ajustadamente los problemas que hay y desde ahí abogar por una aprobación del acuerdo de cooperación, pero al mismo tiempo decir también: debemos vigilar la situación de la democracia y de los derechos humanos y utilizar en realidad este acuerdo para imponer en ese plano más progreso, porque debe mejorar.

Günther
Señor Presidente, yo quisiera agradecer ante todo a la señora Ponente su propuesta y también su exposición. Coincido absolutamente con ella en que Jordania no es un país en desarrollo tradicional, pero a la vez es un país que durante largo tiempo no puede decirse que haya estado en el punto de mira de la Unión Europea. Sin duda -y en esto también coincido con la Ponente-, dicho país tampoco figura entre los alumnos aventajados en lo que respecta a la democracia y los derechos humanos, pero aun así sería una satisfacción que otras regiones del mundo y los países en desarrollo clásicos pudiesen alcanzar el nivel que ha conseguido Jordania, y que desea seguir mejorando en su propio interés.
La democracia y los derechos humanos son temas en que los siempre hacemos hincapié en el marco de la cooperación con otros países. Precisamente la colega Aelvoet trabajó también este tema en el contexto del Tratado de Amsterdam y del Convenio de Lomé, con vistas a la inclusión de la democracia y los derechos humanos entre los criterios generales de la cooperación. La Comisión de Desarrollo y Cooperación se congratula, por lo tanto, de que así se establezca en el artículo 2 del Acuerdo.
Otro punto que también acogemos con gran satisfacción es que se haya tomado en consideración una posible cooperación interparlamentaria, que sin duda también será significativa en el marco del Foro Parlamentario, como parte del proceso de cooperación euromediterránea. En efecto, ahora mismo nos estamos preparando para celebrar el primer encuentro de dicho Foro y, en este sentido, Jordania gozará de una posición de partida favorable para insuflar vida al Acuerdo.

Sonneveld
Señor Presidente, aunque el número de Acuerdos Euromediterráneos crece constantemente no puedo ocultar que nuestras ambiciones en tiempos de Barcelona eran considerablemente mayores de lo que ahora observamos en la práctica, sobre todo en la parte oriental de la cuenca mediterránea. El estancamiento del proceso de paz tiene aquí la culpa en gran medida. Una buena marcha de ese proceso de paz debía ser la base de una mayor colaboración económica entre los países de esta región, en la que la Unión Europea prometió desempeñar un importante papel de apoyo.
Un nuevo acuerdo de colaboración con Jordania habría obtenido también, naturalmente, un lugar importante. Ahora que desgraciadamente todo ha transcurrido de otra forma, debemos dar la bienvenida con alegría al nuevo acuerdo con Jordania. Además del significado económico real tiene una importante función simbólica. Jordania es un país con una visión a largo plazo. Sabe que su destino estará unido con la suerte de Israel y Palestina. En el proceso de paz quiere ser un factor positivo, así que será una parte importante en las posteriores conversaciones.
Por este acuerdo la UE es también indirectamente un factor positivo. Tenemos en común con Jordania que queremos tener estrechos vínculos, y de hecho también los tenemos, con Israel y la autoridad palestina. Sobre todo el hecho de que la Unión Europea sea quien mayor ayuda presta a los territorios palestinos, subraya nuestro compromiso con el futuro de toda la región.
El acuerdo es multilateral y ambicioso. En doce años la Unión Europea y Jordania tendrán que haber conformado un territorio de libre comercio. En esto deberá participar también sustancialmente el sector agrícola. No tiene ningún sentido negar que semejantes acuerdos generarán problemas para la Unión Europea en lo que respecta a los productos de horticultura.
Estamos dispuestos a profundizar en los años venideros nuestras relaciones con los países mediterráneos en el terreno de la agricultura. Pero igual que con nuestros propios productos de la UE, debemos aspirar también a que nuestros socios mantengan saludable el desarrollo del mercado en el sector de las verduras, las frutas y las flores. Porque las ambiciones en torno al territorio mediterráneo son muy grandes en esos sectores, de hecho demasiado grandes. En este sector de la agricultura confiamos en poder seguir desarrollando una colaboración justa y sensata.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, me gustaría dar la bienvenida a este Acuerdo de asociación con Jordania, acuerdo que ha tardado mucho tiempo, como decía la ponente, Sra. Aelvoet, en gestarse. Quisiera decir que nuestro Grupo, el Grupo Socialista, va a traducir su satisfacción por la llegada de este acuerdo en un voto positivo a la propuesta que nos hace la ponente de dar dictamen conforme al Acuerdo de asociación. Y quisiera aprovechar para expresar que nos preocupa que, a partir de ahora, la ratificación necesaria por parte de los Estados miembros de la Unión Europea tarde otros cuantos años en efectuarse, retrasándose así de nuevo la aplicación de este Acuerdo Euromediterráneo.
Jordania es un país que optó en su momento por la paz y es un país que está en una región y en una situación difícil. Jordania debe demostrar a su opinión pública los beneficios de la paz por la que apostó. Jordania es un país que ha tenido una actitud constructiva en el proceso de diálogo firmado en Barcelona y que ha continuado después. Y la cooperación financiera y económica que puede resultar de este Acuerdo es importante para la evolución política de este país.
En relación con la agricultura, sector que ha motivado la tardanza en llegarse a un acuerdo con Jordania, debemos aceptar su inclusión en este espacio de libre cambio y encontrar fórmulas más rápidas de cooperación al respecto.
El presente Acuerdo incluye también un diálogo político y un diálogo parlamentario que nosotros hemos pedido numerosas veces. Y en octubre, en esta misma sede, tendrá lugar un diálogo multilateral entre los parlamentos de la región y el Parlamento Europeo. Y yo creo que va a ser importante que este acuerdo, como los demás, esté ya firmado en ese momento.
Se incluye también en el Acuerdo el seguimiento de la observancia de los derechos humanos y el apoyo a la democratización. La situación en este terreno no es perfecta. Estamos preocupados no tanto por la situación de los derechos humanos -que, como ya han dicho aquí los oradores que me han precedido, se puede comparar con otras zonas del mundo- sino por una cierta tendencia al empeoramiento de la situación por lo se refiere a los derechos políticos -al derecho de reunión, al derecho de asociación, a la libertad de los electos para ejercer sus misiones, etc.-, y queremos que mejore. Pero queremos firmar este Acuerdo precisamente para poder hacer eso: para poder ejercer un buen papel en el seguimiento del que hablaba en relación a los derechos humanos para ayudar a la democratización.
Reitero, pues, nuestra voluntad de votar a favor de la propuesta de la ponente y espero solamente que los jordanos no tengan que esperar otra generación para ver ratificado por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea este Acuerdo de asociación, deseo que transmito también en relación a los otros acuerdos que nacen de Barcelona.

Konrad
Señor Presidente, Señorías, estimados colegas, la conclusión del Acuerdo con Jordania se debe valorar positivamente, ya que éste constituye una prueba de que la Unión Europea puede celebrar con otros países -y también con los de la región mediterránea, en particular, como en este caso- acuerdos que se sitúan por debajo del umbral de la adhesión. Yo creo que éste también puede y debe ser el enfoque futuro. No podemos intensificar la cooperación únicamente cuando se prevea una adhesión a la Unión Europea como culminación del proceso, sino que tenemos que encontrar otras vías. El presente Acuerdo constituye una muestra de cómo se pueden llegar a establecer unas relaciones estrechas en el marco de un acuerdo.
En la actualidad ya existen también acuerdos de este tipo con Túnez, Israel y Marruecos, y el nuevo Acuerdo forma parte, en este sentido, de la política mediterránea de la Unión Europea. En efecto, desde 1977 ya manteníamos un Acuerdo de cooperación con Jordania y ya se habían firmado cuatro Protocolos financieros complementarios en el marco del mismo. Después de un período de transición, el proceso deberá culminar con la creación progresiva de una zona de libre cambio. A mi parecer, se trata de un paso importante para avanzar hacia la creación de una zona euromediterránea de libre comercio, tal como es nuestro deseo y nuestro objetivo. Los demócrata cristianos del Parlamento Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo, siempre hemos apoyado e impulsado positivamente este empeño, y yo quisiera volver a recalcarlo con toda firmeza en este momento.
También existen, no obstante, algunos aspectos criticables en relación con Jordania, que tampoco debemos silenciar en un día como hoy. La ponente se ha referido brevemente a ellos al principio de su intervención, pero en su informe no quedan tan claros como, en mi opinión, habría sido de desear. Yo creo que es preciso mencionar dos cuestiones. Por un lado, las leyes de prensa restrictivas que existen en Jordania -tal es su nombre- y sobre todo, por el otro lado, la prohibición de cualquier tipo de reunión política. Yo pienso que el proceso de diálogo con Jordania puede ser también un camino para empezar a hablar de estas cuestiones. Estos temas pueden discutirse ahora en el marco de dicho diálogo político, con vistas a que se establezcan unas condiciones democráticas, tal como es nuestro deseo y de conformidad también con las condiciones que exige la UE cuando suscribe un tratado, al menos en la fase final del mismo.
Yo acojo con satisfacción la celebración del Acuerdo y que también se hayan alcanzado soluciones en el marco de los compromisos comerciales y técnicos, ya que pienso que tenemos que apoyar especialmente a Jordania, que siempre ha sido un socio fiable precisamente en Oriente Medio y que también contribuye a la estabilización de dicha región. ¡Y aguardo con ilusión el diálogo entre el Parlamento Europeo y los jordanos!

Van Bladel
Señor Presidente, considero unos vínculos más estrechos con Jordania un apoyo natural para los acuerdos que ya se han ratificado con Israel y la autoridad palestina, pero en el conjunto del Oriente Medio nos olvidamos claramente de Siria y Líbano. Eso no avanza. Pero sobre todo echo de menos a Egipto. Llevo ya tres años como ponente para Egipto, pero las conversaciones siguen estancadas -debo decírselo- en dos puntos: productos agrarios y derechos humanos. Esos productos agrarios, la Sra. Aelvoet ya lo ha dicho, un acuerdo no puede seguir dependiendo de un par de cajas de tomates. Yo diría también en relación con Egipto: demos a Egipto una justa cuota de exportación. En relación con los derecho humanos es algo más complicado, pero no es necesario que entre en el tema aquí.
La Comisión ha negociado muy duramente con Egipto y ahora está realmente al final de su mandato. Por tanto, apelo al Comisario a que venga a informarnos aquí tan pronto como sea posible de cómo está la situación. Pero sobre todo apelo a Viena desde el primer día de la Presidencia austriaca para que pida a todos los Estados miembros que aceleren este acuerdo con Egipto, porque no podemos olvidar que el primer país en Oriente Medio que tuvo el valor de iniciar un proceso de paz con Israel ahora sería uno de los últimos que podrían firmar los acuerdos.
Espero que en el futuro el Consejo no dirija exclusivamente la atención a la ampliación, sino que en la abundancia de los temas que debe tratar quiera también hacer un llamamiento sobre todo a los Estados miembros para que lleven a un buen término el acuerdo con Egipto.
Ya tenemos resultados extraordinariamente positivos con otros países con los que tenemos acuerdos. Me refiero a Marruecos. Con regularidad me encuentro a parlamentarios marroquíes fuera de las relaciones institucionales en este Parlamento, con los que podemos discutir sobre diversos asuntos. Así me gustaría que fuera también con Egipto y, desde luego, con Jordania. Felicito a la Sra. Aelvoet, porque ha trabajado duro para mantener fuera de casa esas cajas de tomates.

Bertens
Señor Presidente, el Grupo liberal se alegra de la ratificación de este acuerdo con Jordania. La Unión hace bien en continuar con esta política mediterránea en el marco del proceso de Barcelona.
Las complicaciones como consecuencia del estancamiento del proceso de paz no nos deben desviar de ese camino. Jordania es un país importante en ese contexto. A pesar de la ocupación de una parte del territorio jordano por Israel en 1967, Jordania estuvo dispuesta a firmar un tratado de paz. Da muestras de muy buena voluntad. El rey Hussein se ha ganado justamente mucho crédito. Desde la ocupación israelí, también desde esa época, Jordania ha seguido siendo durante muchos años el protector de Cisjordania. Además, Jordania tiene grupos muy grandes de refugiados palestinos dentro de sus fronteras.
A pesar de todas estas complicaciones, Jordania es una de las pocas democracias en la región. Se debe promover una mayor democratización porque las mejoras son posibles y necesarias. El colega Konrad lo ha dicho ya: en el terreno de la libertad de prensa y en el terreno de la formación de partidos. Si Jordania hubiera estado en África creo que ahora tendríamos un texto muy diferente ante nosotros y, evidentemente, no habría habido ningún acuerdo. Por ello me parece muy justo que el acuerdo entre la Unión y Jordania tenga también una cláusula relativa a la democracia y a los derechos humanos. Espero que nosotros también nos atengamos estrictamente a ella.
En la actual situación explosiva en Oriente Medio se deben promover a través de este acuerdo también las perspectivas para una paz duradera. Confío en que este acuerdo contribuirá a que la población de Jordania tenga más expectativas en el progreso económico y también contribuirá a que el país siga promoviendo la reconciliación y la paz. Por eso, el Grupo liberal aprueba este acuerdo y aprueba también mis felicitaciones a mi colega y amiga Magda Aelvoet.

Antony
Señor Presidente, Señorías, aprobamos el principio de este informe y de la mejora de los vínculos entre la Unión Europea y Jordania. Sin embargo, quisiera rendir aquí homenaje al rey Hussein, homenaje que él se merece por los largos años durante los cuales, en medio de las peores dificultades, supo dar muestras de sabiduría y supo trabajar en favor de la paz, dividido como estaba -al igual que su país- entre fuerzas poderosas, ya que, como en el caso del Líbano, Jordania ha padecido desgracias debido a la creación del Estado de Israel, a través de la presencia en su territorio de numerosos refugiados palestinos que, a veces, han podido tener tendencia a comportarse como en una tierra conquistada, olvidando sus propias desgracias y haciendo soportar otras semejantes al pueblo que les acogía.
Este informe es demasiado crítico porque, en definitiva, vemos que se dice aquí que la situación de los derechos humanos dista de ser perfecta en Jordania, pero ¿en qué estado vive la región? Se denuncia mucho menos lo que ocurre en el país que está al lado. Sin embargo, la prensa del día nos habla de que se han producido concentraciones gigantescas en la propia Jerusalén, en presencia del Sr. Netanyahu y se han proferido gritos del tipo: "Muerte a los árabes».
Curiosamente, los que valoran estas posiciones extremistas en Israel son los mismos que, a veces, quisieran darnos lecciones, cuando nosotros nos contentamos con querer que se respeten los principios fundamentales de soberanía de nuestro pueblo. Los árabes están en su casa en ese país; los palestinos están en la suya, y la política de conquista y de expulsión de los palestinos y de los árabes que se practica en Jerusalén es un auténtico desastre.
Se nos habla aquí de la libertad de prensa, pero antes examinemos por favor nuestra propia realidad, pues tampoco en nuestros países tal libertad existe. Una gran periodista de nuestro diario francés "Le Figaro» y editorialista en la "Tribune juive», antigua estalinista -sabía pues de lo que hablaba- de vuelta ya de sus errores de juventud, hablaba de la intolerable policía judía del pensamiento al referirse a ciertas leyes. Nosotros tenemos leyes que prohíben la libertad de pensamiento, la libertad de escribir, así que ¿cómo nos atrevemos a condenar en Jordania, en un contexto de guerra, lo que no somos capaces de hacer respetar en nuestros propios países, donde reina, en efecto, una intolerable policía del pensamiento. Pero, como de costumbre, cuando la verdad está a orillas del Jordán los errores están orillas del Sena.
En cuanto a la política de librecambio, tendríamos algunas matizaciones que aportar a este concepto, que seguimos sin compartir, pero en términos globales, mediante la aprobación de este informe, queremos subrayar la mejora que se ha de aportar a nuestras relaciones con Jordania.

Speciale
Señor Presidente, yo también considero el informe de la Sra. Aelvoet un excelente informe y el acuerdo con Jordania un acuerdo positivo, también porque se han resuelto algunos problemas en materia de producción agrícola que lo bloqueaban. Sin embargo, en todos estos acuerdos se presenta un problema: o se retrasa la negociación o se impide su ratificación después de su firma. Cuando no es un Estado miembro, es otro el que plantea problemas: es así, en el primer caso, para Egipto, en que el acuerdo está todavía pendiente, o en el caso de Marruecos, en que el acuerdo se ha celebrado hace dos años y, sin embargo, no se ha ratificado.
¡No puede ser! Como Parlamento Europeo, fue un acierto adoptar una posición hace un mes, así como instar a la Comisión y al Consejo a que, a su vez, reiteraran a los Estados miembros sus responsabilidades. De lo contrario, es demasiado absurdo pretender relanzar la estrategia mediterránea para luego bloquear los acuerdos con los diferentes países del Mediterráneo. Eso es demasiado contradictorio.
Por ello, una vez más tenemos que hacer hincapié en este punto. Jordania es un país influyente en el panorama de Oriente Medio; no hay duda de que tiene algunos problemas económicos y sociales e incluso de democracia plena, sin embargo, como decía la Sra. Terrón i Cusí, respecto a otros países, se garantizan las libertades y los derechos fundamentales, así como cierta convivencia entre religiones. Debemos vigilar a fin de que esta situación no sufra un retroceso, mejor dicho, avance gradualmente. Este aspecto es, a mi entender, muy importante.
Tenemos que relanzar -ésta es la ocasión para decirlo- el diálogo político parlamentario. Será muy significativo si logramos que tenga lugar a finales del mes de octubre el primer Foro interparlamentario entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, así como aprovechar esta ocasión. En consecuencia, debemos relanzar el diálogo interparlamentario, en general, y el diálogo euromediterráneo, en particular. La reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los días 3 y 4 de junio sirvió para ello y creo que puede ayudar a la IIIª Conferencia Euromediterránea.
Está en juego sobre todo la cuestión del proceso de paz. Los palestinos, como saben sus Señorías, han declarado que aceptan el plan americano, el Gobierno israelí, en cambio, no, aún no. Esto crea una situación extremadamente difícil. Algunos periódicos de hoy publican una entrevista con el Presidente Arafat que con honda preocupación dice cosas muy alarmantes: denuncia un asedio, un estrangulamiento de los territorios palestinos por parte de Israel, una situación que no puede aceptarse por más tiempo y que sólo puede generar desesperación y ante todo impedir el desarrollo y la salida de la pobreza, una situación que es una especie de embargo. La entrevista termina con un llamamiento muy serio y urgente a la Unión Europea que, por sí sola, puede contribuir a romper el asedio. Se trata de un llamamiento muy firme a nuestras responsabilidades. Debemos decirles a todos que no se puede jugar contra la paz, pero, sobre todo, que no se puede mantener esta región en una situación de marginación, de pobreza y de retraso. Entiendo que esto les interesa a algunos que hoy son los más fuertes e influyentes, pero no a todos los pueblos ni tampoco a la Unión Europea y, por lo tanto, debemos recordarles a todos su sentido de la responsabilidad con vistas a la conclusión de este proceso de paz.

Pinheiro
Señor Presidente, Señorías, este acuerdo sigue a la conclusión de dos acuerdos de asociación similares con Túnez, Marruecos, Israel y la Autoridad Palestina en el marco del nuevo partenariado euromediterráneo. Con este acuerdo se crean las condiciones necesarias para establecer, tan pronto como lo permita la situación política, el núcleo de un futuro espacio económico integrado en el Oriente Medio y en el norte de África. Al establecer esta red de acuerdos basados en disposiciones similares, la Comunidad pretende crear un espacio euromediterráneo de prosperidad económica e incentivar el desarrollo de las relaciones económicas Sur/Sur, esenciales para la paz y la estabilidad en la región. Esperamos que el nuevo acuerdo propicie una renovación profunda de nuestras relaciones bilaterales con este país. La Comisión es consciente de que el establecimiento gradual del comercio libre con la Comunidad representa un enorme empeño para la economía y la sociedad jordanas.
En este marco, aunque la Comunidad tan sólo pueda funcionar como catalizador de los esfuerzos de la sociedad jordana, no dejará de prestar asistencia técnica y financiera, en el ámbito de los instrumentos existentes, para apoyar los ajustes que Jordania deberá llevar a cabo necesariamente.
La Comisión se congratula muy en particular de la plena aceptación por Jordania de las disposiciones en materia de respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos fundamentales, así como de la lucha contra la inmigración clandestina.
Por último, la Comisión desea felicitar al Parlamento Europeo, y en particular a la Sra. Aelvoet, por el excelente trabajo realizado en el ámbito de las comisiones que han analizado el acuerdo. Esperamos una rápida conclusión de los procedimientos de ratificación por los parlamentos de Jordania y de nuestros Estados miembros a fin de que el acuerdo produzca sus efectos positivos lo más rápidamente posible.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Medio ambiente urbano - Ordenación del territorio
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0177/98 de la Sra. Pollack, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el refuerzo de la política comunitaria sobre el medio ambiente urbano; -A4-0172/98 de la Sra. Napoletano, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Comunicación de la Comisión: »Hacia una política urbana para la Unión Europea» (COM(97)0197 - C4-0235/97); Ponentes para opinión: (Procedimiento «Hugues»): Las Sras. Bennasar Tous (Comisión de Empleo y Asuntos Sociales), Pollack (Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor) y Terrón i Cusí (Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores);
A4-0206/98 del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la ordenación del territorio y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial.
Pollack
Señor Presidente, en el excelente Libro Verde de la Comisión de 1990, se inició un análisis del medio ambiente urbano en Europa, junto con los parámetros de un enfoque general a nivel europeo, y tratamos sobre ello en mi informe de 1991. Llegan de la Comisión nueva iniciativas en la forma de la Comunicación hacia una política urbana que analizaremos más tarde en este debate.
El objetivo de mi nuevo informe es hacer balance de lo sucedido desde entonces y proponer vías por las que poder avanzar para reforzar el desarrollo de la política de medio ambiente en la Unión Europea para zonas urbanas. Hemos recorrido un largo camino desde que surgió el concepto de la Europa de los ciudadanos, y sin embargo, la mayoría de nuestros ciudadanos no perciben que nuestras acciones afecten a sus vidas. Soy del parecer que muchos factores que conforman el medio ambiente urbano son precisamente aquéllos en los que deberíamos poder conectar más estrechamente con la población. El desarrollo de políticas, sin embargo, debe hacerse a partir de cero, con la participación de las ONGs, de mujeres, de hombres, de personas de edad avanzada y jóvenes, así como de los interlocutores sociales. Si realmente queremos fomentar el papel de las ciudades como generadoras de prosperidad y crecimiento económico, y combatir la infrautilización de los recursos humanos, un componente integral de nuestro trabajo debe ser la mejora tangible del medio ambiente urbano. No puedo hacer suficiente hincapié en el hecho de que el desarrollo social y económico va unido a un medio ambiente mejor y a una mejor calidad de vida en nuestras ciudades.
¿Cuáles son nuestros objetivos europeos para nuestras ciudades? Aún no he percibido una respuesta clara de la Comisión. Está claro que los principales ingredientes de la calidad de vida son la salud, un lugar seguro y agradable para vivir, un puesto de trabajo y una variedad de experiencias culturales. En Europa estamos orgullosos de nuestras ciudades, grandes y pequeñas, en las que durante muchos siglos han prosperado nuestra cultura, civilización y democracia. Y sin embargo, esas mismas ciudades son escenario de un gran desequilibrio entre ricos y pobres. La pobreza, el racismo, el desempleo, la enfermedad, el crimen, los atascos de tráfico, el ruido y la contaminación atmosférica aceran las vidas de demasiadas personas. ¿Dónde está entonces nuestra visión?
Aunque celebramos lo bueno de nuestras ciudades como la cultura, etcétera, tenemos el deber de contribuir a solucionar lo malo. Digo contribuir, señor Presidente, porque no es algo que la UE pueda o deba solucionar por sí sola. Está claro que una buena parte de la tarea debe recaer en las autoridades locales, regionales y nacionales.
En primer lugar, quisiera rendir homenaje al trabajo del grupo de expertos en medio ambiente urbano y a la Campaña europea en favor de las ciudades sostenibles. Ambos han contribuido enormemente al desarrollo de la política de medio ambiente, a fomentar la concienciación y las acciones reales que han tenido lugar durante los últimos años. Es fundamental garantizar su mantenimiento y que no debamos preocuparnos por su futuro en cada presupuesto anual. Además deben preverse los recursos adecuados para el desarrollo de un enfoque integrado en materia de medio ambiente urbano, y que se mantenga el apoyo a los planes de colaboración en las mejores prácticas. La degradación del medio ambiente en nuestras ciudades está tan extendida como el problema de la falta de cohesión social. Sabemos que las personas más pobres y más desfavorecidas socialmente suelen vivir en las zonas más contaminadas. Esto, a su vez, afecta a su salud, en particular, a los miembros más débiles de la sociedad, como las personas de edad avanzada y los niños. Y ello repercute sobre toda la población urbana, ya que la baja calidad de vida, los altos índices de criminalidad y la contaminación llevan a los empresarios a abandonar la ciudad, con el consiguiente empeoramiento de la calidad de vida, incluso en las zonas más favorecidas de la ciudad. Gracias a la inclusión de la salud pública en el Tratado de Amsterdam, la nueva regulación de los Fondos estructurales incluirá iniciativas sobre cómo combatir los niveles de contaminación nociva para la salud.
Nos espera una importante tarea, y la coordinación en la Comisión sigue siendo insuficiente para hacer frente a los problemas de medio ambiente urbano. Reconozco que existe un grupo de trabajo interservicios, pero creo que necesita ser mejorado hasta convertirse en una unidad interdepartamental con un mecanismo ideado específicamente para proporcionar información. En las distintas políticas no contamos actualmente con una visión claramente articulada sobre un futuro urbano sostenible. Tampoco disponemos de fondos destinados principalmente a la mejora del medio ambiente urbano. Está claro que algunas de las tareas en un futuro próximo deben ser una auditoria adecuada de sostenibilidad y el desarrollo de indicadores comparables de sostenibilidad. Esto debe ir de la mano de una amplia difusión de mejor información sobre el estado del medio ambiente urbano europeo y de un programa continuado de planes piloto.
Una de las principales iniciativas de estos últimos años ha sido la proliferación de planes de la Agenda local 21. Dar prioridad a la sostenibilidad en nuestros esfuerzos en áreas urbanas es la clave del éxito para las acciones en el futuro, y necesitamos el apoyo ininterrumpido para las organizaciones de la Agenda 21. La sostenibilidad no sólo consiste en la necesidad de frenar la degradación del medio ambiente y el desequilibrio ecológico, y evitar el empobrecimiento de futuras generaciones. Consiste también en la necesidad de una buena calidad de vida y de igualdad entre las generaciones actuales; un modelo urbano que excluya un componente medioambiental importante será incapaz de lograr esto. Acojo con satisfacción la noticia de que en noviembre se lanzará en Viena un programa de acción encaminado a proteger el medio ambiente urbano. Debemos intentar garantizar que la flexibilidad forma parte de estos planes de acción, al objeto de que puedan aplicarse a todas las áreas urbanas y que no se limiten a zonas restringidas. Si avanzamos en esta dirección, creo que podremos comenzar a desarrollar nuestras ciudades para que se conviertan en lugares de creatividad y realización para futuras generaciones.

Napoletano
Señor Presidente, Señorías, creo que esta resolución representa un punto de partida para nuestro Parlamento, puesto que la Comunicación de la Comisión Europea tiene el gran mérito de haber implementado, por primera vez, un debate sobre la cuestión urbana en una óptica global, de conjunto. Considero que esto es importante porque, hasta la fecha, nos hemos ocupado de las ciudades, sin embargo, lo hemos hecho sólo cuando hemos abordado políticas sectoriales. Por otra lado, en su documento, la Comisión parte de la constatación de que el 80 % de los ciudadanos europeos vive en las ciudades; las ciudades son el lugar donde se han producido los mayores cambios económicos y sociales en estos últimos años, las ciudades deben hacer frente a los procesos de globalización económica que con frecuencia alteran sus economías. Las ciudades, en consecuencia, son el lugar donde existen las mayores contradicciones: son el lugar donde hay más riqueza -de hecho y se registra el mayor nivel de producto interior bruto comunitario-, pero son también el lugar donde conviven la mayor pobreza y el otro fenómeno tal vez todavía más grave de la exclusión. Todo esto, por lo tanto, lleva a la Unión a mirar con atención y preocupación los desarrollos de esta situación y de estas políticas.
La política europea, no obstante, no ha sacado aún todas las consecuencias de este análisis. Si se me permite emitir un juicio, evidentemente positivo sobre la Comunicación de la Comisión, es que la misma adolece de una profundización en la elaboración y definición de los problemas, así como de una escasa coherencia en cuanto a establecer cuáles deben ser los instrumentos para intervenir más eficazmente.
Diré enseguida que este discurso no es simple, habida cuenta de que los instrumentos se encuentran diseminados entre las distintas políticas y, por consiguiente, la política más visible, desde el punto de vista del impacto en la ciudadanía, es la de cohesión. Debemos, sin embargo, estar atentos a no cargar sobre la política de cohesión la responsabilidad de asumir lo que las demás políticas tendrían, en cambio, que fijarse como objetivo. Me refiero a la política ambiental y de investigación, sin olvidar la política agrícola, porque las ciudades son el lugar donde se concreta la relación entre productores y consumidores, una relación a menudo bastante crítica y basada en una desproporción entre la posibilidad de control y de participación.
Creo, sin embargo, que nos encontramos en un punto interesante de nuestra labor, el punto en que tendremos que relacionar diferentes instrumentos con diferentes caminos. Personalmente, considero que hemos hecho bien en organizar este debate junto con el debate sobre la ordenación del territorio, que va a ser objeto de la intervención del Sr. Novo Belenguer, puesto que las ciudades se ubican en un territorio y, por lo tanto, es impensable una política urbana desvinculada de la política territorial.
Por último, tendremos que abordar enseguida la reforma de los Fondos estructurales y la Agenda 2000 que es un dossier prioritario, el más importante y, en este sentido, pedimos a la Comisión, a través de este informe, que sea más coherente con respecto a las políticas sobre las ciudades. Está muy bien haber incluido un capítulo urbano en el Objetivo 2, pero está muy mal proponer la supresión del programa URBAN que no está en absoluto en contradicción con dicho objetivo. Del mismo modo, es importante que también en el Objetivo 1 y el programa INTERREG, así como en el Objetivo 3 que precisamente atañe a la formación y al empleo, se preste una mayor atención al impacto de estas políticas en las ciudades y sobre todo que exista la conciencia de hacer participar a las autoridades locales electas, los alcaldes, en ésta política que es una política importante, y en la que nos jugamos muchas de las apuestas que, como Unión, queremos realizar en este momento, empezando por la del empleo.

Novo Belenguer
Señor Presidente, este informe de iniciativa sobre la ordenación del territorio y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial se inscribe en el marco de los trabajos llevados a cabo por los gobiernos de los Estados miembros del Comité de Desarrollo Espacial. Estos trabajos dieron lugar los días 9 y 10 de junio de 1997 en Noorwijk, bajo Presidencia holandesa, a un primer proyecto oficial de la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio. Este primer proyecto consideró que no se han tenido en cuenta todavía, ni en el nivel nacional ni en el nivel europeo, los tres principales aspectos que definen la ordenación del territorio: el aspecto espacial, centrado fundamentalmente en la localización de hombres, actividades y equipos; el aspecto económico, social y cultural, centrado en el empleo y en la búsqueda de trabajo; y el aspecto centrado fundamentalmente en la protección del medio ambiente.
El informe que hoy debatimos se centra en el contenido de las cuatro partes de este primer proyecto de perspectiva y cuyo espíritu viene recogido específicamente en su primera parte, al definir el objetivo de la ordenación del territorio. Objetivo basado en el principio, que desde siempre y en repetidas ocasiones hemos defendido desde este Parlamento, de que una auténtica competitividad equilibrada en todo el conjunto del territorio de la Unión Europea sólo se consigue sobre la base de la cohesión económica y social y el fomento del desarrollo sostenible.
La segunda parte del documento es la parte analítica del mismo, donde se dejan entrever las dificultades de obtener datos comparativos y armonizados de los distintos Estados miembros de una manera fiable y completa, lo que denota -y así lo especifico también en el informe- la necesidad de la creación del Observatorio europeo para la ordenación del territorio, tal y como se recomendó en el Consejo de Leipzig en 1994, necesitándose una línea presupuestaria que haga viable su financiación.
La tercera parte del documento es el mensaje político del documento en sí, y en él se define la política europea a seguir para realizar la ordenación del territorio. Política, señor Presidente, que considero incompleta al no tenerse suficientemente en cuenta los espacios transfronterizos y transnacionales.
La cuarta parte del documento hace referencia a la aplicación práctica de la Perspectiva y cuenta con la dificultad de una manifiesta debilidad institucional europea, incapaz de llevarla a cabo. A este aspecto he querido darle una especial atención en mi informe. Por ello, resalto que se han agotado ya las posibilidades de actuación de la dinámica intergubernamental a este respecto, por lo que, en la actualidad, resulta totalmente imprescindible que la política de ordenación territorial se introduzca, de manera oficial, en el ámbito comunitario. Y en este punto quiero recordar la continua reivindicación del Parlamento Europeo de oficializar definitivamente los Consejos de ministros de ordenación del territorio y de constituir en órgano permanente el Comité de Desarrollo Espacial, buscando, además, cauces para la participación activa de las autoridades regionales y locales.
Pese a ello, existen en la actualidad diferentes instrumentos comunitarios que resultan útiles para aplicar la Perspectiva, como sería, por ejemplo, el caso de las políticas comunitarias incidentes sobre el equilibrio territorial y las políticas estructurales definidas en el artículo 130 A del Tratado, en cuyas reformas deberán tenerse en cuenta los principios y las opciones políticas definidas en la perspectiva.
Y por último, debe prestarse atención a los espacios transfronterizos y transnacionales anteriormente comentados, sobre todo teniendo en cuenta la futura e inminente ampliación de la Unión Europea. A este respecto, el pasado 8 de junio tuvo lugar en Glasgow una interesante reunión del Consejo de ministros de política regional, que tuvo en cuenta, entre otros asuntos, los efectos de la ampliación sobre los actuales 15 Estados miembros, lo cual repercutirá, sin duda alguna, en la posterior definición y contenido de la ordenación del territorio en la Unión Europea.
En esta línea, señor Presidente, considero que procede integrar un nuevo capítulo al documento de la Perspectiva que tenga en cuenta la ampliación, siendo este el motivo y espíritu de las tres enmiendas que he presentado, además de pretender integrar en mi informe las conclusiones del Consejo de Glasgow.
Con respecto a las otras 14 enmiendas presentadas, quiero manifestarle, señor Presidente, mi posición en contra de que las mismas se incluyan en el documento. Y ello porque su filosofía está profundamente en contradicción con la de este informe, que fue aprobado en su día por la Comisión de Política Regional, pues en el mismo se hace hincapié en la necesidad de una política comunitaria que tenga a la propia Unión Europea como protagonista del desarrollo de la ordenación del territorio de manera que, como ya he dicho anteriormente, redunde en el fomento de la cohesión económica y social y en la competitividad dentro de la propia Unión, todo ello bajo el principio, lógicamente, de la subsidiariedad, con el fin de responder mejor a las necesidades concretas y particulares de las regiones e incluir así a todos los sectores interesados.
Acabo ya, señor Presidente, manifestando que es hora de abandonar el temor que todos los Estados tienen a que las políticas de ordenación del territorio puedan afectar directamente a la reforma de los Fondos estructurales, aunque deberíamos plantearnos, al menos -y ya a partir de este momento-, que las políticas de ordenación del territorio sirvan para coordinar la aplicación de determinadas políticas comunitarias -agrícola, medioambiental, de investigación y desarrollo, etc.- y siempre, como también hemos dicho, bajo el principal objetivo de la verdadera cohesión económica y social.
Finalmente, quiero agradecer la colaboración de todos los compañeros de la Comisión de Política Regional y de todo el equipo técnico, especialmente de la secretaría técnica de la Comisión de Política Regional.

