Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Posselt
Señora Presidenta, ayer se produjo una explicación de voto del Sr. Dell'Alba que en dos puntos no constituyó una explicación de voto. En primer lugar, contenía insultos personales que debo rechazar pues me acusa de falsificación y, en segundo lugar, instaba al Presidente a una conducta contraria a las normas, en concreto, a la supresión de pasajes de la exposición de motivos de mi informe. Sin embargo, según nuestro Reglamento el contenido de una exposición de motivos es de la exclusiva responsabilidad del ponente. No se pueden hacer supresiones en la misma, del mismo modo que no se pueden suprimir pasajes de una intervención. A lo sumo, esto se podría hacer en el sentido del Ministerio de la Verdad de Orwell, y la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha rechazado por unanimidad esta pretensión en una carta al Presidente.

El Presidente
Tomo buena nota, Señoría. Pero me gustaría insistir para que nos pongamos de acuerdo en cuanto al Acta.
¿Hay alguna otra observación?
(El Acta queda aprobada)

Votaciones
Wijsenbeek
¿Ha tomado buena nota, señora Presidenta, de que nuestro Grupo se ha abstenido debido a que el informe Farthofer como tal no cambia en nada las situaciones de monopolio de todas las compañías de ferrocarriles en los países miembros?

El Presidente
Ahora no es precisamente el momento de dar las explicaciones de voto, pero lo hemos entendido muy bien.

Correia
He votado a favor de la propuesta de reglamento que va a permitir la renovación, hasta el final de 1997 del régimen aplicable a la importación a Madeira, las Azores y las Canarias de bovinos para engorde y consumo no local, de determinadas carnes de porcino frescas o refrigeradas y determinados productos a base de carne, así como del abastecimiento de patatas de simiente (semilla).
Debo subrayar que el régimen específico ahora prorrogado consiste en la exención de los derechos de importación y en la concesión de una ayuda para los productos antes citados procedentes del resto de la Comunidad Europea.
Ahora bien, lo que justifica este régimen específico de abastecimiento para satisfacer las necesidades de las regiones de que se trata y, de conformidad con la propuesta de reglamento, la situación particular resultante del aislamiento y la fragmentación de los mercados insulares, o sea, la situación ultraperiférica que exige un régimen especial de abastecimiento.
Por tanto, al tratarse de una situación objetiva y permanente, no está justificado el carácter transitorio del régimen específico de abastecimiento y la contingencia derivada de la necesidad de su prórroga anual. En ese sentido, creo que está justificado transformarlo en un régimen de carácter permanente, sin perjuicio de la revisión, cuando sea necesaria, de las cantidades de mercancías susceptibles de importación exenta de derechos, en función de la evolución anual de las necesidades.
Desde mi punto de vista, esta cuestión esta relacionada con el Estatuto de las Regiones ultraperiféricas en la UE y refuerza la importancia que la próxima CIG concede a las propuestas presentadas, en particular por el Gobierno portugués, de incluir en el articulado del Tratado la necesidad de un apoyo permanente y efectivo a las poblaciones de dichas regiones, lo que posibilitará la igualdad de derechos y de oportunidades, que es lo que verdaderamente caracteriza la ciudadanía europea.
Informe Bennasar Tous
Andersson y Waidelich
Por principio es deseable una acción común en apoyo del programa Philoxenia, puesto que la industria turística representa un factor importante para el desarrollo económico y social de la Unión. Pero, tras las serias críticas sobre el modo en que la Comisión, fundamentalmente a través de la DG XXIII, ha llevado a cabo los planes de acción anteriores, es extremadamente importante que en los futuros trabajos se examinen detalladamente los recursos propuestos para el programa Philoxenia y los objetivos que hay que cumplir. El objetivo del programa es claro: la creación de empleo. Los costes administrativos de esta acción, los costes en concepto de desplazamientos y personal, no deben sobrepasar una cantidad que sea razonable.

Díez de Rivera Icaza
Muy brevemente para congratularme de que la enmienda nº 28, por mí presentada, haya sido aprobada de nuevo, dentro del marco de PHILOXENIA.
De conformidad, también, con la respuesta del Comisario Papoutsis (P- 2433/96ES) a partir de ahora la Agencia europea de turismo debiera de iniciar su andadura y así lo espero, y confío en que el Sr. Comisario, antiguo diputado, sepa defender la voz del Parlamento y no plegarse a otros criterios o intereses...
Mi voto será positivo.

Sjöstedt
He votado contra los informes sobre política en materia de turismo porque considero que estas cuestiones no son competencia de la UE, sino un ámbito que debe reglamentarse a través de la política nacional y de la cooperación interestatal.
Informe Parodi
Andersson y Waidelich
Si queremos que las medidas dentro del sector turístico tengan realmente una repercusión palpable, es preciso que dichas medidas sean reconocidas institucionalmente a nivel comunitario. No obstante, nosotros pensamos que no hace falta establecer una subcomisión para asuntos de turismo. Tampoco es necesario crear más unidades dentro de la Comisión que tengan el cometido de controlar la aplicación de los principios para una política turística común. Deben utilizarse los medios presupuestarios de la Comunidad con eficacia. Hay que encontrar un equilibrio entre la eficacia en los medios que se asignan, y los objetivos que se desea alcanzar. Por consiguiente, los costes administrativos, incluyendo los de personal, para las acciones dentro del sector turístico no deben sobrepasar una cantidad razonable.

Lindqvist
He votado afirmativamente en la ronda final sobre el informe. Es importante promocionar la industria turística en Europa, pero éste es en primer término un asunto que compete a los respectivos países miembros. No existe motivo alguno para introducir una especie de fundamento jurídico sobre política turística en el Tratado de Roma. Tampoco existe razón alguna para dar un gran número de tareas a la Comisión para que defina todo tipo de cosas en este sector, como «los tipos de turismo», »la financiación del turismo», etc. También esto debe hacerse a nivel nacional y deben ocuparse de ello los Estados miembros respectivamente.
La UE debería, no obstante, adoptar un papel coordinador entre las autoridades nacionales, regionales y locales, las empresas turísticas y las diversas organizaciones de defensa de los derechos del consumidor.
Informe Harrison
Andersson y Waidelich
La DG XXIII de la Comisión, utilizada por ésta para ejecutar anteriores planes de acción, ha sido objeto de una dura crítica especialmente por lo que respecta a las cuestiones administrativas y operativas. Debemos tomar muy en serio esta crítica. Deben efectuarse una serie de modificaciones organizativas dentro de la rama para el turismo. Para que el programa Philoxenia produzca el desarrollo que se persigue en el ámbito económico y social, es extremadamente importante que en los futuros trabajos se examinen detalladamente los recursos propuestos para la DG XXIII.

Protección frente a los efectos de determinados textos legislativos (art. 97 del Reglamento)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0329/96) del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0420 - C4-0519/96-96/0217(CNS)) relativo a la protección frente a los efectos de la aplicación de determinados textos legislativos de terceros países y de las acciones basadas en ellos o derivadas de ellos.

Kittelmann
Señora Presidenta, señoras y señores, en su decisión de 24 de mayo de 1996 el Parlamento Europeo condenó la ley Helms-Burton y todas las medidas unilaterales dictadas por los EE.UU. contra el libre comercio mundial, instó a la Comisión a presentar una propuesta de reglamento que contuviera una prohibición de someterse a tales medidas, e hizo paralelamente un llamamiento al Consejo y a la Comisión en orden a que prosiguieran el diálogo con los EE. UU.
Celebro que, aunque un poco tarde -las ruedas del ejecutivo trabajan siempre con cierta lentitud, incluso en los asuntos que están claros-, dispongamos hoy de un reglamento que responde a nuestras expectativas con la plena coincidencia de todos los países miembros de la Unión Europea, del Consejo y de la Comisión. La Ley HelmsBurton que afecta a la situación de Cuba, y la Ley d'Amato, que se refiere a la situación de Libia y de Irak, constituyen un intento de extender los preceptos jurídicos nacionales norteamericanos sobre empresas y personas a terceros estados que quieren realizar nuevas inversiones en los mencionados países.
Lo hemos afirmado varias veces y lo volvemos a repetir hoy: esto no es tolerable por parte de la industria europea, ni sostenible ni aceptable por parte de la política de la Unión Europea. Aunque el Presidente Clinton haya suspendido partes de la Ley Helms-Burton, sigue existiendo el peligro contra los intereses europeos, pues no es posible suspender la ley que se refiere a Libia y a Irak. Incluso la Ley Helms-Burton sólo ha sido suspendida provisionalmente.
Con extraordinaria preocupación hemos tomado conocimiento de las consecuencias económicas que implica esta ley. Las medidas unilaterales impuestas por ley, según las cuales terceros países han de contar con sanciones, constituyen una violación clara del Derecho internacional, cuyos efectos son aún imprevisibles. Una cosa es cierta: si estas leyes encuentran aplicación, las empresas europeas, en especial, sufrirán daños.
Entretanto, los norteamericanos han confeccionado una larga lista acerca de qué forma van a proceder contra qué empresas concretas. Sin embargo, nosotros rechazamos que los norteamericanos se arroguen el papel de policía mundial e ignoren los acuerdos internacionales exigidos y ratificados por ellos así como el régimen comercial internacional.
Quiero puntualizar una vez más lo siguiente: no se trata de que no apoyemos al Gobierno norteamericano, al pueblo norteamericano, en su lucha contra el terrorismo internacional; somos partidarios de que se amplíen las medidas necesarias para combatir el terrorismo. Esta es una tradición del Parlamento Europeo. Insistimos también en que nuestro firme rechazo nada tiene que ver con la larga y buena amistad con los EE.UU. y nada que ver con las relaciones transatlánticas. Constituyen un bien preciado y cada vez nos vemos más instados a profundizar estas relaciones a causa de los problemas internacionales que tenemos y que nos sobrevendrán aún con más fuerza.
La Unión Europea colaborará de forma cooperativa y constructiva con los Estados Unidos justamente en estos importantes temas. Sin embargo, entre buenos amigos es necesario que se respeten las reglas del juego. Hay que dar una respuesta negativa inequívoca al bilateralismo y al proteccionismo. Esta es, sobre todo, una tarea primordial de la Organización Mundial de Comercio que en este punto debe adoptar con toda rapidez un procedimiento de resolución de conflictos.
Celebramos que nosotros, como Unión Europea, hayamos solicitado un «panel» que por la oposición de los EE.UU. ha sido aplazado, pero que tendrá su continuación, ojalá, este año en noviembre en el próximo período parcial de sesiones. Por lo demás, en diciembre de 1995, en los acuerdos de Madrid, los EE.UU. se comprometieron a una cooperación transatlántica. Y no puede ser que, por un lado, los EE.UU. contraigan compromisos e insistan una y otra vez en cuán necesaria es la cooperación con nosotros y, por otro lado, violen el derecho.
Hemos de responder con medidas muy duras a la ley que se ha aprobado. Por esta razón me alegro de que el Consejo y la Comisión se propongan por vez primera con cinco puntos defender los intereses de nuestras empresas. No se necesita ninguna discusión para aprobar hoy este reglamento, pues responde a nuestras exigencias y expectativas. Sin embargo, quisiera puntualizar todavía hoy que el objetivo general del reglamento necesita aclaración en algunas cuestiones. Así, por ejemplo, no está del todo claro cómo va a encontrar aplicación la propuesta en el caso de la Ley d'Amato.
Finalmente, una vez que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha dado su conformidad al reglamento y lo ha recomendado por unanimidad al Parlamento, quisiera pedirles que presten su conformidad a este reglamento.

Miranda de Lage
Señora Presidenta, mi Grupo acoge con satisfacción la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la protección frente a los efectos derivados de las leyes de extraterritorialidad. Nos congratulamos además de que la vía escogida por el Consejo haya sido la que este Parlamento aprobó en su resolución del 24 de mayo, como también señaló el Sr. Kittelmann tras conocerse que los Estados Unidos se proponían poner en marcha una serie de medidas para limitar, penalizar y, en el extremo, impedir el comercio y las inversiones con determinados países a través de dos instrumentos: las leyes Helms-Burton y D'AmatoKennedy.
Desde un principio este Parlamento, a través de la Comisión REX, consideró que estas propuestas, motivadas en realidad por razones de política interna, eran peligrosas para el futuro de las reglas comerciales firmadas en Marrakech, y un desafío intolerable políticamente. Sin la cobertura de una organización multilateral o bien de una institución internacional, como Naciones Unidas -que en circunstancias excepcionales puede dictar resoluciones con consecuencias comerciales-, estas iniciativas unilaterales son inaceptables como también lo son los argumentos que se han utilizado para convencernos a posteriori de la bondad de los objetivos.
La Comisión y el Consejo han obtenido el respaldo del Parlamento y también de las opiniones públicas nacionales, lo que les ha permitido actuar en una doble dirección con un enorme apoyo. Por una parte, el reglamento para la protección de los intereses y por otra, el recurso ante la Organización Mundial de Comercio. Las dos vías son correctas, si bien el Consejo, como ocurre en demasiadas ocasiones, ha olvidado que este Parlamento es una parte importante de las instituciones comunitarias y que su opinión podía haberse solicitado con unos plazos más adecuados.
A pesar de la incorrección nuestro Grupo apoyará el reglamento propuesto, como apoya el recurso presentado ante la Organización Mundial de Comercio. Entendemos que en este conflicto, la unanimidad es imprescindible y, en pura coherencia con los compromisos internacionales firmados y con un talante bien distinto al de los Estados Unidos, entendemos que la Organización Mundial de Comercio es el foro adecuado para zanjar el conflicto, ya que en él participan otros países con intereses que también se han visto lesionados por la arbitrariedad de estas medidas.
Reconocemos el papel de los Estados Unidos en el mundo, pero no estamos dispuestos a aceptar restricciones a costa de los intereses económicos de terceros, como es el caso, sin un mandato expreso y previo de una organización internacional en la que participamos y que, como se señaló anteriormente, podía ser Naciones Unidas.
Felicitamos al Sr. Kittelmann porque ha trabajado con mucha premura y esperamos también que este reglamento se apruebe por unanimidad, lo que fortalecerá la posición de la Unión Europea en un conflicto como el que estamos debatiendo.

Cox
Señora Presidenta, el Grupo Liberal apoya los principios del presente acto legislativo por ser una respuesta proporcionada, oportuna y adecuada ante la imprudente legislación extraterritorial de Estados Unidos. Dada la coincidencia de los intereses individuales y colectivos de todos los Estados miembros y el papel de la Comisión en el ámbito del comercio internacional, se trata de un caso tradicional de legislación que se adapta más a la Unión Europea que a múltiples acuerdos bilaterales de los Estados miembros.
Colectivamente debemos defender nuestros derechos a elegir cuándo y cómo entrar en conflicto o aislar regímenes como los de Cuba, Libia, Irán u otros países. Al deseo de Estados Unidos de aislar dichos Estados en defensa de la democracia le hace un flaco servicio la forma tan poco democrática de arrogarse la pretensión de actuar y elegir en nombre de todos. Estados Unidos no tiene ese derecho y, no dejando lugar dudas, hay que inducirle y, si es preciso obligarle, por medio de represalias como las propuestas en este acto legislativo, a aceptar este hecho.
En días recientes, Señora Presidenta, nos ha causado desasosiego leer informes en los que se indica que Dinamarca podría retrasar la aprobación de esta legislación por albergar dudas sobre su fundamento jurídico. Los fundamentos jurídicos propuestos son clásicos y nada innovadores en sí mismos. La costumbre y la práctica a la espera de cualquier decisión del Tribunal Supremo de Dinamarca apuntan a que debe prevalecer el statu quo . Espero que esto no retrase las cosas y el Grupo Liberal, por su parte, apoya plenamente la legislación y las enmiendas de la Comisión REX.

González Álvarez
Señora Presidenta, yo creo que el Parlamento, con el apoyo a este reglamento que defiende los intereses de las empresas y los intereses comerciales de la Unión Europea en su conjunto, no hace más que seguir una tradición que desde el informe Melandri, en el año 93, para acá produce efectos políticos y comerciales.
Nosotros lamentamos, como se dice en las mismas enmiendas, que no se haya tenido en cuenta el papel del Parlamento, y lamentamos también el retraso en traer a este Parlamento el asunto para su consulta. También pensamos que el comité al efecto debe ser consultivo. Como dice la Comisión de Asuntos Exteriores es necesario tomar medidas rigurosas para hacer frente a las inaceptables provocaciones comerciales y políticas de los Estados Unidos con la ley Helms-Burton y la ley D'Amato pues, como muy bien decía el ponente, esa legislación también tendrá que servir para hacer frente a la futura ley D'Amato respecto del Irán y Libia.
También apoyamos las propuestas de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que hacen de la lista de vigilancia de las empresas estadounidenses y de los cambios a los procedimientos de entrada en la UE de las empresas estadounidenses una contrapartida lógica a la provocación que suponen las leyes norteamericanas mencionadas.
De todos modos, y para finalizar, señora Presidenta, a mí me parece que hay detrás de este reglamento la decisión de la Unión Europea de defender el principio de su soberanía y la de otros países para decidir con quién deben o no deben negociar.

Kreissl-Dörfler
Señora Presidenta, los EE.UU. se arrogan una vez más el papel de legisladores mundiales y tampoco se atienen a las reglas que se aprobaron en el marco de la OMC. Nosotros no podemos tolerar esto. En esto han sido unánimes todos los grupos en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. Después de haber dado el Consejo su conformidad a mediados de julio, la Comisión ha presentado ahora una propuesta de reglamento antibloqueo. La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores -también en esto han sido unánimes todos los grupos- demanda que las medidas basadas en este reglamento deberían ser adoptadas más bien por la Comisión que por el Consejo. Por parte del Parlamento se viene pidiendo una ley antibloqueo ya desde 1992, desde que los EE.UU. endurecieron su bloqueo contra Cuba con la Torricelli Act.
El Consejo y, no en último lugar, el Gobierno alemán han sido hasta ahora el máximo freno. La Comisión tampoco se ha volcado en actividades. Se esperaba entonces que el caso de Cuba se resolvería por sí mismo en un par de años. Pero en el último año la economía cubana se ha restablecido algo y ahora los EE.UU. dar una par de vueltas más a la tuerca del bloqueo, presuntamente para difundir la democracia. Pero de esta forma justificaron ya el apoyo al golpe militar de Chile y a los mujaidines en Afganistán. Tampoco ahora se han mostrado activos el Consejo y la Comisión, no han presentado enseguida una demanda ante la OMC. Las actividades comenzaron agitadamente en todas partes sólo cuando con la Ley d'Amato se vieron afectados los intereses comerciales de la Unión Europea, en especial, los de la República Federal y Francia.
A quien no se haya movido en tanto tiempo, como la Unión Europea, nadie le va a creer que ahora quiera devolver el golpe. Esta ley antibloqueo llega con algunos años de retraso. Si los intereses comerciales europeos experimentan daños, la culpa es, ante todo, de los gobiernos nacionales, pero se debe también a una negligencia de la Comisión. Tras años de inactividad de la Unión y tras las agitadas actividades de las últimas semana, ahora amenaza el fracaso de una aparición común de la Unión Europea a causa del veto de Dinamarca. Yo tengo la máxima comprensión para con los reparos jurídicos de Dinamarca que con la ley antibloqueo no quiere crear ningún precedente de una autorización general de la Comisión. Estas cuestiones pertenecen a una conferencia intergubernamental y deberían ser reguladas de común acuerdo allí.
Pero en este caso específico es necesaria una acción rápida, y por esta razón hago un llamamiento a todas las partes implicadas a que dejen a un lado las disputas jurídicas y se pongan rápidamente de acuerdo en lo sustantivo.

