
Van Dijk
Presidenta, presento una moción de orden. En el "Aftenbladet», un diario vespertino sueco, del 9 de enero, se publicó un artículo en la portada con tres hechos incorrectos, de los cuales el Parlamento puede comprobar dos. Se acusa a diecisiete parlamentarios de este Parlamento de seis grupos parlamentarios diferentes de estar involucrados en unas prácticas mafiosas y de formar parte de la mafia de las drogas en la Unión Europea. Dado que se creó un sistema y una unidad para actuar contra este tipo de artículos escandalosos, quisiera preguntarle si la Oficina de Información sueca ya ha creado una "fiche d'alerte» y si ya se ha recibido en nuestra unidad del Parlamento y cuáles van a ser las consecuencias de esto. Porque está muy claro que esto perjudica extraordinariamente a este Parlamento y que además es un completo disparate que se acuse a diecisiete miembros de participar en la mafia de las drogas y que aparezcan con foto y todo en el periódico. Me gustaría mucho saber si usted y nuestra unidad que se creó para esto, actúan de alguna forma y si ya se ha hecho una "ficha d'alerte».

El Presidente
Señora van Dijk, contestando a su pregunta, puedo decirle que la Mesa examinó en la reunión de la víspera la manera más apropiada de responder a tales ataques y calumnias, y decidimos la creación de una unidad para contestar lo más rápida y razonablemente posible a estos ataques absolutamente inadmisibles. Aprovecho la oportunidad para informar de ello a nuestra Asamblea.

Cornelissen
Señora Presidenta, pido mis sinceras disculpas por molestarle con un problema personal. Suelo empezar animado y en buena condición con el período mensual de sesiones de Estrasburgo, pero casi en cada período de sesiones cojo un resfriado fuerte. Resulta que muchos padecen problemas de este tipo. Creo que tiene que ver con el sistema de climatización.
Mi pregunta es si usted está dispuesta a pedir a los servicios correspondientes que investiguen lo que se puede hacer. Porque, Señora Presidenta, realmente ya no se puede aguantar - hablo por mi - al final de la semana.

El Presidente
Señor Cornelissen, no podemos iniciar un debate sobre este asunto. No me ha molestado en absoluto que me haya planteado esta cuestión. Creo que todos acabamos la sesión con problemas debido al mal funcionamiento de la instalación de aire acondicionado. Los servicios técnicos se ocupan de esta cuestión y haremos lo imposible para que la temperatura de este hemiciclo se adapte a nuestras necesidades. Ya me he ocupado de este problema, porque muchos colegas han hecho la misma observación que usted.

Corbett
Señora Presidenta, gracias. Creo, señor Cornelissen, que la explicación es mucho más sencilla. Estamos reuniendo los últimos virus y bacterias de los cuatro puntos de Europa todos los meses, trayéndolos aquí e intercambiándolos. Es nuestra contribución al Mercado Único Europeo y a la libre circulación de las bacterias.

El Presidente
Le doy las gracias, señor Corbett, por haber puesto un poco de buen humor en esta cuestión.

Guinebertière
Es sobre la misma cuestión, señora Presidenta. No suelo coger constipados en Estrasburgo, pero si sus técnicos son competentes podría enviarlos a Bruselas. Con frecuencia he regresado de Bruselas con un constipado. Tenemos los mismos problemas, molestias en los ojos, etcétera.

Drogas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0359/97) de la Sra. d´Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, con la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de drogas.

Schulz
Señora Presidenta, mi problema no es tanto inmunológico como de orden del día. Usted ha llamado el informe de la Sra. D´Ancona. En base al artículo 129 del Reglamento, quiero solicitar que se devuelva el informe de la Sra. D´Ancona a la comisión.
(Agitación) Quiero justificar mi solicitud como sigue: nuestro grupo político junto con la Sra. ponente, la colega d´Ancona, ha hablado muy intensamente con los diversos grupos políticos de esta Asamblea. Teníamos que debatir sobre 36 enmiendas que se presentaron entre la aprobación del proyecto del informe en la comisión y la sesión plenaria. Señora Presidenta, entre estas 36 enmiendas una serie de ellas si se aprobasen no solamente modificarían ligeramente el informe sino que lo convertirían en lo contrario.
Durante la pausa de Navidad...
(Agitación) Estimadas y estimados colegas, existen unas normas mínimas de cortesía entre las personas y si no las han aprendido, las pueden conocer esta mañana.
Estas enmiendas no han podido ser suficientemente discutidas durante la pausa de Navidad entre la ponente y los autores de las mismas. Por ello, la colega d´Ancona y mi grupo político solicitamos que nos dé la oportunidad de hacerlo y realizar el intento de llegar a un compromiso en un tema tan sensible como la política relativa a las drogas.
(Aplausos)
El Presidente
Señor Schulz, usted acaba de hacer una solicitud en virtud del artículo 129 del Reglamento. Para aplicar estrictamente este artículo deseo saber si hay un orador a favor de esta solicitud. No es el caso. ¿Un orador en contra?

Nassauer
Señora Presidenta, Señorías, esta solicitud es una llana moción de censura contra la estimada colega d´Ancona. No se debe ocultar este hecho. Por lo visto, no se atreven a someter hoy esta solicitud a debate y a votación. También deben saber que -al contrario que mi estimado colega Schulz que nos lo ha intentado hacer creer- no le mueve a ello el haber conocido nuevos datos, sino que tras esta solicitud se encuentra el largo brazo de Tony Blair. En Londres se le ha dictado lo que ha dicho aquí. Tony Blair le ha dirigido. Hay una declaración del Gobierno británico del siguiente tenor: But the UK government has made clear, that it has no intention of legalization or decriminalization of any currently controlled drug . Por ello, sienten que su mayoría se tambalea y quieren devolverlo a la comisión. Decimos que una política europea sobre las drogas debe plantearse una única pregunta: ¿facilita o dificulta que los jóvenes y niños accedan a las drogas? La política de la Sra. D´Ancona facilitaría dicho acceso. Esto lo podemos afirmar ya hoy con un voto negativo. Por ello, rechazamos esta enmienda.

El Presidente
El Sr. Nassauer no se ha extendido más tiempo que el Sr. Schulz en el uso de la palabra. Les aseguro que estoy muy atenta a estas cosas.
De conformidad con el Reglamento, yo había propuesto la intervención de un orador a favor. Nadie se ha manifestado. Señor Dell´Alba, ¿desea pronunciarse a favor?

Dell´Alba
Señora Presidenta, Señorías, el Sr. Nassauer es responsable de sus declaraciones, incluso desde el punto de vista político. No quiero hacer comentarios al respecto. Me limito a decir que en esta Asamblea hay que asumir sus responsabilidades...
Si por un abuso de la mayoría se quiere rechazar un informe, les diré que no es así como se hace política.
Cuando en un Parlamento se presentan sesenta enmiendas...
(Alboroto) Señora Presidenta, le pido que haga callar a mis colegas italianos. Yo hablo en la lengua que quiero.
(Aplausos) Señora Muscardini, quería decir que, cuando se presentan sesenta enmiendas, no hay que gesticular, sino trabajar con más seriedad. Por lo tanto, en un Parlamento democrático es normal que la comisión competente vuelva a discutir el expediente, examine las sesenta enmiendas y presente un texto al Pleno.

El Presidente
Hemos escuchado a los oradores, según establece el Reglamento. Concedo ahora la palabra a la Sra. Green por alusiones personales.

Green
Señora Presidenta, la verdad es que no puedo resistirme. Gracias por su invitación a hablar y también por reconocerme como Pauline Green.
Quisiera decir simplemente que, cuando el Sr. Nassauer ha leído un fragmento de las instrucciones del Ministerio del Interior británico, no ha leído, naturalmente, todos los demás pasajes en que se expresa apoyo al informe y a lo que intentaba hacer y algunos de los elementos de los que intenta ocuparse la Sra. d'Ancona.

El Presidente
Señor Schulz, supongo que la Sra. d´Ancona no desea intervenir, ya que usted se ha expresado por ella. Lo digo porque según el Reglamento el presidente de la comisión, o el ponente, pueden intervenir. Así que usted ha hablado en su nombre. De acuerdo.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

Impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (sistema  "Eurodac»)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0402/97) de la Sra. d´Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto del Consejo relativo a la creación de "Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y del proyecto de "Convenio Eurodac», celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la creación del sistema "Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo (11079/97 - C4-0506/97-97/0915(CNS)).

d'Ancona
Señora Presidenta, el tema que puedo abordar en este momento es muy importante. Tal vez no suscite tantas emociones como el otro tema que hemos debatido esta mañana. Podemos hablar de esto entre nosotros con más tranquilidad pero tengo que decirle sinceramente que abordo este tema con sentimientos contradictorios. Le explicaré el porqué.
Ayer por la tarde tuvimos aquí un debate muy bueno sobre la política de refugiados y sobre la situación que ha surgido a raíz de que1200 Kurdos pidieran asilo en Italia en las últimas semanas. De todas las intervenciones de ese debate, y se lo digo de nuevo, fue un buen debate que no dividió tanto a la derecha de la izquierda como cuando hablamos de las drogas, resultó que todos éramos de la opinión de que lo que falta en este momento es una política común de inmigración y asilo. Todos nuestros colegas expresaron aquí su decepción sobre el hecho de que el Tratado de Amsterdam no nos haya traído esa política común de inmigración y asilo. Quizá más adelante pero no en este momento. Observamos que un incidente como el que ha ocurrido en el caso de los Kurdos nos juega una mala pasada y que realmente no sabemos cómo reaccionar. Ahora bien, digo que tengo unos sentimientos contradictorios, y me parece extraordinariamente difícil empezar a hablar de unos instrumentos que tienen una buena función en el ámbito de una política común de inmigración pero que tomados por si solos parecen servir nada más que para dejar la puerta cerrada a los solicitantes de asilo. Ahora bien, ¿porqué pese a todo he estimado importante que opináramos sobre esto?
En primer lugar, y eso quiero volver a decirlo aquí, me parece una señal de muy buena voluntad por parte del Consejo que haya decidido involucrar al Parlamento en la toma de decisiones en torno a la creación de ese instrumento de Eurodac. Para hacer justicia a la idea de que es peligroso manejar los instrumentos fuera de su contexto, presenté un gran número de enmiendas a la propuesta del Consejo y espero, naturalmente, que mis colegas las apoyen. Todas ellas parten de que hay que crear la mayor seguridad posible para aquellas personas que están en una situación de emergencia. Se trata de los solicitantes de asilo. Un instrumento puede tener un significado positivo, tomar las impresiones dactilares cuando se trata de impedir que se manden personas de un Estado miembro a otro porque no queda claro quién debería a tramitar su solicitud de asilo. Para eso es un buen instrumento, pues eso ya no volverá a ocurrir.
En segundo lugar, creo que se excluye así el envío a un tercer país fuera de la UE, donde rigen otras normas, posiblemente más negativas para el solicitante de asilo. Eso también es bueno. Avisé también en una de las enmiendas que tiene que quedar explícitamente claro que la comparación de las impresiones dactilares no puede ser utilizada para otros fines que no sean la comprobación de la responsabilidad del Estado miembro de origen. Por lo tanto, no se puede utilizar para otro fin que para el que esté diseñado.
Asimismo, creo que es importante que el registro de las impresiones dactilares se conserve sólo durante un tiempo reducido, de modo que de verdad no se pueda hacer abuso de él.
Lo que también me parece importante es que la Comisión Europea se encargue de la gestión de Eurodac, y no uno de los Estados miembros. Me parece que también se ha de crear una especie de protector de datos en Europa, ya que tenemos cada vez más bases de datos y creo, en vistas a la intimidad de la gente, que debemos tratarlas con el mayor cuidado posible.
En última instancia he propuesto que el Tribunal de Justicia Europeo fuera, y que siguiera siendo, la institución indicada en caso de quejas sobre estos asuntos. Bueno, para terminar, Señora Presidenta, ya le he dicho que es realmente una pena que el instrumento se anteponga a la política total. Es una pena pero tengo la esperanza, cuando se modifiquen algunos puntos de lo propuesto por el Consejo, que el Eurodac pueda desempeñar aún una función útil.

Zimmermann
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, aunque el informe de mi colega d´Ancona sobre la elaboración de un convenio para la creación de "Eurodac» es más bien un informe objetivo y técnico -sobre lo que ya ha llamado la atención mi colega- su ejecución es de gran importancia para las personas afectadas. Las personas que se quiere registrar en este sistema han abandonado sus países por diferentes motivos y utilizando también muy diferentes rutas de viaje. En gran parte lo han hecho porque quieren huir del terror, las torturas y la persecución, pero también -no lo debemos olvidar- porque tienen un trasfondo social y económico sin perspectivas.
Todos han elegido la fuga en la esperanza de que allí donde encuentren un día un refugio puedan encontrar también un futuro mejor y seguro, ante todo una protección para sus vidas. Sin embargo, la avalancha de refugiados en la Unión Europea ha hecho que se reduzca rápidamente en los últimos años la disposición a acogerlos en los Estados miembros.
Con las numerosas normas comunes y acuerdos entre los Estados miembros surge, por un lado, la impresión de que se amplía el recinto amurallado de Europa y, por otro lado, de que Europa se entrelaza cada vez más y las fronteras interiores tienen cada vez menor importancia. Hay que encontrar una regulación común sobre todo en el campo del tercer pilar. En cualquier caso sería necesario que cuando hablemos de política de asilo y de inmigración lo hagamos también sobre una política común de asilo e inmigración. En este contexto, tengo que reconocer el excelente trabajo realizado por la Sra. D´Ancona en su informe. No puede ser que, tal como ocurre actualmente, existan numerosas regulaciones diferentes en los Estados miembros que sean reducidas a continuación a un mínimo por el Consejo, limitando también a un mínimo la protección para los refugiados.
Estoy pues a favor de desarrollar un concepto común. Pero sobre este informe quiero decir aún algunas cosas que considero importantes. Lo más importante es que se garantice la protección de los datos de las personas afectadas. Una vez que se ha determinado que debe existir un organismo central pero no cómo debe trabajar el mismo, es necesario que lleguemos a un acuerdo para que esta unidad central, tal como ha dicho la Sra. D´Ancona, se encuentre en la Comisión Europea.
También es importante para mí que los Estados miembros solamente puedan tener un acceso limitado a esta unidad central, en concreto, durante un período máximo de tres meses, ya que ellos mismos tienen la posibilidad de crear un registro. Por ello, en mi opinión es necesario que se limite el acceso de los países miembros a este registro central.

Nassauer
Señora Presidenta, Señorías, el aspecto central de este sistema automático de procesamiento de datos consiste en que en el futuro se van a tomar las huellas dactilares a todos los solicitantes de asilo en la Unión Europea tan pronto como entren en un país miembro de la Unión y si tienen 14 años de edad. Quiero decir de antemano que el grupo del PPE apoya este proyecto por motivos que voy a exponer aún y que consideramos un sin sentido la crítica que se hace de que los solicitantes de asilo quedan automáticamente criminalizados pues la toma de huellas dactilares es una medida que se emplea para la persecución de delincuentes.
Existen necesidades objetivas que voy a exponer brevemente. Es importante que los procedimientos de asilo se decidan rápidamente en Europa. Los solicitantes tienen un derecho a ello, independientemente de si solicitud está justificada o no, de si son perseguidos políticamente o no. En cualquier caso, deben tener pronto claridad sobre si pueden permanecer en Europa o no.
En segundo lugar, deben existir competencias claras. Debe estar claro qué Estado es competente para tratar un procedimiento de asilo, es decir, quién examina una solicitud de este tipo. En tercer lugar, hay que evitar que los solicitantes de asilo sean llevados de un lugar a otro entre los Estados miembros de la Unión Europea. Estas son las exigencias de un procedimiento adecuado, justo y humano y para ello hay que determinar la identidad de los solicitantes de asilo y, en caso necesario, también la de sus familiares, para lo que es adecuado este sistema. Por supuesto, aquí se aplican las normas sobre la protección de los datos. En el acuerdo correspondiente se dice de modo expreso que se aplicará ilimitadamente el convenio sobre la protección de los datos del Consejo Europeo de 1981. Entre otras cosas, allí también se dice que las huellas dactilares se borrarán si, por ejemplo, el solicitante obtiene la nacionalidad de un Estado miembro o si es reconocido como refugiado por un Estado miembro.
Pero no solamente hay perseguidos políticamente que buscan asilo. En la República Federal de Alemania se han publicado ayer las cifras de solicitantes de asilo del año pasado. Han sido más de 104.000 y de esos 104.000 se ha reconocido como perseguidos políticamente a apenas un 5 %. Por supuesto, existe un considerable número de solicitantes de asilo que no presenta su solicitud sólo una vez, sino dos o varias veces, para acceder a la ayuda social. Esta es una lamentable realidad que no se puede ignorar. Por ejemplo, en Alemania se han realizado a este nivel estudios para el período entre enero de 1993 y septiembre de 1996 y se han constatado 46.000 casos de abusos de este tipo, lo que representa una cuota de aproximadamente el 10 %. Después de introducir en Alemania un sistema automatizado de huellas dactilares, esta cifra se ha reducido claramente.
Entretanto existe una comparación de las solicitudes de asilo entre Suiza y Alemania. Se ha revelado que de los principales países solicitantes -de Turquía el 12 %, Pakistán el 19 %, Zaire el 12 % y el Líbano el 12 %- existen solicitantes dobles que perciben una ayuda social también doble, lo que no se puede sencillamente ignorar. Cifras similares existen en un estudio comparativo realizado entre Suiza y Austria. Por ello, es adecuado disponer de un procedimiento de este tipo. Favorece a aquellos que realmente son perseguidos políticamente, por lo que el Grupo del PPE apoya este acuerdo del Consejo y tiene algunas objeciones contra la ponencia limitadora de la colega d´Ancona.

Mohamed Alí
Señora Presidenta, examinamos hoy el informe de la Sra. D'Ancona sobre la propuesta del Consejo de un sistema automatizado para el reconocimiento de las huellas dactilares del solicitante de asilo.
Estamos de acuerdo con la ponente en la necesidad de potenciar al máximo la seguridad jurídica del ciudadano, con medidas claras y procedimientos breves, para el reconocimiento del derecho de asilo. Por otra parte, apoyamos la idea de designar un protector europeo de los datos, visto el número creciente de sistemas que permiten el intercambio de datos relacionados con la persona, y vista la dificultad que presenta la defensa contra los abusos de las personas incluidas en los sistemas.
El asilo es un derecho fundamental de la persona. Conceder o rechazar el acceso al procedimiento de asilo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, tal como se señala en el informe. Esta circunstancia se ha de tener presente en todos los casos, y han de tomarse las precauciones necesarias para que las personas afectadas se beneficien de las mejores condiciones de seguridad jurídica.
En este contexto, me gustaría recordar la pasividad manifiesta del Gobierno español ante las peticiones de asilo y refugio de más de 270 inmigrantes argelinos que siguen a la espera, en Melilla, -desde hace más de dos años, en algunos casos- de que se resuelvan peticiones de amparo legal frente a la amenaza terrorista de la que son objeto en su país de origen. Mientras tanto, las autoridades españolas consideran, de manera incomprensible, que Argelia no es una zona de conflicto.
La necesaria coordinación de las políticas de asilo en la Unión Europea no debe erosionar el sistema de protección internacional de los solicitantes de asilo. En este sentido, la futura unión política deberá mantener y desarrollar la tradicional política europea del derecho de asilo.
Abogamos por un concepto evolutivo del derecho de asilo, sujeto a todas las convenciones internacionales, y por la aplicación evolutiva de ese derecho a los nacionales de los países de la Unión. No obstante, cuando se realice plenamente la unión política, este derecho sólo tendrá sentido cuando se refiera a nacionales de terceros Estados.

Voggenhuber
Señora Presidenta, en estos días se rememora una palabra que Emile Zola lanzó contra su Gobierno hace exactamente 100 años: J´accuse - yo acuso. Era expresión de una desesperada resistencia contra la arbitrariedad del poder que, por una mera conveniencia política, convirtió en culpable a un inocente, despreció a la justicia y a la dignidad del hombre y lo arrojó para que fuese devorado por una opinión pública enardecida.
Cien años más tarde creemos estar seguros de haber superado definitivamente esta forma de poder y de haberla sometido al imperio del derecho. Pero de nuevo vemos como en las mentes y corazones de miles de personas, que son impedidas en su derecho humano al asilo con trabas caprichosas, la denegación y la infracción del derecho, vuelve a surgir esta acusación en las fronteras de Europa contra esa arbitrariedad del poder. Somos testigos de cómo el derecho y la política retroceden ante una opinión pública histérica y ante el fenómeno de masas de la xenofobia.
Ninguna otra región del mundo ha producido en el siglo XX más y mayores flujos de refugiados que este continente. Millones de europeos han sido acogidos en innumerables países en todo el mundo, con mucha frecuencia, por países afectados ellos mismos por la destrucción y la miseria. Hoy, en la era de nuestro mayor bienestar histórico, una cifra incomparablemente menor de perseguidos viene a nosotros y ¿qué hacemos? Negamos cada vez más a las personas el derecho a tener un refugio. En lugar de concedérselo, son registradas con medios técnico- criminalistas; la cooperación europea ve su única tarea en la defensa y, en caso necesario, en la expulsión. Ante solamente 2.000 kurdos que huyen, los políticos desatan imágenes apocalípticas de masas de refugiados que nos invaden. Se emplean expresiones como "inmigrantes ilegales». Europa, que tiene que agradecer su riqueza cultural a su apertura al mundo se convierte en un recinto amurallado. Si ante los muros de este recinto surge en las mentes y corazones de las personas aquel "j´accuse - yo acuso», somos nosotros los acusados.

Buffetaut
Señora Presidenta, Señorías, la actualidad nos recuerda de manera trágica la importancia que reviste la política de asilo para cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y para la Unión Europea, en general. Si bien es evidente que la cooperación interestatal en este ámbito no sólo es útil, sino también necesaria, eso no es óbice para que el problema de la acogida de los refugiados, el derecho de asilo, sea esencialmente una cuestión que afecta a la soberanía nacional, como, por otra parte, lo ha decidido recientemente el Consejo Constitucional francés. Estos principios nos remiten al informe sobre Eurodac, que es ante todo un informe técnico, aunque también político.
La ponente propone que la responsabilidad de la gestión del sistema "Eurodac» sea asumida por la Comisión, y no por un Estado miembro, bajo la responsabilidad del Consejo. Pensamos que es preferible que el Consejo siga responsabilizándose de la gestión de este sistema, en lugar de confiarlo a la Comisión. En efecto, puesto que emana de los Estados, el Consejo percibe de un modo más claro los objetivos concretos, reales, relacionados con las dificultades vinculadas a la acogida de los refugiados, mientras que la Comisión podría tener una visión más "desencarnada», más ajena a los problemas concretos, a las realidades concretas existentes en cada uno de los Estados que deben hacer frente a la afluencia de refugiados.
Por eso nosotros votaremos en contra de las enmiendas de la Comisión de Libertades Públicas. El problema de los refugiados es un problema humano extremadamente grave, pero la política es el arte de lo real. Hace algunos años nuestro colega Michel Rocard dijo que: "Francia no puede acoger toda la miseria del mundo». Creo que Europa tampoco puede acoger toda la miseria del mundo y que nuestro objetivo es saber organizar políticas de cooperación y de desarrollo para los países pobres, de tal modo que sus habitantes puedan lograr en sus países un pleno desenvolvimiento.

Vanhecke
Presidenta, el tema de los refugiados kurdos nos recuerda estos días que el problema de los solicitantes de asilo va a ser tal vez uno de los mayores desafíos, quizá el mayor desafío, de Europa en los años venideros. Por cierto, añado que el problema kurdo es muy limitado en comparación con el flujo multitudinario que amenaza acercarse si la situación en Argelia, por ejemplo, se recrudece aún más. Me pregunto ya ahora qué gobierno europeo tendrá o tendría el valor de parar este flujo multitudinario, que, dicho con todo el respeto, desactualizaría completamente este debate sobre el registro de las impresiones dactilares de solicitantes de asilo. Por lo tanto, apoyamos naturalmente la propuesta Eurodac del Consejo para la creación de un registro central de impresiones dactilares de solicitantes de asilo. A mi juicio, es una de las muy pocas medidas que pueden reducir en algún grado, demasiado poco, pero en algún grado las consecuencias negativas de la supresión de los controles fronterizos en los países de Schengen, una medida por cierto, la de la supresión de los controles fronterizos, que seguimos cuestionando.
Ni que decir tiene que también rechazamos las enmiendas del informe de nuestra colega d'Ancona, enmiendas que por una parte tienen como fin dificultar el funcionamiento del tan necesario registro de las impresiones dactilares y que por otra parte otorgan un lugar en las decisiones de la política de asilo a la Comisión Europea que no le corresponde en absoluto.
Al fin y al cabo, es también mi deber ampliar el debate un poco y recordarles que la experiencia nos enseña que después de haberlas investigado, más de un 90 por ciento de las solicitudes de asilo resultan ser completamente infundadas. Sí que se puede decir ahora que muchos políticos en mi país y fuera de él siguen abogando por una especie de política de Reyes Magos que al final se hace a costa de los menos afortunados y de los más pobres de nuestra propia población.
Repito por lo tanto, como punto final, que en mi opinión los refugiados políticos de verdad deben ser acogidos en los países vecinos de los países de origen, con formas de vida y culturas similares en esencia, y por lo tanto no en Europa, y que estamos dispuestos a apoyar esta política materialmente.
En segundo lugar, los estafadores de asilo, o sea un 90 por ciento de los solicitantes, deben ser expulsados enérgicamente de forma humana. Sólo entonces se encontrará de nuevo una aprobación de Europa para ayudar a todos los refugiados auténticos. Hoy en día, lamentablemente, pero por razones comprensibles, ya no es el caso.

Blak
Señora Presidenta, este convenio Eurodac es fundamental para lograr que funcione el Convenio de Dublín. Estamos obligados a colaborar en Europa en la cuestión de los refugiados. La actual y trágica situación de los refugiados kurdos es un ejemplo. Es necesario disponer de una política sobre refugiados efectiva y responsable. La cuestión no es quién tiene derecho a asilo en la UE. La cuestión es por el contrario lograr una mejor distribución de la responsabilidad sobre los refugiados en Europa. Simplemente se pretende disponer de un mejor instrumento por medio del cual decidir qué Estado miembro tiene la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo presentada dentro de la Unión.
Por un lado debemos evitar que los solicitantes de asilo se conviertan en juguetes en manos de países diferentes, porque nadie quiera asumir la responsabilidad de examinar su caso. Existen muchos ejemplos de casos trágicos en los que los solicitantes de asilo esperan durante años a que se examine su solicitud o son enviados de un país a otro de Europa pues nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad. No podemos ofrecer esto a personas que en muchos casos han huido de la tortura y la represión. Por otro lado debemos evitar los fraudes. Es importante que todos los países se comprometan a tomar las huellas digitales. Sólo de esta manera podemos impedir que los solicitantes de asilo cambien de identidad tras haber sido rechazados en un Estado miembro. Sólo si disponemos de una base de datos de huellas dactilares, podemos descubrir inmediatamente el abuso y el fraude. Esto supondrá también una ventaja para los solicitantes de asilo que no tengan nada que ocultar.
Celebro mucho que el señor ponente haga hincapié en que la creación de esta base de datos no ha de implicar un término medio en lo referente a la protección legal de los solicitantes de asilo. Los solicitantes tienen derecho a la protección de los datos. Ha de existir seguridad y control de los datos tanto en cuanto a quién tiene acceso a ellos como en cuanto a quién puede utilizarlos.

Reding
Señor Presidente, las recientes oleadas de refugiados en Europa han servido para dirigir la atención a los problemas de los solicitantes de asilo en la Unión Europea.
El sistema "Eurodac», presentado por la Comisión, responde a un aspecto de esta cuestión. El Convenio de Dublín establecía que un refugiado debía presentar su solicitud de asilo en el Estado miembro de origen y estarse a la decisión de éste; decisión que se aplicaba en toda la Unión.
El sistema "Eurodac» intenta ahora poner en práctica este principio, para evitar que esos cientos de personas, indocumentadas, viajen de país en país al capricho de las ventajas sociales que se les concedan, mientras esperan una decisión. La toma de las impresiones dactilares permitirá saber rápidamente, dentro de un plazo breve, si la persona de que se trata ha presentado efectivamente su solicitud en el país miembro de origen. La rapidez es la mejor ventaja de este sistema, que beneficiará a los verdaderos refugiados, que presentan su solicitud legalmente, e impedirá a los demás abusar de la hospitalidad de los Estados miembros.
Eurodac no es un instrumento destinado a la represión o a la expulsión. Como se dijo ayer por la noche, Europa no debe cerrarse a los refugiados, sino permanecer abierta a las poblaciones necesitadas. Eurodac debe, por el contrario, contribuir a mantener esta capacidad de hospitalidad, impidiendo los abusos del sistema. Estos abusos los cometen a menudo delincuentes muy bien organizados e informados que, a cambio de grandes sumas de dinero, transportan a personas necesitadas y les informan sobre las lagunas y las fisuras de las legislaciones de la Unión.
Quienes ponen el grito en el cielo cuando oyen pronunciar la palabra "represión» no toman en cuenta el hecho de que para todas las mafias el paso ilegal de fronteras es la empresa delictiva más lucrativa, inmediatamente después de las drogas.
El debate sobre los refugiados kurdos ha puesto de manifiesto la necesidad de una armonización europea en materia de política de asilo. Eurodac es un elemento de esta cooperación europea, una herramienta para poder hacer frente en mejores condiciones a la afluencia de refugiados.
Si bien el sistema "Eurodac» debe acogerse favorablemente como un instrumento técnico para evitar los abusos, no hay que perder de vista las raíces del problema, es decir, la situación en los países de origen. Es ahí donde la política interior y la política de asuntos exteriores europeos deben unirse para permitir un enfoque global y, por tanto, más eficaz.
La Unión Europea debe abarcar más consideraciones sobre los derechos humanos en las relaciones con estos países, apoyar la reconciliación de las poblaciones en el marco del Estado de Derecho, denunciar la opresión política, económica y cultural de las minorías. La Unión Europea es uno de los mayores distribuidores de ayuda económica en el mundo. ¡También tiene que ocupar un lugar destacado en materia de respeto de los valores democráticos!

Sjöstedt
Señor Presidente, Eurodac es una parte de la restrictiva y brutal política de refugiados que hoy estamos viendo extenderse en Europa occidental. Los países de la UE se cierran cada vez más frente a gran parte del mundo. Demasiado a menudo se trata a los refugiados de una manera indigna, como si fuesen delincuentes y no personas que buscan protección.
La base de Eurodac es que una solicitud de asilo sólo deberá ser tratada en un país miembro. No estoy de acuerdo con este criterio y por eso apoyo el punto 18 del informe, que a mi juicio es concluyente. Cada solicitud de asilo deberá ser tratada separadamente, independientemente si se está en tales registros o no. Es un punto fundamental.
Hay numerosos ejemplos de solicitantes de asilo que no lo han obtenido en un país de la UE pero que después lo han podido solicitar y obtener en otro. Personalmente, tengo muchos amigos que se las han arreglado de este modo. Me pregunto qué les va a suceder a éstos cuando el sistema empiece a funcionar en la práctica.
Tomar las huellas dactilares es un atropello a la integridad individual. Un sistema obligatorio de impresión de huellas dactilares se basa, al fin, en que los que se nieguen a hacerlo pueden ser obligados a ello, en casos extremos con violencia. Esto rige para niños de 14 años en adelante. Esto es un grave atropello a la integridad individual.
Mi opinión es que esto no es necesario. En Suecia teníamos antiguamente un sistema que implicaba que aquél que no podía probar su identidad de una forma verosímil, tenía la obligación de imprimir sus huellas dactilares. Este método es absolutamente suficiente para disipar quién es el solicitante de asilo.
En la práctica, los solicitantes de asilo no pueden decir que no, ya que sus posibilidades disminuirían si no dejaran sus huellas dactilares.
La propuesta de convención contiene además otros muchos puntos débiles. Estimo que el límite de edad de 14 años es muy bajo, debiera ser por lo menos 18 ó 21 años, u otra edad a que una persona pueda ser considerada adulta.
Las exigencias de que se borren los datos del sistema son incompletas. Hay riesgos claros de que pudiera haber personas registradas que residan de manera totalmente legal en diferentes países miembros. Sabemos que hay una reserva alemana e inglesa a la propuesta que se discutió en el Consejo de Ministros de diciembre. En ésta se deja en claro que las personas que tengan permiso de residencia en un país miembro no deberán figurar en el registro. Opino que es una exigencia absolutamente lógica que se ha formulado a propósito de esas negociaciones, es una exigencia de seguridad jurídica.
A pesar de que está formulado en la propuesta de convención, todavía no está claro qué posibilidades tiene el solicitante de asilo de obtener información y de poder presentar recursos y hacer valer sus derechos. Un sistema semejante de control de registro existe en Schengen Information System, se llama JSA, Joint Supervisory Authority , y funciona vergonzosamente mal. Sabemos que el control es poco, la seguridad jurídica frágil y las posibilidades de interponer recursos limitada. Estimo que hay un gran riesgo de que tengamos en Eurodac las mismas debilidades de que hoy adolece el sistema Schengen. Es un sistema que en la práctica significa que el refugiado siempre está en desventaja.
Con estas palabras quiero dejar en clareo que comparto muchas de las críticas de la ponente. Ella señala graves deficiencias que existen en el sistema actual. No comparto la opinión de que la Comisión adquiera influencia sobre esto. Es un asunto interestatal, para los Estados miembros. A pesar de esta crítica, votaré a favor del informe de d'Ancona puesto que trata puntos de vista tan importantes del sistema Eurodac.

Lindeperg
Señor Presidente, desearía señalar ante todo a mi colega Buffetaut, que ha intervenido hace un momento, que su cita de Michel Rocard era incompleta. Desearía completarla. Michel Rocard había dicho, efectivamente, que Francia no podía acoger toda la miseria del mundo, pero había añadido que Francia tenía que cumplir íntegramente con la parte que le correspondía. Pienso que es importante.
La discusión del informe sobre Eurodac nos sitúa en el meollo de los problemas que plantea la armonización de nuestras políticas de inmigración y de asilo. Ayer tuvimos una discusión sobre la llegada de refugiados kurdos a Italia y pudimos comprobar hasta qué punto es difícil tratar los problemas en caliente. Si bien se subrayó, con razón, la actitud digna de encomio del Gobierno italiano, comprobamos que, en conjunto, los países de la Unión se habían mostrado indecisos, que su comportamiento había sido discutible, por no haber decidido de común acuerdo las medidas que debían tomarse en un caso como este.
El proyecto "Eurodac» se inscribe en esta búsqueda de una armonización de las prácticas de asilo. Por consiguiente, estoy de acuerdo con el principio, con la condición de que estemos muy vigilantes en relación con el respeto de los derechos humanos, como ha subrayado la Sra. d´Ancona. Su informe se orienta en este sentido y lo apoyo. Pero desearía sobre todo insistir en la necesidad de avanzar rápidamente por la vía de la armonización de las prácticas de asilo.
Señora Comisaria, usted ha presentado una propuesta para garantizar la protección temporal de las personas desplazadas, y ya he tenido la oportunidad de felicitarla por ello. Pero usted sabe que esta iniciativa, una vez que el Consejo la apruebe, sólo resolverá una parte de los problemas. En efecto, ¿qué es lo que podemos comprobar desde hace algunos años con respecto a las solicitudes de asilo en la Unión? El número de solicitudes de asilo conoció un auge en 1992, para descender luego año tras año. Muchos Estados han adoptado disposiciones nacionales para desanimar a las personas que, al no poder entrar en Europa debido a que la inmigración estaba cada vez más controlada, intentaban obtener el estatuto de refugiado, buscando con ello un futuro mejor.
Estas nuevas disposiciones explican, en gran parte, el descenso de las solicitudes. Pero, consecuentemente, parece evidente que las solicitudes actuales deberían dar lugar a un nivel de reconocimiento más elevado. Ahora bien, señor Presidente, señora Comisaria, lo que ocurre es exactamente lo contrario, este nivel tampoco cesa de descender.
¿Acaso el mundo se ha convertido de pronto en un remanso de paz y de prosperidad? A diario podemos comprobar que esto no es así. La razón es más simple: debe buscarse en la creciente pusilanimidad de los Estados y en la política cada vez más represiva que se aplica. Las jurisprudencias de algunos Estados miembros interpretan la Convención de Ginebra en un sentido contrario al espíritu de sus autores. Existen personas que son realmente perseguidas y a quienes se les niega el estatuto por la razón de que aquellos que las persiguen no son agentes estatales, y el Consejo ha aceptado esta interpretación restrictiva en su Resolución de marzo de 1996. Como se conocen los riesgos que se corren en caso de retorno, estas personas son toleradas en el territorio de la Unión, pero sin estatuto, sin derechos, en muchos de nuestros Estados miembros. Algunos han creado estatutos de protección complementaria, otros están trabajando en ello, como mi país. ¿No sería preferible, señora Comisaria, poder contar también en este punto con una política común y estudiar la creación de un estatuto de protección subsidiaria en el plano Europeo?

Pirker
 Señor Presidente, el objetivo de la Unión Europea es que practiquemos una política de asilo que ayude a los auténticos refugiados, es decir, a aquellas personas que según la Convención de Ginebra son acreedoras a un status de refugiado. El segundo objetivo es impedir el abuso del derecho de asilo. Amsterdam ha marcado las pautas de una política de asilo común. El Convenio de Dublín, que ha entrado en vigor, es un primer paso muy importante hacia una "comunitarización» de la política de asilo. El instrumento sobre el que ahora debatimos, el sistema "Eurodac» es un instrumento que garantiza que se ayude realmente a aquellos que necesitan ayuda y que imposibilita a los que abusan del derecho de asilo que lo hagan. Se trata, pues, de un buen instrumento. La propuesta que nos ha presentado el Consejo es un instrumento aceptable y que contribuye a alcanzar los objetivos de la Unión Europea en lo que a la política de asilo se refiere.
Pero lo que ha hecho de ello la comisión, con sus limitaciones y constataciones tendenciosas, no contribuye a alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Si piensan que, a pesar de un rechazo en un Estado, hay que examinar de nuevo en todos los demás Estados miembros al mismo solicitante con todos sus argumentos si presenta de nuevo su solicitud, esto supone unos dispendios enormes. Nuestros sistemas están sobrecargados y, a la postre, no podemos ayudar ni conceder asilo.
Debemos constatar que en total solamente una parte muy pequeña de los solicitantes obtiene realmente asilo. Son porcentajes con una cifra antes de la coma, es decir, que, a la inversa, se presentan injustificadamente muchas solicitudes. Sé de casos en los que se han presentado hasta diez solicitudes de asilo en diferentes Estados. Para que luego venga uno diciendo que no se abusa del derecho de asilo en Europa. Debemos hacer algo en contra. Es una señal y un camino erróneo alimentar la tendencia por la que a todos los que están a favor de que se tomen huellas dactilares se les supongan malas intenciones.
Necesitamos el sistema "Eurodac» pues supone un apoyo para una política de asilo buena y correcta y está orientada a evitar los abusos. Por ello, vamos a apoyar este instrumento tal como lo ha propuesto el Consejo. No puedo apoyar las propuestas provenientes de la comisión, lo que es aplicable también al Grupo del Partido Popular Europeo.

