Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la última sesión ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Méndez de Vigo
Señora Presidenta, no veo mi nombre entre los votantes de la resolución final sobre el maíz. Me gustaría que constara que yo quise votar que sí, como mi Grupo.

El Presidente
Lo corregiremos.
(El Parlamento aprueba el Acta.)

Aprobación de la gestión presupuestaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
(A4-0124/97) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión (COM(97)0048 - C4-0108/97) relativo a las medidas adoptadas para dar curso a las observaciones que figuran en la resolución que acompaña la aprobación de la gestión en la ejecución del Presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1994; -(A4-0120/97) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión a la Comisión relativa a la ejecución del Presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1995 - Sección III; -(A4-0125/97) del Sr. Dankert, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, por el que se concede la aprobación de la gestión relativa a la ejecución del Presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1995 - Secciones I, IV, V y VI; -(A4-0071/97) del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la CECA por parte de la Comisión durante el ejercicio 1995; -(A4-0121/97) del Sr. Bosch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el sexto y séptimo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1995.Quiero saludar cordialmente al Sr. Friedmann, Presidente del Tribunal de Cuentas.

Wynn
Señora Presidenta, es agradable que haya aquí tanta gente para el debate sobre aprobación de la gestión presupuestaria. Me sorprende ver a cuánta gente le interesa esto. Sin duda dentro de dos minutos la sala estará casi vacía.
Hay dos informes en mi nombre y, por lo tanto, los diez minutos. En teoría tengo cinco minutos para cada uno, pero para el primer informe -seguimiento de la aprobación de la gestión de 1994- puedo ser sumamente breve y emplear casi todo el tiempo del que dispongo en comentar la aprobación de la gestión de 1995.
Sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria de 1994, tan sólo quiero decir que espero que la Comisión mantenga informado al Parlamento sobre las peticiones que formulamos en la resolución, sobre todo las relacionadas con las pocas medidas pendientes relativas a la declaración de fiabilidad (DAS) de 1994. Observaremos el seguimiento con interés.
Paso ahora a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1995, cuyo informe incluye una propuesta de resolución de 89 artículos. Tendrían que haber sido 90, pero esto lo comentaré en unos instantes. Lo que varía en la solicitud de este año es que en once de dichos artículos, como mínimo, se hace un llamamiento al Parlamento para que haga el trabajo en lugar de simplemente pedírselo al Tribunal de Cuentas o a la Comisión, como es lo habitual. Queremos que el Parlamento desempeñe una función más importante en las cuestiones de control presupuestario.
La propuesta de resolución abarca todas las áreas que preocupan al Parlamento o en las que tiene propuestas que hacer.
Debo decir que la principal filosofía que inspira el informe se encuentra en la declaración de motivos. Nosotros no votamos sobre la declaración de motivos -es decir, no la enmendamos, está ahí como parte del informe- pero si uno se molesta en leerla, verá muy claramente las motivaciones de las propuestas. Por ejemplo, el artículo 14 de la resolución, sobre la declaración de fiabilidad, es en realidad una versión condensada de los apartados 9 a 23 de la exposición de motivos. En estos últimos es donde se explican pormenorizadamente los problemas de la DAS. En ellos se encontrarán además las razones por las que se puede dar la aprobación, pese a una declaración negativa en lo concerniente a los pagos. Recomiendo que se lea, sobre todo a aquellos que simplemente cogen el informe anual sobre la DAS y adquieren una percepción de las cosas que no es del todo acorde con la realidad. Claro que, una vez más, la gente no suele reaccionar ante la realidad, sino ante su percepción de la realidad.
Otro ejemplo tiene que ver con el aceite de oliva. Esta es sin duda un área problemática, porque el único voto que, como ponente, perdí en comisión el lunes se refería al aceite de oliva. El problema se explica en detalle en los apartados 31 y 32 de la declaración de motivos. La propia Comisión, en su reciente documento de estudio de las opciones posibles publicado el 12 de febrero de este año, muestra claramente los problemas que perduran en el sector.
No olvidemos que estamos hablando de aprobar la gestión presupuestaria del ejercicio de 1995 y que aquí tenemos un informe de febrero de 1997 en el que se dice, por ejemplo, que «existen ciertas deficiencias inherentes a la OCM (del aceite de oliva) que han ido revelándose al paso del tiempo y que impiden la realización sistemática de controles eficaces (...). A pesar de todo, se ha mantenido la deficiencia inherente al sistema, es decir, el interés común del productor y el dueño de la almazara en declarar cifras elevadas. También se han detectado fraudes en relación con el funcionamiento de la ayuda al consumo (...). El fraude ha afectado asimismo a las cantidades exportadas con restituciones. Lamentablemente, sobre todo en los años en que los precios de las aceitunas son elevados, existe una gran tentación de mezclar aceite de oliva con aceite de semillas oleaginosas y extraer beneficios a expensas de los consumidores.» Y así sigue. En el informe también se dice que «desgraciadamente, los Estados miembros no aplicaron las medidas de sanción recomendadas por sus organismos respectivos con el rigor deseado. Esta actitud, entre otras, comprometió la eficacia de los controles efectuados por los organismos.»
La intención del apartado que se votó el lunes por la noche era que se tomaran medidas sobre este tema concreto. Mi problema es que el artículo que falta -el que rechazó la comisión parlamentaria- iba directo, por decirlo de algún modo, a la yugular del sector del aceite de oliva. De no ser ponente -al serlo, estoy al servicio de la comisión parlamentaria- diría abiertamente que la decisión del lunes por la noche fue una decisión absurda. Diría también que tenemos un régimen acribillado por el fraude. Diría a continuación que la Comisión, de conformidad con el artículo 13 de la Decisión del Consejo de 31 de octubre de 1994 sobre disciplina presupuestaria, debería iniciar inmediatamente procedimientos encaminados a suspender o reducir los anticipos mensuales del sector. Sin embargo soy ponente, por lo que, naturalmente, no puedo decir estas cosas.
Déjenme dar otro ejemplo sacado del informe: en el artículo 74 de la resolución se pide que se destinen 2 millones de ecus a proyectos de desarrollo deportivo en los distritos segregados (»townships») de Sudáfrica. Esta petición se ha puesto porque formaba parte de las observaciones a la línea presupuestaria B7-5070, que votamos en el Parlamento en diciembre de 1994; y aquí estamos, ya en abril de 1997. La realidad es que se ha hecho muy poco en relación con la petición, si es que se ha hecho algo.
Si miran el apartado 52 de la exposición de motivos, verán que para esa línea presupuestaria en el año 1995 había 125 millones de ecus. Se comprometieron 123 millones de ecus, sobrando unos 2 millones, y la petición del Parlamento a favor del desarrollo deportivo nunca se llegó a materializar; cayó en el olvido. Afortunadamente, cuando hablamos de ello en la comisión parlamentaria, la Comisión dijo, en efecto, que había cometido un error. En inglés podría decirse algo así como: »La regañina es justa, señor Gobernador, nos ha pillado usted; tendríamos que haberlo hecho pero no lo hicimos». Pues bien, espero que la observación incluida en la decisión de aprobación produzca resultados. Es algo que al Parlamento le importa, y puedo asegurar a la Comisión que este artículo concreto será seguido con diligencia por mi parte.
Ahora bien, por muy buena que sea la exposición de motivos, en ella no se dice todo. Si así fuera, sería como un libro; sería, de hecho, tan larga como el informe anual. Así, la referencia a las subvenciones a los fabricantes de güiski del artículo 35 puede dejar perplejas a algunas personas, porque es algo a lo que no se alude en la exposición de motivos. Es un tema que el Parlamento ha seguido con gran interés y algunos de nosotros tenemos una teoría sobre cómo sucedió -cómo los tejemanejes dentro del Consejo de Ministros y los tratos que continúan dieron lugar a estos 40 millones de ecus para los fabricantes de güiski. La defensa por parte de la Comisión en las respuestas a los comentarios del Tribunal es una lectura interesante. Yo sólo diría: »Presten atención mientras el Parlamento determina si los 40 millones de ecus están o no justificados, porque queremos saber mucho más al respecto y comprobar si esos 40 millones de ecus deben darse o dejarse de dar.»
Siguiendo la misma tónica, el artículo 50 pide al Parlamento que se decida sobre el tema de los servicios avanzados de televisión. El Tribunal ha recomendado que no se pague más dinero y, dentro del Parlamento, tenemos divergencia de opiniones entre las diversas comisiones parlamentarias. Una vez más, espero que el Parlamento pueda debatirlo en profundidad y que antes del próximo presupuesto pueda hacer propuestas concretas sobre la posición en la que nos encontramos.
Los ponentes parciales tratarán cada uno su área respectiva. A mi sólo me queda dar las gracias a los que han participado en la elaboración del informe, en especial a los miembros de la Secretaría. Recomiendo el informe al Parlamento y espero que se pongan en práctica los resultados de este informe tan completo.

Dankert
Señora Presidenta, el Parlamento se ha ocupado siempre de la aprobación de la gestión del presupuesto del Parlamento. La novedad es que ahora hemos incluido los presupuestos del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social. Y la Comisión de Control Presupuestario tiene previsto incluir para el año que viene al Consejo, pues por supuesto es imposible que un presupuesto de más de 300 millones de ecus quede al margen del control público.
No cabe duda de que en comparación con los problemas que ha abordado el Sr. Wynn en relación con el presupuesto general, los problemas que tenemos con los presupuestos menores son escasos y claros. Pero también aquí nos enfrentamos continuamente al problema de una ejecución deficiente. Por ejemplo, que en el Parlamento Europeo se anule una parte importante de los créditos previstos para fines de información por el hecho de que no se han tomado a tiempo las decisiones necesarias para poder gastar estos créditos. En este Parlamento, los costes de anulación de las sesiones son muy elevados, tanto para los Grupos como para otros órganos de este Parlamento, entre otras cosas debido al hecho de que trabajamos continuamente con la traducción y la interpretación. Tenemos el problema de que ha sido, si no imposible, casi imposible elaborar los inventarios del Parlamento. En los últimos días acaba de llegar un primer informe. Ha tardado años, y en realidad el inventario para el año que viene tiene que empezar ya. En el Tribunal de Justicia nos hemos topado con el hecho de que este se prestaba a asumir con demasiada facilidad las consecuencias financieras de los problemas vinculados a los edificios, que eran responsabilidad del gobierno luxemburgués. Por lo tanto, se ve que en las instituciones más pequeñas sí es posible arreglar algunas cosas. En comparación con el presupuesto grande, se trata de problemas relativamente pequeños.
Otra observación sobre el presupuesto grande. El Sr. Wynn acaba de señalar que han trabajado muchos ponentes parciales y yo me he ocupado de toda la problemática de los fondos estructurales. Por supuesto, en el Parlamento Europeo estamos muy satisfechos por el hecho de que la Comisión, en el marco de una gestión sólida y eficaz, se esfuerce por mejorar la situación con respecto a la ejecución presupuestaria. Pero a mi entender no hace falta esperar hasta el año 2000 para tener una gestión sólida y eficaz. El resultado provisional es que hay un feliz consenso entre la Comisión y el Consejo sobre la mejora de las reglas de la subsidiabilidad. A partir de ahora hay que aplicarlas, y la evaluación de estas reglas y de su aplicación ha de estar acabada antes de que empecemos con el siguiente programa de fondos estructurales.
Pero no basta con mejorar las reglas de subsidiabilidad. Hace años que el Parlamento exige una mejora de la normativa para poder corregir eficazmente las irregularidades. La respuesta sistemática de la Comisión es que no pasa nada con la normativa. A principios de febrero, la Comisión de Control Presupuestario pidió a la Comisión una nota sobre las posibilidades jurídicas existentes para poder reclamar el dinero usado de forma irregular. El Comisario Liikanen, por fin, me ha ayudado con ello, después de una espera de mes y medio, aunque no por su culpa.
De la lectura de los documentos se desprende que la normativa no es suficiente, incluso con una interpretación muy amplia del articulado y apelando a las sentencias del Tribunal de Justicia en el ámbito agrícola, donde se aplican reglas mucho más rigurosas y donde una condición para recibir apoyo es cumplir las obligaciones, cosa que no ocurre en los fondos estructurales. En la práctica, la Comisión se encuentra por tanto al borde de la legalidad cuando intenta reclamar dinero con la normativa actual, y a mi entender comete una transgresión cuando bloquea durante un tiempo prolongado grandes sumas de dinero del Fondo Social Europeo.
A pesar de ello, la Comisión propone modificar la legislación aplicable, pero lo hace en el marco de los intentos de la iniciativa SEM 2000 de dar un carácter más estricto al régimen por medio de un reglamento de ejecución en torno a las obligaciones de los Estados miembros y la introducción de un sistema de reducciones netas. Sin embargo, la Comisión lo hace con la actual normativa deficiente y por tanto, a mi entender, inadecuada. De esta manera, la Comisión Europea intenta imponer sus reglas. Me parece que no es una buena política para una Comisión que, como guardiana de los Tratados, precisamente es responsable del cumplimiento correcto de las reglas. Y pienso que esto se debe a que la Comisión no tiene agallas para enfrentarse al Consejo. Es grave. Es grave sobre todo porque de cara al exterior se proclama que la Unión Europea se ocupa seriamente de luchar contra el fraude y las irregularidades.

Blak
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Liikanen. Durante cinco años he sido ponente de la CECA, y cada año he tenido en mi ordenador un texto sobre el caso Bagnoli. Ahora está cerrado. Fíjense, hemos cerrado un caso que ha durado nada menos que 10 años. Es impresionante. Casi lo estoy echando de menos y espero que pronto haya otro del mismo estilo que esté fijo en el ordenador.
Me parece que el Sr. Liikanen es muy amable, ya que está realizando gratis la gestión de la CECA. Lo que pagamos es calderilla, únicamente 5 millones de coronas y la gestión vale quizás 10 ó 50 veces más. No obstante, me doy cuenta de que, si necesitamos el dinero para evitar algún apuro, está claro que la gestión ha de ser barata.
Hablaré de dos casos concretos. Uno es el túnel entre Inglaterra y Francia. En este caso, estamos en un verdadero apuro. He recibido unos documentos que dicen lo que estamos haciendo y lo que quizá podamos conseguir. Espero con verdadero interés la respuesta del Sr. Liikanen para saber si me dará la respuesta que creo que es la más correcta, a saber, que estamos perdiendo todo el dinero. Hasta el momento hemos tenido que canjear el 10 % de nuestro capital por acciones, que serán desembolsadas alguna vez, quizás dentro de 70 años, pero todos sabemos que en realidad este dinero está perdido. Se trata de 25 millones de ecus. Es posible que todo cambie y que la situación mejore, ya que los problemas del Eurotunnel se deben a que el Gobierno del Reino Unido no quiere dar concesiones durante 99 años. Ahora habrá un nuevo Gobierno, que espero que sea mejor, y cabe la posibilidad de que cambie la situación y ayude a garantizar que los contribuyentes europeos saquen algún provecho del dinero invertido en el proyecto.
Me gustaría preguntar cómo van las cosas en el grupo de reestructuración, ya que formamos parte de él. Incluye cuatro bancos, el BEI y la CECA. En calidad de ponente, me gustaría conocer el estado de la situación actual, porque estamos recibiendo más información a través de los periódicos que de la Comisión. Me gustaría recibir una respuesta a esta pregunta.
El siguiente caso concreto tiene especial interés para mí como ciudadano danés. Hemos construido un enlace impresionante, el enlace del Gran Belt, del que estamos muy orgullosos. Será una verdadera atracción turística y es posible que podamos cruzar el agua un poco más deprisa, aunque seguramente no a menor coste. Dinamarca obtuvo para ello un préstamo de 353 millones de ecus. Al revisar este tema el Tribunal de Cuentas, advirtió a la Comisión que se había concedido un préstamo cuyo importe duplicaba el límite máximo, que era de 170 millones de ecus. No sé si se trata de un gesto muy generoso hacia Dinamarca, pero este préstamo me molesta un poco, ya que se ha utilizado para el montaje y el transporte, lo cual no está permitido en el caso de este tipo de préstamos de la CECA. El resultado ha sido que una empresa italiana obtuvo el pedido, hizo el trabajo a bajo coste en Portugal y transportó las piezas hasta Dinamarca con el dinero del préstamo concedido por la CECA, con la consecuencia de que en mi circunscripción electoral se perdieron 300 puestos de trabajo, debido al empleo de trucos. Esto es un trago amargo, sobre todo porque ha afectado a la zona de Dinamarca con el mayor índice de desempleo, aunque es posible que seamos compensados de una forma u otra en el futuro. La Comisión se ha equivocado en este caso. Lo hemos reconocido todos, también durante la elaboración del informe. Si fuera una persona, en Dinamarca se diría que se ha equivocado hasta tal punto que su despido era inevitable; de hecho, hemos relevado al Presidente de la CECA. Ahora ocupa un puesto aún más importante en la Comisión, pero me hubiera gustado que se le dijera: esto no lo has hecho muy bien, así que gracias por el tiempo que has pasado con nosotros.
Ahora estamos construyendo un nuevo enlace que va desde Dinamarca a Suecia. En relación con este proyecto, me gustaría que se examinaran todos los préstamos concedidos a Dinamarca, para evitar una repetición de los errores cometidos en el caso del enlace del Gran Belt. En calidad de ponente, espero obtener una respuesta suya, señor Liikanen, o suya, señor Friedmann, en nombre del Tribunal de Cuentas.
Otro tema que nos interesa mucho es la bonificación de interés. Hemos encontrado que el sistema utilizado por la CECA funciona muy mal. Se han creado 8.000 puestos de trabajo, pero no sabemos si son reales. Por el contrario, se ha dicho que ha habido fraude, ya que son los propios bancos y las empresas los que informan. Sería mejor haber examinado los prestamos del BEI y de Copenhague. Han creado 45.000 nuevos puestos de trabajo en Europa, porque están debidamente controlados y gestionados. Con todo esto, le he hecho un par de preguntas, señor Liikanen, para las cuales no dudo que recibiré una buena respuesta.
A pesar de estos casos lamentables, recomendamos que se apruebe la gestión.

Bösch
Señora Presidenta, señoras y señores, la especial explosividad de la aprobación de la gestión para el sexto y séptimo Fondo Europeo de Desarrollo en el ejercicio 1995 reside seguramente en el hecho de que como Parlamento negamos el año pasado a la Comisión la aprobación de la gestión para 1994. Al recomendar hoy a la Asamblea -apoyándome en un informe aprobado por unanimidad en la Comisión de Control Presupuestario- la concesión de la aprobación de la gestión en el Fondo de Desarrollo para 1995, quisiera fundamentarlo en unos breves puntos.
En primer lugar: aunque desde el año pasado no se ha modificado el marco jurídico para el Fondo de Desarrollo, la Comisión ha asegurado varias veces que seguirá apoyando el principio de presupuestación. La Comisión ha presentado una propuesta formal de la Conferencia Intergubernamental de eliminar la declaración nº 12 en el Anexo al Tratado de la Comunidad Europea. mediante la supresión desaparecería el obstáculo jurídico a una presupuestación y se haría expedito, al menos formalmente, el camino hacia la misma.
En segundo lugar: otra razón de la no aprobación de la gestión para 1994 fue el caso de la Fundación cultural ACP. Este problema parece estar resuelto.
En tercer lugar: la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas significa un notable avance en relación con la situación de 1994. El Tribunal de Cuentas ha constatado que desde 1994 se han realizado algunas mejoras como, por ejemplo: exposición de los principios que se han aplicado en la contabilidad, así como la intensificación del inventario y del procedimiento del balance, fortalecimiento del sistema de contabilidad analítica para un control de los medios, intensificación de las aclaraciones en los certificados financieros a través de los cuales es posible valorar mejor el estado real de la ejecución de la ayuda comunitaria.
En el caso de la negación de la aprobación de la gestión para 1994 se trataba de hacer explícita de manera enérgica la posición política de que esta Asamblea no podía tolerar por más tiempo la pérdida del control democrático. Evidentemente el acuerdo del Parlamento no ha sido ignorado por la Comisión.
En el debate quizá se discutirán algunas cosas más. Sin embargo, me concentraré solamente en un par de puntualizaciones. Cuando se ocupa uno por vez primera de esta materia -incluso como ponente de la Comisión de Control Presupuestario- básicamente resulta difícil entender cómo se puede operar y, adicionalmente, cómo se debe operar, con instrumentos que ya son obsoletos como los Fondos de desarrollo. Esto constituye evidentemente una ciencia aparte y esto no puede servir de utilidad a una Europa de los ciudadanos a la que aspiran todas las instituciones de la Unión Europea. Creo que de cara al futuro se le debería ocurrir también a la Comisión una solución más inteligente que el sistema que existe actualmente.
Hoy hemos tenido que comprobar una vez más que el flujo de los recursos no es satisfactorio. Puesto que somos una institución con una función política de aprobación de la gestión tengo claro, naturalmente, que hay que tener en cuenta la situación específica de cada uno de los países receptores.
Hay que celebrar seguramente la política de la ayuda de adaptación estructural. El hecho de que aquí se hayan seleccionado por parte de la Comisión puntos relevantes tales como el sector educativo y la atención médica me parece que es una política que va más allá de la política de ayuda al desarrollo que practican otras instituciones financieras.
Aunque hemos constatado que los recursos no siempre se han utilizado satisfactoriamente deberíamos mantener y desarrollar esta política. La política macroeconómica enraizada en el programa de adaptación estructural ha de orientarse a asegurar las prestaciones sociales básicas para las personas que viven en la pobreza. Se insta a la Comisión a que procure con más intensidad que los recursos favorezcan a los grupos más desfavorecidos de la sociedad y a los sectores más necesitados de apoyo a fin de lograr una distribución más eficiente.
Quisiera destacar que sería importante que la Comisión trace fronteras más claras entre los países receptores que aprovechan de manera transparente los recursos y los países receptores en los que no es posible hacerse una idea de la utilización de los recursos. En efecto, no podemos exigir a los contribuyentes y a las contribuyentes europeos que, en última instancia, fluyan recursos a diversos países, socios nuestros, en los cuales no nos podemos hacer una idea sobre la utilización del dinero procedente de nuestros impuestos.
Un último punto sobre el ámbito de personal. He abordado expresamente este asunto en la propuesta de resolución. Me resisto un tanto a que en ocasiones la Comisión atribuya al Parlamento el peor papel a la hora de realizar recortes de personal en los países ACP. Sabemos que hay en diversos países hay que trabajar con una dotación muy alta de personal y esperamos que por parte de la Comisión se haga un plan de personal, estructurado claramente, incluso para las delegaciones en los países receptores.

Cornelissen
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo puedo declarar que tenemos una opinión muy positiva de la ejecución presupuestaria de 1995, con una salvedad, a la que me referiré más adelante. Quiero abogar de nuevo por que el gasto de los créditos se distribuya de un modo más uniforme a lo largo del año; si se posterga demasiado al final del año, corremos el riesgo de que se levante la guardia.
Ahora la salvedad: esta tiene que ver con los gastos para el turismo a través de la línea presupuestaria B5325. En el pasado se cometieron graves errores. En el mes de noviembre, la Comisión nos comunicó que había creado una task force encargada del control especial de la contabilidad de las medidas financiadas por la Comunidad para el turismo desde 1990, si no me equivoco. Mi pregunta al Comisario es si este trabajo concluirá en junio de acuerdo con lo prometido. Lo considero muy importante, pues es preciso quitar la «piedra de molino» que cuelga del cuello de la Dirección General implicada. Por otra parte, confío en que gracias a las medidas tomadas, la cuestión vuelva a estar bien encarrilada. Ahora le pido al Presidente del Consejo que coopere para sentar las bases jurídicas necesarias a fin de que puedan gastarse también los recursos incluidos en el presupuesto de 1997 para turismo, como Philoxenia. Se trata de un sector sumamente importante para el empleo del mañana, en especial para los jóvenes y las mujeres. Para todos nosotros es una prioridad. Por favor, señor Presidente del Consejo, le agradecería que me hiciera una clara promesa en esta cuestión.

Patijn
Señora Presidenta, Señorías, tengo el honor de presentarles la recomendación del Consejo de que se apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución presupuestaria de 1995. Quiero aprovechar la ocasión para informarles de las principales consideraciones y reacciones suscitadas en el Consejo al debatir las observaciones del Tribunal de Cuentas. Estoy convencido de que comparten ustedes la opinión de nuestra Presidencia y del Consejo de que nuestras dos instituciones han de cooperar manteniendo buenas relaciones en este ámbito, entre otros.
Señora Presidenta, con su recomendación del pasado 17 de marzo, el Consejo ha querido recalcar de nuevo que considera esencial que todos los actores implicados en la ejecución del presupuesto de la Comunidad se ocupen de que a la hora de gastar el dinero comunitario se cumplan estrictamente las reglas y los principios relacionados con la buena gestión financiera, el ahorro y la transparencia. No podría ser de otro modo, sobre todo ahora que todos nuestros Estados miembros se enfrentan a problemas financieros y presupuestarios bien conocidos. Según el Consejo, no se puede emprender ninguna acción a cuenta de los recursos comunitarios si no se observa la máxima disciplina y una buena gestión financiera antes y durante la ejecución. Controlando regularmente si las acciones en curso siguen estando justificadas, se puede garantizar la máxima utilidad económica de los recursos liberados.
La ejecución de las medidas en el marco de la iniciativa SEM 2000 (Sound and Economic Management) es un paso importante. El Consejo se complace de que el Tribunal de Cuentas se sume plenamente a los esfuerzos realizados en común por la Comisión y los Estados miembros a fin de subsanar muchas de las graves deficiencias observadas con regularidad.
En lo que respecta a la posición del Consejo, quiero limitarme a mencionar las cuestiones principales. Para los detalles de la recomendación les remito a las observaciones adjuntas y la explicación que ha dado la Presidencia a la Comisión de Control Presupuestario. En el ámbito de los recursos propios, el Consejo comparte la preocupación del Tribunal de Cuentas sobre el efecto de la reglamentación del tráfico aduanero comunitario en los Estados miembros y recalca la necesidad de mejorar la fiabilidad de los sistemas de información en relación con el tráfico comercial intracomunitario. En lo que respecta a los gastos, concretamente en el ámbito agrícola, el Consejo lamenta sobre todo los gastos no justificados en que se ha incurrido en el marco de la lucha contra el fraude y las irregularidades. Dado que no se ha realizado ningún análisis de la relación coste-eficacia, el Consejo desea que se haga en una próxima auditoría del Tribunal de Cuentas.
En el ámbito de los fondos estructurales, el Consejo comparte la opinión del Tribunal de que es preciso añadir más claridad en torno a las reglas, sobre todo en el ámbito de la subsidiariedad, y que hay que mejorar el funcionamiento de los comités de supervisión y los procedimientos de certificación de gastos. La crítica del Tribunal, también expresada en su informe especial de apoyo a la declaración de fiabilidad, constituye un estímulo para seguir por el mismo camino, concretamente en lo que respecta a la subsidiariedad y a las correcciones financieras concretas, en el bien entendido que ya se han realizado algunas mejoras.
Más específicamente, señora Presidenta, en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Consejo considera absolutamente necesario que la Comisión y los Estados miembros continúen cooperando para mejorar la ejecución de los créditos presupuestarios de los programas. Sobre todo para evitar que los importes que todavía hay que liquidar asciendan demasiado y que las operaciones de imposición y pago se acumulen al final del año. Además, el Consejo pide a la Comisión que compruebe qué mejoras cabría efectuar en la próxima revisión de los reglamentos de los fondos estructurales para coordinar mejor el uso de préstamos y subvenciones.
En el sector del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección Orientación, el Consejo pide a la Comisión que ponga en marcha las medidas encaminadas a mejorar la gestión de esta iniciativa comunitaria y los procedimientos para reclamar los créditos concedidos indebidamente
En lo que respecta a las observaciones del Tribunal de Cuentas en relación con la ejecución de los programas PHARE y TACIS, el Consejo es consciente de los problemas inherentes a las actividades en este ámbito específico. No obstante, pide a la Comisión que respete plenamente las reglas comunitarias en el ámbito de la firma de acuerdos y que aplique íntegramente el procedimiento de inscripción. Al igual que el año pasado, desea mejorar la coordinación de los participantes, que haya una clara definición de los expertos y se simplifiquen la organización y los procedimientos administrativos.
Señora Presidenta, en el ámbito de la cooperación con los países en vías de desarrollo, el Consejo señala la importancia que concede a la competencia del controlador financiero y del Tribunal de Cuentas para ejercer un control sobre el uso de los recursos comunitarios que se adjudican a beneficiarios exteriores.
Respecto a la ejecución de créditos domésticos de las instituciones, el Consejo ha tomado nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre algunos puntos débiles de la gestión relacionados con el personal de las delegaciones exteriores y los bienes inmuebles. El Consejo toma nota de que la Comisión está siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en este sentido.
A la luz de todas las observaciones del Tribunal de Cuentas y después de haberlo debatido largamente, el Consejo ha decidido aconsejar al Parlamento que apruebe la gestión presupuestaria de la Comisión para 1995.
Señora Presidenta, permítame hacer algunas observaciones sobre la declaración de fiabilidad que ha hecho el Tribunal de Cuentas de acuerdo con el artículo 188C y a raíz de la cual el Consejo ha elaborado la declaración enviada junto con las recomendaciones. El Consejo constata que las cuentas ofrecen una imagen fiel de los ingresos y gastos de la Unión, aunque podría mejorar en lo que respecta al contenido informativo. El Tribunal no ha denunciado errores importantes con respecto a la regularidad de las actividades relacionadas con los ingresos. Aunque sí ha detectado errores en las actividades relacionadas con los pagos, por lo que el Tribunal de Cuentas no puede confirmar la legalidad y regularidad de todas las actividades. Esto preocupa al Consejo.
En este sentido, el Consejo aplaude el anuncio del programa SEM 2000 para mejorar la gestión financiera de la Comisión. El Consejo pide que este programa se ejecute con rapidez y de forma completa a fin de reducir considerablemente el número de errores cometidos en las actividades relacionadas con los pagos.
Señora Presidenta, esto ha sido brevemente lo que la Presidencia del Consejo quería comunicarles en nombre del Consejo sobre estas cuestiones.
Por último, quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a la Comisión de Control Presupuestario por el notable trabajo que realiza cada año en el marco de la aprobación de la gestión, no sólo en favor del Parlamento Europeo, sino también de toda la Unión Europea. Ahora corresponde al Parlamento tomar una decisión acerca de la aprobación de la gestión en aplicación de sus competencias.
Señora Presidenta, el Sr. Cornelissen me ha formulado una pregunta específica sobre el programa PHILOXENIA. El Sr. Cornelissen sabe tanto como yo que la base jurídica del programa PHILOXENIA radica entre otros en el artículo 235 del Tratado de las Comunidades Europeas y que para ello se exige la unanimidad. Por ahora no se ha alcanzado esta unanimidad en el Consejo, por lo que no existe ninguna base jurídica para el programa PHILOXENIA.

Wemheuer
Señora Presidenta, estimados colegas, una decisión de aprobación de la gestión y un debate sobre la aprobación de la gestión se ocupan del pasado por su propia naturaleza. Estamos discutiendo y evaluando algo que ya ha sucedido. Creo que toda evaluación que se ocupe del pasado sólo tiene sentido si muestra también qué lecciones hemos de sacar para el futuro. Desde esta perspectiva quisiera exponer la opinión de mi grupo.
¿Qué nos aguarda en el futuro y qué lecciones necesitamos? Estamos esperando la conclusión de la Conferencia Intergubernamental. Esperamos una conclusión positiva, de suerte que luego pueda iniciarse una discusión sobre la ampliación. Una ampliación que no sólo se decidirá políticamente, sino que también requiere la famosa estrategia de la fase previa a la adhesión, una estrategia que nos anunció el Comisario Liikanen y de la que esperamos que se nos dé participación en la discusión y en el procedimiento presupuestario.
Pero no es sólo la ampliación lo que nos aguarda, nos aguarda también -con ampliación o sin ella- una reforma de la política agrícola, una reforma de los Fondos estructurales y debemos conducir de manera muy política el debate sobre la financiación de la Unión Europea después de 1999. Desde esta perspectiva la valoración de la ejecución del presupuesto cobra quizá una dimensión que va más allá de las cuestiones de detalle.
La resolución que, como espero, vamos a aprobar mañana, se dirige esencialmente más a esta Asamblea que las resoluciones anteriores. Ha habido encargos concretos a las comisiones de esta Asamblea en el sentido de inspeccionar más intensamente los gastos, la ejecución y la eficiencia del presupuesto y de formular propuestas críticas allí donde sean posibles las mejoras, comenzando en los recursos propios, pasando por la política de pesca y llegando hasta la cooperación al desarrollo. Pero no deberíamos perder de vista que los que más preocupaciones nos originan son los grandes ámbitos y éstos son los programas, éstos son los Fondos estructurales, es el PHARE, es el TACIS, es el MEDA, es la cooperación al desarrollo.
Y sorprendentemente -me dirijo al Comisario, Sr, Liikanen y al Presidente del Tribunal de Cuentas- no nos inquieta en absoluto el fraude que existe, tampoco la falta de eficacia en sentido propio, nos inquieta mucho más el hecho de que determinados recursos no se gastan. Este es el gran problema político y a éste nos vamos a dedicar de manera muy notable en el futuro, esto lo puedo decir en nombre de mi grupo, esto lo hemos aprendido de este debate. Efectivamente, no puede ser que para objetivos políticos que han acordado el Parlamento y el Consejo, determinemos dinero en una directiva, habilitemos recursos en el presupuesto y peleemos acerca de cuánto dinero ponemos, para constatar más tarde, después de uno, dos o tres años, que los recursos no se han gastado. Esto no puede ser. Justo este punto ha recibido también reproches por parte del Tribunal de Cuentas. Sólo quiero nombrar algunas cifras: 1.900 millones de ecus en el PHARE y 600 millones de ecus en el TACIS a finales de 1995 constituyen un montón de dinero. Con esto, si se gastase, se podría conseguir ya algunas cosas con una estrategia previa a la fase de adhesión. Y mientras este dinero no se gaste, no podemos valorar la eficacia y tampoco necesitamos ocuparnos del fraude.
Sin embargo, no se debería olvidar que el dinero no gastado no constituye por sí mismo una señal de ahorro. No habría que pensar - y en esto me dirijo también a las señoras y señores que me están escuchando- que si no hemos gastado dinero hemos procedido, por ello, de manera ahorrativa con el dinero de los impuestos de ustedes. Más bien hemos contravenido los objetivos políticos que nos hemos propuesto. Por esta razón nos vamos a proponer que se gaste en dinero, naturalmente, de manera eficiente y de acuerdo con las aplicaciones de los recursos. Pero asignarlo y, luego, pagarlo a los Estados miembros un par de años más tarde, no vamos a participar más en este juego.
Un ministro alemán parece haber dicho que la UE tiene demasiado dinero para la cooperación al desarrollo, pero no tiene las capacidades administrativas para gastarlo de manera óptima. Si esto es cierto -y por su significado esto lo podría haber afirmado cualquiera- veo un gran peligro: si la gente piensa que tenemos demasiado dinero y no sólo no tenemos la administración sino tampoco las posibilidades políticas de gastarlo, entonces la consecuencia va a ser no sólo la renacionalización de las finanzas sino también la renacionalización de la política. Y en este sentido vamos a sacar de esta aprobación de la gestión una consecuencia: esperamos que se gaste el dinero, de manera eficiente y ahorrativa, pero que se gaste tal como lo haya decidido este Parlamento.

Garriga Polledo
Señora Presidenta, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, para los miembros de la Comisión de Control Presupuestario hoy es un día importante. Hoy tenemos la posibilidad de exigir las cuentas claras en la Unión y el buen uso por parte de las instituciones comunitarias de los recursos que les han sido concedidos. Hoy es un día indicado para transmitir a los ciudadanos europeos un mensaje: el de la transparencia y la fiabilidad de las cuentas comunitarias. Si transmitiéramos ese mensaje y las cuentas no estuvieran realmente claras, los diputados faltaríamos a uno de los deberes fundamentales que tenemos contraídos. Por eso es tan importante y tan trascendental la decisión de la aprobación de la gestión de 1995. Y por eso son tan importantes las opiniones de los ponentes y el trámite completo de discusión de las enmiendas.
Éste no es un informe que pueda ser aprobado sin un alto grado de consenso por parte de todos los grupos políticos. Por ello hay que destacar la flexibilidad que han demostrado los diferentes ponentes -empezando por Terence Wynn- a la hora de aceptar enmiendas que modificaban sus planteamientos originales.
A este respecto, y con referencia al aceite de oliva, debo decir que, si el Sr. Wynn no hubiera sido el ponente, habría pensado que el autor del desgraciado párrafo sobre el aceite de oliva tal vez era una persona que no sabía nada de olivos ni de la situación real del mercado del aceite, ni de irregularidades, ni de fraudes. Pero como el ponente ha sido el Sr. Wynn, debo decir que es un diputado razonable, que es capaz de entender las razones de los demás y de conseguir un texto aceptable para todas las partes -incluso le reconozco que tal vez sí sepa algo sobre el mercado del aceite de oliva-.
Por otra parte, sí resulta claro que, con la actual disposición entre obligaciones y recursos materiales, el Tribunal de Cuentas corre el riesgo de no poder seguir cumpliendo con eficacia todos sus compromisos. Tenemos la obligación de elaborar un marco más ambicioso de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y las instituciones nacionales de control, y la iniciativa política de conseguir ese marco debe tenerla el Parlamento Europeo.
Finalmente, Señorías, queda el problema político que se nos plantea al recomendar la aprobación de una gestión con una declaración de fiabilidad que, en palabras del propio ponente, en su configuración actual es difícil que algún día sea positiva. El hecho político que con la aprobación de la gestión aceptamos es que las cifras detectadas de irregularidad no son un indicador de fraude. Asumimos que la Comisión debe mejorar notablemente su auditoría y reclamamos que los Estados miembros, gestores del 80 % del presupuesto comunitario y responsables del 90 % de las irregularidades, se impliquen cada día más en la mejora del control financiero del gasto comunitario. Denunciemos los abusos y descubramos todas las irregularidades. Pero no caigamos en la tentación de gritar «fraude» para contentar a un populismo demagógico. Esta línea devaluaría al Parlamento y a todos sus parlamentarios.

Giansily
Señora Presidenta, Señorías, 1995 fue el primer año de mandato para la nueva Comisión presidida por el Sr. Santer. En este año también la Comisión inició un ambicioso programa, SEM 2000, para la mejora de la gestión presupuestaria. Aprobar hoy la gestión de la Comisión equivale a evaluar los primeros resultados del proceso de reforma de la gestión financiera a la luz de la ejecución presupuestaria para el ejercicio de 1995.
Las cifras nos indican que hemos logrado mantener los gastos por debajo del techo de los créditos aprobados en un 13 %. Respecto a una cantidad disponible de 76.890 millones de ecus, sólo se han gastado 66.910 millones de ecus. Esto demuestra que la Unión Europea gasta mucho menos de lo que se pretende. Sin embargo, un control global del presupuesto no significa necesariamente una correcta ejecución de los créditos. Una gestión ahorradora del gasto no es suficiente. Aún habrá que alcanzar el objetivo de realización de las políticas decididas. Creo, efectivamente, en esta verdad básica: no se construye una política sobre un presupuesto sino un presupuesto sobre una política.
Como instrumento de gestión, el presupuesto debe ser también un factor de progreso. No disimulemos la realidad: si se han logrado ahorros en el presupuesto de 1995, se debe a que no hemos conseguido llevar a cabo de manera satisfactoria algunas políticas esenciales. El ejemplo sin duda más llamativo es el del Fondo Social Europeo: había 6.700 millones de ecus disponibles en créditos de pago, pero sólo se gastaron 5.100 millones de manera efectiva, y 24 % de los créditos se ha quedado sin utilizar. Seguramente en algún lugar se ha producido un error de apreciación enorme.
La segunda carencia importante que cabe destacar en la ejecución del presupuesto de 1995 es el fraude. Con 1.140 millones de ecus, es decir 1, 7 % de los gastos, el volumen de las irregularidades registradas ha alcanzado una nueva cifra récord. Las medidas de lucha contra el fraude siguen siendo muy insuficientes, ya que el fraude se generaliza y se convierte, prácticamente, en una actitud económica, tal como ha puesto perfectamente de manifiesto la Comisión temporal de investigación sobre el tránsito comunitario. Este problema es alarmante. En tres años, el volumen de fraudes se ha multiplicado por siete. En 1992 se contabilizó un volumen de irregularidades de 204 millones de ecus; en 1995, se evalúa en un poco más de 1.100 millones de ecus. En lo referido a este mal endémico de la Unión Europea, las responsabilidades están repartidas y hay que recordar, como ha dicho acertadamente el Sr. Wynn, que el 80 % de los créditos los ejecutan y los gestionan los Estados miembros y que, por esto mismo, existe la obligación de garantizarles una buena utilización del dinero de la Comunidad gastado en su territorio. En este sentido, la situación no es siempre satisfactoria. El ponente, Sr. Wynn, se ha percatado perfectamente y con toda razón de estas dificultades.

Mulder
Señora Presidenta, quisiera limitar mi aportación al informe Wynn y empezar expresando mi satisfacción por su habitual entusiasmo y por el ahínco con que ha realizado su labor.
El informe de aprobación de la gestión contiene diversos aspectos positivos. En primer lugar podemos constatar que, en comparación con 1994, el número de irregularidades ha disminuido considerablemente. Si en 1994 ascendía aún al 23, 5 %, en 1995 había quedado reducido al 10 %. Es muy positivo, pero esto no quita que el porcentaje siga siendo excesivo. El problema es por supuesto que los Estados miembros suelen gastar el dinero y que con ello hay que mejorar la cooperación. Creo que sobre todo es necesario que la Comisión y el Tribunal de Cuentas se pongan de acuerdo en torno al método idóneo, al método estadístico, para que el Parlamento pueda juzgar adecuadamente sobre los hechos que llegan hasta nosotros. Quiero decir una cosa, y es que no estoy de acuerdo con las conclusiones del Sr. Wynn en torno a la agricultura, y en especial en torno al punto 24. La Comisión ha aplicado al pie de la letra la política que se había acordado con las reformas de MacSharry en 1992. Si ha resultado más alto, pues así sea, pero no podemos exigir que se vuelva a 1992, pues no era en absoluto lo acordado.
Y ahora algo más sobre los propios recursos, señora Presidenta. ¿Es cierto que en estos momentos la estimación del PNB está fuera de toda duda o todavía es posible un método más correcto?

Müller
Señora Presidenta, señoras y señores, nuestra comisión se ha ocupado específicamente de las experiencias de la política exterior y de seguridad común, apoyada en los informes especiales del Tribunal de Cuentas sobre la Administración de la UE en Mostar y sobre la observación de las elecciones en Palestina. Lamentablemente, para nosotros se ha visto confirmada la imagen desolada respecto de la administración y del control de los recursos que se han gastado allí. Desolada, no por lo que respecta a la determinación final de los recursos, sino desolada porque las oscuridades institucionales acerca de las estructuras y de las competencias entre el Consejo y la Comisión conducen a que siga siendo imposible un aprovechamiento fluido de los recursos y que los responsables in situ como, por ejemplo, Hans Koschnik, se vean envueltos en grandes dificultades.
En este ámbito hay que lograr una responsabilidad plena de la Comisión, de suerte que el Parlamento se vea en situación de otorgar con pleno sentido una aprobación de la gestión. A este respecto es, naturalmente, un prerrequisito que en el futuro sigan siendo también no obligatorios los gastos que se realicen en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. Todo lo demás significaría una regresión a la cámara oscura de los acuerdos ministeriales y esto en unos tiempos en los que se exige más transparencia y democracia.
Quiero instar al Sr. Friedmann a que presente urgentemente la opinión que está anunciada desde 1994 sobre la Política Exterior y de Seguridad Común y que ha de servirnos de apoyo en las deliberaciones sobre la Conferencia intergubernamental.
En segundo lugar, quisiera llamar la atención acerca del último apartado del Informe Wynn en el que se trata de la publicación de la negativa del visado del interventor. En lo que respecta a nuestra Asamblea hay que registrar aquí un dramático aumento en 1995 y 1996, en especial en relación con el equipamiento del nuevo edificio del Parlamento. A este respecto en el punto central figuran transgresiones de las normas presupuestarias y de la praxis de las adjudicaciones.
No se han respetado los plazos en los concursos, no se han cuantificado las necesidades, se ha otorgado la adjudicación a ofertas sobrevaloradas, se han suplementado a posteriori ofertas sin convocar nuevos concursos, etc. Todo esto arroja una luz muy mala sobre la credibilidad de nuestra propia institución y requiere una corrección urgente. Para atajar el crecimiento descontrolado de negativas de visado del interventor sería muy útil que en el futuro el Tribunal de Cuentas los publicase en su informe anual. La transparencia es el primer y más importante requisito para la eliminación de esta mala administración.

Dell'Alba
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, sólo cabe por mi parte felicitar a los ponentes por este conjunto de resoluciones legislativas sobre la aprobación de la gestión, y en particular al Sr. Terry Wynn, ya que sobre todo me referiré a su informe sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1995, por la calidad de su trabajo, la multiplicidad de los aspectos abordados y su competencia. Creo que el Parlamento desempeña correctamente su función en lo referente a la acción de aprobación de la gestión de la Comisión.
Personalmente, quisiera de todos modos aprovechar esta intervención para formular una pequeña crítica, a saber, que en un documento tan amplio uno se acaba saliendo un poco del marco estricto de la aprobación de la gestión. Cuando veo algunos párrafos, a menudo introducidos por enmiendas, me preocupo. Por ejemplo, en lo relativo a la dotación en personal de TACIS -problema que entre tanto parece que se ha resuelto-, cuando veo que se pide una investigación sobre los beneficios obtenidos por las mujeres en los programas de desarrollo, cuando veo que se utiliza el informe Wynn sobre la aprobación de la gestión de 1995 para solicitar que se mantengan en reserva fondos para el CERI de Florencia, después de una misión de la Comisión de Presupuestos hace algunas semanas, me preocupo. Ocurre como con el aceite de oliva, cuando veo que se preconizan medidas de urgentísima actualidad. Creo que aquí deberemos procurar que haya un reparto más estricto entre los documentos, lo que no resta nada a la excelente calidad del informe Wynn.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, dedicaré mi intervención al informe del Sr. Wynn sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio de 1995. Debo decir de entrada que este informe no contará con el respaldo de mi Grupo.
Estoy de acuerdo, qué duda cabe, con el ponente cuando expresa su satisfacción acerca del espíritu de cooperación constructiva que se ha creado entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas, cuando señala que el control del Tribunal de Cuentas sobre el balance consolidado de gastos e ingresos ha mejorado desde 1994. Pero me parece que, una vez más, el ponente y la Comisión de Control Presupuestario no sacan las conclusiones correctas del análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas.
Efectivamente, el Tribunal de Cuentas, al igual que hizo para 1994, considera que para 1995 tampoco puede conceder una garantía general sobre la legalidad y regularidad de los procedimientos de pago del ejercicio presupuestario. El año 1995 será un año récord, ya que las irregularidades alcanzan la cifra descomunal de 1.140 millones de ecus, es decir el 1, 7 % de los gastos. Además, el Tribunal señala que la cantidad acumulada de los errores substanciales relativos a los procedimientos de pago rondarían los 4.000 millones de ecus, es decir 5, 9 % de las cantidades consideradas, mucho más del 1 % juzgado aceptable por el Tribunal.
A pesar de esto, al igual que en 1992, 1993 y 1994, la Comisión de Control Presupuestario nos propone que aprobemos la gestión de la Comisión. ¿Durante cuántos años se sentirá todavía obligado el Parlamento a conceder su confianza, con la esperanza puesta en un futuro SEM 2000?
Además, el informe saca conclusiones erróneas. En primer lugar, al incluir disposiciones que nada tienen que ver con la aprobación, y el Sr. Dell'Alba lo acaba de recordar. Luego, proponiendo medidas ideológicas de comunitarización: comunitarización de los sistemas aduaneros. Así pues, se recurre a medias ideológicas para huir de las verdaderas medidas que hay que tomar frente a las irregularidades. La última innovación en la materia, la nueva panacea, es proponer la aprobación de la gestión para el presupuesto del Consejo.

Le Gallou
Señora Presidenta, el informe del Sr. Wynn sobre la ejecución del presupuesto general para 1995 confirma las evoluciones preocupantes constatadas en los años anteriores. En primer lugar, el aumento del volumen de las irregularidades registradas: 204 millones de ecus en 1992, 403 en 1993 y 1.080 millones en 1995. Esto demuestra, sobre todo, el mal funcionamiento del mercado único, las insuficiencias de los controles aduaneros en las fronteras de la Unión Europea y el desbarajuste del tránsito comunitario. En cuanto a los errores de legalidad y regularidad, por su parte éstos también progresan. Representaban en 1994 el 4 % de los gastos, cerca del 6 % (5, 93) en 1995. Esto se explica sobre todo por la excesiva generosidad de los presupuestos, que desemboca en el laxismo de la ejecución.
Luego hay que señalar un bajo nivel de utilización de los créditos, sobre todo para los fondos estructurales del orden del 20 % y, concretamente, para el Fondo Social Europeo, en un 24 %. Pero también se da una infrautilización de los créditos para las políticas exteriores. En este caso, la infrautilización se debe, esencialmente, a la sobreestimación inicial de los gastos. En este sentido sólo cabe lamentar que, con ocasión de las orientaciones presupuestarias de 1998, nuestro Parlamento no haya tenido en cuenta estos hechos para programar una revisión a la baja de los gastos de los Fondos estructurales y de las políticas exteriores.
Dicho claramente, allí donde hay un nivel bajo de utilización de los créditos, no hay que empeñarse en querer realizar gastos inútiles sino hacer recortes en las estimaciones presupuestarias excesivas y tener en cuenta estos hechos, estas constataciones repetidas año tras año, con ocasión de la revisión de las perspectivas financieras en 1999.

Tomlinson
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a los cuatro ponentes, los Sres. Wynn, Dankert, Blak y Bösch, por sus informes. Quiero dirigir algunas observaciones a cada uno de los protagonistas del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, en primer lugar al Parlamento.
Hoy es bastante deprimente ver que lo que tenemos en el Parlamento, el cual debiera estar tomando en serio sus obligaciones de aprobación de la gestión, es en realidad una reunión de la Comisión de Control Presupuestario con unos cuantos diputados más. Son muy bienvenidos, pero son demasiado pocos. Es deprimente, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad a la que los diputados se apresuran a proponer enmiendas a favor de gastos adicionales pero sin comenzar a tomar en serio su obligación de controlarlos en lo que se refiere tanto a la calidad como a la cantidad. Espero que podamos seguir insistiendo con ahínco a nivel interno en nuestras propias obligaciones.
En segundo lugar, deseo decir unas palabras a la Comisión. Son palabras de ánimo en la misma línea que el informe del Sr. Wynn; ánimo apoyando el trabajo de SEM 2000. Pero el ánimo que se da no es sólo en palabras. Ha habido una manifestación muy práctica de ánimo por parte del valiosísimo trabajo del Sr. Colom i Naval a la hora de apoyar el proceso de SEM 2000. Pero, por supuesto, diciendo esto a la Comisión, estamos también reconociendo que queda mucho camino por recorrer. Quiero recalcar en ese largo camino que queda por delante un par de cosas que se dijeron ayer y, en particular, recordar al Comisario Liikanen el compromiso que contrajo por estas fechas del año pasado respecto a las políticas de mayor concentración -a las que el pasado año llamó «políticas de masa crítica»- para que efectivamente tengamos políticas más coherentes, más claramente identificables y más fácilmente controlables.
Quiero decir también un par de palabras al Tribunal de Cuentas. Otra cosa que me deprime este año es eso a lo que ha hecho mención el Sr. Fabre-Aubrespy, la declaración de fiabilidad. No estoy muy seguro de que éste sea un uso correcto del lenguaje, porque parece un abuso lingüístico llamarlo «declaración de fiabilidad. No estoy seguro de que no se haya convertido en una no-declaración de fiabilidad o en una declaración de no-fiabilidad. Pero desde luego no se trata de una declaración de fiabilidad.
Con lo que nos encontramos es con que el mensaje se está volviendo confuso. Hemos asistido a una gran disputa entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas sobre metodología estadística que está desvirtuando todo el proceso de declaración de fiabilidad. He de decir lo siguiente a ambas instituciones: aclaren esa riña estadística y garantícennos, garanticen a los Estados miembros, garanticen a los ciudadanos que contamos con una base concertada para una declaración de fiabilidad en cuya metodología podamos confiar todos. A menos que contemos con ella, por lo que se refiere al esfuerzo de auditoría que se está invirtiendo, estaremos malgastando seriamente nuestros recursos. Se nos tiene que garantizar que el documento de fiabilidad es un documento que realmente merece la pena tener.
Paso brevemente al Consejo en la cuarta última parte de estos preciosos cinco minutos. El Consejo y el Parlamento comparten un lenguaje común pero no estoy del todo seguro de que compartamos una filosofía común. Compartimos un lenguaje común cuando todos nos arrodillamos ante palabras como «eficacia», »gestión financiera sólida» y «correcta disciplina presupuestaria». Puedo aplaudir al Presidente en ejercicio del Consejo cuando dice todas esas cosas. Valoraría aún más las palabras si se me asegurara que el esfuerzo realizado por el Consejo en altos niveles ministeriales en cuanto a las recomendaciones de aprobación de la gestión fuera de la misma magnitud que el realizado en la Comisión de Control Presupuestario. El Sr. Wynn ha señalado que el 80 % del gasto va a parar a los Estados miembros. Y, sin embargo, ese mismo Consejo que habla de eficacia y de buena gestión financiera es el que en gran medida convierte los reglamentos agrarios en un fracaso que posibilita la aparición del fraude y de irregularidades. Por eso les pido, cuando hablen del programa para la mejora de la gestión financiera o SEM 2000, que no se lo digan sólo a la Comisión, sino que también se aseguren de que se pone en práctica en la administración de los 15 Estados miembros que controlan el 80 %.
El ultimísimo comentario es para volver sobre algo que ha dicho el Sr. Dankert acerca de su aspiración de aprobar la gestión del Consejo en la ejecución del presupuesto. Sólo pienso en que, si tuviéramos esa capacidad, este sería el año en el que aprobaríamos la gestión del Consejo por ese mausoleo de aspecto estalinista conocido como edificio del Consejo, el que decidieron construir designándolo como gasto obligatorio. Habría sido una interesantísima aportación a nuestro debate de aprobación de la gestión en caso de que la aspiración del Sr. Dankert hubiera estado a disposición nuestra de forma retrospectiva.

Theato
Señora Presidenta, distinguidos colegas, para la Comisión de Control Presupuestario no ha sido fácil esta vez presentar en el tiempo prescrito -y, por cierto, en el tiempo prescrito por el reglamento presupuestario- el informe para la aprobación de la gestión. No ha dependido de la comisión. Esta ha ejecutado su trabajo de manera intensa y continuada, por lo cual quiero dar las gracias especialmente a los ponentes, los Sres. Wynn, Dankert, Blak, Bösch, y al Sr. Kellet-Bowman, así como a todos los miembros de la comisión y a su secretaría.
Los informes que se han presentado son también el resultado de una buena colaboración con la Comisión y con el Tribunal de Cuentas. También aquí quiero dar las gracias a los Sres. Friedman y Liikanen. ¿Por qué, entonces, estas dificultades en las pistas? La principal responsabilidad reside en el Consejo. Año tras año nos envía en el último momento las opiniones, que prescriben los tratados, acerca de la aprobación de la gestión. Así ha sucedido también esta vez. La opinión llegó un día antes de nuestra votación prevista en la comisión acerca del gran informe del Sr. Wynn sobre el presupuesto global. El lunes de esta semana nos llegó la opinión sobre el Fondo de desarrollo y la relativa a los informes del Sr. Kellet-Bowman no está todavía. Me pregunto qué pretende el Consejo con esta conducta no cooperativa. ¿Toma tan poco en serio la pregunta sobre el gasto correcto del dinero procedente de los contribuyentes? ¿Cree que la aprobación de la gestión de la Comisión es un mero asunto formal?
Sin embargo, hay un acento en la recomendación del Consejo que me reconcilia un poco. Esta vez se menciona más claramente que hasta ahora la responsabilidad de los Estados miembros. Cuatro de cada cinco ecus del presupuesto comunitario son gastados de manera descentralizada por los Estados miembros. De esta suerte éstos asumen también la obligación de administrar ordenadamente los recursos. La Comisión ha de vigilar esto. Queda claro en la propuesta de resolución. En otoño comprobaremos hasta qué punto la Comisión ha cumplido con los compromisos que se han hecho aquí.
En este punto quisiera hacer un elogio, dirigido a la Comisión, en especial al Sr. Liikanen y a la Sra. Gradin, los cuales con la iniciativa SEM 2000 que han puesto en marcha han ocasionado, en mi opinión, el comienzo de un cambio de sentido en el Consejo. El Parlamento los apoya en esto en la medida de sus fuerzas. Sin embargo, no necesito insistir en que los resultados del análisis del Tribunal de Cuentas nos hacen difícil conceder a la Comisión la aprobación de la gestión. Una vez más el Tribunal no puede dar una señal positiva en su declaración de fiabilidad. Ciertamente, más del 90 % de los gastos están en orden, pero el resto, precisamente, no lo está. Hemos de reducir este alto porcentaje de errores. Es bueno que en el futuro el Tribunal quiera definir aún más claramente los errores y, con ello, su evitación. Esto es cierto especialmente de los gastos agrícolas, en los que según los balances de los años pasados hemos constatado previsiones demasiado altas y también dineros pagados injustificadamente que han de retornar necesariamente al presupuesto comunitario.
Que el presupuesto de 1995 se haya quedado un 13 % por debajo de los pagos que estaban previstos, puede sonar, ante todo, a ahorro. Sin embargo, en un examen más atento hay que afirmar que no se han conseguido los objetivos que se habían fijado políticamente. Así, por ejemplo, en el Fondo social no se ha utilizado el 24 % de los recursos, aproximadamente, y esto en una situación de desempleo creciente.
Otro ejemplo preocupante: de los casi 580 millones de ecus que se han habilitado desde 1990 para la seguridad de las instalaciones nucleares en la Europa central y oriental, hasta 1995 sólo se han gastado, según el Tribunal de Cuentas, 140 millones. Aquí hay que introducir orden. Si, a pesar de esto, recomendamos la aprobación de la gestión para la Comisión, lo hacemos como un especie de anticipo de confianza, pues queremos que las cosas se pongan en orden y esperamos en septiembre una comunicación sobre la puesta en práctica.

Kjer Hansen
Señora Presidenta, con referencia al documento de trabajo sobre PHARE, quiero decir que estoy muy satisfecha de que la conclusión se haya incluido en el informe del Sr. Wynn, y agradezco la cooperación. Tenemos aquí un ejemplo de que nuestro trabajo es útil, ya que la Comisión ha adoptado por lo menos una petición y ha modificado la estrategia relativa al programa PHARE, para que el objetivo y las prioridades sean claramente la ampliación. De esta forma hemos contribuido a que los países beneficiarios puedan prepararse para la adhesión a la Unión Europea. Me alegro de que estemos de acuerdo en que el papel de PHARE debe ser contribuir a la adhesión como miembros de pleno derecho de los países de la Europa central y oriental.
Al mismo tiempo, la Comisión ha afirmado que se mejorará la gestión, se simplificará el procedimiento de toma de decisiones, y que éste será más transparente. Estas afirmaciones me parecen satisfatorias, pero mantendremos un seguimiento del trabajo en esta materia y controlaremos su puesta en marcha, para que haya cambios reales y no únicamente palabras. Al examinar los informes elaborados a lo largo de los años, vemos que se repiten una y otra vez las mismas críticas. He tomado nota de que también el Consejo tiene en cuenta que muchas de las críticas se repiten año tras año, lo cual me induce a pedirle que contribuya a cambiar esta situación. Es frustrante que ni siquiera el Consejo fomente la adopción de las decisiones necesarias.
En cuanto a PHARE, lamento que la Comisión no haya querido realizar un análisis global. Es importante que conozcamos el provecho que se obtiene de los diferentes proyectos, si realmente cambian algo y si contribuyen a mejorar las condiciones en los países beneficiarios. Como ha dicho la Sra. Wemheuer, debemos utilizar los fondos presupuestados, pero es importante también garantizar que contribuyen a un desarrollo positivo y que logramos algo con ellos. En relación con lo anterior, me preocupa oír que, por ejemplo, los fondos concedidos a Albania han desaparecido sin dejar rastro. No se sabe lo que ha pasado con el dinero.
Para terminar, ruego a la Comisión que se encargue de que se realice una evaluación global, para que sepamos realmente lo que se consigue con los fondos invertidos, y, de este modo, garanticemos el apoyo de los ciudadanos de la Unión a la continuación de los distintos programas.

Holm
Señora Presidenta, vuelvo al informe del Sr. Blak sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el informe del Tribunal de Cuentas. Pienso que este informe es de gran calidad y que es excelente que se hayan presentado tres casos para así presentar suficientes ejemplos, de modo que todos entiendan la esencia de este asunto.
Voy a referirme sobre todo al puente sobre el Gran Belt y el Oresund. Es evidente que la Comisión ha cometido un error. No es que nos haya costado mucho dinero, pero se ha adoptado por principio una decisión errónea cuando, en lugar de 170 millones de ecus, se han acordado 353 millones en concepto de préstamo al proyecto del Gran Belt. Se trata de un caso importante, puesto que se podían haber destinado estos medios a otras inversiones en estructuras, y se podían haber creado puestos de trabajo en otros lugares que las regiones cercanas al Gran Belt. Ante todo, es vital, en relación con el nuevo puente entre Suecia y Dinamarca, que se utilice el dinero del modo adecuado y que se no se favorezca este proyecto por encima de otros proyectos de infraestructuras que son igualmente necesarios. Lamentablemente, no estoy de acuerdo en que el puente entre Suecia y Dinamarca vaya a ser tan estético y funcional como sugiere la descripción del Sr. Blak. Al contrario, no es deseable un puente entre Suecia y Dinamarca.