Martinez
Señora Presidenta, no se trata por supuesto de caer en ningún tipo de ingenuidad angelical, pero desde los tiempos de Sierra Madre, desde que los barbudos siguiendo a su comandante entraron en La Habana, las cosas han cambiado mucho en Cuba. Nosotros fuimos allí con una pequeña misión del Parlamento Europeo, nos entrevistamos -por cierto, también lo hizo Carlos Lage- con el propio Fidel Castro. Las cosas han cambiado evidentemente en el plano económico con la aparición de los paladares o pequeños restaurantes, y con la reforma fiscal de 1994. Precisamente en este contexto en el que Cuba, a pesar de las dificultades, se abría, vuelve a aparecer -la cabra tira al monte- el big stick de Delano Roosevelt, la doctrina Monroe, la filosofía de la Bahía de los Cochinos junto al tradicional comportamiento de los Estados Unidos: ¡arrogancia, diktat, medidas unilaterales, embargo! Es decir, lo que se ha puesto en práctica, con el apoyo de todos los aquí presentes, respecto a Iraq y al pueblo iraquí.
En Cuba esto ha suscitado una repulsa unánime hasta por parte del arzobispo de La Habana: nos entrevistamos con él en el mes de junio, y él también estaba en contra de esta filosofía de la unilateralidad, en contra de esta filosofía del proteccionismo y en contra de esta filosofía del nacionalismo económico.
Ahora sin previo aviso nos damos cuenta de que en la legislación estadounidense hay una disposición 301, una super disposición 301, que permite que los Estados Unidos sancionen unilateralmente a quienes le estorben. Nos enteramos de repente aquí que Europa ha cedido frente a la multinacional Chiquita en el asunto de los «plátanos». Descubrimos que estábamos a punto de ceder sobre la extensión mundial de la legislación estadounidense en el asunto de las hormonas.
¡Todos los expertos fiscales saben, sin embargo, qué se oculta detrás de esto! El comportamiento de California con la imposición unitaria, que ha perjudicado a las empresas de Gran Bretaña, que ha perjudicado a Péchinay en Francia, ¡es algo que dura desde hace ya más de quince años!
Así pues, verán sus Señorías hasta qué punto fue un error alinearse con ellos durante la Guerra del Golfo Pérsico. En los escaños de la izquierda se quiso olvidar durante la Guerra del Golfo a los aviones de caza estadounidenses que sobrevolaban el palacio de la Moneda en Santiago de Chile porque la multinacional Kenneccott & Braden daba órdenes de liquidar al régimen chileno. Lo olvidaron. Olvidaron el alineamiento en las negociaciones del GATT, el alineamiento en los acuerdos de Blair House. Así que, por lo menos, esperemos que tanta desgracia sirva para algo.
En el mes de noviembre iniciaremos negociaciones en Singapur, en 1999 iniciaremos las negociaciones del GATT. Ya hemos visto cómo el Presidente Clinton ha hecho que se apruebe una nueva ley agrícola. ¿Acaso Europa, acaso el Parlamento Europeo está dispuesto a olvidar el espíritu pusilánime que le caracterizó durante la Guerra del Golfo Pérsico? Si esto fuera cierto, ¡entonces nosotros también evitaremos someternos al equivalente a la ley d'Amato, al equivalente de la ley Torricelli, al equivalente de la ley Helms-Burton!
Gracias, señora Presidenta. Si los esclavos despertasen volvería a haber esperanza.

Nußbaumer
Señora Presidenta, señoras y señores, el presente reglamento es necesario y acertado por las razones aducidas. De suerte que es preciso apoyar el informe Kittelmann. Sin embargo, la cuestión es la de si la vía de la rápida liberalización, adoptada por la Unión Europea y la OMC, es acertada cuando es burlada sobradamente por el proteccionismo y por leyes extraterritoriales y ha de ser corregida y equilibrada luego -véase el reglamento- por medio de contramedidas.
De esta suerte, las violaciones del Derecho internacional se ven combatidas mediante instrumentos jurídicos dudosos. ¿No sería mejor en este punto avanzar con más precaución en la liberalización del comercio mundial y dar, luego, el próximo paso una vez que se hubiese asegurado las ventajas de los pasos anteriores, y todas las economías pudieran dar sin limitaciones el siguiente paso?
En muchos ámbitos temáticos de nuestro trabajo parlamentario he tenido que constatar que las proyecciones de deseos y la ausencia de sentido de la realidad han sido las generadoras de las ideas y de los acuerdos. Una vez que hoy, debido a que vuelvo al Parlamento nacional austriaco, es la última vez en que me es posible hablar en esta Alta Asamblea, no quisiera omitir dar las gracias a todos con los que he tenido una buena colaboración y cordiales encuentros en las comisiones. Doy las gracias también a la Comisión por haber respondido a mis numerosas preguntas y doy las gracias a los intérpretes por su trabajo, no siempre fácil.
Igualmente quisiera pedir a algunos diputados que piensen si es acorde con el espíritu europeo calificar a otros colegas, no por su cualificación, sino únicamente por la situación de su escaño en este Parlamento.
Les deseo a todos mucho éxito en su trabajo por Europa.
Señora Presidenta, muchas gracias.

Cresson
Señora Presidenta, Señorías, a la Comisión le complace que el Parlamento esté dispuesto a iniciar el procedimiento de urgencia respecto a las disposiciones comunitarias antiboicot que la Comisión propone que se aprueben para proteger a los operadores europeos contra los efectos extraterritoriales de las leyes estadounidenses Helms-Burton y D'Amato que han entrado en vigor este año.
La Comisión es plenamente consciente de que el Parlamento Europeo ha reclamado en varias ocasiones, y la última vez en el transcurso de la sesión plenaria del 24 de mayo de 1996, la aprobación de disposiciones de esta naturaleza.
La Comisión estima, al igual que el Parlamento, que de ahora en adelante será necesario proteger los intereses de la Comunidad, de sus ciudadanos y de las empresas establecido en su territorio contra los efectos extraterritoriales ilegítimos de las leyes aprobadas por los Estados Unidos. Las disposiciones comunitarias deberían asimismo hacer comprender con claridad a la administración norteamericana, y todavía más al Congreso estadounidense que las reglas del derecho internacional público deben ser respetadas. Ésta es la postura que la Comisión, el Consejo y los Gobiernos de los Estados miembros han defendido con tenacidad.
Sin embargo, no tiene por qué verse en las disposiciones comunitarias un rechazo a los objetivos perseguidos por los Estados Unidos, interesados en que se restablezca la democracia en Cuba y en poner término al apoyo que dan algunos países al terrorismo internacional.
La Unión Europea sigue asumiendo estos objetivos y el Consejo ha reafirmado su deseo de apoyar la democratización de Cuba. La Unión Europea no admite, sin embargo, que al querer aplicar estas leyes más allá de las fronteras nacionales, Washington trate de imponer su propia visión en cuanto a los medios que deben ponerse en práctica para alcanzar objetivos comunes.
La Comisión quiere también agradecerle al Parlamento las enmiendas constructivas que ha presentado y se compromete a informar regularmente al Parlamento Europeo a través de su comisión competente, y procurará, respetando lo dispuesto por el Tratado, que el Parlamento Europeo participe como es preceptivo en la eventual legislación de seguimiento.
La Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo en cuanto al procedimiento de comitología y la transmitirá al Consejo en el transcurso de los debates que se celebren a tal efecto.
En lo referente a los objetivos de la Unión respecto a Cuba, conviene recordar que el Consejo Europeo celebrado en Madrid los pasados días 14 y 15 de diciembre ha aprobado las siguientes conclusiones: se considera oportuno seguir el diálogo y la cooperación con Cuba con el fin de apoyar activamente el proceso de reforma en curso, alentar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y ampliar el ámbito de la iniciativa privada así como el desarrollo de la sociedad civil. A tal efecto, se pide a la Comisión que presente un proyecto de mandato para un acuerdo de cooperación económica y comercial durante el primer semestre de 1996, que el Consejo examinará a la luz de la evolución de la situación política y económica en Cuba.
Además, el Consejo Europeo celebrado en Florencia los pasados días 21 y 22 de junio ha aprobado las siguientes conclusiones: se lamenta que las circunstancias políticas en Cuba no hayan permitido que progresen las relaciones entre la Unión Europea y este país. El Consejo espera que la evolución de la situación política en Cuba cree las condiciones necesarias para la realización de estos progresos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Van der Waal
A pesar de anteriores voces disuasorias debido a las elecciones presidenciales norteamericanas, la Comisión ha optado por lanzar una fuerte señal política ante las medidas comerciales de Estados Unidos contra Cuba. Formalmente se ha presentado una reclamación ante la OMC, pero su tramitación tardará todavía un poco. Otro paso concreto en estos momentos es, por ello, la presente propuesta de Reglamento europeo. Aunque rechazamos el efecto extraterritorial de la legislación norteamericana, nos duele que la Unión tenga que dar este paso contra nuestro principal aliado. Sobre todo porque al igual que Estados Unidos condenamos el Gobierno dictatorial de Cuba.
La legislación europea propuesta por la Comisión va muy lejos. Al prohibir el reconocimiento y la ejecución de las sentencias del juez norteamericano, se interviene en el derecho de los Estados miembros. Además se crea la posibilidad de que cualquier juez en los Estados miembros reclame las demandas de indemnización norteamericanas. Estas medidas provocan una amplia delegación de la soberanía.
Nos preguntamos si existen suficientes indicios para una acción comunitaria sobre la base del artículo 113 y 235 del Tratado. Desde el punto de vista jurídico, ¿no sería más correcto adoptar medidas en el tercer pilar y actuar sobre una base intergubernamental? En parte para evitar el riesgo de una declaración de nulidad y responsabilidad.
Además consideramos que el Reglamento no se ha formulado siempre de forma clara y creemos que también hay objeciones desde el punto de vista técnico legal. Por último, no podemos apoyar la propuesta de la Comisión de aplicar esta legislación contra la ley norteamericana D'Amato. A diferencia de la ley Helms/Burton, la ley D'Amato niega la entrada de los ciudadanos y empresas europeos en el mercado norteamericano cuando se comercia con Libia o Irán. Esto exige contramedidas distintas a las acciones jurídicas ante el juez europeo.
Teniendo en cuenta lo anterior nos hemos abstenido de votar.

Pesca
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cuatro informes y una pregunta oral:
informe A4-0306/96 del Sr. Kindermann, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0189 - C4-0312/96-96/0124(CNS)) que modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) nº 3699/93 por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos; -informe A4-0271/96 del Sr. d'Aboville, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0131 - C4-0268/96-96/0089(CNS)) relativo a la celebración del Protocolo que determina, para el período comprendido entre el 18 de enero de 1996 y el 17 de enero de 1999, las posibilidades de pesca y la contribución financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre la pesca frente a las costas de las Seychelles; -informe A4-0270/96 del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión (COM(95)0669 - C4-0016/96) relativa a la aplicación de las medidas técnicas en la Política Común de Pesca; -pregunta oral B3-0979/96-0-0213/96 del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, a la Comisión, sobre la crisis en el sector del salmón en la Unión Europea; -informe A4-0305/96 de la Sra. McKenna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión (COM(96)0100 - C4-0213/96) relativo al control de la Política Pesquera Común.
Kindermann
Señora Presidenta, estimados colegas, la Comisión ha presentado una propuesta por la que se modifica por cuarta vez el reglamento de aplicación del IFOP (CE) nº 3699/93. Consiste sustancialmente en la adaptación de este reglamento a otros preceptos jurídicos. Pretende posibilitar la intervención del IFOP en la promoción comercial de los productos de la pesca. A tenor del artículo 12 del reglamento, hasta ahora no era posible establecer una garantía de calidad mediante la indicación del origen regional.
Con la modificación que se ha presentado se reconoce que en determinadas condiciones, especialmente en el sector acuícola, el origen geográfico del producto de la pesca puede facilitar informaciones objetivas sobre su calidad específica. Por consiguiente, a través de la pertinente modificación del artículo 12 se incluye este aspecto específico en la capacidad financiera del IFOP para las medidas de promoción de la comercialización.
La Comisión de Pesca apoya esta propuesta. La protección de la denominación de origen o la protección de la indicación geográfica, con la garantía de calidad que implican, puede considerarse un instrumento importante para la promoción comercial y la consecución de nuevos mercados para los productos de la pesca, si bien solamente a corto y a medio plazo, pues su solicitud está sujeta a un amplio procedimiento de examen en el plano de los Estados miembros y de la Comisión. Por consiguiente hago un llamamiento a los Estados miembros para que, tras la entrada en vigor del presente reglamento, informen a las organizaciones de productores sobre las nuevas posibilidades, y examinen y transmitan a la Comisión las propuestas correspondientes a la mayor brevedad.
Otra modificación que se propone es más bien de carácter técnico pero, a pesar de ello, es importante. Es preciso aclarar jurídicamente que con efecto de 1 de enero de 1994 en los pagos efectuados por el IFOP se empleará únicamente el tipo de conversión presupuestaria del ecu. De esta suerte se traslada la decisión de principio, adoptada por el Consejo, de no aplicar el tipo de conversión agrícola del ecu en las intervenciones del IFOP.
Efectivamente, desde la entrada en vigor del Reglamento nº 3699 el 1 de enero de 1994 existe inseguridad entre los Estados miembros sobre el tipo de conversión del ecu que hay que aplicar a la hora de calcular su valor en moneda nacional. Puesto que esto no se ha establecido expresamente, la práctica de conversión entre los Estados miembros era, en parte, diferente. Por consiguiente, la modificación que se ha propuesto constituye una precisión jurídica que elimina las dudas existentes y, en consecuencia, es bien acogida por la Comisión de Agricultura y Pesca, tanto más cuanto que se asegura que el carácter retroactivo de la disposición no tendrá repercusiones económicas desfavorables para los beneficiarios. Por consiguiente, pido a esta Alta Asamblea que acepte el informe de su Comisión de Pesca y apruebe la propuesta de la Comisión.
Paso a referirme ahora al informe de la Sra. McKenna. El excelente informe de la Sra. McKenna sobre el informe de control de la Comisión sobre la Política Pesquera Común lo dice claramente: el éxito de la Política Pesquera Común presupone la puesta en práctica de controles eficaces de la gestión de recursos. Sin embargo, éste no se da, como lo demuestra claramente el documento de la Comisión. Las medidas de control de los Estados miembros son diferentes en su intensidad, y en lo que se refiere a todo el programa de vigilancia tienen en general muchas lagunas y son poco eficaces. Lamentablemente, al leer el informe de la Comisión no cabe sustraerse a la impresión de que las deficiencias que se han constatado en la traslación de las disposiciones de control a las legislaciones nacionales pueden considerarse como la expresión de la falta de voluntad política de los Estados miembros. Los pescadores tienen la impresión de que se les prodiga un trato desigual puesto que en los Estados miembros se controla de forma diferente. La desconfianza de los pescadores frente a la legislación de la UE socava su sensibilidad jurídica.
De ahí la exigencia del Parlamento Europeo de sanciones iguales en todo el territorio de la UE para transgresiones iguales, de ahí la exigencia de más atribuciones para los controladores de la UE y de la posibilidad de la Comisión de imponer sanciones por sí misma. Los desembarques ilegales obligan a un control más intensivo de los desembarques y de la comercialización del pescado. Este debe ser apoyado mediante la instalación de un sistema subvencionable de vigilancia por satélite en los Estados miembros antes de 1999.
Sin embargo, estas medidas propuestas por el Parlamento sólo pueden contribuir parcialmente a la solución del problema. Las raíces del malestar residen en el exceso de capacidad de la flota pesquera de la UE. La presión de la supervivencia económica debe ser aceptada por los pescadores y es ineludible establecer una equilibrio duradero entre la capacidad de captura y los recursos existentes. En este contexto adquiere una nueva explosividad la cuestión de la reestructuración de las flotas y de la limitación de las actividades pesqueras a la vez que se ponen en práctica medidas concomitantes de tipo socioeconómico.

