
El Presidente
   . Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 20 de noviembre de 2003.
El Presidente
   . Quiero informar a la Cámara de que al inicio de la sesión de mañana, el Presidente del Parlamento desea rendir homenaje a los militares españoles asesinados en el Iraq el pasado fin de semana.(1)

El Presidente
   . Se ha distribuido una corrección del orden de las sesiones de los días 3 y 4 de diciembre, que contiene las propuestas formuladas por los Grupos. ¿Hay alguna observación? 
Dell'Alba (NI ).
    Señor Presidente, la prensa europea publicó ayer el informe sobre antisemitismo encargado por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Se trata de un informe cuya existencia negaba hasta ayer el propio Observatorio y la Comisión. Hace unas tres semanas, conocimos el estudio del Eurobarómetro y ahora recibimos este informe extremadamente preocupante sobre el antisemitismo, cuya existencia se había ocultado. Le pido que haga valer sus derechos y exija un explicación a la Comisión durante el actual período parcial de sesiones, o se asegure de que pueda celebrarse un debate sobre esta cuestión en el próximo período parcial de sesiones en diciembre. 
El Presidente
   . Esta cuestión se debatirá durante el próximo período parcial de sesiones.
Se ha propuesto un cambio adicional del orden del día del jueves, 4 de diciembre: la inclusión en la votación del informe del Sr. MacCormick (A5-0421/2003) sobre la petición presentada por Giuseppe Gargani para la defensa de su inmunidad y privilegios parlamentarios, aprobada en virtud del artículo 110 bis. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, el corrigendum del orden del día iba a incluir el informe MacCormick sobre la inmunidad del Sr. Gargani, pero los Secretarios Generales acordaron ayer que primero debíamos tener, por supuesto, la oportunidad de examinar dicho informe. No podemos ahora modificar retrospectivamente el orden del día sin dejar a los Grupos también la oportunidad de debatirlo. Por tanto, le pido que no se incluya retrospectivamente en el orden del día, y que los Grupos tengan la oportunidad de debatir esta cuestión, y creo que otros diputados de esta Cámara piensan lo mismo que yo. 
MacCormick (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, me inquieta un poco la propuesta de adelantar mi informe sobre la inmunidad del Sr. Gargani. El Secretario General de mi Grupo ha dicho que hubiera preferido tener la oportunidad de discutir este informe, junto con otros informes, en la reunión de nuestro Grupo antes del periodo parcial de sesiones. Creíamos que el informe se había aplazado a la segunda sesión de diciembre en Estrasburgo, por lo que no hemos tenido oportunidad de discutirlo.
Además, me he enterado de que había un error en el apartado 2 del informe, tal como lo había aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, pero no he visto ninguna de las correcciones. Puesto que soy el ponente, me hubiera gustado verlas. Por estas razones, con todos mis respetos y mi pesar por mi colega, el Sr. Gargani, pido que esta cuestión se aplace hasta la próxima sesión de Estrasburgo. 
El Presidente
   . Es una sugerencia muy sensata. No hay discusión respecto del principio de este informe, y sería una pena que acabáramos teniendo una discusión de procedimiento. Propongo que lo aplacemos hasta la sesión de diciembre en Estrasburgo.
(1)
Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, le pido que me aconseje sobre los recursos de que dispongo frente al incendiario comunicado de prensa que ha provocado que lleguen a mi oficina mensajes electrónicos de rechazo. El diputado Sr. Howitt ha afirmado en un comunicado de prensa que yo he acusado directamente al Primer Ministro turco de apoyar a los grupos activistas islámicos tras los atroces atentados de bomba ocurridos en Turquía la semana pasada. De hecho, me refería a informes de los medios de comunicación sobre un antiguo presunto apoyo secreto del Gobierno turco a grupos islamistas en su lucha contra el PKK kurdo, y no hice ninguna referencia al actual Primer Ministro, Sr. Erdogan.
Además, el Sr. Howitt ha afirmado que yo he hecho caso omiso de la situación de las víctimas civiles turcas. El uso por mi parte de la palabra «atroz» demuestra que esto es totalmente falso. Lamento cualquier malentendido y extiendo mis condolencias a los que han sufrido, independientemente de su raza o religión.
El diputado, en su papel de portavoz de Asuntos Europeos de los laboristas, debería haber entendido las sensibilidades en este caso. Agradecería una corrección por parte del Sr. Howitt, porque de lo contrario se sofocaría el debate legítimo sobre la inclusión acelerada de Turquía en la UE. 
Howitt (PSE ).
   – Señor Presidente, me complace que el Sr. Tannock lamente la ofensa causada por sus observaciones de la semana pasada en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Asimismo, lamento que haya recibido cartas de rechazo, como ha declarado.
El Sr. Tannock fue muy claro en sus observaciones al decir que no consideraba a Turquía víctima de los ataques terroristas, y que las víctimas eran «británicos y judíos», no turcos. El Sr. Tannock no solo criticó directamente al Primer Ministro turco, sino que sus observaciones pueden considerarse ofensivas para los musulmanes y, en general, para las víctimas turcas del ataque, independientemente de su religión. Me complace que mi declaración le haya llevado a retractarse de esas observaciones originales. 

El Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo (Bruselas, 12-13 de diciembre de 2003), incluida la Cumbre Social, y sobre el informe de progreso de la Conferencia Intergubernamental. 
Antonione,
   .  Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quiero empezar expresando mi gratitud al Parlamento Europeo por esta oportunidad que me ha dado de ilustrar los principales temas que se debatirán en el próximo Consejo Europeo de Bruselas los días 12 y 13 de diciembre. Dicha Cumbre, que marcará el final del semestre de la Presidencia italiana, es un acontecimiento de extrema importancia para nosotros, no solo por la importancia de los asuntos que se tratarán en ella, sino también porque las decisiones que se adopten determinarán el curso del futuro trabajo de la Unión en algunas de las grandes cuestiones contempladas en la agenda europea.
