

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0222/2005) del señor Kreissl-Dörfler, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS)) . 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, Señorías, todos conocen la situación: la directiva sobre los procedimientos de asilo se negoció en el Consejo durante más de cuatro años, de modo que el resultado es fruto de un frágil compromiso entre los Estados miembros de la Unión.
He de ser franco y decir que es un compromiso que sin duda no alcanza un alto grado de ambición. Conozco bien y en parte comparto las preocupaciones expresadas en el informe. Doy las gracias, pues, al ponente por el trabajo realizado, si bien las dificultades que hemos encontrado y el nivel de ambición todavía bajo de esta directiva, constituyen –y lo digo sin ánimo de paradoja– una buena razón más, hoy, para que el Parlamento apruebe el informe y permita que prosiga este complejo procedimiento hasta la entrada en vigor de la directiva.
Desde mi punto de vista hay ante todo excelentes razones metodológicas para aprobar el informe. Si la directiva entra en vigor, cualquier propuesta posterior en esta materia deberá seguir el sistema de votación por mayoría cualificada, no ya la unanimidad, y deberá seguir el procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento. Esto significa que, una vez superada la primera fase, con la aprobación de esta directiva, en las fases sucesivas, que considero que tratarán sobre el fondo, tendremos la posibilidad de una votación en codecisión de este Parlamento. Espero que alcancemos lo antes posible ese resultado, tan pronto aprobemos la directiva. 
Existen también razones de perspectiva: transferir el procedimiento de la unanimidad a la mayoría cualificada, del mero dictamen del Parlamento a la codecisión, nos permitirá lo que quizás a mí, pero creo que a muchos otros, importa más, a saber, llegar antes de 2010 a un sistema europeo común de asilo, no ya solo en los procedimientos, sino en el fondo, la diferencia en términos concretos entre la acción europea y la acción de los Estados nacionales.
Existen después otras razones, de contenido, que justifican una vez más un voto favorable. La directiva es solo un primer paso, sin duda, pero todos recordarán que hace muchos años, en el Consejo de Tampere, se decidió precisamente que la estrategia europea en materia de asilo sería una estrategia gradual, es decir, no la entrada en vigor simultánea del procedimiento y del fondo, sino un proceso por pasos sucesivos. Este no es más que un primer paso, he de admitirlo, pero un primer paso que cambiará muchas cosas, Señorías.
Hoy, en lo que a procedimientos se refiere, creo que puedo decir que tenemos más de veinte sistemas diferentes, no quiero decir veinticinco, pero poco nos falta. Sigue habiendo una serie de preocupaciones, como han expresado tanto este Parlamento como la Comisión, y también yo personalmente y en público, en torno a la necesidad de uniformizar el trato a los refugiados y a los solicitantes de asilo. 
Con la directiva tendremos un procedimiento común, tendremos unas normas mínimas europeas y daremos, ante todo, al Tribunal de Justicia el poder de aplicar y de interpretar. Como bien saben, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es a menudo muy avanzada en su interpretación. También daremos a la Comisión la posibilidad de hacer respetar esas normas comunes. Hoy, estas posibilidades no existen y, a mi entender, marcarán una diferencia importante.
Si nos parásemos hoy, si este enfoque paso a paso no siguiese adelante, algunos de nosotros seguiríamos pidiendo sin duda que se mejorase el texto. Pero tengo que ser franco: es improbable, muy improbable, que el Consejo reabra un debate de fondo tras unas negociaciones que han durado cinco años. Por consiguiente, si el Consejo no interviniese, se formularían peticiones, habría probablemente preocupaciones crecientes, pero esta estrategia europea en la materia –hoy los procedimientos, mañana el fondo y la legislación sobre el asilo– no se pondrá en marcha. 
Por esta razón, sopesando las ventajas de un texto que no es perfecto con los graves peligros de un vacío normativo europeo, que nos preocupa aún más, deseo vivamente que este Parlamento pueda aprobar el informe y emitir un dictamen favorable.
Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE ),
   . Señor Presidente, Comisario Frattini, Señorías, lo que vamos a someter a votación es nada menos que uno de los componentes fundamentales de la Unión Europea. La Unión Europea surgió de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y su éxito se basa en las enseñanzas que aprendimos de la experiencia de la conflagración mundial, del nacionalsocialismo y de las dictaduras del siglo pasado, principalmente en Europa del Este, todas las cuales obligaron a muchos europeos a abandonar sus hogares y buscar refugio en países extranjeros para salvar la vida. Hoy la gente viene a Europa buscando refugio y huyendo de las penurias y la persecución. Ninguno de ellos ha abandonado su país de manera irreflexiva, ya que al huir a menudo ponen en peligro su vida. Pero su sueño de una vida segura a menudo termina en un centro de acogida, donde las condiciones a veces son atroces, y luego son devueltos a un país supuestamente seguro, como Libia, sin que se examine su situación individual. ¿Estamos intentando quitarnos de encima lo antes posible toda carga y responsabilidad? Tengo la impresión de que en la Fortaleza Europa estamos menos interesados en proteger a los refugiados que en lo contrario, protegernos de ellos. Pero, ¿cómo vamos a asumir nuestra responsabilidad histórica si no concedemos a los refugiados la oportunidad de explicar sus razones para venir hasta aquí? ¿Cómo vamos a resultar creíbles a la hora de defender los valores europeos si a quienes buscan protección les negamos el acceso a los trámites legales? Es indudable que existe el temor de que se abuse del asilo, pero no debemos permitir que eso nos induzca a traicionar nuestros valores. Lo que necesitamos son normas mínimas comunes europeas sobre el trato dado a los refugiados, basadas en el Estado de Derecho y en convenciones y obligaciones internacionales ajustadas al Derecho internacional, como la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados. El Consejo no nos presentó sus propuestas para esta Directiva, a efectos de consulta, hasta el mes de noviembre de 2004, una vez tomada ya su decisión. Podríamos tildar esto de «cooperación no cooperativa» y lo rechazamos abiertamente. Lo que el Consejo nos ha presentado ahora está también muy alejado de los objetivos establecidos en Tampere en 1999, y una consecuencia de ello es que la mayoría de nosotros, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y los comités asesores, ha llegado a la conclusión de que la Directiva defrauda todas las expectativas, por cuanto no supone un progreso notable de cara a la armonización, ya que en demasiadas ocasiones se permite a los Estados miembros conservar sus propias disposiciones legales.
Hay concretamente una serie de puntos que son motivo de gran preocupación desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos reconocidos a escala internacional y los principios jurídicos aplicables a los refugiados, así que hemos propuesto un número de enmiendas de crucial importancia. De entrada, rechazamos el planteamiento, desarrollado en el apartado a) del artículo 35, de lo que se denomina «tercer país superseguro», que constituye de por sí un logro excepcional en el campo de la filosofía mundial, favoreciendo en cambio una modificación del enfoque de «tercer país seguro» en el artículo 27 que, conviene subrayar, queremos que solo sea aplicable si el tercer país ha ratificado y cumple la Convención de Ginebra y otros tratados internacionales sobre derechos humanos, ateniéndose sobre todo al principio de «no devolución» previsto en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados. La persona que solicita asilo debe tener la oportunidad de exponer las razones por las que su vida no cuenta con garantías en el «tercer país seguro» o en su país de origen seguro.
En segundo lugar, queremos reforzar el derecho del solicitante de asilo a recurrir legalmente de modo efectivo conforme al artículo 38.
En tercer lugar, pedimos que se refuercen los derechos de los niños. En virtud de la declaración en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, en el sentido de que cualquier persona menor de 18 años debe considerarse un niño, hemos acordado –al margen de nuestras lealtades de Grupo– que todos los artículos pertinentes de la Directiva sean modificados conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En cuarto lugar, ningún solicitante de asilo será arrestado a menos que se haya establecido que el internamiento es necesario y oportuno y está en consonancia con las disposiciones de las convenciones internacionales. Los solicitantes de asilo solo podrán ser internados en instalaciones claramente separadas de las cárceles, y se les debe garantizar el acceso a una asistencia jurídica efectiva, a intérpretes competentes e imparciales y a personal médico cualificado. Bajo ningún concepto se internará a niños no acompañados en calidad de inmigrantes, ni tampoco a personas pertenecientes a categorías vulnerables, como víctimas de torturas o de traumas, o personas con una discapacidad mental o física, para las que las autoridades deben procurar alternativas al internamiento. 
El informe que he presentado, que ha sido aprobado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ofrece la oportunidad de crear el primer cuerpo de leyes de Europa en materia de asilo, equilibrado y justo a la vez. El miedo al terrorismo islámico y el crimen organizado no debe servir de excusa errónea para una política de asilo retrógrada. Si dejamos de lado la esencia de la política de asilo, ponemos en peligro los derechos humanos y propinamos un hachazo a los pilares que soportan la comunidad de valores que es la Unión Europea. El miedo constituye una pésima base para la toma de decisiones y la hipocresía es reprobable en política. Lo que aquí está en juego son los derechos humanos y las vidas humanas, cosa que no debemos olvidar ni nosotros ni nadie.
Me complace sobremanera la concesión del Comisario Frattini. Espero que quienes hayan decidido, tal vez hace bastante tiempo, votar en contra del informe, reconsideren su postura. Les pido una vez más que voten a favor de mi informe, que además necesitamos para las negociaciones del año que viene con el Consejo. Solicito que voten a favor en bien de todos y, principalmente, en recuerdo de todos aquellos europeos que se vieron forzados al exilio por culpa de la guerra, la limpieza étnica y la persecución.
Feleknas Uca (GUE/NGL ),
   . Señor Presidente, Señorías, el establecimiento de un derecho de asilo europeo común –según lo dispuesto por el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999– es digno de encomio, aunque la propuesta del Consejo, una vez modificada, resulta tan enormemente inapropiada que, si se aplicara la Directiva sin ninguna otra modificación en los Estados miembros, la protección de los refugiados en Europa quedaría reducida prácticamente a nada.
Uno de los peligros que se deriva de la introducción programada de una lista mínima común de los denominados «terceros países seguros» es el de que los Estados miembros devuelvan a los solicitantes de asilo a los países de origen considerados «terceros países seguros», sin haber escuchado siquiera las razones por las que dichos individuos se habrían convertido en refugiados, ni haber examinado su derecho a recibir asilo. De ahí que, en la opinión que he elaborado acerca del informe para la Comisión de Desarrollo, preste especial importancia a la participación plena del Parlamento Europeo en todas las decisiones futuras que afecten a la lista común.
La decisión de incluir o excluir a un país de la lista mínima común de Estados considerados –o no– terceros países seguros no debe incumbir exclusivamente al Consejo o a la Comisión. Es una exigencia del informe que vamos a someter a votación, lo mismo que la mayor protección de los niños y menores y las leyes relativas a la obligación de los Estados miembros de informar a los refugiados acerca de sus derechos y obligaciones en un idioma que ellos comprendan.
El informe incluye una serie de enmiendas muy importantes destinadas a asegurar que ningún Estado miembro pueda deportar a los solicitantes de asilo o repatriarlos a regiones donde su vida o su libertad puedan correr peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o ideas políticas concretas.
Pido a sus Señorías que presten su apoyo a este informe. Si queremos asegurar la protección de los refugiados en Europa, este informe supondrá una diferencia notable, lo mismo que para la situación de las personas afectadas en los Estados miembros. 
Carlos Coelho,
   . – Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, como ha dicho el señor Frattini, este ha sido un proceso largo. La primera propuesta se presentó hace cinco años; en 2001, el Parlamento presentó más de cien propuestas en el informe Watson; el Consejo estuvo dos años negociando y, por fin, acordó el enfoque general en abril de 2004.
Ha sido para mí una gran decepción que el Parlamento Europeo no haya sido consultado hasta después de haber alcanzado el Consejo un acuerdo político, lo que significa que, en la práctica, el Consejo no va a prestar ahora ninguna atención a este debate; la ausencia del Consejo en la Cámara resume a la perfección su actitud respecto de este debate. Lo cierto es, como ha afirmado el señor Frattini, que la Directiva es importante. Este primer paso de la puesta en marcha de un sistema de asilo europeo debemos darlo de manera urgente, y esta propuesta de Directiva es el primer instrumento jurídicamente vinculante que trata el proceso de asilo. Hemos de establecer unas disposiciones de asilo comunes de manera que podamos manejar los movimientos migratorios de la manera más eficaz y justa posible, tanto para los inmigrantes como para las sociedades de acogida. Además, hay que hacerlo sin violar la Convención de Ginebra de 1951, sobre todo en lo concerniente al principio de «no devolución», según el cual ningún Estado repatriará a estas personas a países o territorios en los que corra peligro su vida o su libertad.
Dicho esto, hemos de asumir el hecho de que los Estados miembros desean combatir el mal uso de los sistemas de asilo por los emigrantes por razones económicas. Quiero felicitar al ponente, el señor Kreissl-Dörfler, por su trabajo. He respaldado muchas de sus enmiendas y, paralelamente, han quedado incorporadas la mayoría de mis propuestas relativas a los asuntos humanitarios y la protección de los derechos de los solicitantes de asilo, la necesidad de unos trámites rápidos y eficaces, las condiciones de detención y la protección de los menores y otras personas que puedan pertenecer a una categoría vulnerable. Sin embargo, discrepamos en dos puntos esenciales, a saber, la desaparición de las listas de países seguros, que ya existían en algunos Estados miembros, y la supresión del concepto de país «superseguro».
Por consiguiente, solicitamos que se voten por separado las diferentes enmiendas. El concepto de país «superseguro» es aplicable desde luego a terceros países europeos, como Suiza, que alcanzan un grado de respeto muy elevado de los derechos humanos y de protección de los refugiados. Este concepto fue un éxito cuando se implantó en Alemania; hubo una disminución del número de abusos y del número de solicitantes de asilo. Algunas personas juzgaron que esta solución viola la Convención de Ginebra y que quebranta el principio de «no devolución». Esa es la razón por la que hemos consultado a los servicios jurídicos del Parlamento, que acaban de emitir un dictamen afirmando que teníamos razón, y que la solución de los países seguros es totalmente compatible con las obligaciones internacionales a las que hemos de ceñirnos.
También hemos vuelto a presentar una enmienda que no fue aprobada en comisión, que propone el establecimiento de un sistema eficaz en virtud del cual el solicitante de asilo siempre tendrá derecho a recurrir una decisión y a esperar la decisión subsiguiente en el país en el que ha presentado la solicitud de asilo. Si se aprueban estas enmiendas, creo que contaremos con un informe que está a la altura de nuestras responsabilidades, y el Consejo haría bien en seguirnos. Si mantenemos las enmiendas existentes en la versión inicial, me temo que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no se mostrará proclive a dar su respaldo al informe. 
Martine Roure,
   . – Señor Presidente, ante todo, por supuesto, quiero dar las gracias al ponente por su trabajo. Debemos apoyarlo para que el Parlamento Europeo se exprese con firmeza en este tema fundamental. El informe, que es sumamente equilibrado, constituye un buen texto de base para la adopción de una política en materia de asilo e inmigración.
El Parlamento Europeo debe mantener una posición enérgica en la elaboración de esta política. En vísperas del paso a la codecisión en el ámbito del asilo, hago un llamamiento al Consejo para que restablezca la buena confianza existente entre las instituciones europeas demostrando que está dispuesto a escuchar al Parlamento Europeo. En efecto, el texto del Consejo, tal cual, no permite realmente armonizar a escala europea las políticas de asilo. Al contrario, concede demasiadas derogaciones excepciones posibles a los Estados miembros. Es más, esas derogaciones impiden llegar a un buen denominador común; más bien se favorece el mínimo común denominador, la nivelación a la baja de la política de asilo en Europa.
Deseamos recordar ante todo que Europa es precisamente una tierra de asilo, y que debemos preservar esa tradición humanitaria. La política europea de asilo debe garantizar en primer lugar un alto nivel de protección de las personas que buscan asilo, reforzando sus derechos fundamentales. ¿Tenemos conciencia al menos de la suerte que tenemos todos de haber nacido en Europa? Ahora bien, el principio de terceros países denominados «superseguros» es inaceptable, porque representa una violación de los derechos de los solicitantes de asilo. Toda persona tiene derecho a presentar una solicitud individual y a que esta sea examinada individualmente. Puede suceder perfectamente que se sea perseguido en un país que a primera vista sea seguro. La historia lo ha demostrado suficientemente, aunque solo fuera en el siglo XX. El principio de país seguro puede ser muy peligroso si no se controla estrictamente y, a este respecto, sería inaceptable que nos encontráramos con 25 listas diferentes.
El Parlamento también debe desempeñar un papel principal a la hora de elaborar esta lista, y tenemos el deber con nosotros mismos de hacer que se respete este derecho. ¿Qué queremos? Pedimos que se respete la dignidad de las personas. Recordemos que el primer artículo de la Carta de los Derechos Fundamentales recoge el derecho a la dignidad. Visiten los centros de retención de refugiados de los distintos Estados miembros y sabrán a qué atenerse. Visítenlos y les aterrará que se pueda tratar a los refugiados de semejante forma. Se quedarán, como yo me quedé, avergonzados. Debemos corregir los fallos del sistema de asilo. Debemos proteger a los refugiados. Debemos dirigirnos también a nuestros ciudadanos para explicarles y hacerles comprender los apuros que fuerzan literalmente a los refugiados a abrirse camino a Europa.
Jeanine Hennis-Plasschaert,
   . Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, que ha realizado un trabajo excelente. Por una vez, estoy totalmente de acuerdo con él: el miedo es mal consejero.
Nuestro principio rector debe ser que la Unión Europea, como espacio sin fronteras interiores, tiene que encontrar una forma común y eficaz de gestionar sus fronteras exteriores. El desarrollo de una política común de asilo e inmigración forma parte de lo anterior. Pero a pesar de que los Estados miembros hayan expresado ellos mismos este propósito, esta política no ha comenzado a despegar sino con la mayor de las dificultades.
Presionados por la opinión pública, cosa de la que a menudo cabe culpar a los Gobiernos y Parlamentos nacionales, la mayoría de los Estados miembros están adoptando actualmente su propia política de asilo y migración que es lo más excluyente posible, aun cuando un cambio de política de asilo y migración en un Estado miembro tenga un efecto directo sobre los movimientos migratorios y la evolución política en los demás. Como ha expuesto el ponente, el inconveniente de un método de trabajo así es que los refugiados políticos con derecho a asilo corren el riesgo de ser dejados de lado.
En el debate público se meten cada vez más en el mismo saco a los solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales, y si no tenemos cuidado, los terroristas contra los que hemos de luchar se unirán a ellos en un futuro próximo. Hay que parar esta tendencia cuanto antes, razón por la cual resulta necesario un planteamiento europeo. 
Esta Cámara va a votar hoy por la tarde la propuesta de Directiva sobre normas mínimas en los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado. La propuesta en sí misma tiene escaso interés; en realidad, es poco más que una colección de políticas vigentes en los 25 Estados miembros. Es decepcionante que apenas existan signos de armonización.
Ya se ha apuntado que el Parlamento Europeo solo tiene poder de asesoramiento con respecto a la propuesta. Los consejos pueden ser muy útiles, pero sobre todo también pueden ser ignorados y eso es precisamente lo que va a hacer el Consejo. Sin embargo, tan pronto como se haya efectuado la votación final sobre este informe y la Directiva entre por tanto en vigor, el Parlamento Europeo disfrutará de codecisión en las materias de asilo y migración, lo que significa que el Consejo dejará de tomar decisiones por unanimidad y lo hará por mayoría. Esta enmienda al procedimiento de toma de decisiones es vital, lo mismo que la necesidad de aprobar las políticas comunes de asilo y migración a corto plazo.
A fin de poder enviar un rotundo mensaje político al Consejo, yo pediría a los diputados pertenecientes al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, concretamente al señor Coelho, aunque también a los del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que optaran por el compromiso más viable y, por tanto, no votaran en contra de este informe. Mi Grupo ha demostrado su voluntad de hacerlo así. Queda un área que entraña dificultades para nosotros, a saber, el concepto de países superseguros, pero me sorprendería enormemente que contara con una mayoría esta tarde.
Lo que se necesita es una señal política vigorosa por parte de esta Cámara para demostrar que, por encima de las diferencias políticas, somos capaces de luchar a favor de un enfoque europeo rápido y equilibrado para el tema del asilo y la migración. Nuestra visita a Lampedusa la semana pasada me confirmó la necesidad de hacerlo. La directiva constituye solamente un primer paso, demostrando por ahora escasa ambición, pero un primer paso al fin y al cabo, cuya importancia no debemos subestimar.
Quiero terminar diciendo que, con toda honestidad, el hecho de que el Consejo no esté representado aquí en estos momentos no está en consonancia, a mi juicio, con las prioridades que ha marcado con anterioridad, cosa que lamento profundamente. 
Jean Lambert,
   . Señor Presidente, estoy de acuerdo con la práctica totalidad de lo dicho por la anterior oradora, aunque las intenciones de voto de mi Grupo político han sido mal entendidas, algo sobre lo que volveré dentro de un momento.
Quiero dar las gracias al ponente, que ha tenido que superar la tarea enormemente ardua de mejorar el documento tan deficiente que se recibió del Consejo, que algunos de nosotros consideramos una afrenta a los derechos humanos y a las personas que buscan refugio. Me parece muy deprimente que este «frágil compromiso», como ha sido descrito, fuera lo mejor que se consiguió elaborar. Simplemente recoge mucho de lo que los Estados miembros ya están practicando.
Ya se ha hecho mención al concepto de terceros países superseguros y terceros países ciertamente seguros. Mi Grupo político tiene un problema grave al respecto. En estos momentos, el Gobierno británico, por ejemplo, está dispuesto a devolver solicitantes de asilo a Iraq, el Congo, Zimbabue y Afganistán. Algunos de nosotros nos estamos ocupando ahora del caso en el que no solo se pretende enviar a alguien de vuelta a Irán, sino que le acompaña su esposa británica de fe cristiana, sufragándole el Gobierno el pasaje. Todo eso es muy generoso.
Son muchos los presentes en esta Cámara que no creen que ninguno de esos países sea seguro. Por consiguiente, lo mínimo que queremos, para aceptar este deficiente concepto de terceros países seguros, es una lista unificada decidida en régimen de codecisión con el Parlamento, que constituiría un paso adelante hacia una política común de asilo.
Estamos profundamente preocupados por las implicaciones de la «no devolución», sobre todo porque percibimos también un ataque al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hace referencia al tema de no devolver a las personas a una situación donde puedan ser sometidas a tortura o tratos inhumanos o degradantes. Acogemos con satisfacción la enmienda del ponente y la señora Roure, que mantiene abierta la posibilidad de examinar la dimensión propia de los derechos humanos en los tribunales.
Las enmiendas de la comisión han reforzado el texto de forma muy considerable. Se hace mucho más hincapié, por ejemplo, en los derechos de los niños y los procedimientos para los vulnerables. Existe mucha mayor claridad en lo referente a la necesidad de una representación legal suficiente y una audiencia individual, lo cual adquiere una importancia aún mayor dentro del contexto del procedimiento de asilo único actualmente en estudio.
Aplaudimos también el compromiso respecto de una interpretación apropiada. Todo el mundo en esta Cámara sabe lo importante que son los intérpretes cualificados. Sin embargo, nuestras vidas no dependen de ellos, mientras que la calidad de la interpretación puede ser absolutamente vital para el futuro de cualquier solicitante de asilo.
El tema de la detención es un asunto enormemente enojoso, por decirlo de una manera suave. No obstante, el internamiento arbitrario sin posibilidad alguna de recurso resulta totalmente inaceptable. Creemos, por tanto, que la comisión ha hecho una buena labor restringiendo los requisitos legales a este respecto y dejando claro que el internamiento no es un encarcelamiento si no se ha sido acusado de un delito. 
Giusto Catania,
   . – Señor Presidente, Señorías, también yo, como han hecho otros colegas, quiero dar las gracias a mi amigo y colega, el señor Kreissl-Dörfler, por el serio trabajo que ha realizado y por el difícil intento de componer un informe con el que podamos estar de acuerdo. Por desgracia, el Consejo ya ha decidido, y tomamos nota de ello, como hacemos también de su ausencia de esta Cámara en el día de hoy, y muy probablemente no tendrá en cuenta ninguna de las sugerencias que le lleguen del Parlamento.
Creo que el informe Kreissl-Dörfler mejora la directiva que se nos ha propuesto, en particular con la eliminación de la parte relativa a los países superseguros y también por el hecho de que se amplían los márgenes de recurso contra posibles denegaciones.
Nos obstante, permanecen abiertas grandes cuestiones que no podemos eludir. Pienso en particular en el papel de las autoridades consulares, que no deberían poder reunirse en ningún caso con los solicitantes de asilo. Está el tema de que los solicitantes de asilo no deben permanecer en lugares de detención. Acabamos de visitar Lampedusa y hemos visto que la mezcla de solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales genera relaciones bárbaras dentro de los centros de permanencia. A nuestro entender, estas personas no deben permanecer en los mismos lugares, es más, consideramos que los solicitantes de asilo no deben ser recluidos jamás. Si fuese estrictamente necesario, habrá que velar por que no sean retenidos en el mismo lugar y, en cualquier caso, no durante seis meses.
Además, estamos preocupados por el uso que se hace en el informe del concepto de tercer país seguro, por los criterios para la definición del tercer país seguro y también por cómo se elaborará la relación de países. Para nosotros, este aspecto tiene una gran importancia. El tercer país seguro impide por definición la apreciación caso por caso, en cuanto se delega en otro país, considerado seguro con arreglo a criterios bastante flexibles, la tarea que nos corresponde a nosotros: el asilo no es una concesión, es un deber moral y político de Europa y es un derecho para los hombres y las mujeres perseguidos o que huyen de las guerras. 
¿Cuáles son los países seguros? Según los criterios elegidos, podrían considerarse seguros incluso Marruecos o Belarús, por ejemplo, en la medida en que hemos decidido considerarlos socios privilegiados, y esto también da lugar a un proceso de externalización de las fronteras de la Unión. Creo que los terceros países seguros y el concepto de tercer país seguro ponen en peligro la vida de los solicitantes de asilo, y por ello no lo debemos admitir.
Considero, además, que el control del Parlamento es demasiado limitado: la codecisión se aplicará solo para modificar la lista de los terceros países seguros. El señor Frattini nos dice que el informe se ha planteado de forma gradual. En mi opinión, este paso ha sido poco valiente, podíamos aspirar y reclamar mucho más. Probablemente, la armonización que hemos practicado es una armonización que incluso empeora algunas legislaciones nacionales.
Johannes Blokland,
   . Señor Presidente, hoy estamos debatiendo la condición de refugiado; en un mundo en el que millones de personas han huido, tenemos la enorme fortuna de poder debatir acerca de su condición. Que quede bien claro que hablar de los refugiados desde nuestra posición no puede, y de hecho no debe, dejar de tener consecuencias. Es nuestra obligación tratar a los refugiados de una manera benévola y justa. Hace semana y media volvió a quedar dolorosamente patente la escasa predisposición que tenemos en la Unión Europea para proporcionar claridad y transparencia con respecto al trato de los refugiados. Me temo que Lampedusa no constituye una excepción. Una política de asilo europea imparcial y justa solo puede existir si los Estados miembros se muestran abiertos en cuanto a la forma en que tratan a los refugiados.
Las enmiendas presentadas al informe del señor Kreissl-Dörfler no dejan entrever que se haya establecido ninguna prioridad. Si este Parlamento hubiera deseado expresar unas peticiones claras, mejor habríamos hecho ciñéndonos a los aspectos principales. Por el contrario, junto con el acuerdo político del Consejo, esta Cámara ha confeccionado un documento muy extenso. El procedimiento de consulta deja muy poco margen para volver a redactar una propuesta del Consejo.
Quiero formular dos consideraciones importantes. Esta propuesta permite rechazar una solicitud de asilo sobre la base de una combinación de diferentes excepciones. Los Estados miembros no parecen estar dispuestos a que se discutan sus propias excepciones a fin de lograr una directiva imparcial, lo cual resulta inaceptable. Además, la directiva contiene garantías insuficientes para acompañar el proceso acelerado Existe una falta tanto de criterios claros, como de garantías suficientes de que este procedimiento no va a quedar a expensas de la equidad del procedimiento normal.
Un aspecto importante es lo que el Consejo pretende hacer con las enmiendas del Parlamento; es muy lamentable que el Consejo no esté presente para exponer este punto en detalle, algo que me gustaría que hiciera. El Comisario Frattini duda de que el Consejo esté dispuesto a aceptar ninguna enmienda del Parlamento. Pero tendría que ser posible entablar un diálogo con el Consejo acerca de un número limitado de asuntos que consideramos esenciales. 
Romano Maria La Russa,
   . – Señor Presidente, Señorías, ante todo quisiera felicitar al Consejo por su ausencia. Creo que es sintomático de la consideración que se tiene de este Parlamento. ¡Pobres de nosotros!
Señorías, si bien estoy de acuerdo con el ponente en reivindicar una mayor colaboración entre las instituciones y considerar que el Parlamento debe ser consultado siempre, antes de que el Consejo pueda llegar a cualquier tipo de acuerdo, quisiera expresar no obstante mi decepción por el contenido del informe.
En el documento, el ponente, lamentando los poco significativos progresos realizados en términos de armonización, no tiene en cuenta la distinta percepción que un Estado puede tener del problema de la inmigración. Cuando hablo de inmigración, lo califico intencionadamente de problema: es indiscutible que los países denominados periféricos de la Unión son los que más sufren auténticos asaltos de inmigrantes, que a veces llegan con buenos propósitos sí, pero que son ilegales. 
A falta de una política comunitaria de inmigración, de una política inteligente y concreta, considero legítimo que los Estados se reserven el derecho a examinar solo las solicitudes que consideren graves y, en su caso, denegarlas. No obstante, algunos diputados se obstinan en considerar la inmigración un problema no comunitario, piensan que son los Estados individuales los que deben asumir los exorbitantes costes que ocasionan estas oleadas migratorias. 
Se han aprobado enmiendas contrarias a las propuestas del Consejo y se ha eliminado de hecho la definición de «tercer país seguro», lo que impide a los Estados rechazar las solicitudes no idóneas, a pesar de proceder de países considerados respetuosos de las libertades y los derechos humanos. Si este Parlamento –quizás por ser demasiado políticamente correcto– pretende ignorar que los inmigrantes, especialmente los que pasan por mi país, Italia, se introducen en Europa y casi siempre acaban cometiendo delitos y poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, entonces quizás sería mejor tener la valentía de afirmar que cada Estado se regule como mejor crea, es decir, con veinte legislaciones diferentes. Pero en este caso que la izquierda no hable después de una Europa unida: ¡ellos son los únicos hipócritas, y nosotros, los de la derecha, no!
Carlos Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, durante la intervención del último orador no ha habido traducción al portugués en ningún momento. Por tanto, no he entendido nada de lo que ha dicho el orador. Quiero pedir a la Mesa que garantice el funcionamiento de los servicios de traducción, de manera que podamos seguir íntegramente cada uno de los debates. 
El Presidente.
   Lamento escuchar esto. Se informará a los servicios pertinentes para garantizar que se disponga de interpretación. 
Frank Vanhecke (NI ). –
   Señor Presidente, hemos de entender que la Convención de Ginebra relativa a la condición de los refugiados, y de hecho el Protocolo adicional de 1967, se elaboraron en principio para garantizar la acogida de los refugiados políticos europeos procedentes de las dictaduras comunistas del antiguo Bloque del Este. Por tanto, huelga decir que estos instrumentos resultan totalmente inadecuados para responder a los actuales problemas de asilo, en concreto al hecho de que están llegando a Europa cientos de miles de personas, procedentes de todas las partes del mundo, en busca no solo de refugio, sino también de fortuna y prosperidad económica.
Por tanto, resulta acertado y conveniente que busquemos una respuesta a este problema en forma de política europea común para los refugiados, y me permito respaldar abiertamente la elaboración de una lista de países seguros, aun cuando constituya un primer paso y aunque –siempre que se interprete adecuadamente la subsidiariedad– quede a discreción de los distintos Estados miembros utilizar otras listas. Pero eso solo puede ser un primer paso.
Solo se podrá llegar de una vez a una verdadera solución de los problemas si tenemos el coraje de decidir que la acogida de solicitantes de asilo debe producirse en el propio continente de los solicitantes, y preferiblemente en las regiones de origen, y por tanto, no en Europa. Esta acogida tiene que efectuarse, en contra de lo que se ha repetido aquí hasta la saciedad, en unos centros cerrados y estrictamente controlados; únicamente quienes, tras un examen riguroso y adecuado, merezcan el reconocimientos de auténticos refugiados podrán ser acogidos en terceros países, posiblemente también dentro de la Unión Europea. Es la única forma de reducir drásticamente el número de solicitudes de asilo fraudulentas y de combatir el tráfico de personas.
Además, es la única manera de hacer que en nuestros países, nuestros ciudadanos, a los que representamos, comprendan la necesidad de acoger a los verdaderos solicitantes de asilo. Dado que por desgracia el concepto de asilo se ha convertido más o menos en sinónimo de engaño y fraude social, que en verdad pueden resultar humanamente comprensibles, no deberíamos hacernos políticamente responsables o, de hecho, convertirnos en cómplices políticos.
Pero de momento carecemos de la voluntad o del valor político necesario para aprobar esta política simple y necesaria, desde luego con respecto a todo lo que esto implica, como por ejemplo la denegación de ayuda al desarrollo a los países que rehúsan firmar acuerdos de repatriación para los solicitantes de asilo fraudulentos. El informe presente constituye por desgracia un ejemplo de esta falta de voluntad política, toda vez que debilita aún más unas propuestas del Consejo de por sí endebles y tímidas, razones todas ellas por las que, a nuestro pesar, no podemos respaldar este informe. 
Ewa Klamt (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, mientras nos encontremos entre las regiones más seguras del mundo, las personas que sufren persecuciones en sus propios países acudirán a nosotros y huelga decir que debemos intentar ayudarlas. Constituye una obligación humanitaria que nos corresponde, no solo como Estados individuales, sino también como Unión Europea, y el hecho de que las fronteras interiores de la Unión sean abiertas confiere importancia a que, por lo menos, establezcamos unas normas mínimas para los procedimientos de asilo, que dejen claro no solo a los solicitantes de asilo, sino también a los países de acogida cuáles son las condiciones previas aplicables, cuál es la forma de los procedimientos y cuánto tiempo deben llevar.
Constituye igualmente un asunto humanitario que los procedimientos sean transparentes y ágiles, y que confieran a las personas un trato digno; es esta una obligación que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Europeos) y de los Demócratas Europeos se toma muy en serio, como se desprende de las enmiendas presentadas por nuestro ponente alternativo, el señor Coelho –que han sido aceptadas por la comisión–, a diferencia del enfoque propuesto por el ponente, el señor Kreissl-Dörfler, que no contribuye en nada a que cumplamos con nuestras obligaciones humanitarias. El hecho es que lo importante no es que aceptemos al mayor número posible de personas, sino que ofrezcamos un reducto seguro a quienes sufren persecución en su propio país y para quienes Europa representa el único lugar posible de refugio. Al mismo tiempo, hemos de tener muy claro el hecho patente de que también se abusa del derecho de asilo, y que por tanto, para poder hacer sitio para las personas que realmente sufren persecución, tenemos que frenar las solicitudes carentes de todo fundamento. El uso de una lista de terceros países seguros facilita esta tarea.
La experiencia en Alemania ha demostrado que se trata de una disposición sensata y operativa, aunque es preciso señalar que la inclusión en la lista de terceros países seguros depende de la aceptación y puesta en práctica tanto de la Convención de Ginebra sobre la condición de refugiados, como de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, una norma muy exigente que nos hemos marcado a nosotros mismos.
Este enfoque de terceros países seguros y países de origen seguros es el que rechaza el ponente, con las consecuencias de que, por ejemplo, ni Canadá, ni Noruega ni Suiza merecen la consideración de países seguros para los solicitantes de asilo. He de decirle que deberían estar incluidos en cualquier procedimiento y que, aunque nuestros diputados verdes y socialistas rechazan a Bulgaria y Rumanía como países seguros, sin embargo son favorables a su adhesión a la UE dentro de pocos meses. Eso es intrínsecamente contradictorio. Es más, en la versión original de su informe, el señor Kreissl-Dörfler llegó a exigir que a los delincuentes sobre los que pendiera una orden de detención habría que concederles asilo antes de que fueran detenidos. Aludiendo a sensibilidades culturales, rechazó la toma de huellas dactilares a los solicitantes de asilo, a pesar de que a menudo constituye la única forma de identificar de modo fehaciente a quienes llegan sin papeles, lo cual haría virtualmente imposible determinar si una persona ha solicitado asilo en más de un Estado miembro.
Al señor Kreissl-Dörfler quiero decirle que la aprobación de su informe en su versión actual constituiría, a mi juicio, un perjuicio para muchos auténticos solicitantes de asilo. 
Stavros Lambrinidis (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero manifestar mi enhorabuena al señor Kreissl-Dörfler por su informe.
¿Por qué insiste el Consejo en que hay países superseguros, cuando nosotros mismos reconocemos que algunos de ellos no cumplen los principios básicos del derecho y que ello se traduciría además en la repatriación de los refugiados?
¿Por qué insiste el Consejo en que a cada Estado miembro se le permita tener su propia lista de países seguros, y por qué se empeña en rechazar una lista común, lo que se traduce en que cada país incluye a sus amigos y «clientes», aun cuando otros Estados miembros no se fíen de ellos?
¿Por qué insiste el Consejo en ignorar la Convención sobre los derechos del niño y se empeña en plantear una discriminación contra las personas de 17 años de edad? ¿Tal vez sea porque está aumentando la tasa de refugiados o quizá porque sufrimos una avalancha en las fronteras europeas? No, no es eso, ya que las solicitudes de refugiados han disminuido en los últimos tiempos.
Por desgracia, como ha expuesto el ponente, el problema radica en el miedo que existe en ciertos países a los ataques terroristas y el miedo engendrado en otros países por el paro o la violación de las redes de protección social. El miedo busca chivos expiatorios, y los que están más a mano son las personas que sufren persecución en este mundo.
Europa, desde luego, no solo es un continente geográfico y económico; también es un continente humanitario. Tenemos la misma obligación de proteger nuestras fronteras geográficas que de proteger nuestras fronteras humanitarias. Hemos propagado nuestro saber a todo el planeta. Las convenciones internacionales de las que hablamos aquí llevan el sello del humanitarismo europeo y no podemos, sobre la base del miedo, la inseguridad e incluso a veces el racismo, atacar y violar nuestras propias fronteras humanitarias.
Así pues, enhorabuena otra vez al ponente; estoy seguro de que su informe saldrá adelante. 
Johannes Voggenhuber (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, Señorías, agradezco al ponente su informe y la postura inequívoca que ha adoptado. Lo que esta Cámara está haciendo hoy constituye una expresión de su responsabilidad innata respecto de la defensa de los derechos humanos, y no solamente de un viejo derecho cualquiera, sino del derecho humano más antiguo que conoce el hombre, el derecho al asilo, que puede considerarse emanado de las leyes de la hospitalidad y que, para las culturas más antiguas de la humanidad, tenía carácter sacrosanto. Para analizar esta decisiones tenemos que echar una mirada al espejo de la Historia. El que la defensa de la dignidad humana pueda verse amenazada por los miedos y las corrientes de opinión pública, no dice mucho en nuestro favor ni en el de nuestro coraje y nuestra fortaleza.
El Consejo consulta al Parlamento, así que digamos en el más transparente de los lenguajes de qué se trata: interferencia con los derechos fundamentales, la policía y las leyes de los Estados miembros, y todo ello sin ninguna legitimidad parlamentaria. A nadie puede extrañar que, en esta UE nuestra, la gente haya comenzado a ofrecer resistencia, a bramar airadamente contra el déficit democrático, el vacío en materia de derechos humanos y del control de lo que está sucediendo. ¿A dónde ha ido a parar Europa? ¿Cómo es posible que se haya interferido en los derechos fundamentales sin que el Parlamento pueda decir nada acerca de lo decidido?
El Consejo nos consulta, pero no se halla presente; el Consejo quiere escuchar al Parlamento, pero ni siquiera está aquí. ¿Pero para qué habría de estar? El hecho es que el Consejo solo nos consulta tras haber alcanzado un acuerdo, solo después de que sus miembros hayan cerrado un trato entre ellos. Los Jefes de Gobierno no se percatan de que atenta contra nuestra cultura que los Ministros del Interior, los Ministros responsables de la policía, hagan leyes para sí mismos, que interfieran con los derechos fundamentales, que tomen las decisiones más difíciles acerca del equilibrio entre seguridad y derechos humanos sin intervención alguna del Parlamento. Concedamos que hemos sido consultados, pero el Consejo no se encuentra aquí presente.
El propósito de esta iniciativa del Consejo consiste en colocar a Europa fuera del alcance de los refugiados, burlarse del derecho de asilo y, en definitiva, variarlo de contenido. He aquí la situación en que nos encontramos.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la Directiva sobre normas mínimas para conceder la condición de refugiado que se está debatiendo hoy también revisa y suprime, desde un punto de vista legal, cualquier protección existente para los refugiados sobre la base de la Convención de Ginebra y el Reglamento Dublín II.
El Consejo, desde luego, ya ha llegado a un acuerdo y, en cierta manera, el debate que se está celebrando aquí es mero maquillaje. La directiva es una consecuencia de la política general de la Unión Europea, contraria a los refugiados, ya que como es sabido el porcentaje de solicitantes a los que se ha concedido la condición de refugiado se ha desplomado en la Unión Europea en los últimos años. En Grecia, por ejemplo, supone menos del 1 % de los solicitantes y el año pasado el número de solicitudes de asilo sufrió una disminución drástica.
El mantenimiento del concepto de tercer país seguro o superseguro, que se traduce en la repatriación al mismo sin examinar la solicitud, la denegación en la práctica del derecho de asilo y el encarcelamiento de los inmigrantes a la espera de una decisión por parte de las autoridades, demuestran la indiferencia de la Unión Europea.
Es mucho lo que se ha dicho acerca del carácter humanitario de la Unión Europea. Resulta enormemente irónico: por un lado se desencadenan guerras y se saquean los países del mundo en desarrollo y, por otro, se pretende compadecer a las víctimas de esta política.
Consideramos que las enmiendas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, excepción hecha de las enmiendas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, son gratuitamente críticas con la directiva por cuanto, a todos los efrectos, aceptan el planteamiento fundamental contrario a los refugiados. La única propuesta democrática es retirar la directiva. 
Kathy Sinnott (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, aunque resulta difícil de imaginar desde la relativa comodidad y seguridad de un país de Europa Occidental como Irlanda, a escala mundial la persecución está más extendida que nunca. Basta pensar en la persecución política en Myanmar, la persecución económica en Timor Oriental, la persecución religiosa en Indonesia, Malasia y Corea y en la persecución de padres y madres en China por engendrar un hijo sin autorización, con la posterior persecución del mismo si es una niña. Hay persecución de personas discapacitadas en algunos países comunistas y persecución basada en el origen tribal en Sudán.
Miles de millones de personas viven bajo la amenaza de la persecución. Cuando esta amenaza se concreta y tienen que escapar, hemos de acogerlas. Es un imperativo humano, pero también un imperativo cultural profundamente arraigado en Europa. Desde nuestra primera infancia, muchos hemos oído la historia de San José conduciendo al niño y a su madre hacia Egipto porque el rey Herodes pretendía matarlos.
Este informe subraya la necesidad de establecer directrices y normas reales y efectivas para los refugiados. Comprendo perfectamente esta necesidad. He hecho gestiones en favor de auténticos refugiados en mi país, en gran medida infructuosamente. Estoy pensando sobre todo en dos médicos ucranios que se libraron por poco de la muerte tras dar a conocer al público el tráfico, autorizado por el Gobierno, de tejidos humanos obtenidos de fetos abortados pero vivos de 20 semanas de edad. Estos médicos –un oncólogo especialista y un pediatra–, que sacrificaron toda su carrera por su valerosa acción, han vivido durante más de un año en Irlanda en un hotel repleto de gente, sin ninguna certeza de que no iban a ser repatriados a la persecución y la muerte. Nuestra respuesta en Irlanda, por lo que conozco de otros países de la UE, suele ser lenta y poco generosa. A ojos de los auténticos solicitantes de asilo, eso no basta. Al margen de terceros países, ¿podemos calificar a nuestros países de la UE de países seguros? No deberíamos suponerlo sin más. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ). – 
   Señor Presidente, estoy totalmente a favor de respetar la dignidad humana y las convenciones internacionales y, por tanto, de prestar la debida consideración a cualquier solicitud de asilo. También estoy a favor de conceder asilo a los solicitantes que cumplan las condiciones exigidas, así como de denegárselo a quienes no lo hagan. Hay que prestar especial cuidado en el caso de los niños. Pero también debe tenerse presente que son pocos los solicitantes de asilo genuinos. Por ejemplo, en Bélgica he conocido muchos solicitantes de asilo, pero ninguno de ellos cumplía realmente las condiciones pertinentes. De hecho, los auténticos activistas políticos suelen mostrarse remisos a abandonar su país de origen, pues consideran que es mucho lo que les queda por hacer allí. 
El 90 % del problema del asilo afecta en realidad a la inmigración subterránea, cuyas razones subyacentes no siempre son económicas. Suelen ser de carácter psicológico y humanitario. Señorías, propongo que admitamos a estos inmigrantes, pero que también les demos el reconocimiento que les corresponde. Hay que establecer una diferenciación clara entre asilo e inmigración, a fin de permitir que manejemos con mayor propiedad las solicitudes de asilo político y controlemos la inmigración más eficazmente. 
Alexander Stubb (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quiero formular dos comentarios de carácter general y tres observaciones más detalladas. Mi primer comentario general consiste en que yo participé como funcionario en el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999, exactamente hace seis años. Allí establecimos los 10 hitos de Tampere para mostrar la forma en que podíamos avanzar en estos asuntos, por ejemplo. Desgraciadamente, el progreso ha sido muy lento.
Mi segundo comentario se refiere a la Constitución, en cuya redacción también participó Franco Frattini. Resulta lamentable escuchar a quienes se opusieron a la Constitución aquí en el Parlamento abogar al mismo tiempo por una política de asilo más firme. Ambas van de la mano y yo personalmente, al menos, espero que la Constitución entre en vigor de una forma o de otra lo antes posible.
A continuación quisiera formular tres observaciones en detalle. Primero, esta es la única parte del sistema europeo común de asilo, aprobado allá en 1999, sobre la que no existe decisión. No creo que resulte acertado enfadarse por si se ha escuchado o no al Parlamento Europeo. Lo que es más importante es que este programa debe ponerse ahora en práctica.
Mi segunda observación se refiere a la lista de países seguros. Me parece que una lista de países seguros a escala de la UE resulta de vital importancia y constituye una idea sensata. Es necesaria una lista así, y está bien que, una vez haya entrado en vigor la directiva, estas decisiones sean adoptadas por mayoría cualificada.
Por último, quiero expresar mi apoyo al ponente. Le preocupa que pueda ponerse en práctica una decisión negativa sobre el asilo, aunque todavía no se haya agotado el tiempo para plantear un recurso. Evidentemente, no se debe permitir que suceda eso. Por ese motivo, apoyo al ponente en esta cuestión. 
Giovanni Claudio Fava (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, agradezco al ponente el excelente trabajo realizado, y a la Comisión esta propuesta, que consideramos un intento honesto de uniformizar en toda la Unión el trato a los solicitantes de asilo. 
Hoy, esta propuesta se beneficia de la contribución y los esfuerzos del Parlamento Europeo, de modo que podamos realinearnos con el espíritu del Consejo de Tampere, mencionado hoy aquí varias veces, pero también para superar la primacía del miedo como único elemento político, como único criterio de acción de nuestras políticas en materia de inmigración y derecho de asilo. 
Ahora hay que vigilar la aplicación de la directiva tal como quedará modificada, y hacer que se convierta de verdad en una nueva normativa europea aplicada en todos los Estados miembros. Ante todo, por lo que respecta a la nueva definición de tercer país seguro, hay que evitar –si me lo permite, señor Presidente– algunas interpretaciones de opereta que han llegado hoy de los escaños de la derecha: tercer país seguro quiere decir para nosotros adoptar una lista europea de países seguros, adoptarlos bajo la responsabilidad del Parlamento, que es parte del procedimiento de codecisión.
Hacen falta condiciones objetivas y precisas, es decir, exactamente lo contrario de lo que está sucediendo hoy. De Lampedusa salen miles de emigrantes que son expulsados, enviados a Libia, que puede ser cualquier cosa, señora Klamt, salvo un país seguro y, cuando se parte para Iraq desde el Reino Unido, se parte para un país que puede ser cualquier cosa salvo un tercer país seguro. 
Se trata también de transformar la función del Parlamento. Hoy no presentamos una cortés sugerencia al Consejo, sino que reclamamos normas seguras, rigurosas y responsables.
En conclusión, creo que el problema de fondo es hacer comprender al Consejo y a todas las instituciones europeas que hoy Europa no puede limitarse a cuidar de sí misma, sino que debe defender los derechos de quienes sufren la violencia de la guerra y la humillación de la persecución. Ante todo esto, debemos preguntarnos si el problema lo tenemos nosotros al recibir la solicitud de asilo o más bien es la guerra y la persecución de las que esos refugiados huyen. Esta es una pregunta que, aún antes que a las instituciones europeas, deberíamos hacer a nuestra conciencia.
Cem Özdemir (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dando efusivamente las gracias al ponente por su informe, que creo podemos respaldar sin reservas. En lo concerniente a los derechos humanos, es importante que la Unión Europea sirva de modelo para otros Estados fuera de ella, pero resoluciones como estas no hacen sino ponerlos en peligro. ¿Cómo vamos a obligar en el futuro a otros Estados a que cumplan el Derecho internacional en materia de asilo si ni siquiera nos lo tomamos en serio dentro de la Unión Europea? 
Me inquieta el Presidente en ejercicio del Consejo, el Ministro de Interior británico, señor Clarke, sostuviera durante la reunión de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, celebrada el 9 de septiembre en Newcastle, que la Convención Europea de Derechos Humanos podría tener que reinterpretarse. Le gustaría poder deportar a los predicadores del odio y a los terroristas –que decididamente son presencias aterradoras en el escenario contemporáneo–, aun cuando tengan que enfrentarse a la tortura o la pena de muerte en su país de origen. Eso lo considero, ni más ni menos, un desprecio flagrante del Derecho internacional en materia de asilo. A mi y a mi Grupo nos parece bastante claro que la regla de los «terceros países superseguros» es inaceptable. El señor Kreissl-Dörfler ya se ha referido a este punto y respaldo la crítica que ha hecho al respecto. Está claro que el Consejo tiene que introducir algunas mejoras en este punto. 
Andreas Mölzer (NI ). –
   Señor Presidente, las coherentes políticas de asilo aprobadas por Dinamarca, Suecia y Suiza han permitido a estos países impedir que incontables personas, que jamás habrían tenido ningún derecho de asilo, emprendieran un viaje peligroso y asestar con ello un golpe importante a los traficantes de seres humanos. Una política de agilización de los procedimientos y de deportaciones rigurosas les ha permitido reducir la afluencia de solicitantes de asilo hasta un 50 % y ahorrar millones que se habrían invertido en trámites inútiles. Sin embargo, se atienen estrictamente a la definición de refugiados plasmada en las convenciones internacionales y, al hacerlo, han conseguido incluso aumentar el número de personas cuyas alegaciones son reconocidas. 
Por una parte, esto evita la explotación del sistema de seguridad social; por otra, el efecto ha consistido en convertir los trámites en más humanos y acogedores para los refugiados auténticos y les ha permitido integrarse rápidamente por medio de cursos obligatorios sobre de lengua y costumbres del país, lo cual es vital para iniciar una nueva vida en un nuevo hogar.
Si queremos erradicar la actividad del tráfico de seres humanos en Europa, que es motivo de sufrimiento y desgracias interminables, si queremos evitar que las personas a quienes se ha concedido asilo se vean engullidas por los ambientes delictivos y ayudar a los refugiados que han llegado hasta nosotros no solo por razones económicas, ya no son aceptables las solicitudes de quienes no demuestren una auténtica necesidad de asilo. Por lo que respecta a si este informe representa un paso en la dirección correcta, a mi juicio esto es más que dudoso. 
Simon Busuttil (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, está bien que la Unión Europea dé pasos concretos hacia una política común en materia de inmigración y asilo que incluya disposiciones claras sobre la repatriación de inmigrantes ilegales. Hasta el momento, como podemos ver en el caso de Malta, los países del sureste de Europa se las han tenido que arreglar por sí solos y, por tanto, están afrontando una crisis nacional. Sin embargo, para desarrollar una política común, no solo debemos tener en cuenta las obligaciones que cada país tiene que asumir, sino que también debemos considerar cómo compartir esta carga. Lamentablemente, Europa se encuentra todavía muy lejos de poder compartir la carga de este problema a partes iguales entre todos y hay países que soportan una presión mayor de la que realmente pueden asumir. Seamos realistas, esta carga no debe recaer únicamente sobre los países europeos, sino que deberían asumirla asimismo los países de los que proceden los inmigrantes, al igual que los países de tránsito, como Libia. ¿Qué se puede hacer para que los países de origen, especialmente los que son considerados «países seguros», cooperen? ¿Qué se puede hacer para que un país de tránsito como Libia cumpla sus obligaciones suscribiendo, entre otros, un acuerdo de repatriación? Estas son las preguntas que deberíamos plantearnos En particular, deberíamos abordar esta cuestión, señor Presidente, de un modo holístico, especialmente al decidir qué países pueden considerarse «seguros» o «superseguros». Yo digo sí a una política común europea, pero una política basada en la solidaridad en la que la carga se reparta igualitariamente y una política que sea coherente e insistente con terceros países para que estos asuman su parte de responsabilidad.
Termino con un comentario sobre el papel del Parlamento. Debemos actuar con cautela, porque si este Parlamento impone a los Estados miembros cargas que son demasiado pesadas, no debería sorprendernos si el Consejo no nos toma en serio. 
Inger Segelström (PSE ). –
   Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente, el señor Kreissl-Dörfler, por su informe constructivo. Es importante que todos trabajemos para conseguir el mismo objetivo: que la UE tenga, a largo plazo, una política de inmigración y asilo que sea igual para todos en cualquier parte.
Las disposiciones sobre países seguros o muy seguros plantean un panorama jurídico preocupante e incierto, lo que hará que los refugiados sean tratados de forma distinta en cada país. El mío, Suecia, no aplica normas generales o los conceptos de «países de origen seguros» y «terceros países seguros». Por el contrario, tratamos a todos los refugiados de forma individualizada y consideramos cada caso por separado. Un Estado miembro puede valorar el historial individual de los refugiados y la necesidad de que se tomen en consideración sus motivos. Puede que un país sea seguro para un grupo, colectivamente, pero puede que una persona o familia no puedan volver precisamente porque la persona o personas en cuestión hayan participado activamente en un sindicato o pertenezcan a una organización no gubernamental implicada en actividades vilipendiadas.
Naturalmente, también me preocupa el hecho de que, tanto en el contexto internacional como en la UE, se altere la mayoría de edad de niños y jóvenes. Nadie es adulto a los 16 años, ni en estos ni en otros casos. Espero que con la ayuda de este informe avancemos en un proceso que, con el tiempo, desemboque en una política común sobre refugiados y asilo en la UE. Esto es lo que los ciudadanos europeos quieren que hagamos, porque quieren ver a la UE como una entidad única. 
Genowefa Grabowska (PSE ). –
   Señor Presidente, al igual que los oradores anteriores, me gustaría dar las gracias al ponente por su informe.
El objetivo de la directiva que estamos debatiendo es el establecimiento de un sistema sencillo, claro, eficaz y humanitario para los refugiados en la Unión Europea basado en un conjunto de normas mínimas comunes. El sistema también debe respetar los derechos humanos. Sin lugar a dudas, esta Directiva es necesaria, porque no todos los Estados miembros de la Unión Europa cuentan con sistemas nacionales para los refugiados. Los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados constituyen un problema para la Unión en su conjunto. Todos los Estados miembros se ven afectados, independientemente del número de refugiados al que tengan que hacer frente. Un refugiado que presenta una solicitud en Polonia no es solo un problema para Polonia. Ese refugiado debería ser objeto de preocupación para países que se encuentran lejos de Polonia, porque es probable que se desplace a otro país. Por tanto, las cuestiones y políticas que atañen a los refugiados tienen una dimensión europea y deberían abordarse desde una perspectiva europea.
Creo que al debatir esta directiva hemos caído en una trampa. Nos hemos dejado arrastrar por nuestro miedo natural por el terrorismo, que puede que sea más una obsesión. No podemos pensar que todos los refugiados son terroristas en potencia. Es importante mantener el equilibrio adecuado entre nuestros temores normales justificados por nuestra propia seguridad, por un lado, y la tradicional hospitalidad europea, por otro.
Otro comentario que me gustaría hacer es que el Parlamento Europeo no puede quedar al margen del desarrollo de la política de asilo. Me ha sorprendido ver hoy cómo es el Parlamento Europeo quien ha tenido que exigir el cumplimiento del Derecho internacional. Nos gustaría destacar ante la Cámara que la Convención sobre el estatuto de los refugiados no se está cumpliendo y, además, el Protocolo adicional de 1967 no ha sido implementado. Estas deficiencias podrían solventarse si en la votación se aceptan las enmiendas pertinentes.
La Cámara debería apoyar esta directiva, ya que servirá como una especie de válvula de seguridad que tanto necesita Europa. Millones de refugiados la esperan con impaciencia y nosotros podríamos ayudar a estas personas garantizando unas normas mínimas y un trato justo. 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias a todos aquellos que han intervenido. He tomado buena nota de sus observaciones. Sin duda, tenemos en Europa valores no negociables. Proteger la vida y la dignidad de toda persona es un deber institucional, pero ante todo moral, para nosotros, y a este respecto agradezco al ponente que lo haya resaltado y también a otros oradores por haberlo reiterado claramente.
Creo que la Unión Europea debe reconocer y proteger este derecho fundamental de quien huye realmente de una persecución o de la guerra, pero he dicho de quien huye realmente. Hay en efecto otro punto muy claro, que ha mencionado entre otros la señora Klamt: hay que evitar los abusos, hay que distinguir con claridad quién es realmente un refugiado, quién huye de verdad y quién es, en cambio, un inmigrante económico.
Es una cuestión de credibilidad. La estrategia europea necesita leyes precisas y métodos seguros para hacer que se respeten: solo así podremos dar una respuesta realmente compartida y compartible tanto por quienes hacen prevalecer el miedo como por quienes ponen por delante el deber de acogida. Unos y otros, creo, se podrán encontrar si nos dotamos de leyes transparentes y normas claras para hacerlas aplicar; no más zonas grises entre lo que está permitido y lo que no está permitido.
Por esta razón, la directiva puede y debe entrar en vigor lo antes posible. Así podremos evitar, Señorías, que siga habiendo esas diferencias legislativas entre los Estados miembros que a menudo determinan un trato diferenciado para personas que se encuentran en la misma situación. También esta es una violación grave cuando una persona en un determinado Estado miembro se encuentra en la misma situación que otra en otro Estado miembro y sin embargo recibe un trato distinto. 
Es una injusticia grave que la directiva puede de algún modo reducir y eliminar. Por esta razón es necesaria una acción europea. Creo que esto es correcto, aunque, como muchos de ustedes han observado con realismo, es difícil imaginar que el Consejo reabra por completo el debate sobre cuestiones de fondo. 
Muchos de ustedes, cito entre todos al señor Fava y a la señora Lambert, han planteado un problema muy importante: la lista europea de los países seguros. Pues bien, soy consciente de que existen problemas de fundamento jurídico, sé muy bien que hay una firme petición por parte del Consejo de que se aplique exclusivamente el procedimiento de consulta para la elaboración de la lista. Independientemente de los fundamentos jurídicos formales para elaborar la lista de países seguros, creo –y personalmente estoy a favor de ello– que es esencial trabajar con el Parlamento, . 
Existen problemas formales de fundamento jurídico, pero hay también problemas políticos de fondo. Citaré varios temas: la Agencia de Derechos Fundamentales y la cuestión de la conservación de los datos, es decir, temas con respecto a los cuales he propuesto que este Parlamento, al margen de los fundamentos jurídicos formales, trabaje conforme a un acuerdo interinstitucional político sustantivo. ¿Por qué no estudiar también aquí la posibilidad de un trabajo común del Consejo y el Parlamento sobre un tema que es objetivamente delicado, como bien ha dicho el señor Coelho? Comparto francamente muchas de las observaciones que se han hecho. Es difícil imaginar que, tras cuatro años de negociaciones, el Consejo tache pura y simplemente la hipótesis de la lista de países seguros. ¡Pues intentemos darle, en mi opinión, un impulso político que implique al Parlamento bastante más de lo que lo ha estado hasta ahora!
Por estos motivos, concluyo esperando una vez más un voto a favor de la directiva, porque un voto favorable significaría dar concreción a esa idea de la solidaridad europea que acaba de recordar el señor Busuttil: solidaridad europea quiere decir compartir las responsabilidades y también las cargas, quiere decir contrastar las opiniones de quienes desearían enfoques exclusivamente nacionales. A mi entender, el Parlamento tiene la posibilidad de dar una respuesta política de este tipo. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el Acuerdo Vitícola entre la UE y los Estados Unidos. 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de abordar aquí la cuestión del Acuerdo vitícola entre la Unión Europea y los Estados Unidos, firmado en Washington el 14 de septiembre. Será remitido al Consejo para su aprobación definitiva en las próximas semanas.
Se trata tan solo de un acuerdo de primera fase. Es fruto de muchos años de negociaciones bilaterales, durante las cuales se han concedido y renovado autorizaciones específicas a los Estados Unidos en materia de prácticas enológicas y normas de certificación y etiquetado de forma totalmente gratuita.
Estas interminables negociaciones han afectado el entorno comercial de manera negativa. Los Estados Unidos abandonaron la Organización Internacional de la Viña y el Vino en 2001 y crearon el Grupo Mundial de Comercio de Vino. Además, desde que la Comunidad revisó sus reglas de etiquetado en 2002 con la adopción del Reglamento (CE) nº 753/2002 de la Comisión, los Estados Unidos han sido uno de los miembros de la OMC más críticos, poniendo en duda la compatibilidad con la OMC de todas estas normas.
Otro ejemplo de relaciones comerciales negativas fue la aprobación por el Congreso en noviembre de 2004 de los requisitos de certificación de los vinos de importación, excepto para los países con los que los Estados Unidos tenían algún acuerdo vitivinícola.
Las exportaciones comunitarias a los Estados Unidos alcanzaron casi 2 000 millones de euros en 2004, cifra que representa alrededor del 40 % de nuestras exportaciones de vino. Los Estados Unidos solo exportan 415 millones de euros a la Unión Europea. Así pues, teniendo en cuenta la importancia del mercado estadounidense para la Unión Europea, la evolución de nuestras relaciones comerciales durante los últimos años y la situación del sector vitivinícola comunitario, considero que este Acuerdo de primera fase es muy positivo para dicho sector. Este pacto asegurará nuestro principal mercado de exportación en términos tanto de valor como de volumen.
Acojo con satisfacción este Acuerdo, porque contribuirá a consolidar y mejorar nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos. Además facilitará un diálogo no polémico y sustancial con los miembros del Grupo Vinícola del Nuevo Mundo. Por otra parte, este Acuerdo de primera fase contiene algunas disposiciones que benefician claramente a la Comunidad. Ahora, los Estados Unidos reconocen oficialmente las denominaciones geográficas de nuestros vinos, que quedarán protegidas al amparo de sus normas de etiquetado.
Existen 17 denominaciones de vinos europeos, como oporto, jerez y champaña, que actualmente se consideran semigenéricos en los Estados Unidos. Hemos acordado que su uso se limitará a los Estados Unidos y que ellos modificarán su condición legal para aplicarlos en el futuro exclusivamente a vinos procedentes de la Comunidad.
La situación actual quedará congelada, pero el Acuerdo no tendrá ningún otro efecto negativo. No podemos subestimar el hecho de que el reconocimiento explícito de estas denominaciones como vinos comunitarios beneficiará a los viticultores y comerciantes comunitarios.
Además, quedaremos exentos de los requisitos de certificación estadounidenses de 2004. Y esto no solo para los vinos contemplados en el Acuerdo, sino también para aquellos que contengan menos de un 7 % de alcohol, una cuestión que interesa a muchos de los Estados miembros productores de vino. Y no olvidemos que sin el presente Acuerdo hubiésemos tenido que hacer frente a unos requisitos de certificación muy estrictos para nuestra cosecha de 2005. Les puedo asegurar que el cumplimiento de todos estos requisitos hubiera sido muy costoso para nuestro sector exportador.
Quiero destacar otros dos puntos muy importantes. En virtud de este Acuerdo, los Estados Unidos y la Unión Europea pactan resolver asuntos bilaterales por medio de consultas bilaterales informales, y no a base de mecanismos formales de resolución de litigios. Esta es una cláusula importante, ya que representa una declaración de paz y permitirá celebrar nuevas conversaciones constructivas.
Dado que solo se trata de un Acuerdo de primera fase, era fundamental contar con perspectivas claras para la segunda fase, que es más ambiciosa. Hemos logrado un compromiso rotundo de comenzar las negociaciones de la segunda fase en el plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la primera.
Los Estados Unidos aceptaron en última instancia plasmar con mayor claridad en una declaración conjunta los temas que deberían formar parte de estas negociaciones de la segunda fase. Se trata de asuntos importantes para nosotros, como el futuro de las «antiguas» denominaciones geográficas semigenéricas, la utilización de expresiones tradicionales, los vinos no contemplados en el Acuerdo, las prácticas enológicas, la certificación y la creación de un comité conjunto.
Por último, he escuchado ciertas críticas en el sentido de que la Comisión ha concedido a los Estados Unidos el reconocimiento mutuo de sus prácticas enológicas. Eso no es cierto en absoluto. Seguiremos aceptando las prácticas enológicas de los Estados Unidos incluidas actualmente en las autorizaciones comunitarias. Aceptaremos asimismo las prácticas enológicas existentes en los Estados Unidos no afectadas por las actuales derogaciones comunitarias. Sin embargo, los Estados Unidos solo podrán exportar esos vinos después de haber modificado la condición de las 17 denominaciones semigenéricas estadounidenses. Se analizarán las nuevas prácticas enológicas y solo se aceptarán en la Comunidad si no hay ninguna objeción. Esto no es un reconocimiento mutuo.
Debido a que los Estados Unidos son nuestro principal socio comercial en el sector vinícola, considero que este Acuerdo de primera fase es muy importante para los vitivinicultores y exportadores europeos. 
Christa Klaß,
   . Señor Presidente, agradezco a la Comisaria su declaración sobre esta cuestión. Nuestro Grupo tiene dos puntos de vista al respecto y los voy a explicar sin rodeos.
La Comisión ha actuado cuando menos de forma vergonzosa e inaceptable al hacer estas concesiones en el Acuerdo Vitícola entre la UE y los Estados Unidos, y lo digo como representante de una de las regiones vitícolas más antiguas de Alemania y también en nombre de los viticultores del Mosela. Usted misma ha hecho hincapié en la necesidad obvia de un acuerdo comercial que establezca unas normas claras y las negociaciones se han alargado ya durante demasiado tiempo, pero necesitamos un acuerdo con condiciones justas para ambas partes. Este documento, con sus plazos largos e imprecisos y, lo que es aún peor, la concesión de un reconocimiento mutuo incondicional de los procesos enológicos en la fabricación del vino, es una bofetada a todo el esfuerzo que la Unión Europea y sus miembros han dedicado a legislar sobre los productos vitícolas.
La Comisaria ha dicho que necesitamos más debates; pero hemos negociado durante tanto tiempo que tengo que preguntar por qué aplazamos decisiones tan importantes. La producción y elaboración de vino en Europa está sujeta a unas condiciones claramente establecidas. Añadir agua al vino es impensable y el consumidor no lo consentiría. ¿Vamos a aceptar que los estadounidenses añadan un 7 % de agua al vino? Los métodos modernos que segregan el vino en sus distintos componentes suponen una propuesta factible, pero con el reconocimiento mutuo ¿vamos a aceptar que el vino se puedan sintetizar a escala industrial y de cualquier manera?
¡No queremos vino sintético! La diversidad del vino es una manifestación de la propia naturaleza, ya que debe sus características al clima y a la añada. ¿Es consciente la Comisión de las consecuencias de una concesión así, que afectará a los acuerdos futuros, para las negociaciones en la OMC? El principio de «nación más favorecida» establecido por la OMC significa que, más adelante, tendrán que hacerse las mismas concesiones a otros Estados. El Instituto Internacional del Vino está tratando de encontrar una definición del vino válida en todo el mundo y esto se está llevando hasta extremos absurdos.
La Comisaria Fischer Boel ha mencionado también otra organización. Los Estados Unidos han abandonado la OIV. ¿Significa eso que, en cierto modo, la OIV ha quebrado? Pero la necesidad de proteger las indicaciones geográficas de origen sin la especificación de una fecha, en la que nosotros insistimos, se está aplazando continuamente. El champáña proviene de Champagne, el vino del Rin se cultiva junto al Rin y el Mosela a orillas del Mosela, no en algún lugar de los Estados Unidos. Si queremos un comercio justo, esas descripciones tienen que prohibirse ahora y no en alguna fecha por determinar. Mantener la situación actual me parece incluso ir demasiado lejos. Quiero que la Comisión me diga en qué sentido podemos considerar un éxito las negociaciones de este acuerdo; en mi opinión, todo lo que hemos hecho es hacer demasiadas concesiones.
Siento –y permítanme decirlo en nombre de todas las familias viticultoras que en este momento están vendimiando– que con este acuerdo se nos ha traicionado. 
Katerina Batzeli,
   . Señor Presidente, señora Comisaria, quiero comenzar dándole las gracias por haber presentado la propuesta del acuerdo y por las aclaraciones que era absolutamente necesario hacer al Parlamento Europeo.
Se trata de un acuerdo difícil y bastante complejo, lo que significa que todos necesitamos más aclaraciones. Por otra parte, usted también debe tener en cuenta nuestras propuestas y preocupaciones con relación al mismo.
Es uno de los acuerdos comerciales sectoriales internacionales más prolijo, porque incluye cuestiones pendientes desde 1983. Como usted ha dicho con razón, en los últimos 20 años la Unión Europea ha estado concediendo a los Estados Unidos derogaciones relativas a las prácticas enológicas y al etiquetado de los vinos estadounidenses que se importan a la Comunidad.
Este acuerdo facilitará ante todo las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea: los Estados Unidos eximen a la Unión Europea de sus nuevos requisitos de certificación y se comprometen a esforzarse por dirimir las posibles diferencias a través de consultas bilaterales y no de de mecanismos de resolución de disputas.
Pero no olvidemos que, por el momento, se trata de un acuerdo en primera fase, lo que denominamos una solución de emergencia, y que quedan pendientes importantes cuestiones comerciales que la Comisaria tendrá que abordar en las complejas negociaciones que ahora comienzan.
En primer lugar, parece ser que el acuerdo no protege debidamente los nombres protegidos, mientras que el reconocimiento de las prácticas enológicas estadounidenses, que permiten añadir un 7 % de agua o madurar los vinos con virutas en las barricas, lo que por supuesto no plantea ningún riesgo para la salud, pone en peligro la reputación del vino como producto de calidad.
En segundo lugar, el reconocimiento de las poco rigurosas prácticas enológicas estadounidenses constituye un precedente para las importaciones de otros países. Por tanto, en la segunda fase, la cuestión de los métodos de producción y maduración del vino tendrá que abordarse con responsabilidad, para crear un marco de referencia estable.
En tercer lugar, los nombres tradicionales están amenazados y el papel de la Organización Internacional del Vino está en entredicho.
En cuarto lugar, tenemos que acelerar el procedimiento para proteger el reconocimiento de los 17 nombres que figuran en el Anexo 2, de manera que las autoridades estadounidenses protejan estrictamente todos los nombres europeos. 
En quinto lugar, tenemos que fomentar la creación de un registro internacional de indicaciones geográficas protegidas en el marco de las negociaciones de la OMC e integrar dicho objetivo en las prioridades de la Unión Europea.
Señora Comisaria, estamos cerrando un ciclo y abriendo otro, y quizás ahora la Comisión debería redoblar sus esfuerzos en el marco de la segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos y la próxima revisión de la organización común del mercado del vino, para crear unas condiciones óptimas de producción, calidad y comercialización del producto. Está usted en el ojo del huracán y le deseo mucho valor. Creo que el Parlamento y sus comentarios ayudarán en esa dirección. 