Bennasar Tous
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo coincide en la necesidad de coordinación de las políticas comunitarias en las ciudades y de un enfoque global integrado de las mismas que nos lleve a desarrollar una política urbana eficaz. Todos estamos de acuerdo en el éxito de las iniciativas URBAN, INTEGRA e INTERREG, cuyos objetivos deben tener continuidad en el futuro. Gracias a ellas, las ciudades europeas han mejorado mucho, pero el esfuerzo debe continuar. Nuestras ciudades siguen teniendo problemas de desempleo, de integración social, de inmigración, de seguridad, que necesitan de la acción conjunta entre ciudadanos y autoridades para buscar soluciones.
La ordenación del territorio urbano debe tener en cuenta: el envejecimiento de la población europea; la dificultad de los jóvenes para acceder a la primera vivienda; los niños, cuya seguridad no es evidente en muchas ciudades; los discapacitados; las amas de casa y los parados. Aunque todos sean diferentes, tienen una necesidad común: aspiran a una vida digna y deben encontrar su sitio en la ciudad.
Las guarderías, los centros de día para mayores y discapacitados, la atención a domicilio y los servicios de vecindad deben ser prioritarios, tanto como fuentes de empleo en el sector servicios como necesidad urgente para que las mujeres podamos conciliar familia y trabajo. Las ciudades pueden ser laboratorios de innovación para la política social y de empleo, convirtiendo los problemas en posibilidades.
Pedimos a la Comisión que potencie las iniciativas locales de empleo, así como los pactos territoriales.
La sostenibilidad urbana pasa por una nueva conciencia en el uso del transporte público, en el ahorro de agua y energía, en la gestión de residuos y ruidos, que afectan muy seriamente a las ciudades industriales y turísticas. Los ayuntamientos tienen la obligación de moderar la fiebre inmobiliaria y la especulación del suelo, que no traen progreso sino desequilibrio y anarquía, y prevenir todo ello sin desoír las reglas del juego social, buscando modelos de desarrollo que no impliquen destrucción y empobrecimiento. Es urgente defender y conservar nuestro patrimonio natural e histórico europeo y desarrollar parques y zonas verdes en las ciudades, aprender a humanizar la ciudad y a humanizarnos en ella.
Y para terminar, quiero recordar que una aplicación estricta del principio de subsidiariedad no debe impedir que la Unión Europea se preocupe por los más débiles adoptando acciones que, aunque pequeñas y con poco presupuesto, ayudan a crear una conciencia social europea.

Pollack
Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar a mi colega Sra. Napoletano por su excelente informe y por los comentarios tan constructivos que yo también apoyo plenamente.
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acogemos con satisfacción la comunicación de la Comisión hacia una política urbana, pero queremos también poner de manifiesto cierta preocupación que exponemos más minuciosamente en nuestra opinión. Obviamente, el informe de la Comisión de Medio Ambiente, que también estamos debatiendo, encaja directamente en este ámbito concreto. El aspecto medioambiental y de salud pública de los asuntos urbanos parece sumergirse en el debate sobre la reactivación económica urbana y el desarrollo de espacios.
Naturalmente, reconocemos que los problemas del alto índice de desempleo y de exclusión social son especialmente graves en las ciudades. No obstante, varios estudios de la OCDE indican que la mejora de la calidad de vida en el medio ambiente urbano no sólo mejora la vida de sus ciudadanos, sino que además ayuda a atraer y crear puestos de trabajo e inversión. Por consiguiente, mejorando el medio ambiente urbano, podemos fomentar al mismo tiempo la reactivación económica.
La comunicación hacia una política urbana adolece de una visión integral en este sentido, y es fundamental tomar en consideración la sostenibilidad del medio ambiente como componente importante de la ecuación urbana. Las once iniciativas del informe bajo el encabezamiento de aspectos medioambientales son cruciales para el desarrollo de medidas para la protección del medio ambiente urbano. No dispongo de tiempo suficiente para tratar aquí sobre ellas, a pesar de que me gustaría examinar todas y cada una de ellas, pero insisto en su importancia. Espero que la Comisión les preste mucha atención, sobre todo después de haber sido respaldadas por la Comisión de Política Regional. Necesitamos una auténtica unidad interdepartamental de asuntos urbanos en la Comisión para garantizar que estos asuntos reciben una atención más coherente que la que se les dedica en estos momentos, y que existe un desarrollo mucho más integrado de políticas que el actual.
Una última observación. En la revisión de los Fondos estructurales existe actualmente una fuerte tendencia a relegar las acciones urbanas a ámbitos ya contemplados en el Objetivo 1 y 2. Eso, sencillamente, no es suficiente. El ochenta por ciento de la población de la Unión Europea reside en ciudades que, en su mayoría, están situadas fuera de dichas áreas, y la necesidad de solucionar la falta de cohesión social y los problemas en materia de medio ambiente urbano se resiste a encajar dentro de estos límites administrativos y presupuestarios. La desaparición, en particular, de la iniciativa comunitaria denominada URBAN para pasar a convertirse en el Objetivo 2 significa que falta la flexibilidad necesaria para poder desarrollar la sostenibilidad del medio ambiente en nuestras ciudades, donde además es tan necesaria. Habida cuenta de que no disponemos de fondos destinados principalmente a mejorar el medio ambiente urbano, insto encarecidamente a la Comisión a construir sus planes de acción de tal manera que pueda mantenerse dicha flexibilidad.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, en primer lugar quiero sumarme a las felicitaciones a la ponente de este informe. Creo que es un informe que ayuda a comprender cuál es el problema y hace propuestas importantes. Celebramos a la vez la comunicación de la Comisión y su convencimiento de la necesidad de hacer una política de la Unión Europea que tenga en cuenta y que se centre en las ciudades. Vengo de una ciudad tan orgullosa de serlo y tan orgullosa de su gestión local como Barcelona y sé hasta qué punto los entes locales están mirando hacia Europa y cómo Europa tiene que estar presente a través de las ciudades para que los ciudadanos vean y entiendan su importancia y cercanía.
La primera prueba de esta política, como dice el informe, va a ser la reforma de los Fondos estructurales y me parece que, en este sentido, se han avanzado propuestas interesantes para la reforma, especialmente del Objetivo 2. Pero quisiera también mostrar mi preocupación porque a la vez se hable de la desaparición de una iniciativa tan interesante como la iniciativa URBAN. Creo que su mantenimiento y el mantenimiento de un correcto financiamiento para URBAN no son incompatibles con la reforma de los Fondos estructurales sino que son coherentes con la orientación que se le quiere dar a la reforma de dichos Fondos.
La Comisión de Libertades Públicas, señor Presidente, está también muy atenta a lo que pasa en las ciudades. Nos parece muy importante el tema de la seguridad urbana y nos parece muy importante que también desde la Unión trabajemos a favor de unas ciudades donde la gente no sólo pueda salir por la noche sino que, además, piense que puede hacerlo, porque sólo así los ciudadanos podrán sentirse libres, y sólo así podremos estar en un espacio donde la violencia, sea la ejercida por parte de la delincuencia o la ejercida por parte de los sistemas privados de protección que vemos proliferar por todas partes, no vaya creciendo ilimitadamente.
Hay que trabajar contra fenómenos tales como el racismo y la xenofobia y así está previsto, y hay que presentar una serie de medidas estructurales y de carácter social que involucren a los ciudadanos y que fortalezcan el tejido social y la sociedad civil para conseguirlo. Pero hay también que apoyar a las ciudades en aquello que pueden hacer por su cuenta, en aquello en lo que son competentes y reforzar su competencia y su capacidad en algunos temas. Y yo creo, por ejemplo, que es muy importante establecer marcos de justicia rápida y de reparación a la comunidad para los pequeños delitos, y dar nuestro apoyo a otro tipo de acciones a veces calladas, como por ejemplo los planes de prevención y de control que en relación a la atención a los drogadictos y a los heroinómanos, sin hacer mucho escándalo, se están llevando a cabo en muchas ciudades y son muy útiles.
Creo que esta serie de medidas sería importante y espero que este informe y la iniciativa de la Comisión ayuden a que también esto esté en el primer punto de nuestras agendas.

McCarthy
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, creo que el debate de hoy sobre política urbana de la UE y el informe sobre planificación regional y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial pone de manifiesto dos dimensiones muy importantes y relacionadas entre sí de la política regional europea. Es muy oportuno que el Parlamento emita su dictamen sobre el futuro desarrollo de dichas políticas, habida cuenta de que, bajo Presidencia británica, la reunión informal de ministros en Glasgow decidió dedicar toda una jornada a debatir sobre la política urbana y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial. Felicito a los ponentes del Parlamento por su trabajo y por la calidad de ambos informes, y a todas las personas que han aportado muy buenas opiniones a los mismos.
El proyecto de documento sobre ordenación territorial ha podido avanzar gracias al impulso dado por los ministros británicos y por el grupo de expertos. Pero no se trata solamente de un ejercicio de planificación académico; necesita el respaldo de decisiones reales. Debemos llegar a un acuerdo sobre cómo planificar el futuro y garantizar que los resultados de dicho ejercicio son accesibles. La verdadera audiencia son nuestros ciudadanos, y los países de la Unión Europea deben acercar los gobiernos a los ciudadanos.
Creemos que la clave es compartir las mejores prácticas. Queremos soluciones reales para problemas reales. Por ejemplo, la compleja afluencia de medios de transporte significa para algunas zonas nuevas oportunidades, mientras que para otras supone atascos y contaminación. También observamos las presiones a que son sometidas nuestras áreas urbanas y rurales, pero queremos que los beneficios de la nueva tecnología se esparzan a lo largo y ancho de muchas de nuestras regiones. Debemos fomentar la cooperación entre los Estados miembros y adoptar enfoques comunes para compartir problemas y oportunidades, y alcanzar un desarrollo más equilibrado con un enfoque integrado intersectorial. En el Parlamento, queremos colaborar en la tarea de traducir los discursos europeos en acción real, y esperamos con interés el proyecto definitivo de Perspectiva Europea de Ordenación Territorial, que esperamos que sea aprobada en una futura reunión del Consejo.
Otro de los aspectos en que la Presidencia británica reconocía en sus conclusiones que hay que seguir trabajando es en un estudio más minucioso del papel y de las funciones cambiantes de las áreas urbanas. Acojo con satisfacción las iniciativas adoptadas en la reunión informal. De hecho, el documento de la Presidencia sobre el intercambio de políticas urbanas permitió un excelente intercambio de experiencias sobre cómo analizar un enfoque integral en materia de regeneración, con vistas a solucionar los problemas a los que se enfrentan las personas desfavorecidas que se concentran en determinadas zonas, analizar la gestión de los centros de las ciudades y abordar los problemas urbanos en materia de calidad de vida. En el Parlamento nos preocupaba de manera especial el énfasis en la necesidad de participación comunitaria y de buen gobierno, con vistas a mejorar el funcionamiento de la democracia a nivel local.
Estoy de acuerdo con la Sra. Pollack en que limitarse a incluir la dimensión urbana en los programas de Objetivo 1 y 2 no es suficiente. Creemos que la iniciativa comunitaria URBAN ha dado realmente un excelente reconocimiento público a las ideas urbanas. Queremos que se fomenten. Por consiguiente, no será ninguna sorpresa para los diputados ni para la Comisión que en nuestras reuniones pidamos la continuación de la iniciativa comunitaria URBAN.
En el Consejo extraordinario de Glasgow, se pidió a niños procedentes de los quince Estados miembros de la Unión Europea que dibujaran y presentaran a los ministros su ciudad ideal del futuro. Ofreciendo una visión de alta tecnología de una ciudad segura y sostenible, los niños trazaron los retos que supone cumplir con nuestras responsabilidades. Creo que eso comienza ahora. Necesitamos crear ciudades dinámicas que respeten a las personas y al medio ambiente y que involucren a los colectivos de la comunidad en la planificación y en el proceso y en la regeneración de los procesos propiamente dichos.
Para mí fue un placer presentar enmiendas al informe de la Sra. Napoletano de cara a buscar un enfoque mucho más sostenido con mejor financiación para nuestras áreas urbanas, y espero que la Comisión tenga en cuenta estas opiniones a la hora de elaborar las propuestas para la Agenda 2000, a raíz de las negociaciones con los ministros en el Consejo.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, Europa necesita una política de ordenación del territorio. De la misma manera que los Estados miembros tienen sus políticas territoriales que integran las políticas regionales y locales, se impone ahora una política europea de ordenación del territorio que integre las distintas políticas nacionales. Es un reto del sentido común: hay que unir economía y territorio.
La ordenación del territorio condicionará, sin duda, la política regional del futuro, pues no habrá cohesión económica y social sin cohesión territorial. No podemos seguir diseñando y aplicando políticas comunes aisladas, pues estamos haciendo algo más grande que eso, estamos construyendo un continente y tenemos que hacerlo cohesionada y solidariamente entre los 15 Estados miembros actuales y los que llaman a nuestra puerta para construir la gran Europa. Se imponen, por tanto, coordinación, cohesión y territorialización.
Ordenación del territorio es sinónimo de equilibrio o, si se prefiere, de reequilibrio. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, ya dejó escrito «Europa no es una cosa, es un equilibrio». Muchas abejas, un solo vuelo. Y de este enjambre de intereses debe surgir la ordenación del territorio como política reequilibradora de los espacios y de las políticas europeas.
Apoyo por ello la PEOT y el excelente informe de mi compatriota Novo Belenguer, y me permito tan sólo reafirmar aquí mi contribución en comisión al informe: que la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio sobrepase su obvia dimensión terrestre para incorporar la dimensión marítima de la que adolece.
Pedimos potenciar los puertos, especialmente los medianos y pequeños puertos europeos, palancas del desarrollo local y regional de regiones atrasadas y periféricas, y desarrollar el transporte marítimo en todas sus modalidades como alternativa al congestionado transporte terrestre y al deteriorado medio ambiente, aplicando para ello los Fondos estructurales y de cohesión.
Y permítanme una consideración final. Reivindico, desde este Parlamento, el apoyo de la Comisión y del Consejo a la dimensión atlántica de Europa, espacio en el que viven unos 50 millones de europeos, en el que se encuentran tres de los cuatro Estados actuales de la cohesión, dos de ellos íntegramente en el Objetivo nº 1, y 32 regiones marítimas periféricas y ultraperiféricas que, desde las high lands escocesas hasta la Andalucía española, reclaman su inclusión operativa en la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio y el apoyo de una red transeuropea marítima que impulse las comunicaciones europeas atlánticas y transatlánticas como eje privilegiado de su desarrollo de futuro.

Vallvé
Señor Presidente, agradezco en primer lugar que se haya dado a mi Grupo, al Grupo Liberal, el puesto que le corresponde en el orden de oradores que en realidad le corresponde ahora por su número de diputados. Estamos discutiendo aquí un tema de política regional y en dos informes que creo que son dos aspectos del mismo problema: el que hace referencia a la ordenación del territorio y al documento sobre la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial y el informe de la Sra. Napoletano sobre la política urbana para la Unión Europea.
¿Por qué necesitamos una ordenación del territorio? Lo ha dicho el ponente: para una mayor cohesión económica y social, para obtener un desarrollo sostenible, para una competitividad equilibrada en el territorio.
Evidentemente, en la ordenación del territorio existe una laguna: el Tratado no prevé competencias comunitarias en materia de ordenación del territorio. Pero difícilmente puede hacerse política regional si no se dispone de unos instrumentos de cooperación territorial a nivel europeo que superen estas líneas artificiales que son las fronteras, y la iniciativa comunitaria INTERREG ha ejercido ya un papel importante en la cooperación transfronteriza pero queda todavía mucho por hacer en ese terreno. Por esto, valoro muy positivamente la creación de un Observatorio europeo para la ordenación del territorio.
Por otro lado, existe el problema de las ciudades. La política europea debe incidir directamente en las ciudades en su globalidad, no únicamente en aspectos sectoriales, para tratar, como ha dicho la ponente, los problemas graves que tienen las ciudades, especialmente los del desempleo, la integración social, la inmigración, que normalmente se concentra también en estas áreas, y para desarrollar una participación ciudadana y también un aumento de la calidad de vida.
La Agenda 2000 prevé la desaparición de la iniciativa URBAN. Esto puede crear dificultades en la aplicación de los programas para las ciudades en este gran compendio que será el nuevo Objetivo 2. Creo que, en este sentido, no se deben desaprovechar las experiencias que URBAN ha tenido en el desarrollo de las ciudades.
Finalmente, quiero decir que esta política de las ciudades no es incompatible sino complementaria de la política regional.

Baggioni
Señor Presidente, Señorías, la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT) es un documento que, a pesar de derivar de la mera cooperación intergubernamental, pretende ofrecer un auténtico marco político para las acciones comunitarias nacionales y regionales en materia de ordenación territorial. En el plano comunitario, este marco deberá contribuir a dar la mayor coherencia a las distintas políticas de la Unión, especialmente a la política estructural y a la política de transporte.
Sin embargo, si me limito a examinar la cuestión que más me preocupa, y pido disculpas por ello, que es la de las regiones insulares, constato que el marco que ofrece la PEOT no se ajusta a los medios que representan hoy por hoy los Fondos estructurales. ¿Acaso hay que deducir de esto que algunas regiones consideradas actualmente por la Unión como con grandes dificultades económicas y sociales no merecen integrarse en el espacio comunitario, puesto que el documento prácticamente no las menciona? ¿Cómo se puede entender que un documento de tal importancia no tenga en cuenta en absoluto nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam, que, sin embargo, reconocen de forma explícita los hándicaps específicos de las regiones insulares y la urgencia de encontrar soluciones?
La PEOT y las propuestas de reglamento sobre los Fondos estructurales, parecen querer pasar por alto estas disposiciones y no tienen ningún mensaje importante que aportar a los 14 millones de insulares que todavía están esperando integrarse en un gran proyecto de ordenación del territorio europeo.
Para no parecer demasiado negativo, tras felicitar al ponente por el excelente trabajo que ha llevado a cabo, quisiera saludar la promesa reiterada el pasado 8 de junio por los ministros europeos encargados de la ordenación territorial, reunidos en Glasgow, de ocuparse con más interés del desarrollo territorial de la Cuenca mediterránea. En mi opinión, éste es uno de los mayores retos que se le plantean a la Unión Europea en los inicios del Siglo XXI. Espero que dicha voluntad no se quede una vez más en mera declaración de intenciones, y que tampoco se olvide, sobre este punto, tener debidamente en cuenta la situación de numerosas regiones insulares del Mediterráneo.

González Álvarez
Señor Presidente, me voy a referir específicamente al informe de la Sra. Pollack porque las dos estamos en la Comisión de Medio Ambiente. El 80 % de los ciudadanos de la Unión Europea vive en las ciudades; sin embargo, para atender a sus problemas, recibe bastante menos del 50 % del presupuesto europeo. Sabemos que una parte muy importante del presupuesto europeo va a la agricultura.
La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que entre el 70 % y 80 % de las ciudades de más de 500.000 habitantes padecen problemas de contaminación del aire, contaminación acústica y deficiencias en la calidad de vida en general. Es verdad que la Unión Europea ha tomado medidas sectoriales respecto a la calidad del aire -con el programa Auto-Oil , debatido en la Comisión de Medio Ambiente-, respecto a la calidad del agua y también respecto a la gestión de los residuos. Hay una campaña en pro de ciudades sostenibles apoyada por más de 320 autoridades locales. Sin embargo, hasta hoy, y a pesar de que hace 7 años se debatió y publicó el Libro Verde para la calidad en las ciudades, no hay una posición global de la Unión Europea respecto de la calidad de vida en las ciudades.
Termino ya, señor Presidente, diciendo que es necesario un programa marco global para la calidad del aire y del medio ambiente urbano, con fondos suficientes y coordinados. Y debe tenerse en cuenta que, para esta calidad, es necesario interrelacionar el desempleo, la pobreza y las malas condiciones sanitarias y, en definitiva, fomentar la educación y la sensibilización de los ciudadanos para que contribuyan a mejorar esa calidad de vida.

Orlando
Señor Presidente, voy a hacer algunos comentarios acerca de los informes Pollack, Napoletano y Novo Belenguer. El informe de la Sra. Pollack, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, merece ser destacado y valorado por la sensibilidad mostrada con respecto a los problemas candentes de nuestras realidades, incluso urbanas. El informe de la Sra. Napoletano sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una política urbana para la Unión Europea», merece un juicio positivo porque contiene un gran número de indicaciones sobre los aspectos medioambientales y sociales, así como sobre los aspectos relativos a las libertades públicas, el desarrollo regional y las intervenciones estructurales. La misma apreciación debe dirigirse también a la comisión que, indudablemente, ha mejorado con sus enmiendas las indicaciones de la Sra. Napoletano. A falta, sin embargo, de una clara indicación en el Tratado y de un claro mandato de los Estados miembros en lo que a la política urbana se refiere, no cabe duda de que el debate actual se mantiene dentro de los límites de una lista de problemas y de soluciones, a pesar de que se trata de una valiosa lista de indicaciones.
Los aspectos más relevantes y las peticiones más significativas que puedo destacar en la propuesta de resolución son: la fijación de una estrategia europea de política urbana y la coordinación de todas las políticas comunitarias en materia de áreas urbanas; en segundo lugar, la necesidad de un respaldo europeo a las estrategias europeas de desarrollo urbano sostenible.
El informe del Sr. Novo Belenguer tiene que valorarse especialmente porque trata de dar y lograr un enfoque político a las propuestas técnicas de trabajo informal para la ordenación territorial, es decir, vuelve la fuerte relación entre ciudad y política integrada de ordenación del territorio, aunque con algunas preocupaciones que me parece oportuno señalar. Antes que nada las grandes redes transeuropeas se exponen al riesgo de enlazarse sólo con las grandes áreas metropolitanas, o sea, corren el riesgo de exaltar los núcleos metropolitanos. Creo, por lo tanto, que es preciso ser conscientes de este riesgo y evitar asfixiar las realidades urbanas pequeñas y medianas. Esta concienciación es necesaria porque, de lo contrario, corremos el riesgo de convertir en más fuerte lo que ya es muy fuerte y de convertir en aún más congestionado lo que ya lo es. Con esto quiero decir que existe el peligro de que deje de ser prioritaria la valoración de los espacios naturales y del patrimonio medioambiental. Es preciso, en cambio, proponer como opción prioritaria la reducción del proceso de ordenación del territorio europeo. El punto de referencia existe y es «REDES Y NATURALEZA 2000» que debe considerarse como punto de referencia, con las cláusulas respetuosas de los principios de dicho texto para cada intervención en la materia.
Considero que debo hacer dos comentarios más en relación a lo que ya se ha dicho. En primer lugar, quiero expresar mi, mejor dicho, nuestro juicio positivo sobre el proyecto URBAN. Por otra parte, deseo señalar la experiencia de una ciudad como Palermo que es una de las 49 áreas urbanas que ha experimentado positivamente este proyecto. Sin embargo, el mantenimiento de esta iniciativa, cuyo valor es innegable, no debe penalizar las ciudades pequeñas y medianas -una vez más insisto en esto- y, a dicho fin, es necesario prever formas de cooperación interurbana.
En segundo lugar, en cuanto al nuevo Objetivo 2 que prevé tanto zonas urbanas como zonas rurales, hace falta incluir unas cláusulas de garantía para evitar que cada uno de los Estados miembros, a la hora de elegir, pueda dejar de prestar atención a las zonas rurales, es decir, opte por las zonas fuertes que en todos los países, inevitablemente, son las áreas urbanas.
Quedamos, por lo tanto, a la espera de un plan de acción de la Comisión en materia urbana que, antes de finalizar esta legislatura, pueda finalmente concretar las orientaciones estratégicas surgidas de este debate sobre la problemática urbana en Europa.
Por último, quisiera formular sólo algunas consideraciones. Las ciudades son el logro más complejo de la humanidad. En la ciudad está representada toda la complejidad de la vida: cultura, transportes, economía, arte, salud y deporte. No existe nada más complejo que una ciudad en los logros de la humanidad. En la ciudad vive la gran mayoría de los ciudadanos europeos -el 80 %- y se produce e intercambia la mayor riqueza. A pesar de esto, las ciudades parecen identificarse como un lugar de incomodidad y de negación de la alegría. Convertir en alegres, convertir en habitables nuestras ciudades creo que es la exigencia de los ciudadanos y el compromiso de los actuales Gobiernos locales. Sin embargo, no es todavía un compromiso orgánico y estratégico de las Instituciones europeas. Todos nosotros quisiéramos que, gracias a este debate, surgiera la necesidad de construir ciudades habitables y alegres en toda Europa.

Blokland
Señor Presidente, con razón se tratan combinados los informes Pollack, Napoletano y Novo Belenguer en la agenda de esta tarde. Tienen una cosa en común: ni la política urbana ni la política de ordenación del territorio tienen un fundamento en el Tratado. También en Amsterdam quedaron fuera del Tratado. Entre tanto, se han puesto en marcha fuerzas que están empeñadas en llevar estos terrenos a la esfera de influencia formal europea. Nosotros somos partidarios sólo en parte. Que sea local lo que pueda ser local.
El informe Pollack es afortunadamente breve pero vigoroso y no tan exigente, en contraposición con el informe Napoletano. Durante la lectura me he preguntado en qué se basa realmente el deseo de una política comunitaria en estos informes sobre ciudades. El razonamiento es entre otras cosas el hecho de que en todas partes de Europa hay grandes problemas urbanos, que más del 80 % de la población vive en ciudades. ¿Puede ser ésa una razón para comenzar con una política urbana europea? En mi opinión no. Con esto debe ayudarse a una plusvalía real. Y tengo mis dudas al respecto. Quien ha estado un tiempo en la política local o regional sabe que los grandes problemas urbanos son a menudo muy específicos y piden soluciones específicas.
Sólo en el plano de la ordenación del territorio veo posibilidades para Europa. Pero allí también uno debe saber muy bien lo que es posible y lo que no es posible a nivel europeo. La PEOT es un muy buen arranque para la discusión, pero tampoco es nada más que eso. Es una ilusión pensar que el diseño administrativo de la política de ordenación del territorio de los Estados miembros se puede armonizar. Con eso está afortunadamente todo el mundo de acuerdo.
El enfoque de la PEOT es por ello también bastante precavido. Sólo se da un impulso a un número de puntos de partida muy generales. Es un hecho que la propia Europa tiene gran influencia en el desarrollo del territorio. Sólo hay que pensar en el mercado interno, los grandes flujos de transportes y la política agraria. Una cierta dirección en la ordenación del territorio a nivel europeo ya sólo por eso es lógica. En ella se debe atender, según mi opinión, sobre todo al desarrollo natural y el mantenimiento de los pasillos ecológicos. Ésos me parecen elementos importantes en el documento PEOT. Para ratificar este tipo de asuntos me parece necesario un Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio. Pero eso es además lo máximo que se puede alcanzar, supongo.

Amadeo
Señor Presidente, quiero apartarme del coro que, en los últimos años, ha caracterizado el discurso sobre el medio ambiente urbano. Está de moda decir: »la ciudad para la ciudad, la provincia para la provincia, la región para la región», en una falsa autonomía que, al fin y al cabo, no nos ofrece las condiciones para progresar, sino para morir. De hecho, si no existe una programación de conjunto y con amplitud de miras, se acaban haciendo elecciones incompletas que nunca resuelven los problemas de los ciudadanos y de las empresas productivas que ofrecen puestos de trabajo. Señorías, ¿son conscientes de que han transcurrido siete años desde la publicación del Libro Verde sobre el medio ambiente urbano y, a pesar de las muchas iniciativas, no se ha conseguido nada? ¿Se dan cuenta de que la Comunidad Europea, que había empezado bien, para no ser acusada de interferir en la gestión cotidiana de las ciudades europeas, no ha desempeñado nunca su función fundamental que es la de definir el marco de actuación de la política urbana?
Estamos convencidos de que la política europea en materia de medio ambiente urbano, lanzada a través del informe de iniciativa del Parlamento Europeo en 1988, retomada en el Libro Verde de 1990, hoy por hoy, es el único instrumento apto para establecer un enfoque global para la cuestión de las zonas urbanas europeas y para perfilar una estrategia comunitaria centrada al menos en tres problemas concretos y fundamentales: primero, las medidas para mejorar la calidad de vida y del medio ambiente en las áreas urbanas europeas; segundo, la elaboración de un proyecto comunitario para las ciudades sostenibles; tercero, la inclusión permanente en los Fondos estructurales de financiaciones destinadas a las zonas que se encuentran en condiciones de degradación urbana.
¡Cómo no vamos a interferir para coordinar y armonizar! En la segunda Conferencia Europea sobre las ciudades sostenibles, celebrada en Lisboa en el año 1996, se demostró que la contaminación de nuestras ciudades empeora logarítmicamente y que en Europa estamos muy lejos de realizar el sueño de un medio ambiente limpio y saludable, también porque la contaminación urbana parece que no tiene en absoluto en cuenta ni la normativa nacional ni la comunitaria en vigor. Asimismo, la disparidad de las intervenciones comunitarias nos deja perplejos al constatar que más de la mitad del presupuesto comunitario se asigna a las zonas rurales mientras que, en realidad, el 80 % de la población vive en las zonas urbanas. Entonces, sí al informe Pollack y sin reservas, y sí a la potenciación de la política de la Unión en materia de medio ambiente urbano. Nuestra tarea consiste en mejorar la condiciones de habitabilidad de los consumidores y no en obedecer a las veleidades autonomistas de algún soñador o, peor aún, de algún especulador.

Frutos Gama
Señor Presidente, Señorías, quiero ante todo felicitar a la Sra. Napoletano por su magnífico informe y por la enorme voluntad con que ha hecho frente a la tarea, nada fácil, de ensamblar todas las opiniones y reflexiones sobre la cuestión urbana que a lo largo del proceso de su elaboración se han escuchado en este Parlamento.
Hay, me parece a mí, dos cuestiones fundamentales que este informe pone de manifiesto. La primera, que casi el 80 % de los ciudadanos europeos vive en medios urbanos. La segunda, que cada vez se percibe con mayor claridad la necesidad de que la Unión Europea unifique y coordine sus propias políticas destinadas a este medio. Ambas cuestiones deberían marcar un punto de partida en la estrategia comunitaria destinada a lograr un desarrollo armonioso del territorio europeo.
Pero hay un tercer elemento en este informe sobre el que me gustaría detenerme un momento. Si queremos que todas las categorías de ciudadanos se sientan cómodos en las ciudades -personas mayores, comerciantes, artistas, jóvenes, empresarios, inmigrantes, mujeres-, la Unión Europea, lo mismo que los Gobiernos de los Estados, deberá luchar contra los fenómenos de exclusión y contra el proceso de dualización que está en el origen de los conflictos profundos, presentes hoy por hoy en el medio urbano europeo.
Las mujeres, Señorías, forman un grupo social cuyas necesidades y dificultades en este medio tienden a minimizarse. La Carta europea de las mujeres en la ciudad, un documento de reflexión auspiciado en 1995 por la Unidad de igualdad de oportunidades de la Comisión Europea, contiene algunas de las claves capaces de ayudarnos en esta reflexión común: la posibilidad de acceso al empleo; el número y la calidad de los servicios de proximidad, sobre todo los relativos al cuidado de los niños; el acceso a los centros de decisión de la ciudad; y la inseguridad en el medio urbano.
Es necesario, Señorías, que la política urbana europea reconozca estos intereses específicos de las mujeres, y así ha quedado recogido en el informe de la Sra. Napoletano, porque es urgente implicar a las mujeres y fomentar su participación en los centros de toma de decisiones, multiplicar los intercambios de información y los proyectos innovadores, tener en cuenta su punto de vista a la hora de determinar los indicadores socioeconómicos y culturales de las ciudades y sensibilizar a nuestros colegas masculinos para que tengan más en cuenta la perspectiva del género.

Rack
Señor Presidente, un número creciente de europeos viven en las ciudades. Cuatro de cada cinco ciudadanos europeos residen en una ciudad, tal como ya se ha señalado repetidamente hoy. Por consiguiente, las ciudades ofrecen también cada vez mayores niveles de bienestar y cuentan con mejores infraestructuras. En este contexto, es una satisfacción para mí que a mi ciudad, Graz, le fuese encomendada hace poco la tarea de actuar como Capital Europea de la Cultura en el año 2003. Sin embargo, no todo es bueno y bello en las ciudades, sino que también hay cada vez más pobreza, paro y marginación. En las ciudades se cometen más delitos y hay menos seguridad, y se causan enormes daños al medio ambiente. Con estos antecedentes, el tema de las ciudades también está adquiriendo indiscutiblemente una importancia central, que todavía debe seguir incrementándose, en el marco de la política estructural. No obstante -y nunca se insistirá suficientemente en ello- no todos ni cada uno de los temas deben resolverse a escala europea. Dejemos cada cosa en su sitio y tengamos presente el principio de subsidiariedad no sólo en los discursos que se pronuncian en las grandes ocasiones, sino también en nuestro quehacer político más concreto.
Es preciso señalar, empero, un segundo aspecto importante. La política estructural europea y también la política urbana europea no pueden llevarse a cabo desde arriba hacia abajo, sino que tienen que desarrollarse desde abajo hacia arriba; tenemos que tomarnos en serio la cooperación con las ciudades.
En tercer lugar, en el pasado se siguió no pocas veces el principio del divide et impera -divide y vencerás- y, en consecuencia, se decidió desde arriba hacia abajo. Debemos adoptar la posición contraria, apoyando la creación de redes entre los directamente implicados, apoyando, como ya se ha señalado también hoy, la comparación entre las "mejores prácticas» y el fomento de las mismas. La diversidad se encuentra fuera, en las ciudades europeas.
En los excelentes informes que hoy se debaten -en particular los Informes Napoletano y Novo Belenguer de nuestra Comisión, en general ya se han tomado en consideración, en buena parte, todos estos aspectos. No obstante, el entusiasmo es excesivo en algunos casos y, en consecuencia, yo he presentado también algunas enmiendas con las que intento conseguir que se proceda con cautela en alguno que otro aspecto. No se trata de una objeción contra los objetivos que se persiguen, sino de señalar que en primer lugar debemos respetar también los informes que ha presentado entre tanto la Comisión y los objetivos que en ellos se establecen, y obrar luego en consecuencia.
No tengo nada que objetar contra la Iniciativa URBAN, pero tenemos que tomarnos en serio nuestras propias palabras e integrar, por lo tanto, dicha Iniciativa y su objetivo en la política comunitaria general y en la política estructural general, por mucho que pueda gustarnos contar con un programa propio. No tengo nada que objetar contra la iniciativa en favor de las ciudades, pero tampoco podemos olvidar el tema del territorio circundante. Finalmente, como último punto, no tengo nada que objetar contra una ampliación del derecho de sufragio en las elecciones municipales a todos los residentes en la Unión Europea, pero tal como recomienda el lema, first things first: concentrémonos primero en los ciudadanos de la UE.