La Cumbre europea, como saben ustedes, tendrá que dejar también espacio suficiente para el trabajo de la Conferencia Intergubernamental, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno, acompañados por sus respectivos Ministros de Asuntos Exteriores, se reúnan para concluir la última etapa del proceso. Vista la importancia de la cuestión, quiero empezar mi intervención con una revisión del progreso de la Conferencia Intergubernamental, para volver después a los preparativos de la próxima Cumbre europea.
A tan solo unas semanas del final del semestre de la Presidencia italiana, me complace poder informarles de los acontecimientos que han tenido lugar desde el Cónclave de Nápoles.
Quiero, en primer lugar, reiterar que el enfoque general de la Presidencia italiana sigue siendo el manifestado por mi Gobierno en numerosas ocasiones ante esta Cámara y en el propio marco de la Conferencia Intergubernamental. De conformidad con ese enfoque, la propuesta detallada que hemos presentado refleja nuestra intención de respetar el legado constitucional de la Convención, limitándonos a proponer aclaraciones o cambios en el proyecto de la Convención, a la luz de los comentarios recibidos de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión. Creo poder afirmar con certeza que muchas de las propuestas de la Presidencia han recibido una buena acogida, lo que nos ha permitido acercar las posiciones de los Estados miembros y mantener el equilibrio general logrado por el proyecto de la Convención. Además del importante progreso realizado en algunas cuestiones específicas, ha quedado claro que algunas de las divergencias que siguen existiendo en torno a disposiciones específicas se resolverán cuando se alcance un acuerdo sobre el futuro marco institucional de la Unión. De hecho, se trata del ámbito donde siguen existiendo las mayores discrepancias, sobre todo en lo que respecta al cálculo de la mayoría cualificada en el Consejo y la composición de la Comisión. 
El análisis detallado de los resultados del Cónclave revela el progreso realizado en los siguientes aspectos de nuestro paquete de propuestas: la introducción de una referencia a la igualdad entre el hombre y la mujer y a la protección de las minorías en la disposición sobre los valores de la Unión; la reafirmación de la primacía del Derecho comunitario; la necesidad de que los actos del Consejo Europeo se sometan a control jurisdiccional en cuanto que el Consejo Europeo se define en el Tratado Constitucional como una institución de la Unión. Se han constatado asimismo puntos de convergencia en un ámbito tan delicado como es la justicia y los asuntos de interior, donde para introducir la votación por mayoría cualificada habrá que tener en cuenta las características específicas de algunos ordenamientos jurídicos nacionales y considerar los mecanismos de salvaguardia. Las distintas propuestas presentadas por la Presidencia respecto a las políticas específicas de la Parte tercera del proyecto de Tratado constitucional se han sometido a un amplio debate. En muchos casos siguen existiendo posiciones divergentes entre los Estados miembros que se basan en puntos de divergencia perfectamente conocidos. No obstante, es evidente que las distintas críticas formuladas en este contexto desaparecerán en cuanto se alcance un acuerdo sobre los grandes temas de las negociaciones constitucionales.
Habrá que seguir debatiendo las siguientes cuestiones: la divergencia que persiste entre los países que no están dispuestos a hacer concesiones en lo que respecta al abandono de la votación por unanimidad en cuestiones como política exterior, fiscalidad y seguridad social, y los Estados miembros que consideran la introducción progresiva de la votación por mayoría cualificada en ámbitos que constituyen elementos clave del futuro Tratado Constitucional; y las múltiples, y a menudo divergentes, propuestas de los Estados miembros para modificar las disposiciones relativas al presupuesto, el marco financiero plurianual, los recursos propios y la gobernanza económica. Aquí, la Presidencia trata de conservar, en la mayor medida posible, el equilibrio interinstitucional y las reglas de votación propuestas por la Convención. La idea de un procedimiento de revisión simplificado para el Título III de la Parte III del Tratado Constitucional sigue encontrando resistencia, aunque parece existir una mayor convergencia respecto a la «cláusula de pasarela» basada en fórmulas que cuentan también con la participación de los Parlamentos nacionales. La Presidencia piensa proponer que sigan debatiéndose todas estas cuestiones en las reuniones finales de la Conferencia Intergubernamental.
Además, el Cónclave ha conseguido un progreso importante en la definición de la PESD en el futuro Tratado Constitucional. De hecho, se ha conseguido redactar de nuevo el artículo I-40 parte 7 sobre la cláusula de asistencia mutua, describir la cooperación estructurada en el artículo III-213 y, sobre todo, presentar un Protocolo que contiene los criterios para la participación en esa cooperación. Este grupo de textos volverá a examinarse en la reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental del 8 de diciembre. No obstante, el intercambio de impresiones que ha tenido lugar durante el Cónclave ha puesto de manifiesto la existencia de cada vez más elementos de convergencia en este delicado ámbito.
