
El Presidente.
   Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 1 de abril de 2004.
El Presidente.
   Hoy tengo el triste deber de hablar del cobarde asesinato, a manos de terroristas en el Iraq, del ciudadano italiano Fabrizio Quattrocchi.
Deseo expresar, en nombre del Parlamento Europeo, que condenamos sin reservas este crimen despreciable y manifestamos nuestro más profundo pésame a la familia de la víctima, así como al Gobierno y los ciudadanos italianos.
Desde esta Cámara, hacemos un llamamiento a los secuestradores –actualmente en tantos lugares del Iraq– a que liberen inmediatamente a todos los rehenes. Este método no está sirviendo para lograr el objetivo de devolver el Iraq a los iraquíes de forma sostenible para todas las partes implicadas. Ruego guardemos un minuto de silencio.
Roth-Behrendt (PSE ).
   – Señor Presidente, en la prensa alemana están apareciendo acusaciones no especificadas de faltas cometidas por mí y algunos de mis colegas. Se trata de una cuestión que ya hemos planteado en esta Cámara. Lamentablemente, esas acusaciones no se refieren a mi trabajo; solo se dice que hay algo en mi comportamiento que resulta censurable, pero como no puedo saber de qué se me acusa, le pido, señor Presidente, que lo investigue.
Se ha dicho también en los medios de comunicación alemanes que esta semana usted se va a reunir con un diputado que le hará entrega de ciertas listas. Si eso es cierto, señor Presidente, le pido que averigüe de una vez por todas si hay algo de lo que se nos pueda acusar a mí y a mis colegas. De ser así, le pido que envíe de inmediato todos los documentos al Tribunal de Justicia europeo o al Tribunal de Cuentas y a la OLAF. Por supuesto, sería bueno que usted informase a aquellos contra quienes los medios están lanzando unas acusaciones tan graves, maliciosas y desagradables, sobre el motivo exacto por el que nos acusan; es decir, si es porque no hemos realizado nuestro trabajo correctamente o porque no hemos cumplido la ley.
El Presidente.
   Señora Roth-Behrendt, me parece desde luego muy desafortunado que alguien como su Señoría, que goza de muy buena reputación en esta Cámara, tenga que defenderse precisamente con respecto a lo que ha sido elegida para que haga y al liderazgo que ejerce en una comisión, así como en otros muchos aspectos de la labor de esta Cámara.
Como sabrá a raíz de mi declaración del último período parcial de sesiones, he pedido a un diputado a esta Cámara, que se ha destacado en los medios de comunicación impresos y audiovisuales de la zona germanoparlante, que me haga llegar todas las acusaciones concretas que existan, de forma que yo pueda cumplir mi obligación de cuidar de esta institución, de sus diputados y de su reputación. Aún no he recibido nada por escrito. Nadie me ha llamado ni enviado ningún mensaje de correo electrónico y, aunque a través de la prensa estoy informado de distintas intenciones, nadie ha tenido la cortesía de informarme personalmente al respecto. Su Señoría se refiere a reuniones que en realidad no aparecen en mi agenda de trabajo, ya que nadie las ha solicitado. Lamento afirmar que, en estas circunstancias, es imposible para la Cámara y para mí, en el desempeño de mi deber de velar por la Cámara y sus diputados, actuar de forma razonable o justa cuando, según tengo entendido, todo lo que hay son acusaciones generales significativas pero no sustanciadas, relacionadas con el Reglamento, y no acusaciones relativas a personas cuya responsabilidad es cumplir dicho Reglamento.
Como ya hice el mes pasado, solicito a aquellas personas que tengan pruebas que me las faciliten, para permitirme llevar a cabo mi obligación ante esta Cámara, sus diputados y los ciudadanos europeos. Por favor, dejen de golpear en la sombra: salgan a la luz y déjenme examinar con transparencia acusaciones sustantivas y transparentes.
Leinen (PSE ).
   – Señor Presidente, le agradezco sus palabras. La Sra. Roth-Behrendt se ha referido al contenido de las acusaciones de malversación de fondos contra algunos diputados de esta Cámara y, a continuación, usted ha hecho su propia contribución. Tan solo quiero recordarle a la Cámara cómo se han llegado a hacer esas acusaciones en los últimos tres años; el diputado al que se ha hecho referencia utilizó una cámara oculta para espiar a otros diputados mientras realizaban su trabajo. Con ello, ha infringido todas las reglas de honestidad, confianza y colegialidad.
No puedo creer que el Parlamento Europeo vaya a aceptar mansamente este tipo de cosas sin ninguna palabra de crítica. No son solo algunos diputados, sino toda la Cámara, la que sufre cuando se utiliza este tipo de espionaje para investigar nuestro trabajo. Le pido que lo condene expresamente por el interés de todos los diputados de esta Cámara.
El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 15 de abril de 2004, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. ¿Algún comentario?(1)
Podestà (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quiero referirme al informe Boogerd-Quaak, que además será el tema abordado por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que ha sido convocada para hoy a las 19 horas.
Antes de Semana Santa, señor Presidente, le escribí indicándole una serie de puntos que, desde un punto de vista procedimental y normativo, en mi opinión se contradicen con nuestro Reglamento. Aludí a su responsabilidad como Presidente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 19, de verificar la conformidad de los informes con nuestro Reglamento. En concreto –y ahora también hablo en nombre del Sr. Gemelli, que no ha podido estar hoy aquí, pero que sé que le escribió la semana pasada–, ni siquiera se consultó a la Comisión de Peticiones, lo que quiere decir que no se le pidió una opinión sobre el informe. Tenemos claro que no existe un fundamento jurídico, pese a lo cual nos encontramos en una situación realmente única en la que se hace referencia significativa, en este informe, a un documento de investigación redactado por un tercero no autorizado según los procedimientos habituales de nuestro Parlamento. Se trata de un documento que, además, se supone que es totalmente provisional, puesto que la situación se ha examinado solo en ocho de los 25 países y porque aún no han concluido las comparaciones previstas para finales de junio.
Por todo ello, señor Presidente, me pregunto cómo se puede debatir el informe en esta sesión y le pido, por tanto, que lo devuelva a la comisión competente a fin de que la Comisión de Peticiones pueda realizar una importante contribución.
Quiero recordar que esa no es responsabilidad de la Cámara. Verificar la correcta aplicación del Reglamento es responsabilidad de la persona que preside la institución y en ningún caso se trata de una cuestión que pueda decidirse por mayoría. Comprenderán que, en la cuna de la democracia, y sobre todo en un Parlamento que representa la suprema encarnación de la democracia, resulta inconcebible que se ignoren las obligaciones estipuladas en el Reglamento al decidir la cuestión por mayoría.
El Presidente.
   Muchas gracias por su comentario, señor Podestà. A raíz de la reunión de la semana pasada de la Conferencia de Presidentes, a la que usted asistió, tendrá constancia de que he pedido a los servicios que revisen la correspondencia muy detallada que ha mantenido usted conmigo con respecto al Reglamento y su aplicación. Desde mi llegada aquí hoy –un viaje que siempre se alarga, a pesar de mi temprana salida– no he tenido oportunidad de ver ninguna nota sobre este asunto que se haya preparado para la reunión de esta noche de la comisión competente. En estos momentos no estoy en condiciones de tomar una decisión sobre la admisibilidad. No obstante, la recomendación inicial que me han hecho –antes de que los servicios hayan tenido oportunidad de estudiar en profundidad la extensa carta que usted me ha remitido– parece sugerir que el informe puede ser admisible, aunque hay elementos que es preciso examinar cuidadosamente.
Hemos solicitado a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que se reúna esta noche para discutir las cuestiones planteadas en las observaciones que usted ha realizado con respecto al Reglamento y para examinar unas 350 enmiendas. Quiero que quede totalmente claro que, según el Reglamento, no tenemos tiempo esta semana de incluir un informe con tal cantidad de enmiendas. Por esto quiero que la comisión se reúna y trate el asunto.
Si he comprendido bien, usted ha solicitado una devolución a comisión y, por tanto, la eliminación de este punto del orden del dóa. Si es esta su petición, daré la palabra a un orador que esté a favor y a otro que esté en contra y, a continuación, votaremos. Sin embargo, señor Podestà, si está usted dispuesto a esperar a la reunión esta noche de la comisión para discutir este tema en lo que respecta al Reglamento y la admisibilidad, así como para tratar la cuestión del número de enmiendas, podríamos invitar a nuestros colegas de la comisión a que debatan estos asuntos más tarde.
Señor Podestà, desea entonces formular una petición de devolución o se contenta con que el tema se trate hoy en comisión? 
Podestà (PPE-DE ).
   – Estoy de acuerdo con usted, señor Presidente. Me parece bien que la comisión considere esta cuestión, pero sobre todo, –y también digo esto en nombre de mi colega, Sr. Gemelli– que las respuestas se basen en su valoración, señor Presidente, y en la información detallada que le darán los servicios. 
El Presidente.
   Lo haré por escrito tan pronto haya recibido una recomendación definitiva. Debo felicitarle por su profundo conocimiento de nuestro Reglamento: es mucho más profundo que el que tengo yo y por eso necesito que me aconsejen en este asunto. 
Frassoni (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, puesto que a usted le corresponde realizar esta importante verificación, le pido que lo haga con el máximo respeto hacia los deseos de la comisión competente; ya hemos tenido muchos problemas con la oficina de presentación de propuestas, sobre todo respecto a un informe –de mi colega Sr. Voggenhuber– que se debatirá en breve. En cuanto a la discreción y la admisibilidad de asuntos, le pido de corazón que considere seriamente la voluntad política manifestada por la comisión responsable después de un debate complicado.
Quiero decir también que, en lo que respecta al número de enmiendas, la gran mayoría de ellas han sido presentadas por el mismo grupo político. Por tanto, me pregunto si dicho grupo no estará practicando el obstruccionismo, algo de lo que hablaremos hoy.
Boogerd-Quaak (ELDR ),
   .  Señor Presidente, tengo que decir que, como ponente, me han sorprendido las 350 enmiendas presentadas en la sesión plenaria, cuando en la comisión mantuvimos un debate excelente, con muchas menos enmiendas de las que hay ahora. No obstante, he leído las enmiendas y esta tarde veremos en la comisión pertinente qué podemos hacer con todas ellas para garantizar que se presente una opinión al Parlamento.
Ahora bien, tengo la impresión de que en la sesión plenaria estamos haciendo el trabajo que no se ha hecho en la comisión pertinente. Asimismo, quiero decir que en toda Europa se apoya el contenido de este informe. Si piensan que algunas secciones no cumplen el Reglamento, me gustaría escuchar sus argumentos para, en su caso, retirar esas secciones, algo que todavía estamos a tiempo de hacer.
Se trata, en principio, de un informe excelente, al menos según sus defensores y detractores en el mundo de los medios de comunicación. Por tanto, no entiendo por qué debemos retirarlo ahora por ese tipo de razones. Me gustaría que esta cuestión se hubiera resuelto y visto ya. 
El Presidente.
   Varios diputados más han solicitado la palabra, pero no quiero suplir la labor que hará la comisión por nosotros esta noche. Si surgen cuestiones adicionales de observancia del Reglamento a raíz de la labor de la comisión esta noche, tendremos que tratarlos más adelante.
Ahora deseo cerrar este asunto y asegurar al ponente y a la comisión que serán los primeros de la Cámara en recibir el dictamen que me hagan llegar con respecto al Reglamento sobre este asunto. Evaluaremos el dictamen de la comisión sobre el modo en que debemos proceder.
Por el momento, dejemos que la comisión realice su labor en la reunión de esta noche y veamos qué es lo que hay. 
Fiori (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quiero poner fin al debate sobre el informe Boogerd-Quaak.
No se trata de hacer una valoración política de la comisión ni nada parecido; se trata de saber si se ha infringido el Reglamento. Puesto que la libertad de expresión es un asunto relevante y al que damos mucha importancia, queremos que se trate con seriedad y que siga debatiéndose. En consecuencia, creo –y obviamente hablo en nombre de mi grupo– que el informe debe devolverse a la comisión. 
El Presidente.
   Señor Fiori, pensaba que simplemente estábamos invitando a la comisión a examinar de nuevo el informe Boogerd-Quaak. Si, en nombre del Grupo del PPE-DE, insiste formalmente en devolverlo a comisión, daré la palabra a un orador a favor y a otro en contra y entonces podremos votar. 
Paciotti (PSE ).
    Señor Presidente, las quejas del Sr. Podestà y el Sr. Fiori me parecen totalmente infundadas. Afirman que se ha infringido el Reglamento porque la Comisión de Peticiones no ha dado su opinión. Se trata de una acusación completamente infundada. La misma Comisión de Peticiones nos envió la primera petición de conformidad con el artículo 7 del Tratado, para que pudiéramos examinarla.
La Conferencia de Presidentes autorizó a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores para redactar este informe por iniciativa propia. Se trata de un informe político y no jurídico. Recibimos dos peticiones más de información, pero no estamos decidiendo acerca de ellas. Decidimos al margen de ellas y la Conferencia de Presidentes, que encomendó a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores la elaboración de este informe, fue quien decidió a qué comisiones se consultarían. La Conferencia pidió que se redactase este informe y que se consultara a las comisiones «x», «y» y «z», no a la Comisión de Peticiones. En el mejor de los casos, podría considerarse la posibilidad de retirar la aprobación de estas peticiones que se enviaron indebidamente, pero no se ha cometido ningún error en lo que se refiere al Reglamento; y yo creo que la Presidencia puede valorar todo esto sin necesidad de devolver nada a comisión.
Simplemente se ha convocado a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, de conformidad con el apartado a del artículo 130 del Reglamento, para que compruebe algo obvio: si la décima parte de los miembros de la comisión apoyan cada una de las 330 enmiendas presentadas con fines obstruccionistas. Está claro que al haber sido presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrat-Cristianos) y Demócratas Europeos, las enmiendas obtendrán ese apoyo de la décima parte de los diputados y, por tanto, una vez realizada esa comprobación, habremos desempeñado la tarea que nos encomendó el Presidente.
El Presidente.
   Señor Fiori, he consultado el artículo 144 del Reglamento sobre la devolución a comisión. Permítame aclarar que está usted en su derecho de proponer la devolución a comisión, pero me lo debería haber notificado con 24 horas de antelación. No ha sido así, por lo que hoy ya no le asiste este derecho. Si lo desea, puede solicitar la devolución cuando procedamos a votar sobre el informe, si llegamos a hacerlo esta semana y si la comisión prepara el terreno esta noche. Por tanto, no pierde usted la oportunidad de proponer que se devuelva el informe, aunque en este preciso instante no puede hacerlo.
La comisión se reunirá hoy a las 19 horas y esperamos que aporte luz y un poco de calor sobre este asunto cuando volvamos a tratarlo.
He recibido la petición del Grupo GUE/NGL de incluir en el orden del día del martes el informe (A5-0274/2004) de la Sra. Eriksson, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre las consecuencias de la industria del sexo en la Unión Europea. 
Eriksson (GUE/NGL ),
    Gracias, señor Presidente. Entiendo que la Conferencia de Presidentes ha decidido retirar este informe, anteriormente examinado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Se ha hecho a petición del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quienes defendían engañosamente que el informe debía devolverse a comisión.
La comisión ha celebrado su última reunión y, puesto que no voy a volver a intervenir, quiero decir que su devolución supondría la sentencia de muerte de este informe por iniciativa propia. El informe se centra en la vertiente de la demanda en cuestiones como el tráfico de seres humanos y la explotación sexual. Si el Parlamento no debate el informe ni sitúa este aspecto en su contexto, no veo razón alguna para debatir la explotación sexual.
Por todo ello, solicito que se vuelva a incluir el informe en el orden del día de conformidad con el artículo 111 del Reglamento. 
Wurtz (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, quisiera apoyar la petición de la Sra. Eriksson por tres razones. En primer lugar, porque, como ella ha dicho, es nuestra última oportunidad de examinar este informe. Si no figura en el orden del día de esta sesión, caducará. 
La segunda razón es que ha dado lugar a un importante volumen de trabajo en comisión. Todo el mundo sabe que ha sido objeto de múltiples controversias, pero la comisión ha conseguido encontrar un compromiso. Por tanto, todo está preparado, y creo que sería justo dar una salida favorable al trabajo realizado. 
Por último, es una cuestión social muy sensible en muchos países. Se puede estar a favor del informe, se puede estar en contra, se puede querer modificarlo, pero pienso que lo peor de todo sería dar la impresión de que no queremos tratar este asunto. 
Por estas razones, señor Presidente, quisiera insistir en nombre de mi Grupo, aunque sé que el orden del día está relativamente congestionado, en que esta cuestión de inscriba en el orden del día de este periodo parcial de sesiones. 
Pack (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en nombre de mi grupo quiero decir que, aunque podríamos apoyar gran parte de lo que se dice en este informe, en conjunto no consigue un buen equilibrio; hay partes en él que carecen de sentido y que se contradicen, y todo se repite una y otra vez. Pido encarecidamente que nos distanciemos de este informe y que en otoño volvamos a los puntos importantes que contiene y que, en mi opinión, merecen ser debidamente considerados, en profundidad y con seriedad. 

 He recibido la petición del Grupo del PPE-DE de incluir una declaración de la Comisión sobre Eurostat, con propuestas de resolución, en el debate conjunto sobre la aprobación de la gestión de 2002. 
Poettering (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hemos dedicado nuestra atención durante muchas semanas y meses a Eurostat y, como bien sabe, muchos de los presentes hoy aquí quisieron incluso que esta Cámara manifestara su falta de confianza en la Comisión. Aunque yo siempre me he opuesto a un voto de desconfianza en la Comisión, esta Cámara tiene un interés legítimo en escuchar lo que la Comisión tenga que decir al respecto y su valoración de lo ocurrido en Eurostat. El hecho de escuchar la declaración de la Comisión y debatirla en esta Cámara es una prueba de imparcialidad, apertura y transparencia. 
Kuhne (PSE ).
   – Señor Presidente, los políticos demuestran siempre una extremada habilidad, cuando se avecinan elecciones, para encontrar la manera de poner a trabajar los procedimientos del Parlamento al servicio de sus respectivas campañas electorales. Permítame recordarle, señor Poettering que, como parte del debate de mañana sobre la aprobación de la gestión, veremos el informe realizado por un miembro de este grupo, el Sr. Bayona de Perogordo, que contiene todo un pasaje sobre Eurostat. Quiero recordarle también que todos nosotros en esta Cámara esperamos, obviamente, que la Comisión haga algún comentario al respecto mañana. No creo que tenga ningún sentido imponer al Parlamento un procedimiento cuya única finalidad es promover la armonía dentro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos después de que los conservadores británicos no hayan obtenido suficientes firmas para una moción de desconfianza en la Comisión.
La mayoría de los trucos utilizados para ayudar a las campañas electorales son demasiado obvios como para pasar desapercibidos, y una vez percibidos, tenemos que votar en su contra.

(2)
He recibido la petición del Grupo Verts/ALE de que haya sendas declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la situación en el Oriente Próximo. 
Frassoni (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, este período de sesiones está siendo especialmente complicado aunque, por desgracia, también lo es la situación mundial. Nuestra función de «ojos de la comunidad internacional» significa que debemos estar presentes y opinar sobre los sangrientos sucesos que están ocurriendo en el Oriente Próximo, puesto que la Unión Europea, representada por sus Estados miembros, es incapaz de hacerlo con suficiente energía y determinación.
Pedimos que esta declaración sobre el Oriente Próximo se incluya en el orden del día, porque queremos saber cómo actuarán el Consejo y la Comisión ante una situación en que –y de eso no cabe duda alguna– algunos gobiernos siguen echando leña al fuego con la finalidad de influir en el conflicto.
También llamo su atención, señor Presidente, sobre el hecho de que recientemente hemos aprobado una resolución sobre esta cuestión, y menciono en especial un párrafo en el que se insta al Consejo y la Comisión a considerar la posibilidad de actuar para hacer valer el artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Israel, si este último sigue practicando su política de asesinatos extrajudiciales. Creemos que, llegados a este punto, debemos celebrar un debate en el Parlamento y tomar una decisión al respecto, pero sobre todo debemos escuchar lo que la Comisión y el Consejo tengan que decirnos. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, creo que esto representa un cambio verdaderamente muy significativo o una clarificación de la postura norteamericana, y una postura de este tipo puede abrir una nueva brecha entre los Estados Unidos y Europa. Por eso es tan importante que se debata la cuestión. Si se argumenta que no hay tiempo suficiente para ese debate, podría realizarse conjuntamente con el debate de las relaciones transatlánticas, para las que el Oriente Próximo representa un grave problema político. El hecho de que haya otros debates no es, por supuesto, una excusa; si verdaderamente se llega al caso, podría debatirse junto con las relaciones transatlánticas, aunque se trate de un tema importante y cualquier posible declaración tenga que verse por separado. 

 Como saben, ese día tendremos debates sobre Chipre y las relaciones transatlánticas. Puede que dichos debates se solapen con el turno de preguntas. Lo señalo porque que Chipre necesita un espacio en nuestro orden del día. Es un hecho que, aparte del Oriente Próximo, existen muchos asuntos transatlánticos que también necesitan espacio. Por lo tanto, indico que, con carácter excepcional, en esta ocasión –y me disculpo por adelantado ante el Sr. Posselt, así como el Sr. Puerta, nuestro Vicepresidente que no deja de decirnos que no debemos hacer esas cosas– puede que invadamos el turno de preguntas.(3)

El Presidente.
   El 14 de abril de 2004 recibí una carta del Sr. Gargani, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en la que, a petición de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, me informaba de que la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda solicitar al Tribunal de Justicia Europeo un dictamen para que el Tribunal examine si el objeto de un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el tratamiento y transferencia de datos de los expedientes de los pasajeros (PNR) es compatible con el Tratado, y para que establezca si el contenido del acuerdo podría atentar contra el derecho fundamental a la protección de datos consagrado en el Tratado y en varias directivas europeas.
Como saben, mañana por la tarde la Cámara debatirá el informe Boogerd-Quaak sobre el acuerdo UE-Estados Unidos relativo a las cuestiones relacionadas con los PNR. No quiero que tengamos este debate ahora. El motivo por el que deseo consultar a la Cámara en este momento radica en que nuestro Reglamento es claro: si sigo el consejo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, actúo como una especie de cartero que transmite la petición al Tribunal de Justicia. Considero, dados los asuntos implicados, que me sería de utilidad conocer el consejo y la orientación de la Cámara. Por tanto, en virtud del Reglamento, he pensado que sería conveniente hacer un alto para pensar y abordar el asunto en la apertura de la sesión de hoy y escuchar una breve declaración de la Comisión y de los Grupos y, posteriormente, solicitar a los Grupos que mañana al mediodía me den su recomendación sobre si se debo proceder a presentar el asunto ante el Tribunal.
He pedido al Comisario Bolkestein, quien ha estado aquí esperando pacientemente mientras establecíamos el orden de nuestros trabajos, que haga un breve anuncio sobre este aspecto del asunto. 
Bolkestein,
    Señor Presidente, gracias por darme la palabra en relación con este tema tan controvertido. La pregunta que se ha planteado a la Comisión es muy precisa: ¿está la Comisión dispuesta a retirar su propuesta al Consejo de concluir un acuerdo internacional con los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y transferencia de los datos personales de los pasajeros de las compañías aéreas a los Estados Unidos?
El contexto en el que se formula esta pregunta también está claro. Si la Comisión no señala su voluntad de cumplir el deseo del Parlamento expresado en su Resolución del 31 de marzo –concretamente, sustituir el actual acuerdo «descafeinado» y obtener garantías de un nivel de protección adecuado mediante un acuerdo internacional más sustantivo–, el Parlamento votará a favor de que se solicite un dictamen del Tribunal de Justicia Europeo sobre la legalidad del acuerdo actualmente sometido a la Cámara.
La Comisión agradece esta oportunidad de manifestar su postura antes de la votación. En este contexto, entiendo que el Parlamento pide respuestas de la Comisión sobre dos cuestiones. En primer lugar, el Parlamento desea saber si el acuerdo internacional propuesto modifica la Directiva de protección de datos en lo que respecta al intercambio de datos con los Estados Unidos y, por tanto, si el acuerdo se encuentra bien fundamentado en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales y las prerrogativas del Parlamento Europeo. En segundo lugar, el Parlamento desea que la Comisión aclare la situación en cuanto a la transferencia de datos por los Estados Unidos a Gobiernos de terceros países.
Sobre el primer punto, la Comisión no considera que el acuerdo internacional modifica la Directiva de protección de datos, por lo que no existe motivo para fundamentarlo en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado. Si el acuerdo hubiera modificado la Directiva, la Comisión habría propuesto un fundamento jurídico distinto del acuerdo y habría solicitado la aprobación del Parlamento. No obstante, repito, a nuestro juicio el acuerdo no modifica la Directiva.
El acuerdo mantiene intacta la protección establecida en la Directiva; en particular, el requisito de proporcionalidad y la necesidad de que los datos personales se traten honesta y legalmente. Sin embargo, el acuerdo internacional es necesario para asegurar un fundamento legítimo según el cual las líneas aéreas y los sistemas informáticos de reserva procesen los datos PNR tal y como han solicitado los Estados Unidos, en la medida en que estén amparados por una garantía de nivel de protección adecuado.
A partir de ahí, el acuerdo internacional contiene algunas garantías importantes para la Unión Europea; en particular, el compromisos de los Estados Unidos con respecto a la no discriminación y reciprocidad, así como una revisión conjunta por la Unión Europea y los Estados Unidos de la implementación del acuerdo.
Con respecto al segundo punto relativo a las transferencias a países terceros, se trata de un nuevo asunto que no se planteó en nuestras conversaciones con los Estados Unidos hasta hace relativamente poco tiempo. Se refiere a las salvaguardias que se aplicarán en el caso de que los Estados Unidos compartan datos PNR con autoridades policiales y judiciales de países terceros.
Como hice notar a la Cámara en mi declaración del 29 de marzo, la Comisión aún está debatiendo este punto con los Estados Unidos. De hecho, han continuado hoy y proseguirán más adelante. Comprendo que a la Cámara agradecería recibir más información sobre este punto. En concreto, el ponente abordó la cuestión de si la Comisión había llegado a la firme conclusión de que existe un nivel de protección adecuado de si estas conversaciones posteriores implican que esta cuestión sigue abierta.
Nuestras conversaciones con los Estados Unidos sobre las transferencias a países terceros aún no han concluido. Como he dicho anteriormente, se han estado manteniendo hoy y puede que continúen mañana por la mañana. Por tanto, no puedo informar al Parlamento en este momento sobre el resultado con el nivel de detalle necesario. Actualmente, el directos general Alex Schaub, de la Dirección General del Mercado Interior, se encuentra negociando este asunto, junto con sus colaboradores, con el lado norteamericano.
Estas conversaciones no se han previsto para cambiar los documentos que han visto sus Señorías, sino más bien para aclarar cómo se aplicarán los compromisos en caso de transferencia de datos PNR a otros países. En particular, tratarán de garantizar que se respeten las restricciones de uso acordadas en el apartado 3 de los compromisos incluso cuando los datos se transmitan a países terceros. Por supuesto, la Comisión reclama a los Estados Unidos garantías que sean lo más sólidas posible. Este tema se tratará en la reunión del Colegio de Comisarios mañana al mediodía.
Mi colega Chris Patten se dirigirá a la Cámara mañana por la noche para hablar del acuerdo internacional. Informará del resultado del debate con los Estados Unidos y de todo dato relevante.
Me parece, por tanto, que lo mejor para el Sr. Patten sería informar a la Cámara después de la reunión de la Comisión mañana al mediodía y, a continuación, que la Cámara decida lo que crea más oportuno. 
El Presidente.
   Ahora quisiera escuchar la opinión de los Grupos sobre la remisión al Tribunal. Aunque ha quedado claro tras la intervención del Comisario, me gustaría recordarles que el debate completo sobre los datos PNR tendrá lugar mañana. 
Lehne (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, en lo que respecta a esta cuestión de una apelación ante el Tribunal de Justicia Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha adoptado un enfoque totalmente pragmático.
Lo que nos preocupa es que, si no se alcanza el tipo de acuerdo que el Comisario ha descrito, se causarán muchas molestias a los ciudadanos de la UE que viajen a Estados Unidos. Si los norteamericanos no obtienen mediante esta vía la información que necesitan, la obtendrán por otras, ya sean interrogatorios en la frontera, visados obligatorios o entrevistas en consulados generales.
En segundo lugar, si no alcanzamos ese acuerdo, nuestros ciudadanos no se encontrarán en una posición jurídica más favorable en lo que respecta a la protección de sus datos; de hecho, su posición empeorará puesto que no tendremos ninguna capacidad de influencia en lo que los norteamericanos hagan con los datos que obtengan.
Teniendo eso en cuenta, le agradecemos a la Comisión su esfuerzo y, como grupo, hemos manifestado nuestra oposición a que se recurra al Tribunal de Justicia, no solo durante el debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sino también en la resolución de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Paciotti (PSE ).
    Señor Presidente, desde hace más de un año, una mayoría de este Parlamento –aunque el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos mantiene la opinión contraria– se ha quejado de que exigir que todas las aerolíneas europeas tengan la obligación de procesar los datos de ciudadanos europeos incluidos en sus sistemas informáticos de reserva, tal como ha solicitado el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras y en línea con la legislación norteamericana, supone una grave infracción del derecho fundamental a la protección de datos del que gozan los ciudadanos europeos. Además, ni siquiera existe una legislación estadounidense, puesto que no hay ninguna ley en ese país que proteja los datos personales.
Por tanto, estamos obligados a procesar nuestros datos, los datos de nuestros ciudadanos, cuando los soliciten un organismo administrativo de un país tercero. Es lógico, pues, que queramos un acuerdo internacional que garantice una serie de derechos. Esta polémica existe desde hace ya un año y la Comisión, incluso ahora, ha reiterado que la Directiva no se ha modificado, aunque sobre esa base se ha incumplido. Esta es la opinión de la mayoría del Parlamento.
Por todo ello, solicitamos una decisión preliminar del Tribunal de Justicia. Ni siquiera creo que tengamos que esperar a recibir más noticias mañana puesto que, repito, llevamos discutiendo este tema desde hace un año o más. La única manera de resolver la cuestión –de si es cierto o no que se ha violado un derecho consagrado en el Tratado– es pedirle al Tribunal de Justicia que dicte una sentencia por adelantado, antes de firmar el acuerdo, de modo que no tengamos que anular un acuerdo después de haberlo firmado, ya que eso podría dañar las relaciones.
Watson (ELDR ).
    Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR felicito a la Comisión, y en particular al Comisario Bolkestein, por sus esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos sobre un asunto tan complicado. Mi Grupo lamenta que no se haya logrado persuadir a los Estados Unidos en mayor medida de que respeten nuestra preocupación con respecto a la privacidad de datos. Por tanto, mi Grupo no puede estar de acuerdo con la elección del fundamento jurídico. Aunque, como indica el Sr. Bolkestein, el acuerdo no modifica formalmente nuestra Directiva de protección de datos, sin duda modifica la ley en la medida en que se aplica a los ciudadanos de la Comunidad Europea sometiéndonos a la ley estadounidense en este terreno, y precisamente la falta de protección en la ley estadounidense es lo que nos preocupa.
Existe un enorme déficit democrático cuando la Comisión nos presenta una propuesta como esta y no da la oportunidad al Parlamento Europeo o los Parlamentos nacionales de decir sí o no. Según nos informa el Sr. Bolkestein, ahora que la información que se trasfiera a las autoridades de los Estados Unidos se puede transmitir a las autoridades de países terceros, debemos estar seriamente preocupados.
En esta Cámara se han producido tres debates y votaciones al respecto. Tres comisiones han examinado este asunto y todas han recomendado su remisión al Tribunal de Justicia. Mi Grupo no busca una disputa con la Comisión. Le hemos solicitado que retire la propuesta y que intente negociar con los norteamericanos y presente a este Parlamento y al Congreso estadounidense un verdadero acuerdo internacional que abarque estos temas de forma que podamos luchar efectivamente contra el terrorismo respetando al mismo tiempo nuestro compromiso con la privacidad de los datos. Preferiríamos que la Comisión hiciese esto, pero si no puede, al menos en su reunión de mañana podría acordar aceptar la iniciativa de remitir este asunto al Tribunal de Justicia para decidir si existen garantías de protección adecuada. 
Di Lello Finuoli (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, no quiero repetir todo lo que mis colegas diputados que me han precedido han manifestado ya a la perfección.
En numerosas ocasiones la Comisión ha declarado que este es el mejor acuerdo que podía conseguir del Gobierno norteamericano, aunque hay que decir que, cuantos más debates celebramos, más empeora la situación para los ciudadanos europeos. De hecho, hoy sabemos que este acuerdo no solo implica una violación de los Tratados, sino incluso la posibilidad de que los datos se transfieran a un país tercero donde serán procesados, lo que complica aún más el debate de la primera parte del acuerdo.
Como ya se ha apuntado anteriormente, este Parlamento ha manifestado en repetidas ocasiones su oposición a dicho acuerdo. Está claro que no ha votado expresamente a favor de la decisión de apelar al Tribunal de Justicia, cosa que me parece una consecuencia necesaria. Por tanto, solicitamos que el Parlamento pueda solicitar el dictamen de una autoridad tan respetada y seria como es el Tribunal de Justicia, para posteriormente decidir libremente si acepta o rechaza este acuerdo. 
Frassoni (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, no quiero repetir lo que ya se ha dicho aquí, puesto que mi grupo está de acuerdo con lo que han dicho el Sr. Watson, la Sra. Paciotti y el Sr. Di Lello Finuoli. Estamos de acuerdo en que debemos seguir nuestra trayectoria, ya que las palabras del Comisario Bolkestein no me satisfacen y, de hecho, me sorprende que no haya considerado una votación, tan poco habitual en el Parlamento, como la que tuvo lugar en el último período parcial de sesiones.
Es indiscutible, Comisario Bolkestein, que al no alcanzar un verdadero acuerdo internacional con los Estados Unidos, la Comisión ha decidido ignorar la opinión del Parlamento. El hecho de que haya optado por una normativa blanda en lugar de un verdadero acuerdo deja claras las intenciones de la Comisión de excluir el control democrático del acuerdo, lo cual me parece especialmente preocupante.
No queremos ningún litigio con usted – aunque si nos obliga, no tendremos más remedio que luchar –, pero nos parece extremadamente importante solicitar la opinión del Tribunal de Justicia. Su anuncio, señor Comisario, no ha sido suficiente para disuadirnos y creemos que esta postura beneficiará a la Comisión para que, en el futuro, no cometa estos errores a expensas de los ciudadanos. 
Boogerd-Quaak (ELDR ),
   .  Señor Presidente, tengo que decir que no me siento demasiado satisfecha con el comentario del señor Comisario acerca de que no se ha incumplido el Reglamento 95/46. El párrafo 4 del propio acuerdo estipula que todos los datos de los pasajeros europeos serán procesados respetando los requisitos de la Constitución americana. Una de las leyes de Estados Unidos que se debe aplicar es la de la privacidad, pero resulta que esa ley no es aplicable a ciudadanos de terceros países, por poner un solo ejemplo. El artículo 6 del acuerdo estipula que habrá reciprocidad siempre que sea posible y que se aplicará estrictamente. No quiero debatir eso ahora, aunque podría poner fácilmente otros diez ejemplos de aspectos que no son correctos y que, bajo mi punto de vista, suponen una infracción de nuestra legislación sobre privacidad. Aunque solo sea por ese motivo, debemos remitir la cuestión al Tribunal.
En el anterior debate, el Comisario declaró, refiriéndose a la transferencia de datos a países terceros, que «seguimos negociando con los Estados Unidos». Lo escuché correctamente la última vez y también esta. Desde luego, me parece un locura que yo, como ponente, tenga que presentar ante esta Cámara un informe sobre una solución adecuada,cuando la propia Comisión sigue pensando que todo el asunto es inadecuado. Esta es una cuestión que realmente quiero plantear en el debate.
Quiero darle las gracias a todos los diputados que se han manifestado a favor de recurrir al Tribunal. Creo que la cuestión que se quiere remitir al Tribunal de si podemos firmar acuerdos internacionales dejando al margen al Parlamento y el Congreso norteamericano, tiene un gran interés. En consultas con miembros del Congreso, me han dado a entender que, si se propusiera un acuerdo así al Congreso norteamericano, este nunca lo aceptaría.
Ahora nos toca a nosotros, en esta Cámara, demostrar que sabemos defender los intereses de nuestros ciudadanos y que no aceptamos que nadie nos presione. Solo nosotros podemos hacerlo. Por tanto, espero que el Parlamento siga la línea marcada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Hernández Mollar (PPE-DE ),
   .  Señor Presidente, está claro que nosotros ya hemos debatido en profundidad todos los aspectos relativos al acuerdo de los Estados Unidos sobre el tratamiento de los datos personales de los pasajeros que se trasladan a aquel país desde nuestro territorio.
La solicitud del dictamen previo al Tribunal de Justicia, como bien ha dicho nuestro colega Lehne, de mi Grupo político, solo conseguirá aplazar la firma del acuerdo y dejar en una situación de alegalidad el tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades norteamericanas, con grave perjuicio para los ciudadanos europeos y para las propias compañías aéreas.
Por tanto, no es el caso de reiterar nuestra posición, ya bien conocida. También creo, naturalmente, que el acuerdo es mejorable pero, también que es prioritario para la Unión Europea la lucha contra el terrorismo y la cooperación con terceros países en este ámbito y, en este caso, con los Estados Unidos. Por otra parte, señor Presidente, necesitamos el acuerdo ya y, en cualquier caso, siempre está abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia.
También me quisiera hacer eco, señor Presidente, de la propuesta del Comisario Bolkestein de que mañana por la tarde oigamos lo que el Comisario Patten nos va a decir en relación con el acuerdo y aplacemos la votación que tenemos prevista realizar por la mañana. Pido que se haga una reflexión sobre esta petición, que me parece muy razonable y que, en cualquier caso, se aplace hasta pasado mañana -oída la intervención de la Comisión- la votación que íbamos a realizar mañana sobre el dictamen previo al Tribunal de Justicia.
El Presidente.
   Agradezco a todos los diputados y que han intervenido en este intercambio de puntos de vista. Alguno de ustedes han resaltado el hecho de que, en las últimas semanas y meses, distintas comisiones y resoluciones han indicado la probabilidad de acudir al Tribunal de Justicia, hecho del que tengo constancia pues he seguido con atención este tema. No obstante, el hecho que puso en marcha la remisión al Tribunal fue la carta del pasado miércoles por la tarde que recibí del Sr. Gargani en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Es la primera vez que he tenido el deber y la oportunidad, como Presidente, de examinar esta cuestión.
En vista del intercambio de puntos de vista, propongo que prosigamos mañana el debate sobre el fondo. Escucharemos lo que tenga que decir el Comisario Patten, junto con las opiniones de diferentes diputados. Después de recibir toda la información disponible, la votación tendrá lugar al mediodía del miércoles. De este modo nos situamos dentro del plazo perentorio de 24 horas que tenemos para ejercer nuestro derecho de remitir el asunto al Tribunal, por lo que seguimos cumpliendo los límites de tiempo que se aplican en este caso.
Debido al volumen de trabajo de esta semana, hemos añadido una sesión adicional esta noche. Sugiero que los diputados que deseen hacer una «intervención de un minuto» entreguen por escrito lo que quieran decir e intentaré proceder de acuerdo con sus comentarios. Para quien insista en intervenir, el Reglamento establece que el asunto se puede retomar más tarde en la sesión. Por tanto, propongo retomar este asunto al final de la sesión de esta tarde, y no en estos momentos.(1)