Jorgo Chatzimarkakis,
   . Señor Presidente, señora Comisaria, permítanme comenzar felicitándole por el éxito del resultado provisional de las negociaciones con los Estados Unidos. Se trata de un importante proyecto comercial que asciende a 2 300 millones de euros, pero la relación comercial afecta a dos sistemas que enfocan la producción y la comercialización de manera diferente, de manera que la cooperación no resulta sencilla. Por eso este acuerdo puede considerarse un primer paso, un acuerdo en primera fase, y celebro que lo haya descrito en esos términos.
En el pasado hemos aceptado muchas derogaciones para los Estados Unidos; la relación comercial lo hacía necesario. Ahora lo importante es aplicar nuestras normas sobre etiquetado y nos parece también significativo que los Estados Unidos estén dispuestos a resolver todas las cuestiones bilaterales a través de procedimientos de consulta y no a través de los procedimientos de resolución de disputas de la OMC, pero lo más importante para los europeos es que las indicaciones geográficas de origen estén debidamente protegidas en los Estados Unidos; a cambio, y por el momento, estamos dispuestos a aceptar las prácticas enológicas estadounidenses. Puede que sea un trago amargo, pero tenemos que darlo; su efecto será solo temporal y las normas de etiquetado, que aumentarán la libertad de lo que creemos que son unos consumidores emancipados, nos ayudarán a digerirlo.
Ahora bien, en la segunda fase de las negociaciones, la Comisión tiene que ir más allá y exigir la mejora de la protección de la propiedad intelectual en la producción de vino, un ámbito en el que los europeos han liderado el mundo al establecer normas mundiales, y no podemos flaquear en ese punto; también sugerimos que la Comisión promueva la creación de un registro de descripciones geográficas de origen en la OMC, como han mencionado las dos oradoras que acaban de intervenir.
En conclusión, quizás este acuerdo no sea brillante, pero constituye un primer paso importante y usted, señora Comisaria, ha hecho lo correcto. Ahora habrá que dar el próximo paso junto con la reforma de la organización del mercado del vino, que todos esperamos con impaciencia.
Podemos sentirnos orgullosos de nuestro vino europeo porque es apreciado en todo el mundo. Disfrutamos de una ventaja global en la producción de vino y tenemos que mantenerla al tiempo que mejoramos la protección de la propiedad intelectual. Señora Comisaria, le deseamos mucho éxito. 
Marie-Hélène Aubert,
   . – Señor Presidente, por nuestra parte nos negamos a dejarnos arrastrar por la vía que ha mencionado nuestro colega diputado. En primer lugar, quisiera insistir en un problema de procedimiento. Este debate se organiza de forma precipitada, cuando la Comisión ya ha firmado un acuerdo, aunque solo sea una primera etapa. Además, el Consejo no está aquí, cuando, a fin de cuentas, es quien tiene el acuerdo en sus manos. Me parece, pues, que el modo en que trabajamos no es serio y la opinión de los diputados no se tiene en cuenta como debiera.
Con respecto al fondo: este acuerdo, si bien va en el sentido deseado por los comerciantes y negociantes, que ejercen una presión considerable para que avance, no sirve en absoluto al interés ni de los productores de vinos de denominación de origen controlada ni de los consumidores. Hoy, la situación es enormemente confusa. Lo que usted expone, señora Comisaria, no se corresponde con la información que tenemos de otras fuentes. Sobre el terreno cunde un estado de profunda inquietud. ¿Qué confianza tendrán los consumidores europeos en el etiquetado, en las etiquetas que corren peligro de verse notablemente desacreditadas por este tipo de acuerdo? Además, están ustedes debilitando mucho los principios que siempre ha defendido la Unión Europea con respecto a las indicaciones geográficas.
Lo que está pasando con el vino, y que para nosotros es inaceptable, puede producirse más adelante con otros muchos productos. Nosotros queremos dos cosas. Por un lado, que el Consejo haga su trabajo y diga claramente cuál es el mandato que ha dado a la Comisión en este tema. Por otro, que la Unión Europea se reafirme mucho más en el respeto de las denominaciones de origen, en las prácticas vinícolas, en la preservación de sectores que son realmente esenciales para la vida de nuestros territorios y de buen número de territorios rurales de toda la Unión Europea, y que luche por preservar esa calidad y esas denominaciones de origen. Si no, si abordamos las negociaciones de la OMC renunciando de entrada, me temo mucho que perdamos aún más y más terreno en las próximas semanas.
Ilda Figueiredo,
   . – Señor Presidente, sabemos que el sector vitivinícola atraviesa muchas dificultades, y no menos en Portugal, en donde cada vez hay más vinos buenos que tienen problemas para competir en el mercado. Esta situación se ve agravada por el aumento de las importaciones de terceros países, con consecuencias muy negativas para los agricultores y las regiones vitivinícolas.
Este primer acuerdo sobre el vino con los Estados Unidos, tras 20 años de negociaciones bilaterales, reviste importancia, aunque también suscita preocupación. Dadas las enormes concesiones que se hacen a los Estados Unidos, el acuerdo parece estar motivado más por las negociaciones en curso con la Organización Mundial del Comercio que por la defensa de los intereses de los productores de vino de la Unión Europea.
Consideramos fundamental que se amplíen las negociaciones al plano internacional. Además, en lo que respecta a los Estados Unidos, la señora Fischer-Boel tiene que explicar con detalle cómo piensa garantizar los intereses de los productores de vino de las regiones de Europa donde dicha producción es fundamental para su desarrollo económico.
En cuanto a las denominaciones de origen etiquetadas y las prácticas enológicas tradicionales en Europa, eso es lo que hay que hacer para mantener la calidad del vino y proteger a los consumidores. Cuando examinamos los pormenores y escuchamos sus explicaciones, nos quedamos muy preocupados por las garantías que deben recibir nuestros agricultores y las regiones afectadas. 
Roberta Angelilli,
   . – Señor Presidente, Señorías, el reciente acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea es solo un primer paso, –sin duda inadecuado e insuficiente– hacia el reconocimiento y la protección a escala internacional de las denominaciones tradicionales protegidas. Ya era hora de cambiar de rumbo, tras los efectos nocivos del infame Reglamento nº 316/2004, que de hecho autorizó a productores de países de fuera de la Unión Europea a utilizar indebidamente las denominaciones tradicionales protegidas, ocasionando graves daños a la producción de vino de calidad, tanto en Italia como por supuesto en toda Europa.
La Comisaria Fischer Boel también ha declarado en esta Cámara que el acuerdo protege las denominaciones europeas y que salvaguardará el principal mercado de exportación de la Unión Europea. No hay duda de que estos son los objetivos que hay que alcanzar. Sin embargo, no es seguro que el acuerdo sea la base adecuada para alcanzar dichos objetivos.
En efecto, es cierto que el Gobierno estadounidense propondrá al Congreso modificar la condición y limitar el uso de 17 denominaciones europeas actualmente consideradas semigenéricas en los Estados Unidos, pero también es cierto que los Estados Unidos tendrán aún la facultad de utilizar, si bien en determinadas condiciones y por un período de tiempo limitado, 14 denominaciones tradicionales comunitarias. En realidad, la vieja cuestión del abuso continuo no se ha resuelto aún de una vez por todas.
Por otro lado, los Estados Unidos se han comprometido a aceptar los principios fundamentales de las normas comunitarias sobre el etiquetado e intentan resolver posibles cuestiones bilaterales relativas a los intercambios vitivinícolas a través de consultas bilaterales informales, así como a través de mecanismos de resolución de disputas. 
Pero ¿cuál es la concesión más preocupante que hace la Unión Europea? Pues bien, gracias al acuerdo, la Unión Europea reconoce las prácticas enológicas de los productores de vino estadounidenses. Esto quiere decir, en el fondo, que se podrá importar en la Unión Europea vino diluido con un 7 % de agua o aderezado con virutas de madera, prácticas que nuestros productores tienen absolutamente prohibidas, por supuesto, lo que se traducirá en un grave peligro para los vinos de calidad y en un importante desequilibrio en el mercado del vino.
Si por una parte hemos conseguido dar cierta estabilidad a las exportaciones a los Estados Unidos, también mediante la simplificación de los procedimientos, nos hemos excedido en cambio con las prácticas enológicas y todavía no tenemos suficientes garantías con respecto a los abusos de denominaciones protegidas.
Señor Presidente, el acuerdo prevé que noventa días después de la entrada en vigor se inicien las negociaciones para un acuerdo aún más completo. Pedimos a este respecto que las conversaciones se centren en la protección efectiva de las denominaciones tradicionales. Creemos que en las negociaciones la Comisión debe tratar sobre todo de obtener un compromiso definitivo por parte de las autoridades estadounidenses de poner fin al uso ilícito en los Estados Unidos de indicaciones geográficas protegidas por la legislación comunitaria, dentro de un plazo máximo de dos años.
Concluiré diciendo que el acuerdo y la derogación extraordinaria para las importaciones estadounidenses podría ser utilizado por otros Estados miembros de la OMC para aspirar a un trato igual, abriendo así la vía a la introducción de productos de procedencia y composición dudosas. Ante esta situación, la Unión Europea debe poner en marcha medidas más enérgicas para defender las producciones enológicas tradicionales y de calidad. Habría que empezar de nuevo abrogando el Reglamento nº 316/2004, que liberalizó el uso de las denominaciones tradicionales protegidas, creando de este modo una competencia desleal e induciendo a error a los consumidores con respecto a la procedencia y la calidad de los productos.
Jean-Claude Martinez (NI ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, hablo en nombre de todos mis ciudadanos. En primer lugar, en nombre de los viticultores del Languedoc-Roussillon, que hacen vino desde hace 2000 años –desde el Imperio romano y no desde hace un siglo, como California– y que hacen el vino como las personas hacen el amor, como cultivan el amor por lo que tiene hermoso y bello. Hablo también en nombre de todos los viticultores de Francia, de España, de la Rioja, de Hungría, de Tokay –vino de reyes, rey de los vinos–, de Italia, de Grecia, de todo el Mediterráneo, donde el vino es un acto de civilización, un arte de los dioses.
Ahora bien, ustedes, con su acuerdo, degradan el vino, producto de civilización, en un producto industrial de comercialización. Su Acuerdo de Múnich sobre el sector vitivinícola modifica la definición del vino y la naturaleza del vino. No es ya una creación natural, fruto de la fermentación, es un producto químico. Ustedes aceptan las prácticas químicas –y no enológicas– de los Estados Unidos. Aceptan ustedes un vino de tipo Coca-Cola con agua e ingredientes, azúcar, colorantes y madera. Es como si los Estados Unidos pretendiesen convertir a la Comisaria Fischer Boel en una falsa comisaria, diluible al 7 %. Comprenderán, por tanto, por qué los Estados Unidos no quieren etiquetas: porque no desean, obviamente, que se mencionen en ellas las sustancias químicas. Pronto se aplicará la Directiva REACH al vino.
Es más, aceptan el robo de 17 denominaciones, so pretexto de que son semigenéricas. El champaña, por qué, eso no tiene importancia; Chablis, eso no significa nada en absoluto; Sauternes, aún menos. Están oficializando el fraude, la falsificación. Durante cinco años, los Estados Unidos podrán utilizar falsos «châteaux», falsos «clos», a cambio de la cláusula de paz. Sucede como con las negociaciones de la ronda de Uruguay, como con las oleaginosas: el ladrón acepta no llevar ante el gendarme de la OMC a los viticultores a los que se ha robado. Ya lo habíamos hecho con el acuerdo con Sudáfrica, y, en la OMC, evidentemente, los productores de Chile, Australia, California, de todos los vinos del Pacífico se rebelarán y harán valer este precedente.
Señora Comisaria, procedo de la región que inventó las grandes revueltas de los años cincuenta. Pues bien, los viticultores del Languedoc le dirán «no». Se rebelarán y quizás vengan a la Comisión de Bruselas. Han sido capaces de levantar a todo el sur de Francia, serán muy capaces de decirle «no» tan violentamente como sea necesario, porque ustedes les agreden y agreden a una civilización.
El Presidente.
   Señorías, aunque nuestros estimados invitados en la tribuna son calurosamente bienvenidos y deben compartir por supuesto la vivacidad del debate, les rogaría que recuerden –siguiendo la costumbre de todos los parlamentos del mundo– que siempre pedimos a los oyentes de la tribuna que no aplaudan. Únicamente los diputados pueden hacerlo. Pueden, no obstante, asentir enérgicamente siempre y cuando no sea audible. Agradezco a los oyentes de la tribuna su comprensión y les doy una calurosa bienvenida. 
María Esther Herranz García (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señora Comisaria, si me desterraran a una isla desierta, en el mar más lejano de aquí, que sería el Pacífico, y alguien me preguntara qué productos de la agricultura europea me llevaría, le diría que dos botellas, aparte de pan. De esas dos botellas, una sería de vino y la otra de aceite de oliva. Y, puesto que soy de La Rioja, por supuesto, el vino sería un Rioja, cuya reputación yo diría que es internacional y cuyos renombre y prestigio se deben a una cultura vitivinícola ancestral.
Desde antes de la invasión romana, en La Rioja ya se cultivaban las vides y se obtenía vino. Existen, pues, unos métodos de producción muy antiguos y que garantizan una gran calidad al producto. 
Por tanto, creo que el Acuerdo celebrado con los Estados Unidos podría abrir una vía de replantearnos en profundidad nuestra cultura vitivinícola que no siempre actuaría a nuestro favor, porque, afortunada o desafortunadamente, el éxito comercial de nuestros caldos siempre ha estado ligado a una forma de elaboración que respeta con gran celo las definiciones más puristas del vino.
La autorización definitiva de la importación de vinos tratados con prácticas enológicas dudosas y muy distintas a las nuestras podría hacer que se tambaleara nuestra propia cultura vitivinícola, sobre la que –insisto– siempre se ha basado el éxito comercial de nuestros productos.
Porque, ¿hasta cuándo podría la Unión Europea seguir prohibiendo el uso de copos en la maduración de vino o el añadido de agua, si está legitimando la importación de vinos elaborados con esas prácticas?
Está claro que el capítulo de los tratamientos enológicos será uno de los caballos de batalla que recibirá una atención especial en la próxima reforma del sector de la OCM del vino, porque el acuerdo que la Comisión Europea acaba de concluir con los Estados Unidos tendrá, me temo, repercusiones que irán más allá del comercio con ese país.
Mi región, La Rioja, tiene la fortuna de gozar de una protección blindada en el mercado de los Estados Unidos, pero no se puede decir lo mismo de otras denominaciones comunitarias como el Borgoña, el Oporto, los vinos de Málaga y de Jerez, que siguen siendo considerados por ese país como "semigenéricos". El acuerdo alcanzado no contiene un compromiso firme por parte de los Estados Unidos de dejar de usurpar esas apelaciones.
Me gustaría, por tanto, que hiciéramos un llamamiento a la Comisión Europea para que incluya, dentro de las principales prioridades en las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, la constitución de un registro internacional de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Las actuales negociaciones de la Organización Mundial del Comercio son una oportunidad de oro que no podemos dejar escapar.
Por otra parte la Comisión debería asimismo urgir a los Estados Unidos a que, de forma bilateral, dejen de emplear los nombres protegidos en la Unión Europea en el plazo máximo de dos años al que se hace alusión en el reciente Acuerdo vitivinícola.
María Isabel Salinas García (PSE ). –
   Señor Presidente, señora Comisaria, es verdad que después de veinte años de contactos entre la Unión Europea y los Estados Unidos se ha llegado a un primer acuerdo. Pero lo entendemos solamente como un punto de partida del que no consideramos que debamos sentirnos satisfechos. Comparto la mayoría de las intervenciones de este Parlamento y, sobre todo, espero que la Comisión tome buena nota de ellas porque no he oído ni una voz satisfecha con el acuerdo.
Estos primeros acuerdos no garantizan una protección efectiva de las denominaciones de origen europeas. Sin embargo, sí dejan abierto el mercado comunitario a los vinos estadounidenses con prácticas enológicas no autorizadas en la Unión Europea, como es el caso del aguado. Va a ser difícil que nuestros vinos, elaborados tradicionalmente y desde parámetros de mucha calidad, puedan competir con otros fabricados con procedimientos industriales mucho menos costosos.
Mi país, España, considera este primer acuerdo decepcionante y esperamos una segunda fase mucho más contundente. Nos preocupa, entre otras muchas cosas y de manera especial, el tema de los semigenéricos; creemos que han sido los grandes perdedores. Es cierto que los Estados Unidos se han comprometido a no usar denominaciones típicas europeas, pero solo en los vinos que exporten a terceros países. De esta forma, podrán seguir utilizando las mismas calificaciones que hasta ahora en su territorio, con el agravante de que la legislación estadounidense considera calificaciones de mi tierra, como «Jerez» y «Málaga», semigenéricos y no denominaciones de origen. 
Pronto comenzará la segunda fase de las negociaciones; le pedimos a este Parlamento que en ellas defienda con mayor claridad las indicaciones geográficas, para lo que es necesario abrir un debate sobre el futuro de los términos semigenéricos. Hace falta un diálogo sobre las menciones tradicionales, las certificaciones y las prácticas enológicas y, sobre todo, es necesaria la creación de un comité conjunto para cuestiones vitivinícolas.
Para avanzar, en el futuro, a mejor paso que el dado hasta ahora, este Parlamento se ofrece a trabajar con la Comisión; vamos a aprobar una resolución que debemos tener en cuenta para que no siga ocurriéndonos lo que hasta ahora. También sería deseable que dentro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se pudiera realizar un informe de iniciativa para que no se repita lo ocurrido y se tenga en cuenta la opinión de este Parlamento para intentar salvar el sector vitivinícola en Europa.
Anne Laperrouze (ALDE ).
   – Señor Presidente, los retos del mercado del vino son considerables. Los Estados Unidos siguen siendo un mercado prioritario para la Unión Europea, con 60 millones de consumidores de vino y una media que ha pasado de 8 a 13 litros por habitante y año en los últimos diez años. El año pasado, el mercado estadounidense creció un 5,6 % en volumen. Francia es el tercer exportador a los Estados Unidos, detrás de Italia y Australia.
En este contexto, hemos de acoger con agrado el acuerdo vitvinícola alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que cierra la primera fase de una negociación iniciada hace veinte años. Utilizando el chantaje, los Estados Unidos amenazaban con someter a los exportadores europeos a un oneroso procedimiento de certificación. El de este otoño habría sido el primero de la fila y habría sido sometido a controles de análisis y certificación adicionales. 
Este acuerdo también permite avanzar en el capítulo de las prácticas enológicas. No obstante, los productores europeos consideran insuficientes las normas de control. Están en desacuerdo con prácticas como la aromatización, que tiene por objeto dar al vino sabor de frutas. Lo que está en juego es el cambio de la definición del vino. Insisten asimismo en la protección de las denominaciones geográficas.
Señora Comisaria, en la segunda fase de negociación será necesario, pues, velar por que se respeten los compromisos contraídos por las autoridades estadounidenses: dejar de utilizar los semigenéricos, como Borgoña, Chablis, Champaña u Oporto, y mejorar el grado de protección de las indicaciones geográficas y el etiquetado. En el mercado mundial del vino, a menudo controlado por los grandes negociantes estadounidenses, la cepa se ha convertido en una marca. No estoy en contra de la mundialización del mercado del vino, pero estoy en contra de las copias, estoy en contra de la uniformización del gusto, no quiero un vino Chardonnay al estilo McDonald’s.
El vino va de la mano de la cocina, es la marca de la región donde se elabora, tiene el gusto del cultivo del terruño, simboliza la convivencia y el vivir juntos. La diversidad de las denominaciones refleja la diversidad de los vinos, nuestra diversidad cultural. El reconocimiento mutuo de las indicaciones geográficas, es decir, la designación del terruño de producción, contribuirá a preservar nuestras identidades culturales respectivas, a estimular nuestros intercambios comerciales con los Estados Unidos, pero sobre todo a alentar a los viticultores europeos, que desde hace años no han dejado de mejorar la calidad de su producción para responder a las exigencias y al placer de los consumidores que somos.
Astrid Lulling (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el comercio de vinos, firmado por la Comisión Europea el 14 de septiembre tras 20 años de negociaciones, divide las opiniones. Hay operadores europeos que consideran que este acuerdo hará más seguras las exportaciones a los Estados Unidos, que son su primer mercado, con exportaciones por un valor de 1 600 millones de euros. Opinan que este acuerdo permitirá también restablecer en el sector un clima de confianza y garantizar la fluidez de los intercambios comerciales, a condición evidentemente de que se inicien pronto las negociaciones para la segunda fase del acuerdo bilateral y para definir posiciones comunes en las negociaciones multilaterales, en particular en Hong Kong, en relación con los aspectos asociados a la propiedad intelectual.
Pero hay también otros operadores, en particular los viticultores europeos, entre los que se encuentra mi colega, la señora Klass, a la que debemos la iniciativa de este debate, y le doy las gracias por ello. Ella ha expresado muy bien ciertas preocupaciones que, como presidenta del intergrupo «Vino, tradiciones y calidad» de este Parlamento, comparto en gran medida. Según esas preocupaciones, este acuerdo puede agravar más la crisis que afecta hoy al sector vitivinícola y, a largo plazo, anular para siempre la especificidad de los vinos europeos, caracterizados por un anclaje tradicional en el terruño y por unas prácticas enológicas naturales y muy específicas.
Como hombres y mujeres políticas, sabemos que a menudo debemos aguar el vino, pero, por favor, no el que bebemos. El reconocimiento mutuo de las prácticas enológicas a un lado y otro del Atlántico plantea problemas –mis colegas han hablado abundantemente de ellos–, dado que también algunas de las prácticas a las que recurren los viticultores europeos están prohibidas por la OMC. Espero que no nos proponga cambiar esto cuando presente sus propuestas de reforma de la organización común del mercado del vino.
Tradicionalmente apegados a modelos de producción en armonía con su entorno y sometidos a un arsenal de rigurosas normativas comunitarias, los viticultores europeos, deseosos de servir productos de calidad, pueden encontrarse, si se aceptan las prácticas del otro lado del Atlántico, en una situación de competencia desleal, de modo que se vean obligados, al final, a abandonar sus prácticas ancestrales, que desde hace cientos de años constituyen la especificidad del sector vitivinícola europeo.
Por consiguiente, señora Comisaria, conviene hacer todo lo necesario para proteger este sector, sin duda frágil por estar sometido a muchos factores variables, como el clima, pero que siempre ha estado en el corazón de la cultura europea. Se trata, pues, de seguir defendiendo y promoviendo nuestras prácticas enológicas; se trata de apoyar los esfuerzos de calidad de nuestros productores, en particular en la OMC y, por último, de ponernos todos de acuerdo sobre una definición que limite los modelos de producción inaceptables, que generan, como ya he dicho, una competencia perjudicial para nuestros productos de calidad.
El uso de las indicaciones geográficas es un segundo punto que, indiscutiblemente, plantea problemas. Desde hace mucho, este tema suscita controversias en la mesa de negociaciones. He participado en un seminario en Washington sobre este tema. En efecto, mantenemos buenas relaciones con nuestros colegas del Congreso estadounidense, a los que intentamos convencer de la legitimidad de nuestros argumentos. Pero querían que recompráramos –que pagáramos para recomprar– nuestras denominaciones de origen. Pensé que el razonamiento era un tanto curioso. Procedo de Luxemburgo, donde fluye el Mosela, y el vino del Mosela puede producirse en Alemania, en Luxemburgo o en Francia, pero no se produce, que yo sepa, en California.
Creo pues que debemos dejar de sacrificarnos y, señora Comisaria, que es indispensable proteger nuestras denominaciones e implantar, de una vez por todas, un sistema de registro de las indicaciones geográficas en la OMC. Esperamos que, en Hong Kong, defienda con rigor este punto de vista, porque se trata del futuro de los productos de calidad y de la cultura vitivinícola europea. 
Luis Manuel Capoulas Santos (PSE )
   – Señor Presidente, la producción de vino en Europa no se reduce a la mera aplicación de técnicas aprendidas en el laboratorio o en manuales de mercadotecnia al sector agronómico. Como ya han apuntado otros oradores, la cultura y la producción del vino forman parte del patrimonio cultural de algunas regiones europeas y han formado parte de su historia desde hace siglos.
Citaré solo un ejemplo que, como comprenderán, me es muy cercano: el vino de Oporto. Este vino se produce en la más antigua demarcación del mundo, creada y regulada mucho antes de que las colonias norteamericanas pensaran en unirse y constituir un Estado soberano. En el norte de Portugal, en las escarpadas laderas del río Duero, las sucesivas generaciones han esculpido las montañas con sus manos durante siglos hasta transformar milagrosamente las piedras de un paisaje desolado en un escenario de extrema belleza, que hoy está considerado patrimonio de la humanidad.
Ello no oculta el hecho de que soy consciente de la importancia de cerrar el acuerdo con los Estados Unidos. Conozco la enorme repercusión que las exportaciones europeas han tenido en ese país y el delicado marco de negociación en el que este problema se arrastra desde hace muchos años. No puede haber pragmatismo en la mesa de negociaciones, ya que se pondría en peligro la necesidad de consagrar las reglas mínimas que protegen nuestras denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Bajo ningún concepto puede ignorar la Comisión la cuestión de la protección de las indicaciones semigenéricas en el mercado interior de los Estados Unidos. Se tiene que fijar una fecha concreta para firmar un acuerdo definitivo. La siguiente fase de negociaciones debe iniciarse sin demora, para obtener el reconocimiento de las 17 denominaciones de origen que figuran en el Anexo II.
Sinceramente espero que el decepcionante resultado de esta primera fase de negociaciones se pueda ver compensado en la segunda ronda, que todos deseamos que concluya con rapidez. Un acuerdo justo y equilibrado con los Estados Unidos podría constituir la señal positiva que la vitivinicultura europea, actualmente enfrentada a diversos y complejos desafíos, necesita con urgencia. 
Jean Marie Beaupuy (ALDE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como diputado al Parlamento Europeo elegido por el gran Este de Francia, una región que produce el borgoña, el vino de Alsacia –la Alsacia en la que nos encontramos hoy– y, por supuesto, el champaña, como elegido de Champagne precisamente, debo comunicarles las observaciones siguientes, pues el objeto del debate de hoy es el comienzo de acuerdo de que usted ha hablado, señora Comisaria, y que desea evidentemente concluir. Si también nosotros deseamos que se concluya, es por las razones que voy a exponer.
En este asunto, hay una necesidad económica. El mercado estadounidense, como se ha recordado hace un momento en varias ocasiones, es extremadamente importante para los europeos. Pero en esta época de mundialización, quisiera situar mi discurso en el nivel de la calidad. A escala mundial, la Unesco reconoce regularmente algunos de nuestros lugares y edificios en el marco del patrimonio mundial. Ahora bien, los vinos europeos, en particular en torno al Mediterráneo, tal como se ha expuesto hace un momento, han adquirido sus cartas de nobleza a lo largo de siglos, de milenios.
En una época en la que, en todos los grandes momentos, cuando se firma un acuerdo de paz, cuando se celebra una fiesta familiar, etc., se sirven vinos y vinos de calidad, hay que reconocer la calidad. Pero ¿qué pasa desde hace algunos decenios? Asistimos a una expansión de las plantaciones en todo el mundo –en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda– y sobre todo, y es lo que alimenta el debate de esta mañana, a una explosión del «Canada Dry». Se reproducen vinos en todo el mundo, recogiendo en las etiquetas denominaciones que evocan la cepa, la región de origen –Champagne, Bordeaux, Porto, etc. –, y se intenta hacer creer al consumidor que, en la botella que compra, hay un vino cuyo origen y calidad serían las que la etiqueta sugiere.
Señora Comisaria, el acuerdo que va a rematar en las semanas y meses que vienen evitará que los consumidores de todo el mundo se sientan frustrados y engañados. Estamos en una época en que las falsificaciones se multiplican, en la confección con Lacoste, en los relojes con Rolex y por desgracia también en los medicamentos. Es normal, natural, obligatorio, que los consumidores de todo el mundo estén seguros de que una botella que anuncia «vino de Alsacia», «Borgoña», «vino de Champaña», «Oporto», contiene el vino de que se trate. En ello va la calidad de nuestro patrimonio mundial, y el interés de todos los productores de vinos europeos. ¡Viva el vino europeo!
Giuseppe Castiglione (PPE-DE ).
   – Presidente, Señorías, quiero darle las gracias, señora Comisaria, por desear la apertura de la segunda fase. Ha hablado usted de una primera fase, de un primer acuerdo en la materia; ha hablado de una segunda fase en la que se tendrán en cuenta debidamente algunos elementos que me interesa resaltar y que tienen que ver con la calidad, la salubridad, la protección y la tradición.
Señora Comisaria, la Unión Europea siempre ha seguido una política de calidad en el sector vitivinícola, con normas muy específicas y muy selectivas por lo que respecta al contenido del vino y los procedimientos enológicos. ¿Cómo podemos pedir a nuestros productores, hoy, el respeto de la normativa comunitaria y de la política comunitaria de calidad si después reconocemos a terceros países la posibilidad de importar en nuestro mercado aquello que la propia Comunidad prohíbe a sus productores? ¿Cómo podemos pedir a nuestros productores que compitan en precio con importadores que tienen bajos costes de producción gracias a la utilización de prácticas de elaboración merman apreciablemente la calidad? Calidad significa ante todo garantizar al consumidor un producto sano: la seguridad alimentaria es para nosotros una prioridad por la que nos hemos esforzado mucho y que hemos regulado más de una vez; me refiero al Reglamento (CE) nº 178/2002 y a la especial Autoridad de Seguridad Alimentaria.
Los efectos positivos del vino para la salud humana son ahora conocidos: no solo dependen de sus propiedades organolépticas, sino también de su condición higiénica y sanitaria. Además, la ausencia de indicación del origen del vino conlleva la imposibilidad de reconocerlo por parte del consumidor y, al mismo tiempo, causa dificultades al productor que soporta costes mayores para elaborar un producto de calidad superior. Es tarea nuestra garantizar que el vino que está en nuestras mesas y en las de los consumidores europeos sea sano y también de calidad.
Nuestras tradiciones enológicas, señora Comisaria, no son menos importantes. Esta mañana hemos invocado nuestra antigua cultura, nuestras especialidades y nuestra diversidad territorial. En una palabra, esto significa garantizar el respeto de las indicaciones geográficas de nuestros vinos y, de ese modo, la competitividad de nuestra producción en este sector. No veo en este acuerdo una protección suficiente de nuestras indicaciones geográficas, no veo coherencia con la posición que la Unión defiende en las negociaciones de la OMC, no veo la misma firme voluntad, reafirmada la semana pasada en el Consejo por usted misma, señora Comisaria.
Si queremos proteger las indicaciones en la Ronda de Doha debemos hacerlo, sobre todo, mediante negociaciones bilaterales, sin concesión alguna. El acuerdo no respeta a nuestros productores, no respeta a nuestros consumidores, no respeta nuestro mercado, no respecta la identidad de la Unión Europea en el escenario internacional. No se trata de cerrar el mercado, claro que no, sino de garantizar una competencia leal, no falseada, en la que puedan prevalecer realmente la calidad del producto y, al mismo tiempo, la protección del consumidor. 
Vincenzo Lavarra (PSE ).
   – Presidente, Señorías, el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el comercio del vino nos ofrece un marco jurídico estable para las relaciones comerciales; representa, pues, un paso adelante que vale la pena dar. Me complace decir a la Comisaria Fischer Boel que reconozco sus méritos.
Como muchos otros diputados a esta Cámara, consideramos esencial que, en la segunda fase, la Comisión no pierda de vista los objetivos prioritarios para el mercado comunitario, a fin de garantizar unos resultados definitivos en materia de protección de la denominación de origen y de las limitaciones que hay que imponer al reconocimiento de las prácticas enológicas. Pienso que las preocupaciones de los diputados a este respecto están justificadas y confío en que, en estrecho diálogo con el Parlamento, la Comisión presione a favor de estos objetivos.
Agnes Schierhuber (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, Señorías, creo que todos coincidimos en que el vino es uno de los productos agrícolas más elegantes. Cada año se producen unos 265 millones de hectólitros de vino, dos tercios de ellos en Europa. El Acuerdo vitícola entre la UE y los Estados Unidos se debe celebrar ante todo con el objetivo de garantizar ese importante mercado para las ventas de la UE.
Lo que se pretende con dicho acuerdo es disipar la inseguridad jurídica que ha caracterizado a esa relación comercial durante muchos años y beneficiar a los productores de ambos lados del Atlántico. La firma de este primer acuerdo debe sentar las bases para una futura cooperación estrecha con los Estados Unidos en el sector del vino y proteger las denominaciones de origen en la UE. La propia Comisaria ha calificado este acuerdo de importante primer paso y ha reconocido que aún tiene algunas deficiencias. Al igual que los demás diputados, le estoy muy agradecida por esa afirmación.
La Unión Europea está haciendo algo que nunca ha hecho antes, al aceptar el principio del reconocimiento incondicional de los procesos enológicos. Hasta la fecha, los Estados miembros habían sido siempre partidarios de la existencia de lo que ellos llaman un código internacional de definiciones del vino y los procesos implicados en su fabricación. Por eso creo que ahora se plantea un interrogante sobre la futura existencia de la organización internacional OIV.
En lo que respecta a la protección de las denominaciones de origen europeas, las concesiones que se hacen en este acuerdo van demasiado lejos. Afectan a todas las regiones que basan su sistema de calidad en denominaciones de origen o terminología tradicional.
Aunque no cabe duda de que necesitamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos, lo que necesitamos es un acuerdo con disposiciones legales claras que no pongan en peligro la legislación europea ni los requisitos legales actuales, y que ofrezcan un futuro seguro a nuestros vinos europeos de excelente calidad.
Noventa días después de la entrada en vigor del primer acuerdo, deberá iniciarse otra ronda de negociaciones. Ese planteamiento me parece absolutamente correcto, apropiado y necesario, y espero que las decisiones que entonces se tomen nos permitan retirar las críticas que hemos expresado hoy. ¡Le deseo lo mejor, señora Comisaria! 
Duarte Freitas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes que nada les agradezco a las señoras Klass y Herranz García que hayan traído este asunto a la Cámara con tanta celeridad, dándole la importancia que merece.
El vino es uno de los productos que se enfrentan en este momento a una mayor competencia internacional a resultas de la mundialización y la liberalización de los mercados. El vino es uno de los pocos éxitos que tenemos en Europa. Nuestras denominaciones de origen son fruto de tradiciones seculares y de una cultura de la que el vino es uno de sus principales exponentes. Aquí conviene recordar la Declaración de Doha y la declaración del Consejo General de la OMC de 31 de julio de 2004 en Ginebra, que introdujeron el concepto de «intereses no comerciales». Esos aspectos, que podríamos llamar no cuantitativos, deben considerarse en cualquier acuerdo, incluido este con los Estados Unidos, un país que importa el 40 % de nuestras exportaciones de vino. De este modo, deben garantizar que, cuando finalicen las negociaciones, podamos afirmar con seguridad que no quedan puertas abiertas para futuras restricciones en otras negociaciones con terceros países a escala bilateral o con la OMC.
Para que haya un acuerdo justo, no basta con liberalizar. Se necesitan también reglas cualitativas, ya que nuestras denominaciones de origen del vino representan lo que se conoce por propiedad intelectual y requieren la misma protección que los derechos de autor. El primer acuerdo se negoció, en mi opinión, con escasa transparencia y dejando poco margen al Parlamento Europeo. Por eso tenemos que saber qué es lo que los Estados Unidos aceptan en realidad en lo que respecta a nuestros vinos con denominación de origen.
Por ejemplo, por lo que he leído en los periódicos, no sabemos si los vinos de Madeira y Oporto se incluyen entre los que los Estados Unidos admiten como denominaciones de origen. Aceptamos algunas concesiones y ajustes en las prácticas enológicas, pero no suscribimos la idea de que no se respeten rigurosamente nuestras denominaciones de origen, que constituyen una auténtica propiedad intelectual y que caracterizan a nuestra cultura incluso más que el comercio.
Para concluir, creo que si se necesita un acuerdo, y yo pienso que sí, es imprescindible que dicho acuerdo no sea a cualquier precio y sobre todo no a costa de nuestras tradiciones y nuestra cultura en lo que respecta a las denominaciones de origen. 
María del Pilar Ayuso González (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señora Comisaria, yo solamente puedo entender su autocomplacencia por la firma de este Acuerdo porque ha puesto fin a veinte años de negociaciones y porque los Estados Unidos absorben el 40 % del mercado exterior de nuestros vinos.
Pero, señora Comisaria, en una primera fase, los Estados Unidos han conseguido el 100 % de sus pretensiones y hemos dejado para la segunda fase los intereses europeos. Una vez más nuestro oponente en la negociación ha cobrado por adelantado.
Y, además, señora Comisaria, hemos perdido nuestra principal arma en esta contienda. Nuestra principal arma para no aceptar las prácticas enológicas de los Estados Unidos era, precisamente, que se reconociesen nuestras denominaciones de origen, y esto lo hemos perdido. Hemos pagado y nos hemos quedado sin el arma que nos podía dar argumentos para defender nuestros intereses.
Además, por otra parte, estamos corriendo el riesgo de que, a partir de ahora, algunos productores comunitarios pidan también una mayor flexibilidad en la normativa comunitaria sobre prácticas enológicas, lo que puede entrañar cambios indeseables y acabar definitivamente con nuestra cultura ancestral del vino.
Además, señora Comisaria, estoy pensando también en denominaciones tan emblemáticas para mi país como pueden ser Jerez o Málaga. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar en esta segunda fase de la negociación?
Yo, por todo ello, creo que es en cierto modo vergonzoso que la Unión Europea tenga que ceder a las pretensiones de los Estados Unidos a golpe de amenazas. Nos han amenazado con cerrar nuestros mercados y hemos cedido. Y no hemos conseguido lo que realmente queríamos: defender, de una vez por todas, nuestras denominaciones de origen.
Creo, señora Comisaria, que tenemos que ser más fuertes en nuestra negociación, que tenemos que aprender de los demás y que no debemos pagar por adelantado, y, sobre todo, que no debemos pagar con el dinero de los productores europeos.
El Presidente.
   Antes de llamar a la señora Comisaria, quizás me permitan un comentario personal. He sido miembro de esta Cámara durante algún tiempo y rara vez he presenciado un debate tan interesante y comprometido, aunque también me parece un ejemplo de europeización y mundialización. Hace apenas unos años, cuando hablábamos de «nosotros», nos referíamos a nuestras respectivas naciones y ya entonces teníamos exactamente los mismos problemas con el reconocimiento mutuo, las denominaciones de origen, la certificación y el etiquetado obligatorio. Todas esas son cosas por las que hemos luchado durante mucho tiempo para Europa y ahora parece que tenemos que hacer lo mismo con un mercado mundial que se ha encogido. El profesor estadounidense Jeremy Rifkin tiene bastante razón cuando afirma que los europeos estamos mejor capacitados por esa amplia experiencia que ya tenemos en algunas cuestiones y porque sabemos cómo tienen otros que abordarlas. Ahora, señora Comisaria, todos estamos impacientes por saber qué solución propone usted para los problemas con el vino. Todos los presentes –incluidos los oyentes– saben lo importante que es el vino para sus propios viticultores. Así pues, señora Comisaria, ¿cómo se van a resolver estos problemas? 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, me siento muy reconfortada por todas las intervenciones realizadas sobre esta cuestión tan importante. Como he dicho en mi declaración, me complace la conclusión del Acuerdo de primera fase sobre el comercio de vino entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos.
Acojo con agrado la conclusión de este Acuerdo comercial entre la Comunidad Europea –que, como muchos de ustedes han mencionado, es la cuna del vino– y uno de los principales países del Grupo de Comercio de Vino del Nuevo Mundo. Estoy convencida de que este avance no solo es positivo para la Comunidad y los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Estoy igualmente segura de que la firma de este Acuerdo de primera fase allanará el camino a una nueva etapa de conversaciones y de cooperación con los Estados Unidos en el sector vitivinícola, cosa que redunda en interés de la Comunidad, y concretamente de su sector vitivinícola.
Al mismo tiempo, he tomado nota de todos sus comentarios, que no desecharé. Las negociaciones para la segunda fase, que como dije anteriormente comenzarán en el plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, nos permitirán actuar en función de muchos de los comentarios vertidos hoy. Sin embargo, también creo que la mayoría de sus observaciones van bastante más allá de la conclusión de este Acuerdo de primera fase y, en cierto sentido, confirman que es el momento justo para iniciar el análisis y las discusiones sobre la reforma del sector vitivinícola.
Paso ahora a contestar a algunas cuestiones concretas. Algunos de ustedes parecen opinar que este Acuerdo está escorado y sesgado a favor de la parte interesada estadounidense. Teniendo en cuenta el patrón económico del comercio de vino entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos, así como el contexto jurídico, este Acuerdo de primera fase no está escorado. Mejora notablemente las relaciones con nuestro principal cliente y sienta las bases para futuras conversaciones y negociaciones.
Además, determinadas disposiciones de interés fundamental para los Estados Unidos, como la aprobación de sus prácticas enológicas existentes, no contempladas en las actuales autorizaciones comunitarias, y la notable simplificación de los requisitos de certificación solo surtirán efecto una vez que los Estados Unidos hayan notificado a la Comunidad que han modificado la condición de las famosas 17 denominaciones de vinos europeos que se consideran semigenéricas en los Estados Unidos.
Está la cuestión de la insuficiente protección otorgada a las denominaciones de vino europeos. La protección prevista en este Acuerdo se asegura por medio de las normas de etiquetado y las garantías estadounidenses de que las denominaciones de vinos europeos serán utilizadas exclusivamente para estos, a pesar de la cláusula de mantenimiento de derechos adquiridos sobre nombres de marca existentes. Además, este Acuerdo no menoscaba nuestros derechos en virtud de los acuerdos ADPIC y no afecta a nuestro marco legal sobre las indicaciones geográficas.
Sobre los riesgos de nación más favorecida, mencionados por varios oradores, puedo afirmar que el propósito de la Comisión en estas negociaciones y en las negociaciones con otros nuevos países productores de vino, consiste en mejorar el diálogo entre nosotros y nuestros socios negociadores y evitar los conflictos comerciales y los paneles de la OMC, que resultarían enormemente costosos para los productores europeos.
La cláusula de nación más favorecida es bien conocida en el mundo de los aranceles, pero la situación es totalmente diferente cuando se trata de su aplicación a los procedimientos de reconocimiento de prácticas enológicas. Para hacer las mismas concesiones a otro país tercero, este tendría que hallarse en una situación similar en materia de prácticas enológicas aceptables y de supervisión de dichas prácticas y del vino. Sin embargo, el sistema de administración estadounidense para el etiquetado de vinos es único. No se utiliza en otros países terceros y el riesgo de nación más favorecida parece, por tanto, muy limitado. Ese es un punto importante.
Por lo que respecta a la posibilidad de añadir agua, permítanme recordar que esto está permitido actualmente en la Unión Europea por razones de necesidad técnica. No tenemos límites definidos para la adición de agua al vino, pero, por ejemplo, se ha fijado un límite del 7 % para la adición de agua al zumo de uva concentrado, ya que resulta imposible detectar toda adición de agua inferior a ese umbral. Pero no se confundan, no vamos a aceptar ninguna merma de la calidad de los productos de la UE.
Acerca de la pregunta sobre el reconocimiento mutuo, como ya he dicho en mi declaración introductoria, este Acuerdo no concede a los Estados Unidos el reconocimiento mutuo de sus prácticas enológicas. Ese era uno de los principales objetivos de los Estados Unidos, al igual que la supresión de las denominaciones semigenéricas lo era para nosotros. Pero como los Estados Unidos no accedieron a suprimir el uso de las 17 denominaciones semigenéricas de vinos de la UE utilizadas en su país, nosotros no nos avinimos a concederles el reconocimiento mutuo de sus prácticas enológicas.
Como ya he dicho, solo mantendremos las autorizaciones comunitarias vigentes sobre prácticas enológicas de los Estados Unidos. Solamente aceptaremos las demás prácticas enológicas estadounidenses existentes cuando los Estados Unidos hayan modificado la situación de nuestras denominaciones semigenéricas. Hay que tener en cuenta ese vínculo.
Nosotros tendremos la posibilidad de plantear objeciones a nuevas prácticas enológicas y, por consiguiente, de no aceptar nuevas prácticas enológicas estadounidenses. No vamos a aceptar sin más todas las prácticas utilizadas en los Estados Unidos. Sin embargo, parece que circulan varios mitos. Por tomar el ejemplo de las virutas de roble, a las que se ha aludido en múltiples ocasiones, tales virutas ya están permitidas en la Unión Europea a título experimental. Pero está claro que según el Acuerdo un vino tendrá que haber envejecido en barrica de roble antes de poder utilizar la expresión «envejecido en barrica» en la etiqueta. Eso está fuera de toda discusión.
Por último, es muy importante que se abra la discusión sobre la reforma de la organización común del mercado del vino. La labor de evaluación del impacto ya ha comenzado y consiste, entre otras cosas, en un análisis económico del sector, que deberá estar ultimado a finales de año. Más adelante, el informe sobre el análisis del impacto contemplará varias opciones y los efectos de las mismas.
La Comisión invitará a todas las partes interesadas del sector a un debate público que es de esperar se celebre en febrero, antes de presentar una propuesta. La comunicación de la Comisión podría publicarse en junio del año que viene, y la propuesta legislativa de la Comisión se presentaría antes de finales de año.
Debo informar al señor Freitas de que tanto madeira como oporto figuran en la lista de 17 denominaciones consideradas semigenéricas y que el uso de las mismas, por consiguiente, estará restringido. Puede darlo por sentado.
Por último, todo el tema de las indicaciones geográficas tiene una enorme importancia para la Comunidad, y así lo he hecho saber a nuestros socios comerciales durante las negociaciones de la OMC. Nuestra intención era obtener un registro multilateral, la ampliación a otros productos del actual nivel de protección más elevado otorgado a los vinos y licores, y la recuperación de determinadas denominaciones de las que se ha abusado a escala mundial. Algunos de nuestros socios comerciales consideran incluso que las indicaciones geográficas no son objeto de negociación. De nuestros debates finales en Hong Kong tiene que salir algo sobre las indicaciones geográficas. Se trata de una cuestión vital para el sector agrícola. 
El Presidente.
   Todos esperamos que consiga defender los intereses de Europa en esta ocasión.
Al término de este debate he recibido seis propuestas de resolución(1), presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.
El debate queda por tanto cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves 29 de septiembre a las 12.00 horas.
Se suspende la sesión hasta el inicio de las votaciones. Para los que posiblemente se pregunten por qué hacemos esto bastante más temprano de lo habitual, les informo de que la Mesa ha estudiado la forma de evitar la situación que siempre se produce a las 12.00, 12.05 o 12.10 horas, cuando los representantes del Consejo de Ministros o la Comisión deben hacerse oír por encima del ruido que hacen todos los diputados al entrar en la Cámara para las votaciones. Por eso hemos decidido probar de cerrar el debate a las 11.50 horas, de modo que pueda celebrarse hasta el final sin molestias. De ahí que dispongamos ahora de algo más de tiempo de lo normal.


El Presidente.
   – Vamos a iniciar el Turno de votaciones, al que nuestros amigos de Bulgaria y Rumanía asistirán por primera vez.

– Señor Zappalà, le concedo la palabra en virtud del apartado 4 del artículo 131.
Stefano Zappalà (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, el contenido es bastante simple: durante la fase de elaboración de esta directiva se produjo una discrepancia entre los artículos 7 y 8 y el artículo 78, y hoy procedemos a su rectificación.
Quisiera añadir una información para sus Señorías. Esta directiva afecta obviamente a gran parte de la economía europea de 25 Estados miembros. Por tanto, nosotros que en su tiempo tratamos esta normativa nos planteamos proceder en la próxima primavera a una importante investigación para comprobar su aplicación en los Estados miembros y, si procede, estudiar el eventual impacto que ha tenido esta normativa y, por tanto, el avance que ha realizado en la Unión Europea.

Bronisław Geremek (ALDE ).
   – Señor Presidente, quisiera invocar el principio según el cual el Parlamento defiende la democracia y las normas del Estado de Derecho. Si sabemos que la Constitución chipriota prevé que, antes de que el Fiscal de la República pueda dirigirse al Parlamento, debe solicitar el dictamen del Tribunal Supremo, debemos comprobar si ha sido así. Se dice que no lo ha hecho. No creo que el Parlamento pueda votar una moción que entra en contradicción con el ordenamiento jurídico del Estado miembro.
El Presidente.
   – Señor Geremek, por pura cortesía hacia usted, consideraré su intervención como una intervención por alusiones personales, pero no puede relanzar el debate en esta fase. Concedo de nuevo la palabra al ponente, el señor Lehne, pidiéndole que no reabra el debate, nos encontramos en la votación.
Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, yo también quiero explicar lo que ha dicho el señor Geremek. La sencilla razón que hay detrás de ello es que la Constitución chipriota contiene una disposición sobre el levantamiento de la inmunidad de los diputados al parlamento nacional que no se encuentra en las constituciones de otros Estados miembros. En Chipre, no es el parlamento el que decide el levantamiento, sino el Tribunal Supremo. Pero puesto que el señor Matsakis es diputado al Parlamento Europeo, es evidente que, en virtud del protocolo sobre privilegios e inmunidades, no es competencia del Tribunal Supremo de Chipre decidir el levantamiento de su inmunidad, sino de este pleno, es decir, de los que estamos reunidos hoy aquí.
Por eso la Comisión de Asuntos Jurídicos consideró, a excepción de un voto en contra, que la propuesta se debía presentar a la Cámara en su forma actual. Les pido que la apoyen. 
El Presidente.
   – Gracias por esta aclaración. No aceptaré más intervenciones, lo lamento, pero estamos votando. Reanudo el curso de la votación sin más demora.
Christopher Heaton-Harris (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento en virtud del artículo 166. Usted sabe igual que yo que, al margen del color de su actividad política en este lugar, existe un único factor que nos une a casi todos nosotros: seamos negros, azules, amarillos, rojos o verdes, todos hacemos cuanto podemos por representar a las personas que amablemente nos concedieron este puesto de trabajo.
En mi región, los Midlands Orientales del Reino Unido, los votantes quisieron experimentar en las últimas elecciones y probaron un color diferente. Adoctrinados por viejos resabiados y celebridades de la televisión, creyeron que, como decimos en el Reino Unido, el futuro es luminoso, el futuro es naranja. Al cabo de pocos meses, he aquí que uno de nuestros nuevos representantes desapareció de las escena y de este Parlamento. Hay mucha inquietud acerca de su seguridad: algunos creían que había sido secuestrado, otros que era pariente de Lord Lucan. Yo hice una apuesta en los Midlands Orientales, ofreciendo una botella de champaña al primero que acreditara haber avistado a mi insigne pero desaparecido colega, el señor Robert Kilroy-Silk. Hasta la fecha nadie ha reclamado el champaña, y puesto que es un premio que ha quedado desierto, creo que debería entregárselo al propio interesado. Aquí está la famosa botella de champaña.
El Presidente.
   – Tras este pequeño interludio, podemos reanudar las votaciones, pero no abusen de la paciencia del Presidente de sesión.

Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  He votado a favor del informe por razones de fondo –por su contenido y su finalidad– y por la urgencia de su aprobación.
Los buenos propósitos de las directivas presentadas serían inútiles si no se modifica el artículo 78. No obstante, opino que la necesidad de un marco jurídico claro, simplificado y coherente en materia de contratos públicos es razón suficiente para aprobar esta propuesta lo antes posible. 
Joachim Wuermeling (PPE-DE ),
   . Acojo con gran agrado el resultado de la votación sobre la modificación de la Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 2004, relativa a la coordinación de procedimientos para la adjudicación de contratos públicos de obras, de suministros y de servicios. Para establecer los valores umbral en la adjudicación de contratos públicos de obras, era necesario corregir ese error administrativo.
No obstante, observo que todavía hay, bajo mi punto de vista, una necesidad de mejorar en el fondo algunas disposiciones de la Directiva, en concreto las relacionadas con la cooperación entre municipios y con la creación de asociaciones para fines determinados por parte de los municipios. La participación obligatoria en estos tipos de cooperación no es práctica, va en contra de los objetivos de la directiva e impide que los municipios ofrezcan servicios útiles a los ciudadanos a precios razonables.
Por todo ello, considero urgente la revisión de la directiva a principios de 2006 sobre la base de la experiencia práctica para prestar atención a este asunto. Celebro que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor haya decidido ya consultar a las partes interesadas a este respecto. 

Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  He votado a favor del informe Costa sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la conclusión del acuerdo entre la Comunidad Europea y Bulgaria sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Los diversos acuerdos bilaterales firmados en el ámbito de los servicios aéreos son los principales instrumentos que garantizan el buen funcionamiento de nuestras relaciones con países terceros, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la seguridad aérea. En consecuencia y debido a que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido la competencia exclusiva de la Comunidad en esta materia, el Consejo ha autorizado a la Comisión a iniciar negociaciones con terceros países con el propósito de modificar ciertas disposiciones de los acuerdos bilaterales existentes a través de un acuerdo comunitario.
En el caso de Bulgaria, las enmiendas propuestas por el Parlamento son de índole correctiva y tratan de los impuestos sobre los combustibles para la aviación, de las cláusulas de designación y de las tarifas, materias a las que no tenemos nada que objetar. 

Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  He votado a favor del informe Costa relativo a la conclusión del acuerdo entre la Comunidad Europea y Croacia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Los diversos acuerdos bilaterales firmados en el ámbito de los servicios aéreos son los principales instrumentos que garantizan el buen funcionamiento de nuestra relaciones con países terceros, sobre todo en lo que respecta que nuestra relación con terceros países sea satisfactoria, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la seguridad aérea. En consecuencia y debido a que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido la competencia exclusiva de la Comunidad en esta materia, el Consejo ha autorizado a la Comisión a iniciar negociaciones con terceros países con el propósito de modificar ciertas disposiciones de los acuerdos bilaterales existentes a través de un acuerdo comunitario.
En el caso de Croacia, las enmiendas propuestas por el Parlamento son de índole correctiva y tratan de los impuestos sobre los combustibles para la aviación, de las cláusulas de designación y de las tarifas, materias a las que no tenemos nada que objetar. 

Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM ),
   . Aún no se han establecido los efectos económicos de la propuesta de aumentar las tasas cobradas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA). En cualquier caso, la propuesta tendrá consecuencias para las rúbricas presupuestarias 3 y 2 de las nuevas perspectivas financieras para 2007-2013. En principio, nos oponemos a que se refuerce la autoridad de la EMEA y se aumente su presupuesto. Por eso hemos votado en contra del informe. 
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  El informe Florenz sobre las tasas cobradas por la Agencia Europea de Medicamentos es un buen ejemplo de cómo debemos tener en cuenta la experiencia y las evaluaciones realizadas por las agencias comunitarias.
El informe que hoy nos ocupa se presenta después de haberse producido una importante modificación de las competencias de esta Agencia, que no solo han cambiado, sino sobre todo se han ampliado. Por ello, es fundamental dotar a esta Agencia de un marco financiero sólido y actualizado.
El propósito de las enmiendas presentadas era clarificar el principio de la fijación de tasas cobradas por la Agencia y la aplicación de tasas reducidas a los medicamentos tradicionales de origen vegetal.
En consecuencia, el ponente recomienda que las tasas cobradas se fijen teniendo en cuenta la carga de trabajo que implica la evaluación de productos.
Por ello, he votado a favor del informe Florenz relativo a las tasas cobradas por la Agencia Europea de Medicamentos. 

Christofer Fjellner (PPE-DE ),
   La política pesquera de la UE debe enfocarse a garantizar abundantes poblaciones de peces, productos alimentarios de calidad para los consumidores y unas condiciones mínimas razonables para la industria pesquera europea.
Lamentablemente, la política pesquera de la UE se ha convertido en una política permanente de subvenciones a una industria pesquera poco rentable que no puede sobrevivir por sus propios medios sin ayuda y sin una política de ayudas que garantice las poblaciones de peces. De esta forma se impide que las estructuras puedan racionalizarse, pero no que las poblaciones de peces se agoten.
A la vez, el ejemplo islandés, con su desarrollada propiedad de derechos de pesca, demuestra que existen otros métodos para proteger a las poblaciones de peces y ayudar a la industria a adaptarse a unas nuevas condiciones básicas. La política pesquera no tiene que ser necesariamente una política de ayudas.
La política pesquera de la UE debe buscar nuevas direcciones para evitar el agotamiento de las poblaciones de peces y, a la vez, reestructurar la industria pesquera. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   .  El nuevo protocolo de pesca entre la UE y las Comoras para el período de 2005 a 2010 constituye la evolución lógica y previsible del anterior acuerdo, y difiere poco de este.
Habiéndose registrado una evolución francamente positiva entre 2001 y 2004 en lo que respecta a la utilización de las posibilidades de pesca, el nuevo protocolo propone una reducción del número total de embarcaciones, a pesar de contemplar un aumento del total anual de capturas permitidas de 4 670 a 6 000 toneladas.
A semejanza de lo que sucede con otros acuerdos de pesca con países del océano Índico, el acuerdo entre la UE y las Comoras reviste una gran importancia para el sector atunero comunitario que encontrará en él recursos para atender las necesidades del mercado comunitario.
Aunque la ponente ha elaborado un excelente informe, que corroboro en lo esencial, debo destacar que el nuevo acuerdo reduce el número de palangreros portugueses con licencia para pescar en la zona contemplada en el acuerdo.
No puedo dejar de lamentar que la Comisión no haya consultado al sector portugués en el curso de las negociaciones relacionadas con la propuesta presentada. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   .  El nuevo protocolo anexo al acuerdo de pesca con las Comoras estará en vigor entre 2005 y 2010. Difiere algo del protocolo anterior (2001 y 2004), que se prorrogó por diez meses. La aprobación del nuevo acuerdo permitirá garantizar posibilidades de pesca a las flotas de los Estados miembros que faenan en esas aguas, entre ellos Portugal.
Desde la perspectiva de la UE, se calcula que cada euro invertido por la Comunidad en el acuerdo ha generado un valor añadido de 5,7 euros, lo que representa una impresionante rentabilidad de la inversión.
El número de atuneros cerqueros sigue siendo el mismo (21 embarcaciones españolas, 18 francesas y 1 italiana), mientras que el número de palangreros ha pasado de 25 a 17 (12 de España y 5 de Portugal). Esto se debe al bajo nivel de utilización durante el protocolo anterior, lo que demuestra que la flota de altura se ha reducido aún más, como queda patente por el insignificante tamaño de la flota de altura portuguesa.
Este protocolo aumenta la contribución de los armadores un 40 %, pasando de 25 euros a 35 euros por tonelada, y disminuye la contribución comunitaria. Eso nos parece inaceptable, ya que la Comisión ha manifestado su intención de negociar los futuros protocolos con otros países aplicando la misma tasa a los armadores. 
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  El nuevo protocolo sobre la pesca del atún celebrado entre la Comunidad y las Comoras para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 ha planteado algunas cuestiones de viabilidad para los Estados miembros con flotas pesqueras.
Habiendo seguido con atención el proceso, me sorprendió el hecho de que las negociaciones no incluyeran una consulta al sector. La Comisión ha escuchado esta crítica y ha reiterado la gran importancia de continuar y reforzar el diálogo con la industria pesquera dentro del marco de los acuerdos de asociación. La Comisión ha manifestado también su intención de reunirse con el sector del atún en otoño de 2005, donde se abordarán todos los asuntos relevantes para el sector.
Quiero subrayar el hecho de que la aportación financiera haya aumentado de 350 250 a 390 000 euros al año. Y lo más importante es que el 60 % de esa cantidad se destinará a apoyar el desarrollo de pescas locales.
Por estas razones, no tengo nada que objetar a las propuestas de la ponente. 

Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE ),
   Aprobamos la iniciativa del Consejo relativa a la retención de datos de telecomunicaciones con el fin de concederles a las autoridades policiales y judiciales mejores herramientas para luchar contra el terrorismo y los delitos graves. La experiencia en Suecia demuestra que los datos de telecomunicaciones han sido muy importantes en numerosas investigaciones de delitos graves. Por ello, apoyamos la propuesta del Consejo en principio. La propuesta de la Comisión, presentada el 21 de septiembre de 2005, relativa a la retención de datos de telecomunicaciones, abre el camino a un debate sobre la lucha contra la delincuencia. La propuesta de la Comisión otorgaría influencia al Parlamento Europeo. Por todo ello, hemos decidido abstenernos en la votación de hoy, en espera de que se adopte una nueva posición. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   Creemos que la iniciativa de, por ejemplo, el Gobierno sueco relativa a la retención de datos procesados y almacenados en relación con la prestación de servicios como comunicaciones telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico o Internet para combatir el terrorismo y otros delitos transfronterizos, va demasiado lejos en comparación con los beneficios esperados.
Los Estados miembros deben facilitar el intercambio de información entre ellos para combatir con más eficiencia esos delitos. Para ello, sin embargo, no es necesaria la armonización con unas normas uniformes que rijan la manera de recopilar esa enorme cantidad de datos. De hecho, la propuesta plantea dudas considerables sobre la seguridad jurídica de las personas y también corre el peligro de acarrear costes considerables para los operadores del servicio.
A pesar de la crítica, el informe declara que la armonización es necesaria en este ámbito, pero que la legislación no debe basarse en la cooperación intergubernamental, como ocurre ahora, sino en la iniciativa de la Comisión y en un proceso de codecisión que implique al Parlamento. La Lista de Junio no comparte este punto de vista. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   .  Apoyamos la propuesta de rechazar esta iniciativa que, con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo», atenta contra las libertades, los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Con esta propuesta se pretende almacenar indiscriminadamente datos relativos a las comunicaciones (telefónicas, SMS y correo electrónico) de una forma sistemática y, por lo que todo indica, sin ningún tipo de control.
Como destaca el ponente, se trata de una propuesta innecesaria e inadecuada, que atenta contra la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
Pero además de las innumerables dudas e interrogantes sobre el alcance y la eficacia de esta medida, según el ponente, esta medida significaría el almacenamiento de un volumen de datos equivalente a cuatro millones de kilómetros de archivos.
Debemos recordar que no es la primera vez que el Parlamento ha rechazado tal iniciativa. Con todo, la Presidencia británica y la Comisión, a pesar de ser objeto de amplias críticas, han presentado esta semana nuevas iniciativas al respecto.
La legislación portuguesa prevé un sistema de seguridad que, junto con el poder judicial, ya incluye todo un conjunto equilibrado de medidas, reglas y controles. Si el sistema se utiliza con criterio y rigor, y con los medios humanos necesarios, estará seguramente en condiciones de combatir eficazmente la delincuencia, incluso en sus formas más organizadas. 
Patrick Louis y Philippe de Villiers (IND/DEM ),
   . – En un momento en que varios países europeos son presa de la amenaza terrorista, pedir a los Estados miembros que retiren una iniciativa dirigida a cooperar más eficazmente en la prevención, la búsqueda, la detección y la persecución de los autores y cómplices de actos de terrorismo, es inimaginable.
Rechazar esta iniciativa por el único motivo de que emana de los Estados miembros y no de la Comisión es irresponsable, habida cuenta de que lo que está en juego es la seguridad de nuestros conciudadanos.
Una vez más, este informe está guiado, no por el interés general, sino por consideraciones ideológicas, que persiguen privar cada día más a los Estados miembros de sus competencias en beneficio de la Comisión, sin revisión de los Tratados.
Como, tras los referendos francés y neerlandés, no pueden contar con los pueblos, las instituciones supranacionales de la Unión parecen lanzarse, al margen de los Tratados, a una apropiación progresiva de las competencias de los Estados miembros, a semejanza de la sentencia de principio dictada el 13 de septiembre de 2005 por el Tribunal de Justicia, que autoriza precisamente a la Comisión a legislar en materia penal.
Por último, ante el riesgo terrorista, ¿de qué valen las dilaciones en torno a una supuesta violación del Derecho comunitario, de la proporcionalidad o de la presunción de inocencia?
Por eso hemos votado en contra de este informe.
Andreas Mölzer (NI ),
   . La utilidad práctica de la propuesta de conservar en toda la UE los datos de las comunicaciones es un asunto que plantea muchas dudas.
El control sistemático de todas las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto sin que existan sospechas fundadas no puede justificarse por el hecho de que pueda, en circunstancias concretas, con un poco de suerte o en algún momento no determinado, ayudar quizá a la investigación de un atentado terrorista. Para ello, sería necesario acumular una cantidad inimaginable de datos que, en el peor de los casos, tendrían que mirar con lupa los investigadores en apuros.
Falta una buena definición de los elementos de información que son realmente útiles para alcanzar el objetivo de una cooperación eficiente y satisfactoria, cuyo resultado es una lista excesivamente amplia que deja demasiado margen para la interpretación. Tampoco se ha prestado suficiente atención a su aplicación en la práctica.
Las pequeñas y medianas empresas se verán especialmente afectadas por esta iniciativa, por la falta de organización y financiación para enfrentarse a la obligación de almacenar datos. Es especialmente discutible el hecho que no se haya explicado cómo los Estados miembros van a reembolsar esos costes a la industria, que previsiblemente ascenderán a varios cientos de millones de euros.
El texto presentado es legalmente discutible, podría ser contrario a varias constituciones y va en contra del objetivo declarado de la UE de convertirse en un espacio de libertad. Es además cuestionable cuando, para evitar que los jóvenes se radicalicen, recurre al control y a la censura de los medios electrónicos, mientras que al mismo tiempo garantiza seriamente a los ciudadanos que no se menoscabará la libertad de prensa y los medios de comunicación, algo que nos recuerda a George Orwell. 
Claude Moraes (PSE ),
   . Mi voto sobre el informe relativo a la conservación de datos refleja mis sentimientos como diputado al Parlamento Europeo por Londres, por cuanto existe la necesidad de que los servicios de seguridad dispongan de los poderes más efectivos posible para combatir el terrorismo y proteger a la población. Al crear importantes poderes de conservación de datos, es igualmente importante garantizar que los poderes sean operativos, que se desarrollen en estrecha colaboración con proveedores de servicios de Internet y que logremos que el período de conservación de los datos resulte proporcionado. Es evidente, a la luz de los atentados de Londres, que mi Gobierno querría poderes efectivos para hacer frente al terrorismo, y como diputado al Parlamento Europeo por Londres quiero garantizar que estos poderes sean a la vez efectivos y proporcionados, y que contribuyan a la seguridad pública del Reino Unido. 
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  Apoyo en lo esencial el espíritu de la propuesta presentada por los cuatro Estados miembros, además de compartir las preocupaciones en ella expresadas. Me parece también que, en conjunto, no contiene nada excesivo o desproporcionado. No obstante, he votado a favor del informe que propugna el rechazo de la propuesta de los cuatro Estados miembros, porque aunque considero que lo esencial de la propuesta es correcto, la Comisión va a presentar en breve una propuesta completa y global sobre este asunto y esa me parece que es la forma correcta de legislar en esta materia.
En los tiempos presentes, no debe confundirse seguridad con securitarismo. Almacenar datos del tráfico de comunicaciones no es lo mismo que realizar escuchas telefónicas; se trata simplemente de guardar un mínimo indispensable para realizar una eficaz investigación criminal. Y aunque esta medida no tenga una especial eficacia preventiva –una dimensión que también está presente–, su utilidad para la investigación de delitos es evidente para todos.
En consecuencia, esperemos ahora que la Comisión justifique la confianza depositada en ella y presente, lo antes posible, la propuesta necesaria para regular este ámbito tan importante. 

Philip Claeys (NI ). –
   Señor Presidente, la introducción de una lista de países seguros es un paso en la dirección correcta si deseamos tener una política de mínimos comunes para gestionar el flujo de refugiados hacia Europa. Pero una política de mínimos es todo lo que debe haber, puesto que la capacidad última de decisión sobre el reconocimiento y la admisión de refugiados políticos debe seguir recayendo en los Estados miembros. Por ese motivo, es necesario que los Estados miembros tengan el derecho y la posibilidad de utilizar, además de la lista europea de países seguros, sus propias listas.
No obstante, el ponente se niega rotundamente a reconocer esta posibilidad. El informe que hoy nos ocupa tiene, en realidad, un único objetivo: socavar el principio de la lista de países seguros. Siendo así, no les sorprenderá que mis colegas y yo votemos en contra del mismo. 
Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM ),
   . La Lista de Junio cree que los Estados miembros deben tener libertad para decidir la forma de sus políticas de inmigración y asilo, siempre que cumplan el Derecho internacional actual. No queremos contribuir a crear una «fortaleza europea». Tampoco es competencia del Parlamento Europeo decidir qué leyes se deben aplicar en este ámbito.
Así pues, no podemos apoyar la propuesta del Consejo, con o sin los cambios propuestos en el informe, por lo que nos hemos abstenido en la votación, ya que la directiva forma parte del concepto de una política común en este ámbito. No obstante, hemos votado a favor de muchas de las enmiendas de la comisión para recalcar nuestro apoyo a una política de refugiados que sea más humana que la expresada en la directiva del Consejo y que cumpla la normativa actual recogida en los convenios internacionales. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   .  Esta propuesta de directiva representa un primer paso para la armonización del proceso de asilo en todos los Estados miembros de la UE.
Como nuestro Grupo ha explicado, el informe del Parlamento Europeo, cuando se compara con el acuerdo alcanzado por el Consejo sobre esta misma propuesta, defiende algunos de sus aspectos más negativos, como la supresión del concepto de «país superseguro», criticado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la posibilidad de recurso en caso de que se rechace una solicitud de asilo y permanencia en el país del solicitante hasta que el proceso de apelación haya finalizado.
Sin embargo, las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, así como nuestra votación en sesión plenaria, procurarán también contribuir para retirar otros aspectos negativos, entre los que destacan:
- el rechazo de un período de detención para los solicitantes de asilo, especialmente en los «centros de detención» para inmigrantes ilegales;
- el rechazo del concepto de «tercer país seguro», puesto que las solicitudes de asilo deben analizarse caso por caso; por tanto, se debe rechazar la idea de crear una lista arbitraria de países. Después de todo, ¿en qué criterios debería basarse una lista así? 
Mary Honeyball (PSE ),
   . Este informe constituye el marco de la Posición Común de la Unión Europea sobre la delicada cuestión del procedimiento de concesión y retirada del estatuto de refugiado. A pesar del hecho de que el Partido Laborista en el Parlamento Europeo todavía tiene ciertas reservas respecto del informe Kreissl-Dörfler, los diputados laboristas británicos al Parlamento Europeo han votado a favor del informe en la votación final. Lo hacemos a sabiendas de que cualquier preocupación o problema pendiente será rectificado por los Gobiernos nacionales en el Consejo a la hora de poner en práctica los nuevos procedimientos. Seguimos confiando en que sea posible encontrar un equilibrio en el Consejo sobre la base de alguna de las recomendaciones efectuadas al amparo del procedimiento de consulta en el informe del señor Kreissl-Dörfler. 
Kartika Tamara Liotard y Erik Meijer (GUE/NGL )
   , . En general, debemos concluir que el informe representa, en muchos aspectos, una gran mejora respecto a la propuesta de la Comisión. Durante su visita al campo de refugiados italiano en la isla de Lampedusa el 27 y 28 de junio de 2005, la señora Liotard pudo comprobar de primera mano lo importante que es para los refugiados tener derechos específicos. Si un Tratado de la UE puede hacer algo para mejorar la situación de esas personas, nosotros somos partidarios de ese avance. Pero aún albergamos dudas sobre algunas secciones de la propuesta de la Comisión, como, por ejemplo, el concepto de «tercer país seguro». Lamentablemente, con esta elección nos hemos visto obligados a elegir entre la espada y la pared, por lo que, a pesar de nuestras reservas, votaremos a favor de la propuesta enmendada, puesto que puede mejorar mucho la situación de los solicitantes de asilo, porque Amnistía Internacional la ve con relativo positivismo y porque esperamos que ponga fin a todos los lamentables campos como Lampedusa que hay en Europa. 
David Martin (PSE ),
   . Este es un informe importante y oportuno, ya que permite a los representantes elegidos por sufragio directo al Parlamento Europeo expresar su opinión sobre una cuestión crucial de libertades civiles, tras el acuerdo político alcanzado por los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo.
Me identifico con la opinión del ponente en el sentido de que las normas internacionales de protección de los refugiados (incluida la Convención de Ginebra de 1951) no deben conculcarse y respaldo plenamente el papel de los parlamentarios en el examen de las enmiendas propuestas por el Consejo. Sin embargo, dada la rapidez con que cambia el clima internacional, la necesidad de mantener cierta flexibilidad a escala nacional en la enumeración de «terceros países seguros» me lleva a abstenerme sobre algunos aspectos de este informe. Está claro que necesitamos un enfoque justo pero operativo para la gestión del asilo, un enfoque que sea sensible a las necesidades de quienes huyen de la persecución política, al tiempo que nos prevengamos contra posibles abusos por otros que no gozan de un derecho legítimo. Por tanto, aplaudo los pasos dados por el Consejo con vistas a un enfoque integrado de la política de asilo y espero con internes nuevas propuestas constructivas en este ámbito tan delicado. 
Claude Moraes (PSE ),
   . Con mi voto sobre el informe Kreissl-Dörfler quiero expresar mi preocupación ante el concepto de países «superseguros», según el cual los Estados de la UE estarían autorizados a confeccionar una lista de terceros países que serían declarados tan definitivamente seguros que la condición de refugiado sería denegada automáticamente. A mi juicio, después de haber ejercido el derecho en materia de asilo en el pasado, resulta esencial que no suprimamos totalmente la evaluación individual de los solicitantes de asilo y el principio de «no devolución» de la Convención de Ginebra (principio en virtud del cual los Gobiernos no pueden expulsar automáticamente a los refugiados sin atender a sus alegaciones o verificar los elementos subjetivos u objetivos de auténticos casos de asilo). 
Tobias Pflüger (GUE/NGL ),
   . El informe de Kreissl-Dörfler que esta Cámara ha aprobado hoy por una estrecha mayoría, demuestra lo mezquina que es la política de asilo e inmigración de la UE. Como respuesta a la propuesta del Consejo de una directiva, caracterizada únicamente por el deseo de mantener fuera a los refugiados, el informe consagra jurídicamente algunas deficiencias notorias.
Incorpora el concepto del «país de origen seguro», que niega a los solicitantes de asilo el derecho a que su solicitud se examine en primer lugar.
En lo que respecta al trato que reciben los solicitantes de asilo y los «ilegales», el texto no hace distinción entre ellos, ni siquiera en relación con el hecho de que sean encerrados en «centros de deportación».
Otorga carácter legal al concepto de «tercer país seguro», junto con los criterios aplicados y una lista de ellos, con la consecuencia de que no se pueden evitar cosas como la deportación de refugiados de un país a otro.
Me abstendré de votar, ya que, aunque este informe institucionaliza la denegación de derechos a los refugiados, al menos incluye una serie de mejoras de conjunto frente al documento del Consejo.
El dilema político de la UE no ha desaparecido. Su política de «fortaleza europea» arriesga la vida de cada vez más personas, mientras que además priva a la gente de sus derechos. Una política de asilo de la UE que tratase a las personas con dignidad sería muy distinta. 
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  La ilusión de que legislar sobre esta materia es un proceso simple ignora la evidencia de que diferentes sistemas jurídicos producen resultados diferentes, algunas veces imprevistos o no deseados. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión del efecto suspensivo de recurrir contra una decisión de no conceder la condición de refugiado.
Esta misma ilusión ignora también el hecho de que existen diferentes tradiciones en lo que respecta a la definición del propio concepto de refugiado. Véase, a título de ejemplo, la diferencia entre Portugal y el Reino Unido.
Estos dos aspectos han sido la razón de que haya votado como lo he hecho sobre este informe. Puesto que la izquierda parlamentaria ha rechazado todos los puntos que para mí son clave, no he podido votar a favor del informe. Solo me queda lamentar que las buenas intenciones que ciertamente han motivado a la izquierda, como tantas veces sucede, van a producir un resultado no deseado. La preocupación por una acogida digna y humana de los refugiados no es, en modo alguno, incompatible con un conjunto de reglas mínimamente flexibles que comporten las necesarias adaptaciones a las diferentes legislaciones nacionales. Por el contrario, esa es la forma correcta de plantear una preocupación justificada por el problema de los refugiados y la voluntad de encontrar soluciones eficaces. 
Carl Schlyter (Verts/ALE ),
   Los cambios del Parlamento, que no obligan a los países a rechazar las solicitudes presentadas por ciudadanos de «países seguros», que exigen períodos de procesamiento más cortos y que exigirán que los solicitantes de asilo no sean tratados como delincuentes, siguen una línea acertada. No obstante, el Parlamento Europeo ha votado en contra de la propuesta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea de abolir por completo el concepto de países seguros y, en su lugar, seguir las normas internacionales sobre derechos humanos para considerar las solicitudes de asilo caso por caso. Con toda probabilidad, el Consejo no tendrá en cuenta las mejoras votadas por el Parlamento Europeo. Cuando hoy votemos sobre esta directiva, estaremos votando en realidad las propuestas del Consejo, que son hostiles a los derechos humanos. Por esa razón, votaré en contra de ellas. El Partido Verde de Suecia se opone a la armonización de la política de asilo, porque tal política corre el riesgo de convertirse en antidemocrática y de rebajarse a unos requisitos legislativos mínimos. El resultado sería una mala propuesta de legislación y la posibilidad de que el Parlamento amenace con acudir a los tribunales alegando procedimientos ilegales. 
Bart Staes (Verts/ALE ),
   . Tras haber mantenido numerosos encuentros con refugiados de Kosovo, Chechenia, Afganistán, Nepal, Rusia, Uzbekistán and Kazajstán, sé que esas pobres almas no vienen a nuestro continente por diversión. Cada pareja de padres y cada niño tienen su propia historia que contar, una historia de desesperación y miedo. Este proyecto de directiva es preocupante y constituye la prueba definitiva de que los Ministros de Justicia y de Interior están actuando por su cuenta, sin consultar al Parlamento Europeo. Han ido en contra del espíritu de los Tratados al celebrar lo que a mí me parece que es un acuerdo político poco meditado, sin consultar con el Parlamento Europeo. Por tanto, apoyo la enmienda 182, según la cual el Parlamento Europeo mantiene el derecho a recurrir al Tribunal de Justicia para verificar la legitimidad de la propuesta y su conciliación con los derechos civiles fundamentales. Apoyo también todas las enmiendas que pretenden eliminar el concepto de «tercer país seguro» de la propuesta. Esta noción es inaceptable, ya que pasa la pelota de los Estados miembros a terceros países y será la causa inevitable de arbritariedad e intereses políticos. Dicho sea de paso, ¿quién decide si un país es (super)seguro o no? ¿Es Afganistán seguro después de la guerra? ¿Lo son Kazajstán y Uzbekistán, dos países que están derrumbándose bajo un régimen totalitario? Algunas personas en Bélgica creen que lo son.
Britta Thomsen (PSE ),
   Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del señor Kreissl-Dörfler sobre la propuesta modificada de directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (A6-0222/2005). No obstante, somos conscientes del hecho de que la propuesta se refiere a un ámbito que está contemplado en el Título IV del Tratado por el que se constituye la Comunidad Europea y por tanto no se aplica a Dinamarca; véase el protocolo sobre la posición danesa.