Lukas
Señora Presidenta, la magnitud de las cantidades mal gestionadas y la evidencia de una estructura de gastos obsoleta son los elementos que deben proporcionar más inseguridad a los contribuyentes de los Estados miembros en su actitud hacia la Unión Europea. Si en tiempos de un desempleo dramáticamente creciente no se utiliza cerca del 24 % o 1.600 millones del Fondo Social, es que se trata aquí sencillamente de una política de cinismo. En una época de competitividad decreciente de la economía europea la totalidad de los recursos destinados a investigación asciende sólo a 2.900 millones ecus. Por el contrario, en el mismo año sólo los gastos destinados a cereales y a cultivos agrícolas, que se incrementaron en un 22, 6 %, ascendieron a más de 15.000 millones de ecus, lo cual está en contradicción con el objetivo de contención de los costes en el ámbito agrícola.
Las irregularidades en los gastos relativos a animales y superficies de cultivo se cifran en 1.700 millones de ecus, que equivalen a dos tercios de los gastos totales en investigación. Estas discrepancias demuestran, sobre todo, la necesidad de una reforma de la estructura de gastos que se corresponda con las realidades económicas y sociales.

Kellett-Bowman
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias en primer lugar a todos los que han presentado su informe a la Asamblea esta mañana, pero especialmente a Terry Wynn; su experiencia se deja notar una vez más. En Gales se le conocería como «Wynn, the Discharge» (Wynn, el de la aprobación de la gestión).
Hay sólo dos cosas que quiero comentar. La primera es que en Maastricht el Consejo Europeo, con su sabiduría, dio instrucciones al Tribunal de Cuentas de que elaborara este certificado de fiabilidad: la DAS. En 1994 elaboró una que nos daba una extrapolación en cifras de lo que parecía ir mal y para 1995 hemos tenido otra. Esa estadística final es en lo que parece estarse fijando todo el mundo, en lugar de en todo el trabajo que lleva detrás. El hecho es que el Consejo no entregó al Tribunal los recursos, ni los medios, para que hiciera todo este trabajo suplementario.
No creo que el informe o la resolución de aprobación de la gestión sean el escenario adecuado para comentar los procedimientos empleados por el Tribunal para elaborar el certificado. Hemos sacado adelante con dificultad algunas enmiendas del informe en ese sentido y creo que hemos hecho bien.
Estoy a la espera de la reunión que se celebrará en breve con el Tribunal de Cuentas y la Comisión de Control Presupuestario para ver qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente en esta operación conjunta.
De nuevo con su sabiduría, el Consejo Europeo ha establecido lo que yo denomino «una constelación de satélites». En el informe se los denomina «organismos comunitarios descentralizados», y estos organismos de segunda generación nos van a dar problemas. Nosotros, por nuestra parte, vamos a dar problemas al Consejo y a la Comisión a menos que el Parlamento obtenga lo que ha pedido, es decir, el derecho a conceder la aprobación de la gestión y el derecho de la Comisión a realizar toda la labor de control financiero sobre dichos organismos.
Últimamente he recibido buenas noticias de los servicios de control financiero de la Comisión en el sentido de que hay un trabajo interesante en marcha para remediar esta situación, la cual ha sido criticada año tras año por el Tribunal de Cuentas en relación con los dos organismos «antiguos», como se les puede llamar: el de Dublín y el que ahora está en Salónica.
Quiero dar las gracias al Tribunal por el trabajo de elaborar estos informes extraordinarios sobre los nuevos organismos satélite, que abarcaban sus comienzos en algún momento de 1994 y después 1995. Fue muy útil y anima al Parlamento a seguir en la línea que hemos establecido. Así pues, deseo dar las gracias al Tribunal en particular y espero que prosiga la cooperación entre éste y la Comisión de Control Presupuestario a la hora de hacer este interesante trabajo.

Bardong
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, aunque venimos discutiendo desde hace años sobre la aprobación de la gestión, hay que afirmar que el procedimiento sigue necesitando todavía mejoras y hemos de seguir trabajando en esto. Esto se refiere a la introducción de las llamadas declaraciones de fiabilidad en el debate sobre la aprobación de la gestión. Pero se refiere también a hechos tales como que el Consejo no ha hecho a su debido tiempo sus deberes, al menos en lo que respecta a una parte de los temas de la aprobación de la gestión.
La opinión pública o los participantes se están haciendo conscientes sólo poco a poco de que el 80 % de los gastos es administrado por los Estados miembros. Por consiguiente, es bueno que esto se haya advertido también en el propio Consejo. Pero los Estados miembros deben reaccionar también ante el informe del Tribunal de Cuentas. La Comisión debe informarse también de las reacciones de los Estados miembros y, a su vez, también debe informarnos a nosotros; en el futuro debería tenerse en cuenta este deseo.
Pero el Parlamento tiene que mejorar también, seguramente, sus trabajos, por ejemplo, en la cooperación de las comisiones con la Comisión de Control Presupuestario en lo que respecta a la aprobación de la gestión. En lo que se refiere al contenido, los temas de que hablamos son, ciertamente, los mismos, sobre todo las deficiencias en la ejecución del presupuesto. Aunque esto varía a veces de un ámbito político a otro, el problema es básicamente el mismo. La Sra. Wemheuer y la Sra. Theato se han referido ya a la importancia política de estas pérdidas.
Pero, sobre todo, tengo también otro deseo, en concreto, que los recursos propios deben ser objeto de una mayor consideración. Agradezco al Sr. Wynn que lo haya hecho ya en su informe. Pero lamento que la comisión no haya apoyado la petición de un informe específico sobre esto. Pero, a pesar de ello, espero que el Tribunal de Cuentas nos proporcione todavía algún material al respecto, sobre todo, con vistas al nuevo régimen financiero de 1999.

McCartin
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Wynn, a todos los ponentes y a la Sra. Theato y decir que son un grupo de personas entregadas a la ocupación de poner en orden las finanzas de la Comunidad. Lo más extraordinario del presupuesto para 1995 -en comparación con los presupuestos nacionales, que están plagados de gastos en exceso, es que el gasto ha resultado ser un 13 % inferior a nuestros compromisos. No es que sea algo necesariamente bueno, pero es sin duda mucho mejor que el problema del gasto deficitario, del que tanto oímos hablar a nivel nacional.
En el caso de los Fondos estructurales -que son el instrumento de la cohesión económica y social y que representan una suma de dinero relativamente modesta habida cuenta de que transfieren entre un 2 y un 3 % del PNB a las regiones del Objetivo 1- el hecho de que se hayan dejado de emplear en un 19 % es causa de preocupación, porque son un instrumento muy valioso que debiera emplearse al máximo.
El Sr. Wynn se centra, lógicamente, en el control y recuperación del dinero utilizado en exceso y en la evaluación; pero, en relación con los Fondos estructurales, hay un problema más. Mi propia experiencia en Irlanda, que ha tenido unos resultados especialmente buenos y que se pone de ejemplo, es que el dinero que hemos transferido a lo largo de 15 años -el cual alcanzó su punto más alto en 1992, antes del programa actual- ha ido a parar a pagos del sector público y seguridad social más que a infraestructuras económicas. Cualquiera que examine atentamente las tendencias del gasto público puede verlo, y el hecho de que no lo hayan observado ni la Comisión ni el Tribunal de Cuentas significa que nuestro sistema de evaluación tiene algunos puntos débiles. Aunque Irlanda ha hecho grandes progresos, la lección que hay que aprender es aplicable a todas las partes de la Comunidad -porque probablemente se verá que lo mismo ha ocurrido en otras zonas- y consiste en que debemos redefinir nuestra estrategia, restringir nuestros objetivos y armonizar nuestras políticas con los Estados miembros y regiones por separado, en vez de intentar tener un reglamento global para todo el mundo. Si hubiéramos hecho esto, el control y recuperación de los que habla el Sr. Wynn no supondrían tanto problema.

Liikanen
Señor Presidente, en los informes Wynn, Blak y Bösch se propone conceder a la Comisión la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Comunidad para 1995, así como del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y del Fondo Europeo de Desarrollo. La Comisión se está dedicando a un seguimiento cuidadoso de las cuestiones planteadas en los informes y en la resolución. De hecho, se está trabajando considerablemente para atender a las grandes preocupaciones del Parlamento.
Quisiera hablar de parte de ese trabajo. En primer lugar, acerca de los progresos realizados en el marco de la iniciativa SEM 2000. Los Estados miembros van empezando a aceptar la necesidad de aplicar un enfoque conjunto para abordar las cuestiones de gestión financiera que lanzó la Comisión en SEM 2000, en gran parte ante la insistencia del Parlamento. Varios Estados miembros, por ejemplo, han aceptado ya la invitación de responder directamente a comentarios realizados en los informes del Tribunal. Las aportaciones quedarán reflejadas en el informe de seguimiento que saldrá más tarde este año, tal como se pide en el informe Wynn. Ello les dará a ustedes la oportunidad de contar con la información que solicita el Sr. Bardong.
En cuanto a la aplicación coherente de normas de elegibilidad de los Fondos estructurales, una solución aceptable ha recibido ahora la aprobación unánime del Consejo. La aprobación de la decisión definitiva está en el orden del día de la Comisión de la próxima semana. En el futuro, en todas las decisiones sobre programación se incluirán directrices claras sobre los problemas recurrentes de elegibilidad. Ello supondrá un gran paso hacia una mejor gestión financiera; y, por otro lado, representa una respuesta efectiva a las críticas reiteradas por parte del Tribunal y del Parlamento Europeo.
La segunda cuestión clave afecta a posibles correcciones financieras en los Fondos estructurales, a las que se ha referido el Sr. Dankert. Quiero responder a algunos de sus comentarios. Sobre este tema se tiene que avanzar todavía. La Comisión propone seguir un enfoque de dos vías. En primer lugar, estamos presentado un proyecto de reglamento de la Comisión destinado a aclarar las responsabilidades de los Estados miembros en materia de control financiero; este reglamento se basará en el artículo 23 del actual reglamento del Consejo sobre gestión de los Fondos estructurales. En segundo lugar, aclararemos nuestras orientaciones internas sobre las circunstancias en las que habría que hacer correcciones financieras claras de conformidad con la legislación vigente. Para ello se tomará como base el artículo 24 del reglamento del Consejo antes mencionado.
Con respecto al método, quisiera ser un poco más preciso, porque conozco el gran interés del Parlamento por el tema. Quiero mencionar los cuatro puntos siguientes: en primer lugar, el enfoque de la Comisión incluye aclarar la aplicación de los actuales reglamentos de los Fondos estructurales usando las actuales capacidades jurídicas; en segundo lugar, con él no se pretende imponer nuevas estructuras administrativas a los Estados miembros -la intención, más bien, es introducir unos criterios mínimos y suficientes de control que se apliquen de forma coherente en toda la Unión Europea-; en tercer lugar, la Comisión no propone ningún cambio fundamental del enfoque de programación, según el cual los Estados miembros suelen tener libertad para trasvasar fondos entre proyectos elegibles; en cuarto lugar, y como punto más importante, conviene aclarar las circunstancias en las que habría que hacer correcciones financieras claras sin posibilidad de sustitución -por ejemplo, cuando se haya producido un fallo sistemático del control financiero o haya habido una negativa a cooperar con la Comisión. Es nuestra intención aplicar esta cuarta postura, que significa la vuelta de transferencias netas.
Veo que en la resolución que tienen ante ustedes se invita a la Comisión a hacer una propuesta de modificación del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 del Consejo a fin de que se pueda emprender una acción correctiva eficaz en caso de irregularidades. Puedo confirmar que no hemos descartado esta posibilidad para el futuro. Nos hemos comprometido ya a revisar las disposiciones correspondientes del reglamento del Consejo antes de que comience el próximo período de programación y tendremos plenamente en cuenta las opiniones del Parlamento en ese contexto. Me parece totalmente natural que cuando hagamos nuevas propuestas de programas de los Fondos estructurales para después del año 2000, en el paquete global vaya incluido un nuevo reglamento. No estamos hablando de un futuro muy lejano. Será en el año 2000 cuando entren en vigor, pero las propuestas habrá que hacerlas antes de esa fecha.
Sin embargo, estoy de acuerdo con el Sr. Dankert en que no podemos permitirnos esperar al cambio del 2000 para tomar medidas en este área. Pueden hacerse mejoras dentro del ámbito de aplicación del reglamento actual, como ya he dicho, y esta es la razón por la que la Comisión se propone seguir a corto plazo el enfoque de doble vía antes mencionado.
En el marco de SEM 2000, se está trabajando para mejorar la cooperación con los Estados miembros en materia de previsiones y ejecución del presupuesto. Las estrictas limitaciones presupuestarias en el período previo a la tercera fase de la UEM hacen más importante la obtención de unas estimaciones lo más actualizadas y realistas que sea posible sobre las necesidades presupuestarias. Es preciso hacer avanzar esto con urgencia, con miras a la preparación del presupuesto de 1998. De hecho, el tema fue debatido ayer en el diálogo a tres con el Consejo y el Parlamento. Tuvimos un problema con las previsiones del sector agrario. La propuesta de presupuesto la tenemos que hacer en abril. Supone bastante anticipación respecto a 1998. Si tenemos la oportunidad de volverlo a examinar este año y quizá enviar una carta de modificación y rectificación al Parlamento, se tendría una base más sólida para las decisiones presupuestarias del próximo año.
Se ha invitado al ponente del Parlamento sobre SEM 2000, Sr. Colom i Naval, a asistir a la próxima reunión del Grupo de representantes de personal en mayo, en la que intentaremos zanjar el tema de las correcciones financieras.
Voy a tocar brevemente los otros dos puntos. En primer lugar, la declaración de fiabilidad o DAS. Al igual que el año pasado, en el informe de Terry Wynn se describen con gran claridad los resultados y las dificultades. Comparto su inquietud respecto a las cifras y su interpretación. Quiero hacer hincapié en que el problema responde a que hay una considerable falta de experiencia. Los resultados de las dos primeras DAS han sido distintos sin que haya una buena explicación sobre los motivos. Ello subraya el carácter experimental de la DAS, del cual éramos todos conscientes desde el principio. Deberán pasar algunos años antes de que esté suficientemente madura para dar confianza no sólo al auditor, sino también al auditado. Mientras tanto, todas las cifras y, sobre todo, las conclusiones resultantes de las DAS deberán tomarse con precaución. Por supuesto, cuando el próximo verano hagamos un debate con el Tribunal de Cuentas a propósito de la realización de la DAS de 1996, tomaremos en consideración los deseos de ustedes y esperamos poder llegar en la medida de lo posible a un lenguaje común, aunque respetando, por supuesto, la independencia del Tribunal de Cuentas en la realización de su trabajo.
En segundo lugar, en relación con PHARE, no cabe sino reconocer las dificultades descritas por el Tribunal y subrayadas en el informe Wynn. Como primera respuesta, la Comisión decidió el 19 de marzo unas nuevas directrices políticas para PHARE, que reorientan el programa hacia dos prioridades principales: la creación de instituciones y el apoyo a las inversiones. También deberá reformarse la gestión de PHARE. Habrá que simplificar los procedimientos, descentralizar la ejecución y dar un papel más importante a las delegaciones de la UE. El Sr. Tomlinson ha mencionado mis observaciones del año pasado sobre concentrarse en proyectos de mayor envergadura que son más fáciles de gestionar, a fin de tener suficiente masa crítica. La reorientación de PHARE es un buen ejemplo de ello.
Estamos intentando avanzar más en algunas otras áreas del presupuesto. No es fácil en la Comisión de por sí, pero ustedes saben tan bien como yo que tampoco será fácil en el Parlamento. No olvidemos que ahora estamos administrando el presupuesto de una Unión de 370 millones de habitantes. Las pequeñas partidas presupuestarias con una masa crítica muy secundaria son de hecho imposibles de ejecutar de una forma que resulte eficaz. Los costes administrativos suelen ser mayores que las sumas presupuestarias en cuestión y no hay posibilidad de control. Así que tendríamos que considerar con ojos críticos qué es lo que puede ejecutarse y cómo hacerlo.
He oído el comentario de que no hemos empleado todos los créditos. Hay a veces hay cantidades en las líneas presupuestarias que no pueden ejecutarse fácilmente. No sólo tendríamos que hablar de las prioridades políticas sino también de cómo traducir éstas a un lenguaje presupuestario que pueda ponerse en práctica.
Volviendo a PHARE, los nuevos elementos quedarán más claros cuando la Comisión presente su estrategia de preadhesión después de que termine la Conferencia Intergubernamental. Este trabajo será realizado en estrecha colaboración con el Parlamento. También facilitará seguramente los preparativos para el presupuesto de 1998.
El Sr. Blak me hizo dos o tres preguntas muy detalladas. Espero poder volver a ellas después de consultar con mis servicios. Puede que la próxima semana podamos mantener contactos bilaterales sobre los temas a los que se refieren.
Por último, deseo terminar dando las gracias a los ponentes, Terry Wynn, Freddy Blak y Herbert Bösch, a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, así como a los diputados que han hecho un gran esfuerzo por analizar el informe del Tribunal de Cuentas y determinar qué medidas clave deben adoptarse. El apoyo de ustedes es crucial para seguir progresando hacia una buena gestión financiera de la Comunidad. Queda mucho camino por recorrer, pero nos mantendremos firmes y no nos volveremos atrás.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Acuerdo Euromediterráneo Interino con la OLP -
Proceso de paz en Oriente Próximo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de la recomendación (A40103/97) de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la decisión del Consejo (COM(97)51-6572/97 - C4-0112/97-97/0036(ACV)) relativa a la celebración por la Comunidad Europea de un Acuerdo Euromediterráneo Interino de Asociación sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y la OLP en beneficio de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza (Ponente: Sr. Alavanos) y de una declaración del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo.

Alavanos
Señor Presidente, en circunstancias normales, este debate acerca del Acuerdo Interino sobre comercio y cooperación firmado entre la Unión Europea y la Organización para la Liberación de Palestina tendría carácter formal. Cuenta, de todos modos, con el apoyo unánime de todos los Grupos del Parlamento Europeo, como se puso de manifiesto en el debate de la Comisión de Asuntos Exteriores y en la votación correspondiente, que tuvieron lugar hace unos días.
Sin embargo, en medio de la avalancha desencadenada en la región de Oriente Próximo tras la irresponsable decisión del Gobierno israelí de Netanyahu de construir nuevos asentamientos en las zonas orientales de Palestina, el debate sobre este acuerdo asume un carácter especial y gana mucho peso: debería ser una señal clara del Parlamento Europeo dirigida tanto al Consejo de Ministros de la Unión Europea, para que éste actúe decididamente, como a los protagonistas de la crisis de Oriente Próximo.
En lo que se refiere al Acuerdo como tal, quisiera señalar lo siguiente:
Primero, se trata de un acuerdo sui generis. No es un acuerdo entre la Unión Europea y un país, o un Estado; ni siquiera entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina, cuyo ordenamiento jurídico no admite la firma de acuerdos internacionales. Es un acuerdo entre la Unión Europea y la OLP, original y sui generis que, obviamente, se apoya en el acuerdo provisional israelopalestino, de acuerdo con el cual la OLP puede firmar acuerdos internacionales. De todas formas, los territorios palestinos, como región forman parte del ámbito de aplicación del Programa MEDA y de la política mediterránea de la Unión Europea.
Segundo, es un acuerdo interino de caracter provisional, que abarca hasta 1999, con arreglo a las disposiciones transitorias incluidas en los acuerdos de Oslo.
Tercero, no es un acuerdo mixto. No requiere el consentimiento de los Estados miembros y, en consecuencia, tampoco requiere la ratificación de los Parlamentos nacionales.
Cuarto, es un acuerdo que ha sido negociado literalmente en un tiempo récord: el 1 de octubre de 1996 el Consejo aprobó las directivas previas a la firma del acuerdo, que ya se rubricó el 10 de diciembre de 1996 y, finalmente, se firmó el 24 de febrero de 1997. Claro está que las circunstancias que se daban al comienzo del proceso de negociación de este acuerdo eran completamente distintas de las que reinaban hacia el final y, sobre todo, en el momento de su aprobación por el Parlamento Europeo.
En cuanto al contenido del acuerdo, salvo las mencionadas peculiaridades, es equivalente al de los otros acuerdos euromediterráneos, por lo que no es necesario que lo comente. Tan sólo mencionaré dos puntos:
Primero, es posible que al cabo de un año o dos los contingentes relativos a determinados productos como los productos agrícolas, se reduzcan bastante.
Segundo, debemos prestar atención a las claúsulas del artículo 68, que permiten a cada una de las Partes adoptar las medidas que considere eficaces para su seguridad en caso de guerra o de disturbios internos. El artículo 68 no debe prevalecer sobre el artículo 2, sino estar subordinado a éste, que prevé la inviolabilidad de los derechos humanos en cualquier situación y, especialmente, en relación con la tortura, la protección de los derechos democráticos, etc.
Creo que la parte principal de este acuerdo es su importancia política. Refuerza la Autoridad Palestina y puede contribuir a la estabilidad de la zona, así como a la integración regional. Por esta razón, precisamente, el Parlamento Europeo lo celebra y lo aprueba. No obstante, como se ha podido comprobar, todo esto depende de factores externos, que pueden convertir este acuerdo en un papel sin mayor trascendencia. Desde este punto de vista, creo que mucho más importante que la aprobación final del acuerdo por el Parlamento Europeo es que el Consejo de Ministros de la Unión Europea adopte una posición firme, decidida, consistente y en bloque con respecto a la crisis actual. No creo que debamos seguir el ejemplo de la política de Poncio Pilatos que, lamentablemente, hemos observado en el Presidente de Estados Unidos, el Sr. Clinton. Debería intervenir de forma consistente y clara con respecto a Israel para poner fin a la construcción de asentamientos en la parte oriental de Jerusalén y así poder albergar la esperanza de que vuelva a restablecerse el proceso de paz en Oriente Próximo.

Ferrer
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores no puede sino felicitarse también por el Acuerdo interino sobre comercio y cooperación firmado entre la Unión Europea y la OLP, en beneficio de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza.
En primer lugar, porque contribuirá a edificar una zona de paz y estabilidad en la región en la medida en que constituye un instrumento para facilitar el desarrollo económico de los antiguos territorios ocupados, en la línea de la política defendida por la Unión Europea desde 1970, que ha hecho de la Unión el principal donante tanto de ayuda humanitaria como de ayuda al desarrollo económico y político del pueblo palestino.
En segundo lugar, porque supone formalizar, aunque sea de manera provisional y hasta 1999, las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina, tal y como esta comisión había solicitado, y porque confirma con ello la condición de socio mediterráneo de pleno derecho del pueblo palestino en cuanto se fije el estatuto jurídico de Cisjordania y de la Franja de Gaza.
Y en tercer lugar, porque el fundamento democrático de este acuedo complementado con la cláusula de nueva ejecución supone una contribución al desarrollo de los principios democráticos y de los derechos fundamentales que debe acompañar al proceso de paz. La importancia, sobre todo política, de este acuerdo y su oportunidad de cara a la difícil situación que está atravesando el proceso de paz y de cara también a la Segunda Conferencia Euromediterránea resulta pues indudable. De ahí que la Comisión Rex haya emitido también una opinión positiva sobre este acuerdo, pero de ahí también que en nombre de la Comisión Rex deba lamentar y manifestar mi desacuerdo con el procedimiento seguido por la Comisión de Asuntos Exteriores que ha emitido su dictamen conforme sin tener en cuenta la opinión de nuestra comisión.
No es la primera vez que esto ocurre, pero en esta ocasión lo lamentamos particularmente tanto por tratarse de un procedimiento de ratificación como por el valor político del acuerdo.

Patijn
Señor Presidente, le agradezco mucho que me brinde usted la oportunidad, sobre todo en vista de la situación actual en Oriente Medio, de emitir una declaración en nombre del Consejo.
El Consejo está sumamente preocupado por los últimos desarrollos en el proceso de paz de Oriente Medio. Mientras que el pasado mes de enero se había dado un claro paso adelante en la vía palestino-israelí con la firma del protocolo sobre la reagrupación israelí en Hebrón, se ha evidenciado que el impulso generado entonces no podía durar. La decisión israelí de construir 6.500 viviendas en una colina de los alrededores de Jerusalén, que los israelíes llaman Har Homa y los palestinos Jebel Abu Gneim, ha empeorado notablemente la situación en la región. La tensión se ha incrementado mucho.
La confianza del mundo árabe y la voluntad de paz del gobierno israelí han disminuido. Junto a las protestas pacíficas de los palestinos contra la decisión tomada, en diversos lugares ha estallado la violencia. Se han perpetrado atentados terroristas suicidas contra ciudadanos israelíes. En más de una ocasión, el Consejo ha dado a conocer su visión sobre la política de asentamientos israelí. Así, la Unión Europea considera que los asentamientos son contrarios al derecho internacional e incompatibles con las resoluciones del Consejo de Seguridad nº 242 y nº 338, que forman la base del acuerdo de paz. Además, la política de asentamientos israelí se anticipa al resultado de las negociaciones sobre el estatuto permanente. Me refiero concretamente a la posición de Jerusalén. Cabe constatar que la política de asentamientos socava el proceso de paz y la confianza de los palestinos y de los países árabes en dicho proceso.
Previamente a la decisión israelí sobre Har Homa/Jebel Abu Gneim, la Unión Europea instó a Israel por vía diplomática para que renunciara a los planes de construcción. Cuando Israel perseveró en su decisión, la Unión Europea hizo pública su oposición a través de la Presidencia, también en el marco de las Naciones Unidas.
El Consejo se ha enterado con horror de los recientes atentados cometidos en Israel y los ha condenado duramente. Un atentado tuvo lugar en un café de Tel Aviv y recientemente se perpetraron dos atentados suicidas en Gaza. Es evidente que la violencia destruye la base del proceso de paz. Mata a ciudadanos inocentes, que se sienten inseguros debido a los atentados.
La Unión Europea ha instado encarecidamente a la Autoridad Palestina para que se esfuerce al máximo por combatir el terrorismo en los territorios que tiene bajo su autoridad, de acuerdo con las obligaciones que se derivan del acuerdo interino. Como ya sucedió en el pasado, Israel ha reaccionado al último atentado terrorista cerrando de nuevo las fronteras en la franja de Gaza y Cisjordania. El Consejo mantiene su postura de que toda restricción de la libertad de movimientos de los palestinos ha de circunscribirse a las medidas realmente necesarias para garantizar la seguridad de Israel.
Los renovados actos de violencia, que ayer volvieron a causar nuevas víctimas, ilustran a juicio del Consejo la vulnerabilidad del proceso de paz. Todas las partes implicadas han de asumir su responsabilidad a la luz de esta precaria situación. Además, no debemos perder de vista las medidas estructurales necesarias para el proceso de paz en favor de la población palestina. La economía palestina se encuentra en una situación extremadamente difícil, y un cierre generalizado y duradero de la frontera con Israel no es aceptable. El cierre provocará un mayor deterioro del nivel de vida de los palestinos en sus territorios, con el consiguiente peligro de que se conviertan en un vivero de descontento, agitación y violencia. La Unión Europea aspira a mejorar la situación socioeconómica de los palestinos y dispone para ello de un amplio programa de ayuda.
El Consejo espera que ambas partes renuncien a las acciones que puedan minar aún más el proceso de paz. Para ello, el Consejo y el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio, el muy apreciado embajador español Sr. Moratinos, han mantenido numerosos contactos con las partes desde el inicio de la crisis. El Presidente del Consejo ha visitado diversas capitales de los países socios de la Unión Europea en el Mediterráneo para preparar la conferencia ministerial euromediterránea de Malta, que se celebrará el 16 de abril en Malta. Aparte de tratar el proceso euromediterráneo, el presidente también ha hablado extensamente de la situación actual en Oriente Medio. Aunque el proceso de Barcelona está separado del proceso de paz en Oriente Medio, ofrece a todos los implicados un foro para aspirar a la cooperación. El Presidente espera, y se esforzará por lograrlo, que la conferencia de Malta sea en este sentido un éxito y pueda contribuir a la desescalada.
Nuestro enviado, el embajador Moratinos, se ocupa sin cesar, junto con las partes implicadas, de investigar las posibilidades de que la Unión Europea emprenda acciones constructivas a fin de ayudar a reanudar el proceso. Incluso después de la ruptura de las conversaciones entre Israel y los palestinos, ha ofrecido sus servicios, que son bien acogidos por ambas partes. Se ha entrevistado con el Presidente del gobierno Netanyahu y con el Presidente Arafat, así como con miembros de sus respectivos gabinetes. Además mantiene un estrecho contacto con su homólogo norteamericano, Dennis Ross. Intenta convencer a las partes de que reanuden tanto la cooperación en el ámbito de la seguridad como el diálogo político. A fin de cuentas, para restablecer la confianza mutua es preciso que se den progresos en ambas vertientes. Sin un diálogo político se evidenciará que es imposible lograr progresos sustanciales.
Anteayer, es decir, el lunes 7 de abril, el enviado especial Moratinos y los representantes de los Estados miembros en el marco del Consejo analizaron a fondo la situación. Considerando la gravedad de la situación, juzgamos importante que las partes logren la desescalada y que se esfuercen por reanudar la negociación. Sobre todo en estos momentos es importante que todas las partes implicadas hagan un esfuerzo conjunto para volver a poner en marcha el proceso de paz. La Presidencia del Consejo mantiene para ello estrechos contactos con Estados Unidos, que acaban de celebrar conversaciones con el Presidente del gobierno israelí, y mañana, es decir, el jueves 10 de abril de 1997, el Presidente Netanyahu viajará a La Haya.
Señor Presidente, le agradezco que me haya brindado la oportunidad de hacer esta declaración.

Colajanni
Señor Presidente, como es obvio, no voy a emplear muchas palabras para describir la gravedad de la situación. En este momento, considero que existe cierta sintonía con la posición del Consejo y comparto la extrema preocupación y la forma en que ésta ha sido puesta de manifiesto en el Pleno por el Presidente en ejercicio del Consejo.
Durante estos meses se ha esfumado la mayor parte del patrimonio de confianza creado gracias al esfuerzo de las partes después de Oslo. La confianza es un elemento fundamental para afrontar un proceso que siempre fue, es y será difícil, aunque por desgracia, se ha perdido. Hasta ahora, y en contra de los deseos de algunos, el Parlamento Europeo y también nuestro Grupo se han negado en redondo a dictar la sentencia de muerte del proceso de paz, así como a proponer medidas extremas, tales como solicitar al Consejo y a la Comisión la congelación de los acuerdos entre la Unión Europea e Israel. No lo hicimos porque no nos corresponde ser los primeros, antes que las propias partes interesadas, en manifestar que el proceso de paz ha terminado, y tampoco lo hicimos porque confiamos en que el mismo se reanude. Hemos sido prudentes.
La Liga Árabe, sin embargo, ha puesto en tela de juicio las nuevas relaciones económicas y políticas con Israel, que significaron un paso importante en la evolución del proceso de paz. Se trata de un retroceso muy significativo que demuestra la magnitud de los daños asestados a la paz en la región durante estos últimos meses.
Actualmente, el Parlamento se enfrenta a una nueva situación y debe sopesar cómo va a reaccionar y de qué forma se puede contribuir más apropiadamente a la paz. Y ello, porque este Parlamento y nuestro Grupo asumieron en todo momento, y espero que sigan manteniendo, una posición de estímulo y también de apoyo al avance del proceso de paz. En este momento debemos evaluar con atención cuáles son los pasos más convenientes. Nos dicen que el Gobierno israelí, tras el fallido encuentro con Clinton, tiene intención de proponer una negociación global que resuelva de golpe todos los problemas, tanto la seguridad de Israel como la segunda y la tercera fase previstas por Oslo. Nos dicen que lo que se intenta es abreviar los plazos del proceso de paz, a fin de que no dure dos años y medio, sino que finalice en nueve meses. En esta propuesta del primer ministro israelí no llegamos a comprender lo que es una posibilidad real y lo que es simple propaganda y substancial renuncia a la paz.
Sabemos, y nos lo acaba de confirmar el Consejo, que el primer ministro se va a reunir esta semana con el Consejo y tenemos conocimiento de una carta dirigida por el Consejo al Gobierno de los Estados Unidos para una acción conjunta.
No sabemos qué va a pasar. Desde este punto de vista, el Parlamento ha actuado con acierto al no prever una resolución por el momento. El Parlamento, sin embargo, deberá pronunciarse, y es probable que tenga que hacerlo durante la próxima sesión de Bruselas, y deberá procurar no repetir los ruegos, las alarmas y las preocupaciones que ha venido manifestando en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos meses.
Entretanto, tomamos nota con satisfacción de que el Parlamento ha actuado con extrema rapidez al objeto de aprobar este Acuerdo de Asociación que, sin lugar a dudas, representa una contribución positiva al proceso de paz que en la actualidad vive un momento tan difícil.

Viola
Señor Presidente, Señorías, el Acuerdo que estamos debatiendo representa una etapa importante tanto en las relaciones europalestinas como en las relaciones con el Mediterráneo en general y testimonia la plena implicación de la Unión Europea en la vida política y económica del naciente Estado palestino, así como la firme intención de recorrer con las partes interesadas el camino hacia la normalización del Oriente Próximo. Esto vale especialmente hoy, en un momento en que el aumento de las tensiones y dificultades hace peligrar dicho camino.
A pesar de que por parte palestina existe la voluntad de pedir la intervención europea en el marco del proceso de paz, otros intentan, por el contrario, excluir a Europa obstaculizando la excelente labor del embajador Sr. Moratinos e infravalorando el sentido y el alcance de este Acuerdo de Asociación.
En consecuencia, es extremadamente significativo que Europa siguiendo la estela de Barcelona haga patente su compromiso no tan sólo financiero, sino político, en la región. La referencia a Barcelona y a la próxima Conferencia de La Valleta es necesaria para vincular el Acuerdo con el proceso más general que tiene como objeto establecer antes del año 2010 una zona de libre comercio en la región euromediterránea. De hecho, es justo reconocer al pueblo palestino los derechos que le garantiza el Programa MEDA, siendo la celebración de este acuerdo un paso importante en este sentido.
Asimismo, es justo proporcionar un marco jurídico concreto, necesario para el comercio y la cooperación con la Franja de Gaza y Cisjordania, a fin de reforzar la línea de apertura y de interés mutuo entre la Unión Europea y todos los países del MashreK y del Magreb, para los cuales, sin embargo, la paz en la región sigue siendo una condición indispensable.
El Acuerdo tiene un valor más político que económico y, al efecto, hay que subrayar la peculiaridad de un acuerdo firmado por la Organización para la Liberación de Palestina en nombre de un Estado todavía no reconocido y que está luchando para afirmar su derecho a existir también dentro de sus fronteras ideales.
Confiamos en que antes del año 1999 se pueda lograr un Acuerdo de Asociación Euromediterráneo con un Estado palestino, basado totalmente en el respeto del Derecho internacional y en las relaciones pacíficas con los países vecinos.

Santini
Señor Presidente, desde octubre de 1996 hasta febrero de 1997: yo diría que hubo una rara, loable y ejemplar rapidez en la celebración de este importantísimo acuerdo. Dicho esto, ahora hay que confiar en que exista la misma rapidez y decisión para regularizar el estatuto jurídico internacional de la Autoridad Palestina, a fin de que, al finalizar el período interino previsto por los acuerdos de Oslo, esto es, al final de 1999, la misma pueda negociar de pleno derecho con todos los demás Estados.
Mayor dignidad y mayor autoridad equivalen a mayor estabilidad interna, pero sobre todo a un gran prestigio internacional. Estas son las tres etapas obligadas a través de las cuales Palestina podrá convertirse en una nación propiamente dicha y, en consecuencia, podrá negociar acuerdos globales y duraderos. Sin embargo, y lo han recalcado muchas partes, el requisito fundamental es el restablecimiento de las condiciones de seguridad y de convivencia para todos. Esto no será posible mientras no se resuelva el problema de los asentamientos de los colonos israelíes en los territorios sometidos a la Autoridad Palestina. Se trata de colonias que constituyen verdaderos polvorines y, en consecuencia, lugares peligrosos y cualquiera, de un bando o de otro, puede encender la mecha cuando lo considere más oportuno. Por lo tanto, ante todo paz, pero también libre acceso a los recursos que tiene Palestina y que hasta ahora no ha podido aprovechar por los controles israelíes. Nos referimos sobre todo al mar, al puerto que Gaza nunca pudo tener, aunque lo tiene debajo de sus ventanas y ante sus casas.
Confiamos en que de ahora en adelante sea posible el acceso a dichos recursos naturales y, al mismo tiempo, confiamos en que haya un relanzamiento de la economía que, sin duda, se logra a través de acuerdos como el que hoy estamos celebrando, pero sobre todo a través de iniciativas que fomenten la producción. Con ocasión de las elecciones estuve con otros colegas ejerciendo de observador y pude constatar que, en medio de las bombas y del miedo, hay un pueblo palestino que se está organizando para hacer frente a esta necesidad. Éste es el pueblo al cual debemos asistir, no sólo a través de ayudas económicas y financieras, sino incluso mediante alguna forma de asistencia técnica, con objeto de ayudarle a convertirse en autónomo no sólo política, sino también económicamente.

Bertens
Las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo se ajustan a la idea que tenemos los Liberales de la situación en Oriente Medio y concretamente en israel, y no me sorprende que hable como un liberal. Está claro que una situación conflictiva recrudecida ha tomado el relevo del acuerdo de paz y del camino hacia la paz. Está claro que la política de asentamientos del Gobierno israelí es en todo caso una de las principales causas de este conflicto, por muy legítima que sea la declaración de que no hay que hablar de Jerusalén hasta la última ronda de negociaciones. El espíritu de los acuerdos de Oslo es posiblemente igual de importante que la letra. Se trata de aumentar la confianza mutua entre las partes. El acuerdo interino, sobre cuya base negocian la Unión Europea y los palestinos, es uno de los elementos de la política de confianza y crea un mayor equilibrio en nuestra relación con Israel y los palestinos. Tiene en cuenta las realidades de Oslo y establece un fuerte marco jurídico para la ampliación del comercio y la cooperación entre la Unión y los palestinos. Afortunadamente, con anterioridad la Unión ya liberalizó considerablemente el comercio con los palestinos, y estos necesitan el progreso económico para mejorar sus perspectivas de futuro. Al mismo tiempo, podemos recordarles que han de respetar los derechos humanos, algo que forma parte del acuerdo. Por ello esperamos que la Unión, en cooperación con los norteamericanos, hará todo lo posible por evitar la escalada.

Wurtz
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, »querer es poder»: ésta es la reflexión que me inspira el acuerdo de asociación firmado entre la Unión Europea y la OLP, actuando en nombre de la autoridad palestina. En un tiempo récord, han sabido levantar los obstáculos jurídicos y apartar las presiones diplomáticas para alcanzar lo que puede resultar una gran iniciativa de política internacional con éxito de la Unión Europea.
Se trata de una gran iniciativa, indudablemente, ya que de hecho le da a Palestina el reconocimiento internacional al que tiene derecho. Sin embargo, será un éxito absoluto, sin embargo, con una condición: que no se detengan a medio camino. El texto del acuerdo estipula, efectivamente, que su objetivo consiste en apoyar el desarrollo económico y social de los territorios palestinos y participar en la edificación de una zona de paz y de estabilidad en la región. Sin embargo, estos objetivos no podrán en modo alguno alcanzarse si no se hace urgentemente todo lo posible para atajar una crisis de una gravedad sin precedentes dentro del proceso de paz.
¿Así pues, qué se puede hacer? Setenta y cuatro países del movimiento de los no alineados acaban de aprobar la posición que ya conocen y que tiene gran alcance político. ¿Y qué ocurre con Europa? Al menos disponen de una manera de actuar: la suspensión del Acuerdo comercial interino Europa-Israel mientras el gobierno del Sr. Netanyahu no detenga la colonización de los territorios ocupados de Jerusalén-Este, dicho en otras palabras, mientras no respete los acuerdos firmados, como se lo ha pedido Naciones Unidas de manera cuasi unánime.
Lejos de ir contra Israel, este acto político importante sería, a nuestro modo de ver, una prueba de solidaridad hacia aquéllas y aquéllos que con valentía se están movilizando en el mismo Israel, como esas decenas de miles de mujeres y hombres que manifestándose en las calles de Tel Aviv acaban de ofrecer al mundo una imagen digna, pacífica y responsable de su país. Y con un objetivo único, que también es el nuestro: salvar la paz.

Gahrton
Señor Presidente, en el último número de la publicación Journal of Palestine Studies el investigador americano William Quant dice que si Israel firma la paz en base a una solución consistente en dos estados, se ganaría todo lo que se quería conseguir antes de 1967.
¿Por qué no se firma esta paz? El 59 por ciento de los israelíes cree que va a estallar la guerra. Simultáneamente, el 51 por ciento de los israelíes acepta una solución basada en dos estados. ¿Por qué no acepta Netanyahu la voluntad popular de su propio país? Creo que hay que reconocer que Netanyahu representa a un sector especial del sionismo, el sionismo revisionista, que cree que los territorios por derecho de Israel no sólo incluyen Gaza y la Franja Occidental, sino también el reino de Jordania. El Sr. Netanyahu se ve sometido a una presión eficaz por parte de sus propios partidarios. Vive simplemente en constante peligro de muerte, lo cual quedó demostrado con el asesinato de Rabin. Si realmente queremos que Netanyahu firme la paz, debe verse expuesto a una contrapresión, una fuerte contrapresión. Una modalidad la constituyen las ayudas que se conceden a los palestinos.
Es bueno que se haya concluido el Acuerdo de Asociación; podría haber sido aún mejor, y se podría hacer mucho más. Pero una parte de las presiones son unas señales claras de que la Unión Europea y la sociedad internacional exigen una solución duradera consistente entre otras cosas en un Estado palestino constituyen una parte de estas presiones. Me pregunto no obstante si no se podría avanzar más, si no se podría demostrar de varios modos al Sr. Netanyahu que tiene más que perder saboteando la paz que continuando con sus sueños del «Gran Israel». No voy a entrar en detalles pero pienso que el Consejo debería verdaderamente reflexionar sobre la posibilidad de presionar a Netanyahu para que se diese cuenta de que tiene que aceptar la oportunidad que se le presenta de conseguir la paz. Estamos acostumbrados a que la guerra estalle en el Oriente Medio con intérvalos de ocho años. La próxima vez sería en 1998, lo cual espero que podamos impedir con la ayuda de todos.

Pradier
Señor Presidente, en un momento en que el proceso de paz pasa por un estado de salud crítico, víctima de agresiones premeditadas y de múltiples provocaciones, no será necesario recordar aquí la apertura de un túnel en la ciudad árabe, los repetidas cierres que impiden que circule la población, la implantación de nuevos colonos extremistas, los castigos colectivos, las muertes provocadas por los atentados y la represión.
Después de dos años de negociaciones paso a paso, con una autoridad palestina que controla el 7 % del territorio ocupado militarmente por Israel, debemos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, así como con los cientos de miles de ciudadanos israelíes, fervientes partidarios de la paz y respetuosos de sus vecinos árabes.
Este acuerdo que hoy se nos propone es un factor de estabilización en toda la región. Su alcance político es, evidentemente, mucho más importante que el aspecto económico y financiero. La Unión debe estar presente in situ, en un momento en que el gobierno estadounidense, que a pesar de ello se había mostrado tan implicado, activo y, a veces, tan eficaz, parece que ahora tiene dificultades en limitar los ardores de un presidente de gobierno cizañero. Así pues, la Unión Europea debe mostrar su determinación a la hora de fomentar la paz y la justicia.

Van der Waal
Señor Presidente, respecto a las relaciones comerciales existentes entre la Unión Europea y Cisjordania y la franja de Gaza, la ganancia práctica del presente acuerdo con la OLP no es grande. Con anteriores medidas se logró liberalizar gran parte del comercio entre la Unión Europea y los territorios autónomos palestinos. No obstante, desde diversos lados se ha indicado que el acuerdo tiene sobre todo una importancia política. La mejora de las circunstancias económicas y sociales del pueblo palestino puede tener un significado positivo para el proceso de paz.
Otra cuestión de importancia política es que la OLP y la Autoridad Palestina se comprometen a través del acuerdo a procurar que se respeten los derechos humanos fundamentales. También esto es importante en el marco del proceso de paz. Pero para relanzar el proceso de paz hace falta más.
La administración palestina tendrá que hacer todo lo posible por poner fin a los terribles atentados criminales en Israel.
La semana pasada, el lado israelí transmitió a través del Presidente Netanyahu al Presidente Clinton la propuesta de lograr dentro de seis meses acuerdos definitivos a través de unas negociaciones aceleradas sobre el estatuto de los territorios autónomos palestinos. La viabilidad de este plan es difícil de evaluar. Sea como fuere, el Gobierno norteamericano tendrá que seguir desempeñando un papel activo. En este sentido, no cabe esperar nada de eventuales medidas de presión.
En la esperanza de que el acuerdo entre la Unión y la OLP contribuya al desarrollo económico de los territorios palestinos y suponga un estímulo para la administración palestina por lograr un acuerdo de paz seguro y definitivo con Israel, aprobamos el presente acuerdo.

Linser
Señor Presidente, distinguidos colegas, nosotros, el Partido Liberal, celebramos en el acuerdo con la OLP el desarrollo y la profundización de la cooperación política, precisamente en lo que respecta a la consolidación de la democracia y al respeto a los derechos humanos en orden al aseguramiento de la paz y de la estabilidad en esta región, sacudida por la guerra. En este contexto celebramos también la inclusión de una cláusula sobre la democracia, que posibilita una suspensión del acuerdo en caso de graves violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, rechazamos una mayor importación de productos agrícolas a la UE, pues con el exceso actual de la producción agrícola en el mercado europeo la importación de más productos agrícolas empeoraría la situación de las explotaciones campesinas y conduciría a otra caída de los precios.
Puesto que los liberales nos hemos pronunciado desde siempre contra los transportes de animales vivos, en especial, hacia países muy distantes fuera de las fronteras de la UE, a causa de los sufrimientos insoportables que implican, consideramos un deber nuestro exigir la supresión de este párrafo en la propuesta de la Comisión que, lamentablemente, no se comenta en el informe del nuestro colega, el Sr. Alavanos.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, todo el mundo lo reconoce, lo han dicho esta mañana y se preocupan por ello: la situación en Oriente Medio, en Israel y en los territorios palestinos es difícil, incluso peligrosa, cuando no explosiva. Quizá sea útil recordar que las razones de esto se hallan en el programa de los partidos gubernamentales israelíes, en la personalidad y las ideas del Sr. Netanyahu, en la reanudación de la colonización, pero también en los llamamientos a la violencia de ciertos grupos palestinos, en los atentados palestinos asesinos y en las tentativas de atentados, sin olvidar algunas declaraciones de las Autoridad Palestina. No creo que esto sea necesario ni útil ni tan siquiera positivo para que se reanude el proceso de paz, deseado por una gran mayoría del pueblo israelí y que muchos palestinos, a pesar de todo, siguen deseando.
Para ello es preciso una acción internacional conjunta de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y el Presidente en ejercicio del Consejo ya ha recordado cuáles pueden ser sus modalidades. En esta fase quisiera felicitar al Sr. Moratinos, nuestro emisario europeo, por la calidad de su actuación y de su trabajo y por su tenacidad. Por este motivo, y aunque los acuerdos de Oslo lo permitan y no lo prohíban, debe detenerse la creación de nuevas colonias, no sólo por tratarse de un factor de tensión y de bloqueo a corto plazo, sino sobre todo porque esto no será gestionable a largo plazo por parte del gobierno que sea.
Pero hay que denunciar y perseguir sobre todo al terrorismo, los llamamientos terroristas y todas las ideas que subyacen. No hay nada que pueda justificar el terrorismo. No puede haber compromiso sobre este punto. ¿Quién se atrevería a decir lo contrario en Europa, en España, en Francia, en Gran Bretaña o en Irlanda, para citar sólo a algunos países?
Paralelamente, debe seguirse con la plena cooperación económica con Israel y, por supuesto, debe acelerarse con la Autoridad Palestina. Por esta razón, en tanto que presidente de la delegación Europa-Israel, apoyo con todas mis fuerzas el Acuerdo Euromediterráneo Interino con la OLP, como también apoyé los acuerdos de Israel y del mismo modo que milito para darles una plena eficacia, rica en actuaciones y resultados concretos. Sin estos acuerdos, la idea misma de paz a través de la cooperación y la asociación se vería comprometida.
Hago un llamamiento a tods a la reflexión sobre este último punto. Los próximos días serán decisivos. Ojalá se imponga el sentido común y con éste una paz que tanto necesitan todos los países de la cuenca mediterránea.

De Esteban Martin
Señor Presidente, Señorías, hoy, lamentablemente, cuando estamos debatiendo en este Parlamento el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y la OLP, la situación en esta zona se ha agravado de forma considerable y el proceso de paz peligra. Más que nunca, la Unión debe ejercer un impulso diplomático que posibilite el avance en las negociaciones para lograr la paz, adquiriendo el protagonismo que le corresponde. Como muchas veces hemos recordado en este Parlamento, la economía no basta por sí sola a reestructurar el equilibrio de la zona: la cooperación económica debe ir acompañada también de iniciativas políticas. Por ello, acogemos con satisfacción que el objetivo básico del acuerdo provisional consista en ofrecer un marco adecuado para un diálogo global que permita el desarrollo de estrechas relaciones entre las partes, así como la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales, apoyando el desarrollo económico y social de los territorios palestinos.
Esta satisfacción es extensiva al acuerdo complementario que, bajo la forma de una declaración conjunta sobre el diálogo político, propone fortalecer las relaciones entre las partes mediante una coordinación periódica sobre los temas de interés común, como la paz, la seguridad, la democracia y los derechos humanos.
Pero todos estos aspectos positivos, Señorías, -como decía anteriormente- peligran por el bloqueo del proceso de paz. La seguridad, la paz y la estabilidad en la región constituyen un bien común para todos -que debemos comprometernos, desde este Parlamento, a fortalecer y a reforzar-. Y es por ello que, desde esta tribuna, hago un llamamiento formal a la comunidad internacional a reforzar el diálogo con las partes para restablecer el espíritu de Oslo y exigir su cumplimiento, lo que conlleva la paralización de los asentamientos judíos en Jerusalén Este y, por parte de la Autoridad Nacional Palestina, el compromiso de garantizar la seguridad en la zona, controlando los movimientos y manifestaciones extremistas de grupos que han encontrado un caldo de cultivo apropiado para enturbiar, aún más, el proceso de paz.
Señorías, ya termino. No permitamos que -como decimos en España- «a río revuelto, beneficio de pescadores». Y es precisamente a esos «pescadores» a quienes beneficia el incumplimiento de los acuerdos de paz.

Van Bladel
Señor Presidente, el acuerdo interino de asociación con la Autoridad Palestina cristalizó a una velocidad inaudita, y el proceso no siempre se ha desarrollado correctamente. Concretamente, la Comisión de Asuntos Exteriores no tuvo en cuenta un dictamen importante de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, y es una lástima. No obstante, ello no influye en la nueva situación que ha surgido para los palestinos, que ahora tienen derecho a recibir el dinero de los fondos MEDA. Esto significa un aumento de las posibilidades de desarrollo en los territorios palestinos, pero también un mayor diálogo entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina.
Se trata de un acuerdo provisional, lo cual implica que todavía no puede celebrarse el diálogo político pleno al respecto, pero en todo caso se trata de un acuerdo que puede fomentar el desarrollo socioeconómico de toda la región y como tal crea estabilidad y es bueno para el proceso de paz. Nos hallamos en vísperas de la conferencia de Malta y queremos ver reafirmada la iniciativa de Barcelona. Evaluamos lo que ha salido bien y lo que ha salido mal, y queremos avanzar en el ámbito de la seguridad, la política económico-financiera y la política sociocultural.
La Autoridad Palestina participará en esta conferencia de Malta en su nueva calidad de socio de la Unión Europea, que es una posición mejor de la que tenía en el pasado. Me complace mucho que hoy debatamos el informe del Sr. Alavanos en una fase temprana con miras a esta conferencia. Todos sabemos que en la región tienen lugar desarrollos muy turbulentos y a veces negativos, pero finalmente este acuerdo contribuirá a un desarrollo positivo en Oriente Medio.

Carnero González
Señor Presidente, la paz en el Próximo Oriente sólo se alcanzará aplicando correctamente en tiempo, fondo y forma el Acuerdo de Oslo. Esa aplicación está, en estos momentos, obstaculizada por la inaceptable política del Sr. Netanyahu, cuyo último episodio ha sido el comienzo de la construcción de un nuevo asentamiento en Jerusalén oriental, violando todas las normas del Derecho internacional.
La Unión Europea debe jugar un papel activo y autónomo en el apoyo al proceso de paz. Por ello, apoyamos tanto la puesta en marcha del acuerdo con la Organización para la Liberación de Palestina, en beneficio de la ANP, como las gestiones del enviado especial de la Unión Europea a la región, don Miguel Ángel Moratinos, incluyendo la propuesta de código de conducta para las partes. Pero eso no basta. La Unión debería presionar con firmeza al Gobierno de Tel Aviv, con todos los medios a su alcance, para que cumpla lo pactado. Y yo creo que debería contemplarse la suspensión del Acuerdo interino Unión Europea-Israel. Asimismo, considero que la Unión debería proponer a los Estados Unidos, en la persona del Sr. Clinton, actuar en similar dirección, incluyendo esta propuesta en el marco de la relación transatlántica.

Barón Crespo
Señor Presidente, en vísperas de la reunión de Malta el proceso de paz está herido y es de esperar que no sea de muerte. Lo que es claro es que esta situación condiciona de manera decisiva el desenlace de la reunión de La Valleta, porque no hay que olvidar que los Acuerdos Euromediterráneos son la primera oferta para que Israel pueda salir de la situación de enclave en que ha vivido desde su creación.
Quiero decir dos cosas. La primera, en relación con la declaración de la Presidencia del Consejo que hay que acoger con satisfacción, sobre todo viniendo de la Presidencia que viene -no he olvidado el papel que jugó Holanda cuando Israel y España superaron un contencioso de más de 500 años-. Creo que la declaración ha sido muy clara y, ya que siempre nos estamos quejando en relación con la política exterior, por una vez hay que aplaudir lo que afirma el Consejo cuando dice que lo que está ocurriendo es contrario a las declaraciones de la ONU y que la política de asentamientos va en contra no sólo de los acuerdos de Oslo sino de las declaraciones que ha hecho la ONU, desaconseja claramente las implantaciones, lo reitera por último y manifiesta su oposición al terrorismo.
Y yo añadiría también que no podemos permanecer impasibles ante una política que puede llevar a un pueblo entero a la desesperación y anular su liderazgo. Y señalaría que en este momento creo que es muy necesario que reafirmemos nuestro compromiso con el proceso de paz y que afirmemos nuestro papel complementario y paralelo de los Estados Unidos sabiendo que la negociación siempre se tendrá que hacer entre israelíes y palestinos como ha ocurrido en el pasado y como ocurrió también en anteriores procesos de paz -y pienso, por ejemplo, en Camp David, en donde un predecesor del Sr. Netanyahu como líder del Likud dió el paso en relación con Egipto-. Es muy importante restablecer el clima de confianza y que se adopte un código de conducta como el que está tratando de sacar adelante el embajador Moratinos.
Hay que favorecer ese proceso de diálogo, y es inaceptable que un proceso que está en la línea de las resoluciones de la ONU, de la Conferencia de Madrid, de la de Oslo y lo que ha venido después- y ahí está nuestro acuerdo con la Autoridad Palestina- se agote en 6 meses, rompiendo además la confianza, y lleve a la creación de bantustanes.
Y en este sentido, creo que nuestro acuerdo, criticado por Israel, abre la posibilidad para que se den pasos concretos. En mi opinión, el que, por ejemplo, se autorice el puerto de Gaza, el aeropuerto de Gaza, corredores seguros, es algo importante y ahí Israel podría dar un signo positivo. En caso contrario, nos veremos en la obligación de tomar decisiones más serias en relación con nuestras relaciones comerciales con Israel.

Dimitrakopoulos
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, tenemos que abordar cuatro cuestiones en este breve aunque, sin duda, necesario debate.
La primera cuestión se refiere a la celebración de un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina. Tras felicitar al Sr. Alavanos por su labor y su propuesta, quiero subrayar también que se trata de un paso positivo y necesario, tanto para las relaciones de la Unión Europea con la Autoridad Palestina, como para el conjunto del proceso de paz y de la cooperación euromediterránea. Por consiguiente, apoyo su propuesta.
La segunda cuestión es la del proceso de paz. No creo que sea necesario repetir lo que todos ustedes saben con respecto a los últimos sucesos. Sí es necesario y constituye un deber de la Unión Europea hacer todo lo posible para salvar al proceso de paz. En este sentido, acojo con gran satisfacción lo que ha dicho hoy el Presidente en ejercicio del Consejo en esta Asamblea.
La tercera cuestión se refiere a la coordinación entre las partes implicadas: Europa y Estados Unidos. Es probable que Estados Unidos, por el hecho de ser un Estado con una política exterior propia, esté en una posición más favorable; sin embargo, Europa puede hacer mucho. Allí está el enviado especial, el Sr. Moratinos, que está realizando un trabajo excelente. No obstante, debemos concederle más ayuda y más medios, además de nuestro respaldo político, para que pueda llevar a cabo su trabajo.
La cuarta y última cuestión es que este debate tiene lugar apenas una semana antes de la II Conferencia Euromediterránea, que tendrá lugar en Malta. La II Conferencia Euromediterránea ofrece otra oportunidad para que Europa establezca un nuevo marco, cuya base serían las medidas de creación de confianza en la región, como primer requisito para salvar lo poco que queda, lamentablemente, del proceso de paz.

Marín
Señor Presidente, Señorías, voy a ser breve, porque en última instancia en lo relativo al acuerdo de la Unión Europea con la Autoridad Nacional Palestina y a la situación creada respecto al proceso de paz en Oriente Medio, la Comisión Europea suscribe íntegramente la presentación que ha sido hecha por el ministro Sr. Patijn y poco tenemos que añadir. En consecuencia, si ustedes me lo permiten, voy a responder a algunas de las intervenciones con objeto de precisar el punto de vista de la Comisión Europea, en lo que se refiere al acuerdo con Palestina, a la situación en Oriente Medio, y a la cita de la próxima semanamartes y miércoles en Malta en La Valetta- en lo que concierne a la Conferencia Euromediterránea.
En primer lugar, el acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina es un acuerdo que, independientemente de su contenido, que es reducido dada la situación actual de la economía palestina, tiene una gran importancia política. Porque, en último término, desde el punto y hora en que los palestinos asistieron a la Conferencia de Barcelona y firmaron el proceso de Barcelona, era necesario, como usted señala muy bien en su informe Sr. Alavanos, responder -y este es el interés político de la operación- situando a la Autoridad Nacional Palestina al mismo nivel de relaciones institucionales, económicas, financieras y de cooperación que el resto de los países del Mediterráneo.
Por decirlo de otra manera, desde el punto de vista de la formulación jurídica, este acuerdo no es el mismo que el acuerdo con Israel, con Túnez, con Marruecos, con Jordania o con Egipto. Pero sin embargo, desde el punto de vista de su contenido y de su vocación de futuro, es obvio que es exactamente igual. Algún día, tal vez cuando deje de ser Comisario, les podré contar a ustedes los obstáculos y presiones de todo tipo que hemos tenido que sortear para poder concluir este acuerdo. Pero finalmente es positivo que lo haya firmado el Consejo de Ministros y es positivo que el Parlamento Europeo se declare unánimemente a favor.
Segundo comentario, la situación en Oriente Medio. La situación en Oriente Medio ha sido perfectamente descrita por el Sr. Patijn y por la mayoría de los parlamentarios. La última semana hemos tenido la posibilidad, conjuntamente con el Presidente del Consejo de Ministros Sr. van Mierlo, de iniciar una gira por todo el Mediterráneo al objeto de ver cuál era la situación sobre el terreno, pensando también en la reunión de la próxima semana en La Valetta y en Malta.
Después de haber tenido la posibilidad de hablar con los distintos interlocutores, acompañando al Sr. van Mierlo, les puedo confirmar que la situación es muy seria y francamente grave. No se trata en este momento de un problema de mal humor expresado por la Liga Árabe. Tampoco se trata de un posicionamiento político que puede cambiar de un momento para otro. El tema es muy serio. Hay un problema básico que consiste en que, como se ha señalado muy bien entre otros por el Sr. Barón, simplemente no se están respetando ni los acuerdos de Oslo ni las resoluciones de las Naciones Unidas. Y se ha creado en el conjunto del Mediterráneo la idea, justificada o no, de que Israel, o el Gobierno israelí, pretende trabajar sobre el criterio de la total impunidad internacional.
Lógicamente, esto ha creado un problema de confianza muy serio y muy grave respecto al proceso mismo. La iniciativa tomada por la Presidencia del Consejo de Ministros, después de la reunión del lunes sobre la cooperación política, y la propuesta introducida por el embajador Moratinos son, en mi opinión, una forma inteligente y apropiada de conseguir algo que a la Comisión Europea le parece un punto fundamental. Si se iniciara, naturalmente bajo la forma que decidan los dos interlocutores, israelíes y palestinos, una nueva negociación bajo otra forma distinta de la que hemos vivido, es evidente que esta vez sería incomprensible que la Unión Europea no participara en el proceso. La Unión Europea en este momento debe participar en el proceso. Esto es algo que interesa a Israel, esto es algo que interesa a los palestinos, pero yo me atrevo a decir que esto es algo que interesa también y en primer lugar a los Estados Unidos.
Y, en esta ocasión, la Unión Europea, desarrollando una tarea complementaria, debería poder participar directamente en las negociaciones. En consecuencia, hay que apoyar firmemente las gestiones del embajador Moratinos, hay que apoyar la carta, y yo se lo pido al Parlamento, enviada por el Sr. van Mierlo a Estados Unidos y hay que apoyar la idea de que el código de conducta presentado por el Consejo de Ministros de la Unión es la única vía razonable para poder encontrar rápidamente una solución a este problema que se puede degradar.
En tercer lugar, La Valetta. Una de las cuestiones que más nos preocupó y que conseguimos a duras penas fue precisamente desligar el proceso de paz de Oriente Medio de la Conferencia Mediterránea. Piensen que en el contexto del proceso de paz, la Liga Árabe ha vuelto a decretar el boicot, la retirada de todos los grupos multilaterales y el cierre de las oficinas de representación política y secciones de intereses, cosa que se está ejecutando, dentro de los países árabes más moderados o que habían iniciado ya un acercamiento con Israel. Eso pasó el Jueves Santo. Ese mismo día, sin embargo, la parte árabe consideró que no convenía contaminar la reunión de La Valetta y que el proyecto mediterráneo tenía su propio contenido y su propia fuerza para seguir adelante. Naturalmente, no les oculto que el contexto de La Valetta no es el mismo que el contexto de Barcelona. En Barcelona era el momento de la euforia de la paz, se había firmado el acuerdo de Washington, la situación era de un cierto relajo político, intelectual y económico. La reunión de La Valetta se presenta en un contexto de enorme dificultad, por lo que habrá que manejar tanto el comunicado final como las resoluciones de la manera más fina posible al objeto de que podamos mantener la plataforma mediterránea como un elemento diferenciado y que no está predeterminado por el proceso de paz. La lógica del Sr. Patijn, es la lógica correcta. Barcelona, el proceso mediterráneo, no es el proceso de paz, pero qué duda cabe de que desde este proceso se puede alimentar el diálogo en esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento.
Esto es lo que quería decir en nombre de la Comisión, agradeciéndole una vez más al Sr. Alavanos su informe y, en general, al Parlamento Europeo la acogida que han tenido hacia este acuerdo, cuya negociación ha sido muy difícil y complicada.