Spaak
Señor Presidente, tal como subraya el informe de la Sra. Napoletano, a quien felicito por su trabajo, es imprescindible que la Unión Europea se ocupe de la política urbana, puesto que una gran mayoría de europeos vive en ciudades. Ya en 1995, preocupada por este asunto, presenté una propuesta de resolución sobre las grandes aglomeraciones urbanas, dentro de las cuales se dan muchos problemas que son los de nuestra sociedad moderna: el desempleo y sus desastrosos efectos derivados, la pobreza, la gente sin hogar, la grande y la pequeña delincuencia, la falta de equipamientos sociales, la emigración de la población acomodada hacia las periferias más agradables, que tiene como consecuencia la degradación de los centros urbanos, la falta de medios financieros para el desarrollo de los transportes públicos y el deterioro de los equipamientos locales, con una escasa promoción de los patrimonios históricos y arquitectónicos.
El proyecto URBAN, incluso con medios limitados, ha dado buenos resultados en barrios desfavorecidos de nuestras ciudades. ¿No es de temer que estas iniciativas, incluidas dentro del amplio conjunto del objetivo 2, pierdan eficacia? Para que las ciudades europeas recuperen su atractivo, debe llevarse a cabo una política de ordenación territorial que mantenga un equilibrio entre las zonas habitadas y los espacios verdes, los espacios de encuentro y los espacios de ocio. La propuesta de una auditoría urbana es, por lo tanto, excelente, y será útil para que se reflexione en todas nuestras ciudades.
Por último, comparto plenamente la importancia dada en el informe a la participación de los ciudadanos en la democracia local y, por lo tanto, la obligación sin restricciones de la aplicación del Tratado en materia de derecho de voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales. Así pues, espero que el Gobierno belga, el último de la clase, respete por fin esta exigencia en breve plazo.

Querbes
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Novo Belenguer expresa su acuerdo con los objetivos esenciales del proyecto PEOT y subraya las insuficiencias vinculadas a una visión demasiado urbana y continental del territorio europeo. Por último, muestra las incoherencias con las políticas comunitarias y los objetivos de la PEOT. ¿Pero acaso no se puede hacer una crítica más profunda a este proyecto de perspectiva?
Cabe preguntarse si es justo partir, como lo hace la PEOT, de las necesidades de la empresa y no de las necesidades de los hombres para proponer que el territorio se estructure en beneficio de la empresa alcanzando un alto nivel de productividad. Con este enfoque, el esquema menciona apenas o nada las dimensiones humanas, las dimensiones del empleo, de la cultura y de la educación. Ignora el papel desempeñado por los servicios públicos y las políticas locales en la ocupación del territorio. No habla de los recursos locales, aparte del agua, que favorecen los asentamientos humanos, las actividades agrícolas, industriales y energéticas. Por último, ignora la estrategia de los grandes grupos y organismos financieros que modelan considerablemente los territorios.
La actual Perspectiva Europea de Ordenación Territorial responde, en mi opinión, a una constatación y a un proyecto. La constatación es la crisis territorial, que halla su origen en la competencia entre territorios. El precio de dicha crisis es la considerable transferencia de riquezas de las poblaciones hacia las actividades económicas y financieras. Consiste en la acentuación del desequilibrio en la ocupación del territorio, con la sobreconcentración urbana, la desertización rural, la saturación de los principales ejes de comunicación y los desperfectos sociales y medioambientales que todo esto genera. El proyecto, tal y como lo destaca la PEOT, es el resultado de las implicaciones de la introducción del euro y del avance del proceso de liberalización de la economía. ¿Qué perturbaciones suplementarias provocarán la llegada del euro y la ampliación de la Unión? ¿Cómo encarar todo lo que supone?
El ponente propone que se pongan salvaguardas a las políticas europeas con el fin de favorecer el desarrollo de la cohesión social, económica y el desarrollo sostenible. Manifiesta la preocupación, por mí compartida, de una elaboración democrática de la PEOT y recuerda las prioridades de la perspectiva en lo relativo al desarrollo armonioso del empleo y de las actividades en las distintas regiones de la Unión Europea. ¿Pero bastará con ello? ¿No debería contemplarse, para la elaboración de la PEOT, un enfoque totalmente distinto, que partiera de las necesidades de las poblaciones y los territorios, un enfoque que hiciera que las actividades económicas y financieras pudieran y debieran satisfacer sus necesidades?
Expreso el deseo de que los debates organizados en los Estados y a nivel de la Unión permitan dar respuesta a las exigencias de las poblaciones y de los territorios, y de que la perspectiva definitiva se centre en el empleo, el aspecto social y medioambiental.

des Places
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Novo propugna una política europea de la ordenación territorial. Es ésta una iniciativa muy buena. Efectivamente, las zonas rurales representan aproximadamente el 80 % del espacio comunitario, y de su vitalidad dependerá, por lo tanto, una ordenación territorial equilibrada. El documento de la PEOT recuerda que la agricultura europea seguirá desempeñando una función preeminente para el desarrollo de la vitalidad de numerosas zonas rurales. Aun con todo eso, haría falta, señor Presidente, que la Comisión sea muy consciente de ello y que lo incluya en sus propuestas de reforma de la política agrícola común. Sin embargo, el campo vive una profunda mutación, que se manifiesta en una diversificación de sus actividades y demasiado a menudo, por desgracia, en una desertización. En algunas regiones, no bastará con el agroturismo.
Por lo tanto, es indispensable arrostrar los desafíos que entraña dicha mutación para poder sortear los peligros que suponen y, por el contrario, sacar todo el beneficio posible de ello. De este modo, la intensificación puede alentar las inversiones, siempre que la calidad y el medio ambiente no se vean sacrificados en aras de la cantidad. En cambio, la diversificación puede ofrecer nuevas perspectivas para el realce del patrimonio cultural y natural, así como para el desarrollo del turismo rural de las pequeñas y medianas empresas y de la artesanía. La extensificación y la marginalización pueden crear mejores condiciones para la protección del medio ambiente y la reforestación, siempre que se sepa, eso sí, evitar la hemorragia de la mano de obra y el abandono de las explotaciones agrícolas mediante una nueva ocupación de las tierras.
Es menester constatar que la acción comunitaria ha tenido a veces consecuencias sumamente dañinas para una cohesión económica y social con la que tantas veces nos hemos llenado la boca, pero que sería preciso restaurar. Así pues, la desertización de algunos de nuestros campos se ha visto agravada por la aplicación de la política agrícola común de 1992 y la reducción de los precios agrícolas. La nueva reforma de la política agrícola común con una fuerte disminución de los precios, entre otros factores, sólo podrá desequilibrar todavía más, si cabe, la ordenación territorial mediante una importante reducción del número de agricultores.
Así pues, deseamos que la Unión Europea, en lugar de reclamar nuevas competencias, se contente con examinar las repercusiones de sus políticas y, en particular, las de la política agrícola común, sobre el equilibrio del territorio comunitario, con el fin de evitar las consecuencias negativas, y que exija, con ocasión de futuras negociaciones de la OMC, que se tomen en consideración la seguridad sanitaria, el bienestar de los animales...
(El Presidente le retira la palabra al orador)

Cellai
Señor Presidente, considerando que el informe de la Sra. Napotelano es ampliamente aceptable, el documento de la Comisión Europea sirve de base para hacer una reflexión seria y constructiva que pueda establecer las modalidades de una política urbana a escala europea. Es evidente que es necesaria una nueva estrategia, al objeto de reforzar o restablecer el relevante papel que han de desempeñar las ciudades europeas en el ámbito de la integración social y cultural, del abastecimiento de recursos, del desarrollo sostenible y como pilar de la democracia. El objetivo no es desarrollar políticas urbanas a escala europea en los ámbitos que pueden abordarse mejor a escala local o regional, sino más bien en facilitar las soluciones y su aplicación a escala europea adoptando un enfoque más concreto, basado en los instrumentos existentes en los Estados miembros y a escala comunitaria, así como una cooperación o una coordinación mayores a todos los niveles.
La gran mayoría de las ciudades de hoy es un mosaico de realidades heterogéneas: barrios de negocio y barrios residenciales, centros históricos y ciudades dormitorio, barrios de oficinas desiertos por la noche, centros comerciales, zonas universitarias, etcétera. Muchas áreas periféricas son el teatro de actos vandálicos y criminales, debido a la falta de salidas ocupacionales y de vida social y cultural que las mantiene aisladas. Para recuperar el control de los espacios urbanos no se puede en absoluto prescindir de una mejor ordenación territorial que devuelva su verdadero significado al concepto de barrio y a la reinserción de amplias zonas periféricas en el tejido urbano, así como del correcto funcionamiento de los transportes públicos y privados.
A nuestro entender, hace falta fomentar las actividades culturales como factor de desarrollo ciudadano, regional y europeo, habida cuenta de la riqueza del patrimonio global. Dicha potenciación tendrá dos efectos: uno directo, con un impulso de cara a la creación de puestos de trabajo a menudo estables, y uno indirecto, relacionado con el inducido que podría compensar las pérdidas de puestos de trabajo que afectan a los sectores primario y secundario. Entre las nuevas orientaciones, finalmente, la valorización del desarrollo de las actividades culturales como factor de cohesión social y económica. Por todo ello, es prioritario aumentar los porcentajes de financiación de los Fondos estructurales, dar gran importancia a los estudios sobre el tema de los nuevos servicios y prestar atención a todas las posibles ayudas financieras empezando por la reducción de los impuestos sobre el valor añadido en favor de las obras de restauración, recuperación o conservación de los bienes culturales. El otro sector en que las ciudades pueden y deben desempeñar un papel fundamental es el de la conservación del medio ambiente, porque en las ciudades se concentran los problemas medioambientales más graves.
En consecuencia, a la hora de elaborar y programar las futuras estrategias, habrá que deparar la máxima atención al desarrollo urbano y a la recuperación de las periferias degradadas favoreciendo así una sinergia entre las acciones específicas tanto a nivel local como a nivel regional.

Walter
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo quisiera expresar mi reconocimiento a la señora Napoletano y al señor Novo Belenguer por su logrado trabajo. Ambos informes resaltan los aspectos más importantes de los debates estrechamente interrelacionados sobre la ordenación territorial y sobre el desarrollo urbano, y presentan valiosas sugerencias para continuar avanzando en estos dos ámbitos de la política todavía de reciente implantación a escala europea. Permítanme que añada tres observaciones. En primer lugar, las diferentes políticas de la Unión, desde la política agrícola y la política estructural hasta la política de transportes y la política de la competencia, influyen directamente sobre la ordenación del territorio en la Unión Europea, aunque de manera no coordinada e incoherente desde la perspectiva de la ordenación territorial. A ello se suma el hecho de que Europa constituye una red de interdependencias en lo que respecta a su estructura urbanística, a sus estructuras de transportes, de suministro de energía y de comunicaciones, a la distribución territorial de la actividad económica y a su interdependencia ecológica. Por consiguiente, es necesario abandonar la concentración muy restringida y localizada en muchos puntos distintos para desarrollar una visión europea de las interacciones en el ámbito de la ordenación del territorio, tanto el de la Unión Europea actual como el de una Unión ampliada hacia el Este. Un Observatorio europeo puede prestar valiosos servicios en este sentido. Sin embargo, todavía es más importante lograr progresos visibles en la recogida de los datos estadísticos que han de servirle de base.
En segundo lugar, desarrollar una perspectiva europea y actuar de manera coordinada a escala europea no exige una considerable ampliación de las competencias de ámbito europeo. Es de la máxima importancia que se observe el principio de subsidiariedad, que se respeten las tradiciones de autogobierno de eficacia probada y que se involucre a los actores locales.
En tercer lugar, por lo que respecta a las ciudades, sería un grave error considerarlas aisladamente. Deben tomarse en consideración las complejísimas interacciones entre las ciudades y las zonas rurales. Es cierto que el 80 % de la población de Europa reside en aglomeraciones urbanas. Más de dos terceras partes del valor económico se genera en las ciudades. Sin embargo, tanto lo uno como lo otro sólo es posible sobre el trasfondo de la función de contrapeso económico, social y ecológico que cumplen las zonas rurales. Sería un error concentrar la mirada únicamente en las grandes aglomeraciones urbanas. Las ciudades medianas y pequeñas de las regiones rurales, con su significativa función de puentes, son precisamente otro rasgo característico de la fisonomía económica y social de Europa. Apenas estamos empezando a desarrollar una política de ordenación del territorio. Si hacemos nuestras las conclusiones de los dos informes que hoy se debaten, habremos dado un gran paso adelante.

Fernández Martín
Señor Presidente, hasta ahora, las políticas regionales que se han venido aplicando han puesto el acento en el desarrollo de las regiones menos favorecidas de la Unión como instrumento en favor de la cohesión económica y social. Sin embargo, en los últimos años cada vez son más los que han venido llamando la atención sobre el hecho de que deberíamos poner mayor énfasis en el ciudadano como destinatario de los beneficios de las políticas medioambientales y de ordenación del territorio.
La Comisión ya apuntó esta tendencia en sus comunicaciones Europa 2000 y más recientemente en Europa 2000 Plus sobre la ordenación del territorio europeo, sobre las que este Parlamento se pronunció con aplastante mayoría a propósito del informe del que yo mismo fui ponente.
Es muy importante que tengamos presente a la periferia y a la ultraperiferia, a las regiones subárticas y a las de montaña de baja densidad de población para no aumentar los desequilibrios interterritoriales. Pero Europa, señor Presidente, es, sobre todo, un continente urbanizado. Los más graves casos de pobreza, de marginación, de paro, de exclusión social y de delincuencia se encuentran hoy en los entornos urbanos de la Unión.
Estos problemas son más graves cuanto mayores son las ciudades. En Londres, en las aglomeraciones de los docks , al lado mismo de la City , se viven los casos más lacerantes de miseria humana. Lo mismo en Nápoles, en Amsterdam o en Madrid. Ninguna de las grandes ciudades europeas se ve libre hoy de este problema. Por ello, comparto el criterio de la Comisión a propósito de la Agenda 2000 , que no propone una disminución de los fondos para el desarrollo urbano, como parece deducirse de algunas críticas a propósito del programa URBAN, sino que, precisamente, pretende una reestructuración de dichos fondos para hacer más eficaz y mayor el volumen de inversión en apoyo del desarrollo de las zonas urbanas de la Unión.

Eisma
Presidente, tres informes excelentes y tres breves observaciones por mi parte. Me parece bien, sobre todo por parte del colega Novo Belenguer, que haya visto la importancia -y también la haya expresado en uno de los puntos de la resolución- de una buena coordinación de la política de ordenación del territorio para el desarrollo duradero, sobre todo en el terreno de la política ecológica. Yo también he presentado una enmienda al respecto y he aplicado la relación entre la línea del hábitat y la línea migratoria de los pájaros y el instrumento de coordinación de ordenación del territorio. Porque en Natura 2000 se estipula que cada Estado miembro debe reservar un 20 % de su extensión como territorio ecológico. Con esto se quiere proteger la biodiversidad en Europa. Pero apenas existe coordinación entre los Estados miembros. Un país tiene carencia de gallos lira y otro tiene demasiados. Precisamente esa coordinación es un instrumento muy bueno para conformar la política ecológica de la Unión Europea.
El segundo punto se refiere sobre todo a la parte del informe del Sr. Napoletano donde dice: la Agenda 21 debe ser apoyada, si es necesario se debe introducir una nueva línea presupuestaria. Puedo decirlo porque soy presidente de un grupo 21 local en La Haya. Desde esa actividad veo la importancia del fomento del intercambio de experiencias como un punto importante.
Por último, el colega Napoletano y también el colega Pollack han señalado que el 80 % de los ciudadanos viven en las ciudades y que la Comisión Europea quiere suprimir URBAN. Lamentamos que también en la Agenda 2000 vaya a desaparecer URBAN, porque URBAN esta implicado en el Objetivo 2, pero esas ciudades en territorios que no están en Objetivo 2 quedarán fuera del sistema URBAN.

Novo
Señor Presidente, Señorías, el proyecto de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial aborda -de forma limitada, en mi opinión- las cuestiones de la ordenación del territorio, ya que concede poca relevancia a los problemas relativos a la dimensión humana en la ocupación del territorio, en los aspectos culturales, educativos o de exclusión social. De igual forma, no destaca cuestiones relativas al papel que los servicios públicos, las políticas regionales y locales y las actividades económicas específicas deben desempeñar en la ordenación racional del territorio, en particular mediante la atención deseable y necesaria a las regiones periféricas y ultraperiféricas y a las islas.
Por su parte, el informe del Sr. Novo Belenguer, al que aprovecho para felicitar, subraya adecuadamente la necesidad de proseguir con una política de cohesión económica y social, con una estrategia de desarrollo sostenible y de promoción de una competitividad equilibrada, sin perjuicio de que se podría haber ido más lejos en las referencias a las lagunas y omisiones del proyecto de la Perspectiva Europea.
Con todo, en el marco político institucional nos parece más equilibrado, justo y realista el informe de la Sra. Napoletano -a la que también felicito-, en el que también se propugna la creación de un observatorio europeo de la ordenación del territorio, pero se acepta el marco actual de funcionamiento oficioso del Consejo de Ministros para la ordenación del territorio y se reconocen las posibilidades de desarrollo de las políticas urbanas y territoriales, a partir de la profundización de la cooperación, del diálogo, del partenariado y de la subsidiariedad.
Por considerar que esa visión es más adecuada, hemos presentado enmiendas encaminadas a infundir la misma lógica política e institucional al informe Belenguer y a establecer la coherencia entre los dos textos, ya que no nos parece que la comunitarización de las políticas de ordenación del territorio pueda brindar soluciones para problemas que son y seguirán siendo muchas veces específicos y diferenciados y que, por esa razón, deberán seguir descansando en el desempeño esencial de los cometidos nacionales, regionales y locales.

Karamanou
Señor Presidente, la adopción de una política europea global y de una estrategia para el desarrollo sostenible de las ciudades adquiere hoy un carácter urgente, especialmente ahora que en tantas ciudades la degradación del entorno natural, los problemas de exclusión política, cultural y social, la delincuencia y el caos circulatorio han contribuido a degradar de forma importante la vida de millones de personas.
Por otra parte, la crisis de las ciudades pone en aprietos la competitividad de la Unión, los mecanismos de integración y la política de cohesión económica y social. La comunicación de la Comisión y el excelente informe de la Sra. Napoletano afrontan de forma positiva los nuevos retos y, dentro del marco de una política de ordenación del territorio más amplia, se aproximan de modo global a los problemas. Por ello, es preciso que actuemos ahora y así podamos garantizar un mínimo de calidad de vida en las ciudades del futuro.
Según mi opinión, los asuntos siguientes deberían ser prioritarios:
En primer lugar, la creación de un nuevo equilibrio entre los grandes centros urbanos y el medio rural.
Segundo, es preciso reforzar los vínculos entre las ciudades medianas y las pequeñas.
Tercero, la creación de parques tecnológicos e industriales, de centros culturales y de ocio, contando para ello con la participación activa de la administración local y de los interlocutores sociales.
Cuarto, que en la planificación de las ciudades, de los edificios, de las calles, de los medios de transporte estén contempladas las necesidades de los niños, de los ancianos y de las personas con necesidades especiales.
Quinto, es preciso que se hagan los cambios que sean necesarios para mantener un elevado nivel de protección social contando con que va a haber un incremento de unos 37 millones de personas en la población mayor de 60 años en los próximos 25 años.
Sexto, se deberán destinar recursos a infraestructuras sociales, guarderías y modernas instalaciones geriátricas, con vistas a regular los fondos estructurales.
Séptimo, la promoción de transportes públicos adaptados a todos, que respeten el medio ambiente y que reduzcan el uso de los vehículos particulares.
Octavo, son necesarias diversas medidas para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la prevención de la criminalidad. Es decir, hay que garantizar el derecho de los ciudadanos de Europa a tener una vida segura y sin miedos.
Por último, es preciso que participen también las mujeres de forma activa en todos los centros de toma de decisiones y en la planificación de las sociedades y las ciudades del futuro.

Hatzidakis
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Napoletano por el excelente informe que ha elaborado y me gustaría destacar algunos puntos que considero importantes en este asunto relativo al "medio ambiente urbano y la Unión Europea».
Dado el importante papel que tienen las ciudades y los grandes centros urbanos en la vida económica y social de la Unión Europea, ya que es donde vive la mayor parte de la población y donde se concentran más de los 2/3 de la riqueza de la Unión, creo que la Comisión deberá fomentar una estrategia urbana europea en la que esté reconocido el papel destacado de las ciudades y los peculiares problemas a los que se enfrentan, y a la vez, deberá centrarse en la coordinación de las diversas políticas comunitarias que puedan influir de forma directa o indirecta en el medio urbano.
Por supuesto que la estrategia europea para las ciudades no puede entenderse de forma aislada sino formando parte inseparable de una política de ordenación territorial más amplia, a la que hace referencia el otro informe que debatimos hoy de forma conjunta, el del colega Sr. Novo Belenguer, al que también quisiera apoyar íntegramente ya que contiene algunas puntualizaciones y observaciones sobre la ambiciosa recomendación de la Comisión relativa a un plan de ordenación del territorio con perspectiva europea.
En cualquier caso, donde quisiera detenerme en este momento es en algunos puntos más concretos. Dado de que la satisfactoria iniciativa comunitaria "URBAN» se encamina hacia su fin sin posibilidad de que vaya a renovarse, como la mayoría de las iniciativas comunitarias, se deberá dar un mayor énfasis a las actuaciones innovadoras del artículo 10 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el medio urbano. En este punto la Comisión podría examinar también la idea del apoyo a las ciudades insulares de pequeño y medio tamaño que, además, se enfrentan a una serie de problemas específicos que resultan de su carácter insular, sin que se tenga en cuenta como criterio la cifra de 100.000 habitantes, tal y como está previsto en el artículo 10 del FEDER, sino la influencia que ejercen como ciudades clave, es decir, como polos de desarrollo económico, social y cultural de la unidad geográfica a la que pertenecen.
También considero útil señalar lo siguiente:
Primero, se deberá promover, dentro del marco de las políticas comunitarias correspondientes, la restauración de los edificios históricos de las ciudades y dotarlos de una función económica, social y cultural.
Segundo, habrá que dar un énfasis particular al turismo urbano, ya que ésa podría ser la fuente de desarrollo de las ciudades periféricas.
Finalmente, creo que es necesario animar la incorporación de las ciudades periféricas a las redes intereuropeas y, en general, reforzar la coordinación y la cooperación a todos los niveles entre las ciudades y la Unión Europea.

Papayannakis
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a las colegas, las Sras. Napoletano y Pollack, por sus excelentes informes y señalar, señor Presidente, que creo que se necesita algo más que las simples comunicaciones de la Comisión que, siendo importantes, no tienen un gran valor práctico.
El medio urbano es algo así como el biotopo de la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Los grandes problemas de calidad de vida a los que se enfrentan, en ocasiones de salud pública, son afrontados de forma complementaria por la Unión Europea a través de los programas sectoriales relativos a la calidad del aire, la regeneración de regiones y a las intervenciones culturales. Con frecuencia tales programas resultan útiles y a veces incluso llegan a ser vanguardistas. Pero, señor Presidente, el propio Tribunal de Cuentas señala que no tienen múltiples resultados ni tampoco una lógica ni una utilidad global, justamente porque les falta el marco concreto de una consideración y una perspectiva global.
Todo eso lo saben muy bien los ciudadanos de Atenas. Pero lograr que tales intervenciones sobre la ciudad tengan coherencia y perspectiva es competencia de las autoridades nacionales y especialmente de las municipales, que en el caso de Atenas, por razones políticas, no han cumplido su función más allá de una efímera proyección.
A pesar de todo, esa coherencia y esa perspectiva pueden y deben ser logradas pues creo que van a recibir el apoyo de una legislación comunitaria general, de un programa y de una directiva-marco, que van a establecer un marco general de principios, directrices y criterios para dar importancia y perspectiva a cualquier programa que vaya a ser debatido y aprobado.
Señor Presidente, creo que se trata de un cambio cualitativo que va a reducir las arbitrariedades y el despilfarro y que vendrá a incrementar el beneficio de cualquier intervención comunitaria en los ciudadanos.

Howitt
Señor Presidente, tras haber tenido el placer de presidir la audición del Parlamento Europeo acerca de la Comunicación sobre la iniciativa URBAN con nuestra ponente, la Sra. Napoletano, y tras haber presidido una asociación de diez ciudades en mi región del Reino Unido antes de ser elegido a este Parlamento, acojo con satisfacción los avances hacia una política urbana para la Unión Europea. No sólo vive la amplia mayoría de los ciudadanos europeos en ciudades, sino que además es en los núcleos urbanos donde encontramos bolsas de profunda pobreza, la incidencia del racismo, la exclusión social y la degradación del medio ambiente, lacras todas ellas que exigen medidas a nivel europeo. No obstante, el programa de acción, que deberá presentar la Comisión, no constituye aún una competencia urbana madura para la Unión Europea. Las iniciativas en beneficio de las ciudades aún deben ser presentadas desviando facultades de otros encabezamientos. La próxima revisión del Tratado de la Unión Europea deberá remediar este déficit.
Las propuestas en el marco de la reforma de los Fondos estructurales que harán posible, por primera vez, la concesión de ayuda europea a proyectos urbanísticos para la regeneración de lugares deprimidos, son medidas positivas para suplir las necesidades urbanas. Pero como han dejado claro otros oradores, la desaparición de la iniciativa comunitaria URBAN acabaría con la ayuda europea a 110 ciudades, de la que se beneficia medio millón de personas de toda Europa. El mantenimiento de la iniciativa comunitaria URBAN permitiría seguir adelante con proyectos urbanos innovadores y transnacionales, y ayudar a la mayoría de las personas que viven sobre todo en ciudades de tamaño pequeño y mediano. Ninguna de las ciudades de los países nórdicos o Austria que reciben ayudas comunitarias sobrepasa actualmente el límite de población de 100.000 habitantes; no podemos pasar por alto sus necesidades.
Asimismo, aunque acogemos con satisfacción el nuevo enfoque urbano dado a la corriente principal de los fondos para el Objetivo 2, la propuesta de ayudar a un 2 % de la población es un cifra muy baja. La propuesta del 5 % merece una consideración mucho más seria.
En mi circunscripción de Basildon, se están utilizando actualmente los fondos europeos ADAPT para nombrar a un gestor del centro de la ciudad que se encargue de frenar el éxodo de tiendas hacia los centros comerciales de la periferia. Hoy tenemos en el Parlamento a un visitante que se esfuerza por conseguir que el volumen de residuos que se recicla en Londres pase del escaso 10 % actual hasta el 50 % antes del año 2005. Este tipo de iniciativas urbanas estimulantes, destinadas a la regeneración, merecen nuestro apoyo. ¿Estamos preparados para hacer frente al reto?

De Esteban Martin
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes de fondo y opinión la elaboración de este informe, que abre el diálogo sobre el futuro del desarrollo urbano. Es imprescindible reconocer la necesidad de prestar mayor atención a los problemas de las ciudades a escala comunitaria. No obstante -y ustedes son plenamente conscientes de ello-, carecemos de mandato para elaborar una política urbana común. Sin embargo, sí es necesario intentar formular una respuesta coordinada y coherente que permita abordar el creciente número de problemas que afectan a las ciudades.
Las ciudades europeas deben hacer frente a problemas cada vez más numerosos, desde el desempleo, el deterioro medioambiental y la congestión del tráfico, hasta la pobreza y la marginación social, los problemas de la vivienda, la delincuencia y la drogadicción. Una programación más coherente permitirá a las ciudades abordar estos problemas con mayor eficacia y aprovechar al máximo sus recursos.
Como miembro de la Comisión de Libertades Públicas, quiero destacar especialmente la necesidad de encaminar nuestros esfuerzos a la lucha contra la marginación, el racismo y la xenofobia y la drogadicción. Las ciudades son el marco de acogida de numerosos emigrantes, y por ello uno de nuestros objetivos es la elaboración de políticas de integración adecuadas, que permitan la comprensión de los problemas e intereses de las minorías dentro de la población urbana, promoviendo la participación de los inmigrantes en la vida comunitaria y facilitando información a los mismos de recursos y servicios que puedan ponerse a su disposición.
La formación de trabajadores y agentes sociales es, en este sentido, también fundamental, al igual que la realización de campañas contra las actividades xenófobas y racistas.
En cuanto a la delincuencia, todos conocemos que el medio urbano es el más castigado. El desarrollo de la delincuencia supone una grave amenaza para el respeto de los derechos de los ciudadanos en la Unión y, por ello, debemos esforzarnos en seguir implementando un espacio europeo de seguridad y justicia, alentando a las autoridades competentes para que sigan progresando en el intercambio de información que beneficiará a todos los ciudadanos de la Unión.

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Napoletano, cuyo contenido comparto plenamente, plantea la necesidad de definir, en su justa importancia, una estrategia urbana claramente diferenciada, tanto competencial como institucionalmente, de la estrategia regional, dado el importante papel que corresponde a estas dos instancias subestatales -comunidad autónoma y municipio- en la construcción de la Unión Europea y en la elaboración y aplicación de sus políticas. En este contexto y en la perspectiva de los objetivos a alcanzar al inicio del año 2000, debe asegurarse la salvaguarda de la autonomía local y la implicación de los municipios con plena responsabilidad en el partenariado. Por el contrario, la limitada consideración que, al menos a mi entender, los municipios encuentran en la Agenda 2000 hace temer que la modificación de los reglamentos, aunque lleguen a reconocerles formalmente un cierto papel, éste sea, en la práctica, poco efectivo.
La reducción de la problemática urbana al Objetivo nº 2 resulta a todas luces insuficiente, y exige que, de una forma explícita, las políticas estructurales del Objetivo nº 1 respondan también a la necesidad del conjunto de los núcleos urbanos grandes, medianos o rurales. Al mismo tiempo, invitamos a la Comisión -no olvide, señor Comisario, de transmitirlo a la Sra. Wulf-Mathies- a que, dado el balance positivo del programa URBAN aplicado a más de un centenar de ciudades europeas, se pronuncie en favor de su continuidad, mejorando los recursos asignados y aprovechando las enseñanzas que ha proporcionado su aplicación, como recordaba el Sr. Howitt, en el anterior periodo, a más de 100 ciudades europeas.
Si queremos llenar de contenido la ciudadanía europea, es necesario que los ciudadanos la reconozcan en el primer escalón institucional que les representa: el municipio. Olvidarlo, señor Comisario, sería un grave error que esperamos no cometa la Comisión.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, yo quisiera en primer lugar felicitar a los ponentes Pollack, Napoletano y Alfonso Novo por los informes que presentan hoy. Y creo que todos ellos coinciden en la necesidad de que la Unión Europea busque una estrategia urbana coordinada, ya que, al día de hoy, ya la Unión incide de forma decisiva en las ciudades.
Por otro lado, también se señala que la problemática urbana exige un enfoque global, tanto en lo que respecta a la problemática interna de la ciudad como en la relación de la propia ciudad con el territorio. Y a su vez, se identifican los problemas más acuciantes a los que se enfrentan las ciudades: el desempleo, que es un grave problema para la integración social; la seguridad y la participación ciudadana; el medio ambiente y, en definitiva, la calidad de vida en las ciudades.
Y se habla también de la financiación. Comparto la preocupación sobre la desaparición de URBAN, que tan buenos réditos ha dado en la política urbana comunitaria. Porque en el nuevo Objetivo 2 se están sumando realidades diferentes. Se suman las problemáticas de las regiones con declive industrial, el desarrollo rural, las zonas urbanas, los instrumentos de financiación pesquera, en un instrumento común que -no olvidemos- reduce su cantidad global en un 13 % en ecus constantes en el periodo 1999-2006 respecto al montante de todos estos Objetivos en los reglamentos actuales. Por tanto, debo indicar mi inquietud respecto a la financiación, sobre todo porque quizá las ciudades de tamaño medio puedan verse perjudicadas en este reparto. Por ello, la Unión Europea debe hacer el esfuerzo de concentrarse fundamentalmente en aquellos aspectos que tienen una dimensión comunitaria.
Y termino con esta reflexión, señor Presidente: fundamentalmente, hay que incidir también en aquellas realidades urbanas transfronterizas, donde hay un auténtico problema en el que Europa puede incidir. Yo soy residente -diría- en una eurociudad vasca, a caballo en una frontera, en el eje San Sebastián-Bayona. Y desgraciadamente, al día de hoy, no hay todavía un marco jurídico comunitario, a nivel europeo, para que esta cooperación transfronteriza, en lo que respecta también a la ordenación del territorio urbano, pueda incrementarse de forma importante para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Ephremidis
Señor Presidente, tanto los informes como el debate que se está desarrollando nos han proporcionado una muestra de los muchos problemas que sufre el medio urbano comunitario. Lo que está claro es que hay más y que van a verse multiplicados y agravados. De todo lo que se ha dicho ¿qué es lo que podría destacar? Quizás lo sorprendente. Que nadie, desde ninguna posición, haya citado las causas principales ni a los culpables de esta situación y que no son otros que la ley de la selva impuesta por los intereses multinacionales y por la competencia descontrolada para buscar beneficios en el marco del famoso mercado libre.
Señor Presidente, nos arriesgamos a ser caracterizados como hipócritas y de ser cómplices de ocultar intereses ilícitos o de ser unos políticos y unos parlamentarios masoquistas que airean continuamente los problemas sin señalar sus causas y, por ello, sin poder afrontarlos para darles una solución.
En definitiva, este Parlamento debiera sacudirse todo eso y mostrar que representa realmente a los torturados pueblos de los centros urbanos de la Unión Europea.

Piha
Señor Presidente, a menudo se tiene una imagen demasiado simplificada de las ciudades, o bien como zonas de riqueza y privilegios, o bien como fuentes de problemas. Las ciudades tienen sus problemas, pero -ante todo- son los centros motrices del desarrollo y de la innovación. Además, la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo surgen precisamente en las áreas urbanas.
El año pasado se hizo hincapié, incluso al más alto nivel, en la importancia que reviste mantener bajo control el problema del desempleo en toda Europa. La Unión Europea debe fijarse como uno de sus principios la inversión en las áreas urbanas y la consideración de las mismas como zonas dotadas de posibilidades, y no como fuentes de problemas. Con ocasión de la reforma de los Fondos estructurales, se debería procurar que la financiación de la política regional de la Unión Europea se destinara a aquellas zonas que ofrecen con mayor seguridad los resultados deseados, esto es, las que consiguen un mayor bienestar para los ciudadanos, en vez de malgastar recursos en potenciar regiones que ya se han quedado desiertas o se han visto empobrecidas. Gracias al fenómeno conocido como spill over , el bienestar de las ciudades se expande al resto de las regiones. Potenciando las posibilidades de las ciudades mejoramos también las posibilidades futuras de las zonas rurales.
Hoy en día, los planteamientos de la política regional continúan siendo erróneos por lo que respecta a su financiación. A pesar de que el 80 % de los ciudadanos de la Unión habita en áreas urbanas, más de la mitad del presupuesto comunitario se sigue destinando al mundo rural. No cuesta mucho imaginar toda la Unión Europea como un proyecto rural en el que han quedado olvidados las ciudades y sus habitantes. La emigración a las ciudades ha dejado de ser una moda; ahora estamos ante un enorme colectivo de personas que se quedan en las ciudades y disfrutan de esa manera.
Aunque la toma de decisiones acerca del contenido y los detalles de la política urbana recaiga finalmente en los ámbitos nacional y regional, lo cual es correcto, la Unión Europea desempeña un papel importante, principalmente a la hora de encontrar soluciones a los problemas comunes. La urbanización de la sociedad ha generado nuevos problemas como la marginación y los relacionados con el narcotráfico y el medio ambiente. Sin lugar a dudas, todos queremos seguir disfrutando en el futuro de agua potable limpia, de aire puro y de un entorno urbano seguro. Un buen, y no por ello menos lamentable, ejemplo de los problemas medioambientales con que se enfrentan las ciudades lo constituyen la recogida y el reciclado de residuos; y por lo que parece, Bruselas tiene todavía mucho que aprender en esta materia.