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0227/2004) del Sr. Voggenhuber, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el respeto y promoción de los valores en que está basada la Unión. 
Voggenhuber (Verts/ALE ),
   . – Gracias, señor Presidente; Señorías, tal vez pueda afirmarse que los debates anteriores sobre los informes de la Sra. Boogerd-Quaak sobre la libertad de los medios de comunicación y del intercambio de datos personales de pasajeros aéreos han demostrado de manera espectacular lo importante que es prepararse con antelación para las crisis, lo difícil que puede ser en realidad defender los valores centrales de la Unión cuando nos encontramos bajo una gran presión y en situaciones críticas, y la importancia que supone el alcanzar principios y procedimientos comunes. Esta es la razón por la que me siento satisfecho de que la comisión haya aprobado por abrumadora mayoría el informe relativo al respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión, y que hoy les voy a presentar.
Con la aprobación del informe, diputados de todos los grupos políticos han expresado su determinación unánime de defensa de los valores fundamentales y de los principios de democracia y del Estado de derecho de la Unión, unos valores que el terrorismo internacional ha convertido en su objetivo, pero que a la vez pueden convertirse en fuente de conflictos en el combate de dicho terrorismo, que también se ven amenazados por una xenofobia en aumento, por el racismo y el antisemitismo en Europa, así como por el extremismo político. No tiene sentido cerrar los ojos ante esta situación; en lugar de ello, pienso que los tiempos nos exigen que nos preparemos.
Quiero darle las gracias a la Comisión por haber hecho, mediante su comunicación, una contribución significativa al diálogo entre las instituciones y a la cooperación estrecha entre ellas, algo que considero indispensable por lo que respecta a la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 7. Aunque tanto el ponente como la comisión tenían críticas respecto a la comunicación de la Comisión, creo que hoy hemos sido capaces de elaborar varias propuestas en relación con la forma en que esta posición debería seguir desarrollándose.
Tanto a mí como a la comisión nos pareció que era indispensable un mayor grado de protección que el propuesto por la Comisión, especialmente al distinguir entre un riesgo claro, según el apartado 1 del artículo 7, y una violación grave, como fue, en nuestra opinión, la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Constitución. Aunque la aceptación de ella por parte de todas las instituciones y Gobiernos de los Estados miembros no le proporciona carácter vinculante en sentido legal, sí que tiene un carácter vinculante en sentido político, de manera que las decisiones tomadas en referencia al artículo 7 son discrecionales y políticas, y por lo tanto solo pueden adoptarse tomando dicha Carta como base y estando plenamente de acuerdo con ella.
La comisión se sintió bastante desconcertada –como me ocurrió a mí también– por la falta de reconocimiento de las responsabilidades particulares del Parlamento, que están virtualmente ausentes de la comunicación de la Comisión. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 7, el Parlamento tiene el poder de iniciativa, y ambos apartados le otorgan el derecho de dictamen conforme. Esto significa que, tanto si los criterios y principios elegidos por el Parlamento son de hecho reconocidos por otras instituciones como si no, su trascendencia será esencial. En mi informe, yo propuse en principio un acuerdo interinstitucional que incluyera estos principios y los convirtiera en vinculantes respecto a las otras instituciones, pero acepto completamente la decisión de la comisión de entablar un diálogo interinstitucional sobre este tema.
El informe propone unos principios muy definidos, que espero que resulten también progresistas, y que tienen como objetivo desvanecer los recelos y las dudas expresados por los diputados de esta Cámara, así como por otras comisiones.
El principio de confianza plantea que es responsabilidad de nuestros Estados miembros, a través de sus constituciones e instituciones, tomar medidas activas para defender los derechos y los valores fundamentales de la Unión frente a las violaciones y a los riesgos de violaciones; estamos asimismo convencidos de que los Estados también se mostrarán dispuestos y serán capaces de llevar a cabo estas acciones. Esta Cámara reitera y afirma esta confianza. En segundo lugar, por lo que respecta al principio de pluralidad ideológica basado en la democracia y en el Estado de derecho, reafirmamos la intención del Parlamento de que el artículo 7 no sea nunca usado como un instrumento de rivalidad política. El principio de igualdad también es relevante, a pesar de los recelos generalizados que pesan sobre él, y se pretende que así quede establecido, en otras palabras, que los Estados miembros deben gozar de una igualdad de trato, independientemente de su tamaño, contribución al presupuesto, o antigüedad como Estados miembros. Concluiré diciendo que yo le otorgo una importancia especial al principio de publicidad.
Aunque ni yo ni nadie de los aquí presentes desea que las cosas vayan tan lejos, este procedimiento dará pie, si se inicia, a tensiones mayores. Los debates al inicio de esta sesión nos han mostrado lo difícil que será, en un estado de urgencia, aplicar dicho procedimiento con confianza, sabiduría y justicia. Pienso que en el caso de que se inicie un procedimiento de este tipo, el Parlamento necesitaría una gran cantidad de credibilidad pública ya que, contrariamente a lo que la Comisión propone, lo que dichas circunstancias exigen no es un procedimiento separado, sino la publicidad absoluta de todos los procedimientos, una publicidad que frente a la posibilidad de sanciones se convierte incluso en más necesaria.
Y en este punto, señor Presidente, llego a mi conclusión. El Parlamento cree que el tema de las sanciones debe abordarse propiamente, y que no puede ser objeto de especulaciones, de forma que en ninguna parte –ya sea fuera de la UE o dentro de ella– pueda haber la menor duda sobre la determinación de la Unión de usar todos los medios que tiene a su alcance para defender los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de derecho. 

Byrne,
    Señor Presidente, en primer lugar doy las gracias al ponente por su informe, que responde a la Comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. En dicha Comunicación, dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, la Comisión pretendía fijar un marco para el análisis de las condiciones de aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, a fin de iniciar un diálogo con las otras dos instituciones responsables de implementar esta importante disposición.
La Comisión está satisfecha con la respuesta favorable del Parlamento al principio de esta iniciativa. Los derechos fundamentales y el Estado de derecho son los fundamentos de la Unión Europea, por lo que una desviación significativa por parte de cualquier Estado miembro con respecto a estos valores amenaza con poner en duda los valores comunes sobre los que se construyó la Unión. Por este motivo, la Comunicación de la Comisión subrayaba la prevención como un medio para evitar la necesidad de recurrir al artículo 7 o, en cualquier caso, de imponer las sanciones previstas en dicho artículo. Evidentemente, habrá que recurrir a las sanciones si es necesario, esto que quede claro.
Como acertadamente indica la propuesta de resolución, la Unión debe ante todo tener confianza en los Estados miembros y sus propias instituciones, como por ejemplo los tribunales constitucionales. Sin embargo, en el marco de un enfoque preventivo, resulta indudablemente necesario, como de hecho ha solicitado el Parlamento, que la Unión supervise el respeto de los derechos fundamentales y que se desarrolle un grupo europeo independiente de expertos en este terreno. Como bien saben, hemos creado una red de expertos independientes, que mi colega el Sr. Vitorino comentó con detalle en el último período parcial de sesiones con motivo del debate sobre los derechos fundamentales en la Unión. La prevención exige además la cooperación entre instituciones y los Estados miembros, el diálogo con los ciudadanos, además de información y educación del público.
Un punto que merece especial atención y con el que la Comisión coincide plenamente, es la referencia a los principios que se deben respetar al considerar la eventual aplicación del artículo 7. Se trata de la confianza que debe regir las relaciones de la UE con sus Estados miembros, el respeto del pluralismo, el principio de la igualdad de los Estados miembros y el principio de la transparencia de las decisiones tomadas en virtud del artículo 7.
Asimismo, constato que el informe considera que la función del Observatorio de Viena se podría revisar con vistas a proporcionar un «control independiente y objetivo sobre una base más amplia». Esto está en línea con la decisión del Consejo Europeo de diciembre de 2003 de ampliar el mandato del Observatorio para convertirlo en una agencia de los derechos fundamentales, que la Comisión apoya.
Aprovecho esta oportunidad para confirmar que la Comisión estudia actualmente formas de implementar las actividades preparatorias del programa de ayuda a las ONG en los nuevos Estados miembros, en las áreas de respeto de la ley, la democracia y los derechos fundamentales, en consonancia con los deseos del Parlamento. Esto confirma la determinación compartida de la Comisión y el Parlamento de animar a la sociedad civil a actuar en apoyo de los derechos fundamentales desde un enfoque preventivo, positivo y constructivo.
Para concluir, la Comisión acoge con agrado el reconocimiento de la importancia del diálogo interinstitucional con respecto a la puesta en marcha del mecanismo del artículo 7. Como he dicho antes, esto concuerda con el propósito de la Comunicación de la Comisión, que es iniciar un diálogo con las dos instituciones a fin de desarrollar un enfoque común. 
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría felicitar al ponente por su informe y decirle que intervengo aquí en nombre del Grupo del PPE-DE y en nombre de otro colega que no ha podido hacerlo.
No cabe duda de que el Grupo del Partido Popular siempre ha defendido los derechos fundamentales y los valores que están representados dentro de la Unión Europea. La Unión Europea que promovieron los padres fundadores en los años 50 no pretendía ser una unión económica sino una unión basada en unos valores fundamentales que tenemos que garantizar, como ha dicho el ponente. Mi Grupo apoya en gran medida su informe, aunque se han presentado algunas enmiendas, pero votaremos a favor de la propuesta que ha hecho el ponente en este informe.
Me alegro de que en Niza se constitucionalizaran algunos de esos valores y que se permitiera establecer un mecanismo a través del artículo 7 para garantizar que los valores sean respetados dentro de la Unión Europea. Provengo de un país que ha recibido el ataque del terrorismo en los últimos 30 años, y que, además, ha recibido un ataque terrorista muy duro el pasado 11 de marzo, y, como ha dicho el ponente en su intervención, el terrorismo solo se puede atacar con más valores, con más democracia, con más derechos fundamentales y, por tanto, la Unión Europea tiene que ser capaz de garantizar el respeto de esos valores dentro de la Unión, para así luchar mejor contra el terrorismo, contra los ataques a nuestros valores, contra los valores europeos.
Por último, me gustaría decir –en cuanto al informe del ponente– que compartimos los principios que ahí aparecen –confianza, prioridad, igualdad y publicidad–, que nos pueden permitir avanzar en el establecimiento del mecanismo que evite que algunos Estados no respeten los valores que tanto tenemos que defender en la Unión Europea y, precisamente, más que en ningún sitio, en este Parlamento. También apoyamos su propuesta de establecer algún mecanismo interinstitucional que favorezca el diálogo entre el Parlamento y el Consejo a partir de la próxima legislatura.
Leinen (PSE ).
   – Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, en cuyo nombre tengo el honor de hablar, también quiere dar las gracias al ponente por su importantísimo informe, que representa un elemento clave para hacer de Europa una democracia capaz de defenderse a sí misma. En ambas Convenciones, tanto en la de la Carta de los Derechos Humanos como en la de la Constitución, nuestro grupo ha sostenido de forma muy activa que la UE no es simplemente una comunidad económica, sino también una comunidad de valores, cuyos fundamentos se han ido formando a lo largo de los siglos, y una comunidad que está dispuesta a defender la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho en todo su territorio.
La Unión con la que contamos es algo grandioso, que se extiende desde Estonia hasta Portugal, y debemos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que la mantiene unida. Con toda seguridad no se trata del mercado que Europa constituye, sino más bien del sentido de solidaridad que se deriva de nuestros valores. Eso es Europa, esa es nuestra identidad, algo que no debemos perder.
Por supuesto necesitamos un mecanismo que garantice el mantenimiento de estos valores. La opinión pública consideraría incomprensible el hecho de que un Estado miembro se saliera de control sin que la UE hiciera nada al respecto. Está claro que la intención no es interferir en los asuntos internos de un Estado –somos una Unión con un gran pluralismo y diversidad– pero cuando se hace evidente que existen riesgos claros y violaciones, que vienen de largo, de estos valores y principios, ha llegado la hora de que la UE pase a la acción. Me siento muy satisfecho de oír decir al Comisario que una acción de este tipo puede incluso dar pie a sanciones. Recortar los fondos provinentes de Bruselas, por no mencionar la retirada del derecho a participar en los organismos de toma de decisiones, es por supuesto el arma más afilada con la que contamos, pero tenemos que dejar claro también que estamos dispuestos a emplear estas medidas si fuera necesario.
Considero que el Parlamento desempeña un papel especial en todo esto, algo que se enfatiza en el informe, y por lo cual me gustaría reiterarle mi agradecimiento al señor Voggenhuber. 
Kaufmann (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, han pasado exactamente siete años y todavía ni el Consejo ni la Comisión se han mostrado capaces de idear un procedimiento para la aplicación del artículo 7, un artículo que una vez se pregonó a bombo y platillo en el extranjero, en la época del Tratado de Ámsterdam, como una innovación política vital en el Tratado de la UE. Sin embargo, la falta de reglas definidas de procedimiento significa que el documento que reivindique los valores de la UE tiene que realizarse con paciencia y detenimiento. Sin tal procedimiento, el conjunto del artículo sigue siendo un tigre de papel. Una situación de este tipo no se ha calculado precisamente para aumentar la credibilidad de la Unión Europea a los ojos de los ciudadanos, todos ustedes son plenamente conscientes de que dicha credibilidad ha caído hasta el abismo en todos nuestros Estados miembros. Expresándolo de forma educada, tengo que decir que me siento molesta por la comunicaciones de la Comisión, comunicaciones que este informe toma como punto de partida. Resulta sumamente molesto que, de forma tan obvia, la Comisión no quiera imponer sanciones sobre los Estados miembros en el caso de una violación grave de los Tratados. Es evidente que quiere hacernos creer que todo es de color de rosa y que va a seguir siéndolo de esta manera.
¿Qué otra cosa puede entenderse cuando la Comisión, en la página 14 de su comunicación, afirma rotundamente –cito de forma textual– que «no será necesario aplicar sanciones con arreglo al apartado 3 del artículo 7 del Tratado de la Unión y al artículo 309 del Tratado de la CE»? Tal absolución de la responsabilidad disminuiría notablemente nuestras propias y grandes expectativas de los valores que compartimos y, en última instancia, el grado de protección de los derechos y los valores fundamentales en la UE. También le viene a uno a la cabeza la frase represiva tan a menudo empleada de que lo que no está permitido no puede ocurrir.
Incluso más grave es la actitud de avestruz y de despreocupación de la Comisión frente a la protección de los derechos fundamentales en tiempos de guerra, y ahí es donde se encuentra el verdadero escándalo. Este consiste en la forma en que la Comisión sirve de forma virtual a la UE los derechos fundamentales en una bandeja de plata en tiempos de guerra. Permítanme citar un fragmento de la página 8 de la comunicación de la Comisión: «La violación grave supone, al contrario, que el riesgo se ha materializado en la realidad.» De forma puramente hipotética, la aprobación de una ley que anule las medidas de protección de los procedimientos en tiempos de guerra constituiría un riesgo claro. De hecho, la aplicación de una ley de este tipo constituiría de por sí una violación grave.
Eso es algo en lo que realmente recrearse; la Comisión considera que una ley que anula los derechos fundamentales en un Estado miembro no es más que un riesgo claro, y no una violación grave, sin mencionar siquiera la posibilidad de sanciones. Esto no puede ser. A partir de este punto, el Parlamento no puede permitir que la Comisión persista en su empeño de ir en contra de la corriente de los derechos fundamentales, y por ello me siento satisfecha de que el Parlamento haya tomado la iniciativa, en la forma del informe Voggenhuber, de manera que ahora, siete años después de Ámsterdam, por fin se está haciendo algo.
En relación con ello, yo he propuesto una serie de enmiendas destinadas a convertir el proyecto de informe en un texto más preciso. En concreto, se refieren a la obligación adquirida por la EU a través del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa de la Convención, en su apartado 4 del artículo 3 de la parte I y en su apartado 1 del artículo 193 de la parte III, de someterse al derecho internacional, y pienso que la guerra del Iraq, que fue contraria al derecho internacional, y toda la miseria que las fuerzas de ocupación han provocado en ese país, son la prueba de la necesidad que se tiene de reforzar la petición del informe para la elaboración de una resolución. 
Berthu (NI ).
    Señor Presidente, el informe Voggenhuber y la comunicación de la Comisión en que se basa muestran claramente que el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea puede convertirse en una máquina infernal que permita a la Unión, en nombre de la prevención o la sanción de violaciones reales o supuestas de los derechos fundamentales, someter a los Estados miembros a una mayor tutela exterior. En efecto, vemos esbozarse un sistema disciplinario central que puede imponer a las democracias nacionales definiciones extensivas o arbitrarias de sus obligaciones.
El apartado 3 del informe es un buen ejemplo de ello al sugerir que podrían ser condenados los Estados que toleren, y cito, un clima o circunstancias sociales en que haya personas que se sientan amenazadas. Este tipo de definición puede ir muy lejos, desde el momento que el artículo 7 no solo se aplica a los derechos establecidos por la Unión, que quizás se verán incrementados en el futuro por la Carta de los Derechos Fundamentales, sino también a las competencias puramente nacionales, como bien precisa la comunicación de la Comisión. 
Así, en nombre del respeto de los derechos fundamentales, se corre el riesgo de establecer, paradójicamente, un sistema muy poco democrático de vigilancia multilateral y arbitraria. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha emitido una opinión muy negativa sobre el informe, y tiene razón. Yo adopté una posición similar en la opinión minoritaria que expresé tras la votación en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Martin, Hans-Peter (NI ).
   – Señor Presidente, el Sr. Voggenhuber acaba de hacer hincapié en el principio de publicidad, y a mí solo me gustaría hacer un par de observaciones al respecto. Permítanme decir, mientras nos encontramos en este tema, que me acuerdo perfectamente del trato arbitrario al que sometieron a mi país, Austria, en relación con lo que estamos hablando. Los socialistas austriacos, que desde hace un tiempo se llaman a sí mismos socialdemócratas, estuvieron plenamente involucrados en las turbias estratagemas que en aquella época se estaban llevando a cabo. También recuerdo de forma muy precisa una llamada telefónica del Canciller austriaco, Viktor Klima, un socialista, que sabía todo lo que estaba pasando y que me dijo que lo único que me pedía era que nada saliera a la luz. Principios de este tipo no deberían volver a aplicarse nunca de esta forma, ya sea en la política de partido, como en los asuntos de Estado, ya que sin transparencia no hay democracia. Precisamente por esta razón es tan importante analizar el desarrollo de los hechos y ponerlos a disposición de la opinión pública. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes al mediodía. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
- informe (A5-0191/2004) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores («Reglamento relativo a la cooperación en materia de protección de los consumidores»);
- segundo informe (A5-0224/2004) del Sr. Wuermeling, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito a los consumidores;
e
- informe (A5-0188/2004) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas a sus relaciones con los consumidores en el mercado interno por la que se modifican las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE y 98/27/CE (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales). 
Byrne,
    Señor Presidente, hace tan solo un año este Parlamento aprobó su resolución sobre la nueva estrategia de la comisión en materia de protección de los consumidores para los próximos cinco años. Hoy debatimos tres propuestas clave en el contexto de dicha estrategia. Me complace especialmente que el Parlamento haya decidido tratarlas conjuntamente, ya que las tres pretenden estimular la confianza del consumidor en el mercado interior.
Las compras de los consumidores representan casi el 60% del PIB de la UE. Una pérdida de confianza del consumidor –por pequeña que sea– puede acarrear consecuencias significativas para nuestra economía y riqueza colectiva. El mes pasado, en el Consejo Europeo de primavera, los Jefes de Estado y de Gobierno hicieron inventario de la aplicación de la Agenda de Lisboa, que pretende potenciar la competitividad de nuestra economía. No es ninguna exageración afirmar que definitivamente aún quedan mejoras pendientes a este respecto. La confianza del consumidor es positiva para las empresas y contribuiría a estimular nuestra competitividad.
La Unión Europea ha avanzado mucho en la eliminación de barreras en el mercado único. Para eliminar las barreras reglamentarias debemos, sin embargo, darnos cuenta de que los consumidores –el lado de la demanda en el mercado– también chocan con barreras, concretamente barreras de confianza. No abordarlas supondría no solo una irresponsabilidad sino también un factor muy perjudicial para los intereses de los consumidores y las empresas. Asimismo, mermaría nuestra capacidad para cumplir los objetivos de competitividad establecidos en la Agenda de Lisboa.
Las propuestas que debatimos hoy nos permitirán maximizar los beneficios del mercado único para los consumidores. Doy las gracias a los tres ponentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior por su gran labor en torno a estas propuestas, así como a los ponentes de las comisiones que han formulado opiniones, por el tiempo dedicado y su esfuerzo.
En primer lugar comentaré la propuesta de reglamento sobre cooperación en materia de cumplimiento de la ley. Aborda lo que siempre ha supuesto un punto débil en la protección del consumidor: la aplicación efectiva de la ley. En los casos transfronterizos, los problemas aumentan puesto que los mecanismos nacionales de aplicación de las normas no se han concebido para tratar dichos casos. Los comerciantes deshonestos que quieren engañar a los consumidores se han dado cuenta de esto, por lo que aparecen más en los casos transfronterizos que en los nacionales, dirigiéndose a los consumidores de otros países a través del correo postal, el correo electrónico o páginas web. Para intentar solucionarlo, el reglamento propuesto establece una red de autoridades policiales y judiciales públicas, al menos una en cada Estado miembro. El efecto de la propuesta será que las autoridades nacionales puedan cooperar rápida y eficazmente en descubrir a los comerciantes deshonestos y ponerles coto antes de que perjudiquen a los consumidores y a las empresas legítimas.
Este reglamento enviará un mensaje firme a los ciudadanos europeos, dejando patente que la UE está atenta a sus preocupaciones diarias y que por tanto pueden tener mayor confianza al comprar productos en toda Europa.
Agradezco a la Sra. Gebhardt y los diputados que han trabajado con ella hasta lograr un acuerdo de compromiso con el Consejo, permitiendo la aprobación de la propuesta en una única lectura. El compromiso negociado entre las instituciones asegura que las autoridades policiales y judiciales contarán verdaderamente con las herramientas necesarias para cooperar en los casos transfronterizos. A la vez, respeta las distintas tradiciones que existen en los distintos Estados miembros, ya que algunas se basan más en la autoridad pública y otras en acciones privadas.
Soy consciente y me preocupa que algunos de ustedes prefieran la opinión de la comisión competente, que se pone de manifiesto en la enmienda 29 acerca de la solución de compromiso contenida en la enmienda 76 que ha sido elaborado con el Consejo. Si se adopta este enfoque, se corre el riesgo de iniciar extensos debates con el Consejo y una segunda lectura, lo que retrasaría más la creación de un mecanismo efectivo de cumplimiento de las normas capaz de hacer frente a comerciantes deshonestos.
No veo ningún motivo por el que nuestras empresas o consumidores se puedan ver beneficiados de alguna forma por ese retraso. Las enmiendas presentadas y apoyadas por algunos no mejoran en absoluto la eficacia del mecanismo, ni tampoco representan una contribución significativa a la salvaguarda de las tradiciones y los mecanismos nacionales establecidos. Por todo ello, pido a todos los diputados que se atengan al compromiso.
Estamos en el último período parcial de sesiones legislativo de este Parlamento antes de las elecciones. Por tanto, constituye también nuestra última oportunidad de garantizar que, cuando tengan que informar a sus votantes sobre qué han hecho exactamente para favorecer los intereses del consumidor y la aplicación de la ley, dispongan de un ejemplo tangible que mostrarles.
La segunda propuesta presentada hoy es la directiva sobre créditos al consumo. Existe un amplio acuerdo de que una nueva directiva sobre este tema es necesaria y deseable. El mercado y los productos han evolucionado considerablemente desde mediados de la década de 1980, por lo que la directiva vigente ya no se adapta a la nueva situación en el sector crediticio. La nueva directiva resulta necesaria para permitir que exista un verdadero mercado único de créditos al consumo. Es deseable a fin de lograr un elevado nivel de protección del consumidor, en línea con el plan de acción de política del consumidor aprobado por el Parlamento Europeo.
Este es el motivo por el que considero que un enfoque de plena armonización representa el único medio para crear reglas de juego equitativas para prestamistas de toda la UE. Gran parte de ustedes han solicitado, y seguirán haciéndolo, una armonización mínima, permitiendo a los Estados miembros complementar las normas a nivel nacional. No obstante, esto significaría mantener las diferencias entre las legislaciones nacionales. Permitirá que el mercado crediticio siga siendo un mercado nacional y local, privando a los consumidores de todas las ventajas que podría ofrecerles un mercado crediticio único. No mejoraría la seguridad jurídica de acreedores y consumidores que suscriben contratos transfronterizos. No ayudaría a desarrollar un auténtico mercado único en créditos al consumo. El enfoque de la plena armonización no reducirá los niveles de protección del consumidor, ya que hemos elegido acertadamente como punto de partida un elevado nivel común de protección. Además, destaco que la armonización se aplica únicamente a aquellas áreas contempladas en la directiva. En las áreas que quedan fuera del ámbito de la directiva, los Estados miembros siguen teniendo libertad para mantener sus propias disposiciones nacionales. La plena armonización mejorará el nivel global de la protección del consumidor en la UE y facilitará la concesión de créditos transfronterizos.
Por último, pasaré a la directiva de marco sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Esta propuesta pretende asegurar un elevado nivel común de protección del consumidor frente a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores de toda la UE. De este modo, se estimulará la confianza del consumidor y se asegurará que las prácticas deshonestas puedan abordarse en todas partes de la UE en que surjan. Otro aspecto igualmente importante es que reducirá las barreras que impiden que las empresas legítimas saquen partido del mercado interior y lleguen a nuevos consumidores. Tanto las empresas como los consumidores se beneficiarán de la seguridad de contar con un único cuerpo normativo en lugar de 15 o, a partir del 1 de mayo, 25. Por todo ello, ambos se encontrarán en mejores condiciones para sacar partido del mercado interior ampliado. A su vez, tendrá un efecto positivo en la competitividad de la economía de la UE en su conjunto.
De momento, esto es todo. Estoy deseando escuchar sus puntos de vista. 
Gebhardt (PSE ),
   – Señor Presidente, Comisario, Señorías, una y otra vez tenemos constancia de las turbias intrigas de negociantes poco serios, en cuyas redes caen los consumidores, pero de las que a menudo es posible sacarlos. Todos los Estados miembros han tomado precauciones para proteger a los consumidores, ya sea usando autoridades públicas como la en el Reino Unido, o la francesa, o mediante organismos tales como el neerlandés o el en Alemania.
Todos ellos prestan su ayuda, por ejemplo, si una carta aterriza en su felpudo contándole que ha ganado un premio en la lotería y que lo único que tiene que hacer es firmar el formulario y mandarlo, así que usted lo hace. Una semana después usted recibe unos productos que no ha pedido pero que está obligado a pagar. Otra posibilidad es que pique en uno de los cursos para adelgazar que se ofrecen, sobre todo con frecuencia en los últimos tiempos en las revistas para la gente joven, cuya eficacia es demasiado exagerada y cuyos efectos secundarios se pasan por alto. Tal vez se haya sentido atraído por una oferta que resulta que implica , un sistema por el que una página web le ofrece la posibilidad de descargar música gratis, usted acepta la oferta y mientras se procesa la petición, a usted, el consumidor, se le desconecta, sin que se dé cuenta, de su proveedor habitual de Internet y se le conecta a otro mucho más caro. Usted recibe la factura más tarde.
En la mayoría de los casos de fraude, las autoridades nacionales pueden prestar ayuda. Aproximadamente un 20% de los casos importantes resultan problemáticos, ya que la única dirección conocida es a menudo un apartado postal en un país extranjero. En estas situaciones, un buen consejo se convierte en algo valioso.
Así que este proyecto de disposición legislativa es de gran importancia por lo que se refiere a la gestión de casos como estos. También se necesita de forma urgente una legislación para los problemas que se están acumulando, ya que no sería bueno dejar que los consumidores se las arreglen solos. Esta es la razón por la que, como ponente, accedí al deseo de la Presidencia irlandesa del Consejo de que se aprobara la legislación, si es que era posible, en primera lectura. Lo que tenemos ante nosotros es lo que surgió de las negociaciones. También me gustaría que constara en el acta mi agradecimiento a la Comisión por la ayuda activa que ha prestado para lograr este resultado.
Esta disposición legislativa tiene que ver principalmente con la asistencia mutua en la aplicación de los derechos de los consumidores, de manera que cada Estado miembro deberá implantar una oficina pública que funcione como el punto de contacto para las autoridades en los otros Estados miembros, aunque me gustaría subrayar que no se obligará a ningún Estado miembro a implantar un organismo nuevo. Son los Estados miembros los que decidirán cómo distribuir las funciones descritas en el presente Reglamento en los organismos ya existentes. Aquí no se trata de crear burocracia, sino de poner fin con éxito a las acciones fraudulentas de algunos bribones, quienes se aprovechan de los negocios transfronterizos.
Para este fin, las agencias públicas pueden delegar, de mutuo acuerdo, la gestión de los casos a organizaciones no gubernamentales, práctica tradicional en Alemania, Austria y los Países Bajos. Estoy trabajando con la suposición de que, en estos Estados, la norma será que las tareas se transferirán a organismos con experiencia, como las asociaciones de consumidores o los autorreguladores de negocios. Creo que de ello depende mi recomendación en calidad de ponente para que mis compañeros diputados voten a favor de este texto de transacción. Las únicas excepciones que soy capaz de prever afectan a los organismos creados por ley que tengan que intercambiar datos especialmente confidenciales, pero en el presente documento hemos incluido disposiciones concretas referidas a ello.
Si nos ponemos de acuerdo en este proyecto de disposición legislativa podremos cumplir con una promesa hecha por todos los diputados, la promesa de que nos comprometeríamos a tratar las preocupaciones de los ciudadanos. Espero que mañana lo haremos con un sí rotundo.
Wuermeling (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Comisario, Señorías, estimados visitantes, quiero empezar dando mis más sinceras gracias a todos aquellos que han colaborado en la elaboración del presente informe, que es muy complejo y exhaustivo. Lamentablemente, nos hemos visto obligados a considerar una propuesta de la Comisión que no estaba detenidamente estudiada en conjunto, que estaba redactada de forma descuidada y que, sobre todo, no había tomado en cuenta las graves consecuencias que tendría para los consumidores, por ejemplo en su acceso a los créditos. Así que nosotros, en la comisión, nos vimos obligados a proponer grandes cambios respecto a esta directiva, alcanzando el triste récord de 650 enmiendas en lo que hasta la fecha han sido 38 artículos, pero que gracias a su colaboración intensa han logrado reunirse en un conjunto realmente consistente.
Tampoco quiero dejar escapar esta oportunidad sin haber antes dado las gracias a la Mesa del Parlamento y a las secretarías de los grupos, por no mencionar al personal que me asiste, por el sinfín de horas que han dedicado a este proyecto.
Puedo decirle a la Cámara que lo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior desea conseguir por medio de esta propuesta es mandar tres señales. La primera contiene el mensaje de que el mercado interior europeo necesita la mejor protección posible del consumidor. Alcanzaremos este objetivo si combinamos las normas mínimas de la Unión Europea con la legislación de los Estados individuales; sin embargo, si por el contrario tomáramos el planteamiento de armonizarlo todo o, al menos, lo máximo posible, con eso solo se llegaría al mínimo de protección para el consumidor. Es en este punto donde quiero expresar mi desacuerdo con lo que decía el Comisario Byrne.
El hecho es que tengo la impresión de que lo que más le importa a la Comisión es que la ley del consumidor en este campo debería centralizarse por completo, siendo la Unión Europea la única institución con derecho a hacer lo que tenga que hacer con la protección del consumidor. No obstante, esto no sería razonable de forma objetiva, ya que los mercados nacionales todavía difieren en gran medida unos de otros, y es ahí donde debe darse una respuesta rápida y flexible cuando surjan prácticas de negocio deshonestas.
En segundo lugar, estamos mandando el mensaje de que los mercados financieros tienen que abrirse también a los consumidores individuales. Queremos que las normas de protección no solo mejoren la confianza pública en el comercio electrónico y en la compra por correo, sino también animar al público a pedir ofertas a través del mercado interior para, finalmente, encontrar créditos con condiciones favorables.
En tercer lugar, estamos señalando nuestra oposición a la sobrerregulación y a la burocracia, ya que simplemente no tiene sentido abrumar a los clientes normales y corrientes –por mucho que se trate de adultos responsables– con un aluvión de información que no pueden leer, por no decir entender; de ahí nuestra propuesta para una información técnica clara que proporcione a los consumidores la información clave sobre sus préstamos en un vistazo.
También se encuentra dentro de nuestras preocupaciones mantener el acceso a las posibilidades de crédito en especial para la gente normal y corriente, así como para los más desfavorecidos de la sociedad. Son estos sectores de la población los que necesitan créditos a corto plazo para poder sobrevivir sencillamente en el día a día. El resultado final de la propuesta de la Comisión habría sido que las únicas personas con posibilidades de obtener créditos habrían sido las que no tienen necesidad de ello.
Hay dos aspectos adicionales específicos que me gustaría abordar brevemente, y que todavía están siendo objeto de discusión entre los grupos. El primero está relacionado con el derecho a la amortización anticipada. Una de las opiniones sobre este tema es que debería permitirse de forma general, sin que ello acarreara coste adicional alguno, mientras que la otra opinión sostiene que a los consumidores se les tendría que dar la oportunidad de elegir entre créditos a plazo fijo y aquellos que podrían amortizarse de forma anticipada. Frente al hecho de que todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre ello, permítanme desplazarme incluso más cerca del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; como habrán visto, ya he presentado una enmienda de transacción, la enmienda 173, en la que propongo que en el caso de que se tome un préstamo por un periodo de más de tres años, sea posible amortizarlo en cualquier momento. Ahora me gustaría ampliar esta cuestión combinándola con la enmienda 96, tal y como recomienda la comisión, cuyo objetivo es ocasionar una reducción proporcionada, en este caso en los costes.
Aunque hay algunos aspectos del debate de hoy que quería mencionar, prefiero concluir este discurso. Considero este paquete de informes –el de la Sra. Gebhardt, el de la Sra. Ghilardotti y el mío– como una culminación y una conclusión de nuestra labor legislativa en el campo del derecho en materia de protección del consumidor. Siempre hemos conseguido cumplir con nuestras responsabilidades en un estado de tensión entre las demandas del mercado interior y las de la protección de los consumidores, y considero lo que les he presentado como una pieza única de legislación madura. Sean cuales sean nuestras diferencias sobre los detalles, espero que los informes recibirán el apoyo general de la Cámara. 
Ghilardotti (PSE ),
   . – Señor Presidente, Comisario Byrne, Señorías, la propuesta de Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales asume gran parte del Libro Verde sobre la protección de los consumidores, al que el Comisario hace referencia en su informe.
Las razones subyacentes a la Directiva, que se ha diseñado para lograr una mayor protección del consumidor, son de naturaleza económica, y por lo tanto están relacionadas con la consumación y el funcionamiento sin problemas del mercado interior. Con el fin de lograr estos objetivos económicos generales, es necesario contar con una política de protección del consumidor que sea capaz de crear confianza en el consumidor a escala europea y que dé un nuevo impulso a las transacciones comerciales internacionales y europeas. Las ventajas del crecimiento económico en el mercado interior deberían traducirse tanto en beneficios más altos para los negocios, como en una protección y unas prestaciones financieras mayores para los consumidores. Gracias a una política conjunta para los consumidores y la armonización del mercado interno, también será posible lograr la convergencia de precios. A la inversa, las prácticas comerciales desleales derivan en un comportamiento financiero irracional en los consumidores, distorsionan la competencia y colocan barreras en el camino del funcionamiento adecuado del mercado.
Para tal fin, yo apruebo el planteamiento de la Comisión, que se basa en la armonización, en el principio del reconocimiento mutuo del país de origen, en una prohibición general de las prácticas comerciales desleales, en la identificación de criterios y ejemplos específicos y en el hecho de que el ámbito de aplicación se limita a una directiva marco basada en las relaciones entre empresas y consumidores. La creación de un marco legislativo europeo que cubre las prácticas comerciales desleales, basado en un nivel apropiado de armonización y enfocado hacia una protección clara y eficaz de los consumidores dentro de la Unión Europea, dará como resultado una confianza del consumidor mejorada, un incremento en el comercio internacional y permitirá que los negocios compitan en una situación de claridad legal.
Aunque el Parlamento aprueba el planteamiento básico y los objetivos principales de la Directiva, presenta también sin embargo una gran cantidad de enmiendas que, en nuestra opinión, hacen toda una serie de definiciones y opciones más claras e inequívocas. En este sentido, hemos presentado una enmienda relativa al fundamento jurídico: una propuesta para incluir, además de la base jurídica propuesta por la Comisión en relación con el mercado interior, un fundamento jurídico basado en el artículo 153 relativo a la protección del consumidor, de forma que podamos reconciliar el objetivo de la armonización y el reconocimiento mutuo del mercado interior con la posibilidad de que los Estados miembros mantengan las disposiciones legislativas que van más allá en materia de protección de los consumidores. Estoy convencida de que, de esta forma, podremos responder a los temores de aquellos que piensan que una mayor armonización podría derivar en una nivelación a la baja de la protección del consumidor o significar un paso hacia atrás en relación con la legislación existente en muchos Estados miembros. También tenemos la sensación de que es importante –respecto a la definición de los consumidores– referirnos a un grupo en particular de ellos, en especial a aquellos consumidores vulnerables que, como resultado de varios factores como la edad, las condiciones físicas o mentales, su nivel de instrucción o discapacidad, necesitan mayor protección. De nuevo en referencia al artículo 2, relativo a las definiciones, es importante modificar la definición de diligencia profesional, y voy a volver a presentar una enmienda al respecto en sesión plenaria.
Apoyamos en esencia el planteamiento de la Comisión respecto al reglamento sobre las prácticas engañosas y agresivas; sin embargo, hacemos hincapié en que la información que los consumidores deben recibir sobre las prácticas comerciales y los códigos de conducta desleales es un elemento fundamental. De forma similar también pensamos, en relación con los códigos de conducta, que la distinción entre códigos nacionales y comunitarios es ligeramente artificial, y por lo tanto subrayamos la necesidad de proporcionar mecanismos apropiados y eficaces para supervisar y asegurar el cumplimiento de los códigos.
Otro aspecto importante, que tiene que ver con los códigos de conducta como un método de regular y resolver conflictos entre empresas y consumidores es el del arbitraje, que no puede ni debe reemplazar ni impedir el recurso a los organismos administrativos, pero que podría desempeñar una función importante.
Así que, tal y como mis compañeros diputados y el Comisario Byrne han destacado, la aprobación de esta Directiva y del informe de mañana es de suma importancia tanto para el desarrollo del mercado interior como para la protección de los consumidores.
Concluiré dando las gracias a todos mis compañeros diputados, quienes han intentado mejorar el presente documento y encontrar una solución con sus contribuciones. Me gustaría darle las gracias en especial a la Sra. Paciotti, que me reemplazó durante un tiempo, cuando tuve que ausentarme por enfermedad, y que realizó un trabajo excelente en mi nombre. 
Berès (PSE ),
   . – Señor Presidente, hablar tan solo un minuto sobre un informe que nos ocupa desde hace tanto tiempo, será difícil. Gracias, señor Comisario, por su propuesta; es una base de trabajo. Felizmente, este Parlamento va a separarse tras haber trabajado sobre esa base. Como sabe, apoyamos el ambicioso concepto del que usted partió, el de una armonización total, pero vemos cuán difícil resultará conseguir que sea aprobado. Quizás, en torno a este concepto, haya que trabajar más para llegar a una protección real de los consumidores, que es lo que nos interesa. 
En aras de la claridad y la eficacia del texto, nos parece que, en efecto, lo que propone en realidad este Parlamento en relación con la armonización de las tasas es una vía útil. Solo mantenemos una tasa, la tasa anual equivalente. Todos ganaremos en claridad. Pero debemos tener presente que los bienes de consumo son bienes para los cual el crédito es de naturaleza especial, en la medida en que, desde el momento que se contrata, los bienes ya no son objeto de un crédito sino, en cierto modo, de una deuda, en la medida en que dichos bienes pierden su valor en el momento en que son adquiridos. 
Hay dos puntos que me han llamado muy especialmente la atención, señor Comisario, y se trata evidentemente de la cuestión del ámbito de aplicación de esta directiva. Como sabe, las prácticas y usos en la Unión Europea hacen que, entre créditos hipotecarios, préstamos personales o créditos asignados, existan equilibrios muy diferentes de un Estado miembro a otro, y debemos encarar la realidad de los mecanismos y los riesgos de dumping existentes en función de las distintas prácticas nacionales. 
Es evidente que, si se sacan los créditos hipotecarios de esta directiva remitiéndolos a otra, se abrirá el campo a los bancos que se benefician del maná de los créditos hipotecarios para atacar otros mercados de crédito al consumo. No creo que sea el objetivo buscado por esta directiva, que debe, en primer lugar y ante todo, proteger todos los tipos de créditos al consumo.
Patrie (PSE ),
   . – Señor Presidente, reforzar la confianza de los consumidores es en efecto un elemento esencial para el desarrollo del mercado interior, como ha señalado usted, señor Comisario. Ahora bien, esa confianza descansa en la posibilidad de que los consumidores puedan efectuar sin ningún riesgo jurídico o económico todo tipo de transacciones comerciales, en particular mediante los nuevos procedimientos de comercio electrónico.
Los sistemas de prevención y sanción de las infracciones de la legislación en materia de consumo vigentes en los Estados miembros son, por lo general, operativos en el marco de los mercados nacionales, pero resultan inadaptados a escala comunitaria. Este fallo beneficia evidentemente a los operadores poco considerados, en detrimento de los consumidores y comerciantes honestos. 
Por tanto, no podemos sino celebrar la iniciativa de la Comisión de crear una red de autoridades que puedan cooperar entre sí para sanear el mercado interior de prácticas dudosas, aunque por mi parte hubiera preferido que se optase por una red de carácter íntegramente público, conforme a la propuesta inicial de la Comisión. 
No obstante, dada la necesidad de tener en cuenta la diversidad de las prácticas comunitarias y la urgencia de disponer de este instrumento, considero razonable aprobar el compromiso alcanzado, en especial gracias al trabajo de la ponente. Expreso, pues, el deseo de que un auténtico espíritu de ayuda mutua presida la cooperación entre los Estados miembros.
Whitehead (PSE ),
   . Señor Presidente, manifiesto nuestra alegría de que la Sra. Ghilardotti se haya recuperado y se encuentre con nosotros hoy.
Este es un debate sobre personas y nuestras preocupaciones para con ellas. Permítanme indicar, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, que apoyamos en gran medida las manifestaciones de la ponente sobre las prácticas comerciales desleales, es decir, que hay que aceptar y reconocer el principio del consumidor vulnerable, que hemos de tener en cuenta las disparidades entre las normas de protección nacionales, que debemos insistir en un doble fundamento jurídico y que el principio de la armonización óptima debe mantenerse en las tres directivas.
En los segundos que me quedan, expreso mi profunda gratitud a la ponente, la Sra. Gebhardt, en la cuestión de la aplicación de las normas por aceptar que cada Estado tenga el poder de decidir cómo las autoridades públicas deberán aplicar el reglamento, aunque según la enmienda 76, será implementado por parte de las autoridades públicas en alianza con otros intereses públicos y ONG, sin que estos las sustituyan. Hoy es un buen día para los consumidores y, a pesar del escaso debate que hemos mantenido, debemos proclamarlo a los cuatro vientos. 