Banotti
Señor Presidente, acabo de regresar de Palestina e Israel y quisiera hacer una pregunta al Presidente en ejercicio. Hoy todo el mundo se ha mostrado muy comprensivo con el embajador Moratinos, pero yo creo que a la Unión Europea se la ha apartado totalmente del proceso. Ni los israelitas ni los americanos nos quieren dar ningún papel significativo. Espero realmente que el embajador tenga allí mucho éxito en sus gestiones, pero con Gaza cerrada durante tres semanas, la fruta pudriéndose en las calles y las cabras alimentándose de claveles, algo va a estallar allí muy pronto. Me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio si ve alguna posibilidad de que intervenga ahora Thiérry Larsson, quien tuvo tanto éxito en el acuerdo de paz de Oslo. Creo que este tipo de experiencia es de vital importancia y que nos hace falta enseguida algún tipo de gesto político audaz a fin de que no se derrumbe todo el asunto en torno nuestro.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
(La sesión, suspendida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

Comunicación del Presidente
El Presidente
Tengo el placer de comunicarles que en el campeonato de la copa de Adelboden del 3 al 6 de abril de 1997, competición de esquí de parlamentarios y parlamentarias europeos, el equipo del Parlamento Europeo constituido por los Sres. Ebner y Nassauer ha conseguido el segundo puesto en la clasificación por equipos. Le damos la enhorabuena.

Votaciones
Ojala
Señor Presidente, la votación de mi informe se ha aplazado al día de hoy para permitir a los miembros de la comisión recabar una mayor información del Comisario Flynn, quien no tuvo la oportunidad de estar presente durante el debate del lunes. Así pues, señor Presidente, le ruego que conceda la palabra al Comisario para que todos los presentes podamos escuchar esta importante intervención.

Flynn
La propuesta sometida a la Asamblea supone la modificación de una directiva de 1990. La actual propuesta tiene dos objetivos: en primer lugar, ampliar el ámbito general de aplicación de la directiva de 1990 a fin de que abarque todos los preparados: farmacéuticos, cosméticos y plaguicidas; en segundo lugar, imponer unos valores límite específicos para las concentraciones atmosféricas de benceno. Hay que señalar que el benceno será la primera de una serie más amplia de sustancias carcinógenas que se tratarán de esta manera.
En la primera lectura, el Parlamento Europeo propuso algunas enmiendas, de las que la Comisión aceptó once. Cinco de ellas se han incluido en la posición común adoptada por el Consejo. Seis se han omitido primordialmente por la falta de datos y pruebas técnicos que las apoyen. La Comisión se mostró dispuesta a aceptar la posición común por dos razones. En primer lugar, significaba que se podía alcanzar el acuerdo sobre la primera sustancia, creando con ello un precedente para otras de su categoría. En segundo lugar, ofrecía la posibilidad de un gran avance en un conjunto más amplio de medidas de salud y seguridad.
En la segunda lectura, el Parlamento Europeo propone introducir algunas enmiendas que se habían omitido de la posición común del Consejo. La Comisión, al igual que en la primera lectura, sigue dispuesta a aceptar el contenido general de las enmiendas del Parlamento. Pero en ausencia de las necesarias enmiendas técnicas y datos técnicos de apoyo, se ve obligada a aceptar la reticencia del Consejo a asumir obligaciones jurídicas específicas en este momento. Ante este telón de fondo, la Comisión no está dispuesta a aceptar las enmiendas núms. 1 a 10 del informe de la Sra. Ojala. En el momento de aprobar la posición común, la Comisión declara su intención de presentar propuestas específicas acordes con las enmiendas del Parlamento tan pronto como resulte posible. Cuando llegue el momento de aprobar definitivamente la propuesta, tiene la intención de reiterar formalmente este propósito en el Acta del Consejo.
En lo que respecta a la enmienda nº 11, introducida con el propósito de adelantar al 31 de diciembre de 1998 la fecha en la que los Estados miembros deberán haber puesto en vigor todas las leyes nacionales necesarias para dar cumplimiento a la directiva de modificación, la Comisión está dispuesta a aceptar la enmienda y presentar al Consejo una propuesta modificada sobre este punto. La Comisión está convencida de que la propuesta, según figura en la posición común, unida a la enmienda nº 11 representaría un verdadero progreso, opinión que comparte la ponente -le doy las gracias por ello- y que consta en la página final de su informe. Confío en que la Sra. Ojala y los demás diputados de la Asamblea que expresaron ciertas preocupaciones sobre la posición adoptada por el Consejo en el debate del lunes por la tarde se queden ahora tranquilos sobre mi intención de dar respuesta de un modo práctico a todas las peticiones del Parlamento.

Ojala
Señor Presidente, una vez oída la posición del Comisario Flynn, desearía señalar que he expuesto mis propias recomendaciones de voto por lo que respecta a estas enmiendas y que la recomendación de voto numero 11, a la que yo misma presenté una enmienda oral relativa al año 1999, es innecesaria. Así pues la retiro, ya que el Comisario ha señalado que la Comisión está dispuesta a aceptarla a partir del año 1998, tal como recoge la propuesta presentada por los Verdes.
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada)

Barton
Señor Presidente, tenemos un acuerdo con la Comisión y el Consejo que debería evitarnos tener que pasar a una tercera lectura. Anoche el Sr. Comisario afirmó que quería hacer algunos cambios de redacción muy secundarios en las enmiendas sobre las que estamos a punto de votar. Me alegra mucho poder recomendar los cambios que propuso la Comisión, pues suponen una mejora. Lo que no deseo es dejar de votarlos ahora y tener que activar todo el procedimiento de conciliación sobre algo tan secundario. Así pues, si la Comisión es capaz de presentar sus propuestas mejoradas, yo pediría a la Asamblea que las apoyaran en esa forma.

Marín
Señor Presidente, confirmo que las dos enmiendas, presentadas en su redacción actual, pueden ser perfectamente aceptadas por la Comisión.
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada)

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del Sr. Lehne, pero en contra de la enmienda nº 16.
Los socialdemócratas opinan que debe ser posible impedir la participación de una entidad de crédito en el sistema de pagos interbancario, si ésta no presenta garantía suficiente para los pagos que quiere se realicen. Si esta posibilidad no existiese, aumentaría el riesgo de que el sistema de pago sufriese pérdidas, que habrían de ser soportadas por los demás participantes en el sistema, en el caso de que una institución financiera quebrara.
Conforme al artículo 3 de la propuesta de directiva, cualquier transacción notificada será incluida en el sistema de pagos interbancario, aun en el caso de que la entidad de crédito no haya presentado garantía suficiente para cubrir los pagos. No obstante, conforme al punto 2 del apartado 1 del artículo 3, un sistema de pagos puede decidir que las órdenes de pago no se consideren cursadas, hasta que se haya comprobado que no habrá problemas con el pago porque las entidades de crédito tienen suficiente cobertura o han presentado garantía suficiente.
Debido a lo expuesto anteriormente, no sería recomendable eliminar el punto 2 del apartado 1 del artículo 3 y, en consecuencia, los socialdemócratas han votado en contra de la enmienda nº 16.
Recomendación para la segunda lectura Ojala (A4-0072/97
Rübig
Puesto que el arsénico se cuenta entre los metales pesados transportables, las sustancias especificadas en la enmienda nº 5 deberían ser incluidas realmente en la evaluación científica.
Compuestos químicos de este tipo se pueden depositar en las células humanas, de tal manera que pasan a la leche materna y por este medio resultan afectadas las generaciones siguientes. En especial, hay riesgo de estas combinaciones de metales pesados en la interacción con otras sustancias contaminadoras del medio ambiente como, por ejemplo, hidrocarburos fluorclorados y ciánidos que todavía siguen empleándose en la industria, aunque existen alternativas a los mismos. La lucha contra sustancias químicas que están distribuidas en forma de vestigios en amplias capas de la humanidad es extremadamente difícil.
Por consiguiente, es preciso aspirar a que los productos químicos nocivos para la salud se utilicen y se comercialicen de tal manera que se imposibilite su propagación ni siquiera en forma de vestigios. En el caso de sustancias nocivas como los compuestos de arsénico, los ciánidos y los hidrocarburos clorados hay que tener especialmente en cuenta que el daño en la salud no se produce inmediatamente, sino que las enfermedades, como el cáncer, pueden aparecer algunos decenios más tarde.
Recomendación para la segunda lectura Farassino (A4-0087/97)
Van der Waal
La propuesta de la Comisión de modificar la Directiva 91/439/CEE tenía por objeto únicamente fijar las condiciones por las que el titular de un permiso de conducción puede conducir un vehículo, mediante códigos inequívocos para toda la Unión.
El Parlamento Europeo aprovechó desde un principio la propuesta para introducir otras modificaciones de mayor calado, relacionadas con el permiso de conducción. Así, en la primera lectura se propuso, entre otras cosas, el permiso de conducción con el sistema de puntos y el reconocimiento mutuo de la retirada del permiso de conducción.
Sin embargo, la Comisión Europea y el Consejo consideran que estas añadiduras no entran en el ámbito de aplicación de la propuesta de la Comisión. Por ello, las propuestas del Parlamento Europeo no han sido incluidas en la posición común.
A pesar de ello, en su recomendación para la segunda lectura, la Comisión de Transportes y Turismo ha vuelto a incluir el reconocimiento común entre los Estados miembros de las sanciones vinculadas a la autorización de conducir.
En la exposición de motivos de la recomendación leemos que «el reconocimiento mutuo constituye una condición fundamental para lograr realmente la libre circulación de personas en un mercado.» Aunque comparto la opinión de la Comisión de Transportes de que las infracciones de tráfico graves en un Estado miembro deberían tener consecuencias para la autorización de conducir en toda la Unión, considero exagerado y poco convincente que la Comisión de Transportes apele ahora a la libre circulación de personas.
Estoy de acuerdo con la Comisión Europea y el Consejo en que el reconocimiento de una suspensión o retirada del permiso de conducir entra en las disposiciones del tercer pilar y por tanto no está incluido en el ámbito de aplicación de esta propuesta. Una propuesta de un reconocimiento de este tipo no puede fundamentarse en el artículo 75, sino que ha de fundamentarse en los artículos K, con las competencias correspondientes para el Parlamento Europeo.
Por estas razones he votado contra las enmiendas y la recomendación de las Comisión de Transportes.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy en contra de la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción.
Las dos enmiendas de la recomendación preparan para la posibilidad de que la suspensión o retirada del derecho de utilización del permiso de conducción en un país lleve automáticamente a su retirada en los demás Estados miembros.
Los socialdemócratas votan en contra de la recomendación, ya que la transformación de una materia penal en un asunto supranacional es incompatible con las reservas danesas respecto a la participación en la cooperación en materia jurídica y de política interior.
La propuesta danesa en cuanto a las normas comunes para la suspensión o la retirada del permiso de conducción es que se establezca una red de intercambio de información entre las autoridades nacionales, a fin de que cada país se encuentre en condiciones óptimas para decidir sobre la suspensión o retirada del permiso de conducir, cuando éste haya sido suspendido o retirado en otro país.

Donnay
Deseo precisar las motivaciones de mi voto relativo al proyecto de recomendación para la segunda lectura justo después de la posición común fijada por el Consejo y referida al permiso de conducir.
Esta propuesta de Directiva tiene por objeto definir un sistema de códigos armonizados aplicables a las menciones que deben figurar en los permisos de conducir del modelo comunitario expedidos por los Estados miembros. Estas especificaciones resultan, pues, especialmente útiles para la vida cotidiana de los usuarios de la carretera en Europa. Sobre todo aportan una coherencia en los documentos administrativos que refuerza y concreta la sensación de ciudadanía de los habitantes de la Unión Europea. Por estos motivos, me he pronunciado de manera favorable sobre la posición común fijada por el Consejo.
El ponente sobre este tema, Sr. Farassino, deseaba por su parte que se modificara esta posición común, esto es, el mutuo reconocimiento entre los Estados miembros de las disposiciones que se refieran a la suspensión o a la retirada del permiso de conducir. Considero, en nombre del grupo UPE y en el mío propio, que las dos enmiendas del Sr. Farassino no deben aprobarse en el marco de la decisión del Parlamento.
La idea de un mutuo reconocimiento sobre la suspensión o la retirada del permiso de conducir puede considerarse totalmente admisible en sí misma. Pero creo sencillamente que no tiene cabida en un texto que trata de definir un sistema de códigos armonizados que han de introducirse en los permisos de conducir. Asimismo considero que tal reconocimiento no se desprende de las competencias comunitarias en el sentido del artículo 75 del Tratado.
Por lo tanto, al votar a favor de este proyecto de recomendación en segunda lectura, nos hemos ceñido a la posición común del Consejo, que representa un éxito en la vía de una armonización «funcional» de las reglas europeas y una mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Informe Palacio Vallelersundi (A4-0030/97)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Pensamos que el derecho de participación juega un papel importante para el derecho del creador a las compensaciones. Por eso nos causó satisfacción que entrase en vigor esta legislación en Suecia el 1 de enero de 1997.
No obstante, no pensamos que la cuestión tenga que armonizarse a nivel europeo en base a nuestros principios, pero sobre todo porque nos parece innecesario.
Está disminuyendo el número de grandes subastas que se trasladan a otros Estados miembros donde todavía no se ha regulado este sector. Tampoco la necesidad de protección de las ventas de obras de menor valor justifica una armonización, puesto que estas obras encuentran mercados casi exclusivamente dentro de los Estados miembros.

Cassidy
La propuesta de la Comisión Europea para que se dé a los artistas una participación sobre la venta de las obras de arte no está bien pensada. De acuerdo con la British Fine Arts Federation (Federación Británica de Bellas Artes), podría ocasionar la pérdida de 5.000 puestos de trabajo en Londres y que las ventas más importantes se trasladen bien a Suiza, bien a los Estados Unidos de América. Las preocupaciones de la British Fine Arts Federation son compartidas por los Commissaires-Priseurs franceses y por sus equivalentes de Bélgica y Luxemburgo.
El comisario europeo no ha conseguido llevar a cabo un análisis de costes-beneficios sobre la propuesta. De hecho, ha tratado al Gobierno británico con escasa cortesía al no responder a una petición formulada con duras palabras para que se realizara un estudio de costes-beneficios como es debido, enviada por el ministro de Tecnología Ian Taylor el 6 de marzo.
Los conservadores británicos apoyamos un llamamiento del Parlamento Europeo -en la enmienda nº 40- para que se aplazara la propuesta mientras no se hubiera realizado un estudio adecuado de costes-beneficios. Lamentablemente, dicha enmienda fue derrotada.
Los conservadores británicos, asimismo, nos desmarcamos de la postura oficial del Grupo del Partido Popular Europeo, que apoya la propuesta de la Comisión. No se nos envió al Parlamento Europeo para votar a favor de una propuesta que perjudicará a una importante actividad económica del Reino Unido. Creemos además que la Comisión se equivoca al presentar esta propuesta en nombre del Mercado Único Europeo. El mercado del arte es mundial, no europeo.
De acuerdo con las pruebas presentadas al Parlamento Europeo tanto por los Commissaires-Priseurs franceses como por sus homólogos belgas y luxemburgueses, el 90 % de los ingresos que actualmente se recaudan por el cobro de derechos de los artistas en París y Bruselas es por obras de arte cuyos creadores están muertos. Sólo el 10 % beneficia a artistas vivos. Los conservadores británicos no estamos a favor de privar de sus puestos de trabajo a 5.000 británicos vivos ¡por el bien de artistas muertos!

Cuadron
El derecho de participación es el derecho de un autor de una obra original (salvo manuscritos) o de su derechohabiente, hasta transcurridos 70 años post mortem auctoris , a obtenrr una participación económica en las sucesivas reventas de su obra. En el seno de la Unión Europea, el derecho de participación es objeto de disposiciones legislativas en once Estados miembros, pero sólo se aplica realmente en ocho Estados. No se menciona en la legislación neerlandesa, austriaca, irlandesa e inglesa.
Es importante, por lo tanto, armonizar este derecho de autor, sobre la base del artículo 100 A (armonización en materia de propiedad intelectual), con el propósito de poner fin a las distorsiones de la competencia y a las discriminaciones que afectan sobre todo a los artistas de obras plásticas en función del país en que se venden dichas obras.
Recordemos aquí que los autores de obras plásticas, a diferencia de los autores de obras literarias, musicales y audiovisuales, sólo se benefician de una fuente de ingresos principal: la de la primera materialización de su esfuerzo creativo. El derecho de participación aparece como un derecho de restitución con el fin de permitir que el autor obtenga beneficios de su obra.
Además de estos imperativos de orden económico, resulta indispensable proteger y promover la creación artística, que constituye la identidad de la cultura europea.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe sobre la propuesta de directiva relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.
En la Europa actual, muchos autores de obras de arte originales no obtienen un porcentaje del precio de una obra después de haberla vendido. Algunos Estados miembros -entre ellos Dinamarca- han intentado remediar este problema mediante un régimen de derecho de participación, que garantiza al autor determinado porcentaje del precio de venta de la obra por tercera, cuarta vez, etc. No obstante, este régimen ha hecho que surja otro problema: para evitar el pago de los derechos, los marchantes, etc. venden las obras de arte en países en los que no existe una legislación sobre el derecho de participación.
Las propuestas que hemos votado favorablemente significarán sobre el papel un deterioro de las condiciones económicas de los artistas daneses. No obstante, no están muy alejadas de la legislación danesa vigente en materia de derecho de participación. Además, están redactadas de tal forma que tienen la posibilidad de ser aprobadas por el Parlamento Europeo. Con la propuesta de directiva contribuiremos, en primer lugar, a garantizar a los artistas de todos los Estados miembros una retribución más acorde con la valoración de su trabajo en el mercado. En segundo lugar, evitaremos la distorsión de la competencia.
Lindqvist (ELDR), Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Holm y Lindholm (V), Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (I-EDN), por escrito. (SV) Hemos votado contra este informe porque pensamos que no es necesaria una armonización de la categorización de obras de arte. Esta categorización debería realizarse dentro de las legislaciones nacionales.
También pensamos que la cuestión de todo aquello que se pueda considerar como original es un tema puramente cultural y debe decidirse a nivel nacional.
Este informe no conserva el equilibrio necesario entre los intereses comerciales y los artísticos, y constituye un marcado empeoramiento para los artistas nórdicos. No tiene en cuenta a los mercados pequeños y nacionales, ni tampoco a los de arte donde exponen sobre todo los artistas jóvenes cuyos precios son más bajos, a menudo por debajo de los 1.000 ecus.

Theonas
La propuesta de institucionalizar en una directiva comunitaria los derechos de los autores de obras plásticas y gráficas es positiva. Por una parte, porque esos derechos no están amparados en todos los Estados miembros y, por otra parte, porque existen divergencias muy importantes entre las diferentes legislaciones con respecto a las obras incluidas en el ámbito de aplicación, así como a la titularidad y a los derechos que se han de percibir.
Ahora bien, como base para la armonización de las legislaciones deben garantizarse, como mínimo, los derechos existentes. En ningún caso aceptaríamos que la armonización se utilizara para recortar los derechos y los ingresos que ya tienen los autores.
No estamos conformes con la propuesta de la Comisión de amparar los derechos correspondientes a las transacciones de un importe superior a 1.000 ecus. Esta medida excluiría una gran parte de las operaciones de compraventa, que se refieren principalmente a las obras de artistas jóvenes. Nosotros proponemos que, de acuerdo con las demandas de las asociaciones de artistas, se baje el umbral al menos hasta el importe de 500 ecus.
La propuesta de la Comisión sobre los tramos de precios no nos parece satisfactoria, porque, conforme a las normas vigentes en esta materia en los Estados miembros, esto conduciría a una reducción de los ingresos de los autores. Es inaceptable la enmienda propuesta por la ponente, ya que, en caso de ser aprobada, sobre todo por lo que respecta a la ampliación del tramo superior, tendría consecuencias nefastas para los artistas. En cambio, nosotros solicitamos, también mediante enmienda y en atención a la demanda de las asociaciones de artistas, que las percepciones sean del 5 %, 3 % y 2 % sobre el precio de venta para tramos que oscilarían, respectivamente, entre 500 y 50.000, entre 50.000 y 250.000 y por encima de los 250.000 ecus.
No estamos conformes tampoco con la limitación de las copias protegidas, como propone la ponente, ni con la eliminación de los manuscritos del ámbito de aplicación de la directiva. En cambio, consideramos positivo el refuerzo del carácter inalienable del derecho de participación, para evitar que el autor sea objeto de explotación y represalias y garantizar, en la medida de lo posible, un equilibrio en relación con los derechos de los autores de otros tipos de obras originales.
Por los motivos mencionados, salvo en caso de que se aprueben nuestras enmiendas, no votaremos a favor del informe.
Informe Ford (A4-0110/97)
Le Gallou
Señor Presidente, el informe del Sr. Ford, al que nos oponemos, propone que se cree un nuevo «artilugio» antirracista, es decir, un nuevo medio de opresión para los hombres libres, ya que en toda Europa la ideología antirracista se ha convertido en una policía de las ideas, con sus agentes, sus jueces serviles y sus kapos de prensa.
La situación es especialmente grave en algunos países, como en los Países Bajos. Por el hecho de haber declarado que «Cuando el Centro Democrático llegue al poder, acabaremos con la sociedad multirracial», lo que constituye un objetivo perfectamente defendible, el Presidente del Centro Democrático neerlandés, el Sr. Janmaat ha sido condenado a dos semanas de prisión firme por un juez frenético, el Sr. Van den Heuvel, que de este modo ha deshonrado a la justicia holandesa.
Que quede claro que si mantiene esta condena por un delito de opinión en la instancia de apelación, los diputados del Front National y del Vlaams Blok solicitarían poder visitar al Sr. Janmaat en la cárcel. Nuestro Parlamento se preocupa de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Mejor haría en poner orden en su propia casa. La justicia antirracista de los Países Bajos no es mejor que la de Pekín o Jakarta.

Ahlqvist, Theorin y Wibe
En muchos informes que tramitamos en el Parlamento se defiende la creación de nuevas instituciones y órganos. También es este el caso del informe que nos ocupa. Casi nunca tropezamos con un informe que proponga que se desmantele una institución o una agencia.
Dudamos de que el Observatorio europeo para la vigilancia de los fenómenos del racismo y la xenofobia sea el modo correcto de contrarrestar los prejuicios de la sociedad. El objetivo es muy loable, pero nosotros vemos muchos otros costes sociales como de mayor prioridad en la lucha contra el paro y la pobreza en Europa. La creación de este centro tendería lamentablemente a una gran producción de documentos, al tiempo que muy poco de todo esto afectaría a la vida cotidiana de los ciudadanos.
A pesar de que votamos en favor del informe, queremos dejar constancia de nuestras reservas, de conformidad con lo expuesto.

Lis Jensen, Krarup y Sandbæk
Hemos decidido no votar a favor del informe del Sr. Ford sobre la creación de un Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos. Nuestra decisión responde a varios motivos.
En primer lugar, el Consejo de Europa se ha dedicado intensamente a este tema durante años y ha llevado a cabo, entre otras cosas, una campaña muy lograda, dirigida a la juventud, sobre racismo, antisemitismo, intolerancia y xenofobia, en cooperación con una serie de organizaciones juveniles y movimientos antiracistas. Opinamos que el Consejo de Europa es muy competente en este tema, por lo que nos parece lo más adecuado que siga encargándose de este trabajo. No acabamos de ver la necesidad de un Observatorio comunitario en esta materia, sobre todo sabiendo que el Consejo de Europa incluye a muchos más países y que su trabajo tiene mayor alcance.
En segundo lugar, no nos convence el fundamento jurídico elegido, esto es, el artículo 235. Estamos en contra de una ampliación del ámbito de competencias de la UE.
Opinamos, naturalmente, que hay que luchar contra los fenómenos racistas y xenófobos, pero, como ya hemos dicho, no estamos convencidos de que la Unión Europea sea el mejor marco para este tipo de actividades.
Informe Randzio-Plath (A4-0111/97)
Martinez
Señor Presidente, tenemos que pronunciarnos sobre un informe relativo al crecimiento y al empleo, tema casi humorístico cuando hay unos veinte millones de desempleados y cerca de dieciocho millones de personas sin hogar. Es verdad que la Comisión Europea nos ha dicho que todo va muy bien: la inflación está controlada, los tipos de interés tienden a bajar, volverá el crecimiento -no se sabe cuándo-, ¡pero volverá! ¡Sin duda habla por boca de la virtud teologal de la esperanza!
La Sra. Randzio-Plath nos hace, por cierto, un excelente examen clínico de la situación. Se nos dice que Europa es la enferma del planeta. Es cierto que hay paro en grandes cantidades, es cierto que la demanda es débil y es cierto que existen desigualdades abismales entre ricos y pobres, es cierto que la distribución de la riqueza es tal que ésta se desplaza de abajo para arriba. Allí donde flaquea más la demostración es en lo referente a las causas. La Comisión Europea afirma que todo es culpa de la oferta. Pero no por mejorar la oferta de arena en el Sáhara se logrará que haya demanda. Así que está claro que el problema viene de la demanda y no de la oferta. ¿Qué es lo que bloquea la demanda? Pues es la fiscalidad excesiva. ¿Qué destruye los empleos? Pues obviamente la inmigración y la apertura nada razonable de las fronteras. Señor Presidente, es muy inusual que siga existiendo un fenómeno cuyas causas se han tratado, o entonces es mágico.

Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Lööw, Theorin y Wibe
Pensamos que el informe de la Sra. Randzio-Plath es excelente en su totalidad. No obstante, tenemos reservas con respecto a la redacción, que da a entender que deben disminuir los impuestos y el gasto social para combatir eficazmente el paro. Pensamos que esta formulación es demasido general para que podamos compartir plenamente la opinión así redactada.

Berthu
Aconsejo a los observadores que analicen cuidadosamente la parte del informe económico de la Comisión dedicada al impacto de las fluctuaciones monetarias. Efectivamente, podemos sacar muchas lecciones económicas, monetarias e incluso políticas.
Nadie ha olvidado que hace dos años, en medio de desórdenes monetarios internos que afectaban a la Comunidad, la Comisión había publicado una comunicación contemporizadora, que explicaba que el impacto macroeconómico no era muy elevado: de 0, 25 a 0, 50 puntos. Incluso minimizaba un poco esta valoración añadiendo que ésta incluía el efecto dólar, ajeno a la Comunidad, y que no se podía establecer una relación estricta entre la variaciones nominales de los tipos de cambio y la variación de la competitividad.
Paralelamente a esto, la Comisión rechazaba ampliamente las propuestas de todos aquellos que, como Francia, proponen remedios inmediatos, ya sea un endurecimiento la disciplina del sistema monetario europeo, ya sea una modulación de los Fondos estructurales, o incluso la creación de montantes compensatorios monetarios.
Actualmente, dos años después, el tono ha cambiado completamente. En el informe económico anual que se nos presenta, se lee que el crecimiento «ha sufrido un brusco parón en el segundo semestre de 1995», que «la deceleración ha sido especialmente violenta en los países en que las monedas se habían apreciado durante la crisis monetaria de la primavera de 1995». Los otros tampoco salieron mejor parados. Se explica, en efecto, que «en los países en que las monedas se habían depreciado, los tipos de interés a corto plazo subieron, a menudo considerablemente... y que de esto se ha desprendido asimismo una disminución clara de la actividad económica de estos países». «Deceleración violenta», »disminución clara», ya vemos que no son las mismas palabras.
La conclusión final es también muy distinta: globalmente (es decir si se incluye también el efecto dólar) «el crecimiento de la demanda final, que había alcanzado cerca del 3 % en el transcurso de los 18 meses anteriores, cayó hasta el 1 % en el segundo semestre de 1995»; el PIB real, por su parte, pasó de 2, 4 puntos de crecimiento a 1, 2 puntos en el transcurso de un semestre, es decir una diferencia muy superior a la anunciada. El Comisario de Silguy amplía, de hecho, esta constatación agobiante añadiendo oralmente que debido a esto Europa ha perdido 1, 5 millones de empleos.
Debemos plantearnos preguntas. ¿Por qué este repentino cambio por parte de la Comisión? ¿Son acaso sus expertos tan incompetentes como para no ver, a finales de 1995, lo que constataba el simple ciudadano de a pie, y que mi Grupo, por cierto, denunciaba con ahínco, es decir el impacto desastroso de las fluctuaciones monetarias internas, especialmente para Francia, que había vinculado su moneda al marco alemán? No le reprocharemos tal cosa a la Comisión.
Entonces ¿cuál es la explicación? Consideramos que la primera posición, la de 1995, estaba dictada en realidad por consideraciones de estrategia política: se trataba, por una parte, de reconocer los efectos negativos de las fluctuaciones monetarias internas (¿cómo habría podido negarlas la Comisión?) atrayendo, a largo plazo, con el señuelo de la solución de la moneda única, pero, por otro lado, minimizándolos, con el fin de evitar que su carácter desastroso incitase a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas, que mostrarían claramente que el problema podía resolverse en gran parte sin el remedio del caballo de la moneda única.
No dudamos en afirmarlo: se trataba, entonces, de una pura manipulación de información, que parece que la Comisión estima en la actualidad carente de utilidad. Efectivamente, el plazo teórico para la moneda única está ahora bastante cerca, las fluctuaciones monetarias se han calmado y la Comisión siempre podría contestar, si se le dirigieran nuevas solicitudes, que ahora los plazos son demasiado cortos para poder tomar medias intermedias. Así que puede permitirse el lujo de decir la verdad y, de algún modo, de borrar el rastro de su crimen, añadiendo nuevas alabanzas sobre las bondades futuras de la moneda única.
Saquemos las lecciones políticas de este asunto: la Comisión mintió en 1995, al menos por omisión, impidiendo voluntariamente de este modo que los Estados miembros tomaran medidas en defensa del empleo y haciendo que sacrificaran a los trabajadores en el altar de la moneda única, a la que había que garantizar una progresión inexorable. Esto es muy significativo acerca de su autoritarismo y su desprecio hacia la gente y los países. Pero no olvidemos que quien mintió ayer puede también mentir hoy. Recordarlo es oportuno, en un momento en que la Comisión, a pesar del incremento de los desequilibrios, nos anima a avanzar por todos los medios hacia la fusión de las monedas y la unificación de las políticas económicas.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Los abajo firmantes nos hemos abstenido en la ronda final. El informe contiene unas críticas correctas y necesarias de la política de recortes que ha caracterizado la línea oficial de la Unión durante largo tiempo, y que ha sido la causa principal del desempleo en masa y de la crisis social. Vemos en el informe un giro cara a una política coyuntural expansiva y estimulante.
No compartimos la idea de que sea conveniente la realización de la UEM. Al contrario, es la normativa de la UEM la causante de la política restrictiva y la que provocará una depresión económica en los países miembros. La UEM también conllevaría una uniformidad de las políticas de los países que no corresponde a sus distintas necesidades. La política expansiva que defiende el informe de un modo absolutamente correcto está en contradicción con la política monetaria de la UE, por lo que debería modificarse esta última y abandonarse la idea de una moneda europea.
La cooperación monetaria debería adoptar otras formas, combinables con una política expansiva contra el paro y la crisis.
No compartimos la opinión de que la reducción de impuestos para las empresas y el abandono de las normas de derecho laboral -bajo el atractivo nombre de «flexibilidad»- constituyan una política de coyuntura positiva o puedan tener una repercusión estructural.

Gahrton, Holm y Lindholm
El Informe Anual de la Comisión resulta en general una lectura monótona, puesto que se concentra en los aspectos puramente económicos de la UE, como la política financiera y monetaria. Se pasan por alto las cuestiones de que hablan los ciudadanos de a pie, como el paro, los recortes en el sector público y los problemas ambientales. Por eso la resolución del Parlamento Europeo resulta una lectura amena, ya que contiene unas críticas justas y necesarias de la política de recortes que ha caracterizado la línea del pensamiento oficial de la Unión durante mucho tiempo, y que ha sido la causa principal del paro y la crisis social.
No obstante, no compartimos la idea de que sea deseable o aplicable la realización de la UEM. Por el contrario, son los requisitos de convergencia de la UEM los que están detrás de la política restrictiva y que causa la depresión económica en los países miembros. Suecia es un ejemplo excelente de este fenómeno. Desde que en 1990-91 el Gobierno sueco se propuso que Suecia entrase en la UE, y consecuentemente inició una política afín a la UE en el ámbito económico, con la caída de la inflación como objetivo principal, y a pesar de que no se convirtió en país miembro hasta 1995, el desempleo aumentó notoriamente en Suecia. Con la UEM se «coordinará» la política económica de los países de la UE y consecuentemente no se tendrá en cuenta la diversidad que existe entre las distintas regiones.
La política expansiva que promueve el informe está en contradicción con la política monetaria de la UE, por lo que cabría modificar esta última y abandonar el objetivo de una moneda europea. La cooperación monetaria debería adoptar nuevas formas compaginables con una política expansiva contra la crisis y el paro.

Gallagher
Los dos programas de los Fondos Estructurales para 1989-1993 y 1994-1999 han ayudado claramente a impulsar el crecimiento económico de la economía irlandesa. La renta media per cápita en Irlanda supera ahora el 84 % de la media europea y ello se debe ante todo a las grandes transferencias de sumas de dinero de la UE a través de los fondos regional, social, agrario, de pesca y de cohesión.
Los recientes resultados económicos de la economía irlandesa ponen de relieve lo que puede hacerse si los interlocutores sociales y el Gobierno siguen unas políticas macroeconómicas coherentes y estables basadas en el consenso social. Éste es un proceso que comenzó en 1987 y que por lo general se ha traducido en una paz laboral.
Aunque Irlanda se dispone a ser uno de los países que cumplan los criterios de convergencia de Maastricht y estará por tanto en condiciones de ingresar en la UEM en la primera fase, aún sigue habiendo una serie de preocupaciones económicas de fondo para la economía irlandesa.
En primer lugar, Irlanda recibe más del 11 % de todo el paquete de los Fondos estructurales de la UE para 19941999. Después de 1999, la cifra se reducirá a aproximadamente el 7 % o el 8 % del paquete de los Fondos estructurales de la UE para el período 2000-2005. El Gobierno irlandés, que ha aumentado considerablemente el gasto en los dos últimos años, no ha introducido ninguna estructura para hacer frente a la falta de dinero de la UE después de 1999. Aunque las tasas de crecimiento de Irlanda han variado entre un 7 % y un 10 % en los últimos años, las políticas de gastos del Gobierno irlandés se han orientado hacia el beneficio a corto plazo, sin establecer ninguna estrategia económica a largo plazo.
Creo que Irlanda debería ingresar en la UEM a la primera oportunidad, pero deberíamos poner en práctica políticas de gobierno que tengan en cuenta los mencionados aumentos inflacionistas del gasto público, el hecho de que siga habiendo una financiación deficiente de infraestructuras esenciales y el hecho de que será difícil mantener las actuales tasas de crecimiento mientras otros países de la UE presenten una actividad económica débil.
Estoy completamente de acuerdo en que el dinero de los Fondos estructurales de la UE debe dirigirse hacia las regiones cuya renta per cápita no llegue a la media europea.
Tiene que haber un máximo de coordinación de la entrega de Fondos estructurales de la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social y las regiones de los Estados miembros cuyos resultados económicos vayan por detrás de los de sus equivalentes europeas. En Irlanda, por ejemplo, debe iniciarse ahora el debate sobre cómo entregar el dinero de los Fondos estructurales de la UE durante los años 2000 a 2005.
Como diputado europeo de la circunscripción de Connaught/Ulster, creo que los condados de Donegal, Cavan y Monaghan, junto con la provincia de Connaught, deben seguir en la lista del Objetivo 1 durante los años 2000 a 2005.
La pertenencia al Objetivo 1, que da derecho a las regiones al máximo importe del Fondo Regional Europeo y del Fondo Social, normalmente sólo se concede a las zonas cuya renta media per cápita sea inferior al 75 % de la media de la UE. Los condados de Donegal, Cavan, Monaghan y la provincia de Connaught debieran y deber tener el derecho a la máxima suma de dinero de la UE, porque no están teniendo unos resultados tan económicos o competitivos como otras zonas de Irlanda.
Dejemos clara una cosa. Si la Unión Europea habla en serio de supeditar las políticas de los Fondos estructurales a los resultados económicos de las regiones, entonces la región de Connaught/Ulster se incluirá en la lista del Objetivo 1 durante el período 2000-2005.

Hyland
El empleo, como es comprensible, es uno de los retos más graves a los que se enfrentan los responsables de la toma de decisiones y responsables políticos a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros, y aunque la situación va mejorando, conviene que todos los que tenemos cargos públicos redoblemos nuestros esfuerzos a fin de crear un marco favorable para que continúen las inversiones y el crecimiento económico generadores de empleo.
Ante la tendencia positiva descendente de la inflación en la Unión Europea y el correspondiente aumento del PIB, es más importante que nunca que esta tendencia tan bienvenida se gestione de manera que siga estimulando una actividad económica a partir de la cual puedan crearse puestos de trabajo sostenibles.
Me alegra hacer constar en acta que las políticas económicas implantadas en Irlanda en 1987 están empezando a dar fruto y que nuestro problema de desempleo (uno de los peores de Europa) ha dado un giro positivo, con un aumento lento, pero constante, de los nuevos puestos de trabajo.
La ponente tiene razón al señalar el importante papel del sector privado en la política de empleo, pero dicho papel no se dará a menos que, por separado, los gobiernos de los Estados miembros pongan en práctica políticas que estimulen y premien la inversión, el espíritu de empresa y la asunción de riesgos.
Son demasiados los casos en los que el coste de crear un nuevo empleo resulta prohibitivo: los elevados impuestos y cotizaciones nacionales a la seguridad social y el exceso de regulación son factores que obstruyen la creación de empleo.
Seguro que para los gobiernos es mejor hacer los ajustes financieros necesarios en materia de fiscalidad que pagar en prestaciones sociales el coste de mantener a un desempleado.
Al asignar a proyectos de empleo los fondos de la Unión Europea y nacionales, habrá que tener especialmente en cuenta el éxito de los actuales programas de ámbito comunitario como «LEADER» y «County Enterprise Boards» (centros regionales de fomento empresarial), que tienen la capacidad de generar empleo a un nivel al que normalmente no llegan los planes de escala nacional, ayudando con ello a conservar una infraestructura urbana/rural razonable.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy en contra del informe sobre el Informe Económico Anual de la Comisión para 1997.
El informe critica a la Comisión por no prestar suficiente atención al desempleo, y las perspectivas de crecimiento de la UE son consideradas insuficientes para luchar con eficacia contra el desempleo masivo. El informe dedica mucha atención al desempleo.
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en el planteamiento del problema del desempleo en Europa y apoyan el intercambio de información y otros tipos de coordinación política en una serie de aspectos, pero no pueden apoyar el requisito de la creación de una especie de gobierno económico a nivel de la UE, según se indica en el punto 13.

Lindqvist
La descripción que hace la Comisión de la situación económica es ingenuamente positiva.
La UEM no va a resolver el problema principal del elevado índice de paro, sino que nos arriesgamos a que éste aumente aún más a través de los esfuerzos concentrados exlusivamente en la estabilidad de precios y en los requisitos en materia de política económica.
La posición de la comisión es significativamente más realista, y parece vislumbrar una parte de los problemas que conlleva la UEM, aún cuando no extrae conclusiones de su constatación. Se habla de aumentar la demanda y la inversión, sin que parezca que se entienda el hecho de que es la UEM la que pone obstáculos a la evolución y tiene a toda Europa atenazada. En base a esto he votado contra el informe.

Wolf
Lamentablemente, una mayoría casual ha destruido un elemento central de las exigencias políticas del informe: la exigencia de una reducción de la jornada laboral como un momento no irrenunciable de una política amplia de redistribución del trabajo y de la renta. Ningún otro de los instrumentos disponibles tiene unos efectos tan rápidos. Esta es una derrota para la nueva política que comienza a crecer junto con la eurohuelga de los trabajadores de Renault, con las marchas europeas contra el desempleo masivo, contra el empleo precario y contra la exclusión social, con la asamblea europea por el pleno empleo, con el futuro día de acción de la FES.
Aunque no comparto el optimismo de la ponente respecto de la compatibilidad de la introducción de la UEM europea, en su concepción actual, con una nueva política socio-ecológica, muchas cosas del informe se hallan en la dirección correcta en la que ostenta realmente la máxima prioridad la lucha contra el desempleo.
Por lo demás, sigue siendo cierto, precisamente, lo siguiente: a la hora del debate sobre las broad economic guidelines , señoras y señores, que están imbuídas todavía por la ideología neoliberal, nos volveremos a ver.
Informe Metten (A4-0105/97)
Berthu
Señor Presidente, el informe Metten que acaba de aprobar nuestro Parlamento confirma desgraciadamente los temores de todos los que creen que los costes de gestión de la moneda única van a sobrepasar con creces los ahorros que ésta permitirá realizar en materia de simplificación o de reducción de los gastos de cambio.
A primera vista, parece que el informe trata de una cuestión técnica secundaria: existe desde hace tiempo un sistema de apoyo financiero mutuo de los Estados miembros en caso de que algún problema grave en la balanza de pagos afecte a uno de ellos. Este mecanismo no funciona muy a menudo (se utilizó por última vez en 1993, en favor de Italia), cosa que se puede comprender ya que, actualmente, cada país conserva el derecho de llevar a cabo una política económica propia, aunque esté más o menos coordinada con la de los demás.
Se plantea saber si este mecanismo debería mantenerse cuando entre en vigor la moneda única. El informe Metten nos dice que sí. En primer lugar, porque algunos países se quedarán provisionalmente al margen de la moneda única. Después y sobre todo, porque un mecanismo de este tipo será todavía más necesario para los países participantes, ya que sus políticas económicas estarán fusionadas y será necesario hallar un sistema común para ayudarles a todos ellos a amortiguar los choques coyunturales asimétricos que podrían padecer y que afectaran a todos los demás. Entramos aquí en el meollo de un debate fundamental.
Efectivamente, en la futura Unión monetaria tal como se aprobó en Maastricht, no habrá presupuesto federal europeo que pueda hacer las veces de amortiguador en caso de crisis, local o global. Así pues, no existe instrumento comunitario de lucha contra los desequilibrios asimétricos.
El Sr. Metten ha tenido pues la idea, y el Parlamento Europeo lo ha apoyado sin reservas, de llenar este vacío. Propone que el mecanismo actual de apoyo financiero a las balanzas de pagos sea el día de mañana un sistema más amplio, bautizado como «mecanismo en favor de la estabilización y el crecimiento», que podría completar el futuro pacto de estabilidad. ¿Pero de dónde saldrá el dinero para financiar este nuevo sistema?
Aquí se ve cómo actúa un mecanismo perverso que poco a poco irá gravando la factura de la moneda única. Como habíamos previsto desde el principio, dentro de unos años nos daremos cuenta de que sus inconvenientes son muy superiores a sus ventajas, y los costes que generará muy superiores a los beneficios que podrá proporcionar.

Torres Marques
He votado a favor del informe Metten porque los Estados miembros que pertenezcan a la Unión Económica y Monetaria podrán recurrir en ese momento a un mecanismo financiero a medio plazo, en el caso de que afronten dificultades en su balanza de pagos. Dicho mecanismo funciona mediante el mercado de capitales y de préstamos garantizados por el presupuesto comunitario, con un tipo de interés favorable. Las condiciones de dicho préstamo son excepcionales y el Estado miembro beneficiario tendrá que presentar y respetar un programa de devolución aprobado por el ECOFIN.
El problema que ahora se plantea es el de si ese mecanismo debe desaparecer en relación con los países que pasen a la tercera fase de la UEM y, por tanto, se adhieran al euro o si debe volver a crearse, con otros moldes, evidentemente, pero con el mismo propósito.
Es necesario tener en cuenta que, para los países que se adhieran al euro, habrá que reconstruir el concepto de balanza de pagos, ya que la mayor parte de las operaciones comerciales y financieras se hará en euros. Por ejemplo, en Portugal cerca del 80 % de nuestras relaciones comerciales se hacen con los países de la Unión Europea y, en relación con los que se adhieran al euro, no se podrán medir las corrientes financieras correspondientes por las diferentes monedas. Lo mismo ocurrirá en relación con el turismo y las otras operaciones cambiarias.
Además, hay que tener en cuenta, como dice el Informe Económico Anual de la Comisión para 1997, que «el grado de apertura de la Comunidad en relación con la economía mundial es relativamente pequeño y semejante al de los Estados Unidos de América o del Japón. En 1995, el grado de apertura en la Unión Europea era de cerca del 10 %, frente al 12 % de los Estados Unidos de América y al 9 % del Japón. Eso significa que la mundialización del comercio sólo tiene un efecto directo en una parcela limitada de la economía comunitaria».
A pesar de la reducida dimensión global de ese valor, hay que afrontar la posibilidad de que países de la Unión Europea, o ésta en su conjunto, por razones excepcionales, lleguen a tener problemas de balanza de pagos, sobre todo porque, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, la movilidad de los trabajadores es reducida -en particular por las diferencias lingüísticas- y los estabilizadores automáticos y la dimensión del presupuesto federal funcionan en los Estados Unidos como amortiguadores.
El Parlamento Europeo acaba, así, de aprobar, con mi apoyo, una resolución en la que se propone que la Comisión elabore y nos presente, como también al Consejo, un proyecto de reglamento para que en la tercera fase de la UEM se pueda ayudar a un Estado miembro que se encuentre en dificultades en materia de balanza de pagos y que la posibilidad máxima del beneficio vaya asociada con un porcentaje del PIB de los Estados miembros beneficiarios.
Desde nuestra perspectiva, este instrumento resulta indispensable para afrontar las posibles restricciones que llegue a crear el pacto de estabilidad.

Wolf
El informe del Sr. Metten aborda correctamente un problema importante. Sin un sistema eficaz de compensación financiera no podrá configurarse contractualmente la transición a la tercera fase de la UEM europea desde el punto de vista de la política regional, ni de la política social. Esto es tanto más urgente cuanto que se verán probablemente insatisfechas las exigencias planteadas por el Parlamento de constituir el SME II de tal manera que las cargas de adaptación se distribuyan de forma simétrica y solidaria.
El pacto de «estabilidad y empleo» no debe ser «apoyado», sino que debe ser reconvertido totalmente: en un pacto en pro de una transición común a un nuevo modelo de desarrollo social y ecológicamente sostenible. En este punto el Informe Metten no da ninguna orientación enérgica. Por lo demás, se calla -en consonancia absoluta con su planteamiento demasiado modesto- sobre las posibilidades de financiación.
Una orientación enérgica semejante debería destinar alrededor del 1 % del PIB de la UE para un Fondo de compensación y de aseguramiento contra catástrofes. De esta manera podrá cumplir su función al menos rudimentariamente. Para ello habría que reservar, por ejemplo, nuevas fuentes de impuestos y de exacciones (impuestos a la energía, entre otros) de la UE.
(La sesión, interrumpida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Situación en Albania
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Albania.

Patijn
Señora Presidenta, cumpliré con placer la petición del Parlamento de emitir una declaración sobre Albania. La situación en Albania sigue siendo inestable. El gobierno de unidad nacional, bajo el mando del primer ministro Fino, maniobra con cautela entre los socialistas por un lado y el Presidente Berisha por otro. Las contradicciones entre los principales grupos políticos aún son enormes. Aunque el gobierno ha restablecido el orden público en diversas ciudades, siguen teniendo lugar robos, saqueos, actos de bandidaje y tiroteos. Por ello la situación sigue siendo imprevisible. Muchas personas huyen a los países vecinos, especialmente a Italia. Los medios de comunicación han de operar en condiciones difíciles y todavía no se ha fijado una fecha definitiva para las elecciones ya acordadas. Por de pronto se parte del período de junio-julio del presente año.
A petición del Presidente danés en ejercicio de la OSCE, el pasado 8 de marzo, el ex canciller de Austria, Sr. Franz Vranitzky, se trasladó a Tirana. La presión ejercida por la Presidencia de la Unión Europea, entre otros, en la consulta del pasado 7 de marzo, sobre las autoridades albanesas, así como los esfuerzos del Sr. Vranitzky y otros miembros de la comunidad internacional, han contribuido a que el Presidente Berisha anuncie que se celebrarán elecciones anticipadas. Además, se ha instaurado un gobierno de unidad nacional dirigido por el primer ministro Fino, que procede del sur. Asimismo se han hecho recomendaciones relacionadas con la ayuda de la comunidad internacional a la hora de establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición, la recogida de armas, la preparación de nuevas elecciones, el diseño de una nueva constitución y el enfoque de los problemas macroeconómicos. El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del pasado 24 de marzo decidió enviar una misión a Albania que aconsejará a las autoridades albanesas en torno a cuestiones humanitarias, económicas y políticas, así como sobre asuntos de seguridad. Esta misión consultiva actuará dentro del marco de la OSCE, que coordinará los esfuerzos de la comunidad internacional en Albania.
Cada una de las diferentes organizaciones internacionales ha de desempeñar un determinado papel en el proceso. El cuadro es más o menos el siguiente: la coordinación general estará en manos del representante personal del Presidente de la OSCE, el Sr. Vranitzky, secundado por un suplente propuesto por la Unión. El suplente informará a la OSCE y al Consejo de la Unión Europea. Pero la responsabilidad final de la coordinación recae en la OSCE.
Del pasado 26 de marzo al 6 de abril, una misión preparatoria trabajó en Albania para preparar la misión consultiva de la Unión Europea. En la misión participaron representantes de la Presidencia neerlandesa del Consejo, la Comisión Europea, la OSCE y el Consejo de Europa, así como del Reino Unido, Italia y Grecia. El cometido de la misión era emitir un dictamen sobre las tareas y la composición de la misión consultiva definitiva, y la misión preparatoria presentó su informe el pasado 4 de abril. Sobre los resultados de dicha misión tendrá lugar una consulta a corto plazo tanto en el marco de la Unión Europea como en la OSCE en Viena.
Aunque en diferentes ámbitos todavía hay que tomar decisiones, las actividades de la comunidad internacional parecen incluir los siguientes tres elementos. En primer lugar, la ayuda humanitaria, con la Unión Europea de protagonista, así como un refuerzo de la capacidad de la policía albanesa, posiblemente con un papel coordinador de la Unión Europea en cooperación con el Consejo de Europea. Además, en el ámbito de la ayuda estructural se cooperará estrechamente con el FMI y el Banco Mundial.
En segundo lugar, un componente más político: las elecciones, los derechos humanos, la democratización. En este ámbito, la OSCE, en estrecha cooperación con el Consejo de Europa, desempeñará un papel importante.
En tercer lugar, una multinational protection force , a la que diversos países aportarán tropas. La fuerza multinacional, para la cual el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha dado luz verde, está bajo el mando de Italia y se centrará en el acompañamiento de la ayuda humanitaria así como la contribución a la seguridad de las organizaciones internacionales que actúan en Albania. El force commander y el representante de la OSCE en Tirana se mantendrán en estrecho contacto.
La deliberación y la toma de decisiones definitiva sobre el mandato y la estructura de la misión consultiva tendrán lugar en el marco de la Unión Europea y de la OSCE. Sin embargo, sí quiero referirme a algunos aspectos de la ayuda específica y al posible instrumental necesario. Se trata en primer lugar del orden público y la policía. La misión preparatoria ha constatado que las autoridades albanesas necesitan apoyo material, y con miras a un plazo más largo, asesoramiento y entrenamiento. Para comprender mejor las necesidades de entrenamiento y asesoramiento es conveniente incluir un equipo de unos 20 policías en la misión asesora. El informe de la misión preparatoria indica que con respecto al elemento policial se piensa en un conjunto de la Unión Europea y de la Unión Europea Occidental en cooperación con el Consejo de Europa. Además del asesoramiento, el equipo policial también podrá desempeñar actividades de vigilancia en cuatro distritos policiales de Tirana, donde una de las necesidades es también recabar información. El equipo policial tendrá que hacer recomendaciones específicas sobre la posible ayuda a la policía albanesa a corto y medio plazo.
Luego el seguimiento de la situación. Por el momento, la ECMM (European Community Monitoring Commission) opera en Albania con un grupo de diez observadores. Después de adaptar el memorándum suscrito con las autoridades albanesas, hay la posibilidad de ampliar las actividades de los observadores de la ECMM a toda Albania, y el equipo podrá ampliarse a 24 personas. Con esta ampliación de tareas de la ECMM podrán operar entre dos a tres equipos por región, es decir, en los alrededores de Tirana, en el norte alrededor de Shkoder y en el sur alrededor de Gjirokaster. El Consejo aún tiene que estudiar una propuesta a este respecto.
En cuanto a la preparación de las elecciones y el proceso de democratización, la OSCE se ocupará, en estrecha colaboración con el Consejo de Europa, de la democratización, la libertad de los medios de comunicación y la situación de los derechos humanos. En segundo lugar, la preparación de las elecciones, prestando asistencia técnica en la elaboración de una ley electoral, la observación de las elecciones y eventualmente la vigilancia en la recogida de armas. Me parece una misión poco envidiable.
Por último, la ayuda humanitaria. Todavía no existe una situación de emergencia humanitaria general, pero esta podría surgir en unas cuantas semanas. Debido al saqueo de hospitales y de las provisiones de alimentos estratégicas del Estado, al cierre de las fronteras y a la inseguridad interior, el abastecimiento normal y la distribución de alimentos y artículos médicos está gravemente perturbada. Por ello, puede surgir una situación de emergencia sobre todo en los equipamientos sociales, como los hospitales, los orfanatos y los asilos de ancianos. También la parte de la población que vive de las prestaciones sociales constituye un grupo vulnerable. Se trata de cerca de 150.000 familias. La distribución tendrá que centrarse en categorías de personas claramente definidas que lo necesiten, concretamente las instituciones antes mencionadas y los más débiles de la sociedad.
A más largo plazo, la misión preparatoria ha aconsejado conceder ayuda económica y financiera a Albania. Sin embargo, la condición es que las circunstancias sean suficientemente seguras y estables. Por lo que parece, el programa PHARE no necesita una reasignación importante en este caso. El Comisario Van den Broek sin duda podrá facilitar más información al respecto.
Sobre el posible apoyo para la restauración de la infraestructura sólo podrá hablarse con conocimiento de causa después de que se hayan valorado los daños.
Por último, estará claro que la Unión Europea, a la luz de los complejos problemas de Albania, se halla ante un gran desafío. Asimismo es evidente que la ayuda no podrá depender únicamente de la Unión Europea. Con este telón de fondo es sumamente importante que la Unión coopere a todos los niveles con otras instituciones, como la OSCE y el Consejo de Europa, y que tenga lugar una coordinación eficaz de los esfuerzos. La complementariedad de los diferentes esfuerzos es esencial. La comunidad internacional sólo podrá contribuir de forma óptima a la solución de la crisis en Albania asegurando una cooperación de este tipo.

Van den Broek
Señora Presidenta, al igual que el Presidente del Consejo quisiera recalcar en nombre de la Comisión que, a nuestro juicio, en estos momentos no existe una situación de emergencia humanitaria en Albania, sino en primer lugar una crisis política y social que es preciso controlar. Al igual que en el anterior debate de hace un mes, la Comisión quiere instar a todas las partes a que respeten el compromiso alcanzado en marzo entre la oposición y el Presidente Berisha y con ello dar una oportunidad a la restauración del orden y la autoridad, y permitir al gobierno de transición encargarse de preparar cuanto antes y de la forma más eficaz las elecciones previstas y acordadas.
En relación con lo que acaba de decir el Sr. Patijn al respecto, quisiera añadir que, junto con mi colega, la Sra. Bonino, que es responsable de las cuestiones relacionadas con la ayuda humanitaria, sigo de cerca la situación y he tomado las medidas necesarias -ella las ha tomado- para prepararnos en caso de surgir una situación de emergencia humanitaria. Por otra parte, a este fin se han concedido 2 millones de ecus de ayuda a través de la Cruz Roja Internacional, distribuidos en alimentos y medicinas, y se han hecho los preparativos para llevar a nuevos destinos las provisiones de víveres presentes en la región. Se trata de provisiones que están almacenadas en la región de Croacia, principalmente harina y azúcar. Y el propósito es que la primera distribución de estas provisiones coincida con la llegada de la fuerza de protección internacional. Esto por lo que respecta al corto plazo.
A largo plazo se piensa en facilitar grandes cantidades de trigo y harina allí donde sea necesario, aunque sin desestabilizar con ello la producción y la venta local aún existentes. Este sigue siendo un aspecto importante. En cuanto se tenga una idea clara de las necesidades, se podrá decidir una posible reasignación de los fondos PHARE. Algunos proyectos, como la reconstrucción de las cárceles, tendrán que realizarse de forma acelerada, y aparte de la necesaria reconstrucción, también será preciso ofrecer mucha asistencia técnica. Pero la apreciación tendrán que llevarla a cabo expertos que podrán ponerse manos a la obra en cuanto la situación de seguridad lo permita, por cierto no sólo en Tirana. Y lo mismo puede decirse de la realización de los proyectos.
También se piensa en la ayuda macroeconómica, pero para ello es necesario no sólo establecer contacto con el FMI y el Banco Mundial, sino que también es preciso que el Gobierno de Tirana se comprometa y tome medidas con respecto al funcionamiento del Banco Central, y para ello tendrá que elaborarse un nuevo presupuesto. La misión consultiva, que se pondrá en camino dentro de poco y a la que ya se ha referido el Presidente del Consejo, tendrá sin duda la tarea de ofrecer asistencia y asesoramiento para la restauración macroeconómica.
Por último, señora Presidenta, quiero decir que, poco antes de esta reunión del Parlamento, hemos tenido la oportunidad de hablar, la Sra. Bonino y yo, con el Sr. Fatos Nano, que por cierto también está presente en la sala. Nos hemos enterado con gratitud de la decisión del partido socialista de ocupar los 9 escaños en el Parlamento que consiguió en las elecciones de mayo del año pasado. Ello contribuye sin duda a ampliar la consulta política formal, pues por supuesto los albaneses sólo conseguirán tomar el camino de la recuperación política y económica con los esfuerzos conjuntos de todas las corrientes políticas, el presidente y el nuevo gobierno. Señora Presidenta, dada la índole de la cuestión, la misión consultiva, de la que ha hablado el Presidente del Consejo, puede contar con el pleno apoyo de la Comisión Europea.