El Presidente.
   Se reanuda la sesión. 
Se ha distribuido el acta de la sesión anterior.
¿Hay observaciones?
Ursula Stenzel (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, tengo algo que añadir al Acta de hoy: el hecho de que la declaración por escrito sobre enfermedades reumáticas haya superado superado la mayoría de dos tercios. Ya se habían recogido 367 firmas y la cifra ha llegado a 378 hoy al mediodía.
La declaración por escrito, de la cual soy la autora, pide a la Comisión y al Consejo que incluyan las enfermedades reumáticas entre las prioridades del Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE. Solicito que este sensacional logro conste en las actas de hoy. 
El Presidente.
   Señora Stenzel, lo que está usted diciendo no es una observación sobre el acta de la sesión de ayer, es decir, de la sesión anterior. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
(A6-0251/2005) del señor Guellec, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre el papel de la cohesión territorial en el desarrollo regional [2004/2256(INI)];
(A6-0246/2005) del señor Marques, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas [2004/2253(INI)].
Ambroise Guellec (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera presentarles en unos minutos mi informe sobre el papel de la cohesión territorial en el desarrollo regional.
Hay que recordar que, desde hace varios años, gran número de regiones europeas vienen reclamando repetida e insistentemente que se tenga en cuenta este concepto en las políticas de la Unión Europea. La reciente adhesión de diez nuevos Estados miembros, que se ha traducido en un agravamiento de las disparidades regionales y en la aparición de nuevas desigualdades territoriales, ha intensificado singularmente la expresión de esta necesidad capital. Los redactores del proyecto de Constitución para Europa así lo comprendieron, pues el artículo 3 del proyecto de Tratado menciona la coherencia económica, social y territorial entre los objetivos esenciales de la Unión.
La problemática suerte del Tratado parece inducir a algunos responsables de la política regional, en particular de la Comisión Europea, a mostrar la máxima prudencia ante la mera mención de la necesaria cohesión territorial. Esta actitud nos parece infundada y espero, señora Comisaria, que comparta nuestro punto de vista. En efecto, la enorme diversidad geográfica, humana y cultural del territorio de la Unión, en un espacio a fin de cuentas relativamente restringido, representa una riqueza única en el planeta, pero lleva en germen, si no se tiene cuidado, un grave riesgo de distorsiones insoportables para los que se consideren sus víctimas. Por desgracia, así se demostró, más allá de todos nuestros temores, en los referendos de Francia y de los Países Bajos sobre el proyecto de Constitución Europea.
Es probable que consultas populares organizadas sobre las mismas bases condujeran a los mismos resultados en muchos otros Estados miembros. Por ello, he querido que mi informe contribuyera a dar respuestas a los interrogantes que se plantean. ¿Cómo reconciliar a los ciudadanos con el proyecto europeo? ¿Cuál es el futuro de Europa? De nuestra Europa.
Una de las respuestas la aporta la política de cohesión, esa política de solidaridad que es el modelo original de la UE y la distingue de una mera zona de libre cambio. Aparte de que debe disponer de los medios necesarios, lo que requiere que sea debidamente tenida en cuenta en las perspectivas financieras 2007-2013, es importante que integre la dimensión territorial en todos sus aspectos. Así, la cohesión territorial constituirá una base explícita, comprensible para todos los europeos, de un enfoque coherente del territorio de la UE. Más concretamente, de la realización de la cohesión territorial. Mencionaré algunos principios y medidas concretas.
Los principios son los siguientes: el principio de equidad entre los ciudadanos de todo el territorio, lo que supone en particular una accesibilidad adecuada a los servicios de interés general y los servicios de interés económico general; la integración de la dimensión territorial en las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo; el desarrollo policéntrico del territorio europeo; el papel que deben desempeñar las ciudades pequeñas y medianas y la conexión con el mundo rural; el refuerzo de todas las dimensiones de la cooperación territorial; una descentralización basada en las regiones, que conocen mejor las necesidades y potenciales de sus territorios; la gobernanza multinivel, así como la participación de socios no públicos.
Una de las propuestas concretas que hacemos a la Comisión consiste en la creación de tres instrumentos. Primero, proponemos un mecanismo de fertilización cruzada de las políticas sectoriales que tienen una repercusión importante en el desarrollo de los territorios y la política de desarrollo regional. Después, nuevos indicadores territoriales, además del producto interior bruto, para medir el desarrollo de las regiones y evaluar objetivamente los obstáculos al mismo. Por último, un sistema de evaluación de la repercusión de las distintas políticas comunitarias en la cohesión territorial.
Otra propuesta se refiere a la elaboración de un libro blanco sobre el objetivo de la cohesión territorial y, en particular, sobre el modo de integrarlo en los planes estratégicos nacionales de los Estados miembros, que por lo demás están elaborando actualmente. Espero, por mi parte, que la votación de mañana refleje un amplio apoyo de la Cámara a una política de cohesión territorial ambiciosa. 
Sérgio Marques (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, hoy culminamos una etapa más en el proceso de dotación de estatuto propio a las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el apartado 2 del artículo 299 de los Tratados. Ese estatuto propio se basa en la realidad muy específica de esas regiones, que se caracterizan por factores como lejanía, insularidad, topografía accidentada, tamaño reducido, geografía montañosa y dependencia económica de un único producto o actividad, así como la permanencia y combinación de estos factores. Estos son los rasgos característicos de lo que se denominan regiones ultraperiféricas y son únicos dentro de la UE.
La verdad es que constituiría una violación grave del principio de proporcionalidad e igualdad si se diese a estas regiones el mismo trato que a las demás regiones de Europa. El modelo de integración en estas regiones ultraperiféricas debe tener en cuenta sus características específicas y, por tanto, debe ser objeto de adaptación, ajuste y, en algunos casos, derogación. Debemos tratar de forma diferente aquellos que es diferente, porque las evidentes diferencias de las regiones ultraperiféricas afectan de manera muy negativa a su desarrollo socioeconómico y tienen como consecuencia una desventaja competitiva inaceptable y la imposibilidad de obtener beneficios derivados del mercado interior, la reciente ampliación, la Estrategia de Lisboa y la globalización.
En realidad, las regiones ultraperiféricas tienen pocas posibilidades de competir en igualdad de condiciones cuando las actividades económicas desarrolladas soportan la carga de unos costes adicionales muy significativos que se derivan, entre otras cosas, del transporte, de la ausencia de economías de escala y economías externas, de unos mercados pequeños y fragmentados y de la escasez de mano de obra cualificada. Por todo ello, es fundamental que busquemos medidas para profundizar en el tratamiento especial que la UE otorga a las regiones ultraperiféricas por sus características especiales. Este es el propósito principal de la comunicación de la Comisión titulada «Una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas», sobre la cual tuve el grato y estimulante honor de redactar el informe que hoy nos ocupa.
La Comisión propone una estrategia global centrada en tres prioridades: competitividad, accesibilidad e integración regional. Propone, como instrumentos de esta estrategia, una nueva política de cohesión y una mayor contribución de las restantes políticas comunitarias. Propone también la creación de instrumentos innovadores, como el programa específico para compensar los costes adicionales, así como un programa de vecindad más amplio para favorecer la integración de las regiones ultraperiféricas en su espacio geográfico próximo, lo cual combina acciones de cooperación transnacional y transfronteriza con acciones de política aduanera y comercial. Esta es la espina dorsal de la propuesta de la Comisión para compensar y atenuar las principales desventajas que sufren las regiones ultraperiféricas. La gran prioridad es enfrentarse a las desventajas más graves, es decir, el aislamiento de estas regiones, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, facilitando el acceso, en términos de transporte, al continente europeo, pero también promoviendo la integración de las regiones ultraperiféricas en el espacio vecino al que siemper han dado la espalda.
La segunda gran idea es promover la competitividad de las regiones ultraperiféricas, algo que se logrará no solo reduciendo los significativos costes adicionales que la condición ultraperiférica implica, sino también mediante una acción decisiva sobre factores dinámicos como la competitividad, la educación, la formación, la innovación, la investigación, la sociedad de la información y el espíritu emprendedor. En este último aspecto, la propuesta de la Comisión es claramente insuficiente, constituyendo esto su principal punto flaco.
El problema es que la política comunitaria, que podría tener un efecto importante en la competitividad de las regiones ultraperiféricas, dista mucho de ser lo que se necesita, como es el caso de las políticas destinadas a promover el capital humano, el desarrollo y la investigación tecnológicos, el medioambiente, los servicios de interés económico general y las telecomunicaciones. Por otro lado, la Comisión no prevé ningún plan especial para las regiones que dejen el Objetivo 1 por haber sobrepasado el 75 % de la media comunitaria en términos del PIB per cápita. Obviamente, se requiere un régimen especial de exclusión del Objetivo 1 e inclusión en el Objetivo 2, plenamente justificado en virtud del apartado 2 del artículo 299 de los Tratados.
La propuesta de la Comisión supone, no obstante, un paso importante en la dirección correcta, porque viene en el momento oportuno a establecer correctamente una estrategia y unas prioridades y porque propone políticas innovadoras. Aunque acogemos con agrado la iniciativa de la Comisión, le pedimos que sea más ambiciosa e incorpore las sugerencias y comentarios que se hacen en mi informe. No puedo concluir sin una palabra de agradecimiento a las personas que con sus contribuciones han mejorado este informe. 
Danuta Hübner,
   . Señor Presidente, quiero comenzar haciendo algunos comentarios en torno al excelente informe del señor Guellec sobre el papel de la cohesión territorial en el desarrollo regional. Agradezco mucho su apoyo en la promoción del concepto de cohesión territorial en nuestra política regional. Me gustaría que su entusiasmo fuera compartido por todos nuestros Estados miembros, pero, como saben, la versión actual de la propuesta de reglamento sobre los Fondos Estructurales ha debilitado la propuesta de la Comisión en materia de cohesión territorial. Esto es cierto, por ejemplo, en las cuestiones urbanas. Las propuestas que la Comisión consideraba preceptivas han pasado a ser simplemente opcionales por obra del Consejo. Otro ejemplo lo constituye el notable recorte de recursos financieros aplicado al nuevo objetivo de cooperación territorial europea en las perspectivas financieras, de acuerdo con la última propuesta de compromiso de la Presidencia luxemburguesa. En esta propuesta solo se contempla la mitad del importe previsto por la Comisión. Por eso quisiera animarles a volver a plantear nuestras ideas iniciales en las negociaciones.
Para mí, la labor en torno a la cohesión territorial debe impulsarse en dos frentes. Primero, haciendo mayor hincapié en la cohesión territorial en la próxima generación de programas de cohesión. Hay que decir que en el proyecto de directrices estratégicas de la Comunidad –que fue adoptado por la Comisión a finales de junio– pedimos a los Estados miembros y a las regiones que prestaran especial atención a un desarrollo territorial equilibrado a la hora de elaborar sus futuros programas regionales. En este contexto, los futuros marcos estratégicos nacionales brindan una oportunidad crucial para promover modelos de desarrollo respetuosos con el equilibrio territorial. Además, los reglamentos propuestos prevén disposiciones sobre el carácter específico de determinados territorios y se centran en determinadas prioridades temáticas que contribuyen al desarrollo territorial a través de la mejora de su accesibilidad o el fomento del desarrollo de polos de investigación e innovación.
Segundo, creo que podemos adelantar nuestro trabajo sobre la cohesión social a través de la promoción del intercambio de experiencias, mejores prácticas, referencias comparativas y análisis. Como saben, ORATE –el programa de investigación– nos ayuda a mejorar la comprensión de las tendencias territoriales y el efecto de las políticas sectoriales en la Unión ampliada. Además, a este mismo fin contribuyen otras redes, como Interact o Urbact. Estoy segura de que estas iniciativas tendrán continuidad en el futuro.
Con respecto a los informes periódicos sobre la cohesión económica y social elaborados por la Comisión, propongo dedicar una parte del cuarto informe sobre la cohesión –cuya publicación está prevista para 2007– a la cuestión de la cohesión territorial. Quiero informarles asimismo de que mis servicios están elaborando actualmente un documento de trabajo sobre la contribución de las ciudades al crecimiento y los puestos de trabajo en las regiones. Este documento vendrá a completar las directrices estratégicas de la Comunidad y se presentará en la reunión ministerial informal sobre comunidades sostenibles, que se celebrará en Bristol en diciembre de este año.
Por último, estoy igualmente segura de que podemos impulsar nuestra labor en torno a la cohesión territorial mejorando la coordinación de las políticas comunitarias y nacionales. Así pues, de nuevo agradezco que insistan ustedes en el papel de la cohesión territorial dentro de nuestra política regional y estoy dispuesta a impulsar la cuestión de la cohesión territorial tanto en el contexto de los nuevos programas como en nuestro intercambio de mejores prácticas.
Paso a comentar ahora el informe del señor Marques, que también es excelente. Trata de una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas, con una serie de recomendaciones diversas que demuestran claramente el firme compromiso y la dedicación del Parlamento Europeo respecto de este importante asunto.
Me complace enormemente que la Comisión haya logrado sentar las bases para una estrecha asociación con las regiones ultraperiféricas, tanto en el plano político como en el técnico. Creo firmemente que el último encuentro que celebramos en Reunión constituye una prueba patente de esta asociación.
Como ha dicho, efectivamente habíamos propuesto un número significativo de medidas para promover el desarrollo económico de las regiones ultraperiféricas en consonancia con nuestro comunicado del año pasado. Nuestras propuestas abarcan muchos ámbitos, como la política de cohesión, la agricultura, la pesca y la investigación. Esas propuestas son ahora objeto de negociación en el Consejo y el Parlamento. Espero de verdad que podamos llegar pronto a un acuerdo.
Todavía se hallan en fase de erlaboración algunas propuestas importantes; en concreto, las normas sobre ayuda regional, que la Comisión adoptará a finales de 2005. Comparto su opinión de que queda mucho por hacer. Su propuesta de resolución constituye un hito importante, que tendremos en cuenta en nuestro quehacer diario. En nuestro próximo informe sobre regiones ultraperiféricas, posiblemente en 2007 o 2008, preveo hacer una evaluación del progreso realizado. Resulta igualmente indispensable contar con un planteamiento coherente en todas las políticas comunitarias que tenga en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas y que deberá complementarse con políticas nacionales apropiadas. En mi calidad de Comisaria encargada de la coordinación de las cuestiones relacionadas con esas regiones, me he comprometido a garantizar que todas las medidas adoptadas por la Comisión se adapten a la situación específica de dichas regiones. Su propuesta de resolución señala una serie de aspectos a los que me referiré en mis comentarios finales.
Con respecto a las perspectivas financieras y la política de cohesión y las regiones ultraperiféricas, acogemos con gran satisfacción el propósito declarado por la Presidencia del Reino Unido de consensuar el paquete de reglamentos a la mayor brevedad posible, de manera que pueda estar concluido muy rápidamente una vez conocido el resultado de las negociaciones sobre la futura financiación. Rindo homenaje al Parlamento, que ha reconocido rápidamente la urgencia de la situación y ha aprobado los reglamentos en primera lectura por una amplia mayoría y con enmiendas muy constructivas. Es especialmente importante para las regiones ultraperiféricas llegar a un acuerdo urgente sobre el presupuesto. Tal acuerdo debe incluir, a nuestro juicio, el programa especial que la Comisión ha propuesto para las regiones ultraperiféricas en compensación por los costes adicionales que han de soportar estas regiones.
Repito que haremos todo cuanto podamos para recabar el apoyo de los Estados miembros a dichas ideas. 
Luis Manuel Capoulas Santos (PSE )
   . Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, voy a hacer referencia al segundo informe. Como todos sabemos, para que cualquier política pueda aplicarse con éxito, se necesita una buena estrategia. Pero una buena estrategia, por sí sola, de poco vale si no existen los instrumentos políticos necesarios para su aplicación.
La Comisión merece un aplauso por el documento de estrategia que nos ha presentado. Lo que ese documento revela es que las sucesivas manifestaciones de preocupación y los llamamientos de varias instancias comunitarias a favor de reforzar la asociación con las regiones ultraperiféricas han sido debidamente atendidos y tenidos en cuenta. En lo que respecta a la agricultura, he sido el ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y me grato constatar la posición unánime de sus miembros en su apreciación de cuestiones generales del documento, cuestiones sectoriales y las recomendaciones y sugerencias específicas que formulé para mejorar y llenar lagunas, sobre todo en lo que respecta a la producción de plátano, azúcar, leche, fruta y verdura.
Acojo con agrado el hecho de que el ponente respondiera positivamente a todas las cuestiones cruciales presentadas por la comisión y le felicito por su excelente trabajo. Comparto también su preocupación por las incertidumbres relativas a los instrumentos de política necesarios para dar expresión concreta a la estrategia que se preconiza, tales como los instrumentos diseñados para salir del actual punto muerto en el que se encuentran las perspectivas financieras para el próximo período de programación.
Sin ellas, este debate será poco más que una mera declaración de buenas intenciones. Quiero creer que la Comisión y el Consejo serán coherentes con las posturas que ya han asumido y espero que sepan estar a la altura de sus responsabilidades y de las expectativas creadas. De ser así, beneficiará a la cohesión social, económica y territorial de algunas regiones de la UE que sufren las mayores desventajas; de lo contrario, no se cumplirán los objetivos de nuestra Unión. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes de nada quiero felicitar al señor Marques por su magnífico informe y por incorporar las propuestas presentadas por la Comisión de Pesca.
Como ponente de opinión de dicha comisión, me corresponde hacer algunos comentarios que interesan al sector pesquero en dichas regiones. Aunque estoy de acuerdo en lo esencial con el contenido de la comunicación de la Comisión relativa a este sector, creo que tendría que haber ido un poco más lejos. Por eso mismo propuse una serie de puntos que considero esenciales en la opinión de la Comisión de Pesca. Para mí no cabe duda de que el programa POSEI de pesca se debe actualizar, como se ha hecho con el programa POSEI de agricultura del que fui ponente, en virtud de las características específicas del sector y las regiones y de su realidad siempre cambiante.
Deseo recordar la enorme fragilidad por todos conocida de las zonas de pesca allí, así como la importancia social y económica de la pesca en algunas de estas regiones. De hecho, a pesar de existir mucha agua, se sabe que no existen muchos peces en las aguas de las regiones ultraperiféricas. A ello se añade el hecho de no existir una plataforma continental, razón por la cual la pesca se practica fundamentalmente en los llamados «montes submarinos».
Sobre esta base, opino que la Comisión debe aplicar siempre el principio de cautela cuando sea apropiado, sin reservas ni demoras. Nos acordamos, por ejemplo, de la reciente propuesta de prohibir el arrastre de fondo en las Islas Azores, Madeira y Canarias, una posición que defendimos en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la Comisión debe garantizar a las flotas de pesca de las regiones ultraperiféricas una discriminación positiva en lo que respecta al acceso a los recursos marítimos en esas zonas y salvaguardar la sostenibilidad de la pesca artesanal. Considero también que la Comisión debe poner límites a la utilización de determinadas artes de pesca que pueden dañar a los ecosistemas.
En lo que respecta al aspecto financiero, le recuerdo a la Comisión la fragilidad de las regiones ultraperiféricas. Por eso es importante que la Comisión tenga en cuenta que es preciso mantener en el Fondo Europeo de Pesca el nivel de ayudas actualmente concedidas en virtud del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, mantener también el nivel de ayudas a la industria transformadora y mantener las derogaciones que han permitido que estas regiones modernicen su flota. Debería tratar también de aumentar los niveles de compensación de los costes adicionales que se incurren en la comercialización de determinados productos de pesca. 
Ewa Hedkvist Petersen,
   Señor Presidente, deseo comentar el informe del señor Guellec sobre la cohesión territorial, comenzando por agradecerle la cooperación tan constructiva que hemos encontrado durante la redacción del informe.
La gran diferencia entre el presente y el pasado de hace 15 o 25 años es que las regiones participan muy activamente en su propio desarrollo. Ya no esperan a que otros les permitan desarrollar sus economías y sociedades y mejorar sus condiciones de vida. Desean hacer cosas por sí mismas. Por esa razón, no es tan extraño que la cohesión territorial se haya convertido en un concepto importante. Reúne ese sentimiento y el deseo que existe en toda Europa, incluso en los suburbios de las ciudades, de que todos seamos necesarios en el continente de Europa, que todos seamos importantes y que todas las regiones tengan algo que aportar. Esto debe ser evidente para todos nosotros en la UE. Por eso es tan importante el concepto de cohesión territorial, en virtud del cual mantenemos unido nuestro continente y todos los ciudadanos sienten que participan en él. Debemos aprovechar al máximo la enorme cantidad de conocimientos que existen en toda Europa para desarrollar nuestro continente. No hacerlo sería un error.
Europa en su conjunto goza de una riqueza increíble, que a menudo se encuentra en las regiones o en los suburbios. Contamos con muchos recursos naturales, que si se utilizan con un buen fin son útiles no solo para las regiones, sino también para el conjunto de Europa. Nos preocupa también la energía, que es nuestra fuente de ingresos en la exportación. Disponemos además de abundantes recursos naturales que podemos utilizar con fines turísticos y recreativos. Muchas personas trabajan en esos sectores, que son los que podemos desarrollar por el bien de todo nuestro continente. En Europa tenemos también diversidad. Tenemos minorías e inmigrantes de todo el mundo, de cuya energía y conocimientos debemos sacar el máximo provecho.
Por tanto, deseo hacer hincapié en una serie de aspectos del informe que me parecen importantes. Primero, las estrategias de Lisboa y Gotemburgo deben abarcar a todos. Debemos garantizar que se amplíen para incluir a todas las regiones. De lo contrario, no podremos desarrollar la totalidad de Europa. Segundo, no podemos aceptar zonas de política sectorial, que tienen el efecto opuesto al de fortalecer simplemente el centro. Tercero, deseo destacar la importancia que tiene que se evalúen las distintas zonas de política en Europa, de forma que consigamos una auténtica cohesión territorial. Tomemos por ejemplo el sector del transporte. Debemos asegurar la existencia de unas redes de transporte que permitan el desarrollo de la totalidad de Europa.
Creo que este es un informe constructivo y verdaderamente espero que la Comisión escuche lo que el Parlamento Europeo tenga que decir. 
Konstantinos Hatzidakis,
   . – Señor Presidente, simplemente hemos intercambiado el turno porque el señor Galeote llegará más tarde.
Deseo comenzar manifestando que tenemos ante nosotros dos informes excelentes, uno redactado por el señor Guellec y otro por el señor Marques, a los que felicito.
En lo que respecta al informe del señor Marques, diré muy brevemente –porque no provengo de ninguna de esas regiones y mis distinguidos amigos que sí provienen de una de ellas saben más de este asunto que yo– que la Unión necesita dar prioridad a las cuestiones de las regiones ultraperiféricas, cumpliendo los compromisos que todos contrajimos en el marco del Tratado de la Unión Europea; estoy seguro de que, en la medida de lo posible, la Comisión procederá en esa dirección.
Comentaré en líneas generales el informe del señor Guellec; la señora Comisaria tenía razón, el proyecto de reglamento sobre los Fondos Estructurales contiene muchas ideas relacionadas con la cuestión de la cohesión territorial, una cuestión que se trata en el informe del señor Guellec. Por su parte, el Parlamento Europeo hará todo lo que pueda en sus negociaciones con el Consejo para garantizar que este principio de cohesión territorial se promueva a través de los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales.
Pero no debemos olvidar que este principio se introdujo por primera vez en un texto del Tratado de la Unión Europea con ocasión de la aprobación del proyecto de Constitución. Fue una idea fomentada conjuntamente por su predecesor, el señor Barnier, y la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo por aquel entonces. El compromiso fue, sin lugar a dudas, todo un éxito, aunque, como todos saben, no hemos conseguido todavía que se ratifique la Constitución.
Quiero decir que la ratificación de la Constitución, en relación con el principio de la cohesión territorial, pondrá a nuestra disposición muchos más instrumentos que ahora para profundizar en la política regional y contemplar la cohesión territorial dentro del marco de la política de competencia, dentro del marco de la política de transporte de la Unión Europea, etc.
En consecuencia, señora Comisaria, deseo insistir en lo comentado ayer en esta Cámara. La Comisión Europea por una parte, y nosotros por otra, debemos aprovechar este período de concentración en la Constitución Europea para educar a los ciudadanos de la Unión y garantizar que esta Constitución, que contiene disposiciones favorables para los propios ciudadanos, se apruebe lo antes posible, de modo que dispongamos de instrumentos legislativos más sólidos.
Obviamente, siempre y cuando este período de concentración no se convierta en un período de hipnosis. Esa es la increíble apuesta que tenemos ante nosotros. Opino que el Parlamento y la Comisión deben hacer todo lo posible para no malgastar un tiempo valioso y para asegurar que la Unión Europea se dote del Tratado Constitucional al que tiene derecho y que se merece.
Jean Marie Beaupuy,
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en mi nombre personal y en el de mis colegas del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, quiero expresar al señor Guellec y al señor Marques el gran placer que ha sido para nosotros trabajar sobre su informe, que, por supuesto, en lo esencial es aceptable para nosotros.
Por mi parte quisiera centrarme en especial por uno de los puntos abordados en el informe del señor Guellec, que no deja de tener efectos sobre el informe del señor Marques, ya que el señor Guellec se ha ocupado del papel de los centros urbanos y sus alrededores.
Desde hace algunos años venimos hablando con fruición –yo mismo represento a una ciudad, Reims, en Champagne– del concepto de las cuencas. Las cuencas son los territorios que engloban una ciudad, ya sea pequeña, mediana o grande, y todos los territorios rurales que la rodean en 5, 10, 15, 20 kilómetros, o incluso, en el caso de la capital francesa, París, hasta 200 kilómetros a la redonda, donde se encuentran cierto número de personas que cada día se desplazan de su lugar de trabajo a su lugar de residencia. Era pues indispensable, para alcanzar los objetivos de Lisboa y Gotemburgo, que la Unión Europea inscribiera lo esencial de sus intervenciones en el marco de un desarrollo territorial armonioso, coherente.
Estas cuencas, en particular, deben desempeñar plenamente su papel, lo que no sucede actualmente. Hablaba de desplazamientos; es el todo evidente que, en todas esas cuencas, se plantean problemas de vivienda. Las viviendas son más caras en el centro de la ciudad y más baratas en la periferia; algunas personas optan por vivir en la periferia porque tienen más tranquilidad o porque la vivienda es más barata. Todo ello provoca problemas de desplazamientos todos los días. Vemos pueblos despoblados a pocos kilómetros de nuestras ciudades, cuando en algunos de nuestros barrios se producen concentraciones humanas espeluznantes. Constatamos problemas de seguridad, y un largo etcétera.
Por tanto, es natural que, para alcanzar los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo, tengamos que garantizar una auténtica coherencia en estas cuencas, entre el centro de la ciudad, la periferia inmediata, la periferia cercana y la periferia lejana. ¿Podemos superar estas dificultades sin demasiado trabajo? La respuesta es evidentemente negativa, dada la multiplicidad de agentes implicados. Están los organismos de vivienda, los responsables de la toma de decisiones en el sector del empleo y, por supuesto, los responsables políticos, que operan a escala local, regional y nacional. Ahora bien, sabemos cuán difícil es armonizar las posiciones de las distintas organizaciones políticas.
A este respecto, creo, señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, que la Unión Europea tiene un papel capital que desempeñar actualmente, que es hacer de aguijón para garantizar, en los años que vienen, una verdadera cohesión de todos esos territorios, un desarrollo armonioso dentro de estas cuencas.
Por último, señor Marques, quiero expresar el gran respeto que me inspira su informe y todo el respaldo que le aportamos. Deseo que, en todas las zonas ultraperiféricas, ya sea de pequeñas ciudades o de grandes ciudades, pero también en todas las demás zonas que fuere, los 1 100 millones de euros que evidentemente esperamos que se liberen nos permitan garantizar el desarrollo armónico en el que todos tenemos tanto interés.
Gisela Kallenbach,
   Señor Presidente, señora Comisaria, aunque me propongo centrar mis observaciones principalmente en el informe del señor Guellec, quiero decir al señor Marques que considero que la «cohesión territorial» se aplica también a las regiones ultraperiféricas. Estoy muy agradecida al señor Guellec por este excelente informe, y creo que al ser un informe de propia iniciativa puede ser un buen medio para que en esta comisión del Parlamento Europeo podamos desarrollar nuestro propio enfoque.
Un buen trabajo de equipo ha hecho posible este informe bien equilibrado y con visión de futuro. Si todos coincidimos en que queremos –y permítame decir, señora Comisaria, que espero que tenga usted éxito en sus esfuerzos por lograr que los Estados miembros se unan a nosotros– comunicar Europa a las personas allí donde estén y en sus vidas cotidianas, entonces, la cohesión territorial, junto con la social y la económica son de enorme importancia. Nos ayudarán a asegurar la aceptación del principio de que todos los ciudadanos de la UE deben ser valorados de la misma manera y tratados equitativamente al margen de la región donde vivan; asimismo servirá para incorporarlo en todos nuestros documentos, por ejemplo los que estén relacionados con los Fondos Estructurales y de Cohesión, pero también en la aplicación de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo.
Hacemos bien en convertir la asociación en un principio primario, no solo una asociación entre ciudades, el interior del país y las zonas rurales, sino también una asociación entre todos los niveles políticos. Tal como lo veo yo, el desarrollo coherente y armonioso de todos los países de la UE, de las regiones y las ciudades depende en gran medida de ello, y quiero expresar mi fuerte apoyo a la idea de que el grado de desarrollo de una región debería valorarse haciendo referencia a algo más que su PIB; es preciso incluir otros indicadores territoriales –como por ejemplo las facilidades educativas, científicas, culturales y deportivas, o la incidencia de desempleo o el estado de la infraestructura–, puesto que considerar la región como un todo ofrece una imagen mucho más clara. Se trata de un paso significativo hacia una valoración más justa, y finalmente permitirá a las personas que viven allí tener una mejor comprensión de Europa y de los reglamentos que aprobamos, y tengo la impresión de que sigue siendo sumamente necesaria una comunicación mucho mejor entre nosotros y los ciudadanos de Europa. 
Pedro Guerreiro,
   – El apartado 2 del artículo 299 del Tratado dice que, teniendo en cuenta la situación estructural, social y económica de las Azores, Madeira, y las islas Canarias y los departamentos franceses de ultramar, deberían adoptarse medidas específicas para apoyar a estas regiones.
Estas regiones se caracterizan por unas desventajas estructurales permanentes que las separan de las demás regiones de los Estados miembros de la UE. Estas desventajas estructurales se ven agravadas por su lejanía, su insularidad, su pequeño tamaño, su difícil topografía y clima y por su dependencia de algunos productos, unos factores cuya permanencia y combinación limitan gravemente su desarrollo. Ello se contempla en los tratados y, por este motivo, las características específicas de las regiones ultraperiféricas han de integrarse en todas las políticas de la Comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades de desarrollo y la necesidad de una aplicación eficaz de la cohesión económica y social, un principio que también se contempla en los Tratados. Además, es preciso establecer un programa comunitario específico para apoyar a estas regiones, que recoja todas las medidas dispersas, que conceda unos recursos financieros adecuados dentro del marco de las perspectivas financieras para 2007-2013. Ello contribuirá de forma significativa a resolver los problemas de las regiones.
Muchas de las características y necesidades de estas regiones y sus poblaciones pueden y deben ser abordadas. Entre ellas quiero recalcar la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces y las actividades de las comunidades pesqueras en estas regiones. Para ello, es esencial que el control exclusivo de acceso a sus aguas, de conformidad con la jurisdicción nacional relevante, coincida con su zona económica exclusiva.
Hemos de considerar la posibilidad de aplicar una serie de medidas de apoyo permanentes en el ámbito del medio ambiente, dado que la mayor parte del territorio de estas regiones se compone de reservas naturales y zonas protegidas. Por ultimo, deberíamos apoyar medidas en el ámbito de la formación en artesanía tradicional, producción local y turismo. 
Graham Booth,
   . – Señor Presidente, el Viceprimer Ministro británico ha estado aquí esta semana, así que resulta oportuno un informe centrado en dos de sus temas favoritos: regionalismo y jerigonza burocrática. Mis electores de habla llana no tienen tiempo para el regionalismo y dudo que se interesen por los procedimientos de evaluación del impacto territorial estratégico.
El señor Guellec verdaderamente no se hace eco de mensajes sencillos expresados por votantes normales. Sus paisanos franceses rechazaron la Constitución de la UE, y sin embargo esta constituye un ingrediente esencial de su informe. No me sorprende, ya que el sitio web del ponente cuenta con toda una sección dedicada a la Constitución, incluida una tabla de fechas clave. La fecha clave más reciente para el señor Guellec es el 29 de octubre de 2004, día en que el Tratado Constitucional fue ratificado en Roma. El día del referendo francés, el 29 de mayo de 2005, no es ni siquiera un detalle menor para él. Ha afirmado que la cohesión territorial constituye un objetivo esencial de la UE en la Constitución. Lamentablemente para él, la Constitución no es un objetivo esencial para los votantes franceses y neerlandeses.
¿Qué es la cohesión territorial? El ponente solo acierta a decirnos que el primer intento formal de definirla proviene de la Comisión. ¿Quién ha oído jamás semejante disparate: proponer un proyecto e intentar después una definición? ¡Qué típico es de esta enloquecida Unión Europea!
El ponente afirma que las regiones son el nivel más apropiado para determinar las necesidades. Debería visitar la llamada región que yo represento. La autoridad regional en Exeter no tiene forma humana de saber qué es mejor para Gloucester, Swindon o Penzance, a muchas millas de distancia. La gente normal en dichas zonas no piensa así. Tal vez al señor Guellec no le inquiete saber lo que piensa esa gente normal, siempre que pueda proclamar que su querida Constitución Europea refuerza el papel de las regiones. El único problema que se le plantea es que la gente normal de su propio país no está de acuerdo con su planteamiento. Sin duda consigue la cohesión en un aspecto, toda vez que las gentes normales de todas las partes del continente se sentirán confundidas por su informe y él habrá perdido totalmente el contacto con todas ellas. 
Mieczysław Edmund Janowski,
   .  Señor Presidente, la aplicación de la política de cohesión se deriva directamente de las disposiciones del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas. En él se dice que como Comunidad lucharemos por reducir las disparidades entre el nivel de desarrollo de las distintas regiones individuales y el grado de subdesarrollo de las zonas menos privilegiadas. Esto también es válido para las zonas rurales y remotas. Por ello está plenamente justificado que abordemos esta cuestión tan importante y me gustaría dar las gracias al ponente por su trabajo.
La política de cohesión implica más que la aplicación de las disposiciones de un tratado. Tiene que ver con el pensamiento a largo plazo y la acción estratégica. Asimismo es una expresión de solidaridad dentro de la Unión. Claramente, al considerar la cohesión territorial no deberíamos adoptar un enfoque simplista, en el sentido de que todo el mundo está autorizado a hacer cualquier cosa en igual medida. Todos somos conscientes de que deberíamos aspirar a lograr la igualdad entre ciudadanos, lo cual es cosa bien diferente.
Las diferencias existentes entre los Estados miembros y sus regiones significan que la política de cohesión de la Unión ha de adoptar diversos enfoques. La política ha de ser continua por naturaleza y tener unos objetivos acordados y límites apropiados desde el punto de vista de los plazos y las zonas abarcadas. Asimismo quiero hacer hincapié en que ha de tener disponer de recursos financieros adecuados si no se quiere que carezca de sentido. A este respecto, las dificultades experimentadas a la hora de alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013 son motivo de preocupación. Los retrasos y la amenaza real de un retraso del presupuesto de la Unión podrían tener graves consecuencias.
Desde mi punto de vista, sería aconsejable retomar una buena fuente de información de naturaleza políticamente neutra. Estoy pensando en el estudio Europa 2000 Plus, al que se ha referido el ponente, aunque por supuesto es preciso actualizarlo.
El Parlamento y el Consejo han de asumir las prioridades establecidas en las directrices estratégicas publicadas por la Comisión en julio. Deberían servir de base para una elaboración realmente cohesiva por parte de los Estados miembros de documentos orientados al futuro, en concreto los Marcos de Referencia Estratégicos Nacionales. En general, creo que las prioridades definidas en el documento de la Comisión son sensatas.
Merece la pena mencionar el aspecto urbano. El señor Beaupuy acaba de referirse a ello, en relación con el papel que desempeñan los centros metropolitanos. Otros factores importantes son el espíritu empresarial y la economía basada en el conocimiento. Asimismo quiero decir que es esencial una verdadera coordinación del trabajo relacionado con diversos documentos de la Unión. No debemos limitarnos a alabar esta idea.
Convendría tener en cuenta seriamente la propuesta relacionada con la relevancia de acelerar el trabajo sobre el Libro Blanco sobre cohesión territorial. Más bien parece como si se hubiese tenido poco en cuenta la actual situación en los nuevos Estados miembros en el trabajo emprendido hasta la fecha.
Según las últimas cifras publicadas sobre el gasto de la Unión en el último año, dos países de los antiguos Quince, en concreto Grecia y Portugal, encabezan la lista de beneficiarios netos en lo que se refiere al PIB. Los nuevos países se encuentran muy por detrás. Quiero añadir que, en lo que respecta a sumas absolutas, España va a la cabeza. No es mi intención criticar a nadie en modo alguno, sino simplemente deshacer el mito de que se están entregando enormes cantidades de dinero a los nuevos Estados miembros.
Señor Presidente, la Unión no puede mirar al futuro con optimismo si no tiene una buena política de cohesión. Quiero recordar a la Cámara que no puede haber cohesión europea sin solidaridad europea. 
James Hugh Allister (NI ).
   – Señor Presidente, el informe Guellec no me impresiona por tres razones.
En primer lugar, la UE carece de poder en el campo de la ordenación del territorio, pero pretende trazar el curso de la misma apoyándose en la difunta Constitución. Eso es una equivocación y refleja un desprecio total por los votantes de Europa, en primer lugar los del propio país del señor Guellec, que rechazaron categóricamente la Constitución.
En segundo lugar, se promueve la cohesión territorial en aras del objetivo político de pasar por alto y degradar la entidad del Estado nacional. Pretende la integración territorial. Aquí subyacen cuestiones políticas y constitucionales evidentes, que tal vez lo sean todavía más para mí, dado de donde provengo, que para algunos otros. Yo no quiero que mi parte del Reino Unido, Irlanda del Norte, pase a ser tratada como una parte del conjunto territorial de la isla de Irlanda. Eso constituiría una ofensa y un desafío a la voluntad política declarada de la población de Irlanda del Norte. La UE tiene que actuar dentro de los límites y parámetros de esa realidad.
En tercer lugar, en el contexto de la financiación de la cohesión, hablar de cohesión territorial en mi región resulta un tanto irónico, ya que fuimos excluidos de la subvención de la cohesión desde sus inicios, mientras que nuestra vecina en la República de Irlanda quedó incluida. El camino real hacia la cohesión pasaba por la igualdad de acceso a la financiación, pero eso fue denegado a Irlanda del Norte, mientras que el sur de Irlanda recibió más de 2 000 millones de euros para sus infraestructuras.
Por tanto, resulta tanto más disparatado hablar ahora de modo grandilocuente de garantizar la igualdad de trato entre territorios. La UE tuvo la oportunidad de conceder tal igualdad de financiación a Irlanda del Norte para las infraestructuras necesarias, pero la echó a perder al adoptar como criterio de acceso las estadísticas nacionales en lugar de las necesidades regionales. 
Rolf Berend (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, si estoy bien informado, se han añadido los tres minutos del señor Galeote a mi tiempo de intervención, pero dejaré que sean los servicios los que decidan; sea como fuere, no necesitaré los tres minutos, aunque me complacería poder utilizar algunos de ellos.
Por supuesto, en lo referente al excelente informe de propia iniciativa del señor Guellec, tengo una opinión bien distinta a la del señor Allister, que ha hablado antes que yo, pues el señor Guellec tiene razón al recalcar la cohesión territorial como uno de los objetivos estratégicos de la UE de cara a la promoción de un desarrollo armonioso y equilibrado en todo su territorio. En este sentido, también ha señalado acertadamente que la UE se presenta a sí misma como algo más que una simple zona de libre comercio, y con razón.
La ampliación al este ha aportado una dimensión nueva y significativa al reto de la cohesión, pues la UE no se había enfrentado nunca antes a un aumento tan marcado de las disparidades. Es cierto que la nueva UE ampliada se caracteriza ahora por una gran diversidad geográfica y cultural, y esto es lo que la distingue de importantes zonas económicas similares como los Estados Unidos, Japón o Mercosur.
Sin embargo, dado que tal diversidad constituye uno de los grandes factores de crecimiento de la UE, es preciso mantenerla a medida que progresa la integración de la UE.
Esto significa que las políticas que afectan a la estructura territorial y urbana de la UE han de promover su continuidad territorial, sin –permítanme recalcar– estandarizar las identidades locales y regionales, pues desempeñan un papel vital a la hora de enriquecer la calidad de vida de la población en su conjunto.
Si me permiten expresarlo en términos más precisos, el territorio que se crea ahora no va a abolir los espacios nacionales, regionales o locales. Al contrario, el objetivo de la planificación territorial a escala europea es hacer un mejor uso de cada especificidad como fuente de crecimiento. El ponente tiene razón al decir que por ahora la UE no posee competencias para la planificación del territorio, pues no existen disposiciones a este respecto en los tratados, aunque es una cuestión espinosa para los Estados miembros.
Estoy convencido de que la reducción del número de objetivos para el próximo periodo de planificación hará más coherente la nueva política de cohesión regional. La nueva política de cohesión regional, con menos objetivos que alcanzar en el próximo periodo de planificación, debe adquirir un nuevo dinamismo –y lo hará– al enfrentarse a los retos que le esperan, a fin de que también se alcance el objetivo de cohesión territorial y, si es preciso, independientemente de los fondos presupuestarios dedicados a la política regional y de cohesión, que esperamos serán suficientemente substanciosos como para permitirnos realizar las tareas impuestas.
Teniendo presente este objetivo, hemos de centrarnos por un lado en las directrices estratégicas comunitarias para la cohesión, sin dejar de tener en cuenta las especificidades territoriales, y ahora que hablo de este tema, he de decir que soy más bien escéptico en relación con las propuestas del ponente, según las cuales, junto con el PIB, es preciso crear nuevos criterios e indicadores territoriales para evaluar el desarrollo de una región y los obstáculos para este desarrollo.
De anteriores periodos de planificación hemos aprendido que en este punto nos enfrentamos al grave riesgo de que tales criterios adicionales, cuando una u otra parte los pone en práctica, pueden degenerar fácilmente en una lista de deseos que ya no podrá evaluarse objetivamente.
Es cierto que la cohesión económica, social y territorial exige una interconexión no solo entre los niveles regionales, estatales y europeos, sino también entre los diversos ámbitos de política de la Comunidad. Sin embargo, en el futuro, las regiones seguirán siendo el nivel territorial adecuado para la aplicación de la política de cohesión, según los principios de subsidiariedad y descentralización.
Teniendo en cuenta esto, el Parlamento y la Comisión han preferido –con razón– una clara descentralización y concentración de acuerdo con el principio de «un fondo, un programa», y en este sentido soy optimista para el próximo período de planificación. 
Emanuel Jardim Fernandes (PSE ).
   – Señora Comisaria, Señorías, quiero empezar felicitando a mi amigo, el señor Marques, por su excelente informe y agradecerle que haya estado dispuesto a integrar aportaciones de otros diputados a esta Cámara. Asimismo quiero felicitar al señor Guellec por la calidad de su informe.
Como ponente alternativo de la Comisión de Desarrollo Regional, presenté diversas enmiendas, la mayoría de las cuales fueron aprobadas, y propuse que mi Grupo político apoyara el informe y la mayoría de las enmiendas presentadas en la votación, tanto en comisión como ahora en el Pleno. A pesar de nuestras diferentes perspectivas y enfoques, hemos apoyado conjuntamente la estrategia propuesta por la Comisión, en primer lugar, para el desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas de la UE, en cuanto a las prioridades, los instrumentos y sobre todo el establecimiento de un programa específico de compensación de costes adicionales relacionados con las limitaciones permanentes que sufren las regiones ultraperiféricas, como la lejanía, la insularidad, el tamaño reducido, la topografía accidentada y el clima adverso, la dependencia económica de unos pocos productos y actividades y el carácter limitado de los mercados locales, y en segundo lugar, el establecimiento de un plan de acción de gran vecindad.
Aunque somos partidarios de la estrategia, hemos formulado algunas críticas o reservas relacionadas con los siguientes ámbitos: en primer lugar, la ausencia de medidas y recursos financieros para seguir las afirmaciones y propuestas de la Comisión; en segundo lugar, el uso del PIB per cápita como único criterio para que estas regiones puedan acogerse al nuevo objetivo de «Convergencia» de la política de cohesión reformulada; en tercer lugar, el uso de criterios demográficos para el reparto de créditos presupuestarios previsto en el programa específico para compensar los gastos adicionales; y en cuarto lugar, la incertidumbre sobre el plan de acción para la gran vecindad, dado que no está claro cómo encajará este en el futuro objetivo de «cooperación territorial europea» de la política de cohesión reformulada y de la respectiva «Nueva política de vecindad».
Por consiguiente, de acuerdo con el punto de vista expresado por el ponente, quiero proponer que las regiones ultraperiféricas merecen ser tratadas como un caso especial en vista de sus limitaciones específicas, en virtud del apartado 2 del artículo 299, relativo a las condiciones de acceso a los Fondos Estructurales, por el que hay que darles un apoyo financiero preferencial, al margen de su nivel de ingresos.
Asimismo quiero defender un incremento en los créditos presupuestarios en relación con el programa específico a redistribuir equitativamente sobre la base de las limitaciones que les afectan. Además, debería aclararse el plan de acción de gran vecindad dentro del marco de referencia del futuro objetivo de «cooperación territorial europea» y la nueva «Política de vecindad» de la Unión. El concepto de vecindad debería abarcar tanto a las regiones y países vecinos como Marruecos, Cabo Verde y Brasil, como a los países que tienen grandes comunidades de inmigrantes de las regiones ultraperiféricas que mantienen fuertes lazos tradicionales.
Por ello apoyo la adopción de este informe, señor Presidente, Señorías, pues representa un paso más en la dirección correcta en respuesta a la propuesta positiva de la Comisión. De este modo, una vez que se hayan aprobado las perspectivas financieras, se tendrán las condiciones para el desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas, y la promoción lograda de la cohesión económica, social y territorial. 
Alfonso Andria (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, deseo expresar mi sincera satisfacción con los dos informes de los señores Guellec y Marquez; me centraré especialmente en el del señor Guellec.
Uno de los objetivos fundamentales de la Unión es la política de cohesión, sobre todo tras la última ampliación y con vistas a las inminentes adhesiones de Bulgaria y Rumanía. Precisamente la política de cohesión ha distinguido mucho este primer tramo de legislatura del Parlamento Europeo, que ha aprobado todos los reglamentos relativos a la política regional para el período de programación 2007-2013.
Por otro lado, la constante y provechosa colaboración y diálogo con la Comisaria Hübner, que he experimentado personalmente como ponente del reglamento relativo al Fondo de Cohesión, ha determinado la firme voluntad de la Comisión y del Parlamento de no aceptar soluciones reduccionistas. En efecto, no puede haber una política de cohesión creíble y eficaz sin unos instrumentos financieros adecuados y, por ello, se espera una pronta decisión sobre las perspectivas financieras.
Es necesario evitar que las ayudas europeas se concentren en unas pocas zonas, aumentando de ese modo las disparidades existentes dentro de una misma región. Hay que realizar, en cambio, en las zonas menos desarrolladas, intervenciones extensas, armoniosas y profundas, como bien ha indicado el señor Guellec. Estoy de acuerdo además con el ponente en la importancia de las ciudades, sobre todo de las de tamaño pequeño y mediano, como motores de la cohesión territorial. Esto es lo que intenté defender a base de enmiendas, que después aprobó el Parlamento, al reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del que fui ponente alternativo por mi Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Las enmiendas destacaban asimismo el papel de pivote que desempeña la dimensión urbana también en el desarrollo de los entornos rurales directamente adyacentes.
Acojo favorablemente también la propuesta del señor Guellec de utilizar junto al habitual parámetro del PIB indicadores territoriales específicos para medir el desarrollo de las regiones. No obstante, considero que deben emplearse periódicamente, de forma que den lugar a evaluaciones sobre la repercusión de los programas comunitarios en curso. Entre los muchos efectos positivos que tendría una metodología de trabajo como esta citaré la ulterior transferencia de responsabilidades a las autoridades y agentes locales, que deben considerarse cada vez más protagonistas y promotores del desarrollo, y una mayor flexibilidad en la fase de aplicación de las medidas, dando lugar a una repercusión más apreciable en los territorios.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de debatir y votar hoy dos informes importantes sobre la política regional de la Unión.
Si me lo permite, me gustaría centrar mi intervención en el informe del señor Guellec sobre el papel de la cohesión territorial en el desarrollo regional.
En mi opinión, el informe de mi colega contiene un apartado muy importante: me refiero al apartado 3, según el cual el Parlamento pide «que el desarrollo regional se base en programas que garanticen la igualdad de trato entre los territorios, preservando su diversidad, lo cual implica, en particular, una accesibilidad adecuada de los servicios de interés general (SIG) y los servicios de interés económico general (SIEG)».
¿De qué servicios de interés general estamos hablando hoy? ¿Los servicios que la Comisión Europea insiste en liberalizar? ¿Cómo podrán estos servicios seguir siendo servicios de interés general y cómo ayudarán a la cohesión territorial? Para darles un ejemplo espectacular, estoy seguro de que saben que dentro de poco, Grecia, sobre la base de la legislación comunitaria, privatizará sus líneas aéreas nacionales. Me pregunto en qué medida ayudará esto a la cohesión territorial, conociendo las peculiaridades del Estado griego. ¿Cómo puede un individuo privado reemplazar al Estado como proveedor de un servicio de interés general? Evidentemente, avanzamos a paso firme, en este caso, hacia el declive de los ciudadanos en las zonas ultraperiféricas que esperan un servicio de interés general y de los trabajadores que se arriesgan a encontrarse sin empleo en la Comunidad del futuro.
Asimismo debatimos la cohesión territorial en un momento en que, en Bruselas, los Gobiernos de los Estados miembros apenas consiguen ponerse de acuerdo sobre las perspectivas financieras, con el resultado de que los Estados miembros se encontrarán con algunas sorpresas. Así que no escondamos la cabeza en la arena. La cohesión territorial es deseable, pero sobre unas bases adecuadas, unas bases que estén relacionadas con la opinión social, no sobre la base de presiones del mercado. 
Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, uno de los objetivos estratégicos de la Comunidad Europea al que se refieren a menudo los que abogan por la integración es reducir las disparidades en el nivel de desarrollo de las regiones de Europa. Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros dieron y siguen dando mucha importancia a esta cuestión. Junto con la cohesión económica y social, la cohesión territorial tiene un papel importante que desempeñar para lograr este objetivo.
En vista de las diferencias en el desarrollo entre los 25 Estados miembros que pronto serán 27, son especialmente importantes las acciones en relación con el transporte, el turismo, la protección ambiental, la investigación y la innovación. El equilibrio territorial puede asegurarse reforzando los centros urbanos pequeños y medianos. En estas zonas, la planificación urbana debería prever el desarrollo de reservas de viviendas, redes de transporte y regeneración de las tierras previamente destinadas a uso industrial. Este enfoque permitirá a la periferia y a las zonas rurales circundantes beneficiarse también del crecimiento económico de los centros.
Actualmente, el crecimiento económico y urbano dinámico solo tiene lugar dentro de los centros urbanos más grandes, en concreto en las zonas metropolitanas. Por desgracia, se pasan por alto las necesidades de desarrollo de las unidades urbanas más pequeñas, por lo cual el crecimiento acentúa las desigualdades en lugar de reducirlas. El desarrollo territorial satisfactorio en todos los Estados miembros de la Unión solo podrá conseguirse por medio de la aplicación de un modelo descentralizado de desarrollo espacial. Una característica clave de un modelo de este tipo es que se basa en una red de ciudades con diferente potencial económico, social y cultural. Otra característica importante es el establecimiento de vínculos permanentes con las zonas rurales.
La región de Lubelski de donde provengo es una de las más grandes de Polonia. Representa el 8 % del territorio de mi país y el 5 % de su población. En esta región hay 40 ciudades en su mayoría pequeñas y medianas, siendo la más grande Lublin, la capital de la región. Esta última tiene una población de unos 400 000 habitantes, y la población de las demás ciudades varía entre 20 000 y 70 000 habitantes. Más de la mitad de la población de la región vive en zonas rurales. Si se tiene en cuenta el nivel poco satisfactorio de infraestructura, la región de Lubelski podría servir como ejemplo de la aplicación práctica de la cohesión territorial de una forma descentralizada.
Solo podemos esperar que las actividades de los responsables de la Unión no queden en meras palabras e intenciones, como ha sucedido en el pasado. Se necesitan medidas específicas, y deberían contemplarse en el presupuesto de la Unión para los próximos años, y también en las perspectivas financieras a largo plazo. 
Salvatore Tatarella (UEN ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes de nada quiero agradecer a la Comisión el buen trabajo realizado para definir mejor las peculiaridades de las regiones ultraperiféricas y satisfacer las exigencias de estas zonas, que, por su situación geográfica, sufren especialmente en términos de desarrollo y de competitividad del mercado.
Es bueno que se planteen medidas cada vez más efectivas de apoyo a estas regiones y que, con el informe del señor Marques, se prevea también un plan de acción en favor de la gran vecindad a fin de favorecer los intercambios entre esas regiones y los mercados adyacentes.
El plan de acción a favor de la gran vecindad es una buena ocasión tanto para entablar vínculos económicos, sociales y culturales con los países que acogen a comunidades de emigrantes procedentes de las regiones ultraperiféricas, como para suprimir las barreras que limitan las oportunidades comerciales con las zonas geográficas circundantes, como el Caribe, las Américas y África.
La Comisión, en su Comunicación COM(2004)0343, de 26 de mayo de 2004, se planteaba dos objetivos: reducir las dificultades de acceso a las regiones ultraperiféricas, no solo en relación con la Europa continental, sino también entre una región y otra, y mejorar la competitividad de las empresas.
Este es el objetivo que hay que alcanzar: ayudarles a crecer para que crezcamos todos. Si queremos, este es también el sentido de la estrategia de Lisboa. En este contexto, sin embargo, el esfuerzo primordial es tener certezas sobre las perspectivas financieras, porque solo entonces se podrá valorar si las financiaciones a disposición de las regiones permitirán una distribución equitativa de los recursos conforme a las exigencias que la Comisión ha esbozado.
En conclusión, por tanto, bienvenido sea un mayor compromiso con las regiones ultraperiféricas y una cooperación reforzada con las mismas, para que puedan salir del aislamiento haciéndolas cada vez más competitivas en el mercado común. 
Robert Kilroy-Silk (NI ).
   – Señor Presidente, sé que dispongo de un minuto y que usted no va a dejar que me exceda, ¿cierto? Usted conspira contra mí, como hizo el anterior Presidente, practicando una especie de acoso institucional. Pero dejemos eso a un lado.
Me complace tener la oportunidad de dejar constancia del profundo enfado de mis votantes de los Midlands Orientales por los intentos de Bruselas –con la ayuda, dicho sea de paso, de un indolente Gobierno británico– de dividir Inglaterra mediante la imposición de regiones artificiales. Supondrá la división de la nación inglesa y socavará nuestra nacionalidad.
Bien, tengo algo que decirle: eso no va a funcionar porque la gente de Derby, por ejemplo, en los Midlands Orientales, no tiene una especial afinidad con la gente de Lincolnshire. Las regiones son artificiales. Son falsas. Carecen de identidad. Y tampoco funcionarán porque el pueblo inglés no las quiere. En la región nororiental, el 90 % votó en contra en la única ocasión de que dispusieron y votarán los mismo en cualquier otra.
Los ingleses somos muy tolerantes. Estamos dispuestos a subvencionar a los galeses, a los escoceses y a la mayoría de las naciones de aquí. Lo hacemos con resignación. No toleraremos que se nos despoje de nuestra nacionalidad y nuestra identidad. Así que continúen con su política. Continúen intentando dividirnos, porque lo que lograrán será enardecer a los ingleses y al nacionalismo inglés y nosotros nos reafirmaremos e insistiremos en volver a autogobernarnos. 
El Presidente.
   Gracias, señor Kilroy-Silk. El tiempo de intervención asignado a usted no es nada personal. No es voluntad mía, ni mi responsabilidad. Simplemente me limito a leer la lista que tengo delante, como muy bien sabe. 
Margie Sudre (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero encomiar los excelentes informes del señor Guellec y el señor Marques. Como procedo de una región ultraperiférica, me detendré más bien en el del señor Marques, que se dedica a una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas, pues permite, gracias a un trabajo de fondo, elaborar un balance muy completo de las acciones de la Unión Europea en estas regiones.
Apoyo sin reservas al ponente, que, si bien constata que las últimas propuestas formuladas por la Comisión a favor de las regiones ultraperiféricas son prometedoras, la insta a ejercer aún más activamente el derecho de iniciativa que le confieren los Tratados en materia de políticas de cohesión, sin duda, pero también en las demás políticas comunitarias y más en general en los ámbitos que son importantes para el desarrollo de las regiones ultraperiféricas.
Me parece esencial precisar una vez más, cuando todos nos preocupamos por las perspectivas financieras y la reforma de la política regional de la Unión para el período 2007-2013, que la mayor parte de las medidas de excepción aplicadas o propuestas a favor de las regiones ultraperiféricas no pueden en modo alguno perjudicar la competencia o violar los principios fundamentales del Derecho comunitario. 
Por lo que se refiere al programa de compensación de los sobrecostes asociados a la ultraperiferia, la Comisión ha propuesto con gran acierto dotarlo con 1 100 millones de euros. No obstante, haciéndome eco de una de mis enmiendas, que fue aprobada en la Comisión de Desarrollo Regional, insisto en que estos créditos sean exclusivamente consagrados a las regiones ultraperiféricas y que su reparto no penalice a ninguna de ellas.
Con referencia a otra de mis enmiendas aprobada en comisión, espero que el plan de acción en favor de la gran vecindad disponga de una dotación específica para la cooperación transnacional y transfronteriza y que la coordinación tan esperada entre las intervenciones financiadas por el FEDER en las regiones ultraperiféricas y las dependientes del FED en sus vecinos ACP o PTUM sea por fin efectiva, con o sin inclusión del FED en el presupuesto.
Para concluir, considero oportuno precisar con modestia, pero sin complejos, mi convicción de que las regiones ultraperiféricas de la Unión son tan importantes como su centro. Deseo sinceramente que esta visión sea compartida por todos los Estados miembros, antiguos, nuevos y futuros. En efecto, en un mundo cada vez más global, no redunda en absoluto en interés de la Europa ampliada privarse de bases avanzadas en el océano Atlántico, el Caribe, América Latina o incluso el océano Índico. Es la posición que siempre ha defendido este Parlamento y que sin duda seguirá defendiendo. Sepan que las poblaciones ultramarinas les estarán especialmente agradecidas.
Bernadette Bourzai (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, si bien celebro el trabajo del señor Marques, deseo expresarme más concretamente sobre el informe relativo al papel de la cohesión territorial en el desarrollo regional.
En primer lugar, quiero felicitar al señor Guellec por su excelente trabajo y su pertinente reflexión sobre el concepto de «cohesión territorial», que me parece es el corazón de la política regional comunitaria y que tiende a denominarse cada vez más política de cohesión. El Tratado constitucional hace de la cohesión territorial el objetivo de la Unión Europea, del mismo modo que la cohesión social y la cohesión económica. Así, aunque el proceso de ratificación haya registrado las dificultades que conocemos, se trata de un reconocimiento oficial de la pertinencia, la actualidad y la importancia de las características territoriales de la política regional y de cohesión. Por otra parte, la última ampliación confirma su carácter perentorio.
En mi opinión, la política regional tiene como objetivo prioritario reducir las disparidades de desarrollo a escala regional y local, y constituye así un contrapeso indispensable de la política de convergencia y de competitividad económica. Pero la cohesión no se opone a la convergencia y a la competitividad, pues son conceptos que deben ser y seguir siendo complementarios. Al mismo tiempo que se vela por que el desarrollo de las regiones europeas más dinámicas no se vea obstaculizado, a fin de que puedan desempeñar su papel de motor de la economía europea, la política de cohesión tiene, ante todo, la vocación de ayudar a las regiones más desfavorecidas y con retrasos de desarrollo. La política regional y de cohesión reformada debe integrarse también en la estrategia de Lisboa, pero sobre todo velar por garantizar la solidaridad y la equidad entre los territorios y una continuidad visible de los esfuerzos anteriormente realizados en los antiguos Estados miembros.
Por tanto, para un desarrollo armónico y sostenible del territorio europeo, hay que atajar los desequilibrios territoriales. Hay que tomar en consideración la diversidad del espacio europeo y las desventajas, que a menudo son acumuladas, de determinados territorios, ya sean naturales, históricas o demográficas, como la baja densidad de población o los desequilibrios de la pirámide de edad y de la población activa. Hay que calcular los costes adicionales a que se enfrentan estas regiones y ayudarlas para que esos territorios tengan las mismas oportunidades de desarrollo que los demás y las poblaciones que viven en ellos no resulten penalizadas.
Para ello, por supuesto, hacen falta medios, y espero que las perspectivas financieras se aprueben rápida y favorablemente, para que se pueda asignar a la política regional un presupuesto suficiente y ayudar a los territorios que aún lo necesitan.
Paul Verges (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestro colega el señor Marques testimonia una vez más el interés que presta el Parlamento Europeo a las regiones ultraperiféricas. En efecto, el informe Ligios sobre los departamentos franceses de ultramar sentó ya en el segundo mandato de esta Cámara las primeras bases del concepto de regiones ultraperiféricas, y ese informe inspiró programas destinados a compensar el alejamiento y la insularidad.
En el actual período de incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de 2006, el apoyo del Parlamento a las regiones ultraperiféricas es muy útil. El informe de Sérgio Marques llega, a este respecto, en el momento justo. En efecto, si el apoyo de la Unión Europea ha hecho posibles muchos logros en las regiones con retrasos de desarrollo, todavía queda mucho por hacer. Es también la conclusión de la undécima Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que se celebró en la isla de Reunión a comienzos de este mes, con su presencia, señora Hübner.
En esta ocasión, he abogado por una inversión del enfoque de las relaciones entre la Unión Europea y las regiones ultraperiféricas. Aparte de lo que la Unión Europea aporta a esas regiones, hay que reconocer lo que ellas aportan al valor añadido europeo.
Permítanme recordar, a modo de ejemplo, algunos ejemplos evidentes. Las regiones ultraperiféricas confieren a la navegación marítima comunitaria su primer puesto mundial. La situación geográfica de Kourou en Guyana contribuye significativamente al diferencial de competitividad de que goza la industria espacial europea. Hablo del océano, del espacio, pero podría citar también la biodiversidad excepcional de las regiones ultraperiféricas, su importancia para un mejor conocimiento de los fenómenos climáticos o su aportación en términos de diversidad cultural. La gran distancia con respecto al continente en que están integradas las regiones ultraperiféricas y su proximidad geográfica a otros continentes, con los que la Unión Europea mantiene acuerdos, son también a veces fuente de contradicciones.
Quisiera terminar, señor Presidente, diciendo que esta característica de doble pertenencia ofrece una perspectiva real para un codesarrollo sostenible de estas zonas, que se enfrentan todas ellas a desafíos fundamentales. La capacidad de la Unión para responder a la cuestión del desarrollo de su ultraperiferia testimoniará su capacidad para ser realmente un actor decisivo de una globalización controlada y equitativa.
Ryszard Czarnecki (NI ). –
    Señor Presidente, este debate es especialmente importante para los nuevos Estados miembros de la Unión y especialmente para mi país, Polonia. Por decirlo claramente, cualquier cambio en la política para ofrecer igualdad de oportunidades a los Estados miembros más pobres no ha de tener un impacto negativo en los nuevos Estados miembros.
Si la Unión quiere demostrar solidaridad y unidad en la práctica, ha de responder a las aspiraciones de sus nuevos miembros sobre la base de los principios vigentes. Al mismo tiempo, esta política ha de tener más en cuenta que en el pasado las necesidades de las ciudades pequeñas y medianas y las regiones. Hasta la fecha, la tendencia ha sido que las zonas metropolitanas reciban la mayor parte de los fondos y recursos de la Unión. Ello tiene cierta justificación, pero ha implicado que se descuidaran las estructuras de gobierno local más pequeñas a un nivel inferior, a pesar de que necesitaban aún más apoyo.
Me temo que los cambios propuestos sobre los que hemos oído hablar en este último año tienen como único objetivo ampliar el flujo de financiación a los países más pobres de la antigua Unión. No tenemos nada en contra de eso, pero al mismo tiempo nos gustaría que fuera posible utilizar todas las oportunidades y el apoyo existentes para los nuevos Estados miembros. Tengo plena confianza en que la Comisaria será la guardiana de la Europa de la igualdad de oportunidades dentro de la Comisión. Le aseguro que siempre podrá contar con nuestro apoyo en estas cuestiones. 
Jan Olbrycht (PPE-DE ). –
    Señor Presidente, la Unión Europea ha seguido su política de cohesión social y económica durante los últimos 30 años, sin que una notable cohesión significara poner freno al desarrollo de las regiones más poderosas y dinámicas de Europa. Por el contrario, significa incrementar el potencial de desarrollo de los más débiles y mejorar sus oportunidades en cuanto a la competitividad.
La Unión Europea está llamada a reaccionar de forma creativa a las recientes y futuras ampliaciones. Por ejemplo, la política de cohesión ha de ajustarse adecuadamente en respuesta a nuevas condiciones y retos. Las condiciones en la Unión Europea ampliada son diferentes. Por consiguiente, es preciso ampliar y dar un enfoque horizontal las acciones existentes destinadas a la cohesión social y económica. Debería hacerse más hincapié en la necesidad de reducir las diferencias que surgen entre los centros y el interior, entre las zonas metropolitanas y las ciudades pequeñas y medianas, y entre las ciudades y las zonas rurales. Las nuevas condiciones también hacen necesario que las autoridades locales se impliquen mucho más en los esfuerzos para eliminar las disparidades entre todos los grupos sociales mencionados.
El déficit democrático no se reducirá sin la participación activa de representantes de comunidades regionales y locales en la ampliación de los programas comunitarios. Quiero recordar a la Cámara que, en enero de 2003, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el papel de las autoridades locales y regionales en la Unión Europea. En esta resolución se estableció que las autoridades locales y regionales no solo debían estar más implicadas en la aplicación de las políticas de la Unión, sino que además debían contribuir a elaborar dichas políticas.
La ampliación de la política de cohesión para incluir la cohesión territorial confirma que la política de cohesión tal como se ha aplicado a lo largo y ancho de la Unión es una de las políticas clave de la Unión. Quiero añadir que creo que las disposiciones comunitarias deberían recalcar más la asociación. Me refiero a la asociación entre las autoridades a diferentes niveles y también actividades conjuntas para aumentar un uso eficaz de los instrumentos financieros europeos. 
Catherine Stihler (PSE ).
   – Señor Presidente, el Parlamento Europeo dejó patente su deseo de prestar especial ayuda a las regiones remotas y periféricas cuando votó en julio un paquete importante de medidas sobre política de cohesión. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Regional aprobó en julio el informe de propia iniciativa elaborado por el señor Marques, en respuesta a dos informes de la Comisión sobre una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas. El informe abogaba por el apoyo a las regiones ultraperiféricas y los ámbitos que son importantes para su desarrollo: agricultura, pesca, competencia y ayudas estatales, políticas empresariales, servicios de interés general y servicios de interés económico general, fiscalidad, medidas aduaneras, medio ambiente, energía, investigación, desarrollo tecnológico, formación profesional, transporte, redes transeuropeas, nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Quisiera referirme al transporte público. El transporte público es importante para todas nuestras comunidades locales, y en Escocia los transbordadores prestan un servicio esencial para algunas de las comunidades más periféricas y vulnerables de la Unión Europea. Mañana recibiré en el Parlamento Europeo a una delegación sindical de CalMac, que viene a reunirse con el Comisario de Transportes. Como dije ayer, en la actualidad se han sacado a concurso estos servicios de transbordadores en comunidades donde son la única modalidad de transporte que conecta las comunidades de las islas con tierra firme. De acuerdo con las últimas propuestas de la Comisión relativas a las obligaciones de servicio público de transporte terrestre, se dará flexibilidad a las administraciones públicas con respecto a los procedimientos de licitación y se las facultará para adjudicar ciertos servicios directamente a operadores internos.
¿Por qué se da un trato diferente a unos transbordadores vitales que a los trenes, tranvías o metros? En las comunidades insulares periféricas de Escocia no hay trenes, tranvías ni metros. Dada la posición general de la Comisión acerca de las necesidades de las regiones ultraperiféricas, su actitud en este caso podría parecer contradictoria. Insto a la Comisión a que aclare su postura. Los servicios de transbordadores vitales son demasiado importantes para ignorarlos. 
Markus Pieper (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, es evidente que las regiones ultraperiféricas necesitan nuestro apoyo. El informe Marques ofrece muchas buenas propuestas para reforzar la infraestructura, por ejemplo de las islas aisladas o de las regiones montañosas. Una política estructural de este tipo es una expresión más de la solidaridad europea y la igualdad de oportunidades. Lo que me gusta en especial de este informe es el equilibrio que se ha logrado ahora que se han eliminado las exigencias poco razonables. Lo que hace que el concepto del ponente sea creíble es que toma como fundamento el concepto de política estructural existente del Parlamento.
A pesar de su coherencia y de las exigencias razonables para el próximo período, veo un peligro en la posibilidad de que, en el futuro, se dispondrá de mucho menos dinero para la política estructural, y ello me lleva a creer que, dentro de unos cuantos años, la política estructural de acuerdo con los modelos actuales será obsoleta, y que tendremos que buscar nuevas ideas para seguir apoyando, con menos dinero, a las regiones europeas, ya sea a través de una política de préstamos subvencionados o garantías, o una con un mayor énfasis en infraestructuras clave y proyectos esenciales.
En el futuro, tendremos que prestar más atención a la cuestión de cómo y dónde la inversión subvencionada atrae más inversiones y si el uso que hacemos de las subvenciones para la inversión en zonas aisladas puede no resultar de hecho en una necesidad creciente de apoyo. Nuestro objetivo ha de ser una política con un mayor énfasis global en la capacidad de Europa para competir.
Aunque aplaudo el informe Marques como un primer paso hacia una visión realista, hemos de alejarnos más de las subvenciones permanentes indiscriminadas y dirigirnos hacia un crecimiento económico que mantenga su ímpetu. Para ello, la UE necesita más estímulo para moverse en esa dirección, también por parte de los que hacen la política regional. 
Jamila Madeira (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la UE no es únicamente un proyecto político; también es un proyecto que es sinónimo de solidaridad y que debería basarse en la cohesión económica, social y territorial. Al ser transversal, la cohesión territorial debería integrarse en todas las políticas de la UE, para que no caigamos en el error de acentuar las diferencias entre los 25 Estados miembros existentes y los que están de camino, a los que aprovecho para saludar.
Hemos de eliminar algunas de las barreras a las que se enfrentan las regiones ultraperiféricas e invertir en un modelo de desarrollo sostenible que tenga en cuenta la disparidades no solo entre los Estados miembros sino también entre las regiones, incluso dentro del mismo Estado miembro. Por ello, la finalidad es dar una forma tangible a los objetivos de la Estrategia de Lisboa, sin cometer el error de lograr la eficacia y la competitividad promoviendo una Europa desigual.
Es esencial que no utilicemos el PIB per cápita como único criterio de elegibilidad para los Fondos Estructurales, que a fin de cuentas es el indicador clásico. Es preciso utilizar otros indicadores, de forma prioritaria, como la cantidad de actividad en investigación e innovación, el nivel de educación y formación, la medida de diversificación de la productividad en la zona y la tasa de desempleo. Someter las necesidades reales de una región a un indicador que a menudo se determina a escala nacional induce claramente a errores.
Me gustaría llamar su atención, señor Presidente, señora Comisaria, sobre la cuestión de retirar progresivamente ciertas regiones, 19 de ellas en total, que con la ampliación pasarán a ser regiones estadísticamente más ricas, a pesar de que su situación económica real no ha mejorado. Se trata de un problema grave que afecta a regiones como el Algarve, en Portugal, de donde procedo, una de las regiones ultraperiféricas en términos del continente europeo, que también padece profundas diferencias internas, aparte del hecho de que está rodeada por todos lados por regiones del Objetivo 1. Para esta región, al igual que para las otras 18, es preciso encontrar una solución equilibrada que les permita seguir siendo elegibles mientras sigan existiendo problemas estructurales, al tiempo que se las ayuda a lograr un desarrollo más equilibrado. 
La Unión ha de encontrar una respuesta a los retos que nos ha planteado la ampliación. Esta respuesta ha de caracterizarse por la solidaridad y la responsabilidad, y exige una cohesión territorial y el valor político de crear las condiciones para que la UE se convierta en una zona próspera, sin discrepancias entre norte y sur, este y oeste, entre las zonas montañosas y las regiones ultraperiféricas. 
Ioannis Gklavakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero referirme al informe del señor Marques, a quien felicito de todo corazón por el trabajo que ha realizado.
Me refiero a las zonas insulares especialmente remotas a las que tenemos obligación de apoyar y de no abandonar. Exagerando un poco, y esto va más allá de los límites de esta cuestión, yo diría que tenemos el deber de apoyar a todos los residentes de la Unión Europea que vivan en zonas difíciles, en condiciones de vida difíciles.
En mi país, Grecia, muchas personas viven en islas, y aunque no sean lugares especialmente remotos, las condiciones de vida allí son difíciles y a menudo las personas quedan aisladas durante periodos de tiempo bastante largos, sobre todo en invierno.
La Unión Europea es la tierra de la solidaridad. Todos sus ciudadanos tienen derecho a la educación para sus hijos, a la seguridad laboral, a una vida sana, a la atención sanitaria, a la diversión y a todo aquello de que pueden disfrutar los residentes urbanos. Si abandonamos a las personas en las regiones remotas y si se ven forzadas a abandonar sus pueblos, nadie más querrá vivir allí, lo cual provocará el deterioro ecológico, la devastación y la destrucción. Estas personas nos están haciendo un favor al vivir allí. Hemos de darles consuelo. Se lo debemos. 
La región es la base de Europa. Si empezamos a abandonar a estas personas a su suerte, sin pensarlo dos veces, entonces tendrá lugar la destrucción de la Unión Europea. Nos hacen un favor al vivir allí en condiciones tan difíciles y hemos de devolverles ese favor. 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE ). –
   Señor Presidente, la cohesión territorial es un objetivo estratégico de la Unión Europea y uno de los más importantes, pues promueve el desarrollo armonioso y unificado. No obstante, sigue siendo un sueño. En especial, después de la reciente adhesión de 10 países mucho más pobres, la disparidad entre el desarrollo de regiones individuales se ha hecho mucho más marcada. Por ejemplo, si se compara la región británica de Londres-centro, que puede alardear de tener el 270 % del PIB de la Unión, con el distrito de Lubelski en Polonia cuyo PIB es de apenas el 30 % de la media de la Unión, uno puede apreciar lo mucho que queda por hacer.
La Unión Europea necesita una estrategia comunitaria para la cohesión, y debería tenerse en cuenta el aspecto territorial cuando se ponen en práctica todas las políticas comunitarias. Deberían reforzarse todos los aspectos de la cooperación territorial. Me refiero a la cooperación a nivel transfronterizo y también a nivel interregional y suprarregional. Asimismo es necesaria una mayor cooperación y asociación entre los centros urbanos, su periferia y las zonas rurales.
En una Unión Europea basada en la solidaridad, el desarrollo regional ha de basarse en programas que garanticen igualdad de trato para todas las regiones. En la práctica, esto significa que los ciudadanos deberían tener un acceso adecuado a los servicios públicos y a servicios ofrecidos en el interés económico general. La Cámara es consciente de que estamos muy lejos de alcanzar este objetivo. Por consiguiente, es especialmente preocupante que no se pueda acordar un nuevo presupuesto para la Unión y que falten unas nuevas perspectivas financieras.
Es necesario mejorar las acciones que tienen por objeto lograr la cohesión territorial en la Unión, y el Parlamento debería implicarse más en el proceso de control hacia una verdadera cohesión territorial. Si ello no sucede, las diferencias en el desarrollo de las regiones individuales no harán más que aumentar. Señorías, les pido que ayuden a crear una Europa cohesiva basada en la solidaridad. Estoy segura de que ninguno de nosotros defendería una Europa en la cual nos dividiéramos en ricos y pobres. 
Guido Podestà (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me sumo a la valoración positiva de los dos informes que estamos examinando, que ponen de manifiesto las grandes diferencias existentes entre regiones y demuestran que con la ampliación esas diferencias se han incrementado aún más. 
La cohesión territorial es la base de una cohesión social y económica duradera. Si queremos apostar por una zona de crecimiento, bienestar, estabilidad y justicia que englobe a los quinientos millones de habitantes que conforman hoy la Unión Europea, tiene que ser un objetivo primario. Si tan difícil es, sin embargo, hacer avanzar a las regiones con un desarrollo más lento, ¿qué sucede cuando hechos completamente extraordinarios golpean a una de esas regiones, hechos que pueden depender de factores climáticos, incendios, inundaciones o terremotos? Hemos visto en las pantallas de nuestros televisores lo que sucedió al otro lado del Atlántico en zonas muy desarrolladas como Luisiana o Texas. Estamos viendo aún la situación en las regiones de Rumanía donde las inundaciones de las últimas semanas han llevado muerte y desesperación.
Si la Unión Europea no está cuando se la necesita –porque de hecho, aparte de un Fondo de Solidaridad que apenas dispone de dinero, no hacemos nada–, si Europa no está en esos casos, ¿cuándo piensa estar? Una Europa que todavía no se ha puesto de acuerdo en torno a las perspectivas financieras, una Europa en la que seis Gobiernos de grandes países piden nuevas reducciones de sus compromisos financieros, ¿qué puede prometer a estos países, a estos pueblos, que han creído en el sueño europeo? Bien, yo creo que debemos reflexionar, porque eso es lo que esperan nuestros conciudadanos y es lo que tenemos el deber de hacer por nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Zita Gurmai (PSE ). –
   Señor Presidente, una de las maneras más eficaces para aplicar las políticas comunitarias es reforzando la cohesión entre las regiones con diferentes niveles de desarrollo. Es algo que hemos de hacer para alcanzar los objetivos más importantes de la Estrategia de Lisboa, como una mayor competitividad, más puestos de trabajo, un refuerzo de la cohesión social, unidad y solidaridad, así como un desarrollo sostenible. La cooperación y la cohesión entre regiones contribuyen a una mayor integración; sientan las bases para el desarrollo sostenible en cada región y facilitan el uso universal de mejores prácticas. Permiten a las regiones cooperar de distintas formas dentro del marco de la cooperación regional a través de las fronteras, entre Estados o entidades geográficas más grandes.
Explotar la heterogeneidad y las oportunidades nacionales, regionales o locales puede aumentar nuestra carga de trabajo, pero si consideramos la tarea a una escala europea, promete unos resultados más sustanciales y mayores beneficios, y sin duda merece la pena el esfuerzo. El Gobierno también ha de tomar parte en la cooperación nacional, regional y local. El diálogo, el intercambio de opiniones y una relación viva entre los tres niveles de nación, comunidad y región son requisitos esenciales para la cooperación, como también lo son los sectores público y privado. Las estrategias de desarrollo se basan en buenas asociaciones que implican consulta, participación activa de todas las partes, esfuerzos combinados con las autoridades competentes, interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales.
La cohesión regional implica la igualdad de trato de las diversas regiones europeas, sin perder de vista sus características geográficas y demográficas individuales. Su objetivo fundamental es subir el nivel de vida que a su vez es un precursor para la igualdad de trato de los ciudadanos. La convergencia económica y social de las regiones ayuda a la causa de la igualdad de género en todos los ámbitos y a todos los niveles. Para llegar allí tenemos que iniciar programas específicos y luchar contra todas las formas de discriminación.
Lambert van Nistelrooij (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes, el señor Marques y el señor Guellec. Como ya ha dicho la Comisaria Hübner, la cohesión territorial está bajo presión, y en realidad pedía el apoyo de este Parlamento. Hay razones de sobra para repetir esta petición ante esta Cámara, pues si estudiamos el informe de la OCDE de la semana pasada sobre las diferencias regionales, vemos que el 40 % del crecimiento se ha realizado en menos del 10 % de las regiones.
Sabemos que la competencia a escala mundial exige que se establezca una distinción entre regiones, regiones superiores y regiones de excelencia, que se mencionan en el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo. Aunque este pueda ser el caso, el conocimiento es una cosa, pero la innovación en las regiones, la producción y el marketing son cosas bien distintas. En resumidas cuentas, la especialización dentro de las regiones es necesaria. No hay nada malo en ello, pero los planes de acciones estratégicas solicitados por el Parlamento y la Comisión que están en línea con el objetivo de Lisboa están hechos a medida de la escala nacional.
Ahora es importante que en este Parlamento se recalque de nuevo y que se salvaguarde la dimensión territorial o regional, y sobre todo ahora, con miras al futuro, que se combinarán o al menos se utilizarán conjuntamente los fondos del nuevo objetivo 2 y los fondos de recursos y desarrollo. Por ello apoyo la idea del señor Guellec de revisar la contribución regional en 2007 en forma de un Libro Blanco o de otra forma. ¿Cuál será entonces la situación en lo que respecta a este enfoque de múltiples niveles o este foco descentralizado?
Para finalizar quiero señalar que, afortunadamente, vemos surgir regiones que a menudo asumen tareas transfronterizas en un nuevo contexto. En mi región, he visto que Eindhoven, Lovaina y Aquisgrán, situadas en tres países, hacen exactamente eso. Así pues, aunque la dimensión territorial y la cohesión son importantes, también están adquiriendo nuevas formas. De esta manera, tenemos que ayudar a prever en relación con estas oportunidades que son vitales en toda la Unión Europea. 
Stavros Arnaoutakis (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es indiscutible que sin una cohesión económica, social y territorial entre las regiones de la Unión seremos incapaces de cumplir los retos internos y externos a los que nos enfrentamos.
¿Cuánto éxito puede tener nuestra lucha por una Europa competitiva y social con calidad de vida para todos sus residentes si siguen existiendo desigualdades estructurales agudas entre sus regiones y si las peculiaridades territoriales siguen siendo un factor de retraso y exclusión para muchas zonas europeas?
En la Unión Europea ampliada, con el aumento rápido de desigualdades regionales y desigualdades intrarregionales agudas, necesitamos una política regional dinámica y eficaz, que no solo ha de llegar a las regiones mas pobres de la Unión, sino que también ha de ayudar a lograr una relación equilibrada y un desarrollo integrado entre las zonas urbanas y rurales en cada región, reforzando al mismo tiempo la cooperación interregional.
El presupuesto que se asignará para aplicar la política regional y la política de cohesión ha de responder a los riesgos que ya son visibles. Bajo ningún concepto ha de reducirse el papel y la importancia de la cohesión territorial.
En el nuevo periodo de programación, es fundamental que las políticas sectoriales dirigidas al desarrollo regional integrado se coordinen mejor y que se adopten nuevos indicadores regionales, junto con el PIB, que permitirán calcular el desarrollo e identificar y evaluar los obstáculos al desarrollo a escala regional. 
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PPE-DE ). –
    Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al señor Guellec por su informe sobre el papel de la cohesión territorial en el desarrollo regional. El informe se está debatiendo en un momento en que continúa el trabajo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, y cuando el Consejo está considerando la posibilidad de recortar los recursos destinados a la política regional de la Unión Europea. Confío en que el resultado de este debate será que la mayor parte de los recursos que la Comisión propuso que se destinaran a la política regional en las perspectivas financieras 2007-2013 puedan escapar a los recortes, sobre todo en lo que respecta a los nuevos Estados miembros. También quiero respaldar el punto de vista del ponente acerca de la importancia de la cohesión territorial para el desarrollo regional.
Procedo de la región de Mazowsze. Es cierto que es una de las regiones más ricas de Polonia, como evidencia el hecho de que tenemos el PIB per cápita más alto del país. Al mismo tiempo, Mazowsze es la región que tiene las diferencias internas más marcadas. Según las estimaciones del PIB por habitante, es probable que en los siete años comprendidos entre 2014 y 2020 Mazowsze supere el 75 % del PIB medio por habitante para la Unión Europea, y ya no sea elegible para el apoyo de los Fondos Estructurales. No obstante, muchas partes de la región seguirán caracterizándose por un nivel muy bajo de desarrollo.
He tomado Mazowsze como ejemplo, pero lo mismo puede decirse de otras regiones en los antiguos y nuevos Estados miembros. Por ello espero que la Unión Europea diseñe instrumentos adicionales para usar en tales situaciones, y que la cohesión territorial se convierta en un aspecto importante de la futura política regional de la Unión.
En resumidas cuentas, quisiera dar las gracias al ponente por destacar el papel de la planificación territorial en la política de cohesión, pues a menudo pasa desapercibido cuando se planifica el desarrollo regional. 
Manuel Medina Ortega (PSE ). –
   Señor Presidente, durante dos horas muchos parlamentarios europeos de 25 países diferentes, en veinte lenguas diferentes, han estado expresando su opinión sobre los temas de desarrollo regional. La presencia de la Comisaria Hübner en este debate es muy importante para todos nosotros y, desde luego, quiero reconocer el trabajo de los dos ponentes, señores Guellec y Marques.
Creo que los dos informes ponen de manifiesto una realidad europea muy diferente de otros modelos y entidades políticas territoriales. Yo diría que la característica de la Unión Europea es la discontinuidad territorial. Nosotros somos, básicamente, una pequeña península en el gran continente Euroasiático, con proyecciones peninsulares e insulares que llegan muy lejos. 
Es algo muy distinto, por ejemplo, de lo que es el gran cuadrilátero estadounidense, que tiene una enorme consistencia, que establece una gran diversidad territorial y que hace muy difícil mantener la competencia en términos de otras entidades territoriales parecidas. El reconocimiento de esta realidad regional y de estas políticas regionales es muy importante.
Soy representante de una región insular, ultraperiférica, muy alejada del centro de Europa, pero, como antes decía el señor Vergès, este tipo de regiones representan una realidad y un aspecto distintos, ya que Europa con esto se proyecta en los grandes océanos, en el Atlántico, en el Caribe y en el Índico, de una forma diferente. Pero sería imposible tratar de reconducir a toda esta población –estamos hablando, por ejemplo, para las regiones ultraperiféricas, de 4 millones de habitantes, que tienen dificultades para competir en el gran mercado interior de la Unión— solamente a través de medidas de protección económica.
Quisiera agradecer a la Comisión las propuestas que ha hecho y apoyar, desde luego, las propuestas de nuestro ponente, señor Marques, sobre el desarrollo de estas regiones en el contexto de una gran política de cohesión de la Unión Europea.
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, quiero empezar felicitando al señor Guellec y a mi compatriota el señor Marques por sus excelentes informes.
Lo que cabe destacar de estos informe es que los interesados comparten un criterio de una Europa ideal que considera la prioridad de diversidad cultural en sus regiones como el elemento más importante del modelo de desarrollo de la UE. Por ello, la política regional es una iniciativa que no puede confundirse con una réplica de la ejecución de las políticas nacionales a escala nacional o europea.
La política regional es un ámbito de conceptos, medidas políticas y acción, que toma las partes relevantes de la política nacional y las adapta a sus propios objetivos y estrategias.
La política regional en la UE siempre se ha visto como algo así como un punto focal, con la convicción de que la intervención de las políticas públicas es necesaria; a fin de cuentas, no todo puede resolverse simplemente por medio del funcionamiento del mercado, como algunos querrían hacerles creer aún. La política regional es el modo más fuerte de asegurar la cohesión territorial. Por consiguiente, si los recursos disponibles se debilitan, los intereses egoístas prevalecerán y la solidaridad se perderá, y sin solidaridad el sentimiento de pertenencia, el elemento clave que caracteriza la identidad europea, no podrá florecer.
Por ello sumo mi voz a los que piden que la Comisión elabore un Libro Blanco sobre este objetivo de cohesión territorial y cree un sistema para calibrar el impacto de la política comunitaria en la cohesión territorial.
Esta necesidad se ve reforzada, desde mi punto de vista, por el impacto del fenómeno de globalización, dado que algunas regiones de la UE tendrán éxito mientras que otras perderán. En estas nuevas circunstancias, la política regional exige una nueva fuerza impulsora y por esta razón quiero elogiar a la Comisión por reforzar la integración de las cuestiones territoriales en las políticas comunitarias existentes. 
Paulo Casaca (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera empezar felicitando al señor Marques por el trabajo esmerado que ha realizado y darle las gracias por la atención que ha prestado a la perspectiva de las Azores.
Las políticas comunitarias han presentado muchos retos para las regiones ultraperiféricas. Se han producido desarrollos favorables en algunas de ellas, como las restricciones impuestas sobre el libre acceso a las aguas de las Azores, pero también casos de retrocesos incomprensibles.
Un ejemplo de ello son las propuestas de modificación de las normas del régimen de abastecimiento específico propuestas por la Comisión, que, si llegan a aplicarse, podrían provocar la parálisis económica total de las Azores.
Nos oponemos a la prohibición del envío del único producto cubierto por el régimen «contradictorio» específico de disposiciones de envío, junto con un nuevo régimen que, ignorando toda la legislación internacional y comunitaria sobre reglas de origen, pretende prohibir el envío de cualquier producto que contenga mercancías cubiertas por este régimen de abastecimiento.
El establecimiento de cuotas insignificantes en relación con las cantidades y productos autorizados únicamente para destinos exóticos como Marruecos, que no tienen vínculos comerciales tradicionales con las Azores, al tiempo que se prohíben los envíos a mercados tradicionales como el territorio continental portugués, los Estados Unidos y Canadá, sería un mal chiste si no fuera un hecho, sobre el papel, en uno de los reglamentos de la Comisión.
Los procedimientos propuestos por la Comisión son, en cualquier caso, contradictorios con la estructura del mercado interior, imposibles de aplicar para las pequeñas empresas de régimen fiscal simplificado, profundamente discriminatorios y de una complejidad administrativa sin precedentes.
La declaración del Presidente de la Comisión de que acepta las decisiones tomadas por el sistema judicial europeo de rechazar medidas cautelares para detener los envíos de las Azores es un signo muy positivo. Ahora es crucial que, del mismo modo, se revisen cuidadosamente todas las demás disposiciones legales propuestas.
Por ello hago un llamamiento para que prevalezca el sentido común, a fin de garantizar que los intereses de un cartel europeo no se confundan con el interés general y que se realice una revisión profunda de la propuesta legislativa de la Comisión. 
Alexander Stubb (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero hacer cinco breves observaciones. Apoyo ambos informes, ya que están bien redactados y tratan los puntos más importantes.
Mi primera observación es que me agrada la forma en que los informes se centran en un fondo y un programa, pues ello homogeneiza la forma de hacer nuestro trabajo y lo hace más eficaz y menos complejo. Este es un enfoque muy satisfactorio por parte de ambos ponentes.
Mi segunda observación se refiere a los indicadores territoriales. Al proceder de Finlandia, creo que es muy importante que no solo nos centremos en el PIB, sino que ampliemos nuestra perspectiva y veamos lo difícil que es llegar a un sitio. Acojo con agrado las propuestas de los ponentes sobre ese punto.
Mi tercera observación consiste en que estoy decepcionado al no existir en los informes ninguna mención de las regiones septentrionales escasamente pobladas. Insto a todos los que no hayan estado en Laponia a que vayan y vean qué aspecto tiene una auténtica región ultraperiférica. Esto se mencionaba en el artículo 218 de la Constitución y es una lástima que no vaya a adoptarse a tiempo.
Mi cuarta observación se refiere a las agencias. Las agencias y su descentralización forman parte de la regionalización. No me importa que la Agencia de Seguridad Alimentaria se fuera a Parma –puedo contentarme con una Agencia de Control de Productos Químicos–, pero hemos de ser sensatos. En el marco de una política regional racional, deberíamos estudiar dónde debería estar la sede del Parlamento Europeo. No estoy seguro de que sea una buena política regional volar o coger el tren a Estrasburgo una vez al mes.
Por último, quiero felicitar a los ponentes por incluir la competitividad y Lisboa en los informes. En conjunto, los apoyo. 
Richard Seeber (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Comisaria Hübner por las misiones de investigación que sigue emprendiendo en diversas partes de la Unión. La observación básica que quiero hacer acerca del informe es que no se puede tener «más Europa» por menos dinero, y por consiguiente es deseable que, al menos, alcancemos un acuerdo rápido y realista sobre las perspectivas financieras.
El informe en sí es correcto y adecuado, exige un incremento de la cohesión económica y social en línea con la cohesión territorial, para que todo ciudadano de la UE pueda confiar de unas estructuras estatales y políticas óptimas para que su vida sea un éxito. ¿Qué puede hacer la UE al respecto? Para empezar, tiene que establecer un marco de referencia para el desarrollo económico, social y territorial equilibrado de la zona geográfica de la Comunidad en su conjunto. En segundo lugar, las políticas sectoriales de la UE han de adquirir este nuevo componente territorial y con ello un valor europeo añadido. En tercer lugar, es preciso promover la diversidad de la Comunidad, apoyando los intereses, las fuerzas y las debilidades específicas de las diferentes regiones para el bien de una política regional policéntrica.
A través de un enfoque omnímodo de este tipo por parte de las políticas de la UE, mejorado por el componente territorial y manteniendo la subsidiariedad, podremos avanzar con la UE en dirección a una Unión de todos los ciudadanos. Es preciso prestar una atención especial a las regiones desfavorecidas como las zonas montañosas rurales, para las cuales tendrán que diseñarse indicadores adecuados si queremos tener una mejor imagen de cuáles son las desventajas reales, para las que no son suficientes los modelos y métodos de cálculo existentes, como por ejemplo el PIB per cápita. Asimismo hay que enfatizar más la simplicidad y practicabilidad de la política comunitaria si se quiere garantizar su aplicación eficaz en todas las regiones de la UE. Es un ejemplo en que el principio «menos es más» es aplicable. 
Francesco Musotto (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, uno de los principales objetivos de la política territorial, como se pone correctamente de manifiesto en los dos informes, es la aplicación del principio de equidad entre los ciudadanos, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que vivan. 
Hay que prestar especial atención a los 9 400 000 habitantes de las 284 islas de la Unión Europea, el 3 % de la población total que vive en un territorio de 95.000 km2. El desarrollo económico de esas zonas está condicionado por el aislamiento y por los costes añadidos que este acarrea. En muchos casos, estas islas tienen un terreno montañoso y también son regiones ultraperiféricas menos desarrolladas. En 2004, su PIB medio ascendió al 72 % de la media de la Unión Europea y en la mayoría de los casos fue inferior a cualquier otra zona de sus respectivos países. 
No obstante, hay que destacar que esas desventajas logísticas no equivalen necesariamente a circunstancias económicas desfavorables. En efecto, dichas desventajas deben transformarse potencialmente en ventajas y abrir la vía a nuevas posibilidades de desarrollo. Las islas son parte del patrimonio natural de la Unión y tienen una marcada vocación por muchos tipos de actividad, como por ejemplo el turismo y actividades culturales y de ocio.
Entre otras cosas, con el desarrollo de la economía basada en el conocimiento –un importante objetivo de la política comunitaria– no es ya la proximidad a las materias primas o a los grandes mercados el elemento que induce a los ciudadanos a elegir el lugar de residencia, sino la belleza natura y los atractivos de los alrededores. En este sentido, la disponibilidad de infraestructuras y equipamientos esenciales son factores decisivos.
Por tanto, después de haber introducido el principio de «un fondo por programa» en las perspectivas financieras de 2007-2013, es preciso relanzar la política de cohesión territorial como instrumento que aporta un recurso fundamental, como hacen con acierto estos dos informes, y situarla entre los objetivos prioritarios de la política de cohesión de la Unión Europea en sentido amplio.
Danuta Hübner,
   . Señor Presidente, ha sido un debate excelente sobre los dos informes, al que he prestado gran atención.
Con respecto al informe del señor Guellec, he tomado nota del firme apoyo de esta Cámara a las recomendaciones que plantea: considerar la cohesión territorial como un elemento importante de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo; dar un impulso a todas las dimensiones de la cooperación territorial; y hacer más hincapié en la cooperación entre centros urbanos, zonas suburbanas y el campo, sobre todo los que tienen dificultades específicas, a fin de contribuir al desarrollo de comunidades sostenibles.
Me complace enormemente que compartamos tantas ideas. Permítanme contestar a esas pocas ideas sobre las que pienso podríamos tener alguna dificultad para encontrar una solución. En primer lugar, con respecto a la adopción de nuevos indicadores territoriales, junto con el PIB, para medir el desarrollo de las regiones y evaluar los obstáculos, quiero recordarles que no existen indicadores normalizados y de generalmente aceptados en el terreno de la cohesión territorial y que, como saben, cualquier indicador nuevo tiene que ser aprobado por Eurostat. En la actualidad solo existen unos pocos indicadores disponibles a escala regional que hayan sido armonizados: PIB, empleo, paro y población. En segundo lugar, estoy de acuerdo en que es necesario proseguir la labor en este terreno, pero hoy por hoy hemos de ser realistas.
En cuanto al tema de la creación de un sistema para evaluar el impacto de las diferentes políticas comunitarias en la cohesión territorial dentro de la Unión, es cierto que la evaluación actual no tiene en cuenta cuestiones de cohesión social. Estoy de acuerdo en que esta cuestión merece un estudio más a fondo. He tomado nota de su propuesta de desarrollar un sistema así a través de ORATE y voy a pedir a mis servicios que lo analicen. También lo discutiremos con los Estados miembros que, como ustedes saben, cofinancian este programa.
Respecto de su sugerencia de que se elabore un Libro Blanco sobre cohesión territorial para 2007, especificando en particular la forma en que este objetivo ha de incorporarse en el plan estratégico nacional de cada Estado miembro, tal vez recuerden que yo planteé la posibilidad de redactar un Libro Blanco para promover la cohesión territorial en el programa de trabajo europeo en la perspectiva de una ratificación de la Constitución. Eso se hizo en Luxemburgo en mayo.
Me permito recordarles que, en las directrices estratégicas, pedíamos a los Estados miembros prestar especial atención a los temas territoriales a la hora de confeccionar sus planes de desarrollo nacionales. Ya han sido elaborados, así que, aun cuando coincido plenamente con el valor añadido que pudiera aportar el Libro Blanco, no podemos quedarnos a la espera del mismo para incorporar esta dimensión en los planes estratégicos nacionales.
En cuanto al informe del señor Marques, he anotado también una serie de preocupaciones y recomendaciones y me gustaría responder al mayor número posible de ellas en el tiempo de que dispongo.
Respecto del plan de acción a favor de la gran vecindad, estoy plenamente de acuerdo en que hemos de fortalecer los vínculos económicos, sociales y culturales entre las regiones ultraperiféricas y sus vecinos de países terceros. Hemos de impulsar esto en dos frentes: primero, con medidas comerciales y aduaneras que permitan la integración de los mercados de bienes y servicios, así como en terrenos relacionados con el comercio; y segundo, los acuerdos preferenciales con países terceros. Esto afecta sobre todo a los países ACP a través de los acuerdos de asociación europeos. Estos nuevos acuerdos deben entrar en vigor en enero de 2008. Actualmente nos encontramos en proceso de negociación, pero también estamos estudiando las necesidades e intereses de dichas regiones, junto con los Estados miembros afectados.
Comparto su opinión de que hay que apoyar la integración económica mediante intercambios de naturaleza social y cultural y cooperación en ámbitos como las nuevas tecnologías, medidas sanitarias, lucha contra la inmigración ilegal y medidas relativas al medio ambiente y la prevención de riesgos. También puedo comunicarle que mis servicios están explorando actualmente posibles formas de utilizar los instrumentos financieros de la Comunidad –no solo el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, sino también el Fondo Europeo de Desarrollo– para reforzar la política de gran vecindad.
Con respecto a la agricultura y la pesca, algunas de sus recomendaciones ya forman parte de nuestras propuestas legislativas, como algunos de ustedes deben saber. En cuanto a la reforma de la organización del mercado del azúcar, la propuesta de la Comisión tiene en cuenta los problemas específicos de las regiones ultraperiféricas. La Comisión está segura de que el sector del azúcar en las regiones ultraperiféricas se halla en expansión, también en el contexto de su contribución a la seguridad energética.
En cuanto al nuevo fondo agrícola, en este terreno hemos propuesto, como saben, unos porcentajes de cofinanciación máximos que son superiores para las regiones ultraperiféricas, al tiempo que se han ampliado también las áreas de intervención.
En cuanto a los plátanos, sus Señorías saben lo difícil que resultan las negociaciones para nosotros, pero puedo asegurarles que la Comisión hará cuanto pueda para proteger los intereses de los productores comunitarios.
Sobre la pesca, en la reunión del Consejo del 21 de junio la Comisión declaró que era necesario un tratamiento específico para este sector en las regiones ultraperiféricas. Hemos iniciado un estudio de esta cuestión y estudiaremos atentamente el tema.
En relación a la competitividad, sus recomendaciones referentes a la competitividad de las regiones y la atención a dedicar al desarrollo del capital humano constituyen el elemento central de las directrices estratégicas comunitarias propuestas para la siguiente generación de programas de cohesión.
En el entorno de la investigación, hemos adoptado medidas específicas para las regiones ultraperiféricas en el proyecto del séptimo programa marco.
Con respecto a la ayuda estatal, la última propuesta de reglamentación de la ayuda regional nacional contiene una serie de medidas positivas en favor de las regiones ultraperiféricas. Dichas regiones se incluirán en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87. También se beneficiarán de unos importes máximos de la ayuda más elevados y podrán autorizar ayudas al funcionamiento.
Mi puerta siempre está abierta para quienes precisen más información detallada. Creo que, en un momento en que tantas propuestas afectan a la situación de las regiones ultraperiféricas o las regiones en general, la cooperación constante y la comunicación son obligatorias para todos nosotros. 
El Presidente.
   El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   El siguiente punto del orden del día es la comunicación de la Comisión sobre el examen de las propuestas legislativas pendientes ante el legislador. 
Günther Verheugen,
   . Señor Presidente, Señorías, a las 15.30 horas la Comisión ha adoptado una comunicación sobre su política de «legislar mejor», y esta comunicación se ha remitido de inmediato al Parlamento y al Consejo. La Comisión ha emprendido una revisión amplia y sistemática de todos los proyectos legislativos presentados antes del 1 de enero de 2004 y que aún no se han aprobado, y hoy se anunciará el resultado. Me gustaría decir que todas las cosas que se pueden haber publicado en uno u otro periódico no reflejan una decisión de la Comisión y en su mayoría son erróneas.
La comunicación de hoy es un primer paso, relativamente pequeño, hacia la formalización de un proyecto mucho más amplio y exigente de «legislar mejor en Europa», con el que tenemos en cuenta los dos objetivos, concretamente el de reforzar la confianza del público en la integración europea y contrarrestar la impresión de que la Unión Europea es un monstruo burocrático y ávido de reglamentos. Al mismo tiempo, queremos liberar fuerzas para el crecimiento de la economía que han estado vinculadas a unas reglas y normas excesivas o excesivamente complejas. No hemos de subestimar el peligroso efecto de la percepción de Bruselas como poco más que un enorme aparato burocrático y poco transparente, y en este sentido todos nosotros –en la Comisión, el Parlamento y el Consejo– tenemos que demostrar a través de nuestras acciones que Europa no es así.
«Legislar mejor» es también una parte esencial de la iniciativa para el crecimiento y el empleo. En Bruselas, la Comisión ha afirmado que, en su labor, da prioridad al crecimiento y a la creación de más puestos de trabajo. Ha revisado la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo teniendo en cuenta esto y ha recalcado el ámbito de política que puede hacer una contribución decisiva a la mejora del crecimiento y la creación de puestos de trabajo.
«Legislar mejor» es uno de estos ámbitos políticos esenciales. Gracias a las numerosas conversaciones que he mantenido con representantes de las empresas europeas, sé que muchos de ellos lo consideran, en efecto, lo más importante. Las pequeñas y medianas empresas y las microempresas en particular esperan impacientes que se eliminen las cargas que soportan. Asegurar la posición de Europa como lugar de ubicación de empresas y mejorar sus oportunidades en la competencia mundial depende totalmente de que consigamos purgar la burocracia, anular los reglamentos que han perdido relevancia y ofrecer a la industria y a los proveedores de servicios un marco jurídico moderno en el que puedan confiar a largo plazo.
Les hablaré sin rodeos, Señorías: no se trata de proceder a una especie de desregulación diluida con un bagaje ideológico; se trata de mejorar la normativa. El mercado único necesita un marco jurídico claro y fiable, pero también hemos de garantizar que nuestras sociedades no se vean abrumadas con una burocracia innecesaria y que el público pueda estar seguro de que la legislación europea se ha elaborado con el máximo cuidado y se aplicará solo donde sea absolutamente necesario. En esto coinciden las instituciones. Permítanme repetir que todos estamos en el mismo barco y compartimos la responsabilidad. Este es el contexto político de la comunicación de la Comisión sobre el examen de las propuestas legislativas pendientes. Cabría describirlo como los entremeses de un menú, en el que aún no se ha servido el plato principal. No obstante, espero que los entremeses sienten bien.
Esta política forma parte de una estrategia con una base más amplia, que a su vez se fundamenta en tres pilares. En primer lugar, la Comisión somete regularmente a examen todas las propuestas legislativas que ha presentado, pero que aún no han sido aprobadas por el legislador dentro de un determinado periodo de tiempo, ejercicio que tiene por objeto decidir si las propuestas pueden retirarse o si la toma de decisiones puede verse facilitada por otros medios.
Este año, la Comisión ha revisado todos los textos que estaban pendientes de aprobación en la fecha límite del 1 de enero de 2004, para ver si las propuestas habían quedado obsoletas, si se habían encallado en el proceso legislativo durante un período considerable de tiempo, si procedía revisarlos a la luz de un nuevo conocimiento científico, de cambios en el mercado u otras consideraciones, o si cumplían los criterios actuales desde el punto de vista de su coste esperado y su posible efecto en la competitividad.
El resultado final de esto es que, de las 183 propuestas examinadas, la Comisión tiene intención de retirar 68 debido a su incompatibilidad con los objetivos de crecimiento y empleo, o con los criterios de mejora de la legislación, el hecho de que ya no sean relevantes –objetivamente hablando– o la imposibilidad de que siga avanzando en el proceso legislativo en su forma actual.
En el caso de cinco de las propuestas mencionadas en la comunicación, la Comisión recomienda que prosiga el proceso legislativo, aunque antes de que ello suceda, quiere presentar análisis económicos detallados para ayudar al legislador a tomar una decisión.
Quisiera señalar que se están retirando algunas propuestas al amparo de una revisión amplia de las políticas comunitarias, aunque la Comisión mantiene la opción de presewntar, después de este proceso, las propuestas revisadas acompañadas de una extensa evaluación de su coste.
También me gustaría señalar que la Comisión, esta tarde, al comunicar al Consejo y al Parlamento qué propuestas pretende retirar, está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del acuerdo marco sobre sus relaciones con el Parlamento. Las propuestas seleccionadas solo se considerarán formalmente retiradas solo cuando se haya hecho un anuncio en este sentido en el Diario Oficial.
La comunicación de hoy tiene que ver con las propuestas legislativas pendientes, lo cual constituye la primera parte de la estrategia de la Comisión. Dado que el acervo en sí no puede alterarse en modo alguno, no tiene efecto directo en el proceso económico. Al evaluar el resultado, creo que deben tenerse en cuenta tres cosas importantes. Una es que el número de propuestas legislativas pendientes era menor de lo esperado. En dos tercios de los casos, el examen nos ha llevado a la conclusión de que hay buenas razones para mantener las propuestas, y que solo un tercio de ellas no cumplen nuestros requisitos en cuando a la mejora de la normativa.
Este proceso de selección representa la prueba de fuego de la credibilidad de nuestra política de «legislar mejor» y será la primera prueba práctica de la aplicación del proyecto real, al que me referiré a continuación. Este proyecto se denomina «simplificación del marco normativo» y es el mayor proyecto que se emprenderá al amparo de la política de «legislar mejor». La Comisión responderá ahora a la resolución del Parlamento Europeo adoptada este mismo año sobre la renovación de la Estrategia de Lisboa, procediendo a una revisión amplia y sistemática del acervo comunitario de la Unión Europea. Estoy hablando de más de 20 000 instrumentos legislativos. A finales de octubre, la Comisión tomará una decisión sobre los principios y criterios por los que se guiará, y cómo vamos a abordar, en términos organizativos, esta ingente tarea. Una cosa segura es que esta labor hercúlea exigirá que las tres instituciones trabajen lo más estrechamente posible, y la Comisión informará al Parlamento tan pronto se haya tomado una decisión sobre los procedimientos y la metodología.
El tercer pilar tiene que ver con las normas aplicables a la futura legislación y la evaluación de su impacto. La Comisión considera extremamente importante que la legislación, en el futuro, se mejore de forma significativa y se someta a normas rigurosas, y ya ha decidido que todas las propuestas legislativas, Libros Blancos y declaraciones políticas subyacentes a su programa de trabajo vengan acompañados de exhaustivas evaluaciones de impacto. Recientemente ha adoptado directrices detalladas sobre la metodología que se utilizará y, el año que viene, encargará un análisis externo de todas las evaluaciones de impacto ya presentadas. La Comisión también se dedica, con la ayuda de una red de expertos externos, a recopilar los análisis y conocimientos científicos disponibles en los que se basan las evaluaciones de impacto. Considera que los nuevos criterios de la futura legislación son determinantes de nuestra orientación en el futuro y permiten reducir realmente la burocracia y aliviar la carga de las empresas y las autoridades en los Estados miembros. Algunos Estados miembros ya han adoptado una política de este tipo y están logrando éxitos considerables con ella, liberando a las empresas y administraciones de gastos innecesarios y consiguiendo un crecimiento añadido tangible. Esto es lo que queremos para la Unión Europea en su conjunto.
Esto, Señorías, tenemos que debatirlo con detenimiento y, aunque la Comisión respetará al máximo la responsabilidad del Parlamento, esta política tendrá que contar con el apoyo de los Estados miembros. Espero de todo corazón que este debate envíe un claro mensaje de que, esta vez, Europa se lo toma en serio. Una cosa sobre la cual todos estamos de acuerdo es que necesitamos una legislar mejor y menos burocracia. Incluso en esta temprana fase, puedo decirles que este proyecto de codificación de instrumentos legislativos dispares no será ni mucho menos lo último que haremos. Examinaremos asimismo si los reglamentos siguen siendo necesarios o si han de ser más fáciles de usar, es decir, si es preciso reescribirlos. La competitividad de Europa será uno de los criterios –pero no el único– por el que se medirá esto, y permítanme decir, por si hubiese alguna duda, que el objeto no es hacer que Europa esté menos integrada de lo que ya está ni alterar el equilibrio entre los tres grandes objetivos políticos de crecimiento, cohesión social y desarrollo sostenible. Lejos de ser una especie de caballo de Troya para socavar Europa, la intención de «legislar mejor» debe ser reforzar Europa y hacerla más eficaz. 
El Presidente.
   Gracias, señor Comisario.
Doy la palabra ahora al señor Stubb. Me temo que no sé muy bien cómo debo pronunciar su apellido, señor Stubb. 
Alexander Stubb (PPE-DE ).
   Señor Presidente, Stubb es un apellido finlandés muy común: probablemente solo hace falta añadir el sufijo «inen» u «onen» al final para convertirlo en Hakkinen o Raikkonen o algo parecido.
Señor Comisario, le felicito por su excelente iniciativa. No obstante, lamento que el debate que hemos mantenido en el Parlamento se haya desviado, ya que empezamos a hablar de inmediato sobre cuestiones de procedimiento: ¿por qué no nos presentó antes a nosotros este documento? Bueno, finalmente lo ha hecho, y aquí lo tenemos. Se trata de una buena iniciativa. No hay nada nuevo, forma parte de una mejora de la normativa y es algo que necesitábamos urgentemente, especialmente después de los referendos francés y neerlandés.
Si le he entendido bien, usted va a retirar 70 iniciativas, que en primer lugar son antiguas; en segundo lugar, en virtud de una evaluación de impacto; o, en tercer lugar, en aras a la subsidiariedad. Si esto es así, estoy a favor. Y digo esto a pesar de estar sentado en este extremo de la mesa. Soy federalista, quiero más Europa, pero en cuestión de normativa prefiero poco y bueno. El problema que tiene el Parlamento Europeo hoy en día es que estamos levantando demasiadas barreras y no debería ser así. Necesitamos más libertad.
Díganos tan solo: ¿cuál es su calendario?, ¿cuándo quiere nuestra respuesta? 
Hannes Swoboda (PSE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, antes de los entrantes sirven a menudo una tapa. Aunque este particular detalle culinario, que nos ha llegado por gentileza de los medios de comunicación, no ha sido de nuestro gusto, seguimos prefiriendo una jugosa tapa que no un trozo de papel seco.
En cuanto a lo que nos han servido hoy, tendremos que examinar los detalles. Me parece que todos podemos estar de acuerdo con la filosofía que nos ha descrito. Nos preocupa no solamente que no se rebajen los niveles económicos y sociales, sino también que se mantenga al mínimo la burocracia, que las normas sean lo más sencillas posibles y sean legibles, quizás no tanto por el gran público como por los expertos, que estos días no están. También discutiremos esto con representantes de los Parlamentos nacionales. Acabo de oír que va a haber una reunión de COSAC a comienzos de octubre, y esto seguramente estará en su orden del día.
Tengo una pregunta concreta para usted, señor Comisario, que es la siguiente: ¿Está usted dispuesto a facilitar a esta Cámara toda la documentación sobre cuya base ha elaborado esta lista, para que podamos comprender mejor su motivación y su razonamiento, y así podamos tenerlos en cuenta cuando emitamos nuestra opinión? 
Alexander Radwan (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, quisiera disculparme por tener que irme enseguida a la siguiente reunión, pero hay dos cosas que quisiera mencionar que creo son importantes para mejorar la legislación. No pretendo discutir lo que habría que hacer en cuanto a la implicación de la prensa. Este es el primer paso en la dirección correcta; es valiente y es el que hay que dar. Tenemos que apoyarlo y animar a la Comisión a pasar al «plato principal», que para nosotros es crucial.
Tengo dos sugerencias que hacer. La primera tiene que ver con el sector de la pequeña empresa, al que se refería el Comisario. Para legislar mejor espero tan solo que se incluyan representantes del sector de la pequeña y mediana empresa entre los grupos de expertos externos a los que se pide consejo. El hecho es que la industria puede encajar y aceptar sin duda determinados aspectos de la normativa, pero las pequeñas empresas locales y los artesanos locales tal vez no puedan y se arruinen. Así que pido, solicito con carácter de urgencia, que estos grupos externos den a las pequeñas y medianas empresas la representación que se merecen.
El segundo punto que quiero mencionar es que las quejas a escala nacional acerca de la sobrerregulación son moneda corriente, y resulta a menudo que en lugar de originarse dicha sobrerregulación en Europa, hay que buscar de hecho su causa en la manera complicada en la que los Estados miembros la transponen. Lo que se necesita es valentía para denunciar las maneras perversas en que se aplican a veces las normas europeas y fijar un criterio para indicar quién actúa de manera que beneficia al público y quién lo hace de manera que le causa problemas. 
Günther Verheugen,
   . Señor Presidente, quisiera contestar a las preguntas que se me han formulado. En primer lugar hablaré del calendario: la Comisión tomará una decisión sobre la metodología y los principios organizativos del gran proyecto «Legislar mejor» a finales de octubre. Estableceré para ello un plan de acción con un periodo inicial de tres años, con la esperanza de que hayamos sido capaces de haber completado la mayor parte del proyecto en ese periodo.
En cualquier caso tendremos que decidir cuáles son nuestras prioridades, y lo haremos de manera que empecemos con las áreas que pueden considerarse realmente sobrerreguladas debido a la abundancia de textos legales. Ya hemos decidido que sectores como la industria del automóvil, la construcción y la gestión de residuos han de ser los primeros en examinarse, seguidos luego de todos los demás.
Paralelamente, la Comisaria Fischer Boel ya trabaja en un programa fundamental para la simplificación del acervo agrícola, cuyo primer paquete podrá presentarse este año.
Le agradezco mucho al señor Swoboda su ayuda, y le puedo decir que puedo darle los documentos que necesita ahora mismo, pues ya los tengo a mano para él y para los demás Grupos también. Estos documentos le mostrarán en qué fase se hallan los diversos proyectos y las razones por las que la Comisión piensa que deberían retirarse.
Quizás me permitan otra breve observación sobre los medios de comunicación. En este momento no deseo aburrir ni atormentar a esta Cámara, pero podría perfectamente, aquí y ahora, enumerar las ocasiones en que me he presentado aquí para informar de este proyecto. Ya en septiembre de 2004 se produjo la primera, antes incluso de mi nombramiento. He hablado en esta Cámara sobre este asunto en un total de 11 ocasiones. La información inicial se dio a esta Cámara antes de que el público oyera una palabra de ella, aunque supongo que el pleno del Parlamento Europeo puede considerarse que representa al público europeo.
Insisto en que he actuado con absoluta corrección en lo que se refiere a la información al Parlamento Europeo. Hasta esta tarde, e incluso hasta que me he puesto de pie para hablar aquí, ni yo ni nadie de mi equipo ha facilitado a los medios de comunicación ninguna información sobre lo que está en la lista. Me he ganado a pulso cierta reputación en lo que se refiere a mi respeto por esta Cámara, así que espero que esto haya quedado perfectamente claro.
Por supuesto, se les dará todo esto negro sobre blanco. Aunque la Comisión está facultada para decidir por sí sola qué hacer con esta lista, me parece muy aconsejable esperar y ver qué nos aconseja el Parlamento y actuar sobre esta base cuando se ponga en práctica lo que se ha decidido. La Comisión lo ha acordado así.
Volviendo a la cuestión final, por la que estoy muy agradecido, mi preocupación por el futuro económico de las pequeñas y medianas empresas en Europa fue una de las razones por las que propuse este proyecto en primer lugar. Sé perfectamente que la gran empresa puede manejar la normativa con relativa facilidad; puede permitirse tener sus propios departamentos para dedicarse a ello. Sin embargo, cuanto más pequeña es una empresa, tanto más onerosos le resultan los costes que suponen los trámites burocráticos y más difícil le es planificar y realizar inversiones y conseguir realmente algún crecimiento.
Por tanto, quiero garantizarle que las necesidades de las pequeñas y medianas empresas se tendrán en cuenta en todo lo que hagamos. El asesoramiento externo que recabaremos incluirá naturalmente a representantes del sector de la pequeña empresa. Está previsto que nuestra futura política con respecto a las pequeñas y medianas empresas se anuncie en una Comunicación dentro de unas pocas semanas, e incluirá también muchas cosas relativas a la cuestión de «legislar mejor».
Le agradezco también lo que han dicho sobre la transposición a escala nacional. Sin duda existen algunos ejemplos muy fascinantes de cómo los Estados miembros han conseguido coger una directiva europea concisa, clara y directa y convertirla en un monstruo burocrático con muchas más palabras de las que se necesitan. Hay una espléndida expresión inglesa para esto: «gold plating». En mi opinión, parte de este proyecto tiene que ver con que expliquemos al público europeo que este tipo de cosas tiene que parar, y que la legislación europea no puede usarse como una especie de biombo detrás del que los Estados nacionales desarrollan sus proyectos favoritos y hacen cosas que no se atreverían a hacer de otra manera.
Creo que con esto he respondido a todas sus preguntas. Agradezco el apoyo político que me han brindado tres de los oradores, y les ofrezco una cooperación estrecha y de confianza en torno a este proyecto, que tendrá un efecto particular en las tres instituciones. 