Thyssen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el hecho de que podamos completar este periodo parcial de sesiones con un debate sobre tres aspectos importantes sobre los consumidores no es solo simbólico; también nos brinda la oportunidad de volver a enfatizar nuestro deseo sincero de reforzar el carácter humano del mercado interior, y también nos ofrece la oportunidad de dejar claro que el mercado interior existe también para el consumidor y que queremos, y debemos, estimular su confianza.
Por lo que respecta a la directiva marco, el principio guía de nuestro grupo es que un alto grado de protección del consumidor es el prerrequisito para la aplicación real del principio de reconocimiento mutuo. Aceptamos la restricción del ámbito de aplicación respecto a la relación entre la industria y el consumidor. Sin embargo, con el fin de dejar clara a todo el mundo la conexión entre esta directiva marco y los aspectos relacionados con la competencia, nos gustaría seguir presentando enmiendas.
Para nuestro grupo, el consumidor medio sigue siendo el punto de referencia. Aceptamos que se presentarán más enmiendas, pero es probable que dichas enmiendas no vayan tan lejos, como hasta para apartarse de la opción de forma radical. Además, nos mantenemos firmes en que debe manifestarse de forma explícita que las listas negras de las prácticas comerciales agresivas y engañosas son de carácter exhaustivo y que el objetivo de armonización de la directiva no quedará debilitado. Si hay que modificar las listas negras, creemos que esto tiene que hacerse por medio del procedimiento de codecisión. También seguimos estando convencidos de que un fundamento jurídico doble para la directiva marco no está justificado, no es necesario y está de más. Por lo tanto, seguiremos la recomendación de nuestro servicio jurídico y refrendaremos las razones que hemos expuesto anteriormente en las diversas comisiones.
Durante este periodo parcial de sesiones, como en periodos anteriores, hemos promulgado gran cantidad de disposiciones legales magníficas sobre la protección del consumidor, y esto ha sido posible únicamente gracias a las propuestas de la Comisión. Así que me gustaría hacerme eco de todos aquellos que querrían darle las gracias a la Comisión en el día de hoy por la propuesta que hemos recibido, ya que sin las propuestas de la Comisión no seríamos capaces de sacar el trabajo adelante. El caso es, por supuesto, que no importa el número de leyes magníficas que promulguemos, la legislación depende por entero de su aplicación y ejecución eficaces. Esta es la razón por la que soy una gran partidaria de la propuesta de la Comisión de desarrollar una red de organismos administrativos que se hagan responsables de la aplicación de todas estas maravillosas directivas sobre los consumidores. Acojo con gran satisfacción estas propuesta de la Comisión.
Espero que los diputados de esta Cámara volverán a considerar las enmiendas, porque sé que hay personas en nuestro grupo que lamentarían enormemente que termináramos con un reglamento demasiado burocrático y que supondría una gran cantidad de papeleo. Lo veríamos como algo insostenible. Así que debemos asegurarnos de que obtenemos el mayor número de votos para aprobar la propuesta de una red. Debemos pedirle al Consejo que vuelva a considerar la cuestión. Después de todo, no siempre debemos ser nosotros los que nos adaptamos a la posición del Consejo. Estamos de acuerdo en muchísimos aspectos. Por una vez, deberíamos pedirle al Consejo que se adaptara al Parlamento y que respetara la democracia. 
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, la Sra. Arlene McCarthy y yo hemos presentado un total de 25 enmiendas a la propuesta de Directiva sobre crédito a los consumidores, de la cual es ponente el Sr. Wuermeling. 
Como es sabido, hubo una etapa inicial de indecisión, en la que el ponente pensó que la Directiva estaba siendo modificada en la comisión, lo cual llevó a la devolución a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de esta propuesta de Directiva, pero, por fortuna, logramos solventar la cuestión y por fin, el ponente se decidió, de acuerdo con nosotros, a volver a presentarla con una serie de enmiendas.
Nuestro problema es la falta de tiempo. Se agota esta legislatura. En esta legislatura el Parlamento no ha podido completar el examen de la propuesta de Directiva y nos limitamos a hacer la primera lectura para dar oportunidad al próximo Parlamento de examinarla en profundidad.
Nuestra preocupación, como es lógico, es no matar el crédito al consumo -que, para bien o para mal, ha pasado a ser una parte esencial de nuestras vidas-, así como dar una garantía al consumidor de que no quedará estrangulado a través del crédito al consumo.
Nuestras enmiendas son de diferente naturaleza. Alguna, por ejemplo, se refiere al fundamento jurídico. Creemos que es importante introducir como fundamento jurídico adicional el artículo 153 en materia de protección a los consumidores y, además, nos parece también importante señalar algunos elementos en las definiciones. En las definiciones y sobre todo en la adhesión a ciertos principios básicos, por ejemplo, la TAE -Tasa Anual Equivalente-, que ha sido un concepto que hemos desarrollado aquí y evitar su sustitución por otros criterios cuya comprensión pueda resultar mucho más difícil.
En definitiva, nosotros esperamos que de la votación de mañana pueda salir una propuesta de Directiva más clara para el consumidor y que sobre esa base el próximo Parlamento pueda aprobar definitivamente esta Directiva, tan importante para todos los consumidores de la Unión Europea.
Thors (ELDR ).
    Señor Presidente, Comisarios, en primer lugar me gustaría mencionar la propuesta sobre cooperación entre las autoridades de protección del consumidor, que acogemos con los brazos abiertos, y pienso que el ponente ha realizado un trabajo excelente. Es a la vez sorprendente y deprimente ver la cantidad de energía que han gastado algunos diputados para intentar atenuar esta propuesta. No me es posible concebir una situación en la que todo el mundo, menos los consumidores, tienen derechos en el mercado interior. Esto ha sido algo realmente deprimente, pero acojo esta propuesta y espero que una gran mayoría del Parlamento apoye la propuesta de transacción presentada por la Sra. Gebhardt.
Por lo que respecta al informe del Sr. Wuermeling en materia de crédito a los consumidores, debo decir que me siento satisfecha por el hecho de estar debatiendo hoy esta cuestión y de haber logrado un progreso tan grande. Como ya se ha dicho en intervenciones anteriores, las mejoras son sin embargo necesarias, ya que de lo contrario existe el riesgo de que las directivas diluyan los derechos que los consumidores ya poseen.
Anteriormente, un orador ha mencionado el tipo de interés efectivo global anual actual y, en este caso, también nos gustaría, al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y a mí, que la definición fuera más amplia. También debe mejorarse el derecho a la amortización anticipada. Pienso que la propuesta de transacción de la ponente no va lo suficientemente lejos en este sentido. Tal y como suelo hacer en estos debates, me gustaría mencionar el derecho a la portabilidad del número en el sector de las telecomunicaciones, que ha conferido a los consumidores derechos importantes. En mi país, los costes han caído en un 7% durante el pasado año, y pienso que el derecho al reembolso ha sido un factor que ha contribuido de forma significativa.
También pienso que es necesaria una mejor información sobre las tarjetas de crédito, y que las exclusiones hechas en algunas enmiendas no son realmente deseables.
Finalmente, en mi opinión, la responsabilidad es realmente necesaria para desarrollar el mercado interior y ofrecerles a los consumidores protección cuando nuevos productos entran en el mercado. También me gustaría mencionar un hecho ocurrido en mi país. Una empresa de bajo coste de nueva creación se fue a la quiebra, y solo aquellos consumidores que habían pagado con tarjeta de crédito recibieron algún tipo de protección. Esto es una muestra más de que este aspecto es necesario para los consumidores cuando los mercados se encuentran en desarrollo. 
MacCormick (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, quisiera comenzar desde una perspectiva local. El pasado viernes visité el municipio de Blantyre en mi circunscripción para hablar con una alianza de cooperativas de crédito en esa parte de Escocia. Como el Comisario sabrá perfectamente, en algunas partes de la Unión, las cooperativas de crédito ofrecen créditos seguros, económicos y asequibles a los consumidores a través de organizaciones voluntarias que llevan a cabo esta labor sin ánimo de lucro.
Estaban muy preocupadas desde el comienzo del proceso de que podrían verse atrapadas por algunos de los aspectos técnicos de esta directiva. Estoy profundamente agradecido al Sr. Wuermeling por la forma en que, en las enmiendas 4 y 62, ha tratado de crear una excepción para este tipo de actividad. Esto es de verdad muy importante y mis electores se mostraron muy agradecidos al saber cuánto se había hecho al respecto.
Aunque es posible que aún queden cuestiones pendientes entre nosotros con respecto al equilibrio exacto entre el consumidor y el prestamista en el informe Wuermeling, todos estamos de acuerdo en que reviste una importancia fundamental asegurar el mercado interior de forma que se pueda llevar a cabo un comercio más amplio, pero no a costa de injusticias para los consumidores.
Le felicito sinceramente por la labor que ha realizado. Aunque mañana apoyaremos algunas enmiendas en contra de su opinión, no será a costa de apoyar el proyecto general.
Lo mismo puedo decir de la propuesta de la Sra. Gebhardt. Estamos hablando de derechos del consumidor. No hay derechos sin posibilidades de recurrir, como dice un acertado lema clásico, y que la función del nuevo reglamento del que han hablado el Comisario y la Sra. Gebhardt consiste en asegurar que existan recursos suficientes y poderosos a favor de los derechos que todos apoyamos.
De forma parecida, si me permite decirle a la Sra. Ghilardotti, la idea de que debemos comenzar a desarrollar una jurisprudencia de comercio leal en la Unión Europea me parece espléndida. Se llevará a cabo, por supuesto, en sentido negativo al establecer la obligación general de no practicar un comercio desleal. Felicito a la Sra. Ghilardotti por el trabajo que ha realizado. Puede que existan uno o dos puntos de discordia en la votación de mañana, pero la idea es que todos estamos conduciendo la nave en la misma dirección. 
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, durante más de un año y medio, este Parlamento ha estado trabajando en la propuesta de la Comisión para la armonización de las disposiciones en materia de crédito al consumidor. Desde nuestro punto de vista, esto es demasiado tiempo porque las posiciones del comité consultivo ya estaban en buena parte fijadas antes del verano de 2003. Parece como si la Comisión Europea, que propone una armonización máxima, no hubiera evaluado correctamente la viabilidad de la situación. Por el contrario, mi grupo apoya la armonización mínima de las disposiciones en materia de crédito al consumidor, de forma que los derechos adquiridos en los Estados miembros continúen estando vigentes. Uno de los derechos adquiridos en mi país, los Países Bajos, es el de que los consumidores a acumular una deuda a corto plazo con un banco en su cuenta corriente sin necesidad de contratos adicionales. A esto lo llamamos «estar en números rojos». Se propone, con toda la razón, eliminar el apartado 2c del artículo 3 por medio de la enmienda 52. Me gustaría oír de parte del Comisario si él piensa aprobar esta enmienda. ¿Es posible que la práctica existente del crédito en cuenta corriente se mantenga vigente bajo la nueva Directiva sin que tengan que llevarse a cabo pasos administrativos adicionales?
En segundo lugar, me gustaría llamar la atención sobre la propuesta de la Comisión relativa a las prácticas comerciales desleales. El artículo 4 de esta propuesta afirma que los comerciantes solo tienen que satisfacer las exigencias que son de aplicación en sus países de origen. Los consumidores lo encontrarán incomprensible; ellos desean la protección que disfrutan en sus propios países de origen. Este artículo constituye un impedimento enorme para la protección eficaz del consumidor. Los comerciantes únicamente se ven obligados a cumplir con las exigencias que son de aplicación en el país donde introducen sus productos en el mercado. Por esta razón, nuestro grupo ha presentado la enmienda 95 para abordar este problema. Espero que reciba la aprobación de la Cámara. También me gustaría oír de parte del Comisario si sería posible que esta enmienda se aprobara. 
Sornosa Martínez (PSE ),
   . Señor Presidente, creo que esta Directiva es necesaria. Si hay algo que es evidente es que la Directiva 87/102/CEE ya no refleja la situación existente en el mercado de crédito. Podríamos decir que actualmente todos los europeos estamos acechados por el endeudamiento. Por lo tanto, necesitamos una directiva que evite que, cuando se ofrece a los consumidores un crédito, se tenga la impresión de que no tuviésemos que devolver nunca el dinero, por dos objetivos que a mí me parecen fundamentales: el primero, la armonización de las condiciones en que se ofrecen los créditos al consumo y, el otro, sobre todo –y se trata, desde luego, de una propuesta del Grupo del PSE– la garantía a los consumidores de un alto nivel de protección.
Siento no tener el tiempo suficiente para citarle al Comisario las enmiendas que nosotros consideramos indispensables para cumplir al menos estos dos objetivos. Pero espero que algunos de mis compañeros se lo puedan decir, porque realmente es necesario que los consumidores estemos protegidos, en una época en que parece que los créditos nunca vayan a devolverse. Sin embargo, los ciudadanos sí que los tenemos que devolver, pero estamos más endeudados de lo que podemos.
Bartolozzi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la protección del consumidor es un objetivo importante y tenemos que impedir que los comerciantes deshonestos se beneficien del mercado interior con el fin de engañar a los ciudadanos ofreciéndoles bienes defectuosos. Además, los comerciantes deshonestos se aprovechan de las nuevas tecnologías que brinda la sociedad de la información, debilitando de esta forma la confianza del consumidor en el comercio electrónico.
Estos problemas no solo preocupan de cerca a los consumidores, sino también a los negocios y al conjunto de la economía. Así que, con el fin de proteger a los consumidores, debemos establecer un conjunto de normas claras y eficaces, y también reforzar la cooperación entre autoridades nacionales de protección de los consumidores mediante la promoción del intercambio de información y ofrecer la posibilidad de que las autoridades a las que los consumidores se dirigen puedan pedir asistencia a una autoridad de otro país. Es precisamente este segundo e importante objetivo el que la propuesta de reglamento, que se está discutiendo y votando esta semana en el Parlamento, intenta garantizar.
Los sistemas nacionales actuales no son capaces de impedir ni suprimir la explotación transfronteriza, y las redes informales existentes tienen que hacer frente a obstáculos de naturaleza jurídica, que están relacionados especialmente con las dificultades derivadas del flujo de información de una autoridad a otra, e incluso a la falta de autoridades públicas de protección del consumidor en determinados Estados miembros.
Además, el reglamento precisamente establece la obligación de los Estados miembros de designar una autoridad pública de protección del consumidor, que formará parte de una red europea. La autoridad de un Estado miembro podrá solicitar la ayuda de otros miembros de la red para investigar las posibles infracciones, para recibir información y, de este modo, dar fin a la explotación por parte de comerciantes deshonestos.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha presentado algunas garantías adicionales a la propuesta de reglamento, con el fin de evitar los posibles abusos de poder de las autoridades nacionales, para proteger la información confidencial de los negocios, que no es estrictamente necesaria para la investigación, y para asegurar que las peticiones para la cooperación están justificadas de forma razonable y que no causan trabas innecesarias a los comerciantes.
Además, la propuesta de reglamento prevé procedimientos que a veces son un poco pesados y enrevesados para los consumidores y las administraciones públicas, y se corre el riesgo de que los costes resulten mucho más altos que el valor de la pérdida o del daño sufridos por los consumidores. Esta es la razón por la que nos oponemos a determinadas disposiciones presentadas por el Consejo y la Comisión que complicarían enormemente el sistema, y si hemos de aprobar el reglamento en la lectura anterior a la ampliación, deberíamos asegurarnos de que va a revisarse sobre la experiencia ganada en los cinco años posteriores a su entrada en vigor. 
McCarthy (PSE ).
    Señor Presidente, a raíz de un estudio realizado en Gran Bretaña sobre el conocimiento de los créditos al consumo, ha quedado patente que los consumidores necesitan información clara y coherente para poder realizar comparaciones informadas de los productos en oferta. Es verdad que, debido a la innovación y evolución, gran cantidad de los productos actuales ofrecen al consumidor más variedad y flexibilidad, aunque muchos son difíciles de comprender para ellos. El 56% de los consumidores de Gran Bretaña no comprenden los términos utilizados en los contratos de crédito, el 77% consideran que el lenguaje utilizado en publicidad es confuso y el 68% tienen constancia de que los prestamistas no calculan el TAE de la misma forma, no saben cómo funciona el sistema y les parece complicado comparar un préstamo con otro, lo que dificulta elegir las mejores ofertas. Lo que es más importante, también significa que los proveedores de créditos están menos presionados para que sus precios y ofertas sean competitivos. Si este es el caso en tan solo un Estado miembro, imaginen la situación en los 25. Por este motivo, la directiva debe proporcionar los niveles máximos de protección al consumidor en lo que respecta a publicidad, información y normas de cálculo del TAE, así como un elevado nivel de protección y compensación del consumidor.
Permítanme señalar dos aspectos que la Comisión debe examinar con mayor detenimiento. En primer lugar, la responsabilidad solidaria. En Gran Bretaña, el artículo 75 de la ley de créditos al consumo prevé recursos y compensaciones. Comprendo que el Comisario diga que los Estados miembros pueden ir más allá. No obstante, no deseo que esta directiva sirva de excusa para que los proveedores de créditos eviten el muy alto grado de protección al consumidor que ya ofrecen otros Estados miembros.
También se han mencionado las cooperativas de crédito. Me complace que el ponente haya aceptado la enmienda redactada por el Sr. Crowley y por mí. Es cierto que las cooperativas de crédito prestan un servicio de gran importancia, ya que no solo ofrecen préstamos asequibles, sino que también ayudan a los elementos más pobres de la comunidad –los desaventajados y personas con bajos ingresos– a escapar de las garras de los tiburones financieros. Me temo que si se aplican las disposiciones propuestas de esta directiva, dichos consumidores de las zonas más pobres acabarán sin estas cooperativas y sin la opción de obtener un préstamo asequible. La lista de votaciones del PSE mañana reflejará nuestro deseo no solo de ver la apertura de un mercado de créditos al consumo en este terreno, sino también de lograr el mayor nivel posible de protección de los consumidores en toda Europa. 
Wallis (ELDR ).
    Señor Presidente, me parece que el debate conjunto de esta noche supone quizás un colofón adecuado de la labor realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en esta legislatura. Al principio del mandato también pensamos que con la llegada del euro y el comercio electrónico se produciría un doble estímulo de la economía y el mercado interior de Europa. Por desgracia, la realidad ha sido más decepcionante, en concreto en lo que respecta a la participación de los consumidores en transacciones transfronterizas.
Hubo un informe interesante de los Centros Europeos de Consumidores, que se encuentran en primera línea. Dicho informe se presentó el Día europeo del consumidor de este año. De 114 transacciones transfronterizas, solo 75 dieron pie a una entrega. Se produjeron problemas con el pago y problemas con los reembolsos. No es precisamente el mercado seguro y operativo que queríamos crear, ni hemos alcanzado el nivel de confianza que realmente necesitamos.
Parece que de distintas formas complementarias, estas tres medidas ayudarán a mejorar la situación. La legislación sobre prácticas comerciales desleales debe crear el elevado nivel de protección del consumidor en todas partes. Con las medidas que prevé, a través de códigos que favorezcan la resolución alternativa de litigios, combinados con la aplicación adecuada gracias a la directiva de aplicación de las normas, es posible que obtengamos acceso a la justicia en todo el mercado que tendría que estar a disposición de los consumidores.
Por último, en lo que respecta a los créditos al consumo, hay que establecer una disposición que asegure que los consumidores tengan el respaldo de los proveedores de créditos: esta disposición existe en mi propio país y en otros. Esto debería ampliarse a toda Europa; una de nuestras enmiendas al respecto fue aprobada en comisión. Es una ambición de futuro dar confianza al consumidor, que de verdad necesitamos para que el mercado funcione. 
Lehne (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, dado el poco tiempo del que dispongo, quiero referirme solo al informe Gebhardt. Agradezco el esfuerzo que han hecho la ponente y la Comisión por hacer las cosas bien en materia de cooperación transfronteriza. Aunque nadie duda de la utilidad de ese esfuerzo, me pregunto si la propuesta de la Presidencia irlandesa representa en realidad una posición aceptable o si no estaremos creando un monstruo burocrático. En primer lugar, me parece un error que ahora, por primera vez en la historia de la legislación de la Unión Europea, tratemos de interferir con el derecho de los Estados miembros a organizar la forma en que, dentro de sus respectivas fronteras, transponen los Reglamentos y las Directivas. En este caso, recomendamos que los Estados miembros no transfieran algunas funciones a organizaciones privadas y que estas sigan siendo desempeñadas por las autoridades públicas. Con ello, lo que hacemos es entrometernos en asuntos cuya organización compete a los Estados miembros, lo cual puede significar que todo el Reglamento infrinja el Tratado.
Mi segunda preocupación está motivada por el monstruo burocrático que se crea para tomar decisiones en caso de conflictos. Solo puedo describirlo como una sátira de la vida real. La situación es tal que el Estado miembro que delega la función tiene que otorgar su consentimiento al Estado miembro que la acepta, confiando la realización de las tareas a una organización privada. En el caso de que eso no sea posible, ni tampoco lo sea la revisión de los criterios por reconocimiento mutuo, se pondrá en marcha un procedimiento de comitología, en virtud del cual la decisión recaerá en la Comisión, de manera que habrá que viajar a Bruselas desde 25 capitales nacionales para decidir si el asunto en cuestión puede transferirse a organizaciones privadas de conformidad con la Directiva o el Reglamento en cuestión. Eso me parece bastante desproporcionado para el asunto que nos ocupa.
Debemos respetar el ejercicio de poderes de los Estados miembros y reconocer la eficiencia con que desempeñan sus funciones. Por ello, propongo que nos atengamos a lo que ha decidido la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. El Consejo hará lo mismo cuando recobre el sentido común. La Sra. Thyssen ha dicho antes que no hay ningún motivo para que cedamos en esto; es el Consejo el que tiene que ceder ante nosotros, para que podamos aprobar este Reglamento rápidamente, en primera lectura, pero sobre la base de la propuesta de resolución presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y no del compromiso propuesto por la Presidencia irlandesa. 
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Comisario Byrne, Señorías, mi intervención se refiere al informe Wuermeling sobre la Directiva en materia de crédito a los consumidores. Quiero agradecer expresamente al ponente su excelente trabajo y la estrecha cooperación que ha existido entre las comisiones. Su tarea no ha sido nada fácil, porque el texto propuesto por la Comisión es, por decirlo suavemente, un texto malo. La propuesta de la Comisión parte de supuestos falsos. Contrapone los intereses de los consumidores a los de los bancos y, en muchos casos, incita a unos contra otros, cuando lo que Europa necesita es más cooperación y menos recriminación, más seriedad y menos demagogia superficial.
Nosotros somos claramente partidarios de la protección del consumidor, de una mayor transparencia, de información recíproca y del establecimiento de límites superiores e inferiores para la aplicabilidad de la Directiva. Pero no queremos más burocracia para los créditos al consumo, no queremos que esos créditos se encarezcan ni queremos que se incluyan los descubiertos bancarios en la Directiva. 
Espero que el proyecto que ha elaborado el Parlamento, basado en las propuestas del ponente, haga justicia a las verdaderas intenciones de esta Directiva, que son mejorar la protección de los consumidores y reducir la burocracia, asegurar una mayor transparencia y aumentar la confianza y el respeto mutuo, para defender así los intereses de los consumidores y promover los préstamos transfronterizos.
Les pido que voten a favor de las enmiendas presentadas por el Parlamento y el ponente, porque es la única forma de aumentar la cooperación en lugar de los conflictos. 
Doyle (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, circunscribiré mis comentarios al informe del Sr. Wuermeling sobre el crédito a los consumidores. Este es su segundo intento de alcanzar un compromiso en lo que respecta a la Directiva sobre el crédito a los consumidores, habiéndose opuesto el Parlamento a muchos aspectos de la Directiva propuesta y devolviéndola a comisión en noviembre de 2003.
La presente Directiva trata de armonizar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros aplicables a los contratos de concesión de créditos al consumo y a las garantías relativas a contratos con consumidores. Pese a la oposición que he manifestado anteriormente a muchos aspectos, apoyaré sin reservas el informe del Sr. Wuermeling con la condición de que se aprueben todas las enmiendas relativas al llamado «préstamo responsable», al uso obligatorio de bases de datos de referencia de créditos y a la exención para las hipotecas, y con la condición de que esta Cámara apoye las enmiendas relativas a las llamadas cooperativas de crédito, 4 y 61. 
El movimiento de las cooperativas de crédito en Irlanda y el Reino Unido es único. La mayoría de las entidades financieras que prestan dinero son negocios con afán de lucro. Las cooperativas de crédito se diferencian en que pertenecen a sus propios afiliados y son administradas por ellos. Todos los miembros de sus consejos y de sus principales comités son voluntarios –en mi país suman unos 15 000–, como también lo son la mayor parte de sus empleados, salvo en las cooperativas de crédito de mayor tamaño, que tienen hasta 2 000 empleados remunerados. Esas cooperativas deben limitarse a operar exclusivamente dentro de su área geográfica local y conceden créditos generalmente de pequeña cuantía a afiliados de renta baja o que atraviesan dificultades económicas. A través del Servicio de Asesoramiento sobre Asuntos Monetarios y Presupuestarios, conocido por sus siglas MABS en Irlanda, permiten la concesión de créditos a personas que suelen estar ya seriamente endeudadas y de las que podrían aprovecharse prestamistas ilegales que aplican a sus préstamos unos tipos de interés imposibles.
En mi país, donde somos menos de cuatro millones de habitantes, tenemos 2,5 millones de afiliados a cooperativas de crédito con unos ahorros superiores a los 9 000 millones de euros. El 37% de los préstamos concedidos por las cooperativas de crédito no sobrepasan los 750 euros. El importe medio de los préstamos es de 7 000 euros. Los créditos actualmente concedidos suman un total de 5 000 millones de euros. La Liga Irlandesa de Cooperativas de Crédito proporciona un liderazgo eficaz a todas nuestras cooperativas de crédito en la isla de Irlanda.
En conclusión, la armonización es necesaria y bienvenida siempre que respete la diferente gama de productos financieros y las diferentes culturales que existen en los servicios financieros de cada Estado miembro. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor frente al prestamista y la protección del prestamista frente al consumidor. 
Harbour (PPE-DE ).
    Señor Presidente, como han dicho algunos de mis colegas respecto al crédito al consumo, un buen reglamento reactivará el mercado, aumentará la confianza de los consumidores y estimulará la innovación y el desarrollo en todo el mercado único. La propuesta original de la Comisión no hacía casi nada de eso, y el informe del Sr. Wuermeling, que acojo con gran satisfacción, es un paso importante en la dirección correcta y una considerable mejora.
Ahora bien, como también han dicho algunos de mis colegas, los derechos del consumidor tienen que contar con mecanismos de aplicación adecuados. Las otras dos propuestas que se están debatiendo esta noche tienen ese vínculo en común. Acogemos con satisfacción el informe de la Sra. Gebhardt para llegar a un compromiso, que contará con nuestro apoyo porque es muy importante.
Hemos realizado también un progreso importante con la presentación de una propuesta viable en materia de prácticas comerciales desleales, siendo la aplicación de la legislación su elemento clave. No tiene sentido dotar de nuevos derechos a los consumidores si no se pueden hacer cumplir. Las empresas tienen que saber en qué situación están respecto a la legislación nacional y además se las tiene que animar a que adopten las mejores prácticas por medio de códigos de conducta. Hemos avanzado mucho en esa dirección. La importante propuesta de reconocimiento mutuo es también absolutamente esencial para que todo funcione de manera correcta.
En conclusión, este paquete beneficia a los consumidores y al mercado interior, y apoyaremos plenamente las tres propuestas. 
Byrne,
     Señor Presidente, gracias por sus valiosas intervenciones referidas a estas tres cuestiones. Sé que el Parlamento y la Comisión están de acuerdo en muchas cosas. Permítanme que responda a algunos de los comentarios que se han hecho durante el debate y que explique la posición de la Comisión sobre las principales enmiendas.
En primer lugar, la cooperación en materia de aplicación de la legislación. En lo que respecta a este Reglamento, la Comisión puede aceptar todas las enmiendas presentadas en el pleno por la ponente, ya que reflejan el compromiso alcanzado con el Consejo para la aprobación del Reglamento en primera lectura. La Comisión rechaza las enmiendas que no forman parte del paquete de compromiso. Prolongar las discusiones después del compromiso alcanzado con el Consejo no aportará ventajas sustanciales a nuestra capacidad de mejorar la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor. Pero dará más tiempo a los comerciantes deshonestos para que puedan aprovecharse de la ausencia de una cooperación eficaz entre las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la legislación. El compromiso alcanzado representa un equilibrio razonable entre las distintas tradiciones de los Estados miembros en la aplicación de la legislación para la protección de los consumidores.
La cuestión más importante en estos debates ha sido la naturaleza pública de la red propuesta. La propuesta de la Comisión se basa en la idea de que solo las autoridades públicas pueden ofrecer garantías suficientes de eficacia y confidencialidad. En una minoría de Estados miembros, la aplicación eficaz de la legislación en materia de protección de los consumidores se consigue por medio de la financiación de organizaciones de consumidores privadas para que actúen en defensa del interés general. 
La enmienda 76 consigue conciliar ambas tradiciones. Los Estados miembros con una larga tradición de organizaciones privadas de consumidores podrían delegar en ellas un buen número de litigios transnacionales. En los litigios que implicaran información confidencial o que exigieran importantes investigaciones –es decir, en las infracciones más graves–, no intervendría ninguna autoridad pública. 
La referencia a la comitología se ha introducido a petición de los diputados que son partidarios de que los Estados miembros deleguen estas competencias. Para un Estado miembro al que otro Estado miembro haya impedido delegar en una organización privada, es una buena oportunidad para exponer sus motivos de queja.
El Consejo y la Comisión consideran totalmente inaceptable la enmienda 29, que elimina los puntos b) y c) del apartado 2 del artículo 8. Ambas instituciones consideran que el apartado 2 del artículo 8 es un paquete que no se puede tocar. Por consiguiente, pido a la Cámara que apoye esa posición.
Celebro estar debatiendo hoy aquí la Directiva sobre créditos al consumo. Han transcurrido algo más de 19 meses desde que la Comisión remitió su propuesta al Parlamento, apenas unas semanas menos que el período de gestación del elefante, por lo que supongo que no puede sorprendernos el voluminoso informe que nos ha entregado el ponente. Estoy seguro de que el ponente entenderá que no acepte todas sus enmiendas, aunque estoy tratando de llegar a un compromiso respecto a su posición y su informe.
La Comisión puede aceptar muchas de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que hoy debatimos. Puede aceptar otras en parte o con algunos cambios. Recuerdo también que se han presentado más de 200 enmiendas en esta sesión plenaria, que junto con los comentarios de los diferentes oradores, demuestran que las opiniones están muy divididas. Eso refleja los diferentes planteamientos del crédito al consumo que existen en toda la Unión Europea. Pese a todo me parece alentador el consenso general que existe respecto a los dos principales objetivos, que son garantizar un alto nivel de protección y crear un verdadero mercado único para el crédito al consumo. 
Dado el gran número de cuestiones técnicas que se han planteado, no dispongo de tiempo para comentarlas todas. Por tanto, me centraré solo en algunas de las cuestiones principales. Quiero reiterar que la armonización plena no conllevará una reducción del nivel de protección del consumidor. La plena armonización se aplicará a todos los ámbitos cuya armonización se contempla en la Directiva; es decir, los ámbitos más importantes para el funcionamiento del mercado único. La Comisión está dispuesta a considerar la exclusión de algunos ámbitos en la propuesta, siempre que no afecten al mercado único. En esos ámbitos, los Estados miembros podrán mantener sus disposiciones nacionales.
Los intermediarios de crédito estarán sujetos únicamente a supervisión nacional. Ya no será obligatorio el registro. Las disposiciones contenidas en la legislación vigente podrán, en general, suprimirse; por ejemplo, las disposiciones relativas a la venta a domicilio. Lo mismo cabe decir de los aspectos recogidos en el Derecho civil nacional, como las disposiciones relativas a la reconstitución de capital y a las sanciones. Pero, como ya dije antes, esta Directiva pretende también garantizar un alto nivel de protección a los consumidores en materia de créditos. Por tanto, no puedo aceptar enmiendas que reduzcan el nivel de protección del consumidor.
Respecto a los créditos y descubiertos de pequeña cuantía, podría imponerse un régimen menos riguroso a las cooperativas de crédito basado principalmente en el suministro de información. Siempre me parecen interesantes las historias del Sr. MacCormick sobre sus electores y sus experiencias recientes en su circunscripción. Estoy seguro de que le alegrará saber que he sido invitado a mi pequeña ciudad natal, Monasterevin, en el condado de Kildare, para inaugurar una nueva cooperativa de crédito dentro de dos semanas, ocasión que aprovecharé para insistir en estos puntos.
Respecto a las hipotecas, la Comisión reconoce que existen una serie de problemas prácticos y jurídicos importantes, sobre todo relacionados con el hecho de que esos préstamos se avalen con hipotecas sobre bienes inmuebles. Pero no debemos perder de vista que una parte cada vez mayor del gasto de los consumidores y de los sistemas de concesión de créditos al consumo se financia con préstamos avalados con hipotecas sobre bienes inmuebles a través de los llamados mecanismos de liberación de capital.
Las cuestiones jurídicas relacionadas con estos contratos son realmente complicadas, pero los riesgos que corren los consumidores que ofrecen su vivienda familiar como garantía colateral de un crédito al consumo merecen un examen detallado por parte de los organismos reguladores y justifican la necesidad de adoptar disposiciones para proteger al consumidor. El grupo del foro sobre créditos hipotecarios está debatiendo cuestiones relacionadas con los créditos garantizados mediante hipotecas, estando previsto que presente un informe preliminar en junio de 2004.
La Comisión tendrá también en cuenta las conclusiones de este grupo cuando formule su propuesta revisada. En este sentido, quiero decir que la Comisión está dispuesta a aceptar el límite máximo que se ha propuesto. Los créditos por importes superiores a ese límite máximo quedarían fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. En general, los créditos de esa cuantía se garantizan mediante una hipoteca. Se ha expresado preocupación por la posibilidad de que el régimen de responsabilidad solidaria propuesto por la Comisión conlleve una reducción significativa de la protección en algunos Estados miembros. La Comisión reitera que esa no es su intención y cree que la Directiva no debe debilitar los regímenes nacionales existentes.
Respecto a la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, celebro decir que la Comisión puede aceptar muchas de las enmiendas propuestas en el informe de la Sra. Ghilardotti, con solo unos pequeños cambios en algunos casos. Por lo tanto, me centraré en los aspectos que plantean más dificultades. Según la propuesta, cualquier práctica que sea engañosa o agresiva cumple automáticamente el criterio de práctica desleal sujeta a la prohibición general. Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar la enmienda 32, puesto que exigiría volver a aplicar las normas de la prohibición general a las prácticas engañosas o agresivas La enmienda 58 tampoco es aceptable porque debilitaría la conexión entre el artículo sobre las prácticas agresivas y las normas de la prohibición general.
La Comisión está dispuesta a ajustar la especificación del consumidor medio que se utilizará para evaluar la repercusión de las prácticas comerciales.
Después de nuestra consulta, hemos adoptado un enfoque comedido de la divulgación de información. La propuesta se centra en la información sustancial que, si no reciben los consumidores o no se deduce del contexto, puede inducir a confusión. Aunque algunos de los cambios propuestos son aceptables, otros alterarían este equilibrio, bien por suprimir información sustancial, bien por añadir requisitos adicionales que impondrían más costes sin generar ningún beneficio real para los consumidores. Por tanto, las enmiendas 46 y 49 a 57 no se pueden aceptar. 
Las medidas que figuran en el Anexo se han seleccionado porque son desleales en todas las circunstancias y, en consecuencia, porque pueden prohibirse de antemano. Pero se llega a ellas aplicando las normas de la cláusula general y tienen que incluirse dentro del ámbito de aplicación de la propuesta.
No soy tampoco partidario de la idea de un doble fundamento jurídico propuesto por algunos. Sé que algunos oradores esperan la inclusión del artículo 153. Sin embargo, el apartado 1 del artículo 153 hace referencia al artículo 95, que es el fundamento jurídico de este instrumento legislativo, y el apartado 4 del artículo 153 se refiere a la legislación que solamente puede utilizarse en ámbitos donde exista una armonización mínima. Esa no es nuestra ambición. Así pues, pido al Parlamento que apruebe el texto propuesto y siga el consejo de los Servicios Jurídicos del Parlamento que, según tengo entendido, comparten mi opinión.
Para terminar, he mencionado tan solo una serie de enmiendas o temas específicos. Se ha remitido a la secretaría del Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas de los tres informes examinados en este debate conjunto y espero que así conste en el acta literal del debate conjunto.(1)
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0260/2004) del Sr. Sturdy, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal (COM(2003) 117 - C5-0108/2003 - 2003/0052(COD)).
Byrne,
    Señor Presidente, celebro la oportunidad de debatir esta propuesta con ustedes y quiero dar las gracias a los ponentes –la Sra. Redondo Jiménez, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Sr. Sturdy, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor– por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a forjar acuerdos en torno al texto. 
Esta propuesta se refiere al establecimiento de LMR: límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen animal y vegetal. Se trata de un tema delicado, ya que no sé de nadie que haga lo posible por tener residuos de plaguicidas en los alimentos. Pero en la agricultura moderna esos residuos son el resultado inevitable de los métodos de producción agraria. Nuestra obligación en este caso es establecer un marco legal y administrativo que proteja a los consumidores frente a unos niveles inaceptables de residuos, permitiendo al mismo tiempo el comercio de productos agrícolas.
Es importante recordar que esta legislación no pretende regular la utilización de plaguicidas y no quiero entrar hoy aquí a debatir el tema general de los plaguicidas. Esa cuestión ya se recoge en la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización y utilización de plaguicidas, respecto a la cual la Comisión presentará sus propuestas de enmienda a finales de este año. Examinemos, mejor, la propuesta que hoy nos ocupa y que tiene varios objetivos.
El primero de ellos es la simplificación. Esta directiva pasó por un proceso SLIM (simplificación de la legislación en el mercado interior) con las partes interesadas en 2000 y 2001, y consolida las cuatro directivas que ya existían sustituyéndolas por un único reglamento.
En segundo lugar, trata de conseguir, de golpe, la armonización de los LMR en toda la Comunidad. Llevamos estableciendo LMR a escala comunitaria desde 1976, y ni siquiera hemos recorrido la mitad del camino. Eso significa que para la mayor parte de las sustancias y productos, se aplicarán 15, y en breve 25, normativas nacionales diferentes, lo cual es difícilmente compatible con el mercado único. Si introducimos la posibilidad de LMR comunitarios temporales, podremos armonizarlo todo en un corto espacio de tiempo, a la espera de los resultados de las evaluaciones de los principios activos según se establece en la Directiva 91/414/CEE.
En tercer lugar, asignaremos un papel a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para la evaluación de riesgos de los LMR.
En cuarto lugar, introduciremos procedimientos claros y transparentes para todas las partes interesadas en el establecimiento o la modificación de LMR.
En quinto lugar, con la introducción del concepto de LMR de «tolerancia cero» por defecto, proponemos una solución para los residuos de las 400 sustancias que ya hemos retirado del mercado y de las cuales no queremos ningún residuo en los alimentos. Algunas de ellas son sustancias inaceptables; muchas son sustancias que la industria no quiso apoyar en el programa de evaluación de la 91/414/CEE y sobre las que no tenemos ningún tipo de información.
Por último, queremos endurecer las disposiciones relativas a las medidas de vigilancia y de control.
Estos son los principales objetivos que contempla la propuesta, que espero que pueda entrar en vigor de aquí a 2006, 30 años desde nuestras primeras iniciativas en este ámbito, tiempo durante el cual se han producido importantes cambios en la ciencia, el comercio, la política y la protección del consumidor. Pido al Parlamento que apoye esta propuesta como un paso importante para la protección de los consumidores y espero con interés el debate que tendrá lugar acto seguido. 
Sturdy (PPE-DE ),
    – Señor Presidente, el Comisario se me ha adelantado y ha dicho prácticamente todo lo que yo pensaba decir. Él y yo estamos muy de acuerdo en esta cuestión.
Antes de nada, quiero añadir algo a lo que ha dicho el Comisario sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria, que tiene una gran importancia. Ruego a este Parlamento, a la Comisión y a todos los afectados que aseguren una financiación suficiente para que la Autoridad de Seguridad Alimentaria pueda hacer su trabajo. La comisión lo considera totalmente necesario.
Apoyo plenamente las propuestas relativas a la armonización de los niveles máximos de residuos en productos de origen animal y vegetal en toda la Unión Europea. Desde hace demasiado tiempo existen variaciones entre países. Como ha dicho el señor Comisario, es muy importante que un producto consumido en un país sea igual de seguro en otro país. Para eso he trabajado en estrecha relación con la Comisión y el Consejo.
Quiero también extender mi agradecimiento al Sr. El Khadraoui, el ponente alternativo socialista, porque hemos conseguido presentar una serie de enmiendas de transacción que, con su ayuda y la de otros Grupos, han resuelto algunos problemas motivados por la existencia de ciertas discrepancias. Como ya he dicho, mi propósito ha sido elaborar una propuesta que no solo garantice la seguridad, sino que además sea factible y establezca normas aplicables. Como ha dicho el señor Comisario, he tomado muchas cosas de la Directiva 91/414/CEE, que trata de los productos fitosanitarios, y quiero añadir algo a eso. Estoy seguro de que la comisión reconocerá –en la medida de lo posible, cuando volvamos a presentar enmiendas– su importancia para el funcionamiento de esta legislación. He dicho que vamos a volver a presentar algunas de las enmiendas: no vamos a presentar todas las rechazadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor porque no serviría de mucho.
Pasaré ahora a comentar las enmiendas que vamos a volver a presentar, para que sus Señorías entiendan por qué lo vamos a hacer. Las enmiendas 74 a 78, que tratan de los LMR temporales, ponen la legislación más en consonancia con la Directiva 91/414/CEE. Estoy convencido de que esa adecuación no compromete la salud pública, que es precisamente el objetivo de este instrumento legislativo. La enmienda 74 explica por qué son necesarios los LMR temporales. Los productores tienen cuatro años desde la presentación de la información completa sobre el producto para el procedimiento de nuevo registro. La enmienda 77 aborda los aspectos prácticos; el procedimiento de cuatro años se utilizará únicamente a petición de los Estados miembros, y dependerá de que dichos Estados presenten la documentación científica pertinente del producto. Esta enmienda fue rechazada en comisión por una diferencia de tres votos, pero si el Parlamento la aprueba, realizará una contribución importante a la legislación. 
Con respecto a las enmiendas que han vuelto a presentar mis colegas, la enmienda 67, relativa al establecimiento de LMR, se refiere a los grupos más vulnerables. Todos somos muy conscientes de que los grupos más vulnerables necesitan protección, pero la legislación vigente ya contempla esa necesidad. Así pues, no tiene mucho sentido aprobar esta enmienda, aunque estoy convencido de que mis colegas discreparán de eso. Nunca el Parlamento rechazaría una legislación que apoyara esto.
La enmienda 69 se refiere a la gestión integrada contra las plagas. No existe ninguna normativa relativa a la gestión integrada contra las plagas. Pero sí que existen diferentes tipos de agricultura y, por tanto, sería engañoso afirmar que se favorecen los métodos no químicos, porque la agricultura es lo que es. Ningún agricultor –y les hablo como agricultor– quiere utilizar productos químicos innecesarios.
Quiero añadir un último punto que tiene especial importancia. Una de las enmiendas presentadas por el Sr. Lannoye se refiere a las tolerancias en la importación. Esta cuestión es muy importante, porque la razón me dice que no debemos aceptar su enmienda. Pero mi corazón de agricultor me dice que sí debemos aceptarla, porque es una forma legal de frenar las importaciones a la Unión Europea. Utilizaré el sentido común y recomendaré que votemos en contra de la enmienda del Sr. Lannoye.
Mi último comentario se dirige al señor Comisario: los que tienen comida se enfrentan a muchos problemas; los que no, se enfrentan a uno solo. 
El Khadraoui (PSE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Sturdy su estrecha cooperación, que nos ha permitido alcanzar importantes compromisos respecto a una serie de puntos cruciales. Además de acoger con satisfacción una legislación armonizada, más sencilla y más uniforme en materia de residuos de plaguicidas, sería todavía mejor si pudiéramos aprovechar esta oportunidad para aumentar la protección de los consumidores.
La mitad de nuestros alimentos frescos contienen residuos de plaguicidas y cada vez hay más casos de presencia de distintos residuos –hasta 14, nada menos– en un mismo producto. Por ello, a la hora de fijar los LMR hay que introducir factores de seguridad adicionales y parámetros agregados que reflejen los efectos aditivos y sinérgicos y tengan especialmente en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables. En este sentido, hemos pedido que los LMR se establezcan sobre la base de las mejores prácticas agrícolas, en particular los métodos agrícolas integrados que utilizan unas dosificaciones y unas frecuencias de aplicación mínimas. No solo deben establecerse los LMR de una forma diferente, sino que además deben realizarse más y mejores investigaciones sobre los residuos. La imposición de sanciones económicas por sobrepasar los LMR harían más eficaz la aplicación de este Reglamento.
Por último, creo que los consumidores tienen derecho a recibir información sobre los ingredientes, de manera que puedan saber a cuántos residuos de plaguicidas están expuestos. Este tipo de medidas contribuyen a que todos podamos disfrutar de unos alimentos más saludables y de mayor calidad. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Sturdy por su informe. Hemos conseguido algunas mejoras importantes: ahora tenemos una normativa más estricta en materia de residuos y una mejor definición de las buenas prácticas agrícolas. Ha sido interesante escuchar lo que ha dicho la Comisión, refiriéndose a la agricultura moderna, de que esos residuos son un factor inevitable. Pero si analizamos el texto propuesto, estamos diciendo que hay que dar prioridad a los métodos no químicos de producción de cultivos y eso es algo que todos debemos acoger con satisfacción.
Con respecto a los LMR agregados, en el caso de que existan, por ejemplo, dos o tres plaguicidas diferentes, pero todos ellos estén por debajo de los LMR, debe establecerse un límite global cuya superación justifique la retirada del producto del mercado. Esa es la misma lógica que hemos aplicado durante años en relación con el agua potable. Celebramos que por fin se haya aceptado. Existen muchos plaguicidas, pero no disponemos de análisis adecuados. Cuando no existan análisis de laboratorio válidos ni métodos de detección disponibles, habrá que retirar a los plaguicidas del mercado. Habrá que denegar la autorización a esos plaguicidas. Y lo mismo habrá que hacer si nuevos hallazgos científicos indican un riesgo.
Algunas de las enmiendas presentadas en comisión pedían tolerancia cero para los productos importados. Estas enmiendas se han rechazado porque la mayoría piensa que hay que fijar LMR específicos para los productos importados que no se cultivan en la UE, como las frutas tropicales. Hemos vuelto a presentar la enmienda. Tengo que decir al Sr. Sturdy que la finalidad de la enmienda del Sr. Lannoye no es poner freno a las importaciones, sino proteger a los consumidores.
En cuanto a la enmienda para fijar los LMR temporales en el nivel más bajo de todos los propuestos, no se ha votado en comisión por suponerse que se incluiría en el paquete de enmiendas de transacción. Hemos vuelto a presentar algunas enmiendas. Esperamos que obtengan el apoyo de esta Cámara porque mejorarían el resultado final general. 
Corbey (PSE ).
   – Señor Presidente, antes de nada quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Sturdy, por su trabajo y su voluntad de compromiso. Los niveles de residuos permitidos en los productos utilizados para la protección de cultivos difieren considerablemente de un Estado miembro a otro, y por eso es una buena idea fijar unos niveles máximos de residuos.
Pero nosotros consideramos esenciales las enmiendas al texto. La propuesta de la Comisión presta una atención insuficiente a la protección de los consumidores y una atención excesiva a los intereses agrícolas. Quiero llamar su atención sobre tres cuestiones.
En primer lugar, los valores máximos de residuos tienen que mantenerse tan reducidos como sea posible. A este respecto, la salud pública y las mejores prácticas agrícolas deben ser normativas. Quiero decir también, señor Comisario, que el control no químico debe recibir prioridad sobre el control químico. 
En segundo lugar, los niños son más vulnerables porque sus hígados no están plenamente desarrollados. La investigación realizada en el Hospital Infantil Emma de Amsterdam ha demostrado que algunos residuos pueden interferir gravemente con el desarrollo infantil. Es, por tanto, sumamente importante que los niños estén suficientemente protegidos, y por eso les pido que apoyen la enmienda 67.
En tercer lugar, unas disposiciones claras y estrictas eliminarían las distorsiones de la competencia que produce actualmente la utilización de productos para la protección de cultivos. Esa sería una medida que acogeríamos con satisfacción. 
Byrne,
    Señor Presidente, gracias por el amplio apoyo que ha recibido la propuesta de la Comisión sobre esta importante cuestión. Quiero dar las gracias de nuevo al ponente, el Sr. Sturdy, y a los ponentes alternativos por el esfuerzo que han realizado para llegar a una solución. Me anima saber que existe consenso respecto a los objetivos que persigue la propuesta: simplificación, protección del consumidor y consolidación del mercado único por medio de la armonización. Quiero decir también que en las deliberaciones y los debates del Parlamento se repiten muchos de los temas y cuestiones que se debaten en el Consejo. En lo que respecta a este, entiendo que se alcanzará un acuerdo político la semana que viene y una posición común antes del verano.
Puesto que el Parlamento y el Consejo tienen la misma opinión –opinión también compartida por la Comisión–, estoy convencido de que ahora podremos avanzar rápidamente en la aprobación de esta propuesta.
Hemos avanzado mucho en la creación de un marco legal y administrativo para proteger a los consumidores frente a unos niveles inaceptables de residuos, garantizando al mismo tiempo la existencia de un mercado único al permitir el comercio de productos agrícolas. En los debates han surgido siete temas específicos en los que quiero centrarme.
El primero de ellos es el concepto de un LMR por defecto basado en el límite de detección. Esto es muy importante. Si aceptamos el concepto de LMR de «tolerancia cero» por defecto, habremos encontrado una solución para los residuos de las 400 sustancias que retiramos del mercado en 2003, teniendo que eliminarse de la cadena alimentaria los restantes residuos antes de 2005. Eso significa que, si no fijamos un LMR comunitario específico, no esperamos ver ningún residuo. Así evitaríamos sorpresas desagradables en el futuro y tendríamos un instrumento jurídico para luchar contra el uso indebido de los plaguicidas.
Pero la solicitud de un LMR por defecto plantea un problema: qué hacer con todos los LMR nacionales que ya tenemos y que todavía no se han armonizado. Por eso introducimos el concepto de LMR temporal. Reconozco que la cuestión de los LMR temporales produce cierta preocupación, pero puedo asegurarles que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria participará en este proceso. No significa que vayamos a aumentar de golpe la exposición de los consumidores a residuos. En la vertiente positiva, el establecimiento de LMR temporales conseguirá por fin la armonización y centralizará el proceso de establecimiento de LMR, garantizando la adopción y el cumplimiento de una legislación estricta en el futuro.
Otro aspecto positivo es que nuestra propuesta trata de hacer una criba de los LMR temporales para retirar los que son claramente inaceptables, pero manteniendo al mismo tiempo la situación actual a la espera de que se realicen las evaluaciones detalladas que se estipulan en la Directiva 91/414/CEE. Por favor, recuerden que no se trata aquí de cambiar las prácticas agrícolas. Todos los residuos que han estado circulando en los últimos diez o veinte años seguirán circulando mañana en las mismas o menores concentraciones, pero nunca en mayores concentraciones.
En cuanto a las prácticas agrícolas, reconozco el deseo de que tengan preferencia los métodos no químicos de producción agrícola sobre los métodos químicos. Pero el texto que hoy nos ocupa no es el adecuado para regular esa cuestión. La Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización y utilización de plaguicidas regula la producción agrícola y tengo previsto presentar una propuesta para modificarla este mismo año. Dicha propuesta se presentará como parte de un paquete conjuntamente con nuestra propuesta relativa al uso sostenible de plaguicidas. Estoy convencido de que habrá entonces muchas oportunidades para comentar la cuestión más general de los métodos químicos y no químicos.
Es también importante reconocer el nuevo papel de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Estoy seguro de que con ello mejorará la protección de los consumidores y la base científica para la toma de decisiones. Sé lo que ha dicho el Sr. Sturdy sobre el apoyo, financiero y de otro tipo, que debe recibir la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Esta Autoridad debe desempeñar también un papel importante en la comunicación de riesgos y justificar la aceptación de cualquier riesgo. No solo se protegerá a los consumidores; ellos se sentirán protegidos. 
La AESA participará también de lleno en las cuestiones científicas. Inmunotoxicidad, alternaciones endocrinas, evaluación de riesgos acumulativos: estas son las nuevas cuestiones que se plantean mientras la ciencia reguladora sigue tratando de ponerse al tanto de los últimos avances científicos. Esperamos que la Autoridad nos ayude a progresar en este ámbito, no solo en el contexto del establecimiento de MRL, sino también de la información científica que exigiremos en la documentación que la industria tendrá que remitirnos de conformidad con la Directiva 91/414/CEE.
Ya me he referido al establecimiento de LMR como medio de consolidar el mercado único en este ámbito. Pero no olvidemos el aspecto global. La Comunidad es uno de los principales importadores de alimentos en el mundo. En consecuencia, importamos también montones de residuos. Esta propuesta establecerá por primera vez un procedimiento claro para las tolerancias en la importación, para evaluar esos residuos y para garantizar que solo se permitan los residuos que se consideren aceptables. Se trata de una obligación importante con relación a la OMC: cualquier decisión adoptada sobre la aceptabilidad u otros aspectos de las importaciones se basará en procedimientos claros y en una evaluación científica adecuada de los riesgos.
Por último, las disposiciones reforzadas en materia de vigilancia y las medidas de control deben aumentar la confianza de todas las partes y asegurarnos las herramientas necesarias para justificar y mantener dicha confianza.
Se remite al Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión sobre todas las enmiendas. Espero que así conste en el acta literal de esta sesión.(1)
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.