d'Aboville
Señora Presidenta, permítame en primer lugar protestar contra esta sesión, donde todo cabe indiscriminadamente, dedicada a la pesca. ¿Qué significan esas intervenciones en las que habría que hablar al mismo tiempo de las importaciones de salmón, de los acuerdos de pesca con las Seychelles, de medidas técnicas en las aguas comunitarias y esperar una respuesta global a todo ello? En cuanto a inscribir sistemáticamente semana tras semana de sesión cuestiones de pesca en el orden del día del viernes, me parece algo realmente escandaloso. Ya sé, por supuesto, que el viernes es día de pescado, pero aun así, estas cuestiones se refieren a problemas que condicionan el futuro de una población que trabaja en unas condiciones espantosas ¡y que vive una crisis sin precedentes! ¿Qué opinión quieren ustedes que tengan de nuestras instituciones los pescadores si sus problemas siempre se plantean en un hemiciclo vacío en sus tres cuartas partes y, por si fuera poco, en ausencia del Comisario competente?
Permítame un comentario sobre las medidas técnicas antes de abordar mi informe. Todo el mundo está convencido, y los pescadores más que nadie, de que para salvar su trabajo es conveniente gestionar con prudencia los recursos. Las propuestas de la Comisión van en este sentido y plantean ciertas medidas que, con razón, se basan en la protección de los juveniles. Si bien la intención es buena, las modalidades de aplicación, en cambio, son más discutibles. No se pueden aprobar de entrada tales medidas salvo que hayan sido probadas con el fin de valorar su eficacia y su impacto socioeconómico. Por esto insistimos para que las principales medidas, relativas sobre todo a los artes de pesca, sean objeto de proyectos piloto con duraciones razonables y en zonas variadas que correspondan a las distintas situaciones existentes en las aguas comunitarias. En cuanto a las medidas de cierre eventual de las áreas de pesca libres, estas medidas necesitan más que otras una evaluación previa de las consecuencias socioeconómicas que acarrearán así como la puesta a punto de medidas de acompañamiento adaptadas al efecto.
Paso ahora a mi informe sobre el acuerdo de pesca con las Seychelles. Este acuerdo se refiere exclusivamente a la pesca del atún. En el plano cuantitativo, si se compara con el conjunto de acuerdos de pesca, este acuerdo podría considerarse mediano. Sin embargo, tiene una importancia capital, habida cuenta de la localización estratégica de la zona afectada. Se puede decir que el acceso a las aguas de las Seychelles condiciona las actividades pesqueras para el conjunto del Océano Índico. El acuerdo prevé licencias de pesca para 57 buques europeos, con una contrapartida financiera que alcanza los 9, 9 millones de ecus, repartidos entre derechos de pesca propiamente dichos, financiación de los programas científicos y acciones educativas tales como becas para estudios. Dicho acuerdo cubre el período que va de enero de 1996 a enero de 1999 y renueva un acuerdo del mismo tipo.
Si es verdad que no se ha modificado la compensación financiera para una misma cantidad de capturas, hay que señalar algunas evoluciones. He querido destacar que el sistema de control queda reforzado, que las comunicaciones buque-autoridades son más detalladas, que las capturas las verifica la Seychelles Fishing Authority (Servicio de Pesca Marítima de las Seychelles), organización parapública cuya misión consiste en gestionar los recursos y desarrollar la investigación científica. Por otro lado, se refuerzan las sanciones, tanto en caso de no respeto de las reglamentaciones como en caso de declaración errónea de las capturas.
En lo relativo a los recursos, hay que saber que los especialistas científicos consideran que, en su conjunto, el atún tropical no está sobreexplotado. Sin embargo, he querido señalar la necesidad de que sea operativa lo antes posible la Comisión Atunera del Océano Índico, organismo de coordinación y de investigación. Esta Comisión se encarga de la gestión de los recursos y agrupa no sólo a los Estados ribereños del Océano Índico sino también a todos los Estados que faenan en sus aguas y sus recomendaciones en materia de protección de las especies tendrán carácter obligatorio para todos los miembros.
En lo tocante a las relaciones entre la pesca industrial comunitaria y la pesca artesanal, tengamos presente que el Gobierno de las Seychelles ha aprobado medidas estrictas con el fin de proteger las zonas en que se practica la pesca artesanal. Estas medidas, que prohiben a las flotas extranjeras las zonas costeras y de arrecifes, han evitado todo tipo de conflicto.
El acuerdo de pesca con las Seychelles tiene consecuencias económicas especialmente apreciables. Antes de la llegada de los buques atuneros europeos, las Seychelles vivían exclusivamente por y para el turismo. Actualmente la actividad generada por la pesca del atún es casi tan importante como la actividad turística. En el puerto de Victoria, por ejemplo, se desembarcan dos terceras partes del total de capturas realizadas en el Océano Índico occidental. La empresa conservera más importante del país, creada en forma de sociedad mixta entre el Estado, un conservero y una sociedad armadora, emplea a 600 personas. Su capacidad debería multiplicarse por dos en 1997, lo que supondrá 900 empleos adicionales.
Por último, los buques comunitarios tiene la obligación de embarcar a dos marinos de las Seychelles. Se respeta y a menudo se supera esta obligación.
Para concluir, y teniendo en cuenta que los elementos económicos fundamentales de este acuerdo no han cambiado respecto a los anteriores, teniendo en cuenta el interés de este acuerdo en términos de desarrollo y teniendo en cuenta que las disposiciones relativas a las declaraciones y al control de las capturas han mejorado, estimo que nuestro Parlamento puede apoyar la aprobación de este acuerdo.
Agradezco a la Comisión de Desarrollo y Cooperación su dictamen, que confío haber tomado en consideración en mi informe, sobre todo en lo que se refiere a las preocupaciones en cuanto a la prevención de la explotación excesiva de las reservas.
Agradezco también a la Comisión de Presupuestos su aportación, en la que invita en particular a la Comisión a iniciar negociaciones sobre la renovación de los protocolos financieros en materia de pesca mucho antes de que éstos expiren y a que concluya estas negociaciones con la antelación suficiente para poder consultar al Parlamento Europeo en la forma apropiada, es decir, antes de la firma del citado acuerdo.
Por último, doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Pesca, que han aprobado este informe por unanimidad.
(Aplausos)
Gallagher
Señora Presidenta, quisiera que constara en acta mi agradecimiento por el interés que han mostrado mis compañeros de la Comisión de Pesca en este informe sobre la comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las medidas técnicas en la Política Común de Pesca.
Acojo calurosamente el enfoque que se adopta en la comunicación de la Comisión y, desde luego, muchas de las ideas que contiene. Lamentablemente, en el pasado no se prestó suficiente atención a las medidas técnicas en todos los Estados miembros, aunque el tema afectaba a varios de ellos. Estoy convencido de que las medidas técnicas de conservación son esenciales para proteger a los juveniles y a los adultos en período de reproducción. La Comisión de Pesca cree que en el pasado habría que haber dedicado más atención a este importante aspecto de la conservación. Es indispensable aumentar las consultas y la cooperación en los niveles más básicos a fin de que las políticas sean aceptables para los que tienen que ponerlas en práctica.
La Comisión debe tomar medidas apropiadas para restablecer la confianza de los pescadores en el trabajo de los científicos consultando plenamente a los primeros. Es esencial consultar a expertos técnicos que posean experiencia sobre las actividades de pesca. No hay que dejar a un lado ni las opiniones de los pescadores ni las de los expertos técnicos. Además, estoy convencido de que el Parlamento me apoyará cuando digo que es de vital importancia que las medidas técnicas sean simples, que sean rentables, que sean técnicamente factibles y prácticas de cara a su funcionamiento en condiciones comerciales. Las medidas técnicas de conservación deben ser fáciles de entender y deben ser sencillas de llevar a la práctica. Recordemos que los pescadores son pescadores, no eurócratas. Las medidas técnicas de conservación deberán formar parte indisociable de una política integrada de conservación de los recursos pesqueros. Las medidas técnicas de conservación han de acompañarse de otras medidas como TAC y cuotas. Tan sólo algunos Estados miembros han hecho propuestas a la Comisión. Hago un llamamiento a todos ellos para que participen más activamente y hagan propuestas. En mi informe pido que, con carácter de urgencia, se incluya en cualquier paquete de medidas un plan general de incentivos y de formación de los pescadores en el uso de la tecnología de la conservación.
Abogo claramente por el concepto de los dividendos de conservación. El propósito de la Comisión de Pesca al defender los dividendos de conservación es tentar a los pescadores a que acepten voluntariamente la tecnología de la conservación para que no tengamos que recurrir a legislación. Creo que si no se dispone de la buena voluntad del sector, se burlarán las medidas técnicas todo lo posible. Propongo que, a modo de dividendo de conservación, consideremos la posibilidad de concesiones del POP o, incluso, de asignar cuotas adicionales a los que respeten las medidas. Si no se recompensa la introducción voluntaria de medidas técnicas, la única opción que queda es la de introducir legislación de la UE que, sin duda, requerirá el acuerdo de todos los Estados miembros. Creo que éste sería casi imposible de conseguir. En estos momentos nadie niega la necesidad de medidas y de normativas adecuadas. Creo firmemente que estas mismas medidas y normativas debieran introducirse en todos los futuros acuerdos internacionales. Hago un llamamiento a la Comisión para que vele porque así se haga. La Comisión debe garantizar que las medidas propuestas comprendan un aumento del tamaño mínimo de las mallas -introducido por etapas y después de efectuar pruebas en el mar-, una simplificación geográfica y la introducción de puertas de malla cuadrada y, desde luego, de áreas cerradas (o «boxes») cuando sea necesario.
Antes de comentar los demás informes y defender mis colores nacionales, quiero dar las gracias una vez más a todos los que han puesto tanto interés en las medidas de conservación técnica, porque pienso que tales medidas pueden desempeñar un importante papel en la conservación de los recursos pesqueros en el futuro. Pero, como he dicho, ello exigirá el pleno apoyo de los pescadores. Así que, una vez más, abogo por la necesidad de consultar a éstos últimos y a los científicos técnicos que posean experiencia en este campo.
Quiero aprovechar la oportunidad para comentar el informe McKenna. En él, la Sra. McKenna insta a la Comisión a prever la posibilidad de que pueda decidir no conceder, suspender, reducir o cancelar ayudas financieras comunitarias de vital importancia destinadas a la industria pesquera en caso de que no se cumplan determinados reglamentos de la UE. En el informe, lamentablemente, se defiende que se impongan como sanción reducciones de las cuotas. Estas recomendaciones son, en mi opinión, totalmente innecesarias. La Sra. McKenna intentaba sin éxito que se procurara una nueva reducción de la ya exigua flota pesquera irlandesa.
Querría señalar que Irlanda cuenta con la mejor base pesquera de Europa: tenemos el 4 % de los contingentes de la UE; el 44 % o más de nuestra flota tiene 25 años de antigüedad; el 64 % de la misma presenta deficiencias de seguridad. Espero que esto se aborde y me alegra que, hace un tiempo, la Sra. Comisaria me asegurara que en lo que atañe a la seguridad la Comisión se mostraría muy dispuesta a comunicarse.
En Irlanda difícilmente podemos permitirnos perder más tonelaje. Se nos debería dar la oportunidad de desarrollar nuestro sector pesquero, recordando de sobra que, además de una Política Pesquera Común, tenemos una política regional, tenemos una política de desarrollo rural. Habría que integrar estas políticas con el fin de garantizar que las regiones costeras de mi país y de Europa en las que no existen fuentes alternativas de desarrollo, pueden desarrollarse y proporcionar puestos de trabajo muy necesitados en todas esas áreas. Por lo tanto, tendré grandes dificultades para apoyar el informe.
No puedo exagerar el daño que están causando las importaciones de salmón noruego a la industria irlandesa de cría de salmón, lo mismo que sucede en Escocia. Me hago cargo de que los noruegos adquirieron un compromiso en una reciente reunión celebrada en Londres con miras a garantizar que la producción del último trimestre de 1996 y el primer trimestre de 1997 fuera como la de 1995 más un 10 %. Vigilaremos muy de cerca este tema. Este año se han introducido precios mínimos de importación, que agradecemos; pero no han funcionado. Se han eludido. Por lo tanto, hago ahora un llamamiento a la Comisión para que reintroduzca los precios mínimos de importación y siga con las restricciones cuantitativas. Insto a todos los gobiernos, incluido el mío, a que den los pasos necesarios.

Arias Cañete
Señora Presidenta, la difícil situación en que se encuentra la industria comunitaria del salmón -especialmente en Irlanda y en Escocia- no es un hecho nuevo para este Parlamento. Ya el año pasado se produjeron serias disfunciones en el mercado comunitario por causa de importaciones de salmón noruego a precios anormalmente bajos, produciéndose importantes pérdidas para nuestros productores. Por esto, la Comisión de Pesca en noviembre de 1995 presentó una pregunta oral, pidiendo acción inmediata de la Comisión para proteger los empleos en este sector.
Como resultado de esta iniciativa, la Comisión estableció un precio mínimo para la importación en diciembre de ese año. El precio mínimo fue saludado por el sector como una primera medida para la adecuada resolución de la crisis. Sin embargo, los resultados esperados -como ha señalado el Sr. Gallagher- no llegaron a producirse. Al contrario, los productores irlandeses experimentaron una caída del 10 % en la venta de sus productos después de la puesta en vigor del precio mínimo de importación. Este precio se mantuvo hasta junio de 1996 sin remediarse la situación, sino empeorando ésta. En 1995 señalamos que se habían incrementado las importaciones noruegas en un 27 % en los nueve meses precedentes y que el precio del salmón comunitario había disminuido un 21 %.
Nuestra pregunta de hoy tiene justificación, dado que en los últimos ocho meses las importaciones noruegas se han incrementado en un 22 %, produciendo al mismo tiempo una reducción de precio de venta de otro 21 %. Es decir, en términos globales, los precios europeos en la actualidad han descendido aproximadamente un 35 % con respecto al año anterior, cuando los costes de producción, como todos saben, se han incrementado.
Por eso, parece una creencia fundada que las exportaciones de salmón noruego a la Comunidad en esta masiva cuantía y a estos niveles de precio sólo se pueden producir gracias a un fenómeno, el dumping . A finales de agosto de este año, a petición de la Asociación de productores de salmón de Escocia, la Comisión inició un procedimiento «antidumping » contra Noruega. Pero para llevarse a cabo correctamente esta investigación y para establecer medidas correctoras se nos informa que el plazo mínimo necesario es, al menos, de nueve meses. Y ahí radica el problema, porque los productores no pueden esperar este tiempo. Si no se adoptan inmediatamente acciones, los productores de salmón comunitario experimentarán pérdidas tan sustanciales que llevarán a la ruina a innumerables explotaciones.
Y estamos hablando de un sector importante. Importante porque la producción de salmón supone aproximadamente 5.000 puestos de trabajo en el Reino Unido y unos 2.000 en Irlanda. Pero son puestos situados en regiones marítimas periféricas, de objetivo 1, donde existen pocas o ninguna posibilidad de empleo alternativo. Por lo tanto, estas importaciones noruegas sospechosas amenazan seriamente a puestos de trabajo de muy difícil reposición.
En esta situación es necesaria la adopción inmediata de medidas, pues cabe recordar que el último trimestre del año es el período más importante para la venta de salmón. Y si ahora no se toman medidas, y si ahora el precio del salmón sigue disminuyendo, muchos productores no van a cubrir sus costes de producción. Resulta por eso desconcertante que, hasta el momento, los Gobiernos de los Estados miembros afectados no hayan adoptado iniciativas apropiadas para hacer frente a esta situación y que el tema ocupe en la agenda del Consejo el dudoso punto de «asuntos varios» -donde nunca se toman decisiones-.
Esta situación nos obliga a que adoptemos iniciativas parlamentarias adecuadas para tratar de resolver seriamente este problema. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha organizado un grupo de trabajo sobre la problemática del salmón para analizar, con rigor y seriedad, las peticiones del sector; grupo que cuenta con la estrecha colaboración de la Comisión para fundar sus decisiones. Y este grupo entiende que hay varias medidas que podrían ser adoptadas con carácter inmediato; medidas, todas ellas, conformes con el marco legal de la Organización Mundial de Comercio y el Espacio Económico Europeo.
La Comisión, además, puede tomar medidas en virtud del artículo 24 del Reglamento 3759/92 sobre la OCM de productos de la pesca, que señala que, en caso de serias alteraciones en los mercados comunitarios, la Comisión puede adoptar medidas adecuadas en el comercio con terceros países, hasta que estas alteraciones o amenazas al mercado desaparezcan. Un nuevo precio mínimo a la importación es lo menos que se puede contemplar, pero, basándonos en anteriores experiencias, somos escépticos si no se toman en consideración los mecanismos de circunvención que los noruegos, con imaginación, han articulado.
En el caso de que esto no fuera posible, la solución más apropiada sería, lamentablemente -lamentablemente, digo-, la imposición de restricciones cuantitativas a la importación. Algún portavoz de la Comisión argumenta que esta medida es contraria al espíritu y a la letra del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, pero, realmente, lo que sí es contrario a este espíritu y a esta letra es la situación de dumping a la que se enfrentan los productores comunitarios.
La Comisión tiene las competencias legales necesarias para adoptar las medidas precisas, que son aquéllas que sirven para poner fin a esta situación. Si son necesarias -lamentablemente, digo- restricciones cuantitativas, pues será preciso que sean adoptadas.
Existe un amplio consenso en el sentido de que, a largo plazo, la única solución para recuperar la estabilidad de los mercados es llegar a un acuerdo de buena fe con Noruega. Pero mientras tanto, en la situación inmediata de precariedad de los productores comunitarios, la acción que solicitamos es la única respuesta posible a la situación de emergencia que vivimos, porque el futuro de la industria de la acuicultura del salmón exige estas decisiones.
Quiero terminar, señora Presidenta, felicitando a los ponentes de los cuatro informes -que, lamentablemente, debatimos una vez más en viernes- por el excelente trabajo realizado y agradeciendo a todos los colegas que asisten a este debate el apoyo a las propuestas de estos ponentes.

Lannoye
Señora Presidenta, me gustaría hacer dos observaciones. En primer lugar, yo no soy en realidad el ponente sino que sustituyo a la Sra. Mckenna, que no está disponible.
Mi segunda observación coincide con la del Sr. d'Aboville. Me parece bastante lamentable no sólo que la Sra. Bonino, Comisaria responsable de Pesca, no esté presente, sino que además celebremos un debate de difícil comprensión. Tengo la gran sospecha de que los que no sean especialistas en temas de pesca no entenderán gran cosa de este debate.
El informe de la Comisión sobre el control de la Política Común de Pesca establece el balance de las actividades de control de los Estados miembros para el año 1994. De hecho, 1994 fue el primer año de aplicación del Reglamento aprobado por el Consejo el año anterior. El artículo 35 de este Reglamento prevé un informe anual. Este informe describe la modalidad de aplicación del Reglamento -esto es una mera constatación- y hace propuestas. Se trata del primer informe que se hace de este tipo y, por lo tanto es, muy importante.
La conclusión general de la Comisión es que queda mucho por hacer para la puesta en práctica de un sistema de control eficaz. En efecto, las principales conclusiones del informe son las que reseñaré a continuación. En primer lugar, ningún Estado miembro está libre de crítica. Los controles no son ni suficientes ni eficaces, y creo que esto nos afecta a todos. En cuanto a las inspecciones en el mar, las cifras son bastante demenciales. Para algunos Estados miembros parece que se controlaría cada buque un año de cada diez años, resultado bastante poco satisfactorio. Respecto a las inspecciones en tierra, el resultado no mejora. La consecuencia de todo esto es el fraude. Las estimaciones que se publican muestran que en más de quince especies hay más de 10 % de capturas sin declarar y en tres especies más de 40 %. Las capturas rebasan de forma manifiesta las recomendaciones formuladas por los científicos. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema grave, puesto que se trata de un recurso amenazado y puesto que, en definitiva, lo que acabará amenazado será la propia actividad pesquera.
Desde el punto de vista político, se ha de constatar que, en realidad, cada cual sospecha que el otro no respeta los reglamentos ni la legislación comunitaria, lo que crea un clima absolutamente desastroso e incita a las trampas. Hay que reaccionar a toda costa ante esta situación. La Comisión hace propuestas interesantes y mantiene, en particular, que habría que multiplicar las sanciones y recurrir a ellas más a menudo. La ponente considera, y creo que la Comisión de Pesca también, que efectivamente es preciso reforzar las sanciones. Personalmente, creo que se debería denegar la concesión de ayudas con cargo a los Fondos Estructurales cuando un Estado miembro esté incumpliendo los reglamentos comunitarios del sector.
Desde el punto de vista técnico, ni que decir tiene que se impone tomar medidas y la Comisión de Pesca hace, en este sentido, propuestas pertinentes. Sin embargo, hay una propuesta elemental que, desgraciadamente, no aparece en la resolución; se trata de la prohibición de que un buque o una flota pesquera, cuando vaya a realizar una única salida, pueda disponer de redes con diferentes tipos de malla, lo que, a mi parecer, es absolutamente elemental para evitar una trampa demasiado fácil.
Pero dejemos los problemas técnicos pues el problema de fondo no radica ahí. El problema de fondo es el de la capacidad de las flotas pesqueras. En los medios interesados todos consideran que es necesario reducir la capacidad de las flotas pesqueras. Si existe un equilibrio entre las capacidades pesqueras y los recursos disponibles, será mucho más fácil garantizar la conservación de las especies de peces y los recursos. De no ser así, tal y como desgraciadamente ocurre en la actualidad, estos recursos se verán fuertemente amenazados por la presión de los pescadores. Es comprensible, socialmente es comprensible, que la presión que ejerce el mercado lleve a los pescadores a hacer trampas. Hemos de ser conscientes de esta situación. Así pues, se necesita una política drástica de reducción de las flotas pesqueras. Si nos negamos a resolver este problema capital y nos negamos a abordarlo abiertamente no se solucionará el problema de los controles.
Quisiera señalar de paso que a principios del año 1996 nueve Estados miembros de los trece -porque hay dos Estados miembros que no tienen acceso al mar- no alcanzaron los objetivos de reducción fijados en los programas de orientación plurianuales, lo que da una idea clara de la magnitud del problema. El cuarto programa en la materia será determinante, porque de lo contrario, como acabo de decir, el reglamento nunca se aplicará realmente de modo eficaz.
Por último, hay un problema que no ha sido planteado sino de modo totalmente accesorio, y es el del control de la pesca en las aguas internacionales o en las aguas de países terceros dentro del marco de los acuerdos de pesca. En este marco no hay un control de las actividades de la flota comunitaria, ni por parte de la Unión Europea ni por parte de los Estados miembros. Ésta es una situación hipócrita e ineficaz. Es hipócrita porque sabemos muy bien que la mayoría de los Estados a los que nos vinculan los acuerdos mencionados no tienen la capacidad necesaria para efectuar los controles. Si no los realizamos nosotros mismos, está claro que habrá trampas y sabemos que las está habiendo.
Todas estas consideraciones me parecían indispensables.
Para acabar diré que en este marco es imposible referirse a la noción de subsidiariedad. Creo que es una noción totalmente contraria al espíritu de la Política Común de Pesca. Si se recurre a la subsidiariedad no se conseguirá ser eficaz en esta materia.