Elizabeth Lynne (ALDE ).
   Señora Presidenta, también me complace la declaración de la Comisión, en particular en lo que se refiere a la Directiva sobre radiaciones ópticas. Me complace ver cómo la Comisión se suma al punto de vista de este Parlamento al pedir que se excluya la radiación natural y que se tome como ejemplo la Directiva sobre trabajadores temporales. Siempre he pensado que los planteamientos de «talla única» no funcionan.
Espero que la Comisión vuelva a examinar otra directiva sobre agentes físicos, la Directiva relativa a los campos electromagnéticos y sus consecuencias sobre los escáneres de imágenes por resonancia magnética, en lo que se refiere a la utilización de campos magnéticos estáticos. Necesitamos normativas sobre salud y seguridad, claro, pero solo cuando sea necesario a escala de la UE y cuando no pueda legislarse a escala nacional. Por ejemplo, me gustaría ver una directiva específica sobre heridas por pinchazos de agujas. Me gustaría tener una directiva específica, de conformidad con el artículo 13, sobre la edad y la discapacidad. No obstante, me alegra oír lo que dice la Comisión. Hay un exceso de regulación innecesaria y, hablando como proeuropeo, creo que esto hace más daño que bien. 
Monica Frassoni (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el problema para nosotros es de contenido y no de forma. Está muy bien retirar algunas directivas, por lo demás hay algunas que nos habría gustado realmente que se retiraran, por ejemplo la Directiva Bolkestein, que por desgracia sigue ahí.
Lo que nos preocupa, sin embargo, es el énfasis que se pone en este ejercicio y que está absolutamente fuera de lugar, porque pensar en ganarse a los ciudadanos deshaciendo lo que se ha hecho nos parece algo como mínimo dudoso. 
Señor Comisario, quisiera pedirle de verdad que, después de haber visto y oído a la industria, se reúna también con la asociación de consumidores, ya que defiende los derechos de los ciudadanos y los derechos del medio ambiente. Estoy segura de que encontrará personas que le dirán que la competitividad es mucho más que eso que usted, por cierto, trata de proponernos desde hace más o menos un año.
Pienso que también por lo que respecta a la cuestión de la evaluación de impacto y a otros temas que usted ha planteado aquí, como la criba, hay problemas pendientes que pueden parecer inocentes pero desafortunadamente no lo son: basta ver la labor de demolición que ustedes –usted mismo y el Comisario y Presidente Barroso– están haciendo con y lo que han hecho ya con la estrategia relativa a la contaminación. Por tanto, francamente, espero de usted una respuesta clara sobre estos dos temas. 
Françoise Grossetête (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, señor Comisario, estamos de acuerdo en legislar mejor. Es evidente que deseamos menos burocracia puntillosa y un poco de oxígeno para nuestras empresas.
Pero, ¿cómo contempla usted la colaboración con el Parlamento Europeo, que es colegislador? Aunque el Tratado no lo prevea, pero habida cuenta del Acuerdo interinstitucional, ¿cómo ve usted la participación de nuestras comisiones parlamentarias? Por lo que se refiere al estudio de impacto que hemos reclamado, no debe transformarse en autojustificación de la propuesta de la Comisión o en justificación para no hacer nada. ¿Y qué será del estudio de impacto sobre las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo?
Por último, por lo que respecta a la simplificación, que es muy importante, debemos velar por que no conduzca a una desregulación. Tocar el acervo comunitario en el ámbito social, medioambiental o de la protección del consumidor puede incitar al dúmping social. Estaremos, pues, muy atentos. Legislar mejor no debe significar legislar menos. ¿Qué lugar se deja a la normalización? El Parlamento Europeo obtiene su legitimidad de la codecisión. No debemos reducir su poder legislativo. 
Günther Verheugen,
   . Señora Presidenta, mi respuesta a la primera pregunta es que, naturalmente, estaremos encantados de considerar cualquier sugerencia, incluidas las que se hagan en esta sesión. Puedo informarle de que he invitado a los Estados miembros, las asociaciones empresariales, los grupos de consumidores, los sindicatos y todos los miembros del público europeo a presentarnos sus propuestas, que han ido llegando a centenares, muchas de ellas muy detalladas y sumamente precisas. Lo que esto me indica es que este proyecto goza realmente de un apoyo amplio.
En respuesta a las preguntas de la señora Frassoni, quisiera decir que esto lo he tratado de explicar. Me sorprende por ser un asunto de confianza política. Como he dicho y recalcaré una vez más, el objeto del ejercicio no es alterar la calidad del acervo en ningún apartado en concreto. La iniciativa no pretende desregular en el sentido en el que los ideólogos radicales del libre mercado usan el término, sino simplificar el dispositivo legislativo existente, haciéndolo más transparente y más fácil de utilizar. Con esto, lo que estoy diciendo, como ya he hecho en numerosas ocasiones en su audiencia, es que el modelo europeo consiste realmente en alcanzar el equilibrio entre crecimiento y empleo, cohesión social y desarrollo sostenible, y que esto es algo que, naturalmente, no vamos a abandonar. Le doy mi palabra a la señora Frassoni: no pasará nada de lo que teme, y ninguna de las normas que ya hemos establecido se tornará menos rigurosa.
A la señora Grossetête puedo decirle que por supuesto se mantendrán los los derechos de participación del Parlamento. Creo que una de las consecuencias del proyecto de simplificación será incluso que el Parlamento podrá ejercer sus derechos de un modo que no pudo hacerlo originalmente, ya que volveremos a presentar instrumentos que se adoptaron en un momento en que todavía no había codecisión en los ámbitos en que se aplican. Creo que lo que hacemos reforzará los derechos de codecisión del Parlamento, y la Comisión quiere informar por supuesto a todas las comisiones de lo que pasa.
Toda la cuestión de la evaluación del impacto es difícil, y tengo algo que decir sobre ella. Por su parte, la Comisión ha decidido que no volverá a hacer propuestas antes de que se haya producido una evaluación exhaustiva de los costes que se deriven de ellas. Aunque este es un procedimiento interno de la Comisión, les presentaremos sus resultados al mismo tiempo que les sometamos propuestas. A título personal, mi punto de vista definitivo es que, por supuesto, se necesitará una última evaluación del impacto si el legislador hace lo que debe y cambia sustancialmente la propuesta de la Comisión. Esta, sin embargo, es una decisión que tienen que tomar ustedes, ya que son ustedes, y no la Comisión, el órgano legislativo; si ustedes dicen que pueden aprobar un acto incluso sin una evaluación del impacto, entonces esa será su decisón y su responsibilidad. Sin embargo, mi consejo es que deberíamos buscar conjuntamente una manera en que podamos proponer un método generalmente aceptable para evaluar el impacto de la legislación. Me parece que podemos sentirnos verdaderamente muy orgullosos del hecho de que la evaluación del impacto desarrollada por la Comisión goce de una excelente reputación a escala internacional y, aunque no creo que encuentren nada mejor en ninguna parte en la esfera pública, dicha evaluación todavía se puede mejorar, aspecto sobre el que podemos trabajar juntos. Estoy muy de acuerdo con la señora Grossetête en que no necesitamos por fuerza menos legislación, pero que la legislación ha de mejorar en el futuro.
Permítame reiterar que hablamos aquí de dos cosas diferentes. Una es el gran proyecto de simplificación, cuya consecuencia será una notable reducción del volumen –atención, hablamos de cantidad y no de calidad– del acervo. El resultado real del otro proyecto, el nuevo método por el que elaboramos la legislación, será un aumento significativo de su calidad, y ustedes, los diputados al Parlamento Europeo, que son las personas que hacen las leyes, tendrán la posibilidad de establecer una cuenta muy precisa de los costes y beneficios de cada decisión individual. 
Jules Maaten (ALDE ). –
   Señora Presidenta, el Comisario ha hecho su declaración de una manera bastante solemne, como si fuéramos testigos de un momento histórico, y creo que lo es. La decisión de hoy de la Comisión es, por supuesto, histórica.
Se trata de la imagen que crea la Unión Europea y esa imagen no cambiará a menos que cambie la realidad, lo que también creo que es el caso. Alega que «es un aperitivo», pero nos equivocaríamos si pensáramos que esto es puramemente cosmético. Creo que las propuestas de la Comisión tienen mucho potencial.
Es realmente insólito –con todo el respeto debido al Comisario– que la burocracia presente propuestas para reducir la burocracia. Así que los pavos podrán votar en Navidad después de todo. Tiene razón el Comisario en dar al Parlamento y al Consejo algo de responsabilidad, ya que gran parte de la letra pequeña de la legislación se origina en esta Cámara y en el Consejo.
Creo que la señora Grossetête también tenía razón cuando hizo referencia a esto: «¿Cómo podemos impedir que continúe este proceso?» Tenemos nuestra propia responsabilitdad que debemos tomarnos muy en serio.
Finalmente, puesto que tiene usted una página web en la que se invita a los ciudadanos a añadir sus comentarios, ¿podría darnos una idea, en pocas palabras y con regularidad, de las reacciones que le llegan? 
Stephen Hughes (PSE ).
   Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al Comisario por su declaración. Nosotros también estamos a favor de eliminar las leyes innecesarias o redundantes, pero estamos preocupados, en parte tras las improvisadas declaraciones del Presidente Barroso en el sobre el tema de la desregulación.
Lo que más me preocupa es el rumor persistente, que acaba de repetir la señora Lynne, sobre si, ahora o en el futuro próximo, la Comisión incluirá la retirada de la Directiva sobre trabajo temporal. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que si eso llega a ocurrir supondría un duro golpe para los intentos de equilibrar la flexibilidad y la seguridad y se dificultaría la consecución equilibrada de los objetivos de Lisboa? ¿Puede garantizarnos que la Comisión no se plantea retirar la Directiva sobre trabajo temporal? 
Elisabeth Schroedter (Verts/ALE ). –
   Señora Presidenta, el Comisario Verheugen puede estar seguro que la burocracia es, por supuesto, una consigna que le garantiza el aplauso de sus Señorías, pero una ojeada a su lista revela que oculta el objeto real del ejercicio, que es la demolición del Estado de bienestar. Si se da efectivamente el caso de que se retire la Directiva de los trabajadores temporales, eso será una bofetada en la cara de la Europa social, entonces veremos aparecer a «los pobres que trabajan» en Europa, porque eso significa que este aspecto quedará cubierto por la Directiva Bolkestein y que se rebajarán los niveles mínimos europeos.
Lo que quiero saber es esto: ¿Cómo propone construir una Europa social desmantelando los niveles sociales mínimos en Europa? 
Günther Verheugen,
   . Señora Presidenta, contestaré a la primera pregunta diciendo que hemos iniciado una consulta pública, y por supuesto podrán acceder ustedes a lo que resulte de ella.
Debo decir que la señora Schroedter se equivoca al hacer lo que de hecho es una insinuación. No se puede decir que la retirada de propuestas que todavía no se han adoptado desmantele nada. No puede cambiar lo que es realmente la ley. Hablo de propuestas que el Parlamento Europeo ni siquiera ha aprobado todavía, y la Comisión dará, en cada caso particular, una explicación exacta de por qué las retira. Me interesa añadir que esto no significa que no volvamos a traer estos asuntos a esta Cámara.
En lo que se refiere a los trabajadores temporales, proponemos que el Parlamento no dé por terminadas sus deliberaciones antes de que la Comisión haya presentado análisis económicos más exhaustivos y una extensa evaluación del impacto. La propuesta no se ha retirado, y no tengo ni idea de dónde ha sacado esa información. No debe creer todo lo que lea en la prensa; le agradecería que nuestras deliberaciones trataran únicamente de lo que la Comisión le ha comunicado oficialmente en su propuesta. Lo que importa no es lo que publica la prensa, sino lo que la Comisión ha decidido esta tarde. Quiero decir al señor Maaten que no pretendo hacer una ceremonia de mi declaración; únicamente he mencionado la hora del día porque quería demostrarle que apenas la Comisión hubo acordado su resolución, el Parlamento Europeo –y nadie más– fue informado de ello. 
La Presidenta.
   Con esto concluye el debate sobre este punto. 
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0331/2005).
Vamos a abordar una serie de preguntas a la Comisión.
La Presidenta.
En la actualidad resulta sumamente inquietante la situación mundial en lo referente a las epizootias. La FAO ha advertido recientemente que la gripe aviar probablemente penetrará también en Oriente Medio y Europa a través de las aves migratorias. Hace poco la fiebre aftosa llegó asimismo a Rusia a través de China y el Asia Central.
¿Qué medidas tiene previstas la Comisión para evitar la penetración de estas epizootias en la UE? ¿En qué zona geográfica se centran especialmente estas medidas de lucha contra las epizootias? ¿Qué lugar se ha reservado, en este contexto, a la vacunación? ¿De qué forma se informa a la población europea, por ejemplo con respecto a la prohibición de importar a través de los equipajes productos alimenticios procedentes de países terceros?
Jacques Barrot,
   . Dado que el Comisario Kyprianou se encuentra ocupado en una reunión, precisamente sobre este problema, me ha pedido que le sustituya, cosa que hago con mucho gusto. Quisiera reafirmar, en nombre de la Comisión, el compromiso que hemos contraído de informar al Parlamento Europeo de forma sistemática y con total transparencia sobre la penetración de enfermedades animales contagiosas en Europa. El Comisario Kyprianou, responsable de la salud pública y la protección de los consumidores, ha mantenido al Parlamento al corriente de la evolución última y de las medidas adoptadas por la Comisión.
Todavía ayer por la tarde expuso la situación en materia de salud animal a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, como había hecho ante la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública el pasado 14 de septiembre. Por otra parte, el Comisario había remitido ya a su Señoría información escrita sobre las acciones aplicadas por la Comisión a fin de controlar estas amenazas.
El descubrimiento de focos de gripe aviar y de fiebre aftosa en Asia ha suscitado, por supuesto, el temor de la llegada de esas enfermedades a la Unión Europea. Se han aplicado ya todas las medidas jurídicas necesarias para prevenir su posible introducción a través de animales y de productos de origen animal. Se trata, en particular, de la obligación de informar a los pasajeros que frecuentan los puertos y aeropuertos internacionales de sus deberes al respecto.
La Comisión recurre a sus poderes reglamentarios para garantizar la actualización continua de las disposiciones existentes. Así, se ha recomendado a los Estados miembros que refuercen la aplicación de las medidas y los controles existentes en las fronteras de la Unión para garantizar que solo se importen animales y productos que satisfagan las exigencias comunitarias.
En cuanto a la vacunación, ya es posible la vacunación de urgencia en caso de descubrimiento de focos de gripe aviar. La Comisión ha propuesto una nueva directiva sobre la gripe aviar que permitirá adoptar un proceder en materia de vacunación que tenga en cuenta los últimos desarrollos específicos en el conocimiento de la enfermedad y de las últimas epidemias. Evidentemente, no hay que olvidar que la vacunación no garantiza por sí sola una prevención y un control adecuados de la enfermedad. Por lo que se refiere a la fiebre aftosa, se han aplicado ya disposiciones similares. Estas son las respuestas que he querido dar en nombre del señor Kyprianou, señora Presidenta.
Albert Jan Maat (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, doy las gracias al Comisario y a su colega, el señor Kyprianou, por su respuesta. Hay dos puntos en los que agradecería una respuesta sincera de la Comisión. El Comisario declara que la vacunación no sirve para prevenir, pero eso significa que tenemos que dejar que suceda antes de usar la vacuna, aunque la vacuna ya está disponible. Las aves de corral ya reciben 10 tipos diferentes de vacunas, así que ¿por qué no añadir una contra la gripe aviar? Existe, podemos usarla, y se está produciendo en la Unión Europea. ¿Por qué entonces no se da a los granjeros avícolas y a los países la oportunidad de utilizarla para prevenir un brote de la enfermedad?
Lo mismo se aplica a la legislación. Ya hemos hablado de la simplificación de la legislación. El uso de una vacuna preventiva comportaría una fuerte reducción del número de normas en la UE, y esto sin duda debe interesar a la Comisión. 
Jacques Barrot,
   . No he dicho que la vacunación no sea útil. Simplemente he dicho, y he precisado incluso que ya es posible la vacunación de urgencia en caso de descubrimiento de focos de gripe aviar. Sabemos, por supuesto, que la vacunación es un medio de prevención, pero con eso no basta; es necesario, al mismo tiempo, elaborar toda una serie de disposiciones que el proyecto de directiva pretende precisar. Por esta razón, señor Maat, pienso que no hay ninguna reticencia en absoluto por parte de la Comisión con respecto a la vacunación. Por lo demás, esperamos desarrollar dicha vacunación teniendo en cuenta todos los datos científicos necesarios para conocer mejor la enfermedad, pero la Comisión quiere disponer de un dispositivo más amplio que la mera vacunación para impedir la penetración de esta enfermedad en Europa.
La Presidenta.
Un ciudadano de mi circunscripción ha tomado contacto conmigo recientemente para informarme de las dificultades encontradas en un vuelo chárter de la agencia My Travel Airways de Canarias a Glasgow. Sufrieron 15 horas de retraso y muchas molestias pero no lograron indemnización ninguna de la compañía de vuelos chárter. Fue uno de los 49 pasajeros a los que se denegó el embarque, al aplicarse la normativa aérea sobre tripulación insuficiente cuando un miembro de la tripulación tuvo que ser ingresado en el hospital. Los ciudadanos de mi circunscripción afectados han pedido indemnizaciones basándose en la reciente normativa de la UE sobre denegación de embarque, pero My Travel mantuvo que la normativa no es aplicable a este caso dado que el retraso se debió a circunstancias imprevisibles.
En primer lugar, ¿podría aclarar la Comisión si los vuelos chárter están obligados a indemnizar a los pasajeros según la legislación de la UE?
En segundo lugar, la falta de tripulación suficiente ¿puede considerarse, según la legislación de la UE, como circunstancia imprevisible?
Jacques Barrot,
   . Señora Presidenta, quiero responder a la señora Stihler que los vuelos chárter también están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 261/2004. Así, las compañías aéreas que operan dichos vuelos están obligadas por supuesto a ajustarse a las disposiciones de dicho reglamento.
Según su información, se trata de un caso de retraso prolongado debido a que la tripulación estaba incompleta y, por tanto, no de una negativa de embarque. En estos casos, no se prevé ninguna compensación financiera como la aplicada a la denegación de embarque y las anulaciones. No obstante, las compañías aéreas están obligadas, por supuesto, a proporcionar una asistencia adecuada –bebida, comida, medios de comunicación, habitación de hotel, en su caso–, a fin de reducir al máximo las molestias ocasionadas a los pasajeros. Esta asistencia es obligatoria en los casos de negativa de embarque, retraso prolongado y anulación, incluso en caso de fuerza mayor. 
Por lo que respecta a la compensación financiera, las compañías aéreas solo están exentas de ella en los casos de anulación y negativa de embarque impuestos por circunstancias excepcionales. Entonces ¿puede considerarse que una tripulación incompleta constituye una circunstancia excepcional? Hay que evaluarlo en cada caso, teniendo en cuenta todos los aspectos fácticos, en particular la organización de sustitución y la disponibilidad de tripulaciones de reserva sobre el terreno. Señora Stihler, comprenderá que, al no disponer de todos estos detalles, la Comisión no puede emitir un juicio definitivo.
No obstante, sobre la base del apartado 2 del artículo 16 del reglamento, los pasajeros pueden dirigirse ahora, si es necesario, a organismos nacionales de control, especialmente habilitados para tratar sus quejas y sus diferencias con las compañías aéreas. Esto es lo que puedo responderle, habida cuenta de que el mejor de los reglamentos no puede cubrir todas las situaciones particulares y que esas situaciones requieren una evaluación caso por caso, sobre la base de todos los elementos. En el caso que nos ocupa, habría que comprobar si, en el aeropuerto local, había personal de sustitución disponible para un vuelo de vuelta o si estaban previstas disposiciones de organización. Pero, como le he dicho, los pasajeros afectados tienen ahora la posibilidad de recurrir a la instancia prevista en el ámbito nacional para tramitar sus quejas. 
Catherine Stihler (PSE ).
   Es un caso interesante. Me parece fascinante que cuando las azafatas tienen un resfriado y no pueden volar tenga que haber personal de soporte que supla de inmediato las carencias en esas circunstancias. Así pues, me pregunto si, en el caso que nos ocupa, esto simplemente no estaba previsto.
Hoy, otro elector escocés, el señor Duncan Thorpe, ha preguntado si un retraso de cinco horas le daba derecho a reclamar una compensación. Según la página web Europa, cuando hay un retraso de cinco horas o más la compañía aérea debe ofrecer el reembolso del billete. Sin embargo, la compañía que contestó al votante de mi circunscripción manifestó, y cito: «El Reglamento (CE) nº 261/2004 no impone a las compañías aéreas la obligación de ofrecer o pagar una compensación cuando los pasajeros sufren retraso».
¿Puede la Comisión aclarar cómo supervisa la aplicación efectiva de esta Directiva?
Gracias por su atención, señora Presidenta, ya que se trata de una cuestión importante. 
Jacques Barrot,
   . Evidentemente, el reglamento incluye la obligación de que cada Estado miembro cree una autoridad capaz de tramitar las solicitudes. Pero el reglamento es demasiado reciente para que pueda ofrecerle hoy una evaluación de su aplicación. Es evidente, señora Stihler, que velaremos por que estas nuevas disposiciones sobre los derechos de los pasajeros encuentren una aplicación real; puedo decirle que haremos lo necesario para que, en 2006, podamos elaborar un balance que nos permita, en su caso, señora Presidenta, señora Stihler, reforzar aún más, si es necesario, las medidas que se han adoptado. Pero insisto, nos encontramos en el lanzamiento de una política dirigida a garantizar a los pasajeros nuevos derechos. Obviamente, es necesario cierto tiempo para poder evaluar las medidas de aplicación y, si procede, reforzarlas o corregirlas.
Bill Newton Dunn (ALDE ).
   Señor Comisario, al igual que la autora, yo también he sido consultado por electores de mi circunscripción. Se trata de un tema que los ciudadanos no acaban de entender. Es uno de los principales beneficios de Europa que hemos logrado recientemente para los ciudadanos y deberíamos darle mayor publicidad. No propongo una nueva directiva, pero, en lugar de publicar los detalles en sus páginas web, ¿no podrían las 25 oficinas de información de la Comisión en las 25 capitales nacionales elaborar un folleto de una página para facilitar a los ciudadanos información real sobre sus derechos, unos derechos que las compañías aéreas podrían desear ocultar? 
Jacques Barrot,
   . Gracias por su sugerencia. Por supuesto, la carta ya está anunciada en los aeropuertos, y hace referencia al organismo nacional encargado de instruir las quejas. Dicho esto, tiene razón, hay que ir más allá en la información; es preciso desarrollar en este ámbito una comunicación mucho más concreta y más accesible a todos. Le pediré un poco de indulgencia, porque estas disposiciones son recientes, pero créame que, personalmente, estoy muy atento a que las disposiciones que propuse y que el Parlamento y el Consejo aceptaron adoptar sean realmente aplicadas. Para ello, es necesario en efecto informar mucho. Gracias por su sugerencia y gracias también a la autora de la pregunta, la señora Stihler, por haber ofrecido ejemplos concretos. A partir de esos ejemplos conseguiremos poco a poco tener una jurisprudencia y también una mejor aplicación de los textos.
Josu Ortuondo Larrea (ALDE ). –
   Señor Comisario, yo he tenido hace unas pocas semanas una experiencia de denegación de embarque por parte de una de las primeras compañías de bandera europeas, y los derechos que me han leído allí, que me han reconocido, no coinciden con la norma aprobada por este Parlamento Europeo.
¿Conoce la Comisión cuántos y cuáles son los Estados miembros que han transpuesto la reglamentación europea y la han incorporado a su ordenamiento legislativo, y cuántos y cuáles no?
Jacques Barrot,
   . Señora Presidenta, se trata de un reglamento; por tanto, no hay que prever ninguna transposición. Simplemente, si me puede notificar por carta el Estado miembro de que se trata, me esforzaré por comprobar si, en ese caso concreto, el Estado miembro ha creado la oficina encargada de supervisar la aplicación de dichas disposiciones.
La Presidenta.
Las tragedias aéreas que se han producido a lo largo del verano han aumentado la preocupación, en particular entre los trabajadores y los usuarios de los servicios de las empresas de transporte aéreo. Los controles defectuosos, que en gran parte se deben, como denuncian los propios trabajadores, a la liberalización de los mercados y a la competencia desenfrenada, la infracción de las normas de seguridad con el fin de conseguir el máximo beneficio a corto plazo y la enorme cantidad de empresas que aparecen y desaparecen del mercado sin facilitar las necesarias garantías de seguridad hacen que el transporte deje de ser un servicio social para convertirse en una empresa con el único objetivo del lucro.
¿Piensa la Comisión que el cielo único abierto y la persecución incontrolada de beneficios han contribuido a la reducción de los controles? ¿Piensa tomar medidas para que se realicen controles de seguridad eficaces en todos los vuelos, teniendo también en cuenta las propuestas de los trabajadores (por ejemplo, control antes del vuelo por un mecánico diplomado y registrado)? 
Jacques Barrot,
   . Señora Presidenta, en primer lugar, comprendo perfectamente la conmoción generada por todos los accidentes que se produjeron en el mes de agosto. Evidentemente, la Comisión no puede expresarse sobre las causas de los mismos, pues es tarea de los expertos. 
Quisiera responder al señor Pafilis que no podemos establecer una relación entre la liberalización, la apertura del transporte aéreo a la competencia, y cualquier cuestión de seguridad que pudiera atribuirse a esta apertura a la competencia. Se puede considerar incluso que, al mismo tiempo que se liberalizaba el mercado interior del transporte aéreo, la Comisión intensificó las normas de seguridad. El acervo comunitario en materia de seguridad aérea se ha desarrollado considerablemente y la evolución de los datos relativos a la seguridad demuestra que el número de accidentes y fallecidos ha seguido disminuyendo desde el lanzamiento del proceso de liberalización. Por otra parte, este proceso ha permitido ofrecer a muchos ciudadanos europeos posibilidades de transporte a mejor precio.
Dicho esto, la seguridad es más que nunca una prioridad del transporte aéreo y el control de los aviones comunitarios, que depende, es cierto, de las autoridades nacionales, que tienen la libertad de denegar una licencia, es un aspecto que debemos vigilar muy atentamente.
Por lo que respecta a los controles efectuados antes del vuelo, las disposiciones en vigor imponen a las compañías aéreas comunitarias la observancia de unas normas de seguridad muy estrictas. Las normas operativas vigentes son las establecidas por las Autoridades de Aviación Conjuntas. Dichas normas prevén que el operador debe asegurarse de que todo el personal adscrito o directamente implicado en operaciones de tierra y de vuelo haya recibido una formación adecuada y demostrado su capacidad para asumir las tareas específicas que le son asignadas y que es consciente de sus responsabilidades y de la relación existente entre sus tareas y la empresa en su conjunto. He citado unas normas que podrían expresarse, señora Presidenta, en términos más sencillos, por lo que le ruego me disculpe. Me gusta realmente que los textos europeos sean más sencillos, pero se trata de un texto de las Autoridades de Aviación Conjuntas.
Lo que quiero decir, respondiendo al señor Pafilis, es que, a comienzos del mes de febrero, yo mismo tomé la iniciativa de preguntar al Consejo de Ministros de Transportes sobre la posibilidad de elaborar una lista europea de las compañías que hayan sido objeto de alguna medida de prohibición o de restricción de vuelo. Hemos avanzado, hay que decirlo, debido a la prudencia de los Estados miembros, menos rápido de lo que hubiera deseado.
Después, este verano se produjeron los accidentes de aviación que conocen y que el señor Pafilis ha recordado y, en ese momento, en efecto, el Parlamento, consultado sobre la propuesta modificada de reglamento, aprobó, a propuesta de la ponente, la señora De Veyrac, enmiendas extremadamente positivas, que armonizan los criterios para prohibir una compañía o limitar sus posibilidades de vuelo. Pienso que esta propuesta podrá adoptarse ahora bastante rápido, en noviembre. Estaría así en condiciones de elaborar esa lista negra europea, que permitirá a los ciudadanos conocer mejor la calidad del transportista que utilizan.
Queda el problema de los terceros países. La Comisión ha trabajado también por un aumento de los controles con la famosa Directiva SAFA. Se trata de una directiva y es preciso que sea transpuesta a todos los Estados miembros. Debe ser transpuesta antes de abril de 2006. Jugando, por una parte, con el proyecto de reglamento relativo a la identidad del transportista, que contiene los criterios de valoración de las compañías que nos permitirán desembocar en la lista negra, y la Directiva SAFA transpuesta en todos los Estados miembros relativa a los aviones de terceros países, tendremos un dispositivo que, espero, marcará una etapa muy importante en la seguridad del transporte aéreo.
Estos son los pocos elementos que quería dar al señor Pafilis, que, con razón, me ha preguntado por la seguridad del transporte aéreo.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ).
   – Señor Comisario, si esta situación continúa hasta 2020, tendremos un accidente por semana. En otras palabras, sacrificio de vidas humanas en el altar del beneficio. No lo decimos nosotros; lo dice la Agencia Internacional del Transporte Aéreo. Es precisamente en este punto en el que consideramos que la política de liberalización, de la llamada «libre competencia», ha creado una situación de irresponsabilidad que, entre otras cosas, convierte en vícttimas tanto a los pasajeros como a los mismos trabajadores. Tanto los Gobiernos como todos los implicados, ya sean del sector público o del privado, conocen perfectamente el estado de los aviones, tanto como conocen perfectamente los enormes problemas a que se enfrentan las tripulaciones ante la presión que ejercen sobre ellas debido a los cambios en las relaciones laborales.
Usted no hace nada al respecto; hace lo contrario. Como no tengo mucho tiempo, le pregunto lo siguiente: ¿Por qué no retira la Directiva que permite que mecánicos sin licencia revisen el avión en cuestión, en lugar de permitir esta práctica, que ha resultado ser un desastre? 
Jacques Barrot,
   . Señor Pafilis, no sé de qué directiva habla. Simplemente, quisiera reiterarle que no puede pretender que la Unión Europea no ha reforzado la reglamentación en materia de seguridad. Ahora tenemos una Agencia Europea de Seguridad Aérea, a la que se reconoce además la autoridad necesaria, incluso por parte de la FAA estadounidense. Realmente, mi predecesor procedió –y yo mismo continuaré en esa vía– a reforzar toda la reglamentación relativa a la seguridad.
Y tiene razón: no podemos abrir el transporte aéreo a la competencia y no preocuparnos por disponer de un marco reglamentario sólido en materia de seguridad. Pero avanzamos, y quiero rendir homenaje, señora Presidenta, al Parlamento Europeo, que nos ayuda mucho a este respecto. Estoy muy satisfecho de ver que vamos a tener criterios absolutamente idénticos en todos los Estados miembros, donde, como sabe, las direcciones generales de aviación civil tienen la responsabilidad de la seguridad.
Tendremos, pues, unos criterios comunes, que nos permitirán, tanto con respecto a las compañías europeas como a las de terceros países, saber que una determinada compañía no puede transportar pasajeros porque no ofrece las garantías de seguridad necesarias. Pienso que todavía tenemos muchos esfuerzos que realizar en este ámbito, pero se ha dado ya un gran paso y, se lo digo muy claro: no soy de los que van a dejar que se instale la competencia fuera de un marco reglamentario preciso y eficaz en materia de seguridad.
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señor Comisario, el informe sobre el avión Helios que se estrelló en Grammatiko ya es público: ambos pilotos sufrían una cardiopatía. Uno tenía las arterias coronarias obstruidas en un 90 %. En otras palabras, ya casi estaba muerto antes de morir. Esto es lo que sucede cuando vuelan pequeñas líneas aéreas sin que realizar revisiones.
En Grecia tenemos a Olympic Airways, una compañía que no ha tenido el menor accidente en 30 años. Usted, por supuesto, está anunciando ahora su fin.
En nombre de los ciudadanos griegos pido que se dé a Olympic Airways una oportunidad para que tengamos la garantía de poder viajar con esta línea aérea. Olvide la competencia. Aún así, puede que haya una manera de garantizar la supervivencia de esta línea aérea nacional, que es una garantía para Grecia y Europa. ¿Piensa dar a las Olympic Airways una oportunidad, señor Comisario? Es, si quiere, útil para Grecia...
Jacques Barrot,
   . Señor Karatzaferis, dentro de poco les propondré una ampliación de las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, para que pueda, en particular, supervisar los procedimientos de vuelo y todo lo que depende del factor humano, porque, tiene razón, es necesario que los pilotos estén bien formados y estén en condiciones de pilotar aviones. Esta propuesta será presentada próximamente y, créame, estamos totalmente decididos a vigilar atentamente a las compañías que no ofrezcan las garantías necesarias. Será, por lo demás, el objeto de la lista negra, cuya actualización se verá muy facilitada por el trabajo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea.
Georgios Toussas (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, no hace falta recurrir al sentimentalismo ni a palabras altisonantes en un asunto tan serio y creemos que ustedes han de atacar verdaderamente este problema. El problema de la seguridad de las líneas aéreos no va a resolverse con listas negras, amarillas, verdes o rojas. Lo que necesitamos realmente es ir al fondo de la cuestión e identificar las causas.
Ahí es donde tiene usted que indagar junto con sus colegas, especialmente después de haber recibido un escrito en este sentido de las partes directamente implicadas e interesadas, los mecánicos responsables de revisar los aviones antes de volar, que la Directiva de la Unión Europea –cuyo número no recuerdo en este momento– permite que las revisiones puedan llevarlas a cabo empleados...
Jacques Barrot,
   . Quisiera recordar que la lista negra de que hablamos y que, espero, verá la luz a principios de 2006, comportará la prohibición de que una compañía opere en todo el territorio de la Unión Europea. Es una medida muy rigurosa, lo que quiere decir que probablemente tendrá un gran efecto disuasorio, porque una compañía que no cumpla las normas de seguridad sabrá que se arriesga a figurar en la lista negra, es decir a que se le prohíban los vuelos en todo el espacio de la Unión Europea. Los últimos acontecimientos han demostrado que, hasta ahora, había prohibiciones dictadas por direcciones de aviación civil nacionales que no eran aplicables al conjunto del territorio de la Unión Europea. Evidentemente, esto no resultaba muy tranquilizador para los europeos. Pero, con esta etapa que vamos a franquear, espero una vez más que a principios de 2006, tendremos la garantía de que una compañía que no sea seria figurará en la lista negra y sufrirá todos los inconvenientes de tener prohibido el vuelo sobre la Unión Europea.