El debate sobre el marco institucional de la futura Unión ha confirmado que este sigue siendo el tema más delicado de toda la negociación. El Cónclave ha sido útil para resolver algunos puntos de divergencia y, sobre todo, para favorecer un diálogo más tranquilo y constructivo. Los principales elementos del debate pueden sintetizarse del modo siguiente. La propuesta de algunos Estados miembros de elevar el número mínimo de representantes nacionales en el Parlamento Europeo ha recibido una acogida favorable, con la condición de que no aumente el número total de escaños. En el tema de las formaciones de la presidencia del Consejo, se ha constatado una convergencia con las líneas recomendadas por la Convención, aunque algunos Estados miembros siguen teniendo dudas sobre las presidencias conjuntas, prefiriendo representantes electos. En esta cuestión, la Presidencia italiana se ha reservado el derecho a reflexionar sobre cambios ulteriores. La posible solución es que tres Estados miembros ocupen la Presidencia durante 18 meses. Los procedimientos para poner en práctica estas soluciones podrían ser objeto de una decisión por parte del Consejo Europeo, en lugar de regularse mediante un protocolo especial. Las reacciones a la propuesta de la Presidencia sobre un Ministro europeo de Asuntos Exteriores, cuya finalidad sería clarificar algunos aspectos específicos del funcionamiento de la fórmula «bicéfala», respetando en todo momento el espíritu del proyecto de la Convención, han confirmado que el enfoque que nosotros hemos escogido es el único posible. Con nuestras propuestas tratamos de responder a las críticas de los que temen que esta nueva figura institucional pueda convertirse en el «caballo de Troya» del Consejo en la Comisión, debilitando el poder de esta última en materia de política exterior, y a las críticas de los Estados miembros que quisieran liberar al Ministro de los vínculos de su pertenencia a la Comisión, insistiendo en el papel del Ministro como representante del Consejo. La vía del medio que nosotros sugerimos parece ser la única capaz de garantizar un compromiso final, aunque deja dos cuestiones importantes sin resolver: la oposición que siguen mostrando algunos países a que el Ministro de Asuntos Exteriores asuma la presidencia del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, y la petición de otros Estados miembros de no darle a la nueva figura institucional el título de «Ministro», sino simplemente de «Representante», lo cual supone un claro retroceso –y no solo un retroceso simbólico– respecto a las disposiciones contenidas en el proyecto de la Convención. En el largo debate sobre la composición de la Comisión a partir de 2009, volvieron a exponerse posiciones y argumentos ya conocidos. En el transcurso de las negociaciones, tendrá que producirse una reconciliación entre los partidarios de una Comisión más simple, ágil, eficiente y libre de los condicionantes intergubernamentales, y los partidarios de una Comisión que sea representativa de todas las culturas y sensibilidades nacionales y, por tanto, compuesta por un Comisario con pleno derecho de voto por cada Estado miembro. Las propuestas sobre la mesa tendrán que examinarse desde una perspectiva a largo plazo y teniendo en cuenta las necesidades institucionales de una Unión que dentro de 10 ó 15 años probablemente será más grande que ahora, razón por la cual tendrá que dotarse de unos procedimientos de decisión adecuados y fácilmente comprensibles para los ciudadanos. El debate sobre el tema del cálculo de la mayoría cualificada en el Consejo ha dejado todavía más claras y diferenciadas las distintas posiciones: algunos Estados son firmes partidarios del sistema de Niza; otros consideran indispensable la transición a la votación por mayoría doble. Algunos de estos últimos preferirían una mayoría doble totalmente simétrica; en otras palabras, el 50% o 60% tanto de los Estados miembros como de la población de la Unión. Al existir posiciones que todavía difieren ampliamente, necesitaremos ideas claras y amplitud de miras. En este sentido, reitero lo que ya dije antes: la necesidad de examinar las distintas propuestas con una perspectiva a largo plazo más allá de 2009.
Por tanto, la reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental que se celebrará el 8 de diciembre de 2003 y los encuentros bilaterales que la Presidencia mantendrá en las próximas semanas tendrán que centrarse sobre todo en las cuestiones institucionales para preparar lo mejor posible la reunión final de la Conferencia a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno prevista para el 12 de diciembre de 2003. 
El éxito o fracaso de las negociaciones constitucionales determinará con toda probabilidad el avance del proceso de integración en los próximos años, así como la capacidad de investir a Europa de autoridad en la escena mundial en un momento de grandes retos políticos y económicos. Por este motivo, y considerando la importancia de lo que está en juego, las negociaciones constitucionales tendrán que enfocarse con gran flexibilidad por todas las partes que intervengan en la construcción de los cimientos de la Unión del siglo XXI. Con el debido respeto al principio de la igual dignidad de todos los Estados miembros –justamente reconocido también en el Cónclave de Nápoles– es necesario que abandonemos los particularismos y nos alejemos de la lógica del «intercambio justo», en virtud de la cual todas las concesiones se hacen para tratar de obtener algo a cambio que tenga el mismo valor. Este planteamiento es contrario al mismo concepto de la integración europea y, de aplicarse sistemáticamente, amenazaría con debilitar los cimientos de la Unión. Aunque la equidad es una condición indispensable para cualquier pacto constitucional, nadie puede frenar ya el progreso actual del proceso de integración. Quien pretenda actuar así tendrá que responder ante los socios europeos, ante sus ciudadanos y ante la historia del proceso de integración. Los sistemas políticos son el resultado del diálogo y de las acciones de hombres y mujeres, y esos mismos hombres y mujeres son plenamente responsables de lo que dicen y hacen. A partir de ahora, tenemos que ser conscientes de que la aprobación de la nueva Constitución será «un éxito para todos o un fracaso para la Unión.» Ya no existe ninguna diferencia relevante entre los intereses nacionales y europeos.
Señor Presidente, Señorías, quiero centrarme ahora, aunque sea brevemente, en los temas que abordará el Consejo Europeo.
En lo que respecta a las cuestiones económicas y, en particular, al objetivo de promover un crecimiento económico sostenible, el Consejo Europeo supondrá la culminación del largo período de trabajo que se inició con el Consejo Europeo de Salónica y que han profundizado los Jefes de Estado y de Gobierno en la última Cumbre de octubre. El Consejo Europeo de diciembre tendrá que dar su aprobación definitiva a la Iniciativa para el crecimiento, ya respaldada por el Consejo Ecofin del 25 de noviembre, adoptando decisiones específicas que puedan hacer una contribución importante para mejorar la competitividad del sistema económico europeo y el pleno desarrollo del potencial de crecimiento de la Unión, favoreciendo unos niveles más altos de inversión en capital físico y en desarrollo del capital humano. El principal objetivo en este ámbito será, también con la identificación de una serie de proyectos en los que pueda empezarse a trabajar en el corto espacio de dos o tres años, la creación de un catalizador político que haga posible una marcada aceleración de la creación de infraestructuras y la ejecución de proyectos de investigación avanzada para facilitar la movilización de recursos esenciales tanto del Banco Europeo de Inversiones como del sector privado.