Jöns
Lamentablemente, debo decir que, como Parlamento, fuimos consultados sobre este acuerdo a los cuatro meses de finalizadas las negociaciones, dicho más exactamente, el 9 de mayo. Un mes después el Consejo de Ministros acordó la aplicación provisional del acuerdo. Por lo demás, a finales de mayo debería haberse efectuado ya el primer pago compensatorio que, según datos de la Comisión, tuvo lugar un mes más tarde pero, no obstante, antes de que esta Asamblea emitiera su opinión. De esta suerte tenemos exactamente la misma situación que en la primavera del pasado año en el caso del acuerdo de pesca con la República del Senegal.
Esto significa, en particular, lo siguiente: el Parlamento ha sido consultado cuatro meses después de la renovación del acuerdo de pesca. El Consejo ha adoptado una vez más una decisión con notables consecuencias financieras sin requerir previamente la opinión de la otra parte de la autoridad presupuestaria y sin que hubiera un fundamento jurídico suficiente. El primer pago -en todo caso por un volumen de 3.5 millones de ecus- tuvo lugar una vez más antes de que nosotros, como Parlamento, pudiéramos emitir la opinión, en este caso incluso antes de que las comisiones competentes en este acuerdo pudieran emitir su opinión.
Con esto la Comisión ha considerado una vez más como fundamento jurídico suficiente la decisión del Consejo sobre la aplicación provisional del acuerdo. La Comisión de Presupuestos y esta Asamblea han protestado ya repetidas veces enérgicamente en otros casos contra este proceder. Hoy lo hago aquí una vez más. A fin de cuentas seguimos siendo aún parte de la autoridad presupuestaria. Es intolerable que el Consejo crea que nos puede eludir aquí sistemáticamente. Si el Consejo y la Comisión prosiguen en el futuro esta conducta, tendremos realmente que pensar seriamente en emprender aún pasos legales.
Por consiguiente, insto una vez más a la Comisión a que en el futuro inicie y cierre conversaciones a su debido tiempo, de tal manera que el preceptivo procedimiento de consulta pueda cerrarse y se pueda aprobar un fundamento jurídico antes de que se lleve a efecto el pago. De esta manera cesaría la práctica despiadada de poner provisionalmente en vigor protocolos internacionales a través de un intercambio epistolar, eludiendo al Parlamento. Esto ha funcionado una vez más porque en los acuerdos internacionales de pesca se trata de gastos no obligatorios.
En todo caso, estos casos muestran de nuevo cuán necesario es que el Consejo y la Comisión firmen finalmente el Code of conduct que nosotros hemos propuesto para la mejora de la información y de la elaboración del presupuesto en los acuerdos internacionales de pesca.

Baldarelli
Señora Presidenta, procederé por títulos: el tema del control es muy sensible. Comparto las opiniones manifestadas por los ponentes, a las que ha contribuido también el Grupo socialista dentro de la comisión. Por lo que se refiere al control, no es sólo una cuestión reglamentaria y, por consiguiente, burocrática; es necesaria la participación de las asociaciones de pescadores, así como la de los ecologistas.
No obstante, debemos tener en cuenta los instrumentos de la tecnología, pero también las especificidades biológicas, a la hora de reformar la Política Pesquera Común, ya que ésta puede reformarse mediante el principio de la subsidiariedad, pero también con algunas políticas sociales dirigidas a conceder una ayudo a la renta de los pescadores, tema ya afrontado en la Política Agrícola Común. Éste es el razonamiento que presentaremos en el debate sobre la reforma de la Política Pesquera Común, sabiendo que el cuarto programa podrá ser un elemento útil de debate.

Provan
Señora Presidenta, doy la bienvenida a la Sra. Comisaria aquí esta mañana. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que estuvo en la Comisión de Agricultura de este Parlamento y es agradable comprobar que de nuevo se esté tomando interés por las cuestiones de pesca.
Esta mañana tenemos ante nosotros cuatro importantes asuntos y yo voy a centrarme en el salmón en particular. Permítanme decir que el seguimiento y control de la Política Común de Pesca es sumamente importante y que espero que el Parlamento esté ocupándose suficientemente del tema en el día de hoy.
Deseo comunicar al Grupo de los Verdes que apoyaremos sus enmiendas sobre el informe McKenna. Es especialmente importante que en este Parlamento reconozcamos que las capturas accidentales, los descartes y el pescado negro es algo con lo que tenemos que ponernos serios.
Pero voy a dedicarme básicamente a la cuestión de la importación de salmón desde Noruega. Hemos de reconocer que la Comisión ha avanzado mucho al sacar adelante esta investigación sobre el dumping del salmón noruego. El presidente de la Comisión de Pesca ha demostrado gráficamente el problema y le agradezco su dedicación y apoyo al tema. Sin embargo, la Comisión podría haber ido más lejos y, al igual que el Sr. Gallagher, hago un llamamiento a todos los Estados miembros para que adopten medidas contra el Gobierno noruego en el momento presente por la cantidad de salmón que está enviando a la Comunidad. No basta con que los gobiernos se mantengan al margen viendo cómo la acuicultura y quizá el futuro de la producción pesquera en la Comunidad Europea se ven diezmados por un país que está decidido a obtener una considerable cuota del mercado a expensas de una industria joven y floreciente de algunas zonas periféricas de nuestra Comunidad. La Comisión podría ir más lejos y adoptar por su cuenta medidas provisionales; la invito a que lo haga.
En los últimos días he tenido ocasión de analizar el problema y reconozco que se podrían poner inmediatamente en práctica unos precios mínimos de importación. Espero que esto pueda hacerse realidad y que, a más largo plazo, tengamos la valentía y las agallas para introducir alguna forma de restricción cuantitativa.

Teverson
Señora Presidenta, en el informe McKenna se evalúa el primero de un importantísimo grupo de informes de la Comisión sobre la eficacia del control en la Política Común de Pesca. Una de las cosas principales que se han puesto de manifiesto es el grado desigual de cumplimiento dentro de la Unión y la falta de voluntad política de los Estados miembros para hacer que funcione el sistema de ejecución. La política está fracasando y lo seguirá haciendo con su estructura actual.
Estoy encantado de que la Comisión de Pesca haya aceptado gran número de enmiendas del Grupo Liberal: aumento de las atribuciones de los inspectores de la Unión Europea, lo que resulta esencial para que se juegue limpio en todo el terreno de juego; sanciones similares para delitos similares en toda la Unión, a fin de garantizar la equidad jurídica en una política común como es la de pesca; un control mucho mayor del cumplimiento en las áreas de transporte y comercialización de la cadena de suministro, algo que, según este informe, faltaba casi totalmente.
Una de las cosas que subrayaría es que, según nuestro grupo, esta situación ilustra cómo la Política Común de Pesca en su forma actual es incapaz de conservar los recursos pesqueros. Ese es el reto. Eso es para lo que necesitamos encontrar una nueva solución.

Lannoye
Señora Presidenta, quisiera referirme al informe del Sr. d'Aboville y al acuerdo de pesca con las Seychelles, y haré cuatro observaciones.
La primera para decir que una vez más el Parlamento está celebrando un debate sobre una decisión que ya ha sido tomada. Ya están previstos hasta los compromisos financieros. Es una situación inaceptable. Lo venimos repitiendo una y otra vez y llegamos a enseñar los dientes, pero no pasamos de ahí. Por lo tanto, ésta ya sería una buena razón para votar en contra, pero no es la única.
La segunda observación se refiere al hecho de que no existe un enfoque regional en este tema. Cuando se habla del Océano Índico, tomar en consideración al mismo tiempo a Madagascar, a la isla Mauricio, a las Comores y a las Seychelles es ya de por sí un enfoque regional. Si se trata pues de tener un enfoque por separado, como ocurre aquí, es lógico que no se controle correctamente la situación.
La tercera observación se refiere a que es un acuerdo sin cuotas, lo que lo convierte en un acuerdo de pesca un poco inhabitual en cuanto a la forma.
Y por último, ¿quién efectúa los controles? Es realmente importante indicar que son los organismos de control franceses y españoles. Ello es más que significativo en cuanto a la voluntad de controlar la situación de modo efectivo.
Por todas estas razones votaremos en contra.

Macartney
Señora Presidenta, me alegro de que estemos teniendo este debate, aunque sea en viernes. Tomé esta iniciativa en primer lugar para llamar la atención del Parlamento sobre la grave situación que atraviesan los productores de salmón escoceses. Pero el debate no tendría que haberse celebrado en absoluto y hemos de comprender por qué ha sido necesario.
Cuando se celebró el Consejo de Pesca, el Consejo de Ministros habló del tema dentro de «asuntos varios» y cuando le llegó el turno al Reino Unido de decir algo, de tomar medidas, fue como la famosa historia detectivesca de «El perro que no ladró por la noche». La sorpresa fue que el perro estaba ahí pero no ladró. Fue culpa del Gobierno del Reino Unido, que, en un momento en que la gente esperaba que se alzara en defensa del sector salmonero escocés, omitió tomar medidas jurídicas. En otras palabras, el perro no enseñó los dientes en este contexto para forzar a la Comisión a estudiar la introducción de restricciones cuantitativas. Esto lo que la industria esperaba. Allí se encontraba incluso un ministro escocés, pero no se tomaron medidas. De modo que ahora le toca a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo intervenir para cerrar esta brecha.
¿Qué pedimos exactamente y qué podemos esperar? El precio mínimo de importación no es un instrumento demasiado bueno como ya sabemos por el pasado, pero es el único que puede ponerse en práctica inmediatamente. Con la amenaza de un caso antidumping sobre las cabezas de los noruegos, hay muchas posibilidades de se comporten bastante mejor que la última vez en el período anterior a Navidades. Pero luego estoy casi completamente convencido de que tenemos que continuar con restricciones cuantitativas. Debemos preguntarnos la cuestión política, que se pregunta constantemente y que incluso me preguntaron en la televisión francesa ayer: ¿A qué se debe qué los noruegos, de fuera de la Unión Europea, estén consiguiendo arreglárselas mejor con la producción de salmón que los escoceses e irlandeses, de dentro de la Unión? Este es el motivo de que esta actuación sea absolutamente indispensable, necesaria y urgente.

Amadeo
Señora Presidenta, las intervenciones comunitarias con finalidad estructural a favor de la pesca y la acuicultura están encaminadas a modificar un antiguo reglamento de 1993 reformándolo en tres aspectos, por lo que se refiere a la promoción de los productos, las ayudas para la creación de organizaciones de productores y la confirmación de los tipos de cambio para el ecu contable.
Nosotros creemos que la presente propuesta puede regular la promoción del producto si tales referencias están efectivamente relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Por consiguiente, apoyamos las peticiones de la Comisión y por lo que se refiere a las ayudas para el inicio de actividades de las organizaciones de productores y a la aplicación del tipo de conversión del ecu, basado en la referencia del cambio facilitada por el instituto de organizaciones de pesca.
Por lo que respecta al informe del Sr. d'Aboville, en realidad no se trata de un nuevo acuerdo, sino de una redefinición del que ya expiró en enero y que estaba dotado con una asignación financiera que autoriza el incremento de las medidas de control gracias a la mejora de los sistemas de comunicación en tierra. Desgraciadamente, como ya es costumbre establecida, al Parlamento Europeo se le ha puesto ante el hecho consumado. Desaprobando tal situación y esperando que eso no se repita en el futuro, apoyamos la propuesta del Sr. d'Aboville.

El Presidente
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.

Izquierdo Rojo
Señora Presidenta, la calidad del informe del Sr. Gallagher y la importancia de las medidas técnicas bien hubieran merecido disponer de más tiempo. En todo caso, cabe decir que el Sr. Gallagher ha hecho un excelente trabajo aunque le ha faltado, hay que decirlo, flexibilidad y audacia para haber aceptado la enmienda al guión 3 del apartado 7 que hubiera mejorado con mucho su informe.
A la Comisión, dada la importancia del tema de las medidas técnicas, quisiera preguntarle si está dispuesta a abrir un período y un plazo de consultas, puesto que la opinión del Parlamento Europeo ha sido unánime en materia de medidas técnicas al manifestar que no se debe actuar con precipitación y que deben aplicarse las medidas de acuerdo con el sector. Estamos aprobando el informe Gallagher, pero mi pregunta para que me la conteste y en directo es si está dispuesto a abrir este período de consultas para el informe de medidas técnicas.
Es muy urgente que el Parlamento tenga la contestación de la Comisión, porque como ustedes saben detrás está el Consejo que está apremiando a una respuesta. Por tanto, ruego, señor Presidente, que la Comisión me conteste en esta sesión a esta importante pregunta.
En términos generales, tengo que decirle que la Comisión en materia de medidas técnicas es más bien una comisión que da normas en las nubes. Hay que aconsejarle que esas medidas que son ideales para un mundo ideal, deben aplicarse en materia de pesca, hace falta promover incentivos, hace falta estimular a que los pescadores puedan aplicar esas medidas.

El Presidente
Muchas gracias, señora Izquierdo, pero debo decirle, cariñosamente, que usted casi ha doblado el tiempo que tenía a su disposición. Esta Presidencia nunca retira la palabra. Creo que son ustedes quienes deben autorregularse, y pediría que, en cuanto al tiempo, los demás miembros de la Asamblea no tomaran ejemplo de la Sra. Izquierdo, aunque el contenido de su intervención ha sido muy valioso.
Tiene la palabra la Sra. Fraga por tiempo de dos minutos.

Fraga Estévez
Señor Presidente, sin intención de obviar otros informes voy a centrar mi intervención en el informe de control que de una manera tan realista ha enfocado la ponente Sra. McKenna.
No estamos aquí solamente para decir siempre lo que quieren oír los pescadores. Es evidente que en una época de crisis en el sector pesquero como la que estamos atravesando la tentación de burlar las normativas se acrecienta, y ello no hace más que poner aún más de relieve que el control es uno de los grandes fracasos de la política común pesquera. Hay que insistir en que mientras el control de sus propios pescadores esté sólo en manos de los Estados miembros su ineficacia es casi segura. En época de vacas flacas se redoblan las peticiones de control, pero siempre para los demás, y esa es sin duda una de las razones del actual problema de sobrepesca. No se puede despojar a los Estados miembros de sus atribuciones, pero la Comisión debe reforzar su propio control y vigilar el de los Estados miembros, lejos de posibles presiones interesadas y también de acciones aisladas y oportunistas que en realidad poco o nadan resuelven, como la obsesión por el control de las flotas de larga distancia.
Sin duda, señor Lannoye, ello es necesario, pero quien conoce bien estas pesquerías sabe que las flotas comunitarias en aguas exteriores forman parte en su mayoría de las mejor controladas del mundo, caso Nafo, mientras que dentro sigue la casa sin barrer. En lugar de tanto derroche en las flotas ya controladas debería reforzarse el control en las carreteras de la Unión Europea, por donde, y sin duda, fluctúa un tráfico de especies prohibidas absolutamente vergonzoso.
Considero igualmente necesario un control efectivo sobre el cumplimiento de los POP y la instauración de un sistema de sanciones verdaderamente disuasorias. Ante las propuestas de recortes, ...

El Presidente
Señora Fraga, no debe usted interpretar el golpe del martillo como algo para hacerla callar, sino como una advertencia de que usted ha terminado su tiempo y que usted dispone por lo tanto del tiempo de la Asamblea como quiera.

Fraga Estévez
Señor Presidente, he oído lo que usted ha dicho e intento cumplir con lo que me mandan los presidentes de esta sala. Por tanto, con esto creo que he dicho bastante.

Cox
Señor Presidenta, en comunidades costeras aisladas como mi propia circunscripción, son muy limitadas las posibilidades de que surjan iniciativas de desarrollo económico con base local. Una historia feliz en los últimos años ha sido el crecimiento del sector de producción de salmón. Es un sector con un considerable potencial, pero, como cualquier otra actividad, necesita una estabilidad razonable de las condiciones comerciales. Los que toman parte en él necesitan poder predecir en cierta medida sus márgenes comerciales.
Este Parlamento y las instituciones europeas no necesitan que se les explique la importancia que reviste la estabilidad para la política a medio plazo. Es algo que sin duda conocemos desde un punto de vista macroeconómico en relación con la UEM. Pero en términos microeconómicos, a nivel del sector del salmón, consideremos qué significa que Noruega, un Estado no perteneciente a la Unión que produce un enorme excedente para la exportación -y que tiene potencial para producir mucho más en el futuro inmediato- invada nuestro mercado hasta el punto de que, cuando el caso antidumping se examine, tendrá base suficiente. Esto es mejor tarde que nunca. Ha desestabilizado totalmente los precios y en cuatro ocasiones desde 1989 hemos probado la solución de los precios mínimos de importación y no ha funcionado. Francamente, si queremos dar a esas comunidades costeras una posibilidad de sobrevivir, sólo hay una respuesta probable a largo plazo: ponernos serios, introducir restricciones cuantitativas. El Consejo eludió la cuestión; nosotros no deberíamos hacerlo.

Apolinário
Señor Presidente, antes que nada me refiero al informe del Sr. Gallagher, cuyas propuestas, aprobadas en la Comisión de Pesca, me parecen extraordinariamente positivas y dignas de valorización. Sobre todo en el momento en que se examina el plan operacional POP IV, por tanto, para los próximos años, porque se acentúan las propuestas en función de las reducciones. Y esta propuesta que trae la Comisión aquí acentúa su protección de los juveniles, de los recursos haliéuticos, de la vinculación con los pescadores. Porque sobre todo me repugna la idea de que sólo se haga el control con vistas a saber cuántas sanciones aplicamos, cuántas infracciones descubre la Comisión, y no con vistas a incitar pedagógicamente a los pescadores, a incitar a todos los que dependen de la pesca, a no infringir la ley. Porque rechazo la idea de que el pescador sea necesariamente un depredador y un destructor del medio ambiente.
Por último, lanzo un desafío a la Comisión para que sea posible poner en práctica un sistema de control mediante satélite en las aguas comunitarias.