La Presidenta.
En la respuesta de la Comisión a mi pregunta E-2710/04 relativa al catastro nacional se indica que en la propuesta del Gobierno griego no se incluye la validación jurídica de los derechos activos de propiedad (títulos) y que la Comisión no prevé ninguna otra contribución financiera al proyecto de catastro. En lo sustancial, con esta propuesta se solicita la financiación de un producto intermedio y no final, por lo que no se puede garantizar que el proyecto pueda completarse físicamente.
¿Cómo se ha garantizado que incluso esta financiación mínima tenga como resultado la creación del catastro nacional?
¿Cómo se justifica y reconcilia esta cantidad mínima de cofinanciación comunitaria con el contenido de la acción financiada para la creación de una base de datos de títulos activos, que tiene el razonable requisito de que el resultado sea la conclusión del proyecto?
Danuta Hübner,
   . De hecho, hay una pregunta sobre los datos del proyecto y la infraestructura de TI para la creación de un catastro moderno cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El objetivo de este proyecto es crear una base de datos digital de derechos de propiedad activos registrados, que actualmente se guardan en papel en las oficinas de registro junto con una referencia espacial. Este registro electrónico de títulos activos ofrecerá, sin lugar a dudas, un servicio valioso a particulares y empresas. Estamos convencidos de que este proyecto puede llevarse a cabo de forma rápida y bastante económica. Asimismo, el proyecto establecerá zonas costeras o forestales según la legislación griega, en las que se presuponga la propiedad estatal de la tierra, excepto en zonas urbanas. Por tanto, es el Estado griego el que debe reclamar su derecho de propiedad, en la manera que considere adecuada.
La validación de los derechos de propiedad activos no se incluye en el proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER; esta acción será financiada exclusivamente con cargo a fondos nacionales. Desde nuestro punto de vista, esto explica suficientemente el aparentemente bajo nivel de fondos comunitarios destinados al proyecto al que ha hecho referencia su Señoría.
Las autoridades griegas solicitaron una tasa de cofinanciación del FEDER del 50 %, un nivel que la Comisión ha aprobado.
Creo que con esto respondo a la pregunta básica del señor Papadimoulis. 
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ).
   – Le agradezco, señora Comisaria, su respuesta, pero quiero plantearle una pregunta concreta: el 5 de octubre de 2001, el Comisario responsable en aquel momento, el señor Barnier, anunció la continuación condicionada de la cofinanciación de todo el catastro nacional de Grecia.
Hoy, de acuerdo con lo que ha anunciado usted, sobre la base de cálculos fehacientes solo hay financiación para el 2,5 % del coste total del proyecto, que asciende a 1 650 millones de euros.
Así pues, le pregunto: ¿A qué debemos esta enorme reducción de la contribución de la Comunidad? ¿Por qué se niega la Comisión a seguir financiando la operación, como prometió el señor Barnier? 
Danuta Hübner,
   . La financiación facilitada por la Comisión asciende a 40 millones de euros –lo que representa el 50 % de este elemento del proyecto– y se inscribe en el sistema de cofinanciación del FEDER. El motivo es que la parte restante, es decir, la validación jurídica de los derechos de propiedad, no puede incluirse en el proyecto cofinanciado, porque la Comisión considera que se trata de una cuestión jurídica que, por tanto, no está comprendida en el objeto del proyecto cofinanciado. Como probablemente sabrá, el marco jurídico en este contexto en Grecia es bastante inestable: cambia con mucha frecuencia. Por tanto, corresponde a las autoridades griegas concluir los registros catastrales y para ello facilitamos instrumentos técnicos a través de la financiación que aportamos a este proyecto.
Hay que decir que la validación jurídica corresponde en buena medida a los juristas, así que el gasto, en forma de honorarios de abogados y costes similares, no puede financiarse a través del FEDER. Esta es la causa del bajo nivel de financiación y el motivo por el que la Comisión no puede prestar ayuda financiera a la parte restante del proyecto. 
Georgios Papastamkos (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, yo también uno mi voz –la voz de la oposición al anterior Gobierno griego– a la del señor Papadimoulis: su postura opositora es comprensible, ya que se refiere al año 2001.
Se pide al Comisario que responda para clarificar por qué no hay disposiciones que permitan seguir financiando el proyecto de catastro, para aclarar los aspectos negativos de todo este asunto desde 2001 hasta ahora. Naturalmente, no dejaré de decir que considero importante financiar productos precursores en apoyo del catastro nacional y de las inscripciones catastrales que vendrán a continuación. 
Danuta Hübner,
   . Señora Presidenta, me gustaría añadir algo más para intentar explicar por qué el nivel de financiación es tan bajo. Debemos tener en cuenta que este proyecto generará beneficios: los ciudadanos griegos tendrán que pagar una tasa al solicitar los certificados. Este fue uno de los factores por el que no ofrecimos un porcentaje de cofinanciación más elevado.
Su Señoría se ha referido a algo que ocurrió en 2001 y no estoy segura de recordarlo correctamente. Ya hubo un proyecto de catastro en Grecia que fue un fracaso, si me permite que lo diga así de claro, y por ese motivo la Comisión decidió recuperar el importe total de la contribución. Entonces empezamos a llegar a un acuerdo sobre el segundo proyecto, cuando identificamos la parte del proyecto que podríamos financiar sin dudas ni problemas. Entiendo que se han suscitado muchas inquietudes, que sus Señorías han expresado en esta Cámara. Me comprometo a examinar esta cuestión más exhaustivamente y, con mis compañeros en la DG, comprobar si esta participación limitada está justificada en virtud de los datos disponibles. En este momento es todo lo que puedo ofrecer. Pediré que me vuelvan a informar de todos los detalles que llevaron a sugerir este nivel de financiación de 40 millones de euros. Es todo lo que puedo decir en este momento. 
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señora Comisaria, a usted se le considera una política seria y responsable en nuestro país. Tenemos el siguiente problema con el catastro: cuesta 26 veces más de lo previsto. Menos tierras, más dinero, incluido el dinero de la Unión Europea.
La cuestión está muy clara. El asunto se debate a menudo en el Parlamento y se airea en la prensa griega: ¿Piensa usted pedir al Gobierno griego que persiga a los que han cogido ese dinero? ¿Piensa usted pedir a los que han robado el dinero al pueblo griego y a la Unión Europea que vayan a los tribunales y presenten sus alegaciones? 
Danuta Hübner,
   . Tengo previsto ir a Grecia alrededor del 20 de octubre, y entonces la Comisión examinará cualquier posible irregularidad con las autoridades. No tengo constancia de ninguna irregularidad con respecto a este proyecto, pero sin lugar a dudas se investigará esta cuestión, para mayor seguridad. 
La Presidenta.
Según publica la prensa griega, el Ministerio de Economía ha enviado a la Dirección General competente de la Comisión Europea un documento en el cual las autoridades griegas reconocen que el objetivo de absorción de créditos para 2005 se situará, en el mejor de los casos, por debajo de los mil millones de euros (!) y que, por consiguiente, no se logrará el objetivo de absorción de 5 mil millones de euros que se había previsto.
¿Puede indicar la Comisión si existe tal documento? ¿Qué otra información contiene, quién lo firma y cómo se explica en el mismo que no se alcance, tal como prevén las propias autoridades griegas, el objetivo establecido?
Danuta Hübner,
   . Su Señoría me pregunta si hemos recibido una carta de las autoridades griegas con la información a la que se refiere usted. Puedo decirle que la Comisión no ha recibido esta carta, pero hemos abordado con Grecia las previsiones de pago, tal como hacemos con todos los Estados miembros varias veces al año.
En el marco de nuestras negociaciones con Grecia en relación con las previsiones de pago para 2005, nos dimos cuenta del posible riesgo de una falta de absorción a finales de año. Tanto el Gobierno griego como la Comisión son conscientes de este riesgo potencial. Por eso, en julio, el Director General de la DG de Política Regional, el señor Graham, escribió una carta al Gobierno griego en relación con los pagos N+2 y los compromisos del Fondo de Cohesión previstos para este año. Tras el envío de la carta, se celebró una reunión, hace una semana, entre las autoridades griegas y la Comisión.
Como he dicho, tengo previsto viajar en persona a Grecia y abordar esta cuestión en mi reunión con los representantes del Gobierno griego en octubre.
Entiendo, a raíz de las reuniones que han mantenido los servicios de la Comisión, que existe un claro compromiso, no solo por nuestra parte, sino también por parte de Grecia, de hacer todo lo posible por evitar cualquier liberación de créditos este año, aunque este riesgo existe. 
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, estamos hablando de la pérdida de un tercio del tercer paquete de ayuda. Eso también lo dijo el Comisario que era el responsable hace varios años y que está ahora en el Parlamento griego. Hay un escrito del Ministro de Asuntos Económicos al Primer Ministro de Grecia en el que se habla de una pérdida tan grande.
¿Ha investigado usted por qué Grecia está atrasada? ¿Por qué no puede reunir el dinero, especialmente en un momento en el que tiene un déficit del 6 % y necesita hasta el último euro? ¿Por qué le resulta tan fácil a Grecia rechazar varios miles de millones de euros? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene usted alguna información al respecto? 
Danuta Hübner,
   . Sabemos que los griegos necesitan fondos, al igual que otros Estados miembros que los utilizan nuestros fondos, y tan pronto como tuve conocimiento de que había problemas con la capacidad de absorción nos pusimos a trabajar con las autoridades para contribuir, en la medida de las posibilidades de la Comisión, a resolver el problema. No obstante, hay que tener en cuenta el hecho de que a este año aún le quedan algunos meses, de modo que si nos esforzamos plenamente, a lo que creo que sí están dispuestos los griegos, podemos evitar que Grecia pierda fondos en la asignación de recursos este año.
Es demasiado prematuro hablar de cifras concretas, porque mi experiencia del último mes y medio del año pasado, cuando asumí mi cargo a finales de noviembre, fue que en los últimos meses del año normalmente se produce una gran movilización de fondos en la mayoría de los Estados miembros y que pudieron ponerse al día. Esto quiere decir que nos quedan tres meses para garantizar que se produzca una absorción adecuada de fondos en Grecia.
Lo único que puedo hacer es comprometerme a que seguiremos trabajando codo con codo con las autoridades sobre la base de la cifra que la DG me indicó, que creo que es bastante inferior a la mencionada en la pregunta por su Señoría. No obstante, en estos momentos soy reacia a mencionar esas cifras, porque creo que las autoridades griegas y los ciudadanos griegos que necesitan el dinero harán todo lo que esté en sus manos para gastar el dinero debidamente en los próximos meses.
Como todos saben, en lo que respecta a los Fondos Estructurales, la cantidad que podría estar en riesgo es la asignada en 2003, porque actualmente el N+2 se aplica automáticamente a finales de este año, y en la asignación de 2003 no solo tenemos la financiación del FEDER, sino también la del Fondo Social y la del FEOGA. No soy quien para imponer al Gobierno griego que actúe con rapidez, pero en la medida en que podemos imponer y movilizar lo estamos haciendo.
Estamos celebrando reuniones en todos los niveles y nuestras misiones nos llevan muy a menudo a Grecia. Los colegas están trabajando en un nivel operativo corriente, pero también se muestran muy activos a la hora de ayudar a salvar cualquier dificultad que se haya podido acumular en los últimos años. Esto no se hace de la noche a la mañana, sino que suele ser el resultado de procesos a largo plazo. Estamos intentando abordar los problemas que hemos descubierto este año y ayudar a Grecia. 
Paul Rübig (PPE-DE ).
   Señora Presidenta, señora Comisaria, ¿no es cierto que el Gobierno griego anterior acumuló una enorme deuda potencial y que esa es la razón por la que Grecia tiene ahora problemas para cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 
Danuta Hübner,
   . No puedo asegurarlo al 100 %, pero tengo la sensación de que no se trata tanto de problemas de cofinanciación, sino más bien de la contribución nacional a los fondos, lo que dificulta que los proyectos griegos puedan ser financiados como es debido. Probablemente se habrán producido una serie de errores, pero hoy no puedo ofrecerles más información sobre las causas reales de esos problemas. Como he dicho, se trata de procesos completos, pero no hemos detectado ni un solo factor responsable de la falta de recursos para cofinanciar los proyectos. 
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ).
   – Gracias, señora Comisaria, por su respuesta y el espíritu de la misma. Sin embargo, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Me podría decir, sobre la base de las solicitudes de pago hasta ahora, cuál es el porcentaje total que va para el Marco de Ayuda Comunitaria a Grecia?
Del mismo modo, usted me contestó hace unos días por escrito que esperaba propuestas griegas sobre una revisión provisional de todo el programa a finales de septiembre. ¿Las ha recibido?
En tercer lugar, después de su viaje a Grecia, ¿cuándo calcula que concluirá la cooperación de la Comisión con las autoridades griegas para revisar el Marco de Ayuda Comunitaria? 
Danuta Hübner,
   . No estoy segura de haber oído todas las preguntas, pero normalmente, si recibimos las propuestas del proyecto a finales de octubre, deberíamos poder asignar los fondos sin ningún problema hacia finales de año. Por tanto, aún tenemos algo de tiempo y por eso digo que es demasiado prematuro juzgar ahora qué fondos, si es que hay alguno, no será necesario absorber, especialmente por el hecho de que siempre es posible que se trate de un proyecto excelente que consumirá el resto de las asignaciones para 2003 antes de finales de año.
Si me lo permite le diré que, sin lugar a dudas, existe la voluntad de cooperar con la Comisión. Como su Señoría recordará, en el primer semestre del año logramos resolver un problema tremendamente complicado. Conseguimos encontrar una solución y pudimos concluir las negociaciones, que fueron extremadamente difíciles y costosas para ambas partes. No obstante, el compromiso de ambas partes era tan firme que se pudo resolver el problema, que era de naturaleza histórica. Hoy estamos trabajando más bien en el día a día, pero ambas partes están haciendo todos los esfuerzos necesarios y esto me hace ser optimista y pensar que vamos a solucionar el problema. No puedo contraer ningún compromiso en nombre del Gobierno griego, solo puedo ofrecerles la ayuda que estamos ofreciendo. 
La Presidenta.
¿Es cierto que debido a los recortes presupuestarios del período 2007-2013 la Comisión Europea se verá obligada a restringir, respecto de las previsiones iniciales, algunos de los instrumentos de ayuda destinados a los nuevos países? En caso afirmativo, ¿qué instrumentos?
Danuta Hübner,
   .  Se ha mencionado el presupuesto de 2007-2013. Como sabrán sus Señorías, este está sujeto a un acuerdo interinstitucional y también a negociaciones entre las tres instituciones sobre la base de una propuesta presentada por la Comisión.
La Comisión está negociando, pero a pesar de ello defiende su propia propuesta, si puedo utilizar ese verbo. La Comisión no tiene poderes para decidir cómo debe distribuirse una posible reducción del importe total del presupuesto, y no puede tomar decisiones sobre cómo repartir los recortes presupuestarios entre los apartados individuales dentro del marco de la política de cohesión. Cualquier recorte global de esta naturaleza exige también ajustar los componentes de todo el presupuesto.
Puedo señalar, sin embargo, que la Presidencia luxemburguesa propuso en junio un presupuesto para la política de cohesión, que era un 10 % inferior que la propuesta de la Comisión. La propuesta contemplaba un impacto desproporcionado sobre los objetivos individuales de la política de cohesión. El Objetivo I, que abarca las regiones más pobres, sufría un recorte del 6 %. El Objetivo II, que pretende ayudar a crear regiones más competitivas y nuevos puestos de trabajo, sufría un recorte presupuestario de alrededor del 18 %. Los recortes más drásticos afectaban al Objetivo III, que se refiere a la cooperación territorial europea, es decir, a la cohesión. Para el Objetivo III los recortes ascienden al 50 %.
Me refiero a una reducción en relación con la propuesta de la Comisión. En principio esto tendría un impacto desproporcionado entre los llamados viejos y nuevos Estados miembros, ya que el 80 % de los recortes afectarían a los 15 Estados miembros más antiguos y el 20 % restante afectaría a los países que han accedido recientemente a la Unión.
Esto es todo lo que puedo decir sobre la implicación de la Comisión en las decisiones que afectan a los recortes presupuestarios. 
Ryszard Czarnecki (NI ). –
    Tomo la palabra para demostrar que los diputados griegos no son los únicos en intentar debatir con la Comisaria. Gracias por su respuesta, señora Hübner. Ha sido competente, detallada y precisa. En mi pregunta he intentado transmitir las preocupaciones que sienten muchos diputados sobre el futuro de la política regional en el marco del nuevo presupuesto.
Me pararé aquí, señora Presidenta, para demostrarle que hay algunos diputados varones a esta Cámara que son capaces de acabar a tiempo para que usted no tenga que recurrir a ese horrible aparato que tiene delante. 
Danuta Hübner,
   . No hay había ninguna pregunta más que responder. 
David Martin (PSE ).
   Señora Comisaria, ¿podría examinar la intervención de ayer del Ministro británico de Economía en la que alabó los logros alcanzados en los últimos años en lo que respecta al desarrollo de diversas partes del Reino Unido? El único nexo en común con todos los ejemplos que citó fue que todos habían sido financiados parcialmente con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En ese contexto, ¿utilizará usted esa información en sus negociaciones con el Consejo para intentar aumentar la cantidad de dinero disponible en las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013? 
Danuta Hübner,
   . Gracias por la información. A este respecto me gustaría hacer dos comentarios. Primero, el Reino Unido es una fuente de mejores prácticas en Europa en relación con la política regional y el modo en que se emplean los fondos. He visitado muchos parques científicos y empresariales. Ustedes cuentan con excelentes asociaciones a escala local y obtienen resultados increíblemente buenos, muy a menudo a partir de pequeñísimas contribuciones catalíticas procedentes de los Fondos Estructurales. Dondequiera que uno vaya, no solo en Escocia, Gales o Cornualles, sino también en muchas otras regiones del Reino Unido, encontrará ejemplos excelentes de este tipo de mejores prácticas. También estamos utilizando la experiencia británica para conseguir ser más innovadores en materia de ingeniería financiera, y esta experiencia también se utilizará en buena medida para los acontecimientos del mes que viene en el Reino Unido en la misma materia.
Segundo, necesitamos una decisión sobre el presupuesto, pero sería de agradecer que mientras llega ese momento podamos cooperar con la Presidencia británica en otros ámbitos: reglamentos, programación y también en aquellas propuestas innovadoras de iniciativas relacionadas con el futuro de los fondos. No obstante, convendría tomar una decisión sobre el presupuesto durante la Presidencia británica. 
Justas Vincas Paleckis (PSE ).
   Señora Comisaria, su colega la Comisaria Grybauskaitė ha manifestado públicamente que si la UE no logra alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras este año durante la Presidencia británica, los nuevos Estados miembros de la UE no podránrecibir todas las ayudas de los fondos estructurales y de cohesión, como estaba previsto. ¿Está de acuerdo con esa predicción? 
Danuta Hübner,
   . No es ningún secreto que hace falta tiempo para lanzar esta política. Calculamos que, desde el momento en que se tome la decisión sobre el presupuesto, necesitaremos unos 18 meses para poner en marcha la nueva generación de programas y proyectos en materia de cohesión. Desde este punto de vista, ahora es realmente el último momento para tomar la decisión sobre el presupuesto, ya que nos falta tiempo. Esto está muy claro.
El problema es que, una vez tomada la decisión y realizados los demás procedimientos, tendremos que negociar los programas –el marco nacional y los programas operativos– y los Estados miembros tendrán que prepararse para el lanzamiento de los programas y proyectos. Si iniciamos los proyectos en enero de 2007 –cosa que ahora parece poco probable–, habrá menos tiempo para absorber el dinero, así que la cantidad dependerá de la decisión, independientemente de cuándo se tome. La decisión dará el dinero, pero el factor que nos preocupa es cuánto tiempo tendremos para absorber el dinero. Si la perspectiva se acorta debido al retraso en la toma de la decisiones sobre las perspectivas financieras, los Estados miembros y las regiones –antiguos y nuevos– tendrán menos tiempo y existe el riesgo de que perdamos dinero. En el caso de esta política el riesgo es mayor. 
La Presidenta.
   Las preguntas nº 45 y nº 46 se contestarán por escrito(1).
La Presidenta.
La Comisión encargó en 2004 al Instituto Suizo de Derecho Comparado (ISDC) la tarea de elaborar un estudio sobre la situación del sector del juego en el mercado interior.
El ISDC subcontrata una parte de este estudio a un centro universitario inglés, el Centre for the Study of Gambling (Manchester - Reino Unido), que recibiría subvenciones de empresas de apuestas. Por otro lado, existen sospechas acerca de la independencia del propio ISDC, cuya salud financiera dependería de encargos realizados por algunos agentes del sector. Este vínculo económico constituiría de hecho un conflicto de intereses que podría poner en cuestión la validez de las conclusiones de ese informe.
Teniendo en cuenta que este estudio influirá sin duda en el futuro de la reglamentación aplicable a ese sector, ¿qué disposiciones piensa adoptar la Comisión para garantizar la objetividad del estudio y qué garantías puede aportar en este sentido al conjunto de los agentes del sector europeo del juego?
Charlie McCreevy,
   . Me complace ver que no hay conflictos de intereses en relación con el estudio encargado por la Comisión. Estoy satisfecho con la independencia y la integridad del trabajo realizado por el contratista, el Instituto Suizo, y el subcontratista, el de la Universidad de Salford.
La relación con las empresas subcontratadas a la que se refiere su Señoría es común en los departamentos universitarios de todo el mundo. Estoy seguro de que los donativos aportados por empresas, ya sean empresas de apuestas o loterías nacionales, son donativos incondicionales. Estoy satisfecho con la declaración de falta de conflicto de intereses presentada a la Comisión.
Puedo asegurar a su Señoría que mis servicios prestarán la máxima atención al proceso de elaboración del estudio y se asegurarán de que el contratista cumpla los criterios de concesión establecidos en las especificaciones de la licitación.
Su Señoría se refiere, y cito, a «que este estudio influirá sin duda en el futuro de la reglamentación aplicable a ese sector». Primero, me gustaría recordar a su Señoría que el estudio, que está examinando una amplia variedad de servicios de apuestas, recogerá datos sobre las distintas leyes aplicables en los Estados miembros y sobre los aspectos económicos. Se trata de un ejercicio de investigación y el contratista no asesorará a la Comisión sobre sus futuras opciones políticas.
Por último, puedo garantizar a su Señoría que no tomaré ninguna decisión política basándome únicamente en este estudio. Este servirá para ayudarnos a entender mejor las cuestiones que nos ocupan, pero mi intención es consultar a todas las partes antes de tomar cualquier decisión.
El informe del contratista será entregado a todas las partes interesadas y se publicará en la página web de la Comisión. Además, los resultados del contratista se someterán a una audiencia pública, que está prevista para principios de noviembre, en la que serán bien acogidos los puntos de vista de las partes interesadas, incluidos las de su Señoría. 
Jacques Toubon (PPE-DE ).
   – Señor Comisario, le agradezco la precisión de su respuesta. Simplemente, quisiera subrayar que no ha desmentido la información contenida en mi pregunta y que eso precisamente es muy preocupante. Aunque el estudio del Instituto Suizo de Derecho Comparado sea solo un estudio previo sobre el conjunto de los sistemas, está muy claro que confiar todos los aspectos económicos a un centro universitario en cuyo consejo de administración figuran empresas como Stanley Leisure, Gala Group, London Clubs International o Camelot Group, representa una diferencia bastante considerable con respecto a la objetividad indispensable.
Charlie McCreevy,
   . No comparto el punto de vista de su Señoría. Es bastante común que universidades y centros de excelencia reciban fondos de particulares. No existe ningún conflicto de intereses cuando esa universidad en concreto realiza un estudio y no acepto que este caso sea diferente. El contratista ha aportado varías garantías.
Me gustaría indicar a su señoría que el Grupo Camelot, que dirige la lotería nacional británica, también aparece en la lista de patrocinadores. De este modo, Salford recibe patrocinio de un operador del sector privado y de un operador con un monopolio estatal.
Por tanto, no acepto que estén en modo alguno en conflicto. Este va a ser un estudio de hechos que ayudará a la Comisión en sus deliberaciones; se publicará en su página web; se celebrará una audiencia pública en noviembre a la que están invitadas todas las partes interesadas, incluida su Señoría. Después de todo esto, extraeremos nuestras conclusiones finales. Se trata de un ejercicio de constatación de hechos. 
David Martin (PSE ).
   Señor Comisario, me gustaría darle las gracias por la contundencia de su respuesta. Me pregunto si estará de acuerdo conmigo en que el de Manchester es una institución académica respetable que no adopta ningún posicionamiento moral sobre la cuestión del juego, ni a favor ni en contra. Simplemente examina las raíces psicológicas del juego y su efecto social y económico y lo hace de forma independiente y académica. 
Charlie McCreevy,
   . Sobre la base de la información de que dispongo, estoy de acuerdo con su Señoría en que, hasta que se demuestre lo contrario, este centro en particular goza de una excelente reputación. 
La Presidenta.
En julio pasado, ya se preguntó a la Comisión acerca de las dificultades a las que se enfrentan las sociedades de juegos de azar eslovenas en el marco de la promoción de sus actividades en Austria. En su respuesta, la Comisión señaló que examinaría la ley austriaca (modificada en 2003), que prohíbe a los operadores extranjeros de juegos de azar hacer publicidad en Austria y que comprobaría si esta ley era compatible con el Derecho comunitario.
¿Puede decir la Comisión cuáles son los hechos que ha constatado durante los tres meses que han transcurrido desde la primera pegunta?
Hay que recordar que Austria prohíbe a los operadores extranjeros de juegos de azar promover sus actividades en su territorio, pero que esta prohibición no se aplica a los operadores nacionales. Es evidente que Austria protege de esta manera los intereses económicos de sus operadores nacionales y que obstaculiza las actividades de promoción turística de los operadores extranjeros en el mercado europeo. Se trata de una violación de los principios fundamentales de la economía de mercado y, en particular, del artículo 49 del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas que se refiere a la libre prestación de servicios.
¿Puede indicar la Comisión qué tiene intención de hacer en este ámbito para poner fin a esta discriminación antes de que se inicie la Presidencia de la República de Austria el 1 de enero de 2006?
Charlie McCreevy,
   . En mi anterior respuesta a su Señoría he señalado que la Comisión está dispuesta a examinar la legislación en cuestión sobre la base de una información más específica.
Aunque la Comisión no ha recibido quejas concretas de la delegación austriaca, me gustaría recordar a su Señoría el estudio que ha sido encargado para recopilar información sobre las distintas normativas nacionales aplicables a los distintos servicios de juegos de azar. Se espera que el estudio esté terminado a finales de año y espero que incluya una revisión jurídica y económica que nos ayude a comprender mejor las complejas cuestiones objeto de examen y que nos proporcione información sobre las leyes que se aplican en los Estados miembros, incluida Austria.
Reitero mi invitación a su Señoría a que nos facilite más detalles o ejemplos prácticos de los problemas que los operadores de juegos de azar eslovenos han experimentado a la hora de promocionar sus actividades. Esta información ayudaría a la Comisión a decidir sobre la necesidad de incoar procedimientos de infracción. 
Jelko Kacin (ALDE ). –
   Gracias, señor Comisario, por su exhaustiva respuesta. Nos encantaría darle ejemplos concretos de discriminación por la que algunas sociedades austriacas se niegan a imprimir anuncios de casas de juego del territorio de la República de Eslovenia, ya que su legislación nacional se lo prohíbe. Existen pruebas documentales de ello, y se las haremos llegar tan pronto sea posible. Gracias por su cooperación. 
Charlie McCreevy,
   . Agradezco a su Señoría lo que va a hacer. Le invito a que se ponga en contacto con la Comisión a fin de concretar una reunión. Tal vez de esta forma se pueda seguir avanzando en esta cuestión. Sería una forma de proceder. 
La Presidenta.
¿Se ocupará la Comisión Europea del problema de la falta de protección de los consumidores en materia de seguros y de pensiones? Las dificultades a las que se enfrentan miles de ciudadanos europeos que invirtieron en Equitable Life sólo para ver sus pensiones muy mermadas es un claro ejemplo de fracaso de la UE a la hora de proteger a sus ciudadanos. 
Con los pasos encaminados a la apertura de las fronteras a los bancos, ¿cómo piensa proteger la Comisión Europea a sus ciudadanos/consumidores, teniendo en cuenta la experiencia con Equitable Life?
Cuando surjan problemas, ¿quién indemnizará a las partes perjudicadas? Esto es especialmente importante a la vista de los esfuerzos realizados para alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de Directiva sobre los servicios (2004/0001 (COD) y para su posterior aplicación, teniendo en cuenta la inquietud que suscitan a este respecto el principio de país de origen y la protección de los consumidores.
Charlie McCreevy,
   . La Comisión se solidariza con los miles de titulares de pólizas de seguros y pensionistas que han sufrido cuantiosas pérdidas financieras a raíz de los graves problemas experimentados por la aseguradora Equitable Life.
La Comisión no participa directamente en la supervisión de las aseguradoras, ya que esto es responsabilidad de cada Estado miembro y son, en la práctica, las autoridades de supervisión nombradas para tal efecto las que desarrollan esa labor.
La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, al reconocer varias carencias en el antiguo régimen y al responder a las críticas recogidas en el informe Penrose, ha emprendido un importante proceso de reformas de la normativa aplicable a las compañías de seguros de vida. En parte, esto refleja las lecciones aprendidas del asunto de Equitable Life.
En lo que respecta al pago de compensaciones en aquellos casos en los que ha fallado la supervisión nacional, estas olo podrán solicitarse acudiendo a los tribunales nacionales del Estado miembro en cuestión. En cuanto al régimen comunitario para el sector de los seguros y pensiones, la Comisión está trabajando en estos momentos en el proyecto Solvencia II, cuyo objetivo es lograr con el tiempo un sistema basado en riesgos más armonizado para la supervisión y la regulación prudencial de todas las compañías de seguros en la Unión Europea.
La Comisión también prosigue su trabajo de exploración con los Estados miembros sobre los sistemas de garantías de seguro para situaciones en las que las aseguradoras no cumplen sus compromisos con los asegurados y beneficiarios. Cabe señalar, no obstante, que Equitable Life no entró en liquidación y sigue operando como compañía de seguros autorizada, aunque no pueda dedicarse a nuevos negocios.
En lo que respecta al sector bancario, la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos ya obliga a los Estados miembros a establecer regímenes que ofrezcan un nivel de garantía mínimo de 20 000 euros a los depositantes, aunque el límite es mayor en varios Estados miembros. La Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos está en proceso de revisión a fin de asegurar su adaptación a la evolución del mercado.
En lo que respecta a la propuesta de Directiva sobre servicios en el mercado interior, la Comisión quiere recordar que los servicios financieros están excluidos del ámbito de aplicación de la propuesta sobre servicios. Asimismo, cabe señalar que esta propuesta incluye provisiones destinadas a mejorar la protección del consumidor. En particular, su artículo 27 prevé que los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores cuyos servicios presenten un riesgo especial para la salud o la seguridad o un riesgo económico especial para el destinatario o para terceros estén cubiertos por un seguro de responsabilidad profesional. 
Gay Mitchell (PPE-DE ),
   . En 2001, más de un millón de europeos, entre ellos más de 15 000 no residentes en el Reino Unido y muchos pensionistas vulnerables sufrieron pérdidas reales por un valor de 5 000 millones de euros de sus ahorros para la jubilación que habían ido guardando prudentemente; estas pérdidas se debieron supuestamente a lo que se venido en llamarse un «fallo normativo en serie en el Reino Unido» y no a caídas del mercado bursátil.
La Comisión ha manifestado que no hace falta investigar la implementación nacional del Reino Unido, ya que considera que es conforme. Esto no sirve para remediar la situación. ¿Investigará el Comisario a fondo el caso con vistas a incoar un proceso en el Tribunal de Justicia contra el Reino Unido? 
Charlie McCreevy,
   . Existe una larga jurisprudencia del Tribunal de Justicia en esta materia. La situación es tal como la he expuesto en mi respuesta a una pregunta sobre otra compañía de seguros del Reino Unido.
La Comisión no está en condiciones de proceder en este asunto de la forma que desearían su Señoría y otros diputados a esta Cámara, porque no es el modo en que la Comisión puede hacer las cosas. El Tribunal de Justicia Europeo solo se pronuncia sobre la forma en que una directiva ha sido transpuesta y sobre la situación como tal en un momento dado. Son los titulares de pólizas de seguros que se han visto afectados por cualquier cambio los que deben acudir a los tribunales nacionales. He contestado esto mismo a otras preguntas anteriores sobre esta temática interrelacionada y este sigue siendo mi punto de vista. 
Gay Mitchell (PPE-DE ).
   Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario, pero ¿puede decirme cómo es posible confiar en el mercado único si Equitable Life se sale con la suya tratando a ciudadanos de a pie de esta forma? Esto no se debió a una caída del mercado bursátil, sino a una serie de fallos ded la normativa. Esto es lo que se ha alegado. ¿Cómo podemos pedir a los ciudadanos de Europa que se tomen en serio el mercado único si la Comisión se lava las manos de esta manera? 
Charlie McCreevy,
   . Independientemente del bando con que yo pueda simpatizar en esta cuestión, la tarea de la Comisión es garantizar que el Reino Unido cumpla actualmente la legislación comunitaria aplicable. La Comisión no puede pronunciarse sobre el contenido y la aplicación del antiguo régimen jurídico que ha sido sustituido.
La Comisión ha actuado siempre en plena conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con la función y la finalidad de los procedimientos de infracción. El propósito de estos procedimientos, según la legislación comunitaria, es establecer o restablecer la compatibilidad de la legislación nacional vigente con el Derecho de la UE y no juzgar la posible incompatibilidad de una ley nacional en el pasado, que mientras ha sido enmendada o sustituida. Esta es la jurisprudencia establecida en estos casos y así siguen estando las cosas. 
La Presidenta.
   Puesto que estamos retrasados, tengo que suspender ahora el debate sobre este asunto, y las preguntas nº 50 a 53 se contestarán por escrito(2).
La Presidenta.
El Reglamento (CEE) n° 2081/92 prevé, entre otras cosas, la protección de las denominaciones de productos alimenticios cuya calidad está relacionada con un origen geográfico. La República Checa ha solicitado la concesión de esta protección para la denominación del producto «Karlovarske oplatky» (barquillos de Karlsbad).
Los barquillos de Karlsbad constituyen una especialidad que se viene elaborando desde hace unos 200 años a partir de recetas familiares antiguas; su fama mundial obedece al apogeo que en otros tiempos alcanzó el balneario bohemio de Karlsbad (Karlovy Vary). Hasta 1945 se fabricaron, sobre todo, en el llamado «triángulo de los balnearios» de Karlsbad-Marienbad-Franzensbad, habitado mayoritariamente por alemanes, pero también en Austria.
Con la expulsión de gran parte de la población de habla alemana de Checoslovaquia inmediatamente después la Segunda Guerra Mundial, muchas de las familias de pasteleros, asentadas desde hacía mucho tiempo en Karlsbad y otras partes del triángulo de los balnearios, llegaron a Alemania y Austria, entre otros países, y con su «savoir faire» volvieron a iniciar la producción de los barquillos de Karlsbad.
¿Conoce la Comisión estas circunstancias? ¿Piensa tenerlas en cuenta a la hora de evaluar la solicitud de protección checa?
Mariann Fischer Boel,
   . La Comisión puede confirmar a su Señoría que ha recibido una solicitud de la República Checa para registrar «Karlovarske oplatky» como denominación de origen protegida conforme al Reglamento (CE) nº 2081/92 del Consejo. Esta solicitud está siendo examinada por la Comisión de conformidad con las disposiciones del Reglamento. En estos momentos, la Comisión no puede tener en cuenta cualquier información o material de terceros que no estén recogidos en la propia solicitud.
Si la Comisión llega a la conclusión de que la solicitud cumple los requisitos para su registro, el nombre y el resumen de la descripción se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Esto permite a cualquier parte que tenga un interés legítimo oponerse al registro en su Estado miembro. Los Estados miembros tienen seis meses para oponerse al registro a partir de la publicación, en cuyo caso la Comisión invitará a las autoridades de los Estados miembros implicados a negociar y a llegar a un acuerdo. No obstante, si la Comisión concluye en su examen inicial que la solicitud no cumple los requisitos previstos en el Reglamento, tomará la decisión formal de no publicar la solicitud.
Por tanto, la respuesta concreta a la pregunta de su Señoría sería que, en una fase inicial, la Comisión solo tendrá en cuenta la información contenida en la solicitud.
No obstante, si la Comisión decide publicar la solicitud, los fabricantes a los que se refiere su Señoría tendrán la posibilidad de oponerse al registro. 
Bernd Posselt (PPE-DE ).
   Señora Comisaria, creo que la Comisión debería tener en cuenta también la información del Parlamento. Los barquillos de Karlsbad se producían y se vendían en Karlsbad y Marienbad. Se inventaron en el monasterio de Tepl. Antes se producían y vendían en todas partes durante los siglos XIX y XX, y hoy los mejores barquillos de Karlsbad del mundo las produce en Dillingen an der Donau, por una empresa llamada Wetzel. Fíjese en mí; se puede decir que sé un par de cosas en asuntos de comida y le puedo confirmar que son los mejores barquillos de Karlsbad. Así que le imploro que examine si es realmente posible limitar geograficamente una denominación que tiene una dimensión tan internacional y europea. Nuestra cultura europea se empobrecería a resultas de ello. 
Mariann Fischer Boel,
   . En estas circunstancias hubiera esperado poder probar estos deliciosos barquillos, pero otra vez será.
Solo puedo reiterar que, si la Comisión decide publicar la solicitud, existe la posibilidad de que los Estados miembros intervengan en un plazo determinado. Si esto llega a ser así, entonces tendrá esa posibilidad. Estoy segura de que esta cuestión será objeto de un ulterior seguimiento. 
La Presidenta. –
   Puedo confirmarles, por encima de las diferencias entre los Grupos, que esos barquillos son realmente muy buenos. Tal vez el señor Posselt debería traerle uno a la señora Comisaria. 
La Presidenta.
Mediante carta de 19 de octubre de 2004, la República Checa solicitó que se reconociera el producto prave olomoucvke tvaruzky («original Olmützer Quargel») como denominación de origen protegida de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 2081/92(3)(Reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas). El Olmützer Quargel es un queso de leche agria que procede originariamente de la Moravia austriaca (cf. Handbuch der Käse, editado por el Dr. Heinrich Mair-Waldburg), que se produce asimismo en Austria desde finales del siglo XIX. Pero también se fabrica Olmützer Quargel al menos desde 1945 en Alemania, donde también se comercializa bajo ese nombre. Al hilo de la nueva situación geopolítica surgida de la Segunda Guerra Mundial, numerosos artesanos queseros de lengua alemana abandonaron la antigua Checoslovaquia para instalarse en Austria, donde se consolidó la producción de Olmützer Quargel gracias al saber aportado por esos inmigrantes. Si se reservara esa denominación para los productos fabricados en Chequia, sería imposible seguir comercializando en Austria el Olmützer Quargel que viene produciéndose en este país desde hace tanto tiempo. ¿Qué posibilidades ve la Comisión Europea de conciliar tal situación con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 2081/92?
Mariann Fischer Boel
   , . La Comisión puede confirmar a su Señoría que ha recibido una solicitud de la República Checa para registrar el producto «pravé olomoucke tvarůžky» como indicación geográfica protegida. En cuanto al procedimiento, si la Comisión decide seguir estas ideas o dejarlo como está, la explicación es exactamente la misma, y para ahorrar tiempo, ya que es tarde, me gustaría sencillamente sugerir que podemos retomar este asunto más adelante. 
Agnes Schierhuber (PPE-DE ).
   Señora Presidenta, la misma Comisaria ha dicho que la petición de la República Checa se refiere al «auténtico Olmützer Quargel». En mi opinión, eso es exacto. Así quedará también claro –dado especialmente que «Olmützer Quargel» se produce también en otros Estados miembros, por supuesto– que esta es simplemente una denominación genérica. Esto no planteará ningún problema desde el punto de vista de Austria o Alemania, los países en los que se han instaladoestos productores de la antigua Checoslovaquia, ya que la distinción que interesa vendrá dada por el término «auténtico» Olmützer Quargel. 
Mariann Fischer Boel,
   . Soy consciente de los motivos por los que esto se produce fuera del triángulo original, pero lo único que puedo recomendarle es que intente utilizar todas las posibilidades que le ofrece la legislación, si finalmente el resultado no es el que su Señoría desea. 
La Presidenta.
El 11 de mayo de 2005 el Parlamento Europeo adoptó una resolución relativa a la simplificación del la organización de los mercados de frutas y hortalizas, en la cual, entre otras cosas, pide a la Comisión Europea un mayor apoyo a las organizaciones de productores así como la implantación de restricciones a las importaciones en el mercado de frutos rojos. Esta resolución se adoptó tras las reiteradas intervenciones de diversos diputados, tanto en la Comisión de Agricultura como en cartas dirigidas a la Comisaria Fischer Boel. Por desgracia, hasta la fecha la Comisión no ha reaccionado con firmeza en este asunto. La situación del mercado de frutos rojos en Polonia en 2005 está siendo catastrófica. Los precios de venta de fresas, frambuesas y grosellas son claramente inferiores a sus costes de producción por segundo año consecutivo. ¿Piensa introducir la Comisión las medidas propuestas por el Parlamento en su resolución del 11 de mayo para que puedan aplicarse antes de la cosecha de 2006?
Mariann Fischer Boel,
   . La Comisión es consciente de que el sector polaco de frutos rojos ha experimentado problemas importantes en los dos últimos años debidos a los bajos precios de varios de estos productos.
A raíz de las conclusiones de la Presidencia relativas a la simplificación de la organización común del mercado de frutas y hortalizas en noviembre de 2004, la Comisión emprendió hace varios meses un análisis del mercado comunitario de frutos rojos destinados a su procesamiento con el fin de presentar propuestas adecuadas con miras a resolver los problemas concretos.
En el marco de estas investigaciones se organizaron misiones a varios Estados miembros. En el caso de Polonia, estas tuvieron lugar en abril y julio. El trabajo acabará a finales de año y la Comisión publicará los resultados a principios de 2006. Obviamente, será necesario esperar a las conclusiones de este trabajo antes de empezar a debatir las posibles medidas.
Además, a instancias de Polonia, la Comisión ha iniciado una investigación de salvaguardia sobre la importación de fresas congeladas. Esta investigación todavía está en curso y hoy por hoy no se ha llegado a ninguna conclusión. 
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PPE-DE ). –
    Señora Comisaria, quisiera empezar dando las gracias a la Comisión y a usted pesonalmente por tomarse tanto interés en este problema, que es muy serio para Polonia. Mi principal preocupación es la duración del proceso decisorio. Ya en 2004 llamamos la atención sobre este problema. Por desgracia, ha pasado otro año y las cosas han ido de mal en peor en 2005.
Tengo una pregunta para usted, señora Comisaria. ¿Será posible resolver este problema antes de que empiece la cosecha de 2006? 
Mariann Fischer Boel,
   . Se empezó a trabajar en el informe en abril de 2005 y desde entonces se han llevado a cabo investigaciones en los principales países afectados: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Polonia y el Reino Unido. Durante el periodo de cosecha se organizaron dos misiones a Polonia. El informe está siendo elaborado sobre la base de la información recopilada durante estas misiones, junto con datos estadísticos y cubrirá en detalle los cuatro principales subsectores europeos: fresas, grosellas, frambuesas y cerezas destinadas a su procesamiento.
Las posibles medidas se incluirán en la comunicación de la Comisión sobre la propuesta de reforma del sector de frutas y hortalizas, cuyo debate está previsto para el segundo semestre de 2006.
La Presidenta.
Según informaciones recientes, las subvenciones agrícolas europeas no van a parar al pequeño agricultor, sino a adinerados terratenientes, la mayoría de ellos pertenecientes a la nobleza. Mientras que cientos de agricultores recibieron una media inferior a 100 euros en concepto de ayudas, la nobleza y algunas empresas de alimentación se han hecho con innumerables millones.
Algunos ejemplos: la empresa azucarera Tate [amp] Lyle: 170 millones de euros; el Ministro de Agricultura neerlandés, Cees Veerman: 400 millones de euros; el Príncipe Carlos de Inglaterra: 340 000 euros; la familia Parker del Reino Unido: 1,5 millones de euros; el barón Rothschild del Reino Unido: 500 000 euros; el terrateniente irlandés Larry Goodman: 508 000 euros.
¿Está la Comisión al corriente de estos hechos? ¿Cómo justifica esta utilización inadecuada de las subvenciones agrícolas europeas?
Mariann Fischer Boel,
   . Gracias, porque me gusta saber de dónde viene la pregunta.
En 2000 y 2001, la Comisión remitió al Parlamento Europeo información sobre el desglose de los pagos directos de la PAC por Estado miembro, por la cuantía de los pagos y por tipos de explotación. De estos datos se desprende que existen grandes disparidades en la cuantía de los pagos a agricultores en muchos de nuestros Estados miembros. Dado que las solicitudes de ayudas las realiza el agricultor, definido como persona cuya propiedad está situada en territorio comunitario y que ejerce una actividad agrícola, la Comisión no recibe datos sobre la propiedad de la tierra o la condición aristocrática del beneficiario. En cualquier caso, dado que está obligada a garantizar la confidencialidad de estos datos personales, la Comisión no puede aportar ni publicar los nombres de los beneficiarios de ayudas con cargo a la Sección de Garantía del FEOGA.
El motivo por el que la distribución de los pagos directos es tan variada está relacionado con la producción histórica. Desde la reforma de la PAC en 1992, la política original de apoyo a los precios ha sido sustituida por una política encaminada a lograr una mayor competitividad. Estos cambios se han logrado mediante una reducción gradual del apoyo de la UE a los precios y mediante compensaciones por las consiguientes pérdidas de ingresos en forma de pagos directos a los agricultores. Debido a que estos pagos directos se introdujeron en un principio vinculándolos principalmente a factores de producción mediante pagos por hectárea y rendimientos de referencia en los cultivos herbáceos y por número de reses en el sector ganadero, los agricultores con explotaciones más grandes o con mayor número de cabezas de ganado recibían más dinero en forma de pagos directos. Durante los debates celebrados sobre todos los distintos cambios de la PAC en la reforma de 2002 y en la Agenda 2000, y de nuevo en las negociaciones sobre la reforma de la PAC en 2003, la Comisión propuso una ayuda máxima de pagos directos para los agricultores y, por lo que recuerdo, en las últimas negociaciones en 2003 se propuso un límite máximo de 300 000 euros para cada beneficiario. A última hora, no obstante, el Consejo y los Estados miembros rechazaron esta propuesta y, por tanto, ahora no forma parte de la actual reforma de la PAC. 
Johan Van Hecke (ALDE ). –
   Quisiera agradecer a la Comisaria su respuesta. Entiendo perfectamente que la Comisión no publique los datos relativos a los beneficiarios, pero creo que sigue siendo importante, en interés de todos nosotros, que insistamos en que esa información se publique. Eso haría que la política fuera mucho más transparente y que la Política Agrícola Común fuera mucho más fácil de defender.
En segundo lugar, quisiera decir a la Comisaria que, siguiendo los pasos del Reino Unido, los Países Bajos también han publicado ahora los datos. Estos datos confirman que la mayoría de los subsidios agrícolas europeos terminan donde no deberían, principalmente en manos de grandes empresas industriales como Nestlé y Heineken. ¿Durante cuánto tiempo puede la Comisión seguir tolerando esto? 
Mariann Fischer Boel,
   . Cuando se publican las cifras, estas incluyen, por supuesto, tanto el pago directo al agricultor como las restituciones a la exportación de las grandes empresas. Tiene razón su Señoría cuando dice que no depende de mí publicar estas cifras, porque no son las de la Comisión. Ese es el motivo.
Por supuesto, he observado que varios Estados miembros han decidido publicar estas cifras, entre otros los países que su Señoría ha mencionado y el país que yo conozco mejor. Estamos preparando nuestra página web, la de la DG Agricultura, para incluir un vínculo con los distintos Estados miembros. Esta es la única forma que tenemos para presionar «educadamente» a los Estados miembros para que hagan públicas estas cifras. 
Bart Staes (Verts/ALE ). –
   Señora Comisaria, tengo que decirle que su respuesta no me satisface nada. Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009, la Comisión dotó de transparencia a uno de sus objetivos estratégicos. El Comisario Kallas señaló muy claramente en dos discursos, uno en Nottingham y otro en Berlín, que el dinero que se concede a través de la agricultura, entre otros, es el dinero de los contribuyentes y que los ciudadanos deberían saber adónde va a parar.
El señor Kallas declara muy explícitamente que los Estados miembros deben publicar la información relativa a los beneficiaros de los fondos europeos, de manera que veo una contradicción entre sus declaraciones de aquí y lo que dijo su colega el señor Kallas. Quisiera saber, señora Comisaria, si usted va a ayudar a garantizar que los Estados miembros publiquen la información de este tipo, de acuerdo con la intención del señor Kallas. 
Mariann Fischer Boel,
   . Siempre he estado a favor de la transparencia. Por este motivo, estamos buscando formas de presionar a los Estados miembros para que publiquen estas cifras. En estos momentos no puedo hacerlo, pero estoy trabajando en estrecha cooperación con mi colega, el Comisario Kallas, para ver qué se puede hacer. Naturalmente, no podemos quebrantar las normas ni incumplir la legislación. Esto nos causaría graves problemas. Pero estamos analizando la cuestión y estamos intentando, a través del vínculo en nuestra página web, demostrar a todo el mundo que queremos que los Estados miembros hagan públicas estas cifras. 
Agnes Schierhuber (PPE-DE ).
   Señora Presidenta, señora Comisaria, ¿no es más verdad que hay tanto grandes como pequeñas explotaciones que se han desarrollado tradicionalmente? ¿No sucede que estas grandes explotaciones son las mismas empresas rurales que emplean a numerosos trabajadores? Quisiera señalar que la agricultura en mi Estado miembro de origen es de pequeña escala, pero ya en 1999 Austria estaba a favor de esta modulación, de este programa gradual. Por desgracia, no logró imponerse, ya que Alemania primero y el Reino Unido después se opusieron. 
Mariann Fischer Boel,
   . La última vez que nos sentamos a negociar para intentar llegar a un acuerdo político de compromiso sobre la reforma de la PAC en 2003, hubo varias discusiones sobre cómo destinar los pagos a los distintos tipos. Se plantearon dos ideas. Una de ellas fue aceptada por el Consejo y consistía en excluir del sistema a todos los pequeños agricultores, los que reciben menos de 5 000 euros con esta franquicia. Estos no contribuyen a la modulación. Cuando tengamos que reducir un pago directo a los agricultores porque hemos llegado al umbral máximo del Acuerdo de Bruselas, estas explotaciones más pequeñas no se verán afectadas.
Tenemos que considerar la posibilidad de no incluir a las pequeñas explotaciones cuando hablamos de reducir el pago directo. 
La Presidenta.
   Las preguntas nº 58 a 96 se contestarán por escrito(4).
Jim Higgins (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento. ¿Ha dedicado los 20 minutos de las preguntas orales a la Comisaria Fischer Boel? 
La Presidenta.
   Sí, lo conseguimos. Ya nos hemos pasado en varios minutos, y me gustaría dar también a nuestros intérpretes la oportunidad de tomarse un descanso. Esa es la razón por la que he anunciado hace un rato que no podíamos seguir tratando una pregunta. Confiaba en que usted me había oído.
Con esto concluye el Turno de preguntas. 