Schulz
Señor Presidente, Señorías, hay que saludar la posibilidad que ofrece el sistema "Eurodac» para combatir los abusos existentes por la razones más diversas en las solicitudes de asilo. Si es posible impedir mediante sistemas de huellas dactilares, mediante el almacenamiento de huellas dactilares, que se produzcan solicitudes múltiples, por los motivos que sean, sociales, económicos, familiares o porque no se quiere permanecer en un lugar y presentar luego en otro lugar una solicitud, está bien.
Pero siempre reducimos los debates que mantenemos sobre el asilo a debates técnicos. Lo hemos hecho ayer y lo hacemos hoy de nuevo. Deberíamos plantearnos la pregunta de porqué estamos obligados a hablar sobre el sistema "Eurodac». ¿Porqué cuando se trata del asilo suponemos siempre enseguida que se abusa del mismo poniendo en primer plano los motivos ocultos de los delincuentes?
Señor Pirker, desde hace once años soy alcalde de una ciudad alemana situada en la frontera con los Países Bajos y Bélgica. La ciudad de la que soy alcalde tiene la mayor proporción de refugiados de guerra bosnios. La mayoría de ellos han venido a mi ciudad de Srebrenica y de Gorazde, han sido acogidos y les hemos tenido que rogar que se declaren como solicitantes de asilo pues la República Federal de Alemania no conoce ningún derecho para los refugiados de guerras civiles. En Alemania no existe ningún fundamento jurídico para los refugiados de guerras civiles.
Les he rogado que digan por favor asilo a pesar de que ellos decían: no se nos persigue políticamente, huimos de una guerra civil y queremos regresar a nuestra tierra cuando la guerra haya finalizado. Por cierto, es lo que están además haciendo tras el Acuerdo de Dayton. Les tuve que pedir que se considerasen como solicitantes de asilo, lo que hizo que solamente pudiesen quedarse en mi ciudad. Si hubiesen ido a otro lugar, de lo que me habría alegrado pues así la caja de mi ciudad se habría visto más aliviada, habría venido uno como el Sr. Pirker y habría dicho: un momento, Eurodac, sistema de huellas dactilares para solicitantes de asilo, no podéis ir allí.
En base a este pequeño ejemplo, quiero mostrar que en la política de refugiados de la Unión Europea necesitamos considerar diversos aspectos políticos. Es un hecho que hay personas que dicen: quiero emigrar a la Unión Europea. A priori, esto no está prohibido. Aunque no es recomendable porque aquí existe un enorme frente en contra, pero si alguien quiere inmigrar aquí en principio debería poder hacerlo y para ello necesitamos crear un fundamento jurídico. No lo tenemos. No tenemos un derecho europeo sobre inmigración ni leyes nacionales sobre inmigración. Obligamos a las personas que quieren inmigrar a que recurran al status del solicitante de asilo. Este es el peligro que nosotros mismos creamos con el derecho de asilo.
En la Unión Europea tenemos el mismo enfoque; negamos que Europa sea un continente de inmigración, consecuencia además del desnivel de riqueza que nosotros mismos hemos contribuido a crear, ante todo de Norte a Sur y de Oeste a este. Existe además una ausencia de disposición por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea a compartir la riqueza existente. Esto lo vamos a ver aún muy claramente en el debate sobre la ampliación. Naturalmente, nuestra riqueza ejerce una fuerza de atracción sobre las regiones más pobres que nos rodean. La respuesta a ello no puede ser la defensa sino la regulación de tres sectores jurídicos relacionados entre si: cuotas de inmigración, normas claras para la acogida de refugiados de guerras civiles que precisan de una protección provisional y finalmente queda el núcleo de los perseguidos políticamente, que no es problemático y no precisa de ningún Eurodac.
Estimadas y estimados colegas del PPE, si creen que esto se puede solucionar a nivel interestatal, les digo que bajen por fin de su pedestal. Creamos el espacio económico europeo, creamos de facto el Estado de la UE, pero ustedes quieren cortarlo, despedazarlo y proseguirlo al nivel de unos pasos de armonización hace mucho tiempo necesarios. Si no terminamos con este debate, Europa fracasará ante sus propios ciudadanos en este desequilibrio. Por ello, deberíamos tener una actitud más armonizadora cuando se trata de la integración y no sólo cuando se trata de la defensa.

Gradin
Señor Presidente, permítame comenzar felicitando a la ponente d'Ancona por este informe, bueno y bien preparado, sobre la Convención de Eurodac. Me complace también el rápido tratamiento que se le ha dado al asunto aquí en el Parlamento.
Cuando discutimos la Convención de Eurodac tenemos que hacerlo a la luz de la Convención de Dublin, ya que allí encontramos los criterios para determinar qué país miembro tiene la responsabilidad de estudiar una solicitud de asilo. Allí están también las reglas sobre cómo hay que reenviar a un solicitante de asilo al país que tiene que estudiar la solicitud.
La Convención de Dublin se firmó en junio de 1990. Después de siete años, en septiembre del año pasado por tanto, entró en vigor. Sin embargo, no basta con un sistema jurídico para entender el principio de asilo y para que éste funcione. Por esto la Convención de Dublin se remite al artículo 15 párrafo 12 y a que necesitamos informatizar los datos de identificación de los solicitantes de asilo. Es en este contexto que Eurodac surge como un complemento. Es decir, que Eurodac debe entenderse como un complemento de la Convención de Dublin.
A través de Eurodac será posible descubrir si una misma persona presenta solicitudes de asilo en muchos lugares. Es importante que sepamos esto para que la Convención de Dublin pueda funcionar eficazmente. A su vez, esto sólo es posible a través de un sistema informatizado de huellas dactilares, lo que también se encuentra en la Convención de Eurodac.
Aquí trabajamos dentro de un marco institucional que cambia continuamente. La propuesta de Convención de Eurodac que hoy debatimos aquí, se presenta dentro de las reglas del Tratado de Maastricht. La Comisión está consciente de que el Tratado de Amsterdam implica otro marco institucional, pero consideramos que no podemos esperar hasta que el nuevo Tratado entre en vigor, sino que necesitamos el sistema Eurodac ahora si queremos que la Convención de Dublin sea digna de crédito y eficaz. Igual que Nassauer, considero que es importante que apliquemos procedimientos rápidos y que las personas reciban información rápida sobre su situación. Opino también que los últimos sucesos en Italia lo demuestran, es decir, que necesitamos sistemas diferentes de lo que tenemos hoy. Al mismo tiempo, quiero subrayar que si la Convención de Eurodac no está en vigor cuando el Tratado de Amsterdam se ratifique, es obvio que la Comisión volverá al tema y presentará un instrumento comunitario.
La Comisión comparte la opinión del Parlamento de que la Convención debe subordinarse a las reglas sobre protección informática, lo cual yo estimo que ya se cumple en el estado actual. Durante el debate de la propuesta, ha abogado la Comisión para que los principios de protección informática estén en concordancia con las reglas comunitarias en la materia, aunque el reglamento de protección informática no es aplicable en materias del tercer pilar. Estimo que actualmente hemos alcanzado un nivel aceptable de protección informática. Por eso debemos apoyar el compromiso del artículo 6 que prescribe que el Consejo de Ministros, después de un período de cinco años, decidirá si todavía es necesario mantener datos de personas a quienes se les ha otorgado la condición de refugiado.
La Comisión da la bienvenida también a una serie de propuestas de enmienda que se han presentado. Especialmente se trata de las propuestas nr. 1, 11, 16, 19, 20, 27, 29, 30 y 34 que actualmente se debaten. La propuesta de enmienda 20 contiene partes que podemos aceptar, especialmente el principio sobre decisión en cuanto a las medidas de implementación y a que ellas deberán ser aprobadas por mayoría.
Finalmente quiero subrayar que la acción de Eurodac va a depender totalmente de la forma cómo se financie, tanto en cuanto al establecimiento del sistema como a su actividad en sí. Tengo la esperanza de que el principio de la financiación comunitaria sea aprobado, y eso es también lo que apoya la Comisión. Si llega a ser así, el Parlamento Europeo va a tener un rol muy importante en la actividad futura de Eurodac. La Comisión espera con entusiasmo poder tratar el asunto de la financiación de Eurodac junto con el Parlamento Europeo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Libro Verde sobre el papel del Auditor legal de cuentas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0373/97) de la Sra. Sierra González, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde «Función, posición y responsabilidad civil del Auditor legal en la Unión Europea» (COM(96)0338 - C40451/96).

Sierra González
Señor Presidente, señora Comisaria, una serie de fracasos financieros sucedidos últimamente, con graves consecuencias para los inversores, ha colocado en primer término la cuestión de la fiabilidad de las cuentas financieras y, con ello, el papel que juega el auditor.
La cuestión merece una particular atención en la medida en que el auditor se ha convertido en garante de la exactitud de los estados financieros y en la medida en que no existe en la Unión Europea un marco legislativo homogéneo sobre su función, posición y responsabilidad civil, al amparo del cual se pueda dar una respuesta a la demanda social de una mejor y más transparente información de la situación contable de las empresas.
Con la aparición de nuevos modelos societarios y empresariales, así como de nuevos productos financieros, el informe del auditor ha cobrado un singular valor y, de igual manera, lo han cobrado los aspectos concernientes a su independencia y profesionalidad. En el Libro Verde se valora como un hecho negativo la falta de un punto de vista unificado y de una acción común en la Unión Europea.
Sobre la función del auditor legal no hay una directiva comunitaria específica que regule todos los aspectos legales. Esta carencia está suplida por referencias a cuestiones parciales contenidas en diferentes directivas, y a esta situación dispersa y heterogénea contribuyen las legislaciones básicas de ámbito nacional de los Estados miembros, que contienen regulaciones no siempre específicas.
En el escenario de las relaciones diseñadas por el mercado único y por la moneda única parece pertinente evolucionar hacia una acción común. Sin embargo, la Comisión, en el Libro Verde, se muestra dubitativa respecto al fondo y a la forma del instrumento jurídico apropiado para plasmar la acción común. Unas veces se refiere a la necesidad de establecer unos principios mínimos y otras a la posibilidad de formular una simple recomendación a los Estados miembros. En esta situación es obligado pedir a la Comisión que concrete sus objetivos a corto y medio plazo para la creación y el funcionamiento de un mercado interior de auditoría así como el calendario y las medidas que deben proponerse o descartarse.
En todo caso, lo que resulta inaplazable es la necesidad de proponer una acción legislativa para armonizar el contenido mínimo de los informes de auditoría.
El Libro Verde parece decantarse por una noción común de auditoría o por el establecimiento de un conjunto de objetivos que debe asumir este tipo de actividad en toda la Unión Europea, a partir de la cual se definan las obligaciones o los requisitos legales que deberá cumplir el auditor en el desempeño de su función.
El carácter problemático de la cuestión radica en que, si bien entre los Estados miembros se reconoce a la auditoría un objetivo común, a saber, garantizar que las cuentas y los estados financieros y patrimoniales publicados ofrezcan una imagen fiel e imparcial de la situación de una empresa, la legislación, las costumbres y las prácticas varían considerablemente entre los Estados miembros, y esa diversidad de posiciones afecta a la eficacia de la verificación contable.
Por otro lado, tengo que señalar que la fidelidad de los informes está en relación de dependencia con la veracidad de la información recibida por el auditor. La idea de la Comisión de presentar un proyecto de recomendación para mejorar la gestión de las empresas en los Estados miembros es, en este sentido, absolutamente pertinente.
Y por último, quisiera expresar la queja de que no hemos tenido acceso al estudio que la Comisión ha empezado sobre el impacto de las diferentes legislaciones nacionales en materia de responsabilidad civil ni a las conclusiones provisionales de la conferencia celebrada en diciembre de 1996 en torno al Libro Verde. Es obvio que el Parlamento no podrá pronunciarse sobre esta cuestión sin conocimiento de causa. Ciertamente, en todos los países de la Unión Europea, el auditor está potencialmente expuesto a responsabilidad civil, criminal y a sanciones profesionales, pero los tipos de responsabilidad y los plazos para exigirla varían sensiblemente de un país a otro de manera que, mientras no se disponga de elementos de juicio suficientes, parece que para amparar a los usuarios -entendiendo a estos en el más amplio sentido del término- habría que estudiar la posibilidad de que todos los auditores contaran con un seguro obligatorio mínimo, equivalente en todos los Estados miembros, o que estuvieran afiliados, con carácter preceptivo, a un fondo de garantía.
Y para concluir, quisiera llamar la atención sobre la necesidad de que al subcomité técnico -dentro del comité de contacto de las directivas contables que se pretende crear- debería asociarse la representación de una amplia categoría de usuarios de los informes de auditoría, porque no sólo a los auditores profesionales les compete el resultado de los informes contables.

Oddy
Señor Presidente, éste es un informe importante sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la auditoría legal y deseo agradecer a la Sra. Sierra González la completitud y la meticulosidad de su informe.
Se trata de un tema importante: garantiza la solvencia y la probidad financiera de las empresas y resulta particularmente importante en vista de la responsabilidad limitada de las empresas. El hecho de que se pueda confiar en las cuentas de éstas ha de redundar en beneficio de los consumidores, de los inversores y de las propias empresas.
El informe versa sobre cinco temas principales, a mi juicio: el papel del propio auditor, la responsabilidad de los auditores, las aptitudes de los auditores y la reglamentación profesional, la movilidad de los auditores en la Unión Europea y la necesidad de normas universales para la auditoría legal.
Convengo en particular con las recomendaciones de la ponente que figuran en el párrafo 11 de que los auditores tengan un nivel mínimo de seguro obligatorio y estén obligados a incorporarse a un fondo de garantías. Mi Grupo apoyará el informe y, en particular, las enmiendas de la Sra. Palacio Vallelersundi, que contribuyen a la claridad y la certidumbre del párrafo 7.
Deseo poner de relieve una preocupación particular: se cree que el artículo 51 de la Cuarta Directiva relativa a las cuentas anuales no se ha aplicado adecuadamente en la legislación italiana. Se calcula que 100.000 empresas no se someten a una auditoría legal en Italia, lo que hace peligrar la confianza que pueden inspirar las cuentas de dichas empresas. Sería útil que la Comisión abordara esa cuestión y, según tengo entendido, la Comisión ya ha enviado a Italia un dictamen motivado respecto de la Octava Directiva sobre el derecho de sociedades en relación con las aptitudes profesionales de los auditores.
En conclusión, puede parecer un tema árido, pero, en realidad, reviste gran importancia para el funcionamiento idóneo de la economía de la Unión Europea; es un criterio para apreciar la protección de los consumidores y los inversores y merece apoyo por esas razones precisamente.

Palacio Vallelersundi
Señora Comisaria, es difícil añadir nada más sobre lo que los oradores precedentes han dicho respecto de la importancia del auditor legal. Es difícil porque en una sociedad cada día más compleja, indudablemente las interpretaciones al límite de la ley por parte de las empresas son frecuentes. Y por no citar más que dos ejemplos, que ha apuntado desde luego con la pulcritud que ha caracterizado todo su trabajo, la señora ponente, por retomar dos de los ejemplos que ella ha mencionado, la ingeniería financiera -lo que se llama ingeniería financiera- o la calificación de créditos pueden dar al traste con lo que es la imagen de un patrimonio -imagen, fiel, real- que es el cometido de las cuentas de las sociedades.
Esa ambigüedad, pues, hace que sea necesario reclamar para la seguridad del tráfico mercantil, para la sociedad entera, entre los servicios de estos profesionales que, para prestarlos en la medida requerida, tienen que responder a las características de independencia, de libre competencia, de responsabilidad y de reglas claras que se han mencionado. Pero son éstas, preocupaciones, que conciernen a todo el mundo, a los Estados, a las empresas, a los consumidores. Asimismo resulta necesario añadir que existe una competencia desde los tratados, que es la competencia de configurar el mercado interior.
En primer lugar, esa competencia es exclusiva, no estamos en áreas de competencia compartida, donde el principio de subsidiariedad juega como principio de atribución de esas competencias. Aquí la competencia es de las Instituciones Europeas. Y eso hay que dejarlo bien claro. Se ha apuntado, pero hay que resaltarlo.
En segundo lugar, indudablemente, esto ha de matizarse con ¿hasta dónde es necesario actuar? Por mucho que la competencia sea exclusiva, nadie considera conveniente actuar más de lo que resulta estrictamente necesario para conseguir los objetivos de armonización y de consolidación del mercado interior que marcan los Tratados. Por ello, si se produjera una armonización espontánea de estas reglas que se han señalado que hoy por hoy son absolutamente dispares en los Estados miembros, esta labor de reglamentación -que es competencia comunitaria- no necesitaría ejercitarse. Y en este caso, como en tanto otros, la mejor autoridad es aquella que no necesita llegar a actuar, que puede inducir a esa actuación.
Y en este sentido quiero resaltar que los sectores concernidos están haciendo un importante trabajo de concienciación, en los Estados miembros, de la necesidad de llegar a esa armonización espontánea.
Así pues, tenemos esa competencia comunitaria que hay que ejercitar. De hecho ya se ha ejercitado. No sólo la Cuarta directiva de contabilidad que se ha mencionado, también la séptima directiva, y las directivas sectoriales bancarias y de seguros hacen referencia a la función del auditor legal.
Y es cierto, como también se ha dicho, que en algunos casos -concretamente en el artículo 51 de la cuarta directiva relativa a las cuentas anuales- no está bien aplicado, pero hoy hablamos de otra cuestión: de lege ferenda , de lo que hay que normar.
Es este un asunto -como, por cierto, el asunto de la excesiva concentración de las grandes empresas auditoras, proceso en el que estamos inmersos, ya no son las grandes seis, ahora son aún menos y en los últimos tiempos hemos tenido ocasión de escuchar o de leer en los medios de comunicación esta noticia con una cierta frecuencia- que no concierne a este Libro Verde, son cuestiones que conciernen a la División de Competencia de la Comisión y, en definitiva, a la misión que tiene la Comisión de velar por la estricta aplicación de los Tratados.
Aquí hablamos de otra cosa. Aquí hablamos de lo que hay que hacer, de lo que hay que normar para conseguir ese mercado interior, para conseguir que esas reglas sean coherentes y armónicas en los distintos Estados miembros y, el informe de la Sra. Sierra que retoma la idea de la Comisión, que el Grupo del PPE -en nombre de quien estoy hablando- va a apoyar con el matiz que representa la enmienda planteada sobre el párrafo 7, de la que ya hablaré, concierne, fundamentalmente, al contenido de los informes de auditoría -no puede ser que en un Estado miembro ese contenido obligatorio sea uno y en otro diferente-; a la relación de auditor externo y auditor interno; al ejercicio de la profesión -esto es, libre establecimiento, creación de filiales y garantías para la libre circulación de estos servicios-.
Asimismo resalta la idea de ese comité técnico -que ya se ha mencionado- y, por último, la necesidad de delimitar claramente lo que son los servicios paralelos, que en lógica expansión empresarial y mercantil las empresas auditoras tienen tendencia a prestar.
Esa necesidad de ser independientes, esa necesidad de proyectar una visión externa, absolutamente desvinculada de la empresa que están auditando, hace que haya que observar -y en ese sentido va la enmienda del PPE-, no prejuzgar las soluciones; pero es preciso que la Comisión se proyecte sobre el problema de cómo establecer o garantizar esa independencia, en particular, con relación a los servicios legales ya que, el consejero legal es un profesional independiente pero que toma partido, que está dentro de la empresa, que tiene sus intereses. Su función tiene que estar bien y claramente delimitada de la función de auditor, que, y con ello termino, si tiene que ser algo, es totalmente independiente.

Wijsenbeek
Presidente, déjeme comenzar agradeciendo a la ponente su informe tan minucioso y profundo. El orador anterior ha dicho: estamos inmersos en un proceso de concentración de las empresas auditoras. La ponente dice que no tiene nada que ver con esto. Pero, en efecto, sí tiene algo que ver con esto. Tal como se han venido uniendo las grandes conglomeraciones financieras, los bancos y las compañías aseguradoras, notamos que en los servicios también se van a unir toda clase de sectores profesionales. Los abogados, los notarios, los asesores fiscales y los consultores. Ahora resulta que el auditor, antes el prototipo de una figura íntegra e intachable, que trabajaba en solitario, que exclusivamente venía a mirar si las cifras de los libros eran correctas, se ha convertido en alguien que asesora a las empresas sobre qué hay que hacer, y es ahí donde la Comisión tiene la responsabilidad, por la falta de uniformidad en la legislación fiscal en Europa. ¿Cómo podemos afrontarlo?
Resulta que esa concentración de grandes empresas auditoras con consultores traspasando las fronteras, efectivamente ha surgido por eso y es, por lo tanto, otra vez una negligencia de la Comisión no llegar a una armonización fiscal que juegue un papel en ello; o de los Estados miembros, porque son ellos los que no quieren, la Comisión sí querría. Eso significa también que los riesgos profesionales que corren los auditores ahora, difieren mucho. Porque oscilan de muchos miles de millones en el caso BBCI hasta un riesgo legalmente limitado de 500.000 marcos alemanes en la República Federal. Es tanta la diferencia, Señor Presidente, que habrá que hacer algo.
No queremos una acumulación. Por eso hemos presentado nuestra enmienda al punto 7. Creo que la enmienda de la Sra. Palacio se excede un poco, deja demasiado espacio otra vez. Es de la mayor importancia para el consumidor y también para las empresas pequeñas que, aparte de un control puro, pueda seguir habiendo alguna forma de asesoramiento. Nos gustaría defenderlo en beneficio del consumidor.

Kellet-Bowman
Señor Presidente, la Sra. Sierra González ha abordado diversas cuestiones complejas en su informe. Sin embargo, creo que nuestra misión al hacer observaciones sobre el Libro Verde de la Comisión, es la de formular preguntas y señalar orientaciones más que abordarlo como si fuera un instrumento legislativo.
Los problemas que aborda presentan un macroaspecto y un microaspecto. El microaspecto abarca las normas mínimas para el ejercicio de las funciones de auditor. Creo que los informes financieros de cualquier empresa, incluidas las sociedades fiduciarias y las instituciones benéficas, deben estar sujetos a normas similares en toda la Comunidad y que debe haber un reconocimiento mutuo de los títulos de quienes estén autorizados para firmar informes de auditorías.
Creo que la Comisión no ha tenido mucho éxito a la hora de intentar lograr la aplicación de todas las directivas que ya figuran en las recopilaciones legislativas. Dos colegas han mencionado el artículo 51 de la Cuarta Directiva y creo que la aplicación de la Octava Directiva en todos los Estados miembros requiere también una mayor labor de la Comisión. Naturalmente, sería útil que todos los Estados miembros tuvieran las mismas obligaciones legales respecto de los informes financieros, pero aún no es así.
Desde el punto de vista del macroaspecto, hay que reconocer que la economía se ha mundializado durante el período en el que hemos estado intentado lograr normas uniformes sobre las auditorías. Las empresas multinacionales, las empresas internacionales y algún día -esperémoslo- las empresas europeas habrán de cumplir normas uniformes en materia de auditoría para poder funcionar. Naturalmente, las propias profesiones han avanzado con los tiempos y varias empresas auditoras han mundializado sus actividades. Personalmente, siento preocupación por la concentración de esas empresas en unas pocas manos. Estoy convencido de que debería haber al menos cinco grupos multinacionales de auditoría en el mundo. Resulta más necesario, ahora que esas empresas ofrecen asesoramiento. Los accionistas deben saber que el asesoramiento prestado a sus empresas es de verdad independiente. La teoría de las murallas chinas no basta. Naturalmente, sé que la Comisaria Gradin me dirá que los reglamentos relativos a esos problemas no forman parte de esta operación, pero creo que esos problemas se nos van a echar encima y se deben ventilar y entender.
El párrafo 7 ha causado algunos problemas y la redacción de la enmienda nº 1 de la Sra. Palacio no expone, en realidad, claramente lo que se propone, pero la explicación que ha dado esta mañana en el debate ha revelado claramente que podemos apoyar la enmienda. Este Grupo apoya el informe de la Sra. González.

Gradin
Señor Presidente, este debate trata del futuro de las auditorías en Europa. Las auditorías y rendiciones legales de cuentas son consideradas, a veces, como materias especializadas que no merecen dedicación política. Sin embargo, una buena auditoría aumenta las probabilidades de que la información económica sea confiable, y una información económica confiable es fundamental para el mercado interior. Quien trabaja con balances considera las auditorías como una garantía de que las cuentas son confiables. Hay reglas sobre auditoría en el ámbito de la UE.
Hay diferentes sistemas de auditorías en los Estados miembros, tanto en lo que se refiere al contenido como a las normas acerca de cómo deben realizarse. El funcionamiento del mercado interno se ve entorpecido muchas veces por esta falta de uniformidad. Fue a la luz de estos hechos que la Comisión editó el Libro Verde, precisamente para poner en marcha un debate de alto nivel en Europa sobre estas materias. Fue bien recibido en una conferencia que organizó la Comisión en diciembre de 1996. Más de 200 representantes de estados y la industria y el comercio expresaron su apoyo general a los postulados del Libro Verde.
La posición del Parlamento Europeo es muy importante para nuestro análisis. Sus opiniones nos ayudan en la Comisión a que dentro de poco tiempo podamos presentar un comunicado sobre auditorías.
Permítanme resaltar algunos puntos de vista. Estamos todos de acuerdo en empezar el trabajo creando un mecanismo para las normas sobre auditorías en el ámbito de la UE. Este mecanismo puede tener la forma de un subcomité técnico del comité de contacto para la directiva de auditorías. El subcomité puede estar formado por representantes de los Estados miembros y de los colegios profesionales. Estoy de acuerdo en que los usuarios de los informes de auditoría deben tener una conexión cercana con el trabajo del subcomité. El subcomité va a seguir especialmente el trabajo de las corporaciones de profesionales y en su día nos va demostrar si se necesita legislación para alcanzar los objetivos.
Las propuestas de enmienda que se han presentado sobre la independencia del auditor nos indican cuán importante es este asunto, especialmente en un momento en que reina inseguridad sobre el futuro carácter de la profesión. Los usuarios de los informes de auditoría tienen que poder confiar en que el auditor es independiente. Por eso es necesario determinar qué otros servicios puede realizar un auditor además de los de auditoría, y que se cumplan esas reglas. Si las entidades de profesionales hacen lo que se les exige, estará todo bien. En caso contrario, tendremos que pensar en dictar normas, puesto que todos estamos de acuerdo en que el auditor tiene un papel clave en los sistemas de inspección y control de las empresas.
La Comisión y el nuevo subcomité van a estudiar las diversas propuestas que se presenten en relación con el Libro Verde, evidentemente tomando en cuenta el informe que ahora se debate en el Parlamento.
El tema de la responsabilidad profesional de los auditores es muy complejo. Tenemos que examinar más detenidamente la forma cómo influyen los diferentes sistemas en el mercado interior. En este punto, la Comisión está realizando un estudio especial acerca del tratamiento que se da a la responsabilidad en diferentes países.
Estamos de acuerdo que en los países miembros se deben abolir todas las normas actuales que limiten las reglas básicas de libertad de establecimiento de las empresas y libertad para prestar servicios. La normativa del Tratado rige en su totalidad para el mercado de servicios de auditoría. Tenemos que logar más avances en lo que respecta al reconocimiento recíproco de las calificaciones de los auditores en los países miembros.
Con estos puntos de vista quiero manifestar también mi agradecimiento al ponente por un buen trabajo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.000 horas.

Tránsito alpino
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales:
B4-1009/97 - O-0111/97, del Sr. Simpson, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza - transportes terrestres; -B4-1014/97 - O-0138/97, del Sr. Kreissl-Dörfler y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza en el sector de los transportes terrestres; -B4-1105/97 - O-0180/97, del Sr. Jarzembowski, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza en el sector de los transportes terrestres; -B4-1106/97 - O-0181/97, del Sr. Santini, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre el tránsito alpino; -B4-1107/97 - O-0183/97, del Sr. Wijsenbeek, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre el tránsito alpino; -B4-1108/97 - O-0184/97, de la Sra. Leperre-Verrier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre el tránsito alpino; -B4-1015/97 - O-0185/97, de los Sres. Puerta y Papayannakis, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre el tránsito alpino.
Simpson
Señor Presidente, mis observaciones irán dirigidas en gran medida a la Comisión. Esta cuestión -la del acuerdo sobre el tránsito con Suiza- ha entrañado una larga serie de negociaciones. Se parece bastante a la subida de una escalera: parece que hemos subido uno o dos peldaños y después sucede algo y hemos resbalado uno o dos peldaños y acabamos donde habíamos comenzado.
En este momento, el problema parece centrarse en torno al nivel de recargo fiscal que se impondrá a los vehículos de transportes pesados que atraviesen el territorio suizo. Debemos reconocer que la inexistencia de ese acuerdo plantea otros problemas. La congestión en Austria e Italia por la ruta del Brenner es ya tan grave, que se está destrozando totalmente el medio ambiente y quienes evitan pasar por Suiza afrontan grandes retenciones. Pero también hay congestión en la vertiente francesa de los Alpes. Los Estados miembros de la UE afrontan problemas, porque no hemos llegado a un acuerdo con los suizos.
También deberemos reconocer la necesidad de proteger el medio ambiente alpino, incluidas las zonas alpinas de Suiza. En las últimas semanas el Gobierno suizo ha dado algunas muestras de flexibilidad en las negociaciones. Eso es digno de beneplácito. Sin embargo, necesitamos un acuerdo urgentemente -no a cualquier precio, conviene declararlo- que reconozca las necesidades y aspiraciones de la Unión Europea y de Suiza.
Agradezco las gestiones llevadas a cabo en el pasado por el Comisario Kinnock y las recientes Presidencias de los Países Bajos y Luxemburgo. El hecho de que la Presidencia del Reino Unido se haya hecho cargo de esa cuestión del acuerdo revela lo importante que es.
Necesitamos efectivamente un acuerdo. Podemos lanzarnos todos a las barricadas y defender las posiciones en las que nos hayamos atrincherado. Los suizos pueden ocultarse tras los Alpes. La Unión Europea puede ocultarse tras su necesidad de ese tránsito. Pero, si lo hacemos, el peligro es que no lleguemos a un acuerdo y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos de Austria, en el Brenner, de Francia y de Italia.
Así, pues, pido que intensifiquemos nuestras gestiones para intentar lograr que se firme y se selle ese acuerdo con Suiza.

Van Dijk
Presidente, mi grupo parlamentario querría saber de la Comisión, y en este caso del Comisario Van den Broek, si la apuesta europea en las negociaciones con Suiza está de acuerdo con las obligaciones a las que se había comprometido la Unión Europea en una fase anterior. Me refiero, naturalmente, por una parte al acuerdo de tránsito con Suiza, pero por otra parte al Acuerdo alpino. Según ese Acuerdo alpino que han ratificado todos los Estados miembros y que, por lo tanto, también es vinculante para nosotros, la Unión se comprometió a esforzarse por un cambio de transporte por los Alpes de la carretera al ferrocarril.
En el acuerdo de tránsito pone que se tiene que cobrar a los camiones que circulan a través de Suiza también los costes externos y sobre todo los costes de medio ambiente. A la luz de esas obligaciones no me parece justificable que la Comisión y el Consejo se resistan a la aspiración suiza de imponer tasas al transporte pesado que son lo suficientemente altas para llevar a cabo de hecho el cambio del transporte por carretera al ferrocarril.
Quiero recordarles de nuevo el referéndum suizo de 1994 que estableció que el transporte de mercancías tiene que hacerse por ferrocarril antes del 2005. En las negociaciones que se están llevando a cabo con Suiza, la Unión muestra escandalosamente poco respeto por la constitución de la siempre soberana Suiza. Se sacrifica de forma cínica la buena vecindad por los intereses del grupo de presión del transporte de carretera. Debo añadir que en este caso se trata sobre todo del transporte por carretera neerlandés.
La ministra Jorritsma, a mi pesar, se deja utilizar por los Países Bajos, país distribuidor, como una especie de marioneta. El martes pasado este Parlamento subrayó de nuevo en el informe del Sr. Sarlis, que el transporte alpino ha de realizarse por ferrocarril en la mayor medida posible. Debemos ser consecuentes, debemos procurar que eso se realice de verdad y eso significa que deberíamos dar pasos hacia Suiza.

Jarzembowski
 Señor Presidente, no puedo dar totalmente la razón a la oradora anterior a pesar de que me gustaría hacerlo. No se trata aquí de los intereses de los holandeses -me encontrarían de su lado-, sino de los intereses de los griegos, italianos, austríacos, alemanes, franceses e ingleses. Podría mencionar muchos Estados miembros. Sencillamente necesitamos el tránsito por los Alpes. No podemos aceptar que Suiza diga que es la isla de la felicidad y que hagamos lo que queramos en el Brénero o en Francia pero que ella cierra sus pasos. Estimada colega, se podría indicar también a los suizos que quien nos hace económicamente imposible el paso por Suiza debe tener cuidado de que no se le haga también imposible económicamente la salida de Suiza, por decirlo de un modo claro.
No puede ser que los intereses de nuestros empresarios y consumidores se traten de un modo que nos obliga a humillarnos continuamente. Por el contrario, tenemos el doble enfoque. Queremos la protección del medio ambiente. Queremos que se trasladen las mercancías al ferrocarril, pero no veo aún que se haya realizado lo que el Gobierno suizo quería hacer para hacer realidad el traslado al ferrocarril. Sinceramente dicho, tampoco veo que los austríacos, los alemanes y los italianos hayan avanzado tanto como querían en el túnel de base del Brénero. Pero del hecho de que no hayamos avanzado en el ferrocarril no tienen la culpa los empresarios de camiones y no se les puede gravar con unas tasas totalmente exageradas.
Lo digo sinceramente: no puede ser que Suiza espere de nosotros que estemos agradecidos si reduce su exigencia de 410 a 360 francos suizos por el tránsito. Sigue siendo inaceptable. Tenemos que decírselo a los suizos y también tenemos que decirles que son una parte de un paquete global en la cuestión del transporte terrestre. Hay otras muchas cuestiones que desempeñan un papel en las negociaciones. Nuestros colegas suizos deben recapacitar qué es lo que quieren.
Quiero defender al Gobierno suizo. Debido a su Constitución, se encuentra en una situación extremadamente difícil. Pero creo que no pueden introducir una tasa para camiones en función de la potencia, alegando que esa es su norma y que toda Europa tiene que aceptarla porque los suizos así lo han aprobado. Así no se puede convivir en Europa. Espero que los suizos reconozcan que precisamente los trabajadores en Grecia o en Italia tienen un interés en llevar sus mercancías al mercado.
Por ello, creo que debemos decir a los suizos que no podemos ni vamos a aceptar unas tasas exageradas. Lo digo también a algunos en esta Asamblea, también a mi colega van Dijk: con frecuencia se dice que para nosotros sería suficiente si se redujese al menos al nivel de Brénero austríaco. A esto digo que no. Si recuerdo bien, este Parlamento ha apoyado a la Comisión en la presentación de una demanda a causa de la última elevación del peaje en el Brénero. Quiero recordarlo para que la Comisión no lo olvide. Trabajemos conjuntamente para llegar pronto a un acuerdo con Suiza. Pero no a cualquier precio, tal como ha dicho Brian Simpson.

Santini
Señor Presidente, parece claro que en este partido hay dos personajes principales: por una parte, los ciudadanos europeos que con este tipo de normas procuran defender su propio territorio, el medio ambiente y, por lo tanto, su propia vida; por otra -y se trata de una preocupación que no debemos desdeñar-, también están las exigencias de otros personajes que son, por ejemplo, los trabajadores del transporte automotor y todos los sectores económicos relacionados con esta actividad. En este caso, si no hay que defender vidas, sin duda hay que hacerlo con los puestos de trabajo. Por lo tanto, es un papel delicado el que corresponde a la Comisión en las negociaciones entre Suiza y la Unión Europea. A nadie se le oculta que de los resultados de estos tratos dependen también las condiciones de tránsito por todos los puertos alpinos comunitarios, empezando por el de Brenner, seguramente el más comprometido, el punto clave del gran enlace norte-sur, sobre todo cuando se realice, esperemos que en el menor tiempo posible, el gran eje ferroviario que -es una visión un poco optimista- prácticamente unirá Estocolmo y Palermo.
Bien, pero ahora debemos llevar todo esto al campo de los puertos alpinos. En un documento de la Comisión, escribí que incluso en lo que respecta a las negociaciones con Suiza, el monto del futuro peaje tendrá que estar relacionado directamente con los costos efectivos de las infraestructuras. Estos costos comprenden el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras, pero no la construcción de otras nuevas ni los costos externos del transporte por carretera.
Paralelamente, la Unión Europea mantiene la exigencia de que el nivel de fiscalidad viaria en Suiza sea siempre comparable con el que se aplique en el Brenner. Están claros los nexos entre estos dos dossiers. Incluso hay que decir que el propio Comisario Kinnock ha pronosticado que podrá concluir las negociaciones con Suiza antes de que haya un acuerdo de los Quince sobre la eurotasa de circulación. En realidad, es lo que pronostica también Austria que, en pocas palabras, está esperando conocer a cuánto ascenderá el peaje suizo para poder aplicar uno más alto en el Brenner y, por lo tanto, estorbar el paso de los camiones pesados hacia Suiza. Es un partido en los límites de la corrección, se podría decir en un plano deportivo, en el que la Comisión tiene que estar muy atenta para ejercer su propio papel de árbitro, porque se está jugando el acuerdo con Suiza y también la credibilidad interna.
El paso del Brenner ya obtuvo un tratamiento particular en la gran controversia de los puertos alpinos, y recordemos que ha sido gracias a un proyecto de compromiso basado sobre cuatro puntos fundamentales: una tarificación distinta, con vehículos denominados Euro-0, Euro-1 y Euro-2; una reducción del 50 por ciento para algunos Estados como Grecia e Irlanda que, por su situación geográfica, han pedido esta tarifa especial; derogaciones temporales hasta fines de 1999 para España, Francia, Italia, Portugal y Grecia; pero también hay una cláusula alpina general, con un régimen fiscal específico para el Brenner, ya organizado. Pregunto, entonces, al Comisario qué fin tendrán estas indicaciones, de qué modo el trato con Suiza podrá modificarlas, pues también se conocen cifras indicadas por la Comisión: por ejemplo, se habla de 72 ecus por el paso de un camión Euro-0, es decir, un camión de la categoría de cuatro ejes o más, durante el día y 165 ecus para el tránsito nocturno.
Esta situación se vuelve más comprometida si echamos una mirada a las estadísticas, que tienen su importancia, según las cuales en el 2001 sólo el 15 % del tránsito se hará por ferrocarril y por agua y el 1, 81 % por carretera; en este momento la relación equivalente es del 72 %. Urge, pues, una solución, junto a la de hacer las infraestructuras ferroviarias, tantas veces recordada aquí, Señor Comisario, para permitir, para dar al transporte automotor una alternativa concreta.

Wijsenbeek
Señor Presidente, Señor Comisario, es hora de que se haga algo. Porque mientras no haya acuerdo, habrá un innecesario desvío del tráfico. Eso significa también que, cuando los camiones pasan por el Brenner, les damos la oportunidad a los austriacos de desplumarnos unilateralmente.
Es bueno que la Comisión haya iniciado ahora un procedimiento en contra. La Sra. Van Dijk y el Sr. Voggenhuber no paran de gritar todo el tiempo: hay que hacerlo por ferrocarril, pero no existe esa posibilidad. No hay alternativas suficientes para poner los camiones en el ferrocarril. Los túneles de Lötsch y de Gotthard no tienen todavía la altura necesaria y en Austria no se ha hecho nada de nada con la línea de ferrocarril del Brenner.
Eso significa sencillamente que nos encontramos en una situación en la que tenemos que llegar simplemente a un acuerdo. Esto también es debido a los Estados miembros que no han dejado suficiente margen de maniobra a la Comisión en el mandato.
Resumiendo, estamos de acuerdo con que tenemos que empezar con unos criterios correctos en las negociaciones con Suiza. Por lo tanto, como Comunidad debemos contribuir al hecho de que los suizos estén adaptando dos túneles a la altura adecuada, como nos habían prometido en la NEAT. Sin embargo, han parado mientras tanto las obras en uno de esos dos túneles y no existe todavía la posibilidad de subirse al tren en Basilea y bajarse en Chiasso. Esto sí lo habían prometido los suizos.
En resumen, quiero hacer un llamamiento a la Comisión para que afronte las negociaciones con toda tranquilidad y con toda franqueza.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, la cuestión que hoy nos reúne es importante. El problema del transporte bloquea desde hace meses las negociaciones con Suiza. Por lo tanto, es urgente hacer el balance sobre el estado de nuestras relaciones con nuestro vecino alpino. Al parecer, las autoridades helvéticas han aceptado hacer concesiones. Desearíamos, pues, que la Comisión nos informara y nos diera detalles sobre los avances, de los que se ha hecho eco la prensa. En efecto, el problema del paso por Suiza afecta al tráfico por carretera en toda la zona alpina.
Por eso considero, al igual que mi Grupo, que las relaciones con Suiza en materia de transporte no pueden aislarse del contexto global del tránsito alpino y que es urgente tomar en cuenta los efectos desastrosos que el aumento del tráfico por carretera supone para el medio ambiente. Pondré solamente un ejemplo: la contaminación del valle de Chamonix, que, como consecuencia de la apertura del túnel del Mont-Blanc, alcanza proporciones análogas a la de una gran ciudad. Por consiguiente, es comprensible la preocupación de los habitantes de las regiones del Mont-Blanc, así como también la de los habitantes del Valle de Aosta, ya que se habla de la posibilidad de abrir un túnel alternativo.
No obstante, existen soluciones. En primer término, hay que resolver el contencioso con Suiza y aplicar una estructura arancelaria que fomente los equipamientos anticontaminantes. En segundo término -y se trata de un elemento importantísimo-, hay que fomentar el transporte ferroviario y desarrollar el transporte combinado por tren y carretera. Naturalmente, el paso del transporte por carretera al transporte ferroviario supondrá un coste importante y requerirá un importante volumen de inversiones. Pero no olvidemos que se trata de la solución de futuro. En este contexto, el enlace por AVE Lyon-Turín, incluyendo el transporte de mercancías, facilitaría el transporte combinado en la región alpina.
Así pues, convendría concretar este proyecto y comprometer a los Estados miembros a que realicen las infraestructuras necesarias. Por otro lado, habría que prestar una atención especial al proyecto ferroviario para enlazar Ginebra, vía Mâcon, Bourg-en-Bresse o Chambéry.
El nuevo Presidente de la República de Suiza ha efectuado declaraciones optimistas sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y este país. Esperemos que ello nos permita desbloquear esta difícil situación.

El Presidente
Muchas gracias, señora Leperre-Verrier. Señorías, quisiera que prestaran atención a una petición que voy a hacerles. Me pide el Sr. Baldarelli que adelante su intervención, en vista de la necesidad que tiene de salir inmediatamente para Italia.
No tengo competencia para modificar el orden de inscripción y el orden de prelación en el uso de la palabra, pero, si ningún diputado se opusiera, podría dar satisfacción a la petición del Sr. Baldarelli con la recomendación de que abrevie su intervención. Si no hubiera objeción, así lo haría.