Roubatis
Señora Presidenta, la enumeración de los hechos que acaba de hacer el Presidente en ejercicio del Consejo es interesante y amena, pero decepcionante. No es suficiente enumerar los hechos, señor Ministro. Basta ya de palabras. Lo que hace falta es acción, no sólo por parte de la OSCE y del Consejo Europeo, sino que también es necesario que entre en acción la Unión Europea. El pueblo de un país europeo está sufriendo. Este sufrimiento se debe a los graves errores de un hombre que accedió al poder de manera fraudulenta, con elecciones caracterizadas por la violencia y el fraude. Se debe también a que la mayoría de nosotros preferimos no hacer nada tras esas abominables elecciones del pasado mes de mayo. No pedimos su anulación, ni pedimos que se repitieran. Subestimamos entonces las denuncias, señor Ministro, y hubo muchas. Unos con su silencio y otros con su ayuda activa hacia el Sr. Berisha, todos hemos conducido a Albania a la crisis que ahora padece. Con razón el Sr. Comisario dice que la crisis es política.
Sin embargo, hoy es un buen día en el Parlamento Europeo: la aplastante mayoría de los diputados al Parlamento Europeo han convenido en adoptar una resolución que pone las cosas en su sitio. Es verdad que la presencia en Estrasburgo de los dirigentes de los principales partidos de Albania que apoyan las reformas democráticas, la presencia de estos líderes que hoy se encuentran entre nosotros, nos ha ayudado a comprender mejor qué es lo que sucede en ese país. Fatos Nano, dirigente del Partido Socialista, Neritan Tseka, presidente de la Alianza Democrática y miembro observador de la Unión Cristianodemócrata Europea, y Skender Kinoussi, presidente del Partido Socialdemócrata, se han reunido estos días con todos los Grupos políticos.
La creación del gobierno de reconciliación nacional parece ser un alentador primer paso para entrar en un proceso de reformas institucionales. Se nos ofrece, pues, la oportunidad de mostrar que queremos hacer algo. El Consejo de Ministros no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre una acción común destinada a hacer frente a los problemas de Albania. El Parlamento Europeo pide al Consejo que revise su posición. Afortunadamente, algunos países miembros -Grecia, Italia, Francia, España y Austria- han comprendido que es necesario hacer algo y, en consecuencia, ya están presentes en Albania.
El pueblo albanés nos necesita. Necesita nuestra ayuda no sólo para sobrevivir, sino para llevar a cabo las reformas. Una justicia independiente, así como televisión y radio independientes, elecciones libres, participación de todos los políticos democráticos en las elecciones y control de los servicios secretos; son algunos de los ámbitos en los que podemos asistir. Está claro que la Comisión Europea y, en concreto, el Sr. Van den Broek y la Sra. Bonino están dispuestos a proceder a la acción. Es obligación del Consejo darles la posibilidad de actuar. El problema de Albania es un problema europeo. ¡Hagamos algo, por fin, para ayudar a unos ciudadanos europeos!

Pack
Señora Presidenta, estimados colegas, como ya expliqué en el último período parcial de sesiones, Albania constituye un horrible ejemplo de lo que un régimen comunista hace a la humanidad. Durante mucho tiempo son incapaces de manejar las nuevas libertades y las seducciones provenientes de elementos criminales y capitalistas.
Celebro que el Consejo haya emitido hoy una declaración, que yo apoyo de veras, en la que se habla que las ECMM asumirán en el futuro una tarea importante en este país. En efecto, con la sola ayuda financiera no lograremos crear o consolidar estructuras democráticas, sino que necesitamos también ayuda de personal de países europeos en este país.
Mi grupo celebra la formación de un gobierno con todos los partidos. Apoyamos este gobierno presidido por el Presidente Berisa, pero celebramos también la vuelta de los socialistas a sus escaños del Parlamento. Esperamos que todos los políticos albaneses tomen en serio su responsabilidad y no aguarden a que sólo nosotros llevemos desde fuera la solución. Esto no lo podemos hacer. Celebramos la decisión del Consejo de Ministros de permitir a algunos Estados miembros una estrecha cooperación común, es decir, el envío de soldados en misión de protección de la ayuda humanitaria y como factor estabilizador de la región.
Naturalmente, una acción realmente común habría sido más eficaz aún, pero este manejo flexible de los instrumentos de la política exterior constituye un feliz progreso si lo comparamos con nuestra incapacidad de movimientos en los años pasados en Bosnia y en la antigua Yugoslavia.
Lamentablemente, los socialistas siguen jugando en Albania un papel dudoso. El 28 de marzo buscaron contactos oficiales con los autonombrados líderes de los rebeldes en lugar de apoyar a los ayuntamientos y alcaldes legalmente elegidos, incluso de su propio color. Las conversaciones con estos rebeldes se deben limitar a la cuestión de la entrega de las armas. Si nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, no estamos dispuestos a apoyar a los políticos municipales que fueron elegidos legalmente en septiembre ¿cómo podemos esperar esto de los rebeldes, sobre todo cuando su procedencia política y profesional es especialmente dudosa?
Mi grupo está a favor de elecciones rápidas, sin embargo el requisito previo para tales elecciones es el acceso de todos a los medios de masas y la entrega de las armas. Esto último es también especialmente importante para quitar a los ciudadanos normales de Albania, que constituyen la gran mayoría, el temor a la existencia de bandas armadas. Sólo será posible frenar la corriente de refugiados, si la anarquía de Albania se convierte de nuevo en legalidad y orden, es decir, si se restablece el orden público. En lo que respecta a la distribución de cargas a la hora de acoger a los refugiados, como exige la resolución común, pido que se entienda que quisiera ver dirigida esta exigencia sólo a quienes en los últimos años han estado muy remisos en este punto.
El envío del contingente europeo de tropas debe llevarse a cabo rápidamente. Pero no se trata solamente de la protección de la ayuda humanitaria, sino también de la supervivencia de la democracia en Albania. A este respecto cada día que pasa es importante.

Caccavale
Señora Presidenta, no comparto el optimismo que emana de las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo sobre la situación en Albania que sufre una involución por momentos. Ante todo, porque el mandato de la ONU que autoriza, junto con la buena voluntad de algunos Estados, el envío de una fuerza multinacional a Albania, es un mandato bastante débil, habida cuenta de que no permite recuperar las armas y desarmar a las milicias. Por otra parte, se trata de una situación en la que el Consejo ha demostrado una vez más que no sabe hacer frente a sus responsabilidades por miedo a la aplicación del derecho de veto, en este caso, creo, por parte del Reino Unido. Existe una falta de adecuación de los mecanismos que regulan la política exterior europea y existen hoy por hoy muchísimos peligros para la misión militar y humanitaria que está a punto de comenzar dentro de pocas horas, sobre todo porque en Albania se manifiestan unos profundos sentimientos antieuropeos y antitalianos, después del trágico hundimiento del barco albanés, con más de 80 muertos en aguas del Adriático. Habrán hombres armados, de actitudes vengativas y provocadoras, dispuestos a disparar contra quien sea.
A todo esto hay que añadir las declaraciones del subsecretario de Exteriores del Gobierno italiano, que de manos de las Naciones Unidas ha recibido el mandato de dirigir la misión y que apoya la posibilidad de destituir a Berisha, hecho que, sin embargo, va más allá del propio mandato de la ONU. Me pregunto y les pregunto a sus Señorías si, en definitiva y realidad, la idea es la de devolver la paz y crear las condiciones para el restablecimiento de la democracia o, por el contrario, la de asentar a una fuerza política en el Gobierno de Albania.

Frischenschlager
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera dar las gracias al señor Comisario y también al Sr. Patijn por sus informes y quisiera destacar que el Grupo Liberal de esta Asamblea apoyará, evidentemente, todas las acciones de ayuda humanitaria que se han puesto en marcha, incluso la utilización de una unidad militar de protección que, lamentablemente, es necesaria de nuevo para asegurar la ayuda humanitaria.
Pero en este contexto deberíamos preguntar también si este desarrollo equivocado que está teniendo lugar allí no ha de atribuirse a influencias exteriores. Hay que recordar que teniendo en cuenta sus cifras de población ningún país ha recibido tanta ayuda desde el ámbito de la Unión Europea como Albania, y esto sobre la base de un acuerdo que presuponía un desarrollo hacia la democracia; no obstante, allí se ha desarrollado en el pasado una dominación de casi un sólo partido, ha habido excesos de los servicios secretos, etc.
Me pregunto, y le pregunto a usted, señor Comisario, si algo ha marchado mal allí, de suerte que esta gran ayuda no ha sido eficaz, pero, sobre todo, por qué han podido caer en el olvido las bases político-democráticas de esta cooperación. Creo que éste es un punto importante del que nos deberíamos ocupar.
Un segundo punto: el Sr. Patijn ha mencionado el papel de la CSCE en las acciones que están en marcha. Sin embargo, yo me pregunto: ¿dónde estaba la CSCE cuando se estaba a tiempo de avisar de esta tendencia? Esta es, en efecto, la tarea propia, muy importante, de la CSCE, ser un sistema político de alarma para las crisis que surgen. La CSCE no ha cumplido esta tarea y por esta razón tendríamos que incluir en nuestras reflexiones la cuestión de cómo se podría reformar esta tendencia de la CSCE.
Albania constituye un ejemplo reciente de cuán imprescindible es una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y, en consecuencia, deberíamos hacer todo lo posible para lograr realmente una que sea el instrumento de la Unión Europea.

Vinci
Señora Presidenta, a lo largo de este siglo, Italia fue en repetidas ocasiones una potencia ocupadora y colonizadora de Albania. En la Albania que salió de la dictadura estalinista, el capitalismo de siempre, así como la mafia italiana y los politicastros italianos de costumbre hicieron en estos años todo tipo de negocios en perjuicio de la gente pobre. El fraude de las sociedades financieras piramidales no se habría cometido sin la ayuda de algunos bancos italianos. El Gobierno italiano fue y sigue siendo uno de los más blandos en condenar los fraudes electorales, el régimen autoritario de Berisha y su connivencia con las entidades financieras piramidales. Hace dos semanas, una embarcación albanesa, cargada de mujeres y niños, se hundió en el canal de Otranto, después de colisionar con un barco militar italiano, cuyo cometido era disuadirle de llegar a la costa italiana.
He aquí las muchas razones por las cuales es inoportuno encomendar a Italia el mando de una misión humanitaria en Albania. He aquí porque no se trata en realidad de una operación humanitaria, sino de una operación colonial que utiliza como disfraz la solicitud de ayuda humanitaria por parte de Albania.
He aquí porque se trata, ante todo, de una operación militar y he aquí porque, a través de esta misión, no existe garantía alguna para abrir el camino a unas elecciones libres en Albania y, sobre todo, a unas nuevas elecciones presidenciales.
Pedimos que las Naciones Unidas asuman la plena responsabilidad de una acción humanitaria en Albania, antes que encomendarla a Italia y que el soporte militar a esta misión no sea sobre todo italiano.
Por último, pedimos que la Unión Europea asuma más seriamente sus responsabilidades. Es inaceptable que ella también haya adjudicado Albania a Italia. Es otro signo más de una construcción europea absolutamente ajena a las exigencias de las poblaciones que viven en la misma o cerca de sus límites.

Tamino
Señora Presidenta, debemos reiterar que a lo largo de estos últimos meses el Parlamento Europeo ha abordado el problema de Albania en repetidas ocasiones y ha debatido con frecuencia la legitimidad de las últimas elecciones que condujeron a todas las fuerzas de la oposición a rechazar ese resultado. En sus resoluciones, el Parlamento Europeo invitaba a las partes enfrentadas en Albania a un diálogo y pedía que se volvieran a celebrar las elecciones. Por desgracia, estas peticiones no tuvieron éxito y ni el Consejo ni la Comisión supieron sacar adelante una política común con respecto a Albania.
Ante la precipitación de los acontecimientos y el agravamiento de la crisis, el único país que pidió una acción en favor del pueblo albanés fue Italia que, sin embargo, tenía un motivo muy concreto para formular dicha solicitud, esto es, el creciente flujo de refugiados albaneses hacia su territorio. No cabe duda de que éste no es motivo suficiente para aceptar y considerar oportuno que sea Italia quien lidere una acción y una misión para enviar ayuda humanitaria a ese país. Pero, por desgracia, hay que reconocer que ha fallado la política común europea con respecto a Albania y, ante esta situación, tenemos que manifestar que el envío de ayuda humanitaria hoy por hoy es necesario, y es necesario con una escolta adecuada, conforme al mandato establecido en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 28 de marzo.
Hemos de reiterar la no conveniencia de que sea Italia quien lidere esta misión, sobre todo porque todavía no se ha aclarado cuál fue la dinámica del hundimiento de la embarcación albanesa que provocó 80 muertos. Sin embargo, no podemos decir que hay que bloquear dicha misión, pues se trata de una acción humanitaria y de una acción que debe garantizar el restablecimiento del orden público en Albania. El objetivo de esta misión no sólo debe ser proteger la entrega de la ayuda humanitaria, sino también el restablecimiento de las fuerzas de policía locales a través de un sistema de cooperación que tenga como finalidad eliminar y desarmar a las bandas criminales y, en consecuencia, apoyar la capacidad de las fuerzas autónomas nacionales albanesas de gestionar la solución de sus problemas directamente.

Dell'Alba
Señora Presidenta, como habrá podido constatar, las últimas dos intervenciones han ofrecido un pequeño ensayo de política interior italiana. Yo también podría decir que un país que no es capaz de hacer respetar el Estado de derecho en su interior a lo mejor está poco capacitado para ponerse al frente de esta fuerza multinacional. Sin embargo, esto lo digo en mi calidad de miembro de la oposición, ya que, sin duda, oírlo por parte de los miembros de la mayoría, que apoya al Gobierno que está dirigiendo la misión, quizás es algo más difícil de entender aquí en este foro europeo.
Deseo dirigirme al Comisario Van den Broek para agradecerle que esté hoy aquí representando a la Comisión con relación a las cuestiones de su competencia directa y espero que haya entendido lo que manifesté ayer cuando me referí al código de conducta sobre la presencia de los Comisarios.
Señora Presidenta, nuestro Grupo votará sin entusiasmo esta resolución del Parlamento Europeo sobre Albania. Sin entusiasmo porque, tal como se dijo, especialmente la Unión Europea ha demostrado su absoluta incapacidad en la prevención y definición de los peligros inherentes a todo el proceso de involución democrática al que asistimos en Albania, a pesar de que me parece algo excesivo manifestar que cuatro años de libre mercado y de libre democracia fueron peores que los cincuenta años anteriores, así como ha demostrado su absoluta insuficiencia en materia de Política Exterior y de Seguridad Común. La Presidencia neerlandesa, que está a punto de ofrecernos un nuevo proyecto de Tratado, debería sacar de este ejemplo -espero- la fuerza necesaria para imponer, al menos como proyecto, algo que evite a la Unión Europea este tipo de actitudes y de comportamientos ante los cuales tan sólo somos capaces de enviar observadores y, por lo demás, descargamos nuestras responsabilidades sobre instituciones que no son en absoluto responsables de determinados cometidos o sobre Estados miembros que luego con mucha dificultad están obligados, acaso careciendo de la fuerza necesaria, a asumir directamente toda la responsabilidad.
No estamos de acuerdo y somos escépticos respecto de la posibilidad de que se celebren elecciones en junio y, sobre todo, consideramos que esta resolución podía incluir la referencia a un cuerpo civil y militar europeo permanente, capaz de ofrecer a Europa una Política Exterior y de Seguridad Común propiamente dicha.

Cellai
Señora Presidenta, señor Comisario, en el momento en que este Pleno aborda la situación en Albania, la Cámara de Diputados italiana está a punto de votar un documento, un acuerdo técnico, que obliga al Gobierno a cumplir de inmediato la resolución de las Naciones Unidas relativa a la misión de ayuda y de protección en Albania, con una participación militar multinacional y bajo el mando de Italia. Un documento controvertido y hecho realidad gracias al gran sentido de la responsabilidad del centroderecha italiano, frente a una mayoría que en Italia ya no existe y cuyo sector neocomunista está a punto de volver a ratificar su voto en contra. Una decisión de gran responsabilidad, la del Polo, para la libertad en Italia, para la nación y también para Europa, ante el otorgamiento a Italia, por vez primera, del liderazgo de una misión internacional. Si bien no podemos dejar de subrayar lo impensable e inaceptable que es el hecho de que dos o tres mil militares italianos arriesguen sus vidas en Albania, sin que a sus espaldas haya una nación profundamente unida y consciente de lo imperioso de la elección, y hemos apreciado lo publicado al respecto, en línea con esta tesis, por el Osservatore Romano, órgano de la Santa Sede, debemos volver a denunciar con la misma firmeza la grave ausencia y los grandes retrasos de Europa.
La crisis albanesa ha puesto de manifiesto la necesidad de que Europa se dote por fin de una Política Exterior de Defensa y de Seguridad Común. No se puede comprender ni tampoco tolerar por parte de nuestros mismos ciudadanos, a los que en estos días pedimos sacrificios y nuevos impuestos para cumplir los criterios económicos de Maastricht, que esta Europa no encuentre un mínimo de cohesión para enviar cuanto antes una fuerza humanitaria a un país europeo en vías de disolución. También en este momento tan difícil, en cambio y como suele decirse, las diplomacias de algunos países han ido contracorriente, puesto obstáculos burocráticos y aplazado reuniones que, por el contrario, tenían que haber sido muy rápidas. No nos queda más que confiar en que en la Conferencia Intergubernamental se encuentre por fin una solución, con objeto de que pueda adoptarse, a corto plazo y por mayoría de los Estados miembros, una decisión comunitaria con relación a estos ámbitos.
Sin embargo, vislumbramos alguna nota positiva. A pesar de todos los retrasos y boicots más o menos disimulados, está a punto de salir hacia Albania una fuerza de paz europea. Por primera vez, se trata de una fuerza de paz totalmente europea que se convierte en operativa sin la ayuda determinante de los Estados Unidos.
Otra nota positiva es el hecho de que sea Italia quien desempeñe el papel de coordinador de la acción y que los demás países europeos que participan en dicha misión hayan depositado su confianza en Italia. Al margen de esta responsabilidad italiana, deseo tildar de incalificables las declaraciones hechas en Austria por el presidente del Partido Liberal, Sr. Haider, que criticó a su Gobierno no por su participación en la expedición, sino por aceptar que quien la dirigiese fuera el contingente italiano.
Si se confirmara esta disparatada declaración racista, estaría en la misma línea de otra hecha ayer por un subsecretario de Estado italiano, portavoz del mayor partido de izquierda en el Gobierno, el cual se permitió con descaro y arrogancia atribuir a la misión humanitaria de ayuda y protección el objetivo político de provocar la caída del Presidente Berisha, libremente elegido.
Es evidente que nos hallamos ante unas actitudes esquizofrénicas e irresponsables y quizás, para algunos, nostálgicas del bárbaro régimen comunista de Enver Hoxha. Lo que deseamos y esperamos es que Europa e Italia puedan contribuir realmente en este difícil trance a restablecer las condiciones de libertad y democracia en el atormentado país de las águilas.

Imbeni
Señora Presidenta, no deseo contribuir, aunque sea mínimamente, a transformar este debate en un debate entre italianos, ya que se ocupará de ello la Cámara de Diputados, al igual que ayer el Senado de la República se ocupó de definir la política de nuestro país. Deseo aprovechar la presencia del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario para señalar la necesidad de que se tengan en cuenta algunos aspectos críticos que nos llevaron a esta crisis. Como dijo con acierto el Comisario Van den Broeck, por ahora no se trata preferentemente de una crisis y de una emergencia de carácter humanitario. Según lo manifestado por el Presidente del Consejo, puede llegar a serlo, incluso dentro de poco tiempo, sin embargo, se trata de una crisis socio-política. Por mí parte, yo añadiría que se trata de una crisis institucional de primera magnitud. Cabe preguntar, sin embargo, por qué se llegó a esta situación. Y, a pesar de que no puedo pedir al Presidente del Consejo y al Comisario que digan en voz alta y de forma clara qué piensan acerca de las responsabilidades que nos llevaron a esta situación, me permito recordar que nosotros, como Unión Europea, como Estados miembros de la Unión Europea tuvimos alguna responsabilidad, por ejemplo, cuando ratificamos, casi con los ojos cerrados, los fraudes electorales habidos. Hemos simulado que era mejor aceptar ese resultado electoral, a pesar de que sabíamos que muchas cosas no habían ido como es debido. No cabe duda de que la decisión del Presidente Berisha de hacerse reelegir por un parlamento bastante condescendiente, fue una decisión que no compartimos y en la que no podíamos intervenir y que, probablemente, fue el detonante de la actual situación.
Asimismo fue un error creer en la descripción oficial que nos facilitaban los medios de información, según los cuales hubo una ocupación del territorio del sur de Albania por parte de bandas armadas. Ciertamente, existen bandas armadas y criminales, pero lo que hubo sobre todo fue una oposición violenta que adquirió formas del todo rechazables, una oposición contra el presidente debida a dos hechos fundamentales, esto es, la autoelección y la crisis de las entidades financieras piramidales.
Ahora bien, si no queremos que se repita esta situación crítica, también en el futuro, debemos hacer algunas elecciones importantes. En consecuencia, por lo que se refiere a la intervención de ayuda y de apoyo -me dirijo en especial al Comisario Van den Broeck- es preciso que hagamos todo lo posible para que se controlen los derroteros que toman las ayudas de la Unión Europea. Es evidente que esto no lo hicimos debidamente.
Señor Presidente del Consejo, en cuanto a las próximas citas y, en particular, a las elecciones, deseo preguntarle por qué, a pesar de que no hemos sido capaces de llevar adelante una acción común como Unión Europea, lo que seguramente habría sido lo más acertado, y con objeto remediar esa carencia, no podemos hacerlo ahora para apoyar el proceso electoral. ¿Por qué no puede haber, con la presencia de la OSCE y de otras organizaciones internacionales, también una acción común de la Unión Europea para apoyar el proceso electoral, que debería finalizar con las elecciones y la reforma de la Constitución?

Sarlis
Señora Presidenta, Señorías, el Consejo no ha decidido hasta hoy adoptar ninguna acción común en Albania, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 1 del Tratado. Tampoco la Comisión pidió al Consejo que adoptara una acción común, aunque tenía derecho a hacerlo, conforme al apartado 8.3 del artículo I del Tratado. ¿Qué ha sucedido en realidad? La Unión Europea meramente ha declarado, a través del Consejo de Ministros, su cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad y en la actualidad apoya - eso es verdad -las iniciativas de la OSCE.
A costa de privaciones, Grecia y los griegos han ofrecido y ofrecen, al igual que otros países miembros, ayuda humanitaria y de otro tipo al atormentado pueblo albanés. Sin embargo, la Unión Europea, como órgano de expresión de la voluntad común de los pueblos y gobiernos de 15 Estados miembros, brilla por su ausencia en Albania.
Señorías del Consejo y de la Comisión, el Parlamento desconoce las razones por las que no quieren la acción común. Los rumores e informaciones intercambiados en los pasillos no son suficientes. ¿Es por indiferencia o por divergencias de opinión entre ustedes? ¿O quizás porque opinan que los intereses de la Unión Europea se defienden mejor desde una política de no intervención? Cualesquiera que sean sus motivos, no son suficientes para justificar la ausencia oficial de la Unión Europea en Albania. Las condiciones actuales, así como la garantía de unas perspectivas de democratización y reconstrucción económica del país, imponen una presencia oficial y la movilización de la Unión Europea.
Para finalizar, quisiera dirigirme a los diputados italianos de todos los Grupos políticos que se encuentran en esta Asamblea para afirmarles que Grecia ha aceptado el mando de Italia sobre la fuerza destinada a Albania. Debo añadir que esta decisión se adoptó con el apoyo tanto del Gobierno como de la oposición griegas. En este asunto Grecia actuó con unanimidad, exceptuando una pequea formación política, e insto a la parte italiana a que respalde también esta iniciativa. En este momento nadie puede retroceder, porque la obligación que todos tenemos hacia Albania y el pueblo albanés es importante.

Kaklamanis
Señora Presidenta, escuchando a los representantes del Consejo y de la Comisión, me preguntaba de qué Consejo y qué Comisión eran representantes. Me daba la impresión de que hablaban sobre otro continente, no sobre Europa, sobre otra Unión, no sobre la Unión Europea. No sintieron la necesidad ni siquiera de pedir perdón o expresar su sentimiento, porque cerraron los ojos cuando veían venir los sucesos de Albania, por no disgustar a su predilecto, el Sr. Berisha.
Desde las pasadas elecciones simuladas en Albania, y después de ellas, diputados de todos los Grupos políticos han dado la alarma en numerosas ocasiones con sus preguntas y siempre han recibido la misma respuesta: »Informamos a su Seoría de que investigaremos las denuncias y le informaremos». No nos informaron, Señorías, como no nos suelen informar nunca cuando les hacemos preguntas, haciendo burla del Parlamento Europeo. Los trágicos sucesos de Albania se les han adelantado. Aún ahora, sin embargo, se encuentran, según nos dicen, en una fase de seguimiento de la situación. Las disputas entre ustedes y sus diversos intereses no les permiten adoptar una acción común ni una política común como Unión Europea en Albania.
¿De veras, seor Ministro y Presidente en ejercicio del Consejo, es ahora cuando usted ha caído en la cuenta de que la policía de Berisha necesita formación? ¿Es ahora cuando usted reconoce que existe una mafia albanesa y de que la ayuda humanitaria corre peligro de no llegar a manos de la población albanesa? Tienen una última oportunidad de seguir las líneas políticas trazadas por la resolución del Parlamento Europeo. Son ustedes los autores morales de lo que ha sucedido en Albania, de la misma manera que lo son de lo que sucedió en la antigua Yugoslavia. Es la última vez que los pueblos de Europa se lo perdonarán.

Pettinari
Señora Presidenta, a diferencia de lo que hizo mi Grupo, firmé y voy a votar, a título personal, la resolución de compromiso sobre Albania, ya que comparto su contenido y sobre todo porque estoy de acuerdo en la urgencia de enviar una misión humanitaria internacional. A mi juicio, la Unión Europea e Italia, en particular, tienen el deber político y moral de ayudar al Gobierno de reconciliación nacional a restablecer un clima de convivencia pacífica y de normalidad democrática en Albania y todas las fuerzas políticas albanesas, tanto de la mayoría como de la oposición, incluidos los comités del sur, piden que las Naciones Unidas lleven a cabo la misión internacional que mi país va a coordinar.
En la actualidad, no hacer nada en Albania sería un delito de omisión del deber de socorro, mientras que es justo y preciso que Europa se preocupe de los destinos democráticos de un país que forma parte de la geografía y de la política europea. Por otra parte, las voces que se elevaron desde este Pleno y desde mi propio Grupo contra la misión, ofrecen como alternativas inmediatas tan sólo proyectos políticos que no resuelven a corto plazo la crisis que sufre ese país.
A mi entender, hay que apoyar al Gobierno de coalición del primer ministro Fino en todas sus solicitudes políticas, porque actualmente este Gobierno es el único interlocutor capaz de dirigir a Albania. A dicho propósito, entiendo que el Presidente Berisha haría bien en asumir sus responsabilidades y contribuir eficazmente a la solución política de la crisis albanesa poniendo, ante todo, su cargo al servicio de la reconciliación nacional al efecto de favorecer unas nuevas elecciones.
Deseo dirigir una crítica al Consejo y a la Comisión porque brillaron por su ausencia en esta crisis al haber dejado el cometido de resolver el problema sólo a Italia y al haberse limitado a asistir al estallido de la crisis y al éxodo de los refugiados sin mover un dedo. La propia Comisaria, Sra. Bonino, no intervino en absoluto precisamente en un ámbito de su competencia, esto es, el de las ayudas a los refugiados. Acuso pues a las Instituciones europeas de haber mantenido una actitud pasiva y de haber así traicionado su tarea de apoyo al Gobierno italiano en la difícil crisis en la que se ve envuelto. Confío en que una nueva Política Exterior y de Seguridad Común pueda, también a través del voto por mayoría simple, impedir nuevas crisis. En el caso de Albania, la solución pasa por el envío inmediato de esa fuerza internacional que apoyo votando la resolución, incluso en contra de la opinión de mi Grupo.

Titley
Señora Presidenta, quisiera comenzar mi intervención rindiendo homenaje a los muchos valerosísimos hombres y mujeres de Albania que han puesto en peligro su vida y su medio de sustento para intentar preservar la paz, el orden y la honestidad en ese país. Su valentía merece nuestra admiración y, desde luego, nuestro apoyo.
Todos sabemos que lo que en el fondo nos da que pensar, y lo que tememos, es que Albania se convierta en otra Bosnia, y si eso ocurre explotarán todos los Balcanes. Ese es el contexto en el que tenemos que enmarcar nuestro debate de hoy. Así que, aunque daría las gracias por los esfuerzos que han hecho hasta ahora el Consejo y la Comisión, hay que decir que, claramente, es necesario hacer más.
Comparto la preocupación que han manifestado hoy algunos diputados respecto a que la fuerza de protección multinacional no sea suficientemente representativa. Francamente, se está haciendo demasiado hincapié en Italia en un teatro en el que la Historia tendría que enseñarnos que no debiéramos colocar a los italianos en una situación demasiado expuesta. En todas estas ocasiones existe el peligro de que la fuerza de protección se convierta en un problema en lugar de en una solución y ese es el riesgo que corremos al no contar con una fuerza de protección más completa y con más apoyo.
El momento no puede ser más propicio para demostrar la solidaridad europea; por eso estoy totalmente de acuerdo con los que han pedido una acción conjunta en Albania porque la Historia seguro que nos habrá enseñado que cerrar los ojos ante los Balcanes nos perjudicará a todos. Hemos cerrado los ojos demasiado tiempo ante lo que ha sucedido en Albania y ahora sufrimos las consecuencias. Tenemos que obtener ayuda humanitaria; tenemos que conseguir que se restablezca la paz; tenemos que conseguir que haya unas elecciones como es debido basadas en la libertad de los medios de comunicación y en el respeto por el Estado de Derecho. No va a ser fácil y va a exigir mucho más esfuerzo del que hemos estado dispuestos a invertir en ello hasta ahora.

Fontana
Señora Presidenta, en dos minutos tan sólo pueden decirse dos cosas: la primera se refiere al papel de la Unión en la crisis que actualmente atraviesa Albania, un papel que, a pesar del apoyo de las Naciones Unidas, y con arreglo al Tratado en vigor, no prevé que la Unión asuma responsabilidades plena y directamente. Se trata, de hecho, de una simple coparticipación, aunque la misión en Albania convierte en protagonistas a algunos Estados miembros, empezando por Italia. La sensación es que una vez más la Unión ha perdido una ocasión histórica para ejercer un protagonismo que debe conquistarse sobre el terreno y que, por razones políticas, culturales y geográficas, nadie osaría poner en duda.
El riesgo es que en el corazón de la vieja Europa se perpetúe la situación que Luigi Sturzo describió con estas palabras: »En cada Estado todos los ciudadanos están desarmados y sólo el Gobierno está armado». En nuestro continente todos los Estados están armados y sólo la autoridad internacional está desarmada. Y, habida cuenta de que no existe paz sin derecho, ni derecho sin sanción, o Europa logra dotarse cuanto antes de una estructura unitaria de seguridad y de prevención de las crisis, o nuestro continente está destinado a seguir prisionero del Estado natural, en el cual cada pueblo se ve abocado a hacer justicia por sí solo y a caer en la barbarie, como sucedió en Bosnia y como podría suceder en Albania.
En segundo lugar, tal como se ha manifestado, hoy en Albania el verdadero problema no afecta tanto a los aspectos humanitarios, los alimentos y las medicinas, como a la necesidad urgente de restablecer sobre bases democráticas la autoridad del Estado y la soberanía de la ley. Una autoridad y una soberanía que en Albania consiguieron su legitimidad desde abajo, o sea, gracias a las elecciones políticas y sobre todo administrativas. De ello se deriva que en Albania no pueden existir autoridades legítimas más allá del jefe del Estado y del jefe del Gobierno. La misión podrá tener alguna probabilidad de éxito sólo si respetará estas reglas básicas. Por el contrario, está destinada a fracasar miserablemente si no se desalienta la tendencia leninista todavía presente en el partido socialista que, por un lado, tiende a apoyar al Gobierno Fino y, por otro, a concluir acuerdos políticos con los comités insurrectos y con las bandas armadas.

Ephremidis
Señora Presidenta, es curioso, pero hay que decir que el Consejo y la Comisión, con sus declaraciones, han intentado servirnos «tila europarlamentaria» a quienes componemos esta Asamblea y desde aquí, a través de los medios de comunicación, a la opinión pública europea.
Comprendan que no podrán ocultarlo. Se trata de una cruda y notoria intervención militar en un país europeo independiente. Se trata de una intervención que viene a apoyar el decadente, rapaz y mafioso régimen de Berisha, que ustedes han criado, han alimentado y ahora quieren volver a proteger. Ni ustedes, ni la ONU, bajo el mando de Annan, ni otras organizaciones internacionales tienen derecho a privar al pueblo albanés insurrecto de su derecho inalienable a ser él mismo y nadie más quien decida su suerte. Igualmente, ni ustedes, ni los que firman esta resolución sin mencionar a Berisha y respaldan sin reservas la intervención militar tienen derecho a decidir desde sus cómodos sillones que se envíe a nuestros hijos, a los hijos del pueblo europeo, a una posible carnicería para matar y ser matados. Y, ¿por que? Para imponer ilegítimos intereses y esferas de influencia en Albania.
¡Compréndanlo! No se podrá encubrir este asunto. Tarde o temprano habrá otro estallido, pues no puede crearse una democracia desde los cuarteles de las tropas multinacionales. Crearán una democracia «fast food». ¡Una variante de la democracia de Berisha!

Hoff
Señora Presidenta, quien haya seguido hoy el debate habrá constatado que está discurriendo no sólo con argumentos fríos sino que, en parte, tampoco está desprovisto de emociones. En la actual situación de Albania hoy no sirve de nada airarse con el comunismo, airarse con los que le han sucedido allí, los cuales tampoco han hecho un papel brillante. Y quien hable hoy todavía del ambiguo papel de los socialistas en Albania, debe preguntarse si éste no es el tono equivocado.
Efectivamente, se trata ahora, en mi opinión, de que todos los que tengan buena voluntad aúnen todas las fuerzas para mejorar la situación de Albania y cooperar, y Berisa debe participar también de manera constructiva en este proceso de reconstrucción y colaborar en el mismo.
Quisiera subrayar que este Parlamento ha conducido seriamente en el pasado, y también hoy, el debate sobre la situación en Albania. Creo que el debate, y también la resolución común, que toca todos los puntos importantes, muestra que estamos dispuestos a hacer lo necesario para ayudar a apoyar en Albania la constitución de nuevas estructuras en los ámbitos de la política y de la economía; así lo han manifestado también todos los que han hecho uso de la palabra en el debate.
El acento se pone en el esfuerzo común, pues sin un talante de comunidad no se logrará la tarea. En este sentido, espero que los anuncios del Consejo y de la Comisión no se hayan quedado en vanas promesas.
Al principio se ha hablado en el debate de casi 500 millones de ecus que han fluido hacia Albania a través del programa PHARE. La Comisión debe permitir que se pregunte -no hoy, sino en otro momento- dónde se ha quedado este dinero. En todo caso, cuando estuve en Albania, no vi ninguno de los proyecto que presuntamente han sido financiados con este dinero. Para terminar, creo que hay que decir que la comunidad internacional, en especial la Unión Europea, la CSCE y el Fondo Monetario Internacional, tienen ahora la tarea de apoyar en Albania el desarrollo macroeconómico, para que las personas vuelvan a tener un futuro allí. De lo contrario, creo que a la larga se producirá una mala situación en aquel país. En cualquier caso, nosotros estamos dispuestos a contribuir a ello con nuestra aportación.

Papayannakis
Daré mi voto a favor de la resolución común, aunque es incompleta, dado que no aborda de manera bastante satisfactoria el problema que tratamos. Este problema es un problema de confianza. No es posible comprender desde aquí lo profunda que es la falta de confianza de los albaneses, en primer lugar hacia el Sr. Berisha y su régimen y, en segundo lugar, hacia nosotros, es decir, el resto de la Unión Europea. Esto es lógico, si se tiene en cuenta que muchos entre nosotros han respaldado y siguen respaldando al Sr. Berisha, que es el principal responsable de las elecciones fraudulentas y de la política de crisis, el principal culpable del robo del sistema piramidal y el principal sospechoso de todo intento de buscar soluciones irregulares en Albania. Carece absolutamente de credibilidad. Si queremos recuperar esta confianza, es imprescindible que respaldemos absolutamente el gobierno de reconciliación nacional, que estemos presentes como Unión Europea mucho antes de las elecciones y durante las elecciones, respecto de todas las cuestiones que conciernen a la restauración política de la democracia, que no haya ni la más mínima sospecha de un apoyo a Berisha hasta que este quede al margen del proceso y, por último, seor Comisario, es imprescindible que indemnicemos a las víctimas del robo del sistema piramidal por las pérdidas sufridas. Usted lo había mencionado anteriormente, pero no lo vuelvo a encontrar en sus declaraciones de hoy, ni en las del Consejo y, lamentablemente, tampoco en la resolución del Parlamento. Sin esta indemnización, cualquier solución política será inestable.

Alavanos
En Belgrado, la Unión Europea se unió a los manifestantes pacíficos contra el alcalde Milosevic y este alcalde cayó. En Bulgaria, se unió a los manifestantes pacíficos contra el gobierno de Videnow y ese gobierno cayó. Lo mismo sucede en la actualidad en Bielorrusia con Lukashenko. La cuestión es, por qué prestar apoyo, aun hoy, y por qué mostrar tolerancia hacia una fuerza, la de Berisha y sus círculos, que socava el proceso democrático de Albania, cuando Estados Unidos, país al que imitamos habitualmente, ya se ha distanciado de Berisha.
La izquierda advirtió en este hemiciclo, cuando la Unión Europea respaldaba las elecciones, cuando incluso los gobiernos socialistas enviaban a su presidente durante el período preelectoral o condecoraban a Berisha, advirtió y también advierte hoy que en una crisis política, como ha señalado Van den Broek, antes de enviar cualquier fuerza de paz debemos intentar solucionar los problemas políticos y, sobre todo, descartar la influencia, no por venganza, sino por la supervivencia de Albania, de ese factor que socava el proceso democrático en Albania.
Lamentamos que el Parlamento Europeo, en vez de dar un impulso al Consejo, en esta resolución común, que es una resolución pactada, reproduzca básicamente las posiciones del Consejo, mostrando un comportamiento impecable frente a Berisha. Lo que solicitamos es que se aprueben las enmiendas de nuestro Grupo, en las que, entre otras cosas, se exige la dimisión del Presidente Berisha, cosa que, en mi opinión, facilitaría la situación en Albania.

Patijn
Señora Presidenta, comprenderá usted que no es fácil contestar a las intervenciones de veinte diferentes diputados, de los cuales muchos han puesto de manifiesto -con razón, debo añadir- su especial sensibilidad por los acontecimientos en Albania. He de decir que comprendo este sentimiento, pues a veces me asusto tremendamente al ver cómo un pueblo vecino europeo puede llegar a semejante estado de anarquía y autodegradación. Pienso que todos estamos especialmente implicados y que lo lamentamos mucho.
Al contestar a las líneas generales de las intervenciones de sus Señorías, distingo tres preguntas que se han planteado continuamente. La primera pregunta es: ¿Lo vimos venir y reaccionamos como es debido? La segunda pregunta: cuando se produjo el colapso total en febrero/marzo, ¿reaccionó como es debido la Unión Europea? La tercera pregunta: ¿No deberíamos intervenir con medios militares más vigorosos que los que se están preparando ahora? Este es un poco el tipo de preguntas que distingo.
Con respecto a la primera pregunta quisiera pedir que a la postre no declaremos ser más sabios de lo que éramos a la sazón. Por supuesto, es fácil volver la vista atrás y decir: hemos cometido este error y tendríamos que haberlo previsto. Pero no lo hicimos. En el último año se ha trabajado de forma muy sistemática. En primer lugar, las tristemente famosas elecciones de mayo de 1996 dieron pie al envío puntual de una misión de la OSCE. Se elaboró un informe al respecto, en donde se emitían duras críticas a las elecciones y se recomendaba volver a celebrar elecciones en diversos distritos. Entonces, el Consejo de la Unión Europea adoptó una posición política clara, en el sentido de que si no se seguía el informe de la OSCE, el Consejo no estaría dispuesto a emprender nuevos pasos en el desarrollo de las relaciones con el Gobierno de Albania, tanto con respecto al Tratado, como en lo relacionado con la cooperación económica.
En aquel momento, el instrumento diplomático era el único instrumento de que disponía la Unión Europea. Quiero señalar y recordarles que en otoño se celebraron elecciones locales, observadas por el Consejo de Europa, que a juicio de éste se desarrollaron de forma bastante razonable. En aquel momento, la estimación política era que Albania había dado un giro en dirección al establecimiento de relaciones democráticas normales, por lo que la presión había disminuido un poco. En invierno quedó claro que todo era más complicado, y entonces, en febrero/marzo, se produjo la disolución, iniciada quizás por el conocido problema de los juegos piramidales, pero naturalmente todo se basa en un problema mucho más amplio.
La crisis en Albania, señora Presidenta, no es una guerra civil. En la crisis de Albania no hay dos grupos étnicos enfrentados y no hay un grupo político tradicionalmente arraigado que no tolere la existencia de otro. De hecho se trata del colapso total de un sistema socioeconómico, la pérdida total de autoridad de la administración, tanto a nivel nacional como regional.
Cuando el Consejo se enfrentó a estos hechos, la primera pregunta que se planteó fue: tenemos que hacer algo, pero ¿dónde agarrarnos? El primer asidero a que agarrarnos, Señorías, es la restauración de algún tipo de orden público y autoridad, pues de otro modo no puede ser. Es decir, primero entablar contacto con los interlocutores existentes: el Presidente Berisha, los partidos políticos, las demás autoridades presentes. Por ello, la OSCE envió rápidamente a Albania a su representante, el Sr. Vranitzky, y el Consejo a su Presidente, el ministro Van Mierlo. De hecho intentaron lograr un acuerdo entre todos los grupos políticos implicados, en el que se anteponían dos elementos; en primer lugar, tomar medidas inmediatas para restaurar el orden público y mantener un nivel mínimo de orden público, y en segundo lugar, iniciar un proceso político conjunto que lleve a la restauración de relaciones políticas y democráticas normales. Este acuerdo se cerró, tras lo cual se formó el gobierno Fino y este intenta ahora poner manos a la obra. Quienes dicen: tendríamos que haber tomado partido, tendríamos que haberle dicho al Presidente en ejercicio que se fuera, niegan la primera prioridad, a saber: la restauración de un nivel mínimo de orden público, pues en las circunstancias imperantes entonces no se podía hacer absolutamente nada. Es decir, este es el camino que no hemos elegido. Cuando oímos decir en esta Asamblea: no deberían haberlo hecho ustedes, pienso que esta Asamblea, por lo menos ciertos diputados de esta Asamblea, no ven cuál es la primera prioridad: la restauración del orden público.
La tercera pregunta, en relación con algunas observaciones hechas, es si la Unión Europea no tendría que haber actuado más enérgicamente. Si no habría tenido que reaccionar rápidamente y con una fuerza militar, etc. Quiero decir lo siguiente. La Unión Europea no es una organización militar. La Unión Europea no es competente en cuestiones militares, no es competente en política de defensa. En el marco de las relaciones entre las instituciones hablamos por tanto de algo que queda al margen.
En segundo lugar, como ya he dicho antes, los problemas de Albania no tienen que ver con dos partes contrincantes que se enfrentan y entre las cuales ha de interponerse un fuerza para separarlas o poner orden. El problema es el colapso total del sistema socioeconómico y de la autoridad nacional. Dada la situación de seguridad allí -y todos ustedes han podido enterarse del nivel de armamento del ciudadano medio en Albaniahabría sido totalmente irresponsable que una gran fuerza policial o militar europea hubiera intervenido sin pensárselo dos veces para restablecer el orden. Considero que quienes lo defienden implícita o explícitamente, mantienen un alegato irresponsable.
Estoy muy agradecido por el hecho de que diversos países -no en el marco de la Unión Europea, pues no es competente, el Consejo no tiene competencias en el ámbito militar- hayan formado una coalition of the willing , apoyada por una declaración de competencia a través de una resolución del Consejo de Seguridad para amparar una multinational protection . Esta se está desarrollando cuidadosamente en estos momentos, lo que tiene que ver con la división de tareas, el despliegue, la configuración y la cooperación por un lado, y el complicado trabajo de definir las estructuras de mando, cuáles son las reglas del compromiso por otro lado. Se trata de asuntos que hay que sopesar con cuidado, pues algunas de sus Señorías han dicho: la situación todavía es incierta. La situación de seguridad es precaria y si no se actúa con suma precaución y no se planifica con mucho cuidado y no se parte de la mayor cooperación posible con las autoridades albanesas, que están dispuestas a cooperar y que ofrecen sus servicios para que esta autoridad policial, militar, pueda desempeñar también su papel, entonces, pienso que podemos esperar grandes decepciones en cuanto al empleo de fuerzas militares.
En resumidas cuentas: comprendo plenamente que esta Asamblea quiera expresar su frustración y desconcierto por el hecho de que un pueblo hermano europeo pueda caer en tal situación. Pero no creo que haya que expresar los sentimientos que también sentimos en el Consejo, sino que hay que juzgar fríamente para poder hacer lo que sea necesario y, quiero repetirlo, lo que sea viable en un determinado momento en las diversas fases de la crisis en cierne. Tanto en Albania como en la toma de decisiones política se trata de algo necesario, pero también hay que tener en cuenta la viabilidad.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, tan sólo me levanto, pues es obvio que no he estado aquí durante el resto del debate, para decir que mi colega Hans van der Broek expresa su gran pesar por haber tenido, inevitablemente, que abandonar pronto la Cámara a fin de poder coger un avión. Está claro que éste no habría sido su deseo en ninguna otra circunstancia. También me ha pedido que diga que si en el transcurso del debate, al que él, evidentemente, va a prestar toda la atención, surgiera alguna pregunta específica sobre datos o información, con mucho gusto le dará respuesta por escrito.

Roubatis
Señora Presidenta, creo que tenemos el deber hacia los electores de no permitir que se creen impresiones falsas. En este aspecto, es muy importante subrayar que es falso que no teníamos conocimiento del fraude electoral.
Primero: teníamos conocimiento del fraude electoral y no hicimos nada.
Segundo: no es correcto que hayamos dado prioridad al orden público, ya que, de ser así, mandaríamos desarmar y desmantelar los servicios secretos.
La gente de Albania recurrió a las armas porque nosotros, al no hacer nada, le decepcionamos.

El Presidente
He recibido, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, siete propuestas de resolución.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 12.00 horas.

Situación en Hong Kong
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Hong Kong.

Patijn
Señora Presidenta, quiero darle las gracias a usted y al Parlamento por haberme pedido que hable hoy aquí de Hong Kong. Dentro de menos de 12 semanas, Hong Kong pasará a la República Popular China. El Consejo ve con confianza el futuro de Hong Kong y confía en que las estrechas relaciones entre el Reino unido y la República Popular China serán garantía de una transición armoniosa. Se puede ganar mucho con una transición armoniosa de Hong Kong. Lo que suceda en Hong Kong interesa a todas las naciones comerciales, también a los Estados miembros de la Unión Europea, cuyo comercio con Hong Kong en 1996 ascendió a más de 43 millardos de ecus. Hong Kong es esencial como puerta de acceso a China, y es un centro financiero y comercial para toda la región asiática. No obstante, no debemos olvidar que con el futuro de Hong Kong está en juego también el futuro de 6 millones de habitantes de Hong Kong, a quienes se ha prometido que podrán mantener su estilo de vida actual en los próximos cincuenta años.
Las dos partes de la transacción, el Reino Unido y la República Popular China, han mantenido amplias consultas y seguirán haciéndolo para ocuparse de una transición armoniosa en los próximos cuatro meses y también después. Muchos elementos de la transición ya se han negociado y gestionado con éxito, como la continuidad bajo el aparato administrativo de Hong Kong. El Consejo espera que en los cuatro meses que quedan se solucionen adecuadamente los demás problemas de transición por la vía de la negociación.
En los últimos meses han tenido lugar una serie de sucesos que son importantes para el futuro de Hong Kong. En diciembre del año pasado, China instituyó un órgano legislativo temporal, la llamada Provisional Legislation , que a partir del 1 de julio asumirá las tareas del actual Consejo legislativo, el llamado Legislation Council . El Consejo tiene la esperanza de que un órgano legislativo como este no obstaculizará la transición armoniosa y el desarrollo futuro de Hong Kong. El Consejo parte de la idea de que, después del traspaso de la soberanía, el órgano legislativo temporal será reemplazado cuanto antes por un órgano legislativo permanente, elegido de acuerdo con los principios establecidos en la ley fundamental, la llamada basis law .
Además, el Sr. Tun Chi Wa ha sido nombrado futuro chief executive , y este ha elegido a los futuros miembros del consejo. El Consejo aplaude el nombramiento del Sr. Tun, con lo cual se ha eliminado un punto de inseguridad con respecto a la transición. De la elección de los altos funcionarios de Tun y de los miembros del Consejo Ejecutivo se desprende que está decidido a garantizar la máxima continuidad posible bajo el aparato administrativo, algo que aplaude el Consejo.
No se espera que el fallecimiento del Sr. Deng Xiaoping, el arquitecto del principio de «un país, dos sistemas», produzca ningún cambio en la política de China respecto a Hong Kong.
Va siendo hora de dirigir nuestra mirada al futuro y confiar en que el gobierno de la República Popular ponga realmente en práctica el principio de «un país, dos sistemas» a partir del 1 de julio. Una región administrativa especial próspera y estable, la SARHK -pido disculpas por este acrónimo, pero no ha sido idea mía-, es sin duda también el deseo del Gobierno chino.
El Consejo de Europa de Dublín del pasado diciembre volvió a corroborar el gran interés que otorga la Unión Europea a la paz y la prosperidad futuras de la Región Administrativa Especial de Hong Kong como parte de la República Popular China, así como el deseo de la Unión Europea de hacer todo lo posible por contribuir a una transición armoniosa. Nos esforzaremos con ahínco por continuar las relaciones con la SARHK en la Organización Mundial del Comercio y en otros casos en que Hong Kong pueda actuar autónomamente en virtud de la ley fundamental. El Consejo ha pedido a la Comisión que en el transcurso de 1997 haga propuestas que permitan garantizar al máximo una estrecha cooperación económica con Hong Kong. El Consejo de Dublín ha recalcado asimismo su pleno apoyo del estatuto específico de la SARHK y sus ciudadanos en todos sus aspectos, inclusive su derecho a unas instituciones democráticas representativas como las ya existentes.
La plena aplicación de la declaración conjunta es la mejor garantía de que Hong Kong seguirá existiendo y que sus habitantes podrán conservar el estilo de vida al que están acostumbrados. Por ello el Consejo vigilará escrupulosamente el cumplimiento de las disposiciones de la declaración conjunta, que es un tratado internacional vinculante entre el Reino Unido y la República Popular China.
Concluyendo, se han cumplido muchas de las condiciones para la continuación del éxito de Hong Kong. La economía está saneada y las personas parecen afrontar el futuro con optimismo. Pero es inevitable que también haya preocupación y miedo en este período. Es normal en tiempos de cambio. Lo curioso es que casi siempre son las personas de fuera de Hong Kong las que se preocupan, mientras que la mayoría de los ciudadanos de Hong Kong parecen afrontar el futuro con más optimismo.
El Consejo Europeo de Dublín ha expresado su apoyo a Hong Kong. El Consejo seguirá de cerca los desarrollos, hasta el momento del traspaso de la soberanía y también después, cuando China concrete su política de «un país, dos sistemas», en lo que entonces volverá a llamarse special administrative region Hongkong . El Consejo tiene confianza en el futuro de Hong Kong y se esforzará por mantener una estrecha cooperación en todos los ámbitos posibles.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, la Comisión acoge con agrado esta oportunidad de hablar sobre Hong Kong y yo personalmente estoy agradecido al Parlamento por darnos la posibilidad al presentar estas propuestas en el día de hoy. En esta ocasión me referiré exclusivamente a Hong Kong, pero la Asamblea puede estar segura de que el enfoque político que voy a exponer se mantendrá asimismo en el caso de Macao, el cual, naturalmente, irá recibiendo un tratamiento más extenso tanto en esta Cámara como en otros lugares a medida que pase el tiempo.
Al quedar tan sólo doce semanas para la transferencia de la soberanía de Hong Kong -como acaba de decir el Sr. Patijn-, este debate es obviamente oportuno, pero también es un buen momento para mirar más adelante, después de la entrega del 1 de julio, y reflexionar sobre cómo podrían evolucionar en el futuro nuestras relaciones con Hong Kong como región administrativa especial de China. Creemos que Hong Kong desempeñará un papel importante y positivo en nuestras relaciones con China en las décadas venideras. Como sabrá la Asamblea, en los últimos años la Unión Europea ha aprovechado toda oportunidad que se le brindaba para destacar la importancia que confiere al futuro de Hong Kong. El Consejo Europeo ha insistido repetidamente en la gran apuesta de la Unión por la futura paz y prosperidad de Hong Kong. Los intereses económicos que tiene allí la Unión Europea son de gran escala y están profundamente arraigados. Hong Kong es nuestro décimo mayor socio comercial, con más de 100 empresas de servicios financieros de la Unión Europea y unas 250 sedes regionales de empresas de la Unión Europea establecidas allí.
Pero nuestros intereses no son sólo económicos y comerciales. En Hong Kong viven más europeos que en cualquier otra ciudad de Asia y el espíritu de apertura que ostenta el enclave significa, evidentemente, que tenemos muchos valores en común. Así pues, Hong Kong es y debe seguir siendo uno de nuestros principales socios asiáticos. Por lo tanto, en las próximas semanas, la Comisión presentará una comunicación, que también será transmitida al Parlamento, en la que se examinan nuestras futuras relaciones con Hong Kong de manera global.
La Comisión cree que la aplicación efectiva de la Declaración conjunta chinobritánica y la plena observancia de la Ley fundamental es la mejor forma de proteger los verdaderos intereses de la Unión Europea en Hong Kong y es de gran importancia para conservar el bienestar de sus habitantes. Enviamos este claro mensaje al Gobierno de la República Popular de China en cada oportunidad que se nos presenta. La aplicación efectiva de la Declaración conjunta y de la Ley fundamental significará que Hong Kong, como región administrativa especial de China, gozará de un alto grado de autonomía, no sólo en los asuntos económicos sino también en cuestiones administrativas, financieras y de ordenamiento jurídico.
La Declaración y la Ley fundamental confirman asimismo las libertades básicas fundamentales de Hong Kong, que incluyen la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de culto y creencia religiosos. Le seguirán siendo aplicables el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por supuesto, por razones que son muy evidentes, se ha especulado mucho y con preocupación sobre la continuidad de estas disposiciones en el futuro. Las disposiciones, sin embargo, están establecidas de forma muy explícita en la Declaración conjunta y en la Ley fundamental y esto hay que considerarlo como la principal garantía para los habitantes de Hong Kong. Es algo que, claramente, intentaremos vigilar de cerca en los años venideros y la Comisión espera que los actuales mecanismos de la política exterior y de seguridad común examinen regularmente la situación de la ciudad, ya que es un tema en el que deben usarse con toda claridad los instrumentos de la PESC.
La magnitud de los intereses europeos, estadounidenses, japoneses y de otros países en Hong Kong no es la única razón por la que confiamos en que siga siendo un socio importante de la comunidad internacional. La Declaración conjunta es un acuerdo internacional depositado en las Naciones Unidas, pero, más que eso, en ella y en la Ley fundamental es esencial la dimensión internacional. Hong Kong seguirá teniendo su propia voz como miembro separado de numerosas organizaciones internacionales y podrá firmar acuerdos internacionales en áreas pertenecientes a las competencias autónomas de la Región Administrativa Especial (RAE).
En los próximos años estaremos esperando que Hong Kong mantenga su condición como socio activo y autónomo en los asuntos económicos y en las demás áreas de actuación reservadas a la RAE. Insisto en que va en interés de todos, fuera y dentro de China, que se mantenga la confianza internacional en Hong Kong. La incertidumbre sobre el proceso legislativo y sobre el sistema jurídico de la ciudad sólo puede lesionar dicha confianza. Por eso nos preocupan algunos acontecimientos de los últimos meses relacionados con el Consejo Legislativo y con la legislación sobre libertades civiles.
Es un período sensible y es muy importante que se ofrezcan promesas tranquilizadoras a los habitantes de Hong Kong y a la comunidad internacional sobre el mantenimiento de la democracia, de las libertades civiles y del Estado de Derecho. Un anuncio claro de que es seguro que habrá elecciones para un nuevo Consejo legislativo elegido de forma libre y limpia poco después de la entrega sería una noticia tranquilizadora clara e importante sobre la futura estabilidad de Hong Kong.
La Región Administrativa Especial de Hong Kong prevista en la Declaración conjunta y en la Legislación fundamental tendrá, como es obvio, un carácter único, pero ese mismo carácter único es el que hace doblemente importante que la población de Hong Kong, del resto de China y de la comunidad internacional den a la RAE oportunidad de funcionar según lo prometido. Aseguro firmemente a la Asamblea que la Comisión no perderá de vista a Hong Kong. Por el contrario, tal como propondremos en la inminente comunicación, podemos contribuir a mantener la tradición de libertad e internacionalismo de la ciudad, en primer lugar siguiendo muy de cerca la situación de allí y, en segundo lugar, desarrollando más los contactos.
Por lo tanto, es nuestra intención vigilar e informar regularmente acerca de todos los aspectos de la vida de Hong Kong y desde luego puedo confirmar que ello incluirá un informe anual al Consejo y al Parlamento sobre todas las cuestiones que atañen a las relaciones UE-Hong Kong, en particular las de orden político y comercial, los derechos humanos y la cooperación.
Por otro lado, en la Comisión nos proponemos continuar los progresos realizados en los últimos años y seguir intensificando los vínculos con Hong-Kong, tal como han hecho por su cuenta tantos ciudadanos europeos: estudiantes, visitantes y hombres de negocios, además de los diputados de este Parlamento. Desde 1993 nuestra oficina en Hong Kong ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de nuestras relaciones con la zona y damos gran importancia a su función como oficina independiente que establece un vínculo directo con Bruselas. Seguirá desempeñando esta misma función en el futuro.
Trabajaremos para conseguir que prosiga la intensificación de las relaciones y esperamos que se empleen activamente la Declaración conjunta y la Ley fundamental y que sigan evolucionando nuestras relaciones con Hong Kong en los próximos años.

Titley
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisión y al Consejo por la claridad de sus declaraciones y también empezar dejando claro que este debate no es, no es sobre China.
Después del 1 de julio Hong Kong estará gobernado según el principio de «un país, dos regímenes» y por lo tanto, como es lógico, habrá que hablar de Hong Kong como tal y no utilizarlo como una especie de Caballo de Troya para hablar de China y criticarla.
Hemos solicitado el presente debate por dos razones concretas que deseamos poner de relieve. En primer lugar, después del 1 de julio Hong Kong dejará de ser un asunto exclusivamente británico, pasando a ser del interés de toda la Unión Europea. Y, en segundo lugar, como ha dicho en concreto el Comisario Kinnock, una transición pacífica de Hong Kong va en interés de todos los afectados. Hong Kong es la octava mayor entidad comercial del mundo; es el puerto regional del sudeste asiático; es la puerta del comercio con China y, como tal, un motor de primer orden del crecimiento económico en el mundo.
Una buena transición nos beneficiará a todos. Una mala transición nos perjudicará igualmente a todos. Una transición mal llevada impedirá, en particular, importantes avances políticos en la región -entre ellos, me parece a mí, el ingreso de China en la OMC en su día, que todos esperamos que se produzca preferiblemente antes que después. Por supuesto que no hay motivos, como han dicho el Consejo y la Comisión, para que la transición no vaya bien. El Gobierno chino se ha comprometido claramente a mantener la Ley fundamental y la Declaración conjunta, y yo, desde luego, preferiría no cuestionar la sinceridad de ese compromiso. Por otro lado, la decisión de mantener en su puesto a los actuales funcionarios chinos de Hong Kong es un importante voto de confianza a la zona, sobre todo teniendo en cuenta la gran calidad de los individuos en cuestión.
Hay, por supuesto, una o dos áreas de preocupación. El establecimiento de la asamblea legislativa provisional fue en el peor de los casos ilegal, como afirma el gobernador, o cuanto menos poco inteligente, injustificada e innecesaria. La intención de derogar o modificar la Ley colonial sobre derechos -que incluye disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles-, junto con la Ley colonial sobre sociedades -cuyo fin era, en definitiva, ocuparse de las «tríadas»- y la Ley colonial sobre orden público que se ocupa de las reuniones y manifestaciones, debe causarnos una cierta preocupación sobre el futuro de los derechos humanos en Hong Kong. Por otro lado, la forma en que estas medidas están siendo propuestas por un comité preparatorio que se reúne en secreto no nos inspira ninguna confianza sobre el futuro.
Como dijo hace poco por escrito el presidente de la asociación de abogados de Hong Kong, el Estado de Derecho exige que el proceso de aprobación y derogación de las leyes sea abierto, razonado y conforme a la ley. No creo que las propuestas mencionadas respondan a ese requisito y, por lo tanto, es importante, según ha indicado el Comisario Kinnock, que se celebren lo antes posible elecciones para un nuevo Consejo Legislativo. El artículo 70 de la Ley fundamental dice que las elecciones deberían celebrarse en un plazo de tres meses después de la disolución del actual Consejo Legislativo. Dado que éste quedará disuelto a medianoche del 1 de julio, las elecciones deberían celebrarse este año y no el año que viene, como han afirmado algunas personas de Hong Kong.
Claro que el Estado de Derecho es esencial para el futuro, pese a lo cual un funcionario chino, hablando de la asamblea legislativa provisional, dice que existe dentro de un ordenamiento jurídico diferente al del Consejo Legislativo británico de Hong Kong. Sin embargo, se ha prometido con todo detalle que se seguirá aplicando el ordenamiento jurídico actual de Hong Kong y, por lo tanto, debemos exigir que la ley se aplique de forma consecuente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley fundamental.
Cuando estuve en Hong Kong, varias personas hicieron la observación de que los involucrados en pleitos estaban pidiendo que sus asuntos se aplazaran hasta después del 1 de julio, dando a entender que podrían obtener favores especiales después de esa fecha. No debemos permitir que esto ocurra. Tiene que haber un respeto de la ley. De forma similar, el Sr. Tung me dijo en una conversación que no quiere que haya interferencias extranjeras en la actividad política de Hong Kong. Yo estoy de acuerdo con eso. Al fin y al cabo, he dicho que los millonarios de Hong Kong ¡no deberían subvencionar al Partido Conservador Británico como lo han estado haciendo hasta ahora! Pero la cuestión está en hasta dónde llega esta ley. ¿Incluye toda la actividad política, en cuyo caso no se permitirá que los sindicatos participen en los foros internacionales ni con grupos de derechos humanos?
La mejor garantía de unos derechos humanos es que se tenga la capacidad de cooperar a nivel internacional. Por lo tanto es fundamental que hoy transmitamos el mensaje de que los derechos humanos no son un mero añadido, sino una premisa esencial de la economía moderna. No se puede tener libertad económica sin libertad política. Por eso es importante que el Consejo de Ministros hable con una sola voz sobre el tema -no como ha hecho acerca de otros asuntos recientemente- y deje claro que nos hemos comprometido a garantizar la futura prosperidad de Hong Kong. Por eso acojo con satisfacción la afirmación del Comisario Kinnock de que la Comisión vigilará todos los aspectos de la transición. De ese modo nos aseguraremos de que todos nos beneficiemos del mantenimiento de la prosperidad de Hong Kong.