El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de:
– informe del señor Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (COM(2004)0139 – C6-0001/2004 – 2004/0047(COD)) (A6-0143/2005);
– informe del señor Savary, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes en la red ferroviaria de la Comunidad (COM(2004)0142 – C6-0002/2004 – 2004/0048(COD)) (A6-0133/2005);
– informe del señor Sterckx, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y obligaciones de los viajeros internacionales por ferrocarril (COM(2004)0143 – C6-0003/2004 – 2004/0049(COD)) (A6-0123/2005);
e
– informe (A6-0171/2005) del señor Zīle, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril (COM(2004)0144 – C6 0004/2004 – 2004/0050(COD)) . 
Jacques Barrot,
   . Señor Presidente, Señorías, tras la adopción de los dos primeros paquetes ferroviarios en 2001 y 2004, la Comisión propuso, el 3 de marzo de 2004, una nueva serie de medidas legislativas comúnmente denominadas tercer paquete ferroviario.
El objetivo de este tercer paquete es completar a escala europea el marco reglamentario aplicable a los ferrocarriles, a fin de progresar en materia de interoperabilidad y realizar una integración más profunda del mercado de servicios de viajeros, al mismo tiempo que se desarrollan los derechos de los pasajeros. Las medidas proponían resolver también el problema de mala calidad que a menudo caracteriza el servicio de flete.
Estas propuestas se inscribían en la línea de los objetivos fijados en el Libro Blanco de 2001 sobre la política de transportes. En aquel momento enunciamos claramente la necesidad de modernizar la organización de los servicios ferroviarios para atajar su abandono y el declive continuo que registran y conseguir una dinámica de transporte ferroviario de calidad.
Los textos legislativos que examinamos hoy tienen también su justificación en el papel que desempeñan los transportes en el crecimiento económico del continente. La estrategia lanzada en Lisboa les reconoce un lugar preponderante a este respecto.
Paso, señor Presidente, a detallar las medidas que preconizamos. En primer lugar, una propuesta de directiva relativa a la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes. El ponente es el señor Savary. Me permito recordar simplemente que la Comisión había contraído el compromiso de presentar este texto en el marco de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativas al segundo paquete ferroviario. Este nuevo texto, elaborado en consulta con el sector y los interlocutores sociales, prevé un mecanismo que permite una mejor definición de las competencias y responsabilidades en materia de formación y evaluación y el reconocimiento de las cualificaciones de los conductores de trenes y del personal a bordo encargado de tareas de seguridad. Cada conductor deberá ser titular de una licencia que reconozca sus conocimientos generales, que será válida en todo el territorio de la Comunidad. Dicha licencia se completará con un certificado expedido por la empresa ferroviaria que le emplee. Esa empresa precisará la formación específica en la línea recorrida, el material utilizado y los procedimientos operativos y de seguridad que le sean propios. Esto por lo que respecta a la primera propuesta de directiva.
La segunda propuesta pretende modificar la directiva actual relativa a la apertura del mercado del transporte por ferrocarril. El ponente es el señor Jarzembowski. Recordaré que se refiere a la apertura a la competencia de los servicios internacionales de transporte de viajeros. Esta propuesta se inscribe en la línea de la petición efectuada por el Parlamento a la Comisión con ocasión de la conciliación sobre el segundo paquete ferroviario, cuando expresó su deseo de ser consultado sobre propuestas concretas para la apertura de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril.
Concretamente, la Comisión propone que, a partir del 1 de enero de 2010, las empresas ferroviarias que dispongan de una licencia y del certificado de seguridad necesario puedan operar servicios internacionales en toda la Comunidad. Facilitar iniciativas comerciales nuevas contribuirá a dar un nuevo aliento al sector. A fin de crear unas condiciones económicas realistas para el desarrollo de estos servicios, la Comisión considera que también debe permitirse el cabotaje. La propuesta prevé, pues, la posibilidad de recoger y dejar viajeros a lo largo de un trayecto internacional, inclusive entre dos estaciones de un mismo Estado miembro, pero protegiendo el equilibrio de los contratos de servicio público. Tengo especial empeño en esta buena articulación con la propuesta revisada de reglamento sobre los servicios públicos de transporte, que la Comisión adoptó en junio de 2005.
Paso al tercer elemento del paquete: la propuesta sobre los derechos y obligaciones de los viajeros, que completa la propuesta de apertura del mercado de los servicios de transporte de viajeros. Antes de entrar en los detalles de esta propuesta, les recuerdo que el acervo comunitario sobre la protección de los viajeros se limitaba hasta ahora al transporte aéreo. Entre los objetivos fijados en el Libro Blanco, la Comisión deseaba que el usuario ocupara un lugar central en todos los modos de transporte. Por consiguiente, consideró necesario ampliar los derechos de los pasajeros ferroviarios como contrapartida a la política de apertura del mercado en curso.
La protección de los pasajeros ferroviarios es un instrumento nada despreciable para el relanzamiento y la revitalización del ferrocarril. El informe en cuestión es el del señor Sterckx. Me limitaré a citar algunos elementos que caracterizan esta propuesta, comenzando por la asistencia gratuita y no discriminatoria a los viajeros con movilidad reducida, garante de la accesibilidad a los trenes. Hay una demanda por parte de los viajeros con movilidad reducida en el sentido de disponer de transportes más accesibles, que puedan utilizar sin asistencia. Allí donde tal accesibilidad no sea suficiente, la compañía ferroviaria y el gestor de las estaciones se verán obligados a ofrecer una asistencia adecuada si se les demanda.
El segundo elemento de nuestra tercera propuesta es la posibilidad de que los viajeros internacionales obtengan información sobre los principales destinos en Europa y puedan comprar billetes directos. Así, el viajero que tenga que cruzar las fronteras de varios Estados miembros podrá pedir un único billete directo. La Comisión solicita, en particular, la posibilidad de obtener billetes integrados para destinos situados fuera de la red de la compañía ferroviaria que facilita el billete. Se trata de poder adquirir, por ejemplo, un billete para ir de Lyon, en Francia, a Graz, en Austria. En una carta recientemente enviada a la Comisión, un viajero se quejaba de que un operador local le hubiera denegado la expedición de un billete de este tipo.
El tercer elemento de la propuesta es un régimen de responsabilidad civil moderno, comparable al de los demás sectores de transporte y basado en un sistema de seguro obligatorio. La Comisión considera que la responsabilidad civil en caso de accidente debe cubrir el mayor número de accidentes posible e ir acompañada de un seguro obligatorio, único mecanismo de garantía de una justa compensación de todos los daños sufridos por el pasajero.
El último elemento es la asistencia inmediata en caso de retraso, incluido un régimen de compensación y de indemnización. El viajero en posesión de un billete que a veces cuesta muy caro no debería encontrarse en una situación de retraso prolongado o de anulación de la prestación sin ninguna información por parte del servicio ni ningún apoyo por parte de la compañía de ferrocarriles.
Un último objetivo del tercer paquete ferroviario consiste asimismo en regular los servicios de flete y reforzar la calidad del transporte de mercancías. El señor Zïle es el ponente para esta cuarta propuesta, que pretende introducir cláusulas mínimas en los contratos entre las empresas ferroviarias y sus clientes, lo que se considera ya una buena práctica en el sector. El contenido concreto de los compromisos de calidad se deja a la apreciación de los contratantes. El texto propuesto tiene por objeto que los elementos de calidad se tengan en cuenta de forma sistemática. En efecto, la mejora de la calidad del transporte ferroviario de mercancías es una condición indispensable para confirmar el dinamismo que parece recuperar.
Para concluir, quisiera abordar un punto clave de la lectura del tercer paquete ferroviario. Como en las propuestas legislativas anteriores en el ámbito ferroviario, el concepto de «paquete» es muy importante para la Comisión. Sería lamentable poner en peligro el éxito del tercer paquete disgregándolo y disociando sus elementos. Por tanto, quisiera resaltar nuestro apoyo a la posición de la Comisión de Transportes y Turismo, que preconiza mantener la lógica del paquete. La Comisión puede sumarse también a la propuesta de la Comisión de Transportes tendente a coordinar la lectura del paquete ferroviario con la de la nueva propuesta de reglamento sobre las obligaciones de servicio público. Es deseable, evidentemente, conseguir una buena articulación entre las dos propuestas, lo que aboga a favor de esa lectura coordinada.
Señorías, quisiera dar las gracias a los ponentes, que han realizado un trabajo en profundidad sobre nuestras propuestas. No hay que decir que, en el curso de este debate, les escucharé con la mayor atención, pero también a todos los oradores, convencido de que, con este tercer paquete ferroviario, podemos reequilibrar realmente el uso de los modos de transporte en Europa. Todos sabemos –y la repentina subida de los precios del petróleo nos lo recuerda por si hubiera necesidad– que hay que encontrar alternativas, en particular para el tráfico de larga distancia: alternativas ferroviarias, fluviales y marítimas. Lo cierto es que el transporte ferroviario debe ocupar el lugar que le corresponde en Europa, en la que puede convertirse realmente, gracias a sus mutaciones, en una herramienta de intercambio y de transporte extremadamente valiosa para todos los europeos.
Por esta razón, concedo una gran importancia a este debate, señor Presidente, y doy las gracias por adelantado al Parlamento por su activa participación, que aprecio mucho.
El Presidente.
   Gracias, señor Barrot. Como ha dicho usted, se trata de un debate muy importante.
Me gustaría recordar a la Cámara la célebre frase del ex Ministro de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bevin, quien dijo allá por el año 1945: «Mi idea de Europa es ir a Victoria Station en Londres y comprar un billete para ir adonde me plazca». 
Georg Jarzembowski (PPE-DE ),
   Señor Presidente, Señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, compañeros de fatigas, tenemos otra vez más la gran suerte de participar en un debate tan importante a las 21:00 horas, solos en nuestro íntimo círculo de ponentes y ponentes alternativos.
No vamos a dejar que esto nos moleste demasiado, sino que nos vamos a centrar en el asunto. Creo que el Vicepresidente cuenta con aliados entre nosotros que están a favor de que el paquete siga siendo un paquete, con la salvedad de una única voz francesa. Sabemos, por supuesto, que las voces francesas son a veces especialmente importantes.
Sin embargo, creo que la mayoría desea mantener intacto el paquete, y lo va a conseguir. Eso es lo que hemos de hacer mañana, y no solo como un fin en sí mismo. Ni siquiera yo, en mi condición de abogado, esgrimiré el argumento de que, casi 13 años después de la realización del mercado interior, deberíamos ponernos efectivamente a establecer el mercado interior del transporte de pasajeros. Este argumento es bueno para abogados, pero nos abstendremos de utilizarlo.
La intención con el tercer paquete es hacer que el transporte regional y de largo recorrido sea más fiable y cómodo para el cliente. Ese es nuestro objetivo. Queremos que haya competencia en este terreno, queremos mejores servicios en provecho de los pasajeros. Estos son nuestros objetivos. Esa es la razón por la que las cuestiones de la apertura de las redes ferroviarias nacionales sobre una base no discriminatoria para que puedan utilizarlas todas las empresas ferroviarias, la unificación de los derechos de los pasajeros en toda la UE y el empleo de los mismos conductores de trenes forman un conjunto. No queremos una situación en la que, a pesar de tener ahora locomotoras que pueden cruzar las fronteras, el tren siga teniendo que pararse en la frontera para cambiar de maquinista, para encontrarse con que el nuevo masquinista está de vacaciones o de baja por enfermedad y el tren pemanece parado.
El objetivo no es solo que la gente pueda comprar un billete a cualquier destino en Europa, sino también que llegue allí rápidamente. Esta es la razón por la que necesitamos el tercer paquete ferroviario. He de reconocer que al principio hubo discusiones en mi Grupo, pero luego también nosotros nos hicmos a la idea de prescindir de toda normativa sobre requisitos de calidad o tráfico de mercancías. Puesto que vamos a abrir la red de transporte internacional a partir del 1 de enero de 2006 y de tráfico nacional de mercancías a partir de1 1 de enero de 2007, confiamos en que la competencia se habrá desarrollado efectivamente en esos dos o tres años, por lo que no necesitaremos ninguna normativa sobre requisitos de calidad.
La competencia ya puede verse en el tráfico de la región alpina, y los clientes pueden elegir entre los servicios de dos alianzas diferentes de compañías ferroviarias. Esta es la razón por la que no creo que necesitemos ninguna legislación sobre requisitos de calidad; el mercado lo regulará.
Quisiera presentar ahora varios aspectos de mi informe. No creo que sea siempre necesario invadir terreno nuevo; en su lugar, en lo que se refiere al desarrollo de empresas ferroviarias, debemos volver a lo que el Parlamento decidió en la segunda lectura del segundo paquete ferroviario.
En aquel entonces decidimos, por amplia mayoría, abrir las redes no solamente al transporte ferroviario internacional, sino también al transporte nacional a partir del 1 de enero de 2008. Eso es lo que reclamamos hace dos años; me pregunto por qué tenemos que echarnos para atrás ahora. No obstante, para dar más tiempo a todas las partes implicadas, la Comisión propone que la apertura sea escalonada: el 1 de enero de 2008 para el transporte ferroviario internacional, pero el 1 de enero de 2012 para el transporte ferroviario nacional. Todos sabemos que cuando se negocia con el Consejo, el 2012 puede convertirse en el 2013 o algo completamente distinto.
Sin embargo, si el Parlamento solicitó hace dos años que todas las redes de ferrocarril se abrieran a partir de 2008, debe mantenerlo, por supuesto. Espero que el haga suyo el punto de vista del Parlamento y decida regular no solo el transporte internacional, sino también el transporte a través de todo el mercado interior. Después de todo, antes o depués tenemos que avanzar. Para ser sincero, no deseo ver un cuarto, quinto o sexto paquete ferroviario. Tenemos que poner punto final y decidir con este paquete sobre la liberalización, la apertura de la red, la orientación al cliente y la competencia.
Permítanme llamar la atención de la Cámara sobre un par de cosas más. Ya tenemos un freno para la apertura de las redes, y en especial para su apertura al tranporte ferroviario nacional. La razón es que compartimos el punto de vista de la Comisión de que no debería forzarse la apertura de las redes si con ello se crearan dificultades para el servicio regional de pasajeros, por las que entendemos no solo posibles dificultades, sino una amenaza real a su viabilidad económica. Naturalmente, no es nuestra intención que esta apertura de las redes ponga en peligro el transporte regional.
Quisiera decir a mis colegas diputados neerlandeses que no es necesario preocuparse. Creo que el freno, que ustedes mismos propusieron para el transporte internacional, pero que es incluso más importante para el transporte nacional, nos permitirá prevenir el colapso del transporte, porque no hay obligación de abrir las redes en este caso. Nuestros colegas diputados de los países más pequeños pueden dejar de lado sus reservas al respecto.
No quiero entrar en detalles sobre nuestro deseo de enmendar la Directiva 2001/14/CE para que se dé a las líneas ferroviarias de alta velocidad una oportunidad mejor de planificar a largo plazo. Para terminar, hay otra cosa sobre la que quisiera llamar su atención. El Parlamento –con la excepcion de algunos diputados del fondo a la derecha– siempre ha dicho que el paquete debe permanecer intacto, tal como lo propuso la Comisión. Esta es la razón por la que también pospusimos la fecha de presentación de este paquete en el Pleno. Una vez hemos tomado nuestra decisión, el Consejo tiene libertad para tomar la suya.
La experiencia menos positiva se ha dado con el informe Meijer. La primera lectura que hicimos de él –después de una propuesta de la Comisión sobre transporte público en 2000– fue en noviembre de 2001. El Consejo no ha hecho nada hasta hoy, excepto dar carpetazo deliberadamente a esta propuesta. El Consejo no llega a cumplir sus deberes; le falta la valentía para abordar este difícil asunto. Hemos dicho, sin embargo, que estas cuatro partes van juntas, y también forman parte de la propuesta sobre el transporte público. Hemos dicho que estamos dispuesto a terminar definitivamente con este asunto con una resolución legislativa en sesión plenaria, tan pronto como el Consejo nos dé una señal.
El Presidente de la Comisión de Transportes y Turismo nos ha informado esta tarde de que el Secretario británico de Transporte, el señor Darling, nos ha garantizado que este paquete se mantendrá intacto. Por esta razón, también nosotros haremos un gran esfuerzo mañana y no solo votaremos sobre las enmiendas, sino también sobre las resoluciones legislativas, de manera que mañana por la tarde podamos exponer nuestra posición sobre el tercer paquete ferroviario para emitir nuestro dictamen. Quiero pedir al Consejo que mantenga su palabra, mantenga intacto el paquete, que haga propuestas sensatas, y entonces avanzaremos rápidamente. Espero que en la reunión del Consejo del 6 de octubre, la Presidencia británica repercuta activamente la señal que vamos a dar mañana y agilice el trabajo.
Entre todos los detalles, no olvidemos que hacemos esto no por la liberalización, o porque seamos tercos; lo hacemos en interés de los pasajeros, porque podemos ver que aumenta la tendencia a que los pasajeros cojan sus coches o usen líneas aéreas de bajo coste para viajes largos en lugar de tomar el tren. Sin embargo, de acuerdo con nuestra idea general relativa al transporte de mercancías –que hay que sacarlas de la carretera y ponerlas sobre los raíles–, tenemos que pensar en hacer a los pasajeros una oferta tentadora que los aleje de los coches y aviones y los devuelva a los trenes. 
Gilles Savary (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias al presidente de nuestra comisión, Paolo Costa, así como a todos nuestros colegas, tanto a los ponentes –uno de ellos se ha expresado ya–, como a los ponentes alternativos o los coordinadores, por el trabajo tan intenso y notable que han llevado a cabo en nombre del Parlamento Europeo.
He escuchado con atención al señor Jarzembowski, que ha mencionado a un francés que sería hostil al paquete. No sé de quién se trata. Probablemente, él le conozca. En todo caso, yo no. Por ello, he abogado con insistencia por que votemos hoy todos los textos y los transmitamos al Consejo. El Parlamento ha hecho su trabajo y el paquete está listo. Lo remitiremos mañana a la Presidencia británica y, por lo demás, formulo el deseo de que esta se pronuncie y podamos, si es posible –quizás no sea necesario ser utópico–, cerrar este complicado expediente bajo la Presidencia del señor Blair.
El paquete avanza: simplemente he querido que votásemos hoy y no retrasáramos el trabajo llevado a cabo por el Parlamento Europeo. No hay razón para ello, pues existe un texto al menos que presenta cierta urgencia, que es el texto sobre la licencia de los conductores. No porque haya obtenido un acuerdo bastante amplio en la Comisión de Transportes, sino simplemente porque la liberalización está en marcha. Desde el 15 de marzo de 2003, el flete ferroviario internacional está abierto y necesitamos ya ese texto para formar a los conductores en el transporte ferroviario internacional.
Quisiera decir además, por lo que respecta a mi informe, que tiene un carácter totalmente ejemplar, y espero que mañana el mensaje que el Parlamento envíe también lo sea. 
¿Y por qué es ejemplar? En primer lugar, porque es una señal social, cuando hasta ahora hemos enviado esencialmente señales económicas o de liberalización. Siempre he defendido aquí que el transporte ferroviario sea cosa de todos, incluidos los trabajadores del ferrocarril, y pienso que esto no funcionará si los que trabajan en el ferrocarril no se sienten implicados en el sistema ferroviario europeo. Hemos creado una Agencia Ferroviaria en la que van a participar los interlocutores sociales; debemos hacer que los interlocutores sociales se sientan implicados en la inversión que hacemos unos y otros en el futuro del transporte ferroviario.
Por esta razón, debemos retomar este texto, que ha sido aprobado por ambas vertientes del sector, la patronal y los sindicatos –cosa muy rara en Europa– y consagrarlo en la legislación. Es un ejercicio a fin de cuentas bastante simple –puesto que el trabajo está hecho– de transposición al Derecho positivo europeo de un acuerdo social, histórico, un acuerdo que reclama otros, quizás un día convenios colectivos que permitan que todos los trabajadores del ferrocarril se sientan implicados en la apertura de las redes ferroviarias.
Este es el motivo que me autoriza a abogar por que mañana haya el más amplio acuerdo posible sobre mi informe, un informe al que la comisión ha aportado muchas mejoras, que pueden parecer de detalle, pero que en realidad son importantes. En primer lugar, introduciendo una ampliación. Consideramos que todos los trabajadores deben disponer, a la larga y en todas las redes, si lo desean, de una licencia de conductor internacional. Cada conductor nacional tiene vocación de convertirse en internacional si lo desea.
También queríamos clarificar el texto. Hemos enunciado definiciones claras relativas a los conductores y al personal de a bordo, remitiendo el personal a bordo a una propuesta de texto posterior de la Comisión, sobre la base del trabajo de la Agencia, que será un trabajo abierto y realizado en consulta con los interesados. Un esfuerzo de precisión también en lo que se refiere a la formación, a la capitalización por cada trabajador de su experiencia y a la financiación de la formación, desde el momento en que mañana algunos conductores formados por una empresa ferroviaria podrán pasar a otra. Por último, una puesta en coherencia de las fechas y una aceleración de la fecha de transposición. Este es el fondo del informe que nuestra comisión les propone.
Quisiera formular ahora algunas consideraciones finales sobre los demás textos. Pienso que el informe del señor Sterckx sobre los derechos de los viajeros es absolutamente esencial. No hay ninguna razón para consagrar derechos de los viajeros en el transporte aéreo y no en el transporte ferroviario. Y como hay disparidades muy grandes entre los Estados miembros y también problemas con el sistema, en particular en mi país, me alegra que el señor Sterckx nos presente un informe que apunta en este sentido, y espero que se superen las resistencias que existen en el Consejo.
Con respecto al informe del señor Zīle, sin ofender al ponente, que ha hecho un trabajo excelente, soy, por supuesto, más reservado, simplemente porque las compañías ferroviarias quieren la relación contractual y las mercancías son mucho más heterogéneas que los viajeros. No es lo mismo transportar una mercancía u otra.
Por último, por lo que respecta al informe del señor Jarzembowski, soy personalmente más reservado. He votado la liberalización del flete porque el flete no funcionaba. En cuanto al transporte de viajeros, tengo la impresión de que es una cuestión de codicia de las redes nacionales por parte de algunas grandes compañías. Es sobre todo el cabotaje lo que me preocupa más que nada. En realidad, sabemos muy bien que no hay mercado para los servicios de París a Roma. En cambio, hay un mercado entre París y Lyon, entre Lyon y Marsella, y es lo que codician las grandes compañías. Y me preocupa la situación de los países pequeños, de los países de geografía limitada, cuyas líneas nacionales se encuentran, en realidad, en líneas internacionales que, mañana, pueden desaparecer o ser absorbidas por grandes operadores, como SNCF o la Deutsche Bahn. Precisamente esta es la razón por la que esas grandes compañías están tan interesadas.
Para terminar, quisiera decirles que, en mi opinión, si razonamos en términos de mercado de transportes, en este caso –y esto no se ha desmentido nunca desde hace diez años–, la carretera es la que gana. Hay que razonar en términos de política de transportes y lo esencial no es simplemente la competencia dentro de la modalidad ferroviaria, como ha sido el objetivo obsesivo desde hace años, sino la organización de las condiciones de competencia entre la carretera y los demás modos de transporte. Mientras no se haya resuelto esta cuestión, el ferrocarril declinará, como declina hoy con el flete abierto.
Dirk Sterckx (ALDE ),
   . Señor Presidente, creo que a mí también se me ha concedido un minuto y medio más, ya que un colega no puede estar aquí esta tarde, por lo que creo contar con seis minutos y medio, de los que voy a hacer uso a continuación, sin contar estos últimos diez segundos.
Señor Comisario, quiero dar las gracias a la Comisión por sus propuestas, ya que considero que estos paquetes ferroviarios, así como la propuesta sobre los derechos de los pasajeros, constituyen un elemento importante de la política de transportes de la Unión. Para crear un mercado ferroviario europeo abierto, es fundamental que los pasajeros cuenten con unos derechos mínimos dentro del mismo, si lo que se pretende es que los ciudadanos adquieran confianza en el transporte ferroviario o la mantengan.
No obstante, señor Comisario, debo decirle que el Parlamento, o al menos la Comisión de Transportes y Turismo, ha presentado algunas enmiendas a su propuesta. Y ahora que estoy hablando de este tema, quiero agradecer a todos los diputados que han participado en el debate, ya sea a título individual o como Grupo, todas las enmiendas presentadas, que han sido bastantes y tal vez todavía se presenten más. Gracias a estos esfuerzos, señor Comisario, ahora presentamos una propuesta que, en mi opinión, es equitativa y bien estructurada.
Existe una relación entre el ámbito de aplicación y el grado de exigencia. La Comisión ha optado por un ámbito de aplicación reducido, a saber, el del tráfico ferroviario internacional, y un paquete riguroso de requisitos, mientras que el Parlamento ha alterado ligeramente este equilibrio, en el sentido de que ha optado por una ámbito de aplicación amplio, es decir, por unos derechos para todos los pasajeros ferroviarios, como de hecho sucede en el caso de la aviación, y ha adaptado los estrictos requisitos básicos para dejar más espacio de maniobra a las empresas ferroviarias, así como a las autoridades regionales y locales.
En primer lugar, quisiera decir unas palabras sobre el paquete de requisitos. Nos hemos mantenido fieles a los acuerdos internacionales del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) hasta donde nos ha sido posible y hemos introducido realizamos algunos cambios en la propuesta de la Comisión de acuerdo en lo que respecta a la información a los pasajeros de conformidad con dicho Convenio. Soy de la opinión de que no es necesario proporcionar toda la información a todos los viajeros ya sea antes del viaje o durante el mismo. De hecho, eso daría lugar a un grado inconcebible de burocracia, por ejemplo, en lo que se refiere a los billetes con formato A4. No creo que esto tenga demasiado sentido. Pienso que se debe animar a las empresas ferroviarias a que proporcionen la información necesaria a los pasajeros pertinentes. No creo que sea acertado obligarlas a dar información sobre la competencia o sobre otras compañías si no lo desean. Si se puede animar a estas empresas a que unan sus fuerzas, tanto mejor, pero no creo que se pueda obligar a una compañía que quiera ganarse a un cliente a incluir a posibles competidores en su política informativa.
La misma idea se aplicaría a los billetes, excepto que en ese caso, es necesario distinguir –y lo dejamos muy claro– entre los servicios públicos, que deben poner a la venta billetes para un público amplio y los servicios comerciales especializados, los cuales, en mi opinión, pueden utilizar muchos menos recursos, por ejemplo solo Internet, como se ha hecho en algunos casos, lo cual podría reducir los costes. También creo que no se puede obligar a las empresas a vender billetes de sus empresas competidoras. Esto no se hace en la aviación, ¿por qué hacerlo en el transporte ferroviario? En cambio, sí creo –y hemos presentado enmiendas a tal efecto– que debemos animar todo lo que podamos a las empresas ferroviarias que deseen aunar esfuerzos y garantizar, por ejemplo, la creación de un sistema de reserva conjunto, como el que ya existe en el caso de una serie de compañías aéreas.
En caso de accidentes y de muerte o lesiones de pasajeros consideramos que, en lo que respecta a la responsabilidad no culpable, es decir, en los casos en que la empresa ferroviaria está obligada a pagar en cualquier circunstancia, deben aplicarse las mismas cantidades establecidas en la reglamentación para la aviación. En cuanto al equipaje, hemos adoptado el COTIF, ya que contiene una definición más amplia sobre el equipaje y detalla además otras cantidades, pero nos pareció la mejor manera de abordar esta cuestión.
Permítanme que pase ahora al tema de las compensaciones por los retrasos y las cancelaciones, para los cuales hemos propuesto un sistema más sencillo. La Comisión ha complicado bastante las cosas, pero consideramos que si queremos ampliar el ámbito de aplicación para incluir a todos los pasajeros, debemos contar con un sistema de compensación más sencillo y que a la vez no contemple solo la compensación por los retrasos de más de una hora, sino también para las personas que sufran retrasos de manera habitual, de modo que también puedan obtener una compensación. Si no fuera así, los pasajeros con billetes de temporada no podrían reclamar ninguna compensación y esto no nos parece aceptable.
Un capítulo difícil que fue objeto de enmienda por parte de un gran número de diputados fue el relativo a las personas con movilidad reducida. Consideramos que en el caso de los viajeros con problemas de visión, auditivos o con alguna discapacidad, las empresas ferroviarias tienen el deber de parar en todas las estaciones y deben cumplir una serie de obligaciones. Hemos definido esos casos con considerable detalle, siguiendo más o menos la línea marcada por la Comisión en este aspecto. Si esa circunstancia se ha advertido con antelación, existe un compromiso y la empresa ferroviaria no tiene otra alternativa que ayudar al pasajero. Si el pasajero no lo ha advertido con antelación y se presenta sin avisar, creo que la compañía ferroviaria debe hacer cuanto esté a su alcance para ayudar a esas personas. De hecho, creo que la mayoría de las empresas ferroviarias y del personal ferroviario, considera una cuestión de honor ayudar a esos pasajeros. En este caso, estamos estableciendo por ley lo que, a mi parecer, es un requisito mínimo. Aunque debemos animar a las empresas ferroviarias a hacer cuanto esté en su mano para ayudar a los viajeros con mayores dificultades para desplazarse por las estaciones de ferrocarril y debemos esperar bastante de ellas, sin embargo tampoco podemos esperarlo todo. No se puede pedir a las compañías que hagan lo imposible, pero podemos instarlas a que, siempre que se proceda a una renovación, a un cambio estructural o a una nueva adquisición, se aseguren de que los nuevos materiales y las nuevas instalaciones satisfacen las necesidades actuales.
Las empresas ferroviarias cargan con una enorme herencia del pasado, si puedo describirlo así, pero aun así es preciso animarlas poco a poco pero con firmeza a que vayan introduciendo mejoras. Se debe crear un servicio de quejas, pero no deberíamos excedernos con respecto a la utilizada. He simplificado la propuesta en lo que respecta a los daños y perjuicios, que he suprimido del texto. Creo que los informes anuales de calidad son innecesarios. Debemos lograr un sistema más flexible que deje espacio para las iniciativas, que permita un campo de aplicación más amplio, así como las iniciativas comerciales de las empresas ferroviarias que estén dispuestas a presentarlas y también las iniciativas regionales. Por lo tanto, las empresas ferroviarias pueden ir más allá de lo que les exijamos, pero creemos –y a mi parecer se trata de un aspecto esencial de nuestra posición como Parlamento– que esos derechos se deben aplicar a todos los pasajeros; no solo a la elite del 5% que realiza viajes internacionales, sino a todos los usuarios de los trenes. Así sucede en el caso de la aviación y no hay ningún motivo que impida hacer lo mismo en el caso de los viajes en ferrocarril. Nos disponemos a debatir esto último con el Consejo, pero por las noticias que tengo, si mis fuentes son fiables, este asunto, o sea, que los derechos se apliquen a todos los pasajeros, es justamente un tema delicado para el Consejo. Quisiera decirle al representante del Consejo que este es uno de los puntos que, en mi calidad de ponente, voy a defender a capa y espada y espero poder contar con el apoyo de todos mis colegas de esta Cámara.
Para acabar, quisiera recordarle al Consejo, como lo han hecho los dos oradores que me han precedido, que estamos debatiendo un paquete. Les insto a que no lo desmembren. Les invito a que lo traten como les plazca, pero devuélvanlo como un paquete y acompañado de posiciones comunes que podamos negociar conjuntamente en la segunda lectura. Se trata de un conjunto cohesivo y quiero instarles a que lo mantengan así. 
Roberts Zīle (UEN ),
   . – Señor Presidente, señor Barrot, Señorías, el objetivo de la Comisión Europea al presentar al Parlamento el proyecto de reglamento relativo a las compensaciones en caso de incumplimiento de los actuales requisitos contractuales de calidad de los servicios ferroviarios era mejorar la calidad del transporte ferroviario de mercancías en el mercado interior de la Unión Europea y promover así un traslado del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. La intención era incrementar, de este modo, la proporción de mercancías transportadas por ferrocarril, que actualmente es muy baja.
Esencialmente, el proyecto de reglamento contiene medidas administrativas y normas que deben concretarse en contratos entre las compañías ferroviarias y sus clientes. Debo decir de entrada que una medida de este tipo resultaría inconcebible en circunstancias competitivas y, por lo tanto, la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo en cuanto a apoyar o no el reglamento se basó en gran medida en el optimismo o el escepticismo con respecto al aumento de la competencia en el campo del transporte ferroviario de mercancías en un futuro próximo. Por otra parte, en mi calidad de representante de un Estado miembro, me sorprendió de manera desagradable que el proyecto de reglamento presentado en la primavera de 2004 se basara en estudios referidos a solo a los quince Estados miembros más antiguos y que no tuviera en cuenta toda una serie de características especiales de los nuevos Estados miembros. Solo a modo de ejemplo, puedo citar las siguientes. En los Estados bálticos, más del 50% del transporte de mercancías se realiza por ferrocarril, en contraste con otros países, donde casi el 90% se realiza por carretera. En segundo lugar, en los tres Estados bálticos casi todo el transporte ferroviario de mercancías atraviesa las fronteras exteriores de la Unión Europea que conectan los puertos marítimos de los Estados bálticos con los mercados de Rusia, Belarús y otros Estados de la CEI. Lo cual, a su vez, significaría que, si se adoptara el presente reglamento, los ferrocarriles de Letonia tendrían que pagar continuamente compensaciones por retrasos ocurridos en territorio ruso sin ninguna esperanza de obtener en la práctica ninguna compensación de los ferrocarriles rusos.
Aparte de lo anterior, en mi calidad de ponente, esperaba poder aportar un equilibrio al texto del proyecto y conseguir alcanzar un compromiso entre los distintos grupos de interés, que son extremadamente diversos. Sin embargo, al menos hasta la fecha, no hay ninguna base para alcanzar tal compromiso e, incluso después de muchos debates en la Comisión, la mayoría de los colegas de mi comisión consideraban que un reglamento administrativo no es el camino adecuado para mejorar la calidad del transporte ferroviario. Personalmente, he llegado a varias conclusiones a lo largo de este tiempo y he conocido a las mayores compañías ferroviarias y a los directores de infraestructuras. Me preocupa que si no adoptamos pronto medidas en el ámbito del transporte de mercancías, el acceso a las infraestructuras adquirirá cada vez mayor prioridad para los pasajeros, lo cual no es negativo en sí, pero probablemente la calidad del transporte decaerá todavía más. Para mí, la conclusión más importante de este estudio es que es evidente que no podemos elaborar reglamentos sobre la base de los problemas de cada corredor de transporte sin estudiar las características particulares de cada Estado miembro de la Unión Europea ni tampoco utilizar métodos administrativos solo en los lugares donde la competencia es floja. Este enfoque de «talla única» sin duda generaría entre los ciudadanos de la Unión Europea una desconfianza con respecto a los planes legislativos del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo.
Por último, quiero decir que estoy muy satisfecho con el trabajo conjunto de todos los ponentes y de los ponentes alternativos en relación con este paquete, y no comprendo los intentos de dividir este tercer paquete ferroviario, lo cual seguramente no aportaría casi nada a los clientes. Voy a citar otro ejemplo de los Estados bálticos. Puedo decirles, por ejemplo, que si se suprime la idea, que figura en el informe del señor Sterckx, en el sentido de que también se deberían otorgar derechos a los pasajeros en el ámbito del transporte nacional y este se sustituye por el transporte internacional exclusivamente, entonces puedo decir que en los países de mi región –en los países bálticos–, el tercer paquete en su conjunto no tendrá ningún efecto. Los tres o cuatro actos legislativos sumados tendrán un valor nulo. No quiero entrar en estos detalles, pero por desgracia, así son las cosas. He hecho un análisis detallado del posible efecto para los Estados bálticos. Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha dicho, pido a mis colegas eurodiputados que rechacen mi informe, como lo ha hecho la Comisión de Transportes y Turismo, y al mismo tiempo, les invito a que apoyen que los otros tres actos legislativos se consideren un paquete y los suscriban con la redacción aprobada por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Elisabeth Jeggle,
   . Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para lograr un funcionamiento adecuado de los servicios de transporte ferroviario transfronterizo de mercancías y de pasajeros no se requiere solo una armonización de las normas técnicas, sino también la armonización y normalización de los requisitos profesionales, lingüísticos y médicos. Esto se podría conseguir mediante la normalización de la competencia que se menciona en nuestra propuesta. Así lograríamos una mejor interoperabilidad de la tripulación de los trenes, además de una mayor seguridad del transporte ferroviario. Sin embargo, este modelo solo sería un verdadero éxito si, como resultado final, redujera la burocracia.
Le estoy muy agradecido al ponente, señor Savary, por su cooperación constructiva y también por los compromisos alcanzados. En primer lugar, hemos logrado el consenso en comisión incluso sobre aspectos críticos, como la extensión solicitada del campo de aplicación de la directiva, de los conductores de trenes a los demás miembros del personal de a bordo. Hemos acordado un proceso en dos etapas, en virtud del cual la Agencia Ferroviaria decidirá en una fecha posterior sobre la necesidad de conceder certificaciones a otros miembros del personal de a bordo.
En segundo lugar, hemos conseguido reducir de tres categorías a dos la subdivisión inicial del permiso de conducción, lo cual supondrá a una simplificación administrativa y una mayor eficacia.
En tercer lugar, en lo que se refiere al control periódico de los conductores de trenes, desearíamos que esta norma se redujera solo a los aspectos relacionados con la capacidad de conducción del conductor.
En cuarto lugar, deseamos que la fecha de entrada en vigor de la directiva coincida con la liberalización de los mercados.
En quinto lugar, con respecto a la conveniencia de que las certificaciones se concedan únicamente a los conductores de trenes de servicios transfronterizos o que también se incluyan los de los servicios nacionales, proponemos un proceso gradual de certificación de todos los conductores.
En conjunto, se trata de soluciones pragmáticas y no burocráticas que tendrán un efecto simplificador y mejorarán la eficacia. Este siempre ha sido y sigue siendo el objetivo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en esta Asamblea. Por esto y también atendiendo a los compromisos alcanzados, el Grupo del PPE-DE rechaza las Enmiendas 46 y 50.
A modo de conclusión, me gustaría añadir algo sobre el informe relativo a los derechos de los pasajeros, concretamente, sobre la Enmienda 138. Esta tiene por objeto introducir, al amparo de la legislación europea, el derecho de transportar bicicletas en todos los trenes. Dicha obsesión por regular hasta el último detalle constituye un ejemplo más de los motivos por los que los ciudadanos se muestran escépticos con respecto a Europa. Transmitamos las señales adecuadas, Señorías. 
Willi Piecyk,
   . Señor Presidente, creo que, en lo que respecta al sector del transporte, este Parlamento cuenta con una buena tradición de promover el transporte ferroviario y, por consiguiente, el sector ferroviario. La comisión competente lo ha tenido en cuenta y, por lo tanto, es probable que nos reunamos mañana en el Pleno para adoptar por una amplia mayoría todos los informes relacionados con el sector ferroviario. Así pues, estoy muy agradecido a todos los ponentes y a los ponentes alternativos por su trabajo, que evidentemente consiguió un consenso al final.
Acababa de mantener una discusión en mi Grupo cuando el paquete ferroviario reapareció, de manera muy resumida, bajo la forma del informe Jarzembowski. Tuve que discrepar porque, evidentemente, hay algo más que decir con respecto a dicho paquete ferroviario. En mi opinión, el informe Savary es muy importante. Debemos tener conductores con una buena formación en el transporte transfronterizo europeo, de manera que transporten las mercancías se transporten debidamente y con seguridad, acompañados de otro personal debidamente cualificado, que también debería contar con una cobertura de la seguridad social adecuada. Por esto, creo que el informe Savary sobre el transporte de mercancías represente un paso adelante importante.
El informe Sterckx es también de gran trascendencia, a mi parecer, en el sentido de que por fin los pasajeros europeos contarán también con una reglamentación adecuada en Europa y los clientes –los pasajeros– tendrán derecho a recibir una compensación razonable, como sucede en el caso de otros medios de transporte, en caso de retrasos imputables al operador.
En lo que respecta al informe Zîle, debo decir que la Comisión a veces va demasiado lejos. Como ha recordado el señor Zîle, él realizó un excelente trabajo, pero la mayoría de la comisión –incluido yo mismo– tenía algunas reservas. En cuanto a los requisitos de calidad para el transporte de mercancías, debo decir que tenemos que empezar por confiar en el mercado para que este pueda regular alguna cosa.
Lo fundamental, a mi modo de ver, es que impulsemos el sector ferroviario. Uno de los predecesores del señor Comisario, el Comisario Kinnock, acuñó el lema sobre la revitalización de los ferrocarriles europeos. El señor Kinnock (un laborista de la «vieja escuela» más que de la «nueva») tenía razón en su «hoja de ruta», pues el problema que tenemos es que el volumen del transporte ferroviario de mercancías y de pasajeros ha venido disminuyendo de forma progresiva desde los años setenta.
Dado que la situación energética es extremadamente crítica en la actualidad y es sabido que el sector del transporte es el mayor consumidor de energía, debemos aprovechar esta oportunidad para promover un desplazamiento del transporte de las carreteras y cada vez más también de los cielos –el tema del impuesto sobre el queroseno se plantea de manera reiterada– hacia los raíles. Por lo tanto, los ferrocarriles deben tener una estructura transfronteriza tanto para el transporte de mercancías como para el de pasajeros. Esta no se debe volver a topar con el obstáculo de los antiguos funcionarios titulares de –a veces sacrosantas– propiedades públicas. Al contrario, se debe allanar el camino para lograr una nueva política racional.
Esta es la primera lectura. Todos sabemos que, antes o después, se llegará a una posición común y habrá una segunda lectura. Entonces volveremos a reunirnos. Visto lo cual, no hay motivo para alterarse tanto. No obstante, aun así pienso que, entre todos, vamos a adoptar una medida razonable mañana. 
Paolo Costa,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mi entender, el tercer paquete ferroviario, que espero que sea el último, representa una especie de última oportunidad para los ferrocarriles europeos. La última oportunidad para invertir una tendencia negativa que lleva al transporte ferroviario a seguir perdiendo cuotas de mercado a un ritmo que, de persistir, conduciría en pocos años a dejar casi en cero la cuota de mercado del ferrocarril.
El tiempo que pasa no transcurre a favor del ferrocarril, aunque la política europea siga declarando estratégico el equilibrio modal a favor del tren debido a los efectos negativos del aumento del tráfico por carretera en términos de accidentes mortales, deterioro de la salud pública y el medio ambiente, y costes crecientes de la congestión. Sin embargo, esta evolución está en curso, a pesar de que los proyectos prioritarios de la red transeuropea contemplen en su mayor parte inversiones en nuevas estructuras ferroviarias. 
Tenemos una última oportunidad, pues, de efectuar intervenciones radicales y urgentes, que nos permitan alcanzar los objetivos previstos en los Tratados europeos –objetivos que se remontan a Roma y al año 1956–, en los que está escrito que Europa, la Unión, se propone integrar a escala europea las redes modales nacionales y hacerlas interoperables tanto técnica como económicamente, liberalizando su acceso. Un objetivo concebido como prerrequisito físico para el desarrollo de Europa, ya se entienda como mercado o se proyecte como ente político.
Hoy nos encontramos ante esta última oportunidad, que exige una visión altamente prospectiva por parte de este Parlamento y del colegislador, el Consejo Europeo, porque requiere que las instituciones europeas, las instituciones políticas, asuman la responsabilidad sobre algo para lo que las empresas ferroviarias nacionales carecen de la valentía, la cualificación o la capacidad para hacer, a saber, dejar de defender segmentos de mercado monopolísticos cada vez más exiguos, y por tanto cada vez más incapaces de cubrir costes con los ingresos del tráfico, y apostar en cambio por un aumento global del mercado, con ventajas potenciales para todos.
Un resultado similar solo es posible si se crean las condiciones para una competencia entre ferrocarriles, que se traduzca en una capacidad para competir también con los demás modos de transporte y en la consiguiente posibilidad de recuperar cuotas de mercado, que a su vez pongan en marcha una nueva competencia entre ferrocarriles, creando así un círculo virtuoso. A tal fin hay que acelerar la interoperabilidad técnica, cuya ausencia constituye hoy una barrera artificial que separa entre sí los mercados ferroviarios nacionales, así como la interoperabilidad económica, liberalizando el acceso a las redes.
El tercer paquete representa un elemento fundamental de esta estrategia. En materia de interoperabilidad técnica, el recorrido está trazado, pero debemos reconocer la contribución del tercer paquete a través de la propuesta de directiva sobre la certificación del personal de a bordo en el informe Savary: solo preparando al personal será posible hacer interoperable el sistema antes incluso de su interoperabilidad técnica.
Sin embargo, el tercer paquete exige que el Parlamento y el Consejo asuman sus respectivas responsabilidades para decidir si se procede a la liberalización y cómo hacerlo. El tema de la apertura del mercado se remite a la propuesta de directiva sobre el futuro de los ferrocarriles comunitarios y se prevé aplicarla al transporte de viajeros a partir de 2008 en los tramos internacionales y de 2012 en los nacionales. Aquí reside precisamente la mejora crucial de la propuesta aportada por el Parlamento: tales fechas y vencimientos, sobre todo el segundo de 2012, no se adecuan a la urgencia que el asunto requiere, aun cuando el compromiso es razonable y tiene en cuenta también las preocupaciones de las empresas ferroviarias nacionales menos capaces para hacer frente a desafíos del mercado en lo que de todos modos seguirá siendo su monopolio natural.
No hay que dar a estas preocupaciones tanta importancia como pasar por alto el punto el tipo de autorización, con la posibilidad de adjudicar directamente, sin pasar por un concurso, contratos y servicios de transporte público ferroviario de alcance nacional, como dejaría entender la versión revisada de la propuesta de reglamento sobre las obligaciones del servicio público de transporte. El Parlamento acoge favorablemente dicha propuesta, que ofrece la posibilidad de desbloquear aquel informe Meijer que desde hace años espera la posición común del Consejo.
Si este Parlamento hoy y el Consejo mañana rechazan en otros frentes las propuestas de reglamentos sobre los derechos y obligaciones de los viajeros, un compromiso similar puede eliminar la distinción artificial entre viajeros internacionales y viajeros nacionales. ¿Acaso se puede seguir tratando a estos últimos como si fuesen de segunda categoría, es decir, con menos derechos que los viajeros internacionales? Esta distinción, que no tiene ninguna justificación, si no es la de mantener mercados protegidos, mientras los viajeros no están debidamente protegidos, en beneficio a corto plazo de las empresas nacionales.
Queda un último punto: la Comisión ha insistido en la necesidad de mantener unidas las disposiciones del tercer paquete ferroviario. A este respecto, se han buscado y obtenido suficientes garantías por parte de la Presidencia británica, que se esforzará por que el Consejo concluya el examen del informe Sterckx y prosiga los trabajos sobre los informes Jarzembowski y Meijer.
No obstante, aparte de los aspectos formales, la unidad del paquete tiene un sentido más profundo: la liberalización, como se deduce de varias experiencias anteriores, exige contrapesos, uno de los cuales es sin duda la protección de los consumidores. Si se protege a los consumidores, la liberalización podrá ser eficaz y eficiente; si la liberalización no funciona o puede ser peligrosa, los consumidores no estarán protegidos. En mi opinión, el informe Zile debería considerarse desde esta perspectiva, pero las decisiones se han tomado ya y me atengo a ellas. 
En la convicción de que existe un motivo funcional para mantener unido el paquete, espero que, sobre la base de las consideraciones expuestas, se pueda obtener el resultado que todos nos proponemos.
Michael Cramer,
   . Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, por mi parte también estoy muy agradecido a los ponentes y a los ponentes alternativos. Hasta la fecha, solo ha sido posible viajar sin restricciones a través de Europa, desde Lisboa hasta Tallin, desde Londres hasta Atenas, por carretera o en avión. La red ferroviaria, en cambio, recuerda una colcha de retales con 25 cuadros de tela y, de este modo, los ferrocarriles van quedando rezagados.
Las redes nacionales deberían abrirse. Al mismo tiempo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiere tener la seguridad de que los intereses sociales y medioambientales también estarán protegidos. Por lo demás, debemos aprender de los errores cometidos en el Reino Unido y en Estonia, por ejemplo. Europa no puede estar satisfecha con la situación de los ferrocarriles y los clientes, desde luego tampoco. Los precios excesivos, los retrasos frecuentes y servicios de baja calidad se han convertido en la norma. Además, los horarios no se adecuan a las necesidades de los pasajeros. Les pondré tres ejemplos. En Alemania, el operador ferroviario Deutsche Bahn AG tiene previsto que los trenes interurbanos dejen de parar en la estación del Zoo de Berlín. Los pasajeros están luchando en contra de esta medida, con el apoyo unánime del Parlamento y de los políticos en general. Sin embargo, Deutsche Bahn AG no cede y los políticos han tenido que capitular.
En Italia, existen planes para mejorar la línea ferroviaria entre Milán y Verona para adecuarla a los trenes de alta velocidad, pero para ello se dejará de lado a Brescia, la segunda ciudad de Lombardía, los viajes de cuyos 200.000 residentes se alargarán 30 minutos más. También en este caso, los políticos aparentemente no pueden hacer nada.
Finalmente, los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, en su informe sobre el turismo, han decidido que se debe permitir que los pasajeros transporten sus bicicletas en los trenes de alta velocidad. Esto se puede hacer en los trenes de alta velocidad franceses, pero no en los alemanes. Deutsche Bahn AG se mantiene, no obstante, inamovible, mientras los políticos nada pueden hacer. Por esto, el Grupo de Verts/ALE también quiere que los parlamentos y los políticos elegidos recuperen su influencia sobre las políticas ferroviarias.
El permiso europeo de conducción de trenes hará innecesario el cambio de conductores en las fronteras entre Estados miembros. Los derechos de los pasajeros deben verse reforzados en los servicios ferroviarios de todos los Estados miembros, con la posibilidad de reclamar el pago de compensaciones, legalmente exigibles, en caso de retrasos. Debería ser posible transportar bicicletas en todos los trenes y una información completa, así como la posibilidad de adquirir billetes en cualquier lugar de Europa, deberían ser la norma. Se tiene que garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida. No es necesario ningún mecanismo de compensación para el transporte de mercancías.
Las redes ferroviarias nacionales se deberían liberalizar de forma gradual también para el transporte de pasajeros. Aun así vamos a votar afirmativamente la propuesta con las siguientes condiciones: no debe existir dumping social, y se debe prestar la debida consideración a los intereses del medio ambiente, como exigió el Parlamento en el informe Meijer. En relación con este punto, acogemos con satisfacción que, después de varios años, la Comisión por fin haya elaborado y remitido al Parlamento la nueva propuesta para los servicios públicos.
No debe haber una competencia destructiva. Por esto tiene que existir la posibilidad de renunciar a las licitaciones públicas cuando la existencia de las empresas ferroviarias nacionales se vea amenazada. Necesitamos un informe sobre la experiencia acumulada en la práctica de la competencia hasta la fecha; queremos emular lo bueno y aprender de los errores. Las experiencias de Gran Bretaña y Estonia han demostrado que la infraestructura debe permanecer por completo en el sector público. Consideramos que es un requisito esencial.
Como conclusión, por nuestra parte, también estamos a favor de que el paquete se mantenga como tal y esperamos que el Consejo adopte también una decisión razonable y así lo trate. Muchas gracias por su atención. 
Francis Wurtz,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, otros colegas de mi Grupo intervendrán en este debate, en particular mi colega Erik Meijer. Por mi parte, me limitaré a explicar el sentido de nuestra enmienda de rechazo de la propuesta de directiva indebidamente denominada «Desarrollo de los ferrocarriles comunitarios».
Estamos totalmente convencidos de que ya es hora de poner orden en la organización de los transportes en nuestro continente, pero debe hacerse conforme a los criterios que importan a nuestros conciudadanos: la seguridad, el medio ambiente, la cohesión social y territorial, el servicio público, y su corolario: una reglamentación social armonizada al alza para los trabajadores afectados. Las organizaciones sindicales tienen propuestas muy elaboradas sobre todos estos aspectos. Deben ser nuestros interlocutores naturales para elaborar y realizar este tipo de proyectos. En este marco, la aspiración a un nuevo equilibrio a favor del ferrocarril –como por lo demás de las vías navegables interiores– es legítima por todos los conceptos y Europa es un espacio pertinente para abordar estos problemas.
La cuestión es la siguiente: ¿en virtud de qué la realización de tales objetivos tendría que pasar a cualquier precio por la liberalización a ultranza del transporte ferroviario? Ello merecería al menos una evaluación seria de las distintas experiencias realizadas y de los primeros efectos de la apertura a la competencia, antes de cualquier nueva medida. Por lo demás, es lo que había exigido explícitamente el Parlamento cuando se adoptó el primer paquete ferroviario. Esta petición expresa nunca ha sido atendida. ¿Por qué?
Así, no se dice ni una palabra del desastroso balance de la privatización del ferrocarril en Gran Bretaña. Se pasa muy rápido sobre el hecho, señor Barrot, de que el primer tren privado francés, el Connex, no aporta ningún tráfico adicional, sino que se limita a ocupar el lugar que hasta entonces correspondía a la empresa pública SNCF. Se silencia también el retroceso en la diversidad de servicios ofrecidos en el sector del transporte de mercancías o el abandono de enlaces para los viajeros que se consideran poco rentables, en la perspectiva de la apertura a la competencia. Apenas nos preocupamos tampoco del bloqueo de proyectos que sí pueden mejorar los transportes europeos, como el enlace Lyon-Turín. ¡No! Liberalizamos y eso es todo lo que se daba.
Nuestro Grupo protesta contra este dogmatismo del «mercado omnipresente». Se trata de afirmar la exigencia de una evaluación pública y pluralista de las experiencias en curso y expresar nuestra elección a favor de la cooperación y no de la competencia en el ámbito de los transportes ferroviarios en Europa. Nuestro Grupo llama a todos los diputados a que voten a favor de la enmienda 14, que rechaza la propuesta de directiva sobre la liberalización del transporte ferroviario.
Patrick Louis,
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión ferroviaria interesa por naturaleza a todos los habitantes y todos los Estados miembros de la Unión Europea. La geografía ha condicionado durante mucho tiempo los transportes y la política de los pueblos. Hoy, la técnica y la construcción de grandes infraestructuras enriquecen el sector y condicionan a su vez el futuro de los intercambios económicos y culturales. En este sector, tenemos un papel que desempeñar: construir puentes entre las naciones, favorecer el intercambio. ¡Pero no cualquier intercambio! Es necesario un intercambio que enriquezca las especificidades nacionales, pues las complementariedades son las que justifican y fundamentan la utilidad del intercambio. Nos satisface tener textos que favorezcan tales intercambios, realmente libres, entre los pueblos soberanos. Sin embargo, tras la lectura de los tres informes que se nos presentan, nos parece que tres principios simples, que rigen el orden de las naciones, salen malparados.
El primer principio que no creemos que siempre se haya respetado es el de la subsidiariedad. En los transportes, como en otros ámbitos, pensamos que todo lo que puede hacerse en el nivel más cercano de la acción debe hacerse en ese nivel. Y solo se reservará al nivel superior lo estrictamente necesario. Así, no comprendemos por qué el informe Sterckx, que cita con acierto el convenio internacional COTIF, se afana por atiborrar el texto de una inflación de detalles que deberían tratarse en virtud de dicho Convenio, un Convenio que por lo demás deberíamos relanzar. En el caso que nos ocupa, el aumento de los derechos de las personas con movilidad reducida es una excepción y se impone. Pero esta necesidad podía ser objeto de un simple mandamiento de principio dirigido al COTIF. Por otra parte, ¿por qué, en el excelente informe Savary, relativo a la formación del personal, también y en el mismo nivel, no se hace una distinción más clara entre la formación de los conductores y la del personal de a bordo? ¿Por qué no atenerse a certificaciones de competencias diferentes, dado que los oficios son radicalmente diferentes? 
El segundo principio que nos parece haber sido objeto de abuso es el respeto de las soberanías. No podemos admitir que una necesaria organización internacional de los transportes se convierta en un caballo de Troya para invadir el Derecho nacional. El informe Sterckx modificado sustituye sistemáticamente la expresión «todos los viajeros del ferrocarril» por el concepto de «viajeros ferroviarios internacionales». No podemos aceptar esta supeditación de las normas nacionales a las normas internacionales.
El tercer principio olvidado es el de la prudencia. Existe imprudencia cuando, en el informe del señor Jarzembowski, la enmienda 8 propone un plazo de solo tres años para la aplicación de importantes cambios. Hay que dejar tiempo al tiempo. Ir demasiado deprisa es ir al fracaso. Imprudencia también en el informe Sterckx, al querer tratar de todo en un mismo expediente, la minusvalía, la billetería, la compensación en caso de accidente, las penalizaciones en caso de malos servicios. Quien mucho abarca poco aprieta. También se hace gala de imprudencia cuando no se afirma claramente que el ferrocarril debe estar ante todo subordinado al flete y ante todo al flete de larga distancia. Del mismo modo, hay imprudencia al no incluir primeramente estas propuestas en el informe relativo a los modos de transporte muy competitivos.
En conclusión, reconocemos el trabajo laborioso y meritorio del Comisario, pero una vez más quedamos dubitativos ante tal avalancha de normas y la eficacia de los métodos de este Parlamento. 
Luca Romagnoli (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, aunque a última hora, afronto el debate sobre el tercer paquete ferroviario con una certeza, la de que tenemos el deber para con Europa de apoyar un proyecto de relanzamiento del transporte ferroviario tanto en bien de los viajeros como –y quizás sobre todo– en interés de la intermodalidad del transporte de mercancías.
Es un deber que sentimos no solo con ánimo de proteger el medio ambiente, sino también en aras a la seguridad del sistema de transportes en el sentido más amplio del término, con la esperanza de que la revitalización del transporte ferroviario contribuya a reducir las tasas de mortalidad y, más en general, la siniestralidad de la carretera, que como debemos recordar supone un coste social elevadísimo para los Estados miembros de la Unión.
Aunque el Grupo de los No Inscritos, que coordino en la comisión, ha tenido, conforme a la típica tradición discriminatoria de los reglamentos parlamentarios, limitadísimas ocasiones de intervenir al respecto, apruebo gran parte del trabajo de mis colegas.
El señor Sterckx ha elaborado un informe que, por fin, reconoce a los consumidores el derecho a un reembolso en caso de retraso del tren, al menos para los retrasos importantes. Es un derecho que en comisión quisimos afirmar también para los viajeros de las líneas nacionales (además, por supuesto, de las internacionales) y que a mi juicio es intrínsecamente equitativo. Quisiera hacer hincapié también en la sensibilidad compartida en relación con las disposiciones introducidas sobre los viajeros con movilidad reducida. Apruebo asimismo el informe del señor Savary sobre la necesidad de un sistema común de certificación de los conductores de trenes, así como sobre la necesaria normalización de sus competencias profesionales y del seguimiento de su estado de salud. Espero que se impongan también mayores garantías en cuanto al número de maquinistas, que, a mi juicio, no debe ser nunca inferior a dos. 
También quiero dar las gracias a nuestro colega, el señor Jarzembowski, cuyo informe pretende estimular la mejora del servicio ferroviario incrementando la competencia, beneficiando por tanto a los consumidores, pero tengo algunas dudas a este respecto, porque solo habrá mejoras si la liberalización no se convierte en una carrera más por el recorte de los costes laborales.
Por último, apruebo el informe del señor Zile, que ha querido recoger la preocupación de nuestra comisión sobre la compensación obligatoria en caso de incumplimiento del plazo de entrega de las mercancías. Exhorto, pues, a sus Señorías a que apoyen los informes ya aprobados por la Comisión de Transportes y Turismo.
Reinhard Rack (PPE-DE ).
   Señor Presidente, permítanme que empiece del mismo modo que nuestro muy citado colega, el señor Jarzembowski, es decir, planteando lo que se podría calificar como una cuestión de observancia del reglamento. Soy diputado de esta Cámara desde hace diez años y aún no sé con exactitud quién es el responsable de la programación de los trabajos de nuestras sesiones plenarias. Sean quienes sean, desde luego no son amigos del Parlamento.
El debate de esta semana y de esta tarde son ejemplos bastante característicos que así lo demuestran. Siempre que el Parlamento en realidad no tiene nada que decir –nada vinculante, por lo menos–, el asunto se programa en el orden del día y se debate en las horas principales, mientras que los pocos actos legislativos programados para esta duodécima sesión plenaria en Estrasburgo, que por lo demás es completamente superflua, han quedado relegados a la sesión vespertina.
En estas circunstancias, no debería sorprendernos que los ciudadanos europeos se sientan cada vez sean menos inclinados a tomarnos en serio. Esto me hace pensar en el resultado de las recientes elecciones europeas.
Después de esta disquisición, permítanme que pase al asunto principal, que es el informe Sterckx y los derechos de los pasajeros. Este texto contribuye de manera constructiva a la creación del tan debatido terreno de juego equitativo para los distintos medios de transporte en Europa. Para entrar en competencia directa con los competidores directos, los ferrocarriles necesitan contar con un marco de condiciones comparables y, por lo tanto, era acertado y necesario que en el caso de los ferrocarriles diésemos prioridad a la creación de una legislación equivalente a la relativa al , adoptada para el transporte aéreo.
El texto que presentó la Comisión podemos decir que era mejorable en este aspecto y, con buen sentido, se han introducido modificaciones, algunas de ellas fundamentales.
En primer lugar –y probablemente se trate del cambio más importante–, hemos incluido todos los servicios de transporte y no solo los internacionales en el campo de aplicación de este nuevo reglamento, aunque se tendrán que adoptar también medidas especiales, que sin duda serán necesarias, en el marco del reglamento sobre los servicios públicos locales de transporte de pasajeros.
En segundo lugar, hemos concedido especial importancia especial a la oferta y la exigencia de información adecuada sobre los derechos de los pasajeros. ¿De qué sirven esos derechos si los consumidores no los conocen?
En tercer lugar, el texto prevé una coordinación racional –solo en determinados aspectos, como es obvio–y que este tenga carácter complementario con respecto a las disposiciones del COTIF. A diferencia de uno de los oradores que me han precedido, no solo lo considero muy importante, sino un éxito rotundo. Constituye un caso concreto de subsidiariedad en la práctica y, en este sentido, también ha sido un tipo de acción complementaria a la iniciativa de la Comisión encaminada a «mejorar la legislación», que agradecemos y que, en lenguaje llano, supone racionalizar la legislación europea, que con frecuencia es demasiado prolija.
Para acabar, agradezco mucho al ponente, señor Sterckx, su agradable y constructiva cooperación.
Bogusław Liberadzki (PSE ). –
    Señor Presidente, señor Comisario, al considerar el borrador de este paquete, mi Grupo político actuó guiado sobre todo por su interés por el papel del ferrocarril dentro de la red de transportes de la Unión Europea, así como por su potencial de desarrollo. En nuestra opinión, aunque se ha hablado mucho de la liberalización, esta última no constituye un fin en sí misma, sino el medio para lograr un fin. Se han planteado numerosos interrogantes sobre cómo lograr dicho fin, que es aumentar el uso del transporte ferroviario. Es importante tener en cuenta que la Unión Europea es una Unión de 25 Estados miembros y que las redes ferroviarias de los nuevos Estados miembros son relativamente débiles y están siendo objeto de reestructuración. Por otra parte, no se pueden introducir cambios de manera demasiado repentina, sino que estos deben ser progresivos.
Advertimos del peligro de que las empresas ferroviarias más potentes absorban a las más pequeñas. La situación de dominio del mercado conlleva la obligación de prestar un servicio público. Merece la pena considerar si el resultado final no será la sustitución del monopolio de una gran compañía ferroviaria en uno de los Estados miembros o su ampliación para convertirse en un monopolio de la misma compañía, pero ahora sobre el territorio de varios Estados miembros. ¿Se trata de introducir alguna restricción? Creemos que de momento no lo hemos hecho.
Señor Comisario, los sectores del transporte por carretera y del transporte aéreo están teniendo éxito en el mercado en Europa. Sin embargo, en su caso la desregulación acompañó a la liberalización. En el caso del ferrocarril también se debería encontrar, por lo tanto, una solución que concilie la actuación en el mercado con la prestación de un servicio público.
Colaboré con el señor Jarzembowski en el examen de las modificaciones de la Directiva del Consejo 91/440/CEE. El presente compromiso es más radical que la propuesta de la Comisión, por lo que me pregunto, señor Comisario, si no piensa que nuestro compromiso tal vez vaya demasiado lejos. ¿No sería preferible limitarnos a la propuesta de la Comisión, de forma que solo se viera afectado el transporte internacional? Nuestra preocupación gira principalmente en torno a la calidad de los servicios de transporte.
Permítame que cite, a modo de ejemplo, el viaje entre Varsovia y Bruselas. Si uno vuela con la compañía LOT o SNBrussels, el viaje cuesta 300 euros y se tarda dos horas en llegar al aeropuerto nacional de Bruselas. Si vuela con una compañía aérea de bajo coste, el viaje solo cuesta 120 euros y se llega al aeropuerto Charleroi. Un billete de tren en primera clase cuesta 150 euros y el viaje tarda 18 horas. Si se decide viajar en coche particular, el viaje es de 13 horas, si se respetan los límites de velocidad, y la gasolina cuesta 150 euros, pero pueden viajar cuatro personas. ¿No es esto una consideración importante? 
Anne E. Jensen (ALDE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, mis comentarios principales se refieren a los informes de los señores Savary y Zīle, para los cuales fui ponente alternativa de mi Grupo. Quiero agradecer los esfuerzos de ambos ponentes, que han trabajado bajo condiciones muy distintas. El informe del señor Savary contiene una propuesta que casi todos apoyan, mientras que el del señor Zīle tenía como objetivo conseguir apoyo para una propuesta de la Comisión que a muy pocos interesa. Mi Grupo está satisfecho con el resultado de las votaciones en comisión, donde se rechazó la propuesta de una compensación en el caso del transporte de mercancías. Lo cual no equivale a decir que consideremos que no existe ningún problema en relación con la calidad del transporte ferroviario de mercancías. Por desgracia, muchos elementos demuestran que la calidad no está mejorando y puede que incluso está decayendo en determinados ámbitos. La falta de puntualidad y de flexibilidad significan que, en contra de todas las intenciones políticas, el transporte de mercancías por ferrocarril está quedando rezagado. La pregunta que se plantea es, por lo tanto, la siguiente: ¿Cómo vamos a resolver este problema? La propuesta de la Comisión era demasiado tosca y alejada de las condiciones de un mercado libre. Sin embargo, el Sr. Zîle merece reconocimiento por su intento de encontrar otra solución que no fuera el rechazo rotundo, a pesar de que –como supongo que ocurrirá en la votación de mañana– el resultado acabe siendo justamente ese rechazo.
No dudo que, a medida que la liberalización y la libre competencia vayan enraizándose progresivamente, los servicios de ferrocarril serán más eficaces y más ventajosos desde un punto de vista económico y prestarán mayor atención a los pasajeros. La calidad mejorará con respecto a la que ofrecen los monopolios nacionales y creo que da mucho que pensar que el número de millas recorridas en tren por los pasajeros en Gran Bretaña –donde, como es sabido, se han adoptado numerosas medidas de liberalización en los diez últimos años– haya aumentado nada menos que en un 40%. También creo que da que pensar que los países que invierten con determinación en servicios ferroviarios modernos con trenes de alta velocidad también están registrando un progreso de los mismos en un momento en el que, por lo demás, los trenes están perdiendo terreno en muchos países. Por consiguiente, la liberalización, es importante, al igual que la inversión, si lo que deseamos es garantizar una mayor cuota de mercado para los servicios de transporte de mercancías y también de pasajeros por ferrocarril. También es importante que aceleremos el proceso.
El marco común para la formación del personal de a bordo es una consecuencia lógica de la liberalización que ya se ha acordado. El informe del señor Savary es, por lo tanto, el menos controvertido de los relacionados con el tercer paquete ferroviario. Por supuesto, el gran debate ha girado en torno al ámbito que debe abarcar la directiva relativa a la certificación del personal de a bordo de los trenes. ¿Esta se debe aplicar únicamente a los conductores o también a otro tipo de personal? ¿Debe ser exclusivamente para aquellos que realizan trayectos internacionales o también para los que prestan servicios exclusivamente nacionales? Mi Grupo está satisfecho, en general, con el resultado actual. Se ha logrado un equilibrio adecuado, que incluye a los conductores de trenes y a otros miembros del personal directamente relacionado con la seguridad. Ha sido una sabia decisión que las normas cubran inicialmente los servicios internacionales. Una vez que se haya realizado un análisis de costes-beneficios para sopesar cuidadosamente las ventajas y los inconvenientes, podremos considerar, a su debido tiempo, si se debe incluir al personal de trayectos exclusivamente nacionales. En cuanto a los conductores, la formación será, naturalmente, costosa, por lo cual es importante no imponer gastos innecesarios a las compañías ferroviarias.
Por último, aunque no por ello menos importante, por mi parte quiero manifestar que es una gran satisfacción para mí que el tercer paquete ferroviario propuesto por el Parlamento acoja la liberalización del transporte de pasajeros e introduzca normas comunes para proteger los derechos de los pasajeros y que estas se apliquen a todos ellos. Dichas normas son además mucho más sencillas y menos burocráticas que las incluidas en la propuesta de la Comisión. El señor Savary también pregunta qué se debe hacer con los países pequeños. Procedo de un país pequeño donde se ha introducido progresivamente la libre competencia en los servicios ferroviarios y la compañía ferroviaria nacional, DSB, compite a escala nacional y al mismo tiempo está operando actualmente en Suecia y ha obtenido autorización para ofertar rutas en Gran Bretaña. DSB se ha preparado para la libre competencia mediante la modernización y la reorganización de sus actividades, reemplazando la antigua cultura de monopolio y estatalista por una cultura empresarial moderna que presta mayor atención a los pasajeros. Este es el camino que permite avanzar. 