El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α5-0253/2004) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea – Un plan para avanzar (CΟΜ(2003) 284 – C5-0378/2003 – 2003/2150(ΙΝΙ)). 
Ghilardotti (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, Señorías, la Comisión Europea ha presentado al Consejo y al Parlamento Europeo su Comunicación sobre la modernización del Derecho de sociedades y la mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea. Esta Comunicación responde al informe con fecha 4 de noviembre de 2002 del Grupo de alto nivel de expertos en derecho de sociedades, que el Comisario Bolkestein creó precisamente para recomendar un marco jurídico moderno que regulara el Derecho de sociedades en Europa.
La Comunicación define los principales objetivos políticos que deben guiar todas nuestras futuras iniciativas. Contiene un plan de acción que establece un calendario para la creación a corto, medio y largo plazo de una serie de instrumentos, reguladores o de otro tipo, así como una tabla que indica la prioridad de las medidas. En su propuesta, la Comisión ha tenido en cuenta la necesidad de respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, basando su propio enfoque en una aplicación gradual, pero sin perder de vista las actividades reguladoras en el plano internacional.
La Comisión persigue dos objetivos fundamentales con la reforma del Derecho de sociedades en Europa: reforzar los derechos de los accionistas y la protección de terceros; y promover la eficiencia y la competitividad de las empresas.
Esta iniciativa tiene como principales fines la creación de un marco de referencia más homogéneo para el Derecho de sociedades que facilite el establecimiento y la reestructuración de empresas transfronterizas; la creación de las condiciones adecuadas para evitar que se repitan los recientes escándalos empresariales –entre los que destaca por su magnitud el escándalo de en mi país– cuyas consecuencias han afectado gravemente al medio de vida, las pensiones, el trabajo, los ahorros y las inversiones de millones de ciudadanos; y el máximo aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por el mercado interior.
Para conseguir el primer objetivo propuesto por el plan de acción, es fundamental crear un sistema eficaz y actualizado que proteja a los accionistas y a sus derechos. Debemos tener también en cuenta debidamente la posición de terceros que reúnen unas condiciones especiales en lo que se refiere a sus intereses: acreedores y trabajadores. Desde este punto de vista, el enfoque de la Comisión sobre las cuestiones relacionadas con la gobernanza empresarial parece simplista e inadecuado. La gobernanza corporativa se presenta como un problema que atañe exclusivamente a las relaciones entre los accionistas y la gerencia, como si una empresa fuera una organización preocupada exclusivamente por los intereses de los accionistas. Esa descripción se corresponde con una empresa virtual y no otorga la debida importancia a los trabajadores ni exige más responsabilidades generales frente a otras partes interesadas en la vida de la propia empresa, como, por ejemplo, acreedores y otros interesados.
Con respecto al segundo objetivo, la competitividad de las empresas se puede fomentar por medio de diferentes elementos, como la existencia inevitable de un marco jurídico adecuado para el Derecho de sociedades que logre un buen equilibrio entre las medidas nacionales y las comunitarias. Creo que el reto al que nos enfrentamos hoy es tratar de sacar a relucir los rasgos distintivos y característicos del capitalismo europeo en la era de la globalización. En otras palabras, tenemos que averiguar si existe un verdadero modelo europeo claramente diferenciado del modelo norteamericano, no porque sea el reflejo y la consecuencia de unos retos y unos problemas distintos a los que preocupan a todos en el contexto de la globalización económica, sino porque considere las consecuencias y repercusiones sociales, haciéndolo más equilibrado y más humano: un modelo, por tanto, que conciba el núcleo esencial del modelo empresarial, representado por los intereses de la empresa, no solo como el interés colectivo de sus miembros y accionistas, sino como el interés de la propia empresa, una empresa que, como operador económico independiente, es también responsable de los intereses específicos de todas las partes afectadas, ya sea dentro o fuera de la empresa. Entre ellas están los trabajadores, clientes, proveedores y acreedores, la administración pública en su calidad de distribuidor de riqueza y recaudador fiscal, y el conjunto de la sociedad civil, que está estructuralmente conectada, a través del interés general y colectivo, con la prosperidad y la continuidad de la empresa.
Un último comentario de naturaleza general: modelo europeo de gobernanza empresarial, tenemos que lograr el equilibrio correcto entre la autorregulación y el marco legislativo. Actualmente existe una tendencia generalizada a llenar las lagunas reglamentarias con códigos de autorregulación. Eso es positivo, pero no suficiente. Necesitamos mantener un sistema de normas legalmente vinculantes, acompañadas de sanciones eficaces y aplicadas por organismos públicos encargados de las tareas de orientación y vigilancia. El objetivo tiene que ser, precisamente, globalizar la legislación en materia de gobernanza empresarial y crear una red de organismos públicos de vigilancia.
Partiendo de esa base, hemos centrado nuestra atención en algunos puntos clave, que me limitaré a mencionar: transparencia y derechos de los accionistas, papel de los inversores institucionales, promoción del papel de los miembros independientes de los consejos de dirección, la cuestión específica de las pirámides empresariales, los derechos de los trabajadores como acreedores especiales de las empresas y la centralidad de un sistema de supervisión pública de las auditorías. 
Bolkestein,
     Señor Presidente, la Comisión celebra este debate sobre el Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial, así como el correspondiente plan de acción, un plan de acción aprobado por la Comisión hace ya más de un año. Apoyamos en términos generales el contenido de la resolución que se ha remitido al Parlamento. Le damos las gracias a la Sra. Ghilardotti por la calidad de su informe.
Este plan de acción se basa en la firme creencia de que la autorregulación del mercado, basada exclusivamente en recomendaciones no vinculantes, es a veces claramente insuficiente para garantizar la adopción de unas buenas prácticas de gobernanza empresarial. Solo si se establecen una serie de reglas adecuadas podrán desempeñar los mercados su papel disciplinante y garantizarán una conducta empresarial diligente. Por eso, y a la vista de la creciente integración de los mercados europeos de capitales, debe adoptarse un enfoque común a escala de la UE que establezca una serie de reglas básicas y consiga una coordinación adecuada de los códigos de gobernanza empresarial.
Los últimos escándalos han reforzado la determinación de la Comisión a poner en práctica su plan de acción. Mis servicios están trabajando activamente en cinco ámbitos para concluir las propuestas este mismo año, si es posible. Esos cinco ámbitos son: primero, el papel de los miembros no ejecutivos de los consejos de dirección; segundo, la retribución de los miembros de los consejos de dirección; tercero, la responsabilidad de los miembros de los consejos de dirección respecto a las cuentas de la empresa; cuarto, la plena divulgación de las relaciones dentro del grupo y de las transacciones con partes relacionadas, incluida la transparencia en las cuentas de la empresa de vehículos con fines especiales en el extranjero; y quinto, la divulgación de las prácticas de gobernanza empresarial.
El objetivo no es, por tanto, volver a examinar o reconsiderar el plan de acción a la luz de los recientes acontecimientos, como se solicita en la propuesta de resolución, sino aprender de esos acontecimientos y tenerlos debidamente en cuenta a la hora de preparar las distintas iniciativas contenidas en él.
Cuando se ponga en práctica el plan de acción, la Comisión tendrá también debidamente en cuenta los intereses de las distintas partes interesadas –a las que la Sra. Ghilardotti ha hecho referencia– y, cuando proceda, diferenciará entre las empresas con y sin cotización oficial y con grandes y pequeños accionistas, como también se solicita en la propuesta de resolución. 
Es sumamente importante que recuperemos la seguridad y la confianza en la función auditora. Por eso, celebro ver que la ponente está de acuerdo con los elementos principales de la reforma que he incorporado a la propuesta de una octava directiva sobre las auditorías obligatorias. Eso nos debería permitir avanzar con rapidez y, espero, llegar a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento en primera lectura.
Sé que la cuestión de los servicios no auditados que se prestan a la entidad auditada es particularmente delicada. La Comisión ha publicado una recomendación sobre la independencia de los auditores que establece la condiciones en que seguirán permitiéndose esos servicios. Tenemos que ver cómo se aplica esa recomendación en la práctica. Muchos Estados miembros están todavía incorporando esta recomendación a su legislación nacional.
Por consiguiente, no sería adecuado modificar ahora profundamente nuestro enfoque de esta cuestión. Ahora bien, en nuestra comunicación de mayo de 2003, anunciamos nuestra intención de realizar un estudio para examinar la necesidad de nuevos cambios en este ámbito. Los resultados del estudio se darán a conocer el año próximo. Llegado el momento, decidiremos sobre la necesidad de nuevas iniciativas.
En Europa, los inversores tienen que organizarse mejor y alzarse más en defensa del cambio empresarial. Pero los mercados no conseguirán un buen marco de gobernanza empresarial actuando simplemente por su cuenta, ni creando una infraestructura jurídica claramente prescriptiva. El reto al que nos enfrentamos todos aquí es encontrar el equilibrio adecuado entre los incentivos y las sanciones establecidos por la legislación y los basados en el mercado. Así pues, apoyamos el propósito general de esta resolución y trabajamos con determinación en este sentido. 
Berès (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente, porque creo que tenemos aquí una buena propuesta para la posición del Parlamento. Me doy cuenta de que estamos aún en la fase de comunicación, es un punto de partida, lo duro vendrá después. Quizás las posiciones se endurezcan entonces. Pero es una buena posición de partida y nos dará luz verde para nuestras negociaciones en este terreno. 
Estoy de acuerdo con usted, señor Comisario, cuando dice que en esta materia la autorregulación ha mostrado sus limitaciones. La autorregulación no es suficiente para definir el nuevo equilibrio necesario, para organizar el contrapoder dentro de la empresa, porque no puede ser que los accionistas organicen ellos mismos el contrapoder. Para organizar un verdadero contrapoder, debe usted tener en cuenta a todos los interlocutores. Este es el sentido de la posición que la ponente propone al Parlamento y que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios apoyará resueltamente.
Me parece que la única dificultad en este asunto reside en organizar el contrapoder estableciendo el equilibrio entre los distintos interlocutores, pero también en preservar lo que podría ser un modelo de empresa que obedezca al equilibrio de lo que ha nacido de la experiencia europea, sin calcarlo necesariamente de otros modelos.
Por último, avanzamos aquí con una legislación que será muy compleja de aplicar, toda vez que estas cuestiones están debatiéndose en todos los Estados miembros. Y esto, creo, es una verdadera dificultad que usted mismo o su sucesor deberán arbitrar rápidamente. ¿Cómo hacer coincidir los ritmos, cómo hacer que lo que decidimos en Bruselas no quede inmediatamente caduco por lo que los propios Estados miembros decidan aplicar en el marco de su legislación nacional?
Arvidsson (PPE-DE ),
    Señor Presidente, la opinión manifestada por la Comisión de Industria hace hincapié en la necesidad de que los principios de gobernanza empresarial sean dinámicos y flexibles. Debemos respetar el principio de subsidiariedad para tener en cuenta debidamente las peculiaridades y tradiciones de cada país en este ámbito, y evitar en la medida de lo posible una gobernanza empresarial centralizada. No debemos tratar de armonizar diferentes códigos de gobernanza empresarial. El reparto de derechos de voto entre los diferentes tipos de acción es otro ejemplo de lo que debe decidirse a escala de la Unión Europea, puesto que puede causar problemas a las pequeñas y medianas empresas, o a las futuras empresas, en algunos países de la UE. 
Lo que la industria europea necesita es una apertura y una transparencia aún mayores de la gobernanza y la contabilidad. Solo así podrá mejorar el futuro flujo de capitales y la situación del mercado. Observo que algunas de las opiniones de la ponente están en desacuerdo con la opinión de la comisión, pero quiero decir que existió un amplio consenso en torno a la aprobación de la opinión y que además coincide bastante con la Comunicación de la Comisión. 
Koukiadis (PSE ),
   – Señor Presidente, la buena gobernanza empresarial está amordazada por la disminución de la seguridad de las inversiones transfronterizas y el aumento de la movilidad de los capitales. 
Para la Europa de los 25 se impone la necesidad de que otorguemos una identidad global a las empresas a través de la cual puedan ejercer su influencia internacional. Esa identidad europea no debe divorciarse de unas prácticas que tengan debidamente en cuenta las consideraciones sociales y medioambientales. Por eso lamento en especial que mis colegas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos hayan rechazado la enmienda que propuse a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior para incluir en todas las directivas relativas al Derecho de sociedades la obligación de informar y consultar a los representantes de los trabajadores siempre que vayan a tomarse decisiones importantes que pongan en peligro la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo.
Es una pena que, cada vez que tratamos de aunar fuerzas con el sistema productivo y los intereses de los empleados, ese tipo de propuestas se encuentren con una cierta resistencia, como si representaran un peligro mortal.
Igualmente, en lo que se refiere a la protección de los accionistas, creo que, sin duda alguna, debe reforzarse la protección de sus derechos. Ahora bien, y celebro que el Comisario lo haya reconocido así, tenemos que aceptar la distinción entre grandes y pequeños accionistas, principalmente en lo que concierne a la utilización de tecnologías modernas en el ejercicio de su derecho de voto, ya que habitualmente los pequeños accionistas están más expuestos a riesgos. Me complace que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior haya aceptado la enmienda en cuestión.
Finalmente, y por las mismas razones, debe prestarse atención especial a los métodos que conducen al secuestro del voto de los accionistas, como ocurre con las normativas que permiten la organización informal de sistemas y la representación de los accionistas por parte de grandes grupos anónimos.
Para terminar, quiero dar las gracias a la ponente, con cuyas posiciones básicas estoy de acuerdo. 
Lehne (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, quiero empezar agradeciendo a la Sra. Ghilardotti el excelente trabajo que ha realizado en comisión con la redacción de este informe. Quiero dar también las gracias a la comisión del Sr. Winter y a la Comisión Europea por este plan de acción, que es excelente en su mayor parte. Es un documento muy moderado y constructivo que evita deliberadamente una excesiva ambición. No creo que necesitemos ningún código europeo de gobernanza empresarial; es suficiente con que coordinemos y armonicemos bien las actividades en los Estados miembros. Es evidente que los sistemas de nuestros Derechos de sociedades difieren mucho y que la armonización no ha progresado demasiado todavía. El Consejo ha rechazado algunas directivas muy importantes, como la quinta, que no verán la luz del día nunca más.
Sobre este telón de fondo, es lógico que no se quiera seguir adelante con un código europeo de gobernanza empresarial, porque no funcionará sin unos sistemas comunes y armonizados del Derecho de sociedades. Por eso creo, y el informe Ghilardotti así lo confirma, que, en términos generales, la Comisión ha presentado un documento excelente y un buen plan de acción. En el debate interno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior existieron, por supuesto, algunas diferencias de opinión entre los Grupos políticos. Pero quiero dejar claro que no fueron diferencias de principios, sino diferencias en la manera de formular los asuntos y en el grado de detalle utilizado. 
Por ejemplo, la Sra. Ghilardotti hizo una serie de propuestas, en particular para incluir a los sindicatos y los derechos sociales en el informe. Mi Grupo cree que no debemos dar muchos detalles, porque se trata de un documento sobre el plan de acción relativo al Derecho de sociedades y no un informe social ni un documento social. Por eso, en nuestro Grupo nos hemos limitado deliberadamente a hacer una declaración general sobre las razones sociales para restringir los derechos de propiedad. Creemos que con eso es suficiente y que no es necesario mencionar en el informe otros aspectos sociales.
En todos los demás sentidos, nos parece un buen informe. Con una enmienda, nuestro Grupo votará a favor de este informe tal como ha sido aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Inglewood (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, debo explicar en primer lugar que soy el presidente no ejecutivo de un grupo de comunicaciones regional británico de mediano tamaño.
Para comenzar, quisiera exponer brevemente lo que creo que no conseguirá la gobernanza empresarial. No hará necesariamente que las empresas tengan mejores resultados ni una mayor rentabilidad, y tampoco implicará necesariamente la erradicación de comportamientos delictivos o poco éticos, sino que establecerá una serie de criterios para el comportamiento empresarial que probablemente mejorarán la transparencia, la responsabilidad y los sistemas de conducta empresarial, que a su vez proporcionarán al público en general, a los accionistas, a las partes interesadas y a otros una idea de lo que está sucediendo. Esto es políticamente esencial para el capitalismo europeo del siglo veinte, establecido en una economía de mercado.
Es interesante observar cómo el derecho de sociedades de los diversos Estados miembros ha dado lugar a empresas que difieren cualitativamente entre sí. El derecho de sociedades europeo puede legislar para armonizar esto o no hacer nada al respecto y dejar que el mercado condicione el inevitable proceso de convergencia, siempre que no se discrimine ningún modelo concreto. Quisiera añadir que soy consciente de algunos de los mordaces comentarios que se han hecho al respecto de lo que sucede en mi país. En estas circunstancias, el principio de «cumplir o dar explicaciones» constituye el punto de partida adecuado.
Por último, no debemos olvidar que en el mercado mundial que está creando actualmente la Organización Mundial del Comercio, la falta de competitividad es precursora del fracaso económico. Si no comprendemos este aspecto básico nos autodestruiremos, desheredaremos a nuestros hijos y traicionaremos a Europa y a nuestros países. 
Bolkestein,
    Señor Presidente, al concluir este debate, quisiera destacar un solo punto: la cuestión de las partes interesadas y la responsabilidad social de las empresas.
El plan de acción de la Comisión forma parte de una estrategia general para fomentar la eficacia y la competencia de las empresas y para reforzar los derechos de los accionistas y la protección de terceros. Sin embargo, también existen iniciativas asociadas que forman parte de esta estrategia general. Estas incluyen las actividades de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas y en concreto el trabajo del Foro Multilateral Europeo, constituido por iniciativa de mi ex colega, la Sra. Diamantopoulou. Por lo tanto, no habría sido adecuado introducir otro marco político relativo a la responsabilidad social de las empresas en este plan de acción.
Lo más importante es hacer lo que la Sra. Berès ha pedido a la Comisión, que es tener en cuenta los intereses de todas las partes interesadas en las medidas que adopte la Comisión. El plan de acción reconoce esta necesidad de forma clara y por lo tanto la Comisión se compromete a actuar en consecuencia. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α5-0192/2004) del Sr. Radwan, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre un nuevo marco jurídico para los sistemas de pago en el mercado interior (2003/2101(ΙΝΙ)). 
Radwan (PPE-DE ),
   Señor Presidente, Comisario Bolkestein, el Parlamento Europeo y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios apoya plenamente el objetivo de crear un espacio unificado de pagos en la Unión Europea. Siguen habiendo barreras nacionales muy importantes por la existencia de diferentes reglamentos, leyes y normas de supervisión en cada Estado miembro. Incluso hoy, esas barreras dificultan la realización de un mercado interior único para los sistemas de pago, que beneficiaría en última instancia al ciudadano. Hace algún tiempo dimos los primeros pasos en esta dirección con las comisiones aplicadas a las transferencias transfronterizas. Para eso fue también necesaria una iniciativa a escala europea.
Somos partidarios, asimismo, de que se introduzca un único sistema de adeudo directo, algo que todavía no ha sido posible. Imaginen que ahora un ciudadano puede viajar a otro Estado, pero no puede conseguir el adeudo de los pagos en su país, teniendo que recurrir a un banco nacional para eso.
La pregunta es: ¿cómo vamos a conseguir este objetivo? Soy un firme defensor de la aplicación gradual de la legislación respetando el principio de subsidiariedad, con la autorregulación en primer lugar; es decir, la autorregulación por parte de los bancos. Tenemos el Consejo Europeo de Pagos, que puede, debe y tiene que establecer los parámetros para la creación de la infraestructura técnica que permita los pagos transfronterizos, por ejemplo.
Por otra parte, y sin olvidarme de la subsidiariedad, preferiría que los siguientes pasos se basaran en la aprobación de directivas y solo se promulgara en reglamentos lo que realmente tenga que armonizarse. Quiero hacer también aquí una advertencia a la industria, puesto que es ella misma la que siempre está hablando de autorregulación: tendrán que cumplir también estos requisitos y las normas que se establezcan sin ninguna demora indebida. 
La protección del consumidor plantea un problema de mayor envergadura en este documento de la Comisión. El informe contiene algunas ideas que, en mi opinión, van más allá de nuestro objetivo, y tengo la impresión de que algunos miembros de la Comisión –y permítanme que aclare que no me refiero a usted, señor Comisario Bolkestein– han perdido de vista la idea de que sean los propios ciudadanos los que asuman la responsabilidad. Sugieren que, en el futuro, los bancos deben hacerse responsables de las transacciones básicas. Por ejemplo, si un cliente compra algo a través de Internet, pero la compra no llega a realizarse, querrá que le devuelvan el dinero, y si no puede recurrir al proveedor, debe poder recurrir al banco, que no ha tenido nada que ver con la transacción básica. Estoy convencido de que el mercado puede resolver este tipo de cosas –y, al fin y al cabo, ustedes son defensores del mercado– con productos que ofrezcan salvaguardias; pero debemos rechazar la idea de exigir responsabilidades a los bancos en estos casos, como también debemos rechazar la propuesta de limitar la responsabilidad del titular de una tarjeta a 150 euros en caso de extravío de la misma, con independencia de que haya cumplido o no la obligación de notificación. Si el cliente se va de vacaciones, descubre cuando está saliendo que ha perdido su tarjeta y lo notifica tres semanas más tarde, la responsabilidad del titular de la tarjeta sigue limitándose a 150 euros. Creo que debemos dar algo más de protección a las personas que actúan de manera responsable frente a las que actúan de manera irresponsable.
No obstante, celebro que la Comisión haya aprobado la idea de crear un servicio telefónico único en toda la Unión Europea al que pueda llamarse en caso de pérdida de una tarjeta; debe ser un número corto, fácil de memorizar y que los ciudadanos puedan marcar rápidamente.
Quiero insistir también en que la creación de un espacio unificado de pagos no debe interferir con las estructuras nacionales que están funcionando bien y con eficiencia. No podemos actuar de una forma que perjudique a nuestros sistemas nacionales operativos. Pero volviendo a la protección de los consumidores, permítame rogarle, señor Bolkestein, que en los debates que se están celebrando en el seno de la Comisión defienda los intereses de unos ciudadanos maduros y responsables y procure que la responsabilidad siga recayendo en ellos. Se nos recuerdan con frecuencia los objetivos de Lisboa de convertirnos en la región más innovadora y de mayor crecimiento del mundo. Todo el mundo blande la consigna «menos burocracia». Señor Bolkestein, el texto que hoy nos ocupa debe juzgarse desde la perspectiva de si crea más burocracia o si hace la vida más fácil a los bancos y a los ciudadanos en la Unión Europea unificada. 