Jarzembowski
 Señor Presidente, creo que deberíamos escuchar al Comisario y a nadie más pues, de lo contrario, deberíamos prever una ronda adicional. No puede ser que se dé preferencia a uno. Propongo que el Comisario hable y nadie más y que votemos. No puede ser que después del Comisario hablen otros oradores.

El Presidente
Muchas gracias, señor Jarzembowski. Como, naturalmente, habrán advertido Sus Señorías, hay una objeción. Señor Baldarelli, no puedo acceder a su petición.

Van den Broek
Presidente, este debate tiene lugar en un momento interesante, tanto por la fase en la que se encuentran las negociaciones con Suiza como por la fase en la que se encuentra la discusión interna dentro de la Unión sobre la tarificación en el transporte por carretera. Como saben los estimados miembros del Parlamento, se progresó realmente en el último consejo de transporte del mes pasado. La Comisión sigue esperando que, durante la presidencia del Reino Unido, se culminen satisfactoriamente nuestras actividades relacionadas con los escollos más importantes.
Quiero señalar, aunque este debate se concentra en la problemática del transporte, que las negociaciones con Suiza abarcan un gran número de otros temas y que se ha acordado dentro de la Unión, a lo que quiere atenerse también la Comisión, que las negociaciones sobre los diversos sectores tienen que ser llevadas a un final equilibrado, tanto dentro de estos sectores como entre los diferentes temas.
En lo que respecta al transporte terrestre, siempre nos hemos esforzado por crear las bases para el desarrollo paulatino de una política coherente y por la realización de unas condiciones comparables para un transporte duradero por los Alpes. Hemos progresado considerablemente hacia un acuerdo con los suizos y, por lo tanto, estamos de acuerdo con Suiza sobre los siguientes puntos. Una subida en dos fases del peso máximo de 28 a 40 toneladas para los camiones en Suiza, que se inicia en el 2001 y que tiene que culminarse en el 2005. Una y otra cosa se combina con la introducción de un nuevo sistema de tarificación basado en el kilometraje para el transporte por carretera en Suiza.
El segundo punto de nuestro acuerdo es la ampliación y la adaptación de los compromisos en el ámbito del desarrollo infraestructural en beneficio de unos corredores ferroviarios a través de Suiza. Asimismo, una ampliación de los compromisos referentes a la capacidad ferroviaria y referentes a la calidad y el precio de los servicios, sobre todo para el transporte combinado y aparte de esto, también unos compromisos más amplios en relación con la integración del sistema ferroviario suizo en el marco de la regulación que también está vigente en la Unión. Además también sobre el desarrollo de las llamadas superpistas ferroviarias de transporte de mercancías.
Asimismo, se han acordado unas adecuadas medidas liberalizadoras para corregir los desequilibrios del transporte alpino, tanto dentro de la Unión como en Suiza. Finalmente, hay también un acuerdo sobre una serie de mejoras que se pueden llevar a cabo inmediatamente en las posibilidades de acceso y de tránsito para camiones de 40 toneladas.
Como es bien sabido, hay todavía muchas diferencias de opinión sobre algunos detalles no carentes de importancia. Sobre todo sobre la tarifa que se va a establecer en el 2001 y en el 2005, respectivamente, para el uso de las carreteras suizas. Otros problemas complejos tienen que ver con el posible peaje en los cuatro puertos más importantes de los Alpes suizos, con la prohibición de las carreras nocturnas y con las cuotas de tránsito para camiones de 40 toneladas. Sin embargo, los suizos han manifestado su comprensión por la preocupación de la Unión y se han mostrado dispuestos, a medida que avanzaban las negociaciones, a esforzarse por acercar sus posiciones en muchos puntos. Ahora que existe una disposición política real por ambas partes, lógicamente se puede afirmar que las demás diferencias de opinión podrán ser solucionadas.
En lo que respecta a la llamada igualdad de trato, la Comisión puede confirmar que el principio de la no discriminación formará parte integral del futuro acuerdo con Suiza y que ambas partes están de acuerdo sobre este punto.
El año pasado, en las conversaciones sobre la propuesta de una directiva de la Comisión referente a los derechos de uso de las carreteras, el llamado problema euro-viñeta, el Consejo de transporte no estaba dispuesto a aceptar las opiniones de la Comisión sobre el concepto de regiones vulnerables.
Sin embargo, el Consejo estudia ahora la posibilidad de adoptar una cláusula sobre los Alpes según la cual, naturalmente dentro de unos límites determinados y con unas condiciones determinadas, se aplicaría un derecho de uso más alto a la ruta austriaca correspondiente, un derecho de uso más alto que la tarifa media. Esta cláusula, en combinación con un resultado satisfactorio de las negociaciones con Suiza, contribuiría a que se llegara en toda la región alpina a un reparto duradero del tráfico y que se mantuviera. Sin embargo, tanto la Comisión como el Consejo han señalado enérgicamente que no podemos estar de acuerdo con un resultado, ni en las negociaciones con Suiza, ni en las negociaciones de la cláusula sobre los Alpes, por el cual se encareciera excesivamente la ruta alpina.
La Comunidad Europea naturalmente es parte en el Convenio alpino, así le contesto a la Sra. Van Dijk. El Parlamento puede confiar en que la Comisión vigile que la Comunidad cumpla con sus obligaciones en virtud del Convenio alpino y que armonice su política de transporte con los objetivos de este convenio. La Comisión opina sin embargo, que se consigue poco con declarar toda la región alpina como una región vulnerable. Sería mucho más útil si se consiguiera un acuerdo dentro de la Unión sobre el protocolo de transporte del Convenio alpino. Lamentablemente un Estado miembro no ha podido dar su visto bueno hasta ahora a las propuestas que para todas las demás partes involucradas en el convenio sí son aceptables.
Como punto final, Presidente, se debe hacer mención de que la Comisión quedó muy contenta con el resultado del Consejo de transporte del mes pasado, en el que los Estados miembros pidieron a la Comisión que continuara las negociaciones sobre la base de la más reciente propuesta suiza y que preparara un convenio que recogiera unas tarifas basadas en los costes infraestructurales y que recogiera una subida de las cuotas de camiones de 40 toneladas para el período 1999-2005. Sin duda se examinará de nuevo esta cuestión en el siguiente Consejo de transporte de marzo próximo, después del cual la Comisión informará naturalmente al Parlamento de esas últimas evoluciones a través de las vías habituales.
Debido a la magnitud de la problemática y a la falta de tiempo, Presidente, no quiero entrar en detalle en todos los otros aspectos. Espero que los estimados miembros del Parlamento lo comprendan y por mi parte intentaré, por supuesto, formular una respuesta al final del debate a las preguntas concretas.

El Presidente
El debate continuará esta tarde a las 15.000 horas.

Tomlinson
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Corre el rumor de que ha habido que tirar a la basura una edición reciente del Diario Oficial, publicado en lengua finlandesa, y que se va a reimprimir. Quisiera pedir a la Presidencia que examine ese asunto e informe al Parlamento sobre todas las circunstancias al respecto.
Parece tener que ver con un anuncio del Parlamento, en lengua finlandesa, en el Diario Oficial finlandés con vistas a la contratación de un A3 para nuestro Servicio Jurídico -y cito, en la medida en que entiendo el finés»para que se encargue de un grupo de idiotas». Yo he calificado nuestro Servicio Jurídico de toda clase de formas, pero eso no ha entrado en mi vocabulario. ¿Podría pedir usted una investigación para ver cómo ocurrió y qué medidas se están adoptando para que el culpable pague la reimpresión?

El Presidente
Gracias, señor Tomlinson. Pediré al Secretario General que busque a alguien de los servicios que no sea un idiota para que responda a Su Señoría.

Votaciones
Cox
Señor Presidente, éste es un informe breve, pero muy complicado, que obtuvo un gran consenso en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. La comisión respaldó por unanimidad siete enmiendas. La Comisión consideró aceptables algunas, como se indicó anoche, y se opuso a otras. Creo que del debate, al que hubo bastante asistencia anoche a las 23.30 horas, se desprende que hay margen para una exploración más a fondo y un diálogo más intenso entre el Parlamento y la Comisión sobre algunos aspectos delicados. En lugar de profundizar más en el fondo de la cuestión en este momento, preferiría disponer de más tiempo para la reflexión, devolver el informe a comisión y después volver a representarlo aquí con un tenor aceptable para las dos instituciones.
(El Parlamento devuelve el informe a comisión)

d'Ancona
Presidente, me gustaría pedir una votación separada sobre las palabras "que está condenado penalmente y» y a continuación tengo todavía una enmienda oral. En el resto de la enmienda de la Sra. Roth pone 21 años y me gustaría cambiarlo por 18 años. Si pusiera 18 años, entonces nuestro grupo parlamentario estaría de acuerdo. Estos son los dos cambios a esa enmienda.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Sainjon
Señor Presidente, después de haber hablado con mi colega, el Sr. Schwaiger, propongo una enmienda oral que simplificará la enmienda que yo había presentado: se trata simplemente de suprimir la palabra "fijación». Acepto, por consiguiente, quitar la palabra "fijación» de la enmienda que había presentado.
(El Parlamento acepta la enmienda oral)

Schwaiger
Señor Presidente, una vez que se ha suprimido la palabra "determinación», de modo que el Consejo Europeo no puede determinar los tipos de cambio, podemos dar nuestro voto favorable a esta enmienda y a todo el informe.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Ahlqvist, Andersson, Lööw, Theorin y Waidelich
Queremos dar las gracias al ponente por el informe. No obstante, estimamos que hay razones para ser escépticos respecto a la construcción del sistema de compensación que propone el informe. Es una posición que no debe ser entendida como una insuficiente comprensión del papel que representa para las Azores, Madeira, las Islas Canarias y el departamento de Guyana la venta de productos pesqueros, ni tampoco de la necesidad de solidaridad con las zonas periféricas de la comunidad. Sin embargo, opinamos que construcciones de esta naturaleza dificultan las reformas necesarias de la política comunitaria de pesca. La propuesta de la Comisión de Pesca no ayuda a que esta situación cambie sino que, más bien, todo lo contrario.
Informe d'Ancona (A4-0402/97)
Berthu
Señor Presidente, la finalidad del denominado Convenio "Eurodac» es crear una base de datos europea con las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo, para poder determinar, de conformidad con el Convenio de Dublín, de 15 de junio de 1990, cuál es el primer Estado miembro de origen y, en consecuencia, el que se hará cargo de estudiar el expediente.
El Grupo Europa de las Naciones es globalmente favorable a este Convenio, que se sitúa en el marco del régimen intergubernamental del actual artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea. Deseamos solamente que se tenga presente que el Consejo no ha explicado claramente todos los motivos de su decisión, lo cual es de lamentar, ya que no hay razón para no hacerlo y para que los ciudadanos no los conozcan. Existen, en efecto, personas que suelen presentar falsas solicitudes de asilo, personas a quienes se les ha rechazado su solicitud en un Estado y que son capaces de intentarlo, sucesivamente, en los demás, aprovechándose de alguna fisura. Es útil descubrirlos para evitar que un mismo expediente sea estudiado dos, tres, cuatro veces. Pero como estas personas cambian cada vez de identidad, es difícil descubrirlas, como no sea por sus impresiones dactilares.
Sin embargo, el Consejo ha tenido la mala idea de poner un dedo en el engranaje comunitario, al establecer una competencia del Tribunal de Justicia, una financiación a través del presupuesto comunitario y al consultar finalmente al Parlamento Europeo, cuando, en nuestra opinión, no estaba obligado a hacerlo, de conformidad con el artículo K.6. El resultado es que nuestra Asamblea ha aprovechado la ocasión para votar enmiendas que vuelven a poner el sistema en manos de la Comisión, que comunitariza su gestión a ultranza e intenta debilitar su alcance. Naturalmente, nosotros nos oponemos a estas enmiendas.

Andersson, Lööw y Waidelich
Queremos dar las gracias a la ponente por un informe muy bien hecho. Deseamos resaltar que la instauración de un sistema para cotejar las huellas dactilares de los solicitantes de asilo no es en sí una garantía de que se logre una política de asilo humana y generosa, en que los países miembros solidariamente den derecho a refugio a quienes lo soliciten. Para alcanzar semejante política de asilo se necesitan otras medidas y acciones más profundas, que aúnen los criterios de los países miembros sobre la necesidad de una política de asilo humana y generosa.
Con todo, estimamos que la instauración de Eurodac tiene que ser entendida a la luz de las posibilidades de alcanzar esa política de asilo humana y generosa dentro de la Unión Europea. Las propuestas de enmienda del Consejo que se manifiestan en el informe, significan que se refuerza el obvio derecho a la integridad individual de los solicitantes de asilo, lo que vemos como una razón poderosa para apoyar el informe.

Ahlqvist y Theorin
Tenemos una posición muy crítica frente a la propuesta del Consejo de instaurar el registro de Eurodac. Eurodac puede llegar a transformar la política de refugiados de los Estados miembros de la Unión Europea, haciéndola cada vez más restrictiva y brutal.
Cada solicitud de asilo debe ser tratada por separado, independientemente de si el solicitante ha pedido anteriormente asilo en otro país de la UE o no. Consecuentemente, tenemos una posición crítica frente al motivo para instaurar el registro de Eurodac, es decir, que una solicitud debe ser tratada solamente en un país. Nuestra opinión es que los refugiados deben tener el mismo derecho a la integridad individual que nuestros ciudadanos. Nos oponemos a que se tomen las impresiones dactilares de los refugiados de forma habitual. La consecuencia de esta norma implica también, en casos extremos, que esto sería exigible con medidas coercitivas y violencia a personas desde los 14 años.
Las normas existentes sobre la supresión de datos en el registro central es también insuficiente. En los sistemas informáticos de hoy, las garantías de que todos los datos han sido borrados son insuficientes. También tiene que ser obvio que no deben quedar en el registro los datos de las personas que han obtenido permiso de residencia en alguno de los Estados miembros de la UE. Además, es necesario aclarar más la competencia de las autoridades de control. Lo mismo vale también para la posibilidad que tiene el solicitante de asilo a recibir información sobre los derechos que le asisten y poder controlar la exactitud de los datos obtenidos.
La propuesta de informe contiene importantes críticas contra Eurodac, con las que estamos de acuerdo. Por eso votamos a favor del informe en su totalidad en la votación final. Sin embargo, hemos votado en contra de ciertas partes del informe. En primer lugar, no nos gusta que se proponga en el informe que la Comisión será la responsable del registro. La Comisión Europea es una institución dirigida por funcionarios, con un control democrático muy débil. En segundo lugar, reaccionamos con energía en contra de que el Consejo podrá tomar decisiones con mayoría calificada para la instauración de Eurodac. Nuestro juicio es que la colaboración en este tipo de asuntos tiene que tener lugar en el plano interestatal.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de un informe que trata de la creación de un registro (Eurodac) con las huellas dactilares de los solicitantes de asilo. Opinamos que tal registro es un instrumento necesario cuando debe decidirse qué Estado miembro tiene la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo presentada en la UE. Eurodac puede ayudar a impedir que los solicitantes de asilo se conviertan en juguetes a merced de los diferentes países, porque nadie quiera asumir la responsabilidad de examinar de su expediente. Puede ayudar también a impedir el fraude, es decir, que los solicitantes de asilo cambien de identidad tras haber sido rechazados en un Estado miembro. Apoyamos el informe de la Sra. d'Ancona, pues hace hincapié en que en la base de datos no ha de alcanzarse un término medio en lo que respecta a la protección legal de los solicitantes de asilo. Opinamos también que puede ser positivo en relación con tanto la efectividad como la protección de datos involucrar a la Comisión en la administración de la base de datos.

Le Gallou
El Frente Nacional siempre ha luchado y continúa luchando contra la inmigración ilegal. Uno de los medios para contener el flujo migratorio es un control eficaz de las solicitudes y de los criterios para conceder asilo.
El sistema automatizado de Eurodac para reconocer las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo permite reunir las informaciones judiciales o penales sobre estos últimos, de tal modo que un Estado pueda ejercer cierto control sobre las solicitudes de asilo. A la vista de los datos personales que recoge sobre un individuo, este Estado puede conceder o denegar definitivamente la solicitud de asilo.
En su informe, la Sra. d´Ancona propone quitar a los Estados su soberanía en la materia. Considera que el sistema "Eurodac» debe ser gestionado por la Comisión y no por los Estados miembros y establece asimismo limitaciones más severas con respecto a la utilización del mismo.
Se trata, una vez más, de la relajación del Estado y de su soberanía en un ámbito que, en esencia, le debe estar reservado. La aberración impuesta por el Tratado de Amsterdam, a través de la comunitarización de los ámbitos de interior y de justicia entre los Estados miembros, cobra una vez más todo su esplendor.
El gran "colador» europeo se está haciendo realidad. Después de la Europa de Schengen, con la eliminación de las fronteras interiores de la Unión Europea, ahora le toca a la Europa de Amsterdam, con la eliminación de las fronteras exteriores.

Lindqvist (ELDR), Eriksson, Seppänen y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Bonde y Sandbæk (I-EDN)
Los abajo firmantes somos muy críticos en relación con el registro de Eurodac que el Consejo quiere instaurar. Eurodac es una parte de la política de refugio, cada vez más restrictiva y brutal, que crece en la UE, una política que a menudo implica que los refugiados sean tratados como si fuesen delincuentes.
Estimamos que cada solicitud de asilo debe ser cursada por separado, independientemente de si el solicitante de asilo ya lo ha hecho en otro país de la UE. También cuestionamos la base del sistema de Eurodac, cuyo objetivo es que una solicitud de asilo sólo podrá ser estudiada en un país. Opinamos que los refugiados tienen los mismos derechos a la integridad individual que otras personas. En consecuencia, es inaceptable que se tomen las impresiones dactilares a los refugiados de manera rutinaria. Es especialmente grave que semejante norma en casos extremos también significa que se puedan usar medidas coercitivas y violencia contra personas desde los 14 años.
Estimamos que las normas existentes sobre la supresión de datos en el registro central es también insuficiente. Obviamente que no deben quedar en el registro los datos de las personas que han obtenido permiso de residencia en alguno de los Estados miembros de la UE. Además, estimamos que la competencia de las autoridades de control no es clara y es insuficiente. Lo mismo vale también para la posibilidad que tiene el solicitante de asilo a recibir información sobre los derechos que le asisten y poder controlar la exactitud de los datos obtenidos.
En el informe de d'Ancona se contienen importantes críticas contra Eurodac, las que corresponden con nuestros criterios. Con todo, hemos votado votamos en contra de todas las partes del informe que implican que la Comisión tenga la responsabilidad del registro. La Comisión Europea es un órgano sometido a un control democrático muy débil. Además, consideramos que la colaboración en este tipo de asuntos tiene que tener lugar en el plano interestatal.
Informe Erika Mann (A4-0403/97)
Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado a favor de la resolución puesto que estimamos justo que se desarrollen las relaciones económicas y comerciales con los EE.UU.
Al mismo tiempo consideramos, sin embargo, que la resolución evita criticar a los EE.UU. en aspectos en que habría sido necesario hacerlo. Sería, por ejemplo, apropiado en relación con el tema de los derechos humanos, resaltar que muchos estados de la unión aplican la pena de muerte. En relación con el medio ambiente, se podría destacar la resistencia de los EE.UU. en contra de acuerdos internacionales más amplios en materia medioambiental, manifestada ahora último en Kioto. En cuanto al mercado laboral, se podrían señalar las violentas acciones que realizan muchos patronos norteamericanos contra los sindicatos, a menudo con el beneplácito de las autoridades.
Informe Sierra González (A4-0399/97)
Pinel
Señor Presidente, el informe de la Sra. Sierra González pretende poner la sociedad de la información, es decir, para ser más claro, los medios telemáticos como Internet, al servicio de la cohesión económica y social y de la lucha por el empleo.
No podemos menos que estar de acuerdo en que la sociedad de la información pueda beneficiar a todos, incluyendo en primer lugar a las regiones menos desarrolladas y a las personas más desfavorecidas. Asimismo, somos receptivos a la propuesta de incentivar la formación de las personas durante su trayectoria profesional y también a la voluntad de respetar el plurilingüismo en el seno de la sociedad de la información.
Por otra parte, el informe subraya, con razón, las consecuencias positivas que la sociedad de la información puede ofrecer a las regiones rurales. Gracias al "teletrabajo», que permitirá conservar muchas actividades profesionales en las zonas rurales, la sociedad de la información puede constituir un vector importante de ordenación equilibrada del territorio.
Sin embargo, tendremos que procurar que la sociedad de la información no se convierta en un arma de doble filo. Deseamos insistir una vez más en el peligro de que estas nuevas tecnologías faciliten la deslocalización de una parte del sector terciario de la Unión Europea hacia países con salarios bajos y débil protección social. En este momento ya existen empresas europeas que confían la gestión de su contabilidad, o el seguimiento de sus clientes, en la India o en Singapur. Existe en ello un grave peligro para el empleo comunitario, que debemos evitar por medio de medidas adecuadas. Comprobamos con satisfacción que la ponente ha sido sensible a nuestra preocupación en este ámbito.
Por eso el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones se felicita de las cualidades de consenso de la Sra. Sierra González y ha decidido apoyar su informe.

Bernardini
El informe referente a la cohesión y la sociedad de la información sobre el que hoy nos pronunciamos es un complemento del Libro Verde "Vivir y trabajar en la sociedad de la información: prioridad para las personas».
Este documento tiene el mérito de analizar las consecuencias que supone para la cohesión y para las diferentes regiones de la Unión Europea la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Por mi parte, desearía limitarme a dos cuestiones: las consecuencias para el ciudadano y la incidencia en las disparidades regionales.
Con respecto a la dimensión humana, desde hace varios años concentramos nuestros esfuerzos en el desarrollo de las susodichas tecnologías desde la perspectiva del empleo. Como subraya el excelente informe de mi colega Sierra González, no es seguro que éstas creen más empleos de los que destruirán. Sin embargo, hay que inscribir su desarrollo en un ciclo en el que el individuo debe ocupar un lugar destacado.
En el plano de la formación, los jóvenes deben tener la posibilidad de seguir la evolución de esta nueva sociedad. Para eso hay que empezar por realizar un esfuerzo en cuanto al equipamiento de las escuelas, institutos y centros de formación. Gracias a esta nueva oportunidad, emergerá una mano de obra cualificada, eficiente y solicitada.
Nuestro esfuerzo debe incidir igualmente en el ámbito de los operadores económicos. Me refiero a medidas de apoyo en favor de las PME y PMI, que al utilizar estas nuevas tecnologías se convierten en fuente de empleos altamente cualificados.
En cuanto a la dimensión espacial, es evidente que el desarrollo de las TIC puede aumentar las disparidades regionales. Sabemos que la proporción de equipos informáticos, aunque sólo sea en el ámbito de los usuarios, es escasa, sobre todo en zonas rurales. Nuestro esfuerzo debe, por tanto, centrarse en las infraestructuras y en el fomento de la creación de redes. Como subraya, con razón, el informe de nuestra colega, apenas el 2 % de los Fondos estructurales se destina a este sector. Hasta ahora las intervenciones se realizaban en equipamientos básicos (líneas telefónicas, etcétera.). Es necesario revisar las orientaciones generales de intervención de los Fondos estructurales, para operar una diversificación. El acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación puede facilitarse si se crean instalaciones especiales en las escuelas, las bibliotecas y los centros públicos. Apoyamos igualmente las experiencias innovadoras de las PME, así como las medidas de acompañamiento en favor de las mismas.

Caudron
Felicito a la Sra. Sierra González por su informe.
La pregunta de fondo está bien formulada. ¿Las nuevas tecnologías de la información harán desaparecer el formidable espacio de socialización que representa el lugar de trabajo, obligando a los trabajadores a permanecer en su domicilio a través del "teletrabajo», o darán una oportunidad inesperada a las regiones retrasadas en su desarrollo y de baja densidad?
La pregunta es simple; la respuesta no lo es tanto. En efecto, la probabilidad de realización de cada una de estas hipótesis lleva a plantearnos la cuestión de las repercusiones de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, comparto los interrogantes de la Sra. Sierra González. La irrupción de estas nuevas tecnologías es perceptible en nuestra vida diaria. Para mí, como alcalde y diputado, constituyen una herramienta muy importante al servicio de mis conciudadanos con respecto a mi gestión y a mis procedimientos para relacionarme con ellos.
Esta cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido sometida al Parlamento Europeo en varias ocasiones. Hoy conviene dejar paso a la acción más que a los debates, aun cuando el debate no está cerrado, en particular por lo que respecta al ámbito de las libertades públicas individuales.

Cellai
En la introducción de su informe, la diputada Sierra González afirma que la sociedad de la información es el reto económico, cultural y político más significativo de estos años de fin de siglo. Comparto este criterio, aunque me preocupa mucho el proceso actual de globalización e interdependencia de las economías.
Temo que la cohesión interna de la Unión Europea pueda correr peligro a causa de la desigual división de los beneficios del progreso tecnológico. Sin duda existe el riesgo de que en algunas zonas las inversiones se hagan con retraso. La difusión de la tecnología no significa una división automática de las posibilidades y de los enormes beneficios. El desarrollo de la sociedad de la información debe completarse, por fuerza, con una acción política adecuada, que garantice un desarrollo igual en todas las regiones de la Unión Europea. Esto, porque hay países en los que la cultura de la sociedad de la información está más difundida que en otros, y es normal que en ellos haya más posibilidades de utilizar las nuevas tecnologías, de progresar y de prosperar en este nuevo ambiente de trabajo. El gran reto para la Unión Europea en su conjunto es que el 30 % de los americanos están interesados en este desarrollo, mientras en Europa ese porcentaje sólo llega al 2. De este modo, Estados Unidos está en una posición de absoluta ventaja respecto a nosotros, que nos limitamos a seguirlo. Es una lástima, porque tenemos muchas posibilidades, pero no conseguimos aprovecharlas y, así, perdemos posiciones y puestos de trabajo respecto a Estados Unidos. Necesitamos mantenernos más unidos y, sobre todo, destinar más recursos a investigación y desarrollo.
Un factor esencial de competitividad será el uso continuado de la tecnología por parte de las PYMES. La sociedad de la información ofrece a las PYMES la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo altamente especializados y reducir el paro. En especial en las regiones menos favorecidas y en las zonas rurales, las PYMES representan la columna vertebral de la economía local.
La rápida evolución de las tecnologías de nuestros tiempos y la globalización de los mercados influyen en las condiciones de competitividad y crean nuevas oportunidad de las PYMES, que por lo tanto tienen que cumplir una función esencial para aumentar la cohesión económica y social de la Unión Europea.

Cushnahan
Señor Presidente, muchas de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea padecen las consecuencias del problema de la perifericidad. El avance tecnológico, en particular en el marco de la sociedad de la información, es un método para superar el problema del desplazamiento geográfico. Las tecnologías de la información y de la comunicación han de hacer una contribución importante para aumentar la competitividad global de Europa y también la cohesión regional. Por desgracia, las diferentes regiones avanzan, sin embargo, a ritmos diferentes por culpa del desequilibro en su respectiva utilización de la tecnología de la información. Para atajar ese desarrollo desigual, es importante que se invierta más financiación estructural en ese sector.
También se pueden obtener grandes beneficios compartiendo la experiencia en esa esfera. Quisiera señalar a la atención de la Comisión un experimento innovador que se está introduciendo en mi circunscripción en Ennis, Co. Clare. Ennis fue seleccionada en un concurso por Telecom Eireann y designada «Ciudad de la era de la información» y con ese proyecto se examinarán los ventajas que entraña la aplicación de muchos aspectos de la tecnología de la información y de la comunicación. Espero que la Comisión siga atentamente ese proyecto y otros similares de otros países para descubrir qué lecciones se desprenden de ellos que se puedan aplicar en otras partes de la Unión Europea con vistas a intentar contribuir a la cohesión regional.

Darras
La Sra. Sierra González nos presenta un excelente trabajo y sólo me queda abundar en su concepción de la utilidad y del reparto de beneficios de la sociedad de la información.
En efecto, como diputada de la región Norte-Pas-de-Calais observo que la puesta a disposición de las nuevas tecnologías de la información y su utilización por las empresas, naturalmente, pero también por los "simples» ciudadanos, permiten que una región desfavorecida, afectada por una elevada tasa de desempleo, pueda recuperar su retraso económico y social. Es lo que está ocurriendo en mi región.
Por lo tanto, nuestra ponente tiene razón en insistir en la necesidad de ofrecer a todas las regiones las posibilidades de invertir en las infraestructuras de telecomunicaciones e información. Se trata de un ámbito tan importante como la formación y las cualificaciones profesionales o el papel que desempeña el sector público y privado.
Esto debe constituir una prioridad tanto nacional como europea. Es un medio de lucha contra la exclusión. Debo decir una vez más que, basándonos en el ejemplo vivido en mi región, sin la ayuda de programas europeos como Web for school y Net days no hubiésemos podido, solos, nuestras colectividades territoriales y locales, proporcionar a nuestros jóvenes los medios de información de que hoy disponen.
Por eso apoyo a la Sra. Ponente para que la ayuda que exige pueda generalizarse e incluso ampliarse.

Ephremidis
Las verificaciones y valoraciones de la Comisión, y especialmente el informe de la Sra. Sierra González, reflejan la realidad actual sobre el desigual reparto de las posibilidades de acceso y uso de la sociedad de la información entre las regiones europeas.
Pero las propuestas contenidas en el Libro Verde de la Comisión no se corresponden con las necesidades que resultan del desarrollo tecnológico, ni con las esperanzas de los pueblos de Europa para su aprovechamiento; ni se encaminan a reducir o hacer desaparecer las desigualdades regionales y mejorar el nivel de vida de los trabajadores.
Al contrario, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones propuesta conducirá a infravalorar los servicios prestados, en especial en las regiones menos desarrolladas, y dificultará el acceso de los ciudadanos, de organismos y de empresas, a las redes, con lo que aumentarán las desigualdades que ya existen. La falta de infraestructuras y de equipamientos adecuados para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los sistemas electrónicos y multimedia actuales, de manera especial en las regiones remotas donde existen graves dificultades para conectarse a las redes centrales, debido al elevado coste, pero también por la falta de formación para el uso y aprovechamiento, son factores negativos para su desarrollo, que provocarán el incremento de las diferencias entre los que poseen información y los que se ven excluidos de ella.
El objetivo fundamental de esas propuestas es fomentar el aumento de los beneficios de las grandes empresas del sector a costa de los servicios públicos y del papel social que debieran desempeñar. La supresión de los servicios públicos y de la obligación que corresponde al estado de asegurar el acceso de todos los ciudadanos a estos servicios no puede ser sustituida por engañosas manifestaciones sobre servicios integrales, cuyo contenido es desconocido, y que en realidad ocultan el deseo de despejar el camino a una super concentración de capitales y de los medios que controlan el tráfico y la difusión de la información, de forma que se llegue finalmente a la formación de una gigantesca industria de fabricación de noticias e información, como muchas veces ocurre ya en los medios de comunicación de masas.
Para alcanzar esos objetivos se sigue la táctica de hacer desaparecer las reacciones sociales y crear una nueva organización del trabajo. Un elemento de esa organización es, desde luego, la propuesta de generalización del teletrabajo, que va a suponer un ataque decisivo a los derechos sociales y sindicales.
¿Cómo es posible que empresas con medios obsoletos y acceso limitado a los capitales puedan competir con los gigantescos medios multinacionales? La supresión de las ayudas estatales y los limitados subsidios comunitarios, que financian las telecomunicaciones sólo con un 2 % a través de los fondos estructurales, van a funcionar de forma excluyente para el acceso de todos sin discriminaciones a la red y para lograr la igualdad de condiciones de interconexión e interfuncionalidad.
Pero los pueblos y los trabajadores no permitirán la materialización de planes que tengan como resultado el aumento drástico de las diferencias existentes. Se opondrán a los riesgos ya visibles de desestructuración, de aislamiento y de postración de las regiones remotas y con estructuras débiles y no van a consentir que las expectativas del capital para extender sus tentáculos y vampirizar su sustancia gris logren la supresión de los derechos, los logros y las libertades de los ciudadanos.
Informe Waddington (A4-0405/97)
Caudron
He leído con mucho interés el informe de nuestra colega Waddington, a quien deseo felicitar.
No hay duda de que cuando el Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre una cuestión atinente al empleo, ésta provoca siempre discusiones encendidas entre las fuerzas y corrientes políticas.
Mientras que la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, del mes de noviembre, estuvo centrada esencialmente en la formación, la ponente pone de relieve, con razón, el importante desfase que existe entre los compromisos políticos y las propuestas de la Comisión en este ámbito.
A veces me planteo interrogantes sobre la voluntad de algunos de nuestros comisarios, siempre dispuestos a lanzarnos cada vez más lejos por la vía del liberalismo, y sobre esta relativa parálisis cuando se trata de luchar contra el desempleo. No quiero creer que exista una falta de voluntad para luchar contra esta plaga. Por lo tanto, apoyo sin reserva las exigencias de la Sra. Waddington a la Comisión, y espero que esta última responda.
Apruebo la orientación del informe, tendente a vincular estrechamente el acceso a la formación y la organización del trabajo. Las diferentes problemáticas que afectan al empleo no deben -ni pueden- ser tratadas aisladamente. Las soluciones no son eficaces sino con la condición de que sean interdependientes. Comparto, por tanto, la preocupación de la Sra. Waddignton sobre la necesaria diversificación profesional de las trabajadoras. Pienso que hay que ir más lejos en esta diversificación, que no debe limitarse a las mujeres; "igualdad obliga»...
Conviene tener cuidado para no caer en la trampa de las formaciones basadas esencialmente en los empleos que dependen de las nuevas tecnologías y de servicios. Muchos de ellos son de escaso valor y no pueden multiplicarse hasta el infinito. Las decepciones nos acechan.
Deseo felicitar una vez más a la Sra. Waddington. Como ella, yo también espero propuestas importantes de la Comisión.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor de un informe sobre el acceso al reciclaje profesional en la Unión Europea. Es muy importante enfocar el tema de la formación continua en nuestros días, en los que la capacidad de adaptación y la flexibilidad son de una importancia fundamental para las posibilidades de los asalariados de defenderse en un mercado laboral en constante cambio. La capacidad competitiva de las empresas europeas depende en gran medida de nuestros esfuerzos en el campo del reciclaje profesional. Si no prestamos atención a estos desafíos, costará puestos de trabajo en Europa. De ahí que apoyemos un informe que busca una estadística comparable sobre el reciclaje profesional en los Estados miembros y recomienda la creación de un sistema de notificación sobre el acceso a la formación. Celebramos especialmente que la señora ponente haya puesto gran énfasis en los aspectos de la igualdad y los problemas que pueden tener las mujeres en relación con el acceso al reciclaje profesional. Por último queremos sumarnos a la petición de que los integrantes del mercado laboral en el ámbito europeo contraigan convenios marco sobre formación.
Informe Hermange (A4-0292/97)
Ahlqvist, Andersson, Lööw y Waidelich
Hay motivos para agradecer al ponente por el trabajo realizado en este informe. El informe trata un asunto que tiene trascendencia para reforzar la productividad y el empleo, algo que también se subraya en la propuesta de resolución de la comisión.
No obstante, queremos expresar un punto de vista. Criticamos los estímulos estatales en forma de rebajas de impuestos en conformidad con lo que señala el informe en el punto 9, primer párrafo. En cuanto a la posibilidad de los empleados y obreros de participar en los beneficios de las empresas, estimamos que es una asunto que corresponde a las partes del mercado laboral y el deber de la sociedad es mantenerse neutral y no involucrarse a través de subvenciones de impuestos.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Votamos desfavorablemente esta resolución. La izquierda sueca siempre ha considerado que las personas que trabajan en una empresa deben tener mucha mayor injerencia, tanto en el ámbito general de la empresa como en el destino de las ganancias.
Estimamos que es una profunda equivocación enfatizar de esta manera unilateral la posesión individual de acciones como fuente de aumento de la productividad.
Deseamos, en cambio, un desarrollo creativo y dinámico de la democracia empresarial. Queremos enfatizar la necesidad de fondos para el futuro y de capacitación profesional de largo plazo, especialmente para trabajadores que tienen cortos estudios, en lugar de un régimen de sociedad.

Lang
El Frente Nacional siempre ha defendido y defiende tanto el lugar como el papel que debe desempeñar el hombre en las empresas, y se niega a asimilar esta cuestión a una variable o a un simple elemento económico, como lo hacen todas las políticas de izquierda o de derecha que se suceden hasta ahora, invariablemente y sin ningún resultado positivo o alentador con miras al futuro.
Con este informe, la Sra. Hermange otorga a los trabajadores de las empresas una verdadera dimensión económica, por lo que no podemos menos que felicitarnos. Es conveniente fomentar esta forma de capitalismo popular, desarrollar aquellas medidas que favorezcan la participación de los trabajadores en el capital de la empresa. Para luchar contra el desempleo, es necesario, en efecto, devolver la confianza a los trabajadores para lograr una mayor productividad, una mayor flexibilidad laboral y salarial.
Pero para alcanzar estos objetivos de estabilidad del empleo y de crecimiento es necesario proteger el mercado, dejar completamente de lado los falsos preceptos de Maastricht y de Amsterdam, detener el flujo migratorio y recuperar el consumo. De este modo, y sólo de este modo, se crearán nuevos empleos.

Ribeiro
Nuestras reservas sobre este asunto no se deben a dudas de detalle o de forma, que no nos resultaría difícil encontrar y que servirían fácilmente para justificar nuestro voto.
Ahora bien, el enunciado de esas reservas sería también una forma de quedarnos en una posición superficial, epidérmica, lejos del verdadero meollo del asunto y de lo que fundamenta nuestra posición al respecto. Sería en cierto modo un escape a la hora de decir lo que se debe decir, substituido por observaciones formales. Y tampoco se trata de confiar o no en la bondad de las políticas y medidas que se proponen y para lo cual se elaboran informes en este Parlamento.
Con toda claridad, nuestra concepción de las relaciones sociales no es compatible con la ilusión en que otras concepciones -o falta de ellas- insisten de que no hay clases sociales o que, habiéndolas, sus intereses y objetivos en la actividad económica empresarial privada son coincidentes, convergentes o tan sólo no conflictivos.
Por eso mismo, independientemente de los juicios de valor sobre las intenciones de quien propone las políticas y las medidas y también de quien asigna los informes para opinión -que pueden ser excelentes y en algunos casos lo son-, esas políticas y medidas pueden tener el efecto perverso de desviar la atención, de alejar a los hombres y a las mujeres de las cuestiones reales que les atañen como trabajadoras y trabajadores, cosa que nunca dejarán de ser porque se les conceda una mitigada participación en ciertos sectores limitados de gestión y en los resultados financieros que son la apropiación de los frutos de su actividad laboral.
Tampoco es nueva esa estrategia y la ya amplia reflexión sobre estos asuntos nos hace recordar que hace cerca de 30 años, cuando semejantes políticas y medidas eran presentadas como panaceas, leíamos y escribíamos que la participación (de los trabajadores en la gestión y en los resultados) era como una «linterna roja» en la cola de un conjunto de circunstancias configuradoras de una situación social muy degradada que reclamaba soluciones de fondo o que suscitaba meras maniobras de diversión, cosa que tenía antecedentes y tuvo repeticiones.
Revisaríamos esta posición, si la realidad no la confirmase. Pero la realidad ha demostrado que es (a)justa(da). También sucederá así ahora. Por eso, nuestro voto no es contra las excelentes intenciones -de quien las tiene-, como tampoco puede ser a favor de una ilusión que se renueva y que se pretende transmitir a quien no las necesita o que incluso debería huir de ellas, como gato escaldado.
Resolución sobre la situación de los refugiados kurdos
Aelvoet
Presidente, en nombre del grupo parlamentario de los verdes quiero protestar enérgicamente contra el vaciamiento completo del derecho de los refugiados en general, del que estamos viendo en los últimos meses continuamente los ejemplos. En cuanto a los refugiados kurdos es evidente que hemos constatado, por una parte, que la presidencia de la UE y el Consejo de Ministros de la UE dicen claramente en el mes de diciembre que no hay perspectivas concretas para que Turquía ingrese en la Unión, en mi opinión con razón, entre otras cosas por el hecho de que la cuestión kurda no se aborda de forma política.
Por otra parte, cuando pequeños grupos de refugiados, porque no se trata de flujos de refugiados, sólo se trata de unos centenares de refugiados, se ponen en marcha, vemos entonces que la misma Unión Europea adopta una postura muy defensiva. En mi propio país, en Bélgica, el ministro de Asuntos Exteriores, porque ahora hay una huelga de hambre, dice: "Vamos a investigar la cuestión política que origina este problema», mientras que por otra parte ya se manifestó hace tiempo que se trata de un problema político.
En otros países empieza entonces la lucha entre Italia y Alemania, etcétera. Pero en todo caso, la línea maestra adoptada por la Unión Europea no fue el reconocimiento del hecho de que pudieran venir refugiados políticos de allí. Encontramos esto muy lamentable. Lo mismo está ocurriendo en relación con el drama que se recrudece cada vez más en Argelia. Todavía esta mañana hemos podido escuchar a unos ministros alemanes que manifestaban públicamente: "Sí, debemos hacer algo con Argelia porque si no, nos vendrán otra vez oleadas encima». Si vamos a hacer política internacional y política interna dentro de la UE en esos términos, entonces vamos por el camino completamente equivocado.