Hélène Flautre (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, no voy a filosofar sobre el concepto de paquete, pero puedo decirle que mi Grupo votará con entusiasmo a favor del informe Sterckx y del informe Savary, y que se alegra de poder hacerlo mañana. En cambio, con respecto a la propuesta del señor Jarzembowski, los debates han sido mucho más reñidos y dubitativos, pues no estamos a favor del Que las cosas queden claras: deseamos realmente reforzar el transporte ferroviario europeo, porque queremos favorecer los transportes más seguros y más ahorradores de energía y espacio, y por tanto los más sostenibles. Esto me parece perfectamente claro.
La cuestión que nos planteamos es la siguiente: ¿se alcanzará este objetivo con la liberalización del transporte ferroviario internacional de viajeros en las condiciones recogidas en este informe? Ahí es donde empiezan a surgir los interrogantes. ¿Vamos a conseguir realmente una transferencia de la carretera y del aire al ferrocarril? ¿Vamos a garantizar un servicio más seguro y accesible a los ciudadanos, una mayor cohesión social y territorial? Para saberlo, podríamos proceder al menos a una evaluación seria. Tenemos experiencias en los Estados miembros de apertura a la competencia del transporte de viajeros; tenemos el primer y el segundo paquetes. Veamos más detenidamente qué pasa en términos de calidad, de transferencia real de la carretera al ferrocarril, de precios, de seguridad.
En breve, las preguntas son muchas. Nos preguntamos mucho por la compatibilidad entre la apertura a la competencia de corredores nacionales para la vía del cabotaje y el respeto de las obligaciones de servicio público, tal como se enuncian en el reglamento de julio. Nos preguntamos, como otros colegas, si no pasaremos, en algunos países, de una situación de monopolio a una situación de oligopolio o si no surgirán, como en el transporte aéreo, compañías de bajo coste en detrimento de las condiciones de trabajo y de la seguridad.
En resumen, para la mayoría de mi Grupo, no es factible apoyar las propuestas del señor Jarzembowski.
Erik Meijer (GUE/NGL ). –
   Señor Presidente, los planes de liberalización tienen consecuencias de largo alcance no solo para el personal ferroviario, sino que también afectan profundamente a la calidad de los servicios ofrecidos a los pasajeros. La estrecha cooperación de las compañías ferroviarias con sus vecinos es mucho más antigua que la Unión Europea. El resultado son unos trenes rápidos, transfronterizos, de larga distancia, con la correspondiente venta de billetes. Este éxito europeo se está viendo debilitado en la actualidad por la creciente rivalidad competitiva, con el resultado de que las empresas ferroviarias querrán empezar por abandonar las tareas menos rentables y menos subvencionadas.
Aunque todo el mundo piensa que estamos uniendo más a Europa, las compañías ferroviarias se están limitando al transporte de masas en las amplias zonas urbanas y a algunas conexiones principales rápidas dentro de los Estados miembros. Muchos trayectos transfronterizos solo están cubiertos por trenes lentos. El número de trenes nocturnos está disminuyendo o están desapareciendo del todo. Solo en Alemania se venden billetes europeos y se proporciona información adecuada y solo la línea transfronteriza de alta velocidad que une Bruselas y París se utiliza mucho.
En todas las demás, cada vez es más difícil comprar billetes para los destinos extranjeros más distantes. Los pasajeros tienen que hacer transbordos en ruta con mayor frecuencia, lo que también aumentar los tiempos de espera. Los pasajeros que sufren retrasos originados en países vecinos, que normalmente tienen dificultades por la noche, cada vez reciben peor trato y acaban inmersos en una situación de exasperante confusión. Esto es lo que les induce a utilizar el avión y el vehículo privado, mientras que el Libro Blanco de la Comisión sobre los transportes daba por sentado que en 2010 habría aumentado el transporte de pasajeros de media distancia por ferrocarril.
En los seis últimos años, he demostrado en muchas ocasiones, basándome en la experiencia práctica, que nuestro transporte ferroviario se está deteriorando. Por lo tanto, acojo con gran satisfacción la propuesta de la Comisión, que por fin contrarresta un poco los efectos adversos de la liberalización y la comercialización. Es de lamentar que el señor Sterckx, nuestro ponente, no haya tomado como punto de partida la crisis del transporte ferroviario internacional de pasajeros, sino la irritación de las compañías, que preferirían autorregularse en lugar de cumplir el requisito impuesto mediante una norma europea de emular el nivel de calidad de Alemania.
Sus propuestas disminuyen las mejoras del transporte transfronterizo y aumentan innecesariamente la interferencia europea en el transporte ferroviario nacional. Esta propuesta representa la pérdida de una oportunidad de mejorar las condiciones para los pasajeros internacionales y de poner fin a las tendencias negativas. Mi Grupo teme que el reglamento, tal como lo ha descrito el señor Sterckx, no aborde adecuadamente los problemas, con el resultado de que tendrá que revisarse dentro de unos años. Mi Grupo ha presentado varias enmiendas para evitar que eso suceda, así como para garantizar que los ferrocarriles europeos se presenten ante la opinión pública como un frente unido y sus deficiencias puedan remediarse con mayor rapidez. 
Gerard Batten (IND/DEM ).
   Señor Presidente, este informe propone la armonización de los derechos de los pasajeros en el transporte por ferrocarril y las obligaciones de indemnización en la Unión Europea. Esta legislación choca con la oposición de las compañías ferroviarias nacionales, que saben que tendrán que sufrir más cargas administrativas, cuyo coste será repercutido en los pasajeros.
El señor Sterckx dice que no deberíamos andar retocando acuerdos internacionales que ya son satisfactorios y que no debemos hacer el trabajo de los directivos de márketing de las compañías ferroviarias. Sobre todo, dice que el sistema debe beneficiar a los pasajeros. Solo un político de la UE podría decir todo esto y luego proponer ampliar el ámbito de aplicación de la legislación. Ya hay en vigor un acuerdo internacional bastante bueno firmado entre 42 naciones, incluidos muchos países que no forman parte de la UE y que tiene por objeto facilitar el transporte ferroviario internacional. En 2002, diversas compañías ferroviarias internacionales firmaron una Carta voluntaria que recogía normas de calidad para los servicios de pasajeros del transporte ferroviario: el Convenio COTIF.
Por ejemplo, no podemos legislar para los ferrocarriles franceses, alemanes y británicos, ya que todos operan en condiciones muy distintas. Los Gobiernos nacionales, junto con los operadores ferroviarios, deberían decidir qué normativa es adecuada; esto no incumbe a la Unión Europea. Para ser sincero, la Comisión solo quería regular el transporte ferroviario internacional, pero el señor Sterckx va más allá y propone regular también el transporte nacional.
En otro informe de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la certificación del personal a bordo de los trenes, el ponente, el señor Savary, defiende que el personal a bordo se someta a pruebas psicológicas. Sugiero que esas pruebas psicológicas se apliquen también a los ponentes de este Parlamento. Tal vez, con una simple prueba de asociación de palabras sea suficiente. Si en su respuesta los ponentes utilizan las palabras «integración», «armonización» o «regulación», deberían ser cesados inmediatamente de su cargo. Puede que de esta forma acabáramos en parte con este tipo de sandeces, pero me temo que antes tendríamos que legislar en materia de pruebas psicológicas armonizadas e integradas. 
Armando Dionisi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tren es la única modalidad de transporte que vive en Europa una preocupante fase de estancamiento, a pesar del aumento de los intercambios. El problema del medio ambiente, el precio del petróleo y la congestión del tráfico exigen que apostemos decididamente por el transporte ferroviario, dado que es más limpio, más seguro y cuenta con buenas infraestructuras nacionales que pueden integrarse a escala europea.
Revitalizar y modernizar el transporte ferroviario es una prioridad para el futuro de la Unión. La Comisión ha realizado notables esfuerzos de cara a una armonización y liberalización progresivas de los mercados, pero el Parlamento Europeo es quien, en este tema, ha desempeñado y sigue desempeñando un papel central en la superación de los egoísmos nacionales.
La valiente propuesta de abrir también el transporte nacional de viajeros a la plena liberalización es fundamental para la realización del mercado único, para el relanzamiento de los ferrocarriles comunitarios y para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. En este contexto, la enmienda sobre la reciprocidad, propuesta por mí y aceptada por la Comisión, garantiza que los países que decidan abrir su mercado antes de los plazos previstos estarán protegidos de la competencia desleal de empresas ferroviarias que trabajen en mercados nacionales protegidos.
Asimismo me parece especialmente importante la normativa sobre los derechos de los viajeros y su ampliación al tráfico nacional. Las compensaciones por retrasos, las indemnizaciones por daños y perjuicios y los derechos de los viajeros con discapacidad constituyen una base excelente para estimular a nuestras empresas a mantener altos niveles de calidad y ser competitivas con las demás modalidades de transporte.
El paso al transporte por ferrocarril, Señorías, representa uno de esos desafíos en los que se juega la credibilidad y el futuro de Europa. Por ello, es fundamental que el Parlamento adopte una postura clara y enérgica sobre este paquete y opte sin vacilaciones por una estrategia de innovación.
Saïd El Khadraoui (PSE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, en mi intervención voy a referirme solo a dos apartados del paquete y voy a comenzar, lógicamente, por el informe del señor Sterckx. Quisiera darle las gracias por su excelente cooperación, que creo que nos ha permitido alcanzar propuestas de compromiso razonables sobre aspectos fundamentales. La práctica adquirida en relación con los pasajeros de las líneas aéreas ha resultado ser útil también para los pasajeros ferroviarios y, de hecho, para todos ellos, incluidos los usuarios del transporte ferroviario nacional. Nuestro Grupo considera importante que no solo se haya logrado un programa de compensación general para los retrasos superiores a una hora, sino también para los pequeños retrasos reiterados, de manera que las empresas ferroviarias se vean animadas a trabajar de manera más eficaz y a ser más puntuales, lo cual también les permitirá atraer nuevos clientes, que es lo que en definitiva pretendemos conseguir.
Quiero hacer algunos comentarios sobre la asistencia a las personas con movilidad reducida, en relación con la cual hemos presentado dos enmiendas adicionales. En primer lugar, la notificación de dicha asistencia no debería realizarse con 48 horas de antelación, sino con 24. Creo que esto es muy razonable y les pido que lo apoyen. En segundo lugar, la formación del personal de trenes también debería prestar atención a ese aspecto del trabajo.
Para nosotros, sigue siendo importante que los pasajeros ferroviarios puedan comprar sus billetes en cualquier momento, ya sea en las taquillas de las estaciones o en máquinas expendedoras y, cuando no las haya, en los mismos trenes. El ponente quisiera introducir ahora excepciones para los casos en que la reserva de asiento sea obligatoria, lo cual me parece razonable, pero también con el fin de evitar el fraude. Yo también estoy en contra del fraude, pero temo que si seguimos esta línea, acabaremos con la caja vacía y esto es algo que no podemos apoyar.
Voy a referirme ahora al informe del señor Jarzembowski. No me sorprende la alegría con la que la mayoría de mis colegas de la Comisión de Transportes y Turismo quieren dar prisas a la Comisión y liberalizar la totalidad del sistema ferroviario para el año 2012, todo ello sin llevar a cabo demasiadas investigaciones o análisis detallados de las repercusiones que esto tendría para las redes ferroviarias nacionales que, como ustedes saben, difieren enormemente entre sí –especialmente en su estructura– y sin preguntarse si ese es el remedio universal que nos permitirá atraer a más pasajeros.
Creo que debemos admitir que la liberalización del mercado fue sin duda una medida positiva en ciertos sectores. Sin embargo, y en mi opinión, este no es el caso en el sector del transporte público, puesto que no se trata de un sector comercial y también queremos lograr otros objetivos, aparte de la eficacia y la rentabilidad, como por ejemplo, los relacionados con el medio ambiente y la movilidad de las personas. Hay otras medidas, distintas de la liberalización del mercado, influyen mucho más sobre el número de pasajeros de lo que a menudo se aprecia. Les pondré el ejemplo de Bélgica, donde el número de pasajeros aumentó un 7% en 2003 y un 6% en 2004, y los datos recientes también son prometedores. Esto no se consiguió mediante la liberalización, sino a través de la modernización, ofreciendo mejores servicios e infraestructuras y adoptando una política de precios innovadora.
Quiero dejar constancia de que no tengo ningún problema con la liberalización del transporte internacional de pasajeros en sí. En el caso de los trenes Thalys, no me opondría a que se intensificara la competencia, siempre y cuando hubiera garantías razonables de que todos los Estados miembros, tanto ahora como en un futuro, podrán desarrollar servicios públicos de calidad. Por lo tanto, habría sido preferible contar con un paquete relativo a la liberalización, por un lado, y a la oferta de servicios públicos, por el otro, en lugar del que ahora tenemos. 
Josu Ortuondo Larrea (ALDE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera felicitar a los señores Sterckx, Jarzembowski, Savary y Zīle por sus informes relacionados con la liberalización de las redes y servicios de transporte por ferrocarril en la Unión Europea, la calidad del servicio, la cualificación de los conductores y los derechos y obligaciones de los pasajeros.
Por nuestra parte, y en relación con el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, estamos plenamente de acuerdo en apoyar la apertura a la competencia privada de los servicios de transporte en general y, en particular, del transporte de viajeros por ferrocarril, si bien partimos de la base de que la infraestructura viaria estará en manos de gestores independientes, para que todos los posibles usuarios de las redes puedan tener igual oportunidad de acceso a las mismas.
En este sentido, pedimos el adelanto al año 2008 de la apertura de los servicios internacionales de ferrocarril de pasajeros y admitimos que los distintos Estados miembros puedan aplazar hasta el año 2012 la liberalización del resto de servicios de viajeros nacionales, regionales y locales. 
Consideramos que esta apertura debe hacerse de manera ordenada y sin poner en peligro la subsistencia y viabilidad económica de los servicios de interés público preexistentes. Nosotros no queremos perjudicar a los ciudadanos ni a los servicios de transporte urbanos, metropolitanos o regionales que actualmente existen bajo la égida de las instituciones públicas.
Hemos defendido que, si así lo aconsejan los pertinentes análisis económicos objetivos realizados por parte de los organismos reguladores de cada Estado miembro, estos puedan limitar el derecho de acceso de un servicio internacional a una determinada infraestructura en un tramo regional o restringir el derecho a tomar y dejar viajeros en las estaciones de dicho tramo.
Por otro lado, defenderemos la reciprocidad de trato, de modo que los Estados que adelanten su apertura a los servicios privados de ferrocarril puedan restringir temporalmente ese derecho a las empresas participadas por grupos ferroviarios con sede en aquellos otros Estados en los que no existan condiciones análogas de libertad de acceso a la infraestructura ferroviaria. Es decir, si un Estado no abre sus redes a la competencia, sus empresas no podrán operar en otros Estados aperturistas.
Por último, consideramos que los contratos de prestación de servicios ferroviarios privados deben tener una duración de cinco años, que puede llegar hasta diez en caso de que utilicen una infraestructura especializada y requieran inversiones importantes. Solo podría autorizarse un plazo mayor en aquellos supuestos muy particulares de inversiones de gran magnitud y a largo plazo, requiriéndose, para ello, la inclusión de un plan de amortización plurianual en el que se contemplen la periodicidad, las inversiones, las desinversiones, las amortizaciones y el modo de hacer frente a tan importante desembolso económico inicial.
Creemos que la apertura y la liberalización de los servicios de pasajeros con todas las garantías de calidad, de seguridad y de cualificación de los conductores, así como con una regulación adecuada de los derechos de los viajeros, proporcionarán a los ciudadanos de la Unión la necesaria movilidad para el progreso y desarrollo sostenible que perseguimos como objetivo de futuro.
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL ).
   – El tercer paquete ferroviario, con unos informes individuales que tienen poco en común, constituye una muestra de un enfoque apresurado, descoordinado y por lo tanto, perjudicial para el transporte ferroviario. Cuando se adoptó el segundo paquete ferroviario, se declaró de manera clara e inequívoca que este se evaluaría lo más pronto posible y solo entonces se adoptarían otras medidas. Por esto, nuestra opinión minoritaria sobre la liberalización es negativa. 
Creo que ha llegado el momento de adoptar una directiva que aborde la armonización del permiso de conducción ferroviario, algo en lo que estamos todos de acuerdo. El resto de las cuestiones distan mucho de ser tan urgentes como se ha expuesto en esta Cámara. Señorías, si desean abrir de inmediato el mercado ferroviario a la competencia, la medida será perjudicial. Es más, es necesario empezar a aplicar lo más pronto posible el acuerdo de la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CCFE), la asociación internacional de empresas de infraestructura ferroviaria y el Comisario de Transportes. 
¿Su deseo de lograr la liberalización a cualquier precio pasa realmente por delante de la armonización de las normas de seguridad de las infraestructuras y el material rodante? No puedo estar de acuerdo con ello y, con el debido respeto al ponente, Georg Jarzembowski, debo pedirles que su voto sea un «no» inequívoco. Respetamos los acuerdos alcanzados cuando se adoptó el segundo paquete ferroviario y haremos todos los esfuerzos necesarios para que se vuelva a tratar el tema dentro del plazo establecido, o sea, antes de 2008.
Quiero destacar que los sindicatos ferroviarios de la República Checa y el Gobierno checo me han pedido que apoye de manera explícita el informe Savary y que rechace el informe Jarzembowski. 
Como conclusión, quisiera señalar que rechazar el proyecto de informe Zîle y disentir con respecto al informe Jarzembowski no constituye un buen augurio para el intento de acelerar la aprobación de los paquetes. Las excelentes propuestas del informe Savary tienen nuestro apoyo. Quiero comunicarle al Comisario que los informes Sterckx y Jarzembowski no son en absoluto interdependientes. 
Sylwester Chruszcz (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, Señorías, agradezco que se me haya concedido el uso de la palabra y quisiera dar las gracias al señor Jarzembowski y a los demás diputados que han contribuido a la elaboración del paquete ferroviario en su conjunto.
En particular, voy a referirme a la redacción del informe sobre la propuesta de directiva relativa al desarrollo del transporte ferroviario comunitario. En el curso de nuestros trabajos en el seno de la Comisión de Transportes y Turismo, se han expresado numerosas opiniones negativas sobre los plazos y el programa propuestos por el ponente para la apertura de los servicios de pasajeros a la competencia. Personalmente, también he expresado mis opiniones en dichas ocasiones, ya que conozco la situación de los ferrocarriles en los nuevos Estados miembros y soy consciente de que no están adecuadamente preparados para competir en un mercado libre con países grandes y poderosos del oeste de Europa.
No me opongo a la liberalización del mercado del transporte, pero quiero hacer un alegato a favor de la competencia justa. Permítanme que reitere que no estoy en contra de la liberalización de los servicios siempre y cuando se haga de manera justa. Se deben poner en marcha disposiciones que protejan a las pequeñas empresas y también que garanticen que no se creen monopolios en un futuro y que los principales actores estén expuestos a una competencia sana y justa. Por todas estas razones, creo que el Parlamento no debe apoyar la propuesta del señor Jarzembowski de que se anticipe la liberalización del mercado al año 2008. Me refiero a la liberalización del transporte internacional, incluido el cabotaje. Si en verdad deseamos aplicar la política europea de igualdad de derechos y de competencia justa no debemos respaldar esta propuesta; de este modo concederíamos a los nuevos Estados miembros un tiempo para alcanzar el nivel de las empresas con mayor experiencia de Alemania, Inglaterra y Francia.
En mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, apelo a la Asamblea para que apoye la propuesta original de la Comisión Europea en lo que respecta a los plazos y los programas de liberalización, a saber, la apertura del transporte internacional, excluido el cabotaje, para 2010. También insto a la Cámara a que rechace el informe del señor Jarzembowski, ya que la propuesta votada en la Comisión de Transportes y Turismo relativa a la liberalización de dicho mercado no ha tenido en cuenta la situación de los nuevos Estados miembros. 
Corien Wortmann-Kool (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quiero comenzar por dar las gracias a los por el buen trabajo realizado y, sobre todo, por los debates, que han sido excelentes en cuando a su contenido y útiles para mejorar la calidad de nuestras propuestas. Ya es hora de que el transporte ferroviario en Europa mejore su eficacia y la atención a los clientes.
Por esto quisiera comenzar con una pregunta dirigida al señor Barrot, Vicepresidente de la Comisión. ¿Cómo valora la aplicación del primer y segundo paquete ferroviarios por parte de los Estados miembros y qué pasos daría para acelerar el proceso? Después de todo, creo que la introducción eficaz de ambos paquetes ferroviarios en la práctica es mucho más importante para la mejora de los servicios ferroviarios que las decisiones que tomemos sobre las nuevas normas.
La certificación de los conductores de trenes es una medida enormemente necesaria y el abandono de los requisitos de calidad para el transporte de mercancías no creará problemas, ya que ese sector es muy capaz de organizar estos aspectos por sí mismo. Mientras que el señor Sterckx ha realizado una excelente labor al simplificar la propuesta relativa a los derechos de los pasajeros, la Asamblea, liderada por el señor Jarzembowski, va a votar a favor de la liberalización del transporte de pasajeros. Se trata de una medida adecuada para el transporte internacional, a mi modo de ver, la propuesta de liberalizar el transporte nacional va demasiado lejos, ya que la competencia forzada en los tramos nacionales no garantiza mejores servicios y, de hecho, pone en peligro la puntualidad y fiabilidad de los mismos, especialmente en las redes amplias y densas. Debemos tomarnos en serio los resultados conseguidos en la práctica desde que se votó el segundo paquete y con ello me refiero tanto a los problemas como a la incorporación de los nuevos Estados miembros. Los Estados miembros deben seguir conservando la libertad de organizar la competencia necesaria de forma distinta, como por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, donde se han otorgado concesiones a una empresa ferroviaria para operar en una red principal. La delegación neerlandesa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) va a votar, por lo tanto, en contra de las enmiendas 2 y 9.
Puesto que el Consejo se muestra poco receptivo a la posición de amplio alcance del Parlamento, sin duda ya se desarrollarán los debates necesarios cuando llegue el momento. 
Inés Ayala Sender (PSE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, procedo de un país y de una región que por su historia y su geografía son especialmente sensibles a la necesidad de alcanzar una óptima diversificación y reequilibrio entre los distintos modos de transporte, con especial reconocimiento al ferrocarril.
Realidades como el Talgo Madrid-París o las líneas de alta velocidad, que gozan de una extraordinaria acogida entre los ciudadanos españoles, testimonian este amor y apertura a la modernización del ferrocarril. Pero no olvidamos lo que nos ha costado, y cuesta todavía, salir del aislamiento de la vía única, del ancho de vía distinto, superar nuestra compleja y difícil orografía y afrontar un futuro de permeabilización central de los Pirineos, que es cada vez más urgente para reducir la congestión en sus extremos, de manera crucial en el transporte de mercancías.
De ahí nuestro interés por una mejora efectiva del ferrocarril, que resulte más global e integral y no se limite a proponer la liberalización total y definitiva como poción mágica que resuelva todos los problemas para siempre.
Sabemos –y a ello se ha referido con autoridad el presidente de nuestra comisión, el señor Costa– que la competitividad del ferrocarril reside no solo en otras medidas reequilibradoras, sino, en gran parte, en las infraestructuras, en la interoperabilidad de los sistemas y en el personal especializado; en resumen: en inversiones y en apoyo. De ahí que prestemos el nuestro a las redes transeuropeas.
Tampoco creo que sea serio caer en una especie de régimen «yoyó»: primero liberalizamos y desregulamos y luego volvemos a intervenir. Y eso ha ocurrido con la propuesta de la Comisión para los estándares de calidad en el transporte de mercancías. Hay que reconocer el valor y la valía del señor Zīle, que ha trabajado del mejor modo posible, dadas las circunstancias, que hacen de esta propuesta una buena candidata para el ejercicio de , que con tanto secretismo nos obsequian el Presidente Barroso y el Comisario Verheugen.
Como ponente alternativa, debo reconocer mi total estupefacción al conocer que ni clientes ni compañías querían tal tipo de legislación. Tal vez deberíamos, señor Comisario –y yo creo que, en ese sentido, usted es suficientemente creativo para ello–, tratar de inventar otros instrumentos que sean verdaderamente útiles para lograr hacer más atractiva la oferta de transporte de mercancías por ferrocarril, no solo para los abogados de conflictos, sino, de manera especial, para sus usuarios. Definitivamente no, no se puede legislar sobre el ferrocarril de mercancías como sobre otros productos, como si se tratara de calcetines.
En cuanto a los informes Sterckx y Savary, quiero saludar calurosamente su oportunidad y urgencia y la excelente señal para la ciudadanía. Por una parte, procuramos buenos profesionales europeos, capaces de conducir los trenes a través de todo el territorio de la Unión y, por otra, queremos establecer, clara y valientemente, los derechos y deberes de los viajeros, con especial atención a los viajeros con dificultades de movilidad, situación que algún día nos afectará a todos.
Por último, sobre el informe del señor Jarzembowski, siempre tan impulsivo y seguro de sus objetivos, que demasiado a menudo hace coincidir con los de Europa, tengo que decir que no me parece realista querer desbordar la propuesta de la Comisión, además de mezclarla con una batalla interinstitucional que, por aspirar a lo mejor, puede hacer peligrar un buen logro. Habríamos preferido acompañar la propuesta de la Comisión, realista y matizada, con una holgada mayoría que diese una clara señal a todos los interlocutores. Ha preferido provocar, con su propuesta exagerada, una reacción contraria de una parte significativa de esta Cámara.
En todo caso, yo sigo creyendo que la propuesta de apertura de la Comisión es la más pragmática y realista, siempre que se inserte en un marco global de construcción de un espacio europeo del transporte, en el que el ferrocarril compita en igualdad de oportunidades con otros medios. Y eso se consigue con modernización e inversiones.
Bogusław Sonik (PPE-DE ). –
    Señor Presidente, señor Comisario, los debates de los últimos meses sobre el Tratado Constitucional invitan a pensar que la Unión Europea debería tener en cuenta los intereses de sus ciudadanos a la hora de adoptar disposiciones legales. También sería apropiado revisar los actuales instrumentos legales y valorar las consecuencias de su aplicación, incluidas también las económicas.
La Comisión Europea propuso la liberalización de los servicios internacionales de transporte ferroviario de pasajeros a partir del año 2010. En su documento, el señor Jarzembowski propone adelantar la fecha dos años, de forma que la liberalización comience en 2008. Esto podría tener como resultado que las empresas que actualmente operan en Polonia y otros nuevos Estados miembros pierdan una cuota de mercado significativa. Estos países se ven afectados por la falta de inversión en infraestructuras ferroviarias y carecen de equipos ferroviarios modernos. El transporte ferroviario regional también padece el problema de una financiación insuficiente. Una reducción aún mayor del periodo de transición para el transporte internacional agravará los efectos negativos de las nuevas disposiciones para las empresas de transporte de los nuevos Estados miembros. Esto se debe a que los actuales acuerdos de financiación europea para la adquisición de material rodante moderno para el transporte de pasajeros son inadecuados y los países que se adhirieron a la Unión el 1 de mayo de 2004 no se encuentran en condiciones de poder desembolsar por su cuenta las grandes sumas requeridas.
Los ciudadanos de la Unión se beneficiarán de la liberalización de los servicios a largo plazo. Sin embargo, en la actualidad, es importante alcanzar un nivel adecuado de calidad técnica y construir las infraestructuras adecuadas. Esto requiere que los Estados miembros lleven a cabo acciones excepcionalmente costosas de reestructuración y de inversión. Por tanto, es necesario mantener el periodo de cinco años propuesto por la Comisión, de modo que sea posible alcanzar las condiciones necesarias para equilibrar la competencia en el mercado europeo del transporte. Debemos dar al sector ferroviario tiempo suficiente para que se revitalice.
Señor Presidente, señor Comisario, la liberalización del mercado de los servicios de transporte ferroviario debería ir acompañada de una gran empresa común europea que comunique el oeste y el este de Europa, y el norte y el sur, mediante un ferrocarril de alta velocidad similar al TGV. Ese sería el proyecto ideal que permitiría demostrar la unidad de nuestro continente y la trascendencia de las instituciones europeas, incluidos la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
Ewa Hedkvist Petersen (PSE ). –
   Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestros ponentes.
Los ferrocarriles son muy necesarios en Europa. Debemos ofrecer la oportunidad de que tanto las mercancías como los pasajeros puedan contar con un servicio de transporte ferroviario como alternativa a las carreteras. El transporte ferroviario es favorable para la conservación del medio ambiente y para nuestra productividad. Con ese objeto, tanto las mercancías como los pasajeros deben poder viajar por ferrocarril de manera fácil y rápida. Esto no sucede en la actualidad. No siempre resulta fácil organizar un viaje de un punto A a un punto B, y las mercancías a menudo se descargan en las fronteras.
Con el segundo paquete ferroviario, liberalizamos el mercado del transporte nacional e internacional de mercancías. Fue una decisión acertada, pero aún tiene que ponerse en práctica en su totalidad. Todos estamos de acuerdo en que los progresos siguen siendo lentos y estamos encontrando gran cantidad de problemas. Sin embargo, ¿debemos hacer lo que propone el señor Jarzembowski y liberalizar los mercados ferroviarios de transporte de pasajeros, cuando aún no se ha completado con éxito la liberalización del mercado del transporte de mercancías? Algunas personas temen que en la práctica resulte imposible poner en marcha ambas cosas a la vez.
Procedo de un país donde hemos liberalizado el tráfico de pasajeros siguiendo nuestros propios criterios. No lo hemos hecho mediante una desregulación inmediata, sino de una manera muy sueca, por decirlo así. Hemos apreciado ciertamente las oportunidades, pero también las dificultades que surgen cuando ciertas líneas son rentables y otras no. Esto supone una dificultad cuando se aspira a que el tráfico de pasajeros abarque todo el país. Es importante liberalizar también los mercados de pasajeros y estoy convencida de que la liberalización del tráfico de pasajeros a escala nacional también será un hecho a su debido tiempo. Sin embargo, ahora quiero recomendar que empecemos por el tráfico de pasajeros. También tenemos sobre la mesa propuestas de cláusulas de protección para los servicios locales y regionales de pasajeros. La adopción en el momento actual de una decisión sobre la liberalización del tráfico de pasajeros solo reflejaría, de hecho, una posición idealista por parte del Parlamento Europeo, sin haber tomado nota de las consecuencias. 
Péter Olajos (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, en mi calidad de presidente responsable de tráfico del Intergrupo sobre desarrollo sostenible, acojo con satisfacción toda ley y todo programa comunitario que contribuyan al desarrollo de las redes ferroviarias y promuevan un tráfico que respete el medio ambiente.
Por lo que respecta al tercer paquete ferroviario, debemos tomar nota de que las redes ferroviarias y su desarrollo difieren sobremanera en los distintos países miembros. Mientras que en el oeste de Europa, las vías de alta velocidad alcanzan los 6 000 kilómetros, las redes ferroviarias de los países del Este están en su mayor parte descuidadas y decrépitas. Desde el punto de vista de un observador de Europa oriental y central, esto determina que la cuestión de la liberalización y la apertura de las redes ferroviarias nacionales a las compañías ferroviarias de otros Estados miembros resulte complicada. Por otra parte, la competencia inevitablemente mejora los servicios y la satisfacción de los clientes. El tren aparece como una opción más atractiva y esto reduce la congestión de las carreteras, un resultado deseable y que merece ser apoyado por sus efectos medioambientales positivos. Sin embargo, por otra parte, las compañías ferroviarias del este de Europa han adolecido durante mucho tiempo de una financiación insuficiente. La corrección de los errores y planteamientos de la política de desarrollo llevarían una enorme cantidad de tiempo y de dinero, tarea que no podría completarse razonablemente en el año 2008 ni tampoco para 2012.
Esto genera el grave riesgo de que las compañías ferroviarias de varios Estados miembros, incluido el mío, acaben en bancarrota debido a la competencia desleal, lo cual impondría una fuerte carga social, económica y política a los Gobiernos de los países en cuestión. En mi calidad de representante del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, naturalmente defiendo la competencia en este ámbito. Defiendo una competencia que sirva a la vez a los intereses de los ciudadanos y del medio ambiente. Sin embargo, en este caso, lo que tendríamos no sería una competencia leal, sino un predominio de las compañías dominantes. Por esto no puedo apoyar la propuesta de la comisión en su forma actual y pido que esta se reconsidere.
Jörg Leichtfried (PSE ).
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los ponentes por su competente labor. En el contexto de este llamado –y recalco la palabra «llamado»– tercer paquete, quisiera centrarme en dos directivas. En primer lugar, la directiva sobre la certificación de la tripulación de trenes y, en segundo lugar, la relativa a la liberalización.
Para empezar, por lo que se refiere al informe elaborado por mi colega y amigo, el señor Savary, debo decir que es especialmente importante que se adopte esta propuesta de directiva. De hecho, la considero parte del segundo paquete ferroviario y, dado que los servicios de transporte de mercancías ya se han liberalizado, es imperativo crear unas condiciones armonizadas a escala europea para los conductores de trenes y todo el personal de a bordo. Esta directiva también podría contribuir de forma significativa a una mejora duradera de la seguridad y es deseable que se aplique con la mayor celeridad posible.
Como seguramente sabe el señor Jarzembowski, tengo considerables reservas con respecto al contenido de su informe y sigo opinando que en ese sentido vamos por mal camino. En principio, no me opongo al informe, pero hay que señalar que hasta la fecha no hay noticia de que la liberalización haya tenido ningún efecto positivo desde el punto de vista de la seguridad, la calidad o las condiciones sociales del personal de a bordo. No se ha creado ningún marco adecuado de condiciones de competencia en el conjunto de la red y no hay garantías de que la calidad y la eficacia vayan a mejorar. También se han de tener en cuenta las malas experiencias de los países que ya han adoptado esas medidas.
Si el Parlamento realmente decide seguir por esta senda mañana, se encontrará en la situación ya descrita por un difunto artista de cabaret austríaco, que dijo «no sé a dónde voy, pero lo más importante es que pueda llegar pronto». Ciertamente estoy de acuerdo con el señor Jarzembowski y el señor Rack en que programar las resoluciones legislativas a esta hora no es precisamente lo más sensato que puede hacer el Parlamento.
Luís Queiró (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, si el transporte ferroviario fuera más ecológico, más seguro y más económico lo utilizarían un mayor número de empresas europeas y de usuarios privados. Sin embargo, según los diferentes documentos, especialmente el Libro Blanco, la cuota de mercado del transporte ferroviario está en un grave y preocupante declive.
Por tanto, nuestro objetivo debería ser invertir la tendencia intentando crear un mercado ferroviario competitivo y abierto. Esto es lo que, una vez más, estamos intentando hacer, con cuidado, resolución y, por supuesto, con respeto de las normas. Queremos garantizar a los Estados miembros el derecho a restringir la apertura de la red en ciertos casos, a la vez que se respetan los derechos de los trabajadores, garantizando así la seguridad y la calidad del servicio prestado.
La verdad es que no puede justificarse que se vete el acceso al mercado del transporte ferroviario de pasajeros a varios operadores de los Estados miembros por simple proteccionismo, a menudo por parte de monopolios estatales. Esto no beneficia de ningún modo y bajo ningún concepto a los usuarios. Sin embargo, en este paquete ferroviario figuran otras cuestiones que merecen un análisis más detallado.
En primer lugar, pensamos que los servicios de cabotaje deberían regularse en una futura legislación. Nos complace que el proceso de apertura de las redes se haga de forma escalonada, a fin de facilitar la adaptación de las partes implicadas, y esto podría ampliarse por los motivos que han expuesto varios oradores. En segundo lugar, sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros, habría que definir las competencias para emitir certificaciones para los conductores de trenes internacionales y otro personal de a bordo, con objeto de mejorar la seguridad y favorecer la libre circulación de los trabajadores.
Por último, voy a centrarme en el tema de las diferencias entre los derechos y las obligaciones de los pasajeros nacionales e internacionales. En nuestra opinión, la directiva debería aplicarse a ambos para que el sistema sea más sencillo y coherente.
Para concluir, en términos generales estamos de acuerdo con este paquete legislativo. Por esto también quiero dar las gracias a los ponentes y manifestar la esperanza de que el paquete se apruebe en el Parlamento y en el Consejo. Como ya se ha dicho, no se debe desaprovechar esta oportunidad. 
Emanuel Jardim Fernandes (PSE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero felicitar a la Comisión por haber tomado la iniciativa de presentar este tercer paquete ferroviario. Asimismo, quiero felicitar a los ponentes por sus excelentes informes y a los diputados a esta Asamblea, que han contribuido a enriquecer las propuestas encaminadas a revitalizar el transporte ferroviario mediante la creación de un mercado de transporte ferroviario interior, con el consiguiente aumento de la competitividad y de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea.
Aunque se trata de un paquete, cada una de sus partes se juzgará por sus propios méritos. Celebro la posición adoptada por la Comisión de Transportes y Turismo en relación con el informe Zīle, y, en conjunto, apoyo todos los informes, en particular el informe Savary, por sus elementos sociales y de seguridad, y el informe Sterckx.
En cuanto al informe Jarzembowski, quiero decir que en principio me agrada la idea de abrir el mercado de servicios internacionales de transporte de pasajeros, pero tengo mis reservas y, de hecho, algunas objeciones con respecto a su intención de llevar adelante la liberalización del transporte internacional, incluido el cabotaje y, cosa aún más grave, la liberalización de los servicios de transporte nacional a partir del 1 de enero de 2012.
La liberalización del transporte internacional puede contribuir en efecto a revitalizar el transporte ferroviario en la Unión, impulsando el crecimiento y estableciendo una relación de mayor equilibrio con el transporte aéreo y por carretera. También es cierto que una liberalización algo apresurada y poco armoniosa podría tener un impacto terrible en algunos países, como Portugal, donde todavía no han entrado en funcionamiento ciertas infraestructuras especializadas, como por ejemplo enlaces de alta velocidad, ni han empezado a aplicar su modelo de gestión, y donde la prestación de servicios públicos en el ámbito del transporte seguirá desempeñando un papel fundamental desde el punto de vista del empleo, del crecimiento económico y la receptividad con respecto a los usuarios.
Además, no se ha revisado el Reglamento 1191/69, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público. Por consiguiente, no existe la seguridad jurídica necesaria ni tampoco está garantizada la prestación en el marco de las obligaciones de los servicios públicos en el ámbito del transporte liberalizado.
Aunque estas dudas relativas al transporte nacional y al cabotaje son superables, nos parece que fijar la fecha del 1 de enero de 2012 para la liberalización de los servicios de transporte nacional es inaceptable y por esto pedimos que se reconsidere y que la última palabra al respecto se conceda a los Estados miembros. 
Zsolt László Becsey (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quiero empezar por expresar mi pleno acuerdo con la presentación del paquete ferroviario y con el principio de liberalización, pues me parece que el resultado serán unos ferrocarriles más eficaces que atraerán clientes. También es importante para los servicios de pasajeros, a fin de animarles a abandonar las carreteras y viajar en tren. Naturalmente, la expansión de las economías de escala también es necesaria.
Todo esto está muy bien. El problema que veo y sobre el cual quisiera llamar la atención del señor Jarzembowski es del desafío macroeconómico específico con que se enfrentan los nuevos Estados miembros. En concreto, existe una gran presión sobre estos para que introduzcan el euro y una presión constante de las fuentes de cofinanciacion para que iniciemos nuestro primer programa trienal. Tenemos que participar en la financiación agrícola, ya que nuestra contribución presupuestaria es un requisito previo para recibir ayuda directa. Esta gran presión a favor de un ingreso en la zona euro con la mayor brevedad posible obliga a esos Gobiernos a abordar la cuestión de la consolidación presupuestaria. Lo cual a su vez les lleva a ignorar a las grandes empresas nacionales que no están incluidas en el presupuesto nacional, como pueden ser las compañías ferroviarias nacionales. 
Por consiguiente, creo que en este momento nos es imposible aceptar el calendario de liberalización que se propone para los nuevos Estados miembros y, especial, para el cabotaje. Propongo que establezcamos un período de transición que nos dé tiempo para prepararnos, para dar una oportunidad a nuestra compañía ferroviaria nacional, sobre todo dado que los nuevos Estados miembros son «parcelas de tránsito» muy grandes y enormes mercados de tránsito. Tenemos que ofrecerles las mismas oportunidades. Por esto, el Tratado de adhesión incluye períodos de transición hasta 2007 para el transporte de mercancías. El sector de los servicios públicos también está infradesarrollado. Temo que nos dejen con unas líneas ferroviarias secundarias que operarán con pérdidas, mientras las grandes empresas ferroviarias absorberán todas las líneas principales. Otro motivo por el cual también pido que estudiemos la posibilidad de introducir algún período de transición.
Ulrich Stockmann (PSE ).
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los esfuerzos para posibilitar la revitalización de los ferrocarriles europeos empezaron ya en 1994. Ahora, con el tercer paquete ferroviario concluyen nuestros esfuerzos legislativos. La propuesta actual decidía, y decide, la armonización necesaria en el ámbito técnico, administrativo y, en parte, social, además de la liberalización gradual de todos los servicios ferroviarios para 2012.
Esto sienta las bases para el desarrollo de una cultura ferroviaria europea, que permita que el ferrocarril recupere su importancia y competitividad dentro del sistema de transportes paneuropeo. Los esfuerzos de liberalización del transporte ferroviario no están impulsados por convicciones ideológicas, sino por una necesidad desde el punto de vista de la política de transportes. Nacen del hecho de que el mercado interior, el Espacio Económico Europeo y también el espacio cultural europeo necesitan el ferrocarril como medio de transporte que no funcione solo en mercados parciales independientes. El ferrocarril ofrece ventajas sistémicas inherentes, sobre todo en los largos tramos transfronterizos. Esta reorientación exhaustiva es la única manera de contrarrestar las grandes pérdidas que han sufrido los ferrocarriles desde el punto de vista del volumen del transporte: en favor de las carreteras en el caso del transporte de mercancías y en favor de las compañías aéreas de bajo coste y también de las carreteras en el caso del transporte de pasajeros. Es comprensible que algunos empleados estén nerviosos ante un cambio tan radical. Sin embargo, los 18 años transcurridos entre 1994 y 2012 permiten garantizar que ha sido, y sigue siendo, posible efectuar todos estos cambios de una forma socialmente viable.
Como anticipo de la organización del mercado ferroviario de pasajeros, la semana pasada se aprobó el ICE 3 para Francia y el año que viene probablemente le seguirá el TGV. Entonces habrá trenes de alta velocidad directos de París al sur de Alemania. Los responsables han comprendido las tendencias actuales. La adopción del tercer paquete ferroviario significaría que también las hemos comprendido. A fin de seguir revitalizando los ferrocarriles, debemos incluir en nuestra agenda la plena armonización de las condiciones de la competencia entre las diferentes modalidades de transporte y encontrar nuevas fuentes de financiación para la infraestructura ferroviaria y, en particular, una estrategia que permita mejorar la integración de modalidades de transporte, como puede ser el transporte de pasajeros intermodal. 
Małgorzata Handzlik (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente, señor Jarzembowski, por su detallado informe sobre la liberalización de los ferrocarriles nacionales. Este es especialmente importante para los nuevos Estados miembros.
En mi calidad de diputada polaca a esta Asamblea, quiero compartir brevemente dos reacciones con ustedes. Para comenzar, quiero recordar a la Asamblea que los dos primeros paquetes aún no se han aplicado en su totalidad en algunos Estados miembros. Además, no se han evaluado a fondo. Todo esto dificulta notablemente el debate sobre el tercer paquete ferroviario.
En segundo lugar, por lo que respecta a este último, estoy convencida de que se basa en gran parte en las experiencias de los antiguos Estados miembros y no tiene en cuenta la situación de los nuevos países. Pienso en particular en el informe del señor Jarzembowski, donde la fecha para la liberalización de los servicios de transporte de pasajeros se fija en 2008, dos años antes de lo que propugnaba la propuesta de la Comisión. Además, en el informe del señor Jarzembowski se amplía el alcance de la liberalización para incluir el cabotaje. Cualquiera que conozca la situación actual del transporte de pasajeros en los nuevos Estados miembros comprenderá que esas medidas resultarían muy perjudiciales. Habría que tener presente que los nuevos Estados miembros son bastante menos competitivos que los antiguos y que en general carecen de material rodante moderno y que sufren un déficit de inversiones escasa en infraestructuras ferroviarias y una infrafinanciación de los servicios de transporte regional. En consecuencia, ampliar el alcance de la liberalización y acelerarla desestabilizará por fuerza la posición ya precaria de los nuevos Estados miembros, en particular porque la Comisión no ha aportado una financiación adecuada de los fondos de la Unión para la adquisición de nuevo material rodante para el transporte de pasajeros. Las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros no están en condiciones de poder desembolsar grandes sumas.
De lo que acabo de decir se desprende que los fuertes probablemente acabarán imponiéndose sobre los débiles y no creo que la Unión se deba construir sobre una base así. Señorías, la Unión no pretende el dominio. En efecto, más bien al contrario, la Unión consiste sobre todo en una acción conjunta solidaria a favor de una única Europa fuerte, que no clasifique a sus Estados miembros desde el punto de vista de su fortaleza o debilidad. 
Marta Vincenzi (PSE ). –
   Presidente, Señorías, considero bastante equilibrado el conjunto de las tres propuestas que se refieren al transporte de viajeros, tal como han surgido del debate y de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Transportes.
En mi opinión, es evidente que en los servicios ferroviarios debe haber espacio para los servicios públicos, con obligaciones definidas a través de contratos de servicio público, mientras el resto del mercado es competencia reglamentada con normas uniformes para todos.
Pero precisamente este es el problema, señor Comisario, porque necesitamos una aprobación rápida del reglamento sobre las obligaciones de servicio público. Es un asunto antiguo. La Comisión, como sabe, ha presentado un nuevo texto, que el Parlamento no ha debatido todavía, en el que no se encuentran, si no he entendido mal, referencias a las normas de calidad uniformes, solo se habla de ellas para los servicios públicos, y no para todos los demás. 
No quisiera tener que reconocer que el punto de vista político de la Comisión no va en la dirección indicada en 2002, ni en la confirmada por el debate en la Cámara y en la Comisión de Transportes. Debemos ocuparnos, por tanto, de que la liberalización pueda ser considerada como lo que pienso que es, a saber, un instrumento útil para aumentar la calidad de los servicios, pero también para dar un impulso al desarrollo, respetando el territorio y el medio ambiente.
Este aspecto es fundamental y el Parlamento debe responsabilizarse también del mismo. Pido, por tanto, a la Comisión, que tenga en cuenta el trabajo que hemos desarrollado en el Parlamento y las enmiendas aprobadas; pido además a la Presidencia británica que promueva a este respecto un acuerdo político ambicioso en el Consejo de Transportes de diciembre, dejando claro que un modelo de transporte verdaderamente europeo es viable.
Stanisław Jałowiecki (PPE-DE ). –
   En primer lugar, quiero apoyar lo que ha dicho el señor Rack. Merece la pena señalar que en esta Cámara dedicamos las horas del día a hacer declaraciones que suenan muy bien, para después, ya entrada la noche, ponernos manos a la obra y modificar la legislación que afecta a la vida cotidiana en Europa. Me gustaría cambiar este orden, de manera que debatiésemos las disposiciones legales a la luz del día con una buena asistencia de público.
Sería un placer debatir el excelente informe del señor Jarzembowski y deleitarse con él si no fuera por el hecho de que no se puede debatir en el vacío. El contexto es crucial y va más allá de la animosidad de los franceses hacia los fontaneros, los carniceros o los panaderos polacos. También interviene la resistencia frente a la Directiva sobre los servicios o a la deslocalización en la Unión. Se está desplazando a las pequeñas empresas de los mercados europeos locales para dar paso a un desfile de locomotoras europeas que transportan a millares de pasajeros que pagarán sus billetes en euros, no en zlotys. Se supone que tenemos que estar encantados con esto, porque, después de todo, se supone que estamos a favor de abrir el mercado, ¿no es así?
También hay que tener en cuenta otro contexto, concretamente la situación técnica de los ferrocarriles polacos. No hemos tenido tiempo ni dinero para compensar años de abandono. Es inevitable concluir que vamos a salir perdiendo con la liberalización del transporte. Es una batalla en la que por fuerza habremos de batirnos en retirada. Una vez más, se espera que lo hagamos con una sonrisa, porque, después de todo, se supone que estamos a favor de la apertura del mercado, ¿no es así? La solidaridad o, al menos, un equilibrio razonable apenas tienen cabida en todo ello. Les ruego me perdonen si les confieso que todavía no sé cómo voy a votar mañana. 
Nikolaos Sifunakis (PSE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, estamos a favor de la liberalización del transporte internacional ferroviario de pasajeros, siempre que sea un medio necesario para revigorizar el transporte ferroviario mediante la promoción de la competencia a fin de crear un mercado interior moderno y genuino.
Sin embargo, tenemos ciertas reservas sobre el informe del señor Jarzembowski. Estamos a favor de una liberalización más gradual del transporte internacional de pasajeros. Nos parece que la fecha de 2008 propuesta en el informe es prematura, y por este motivo la fecha de 2010 propuesta por la Comisión nos parece más realista.
En cuanto a los derechos de las compañías ferroviarias para llevar a los pasajeros entre estaciones en el mismo Estado miembro por una ruta de pasajeros internacional, opinamos que es preferible que se aplique a partir de 2010.
Asimismo, albergamos dudas en particular con respecto a la liberalización del mercado nacional, y por ello creo que no deberían adoptarse las modificaciones que estipulan la liberalización del transporte nacional para 2012.
También nos parece muy importante que los Estados miembros puedan restringir el acceso a una ruta regida por un contrato de servicios públicos, cuando sea necesario para mantener el equilibrio económico de la ruta.
A pesar de las diferencias que podamos tener, votaremos a favor de la propuesta, porque creemos que la liberalización puede ayudar a mejorar el transporte ferroviario de pasajeros.
En cuanto al informe del señor Savary sobre la certificación del personal conductor de trenes, nos parece muy importante que se apruebe lo antes posible, dado que el transporte ferroviario ha de ser seguro, especialmente en la fase previa a la liberalización del transporte de mercancías.
Por último, con respecto a los derechos de los pasajeros, estamos de acuerdo con el informe, especialmente en cuanto a la facilitación del acceso de personas con discapacidad a trenes y estaciones ferroviarias, pero sin excepción: ha de aplicarse en todas partes, tanto en el transporte nacional como en el europeo. 
Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, estoy convencida de que el tercer paquete ferroviario es una fase final importante en la creación de un sistema europeo común de servicios de transporte ferroviario. Estoy de acuerdo con los principios establecidos en las directivas del tercer paquete. Defiendo que los principios generales requeridos para abrir el mercado europeo de los servicios de pasajeros se aplique en la legislación nacional para 2006. Hungría, un Estado miembro nuevo, ya lo ha hecho. Estoy de acuerdo en que los Estados miembros puedan decidir, incluso de forma recíproca, conceder un acceso más temprano a su infraestructura ferroviaria. Definitivamente, es un caso para una Europa de varias velocidades. Sin embargo, si algunos Estados miembros deciden abrir sus mercados unos años más tarde, hay que darles esta opción. Actualmente no figura en las normas, y al mismo tiempo la propuesta va más allá, abriendo el mercado de los servicios nacionales de pasajeros. Esto, sin embargo planteará desafíos a una serie de Estados miembros, incluso algunos nuevos, que llevará tiempo abordar: contratos de servicios públicos, soluciones para zonas con escasez de servicios, tareas logísticas y la reestructuración de las empresas ferroviarias con todas las consecuencias que ello implica para el personal. Estas tareas no son simplemente cuestión de una decisión parlamentaria nacional, sino que necesitan su tiempo.
Hemos de darnos cuenta de que mientras los Estados miembros nuevos muestran un ritmo más rápido de desarrollo económico que los Estados miembros más tradicionales, existen algunos ámbitos donde progresamos a un ritmo más lento. Los servicios ferroviarios conservan valores en los nuevos Estados miembros, valores que pueden acabar siendo víctimas de una transformación excesivamente rápida. Estos valores no solo son de tipo nacional, sino, con la aplicación del tercer paquete ferroviario, que apoyo, también serán valores europeos comunes. Pido al Parlamento que lo tenga en cuenta en la votación de mañana.
El Presidente.
   – Antes de que responda el Comisario, varios diputados se han referido a la importancia de la legislación y al horario programado para este debate.
Una de mis responsabilidades como Vicepresidente es la COSAC, la Conferencia de Parlamentos nacionales de la Unión Europea. Esa conferencia eligió el tercer paquete ferroviario, hace algunos meses, como la base para realizar una prueba de subsidiariedad; en otras palabras, la forma en que la legislación es aplicada por los órganos legislativos nacionales. Así reconoce la importancia de esto. 
Jacques Barrot,
   . Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. En efecto, hemos elegido el tercer paquete ferroviario para hacer una prueba de subsidiariedad, o dicho de otro modo, de la manera en que los Parlamentos nacionales aplican la legislación. Esto demuestra la importancia que concedemos a este texto.
En primer lugar, diré unas palabras de agradecimiento para todos los oradores, a los que he escuchado con atención. No obstante, permítanme dar las gracias muy especialmente a los ponentes. He tomado nota, en lo que ha dicho el señor Savary, de que el texto del que es ponente transmite un mensaje significativo y contiene un hermoso ejemplo de acuerdos bilaterales entre sectores. He tomado nota también, en las palabras del señor Sterckx, de la idea de que los derechos de los viajeros pueden suscitar la confianza de los usuarios en el ferrocarril. Agradezco al señor Zīle que haya buscado un compromiso aceptable y quiero decir al señor Jarzembowski que aprecio su insistencia en el hecho de que la apertura a la competencia debe facilitar la transferencia de la carretera al ferrocarril, pues sin duda también queremos conseguir eso.
Intentaré responder, señor Presidente, sin entrar en todos los detalles. Previamente, y dado que se me ha preguntado, quisiera recordar que el primer paquete ferroviario ha sido transpuesto por todos los Estados miembros, a excepción de determinadas directivas en dos de ellos. La Comisión ha iniciado ya los procedimientos de infracción contra esos Estados miembros. Por lo que respecta al segundo paquete, la Comisión sigue de muy cerca el proceso de transposición al Derecho nacional. Les recuerdo que el vencimiento principal para la transposición es mayo de 2006, salvo para la apertura del mercado del transporte interior de mercancías, que se ha fijado para finales de diciembre de 2005.
Hechas estas precisiones, intentaré, sin entrar en todos los detalles, presentarles un poco la visión de la Comisión sobre el trabajo del Parlamento y la Comisión de Transportes y Turismo. Quiero agradecer al presidente Costa y a todos los miembros de la Comisión de Transportes que hayan hecho un trabajo en profundidad. El interés de un paquete es poder relacionar entre sí los distintos textos que lo integran para conseguir una reforma global y equilibrada, que permita a la vez una apertura de los mercados beneficiosa para los consumidores y el establecimiento de un marco reglamentario que garantice la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Creo que todo ello, tanto la puesta en competencia como el marco reglamentario, nos permitirá invertir la tendencia a favor del sector ferroviario, como ha destacado el presidente Costa.
La mayoría de las enmiendas propuestas mejoran la calidad de las propuestas legislativas, pero algunas plantean problemas. No obstante, estoy convencido de que se encontrarán soluciones pragmáticas a estas cuestiones a lo largo del proceso legislativo.
Comenzaré con la propuesta de reglamento sobre la calidad del flete. Evidentemente, la Comisión examinará cuidadosamente la posición final del Parlamento y del Consejo para sacar consecuencias. Sin embargo, debo manifestar claramente el interés de este texto, porque hay que reconocer que la situación en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril ha evolucionado poco desde la propuesta de la Comisión de marzo de 2004. La puntualidad en los transportes internacionales combinados ferrocarril-carretera sigue siendo insuficiente: en 2005, el 35 % de los trenes están llegando con retraso. Además, según el sector ferroviario europeo, en el transporte ferroviario convencional menos de un contrato de cada tres contiene una cláusula de calidad que prevea compensaciones en caso de retraso.
Se ha podido oír aquí y allá: ¿por qué ha propuesto la Comisión este dispositivo sobre la calidad del flete? El mero hecho de haber planteado el problema ha tenido ya un efecto positivo en el sector. En los últimos meses hemos asistido a la negociación de acuerdos marco entre asociaciones de clientes y determinadas empresas ferroviarias. Esas negociaciones han tenido por objeto compromisos de calidad. Por supuesto, me informaré de lo que el Parlamento y el Consejo decidan y, si confirman su oposición a la elección del instrumento legislativo, habrá que pedir a los agentes que encuentren otras vías y medios para alcanzar el objetivo compartido por las tres instituciones, que es la mejora de la calidad de los servicios internacionales de transporte de mercancías por ferrocarril. Así conseguiremos, en efecto, una transferencia de la carretera a favor del ferrocarril. Esto por lo que se refiere al primer punto, y vuelvo a dar las gracias al señor Zīle.
Por lo que respecta a las demás propuestas, expondré a grandes rasgos la posición de la Comisión y, señor Presidente, transmito a la Presidencia la posición detallada sobre cada enmienda(1).
Paso ahora al informe del señor Savary sobre la directiva relativa a la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes. Nos parece que la mayoría de las enmiendas van en el sentido correcto. Testimonian, lo digo con toda sencillez, un trabajo de calidad. Esta directiva transmite una señal social que hace posible que todo el personal del transporte ferroviario pueda sentirse partícipe de la rehabilitación de este modo de transporte.
No obstante, hay algunas enmiendas que plantean dificultades. Así sucede con la financiación de la formación o la obligación de reembolso en determinados casos, que suscita ciertas reservas por nuestra parte debido a las interferencias con el Derecho laboral, la flexibilidad del mercado y el derecho a la movilidad. Ocurre lo mismo con las posibilidades de excepción temporal para los conductores nacionales. Su comisión propone que los Estados puedan aplicar una excepción temporal a las normas aplicables a los conductores interiores. En opinión de la Comisión, tales excepciones a escala de países enteros plantean auténticos problemas y, por ello, no es favorable. Desde el punto de vista social, tendríamos dos clases de conductores, cuando en la práctica esas categorías no son estancas, lo que podría plantear problemas de carrera. Y además, desde el punto de vista económico, los Estados estarían obligados a mantener dos legislaciones diferentes, dos sistemas de acreditación, de reconocimiento de formadores. En resumen, cabe preguntarse si esta dualidad no generará costes adicionales. Todo esto, señor Savary, no resta nada a la calidad del trabajo realizado.
Hay también disposiciones aplicables a los demás agentes, lo que me parece legítimo. Se trata de personal a bordo no conductor pero que participa en las tareas relativas al transporte ferroviario. El espíritu de su propuesta coincide con el de la Comisión. Simplemente, hay que velar por que el anexo sobre la «comitología» esté bien definido para que no plantee problemas jurídicos.
Está después el problema del incumplimiento de determinadas condiciones por el conductor, una vez que ha obtenido la licencia de base y el certificado complementario armonizado. Sin duda, serían deseables ciertas reformulaciones para tener debidamente en cuenta los derechos y los deberes de los conductores y los del empresario y la autoridad competente.
Por último, está el problema de las comprobaciones periódicas. La Comisión propone remitirse al sistema de gestión de la seguridad que cada empresa ferroviaria debe implantar. Hay que encontrar a este respecto un equilibrio entre las prescripciones recogidas en el dispositivo y las que deben incluirse como anexo. Disculpe, señor Presidente, que a una hora tan tardía vierta al debate una serie de elementos muy técnicos, pero se debe a la calidad del trabajo de la Comisión de Trasportes. Esto por lo que se refiere al texto sobre el permiso del conductor, que, como he podido observar esta tarde, reúne un acuerdo muy amplio del Parlamento.
Paso al tercer informe, la propuesta de apertura del mercado de los servicios ferroviarios internacionales de viajeros. La Comisión aprecia el informe del señor Jarzembowski y se suma a la idea –varios diputados la han mencionado– de vincular esta propuesta a nuestra propuesta modificada sobre los servicios públicos de transporte terrestre. No obstante, señor Jarzembowski, expresamos nuestra reserva con respecto a las enmiendas que contienen una anticipación de la fecha de apertura para los servicios internacionales de viajeros de 2010 a 2008.
La Comisión considera que 2010 es una fecha más adecuada, ya que solo entonces se habrá establecido y será realmente operativo el conjunto del marco institucional y procedimental requerido. Están las autoridades nacionales de seguridad, los reguladores ferroviarios, está la labor de la Agencia Ferroviaria Europea. Añadiré que la mayoría de los proyectos de líneas internacionales de alta velocidad no concluirán hasta 2010 y, en esas infraestructuras, se concentrará en el futuro el tráfico internacional de viajeros. 
Por otra parte, la Comisión tampoco puede apoyar la apertura del mercado interior de viajeros en 2012. Esta propuesta nos parece prematura y difícilmente realizable, pues es un asunto muy sensible. La Comisión tiene dificultades también para aceptar la enmienda que introduce la posibilidad de que los Estados miembros anticipen la apertura de su mercado con la condición de una cláusula de reciprocidad, ya que tales cláusulas pueden resultar discriminatorias en función de la nacionalidad. 
Sea como fuere, la Comisión acoge con agrado el informe del señor Jarzembowski. Podemos aceptar las enmiendas que contiene sin perjuicio de algunas modificaciones de redacción. Pienso concretamente en la prolongación de la duración normal de los acuerdos marco para el uso de la infraestructura ferroviaria o en la aclaración de las condiciones en que los derechos de un operador de acceso abierto podrían limitarse si entran en conflicto con los derechos resultantes de un contrato de servicio público. Este enfoque es equilibrado y respeta las distintas situaciones nacionales. Esto es lo que quería decir sobre este proyecto de directiva.
Paso ahora el informe del señor Sterckx relativo al reglamento sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril. Desde marzo de 2004, el debate sobre los derechos de los pasajeros ha avanzado mucho en nuestras instituciones. En el Consejo, un debate en profundidad está dando resultados. El régimen de responsabilidad civil de las compañías ferroviarias incorporado al nuevo acuerdo COTIF-CIV de 1999 debería entrar en vigor por fin antes de final de año.
Señor Sterckx, también a usted quiero reiterar una vez más mi gratitud por el trabajo realizado. Su preocupación ha sido ampliar el ámbito de aplicación del reglamento y ha propuesto hacerlo para abarcar asimismo los servicios nacionales. No obstante, me temo que tal ampliación no sea realizable de inmediato. Me comprometo a estudiar esta cuestión más detenidamente y volver sobre ella en una fase posterior, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del reglamento sobre los viajes internacionales.
El segundo punto de su informe es la aplicación del marco internacional COTIF-CIV relativo a la responsabilidad civil. La Comisión está dispuesta a responder favorablemente a sus peticiones. No obstante, el régimen de responsabilidad, tal como está definido por el COTIF-CIV, no parece reforzar la posición de los pasajeros en caso de accidente, al menos no tanto como deseaba la Comisión.
Por último, me limitaré a dos puntos clave en los que la Comisión desearía obtener su apoyo. En primer lugar, la obligación de proporcionar a los viajeros la información que necesitan. Señor Presidente, ustedes lo han evocado con un ejemplo: los billetes integrados en toda la red europea. El análisis de impacto de la apertura del mercado de los servicios internacionales de viajeros demuestra que su éxito depende en gran medida de un acceso eficaz a la información y al título de transporte. El viajero ferroviario en Europa debe tener el derecho y la posibilidad de viajar con un billete que le permita cruzar varias fronteras de la Unión. Para que este derecho sea realmente efectivo, las compañías ferroviarias, incluidas las que estén en situación de competencia, deben cooperar.
En segundo lugar, por lo que respecta al régimen de responsabilidad civil en caso de accidente, hay que llegar indiscutiblemente a un seguro obligatorio. Exigir una cobertura mínima como esta permite garantizar una indemnización justa a los viajeros en caso de accidente, al mismo tiempo que se mantienen unas condiciones equitativas para las compañías ferroviarias que tengan problemas de financiación. En todo caso, señor Sterckx, reciba mi agradecimiento también por lo que ha hecho por los viajeros con movilidad reducida. Estoy personalmente muy interesado en ello. Lo que puedo decirle es que, si como espero, el Parlamento y el Consejo aceptan esta propuesta, me ocuparé personalmente de velar por su aplicación efectiva, porque creo que es un punto esencial para dar al sector ferroviario la imagen de marca que debe adquirir.
Señor Presidente, deseo vivamente que estos textos, así mejorados y enriquecidos por el Parlamento, puedan obtener también la aprobación del Consejo. Una vez más, quisiera dar las más vivas gracias al Parlamento. Nos encontramos en un momento doblemente crucial. Hemos comprendido que, por razones de medio ambiente, pero también por razones de ahorro energético y de riesgo de congestión de las autopistas y las carreteras de Europa, debemos favorecer esta transferencia modal, más exactamente esta combinación entre los distintos modos de transporte, quedando entendido que el ferroviario, el fluvial y el marítimo son indiscutiblemente soluciones interesantes para el tráfico a más larga distancia.
Por otra parte, he escuchado con atención a los diputados que han hablado de la subsidiariedad, estamos totalmente de acuerdo. Hay cosas que deben mantenerse en el ámbito de competencia del Estado nacional. Precisamente por esta razón vamos a proceder a un control de la subsidiariedad. No obstante, por lo que respecta al sector ferroviario, Señorías, partimos de lejos. Era realmente un espacio muy nacional, por no decir nacionalista, que ha impedido al sector adquirir el lugar que le corresponde en una Europa que hoy necesita movilidad a través de los distintos Estados miembros.
A este respecto, había que avanzar, y agradezco mucho al Parlamento que nos permita así, juntos, no reducir las competencias de los Estados miembros de la Unión, sino mostrar que en este ámbito y en el ámbito ferroviario, la Unión Europea y la idea de una política a escala europea aportan un valor añadido evidente. Por ello, agradezco vivamente al Parlamento y a la Comisión de Transportes que hayan efectuado este trabajo en profundidad, que nos va a ser especialmente útil en los próximos días.
El Presidente.
   El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ).
   – Este informe, en una palabra, es inaceptable. De nuevo se ha presentado al Parlamento un informe destinado a acelerar la liberalización de servicios públicos, en este caso, el transporte ferroviario de pasajeros, y va mucho más allá de la propuesta de la Comisión.
La propuesta, que forma parte de lo que se designa el «tercer paquete ferroviario», ha sido eufemísticamente apodada «el desarrollo de los ferrocarriles», y pretende liberalizar el transporte internacional de pasajeros para 2010.
El informe va incluso más allá, defendiendo la liberalización del transporte internacional de pasajeros (2008) y el transporte nacional (2012). Aún más, los Estados miembros pueden adelantar ambas fechas.
La Comisión y el Parlamento quieren presionar con el proceso de liberalización y privatización del transporte ferroviario incluso antes de haber aplicado del todo el «primer» paquete y el «segundo», y antes de haber redactado un informe de progresos sobre el verdadero impacto de, seamos claros, las medidas en ellos establecidas que son perjudiciales desde el punto de vista de los servicios prestados y las condiciones de trabajo de los trabajadores ferroviarios.
La finalidad de la liberalización de los ferrocarriles es servir en un plato este sector al sector privado, sometiendo a los ferrocarriles al imperativo del beneficio y están, sin embargo, masivamente subvencionados por los Estados miembros.
A fin de defender los servicios de transporte ferroviario público y las condiciones de trabajo de quienes trabajan en ellos, hemos presentado una moción para rechazar esta directiva. 


- La Comisión puede aceptar las enmiendas: 
La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes con modificaciones de redacción: 
- La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes en principio: 
- La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes en parte: 
- La Comisión rechaza las enmiendas siguientes: 
- La Comisión puede aceptar las enmiendas: 
- La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes en principio: 
- La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes en parte: 
- La Comisión rechaza las enmiendas siguientes: 
- La Comisión puede aceptar las enmiendas: 
La Comisión puede aceptar la enmienda siguiente con modificaciones de redacción: 
- La Comisión puede aceptar a enmienda siguiente en parte: 
- La Comisión rechaza las enmiendas siguientes: 
El Presidente.
   Se levanta la sesión.