Desde una perspectiva diferente y más general, pero también en el contexto de la consolidación de la cohesión del mercado interior y la reactivación del crecimiento, la Presidencia italiana alberga grandes esperanzas de que el Consejo Europeo acepte el acuerdo político alcanzado por el Consejo de Transporte sobre la propuesta de la Comisión relativa a la revisión de las redes RTE –que, como ustedes recordarán, constituye la estructura básica para las iniciativas dirigidas a terminar la red de infraestructuras de la Europa ampliada–, considerando, en especial, las recientes decisiones sobre el aumento de las contribuciones comunitarias del 10 al 20% en los proyectos de trayectos transfronterizos. 
Pasando a las cuestiones relacionadas con la agenda de Lisboa, y en particular a los aspectos relativos a las reformas estructurales que atraerán la atención del Consejo Europeo de la próxima primavera, quiero recordar que los Estados miembros de la Unión, cuyo empeño ha sido constante en este ámbito, tendrán ahora una excelente oportunidad para iniciar el diálogo con ocasión de la reunión extraordinaria de la Cumbre Social Tripartita, una buena ocasión para reiterar el compromiso de la Unión Europea con la aplicación de la Estrategia europea de empleo. La Cumbre Social será la ocasión de iniciar un análisis sobre los resultados del trabajo realizado por el sobre el empleo, encabezado por Wim Kok, y debatir la Iniciativa para el crecimiento, considerando en particular sus efectos en el empleo. Partiendo de estas bases, los participantes en la Cumbre Social podrán examinar la relación entre el crecimiento del empleo y el aumento de la productividad evidenciada por el grupo de trabajo del Sr. Kok, evaluando en particular el efecto –no solo en términos de empleo– de las políticas encaminadas a aumentar la competitividad del sistema económico mediante el desarrollo del capital humano y la mayor flexibilidad de los sistemas socioeconómicos europeos. El resultado de esta Cumbre –sobre el que el Sr. Berlusconi informará al Consejo Europeo– será debatido también, por supuesto, en el propio Consejo.
El Consejo Europeo será también una buena oportunidad para hacer balance de la situación en algunas cuestiones importantes relacionadas con la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, con especial referencia a las estrategias europeas sobre inmigración y en vista de las recomendaciones hechas en las recientes cumbres de octubre en Bruselas y de junio en Salónica.
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán que tomar nota, en particular, de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado el 27 y 28 de noviembre sobre los principales elementos de una Agencia europea para la gestión de las fronteras, un programa de medidas dirigido específicamente a la inmigración por mar, y la incorporación de datos biométricos a los visados y los permisos de residencia. Estas iniciativas ya se han examinado en la Cumbre de octubre y ahora se pondrán en marcha rápidamente, finalizando en algunos casos con la aprobación formal de las disposiciones legislativas relevantes. En este sentido, quiero subrayar, en particular, que el Parlamento Europeo tendrá también que manifestar su opinión sobre los reglamentos relativos a la Agencia y a los datos biométricos.
Me temo que las noticias en materia de asilo no son tan buenas. Pese al gran esfuerzo realizado por la Presidencia italiana que ha permitido un progreso considerable en estas difíciles negociaciones, no se ha podido llegar a un acuerdo sobre la Directiva relativa a las normas mínimas para los procedimientos de asilo, ni salir del punto muerto alcanzado al final de la Presidencia griega sobre la otra Directiva relativa a la condición de refugiado y la protección subsidiaria. El Consejo Europeo no puede más que reiterar la importancia política de esta cuestión e invitar al Consejo a alcanzar un acuerdo antes del 1 de mayo de 2004, fecha del quinto aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
En el marco de la política migratoria de la Unión, el Consejo Europeo tratará, por supuesto, el tema fundamental de la acogida y la integración de los inmigrantes legales, recordando, en particular, la importancia de favorecer un diálogo interreligioso como elemento de cohesión social, un tema al que la Presidencia italiana ha dedicado una Conferencia de Ministros de Asuntos de Interior celebrada los días 30 y 31 de octubre de 2003. Pero la política migratoria no puede ser eficaz sin una cooperación auténtica y efectiva con los terceros países de origen o de tránsito de los flujos migratorios, una cooperación que tiene que establecerse con un espíritu constructivo de asociación. En este sentido, considero oportuno mencionar el acuerdo interinstitucional positivo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que se formalizará en los próximos días sobre la creación de un programa de ayuda económica y técnica a terceros países en materia de asilo, y la introducción de un mecanismo para vigilar y evaluar en estos países la lucha contra la inmigración clandestina, tal como se solicitó en el Consejo Europeo de Salónica.
Por último, en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, el Consejo Europeo expresará su satisfacción con el acuerdo alcanzado tras la tenaz intermediación de la Presidencia italiana respecto a la decisión marco sobre la lucha contra el narcotráfico, una cuestión que preocupa especialmente a la opinión pública europea.
Señor Presidente, Señorías, el próximo Consejo Europeo de Bruselas tendrá lugar solo unos meses antes de la entrada en vigor del Tratado de Adhesión. Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán que dar directrices importantes para la conclusión del proceso de ampliación, sobre todo a la vista de los informes presentados por la Comisión el 5 de noviembre de 2003. Como ustedes saben, el 17 de noviembre de 2003 el Consejo manifestó su opinión sobre los informes de seguimiento de la Comisión relativos al estado de preparación de los países candidatos. Los Ministros de Asuntos Exteriores, en particular, expresaron su satisfacción por el alto grado de convergencia conseguido por estos países en los diferentes ámbitos del acervo comunitario y, por tanto, esperamos que los Jefes de Estado y de Gobierno compartan estas opiniones positivas. La ampliación que tendrá lugar en 2004 se va perfilando cada vez más como un éxito total, confirmando así que las decisiones tomadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en Copenhague el pasado mes de diciembre fueron las correctas. Naturalmente como era de esperar visto el inmenso esfuerzo que han tenido que realizar los países candidatos, existen partes del acervo comunitario donde el proceso de preparación todavía no ha terminado y, en este sentido, tenemos que instar a nuestros futuros socios a que persistan en su esfuerzo.