Ojala
Señor Presidente, desearía comenzar mi intervención felicitando a la Sra. Napoletano por su brillante informe. Me alegra especialmente el hecho de que este informe haga firmemente hincapié en lo importante que resulta el poder de decisión de los propios habitantes en materia de política urbana. La única manera de lograr un desarrollo equilibrado de las ciudades pasa por que sus propios habitantes consigan ejercer su influencia en las decisiones que les afecten a ellos mismos. Por ello, se deberían estudiar y desarrollar distintos modelos de democracia urbana y local, así como potenciar las posibilidades de los habitantes de las ciudades en materia de información y participación mediante el aprovechamiento, por ejemplo, de las nuevas tecnologías.
Respaldamos con especial afecto la exigencia recogida en el informe para que se preste atención a las mujeres en el desarrollo de las ciudades. Los estudios han demostrado que la participación de las mujeres en la planificación de las áreas urbanas da lugar a resultados muy distintos a los que se consiguen con planificación masculina. Para las mujeres, el buen desarrollo de la vida cotidiana es más importante que la apariencia monumental de los edificios. A las mujeres no se les pasa por alto que también hay que viajar con niños y con cochecitos infantiles, o que los ancianos y los discapacitados han de poder desplazarse y vivir con comodidad.

Berend
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento al ponente, señor Novo Belenguer. Por mi parte, yo puedo suscribir las conclusiones fundamentales del informe de propia iniciativa. En Alemania, la experiencia nos ha demostrado, no obstante, que la política de ordenación territorial debe iniciarse desde abajo para que tenga éxito. Sólo es posible alcanzar un desarrollo social y económico regionalmente equilibrado -la cohesión territorial, en suma- las comunidades y las regiones participan igualmente desde un primer momento en la planificación y en las decisiones en el ámbito de la ordenación del territorio. Una ordenación territorial impuesta desde arriba supone un despilfarro de energías, entraña el riesgo de que se cometan errores de planificación y encuentra poca aceptación entre los ciudadanos.
El ponente plantea, por lo tanto, con razón la necesidad de que en la transposición de EUREG se respete estrictamente el principio de subsidiariedad. A mi parecer, es preciso rechazar todas las iniciativas en el marco de EUREG encaminadas a vincular los Fondos estructurales de la UE a programas relevantes desde la perspectiva territorial. También es de temer su utilización como instrumentos de financiación y de orientación de la política de ordenación del territorio. Es cierto que nada hay que objetar en lo que respecta a la agrupación de las regiones en objetivos, incluida la realización de los controles y la coordinación necesarios por parte de la Comisión. Sin embargo, para ello no es preciso contar con un proyecto europeo de ordenación del territorio. Al contrario, la concreción y la transposición de las ayudas estructurales de la UE debe seguir siendo de la competencia de los Estados miembros, igual que ha ocurrido hasta ahora, y no debe complicarse con criterios adicionales en materia de ordenación territorial, que dificulten el acceso de los Estados miembros a las mismas y les exijan un mayor despliegue técnico-administrativo.
Tenemos que rechazar todos los intentos de subordinar la política estructural y sectorial de desarrollo de cada país a unos espacios prioritarios y unas localizaciones centrales definidos en el marco de un proyecto europeo de ordenación del territorio. Éste es un aspecto que no debemos perder de vista en el contexto del presente debate.

Seppänen
Señor Presidente, muchas de las cuestiones importantes de la Unión Europea presentan una aplicación muy distinta en la teoría y en la práctica. Éste es el caso particularmente por lo que respecta a la política medioambiental de las ciudades. Tomemos como ejemplo Bruselas. Todos nuestros residuos van a parar, sin haber sido antes saneados, al río Senne, que los encauza impuros en el río Escalda, y de allí, todavía sin sanear, terminan en el mar del Norte. Estos residuos nos vuelven en forma de mejillones de septiembre a abril. El próximo año está prevista la apertura de las primeras instalaciones de tratamiento, que no de saneamiento, de aguas residuales de Bruselas. Con arreglo a la respuesta que he recibido de la Comisión a una pregunta escrita, en Bruselas se viola la Directiva 91/271/CEE, y en particular su artículo 17. Y esto ocurre delante de las narices de la Comisión Europea. Propongo que emprendamos la política urbana saneando nuestros propios residuos y obligando también a Bruselas a hacer lo propio. Bruselas es una catástrofe medioambiental de la política urbana.

Pinheiro
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento a las Sras. Napoletano y Pollack y al Sr. Novo Belenguer por sus importantes informes y a los restantes diputados participantes en su preparación. Quiero también aprovechar esta oportunidad para elogiar las gestiones hechas por el Parlamento para conferir a las cuestiones urbanas un lugar más central en el programa político de la Comunidad, en sintonía con la comunicación presentada el año pasado por la Comisión por iniciativa de mis colegas Wulf-Mathies, Bjerregaard, Flynn y Kinnock.
La Comisión está haciendo un análisis sistemático de las políticas comunitarias desde una perspectiva urbana. Y, a partir de dicho análisis, estamos formulando un plan de acción para un desarrollo urbano sostenible, en un esfuerzo de elaboración de un planteamiento estratégico e integrado de las cuestiones urbanas. Espero que la Comisión apruebe en breve el plan de acción para que se pueda examinar en el foro urbano de Viena, los días 26 y 27 de noviembre del presente año. Estamos seguros de que el Parlamento Europeo desempeñará un papel activo también en ese foro.
Muchas de las cuestiones tratadas en los informes del Parlamento y en las intervenciones de las diputadas y los diputados se abordarán necesariamente en el plan de acción de la Comisión. Estamos enteramente de acuerdo con la perspectiva de que la creación de capacidades locales y el desarrollo en el nivel de las comunidades locales constituyen aspectos esenciales de la regeneración urbana y de que se deben estimular los Fondos estructurales participantes en acciones de ese tipo.
La Comisión comparte la opinión del Parlamento de que debemos fortalecer la dimensión medioambiental en nuestras políticas relativas a las zonas urbanas y de que se debe conceder mayor importancia a las cuestiones más generales relacionadas con la calidad de vida de las poblaciones urbanas. Desde esa perspectiva, ¿qué acciones deben constituir, entonces, el plan de acción urbana de la Comisión? Los imperativos individualizados en la comunicación de la Comisión se relacionan esencialmente con cuatro temas: la necesidad de fortalecer la productividad, el desarrollo económico y el empleo en zonas urbanas, en particular en regiones menos desarrolladas, la necesidad de apoyar la igualdad de acceso y de reducir la exclusión social en aumento en las zonas urbanas, la necesidad de volver las ciudades más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y la necesidad de promover procesos decisorios innovadores y flexibles que integren las acciones de cooperación en los sectores público, privado y comunitario, del nivel europeo al local, e incrementen las sinergias entre los procesos institucionales y los recursos existentes.
Aún no ha concluido la preparación del plan de acción de la Comisión, por lo que de momento es prematuro presentar propuestas concretas y específicas a ese respecto. Pero podemos referirnos, señor Presidente, Señorías, a ciertas cuestiones que preocupan claramente y que constarán en el plan de acción.
En primer lugar, aumentar la productividad en ciudades situadas en regiones menos desarrolladas, a fin de reducir las disparidades regionales, es para la Comunidad un imperativo capital. La planificación estratégica urbana debe volverse más explícita en el ámbito de los Fondos estructurales y las ciudades situadas en regiones elegibles deben desempeñar un papel más importante en la futura programación. Debemos pensar también en acciones fuera de las regiones prioritarias. Todas las ciudades deben promover el aprendizaje permanente y la adaptabilidad, deben volverse ciudades de aprendizaje e incorporar la tecnología en provecho de la economía y de la población locales. En ese marco, la Comisión tiene que pensar en cómo concretar la dimensión urbana en los nuevos programas SÓCRATES y LEONARDO y en el programa «La ciudad del mañana» del V Programa Marco. Las ciudades deben también fomentar métodos de desarrollo local y el empleo local y la Comunidad está haciendo algún trabajo a ese respecto. Además, la Comisión habrá de estudiar también la forma mejor de integrar la necesidad de un sistema urbano europeo equilibrado en las redes europeas de transporte y telemática.
Otro aspecto es la cuestión de la igualdad y la cohesión social en las zonas urbanas. Entre muchas otras acciones en ese marco, la Comisión pretende concentrar parte del próximo conjunto de Fondos estructurales en zonas urbanas necesitadas y situadas en regiones del objetivo 2, como se ha propuesto en la Agenda 2000. Pero, también con cargo al objetivo 1, se deberá incentivar una concentración similar de recursos en distritos específicos. La vivienda es un factor esencial en la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la delincuencia en zonas urbanas, y es también un sector con posibilidades para la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Por estas razones, la Comisión considerará las posibilidades de hacer extensiva la financiación de los Fondos estructurales a programas específicos de vivienda, siempre que sean decisivos para el desarrollo de las comunidades y formen parte de una perspectiva integrada de regeneración urbana. Soy consciente, la Comisión es consciente, de que el Parlamento es partidario de la continuación de la iniciativa comunitaria URBAN. Dado el éxito de URBAN, como iniciativa de base local, la Comisión ha decidido integrarla en las acciones financiadas con cargo a los marcos comunitarios de apoyo a partir del año 2000. Uno de los elementos de dicha integración consiste en la aplicación de la definición de partenariado en el proyecto de reglamento de los Fondos estructurales, a fin de incluir a las autoridades locales y los organismos sociales y económicos, aspecto que parece algo polémico para algunos Estados miembros. Desde el punto de vista de la Comisión, la inclusión de las autoridades locales en los mecanismos de partenariado es esencial para atender las necesidades urbanas y para una integración política lograda de URBAN.
Otro problema que se plantea y que se planteará en el plan de acción de la Comisión es el de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida, al que, por lo demás, se refieren por extenso los informes y las intervenciones de Sus Señorías. Es preciso encontrar aquí modos más sostenibles de gestión de las ciudades europeas a fin de mejorar la calidad de la vida urbana, garantizar la competitividad de las actividades y proteger el medio ambiente mundial. La legislación medioambiental es, desde luego, el instrumento comunitario más importante para la mejora de la calidad del medio ambiente urbano, en particular las medidas adoptadas en relación con la calidad del aire y del agua, con los residuos y con el control de la contaminación industrial, todas ellas con importantes repercusiones urbanas.
La legislación vigente sobre la evaluación de las repercusiones medioambientales proporciona también un valioso instrumento para velar por que los nuevos desarrollos de las zonas urbanas sean sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. La directiva del Consejo sobre la evaluación medioambiental estratégica recurrirá a la consideración de los efectos medioambientales del desarrollo desde el comienzo del proceso de planificación, fortaleciendo la panoplia de instrumentos medioambientales de que ya disponemos. En esa esfera, se ve la inclusión de un número considerable de proyectos locales, en un proceso alentado por la propia Comisión. Pero sigue existiendo la necesidad de que renovemos nuestros esfuerzos en pro de ciudades sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente mediante medidas más estructurales, en relación con las cuales la Comisión podría hacerse cargo de determinadas acciones y estudios. Me refiero, por ejemplo, a que se haga cargo de los costos de movilidad, incentive regímenes de peaje, dé preferencia a acciones de desarrollo por reconversión, grave la energía para promover un comportamiento más sostenible y acopie recursos para reducir los costos laborales y aumentar el empleo.
Paso, por último, a la importante cuestión de la administración y del poder locales. La Comisión puede garantizar a las autoridades locales y regionales que apoyará las medidas que éstas adopten para encontrar soluciones más integradas para los complejos problemas urbanos. La Comunidad ha de desencadenar acciones, en el sentido de desarrollar las capacidades de las ciudades europeas y promover el conocimiento, en el nivel internacional, de las cuestiones urbanas. Puede hacerlo mediante la promoción de acciones en pequeña escala en la esfera de los indicadores y de los modelos de referencia urbanos, como se subraya en el informe parlamentario, mediante la organización de intercambios de experiencia, mediante el lanzamiento de estudios y la integración de los conocimientos que resulten de esos diversos proyectos. Ya lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, esperamos, con mayor eficacia aún.
Para concluir, señor Presidente, la Comisión y el Parlamento Europeo están de acuerdo en que la política urbana no es una política local, sino que requiere, al contrario, una acción en todos los niveles de la administración. Por diversas razones, entre ellas el cumplimiento de los objetivos del Tratado, está justificada la participación de la Comunidad a ese respecto con un valor añadido evidente. Sólo si la Comunidad desempeña su papel, modesto, desde luego, en algunos sectores, pero pronunciado en otros, tales como el medio ambiente y la cohesión económica y social, se pueden afrontar ciertos imperativos urbanos de forma eficiente. En cualquier caso, respetaremos íntegramente el principio de subsidiariedad en la formulación de las acciones.
Permítaseme una vez más que agradezca a las Sras. Pollack y Napoletano su valiosa contribución. Espero que el plan de acción que ha de presentar la Comisión sirva para afrontar ciertos problemas ahora planteados y que en el próximo foro urbano, que se celebrará en noviembre, podamos profundizar el debate.
Permítame ahora, señor Presidente, que me refiera al excelente y exhaustivo informe sobre la ordenación del territorio y a la perspectiva europea de ordenación territorial. Tanto la Comisión como las autoridades encargadas de la ordenación del territorio en los Estados miembros expresan y expresarán su agradecimiento y se sienten alentadas por el entusiasmo y el apoyo claramente manifestados en dicho informe. El informe proporciona, además, un buen pretexto para que la Comisión presente su punto de vista sobre la reciente evolución, posterior a la reunión ministerial sobre la ordenación del territorio, celebrada en Glasgow el día 8 de junio.
El informe del Sr. Novo Balaguer subraya atinadamente que el proceso de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial, dada la complejidad de la materia y la necesidad de lograr un consenso entre los quince Estados miembros, es inevitablemente lento. Ahora bien, considero muy alentador que varios Estados miembros, muchos Estados miembros, a pesar del moderado avance en la elaboración del documento «Perspectiva Europea de Ordenación Territorial», expresen su disponibilidad para promoverlo en su propia esfera de cometidos. Gracias a esas señales, podemos esperar un impulso compartido durante las presidencias austríaca y alemana que permita la aprobación, la próxima primavera, de la primera Perspectiva Europea de Ordenación Territorial.
La Comisión seguirá manteniendo una buena relación de trabajo con los Estados miembros, prestándoles asistencia técnica cuando sea necesario y proporcionando una plataforma más amplia de carácter transnacional para el debate público lanzado por la reunión ministerial celebrada en Norwick el año pasado. Su contribución al proceso abarcará las siguientes tareas:
asistir a los Estados miembros en la ultimación del documento «Perspectiva Europea de Ordenación Territorial» y proporcionar la secretaría para el Comité de Desarrollo Espacial; -organizar los cuartos seminarios transnacionales restantes, dedicados, respectivamente, al acceso al conocimiento, al partenariado urbano-rural, a la gestión de las zonas delicadas desde el punto de vista medioambiental y a las repercusiones de la ampliación en el territorio, así como un gran foro en Bruselas, el próximo mes de febrero, para sintetizar los resultados del debate público tanto en el interior de los Estados miembros como en el nivel europeo; -apoyar un programa experimental de estudio de dos años para fortalecer la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial con vistas a la instauración de una red de observatorios europeos de ordenación territorial; -preparar un informe preliminar sobre las políticas de la Comunidad y la ordenación territorial; -y, por último, apoyar la cooperación transnacional para demostrar los beneficios de la aplicación del planteamiento de la «Perspectiva Europea de Ordenación Territorial», actualmente mediante INTERREG II-C y a partir del año 2000 mediante una nueva iniciativa comunitaria centrada en la cooperación transeuropea y tendente a promover un desarrollo equilibrado y armonioso.La importancia de esas materias queda -me parece a mí- bien subrayada y resulta digno de mención el permanente y genuino respeto del principio de subsidiariedad en el desempeño de los cometidos que nos corresponden. En el futuro inmediato, la Comisión considera su cometido especial el de promover sus propios servicios, la concienciación sobre las consecuencias para el territorio de las diversas políticas comunitarias, en particular la contribución de éstas a la consecución de una distribución geográficamente más equilibrada de las actividades económicas y una utilización sostenible de la tierra y a la atención de las necesidades territoriales específicas.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas.

Procedimientos ad hoc relativos al presupuesto 1999
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0256/98) de la Sra. Dührkop Dührkop, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre los procedimientos ad hoc para el presupuesto 1999, previstos en los Acuerdos Interinstitucionales de 29 de octubre de 1993 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario y de 16 de julio de 1997 sobre las disposiciones relativas a la financiación de la política exterior y de seguridad común, así como en el procedimiento relativo a la financiación de los acuerdos internacionales en materia de pesca, de conformidad con la Declaración común de 12 de diciembre de 1996.

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, Señorías, con este debate entramos en el procedimiento ad hoc del presupuesto para 1999, tal como lo prevén los Acuerdos interinstitucionales de 29 de octubre de 1993, que dicen que a petición del Parlamento Europeo o del Consejo se puede iniciar el procedimiento ad hoc en el caso de que alguna de las dos ramas presupuestarias desee alejarse del anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión en cuanto a los gastos agrícolas.
Con el diálogo a tres bandas del pasado 23 de junio, Parlamento y Consejo abrieron el procedimiento ad hoc formalmente para el ejercicio 1999, procedimiento que estará abierto hasta cuando haya un acuerdo, cerrándose normalmente en el otoño, dando así una aproximación más realista y ajustada al presupuesto.
A través de ulteriores mejoras en el procedimiento presupuestario, el procedimiento ad hoc incluye tres sectores: agricultura, acuerdos pesqueros y política exterior y de seguridad común.
Aunque parezca un ejercicio técnico rutinario, quiero subrayar el contenido político de este procedimiento ad hoc , porque significa una ampliación de la influencia del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario. En los últimos ejercicios se han comprobado sobradamente sus ventajas en el objetivo del rigor presupuestario.
Antes de entrar a fondo en el contenido de la propuesta de resolución, me permito mencionar las diferencias entre ambas instituciones, Consejo y Parlamento, sobre la clasificación de determinados gastos agrícolas, donde se ha avanzado tímidamente, por lo cual la resolución, en su anexo 1, recoge el punto de vista del Parlamento Europeo de cara al diálogo sobre el presupuesto para 1999.
Respecto a las previsiones de gasto agrícola en el anteproyecto de presupuesto para 1999, la Comisión propone 40.440 millones de euros. Sin embargo, teniendo en cuenta, primero, que ha habido una continuada sobrestimación por encima del 10 % en numerosas líneas del gasto agrícola desde 1994; segundo, que en 1997 el anteproyecto era de 42.305 millones de ecus, pero que en la última revisión para ese ejercicio había un superávit de 2.709 millones de ecus; y tercero, que la última previsión adaptada a fecha de 1 de junio de 1998 prevé un superávit de aproximadamente 1.200 millones de ecus, a los cuales hay que añadir un millardo recortado al principio sobre las primeras estimaciones de la Comisión, se llega a 2.200 millones menos de gastos reales sobre las primeras estimaciones de la Comisión.
Por todo ello, la ponente y la Comisión de Presupuestos consideran que el Parlamento Europeo debe insistir en una reserva en la categoría 1, precisamente por la experiencia de los años anteriores y la manifiesta dificultad de una previsión más exacta.
La creación de una reserva no implica un recorte de los gastos agrícolas necesarios, puesto que pretendemos que los Estados miembros desembolsen así únicamente lo que corresponde a gastos reales, sin tener que poner a disposición de la Comunidad unos recursos que no se van a gastar y que se les tendrá que devolver posteriormente.
En su proyecto de informe inicial, la ponente había propuesto tres reservas distintas, una de ellas sobre medidas de apoyo, a falta de un informe de evaluación de eficacia real de la Comisión y otro sobre las líneas que carecen de fundamento jurídico, puesto que entiende que cuando el Consejo insiste en que haya un fundamento jurídico si se trata de la ejecución de gastos no obligatorios, debería aplicar lo mismo a los gastos obligatorios (donde parece que el Consejo hace caso omiso de ello). Concretamente hay trece líneas que carecen de fundamento jurídico y cuyo montante asciende a 150 millones de ecus.
Quisiera agradecer la colaboración de los colegas de la Comisión de Agricultura, con los que se ha llegado a un acuerdo al prever una reserva global de 700 millones por incertidumbres del mercado y medidas de apoyo, provisionalmente lineal, hasta que la carta rectificadora de la Comisión, en otoño, indique el ajuste en función de las necesidades y evolución del sector.
Hago un llamamiento al Consejo para que llegue a un acuerdo con el Parlamento Europeo para lograr un presupuesto riguroso. Esperemos que predique con el ejemplo. Pero es digno de mencionar que el esfuerzo llevado a cabo mediante el procedimiento ad hoc , en los últimos años, ha tenido un resultado notable.
Respecto a los acuerdos internacionales de pesca, se debe valorar muy favorablemente el que se confirme el principio de que no se haga ningún pago sin consultar antes al Parlamento. Pero se considera que la reserva del anteproyecto de presupuesto parece sobrestimada ya que hay demasiadas incertidumbres en cuanto a la celebración de determinados acuerdos. Gracias a la colaboración de la Comisión de Pesca y a la Comisión, pedimos que se apruebe la reducción de la reserva, tal como se indica en el anexo 2.
En cuanto a la política exterior y de seguridad común, esta resolución recoge también la posición de la Comisión de Asuntos Exteriores, en particular por lo que se refiere a reducir la reserva para acciones de urgencia en beneficio del apoyo a otras políticas, tales como el apoyo a los procesos de transición democrática, a los procesos electorales y a la prevención de conflictos, así como lo referente a la nomenclatura propuesta en el anexo 2 de la resolución.
La Comisión de Presupuestos y la ponente piden, por todo ello, a la Asamblea que apruebe este informe como mandato para las negociaciones entre la delegación del Parlamento Europeo y el Consejo.

Sonneveld
Presidente, en esta sesión el Parlamento fija el mandato para la negociación con el Consejo, sobre todo en lo relativo a los gastos agrícolas obligatorios para 1999 en el marco del denominado procedimiento ad hoc . En los años anteriores hemos adquirido muchas experiencias positivas en este procedimiento, sobre todo el año pasado en relación con el presupuesto de 1998. Todos los Grupos implicados son de la opinión de que ese modo de trabajo, también llamado procedimiento Tillich/Mulder, debe continuarse. Eso significa que el punto principal de las negociaciones entre Parlamento y Consejo ya no depende de la aprobación del proyecto de presupuesto, sino que en el otoño la Comisión lo enviará en una eventual carta rectificativa a las dos secciones de la autoridad presupuestaria en la que se incorporará las estimaciones más recientes de los gastos obligatorios.
En este momento debe responderse a la pregunta de qué rectificaciones son probables en el anteproyecto de presupuesto tanto del lado de ingresos como de gastos. Basándose en los gastos reales relativos al año presupuestario de 1998, el Parlamento opina que acaso se puedan realizar ahorros para 1999. Esta esperanza se manifiesta incluyendo una cantidad de 700 millones de ecus en una reserva general para incertidumbres de mercado y medidas de apoyo.
Por otro lado, se le da forma a esta sugerencia sugiriendo un recorte lineal provisional en el apartado de agricultura. De este modo el posible recorte es llevado temporalmente por debajo confiando en que a su debido tiempo la Comisión podrá realizar propuestas para una reducción más selectiva de algunas líneas presupuestarias sustanciales. Esa solución es temporal, ya que la opinión explícitamente fijada del Parlamento de estar en contra de un verdadero recorte lineal de los gastos agrícolas obligatorios sigue intacta. Por supuesto, el procedimiento también debe funcionar bien si a fin de cuentas no hay ahorros sino subida de los gastos.
Aún una palabra sobre las medidas de apoyo como consecuencia de la reforma agrícola de 1992. Estas medidas gozan de una importancia cada vez mayor y los usos aumentan fuertemente. Sin embargo, falta un buen análisis y evaluación de estas medidas. El Parlamento opina que debe llegar muy pronto una evaluación semejante, sobre todo porque estas medidas van a conformar una parte sustancial de la nueva política rural propuesta por la Comisión. Al respecto, el Parlamento y el Consejo deben poder tomar una resolución justificada. Ya es hora de que el Parlamento profundice bien en la efectividad de estas medidas de apoyo.
El Parlamento propondrá elevar la partida presupuestaria para la lucha contra el fraude en el sector agrícola. Esto coincide con la intención de la Comisión de emprender nuevos programas en este terreno. La tensión en este terreno no puede relajarse. Poniendo ahora a buen recaudo la financiación, las nuevas acciones de la Comisión pueden comenzar de inmediato.
Por último, en el informe Dührkop Dührkop se propone adoptar una nueva división del apartado de agricultura. Es muy necesaria sobre todo la diferenciación entre los subapartados de gastos tradicionales de ordenación de mercado y los pagos directos a los productores que han aumentado fuertemente. Eso sirve, por lo demás, también para el subapartado de gastos estructurales en la sección de Garantía. También ese subapartado exige una atención muy específica precisamente con vistas a la política anunciada de la Agenda 2000 . En todos estos casos se trata de gastos agrícolas obligatorios, pero esto no quiere decir que se podrán sustraer a la influencia política del Parlamento. El modo en que el Parlamento podrá ejercer esta competencia de modo sensato debe formar parte de un acuerdo interinstitucional, un acuerdo nuevo. Pero una nueva división, tal y como propone ahora la ponente, significa un nuevo impulso.

Brinkhorst
Señor Presidente, el informe de la Sra. Dührkop demuestra que en el Parlamento se puede avanzar sin necesidad de modificar el Tratado. Durante muchos años, el Consejo se ha negado a someter el presupuesto al debido control democrático. Hemos luchado durante años por un control presupuestario global adecuado de los gastos obligatorios y de los no obligatorios. También hemos luchado durante años por un control democrático sobre la pesca y por que el presupuesto para la Política Exterior y de Seguridad Común esté sujeto a un control democrático. Esto demuestra que, sin necesidad de modificar el Tratado y a condición de que el Parlamento sea coherente, eficiente y no se sobrepase en la utilización de fondos, podemos avanzar. Es precisamente lo que ahora tenemos: el procedimiento ad hoc.
La Comisión ha tardado en comprender que la sobrestimación de la previsión presupuestaria en el ámbito agrícola es contraproducente. Finalmente, hace dos años dimos un giro a la situación, y felicito a mi colega Sr. Tillich, por conseguir el año pasado el compromiso firme de la Comisión y del Consejo de que aceptarían el principio de la reserva. Sobre la reserva se han dicho muchas cosas. Siempre se ha calificado como abuso de poder del Parlamento. Pero la reserva no es ningún abuso del Parlamento: es la utilización correcta de los fondos públicos por una legislatura controlada públicamente. Ante semejante trasfondo, creo que disponemos del mejor punto de partida para el debate, que se iniciará en las próximas semanas.
Un comentario sobre el fundamento jurídico. Esta tarde se ha vuelto a demostrar, en el debate con el Comisario Liikanen, que el fundamento jurídico, en definitiva, no es tanto un asunto de ley, sino de la voluntad política de comprender las necesidades de la población. El hecho de que 90 líneas presupuestarias no estén siendo ejecutadas en estos momentos es vergonzoso para el desarrollo de la sociedad civil. Acabamos de aprobar el informe Herman, en el que se deja perfectamente claro que podemos avanzar, a condición de que el Consejo esté dispuesto a colaborar con nosotros. No nos engañemos: si en el diálogo a tres bandas no logramos un cambio respecto al fundamento jurídico, se deteriorarán las relaciones entre el Parlamento y el Consejo, y diría incluso, las relaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Espero que este mensaje llegue hasta todos aquellos que hoy no se encontraban presentes. Veo que el Comisario para África se encuentra entre nosotros, y espero que pueda transmitir el mensaje al Comisario de Agricultura. Creo que con lo que hemos conseguido hasta ahora, disponemos de un buen punto de partida y tengo la convicción de que llegaremos a una buena conclusión.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el procedimiento ad hoc surgido de las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional del 29 de octubre de 1993 para los gastos agrícolas se ha ampliado a los acuerdos de pesca y a la política exterior y de seguridad común. Ha permitido indiscutibles progresos, tanto en la mejora del procedimiento presupuestario como en la elaboración del propio presupuesto de la Unión Europea. La concertación que precedió la segunda lectura del presupuesto de 1998 es su mejor ejemplo.
Por un lado, el Parlamento Europeo obtiene un derecho de inspección sobre la vertiente de los gastos agrícolas y, por el otro, al aceptar algunas tomas de posición del Parlamento para los gastos obligatorios, el Consejo puede obtener ciertas concesiones en el ámbito de los gastos no obligatorios que, en el pasado, han supuesto a menudo una manzana de la discordia cuando no una causa de conflictos entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, habida cuenta del alcance, considerado poco razonable, de las decisiones presupuestarias del Parlamento Europeo. Otro paso significativo y positivo es el acuerdo celebrado entre el Consejo y la Comisión, con arreglo al cual a partir de ahora la Comisión deberá presentar para los gastos agrícolas una carta rectificativa a su anteproyecto antes de la primera lectura del presupuesto, para permitir evaluar mejor las estimaciones presupuestarias, ejercicio muchas veces difícil en materia agrícola.
Dichos progresos son totalmente aceptables, ya que permiten a la vez poner fin a una especie de guerra de trincheras presupuestaria entre el Parlamento y el Consejo, que, en el pasado, ya ha durado demasiado, y por el otro lado, le dan al Parlamento mayor coherencia y unidad en el ejercicio de sus competencias. La situación de hemiplejia presupuestaria de nuestro Parlamento, que sólo nos concedía poder para la mitad del presupuesto, dejándole al Consejo la segunda parte de la autoridad presupuestaria, está actualmente desfasada y es irrealista. Diremos sí al procedimiento ad hoc en calidad de código de buena conducta entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, pues la cortesía presupuestaria permite mejores resultados para la fijación del presupuesto. Pero tengamos cuidado de que esto no genere insidiosamente una confusión de las competencias, ya que para el Parlamento se trata nada menos que de proponer la modificación de la estructura y de la clasificación de los gastos agrícolas, dicho en otras palabras, de la supresión de los gastos obligatorios y los gastos no obligatorios
Sin poner en entredicho el fundamento del procedimiento ad hoc, no podemos, a pesar de todo, apoyar en este punto al ponente, por la razón fundamental de que, por su especificidad, los gastos agrícolas no deberían en lo esencial trivializarse y convertirse en gastos no obligatorios. Un gasto no obligatorio está por propia naturaleza sujeto a la libre voluntad del legislador, según las opciones escogidas. Por ejemplo, sería posible reducir una dotación presupuestaria en favor de un programa de energía eólica, en función del interés y la credibilidad que tenga esta fuente de energía. Con la mayoría de los gastos agrícolas ocurre algo totalmente distinto, tanto los gastos de apoyo a los mercados como las ayudas directas o las medidas estructurales. Se trata de unos gastos que, por su índole, deben ser garantizados, y yo considero que su especificidad debería protegerlos de toda veleidad excesiva de clasificación. El procedimiento ad hoc deberá limitarse a la puesta en práctica del Acuerdo Interinstitucional y no apartarse de dicho marco. No se trata de querer ir a contracorriente, pero éste es un paso que mi Grupo y yo personalmente no podremos dar.

Miranda
Señor Presidente, una nota de carácter general, en primer lugar, para afirmar que consideramos positivo el procedimiento ad hoc como vía que permite la contribución del Parlamento con vistas a la introducción de mejoras en la distribución de los gastos obligatorios, en particular de los gastos agrarios, y a garantizar un mayor rigor y una mayor transparencia de dichos gastos.
Pero consideramos también -y queremos subrayarlo- que dicho procedimiento no puede ni debe ser desvirtuado con su transformación en un mero mecanismo de propuesta de disminución de gastos. Lo mismo hemos de decir respecto de la reserva especial, en la categoría I, que se nos propone. En efecto, podemos convenir en su creación, con vistas, en particular, a afrontar las incertidumbres del mercado. Pero entendemos que no se debe hacer mecánicamente, sino que se debe consolidar y limitar a situaciones muy bien determinadas.
Pero, en este marco, nos resulta particularmente polémica una idea ya suscitada en otro informe anterior: la de una reserva destinada a un fin determinado. Comprendemos la intención de aligerar el esfuerzo presupuestario de los Estados miembros, pero no podemos por menos de señalar los peligros que entraña semejante orientación, ya sea como precedente que podría generalizarse o, en particular, como vía para una completa negación del concepto de recursos propios.
Si no se adoptan algunas precauciones, se correrá el riesgo de que los recursos propios resulten transformados en meras transferencias à la carte por parte de los Estados miembros. Y ninguno de nosotros estaría conforme -no me cabe la menor duda- con semejante situación.

Müller
Señor Presidente, Señorías, antes de exponer mis consideraciones sobre el excelente informe de la señora Dührkop Dührkop, me parece necesario hacer una breve aportación complementaria al debate de esta mañana sobre los fundamentos jurídicos, en relación con un aspecto que considero significativo y que no se ha mencionado antes. En efecto, la cuestión decisiva no es si se tiene que cumplir la sentencia. Esto es indiscutible. El tema decisivo es cómo podemos conseguir que el Consejo acepte las políticas que el Parlamento desea impulsar. Lamentablemente, lo cierto es que hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta institucional a esta pregunta. Mientras el Consejo se niegue a hacer concesiones en este aspecto, seguiremos viéndonos en la necesidad de responder y presionar con los medios a nuestra disposición como parte de la autoridad presupuestaria.
En la última reunión de la Comisión de Presupuestos, todos los Grupos aprobaron por unanimidad la plena utilización de los márgenes de los que disponemos en las categorías 3 y 4 del Presupuesto de 1999 si el Consejo mantiene una posición intransigente. El Consejo tiene que saber que podemos eludir perfectamente un bloqueo por su parte, ya que en definitiva se trata nada menos que de 1.300 millones de ecus. El Consejo puede tener la seguridad de que sabremos utilizar bien estos fondos y tendrá que mostrar sus cartas en relación con este tema en el marco del diálogo a tres bandas.
En lo que se refiere al Informe Dührkop, éste señala -más allá de las previsiones concretas- tres contenciosos institucionales decisivos que tendrán que resolverse en el marco del próximo acuerdo interinstitucional: además del problema de las bases jurídicas que ya se ha debatido antes, existen discrepancias en relación con la clasificación de los gastos y un cierto recelo en lo que se refiere a la ampliación de la flexibilidad mediante la creación de una reserva. El Informe Dührkop cubre, en este sentido, una etapa importante en el pedregoso camino de la cooperación interinstitucional. Mi Grupo político apoya los esfuerzos de la Ponente y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para prestar una mayor atención a la evaluación de los programas. Lo mismo puede decirse también, naturalmente, por lo que respecta a los programas en el ámbito de la sostenibilidad de la agricultura regional.
Queremos resaltar, no obstante, que justamente en el caso de estos programas, que requieren un elevado grado de compromiso por parte de los Estados miembros, es preciso hacer todo lo posible para garantizar que éstos lleguen efectivamente a sus destinatarios y destinatarias. Por lo que respecta a la creación de un fondo de seguros destinado a compensar por los daños o desventajas sufridos como resultado de las epizootias, yo quisiera destacar que el motivo decisivo es, en mi opinión, el de minimizar su impacto en el Presupuesto. Las evaluaciones para la aplicación del principio de autoaseguramiento podrían partir de esta premisa. Por consiguiente, yo no puedo aprobar la creación de una línea presupuestaria en este momento.
Finalmente, quisiera añadir unas palabras sobre los gastos en el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común. Aceptamos el procedimiento ad hoc en el marco del Tratado de Amsterdam porque considerábamos importante mantener el carácter no obligatorio de dichos gastos. Este procedimiento exige, no obstante, un mínimo de responsabilidad mutua, que el Consejo no ha demostrado, a mi parecer. Es particularmente de lamentar que ni el Consejo ni la Comisión no hayan respondido hasta la fecha a los deseos del Parlamento en lo que se refiere a la creación de una fuerza europea de paz de carácter civil.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, Señorías, una vez más aquí en Bruselas examinamos un importante informe del procedimiento presupuestario contrariamente a los textos que regulan nuestra sede, confirmados por el Tribunal de Justicia.
El informe que se nos presenta dista mucho de ser neutro. En efecto, si en teoría el procedimiento ad hoc de concertación consiste en una serie de debates formalizados entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria sobre el importe y el reparto de los gastos obligatorios y de los gastos no obligatorios, este procedimiento permite en la práctica que el Parlamento Europeo inicie un diálogo y ejerza un auténtico chantaje político respecto al Consejo sobre el importe de los gastos obligatorios así como sobre la naturaleza de algunos de estos gastos. Examinaré ambas categorías que son objeto en el informe del inicio de un procedimiento ad hoc: los gastos agrícolas y los gastos de la PESC.
En lo relativo a los gastos agrícolas, el Parlamento Europeo justifica que recurra regularmente al procedimiento ad hoc amparándose en la sobreestimación endémica de los últimos diez años. La Comisión de Presupuestos considera que algunas líneas del capítulo agrícola están todavía sobreevaluadas y pide a la Comisión que presente una carta rectificativa para que sólo se incluyan en el presupuesto los créditos que se acerquen lo máximo posible a las necesidades reales. Sin embargo, no nos equivoquemos en cuanto a las verdaderas motivaciones de la Comisión de Presupuestos. Se trata claramente de influir sobre el carácter, el contenido y el importe de los gastos obligatorios, por lo general controlados de modo unilateral por el Consejo. Yo presenté una enmienda que declaraba que el Parlamento consideraba el procedimiento ad hoc como un instrumento para una mejor asignación de los créditos y no como un medio político destinado a poner en entredicho el actual equilibrio de los poderes entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria. Esta enmienda fue rechazada.
En lo relativo a los gastos de la PESC, el problema es algo distinto. En un principio, el Tratado de Maastricht establecía una distinción en el trato de dichos gastos. El Acuerdo Interinstitucional del 16 de julio se ha modificado sin respetar el procedimiento ni esperar a la ratificación del Tratado de Amsterdam. Existe aquí también una voluntad de modificar los textos y de influir sobre lo que propone el Consejo. Contrariamente a lo que se nos dice, el procedimiento ad hoc no es una manera de racionalizar los gastos, sino una voluntad de volver a definir las clasificaciones de estos gastos.