McCartin
Señor Presidente, quiero hablar de la cuestión de los precios del salmón y agradecer al Parlamento su solidaridad sobre este tema a lo largo de los años. Si hubiéramos recibido el mismo apoyo por parte del Consejo de Ministros y de la Comisión, habríamos progresado.
No debiéramos subestimar la gravedad de la situación. Cuando visito las regiones periféricas de mi propia circunscripción, que tradicionalmente han dependido de la pesca, tengo muy poco que ofrecerles. La Comunidad les está pidiendo que reduzcan su esfuerzo pesquero, el tonelaje de sus barcos y las capturas. Estamos amenazando el estado de sus recursos pesqueros, lo que nos llevará forzosamente a reducir los beneficios de las comunidades pesqueras.
Tenemos una sola alternativa que ofrecerles, que es la acuicultura. Políticamente no era muy popular en el pasado, pero las comunidades pesqueras de toda la Comunidad Europea empiezan a reconocer que hay posibilidades y que puede conseguirse sin daños para nuestro medio ambiente y puede ayudar a salvar a las comunidades costeras. Este esfuerzo está siendo pisoteado por un gigantesco esfuerzo noruego -que obviamente ha sido subvencionado durante años- que no permitirá salir de puerto al buque insignia de las actividades acuícolas: la acuicultura del salmón.
Quiero dar las gracias a la Sra. Bonino. Reconozco que, aunque sea viernes por la mañana, fue en las mañanas de los viernes cuando llevamos en su día este problema ante la atención de la Comisión. La Comisaria ha empezado a tomar medidas y se lo agradezco mucho.
Siguiendo con lo que ha dicho el Sr. Macartney, en Killybegs, al noroeste de Irlanda, cuando la gente se queja de la Política Común de Pesca -y yo intento defender a la Comunidad- me dice que los noruegos no tienen problemas para sobrevivir. Sólo quería subrayar este hecho.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, en lo referente a las medidas técnicas pesqueras, quisiera en primer lugar agradecer al ponente Sr. Gallagher su excelente trabajo. Esta comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las medidas técnicas en la política común de pesca ha tenido su continuación con la propuesta de reglamento actualmente en estudio.
Y en este debate global, quisiera expresar unas reflexiones. Los objetivos de la Comisión son loables y las medidas necesarias. Pero creo que la falta de selectividad actual no se debe a la reducida luz en las mallas de los artes actuales, sino a la actividad, cada vez más frecuente, de pesqueros comunitarios con artes ilegales, que no se logra evitar por falta de voluntad política.
¿Puede demostrar la Comisión que los ejemplares de juveniles son capturados con artes de pesca de malla reglamentaria? Temo que, a la vista de la negativa de los Estados miembros a reducir flota, la Comisión trate de conseguirla indirectamente a través de una evolución darwiniana pura y dura. Muchas empresas intentan sobrevivir en este escenario y este esfuerzo se realiza, a veces, cometiendo infracciones, en muchos casos impunes, con conocimiento de los Estados miembros responsables del control y casi siempre con conocimiento de la Comisión. Por ello, también quería felicitar el trabajo de la Sra. McKenna en su informe sobre el control.
En este escenario, ¿qué puede pensar y cómo puede actuar la empresa que cumple escrupulosamente las medidas técnicas, las cuales se van a endurecer, y tiene que competir con otras empresas que no las cumplen? ¿De qué sirve cumplir las medidas técnicas si todo el sector sabe que la falta de cumplimiento no es sancionada y que es la verdadera causa de la captura de juveniles?
No quiero se apocalíptico, tampoco quiero ser demagógico. Estoy a favor de mantener los recursos, entre otras cosas, para que el sector sea rentable también a medio y a largo plazo. Y las medidas técnicas son necesarias, pero si las endurecemos a la vez que no somos capaces de hacer cumplir las actuales, estaremos lesionando gravemente la competitividad de los legales, de los que las cumplen, y favoreciendo a aquéllos que las incumplen, lo cual, desde luego, no es muy halagüeño para la conservación de los recursos.

El Presidente
Voy a dar la palabra al Sr. McMahon, al que le pido disculpas porque le correspondía la palabra antes que al Sr. Imaz. Quiero advertirle que el descuido no se debe a la simpatía y amistad personal que tengo con el Sr. Imaz, que es de la misma magnitud que la simpatía y amistad que tengo con usted. Por lo tanto, después de pedirle disculpas, le doy la palabra por el tiempo de dos minutos.

McMahon
 Señor Presidente, este es un asunto que viene de hace mucho tiempo. Estamos con él desde hace ya unos diez años. Diputado tras diputado han ido planteando el tema. Debe ser el tercer o cuarto debate que tenemos. Hemos celebrado audiencias en la Comisión de Pesca. Hemos invitado incluso a los noruegos. Éstos nos han brindado con su presencia en dos ocasiones. Hemos tenido sesiones de presentación de diapositivas, con los dos lados opuestos: Noruega a un lado y los irlandeses y escoceses al otro. Todos nos ha dado su testimonio y nosotros hemos escuchado el debate, pero el problema sigue ahí.
Sigue ahí porque hay una falta de voluntad de la Comisión y una falta de voluntad del Consejo de Ministros. La sagrada trinidad: Leon Brittan, Michael Forsyth y Raymond Robertson -ministro de Pesca de la Scottish Officeson los que están en situación de intentar hacer algo al respecto.
Sabemos que el Sr. Brittan tiene enormes problemas en este momento porque a la mitad de su propio gabinete no le interesa en absoluto Europa ni nada europeo, de manera que tiene que defender a la parte europea. Tiene que desviar la atención de su trabajo como comisario de Comercio para guardarse las espaldas contra los euroescépticos del gabinete del Reino Unido. No puede hacer correctamente su trabajo cuando diputados europeos de Irlanda, Escocia u otros lugares se dirigen a él para que intente conseguir medidas respecto al salmón. Ahí es donde radica el problema; el problema radica en la Comisión, en la Dirección General de Comercio Exterior y en el Consejo de Ministros.
El mes pasado, en el reciente Consejo de Ministros, se dejó que la Presidencia irlandesa planteara el tema. Pero realmente no pidieron al Consejo de Pesca que hiciera nada. Se habló de ello pero no se pidió ninguna actuación.
Hoy sí pedimos una actuación. Pedimos un precio mínimo realista y restricciones cuantitativas. Ninguna otra cosa podrá satisfacer a los productores de salmón de Escocia e Irlanda.

Crampton
Señor Presidente, estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. No voy a hablar de la pesca como tal, pero hay tres cuestiones generales de las que creo que debieran ocuparse las instituciones europeas.
En primer lugar, el informe del Sr. d'Aboville expone muy claramente que tenemos aún otro acuerdo que se ha firmado, así como los pagos efectuados antes de que nuestro Parlamento lo debatiera. Esto tiene que terminar.
En segundo lugar, ¿por qué siempre tenemos que debatir esto los viernes? El tema se ha planteado varias veces. Políticamente, la pesca es una de las cuestiones más importantes para nuestros Estados miembros; despierta tremendas pasiones, tremendas disputas, pero siempre la dejamos para el viernes. Sin duda es una cuestión que la Conferencia de Presidentes podría abordar y tratar razonablemente.
En tercer lugar, estoy de acuerdo con el comentario que ya se ha hecho de que está siendo un debate conjunto demasiado variado. Por supuesto que la Sra. Comisaria debería estar presente para responder a las preguntas que se han formulado. Quizá esto tenga que ver con el punto anterior. Así pues, las tres instituciones deben ocuparse de todo este problema de la pesca. Dicho de paso, apoyo todos los informes.

Sindal
Se puede decir que el tema tratado en el informe del Sr. Gallagher es ya viejo. La Comisión empieza a actuar en este ámbito, lo cual es positivo. Esto significa precisamente que el Parlamento puede participar y lo que nos falta en este ámbito es menos burocracia y más simplificación. Esto es también lo que desea el Consejo de Ministros. Queremos participar en la solución del problema de los peces capturados que se tiran por la borda una vez muertos. Queremos participar en la solución y el desarrollo de nuevos métodos de captura. Queremos participar en la protección de los bancos de pesca y en la limitación de las zonas de pesca, pero todo esto sólo será posible en cooperación con los pescadores y mediante normas regionales. Hemos de tener cuidado de no crear una burocracia dirigida desde Bruselas en vez de algo que proviene de los verdaderos cazadores, es decir, los pescadores. Y finalmente un pequeño pío nórdico: es lamentable ver que Dinamarca está reduciendo su flota mientras el resto de los Estados miembros incumple este compromiso.

Cresson
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. McKenna por su informe, que es a la vez directo y completo. Este informe contiene ciertas informaciones y conclusiones que la Comisión suscribe plenamente.
El informe llama la atención sobre la dificultad de alcanzar un nivel de control satisfactorio de la capacidad de pesca de la Unión y sobre lo urgente que resulta reducir esta última. La Comisión admite, sin problema, que el nivel de control sigue siendo insuficiente en la Comunidad y que convendría aprobar urgentemente medidas de mejora, que son sumamente necesarias y que ya deberían haberse tomado hace tiempo. En lo que le atañe, la Comisión tiene la intención de contribuir a que se introduzca una mejora global.
Sin embargo, quisiera llamar la atención del Parlamento acerca de las competencias limitadas de que disfruta la Comisión en este ámbito. También tengo que informarle de que seguramente el Consejo no aceptará las propuestas más atrevidas del informe. Me refiero a la armonización de las sanciones para las infracciones, que serán también de suspensión de la ayuda financiera en caso de rebasamiento de las cuotas, y al refuerzo de los poderes del servicio de inspección comunitaria de pesca.
Aprovecho la ocasión para recordar los principales elementos del enfoque de la Comisión en este tema. Controles pormenorizados y rigurosos de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros -esto es, el control-, presentación de informes detallados respecto al nivel de control en los Estados miembros, incluidos los informes especiales sobre cuestiones particulares -esto es, la transparencia-.
En tercer lugar, fomento de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en el ámbito de los controles. A este respecto informo al Parlamento de que en septiembre se aprobó en Dublín una primera serie de medidas durante la reunión de los directores generales y de los responsables de los servicios de control, y que éstas fueron aprobadas, a su vez, por el Consejo de «Pesca» del pasado 14 de octubre.
Seguidamente, la concesión de la ayuda financiera comunitaria que permita aportar mejoras reales a los servicios de control nacionales, de modo que los costes de control puedan repartirse de manera más equitativa. Por último, una garantía de la plena aplicación de las disposiciones del reglamento de «control», Reglamento CEE nº 2847/93 relativo a la localización por satélite y registro de las capturas.
En conclusión, señor Presidente, quisiera informar al Parlamento de que la Comisión estudiará atentamente las recomendaciones que se recogen en este informe.
En cuanto a la propuesta de cuarta modificación del Reglamento del Consejo nº 3699/93, Reglamento relativo a las intervenciones estructurales en el sector pesquero, esta propuesta pretende introducir tres modificaciones. La primera permite una cofinanciación comunitaria de las operaciones para la promoción de la protección de las indicaciones geográficas y de las apelaciones de origen. La segunda actualiza una referencia al artículo 7 del Reglamento sobre la organización común de los mercados de los productos de la pesca. La tercera confirma que el tipo de conversión del ecu es indudablemente el tipo de conversión presupuestario o ecu contable, como lo quiso el Consejo de 21 de diciembre de 1993.
Ninguna de las modificaciones tiene incidencia financiera, ni en lo referente al presupuesto comunitario ni en lo referente a la dotación estructural atribuida a cada Estado miembro. Sólo la primera modificación constituye un cambio cualitativo. Las otros dos son meras actualizaciones técnicas del Reglamento, sin alcance práctico. Estoy convencida de que el Parlamento Europeo aportará su apoyo a la Comisión, tal como invita a hacerlo el informe objeto del presente debate y aprovecho la ocasión para darle las gracias al ponente, Sr. Kindermann.
En lo relativo al informe del Sr. d'Aboville, la Comisión quisiera en primer lugar agradecerle al ponente su excelente informe sobre las nuevas condiciones de pesca para la flota atunera comunitaria en las aguas de las Seychelles aplicables durante tres años, hasta enero de 1999. La Comisión estima que, desde el punto de vista técnico, estas nuevas condiciones pueden garantizar una ejecución todavía más eficaz del acuerdo, aplicando principios fundamentales de conservación de los recursos. A este respecto sabrán ustedes que la Comunidad participará como miembro de pleno derecho en la Comisión Atunera del Océano Índico (CAOI) cuya reunión inaugural se celebrará en Roma el próximo mes de diciembre. La política que desarrollará la delegación comunitaria en el seno de esta nueva organización internacional, ajustándose a la línea principal que propugna su informe, tendrá como objeto un mejor conocimiento y gestión de los recursos atuneros locales con arreglo a los principios de base aplicables concertados en el marco del derecho internacional.
En lo relativo a las enmiendas propuestas, la Comisión rechaza las enmiendas núms. 2 y 6, ya que van en contra de la doctrina establecida en cuanto a la naturaleza de los acuerdos de pesca y menoscaban sus competencias en materia de negociaciones. La Comisión acepta las otras enmiendas en cuanto al fondo pero rechaza la forma subrayando que, en primer lugar, la Comisión ya informa regularmente al Parlamento sobre el estado de utilización de los acuerdos de pesca mediante ponencias e informes ante la Comisión de Pesca.
En segundo lugar, el principio de conservación de los recursos está regulado por el derecho del mar que la Comunidad ha firmado y que ya está inscrito en todos los acuerdos marco de pesca, en especial en el de las Seychelles. En tercer lugar, la Comunidad ya ha ratificado el acto constitutivo de la CAOI cuya competencia, como dije antes, consiste precisamente en el seguimiento científico y la gestión de los recursos atuneros regionales. En cuanto al papel del Parlamento en la ejecución presupuestaria de los acuerdos de pesca, desearía recordar que las tres instituciones implicadas están ultimando en estos momentos un código de buena conducta relativo al procedimiento presupuestario para los acuerdos de pesca, que tiene por finalidad organizar mejor las relaciones entre la Comisión y el Parlamento.
El informe de la Comisión sobre la aplicación de las medidas técnicas en la Política Común de Pesca constituye un análisis pormenorizado de la utilidad de las medidas aplicadas desde 1986 para proteger a los peces jóvenes en las aguas comunitarias. La Comisión advierte que el informe Gallagher coincide, en general, con las conclusiones del informe de la Comisión, tanto en lo relativo a la visión de los problemas como en lo relativo a las posibles alternativas. Esto constituye la prueba de que las ideas propuestas por la Comisión para mejorar el estado de nuestros recursos pesqueros van en la buena dirección y nos animan a seguir estas iniciativas.
Como sabrán, la Comisión ya ha presentado una propuesta de nuevo reglamento sobre las medidas técnicas de conservación, que sustituirá al que está en vigor desde 1986. En esta propuesta, presentada el pasado mes de junio y que tendremos ocasión de debatir con detalle en los próximos meses, la Comisión ha recogido la mayor parte de las propuestas y de las ideas de su propio informe y del informe del Parlamento en relación con dicha propuesta. Espero que esta coincidencia general conduzca también a una posición común entre la Comisión y el Parlamento en relación con la propuesta mencionada.
En lo que se refiere al problema de la crisis en el sector del salmón, la Comisión quisiera subrayar en primer lugar que la disminución registrada desde hace algunos años no sólo afecta al precio de venta del salmón sino también al coste unitario de producción. En este contexto, la estabilidad de los precios no debería significar que los precios tengan que aumentar ni que deban permanecer en el mismo nivel. Los precios están, por supuesto, en regresión y al mismo tiempo el tamaño del mercado ha crecido considerablemente. Por el contrario, no sabemos y no podremos saberlo antes de que finalicen las investigaciones en curso si el precio del salmón noruego ha bajado más rápidamente que el coste unitario, hasta el punto de que una parte sustancial de las ventas totales se ha fijado por debajo de los costes de producción y ha causado un perjuicio con arreglo al sentido de la normativa sobre competencia desleal. Nosotros tampoco sabemos si estos precios de venta en nuestros mercados han sido lo que han sido por unas ayudas estatales que, por su índole, pueden generar, con razón, medidas compensatorias.
Se pueden hacer muchas afirmaciones y alegaciones y son muchos los casos particulares. Lo que no tenemos y a todos nos falta una idea global de la situación. Como sabrán, el mercado es tema de gran debate desde hace años. La consecuencia de ello ha sido mucha efervescencia y revuelo pero muy poca claridad. Ahora estamos enfrentados una vez más a la misma situación.
La Comisión ha aprovechado la ocasión que le brindaban las dos quejas de los productores de Escocia y de las Shetland para llevar a cabo una investigación detallada, sobre todo con vistas a precisar tanto la naturaleza como la amplitud de los daños ocasionados. No es cierto que la Comisión no haga nada, sino que, al contrario, trabaja intensamente en estos temas. Es esencial que se tomen medidas sobre una base fáctica sólida, porque de lo contrario las medidas no alcanzarían su objetivo, tal y como ha demostrado el Reglamento sobre precios mínimos.
Seguimos vigilando, naturalmente, la evolución del mercado y cabe señalar a este respecto que las informaciones disponibles son menos numerosas de lo que deberían ser y de lo que llegarán a ser cuando finalicen las investigaciones. Desgraciadamente, numerosos Estados miembros son lentos a la hora de contestar a nuestras solicitudes de información. Sin embargo, podemos afirmar que hoy el precio es estable habida cuenta de los habituales factores de temporada. No hemos detectado ciertamente indicios de una tendencia brusca a la baja como la registrada en el transcurso del último trimestre del pasado año.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, en esta contestación de piloto automático en conserva que nos ha dado la Comisión no se contesta a la pregunta que le he hecho en vivo. ¿Podría decirme, al menos, la Comisión en qué momento va a contestar esta pregunta?

Macartney
Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Comisaria por su respuesta, pero me gustaría que aclarara más lo último que ha dicho sobre la falta de información procedente de los Estados miembros. En primer lugar, ¿es el Reino Unido uno de los Estados miembros que no ha proporcionado la información que desea? En segundo lugar, no ha dicho realmente si la Comisión se pondrá a favor de los precios mínimos de importación, que es lo que se pide en la resolución.

El Presidente
Muchas gracias, señor Macartney.
Señora Cresson, ¿desea responder a las intervenciones de la Sra. Izquierdo y del Sr. Macartney?

Cresson
Señor Presidente, quisiera contestar a la pregunta relativa a las informaciones facilitadas por el Reino Unido. Este país ha comunicado datos sobre el salmón, pero ésta es prácticamente la única información que se nos ha dado. En lo referente a los precios mínimos, la Comisión cree que esta disposición no está justificada puesto que actualmente los precios se mantienen estables.

El Presidente
Muchas gracias, señora Cresson. Señora Izquierdo, comprenda usted que no podemos entrar en un debate y la Sra. Cresson creo que no ha terminado todavía.

Cresson
Señor Presidente, no he contestado a la primera pregunta, pero puedo decir que estamos debatiendo este punto con el Consejo.

El Presidente
Señora Izquierdo, ¿insiste usted? Acaba de contestarle la Sra. Cresson, pero usted, si quiere, tiene la palabra. Esta Presidencia jamás le negará la palabra.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, ruego que revisen las actas, porque claramente no ha estado escuchando el debate. En las actas verá cuál es mi pregunta y, por tanto, ruego que revise su respuesta, porque nada contesta.