McMillan-Scott
Gracias, Señor Presidente. No quiero estropear el espíritu de unidad que rodea este debate, porque sé que la mayoría estamos de acuerdo con la resolución que tenemos ante nosotros. No obstante, querría señalar a la Asamblea solamente que hablar de China crea algunas dificultades a los diputados del Partido de los Socialistas Europeos, pues según tengo entendido el Partido Comunista Chino es una organización hermana del PSOE. Me pregunto porqué los millonarios de Hong Kong no habrán dado ningún dinero al «Nuevo Laborismo», aunque creo que la respuesta habla por sí misma.
Quería dar las gracias al Consejo y a la Comisión por sus observaciones. El Consejo podría haber escrito su declaración en París: el tono optimista acerca de las intenciones de China parecen haber sido escritas en francés. Los franceses, aclaro, están actualmente en Pekín intentando poner fin al embargo armamentístico de la UE. Por otro lado, quiero agradecer a la Presidencia los esfuerzos que ha estado realizando para intentar obtener una resolución sobre derechos humanos en Ginebra. Aquí se verá, creo, cómo la Unión Europea se mantiene firme arma en mano, y no cómo intenta vender armas a Pekín. Gracias también a la Comisión por una declaración muy exhaustiva que nos tranquiliza mucho sobre el hecho de que al menos la Comisión va a prestar atención a la situación de Hong Kong después de la entrega.
Por supuesto es cierto que Hong Kong reviste gran importancia para la Unión Europea desde el punto de vista económico. La Comisión ha explicado ya detenidamente algunos aspectos de esto, pero yo querría decir que en Hong Kong viven 45.000 ciudadanos europeos; que la Unión Europea es su mayor socio comercial después de China y los Estados Unidos; que Hong Kong es el duodécimo mayor socio comercial de la Unión Europea en el mundo; y que nuestras exportaciones a Hong Kong ascienden a unos 2.000 ecus por habitante de Hong Kong, mientras las de Australia son sólo de 400 y las de Japón de 200 ecus. Hong Kong, por supuesto, ha sido una centro comercial para las exportaciones a la China continental durante generaciones pero, recientemente, desde las reformas de 1978 en esta última, las exportaciones han aumentado en aproximadamente el 500 %.
Tal como ha destacado el Sr. Comisario, hay muchas sociedades europeas que tienen su sede principal en Hong Kong y 44 bancos con base en Hong Kong que han sido constituidos como sociedad en la propia Unión Europea. Ello da cierta idea de la importancia de este territorio para los europeos, no sólo para los británicos, sino para los europeos en conjunto.
Podría añadir que Hong Kong, con una población de 6 millones de habitantes, produce en torno al 23 % de la riqueza de toda China y que actualmente disfruta de un 100 % de democracia. Tengo la seguridad de que la Comisión va a vigilar en particular los cambios políticos y sociales de Hong Kong después de la elección, y me uno al Sr. Titley en hacer la petición de que haya elecciones libres y limpias, basadas en el sufragio universal de los mayores de edad, en un plazo de tres meses después de la entrega del 1 de julio. Ésta, creo, es la más esencial de las demandas legítimas que tiene que hacer la comunidad internacional a China cuando ésta se haga cargo del territorio. Yo personalmente no comparto el optimismo sin límites del Consejo o de otros comentaristas. Tenemos que estar muy alerta y este Parlamento en conjunto espero que lo estará.

Caccavale
Señor Presidente, me parece que las frágiles promesas de China están fallando poco a poco. A pesar de lo manifestado por el Sr. Titley, el problema de Hong Kong es precisamente China, y esto no hay que soslayarlo. Fallan también los tratados firmados por este gran socio comercial de muchos Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta y considerando que, según los nuevos líderes chinos de Hong Kong, se disolverá el Consejo Legislativo elegido democráticamente en septiembre de 1995, se abrogarán las leyes que contemplan y protegen la libertad de prensa y las que afectan a la libertad de asociación y las asociaciones ya no podrán mantener relaciones con organizaciones extranjeras y habrán restricciones en cuanto a las libertades de reunión y expresión.
Señor Titley, si no tenemos que ocuparnos de China, no sé de qué otra cosa habría que ocuparse. Como es obvio, me dirijo también al Consejo que mostró un optimismo, según mi punto de vista, injustificado, habida cuenta de la actual situación. En consecuencia, creo que el compromiso adquirido en este Pleno por el Comisario Kinnoch a fin de que la Comisión lleve a cabo un seguimiento continuo y constante de la situación de Hong Kong es importante, aunque insuficiente.
Exigimos que antes de finales de mayo se informe al Parlamento Europeo sobre la situación en materia de derechos humanos y civiles, así como pedimos que la Comisión aumente su representación diplomática en Hong Kong y que la situación se mantenga bajo un estricto control.

Watson
Señor Presidente, han pasado 13 años desde que se firmó la Declaración conjunta chinobritánica; son 13 años durante los cuales los británicos han estado diciendo a sus socios europeos: »No se preocupen, Hong Kong está a salvo en nuestras manos.» Quedan ahora menos de 13 semanas para que Hong Kong pase a ser una región administrativa especial de la República Popular de China; menos de 13 semanas para que Europa se decida sobre cómo desarrollar una posición común coherente acerca de Hong Kong y cómo zanjar malos negocios pendientes.
El Presidente en ejercicio ha hablado de la importancia de Hong Kong para los negocios. Me gustaría decirle que los malos negocios para la democracia son malos negocios para los negocios. Su declaración me ha parecido no tanto escrita en París como en las venerables salas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commomwealth de Londres.
Mi interés no se centra únicamente en los negocios, sino en la gente. El colega del Presidente, Sr. Van Mierlo, tuvo que escribir hace diez días una carta a sus colegas a propósito de la incapacidad de Europa para aprobar una propuesta común sobre China en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Si estamos teniendo problemas con los derechos humanos de 1.500 millones de personas, ¿qué esperanza cabe para los derechos humanos de los 6 millones de personas de Hong Kong?
Si existe algún campo en el que los países europeos podrían beneficiarse de estar en armonía detrás de la bandera europea, es el de nuestras relaciones con China. China ha anunciado su intención de derogar parte de la Ley colonial sobre derechos y otras 25 leyes coloniales y de abolir el Consejo Legislativo elegido directamente.
Precisamente el mes pasado fui a Hong Kong con un grupo de diputados de esta Asamblea, y puedo decirle al Presidente en ejercicio que el miedo no procede principalmente del exterior; el miedo está en Hong Kong. Espero que el Consejo se una al Reino Unido en intentar que el tema de la abolición del Consejo Legislativo llegue al Tribunal Internacional de Justicia.
Cuando estábamos allí nos reunimos con el jefe del Ejecutivo designado, Sr. Tung. Parece una buena persona y está intentando hacer un difícil trabajo lo mejor que puede. Pero si, cuando habla de valores chinos tradicionales, resulta ser lo mismo que los valores asiáticos puestos en práctica en todo el resto de Asia, o aún peor, algo como la famille-patrie-travail defendida en cierta época en Europa, entonces las fuerzas liberales y democráticas, con las que también nos hemos reunido en Hong Kong, tendrán que enfrentarse a una tarea desalentadora y necesitarán nuestra continua ayuda.
Para terminar, los Liberales Demócratas de este Parlamento queremos que Europa tenga nuevas consignas sobre Hong Kong: vigilancia, asistencia activa y tolerancia cero. China es el principal Estado totalitario del mundo. Consigamos llevarlo con tacto hacia la democracia y la libertad.

Moreau
Señor Presidente, la solución pacífica del problema de Hong Kong es un ejemplo positivo de solución negociada de un contencioso importante. Mientras hay tantos conflictos en el mundo, incluida Europa, el hecho de que la devolución se efectúe sin violencia -siguiendo una transición suave, como ha dicho el Señor Presidente- es algo que, a mi modo de ver, merece elogiarse. Esto no significa que todo esté arreglado.
Sea como sea, si como Parlamento Europeo queremos contribuir a buenas soluciones y al desarrollo de cooperaciones mutuas ventajosas con China, no hay que actuar tal como preconiza la resolución común, que mi Grupo no ha firmado.
Haré dos comentarios a este respecto. En efecto, si bien es legítimo recordar las posiciones tradicionales del Parlamento Europeo en lo referente a los derechos humanos -posición que comparto-, no es un buen método querer regular la vida social y política de los chinos formulando exigencias que no se expresan respecto a otros gobiernos.
Además, quisiera manifestar mi desacuerdo sobre el apoyo concedido a la ley estadounidense relativa a Hong kong. ¿Con qué derecho el Congreso estadounidense legisla sobre Hong Kong? No conocemos esta ley, ¡y se nos pide que nos situemos en este marco! Esto es algo poco conforme a una postura razonable sobre el tema. Constato, además, un tono bien distinto en la declaración del Consejo.

Gahrton
En el último número del Hong Kong Human Rights' Monitor News Letter se dice lo siguiente: »La historia juzgará a Gran Bretaña por haber excluido de la vida política al pueblo de Hong Kong».
Creo que podemos resumir la problemática de Hong Kong diciendo que la ha creado la Gran Bretaña, pero la utiliza la China. El proceso democrático de Hong Kong no empezó lamentablemente sino después del acuerdo sino-británico de 1984. Es por este motivo que China sostiene que las reformas democráticas del gobernador Patten van en contra del acuerdo. Al mismo tiempo, es cierto que la democracia y los derechos humanos tienen un valor moral y político en sí mismos que debe estar por encima de los acuerdos internacionales concluídos sin tener en cuenta al pueblo afectado.
Existen ciertamente algunos aspectos positivos en la posición china, lo cual se menciona en la resolución común. No obstante, hay muchas cosas que nos causan preocupación. Por ello me solidarizo con los oradores que expresan su pesar por el hecho de que el representante del Consejo parezca tan poco preocupado por la situación que se está creando con el traspaso de Hong Kong al régimen chino. Hay toda clase de razones para destacar categóricamente la necesidad de una vigilancia constante de lo que suceda en Hong Kong y de la disposición de la Unión para adoptar unas acciones.

Dupuis
Señor Presidente, yo tampoco comparto el optimismo del Consejo. Creo que ya se han recordado bastante las cosas que no funcionan, sobre todo, la disolución del Consejo legislativo así como también, más recientemente, la expulsión de siete de los ocho rectores de las universidades de Hong Kong, lo que no es un buen presagio de la colaboración que pueda establecerse con estas Universidades.
Yo no soy de los que creen que es razonable esperar tener un único sistema en un mismo país. El problema consiste en hacer comprender a los responsables de la República Popular de China que el sistema en vigor en Hong Kong debe convertirse en el de toda China. Se pueden hacer observaciones -como acaba de hacer el Sr. Gahrton- sobre las carencias del gobierno británico en el establecimiento de la democracia en Hong Kong, pero muy a menudo se olvida que la democracia no es sólo las elecciones.
La democracia es también un sistema legal y un sistema judicial que funcionen: elementos cuya importancia empieza a ser tenida en cuenta por ciertas autoridades chinas. En particular, se han podido leer las declaraciones del Presidente de la Asamblea Popular, el Sr. Chao Cheu. Creo que hay que insistir ante los responsables chinos y decirles que Hong Kong debe convertirse en el modelo, que el sistema en vigor en Hong Kong debe exportarse y convertirse en el único sistema para toda China. Evidentemente, habrá que mejorarlo -están todos los aspectos electorales, todos los aspectos de los derechos civiles- pero creo que Hong Kong es el punto de partida para el establecimiento de la democracia en China.
Acogeremos con gusto las declaraciones de la Comisión que prometen un constante seguimiento de la evolución de la situación. Esperamos que el Consejo cambie de política. En este caso, no está en juego la Presidencia neerlandesa: ha hecho un trabajo considerable en la Comisión de los Derechos humanos de la ONU, lo que no han hecho todos los demás Estados miembros. Hay cuatro, concretamente, que han llevado a cabo un trabajo desastroso, y me parece que esta situación debe cambiar. Sin embargo, sólo podrá cambiar gracias a una política exterior común. Creo que aquí también queda mucho por hacer en el Consejo de Amsterdam.

Hindley
Señor Presidente, mi colega el Sr. Titley tiene toda la razón al advertir que no se utilicen Hong Kong y los derechos humanos en Hong Kong para dar palos a China. La gente que lo hace no ayuda a Hong Kong. Sin embargo, se equivoca radicalmente cuando dice que este debate no es sobre China. La esencia del problema, todas las dificultades que tenemos con Hong Kong responden a las dificultades que tiene el Reino Unido para entregar los últimos restos de imperio que le quedan y en la fuerte sensación de orgullo herido y, claro está, de humillación que siente China por haber cedido territorio a mi país en el pasado. Llevo 13 años escuchando a los políticos chinos años y ese tono de profundo resentimiento está a flor de piel o muy poco por debajo de la superficie.
Es interesante, dicho sea de paso, observar que es algo que no ocurre con Portugal y Macao; pero, sea como sea, el resentimiento está ahí. Ahora hay algunos problemas para aceptarlo, pero se ha desbordado en ataques a las reformas del gobernador Patten. El argumento de que han llegado tarde a mi me parece equivocado. Una vez introducida la democracia, introducida está. Puede ser un buen punto de debate decir que han llegado tarde, pero realmente no tiene mucho fundamento.
Hemos de entender que las reformas introducidas por el gobernador Patten gozan ahora de un amplio apoyo. Eso es lo esencial. Los chinos parecen incapaces de entender el punto esencial, que han señalado el Sr. Watts y otros, de que no es simplemente una ciudad de hacer dinero; su bienestar económico depende del bienestar de sus ciudadanos, y eso es algo que todavía no se ha comprendido.
La tutela de Inglaterra llegará a su fin. Algo a lo que llamamos Europa puede proporcionar -usando el lenguaje de Hong Kong- «el tren directo» para que el interés se mantenga. Europa nos proporciona una cómoda ficción para que mantengamos un diálogo con los chinos, liberados del pasado colonial y del resentimiento colonial.
Sólo tengo otros dos comentarios que hacer. Uno va dirigido específicamente al Consejo: éste deberá hacer progresos rápidos en permitir que los titulares de pasaportes de la Región Administrativa Especial puedan acceder sin visado a los quince Estados miembros. El segundo es para la Comisión: agradezco la declaración del Sr. Kinnock. Sin embargo, ¿podemos presionar a la Comisión para que elabore un acuerdo de comercio y cooperación con la RAE de Hong Kong lo antes posible?

Cushnahan
Señor Presidente, en la China continental continúa la sistemática violación y negación de los derechos humanos y, sin embargo, el mundo occidental mantiene un embarazoso silencio. Por desgracia, la razón es patente: los intereses comerciales dictan la política hacia China tanto en los Estados Unidos como en muchos países europeos. Parece que prefieren olvidar lo sucedido de la plaza de Tiananmen y, sin embargo, al mismo tiempo, protestan a voces por la negación de la democracia y de los derechos humanos en otras partes del mundo con las que no tienen un comercio significativo. Creo que esta hipocresía debe terminar y que debe terminar ya.
Los acontecimientos en Hong Kong después de la entrega en julio serán esenciales y reveladores sobre el papel que pretende desempeñar China en la región. China se ha comprometido en la Declaración chino-británica a que la Región Administrativa Especial de Hong Kong gozará de un amplio grado de autonomía, excepto en los asuntos exteriores y de defensa. La Unión Europea debe asegurarse de que se cumplan estos compromisos internacionales. En ese sentido, acojo con satisfacción la declaración de la Comisión, aunque me preocupan los comentarios del Consejo.
La disolución del Consejo Legislativo de Hong Kong no es buena señal, como tampoco lo es la intención declarada de restringir la libertad de reunión y de expresión y de modificar la composición del funcionariado civil de la isla.
El Parlamento Europeo debería trabajar en estrecha colaboración con el Congreso de los Estados Unidos a fin de dar firmeza y resolución tanto a los Gobiernos europeos como al actual Gobierno de los Estados Unidos. También deberíamos preparar el camino para la inmediata introducción de sanciones comerciales y económicas de otro tipo en caso de que China falte a sus promesas. Creo que mis compañeros se equivocan al decir que no deberíamos usar este debate para hablar del papel de China. El Parlamento Europeo debería usar este debate para hacer una declaración y enviar un mensaje a la China continental, diciendo cuál es la postura de la Unión Europea. Para que ésta sea uno de los grandes protagonistas de los asuntos internacionales, ha de imponer respeto. Sólo puede hacerlo anteponiendo los principios a la conveniencia y los derechos humanos a los intereses comerciales.

Brinkhorst
El 1 de julio de 1997 dará comienzo un experimento único. Desde luego, dado que representa el fin del período colonial, hay que entender la satisfacción de China por su antigua meta de reunificar Hong Kong con la China continental. Pero sin lugar a dudas este experimento único sólo podrá triunfar si se reconoce que Hong Kong ha estado muy influido durante 150 años por las culturas occidentales aparte de por los valores tradicionales chinos de trabajo duro y perseverancia. Muchos diputados han subrayado que los valores y libertades fundamentales, el Estado de Derecho democrático y los procesos electorales democráticos forman parte de Hong Kong tanto como de la Europa occidental o de los Estados Unidos o, si a eso vamos, de cualquier otro país democrático.
Es la única base sobre la que puede asentarse la continuidad del progreso económico. Con ella se garantizará la confianza no sólo internacional sino también local, señor Presidente en ejercicio. Yo también estuve hace poco en China y, desde luego, no hay que subestimar los temores que existen en Hong Kong. Pero los europeos debemos mirar hacia el futuro. Aunque tarde, el Reino Unido esta reconociendo que éste es un problema europeo. Quisiera añadir mis comentarios, sin haberlo consultado con el Sr. Hindley, a los dos comentarios específicos que éste ha dirigido al Sr. Kinnock como comisario y al Presidente en ejercicio del Consejo. Si no sólo tomamos en serio el aspecto de la vigilancia, que, por supuesto, es absolutamente esencial, también tendremos que llegar a acuerdos positivos con Hong Kong por separado. Deseo ponerme al lado del Sr. Hindley en que la comunicación de la Comisión debería analizar ese punto muy detenidamente: ¿no hay cabida para un acuerdo especial con Hong Kong que facilite el comercio, las inversiones y otros aspectos que se han mencionado y que se relacionan en especial con Hong Kong y no sólo con el conjunto de China? Y por supuesto está, en segundo lugar, la parte de persona a persona; algo que creará gran confianza en Hong Kong.
Es bastante curioso que aún no tengamos una política de visados, aunque espero que la CIG avance por lo menos en este punto. Cuatro o cinco países no tienen visados, otros sí lo tienen, entre ellos, según creo, el Reino Unido. Sería un signo muy útil de europeización de este proceso que reconociéramos como parte del programa la entrada sin visado, como ha sugerido el Sr. Hindley, y se incluyera en la comunicación de la Comisión.

Truscott
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisión y al Consejo por sus declaraciones. El 1 de julio, después de 150 años de gobierno británico, Hong Kong será entregado a la República Popular de China.
Hong Kong y sus habitantes han conseguido convertir el territorio en una economía vibrante de primer orden a escala mundial. Tal como se ha señalado, es la octava potencia comercial y tiene el mayor puerto de carga del mundo. El crecimiento económico es de en torno al 2 %. Aparte de su éxito económico, el territorio tiene la reputación de tener un ordenamiento jurídico justo y de respeto por los derechos humanos.
Pero hay signos preocupantes de que tanto el éxito económico de Hong Kong como sus libertades políticas y civiles pueden correr peligro después de la entrega del 1 de julio. La asamblea legislativa provisional designada por Pekín no debe convertirse en un cuerpo legislativo títere permanente. Cuando quede abolido el actual Consejo Legislativo, deberán celebrarse nuevas elecciones en cuestión de meses, como han dicho tanto el Sr. Titley como el Comisario Kinnock.
Tampoco debería dejar el jefe del Ejecutivo C.H. Tung que haya ninguna erosión de la Ley colonial sobre derechos o de las leyes coloniales sobre sociedades y orden público de Hong Kong. Deben mantenerse las libertades de asociación, de expresión y de prensa. Desde luego que esto está escrito en la Declaración conjunta y en la Ley fundamental que garantizan la continuación de la forma de vida que ha existido en Hong Kong durante al menos 50 años. China debe cumplir la promesa de Deng Xiaoping de «un país, dos regímenes». La libertad política y civil, como se ha mencionado, no puede disociarse del éxito económico.
Aunque acojo con satisfacción el reciente anuncio por parte de China de que firmará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, también se debería hacer presión para que firme el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. En cualquier caso, la UE no debería moderarse en criticar las violaciones de derechos humanos en China y debería vigilar muy de cerca la evolución en Hong Kong en los próximos meses y años. Añadiría asimismo que también habría que prestar atención a la difícil situación de los refugiados en Hong Kong, cuestión que espero que se solucione pronto. Para terminar, habría que decir a China que la UE está vigilante y que, pese a las recientes vacilaciones en materia de derechos humanos, tomará medidas efectivas si se violan en Hong Kong los derechos humanos y los acuerdos internacionales.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, elogio a los diputados de la Asamblea por la eficacia y perspicacia que han demostrado en el transcurso de este debate y diré además, según espero que hayan deducido a partir de su anterior contacto con la Comisión, primero, que muchas de las preocupaciones que se han manifestado acerca de la situación actual y futura son compartidas por la Comisión y, segundo, que nosotros, con exactamente el mismo espíritu constructivo que han sugerido Sus Señorías, deseamos proseguir nuestras futuras relaciones con Hong Kong y, si a eso vamos, con la República Popular de China, sobre una base de cooperación, por supuesto, pero también de vigilancia.
Me gustaría responder muy brevemente a algunos comentarios concretos que han hecho Sus Señorías. En respuesta al deseo del Sr. Caccavale de que la Comisión elabore un informe sobre derechos civiles y derechos humanos antes de finales de mayo, lo cierto es que por esas fechas estaremos elaborando nuestra extensa comunicación sobre el modo de enfocar las cuestiones relativas a Hong Kong. Espero que le dé la oportunidad de examinar la política y le permita forjar las respuestas que desea en el contexto de la comunicación.
En relación con lo mismo, voy a responder al acertado comentario del Sr. Hindley acerca de un acuerdo de comercio y cooperación con Hong Kong diciendo que, en la comunicación que he mencionado, se analizarán las distintas posibilidades para institucionalizar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y la Región Administrativa Especial. Así que espero que, en el contexto de la comunicación, algunos de las cuestiones formuladas por Sus Señorías en el día de hoy y en otros lugares pueden hallar una respuesta tangible y práctica.
Debo decir que los Sres. Titley, Truscott, Brinkhorst y otros no se equivocan en lo más mínimo al atraer la atención hacia la interdependencia existente entre la libertad y el desarrollo de un Estado industrial moderno. El Sr. Watson ha expuesto la cuestión de manera sucinta pero contundente. Hay demasiados ejemplos de sociedades que, al apartarse de una economía dirigida y un Estado totalitario, no han reconocido el vínculo entre las libertades económicas y políticas y por ello se han hundido bajo el peso de sus propias paradojas. Esperemos que la República Popular de China se dé cuenta de que es un destino casi inevitable a menos que el desarrollo adopte la forma apropiada en ambos frentes: el cultural y político y el económico y comercial. Reconocerlo tendrá unas consecuencias positivas no sólo para esos países y para Hong Kong, sino también para el mundo en general, incluida la Unión Europea.
Respecto al tema de los visados planteado por el Sr. Brinkhorst, querría decir, para terminar, que la decisión sobre si conceder o no el acceso sin visado corresponde evidentemente a los Estados miembros, como sin duda sabe Su Señoría. Pero la Comisión opina que hay buenas razones para que todos los Estados miembros consideren de manera seria y comprensiva la posibilidad de conceder el acceso sin visado. El hecho de que las facilidades para viajar favorezcan el desarrollo de los contactos económicos y de otro tipo y la importancia de demostrar la confianza en el futuro de Hong Kong hacen pensar que un acceso más libre a la Unión Europea sería provechoso tanto para la UE como para Hong Kong.
De todos modos parece apropiado, a efectos de la lista común de visados, seguir tratando como ahora el caso de Hong Kong con arreglo a sus circunstancias particulares. Estoy a la espera del próximo debate que se producirá en respuesta a la publicación de la comunicación de la Comisión y estoy seguro de que en ese momento y por muchos años Sus Señorías, al igual que la Comisión, mantendrán un intenso y vigilante interés por los asuntos de Hong Kong.

El Presidente
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Calidad de la gasolina y el gasóleo - Emisiones de los vehículos de motor 
- Emisiones atmosféricas - Ahorro de energía
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes en nombre de las Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor:
A4-0096/97, del Sr. Mamère, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0248 - C4-0462/96-96/0163(COD)) relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo.-A4-0116/97, del Sr. Lange, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0248 - C4-0463/96 - COM(97)0077 - C4-0091/97-96/0164(COD)) relativa a las medidas que deben tomarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifican las Directivas 70/220/CEE y 70/156/CEE del Consejo.-A4-0099/97, del Sr. Eisma, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(96)0248 - C4-0492/96) sobre una estrategia futura para el control de las emisiones atmosféricas causadas por el transporte por carretera habida cuenta de los resultados del Programa Auto Oil.-A4-0117/97, de la Sra. González Alvarez, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(95)0689 - C4-0015/96) relativa a una estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y potenciar el ahorro de energía.
Mamère
Señor Presidente, Señorías, tengo el honor, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de presentar el informe que se me ha encargado en el marco del procedimiento de codecisión y que se refiere a la calidad de los carburantes.
En primer lugar, quisiera, para presentarles el informe, indicarles las críticas que pueden formularse respecto a los estudios de la Comisión en lo referente a la Directiva «Auto Oil». En primer lugar, considero que puede valorarse este estudio «Auto Oil» como más político que técnico. Digamos que la técnica ha tratado de maquillar la política. Este estudio ha sido realizado bajo la influencia muy clara de los grupos industriales, constructores de automóviles y refinadores y, en este sentido, no se puede tener una confianza técnica muy grande en las medidas y en las propuestas realizadas en el marco de este estudio «Auto Oil».
Así pues, existe una enorme influencia de los grupos de presión y asimismo -si los resultados hubiesen sido tan precisos como quieren hacérnoslo creer, los grupos automovilísticos, los constructores de automóviles, y los petroleros no se dividirían tanto sobre los resultados de este estudio- una falta muy neta de transparencia y errores técnicos: así la medida de la calidad del aire se ha realizado en 4 km2, en total contradicción con una Directiva de 1985 que exige que se lleven a cabo estas medidas en los lugares más expuestos.
»Auto Oil» fija un objetivo de calidad del aire para el año 2010. Nosotros estimamos que es demasiado tarde y creemos que este estudio y este objetivo privilegian a uno de los dos grupos industriales. Privilegian al grupo industrial del automóvil, ya que sabemos que hacen falta unos quince años aproximadamente para renovar el parque automóvil. Sin embargo, de 1997 al año 2010 pasarán trece años. Así que estimamos que hay que restablecer el equilibrio y que no se podrá luchar correctamente contra la contaminación del aire y, por consiguiente, reforzar la calidad de la salud humana si no es basándose en orientaciones y en valores mucho más normativos y mucho más vinculantes, tanto en lo que se refiere al petróleo, la gasolina y el diesel como en lo que se refiere a los automóviles. Es el sentido de los informes que se han presentado ante ustedes hoy.
Por lo tanto, decía que la base económica de este estudio «Auto Oil» está claramente orientada y sirve principalmente a los intereses de los industriales. No se acaba de ver de qué modo se sirve a los intereses de los consumidores, a los que nunca se ha consultado a pesar de que son parte integrante en la calidad del producto que se les sirve en los surtidores cada día en toda Europa.
Las mejoras que tengo el honor de presentarles se refieren esencialmente al hecho de que hay que fijar normas y no objetivos, y que estas normas hay que fijarlas desde el año 2000, para el año 2005. Esto no significa, sin embargo, que nos opongamos al programa «Auto Oil II», esto significa que ha de versar sobre estudios referentes a otros sectores, que ahora les voy a citar.
Así, hemos propuesto, teniendo en cuenta que la Directiva «Auto Oil» propone la supresión de la gasolina con plomo a partir del año 2000, hemos propuesto, decía, que se distribuyan dos tipos de diesel, de dos calidades diferentes: un diesel con valor de 50 o de 30 ppm de azufre, que se beneficiaría de incentivos fiscales por parte de los gobiernos -lo cual es totalmente posible-, y un diesel, que llamamos sucio, de 100 ppm, que se distribuiría en la red que ya conocemos, pero fijando como valor normativo un diésel que esté a una norma de 30 ppm para el año 2005.
Oigo cómo llora -y, ya lo sé, llama a la puerta de todos mis colegas- el grupo de presión de los refinadores, que nos dice que será imposible llevar esto a cabo. Esta afirmación es falsa. Nosotros sabemos que los refinadores tiene refinerías que ya producen diesel limpio, pero no para Europa, sino para Estados Unidos y Japón. ¿Por qué Europa no se podría beneficiar de esta calidad de diesel? Y cuando propongo que haya dos tipos de diésel, lo hago justamente para dejarles tiempo a los refinadores -cinco años- de realizar las inversiones necesarias para modernizar sus refinerías, con el fin de proponernos un diesel que sea limpio y que respete la salud.
Lo que se echa mucho de menos en esta Directiva que se nos ha presentado es lo que nosotros, los ecologistas, llamamos la internalización de los costes. Toda la argumentación se hace en torno a una idea, la idea del coste/eficacia. Sin embargo, hay que saber hablar también del coste/beneficio. Se puede desembolsar dinero en la inversión, pero también hay que calcular que sea rentable en términos de economía sobre la salud, procurando que haya menos gente enferma, menos afectados por enfermedades del pulmón, es decir, menos gente que se beneficie de las protecciones sociales y menos gastos de salud.
Doy las gracias a todos los colegas que me han aportado algunas número de enmiendas para mejorar el texto que les propongo. No voy a hacer aquí -por falta de tiempo, señor Presidente, ya lo he rebasado- el balance exhaustivo de las diferentes enmiendas que se proponen, algunas de las cuales podrían aceptarse y otras rechazarse. Esto será objeto del debate y, de todos modos, existe un acta literal de esta Asamblea que nos permitirá saber lo que acepto y lo que rechazo.

Lange
«Con unas pequeñas modificaciones nuestros motores pueden ser llevados fácilmente a Euro III y con otras modificaciones pueden ser llevados al nivel Euro IV en el año 2005», dice el diseñador de motores de Alfa Romeo. «Un ahorro de peso de 50 kilogramos y valores de emisión que estén un 50 % por debajo de los valores límite de la UE, actualmente vigentes para traer así Euro IV para el año 1005 a una cercanía asequible», dice el diseñador de los nuevos motores Mercedes.
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, creo que estas dos afirmaciones muestran muy claramente qué es tecnológicamente posible actualmente en la industria automovilística europea. Y no considero acertado prescribir solamente lo ya existente, pues de esa forma ponemos en juego precisamente la ventaja competitiva que la alta tecnología y los valores límite de emisión proporcionan a la industria del automóvil. Está totalmente claro: si nos aislamos de la legislación de los EE.UU., perdemos y hacemos más fácil el juego para los competidores de fuera de Europa. En este sentido, necesitamos objetivos ambiciosos que sean vinculantes para toda Europa en interés de la industria automovilística y en interés de los consumidores. Pero, sobre todo, los necesitamos, naturalmente, en interés de nuestro medio ambiente. Los estudios del programa del aceite para automóvil han dado como resultado que la problemática del ozono no puede ser combatida suficientemente con el paquete de medidas que se ha propuesto.
No, tenemos que hacer más y podemos también hacer más. Nuestro colega, el Sr. Mamère se ha referido ya a algunas debilidades del programa. No quiero repetirlas ahora pormenorizadamente. Creo que la Comisión de Medio Ambiente ha hecho realmente bien en proponer unas mejoras sustanciales a la propuesta de la Comisión, sin abandonar, no obstante, el planteamiento originario. De hecho, queremos abordar el asunto actuando eficazmente sobre los costes y no queremos hacer castillos en el aire.
En la enmienda de la Comisión de Medio Ambiente se han mencionado diez mejoras sustanciales; en primer lugar, señor Mamère, el mejoramiento de los combustibles pues sabemos que los mejores combustibles tienen consecuencias inmediatas para la técnica automovilística, pero también para todos los participantes.
Un ejemplo: un automóvil Diesel con el combustible Diesel propuesto por la Comisión emite un 25 % más de partículas nocivas, comparado con el combustible Diesel que existe ya hoy en el mercado sueco y que tiene un contenido sustancialmente más bajo de azufre. Y de cara a esta situación necesitamos una mejor calidad en los combustibles para todos los vehículos, para los nuevos y para los antiguos, precisamente con vistas tener una mejor calidad del aire en ciudades como Atenas y Madrid. Y la necesitamos también para desarrollar una técnica más exigente en los motores, precisamente en lo que se refiere a la reducción de los óxidos de nitrógeno; esto no se logra por la vía del azufre como se dice en la propuesta de la Comisión.
Necesitamos también valores límite vinculantes para los años 2000 y 2005, porque tenemos un mercado interior. Queremos seguridad para las inversiones, para el medio ambiente y para los inversores y por esta razón no sirven ya de nada valores meramente indicativos. Sabemos también que mediante estímulos fiscales al final se consiguen hechos y se consigue que los fabricantes trabajen con miras a Euro IV. En Alemania se puede ver claramente esto, allí existen ya los primeros esfuerzos por autorizar ya ahora vehículos de nivel Euro III.
También es importante que se asegure la durabilidad. Por esta razón debe existir a bordo un sistema de diagnóstico que muestre al conductor o a la conductora cuándo existe una anomalía en el sistema de emisión de gases. Y necesitamos esto tanto para los motores de gasolina como para los motores Diesel. Precisamente cuando se dice que son compatibles con el medio ambiente porque consumen menos, no podemos hacer aquí ninguna excepción. Pero este sistema de diagnóstico a bordo tiene que poder ser objeto de mantenimiento no sólo por talleres especializados, sino también por talleres libres, por clubs automovilísticos y por instalaciones de inspección técnica. En este sentido necesitamos aquí un acceso libre a informaciones sobre su reparación.
Y necesitamos un test que se ajuste a la realidad. ¿De qué sirve que un automóvil a 20 grados arroje valores excelentes en el ciclo del test? Por las mañanas, cuando arrancamos -todos lo sabemos, también ustedes, señora Comisaria, señor Comisario, así como la gente en Grecia- el motor está solamente a una temperatura de 4 grados. ¿Y qué sucede con el desarrollo de la emisión de gases? Las investigaciones han mostrado que automóviles que arrojan valores muy estrictos a 20 grados, no los mantienen a 8 grados y entonces emiten veinte veces más sustancias nocivas. Por esta razón necesitamos una prueba de arranque en frío en este paquete. Y necesitamos una inspección de campo, una medida muy eficaz en cuanto a los costes, porque los fabricantes no están interesados, naturalmente, en verse envueltos en acciones de reclamación.
No todos están entusiasmados con estas medidas, lo reconozco. He oído que algunos fabricantes de automóviles y la industria del petróleo no están entusiasmados. Me han escrito cartas conmovedoras. En cambio, cuando leo «el resultado de BP mejoró en dos cifras el último año», »la empresa petrolera AGIP registra un resultado record», »el resultado de ELF mejoró en 10.000 millones de francos», entonces no puedo entender estas dificultades de inversión de la industria petrolera.
Por lo demás, cinco importantes organizaciones ecologistas y 40 millones de automovilistas que están organizados en asociaciones como ADAC, RAC, etc., están de nuestra parte.
Par disponer también de resultados independientes hemos encargado en STOA un estudio en el que se ha estudiado la situación de la ciudad que suele ser la más contaminada, Atenas, y que ha confirmado las exigencias del Parlamento. Creo que en conjunto no es una oferta inmoral la que estoy proponiendo a la Comisión y al Consejo. Quisiera invitarles a que conjuntamente pongamos el semáforo en verde para los automóviles compatibles con el medio ambiente. En efecto, si hay que asegurar por un tiempo prudencial nuestra movilidad en automóvil, entonces estos automóviles han de ser tan compatibles con el medio ambiente como sea posible.

Eisma
Señor Presidente, esta semana en Estrasburgo hace muy buen tiempo. Sol, apenas viento e incluso unas temperaturas razonables. Tendríamos que disfrutarlo, y si uno cruza la calle y entra en el parque, parece que la gente disfruta del buen tiempo. Pero si miramos desde nuestras oficinas por encima de la ciudad de Estrasburgo, vemos que un manto oscuro se cierne sobre esta bella ciudad. Las mediciones de la calidad del aire en la ciudad nos dicen que el aire en días como este está muy contaminado. Y me limito a hablar de Estrasburgo y no de Milán, Amsterdam, La Haya o París, donde la situación es mucho peor. Por esta razón estamos debatiendo aquí. Para ocuparnos de que en el año 2010 haya desaparecido ese manto oscuro sobre las ciudades de Europa y, por ejemplo, la catedral de Estrasburgo vuelva a contrastar con un cielo realmente azul. Es evidente, señor Presidente, que este objetivo no podrá lograrse por las buenas. La Comisión ha dado un gran paso en la dirección correcta, hay que admitirlo, pero no bastante grande para llegar suficientemente lejos.
Una razón importante de ello es que, desde el principio, la Comisión se ha basado injustificadamente en el principio de coste-eficacia en lugar de partir de una verdadera consideración de costos y beneficios. Precisamente por el hecho de que los cálculos de costes procedían en gran medida de la propia industria, que al fin y al cabo se beneficia de un elevado presupuesto de gastos, desde el principio se han dejado de lado posibles medidas de mayor alcance. Además, la Comisión ha olvidado incluir los costes externos del transporte en automóvil en el cálculo de los costes. En 1991, la Comisión todavía cifraba los costes del tráfico automovilístico para la sociedad en 200 millardos de ecus al año. Estos 200 millardos de ecus venían originados por los daños causados por el tráfico automovilístico a la agricultura, la calidad del agua y la salud pública. Y de pronto, en este programa, parece que la Comisión haya olvidado sus propios cálculos y sus propios objetivos.
Señor Presidente, la Comisión se ha basado en parte en los valores orientativos de la Organización Mundial de la Salud. Pero extrañamente ha utilizado un método para medir la calidad del aire que es contrario a la propia directiva europea, pues al calcular un valor medio, como ya ha señalado un compañero mío, en una zona de cuatro kilómetros cuadrados, se ignoran precisamente los importantes valores máximos en los cruces muy transitados. Por ejemplo, gracias a los cálculos que ha manejado la Comisión, mi ciudad, La Haya, cumple prácticamente todas las normas. Pero puedo llevarle a partes de la ciudad donde no es muy saludable vivir debido a la contaminación del aire según las normas de la OMS. Por tanto, pido a la Comisión que de ahora en adelante aplique un método de medición mejor, que sea acorde con su propia directiva. Agradecería una respuesta de la Comisaria.
En cuanto al ozono, la Comisión ha hecho equilibrismo. La reducción propuesta por la Comisión de las sustancias que provocan el ozono implica que sólo el 37 por ciento del territorio de la Unión Europea cumplirá la norma que establece la OMS. Que quede claro que las zonas densamente pobladas, como la llanura del Po, la región del Ruhr y el Benelux, no entrarán en este 37 por ciento. Por consiguiente, el objetivo de la Comisión es tan limitado que la mayor parte de la población europea seguirá expuesta a altas concentraciones de ozono. Y recuerdo sobre todo a la Sra. Bjerregaard su responsabilidad en esta cuestión.
En cuanto a la estrategia a seguir, soy firme partidario de fijar normas obligatorias para el año 2000 y el año 2005. Cuando se aprueben estas directivas habremos llegado ya a 1998. Esto significa que el año 2005 no estará tan lejos. Por ello, es preferible que la industria se anticipe a esa política futura. Es curioso que la Comisión haya creído conveniente fijar normas tan sólo para la industria automovilística de cara a 2005. A fin de cuentas, existe una interrelación precaria entre el vehículo y el combustible en reserva. De poco sirve que la tecnología para un automóvil esté en el mercado, si no funciona por falta de combustible de suficiente calidad.
Soy consciente de las dificultades que existen en el Consejo respecto a este expediente. No es cuestión de que algunos Estados miembros impongan normas que otros países apenas pueden cumplir. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo tendrán que ser lo suficientemente sensatos como para lograr un compromiso que funcione en toda la Unión. Sin embargo, quiero señalar a la industria su propia responsabilidad. Si puede desarrollar un combustible económico y ecológico, su potencial de exportación en el sector del combustible no hará más que mejorar. Hago un llamamiento a mis compañeros para que apoyen las estas propuestas. La salud de las personas a las que representamos es demasiado importante. No podemos permitirnos eludir nuestra responsabilidad.

El Presidente
Interrumpiremos ahora el debate y se reanudará a las 21.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas al Consejo (B4-0164/97).
Pregunta nº 1 formulada por Jan Andersson (H-0195/97):
Asunto: Revalorización de la política de empleo
El desempleo constituye hoy en día el principal problema de Europa. Muchos opinan que, por este motivo, la cooperación en materia de política monetaria debería completarse con una cooperación igual de ambiciosa en el sector del empleo.
Los programas plurianuales que los gobiernos deben presentar en el ámbito del empleo deberían ir acompañados de indicadores comunes al igual que ocurre con la cooperación monetaria.
¿Qué medidas piensa la Presidencia neerlandesa adoptar para que se atribuya a la política de empleo en la UE la misma importancia que a la cooperación monetaria?

Patijn
Quiero dejar bien sentado que el Consejo se adhiere al criterio de sus Señoría, el Sr. Andersson: el desempleo es uno de los mayores problemas de Europa. Es preciso dar la máxima prioridad a la lucha contra el paro. Por otra parte se trata en primer lugar de una tarea de los Estados miembros, que a fin y al cabo son los primeros responsables de la política de empleo. Aparte de esto, los esfuerzos a nivel de la Unión Europea tienen un claro valor añadido. Por ello, el empleo ocupa un lugar destacado en el orden del día de la Presidencia neerlandesa, cumpliendo la declaración del Consejo Europeo de Dublín sobre el empleo. Ello ha dado pie a diversas actividades concretas, de las que mencionaré unas cuantas.
En primer lugar, como es sabido, estaba la creación efectiva del Comité para el Empleo y el Mercado Laboral, impulsada por el Consejo en diciembre de 1996, una de las primeras cuestiones de las que se ha ocupado la Presidencia. Este comité ya es plenamente operativo y ha celebrado ya tres reuniones. Asimismo ha fijado un calendario de reuniones para 1997 y en él se ha reservado un lugar importante para los análisis que han de realizarse en el ámbito de los denominados indicadores de empleo y comparación de rendimientos, el llamado benchmarking. En principio, el comité se reúne cada mes.
Además, su Señoría sabrá sin duda que los pasados 14 y 15 de marzo se celebró una reunión informal de ministros de Trabajo y Asuntos Sociales en Rotterdam bajo el signo del empleo. Dos temas principales tratados allí fueron los indicadores de empleo que ya he mencionado y la reducción de los costes laborales indirectos. Estas conversaciones proseguirán en el Consejo de ministros y en las actividades del Comité para el Empleo y el Mercado Laboral.
Además, la Presidencia neerlandesa presentará un informe provisional sobre empleo al Consejo Europeo de Amsterdam. Según parece guardará principalmente relación con los temas antes mencionados, es decir, los indicadores de empleo y la reducción de los costes laborales indirectos. Por supuesto, en las conversaciones sobre la cuestión del empleo participan también los interlocutores sociales. Así, el próximo 29 de mayo, bajo la Presidencia neerlandesa, tendrá lugar una reunión del Comité Permanente para cuestiones relacionadas con el mercado laboral. En ella se reunirán los interlocutores sociales.

Andersson
Agradezco su respuesta al Consejo. Esta pregunta debería haber recibido respuesta en el último periodo de sesiones. Estoy enterado de que desde entonces se ha celebrado una reunión informal de ministros de Trabajo en Rotterdam. Quiero hacer hincapié en que la propuesta de unos indicadores discutida en esta ocasión es beneficiosa. Es cierto que en Dublín se presentó una propuesta de inclusión de un nuevo Capítulo sobre el empleo, pero creo que se necesita completar más la propuesta presentada en Dublín. Es necesario concretar más en la cuestión de lo que cabe hacer a nivel comunitario con respecto a la política de empleo.
Es absolutamente cierto lo que se dice en el sentido de que la política de empleo a nivel comunitario no es lo único que puede hacerse. Esta política no nos libera de todo lo que es necesario realizar a nivel local, regional y nacional, sino que es un impulso adicional en la modalidad de una política macroeconómica coordinada. ¿Cuál es la opinión de la Presidencia sobre las posibilidades de reforzar la propuesta presentada en Dublín? ¿Constituye un refuerzo plantear unos requisitos de indicadores en la propuesta que se presentará con ocasión de la Conferencia Intergubernamental?

Patijn
Si he entendido bien la pregunta complementaria del Sr. Andersson, quiere saber cómo valoramos la posibilidad de que en el marco de la Conferencia Intergubernamental se adapten las propuestas de la Presidencia irlandesa. ¿Se refería usted a la Conferencia Intergubernamental? Sí. En tal caso tengo un problema institucional, porque la Conferencia Intergubernamental no es competencia del Consejo, sino de los Estados miembros individuales. No puedo comunicarle nada en nombre del Consejo. Las negociaciones se encuentran ahora en la fase final. Puedo decirle que las negociaciones sobre la propuesta de la Presidencia irlandesa están en pleno apogeo y me parece relativamente inútil hacer continuos comentarios desde fuera sobre una situación que cambia de semana en semana. Esto no quita que aunque no se modifique el Tratado -no quisiera subestimar, pero tampoco sobreestimar la importancia de las modificaciones del Tratado-, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo pueden hacer mucho con respecto, digamos, al papel coordinador y estimulante que pueden desempeñar las instituciones de la Unión Europea en la mejora de las premisas para el crecimiento económico, y con él en la mejora del empleo. La Presidencia también ha actuado en ese marco. El Comité del Mercado Laboral, cuya creación se decidió en Dublín, ya ha sido creado y ha despegado bastante bien. Repito que la reunión informal de ministros de Asuntos Sociales ha dado algunos impulsos muy valiosos al debate de ese comité y en general al enfoque de lo que puede hacerse a nivel europeo a través de una buena coordinación y una buena cooperación de los Estados miembros, por ejemplo en la cuestión de la reducción de los costes laborales indirectos.

El Presidente
Pregunta nº 2 formulada por Jörn Svensson (H-0198/97):
Asunto: Costes de ampliación
¿Puede el Consejo indicar los costes totales que supone la ampliación prevista de la UE y en qué medida disminuirán, por consiguiente, las ayudas agrícolas y de los fondos estructurales que reciben los actuales Estados miembros?

Patijn
La pregunta del Sr. Svensson al Consejo tiene que ver con los costes de la ampliación. La relevancia de la pregunta de su Señoría es incuestionable, los costes de la ampliación se analizarán atentamente a su debido tiempo.
Es útil que recordemos que desde el Consejo Europeo de Madrid, de diciembre de 1995, se informa a los jefes de Estado y los jefes de gobierno de las estrategias alternativas para la agricultura y el desarrollo de la estrategia de preadhesión de los países asociados de la Europa Central y Oriental. Estos informes constituyen desde entonces un elemento importante de los debates preparatorios sobre estas cuestiones. En este sentido, quiero recordar también que el Consejo Europeo de Madrid pidió a la Comisión que realizara cuanto antes un análisis del sistema de financiación de la Unión Europea, a fin de presentar, justo después del cierre de la Conferencia Intergubernamental -es decir, según espero en junio del presente año en Amsterdam- una comunicación sobre el futuro marco financiero de la Unión Europea a partir del 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación. Mi propuesta es por tanto que no celebremos este debate ahora, sino a partir de la comunicación que presentará la Comisión lo antes posible después del cierre de la Conferencia Intergubernamental. Pero suscribo nuevamente lo que implica la pregunta del Sr. Svensson de que esta es una de las cuestiones más importantes que han de debatirse en la toma de decisiones política sobre la ampliación.

Svensson
Agradezco al Consejo su respuesta. Lamentablemente, es correcto reflexionar sobre la posibilidad de que la Unión Europea se proponga lanzar unos planes ambiciosos y extravagantes sin tener claro cuál va a ser su coste. Las cifras, cifras aproximadas que he conseguido, van de 15 mil millones de ecus a 64. Nadie sabe cuál es la que más se acerca a la realidad.
Me permito formular una pregunta adicional. Todos sabemos que es políticamente imposible solicitar a los Estados miembros que aumenten sus contribuciones. Esto me obliga a formular la siguiente pregunta: ¿En qué porcentaje se van a rebajar las ayudas agrícolas y regionales destinadas a los Estados miembros actuales para poder financiar con ello la próxima ampliación? Esta es una pregunta muy interesante para los países afectados.

Patijn
En los últimos años también he oído hablar de estas enormes sumas, de fuentes autorizadas y menos autorizadas. He leído muchos informes al respecto, pero pienso que es conveniente darse cuenta de que, en realidad, este tipo de expectativas o este tipo de proyecciones han sido siempre extrapolaciones de una política existente. Por ejemplo: ¿qué costaría si aplicamos el actual sistema de la política agrícola europea a los cuatro países de Visegrado? De ahí que este ejercicio sea inútil, pues todos sabemos que debido a la influencia de las decisiones de reforma interiores y a la influencia de las obligaciones exteriores en el marco de la OMC, la política agrícola está sujeta a cambios continuos, y concretamente que los costes de la política agrícola son mucho más bajos de lo que por ejemplo se había estimado en Edimburgo, en lo que respecta al desarrollo de la llamada orientación agrícola. Al mismo tiempo, se parte también de todo tipo de estimaciones, como por ejemplo: la política agrícola y la de fondos estructurales abarcan conjuntamente el 80 % del presupuesto de las Comunidades Europeas, es decir, también se extrapola esta política estructural. Pero se parte de una situación tan estática, que me parece poco realista tomarla como punto de partida para el desarrollo de la política que ha de regir durante la primera década del siglo que viene. Quisiera pedirles que no hicieran este tipo de especulaciones. Basémonos en un análisis frío y clínico en el que, según tengo entendido, está trabajando duramente en estos momentos la Comisión Europea.

Posselt
Señor Presidente del Consejo, quisiera preguntarle si a usted o al Consejo les es conocido el excelente estudio del Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, el Sr. Friedmann, según el cual es posible la ampliación hacia el este sin enormes costes adicionales. En segundo lugar, quisiera preguntarle en relación con los Estados Visegrad si ustedes parten de un determinado número de estados o sólo de los Estados Visegrad o si, por ejemplo, consideran también a Eslovenia y a los Estados Bálticos como candidatos posibles.

Patijn
Personalmente no conozco el informe que menciona su Señoría. Sé que hay opiniones y estudios que pretenden que todo puede realizarse dentro de unos límites financieros razonables, pero entonces se parte de determinadas suposiciones y determinadas expectativas sobre las que en estos momentos no puedo hacer ninguna comunicación sensata. Se trata de suposiciones, especulaciones, y propongo que empecemos el debate cuando dispongamos de un análisis completo de la Comisión Europea de todos los factores relevantes, es decir, los desarrollos esperados en los fondos estructurales, los desarrollos esperados en las demás categorías de gastos de la Comunidad Europea y los desarrollos esperados en relación con las perspectivas financieras y el desarrollo real de los gastos tal como se ha presentado en el transcurso de los años.
Si he mencionado a los países de Visegrado es tan sólo porque uno de los informes que más ha dado que hablar con cifras millonarias tenía que ver con la ampliación a los países de Visegrado, pero créame si le digo que no implica ningún juicio del Consejo sobre «cómo» y con «qué» países tendrá lugar el futuro proceso de ampliación.

El Presidente
Pregunta nº 3 formulada por Yiannis Roubatis (H-0200/97):
Asunto: Participación de la parte turcochipriota en las negociaciones relativas a la adhesión de Chipre
Durante el último Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores celebrado en Bruselas, los ministros de Gran Bretaña, Alemania y Francia pidieron que se incluyera en el texto de la posición común una propuesta relativa a la participación de la parte turcochipriota en las negociaciones de adhesión de Chipre. Como es sabido, la Unión Europea sólo reconoce al Gobierno chipriota legal el derecho exclusivo a negociar la adhesión de Chipre.
¿Puede indicar el Consejo si piensa legitimar, como interlocutor, el autodenominado «gobierno turcochipriota», ilegal y no reconocido por la comunidad internacional, poniendo así en tela de juicio el derecho exclusivo del Gobierno de la República de Chipre a negociar la adhesión de Chipre;
Si no considera que la participación de los turcochipriotas en las negociaciones convierte al procedimiento de adhesión en rehén de Turquía, en un período de crisis tanto en Chipre como en las relaciones entre Grecia y Turquía;
Si no considera que los cambios acordados en relación con la adhesión de Chipre ponen asimismo en peligro el procedimiento de ampliación a los países de la Europa Central y Oriental?

Patijn
Durante el turno de preguntas del mes de marzo, el Consejo ya dio a conocer su postura en respuesta a dos preguntas orales (H-0150/97 y H-0173/97) del Sr. Papayannakis y de la Sra. Daskalaki, respectivamente, sobre Chipre y la comunidad turcochipriota.
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes, de junio de 1995, las negociaciones de adhesión con Chipre se iniciarán sobre la base de las propuestas de la Comisión seis meses después del cierre de la Conferencia Intergubernamental, teniendo en cuenta los resultados de dicha Conferencia. Esta sigue siendo la postura de la Unión, que fue confirmada nuevamente a Chipre durante la sesión del Consejo de Asociación del 25 de febrero de 1997. Al mismo tiempo, la perspectiva de que Chipre se adhiera a la Unión Europea brinda la oportunidad de contribuir este año a una solución general de la cuestión chipriota de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, encaminadas a la creación de una federación con dos comunidades y dos zonas. Es importante que se aproveche al máximo esta oportunidad.
Conforme a las conclusiones del Consejo del 6 de marzo de 1995, la adhesión de Chipre a la Unión Europea tendría que comportar más seguridad y prosperidad para las dos comunidades de la isla. Ello permitiría a la parte norte de la isla recuperar más fácilmente su retraso económico y tendrían que mejorar las perspectivas de crecimiento y empleo, también para la comunidad turcochipriota. Asimismo, el Consejo ha considerado necesario recalcar más las ventajas de la adhesión de Chipre a la Unión Europea para la comunidad turcochipriota y eliminar sus objeciones al respecto. El Consejo ha pedido a la Comisión que entable los contactos necesarios con la comunidad turcochipriota, de común acuerdo con el Gobierno de Chipre.
El Consejo recalca que es cierto que no alcanzó un consenso en torno a la posición de la Unión en la reunión celebrada también el 25 de febrero con Chipre, en el marco del llamado «diálogo estructurado». Pero el Consejo sigue manteniendo la posición adoptada en marzo de 1995, concretamente de que no reconoce a las autoridades del norte de Chipre. El Consejo no puede hacer declaraciones sobre las consideraciones de los Estados miembros independientes, a las que hace referencia su Señoría.
Por último, hay que señalar que el Protocolo Financiero firmado en junio de 1995 apoya los esfuerzos para fomentar un arreglo general de la cuestión chipriota. Se ha facilitado un fondo de 12 millones de ecus para las iniciativas que puedan acordarse con Chipre para proyectos encaminados a fomentar medidas que inspiren confianza. Se ha prometido que se facilitarán recursos financieros complementarios para financiar programas y proyectos destinados a promover el desarrollo en toda la isla.

Roubatis
Señor Presidente, considero positivo que el Presidente en ejercicio del Consejo haya reafirmado de manera categórica el compromiso de la Unión de comenzar las negociaciones con la República de Chipre seis meses después del final de la Conferencia Intergubernamental. Como es natural, también podrán participar turcochipriotas en la representación legal e internacionalmente reconocida del Gobierno de la República de Chipre. Además, el Presidente de la República de Chipre ya ha remitido la correspondiente invitación a los turcochipriotas.
Quisiera preguntarle, ¿qué medidas han adoptado o piensan adoptar para persuadir al Sr. Denktash de que permita a los turcochipriotas que participen en los comités que se crearán, a fin de que puedan iniciar la labor necesaria y después negociar con la Unión Europea?

Patijn
El Sr. Roubatis hace una pregunta para la que en realidad no tengo una respuesta clara. Formula la pregunta: ¿cómo piensa el Consejo convencer al Sr. Denktash para que llegue a un acuerdo con el gobierno grecochipriota? Me parece muy especulativo. En sentido general pienso que es sumamente importante para un buen inicio y la buena marcha de las negociaciones de adhesión con Chipre que entre las dos comunidades chipriotas exista un claro acuerdo político en torno a los objetivos finales en relación con la futura afiliación a la Unión Europea. Pienso que será muy beneficioso para la marcha de las negociaciones.

Lomas
Al igual que al Sr. Roubatis, me satisface que haya habido una respuesta firme y categórica de que las negociaciones darán comienzo seis meses después de la CIG. Sin embargo, el Consejo sabrá que Turquía está poniendo muchas trabas, ha trasladado el asunto a la OTAN y está amenazando con bloquear algunas acciones de esta organización si siguen adelante las negociaciones sin que participe el Norte.
¿Confirmaría el Consejo, afirmativa y definitivamente, que no va a dejar que Turquía chantajee a la UE de esta manera? Si la República de Chipre puede de alguna manera complacer al Norte e incluirlo en las conversaciones, de acuerdo -es asunto de Chipre-; pero ¿puede el Consejo confirmar que la propia UE no va a echarse atrás en las promesas que ha hecho?

Patijn
A juicio del Consejo, el Gobierno de Ankara tiene derecho de veto sobre el inicio de las negociaciones de adhesión. Quisiera dejarlo ahí.

Lindqvist
He tenido la ocasión de visitar Chipre la semana pasada. Me he entrevistado, en calidad de diputado del Grupo liberal, con representantes de la parte grecochipriota y de la turcochipriota. Pienso que sería una negación total de los requisitos de la UE en torno a la democracia que aceptásemos que un país como Turquía se pronunciase sobre las condiciones bajo las que vamos a aceptar a nuevos países miembros en la Unión -me refiero a Chipre, naturalmente. Turquía ocupó la zona norte de Chipre en 1974 y la sigue ocupando actualmente. No voy a aceptar que Chipre entre dentro de la UE mientras Turquía siga ocupando su zona norte, y espero que tampoco lo haga el Consejo. Turquía debe, por tanto, iniciar la retirada de sus tropas para que pueda darse comienzo a las negociaciones. Me gustaría oir la opinión del Consejo sobre esto.

Patijn
No quiero anticiparme a una decisión que tendrá que tomar el Consejo, y concretamente el Consejo Europeo en este mismo año o en el transcurso del año que viene, a saber: de qué modo empezarán las negociaciones de adhesión con Chipre. Aunque sí he de decir que en el Consejo -no hago una declaración en nombre del Consejo- existen serias dudas de si Chipre puede afiliarse a la Unión Europea si continúan los problemas políticos en Chipre en la forma actual. Por consiguiente, el Consejo tiene mucho interés en convencer tanto al Gobierno chipriota y a las autoridades turcochipriotas, como a Ankara y Atenas de que hagan lo posible por crear un clima favorable para que las partes empiecen a negociar. Esto se refiere en primer lugar a las dos comunidades de Chipre. Y en segundo lugar a Turquía y Grecia. Ellas han de hacer todo lo posible por evitar que en el futuro cunda dentro de la Unión Europea el desacuerdo en torno a la adhesión real de Chipre debido a una cuestión no solucionada que nos persigue desde hace ya 25 años.

Roubatis
Señor Presidente, de conformidad con nuestro Reglamento, el Sr. Ministro se encuentra aquí en su función de Presidente en ejercicio del Consejo. Ruego por favor que lo que acaba de decir -puesto que declara no estar hablando en su función de Presidente en ejercicio del Consejo- no conste en Acta.

El Presidente
Sr. Roubatis, el Presidente en ejercicio puede expresarse libremente como quiera en este hemiciclo y esto debe constar en Acta. La valoración que usted haga del mismo es libre, pero en ningún caso se pueden limitar las intervenciones del Presidente en ejercicio del Consejo, ni ignorar aquello que se ha dicho. Por lo tanto, Sr. Roubatis, también constará en acta la recomendación que usted acaba de hacer en este momento.
Pregunta nº 4 Pregunta formulada por Arthur Newens (H-0210/97):
Asunto: Cooperación entre fuerzas policiales internacionales
¿Podría el Consejo hacer una declaración sobre la implicación de las redadas realizadas por la policía en las oficinas de MED TV, la estación privada de televisión por satélite cuyo objetivo es promover la cultura kurda, en Londres y en Bruselas simultáneamente el 18 de septiembre de 1996, y sobre el mantenimiento de las actuales normas de derechos humanos y libertades cívicas en la UE y, en particular, sobre el acuerdo realizado al parecer entre el Jefe de la Policía belga, Sr. De Ridder, y el Jefe de la Seguridad interna turca, Sr. Alaadin Yuksel en julio de 1996?