Berthu
Europa se enfrenta hoy con el problema de los miles de kurdos que desembarcan ilegalmente en las costas italianas, al término de un viaje visiblemente organizado por mafias y pasadores profesionales de fronteras. ¿Se trata realmente de refugiados, y, en caso afirmativo, de refugiados políticos, o económicos? Además, ¿proceden de Turquía, o de Irak? ¿Puede reconocerse la calidad de refugiado a personas que, a su vez, persiguen -o han perseguido- a otras personas? No olvidemos que los kurdos siempre han sido grandes asesinos de cristianos siriacos, caldeos, nestorianos u otros armenios y que aún recientemente -desde 1984- han perpetrado crímenes en el sur de Anatolia. La afluencia de estos refugiados, o falsos refugiados, plantea a Europa el problema de sus propias incoherencias.
Primeramente, no es por casualidad que este problema salga hoy a luz, ya que Italia es parte integrante del espacio de Schengen sólo desde el 26 de octubre pasado. Está claro que para los inmigrantes clandestinos la perspectiva de poder viajar, sin pasar controles de fronteras, del extremo sur al extremo norte de Europa representa un poderoso incentivo. En cuanto a los países de entrada de los inmigrantes, Italia en este caso, ¿por qué resistirse ya que sabe que los recién llegados no permanecerán en su territorio, sino que sólo estarán de paso? ¿Por qué empañar su imagen desde el punto de vista humanitario sin sacar ningún provecho a cambio y para beneficiar solamente a sus vecinos? Esta experiencia nos demuestra que Schengen suscita a la vez un incentivo más para los clandestinos y una forma de quitarse las responsabilidades para el Estado miembro de origen. El hecho de restablecer verdaderos controles de personas en las fronteras internas resolvería una parte del problema.
En segundo lugar, se nos dice que este género de situaciones no se produciría si el derecho de asilo estuviese armonizado en toda Europa. Es cierto que Italia lo utiliza de forma demasiado extensiva, al aplicar, como se da a entender, el régimen de la Convención de Ginebra a simples refugiados económicos. Pero, por otro lado, ¿cuál es el tipo de armonización del derecho de asilo del que se nos quiere dotar, a cambio, en el plano europeo? En realidad, es exactamente el mismo; es decir, un derecho de asilo extensivo, como lo demuestra la propuesta sobre los refugiados sometida recientemente por la Comisión al Consejo. No vemos en absoluto cuál es el interés de llevar a cabo una armonización en el plano europeo si, además, debe desembocar en un aumento del laxismo. Si un país quiere ser laxista, sólo tiene que comportarse de esa manera por su cuenta y riesgo, sin intentar trasladar el problema a sus vecinos o a Europa.
En tercer lugar, las propuestas de política europea sobre los refugiados -la resolución que hoy ha aprobado el Parlamento Europeo nos proporciona un buen ejemplo- consisten ante todo en repartir entre los Estados miembros la carga de su acogida y su sustento. No es una solución seria a largo plazo. ¿Qué haremos si mañana, como desgraciadamente puede ocurrir, llegan cientos de miles de refugiados de todo el planeta, atraídos a Europa por una acogida, un estatuto y unas ayudas financieras? Si queremos comportarnos responsablemente, hay que aplicar hoy soluciones que podrán funcionar mañana.
Por eso la política europea sobre refugiados debería consistir en:
1) mantener controles en las fronteras internas para responsabilizar a los Estados miembros;
2) conservar una definición estricta del derecho de asilo;
3) organizar una cooperación para ayudar financieramente a los Estados miembros que asuman una carga desproporcionada para garantizar la vigilancia de sus fronteras exteriores;
4) buscar soluciones distintas de la instalación en la Unión de refugiados cuando procedan de países alejados de nuestra zona inmediata; es necesario, por el contrario, dirigir a estos refugiados hacia terceros países que les brinden un asilo adecuado, sin perjuicio de ofrecer nosotros mismos una ayuda a dichos países.
Si la Unión Europea aplicara otro tipo de política, como hoy parece estar dispuesta a hacerlo, dañaría gravemente, a largo plazo, los intereses de nuestras naciones y no merecería ninguna confianza por parte de los ciudadanos.

Ephremidis
La cuestión kurda va a seguir empeorando y estando ante nosotros mientras las autoridades turcas continúen sin respetar los derechos humanos fundamentales de un pueblo entero y se nieguen con insistencia a buscar una solución política y pacífica a la cuestión kurda mediante negociaciones directas con las organizaciones representativas del pueblo kurdo.
Mientras los grandes intereses económicos y político-petrolíferos mantengan su apoyo a la intransigencia turca, los grupos criminales que se benefician de la tolerante postura turca continuarán con el tránsito ilegal de kurdos bajo condiciones inhumanas; al tiempo, los Estados miembros, "gobernados por las leyes» y tan "sensibles» a los derechos humanos, intentarán explotar la tragedia de los refugiados de un modo inaceptable y tomarán más medidas represivas y policiales.
Es hora de presionar al gobierno turco para que cambie su política, para que detenga las operaciones hostiles contra el pueblo kurdo y que reconozca sus derechos. Es necesario que la cuestión de la violación de sus derechos y la postura de Turquía se plantee durante la próxima reunión de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos del Hombre y en la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Deberán tomarse todas las medidas necesarias para reforzar la lucha contra las redes criminales de tráfico de inmigrantes ilegales y refugiados, pero, a la vez, es necesario alcanzar las condiciones necesarias para que se respete de forma íntegra el derecho de los refugiados a pedir asilo político, de acuerdo con el Tratado de Ginebra, y que se les proporcione una ayuda material y moral eficaz.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de una decisión sobre los refugiados kurdos. La trágica y desgraciada situación de los refugiados kurdos ha actualizado la necesidad de una colaboración en la política comunitaria de refugiados. Con todo, queremos también pedir que se enfríen los ánimos. El ejemplo kurdo de nuevo confirma que el debate se ha caldeado más de la cuenta. En realidad hablamos de menos de 1000 kurdos y la cifra global de solicitantes de asilo ha descendido de hecho en 1997. Es una lástima y una vergüenza que personas en situación de necesidad se unan a los opositores a la Unión en Dinamarca. Claramente es necesario un instrumento como Eurodac, sobre el que hemos votado también en el día de hoy. Nos ayuda a determinar qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo en la UE. Además, debe hallarse un reparto responsable de las cargas de los refugiados entre los países de la Unión.

Ripa di Meana
He votado contra la resolución común porque asume el planteo del gobierno italiano, que decidió examinar con actitud favorable las peticiones de asilo de los ciudadanos de origen kurdo.
De esta manera se ha introducido el peligroso precedente de la concesión de asilo político por motivos étnicos. En el caso que nos ocupa, se trata en cambio de una clásica primera afluencia de inmigrantes kurdos provenientes de distintos países -sumados a otros inmigrantes clandestinos del Magreb, China, Sri Lanka, Egipto, etcétera- movidos por razones económicas.
Además, después del primer desembarco importante de la nave Ararat , asistimos al goteo diario de desembarcos de pequeños grupos de inmigrantes kurdos organizados por los "lancheros» albaneses. El asilo político basado en motivos étnicos constituye un atractivo evidente, de uno de los países de la UE, para todos los kurdos, atraídos por la posibilidad indiscriminada de asilo, basada tan sólo en el hecho de que sean kurdos.
El principio del asilo por motivos étnicos no es aplicable ni en el caso de los kurdos, que son una etnia de más de veinte millones de personas, ni en el caso de los numerosos pueblos que por razones religiosas, lingüísticas, políticas o económicas son perseguidos por otros pueblos u otras mayorías. Baste recordar el caso de los tibetanos en China, de los tamiles en Sri Lanka, de los tutsis en África central, de los indios de Chiapas en México, y demás.
El caso de los inmigrantes ilegales kurdos se ha de considerar con otros criterios, racionales y humanitarios. El criterio étnico-político, con las excepciones individuales de los verdaderos perseguidos políticos, por ejemplo, Leyla Zana o Vej Jing Sheng, se está abandonando porque es un motivo de desarrollos imprevisibles e incontrolables.
La Unión Europea tiene que poner la mira en la internacionalización política de la tragedia kurda, sin recurrir al insostenible principio del derecho de asilo garantizado: debe presentar el problema en la ONU, basándose en la violación de los derechos humanos por parte de Turquía, Irak e Irán.
Informe Sainjon (A4-0392/97)
Berthu
El informe Sainjon presenta una concepción tranquilizadora de las deslocalizaciones, quizá porque desde el principio había optado por una definición demasiado restrictiva de este fenómeno: habría deslocalización, según el mismo, cuando quien emite la orden (el empresario) elige deliberadamente desplazar su producción, a través de la inversión directa, la subcontratación o el negocio, hacia un país donde los costes sociales son menos elevados.
Esta definición demasiado restringida conduce a discutir hasta el infinito la amplitud de un flujo, imposible de evaluar en cifras -y del que pueden citarse excepciones-, pero que se pone cuidadosamente en evidencia para dar la impresión de un movimiento en los dos sentidos. Este es el callejón sin salida en el que se ha metido el informe Sainjon.
En realidad, visto en perspectiva, nos damos cuenta de que el aumento del desempleo en Europa es concomitante con la apertura internacional. Naturalmente, existen países que logran escapar a ello gracias a una fuerte política liberal, como el Reino Unido. Es efectivamente una vía que puede seguirse. Pero hay que subrayar que el éxito británico en la lucha contra el desempleo (actualmente el 5 %) se debe, en parte, a la atracción de actividades económicas que antes estaban emplazadas en los países continentales vecinos. Dicho de otro modo, la experiencia sería sin duda menos convincente si Francia y Alemania aplicaran también la misma política.
Para tener una visión de conjunto del fenómeno de las deslocalizaciones, la definición debe ser amplia: hay deslocalización cada vez que el proceso de la competencia internacional conduce a crear empleo en los países emergentes y a destruirlo en los nuestros. Nosotros pensamos que un proceso saneado debería, por el contrario, crear trabajo en las dos zonas a la vez.
Así definida, la deslocalización muestra su verdadero rostro: es el reverso de una competencia internacional ejercida sobre bases falsas, sin que los países de Europa, paralizados por ideas erróneas, logren crear una política mínimamente voluntarista para defenderse.
Considerando, sobre la base de la definición restringida, que todo evoluciona espontáneamente en el buen sentido, el informe Sainjon presenta, pues, unas propuestas mínimas: un código de buena conducta flexible para las multinacionales, un contrato de confianza entre distribuidores, fabricantes y subcontratistas, la creación de una etiqueta social global por la OIT, etcétera. Estas propuestas son interesantes, pero, en nuestra opinión, no son capaces de enderezar el timón.
La propuesta del Grupo Europa de las Naciones es simple y enérgica: hacer disminuir el interés con respecto a las deslocalizaciones, haciendo disminuir, a su vez, el interés con respecto a las reimportaciones cuando éstas nos perjudican. Para ello hay que exigir que en el próximo ciclo de negociaciones comerciales internacionales, que se abrirá en 1999, se discuta sobre la equidad de la competencia mundial y la legitimidad de las zonas de preferencias regionales, en aquellos casos en que los pueblos afectados opten democráticamente por éstas.

Blot
El informe que se nos presenta ignora en demasía los aspectos conflictivos de la vida económica mundial y los efectos dominantes ejercidos por una gran potencia, a la que le interesa que se aplique un librecambismo desmedido.
La verdadera causa de las deslocalizaciones se basa en esta política, mientras que las condiciones de producción y de remuneración en el mundo son profundamente heterogéneas.
El informe sólo aporta un análisis superficial de las consecuencias de las deslocalizaciones con respecto al empleo en Europa y subestima las consecuencias negativas de estos fenómenos. Resta importancia al papel que representan en Europa las cargas fiscales y sociales demasiado elevadas, que son causa de procesos de deslocalización, a los que se les presta muy poca atención.
El ponente cifra sus esperanzas en la firma de los códigos de conducta voluntarios, lo que es a todas luces insuficiente. Así pues, es necesario volver a examinar la cuestión de las deslocalizaciones desde una óptica que no sea unilateralmente librecambista. Por consiguiente, votaré en contra del informe.

Elmalan
Cada semana se anuncian deslocalizaciones al extranjero por parte de firmas europeas; por lo general, sin ningún preaviso ni consulta con las organizaciones sindicales.
Estas deslocalizaciones hacen que los pueblos compitan entre sí, especulando con las diferencias sociales y salariales. Los empresarios también las utilizan como medio de influencia y de chantaje para mantener la presión sobre los salarios y el empleo. A menudo estas deslocalizaciones destruyen empleo. En Francia, los tres sectores más afectados -textil, calzado y electrónica- han perdido en quince años la mitad de sus plantillas. Pero también existen otros sectores afectados, como el del automóvil, y los servicios practican cada vez más las deslocalizaciones.
Éstas obedecen a la lógica de liberalización y de desreglamentación en el marco de la mundialización. En lugar de emprender la lucha y la resistencia contra los perjuicios de esta mundialización, la Unión Europea contribuye a fortalecerlos, sometiéndose a la dictadura de los mercados financieros. Pueden y deben adoptarse medidas en el plano comunitario frente a la desregulación de los mercados financieros y a la volatilidad de las inversiones, que pueden orientarse a cada momento a actividades provechosas a corto plazo, sin tener en cuenta a los asalariados y la economía de regiones enteras. La imposición de los movimientos de capital permitiría controlar y limitar esta situación.
El informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que apruebo, avanza otras propuestas que pueden contribuir a frenar estas deslocalizaciones, o al menos a evitar sus consecuencias más perjudiciales para el empleo y el poder adquisitivo. Me felicito, en este sentido, de que el informe haya recogido las enmiendas de nuestro Grupo; por una parte, con respecto a la inclusión de las cláusulas sociales y medioambientales en los acuerdos internacionales y en la normativa de la OMC y, por otra, para que el acuerdo multilateral sobre inversiones (AMI), actualmente en curso de negociación en el marco de la OCDE, no obstaculice el derecho de los Estados de controlar el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente frente a las empresas multinacionales que operan en su territorio.
A la vista de la gravedad de lo que está en juego, sería indispensable ir aún más lejos y exigir que este acuerdo AMI reconozca la excepción cultural, para que la cultura no sea considerada como una simple mercancía sometida a la ley del mercado, dominada por las firmas norteamericanas.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. André Sainjon, el cual trata de los traslados de empresa e inversiones directas en terceros países a la luz de la globalización del comercio, la producción y las inversiones. El informe pide a la Comisión que prepare un código de conducta para las multinacionales que tome como base una serie de compromisos sociales. El código de conducta toma como base los puntos siguientes:
el fomento de la libertad de asociación-la lucha contra el trabajo forzoso-la lucha contra el trabajo infantil-la abolición de la discriminación en empleo y profesiones y la garantía de igualdad salarial para hombres y mujeresLos socialdemócratas daneses ven positivamente esta propuesta, pues ésta puede contribuir a un mercado laboral más justo en terceros países además de garantizar la limpia competencia en una economía globalizada. El informe menciona la obligación de impulsar la armonización social. Los socialdemócratas daneses advierten que la política social es un asunto nacional.

Lang
Las propuestas del informe Sainjon no son más que una especie de emplasto en una pata de palo. Cuando se ha aceptado la mundialización de la economía, la libertad total de inversión, cuando su tejido industrial y productivo compite en una carrera desenfrenada orientada a la productividad, cuando existe la obstinación de creer que las firmas multinacionales no son entidades apátridas que sólo buscan sacar provecho, cuando se está persuadido de que la eficacia gobierna una división internacional del trabajo..., no hay que sorprenderse de que las empresas se adapten al medio que se les impone y reaccionen de acuerdo con sus propios intereses.
La etiqueta social no es más que una gran hipocresía para que los consumidores europeos tengan la conciencia limpia; el código de buena conducta de las multinacionales es sólo un cuento; la libre circulación generalizada de capitales es el anuncio de crisis regionales que pueden poner en peligro el conjunto del sistema financiero mundializado y, de rebote, el conjunto de las economías.
El ponente escribe: "las deslocalizaciones constituyen un fenómeno que responde a la lógica económica y que no deberían abordarse sólo desde el punto de vista ideológico». Hagamos justamente un ejercicio ideológico: si estamos en este punto es porque ustedes consideran que la economía en un fin en sí misma. Nosotros pensamos que la economía es sólo un medio al servicio de los fines políticos, cuales son el empleo y el bienestar de las poblaciones, la protección del medio ambiente, la estructuración de la sociedad. Nosotros opondremos siempre el aspecto humano a esta visión contable y aritmética del mundo.

Ribeiro
Los traslados de empresas están relacionados con la dinámica de la llamada mundialización que resulta de una mayor movilidad de factores. Pero esa movilidad no observa los mismos ritmos en relación con los diferentes factores y actividades, la producción se traslada a una velocidad condicionada por todos los aparatos y exigencias de combinaciones complejas, el comercio ya puede beneficiarse de mayores facilidades y rapidez en los transportes y el capital financiero aprovecha los cambios que merecen el calificativo de revolucionarios en la comunicaciones, en un marco jurídico, además, de liberalización de la circulación que alcanza caracteres de libertinaje.
Así, en la actualidad los traslados de empresas son consecuencia sobre todo de la vertiginosa circulación de capitales en busca de los lugares y las situaciones en que más y mejor se reproduzcan y acumulen, lo que aumenta perturbadoramente su ya desproporcionado volumen respecto de las necesidades de la economía real. Sobre el terreno pueden quedar, abandonadas o cedidas en condiciones precarias o de subutilización o ambas cosas a la vez, instalaciones productivas importantes, de empleo y situaciones sociales degradados.
Ésta es una caracterización que, por desgracia, no es caricaturesca y este informe aborda esa cuestión mediante un análisis de lo que llama la «inversión extranjera» y de una división de los traslados de empresas en ofensivos (vinculados con la inversión directa), defensivos (vinculados principalmente con la subcontratación) y de «negocio internacional» (vinculados con las dinámicas de grupos transnacionales).
Ahora bien, nos parece que ese concepto de inversión extranjera tiene contornos y contenidos diferentes de los que lo definían al principio. Con los traslados de empresas, una inversión puede corresponder -y muchas veces y cada vez más así es- a una desinversión en otro lugar por abandono, como ya hemos dicho. Y es muy positivo que el informe enuncie (o denuncie) los posibles efectos perversos de los traslados de empresas y subraye cuatro elementos con una base social que conviene que se introduzcan en esta problemática (organización sindical y negociación colectiva, prohibición de trabajo forzado y de trabajo infantil, igualdad de trato) que corresponden a las cláusulas sociales mínimas y a la valorización del papel de la OIT, como organización de las Naciones Unidas, que la OMC, en la deriva ultraliberal con la que nació, ha procurado someter y hacer que se pase por alto.
Aunque esperamos poco de las recomendaciones sobre códigos de conducta para las transnacionales, el enunciado/denuncia de esta caracterización de los traslados de empresas y de la inversión extranjera es positivo.

Souchet
Puesto que el contenido del informe Sainjon no ha variado, ni con respecto al diagnóstico ni a la terapéutica de la deslocalización, no hemos podido votar a favor del mismo. El informe refleja un análisis del fenómeno, análisis que la mayoría de los economistas ponen cada vez más en entredicho. Y las medidas -por lo general facultativas- que propone para corregir los efectos negativos de las deslocalizaciones no parecen estar a la altura de los dramas económicos y sociales generados en nuestros países por un fenómeno estrechamente ligado a la adopción del librecambismo integral.
Hemos visto que para apreciar realmente las consecuencias de la deslocalización en nuestros países, era indispensable adoptar un enfoque mucho más amplio del fenómeno que el elegido por el ponente.
Asimismo, hay que evitar dar la impresión -al mencionar el caso de algunas operaciones que se ejercen en sentido inverso, pero que no son representativas de tendencias importantes- que todo se equilibra y que existe un movimiento equivalente en ambos sentidos. Así, la instalación de Toyota en Valenciennes -acompañada de fuertes repercusiones mediáticas- parece más bien una ventana falsa y una implantación temporal, cuando la mayoría de las empresas asiáticas que se habían instalado en Europa tienden, frente a la apertura total de los mercados europeos al exterior, a repatriar sus instalaciones y a efectuar exportaciones clásicas, en lugar de seguir produciendo en Europa. El fenómeno de deslocalización es, en realidad, fundamentalmente unilateral. Por lo tanto, las medidas correctivas deben ajustarse rigurosamente a dicha característica.
Es sorprendente comprobar que la única política reguladora que el ponente se niega a examinar es, sin embargo, la que podría proteger mejor, de un modo flexible, las industrias de mano de obra europeas frente a competidores desleales, y que nuestros socios saben, por otra parte, aplicar: las cuotas de importación. Cuando la Comisión se ve obligada a recurrir a esta política, es lamentable que tienda a hacerla inoperante, al aplicar, a su vez, una política de excepciones en todas direcciones, como se ha visto en el sector del automóvil.
Desgraciadamente, el Sr. Sainjon no propone corregir las incoherencias actuales, puesto que sugiere a la vez desarrollar el programa comunitario para la erradicación del trabajo infantil (IPEC), que desempeña un papel de incitación a la deslocalización, y concentrar en el futuro los Fondos estructurales en las regiones más afectadas por las deslocalizaciones, lo que significaría subvencionar las deslocalizaciones y los estragos que éstas producen. Hubiera sido más oportuno examinar el modo de limitar el incentivo que suponen las reimportaciones, que tantos empleos destruyen en nuestros países.
(La sesión, interrumpida a las 20.05 h., se reanuda a las 21.00 h.)

Parigi
Señor Presidente, debo denunciar un hecho muy grave que se está produciendo a estas horas en Italia. El gobierno italiano, después de haber traicionado las legítimas expectativas de los ganaderos, está empleando métodos policiales y represivos contra ellos, de modo que en este momento centenares de ganaderos son detenidos y se secuestran sus tractores y todas sus herramientas de trabajo. Estamos indignados y pedimos la solidaridad del Parlamento Europeo. Queremos decir al Parlamento que, para entrar en la moneda única no es suficiente falsificar los datos del presupuesto...
(El Presidente interrumpe al ponente)

Tránsito alpino (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se continuará el debate conjunto sobre el tránsito alpino.

Ghilardotti
Señor Presidente, después de la fracasada adhesión de Suiza al espacio económico europeo, las negociaciones entre la Unión Europea y Suiza abarcan varios sectores. Por consiguiente, es importante llegar a resultados equilibrados, tanto en el conjunto de las discusiones como en el campo de cada uno de los sectores implicados. Se han concluido positivamente cinco importantes negociaciones, y hay que hacer toda clase de esfuerzos para llegar a un entendimiento también en el sector de los transportes. El gobierno italiano tiene un enorme interés en llegar a un acuerdo equilibrado. Se comparte el objetivo a largo plazo de un paso progresivo del tránsito por carretera al ferrocarril y, en este sentido, se aprecia mucho el esfuerzo financiero del gobierno suizo, así como son compartibles las preocupaciones suizas en cuanto al medio ambiente, aspecto sobre el que, además, el Parlamento Europeo se ha pronunciado muchas veces.
Sin embargo, creo que en el conjunto de la negociación es necesario puntualizar algunas cosas. Los interesese económicos italianos que están en discusión no deben ver perjudicada su situación actual. No se discute aquí sólo el costo para los transportistas, sino la competitividad de los productos italianos en el mercado europeo; por lo tanto, no puede ponerse en práctica una fiscalidad que proyecte sobre los transportistas los costos externos antes de que éstos se definan con exactitud en el campo comunitario, sino que corresponde buscar sistemas de peaje que estén en coherencia con las disposiciones comunitarias y, en cierto modo, relacionados con el costo implícito de las infraestructuras usadas y de su gestión y mantenimiento. Además, aun con la correspondiente e importante atención a los problemas del medio ambiente a los que, repito, el Parlamento Europeo es particularmente sensible -hemos discutido muchas veces esos aspectos-, hay que tener claro que pasar en poco tiempo al transporte ferroviario es ilusorio, porque no existen las condiciones infraestructurales necesarias. Es preciso, por lo tanto, acelerar lo más posible las soluciones infraestructurales previstas y, en este sentido, dentro de la negociación habrá que pedir al gobierno federal suizo que obre en esta dirección.
Por otra parte, hay algo "tácito» en la actitud de Suiza; se trata de sus interesese en el tráfico aéreo, y si se quieren encontrar soluciones a los problemas, habrá que poner sobre la mesa todos los intereses, para tener un cuadro completo y buscar soluciones a todos.
Para concluir, el acuerdo hoy vigente llegará a su fin en el 2004. Por consiguiente, tenemos tiempo para enfrentar los problemas, aun cuando personalmente creo que se debe tratar de hacerlo en tiempos razonables, incluso para encontrar un acuerdo equilibrado que tome en cuenta todos los aspectos y que, en particular, prevea reciprocidad en la comprensión de las respectivas razones.

Ferber
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, cuando hoy hablamos sobre el tránsito, naturalmente también hablamos de que desde hace 40 años apoyamos un mercado común y de que por ello hemos exigido una sociedad fundada en la división del trabajo. Hoy, para pasar los Alpes, dos de los cuatro grandes pasos están en Suiza y no puede ser que se cree una barrera artificial que haga que los dos otros tramos, los del Brénero -señor Voggenhuber, usted ha oído bien la palabra clave- se sobrecarguen con un tráfico adicional. La Unión Europea siempre ha reconocido el principio del trayecto más corto y esto significa también que tengamos las correspondientes posibilidades de tránsito por Suiza.
En lo que se refiere al área de los Alpes, en general tenemos unas regulaciones muy diversas. Austria, 40 toneladas pero un sistema de puntos ecológicos; Suiza, límite de 28 toneladas, prohibición de circular por la noche. Esta no es la política unitaria que exigimos también como grupo del PPE para el área de los Alpes y que esperamos de la Comisión. También esperamos que las bases de una política de transporte para los Alpes no sean métodos de asaltantes de caminos sino reglas de juego unitarias que se apliquen en toda Europa. Me he referido al principio del trayecto más corto que es absolutamente necesario tener aquí en cuenta. También se trata del medio ambiente. Nadie me puede contar que es mejor para el medio ambiente si se dan rodeos. Tampoco me puede contar nadie que el ferrocarril será más competitivo encareciendo artificialmente la carretera. El lunes hablamos sobre el informe Sarlis relativo a la revitalización del ferrocarril. El ferrocarril tiene que rejuvenecerse para poder competir con los camiones. Esto no puede lograrse encareciendo exclusivamente los camiones. En este sentido, insto a la Comisión para que siga negociando con Suiza. Deseo que bajo la Presidencia británica se llegue a una conclusión.

Svensson
Señor Presidente, en la Unión Europea hay una extraña obsesión de armonizarlo todo, independientemente de las diferencias geográficas, medioambientales o climáticas. Por eso no se quieren ver las diferencias entre el tráfico pesado a través de los puertos alpinos y el mismo tráfico pesado en las llanuras de Flandes. En todo caso, debiera ser obvio, tan obvio como que no se debe permitir el mismo ruido de tráfico en una zona residencial como en una vía rápida de tránsito, o conducir a la misma velocidad dentro de una ciudad y en una autovía.
La Unión Europea sufre también de otra obsesión, que es el querer dirigir e imponer la política interior y las circunstancias en otros países y obligarlos a acatar las malas normativas que se tienen en la Unión.
Suiza es, como se sabe, un estado libre y soberano. Suiza no es miembro de la Unión ni de EES, the European Economic Space . Si Suiza desea ahora cuidar el medio ambiente de sus ciudadanos, es un asunto interno suizo. Resulta profundamente chocante someter a un país a presiones para que dé un paso atrás en su política medioambiental.
La Unión debería en cambio ver a Suiza como un ejemplo en política medioambiental y de tráfico, ya que Suiza ha elegido el camino que todos, poco a poco, tendremos que seguir si queremos salvar el medio ambiente en nuestro continente. El hecho de que Suiza en esta materia esté avanzada y vaya adelante de la Unión depende, entre otras cosas, de que Suiza es una verdadera democracia donde la conciencia de los ciudadanos en política medioambiental puede ser expresada. La Unión, con sus instituciones herméticas es, por el contrario, demasiado accesible, por lo menos en su forma actual, para grupos internos de presión que representan, por ejemplo, los intereses del tráfico por carreteras.
Por eso, en muchos asuntos medioambientales la Unión tiene hoy una posición poco evolucionada. Es hora de que se tome otro grado de responsabilidad, tanto dentro de la Unión como en actitudes hacia otros países más avanzados, aquellos países donde el dichoso mercado no tiene la misma posición que, desgraciadamente, ha alcanzado dentro de la Unión.

Voggenhuber
Señor Presidente, Señorías, el Tratado de tránsito entre Austria y la UE fue para mi país prácticamente una condición previa para la adhesión a la UE. La población austríaca ha depositado en este Tratado de tránsito grandes esperanzas. Esperanzas en que finalice la destrucción ecológica, esperanzas en que finalicen las cargas para la salud debido a las exorbitantes emisiones de ruidos y de gases. La población de Austria, animada por el Gobierno, tiene también la esperanza de que este Tratado conduzca a un cambio de actitud ecológica en la Unión Europea y que sea un impulso para una nueva política sostenible de transportes.
Pocos años después comprobamos que millones de personas en nuestro país han hecho sus cálculos sin contar con la Comisión. Millones de suizos se han adherido a ello y han modificado su derecho mediante un referéndum. Estos dos países son un modelo de una moderna política de transportes y no un obstáculo mientras que la Comisión no es un ejemplo de una moderna política de transporte sino un obstáculo. Sigue estando envuelta en los intereses de los lobbys de transporte y sigue aferrándose a la idea de una división del trabajo sin límites sin tener en cuenta los costes sanitarios, ecológicos ni de ningún otro tipo que provoca este absurdo transporte.
El diputado Ferber ha abandonado la sala. Me habría gustado explicarle cuáles son los aspectos fundamentales de este problema. Los Alpes no son una barrera artificial que cualquier político o ecologista haya plantado con su desconocimiento en medio del mercado interior, sino una barrera natural en una región muy sensible ecológicamente. En su día, la Comisión anunció grandes cosas en las negociaciones sobre el tráfico de tránsito. Nada de ello, pero en absoluto nada de ello se ha hecho realidad hasta hoy.
La Comisión demanda a Austria a causa del importe de los peajes, a pesar de que están en consonancia con el Libro Verde de la Comisión. Retrasa la inclusión de los costes externos. No ha realizado ningún intento de aplicar el Convenio de los Alpes. Lo que aquí está ocurriendo es casi una adoración seudo religiosa de un mercado interior sin prestar atención a los fundamentos necesarios para la vida y salud de las personas.

Dell'Alba
Señor Presidente, como puede usted comprender, haré esta intervención en nuestro idioma, incluso en vista del tema, que nos toca muy de cerca. Desde este punto de vista, me asombra -aun cuando saludo la presencia del Comisario Van den Broek- que, después de contar durante más de dos días con la presencia asidua del Comisario Kinnock, en representación del gobierno británico -y subrayo que me dirijo con buen talante a la Comisión-, precisamente en el momento en que se habla de un asunto que se refiere a las competencias específicas del Comisario Kinnock, tengamos en cambio la autorizada presencia del Comisario Van den Broek.
No puedo sino destacar la preocupación que sentimos ante la lentitud con que avanza este acuerdo, el modo secreto, opaco con que se nos informa, el modo en que este acuerdo puede proyectarse más o menos sobre el problema alpino en su conjunto. Me parece entender -y trataremos de entenderlo mejor gracias a este debateque el acuerdo está aún lejos de alcanzarse y, por lo tanto, el tránsito tendrá que circular por otras zonas, por otras vías de comunicación, como la muy importante que une el Valle de Aosta con Francia y que, si siguen así las cosas, podría llevarnos al "puro camión» y favorecer de esa manera la alternativa de la autopista del Monte Blanco, catastrófica para los pueblos, los valles y los ciudadanos que viven en las regiones que atravesaría la autopista.
Propongo que los grandes grupos acepten las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Radical Europea, por las que, en un problema y en un debate referidos al tránsito alpino -lo hemos definido así y no como un acuerdo con Suiza-, se acepte incluso la posibilidad de incluir dos o tres párrafos que amplíen el contexto y dejen clara la exigencia del transporte combinado y no una mera visión sectorial del problema.

Van Dam
Presidente, la libre circulación de bienes, servicios y personas es de una gran importancia económica para la Unión Europea. Su política se dirige, por lo tanto, a la eliminación de los obstáculos para la circulación, tanto por la supresión de los obstáculos administrativos en las fronteras, como por la construcción de una nueva infraestructura, las Redes Transeuropeas. Que esta política ha tenido efecto, lo demuestra el gran aumento del transporte de mercancías, sobre todo por carretera.
Esta problemática del tránsito por los Alpes refleja que también esta libre circulación de mercancías tiene sus límites. En la ecológicamente muy vulnerable región alpina se llega antes a los límites de la capacidad de aguante del medio ambiente que en otras regiones. También por eso Austria multiplicó las tarifas del túnel del Brenner, escuchamos las protestas en Francia contra la construcción de carreteras en el Mont-Blanc y la población suiza expresó en el "referéndum de los Alpes» de 1994 que en un plazo de diez años el transporte de mercancías por su país se debe hacer por ferrocarril. Suiza tiene esa posibilidad porque no está vinculada, como Francia y Austria, a la legislación de la Unión Europea. Austria se está dando cuenta mientras tanto, que el ingreso en la UE no sólo trae beneficios. El país ya ha sido citado para comparecer ante el Tribunal de Justicia por la subida del peaje del Brenner.
La política europea, afortunadamente, sí se fija en el daño ecológico a causa del transporte por carretera. El ya famoso Libro Verde "Hacia unos precios justos y eficientes en el transporte», demuestra que se tendrían que incorporar en el precio también los factores "externos» del transporte. En la revisión de la euro-viñeta se habla de las denominadas rutas "sensibles». En estas rutas se permiten impuestos extras para luchar, entre otras cosas, contra la contaminación del aire.
Según una noticia en "Agence Europe» del 12 de diciembre de 1997, la Unión no desea permitir de momento a Suiza que ponga en práctica este tipo de principios. El Comisario Kinnock y la Ministra de Transporte de Luxemburgo, la Sra. Delvaux, manifestaron después en el Consejo de transporte que el futuro peaje suizo ha de basarse en los costes de la infraestructura existente. Los costes de una nueva infraestructura, ni con mucho los costes externos, no se pueden contabilizar en esto.
Pregunto al Comisario Van den Broek si esta noticia es correcta. En ese caso me gustaría saber de él cómo se combinan estas observaciones con el Libro Verde y las propuestas recientes sobre la euro-viñeta.
Como punto final, ¿comparte el Comisario mi convicción de que la libre circulación de mercancías debe respetar los límites que impone el medio ambiente?

Swoboda
Señor Presidente, señor Comisario, el punto de partida de nuestras conversaciones son las negociaciones con Suiza. Suiza ha pensado que al no ingresar en la Unión Europea puede seguir siendo una especie de Isla de los Afortunados. Pero Suiza ve que está en una posición aislada. No obstante, quiero rechazar con toda decisión lo que se ha dicho aquí -el Sr. Ferber y otros antes de él- de que aquí se trata de salteadores de caminos. Como ya se ha dicho, Suiza tiene una política de transportes y de medio ambiente muy concreta y perfectamente comprensible. Pero Suiza tiene que insertarse también en un concepto global europeo. No hay otra alternativa.
En segundo lugar, sin duda este paisaje es muy característico. Puede que otros paisajes también merezcan ser protegidos. Pero esto no debe impedir que protejamos especialmente este paisaje singular y la especial situación de la población de la población que vive en estrechos valles, tanto si se trata de Suiza, Austria, Francia o Italia.
En tercer lugar, en la Unión Europea tenemos unos principios de política de transporte. Algunos oradores lo han debido olvidar. Yo rechazaría totalmente dejar así sin más el principio del trayecto más corto, que por lo demás apoyo, sin mencionar que existen otros principios, que tenemos que ocuparnos de un transporte consciente y orientado al medio ambiente y que, naturalmente, se trata también de costes externos. No es cierto que queramos hacer recaer los costes externos sobre los camiones sin ninguna justificación, sino que los costes externos han surgido como consecuencia de un transporte excesivo de camiones.
El traslado paulatino del transporte de la carretera al ferrocarril es un principio básico de la política de transportes europea. No podemos ignorarlo, tanto en interés de nuestro medio ambiente como de nuestra población. Pero también tiene que quedar claro -por lo que tenemos que incluir a Suiza en un concepto global- que el transporte que se desvía actualmente dando un rodeo -y que en mi país, Austria, representa entre el 30 y el 40 % del tráfico, sobre todo en el Tirol- debe suprimirse mientras no pueda trasladarse al ferrocarril.
Naturalmente, el objetivo debe ser una reducción general del tráfico por carretera. Pero este objetivo no se puede lograr cerrando sencillamente más o menos un país y desviando el tráfico por otros países. A finales de siglo, debe ser posible crear en Europa una política de transportes realmente común.
¿Dónde están los objetivos que, en consecuencia, deben seguir la Comisión, el Parlamento y el Consejo? Me permito indicar que no quiero echar toda la culpa a la Comisión. El Parlamento fue muy precavido en sus diversas resoluciones y coincide a grosso modo con lo que el Comisario Kinnock ha dicho. Hay algunos países que están representados en el Consejo que oponen una mayor resistencia en este campo.
En primer lugar, el objetivo debe ser incluir paulatinamente de nuevo a Suiza en una política de transportes paneuropea, acuñada por la UE, además lo más rápidamente posible. En segundo lugar, no se debe desviar más tráfico. En tercer lugar, allí donde sea necesario se debe deshacer ese transporte desviado. En cuarto lugar, no puede ser que un país de la UE esté en condiciones peores que Suiza, por ejemplo, en lo que se refiere al cobro de tasas, peajes, etc.
Reconocemos que deben existir tasas, que el peaje tiene allí un sentido y que funciona como instrumento de dirección, pero debe estar claro que no se deben conceder mayores posibilidades a países no perteneciente a la UE que a países que sí pertenecen a ella. Si se respetan estos principios, debería ser posible establecer una razonable política de transportes europea y emplear los instrumentos que existen para ello, entre otros el peaje, para crear una política de transportes orientada al medio ambiente y, en consecuencia, a las personas en toda Europa.

Ebner
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi alegría por el hecho de que Suiza se aproxima cada vez más a la Unión Europea y que ésta también se esfuerza por acercarse a este país situado en el corazón de Europa.
Sin embargo, tiene que haber los mismos derechos y obligaciones para todos. Creo que debe haber un Tratado y no varios. Sin duda, los Alpes son una región sensible; así lo sienten ante todo los que allí viven, como es mi caso. Si actualmente soportamos una gran sobrecarga a diario debido al tránsito, para la población que vive a lo largo de la línea del Brénero, en el Trentino, en el Tirol del Sur o en el Estado Federado de Tirol, sería incomprensible e inaceptable que Suiza obtuviese unas condiciones especiales y nosotros saliésemos peor parados en este campo.
Sin duda, la política consiste en proteger una región sensible -mediante peajes o mediante un apoyo positivodotándola de nuevas posibilidades, como la ampliación del ferrocarril o un tunel de base. Hay aún una gran necesidad de actuar. El acercamiento de Suiza a la Unión Europea, de la forma que sea, es un factor positivo, pero sin priviliegios sino con el mismo derecho para todos. Tampoco se puede entender que los privilegios se introduzcan por un plazo determinado.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, los Verdes exigimos a la UE y al Gobierno de Alemania que apoyen expresamente los planes de Suiza para introducir una tasa para el transporte pesado y una tasa de tránsito por los Alpes, para proteger este área vital y desplazar por fin el transporte de mercancías por carretera al ferrocarril.
Asimismo, aparte de los costes viales, hay que hacer recaer sobre el tráfico por carretera también los costes externos, en especial los de medio ambiente y tenerse en cuenta aquí los costes especialmente elevados en la región de los Alpes. Pues nosotros tenemos una especial responsabilidad frente a las personas y su área de vida que son los Alpes. Sin embargo, parece que, en especial, los colegas Jarzembowski y Ferber no lo han entendido del todo. No se puede chantajear a Suiza, como hacen ellos, con el argumento de que si no hacen lo que la UE quiere, los suizos no podrán salir de su propio país y serán retenidos en su recinto. Esto no son más que actitudes imperialistas y fanfarronadas. Hay que decirlo claramente.
El proyecto de Suiza consiste en desarrollar por fin un concepto sostenible de transporte. Esto no está dirigido contra la UE. Ante este trasfondo, no se puede comprender en absoluto la actitud de bloqueo de Baviera, del Gobierno Federal alemán y de Italia. Los Verdes vamos a celebrar una conferencia sobre estos temas con representantes de los países afectados el 1 de febrero en Lindau.
Me dirijo a los Países Bajos: si se destruye el área vital de los Alpes no deberán construir diques contra las olas del mar sino contra el Rin. Pues si los Alpes se destruyen, podrán declarar inundaciones en su país durante todo el año.
Los Alpes son una reserva de agua potable que necesitamos. Si los Alpes siguen destruyéndose, entonces quizás se pueda esquiar en toda su extensión, pues ya no habrá árboles. Pero si este es el sentido, entonces quizás sería mejor practicar el patinaje en Holanda.
Les ruego que dirijan de nuevo su mirada con atención a este área vital. Como agricultor les digo una cosa: vivimos de 30 cm de esta tierra y si estos se destruyen entonces no tendremos que ocuparnos más del libre comercio, del tránsito ni del transporte de mercancías. Ya no será necesario.