Bolkestein,
    Señor Presidente, esta es la tercera ocasión en la que asisto al Pleno para tratar la cuestión de los pagos. Un sistema de pagos eficaz y seguro constituye un complemento esencial para la libre circulación de mercancías y servicios en la Unión Europea. Permítanme darles una cifra que ilustra esta afirmación. Cada ciudadano de la UE realiza en promedio 138 transacciones de pago no en efectivo cada año. Un sistema eficaz debe estar basado en un marco regulador sólido y dinámico que garantice la competencia, la protección del consumidor y la seguridad de las transacciones de pago. Si se quiere ampliar el comercio paneuropeo es necesario un sistema de pagos subyacente que sea eficaz.
La normativa sobre pagos transfronterizos, adoptada en 2002, ha facilitado y abaratado muchos tipos de pagos en euros dentro del mercado interior. Sin embargo, todavía no hemos conseguido lo que queremos y necesitamos. Como se indica en nuestra comunicación, aún existen algunos obstáculos importantes. Para conseguir un mejor entorno regulador relativo a los pagos es preciso identificar y eliminar las barreras legales y técnicas que todavía existen con respecto a los pagos intraeuropeos. Dicho de otro modo, el mercado interior en su conjunto debería transformarse en un eficaz espacio de pagos interno. Este es nuestro principal objetivo.
Es necesaria una legislación comunitaria en este ámbito, pero en ciertos aspectos, la autorregulación o la corregulación podrían ser el mejor planteamiento. Esto satisface también el deseo de una mayor subsidiariedad del Sr. Radwan. Como siempre, la solución debería ser proporcionada al problema que se pretende resolver.
Los cuatro principios rectores para la futura propuesta normativa de la Comisión deberían ser los siguientes. En primer lugar, modernizar la legislación comunitaria vigente en materia de pagos. En segundo lugar, inyectar más competitividad en este mercado en beneficio de nuestros ciudadanos. La idea básica consiste en que el suministro de servicios de pago esté abierto a todos los proveedores adecuados, aunque sin sacrificar la protección de los consumidores. Por lo tanto, debemos diseñar un marco supervisor apropiado que se adapte a todos los tipos de proveedores de servicios de pago. El principio rector en este caso debe ser el siguiente: «a igual actividad, riesgos iguales y normas iguales».
En tercer lugar, necesitamos desarrollar un espacio de pagos paneuropeo fiable en que los consumidores sientan que cuentan con la misma protección independientemente de dónde se hallen y de qué tipo de instrumento de pago utilicen. Habría que definir una serie de normas únicas y equilibradas sobre los derechos y las obligaciones de las partes, por ejemplo con respecto al uso incorrecto de un instrumento de pago y a la capacidad de revocar órdenes de pago.
En cuarto lugar, necesitamos incorporar las pertinentes recomendaciones especiales del Grupo de Acción Financiera, o FATF, a la legislación comunitaria para luchar contra la financiación de actividades delictivas.
Permítanme destacar que, dada su contribución decisiva a la competitividad de nuestra economía, los pagos ocupan un lugar importante en la agenda de la Comisión. Necesitaremos el fuerte apoyo de este Parlamento, y a este respecto me animan los términos de la resolución que ha planteado el Sr. Radwan. Acojo con agrado todas las enmiendas presentadas por los diputados a esta Cámara.
Quisiera concluir manifestando mi agradecimiento al Sr. Radwan por el informe que ha presentado y le garantizo que, al igual que él, este Comisario y la Comisión desean que exista una menor burocracia. 
Torres Marques (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en la anterior legislatura se introdujo el euro como moneda contable (no en efectivo). Ahora, en la actual legislatura, se ha convertido en la moneda de doce países de la Unión Europea. Pero la introducción de una misma moneda no significa automáticamente que exista un espacio unificado de pagos regido por las mismas reglas. Esta es una de las principales tareas que tendrá que acometer la Unión Europea en la próxima legislatura.
La Comisión esperó hasta el último momento para que el sistema bancario estableciera un sistema de autorregulación después de adoptar la moneda única. Pero tras la introducción del euro en 1999, se crearon dos mercados para los pagos: un mercado nacional y un mercado internacional. No existía ningún mercado interior regido por normas nacionales que regulasen los pagos en la nueva moneda, la cual, pese a ser una moneda única, funcionaba como una divisa, sujeta a comisiones y a otras tarifas por cambio de divisas.
Esa situación se revolvió en parte gracias al Reglamento nº 2560 de diciembre de 2001 relativo a las transferencias y pagos electrónicos. Desde entonces, no parece que la autorregulación haya funcionado bien; tampoco han funcionado las directivas, puesto que tienen que incorporarse a la legislación de cada país, y eso es algo que no se está haciendo ni al mismo tiempo ni de la misma manera. Se trata de un ámbito que precisa la aplicación simultánea y uniforme de una normativa rigurosa en todo el mercado interior. Por consiguiente, considero que solo por medio de la regulación podremos dar a los ciudadanos y a las empresas la seguridad que requiere un sistema de pagos. 
Herzog (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, es una pena que el debate sobre los créditos al consumo y el relativo al espacio unificado de pagos no se hayan unido, porque tenemos en efecto una baza común: ¿queremos construir un mercado europeo de los servicios financieros al por menor? Hasta aquí, se ha dado prioridad al mercado mayorista y a los servicios de inversión. Durante esta legislatura, la única iniciativa notable, aunque importante, se ha referido a los reglamentos relativos a la tarificación de las operaciones de pago transfronterizas en la zona euro. 
Por tanto, este debate es importante, y pienso que ahora debemos fijar un objetivo político claro; es, creo, lo que desea la Comisión. El euro no puede ser un éxito completo a menos que construyamos la zona euro como un espacio interior para los medios de pago. Para ello, es absolutamente necesario asegurar la práctica interbancaria en las infraestructuras. La actividad de prestación de servicios de pago supone, sin duda, la supresión de los obstáculos nacionales, pero requiere al mismo tiempo una supervisión prudencial. 
Esta es la base sobre la cual podrá desarrollarse el mercado interior de la banca minorista, y en particular el mercado del crédito al consumo, lo que a su vez permitirá que surjan operadores bancarios europeos. Por supuesto, en este espacio integrado, habrá que tener en cuenta la diversidad de los operadores, y en particular las características específicas de las cajas de ahorro y de las sociedades mutuas.
Pero, ¿cuál es la mejor vía para avanzar? La aplicación de la norma del país de origen con una armonización mínima nos parece negativa, tanto para la protección de los consumidores como con vistas a una competencia equitativa. El informe del Sr. Radwan, que se inclina en esta dirección, privilegia demasiado la autorregulación. No obstante, a la inversa, una armonización máxima no dejaría lugar a la diversidad y también plantearía problemas. 
Por ello, pienso que la mejor solución consiste en ponerse de acuerdo sobre unos principios comunes de interés general, unas nociones comunes, en particular para el acceso de todos a los medios de pago con un alto nivel de seguridad, servicios poco costosos pero que ofrezcan una gran confianza. Las normas para las operaciones transfronterizas deben ser precisas y es necesaria una cooperación fuerte entre los reguladores nacionales. 
Con este espíritu, varios puntos del informe del Sr. Radwan requieren a mi entender un ajuste. Así, en el punto 17, debe restablecerse la norma preconizada por la Comisión de limitar a 150 € la responsabilidad del cliente en caso de transacciones no autorizadas cuando no le hayan sido notificadas. En caso de adeudo directo paneuropeo, el deudor debe poder rechazar un pago antes de que se adeude en su cuenta. En caso de modificación sustancial de la tarifa, debe ser posible cerrar o trasladar la cuenta sin gastos a petición del cliente. Es conveniente asimismo restablecer la responsabilidad de los prestatarios en toda la cadena de pago. 
Por último, es necesaria una normativa comunitaria más fuerte para luchar contra la financiación del terrorismo. El régimen de información completa debe aplicarse tanto a las transferencias extracomunitarias como intracomunitarias.
Bolkestein,
    Señor Presidente, la Comisión agradece el apoyo general que ha recibido en este debate. No encuentro motivos adicionales por los que debería solicitar al Parlamento más tiempo que el que ya me he tomado. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
– informe (A5-0213/2004) del Sr. Mombaur, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la modificación del fundamento jurídico y la «orientación común» del Consejo sobre la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas de protección de la seguridad de abastecimiento de gas natural;
– informe (A5-0254/2004) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas.
De Palacio,
   . Señor Presidente, Señorías, el Reglamento que nos ocupa, objeto del informe del Sr. Seppänen, es un elemento muy importante para la legislación europea destinada a completar los trabajos de creación de un mercado europeo del gas natural, competitivo y plenamente operativo. Es un instrumento complementario e imprescindible de la segunda Directiva sobre el mercado interior del gas, ya que define los requisitos mínimos del elemento clave del planteamiento sobre la liberalización del mercado de la energía, es decir, el acceso de terceros a las redes.
Estoy perfectamente al corriente de que la propuesta de Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas ha dado lugar a interesantes discusiones durante las últimas semanas. Quiero aprovechar, por lo tanto, esta oportunidad para clarificar algunos puntos que creo que merecen ser todavía iluminados.
En primer lugar, ¿qué es lo que pretendemos conseguir con el Reglamento propuesto? Y en segundo lugar, ¿cuál es su necesidad e importancia?
El Reglamento completa sin duda la Directiva sobre el mercado interior y colma un hueco que deja dicha Directiva. En efecto, tanto la segunda Directiva sobre el mercado interior del gas como el Reglamento propuesto se basan en los principios de no discriminación, de transparencia y de competencia. Ambos actos legislativos reconocen sin duda alguna la importancia fundamental del acceso de terceros a la red. Sin embargo, mientras que la Directiva define únicamente los objetivos, el Reglamento establece una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse referentes al elemento clave del acceso de terceros a la red. Es obvio que habrá que cumplir determinados requisitos para satisfacer las disposiciones y los objetivos que contempla la Directiva, ya que la apertura del mercado no solo presente aspectos cuantitativos, sino también cualitativos. Estos requisitos son necesarios también para que el mercado sea competitivo y para poder aprovecharse de él.
Estamos hablando de utilizar la experiencia de la aplicación de la liberalización de los mercados del gas que muestra que, sin estos requisitos, las condiciones de acceso al mercado europeo no van a satisfacer las necesidades de esta apertura del mercado del gas y la competitividad y la operatividad del mismo.
En el Foro de Madrid se ha discutido durante un año sobre estos puntos y sus participantes son los que, fundamentalmente, determinaron los requisitos. Se trata de unos mínimos reconocidos por todos los interesados del Foro de Madrid con el fin de crear y garantizar las condiciones equitativas de acceso a este mercado.
Resumiendo, con este Reglamento en vigor, en la versión propuesta por la Comisión, estaremos seguros de que se han establecido los medios y que se dispone de los sistemas que permiten hacer que sea operativo. Quiero recordar que nuestro objetivo común es crear el mercado interior del gas en la Unión Europea, que pueda circular libremente el gas sin impedimentos a través de las redes de la Unión Europea, lo cual quiere decir no solo atravesar fronteras, sino también circular en el interior de los distintos Estados de la Unión, y que por ello hemos propuesto deliberadamente que todas las redes de transporte -y no solo las utilizadas en los intercambios transfronterizos- estén cubiertas por el Reglamento propuesto.
Quiero recordar que el papel del sector del gas en el futuro, cuando llegue el momento de delimitar las normas generales que se aplicarán al mercado del gas más adelante, no pone en duda nunca la necesidad, para un desarrollo futuro del mercado interior, de una estrecha cooperación entre la Comisión y el sector.
El procedimiento del comité -que la Comisión ha propuesto por motivos obvios- no tiene ninguna influencia a este respecto. Su objetivo no es limitar el papel del sector, ni mucho menos excluirlo de la elaboración de futuras medidas; al contrario, la Comisión está abierta a propuestas que subrayen el papel del sector de manera inmediata y, además, de cara al futuro.
A partir de aquí, quisiera pasar al contenido del informe del Sr. Mombaur en lo que respecta a las medidas de protección de la seguridad de abastecimiento de gas natural.
Quiero recordar que el Consejo aprobó en diciembre pasado por unanimidad una orientación política. El Consejo modificó asimismo el fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión, que pasó a ser el artículo 100 en vez del 95. Hoy debatimos el informe del Parlamento Europeo por el que también se aprueba el cambio del fundamento jurídico.
Como ustedes saben, la Comisión no está de acuerdo con la modificación de este fundamento jurídico y, con ocasión de la reunión del Consejo del pasado 15 de diciembre, emitimos una declaración según la cual nos reservábamos nuestra posición respecto del cambio del fundamento jurídico. Y vamos a mantener esta declaración y nuestra posición una vez que el Consejo apruebe definitivamente el texto de la Directiva en cuestión.
Permítanme explicarles brevemente las razones por las cuales nos mantenemos en esta posición.
Somos conscientes del hecho de que la propuesta de Directiva contiene elementos relativos a la seguridad de abastecimiento, pero también relativos al funcionamiento del mercado interior. La Comisión opina que son los elementos relativos al mercado interior los que tienen mayor peso y que, por lo tanto, son los que deben marcar el fundamento jurídico de la misma.
Además de estas consideraciones, el texto aprobado por el Consejo contiene una serie de normas destinadas a introducir un cierto nivel de armonización en un mercado interior europeo del gas natural competitivo. Los Estados han de definir una política de seguridad del abastecimiento del gas, han de definir las funciones y responsabilidades de los participantes en el mercado en lo que respecta a la seguridad del abastecimiento, y también han de introducir ciertos estándares mínimos que, aunque determinados por cada país, permitan un cierto grado de armonización, ya que se destinan a determinados criterios específicos del gas.
Por el contrario, las disposiciones destinadas exclusivamente a la seguridad del abastecimiento están concebidas principalmente para acontecimientos que todos esperamos que no lleguen a ocurrir jamás, bien sea una crisis política grave, o bien un suministro inseguro de gas a largo plazo.
Ante estas consideraciones, la Comisión sigue convencida de que es el artículo 95 el fundamento jurídico correcto y adecuado para la misma y, por lo tanto, lamentamos que, en su momento, el Consejo haya manifestado una opinión diferente y que ahora, según vemos, el Parlamento también va a hacer lo mismo.
Señor Presidente, quiero terminar agradeciendo la labor y el trabajo tanto del Sr. Seppänen como del Sr. Mombaur en estos dos informes y luego, al hilo de las enmiendas y de las intervenciones que se produzcan, me manifestaré un poco más sobre lo que es un elemento clave: el acceso a las redes. Para la Comisión, en ningún caso quiere decir poner en riesgo la rentabilidad y las futuras inversiones en un elemento clave para el desarrollo del mercado del gas como es la construcción y el mantenimiento de las redes gasísticas a través de nuestra geografía, y la prueba está en la propuesta de redes energéticas transeuropeas, donde varios de los grandes proyectos que hemos aprobado ya de cara al futuro se refieren a redes de gas.
En la primera propuesta que ahora se discute de cara a la ampliación, la Comisión apoya y respalda varios proyectos relacionados con grandes interconexiones de redes de gas.
Mombaur (PPE-DE ),
   Señor Presidente, señora Comisaria De Palacio, Señorías, en primer lugar me referiré a la propuesta de reglamento relativo a las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas. Es importante que tengamos una normativa fiable que regule el acceso a las redes. Nos convencimos de eso con la Directiva sobre el gas el año pasado. Mi Grupo cree que esta propuesta debe debatirse más a fondo junto con las enmiendas presentadas por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía.
Señora Comisaria, quiero recomendarle que considere con especial atención cuatro puntos durante el debate del Consejo. En primer lugar, los incentivos a la inversión. Podemos hablar mucho tiempo aquí de los mercados. Pero si no tenemos inversores, al final tampoco tendremos mercado. La Comisión se ha referido con frecuencia a los grandes riesgos que corren los inversores en el sector del gas: prospección, construcción de gaseoductos. Existe competencia en los gaseoductos; ya existía cuando había monopolios. Así es como nació el mercado y tiene que quedar claro que las tarifas basadas exclusivamente en los costes pueden frenar las inversiones. 
Mi segundo comentario es un ruego para que considere la posibilidad de otorgar un mayor peso al transporte transfronterizo de gas. En tercer lugar, la comitología. El problema no es la comitología en sí misma, sino la cuestión de si el artículo 9 mantiene una relación correcta con los artículos 3 a 8, que son los que realmente contienen los puntos más importantes. Es posible que en el debate del Consejo se pueda mejorar este aspecto. Mi cuarto comentario, señora Comisaria De Palacio, es que, por supuesto, todos lo que tienen algo que decir sobre el mercado son importantes, tanto reguladores como operadores de redes y, sobre todo, inversores. Está absolutamente claro que usted ha hablado con ellos antes de hacer sus propuestas al Parlamento y al Consejo; siempre lo ha hecho. Y ahora todos querrán aparecer mencionados en la legislación. Personalmente, no veo la razón de que se les mencione, porque creo que la Comisión sabe cómo hacer su trabajo, pero tampoco me importaría que así fuera si la Comisión decidiera darles la satisfacción de aparecer mencionados en un considerando.
Aparte de eso, quiero referirme al otro informe relativo a la seguridad del abastecimiento de gas natural. Es cierto que dependemos mucho de las importaciones. Eso debe preocuparnos y obligar a los Estados miembros a formular una política adecuada. Ahora el Parlamento ha aprobado en primera lectura un texto diferente al que presentó la Comisión, y el Consejo ha apoyado al Parlamento en esta cuestión. Estamos hablando, por tanto, de un texto diferente al que presentó la Comisión en un principio y, en nuestra opinión, este texto no contiene ya ninguna norma relativa al mercado interior. Eso significa que la Unión Europea tiene solo una forma de justificarla, el artículo 100 del Tratado y, sobre la base del voto de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, la comisión recomienda que el Parlamento siga en esto las indicaciones del Consejo. 
Seppänen (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión ha elaborado una propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de codecisión para el Parlamento y el Consejo, cuya finalidad es garantizar el libre acceso a las redes de transporte de gas en toda la UE. Ante las dificultades que algunos Estados miembros han tenido para poner en práctica anteriores decisiones, la Comisión ha utilizado un arma estratégica, que es lo mismo que decir un reglamento, para garantizar el acceso a las redes de gas en todos los países, sobre todo para el transporte de gas de un país a otro, pero también dentro de un mismo país.
La propuesta de Reglamento se basa principalmente en el trabajo del Foro de Madrid, al que asistieron diferentes participantes en el mercado para elaborar una recomendación que garantizara el acceso a los mercados de transporte de gas con carácter voluntario. Es posible que algunos de los que participaron en dicho foro se sientan defraudados, porque ahora ese compromiso voluntario se ha convertido en un reglamento de obligado cumplimiento después de pasar por la Comisión. 
En el Foro de Madrid no hubo tiempo suficiente para discutir todos los detalles relativos al acceso a las redes, y en el futuro se redactarán nuevas leyes mediante el procedimiento de comitología sin que haya ningún procedimiento de consulta que implique a los participantes en el Foro de Madrid. Por lo tanto, es comprensible que algunos participantes en el mercado estén preocupados por cómo se van a tener en cuenta sus intereses en el futuro.
Durante los debates en comisión, los representantes de la Comisión dijeron que esta tenía la intención de consultar también a los participantes en el Foro de Madrid, cuando se tuvieran que redactar las disposiciones detalladas para la aplicación del Reglamento. Puesto que el Foro de Madrid no tiene personalidad jurídica, la Comisión opina que las consultas con él no pueden quedar reflejadas en el texto del Reglamento. Pero, como ponente, me parece oportuno que esta iniciativa de consultar a las distintas partes conste también en el acta de la sesión plenaria del Parlamento. Espero que así conste cuando la señora Comisaria haga su siguiente intervención o antes de las votaciones finales.
Después de una serie de votaciones sobre esta cuestión, nuestra comisión ha estimado que existen buenos argumentos a favor de establecer el Reglamento y que, además, la propuesta de la Comisión debe contar, en principio, con la aprobación de este Parlamento. En las votaciones se aceptaron más de 40 enmiendas como base para la primera lectura, y el Parlamento desea mantener conversaciones a este respecto con representantes de la Comisión y el Consejo en algún momento en el futuro, cuando se vaya a aprobar finalmente la propuesta de Reglamento. Quiero dar las gracias a todos por sus excelentes niveles de cooperación cuando se estaba preparando esta cuestión para su debate. Aunque no estuviéramos de acuerdo y tuviéramos que considerar intereses diferentes, creo que conseguimos trabajar con gran objetividad y lograr un excelente resultado final.
Escucharé con interés la intervención de la Sra. Comisaria y espero que reitere el compromiso de la Comisión de incluir la consulta a los participantes del Foro de Madrid en el futuro. 
Chichester (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, para comenzar quisiera felicitar al ponente por agrupar en su informe las distintas opiniones expresadas en el debate.
Es significativo que tras un prolongado debate en la comisión solamente se haya presentado una enmienda adicional a las aprobadas en la misma. Soy una de las personas que aceptaron el argumento a favor de la necesidad de una normativa que dé validez al código voluntario sobre las directrices de buenas prácticas acordadas en el Foro de Madrid y lo haga vinculante. Por lo tanto, mi Grupo y yo apoyamos esta propuesta de reglamento.
El ponente trata muy bien esta cuestión en su exposición de motivos, por lo que invito a mis colegas a que la analicen y recomiendo su aprobación. Hay que reconocer que la opinión de la industria sobre este tema no era uniforme, ya que los operadores titulares de redes o sistemas de transmisión se resistían al cambio, mientras que la mayoría de los demás operadores refrendaron con firmeza el principio subyacente incorporado en la propuesta de la Comisión. Esta medida debería ser útil para los nuevos operadores.
Para que florezca la competencia y se obtengan beneficios de la misma traducidos en un mejor servicio a los consumidores, una mayor eficiencia tanto de la energía como de las fuerzas de mercado, una mayor seguridad de abastecimiento, una mayor flexibilidad y más innovación, debe existir un claro marco regulador. Esta medida nos ayuda a avanzar considerablemente hacia una liberalización genuina y completa, por lo que felicito al ponente y a la Sra. Comisaria por sus esfuerzos en este sentido. 