El Presidente
Esperemos que, después de revisar las actas, se le pueda dar a usted una respuesta por escrito.
El debate queda cerrado.
Se procede ahora a la votación.
Informe Kindermann (A4-0306/96)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Andersson y Waidelich
A pesar de que en este caso hemos decidido votar en favor del informe, esto no significa que defendamos unas ayudas uniformes para las organizaciones de consumidores. Las empresas y los diversos tipos de asociaciones para la defensa del consumidor deberían, en casos normales, ser capaces de subsistir sin ayuda.
Informe d'Aboville
Andersson y Waidelich
Aunque votemos en favor del informe, queremos dejar constancia de nuestro escepticismo ante las grandes compras de cuotas pesqueras que está realizando la UE. Los costes de la compra de cuotas pesqueras son del orden de los 300 millones de ecus. Consideramos caro e incorrecto seguir subvencionando de este modo a una flota pesquera que en su lugar debería disminuir en número.
También hay motivos para pensar que los intercambios comerciales en el ámbito pesquero con países afectados, sobre todo de Africa y del Océano Indico, deberían producirse en unas condiciones más beneficiosas para estas naciones. Más soluciones de estilo «riesgo compartido» darían más puestos de trabajo, más mejoras y una mayor flota pesquera para estas naciones del tercer mundo.
Informe Gallagher
Andersson y Waidelich
Cada vez que se celebran debates sobre acciones para lograr una conservación sostenida y a largo plazo de los recursos pesqueros acabamos con peticiones de compensaciones, contribuciones y ayuda. También ha sido así en esta ocasión. La situación ecológica, no obstante, nos ha puesto unos límites que debemos estar dispuestos a respetar aun sin subsidios. La propuesta de añadir unos comunicados sobre consideraciones socioeconómicas y de otro tipo en un contexto más amplio son correctas, pero en este caso dan la señal equivocada.
Resolución salmón
Ford
Señor Presidente, represento a Greater Manchester East y algunos de mis grandes intereses en el Parlamento han sido en relación con la política de investigación y la conversión armamentística, sobre las que he hecho dos informes, y todo lo cual parece estar a años luz de la crisis del sector salmonero.
Pero hace algún tiempo se puso en contacto conmigo una empresa de mi circunscripción que se encuentra de hecho en el sector de la defensa y está intentando alejarse del mismo para invertir en nuevas tecnologías punta de carácter civil. Una de las cosas que hacía era utilizar la tecnología de radar para tratar enfermedades oculares de los salmones en las piscifactorías, un problema al parecer importante. Debido al repentino dumping del salmón noruego en el mercado, se retiró el dinero prometido al proyecto para desarrollo, encontrándonos así en una situación que no perjudica únicamente a los habitantes de Escocia e Irlanda, sino a los de toda Europa. Perjudica al desarrollo de nuevas tecnologías; perjudica a la comercialización de nuevas tecnologías; perjudica a los puestos de trabajo. Por este motivo apoyo la resolución y resulta muy oportuno que la Sra. Cresson haya estado aquí para responder a la pregunta de una forma que probablemente ella no haya valorado al principio.

Ahlqvist, Andersson, Lööw y Waidelich
A grandes rasgos simpatizamos con la resolución. Tenemos muchas razones para observar de cerca el aumento de la exportación de salmón, puesto que Noruega concede unas amplias ayudas a los criadores de salmón bajo la modalidad de transporte subvencionado, préstamos subvencionados, menores contribuciones sociales e incluso reducción de la deuda, además de compensaciones por pérdidas. En este contexto queremos señalar que también los criadores suecos se ven afectados de forma negativa por el barato salmón noruego. De todos modos, pensamos que el estudio que va a poner en marcha la Comisión debe completarse antes de que podamos empezar a debatir las diversas medidas posibles. Por consiguiente, nos abstenemos de votar.
Informe McKenna
Ahlqvist, Andersson, Lööw y Waidelich
Nuestro apoyo al informe McKenna y, con él, la invitación al Consejo de que adopte un IV Programa de desarrollo plurianual, no deben interpretarse como si apoyásemos la propuesta presentada por la Comisión en todos sus aspectos. Los recortes en las flotas pesqueras de los países miembros deben estar en proporción con los actuales recursos pesqueros. La tosca propuesta de la Comisión carece, por lo que se refiere a la opinión sueca y teniendo en cuenta entre otras cosas el llamado informe Lassen, de motivación ecológica en sus aspectos esenciales, y por lo que respecta al pescado del mar Báltico.

Política rural europea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0301/96) del Sr. Hyland, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la política rural europea y la creación de una Carta Rural Europea.

Hyland
Señor Presidente, quería comenzar haciendo constar en acta mi agradecimiento a los diputados que participaron en la elaboración del informe, el cual trata de una amplia y nueva área de la política de la UE. Prometí que reflejaría al máximo las opiniones de los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de otras comisiones, así como las de organizaciones y personas interesadas que están deseando que surja un nuevo planteamiento integral del problema rural. El informe, espero, es un reflejo fiel de dicho consenso. Deseo también que conste en acta mi agradecimiento por el interés que han demostrado el Comisario Fischler y sus funcionarios.
Todos los Estados miembros experimentan grandes dificultades para abordar el problema de la crisis del campo y el problema socioeconómico más amplio del desequilibrio entre las zonas rurales y urbanas. El informe toma en consideración la diversidad de estos problemas en diferentes países y la necesidad de que toda nueva iniciativa se aplique con flexibilidad. Sin embargo, he primado la importancia de la agricultura y de las explotaciones familiares en la economía rural y, aunque la agricultura no basta por sí misma para mantener una comunidad rural viable y viva, es, en mi opinión, el eje económico en torno al cual giran otras actividades económicas.
Aunque no lo vi en mi escrito, era inevitable que los diputados se refirieran a la política agraria común y las referencias a este respecto no pretenden representar una postura definitiva en esta importante área política sobre la que, sin duda, el debate continuará tomando como base el documento de debate de la Comisión.
En un momento en que la creación de puestos de trabajo ocupa un lugar muy destacado dentro de los asuntos a tratar por el Parlamento, a los que se nos han encomendado responsabilidades en el área de la agricultura nos corresponde presentar propuestas dirigidas a aprovechar al máximo el potencial de la totalidad de nuestros recursos del campo, con el propósito de estabilizar las actuales estructuras rurales y crear nuevas áreas de empleo, incluido trabajo para los que no participen directamente en las actividades agrarias. Creo que en el informe se especifican estas áreas, comenzando por la función primaria de transformar alimentos y crear empleo a través del proceso de añadir valor en el sector alimentario. Pero, como ya he dicho, se reconoce asimismo que la agricultura por sí misma no mantendrá la viabilidad de estas zonas.
El informe habla también de la utilización de los recursos humanos de la Comunidad y de la voluntad de los habitantes del campo, si se les da la oportunidad, de planear cuidadosamente programas para intervenir en la tarea del desarrollo rural. Soy de la opinión de que ello exige un planteamiento integral, que incluya que los gobiernos nacionales y regionales de la UE trabajen en tándem con la comunidades locales, a fin de aprovechar al máximo el potencial de nuestros recursos del campo y humanos. Doy importancia a la infraestructura pueblos/pequeñas ciudades y a la necesidad de mantener servicios comunales esenciales, y añadiría que la oferta y mejora de estos servicios no puede evaluarse siempre desde el punto de vista exclusivamente económico, sino que debe tomar en consideración su dimensión social más amplia o los problemas derivados de la expansión excesiva y no planificada de las comunidades urbanas.
El informe habla de la importancia y el potencial del medio rural y del papel de sus habitantes en conservarlo intacto para las futuras generaciones. Señala asimismo sus posibilidades económicas de crear empleo en ámbitos como el turismo rural y, también, su trascendencia como base sostenible de la cultura y tradiciones europeas. Aborda igualmente el reto de proporcionar recursos energéticos alternativos, que es una empresa con base en el campo, y también la importancia de adaptar las PYME a las necesidades locales y, en particular, iniciativas como el programa LEADER.
Se señala igualmente como empresa sostenible la silvicultura planificada, que proporciona a la vez ingresos económicos a los agricultores y oportunidades de empleo a la población rural. El informe se ocupa de las necesidades sociales de la vida rural y la necesidad de que haya suficientes escuelas, servicios postales y de comunicaciones y también una infraestructura de carreteras adecuada. Se hace especial mención al papel de la mujer en la sociedad rural y a la necesidad de crear las condiciones sociales necesarias para apoyar a las que trabajan fuera del hogar y a las que están ocupadas en empresas agrícolas y empresas rurales de otro tipo.
La decadencia de las comunidades rurales suele atribuirse a los avances de la tecnología y, aunque esta afirmación puede ser cierta hasta cierto punto, creo que el advenimiento de nuevas tecnologías avanzadas de la comunicación, como Internet, ahora pueden usarse para invertir la tendencia y crear nuevos puestos de trabajo en las áreas rurales de toda la Comunidad.
Concluyendo, el informe presenta argumentos a favor de un nuevo enfoque coordinado de una política rural sostenible, que sitúe a las personas en el centro del proceso de desarrollo, y pide el establecimiento de un nuevo fondo especialmente destinado al nuevo programa, que mantenga a las zonas rurales de la Unión Europea en un lugar central dentro de los objetivos económicos y sociales más amplios de este Parlamento y sus instituciones.

Seillier
Señor Presidente, señorías, como ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación quiero agradecerle al Sr. Hyland que haya integrado en su informe las conclusiones que nuestra Comisión ha aprobado por unanimidad. El principio de una Carta Rural Europea, que brinda un marco global a la acción comunitaria en este ámbito merece, por supuesto, todos nuestros apoyos.
Quisiera recordar que, efectivamente, desde el inicio de la política agrícola común en 1961 hasta 1975 ha desaparecido un agricultor cada minuto. En el transcurso de 1995, el Comisario de Agricultura, Sr. Fischler, declaró ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que entre 1995 y el año 2000 desaparecerían otros tres millones de agricultores. Esto supone que en los próximos cinco años desaparecerán siete agricultores cada ocho minutos.
Esta evolución plantea graves problemas a todos los niveles: el nivel económico, por supuesto, pero también, como lo han subrayado algunos colegas, el nivel social, y añadiré el nivel cultural, en términos de apuesta vital de civilización. Durante toda la historia europea e incluso después de la Primera Guerra Mundial, el mundo rural ha sido la base de la organización de la sociedad y el fundamento de nuestra cultura, en todos sus aspectos, durante siglos en común y en simbiosis con lo que ocurría en las ciudades. Las ciudades estaban entonces en simbiosis con el mundo rural, lo que le ha dado un carácter muy particular a la civilización europea.
Este equilibrio, como se ha dicho, se ha roto. Así pues, debemos ser creativos e imaginativos. En términos de política cultural es importante desarrollar en las zonas rurales el interés por la historia local, cosa que, gracias a Dios, se está desarrollando y el interés por la valorización de las tradiciones populares, elemento clave para el turismo rural y a la vez necesario para el empleo rural y para la supervivencia del espacio rural en su integralidad así como para el equilibrio de la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, necesitamos inventar una nueva simbiosis entre el mundo de la ciudad y el mundo rural.
Respecto a la juventud, es importante destacar que el problema de la desertización del campo es el del envejecimiento de la población agrícola. Es necesario, por lo tanto, crear una política activa que permita responder a los problemas específicos de educación y de formación del entorno rural. Nadie quiere sacrificar la educación de sus hijos. Actualmente sabemos lo importante que es esto y debemos desarrollar el empleo juvenil en torno a actividades vinculadas, por supuesto, a la agricultura pero también al mundo rural. En este sentido son viables innovaciones atrevidas, relacionadas con la preocupación ecológica de nuestros conciudadanos.
La agricultura se ha desarrollado en torno a organismos de mutuas y cooperativas que han permitido el desarrollo, no sólo en términos de producción agrícola sino de mejora de la calidad de vida de las familias del sector agrícola. Es necesario que organismos como las mutuas agrícolas, los bancos agrícolas, los seguros agrícolas, los centros de formación y las casas familiares rurales participen en esta política rural. Tienen una tradición, nos pueden enseñar muchas cosas y nos conviene mucho trabajar con ellos en este ámbito.

Campoy Zueco
Señor Presidente, señorías, el mundo rural está en situación precaria, en franca decadencia. Sufre la presión de los nuevos tiempos y el contagio del carácter urbano. Por ello, celebro que este Parlamento se preocupe de trazar un marco que posibilite el espacio rural, para que la Comisión se ocupe de proponernos un modelo social y económico que sirva para afrontar con tiempo y racionalmente una situación apremiante.
Esta carta rural va a ser la contribución de este Parlamento a la conferencia sobre «Europa rural» que tendrá lugar en Irlanda en los primeros días de noviembre. Por ello, debemos felicitarnos y felicitar al ponente Sr. Hyland, por su excelente trabajo en cuanto a su orientación y contenido, y porque es integradora de otras opiniones, en este caso la de la Comisión de Política Regional.
El espacio rural debe contemplarse desde una triple perspectiva: sociológica, como mundo a promocionar y desarrollar; ecológica, como zona a ordenar y proteger; y cultural, como lugares en los que se encuentran los principios y tradiciones que han dado origen a la conciencia colectiva. Se sitúa pues la problemática de las áreas rurales, por un lado, en el ámbito de la ordenación del territorio y, por otro, en su recuperación económica que pasa por un proceso de reconversión, de diversificación económica.
La Carta rural europea que se propone a la consideración de esta Cámara es una estrategia de reequilibrio del territorio europeo incitando a mantener la cultura rural en la Unión Europea, y es también un instrumento de ordenación del territorio, de coordinación de todas las políticas comunitarias que influyen sobre el mundo rural. Ese ejercicio centrado en las áreas rurales tiene que integrarse en una visión global del territorio que permita equilibrar las opciones prioritarias en el binomio rural periferia-aislamiento frente al urbano central-congestión. Aislamiento y deficiencia de servicios básicos, como salud y enseñanza son sus características; mantener el medio ambiente, evitar los costes de la desertización, preservar el equilibrio territorial, es decir, la rentabilidad social, es razón suficiente para mantener la actividad económica y la población en las zonas rurales. Consideraciones más amplias de cohesión económica y social, de igualdad de oportunidades, de equidad en el acceso a los servicios e infraestructuras refuerzan este planteamiento.
Este es el sentido de la aportación de la Comisión de Política Regional a la Carta rural europea, porque si bien hay deficiencia en el mundo rural de servicios básicos, como salud y enseñanza, no puede abordarse de forma separada en todos y cada uno de los lugares del mundo rural. El desarrollo de centros urbanos medianos favorece la descentralización necesaria en cuanto a actividades económicas y servicios y genera al mismo tiempo la dinamización de las áreas rurales próximas y la autosuficiencia de la zona contribuyendo de ese modo a la calidad de vida del espacio rural y a paliar los problemas de congestión de las grandes urbes.
El papel que pueden jugar las ciudades medianas, cabeceras de comarca, merece una atención particular. Estimo de todo punto necesario para el futuro del mundo rural que los Estados aborden con financiación de la Unión proyectos de cooperación entre municipios en torno a dichos centros medianos para ofrecer en común servicios e infraestructuras.
Solicito un voto favorable a esta Carta rural de Europa que considera el espacio rural como una oportunidad frente a las dificultades cada vez mayores de las concentraciones urbanas, y que indica las grandes líneas directrices para que sea la Comisión la que proponga las medidas necesarias para establecer una política que desarrolle las comunidades rurales y las mantenga permanentemente viables.

Thomas
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Hyland por su trabajo en este informe. Es de vital importancia para la gente a la que represento y para tantas otras personas de toda la Unión Europea. Este reconocimiento de los problemas específicos y de las necesidades de las áreas rurales es, espero, la primera fase de una revisión fundamental de la estructura y naturaleza de la asistencia financiera que reciben.
Durante demasiado tiempo hemos dirigido recursos hacia el desarrollo de una industria agraria, cuyo beneficios han sido reducidos para la comunidad rural en sentido amplio. La continuación de la reforma de la PAC liberará fondos que deberían utilizarse para transformar la política agraria común en una política rural común en la que la agricultura siga desempeñando un papel esencial pero cuyo principal objetivo sea garantizar el bienestar económico y social de las comunidades rurales.
Aunque dichas comunidades compartan una serie de características comunes, al crear una política rural común debemos tener cuidado de reconocer además la diversidad, los puntos fuertes y débiles que aparecen a lo largo y ancho de la Unión. Nuestro fin debería ser crear un marco dentro del cual puedan definir su prioridades los interlocutores locales y participar en la modelación de programas para garantizar que aporten el máximo beneficio. Apoyando este informe, podemos añadir nuestra voz a la llamada en favor de una política de desarrollo local, pero la política solo tendrá éxito si escuchamos la voz de todas nuestras comunidades rurales.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quiero dar cordialmente las gracias al ponente. Sobre el Informe Hyland cabe la siguiente afirmación: en mi opinión, el desarrollo de los espacios rurales es factible solamente a través de una agricultura competitiva. Esto vale para todo el ámbito de la UE. El espacio rural no debe degenerar en una representación folklórica.
Cuando ahora, a comienzos de noviembre, se discuta en Cork, Irlanda, sobre el desarrollo futuro, hay que decir ante todo que el espacio rural no es una magnitud residual. El 50 % de las personas viven en él, pero sólo el 20 % encuentran su puesto de trabajo en el espacio rural; todos los demás son trabajadores que diariamente van y vuelven de su casa a la ciudad. Estas cifras son muy semejantes en todos los países de la UE. El espacio rural es considerado de buen grado como un recurso funcional y de servicios para los espacios industriales urbanos congestionados. Sin embargo, esta consideración no basta como programa de desarrollo rural, ni tampoco contribuye por regla general a la estabilización de los mercados rurales de trabajo. No cabe ignorar el hecho de que los espacios rurales marginales de la UE son territorios siniestrados desde el punto de vista de la política de empleo. En épocas de precariedad de recursos la política regional clásica apenas podrá introducir modificación sustancial alguna.
Por lo demás, se han hecho manifiestas las dudas acerca de su eficacia. Por esta razón, para los espacios rurales marginales son urgentemente necesarias perspectivas razonables para personas con pocas oportunidades de implantarse sólidamente a medio y largo plazo en el mercado estandarizado de trabajo. Esperar solamente en los mecanismos del mercado es demasiado poco. Esperar solamente en los libros verdes y blancos de la Comisión es también, en mi opinión, demasiado poco. En Europa tenemos suficientes papeles. Por el contrario, hay esperanzas que están surgiendo del nuevo impulso del desarrollo regional autónomo que, por lo demás, ha encontrado ya entrada en la política europea.
El concepto de desarrollo regional autónomo atiende al aseguramiento del empleo en el ámbito rural sobre la base de iniciativas propias. Se pretende la integración de las personas en el mundo laboral y el mejoramiento de las oportunidades de unas rentas propias que sean independientes de la prestación de transferencias por parte del estado. Las ayudas estatales sólo pueden constituir una financiación de lanzamiento. Por esta razón el objetivo del desarrollo regional autónomo sigue siendo el descubrimiento de campos de actividad a través de la utilización creativa de los respectivos recursos del propio país. Debe desarrollarse un mercado de trabajo que tenga preponderantemente una orientación regional y surja del conocimiento de la situación de las personas, del paisaje y de la región. Las iniciativas individuales no convencionales y los pequeños proyectos pueden ser aquí especialmente útiles; pienso que las nuevas técnicas pueden ofrecer también nuevas oportunidades en el espacio rural. La pregunta decisiva es la siguiente: ¿Qué demanda específicamente regional existe? ¿Qué campos específicos de actividad cabe constituir en el espacio rural? ¿Cómo pueden comercializarse estos campos de actividad? El principio empresarial no debe dejarse fuera de juego en la medida de lo posible.