Rehder
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quien hoy busque avances sostenibles en la política de transportes en el área de los Alpes, llegará a la conclusión de que en Europa todos los días son domingo. Pues grande y prometedora es la cifra de los discursos dominicales en los que se exige una política de transportes común y transfronteriza que sea compatible con el medio ambiente y las personas. Pero, en el fondo, no se hace nada. Solamente se intenta impedir algo. Cuando veo las negociaciones y escucho las informaciones que nos ha dado hoy el Comisario, debo constatar que no ha salido nada concreto. Las declaraciones y estos comunicados en el fondo no son ningún paso adelante.
Hasta en el Parlamento Europeo -pues somos una Comunidad Europea- celebramos por el contrario esta circunstancia con frases sacadas de las tertulias del bar de la esquina. Los diputados alemanes que han hablado hasta ahora han competido para ver quien pronuncia las palabras más necias. Así no podemos construir Europa. Así no podemos avanzar.
La Comisión de la UE debería entender su papel como motor de la Comunidad precisamente en la política de transportes. Es meritorio exponer los costes externos del transporte. Es también un avance si, junto con el Parlamento Europeo, se determina una cláusula de los Alpes, pero en la Comisión falta también el valor para aplicar realmente estas cosas y poner en marcha por fin algo. La Comisión de la UE y el Consejo deben hacer algo al respecto. Deben hacer también algo allí donde se encuentra el centro de Europa, en el área meridional de Alemania próxima a los Alpes. Aquí incluyo también las regiones austríacas.
Actualmente la situación es tal que se está apostando de un modo relativamente unilateral por el trayecto MunichVerona proyectándose para ello un megatunel impagable de 20 kms. Lamentablemente, sabemos que la fecha de la terminación de este proyecto en si necesario sigue sin conocerse. Tenemos que hacer que el Tribunal de Cuentas intervenga y practicar por fin una política razonable que puedan entender las personas, la economía y también los ecologistas en Europa.

Stenzel
Señor Presidente, señor Comisario, el tramo Norte-Sur a través del Brénero es uno de los más importantes para el tránsito de camiones. Las cargas que como consecuencia de ello tiene que sufrir Austria son enormes. Son desproporcionadamente elevadas si se comparan con Suiza. A través del Brénero circula aproximadamente un 30 % más de camiones que por los pasos suizos. Muchos transportistas eligen el trayecto más largo a través del Brénero pues sigue mereciendo económicamente la pena. No debe seguir siendo así. Este rodeo tiene que acabar.
Junto con nuestros colegas austríacos del Partido Socialdemócrata, exigimos por ello a la Comisión en una enmienda adicional oral que adopte las medidas necesarias para que ningún país miembro de la UE esté en una situación peor que Suiza en lo tocante al tránsito. Esta carga desigual tampoco debe seguir existiendo en el sentido de la protección de la población afectada. Para suprimir las ventajas financieras que existen en el tramo del Brénero se debería establecer una regulación equiparable de tasas para Austria, Suiza y Francia. Una reducción de las tasas para el tramo del Brénero, que ya son menores que las de Suiza, sería la medida errónea y no contribuiría a llevar el tráfico de camiones a las carreteras suizas. Sólo si las tasas que debe pagar un transportista por utilizar tramos que pasan por los Alpes son iguales, existirá la posibilidad de que se elijan otras rutas diferentes a las del Brénero.
En sus negociaciones con Suiza, la Comisión debería insistir en esta igualación de las tasas y en la autorización de los camiones de 40 toneladas. La Comisión no debe sustraerse a la responsabilidad que tiene frente a los Estados miembros y a la población, precisamente cuando se trata de un campo tan sensible como el de los Alpes.

Van den Broek
Señor Presidente, como continuación a mi aportación anterior, tal vez son convenientes unas réplicas a las intervenciones de los estimados diputados. En primerísimo lugar, el asunto del Brenner sobre el cual quedan preguntas. En primer lugar si se permite a Austria mantener esos peajes más altos de la autopista del Brenner. Es sobradamente sabido que se está negociando este punto para ver si se puede alcanzar un acuerdo entre las partes para encontrar una solución sobre la base de la denominada cláusula alpina. Si no se consiguiera, la Comisión se sentiría obligada naturalmente a esperar la sentencia del Tribunal ante el cual se ha presentado este caso, como usted sabe. Pero naturalmente, preferiríamos un acuerdo entre las partes implicadas y seguimos trabajando en ello lógicamente.
Por otra parte, Presidente, las observaciones que se han hecho en cuanto a la contabilización o no de los costes externos. Que quede claro que la Comisión, naturalmente, ha de basarse en este momento en el derecho comunitario que no permite la contabilización del total de los costes externos, sino solamente de una parte. Pero en relación con esto, tenemos que decir que actuamos basándonos en el derecho comunitario existente y no según lo que la Comisión quisiera ver. Lo cual sería más amplio como atestigua también lo que la Comisión observó en el Libro Verde.
Como punto final, Presidente, una respuesta relacionada con las tarifas del transporte de mercancías. Como he observado en primera instancia, no estamos todavía del todo de acuerdo sobre las cifras. Uno de sus más importantes puntos es el tipo de tarifas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2005. El Parlamento comprenderá sin duda que, dado que estamos todavía en negociaciones, no puedo comunicarles todavía ningún detalle sobre las estrategias que estamos siguiendo. El Parlamento tendrá la ocasión de pronunciarse sobre esto cuando se le consulte sobre la decisión de la Unión referente a la ratificación del acuerdo
He señalado, por cierto, y el Consejo me apoya en esto unánimemente, que la tarifa que Suiza ha propuesto ahora, es aún inaceptable. Estamos hablando todavía de unos importes de 410 francos suizos para una carrera Basilea-Chiasso con un camión de 40 toneladas. Pero dado que Suiza ha indicado que desea actuar todavía también con la flexibilidad necesaria, confío en que podamos llegar a un acuerdo en un determinado momento.
Déjeme decir, como consuelo, al Señor Dell'Alba, que se sorprendió de no encontrar aquí detrás de la mesa al Sr. Kinnock, que simplemente no es posible que la Comisión organice sus actividades de tal forma que el Comisario más competente conteste todas las preguntas del Parlamento. Pero las palabras de consuelo que me gustaría pronunciar son, que dentro de la Comisión este Comisario es el responsable de las relaciones con Suiza.

El Presidente
Comunico que, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas

Ayuda comunitaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0388/97 del Sr. Goerens, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la mejora de la eficacia de la ayuda comunitaria, -A4-0391/97 del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial nº 2/97 del Tribunal de Cuentas relativo a la ayuda humanitaria aportada por la Unión Europea (19921995) - Comisión de Control Presupuestario (C4-0219/97).
Goerens
Señor Presidente, Señorías, hoy se nos presenta la ocasión para poner un punto final a la discusión del informe de nuestro Parlamento sobre la mejora de la eficacia de la ayuda al desarrollo.
Abordar el tema del desarrollo significa referirse a una de las tareas más nobles que existen. Sin embargo, ello no es óbice para dejar de mencionar algunas normas y principios de acción elementales. Pienso sobre todo en la necesidad de tender a la complementariedad entre las ayudas comunitarias y las de los Estados miembros. Puesto que el desarrollo implica a muchos actores, es necesario hacer todo lo posible para evitar las duplicidades. Una ausencia de coordinación entre los diversos actores en el terreno acarrearía inevitablemente efectos nocivos. Medidas tales como una mejor coordinación capaz de implicar a todos los actores del desarrollo, una buena coherencia interna entre los diversos instrumentos de la política de desarrollo, así como una mejor visibilidad, no constituyen fines en sí mismas, sino más bien medios para aumentar el número de ciudadanos europeos que suscriban la idea de que es necesario proseguir el esfuerzo de cooperación entre la Unión Europea y los países en vías de desarrollo. Esto es particularmente importante en este momento, en que asistimos a un relajamiento del esfuerzo de desarrollo, tendencia que en ningún caso debería dejarnos indiferentes.
Por lo tanto, es necesario remediarlo. Es lo que intenta este informe, al plantear ante todo el problema de los instrumentos de evaluación y, en segundo lugar, el problema de los criterios sobre la eficacia del esfuerzo en la materia. ¿La ayuda al desarrollo es eficaz con respecto a qué? El Comité de Ayuda al desarrollo de la OCDE responde a ello de manera más o menos satisfactoria, proponiendo adoptar como criterios de evaluación de la ayuda, la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto del desarrollo y la durabilidad.
La pertinencia responde al interrogante sobre la definición de los problemas que deben ser resueltos y sobre los objetivos de un programa. El criterio de eficiencia se traduce por la aptitud para alcanzar estos objetivos con el menor coste posible. La eficacia se evalúa en función del resultado logrado y de la situación de los beneficiarios, pero también en función de los resultados imprevistos o de los efectos nocivos. El impacto de un programa de desarrollo debe establecerse tanto a medio como a largo plazo. Finalmente, el tercer criterio se refiere al carácter duradero y sostenible del desarrollo iniciado.
Señor Presidente, del conjunto de las evaluaciones de programas de desarrollo a las que se refiere mi informe escrito se desprenden algunas tendencias interesantes y sobre todo -cito tres ejemplos- el impacto débil pero positivo del esfuerzo de desarrollo de la Comisión Europea con respecto al crecimiento económico de los países beneficiarios, el aumento de las expectativas de vida media como consecuencia de la mejora de los indicadores de salud -lo cual es apreciable- y, tercer ejemplo, el carácter poco duradero del número de programas de desarrollo. Esta lista no es exhaustiva, pero he citado algunos ejemplos que ilustran suficientemente la necesidad de proseguir el esfuerzo de evaluación.
Otra lección que podemos sacar de la evaluación: los microanálisis, proyecto por proyecto, resultan útiles en la medida en que ponen de manifiesto las realizaciones ejemplares financiadas por la Comunidad Europea. Debemos comprobar, sin embargo, que el enfoque sectorial en materia de evaluación es más fiable, ya que establece una apreciación más global sobre la eficacia o ineficacia en el ámbito del desarrollo.
Por consiguiente, creo atinado interrogarnos sobre otro aspecto: ¿existe una concepción del desarrollo propia y específicamente europea? En caso afirmativo, ¿cuál? Las medidas en favor de los derechos humanos y de la democracia, que en lo sucesivo emprenderá la Comisión, confieren no sólo una orientación deseable a la política europea de desarrollo, sino que también plantean, en cierto modo, la cuestión de la ayuda condicional. En efecto, la buena gestión de los asuntos públicos y de desarrollo no escapa a esta regla. Ésta es en gran parte tributaria de la naturaleza del régimen político imperante, de la honestidad y de la calidad de la administración local, del grado de movilización democrática de la población, así como de la calidad de la política que se persigue.
Señor Presidente, desearía ahorrarle los pormenores. Por otra parte, los colegas que intervendrán han leído sin duda mi informe, que nadie pone en entredicho desde el momento en que no estoy al corriente de ninguna enmienda. No querría concluir sin enumerar algunas conclusiones que considero particularmente importantes. Recordaré seis.
En primer término, pedimos la inscripción del Fondo Europeo de desarrollo en el presupuesto, lo cual constituye una antigua reivindicación de nuestro Parlamento, encaminada a mejorar considerablemente la visibilidad de la política europea en la materia. En segundo término, nos parece indispensable tomar en cuenta los resultados de la evaluación, para poder influir en los futuros programas. En tercer término, la Comisión carece de recursos humanos para tratar y gestionar desde el punto de vista administrativo los proyectos de cooperación. Hay que poner remedio a ello. En cuarto término, hay que reconocer por fin el papel crucial que desempeña la mujer en los países en vías de desarrollo. En el marco del programa de desarrollo, concretamente, el papel de la mujer es capital, aunque más no fuese por su influencia positiva en materia de control de natalidad. En quinto término, es indispensable intensificar el diálogo con las ONGs. Creo que el Sr. Fabra tendrá la oportunidad de extenderse sobre esta cuestión.
Hemos discutido ampliamente sobre la utilidad de crear una Agencia para el desarrollo. Aún no estamos preparados para ello. De acuerdo con las discusiones mantenidas con la Comisión conviene pasar por una fase intermedia. Me refiero a ello en mi informe escrito, y creo que el compromiso alcanzado es un buen compromiso. El mismo nos permitirá elaborar proyectos aún más sustanciales en materia de evaluación, lo cual me parece indispensable y constituye la propia esencia de este informe.

Fabra Vallés
Señor Presidente, antes que nada, quisiera subrayar que cuando se habla de ECHO se habla de una organización muy joven, y que en muy poco tiempo ha sabido forjarse un renombre excelente. ECHO se creó en 1992, por lo que apenas cuenta con cinco años de experiencia. Ya desde un principio, ECHO se ha enfrentado a desafíos considerables: la guerra en Yugoslavia, Rwanda, los refugiados en el norte del Irak, y ello por no dar más que tres ejemplos que han exigido esfuerzos muy particulares y sin que ECHO pudiera permitirse un largo período de aprendizaje.
En su informe especial, el Tribunal de Cuentas constata que el resultado ha sido un éxito. ECHO, durante estos cinco años de existencia, ha adquirido un importante capital en experiencia que le asegura estar en primera línea junto a las organizaciones internacionales que se dedican a las cuestiones de ayuda humanitaria.
Asimismo, ese papel en primera línea se constata a través de las cifras: en 1996, la cuota de participación de ECHO fue superior al 20 % en el conjunto de la ayuda humanitaria mundial. Si a ese porcentaje le añadimos los esfuerzos de los Estados miembros, constatamos que la Unión Europea es, con diferencia, el primer donante mundial. La Unión Europea ha proporcionado cerca de la mitad de la ayuda humanitaria mundial, más de 1, 6 millardos de ecus en 1996. Desgraciadamente, estos esfuerzos se llevan a cabo de forma dispersa. El Tribunal de Cuentas ha constatado que, sencillamente, hay una ausencia de coordinación y de cooperación entre la Comunidad y sus Estados miembros, así como entre los mismos Estados miembros. El resultado es que la Unión y sus Estados miembros a menudo malgastan sus fuerzas y no pueden ejercer el peso que ellos podrían y deberían representar.
Es en este contexto donde la propuesta del Tribunal de Cuentas de una Carta de la ayuda humanitaria adquiere toda su importancia. Tal Carta podría servir para iniciar un debate sobre la necesidad de una cooperación entre la Comunidad y sus Estados miembros, así como sobre los principios que deberían regir dicha cooperación.
Todo ello es urgente y necesario, ya que el Tratado de Amsterdam no hace ninguna referencia a la ayuda humanitaria, lo que significa, por el momento, la ausencia de un verdadero documento base.
Hay que añadir que el camino para llegar a una tal Carta, así como el consecuente debate, sería tan importante como el resultado. Se trataría de un proceso al que se deberían asociar intensivamente los parlamentos nacionales. Por ejemplo, en el marco de una conferencia interparlamentaria.
En un ámbito mucho más general, se trata de tomar conciencia del hecho de que la ayuda humanitaria a menudo tiene lugar en situaciones de crisis complejas. Y dichas crisis no sobrevienen de repente y de manera inesperada, como las catástrofes naturales. Más bien son originadas por tensiones políticas, económicas y étnicas. Como reacción a estas crisis, una ayuda de urgencia rápida, pero necesariamente puntual, no es suficiente.
Vista la existencia de tales crisis, sólo una aproximación integrada, que coordine las medidas políticas, económicas, militares y humanitarias, puede asegurar el éxito. Una Carta de la ayuda humanitaria podría ser la fórmula para una mayor sensibilización sobre este fenómeno. Por todo ello, esperamos que la Comisión haga una utilización plena de sus poderes de iniciativa y proponga tanto al Consejo como al Parlamento la ya tantas veces referida Carta. Y permítanme resaltar que es la Comisión quien puede y debe darle un impulso político importante.
Asimismo, hay una serie de otro tipo de acciones que también esperamos de la Comisión. Y citaré, según mi opinión, las tres más importantes:
Como primera, la Comisión debería reemplazar progresivamente el sistema de ayuda orientada hacia las operaciones individuales y puntuales por una aproximación a más largo plazo con un programa concreto. Y a este fin, los servicios de la Comisión deberían establecer relaciones estratégicas con socios clave -por supuesto, las grandes ONG y las mismas Naciones Unidas- a fin de elaborar y de poner en funcionamiento conjuntamente una estrategia común global para las situaciones de urgencia crónicas y complejas. Me estoy refiriendo, como ejemplo, a la situación en la región de los Grandes Lagos, en África.
En segundo lugar, cerca del 45 % de los créditos puestos a disposición por ECHO son utilizados por organizaciones no gubernamentales. El Tribunal de Cuentas ha hecho un estudio de los créditos en función del origen nacional de estas ONG. El resultado de dicho estudio revela que existen importantes desequilibrios. La Comisión debe hacer esfuerzos para rectificar dichos desequilibrios, ya que hay fuertes compromisos con ONGs de Francia y Bélgica, cuando deberían intensificarse dichos compromisos con ONGs de Alemania y Portugal, por ejemplo.
En tercer lugar, es necesario que la Comisión ponga en funcionamiento una unidad central de evaluación de sus programas para el desarrollo, incluyendo a ECHO, MEDA, PHARE y TACIS. Dicha unidad debería velar por el control de calidad apropiado así como por la comparación de resultados de la evaluación interna, comprometiéndose a mejorar el intercambio de experiencias, no sólo en el seno de la Comisión sino también con otros institutos encargados de la ayuda al desarrollo.
La palabra clave lanzada por el Tribunal de Cuentas en este contexto de la evaluación es la de independencia. Para que esta independencia sea real y como resultado también su credibilidad, dicha unidad de evaluación debería estar localizada fuera de las Direcciones Generales operativas.
Y termino ya, señor Presidente, resaltando con satisfacción que el informe Goerens pide exactamente lo mismo que yo. Sr. Goerens, le felicito por su informe y agradezco su apoyo en la opinión que he dado. Lo que queda demostrado es que si la Comisión de Desarrollo y la de Control Presupuestario estuviésemos más veces juntas, muchas más cosas tendríamos que decir. Todo ello, por supuesto, con la ayuda de los informes del Tribunal de Cuentas.

El Presidente
Quiero comunicar a los colegas que, en vista de que a las 16.00 horas empezará el tiempo destinado a las urgencias, daré la palabra sólo a dos diputados y a continuación se interrumpirá este debate.

Plooij-Van Gorsel
Presidente, colegas, Comisario, en primer lugar quiero felicitar al Señor Goerens por su informe y sobre todo por su resolución muy equilibrada. La eficacia de la ayuda comunitaria al desarrollo, lamentablemente, deja a menudo mucho que desear. Porque a pesar de años de ayuda por parte de países occidentales, los ciudadanos de los países menos desarrollados no pueden ganarse el sustento y el crecimiento económico es mínimo. Para aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo en todas partes, soy de la opinión que hacen mucha falta cambios en tres puntos.
La OCDE ha señalado que la mejor ayuda a los países menos desarrollados es la formación de las mujeres, no en último lugar por la relación inversa que existe entre el nivel de estudios de las mujeres y la tasa de natalidad. Por lo tanto, estimados colegas, ¿cómo podemos frenar el crecimiento explosivo de la población en estos países y con ello la pobreza constante y el hambre? Mediante la formación de las mujeres, por lo tanto. Un crecimiento de población más lento es la única manera de romper el círculo vicioso. Sólo entonces puede llevarse a cabo un desarrollo duradero. Esto ha sido el primer punto.
Mi segundo punto, también el conocimiento y la información son importantes para el desarrollo duradero. Para crear una base de apoyo en el país mismo y en la población, las universidades locales y los centros de investigación nacionales deben ser involucrados en la transmisión de tecnología y conocimiento.
En tercer lugar, las inversiones en el empresariado y sobre todo en la pequeña y mediana empresa en el sector privado y un mejor desarrollo del mecanismo de mercado, son de una esencial importancia para el progreso económico y social. En este aspecto tampoco podemos olvidarnos de las mujeres como empresarias potenciales. Tengo entendido que también los bancos internacionales están colaborando en este momento para que se desarrollen iniciativas para ello. Espero que Europa no se quede atrás.

Carlotti
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, este debate nos brinda la ocasión de comprobar la ayuda sin precedentes que la Comisión ha logrado llevar a cabo en lugares de crisis cada vez más problemáticos, con medios relativamente limitados, mientras que los Estados miembros se liberan lentamente, dejando gravitar una presión cada vez más fuerte sobre la Comunidad.
Este debate también permite comprobar el progreso considerable que habrá supuesto la creación de ECHO con respecto a la gestión de la ayuda humanitaria. Todos están de acuerdo en reconocerlo, incluyendo el informe del Tribunal de Cuentas, que es preciso, metódico, y que está perfectamente elaborado. Ya que menciono este informe, permítanme subrayar que el mismo no revela fraude ni irregularidades en cuanto a la gestión de la ayuda por la Comisión.
Así pues, en un contexto de debilitamiento, debido a las dificultades sociales que existen en la mayoría de nuestros países de Europa, nuestras opiniones públicas son cada vez más exigentes. Por lo tanto, es absolutamente necesario adecuar lo más posible nuestra ayuda, procurar que sea lo más eficaz posible. Este es el sentido del informe Goerens, que suscribo totalmente.
Con respecto al informe Fabra Vallés y al informe del Tribunal de Cuentas, el tiempo de que dispongo sólo me permite efectuar algunas observaciones. Ante todo, la Comisión debe aumentar urgentemente el nivel de trasparencia. Es necesario simplificar los procedimientos internos, mejorar la coherencia entre los distintos instrumentos de la política de desarrollo. A ello se añade la necesidad de mejorar la complementariedad de las ayudas -no cesamos de señalarlo- con los Estados miembros, con las Naciones Unidas. La Unión Europea no podría contentarse con ser el principal proveedor de fondos. Nuestra vocación es hacer oír nuestra voz en el escenario internacional, y tanto el Consejo como la Comisión deben tomar sus disposiciones.
Se dice que para ello necesitamos una estrategia global. Se nos propone una Carta sobre la ayuda humanitaria, que considero intelectualmente interesante. Pero aparte del hecho de que no se sabría muy bien cuál sería su estatuto jurídico, creo que los reglamentos del Consejo y la Comunicación de la Comisión de 1996 pueden constituir un dispositivo coherente.
Para concluir, prefiero personalmente que la Comisión se esfuerce por iniciar una verdadera reflexión sobre el futuro papel de ECHO, sobre la relación con el conjunto de sus socios y en particular con las ONGs, sobre la reorganización de la ayuda humanitaria que debería resultar de dicha reflexión, y pido a la Comisión que, en este sentido, asocie plenamente al Parlamento Europeo, ya que tenemos cosas que decir en la materia.

El Presidente
Se interrumpe el debate, que se reanudará a las 18.00 horas.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de problemas de actualidad y urgencia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0056/98 del Sr. Bertens en nombre del grupo ELDR, sobre el asesinato de 45 campesinos indígenas en el Estado Mexicano de Chiapas, -B4-0057/98 de los Sres. Salafrante, Galeote Quecedo, Soulier y De Esteban Martín en nombre del grupo PPE, sobre el asesinato de 46 campesinos indígenas en el Estado mexicano de Chiapas, -B4-0066/98 de los Sres. Karamanou, Newens y Cabezón Alonso en nombre del grupo PSE, sobre la situación en el estado de Chiapas, -B4-0073/98 de los Sres. González Triviño, Novo Belenguer, Hory y Dell'Alba en nombre del grupo ARE, sobre la situación en el estado de Chiapas, -B4-0085/98 de los Sres. Carnero González, Wurtz, Manisco, González Álvarez, Novo, Pailler, Alavanos, Svensson, Ephremidis y Seppänen en nombre del grupo GUE/NGL, sobre la situación en el estado de Chiapas (México), -B4-0095/98 de los Sres. Kreissl-Dörfler, Tamino, Ripa di Meana y Orlando en nombre del grupo V, sobre la situación en el estado de Chiapas (México).
Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, en materia de derechos humanos no caben medias tintas y, en el caso concreto del derecho a la vida, que cuando se pierde no se recupera jamás, usted sabe, señor Presidente, que la moderación se convierte en vicio cuando rechaza comprometerse. Por eso es importante que este Parlamento -lo dije el 24 de diciembre, lo repetí el 6 de enero en la Comisión de Asuntos Exteriores, lo volví a plantear ante mi Grupo político después y lo reitero hoy ante el Pleno- este Parlamento tiene que alzar su voz para condenar, con toda firmeza y sin paliativos, esta matanza que ha sacudido a la opinión pública del mundo entero.
Y junto a la condena enérgica de este acto de barbarie y su manifestación de solidaridad con las familias de las víctimas, este Parlamento debe condenar también todas las formas de violación de los derechos humanos y de violencia, cualesquiera que sean los responsables de tales actos criminales.
México, bajo el mandato del Presidente Zedillo, se encuentra hoy inmerso en un complejo e inacabado proceso de reformas. Muchas cosas han cambiado en este país desde las elecciones del pasado 6 de julio, pero hay otras que no han cambiado tanto: la violencia, la inseguridad y la impunidad.
Es cierto que las medidas tomadas por el Gobierno -en el caso de la matanza de Acteal o de los sucesos de Ocosingo- se sitúan en la línea de intentar restaurar la confianza y la credibilidad del país, dentro de los límites del Estado de Derecho y del imperio de la ley, al que deben estar sujetos todos por igual, empezando por el Gobierno y acabando por el último de los ciudadanos.
Pero esto no es suficiente, señor Presidente, no basta con reaccionar, pues la pérdida de la vida, de una sola vida humana, es irreparable. Estas medidas no deben ser consideradas como excepcionales, pues constituyen pautas de comportamiento habituales en cualquier Estado de Derecho.
Porque cuando se viola la libertad -que empieza por el respeto del derecho a la vida- hay que aplicar estrictamente la justicia, señor Presidente. Por eso, este Parlamento, por medio de su resolución, solicita del Gobierno -que es a quien le corresponde la obligación primaria de velar por la seguridad de sus ciudadanos- que movilice todos sus esfuerzos para evitar que hechos tan lamentables y tan luctuosos puedan repetirse.
Y reitera su opinión de que el diálogo y la erradicación de la violencia, de toda violencia, constituyen el mejor camino -mejor dicho, el único camino- para alcanzar una solución perdurable del conflicto y una paz justa y duradera para todos.

Bertens
Presidente, el viento del cambio en México hacia más democracia y transparencia no ha surtido ningún efecto, o al menos, no suficiente efecto en la situación de Chiapas. La masacre de 45 indígenas a finales de diciembre y los problemas persistentes desde ese momento, demuestran que los problemas en torno a las acciones paramilitares y a la impunibilidad no se han solucionado todavía. La desaparición del ministro de Asuntos Interiores y el gobernador de Chiapas es un buen asunto, pero hará falta más para exculpar completamente a las autoridades y al ejército.
Dado que hay indicios de relaciones entre esos grupos paramilitares y los círculos políticos, el gobierno debe estar extremadamente alerta y debe actuar para castigar a estos grupos paramilitares y a los culpables. Como señal de buena voluntad, México debe dar su visto bueno al establecimiento de una oficina de derechos humanos del Alto Comisionado de la ONU. Hemos presentado una enmienda en ese sentido a la resolución. El gobierno méxicano se ha comprometido a eso en el marco del acuerdo al que se ha llegado recientemente entre la Unión y México.
Como punto final, Señor Presidente, quiero hacer una observación sobre la situación en Chiapas. El acuerdo de San Andrés debe respetarse y se debe reanudar el diálogo entre el EZLN, los zapatistas, y el gobierno. La solución militar no existe y pondría en juego la estabilidad del país entero. Por eso, se debe reanudar el diálogo que ha estado interrumpido desde 1996 para lograr una solución política duradera.

Cabezón Alonso
Señor Presidente, la muerte violenta de 45 personas indefensas -la mayoría de ellas mujeres y niños- en la población mexicana de Actual, el pasado 22 de diciembre, volvió a situarnos frente a un México que manifiesta sus contradicciones más agudas en el Estado de Chiapas, donde malconviven un México rico y un México profundo, desigual y pobre.
Condeno sin reservas un hecho de gravedad tan extrema y expreso mi solidaridad con las víctimas y sus familias.
La realidad del Estado de Chiapas hoy requiere ser analizada con rigor y con sinceridad. No se puede despachar lo que ocurre en Chiapas con un análisis simplista o con parámetros occidentales, porque se pueden cometer errores muy graves.
Desde el rechazo al uso de la violencia como instrumento político, desearía que el Presidente Zedillo y su Gobierno lideren una solución al conflicto de Chiapas y a las causas culturales, sociales, económicas y políticas que están detrás de ese conflicto; que la Procuraduría de la República mantenga abierta la investigación, hasta el total esclarecimiento de los hechos, y evite que estos queden impunes; que los partidos políticos mexicanos busquen acuerdos sobre programas de Estado y alcancen una definición jurídica común sobre la autonomía indígena, como un paso importante para implementar una parte de los acuerdos de San Andrés; que se elimine la presencia de grupos paramilitares en Chiapas y que los insurgentes zapatistas se integren -mejor pronto que tarde- en la vida política mexicana como organización civil; que, en colaboración con las autoridades federales mexicanas, la Comisión apoye programas urgentes de ayuda a los desplazados chiapanecos.
Puedo reconocer el papel del Ejército mexicano en el proceso de desarme de los grupos paramilitares y su actividad en la distribución de la ayuda a los desplazados; pero deben intensificarse todos los esfuerzos, para que no haya enfrentamientos armados entre el Ejército regular mexicano y los insurgentes zapatistas.
Si ese enfrentamiento desgraciadamente se produjera, sus consecuencias serían imprevisibles. Hoy lo que importa es salvar ese difícil mosaico de soluciones y de paz que se quiere y se debe construir. La sociedad mexicana debe percibir en la Unión Europea, más que un dedo acusador, un aliado leal en la cooperación para solucionar conflictos.
La resolución que hoy queremos aprobar es una modesta contribución a esa alianza para compartir juntos problemas y soluciones.

Hory
Señor Presidente, cuando presentamos esta resolución aún podían caber dudas sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la matanza de Actual.
Hoy ya no cabe ninguna duda al respecto. Se ha reconocido que las autoridades locales estaban, al menos, informadas de la implicación de miembros del Partido Revolucionario Institucional y de policías en su preparación.
Lejos de valorar la consternación que suscita la matanza, y que ha volcado a 100.000 manifestantes a las calles de México, las autoridades mexicanas perseveran por la vía de la represión, y la policía acaba de asesinar a una joven de origen indio.
Por eso considero que nuestro Parlamento debe hacer suya esta cuestión, y aun cuando somos muchos los que no compartimos la fascinación romántica de algunos por los arcaísmos izquierdistas del movimiento zapatista, nuestro Parlamento debe condenar enérgicamente a las autoridades mexicanas y exhortarlas a iniciar por fin un diálogo sobre los numerosos problemas, sobre todo territoriales, que se plantean en Chiapas.

Carnero González
Señor Presidente, la execrable matanza de Actual y los acontecimientos posteriores, ponen de manifiesto los graves problemas por los que pasa la transición democrática en México. También evidencian la ausencia de respeto a los derechos humanos en ese país y, desde luego, la explosiva situación en el Estado de Chiapas.
Europa debe contribuir a que México sea una democracia plenamente respetuosa de los derechos humanos, y eso se lo tenemos que demandar, antes que nada, al presidente Ernesto Zedillo y a su Gobierno. A las autoridades de México tenemos que pedirles que se detenga y se juzgue a los culpables de la matanza de Actual; que se desarme a los grupos paramilitares que, como ya se había advertido, actuaban en Chiapas antes del crimen del Actual, y que los disuelvan; que cesen las operaciones militares en Chiapas y se retire el Ejército; que se cumplan los acuerdos de San Andrés y se establezca un verdadero diálogo con el Ejército Zapatista; que se respeten los derechos humanos y que la democratización se lleve hasta sus últimas consecuencias. Esa democratización que registró un notable impulso con la limpia elección, como gobernador de la ciudad del Distrito Federal, de Cuahutémoc Cárdenas.
Sin duda alguna coincidiríamos así con lo que piden la mayoría de los mexicanos -y lo acaban de hacer miles y miles en las calles de sus ciudades- y luego también la mayoría de los europeos. Nuestros ciudadanos no quieren paños calientes sobre México, quieren claridad. E igual claridad tenemos que demandar desde aquí al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, y tenemos que pedir que haya un seguimiento internacional del respeto de los derechos humanos en México y que la Comisión nos informe de ese tema de una manera regular y organizada. Y por todo ello, no solamente valen las buenas palabras; las palabras tienen que estar fundadas en hechos, y si queremos que todas esas demandas se cumplan, tenemos que utilizar los instrumentos a nuestra disposición.
Esta es la razón por la que nuestra resolución pide que este Parlamento suspenda el procedimiento de ratificación del acuerdo bilateral, suscrito el pasado mes de diciembre entre la Unión Europea y México, hasta que el Presidente Zedillo acceda a las demandas que expresaba antes, y creo que igual medida deberíamos pedir a los parlamentos nacionales.

Tamino
Señor Presidente, además del obligado pesar por las víctimas, quiero expresar una profunda preocupación por los episodios de violencia que se producen y han producido en Chiapas, donde grupos paramilitares, apoyados por las autoridades locales, están aterrorizando y masacrando a la población indígena.
Sobre este asunto es útil leer lo que afirma Amnistía Internacional: estos episodios demuestran que es necesario, en el menor tiempo posible, abrir una investigación pública, exhaustiva e independiente sobre el desarrollo de los grupos paramilitares que, de acuerdo con muchas fuentes de información, operan con el apoyo de las fuerzas de seguridad, de las autoridades locales y de los políticos relacionados con el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el partido que tiene el poder en México.
Por estas razones, creo que es evidente que la deseada paz en Chiapas no puede producirse sin que el gobierno mexicano tome claramente distancias respecto de esas fuerzas paramilitares que, hasta hoy, ha utilizado a discreción. No habrá paz si no se restablecen los derechos humanos.
Por estas razones, nosotros, los Verdes, aunque apoyamos la resolución común, consideramos nuestro deber recordar la cláusula democrática prevista por el acuerdo bilateral con México y suspender la firma del acuerdo comercial.

Newens
Señor Presidente, la cruel matanza de 45 personas en Actual, en el Estado mexicano de Chiapas, horrorizó a las personas que se ocupan de los derechos humanos en todo el mundo. Esta resolución refleja una indignación muy amplia. La pronta condena de la matanza por parte del Presidente mexicano y las medidas adoptadas para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, como se declara en la resolución, es digna de beneplácito. Pero las autoridades mexicanas deben reconocer que cualquier fallo en el sistema que permitiera a los culpables evadir el juicio dañaría gravemente su reputación.
En el pasado los mexicanos han sufrido gravísimas violaciones de sus derechos humanos sin que se descubriera a los culpables ni se los castigara. Pero en esta ocasión reviste importancia decisiva que no se permita a quienes cometieron un crimen tan atroz evitar las consecuencias de sus actos. Además, el Gobierno de México debe reiterar su compromiso declarado con una resolución pacífica de los conflictos con el EZLN. Debemos instar enérgicamente a los dos bandos a renovar sus gestiones para velar por que se alcancen plenamente los objetivos de los acuerdos de San Andrés, sin que haya más heridos ni pérdidas de vidas, y, para ese fin, sean acogidos con voluntad de obtener éxito, pase lo que pase.
Si los terribles acontecimientos del 22 de diciembre animan a quienes ocupan cargos de responsabilidad a adoptar las medidas necesarias no sólo para resolver el conflicto, sino también para abordar los problemas de la pobreza, la privación y la discriminación subyacentes a la rebelión zapatista, las víctimas de Actual no habrán muerto en vano. En este momento no creo que debamos obstaculizar el acuerdo UE-México de diciembre de 1997, que comprende la cuestión de los derechos humanos, ya que el Gobierno mexicano está adoptando medidas sobre las cuestiones relativas a esa matanza. Sin embargo, si las violaciones de los derechos humanos aumentasen o no se las abordara, no sería posible oponerse a una actitud mucho más dura en el futuro.

Wurtz
Señor Presidente, puesto que he estado en Chiapas y he conservado relaciones continuas tanto con militantes zapatistas como con muchos progresistas mexicanos, puedo dar testimonio de la esperanza que habían despertado en este país los Acuerdos de San Andrés, de febrero de 1996.
La cultura de los pueblos indígenas debería estar reconocida como parte integrante de la diversidad de México, y su participación en la vida política del país, garantizada. Tengo la convicción de que es fundamentalmente el no respeto de estos acuerdos la causa principal del deterioro dramático de la situación en Chiapas.
Hoy ha sucedido lo peor que nos podíamos temer, con la matanza de Actual, que el 22 de diciembre pasado ha producido 45 muertes. La misma constituye una grave acta de acusación contra aquellos que, en la cumbre del Estado, toleran estos grupos paramilitares, y con mayor razón contra los dirigentes locales del PIR, que apoyan directamente a estos asesinos. Desgraciadamente, es posible que los dirigentes del país hayan dejado deliberadamente que la situación se envenenara para intentar aislar a los zapatistas o empujarlos a la ilegalidad, con el fin de justificar la vuelta a la opción militar.
En este contexto, quiero transmitir la petición expresa de numerosas personalidades de Chiapas y de México, en general: la suspensión del acuerdo de cooperación y de colaboración firmado el 8 de diciembre pasado entre la Unión Europea y México, con la finalidad de obtener de las autoridades del país la disolución de estos grupos paramilitares, la condena de los asesinos, la retirada del Ejército mexicano de los territorios indígenas y, en general, el respeto de sus compromisos, es decir, la aplicación de los Acuerdos de San Andrés, a fin de que las poblaciones de Chiapas puedan conocer por fin la paz, la justicia y la democracia.

Van den Broek
Presidente, la Comisión Europea comparte por supuesto el espanto y la consternación con motivo del asesinato de 45 personas en el pueblo de Actual en el estado federal mexicano de Chiapas. Con ello se ha disminuido más la esperanza de llegar a una solución pacífica en el conflicto de Chiapas, pero naturalmente no nos podemos resignar.
El 22 de diciembre la Comisión Europea, en un comunicado de la presidencia luxemburguesa, hizo un llamamiento a las autoridades mexicanas para que iniciaran inmediatamente una investigación de los autores de la matanza y les llevara a juicio. Asimismo, la Unión Europea señaló que en los acuerdos entre la Unión Europea y México que se firmaron el 8 de diciembre en Bruselas, ambas partes se habían comprometido al respeto incondicional de los derechos humanos y de los principios democráticos.
Se ha puesto en conocimiento de la Comisión, mientras tanto, la promesa del presidente Zedillo de utilizar todos los medios necesarios a nivel federal para encontrar y castigar a los autores, y de intensificar las consultas para una solución pacífica del conflicto. Se ha cumplido esta promesa. El ministro de Asuntos Interiores ha dimitido. El presidente ha encargado al fiscal general de México que dirija personalmente la investigación. El gobernador del estado federal de Chiapas ha sido cesado de su cargo y un número de personas sospechosas de haber participado en las matanzas, han sido detenidas ya.
La Comisión defendió y sigue defendiendo una solución pacífica a la que tienen que llegar el gobierno y el EZLN de mutuo acuerdo. Seguimos con atención la evolución de la situación en Chiapas, por supuesto. Nuestra delegación en México sigue comunicándonos todas las evoluciones y mantiene también regularmente contactos con todos los implicados. La Comisión facilitará a los estimados parlamentarios toda la información que sea útil en este contexto.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0033/98 del Sr. Bertens, en nombre del grupo ELDR, sobre un Código de Conducta europea para las exportaciones de armas, -B4-0058/98 de los Sres. Oostlander y Oomen-Ruijten, en nombre del grupo PPE, sobre un Código de Conducta europeo para las exportaciones de armas, -B4-0064/98 de los Sres. Titley, Swoboda y Wiersma, en nombre del grupo PSE, sobre un Código de Conducta europeo para las exportaciones de armas, -B4-0081/98 del Sr. Lalumière, en nombre del grupo ARE, sobre un Código de Conducta para las exportaciones de armas, -B4-0086/98 de los Sres. Wurtz, Jové Peres, Alavanos, Ribeiro y Papayannakis, en nombre del grupo GUE/NGL, sobre los controles de exportaciones de armas, -B4-0104/98 de los Sres. Hautala, Telkämper, McKenna, Gahrton y Schroedter, en nombre del grupo V, sobre un Código de Conducta europeo para las exportaciones de armas.
Titley
Gracias, señor Presidente. El Grupo Socialista acoge con el mayor beneplácito la iniciativa adoptada por la Presidencia británica para intentar establecer un código de conducta sobre las exportaciones de armas. Creemos que es esencial para el futuro, porque, naturalmente, no se puede tener una política exterior y de seguridad común dedicada a abordar las crisis y prevenir los conflictos, mientras las grandes empresas arman a los propios países responsables de la inestabilidad.
También es esencial para la propia industria de defensa, porque la falta de un código de conducta está frenando la consolidación que la industria necesita y que la hará menos dependiente de las exportaciones, como señalé en mi informe a este Parlamento hace unos meses.
En este debate no debemos permitir que lo mejor sea enemigo de lo bueno. Debemos centrarnos en dos principios esenciales. En primer lugar, necesitamos principios claros y adoptados de común acuerdo que rijan el comercio. Eso significaría distinguir entre la venta de armas a los países que las utilizarían para violar los derechos humanos y la venta de armas a los países que, aunque cuenten con una ejecutoria dudosa, tengan una preocupación legítima por su seguridad exterior. Por desgracia, las resoluciones que tenemos ante nosotros no hacen una suficiente distinción entre esas dos cuestiones.
La segunda cuestión que debemos abordar es la de que no debe haber competencia desleal. Una vez que un país decida a partir de esos principios no exportar armas, no se debe permitir a ningún otro país llevar a cabo esa venta y socavar el principio al respecto.
También debemos reconocer otras tres cuestiones esenciales para el funcionamiento eficaz de un código de conducta. En primer lugar, tiene que haber la máxima transparencia, es decir, que el Consejo tiene que informar sobre lo que esté haciendo y permitir al Parlamento Europeo hacer observaciones al respecto. En segundo lugar, necesitamos una nueva iniciativa, en particular a la luz de la cooperación policial intensificada en el Tratado de Amsterdam, para poner fin a la venta ilegal de armas. En tercer lugar, debemos intensificar nuestras gestiones para hacer que éste sea un código internacional de conducta, no un simple código europeo de conducta.