El reciente documento de estrategia de la Comisión demuestra, sin lugar a dudas, que Bulgaria y Rumania han hecho un progreso considerable de cara a su ingreso en la Unión. Ya están preparadas para dar los pasos decisivos que preceden a la adhesión. El Consejo Europeo tiene, por tanto, la responsabilidad de facilitar esos pasos indicando con precisión suficiente el camino que han de seguir. Lo mismo puede decirse del calendario, en particular del calendario para la conclusión de las negociaciones de adhesión, la firma del Tratado y, por último, el ingreso en la Unión. Estos pasos dependen, sobre todo, de los esfuerzos que hagan los Gobiernos búlgaro y rumano. Pero precisamente para facilitar sus esfuerzos, será necesario, a juicio de la Presidencia, que los Jefes de Estado y de Gobierno proporcionen directrices claras sobre las siguientes etapas del viaje, confirmando, por tanto, los plazos de 2004 para la conclusión de las negociaciones; 2005 para la firma de los Tratados de Adhesión y 2007 para el ingreso en la Unión Europea. El Consejo Europeo tendrá también que proporcionar indicaciones sobre el calendario para la definición del marco económico de la adhesión de Bulgaria y Rumania, en particular actuando con rapidez ante la voluntad ya manifestada por la Comisión de presentar dicho marco antes de finales de enero de 2004, aplicando los mismos criterios de distribución de recursos adoptados para los países candidatos.
Señor Presidente, Señorías, creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos motivos para celebrar los importantes esfuerzos que ha hecho Turquía en materia de reforma institucional, y los avances que ha realizado para respetar los criterios políticos de Copenhague. Estos avances positivos merecen, por tanto, pleno reconocimiento en las conclusiones del Consejo Europeo. No podemos dejar de proporcionar a Turquía sugerencias y ánimos para que prosiga en esa misma dirección, ni podemos dejar de recalcar los ámbitos en los que Ankara tiene que seguir haciendo un esfuerzo especialmente sostenido. El objetivo a medio plazo sigue siendo una adecuada preparación de Turquía con vistas a la decisión que el Consejo Europeo adoptará dentro de un año.
Por último, con respecto a Chipre, la Presidencia cree que los Jefes de Estado y de Gobierno tienen que reiterar el llamamiento que ya hicieron a las partes para buscar una solución negociada antes de la fecha de la adhesión, recordando al mismo tiempo que la solución al problema de Chipre facilitaría considerablemente las aspiraciones turcas de adhesión a la Unión Europea.
Como siempre, el Consejo Europeo dedicará la debida atención a las relaciones externas de la Unión y a los principales temas de actualidad internacional. No me extenderé más sobre este punto, puesto que esperamos los últimos acontecimientos sobre el terreno, particularmente en las zonas en crisis. Por otra parte, creo que tendremos que abordar cuestiones como el proceso de paz en Oriente Próximo, la situación en el Iraq y la evolución del diálogo crítico con el Irán.
El Consejo Europeo concluirá también el debate sobre la Estrategia europea de seguridad iniciado el pasado mes de junio, con la aprobación de un documento excelente que describe los problemas de seguridad de la Unión y la forma de abordarlos. Su finalidad es orientar las decisiones prácticas de los gobiernos, además de concienciar a la opinión pública y conseguir el apoyo de esta última al mayor esfuerzo en materia de seguridad que ahora tiene que realizarse en toda la Unión Europea. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán también que examinar el informe de progreso sobre el desarrollo de la PESD para entregar a la futura Presidencia un mandato detallado en esta materia. Nuestro principal compromiso sigue siendo la adquisición de una mayor capacidad. Por este motivo también, el Consejo Europeo celebrará en particular la decisión de crear una Agencia europea dedicada específicamente a favorecer el desarrollo y la adquisición de nueva capacidad militar.
Para concluir, señor Presidente, Señorías, quiero recordar que el próximo Consejo Europeo tendrá que aprobar el primer Programa estratégico plurianual que guiará las actividades del Consejo en los próximos tres años.
El Presidente
   . Me complace dar la bienvenida a la tribuna de personalidades al ex Primer Ministro de Corea del Sur, Sr. Nam, y a su Viceprimer Ministro, Sr. Lee. Están aquí para participar en el Foro Parlamento Europeo-Noreste de Asia, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre de 2003. Son ustedes muy bienvenidos en esta Cámara.
Prodi,
   .  Señor Presidente, señor Antonione, Señorías, el próximo Consejo Europeo de Bruselas será el último de un año plagado de acontecimientos. De hecho, casi todas las semanas se producen acontecimientos nuevos y se toman decisiones de gran alcance para nuestro futuro. La semana pasada no ha sido una excepción
Antes de pasar al debate sobre la Constitución, quiero referirme brevemente a otro tema de actualidad para la Unión Europea. El próximo Consejo Europeo se verá precedido –como ha dicho el Sr. Antonione– por una Cumbre Social Tripartita extraordinaria, a la que asistirán los Jefes de Estado de la troika y representantes de los agentes sociales y la Comisión. Verdaderamente, es fundamental que los agentes sociales participen en esta etapa del proceso constitucional y que escuchemos sus puntos de vista. La participación de los sindicatos y la patronal es la mejor garantía de éxito para cualquier iniciativa de promoción del empleo.
En la reunión se abordarán dos cuestiones que ocupan un lugar central en la Estrategia de Lisboa: nuestra Iniciativa para el crecimiento y la Estrategia europea de empleo. El momento decisivo será la presentación del informe del sobre el empleo encabezado por el Sr. Wim Kok. En el informe se explica cómo podemos responder a las grandes transformaciones que están teniendo lugar en la economía y el mercado de trabajo. Sus principales recomendaciones son aumentar la capacidad de adaptación de las empresas y los trabajadores, incrementar la inversión en capital humano y, por último, crear nuevas dinámicas sociales para sostener las reformas y acelerar su puesta en práctica. La Comisión tendrá en cuenta el informe del y las recomendaciones contenidas en él cuando prepare el Informe conjunto sobre el empleo que presentará en el Consejo de primavera del año que viene.