Patijn
En respuesta a la pregunta del Sr. Newens quiero dejar bien sentado que las acciones policiales mencionadas son responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros y no, insisto y repito, no son competencia de la Unión Europea. Con respecto a este caso específico, el Consejo no es quién para tomar ninguna postura. Más en general, el Consejo señala que, en relación con el mantenimiento de las libertades públicas y las normas en materia de derechos humanos en la Unión Europea, todos los Estados miembros participan en el Tratado Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se firmó el 4 de noviembre de 1950 en Roma. Con arreglo al artículo K2 del Tratado relativo a la Unión Europea, se tratan las cuestiones mencionadas en el artículo K1, entre otras la cooperación jurídica y policial en las causas criminales, respetando el Tratado Europeo de los derechos humanos.

Newens
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por la respuesta. Pero me parece una asombrosa coincidencia que las redadas policiales contra MED TV ocurrieran simultáneamente en Londres, Bruselas, Suecia y Moscú el 18 de septiembre si no hubiera un origen común de las actuaciones y si éste no partiera de las autoridades turcas.
¿No cree el Presidente en ejercicio que todos nuestros esfuerzos por conseguir un alto nivel de libertad civil y de libertad de expresión en la Unión Europea se verán menoscabados si las fuerzas policiales europeas actúan basándose en leyes y prácticas que son aplicables en Turquía o bien en otros Estados que tienen niveles inferiores, y que debería hacerse algún esfuerzo dentro de la Unión para impedir que sucedan cosas de este tipo? De lo contrario, lo que hemos intentado conseguir sobre el tema de los derechos humanos y la libertad de expresión saldrá gravemente menoscabado.

Patijn
Sólo puedo repetir que la actuación de las autoridades judiciales y policiales dentro de sus fronteras son competencia exclusiva de los Estados miembros. El hecho de que en algunos casos los Estados miembros la coordinen internacionalmente me parece totalmente lógico y también es una práctica corriente. El criterio de que aquí han de transgredirse normas de derecho internacional y nacional, ha de cotejarse en primer lugar con el derecho vigente en los países en cuestión, y el individuo tiene plena libertad para examinar la actuación de las administraciones de los Estados miembros a través de la Comisión Europea y del Tribunal Europeo de derechos humanos.

El Presidente
Pregunta nº 5 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0213/97):
Asunto: Cohesión económica y social y paro
¿Puede el Consejo confirmar, en relación con la cohesión económica y social que pueda derivarse de la distribución de los Fondos Estructurales, que se va a seguir dando prioridad a la lucha contra el paro entre los objetivos primordiales que rigen en la aplicación de los Fondos, bajo presidencia holandesa?

Patijn
Al aceptar la normativa relacionada con los fondos estructurales, uno de los objetivos prioritarios del Consejo fue que con estos fondos se luchara contra el desempleo. Y este punto de partida sigue manteniéndose. Así, por ejemplo, en el marco de la lucha contra el desempleo y durante la vigencia del programa, de 1994 a 1999 inclusive, el fondo social contribuye a facilitar el acceso al mercado laboral, a fomentar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, a desarrollar la formación y la cualificación, la aptitud y la competencia profesional, y a fomentar el crecimiento del empleo. Esta ayuda se extiende a los diversos objetivos de la política estructural de la Comunidad Europea y prosigue del mismo modo durante la Presidencia neerlandesa.
Las tareas resultantes vienen ejecutadas por la Comisión, encargada de aplicar la normativa y de gestionar los fondos estructurales en estrecha cooperación con los Estados miembros. En este sentido, quiero señalar nuevamente que, en su comunicación del 24 de marzo de 1996 sobre las medidas estructurales y el empleo, la Comisión hizo saber que tiene el propósito de orientar más las medidas estructurales hacia la creación de empleo, adaptando en diversos puntos la actual programación a la luz de la normativa, a fin de tratar como se merece al aspecto del empleo. Resumiendo, la lucha contra el desempleo es y sigue siendo un objetivo principal de la política estructural de la Comunidad Europea. A fin de cuentas, es esencial que se aborde con energía el desempleo en Europa.

Camisón Asensio
Comprobamos con satisfacción que la preocupación del Consejo bajo la Presidencia holandesa por la situación de desempleo sigue viva, al igual que ocurriera bajo la Presidencia irlandesa.
Sabido es que el paro constituye una de las inquietudes mayores de los ciudadanos europeos, especialmente en algunos países como España, por ejemplo. Por todo ello, debemos hacer votos por que sea una realidad cuanto antes la proliferación de pactos territoriales para el empleo enmarcados en los programas de los Fondos estructurales, incluso con la posibilidad de la participación del propio Banco Europeo de Inversiones. Todo ello llevará hacia el objetivo irrenunciable de una mayor cohesión para reducir las disparidades aún existentes, a pesar de los avances innegables en el desarrollo socioeconómico de las regiones. En todo caso, también es oportuno recordar la conveniencia de mejorar el procedimiento concentrando recursos en las regiones más necesitadas, simplificando los procedimientos y respetando el principio de adicionalidad.

Patijn
El Sr. Camisón habla de los pactos territoriales para el empleo. Es una idea lanzada sobre todo en la comunicación del Presidente de la Comisión Europea, Sr. Santer, conocida con el nombre de «pacto de confianza para el empleo». Era uno de los aspectos de dicho pacto. Sé que estos pactos territoriales para el empleo se están ejecutando en estos momentos, pero son responsabilidad de la Comisión Europea. Por consiguiente, para más detalles tengo que remitirle a la Comisión Europea.

El Presidente
Pregunta nº 6 formulada por Hubert Pirker (H-0218/97):
Asunto: Europol
Europol debería materializarse como instrumento eficaz para la lucha contra la delincuencia organizada de manera extremadamente rápida. Sin embargo, la condición previa para ello es, en particular, su ratificación por parte de los Parlamentos nacionales.
¿Qué medidas tiene la intención de adoptar el Consejo para que estas ratificaciones se lleven a cabo sin demora?
¿Hay ministros que hayan expresado sus reservas contra la realización de Europol? En caso afirmativo, ¿quiénes han sido? ¿Cuáles son sus contraargumentos?

Patijn
A la pregunta de su Señoría, el Sr. Pirker, quiero contestar que los Estados miembros se han comprometido en varias ocasiones, sobre todo durante el Consejo Europeo de Dublín, en diciembre de 1996, a hacer todo lo posible por finalizar el proceso de ratificación del Convenio Europol y del Protocolo del Tribunal de Justicia antes de finales de 1997. Hasta ahora, el Reino Unido es el único Estado miembro que ha ratificado estos textos, en diciembre de 1996. En los demás Estados miembros se han iniciado los procedimientos administrativos y/o parlamentarios. Por supuesto, cada parlamento tiene sus propios procedimientos y métodos de trabajo, por lo cual los plazos pueden variar. No obstante, todos los Estados miembros implicados han confirmado que la fecha prevista es viable. No se han señalado obstáculos importantes para la ratificación. Ello no impedirá que la Presidencia neerlandesa y la siguiente Presidencia luxemburguesa aprovechen cualquier ocasión para recordar las obligaciones suscritas en Dublín a los Estados miembros que todavía no han ratificado el acuerdo, para que este convenio pueda entrar en vigor antes de finales de 1997.

Pirker
Gracias, señor Presidente, por la respuesta. Pero se me plantea en este contexto otra pregunta: todos sabemos que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a la seguridad, es decir, esperan de la Unión que EUROPOL entre en vigor, por fin, plenamente. Cuando usted dice que los Estados miembros quieren hacer la ratificación antes de finales de 1997 ¿cuánto tiempo va a pasar, en opinión de usted, hasta que EUROPOL - se están haciendo los trabajos preliminares- esté en condiciones de funcionar plenamente? En segundo lugar, sabemos que la situación es dramática en los países de origen. Por esta razón, EUROPOL debe tener un gran interés de cooperar con los países de origen del crimen organizado, en especial en el este. ¿Existe por parte del Consejo intención de prever medidas en relación con EUROPOL para que se ponga en marcha una cooperación entre EUROPOL y los estados del este?

Patijn
Soy relativamente optimista en cuanto a la posibilidad de que Europol empiece a funcionar poco después de la entrada en vigor del convenio, porque un precursor de Europol, la EDU, la European Drugsunit , ya es operativa. Quisiera invitar a su Señoría y a todos ustedes en general a que visiten La Haya, donde el precursor de Europol ya funciona de hecho organizativa e institucionalmente y para probar las prácticas de cooperación, aunque sobre la base de un mandato provisional que todavía ha de ratificarse. La verdadera ampliación de Europol no tendrá lugar hasta después de la ratificación y la entrada en vigor del convenio. Y ahora su pregunta sobre la capacidad de Europol para iniciar rápidamente la cooperación con terceros países o en general la posibilidad de hacerlo. Tengo que esbozar brevemente la situación jurídica existente. Pienso que en estos momentos las competencias de la Unión Europea para cooperar en el tercer pilar con terceros países son limitadas, porque es preciso hacerlo a través de un tratado internacional, a través de la construcción intergubernamental del tercer pilar, y, a su vez, este tipo de tratados han de ratificarse. Es una vía complicada. Quiero referirme brevemente a la Conferencia Intergubernamental, donde este tema se plantea. Se discute hasta qué punto es posible reforzar la base jurídica para entablar relaciones de cooperación con terceros países. Si me lo permiten, no hablaré de los progresos de la negociación. Por lo demás, existe una posibilidad muy práctica de entablar relaciones prácticas de cooperación con terceros países, partiendo de la unidad provisional de La Haya, por supuesto bajo la supervisión del Consejo de ministros de Justicia y más tarde, cuando entre en vigor el convenio, dentro de los límites que se fijan en el convenio sobre Europol.

Newens
Señor Presidente, si se está pensando en la cooperación con terceros países, ¿podría ponerse a Europol, que, por supuesto, reviste un inmenso valor en la lucha contra la delincuencia, la condición de que no actúe contra individuos basándose en la sospecha de que hayan cometido actos que no constituyen delito en la Unión Europea pero que sí pueden serlo en terceros países que no reconocen las libertades civiles y la libertad de expresión del mismo modo que las reconocemos en la Unión Europea? Espero, por ejemplo, que no se cuente con que Europol coopere en una redada como la de MED TV, de la que hablé antes.

Patijn
En el convenio para la creación de Europol no se prevé atribuir competencias operativas a funcionarios o instituciones de Europol. En caso de que en un determinado Estado miembro se inicie una investigación criminal, esta será siempre responsabilidad del gobierno de ese país, y la llevarán a cabo los funcionarios encargados de la investigación en el país en cuestión. Los funcionarios de Europol no asumirán nunca la responsabilidad política ni la responsabilidad de la investigación criminal en este tipo de acciones.

El Presidente
Pregunta nº 7 formulada por Ursula Stenzel (H-0219/97):
Asunto: Polonia
Tras la adhesión de Polonia serán necesarios períodos de transición en algunos ámbitos, como, por ejemplo, la libre circulación de personas.
¿Cuánto va durar el período de transición para la libre circulación de personas tras la adhesión de Polonia?

Patijn
En la pregunta de la Sra. Stenzel se hace referencia a los posibles resultados de las negociaciones de adhesión con Polonia, pero estas ni siquiera han empezado y, en esta fase, el Consejo no ha tomado ninguna decisión operativa al respecto. En relación con la futura ampliación de la Unión con los países asociados de la Europa Central y Oriental, entre otros Polonia, sólo se puede remitir al Consejo Europeo de Dublín que confirmó el calendario establecido en Madrid para el proceso de ampliación. Justo después de que finalice la Conferencia Intergubernamental, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Europeo sus dictámenes en relación con cada país por separado y un documento general sobre la ampliación. Este procedimiento garantiza que todos los países candidatos a la adhesión recibirán un trato igual. Además, la Comisión presentará una evaluación de las consecuencias de la ampliación para la política comunitaria, así como una comunicación sobre el futuro marco financiero de la Unión Europea desde el 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la ampliación. Una de las anteriores preguntas guardaba relación con ello de forma específica. Después del cierre de la Conferencia Intergubernamental y a la luz de sus resultados, así como sobre la base de los dictámenes e informes de la Comisión, que he mencionado antes, el Consejo tomará cuanto antes las decisiones necesarias para iniciar las negociaciones de adhesión.

Stenzel
Señor Patijn, le doy las gracias por esta respuesta que ha reproducido sustancialmente el calendario que todos conocemos para las negociaciones de adhesión y para el comienzo en igualdad de derechos de tales negociaciones de adhesión. A pesar de todo, la cuestión de principios: ¿Se está pensando en el Consejo cómo se puede evitar que por la entrada en vigor de las reglas del mercado interior se produzca en los candidatos a la adhesión una emigración de la mano de obra barata a los países de salarios altos? ¿Hay criterios acerca de cómo se puede evitar esto, para que la mano de obra permanezca en los países y obtengan en ellos oportunidades de trabajo?.

Patijn
La Sra. Stenzel insiste en que especulemos sobre el mandato de negociación de la Comisión Europea en las negociaciones de adhesión. Podría despachar su pregunta diciendo: no nos anticipemos a ello, pero entonces nos quedaríamos insatisfechos. Tiene usted que considerar el proceso del siguiente modo y también tener en cuenta el factor tiempo. Supongo que las negociaciones, cuando se inicien, durarán algunos años. Le recuerdo que las negociaciones con España y Portugal duraron siete años. Quizás sean menos en el caso de los países de la Europa Oriental, pero indica un calendario, y después tenemos aún el proceso de ratificación, y antes de que llegue la adhesión real de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea estaremos en el siglo que viene. Desde el punto de vista del contenido, me parece molesto tener que pronunciarme ahora, en 1997, al margen de los argumentos formales de que todos los mandatos de adhesión aún han de discutirse, sobre cómo será el régimen en el año 2002, 2003 ó 2004. Mientras tanto, el desarrollo jurídico en Europa en la cuestión del funcionamiento del mercado interior y del funcionamiento del mercado laboral está en continuo movimiento. Al otro lado, los países candidatos se preparan sin cesar para la adhesión al mercado interior, incluidos los aspectos relacionados con la libre circulación de trabajadores. Por tanto, se trata de un proceso dinámico bipartito. Considero que su pregunta es totalmente prematura. Quisiera asimismo desaconsejarle que especule sobre cuál será la situación del mercado laboral en Europa Oriental y en Europa Occidental en el año 2002, 2003, 2004, qué regímenes específicos exigirá, si exigirá medidas de transición o derogaciones en las condiciones de adhesión. Pienso que no favorece a ningún interés, ni siquiera a un interés político, anticiparse a dos, tres, cuatro elecciones en estas cuestiones. Esto es lo que quisiera decir al respecto.

El Presidente
Pregunta nº 8 formulada por Hugh McMahon (H-0220/97):
Asunto: Medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros
¿Podría dar detalles la Presidencia neerlandesa sobre el texto de compromiso en relación con las medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros que presentará en la reunión del Consejo de Ministros de Pesca del mes de abril?

Patijn
En respuesta a la pregunta del Sr. McMahon sobre las medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros, quiero recalcar que la Presidencia neerlandesa lo considera especialmente importante. La Presidencia irlandesa presentó un texto de compromiso durante la sesión del Consejo del pasado diciembre. El Consejo indicó entonces que consideraba que la propuesta era un buen paso adelante, aunque consideraba que quedaban por resolver una serie de problemas. En estos momentos, la Presidencia está trabajando intensamente en ello, pero dados los aspectos sumamente técnicos de esta materia, la Presidencia neerlandesa no tiene previsto incluir este punto en el orden del día del Consejo de Pesca de los próximos 14 y 15 de abril. Esto no quita que la Presidencia no escatimará esfuerzos para lograr progresos cuanto antes en la discusión de esta propuesta, para poder aprobarla antes de finales de junio del presente año. Por lo tanto, esperemos que sea todavía durante la Presidencia neerlandesa.

McMahon
Me gustaría dar las gracias a la Presidencia neerlandesa. Ésta es la primera vez que hemos tenido confirmación oficial de que no habrá conversaciones, ni acuerdo, sobre la cuestión de las medidas técnicas. Es bastante de lamentar que el Parlamento haya estado avanzando con el informe Adam y haya celebrado reuniones de emergencia el mismo lunes de esta semana, al habérsele dicho que atenerse a una fecha tope del Consejo. Sin embargo, una vez más, las presidencias, sobre todo la neerlandesa, han tratado al Parlamento con una actitud bastante desdeñosa. Si la intención en todo momento -quizá guardando cierta relación con las elecciones del Reino Unido- era no incluirlo en el orden del día, entonces me siento decepcionado.
¿Podría confirmar la Presidencia neerlandesa que lo que pueda pasar en las elecciones del Reino Unido no ha motivado que retire este punto del orden del día de la reunión de la semana que viene?

Patijn
No puedo confirmarlo, lo único que sé es que es imposible ultimar este expediente en el Consejo de Pesca de abril.

El Presidente
Pregunta nº 9 formulada por Richard Howitt (H-0223/97):
Asunto: Cláusula de no discriminación en el Tratado de la Unión Europea en favor de las personas con discapacidades
¿Es cierto que, de acuerdo con el informe jurídico de que dispone el Consejo, el nuevo artículo 6a del TUE en la redacción propuesta por la Presidencia irlandesa en Dublín garantizaría, en caso de que se aprobara en el Consejo de Amsterdam, que, en el futuro, todas las Dirección Generales de la Comisión tendrían que tener en cuenta y consultar con respecto a la igualdad de oportunidades de los minusválidos al elaborar todos los proyectos legislativos y programas comunitarios? ¿Opina el Consejo que una cláusula de estas características permitiría simplemente acciones separadas acordadas por los Estados miembros para prohibir este tipo de discriminación a nivel europeo? ¿Se menciona en dicho informe jurídico el hecho de que el nuevo artículo 6a, en la redacción propuesta, no serviría o podría no servir de fundamento jurídico para un futuro programa de la UE sobre las discapacidades, como sucesor del anterior programa Helios?

Patijn
En respuesta a la pregunta de su Señoría, Sr. Howitt, quiero señalar nuevamente que el Consejo no es quién para pronunciarse sobre las actividades y los progresos de la Conferencia Intergubernamental. Es un asunto de los Estados miembros, y no se puede responsabilizar de ello al Consejo como tal. Quiero hacer hincapié en que según las disposiciones del artículo N del Tratado, los representantes de los Estados miembros, de común acuerdo, fijan las modificaciones que hay que incorporar al Tratado. Su Señoría comprenderá que como Presidente del Consejo me es imposible pronunciarme en ningún sentido sobre las propuestas que hace en su pregunta. Esto no quita que el Consejo está convencido de que es preciso hacer todo lo posible para ayudar a las personas minusválidas y permitirles integrarse plenamente en la sociedad y participar activamente en la vida económica y social. Sin embargo, hay que tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Sobre esta base hay que juzgar qué hay que emprender a nivel nacional y cuál es el valor añadido necesario de una acción a nivel de la Unión.

Howitt
Aunque doy las gracias al Sr. Patijn por esa respuesta, uno se pregunta sobre su compromiso de ayudar a que la CIG sea un proceso abierto y transparente. ¿Cómo pueden las numerosas personas y entidades a quienes les interesan los resultados de la Conferencia examinar los temas que rodean el proyecto de tratado y asesorar al Parlamento y a los gobiernos nacionales si el Consejo ha levantado este muro de silencio? En este Parlamento, ya estemos tratando de la directiva sobre autobuses y autocares, de la directiva sobre ascensores o de todo lo relativo a la sociedad de la información, tenemos que luchar de continuo para conseguir que la Comisión tenga en cuenta los intereses de las personas con discapacidades y las consulte al comenzar el proceso legislativo.
Porque de presentarse los gobiernos con un proyecto de Tratado -por muy loable que sea, y por mucho que lo apoyemos en este Parlamento en lo que respecta a las medidas de no discriminación en favor de los dicapacitados- que no cubra todas las áreas de legislación europea, estarían desatendiendo las peticiones de 37 millones de ciudadanos europeos con discapacidades. Cuando el Sr. Patijn se reúna con los representantes del Foro Europeo de Discapacitados, como lo hará la próxima semana, ¿va a darles una respuesta más sincera y mantener una conversación más abierta de la que hemos podido mantener en este Parlamento esta noche?

Patijn
Puedo confirmar que mantengo contactos regulares con representantes de diversas organizaciones sociales que tienen interés en el desarrollo de las negociaciones de la CIG. Confirmo en efecto que he mantenido una reunión con representantes de organizaciones de minusválidos. En este tipo de conversaciones, que son informales, recabo información con regularidad sobre el estado de las negociaciones y las posibilidades de llevar a buen término las negociaciones. Pero lo hago enteramente en calidad de representante neerlandés en la CIG. No puedo hacerlo como presidente del Consejo. Por supuesto, puedo aprovechar mi situación privilegiada con respecto a la información de fondo, pero al mantener estos tipos de encuentros, lo hago en principio como representante del Reino de los Países Bajos.

El Presidente
Pregunta nº 10 formulada por Alfred Lomas (H-0226/97):
Asunto: Interferencia de un miembro de la Comisión Europea en las elecciones británicas
En el período previo a las elecciones generales del Reino Unido, según la prensa británica el Sr. Leon Brittan, miembro de la Comisión Europea, criticó al Partido Laborista por haber suprimido el debate sobre Europa. Dejó patente su disconformidad con los políticos que en general critican a la Comunidad Europea y argumentó que esta actitud hundirá a Gran Bretaña. ¿Aprueba el Consejo de Ministros que sus funcionarios interfieran de este modo en las elecciones de un país?

Patijn
En respuesta a esta pregunta del Sr. Lomas he de recalcar, tal y como han hecho mis antecesores y yo mismo en casos parecidos, que el Consejo no puede determinar una postura o expresar un juicio en relación con las declaraciones hechas fuera del marco formal de sus sesiones, sobre todo cuando son realizadas por personas que no pertenecen al Consejo. Creo que este es el caso con los hechos que saca a relucir el Sr. Lomas en su pregunta.

Lomas
Estas declaraciones están ampliamente recogidas en la prensa. Ni siquiera a los funcionarios de la administración nacional y local del Reino Unido se les permite hacer electoralismo como están haciendo los comisarios. ¿No cree usted que algunos de ellos -no todos- tienen muchos humos?. Jacques Santer censuró hace poco a los gobiernos de los Estados miembros que tenían dudas que aclarar sobre el calendario de la moneda única. Estos funcionarios deberían seguir con su propio trabajo y dejar las declaraciones políticas al Consejo de Ministros electo. ¿No está de acuerdo el Consejo?

Patijn
En las preguntas del Sr. Lomas noto cierta irritación, pero quizás pueda eliminar en gran medida esa irritación indicándole que los miembros de la Comisión Europea no son considerados en ningún caso funcionarios. Remito a su Señoría al artículo del Tratado de la CEE, que sin duda se sabrá de memoria, concretamente el artículo 157, que dice lo siguiente: »Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad. En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo.» Por consiguiente, se refiere usted a declaraciones políticas de personas que son totalmente independientes. Quizás esto le tranquilice.

El Presidente
Pregunta nº 11 formulada por David Morris (H-0229/97):
Asunto: Clenbuterol
En lo relativo a la utilización ilegal del Clenbuterol, un compuesto sintético de la familia de los esteroides que incrementa el peso de los animales y cuya manipulación es extremadamente peligrosa y muy tóxica para los seres humanos, ¿está de acuerdo el Consejo en que es necesario poner fin a esta práctica y en que los proveedores ilegales de la droga deben ser detenidos y llevados a juicio?
¿Por qué motivo el Gobierno holandés no ha respondido positivamente a la solicitud del Fiscal General de los Estados Unidos Sr. Schneider de extradición de Gerard Hoogendik para que éste sea juzgado por nueve delitos federales por contrabando y distribución de drogas adulteradas de crecimiento animal?

Patijn
A la pregunta del Sr. Morris sobre los peligros del uso del clenbuterol en el engorde de los animales destinados al consumo humano puedo contestar que el Consejo es muy consciente de la necesidad de combatir con vigor el uso ilegal de sustancias de efecto anabolizante en la ganadería, sobre todo con miras a la protección del consumidor. Con este objetivo, el 29 de abril de 1996, el Consejo aprobó la directiva 96/22/CEE para hacer más estrictas las medidas adoptadas en 1981 y 1988 y para ocuparse de una mejor aplicación de dichas medidas. Asimismo se aprobó la directiva 96/23 sobre medidas de control para la ejecución de dicha política más estricta. Con ello se prohíbe legalmente el uso de clenbuterol en la Comunidad salvo para el tratamiento terapéutico de terneras durante el parto, y de ganado équido criado con otros fines que no sean la producción de carne. Por consiguiente, se permite cierto uso, pero nunca para animales destinados al consumo humano.
En lo que respecta a la segunda pregunta, el Consejo no es competente en el caso al que se refiere su Señoría, sino las respectivas instituciones jurídicas nacionales. El Consejo tampoco es quién para hacer declaraciones al respecto.

Morris
El Presidente en ejercicio nos ha dicho que no es asunto suyo intervenir en lo que un Estado miembro haga o deje de hacer para garantizar que sean procesadas las personas sospechosas de traficar con drogas de crecimiento ilegales. ¡Por eso he hecho la pregunta! La pregunta debiera ser: ¿que ha hecho el Consejo -que es un Consejo neerlandés- para convencer al Gobierno de su propio país de que extradite a Estados Unidos a Gerard Hoogendik por delitos de los que se le ha culpado, a saber, que ha estado introduciendo de contrabando y distribuyendo drogas adulteradas en Estados Unidos? ¿No pudiera haber, de hecho, alguna sospecha de que se haya estado dedicando al mismo tipo de actividad dentro de la UE? Si queremos tener éxito en controlar la distribución de drogas ilegales y la amenaza que representan para nuestra alimentación, entonces habrá que procesar a los responsables y, en este caso, conceder la extradición para que el Gobierno de Estados Unidos puede llevar a juicio a este señor.

Patijn
 En caso de que un súbdito holandés en otro país sea sospechoso de cometer actos delictivos que justifican su extradición, el Gobierno neerlandés, en su caso examinado por un juez neerlandés, reaccionará si se presenta una petición de extradición oficial. Sin embargo, esto no es un asunto de las instituciones de la Unión Europea, y como Presidente del Consejo no puedo responderle. Lo dejaré así.

El Presidente
Pregunta nº 12 formulada por Roberto Speciale (H-0231/97):
Asunto: Situación de la infancia en Rumania
Considerando la grave situación de la infancia en Rumania, documentada incluso por la prensa internacional, donde muchos niños viven por debajo del umbral de pobreza y, en número cada vez mayor, transcurren su existencia en la calle; considerando asimismo la Resolución del Parlamento Europeo de 12.12.1996 sobre Rumania;
¿Qué iniciativas ha emprendido el Consejo para inducir al Gobierno rumano a respetar los compromisos contraídos para mejorar la situación de la infancia y para adoptar, junto con la Comisión, los Estados miembros y el Gobierno rumano, un programa de protección de la infancia y un programa específico para los niños de la calle en las principales ciudades del país?

Patijn
El Sr. Speciale aborda una cuestión importante. El Consejo comparte las preocupaciones de su Señoría sobre la difícil situación de los niños en Rumania. Por lo general quiero señalar que Rumania ha iniciado la ejecución de un extenso programa de reformas a fin de mejorar la situación económica. El Consejo apoya este programa, pero al mismo tiempo ha dejado claro a las autoridades rumanas que es preciso incluir medidas sociales para proteger a los sectores y grupos más vulnerables de la sociedad. En este sentido, la Comisión, en cooperación con el Gobierno rumano y las organizaciones no gubernamentales, apoya un amplio programa orientado a mejorar la situación de los niños en este país. Se trata de numerosos proyectos, que por cierto se centran en los huérfanos. Por otra parte, la Comunidad lleva tiempo otorgando este apoyo, a saber, desde principios de la década de los noventa. En total hay implicadas varias decenas de millones de ecus. Los esfuerzos más recientes de la Comunidad se centran en la mejora, en cooperación con el Gobierno rumano, de la política de protección infantil. Para ello se ha presupuestado un importe de 12 millones de ecus. Una parte procede del programa indicativo PHARE 1996-1999 para Rumania. Además, la Comisión ha llegado a un acuerdo con el Gobierno rumano sobre el gasto de un importe de unos 3, 5 millardos de lei, cerca de un millón de ecus, procedente de los fondos de contrapartida que en el marco del programa de reforma económica pueden generarse para la protección de la juventud rumana.

Speciale
Señor Presidente, le agradezco su respuesta y la sensibilidad que demuestra el Consejo. Como usted sabe, esta cuestión es muy sensible. Se realizaron reportajes televisivos que documentaron de forma inequívoca una situación gravísima. Por otra parte, en algunos Estados miembros se están llevando a cabo investigaciones judiciales de odiosos delitos que al parecer tuvieron conexiones precisamente en Rumania. En consecuencia, considero que es urgente intervenir y que es importante que el Consejo y la Comisión, junto con el Gobierno rumano, hagan todo lo que esté en su mano a fin de lograr cuanto antes soluciones concretas. Me pregunto cómo puede existir una situación de este tipo en el corazón de Europa y desconozco si el Consejo ofreció una respuesta a esta pregunta.
Señor Presidente del Consejo, le pregunto lo siguiente: ¿Éste programa para la infancia ya es operativo? ¿Se está organizando en concreto? ¿Han habido mejoras? En definitiva, ésta es la pregunta que le planteo.

Patijn
Me remito a mi primera respuesta. Este programa existe desde hace tiempo. Desde 1990, he contestado, hay acciones de la Comunidad Europea, concretamente bajo la responsabilidad de la Comisión, centradas en la mejora del destino de los niños en Rumania y estos se han intensificado recientemente. Para los detalles de estos programas quisiera pedirle al Sr. Speciale que se dirija a la Comisión Europea. Por lo demás, en general quiero compartir la gran preocupación que quiere expresar al formularme esta pregunta. Todos sabemos que algunos países de la Europa Oriental atraviesan una profunda crisis política y social a raíz de la transición de una economía dirigida dictatorialmente a una economía democrática orientada al mercado. Esto tiene grandes efectos sociales secundarios, por lo que sobre todo los grupos socialmente vulnerables tienen muchas dificultades y pienso que nos interesa muchísimo que no sólo las instituciones de la Comunidad Europea, sino sobre todo los Estados miembros, y quiero mencionar expresamente la iniciativa de las organizaciones no gubernamentales, que por lo menos en mi país trabajan activamente, puedan desempeñar un papel importante para ocuparse de los casos más agudos.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 13 caduca.
Pregunta nº 14 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0235/97):
Asunto: La Unión Europea como una agrupación de Estados libres e independientes
De acuerdo con representantes del Gobierno sueco, la UE es una organización compuesta por Estados libres e independientes. Asimismo, el fallo del Tribunal Constitucional alemán de 12 de octubre de 1993 respalda también este punto de vista, haciendo hincapié en que las naciones de la UE son las «dueñas del Tratado». Esta circunstancia no se corresponde con diversas decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativas al carácter prioritario de la legislación comunitaria sobre el Derecho nacional e, incluso, sobre las constituciones nacionales. Estas discrepancias han suscitado una diversidad de opiniones acerca del carácter de la Unión. La Conferencia Intergubernamental ofrece la posibilidad de esclarecer esta cuestión mediante una definición clara del carácter de la Unión Europea como una agrupación de Estados libres e independientes en el que las constituciones nacionales prevalezcan sobre la legislación y las normativas de la UE. Esta cuestión reviste una especial importancia de cara a la próxima ampliación de la Unión.
¿Está dispuesto el Consejo a presentar en el marco de la Conferencia Intergubernamental propuestas encaminadas a definir con claridad el carácter de la UE como una agrupación de Estados libres e independientes?

Patijn
En respuesta a la pregunta del Sr. Sjöstedt quiero recalcar de forma más general que estoy plenamente de acuerdo en que la Unión Europea está formada por un conjunto solidario de Estados independientes. Se trata en efecto de Estados libres e independientes que por propia voluntad han contribuido a la elaboración de Tratados para crear las Comunidades Europeas. Desde esa misma libertad, se han comprometido a respetar las disposiciones de estos Tratados y a cooperar en su ejecución. Como Presidente en ejercicio del Consejo quiero recalcar una vez más que el Consejo y sus miembros tienen mucho apego a este fundamento comunitario, así como a la legislación aprobada en virtud del Tratado y que solemos denominar acervo comunitario. Como Presidente del Consejo, y por razones conocidas, no puedo acceder a la petición específica de su Señoría de incluir en el nuevo Tratado las disposiciones que tanto le importan. A fin y al cabo, el Consejo no participa como tal en la Conferencia Intergubernamental, y es tarea de los gobiernos y de la Comisión presentar propuestas que puedan ser tratadas en la Conferencia Intergubernamental.

Sjöstedt
Agradezco su respuesta a la Presidencia neerlandesa. Me ha parecido algo modesta. Es seguro que su Señoría tiene unos conocimientos y una influencia considerable sobre los trabajos que se desarrollan en el curso de la Conferencia Intergubernamental.
Opino que es importante clarificar la jerarquía jurídica entre las constituciones nacionales y la legislación comunitaria. En realidad existe una práctica desarrollada a lo largo de muchos años en el Tribunal de la UE, al tiempo que una serie de países miembros no han modificado sus constituciones de conformidad con esta práctica. Esto lo demuestran casos jurídicos reales, por ejemplo en Dinamarca, precisamente sobre la posición de su constitución con respecto a la legislación comunitaria. Pienso que por razones democráticas es muy correcto que se clarifique la jerarquía jurídica existente entre las constituciones nacionales y la normativa comunitaria. Mi opinión personal es que dichas constituciones están por encima del Derecho de la UE.

Patijn
Si la traducción es correcta, tengo la impresión de que el Sr. Sjöstedt cree que las constituciones nacionales son más importantes que el derecho comunitario. Personalmente no opino lo mismo. En el sistema constitucional de los Países Bajos, el derecho comunitario, promulgado conforme a los procedimientos del Tratado de Roma, está por encima del derecho nacional, incluso por encima de la constitución nacional, y son los jueces quienes han de decidir qué tiene prioridad en caso de producirse un conflicto de sistemas jurídicos. Afortunadamente, por lo menos ahora no se me ocurre ningún caso, no ha sucedido nunca que un juez supremo de un Estado miembro haya prohibido a los gobiernos o a los ciudadanos de este Estado miembro vivir de acuerdo con las reglas del derecho comunitario. Mi convencimiento personal, y creo poder apoyarme en una jurisprudencia muy extensa, aunque en tal caso ya no actúo como Presidente del Consejo -pero el Presidente acaba de decir que de vez en cuando puedo decir algo en el Parlamento sin que sea borrado de inmediato del Acta-, mi opinión personal es por tanto que si, en un conflicto de sistemas jurídicos, el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo dicta la sentencia clara de que el derecho comunitario prevalece sobre los ordenamientos jurídicos nacionales, esta es la última palabra. Si este no fuera el caso, avanzaríamos por un terreno muy resbaladizo hacia la desintegración jurídica de las Comunidades Europeas. Quisiera pedirle a su Señoría que reflexionara sobre esta cuestión en relación con mi convicción personal.

El Presidente
Pregunta nº 15 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0237/97):
Asunto: Organización común del mercado del plátano
A la vista de las conclusiones del panel de la Organización Mundial de Comercio sobre la organización común de mercados del plátano, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para proteger a los productores comunitarios?

Patijn
Señor Presidente, en respuesta a las preguntas del Sr. Medina puedo decir que el Consejo se ha enterado al igual que usted, aunque principalmente a través de los medios de comunicación, del informe interino del panel del plátano sobre las reglas que aplica la Unión Europea a la importación de plátanos. En estos momentos, el Consejo no puede comunicar qué estatuto tiene este texto. Sea como fuere, la calificación de «informe interino» que los redactores han dado a este documento indica que se trata de una versión provisional que aún puede modificarse antes de pasar a la redacción del documento definitivo. Por consiguiente, hay que constatar que hasta hoy, dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), no se han sacado conclusiones formales definitivas que pudieran chocar con las actuales reglas comunitarias para el plátano. Además, el procedimiento todavía no ha concluido. En cuanto se conozcan las conclusiones del panel de la OMC, el Consejo las analizará con miras a las posibles consecuencias para la Comunidad. El Consejo recuerda además que, ya en 1995, la Comisión presentó una propuesta con la que se pretendía adaptar la ordenación del mercado comunitario existente, y que sobre todo en espera de los resultados del procedimiento de la OMC, el Consejo todavía no ha podido tomar una decisión al respecto.

Medina Ortega
Señor Presidente del Consejo, yo agradezco su respuesta pero le llamo la atención sobre el hecho de que nuestra experiencia demuestra que, cuando se plantea una cuestión, si no se ha planteado en su momento, desde el Consejo o desde la Comisión se dice no se planteó en su momento.
Yo creo que, en este momento, uno de los secretos menos guardados es que existe un documento del grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio sobre el banano que prácticamente destruye los cimientos de la Organización Mundial de Comercio. Y lo más grave de ese tema es que la base principal para la actuación de ese grupo de expertos es la solicitud de un gobierno que no produce plátanos, que es el Gobierno de los Estados Unidos. Y ese Gobierno de los Estados Unidos no ha aceptado la jurisdicción de ningún grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio para discutir del tema de la ley Helms-Burton.
Los que hemos practicado el Derecho sabemos que el Derecho se encuentra en los intersticios del procedimiento. Y en la práctica de la negociación comercial lo corriente es la retorsión por lo que ¿podría considerar el Consejo una posible retorsión contra el Gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que si no acepta la jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio respecto de la ley Helms-Burton, la Comunidad no aceptará la jurisdicción de esa misma organización en el tema del plátano?

Patijn
No entraré en la última sugerencia del Sr. Medina, pues si en el arreglo internacional de disputas lo relacionamos todo entre sí, no nos aclararemos nunca. Es lo único que sé con seguridad. En esta cuestión quisiera defender que se aplique al pie de la letra el procedimiento que se aplica en los paneles de la OMC, porque quizás hacemos problemas donde no los hay. Se trata de un informe interino que en principio era confidencial, que se presentó a las partes y que se ha filtrado. Pero las partes todavía pueden hacer comentarios al informe, tras lo cual el panel, eventualmente sobre la base del comentario, modifica el informe, y el procedimiento de arreglo de disputas de la OMC ofrece además la posibilidad de recurrir después de que uno de estos paneles haya dictaminado. Por lo tanto, considero que es prematuro pensar ya en iniciar, bien a través de la Comisión, bien del Consejo, acciones jurídicas directas respecto a la sentencia, y menos aún pensar en términos de represalias o de guerra comercial.

El Presidente
Pregunta nº 16 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0239/97):
Asunto: Participación de Libia en la II Conferencia Euromediterránea de Malta
Teniendo en cuenta la voluntad del Parlamento Europeo, reiterada en diferentes resoluciones, ¿se abrirá la posibilidad de que Libia participe en la II Conferencia Euromediterránea que tendrá lugar los días 15 y 16 de abril en Malta?

Patijn
La Unión Europea mantiene su punto de vista de que Libia no puede esperar mantener relaciones normales con otros Estados y desempeñar un papel completo en los foros internacionales, incluido el proceso de Barcelona, mientras no haya cumplido todas sus obligaciones en virtud de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dado que por ahora Libia no ha cumplido sus obligaciones, no puede participar de ningún modo en la segunda Conferencia Euromediterránea ministerial.

Izquierdo Rojo
Lamento que el Consejo no haya atendido la demanda que el Parlamento Europeo le ha hecho en este sentido reiteradamente. La respuesta del Consejo nos defrauda, y una vez más tengo que lamentar que falta autonomía y audacia en las decisiones del Consejo de Ministros.
Porque se pide por parte del Parlamento que se abran perspectivas de participación de un país, que es un país mediterráneo, en la política euromediterránea. Tengo que decir que este país, Libia, como miembro del gran Magreb árabe, forma parte de la Delegación del Magreb del Parlamento Europeo, y viene trabajando indirectamente en la política euromediterránea aquí en este mismo edificio de Estrasburgo, donde se ha celebrado más de una reunión.
Creo sinceramente que esta respuesta defrauda y le pido al Consejo de Ministros que desde hoy hasta los días 15 y 16 de abril, que son las fechas previstas para la reunión de La Valetta, la segunda reunión euromediterránea, abra estas perspectivas. La Unión Europea a veces es muy imaginativa y da respuestas de suma ambigüedad para ofrecer unas buenas perspectivas de colaboración a este país que, en el futuro, puede llegar a ser muy importante en la colaboración euromediterránea.

Patijn
He de recordar las resoluciones 731, 748 y 883 del Consejo de Seguridad a la Sra. Izquierdo Rojo, quien sin duda debe de guardarlas debajo de la almohada, ya que tanto se compadece de Libia. Se trata en este caso de la sospecha que se deduce de las resoluciones del Consejo de Seguridad de que el Estado ha patrocinado el terrorismo. Y el órgano supremo de la comunidad de naciones ha sentenciado que las autoridades libias han de esforzarse por eliminar esta sospecha. Mientras no lo hagan, pienso que hay razón suficiente para que el Consejo actúe como lo hace. Si he de hablar de decepciones, hablaré de mi decepción acerca del gobierno libio, que no coopera para eliminar esta grave sospecha.

El Presidente
Pregunta nº 17 formulada por Gerard Collins (H-0245/97):
Asunto: Fondos estructurales europeos después de 1999
¿Ha habido algún debate en el seno del Consejo de Ministros sobre el funcionamiento de los Fondos estructurales europeos después de 1999 y, en particular, piensa el Consejo remitir a la Comisión algunas orientaciones que indiquen las prioridades políticas, especialmente en relación con los niveles de desempleo, para que las tenga en cuenta al elaborar las propuestas para determinar los requisitos de opción al Objetivo 1 después de dicho año?

Patijn
En este momento no se debate la política estructural de la Unión Europea después de 1999. Además, no puedo ofrecer la información solicitada por su Señoría. Le recuerdo que el Consejo Europeo de Madrid -y ya hemos hablado de ello- pidió a la Comisión que hiciera cuanto antes un análisis profundo del sistema de financiación de la Unión Europea, a fin de presentar, justo después del cierre de la Conferencia Intergubernamental, una comunicación sobre el futuro marco financiero de la Unión a partir del 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación. Por tanto, propongo que no nos anticipemos a los hechos y que primero nos concentremos en la conclusión de la Conferencia Intergubernamental. Después, el Consejo podrá tomar buena nota de la mencionada comunicación de la Comisión, que a continuación formará la base para posteriores conversaciones, entre otras cosas sobre el futuro de la política estructural de la UE después de 1999.

Collins Gerard
Mi agradecimiento al Sr. Patijn por su respuesta. Acepto todo lo que ha dicho y comprendo las razones por las que lo ha dicho. Yo quisiera decirle por mi parte que hace falta una marcada orientación política del Consejo de Ministros a la Comisión, teniendo presente que en la Unión Europea hay un desempleo del orden de los 20 millones de personas, que sin duda debe figurar como la prioridad política número uno de la Unión, la cual deberá ser objeto de una planificación para el período posterior a 1999. Es un tema que debe abordarse con urgencia, sobre todo para que, como todos desearíamos, la Unión Europea pueda solucionar este problema que afecta a los ciudadanos de la Unión y pueda así recuperar la necesaria credibilidad a los ojos de los ciudadanos de los Estados miembros.

Patijn
Doy las gracias al Sr. Collins por su comprensión por el hecho de que el Consejo no pueda decir gran cosa sobre la política estructural después de 1999. El Consejo comparte su opinión de que toda la cuestión del desarrollo del empleo en la Unión Europea requiere la máxima atención, incluso a nivel de la Unión. Esta atención está presente y con ello no quisiera esperar hasta después de 1999. Pienso que sobre la base de la política que se ha desarrollado desde el Consejo Europeo en Essen, tenemos la posibilidad de dar toda la relevancia posible a la política estructural actual, en cuyo marco hay disponibles decenas de millardos de ecus para los próximos años. Ya se ha mencionado la cuestión de los pactos territoriales. Pienso que se trata de asuntos que ya podemos abordar. No tenemos que anticiparnos al muy importante debate de cómo vamos a regular el próximo siglo las relaciones financieras mutuas a la luz de la ampliación.

Wibe
Tengo una pregunta muy especial y concreta que hacerle al Consejo. Con respecto a la financiación de los Fondos Estructurales o de cualquier otra contribución a la Unión, he criticado durante mucho tiempo el hecho de que la contribución en concepto de PNB se base exclusivamente en el PNB sin ajustar esta cifra al nivel adquisitivo de la sociedad. Los cálculos que he realizado en este sentido demuestran que si se llevase a cabo este ajuste natural de tener en cuenta el nivel adquisitivo de los países, esto nos llevaría a unos cambios palpables.
Entiendo la dificultad de llevar adelante esta propuesta ante la Comisión, pero le pregunto al Consejo: ¿No existe la posibilidad de que el Consejo llevase adelante la idea de introducir también la parte proporcional del poder adquisitivo para el sector de los gastos de los Fondos Estructurales de modo que, por así decirlo, se ajustara el producto nacional bruto a esta proporción?

Patijn
No estoy seguro da haber entendido bien la pregunta de su Señoría. ¿Comprendo bien que aboga por tomar como punto de partida para la cuota o los pagos a la Unión Europea las paridades de poder adquisitivo reales en lugar del producto nacional bruto? Quiero comunicarle que la financiación de los gastos de las Comunidades Europeas está fijada en el Tratado. Se trata en primer lugar de los derechos de importación, en segundo lugar de los impuestos agrícolas y en tercer lugar de la clave del IVA. El producto nacional bruto sólo se aplica a la parte que queda. Esto está estipulado en el Tratado. Como representante neerlandés en la Conferencia Intergubernamental no conozco ninguna propuesta, tampoco del Gobierno sueco, para modificarlo. Puedo confirmarle que en este momento no se toma en consideración un desarrollo de la política tal como lo sugiere usted.

El Presidente
Señorías, después de agradecer a la Presidencia del Consejo su presencia y el alto valor de sus respuestas, les comunico que, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas n 18 a 29 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.10 horas, se reanuda a las 21.00 h.)

Calidad de la gasolina y del gasóleo - Emisiones de
vehículos de motor - Emisiones atmosféricas -
Ahorro de energía (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
(A4-0096/97) del Sr. Mamère, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0248 - C4-0462/96) relativa a la calidad de la gasolina y del gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo; -(A4-0116/97) del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0248 - C4-0463/96 - COM(97)0077 - C4-0091/97-96/0164(COD)) relativa a las medidas que deben tomarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor por la que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 70/2290/CEE del Consejo; -(A4-0099/97) del Sr. Eisma, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(96)0248 - C40492/96) sobre una estrategia futura para el control de las emisiones atmosféricas causadas por el transporte por carretera, habida cuenta de los resultados del Programa Auto Oil; -(A4-0117/97) de la Sra. González Alvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(95)0689 - C4-0015/96) relativa a una estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y potenciar el ahorro de energía;

González Álvarez
Señora Presidenta, aunque el informe que voy a defender es independiente de los informes de los diputados Lange, Mamère y Eisma, hay que reconocer que forma junto con ellos un paquete político y medioambiental que merece la pena destacar.
La primera propuesta que presentamos en la Comisión de Medio Ambiente era más débil que la propuesta final. Es decir, hemos aceptado las enmiendas que otros compañeros del Grupo Socialista, del Grupo de los Verdes e incluso del Grupo Popular han hecho al informe. Y creo que, gracias a ello, el informe se ha enriquecido. Es probable que haya algunas frases que no comparta en su totalidad, pero como el informe fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente por unanimidad, prefiero no referirme a ellas -por ejemplo, hay palabras como «rechazo» de acuerdos voluntarios que yo no comparto y que hubiera redactado de otro modo. Pero creo que ya que el informe fue aprobado por unanimidad, yo debo defenderlo aquí tal como se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente en la pasada sesión.
Hay algunas cuestiones en las que todos los ponentes de este paquete de medidas coincidimos: son las que guardan relación con la calidad del aire, con las emisiones de CO2 , con la calidad de los combustibles. Además, todos coincidimos en criticar que se hayan tenido más en cuenta los criterios y las conversaciones con los industriales que con los expertos u organizaciones no gubernamentales.
Hay algunas cuestiones que habría que destacar. En primer lugar, la propia Comisión Europea considera que si no se toman medidas enérgicas, no podrán cumplirse los compromisos de la Conferencia de Río -que se va a revisar ahora, en Nueva York, en junio- de estabilizar las emisiones de CO2 en el año 2000 a los niveles de 1990. Parece que ése es un objetivo difícil de cumplir y, por lo tanto, la propuesta de la Comisión nos parece débil, dado que no concreta medidas legislativas que puedan hacernos alcanzar esos objetivos.
La primera crítica es a los acuerdos voluntarios. En esta Asamblea, debatimos con frecuencia sobre el incumplimiento reiterado de la legislación comunitaria. Y si la legislación comunitaria se incumple, cabe dudar de que se cumplan los acuerdos voluntarios. Y por ello, en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, proponemos que, de conformidad con lo dispuesto por la propia Comisión Europea en su programa legislativo de 1994, se elabore una directiva que recoja las reducciones de CO2 , porque así serían más de obligado cumplimiento. Y proponemos que se presente antes de 1998.
Proponemos también que haya una medida legislativa que recoja una propuesta razonable de impuestos. Y cuando decimos razonable, nos referimos a que queremos evitar gravar a los menos pudientes. La propuesta que hay de renovación inmediata del parque automovilístico, o la propuesta que hay de gravar los combustibles indiscriminadamente -presente en una de las enmiendas que se discutieron en la Comisión de Medio Ambienteson propuestas que no discriminan a aquellos menos pudientes y más pudientes económicamente en Europa. Nosotros proponemos que haya una propuesta legislativa que, en síntesis, favorezca que aquéllos que contaminen menos -es decir, aquéllos que, en un futuro, cuando haya coches que gasten tres litros de gasolina por cien kilómetros, utilicen coches más utilitarios, menos pesados y que contaminen menos- tengan exenciones fiscales. Y que se aumenten los tributos fiscales para aquéllos que tienen coches más potentes que contaminan más.
Y, en esa dirección, nosotros creemos que hay que hacer una propuesta legislativa para discutir en este Parlamento. La Comisión no debiera considerar ambicioso el que se aspire a reducir el consumo a cinco litros de combustible por cien kilómetros, porque creemos que ya hay muestras de que ello es posible -por ejemplo, el coche que propuso Greenpeace, el «Twingo Smile »- También creemos que deben complementarse estas medidas de reducción clara del consumo de combustible con otras medidas que reconozco que, en algunos casos, afectan a los Estados miembros y al principio de subsidiariedad, pero de extraordinaria importancia: por ejemplo, la reducción de la velocidad; la utilización masiva de los transportes públicos -y para eso tienen que mejorar-, la toma en consideración de la ordenación del territorio... Es decir, hay unas cuantas medidas que hay veces que la Comisión no podrá tomar, pero que sí puede orientar para que los Estados miembros las tomen, y que pueden complementar las reducciones de CO2 .
En definitiva, señora Presidenta, señora Comisaria, yo creo que con este paquete de medidas, si se aceptan las enmiendas en general de los cuatro informes, podemos ir caminando hacia el objetivo de reducir las emisiones de CO2 , de transformar el aire viciado que tenemos en Europa en un aire más puro y de conseguir que los combustibles sean menos contaminantes.

Cox
Señora Presidenta, voy a presentar la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre las normas y especificaciones relativas a los carburantes. He de comenzar diciendo que la comisión logró un alto nivel de consenso político sobre la opinión elaborada y, en general, se acogió con beneplácito el Programa Auto Oil como paso en la dirección correcta, independientemente de las dudas que hayan podido abrigar diversos diputados sobre determinados detalles.
Respecto de los planes para las especificaciones relativas a los carburantes en el año 2000, la Comisión de Asuntos Económicos propone reducciones limitadas en las metas relativas al contenido de azufre frente a los límites recomendados en el Programa Auto Oil. Nosotros hemos sido -podríamos decir- «menos ambiciosos» a ese respecto que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, aunque se podrían elegir también otras expresiones para describir el nivel de discreción que la comisión decidió emplear respecto de esos límites.
Respecto del año 2005, la Comisión de Asuntos Económicos, previendo un Programa Auto Oil 2, propuso los anexos III y IV y establece en dichos anexos normas indicativas que le gustaría que se tuvieran en cuenta en un Programa Auto Oil 2. Esa actitud difiere de la insistencia de la Comisión de Medio Ambiente, que preferiría, en esta fase, fijar ahora mismo una norma obligatoria a largo plazo.
Respecto de los incentivos fiscales, la Comisión de Asuntos Económicos sostiene la firme opinión de que debemos emplearlos, en particular en este sector del combustible, mediante la diferenciación de los impuestos indirectos. Así se podría facilitar en los Estados miembros, sujetos a procedimientos para velar por la coherencia del Mercado Interior, la introducción de combustibles más avanzados que los especificados como mínimo esencial. De hecho, tomo nota y acojo con beneplácito el apoyo de la Comisión de Asuntos Económicos a esta propuesta.
La Comisión de Asuntos Económicos dedicó mucho tiempo a intentar hacer comprender a los Estados miembros la necesidad de apreciar las repercusiones del diferencial de costos y observó que había diferenciales considerables en los costos para la industria refinadora entre los países septentrionales y los meridionales. En vista de ello, la comisión recomendó un período transitorio limitado para los Estados meridionales, porque, al fijar las metas, hemos de ser realistas, además de ambiciosos.
En conjunto, podríamos decir que nuestro planteamiento versó más sobre lo que podríamos llamar la química «política» que la química de los combustibles como centro de nuestras preocupaciones.
De la comunicación de la Comisión se desprende claramente que el Consejo está muy dividido a este respecto. Creo que es adecuado que en el Parlamento no intentemos hacer que lo mejor sea enemigo de lo bueno con vistas a posibles soluciones. Las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos son realistas y, en segunda lectura, estarán más próximas al centro de gravedad en última instancia de la negociación de esta institución con el Consejo.

Hautala
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los diputados por su excelente trabajo. En las diferentes comisiones hemos elaborado los informes y las opiniones en un clima de entendimiento mutuo. En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, quiero expresar mi agradecimiento en particular al Sr. Lange, responsable del informe del Parlamento relativo a las emisiones de gases de escape de los turismos, ya que hizo suya en la Comsión de Medio Ambiente la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos sobre la materia.
Deseo llamar la atención sobre el hecho de que ahora se trata de decidir sobre las normas sobre emisiones de gases de escape para el año 2005 con carácter vinculante y no sólo con carácter orientativo como propone la Comisión. Algunos han juzgado estos objetivos excesivamente rigurosos, pero es posible conseguirlos si se emplean los medios adecuados. En esta cuestión, el Parlamento se muestra en todos sus informes y opiniones firmemente partidario de los incentivos fiscales. La Comisión de Asuntos Económicos ha examinado también este asunto desde el punto de vista de la competitividad industrial y ha señalado que si la industria del automóvil de la Unión Europea no desarrolla una nueva tecnología cuanto antes, los japoneses se encargarán de hacerlo.
Reviste igualmente gran importancia el hecho de que se plantee la cuestión de la calidad del combustible, ya que de esa forma se podrá actuar rápidamente sobre la calidad del aire. Los Gobiernos de Suecia y Finlandia han realizado un estudio que muestra cómo la industria petrolífera ha sido excesivamente exagerada en cuanto al coste de la producción de combustibles más limpios. Este estudio se ha presentado también en el Parlamento. En definitiva, existen razones para que la Comisión revise su planteamiento y utilice la mejor tecnología disponible como punto de partida de sus propuestas. Lo que el Parlamento ha logrado en esta primera lectura creará una base firme para las siguientes fases de examen.

Ferber
Señora Presidenta, estimados colegas, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía se ha ocupado también de manera muy intensiva del programa Auto Oil. Ya se ha dicho mucho y se dirá todavía mucho más. Por consiguiente, quiero limitarme solamente a cinco puntos: en primer lugar, necesitamos absolutamente una conexión entre las emisiones de los vehículos de motor y las calidades del combustible. No podemos hacer una cosa y abandonar la otra, es lo que pretende hacer la Comisión de Investigación.
En segundo lugar, hoy podemos esencialmente más que lo que estamos dispuestos a admitir. Esto lo ha mostrado la audiencia y lo ha puesto de manifiesto la discusión con las asociaciones y con la industria. Por esta razón en este punto deberíamos proceder con más ambición. En tercer lugar, en el ámbito de la política de investigación no se han tomado en cuenta puntos importantes, en especial la task force «Automóvil del futuro», la cual ha de exponer resultados de investigación precisamente en este ámbito. Estos resultados o esta task force no han merecido mención alguna. En cuarto lugar, los estudios sobre salud, que fueron encargados por la Comisión, no han encontrado cabida alguna en la legislación. La Comisión de Investigación también lamenta sobremanera esto, pues a través de ello se habría perfilado de manera más clara qué hemos de hacer. Y, en quinto lugar, no necesitamos un segundo programa Auto Oil. Sabemos qué podemos hacer hoy y lo podemos fijar claramente para el año 2000 y también para el año 2005.
La Comisión de Investigación ha propuesto una especie de cláusula de revisión; lamentablemente, no ha sido aceptada. Pero ésta habría sido la posibilidad de prever aquí para el futuro una posible revisión que ahora no aparece como urgentemente necesaria. Por esta razón, la Comisión de Investigación se ha pronunciado a favor de una legislación ambiciosa y transparente, y espero que mañana en la votación demos una prueba pertinente.

Tamino
Señora Presidenta, a pesar de ser ponente para opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la propuesta de la que es ponente el Sr. Lange, deseo expresar con gran satisfacción mi felicitación por todos los informes presentados, esto es, el del Sr. Mamère, el del Sr. Eisma, así como el de la Sra. González Álvarez, además del informe del Sr. Lange.
Habida cuenta de que estoy de acuerdo en todas las intervenciones anteriores, deseo precisar algunos aspectos y reiterar la importancia, para el Parlamento Europeo, de no limitarse a los análisis costes-eficacia, sino de reiterar la necesidad de relacionar los análisis costes-beneficios con la internalización de los costes externos, cuestión que, por otra parte, ya abordamos. Asimismo, es preciso resaltar debidamente la importancia social, además que medioambiental, del ahorro de energía y de la reducción de las emisiones, más que los vehículos que tienen como característica prestaciones elevadas en lo que respecta a la velocidad o a la capacidad de mayor aceleración.
Por este motivo, deseo ilustrar algunos elementos incluidos en mi opinión. Primero, no es absolutamente suficiente pensar en vehículos que funcionen sobre la base de los criterios del Programa Auto Oil tan sólo a lo largo de 80.000 kilómetros. Nosotros proponemos por lo menos 160.000 kilómetros. En segundo lugar, consideramos que los motores no sólo deben reducir los consumos y mejorar las prestaciones en términos de menor contaminación, sino que es preciso pensar en nuevos motores que funcionen con nuevas fuentes de energía como la energía solar o el hidrógeno que no provocan contaminación.
Por último, es importante que los sistemas de diagnóstico a bordo se basen en criterios mínimos normalizados a escala europea, funcionen tanto para los motores de gasóleo como para los de gasolina y sean concebidos de forma que garanticen un seguimiento y un control real.

Billingham
Señora Presidenta, mi opinión versa sobre la estrategia futura para el control de la contaminación atmosférica. El Programa Auto Oil ha recibido el merecido calificativo de innovador, pues en él colaboran las dos industrias: la automovilística y la petrolera. De forma semejante, nosotros, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hemos trabajado de forma cooperativa para producir tres opiniones y encontrar posiciones comunes que nos han permitido conseguir el apoyo de los miembros de nuestra comisión.
He de decir que no ha sido una tarea fácil, pues la política industrial constituye el núcleo mismo de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Así, pues, hemos procurado lograr un equilibrio muy delicado entre costos para la industria y costos para la salud. El resultado ha sido, en mi opinión, un fortalecimiento de la propuesta de la Comisión hasta un nivel realista con una transacción sensata entre la eficacia en función de los costos y la mejor tecnología disponible. Los procedimientos para el arranque en frío, el diagnóstico a bordo, los incentivos fiscales para los planes de retirada de vehículos y la mejora general de la calidad del combustible fueron, todos ellos, elementos que se incluyeron en mi opinión y fueron aprobados por la Comisión de Asuntos Económicos.
Esos rigurosos criterios nos brindan dos ventajas: un aire más puro en Europa y el logro de la tecnología medioambiental de vanguardia. Con esos criterios podremos vender nuestros automóviles en todos los mercados mundiales e imponer un nivel de calidad para todos nuestros competidores internacionales.
Me complace decir a Sus Señorías que he hecho una contribución, aunque pequeña, a estos importantes informes. Pero esta misma semana los ayuntamientos de mi circunscripción han presentado un excelente folleto, totalmente en consonancia con el informe del Parlamento, en el que se hacen propuestas sólidas para mejorar la calidad del aire en Northamptonshire. Se trata una vez más de un excelente ejemplo de legislación europea en consonancia con las preocupaciones locales. Si el Parlamento y la Comisión hacen suyos, como espero, estos informes, nuestros 360 millones de ciudadanos disfrutarán de un aire más puro y más saludable y se salvarán vidas que, de lo contrario, podrían perderse.
Es un objetivo admirable, un logro duradero y, de hecho, una legislación de la que todos podemos sentirnos orgullosos.