Ryynänen
Señor Presidente, quiero expresar mi felicitación al señor Hyland por su excelente trabajo con vistas a la elaboración de una Carta Rural. La política agrícola ya no es suficiente como instrumento de desarrollo rural, por lo que hace falta una política rural multidisciplinar y diversificada. El punto de partida ha de ser el respeto de las peculiaridades y de la riqueza cultural de las diferentes regiones.
Finlandia es uno de los países más rurales de Europa. De ahí la gran necesidad que tenemos de una política rural. En Finlandia, el requisito fundamental para lograr un medio rural activo y con capacidad de empleo lo constituye el aprovechamiento sostenible de los bosques. En 1991 se aprobó en Finlandia un programa de política rural de carácter global y progresista. El problema reside en la falta de los recursos necesarios para llevarlo a la práctica.
Han de mejorarse las condiciones de vida de los habitantes del mundo rural de manera que la gente pueda subsistir en su región natal y vivir en ella una vida plena. No se debe convertir el medio rural en reservas densamente pobladas. Debe realizarse una adaptación de la agricultura a las necesidades del mercado prestando atención a que no se desmantelen las antiguas actividades económicas antes de lograr que surja una nueva. Debe desarrollarse, tanto con apoyo comunitario como nacional, el saber hacer, la actividad empresarial y las infraestructuras. En particular, deben aprovecharse la amplia capacidad creativa y los conocimientos de las mujeres del medio rural para lograr productos de calidad, poner en práctica experiencias turísticas y otros servicios. Las nuevas redes de abastecimiento y las cadenas de calidad aumentan la eficacia de la diversificación de las actividades rurales y el desarrollo de pequeñas empresas. A la hora de prepararse para la ampliación hacia el Este es importante garantizar las posibilidades de desarrollo de las regiones periféricas de la actual Unión Europea y hacer que se comprendan los problemas específicos de las regiones septentrionales con escasa densidad de población.

Barthet-Mayer
 Señor Presidente, Señorías, ¿qué zonas rurales necesitamos en Europa?
La propuesta de Carta Rural Europea del Sr. Hyland constituye un documento estratégico para una futura política europea de desarrollo sostenible. El declive rural prosigue en la Unión Europea, especialmente en las zonas llamadas alejadas, como las del Sur de Europa y las zonas de montaña y de los macizos montañosos. Las desventajas de las zonas rurales pueden, sin embargo, convertirse en bazas, con una agricultura integrada, que lleve aparejado el empleo y esté estrechamente vinculada con el medio ambiente, la convivencia social, los paisajes, el turismo ecológico y el bosque, aspectos todos ellos reconocidos en la actualidad como propios del espacio rural.
Para que no quede en letra muerta, esta política debe ser apoyada y les emplazo, Señorías, a que entre todos velemos para que estas propuestas se apliquen realmente a través de acciones programadas. En el seno de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se ha podido alcanzar un consenso en torno al Sr. Hyland y lo felicito por ello.
Para que pueda actuar esta solidaridad, mi Grupo, la Colación Radical Europea, votará a favor de este informe.

Needle
Señor Presidente, yo también apoyo el excelente informe Hyland. Me recuerda que hace algún tiempo visité la embajada de un Estado miembro en Tokio. Un funcionario de allí me dijo que mi región rural no necesitaba ninguna inversión exterior puesto que todos sus habitantes son granjeros ricos. Enseguida le convencí de lo contrario. Difícilmente podría haber estado más equivocado, porque cumplimos los requisitos para optar a ayudas del Objetivo 5b. De hecho, el periódico inglés The Guardian mostraba la semana pasada cómo uno de cada cuatro ciudadanos europeos que habitan en zonas rurales viven de hecho en la pobreza. Esto afecta en particular a los jóvenes, a los jubilados y a las mujeres, que con frecuencia se enfrentan a la exclusión social y económica. A pesar de todo, hay buenas ideas.
La semana pasada sin ir más lejos inauguré un brillante proyecto de LEADER II en un pequeño lugar llamado Swanton Morley, donde todas las instancias de los sectores público y privado se han unido para beneficiar a un pueblo que atraviesa grandes dificultades. Necesitamos más acciones como ésta que partan de los niveles básicos, con el respaldo de la Unión Europea. Por ello un enfoque coherente y estratégico debe ir mucho más allá de la agricultura. Debe reconocer los rápidos cambios demográficos, sociológicos y tecnológicos que se están produciendo. Debe incluir a las comunidades en asociaciones.
Por todo ello doy la bienvenida al informe Hyland -aunque no carezca de defectos- según queda con las enmiendas de la comisión. Espero que sea un buen acicate para los participantes de la próxima conferencia, contribuyendo a producir los verdaderos cambios fundamentales que necesitamos para reformar las políticas rurales europeas.

Gillis
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Hyland por su informe. El texto que tenemos ante nosotros es una contribución valiosa al futuro desarrollo de las áreas rurales. Fue aprobado unánimemente por nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y nos proporciona argumentos muy útiles a favor del desarrollo económico y social. La resolución señala con razón la necesidad de desarrollar en las áreas rurales oportunidades laborales distintas de la agricultura. Estoy plenamente de acuerdo con este objetivo que ayudará a prevenir algunos de los problemas de superpoblación y medio ambiente relacionados con las grandes ciudades.
La primera prioridad de la política rural es crear nuevo empleo ampliando o fomentando las pequeñas empresas existentes y atrayendo nuevas actividades secundarias y terciarias a las áreas rurales. La producción de productos regionales de alta calidad, sobre todo alimentarios, es esencial para que muchas de nuestras áreas rurales puedan salvarse del despoblamiento. Sea cual sea el coste de desarrollar las economías de las áreas rurales, será mucho más costoso a largo plazo si no se ponen los medios para un desarrollo equilibrado tanto de la ciudad como del campo.
La mención en el proyecto de Carta Rural de una nueva reforma de la Política Agraria Común es algo que me causa preocupación. Tuvimos una reforma a fondo de la PAC en 1992. Dada la actual crisis del sector de la carne de bovino, sería mejor evitar nuevas reformas por lo menos mientras no hayamos controlado la crisis actual. Sin unas garantías a largo plazo no estoy seguro de que sea sensato hablar, como hace la propuesta, de adaptar aún más la agricultura al mercado, porque esto suele significar precios más bajos y mayores costes para los habitantes de las áreas rurales. Estoy deseando ver un documento de la Comisión con propuestas concretas que lleven a efecto muchas de las útiles ideas presentadas en la carta propuesta.
Deseo felicitar a mi colega, el Sr. Hyland, por el trabajo que ha invertido en el informe y decirle que lo apoyo firmemente.

Hallam
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Hyland por su informe y decir que es bueno que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya tenido la iniciativa de impulsar esta carta en el Parlamento.
El campo, claramente, no es un museo: en él hay comunidades vivas que ofrecen mucha riqueza y servicios a todos nuestros ciudadanos europeos. Debemos mirar hacia el futuro y proteger con mimo el carácter distintivo de las áreas rurales. Debemos evitar los peligros gemelos de las suburbanización y el despoblamiento. Esto significa, sobre todo, dar trabajo y esperanza a la gente joven. Por ejemplo, tendría que haber oportunidades para los jóvenes agricultores, zonas industriales modernas y ligeras al borde de las ciudades de mercado, un fácil acceso a la superautopista de la información, un desarrollo sensato del turismo y los usos recreativos y nuevas funciones no alimentarias para nuestra población activa rural especializada.
Doy la bienvenida a esta Carta. Creo que la edad dorada de las áreas rurales de Europa se encuentra en el futuro y no en el pasado.

Cresson
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión felicita al Sr. Hyland por su excelente informe. Se congratula también por las tareas de reflexión llevadas a cabo en el seno del Parlamento Europeo sobre la política europea de desarrollo rural. Estos trabajos y el proyecto de informe que hoy debatimos vienen como anillo al dedo porque contribuirán a lanzar cierto número de mensajes en la Conferencia sobre desarrollo rural que se celebrará en Cork del 7 al 9 de noviembre próximos, Conferencia que permitirá ahondar en la reflexión sobre la base de los resultados obtenidos y fijar orientaciones en cuanto al futuro de la política de desarrollo rural de la Unión.
En lo relativo al proyecto de resolución, la Comisión comparte básicamente de las afirmaciones expresadas, en particular en lo referente a la necesidad de que se tengan en cuenta, para la aplicación de la política de desarrollo rural, todos los elementos de la vida económica y social de las zonas rurales. Una política rural que no es una vertiente de la política regional, ya que tiene por objeto cubrir todo el territorio rural de la Unión Europea, que no se limita a las regiones más desfavorecidas ni a aquéllas en fase de adaptación estructural. Se trata, por lo tanto, de una política autónoma cuya necesidad ha hecho que se considere el desarrollo rural como prioridad política en el Tratado de la Unión Europea.
Este reconocimiento político al más alto nivel es, sin duda alguna, una base sólida para reforzar la política comunitaria de desarrollo rural y para afrontar los desafíos que nos esperan.
La Comisión comparte el punto de vista del Sr. Hyland acerca de la necesidad de un desarrollo integrado de las zonas rurales con el fin de dinamizarlas. Este es uno de los ejes recogidos en el documento de estrategia presentado por la Comisión en Madrid en diciembre de 1995, en el que el desarrollo rural se orientaba hacia actividades agrícolas y no agrícolas, a través de una política de diversificación activa y el desarrollo de una política multisectorial.
Como lo subraya el informe Hyland, esta política multisectorial que reúne distintos enfoques: económico, agrícola, social y medioambiental, es el mejor medio para responder a las diversas necesidades de las zonas rurales, para poner de manifiesto sus bazas y combatir los problemas estructurales, tales como el envejecimiento de las poblaciones, el declive de algunas actividades y la deslocalización de las industrias.
El informe subraya algunos problemas urgentes a los que debe enfrentarse el mundo rural, y hace propuestas constructivas. Me refiero aquí, concretamente, a la prioridad del empleo, a la igualdad de oportunidades, a la mejora de la calidad de los productos agrícolas, a la protección del medio ambiente y al desarrollo de las infraestructuras y de los servicios.
La política de desarrollo rural trata de dar respuesta a estos problemas y las prioridades políticas que se ha fijado corresponden a los problemas y a los retos tal como los define perfectamente el informe Hyland. A este respecto, el problema del empleo y del paro, que no perdona en absoluto a las zonas rurales, está en el centro de nuestras preocupaciones y constituye uno de los objetivos prioritarios de las intervenciones estructurales. Ocurre lo mismo con la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, ámbitos en los que se concentran una parte sustancial de los créditos destinados a la política del desarrollo rural.
De hecho, el fomento del desarrollo de las zonas rurales constituye una proridad para la Unión, no sólo por razones económicas y sociales sino también en términos de protección del medio ambiente. El éxodo rural se salda, por lo general, con un exceso de urbanización, con las consecuencias sociales negativas y los costes suplementarios que esto supone, tanto para las zonas rurales como para las zonas urbanas. Por lo tanto, nos incumbe a todos nosotros -y la Comisión es muy consciente de ello- procurar que la diversidad y la belleza de los paisajes y del patrimonio europeo queden preservados para las futuras generaciones.
En su propuesta el ponente plantea de modo pertinente el problema de la definición de las zonas rurales. La diversidad misma del mundo rural dificulta mucho las cosas al basarse en un criterio simple y representativo. En realidad, no hay ninguna zona rural típica y representativa. La Comisión comparte con el Sr. Hyland la opinión de que no se conseguirá reflejar fielmente la diversidad de las zonas rurales de la Unión si se utiliza la densidad de población como único parámetro. Por este motivo proseguimos nuestros trabajos y procuraremos que la definición que propongamos englobe otros parámetros aparte de la densidad de población, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones en las zonas rurales, como se recoge por cierto en la propuesta de resolución.
En definitiva, hemos tomado nota con mucho interés de la propuesta de crear un fondo específico de desarrollo rural, que permita financiar todas las acciones en el marco de un desarrollo rural integral y que tenga por objetivo aportar eficacia, flexibilidad, transparencia y simplificación de la gestión de las intervenciones comunitarias en favor del mundo rural. Este es uno de los temas que, sin duda, se debatirá dentro de unos días en Cork.

El Presidente
Muchas gracias, señora Cresson.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Mercancías resultantes de la transformación
de productos agrícolas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0264/96) del Sr. Gillis, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 3448/93 del Consejo por el que se establece el régimen de intercambios aplicables a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas (COM(96)0049 - C4-0156/96-96/0039(CNS)).

Gillis
Señor Presidente, la propuesta de reglamento del Consejo tiene por fin modificar el Reglamento 3448/93 por el que se establece el régimen de intercambios de la UE para productos no incluidos en el Anexo II, es decir, productos resultantes de la transformación de productos de la industria de transformación del sector primario. Estos productos, debido a su doble naturaleza agrícola e industrial reciben, a efectos de la importación, tanto protección industrial como protección agrícola. Esta última compensa la diferencia entre el precio en la UE y el precio en el mercado mundial de las materias primas agrícolas utilizadas en su fabricación.
Después de la entrada en vigor de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de negociaciones internacionales, la Comunidad negoció varios acuerdos del GATT, entre ellos el de agricultura. Los acuerdos modificaron el método para determinar los derechos de importación sobre ciertas mercancías. También prevén la posibilidad de imponer derechos adicionales a otras mercancías. Imponen un grado de disciplina a la concesión de restituciones para los productos agrícolas no incluidos en el Anexo II del Tratado.
Las razones por las que hace falta modificar el reglamento son dos. En primer lugar, es necesario adaptar la protección agrícola según la tarificación del GATT/OMC. Por lo tanto, deben hacerse algunos cambios en el Reglamento 3448 a fin de suprimir las disposiciones que han perdido vigencia. En segundo lugar, es necesario añadir ciertas normas de gestión para garantizar el cumplimiento de los compromisos relativos a las restituciones a la exportación dentro del GATT. Como ponente, he mantenido amplias consultas con diversos representantes de la industria alimentaria. Aunque no veo ningún problema global con la propuesta a raíz de las conversaciones sobre el terreno, he incorporado una enmienda que considero puede ser muy provechosa.
La propuesta de la Comisión, en su forma actual, prevé la introducción de un sistema de certificados de restitución. Desde mi punto de vista, el sistema es demasiado rígido e impone a la industria una carga innecesaria. Por lo tanto, he sugerido que lo hagamos optativo. Para que haya la posibilidad de certificados de restitución y que sea más flexible, sugiero que esto se decida de conformidad con el procedimiento del comité de gestión definido en el artículo 16.
Puede aducirse que a estas alturas no necesitamos certificados en absoluto. Sin embargo, es imposible predecir cómo será la evolución de los precios en los próximos tres o cuatro años o incluso más. Mientras tanto, los techos del GATT para las restituciones a la exportación que han de pagarse por productos transformados se están reduciendo año tras año y se están haciendo mucho más restrictivos. Es esencial contar con un mecanismo sencillo para garantizar que se respeten nuestros compromisos con el GATT. Instaurando ahora el sistema estaremos asegurándonos un camino mucho más llano en el futuro.
Creo que la modificación que hecho permite la necesaria flexibilidad de la que carece la propuesta de la Comisión y, con dicha enmienda, no tengo problema para aprobar la propuesta.

Hardstaff
Señor Presidente, no deseo añadir nada a lo que ha dicho nuestro ponente aparte de darle las gracias y expresarle el apoyo de nuestro grupo por su trabajo al elaborar este informe sobre modificación de las disposiciones para cumplir el GATT. Apoyamos su propuesta de reducir los trámites burocráticos adicionales que hacen falta al hacer la adaptación al nuevo sistema y garantizar con ello el cumplimiento de las estipulaciones del GATT.

Cresson
Señor Presidente, quiero agradecerle a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, más concretamente, a su ponente, el Sr. Gillis, la atención que se le presta a la propuesta de reglamento que modifica el Reglamento (CE) nº 3448/93.
Como recuerda el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, esta propuesta aporta, básicamente, modificaciones técnicas al régimen de intercambios aplicables a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas que no están incluidas en el Anexo II del Tratado. Estas modificaciones son necesarias tras la tarificación de los aranceles de importación sobre los productos agrícolas, decidida en las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay.
La propuesta de modificación ya ha sido examinada por el Consejo así como por parte de la industria y, de manera general, ha sido aprobada. Sin embargo, hay un punto que ha planteado dificultades y que se refiere a las medidas de regulación para la concesión de las restituciones a la exportación. A este respecto, la Comisión ha optado por un enfoque similar al que aprobara el Consejo en materia de exportación de productos agrícolas. Sin embargo, la propuesta tiene en cuenta el hecho de que las mercancías no recogidas en el Anexo II, a diferencia de los productos agrícolas, sólo son objeto de un compromiso respecto a la OCM en términos de importes de las restituciones que puedan concederse anualmente y no en términos de cantidad de mercancías exportadas.
Se han presentado dos enmiendas en relación con este enfoque. El primer proyecto de enmnienda prevé la aprobación eventual de un certificado de restitución con arreglo al procedimiento del comité de gestión cuando sea necesario. Para apreciar el alcance de esta enmienda quisiera hacer dos observaciones. Por un lado, es preciso que se tomen a tiempo medidas complementarias respecto a aquellas que existen actualmente para que realmente se pueda garantizar el respeto de nuestros compromisos. Por otro lado, para poder garantizar la concesión de las restituciones a los exportadores potenciales de mercancías no recogidas en el Anexo II es preciso que se aprueben estas nuevas medidas, y ello antes de que nos veamos efectivamente ante las limitaciones derivadas de los acuerdos de la Ronda Uruguay.
La primera enmienda propuesta por el Parlamento Europeo no se opone a ello y recuerda, asimismo, la voluntad de la Comunidad de garantizar el respeto de sus compromisos. Por ello la Comisión puede aceptar dicha enmienda. Sin embargo, es importante que ya en esta fase se elaboren medidas necesarias para permitir, por un lado, que la Comunidad garantice el respeto de sus compromisos internacionales y, por el otro, que los exportadores puedan seguir exportando y sepan con antelación el importe de la restitución al que tendrán derecho si así lo desean. Por lo tanto, para garantizar el respeto de los compromisos de la Comunidad suscritos con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 9 del acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de la Ronda Uruguay, la Comisión deberá poder reducir los tipos aplicables a la restitución, o bien suspender su concesión durante el tiempo estrictamente necesario. Esto, además, es lo que prevé el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 3448/93, tal como lo modifica la presente propuesta.
En lo relativo a la segunda enmienda, debemos recordar que el apartado 6 del artículo 8, cuya modificación se propone, define las competencias de la Comisión en caso de introducción de certificados de restitución al tiempo que se garantiza la coherencia del Reglamento con los demás reglamentos ya aprobados por el Consejo, relativos a la adaptación de la política agrícola común y al acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de la Ronda de negociaciones multilaterales de Uruguay. Este apartado 6 deberá adaptarse probablemente con el fin de tener en cuenta las modificaciones aportadas por la primera enmienda. Sin embargo, la enmienda propuesta aquí simplifica demasiado las modalidades, que deberán ser fijadas por el procedimiento del comité de gestión. Por lo tanto, no puede aceptarse en su forma actual.

El Presidente
Muchas gracias, señora Cresson.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Andersson y Waidelich
Damos la bienvenida al replanteamiento del proteccionismo de la UE en torno a la política agrícola, de conformidad con los acuerdos del GATT. Toda adaptación de la PAC a estos compromisos es un paso en la dirección correcta. Esto también es cierto desde la perspectiva de la ampliación hacia el este. Finalmente, estamos convencidos de que es inevitable una reforma profunda de la actual política agrícola común si queremos que la ampliación se produzca sin obstáculos. La PAC debe en adelante existir dentro del marco adecuado para unas medidas que puedan verse como beneficiosas para el medio ambiente y para el desarrollo rural, además de ser independiente con respecto a las influencias directas del sector productor.