Rapkay (PSE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, quiero empezar mi intervención donde se quedó la del Sr. Chichester, y es que no podemos proceder suficientemente deprisa con la apertura de los mercados de la energía. Creo que en este Parlamento ha existido consenso a este respecto durante bastante tiempo. Permítanme que les recuerde que el año pasado, después de más de dos años de trabajo intensivo, aprobamos directivas para acelerar la apertura tanto del mercado de la electricidad como el del gas en Europa.
Tengo que decir, sin embargo, que a mí y a algunos otros también, nos ha sorprendido lo deprisa que ha llegado esta nueva propuesta de reglamento relativo a las redes de transporte de gas. Nos sorprende porque todavía no se ha agotado el plazo fijado para que los Estados miembros transpongan la Directiva –vence dentro de unas semanas– y también porque hemos establecido un calendario muy ambicioso para que la Comisión presente un informe de evaluación sobre la aplicación y puesta en práctica de la Directiva, cosa que tendría que suceder en 2006. Estos son los antecedentes.
Quiero comentar tres cuestiones que reconozco que me producen bastante escepticismo. En primer lugar, la compatibilidad entre este Reglamento y la Directiva que aprobamos. En segundo lugar, la justificación que ha dado la Comisión, y que no he podido encontrar exactamente en el texto, de la necesidad de hacer hincapié en el comercio transfronterizo. El tercer punto respecto al cual soy bastante escéptico es la propuesta de un procedimiento de comitología de gran alcance.
Ahora, después de un largo debate, como ha dicho el ponente, hemos decidido seguir trabajando con el enfoque de la Comisión. Hemos propuesto, por tanto, una serie de enmiendas en las tres áreas que acabo de mencionar. Por lo que respecta a mi Grupo, el resultado es que apoyamos el paquete en su totalidad. Pero eso no significa que haya finalizado el trabajo de mi Grupo. Estamos esperando a ver lo que hace el Consejo y luego habrá la segunda lectura, pero nosotros seguiremos apoyando aquí en el pleno las 42 enmiendas que se aprobaron en comisión, y esperamos que de esa forma podamos avanzar en la apertura de los mercados de la energía. 
Blokland (EDD ).
   – Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. Mombaur su trabajo como ponente en esta difícil cuestión. Cuando el fundamento jurídico de una propuesta es poco fiable, cuando se infringen los derechos de los Estados miembros en el proceso, y cuando el texto final deja mucho que desear, no resulta fácil elaborar un buen informe. Es gratificante observar que el Consejo ha alcanzado un acuerdo político después de todo, en el que se reflejan debidamente las reservas del Parlamento.
El año pasado, durante el debate de la protección de la seguridad del abastecimiento de gas, fui ponente de opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. En aquella ocasión expliqué por qué la propuesta de la Comisión era insatisfactoria en una serie de aspectos. Me complace ver que la Comisión ha aprobado las recomendaciones más importantes que se hicieron en los debates.
Una primera recomendación se refiere al fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión. La Comisión tomó como fundamento el artículo 95 sobre el mercado interior. Ya dijimos entonces que sería preferible utilizar el artículo 100, que trata sobre medidas de crisis. Creo que la Comisión está equivocada en su opinión de que el artículo 100 se refiere únicamente a la política económica y monetaria; en un contexto más amplio, la política económica puede incluir también la política energética. Usted ha dicho, señora Comisaria, que la Comisión no está de acuerdo con el Consejo ni con el Parlamento. ¿Tiene usted la intención de acudir de nuevo al Tribunal de Justicia?
Mi segunda recomendación es la siguiente. El año pasado circuló por el Consejo, la Comisión y el Parlamento la Directiva sobre el gas, respecto a la cual el Consejo adoptó una posición común. La propuesta relativa a la seguridad del abastecimiento no parece estar de acuerdo con ella. Más bien al contrario, la propuesta parece contravenir esa Directiva sobre el gas. Sorprende que, sin haber terminado el procedimiento de la Directiva sobre el gas, se remita una propuesta al Parlamento sobre la protección de la seguridad del abastecimiento de gas natural. Quiero que la señora Comisaria me diga si la propuesta modificada sobre la protección de la seguridad del abastecimiento de gas natural se ha basado en la Directiva sobre el gas. Si su respuesta es afirmativa, ¿de qué forma se ha hecho eso? 
Kronberger (NI ).
   – Señora Presidenta, hay que considerar dos cosas en lo que concierne al gas natural. La primera de ellas es la disponibilidad y la segunda es el precio. En mi opinión, hacemos bien en tomar el artículo 100 como fundamento ahora, aunque el Sr. Blokland tiene razón cuando dice que tendremos que hacer una interpretación muy general del mismo. Siempre que se debate la seguridad del abastecimiento, existe la tentación de considerar que es una oportunidad para introducir controles indirectos de los precios. Creo que, en conjunto, fracasaremos en esto, porque no funcionará y la perspectiva adoptada es demasiado corta de miras.
Básicamente, tampoco debemos olvidar que el gas depende del precio, que a su vez está vinculado al precio del petróleo, y que tal vez estemos engañándonos totalmente a nosotros mismos respecto a su disponibilidad. La mejor forma de proteger la seguridad del abastecimiento es, seguramente, tener nuestros propios suministros y por eso tenemos que alegrarnos de que poco a poco estemos trabajando (a) para producir nosotros mismos gas de alta calidad dentro de la Unión Europea y (b) para introducir ese gas en nuestras propias redes. 
Adam (PSE ).
   – Señora Presidenta, tras casi 25 años en este Parlamento no me presento a las próximas elecciones, por lo que es posible que esta sea mi última intervención en la Cámara. Como antiguo ingeniero de minas, la política energética ha sido uno de mis principales intereses, por lo que me complace que mi canto del cisne trate sobre un tema energético.
Espero que el Parlamento preste un sólido apoyo a esta propuesta, ya que tendrá un papel importante en la plena realización del mercado interior energético. Su propósito es garantizar el acceso justo a las redes para todos los agentes del mercado y un mercado verdaderamente competitivo para el gas comercializado en la UE.
Las directrices de acceso por parte de terceros, incluidas en el anexo, han sido acordadas por los Estados miembros, los reguladores, los operadores de sistemas de transmisión y los usuarios del sistema. Por lo tanto, está bien que el texto de la normativa acordada en la comisión sea lo más cercano posible a las directrices acordadas en el Foro de Madrid. La consulta con todos los agentes de la industria es esencial si se quiere que la normativa sea efectiva. Por ello es preciso consultarles sobre el establecimiento de nuevas directrices. Los reguladores nacionales desempeñarán un papel esencial en la aplicación de las directrices en el ámbito de cada Estado miembro, tal como se prevé en la Directiva sobre el gas.
Este reglamento propuesto sobre el gas trata cuestiones similares a las del reglamento sobre electricidad acordado por el Consejo y el Parlamento el pasado año. Está bien que se apliquen los mismos acuerdos y procedimientos institucionales.
Insto a la Asamblea a que apruebe esta medida. 
Della Vedova (NI ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria De Palacio, señor Mombaur, señor Seppänen, el pasado mes de junio la Unión Europea aprobó, con dificultad y con mucho retraso en relación con las necesidades de los consumidores y las empresas europeas, la Directiva 2003/55/CE que establece medidas decisivas para completar la liberalización del mercado del gas. 
Para superar los obstáculos que siguen interponiéndose a la realización del mercado interior, los Estados miembros han establecido un sistema de coordinación informal entre, por un lado, la Comunidad y las instituciones nacionales, y por otro, las empresas y las autoridades reguladoras en el sector del gas. Con ello se pretende establecer una serie de directrices sobre el acceso de terceros a las redes de transporte. No obstante, esta coordinación informal ha demostrado ser insuficiente para hacer frente a las graves demoras que se han ido acumulando hasta la fecha; de hecho, las participaciones en empresas de otros países y la posición privilegiada que siguen disfrutando muchas empresas de abastecimiento de gas han debilitado seriamente la posibilidad de crear un mercado único en el sector del abastecimiento de gas. 
Por consiguiente, debemos acoger con satisfacción la iniciativa de la Comisión de proponer el Reglamento que hoy debatimos, que aclara las normas de funcionamiento y las hace vinculantes, además de responder a la necesidad que los consumidores y las empresas tienen de seguridad y rapidez. El texto presentado por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía refuerza todavía más esta propuesta y por eso creo que debe aprobarse sin modificaciones.
Algunos países –Italia en particular– que tienen un elevado consumo de gas natural, una producción nacional insuficiente y una dependencia grande y cada vez mayor de las importaciones, que les obliga a cruzar varios países, desean que se establezca un conjunto de normas que les ofrezca, en la práctica, una oportunidad real de crear un mercado y, en consecuencia, un sistema de redes liberalizadas que ponga el gas a disposición de las empresas y los consumidores en las cantidades necesarias, con libertad de elección. 
Linkohr (PSE ).
   – Señora Presidenta, me gustaría saber lo que nosotros, o los que vengan detrás de nosotros, diremos sobre este problema dentro de diez años, nos hayamos vuelto o no más sabios. Hoy no puedo responder a esa pregunta.
Pero una cosa es cierta: la seguridad del abastecimiento mejorará al aumentar la competencia; siempre hemos sido claros en eso. Ahora bien, ni siquiera la competencia puede lograr eso sin abastecimiento, lo que significa, creo, que la seguridad del abastecimiento, de gas natural en particular, dependerá en gran medida de la política exterior europea en el ámbito de la energía; en otras palabras, dependerá de la diversificación y la seguridad del abastecimiento a través del acceso al gas.
Como muchos otros, yo también soy partidario de proceder gradualmente. Creo que, como con el petróleo, la responsabilidad corresponde ante todo a las empresas. Supongo que dentro de dos años podría llevarse a cabo una revisión y reconsiderarse la situación actual. No creo que tengamos ninguna premura de tiempo. 
Paasilinna (PSE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la competencia se verá, desde luego, distorsionada si, por ejemplo, hay acceso al mercado de la electricidad pero no al del gas. Y se distorsionará todavía más si protegemos los monopolios y luego estos compran empresas más pequeñas en otros países.
Necesitamos unas normas comunes y tienen que eliminarse las barreras a la competencia, algo que evidentemente se aplica a todos los Estados miembros. Apoyo también la propuesta del Sr. Seppänen de consultar a los participantes del Foro de Madrid. Creo, asimismo, que el fundamento jurídico correcto es, efectivamente, el artículo 95, según se establece en la propuesta de la Comisión. Me sorprende que se haya cambiado al artículo 100, lo cual me parece simplemente un problema más, y espero que volvamos al artículo 95.
De Palacio,
   . Señora Presidenta, en cuanto a la cuestión del fundamento jurídico, me reitero en lo planteado con anterioridad. Por lo tanto, me voy a concentrar en las distintas intervenciones y en las enmiendas relativas al informe del Sr. Seppänen.
En primer lugar, quiero dar las gracias por el debate que se ha planteado sobre un asunto importantísimo y por la calidad de las 43 enmiendas, lo cual no quiere decir que podamos aceptarlas todas. Y quiero, sobre todo, dar las gracias al ponente por el magnífico trabajo que ha realizado y también al Sr. Mombaur –que ya ha abandonado la Cámara– a pesar de que no coincido en sus planteamientos respecto al cambio del fundamento jurídico, pero ha trabajado también de manera muy constructiva.
He de señalar que la Comisión no puede apoyar aquellas enmiendas que restringen el ámbito de aplicación del proyecto de Reglamento al comercio únicamente transfronterizo. Eso supondría de alguna manera reducir enormemente las posibilidades y el objetivo de esta propuesta. Se podría comerciar sin problema con gas de un país hacia otro, pero restringiríamos claramente la competencia interna. En varios Estados –incluidos algunos de los nuevos– el gas circula por varias redes, algunas de las cuales no están conectadas a un punto de importación y, por lo tanto, tampoco a un punto transfronterizo.
Todas esas redes de transporte y las empresas correspondientes estarían excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento propuesto, lo que dificultaría y perjudicaría gravemente el buen funcionamiento del mercado interior. Pero es que, además, el ámbito de aplicación es el que se contempla en la Directiva de tránsito y en la segunda Directiva relacionada con el mercado interior del gas.
Estamos hablando de facilitar no solo la competencia entre los distintos países sino en el interior de los mismos. El restringir el ámbito de aplicación de este Reglamento limitaría enormemente el objetivo y las posibilidades de la realización auténtica de un mercado competitivo europeo del gas.
Pero además, hay que señalar, sin embargo, que algunos han planteado–muy especialmente el Sr. Mombaur– la necesidad de garantizar una cierta rentabilidad que haga atractivo el destinar fondos a la realización, construcción y mantenimiento de las redes de gas. En ese sentido he de decir que podemos aceptar la enmienda 12, que entendemos que clarifica y mejora la calidad de nuestro texto, que tiene en consideración la competencia entre distintas redes –que no estaba explícitamente contemplada en nuestro texto– y que, por lo tanto, con ello entendemos que podemos acabar con los temores que tenían algunos sobre la falta de rentabilidad y, por lo tanto, con los problemas de futuro para nuevas inversiones.
He de señalar que las normas mínimas sobre condiciones de acceso a las redes de transporte son absolutamente clave. Sin esas condiciones está claro que, de hecho, se impediría el acceso de nuevos competidores y, por lo tanto –insisto–, la realización del auténtico mercado del gas.
Otra de las cuestiones que se ha planteado es la del Foro de Madrid, y si hemos de ir en algunos aspectos un poco más allá –que es uno de los planteamientos– y, sobre todo, de cara al futuro, si mediante el procedimiento de comitología vamos a olvidarnos del Foro o vamos a olvidarnos del sector, de los protagonistas en el sector.
Quiero señalar claramente, como saben sus Señorías, que a lo largo de todos estos años he insistido en la necesidad de escuchar a los principales protagonistas de manera sistemática y, por lo tanto, estamos dispuestos a considerar una solución que garantice que se va a consultar al sector –además de a los interesados– en el Foro de Madrid.
En este sentido, la enmienda 3 podría esbozar una solución posible. En cualquier caso, no pretendemos excluir al sector, sino al contrario, tenerlo siempre incluido y, de cara al futuro, tenemos la intención de apoyar al Foro de Madrid.
En la Comisión, si bien no tenemos intención de ir más allá de los planteamientos del Foro de Madrid, sí es cierto que una de las propuestas hechas por Eurogas al Foro de Madrid, relacionada con el principio de , nos parece esencial en el terreno de los contratos. Si no, por vía de unos contratos , se podría bloquear claramente el acceso real a terceros y, por lo tanto, limitar la competencia. En ese sentido, los contratos de utilización de futuro tienen que basarse también en el principio de , única manera de garantizar que son contratos reales y no contratos cuyo único objetivo es utilizar o saturar las capacidades disponibles y, por lo tanto, crear unas congestiones artificiales en las redes que impedirían el acceso de terceros.
Hay que decir que las enmiendas que aclaran o apoyan las disposiciones del proyecto de Reglamento, que está, en general, de acuerdo con las directrices del Foro de Madrid –como ha sido señalado y reconocido por sus Señorías–, pueden ser aceptables, al menos en parte o si se modifica su redacción. Tal es el caso de las enmiendas 1 y 22, y otras muchas que no voy a señalar. Para ello daremos la enumeración detallada.
En cuanto a algunos asuntos técnicos –por ejemplo, las enmiendas 14 y 16, que se refieren a asuntos que trata una, la Asociación europea para el intercambio del gas, creada a petición del Foro de Madrid, he de decir que, debido a que son asuntos muy específicos, complejos y técnicos, vamos a dejar que lo que hace esta organización siga llevándolo a cabo. Ya ha conseguido grandes avances, de los cuales va informando de manera regular al Foro de Madrid. Es en ese ámbito en el que entendemos que deben desarrollarse estas cuestiones.
Hay enmiendas como la 8, 17, 22, 27, 30, 35, 37 o 42 que no son aceptables por motivos prácticos o jurídicos y, por último, no estamos de acuerdo en presentar nuevas directrices sobre el resto de temas tratados por el proyecto de Reglamento en un plazo preestablecido. Algunos de estos asuntos podrían necesitar la realización de estudios, otros pueden llevar más tiempo del previsto para las negociaciones y discusiones y, por lo tanto, la enmienda 31 no puede ser aceptada.
Y ahora, Señorías, brevemente, teniendo en cuenta que es el último debate que este Parlamento va a celebrar sobre temas energéticos de fondo –aunque aún queda un debate sobre ecodiseño, que resulta ser una cuestión un poco tangencial donde se unen la industria y la energía– y como nos hemos visto de manera habitual los aquí presentes, porque al final somos siempre los mismos los que intervenimos, señora Presidenta, quiero aprovechar esta ocasión no solamente para felicitar al ponente del texto que estamos discutiendo –Sr. Seppänen– sino también para agradecer a todas sus Señorías su contribución, apoyo y respaldo, los aportes, que han sido tomados en cuenta e incluidos en muchas de las propuestas que hemos formulado a lo largo de estos años y la tarea constructiva y el intercambio que creo que han permitido mejorar sensiblemente la mayor parte de las propuestas que hemos traído a este Parlamento y el respaldo global que siempre he tenido por parte de la Comisión y por parte de sus Señorías y de este Parlamento.
Quiero recordar que ello nos ha permitido hacer conjuntamente una labor espectacular a lo largo de estos años. No solo la aprobación que hizo en su momento la Comisión del Libro Verde, sino el informe importantísimo que desarrolló sobre el Libro Verde este Parlamento y las conclusiones que de él se dedujeron, los paquetes de liberalización de gas y de electricidad, con complementos esenciales, como el acceso a las redes que estamos terminando ahora, pero ya con un calendario, que –como han dicho los Sres. Linkohr, Rapkay y algún que otro interviniente– a todos nos gustaría que hubiera sido todavía más rápido. Pero, en fin, ya tenemos el objetivo ahí y el tiempo pasa inexorablemente.
He de señalar que no solo la liberalización de gas y de electricidad, sino también la propuesta de redes transeuropeas de la energía que permite hacer una realidad desde el punto de vista de las infraestructuras, ese mercado interno de la energía en Europa y que lo hemos aprobado ya para el ámbito de Unión actual, pero que tenemos ya muy avanzado en su discusión para la Unión ampliada.
Hemos trabajado como no se había hecho nunca hasta ahora, en el debate y en el impulso a lo que es energía y medio ambiente. Ese aspecto esencial sobre el cual en épocas anteriores, en otras legislaturas se habían marcado sobre todo objetivos, con buena voluntad, pero sin propuestas concretas que permitieran alcanzar esos objetivos. Nosotros hemos traducido en textos, en obligaciones, en responsabilidades esas buenas declaraciones, esas buenas intenciones. Así, la promoción de energías renovables, la eficacia energética de los edificios, todas la cuestión de los biocarburantes, la creación de la energía inteligente, la cuestión de los ecodiseños, de la eficiencia energética. También algo importantísimo como es la política comunitaria, una política comunitaria en seguridad nuclear, un avance en este terreno, en el que cual todavía no hemos concluido, pero vamos muy avanzados, por no hablar, de una vez por todas, asociado a un mercado europeo de la energía, la asunción del objetivo europeo de la seguridad de abastecimiento –a la cual se refería el Sr. Linkohr en su intervención–, pero también de la seguridad en el abastecimiento interno de la Unión Europea.
Hemos avanzado, hemos trabajado conjuntamente y yo no puedo, señora Presidenta, dejar de agradecerles, Señorías, una vez más su colaboración, su esfuerzo, sus aportaciones. Y, de verdad, la inteligencia y el buen conocimiento que han tenido sistemáticamente de los textos –a veces muy complicados y técnicos– en los que han demostrado un dominio francamente notable y quiero resaltarlo en este momento.
La Presidenta.
   – Gracias, señora Comisaria. Ha tenido la amabilidad de expresar su satisfacción por la excelente colaboración con el Parlamento Europeo y, en particular, con los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Creo poder decirle, en nombre de los miembros de esa comisión y en nombre de todo el Parlamento Europeo, hasta qué punto hemos valorado también el trabajo con usted en el ámbito de la energía y en otros terrenos. Sus sentimientos, creo, son recíprocos por parte de los diputados y diputadas a esta Asamblea.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
La Presidenta.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0171/2004) de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE del Consejo.
De Palacio,
   . Señora Presidenta, Señorías, la propuesta de Directiva por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía es bastante innovadora, y quiero agradecer a la Sra. Thors y al Sr. Turmes su excelente trabajo en el marco de las respectivas comisiones, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía.
El objetivo es encontrar un justo equilibrio entre, en primer lugar, competitividad, protección del medio ambiente y protección a los consumidores, todo ello en el contexto del desarrollo sostenible, en segundo lugar, entre los diferentes aspectos medioambientales de los productos, evitando trasladar los problemas de un aspecto a otro y teniendo una visión integrada de toda la cuestión y por último, entre las instituciones comunitarias, ya que determina las condiciones que permitirán que los colegisladores acepten conceder un mandato a la Comisión para la adopción de medidas de aplicación a productos específicos.
Quiero destacar los principales elementos de esta propuesta, que, como su título indica, tiene como objetivo mejorar el comportamiento medioambiental, ecodiseño, digamos, de los productos que utilizan energía. Resultan esenciales, sin embargo, la libre circulación de los productos que cumplen los requisitos, la protección de los intereses de los consumidores y la competitividad de nuestra economía.
Entendemos que la aplicación correcta de estas propuestas puede ser enormemente beneficiosa para todas las partes. Porque la industria estará motivada para mejorar el comportamiento medioambiental de los productos con grandes posibilidades de autorregulación; porque vamos a evitar la fragmentación del mercado y se compensarán las inversiones, gracias a ese gran mercado en las inversiones en la mejora de los diseños; porque las medidas tendrán por objeto una rápida amortización para los consumidores y tendrán en cuenta las características del mercado en una Unión ampliada.
Probablemente sea la primera vez que una propuesta ofrece un marco legislativo global y coherente, que va a evitar una legislación temática, que a veces puede resultar contradictoria. La política de productos integrada pretende evitar este tipo de riesgos.
El consumo energético es una de las principales interacciones de los productos con el medio ambiente y me alegra que se haya subrayado este aspecto en los debates que han mantenido las distintas comisiones al estudiar la propuesta.
En lo que respecta a la dimensión institucional del expediente, proponemos que se pase de la codecisión a la comitología para regular los productos concretos, ya que consideramos que es un sistema flexible que resuelve cuestiones técnicas, como son, por ejemplo, las tecnologías en rápida evolución, la organización de consultas con los interesados, y la evaluación de alternativas de autorregulación respecto a toda una serie de productos que, en nuestra opinión, sería demasiado amplia para abordarla mediante el sistema de codecisión, demasiado lento y, por lo tanto, menos efectivo.
Tendré ocasión de comentarles de manera más detallada las enmiendas que va a presentar esta Cámara, pero quiero mencionar ahora que los debates mantenidos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, han sido enormemente constructivos. Felicito muy especialmente a la Sra. Thors, al Sr. Turmes y a todos los ponentes, por intentar alcanzar un acuerdo en primera lectura.
Thors (ELDR ),
    Señora Presidenta, señoras y señores Comisarios, esta parece ser la noche de las damas. 
El interés del diseño ecológico reside en la integración del medio ambiente en el momento en que existen las mayores posibilidades técnicas. Se considera, en efecto, que más del 80% de los daños medioambientales son causados en la fase de fabricación de un producto. Eso lo aprendimos cuando tuvimos que examinar esta Directiva. Sabemos también que la UE ha adoptado muchas normas para erradicar sustancias peligrosas. Tenemos normas sobre la gestión de residuos con objetivos cuantitativos de recuperación y reutilización. Por tanto, es relativamente lógico que la comisión haya hecho especial hincapié en el consumo de energía a la hora de considerar esta propuesta.
Quiero dejar esto bien claro, puesto que nuestro trabajo parece haber suscitado muchas críticas, insistiendo en el aspecto de la energía. No olvidemos que como telón de fondo nos encontramos con un consumo de energía que ha seguido aumentando considerablemente en la mayor parte de Europa, y con muchos Estados miembros que están teniendo dificultades para cumplir los objetivos de Kioto. Por eso es importante que dispongamos de nuevas herramientas para ahorrar energía. Los últimos informes publicados en mi país indican que se espera sobrepasar la cuota de emisiones de CO2 para el período 2005-2007 en un 14%.
La metolodogía «» que hemos adoptado en este caso ha sido también objeto de críticas. Creo, no obstante, que no se ha entendido bien lo que queremos decir con eso. Queremos tomar como referencia las mejores y más avanzadas tecnologías para las futuras medidas de aplicación. De esta forma crearemos un marco para la toma de decisiones sin excluir a nadie del mercado. Al contrario, creo que tendremos un sistema que dejará margen para la mejora continua.
El informe ha recibido críticas también por no tener en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible. Se dice que hemos dado prioridad al medio ambiente a costa de los aspectos sociales y económicos. Esa crítica está equivocada, cosa que me parece evidente en lo que hemos dicho sobre el enfoque del ciclo de vida y nuestro apoyo a la pequeña y mediana empresa. Somos conscientes de las cuestiones económicas, las cuestiones sociales y las posibilidades, pero también de los riesgos.
Cuando todo está dicho y hecho, la integración precoz de las cuestiones medioambientales, como ha afirmado también la Sra. Comisaria, resulta más económica que muchos otros métodos de gestión del medio ambiente, como las subvenciones o el marcado, por desgracia. Se ha demostrado que sacamos muy poco provecho del dinero de las subvenciones en la etapa de la intervención.
Quiero decir también que, igual que hicimos cuando consideramos el Libro Verde sobre la Política de Productos Integrada, apoyamos las medidas aplicables a las PYME. Pedimos asimismo a la Comisión que establezca una base de datos para facilitar la incorporación del enfoque del ciclo de vida y el diseño ecológico a las actividades de todas las empresas. Se trata de un concepto innovador. El ámbito de aplicación es amplio, pero en realidad lo que tenemos en este caso es un marco reglamentario organizado que nos indica cómo proceder, cómo decidir lo que es importante y cómo establecer requisitos en el futuro: en otras palabras, el prototipo de la buena gobernanza.
Aquí en el Parlamento no se han puesto objeciones al hecho de que, en el futuro, el Parlamento Europeo no decidirá cuánta energía debe consumir un producto. Por el contrario, lo que decimos es que esa decisión será tomada por expertos en la materia. En mi opinión, lo que estamos proponiendo es una simplificación importante.
El Parlamento considera importante también la autorregulación, pero solo si consigue resultados mejores y más rápidos que el procedimiento regulado.
Por desgracia, aunque no me he enterado muy bien de lo que ha dicho al final la señora Comisaria, no creo que este Parlamento consiga en ningún caso alcanzar un acuerdo con el Consejo en esta lectura, lo cual significa que perderemos mucho tiempo. Hubiéramos querido avanzar más deprisa y que la Directiva estableciera un plan de trabajo con respecto a los productos que causan el 40% de las emisiones de dióxido de carbono. Queremos avanzar deprisa, porque pensamos que ya se ha perdido mucho tiempo.
Quiero agradecer a mis colegas diputados su constructiva cooperación en la preparación de este informe. Quiero agradecerles su comprensión cuando tuve que sustituir a la Sra. Ries tras ser esta nombrada Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores belga. Quiero también agradecer a la Comisión su deseo de alcanzar rápidamente un acuerdo con el Consejo.
Creo que hemos estado muy unidos, y que eso ha sido una gran ventaja. Nuestras opiniones siguen difiriendo en algunos pequeños puntos, por ejemplo con respecto al fundamento jurídico y la evaluación de la conformidad, pero no debemos dejar que los detalles oscurezcan el hecho de que hemos estado unidos. El Parlamento quiere que se progrese rápidamente y que se adopten de inmediato las medidas necesarias. Espero que el Consejo, y el Parlamento con los nuevos diputados que salgan elegidos después de nosotros, sean capaces de alcanzar rápidamente un acuerdo sobre esta cuestión, de manera que no se produzcan más demoras en la adopción de estas importantes medidas. 
Turmes (Verts/ALE ),
   . – Señora Presidenta, el diseño de los aparatos electrodomésticos, sistemas de tecnología de la información y motores industriales es esencial no solo para el cambio climático y la seguridad de abastecimiento, sino también para la economía general de Europa. Este ofrece el único mayor potencial respecto al cambio climático, así como el más inmediato, ya que los plazos de renovación de dichos aparatos son, en ocasiones, de dos a tres años y como máximo de diez a quince años, mucho más rápidos que los de las infraestructuras energéticas. También representa el potencial más económico, ya que el dinero adicional invertido en la mejora de un diseño se ve más que compensado por la reducción de los costes de electricidad durante su ciclo de vida.
Lamentablemente, la Unión Europea está atrasada con respecto a otras economías, como la de Australia, los Estados Unidos y Japón. Incluso en China se cuenta actualmente con un mejor sistema de establecimiento de normas que en la UE. Por lo tanto, nos complace que la Comisión haya planteado esta propuesta y el Parlamento haya podido reforzarla. Una buena directiva sobre el diseño ecológico no solo es importante para Europa, sino también para el mundo entero. Pronto habrá entre 500 y 700 millones de nuevos ciudadanos de clase media en la India, China y otros países, por lo que el principal reto para la economía mundial es poder ofrecer productos eficientes en el lado de la demanda, como los electrodomésticos y ordenadores. De lo contrario, podemos olvidarnos del cambio climático. Esto constituye también una gran oportunidad para la industria europea, ya que abrirá un enorme mercado. Lamentablemente, algunos sectores de la industria europea han ejercido presiones a favor de una directiva débil. ¿Por qué motivo? Se trata de las mismas industrias que quieren trasladar la producción a la India, China y países similares. Son los mismos industriales a los que no les importa el medio ambiente mundial ni crear valor añadido y empleos en Europa. Espero que el Consejo no ceda ante esos grupos de presión. 
Liese (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria De Palacio, Señorías, la reducción de la energía consumida por los electrodomésticos beneficia a todos. Beneficia al medio ambiente, permitiéndonos cumplir más deprisa y con un coste menor los objetivos de Kioto, y beneficia al consumidor, porque le permite ahorrar en sus facturas de electricidad y energía. Ofrece, además, a la industria la oportunidad de lanzar al mercado productos innovadores, especialmente si se aplica la misma normativa en toda Europa. Así pues, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos acoge con gran satisfacción la propuesta de la Comisión Europea y queremos agradecer expresamente a la Comisaria De Palacio su compromiso. 
Pero como los demás Grupos, queremos introducir algunos cambios en la propuesta de la Comisión. Queremos mayor claridad sobre el uso que la Comisión hará realmente de esos poderes en los próximos años. Por esa razón, queremos una lista de los productos que estarán sometidos a las medidas de aplicación en los primeros años si no se alcanzan acuerdos voluntarios para lograr ese mismo objetivo más deprisa. Queremos que el texto contengan menos términos jurídicos vagos y, sobre todo, queremos una supervisión muy estricta del mercado; esa es una prioridad para el Grupo del PPE-DE. No puede darse una situación, en este o en otros ámbitos, en que los ciudadanos honestos salgan perdiendo, en que una persona que solicite la marca CE solo cuando realmente cumpla los criterios establecidos se vea penalizada porque otros utilicen la marca sin cumplir ningún criterio. Por eso tienen que aplicarse unas sanciones muy severas. Debemos establecer controles mejores y unos requisitos que puedan controlarse de verdad.
Tenemos que ser ambiciosos, porque solo así los Estados miembros carecerán de motivación para ir más allá de las normas mínimas. Por eso seremos flexibles en esta cuestión mañana cuando votemos los fundamentos jurídicos, siempre que el objetivo sea ambicioso y la reacción del Consejo me disuade un poco aquí. Me decepciona que la Presidencia irlandesa y el Consejo en su conjunto vacilen tanto. Esa vacilación animará a los países a seguir adelante por su cuenta. Y eso no me parece bueno. Necesitamos una normativa europea común, y tengo que decir a título personal que en los diez años que llevo trabajando en el Parlamento Europeo, rara vez he visto al Consejo comportarse de una manera tan destructiva ni a una Presidencia plantear tan mal un asunto.
Insto al Consejo y, sobre todo, a la Presidencia irlandesa, que por desgracia no está representada hoy aquí, aunque a lo mejor alguien puede transmitirle el mensaje, a que se dejen guiar por las enmiendas del Parlamento, al menos cuando trabajen en la posición común en junio. Si no lo hacen, si el Consejo simplemente ignora estas enmiendas, terminaremos con un batiburrillo de legislaciones nacionales, no conseguiremos los objetivos de Kioto y los consumidores seguirán gastando más dinero del necesario en electricidad y energía. Eso supondría un fracaso de la Presidencia irlandesa en esta cuestión. Su última oportunidad es seguir las indicaciones del Parlamento y yo le pido encarecidamente que lo haga. 
Scheele (PSE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria De Palacio, Señorías, quiero expresar a la ponente mi más sinceras felicitaciones y también mi agradecimiento. Se ha ocupado de una cuestión muy difícil y compleja en un plazo de tiempo relativamente corto. Pero eso no ha perjudicado para nada a la coordinación dentro del Parlamento Europeo 
Hemos escuchado esta noche muchas explicaciones sobre la importancia de que aprobemos esta Directiva rápidamente para el medio ambiente y para la creación de incentivos en la industria Por tanto, comparto la decepción de mis colegas diputados por no haberse logrado un acuerdo con el Consejo en primera lectura. Entiendo, por supuesto, que se trata de una cuestión muy difícil también para los Estados miembros, pero nosotros, en el Parlamento Europeo, hemos demostrado que, pese a partir de posiciones muy diferentes, se puede conseguir un acercamiento en cuestiones de gran relevancia.
Un punto respecto al cual no hemos podido llegar a un acuerdo y el resultado de cuya votación demostrará mañana cuál es la posición del Parlamento Europeo, es la cuestión del fundamento jurídico. Para mí está muy claro por el título de esta Directiva que la protección del medio ambiente es una de sus prioridades. Por eso no me parece satisfactorio considerar solo el artículo 95, el artículo sobre el mercado interior, como fundamento jurídico.
Si queremos una buena política en materia de medio ambiente y energía, no tiene sentido poner dificultades y obstáculos a los Estados miembros que están más avanzados o tienen unos requisitos más estrictos en un cierto ámbito. Sé que ya se ha cerrado el debate entre los presentes, pero quiero reiterar una vez más que tanto yo como mi Grupo pensamos que es muy importante tener dos fundamentos jurídicos si queremos que exista una política mejor de medio ambiente y energía en los Estados miembros. 
Davies (ELDR ).
   – Señora Presidenta, la industria se queja de la normativa y de las interferencias de Bruselas. Es difícil pensar en una legislación que pueda preocupar más a algunos fabricantes que la que fija tan detalladamente cómo deben elaborar sus productos y qué estándares energéticos mínimos deben alcanzar, con montones de especificaciones detalladas todavía por llegar, aparato por aparato, determinadas por el procedimiento de comitología y a espaldas del público.
¿Cómo justificamos la interferencia en el mercado privado a esta escala, una interferencia y el establecimiento de estándares que van más allá que los requisitos de salud y seguridad? Considero que los beneficios potenciales del ahorro energético, la elaboración de productos más eficientes y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono lo dicen todo. Me preocupa que en un intento de reconciliar las distintas necesidades de los Estados miembros –entre los países cálidos y los países fríos–, la Comisión llegue a compromisos que establezcan estándares muy inferiores a los mejores que se pueden alcanzar. Insto a la Comisión a que sea ambiciosa.
Esta es una medida positiva. Existe un mensaje simple para poder venderla a los ciudadanos y a los consumidores por igual: al reducir el consumo de energía podemos ayudarles a ahorrar dinero y todos podemos aportar nuestro granito de arena para salvar el planeta. 
Bowe (PSE ).
   – Señora Presidenta, quisiera centrarme en un tema concreto. Hemos hablado en términos generales de la importancia de este informe y la importancia de los efectos globales que puede tener. Pero analicemos un caso menor y cómo podría afectarle este informe: pensemos en los cartuchos de impresoras de chorro de tinta, posiblemente uno de los productos de uso más extendido en el mundo. La realidad es que todos los grandes fabricantes utilizan todos los medios posibles para impedir que los consumidores consigan un trato justo, socavando al mismo tiempo la necesidad de mejorar la eficiencia energética, la cual constituye un elemento crucial para la protección del medio ambiente.
Los fabricantes necesitan una legislación que les obligue a hacer lo correcto. Están en juego grandes sumas de dinero. En promedio, un cartucho rellenado puede venderse por aproximadamente la mitad de precio que un producto nuevo y el consumidor debería tener la posibilidad de aprovechar esta ventaja. Necesitamos enmiendas en este informe que garanticen que se rellenen este tipo de cartuchos.
Las investigaciones realizadas por organizaciones como la Asociación de Consumidores ha puesto de manifiesto el tipo de tácticas adoptadas por algunas de estas grandes empresas. Por ejemplo, la instalación de microchips que indican que los cartuchos están vacíos e incluso en algunos casos hacen que las impresoras dejen de funcionar cuando de hecho todavía les queda mucha tinta. Esto constituye un derroche de recursos y energía.
Estudios realizados demuestran de forma clara los distintos costes de los diversos sistemas operativos de las impresoras, todos causados por operadores que emplean estos métodos que obligan al consumidor a comprar cartuchos de impresora continuamente, en lugar de reutilizarlos y rellenarlos.
Si podemos incorporar a la nueva legislación sobre el diseño ecológico el requisito de que los cartuchos puedan rellenarse y sean reciclables, esto constituirá un importante paso adelante para la protección de los derechos del consumidor y repercutirá en beneficio del medio ambiente. 
De Palacio,
   . Señora Presidenta, Señorías, de nuevo quiero felicitar a la ponente, Sra. Thors y al ponente en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, Sr. Turmes, por su trabajo y agradecerles sus intervenciones.
Efectivamente, creo que nos encontramos ante una gran iniciativa, que puede incidir realmente en el objetivo de desconectar el crecimiento del incremento de consumo energético. Podemos lograr ahorros importantes en el consumo energético y creo que, como varias de sus Señorías han señalado, el planteamiento de una visión global del conjunto del proceso es el adecuado para no hacernos trampas a nosotros mismos. Porque no se trata de ahorrar en una parte del proceso o de la vida de un producto, si el resultado es un balance global negativo.
Aunque daré a la Presidencia la lista concreta de las posiciones de la Comisión respecto a las distintas enmiendas(1), quiero hablar de algunos temas que han sido desarrollados y planteados en el debate.
En primer lugar, respecto a la aprobación en el Consejo, quiero decirles, Señorías, que a mí me habría gustado, y así lo intenté, que este texto fuera objeto de un acuerdo con el Consejo, que habría permitido un adopción en primera lectura. La realidad es que, al final, la Presidencia irlandesa ha visto serias dificultades para poder llegar a lo que era nuestro objetivo en un primer momento. Pero creo que si no es en una primera lectura, muy posiblemente en una segunda lectura será posible la adopción de este texto. Porque, como han señalado varias de sus Señorías, es urgente que de una vez por todas dispongamos de esta nueva regulación comunitaria y que se ponga en marcha un proceso de comitología que tenga la agilidad suficiente para adaptarse a las nuevas evoluciones y a los nuevos desarrollos tecnológicos y que responda adecuadamente a los asuntos más concretos.
En cuanto a la cuestión de la comitología y la falta de control por parte del Parlamento, les recuerdo, Señorías, que tenemos unos acuerdos globales y genéricos respecto a la buena legislación y a la capacidad de relación entre las instituciones que, creo, que garantizan suficientemente que se evitarán desviaciones o problemas reales en la puesta en práctica de estas medidas.
En cuanto al fundamento jurídico, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento lo ha confirmado, y creo que el artículo 95 del Tratado es el único fundamento jurídico adecuado para esta propuesta. En ese sentido les agradecería que mantuvieran este planteamiento.
Estas son las cuestiones fundamentales a las que me quería referir. Insisto en que es urgente que podamos adoptar esta medida y espero que en la reunión que celebraremos en el mes de junio, el Consejo tenga una posición común lo más próxima posible a la propuesta del propio Parlamento, de tal suerte que si no es en primera lectura, en segunda lectura sea fácil la adopción de este texto. Espero que ello sea posible tan pronto se forme el nuevo Parlamento, y, en cualquier caso, a lo largo de este año. 
La Presidenta.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.(2)

La Presidenta.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0154/2004) del Sr. De Roo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto.
Wallström,
   . Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo y especialmente al ponente, el Sr. De Roo, por su trabajo en el informe y, concretamente, por la actitud tan constructiva mostrada en las negociaciones sobre el paquete de enmiendas de transacción, que debería permitirnos llegar a un acuerdo en primera lectura sobre esta importante propuesta.
En tan solo diez meses se habrá alcanzado un acuerdo en primera lectura sobre lo que se denomina una directiva «de enlace», confirmando el sólido compromiso continuo de la Unión Europea con el Protocolo de Kioto y sus mecanismos flexibles. Un acuerdo en primera lectura reafirma la importante prioridad que otorga la Unión Europea a la adopción de medidas concretas para atajar el cambio climático. Esto transmitirá una señal importante a nuestros socios, especialmente a los países en desarrollo y las economías en transición, incluida Rusia, de nuestro apoyo continuo al Protocolo de Kioto y nuestra firme intención de atajar el cambio climático multilateralmente. Esto ayudará también a nuestros socios en su desarrollo sostenible a través de la transferencia de tecnologías y conocimientos beneficiosos para el medio ambiente.
El paquete de compromiso que se propone al Parlamento dará un importante impulso al Protocolo de Kioto y a sus mecanismos de ejecución: la Aplicación Conjunta (AC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Esto provocará la demanda de créditos para proyectos de AC y MDL al permitir a 12 000 empresas de toda Europa utilizar los créditos de este mecanismo para cumplir sus obligaciones conforme al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. De este modo se mejorará la rentabilidad del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE de forma que también beneficie a los países en desarrollo y las economías en transición.
Quisiera destacar que el acuerdo que se está debatiendo hoy se adapta a las disposiciones de aplicación del Protocolo de Kioto, habitualmente denominadas acuerdos de Marrakech. Como saben, el Protocolo de Kioto no contiene disposiciones sobre cómo pueden utilizar las empresas los créditos de AC y MDL. Esta directiva aclara ahora cómo la Unión Europea pondrá esto en práctica.
El paquete de compromiso que tienen ante ustedes está perfectamente equilibrado. Aborda las preocupaciones del Parlamento al establecer un cuidadoso equilibrio entre la calidad y la cantidad de los créditos de la Aplicación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio que se utilizarán en el régimen de comercio comunitario al tiempo que lo robustece y simplifica.
La Comisión les pide ahora que apoyen este paquete de compromiso y de este modo den otro paso decisivo para reforzar la respuesta de la Unión Europea al desafío del cambio climático. 