Bertens
Señor Presidente, nosotros, los liberales, estamos muy contentos con la iniciativa de la presidencia británica de endurecer los criterios comunitarios para la exportación de armas. La presidencia británica ha anunciado un código de conducta, pero ese código de conducta no puede convertirse en un compromiso flojo. No nos sirve un código de conducta voluntario. Debemos llegar a unos acuerdos comprometedores y controlables.
Los acuerdos bilaterales no son la solución porque ofrecen demasiadas posibilidades de arreglos secretos. Para hacer posible una efectiva verificación, los Estados miembros deben hacer una regulación interna para conseguir una gran transparencia y control público y parlamentario de las licencias de exportación de armas.
Un registro de la ONU de la venta de armas es un instrumento útil para aumentar la transparencia mundial en cuanto a los suministros de armas. Por eso habrá que incorporar un criterio nuevo que prohiba la exportación a países que no cumplan las condiciones de ese registro de la ONU. Por consiguiente, nosotros, los liberales, apoyaremos las enmiendas de los Verdes.

Fabra Vallés
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo opina que un código de conducta que regule las exportaciones de armas es un paso positivo y, sobre todo, lo debemos considerar como una necesidad si queremos construir una PESC eficaz.
Regular y controlar las exportaciones de armas a países en guerra, a países que no respetan los derechos humanos y a regiones inestables nos permitirá intervenir de forma indirecta evitando un aumento de los conflictos en dichas zonas. Si además contamos con un código claro, sin ambigüedades, que delimite el tipo de armas y tecnologías que pueden exportarse, así como el compromiso de otros países exportadores -sin olvidar a las empresas y a otros países comercializadores-, habremos dado un importante paso adelante. Bueno será que el Consejo, además de elaborar dicho código, nos informe de su cumplimiento.

Pradier
Señor Presidente, la fabricación, venta y exportación de armas son actividades que nunca han tenido muy buena prensa, pero que reportan en todo caso sólidos beneficios a aquellos que las practican. También se trata de una industria que procura cierto peso político y que conserva empleos, lo que no es despreciable en los tiempos que corren.
Por lo tanto, es necesario adoptar un código de conducta en el seno de la Unión Europea. También es necesario preparar su extensión a otros países; pero desearía llamar la atención de ustedes sobre la lista de mercancías. Naturalmente, los vehículos blindados pesados, los bombarderos supersónicos o los artefactos altamente sofisticados deben incluirse en la misma, pero hay que recordar que las armas más mortíferas, particularmente en los países donde reina la inestabilidad, son las armas de pequeño calibre, las armas automáticas o las pistolas. Estas armas matan a los campesinos, a los manifestantes, a los oposicionistas, mucho más a menudo que la artillería pesada de un portaviones nuclear.
Admitamos, en todo caso, que un día u otro deberán incluirse en dicho código de conducta.

Schroedter
Señor Presidente, saludamos la iniciativa de la Presidencia británica del Consejo de actuar y de poner por fin en el orden del día este punto crítico. Naturalmente, es necesario que el Parlamento Europeo participe; pero, en este caso, debe hacer propuestas progresistas que funcionen. Por ello, quisiera que el Parlamento Europeo se concentrase en los acontecimientos actuales y en la situaciones de crisis. La situación es tal que las armas ligeras y pequeñas desempeñan el principal papel, por lo que no podemos dejarlas de lado sino incluirlas. Cualquiera que se encuentre en regiones donde hay conflictos sabe la importancia que tiene.
La cooperación en lo tocante al armamento exige que se conceda especial atención a las tecnologías de doble uso. Quiero decir que debe incluirse. Me alegra que se tenga en cuenta nuestra propuesta de introducir un noveno criterio para excluir los suministros de armas a países que no se adhieran al registro de armas de la ONU. Naturalmente, también hay que aplicar un código de este tipo. Esto significa que los negocios de armas deben ser controlados por los Gobiernos nacionales.

Thors
Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida a la acción conjunta, que es como debe ser tratándose de la exportación de armas desde la UE. El hecho de que la mayoría de los países miembros de la UE hayan mostrado, por lo menos, estar preparados para el code of conducts , es algo que alegra.
Por el contrario, es extraño que mi país natal, Finlandia, no haya discutido esto ni haya apoyado la iniciativa. Es extraño, ya que para un pequeño país es verdaderamente más provechoso tener un mercado de armas reglamentado que uno sin reglamentar. También llama la atención ya que Finlandia ha estado dispuesta a discutir colaboración de producción. ¿Por qué no se está preparado para discutir colaboración y reglas comunes para la exportación?
Esto es grave. Necesitamos rápidamente nuevas reglas, puesto que el comercio de armas ha aumentado durante 1995-1996. En el código necesitamos normas sobre sitios delicados, donde o tenemos embargo total, o restricciones selectivas o donde los estados negocian entre sí. Todos los países deben participar en esas negociaciones.

Van den Broek
Presidente, la Comisión agradece que el Parlamento haya puesto de nuevo este tema en la agenda y este debate tiene lugar en un momento relativamente sensible para la industria europea de defensa y en un tiempo de rápidos desarrollos internacionales. A causa de los conflictos violentos en muchas partes del mundo, la cuestión de un mejor control de la exportación de armas está puesta como una prioridad en la agenda internacional y la opinión pública lo sigue con mucha atención.
Las regulaciones actuales de la UE referentes a la exportación de armas, basadas en los ocho puntos que se acordaron en 1991 y 1992, no han resultado muy eficaces. Estos puntos son demasiado ambiguos y no se manejan bien como línea maestra. La Comisión es claramente partidaria de unas reglas más severas que constituyan un marco claro para la discusión sobre el negocio de armas. También somos partidarios de una mejora del intercambio de información y de los procedimientos de consulta entre los Estados miembros.
La aportación del Parlamento al debate sobre la industria europea de armas fue importante por la adoptación de una resolución basada en el informe del Sr. Titley que apoya en general las conclusiones y recomendaciones de la comunicación de la Comisión de enero de 1996. En la resolución se pide a la Comisión que redacte un Libro Blanco de la exportación de armas y los servicios de la Comisión están trabajando actualmente en este Libro Blanco.
Espero que este proceso se pueda culminar en las próximas semanas. Este documento evalúa la posición de la Unión Europea en el negocio de armas, y plantea el papel de la Unión en la política de exportación de armas hasta ahora y presenta unas opciones para acciones futuras. También prestará atención a la cuestión cada vez más importante del comercio ilegal de armas cortas y ligeras.
La presidencia británica está firmemente decidida a progresar en el camino de una política más restrictiva y más transparente de exportación de armas de la Unión Europea. Tiene el propósito de presentar un código de conducta de la UE para la regulación del negocio de armas. Con ello se exigirá a los Estados miembros un compromiso político, probablemente en forma de una declaración del Consejo. Yo mismo puse el tema sobre el tapete en la visita reciente de la Comisión Europea a la presidencia británica en Londres y allí el ministro Cook me aseguró que él mismo actualmente está en un debate bilateral con algunos Estados miembros para agilizar lo más posible el proceso en aras de este código de conducta.
La Comisión, por su parte, está dispuesta a apoyar cualquier iniciativa que conduzca al establecimiento de dicho código de conducta y el Libro Blanco está ideado para contribuir a este esfuerzo.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0050/98 de los Sres. Pompidou, Scapagnini y Baldi, en nombre del Grupo UPE sobre la clonación de seres humanos, -B4-0053/98 del Sr. Monfils, en nombre del Grupo ELDR, sobre la clonación de seres humanos, -B4-0068/98 de los Sres. Green y Cot, en nombre del GrupoPSE, sobre la clonación de seres humanos, -B4-0074/98 de los Sres. Liese, C. Casini, Oomen-Ruijten, Trakatellis y Tindemans, en nombre del Grupo PPE, sobre la clonación de seres humanos, -B4-0079/98 de los Sres. Hory, Pradier y Macartney, en nombre del Grupo ARE, sobre la clonación de seres humanos, -B4-0087/98 de los Sres. Papayannakis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ainardi, Sornosa Martínez, Sjöstedt, Ojala y Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la clonación de seres humanos, -B4-0103/98 de los Sres. Aelvoet, Roth, Ahern, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Lannoye, McKenna, Schörling, Tamino y Voggenhuber, en nombre del Grupo V, sobre la clonación de seres humanos, -B4-0059/98 de los Sres. Habsburg-Lothringen y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación en la República de Ingushetia, -B4-0077/98 de los Sres. Dupuis, Dell'Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en la República de Ingushetia, -B4-0100/98 de los Sres. Schroedter y Gahrton, en nombre del Grupo V, sobre el regreso de los ingush a los distritos de Prigrodni y Vladikavkaz, -B4-0060/98 de los Sres. Stasi, Tindemans y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la violación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, -B4-0072/98, de los Sres. Azzolini, Pasty y Andrews, en nombre del Grupo UPE, sobre la violación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, -B4-0078/98 del Sr. Macartney, en nombre del Grupo ARE, sobre la protección de los pueblos aborígenes de Australia, -B4-0089/98 de los Sres. Papayannakis, Mohamed Alí, Sjöstedt y Ojala, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la extracción de uranio en los territorios aborígenes, -B4-0098/98 de los Sres. Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Holm, Lannoye y McKenna, en nombre del Grupo V, sobre la extracción de uranio en los territorios aborígenes, -B4-0054/98 de los Sres. Bertens y Cars, en nombre del Grupo ELDR, sobre las ejecuciones masivas en Corea del Sur, -B4-0080/98 de los Sres. Dupuis y Dell'Alba, en nombre del Grupo ARE, sobre la condena a muerte en los Estados Unidos de Karla Faye Tucker, -B4-0102/98 del Sr. Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, de los Sres. Aglietta y McKenna, en nombre del Grupo V, sobre la pena de muerte en Estados Unidos, -B4-0076/98 de los Sres. Dupuis, Dell'Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre el nombramiento de un representante especial de la Unión Europea para el Tibet, -B4-0097/98 del Sr. Aglietta, en nombre del Grupo V, sobre el nombramiento de un representante especial de la Unión Europea en el Tibet, -B4-0035/98 de los Sres. Watson, Mulder, Fassa y Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre Kenia, -B4-0084/98 del Sr. Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre el resultado de las elecciones en Kenia.
Clonación de seres humanos

Baldi
Señor Presidente, estimados colegas, la semana pasada suscitó graves temores el anuncio del Profesor Richard Seed, sobre la intención de continuar con la investigación para aplicar las técnicas de clonación de seres humanos, por las consecuencias éticas que esto implicaría.
El Parlamento Europeo ya se expresó con la máxima firmeza contra toda forma de clonación aplicada a la reproducción humana al aprobar, el 12 de marzo de 1997, una clara resolución al respecto. Si se toma en cuenta el derecho a la identidad genética, y se considera que el principio de la igualdad presupone la paridad de derechos -y, por lo tanto, la aceptación de las diferencias individuales-, lo que prohíbe la discriminación y, por consiguiente, implica que son inadmisibles los individuos genéticamente iguales y la selección genética, se considerará necesaria la prohibición mundial y explícita de la clonación de seres humanos, y se pedirá a las autoridades competentes que elaboren una normativa legal adecuada sobre el tema.
Además, sería importante promover una conferencia mundial sobre este asunto, para llegar a una posición común de condena de la clonación de seres humanos.
Dar incentivo, ayuda y sostén a la investigación científica es una obligación moral para la sociedad en su conjunto. Pero las noticias que llegan desde Estados Unidos nos preocupan no poco. Tienen el sabor de la falta de respeto a la dignidad de la especie que, aunque lo haga entre mil dificultades y errores, gobierna este planeta. La investigación científica -como es justo que sea- avanza por su camino e incluso a gran velocidad. Nuestra tarea, en cambio, consiste en encuadrar lo mejor posible la investigación en un contexto legislativo, vetando la clonación humana con medidas penales disuasorias para los individuos y financieras para los Estados que la consientan.
De todas maneras, vamos con retraso y mi personal deseo es que todos los gobiernos del mundo puedan establecer juntos reglas seguras para un desarrollo correcto y en armonía con todo lo que afecta a la naturaleza, a los animales y, de ningún modo en último término, a los seres humanos.

Desama
Señor Presidente, la reprobación general del proyecto de un investigador norteamericano de realizar la clonación humana, así como las iniciativas del Consejo de Europa en la materia, demuestran indiscutiblemente que nuestra capacidad de indignación y la de algunos Estados no se ha disipado totalmente.
No obstante, más allá de esta cuestión cuya gravedad nadie negará, es necesario llevar a cabo una reflexión más profunda sobre los límites de la ciencia o, mejor dicho, de las responsabilidades de los científicos.
El hecho de querer establecer hoy, en medio de la inquietud creada por este asunto, en nombre de una moral o de una ética naturalista, unos límites a la investigación y a la actuación sobre el genoma, incluyendo quizá mañana dentro de estos límites determinadas formas de clonación, es inaceptable. Se trata de la eterna lucha de Galileo. Por el contrario, también sería totalmente inaceptable crear un ser humano, en nombre de la libertad absoluta de la ciencia, con la finalidad de efectuar trasplantes, sin dotar a este ser humano, resultante de una clonación, de los mismos derechos que un ser humano nacido por reproducción natural.
La clonación del ser humano no es, contrariamente a lo que dice su autor, una aventura científica. Es ante todo una operación mediática y comercial que pone en evidencia el peligro que entraña una investigación que hoy ya no encuentra en los fondos públicos los medios necesarios para poder desarrollarse de una forma socialmente aceptable. Ahí reside el verdadero peligro. La presión comercial ahoga, indudablemente, una investigación centrada ante todo en el bienestar social.

Monfils
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la revolución sobre la clonación, que hoy debatimos, no es nada nuevo. Ya en marzo de 1997 y en el proyecto de directiva sobre patentes se había discutido ampliamente esta cuestión.
Creo que si volvemos a iniciar el mismo debate cada vez que un investigador declare a los medios de comunicación que rebasa los límites de lo que es moralmente admisible, habrá que clonar una resolución a partir de la resolución anterior en cada período parcial de sesiones. Porque en Europa el instrumento existe. Me refiero -ya se ha citado- al Convenio europeo sobre bioética y a su protocolo adicional, que prohíbe toda intervención que tenga como finalidad crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, vivo o muerto.
La decisión de aprobar este protocolo corresponde a cada uno de los Estados miembros, y lo que impide que algunos Estados suscriban y ratifiquen el Convenio es precisamente su gran rigidez, al prohibir, por ejemplo, la manipulación de células germinales y la utilización de embriones, con fines científicos. Por querer prohibirlo todo, se impide la aplicación del Convenio.
Finalmente, en nuestra opinión, es necesario impedir estas desviaciones, pero no por ello se debe interrumpir la investigación científica y su exploración de la vida. Comparto el punto de vista del Sr. Desama al respecto. Si bien la clonación de seres humanos es contraria a la dignidad humana, la clonación de células o de tejidos permite luchar contra las enfermedades hereditarias. Quienes quieren hacer creer que defienden la humanidad al proponer el bloqueo de las investigaciones sobre la vida, están impidiendo que hombres y mujeres afectados por enfermedades genéticas puedan vivir mejor o, simplemente, vivir. Es inaceptable. La humanidad necesita que se produzcan avances científicos.

Liese
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo se ha pronunciado siempre con claridad en contra de la clonación de la persona humana, para lo que ha expuesto no solamente motivos meramente técnicos sino de fondo. Por ello, tampoco estamos a favor de una moratoria de la clonación de personas sino de una prohibición general. Creo que en el Parlamento seguimos estando de acuerdo sobre esta exigencia.
Pero ¿qué significa clonar personas? Esta es la cuestión a la que se ha referido el orador anterior y que ahora tenemos que definir. El PE siempre ha defendido una posición muy clara al respecto. Tanto en la votación sobre la directiva de las patentes en julio como también en el marco del quinto programa marco de investigación en diciembre hemos encontrado una definición clara. La Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Investigación se han ocupado intensamente de ello y en esta última se produjo incluso una votación unánime sobre este punto mientras que otros puntos eran muy debatidos.
Creo que es muy importante que sigamos defendiendo esta posición. Este es también el motivo de porqué el PPE ha añadido la enmienda nº 8. Prohibir el clonado de personas no significa prohibir trabajar en las células humanas, por ejemplo, para hacer posible un transplante de piel. Sin embargo, significa que tienen que excluirse tanto bebés clonados como la producción de embriones humanos, por ejemplo, como almacén de piezas de repuesto para transplantes de órganos. Por ello, estamos muy sorprendidos por la enmienda nº 1 de los Sres Bowe, Monfils y otros, que pretende excluir la clonación solamente para finalidades de reproducción. Pero esto podría significar que si se produce o se clona un embrión humano o, en una interpretación más amplia, un bebé sin cerebro y no se emplea para reproducción sino como almacén de órganos de repuesto, esto no quedaría claramente excluido.
Tenemos que ser muy claros. El protocolo del lunes sobre la clonación del Consejo Europeo no habla expresamente del clonado reproductivo, por lo que va más lejos que esta exigencia que se acaba de mencionar aquí. Por ello, es un paso en la dirección correcta. Voy a finalizar. A pesar de ello, debemos prestar atención para que no se realicen interpretaciones defectuosas de este protocolo de la clonación. Este peligro existe y lo ha descrito muy sugestivamente la Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo. Por ello, hemos presentado la enmienda nº 9 para cerrar cualquier puerta trasera.

Pradier
Señor Presidente, naturalmente, todo el mundo está en contra de la clonación de seres humanos, y con razón. Todos saben que esto es así, salvo algunos negociantes disfrazados de científicos, que olfatean negocios lucrativos. ¡Y la concurrencia del afán de lucro con el desprecio de las personas debería hacernos mantener firmes!
Por lo tanto, votaremos a favor de este texto, pero insistiremos en un elemento primordial. La importancia que reviste la convocatoria de la conferencia mundial a la que se ha referido nuestra colega Monica Baldi. Esta conferencia debería tener lugar después de una moratoria, de una reflexión conjunta del mundo científico, los comités éticos, los responsables políticos de esta cuestión, que es tan grave y tan nueva incluso para todos nosotros y que a muchos nos deja perplejos, sin ninguna referencia fiable en la materia.

Papayannakis
Señor Presidente, aquí no estamos hablando de la investigación con fines terapéuticos, a la que nadie se opone. Hablamos de la clonación de seres humanos, de personas; pero, en la actualidad, lo más que puede uno decir, es que nadie puede garantizar la salud y la evolución natural de los individuos producidos en el nuevo mundo que algunos nos prometen. Tenemos razones para estar preocupados por ello y desear la prohibición. Sin embargo, señor Presidente, no tiene ningún sentido nuestra decisión ni las actuaciones que quisiéramos emprender en el futuro si no tienen un alcance mundial y si sobre todo si no participan en ellas los países que tienen la capacidad de llevar a cabo tales prácticas, y sobre todo los Estados Unidos de América, donde existe un vacío legislativo. Las llamadas del Sr. Clinton para prohibirlas están relacionadas sólo con las partidas federales y no con el sector privado. Sobre ello quiero preguntar a la Comisión, o al Consejo de Ministros, si están dispuestos a acordar una política común sobre esta cuestión y saben cómo y hasta dónde pueden negociar con Estados Unidos.

Tamino
Señor Presidente, no hay duda de que hoy todos experimentamos perplejidad ante las declaraciones llegadas de Estados Unidos y, agrego yo, también por lo que hemos oído que afirma un Comité de bioética inglés, que ha abierto amplias puertas hacia la posibilidad de la clonación de seres humanos con fines terapéuticos. Al respecto existe una perplejidad, una oposición, pero nosotros, los Verdes, estuvimos en lo cierto el año pasado, cuando decíamos que aceptar la clonación de animales era abrir la puerta a la de seres humanos. Y hoy, aquí dentro, todavía hay quien abre nuevas puertas hacia la clonación de seres humanos porque, cuando se afirma que este procedimiento puede ser aceptable para fines terapéuticos, se está dando otro enorme paso hacia el destino final que inevitablemente será el de la clonación de seres humanos.
Pero cuando se habla de seres humanos, se ha de tener claro que debemos definir de un modo explícito qué son los seres humanos y decir que la clonación debe prohibirse desde el principio de la fecundación y a través de todas las etapas embrionarias.

Gebhardt
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la actitud del Parlamento Europeo es clara y unívoca. La dignidad de la persona se opone a cualquier tipo de clonado. En la votación sobre el quinto programa marco de investigación hemos negado también la puesta a disposición de créditos para la investigación del clonado de personas. El respeto ante nuestros semejantes y otras consideraciones hacen que el clonado de animales sea al menos extraordinariamente cuestionable. Informes sobre un lunático ávido de dinero, que se califica de científico, nos obliga hoy a aclarar ciertos extremos en este debate. Esta aclaración es necesaria para que una manipulación perversa no ponga en descrédito a toda la biotecnología, en la que depositamos grandes esperanzas.
Pero también tenemos que plantearnos una pregunta: ¿hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para que este nuevo campo de investigación y de tecnología no se nos escape de las manos y se dirija contra las personas o incluso la Humanidad? Ya se ha realizado el intento.
Hoy tenemos una amplia red de leyes y de directivas que regulan y protegen, pero que también ofrecen escondrijos y puertas traseras para el uso indebido de la biotecnología. Por ello, considero que es necesaria una directiva marco que encuadre este campo y aporte transparencia a las numerosas regulaciones individuales. Debe cubrir todos los aspectos. Aquí se incluyen normas unitarias de derecho penal que apliquen castigos sensibles al quebrantamiento de las normas y a la transgresión de las prohibiciones.
Debemos realizar este difícil trabajo por las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea. No debemos escabullir el bulto y tenemos que exigir a los Estados miembros que firmen el documento del Consejo de Europa.
Por un lado, el llamado Convenio sobre la Bioética no soluciona el problema y, por otro, el principio de la subsidiariedad nos indica que los Estados miembros son los que deciden sobre la ratificación. Permítanme por ello que extraiga el punto 2 de la resolución común.

Trakatellis
Señor Presidente, debemos tener en cuenta, desde el punto de vista científico, que el experimento de la clonación de humanos mediante el método utilizado para conseguir la creación de la famosa oveja Dolly ha sido el único que tuvo éxito entre numerosos fracasos. Por lo tanto, el método científico no está perfeccionado, no han sido estudiadas sus consecuencias a medio y largo plazo y no se han investigado todas las consecuencias que pueda sufrir el organismo del animal clonado.
Sorprende que un científico manifieste que va a realizar la clonación de humanos. Porque eso no sólo no se atiene a la realidad científica, sino que equivale a peligrosos experimentos, criminales diría, con humanos.
Además estamos obligados, señor Presidente, a examinar los aspectos morales, jurídicos y sociales de la cuestión, porque al aplicar la clonación a los humanos se abre el camino de la selección genética. Los ecos de la creación de una raza aria y del superhombre no han desaparecido hasta hoy. ¿Quiénes y bajo qué condiciones van a aplicar la clonación? ¿Será asequible a todos? ¿Serán necesarias licencias especiales? Hay más preguntas similares que muestran no sólo la complejidad del asunto, sino el riesgo de deformaciones en las sociedades humanas. Es verdad que ante el progreso científico desenfrenado, los sistemas jurídicos de nuestros estados no están preparados. Por lo tanto, es preciso adaptar con rapidez las legislaciones de forma que garanticen la protección del individuo, la salvaguardia de los intereses colectivos y los valores de la sociedad. Esta inquietante perspectiva de la clonación humana debe bloquearse lo antes posible, porque de lo contrario creará problemas insolubles en nuestras sociedades.

Kaklamanis
Señor Presidente, toda revolución científica provoca distintas reacciones y origina situaciones de inseguridad. Galileo ya fue acusado ante la Santa Inquisición. La fecundación in vitro como método de reproducción también ha sido cuestionada; la opinión pública internacional sigue afrontando con escepticismo la eutanasia. Pero la clonación remite al médico nazi, Dr. Mengele, y sus trágicos experimentos. Sólo la idea de producir copias fieles de humanos es repulsiva porque cada individuo es único y en eso consiste la esencia del pensamiento y de la creatividad. Además, la falta de un marco jurídico a escala internacional, así como la posibilidad de la peligrosa explotación inmoral y política de la clonación de humanos, hacen que la comunidad científica internacional reaccione con reservas. El deber del Parlamento Europeo es descubrir la fina línea que determina lo moralmente aceptable y lo permitido y beneficioso socialmente. Pero las normas, señor Comisario, deberán ser severas, con el fin de impedir la materialización de fenómenos morbosos. A la vez, han de tener alcance internacional. Quisiera preguntarle, si ha pensado, dentro de este marco, promover, juntamente con el Organismo de la Naciones Unidas, la internacionalización de la legislación relativa a la clonación.

Breyer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hay científicos que dicen que van a clonar al hombre. Esto es un ataque en toda línea contra la dignidad humana. Diques y tabúes éticos se están violando de modo irresponsable. La ausencia de límites éticos sería un horror para la Humanidad. Disponer de conocimientos y carecer de escrúpulos es un escenario de una película de horror. Nos encontramos ante un delirio insospechado ante lo que es factible. La pesadilla de una persona a la medida o la cría de personas como almacén de piezas de repuesto es algo cada vez más realista y se está impulsando una ética insospechada.
La Comunidad mundial no dispone aún de una regulación vinculante y en la Unión Europea no se ponen tampoco límites éticos a la ciencia. Por el contrario, los científicos son los que colocan cada vez más los límites éticos a la sociedad. El clonado de animales crea el necesario "know-how» para el posterior clonado de las personas.
Así pues, necesitamos -y pregunto a la Comisión si está dispuesta a ello- un Tratado mundial de no difusión de técnicas de clonado. Necesitamos la condena del clonado a nivel mundial, pues lo que es técnicamente factible en alguna ocasión se hace.
Lo que me parece esencial es que tenemos también que ejercer presión económica. Creo que en el marco de la OMC debemos boicotear a las asociaciones internacionales y a los países que no están dispuestos a crear disposiciones vinculantes para la prohibición del clonado.
Me gustaría también saber si la Comisión está dispuesta a no quedarse sólo en declaraciones y comunicados no vinculantes y si está dispuesta a dar un paso hacia una mayor obligatoriedad y condena del clonado a nivel mundial.

Blokland
Señor Presidente, ¿qué vamos a anteponer en la discusión sobre las posibilidades de la ciencia: la viabilidad de una técnica o su conveniencia moral? También aquí esta pregunta está de nuevo en el punto de mira.
Dadas las muchas reacciones de espanto a los planes del científico americano Richard Seed, parece que en este caso la inconveniencia moral de la clonación humana se está imponiendo al afán de progreso científico.
Y con razón se impone. La técnica de la clonación no deja nada al azar y solamente hace una copia. En realidad no añade nada. Si se da un paso más y se mejora un gen determinado en el clon, entonces hemos llegado al peligroso terreno de la mejora racial. O sea, no se puede esperar nada bueno de esta técnica.
¿Cómo está entonces el tema de la clonación? En la discusiones sobre derechos humanos nuestro grupo parlamentario ha observado ya varias veces que la libertad de uno está limitada por la libertad del otro. Esto también se aplica en esta materia. La dignidad humana, la individualidad y la integridad del ser humano están en juego aquí y se le reduce a un artículo de consumo.
Por lo tanto, es bueno que haya un protocolo listo para firmar en el Consejo de Europa por lo cual se prohibe la clonación de seres humanos.
Sin embargo, tengo mis reparos para el futuro. Reconozco a Dios como el Creador del hombre. La nueva vida humana que nace de la unión entre el hombre y la mujer la veo como un regalo único de Dios. Por mí se trazarían unos límites muy claros. Esto significa una prohibición absoluta de la clonación humana. Para unos países esta prohibición no parece ahora ya tan absoluta.
Es preocupante que los Países Bajos, Inglaterra y Alemania no hayan firmado todavía el protocolo. Debemos presionar a estos países.
Espero sinceramente que hoy decidamos adoptar una posición absoluta y firme en contra de la clonación humana. Esto es de una importancia vital.

Amadeo
Señor Presidente, en el mes de abril pasado, más de veinte países firmaron en Oviedo el Convenio del Consejo de Europa que, aun cuando constituye la mejor contribución que Europa podía hacer al debate mundial sobre la biomedicina y sobre la investigación médica, no obstante sólo representa un primer paso para regular el tema.
En el momento en que la ciencia y las nuevas técnicas de laboratorio se identifican como un poder capaz de condicionar al hombre contemporáneo y también al futuro, nos parece esencial que este debate sea abierto y democrático. La investigación médica es indispensable para aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del hombre, pero -y lo digo como médico y no como político- debe tener límites que no se puedan franquear: los límites de la dignidad y de la propia identidad del hombre.
Los experimentos sobre la clonación, pero también el comercio de embriones, gametos y material genético, se llevan adelante no sólo en Europa sino en el mundo entero sin control alguno, y demuestran que ya es urgente enfrentarse a los temas de la bioética y darles una solución.
La firma y la ratificación del Convenio del Consejo de Europa, en el pasado abril, y de su Protocolo adicional, que prohíbe precisamente la clonación de seres humanos, podrían ser esa pieza que falta para poner en marcha la solución, pero tendrían que ponerse a trabajar, con urgencia, los países miembros de la Unión. Una defensa no obcecada de los derechos humanos servirá para mejorar la dignidad de las personas, su libertad, su integridad y su derecho a la salud. En este sentido, la delegación de Alianza Nacional considera un deber mostrar su solidaridad y aprobación a la resolución propuesta.

White
Señor Presidente, creo que el Sr. Seed es un bucanero que está intentando crear una oportunidad de mercado que después explotará sin permiso y sin responsabilidad. También es significativo que, cuando se pidió al grupo de asesores de la Comisión que examinara la cuestión de la oveja Dolly y su clonación, lo hiciera después de que hubiese nacido Dolly y ahora el peligro más grave es el de que, aunque sabemos que la clonación humana puede ser científicamente posible, estamos logrando avances científicos sin que se logren los mismos avances en nuestras consideraciones éticas. Así las cosas, debemos crear un comité ético. La posición común del Consejo respecto del informe Rothley deja mucho que desear. No creo que la posición común refleje lo que el Parlamento ha votado y, por consiguiente, en la segunda lectura del informe Rothley volveré a presentar la enmienda original del Parlamento, con lo que, si la aprobamos, constituirá una condición previa de la directiva sobre patentes la creación de un comité ético satisfactorio. Si no lo hacemos, se producirá la clonación y en un mercado abierto.

Casini C.
Señor Presidente, me pregunto si podría añadir algo original a este debate en el que ya se ha dicho prácticamente todo. Me parece oportuno señalar la aversión general a la clonación de seres humanos en todas las fases de su desarrollo. Subrayo "seres humanos». La clonación no se centra tan sólo en las células que podrían reproducirse para curar, por ejemplo, una enfermedad de la piel, es decir, en la reproducción de las células epiteliales. Ésta es mi primera observación. Segunda observación: no existe hasta hoy un documento internacional o interno de los distintos Estados europeos que consienta la clonación de seres humanos. El propio Parlamento Europeo se ha pronunciado repetidamente sobre este tema, hasta la última propuesta de directrices sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, pero ya en 1989 había quedado todo muy claro con las dos resoluciones sobre los problemas éticos y jurídicos de la procreación artificial humana y de la ingeniería genética. Me complace recordar respecto a esto último que, en el informe presentado por el Sr. Rothley en 1989, para indicar la razón jurídica que se esgrime contra la clonación, se usa una expresión muy fuerte: destrucción de la personalidad.
En rigor, con la clonación de seres humanos se ponen en discusión dos principios fundamentales del derecho: el principio de la dignidad humana y el principio de la igualdad, igualdad que supone la diversidad, porque la igualdad está en la dignidad, a pesar de las diferencias que nos hacen, a cada uno, irrepetibles. Paradójicamente, hacernos iguales implica una destrucción de la igualdad.
La última observación es la siguiente: es verdad que se puede preguntar si es justo o no que un Parlamento se ponga en marcha y se movilice para repetir cosas ya dichas con motivo de declaraciones para la televisión o la prensa. Creo que es justo. La gravedad del asunto nos obliga a estar alerta. Mucho mejor habría sido hablar de la bomba atómica antes de fabricarla. No está en juego la ciencia, está en juego la técnica, y la técnica son las manos del hombre que deben saber por qué caminos han de moverse.

Lannoye
Señor Presidente, como soy el último orador sobre la cuestión, me será quizá más difícil ser original. Pero desearía llamar la atención de todos los colegas sobre la deriva provocada por la noticia de Dolly, que ha suscitado una inquietud considerable en la opinión pública, incluso en este Parlamento. Inmediatamente después votamos una resolución sobre la prohibición de la clonación humana, temiendo que Dolly condujera a esta práctica -lo que, evidentemente, es real-. Pero lo más grave es que la inquietud ha decaído considerablemente y que actualmente se oyen, incluso en este Parlamento, declaraciones más matizadas, ya que se aceptarían determinadas formas de clonación humana.
Por consiguiente, creo que hoy se necesita una resolución libre de toda ambigüedad. Hay que ser claros. La clonación de seres humanos debe rechazarse totalmente por las razones que ya se han discutido ampliamente y que están basadas en la dignidad del ser humano y en el peligro de la desviación eugenista.

República de Ingushetia

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir lo mucho que me alegro de que hablemos hoy sobre Ingushia. Muchas personas han olvidado que hace pocos años hemos hablado en repetidas ocasiones sobre el conflicto en Chechenia-Ingushia. Los ingushios son el mismo grupo étnico que los chechenos.
Actualmente existe una situación muy difícil en ese país, sobre todo porque allí no existe una zona de asentamiento cerrada sino dos grandes enclaves, a saber, Wladikawkaz y Progorodnij. Los ingushios que vivían en Osetia del Norte fueron expulsados prácticamente de allí debido a la masiva presión de los rusos y tuvieron que retirarse a Ingushia. Hoy constituyen allí un gran y grave problema de refugiados, del que tenemos que ocuparnos de algún modo pues no queremos que el conflicto de Chechenia se vuelva a reproducir.
Naturalmente, otro problema es que los rusos dicen que los ingushios han ayudado a los chechenos, por lo que deben ser castigados. Continuamente constatamos que existe una fuerte desventaja -quiero evitar aquí emplear la palabra bloqueo- de Ingushia, lo que hace que en este país no exista un desarrollo económico adecuado. El invierno está presente y está provocando situaciones muy difíciles entre la población, precisamente entre los más débiles, las mujeres y los niños, que son los que más padecen.
La ACNUR nos ha pedido que proporcionemos allí ayuda y que empleemos nuestro dinero sobre todo para construir viviendas, para que estos refugiados no tengan que padecer bajo estas circunstancias y que intervengamos para que estos refugiados puedan volver de nuevo a sus regiones de origen. Esto solamente lo lograrán si hacemos valer nuestra influencia, ejerciendo presión sobre Rusia y si enviamos nuestra ayuda al lugar adecuado.

Dupuis
Señor Presidente, no queda mucho que añadir después de la exposición que acaba de efectuar el colega Carl Habsburg-Lothringen. Él conoce perfectamente la situación; se trata de una situación muy difícil. Desearía, no obstante, subrayar que el problema afecta a toda una región y no sólo a Ingushetia. También hay que mencionar Chechenia y las consecuencias de la guerra que tuvo lugar en esta república. Hay otras regiones anejas, como el Daguestán.
La Unión Europea y, por consiguiente, la Comisión deberían quizá prestar más atención a esta región, ya que, en mi opinión, será fuente de nuevos conflictos. Es urgente buscar soluciones. Pienso que los rusos han demostrado que no tenían muchas intenciones de cambiar las cosas y que la Unión Europea debería quizá hacer algunas sugerencias en este sentido.
Queda por resolver un grave problema humanitario, que no puede esperar. Considero que la Comisión está en condiciones de hacer frente a este género de situación y espero que muy pronto la Unión Europea se implique firmemente en esta región.

Schroedter
Señor Presidente, el conflicto ingusho-osiético del Norte es un conflicto olvidado. Los 60.000 desplazados que desde 1992 viven en alojamientos provisionales, niños que desde entonces apenas pueden llevar una vida normal, apenas son tenidos en cuenta por la política europea. Aunque se ha acordado el retorno, sin embargo, debido a la situación de seguridad, en la práctica no ha sido posible. Cualquier ataque difunde de nuevo el pánico entre los que esperan y reaviva el odio. Hasta ahora no se ha reducido el potencial de conflicto en la región. La potencia de orden que es Rusia no goza de aceptación y el ACNUR es el único que tiene un mandato para superar el conflicto de Prigorodnij.
Es urgentemente necesario prevenir la escalada. He llamado con frecuencia la atención en informes sobre el hecho de que es necesario que la UE participe no sólo esporádicamente con su ayuda humanitaria sino de modo continuado. Por ello, pido que el mandato de ECHO se amplíe a Prigorodnij y que la UE contribuya a que una fact finding mission de la OSCE intente allí lograr apoyo para solucionar el conflicto en la región.