Cassidy
Gracias, señora Presidenta. He de comenzar diciendo que represento a mi colega Giles Chichester, ponente en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Ha preparado unas palabras para que yo las pronuncie. Son brillantes, agudas y muy técnicas. El mérito es absolutamente suyo, no mío.
El Sr. Chichester ha tenido que trasladarse a Londres, porque, como puede que sepan los Comisarios, en el Reino Unido estamos preparando un acto para el 1º de mayo y la presencia del Sr. Chichester es absolutamente esencial para ello.
Éste es el discurso del Sr. Chichester: es importante reconocer los avances hacia la consecución de un aire más puro que ya se han logrado con la reducción de las emisiones de los vehículos. Las metas de Auto Oil 2000 para la consecución de emisiones muy inferiores son otro paso importante que nos aleja del hediondo decenio de 1970. También es importante recordar que esas medidas van encaminadas a mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas, donde es mayor la concentración de vehículos.
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿ha fijado la Comisión los valores idóneos para los niveles de emisiones reducidas o ha sido demasiado blanda con las industrias petrolera y automovilística? En particular, ¿siguen siendo los valores fijados como meta de azufre en partes por millón correspondientes a los vehículos de gasolina y de diesel -200 y 350, respectivamente- demasiado altos? Con arreglo a los criterios de eficacia en función de los costos, razonabilidad y viabilidad técnica, la respuesta probablemente sea afirmativa para el año 2000, pero debemos esperar al examen fijado para 1998 antes de adoptar otras decisiones sobre nuevas reducciones para el 2005. Quienes quieren 50 partes por millón, independientemente del costo o la viabilidad técnica, deben reconocer que será el consumidor quien pague todas esas medidas y que nuestra acción debe estar basada en propuestas equilibradas y basadas en investigaciones idóneas.

Novo Belenguer
Señora Presidenta, voy a centrar mi intervención en una de las tres propuestas que presenta la Comisión sobre protección de medio ambiente, habida cuenta de los resultados del Programa Auto Oil, felicitando, en este sentido, al Sr. Eisma por su informe.
La Comisión, en su documento, insiste en la necesidad de incrementar la inspección y mantenimiento de los vehículos como factor esencial para reducir las emisiones contaminantes. Establece también la Comisión dos grupos de tolerancia respecto a la emisiones límites: las primeras, obligatorias a partir del 2000, y las segundas -un poco más complejas y ambiciosas-, que entrarán vigor después del año 2005. La Comisión propone también elaborar estudios sobre las medidas a aplicar en el sector, examinando otros carburantes, otros sistemas de propulsión y otras fuentes de energía.
Quisiera, señora Presidenta, destacar algunas propuestas que desde la Comisión de Transportes y Turismo hicimos para su incorporación en el mencionado informe. En primer lugar, la necesidad de involucrar a más agentes sociales. Deben tenerse en cuenta las opiniones de las ONG en asuntos medioambientales. No resulta adecuado manejar tan sólo los documentos que facilitan los propios fabricantes, como ya se ha dicho en el debate durante esta tarde.
En segundo lugar, pedimos también que se planteen soluciones alternativas para la mejora de la calidad del aire, apoyando investigaciones sobre motores alternativos o referentes al tráfico de vehículos. Insistimos en que, al hablar de protección del medio ambiente y salud pública, el principio rector no puede ser el de relación costeeficacia, porque la mayor parte de este coste recae directamente en los consumidores.
En cuarto lugar, hablamos de la necesidad de desarrollar un carburante mejor y menos nocivo: se trata de equilibrar el esfuerzo entre fabricación de vehículos y de carburantes.
En quinto lugar, proponemos la aplicación de incentivos fiscales, tanto a los carburantes mejores y menos nocivos, como a los motores mejores y más eficientes.
Finalmente, quiero llamar la atención sobre el mayor esfuerzo que deberán realizar los países del sur de Europa para reducir el porcentaje de azufre en sus carburantes, ya que los países del sur -como todos sabemos- se abastecen con carburantes provenientes de los países árabes, mientras que los del norte lo hacen con carburantes del Mar del Norte.

Bowe
Señora Presidenta, deseo apoyar las propuestas presentadas por los ponentes que se han ocupado del Programa Auto Oil y también a la Sra. González Alvárez en su comunicación sobre el CO2 y los automóviles.
Las propuestas pueden parecer radicales en comparación con la de la Comisión, pero, en realidad, son sólo un punto de partida para futuras negociaciones con el Consejo. Si vemos lo que se propone actualmente en otras partes del mundo, en particular el Japón y los Estados Unidos de América, son razonables y comparables con lo que se propone en esos países.
Estamos debatiendo esta noche un conjunto de propuestas todas las cuales son necesarias para que logremos avances reales en todos los sectores, no sólo en el de la protección del medio ambiente y la salud pública de los ciudadanos de Europa, sino también en el del desarrollo económico y su consecución y la de avances económicos de Europa en el futuro. El conjunto de medidas propuestas esta noche nos brindará un combustible más limpio. Eso permitirá la creación de automóviles menos contaminantes y también, probablemente, automóviles más pequeños y eficientes. Y eso no será sólo aceptable en Europa, también nos brindará automóviles que sean aceptables en otras partes del mundo a las que podremos venderlos y exportarlos. También nos brindará un futuro en las dos importantísimas industrias que no podemos pasar por alto y garantizará la futura prosperidad de Europa.
No podemos pasar por alto que este conjunto de medidas brindará a nuestros ciudadanos un aire más saludable para respirar e impondrá -es de esperar- una reducción de las emisiones de CO2 . También podemos esperar que haga otras dos cosas en relación con dos industrias importantes. Las orientará en una dirección que actualmente los encargados de la gestión de sus inversiones no quieren seguir: inversión en nueva tecnología, inversión en nuevo equipo que las mantenga en la vanguardia de las innovaciones en otras partes del mundo para lograr que puedan aportar los productos requeridos por el mercado mundial. La inversión necesaria para hacerlo es substancial, pero ineludible.
Si examinamos los costos, se recuperarán gracias a los millones de automovilistas que conducirán esos automóviles, que llenarán sus depósitos de combustible, que comprarán esos automóviles, no sólo en Europa, sino también en otras partes del mundo, a un costo medio de 10 ecus al año por automovilista. No puede ser mal negocio; es un pequeño coste para proteger nuestro medio ambiente, la salud de nuestros ciudadanos y la prosperidad futura de Europa.
Insto a la Comisión a que acepte estas propuestas.

Holm
Señor Presidente, he sido designado ponente para la Comisión de Investigación en relación con la cuestión de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Es central hacer hincapié en que no se puede adoptar una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a través de una sola acción dentro de un sector limitado. Por el contrario, se requiere una visión de conjunto, lo cual desea subrayar la Comisión de Investigación. Es necesaria una serie de acciones para lograr una solución aceptable para el medio ambiente. Se necesitan por tanto impuestos, legislación, menos automóviles, nuevos combustibles, etc.
La Comisión de Investigación subraya que la piedra angular de estas acciones es la inversión en la investigación y el desarrollo tecnológico. Estas cuestiones no las trata muy a fondo el comunicado de la Comisión, pero lo cierto es que el desarrollo tecnológico en este ámbito dista de estar estancado, lo cual intentan demostrar ciertas personas y empresas que no mencionamos. Ya existen actualmente automóviles que se atienen con un buen margen a los requisitos planteados anteriormente por el Parlamento Europeo y que ahora recordamos a la Comisión.
La estrategia comunitaria de la Comisión es un primer paso que aplaudimos, pero que dista de ser suficiente a largo plazo. Es importante señalar que debe continuar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono después del año 2005, con nuevos objetivos para el 2010, 2015, etc. Es necesario tanto para la planificación a largo término de la industria automovilística europea como para que la UE pueda cumplir con los mínimos requisitos ambientales que se le formulan. Cabe recordar a la Comisión que, dentro del V Programa Marco para la Investigación, tiene que presentar una propuesta sobre la estrategia a seguir por parte de la investigación en relación con la reducción de uso de combustibles de automóviles. Esta propuesta no debe limitarse a unas soluciones a corto plazo, sino que debe incluir unas estrategias duraderas y fundamentales para la modificación de la tecnología, las funciones, los materiales y la producción. Muchas de las propuestas presentadas por la Comisión de Investigación se encuentran incluidas en el informe presentado hoy por la Sra. González Alvarez.

Van Dijk
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Transportes he elaborado la opinión sobre el informe de la Sra. Álvarez. Quizás sea útil decirlo en esta confusión. En la lucha contra las emisiones atmosféricas es natural mirar al sector del transporte, pues a fin de cuentas es responsable de cerca de la cuarta parte de las emisiones atmosféricas, cuya mayor parte viene causada por los turismos. Si queremos ir por fin hacia una sociedad sostenible, será preciso reducir drásticamente el uso del automóvil y al mismo tiempo hacerlo mucho más económico. Pero es de ilusos pensar que la tecnología de «end-of-the-pipe» nos liberará de las emisiones atmosféricas y por tanto ofrecerá una solución para el cambio climático que será la consecuencia de las emisiones atmosféricas. Mientras sigamos utilizando combustibles fósiles, se producirán estas emisiones, y por ello es preciso desarrollar una política urbanística y de ordenación urbana enérgica que reduzca las distancias y haga atractivo el transporte público junto a la bicicleta, pues con ello es posible evitar fácilmente el 50 % de los trayectos en automóvil que son inferiores a los 5 kilómetros. Y además es preciso imponer por fin objetivos serios a la industria automovilística. Aunque se dispone de la tecnología para fabricar automóviles más económicos que pueden circular con tres litros de gasolina por 100 kilómetros, se equipa a los coches con motores cada vez más potentes y las emisiones atmosféricas no hacen más que aumentar. Se trata de medidas realmente eficaces. Pero también la introducción y el mantenimiento correspondiente de un límite de velocidad de 100 kilómetros, quizás se asombren, pero lo ha aprobado la Comisión de Transportes, y las campañas relativas a la conducta al volante y los hábitos de movilidad pueden contribuir de modo muy importante. Que la reducción de las emisiones atmosféricas en el sector del transporte no se quede en papel mojado, sino que se desarrolle una política europea. Pues a fin de cuentas tenemos los instrumentos políticos necesarios para ello, y lo que nos falta aún es la voluntad política, tanto en la Comisión como en el Consejo.

McNally
Señora Presidenta, yo preparé originalmente la opinión sobre los combustibles para la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, pero ahora hablo en nombre del Grupo Socialista.
Sí, la metodología del Programa Auto Oil era innovadora, pero tenía dos problemas: en primer lugar, abarcó un período de tiempo muy extenso, por lo que no se abordó, por ejemplo, la cuestión de las partículas, que tanto preocupa actualmente; en segundo lugar, el Parlamento Europeo participó en él en una fase muy avanzada. El Parlamento Europeo no funciona con un sistema de reflejos instintivos. Hemos hecho una considerable investigación antes de llegar a las conclusiones que tenemos ante nosotros esta noche. Hemos utilizado nuestro propio mecanismo de investigación -STOA- para que nos preparara un documento, según el cual los combustibles con poco contenido de azufre son esenciales. Celebramos una audiencia y otros estudios autorizados llegaron a la misma conclusión.
Quiero hablar de una sola cosa -la necesidad de niveles inferiores de azufre, en particular en el diesel- por una razón: salvará decenas de miles de vidas y librará a muchas personas de la posibilidad de pasarse la vida respirando con dificultad por culpa de una enfermedad respiratoria. Las partículas, que no se tuvieron en cuenta al comienzo del Programa Auto Oil, contribuyen en gran medida a esos problemas. La compañías petroleras no están de acuerdo con las conclusiones del Parlamento sobre los costos. Permítaseme decirles lo siguiente: en primer lugar, los combustibles con poco contenido de azufre serían más competitivos. En segundo lugar, tienen que renovar sus refinerías, en cualquier caso, e invertir en ellas continuamente. En tercer lugar, el costo, repercutido en los precios que cobran a sus clientes, no es desorbitado. En cuarto lugar, la nueva tecnología automovilística sólo es posible mediante combustibles con poco contenido en azufre. En quinto lugar, los Estados miembros particularmente afectados podrían disfrutar de una exención. En sexto lugar -y se trata de lo más importante-, cuando se cambian los combustibles, se obtiene un efecto inmediato. Por esas razones, el Grupo Socialista apoya firmemente las propuestas del Sr. Mamère.

Schnellhardt
Señora Presidenta, apreciados colegas, en los presentes proyectos sobre las medidas encaminadas a una mayor reducción de las emisiones de los vehículos de motor se ha elegido un nuevo planteamiento. Por vez primera, junto al establecimiento de valores límite para las emisiones de los vehículos de motor se proponen especificaciones sobre la calidad de los carburantes. Creo que esto es correcto, pues los carburantes más limpios posibilitan el empleo de tecnologías de motores, orientadas al futuro, y ambas cosas conjuntamente mejoran de forma esencial y directa la calidad del aire.
Esta idea nos debería guiar mañana en la votación. Pero esto debe significar concretamente especificaciones, que fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Esto afecta especialmente al azufre, al benzol y a los aromas, para que merezca la pena la implantación de los actuales avances técnicos en los automóviles.
Sin embargo esto supone que se logre la seguridad de planificación para la economía de los productos minerales y para la industria del automóvil. Por esta razón, aspiramos ya ahora a lograr valores vinculantes para el año 2005. No obstante, la propuesta de la Comisión se encuentra muy alejada de esto. Prescribe únicamente lo que ya existe. En mi opinión ésta es una razón suficiente para ver con ojos extraordinariamente críticos la propuesta de la Comisión.
También hay que decir que el programa Auto y el programa Oil han sido resumidos en un volumen, pero no puedo reconocer la interrelación en la propuesta; en suma, no se ha aprovechado la oportunidad que ofrece para el medio ambiente y para la salud de las personas una combinación de valores estrictos en las emisiones de los vehículos de motor y de especificaciones de carburantes. Pero, sobre todo, con esto no se han fomentado ni mejorado las oportunidades de competencia, y la industria europea ha dado aquí un paso atrás.
Contra las demás medidas se sigue alegando -y esto ya se ha dicho hoy varias veces- que aumentan los costes. Ya hemos oído con frecuencia lo siguiente: si la industria petrolera hace inversiones para alcanzar estas especificaciones que nosotros proponemos, ello significará 0, 01 ecus por litro. ¿Dónde está, pues, el daño? Esto lo va a pagar sustancialmente el contribuyente.
Acerca de la situación de competencia de las ramas industriales afectadas que hemos de tener siempre en cuenta en nuestras decisiones: en este punto es preciso afirmar que respecto de la industria petrolera la competencia entre las empresas se libra esencialmente a nivel regional y no entre cada una de las economías petroleras. En la economía petrolera yo sustituiría incluso la palabra «competencia» por la palabra «acuerdo», pues los acuerdos sobre precios tienen lugar en las juntas de dirección. Esto ha dejado de ser una competencia.
Dentro de la industria del automóvil existen posibilidades de competencia internacional en el desarrollo de tecnologías de futuro. Sin embargo este planteamiento sólo tiene posibilidades de mercado, por ejemplo, en el caso de la introducción del catalizador y de carburantes más limpios. Una política de medio ambiente que cree o mejore posibilidades de competencia -y esto lo tenemos delante de nosotros- es una buena política.
Las diferencias que existen en el seno de la Unión Europea en la tecnología de las refinerías y en la tecnología o en la antigüedad de las flotas de vehículos son muy grandes. Entonces, se tiende, naturalmente, a decir que necesitamos regulaciones de excepción para compensar poco a poco esta diferencia.
Si elegimos este camino, entonces sacrificamos una parte de la industria de carburantes de la industria de refinado, de la supercapacidad del orden del 30 % en el seno de la Unión Europea, y entonces tenemos que cargar con las consecuencias, en concreto, gritar pidiendo recursos de fomento para eliminar esta deficiencia.
Por consiguiente: aseguramiento de la competitividad de la industria del automóvil y de la industria de carburantes. Deberíamos pensar en esto y ello funciona solamente con el programa que ha presentado el Parlamento.

Pompidou
Señora Presidenta, Señorías, intervengo esta noche en lugar de mi colega Gérard d'Aboville que, en el último momento, se ha visto obligado a cambiar de nave y me ha pedido que tomara el timón en su lugar.
Las emisiones de contaminantes causadas por los vehículos y la lucha por una mejor calidad del aire son problemas preocupantes que necesitan una visión a largo plazo, objeto del programa «auto-oil». Es un enfoque desapasionado, basado en razonamientos lógicos y científicos, que permitirá comprender y defender mejor las posturas de la Comisión Europea.
En primer lugar, sobre el informe Mamère: por el contenido en azufre de la gasolina que en la actualidad es de 400 ppm, la Comisión propone reducirlo a 200 ppm, lo que ya es un esfuerzo importante, reduciendo en un 50 % el umbral actual. Disminuir todavía el umbral de 400 a 50 ppm, como lo pide el ponente, no tiene en cuenta la relación coste-eficacia en la búsqueda de una mejor calidad del aire, ya que, por encima de los 200 ppm esta reducción implica inversiones considerables para una disminución de las emisiones de contaminantes que es mínima.
Además, es preciso tomar otros elementos en consideración, como por ejemplo, el control, el mantenimiento, o la eliminación de los vehículos viejos, la mejora de las condiciones de circulación, la utilización de gas de petróleo licuado o de gas natural para los transportes colectivos, sin olvidar, por supuesto, los vehículos eléctricos, no contaminantes y silenciosos.
Por lo que respecta al carburante diesel, la principal dificultad reside en su contenido en azufre. La Comisión ha establecido un umbral de 350 ppm, en lugar de los 500 actuales, lo que representa un esfuerzo importante y un avance sustancial. El informe pide un umbral de 50 a 30 ppm, lo que implica, una vez más, costes demasiado importantes, sin beneficio apreciable.
Nuestro grupo pide, pues, que se rechacen las enmiendas 42 a 49 (salvo la 46) y que se mantengan las enmiendas 51, 52 y 59.
Por lo que respecta a los puntos suscitados por el informe Lange, no parece razonable, incluso resulta contraproducente, el obligar a la industria del automóvil a adoptar normas muchos más estrictas para un resultado poco importante. Las propuestas de la Comisión sobre las normas 2000, basadas en un análisis de coste-eficacia, representan a nuestro entender, un buen compromiso entre los imperativos de eficacia económica y los objetivos indispensables ligados a la mejora de la calidad del aire.

Blokland
Señora Presidenta, en la preparación de las nuevas normas de emisión para después del año 2000, la Comisión Europea se ha sentado a la mesa con la industria del automóvil y del petróleo, y con ello ha surgido un diálogo fértil.
Este nuevo enfoque ha requerido más tiempo de lo previsto, por lo que la Comisión no ha sido capaz de cumplir el plazo que prevé la directiva 94/12/CEE. Si la Comisión no cumple los plazos, ¿qué podemos esperar de los Estados miembros? Considero importante que se fijen cuanto antes las nuevas exigencias. Las ventajas fiscales para los vehículos limpios podrían introducirse dos años antes de que entraran en vigor las nuevas normas. A fin de cuentas ya hay modelos de coches que cumplen normas mucho más rígidas de lo que establece la legislación vigente.
En lo que respecta a las propias normas, el Programa Auto-Oil es una decepción, tanto para los automóviles como para los combustibles. En primer lugar, el valor especificado para la contaminación atmosférica permitida es demasiado bajo. La medición de la contaminación media por 4 km2 no tiene en cuenta la salud pública. ¿Qué sentido tiene elegir una red de medición con promedios, cuando en la práctica se miden concentraciones muy altas de benceno, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, en lugares donde precisamente pasa mucha gente, como en las estrechas calles comerciales?
Sólo por eso ya es necesario hacer más estrictas las normas de emisiones. Pero también hay razones técnicas. La industria del automóvil dispone desde hace años de los conocimientos necesarios para asegurar grandes reducciones de las emisiones. Lo que faltaba era la necesidad legal. Cuando existe el imperativo, es posible hacer mucho más.
En principio pasa lo mismo con el refino. En este caso se trata de una gran sobrecapacidad de viejas refinerías. Es duro, pero las nuevas exigencias para los combustibles son una buena razón para interrumpir la producción de los combustibles para motores en las viejas instalaciones.
En la audiencia se vio que es posible reducir mucho los contenidos de azufre de la gasolina y del gasóleo. Mientras siga aumentando nuestra movilidad, estamos obligados a reducir las emisiones de sustancias contaminantes sin olvidarnos del CO2. Por ello apoyo plenamente los informes sobre el Programa Auto-Oil.

Stirbois
Señora Presidenta, en el momento en que la industria del automóvil se ve sacudida por conmociones sociales sin precedentes, no se trata de que seamos cómplices de su desaparición y, por lo tanto, de un cataclismo social, más especialmente en nuestro país donde representa el 10 % del empleo.
Por nuestra parte, siempre hemos criticado el sistema actual de libre cambio; siempre se nos ha impuesto este sistema económico en los ámbitos en los que la competencia está desvirtuada y va en detrimento nuestro. La industria del automóvil nos proporciona un ejemplo explícito. Mediante una política de bajo nivel de la moneda, los Gobiernos americano, japonés y coreano, proporcionan una ayuda considerable a sus constructores. El Gobierno americano va todavía más lejos apoyando masivamente la investigación.
Si aceptamos algunas normas insensatas que contiene el informe, corremos el riesgo de acabar con la industria francesa y europea del automóvil. Algunas de estas disposiciones son técnicamente imposibles de aplicar. Por lo demás, ya nos han informado de ello. Asimismo, me permito recordar a esta Asamblea que, desde hace algún tiempo, las normas de emisión de los vehículos nuevos han sido objeto de siete juegos de medidas sucesivas, creo que desde 1970, dividiendo así por diez las emisiones de los coches particulares. Y, además, señora Presidenta, no tenemos un verdadero informe sobre el hecho de que los automóviles son únicamente contaminantes para las ciudades y que hay otros muchos contaminantes.
Hay asimismo otras soluciones, el Sr. Pompidou lo ha precisado hace un momento; tampoco yo dispongo de mucho tiempo para citarlas; los coches viejos, otras investigaciones para los carburantes, el transporte colectivo. Así que pienso que hoy deberíamos ser mucho más razonables y tener en cuenta el medio ambiente, pero también oponernos a algunas disposiciones de este informe que resultan desmesuradas.

Apolinário
Señora Presidenta, apoyamos la posición de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo por cuatro razones esenciales: por razones de competitividad, por razones de salud pública, por razones de mejora del medio ambiente y por la valorización del papel del Parlamento Europeo.
Razones de competitividad, porque un desarrollo más rápido de las tecnologías limpias es condición indispensable para la afirmación de la capacidad competitiva de la industria europea a escala mundial. Mientras que la Comisión y una parte de la industria petrolera se alegran de la fijación del contenido de azufre en la gasolina en 200 ppm y 350 ppm en el diesel, el Japón anuncia ya la reducción de 50 ppm en breve, lo que refuerza un ciclo de nuevos catalizadores con consecuencias positivas en la emisión de gases a la atmósfera.
Por razones de salud pública, porque consideramos que es necesario fijar precios máximos para la generalización de la gasolina sin plomo, dadas también las consecuencias negativas en materia de salud pública por todos reconocidas. Y, en cuanto a la propuesta inicial de la Comisión, consideramos que se debe procurar encontrar tanto para las cuestiones del azufre como para las de la gasolina sin plomo, un punto de equilibrio que represente una exención aceptable por aquellos Estados miembros que carezcan de tiempo y de dinero y de más tiempo y también de inversiones para modificar sus refinerías.
Un tercer punto que quisiera subrayar es el de que, globalmente, esta iniciativa va encaminada a mejorar el medio ambiente y que este Parlamento tenía dos caminos posibles: o adoptaba una posición más tímida, como en la propuesta inicial de la Comisión, y perdía completamente capacidad de presión, negociación y fortalecimiento de su papel, o, como ha hecho, atinadamente, el ponente, en particular en los informes Mamère, Lange y Eisma, como ha hecho, atinadamente, la Comisión de Medio Ambiente, optaba por una posición más exigente, con lo que forzaba también la negociación en el proceso que seguirá.

Alber
Señora Presidenta, distinguidos colegas, hay una canción de Navidad que comienza con estas palabras: »Todos los años de nuevo». Justamente así podríamos describir este debate, todos los años de nuevo. Esto proviene, naturalmente, de que nunca tenemos la valentía de dar cifras que valgan para el futuro, sino que siempre estamos girando en torno a pequeños porcentajes: evidentemente, luego se plantea la cuestión por la relación coste/beneficio y la factibilidad técnica.
Creo que esta vez deberíamos llegar hasta el final. Por esta razón estamos plenamente de acuerdo con el Informe Lange, que propone valores vinculantes, y no sólo indicativos, para el año 2005. No consideramos acertado que un año después de la entrada en vigor de esta directiva se comience con un programa Auto Oil II. La industria debe saber también por dónde se va y debe conocer los datos pertinentes, y entonces quizá esté también dispuesta a esforzarse convenientemente. Llegar hasta el final, esto es también importante, como se ha dicho, para la industria.
Por lo que respecta a los valores para las emisiones -son 14 posiciones o 18, si tomo los valores sumativos, proponemos en el Informe Lange otra reducción de seis posiciones. Hoy esto es ya técnicamente factible y no depende necesariamente de la reducción del contenido de azufre en la gasolina. La audiencia ha revelado que estos valores son hoy técnicamente factibles. Naturalmente, esto no es tan fácil. Pero, ciertamente, hemos de tener en cuenta una cosa: tenemos ya muchos éxitos, en parte, incluso reducciones del 90 %. Pero si en todo el mundo se condujesen tantos automóviles como en Europa, se quintuplicaría el número total. Y aunque rebajásemos los valores sustancialmente, se llegaría en conjunto a un aumento de las emisiones y esto, naturalmente, no lo podemos permitir en modo alguno.
Creo que la industria podría conseguir fácilmente esto, pues estamos recibiendo las oportunas indicaciones de los ingenieros. Y por esta razón digo que no sólo necesitamos motores limpios, necesitamos también directores más limpios, pues éstos nublan mucho más y hollinean mucho más, y algún hidrocarburo es una sustancia carbonizadora procedente de esta gente. Tengo más confianza en los ingenieros que en los directores.
Permítanme que diga algunas palabras sobre el denominado sistema de diagnóstico a bordo. Estamos plenamente de acuerdo con esto, es una buena cosa para el medio ambiente pero, naturalmente, esto no debe hacerse en secreto, de suerte que sólo los talleres propios concertados puedan tener acceso a los datos. En mi opinión esto significa prevalerse de una posición de monopolio que nosotros, como usuarios, no podemos aceptar en ningún caso. Probablemente la gente ha sido desorientada por el concepto de «on board diagnosis» y han pensado que del término diagnóstico se deriva también directamente el secreto médico. Pero las reglas del deber de secreto en los médicos proceden de otras disposiciones y no de este concepto.
Si podemos reducir estos valores, podremos salvar al paciente, al medio ambiente, sin dañar mucho el principio de coste/beneficio. Y afirmo una vez más que tengo mucha más confianza en los técnicos y en los investigadores que en los economistas de empresa.

Garosci
Señora Presidenta, acogemos favorablemente los informes que hoy son objeto de debate en el Parlamento sobre el futuro del automóvil, que forma parte del futuro de la economía, de la tecnología y del mercado laboral. Sin embargo, en la actualidad lo que le pedimos a un constructor de automóviles son mayores compromisos, así como que asuma responsabilidades sociales. Quizás el medio ambiente es el primero de estos compromisos y, afortunadamente, está convirtiéndose cada vez más en el factor fundamental de la actividad de la industria del automóvil. Básicamente, el paquete Auto Oil que hoy estamos debatiendo afecta a tres aspectos: la reducción de las emisiones de los vehículos de motor para luchar contra la contaminación, la mejora de la calidad del carburante y el control de las emisiones derivadas del transporte por carretera. En su conjunto, todos los informes se proponen la búsqueda de soluciones para los automóviles y los carburantes cada vez más compatibles con el medio ambiente.
Como es obvio, compartimos tales objetivos, sin embargo, no podemos dejar de poner de manifiesto que a veces la búsqueda de mejoras excesivas conlleva resultados contraproducentes. La Comisión ha elaborado unos textos excelentes y unas propuestas razonables. Los ponentes han forzado en parte las propuestas del Ejecutivo e imaginado para el automóvil un futuro que comenzó ayer. Existen unos plazos técnicos, cuyo incumplimiento puede comportar incrementos de los costes que producen un doble resultado negativo. El aumento del coste de los vehículos ralentiza las ventas y la renovación del parque móvil y pone en dificultad las inversiones programadas y la consiguiente ocupación, sin crear nuevos puestos de trabajo.
En los últimos veinte años, la contaminación debida a los automóviles ha disminuido del 90 %. El restante 9 % puede eliminarse en los próximos ocho años, con costes razonables. Respecto al último 1 %, no podemos exigir plazos muy cortos y costes que finalmente recaen sobre el consumidor. Por ello, criticamos parte de las propuestas de los Sres. Mamère y Lange y confirmamos a la Comisión nuestra disponibilidad en lo referente a la mayor parte del programa.
Nos mostramos críticos porque en última instancia algunas propuestas no son ni económicas ni medioambientales y se olvidan de otros problemas prioritarios. No se mencionan los vehículos eléctricos o de motor de metano con el sistema combinado bi fuel gasolina-metano. No se hace referencia a los incentivos fiscales para la adquisición de un nuevo automóvil, a pesar de que es notorio que el parque móvil europeo sigue siendo demasiado obsoleto. En Italia el promedio de vida útil de un vehículo es de catorce años, y además las empresas, cuando compran un vehículo, no pueden deducir el IVA, que es del 19 %.
A mismo tiempo, sin embargo, se pide que se respeten plazos imposibles, que se lleven a cabo pruebas a -7ºC, a pesar de que las dos terceras partes de Europa no sufre temperaturas bajo cero a lo largo de los doce meses del año o, además, que se incluya el DAB en los vehículos de gasóleo, lo cual obligaría a cambiar todos los sistemas de producción industrial. No queremos normas más rígidas que las que pide el Ejecutivo. El medio ambiente se mejora sin presiones y sin costes que, al final, deberá soportar el usuario de automóviles y carburantes. En definitiva, lo que perseguimos es el principio del desarrollo sostenible.

des Places
Señora Presidenta, para mejorar la calidad del aire, sólo hay dos soluciones. O bien modificar las normas técnicas de los vehículos, o utilizar los carburantes menos contaminantes, soluciones de todos modos más inteligentes que la prohibición de circular de los vehículos en días alternos.
El primer caso es de un coste exorbitante, sólo si tomamos en consideración la renovación del parque automovilístico. El segundo me parece más plausible y tendrá una incidencia inmediata. Pero se enfrentan dos grupos. Los fabricantes europeos de automóviles y los detentores de los biocarburantes militan en favor del establecimiento de normas severas. La industria del petróleo, por su parte, es hostil al endurecimiento de las normas. Por consiguiente, es preciso estudiar los biocarburantes que permiten, como otros oxigenados, en primer lugar, mejorar las condiciones de la combustión por la proporción de oxígeno, en segundo lugar, disminuir el efecto invernadero ligado al contenido en CO2 de la atmósfera, en tercer lugar, reducir el índice de azufre en el gasóleo y la emisión de las partículas, en cuarto lugar, mejorar el índice de octanos de la gasolina, y en quinto lugar, limitar el contenido en sustancias aromáticas que son altamente cancerígenas.
El desarrollo de los biocarburantes sólo puede hacerse si se adapta la fiscalidad en el ámbito de las accisas. Contrariamente a cualquier lógica medioambiental, la Comisión europea ha desestimado el deseo de Francia de crear una accisa reducida. Creo que esta misma mañana, el colega de los comisarios no ha querido aceptar una generalización de la tasa reducida para los biocarburantes. Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, van pues en el sentido de la mejora de la calidad del aire, fomentando así la utilización de los biocarburantes, salida agrícola más eficaz que las tierras en baldío, normalmente llamadas barbecho y poco respetuosas con nuestra voluntad de acondicionar armoniosamente el territorio.

Belleré
Señora Presidenta, el informe del Sr. Lange en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y que implica a otros ponentes para opinión, es extremadamente importante, como se desprende del número de comisiones implicadas, entre ellas la de Transportes, de la que formo parte junto con el Sr. Tamino, también ponente para opinión y al cual, junto a los demás, felicito por haber llevado a cabo un excelente trabajo acerca de una problemática compleja y actual, esto es, la de los automóviles menos contaminantes.
Los ponentes están todos de acuerdo en criticar al Ejecutivo porque no ha implicado en la investigación a los técnicos y expertos de los distintos Estados miembros. Sin embargo, en principio acogen positivamente las propuestas de la Comisión.
Ahora, quisiera referirme a los demás ponentes. Es suficiente, no obstante, decir que tras haber estudiado sus informe, así como las propuestas y las opiniones expresadas, estoy de acuerdo con ellos en indicar que los costes programados por la Comisión con respecto a las medidas que deben aplicarse para que los automóviles contaminen menos, parecen demasiado elevados. Por otra parte, esto es lógico si se piensa que lo datos provienen de la industria que favorece, Cicero pro domo sua, dicha sobrevaloración.
Se pide a los Estados miembros que apliquen a la industria incentivos fiscales y económicos para fomentar la utilización de motores y carburantes ecológicos. Tendríamos que ahondar en esto: basta con citar la crítica dirigida por los ponentes al Ejecutivo por no haber incluido en las propuestas el procedimiento de prueba de arranque en frío y a baja temperatura. Se pide asimismo que se reduzca más aún el contenido de azufre en los combustibles con objeto de limitar la emisión de partículas en suspensión en los motores de gasóleo y de permitir el funcionamiento óptimo de los catalizadores de los motores de gasolina y de gasóleo. Estimo importante la idea de que hay que actuar deprisa para reducir de forma drástica los consumos de carburante de los automóviles en sentido amplio, antes del año 2005 según el Programa Auto Oil, con un consumo máximo de cinco litros por cada 100 kilómetros. Esto para limitar las emisiones de CO2 , una de la principales causas de contaminación y del efecto invernadero.
Deseo recordar la opinión del Sr. Tamino, para decir que coincido con él cuando invita a acoger las enmiendas dirigidas a salvaguardar los costes-beneficios, el ahorro de energía y la reducción de las emisiones más que las prestaciones relacionadas con la velocidad y la aceleración de los vehículos de motor, así como a fomentar la utilización de fuentes de energía renovables en los vehículos.
Mi informe sobre la revisión de los vehículos de motor y de sus remolques, actualmente en fase de codecisión, se orientaba también a esto. Los que formamos parte del Grupo de Alianza Nacional vamos a votar las enmiendas encaminadas a este fin.

Marinucci
Señora Presidenta, el Programa Auto Oil es una excelente iniciativa para una estrategia integrada, dirigida a la reducción de la contaminación atmosférica y centrada en una diferente gestión del tráfico, en mejoras técnicas y medidas en el ámbito del mantenimiento de los vehículos y en especificaciones relativas a la calidad de los carburantes. En efecto, la contaminación atmosférica es fuente de graves enfermedades y, en consecuencia, de elevados costes sociales y, por desgracia, a pesar de las iniciativas adoptadas en su momento a lo largo de los últimos años, tiende a agravarse, en especial en las zonas urbanas, debido al aumento del tráfico.
No cabe duda de que las medidas introducidas con estas nuevas directivas originan a las empresas productoras costes que en una Europa unida sobre bases solidarias e igualitarias, no deben ser más onerosos para algunos países y menos para otros, habida cuenta, por ejemplo, de las fuentes de aprovisionamiento de petróleo. Sin embargo, el objetivo debe ser la defensa del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos, que pueden hacer oír su voz sólo a través de sus representantes en la única Institución comunitaria elegida democráticamente.
A lo largo del procedimiento legislativo se tratará de encontrar las soluciones más apropiadas y los plazos adecuados y necesarios, sin soslayar los obstáculos y sin miedo de llegar a ellos.

Jackson
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, se me ha pedido que comente en particular el informe Eisma. Quisiera decir simplemente que acojo con beneplácito el informe que establece el escenario sobre el que se deben considerar los informes Lange y Mamère. El informe Eisma explica con claridad que el Parlamento Europeo no está dispuesto a otorgar un beneplácito de conjunto a una estrategia elaborada por la Comisión y las industrias interesadas. En realidad, nos encontramos en la posición, bastante curiosa, de que muchos de las personas a las que se ha consultado parecen creer que no es necesario en absoluto modificar el Programa Auto Oil en sentido alguno.
Se trata de una opinión carente de realismo para presentarla al Parlamento. Los diputados al Parlamento Europeo querrán explorar la validez de las propuestas que entraña el Programa Auto Oil a la luz de la prioridad que todos queremos conceder a la salud de esta generación y las perspectivas futuras de la vida humana en la Tierra. Así, pues, junto con los informes Lange y Mamère, estos informes del Parlamento Europeo representan -he de decirlo, si bien no como sindicalista- como una primera oferta máxima sindicalista y ahora corresponde a la Comisión y a las industrias demostrar, si pueden, a los diputados al Parlamento Europeo en qué sentido exactamente consideran excesivas las enmiendas del Parlamento.
Sus Señorías deben ser conscientes de que unos criterios muy estrictos probablemente propicien largos períodos de exención en algunos países. También sería contraproducente pasar por alto las observaciones hechas por el Sr. Pompidou y el Sr. Garosci y algunos de los diputados situados a mi izquierda, pero, políticamente, a la derecha del Parlamento. Se tienen que tener en cuenta esos aspectos.
Permítaseme hacer dos observaciones personales. Mediante mi conexión con la compañía Peugeot en el Reino Unido aporto cierto conocimiento de la industria automovilística a este debate y debo subrayar que redundará en beneficio de Europa disponer de una industria automovilística moderna que ofrezca puestos de trabajo a los ciudadanos, pero también cumplir con normas cada vez más estrictas en materia de emisiones. Algunas de las enmiendas, en particular las del informe Lange, exigen a la industria automovilística ajustarse a normas muy rigurosas sin justificación alguna, dado que no aportan ventajas desde el punto de vista de la calidad del aire. Se trata de una observación importante hecha por el Sr. Pompidou y debemos recordarla.
En segundo lugar, un aspecto menor, pero que ha despertado mucho interés en mi país y -sospecho- en otros países, es la propuesta hecha por la Comisión Europea de prohibir la venta de toda clase de gasolina con plomo en el año 2000. Yo, al menos, he recibido muchas quejas de los propietarios de coches clásicos que sólo pueden funcionar con gasolina con plomo. Hoy he recibido del personal de la Comisión un documento muy útil en el que se justifica esa medida y se exponen todos los antecedentes y que disipa en cierta medida -me parece a mí- los miedos de los propietarios de coches clásicos y antiguos. Lo único que lamento es que no se haya podido disponer de esa información antes.
Estamos deseosos de conocer la posición de la Comisión al respecto, pero quisiera hacer una advertencia. Una cosa que me resulta clara es que el Parlamento carece en muy gran medida de los recursos necesarios para hacer las investigaciones necesarias a fin de respaldar las afirmaciones hechas en los informes Lange y Mamère. Considero el informe de STOA totalmente ilegible y virtualmente inútil para cualquier diputado a esta Asamblea. En distribución hay copias disponibles, por si alguien quiere consultarlo. De modo que estamos deseosos de conocer la respuesta de la Comisión y, si los argumentos del Sr. Alber, del Sr. Lange y otros son correctos, es evidente que la Sra. Bjerregaard aceptará todas las enmiendas presentadas por el Parlamento, porque no puede haber otra opción. Así, pues, esperamos con interés a ver qué nos dice la Sra. Bjerregaard.

Aparicio Sánchez
Señora Presidenta, en toda operación de mejora del medio ambiente, como se propone el Programa AUTO OIL, han de considerarse cinco factores, por lo menos:
Primero, el coste social y humano de la contaminación actual; segundo, los objetivos a fijar; tercero, la metodología para conseguirlos; cuarto, el tiempo para conseguirlos; y, quinto, el coste económico para el consumidor y para la industria, para la sociedad, en definitiva.
Discrepamos del informe Mamère en el factor tiempo. Compartimos los demás factores, pero discrepamos en los plazos fijados por el informe Mamère. Por consiguiente, anuncio que los socialistas españoles votaremos a favor del informe Lange, pero en contra del informe Mamère que, al endurecer los objetivos del año 2000 y fijar ya para el 2005 un segundo nivel de objetivos, hace que estos objetivos sean para algunos países -entre ellos, el mío- no solo costosísimos, sino prácticamente incumplibles, a no ser que se produzcan gravísimas alteraciones del abastecimiento o cambios geopolíticos en la compra del crudo.
Y, para finalizar, tras anunciar este voto negativo, quiero añadir dos consideraciones. La primera, que este voto en contra del informe Mamère significa un acuerdo con los plazos que establece la Comisión en su propuesta de directiva. Nos parece que la Comisión ha hecho un trabajo serio, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también político, y que ha obtenido un difícil consenso. Y la segunda, que la Comisión está en el buen camino y animamos a la Comisión a que un año después de la entrada en vigor de esta directiva, automáticamente, se evalúen los resultados y, en función de ellos, se fije ya el segundo nivel de objetivos.

Florenz
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera decir algo sobre la cuestión del CO2 . Estoy muy sorprendido de que la Comisión nos haya presentado una comunicación sobre la cuestión de la problemática del CO2 en la técnica del automóvil. En realidad yo creía que esto era un componente clásico del programa Auto Oil. Pero cuando se lee su programa, entonces se sabe también por qué esto no es un componente del programa Auto Oil, pues no propone nada, hasta el punto de que cree que precisamente en este ámbito el acuerdo voluntario es el camino ideal, partiendo desde Europa. Y no puede serlo, con toda seguridad, porque los acuerdos voluntarios requieren datos marco de régimen jurídico y éstas no los proponen.
No puedo menos de avisar que en Europa se están estableciendo acuerdos voluntarios sin estos datos marco. Por esta razón los acuerdos voluntarios tienen su sitio en el mejor de los casos en el final de la escala. Ahí podría imaginármelo muy bien. En lo que se refiere al CO2 necesitamos un plan de niveles para valores límite más allá del año 2005 hasta el año 2010. Me imagino que los estímulos fiscales pueden ser aquí un camino.
El planteamiento automovilístico ha comenzado bien. Hemos sentado a la mesa a las partes. En los últimos años hemos puesto fuertemente bajo control a la industria automovilística y creo que ésta ha hecho mucho. Pero, para un tango se necesitan dos bailarines; a este respecto se necesitaría a la industria petrolera y ésta ha bailado este tango solamente por un tiempo, señor Comisario. Luego se quebró esta colaboración y el resultado de la quiebra de esta colaboración está ante ustedes: un aburrido planteamiento Auto Oil que no conduce al futuro.
Hemos despegado como un tigre y la Comisión ha aterrizado como una alfombra de cama con un documento realmente lamentable. Este no puede ser el objetivo de este Parlamento. Vamos a ordenar este programa Auto Oil en los puntos corregidos por muchos colegas, de tal manera que creemos que muestra perspectivas de futuro.
Estoy dispuesto a hablar sobre períodos de transición. Es preciso elaborar los parámetros para los valores de emisión y también los parámetros para carburantes. No obstante, estoy dispuesto de buen grado a conceder períodos de adaptación a aquellos países que no pueden implantar tan rápidamente de hoy a mañana estos parámetros.
¿Cuál ha sido el móvil de este programa? No puedo menos que reconocer que el móvil de este programa ha sido el valor de las acciones. Nos preocuparemos de que el futuro y la innovación sean el móvil del presente programa.

Graenitz
Señora Presidenta, actualmente Europa ha de luchar contra grandes problemas: desempleo, contaminación del medio ambiente y muchas más cosas. La solución de estos problemas está, con seguridad, en configurar una producción industrial que sea compatible con el medio ambiente y que se fabriquen productos, destinados a venderse en el mercado mundial, apoyándose en las capacidades de los trabajadores europeos para pensar de manera innovadora y para encontrar soluciones técnicamente buenas.
El programa Auto Oil es un proyecto en esta dirección y creo que puede lograrse este objetivo si se aceptan las modificaciones que el Parlamento ha presentado en los informes Lange, Mamère y Eisma.
Permítanme dar las gracias a los tres ponentes por su trabajo y quisiera indicar todavía que cosas como el automóvil de tres litros de consumo eran objeto de chanza hace pocos años: entonces se creía que jamás sería posible llegar a tales reducciones e innovaciones.
El Informe Mamère se ocupa de los carburantes y creo que aquí se pueden tender raíles muy importantes, pues un carburante mejor en un motor no tan bueno trae consigo una mejora inmediata de la calidad del aire. Por lo demás, sólo podremos conseguir el automóvil de tres litros, vehículos que funcionen mejor y con menos carburante, si podemos mejorar también los carburantes.
En todo caso, esta mejora de la calidad de los carburantes es uno de los puntos en los que se han podido alcanzar los mejores estándares ecológicos de los tres nuevos Estados miembros. Con esto se ha dado por lo menos una vez un paso de adaptación en la otra dirección.
Respecto de las estrategias que propone el Sr. Eisma va a ser totalmente necesario que no sólo se describan estas estrategias y que la industria reciba un marco sólido, sino que funcione también de la misma manera la comprobación y la puesta en práctica. De nada nos sirve una buena legislación si no la comprobamos y sólo podremos alcanzar realmente los valores vinculantes que el Parlamento ha propuesto para el año 2005, si vemos constantemente cómo todo se lleva a la práctica.

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, la propuesta de directiva sobre los combustibles es en principio adecuada, ya que tiene por objetivo lograr una mejora de la calidad del aire y la protección de los ciudadanos contra los contaminantes atmosféricos. En Finlandia se ha trabajado mucho en favor de la utilización de gasolina sin plomo con buenos resultados, y puedo afirmar que los combustibles finlandeses cumplen ya en este momento por encima de lo exigido los requisitos de calidad propuestos.
Sin embargo, la propuesta de directiva no tiene en cuenta en modo alguno las condiciones climáticas, ya que no se presta atención a la situación particular de Finlandia como Estado de la Unión más septentrional, más frío y de mayores contrastes climáticos. En la propuesta de directiva el verano empieza el 1 de abril y acaba el 30 de septiembre. Quiero resaltar con satisfacción que las propuestas de enmiendas que formulé en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía acerca de la flexibilidad de las fechas del invierno y del verano se han tenido en cuenta en el seno del Grupo de los Verdes bajo la forma de propuestas de enmiendas. En abril es verano en Estrasburgo. En el sur de Finlandia puede existir ya una relativa primavera, pero en la Finlandia septentrional, es decir, más de mil kilómetros más al Norte, desde luego no la hay. Por este motivo, debería existir una amplia flexibilidad temporal para el paso a la época de verano y a la de invierno, que sería determinado a nivel nacional. Este año puede servir de buen ejemplo de la necesidad de flexibilidad, ya que ayer, en Helsinki, en el sur de Finlandia, la temperatura era de -12º C. Si no se establece esta flexibilidad, la directiva podría impedir en Finlandia la circulación en automóvil y la realización de numerosos trabajos. Naturalmente, no es este el objetivo de la directiva.
Me gustaría ver qué diputado que se imagina conduciendo por Finlandia en este momento con combustible de verano. En Finlandia se necesita combustible de invierno, en el que el índice de cetano es de 46 y no de 56, tal como figuraba en la propuesta original. La inclusión en la directiva de una calidad de combustible específica para el ártico solucionaría este problema.

Van Putten
Hoy hablamos de una cuestión importante y es la primera lectura, no lo perdamos de vista. Por ello, ahora es el momento de elegir nuestra posición, y quizás incluso debamos adoptar una posición. Pienso que ha de quedar bien claro que este Parlamento ha de tomar partido para luego, en segunda lectura, tener reservado claramente un punto de vista. Para la Presidencia neerlandesa, esta es la prioridad máxima en la política ambiental y en la política climática. El Programa Auto-Oil es claramente una consecuencia de ello. Y les aseguro que los Países Bajos, la Presidencia, esperan una declaración firme de este Parlamento. En lo que respecta a la propuesta de la Comisión no podemos por más que pensar que -y en sí es muy bonito- se ha sentado a negociar con la industria del automóvil. Pero, ¿dónde estaban las organizaciones de consumidores, los expertos en medio ambiente y los especialistas en salud? Pero por fortuna, para eso tenemos una democracia y un Parlamento Europeo. Y eso es lo que podemos apreciar aquí, el pueblo Europa existe, pues el francés Mamère, el alemán Lange, el neerlandés Eisma y también la Sra. Laura González se sentaron a negociar y llegaron claramente a un acuerdo: el pueblo Europa, ¿creen ustedes en él?, existe y por tanto se ha cooperado, se han hecho afirmaciones claras que ahora hay que votar.
Quiero añadir una nota personal, pues de eso se trata aquí. Me pregunto quiénes de ustedes habrán tenido que ver alguna vez con la contaminación del aire y la salud. Yo sí. Pasé una noche en un hospital con un niño asmático de año y medio que estaba a punto de ahogarse, con las salas de espera llenas de niños; y allí los médicos me explicaron que el número de pacientes de asma en Amsterdam se ha multiplicado por catorce en la última década, y dicen que todo tiene que ver con la contaminación del aire cuyo responsable es el automóvil. Y pienso que este Parlamento ha de adoptar una posición en un tema como este. Pues no es agradable vivirlo, se lo aseguro. Aunque no seamos capaces de crear una política exterior fuerte, en el mercado interior que ya tenemos, no podemos permitirnos cometer este tipo de errores. Por tanto, pido a los demás Grupos que tomen postura en esta primera lectura.

Virgin
Señora Presidenta, el Parlamento ha dado muestra anteriormente de su fuerte compromiso con las cuestiones relativas al medio ambiente en el sector del automovilismo. En el año 1989 se fortalecieron esencialmente las normas relativas a las emisiones de los tubos de escape en relación con la propuesta correspondiente de la Comisión. Visto en retrospectiva hay motivos para felicitarse por ello. Del mismo modo, estoy convencido de que la propuesta del Parlamento en un sentido riguroso con respecto a la propuesta Auto/Oil está justificada y nos llevará a una mejora del medio ambiente.
Respeto la posición de la Comisión en cuanto a que son necesarios unos análisis precisos de los costes de diversas acciones, y compararlos con las ganancias en el sentido de un medio ambiente mejor y de la salvación de vidas humanas. No obstante, se desprende meridianamente de las consultas de la Comisión de Medio Ambiente que los nuevos datos permiten unas medidas ambientales más amplias. Se trata de la calidad de los combustibles, donde es posible conseguir un contenido más bajo de azufre a unos costes menores, lo cual produce simultáneamente unas repercusiones palpables en la naturaleza. También es vital que no se obstaculice la evolución hacia unos contenidos menores de azufre, contenidos que se rebajarían a base de medios coercitivos de carácter económico. Esto no constituye ningún tipo de amenaza contra el principio de libre mercado.
Las propuestas presentadas por el Parlamento sobre el uso de combustibles de automóviles privados son en mi opinión duras por su falta de realismo. Yo creo más en una evolución hacia un uso menor de combustible con la ayuda de medios coercitivos económicos. También pueden aplicarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, en la modalidad de coches eléctricos e híbridos, donde puede llegarse a una disminución radical del consumo.
El motivo de las exigencias del Parlamento son las emisiones de dióxido de carbono. Pienso que es justo dar preferencia a estas acciones ante otras que producen unos efectos similares. Una reducción del consumo de combustible de todos los automóviles privados de la UE a razón de una décima parte de litro por 10 km produce innegablemente una reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El mismo efecto puede alcanzarse sustituyendo cuatro grandes centrales carboníferas por energía nuclear. Las emisiones de dióxido de carbono de la totalidad de automóviles privados de la UE podrían teóricamente compensarse con una treintena de reactores que sustituyeran la energía procedente de la hulla. En mi opinión, es vital que se contemplen las cuestiones ambientales desde una perspectiva de conjunto.

Myller
Señora Presidenta, las emisiones de gases de escape de los automóviles constituyen en este momento la mayor fuente de contaminación atmosférica. Por este motivo, debe actuarse sobre esta fuente de contaminación, con el fin de poder intervenir eficazmente en un problema que afecta a muchos europeos, es decir, la existencia en las ciudades de un aire contaminado y malsano.
Los consumidores europeos son perfectamente conscientes de las posibilidades técnicas que permiten mejorar la calidad del aire. Por esta razón, se ejercen grandes presiones sobre la industria del automóvil y las compañías petrolíferas exigiendo automóviles respetuosos del medio ambiente y combustibles más limpios. Tal como se ha puesto claramente de manifiesto en este debate, ambas cosas son necesarias y a esto apunta el hecho de que en el programa Auto Oil se traten de manera conjunta la mejora técnica de los automóviles y el perfeccionamiento de los combustibles. No obstante, actuando sobre la calidad del combustible se podrá mejorar la calidad del aire de las ciudades con mayor rapidez que si se espera la llegada al mercado de nuevos automóviles.
El programa Auto Oil presentado por la Comisión mejoró considerablemente durante su examen en la Comisión de Medio Ambiente, por lo que el mayor agradecimiento debe recaer, naturalmente, sobre los ponentes de dicha comisión. El Parlamento propone, por ejemplo, que en la Comunidad se adopte una nueva mentalidad en el sentido de que los instrumentos fiscales se puedan emplear también para lograr una mejor calidad a un precio asequible. La Comisión de Medio Ambiente aprobó también unos requisitos mínimos obligatorios y unos objetivos para la reducción de las emisiones para los el periodo 2000-2005. Con este sistema se ha logrado, por ejemplo, en Finlandia, mejorar significativamente la calidad de los combustibles. A modo de estímulo a todos los demás puedo decir que esto se ha producido en un corto periodo de tiempo y con un coste realmente razonable. Naturalmente, en algunos países serán tal vez necesarios periodos de transición, lo cual será más aceptable que el hecho de que en los años 2000-2005 se respeten las cifras previstas. Debemos mostrar el camino al resto del mundo para que en el futuro no salgamos perdiendo en el juego de la competencia.

Bjerregaard
Señora Presidenta, ha sido un debate muy amplio, pero al mismo tiempo bueno y útil, el que hemos tenido sobre las cuatro grandes propuestas, tres relacionadas directamente con el Programa Auto Oil y una complementaria. Tres de esas propuestas tienen en común que han sido elaboradas en cooperación con tres comisarios, de modo que yo me encargaré de los informes del Sr. Eisma, de la Sra. González Alvarez, y el Sr. Papoutsis se encargará del informe del Sr. Mamère.
La Comisión ha leído con gran satisfacción el informe del Sr. Eisma y queremos darle las gracias por el excelente trabajo realizado. Las emisiones de los automóviles son sin duda la fuente más importante de muchos de los contaminantes que afectan al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos. Quienes más lo padecen son a menudo los miembros más débiles de la sociedad, es decir, los niños, las personas de edad avanzada y los enfermos, tal como acaba de decir la Sra. Van Putten. La Comisión desea solucionar los problemas unidos a la contaminación atmosférica y, de este modo, mejorar la calidad de vida, sobre todo en las zonas urbanas. La Comunicación sobre una futura estrategia para la lucha contra las emisiones de los automóviles y las propuestas legislativas para la aplicación de esta estrategia significan un gran paso hacia delante. Por eso me alegro mucho de que en la propuesta para el informe, el Parlamento comience expresando su satisfacción con la Comunicación de la Comisión y con las propuestas legislativas relacionadas con ella, y agradezco el gran número de comentarios favorables y positivos hechos durante el debate.
El Parlamento critica en el informe la preparación del fundamento técnico de la propuesta de la Comisión, es decir, el programa de cooperación con la industria del petróleo y del automóvil, lo que llamamos el Programa Auto Oil. Tanto la Comisión como los dos sectores industriales citados reconocen que el Programa podría haber sido mejor si hubiera contado con una mayor participación, y la Comisión garantiza que la habrá en el Programa Auto Oil II. No obstante, me parece que el Parlamento se ha centrado en exceso en las posibles mejoras adicionales y poco en los elementos positivos.
Muchos de los puntos incluidos en el informe del Sr. Eisma se repiten en los informes del Sr. Mamère y del Sr. Lange y los comentaré a continuación. No obstante, antes me gustaría abordar más detalladamente algunos aspectos del informe del Sr. Eisma. En primer lugar, la Comisión concede mucha importancia a los problemas relacionados con las molestias acústicas y las emisiones de CO2 causadas por el tráfico de carretera. Hoy debatimos también la Comunicación de la Comisión sobre las emisiones de CO2 causadas por los automóviles, y el Parlamento está tramitando el Libro Verde de la Comisión sobre molestias acústicas. Un aspecto del informe del Sr. Eisma me parece preocupante, y es la declaración de que la Comisión debería haber basado su estrategia en un análisis de coste-beneficio y no en el principio de coste-eficacia. El Programa Auto Oil está basado en la Directiva 94/12/CEE, una de las primeras directivas aprobadas conforme al procedimiento de adopción común de decisiones entre el Parlamento y el Consejo. Dice expresamente que la Comisión basará sus propuestas en el principio de coste-eficacia, lo que hemos hecho, y por eso resulta un poco complicado que el Parlamento diga ahora que la base debería haber sido otra. La Comisión opina que con la estrategia para la lucha contra las emisiones de los automóviles y las consiguientes propuestas ha cumplido el mandato de la Directiva 94/12/CEE, que ha sido aprobado por el Parlamento y el Consejo.
A continuación haré algunos comentarios sobre el informe del Sr. Lange. En la propuesta presentada por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo se indica que los valores límite de la prueba de tipo para automóviles nuevos aplicables a la emisión de contaminantes perjudiciales se reducirán en un 40 % a partir del año 2000. A eso hay que añadir que la introducción de nuevos procedimientos para el control de los vehículos en circulación, la instalación obligatoria de sistemas de diagnóstico a bordo y una nueva prueba para limitar las emisiones evaporativas disminuirán aún más las emisiones diarias de los vehículos en circulación.
Expondré ahora la posición de la Comisión respecto al informe del Sr. Lange. No obstante, en primer lugar quiero agradecerle el ingente trabajo que ha realizado en tan poco tiempo. Es de una gran calidad y tiene una base técnica muy rigurosa. Muchas de las ideas técnicas y políticas que contiene son interesantes y es muy probable que se incluyan en la decisión definitiva del Parlamento Europeo y del Consejo. Ahora bien, hay que reconocer que estamos en el inicio de unas negociaciones muy complicadas en las que también participa el Consejo. Por eso la Comisión quiere mantener ciertas reservas ante las enmiendas más espinosas del informe en este momento del debate.
Ha llegado el momento de indicar qué enmiendas puede aceptar la Comisión. El informe incluye una serie de enmiendas sobre los incentivos fiscales, como han mencionado muchos oradores a lo largo del debate de hoy. El marco de los incentivos fiscales de la Directiva sobre emisiones fue una solución de compromiso encaminada a cumplir dos de los objetivos de la UE, por un lado un buen funcionamiento del mercado interior, y por otro la protección del medio ambiente. La Comisión ha propuesto mejorar las normas existentes en materia de incentivos fiscales con una nueva fase de incentivos. Según la enmienda nº 34 del informe, los incentivos fiscales previstos en un país serán aplicables a ambas fases, no sólo a una de ellas. Por eso acepto la enmienda, siempre que los incentivos sean aplicables a vehículos que cumplan los requisitos fijados por la Unión para el año 2000 y el 2005. Por eso no podemos aceptar las enmiendas núms. 91, 92 y 94, que no son compatibles con la enmienda nº 34. Pueden adoptarse las enmiendas núms. 19, 24 y, parcialmente, 35 del informe del Sr. Lange, si se introducen pequeñas modificaciones en la redacción.
El informe incluye la propuesta de modificar los requisitos aplicables a los sistemas de diagnóstico a bordo - abreviado DAB-, con respecto al acceso de los talleres independientes y los fabricantes de repuestos a la información sobre estos sistemas. El motivo de la propuesta de la Comisión está claro: permitir que cualquiera detecte y repare averías en el equipo de control de la contaminación para mantener a un nivel bajo las emisiones del vehículo. No obstante, algunas enmiendas del informe pueden mejorar la propuesta de la Comisión, por lo que acepto totalmente las enmiendas núms. 67, 68 y 85 y parcialmente las enmiendas núms. 14, 78 y 81. Acepto asimismo todas las enmiendas relativas al procedimiento de prueba para las emisiones evaporativas, es decir, las enmiendas núms. 53, 54, 55, 56 parcialmente, 57 y 58. Acepto modificaciones menores y modificaciones en la redacción de las enmiendas núms. 5, 6, 7, 30 parcialmente, 52, 64, 86 y 89.
Quiero hacer algunos comentarios sobre las enmiendas que la Comisión no puede aceptar en este momento. El informe propone reforzar los valores límite aplicables a partir del año 2000 y cambiar el combustible de referencia utilizado en la prueba. Los valores límite son un tema difícil y serán debatidos hasta el último momento, ya que la tecnología evoluciona continuamente y permite obtener mayores ventajas para el medio ambiente a un menor coste. Los valores límite de las emisiones, las características del combustible utilizado para la prueba y la calidad de los combustibles comerciales están tan estrechamente relacionados que hay que tratarlos de forma conjunta. En este momento no puedo aceptar las enmiendas del informe.
En el informe, los valores límite indicativos para el año 2005 se han convertido en obligatorios y hasta han sido reforzados. Los valores límite obligatorios tienen la ventaja de que, con tiempo, emitirán una señal clara a la industria del automóvil y a los proveedores de repuestos para que realicen su trabajo de investigación y desarrollo con eficacia, aspecto cuya importancia han subrayado hoy varios oradores. No obstante, esto significa que es necesario disponer de combustible de mejor calidad en todo el mercado interior. A tal fin, hacen falta estudios adicionales. No puedo anticipar los resultados de estos estudios y, en consecuencia, no me es posible aceptar las enmiendas. En todo caso, la Comisión ha decidido aplicar el Programa Auto Oil II. Uno de sus objetivos será confirmar y revisar lo antes posible los valores límite para el año 2005.
El informe propone un nuevo procedimiento de prueba que reducirá las emisiones a baja temperatura. La Comisión ya se ha interesado por esta prueba. La valorará a lo largo del proceso de negociaciones y se incluirá en el Programa Auto Oil II. Por eso no puedo aceptar de momento la propuesta del informe.
El informe incluye la propuesta de un nuevo procedimiento para la revisión de los vehículos en circulación. Esta propuesta es incompatible con los principios del sistema de homologación de la UE, por lo que no puede ser aceptada. La propuesta de la Comisión para la revisión de los vehículos en circulación supone un paso importante hacia un mejor control de las emisiones mediante una prueba homologada a escala comunitaria, y la revisión está cuidadosamente adaptada a las normas existentes para la homologación y control de la armonización de la producción con el tipo homologado.
En el informe se propone que, a partir del año 2000, sea obligatorio tener sistemas de diagnóstico a bordo, es decir, DAB, en los vehículos con motor de gasoil. Hoy, la industria del automóvil y las empresas proveedoras de componentes para la misma tienen menos conocimientos sobre los sistemas de diagnóstico a bordo para automóviles con motor de gasoil que para automóviles con motor de gasolina, y los conocimientos disponibles actualmente no indican en absoluto que habrá posibilidades de tener sistemas de diagnóstico a bordo en todos los automóviles con motor de gasoil antes del año 2000.
Ya que se ha presentado una propuesta para los sistemas de diagnóstico a bordo para automóviles con motor de gasolina, no veo sinceramente ningún motivo para no aplicarla también a los automóviles con motor de gasoil, pero a lo largo de un período más amplio. Por eso no puedo aceptar, en este momento, las enmiendas sobre los sistemas de diagnóstico a bordo para automóviles con motor de gasoil.
La Comisión no puede aceptar un aumento del requisito de duración de 80.000 a 160.000 km. Con la tecnología actual no es posible mantener las emisiones a un nivel bajo, tanto cuando el vehículo es nuevo como después de tanto tiempo de circulación. La Comisión ha preparado otras medidas que limitarán la contaminación considerablemente, es decir, -hablamos de ellas hace un momento- los sistemas de diagnóstico a bordo y la revisión de los vehículos en circulación. Todavía es pronto para modificar el cometido del Programa Auto Oil II, del que la Comisión es plenamente responsable. Por eso no puedo aceptar estas modificaciones hasta que lleguemos al final del camino.
Soy consciente de que el Parlamento puede sentirse decepcionado, porque en el momento actual no podemos aceptar todas las enmiendas presentadas, pero quiero que tengan en cuenta que acabamos de iniciar un proceso, en el que nos esperan nuevos debates y cooperación.
Terminaré mi intervención refiriéndome a la última propuesta, es decir, el tema de las emisiones de CO2 producidas por los automóviles. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción al ver que el Parlamento comparte las dudas de la Comisión sobre las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y que apoya nuestra iniciativa de resolver este importante problema, y quiero dar las gracias a la ponente, Sra. González Alvarez, por el trabajo realizado para la elaboración de este informe.
Sin embargo, a pesar de que tenemos las mismas dudas con respecto al problema, parece que no tenemos la misma opinión sobre lo que es técnicamente posible. Señora Presidenta, todos sabemos que es posible fabricar un automóvil que consuma 3 l por 100 km. El problema es que la meta que nos hemos fijado se refiere a la media de los automóviles nuevos que se venden en el mercado y no a cada uno de los automóviles por separado. Por eso consideramos ambiciosa la meta de 5 l por 100 km para el período de 2005 a 2010, y no tenemos la intención de plantearnos nuevas metas, hasta que dispongamos de información suficiente sobre las futuras posibilidades.
El otro tema sobre el que discrepamos son los medios que han de utilizarse. La Comisión opina que las normas obligatorias, tal como propone la Comisión de Medio Ambiente, no son el camino correcto. Poner normas sería técnicamente muy difícil y hasta podría tener efectos contrarios a nuestra meta de disminuir las emisiones de CO2 . Si, por ejemplo, establecemos una norma relativa al peso del automóvil, los fabricantes pueden cumplirla simplemente haciendo el automóvil más pesado. Un acuerdo con los fabricantes de automóviles es, en nuestra opinión, el modo correcto de obrar.
El proyecto de resolución del Parlamento requiere medidas adicionales para disminuir las emisiones de CO2 producidas por el tráfico por carretera, y no podemos hacer otra cosa que unirnos a este objetivo. No obstante, significa que hemos de cambiar la forma en que utilizamos los automóviles y crear un sistema de transporte más favorable al medio ambiente. La Comisión examinará con gran interés la propuesta del Parlamento al respecto. Me doy cuenta, señora Presidenta, de que he utilizado bastante tiempo, pero se trata de propuestas amplias e importantes, y espero haber contestado la mayor parte de las preguntas formuladas durante el debate.