Señor Presidente, pasaré ahora al tema central de mi discurso, la Conferencia Intergubernamental, que está entrando en su fase final y de la que el Sr. Antonione ha hecho un repaso muy equilibrado y encomiable. Nos jugamos mucho en el Consejo Europeo de Bruselas que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre. En las decisiones que se tomen veremos el fruto del nuevo método de la Convención, propuesto por el Parlamento Europeo y la Comisión, y aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Laeken en diciembre de 2001. El regreso al método de la negociación intergubernamental que se produjo en las próximas horas de la cumbre de Niza sería un fracaso político para la Unión Europea. La opinión pública no aceptaría ya algo así. La principal tarea de la Conferencia Intergubernamental consiste ahora en decidir cómo puede la Unión ampliada conseguir sus objetivos y aumentar su capacidad de decisión.
La Unión Europea se enfrenta a tres grandes retos. En primer lugar, necesita políticas firmes y una mejor coordinación europea para favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la protección social. En segundo lugar, tenemos que dar una respuesta común a los problemas internacionales relacionados con la seguridad, la libertad y la justicia. En tercer lugar, tenemos que aunar fuerzas para asumir nuestras responsabilidades mundiales y defender nuestros valores e intereses.
El artículo 3 del proyecto de Constitución formula solemnemente los objetivos de la Unión a lo largo de estas mismas líneas. El proyecto de Constitución propuesto por la Convención para acometer estas tareas no es, evidentemente, perfecto. Pero aun así, el resultado responde a las propuestas contenidas en la Declaración de Laeken, e incluso puede que supere las expectativas. La Conferencia Intergubernamental ha estado hasta ahora más ocupada en resolver disputas internas entre los Estados miembros que en crear los instrumentos adecuados para responder a las necesidades y los problemas de Europa.
Es desde luego decepcionante que no se haya vislumbrado ningún progreso en la adopción de un procedimiento para modificar la parte de la Constitución relativa a la política. La Comisión apoyará todos los esfuerzos de la Presidencia para conseguir este objetivo. Considerando los nuevos retos que nos esperan, la Constitución no puede ni debe suponer un freno para nuestra acción futura. El único progreso importante que se ha hecho hasta la fecha en el trabajo de la Convención ha sido la definición de la cooperación estructurada en materia de defensa. En todas las demás cuestiones, sigue existiendo el peligro de que la Conferencia Intergubernamental pueda dar marcha atrás y acercarse al método intergubernamental. Lo mismo puede decirse de la cooperación europea en derecho penal, precisamente en un momento en el que todos los dirigentes reconocen la amenaza de la delincuencia y el terrorismo internacional.
Es más, algunos quieren debilitar la credibilidad del Ministro de Asuntos Exteriores –como bien ha dicho el Sr. Antonione– mientras afirman, de boquilla, que Europa tiene que hacerse más fuerte y desempeñar un papel de liderazgo en la escena mundial. Algunos ministros sostienen que la extensión del sistema intergubernamental reforzaría la coordinación de la política económica, cuando lo que realmente se necesita es una mayor capacidad europea para poner la gobernanza política al servicio de la estrategia de crecimiento.
Algunos países querrían incluso reintroducir el derecho de veto en ámbitos donde la Convención ya lo ha suprimido, como en la política comercial. Está claro, pues, que solo existen dos alternativas: una Europa dividida que se limite al papel de espectadora en la escena política mundial, o una Europa unida que contribuya a la paz, el crecimiento y el desarrollo sostenible.
Obligada a elegir entre estas dos alternativas contrarias, Europa corre el peligro de verse relegada a un segundo plano en la escena mundial por otros actores más poderosos. En su forma actual, el proyecto de Constitución proporciona a una Europa unida instrumentos para actuar con más eficacia. Ni más ni menos que eso. No crea un proyecto político para el futuro. Pero la cuestión básica a la que se enfrentan los dirigentes nacionales en la cumbre de la Conferencia Intergubernamental no es la necesidad de comprometerse con un proyecto político europeo ambicioso. La verdadera cuestión es si, en el futuro, tendrán la capacidad colectiva de adoptar los instrumentos necesarios que cualquier proyecto europeo necesitará.
La Convención ha mantenido y mejorado el equilibrio de poderes entre las distintas instituciones de la Unión Europea. Una Comisión fuerte es indispensable para garantizar la aplicación imparcial de las reglas de la Unión, razón por la cual no deben debilitarse en el último minuto los poderes de la Comisión en ámbitos tan fundamentales como el control de las ayudas estatales. Nuestra aspiración de convertirnos en una verdadera Unión de Estados y pueblos encuentra su expresión en el sistema de mayoría doble propuesto para la toma de decisiones del Consejo. La legitimidad democrática ha aumentado con el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en materia legislativa, política y presupuestaria, y el papel del Tribunal de Justicia en la defensa del Estado de Derecho se ha visto también reforzado en parte. Señorías, una cosa está clara: la Comisión resistirá hasta el último minuto de la Conferencia Integubernamental todo intento de socavar los poderes del Parlamento Europeo, sobre todo en materia presupuestaria.
¿Cómo cabe esperar que el Parlamento Europeo y la Comisión expliquen y defiendan ante los ciudadanos una Constitución que el propio Parlamento habría rechazado? Eso sería imposible de explicar.
Por lo que respecta a la Comisión, acogemos con satisfacción que la Presidencia haya reconocido que la distinción entre Comisarios con y sin derecho de voto es demasiado compleja y, sobre todo, que no puede funcionar. Existe una solución sencilla para mantener la igualdad de todos los Comisarios: una Comisión formada por un Comisario por cada Estado miembro, con un proceso más descentralizado de toma de decisiones y un sistema de pesos y contrapesos que garantice la absoluta colegialidad. Esta es la solución que la Comisión desea ver reflejada en la Constitución.