Fabra Vallés
Señor Presidente, que el presupuesto para 1999 sea el último de las actuales perspectivas financieras hace que sea un presupuesto que, aunque siga en la línea de los años anteriores, haya empezado a mirar ya hacia lo que serán las nuevas perspectivas financieras, no dejando de ser ello cierto también en su vertiente agrícola. Sabemos bien que los procedimientos ad hoc no pretenden poner en duda la competencia de las autoridades presupuestarias sino, muy al contrario, facilitar el debate entre Consejo y Parlamento sobre la clasificación de los gastos.
La Comisión de Presupuestos aprobó en su día el informe de la Sra. Dührkop sobre el procedimiento ad hoc al mismo tiempo que comprobaba la bondad del procedimiento Tillich/Mulder que estrenamos el año pasado. Lo aplicaremos una vez más a la carta rectificativa que presentará la Comisión a finales de octubre para conseguir una mayor adecuación entre las previsiones de gasto y el gasto real.
Quisiera resaltar también el que hayamos votado a favor de la creación de una reserva especial para incertidumbres de mercado y medidas de acompañamiento, a la espera de la carta rectificativa de la Comisión, dotada con 700 millones de ecus procedentes de una reducción lineal efectuada en todas las líneas B1 del FEOGA-Garantía, sin aumento de su importe total, evitando así una sobreestimación de los gastos agrícolas. Otra cosa será que el Consejo esté dispuesto a aceptarla.
Otra novedad que también hemos apoyado es la nueva nomenclatura del gasto, que la Sra. Dührkop propone en función de los objetivos de gasto para llegar a una mejor valoración de la Política Agrícola Común.
Por otro lado -y a falta de acuerdo con el Consejo sobre el fundamento jurídico en el diálogo tripartito, y para ser coherentes con la sentencia del Tribunal de Justicia-, la ponente propone inscribir en una reserva especial los importes relativos a las líneas cuyo fundamento jurídico esté pendiente de aprobación. Así pues, se procederá a una transferencia de la reserva a la línea sólo cuando se haya adoptado el fundamento jurídico.
El ya mencionado procedimiento Tillich/Mulder se extiende a los acuerdos internacionales de pesca, de forma que la carta rectificativa presentada por la Comisión permita valorar mejor la situación de las negociaciones en curso, y que, en caso de que no se lleven a cabo a tiempo, se pueda decidir nuevas reducciones de los importes inscritos en la reserva.
No quisiera terminar, señor Presidente, sin mencionar a quienes ven con cierta reticencia las reservas afectadas, por lo que de peligro entrañan al acumular los gastos a final de año y tener que proceder a los pagos de una sola vez.
En cuanto a la financiación de la PESC, podemos aceptar la disminución del monto para las acciones de urgencia por lo que supone de refuerzo para los créditos destinados a la prevención de conflictos.

Virrankoski
Señor Presidente, la Sra. Dührkop Dührkop ha elaborado un detallado informe que es merecedor de nuestro más sincero agradecimiento. Desearía centrarme de manera más detallada en los apartados 13 y 14, en los que se trata sobre las ayudas medioambientales a la agricultura, las pensiones anticipadas y la reforestación.
En primer lugar, querría dejar de manifiesto que la política comunitaria y la financiación de la Unión Europea no deberían ampliarse al sector forestal. En el ámbito de actuación de la Unión deberían recaer únicamente la reforestación que implique la supresión de tierras de cultivo destinadas a fines agrícolas y las medidas orientadas a evitar los fenómenos de la erosión y la desertificación. El apartado 14 interfiere de manera particular en la aplicación de la política agrícola. De acuerdo con lo expresado en este apartado, las exigencias relativas a la agricultura resultan demasiado difusas y nada vinculantes. Al mismo tiempo, se solicita a la Comisión que elabore propuestas específicas para promocionar la agricultura sostenible desarrollando, entre otras, una buena reglamentación para la práctica de la agricultura y normas funcionales en materia medioambiental y de producción.
En mi opinión, el apartado 14 muestra una excesiva confianza en la administración y en la burocracia, llegando incluso a disposiciones a escala regional. Cabe recordar que la Unión Europea es una comunidad de 370 millones de habitantes. Resulta imposible imaginar que la Comisión fuera siquiera capaz de presentar unos modelos de agricultura favorables para cada rincón de Europa. Y lo mismo se puede decir de las normas más minuciosas. Por ejemplo, por lo que se refiere a mi propio país, la Comisión Europea ha modificado en numerosas ocasiones durante esta primavera el último día de siembra. ¿Por qué intenta la Comisión decidir en detalles como éste? En los Estados miembros se lleva practicando la agricultura desde hace siglos; ya sabrán ellos, con toda seguridad, cuándo se pueden sembrar las tierras y cuándo no.
El requisito esencial de la Política Agrícola Común reside en el respeto del principio de subsidiariedad. La responsabilidad en materia agrícola recae no sólo en la Unión Europea, sino también en los Estados miembros. Hasta el momento, la protección medioambiental y otras medidas suplementarias del sector agrícola se han venido gestionando por medio de acuerdos entre los Estados miembros y la Unión Europea, contribuyendo ambas partes en los costes de dichos acuerdos. La aplicación práctica y el control corresponden principalmente a los Estados miembros. Este sistema ha funcionado bien porque los Estados han asumido responsabilidades tanto en el plano funcional como en el económico. Espero que se solucionen estas cuestiones relacionadas con la subsidiariedad de manera favorable con motivo de la próxima reforma de la PAC, en el marco de la Agenda 2000.

Mulder
Señor Presidente, quisiera dedicarme a un aspecto del muy interesante informe de la Sra. Dührkop Dührkop, a saber, el de la lucha contra las enfermedades de los animales. Los años anteriores hemos visto que cuesta mucho dinero al presupuesto europeo, lo hemos visto con el EEB y sobre todo con la peste porcina. ¿Cómo está la situación en este momento en el caso de que aparezca una enfermedad contagiosa? La situación es en este momento que el 50 % de estos costes los soporta el Estado miembro y el restante 50 % el presupuesto europeo. Ahora la tendencia es que en determinados Estados miembros -y sólo necesito mencionar un país que tengo muy cerca, los Países Bajos- ese 50 % nacional deben soportarlo los campesinos de esos Países Bajos. La gran pregunta es que en otros países no está así de claro. ¿No opina la Comisión que podría ser un posible caso de competencia desleal? ¿Sería posible que la Comisión -ya lo pedí una vez en mayo- pudiera proceder en un plazo no demasiado largo a una evaluación de todos los esquemas de lucha contra las enfermedades de animales que existen en este momento en los Estados miembros de la Unión Europea?
En lo referente a la propuesta de la Sra. Dührkop Dührkop de investigar si es posible crear para ello una caja de seguros a nivel europeo, creo que desde luego merece la pena considerarlo, pero antes de que podamos llevarlo a cabo habrá que discutir aún muchos detalles.

Pinheiro
Señor Presidente, a la Comisión le complace que el Parlamento Europeo parezca estar dispuesto a aprobar el importe global propuesto para el FEOGA-Garantía, y que exista un amplio acuerdo sobre cómo debe ser distribuido entre los sectores. El rigor de este presupuesto es evidente, no sólo por su índice de "crecimiento cero», sino también por los esfuerzos realizados de cara a reducir la sobreestimación de la previsión presupuestaria que hemos observado en determinadas líneas presupuestarias estos últimos años.
Respecto a la propuesta de crear una reserva en el marco del FEOGA-Garantía, debo decir que la Comisión no ve cómo la creación de una reserva, sin introducir ninguna modificación del importe global del presupuesto, puede contribuir a nuestro objetivo común, a saber, un presupuesto riguroso. La Comisión es contraria a una reducción lineal de todas las líneas para poder crear una reserva.
No obstante, si así lo desea la autoridad presupuestaria, la Comisión estaría dispuesta a tratar aproximadamente 250 millones de euros como "asignaciones provisionales» y destinarlos a la reserva para el capítulo B0-40. Dichas asignaciones pueden extraerse de cinco líneas presupuestarias que hayan sido infrautilizadas de manera sistemática durante el período de 1994 a 1997 o de partidas en las que el gasto no está asegurado, como la lucha contra el brote de enfermedades de animales. Reducir las asignaciones a las medidas de control y prevención en 3 millones y no consignarlas en el capítulo B0-40 parece ilógico. La Comisión no podría realizar una evaluación de las medidas complementarias, como solicita el Parlamento, y con las que tiene un compromiso, en caso de que el Parlamento retire las asignaciones.
Respecto a la transferencia de 17 millones de euros complementarios al capítulo B0-40, obtenidos mediante una reducción lineal de las líneas presupuestarias, la Comisión no ve la utilidad de esta medida. En su anteproyecto de presupuesto, la Comisión se compromete a presentar nuevas medidas para controlar y prevenir el fraude, si es posible, en el marco de la nota rectificativa.
En el futuro, la nota rectificativa agrícola de otoño será un etapa crucial del procedimiento presupuestario del FEOGAGarantía. Al igual que en el pasado, permitirá tener en cuenta los últimos acontecimientos en la producción y en los mercados. En este sentido, la evolución de los hechos hasta ahora no nos lleva, por el momento, a esperar ahorros sobre las cantidades propuestas en el AP. La nota rectificativa será asimismo la ocasión idónea para la puesta al día del AP a la luz de las decisiones legislativas, incluidas aquéllas sobre el paquete de precios, las reformas del mercado y, probablemente, la adaptación del sistema agro-monetario a raíz de la introducción del euro.
Respecto a los acuerdos de pesca y a raíz de las nuevas estimaciones, la Comisión ya puede respaldar dos modificaciones al AP, si la autoridad presupuestaria da su conformidad. La primera es la transferencia de medio millón de euros de la línea B78000 a la reserva relativa al acuerdo con Gambia, que con toda probabilidad no llegará a suscribirse en 1998 y, por tanto, no entrará en vigor a comienzos de 1999. La segunda es una reducción de hasta 7 millones de euros de la reserva destinada a nuevos acuerdos, debido a que lo más probable es que no pueda celebrarse un nuevo acuerdo con Rusia en un futuro próximo, para el que se había previsto dicha suma en la reserva. No obstante, más adelante, la Comisión presentará estimaciones actualizadas y propondrá las modificaciones correspondientes de las propuestas para nuevos acuerdos. Según lo acordado durante el diálogo a tres bandas de marzo de 1998, la distribución definitiva entre la reserva y la línea presupuestaria se decidirá en la nota rectificativa que la Comisión transmitirá a la autoridad presupuestaria a finales de octubre.
Por último, respecto a la financiación de la política exterior y de seguridad común, en lo relativo a la línea para medidas de urgencia (B8-015), las asignaciones propuestas en el anteproyecto de presupuesto 1999 han sido incrementadas a la luz de la relativamente rápida ejecución de los créditos durante los primeros meses de 1998. No obstante, la Comisión podría respaldar un cierta revisión a la baja de la suma asignada, como los 2 millones de euros propuestos por el Parlamento Europeo, y reforzar, por ejemplo, la línea para prevención de conflictos y apoyo a los procesos de paz (B8-013).
Modificaciones de menor importancia de la nomenclatura no plantean ningún problema para la Comisión. Pero si no se llega a un acuerdo en el caso de algunas líneas presupuestarias, la Comisión propone volver a la nomenclatura aprobada en el debate sobre el presupuesto para 1998, o a la nomenclatura aprobada en el acuerdo interinstitucional.

Dührkop Dührkop
Señor Comisario, yo quiero que quede nítidamente claro que esta resolución no propone ninguna reserva para las medidas de apoyo. He dicho clarísimamente que hubiera sido deseo de la ponente pedir unas reservas mucho más específicas en vez de una reserva global. Pero la reserva global que se ha decidido al final ha sido por acuerdo con la Comisión de Agricultura. Y si lee usted bien, el informe dice «provisionalmente lineal». Este Parlamento se ha pronunciado claramente, durante los años del procedimiento ad hoc , que está en contra de recortes lineales. De momento, y hasta que veamos en la carta rectificativa dónde están las verdaderas necesidades, preferimos decir «provisionalmente lineal».
En cuanto a los acuerdos de pesca, quiero decir, señor Comisario, que usted sabe como yo que no sólo el acuerdo con Rusia tiene pocas posibilidades de entrar en el presupuesto de 1999, sino algún que otro acuerdo más. Esto se verá hacia el otoño, lo mismo que los gastos agrícolas, cuando se examine la rectificación presupuestaria.

Pinheiro
Muchas gracias, señora Dührkop, por las aclaraciones y precisiones que ha dado y de las que tomo, naturalmente, nota. Ahora bien, respecto de los acuerdos de pesca y en la medida en que de vez en cuando participo, al menos colateralmente, en las negociaciones de algunos de ellos, resulta extraordinariamente difícil hacer una previsión rigurosa. Y voy a dar un ejemplo: el acuerdo de pesca con Sudáfrica. Es un acuerdo que parecía imposible el año pasado, cuando se iniciaron las negociaciones, y, pese a todo, hay una esperanza de que se pueda firmar incluso al final de este año.
Hay una esperanza, pero, ¡no más! Porque depende mucho más de las autoridades sudafricanas que de las autoridades de la Comunidad. Por eso, tenemos que examinar esos asuntos con cierta prudencia, aceptando que haya alguna incertidumbre. Ésa era la aclaración que quería darle, diciendo que comprendo, por tanto, la dificultad de mi colega y de la señora diputada y de sus colegas, por querer un presupuesto riguroso y encontrarse simultáneamente con esas incertidumbres que se han de afrontar.

El Presidente
Muchas gracias, Sr. Pinheiro.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Sistemas de control por el vendedor
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0230/98) del Sr. Garosci, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe sobre los sistemas de control por el vendedor aplicados por los Estados miembros (COM(96)0245 - C4-0589/96).

Garosci
Señor Presidente, ésta es la primera intervención que hago desde mi nueva ubicación física en este Parlamento, finalmente en el centro.
Para comenzar con una buena noticia, el próximo 30 de junio de 1999 podría ser el último día en el cual quien viaja de un Estado miembro a otro podrá comprar, en los llamados duty free, productos típicos, artesanales, de lujo, licores o tabaco sin impuestos. Dicha fecha modificará un importante fenómeno que ha acompañado durante cincuenta años a los viajeros europeos. Esta supresión es, sin embargo, la consecuencia directa de la introducción del mercado único a partir del 1 de enero de 1993. Habida cuenta de la relevancia socioeconómica del sector, el Consejo concedió, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 1999, una prórroga especial para permitir a los sectores salir gradualmente del régimen de las exenciones tributarias. El Consejo autorizó asimismo, en el plazo de prórroga, la venta libre de impuestos en las dos terminales del túnel bajo el Canal de la Mancha y aumentó la franquicia para los terceros países hasta 175 ecus y para los países comunitarios hasta 90 ecus. A la vista de la falta de controles en las fronteras, el Consejo ha fijado unos umbrales mínimos de control de las ventas libres de impuestos, objeto de este informe.
La Comisión tenía que presentar al Consejo, antes del año 1994, un informe sobre el funcionamiento de dicho régimen transitorio, así como sobre los sistemas de control de las ventas. Dicho informe se redactó en 1996 y, cuando falta poco más de un año para la expiración de la prórroga, hoy el Parlamento está llamado a expresarse sobre dicho informe de la Comisión y, en consecuencia e indirectamente, sobre el futuro de las tiendas libres de impuestos.
El primer aeropuerto con puntos de venta libres de impuestos nació en Shannon, Irlanda, en el año 1947. Para tener una idea del desarrollo de este aeropuerto en condiciones de franquicia aduanera, desde el primer viaje con trece pasajeros en 1945, llegamos a 1977 con una facturación de 10 millones de dólares. El concepto de Shannon se propagó rápidamente en toda Europa y desde ese momento todos los grandes aeropuertos adoptaron el sistema de las tiendas libres de impuestos. Siguiendo el ejemplo de los aviones, también los transbordadores marítimos desarrollaron ventas libres de impuestos a bordo, sobre todo para las pequeñas compañías de línea y, todavía hoy, dichas ventas cubren una parte importante de sus costes de explotación. Actualmente, dicho sector en la Unión Europea afecta a los tres canales principales -aeropuertos, transbordadores y a bordo de aviones- con una facturación de 7 millardos de dólares en 1996.
En el año 1991, la Comisión se pronunció en el sentido de realizar un estudio sobre los efectos socioeconómicos de la supresión de las tiendas libres de impuestos. Desgraciadamente, dicho informe no se ha elaborado todavía y los datos hoy disponibles para entender la efectiva relevancia del sector en cuestión son los elaborados por los sectores y por un estudio del Parlamento Europeo. La introducción del mercado interior el 1 de enero de 1993 y la correspondiente ausencia de fronteras comunitarias han exigido la creación de un sistema de control de las ventas que garantice el respeto de las franquicias preestablecidas. El gestor de las tiendas libres de impuestos -y aquí abordamos el objeto principal del informedebe perseguir el doble objetivo de incrementar sus ventas y, al mismo tiempo, controlar que éstas no superen los límites establecidos.
La Comisión expresa una valoración que está lejos de ser satisfactoria sobre el respeto, por parte de los gestores, de las orientaciones fijadas por el Consejo en 1992. En la mayor parte de los casos, los gestores de las tiendas no han aplicado sistemas que permitan contabilizar las compras; del mismo modo, tampoco se han previsto sistemas que permitan contabilizar los restos de compras libres de impuestos disponibles para los pasajeros. Por último, no se han coordinado los controles de las compras hechas en los aviones. El gestor de la tienda libre de impuestos no dispone de toda la información de viaje relativa a cada pasajero en el momento de la compra. Ello se debe a las lagunas existentes en los sistemas de control, pero, al mismo tiempo, resulta justificable, toda vez que la introducción de auténticos controles coordinados entre los distintos medios de transporte y en los distintos momentos del viaje habría supuesto un esfuerzo financiero muy notable por parte del gestor.
Por otro lado, los controles de los gestores no van más allá del control del responsable del almacén y sólo garantizan que las mercancías no han salido del mismo o de la zona libre de impuestos sin haber sido registradas. Las lagunas constatadas se deben, probablemente, al hecho de que los Estados miembros no han tenido el tiempo de organizar, coordinar e invertir en dichos sistemas.
La prórroga hasta el 30 de junio de 1999 habría podido ser una manera para ayudar al sector y permitir las necesarias y graduales adaptaciones, sin embargo, el sistema de las tiendas libres de impuestos no ha intentado llevar a cabo, desde el año 1991 hasta la fecha, la necesaria reconversión comercial, imprescindible para prepararse al cierre del 30 de junio de 1999. Se plantea asimismo un problema de equidad con respecto al conjunto de los comerciantes sujetos al régimen normal. Aunque se tendrían que reducir las ventas, el desarrollo del tráfico aéreo compensaría la eventual reducción inicial. Además, el cierre de las tiendas libres de impuestos no supone el cierre físico de los puntos de venta, sino tan sólo la supresión de las exenciones tributarias para los viajes intracomunitarios. Un aspecto que no es menos importante afecta a la ubicación física difícilmente comparable de las tiendas libres de impuestos y las realidades del comercio urbano.
Por lo tanto, la construcción de un mercado interior real, guste o no guste, debe pasar por la supresión de las ventas libres de impuestos intracomunitarias. El caso de las tiendas libres de impuestos plantea, no obstante, problemáticas socioeconómicas que el Parlamento no puede soslayar. El sector emplea directamente a unas 140.000 personas y la supresión de las exenciones tributarias haría peligrar muchos de estos puestos de trabajo. Además del riesgo en términos de empleo, las repercusiones de la supresión pueden tener consecuencias negativas para el sector turístico, especialmente en algunas regiones periféricas.
Asimismo, la supresión de las ventas en franquicia aduanera hará peligrar el proceso de liberalización de las industrias de transporte, sobre todo en lo que respecta a los pequeños y medianos operadores. La consiguiente tendencia al ahorro de las compañías también podría perjudicar a la seguridad de los transportes.
En consecuencia, confiamos mucho en la enmienda que obliga a la Comisión a utilizar los fondos regionales. Se comprende que la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos, salvo nuevas valoraciones políticas unánimes, es definitiva y se comparten las valoraciones poco satisfactorias formuladas por la Comisión. La hipótesis de utilizar el sistema de tiendas libres de impuestos con vistas a la adopción del euro es importante. Por lo tanto, sin perjuicio del plazo del próximo 30 de junio de 1999, es nuestro deber facilitar a los gestores instrumentos y sistemas para mejorar su control y a la red de tiendas libres de impuestos oportunidades de cara a su progresiva reconversión en normales puntos de venta comerciales.
Por ello, consideramos fundamental la otra enmienda que he presentado -son sólo dos-, al objeto de permitir al viajero, con destino final extracomunitario pero con doble escala, realizar compras en franquicia aduanera ya desde el lugar de salida.

Metten
Señor Presidente, quien vuela regularmente sabe que el control del cumplimiento de las reglas para la venta libre de impuestos no existe o en cualquier caso tiene más agujeros que un colador. Quien ha adquirido en un aeropuerto su cantidad máxima permitida de alcohol o cigarrillos libre de impuestos, obtiene otra vez en el avión una nueva carga sin ninguna dificultad. Quien compra bienes que sobrepasan el valor libre de impuestos permitido constata que no ha pagado ningún IVA porque el vendedor se lo ha quedado para él.
Estos problemas son ya tan viejos como la propia venta libre de impuestos. Es significativo que todavía no se hayan solucionado. La venta libre de impuestos dentro de la Comunidad Europea desaparecerá precisamente de hoy en un año, pero para viajes fuera de la Unión seguirá existiendo. El problema de la incontrolada doble venta libre de impuestos seguirá, por tanto, existiendo también, y de eso trata este informe.
Mi Grupo está de acuerdo con el ponente en que ya es hora de que se produzca un control eficaz y está de acuerdo con sus recomendaciones, que se pueden aplicar de una forma sorprendentemente sencilla. Mi Grupo cree con razón que el informe Garosci sólo trata del control sobre la venta libre de impuestos, del cual, por lo demás, la Comisión Europea ya ha vuelto a hacer un informe bastante anticuado. No nos pareció justo cómo en el informe inicial se intentó volver a sacar a discusión la resolución del Consejo ECOFIN de diciembre de 1991 para acabar con las ventas libres de impuestos dentro de la Comunidad. Naturalmente, también nos llega al alma el empleo en las tiendas libres de impuestos, pero en primer lugar las compras de los consumidores se desplazarán a otras tiendas donde crearán puestos de trabajo y, en segundo lugar, los gobiernos podrán rebajar otros impuestos con los ingresos adicionales por impuestos, o podrán realizar gastos extras que llevarán a la creación de nuevos puestos de trabajo. Porque aunque la venta libre de impuestos es por supuesto placentera para el consumidor, no es gratis. Es una subvención para el vuelo que, sobre todo, va en beneficio del viajero habitual mejor situado económicamente, pero que es pagada por todos los ciudadanos. Por tanto, es una subvención socialmente regresiva. Es una subvención a la forma de transporte más contaminante que discrimina a formas de transporte más ecológicas que no pueden hacer uso de este favor. Es una subvención que favorece a las tiendas de los aeropuertos por encima de las tiendas normales en ciudades y pueblos que deben pagar IVA e impuestos sobre consumos específicos. Sobre todo es una subvención al alcohol y al tabaco, porque ahí es donde se da realmente la exención de impuestos, que precisamente no son los productos a los que quisiéramos subvencionar si pudiéramos elegir libremente.
Si investigamos ahora, como yo mismo he hecho, quién se beneficia en realidad de los impuestos no pagados, resulta que sólo un tercio va a parar a los consumidores y dos tercios al comerciante. El hecho de que los enormes porcentajes de beneficios los obtengan esas tiendas libres de impuestos en sus ventas, explica las enormes campañas y la gigantesca presión a la que se nos expone como parlamentarios. En vista de los argumentos que he presentado aquí, no cederemos a esta presión. Por tanto, apoyaremos el informe Garosci en su forma actual.

Lulling
Señor Presidente, yo no estoy de acuerdo, como es obvio, con el orador que me ha precedido, el cual, desde una postura típicamente socialista, sólo ha visto los agujeros en el queso de las tiendas libres de impuestos. Yo me alineo más bien con quienes se muestran vehementemente partidarios de que se mantengan dichas tiendas libres de impuestos de los aeropuertos y los buques, también para las personas que viajen dentro de la Unión Europea, las cuales deben seguir teniendo la posibilidad de comprar productos típicos y artesanales y otros artículos exentos de impuestos. Ahora se propone, sin embargo, que esta posibilidad desaparezca a partir del 30 de junio de 1999. Ya sé que es posible apelar a los principios. Se puede alegar que las tiendas libres de impuestos son incompatibles con el mercado interior. La Comisión y el Comisario Monti en particular se apoyan en este principio; el Comisario no ha aceptado una nueva prórroga del plazo del 30 de junio de 1999 hasta el 1.1.2002, por ejemplo, tal como propuso nuestro ponente, el señor Garosci, con ánimo de compromiso. Sin embargo, ésa es la fecha a partir de la cual tendremos en el bolsillo las monedas y los billetes en euros.
Yo no apoyo las tiendas libres de impuestos movida por el deseo de facilitar a los ejecutivos con alto poder adquisitivo la compra de artículos de lujo en sus viajes de trabajo. Sin embargo, no puedo ignorar que en la Unión Europea hay en estos momentos 18 millones de parados y que la supresión de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos y los buques pondrá en peligro decenas de miles de puestos de trabajo, al margen de sus repercusiones sobre las tarifas aéreas. ¿No les parece un poco esquizofrénico celebrar ambiciosas Cumbres del Empleo, crear planes de acción en favor del mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, y amenazar al mismo tiempo, apelando a los principios, más puestos de trabajo de los que pueden llegar a mantener o a crear dichos programas? Yo también sé que la política es el arte de lo posible. Por consiguiente, no puedo dejar de lamentar que las buenas intenciones del Ponente Garosci -a quien quiero expresar mi más sincero agradecimiento y que deseaba salvar las tiendas libres de impuestos- hayan sido víctimas de un procedimiento que ha descartado todas sus buenas propuestas para reducir su informe estrictamente al tema de los sistemas de control por el vendedor.
Yo soy coautora de dos enmiendas cuyo objetivo es contribuir a que, por lo menos, no nos limitemos a tapar el pozo una vez que el niño ya haya caído dentro, o sea, cuando la supresión de las tiendas libres de impuestos ya haya destruido los puestos de trabajo, sino que se prevean desde ahora medidas de apoyo a través de subvenciones sectoriales y regionales para las regiones y los ámbitos que se verán más afectados por la desaparición de dichas tiendas. Queremos garantizar que también se aporten recursos comunitarios con este fin. Yo espero que el Parlamento aprobará asimismo nuestra enmienda por la que se autorizaría a hacer compras en las tiendas libres de impuestos a los viajeros que inicien su viaje en un puerto o un aeropuerto de la Unión Europea y que tengan que hacer algún transbordo dentro de la Comunidad, pero cuyo destino final se encuentre fuera de la Unión. Esto es también particularmente importante en el caso de Luxemburgo, ya que sólo podemos viajar a terceros países vía Fráncfort, Bruselas, París o Amsterdam, y yo espero...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, éste es, naturalmente, un informe extraordinariamente interesante, el informe del Sr. Garosci. Es sobre todo interesante por el hecho de que no decimos lo que en realidad hubiéramos querido decir, porque la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha decidido atenerse al informe en la línea de la Comisión Europea. Pero si comenzamos a realizar lo que aparece en el informe Garosci la cuestión es qué efecto tiene aún, porque cuando la burocracia haya aceptado las recomendaciones, ya se habrá suprimido el duty free . Ésa es en cualquier caso mi estimación en este momento.
Sin embargo, creo que el Parlamento ha tomado una sabia resolución. El Parlamento no ha caído en la trampa de hacer aquí una declaración acerca del problema, donde en cualquier caso la dirección del problema depende de la Comisión Europea. Luego está la pregunta de en qué plazo deberán suprimirse de hecho esas zonas libres de impuestos.
Desde luego, teóricamente estamos todos de acuerdo con que esas zonas libres de impuestos deben suprimirse, pero por otro lado resulta que, la Unión Europea y el Consejo por delante y la Comisión Europea por detrás, no han sabido solucionar un gran número de problemas fiscales. La sociedad bien habría podido esperar que esos problemas fiscales se solucionaran en este momento.
Otra cuestión es por ejemplo cómo va a funcionar este sistema de duty free suprimidas en el Espacio Económico Europeo. Si los ciudadanos de Europa viajan de Amsterdam a Suiza o de París a Noruega acaso resultará diferente a si lo hacen directamente a Suecia. Por tanto, tengo la sensación de que estamos aquí con un problema que no solucionamos de la manera correcta porque nos anticipamos por un lado a los acontecimientos que todavía no hemos solucionado en el otro lado. Por eso quiero hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que examine bien ese problema otra vez por todos los lados y sobre todo para que vigile esas consecuencias que indudablemente tiene y no se fije sólo en las recomendaciones de este informe.

Gallagher
Señor Presidente, reconozco que el principal impulso del informe Garosci es relativo a la necesidad de un endurecimiento de las normas por las que se rige la venta de productos libres de impuestos en aeropuertos dentro del territorio de la Unión Europea. No obstante, en estos momentos es difícil debatir dicho asunto sin hacer referencia a la necesidad más amplia de mantener la venta de productos libres de impuestos en Europa después de 1999.
Tengo entendido que el Presidente saliente del Consejo ECOFIN describió este debate como el más emotivo de la agenda política, y creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo con él. La desaparición de las tiendas libres de impuestos sería un paso sumamente regresivo a la luz del hecho de que esta actividad cuenta con el apoyo generalizado de los ciudadanos de Europa. Es una actividad que favorece al consumidor y goza del respaldo del público. De hecho, cuando muchas personas afirman sentirse alejadas de las actuaciones de la Unión Europea, esas mismas personas encuentran virtualmente incomprensible que la UE suprima lo que para muchos que trabajan y viajan a los diferentes Estados miembros de la Unión es un modo muy popular de realizar compras de carácter social.
La Comisión Europea no cede ni un centímetro respecto a la necesidad de volver a analizar más detenidamente las repercusiones de la supresión de las tiendas libres de impuestos y sus efectos en muchos Estados miembros de la Unión, especialmente en las regiones periféricas. No debemos olvidar que la Comisión prometió realizar dicho estudio y que no ha cumplido su promesa. La Comisión no está haciendo méritos para ganarse la simpatía de la opinión pública al adoptar una posición tan impopular y terminante.
El 3 de abril, esta Asamblea aprobó por aplastante mayoría una resolución que solicitaba a la Comisión Europea la realización de un estudio socioeconómico. La negativa de la Comisión Europea a realizarlo, refuerza, una vez más, la teoría de que no está dispuesta a atender a los deseos del único organismo de la Unión Europea elegido democráticamente. El Consejo ECOFIN se reunió el 19 de mayo y, contrariamente a las especulaciones de la prensa, no hubo ninguna decisión ni reafirmación por parte del Consejo acerca de la supresión de las tiendas libres de impuestos. El tema volverá a figurar en el orden del día de ECOFIN, una vez que se hayan preparado los documentos de trabajo sobre este asunto. Acojo con satisfacción el hecho de que el Sr. Garosci cree y reconoce en su informe la necesidad de encontrar una solución alternativa a la supresión de las tiendas libre de impuestos. El ponente hace la clara y correcta observación de que la decisión pondría en peligro inmediato a un sector que da trabajo a 140.000 personas en Europa.
Si se suprimen las tiendas libres de impuestos, los efectos para mi país, Irlanda, serán muy graves. Se destruirán puestos de trabajo en todos los sectores; subirán las tarifas de avión y de barco; subirán las tasas de acceso a los medios de transporte y se amenazará la viabilidad de los servicios de transbordador durante todo el año hacia y desde Irlanda. Es una situación muy grave y desearía que la Comisión tome por fin en consideración las opiniones de esta Asamblea y los deseos de la amplia mayoría de la población de esta Unión.

Blokland
Señor Presidente, antes que nada expresaré mi estima por el hecho de que el informe del colega Garosci se limita al tema del que trata: los sistemas de control por el vendedor. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios convocó en este sentido una audición que desgraciadamente resultó estar plagada de cabilderos que abogaban por el mantenimiento de las ventas libres de impuestos.
El informe de la Comisión Europea no es ninguna bagatela. Falla todo en el control. Lo principal de todo es que se pisotea uno de los principios básicos del control administrativo. El vendedor que tiene interés en conseguir un volumen de ventas tan elevado como sea posible debe al mismo tiempo vigilar que sus clientes no sobrepasen los límites de compra. Con la inevitable consecuencia de que las mejoras que propone el ponente siguen siendo parches, lo que no quita que haya que aplaudirlas con fervor.
Las ventas libres de impuestos en los viajes intracomunitarios están en contradicción con el mercado común europeo. Debido al defectuoso control causan un trastorno en la competencia aún mayor. El nivel de precios puede denominarse todavía importante a pesar del régimen libre de impuestos. El colega Metten ya lo indicaba. El consumidor así apenas tiene beneficios, además de que de manera artificial se absorbe empleo de las cadenas de distribución normales y de los pequeños comerciantes. A través de la intersubvención frustran la deseada interiorización de los efectos externos del transporte. También debemos pensar en el medio ambiente. En resumen: razones suficientes para echar todas las enmiendas presentadas a la papelera.