De Roo (Verts/ALE ),
   . – Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias a mis colegas y ponentes alternativos: el Sr. Davies de los Liberales, el Sr. Bowe de los Socialistas, la Sra. García-Orcoyen Tormo de los Demócrata-Cristianos y el Sr. Blokland del Grupo EDD. Estoy en deuda con ellos por su unanimidad y su apoyo. Quiero agradecer a la Presidencia irlandesa su constructiva forma de negociación. Quiero agradecer también a la Comisión su cooperación, pese a no estar formalmente obligada a ello. Estoy también en deuda con la Comisaria Wallström. Hemos alcanzado un acuerdo en primera lectura. Haré referencia a nueve puntos. En mi opinión, el resultado es bueno.
Punto 1: esta Directiva de enlace entrará en vigor ya en 2005. Las empresas pueden empezar hoy; desde ahora disfrutan de seguridad jurídica.
Punto 2: esta Directiva de enlace es independiente de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, como lo es también la ley sobre el comercio de derechos de emisión. El Protocolo de Kioto está empezando ahora a entrar en vigor en Europa. No esperaremos a que Rusia lo ratifique. Ciento veinte países, dos tercios de la población mundial, ya lo han ratificado.
Punto 3: las compañías energéticas y las grandes empresas pueden ahora obtener créditos de emisión si invierten en la sustitución del carbón por el gas como combustible en las centrales eléctricas chinas, en el incremento de la eficacia de las centrales eléctricas que utilizan carbón como combustible, en las centrales eléctricas solares de Indonesia, en los parques eólicos en los litorales de países en desarrollo o en la recuperación de gases emitidos por los vertederos de basura. Existen muchas otras formas de reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.
Punto 4: hemos seguido el Protocolo de Kioto a la hora de decidir que no se permite la construcción de centrales nucleares.
Punto 5: los sumideros de carbono están fuera de toda duda porque –o así lo ve esta Cámara– las plantaciones forestales son solo una solución provisional. Los árboles se talan o se queman. Y aunque murieran por causa natural, expelen todo el carbono que absorben. La biomasa o los biocarburantes ofrecen una alternativa mucho mejor. Además, los Gobiernos pueden adquirir también experiencia con los sumideros.
Punto 6: las grandes centrales hidroeléctricas son solo posibles si se cumplen los criterios de la Comisión Mundial sobre Presas. Aunque la energía hidroeléctrica contribuye realmente a la lucha contra el cambio climático, deben tenerse en cuenta además los criterios ecológicos y sociales. En este aspecto también, somos más estrictos que el Protocolo de Kioto.
Punto 7: se ha reiterado el acuerdo de que los Estados miembros tienen que realizar el 50% del esfuerzo de reducción de los gases de efecto invernadero dentro de sus fronteras y el otro 50% fuera de ellas. Los acuerdos cuya única finalidad es comprometer a la industria con unos niveles máximos no tienen sentido, porque harían que los gobiernos, al menos algunos de ellos, realizasen el 50% de sus inversiones en el extranjero, y la industria realizase otro 25% de las inversiones del país en el extranjero. En definitiva, solo el 25% se invertiría en el propio país y el 75% en el extranjero. Si actuáramos de esta forma, arriesgaríamos nuestra credibilidad ecológica.
Punto 8: nuestro sistema de comercio de derechos de emisión y su Directiva de enlace generan un gran interés fuera de Europa. Quince Estados de Estados Unidos y cuatro provincias de Australia quieren establecer unos sistemas parecidos de comercio de derechos de emisión. La Comisión examinará la posibilidad de que apliquen nuestro sistema europeo. Lo mismo ocurre con Canadá, y esperemos que en el futuro también con Japón. Así pues, se ha empezado a aplicar el Protocolo de Kioto antes de su fecha oficial de entrada en vigor.
Punto 9: tendremos que ampliar el ámbito de aplicación del sistema de comercio de derechos de emisión a la aviación y, posteriormente, al transporte por carretera. Eso es preferible a la opción de favorecer los proyectos nacionales que pueden acogerse a la Aplicación Conjunta nacionales, como ha sugerido alguien.
Por último, el Gobierno francés y la industria francesa no creen en esta Directiva de enlace. Tampoco cree en ella Greenpeace. Hacen gala de un dogmatismo trasnochado. Celebro que todos los Grupos políticos, el Consejo de Ministros y la Comisión tengan más visión y estén dispuestos a respaldar este compromiso. El cambio climático se está deteriorando cada vez más; tenemos que actuar al unísono. Al cambio climático no le importa dónde se producen los gases de efecto invernadero. Armados con esta Directiva de enlace, emprenderemos ahora la lucha mundial para resolver el problema climático. 
Linkohr (PSE ),
   Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias al ponente por su excelente trabajo y espero que con una lectura sea suficiente. 
Quiero referirme solo a una cuestión: los sumideros. Discrepo en este punto. Acabo de regresar de un viaje a Sudamérica como miembro de una delegación oficial. Nos ha sorprendido que allí hayan seguido tan de cerca esta Directiva de enlace, al menos en algunos Ministerios, y me han insistido en la importancia que tiene para ellos la inclusión de los sumideros o, en otras palabras, de las plantaciones forestales. Lo entiendo perfectamente. La inclusión de las plantaciones forestales sería una ayuda extraordinaria sobre todo para combatir la pobreza en esos países, o para crear alternativas a las drogas en los lugares donde se cultivan.
Quiero recordar también que hace casi un año Francia firmó un acuerdo con Colombia que sí incluía la silvicultura; existe, por tanto, un conflicto entre el Parlamento y el Consejo de Ministros que no podemos mantener por mucho tiempo. 
García-Orcoyen Tormo (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la Directiva de derechos de emisión hace aproximadamente dos años abrió el camino para la participación de algunos de los sectores industriales más contaminantes en la lucha por reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Fue un primer paso complejo, todavía muy reciente, necesario indudablemente para acercarnos al cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea en materia de cambio climático, pero también se creó un cierto clima de desconfianza y de temor ante su aplicación práctica.
Por eso, su modificación mediante esta Directiva de enlace, que permite la ejecución de proyectos de desarrollo limpio y que puede dar lugar a un reconocimiento de certificados de reducción de emisiones, reviste una gran importancia. En primer lugar, como señal política de la Unión Europea hacia los países en vías de desarrollo de que van a obtener mediante estos proyectos una ayuda a un desarrollo muchísimo más correcto desde el punto de vista medioambiental que el que tienen probablemente en la actualidad, y también una señal a los sectores afectados de que realmente la Unión Europea pretende poner los medios para facilitar la participación en el comercio de derechos de emisión.
El ponente, Sr. de Roo, ha sabido, yo creo, captar perfectamente la necesidad de dotar a esta Directiva de enlace de una gran flexibilidad, y que por ello ha trabajado de una manera excelente con todos los grupos políticos y ha llevado una también excelente negociación con el Consejo, cuyo fruto, espero, se producirá mañana, con una votación mayoritariamente positiva en primera lectura.
Sin embargo, me parece que ha habido -y él lo sabe, porque lo hemos discutido- algunos aspectos que no han sido aprovechados como oportunidades o que ha habido algunos progresos demasiado tímidos, que no van a permitir que este mecanismo flexible sea todo lo eficaz que debería.
Me refiero, en primer lugar, a los proyectos domésticos o nacionales, cuya ejecución ha quedado limitada a las redes ferroviarias. Yo creo que se podría haber aceptado una variedad más amplia de situaciones sin que por ello quedara menoscabado el espíritu de esta Directiva.
También me ha parecido excesiva la cautela con que se ha valorado la admisión y ejecución de proyectos hidráulicos. Yo creo que en esos países no solo son necesarios -como ha dicho el Sr. Linkohr- los sumideros -coincido plenamente con él en que también se ha sido demasiado cauto en ese tema-, sino también los proyectos hidráulicos, que creo que en los acuerdos de Marrakech quedaban suficientemente cubiertos.
Pero ha habido aspectos muy positivos, como la solución del problema de la suplementariedad, y también la capacidad de los Estados miembros de organizarse y compartir objetivos comunes, y de establecer la mezcla de políticas más adecuadas para lograrlos.
Creo que es un excelente resultado y felicito de nuevo al ponente por ello.
Bowe (PSE ).
   – Señora Presidenta, celebro este acuerdo, que es absolutamente esencial para garantizar la viabilidad del sistema de comercio de derechos de emisiones cuando entre en funcionamiento en enero de 2005. Quisiera felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado. He visto el trabajo de muchos ponentes y el suyo es realmente excelente. Ha conseguido un acuerdo con el Consejo que constituye un compromiso práctico y que cosechará importantes beneficios medioambientales, al tiempo que proporciona a la industria una certeza mayor que la propuesta original.
Me complace que hayamos podido mantener la restricción sobre el número de créditos emitidos. Se trata de una solución sensata que permite a los Estados miembros controlar el mercado y hacer un seguimiento del mismo, garantizando que no se vea desbordado. Pasando a cuestiones concretas, creo que hemos podido persuadir al Consejo de la necesidad de una mayor reflexión sobre la conveniencia de incluir proyectos nacionales. Las directrices que hemos establecido en este caso son útiles.
En lo que respecta a los «sumideros», considero que hemos hecho el mejor trato posible: la prohibición para las empresas que utilizan créditos de proyectos de uso de la tierra y los sumideros de carbono en los bosques al menos hasta 2008. Esto será difícil de calcular y necesitamos tiempo para analizarlo más detenidamente.
Respecto a los grandes proyectos hidráulicos y nucleares, parece decepcionante que queramos excluir permanentemente del programa las concesiones para dichos proyectos, pero en realidad el Parlamento ha podido garantizar que los proyectos y la solicitud dentro del programa europeo sean al menos acordes con el Protocolo de Kioto, la Comisión Mundial de Presas y los acuerdos de Marrakech. Realmente esto no está nada mal.
Nuestro mensaje a los Gobiernos de la UE es claro: hay que conseguir una verdadera mejora medioambiental a través de la reducción de emisiones a base de medidas nacionales sostenibles a largo plazo y no a través de proyectos baratos, insensatos y posiblemente perjudiciales en los países más pobres. Estados miembros, os estaremos vigilando. 
Davies (ELDR ).
   – Señora Presidenta, apenas se había alcanzado un acuerdo con el Consejo cuando Greenpeace, WWF y RSPB denunciaron que era insuficiente y solicitaron a los diputados que lo descartasen. Puede que algunos diputados voten en contra en su momento, pero probablemente se encuentren entre los que suelen anteponer los intereses de la industria a los del medio ambiente. No estoy seguro de que WWF los cuente entre sus simpatizantes.
Con cierta complacencia maliciosa, especialmente ante la proximidad de las elecciones, he visto cómo nuestro ponente de los Verdes ha sido criticado por Greenpeace por su trabajo, aunque personalmente lo felicito. Ha hecho un excelente trabajo al unir a todas las partes de esta Asamblea. Por supuesto, el acuerdo es débil, pero de algún lado tenemos que partir. La realidad es que sabemos que ha habido resistencia a la aplicación de estas medidas incluso en algunos Estados miembros.
Me complace que la UE siga tratando de liderar el mundo para tratar de resolver el problema del cambio climático. Sin embargo, el verdadero problema es, en primer lugar, que debemos llegar a algún tipo de acuerdo que funcione y, en segundo lugar, debemos avanzar. Me preocupa qué sucederá si no entra en vigor el Protocolo de Kioto. Esta es la cuestión clave que pretende tratar esta semana la Comisaria con algunos colegas. ¿Podemos convencer a Rusia –el elemento crucial de la ecuación– para que firme y aplique el Protocolo de Kioto? No me gusta pagar contrapartidas, pero, por una vez, puede que sea un precio que merece la pena pagar. 
Oomen-Ruijten (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, el Sr. Moreira da Silva, que en aquel momento era diputado de esta Cámara, alcanzó un acuerdo con el Consejo relativo al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. No fue tarea fácil, porque los acuerdos que ya se habían alcanzado en algunos países con la industria para reducir los gases de efecto invernadero tuvieron que incorporarse a la política europea. Hoy, o en realidad mañana después de la votación, se habrá alcanzado lo que a mí me parece un nuevo acuerdo, y se adoptarán nuevas medidas gracias a las cuales el comercio de derechos de emisión se ampliará a terceros países. Estoy orgullosa de que nosotros, la Unión Europea, hayamos demostrado que nos tomamos muy en serio el Protocolo de Kioto y que no solo celebramos acuerdos, sino que además los respetamos.
Nosotros, en Europa, hemos adoptado una política defensiva en materia de medio ambiente durante demasiado tiempo. Con el nuevo instrumento MDL –Mecanismo para un Desarrollo Limpio– y la Aplicación Conjunta, podemos volver a encabezar la escena internacional. Gracias al desarrollo y la exportación de tecnologías limpias, estamos creando un nuevo mercado para procesos de producción más limpios. Nuestra industria europea se beneficiará de ello. Pero espero que la transferencia de técnicas respetuosas con el medio ambiente ayude también a los países en desarrollo a buscar la sostenibilidad y contribuya a su prosperidad. Los proyectos de intercambio que pueden ejecutarse ahora con los países desarrollados o con países que están en proceso de adoptar una economía de mercado, amplían el mercado para el comercio de derechos de emisión y, por tanto, reducen los costes por tonelada reducida de gases de efecto invernadero: un gran beneficio medioambiental con el menor coste posible.
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y también durante los debates en los que ha participado el ponente, se ha hablado mucho de los posibles riesgos si esas reducciones se realizan fuera de nuestros propios Estados miembros. Tras haber acordado a escala europea que la aplicación conjunta y el MDL son demasiado complementarios, tenemos que prepararnos para una futura revisión.
Lo que importa es que la industria utilice lo que tiene a su disposición. El Sr. de Roo ha hecho un gran trabajo y quiero felicitarle calurosamente. Ha hecho posible unas buenas negociaciones, por lo que quiero darle las gracias. 
Liese (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria Wallström, antes de hablar sobre el informe De Roo, quiero decir algo sobre el comercio de derechos de emisión en general, sobre el informe Moreira da Silva, que la Sra. Oomen-Ruijten también ha mencionado. En el informe Moreira da Silva, el Parlamento propuso introducir un límite superior, un tope, en el plan nacional de asignación, y nosotros quisimos que los planes nacionales de asignación de todos los países establecieran los mismos límites. Lamentablemente, el Consejo rechazó la enmienda. Esa es una de las razones por las que ahora nos encontramos con un batiburrillo de planes nacionales de asignación que no son realmente compatibles entre sí. Muchos Estados miembros siguen sin haber notificado su plan antes del 11 de marzo, y algunos han presentado planes que no son nada ambiciosos. Quiero apoyarla expresamente, señora Comisaria, en su compromiso de instar a los Estados miembros a que pongan en práctica el espíritu y el contenido de esta Directiva, y si es necesario acudir al Tribunal de Justicia europeo para obligarles a hacerlo. Aunque la enmienda del Parlamento no se haya aprobado textualmente, los requisitos del Anexo III impiden, de hecho, la concesión de incrementos generosos de emisiones a la industria. Por tanto, es muy importante que no pierdan de vista eso. Hemos escrito también una carta en este sentido al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi.
No podemos permitir que la industria de los Estados miembros más ambiciosos sufra porque otros Estados miembros siguen creyendo que no necesitan hacer nada. Tenemos que hacer algo también internamente, por la importancia que tienen la Aplicación Conjunta y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio.
Esto me lleva al informe De Roo. Creo que el informe De Roo es un importante paso en la política internacional sobre el clima. Estamos reforzando el proceso de Kioto y hemos demostrado también que existen aquí ciertos límites. Pero al contrario que el Sr. Linkohr, creo que tenemos derecho a mantener nuestra posición contraria a la inclusión de sumideros. Usted casi siempre tiene razón, Sr. Linkohr, pero creo que en este caso ha errado en sus cálculos, pese a ser físico. En el propio comercio de derechos de emisión, tenemos un factor cero de emisión para la biomasa, lo cual significa que no se necesita ningún certificado si se utiliza biomasa como combustible. La combustión de biomasa sale ganando mucho con eso. Si ahora pagamos también dinero por plantar árboles, nos estaremos engañando a nosotros mismos y no estaremos protegiendo el clima. 
Wallström,
   . Señora Presidenta, en primer lugar –y no es la primera vez que me oye decir esto– tendremos que vivir con el problema del cambio climático durante mucho tiempo, puede que durante generaciones. Será un reto para la humanidad durante generaciones.
Es importante que la Unión Europea siga mostrando su liderazgo en esta cuestión. Deberíamos seguir manifestando que estamos dispuestos a tomar medidas internas e internacionales y que creemos que un problema realmente mundial también necesita una solución mundial. También debe ser económicamente eficiente. Para ser creíbles, debemos analizar las soluciones más eficientes; esto forma parte del proceso y al hacerlo podremos movilizar a los diversos grupos interesados. Esto nos ayudará a conseguirlo. Quisiera dar de nuevo las gracias por ello al ponente y al Parlamento Europeo en su conjunto.
Quisiera comentar las dos cuestiones planteadas durante el debate. En primer lugar, Rusia. Como ya se ha dicho, un equipo de Comisarios viajará a ese país esta semana para debatir varias cuestiones, incluidos muchos ámbitos de cooperación con Rusia. Es cierto que no deberíamos esperar a Rusia, pero los 120 países que han ratificado el protocolo no están esperando, sino que ya aplican medidas relativas al cambio climático. Sin embargo, deberíamos mantener la presión sobre Rusia y dejar claro a los rusos que ellos tienen la clave para la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, que lo que hacen es importante y que contamos con ellos. Por ello seguiremos trabajando en ese sentido.
La segunda cuestión es muy importante: el argumento sobre los sumideros y nuestra posición al respecto. Una vez más, me satisface que nuestra posición sobre los sumideros sea coherente, ya que en todas las negociaciones en torno al Protocolo de Kioto nos mostramos escépticos respecto a los sumideros, al menos hasta el momento en que podamos supervisarlos, controlarlos y contarlos de forma fiable.
Este es uno de los argumentos. El otro es la naturaleza temporal de los sumideros y las reducciones de emisiones que comportan. También hemos seguido nuestra línea en esta propuesta, cosa que celebro. Estos son los argumentos. Todavía persisten demasiadas incertidumbres que debemos aclarar, pero estas se encuentran por supuesto en el Protocolo de Kioto y espero que algún día esto también constituya otra oportunidad para Brasil y otros países. Sin embargo, mientras no tengamos pleno conocimiento de causa deberíamos ir con cuidado.
Este será otro instrumento eficaz en nuestra política de cambio climático. 
La Presidenta.
   Gracias, señora Comisaria Wallström.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Bonde (EDD ).
   – Señora Presidenta, hemos sido más de 63 los que, en calidad de diputados al Parlamento Europeo, hemos presentado una moción de censura contra la Comisión, no porque desconfiemos de algunos Comisarios, sino porque es el único medio que tenemos para exigir responsabilidades por el escándalo de Eurostat. Pedimos a la Comisión que sea ella la que exija responsabilidades y, si no lo hace, nos veremos obligados a presentar una moción de censura contra todos. 
Hemos recogido 67 firmas, 60 de la cuales se han verificado ya hace un par de horas. Otras dos firmas están siendo verificadas todavía por los servicios, y hay otras dos que los servicios no quieren verificar y en relación con las cuales hemos presentado confirmaciones por escrito. Por consiguiente, los servicios tienen ahora en su poder 64 firmas, así que la Mesa no tiene más remedio que hacer constar que se ha presentado una moción de censura con 63 firmas, o lo que es lo mismo, con el número necesario de firmas. Por consiguiente, tendrá que incluirse en el orden del día en un plazo de 24 horas y votarse en un plazo de 48 horas.
Espero que el Presidente pueda tomar nota de que se han recogido ya 63 firmas y que los servicios no están interpretando correctamente el Reglamento al intentar que los diputados retiren sus firmas. 
La Presidenta.
   Hemos tomado nota de su intervención. Examinaremos con más detenimiento esta cuestión, comprobaremos los nombres y volveremos sobre ella mañana. 
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0265/2004) del Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores y a las pilas y acumuladores usados. 
Wallström,
   . Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias al Parlamento Europeo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y especialmente al ponente, el Sr. Blokland, por su informe.
La propuesta de la Comisión de una nueva Directiva sobre pilas pretende ampliar el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria vigente sobre pilas y acumuladores que contienen determinadas sustancias peligrosas a todos los productos de este tipo que se comercializan en el mercado comunitario. La legislación vigente abarca solamente el 7% del total de baterías portátiles que se venden cada año en la Unión Europea. Esto ha obstaculizado el establecimiento de programas nacionales eficaces de recogida y reciclado. También se ha confundido a los consumidores sobre lo que se recoge y lo que no, y por lo tanto no han participado eficazmente en los programas nacionales de recogida. Por ello, en la actualidad, muchas baterías acaban siendo arrojadas al medio ambiente. Por ejemplo, en 2002, aproximadamente el 45% del volumen total de baterías portátiles vendidas en los 15 miembros de la UE fueron incineradas o depositadas en vertederos.
La propuesta actual pretende alcanzar un alto nivel de protección medioambiental al tiempo que contribuye al funcionamiento adecuado del mercado interior de pilas. A este respecto, la propuesta de la Comisión tiene dos metas principales: la creación de un sistema de circuito cerrado para todas las pilas y acumuladores, y la introducción de un mecanismo de responsabilidad del fabricante. El sistema de círculo cerrado propuesto requiere que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para impedir el vertido final de las pilas usadas y conseguir un alto nivel de recogida y reciclado de pilas. Confío en que los objetivos de recogida propuestos para las baterías portátiles, en combinación con los ambiciosos objetivos de reciclado, protejan nuestro medio ambiente de los riesgos que implica el vertido de dichas baterías. Por otra parte, la propuesta plantea la cuestión de la eliminación no controlada de pilas peligrosas que contienen mercurio, cadmio o plomo. A este respecto, además de las restricciones vigentes sobre el uso de estas sustancias, establecidas por la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil, se introducirán las siguientes medidas adicionales: la prohibición del vertido y la incineración de todo tipo de pilas industriales y baterías de automóviles, lo que incluye la mayoría de las pilas que contienen plomo o cadmio, y un objetivo de recogida adicional para las baterías portátiles de níquel-cadmio, que requiere el control del conjunto de residuos para determinar el volumen de baterías portátiles de níquel-cadmio desechadas. La evaluación de impacto ampliada demuestra que las opciones políticas propuestas son las más sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
Ahora quisiera centrarme en la introducción de un mecanismo de responsabilidad del fabricante. Las aplicación del principio de responsabilidad del fabricante constituye un importante avance para incorporar los costes medioambientales externos a la fase de producción y, al mismo tiempo, estimular a los fabricantes a elaborar productos más respetuosos con el medio ambiente.
Todas las pilas y acumuladores deberían separarse del conjunto de residuos y reciclarse con el fin de evitar el daño medioambiental y recuperar los diversos metales que contienen. Para conseguir este objetivo, necesitamos crear un sistema de circuito cerrado y hacer que los fabricantes se responsabilicen de los productos que fabrican. 
Blokland (EDD ),
   . – Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, quiero hacer algunas aclaraciones respecto a mi informe sobre pilas y acumuladores. Gracias a la tenaz insistencia del Parlamento Europeo, tenemos por fin una propuesta de la Comisión Europea. Algunos puntos de la propuesta de la Comisión pueden verse como algo positivo.
En primer lugar, todas las pilas quedan dentro del ámbito de aplicación de la Directiva. En segundo lugar, existen unos objetivos vinculantes en términos de recogida. En tercer lugar, los porcentajes de reciclado y las eficiencias del reciclado son vinculantes, y cuarto, la responsabilidad del productor tiene un papel muy importante en los mecanismos de financiación.
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, hemos celebrado un largo debate sobre las pilas. Más en concreto, hemos considerado la prevención del uso de metales pesados y los objetivos de recogida. Se ha llegado a un acuerdo con todos los Grupos respecto a la mayoría de los puntos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Incluso el compromiso relativo a los objetivos de recogida de pilas ha obtenido un amplio respaldo. Puesto que las cifras de ventas de pilas difieren bastante de un Estado miembro a otro, sobre todo después del 1 de mayo, se ha tomado la decisión de proponer un porcentaje de ventas como objetivo de recogida.
En cuanto a la prevención del uso de metales pesados, desde hace años se están desarrollando algunas iniciativas. La legislación actual de la UE prohíbe la utilización de los metales pesados mercurio, plomo y cadmio en materiales y repuestos de vehículos introducidos en el mercado después del 1 de julio de 2003, así como en aparatos eléctricos y electrónicos introducidos en el mercado después del 1 de julio de 2006.
El principal problema de las pilas y los acumuladores es precisamente la presencia de mercurio, plomo y cadmio, que son metales pesados. En las páginas 9 a 12 de la nota explicativa que acompaña a la propuesta de la Comisión, se explican claramente los efectos nocivos para el medio ambiente y la salud del mercurio, el cadmio y el plomo. Por ese motivo, ya en 1998 se prohibieron la mayor parte de las pilas que contienen mercurio. El principio en el que se basa el texto de la nueva Directiva relativa a las pilas que propone la Comisión es siempre la prohibición de las pilas de níquel-cadmio. Sorprendentemente, la actual propuesta de la Comisión no ha optado por prohibir esas pilas, sino por establecer lo que se conoce como un sistema de circuito cerrado para el cadmio. Sin embargo, no parece que exista un sistema de circuito cerrado, puesto que solo tiene que recogerse el 80% de las pilas de níquel-cadmio portátiles. En consecuencia, el 20% de las pilas de níquel-cadmio portátiles terminan en un vertedero o en un incinerador. Al ser el cadmio un metal volátil, la incineración de residuos hace inevitable que este metal pase a la atmósfera. Por eso la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha decidido prohibir la utilización de mercurio, cadmio y plomo. Además, hemos incluido una larga lista de exenciones para aquellos casos en que no existan sustitutos efectivos. En esa lista están las pilas utilizadas en audífonos, luces de emergencia, baterías para aplicaciones industriales, acumuladores de plomo e instrumentos eléctricos inalámbricos. Aunque personalmente no creo que la última exención sea necesaria, la he añadido para tener en cuenta las objeciones de algunos diputados.
El sustituto de las pilas de níquel-cadmio, las pilas de níquel-metalhidruro, funciona a una temperatura de entre –20º y +60º Celsio. Así pues, supongo que esas pilas pueden utilizarse en toda la Unión Europea.
Por último, quiero responder a la historieta de la Asociación Europea de Pilas Portátiles, en la que se sugiere incorrectamente que dejarán de estar permitidas todo tipo de aplicaciones si se aprueba el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.
Yo tengo un teléfono móvil bastante viejo, de hace cuatro años y medio. Este viejo teléfono tiene una batería de litio-ión. Estoy casi seguro de que las baterías de sus teléfonos móviles son de níquel-metalhidruro o de litio-ión. En resumen, si se prohibieran las pilas de níquel-cadmio para esas aplicaciones, dejaría de haber problemas. Otro ejemplo de la historieta es el de los acumuladores de plomo en los coches, que no se prohíben en la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil. Tampoco se prohíben en el marco de la Directiva relativa a las pilas, porque como han escuchado hace un momento, aparecen en la lista de exenciones. Lo mismo ocurre con las pilas de botón utilizadas en audífonos y relojes, instrumentos eléctricos inalámbricos, luces de emergencia y todas las aplicaciones industriales.
Hasta la organización europea de consumidores BEUC es partidaria de que se prohíban las pilas de níquel-cadmio para aplicaciones de consumo. Aunque, como bien saben, existen muchas alternativas, pude constatar que la industria se oponía, en principio, a una prohibición, y se sigue oponiendo hoy a pesar de haberse incorporado todas las excepciones que exigían. Considero que este tipo de argumentos no deben influir en la decisión que tomemos. Sospecho que detrás de ello hay una táctica peligrosa. En este sentido, conviene recordar que la industria, tan contraria a la prohibición de las pilas de níquel-cadmio, está promoviendo alternativas a estas pilas en sus propios sitios web. Por lo tanto, también nosotros debemos promover esas alternativas, en particular mediante la prevención del uso de metales pesados peligrosos en las pilas en la mayor medida posible. 
Linkohr (PSE ).
   – Señora Presidenta, tengo que admitir que antes de formar parte del Parlamento Europeo, trabajé durante diez años en la fabricación de pilas de níquel-cadmio. Llegamos a tener una fábrica y deposité una serie de patentes, que ya han expirado. Por tanto, no tengo intereses económicos que deba notificar. Reconozco también que en aquel tiempo no pensábamos demasiado en el futuro. Así pues, creo que hacemos bien en reflexionar sobre la manera de reciclar esas pilas.
Pero les recomiendo que no recurran a las prohibiciones, sino que introduzcan alternativas más deprisa, unas alternativas que ya existen en teoría. Este mismo año o el año que viene podrían empezarse a comercializar pequeñas pilas de combustible que no contienen metales pesados. Estas pilas son fabricadas por las mismas empresas que fabrican las pilas de níquel-cadmio, al menos muchas tienen experiencia con ellas, y esa sería mi recomendación, en lugar de imponer directamente a una prohibición. 
Goodwill (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, las pilas forman parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, es justo decir que el desarrollo de la energía eléctrica portátil, especialmente la recargable, ha revolucionado nuestras vidas.
Posiblemente todos nosotros llevamos encima dos o tres pilas: en nuestros teléfonos, en nuestros relojes, en los mandos a distancia de nuestros coches y es posible que en esta Cámara incluso haya un par de marcapasos. Las pilas han contribuido a la seguridad. Las herramientas eléctricas sin cables han hecho de las obras de construcción lugares mucho más seguros y, a menudo, en caso de apagón recurrimos a las pilas para el alumbrado o el suministro eléctrico de emergencia. Hace poco, tuve la oportunidad de visitar una central nuclear en la que tienen una batería del tamaño de un edificio que suministra electricidad en caso de apagón.
Quisiera felicitar a la Comisión por su propuesta, que es equilibrada y proporcionada al problema. Concretamente, quisiera felicitarla por el modo en que trata el problema de los residuos.
Algunos países, como Bélgica, han logrado separar las pilas del flujo de residuos. Debemos tener cuidado y analizar el coste que esto conlleva. En Bélgica, el coste de la recogida de las pilas es por lo menos dos veces mayor que el valor real de las mismas. Necesitamos una solución guiada por el mercado de forma que no lleguemos a la conclusión de que las recogemos solamente por recogerlas.
Como es el caso de la mayoría de los problemas relacionados con los residuos en mi país, el historial del Reino Unido es lamentable. Una vez que se adopten, espero que se cumplan los objetivos establecidos por la Comisión y que no repitamos la situación que se produjo con los viejos frigoríficos, en que la directiva se quedó olvidada en un cajón hasta que fue demasiado tarde para aplicarla a tiempo. También espero que el Gobierno del Reino Unido financie adecuadamente a las autoridades locales encargadas de la labor de recoger estas pilas.
Apoyo algunas de las enmiendas. Concretamente, mi Grupo apoya la medida de no establecer objetivos de recuperación basados en un número arbitrario de gramos, como 160 gramos para cada país. Esta política de talla única sería ridícula en países como los Estados bálticos, en los que el mercado de pilas ni siquiera llega a la mitad de 160 gramos. Es mucho más sensato establecer objetivos de recogida basados en un porcentaje.
Sin embargo, mi Grupo no apoyará las enmiendas al artículo 4 relativas a las prohibiciones de los metales pesados. En primer lugar, las alternativas no están desarrolladas en todos los sectores. En el caso concreto de las herramientas eléctricas, las pilas alternativas no han mostrado un rendimiento tan bueno, lo que daría lugar a herramientas con una vida útil más corta y que se desecharían mucho antes que en la actualidad.
En segundo lugar, en el Reino Unido se han realizado varios estudios sobre la contaminación centrados en los vertederos y la incineración. Aunque hay cadmio presente en el medio ambiente, la fuente de cadmio de las baterías no es importante. Si quisiésemos reducirlo deberíamos estudiar los combustibles fósiles, los fertilizantes y las industrias metalúrgicas.
Por último, el calendario. Las pilas que se venden hoy no llegarán al flujo de residuos hasta dentro de más de 16 años. Por lo tanto, la prohibición de los metales pesados no resuelve el problema a corto plazo. 
Lange (PSE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria Wallström, en efecto, estamos utilizando más pilas y eso nos está causando problemas. En primer lugar, queremos conseguir que las pilas sean ecológicas, y en segundo lugar, no queremos que empeore aún más nuestro problema de residuos. Lo cual significa, por un lado, que necesitamos una estrategia que garantice el depósito del menor número posible de pilas en los vertederos y, por otro, que tenemos que asegurarnos de que se realicen innovaciones en la fabricación de pilas.
Por tanto, apoyo la propuesta de la Comisión de incluir todas las pilas en la legislación y garantizar que haya una responsabilidad del fabricante en la producción de pilas. Asimismo, estoy de acuerdo con los numerosos compromisos que hemos alcanzado juntos con el objetivo de organizar mejor la recogida y el reciclaje de pilas y reducir de verdad nuestro problema de residuos.
En la Cámara hay diversidad de opiniones respecto a cómo promover la innovación y evitar los metales pesados. Lo importante es que enviemos la señal de que queremos pilas que no dañen al medio ambiente, que no contengan metales pesados y que sean fáciles de reciclar. El Parlamento tiene que enviar esa señal de forma clara para que los fabricantes de pilas se decidan a innovar. Por supuesto, eso puede hacerse utilizando distintos sistemas de consigna, cobrando una consigna de mayor cuantía por las pilas peligrosas que por las otras. Sin embargo, al final, el consumidor tiene también un papel que desempeñar. 
Davies (ELDR ).
   – Señora Presidenta, pese a la amenaza de moción de censura, espero que la Sra. Comisaria no cancele sus billetes de avión a Moscú.
Las presiones sobre esta cuestión han sido intensas y persuasivas. Debo admitir que mi punto de vista sobre ciertos detalles ha cambiado en numerosas ocasiones, pero he llegado a la conclusión de que, al tiempo que respaldamos a medio plazo un sistema de reciclado de circuito cerrado para las pilas de cadmio, a largo plazo deberíamos estudiar la sustitución de dichas pilas dada su toxicidad. Mi apoyo a numerosas excepciones demuestra que considero este enfoque mesurado y equilibrado.
Debemos tener cuidado de no establecer un nivel de plomo tan bajo que impida efectivamente el uso de pilas que contengan meras trazas de plomo que se utilizan para fines importantes, como los audífonos. No me cabe la menor duda de que podremos resolver en la práctica estas cuestiones una vez hayamos examinado la legislación más de cerca.
Quisiera tratar el tema de los objetivos de recogida de baterías portátiles. Soy muy sarcástico al respecto. He sido abordado por la British Local Government Association, que quiere que apoye las propuestas de objetivos mucho más ambiciosos. Se trata de una asociación que representa a autoridades locales que actualmente recogen solamente el 12% de los residuos domésticos. Parece ridículo. Como sabemos, con mucha frecuencia los Estados miembros acceden a lo que deberían ser objetivos legalmente vinculantes a sabiendas de que los patéticamente pesados y torpes procedimientos de aplicación de la Comisión implican que realmente nunca tendrán que cumplir dichos objetivos dentro de los plazos propuestos. Como vengo diciendo en los últimos cinco años, debemos encontrar un modo mejor de hacer que los Ministros que firman estos acuerdos mantengan su palabra. 
De Roo (Verts/ALE ).
    Señora Presidenta, el cadmio es sumamente tóxico. En la Directiva marco sobre el agua, nosotros, es decir, el Consejo, el Parlamento y la Comisión, decidimos imponer una prohibición gradual del cadmio. ¿Por qué no hacemos lo mismo en este caso?
La Comisión ha propuesto un sistema de circuito cerrado, pero el ponente ya ha dicho que solo se está recuperando el 80%, lo que significa que el 20% desaparece en el medio ambiente. La propuesta de la Comisión es deficiente en otro sentido, en concreto en la extracción de cadmio –una diminuta cantidad– del flujo de residuos, que es enorme; es una forma sumamente ineficaz de trabajar y, por consiguiente, es preferible imponer una prohibición e introducir más tarde algunas excepciones.
Las pilas de litio-ión y las pilas de níquel-hidruro ya están disponibles en el mercado. En el futuro, estarán también disponibles las células de combustible. Por consiguiente, existen alternativas. Además, la cuota de mercado de esas alternativas ya está aumentando. Por eso es muy lamentable que la Comisión haya sucumbido a las presiones de la industria. La política europea debe recompensar a los pioneros de la industria y no a los rezagados, como está haciendo la Comisión. Por desgracia, recompensar a los rezagados es justamente lo que están haciendo los Demócrata Cristianos y la Comisión. Espero que la mayoría de esta Cámara piense de otro modo. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, el cadmio es un peligroso elemento químico. Es carcinógeno y puede ocasionar daños graves en el sistema nervioso. También se bioacumula, lo que significa que permanece en el organismo y se acumula con el tiempo. Una elevada exposición puede ocasionar un grave cáncer de pulmón, próstata o riñón. Por ello debería prohibirse el uso del cadmio. Como mínimo, una prohibición relativa al cadmio en las pilas domésticas podría ayudar a reducir los niveles de este metal y con el tiempo promover el uso de alternativas en las pilas. Lo que realmente necesitamos son alternativas al cadmio, y estas ya existen.
La contaminación del medio ambiente con cadmio conlleva costes económicos y sanitarios muy elevados, incluidos los costes de depuración del agua. Estos costes –o para ser más exactos, este ahorro potencial– deben tenerse en cuenta a la hora de considerar el coste de una prohibición de las baterías de cadmio. Si analizamos los peligros del cadmio, veremos que debemos buscar alternativas. Estas ya existen y el único modo de establecerlas pasa por su prohibición. Este es el planteamiento adecuado a largo plazo en beneficio de la salud pública, la protección de los consumidores y el medio ambiente. La propaganda que hemos oído, completamente simplista e inexacta, no contribuye a ayudar al debate, derrocha el dinero de los que tratan de promover el planteamiento opuesto y no funcionará. Espero que los diputados a este Parlamento no cambien de opinión debido a estas tonterías simplistas. 
Wallström,
   . Señora Presidenta, he remitido a la secretaría una lista en la que se indica qué enmiendas son aceptables para la Comisión(1). Me limitaré a comentar dos aspectos que se han planteado durante el debate y explicaré una vez más por qué la Comisión no propuso una prohibición.
Como saben, la Comisión elaboró una evaluación de impacto ampliada al preparar esta propuesta. Se evaluó la sostenibilidad de distintas opciones políticas, incluida la prohibición de sustancias. Es importante recordar que en esta propuesta la Comisión ha mantenido una restricción general sobre el uso del mercurio en las pilas, de conformidad con la Directiva vigente sobre pilas. Las restricciones de la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil también siguen aplicándose, así que las disposiciones están ahí.
Sin embargo, a la luz de esta evaluación de impacto, no se optó por una prohibición de sustancias para otras pilas por los siguientes motivos: solamente puede considerarse una prohibición de sustancias si existen sustitutos viables. Por el momento, no existen dichos sustitutos para todas las aplicaciones. Una prohibición siempre tendría un ámbito de aplicación limitado y nunca podría abarcar todas las pilas peligrosas. Como ya hemos oído, una prohibición de sustancias no podría abarcar las herramientas eléctricas sin cable, el alumbrado de emergencia y aplicaciones industriales. De hecho, una prohibición representaría solamente un 16% del mercado total de pilas de níquel-cadmio y menos del 6% del total del mercado de pilas de plomo.
Un importante porcentaje de estas pilas peligrosas se utiliza o almacena actualmente en los hogares. Se calcula que el 60% de las pilas portátiles recargables se acumulan o almacenan en casa. Estas no estarían incluidas en la prohibición y por lo tanto seguirían acabando en el medio ambiente. En el caso de las baterías de cadmio, los sustitutos tienen una vida más corta y son más costosos, lo que daría lugar a más residuos y a costes adicionales para los consumidores. Estos son los principales argumentos por los que elegimos una solución de circuito cerrado.
Hemos propuesto este sistema de circuito cerrado para todas las pilas. Esto debería garantizar que las baterías no acaban en el flujo de residuos, sino que se recogen y se reciclan. En el caso de las pilas de níquel-cadmio industriales, el sistema de circuito cerrado está garantizado por la prohibición propuesta del vertido y la incineración.
Estos son nuestros argumentos principales. Supongo que esto se debatirá a partir de ahora, pero parece que todos estamos de acuerdo en que es importante controlar lo que está sucediendo para encontrar la mejor solución que garantice que estas sustancias y pilas peligrosas no acaben en el flujo de residuos. Tenemos que ocuparnos de ellas.
Les doy las gracias por labor en torno a este informe y por el debate. 
La Presidenta.
   Gracias, señora Comisaria Wallström.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 