Por último, el sistema de votación por mayoría doble propuesto por la Convención –50% de los Estados miembros en representación del 60% de la población– es sencillo y equitativo. Cualquier cambio que se realice en ella debe tener como objetivo facilitar el proceso de toma de decisiones del Colegio. La Comisión sigue prefiriendo, obviamente, un sistema basado en el 50% de los Estados miembros con una representación de por lo menos el 50% de la población. En ningún caso la Conferencia Intergubernamental debe decidir un sistema de votación que dificulte la toma de decisiones en el Consejo más todavía que el sistema de Niza.
Una Constitución «peor que la de Niza» es sencillamente injustificable. Además, en Bruselas tenemos que evitar a toda costa las concesiones de último minuto, cuyo único resultado sería debilitar la credibilidad de la Constitución antes siquiera de tener la oportunidad de presentarla. Recordemos que el primer referendo sobre la Constitución se celebrará apenas seis meses después de que finalice la Conferencia Intergubernamental.
Señor Presidente, Señorías, antes de concluir –y sin entrar en un debate que tendrá lugar en esta Cámara más adelante– quiero hacer un breve comentario sobre la reunión del Consejo Ecofin la semana pasada.
Mi valoración se basa tanto en el contenido como en el procedimiento de la decisión. En cuanto al contenido, el Consejo ha alcanzado un acuerdo general sobre los planes de reducción del déficit que, además, está en línea con los propuestos por los dos países afectados. El Consejo acepta, por tanto, los compromisos contraídos por Alemania y Francia de consolidar sus presupuestos de 2005. Desde el punto de vista del procedimiento, el asunto tiene implicaciones más serias porque el Consejo ha decidido seguir un curso de acción completamente intergubernamental, en lugar del previsto por los procedimientos institucionales. En este caso, tengo que reiterar mi principal crítica: no debemos tomar atajos cuando las disposiciones del Pacto y del Tratado, aprobadas por unanimidad, se vuelven exigentes o incómodas. La utilidad y el valor del Tratado y del Pacto dependen de la certeza de las reglas que todos nosotros –Comisión, Parlamento, Consejo y Estados miembros– tenemos que respetar.
Se trata de una cuestión de tal gravedad que no quiero pasarla por alto. Mi esperanza es que, igual que ha ocurrido tantas veces en la historia de la Unión, una grave crisis dé paso a soluciones innovadoras y duraderas. Creo, por tanto, que debemos mirar al futuro, teniendo presentes dos objetivos: uno a corto plazo y el otro para el futuro. A corto plazo, estoy convencido de que los Estados miembros interpretarán la declaración final del Consejo como una indicación de un compromiso mayor y más decidido con el crecimiento y la estabilidad, y que terminarán aceptando que las reglas están para aplicarlas sistemáticamente. Por nuestra parte, seguiremos asumiendo nuestra obligación de aplicar el Tratado y las reglas del Pacto. Somos responsables, sobre todo en esta fase, de garantizar a todos los Estados miembros un tratamiento absolutamente igualitario. Además, la disciplina presupuestaria y la estabilidad son fundamentales para la Unión Económica y Monetaria. En cualquier caso, hemos aprendido una lección para el futuro. Todos ustedes recordarán los comentarios críticos que hice hace un año. Con ellos no pretendía condenar el Pacto, sino propugnar con fuerza que el Pacto debía convertirse en un instrumento más inteligente para coordinar las políticas presupuestarias a escala europea. Ahora que la moneda única es ya una realidad práctica, los mercados y todos los ciudadanos tienen que poder contar con una gobernanza económica adecuada, para lo cual necesitamos una auténtica política económica. Tenemos que embarcarnos en una nueva fase de consolidación y de gestión de nuestros logros, adaptándolos a la nueva situación, pero siempre de modo riguroso y, sobre todo, tratando a todos por igual. Tenemos que recuperar la credibilidad de nuestros instrumentos de gobernanza económica y del Estado de Derecho ahora que estamos debatiendo nuestra nueva Constitución.
Hace apenas un año, la Comisión dio un primer paso en esta dirección cuando presentó propuestas concretas para reforzar y coordinar las políticas económicas y para interpretar el Pacto con mayor flexibilidad y rigor. Esta línea de acción propuesta por la Comisión fue aprobada por el Consejo Europeo. Además, nuestra contribución a la Convención ya contenía una parte relativa al fortalecimiento y la coordinación de la política económica europea, y la Conferencia Intergubernamental ha hecho suyos algunos de los elementos de nuestra propuesta. Estos tímidos pasos no pueden ponerse en duda ahora.
No obstante, las decisiones del Ecofin demuestran que el verdadero problema que sigue sin resolverse es la auténtica debilidad de nuestro actual sistema de gobernanza económica europea. El verdadero reto al que nos enfrentamos es cómo resolver este problema. Con la mirada puesta en el futuro y después de una reflexión madura, la Comisión preparará una iniciativa en este sentido. Desde luego, creo que no basta con revisar las reglas para la aplicación del Pacto. Tenemos que profundizar en el debate sobre la política fiscal en un contexto más amplio de control general y coordinación de la política económica. Ante todo, tenemos que vincular la política presupuestaria más estrechamente con los objetivos generales de reactivar el crecimiento sin poner en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Para ello, debemos utilizar más activamente las orientaciones generales sobre política económica y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como instrumentos para coordinar la política económica, garantizar el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y lograr los objetivos de Lisboa. Tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo equilibrio entre estos dos instrumentos para mantener la disciplina presupuestaria y, al mismo tiempo, favorecer el crecimiento.