Papoutsis
Señora Presidenta, Señorias, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Mam&#x010D;re, por su informe.
Con su propuesta, la Comisión aspira a armonizar y mejorar las especificaciones sobre carburantes en el marco de las propuestas del programa Auto Oil. Como ustedes saben, en ese programa hacemos una evaluación del coste de las diferentes medidas aptas para alcanzar la necesaria reducción de las emisiones. Hemos elegido las medidas económicamente más eficaces, que incluyan las especificaciones propuestas para carburantes de mayor calidad, y que entrarán en vigor en el ao 2000. Así mismo, como saben, está previsto que la Comisión se vuelva a reunir de aquí al final de 1998 para proponer una serie de especificaciones más estrictas sobre carburantes, con fecha de entrada en vigor en 2005.
En lo que se refiere a la interacción entre la calidad de los carburantes y la eficacia de las nuevas tecnologías para automóviles, como los catalizadores capaces de eliminar los óxidos de nitrógeno, todavía existe gran incertidumbre con respecto a la combinación económicamente más eficaz entre la concentración de azufre en el carburante y el diseño de coches de nueva tecnología. Por este motivo, la Comisión considera que, de momento, es precipitado determinar los precios con arreglo a la calidad de los carburantes para el año 2005. Hasta finales de 1998 y en el marco de la segunda fase del programa Auto Oil, que, como ustedes saben, ya se ha iniciado, creemos que dispondremos de la información adicional necesaria, para adoptar una decisión con respecto a las normas de carburantes indicadas para 2005.
Al mismo tiempo, la propuesta que hoy se examina ofrece a los Estados miembros la posibilidad de utilizar carburantes especiales, si fuera necesario, de modo que puedan hacer frente a situaciones especialmente exigentes desde el punto de vista de la calidad de aire en regiones específicas, como las zonas urbanas. Las características de los carburantes especiales dependerán en gran medida de la naturaleza de los problemas específicos de calidad de aire en dichos lugares. Por consiguiente, la Unión Europea no considera oportuno que en esta fase se intenten establecer especificaciones armonizadas sobre carburantes específicos a escala europea. Además, la Unión está segura de que las cantidades de estos carburantes especiales serán relativamente reducidas y, en consecuencia, no se prevé que la existencia de carburantes especiales de uso local repercuta seriamente en el mercado.
La Comisión reconoce, así mismo, que los incentivos fiscales representan un mecanismo muy poderoso para estimular el comercio y el uso de los carburantes de mayor calidad. La Comunidad dispone ya de un marco dentro del cual los Estados miembros tienen la posibilidad de aplicar diferentes tasas de impuestos al consumo a distintos carburantes, siempre con fines medioambientales. Este marco se establece en la Directiva 81/92/CEE relativa a las tasas de los impuestos especiales aplicables a los combustibles. Muchos Estados miembros, entre ellos Suecia, Finlandia y Dinamarca, ya están aplicando medidas fiscales conforme a esta Directiva, para estimular el uso de carburantes menos contaminantes. Como también saben, hace unas semanas la Comisión Europea aprobó una propuesta para armonizar la imposición sobre productos energéticos inspirada en los principios de esa directiva. Por lo tanto, a la vista de las disposiciones comunitarias sobre medidas fiscales ya vigentes, la Comisión no considera útil repetir éstas en la presente propuesta.
La propuesta de la Unión Europea incluye, además, la posibilidad de prohibir la oferta de gasolina con plomo en el mercado. El motivo de esta prohibición es que la gasolina con plomo representa actualmente la mayor fuente de contaminación por plomo. Ya desde mediados del decenio de 1980, la Directiva 85/210/CEE instaba a los Estados miembros a incentivar el uso de gasolina sin plomo. Por consiguiente, la Comisión considera indicado prohibir la venta de gasolina con plomo en la Comunidad a partir de 2000. Sin embargo, la Comisión reconoce que esta prohibición puede crear, a corto plazo, serios problemas en determinados países miembros. Por este motivo, hemos previsto la posibilidad de solicitar una exención temporal para dar determinados Estados miembros un período de adaptación algo más extenso.
La Comisión comparte la opinión de que el establecimiento de los costes de la calidad atmosférica en los que se basan las propuestas económicamente eficaces referentes a la calidad de los carburantes debe incluir también la protección de la salud, así como la protección del medio ambiente. Por lo tanto, quiero asegurarles que tendremos seriamente en cuenta este principio en nuestras futuras propuestas.
La Comisión Europea se muestra igualmente abierta a la idea, expresada por la Sra. Matikainen-Kallström, de tener en cuenta las condiciones climáticas árticas en las disposiciones relativas a los carburantes. Una vez que se haya examinado esta idea, se podría incorporar en un futuro en el texto especial.
Señora Presidenta, la Comisión Europea puede aprobar determinadas enmiendas que mejoran la propuesta sin modificar el planteamiento básico. Las enmiendas que podemos aprobar son las enmiendas núms. 2, 3 y 6, la última parte de la enmienda n&#x015F; 1, la segunda parte de la enmienda n&#x015F; 8, la primera parte de la enmienda n&#x015F; 10 y la primera parte de la enmienda n&#x015F; 31. Así mismo, la Comisión Europea puede aprobar las enmiendas que amplían el ámbito de actuación de la segunda fase del programa Auto Oil. Estas son las enmiendas núms. 22, 23, 37 y 38.
Las demás enmiendas, lamentablemente, no pueden ser aprobadas por la Comisión por las siguientes razones: en primer lugar, las enmiendas núms. 7, 9, 35, 36, 60 y la segunda parte de la enmienda n&#x015F; 8, porque se oponen al criterio de coste-eficacia como base de las propuestas, un criterio ya establecido mediante la Directiva 94/12/CEE; en segundo lugar, las enmiendas núms. 11, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 59 y 62, porque se refieren a medidas que han resultado económicamente ineficaces en el marco de la primera fase del programa Auto Oil; las enmiendas núms. 44 y 48, porque introducen medidas que no han sido suficientemente estudiadas o sobre las que aún no se dispone de datos científicos, pero que estarán incluidas en la segunda fase del programa Auto Oil. Así mismo, las enmiendas núms. 4, 18, 20, 21 y 34 porque, en nuestra opinión, no son compatibles con la metodología propuesta en la segunda fase del programa Auto Oil, que prevé la entrada en vigor de una serie de medidas económicamente eficaces en 2005. Tampoco podemos aprobar las enmiendas núms. 12, 13 y 19, porque no tienen en consideración las disposiciones de la Directiva 92/81/CEE relativa a la aplicación de incentivos fiscales en el ámbito de los carburantes. Tampoco la enmienda n&#x015F; 25, porque no prevé unos plazos razonables de exencion temporal con respecto a la prohibición de comercializan gasolina con plomo. Las enmiendas núms. 28, 29, 32, 39 y la segunda parte de la enmienda n&#x015F; 31, porque introducen procedimientos adicionales, en nuestra opinión, innecearios. Igualmente, las enmiendas núms. 5, 16, 26, 27, 30, 33, 40, 41, 49, 53, 58 y 61, porque la Comisión Europea opina que no se refieren a problemas esenciales. La primera y la segunda partes de la enmienda n&#x015F; 1, la primera parte de la enmienda n&#x015F; 8, la segunda parte de la enmienda n&#x015F; 10 y las enmiendas núms. 14, 15, 17, 24, 54, 56, 57, 63 y 64, porque introducen detalles que, o son innecesarios, o requieren un examen técnico más profundo.
No obstante, quisiera poner de relieve que, aunque algunas enmiendas no puedan ser aprobadas hoy, la Comisión reconoce que el Parlamento Europeo ha propuesto ideas interesantes de cara a un examen más profundo en el marco del futuro proceso de toma de decisiones. La Comisión ha propuesto especificaciones sobre los carburantes para el ao 2000. El Parlamento ha llamado la atención sobre la necesidad de fomentar tecnologías más limpias mediante la introducción de carburantes más limpios, proponiendo especificaciones sobre el contenido de azufre en la gasolina que, por ejemplo, podría reducirse incluso hasta 50 ppm. Creo que merece la pena realizar un examen más profundo en el marco del conjunto de medidas que finalmente se aprobarán por el Consejo y el Parlamento, con respecto a la manera de fomentar la introducción de tales carburantes más limpios en el mercado y su oferta en cantidades suficientes.

El Presidente
Le doy también las gracias, señor Papoutsis, por sus explicaciones.
Tiene la palabra el Sr. Lange.

Lange
Señora Presidenta, permítame una pregunta de comprensión al Sr. Comisario: en mi traducción se dice que el programa Auto Oil II se ha puesto en marcha. En mi opinión, esto no puede ser cierto, ya que el mandato para ello sólo tiene lugar a través de la legislación del Parlamento y del Consejo. Por consiguiente, no puede haberse puesto en marcha todavía.

Papoutsis
Señora Presidenta, se trata obviamente de un malentendido. Con respecto al programa Auto Oil, nos encontramos en proceso de debate y, por supuesto, se necesita el mandato del Consejo, como ha señalado anteriormente su Señoría.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Discriminación por razón de sexo
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0115/97) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0340 - C4-0539/96), relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Ghilardotti
Señora Presidenta, a pesar de que el artículo 119 y seis directivas, adoptadas desde 1975 hasta hoy, son un fundamento jurídico sólido para la igualdad de retribución y trato entre mujeres y hombres, y a pesar de que el Tribunal de Justicia haya dictado a lo largo de estos veinte años muchísimas sentencias, las mujeres siguen sufriendo discriminaciones y uno de los principales problemas que deben afrontar consiste precisamente en probar la existencia de discriminaciones por razón de sexo. Por ello, ya en 1988 la Comisión presentó por primera vez una propuesta de directiva relativa a la carga de la prueba, y el Parlamento Europeo la aprobó con una serie de enmiendas sobre la base del informe de la Sra. Larive. El Consejo debatió esta propuesta en varias ocasiones hasta que, en 1993, se logró un consenso entre los once Estados miembros. No obstante, dado que el fundamento jurídico se basaba en los artículos 100 y 235 del Tratado, que requieren la unanimidad, la propuesta no pudo seguir su iter.
Entretanto, como he recordado, el Tribunal de Justicia ha elaborado jurisprudencia sobre esta materia y, en consecuencia, es importante que hoy exista esta nueva propuesta de directiva, que se basa en las sentencias del Tribunal y se presenta con arreglo al Protocolo sobre la política social, motivo por el cual debería ser más sencillo llegar a un consenso sobre un texto final. Una vez más, ello pone de manifiesto la necesidad de incorporar este Protocolo al Tratado, ya que, de otra forma, nos encontraríamos ante la segunda directiva relativa a la igualdad de trato no traspuesta por el Reino Unido.
Esta directiva es importante, y el Parlamento lo demuestra a través del informe, porque la jurisprudencia existente no fue aplicada de forma uniforme en los Estados miembros y muchas mujeres tuvieron que afrontar y siguen afrontando problemas debidos a casos evidentes de discriminación. En lo que se refiere al contenido de la propuesta de directiva, creo que la misma se basa en tres aspectos íntimamente relacionados y, por consiguiente, la propuesta no sería eficaz si la directiva no incluyera estos tres puntos. ¿Cuáles son estos tres puntos fundamentales? En primer lugar, la definición de discriminación indirecta recogida en el artículo 2, ya que es la primera vez que este concepto se define en la legislación comunitaria. Segundo, el alcance de la inversión de la carga de la prueba, contemplada en el artículo 4, ya que no nos encontramos ante, ni tampoco debatimos, la inversión de la carga de la prueba, sino su reparto entre la trabajadora y el empleador. Tercero, los procedimientos establecidos en el artículo 5, que para nosotros revisten una importancia fundamental, habida cuenta de los problemas existentes en algunos Estados miembros en relación con la no aplicación de las disposiciones vigentes. Al igual que la Comisión en su propuesta, la Comisión de Derechos de la Mujer estudió atentamente la jurisprudencia del Tribunal a la hora de elaborar este informe.
Las enmiendas que proponemos tienen la finalidad de hacer más claros y explícitos los elementos jurídicos de la cuestión, ya que se trata de una directiva técnica que debe ser muy precisa y clara desde el punto de vista jurídico. En particular, la enmienda 2 aclara el concepto de discriminación indirecta que algunos Tribunales nacionales siguen sin reconocer plenamente. Deseo recordar que sólo en tres Estados miembros -Italia, Reino Unido e Irlanda- existe una definición de discriminación indirecta en la legislación nacional, y que las propuestas de enmienda que presentamos se refieren, en particular, a una sentencia, más precisamente a la sentencia Bilka que fue la piedra de toque en este caso, así como que las enmiendas al artículo 4 que ponen de manifiesto uno de los elementos fundamentales para modificar la carga de la prueba, o sea, la transparencia, se refieren a la sentencia Danfooss. Otro punto importante atañe al ámbito de aplicación y añadimos una referencia a la directiva sobre el permiso parental, así como consideramos fundamental un párrafo adicional basado en el artículo 6 del Protocolo sobre la política social, para dejar bien claro que esta directiva no impedirá la adopción de acciones positivas.
Deseo concluir pidiendo al Comisario que adopte una posición en relación con estas enmiendas, pues estoy convencida de que, gracias a las mismas, la propuesta contribuirá a reducir el número de violaciones del principio de igualdad de trato que siguen siendo demasiado numerosas y evidentes en muchísimos Estados miembros.

Cassidy
Señora Presidenta, varios diputados han dedicado gran cantidad de horas a esta propuesta. En mi caso, fue en un principio en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y después como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y posteriormente participé en la votación, bastante caótica, en la Comisión de Derechos de la Mujer.
Tengo que tener mucho cuidado para atenerme a mi ámbito de ponente de la Comisión de Asuntos Económicos. Así, pues, voy a contener mi exuberancia normal a este respecto y decir simplemente a Sus Señorías cuáles son las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos. El caso es que la Comisión de Derechos de la Mujer pasó por alto en gran medida las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos. No puedo decir que me haya disgustado mucho, pero puede que a otros miembros de la Comisión de Asuntos Económicos sí.
Había, en particular, una enmienda que mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron. Era una enmienda al artículo 6, que rezaba así: »Se creará un fondo en el nivel de la Unión Europea para permitir a los ciudadanos particulares promover acciones ante los tribunales nacionales que sienten jurisprudencia con vistas a aclarar la aplicación de la Directiva actual». A continuación, se decía en dicha enmienda: »Dicho fondo se financiará de conformidad con lo dispuesto en el cuarto programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres (1996-2000)». La Comisión de Derechos de la Mujer rechazó dicha enmienda. He de felicitar a la comisión por haberlo hecho, porque, si dicha enmienda hubiera salido adelante, habría causado mucha ansiedad en la Comisión, por no hablar de los Estados miembros.
Naturalmente, no hemos decidido finalmente cómo vamos a reaccionar ante esa propuesta concreta, pero me interesaría mucho -si pudiera abandonar de momento mi papel de ponente de la Comisión de Asuntos Económicos- preguntar si ha tenido la Comisaria la oportunidad de leer la opinión del jurisconsulto del Parlamento Europeo de fecha 19 de marzo de 1997, que, entre otras observaciones, dice que, si esta propuesta sale adelante, la ley aplicable en el Reino Unido será más favorable a las mujeres que la que en adelante se aplicará en los 14 Estados miembros restantes. Quisiera oír la opinión de la Comisaria sobre esa afirmación de los asesores jurídicos del Parlamento.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, permítame comenzar con una reflexión general: en la elaboración de los actos comunitarios de trascendencia normativa, tanto la iniciativa que a la Comisión corresponde como cualquier actuación de esta Asamblea tienen, sin duda, una razón de ser última de naturaleza política. Pero no podemos olvidar que, por estar ejercitando la función legisladora que los Tratados nos reservan, debemos respetar los límites que éstos nos marcan, así como los principios que informan la técnica del buen legislar. De esta manera, conseguiremos normas comunitarias legítimas, claras y eficaces.
En el marco de esta reflexión, la iniciativa de la Comisión me parece oportuna en lo fundamental y bien respaldada por los Tratados y entiendo que en este trámite de primera lectura el objetivo político debe primar sobre las cuestiones técnico-jurídicas.
Dicho lo anterior, desde el punto de vista técnico-jurídico, la propuesta de directiva suscita reservas y -digámoslo sin ambages- críticas, entre las que destacan la construcción de la carga probatoria y las decisiones no transparentes del artículo 4, así como las normas sobre procedimiento del artículo 5. La carga probatoria de la parte demandante se establece en la propuesta en términos no sólo absolutamente extraños a la técnica jurídica, sino -y esto es lo más grave- sumamente imprecisos. Ante todo, los elementos de hecho no se presentan ante los tribunales, sino que se alegan. Esto es, probablemente, un defecto de la traducción al español, pero lo relevante, en el ámbito del procedimiento, no es que se aleguen, sino que se prueben. Y, según el texto de la Comisión, los hechos a probar serían aquéllos -cito- «que permitan presumir la existencia de una discriminación». Es decir, ha de probar uno o varios hechos indiciarios, a partir de los cuales pueda construirse una presunción judicial de discriminación. Este planteamiento suscita problemas técnicos y prácticos: técnicos porque, si se puede fijar la discriminación mediante una presunción judicial, ya no sería necesaria, en rigor, la aplicación de ninguna regla sobre la carga de la prueba, puesto que ésta tiene por objeto, precisamente, dar una respuesta a las situaciones de incertidumbre sobre los hechos. Los problemas prácticos derivan de la falta de determinación de los hechos, cuya prueba es suficiente para fundar la presunción de discriminación.
En cuanto a la carga probatoria de la parte demandada, el precepto considerado también adolece de falta de precisión. Y estos mismos argumentos implican que la norma especial para el caso de los sistemas de decisiones no transparentes debería fijarse, no en la carga probatoria del demandado, sino en la del demandante, para facilitar el levantamiento de esta última, que es, en realidad, el problema que se aborda. Para salir al paso de estos problemas se han presentado las enmiendas 21 y 22. En cuanto al artículo 5, compartiendo, como he dicho, la razón de ser política de este precepto, no puedo sino exponer mis dudas desde el punto de vista técnicojurídico. Esto es, considero más que discutible que la base jurídica invocada brinde cobertura suficiente a unas medidas caracterizadas, además, porque su voluntarismo corre parejo con su falta de concreción.
Y termino, señora Presidenta, señor Comisario, con la misma observación con que comencé: propugno el voto favorable al informe en su conjunto -incluido el artículo 5, que he criticado-, en atención, como he dicho al comienzo, a que en este trámite de primera lectura prima la toma de postura política del Parlamento sobre las consideraciones de técnica normativa expuestas que, sin embargo, deben de retener nuestra consideración.

Andersson
Señora Presidenta, en primer lugar doy las gracias a la ponente, que es además miembro de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, por un excelente informe y porque ha tenido en cuenta, si no todas, sí muchísimas de las propuestas que se originaron en dicha comisión. Quiero hacer hincapié primero en que se trata de una directiva importante. Es importante si pensamos en que existe realmente una buena práctica jurídica, pero que esta práctica no siempre se sigue en los países miembros. En segundo lugar es importante porque por fin tendremos una definición del concepto de discriminación indirecta.
Una vez destacada esta parte positiva -muy positiva para la comisión- voy a centrarme en dos aspectos sobre los que tengo mis dudas. Uno es la enmienda nº 8, el segundo párrafo, en que se quiere excluir a ciertos tipos de empresas. No creo que esto sea correcto. Da pie a unas interpretaciones que pueden resultar muy peligrosas. Pueden hacerse sobre el concepto de sexo, por ejemplo alegando que las mujeres no pueden ser policías o que los hombres no pueden trabajar en centros de cuidado de niños. Puedo imaginarme que habrá países donde se hará esta interpretación de la redacción.
El otro aspecto que quería destacar es el artículo 4.1 c, sobre el que no mantuvimos debate alguno en la Comisión de Asuntos Sociales, sino que lo consideramos evidente. Yo sé que se ha celebrado una discusión sobre dicho artículo en el Consejo y que la mayoría de países ha querido eliminar este punto, mientras que algunos lo han querido conservar. Si se elimina el artículo 4.1 c, se reducen las posibilidades de la persona discriminada, es decir que se debilitan las posibilidades del demandante ya que en este punto se establece que el demandante no necesita demostrar que la parte demandada ha cometido una infracción. Si se elimina el 4.1 c, la consecuencia es precisamente que la persona demandante tiene que demostrar que se ha cometido una infracción, lo cual hace las cosas más difíciles para la parte discriminada. Pienso que esto sería lamentable. El Parlamento acostumbra a ser progresista y a seguir la línea de los países progresistas. En este caso, no obstante, la Comisión ha sido más progresista que el Parlamento. Pienso que esto es poco afortunado. Por lo demás, creo que se trata de una propuesta excelente.

Gröner
Señora Presidenta, el progreso es una vez más un caracol y en el presente proyecto de directiva ojalá podamos contar con que el caracol avanza. El artículo 119 prescribe ya desde hace muchos años la igualdad salarial entre hombres y mujeres. A pesar de todo, un sexo sigue discriminado permanentemente. Son, casualmente, las mujeres. Estas siguen ganando, como promedio, un 30 % menos y, como hemos podido ver en el último proceso judicial del Tribunal Europeo de Justicia con el caso Kalanke, en cuestiones de discriminación positiva hay diferencias grandes. La carga de la prueba es un punto decisivo respecto de si las mujeres están mejor representadas en la vida profesional.
Por esta razón, nosotras, las socialdemócratas, y también los hombres socialdemócratas, venimos luchando desde hace ya mucho tiempo por una directiva sobre la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. No obstante, con el presente proyecto la Comisión ha trazado un importante objetivo intermedio.
Para nosotros, socialdemócratas, esta directiva significa un paso adelante hacia la Europa social. Ahora debe moverse el Consejo y no debe adoptar por más tiempo esta actitud indecisa.
Queremos que el informe de la Sra. Ghilardotti, a la que deseo felicitar cordialmente también en nombre de mi grupo, lleve a que las trabajadoras puedan hacer valer mejor sus derechos, que logren un mejor estatus jurídico a la hora de su colocación, de su promoción y de su remuneración. Pido a algunos cristianodemócratas y, sobre todo, también a las organizaciones patronales que todavía intentan hacer supresiones aquí, que reconsideren su actitud. Mañana deberíamos corroborar con una mayoría lo más grande posible los aspectos que ha expuesto la Sra. Ghilardotti, es decir, una definición lo más estricta posible de discriminación directa e indirecta, el desplazamiento de la carga de la prueba hacia el patrón o una distribución de la misma entre la demandante y el patrón, aspectos que constituyen una afirmación central del artículo 4 de la directiva, así como también los procedimientos consignados en el artículo 5.
Creo que con esto podemos recobrar en gran medida la confianza que las electoras depositan en nosotros, en el Parlamento Europeo. Espero que se produzca una gran conformidad con este informe.

Lulling
Señora Presidenta, señor Comisario, la cuestión de saber si la inversión de la carga de la prueba o su reconducción podría contribuir a una aplicación más correcta de la legislación comunitaria en el ámbito de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, ha hecho correr ya ríos de tinta, desde hace más de diez años, en nuestra Comunidad.
Unos reclaman la inversión de la carga de la prueba a voz en grito. Otros señalan que no será una panacea para poner fin a las discriminaciones directas e indirectas de las que siguen siendo víctimas las mujeres trabajadoras, y ello a pesar de la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es una política esencial en la Comunidad Europea desde hace veinte años.
Por último, otros alertan sobre la adopción de una directiva comunitaria que correría el riesgo de desalentar a los empleadores a llevar a cabo políticas activas de empleo de las mujeres, en particular, en política, que correría el riesgo de provocar una multiplicación de litigios sin que éstos sean necesariamente fundados, sin que se pueda hacer distinción entre los casos de personas víctimas de discriminaciones reales que todos condenamos, y los casos de personas simplemente descontentas con una decisión que les concierne, y que invocan supuestas discriminaciones en contra suya para lograr satisfacción.
Estos últimos temen además, que unas normas demasiado severas, como la inversión de la carga de la prueba, obliguen a los empleadores, para asegurar su defensa, a constituir expedientes para catalogar la menor falta de una colaboradora, o de un colaborador en la minoría de los casos, para poder demostrar que no se ha producido violación alguna del principio de igualdad de trato en caso de presunción de la existencia de una discriminación.
La adopción del informe en comisión de los derechos de la mujer se ha llevado a cabo en condiciones normalmente intolerables, sin los textos de los dictámenes aprobados de prisa, a mayor abundamiento, sin traducción a las lenguas oficiales. Además, sabemos que el Consejo ha manipulado ya el texto de la propuesta de la Comisión amputando pura y simplemente, por ejemplo, el artículo 5 relativo a los procedimientos nacionales, que, en efecto, en mi humilde opinión, nada tiene que ver en una directiva comunitaria. Además, en materia de campo de aplicación, el Consejo ha suprimido ya la referencia a la directiva sobre la igualdad de trato en materia de sistema de seguridad social.
Ante todo esto, desearía que el Sr. Comisario nos diga cuál es su postura sobre las diferentes enmiendas que se proponen en el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer. Desearía saber, por ejemplo, señor Comisario, en cuanto a la enmienda 8 del artículo 2, quién desearía estipular que no existe discriminación cuando se trata de un objetivo esencial de la política social de un Estado miembro, habida cuenta de que los objetivos esenciales, siguen siendo muy divergentes de un Estado miembro a otro, y si usted opina que se puede hacer esto, o que llegaremos a la gloria con un texto así.
Díganos asimismo si está usted convencido de que su artículo 5 relativo a los procedimientos tiene una base jurídica en el Tratado, cuando eminentes juristas de este Parlamento y ajenos a él -yo no lo soy- opinan que el orden jurídico interno de los Estados miembros forma parte del tercer pilar.
Señor Comisario, díganos claramente, para que podamos votar con todo conocimiento de causa, cuál es su opinión acerca de estas diversas enmiendas.

Larive
La Sra. Ghilardotti ya lo mencionó en su excelente informe: una importante jurisprudencia del Tribunal de Justicia y seis directivas de emancipación. Pero la práctica demuestra lo difícil, incluso lo imposible que es a menudo demostrar la discriminación ilegal. El empresario como demandado dispone de la información relevante y de las pruebas, que a menudo no necesita entregar. Y a menudo el juez nacional tiene dificultades para entender y aplicar el concepto de discriminación indirecta. Por ello, el Grupo de los Liberales apoya la directiva. Esta directiva distribuye la carga de la prueba entre ambas partes y define claramente el concepto de discriminación indirecta. Los derechos de papel se convierten en derechos concretos. Tal como ha dicho la ponente, ya en 1988 fui ponente para la primera propuesta de legislación, que ha sido bloqueada sistemáticamente por la «buena» Gran Bretaña, algo que todavía sigue haciendo. Me parece incomprensible, pues ninguna empresa legal tiene por qué temer a esta legislación. Todo aquel que tenga la conciencia limpia, puede entenderse muy bien con ella. Pues esta legislación, y se lo digo también a la Sra. Lulling, no crea nuevas obligaciones para las empresas, no tiene consecuencias directas, y ninguna mujer, señora Lulling, interpondrá un pleito por diversión porque simplemente se siente ofendida. La directiva consolida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y se encarga de que se aplique de forma coherente. Quién puede tener objeciones, salvo el Sr. Bryan Cassidy. Los Liberales europeos esperan vivamente que, después de las elecciones británicas del 1 de mayo, el nuevo Gobierno británico se adhiera por fin a la directiva. También las mujeres británicas tienen derecho al mismo trato que los demás ciudadanos europeos.
Por último, quiero felicitar de nuevo a la Sra. Ghilardotti, pero también a la Presidencia neerlandesa, que trabaja duramente para que el próximo 17 de junio se apruebe la directiva, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2000 y las mujeres europeas tengan mayor posibilidad de que el juez aplique y cumpla la legislación emancipatoria europea.

Sornosa Martínez
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, felicito a la Sra. Ghilardotti por su informe y nuestro voto -el voto de nuestro Grupo- va a ser favorable el informe, así como a las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer. Nosotros consideramos necesaria esta directiva para la puesta en práctica del principio de igualdad, que está resultando tan difícil en este fin de siglo. Principio de igualdad que no se garantiza suficientemente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y así lo han manifestado reiteradamente los representantes sindicales.
La presente propuesta de directiva considera e introduce elementos muy positivos: la necesidad de establecer una definición de discriminación indirecta, la compatibilidad entre la aplicación de la directiva y la aplicación de acciones positivas o medidas de protección de la mujer, su aplicación antes del año 2000 y este seguimiento de la aplicación en los Estados miembros, informando a la Comisión cada tres años.
Por todo ello, espero sinceramente que el Parlamento apruebe esta directiva y que no debamos esperar ocho años más para otra propuesta. También espero que, en un futuro, después de la revisión del Tratado, estos temas puedan aprobarse, finalmente, por mayoría y no por unanimidad.

Van Dijk
Señora Presidenta, también a mí me complace la propuesta de la Comisión de desplazar la carga de la prueba en casos de discriminación en 14 de los 15 Estados miembros. En los últimos años, el Tribunal ha sido bastante inequívoco en sus sentencias, y en realidad esta propuesta no es más que una consecuencia lógica de las sentencias del Tribunal. La Comisión de Derechos de la Mujer ha ajustado más la propuesta a la jurisprudencia del Tribunal, que por cierto también está en vigor en el Reino Unido, y me complace que, después de todos los esfuerzos realizados en todas las comisiones, el Sr. Cassidy por fin lo comprenda también. La Sra. Ghilardotti ha realizado en efecto un trabajo excelente. En este caso es en el Consejo donde hay gato encerrado, pues es cierto que la Presidencia neerlandesa hace lo que puede para conseguir que esta directiva sea tramitada rápidamente por el Consejo, pero también es cierto que todavía no lo ha logrado y agradecería que el Comisario Flynn nos pusiera al corriente del estado del debate dentro del Consejo. Por lo que parece, el Consejo quiere desvirtuar al máximo esta propuesta y no quiere incluir en la directiva ni las directivas de seguridad social ni las formas indirectas de discriminación. Esto es perjudicial no sólo para la política de igualdad de trato, sino también para la imagen de la Unión Europea, y además es contrario a la jurisprudencia del Tribunal, y espero que la Comisión y el Parlamento lo impidan hoy y mañana en una acción conjunta.

Torres Marques
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a la Comisión por haber elaborado esta propuesta de directiva que tanta falta hacía para eliminar injusticias cometidas desde hace mucho y que, aunque eran de todos conocidas, no se podían demostrar concretamente.
Quiero también felicitar a la Sra. Fiorella Ghilardotti por el excelente informe que ha elaborado sobre un tema jurídicamente tan difícil y que puede llegar a ser útil para todos los que son víctimas de la injusticia sin poder defenderse, en particular las mujeres.
Este proyecto de directiva es de gran importancia para un país como el mío, donde desde hace mucho se lucha para conseguir una legislación semejante, sin que hasta ahora haya sido posible. El hecho de que el Parlamento Europeo apruebe este informe podría ser determinante en la evolución futura de esta situación, ya sea porque el parlamento portugués decida adoptar ahora mismo una legislación semejante o porque, si el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales llegara a aceptar las nuevas propuestas, éstas tengan que transponerse en la legislación nacional.
El reparto de la carga de la prueba es un principio de justicia elemental, porque permite a la parte normalmente más débil y más afectada por decisiones injustas e injustificables beneficiarse de medios de prueba mucho más amplios. Con el proyecto de directiva que ahora examinamos y con las propuestas de enmienda presentadas, pasa a ser obligatorio que también las entidades patronales demuestren que no están practicando la discriminación basada en el sexo.
Situaciones evidentes para todos de clara subrepresentación de las mujeres en empresas -como ocurre, en Portugal, con el Banco Comercial Portugués, en el que la administración afirma no seleccionar a los trabajadores basándose en el sexo, pero donde el número de mujeres que en él trabajan es ocho veces inferior a la media de la generalidad de los bancos portugueses- ya no serán posibles, pues la entidad patronal pasará a tener también la responsabilidad de justificar sus actuación.
La inclusión de la discriminación indirecta y su definición clara, la posibilidad de que las informaciones necesarias estén accesibles a las personas discriminadas para que puedan defenderse y hacer valer sus derechos y el control que la Comisión y el Parlamento Europeo harán de las acciones existentes contribuirán que esta directiva llegue a ser uno de los instrumentos para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad. Por eso, con mucho gusto voy a votar a favor de este informe.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, en Europa hace ya 20 años que se libra una batalla en favor de las mujeres; esto significa que todo el mundo en todos los Estados miembros sabe que Europa es la defensora de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Muchas mujeres se han beneficiado de ello. ¡Con razón, señora Presidenta!
En este momento siguen existiendo diversos inconvenientes para las mujeres en el mercado laboral. A menudo es preciso combatir laboriosamente contra estos inconvenientes, bien contra los empresarios, bien contra el propio Estado. He de decirles que cuando era diputada del Congreso de los Países Bajos, como miembro del partido gobernante, ayudé a la oposición y a las mujeres en el movimiento sindical para llevar a buen término diversos pleitos que también se mencionan aquí en el Tribunal de Justicia Europeo. Esto significa que el Grupo del PPE -hemos celebrado un amplio debate- no acepta que la directiva 79 se excluya de esta legislación. Ya que entonces le quitamos la esencia.
Pueden ustedes estar seguros, se lo digo también a sus Señorías, que el Grupo del PPE apoyará la presente propuesta en la votación final. Y no sólo yo, sino también otros compañeros, como la Sra. Palacio, que la ha examinado desde el punto de vista jurídico y que ha formulado también una serie de preguntas. Ya ha hablado al respecto y luego les tocará el turno a otros compañeros.
Tenemos preguntas respecto al artículo 4, pero también respecto al artículo 5, no el artículo 5a, pero sí el 5b. Es muy difícil lo que aquí se exige al pequeño empresario. Como eurodiputados, también somos pequeños empresarios. No es una cuestión sencilla disponer de la carga de la prueba tal como se describe allí. Por lo tanto, quisiera que la Comisión Europea me dijera cómo transcurre el debate en el Consejo. ¿Estoy bien informada de que bajo la dirección de la Presidencia neerlandesa no hay ningún Estado miembro que quiera aceptar el artículo 5 en ese punto? ¿Qué pasaría si se formulara una alternativa al artículo 5b? Me lo pregunto en voz alta.
Sea como fuere, mañana en la votación final, aunque quizás podríamos votar de otra manera con relación al artículo 5b, también a raíz del debate que mantenemos aquí, esta directiva, que beneficia a hombres y mujeres en la sociedad europea, puede contar con el apoyo del Grupo del PPE.

Kokkola
Señora Presidenta, Señorías, el informe de la Sra. Ghilardotti constituye realmente un estudio profundo del tema, por lo que es difícil añadir algo importante, especialmente después de las muchas cosas importantes que han dicho los diputados de los otros Grupos de esta Asamblea.
Sin embargo, quisiera destacar dos aspectos que, desde mi punto de vista, no son negociables. Se trata de la transparencia y del acceso a la información. Es una afirmación común que existen formas indirectas de discriminación en todos los países de la Unión Europea. No obstante, resulta difícil demostrar esta discriminación indirecta, habitualmente dirigida contra las mujeres. Nuestro objetivo es la abolición de todo tipo de discriminación por razón de sexo, en concreto en el ámbito profesional y en el de los seguros.
Me adhiero absolutamente a la propuesta de la ponente que indica que los Estados miembros deben aplicar la directiva a más tardar el 1 de enero de 2000. Así mismo, es necesario que se efectúe un control permanente de esa aplicación, para garantizar unos resultados inmediatos.
Transparencia con respecto a todos los ciudadanos, pero especialmente a las mujeres y a todos los grupos sociales, al adoptar las decisiones y las medidas que les conciernen de manera directa y concreta: modalidades de contratación, razones de despido, cumplimiento de la legislación sobre maternidad entre otros aspectos. Los problemas que se derivan de la falta de transparencia son particularmente agudos.
A raíz de esta situación se producen otros problemas, como la ausencia o la falta de voluntad de testigos, o la falta de pruebas necesarias, como documentos en poder del empresario. En este contexto, hasta puede darse el caso de una explotación por parte de la defensa por no haber facilitado a la demandante una información completa sobre sus derechos lo cual puede llevarle a aceptar compromisos para no perder su puesto de trabajo. Es decir, se atenta una vez más contra la persona y contra los derechos humanos.
Para terminar, quiero subrayar que es imprescindible que las medidas positivas existentes se conserven. Gracias, y espero la respuesta del Sr. Comisario.

Glase
Señora Presidenta, señor Comisario, una directiva sobre la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo ha sido muy celebrada por muchas asociaciones de mujeres y por personas particulares, y se la ha esperado desde hace mucho tiempo. Hasta ahora en las decisiones sobre casos particulares el Tribunal Europeo de Justicia tenía que llenar una laguna a través del recurso jurídico de la jurisprudencia. Ahora mediante una directiva se puede aportar una clara mejora de la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. Celebro extraordinariamente los fundamentos jurídicos claros que rigen por igual de manera vinculante en todos los países miembros, en especial en el ámbito del desfavorecimiento de personas determinadas.
Hasta ahora hemos tenido regulaciones nacionales muy diferentes. Por consiguiente, no tenemos que ver aquí con una resolución política sino que intervenimos profundamente en el ordenamiento jurídico de cada uno de los países miembros. Posiblemente se puede facilitar a las mujeres el camino hacia el Tribunal en los casos de discriminación y de ausencia de oportunidades. Espero que con esta directiva podamos ayudar realmente a las mujeres y no fortalezcamos las reservas y las dudas de emplear y de promover a las mujeres.
Por lo demás, el informe contiene algunos puntos que refuerzan mis dudas acerca de su transposición. En este punto me remito de manera especial al artículo 5 y a las enmiendas 15 y 16.
Y ahora una puntualización sobre el procedimiento. Hemos trabajado en la propuesta de la Comisión, como está prescrito. Según nuestras informaciones, el Consejo ha modificado hace tiempo el texto base, de suerte que posiblemente estamos exigiendo algo que ya no es objeto de la discusión. Lamentablemente, no ha sido posible detener los trabajos en la Comisión y exigir la presentación de la versión actual.
Espero, señora Presidenta, que en el futuro se pueda coordinar mejor y más eficazmente el trabajo del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo.

Zimmermann
Señora Presidenta, la propuesta de directiva sobre la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón del sexo se encuentra ya en discusión desde hace diez años. Espero que ahora lleguemos a buen término y que esta directiva sea aprobada.
Precisamente, por mi praxis como representante de personal, que con mucha frecuencia se ha tenido que enfrentar a estos problemas ya se tratase de ocupación, de promoción o de remuneraciones, sé cuán difícil resulta a las afectadas demostrar esto, sé que ellas no han podido hacer valer reclamaciones por ser mujeres. Las mujeres que han acudido a tribunales han necesitado mucha fuerza y mucho tiempo para poder presentar las pruebas pertinentes y en la mayoría de los casos han perdido en estos procesos, pues los patronos, también los denominados «pequeños» patronos, tienen una mejor posición de salida. Hasta ahora no han necesitado llevar la cuenta de que hacían discriminación. Por esta razón, espero también que se apruebe aquí, en el Parlamento, por una gran mayoría el desplazamiento de la carga de la prueba desde la demandante al demandado. Esto constituiría un gran paso hacia la igualdad de trato de mujeres y de hombres dentro de la Unión Europea.

Mann, Thomas
Señora Presidenta, estimados colegas, señor Comisario, con frecuencia la igualdad entre hombre y mujer existe solamente sobre el papel y se da demasiado poco en la realidad.
Un acceso igual al empleo, a la formación y a la promoción, una remuneración igual e iguales sistemas de seguridad social en el lugar de trabajo, se han fijado ya en directivas europeas. Sin embargo, la prueba de una discriminación por razón del sexo se encuentra insuficientemente regulada. El progreso sólo será algo más que un caracol -y echo mano del ejemplo de nuestra colega, la Sra. Gröner- cuando las afectadas no tengan que demostrar una discriminación. Más bien son los demandados quienes tienen aportar la prueba de que han seguido el principio de igualdad. En los Estados miembros sigue estando sin unificar el aseguramiento de la carga de la prueba. En consecuencia, es preciso acordar regulaciones comunes en las que se incluyan tanto la discriminación indirecta como la directa.
Las discusiones en torno al Informe Ghilardotti en la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales y en la Comisión de Derechos de la Mujer -pertenezco a ambas- han sido cualquier cosa menos fáciles. No ha estado ni está claro el hecho de que el Consejo está discutiendo desde hace tiempo propuestas completamente nuevas. En este punto quiero apoyar absolutamente a nuestra colega, la Sra. Glase, y plantear al Comisario la pregunta de cuál es nuestro fundamento para esto. Sigue habiendo problemas. El artículo 5 - y me refiero en especial al artículo 5 b- interviene ampliamente en los sistemas jurídicos nacionales. Así como es necesario que mediante el procedimiento se hagan transparentes los estados de cosas, de la misma forma es improcedente que una pretensión de información se convierta en una pesquisa.
El Partido Popular Europeo no puede dar su conformidad a algunas enmiendas. Por tomar una: la enmienda nº 8; en su definición de la discriminación indirecta va más allá de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. Por lo demás, la discriminación indirecta no se puede justificar mediante una supuesta necesidad de una empresa.
Sin embargo, estamos de acuerdo con el objetivo del informe de Fiorella Ghilardotti. Debe servir de señal para la posterior eliminación de discriminaciones y para una mayor igualdad de oportunidades, en especial en la vida laboral.

Van Lancker
Señora Presidenta, casi al final de este debate nocturno no puedo si no apoyar a los compañeros que dicen que estamos sinceramente satisfechos por el hecho de que después de diez años por fin llegue una directiva. Por otra parte, esta ha sido siempre para nosotros una de las principales prioridades, si me permiten recordarlo. Sólo lamento que tengamos que hacerlo con un puñado de diputados, casi a las doce menos cuarto, mejor dicho casi a las doce menos cinco. Si puedo añadir algo al debate de hoy, quisiera decir que me ha irritado un tanto la hipocresía que ha imperado a menudo en este debate sobre la necesidad de esta directiva y que ha expresado sobre todo el grupo de presión, sobre todo de UNICE, pero que también he oído de diversos diputados de este Parlamento Europeo, afortunadamente no tantos. El argumento utilizado fue que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo es clara y que no necesitamos esta directiva. Entonces ¿de qué hemos estado hablando durante diez años? Si es así, me pregunto por qué el grupo de presión se ha opuesto con tanta vehemencia. Por supuesto, en el pasado el Tribunal de Justicia Europeo ha realizado un excelente trabajo en relación con la discriminación indirecta, en relación con el desplazamiento de la carga de la prueba. Pero el problema es que los tribunales nacionales y el legislador nacional, seamos francos, no siempre han seguido con igual meticulosidad la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Y además existe la tendencia, Señorías, de que el Tribunal de Justicia Europeo se retracte. Por tanto, pienso que es positivo que por fin tengamos una base jurídica sólida con una definición clara, con procedimientos buenos y con un ámbito de acción amplio que abarque todas las directivas sobre la igualdad de trato. Por cierto que me irrita que algunos diputados sigan impugnando que el artículo 5 está en su lugar en la normativa europea. No lo entiendo. No se trata de armonizar los procedimientos jurídicos entre los Estados miembros. Es decir, que no tiene nada que ver con una materia del tercer pilar. Si la información no puede ser algo necesario, no puede ser forzada, entonces me pregunto de qué sirven todas las propuestas de la Comisión relacionadas con la información y la consulta, pues tampoco podemos pedirles esto a los Estados miembros.
Termino, señora Presidenta, afirmando que espero que el Consejo no desvirtúe la directiva, pues de lo contrario en la segunda lectura tendremos que deliberar sobre cuál será nuestra postura.

Ahlqvist
Señora Presidenta, en la Europa de las mujeres nos queda un largo camino que recorrer para llegar a la equiparación. La discriminación positiva de las mujeres está prohibida según el Tribunal de la UE. Las mujeres europeas se ven expuestas a la discriminación en sus empleos y en la sociedad. Las mujeres ganan menos que los hombres, les resulta más difícil conseguir puestos de dirección y promocionarse. Además es difícil para nosotras, lo cual muchos han destacado esta tarde, demostrar la existencia de estas condiciones, es decir, que realmente nos vemos expuestas a la discriminación por razón de sexo tanto en la vida cotidiana como en la política. Es especialmente difícil para nosotras demostrar que esto se da en el lugar de trabajo.
Por tanto doy las gracias a la Sra. Ghilardotti y la felicito por su informe, puesto que a través de él tendremos mayores posibilidades de adoptar unas acciones. Hasta ahora ha sido casi siempre obligación de la persona discriminada demostrar que se la ha tratado injustamente, pero naturalmente habría sido mejor si hubiésemos podido ir más lejos y quizás, como ya hemos oído anteriormente, incluir el artículo 4.1 c, que ya se hallaba en la propuesta de la Comisión. A pesar de esto, pienso que el informe es de gran calidad y lo apoyo incondicionalmente.
La equiparación no es naturalmente una cuestión exclusiva de las mujeres y de nuestros derechos, sino que constituye un problema que afecta al conjunto de la sociedad. La distribución equitativa de la responsabilidad, tanto en el trabajo como en la familia, significa a la larga una mayor calidad de vida para los hombres y las mujeres.

El Presidente
Señora Ahlqvist, creo que usted ha sido la única que se ha atenido al tiempo de uso de la palabra. Todos los demás se han excedido.
Tiene la palabra ahora el Comisario Flynn.

Flynn
Señora Presidenta, deseo comenzar dando las gracias a todos los que han hecho contribuciones a este debate. La propuesta sobre la que van a votar Sus Señorías tiene ya una larga historia tras sí, como ya se ha dicho, pese a que no se presentó oficialmente al Consejo hasta junio de 1996.
La primera propuesta de la Comisión sobre esta cuestión se remonta a 1988 y entonces se basaba en los artículos 100 y 235. Desde entonces no se había logrado acuerdo alguno sobre dicha propuesta, por lo que la Comisión la retiró.
De modo que la propuesta actual está basada ahora en el acuerdo sobre política social anejo al Protocolo nº 14 sobre política social anejo al Tratado y, en particular, en su artículo 22. El objetivo principal de la propuesta es el de consolidar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cambiando la carga de la prueba en casos de discriminación basada en el sexo. Va encaminada a establecer un fundamento jurídico más claro para las mujeres que deseen impugnar la supuesta discriminación de que sean víctimas.
Antes de explicar las intenciones de la Comisión por lo que se refiere a las enmiendas propuestas, permítaseme hacer dos declaraciones preliminares. En primer lugar, quiero agradecer a la Sra. Ghilardotti y a toda la Comisión de Derechos de la Mujer, así como a todas las demás comisiones interesadas, la enorme cantidad de trabajo llevado a cabo en muy poco tiempo y agradecer a Sus Señorías el apoyo que han dado a la propuesta de la Comisión. Me complace mucho oír a Sus Señorías hablar de la necesidad de que se incluya el protocolo dentro del Tratado. Cuentan con todo mi apoyo para ello.
En segundo lugar, deseo confirmar hoy a Sus Señorías que la propuesta que han examinado es exactamente la misma examinada por los Estados miembros en el Consejo. La propuesta no está obsoleta y el Consejo no tiene otra propuesta sobre la mesa. En realidad, las negociaciones en el Consejo han movido a los Estados miembros a modificar algunas disposiciones del texto de la Comisión. Pero ése es el procedimiento habitual y nos proponemos apremiarlo para que acepte varias de las enmiendas de Sus Señorías antes de que alcance la posición común. A ese respecto, quisiera subrayar también que la posición común no se aprobará en el Consejo de Asuntos Sociales del 17 de abril. No se hará hasta el Consejo de junio. Eso brindará mucho tiempo para que se examinen enteramente las enmiendas de Sus Señorías.
Permítaseme pasar a las enmiendas. Tengo mucho gusto en informar a Sus Señorías de que la Comisión está dispuesta a aceptar la mayoría de ellas. Además, casi todas las enmiendas que no son aceptables para la Comisión son de menor importancia.
La Sra. Lulling me ha pedido que repase las enmiendas y eso es lo que quisiera hacer. La enmienda nº 1 no se puede aceptar, porque en todas las demás directivas y en las sentencias emitidas por el Tribunal se utiliza la palabra «sexo» en lugar de «género». Las enmiendas núms. 2 y 3 no son aceptables, porque las referencias que pretenden incluir mediante dos nuevos considerandos están, en realidad, muy alejadas del objetivo de procedimiento seguido por la Directiva y no habría una disposición correspondiente en el texto de los artículos.
La supresión propuesta en la enmienda nº 10 no es aceptable, aunque habría sido muy tentador aceptarla, porque vincularía automáticamente al legislador en el futuro, cosa jurídica o políticamente inaceptable. Las palabras que Sus Señorías proponen añadir al apartado 1 del artículo 3 de la propuesta enmienda nº 11 no son aceptables, porque, al parecer, confundirían la referencia, ahora clara, a los procedimientos que resultarían afectados por la Directiva. No se pueden aceptar la enmienda nº 13 ni el apartado 1 del artículo 4, porque la redacción del texto de la Comisión se deriva directamente de la jurisprudencia, en la que nunca se ha hecho distinción entre discriminación directa e indirecta a ese respecto.
La enmienda nº 16 sobre el artículo 6 no es aceptable, porque daría la impresión de que la lista que figura en dicho artículo es exhaustiva, cuando resulta que no es así. Por último, no se puede aceptar la enmienda nº 18, porque acepto en principio la enmienda nº 17, cuyo contenido es similar en líneas generales. Quisiera revisar la redacción concreta de la referencia a la acción positiva que figura en la enmienda nº 17, pero no tengo dificultad para aceptar el principio: el de que la aplicación de esta Directiva en modo alguno justifica una ausencia de medidas de acción positiva. La propuesta revisada de la Comisión lo reflejará exactamente.
Como ya he dicho, la Comisión está ya dispuesta a aceptar la mayoría de las enmiendas propuestas y, en particular, las que van encaminadas a fortalecer las disposiciones fundamentales de la propuesta.
La enmienda nº 4 sobre el considerando 10 y la enmienda nº 9 sobre la letra a) del apartado 1 del artículo 3 son, evidentemente, aceptables, pues actualizan el texto de la Comisión. La Directiva 96/34 relativa al permiso parental no estaba aprobada cuando se presentó la propuesta al Consejo, pero ahora se debe incluir en el campo de aplicación. Quisiera, en particular, expresar la importancia que atribuyo a las enmiendas núms. 5, 6, 7 y 8, cuyo objeto es el de fortalecer la definición de la discriminación indirecta, que ocupa una posición central en la propuesta. Incluyen una útil referencia complementaria a las palabras utilizadas en la jurisprudencia.
La enmienda nº 12 se refiere a otra disposición fundamental -la letra a) del apartado 1 del artículo 4- y es aceptable en parte. La primera parte es aceptable y, en particular, la inclusión de las palabras «un hecho o hechos» puede resultar muy útil en la práctica. En cambio, la última parte de la enmienda crearía confusión en la disposición, pues parece entrañar la posibilidad de justificar una discriminación directa, cuya existencia ya se hubiera comprobado. Esa parte de la enmienda representaría un paso atrás en comparación con la jurisprudencia actual.
La enmienda nº 14 se refiere a la letra c) del apartado 1 del artículo 4 y está en consonancia con la jurisprudencia, pues suprime la referencia a la intención de discriminar. La enmienda nº 15 es de carácter lingüístico. Ya he indicado que acepto el principio de la enmienda nº 17, en la que figura una referencia menos amplia que la enmienda nº 18 a la acción positiva y se puede aceptar por las razones que ya he aducido.
Por último, podemos aceptar las enmiendas núms. 19 y 20, que se refieren al artículo 8 sobre la fecha de aplicación -es decir, el 1.1.2000, en lugar del 1.1.2001- e incluyen una nueva disposición en la que se pide un informe sobre la aplicación de la Directiva. Sin embargo, quisiera modificar ligeramente la redacción de la segunda enmienda y por razones prácticas sería útil substituir las palabras «dos años», después de la fecha de aplicación, por 1.1.2002.
Las dos enmiendas presentadas en fase posterior -las núms. 21 y 22-, relativas a la formulación de una redacción relativa al cambio de la carga de la prueba no logran, de hecho, mejora alguna en la propuesta y confundirían, en realidad, y harían menos clara la situación para los jueces nacionales.
Se han hecho muchas observaciones. Voy a repasar rápidamente algunas de ellas, porque son muy pertinentes. Quisiera dar las gracias a todos los autores de las observaciones. Todas han sido pertinentes, pero conviene responder a algunas en particular.
El Sr. Cassidy ha hecho la observación sobre el jurisconsulto del Parlamento Europeo. He tomado nota de ello. Pero quisiera decir al Sr. Cassidy que su observación se basa en la hipótesis de que se atenúe la propuesta. No tenemos la intención de que se atenúe la propuesta. Esta directiva concreta no se aplicará en el Reino Unido. Constituye un motivo de cierto alivio para todos nosotros que los procedimientos nacionales en ese país sean ya bastante positivos en los aspectos abarcados por esta propuesta concreta.
Quisiera pasar ahora a lo dicho por la Sra. Palacio Vallelersundi. Nos satisface que nuestra formulación del reparto de la carga de la prueba sea clara y correcta. Refleja, de hecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Nuestro servicio jurídico está totalmente satisfecho sobre su ortodoxia jurídica.
La Sra. Lulling ha hecho una observación concreta sobre la enmienda nº 8. He de decirle que está bien exigir a un Estado miembro que demuestre que una disposición corresponde a un fin necesario de su política social. De lo contrario, no habría un control de las revisiones legislativas aun en los casos en que fueran potencialmente discriminatorias. También he de referirme a la pregunta formulada por Su Señoría sobre la multiplicación de los posibles litigios. No creo que sea así. De lo que estamos hablando aquí es de normas más justas cuando se promuevan acciones ante los tribunales. Ya tenemos la jurisprudencia establecida. Estas directiva y propuesta concretas versan en realidad sobre asuntos de procedimiento.
La Sra. Van Dijk ha formulado una pregunta sobre cómo está la situación en el Consejo. También se han referido a eso la Sra. Oomen-Ruijten y la Sra. Glase. La única propuesta oficial, como ya he dicho, sobre la mesa del Consejo es la nuestra, que no puede avanzar hasta que reciba el dictamen del Parlamento al respecto. Lo que conviene decir es que los elementos principales de la propuesta de la Comisión siguen figurando en el texto que se está examinando, es decir, el cambio de la carga de la prueba y la definición de la discriminación indirecta.
Quisiera decir a la Sra. Oomen-Ruijten y al Sr. Thomas Mann que no hay nada irregular en la letra b) del artículo 5. Lo único que dice, en realidad, es que las partes en procedimientos judiciales deben tener acceso a la información que necesitan para argumentar su posición. Eso es sin duda alguna justo.
En cuanto a lo que está sucediendo en el Consejo, el debate está en curso. Cierto es -digo esto a la Sra. Van Dijk y a la Sra. Lulling también- que bastantes Estados miembros abrigan dudas sobre la inclusión del artículo 5. Sin embargo, tengo la intención de mantener esta disposición en la propuesta revisada.
Reitero mi agradecimiento por toda la labor que se ha llevado a cabo. Ha resultado muy útil y fructífera en su totalidad. Se refleja en el hecho de que la Comisión acepte casi todas las enmiendas propuestas por Sus Señorías sobre el apartado 2 del artículo 2, la letra a) del apartado 1 del artículo 3 y la letra a) del apartado 1 del artículo 4, que son las tres disposiciones fundamentales de la directiva propuesta.
Estamos logrando considerables avances en esta propuesta. La Sra. Gröner lo ha resumido muy bien en una frase. Quisiera agradecérselo. También quisiera expresar mi agradecimiento a usted, señora Ghilardotti, en particular, por las gestiones que ha hecho a este respecto. La Sra. Gröner ha dicho -y ésa es mi opinión tambiénque, si aprobamos esta legislación, las mujeres podrán defender mejor sus derechos.

Ghilardotti
Señora Presidenta, considero que las respuestas del Comisario son satisfactorias. La Comisión, a juzgar por lo que acaba de manifestar esta noche el Comisario, ha entendido el objetivo fundamental de nuestro trabajo, esto es, el reforzamiento y la aclaración, desde el punto de vista jurídico, de los aspectos fundamentales de esta propuesta de directiva, o sea, la definición de discriminación, la carga de la prueba y el mantenimiento del artículo 5, relativo a los procedimientos, es decir, los tres puntos que constituyen la parte sustancial de la propuesta.

El Presidente
Doy las gracias también a todos los que han participado en el debate, a los representantes del Consejo y de la Comisión y a todos los colegas que se han quedado hasta el final.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se cierra la sesión a las 12.00 horas.)