La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0261/2004) del Sr. Wijkman, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Política de Productos Integrada – Desarrollo del concepto del ciclo de vida medioambiental. 
Wijkman (PPE-DE ),
   .  Señora Presidenta, señora Comisaria Wallström, la política medioambiental ha tenido hasta ahora un relativo éxito en la lucha contra las emisiones de fuentes puntuales en fábricas, centrales eléctricas, etc. La cuestión es distinta cuando se trata de emisiones de fuentes no puntuales, es decir, los efectos del consumo de bienes y servicios. El problema al que nos enfrentamos es que la contaminación total en la sociedad, principalmente debida a nuestros hábitos de consumo, crece sin cesar. La Agencia Europea del Medio Ambiente ha demostrado recientemente que el volumen de residuos en los quince Estados miembros ha aumentado un 15% desde 1990. Pese a que hemos reducido la contaminación y utilizamos energía y materiales de forma más eficiente, los beneficios se ven mermados rápidamente por el mayor crecimiento. Ante la previsión de que el producto interior bruto mundial aumentará entre tres y cuatro veces en los próximos 30 ó 40 años, debemos tomar medidas radicales si no queremos quedar literalmente enterrados bajo una montaña cada vez más alta de residuos y contaminación.
La Política de Productos Integrada que estamos debatiendo hoy en esta Cámara ofrece excelentes oportunidades para crear un marco de incentivos que nos aleje de los modelos de producción y de consumo caracterizados por un enfoque consumista de los flujos lineales de recursos, optando en su lugar por la minimización de los residuos, el uso controlado de las sustancias peligrosas y el aumento de las reservas de recursos naturales. Para ello, la Política de Productos Integrada tiene que basarse en una visión a largo plazo de cómo tenemos que cambiar nuestro modelo de producción industrial.
Creo que hemos aprendido que no basta con contaminar un poco menos. Tenemos que tratar de lograr unos hábitos de contaminación y de consumo que sean limpios en sí mismos.
La ventaja de una Política de Productos Integrada es que adopta un enfoque muy amplio; es decir, que abarca toda la cadena de producción, desde la extracción de los recursos naturales, pasando por el diseño del producto y la fase de producción, hasta la fase en la que se acaba la vida útil del producto. La propuesta de la Comisión tiene algunas cosas buenas, pero no es suficientemente activa. Es como si la Comisión hubiese rechazado en parte la Política de Productos Integrada a favor de las estrategias temáticas. No creo que haya que elegir entre una u otra cosa, ya que pueden combinarse. Necesitamos estrategias temáticas, pero también necesitamos un marco para la Política de Productos Integrada que mantenga cohesionada la política y sea una fuerza impulsora en su aplicación real. En general, la política medioambiental y también la política energética tienen que ser mucho más coherentes y consecuentes. Ahora tenemos numerosas directivas y reglamentos, pero no se presta suficiente atención a la perspectiva general.
En su propuesta, la Comisión habla de utilizar métodos voluntarios siempre que sea posible. Evidentemente, los sistemas EMAS e ISO son constructivos, pero las investigaciones demuestran que no son suficientes. En el modelo de la Comisión, el carácter voluntario está también vinculado a las fuerzas del mercado, es decir a la cooperación con el mercado. Pero debido a que rara vez los costes medioambientales repercuten en los precios, el mercado no opera satisfactoriamente. Hay que dar incentivos directos a las empresas, para que sean capaces de ganar dinero desarrollando productos ecológicamente adaptados. Hoy día eso sucede en muy contadas ocasiones, en cuyo caso ¿cómo se supone que puede ayudar el mercado?
En su Comunicación, la Comisión habla de mejorar la información ofrecida a los consumidores. Eso es bueno, pero también es ingenuo creer que un mejor etiquetado y una mejor información medioambiental solucionarán el problema. Personalmente, he participado en el desarrollo del etiquetado medioambiental en Escandinavia, y sé lo difícil que resulta aplicarlo en un frente tan amplio.
Tal como yo lo veo, creo que debemos situar la Política de Productos Integrada en un marco dinámico que proporcione directrices políticas generales y apoyo a las estrategias temáticas. Ese marco debe caracterizarse por una visión clara, basada parcialmente en los siguientes principios.
En primer lugar, un enfoque basado en sistemas, cuya esencia es el concepto del ciclo de vida. En segundo lugar, un mejor conocimiento de cómo funcionan los sistemas naturales y los ecosistemas, para que los productos y los modelos de negocio de las empresas puedan adaptarse aplicando criterios biológicos. En tercer lugar, la optimización del proceso de diseño de productos a través de la selección de materiales que tengan el menor impacto medioambiental posible. En cuarto lugar, el principio de que los productos que lleguen al final de su vida útil deben desguazarse en sus componentes y reutilizarse o, si se componen de materiales biológicamente degradables, integrarse progresivamente en los ciclos naturales. Por último, hay que hacer un uso mucho más intensivo de la información para promover una mayor eficiencia en lo que respecta al uso de la energía, los materiales y la desmaterialización.
Es especialmente importante percibir las oportunidades de aprendizaje e imitación que nos brinda la naturaleza. Ahora no dispongo de tiempo para tratar este tema, pero existen ejemplos de empresas que están aplicando ya esos principios, que ofrecen soluciones perfectamente limpias y que, además, ganan dinero con ello.
Señora Presidenta, durante el debate en la comisión, el representante de la Comisión declaró que las miradas no se dirigen principalmente a una directiva marco. Lo lamento. Estoy convencido de que es necesaria una directiva marco, y espero que, bajo el liderazgo de la Comisaria Wallström, la Comisión reflexione sobre esta cuestión y se dé cuenta de que es importante, a la larga, crear un marco político horizontal que sirva de ayuda al trabajo medioambiental en general. 
Wallström,
   .  Señora Presidenta, Señorías, el proyecto de informe del Parlamento apoya el concepto de ciclo de vida y ofrece una sólida orientación sobre la manera en que la Comisión debe seguir desarrollando la Política de Productos Integrada en los próximos años. Hemos realizado un gran esfuerzo para encontrar un nombre que indicara mejor a los no iniciados de qué va todo esto, aunque solo sea para traslucir que se trata de una cuestión importante. Aprecio de verdad los esfuerzos que se han hecho con este informe, en especial el trabajo realizado por el ponente, Sr. Wijkman.
En la Comunicación de la Comisión hacemos hincapié en la necesidad de demostrar cómo puede funcionar en la práctica la Política de Productos Integrada, y hemos dicho también que queremos utilizar dos métodos para ello. En primer lugar, queremos realizar un par de proyectos piloto que reúnan a diferentes actores para debatir, y preferiblemente también adoptar, medidas que reduzcan los efectos medioambientales de estos productos especiales. En segundo lugar, estamos elaborando un inventario europeo de los productos que ofrecen el mayor potencial para mejorar el medio ambiente. Dicho inventario puede ayudarnos a centrar nuestros esfuerzos en los productos más importantes.
El informe contiene muchos planteamientos interesantes. Permítanme comentar algunos de los más importantes que demuestran el vínculo existente entre las estrategias temáticas y esta propuesta, que también ha mencionado el ponente. Quiero explicar asimismo cómo veo la relación entre la Política de Productos Integrada y otras iniciativas que se mencionan en el informe, en especial las dos estrategias temáticas: la estrategia para un uso sostenible de los recursos naturales y la estrategia para la prevención y el reciclado de residuos.
Mi visión a largo plazo en estos tres ámbitos es realmente poco complicada. Creo que la estrategia para los recursos naturales debe considerar los problemas generales que plantea la cuestión de cómo hemos de romper el vínculo entre el crecimiento económico y el daño medioambiental. La estrategia debe indicar lo que hay que hacer para romper ese vínculo y establecer unos objetivos generales para proteger los recursos naturales contra la sobreexplotación y la contaminación. A continuación, la Política de Productos Integrada debe transformar esos objetivos orientados a los recursos –no olvidemos que los recursos naturales nos ofrecen minerales, alimentos, agua y aire limpio– en medidas prácticas para reducir los efectos de los productos y servicios sobre el medio ambiente, además de crear oportunidades para las empresas.
El hecho de que estemos empezando a preparar una Política de Productos Integrada antes de que esté lista la estrategia de recursos carece de importancia. Como hemos dicho en nuestra propuesta, ahora mismo podemos hacer mucho. Creo también que la estrategia sobre los residuos y el reciclado debe centrarse más claramente en los problemas del medio ambiente y del mercado que surgen en esa parte del ciclo de vida. Esto no significa ignorar todos los ciclos de vida de los productos. Por el contrario, las medidas tomadas han de tener en cuenta los efectos medioambientales en todo el ciclo de vida, mientras se aplica la Política de Productos Integrada.
Por ello, no creo que la Política de Productos Integrada deba incluir objetivos basados en los recursos. Creo que es preferible incluir esos objetivos en la estrategia de recursos. Tampoco creo que la Política de Productos Integrada deba defender el uso de determinados materiales, con independencia de que sean materiales biológicos, materiales compuestos u otros materiales, porque entonces existe el peligro de ignorar la dimensión de ciclo de vida.
En segundo lugar, quiero recalcar que no creo que sea el momento adecuado para preparar una Directiva marco sobre la Política de Productos Integrada. Además de la cuestión de qué puede abarcar esa directiva –siendo realistas, debe abarcar un gran número de herramientas y conceptos, y también debe poderse vigilar su cumplimiento–, creo simplemente que es demasiado pronto para decidir sobre la necesidad de una Directiva marco. Por muy impacientes que estemos, creo que debemos esperar un poco más y ver cómo los diferentes actores aplican en la práctica la Política de Productos Integrada. Me refiero con ello a la industria, las autoridades y los consumidores. Si no aprovechan las oportunidades que les ofrece dicha política, podremos considerar una estrategia de carácter menos voluntario, pero creo que por el momento es demasiado pronto para sacar conclusiones al respecto.
En 2007, la Comisión revisará los dos puntos que he mencionado, así como toda la Política de Productos Integrada. Si lo consideramos necesario, haremos cambios. Por ejemplo, podríamos hacer un mayor hincapié en los servicios, recomendar una Directiva marco o cambiar la Política de Productos Integrada como resultado de los debates sobre las estrategias temáticas. Además, creo que la contribución del ponente contiene muchos puntos importantes que deberían ayudar a orientar más claramente nuestro enfoque general de cara al futuro. 
Lange (PSE ).
   – Señora Presidenta, señora Comisaria Wallström, apoyo plenamente el informe del Sr. Wijkman. Si queremos conseguir de verdad una producción sostenible, tenemos que pensar en ciclos de vida y no en productos individuales. Por eso, señora Comisaria Wallström, necesitamos también un marco estructural para el edificio que queremos construir. Por ahora, lo que tenemos son los bloques de construcción esparcidos por el suelo. Tenemos el sistema EMAS, tenemos las etiquetas ecológicas y en el caso de las pilas hemos optado también por las etiquetas ecológicas. Tenemos además límites, y en el sector de los automóviles tenemos vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Tenemos el sistema de contratación público, pero nada cuadra. Por consiguiente, ni las empresas ni los consumidores saben exactamente cómo se supone que esta producción integrada les va a beneficiar; por eso apoyo firmemente al Sr. Wijkman. Necesitamos un marco para el edificio que queremos construir, para que esos bloques de construcción encajen unos con otros y permitan crear una estructura inteligente. Solo así podremos convencer a los fabricantes para que cambien sus métodos de producción y consigan por fin una producción ecológica y sostenible. 
La Presidenta.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0234/2004) de la Sra. Lambert, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 
Lambert (Verts/ALE ),
   . – Señora Presidenta, lamento que el debate de este tema que realmente afectará a las vidas de nuestros ciudadanos se realice tan tarde, pero el núcleo central de los «amigos del Reglamento 1408» todavía están aquí y reconocen su importancia.
Este asunto relativo a la coordinación –y no armonización, como a algunos de mis colegas quieren hacernos creer– de los sistemas de seguridad social ha sido muy laborioso. Comenzó en el anterior Parlamento y posteriormente se sometió a codecisión y unanimidad en el Consejo en 1999. Confío en que esta simplificación y modernización del reglamento que ha sufrido tantas enmiendas en el pasado proporcione un marco útil y muy constructivo en una Unión Europea ampliada.
Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a los ponentes alternativos y a otros diputados por su serio trabajo y su enfoque constructivo de este reglamento. También quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a la Comisión por su disposición a respaldar nuestro trabajo con tiempo, información y explicaciones. También en el Consejo hemos observado una mejor disposición a plantear esta reforma con cierto espíritu, que me consta que no compartían todos los diputados en 1999 cuando me reuní por primera vez con los representantes y los Estados miembros en Helsinki. 
Quisiera recordar a los diputados que el Consejo informó al presidente y a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales –por escrito, mediante carta de 31 de marzo y también oralmente más tarde– de su acuerdo con las enmiendas aquí propuestas a la posición común y a la declaración del Consejo sobre la tributación que se incluirá en las actas del Consejo en caso de que se llegue a un acuerdo sobre la adopción de la normativa. Confío en que mañana confirmemos la postura de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en su última reunión.
Como sabemos, las restricciones relativas a este reglamento nos han ocasionado ciertos problemas: el hecho de que los impuestos no pueden abordarse dentro del mismo plantea ciertos problemas para determinados trabajadores transfronterizos, especialmente dado que observamos cómo los sistemas tributarios y de protección social se entrelazan cada vez más en algunos Estados miembros.
El hecho de que no podamos tender puentes de unión entre los sistemas significa que algunas personas seguirán considerando que la libre circulación no cuenta con respaldo suficiente e implicará más trabajo para la Comisión de Peticiones. Sin embargo, el reconocimiento mutuo, ya sea de la situación familiar o de la condición de persona con una discapacidad, por ejemplo, también seguirá siendo un problema.
También reconocemos en el Parlamento que no hemos alcanzado la plena flexibilidad que deseábamos con respecto al acceso a las prestaciones en especie para los trabajadores fronterizos y sus familias. Pese a que somos conscientes del hecho de que los Estados miembros deben registrarse explícitamente en el anexo 3 si no desean prestar dicho servicio demuestra que se trata de una desviación de la norma, observamos dichas negativas con preocupación Estoy segura de que esta es una cuestión que se retomará en el próximo Parlamento, cuando veamos las propuestas de la Comisión relativas a los anexos 2, 10 y 11 actualmente vacíos y al reglamento de ejecución. Confiamos en que el trabajo avance lo más rápidamente posible de forma que la propuesta revisada completa entre en vigor en los próximos dos años.
Sin embargo, consideramos que la posición común modificada en comisión constituye un importante paso adelante. No se ha producido una regresión con respecto al : todas las personas acogidas en regímenes de la seguridad social están ahora incluidas, no solamente los trabajadores remunerados. Las medidas positivas adoptadas a favor de los nacionales de terceros países –el informe de la Sra. Oomen-Ruijten– también están ahí y ya estaban en la propuesta original de la Comisión. Existe una mayor claridad con respecto a la atención sanitaria transfronteriza y las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia sobre los criterios relativos a la necesidad médica están ahí. La adopción de la asimilación de hechos y acontecimientos será especialmente beneficiosa para los trabajadores fronterizos, y el número de derogaciones y excepciones se ha visto reducido, pese a nuestra preocupación por el desarrollo futuro de los anexos. Actualmente existen criterios claros sobre las prestaciones especiales no contributivas en efectivo. También se ha introducido el principio de la buena administración.
Este es un trabajo complejo pero necesario y contribuye a responder la pregunta de qué hace el Parlamento Europeo para beneficiar a las personas. Pese a ciertas reservas que muchos de los presentes tenemos, recomiendo a la Asamblea la posición común modificada y espero que los futuros ponentes sobre este tema reciban el mismo apoyo e interés que se me ha brindado a mí como ponente.
En conclusión, y por extraño que parezca, considero que esta experiencia desafiante e interesante resulta en ocasiones bastante divertida. 
Dimas,
    Señora Presidenta, Señorías, estoy sumamente satisfecho por los importantes avances conseguidos por la presente propuesta, tanto en el Consejo como en el Parlamento, y por haber llegado a la última fase de su aprobación.
Por numerosas razones, es muy importante que consigamos el objetivo de su aprobación oficial por el Consejo y el Parlamento antes del 1 de mayo. La principal de ellas es que enviaría un claro mensaje a los ciudadanos de los antiguos y los nuevos Estados miembros, demostrando que la Unión Europea está dispuesta y es capaz de fijar las condiciones adecuadas para una verdadera libre circulación de las personas, cuya piedra angular es la coordinación de los sistemas de seguridad social.
Quiero felicitar a la ponente, Sra. Lambert, por su excelente informe sobre una cuestión técnicamente tan difícil como es la coordinación de los sistemas de seguridad social. Quiero dar también las gracias a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por su trabajo.
Como saben ustedes, la Comisión Europea, en la propuesta modificada que presentó el pasado mes de octubre, tuvo en cuenta total o parcialmente la mayoría de las enmiendas aprobadas por el Parlamento en la primera lectura. En lo que respecta a las dos enmiendas presentadas en el marco de la segunda lectura, mejoran claramente la calidad del texto y, por consiguiente, la Comisión puede aceptarlas en su totalidad.
Además, puedo decirles que la Comisión acepta algunas de las demás preocupaciones y consideraciones expresadas por ciertos miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en la segunda lectura, en el marco de la propuesta de un nuevo Reglamento ejecutivo que la Comisión presentará a final de este año. Espero, como también ha dicho la Sra. Lambert, que tanto el Reglamento como los tres anexos sean aprobados en 2006.
La posición común del Consejo responde a los principales objetivos de la propuesta de la Comisión, que consisten en simplificar y mejorar la coordinación de los sistemas de seguridad social, en beneficio de los ciudadanos europeos que viajen dentro de la Unión. La simplificación y modernización del actual Reglamento constituyen el requisito básico para promover la movilidad de los trabajadores en la Unión. Por consiguiente, están estrechamente relacionados con el objetivo general de la competitividad, de la creación de más y mejores puestos de trabajo y de la cohesión social. Está claro que el Reglamento actual ofrece protección en el sector de la seguridad social a personas que viajan por cualquier razón –personal o profesional– de un Estado miembro a otro. De ahí su importancia para la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos.
No pretendo enumerar todas las mejoras que conllevarán las nuevas normas en comparación con el Reglamento actual, pero podemos centrar la atención muy brevemente en tres cuestiones.
Las nuevas normas se aplicarán a todos los ciudadanos de la Unión Europea acogidos al sistema de seguridad social de un Estado miembro. La aplicación de las normas de coordinación a todas las personas aseguradas satisfará la necesidad de adaptar el Reglamento 1408 a los avances en materia de libertad de circulación dentro de la Unión Europea, que no solo es un derecho de los trabajadores, sino también una realidad para todos los ciudadanos europeos.
Las nuevas normas reforzarán el principio de igualdad de trato para todos los ciudadanos de la Unión Europea introduciendo una disposición que regula el reconocimiento transfronterizo de hechos e incidentes. Esta disposición es especialmente importante para los trabajadores transfronterizos.
El Reglamento actual no contiene disposiciones claras relativas a la buena administración. Las nuevas normas solventan esa deficiencia De hecho, exigen una mayor cooperación y asistencia mutua entre las agencias de los Estados miembros en beneficio de los ciudadanos. Además, las agencias tendrán que responder dentro de un plazo razonable a todas las preguntas y ofrecer a los ciudadanos toda la información que soliciten para poder ejercer sus derechos.
Por último, quiero decir que ha sido un procedimiento largo y difícil que está llegando a buen puerto y tengo que darles las gracias de nuevo por haber realizado rápidamente una tarea tan laboriosa en su calidad de colegislador. 
Oomen-Ruijten (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, acepto a regañadientes lo que tenemos ahora sobre el tapete. Hubiese querido más y mejores propuestas en una serie de puntos. No obstante, observo que se han conseguido importantes logros y quiero dar las gracias al Comisario Dimas por sus respuestas.
El Reglamento que tenemos ante nosotros es aplicable a todos los ciudadanos de la UE. Eso es un avance. No solo se ha ampliado su alcance, sino que también se ha simplificado. Y eso también es un avance. Veo que, sobre el papel, se hace una clara distinción entre la exportabilidad y la no exportabilidad de las prestaciones en dinero. Además, creo que probablemente surgirán problemas cuando se desarrollen los anexos. Sigo lamentando la manera en que, la última vez, la Sra. Gillig y sus colegas socialistas se negaron incluso a someter a votación este punto de una forma democrática. Por eso me temo que tendremos problemas con los anexos.
Este Reglamento introduce mejoras importantes para los trabajadores fronterizos. Soy consciente de las implicaciones jurídicas de lo que ahora se ha establecido. Por ejemplo, los hechos que ocurran en un Estado miembro tendrán que ser tratados del mismo modo en el país de residencia que otros hechos similares ocurridos dentro de su propio territorio. Eso es un avance. He observado asimismo que ha cambiado la situación de los familiares de los trabajadores fronterizos y que ahora también ellos tienen derechos. Pero esos mismos derechos se anulan en uno de los anexos, de manera que los avances conseguidos por el Reglamento quedan invalidados en el anexo.
Tengo la sensación de que podríamos haber logrado más si hubiésemos consultado todos los protocolos, por ejemplo, en el ámbito de la recaudación de impuestos y el cobro de cuotas a la seguridad social. Sé que el Consejo se opone a esto, pero podríamos haberlo hecho juntos. En algunos aspectos me parece que las sentencias del Tribunal de Justicia se han incorporado con mucha mayor claridad a este Reglamento. Me parece también que los fallos del Tribunal en materia de sanidad se han asimilado bien. Sin embargo, tengo un problema con el tratamiento que reciben las consultas externas, a diferencia de lo que dictamina el Tribunal. Además, se hace más hincapié en el desempleo, aunque menos de lo que yo había esperado. Ahora se incluye a los ciudadanos de terceros países, algo que ya se proponía en mi informe.
He recomendado a mi Grupo que vote a favor de este informe, a condición de que se me dé la oportunidad de introducir algunas posibles mejoras cuando se desarrollen el reglamento introductorio y también los anexos. Quiero expresarle de nuevo al ponente mi más sincero agradecimiento. 
Van den Burg (PSE ).
    Señora Presidenta, esta simplificación y modernización ha resultado ser una tarea ardua. Quiero felicitar a todos los implicados, especialmente al ponente del Parlamento, Sr. Cornelissen, y a su equipo, a la Presidencia irlandesa y a algunas presidencias anteriores por este logro. Mi Grupo piensa que es una buena base y también considera muy importante que se haya dado prioridad a garantizar que se dé el primer paso antes del 1 de mayo.
Ni que decir tiene que no estamos totalmente preparados, ni que estamos del todo satisfechos. En la próxima legislatura, con 25 Estados miembros, seguirá siendo de vital importancia que examinemos con espíritu crítico el proceso de elaboración de los anexos y la redacción del Reglamento de aplicación. En este sentido, no solo debemos examinar el sistema, cuya base ha quedado ahora sentada, sino también las consecuencias de los cambios que conllevará, porque algunas personas pueden verse gravemente perjudicadas. Tenemos que buscar soluciones a estos problemas.
Además, hay otros problemas que el propio Reglamento no puede solucionar, algunos de los cuales ya se han mencionado, como la vinculación de impuestos a los sistemas de seguridad social o la forma de complementar los sistemas de seguridad social a través de convenios colectivos en el sector privado. Se trata de cuestiones que afectan principalmente a los trabajadores fronterizos.
En varias ocasiones hemos abogado en esta Cámara por una prueba de trabajo fronterizo, por cambios en las normas nacionales y por una cooperación reforzada y mejor estructurada entre los Estados miembros donde el trabajo fronterizo es frecuente. En consecuencia, quiero pedir desde aquí a la Presidencia neerlandesa que empiece a trabajar en este sentido el próximo semestre, en cuanto se haya completado la revisión. Los Países Bajos, junto con sus países vecinos Alemania y Bélgica, deben dar ejemplo a los demás Estados miembros en ámbitos que exigen mucha negociación bilateral, y, a ser posible, los Países Bajos deberían alcanzar también unos acuerdos de cooperación más ambiciosos para los 25 Estados miembros, porque lo más probable es que en el futuro se intensifique la migración de trabajadores.
No dispongo de tiempo para repetir todos los puntos, pero en cualquier caso quiero proponer que la cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión se mantenga al mismo nivel y con un espíritu constructivo. Esa cooperación podría tener lugar en el contexto de un grupo de trabajo especial, cuyo nombre ya ha sugerido la Sra. Lambert: Los amigos de 1408. 
Boogerd-Quaak (ELDR ).
   – Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Comisario por su reciente nombramiento. Espero que comparta nuestro punto de vista sobre la más que necesaria movilidad en los Estados miembros para aplicar la agenda de Lisboa. El informe Lambert y el Reglamento 1408/71 en el que se basa son, por supuesto, instrumentos importantes en este sentido.
Me preocupa sobremanera la cautela que han evidenciado algunos Estados miembros ante las posibles repercusiones en sus respectivos sistemas tributarios y de seguridad social. Creo que merece la pena darles un buen empujón en la buena dirección en el futuro. Esto no significa necesariamente que tenga usted que contar con el respaldo del Parlamento, sino principalmente que necesita el respaldo de los Estados miembros. No obstante, quiero dar las gracias a la ponente y a todos los implicados. Mañana, mi Grupo votará a favor del informe Lambert.
He de decir que admiro mucho a la Sra. Lambert. Este Reglamento contiene algunos puntos válidos. Se ha adoptado la definición de trabajadores fronterizos; se han realizado mejoras en el ámbito de las pensiones y también se ha tenido en cuenta a las familias de los trabajadores fronterizos. Pero eso no lo es todo. Por ejemplo, mi país, los Países Bajos, ha vuelto a pedir un en algunas secciones, una de las cuales es el tratamiento médico de las familias de los trabajadores fronterizos. Eso ya se contempla en el Reglamento, pero los Países Bajos siguen pidiendo un . Me parece algo inaceptable. Creo que tenemos que ser los primeros en reconocerlo cuando nuestros respectivos países no actúan correctamente. Esto, por supuesto, se aplica también a otros países muy preocupados ante la perspectiva de que, con la inminente ampliación de la UE, su seguridad social tenga que soportar una pesada carga. 
Señora Presidenta, señor Comisario, espero que juntos podamos hacer realidad el ideal de la movilidad entre los Estados miembros y que la primera generación de trabajadores fronterizos salga ganando con ello y no tenga que verse obligada siempre a luchar por sus derechos. Comprendo que la Presidenta considere que me he excedido de mi tiempo de uso de palabra, pero me gustaría tener una conversación larga con el nuevo Comisario sobre cómo plantear esta cuestión de una forma más eficaz. En mi opinión, necesita una comisión de seguimiento permanente. 
Crowley (UEN ).
   – Señora Presidenta, me gustaría unirme a mis colegas diputados y felicitar a la Sra. Lambert por la tremenda labor que ha realizado sobre un tema muy difícil. Esto pone de manifiesto que pueden lograrse grandes resultados cuando las instituciones de la UE aúnan su inteligencia colectiva.
La ponente ha mostrado una gran tenacidad al mantener un rumbo muy difícil entre muchos puntos de vista diferentes y ha llegado a la mejor solución posible. Espero que todas sus Señorías votarán a favor de este informe mañana, junto con las dos enmiendas que recoge, pues necesitamos una votación por mayoría.
Al presentar este Reglamento al público debemos destacar asimismo que probablemente este sea el acto de legislación social más importante de esta legislatura, un acto que marca la diferencia para la vida de la gente, ya que refleja las realidades en las que trabaja el ciudadano moderno de la Unión Europea. La gente se traslada de un país a otro para encontrar empleo, algunas personas se jubilan en otras zonas y cada vez más trabajan durante algún tiempo en otros Estados miembros. Debemos garantizar que los derechos de estas personas sean respetados al otro lado de las fronteras.
El Consejo merece gran parte del crédito por aceptar tantas de las enmiendas que el Parlamento presentó tras la primera lectura. Seré provinciano y daré las gracias a la Representación Permanente de Irlanda por su enorme labor. Algunos de los diputados que se sientan en el otro extremo de esta Cámara son una honra para Irlanda por todo el trabajo que han realizado al respecto.
Persisten uno o dos motivos de preocupación. Algunos han sido abordados, pero me gustaría volver a hacer hincapié en ellos. La cuestión de la fiscalidad corresponde exclusivamente a los Estados miembros. No es una cuestión que debamos vincular con otros temas, ya que con ello tan solo distraeríamos la atención del ámbito en el que realmente se puede trabajar. Estoy de acuerdo con la ponente en que este informe no versa sobre la armonización, sino sobre una mejor coordinación de los regímenes de la seguridad social de los Estados miembros.
Este Reglamento representa un cambio enorme, pues si bien los Reglamentos anteriores se aplicaban únicamente a las personas económicamente activas, el presente se aplica a todos los beneficiarios. Asimismo representa una mejora en lo referente al fortalecimiento a la igualdad de trato de todos los ciudadanos de la UE.
Queda la cuestión de los «anexos vacíos». Insistimos en que la Comisión y el Consejo presenten en un futuro próximo una propuesta sobre el Reglamento aplicado para asegurar que se tengan en cuenta y se resuelvan las legítimas y genuinas preocupaciones que han planteado otros diputados y, en particular, la Sra. Oomen-Ruijten. La Sra. Oomen-Ruijten expuso varias cuestiones relacionadas no con cifras abstractas o personas abstractas, sino con personas reales que cada día se enfrentan a este tipo de discriminación. Corresponde ahora a la Comisión y al Consejo mantener su parte en el trato y avanzar una propuesta al respecto basada en la buena fe que mostraremos mañana. Deben cumplir su palabra y llenar de contenido esos anexos vacíos. 
Gillig (PSE ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, al igual que otros diputados, me complace observar esta tarde cuánto se ha avanzado en la tarea de modernizar el Reglamento nº 1408/71 sobre la seguridad social, que mejora a todas luces la situación de los nacionales de la Unión Europea que tienen que desplazarse a otros países, esencialmente por motivos de trabajo. Podemos congratularnos, si bien comparto las reservas expresadas por unos y otros.
Este expediente es técnico, complejo. Su tratamiento ha requerido mucho tiempo y el proceso no ha terminado. Acabamos de recordarlo: los anexos están en blanco y todavía tenemos trabajo por delante. No obstante, quisiera felicitar en primer lugar, en nombre también de mi colega, a la ponente, la Sra. Lambert, por su constancia y determinación. Quisiera rendir tributo asimismo a todos los que han trabajado en este sentido, tanto en la Comisión como en el Consejo. 
Aunque podemos estar globalmente satisfechos, hemos de admitir que es posible y necesario mejorar en este terreno. Quisiera centrarme en la cuestión de las herramientas de que disponemos para tratar este tema. Habría que superar las reservas y actitudes de los Estados miembros que tratan de preservar prerrogativas, que en este contexto se parecen mucho al proteccionismo. 
Espero que el principio de coordinación, que en el fondo nos limita, y nos constriñe, y no nos permite responder a las cuestiones planteadas por algunos diputados, dé paso pronto a una verdadera armonización en materia de protección social, que es uno de los componentes esenciales del modelo social europeo. 
Estoy convencida, señora Presidenta, de que la demanda de una auténtica Europa social emanada de los ciudadanos europeos, a los que vamos a oír mucho durante este período, exige un cambio institucional significativo. Los progresos son de celebrar, son importantes, pero siguen siendo modestos en relación con los retos. 
Por último, y sobre todo, no deben enmascarar la disparidad existente, y que debe condenarse, entre los procedimientos muy eficaces que tenemos a nuestra disposición en materia económica, y los mucho más débiles que se utilizan en el ámbito social. Son indispensables criterios de convergencia para abordar correctamente este tema de la protección social asociada a la movilidad en Europa, que constituye, a los ojos de los ciudadanos europeos, el fundamento de la credibilidad de la integración europea.
Dimas,
    Señora Presidenta, la Comisión puede aceptar las enmiendas de algunos de los miembros del Comité de Empelo y Asuntos Sociales en el marco de la propuesta para el nuevo Reglamento de ejecución. El Parlamento desempeñará su papel de colegislador en ambas propuestas de la Comisión: el nuevo Reglamento de ejecución y el contenido de los tres anexos. 
La Presidenta.
   Gracias, señor Comisario Dimas.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(1)

Ahern, Nuala (Verts/ALE ),
   . – Quisiera destacar ante el Parlamento la situación de Mordejai Vanunu, que fue liberado de una prisión israelí esta semana, tras pasar 18 años en prisión por revelar información sobre los programas israelíes de armas nucleares. Ahora se le aplican normas de excepción, lo que constituye un castigo cruel y poco habitual, a pesar de que ya ha cumplido su sentencia... por cierto, por revelar información sobre el tipo de armamento que los Estados Unidos intentan encontrar en el Iraq.
Estas normas de excepción no le permiten abandonar el país durante seis meses ni ponerse en contacto con extranjeros –ni siquiera por correo electrónico o por teléfono–, y de lo contrario volverá a ser detenido. No puede hablar a los periodistas y tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de las embajadas extranjeras. El Parlamento debe condenar estas sanciones por ser contrarias al Estado de derecho. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   .– Parece ser que el Presidente del Parlamento Europeo, en una entrevista concedida al periódico chipriota , comentó, refiriéndose a los dirigentes chipriotas, que personalmente estaba decepcionado por lo que consideraba una falta de imaginación y de liderazgo valiente, dos cosas que había que demostrar en ese momento. Terminaba la entrevista pidiendo a los chipriotas que no dejaran pasar esa oportunidad.
Considero inaceptable e inadmisible que el Presidente del Parlamento Europeo, aunque sea a título personal, haga esas declaraciones y aumente la insoportable presión, las coacciones y las amenazas a las que se ven sometidos los chipriotas por parte del Secretario General de la ONU y su entorno, el Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Europea y el Consejo, Turquía y muchos otros, incluidas las fuerzas políticas en Grecia. Su intervención es un insulto y, si me permiten decirlo, es indecorosa hacia las fuerzas políticas de Chipre y hacia el conjunto de los chipriotas, que no necesitan recibir lecciones de buena conducta por parte del Presidente del Parlamento Europeo ni de nadie.
Además, sus declaraciones contradicen lo que él mismo dice al principio de la entrevista de que la decisión de las comunidades de Chipre en los dos referendos es una decisión realizada por ciudadanos libres y soberanos. ¿Acaso el Presidente y otros consideran que la única decisión que pueden tomar libremente los chipriotas en el referendo es decir «sí»? 
Claeys (NI ),
   . Señora Presidenta, en los próximos días, se celebrarán ceremonias en distintas partes del mundo para conmemorar el genocidio turco contra los armenios, que se cobró la vida de más de un millón de personas. Entre 1915 y 1918, el ejército turco evacuó casi todos los pueblos armenios situados dentro del Imperio Otomano. Ello implicó la ejecución inmediata de cientos de miles de ciudadanos, mientras que otros sucumbieron después, en terribles circunstancias, durante largas marchas hacia Siria en las que murieron de hambre. Fue el primer genocidio del siglo XX.
Pero hasta hoy, Turquía se niega a reconocer ese genocidio.
Es una mancha muy grave para un Estado miembro candidato. Refleja el modo en que el actual Gobierno turco considera los derechos humanos.
Quiero recordarles la resolución adoptada por nuestro Parlamento en 1987, que dice claramente que Turquía no puede aspirar a ser miembro de la UE mientras no reconozca el genocidio cometido contra los armenios. Quiero insistir en la necesidad de llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre esa resolución, que sigue estando vigente. 
Enric Morera i Català (Verts/ALE )
   . Hoy, 19 de abril, celebramos en el País Valenciano la fiesta de Sant Vicent Ferrer, y hoy, en el día que asumo la condición de europarlamentario en nombre del Bloc Nacionalista Valencià, quiero advertir de un grave problema que afecta a la producción de naranjas y citricultura valenciana.
La Unión Europea no ha adoptado medidas cautelares fitosanitarias ante posibles contagios de plagas y enfermedades procedentes de la importación de cítricos de terceros países como Argentina o Brasil. Esta situación, especialmente grave y que, en el pasado, supuso la introducción de plagas como el "minador", puede acarrear graves consecuencias en un próximo futuro para la citricultura valenciana y europea, como es la intromisión en el territorio de la Unión de la "Xanthomonas Axonopodis pv Citri", que provoca el cangro de los cítricos y la consiguiente aparición de la mancha negra en la piel de las naranjas.
La Unión Europea no puede hacer dejación de sus funciones y debe introducir con urgencia las cláusulas de garantía higiénica fitosanitaria (en otros productos, como el sector textil, otro tipo de cláusulas) con la finalidad de prevenir la entrada de plagas y enfermedades en un sector tan importante para la economía valenciana y, por tanto, europea.
Korakas (GUE/NGL ),
   – Señora Presidenta, pocas semanas después del asesinato del líder de Hamás, el jeque Yassin, el Gobierno de Sharon asesinó a su nuevo líder Abdel Ratissi, demostrando con ello no solo su oposición a que el proceso de paz siga adelante y se declare un Estado palestino independiente, sino también avivando el fuego y creando deliberadamente tensión.
La UE, como evidencia su actitud hasta la fecha, sigue básicamente la línea de los Estados Unidos, en el sentido de que se ha limitado a expresar su protesta ante esos asesinatos y los ataques perpetrados por Israel, al mismo tiempo que habla –a través del Sr. Solana– sobre el derecho de Israel a protegerse y examina la política de Sharon para despejar la Franja de Gaza. De esa forma, convierte al agresor en víctima.
Los miembros del Partido Comunista de Grecia condenamos los crímenes perpetrados por el Gobierno de Sharon y la política hipócrita y cómplice de la UE. Expresamos nuestra solidaridad activa con el pueblo palestino y pedimos al Parlamento Europeo que exija a la UE que deje de suministrar armamento a Israel y congele el acuerdo de asociación con ese país.
Señora Presidenta, de nuevo hoy, a invitación suya, el Parlamento Europeo ha guardado un minuto de silencio por el joven paramilitar italiano ejecutado en Iraq, algo que nunca ha solicitado para las miles de víctimas de las invasiones de Afganistán, Iraq y, anteriormente, Yugoslavia. Tal como le han pedido en repetidas ocasiones los diputados del Partido Comunista de Grecia, ¿podría decirnos cuándo tiene usted intención de hacer algo así? 
Mastorakis (PSE ),
   . Señora Presidenta, he pedido la palabra para informar a la Cámara que las autoridades pakistaníes han permitido a la tripulación del regresar a sus hogares en Grecia y Filipinas.
Después de los esfuerzos realizados durante varios meses por el Gobierno griego, encabezado por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Georgos Papandreos, que por supuesto se han mantenido hasta hoy, y la concesión de garantías, después de la reacción del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución sobre esta cuestión, y después de la acción emprendida por la troika y por el Comisario Chris Patten y la visita a Pakistán, se ha logrado el resultado deseado.
Por consiguiente, habiendo constatado que la actuación de las instituciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros puede tener éxito cuando existe una buena coordinación, expresamos nuestro agradecimiento a los responsables de esta cuestión. 
Patakis (GUE/NGL ),
   – Señora Presidenta, quiero llamar la atención de esta Cámara y pedir su intervención inmediata en una cuestión de extrema importancia. Se trata de la supervivencia de los agricultores griegos, que están literalmente al borde del desastre.
La terrible ola de frío que azotó Grecia hace unos meses ha provocado graves daños en las explotaciones agrarias (plantas, suelo, etc.) de todo el país. Los agricultores afectados tienen muchos problemas para sobrevivir y se arruinarán si no se adoptan medidas específicas de inmediato.
Señora Presidenta, le pido que intervenga para agilizar los largos procedimientos comunitarios que se exigen para la aprobación del pago de indemnizaciones y ayudas financieras a los agricultores griegos, como se hizo con Francia, Italia y Malta, para que los agricultores afectados no se arruinen y puedan mantener su actividad productiva. 
Rousseaux (ELDR ),
   – La enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas afectan gravemente a la población europea, según las estimaciones actuales: a un 5% de las personas en edades comprendidas entre los 50 y 60 años, del 8 al 10% entre los 60 y 70 años y del 10 al 20% entre los 70 y 80 años.
Las enfermedades que afectan al cerebro ocupan el tercer lugar en la trágica clasificación de las enfermedades, después de las cardiovasculares, en el primer puesto, y el cáncer, en el segundo.
La enfermedad de Alzheimer y las patologías afines afectan, pues, a millones de ciudadanos europeos que, con el tiempo, no son capaces de manejarse, sin hablar ya de sus familias, que, para hacerse cargo de ellos, deben reducir considerablemente, o incluso cesar, su actividad profesional.
Estas enfermedades tienen consecuencias humanas, económicas y sociales dramáticas para nuestra sociedad. Además del sufrimiento mental que provocan, prácticamente no existen residencias de acogida especializadas, y las que existen son a menudo demasiado caras para el enfermo o su familia y no están cubiertas por la seguridad social ni por los seguros médicos. Es urgente, pues, desarrollar, en todos los frentes, un auténtico plan de lucha organizada contra esta plaga que nos afecta a todos directa o indirectamente.
La carga económica y social de las enfermedades del cerebro representa el 35% de la carga de todas las enfermedades en Europa, y se prevé que aumentará en los próximos 10 ó 20 años. Esta constatación debe dar pie a una redefinición de las políticas en materia de investigación, enseñanza, asistencia sanitaria, prevención y protección social.
Dado que una tercera parte del coste del conjunto de las enfermedades es imputable a enfermedades del cerebro, serían necesarias las medidas siguientes: consagrar una parte significativa de la financiación de la investigación en el ámbito de las ciencias de la vida al cerebro y sus enfermedades y, en particular, a la enfermedad de Alzheimer y el séptimo programa marco que actualmente está negociándose debería tener esto en cuenta; consagrar a estas enfermedades una parte importante de los gastos de asistencia sanitaria (prevención, diagnóstico, tratamiento); orientar proporcionalmente a estas enfermedades los programas de estudios de medicina; establecer un sistema de protección social que permita prestar apoyo material (casas de acogida) y económico a los enfermos afectados por esta discapacidad y a sus familias; y, por último, crear un observatorio europeo de las enfermedades del cerebro.
La plaga está tan extendida y su impacto en nuestra sociedad es tan grave que todas las instituciones europeas –Comisión, Parlamento Europeo, Consejo– y los Estados miembros deben adoptar todas las medidas que estén en su mano para combatir, atajar y prevenir las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, y ayudar a los que las sufren.

La posición de la Comisión refleja el compromiso alcanzado entre el Consejo y la ponente para llegar a un acuerdo en primera lectura.
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas de transacción 60 a 94, ambas inclusive.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 a 59, ambas inclusive. 

La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 5, 8, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 39, 42, 43, 46, 50, 51, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 86, 100, 102, 103, 104, 110, 112, 114, 117, 124, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 147, 149, 174, 191, 199 y 201.
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas sujetas a una nueva formulación: 2, 3, 9, 11, 14, 18, 20, 26, 29, 34, 35, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 73, 79, 81, 87, 91, 92, 101, 105, 107, 108, 109, 118, 121, 140, 144, 146, 148, 150, 151, 156, 159, 162, 165, 168, 176, 179, 180, 184, 185, 186, 187, 192, 194, 197, 198 y 205.
La Comisión puede aceptar parcialmente las siguientes enmiendas sujetas a una nueva formulación: 1, 6, 7, 23, 36, 40, 62, 65, 84, 95, 130, 131, 155, 164, 166, 167, 169, 172, 177, 188 y 195.
La Comisión puede aceptar parcialmente las siguientes enmiendas: 17, 27, 59, 142 y 158.
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 4, 10, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 106, 111, 113, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 125, 129, 132, 138, 141, 143, 152, 153, 154, 157, 160, 161, 163, 170, 171, 173, 175, 178, 181, 182, 183, 189, 190, 193, 196, 200, 202, 203, 204 y 206.

La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 5, 10, 19, 23, 41, 59, 60, 62, 68, 71, 88, 90, 96, 104, 107, 108, 109, 111 y 112 (total: 20).
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas en parte o sujetas a cambios: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 61, 65, 67, 69, 72, 73, 76, 80, 84, 85, 87, 89, 92, 98, 99, 100, 103, 105 y 106 (total: 45).
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 3, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 35, 36, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 102 y 110 (Total: 47). 

La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 5, 6, 8, 9 (solo si se aprueba también la 12), 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 76, 77 y 78.
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas sujetas a una nueva formulación: 2, 3, 4, 43, 74 y 75.
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas incluidas en el paquete de enmiendas de transacción: 7, 15, 23 (si se reformula), 25, 36, 38, 46, 47, 48, 59 y 65.
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 10, 11, 14, 21, 26, 27, 31, 35, 49, 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73.

La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas con una nueva redacción: 5, 10, 13, 16, 23, 24, 25, 26 y 35.
La Comisión puede aceptar en principio las siguientes enmiendas: 6, 7, 8, 9 y 73.
La Comisión puede aceptar parcialmente las siguientes enmiendas: 17, 20, 47, 48, 59, 60, 63, 65, 66 y 69.
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27-34, 36-46, 42-46, 49-58, 61-62, 64, 67-68, 70-72 y 74-81. 

La Comisión puede aceptar el paquete de compromiso formado por el bloque 1 de enmiendas (enmiendas 11, 12 y 18 a 46).
La Comisión no puede aceptar en su conjunto el bloque 2 de enmiendas.
De las enmiendas del bloque 2, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13 y 18. La Comisión puede aceptar en principio la enmienda 6. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 7, 9, 15 y 16. Las enmiendas 4, 8, 14 y 17 pueden aceptarse parcialmente. 

La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 4, 5, 11, 12, 13, 14, 21, 24, 31, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 78, 79, 80 y 81, en total 26 enmiendas.
Puede aceptar en principio o parcialmente las enmiendas 10, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 35, 40, 42, 43, 44, 48 y 53, en total 16 enmiendas.
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 49, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 82, en total 40 enmiendas. 