García Arias
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente y señalar que, aunque este debate formalmente debería haberse ceñido al Informe de la Comisión sobre los sistemas de control por el vendedor aplicados por los Estados miembros, es evidente que se ha introducido en todas las comisiones parlamentarias en las que se ha debatido el tema de las repercusiones económicas y sociales de la supresión de las tiendas libres de impuestos dentro de las fronteras de la Unión Europea. ¿Ha sido así, tal como han señalado algunos oradores, porque el sector comercial afectado ha aprovechado la ocasión para exponernos sus argumentos en contra de dicha supresión? ¿O bien porque el mismo Informe de la Comisión y la discusión en el seno del Consejo nos ha llevado a algunos diputados europeos a observar con más detalle e interés y -por qué no- con preocupación las posibles repercusiones negativas de tal supresión? Y es que hay argumentos válidos tanto a favor como en contra de dicha medida.
Yo creo que las conclusiones que nos presenta la Comisión de Transportes avalan la conveniencia de que la Comisión elabore un estudio más profundo al respecto y en especial sobre las repercusiones que la supresión de este tipo de tiendas pueda tener sobre la financiación y la gestión de las infraestructuras de transporte, así como sobre esa posible amenaza para los consumidores de un aumento de los servicios de transportes por el aumento de las tarifas aeroportuarias.
Señor Presidente, yo no me encuentro en condiciones de emitir una opinión tan contundente como lo han hecho algunos diputados. A mí me gustaría ver con más detalle un estudio al respecto, que no lo pide el sector sino algunos representantes de los Estados miembros. Yo también omitiría alguna de esas acusaciones respecto a una actitud pecaminosa por parte de algunos diputados o de algunos Estados miembros. Me gustaría que evitáramos este tipo de discusión. Yo al menos no he tenido la posibilidad ni la intención de hablar con ningún representante del lobby afectado.
En todo caso, señor Presidente, lo que sí dice el Informe de la Comisión es que hay serios problemas de control respecto a los niveles de venta, sobre todo en los aeropuertos y dentro de los aviones. Y estoy totalmente de acuerdo en que debemos apoyar todas las medidas que refuercen el cumplimiento de las normas de la Unión Europea y de los Estados miembros para que no haya abusos en este sector.

Ilaskivi
Señor Presidente, debemos someter a examen el control del sistema de las ventas libres de impuestos y su funcionamiento. Previa votación, la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial -y, por lo tanto, el Parlamento- ha decidido no adoptar ninguna posición sobre la cuestión principal. Se trata de la posibilidad de continuar con las ventas libres de impuestos, una cuestión que interesa al ciudadano de a pie.
Desearía hacer dos observaciones. En primer lugar, la decisión relativa a la supresión se remonta al año 1991. Por aquellas fechas, ni Finlandia ni Suecia eran aún Estados miembros de la Unión Europea. A pesar de ello, las ventas libres de impuestos han tenido una importancia sin duda fundamental para el tráfico marítimo, y hasta cierto punto también aéreo, de estos dos países. Finlandia, un país aislado por el mar, ha construido gracias a este sistema de ventas un puente con la Europa continental a precios razonables. La supresión de las ventas libres de impuestos supondrá el punto final para esta vía de comunicación.
En segundo lugar, la supresión ocasionará desempleo. El número de trabajadores que perderán sus puesto de trabajo ascenderá a 140.000 en toda la Unión y a 13.000 en Finlandia. Esta circunstancia entra en contradicción con las declaraciones que se hacen en el sentido de que la Unión Europea debería precisamente prestar seria atención a la lucha contra el desempleo. En este caso, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Además, aunque desaparecieran las ventas libres de impuestos y se armonizara -así se supone- la situación, la elevada y divergente imposición fiscal de los países nórdicos sobre los productos del alcohol y el tabaco continuaría existiendo.
¿Quién se beneficia de todo esto? La Comisión y el ECOFIN pueden obtener un triunfo de dudoso prestigio. Entre los beneficiados se cuenta también un tercer país no perteneciente a la Unión como es Estonia. Los transbordadores que cubren el recorrido entre Helsinki y Estocolmo podrán mantener en el futuro las ventas libre de impuestos siempre y cuando hagan escala en Tallinn, pero, ¿a cuánto ascenderán las tasas portuarias que exija Tallin llegado el momento? En este asunto no se pensado en todos los factores, lo cual cabe agradecérselo a la testarudez de la Comisión y a la inoperancia del ECOFIN.

Donnay
Señor Presidente, Señorías, en el mismo momento en que el desempleo sigue siendo la principal preocupación de nuestros países, no tengo el convencimiento de que sea juicioso seguir aumentándolo, con el futuro inmediato que algunos desean reservar al comercio libre de impuestos, como por cierto nos lo recuerda con mucho tino el estudio de la Dirección General de Estudios de nuestro Asamblea.
Hablando de estudios, quisiera también recordar que la Comisión no ha cumplido sus compromisos ni ha cumplido con la palabra dada en la época de la Sra. Scrivener. Entre el compromiso de entonces y la actualidad ha transcurrido mucho tiempo y no se ha hecho nada. Recordemos también que la Comisión no estimó útil responder a la solicitud del Consejo "Transportes» del 17 de marzo de 1998 ni a la resolución del Parlamento Europeo del 3 de abril. Su propuesta, realizada en el Consejo "ECOFIN» del 19 de mayo, tampoco aporta una respuesta satisfactoria a su promesa de 1991 y a la solicitud del Parlamento, reiterada en su resolución del 3 de abril, y que fue aprobada por una gran mayoría.
Así pues, una vez más debemos recordar que el final programado del comercio libre de impuestos en la Unión no debería preverse sin que ciertas condiciones muy precisas se hayan cumplido previamente, con el riesgo, si no se está muy atento, de tener consecuencias muy graves en términos de empleo para las regiones afectadas. Así pues, Señorías, dado que en el apartado 19 de su informe sobre los controles en los puntos de venta, la Comisión ha reconocido que las ventas libres de impuestos contribuyen, en cierta medida, a la financiación de las infraestructuras de los aeropuertos, permitiendo minimizar la repercusión de las tasas de aeropuertos y favoreciendo así la industria del turismo, es lógico que, sobre todo en las regiones periféricas, que sufrirán de manera desproporcionada las consecuencias de la supresión de las ventas libres de impuestos, se prevean ayudas y medidas compensatorias de importancia.
En este marco, también deberá prestarse una especial atención a los servicios de transportes en las regiones aisladas y periféricas, y la Comisión debe plantearse muy seriamente la eventualidad de una financiación comunitaria. Por lo tanto, señor Presidente, a nadie le sorprenderá que nuestro Grupo se oponga al informe del Sr. Garosci en su versión actual, que representa una condena a muerte acelerada del comercio libre de impuestos, sin ningún estudio ni acción serios, y que tendrá inevitablemente consecuencias desastrosas sobre el empleo y las regiones afectadas.

Miller
Señor Presidente, cuando era niño y vivía en Escocia, de noche solía escuchar un programa infantil llamado "Jackanory», en el que nos contaban cuentos. Pues bien, esta noche he creído que escuchábamos un nuevo episodio del programa, porque nunca he oído tanta desinformación sobre la cuestión de las tiendas libres de impuestos.
He oído cómo la Sra. Boogerd-Quaak decía: "las tiendas libres de impuestos desaparecerán». Las tiendas libres de impuestos no desaparecerán. Esas tiendas seguirán existiendo para todos los viajeros de fuera de la UE. Permítanme exponer por qué es importante que esta noche debatamos el control por el vendedor. Les pondré un ejemplo básico. Cuando pasamos por el aeropuerto de Bruselas, como hacemos la mayoría de los diputados aquí presentes, entramos en la sala principal de la terminal B, donde podemos comprar una botella de licor y 200 cigarrillos. A continuación recorremos el terminal B hasta la puerta de embarque, donde hay otras dos tiendas libres de impuestos, en cada una de las cuales podemos volver a comprar otra botella de licor y otros 200 cigarrillos. Tenemos, por consiguiente, tres litros de licor y 600 cigarrillos. Durante el vuelo de regreso a Glasgow, vuelven a pasar ofreciendo productos libres de impuestos. Podemos comprar otra botella de licor y otros 200 cigarrillos. Con lo que tendremos 4 litros de licor y 800 cigarrillos. El único problema para llevar todo eso a casa no es si nos pararán en la aduana, sino transportar todo el lote. Si queremos seguir funcionando debidamente como Unión, debemos endurecer el sistema de control por el vendedor.
Olvidémonos de todo este asunto de si las tiendas libres de impuestos se mantienen o se suprimen. Esa discusión se ganará o perderá en el Consejo ECOFIN; no se ganará ni se perderá en esta Asamblea. Va siendo hora de que lo reconozcamos. Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial ha presentado enmiendas al informe Garosci en las que apunta a posibles vías para frenar los abusos del sistema en aeropuertos, puertos y compañías aéreas. Es importante que las aprobemos y que sean aplicadas. En caso contrario, estaremos permitiendo que siga el fraude en nuestro sistema y que, además, las haciendas públicas de los Estados miembros sufran pérdidas de ingresos. Por consiguiente, centrémonos en el tema que nos ocupa, que no es el de las tiendas libres de impuestos, sino el del control por el vendedor. Por favor, no nos apartemos del tema.

Cassidy
Señor Presidente, ha sido un debate muy estimulante hasta ahora y me ha gustado, en particular, la intervención del Sr. Miller, que ha demostrado muy claramente el argumento que presenta el ponente en su excelente informe, a saber, que el control por el vendedor, sencillamente, no funciona.
El Sr. Miller ha descrito gráficamente lo que ocurre en el aeropuerto de Bruselas. Permítanme que les cuente lo que ocurre en los transbordadores del Canal de la Mancha. Hay pícaros que recogen las tarjetas de embarque de pasajeros inocentes e ingenuos, las presentan en la tienda libre de impuestos y las canjean por cantidades muy superiores a las que permiten las normas. Es un sistema que es objeto de abusos a gran escala. Estoy de acuerdo con las personas que lamentan que todo el debate haya sido monopolizado por la consideración del todo irrelevante sobre las tiendas libres de impuestos.
Soy un defensor de los lobbies , creo profundamente en su capacidad de venir aquí e intentar influenciarnos. No estoy de acuerdo, sin embargo, con que para ello deban mentir. Una de las mayores faltas a la verdad que nos han venido contando es la de la destrucción de puestos de trabajo. Han estado jugando sin el menor escrúpulo con los temores de los asalariados por el futuro de sus puestos de trabajo. Evidentemente, las personas seguirán viajando en avión. De hecho, los aeropuertos del Reino Unido están ampliando constantemente sus áreas de tiendas.
Es cierto que en el caso de algunos transbordadores existe un problema, especialmente en los que atraviesan el Canal de la Mancha. Dichos problemas son ocasionados por el hecho de que hay demasiados buques a la caza de demasiado pocos pasajeros, especialmente desde que se abrió el Túnel del Canal de la Mancha, en el que, casualmente, los pasajeros que viajan en el Eurostar no pueden beneficiarse de productos libres de impuestos.
Por consiguiente, apoyo lo que ha hecho el Sr. Garosci, estoy totalmente de acuerdo con los argumentos del Sr. Miller y, lo que es bastante excepcional, también con los argumentos del Sr. Metten. Espero que apoyemos al ponente y rechacemos la mayoría de las enmiendas.

Guinebertière
Señor Presidente, la decisión de suprimir el sector de las ventas libres de impuestos el 30 de junio de 1999 ha sido confirmada por el rechazo del Consejo "ECOFIN» del 18 de mayo de 1998 de acceder a la promesa de la Comisaria Scrivener, realizada ante los Parlamentarios europeos, de llevar a cabo un estudio de impacto sobre el conjunto del territorio.
Al disponer sólo de dos minutos, me limitaré a un único aspecto del problema. La Directiva que fue votada en 1991 se inscribía en la perspectiva de una Europa fiscal armonizada. Hoy en día, por desgracia, no se ha producido nada o casi nada en este sentido. Europa no debe hacerse a costa del empleo. Sin embargo, en el transcurso de la audición del 29 de octubre de 1997, el Comisario Monti reconoció que la supresión de las ventas libres de impuestos afectaría al empleo y a la actividad económica de algunas regiones de Europa. El 41 % de los productos vendidos libres de impuestos son productos franceses, y el comercio libre de impuestos es la mejor vitrina y la mejor promoción de dichos productos, destinados a la exportación.
Yo vengo de la región de Cognac, y más del 30 % de su producción se vende libre de impuestos en el mercado mundial. Se trata del primer mercado para el coñac, con una parte predominante de las ventas de calidad superior. Un estudio específico ha demostrado que hay mil puestos de trabajo que se verán afectados por esta decisión europea, así como el arranque de 2.000 hectáreas de viña. Esto se añade, por lo demás, a la crisis asiática. En algunas regiones, como la de Nord-Pas-de-Calais, que ya tiene un 20 % de desempleo, se anuncia una pérdida de 3.500 puestos de trabajo.
No podrá justificarse ante el elector la idea de Europa con estas decisiones inadaptadas y brutales. ¿Acaso hemos contemplado enfoques distintos, más en armonía con los imponderables económicos y sociales de estos últimos años del siglo? Por ejemplo, un sistema de impuestos progresivo más flexible, más pragmático. Tal vez todavía se está a tiempo de echar marcha atrás. ¿Quién va a pagar la factura? ¿Los aeropuertos? ¿Las compañías aéreas y marítimas? ¿El consumidor? Seguramente todos un poco. Pero lo que costará mucho más rehabilitar es la credibilidad de las instituciones europeas y la de sus actores, que suprimen conscientemente puestos de trabajo.

Paasio
Señor Presidente, existen motivos para compartir el punto de vista de la Comisión de Transportes y Turismo en el sentido de que habría sido oportuno abordar con motivo de este debate también los problemas que ocasionará la supresión de las ventas libres de impuestos. Permítanme expresar mi sorpresa por lo difícil que resulta entablar y mantener un debate serio sobre este asunto. Nos estamos ciñendo únicamente a las interpretaciones meramente jurídicas sin prestar suficientemente atención, por ejemplo, al gran objetivo que se ha fijado la Unión Europea para reducir considerablemente las cifras del desempleo. La Unión Europea no debería adoptar decisiones que estuvieran en contradicción con este objetivo. Todo parece indicar que así está ocurriendo por lo que respecta a la cuestión que nos ocupa.
Cabe pensar que la supresión de las ventas libres de impuestos va a debilitar, entre otras, las posibilidades con que cuenta Finlandia para mantener sus vías de comunicaciones y transportes con el resto de la Unión Europea. Por lo que respecta a estas comunicaciones, y vista desde la Europa Central y Occidental, Finlandia es como una isla que precisa medios de transporte marítimo suficientemente eficaces y competitivos. Las ventas libres de impuestos han garantizado de manera fundamental una excelente comunicación por mar entre Finlandia y Escandinavia o los países bálticos. Gracias a las ventas libres de impuestos se han podido mantener las tarifas de los viajes a niveles tan reducidos que todo el mundo, incluidos los desempleados, tiene la posibilidad de embarcarse en estos transbordadores. Esta es la cuestión clave que permite registrar un volumen elevado de viajeros y un servicio frecuente, permitiendo a la vez una gran capacidad de transporte de mercancías. En algunas instancias se han podido percibir malentendidos en el sentido de que se estaba intentando proteger los privilegios de los ciudadanos más pudientes. Nada más alejado de la realidad, ya que es el caso opuesto: se trata de defender los intereses de los ciudadanos con menos recursos económicos, es decir, la igualdad entre los ciudadanos.
Las comunicaciones marítimas eficaces y frecuentes que ofrecen los transbordadores forman parte de las comunicaciones viales que unen Finlandia a Escandinavia y los países bálticos y, por lo tanto, al resto de Europa. Si se debilita esta vía de comunicaciones, se producirá un aumento de los costes de transportes y un deterioro de la capacidad que repercutirá en el desarrollo económico de todo el país. La supresión de las ventas libres de impuestos, que ocasionará un incremento en los precios de los viajes, amenaza con hacer desaparecer algunas de las rutas existentes. Esta circunstancia tendría unas consecuencias negativas inmediatas para el empleo en el sector marítimo. Sin embargo, las repercusiones en el empleo no se limitarían únicamente a este sector. El empleo que genera el sector de los transportes por carretera se encuentra igualmente amenazado. El alza de los costes y las mayores dificultades con que se enfrentarán los transportistas harán aumentar también los costes de las industrias exportadoras, afectando así a su competitividad e, indefectiblemente, también a la situación del empleo. La reducción de la capacidad repercutirá negativamente también en las listas de pedidos de la industria de la construcción naval, lo cual se dejará notar a su vez en los astilleros y entre los subcontratistas de toda la Unión Europea.
Cabe esperar seriamente que la Comisión atienda detalladamente las exigencias que han presentado las distintas instancias del Parlamento Europeo para realizar un estudio pormenorizado de las repercusiones globales que tendría la supresión de las ventas libres de impuestos.

Gillis
Señor Presidente, en 1991, el Consejo de Ministros decidió por unanimidad suprimir las ventas libres de impuestos en los viajes en avión y en barco dentro de la Unión Europea a partir del 30 de enero de 1999. Las mejores estimaciones que tenemos señalan que podrían destruirse hasta 140.000 puestos de trabajo como resultado de la decisión del Consejo. A pesar de las fuertes presiones, el Consejo de Ministros se ha negado en varias ocasiones a replantearse su decisión de suprimir la venta libre de impuestos. Es evidente que muchas compañías aéreas y marítimas, en particular, las que operan en regiones periféricas como Irlanda, tendrán dificultades para sobrevivir a la pérdida de ingresos que traerá consigo la supresión de las ventas libres de impuestos. Además, no hay duda de que subirán las tarifas de viaje.
Seguiré luchando por que se revoque esa decisión del Consejo. Hay que tener en cuenta la difícil situación de aquellos que verán peligrar sus puestos de trabajo por la decisión del Consejo. La Comisión debe examinar, con carácter de urgencia, la situación de las personas que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo a raíz de la supresión de las ventas libres de impuestos, y presentar con tiempo una propuesta para paliar las consecuencias adversas para los afectados. Varias compañías marítimas se enfrentan a fuertes pérdidas e incluso a la quiebra como resultado de la decisión del Consejo de Ministros. La Comisión debe examinar, en particular, la estructura de las compañías aéreas y marítimas que operan en las regiones periféricas, y presentar medidas para evitar la desaparición de estos servicios en las regiones afectadas y evitar la destrucción de puestos de trabajo.

Lukas
Señor Presidente, cuando el Consejo decidió prorrogar, en 1991, el mantenimiento de las tiendas libres de impuestos hasta 1999 seguro que no sabía que en 1998 habría 18 millones de parados en la UE, con una tendencia ascendente. El Consejo tampoco imaginaba que, a pesar de la realización de la Unión Monetaria, en 1999 todavía será impensable una armonización fiscal. Por lo tanto, tampoco se habrá completado la plena realización del mercado interior. ¡La inflexibilidad del Consejo y de la Comisión en relación con este tema raya en la irresponsabilidad! La supresión de las tiendas libres de impuestos matará varios pájaros de un tiro, en el sentido negativo, naturalmente. Un gran número adicional de parados se incorporarán al mercado de trabajo. La UE sacrificará voluntariamente un importante escaparate para sus artículos de exportación de marca y la economía turística se verá afectada de manera demostrable.
Desde una postura cínica podríamos afirmar que el primer paso concreto que habrá dado la Comunidad en el ámbito de las políticas de empleo será la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo como resultado de la supresión de las tiendas libres de impuestos. Resulta absolutamente incomprensible que el Consejo sea incapaz de modificar su posición a la vista de la dramática situación del mercado de trabajo. Existe coincidencia y unanimidad en cuanto a que el tema central de las políticas y el objetivo de todas las acciones ha de ser la lucha contra el paro. En consecuencia, ¿por qué no puede modificarse por unanimidad una decisión que, según se puede probar, incrementará mucho el número de parados?
El nuevo Presidente del Consejo, el Canciller Federal austriaco, dirigió ayer un llamamiento a los socios de la UE para que sitúen la lucha contra el paro en el centro de sus preocupaciones. Si hablaba en serio, también debería hacer comprender a sus socios que el mantenimiento de las tiendas libres de impuestos permitiría evitar la destrucción de muchos puestos de trabajo.

Pinheiro
Señor Presidente, Señorías, el régimen aplicable hasta el 30 de junio de 1999 a las ventas libres de impuestos entraña un control por parte del vendedor de las ventas que haya hecho.
Hace dos años, en julio de 1996, la Comisión elaboró un informe sobre la aplicación de esos controles por los Estados miembros. Las conclusiones fueron bastante negativas, al revelar, en particular, la diversidad de medidas adoptadas en el nivel nacional y las lagunas en los controles aplicados. En este momento quisiera agradecer al Parlamento y en particular al ponente, Sr. Garosci, el trabajo realizado en relación con este dossier , cuyo delicado carácter es reconocido por todos.
He tenido mucho gusto al comprobar que el Parlamento conviene con el planteamiento de la Comisión en cuanto a la conclusión que se debe sacar respecto del control. La Comisión suscribe enteramente las recomendaciones formuladas para mejorar los controles, ya sea el método de la obliteración de los billetes de avión o un recurso mayor a las técnicas informáticas. No obstante, señala a la atención de Sus Señorías la menor oportunidad para semejantes medidas, es decir, un año antes del plazo de 30 de junio de 1999. En realidad, la necesidad de introducir medios de control complementarios entraña nuevas inversiones, lo que podría constituir una señal engañosa para los concesionarios en cuanto al plazo de 30 de junio de 1999.
Quiero subrayar, además, que, después de la elaboración de su informe, la Comisión ha sido informada de que se ha registrado un refuerzo de los controles que aplican los concesionarios. Éstos ya han iniciado las adaptaciones que van a ser necesarias hasta la abolición de esas ventas y ahora deberán centrar sus esfuerzos en acciones en el terreno.
Señor Presidente, ahora quisiera pronunciarme sobre las enmiendas propuestas, que en su mayoría se alejan de la cuestión de los controles para abordar la problemática general de las ventas libres de impuestos. Sobre esa cuestión, mi colega el Sr. Mario Monti ha tenido oportunidad en diversas ocasiones de presentar la posición de la Comisión. Puedo confirmar que no se ha modificado dicha posición y que, por lo demás, recientemente se ha reiterado, con ocasión del Consejo ECOFIN, celebrado el 19 de mayo de 1998. Por consiguiente, quisiera limitarme a formular las siguientes observaciones.
En primer lugar, en modo alguno se considera atendible la hipótesis de un aplazamiento de la fecha de abolición de dichas ventas. El 19 de mayo el Consejo ECOFIN no dio -repito- señal alguna en ese sentido ni llegó siquiera a acuerdo alguno en cuanto a la reanudación de ese debate. Además, me parece que sería artificial e incluso peligrosa para el prestigio de la Comunidad una vinculación entre las ventas libres de impuestos y la introducción del euro. Además, la Comisión considera que los Estados miembros son quienes están en mejores condiciones para analizar, en el plano nacional, las consecuencias de la abolición de dichas ventas y para adoptar, en caso necesario, las decisiones adecuadas.
Algunas enmiendas hacen referencia también a medidas de apoyo sectoriales y regionales y propugnan la utilización de fondos comunitarios para afrontar las dificultades locales. Las medidas previstas por los Estados miembros que entrañen el recurso a mecanismos comunitarios, como los Fondos estructurales, serán analizadas por la Comisión caso por caso. Por lo demás, la Comisión se ha comprometido ante el Consejo a elaborar un documento de trabajo para aclarar los instrumentos comunitarios que podrían utilizar al respecto los Estados miembros. Evidentemente, se tendrá al corriente al Parlamento Europeo.
Por último, señor Presidente, la legislación comunitaria no permite la hipótesis de conceder a los pasajeros con destino a un tercer país la posibilidad de hacer compras libres de impuestos a partir del aeropuerto comunitario del primer embarque. Se trata, en principio, de un vuelo intracomunitario. Ahora bien, nada puede impedir los contactos entre pasajeros estrictamente comunitarios y pasajeros con destino a un tercer país. Ese hecho podría provocar situaciones de abuso inaceptables para la Comisión y para los Estados miembros.

Garosci
Señor Presidente, muy brevemente, deseo dar las gracias a los intérpretes por haber superado el tiempo máximo y por la carrera que les he obligado a realizar hace unos instantes durante la lectura de mi intervención. Quiero asimismo dar las gracias a los ponentes y recordarles que he presentado tan sólo dos enmiendas para mañana. En el caso de que se aprueben estas dos enmiendas -y se lo digo también al señor Comisario- vamos a resolver la mayor parte de los problemas del sector. La primera enmienda se refiere a la posibilidad de realizar compras ya en los puntos de venta de embarque, lo que -como hemos comprobado- no creo que contraviene a las disposiciones comunitarias; la segunda consiste en utilizar los fondos regionales. Si se acogen estas dos enmiendas, repito, podremos solucionar la mayoría de los problemas del sector.

El Presidente
Gracias por estas observaciones finales.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 20.15 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Reconocimiento de las calificaciones profesionales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0232/98) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0638 - C4-0657/97-97/0345(COD)) por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y se completan las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico.

Fontaine
Señora Presidenta, Señorías, aprobamos lo que actualmente subyace en la actitud de la Comisión cuando nos presenta esta propuesta de directiva sobre el reconocimiento de títulos, a saber, tener en cuenta tres elementos: en primer lugar, las primeras lecciones de la experiencia -y en este sentido recordaré que nuestro Parlamento Europeo en abril de 1997 se ocupó muy de cerca del primer informe de la Comisión-, de tomar en consideración la iniciativa SLIM que tiene por objeto racionalizar y simplificar, y en última instancia, claro está, tener en cuenta la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
A partir de esto, la Comisión nos propone algunas medidas que, sin duda alguna, van a facilitar la concesión del reconocimiento de las titulaciones, incorporando, en particular, el principio establecido por el Tribunal de Justicia en su sentencia Vlassopoulou, que valora la experiencia profesional. Recordaré que nuestro Parlamento Europeo, Señorías, había insistido a menudo sobre esto, y nosotros nos alegramos de que la Comisión haya atendido a esta llamada y que haya respetado los compromisos que formuló en este sentido.
Asimismo, se ha escuchado nuestro deseo de que se refuercen y amplíen las competencias del grupo de los coordinadores. Nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos tuvo ocasión de escuchar al grupo de los coordinadores, de hacerles pasar audiciones, y constatamos que constituían piezas claves en los dispositivos de aplicación concreta del sistema de reconocimiento.
En lo relativo ahora a las modificaciones horizontales de las directivas sectoriales, nos congratulamos de que la Comisión aborde el problema de los ciudadanos comunitarios que han adquirido una formación fuera de la Unión Europea. Se trata en este caso de un problema muy delicado que aquí nuestros ciudadanos han planteado a menudo y siguen planteando. Claro está, la Comisión adopta un enfoque todavía muy tímido, puesto que sólo se trata de tomar en consideración los títulos en cuestión y no de reconocerlos, pero nosotros estimamos que se trata, a pesar de todo, de un progreso, que saludamos como tal.
Las modificaciones específicas de las directivas sectoriales no suscitan ningún comentario particular por parte de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos. Sólo diré que, en este marco, hemos querido recordar la necesidad de hallar una solución apropiada para los arquitectos irlandeses cuyas formaciones no han podido ser reconocidas en el momento en que hubieran podido serlo. En mi opinión, conviene precisar que este reconocimiento no debería abrir la puerta más allá del problema específico planteado, y nos gustaría conocer la opinión de la Comisión sobre este punto concreto.
Permítame, señora Presidenta, que acabe con una observación mucho más general. Actualmente, nuestras tres instituciones sienten la acuciante necesidad de aproximar los ciudadanos a Europa, y tengo tentaciones de decir que nosotros expresamos esta voluntad en cada ocasión que se presenta. Además, no olvidamos que en los próximos meses tenemos en perspectiva dos etapas importantes para nuestros pueblos: la ratificación del Tratado de Amsterdam en los países en que todavía no se ha hecho y luego, por supuesto, las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio. Ahora bien, para conseguir este objetivo de proximidad, ¿qué mejor iniciativa que la de darles concretamente a los ciudadanos europeos la posibilidad de ejercer su profesión por fin sin trabas más allá de las fronteras? Sin embargo, debemos constatar que no se da todavía el caso. Nuestra Comisión de Peticiones podría, por cierto, aportar pruebas en este sentido, puesto que recibe constantemente quejas a este respecto, y sabemos que la mayoría de estas quejas se refieren a casos de rechazo de reconocimiento de títulos.
Señor Comisario, sabemos que la Comisión es muy consciente de todo esto, pero más allá de dicha conciencia, debemos actuar y hacer desaparecer los últimos cerrojos que subsisten. A pesar de ello, hasta la fecha no hemos recibido por parte de la Comisión garantías formales de que se va a llevar a cabo la revisión del sistema, tal como está previsto en 1999, tras un balance sustancial de su puesta en práctica. Ésta es la razón por la cual les lanzamos una señal muy poderosa a través de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo retomadas por nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos. Señor Comisario, ¿podría asegurarnos que en 1999 habrá una nueva Directiva, y que dicha Directiva irá lo más lejos posible en la buena dirección? Nuestro Parlamento Europeo y los ciudadanos europeos esperan de ustedes una respuesta alentadora, y yo les doy las gracias por adelantado.

Morris
Señora Presidenta, no hay ninguna duda sobre la acuciante necesidad del reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales entre los Estados miembros de la UE. Hemos oído casos de profesionales perfectamente calificados de un Estado miembro, a los que se les niega un puesto de trabajo o que se ven obligados a aceptar un salario inferior en otro Estado miembro, porque sus calificaciones no están reconocidas como equivalentes.
El informe de la Sra. Fontaine ampliará la libre circulación en la práctica, porque ofrece a los trabajadores más movilidad y garantiza mayor transparencia de la legislación. La experiencia profesional y las calificaciones que cumplan unas normas mínimas obtenidas en un Estado miembro deben ser tenidas en cuenta al establecer el nivel de conocimientos y experiencia requerido en otro. Para garantizar la igualdad en toda la Unión, si los Estados miembros exigen a los profesionales superar pruebas de aptitud, en primer lugar deberán informar a la Comisión. Esta propuesta no es sólo un avance satisfactorio hacia la transparencia en la toma de decisiones, sino que además debemos considerarla como una iniciativa en contra de la discriminación injusta e incluso de la xenofobia.
La xenofobia y el racismo están presentes en toda la Unión. Especialmente cuando se avecina la ampliación, mi temor es que crezcan considerablemente, a menos que podamos implantar medidas que garanticen la igualdad en el reconocimiento de las calificaciones. Esta propuesta de la Sra. Fontaine ofrecerá a los trabajadores migrantes con buenas calificaciones originarios de países de fuera de la UE que han trabajado en un Estado miembro, el derecho a transferir sus conocimientos y experiencia a cualquier otro punto de la Unión. Por ello propongo que el Estado anfitrión emita un certificado o equivalente que garantice que dichos trabajadores de terceros países gozan de los mismos derechos -ni más ni menos- que sus colegas de otros Estados de la UE. Insto al Parlamento a que apoye el informe Fontaine.

Banotti
Señora Presidenta, quisiera felicitar a la Sra. Fontaine por su excelente informe. La ponente goza de una prestigiosa reputación por su modo de abordar estos asuntos. Debo confesar, para alivio de mi país, que la Sra. Fontaine ha aceptado la enmiendas relativas a la situación, bastante peculiar, de los arquitectos irlandeses. Le estoy muy agradecida por ello. Ha sido un escollo para mi país desde que estoy en el Parlamento. Como han dicho los dos oradores que me han precedido, la Comisión de Peticiones recibe más peticiones de personas que se sienten discriminadas con respecto al reconocimiento de sus calificaciones profesionales, que por cualquier otro de los problemas que afectan a nuestros ciudadanos.
Si nos remontamos al pasado, quizá recuerden que la primera directiva sobre arquitectos se presentó al cabo de 18 años de intentar determinar qué es un arquitecto. La directiva sobre arquitectos fue la primera que, en el marco del Acuerdo de Fontainebleu, dijo por fin: no nos metamos en camisa de once varas y reconozcamos algunas calificaciones básicas. En un primer momento pasó desapercibido y, en muchos casos, cuando se iniciaron los esfuerzos por elaborar algún tipo de armonización reconocible de las calificaciones, la gran mayoría de los profesionales de todos los ámbitos de nuestros países simplemente ignoraba la necesidad de apoyar este proceso y de ocuparse de defender sus intereses.
A ello se debe que en Irlanda exista esta anomalía, que la Sra. Fontaine, muy generosamente, ha tenido a bien aceptar como enmienda a su informe. Espero con interés poder oír al Sr. Pinheiro si tiene intención de aceptar dicha enmienda. Este importante colectivo, que incluye a algunos de nuestros arquitectos más destacados, recibirá este reconocimiento. El aspecto práctico de esto es que sin este tipo de reconocimiento, se ven incapacitados a presentarse a concursos para conseguir contratos fuera de su país.

Gebhardt
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la meticulosidad y la dedicación con que la ponente, la señora Fontaine, realiza su trabajo son ya tan habituales que puedo permitirme resaltar que no es necesario añadir prácticamente nada. Hoy figuran en el orden del día una serie de informes importantes para los ciudadanos y ciudadanas. Éstos incluyen, en particular, el tema de la ciudadanía europea y la presente propuesta de directiva por la que se modifican 14 Directivas relativas al reconocimiento de las calificaciones profesionales. La actualización del reconocimiento mutuo de títulos que hoy se debate es de especial importancia sobre todo para los jóvenes, a quienes se exige cada vez una mayor movilidad. Por consiguiente, yo quiero hacer constar, en nombre del Grupo socialista, nuestra satisfacción por el hecho de que la Comisión Europea haya respondido ahora a una petición que el Parlamento había formulado ya más de una vez, a saber, que también se contemple el caso de los nacionales de los Estados miembros que han adquirido una formación fuera de la Unión Europea.
La formulación que se propone es muy prudente. Nosotros hubiésemos preferido un reconocimiento de dichos títulos. No obstante, comprendemos que la Comisión Europea haya querido hacer primero un acopio de experiencias en este ámbito antes de dar nuevos pasos. También acogemos con clara satisfacción la simplificación y la ampliación de las competencias de los comités consultivos. Aun así, mi Grupo político apoya plenamente las enmiendas encaminadas a mejorar la transparencia y por las que se insta a que las deliberaciones del Grupo de coordinadores sean objeto de una amplia publicidad. Sólo de este modo podremos hacer efectiva la mayor transparencia que exige la población. Los resultados serán así más comprensibles para los ciudadanos y ciudadanas.
Hemos renunciado deliberadamente a presentar en este momento otras enmiendas de mayor calado, habida cuenta que la Comisión tiene que proceder a una nueva simplificación de la legislación en el ámbito del reconocimiento mutuo de títulos, que está prevista para 1999. Por lo tanto, aguardamos con una cierta impaciencia el informe que tiene que elaborar la Comisión sobre las experiencias acumuladas hasta ahora en relación con la aplicación de las Directivas. Se nos había prometido dicho informe para esta primavera, pero todavía no se ha presentado. Necesitamos poder disponer muy pronto del mismo, ya que queremos ofrecer a los jóvenes las mejores perspectivas de futuro posibles. Éste es nuestro mandato en nuestra calidad de legisladores y queremos cumplirlo plenamente.