Blot
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de resolución de nuestros colegas Habsburg y OomenRuijten no es muy difícil de redactar. Es cierto que un bloqueo siempre genera sufrimientos lamentables. No es ciertamente a posta que hoy el Gobierno de la Federación Rusa se vea obligado a restringir la circulación en esta zona del norte del Cáucaso.
La Federación Rusa trata de evitar una nueva guerra frente a maquinaciones terroristas y mafiosas. Todos lamentarían haber votado a favor de la propuesta de resolución de nuestros colegas si estallara un nuevo conflicto tras una liberalización irreflexiva de la circulación. Se repetiría entonces la frase que el poeta Esquilo pone en boca de Casandra: "Mientras tú formulas deseos, ellos se disponen a matar».
Así pues, el Parlamento Europeo debe confiar en el Gobierno de Rusia, que se esfuerza, en unas circunstancias difíciles, por hacer reinar la paz y el orden público, primera condición para que las poblaciones de esta región puedan vivir decorosamente. Algunos parecen jugar a un juego peligroso que consiste en favorecer todo tipo de separatismos en Rusia, con fines comerciales o al servicio de una superpotencia extranjera. No es con estos métodos como se consolidará la paz en el norte del Cáucaso.
República Democrática del Congo

Stasi
Señor Presidente, si mi colega Leo Tindemans y yo hemos presentado -a propósito de la detención arbitraria del Sr. Arthur Ngoma- una propuesta de resolución sobre la situación política en la República Democrática del Congo, es ante todo porque nosotros conocemos y estimamos al Sr. Ngoma, quien trabajó mucho tiempo en la UNESCO, y que, después de haber luchado contra la dictadura de Mobutu, es uno de los primeros responsables políticos del antiguo Zaire que ha denunciado valientemente la política de represión y violencia que aplican las nuevas autoridades. Sin embargo, más allá del caso personal del Sr. Ngoma y también del Sr. Nsala, Secretario General del Centro de los Derechos Humanos, nuestro deseo, así como el de los demás signatarios de dicho texto, es llamar la atención de esta Asamblea y de quienes orientan la opinión pública de nuestros diferentes países sobre la verdadera naturaleza del régimen que se está instalando bajo la denominación engañosa de República Democrática del Congo.
Naturalmente, hubiera sido iluso pensar que un país que, durante muchísimos años, ha estado dominado por la arbitrariedad y la corrupción, iba a poder transformarse en pocos meses en un país capaz de rendir honores a los principios democráticos, a los valores del humanismo y al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, muchos congoleños y observadores internacionales han creído en la buena fe y en la buena voluntad del Sr. Kabila cuando, después de la toma de poder, anunció el calendario de cierto número de reformas que conducirían al país a unas elecciones legislativas y presidenciales en abril de 1999.
Ahora bien, no sólo las tres primeras reformas previstas no se han cumplido, sino que el poder se endurece progresivamente: los partidos políticos han sido prohibidos, las detenciones arbitrarias se multiplican, muchos miembros de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos se hallan detenidos en condiciones inhumanas y la tortura es una práctica generalizada.
En estas condiciones, la Unión Europea no puede permanecer indiferente, sino que debe manifestar su indignación; debe exigir la liberación inmediata de todos los presos de opinión; debe presionar -tiene los medios para ello- para que el Presidente Kabila respete sus compromisos, restablezca las libertades fundamentales y inicie inequívocamente un proceso de democratización. Muchos países, entre los cuales se cuenta Francia, pero no sólo Francia...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Giansily
Señor Presidente, Si intervengo en este debate no es para introducir una nota discordante frente a la indignación que suscitan las violaciones de los derechos humanos más elementales perpetradas en la República Democrática del Congo.
Nuestro Grupo, que es uno de los autores de la resolución que votaremos dentro de un momento, condena sin reservas los gravísimos actos intimidatorios dirigidos a todos aquellos que se atreven a expresar la menor crítica contra el régimen de Kinshasa. En este sentido, comparto totalmente la opinión de nuestro colega Bernard Stasi.
Yo desearía llamar la atención de la Presidencia de la Unión y de la Comisión sobre la suerte de dos ciudadanos nuestros, Jean-Marie Bergesio, empresario de obras públicas, de nacionalidad francesa, y Antoine Declercq, uno de sus colaboradores, de nacionalidad belga. Los dos fueron detenidos el pasado 10 de septiembre por los servicios de seguridad de la República Democrática del Congo, sin que se haya expresado ningún motivo respecto a su detención. Además, se les niega sistemáticamente la asistencia de un abogado.
Por lo tanto, hago un llamamiento a la Presidencia de Unión para que demuestre la mayor determinación y firmeza, con el fin de obtener de las autoridades de este país respuestas claras en cuanto a la situación de estos dos ciudadanos europeos y a las acusaciones que recaen en ellos, cuyo único delito, señor Presidente, habría sido el ser testigos de matanzas de refugiados hutus en el este del Zaire.

Fassa
Señor Presidente, estimados colegas, hay dos cosas necesarias y fundamentales en nuestro enfoque de los problemas surgidos de los recientes hechos en la República Democrática del Congo. La primera: es imprescindible que cualquier ayuda de la comunidad internacional a este Estado se subordine a los progresos reales que haya en materia de respeto de los derechos humanos y en la verdadera activación de un proceso democrático en ese país. La segunda: se debe sostener con firmeza este proceso democrático y ayudar en especial a las ONG que defienden los derechos humanos en la República Democrática del Congo.
Es redundante que se deba hablar de este tema en ciertos aspectos; reconocemos las indudables dificultades que enfrenta el gobierno del Sr. Kabila pero, en ningún sentido ni para ninguna autoridad, incluso fuera de la Unión Europea, esto puede justificar que se baje la guardia.
Poblaciones aborígenes de Australia

Macartney
Señor Presidente, esta resolución no se refiere sólo a Australia, sino también al problema mundial de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas. La relación de los pueblos indígenas de todo el mundo con la tierra tal vez sea una descripción más exacta, porque la tradición en la parte del mundo a la que nos referimos es la de que el pueblo indígena tiene una relación colectiva con la tierra, en lugar de la propiedad individual, típica del mundo occidental. Tuvimos una experiencia de ello en Escocia cuando el sistema basado en los clanes fue substituido por la propiedad individual. Lo hemos visto en el Lejano Oeste de los Estados Unidos. Se pueden ver ecos de ello en el pueblo sami de la Escandinavia septentrional.
En Australia, los aborígenes dicen que la tierra no les pertenece a ellos ni a los blancos, sino que ellos pertenecen a la tierra. Hay que comprender que, cuando dicen eso, están hablando sobre tendencias migratorias tradicionales a las que corresponden los lugares sagrados a los que deben su identidad.
Permítaseme acabar con una cita del Senado australiano. Hace tres meses, dije que el Gobierno australiano no debía seguir adelante con la propuesta sobre el uranio de Jabiluka. Deseo apoyar esa propuesta.

Kerr
Señor Presidente, éste es mi primer discurso como miembro del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo y espero que Sus Señorías sean indulgentes conmigo. También es muy apropiado que sea sobre Australia y Nueva Zelanda, pues fui presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Australia y Nueva Zelanda y acabo de regresar de Australia, donde la cuestión de la tierra de los aborígenes y los derechos nativos está dividiendo al país por el medio.
Este año se va a celebrar una elección sobre esa cuestión precisamente, que esta resolución pone de relieve hoy desde el punto de vista de las minas de uranio, pero que, en realidad, afecta a todo el país en relación con el acceso de los aborígenes a su tierra nativa. Conque se trata de una resolución muy oportuna. Espero que la aprobemos por una mayoría abrumadora y enviemos, así, un mensaje al Gobierno australiano. El Viceprimer Ministro de Australia se alegrará al enterarse, pues me denunció en dos ocasiones en el Parlamento australiano durante los diez días de mi vista a Australia, cuando hablé en pro del derecho de los aborígenes a la tierra en toda Australia. Quiero que conste en acta en este Parlamento que Europa está observando a Australia muy detenidamente a ese respecto y espero que podamos volver a abordarlo en los próximos meses.

Aelvoet
Presidente, vemos que en muchos lugares del mundo se pisotean los derechos de los pueblos autóctonos. No es casualidad que hayamos hablado de pueblos autóctonos en Chiapas, que estemos hablando de Australia y que también el Tibet esté puesto en la agenda, a pesar de todas las preciosas declaraciones que mientras tanto se han ido integrando en el sistema de la Unión.
En el caso de Australia, concretamente, el punto que queremos abordar es el hecho de que el gobierno australiano haya decidido empezar a explotar un proyecto de uranio en Jabiluka, un proyecto ubicado en una región que está considerada como patrimonio cultural y que está legalmente reconocida por las leyes de Australia misma como la región de los aborígenes. Por otra parte, y me parece muy importante prestar atención a ello, el mismo Senado australiano ha hecho un llamamiento al gobierno para paralizar este proyecto. Es importantísimo que haya hoy una votación en unos términos claros en la que pidamos al gobierno que respete los derechos a la tierra de los aborígenes y también que hagamos un llamamiento a los Estados miembros para que comprueben de qué países importan uranio en caso de que se toquen los derechos de los autóctonos.
Ejecuciones

Bertens
Presidente, Señor Comisario, Corea del Sur está pasando por unos tiempos difíciles. Allí la crisis financiera tiene efectos en todos los aspectos de la vida. Un cambio político radical, por ejemplo, ha llevado a un anterior disidente al poder. La ejecución masiva de 23 presos que tuvo lugar a finales de diciembre, no fue una noticia nada buena. Hay otros cincuenta presos condenados a la pena de muerte. Naturalmente, la pena de muerte nunca es justificable para mi grupo parlamentario. Justo ahora que hay tanto movimiento en Corea, esta es una señal equivocada a la población de ese país y a las poblaciones de otros países. La democratización, la transparencia y unas penas humanamente dignas son la respuesta a esta situación en la que se ha llevado un pueblo en gran escala a la duda. Penas humanamente dignas en vez de la pena capital es uno de los importantes símbolos del estado de derecho y de una verdadera democracia. Hay más países que van por este camino y hacemos un llamamiento al gobierno de Corea del Sur para que siga ese ejemplo.

Dupuis
Señor Presidente, el Sr. Bertens se ha referido a Corea del Sur, pero también existe el caso de los Estados Unidos, y el de uno de sus Estados en particular -Texas-, donde se llevan a cabo la mitad de las ejecuciones de las condenas a la pena capital en Norteamérica. Al igual que el Sr. Bertens, desearía recordar el eslogan de una campaña que estamos realizando con mi Partido, el Partido Radical, y que consiste en que si no podemos salvar individualmente a estas personas, debemos tratar de salvarlas a todas. Por eso trabajamos, en el marco de esta campaña, en favor de la institución de una moratoria universal de las ejecuciones.
Aprovecho que el Comisario van den Broek está presente, para preguntarle si, a falta de iniciativas por parte de los Estados miembros, la Comisión no podría, en cierta medida, coordinar los deseos que se manifiestan en muchos Estados miembros para que el próximo otoño se presente una iniciativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de una resolución y, por lo tanto, de una votación en pro de una moratoria universal de las ejecuciones de las condenas a la pena capital.

McKenna
Señor Presidente, creo que es una gran lástima que un país que se llama civilizado como los Estados Unidos tenga que ser criticado en este Parlamento. Se considera a sí mismo la fuerza de policía moral del mundo y, sin embargo, comete el crimen más atroz, básicamente un crimen contra la Humanidad, al imponer la pena de muerte. Convengo totalmente con el último orador respecto de que se vaya a sentenciar a muerte a una mujer el 3 de febrero. Pido a los americanos y a las autoridades de Texas que conmuten la sentencia y suspendan su ejecución. Resulta inaceptable que se aplique esa clase de castigo en un país que se considera avanzado.
Resulta más que evidente que esa forma de castigo no disuade a los criminales. De hecho, si se observa el aumento de las cifras sobre la delincuencia en los Estados Unidos, resulta claro que un castigo tan abominable no funciona y ya es hora de que los americanos comprendan en realidad que van muy rezagados respecto del resto de la comunidad internacional y no pueden señalar con el dedo a otros países más primitivos -podríamos decir- a los que criticamos en relación con la pena capital. Mientras no comprendan que van totalmente errados en eso, creo que no pueden señalar con el dedo a nadie. Debemos hacer todo lo posible para lograr que se conmute la sentencia a esa mujer y que se suspenda su ejecución.
Tibet

Dupuis
Señor Presidente, desearía decir ante todo a la Comisión, con respecto a este punto, que el contencioso que nos enfrenta comienza a agravarse. Ello no concierne, evidentemente, al Comisario van den Broek, sino a su colega Sir Leon.
Nuestro Parlamento ha acumulado desde hace tres años algunas resoluciones muy concretas sobre el problema del Tíbet y de la República Popular de China. Hemos recibido a menudo cumplidas respuestas por parte de Sir Leon, pero nuestros requerimientos no han suscitado ningún tipo de acción ni de seguimiento: no se nos ha dado ninguna respuesta sobre el Sr. Wang Dan ni tampoco sobre la importante cuestión de la apertura del diálogo con el Dalai Lama.
Ya sería hora de que la Comisión utilizara sus poderes. Si el Sr. Brittan destinara el 1 % de la inventiva y de la creatividad que utiliza para los aspectos económicos y comerciales de estas cuestiones, estoy seguro que obtendría resultados. Considero, por lo tanto, que en estos momentos es urgente que la Comisión y que Sir Leon, en particular, empiecen a darnos respuestas concretas sobre todos estos requerimientos en los que el Parlamento viene insistiendo desde hace dos años.

Aelvoet
Una de las peticiones centrales de la resolución común que se ha presentado a este Parlamento es que se iba designar, que se iba a nombrar un enviado de la UE para el Tíbet. Hay dos buenas razones para ello.
En primer lugar, el Dalai Lama mismo lo pide y, en segundo lugar, y es importante que mis colegas se den cuenta, también en los Estados Unidos existe la figura del enviado especial para el Tíbet. Este podría contribuir, entre otras cosas, a la normalización de las relaciones y el Dalai Lama manifestó que estaba muy interesado en eso, en la normalización de esas relaciones. Por lo tanto, sabemos también que, si un enviado llegara a trabajar allí, se desbloquearían por fin muchos asuntos. O sea, contaríamos con un instrumento para estar presentes de forma permanente.
Como último punto, tengo que mostrar mi pleno apoyo al colega Dupuis cuando señala las futilidades del Parlamento, entre otras por ejemplo la asignación de fondos para el proyecto Panam cuando se sabe que en ese ámbito no se respetan las relaciones con la población tibetana.

Colajanni
Señor Presidente, como ya se ha dicho, el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos han nombrado un representante especial para el Tibet. Me parece un hecho político importante, y creo que la Unión Europea también debe nombrar a una persona en funciones similares. En mi opinión, este elemento es el núcleo de esta resolución. Ha llegado el momento de abrir las negociaciones directas entre China y el Dalai Lama. Ante la tragedia del pueblo tibetano, el Dalai Lama no pide la independencia, como tantas veces lo ha repetido, en especial en el discurso que pronunció con motivo del aniversario de la ocupación china, sino una autonomía amplia dentro de la nación china. Considero que esta posición es sabia y valiente y deja sin coartada a China. Además, el cambio de la situación internacional ha eliminado toda amenaza real o supuesta a las fronteras de ese país.
En mi opinión, por lo tanto, esto interesa a China, que quiere insertarse en el contexto internacional y enfrentar y resolver los problemas que obstaculizan esa inserción; Taiwán, el Tibet: en general, hoy los derechos humanos son los principales argumentos de la crítica que la comunidad internacional hace a China.
Aprecio el tono del documento que se ha preparado y que, por primera vez, suma a la denuncia y a la crítica también una propuesta concreta. Este paso adelante ayudará al Parlamento a ser más operativo políticamente. Como es natural, esta actitud del Parlamento -menos propagandística y políticamente más eficaz- hace responsables sobre todo a los órganos de la Unión Europea, en especial a la Comisión y al Consejo.
Nosotros, a la verdad, con esta iniciativa pedimos que, sobre el tema del Tibet, tanto la Comisión como el Consejo -como lo han recordado algunos de mis colegas- asuman una actitud más eficaz y más operativa. No vemos bien que en declaraciones de carácter general tanto la Comisión como el Consejo o sus representantes sean críticos y, naturalmente, hablen del respeto de los derechos humanos, mientras las cosas, en la realidad, siguen estando tal como hasta ahora.

Posselt
 Señor Presidente, quiero felicitar a la colega Aglietta por haber introducido en su propuesta de resolución la idea de un enviado especial de la UE para el Tibet y que esto se refleje a su vez en la resolución conjunta. En noviembre del año pasado realicé la misma propuesta en el turno de preguntas de la Presidencia luxemburguesa del Consejo y constaté lo bien que el Sr. Wohlfart acogió esta idea. Prometió introducirla en el Consejo. Deberíamos hablar sin demora con la Presidencia británica del Consejo para que lo aplique realmente. Creo que necesitamos un enviado especial como el que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Con frecuencia tenemos motivos para criticar la política exterior norteamericana, pero en este caso ha marcado el camino. En el caso del Tibet se trata de un problema de derechos humanos muy grave que afecta al derecho de autodeterminación de los pueblos. Los chinos piensan en espacios de tiempo muy dilatados, por lo que no podemos reaccionar expresando ritualmente nuestro disgusto sino con una estrategia a largo plazo y para ello necesitamos un enviado.

Bertens
Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que me sumo a las palabras de la Sra. Aelvoet y del Sr. Dupuis cuando se trata de las reacciones bastante inconsecuentes de la Comisión en los últimos años referentes al Tíbet. Una política clara, unánime desde Europa es necesaria para causar cierta impresión a las autoridades chinas.
Me alegra la gran atención, por lo menos por escrito, hacia los derechos humanos que el Presidente del Consejo nos ha prometido y cuento con que esto implique también un mayor esfuerzo para el Tíbet, que precisamente también acaba de pedir el Sr. Posselt.
El diálogo reanudado con China en materia de derechos humanos puede ser utilizado para ello y el grupo parlamentario liberal cree que debemos dar un paso más y pide a la Unión, por lo tanto, un representante especial de la Unión para el Tíbet.
Además, espero que el comisario me pueda aclarar lo relacionado con el proyecto Panam. La Comisión sabe qué condiciones puso el Parlamento y nos gustaría oír si se han cumplido y si no, entonces tendremos que congelar los fondos. No me ha quedado claro lo que se decidió exactamente en las votaciones presupuestarias y por eso pusimos nuestros interrogantes incluso en el punto correspondiente en la resolución sobre el Tíbet.

Mulder
Señor Presidente, por como transcurrieron las elecciones en Kenia no fueron nada perfectas. Nunca lo han sido en Kenia desde que el país se independizó. Por lo tanto, no hemos podido observar ninguna mejoría. Lo más curioso realmente de estas elecciones era que el entusiasmo de la población fuera tan grande.
También en Kenia debería valer: "Erst kommt das Fressen und dann die Moral». Arap Moï ha logrado siempre bajar la renta per cápita de la población y a pesar de todo ha quedado el entusiasmo hacia la democracia. Creo que la Comisión Europea debe hacer uso de esto.
El problema más urgente de Kenia en este momento es: ¿cómo combatimos la corrupción? La Comisión tendrá que apoyar por todos los medios posibles a los periódicos que la denuncian. Puesto que en Kenia se leen los periódicos con mucha atención. También tendrá que apoyar sobre todo a las organizaciones no gubernamentales que quieren fomentar la democracia en todos los niveles. Estas son las pequeñas cosas que, en mi opinión, pueden tener un gran efecto.

Hory
Señor Presidente, en el marco de este procedimiento denominado de urgencia, nuestro Parlamento se ve a menudo inducido a deplorar, lamentar, condenar, y -¡pase por esta vez!- ahora nos vemos obligados a considerar como un hecho positivo el desarrollo de las elecciones que acaban de tener lugar en Kenya, en un país que hace algunas semanas todo el mundo creía que estaba al borde del estallido social y que, ciertamente, no ha salido del mal paso. Los observadores están de acuerdo, salvo algunas irregularidades, en reconocer que las elecciones han sido libres y sinceras.
A pesar de lo que se piense del Presidente Arap Moï, de su longevidad política, de su concepción del diálogo o incluso de su papel regional en algunas crisis recientes, el hecho es real. No corresponde al Parlamento Europeo sustituir a una oposición incapaz de unirse para dar paso a una alternativa política. Por eso el Grupo de Coalición Radical Europea se contenta con alentar -y pide a la Comisión que se ocupe de ello- a las autoridades kenianas a luchar contra la corrupción y a consolidar los derechos humanos, sobre todo las libertades de asociación, de manifestación y de expresión, a menudo vilipendiadas. Este es el sentido de nuestra propuesta de resolución.

Malone
Señor Presidente, lo primero que quisiera decir es que el Presidente Moi debe cumplir sus promesas anteriores a las elecciones de reforma constitucional. Ahora sabemos que los resultados de las elecciones estuvieron tan igualados, que se debe conceder un papel en el gobierno a la oposición para reflejar el apoyo popular en masa con que ahora cuenta. También se le debe permitir, evidentemente, un acceso imparcial a los medios de comunicación.
Quiero sumarme a quienes han condenado las alegaciones de pucherazo en el reciente proceso electoral. Quisiera repetir la petición hecha por la Presidencia el 6 de enero de una investigación pública sobre las supuestas irregularidades electorales. Al parecer, se han empleado cantidades ingentes de dinero para fomentar la corrupción electoral, lo que tendrá consecuencias adversas para la delicada economía de ese país y provocará un aumento de la inflación. Es una noticia muy mala para la población local, al producirse después de las inundaciones del año pasado, los problemas de la industria turística, afectada por los enfrentamientos étnicos, y la reciente bajada de los precios de los productos básicos de exportación.
El Presidente Moi tendrá que atender el mensaje, dado que el FMI y el Banco Mundial ya han suspendido su ayuda. Debe ver la clara vinculación existente entre los préstamos y la ayuda necesarios, que son decisivos para el bienestar económico del país, y las reformas democráticas y constitucionales que todos esperamos de él.

Giansily
Señor Presidente, a finales del mes de diciembre, el Presidente Daniel fue reelegido Presidente de Kenya. Con algo más del 40 % de los votos, mejoró cuatro puntos sus resultados de 1992. Los catorce candidatos de la oposición se repartieron el 60 % restante, pero sus divisiones, alimentadas por incesantes disputas, les han conducido al Parlamento en orden disperso, donde el partido del Sr. Arap Moï conserva la mayoría absoluta por dos escaños. Era de esperar que estas elecciones fueran cuestionadas; y en este hemiciclo hemos aludido tantas veces al problema de Kenya, que hoy no nos sorprende que reine cierta confusión en la proclamación de los resultados.
Dicho esto, deseo aclarar que el Grupo UPE apoyará el texto común de los radicales y de los liberales por dos razones. La primera consiste en que aceptamos el visto bueno dado a estas elecciones a la vez por parte de los observadores y por el Presidente de Uganda, quien ha declarado -aunque espero que se trate de una broma- que si el Presidente keniano había hecho trampa, era un muy mal tramposo, ya que sólo ha obtenido la mayoría por dos escaños. El apartado 7 de la resolución se hace parcialmente eco de esta primera razón. Por lo tanto, imagino que nuestra Asamblea está dispuesta a demostrar su indulgencia con respecto a Kenya y que para muchos de nosotros la bendición ugandesa es suficiente para levantar, en relación con este país, la vigilancia escrupulosa de la que otros países no han sido objeto.
La segunda razón consiste en que, en la medida en que en 1998 tendrán lugar otras elecciones en África, esta gran moderación con respecto a países que pasan del partido único al pluripartidismo podrá aplicarse a todos por igual, y que los países francófonos no recibirán peor trato que los países de habla inglesa.

Van den Broek
Presidente, doy las gracias a los estimados diputados por sus valiosas intervenciones. Me gustaría empezar con una réplica al debate sobre la clonación humana. Es alentador poder constatar que prácticamente todos sin excepción se distancian en este Parlamento de esta práctica y que alertan contra los desarrollos en este campo.
La Comisión Europea ya se pronunció antes sobre esto y demostró su firmeza para contribuir a la prevención de cualquier desarrollo en este campo. Considera la clonación de seres humanos como infrahumano e incompatible con la unicidad humana. Esto ha quedado también muy claro en el debate de esta tarde como opinión en el Parlamento.
No encontrará, por lo tanto, en el programa marco de investigación, el cuarto o el quinto, ningún programa que fomente de alguna forma este tipo de actividades, ni mucho menos que lo financie. Nos distanciamos de esto claramente. También el grupo de asesores en materia de las implicaciones éticas de la biotécnica se ha pronunciado sobre la clonación humana y la rechaza.
La Comisión es consciente de que no tiene competencias en el terreno específico de la ética en el marco de los programas de investigación, pero cuando se trata de asuntos éticos, me parece que también la Comisión Europea al menos debe pronunciarse y eso entonces lo volvemos a hacer ahora de forma clara.
También el Consejo Europeo de junio del año pasado en Amsterdam fue muy claro al respecto y manifestó que debemos distanciarnos de la clonación humana. Viendo además lo que hay de las discusiones en esta materia en el ámbito internacional, entonces podemos constatar con aprecio que incluso la cumbre del G8 en Denver de mediados del año pasado se pronunció en contra de la clonación humana. Durante el debate de hoy se ha hecho mención del protocolo adicional de una convención del Consejo de Europa sobre derechos humanos y biotécnica. Un protocolo que mientras tanto ha sido firmado por nueve Estados miembros. Sigue siendo de gran importancia, en opinión de la Comisión, que en un contexto internacional más amplio se llegue a una prohibición mundial de la clonación humana. Parece que las Naciones Unidas serían el foro más indicado para esto. En todo caso, la Comisión intentará estimular cualquier paso en esa dirección. Intentará contribuir a esto.
La situación en Ingushetia se puede llamar preocupante sin más. Seguimos los acontecimientos a través de nuestra delegación en Moscú y a través de nuestros contactos con las Naciones Unidas, la OSCE y otras organizaciones internacionales; además, estamos en contacto con las organizaciones no gubernamentales que están operativas en esa turbulenta región. Usted sabe que la ECHO financió los últimos años la ayuda humanitaria a Ingushetia. En 1997 "Médicins sans frontières» llevó a cabo un programa de 200.000 ecus. Principalmente para la población desplazada.
Naturalmente seguimos con estos programas y mantenemos regularmente contacto con el Alto Comisionado para los Refugiados acerca de la situación en el lugar. Sólo puedo comunicarles que últimamente la realización de los proyectos humanitarios no se puesto más fácil por la situación a menudo arriesgada para nuestros cooperantes humanitarios.
La situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo sigue acaparando la atención de la Comisión Europea. Es positivo que el gobierno del Congo haya dado luz verde para las labores de la comisión de investigación de las Naciones Unidas y que haya creado también una comisión constitucional. La Comisión Europea, como apoyo a esta evolución positiva, ha decidido desbloquear determinadas acciones de reconstrucción en beneficio directo para la población. Pero estas acciones las llevarán a cabo las organizaciones o empresas no gubernamentales en virtud del contrato firmado con la Comisión.
En relación con el tema de los aborígenes de Australia, la Comisión parte de la idea de que una eventual realización del proyecto Jabiluka, del que también ha hablado la Sra. Aelvoet, se vincula a una regulación y a unas normas de control rigurosas como pidió, por otra parte, el ministro australiano de Medio Ambiente, el senador Robert Hill. El cuidado de la salud de la comunidad local de aborígenes y del medio ambiente es muy importante.
Como usted sabe, la Comisión comparte las consideraciones del Parlamento Europeo en cuanto a la pena de muerte de la que se ha hablado esta tarde también. Ya no estoy hablando de Australia. Hablo de las ejecuciones lamentables que recientemente tuvieron lugar en Corea y por las que se ha cambiado de nuevo la práctica de los últimos dos años en que no se ejecutaban las penas capitales. La Comisión manifestará su preocupación en sus contactos con Corea referente al cambio de la política de la república de Corea del Sur.
Demos paso a China y Tíbet. Me limitaré a las siguientes observaciones, ahora que el Presidente del Consejo mismo también ha señalado claramente cuánta importancia se otorga a una intensificación del diálogo con China, especialmente sobre asuntos como los derechos humanos. Es alentador en sí que se haya progresado claramente en unos puntos en los encuentros que tuvieron lugar en la segunda mitad del año pasado tanto a nivel ministerial como a nivel de altos cargos. Sabemos mientras tanto que China está preparando la ratificación del convenio de la ONU de derechos sociales y económicos, pero que también está dispuesta a considerar si procederá a la firma del conocido convenio de la ONU de derechos civiles y políticos. Aparte de esto, hay una promesa china por la que la Alta Comisaria para los Derechos Humanos, la Sra. Robinson, puede esperarse una invitación para ir a China.
En cuanto al Tíbet se ha dado también una señal positiva relacionada con la petición de la Unión Europea de mandar a ese país una misión de embajadores, en la primavera de 1998. Son todos pasos hacia adelante que indican que el debate y el diálogo sobre los derechos humanos con China no están bloqueados. La Unión Europea, apoyada por la Comisión Europea, está firmemente interesada en proseguir por este camino con China.
Como punto final, la situación en Kenia. Uno se puede alegrar de la gran participación en los últimos comicios de Kenia y del hecho que constataron los observadores de que se hubiera expresado la voluntad del pueblo keniata de forma bastante fiable. Al mismo tiempo, a nadie se le escapa que se produjeron también algunas irregularidades en las elecciones. Pero pese a ello, las elecciones no fueron calificadas como menos representativas según los observadores oficiales. Este hecho en sí es positivo entonces. Queremos subrayar que la reforma constitucional en Kenia forma ahora un elemento importante y que se ha de iniciar lo más rápidamente posible. Es importante que todos los grupos de la sociedad estén representados en este proceso y que tengan lugar las consultas necesarias con todos esos grupos y que se persiga también la transparencia de forma efectiva.
La importancia de los derechos humanos en nuestras relaciones con Kenia les ha quedado absolutamente clara a sus autoridades y se ha manifestado una y otra vez. Estamos de acuerdo con las observaciones, que se han hecho esta tarde, referentes a la necesidad de actuar con fuerza contra la corrupción relativamente extendida en Kenia. Esto pesa mucho en relación con la confianza que se debe inspirar en organizaciones financieras internacionales y, por cierto, también en la Unión Europea cuando se trata del apoyo que se ha solicitado para la puesta en marcha y el desarrollo de la economía. Es por supuesto una situación profundamente triste que en un país como Kenia la renta per cápita actual sea más baja que hace diez años. Eso dice algo sobre la situación de allí.
Estas han sido las observaciones un poco fragmentarias que he querido hacer en este momento sobre todos estos importantes temas. También en vista del tiempo muy limitado a que estaban sometidos los estimados diputados, no quiero hacer más abuso de su condescendencia.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, un nuevo atentado contra la vida ha sido perpretado en la Unión Europea. Un ciudadano europeo, comprometido con su pueblo y elegido democráticamente para defender la paz, la libertad, el Estado de Derecho y la tolerancia ha sido ejecutado por los enemigos de la sociedad vasca, por quienes defienden lo contrario: la muerte, el terror, la extorsión y el chantaje. José Ignacio Iruretagoyena, casado, padre de dos hijos de muy corta edad, concejal del Ayuntamiento de Zarautz, ha sido vilmente asesinado, víctima de un atentado terrorista de la banda criminal ETA. Vaya, en primer lugar, nuestra condolencia a su viuda, a sus huérfanos y a todas las familias de cuantos viven sufriendo la muerte y la opresión de la banda terrorista ETA.
Este, Señorías, es un problema que no sólo afecta a los vascos o al conjunto de los españoles. Esta continuada violación de los derechos humanos fundamentales afecta al conjunto de la Unión Europea y, por eso, este Parlamento vuelve a alzar su voz para resaltar, una vez más, la gravedad de este problema terrorista y su dimensión absolutamente europea.
Quiero recordar aquí el permanente apoyo y solidaridad que esta Asamblea ha mostrado en relación con este grave problema. Recientemente, esta sede ha recibido la visita de la familia del concejal Miguel Angel Blanco, cuyo asesinato por ETA, el pasado mes de julio, llenó las plazas y los pueblos de toda Europa de grandes manifestaciones de repulsa y de apoyo a la paz. También recibió a la familia de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, durante su secuestro de más de 500 días. El propio Parlamento Europeo se ha desplazado al País Vasco para mostrar allí, ante las instituciones vascas, la dimensión europea de este gravísimo problema, la más flagrante violación de los derechos humanos que vive hoy la Unión. No podemos olvidar cómo se agolpan, en estos últimos meses, el secuestro y la liberación de Ortega Lara, o los asesinatos de concejales democráticamente elegidos, como Gregorio Ordóñez, en San Sebastián; Miguel Angel Blanco, en Ermua; José Luis Caso, en Rentería; José Ignacio Iruretagoyena, en Zarautz; o el fallido atentado contra la concejal de San Sebastián, Elena Azpiroz.
Mañana se reúne en Vitoria la Mesa de Ajuria-Enea. Desde aquí queremos mandar a sus miembros nuestro apoyo incondicional para que sepan encontrar las vías que conduzcan a la pacificación, dentro de los límites que ofrece el Estado de Derecho que tanto combaten los terroristas. Esta secuela de sangre y de terror tiene que acabar.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, una vez más seres humanos -aunque la razón se resista a llamarlos así- han acabado con la vida de otro ser humano, como parte de su lucha contra la democracia de todos.
La democracia es el único sistema político y moral capaz de acabar con los terroristas y ellos lo saben bien.
Vascos han matado a un vasco; españoles han matado a un español; europeos han matado a un europeo. Sí, desgraciadamente europeos, hijos directos de los tiranos que angustiaron a Europa en este siglo, suprimiendo la vida de los hombres o despreciando su dignidad.
Los socialistas españoles, señor Presidente, compartimos los sentimientos de dolor, de repudio y también de esperanza que mi colega ha expuesto.
En este caso los compartimos con la familia y con los paisanos de José Ignacio Iruretagoyena, con los miembros del Partido Popular heridos en su propio cuerpo, con todos los demás partidos democráticos que hemos sentido esta muerte como propia, con los ayuntamientos vascos y con los del resto de España. Quien ha representado -como yo- durante muchos años a sus conciudadanos desde un ayuntamiento, imaginamos bien con qué fuerza y con qué generosidad trabajaba Iruretagoyena para solucionar los problemas de todos.
Compartimos estos problemas con el pueblo vasco y con el resto de los españoles y estamos seguros de que, a través de esta resolución, los vamos a compartir también con nuestros colegas europeos, igual que compartimos con ellos valores contra los que luchan ETA y Herri Batasuma y que forman el alma de Europa, como son el respeto de la vida y la defensa de la libertad.

von Habsburg
Señor Presidente, los actos de terrorismo en España han mostrado en especial en las provincias vascas, que conozco especialmente bien y que son realmente unas de las provincias más bonitas y mejores de España, que una organización terrorista trabaja contra su propio pueblo y asesina a aquellos que lo representan. Por ello, creo que para nosotros, como europeos, es importante no solamente mostrar nuestra solidaridad sino hablar al respecto y esperar de nuestros Gobiernos que se inicie una acción internacional que no esté orientada contra el pueblo vasco ni contra el español sino, por el contrario, que defienda a estos pueblos frente a más acciones. No debemos olvidar que lo que allí está ocurriendo repercutirá contra nosotros si no encontramos la unidad de todas las fuerzas democráticas y luchamos contra este terrorismo.

Sierra González
Señor Presidente, en primer lugar quisiera sumarme, en nombre de mi Grupo, a las muestras de solidaridad expresadas hacia la familia, compañeros y amigos de José Ignacio Iruretagoyena. Estas palabras de condolencia se han convertido -desdichadamente- en habituales, como muestra de solidaridad con las víctimas de la violencia terrorista en Euskadi y expresión de repulsa de la misma. Una violencia que usted, señor Presidente, conoce bien por haber presidido la delegación del Parlamento que estuvo en Euskadi y donde pudo comprobar que la violencia terrorista no es un problema local sino un problema europeo.
Como aquí se ha dicho, la voz de un pueblo no puede ser ahogada por el ruido de las armas. Desde este Parlamento, como un representante más de la voz ciudadana, condenamos sin ningún tipo de reservas este atentado y reiteramos nuestro rechazo absoluto a todo tipo de violencia. Una vez más y todas las que hagan falta, porque haciéndolo ejercemos el derecho europeo a la libertad, a la democracia, a lo que bajo ninguna presión podemos renunciar. Pero nuestra participación no se limita a condenar los atentados en debates como este, pasa por demandar lo acordado en otros Plenos. En este Parlamento rechazaremos el diálogo con todos aquellos que colaboren, permitan, susciten y ejecuten actos criminales. Porque toda tolerancia con estos atentados criminales ayuda a su repetición. Apoyamos la pacificación de Euskadi y apoyamos la pacificación de Europa. Porque la pacificación de Euskadi es la pacificación de Europa.

Pradier
Señor Presidente, con pertinaz criminalidad, ETA continúa asesinando a aquellos y aquellas que no están de acuerdo con sus objetivos o se oponen a sus métodos. Desde hace algunos meses, los representantes locales parecen ser su blanco preferente.
Que no se espere de nuestro Parlamento la menor indulgencia, la menor comprensión para los asesinos y los verdugos de ETA. No hay nada, absolutamente nada, que justifique los crímenes que cometen. Ahora bien, una opinión pública y una prensa a veces ambigua, a veces cegada por la pasión, parecen denunciar cada tanto la estrecha colaboración que se ha puesto en marcha entre la policía francesa, la policía autónoma vasca y la policía española. En este ámbito es necesario ser particularmente claros y recalcar muy bien las fórmulas. Esta cooperación en la persecución y el castigo de los crímenes se reforzará progresivamente. ¡Qué aquellos cuyas supuestas acciones militares se concretan en disparar una bala en la cabeza de un concejal, desarmado y desprotegido, empiecen a tener cuidado! La democracia es frágil, ciertamente, pero en Europa ha logrado hasta ahora ganar todas las batallas contra las tiranías de grupúsculos que intentaban imponer por la fuerza su ideología o su visión del mundo.
Nuestro Parlamento es y sigue siendo solidario con el pueblo vasco y sus representantes, y no hará concesiones a los enemigos de la libertad.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, un joven, José Ignacio Iruretagoyena, ha sido asesinado por la barbarie de ETA. Nuevamente, una familia destrozada y un pueblo que lucha por su libertad y quiere la paz, como es el pueblo vasco, ha sido agredido en uno de sus cargos públicos.
La dictadura franquista no pudo acallar la voz de nuestro pueblo, y tampoco lo van a conseguir los que pretenden suplantar su voluntad mediante la violencia, porque en la historia la voluntad de los pueblos, la libertad y la democracia siempre terminan venciendo sobre las pistolas. Y es innegable el apego del pueblo vasco, de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, a estos valores.
Queremos manifestar la solidaridad a la familia y amigos de Iruretagoyena, y también toda nuestra solidaridad con el Partido Popular, familia política a la que pertenecía el asesinado.
La lucha contra la violencia, la pacificación, es tarea de todos. Por ello, debemos trabajar desde el acuerdo los que creemos en la democracia, desde la unidad, en la medida que sea posible. Y aunque los que matan no lo quieran y lo obstaculicen, debemos ir con la fuerza de nuestra palabra convenciendo a los que todavía hoy apoyan a los violentos de que han de incorporarse a la democracia.
Por ello, pido a la Asamblea que vote «no» al punto quinto de la resolución, que dificulta estas vías e incorpora una visión unilateral y partidista del camino hacia la paz, porque han segado una vida humana -y ello es terriblepero no dejemos que maten la esperanza de todo un pueblo. Hagamos posible la paz con las armas que tenemos, sin renunciar a ninguna de ellas: la acción policial, la democracia y también la palabra.

Van den Broek
Presidente, sólo intervengo para sumarme en nombre de la Comisión al espanto, a la indignación y a la condolencia expresada a los familiares del concejal vasco asesinado. Presidente, nos da que pensar. También los representantes del pueblo pueden convertirse en víctimas de este tipo de atentados terroristas.
Es de nuevo un impulso para todos nosotros, para la Comisión, para los Estados miembros, para las instituciones de la Unión Europea para luchar en unión y con solidaridad contra el azote del terrorismo con una fuerza renovada.

El Presidente
Le doy las gracias, señor Comisario. Ustedes permitirán que el Presidente de sesión abandone por una vez su neutralidad, y se asocie plenamente a todo lo que acaba de manifestarse con motivo de este odioso asesinato.
El debate conjunto queda cerrado.
Se procede a la votación.

Ayuda comunitaria (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre la ayuda comunitaria.

Vecchi
Señor Presidente, querría dar las gracias y mi enhorabuena a los ponentes y también a los ponentes para opinión, de las Comisiones implicadas en este debate, pues se trata de una discusión importante, que se refiere a aspectos cualitativos de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión Europea. Es un debate importante porque la cooperación comunitaria, sumada a la cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea, representa ya más del 50 % de la ayuda pública mundial al desarrollo, en la que tienen un papel creciente, aunque a menudo sólo sea en términos relativos, los fondos gestionados en común mediante los instrumentos de la acción comunitaria.
Ahora, cuando tenemos que definir la eficacia y valorar la cooperación y la ayuda humanitaria, debemos tomar en cuenta algunos rasgos específicos que caracterizan la intervención comunitaria frente a la de los Estados miembros: ante todo, el hecho de que, incluso por iniciativa del Parlamento Europeo, en especial a través del presupuesto, la Comunidad haya llevado adelante una diversificación extraordinaria, en el curso de los últimos años, tanto de los instrumentos de acción como de los interlocutores, que pueden ser oficiales, es decir, el Estado en terceros países, o bien son las organizaciones y las agencias internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, las empresas y otras.
En segundo lugar, una diversificación de objetivos, de extrema importancia, que hoy quizá habrá que volver a considerar y a organizar, pero que de todos modos ha permitido intervenir en distintos temas y en distintos sectores.
En tercer lugar, es un hecho que la Comunidad, a diferencia de todos los demás donantes bilaterales, trabaja ya en todas las regiones del mundo pero también -y quiero subrayar este dato- el hecho de que a menudo se produce una vinculación con procedimientos decisorios de extrema complejidad, en los que el peso de la comitología, de la intervención y de las presiones a veces excesivas y a veces no positivamente rechazadas por los Estados miembros juega un papel no siempre positivo, y a menudo incluso contradictorio y negativo.
Por último, está el hecho de que la Comisión y, de manera particular, las Direcciones Generales implicadas en la ayuda internacional dispongan de personal bastante limitado, que además tiende a disminuir.
En los últimos años se ha producido un proceso de definición de nuevas bases jurídicas, en especial la que versa sobre la ayuda humanitaria, que -creo- resolverá muchas de las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas respecto de la gestión de la ayuda humanitaria en el periodo 1992-1995. Se puso en marcha, y aún lo está, un proceso de nueva definición de algunos procedimientos, muy importantes, sobre todo los referidos a los contratos marco de ECHO y a las nuevas condiciones de cofinanciación de las ONGs, y así nació un proceso de reorganización interna en la Comisión y en sus servicios de gestión de los instrumentos de cooperación externa, sobre los que francamente querríamos saber algo más y querríamos ser consultados.
Es verdad, la eficacia de la ayuda pública al desarrollo es un tema complejo, como se ha reivindicado justamente en las propuestas de resolución, configurado por una red de condiciones internas e internacionales y no sólo por el impacto de cada proyecto aislado y de cada instrumento en sí mismo.
Lo que en sustancia pedimos, y éstos son los mensajes importantes de este debate, es que haya una mayor integración y coordinación entre la ayuda gestionada directamente por la Comunidad y la de los Estados miembros, que se refuercen y se hagan más independientes las estructuras, tanto internas como externas, encargadas de la valoración y del control de calidad, que se refuerce la capacidad institucional de la Comisión en lo que comparte en el partenariado con las ONG, que se trabaje por un desarrollo de las capacidades de gestión en los países en vías de desarrollo y, sobre todo, que se consulte y se asocie plenamente al Parlamento en el proceso de reorganización interna de la Comisión.
En lo que se refiere al funcionamiento de ECHO -un dato que proviene de un informe específico-, mi opinión es que se necesita avanzar hacia un fortalecimiento de sus capacidades, y no hacia una dilución de las funciones para las que se creó y que, en lo que respecta a las ONGs, se debe no sólo preservar sino también reforzar de inmediato la aplicación de criterios específicos a sus necesidades y a las características de su acción.