Aceite de oliva
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0977/96) de los diputados Colino Salamanca, Jacob, Fraga Estévez, Redondo Jiménez, Filippi, Campos, Cunha, Fantuzzi, Jové Peres, Arias Cañete y Rosado Fernandes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre la reforma en el sector del aceite de oliva.

Colino Salamanca
Señor Presidente, el Comisario Sr. Fischler confirmó días pasados que se habían propuesto medidas para la reforma de la organización común del mercado del aceite de oliva, que se encuentra en estos momentos en estudio en la Comisión Europea.
La importancia del sector, casi cinco millones de hectáreas de superficie dedicada al olivar, una producción en torno a 1.400.000 toneladas de aceite de oliva, su localización en el sur de la Unión Europea y más específicamente en zonas donde no existen otras alternativas, su contribución en muchas comarcas para generar los únicos empleos disponibles, el papel predominante de la Unión Europea en el mercado mundial y la situación de un mercado que ofrece fundadas razones para pensar que el consumo de aceite puede seguir incrementándose, parecen razones por sí solas que deberían haber aconsejado al Comisario responsable proceder de manera similar a como se hizo en el caso del vino, en el sector de frutas y hortalizas o en el caso de algunos productos continentales; es decir, abriendo un debate donde a partir de las reflexiones de la Comisión, de la identificación de los problemas, de las implicaciones medioambientales, sociales y de desarrollo rural del olivar, del desarrollo y evolución de la renta de los olivareros, de la situación de la industria y del comercio y de la concurrencia con otras clases de aceites vegetales, se hubieran propuesto las soluciones oportunas.
Por el contrario, sin esa reflexión, sin que los interesados en esos productos, bien sean organizaciones de productores, organizaciones profesionales de industria aceitera o administraciones regionales, hayan tenido la menor oportunidad y posibilidad de hacer llegar sus puntos de vista, el Comisario lanzó una propuesta que habrá de provocar una dura reconversión en todo el sector.
La misma naturaleza de las medidas de reforma anunciada (ayuda al árbol y un mercado sin intervención) debiera haber sido un estímulo para introducir ese debate en los medios profesionales antes de proceder sin más a presentar las propuestas.
Exigimos pues, y lo hago en nombre de la Comisión de Agricultura, que la Comisión Europea explicite en un documento previo transmitido al Parlamento Europeo qué objetivos pretende cubrir con las propuestas de reforma, y sobre todo que las medidas estén en consonancia con otras políticas, sean éstas de empleo, de desarrollo rural, de política regional o medioambiental. Esta reflexión es más necesaria que nunca si tenemos en cuenta que, en términos generales y sin un elevado coste para el presupuesto comunitario, aproximadamente el 5 %, la actual organización común de mercados ha funcionado con normalidad mejorando la renta de los olivareros, modernizando las técnicas de cultivo y las explotaciones, mejorando la calidad del producto, modernizando el sector industrial y permitiendo, en definitiva, una clara posición dominante ante un futuro comercial abierto.
Si la alternativa a la situación actual ha de ser un sistema que haga más complejos los sistemas de control, eludiendo la Comisión Europea sus propias responsabilidades, o que suponga la puesta en marcha de mecanismos que provoquen el abandono de técnicas de cultivo y, en consecuencia, el descenso de la producción, que deterioren el medio rural y provoquen la disminución de la mano de obra contratada, o que supongan un riesgo de desabastecimiento y la pérdida de competitividad del sector europeo en los mercados internacionales, o que provoquen problemas en el sector transformador y comercializador o que conduzcan a una degradación medioambiental por erosión, desertización, enfermedades, plagas o incendios, la Comisión Europea estaría cometiendo un grave error.
Por ello, insisto en que hay que abrir un debate a partir de las reflexiones que haga la propia Comisión y ésta será a mi juicio la mejor contribución para que el olivar siga siendo fuente de riqueza, generador de un elevado número de puestos de trabajo e impulsor de la economía de amplias zonas del sur de Europa, y para perpetuar una cultura ligada a estos árboles sin la cual difícilmente se podría entender la realidad de amplias zonas del Mediterráneo.
Aprovecho la ocasión de la presencia de la Comisaria Sra. Cresson para compartir con ella las preocupaciones, ella ha conocido de cerca estos problemas, y para pedirle que transmita a la Comisión la sensibilidad para que este tema pueda ser objeto de un amplio debate en el seno de la Unión Europea.

Cresson
Señoría, le agradezco su pregunta. Tal como usted dice, la Comisión ha procedido a un examen previo de la necesidad de reformar la organización común de mercado en el sector del aceite de oliva. Este debate se ha desarrollado a nivel de los jefes de gabinete y la reunión ha llegado a la conclusión de que el Sr. Fischler presentaría un análisis detallado del sector a mis colegas de la Comisión. Seguidamente, este análisis, acompañado de una propuesta concreta de reforma de la organización común de mercado en el sector del aceite de oliva, sería presentado al Parlamento y al Consejo en un plazo breve.
La Comisión reconoce la importancia que reviste el sector del aceite de oliva para la cultura, la prosperidad y el empleo local en algunas regiones mediterráneas. En el documento de análisis se tratarán las implicaciones económicas, socioculturales y medioambientales de una modificación del régimen, y la Comisión tiene la intención de crear, a nivel de la Comunidad y a nivel de Estado miembro, unas medidas lo suficientemente flexibles como para garantizar que la reforma de la organización común de este mercado refuerce el papel de la producción y de los intercambios del aceite de oliva en las regiones en que el cultivo del olivo es un medio de subsistencia.
La Comisión reconoce asimismo que la organización común de mercado en el sector del aceite de oliva se ha visto caracterizada por graves problemas de control y de fraude, que afectan al conjunto de los mecanismos previstos por el régimen, sobre todo en lo referente a las ayudas a la producción y al consumo así como a la intervención.
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento y el Tribunal de Cuentas han pedido en repetidas ocasiones que intervenga la Comisión para poner orden en este asunto. Esto es lo que tenemos que hacer con total lealtad pero con firmeza, sin perjudicar a los numerosos productores y comerciantes honrados de la Comunidad. Si bien es cierto que en el pasado y en algunos sectores la Comisión decidió presentar un documento de reflexión al Parlamento y al Consejo antes de presentar una propuesta formal, la urgente necesidad de simplificar y de reforzar la organización común de mercado del aceite de oliva se opone en este caso a tal modo de proceder. Tiempo habrá para que examinemos el problema de la reforma en el Parlamento y en el Consejo sobre la base del análisis y de la propuesta de reforma.

El Presidente
Muchas gracias, señora Cresson. Como médico, me veo obligado a aconsejarle que cuide usted su resfriado. Un resfriado mal curado puede tener después consecuencias malas.

Lambraki
Señor Presidente, la Comisión prometió presentar su propuesta a finales de 1995, pero las constantes postergaciones y correcciones parecen habérselo impedido hasta la fecha. Estas postergaciones y correcciones, que es lo que quiero subrayar, no se han producido mediante un diálogo con el Parlamento Europeo, los organismos sociales y las organizaciones profesionales a partir de un texto, sino han sido decididas exclusivamente por la Comisión en un contexto de casualidades y presiones, poniendo al sector del aceite de oliva y a sus productores ante un hecho consumado. Con esta táctica, la Comisión ha hecho caso omiso, por un lado, de la práctica seguida por ella misma en la revisión de los otros sectores, en los que presentó un documento sobre la problemática, mantuvo un debate exhaustivo sobre el mismo y, a continuación, presentó las propuestas finales basadas en las conclusiones del debate, y por otro lado de los países productores, que le habían instado a seguir un procedimiento análogo.
Tal negativa es tanto más incomprensible cuanto que la presentación de un documento sobre la problemática no sólo ayudaría a ampliar el diálogo público y crear el mayor consenso posible con respecto a la revisión del sector del aceite de oliva, sino que daría a la Comisión la posibilidad de enfrentarse a las presiones que, por lo visto, le han llevado a realizar reiteradamente correcciones del proyecto de reglamento y a postergar constantemente su dictamen.
Faltan apenas dos años para el comienzo de las negociaciones sobre la mayor liberalización del mercado mundial. El sector del aceite de oliva, que -lo advierto- es deficiente, se encontrará en una situación precaria. Hoy se requiere una solución que apoye tanto la calidad del aceite de oliva europeo como a los miles de productores de aceite del Sur de Europa.

Campoy Zueco
Señor Presidente, señoras y señores diputados, hemos escuchado la intervención de la señora Comisaria, y explica que en orden a las urgencias, en orden a que era necesario, se le pidió urgentemente control de las desviaciones por fraudes. Pero entendemos que ello no debe ser causa para no preguntar y para no dejar que reflexionen los distintos sectores.
Por ello, entendemos y apoyamos la solicitud del representante del Partido Socialista. Y al Sr. Comisario Fischler le pedimos, expresamente, en el nombre del Partido Popular Europeo que la Comisión presente un documento de reflexión antes de comenzar a actuar.

Cunha
Señor Presidente, lo que sabemos de la intención de la Comisión sobre la OCM del aceite lo sabemos, por desgracia, por los periódicos. Por eso, quisiera formular cuatro preguntas principales a la Comisión.
Primera pregunta: en los años en que participé en el Consejo, siempre que era necesario hacer una reforma importante, que se sabía desde el principio que era polémica, se elaboraba un documento previo de análisis, reflexión y perspectivas. Se celebraba un amplio debate y sólo después presentaba la Comisión oficialmente sus propuestas. ¿Por qué no ha seguido la Comisión este procedimiento en el caso del aceite?
Segunda pregunta: ¿cuál es el motivo de esta reforma de la OCM del aceite? ¿Por los excedentes? ¡No hay excedentes! ¿Por el costo presupuestario? ¡Lleva mucho tiempo estabilizado! ¿Por los fraudes? ¿Hay fraudes? Entonces, ¡que se persigan! Pero la de perseguir los fraudes no es por sí sola una razón objetiva para hacer una reforma de una OCM.
Tercera pregunta: nos consta que la Comisión se propone acabar con la intervención en el sector del aceite y crear una ayuda por árbol. ¿Por qué acabar con la intervención en el sector del aceite y no en los otros sectores, que son -esos sí- verdaderamente excedentarios? Es un misterio que me gustaría ver aclarado. ¿Por qué propone la Comisión para Portugal, por ejemplo, una ayuda del 40 % de la que propone para España o Italia y del 60 % de la que propone para Grecia? Si actualmente esa ayuda es igual para todos y está basada en la producción, ¿pueden explicarme a mí, como portugués, por qué razón van a reducirla en un 60 %?
Cuarta pregunta, señora Comisaria: ¿por qué no hace la Comisión una reforma global de la PAC, que -como, por lo demás, ya ha reconocido- es necesaria hasta el año 2000, y avanza como con cuentagotas con medidas inconexas?
Voy a terminar, señor Presidente, lamentando que en un viernes en que hay tantos informes agrarios importantes por debatir no esté presente el Comisario de Agricultura.

Marset Campos
Señor Presidente, hasta este momento, todas las propuestas de reforma de organizaciones comunes de mercado de una cierta entidad han sido precedidas de un documento de reflexión, con objeto de evaluar las consecuencias de las medidas propuestas. Para la reforma de la OCM del aceite de oliva no se ha elaborado un documento de reflexión, ignorando que cerca de 800.000 personas trabajan en este sector y que se concentran en regiones muy afectadas por el paro. Sólo esta circunstancia ya justificaría la elaboración de un documento de reflexión, pero parece que a la Comisión y al Comisario no les preocupen los trabajadores y los agricultores del sector del aceite de oliva.
Conviene recordar que la Comisión debería haber presentado al Consejo, antes del 1 de enero de 1995, un informe acerca del funcionamiento del régimen de ayudas en el sector del aceite de oliva, tal y como lo establecía el Reglamento 2261/84 del Consejo. Casi dos años después, dicho informe no ha sido elaborado, lo que no impide que la Comisión prepare un proyecto de reforma en ausencia de los trabajos previos exigibles y aconsejables. Por lo tanto, cabe poner de manifiesto la ausencia de una trabajo serio por parte de la Comisión. Un trabajo serio que le es exigible a cualquier asalariado y, en mayor medida, a los servidores públicos.
Por el momento, la Comisión no ha hecho público su proyecto de reforma, lo que no ha impedido que su contenido sea conocido y haya permitido la obtención de un récord importante. La Comisión ha conseguido que se manifiesten en Bruselas cerca de 5.000 personas en representación de las organizaciones agrarias y los sindicatos de los países productores. Normalmente, las manifestaciones se realizan frente al Consejo o al Parlamento, pero parece que la Comisión está decidida a romper este monopolio. ¿No se cuestiona la Comisión que su propuesta pueda presentar algún problema? ¿Esta situación no justificaría la realización de un análisis serio?
En estos momentos carecemos de tiempo para hacer una valoración sobre el proyecto de reforma. No obstante, me gustaría adelantarle que su proyecto ha ignorado las recomendaciones elaboradas en 1992 por el grupo de expertos.
Por otra parte, la supresión del régimen de intervención supondrá que los productores deberán soportar el coste de la gestión del mercado conculcando el principio de la solidaridad.
Por ello, pensamos que es imprescindible que el Sr. Comisario trabaje de forma seria, que procure no hacer experimentos que tienen riesgos evidentes de crear serios problemas sociales, ambientales y de mercado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Marset.
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.

Baldarelli
Señora Comisaria, como usted ha puesto en evidencia, también el Parlamento Europeo está comprometido, en primera fila, contra los fraudes. Naturalmente, lo ha hecho ya la Comisión de Control Presupuestario, pero ello no debe tomarse como pretexto para negar la participación del Parlamento Europeo. En el fondo, lo que pedimos es un derecho nuestro: pedimos poder discutir sobre este tema, como representantes de zonas sensibles del territorio europeo, zonas en las que la cohesión económica y social es fundamental y una producción agrícola como la del aceite de oliva representa un punto de apoyo importante para la renta de las familias.
Por consiguiente, desde este punto de vista, pensamos que la función del Parlamento debe ser positiva, y en sus declaraciones me parece vislumbrar la voluntad de considerar favorablemente los dictámenes que el Parlamento elaborará sobre la propuesta de reforma de la OCM. Indudablemente, la propuesta que hemos leído a través de la prensa contiene muchas contradicciones y pone en una situación difícil a algunas regiones del Mediterráneo, sobre todo por los métodos de contabilidad y porque las producciones son distintas según las características geográficas. Por ello hubiera sido deseable, obviamente, un documento de reflexión. Es, pues, oportuno que el Parlamento y la Comisión de Agricultura participen directamente en una cuestión de tal importancia.

Novo
Señor Presidente, señores diputados, la Comisión debería haber presentado hace mucho un informe de evaluación del régimen de ayudas a la producción del aceite. En este final de 1996 nada hay o nada se ha divulgado. La Comisión reconoció la necesidad de un documento de reflexión previo a la reforma de la OCM del aceite. El compromiso existe, pero el documento no.
La Comisión parece olvidar las obligaciones y los compromisos, pero al mismo tiempo parece querer decidir por sí sola y rápidamente. Así, surge un proyecto de reforma que nos exige, además del rechazo de la metodología utilizada, la denuncia inmediata de las soluciones que en él se señalan.
En ese proyecto el cultivo del olivo no va inserto en estrategias regionales de desarrollo rural y de empleo o como elemento esencial para la preservación medioambiental del espacio agrícola y mucho menos aún va encaminado a garantizar las rentas de los agricultores y una producción de calidad.
Pretende substituir las ayudas a la producción por subvenciones que se atribuirán a cada árbol y propone pagar, por ejemplo, por cada olivo portugués menos de la mitad de lo que pagaría por uno italiano o español. El intento de división es evidente: pretende escamotear lo esencial, pero ya lo ha repudiado debidamente la reciente manifestación organizada en Bruselas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Novo.
Se procede a la votación.
Propuesta de resolución común sobre la reforma de la organización común de mercado del aceite de oliva
(El Parlamento aprueba la resolución común)

Novo Belenguer
Señor Presidente, simplemente, para confirmar que votamos a favor de este conjunto de propuestas. Aunque ya teníamos la convicción de que teníamos que apoyarlas, las argumentaciones que se han dado desde la Comisión, creo que ratifican que es necesario apoyar esta propuesta. Y ello es así porque si normalmente estamos diciendo, y se dice habitualmente en este Parlamento, que debemos acercar la toma de decisiones a los ciudadanos, que deben ser los propios ciudadanos quienes participen en la toma de decisiones, aquí tenemos un ejemplo claro en el que las asociaciones profesionales, las propias cooperativas y organizaciones profesionales deberían participar y, por lo menos, manifestar su opinión en el proceso de reforma de la OCM del aceite de oliva.
De la misma manera, no se puede utilizar como arma la segunda parte que se ha utilizado, es decir, justificar o esa ausencia de participación en la simplificación del procedimiento. Precisamente, en todos los asuntos donde debe simplificarse el procedimiento, ello no se hace y, sin embargo, en un trámite tan importante como escuchar a los propios afectados e incluso a la Comisión de Agricultura, e incluso al propio Parlamento, se evita ese proceso.
Por eso, nosotros hemos votado a favor lógicamente de un proceso que creemos necesario y pensamos que, al final, la Comisión deberá plantear ese documento de reflexión.

Izquierdo Rojo
Estamos ante un problema agrícola que es, sin embargo, mucho más que un problema agrícola, implicando y afectando a políticas económicas, sociales y medioambientales en toda su extensión. Véase si no el impacto brutal, negativo, que el anteproyecto de la Comisión podría tener en Andalucía, primer productor europeo y mundial del aceite de oliva, en cuanto al empleo, la producción local y el desarrollo rural o regional.
La puesta en marcha de una reforma de la OCM del aceite de oliva como la que la Comisión prepara supone un gravísimo atentado contra las políticas de fomento del empleo y concretamente en Andalucía, contra lo que es «el primer programa de promoción laboral», ello en una región de objetivo 1 que merece, por su tasa de paro, medidas radicalmente en sentido contrario. ¿No es esto una contradicción?
Mi opinión es que después del fracaso de «lo de las vacas locas» y la reforma de frutas y hortalizas, una reforma como ésta en el olivar sería ya... ¡demasiado!
La Comisión debe oír al sector, consultar, escuchar, reflexionar... ¿por qué no quiere cumplir el reglamento 2261/84, según el cual debe de presentar previamente un informe sobre el funcionamiento del régimen de ayudas a la producción? ¿A qué viene este «trágala sin precedentes»? Lo que se está pidiendo es tan sólo que se abra un período de consulta y reflexión, tal como se ha hecho en las otras reformas.
En Andalucía este sector está generando 140.000 empleos que la Comisión no podrá «deslocalizar», como no podrá deslocalizar el olivar del Mediterráneo, ni de Andalucía:
¿Qué mente nórdica y obstrusa puede estar en favor de la pasividad y desmotivación que promueve esta propuesta?
Por todo ello, hemos votado a favor de estas propuesta de resolución.

Newman
Señor Presidente, en nombre de los diputados que aún siguen aquí querría felicitarle, Señor Presidente, por la excelente manera en que ha dirigido los asuntos en el día de hoy.

El Presidente
Muchas gracias, señor Newman. El Sr. Newman es presidente de la Comisión de Peticiones y sabe hasta qué punto yo siempre le felicito por su buen trabajo y hoy quiere corresponderme.

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. Les agradezco su colaboración.
(Se levanta la sesión a las 12.55 horas)