Añoveros Trias de Bes
Señora Presidenta, como es su costumbre, nuestra vicepresidenta, la Sra. Fontaine, ha confeccionado un informe excepcional. La Comisión de Asuntos Jurídicos, lo ha dicho la Sra. Banotti, ha adoptado una posición muy clara al respecto, y en la reunión de 23 de abril del presente año examinó la propuesta y la aprobó por unanimidad.
La directiva constituye una actualización de todo el sistema comunitario de reconocimiento de títulos y da forma concreta al compromiso de simplificar la actualización de las listas de títulos.
Los elementos que han intervenido en favor de esta medida son: la presentación por la Comisión de un informe sobre el estado de aplicación del sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia -que se ha pronunciado sobre demandas prejudiciales-, la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento de la iniciativa SLIM.
Todo lo anteriormente expuesto tiene como resultado una propuesta destinada a la modificación de al menos 14 directivas, dado que hay problemas que son comunes a varias de ellas y, de este modo, se puede identificar y proceder a su examen de una manera mucho más sistemática. La experiencia demuestra que esta fórmula garantiza un grado suficiente de seguridad jurídica y respeta plenamente los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.
El contenido de esta propuesta va a incorporar el principio jurisprudencial según el cual el Estado miembro de acogida debe tomar en consideración, en toda demanda de reconocimiento de títulos, la experiencia adquirida por el interesado después de la obtención del diploma. La Directiva 89/48 también debe introducir la noción de formación regulada, cuya finalidad consiste en obligar al Estado de acogida a tener en cuenta la formación recibida por el emigrante cuando la haya adquirido en el Estado miembro de origen o de procedencia en el que tal formación se imparta sin que la profesión esté regulada. Esta nueva disposición permitirá evitar la exigencia por el Estado de acogida de los años de experiencia profesional.
Hay que hacer tres precisiones sobre como entiende la Comisión de Asuntos Jurídicos estas modificaciones. La primera es la modificación de las directivas relativas al sistema general de 1989 y de 1992. A partir de ahora, los Estados miembros de acogida tendrán que reconocer la formación del ciudadano aun cuando el Estado miembro no prevea, como dije, esa regulación. La segunda es la modificación horizontal de las directivas. La tercera, la modificación específica de las directivas sectoriales, que lleva a cabo ecuaciones y adaptaciones específicas, actualizando las listas de diplomas, certificados y otros títulos.En mi opinión, la directiva tiene ventajas: incorpora en el sistema general la obligación -repito- establecida en la jurisprudencia de tomar en consideración, en el examen de solicitud de reconocimiento, la experiencia adquirida después de obtenerse el título y, además, introduce el concepto de formación regulada.
A modo de conclusión, se puede decir que esta directiva responde a la necesidad de facilitar el libre establecimiento de los ciudadanos en la Unión a través del reconocimiento de sus títulos de enseñanza superior y de formación profesional. En definitiva, se trata de conseguir que todo ciudadano de la Unión no se vuelva a encontrar con el problema de siempre y lograr con esta directiva una verdadera libre circulación.
Estos son, señora Presidenta, los objetivos. ¿Todo ello va a funcionar en la práctica? Es evidente que con la directiva se da un paso muy importante en ese sentido, y es lógico que los diputados europeos pongamos en ello un énfasis muy importante.

Oddy
Señora Presidenta, coincido con los oradores que me han precedido en señalar que la Sra. Fontaine ha elaborado un informe excelente. Es un importante avance para la libre circulación de los trabajadores, que es uno de los derechos fundamentales del Tratado de Roma. Si las calificaciones profesionales no son reconocidas en otros Estados miembros, la libre circulación se convierte en un objetivo difícil de alcanzar para los trabajadores. Lamentablemente, siguen surgiendo problemas en este ámbito y la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo recibimos denuncias de casos por este motivo, por lo que la directiva es bien acogida, ya que aborda un problema importante.
El informe contiene dos impulsos principales. En primer lugar, es aplicable a dos directivas generales sobre diplomas de enseñanza superior y sobre educación y formación profesional. El segundo ámbito es relativo a la profesiones de enfermero, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico. En particular, el informe intenta exponer de forma inequívoca las disposiciones para que los Estados miembros puedan realizar pruebas de aptitud. A pesar de que comprendemos que las pruebas de aptitud no están carentes de sentido, en ocasiones los Estados miembros las han utilizado para distorsionar el objetivo de las directivas. Reitero los argumentos presentados por Mary Banotti. Yo también he mantenido correspondencia sobre los problemas específicos de los arquitectos. Confío en que hayan quedado solucionados satisfactoriamente.
Sólo puedo hacer hincapié en mi opinión de que la libre circulación de los trabajadores es fundamental para el buen funcionamiento del Tratado de Roma. Recomiendo el presente informe.

Malone
Señora Presidenta, yo también deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Fontaine por un informe excelente, y también a mi colega Sra. Berger, que ha incluido varias enmiendas relativas a los arquitectos.
Como todos sabemos, en la directiva original de 1985 sobre el reconocimiento de las calificaciones de los arquitectos, algunos Estados miembros no obtuvieron excepciones para lo que se conoce como el derecho establecido a ejercer. A dichos arquitectos, las autoridades competentes de sus Estados miembros les reconocieron que habían adquirido experiencia y conocimientos suficientes para poder ejercer como arquitectos de facto . Ello a pesar de no disponer de las calificaciones exactas establecidas en la directiva. Lamentablemente, mientras países como Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido obtenían las excepciones, Irlanda no las obtuvo. Ello dio lugar a una enorme discriminación y el gran colectivo de arquitectos irlandeses en activo, perfectamente capacitados y con experiencia, no lograron que se les reconociera su situación en otras partes de la Comunidad, situación se mantiene hasta el día de hoy.
Las enmiendas presentadas y que han sido incluidas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ayudarán, así lo esperamos, a hacer realidad la libre circulación de los trabajadores, como ha mencionado la Srta. Oddy, y dichas personas podrán ejercer en cualquier lugar de la Comunidad. Espero poder informar a estos arquitectos que el resultado de lo que hoy estamos haciendo aquí, conjuntamente con el Consejo, contribuirá a la actual realización del mercado único.
Ahora los Estados miembros deberán reconocer estos derechos de los trabajadores a recibir un trato justo, y espero que los Estados miembros y la Comisión -especialmente el Comisario Monti, que se ha mostrado bastante intransigente en todo este asunto, y espero que reciba el mensaje- lleguen al acuerdo de que aquellos países que no solicitaron la excepción en 1985 tengan ahora el derecho a hacerlo.

Berger
Señora Presidenta, Señorías, yo también quisiera agradecer muy especialmente a la señora Vicepresidenta Fontaine que accediera a prestar una atención particular en su informe a las peticiones relativas a la Directiva sobre los arquitectos. Esta Cámara formuló, en efecto, hace poco -con motivo del debate de un informe especial sobre dicha Directiva que yo tuve el honor de elaborar- algunas de las peticiones que ahora podrán hacerse efectivas gracias al informe de la señora Fontaine. Tal es, en particular, el caso de la enmienda 14, a la que ya se han referido varios oradores. Su objetivo -y yo quisiera remarcar, al igual que la señora Fontaine, que éste es su único objetivo- es ofrecer al pequeño grupo de arquitectos irlandeses una nueva oportunidad de obtener el reconocimiento de sus certificados o atestados de competencia, posibilidad de la que se vieron privados por una omisión en la transposición de la Directiva en Irlanda.
La Directiva sobre los arquitectos contempla algunas particularidades que la distinguen de las demás y por esto también desearíamos que se mantenga como una directiva separada. Estas particularidades no justifican, sin embargo, de ninguna manera que el comité consultivo creado en aplicación de la misma quede excluido de la reforma de todos los comités consultivos que ahora se propone. La reducción del número de miembros y un procedimiento de funcionamiento más eficaz de dicho comité consultivo también podrían contribuir a mejorar la aplicación de la Directiva sobre los arquitectos, igual que ocurre en el caso de las demás directivas.
Yo quisiera remarcar, además, que justamente en el ámbito de la arquitectura es especialmente importante que se resuelva el tema del reconocimiento de la formación adquirida en terceros Estados.

Pinheiro
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar quisiera agradecerle al Parlamento el interés que tiene por esta propuesta y el trabajo importante que ha realizado la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos así como el ponente. Le doy las gracias especialmente a la Sra. Fontaine que ha realizado una buena síntesis del conjunto de las propuestas, informes y enmiendas que se han presentado.
La Comisión se congratula al constatar que la propuesta presentada por ella se beneficia de una acogida favorable en cuanto al fondo. El objetivo principal de la propuesta de la Comisión consiste en simplificar, en el marco del pre-ejercicio SLIM, y con arreglo a las recomendaciones del equipo "reconocimiento de las titulaciones», la puesta al día de las listas de diplomas que se recogen en las directivas sectoriales: enfermeros, dentistas, veterinarios, matronas, farmacéuticos y médicos. La oportunidad de la actual propuesta fue aprovechada para poner en marcha otras recomendaciones que están, ya sea en el informe de la Comisión sobre el sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, ya sea en el informe de la Comisión sobre la formación específica en medicina general.
Así pues, también en este contexto conviene valorar las enmiendas propuestas por este Parlamento. A este respecto, debemos constatar, por desgracia, que si se probaran la mayoría de las enmiendas, éstas tendrían un efecto contrario al efecto de la simplificación legislativa y administrativa buscada, puesto que tienden a imponer nuevas formalidades, a veces muy gravosas, a los Estados miembros y/o a la Comisión.
Se trata de las enmiendas núms. 1, 4, 6 a 9 y 11, que tienen por objeto obligar a los Estados miembros a informar a la Comisión de su intención de imponer medidas de compensación para cada sector profesional de que se trate. Es también el caso de las enmiendas núms. 5 y 10, en la medida en que tienden a reservar una amplia publicidad a las deliberaciones del grupo de los coordinadores. Ocurre también lo mismo con la enmienda nº 12, que extiende el sistema de puesta al día de las listas de diplomas propuesta por la Comisión, y retrasa su aplicación. Las enmiendas núms. 3 y 13 tienen por objeto establecer el reconocimiento automático de las formaciones adquiridas en un tercer país, cuando ya han sido reconocidas por un primer Estado miembro de acogida. En este sentido, la Comisión quiere recordar su postura expresada con motivo del examen de la respuesta de la Directiva que tiende a insertar reglas de Comitología en la Directiva 1100. Se trata de una cuestión que será examinada ulteriormente, tras la publicación del informe que presentará la Comisión en 1999 sobre el sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales.
La Comisión considera pues prematura la propuesta recogida en las enmiendas núms. 3 y 13. Para las enmiendas núms. 2 y 14, que se refieren a la Directiva "arquitectos», la Comisión toma buena nota de la invitación que se le hace en la enmienda nº 2, de llevar a cabo una reflexión sobre la oportunidad de retomar, en la Directiva "arquitectos», la fórmula de simplificación de las puestas al días de las listas de títulos, y examinará estas cuestión. En cuanto al mensaje recogido en la enmienda nº 14, que tiene por objeto regularizar la situación de algunos arquitectos, la Comisión recuerda que este Parlamento ha rechazado una propuesta similar con motivo del examen del informe sobre la Directiva "arquitectos» el pasado 26 de marzo. En esa ocasión, el Parlamento indicó que el artículo 7 de la Directiva ya ofrece una posibilidad satisfactoria. Las enmiendas núms. 15 a 21, en el ámbito de la medicina general, también serán examinadas en el contexto del informe de la Comisión sobre el sistema de reconocimiento de las calificaciones profesionales, que como ya he dicho, se presentará el año que viene.
Para concluir, señora Presidenta, señoras y señores, la Comisión no se puede sumar a las enmiendas que van en contra de la simplificación legislativa y administrativa buscada por el ejercicio SLIM, o que son contrarias a la letra y al espíritu de las actuales directivas. Ésta toma nota de los mensajes lanzados por las demás enmiendas, y presentará el resultado de sus reflexiones en el plazo oportuno.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Ciudadanía de la Unión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0205/98) del Sr. De Clercq, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el segundo informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión (COM(97)0230 - C4-0291/97).

De Clercq
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ¿cuánto nos queda para la ciudadanía de la Unión Europea? Ésa es la cuestión que nos ocupa en este informe. En el Tratado de Maastricht se registraron en el artículo 8 unos derechos a los que se puede aspirar como ciudadano europeo. Los ciudadanos de la Unión son todos aquellos que poseen la nacionalidad de uno de los Estados miembros. En el Tratado de Amsterdam se especifica afortunadamente que la ciudadanía de la Unión es complementaria con la ciudadanía nacional.
En la ejecución de los derechos unidos a la ciudadanía europea se ha realizado ciertamente algo, aunque puede mejorar. Si me lo permite, le presentaré algunos puntos esenciales.
En lo relativo al derecho a la libre circulación de personas y a la libre elección de residencia en toda la Unión Europea, nos encontramos con un derecho que acaso sea el más palpable para los ciudadanos. También es una lástima que esos mismos ciudadanos encuentren todavía tantas dificultades. La causa principal es que este derecho está regulado por diferentes disposiciones dependiendo de la categoría de los ciudadanos. Por tanto, se le solicita a la Comisión que recomponga todos los instrumentos legislativos existentes hasta lograr un instrumento fluido y útil para todos.
La libre circulación y la libre elección de residencia en la Unión sólo existirá si también se eliminan las últimas barreras, entre otras la supresión de todos los controles fronterizos y la completa asimilación del acervo de Schengen; la mutua sintonización de los sistemas educativos con vistas a la movilidad de los trabajadores con hijos en edad escolar; un reconocimiento simplificado de todos los diplomas y cualificaciones profesionales, esto especialmente para los jóvenes; la localización de prácticas administrativas injustas que son manejadas por las autoridades nacionales para dificultar el derecho de gestión; la protección de los derechos referentes a la pensión complementaria. Por tanto, todavía queda trabajo por realizar. Otro punto importante es la aplicación directa del artículo 8 A. Esto supondría que todo ciudadano puede someterse al derecho de libre elección de residencia y circulación ante cualquier juez nacional en la Unión.
En lo referente al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales puedo ser breve y claro. Significa que el derecho de voto municipal para todos los súbditos de la UE debe ser instaurado por todos los Estados miembros; así pues, también por Bélgica. Francia, entre tanto, ya lo ha hecho. El sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas: la aplicación de la directriz por todos los Estados miembros debe ser más sencilla y uniforme. Los súbditos de la UE tampoco están a menudo enterados de cómo pueden ejercer de manera concreta este derecho en el Estado miembro donde residen. Se exige, por tanto, una mejor información.
En lo relativo a la protección consular y diplomática todavía estamos en pañales. Se debe buscar urgentemente entonces una configuración común para que los ciudadanos europeos tengan conciencia de que también fuera de Europa esto les generará un valor añadido.
En lo relativo al derecho de petición y al derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo, resulta del primer informe anual de nuestro Defensor del Pueblo Europeo que estos derechos son útiles y necesarios, aunque se conoce aún demasiado poco su exacta envergadura. También aquí se pide una mejor información.
Por último, comunico que el Tratado de Amsterdam ha añadido algo más, a saber, el derecho a dirigirse en una de las lenguas oficiales a cualquier institución europea y el derecho a recibir una respuesta en esa lengua. Pero esto no es aplicable todavía y, por tanto, tampoco puede evaluarse hoy.
Señora Presidenta, Señorías, la instauración de la ciudadanía europea recalca que la integración europea es igualmente un proyecto político. Los derechos que conlleva deben ciertamente conformar una contribución esencial a una mayor concienciación europea, así como también los planes relativos al empleo y recientemente el euro indudablemente han acercado al ciudadano a Europa.
Nuestra tarea es perpetuar esto y mostrar a los ciudadanos que Europa ofrece un valor añadido, y que es para ellos. Esto no ocurre sólo al registrar judicialmente por tratado un número de derechos civiles. Igual de importante es conocer esos derechos, que tengan contenido suficiente y más aún, que el desarrollo práctico tenga una importancia fundamental.
La libre circulación, el derecho de residencia, el derecho de voto, el derecho de petición para dirigirse a un Defensor del Pueblo, no son naturalmente propios de la Unión Europea. Son propios de todo Estado de derecho democrático que se respete. Por importantes que sean, no serán suficientes para acercar Europa al ciudadano. Más atención a los símbolos europeos o a nuestra historia común seguro que nos pueden ayudar, pero tenemos la urgente necesidad de restablecer el crédito del ciudadano en Europa. Para ello se necesita una modificación de la mentalidad de los propios ciudadanos, pero antes que nadie de los que tienen que tomar las decisiones en Europa, de la administración, de los medios de comunicación.
La Europa del ciudadano comienza con todos aquellos que se ocupan día tras día de la causa europea. Deben demostrar que son solidarios con Europa. En este sentido el Parlamento Europeo tiene que desempeñar un importante papel. El Parlamento es uno de los grandes jugadores y nosotros determinamos la estrategia. Como representación del pueblo europeo debemos procurar que el ciudadano se implique con este juego tanto como sea posible, que el juego sea atractivo y sobre todo que nosotros mismos cumplamos también estrictamente las reglas del juego. En resumen: debemos dar el buen ejemplo en Europa. Los buenos ejemplos deben venir siempre de arriba.

Ullmann
Señora Presidenta, señor Comisario, todos cuantos hayan trabajado en algún momento en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo conocen el grado de confianza en los órganos de la Unión que manifiestan los ciudadanos en sus peticiones. Por esto es necesario fortalecer y desarrollar la ciudadanía de la Unión y conferirle un carácter autónomo, si queremos reducir su actual déficit democrático. El informe de la Comisión ha ofrecido una buena base para el dictamen del Parlamento, puesto que señala abiertamente las insuficiencias y los puntos débiles de la situación jurídica y la práctica actuales. No será necesario que vuelva a repetir ahora los detalles. Por lo tanto, voy a señalar aquellos aspectos en los que es necesario ir más allá de las observaciones de la Comisión.
Es preciso dejar atrás la aplicación limitada y sectorialmente restringida del artículo 8 A sobre la libre circulación. Deberían abrirse al menos las puertas a la posibilidad de demandar el derecho a la libre circulación ante los tribunales nacionales, tal como solicita el ponente. La vía más eficaz sería, naturalmente, la incorporación al Tratado de la Unión de una Carta de derechos fundamentales que defina al ciudadano de la Unión como titular de los derechos incluidos en la misma. El acceso a la ciudadanía de la Unión no tendría que depender tampoco de la nacionalidad, sino que debería estar abierto también a los nacionales de terceros países con cinco años de residencia en la Unión. Sin embargo, con la perspectiva de las elecciones de 1999, lo más urgente es que se eliminen los obstáculos que existen en algunos países para el ejercicio del derecho a participar en las elecciones europeas y que en la mayoría de los casos son sólo de carácter administrativo.
Nos congratulamos de que la Asamblea Nacional francesa acabe de suprimir un obstáculo importante. Justamente en este aspecto, los ciudadanos de la Unión tienen que percibir que no sólo se habla de sus derechos, sino que también se hace algo en favor de los mismos. Gracias a todos los que han contribuido a que así sea, a la Comisión y sobre todo al señor Ponente, que ha realizado una verdadera labor de vanguardia.

Gebhardt
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el ponente merece una felicitación por el resultado de su meticuloso y esforzado trabajo. Yo le felicito sin reservas, si bien debo reconocer que siento un poco de envidia hacia el señor De Clercq. Le envidio, en primer lugar, el momento propicio en el que ha tenido la oportunidad de presentar su importante informe sobre la ciudadanía de la Unión. ¡Las circunstancias no podrían ser más favorables! Con la introducción del euro acabamos de colocar la última piedra de los cimentos de la Unión Económica y Monetaria. Ahora podemos dedicar toda la atención a los ciudadanos y ciudadanas, a sus deseos y aspiraciones. Nada nos impide ya impulsar al fin con todas nuestras fuerzas la Unión política de Europa. El Informe De Clercq apunta en la dirección adecuada. Por lo tanto, mi Grupo político lo votará afirmativamente.
Hemos presentado un par de enmiendas, que no se contradicen con el informe. Su única finalidad es completarlo en algunos aspectos y hacerlo todavía más preciso. Yo confío en que el ponente también lo comprenderá así, considerará útiles nuestras enmiendas y recomendará su aceptación. En los considerandos se habla mucho de la necesidad de fomentar la conciencia europea de los ciudadanos. La propuesta de plasmar esta conciencia también, entre otras cosas, en un símbolo tan hermoso como sería la celebración común de un Día de Europa parece una conclusión evidente.
Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones. Los ciudadanos no se contentarán sólo con símbolos y bellas declaraciones. Lo que esperan de la ciudadanía de la Unión no son derechos sobre el papel, sino unas ventajas concretas. Los ciudadanos y ciudadanas esperan que la unión política de Europa les facilite la vida cotidiana. Permítanme que cite el ejemplo del derecho ciudadano a la libre circulación, que solemos invocar gustosamente, pero que hasta ahora sólo se ha hecho realidad en aspectos absolutamente mínimos. Desde la perspectiva de los ciudadanos, eso es todo lo que significa. La libre circulación no se conseguirá con la supresión de las barreras, sino sobre todo con la eliminación de los obstáculos burocráticos. Por consiguiente, es necesario que la Comisión presente sin demora una propuesta legislativa que suprima las desigualdades en relación con el derecho de residencia en los Estados miembros y promueva, de este modo, la libre circulación efectiva de los ciudadanos de la Unión. En particular, es preciso eliminar los obstáculos a la movilidad de los jóvenes y facilitar que puedan instalarse en el lugar de su elección. Para ello necesitamos procedimientos sencillos, transparentes y no burocráticos para el reconocimiento de los diplomas y títulos. Acabamos de debatir este tema.
Lo cual también significa que los certificados académicos, diplomas y títulos deben gozar del mismo reconocimiento en todos y cada uno de los Estados miembros. Si aplicamos este enfoque en todos los ámbitos, lograremos transformar los derechos ciudadanos inscritos sobre el papel en una realidad europea vivida. Nos queda un largo camino por recorrer, en el curso del cual no debemos olvidar en ningún momento que ¡lo fundamental son las personas, no los rendimientos del capital!

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, realmente resulta reconfortante escuchar hoy aquí este informe. Resulta reconfortante porque todavía resuenan en nuestros oídos las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff, porque todavía resuenan en nuestros oídos recientes declaraciones que piden menos Europa, menos integración, que piden incluso la renacionalización de determinadas políticas. Por eso, creo que es importante que hoy el Parlamento Europeo esgrima esta bandera de la ciudadanía en la magnífica presentación que nos ha hecho el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y ponente del informe.
Es un informe equilibrado. Equilibrado entre lo concreto y los valores simbólicos. Equilibrado entre las medidas prácticas y la poesía, que citaba la Sra. Gebhardt. También necesitamos algo de imaginación y de poesía.
Entre esas medidas prácticas, ha destacado el Sr. De Clercq la necesidad de que la libre circulación de personas y la libre elección de residencia para los ciudadanos europeos sea una realidad, que el artículo 8 A sea también una realidad invocable directamente ante nuestros tribunales de justicia, que se dé publicidad a los derechos conferidos ya por esa incipiente ciudadanía europea -derecho de voto en las elecciones municipales, derecho de voto en las elecciones europeas-, que se vaya creando -y ahí es donde pasamos de la realidad a la poesía, de la realidad a los mitos- una simbología integradora. Necesitamos que se cree la idea cultural de que existe Europa.
El Partido Popular Europeo no sólo apoyará el informe del Sr. De Clercq, sino también las enmiendas del Grupo Socialista y algunas que ha presentado el Partido Popular Europeo, habiendo renunciado a la enmienda nº 5.
Y es que, señora Presidenta, corren malos tiempos para Europa. Frente a este escepticismo, se puede decir -y estoy de acuerdo con la Sra. Gebhardt-, que nuestro aliado, paradójicamente, es el mercado. Paradojas de la vida: la Europa de los mercaderes va a ayudar a la realización de la Europa de los ciudadanos porque para conseguir el euro, para que realmente ese mercado único tenga realidad, tendremos que configurar la libre circulación de las personas en su concepto más pleno, tendremos que avanzar en la integración.
Y por lo tanto, señora Presidenta, creo que hoy aquí, en este comienzo de la Presidencia austríaca, todos debemos felicitarnos por este informe del Parlamento Europeo que, una vez más, reafirma su papel de conciencia, de aldabonazo, frente a determinadas circunstancias que hoy en día propugnan una Europa roma, una Europa de miras cortas. Pues bien, frente a esa Europa roma, frente a esa Europa de ideas cortas, el Parlamento Europeo alza la voz, y alza la voz de los ciudadanos diciendo que Europa sólo se hará a través de la integración, y que, frente al concepto de la Europa de los mercaderes, tenemos que conseguir que la realidad del Tratado de Amsterdam se plasme en un auténtica Europa para los ciudadanos.

Voggenhuber
Señora Presidenta, yo felicito al ponente y me congratulo de que el Parlamento se manifieste una vez más en favor de la transposición de los derechos que promete el Tratado en el marco de la ciudadanía de la Unión. Yo quisiera centrar por un momento la atención en la importancia fundamental de la misma. ¿Qué significa es la ciudadanía de la Unión? A mi parecer, la Unión reconoce con ella nada menos que el hecho de que la titularidad y la soberanía del proceso de unificación europea residen en los ciudadanos y ciudadanas. La ciudadanía de la Unión es, por consiguiente, un componente esencial de su legitimación. La cual no tiene, en efecto, sólo una fuente indirecta a través de los Gobiernos nacionales y de los Tratados, sino que también emana de manera directa, personal e inmediata de un estatuto jurídico común a todos los ciudadanos.
La ciudadanía de la Unión se incorporó, por lo tanto, lógicamente, al Tratado como un medio para reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros. Por consiguiente, se trata de un estatuto jurídico que se propone ser la expresión de los derechos fundamentales y ciudadanos de todos sus miembros. Hasta aquí nada hay que objetar en cuanto a la teoría. Sin embargo, en la práctica todavía nos falta mucho para alcanzar la plena garantía de los derechos fundamentales y ciudadanos, y el reconocimiento del papel del ciudadano como soberano de la integración. El derecho a la libre circulación de las personas es sin duda la más personal, la más vital, la más humana de las cuatro libertades, y también aquélla cuya realización ha sido más vacilante, la que se ha demorado más y la que ha encontrado más obstáculos. Los controles personales no se han suprimido en el ámbito de la Unión. Tampoco se suprimen en el marco del Convenio de Schengen, sino que se sustituyen por barreras todavía más altas que las anteriores, cuya supresión se había prometido.
El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al PE, pero sobre todo también en las elecciones municipales, se verá desvirtuado. En parte es objeto de un sabotaje abierto. En algunas capitales, como por ejemplo en Viena, ha quedado reducido a la participación en las elecciones de los representantes de los distritos municipales. La protección consular también es prácticamente inexistente en la práctica. No obstante, yo tengo el convencimiento de que debemos dirigir la mirada más allá del texto de los Tratados y de los derechos prometidos para contemplar la plena protección de los derechos fundamentales y ciudadanos. Yo espero que la Cumbre extraordinaria que se celebrará en Austria abra una vía que permita pasar de la reforma institucional exclusivamente tecnocrática a una auténtica reforma democrática.

Oddy
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por su informe erudito y meditado, y ensalzar su visión europea.
Si queremos garantizar el florecimiento de la Unión Europea, los ciudadanos de Europa debemos poder sentir que este proyecto nos pertenece y que también nos beneficia a nosotros, no sólo a las organizaciones comerciales y los gobiernos. El segundo informe de la Comisión sobre la ciudadanía es, por consiguiente, un avance importante en la construcción de un corps d'esprit y en la sensación de pertenecer a Europa.
Acojo con especial satisfacción el derecho a voto y a presentarse como candidato en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, aunque quisiera enarbolar la bandera de los generosos derechos de voto de que gozan los ciudadanos de la Commonwealth en el Reino Unido, e instar a que no se haga una reorganización de los mismos ni se intente reducir los derechos actuales.
Como ponente de opinión del plan de acción de la Comisión sobre la libre circulación de los trabajadores, acojo con satisfacción las observaciones del Sr. De Clercq sobre las trabas a la libre circulación de las personas, como la movilidad de las pensiones, las responsabilidades familiares y las necesidades de educación de los hijos. Aunque temo que pueda parecer aún algo arriesgado a mi grupo británico, creo que la Comisión podría estudiar la posibilidad de promover el bachillerato internacional.
La creación del Defensor del Pueblo es una acción digna de todo elogio, pero pienso que su mandato necesita mayor promoción. Estoy de acuerdo en que la clave para el acercamiento a la Unión Europea está en la información. Por ello, pido a la Comisión que incremente sus esfuerzos para informar a los ciudadanos de Europa.

Zimmermann
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, esta noche se debate el tema de la ciudadanía de la Unión. Todos conocemos su significación y su función clave para los ciudadanos de Europa, pero sobre todo también para la integración europea. Yo me pregunto, no obstante, si las gentes de Europa en realidad también lo saben. ¿Saben qué derechos conlleva la ciudadanía de la Unión? ¿Saben a quién pueden dirigirse, a quién pueden preguntar y dónde pueden obtener información? En numerosos debates con ciudadanos y ciudadanas tengo una y otra vez la impresión de que apenas están informados y saben muy poco al respecto.
Sin embargo, no sólo los ciudadanos y ciudadanas están poco informados. Consideremos, por ejemplo, la información que difunde la Unión Europea, una parte de la cual no presta ninguna atención a determinados ámbitos. Cuando constato que la libre circulación apenas se menciona en una publicación que recibimos hace poco -la Single Market Review -, donde se examina la realización práctica del mercado interior en más de 38 informes, yo me pregunto cómo pueden informarse, de hecho, los ciudadanos y ciudadanas. Otro ejemplo: cuando comento con funcionarios y funcionarias de la Comisión y del Parlamento o en otros lugares que soy diputada del Parlamento Europeo por Alemania, en mi calidad de ciudadana de la Unión con pasaporte neerlandés, siempre me preguntan: ¿cómo se explica, dónde está recogido, cómo es posible? Esto demuestra que no hemos interiorizado la idea del derecho de sufragio en el sentido en el que se encuentra inscrito, desde luego, en el Tratado; ni nosotros, ni quienes lo inscribieron, ni los ciudadanos y ciudadanas, ni tampoco mis colegas. En realidad, muchos de ellos todavía no lo han comprendido.
Yo pienso que es importante que también nosotros asumamos la ciudadanía de la Unión, con todo lo que significa, y reflexionemos al respecto. Esto nos permitirá informar mejor también a los demás, de manera que a su vez lo comprendan.

Pinheiro
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión, quiero congratularme por la reflexión detallada que se ha hecho sobre nuestro segundo informe relativo a la ciudadanía de la Unión y, en particular, subrayar el excelente trabajo hecho por un ilustre europeo que se llama Willy De Clercq.
Considero este debate sobre la ciudadanía de la Unión como una petición a todos los participantes políticos para que se centren en lo esencial de la construcción europea, como un aviso sobre los avances y retrocesos en la realización de la arquitectura europea que puedan decepcionar al ciudadano en su sentimiento -y cito- «de pertenencia a una Comunidad política y de derecho», según la expresión utilizada en la resolución parlamentaria. Como saben Sus Señorías, esa preocupación fue expresada también en el último Consejo Europeo de Cardiff, al declararse -y cito- «que todos los ciudadanos puedan aprovechar todas las ventajas de la Unión Económica y Monetaria y del Mercado Único y que la Unión esté aún más próxima al ciudadano».
Este segundo informe sobre la ciudadanía de la Unión abarca los años 1994, 1995 y 1996. Es, pues, anterior a la conclusión de la Conferencia Intergubernamental que precedió a la aprobación del Tratado de Amsterdam. En este informe la Comisión se ha esforzado en describir y analizar los nuevos derechos conferidos por el Tratado de Maastricht, en verificar los avances logrados después de la publicación de su primer informe en 1993 y en indicar una serie de objetivos por alcanzar.
La propuesta de resolución parlamentaria se dirige correctamente a todas las instituciones interesadas y a los Estados miembros. De hecho, sólo mediante una acción combinada en todos los niveles será posible lograr avances en el futuro, en particular en la esfera de la mejora de la legislación, de su legibilidad y su aplicación más eficaz. Puedo garantizar al Sr. Willy De Clercq y a esta Asamblea que tanto lo relativo a Schengen y a la aplicación del artículo 8 A como lo que se refiere a los procesos de infracción y prácticas administrativas, al derecho de voto, a la protección consular y diplomática, a los mecanismos de diálogo permanente, a la educación y al reconocimiento de diplomas, a la protección contra las amenazas a la seguridad y a la libertad individual o a la acción del Defensor del Pueblo, todos esos asuntos están en la mesa de la Comisión.
Incluso hoy, en el Colegio de Comisarios, la parte principal de esa reunión ha estado dedicada precisamente a la ciudadanía europea. Y esperemos que, con el impulso de este Parlamento y aportaciones como las que recibimos mediante esta resolución, podamos llegar todos más deprisa a una verdadera ciudadanía.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Seguridad en la utilización de Internet
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0234/98) del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un plan plurianual de acción comunitaria para fomentar la seguridad en la utilización de Internet (COM(97)0582 - C4-0042/98-97/0377(CNS)).