Corrie
Señor Presidente, éste es un informe extraordinariamente oportuno, cuando avanzamos hacia el año 2000. Se está creando una nueva organización para administrar la ayuda a los países en desarrollo ACP. Debo felicitar al Sr. Goerens por la perspicacia que ha demostrado sobre cómo mejorar la eficacia de la ayuda de la Comunidad a las naciones en desarrollo. Digo «oportuno», porque, si miramos atrás y vemos que desde 1975 se ha gastado en ayuda entre 40.000 y 50.000 millones de ecus y, sin embargo, muchos países candidatos están peor hoy que al iniciarse la aplicación del Convenio de Lomé, algo debe de fallar en el sistema.
Hay muchas razones para ello: inestabilidad de los gobiernos, corrupción y, en muchos casos, países que soportan una carga de la deuda de la que, sencillamente, nunca se recuperarán.
Así, pues, en un momento en que muchas naciones están reduciendo la ayuda bilateral y en que se limita la financiación de la UE, resulta decisivo que se haga un uso mejor de los fondos disponibles. Existe una necesidad real -creo yo- de un planteamiento regional para conseguir una mejor integración de los proyectos a fin de velar por que la ayuda no se estire tanto, que resulte ineficaz.
Existen muchas formas de utilizar mejor los fondos existentes. Tiene que haber una relajación de las normas para permitir a los delegados de la UE en el terreno tener más capacidad para adoptar decisiones. Los delegados conocen los problemas y las soluciones en el nivel local sin necesidad de consultar constantemente a Bruselas. Los delegados podrían organizar una coordinación mucho mejor de la ayuda bilateral y de la ayuda comunitaria para evitar la duplicación. Con ello mejorarían los efectos -el poder adquisitivo- y se podrían hacer estudios de viabilidad adecuados y detallados y estudios de las repercusiones medioambientales para supervisar la situación más estrechamente. Hay muchos casos en que no se ha hecho un estudio de las repercusiones medioambientales, con los consiguientes daños a la ecología de la zona.
El informe pide también que se aplique el principio de condicionalidad. La democracia, el respeto de los derechos humanos y unas normas mínimas de eficiencia y transparencia en la gestión financiera deben ser una condición previa para la concesión de ayuda financiera. Las naciones dependientes deben resolver sus problemas financieros mediante el comercio. Sólo si los gobiernos son estables y buenos gestores contribuirán los inversores exteriores a crear el medio propicio para el desarrollo industrial.
Lo lógico es que África sea el siguiente continente para esa clase de desarrollo. Muchas naciones en desarrollo no tienen la capacidad en los niveles locales para aplicar importantes programas de desarrollo. Veo una auténtica oportunidad para trasladar a personal desde Europa a fin de que contribuya a esa labor. Éste es un informe muy equilibrado y presenta muchas propuestas concretas y espero que la Comisión no se limite a examinarlo, sino que lo ponga en práctica. Mi Grupo apoya plenamente este informe.

Ryynänen
Señor Presidente, sometemos ahora a debate un excelente informe que versa sobre la ayuda comunitaria para la cooperación y el reforzamiento de la misma. No faltan motivos, pues, para felicitar a su autor, el Sr. Goerens. Nuestro grupo respalda totalmente las propuestas que se recogen en el informe, si bien, a continuación, me gustaría hacer hincapié en algún que otro punto de la resolución.
En primer lugar, otorgo una gran importancia a la iniciativa del ponente para lograr que la Comisión preste atención en sus programas de cooperación a los aspectos relacionados con los sexos. La participación de las mujeres reviste verdaderamente una significación fundamental de cara al éxito de los programas de desarrollo. Esta participación femenina requiere, ante todo, una formación orientada a las mujeres, la cual -de hechorepresenta la mejor y más eficaz ayuda de cooperación que podemos proporcionar. La relación entre la formación de las mujeres y la natalidad es evidente. La única manera de detener el crecimiento de la población pasa por ofrecer formación a las mujeres y, a través de ésta, sentar las bases para una regulación de la natalidad. Gracias a una formación apropiada y a determinados créditos de ayuda, sería posible también alentar a las mujeres a emprender sus propias actividades empresariales, que les dotarían de una mayor independencia y de posibilidades reales para influir en una economía en desarrollo. Otro punto de esta resolución al que otorgo una gran importancia es la necesidad de resaltar el principio de cooperación y el denominado principio de participación en el desarrollo. Si verdaderamente se quiere alcanzar el éxito en esta tarea, es necesario lograr la participación de los agentes a nivel local, los beneficiarios de las ayudas y las ONG, en las actividades en materia de desarrollo. Ésta es la conclusión que nos permiten extraer numerosísimos ejemplos positivos, como, por ejemplo, los registrados en el marco del programa PHARE.
Resulta igualmente oportuno exigir, como condiciones previas a la concesión de las ayudas, el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, así como una mayor transparencia y eficacia en la gestión económica. En todas las actividades se debería percibir, por lo menos, un intento por mejorar la situación actual en estos ámbitos.
A pesar de los problemas existentes, habría que apoyar las actividades de las ONG a nivel local incluso en condiciones de adversidad. Con toda seguridad, se puede hacer mucho por mejorar la eficacia de la ayuda comunitaria mediante una mejor adaptación que hasta el momento de las acciones de los distintos sectores, que, a pesar de esta diversidad, persiguen el mismo objetivo. Es necesario asimismo lograr una mejor coordinación de las iniciativas nacionales y de la UE. En lugar de solaparse las unas con las otras, estas iniciativas podrían, en el mejor de los casos, complementarse eficazmente entre sí, lo que permitiría hacer realidad, también en la práctica, el anhelado principio de la complementariedad.
Naturalmente, la evaluación constituye un instrumento fundamental para mejorar la eficacia. Si los objetivos y las metas de los proyectos son claros, es posible llevar a cabo una evaluación racional. Sin embargo, la evaluación no es de por sí suficiente, ya que también es importante realizar una difusión pública de los resultados para que éstos sean verdaderamente trascendentes. Además, es preciso aumentar el intercambio de experiencias, tarea que quizás se debería encomendar a la unidad central de evaluación a la que, precisamente, se hace referencia en esta iniciativa.

Telkämper
Señor Presidente, como siempre, el Sr. Goerens ha presentado un informe muy bueno, bien pensado y lleno de ideas. Además es actual ya que nos encontramos ante una nueva organización de la política de desarrollo. Pero ¿de qué nos sirven tales buenos informes si las condiciones marco de esta política no son las adecuadas? Estamos confrontados al hecho de que cada vez tenemos más catástrofes, más hambrunas, más catástrofes naturales; cada vez es más urgente una política de desarrollo. A pesar de ello, en esta Asamblea nos encontramos ante la situación de que todos los años tenemos que luchar en el marco del procedimiento presupuestario para que no se reduzcan los créditos sino que al menos alcancen el nivel del año anterior. Además, todos los años existe escasez de personal en la Comisión.
Cuando hace dos años fui ponente, la Comisión prometió colocar más personal dentro de la DG VIII para las ONG. Creo que precisamente para la política de desarrollo y de cara a la eficiencia, el trabajo de las ONG es fundamental. Tienen un efecto multiplicador, conocen muy bien las circunstancias y están establecidas in situ. Pero hay demasiado poco personal para poder trabajar realmente con eficacia. Acabo de recibir de Alemania de la campaña farmacéutica una carta repleta de lamentaciones. Han tenido que suprimir tres puestos porque no ha venido el dinero de la Comisión.
Algo similar ocurre con Mozambique, ahora este fin de semana un acto cultural o la próxima en Fráncfort. Tampoco sirve de nada sacar personal en los Estados a los que llega una ayuda. Creo que la Comisión debe organizarlo ella misma. Se trata de una ayuda europea al desarrollo y espero que en los próximos años esto cambie, que seamos realmente eficaces, independientemente del marco político. Espero que las deudas dejen de obligar arrodillarse a los países del Tercer Mundo, si bien debo indicar en este contexto que la política financiera mundial que vemos en el Sudeste asiático hace el mercado cada vez más brutal, lo que provoca catástrofes naturales y hambrunas.

Hory
Señor Presidente, no haré gala de excesiva originalidad, ya que yo también desearía felicitar a nuestro ponente por su excelente trabajo, extremadamente completo, y manifestar que el Grupo de Coalición Radical Europea comparte totalmente su punto de vista sobre la inscripción del FED en el presupuesto; sobre la mejora de la visibilidad de la ayuda europea y su interés político; sobre la coherencia interna aún insuficiente entre los instrumentos y los distintos tipos de acción, y los diferentes ámbitos de nuestras intervenciones; sobre una mejor complementariedad, finalmente, entre la política de ayuda al desarrollo y las demás políticas europeas. Nosotros estamos plenamente de acuerdo, en todos estos puntos, con el informe y con la propuesta de resolución.
En cambio -y ya he expresado esta preocupación durante el examen del informe que había elaborado nuestro colega, el Sr. McGowan, sobre una cuestión similar-, considero que hoy urge mejorar la complementariedad entre la ayuda europea y las ayudas nacionales. Lo prioritario, lo verdaderamente urgente, en nuestra opinión, es renunciar al neocolonialismo, que a menudo se esconde detrás de las cooperaciones bilaterales, y avanzar decididamente hacia la comunitarización total de la política de desarrollo.
Nosotros estamos aquí mayoritariamente interesados en que nuestra Unión progrese desde el punto de vista institucional y en una integración siempre más avanzada de los grandes ámbitos de la acción pública. Por otra parte, la Unión está siempre a la búsqueda de una verdadera política exterior y no logra expresarse con una sola voz sobre las grandes cuestiones que interesan a la sociedad internacional. Ahora bien, con la ayuda al desarrollo se nos abre un campo inmenso en el que el proyecto político de una Europa basada en los valores comunes del humanismo podría encontrar por fin una dimensión concreta.
Más allá de las divergencias históricas y culturales -casi anecdóticas- o de los cálculos erróneos de un enfoque a corto plazo, los europeos no tienen ninguna oposición de intereses en la materia. Desearía, además, insistir en ello como diputado francés, y felicitarme al mismo tiempo de que nuestro Presidente de sesión sea hoy un antiguo ministro francés de cooperación. Desearía insistir en ello como diputado francés, ya que es preciso reconocer que la comunitarización de la ayuda al desarrollo está a mil leguas de las costumbres, de la práctica actual y de la doctrina, incluso renovada, de Francia. Sin embargo, creo que Francia, tomada aquí como un simple ejemplo, tendría todo por ganar poniendo en el pozo común de una ayuda europea su experiencia y sus medios de cooperación, para volver a dotarlos de una dimensión significativa.
Existen mil argumentos humanitarios, financieros, en favor de este análisis. Pero si sólo me quedara uno, elegiría, para volverlo del revés, el del cinismo, al que generalmente se alude. ¿Cuál es el interés nacional desde el punto de vista de la influencia política o de la contrapartida económica? Creo que, si no es rápidamente sustituida por la de la Unión Europea, la influencia francesa desaparecerá detrás de la de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo han demostrado varias crisis recientes. Entonces, aun cuando mi punto de vista pueda parecer hoy ligeramente utópico -tengo conciencia de ello-, manifiesto muy enérgicamente a los dirigentes franceses: por su propio interés, Francia debe renunciar por fin a su insignificante política bilateral, para entrar en una vasta empresa europea de ayuda al desarrollo.

Sandbæk
Señor Presidente, dentro de los necesarios esfuerzos por hacer la ayuda comunitaria más efectiva la palabra clave debe ser optimizar al mismo tiempo que los malos ejemplos de la falta de efectividad no deben provocar reducciones en esta ayuda. Lamentablemente hay muchas fuerzas que aspiran a ello. Aplaudo muchas de las propuestas del Sr. Goerens. La transición al análisis específico por sector implica un enfoque necesario por medio del cual también las prioridades de los países beneficiarios resultan más claras. En cuanto al aumento de proyectos se reacciona un poco a la ligera. Además, existe la imperiosa necesidad de buenas investigaciones preliminares, una mayor involución de las ONGs y de los países beneficiarios y mejoras en la capacidad de los países beneficiarios. Los problemas de la Comisión con respecto a la falta de personal no deben ser tampoco puestos en duda. La coherencia de las políticas comunitarias y la coordinación entre los Estados miembros impulsan también la efectividad. La coordinación es provechosa, sin embargo, la palabra cooperación no suena bien. La ayuda comunitaria debe ser un suplemento a la ayuda de los Estados miembros, aunque también posee tenga sus características propias. La redacción en el punto 5 no es por ello afortunada. Las necesidades evaluadoras son demasiado diferentes, y los Estados miembros no deben por ello someterse a los métodos comunitarios, aunque una aproximación sea lógica.
He de oponerme también a la idea de separar la toma de decisiones política de las tareas de gestión del proyecto. Los problemas en la organización han de ser solucionados de otra manera, como ya se ha empezado. Aunque no sea de hecho portavoz de los comités, estoy convencida de que los comités de gestión del Consejo apenas tienen que ver con los retrasos en la puesta en práctica. Los retrasos se deben por el contrario a los largos procedimientos de la Comisión. Al contrario, estos comités de gestión representan un control de calidad. Difícilmente habrían sido llevadas a cabo en el volumen actual mejoras en cuanto al aspecto medioambiental y de género, de no haber sido por la presión constante de los Estados miembros en estos comités y de este Parlamento. Además, la referencia a la ayuda alimenticia en el punto 7 es desafortunada, considerando que la evaluación de ésta era extremadamente crítica y conduce a que esta forma de ayuda se limite.

Howitt
Señor Presidente, éste es un informe muy amplio y hay muchos elementos en él con los que podemos estar de acuerdo, entre ellos la necesidad de una evaluación comparativa entre los proyectos de desarrollo de la UE y los de los Estados miembros por separado, nuestra petición de antiguo de que se incluya el FED en el presupuesto general y la necesidad de hacer públicos los numerosos logros de los programas europeos de ayuda.
Una omisión, a la que se ha referido el Sr. Vecchi, es el funcionamiento oneroso, despilfarrador, hermético y lentísimo de los procedimientos de comitología, que en lugar de aumentar la calidad de nuestra ayuda, la reducen sin lugar a dudas.
Sin embargo, permítaseme centrarme en dos aspectos del informe. Primero, hemos de entender las incoherencias de los programas europeos de desarrollo por la distribución geográfica de los cometidos dentro de la Comisión. Ya se trate de un proyecto en el Cuerno de África, las montañas del Nepal o la selva brasileña, toda nuestra ayuda debe observar un criterio común coherente con las normas reconocidas en materia de derechos humanos. Entre esos principios figuran la debida diligencia, la no discriminación, la conveniencia, la participación y la rendición de cuentas. Cuando se producen fallos, es necesario corregirlos. Pido al Comisario que considere hasta qué punto los acuerdos existentes le permiten confiar en que se cumplan dichas normas en todos los casos.
Segundo, estoy de acuerdo con muchos colegas que han señalado el problema crónico de la escasez de personal de la Comisión. En vista de ello, su personal se dedica a las extrañamente llamadas operaciones de «relleno», centradas en grandes proyectos para alcanzar las metas presupuestarias y prestando demasiado poca atención a la calidad. El año pasado una tercera parte de los puestos superiores de gestión de la DG IB, encargados de Asia y América Latina, permanecían vacantes; el 40 % del personal de la DG I, la IA y la IB tiene contrato temporal, mientras que gran número de tareas básicas corren a cargo de consultores externos.
Gran Bretaña y Alemania emplean más del doble de personal, libra por libra, marco por marco, para gestionar sus programas de ayuda. Mientras los Estados miembros no acuerden conjuntamente una solución para el problema de la dotación de personal en la Comisión, las resoluciones en pro de la calidad de la ayuda contribuirán a ella tan poco como el papel en el que están impresas.

Blokland
Señor Presidente, el informe Goerens trata sobre todo de medidas que la Unión Europea puede tomar para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo. Con las medidas propuestas en sí podemos estar de acuerdo, pero en el Libro Verde de la Comisión Europea se señala que la causa del bajo rendimiento hay que buscarla en primer lugar en los países mismos en vías de desarrollo. Si ese análisis de la Comisión es correcto, entonces los estudios de viabilidad y evaluaciones de impacto en la Unión no mejorarán la eficacia de la ayuda sino que, en primer lugar, habrá que tomar medidas en los países mismos en vías de desarrollo. En mi opinión, se hace insuficientemente eco de esta idea en el informe Goerens.
La defensa, en el informe Fabra Vallés, de una mejor armonización de la ayuda humanitaria de urgencia de Europa con la de los Estados miembros la suscribo. La Comisión Europea puede desempeñar un papel de coordinador en ello. Pero no tengo necesidad de una Carta con los principios generales de la política de la cooperación al desarrollo, como tiene ideado el ponente. Sobre todo cuando se trata más de la ayuda estructural al desarrollo, se debe dar prioridad a los programas de ayuda de los Estados miembros. Muchos países europeos tienen unas relaciones especiales con determinados países en vías de desarrollo. La Unión debe respetar esos vínculos especiales.
En relación con esto es llamativo que en el informe Fabra Vallés se eche la culpa de la deficiente cooperación a los Estados miembros unilateralmente. Estos harían un uso insuficiente de la experiencia de los servicios de la Comisión. Puede que así sea, ¿pero no podemos con el mismo derecho poner el asunto al revés? ¿Ha hecho la Comisión suficiente uso del conocimiento y de la experiencia de los Estados miembros? Me parece que los Estados miembros, por sus relaciones durante años con determinados países en desarrollo, han acumulado un caudal de experiencias, de las que una oficina como ECHO, que con sus seis años de funcionamiento acaba de nacer, puede aprender todavía mucho.

Wynn
Señor Presidente, voy a referirme sólo al informe Fabra Vallés, como miembro que soy de la Comisión de Control Presupuestario. En primer lugar, quisiera recordar al Parlamento que este informe versa sobre la necesidad de velar por que se gasten de la mejor forma posible los fondos de la Unión Europea. La Comisión de Control Presupuestario no pretende en absoluto usurpar el papel de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. Al fin y al cabo, el informe es la respuesta de la Comisión de Control Presupuestario al informe especial del Tribunal de Cuentas.
Algunos dirán que se trata simplemente de que la comisión se pone de parte del Tribunal de Cuentas y contra la Comisión. No es así. Es un intento serio de infundir cierto sentido común a un sistema muy complicado. El sistema tiene muchos aspectos válidos que debemos elogiar y así lo hacemos en la explicación de motivos. Pero, a juicio de nuestra comisión, aún tiene fallos. El informe Fabra Vallés es un intento de conjuntar mejor los conocimientos especializados, la experiencia y los procedimiento óptimos no sólo de la Unión Europea, sino también de los Estados miembros para substituir los actuales dieciséis sistemas diferentes y descoordinados. No olvidemos que estamos hablando de ayuda humanitaria, no de la ayuda total para el desarrollo.
Cuando hablamos de ayuda humanitaria, recuerdo cuando estuve en Addis Abeba antes de la caída del régimen de Megistu. Era una época en que Etiopía era el centro de la atención mundial por diversas razones. Un funcionario superior etíope me dijo: »Lo malo de ustedes, los europeos, es que sus intereses creados parecen ser su prioridad. No nos consultan lo que queremos en realidad. Procuran que las que quieren darnos sean las cosas que necesitamos». Y me puso un ejemplo. «Cuando necesitábamos medios de transporte para trasladar alimentos y agua, los Estados miembros de la Unión fueron muy buenos con nosotros. Los alemanes nos dieron camiones Mercedes Benz. Los franceses nos dieron camiones Renault. Los italianos nos dieron camiones Fiat. Y los británicos nos dieron camiones Leyland. Lo que no nos dieron fue formación para nuestros mecánicos y piezas de recambio. Teníamos una flota de camiones, todos ellos diferentes, y muchos de ellos nos resultaban inutilizables». También dijo: »El día en que Bob Geldorf acudió a Addis Abeba en un camión que encabezaba su convoy con ayuda alimentaria, se me cayó el alma a los pies. Miré el camión en el que iba sentado y pensé: 'Ése es otro que no teníamos'». Esa anécdota verdadera dice mucho sobre la falta de coordinación y cooperación entre los Estados miembros y la Unión. Eso es lo que el informe Fabra Vallés reconoce.
Resulta comprensible por qué hacen eso los Estados miembros. Tienen efectivamente intereses creados. Pero, a fin de cuentas, ése no es el mejor método para la ayuda humanitaria. Sé que va a ser necesario un inmenso esfuerzo para lograr cambios, pero eso es lo que pretende el informe. No es un ataque contra la Comisión en sí: eso debe quedar claro. Más que nada, es un intento de hacer comprender a los Estados miembros que la subsidiariedad no siempre consiste en descender de nivel, sino en hacer las cosas en el nivel idóneo. En el caso de la ayuda humanitaria, la subsidiariedad puede significar perfectamente subir de nivel y hacer la coordinación en el nivel comunitario en lugar de que los Estados miembros intenten hacerlo por delegación.
Lo que me preocupa es que, cuando hayamos votado sobre este informe, se quede en un estante muerto de risa. Por eso, pido a la Comisión que ponga en práctica este informe, en particular los párrafos 4 y 7, en los que pedimos medidas concretas de la Comisión. Quiere decir que es necesaria una declaración política para adoptar medidas reales, no simplemente presentar un reglamento, sino empezar a hacer algo. Si podemos lograr una organización correcta entre los Estados miembros y la Comisión, imagínense Sus Señorías lo que podríamos hacer con todo ese dinero. Se gastaría muchísimo mejor.

Maij-Weggen
Presidente, en este debate sobre la eficacia de la ayuda de la Unión Europea a los países en vías de desarrollo y sobre la necesidad de una ayuda complementaria a los países en vías de desarrollo con fuertes deudas, debemos constatar, para empezar, que esos temas tienen mucho que ver entre ellos. Es decir, los países pobres que sufren unas insoportables deudas elevadas y que por eso tienen que dedicar una parte demasiado alta de su presupuesto anual al pago de los intereses, se quedan con demasiado poco dinero para su propia política, empobrecen y dependen por eso cada vez más de la ayuda al desarrollo, de la Unión entre otras. Es, por lo tanto, un asunto muy bueno que la Unión colabore con la iniciativa del Banco Mundial y el FMI para aliviar las deudas. Este es el primer punto que quiero mencionar.
Por otra parte, sí me parece importante en este marco que se llegue a acuerdos con los países para evitar que se vuelvan a endeudar fuertemente o para evitar que los países aumenten las deudas con la esperanza de que tarde o temprano se condonen. Me gustaría saber del Comisario si se dan esas garantías.
Presidente, mis observaciones referente al informe Goerens las quiero hacer sobre todo acerca de la eficacia de la ayuda al desarrollo. Estoy convencida de que aquí no se puede hacer una historia en la que todo sea en blanco o negro. La realidad es que en algunos casos la ayuda ha funcionado de manera positiva y en otros casos no, y que ni con mucho es siempre una cuestión de la calidad de la ayuda sino que también otros factores juegan un papel determinante como los desastres naturales, la mala gestión, la desestabilización política o las guerras.
Eso no quita el hecho de que siempre es bueno incrementar al máximo la eficacia de la ayuda y por eso los siguientes cinco puntos nos parecen importantes. No habrá que lanzar la ayuda en paracaídas. Tiene que conectar, y en este aspecto me sumo a uno de los anteriores oradores, con el carácter y las circunstancias del país correspondiente y la implicación de la población ha de ser máxima. Si no, se crean los llamados elefantes blancos. Esos son proyectos que están en algún lugar y que ya no se utilizan nunca.
Los donantes deben coordinar bien los programas de ayuda para que haya un apoyo mutuo y que cada uno no trabaje por su lado. La multitud de programas de las ONG de los diversos países occidentales, del Banco Mundial, del FMI, de la ONU, dan una imagen a veces tan caótica de cada país que no es de sorprender que el efecto común no sea eficaz y una armonización a nivel de la UE, entonces, resulte extraordinariamente importante. Una gestión buena y democrática respetando las minorías y los derechos humanos es también una condición para incrementar la eficacia de la ayuda. Si esto no se cumple, habrá que tener también el coraje de suspender la ayuda. Esto no significa que no se pueda dar ayuda humanitaria, pero lo que es la ayuda al desarrollo simplemente ya no se puede dar.
La ayuda debe estimular a la gente para que emprenda las cosas por si misma y no debe funcionar como una adicción. En unos países el exceso de ayuda ha sido realmente desastroso. Pensemos en un país como Zambia que dependía por tres cuartos de la ayuda al desarrollo.
Como punto final, un país que recibe ayuda al desarrollo debe estar abierto a los principios de una economía social de mercado. No para imponer a un país una ideología, pero sí para ayudar al país a elegir un rumbo positivo en un mundo de globalización.
Presidente, he aquí unos elementos para reforzar la eficacia, y si estos se recogen en una Carta o en otra regulación, no nos parece tan importante. Nos parece importante que estos principios se plasmen en la política. Agradecemos el informe Goerens y queremos desear suerte al Comisario Pinheiro con la ejecución de esta política pero pido al Señor Van den Broek que comunique estas observaciones al Sr. Pinheiro.

Bösch
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en un documento de trabajo de nuestra Comisión de Presupuestos sobre SEM 2000 presentado hace poco, nuestro colega Colom i Naval constata que las financiaciones directas de la Comisión Europea deberían ser un ejemplo de transparencia, corrección y eficiencia. Lamentablemente, con frecuencia no es así. En relación con el informe de nuestro colega Fabra Vallés, que me parece muy bueno, quiero indicar que siempre constatamos esto en nuestros informes sobre los programas de ayuda de política exterior. Cuando uno lee el informe Fabra Vallés, se podría aplicar perfectamente la conclusión de nuestra colega Hoff, que dice lo siguiente sobre los problemas en el campo del programa TACIS: mala coordinación y división poco clara de las responsabilidades entre la Comisión, las organizaciones de ayuda extranjeras, las empresas de asesoramiento, los contratantes y las organizaciones interlocutoras ucranianas.
Todo esto coincide en gran medida con la crítica del Tribunal de Cuentas al programa ECHO o al programa de ayuda de la Unión, si se deja de lado el adjetivo "ucraniano». Me parece muy lamentable pues siempre llamamos la atención de la Comisión sobre estos problemas. En el diario "Frankfurter Allgemeinen» el día 14 de enero se pudo leer exactamente lo mismo sobre la valoración de los programas de ayuda de la UE en Bosnia, donde sabemos que ha ido a parar una gran parte de nuestra ayuda destinada a la ex Yugoslavia. Cito: la valoración de los programas de ayuda de la UE alcanzaba desde no buena, pasando por lamentable hasta peligrosa.
Esta es la valoración que la opinión pública presenta a nuestras conciudadanas y conciudadanos por nuestro trabajo de ayuda que, por su importe, es tan fantástica. Por ello, ruego que la Comisión se ocupe por fin decididamente del apartado 16 del ponente, en el que se exige la creación de una unidad central que se haga cargo dentro de la Comisión de dirigir y evaluar los programas de desarrollo y de ayuda, inclusive ECHO, MEDA, PHARE y TACIS. Aquí se incluye que se analice con detalle el apartado 14 en el que nuestro colega Fabra Vallés constata que hay que acabar por fin con el reclutamiento directo de personas, si se sabe que en parte existen unas relaciones muy estrechas entre los servicios afectados y determinadas organizaciones de ayuda.
Ustedes saben que uno de cada tres ecus que se gasta a través de organizaciones no gubernamentales, se tramita a través de organizaciones de ayuda francesas. Si se colocan las cosas en este contexto, sería una aportación a la transparencia y a una ejecución con éxito de estos programas de ayuda seguir en este punto a nuestra apreciada ponente.

Van den Broek
Presidente, me gustaría felicitar a los ponentes Fabra Vallés y Goerens por sus presentes informes. Permítame primero entrar en detalle en el informe del Sr. Fabra Vallés y a continuación en el informe Goerens.
No solamente quiero agradecer al ponente y a la ponente para opinión la Sra. Carlotti por este informe, sino también quiero expresar mi aprecio por la contribución constructiva de los miembros de las comisiones parlamentarias implicadas en relación con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su informe sobre la ayuda humanitaria en el período 1992-1995. Los distintos intercambios de opinión tan constructivos han contribuido, por la aportación de ideas, al enriquecimiento de la discusión sobre el futuro de la ayuda humanitaria. La Comisión comparte la mayoría de las conclusiones que están redactadas en la propuesta de resolución y sobre todo la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes agentes en el ámbito de la ayuda humanitaria incluyendo los Estados miembros. También por la importancia de proveer de un marco propio a los expertos en este campo por su importante papel coordinador y controlador. Con miras a esto, la Comisión está ocupada en la elaboración de un marco de referencia en forma de un manual.
El siguiente punto es la conveniencia de proveer a la ayuda humanitaria de una base jurídica de derecho primario. La Comisión lamenta que el Tratado de Amsterdam no haya podido incluir estas medidas específicas en un dominio tan importante como el de las relaciones internacionales de la Unión.
Pasamos ahora a la necesidad de desarrollar relaciones estratégicas sobre todo en el caso de grandes crisis humanitarias con los otros agentes en el terreno de la ayuda humanitaria, tanto gubernamentales como de organizaciones no gubernamentales y también las agencias de la ONU.
Quiero señalar que la Comisión está trabajando actualmente en la definición de una nueva asociación efectiva para mejorar al máximo los resultados de las operaciones humanitarias. Además, la Comisión investiga las posibilidades de evaluar mejor los efectos de las acciones humanitarias.
Pero permítame entrar en detalle en dos recomendaciones de la propuesta de resolución en las que la Comisión no comparte la opinión del Parlamento Europeo. La elaboración de una Carta humanitaria para definir las orientaciones y los principios de la política humanitaria de la Unión, no nos parece necesaria. El decreto del Consejo de 20 de junio de 1996, pero también la comunicación de la Comisión sobre la relación entre la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo cubren esta laguna, pensábamos, y constituye un marco jurídico claro. Creo también que la Sra. Carlotti, la ponente para opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, también comparte de hecho la opinión de la Comisión. Por otra parte, cuando el Tribunal de Cuentas redactó su informe, todavía no se daba el caso, es decir, la cuestión de la comunicación de la Comisión sobre la relación entre la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo. De ahí que en ese informe no se pudo entrar en detalle al respecto.
En cuanto a la creación de una unidad central en la Comisión encargada de la evaluación de los programas de ayuda externos, ECHO, MEDA, PHARE y TACIS, quiero señalar que la Comisión decidió el pasado 15 de octubre crear una nueva estructura para la gestión y la evaluación de estos programas. La participación de la oficina humanitaria en esta nueva estructura estará limitada por el carácter específico de la ayuda humanitaria, las circunstancias urgentes y los procedimientos especiales para la ejecución de esos proyectos.
Finalmente, la Comisión mantendrá al Parlamento Europeo al tanto del debate que se hará dentro de poco sobre la ayuda humanitaria en vistas del año 2000, de modo que esta institución estará al corriente de los temas de interés común que requieren una atención especial como la seguridad del personal humanitario o la ética humanitaria. Ni que decir tiene que la Comisión seguirá informando al Parlamento sobre las actividades emprendidas tanto en relación con las operaciones y los agentes responsables como las evaluaciones de los resultados. En este aspecto, la Comisión cree poder presentar en breve el informe del año 1997 a la comisión parlamentaria competente para hacer el balance y reflexionar juntos sobre las orientaciones generales para el año que viene. Me gustaría añadir dos observaciones al respecto.
En primer lugar, los diferentes diputados han hablado de la situación del personal dentro de la Comisión y sobre todo de los que están encargados de la elaboración y ejecución de programas de ayuda. Esta es una discusión que vuelve año tras año y en los informes del Tribunal de Cuentas podemos leer la observación año tras año de que si no se hace nada respecto a la situación del personal, se sentirán sin duda obligados a repetir de nuevo la misma observación el año que viene. Es verdad. Si se hace una comparación entre el número de colaboradores que están a disposición de algunos Estados miembros y también de otras organizaciones internacionales encargados de la ayuda humanitaria, si se compara esto con la Comisión, llegamos a una relación de tres a uno, cuatro a uno en que la Comisión está en desventaja. El ejemplo de Alemania, que tiene 5, 7 colaboradores por cada gasto de diez millones de dólares cuando nosotros tenemos 2, 7. Podemos quejarnos de ello. A continuación podemos decir que todo el sistema de la contratación de expertos con contratos de tres años fomenta, naturalmente, el movimiento de los colaboradores y cosas por el estilo. Ni siquiera estamos autorizados a prorrogar esos contratos, por lo tanto y con otras palabras, el know-how se pierde rápidamente. Al mismo tiempo se nos impone claramente una limitación cuando se trata de ampliar la plantilla fija de colaboradores dentro de la Comisión. Yo diría: habrá que hacer de la necesidad una virtud. Intentemos, por lo tanto, hacer el trabajo lo mejor posible con la plantilla de la que disponemos y no nos quejemos demasiado de la falta de personal. No se puede hacer mucho al respecto. Pero sí se puede ser crítico cuando se trata de contratar al personal y de su calidad.
La segunda observación antes de abordar el informe del Sr. Goerens, tiene que ver con el denominado enfoque de programas por el que se ha abogado. La Comisión comparte en principio la opinión de que sería oportuno optar por un enfoque más global y sobre todo en los casos en que se trata de crisis que por su envergadura y también por su complejidad tienen un carácter más duradero y en los que no se trata tanto de una intervención ad hoc, sino de una intervención más estructural. A pesar de todo, la Comisión opina que este enfoque individual de los proyectos, sigue teniendo prioridad sobre todo en el ámbito de las crisis que siguen después de unos desastres naturales o de epidemias repentinas, . O sea, dicho de otra forma, no se excluye el enfoque global pero en la mayoría de los casos se dará prioridad a un enfoque por proyecto y menos, digamos, al enfoque programático.
He anotado otra observación sobre una queja de que a determinadas organizaciones no gubernamentales de un Estado miembro determinado se les facilitaba en menor grado la participación en la realización de programas que a otras. Déjemelo decir bien y breve: yo mismo tengo esa experiencia con este tipo de observaciones que se hacen cuando se trata de los programas de ayuda TACIS y PHARE. No puedo sino decir que la eficacia y la calidad de la realización tienen que ser determinantes a la hora de la adjudicación de los proyectos de ayuda. En este aspecto, creo que, en beneficio de todos, éste debe seguir siendo el punto de partida. Si los Estados miembros, cuyas ONG o empresas están menos familiarizadas con una región o con los países donde tiene lugar la realización, puntúan por esta circunstancia, digamos, un poco menos en la licitación de proyectos, entonces se puede hacer algo en relación a este atraso por medio de "workshops» o información por parte de la Comisión. Pero, por lo que se refiere a esto, siempre estoy dispuesto a mantener una discusión abierta y no estoy muy convencido de que estas quejas, que se expresan siempre en este punto, sean tan justas y fundamentadas.
Pasamos a la propuesta de resolución del Sr. Goerens y su informe. La Comisión se alegra de la propuesta de resolución en la que, tal como se hace en el informe, se subraya la necesidad de mejorar continuamente la eficacia y "efficiency» de nuestros programas de ayuda. Esta necesidad se ha reconocido desde hace mucho y se han llevado a cabo muchos estudios para comprobar la eficacia de la ayuda. De estos se desprende claramente que la ayuda es eficaz cuando tiene como objetivo apoyar una buena política de desarrollo y no sustituir tal política. También se ha hecho esta tarde esa observación y con razón.
La ayuda no puede ocupar el lugar de una gestión económica sana, no puede ocupar el lugar del respeto de los derechos humanos y de una democracia libre. Los flujos de ayuda sólo pueden ser eficaces si nuestros países asociados se encargan del marco económico, social y político correcto para el desarrollo.
A lo largo de los años hemos progresado lentamente en la integración de este principio en nuestros procedimientos de programación. Ya en Lomé III se introdujo la concentración de la ayuda programable en un número reducido de ámbitos o sectores. Este principio se ha seguido cada vez más en el último decenio.
En los últimos años, los procedimientos para la elaboración y evaluación de las actividades financiadas por nosotros se han hecho más detallados, pero también más sistemáticos. La propuesta de resolución aquí presente, remite por lo tanto, en mi opinión con razón, al uso de un marco lógico en todas las fases del ciclo del proyecto.
La propuesta de resolución subraya también determinados temas que van a desempeñar un papel cada vez más importante en nuestra política de ayudas y en la metodología de la elaboración de los proyectos. Dentro de la Dirección General VIII se ha creado un grupo de fomento de la calidad que se encarga de que las propuestas de financiación presentadas coincidan completamente con dicha política.
La propuesta de resolución constata que las actividades de la Comisión se ven limitadas en importante medida por la falta de personal. Ya estamos con el mismo tema. Europa puede tener voz propia y puede jugar un papel importante en el debate internacional sobre la eficacia de la ayuda. Sin embargo, sí debemos contar entonces con suficiente personal para poder dar cuerpo a dicho papel. He hecho antes unas observaciones al respecto pero también he señalado las limitaciones.
Después de las discusiones con los Estados miembros en 1995, ahora se llevan a cabo unas evaluaciones detalladas de todas nuestras actividades de cooperación en el mundo con el mundo más pobre. En la mayoría de los casos la fase preparativa ha terminado y el trabajo sobre el terreno está en proyecto. Probablemente, los resultados estarán disponibles al final de este año.
La nueva estructura de los programas de ayuda externos jugará también aquí un papel esencial en un futuro próximo, como ya he observado antes cuando hablábamos del informe Fabra Vallés. Como ya se señaló en el informe Fabra Vallés, quiero volver a subrayar la importancia de una coordinación intensiva entre los donantes pero sobre todo entre los Estados miembros y la Comisión. Me temo que esta coordinación, y lo digo también con motivo de las observaciones del Sr. Blokland, va demasiado a menudo en una única dirección, en la que el flujo informativo va de la Comisión hacia los Estados miembros.
Deberíamos ser capaces dentro de la Unión Europea de mejorar la cooperación mutua, no solamente para mostrar un perfil político más claro a nuestros países asociados, sino también para incrementar el rendimiento de nuestra ayuda.
Para terminar, Presidente, quiero abordar la observación que se ha hecho especialmente sobre la prestación de ayuda a la antigua Yugoslavia. Efectivamente, es realmente una historia aparte. No entraré en detalle pero en vistas de que el "Frankfurter Algemeinne» ha conseguido de mis servicios un informe de evaluación interno y también un informe que habíamos encargado a la consultora Bereschot, quiero decir que ya durante el último semestre hemos estado ocupados, también en parte con motivo de las discusiones que hemos tenido con el Parlamento pero también con otros donantes, en analizar cómo podemos mejorar la ayuda y hacerla más eficaz, en especial a la reconstrucción de Yugoslavia.
Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de los retrasos que se hayan producido como consecuencia de la organización de nuestro propio trabajo. Al mismo tiempo, quiero pedir comprensión por el hecho de que en Bosnia dependamos naturalmente en gran medida de la colaboración de las autoridades de allí. Y eso es todo un decir. Los meses que tuvimos que esperar para el permiso, la aprobación, la firma de "memorandums» o acuerdos con las autoridades de allí han sido múltiples. A pesar de todo, ahora hemos reforzado nuestra delegación en Sarajevo, hemos vuelto a examinar nuestra organización en Bruselas, tenemos preparada una propuesta que se mandará la semana que viene al Consejo, y en la que por cierto se le pide también su colaboración más adelante, para flexibilizar sobre todo el decreto relacionado con la ayuda a la reconstrucción por lo cual vamos a tener más posibilidades de trabajar con más rapidez. Porque no olviden una cosa. Trabajamos basándonos en decretos jurídicos que en realidad están fijados por el Consejo y que también contienen un montón de elementos que, por una parte, quieren garantizar una transparencia absoluta hacia los Estados miembros pero que, al mismo tiempo, contienen unos procedimientos muy largos. Este también es un elemento a tener en cuenta en la lentitud de la realización de la ayuda.
Como punto final, le prometo a la Sra. Maij que le deseará al Sr. Pinheiro la necesaria fuerza para que lleve a cabo sus programas, sobre todo para los países ACP.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 19.15 horas)