Schmid
Señora Presidenta, Señorías, hasta hace algunos años Internet era un terreno reservado para los especialistas. En la actualidad, su uso está tan incorporado a la vida cotidiana que hasta los diputados tenemos una conexión con Internet en nuestros despachos. ¡Es la prueba evidente de que todavía son posibles algunas maravillas! Internet ofrece muchas posibilidades -como nunca las había habido, de hecho, hasta ahora en toda la historia humana- para acceder rápidamente a una gran cantidad de información. En Internet se encuentran, no obstante, asimismo algunos contenidos nocivos para los jóvenes o de carácter ilícito. También puede ser utilizada para desarrollar actividades delictivas, igual que sucede con los sistemas clásicos de telecomunicación, como el teléfono, o con el correo.
En Internet predominan las ventajas. No obstante, aun así existe la necesidad de actuar en este contexto y tenemos que encontrar respuestas para hacer frente a la citada problemática. En cualquier caso, para darle respuesta no se deben aplicar criterios más rigurosos que en el caso de otros medios de comunicación, como el cine o la televisión. El mero hecho de que se haya suscitado un debate airado, sobre todo entre personas que no han visitado jamás ni un segundo la red, no justifica que adoptemos una actitud distinta de la que mantenemos en relación con otros medios de comunicación. La especificidad de la respuesta tiene que obedecer, por lo tanto, a las particularidades de la red y no a la aplicación de criterios más restrictivos.
¿Qué tiene de particular Internet? En primer lugar: no pertenece a nadie. No existe un propietario global de la red. Yo siempre suelo decir que se trata, en realidad, de una forma de comunismo primitivo. En segundo lugar: es una red mundial y, por lo tanto, accesible en todo el mundo. En tercer lugar: las medidas jurídicas contra los contenidos criminales se rigen por las disposiciones del Derecho Penal del país donde está situado el ordenador a través del cual se introduzcan dichos contenidos en la red. En cuarto lugar: los contenidos se pueden transferir con facilidad y rápidamente -en un plazo de segundos- de un servidor a otro. En quinto lugar: el acceso a Internet es anónimo. El servidor no sabe quién se encuentra sentado frente al ordenador en el otro extremo y no está sujeto a limitaciones horarias.
Esto tiene consecuencias para la protección de los jóvenes, ya que en Internet no existe una empleada o un empleado en la taquilla o en la caja, como sucede en el cine o en la tienda de vídeos, que pueda negarle la entrada a la sala o el préstamo de una cinta de vídeo determinada a un joven de dieciséis años. En este aspecto reside la verdadera problemática. El plan de acción que propone la Comisión pretende garantizar la seguridad en la utilización de Internet. Yo respondo que quizá pueda contribuir mucho a ella, pero que la seguridad total no existe tampoco en este contexto. Dicho concepto fomenta, además, la idea errónea de que los padres ya no tendrán necesidad de preocuparse por la educación de sus hijos, sino que podrán confiar la protección de los jóvenes a unos sistemas técnicos y un mecanismo de filtración. No debemos fomentar este error. Por consiguiente, yo abogo por una modificación de todos estos aspectos en el concepto de "seguridad en la utilización de Internet». La propuesta responde a la realidad de los hechos.
En cualquier caso, es preciso tener claras las limitaciones de las medidas propuestas. Habida cuenta de que el número de proveedores comerciales de pornografía se incrementa a diario en todo el mundo, las esperanzas depositadas en la autorregulación parecen bastante ingenuas. El hecho de que los diputados de esta Asamblea recibieran ayer un anuncio de pornografía -de baja calidad, por cierto, y el precio era excesivo- a través de su correo electrónico ya indica cuál es la tendencia. El ejemplo de la clausura de un servidor neerlandés, el XS-4-All-Servers, porque a través del mismo se difundía la revista "Radikal», demuestra lo que se puede conseguir con este método. Antes, "Radikal» sólo era accesible a través de dicho servidor. Después de su clausura, podía encontrarse en 53 servidores, ya que fue retransmitida de inmediato a todo el mundo. El método de la clausura tiene, por lo tanto, sus límites.
Dada la diversidad lingüística dentro de la Unión Europea, también cabe dudar sobre la verdadera utilidad de los programas de identificación de palabras como mecanismos de filtración. Si se utilizan programas de filtración de imágenes, se excluiría también todo el material iconográfico y gráfico de carácter científico. Para evitar malentendidos, debo decir que yo apoyo la propuesta. Sólo señalo que ésta tiene sus limitaciones y que tenemos que ser conscientes de ellas.
Otra de estas limitaciones está asociada al hecho de que en la vida real la mayoría de las veces los niños dominan los ordenadores mejor que sus padres. A propósito de la propuesta de un sistema de filtración que podría cargarse en los ordenadores personales, yo describí así el mecanismo ante un grupo de periodistas: un sistema de filtración es un programa mediante el cual un niño de 12 años impide a su padre el acceso a las páginas pornográficas de Internet como represalia por haberle prohibido ver la televisión. Éstas son las circunstancias reales. Aun así, yo soy partidario de que sigamos adelante con la propuesta del sistema de filtración, pero es preciso que tengamos claras sus limitaciones.
El plan de acción propuesto está concebido como un instrumento para luchar principalmente contra los contenidos no deseados, o sea, la pornografía, las páginas políticas radicales y otros parecidos. Dada la falta de competencias de la Unión Europea en el ámbito del Derecho penal y de la persecución penal, el plan de acción trata los contenidos ilegales, es decir, punibles, únicamente en lo que se refiere a la solicitud de un estudio previo sobre las medidas nacionales necesarias.
Los verdaderos problemas se plantean, a mi entender, sobre todo en relación con los contenidos punibles, más que con respecto a los no deseables. Lo que se puede llegar a encontrar después de viajar sólo unas horas por la red buscando contenidos definidos -yo lo hice ayer para preparar una conferencia de prensa- es, desde luego, sorprendente. Se encuentran instrucciones para la fabricación de bombas, para abrir la cerradura de una puerta aunque no se tenga la llave, para la producción de drogas ilegales y para diversas actividades terroristas, para falsificar tarjetas de crédito, para introducirse en un ordenador sin autorización, y todo un amplio abanico más.
En las circunstancias actuales, la lucha contra los contenidos delictivos es competencia de los Estados miembros. No pretendo discutirlo, pero dicha lucha se ve considerablemente dificultada en la práctica por el hecho de que ni siquiera en toda la Unión Europea existen normas jurídicas iguales o al menos comparables en relación con aspectos importantes. La persecución de la pornografía infantil resulta difícil cuando la definición de la edad a partir de la cual el "niño» deja de serlo para convertirse en "adulto» es distinta en los diferentes sistemas jurídicos. En algunos Estados miembros el límite está fijado en los 14 años, en otros, en los 16. La persecución es difícil cuando, aunque puedan perseguirse los contenidos delictivos, en cambio no es punible indicar el punto de una página de Internet desde el cual se puede acceder, con un clic del ratón, a la página con dichos contenidos. El acceso resulta entonces sencillo. La persecución es difícil asimismo cuando -como ocurre ahora- puede instalarse un servidor en la red sin que sea necesaria la identificación de quien lo administra y cuando -como también ocurre ahora- es posible el envío de correos electrónicos sin que exista la posibilidad de identificar al remitente, o sea, cuando es posible que los servidores se administren de forma anónima y también el envío de correos electrónicos anónimos.
Por esto necesitamos al menos unos estudios previos que determinen la legislación que se requeriría. Ya sé que el Consejo ha planteado objeciones en las consultas. Por el momento, la política interior forma parte de las competencias privativas de los Estados nacionales; la política militar, en cambio, ya no les pertenece: de ella se ocupa la OTAN. El único ámbito en el que el Estado mantiene el monopolio del uso de la fuerza, por medio de unas fuerzas armadas, es el ámbito policial. Por lo tanto, lo cuidan como oro en paño. Ya sé que existe oposición contra la realización de dichos estudios. Sin embargo, éstos son necesarios. En efecto, en último término sólo será posible resolver el problema de los contenidos delictivos por medio de acuerdos de alcance mundial. Cuando se discuten acuerdos mundiales de este tipo ocurre como en el caso del GATT: si la Comunidad acude con 15 opiniones distintas, ¡no hay manera! Si Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tienen aproximadamente una misma idea, se avanza relativamente deprisa. Por lo tanto, es necesario que adoptemos unos criterios comunes, no sólo con vistas a la persecución penal dentro de la Unión Europea, sino también con vistas a alcanzar los acuerdos mundiales necesarios. No conseguiremos avanzar sin dichos acuerdos. Yo quisiera pedirle al señor Comisario que, en su intervención final, me indique qué enmiendas está dispuesta a hacer suyas la Comisión, ya que me ayudaría saberlo.

Argyros
Señora Presidenta, la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre ese asunto aspira, a través de las enmiendas presentadas, a fomentar el desarrollo y la adopción de sistemas técnicos rentables con el objetivo principal de proteger a los menores de edad y la dignidad humana y, sobre todo, a reforzar la protección de las actividades económicas y empresariales.
También intenta mejorar la cooperación internacional en estos temas para garantizar el desarrollo potencial de la industria de Internet. En cuanto al ámbito de aplicación de las líneas de actuación del programa y teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece Internet para las actividades industriales y económicas, y de forma indirecta para el sector del empleo, se propone la adopción de un acercamiento más amplio con el fin de que, más allá de los asuntos que afectan a los menores de edad o a la dignidad humana, se examinen también las posibilidades que ofrece el programa de acción para la protección de las actividades económicas e industriales.
La confianza mostrada por los usuarios de Internet - tanto individuos como empresas - va a contribuir a crear un ambiente favorable para el desarrollo de actividades empresariales en el ámbito de la sociedad de la información. Por ello, Internet, va a constituir tanto una fuente fiable de conocimientos como una valiosa herramienta para las actividades empresariales.
El segundo asunto importante de esta opinión son los principios que deben regir las acciones para erradicar los contenidos ilícitos y dañinos de Internet. Estos principios pueden resumirse de la manera siguiente:
Primero, el apoyo a la industria para que desarrolle y adopte sistemas voluntarios y eficaces para el control del contenido de Internet y lograr la cooperación entre los interlocutores interesados, y en especial de la industria, que es lo que constituye un factor determinante para el éxito del establecimiento de sistemas de autorregulación y de mecanismos de filtración y evaluación.
La segunda condición importante para controlar de manera eficaz el contenido de Internet es el claro reparto de papeles y responsabilidades entre todos los agentes involucrados en la creación y distribución de sus contenidos.
El último punto que quisiera señalar es la exigencia, dada su naturaleza sin fronteras, de una cooperación y coordinación de las actuaciones del programa a escala internacional. La cooperación es el único método para conseguir el máximo rendimiento de las actuaciones realizadas a escala europea. Por esa razón, considero que la Unión Europea debe aspirar a tener un papel de liderazgo activo en el proceso para establecer principios y modelos técnicos que sean aceptables a escala internacional.
Finalmente, señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Schmid y a los ponentes por su aportación en el asunto de la seguridad en la utilización de Internet y agradecerles su apoyo a la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial.

Cederschiöld
Señora Presidenta, no es la primera vez que tratamos el tema de Internet y tampoco la última. La evolución va por buen camino. No solamente aquí sino que en todas partes aumenta la conciencia del valor de esta revolucionaria forma de libre información. Lo que tenemos que proteger es la libertad y no los reglamentos.
Hace un año tratamos el informe Pradier sobre contenidos ilegales y perniciosos en Internet. Entonces desde muchos sitios se demandó mayor reglamentación, por ejemplo, registro de usuarios de Internet y prohibición de codificación digital. En ese momento muchos ignoraban lo nuevo y creían que las formas de pensamiento del mundo antiguo también se podrían aplicar en el nuevo.
En algún momento, quienes no veían los nuevos tiempos, quisieron destruir la imprenta de Gutenberg. Como no lo lograron, llegó la Reforma. Mediante la imprenta los ciudadanos consiguieron acceder a información nueva de un modo mucho más fácil. Esto implicó, en esa ocasión, una descentralización del poder.
Actualmente vivimos una nueva Reforma ya que los ciudadanos pueden obtener conocimientos e información y ser cada vez más independientes de autoridades y estados. Probablemente esto acarreará a largo plazo una disminución de las reglamentaciones de la vida diaria de los individuos y nuevas posibilidades de contactos y sustento.
No obstante, hay que hacer algo con el material ilegal en Internet, pero sin que afecte a las condiciones básicas de libertad. La Comisión quiere establecer líneas directas para informar acerca del material ilegal en Internet y apoya sistemas de filtros y clasificaciones, además de instrucción e información. El informe completa la línea de la Comisión con la intención de desentrañar los aspectos jurídicos del material ilegal o pernicioso en Internet. Estas propuestas son razonables puesto que toman en consideración el carácter de este medio.
Existió anteriormente una tendencia a desarrollar sistemas europeos especiales. Sin embargo, debemos respetar que en este caso se trata de contactos globales e internacionales. Es un medio global e internacional. Por eso las soluciones también deben ser globales e internacionales. Ya existen sistemas internacionales en funcionamiento que han sido aceptados y que están muy difundidos. En este contexto quiero agradecer al ponente por haber sido tan complaciente con mis propuestas de enmiendas en esta materia.
Finalmente quiero dar la bienvenida a la comprensión existente a la hora de evitar sistemas obligatorios. El mercado tiene interés directo en la autorregulación. Además, la marcación de calidad puede mejorar la posición en el mercado de aquellos proveedores de Internet que desean usarla. Me alegra que la Comisión opine que no corresponde a los estados regular los contenidos y el uso de Internet. Por el contrario, es una misión del estado combatir y detener la delincuencia en cualquier lugar que se produzca, ya sea con ayuda de Internet o abiertamente en las calles y plazas.

Lindholm
Señora Presidenta, la mayoría de nosotros ve el enorme desarrollo de Internet como algo provechoso. Sin embargo, como todos saben, esto también tiene una cara oscura y desagradable. Todo el mundo, incluidos niños y adolescentes, puede conseguir fácilmente a través de Internet recetas detalladas para fabricar drogas y explosivos, los pederastas pueden ver pornografía infantil, se pueden comprar y vender mujeres, etcétera. Está absolutamente claro que todos queremos que esto termine.
El problema de la cara oscura de Internet es que es global, sin límites. Una solución total también tiene que ser global y solamente puede alcanzarse en colaboración con la industria. Esto es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Entretanto, la propuesta de plan de acción de la Comisión es un comienzo que también puede coadyuvar a un verdadero debate internacional y, esperamos, a una solución.
Entre los puntos más importantes del plan de acción está la propuesta de actuar conjuntamente con la industria para obtener una autorregulación y normas éticas, la implantación de un sistema de filtración y clasificación además de un vasto programa de información. Sin embargo, personalmente rechazo todos los intentos de regular los problemas de Internet por medio de directivas comunitarias. Es algo que tenemos que resolver de otro modo y más internacionalmente. Por esa razón votaré por el rechazo de la propuesta de enmienda 23. Con todo, el Grupo Verde apoyará el informe Schmid en su conjunto.

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, cuando se habla de la seguridad en el uso de Internet, con frecuencia chocan entre sí el conceptos de libertad de expresión y la difusión de material ilegal. Por su carácter, Internet es libre y no se ciñe a limitaciones, y así debe seguir siendo en el futuro. El reverso de la moneda lo constituyen las personas que intentan hacer un uso erróneo de las libertades.
Los peores abusos se centran sin lugar a dudas en la difusión de pornografía infantil y material pedófilo. No deja de sorprender el volumen de este tipo de material en Internet. De acuerdo con investigaciones de Interpol, el seguimiento que se ha llevado a cabo en sólo dos meses ha permitido detectar en la red más de 70 000 ficheros que contenían imágenes pornográficas con niños. Se trata de una cifra tan elevada que no basta únicamente con actividades orientadas a la autorregulación ética de los proveedores de Internet para establecer una limitación a este respecto.
No sería justo acusar a los gestores de los servicios de Internet de la difusión de material ilegal. A pesar de que desempeñan un papel fundamental como guardianes de la autorregulación, el único modo de alcanzar los resultados deseados se basa en la estrecha cooperación entre la industria informática y las autoridades responsables del contenido de Internet. Dado el carácter mundial de Internet, las medidas que se emprendan únicamente a nivel europeo no serán suficientes en la lucha contra el material pornográfico infantil. Se necesitan sistemas de información y normas a escala mundial que permitan detener a aquellos que conscientemente difunden pornografía. Un buen ejemplo de iniciativa por parte de las autoridades en la lucha contra la pornografía infantil son tanto la línea telefónica como la página de Internet que ha puesto a disposición la policía finlandesa para denunciar las actividades de pedofilia que se encuentren en la red. Una vez localizado este material internacional, la policía tiene previsto transmitir estas informaciones a las autoridades del país en cuestión.
Finalmente, desearía felicitar al Sr. Smith por la buena labor que ha realizado en una cuestión tan difícil como es ésta.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, permítame empezar felicitando al ponente no sólo por su excelente informe sino por su brillantísima intervención. Este es un asunto muy importante, fundamental para nuestro futuro como sociedad protectora de los derechos individuales, al mismo tiempo que protectora del desarrollo industrial. Pero todo ello no debe hacernos olvidar la cuestión fundamental que nos legitima: el anclaje de nuestras decisiones en el Tratado, el fundamento jurídico de nuestros actos políticos.
Mi intervención se va a centrar, pues, en la propuesta que hizo la Comisión de Asuntos Jurídicos de cambiar el fundamento jurídico de la propuesta de decisión y utilizar el artículo 129 A -protección de los consumidores- en vez del artículo 130 -competitividad de la industria-.
Señora Presidenta, indudablemente, el artículo 130 nos dice que se tomarán medidas encaminadas a fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas, y es cierto que un mejor y más seguro entorno fomentará esa industria. Pero no es menos cierto, señora Presidenta, que es muy difícil aplicar estos objetivos del artículo 130, como puede ser establecer las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria, a acciones que lo que pretenden es alertar a los consumidores sobre el contenido, en materia de sexo o de violencia, de Internet al fundamentar la autorregulación y establecer unos mecanismos de filtrado.
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos, después de haber analizado esta propuesta de decisión, entendió que el fundamento jurídico adecuado es el artículo 129 A, que nos permite este tipo de acciones que fomentan y protegen un entorno seguro del consumidor en términos generales.
Señora Presidenta, mencionaré también que este cambio de fundamento jurídico da a este Parlamento un mayor protagonismo en toda esta acción, puesto que el artículo 129 A prevé el procedimiento de codecisión mientras que el artículo 130.3 prevé la consulta simple. Y creo que es fundamental que en un asunto tan socialmente relevante, tan socialmente candente, este Parlamento tenga una voz alta y fuerte y no una simple consulta.
Por lo tanto, señora Presidenta, creo que este es un asunto que nos concierne a todos, y el Tratado nos da una base clara para participar en pie de igualdad con el Consejo y debemos tratar de que ese cambio de fundamento jurídico tenga su reflejo en la propuesta.

Malerba
Señora Presidenta, ante todo deseo manifestar que voy a intervenir como ponente del dossier «Iniciativa de coordinación internacional para Internet» en la Comisión de Asuntos Económicos. Estoy de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea sobre el plan de acción para fomentar la seguridad en la utilización de Internet, sin embargo, no estoy convencido de la pertinencia de todas las enmiendas al texto de la Comisión sugeridas por el señor ponente. Precisamente el pasado lunes participé, invitado por la Comisión Europea, en una mesa redonda con los líderes de la industria mundial del sector y he visto consolidarse un consenso sobre estos tres puntos: debemos evitar establecer normas complicadas y conflictivas entre Estados y de difícil aplicación y, al mismo tiempo, debemos poner en marcha una iniciativa política para evitar que sea el poder judicial quien pronuncie sentencias y siente precedentes; tenemos que promover un marco legislativo para el desarrollo de Internet basado en la autorregulación de la industria del sector, así como en la implicación de las autoridades políticas y de las organizaciones internacionales competentes en un diálogo estructurado similar al que logró un éxito rotundo en el Transatlantic business dialogue; tercer punto, hay que llegar al consenso internacional sobre una base de carácter multilateral que, por lo tanto, abarque no sólo la participación de los Estados Unidos y de Europa, sino de muchos otros países en un contexto lo más global posible.
Pese a que es evidente que existen ámbitos en que hay que redactar nuevos códigos, por ejemplo, la firma electrónica para las especificidades de Internet, no está probado que a través de Internet se puedan cometer nuevos delitos que ya no hayan sido inventados y contemplados por la ley. Por contra, Internet es un medio de comunicación extraordinario que hace posible que cada individuo se convierta en editor, que proporciona a las empresas un instrumento de globalización en el comercio electrónico y que -reitero- en caso de necesidad permite establecer, incluso con demasiada exactitud, el origen y el destino de las transacciones. Creo que tenemos ante nosotros a un niño que está dando sus primeros pasos y que debemos ayudar a crecer en un contexto legislativo favorable.
Algunas enmiendas, la 6 y la 12, sobre las autoridades responsables de los contenidos de Internet y la 7 sobre la responsabilidad de los distribuidores, me plantean problemas, sin embargo, estoy seguro de que vamos a volver sobre este debate con otras reflexiones y otras experiencias.

Pinheiro
La Comisión desea expresar su agradecimiento al ponente, Sr. Schmid, y a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores por un informe de talante tan positivo. Internet crece a pasos agigantados y su utilización ha dejado de estar limitada a científicos e investigadores. Ahora forma parte de la actividad diaria en oficinas, hogares y colegios. Han quedado demostradas su gran utilidad e importancia para los negocios, la educación y la cultura. La mayor parte de su contenido no plantea el menor problema.
No obstante, Internet puede ser utilizada para actividades ilícitas y para la distribución de material ilegal. Los padres y el profesorado sienten preocupación ante el fácil acceso a un material que puede ser perjudicial para los menores. Para que los consumidores y la industria de Europa se beneficien de todas las oportunidades que ofrece la sociedad de la información, debemos ocuparnos de este asunto. Durante el pasado año, la Comisión, en colaboración con el Consejo, el Parlamento Europeo, los Estados miembros, el sector y los usuarios, no ha escatimado esfuerzos en la búsqueda de soluciones. El plan de acción es el resultado de la respuesta obtenida por la Comisión cuando planteó este problema por primera vez, y ha sido desarrollado en coordinación con la recomendación del Consejo sobre la protección de los menores y de la dignidad humana.
El presente plan de acción adopta un enfoque no reglamentario, en el que se ha incluido al sector, y propone medidas concretas para solucionar el problema. Aplica el consenso político y garantiza el seguimiento de las acciones ya emprendidas a nivel de la UE y en los Estados miembros. Este enfoque ha recibido el firme apoyo de la Conferencia de Bonn, del Grupo de trabajo Internet, del Consejo y del Parlamento Europeo. El plan de acción tiene cuatro líneas de actuación: primera, la creación de un entorno seguro, que incluye la creación de una red europea de teléfonos de emergencia y de ayuda a la autorregulación; segunda, sistemas de desarrollo, filtros y clasificación que tengan en cuenta la diversidad cultural y lingüística de Europa; tercera, el fomento de acciones de concienciación; y cuarta, medidas de apoyo.
Para cada una de estas líneas de acción se han fijado una serie de objetivos principales: dotar al usuario de los medios necesarios para protegerse y proteger a su familia de material nocivo indeseable; reforzar los mecanismos de notificación de material ilegal, para que sea sometido a la legislación vigente; garantizar que las necesidades pluriculturales y multilingüísticas específicas de Europa reciban la atención que merecen; e infundir confianza en el nuevo entorno, de manera que el consumidor pueda beneficiarse de los nuevos servicios y para que la industria pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen los medios de comunicación electrónicos.
El plan de acción no es el único medio para alcanzar estos objetivos. Es un instrumento financiero para estimular las iniciativas que presenten los Estados miembros, el sector y los usuarios. No es un instrumento jurídico para resolver los problemas legales relacionados con Internet. No obstante, muchos de los problemas que existen en el nuevo entorno no necesitan nueva legislación. Necesitan enfoques que permitan la aplicación de la legislación vigente a Internet, y que proporcionen soluciones suficientes sin legislación. Por consiguiente, en este plan de acción, hemos intentado centrarnos en medidas no reglamentarias.
Respecto a las enmiendas, la Comisión puede apoyar la mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento. De hecho, 20 de las 24 enmiendas presentadas son plenamente aceptables para la Comisión. En lo relativo a la enmienda 14 sobre comitología, debo señalar que la Comisión tiene intención de utilizar el texto exacto de la Decisión del Consejo de 1987 sobre comisiones de tipo 1. Hay, sin embargo, tres enmiendas -7, 12 y 17- que no pueden ser aceptadas. Dos de ellas tratan de temas jurídicos y, en particular, de responsabilidad. No hay duda de que deben ser estudiadas, pero el plan de acción, por ser un instrumento financiero, no es el marco para ello. No obstante, la Comisión está preparando un instrumento jurídico, una propuesta de directiva, que aborde este tema.
La tercera enmienda propone la inclusión de sistemas de etiquetado en los códigos de conducta del sector. La necesidad de adoptar sistemas de etiquetado ya está recogida en las recomendaciones sobre la protección de los menores y de la dignidad humana. Cabe esperar que se desarrollen códigos de conducta dentro de la tónica propuesta en este informe. Puedo asegurarles que si hace falta un sistema de etiquetado europeo por separado, el plan de acción no dudará en promoverlo. No obstante, si pueden adaptarse sistemas internacionales flexibles, y se demuestra su conveniencia, no habrá ninguna necesidad de un sistema europeo aparte, que podría suponer un derroche de fondos. No obstante, no existe ningún motivo para creer que las preocupaciones que reflejan las enmiendas presentadas no estén ya contempladas en la propuesta.
Expreso una vez más mi agradecimiento al Parlamento por su trabajo y por su respuesta hasta ahora. En este sentido, ha llegado el momento de hacer un seguimiento de las iniciativas de las instituciones de la Unión Europea. El Parlamento ya ha reconocido la importancia de que abordemos estos asuntos, y espero que su dictamen confirme la necesidad de acción dando al plan de acción todo el apoyo necesario para que sus efectos sean sustanciales.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Transporte combinado de mercancías
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0239/98) de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la posición común (C4-0173/98-96/0207(SYN)) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Consejo relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias a acciones en favor del transporte combinado de mercancías (Ponente: U. Stockmann).

Stockmann
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, acaban de escuchar ustedes el título completo del reglamento. El concepto clave de la política europea de transporte actual y futura es la intermodalidad. Su objetivo es la creación de un sistema común de transporte. El enlace de los diferentes modos de transporte en cadenas de transporte de puerta a puerta permite aprovechar sus respectivas ventajas. El transporte combinado, que es el tema que hoy nos ocupa, es la primera fase ya probada de la intermodalidad en el ámbito del transporte de mercancías. En las conversaciones entre los políticos competentes en materia de transporte, se asigna desde hace tiempo un papel significativo al transporte combinado, que se anticipa mucho a su importancia real en la actualidad, si bien es cierto que las estadísticas del año pasado podrían indicar quizá una modificación en la tendencia.
Además de las posibilidades en el ámbito de la política de ordenación del territorio, desde 1992 contamos en el ámbito europeo con el programa PACT de apoyo al transporte combinado. Tras el éxito del primer programa, que concluyó en 1996, desde el año pasado gestionamos el programa PACT II. Ahora éste adquiere la categoría de un programa como es debido, o sea, con un fundamento jurídico, bajo la forma de un reglamento, y con un presupuesto más elevado, aunque todavía no adecuado ni mucho menos. El hecho de que dicho reglamento no se haya examinado hasta hoy en segunda lectura se debe a un parto difícil, en el que el Consejo no ha cumplido su tarea de comadrona.
Por lo que respecta al contenido del reglamento, la Comisión de Transportes y Turismo acoge con satisfacción que la Comisión y el Consejo hayan aceptado una parte de sus propuestas, en particular en lo que se refiere a la inclusión de la navegación interior y a la incorporación de la coordinación con las redes europeas de transporte como criterio para la selección de los proyectos. Por otro lado, consideramos que el hecho de que en la posición común del Consejo no se recojan algunas de las enmiendas que ya presentamos en la primera lectura revela una actitud corta de miras, pues lo cierto es que necesitamos una política de transporte estratégica y con visión de futuro, diría yo. La Comisión de Transportes suscribe, por lo tanto, las enmiendas 1-6 que ahora se presentan. ¿Cuáles son los aspectos que nos preocupan? En primer lugar, deseamos que se amplíe el ámbito de aplicación del programa PACT -tal como se ha admitido entre tanto en el caso de algunos otros programas- a los países candidatos a la adhesión con los que ya se han iniciado las negociaciones, con una dotación financiera adicional de cuatro millones de ecus anuales para los años 2000 y 2001.
La Agenda 2000 prevé en estos momentos un montante mucho mayor para medidas estructurales de apoyo a los países de la Europa central y oriental. Pedimos que una porción de dichos recursos se concrete ya de manera específica y se comprometa para el apoyo al transporte combinado. En estos momentos ya se está registrando un incremento más que proporcional del transporte de mercancías procedentes de los países candidatos a la adhesión. A ello se suma una fuerte tendencia a sustituir el transporte de mercancías por ferrocarril por el transporte por carretera. Por regla general, estos procesos -en los nuevos Estados federales alemanes lo sabemos muy bien por propia experiencia- suelen ser irreversibles si no se contrarrestan en el momento oportuno.
En consecuencia, no podemos permanecer indiferentes ante esta evolución. Por lo tanto, pedimos que en este momento se defina una política estratégica y no una política reactiva que podría tener un coste varias veces más elevado dentro de diez años. Nuestro segundo objetivo importante es la creación de sinergias. Un buen programa siempre puede ser todavía más favorable si, en primer lugar, se procuran crear sinergias con otros programas y, en segundo lugar, contribuye a promover los objetivos de otras políticas.
Seguimos pensando que tendría que ser posible la combinación con los recursos del programa PHARE y del Fondo de Cohesión y con los proyectos subvencionados con cargo a los mismos. A nuestro parecer, los proyectos en el marco del programa PACT deberían tener prioridad en los ámbitos del trazado y la conexión con las "vías reservadas», que políticamente se desean fomentar, aunque su concreción todavía sea difícil. También se podrían buscar efectos sinérgicos con las actividades previstas en el contexto del V Programa Marco de Investigación. Éste es el objetivo que persigue otra de las enmiendas propuestas.
Finalmente, quisiera decir algunas palabras sobre la enmienda de mi honorable colega Jarzembowski, que hoy no se encuentra presente. Desde luego, no habíamos optado por la vía fácil con la referencia, que primero sonaba plausible e incluso lógica, a la obstrucción de la competencia. Sin embargo, al final decidimos rechazar la enmienda, ya que pensamos que cualquier programa de apoyo persigue de por sí una discriminación positiva, en nuestro caso en favor de la sustitución del transporte de mercancías exclusivamente por carretera por el transporte combinado, pero también en favor de las regiones y de los competidores que concedan prioridad al transporte combinado. Finalmente, yo quiero dar las gracias también a todas y todos los colegas que hoy no se encuentran presentes por la parte que les corresponde en la elaboración del informe y recomiendo que sea aprobado en la votación de mañana.

Schierhuber
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ante todo yo quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento al ponente y felicitarle por su trabajo. La propuesta de la Comisión relativa al fomento del transporte combinado de mercancías contempla que la Unión Europea necesita un sistema de transporte fiable de ámbito europeo, que garantice con eficacia los intercambios comerciales y también la movilidad. Por esta razón, yo lamento profundamente que el Consejo sólo haya recogido una escasa parte de las propuestas del Parlamento. Precisamente en este contexto existía por una vez la posibilidad de actuar, además de hablar. Como acabo de decir, creo que es de lamentar que el Consejo no haya contemplado en su posición común la posibilidad de conceder una consideración especial también a los proyectos que establezcan conexiones con los países de la Europa central y oriental, con la consiguiente creación de sinergias.
Asimismo, la Comisión debería velar también por que en la selección de los proyectos se mantenga un equilibrio entre las regiones y los Estados miembros, a fin de evitar cualquier distorsión de la competencia. Este punto ya fue aprobado por el Parlamento en la primera lectura y ahora se vuelve a recoger en la enmienda que ha presentado el señor Jarzembowski en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. Yo pido a la Asamblea que respalde dicha enmienda también en esta ocasión.
Yo quisiera señalar igualmente que la inclusión de las vías reservadas al transporte de mercancías por ferrocarril es imprescindible para un desarrollo y una utilización ambientalmente sostenibles de las redes transeuropeas de transporte. Dichas "vías reservadas» constituyen precisamente, a mi parecer, una innovación importante en el marco de la política de transporte. Yo creo que es muy de lamentar que el Consejo haya decidido consignar únicamente 35 millones de ecus para este fin. Si existe la voluntad de pasar de las palabras a la acción, como antes he dicho, se hubiese tenido que autorizar un montante de 43 millones de ecus, como mínimo, para el período 1997-2001. Por consiguiente, debería elevarse el montante hasta dicha suma, a pesar de que aun así seguirá siendo, a mi modo de ver, sólo una gota de agua sobre una piedra ardiente.
El desarrollo del sistema de transportes en la Unión Europea es de la máxima importancia, a mi parecer, justamente con vistas a la ampliación y desde la perspectiva de las consideraciones ambientales, que tienen cada vez mayor peso. Por consiguiente, yo apoyo las enmiendas presentadas, que cuentan con el respaldo de la totalidad de mi Grupo político, y confío en que la Asamblea también les dará su apoyo.

Wijsenbeek
Muchas gracias, señora Presidenta, sobre todo por concederme todavía la oportunidad de felicitar al ponente y de decirle, además, que ha demostrado ser un excelente modelo para los teólogos o músicos dispuestos a reciclarse y convertirse en auténticos técnicos y políticos.
Ahora pasaré a mi lengua y diré algo más sobre el informe en sí. Creo que aquí tenemos un ejemplo típico de cómo el Consejo una vez más había podido mostrar no sólo con palabras, sino también con hechos, del modo como nos apoyamos aquí todos en esta Casa de pared a pared, que debe tener lugar un desplazamiento modal, de la carretera hacia el raíl y hacia las aguas interiores. Se nos obliga de nuevo aquí a poner una vez más los hechos sobre la mesa, porque si no hacemos nada ahora estaremos dentro de poco con un gran infarto circulatorio. Entonces el Consejo y la Comisión serán los responsables y no el Parlamento.

Pinheiro
Señora Presidenta, en primer lugar, permítame agradecer al ponente, Sr. Stockmann, y a la Asamblea el trabajo sobre la recomendación de continuar con nuestras acciones en favor del transporte combinado de mercancías, que hasta ahora han sido todo un éxito.
Es una clara prueba del continuo compromiso del Parlamento con la promoción del transporte combinado. Aunque apreciamos el talante positivo del Parlamento respecto a este dossier, lamento decir que la Comisión sólo podrá aceptar dos de las enmiendas, aunque ello no debería mermar el amplio acuerdo que existe entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.
Las enmiendas 1 y 4, de conformidad con lo que el Parlamento aprobó en primera lectura y la Comisión aceptó, están encaminadas a la introducción en el reglamento del concepto de las vías transeuropeas reservadas al transporte de mercancías por ferrocarril. Habida cuenta de que las vías reservadas para el transporte de mercancías por ferrocarril constituyen una importante iniciativa de la Comisión, puedo mantener mi apoyo a su inclusión como criterio de evaluación en el reglamento relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias en favor del transporte combinado de mercancías.
Las vías reservadas son un paso importante hacia la auténtica liberalización del mercado del ferrocarril. Puedo asegurar a la Asamblea que tanto la Comisión, como los Estados miembros darán prioridad, en la selección de los procedimientos, a cualquier proyecto que prevea hacer uso de las vías reservadas.
Las enmiendas 2, 3, 5 y 6 intentan volver a introducir la posibilidad de financiar acciones fuera de la Unión Europea y permitir a empresas no comunitarias convertirse en beneficiarias de las ayudas financieras a acciones en favor del transporte combinado de mercancías. La Comisión es perfectamente consciente de que la política de transporte combinado no puede terminar en las fronteras de la UE. El tráfico fluye y las oportunidades para el transporte de distintas modalidades con nuestros vecinos del Este son demasiado importantes. Es por lo que la propuesta de la Comisión preveía originalmente esta posibilidad. Pero las negociaciones en el Consejo sobre este asunto han puesto de manifiesto que el reglamento, como tal, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Consejo, si la Comisión insiste en este punto.
Los Estados miembros aprueban que la Comunidad ayude a los países candidatos en sus esfuerzos encaminados hacia la implantación de un sistema de transporte sostenible. Muchos Estados miembros pensaron que deberían aplicarse o ampliarse otros instrumentos, como por ejemplo el programa PHARE, para apoyar los servicios del transporte combinado.
La Comisión, por consiguiente, examinará si los actuales programas pueden ser utilizados para proyectos similares a las acciones en favor del transporte combinado de mercancías para el transporte de distintas modalidades en los países candidatos. En esta tónica, la Comisión no puede aceptar el límite máximo de 43 millones de ecus, porque esta suma no se ajusta a las perspectivas financieras comunitarias para estas acciones.
Asimismo, no podemos aceptar algunos aspectos de las enmiendas 3 y 5 ni tampoco podemos aceptar la enmienda 7. Por un lado, las sinergias con otros programas de financiación estarán aseguradas a través de la necesaria consulta interservicios en el seno de la Comisión. Por otro lado, la Comisión sigue pensando que los criterios de selección, en una palabra, la mejora de la competitividad del transporte combinado a través de la innovación, son claros y limitados en aras de la transparencia. Opinamos que otras prioridades o consideraciones sólo aportarían confusión.
Aunque no sea capaz de convencer al Parlamento de la posición de la Comisión en todos los aspectos, espero, al menos, haber aclarado dicha posición. Permítanme terminar agradeciendo una vez más al Parlamento, y en particular al ponente, el interés demostrado en el transporte combinado y la valiosa contribución que han realizado en lo que respecta a dicho reglamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 22.50 horas)