Señor Presidente, Señorías, en los pocos días que nos separan del Consejo Europeo de Bruselas, tenemos que actuar con determinación y optimismo si queremos conseguir los grandes resultados que nos hemos propuesto. De este modo, la Constitución que está tomando forma ahora clarificará nuestros objetivos básicos, sabrá definir con mayor precisión el ámbito de acción de la Unión Europea y hará más sencillo y transparente el funcionamiento de nuestras instituciones. Estoy seguro de que dejaremos a las generaciones futuras una Unión no solo más grande y más influyente, sino también más coherente, más democrática y más próxima a los ciudadanos europeos. No podemos contentarnos con menos en este gran momento histórico.
Brok (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, permítanme que empiece dándole las gracias a la Presidencia italiana del Consejo por haber respetado hasta ahora su promesa de mantenerse lo más fiel posible al proyecto de la Convención. En nombre de mi Grupo, les animo a que sigan cumpliendo su promesa. Tenemos que ser muy conscientes de que lo sucedido con el Pacto de Estabilidad ha debilitado nuestra credibilidad en algunos ámbitos, afectando a las relaciones entre los Estados grandes y pequeños en estas negociaciones y, en lo que respecta a dos Estados, no permitiéndoles adoptar una posición negociadora más conciliadora.
Quiero empezar diciendo algo que me parece importante, y es que estas negociaciones no tienen que interferir con la estabilidad y el poder del Banco Central Europeo, y que los intentos que se han hecho en esta dirección tienen que cortarse de raíz. Debemos tener muy claro que se han conseguido grandes progresos en muchos ámbitos, a los que se ha referido el Sr. Antonione. Celebro en particular que en Nápoles se haya progresado tanto en el ámbito de la política de seguridad con respecto a la cláusula sobre cooperación estructural y asistencia mutua, incluido el protocolo, de tal manera que puede hablarse sin lugar a dudas de un paso decisivo. Creo que la Convención ha pensado siempre que debía dejar las puertas abiertas a otros países, algo que no debe verse en oposición a las relaciones transatlánticas.
Solo espero que el Ministro de Asuntos Exteriores consiga la misma aceptación, y me parece de extrema importancia desde el punto de vista de la Comisión y del Parlamento que el Ministro de Asuntos Exteriores sea un miembro de la Comisión con pleno derecho de voto, con todo lo que eso supone, aunque desde luego que tendrá obligaciones especiales de lealtad al Consejo, y la aclaración que ha hecho la Presidencia italiana del Consejo en este sentido es también importante. Asimismo, me parece de gran importancia que presida a su vez el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores; en realidad, no tendría sentido que no lo presidiera, y solo así tendrá sentido todo el sistema. No creo que pueda tomarme en serio la idea de que son los ministros de asuntos exteriores, de todos los ciudadanos, los que consideran problemático el título de «Ministro de Asuntos Exteriores». No veo que tiene de problemático.
Si mi interpretación de Nápoles es correcta, parece también importante que el Presidente del Consejo Europeo no tenga poder para intervenir en el Consejo General y en sus decisiones. Espero que las negociaciones no cambien esto. El equilibrio institucional -Presidente de la Comisión, Consejo General y Consejo Europeo– depende en parte de ello y hemos aceptado la idea de un Presidente del Consejo Europeo en la medida en que carezca de influencia sobre el resto de lo que haga el Consejo y sobre el proceso legislador. Creo que dicho equilibrio resistirá los embates que han llegado a nuestros oídos.
Tengo que referirme a dos cuestiones que lamento profundamente. El intento de resolver el problema de los procedimientos de votación en el Consejo, fijando 2009 como la fecha a partir de la cual habrá que volver a tomar las decisiones por unanimidad, es una vía de escape. Esto nunca ha funcionado. Si queremos que el Consejo funcione, tiene que poder tomar decisiones por mayoría doble, como propone la Convención, y espero que no se renuncie a ello demasiado pronto en el transcurso de las negociaciones que tendrán lugar en los próximos diez días. Nuestra postura respecto a Niza es crítica porque no consiguió dotar a la Unión de la capacidad de acción que la ampliación demandaba. Este punto no debe ser la causa del fracaso de las negociaciones.
La segunda cuestión que quiero plantear es la siguiente: si el Parlamento sale perdiendo con los cambios que se hagan en materia presupuestaria, me parecerá un punto de ruptura. Si –como nos han dicho los ministros del Ecofin– la intención es que los derechos del Parlamento en materia presupuestaria vuelvan a ser los que eran antes del Acuerdo Interinstitucional, o incluso antes de 1978, me parecerá inaceptable. Ahora tenemos una propuesta muy equilibrada, según la cual el propio Consejo es el que tiene la última palabra en lo que se refiere a sus propios recursos. En este sentido, existe un equilibrio que se destruirá si se modifica cualquier punto del mismo. Aunque me he pasado de tiempo, quiero decir que la aprobación del presupuesto es una prerrogativa del Parlamento. Ningún Parlamento puede estar de acuerdo con una Constitución que viole esta prerrogativa.
Barón Crespo (PSE ).
    Señor Presidente, ante todo me permitirá que haga una observación metodológica, porque el Presidente de la Comisión -creo que con razón- ha entrado en el Pacto de Estabilidad, que es el debate siguiente. Me comunica el Presidente en ejercicio del Consejo que ese tema no le toca a él, sino al Ministro Tremonti. Tendremos que repetir a ambos lo que pensamos sobre el tema presupuestario y económico.
Pero en fin, empecemos por el principio. En relación con la Cumbre Social -que algunos compañeros tratarán más en profundidad-, quiero señalar, en primer lugar, que es de esperar que no sea un simple añadido. Con la estrategia de Lisboa tenemos la experiencia de lo que son los buenos deseos sin compromisos. Y creemos que es absolutamente trascendental en este momento que nos ocupemos de formular políticas proactivas para nuestro capital más importante, que es el capital humano. Por eso apoyamos las propuestas de Wim Kok y esperamos que el Consejo elabore políticas que no sean solamente un catálogo de buenas intenciones.
Entrando en el resultado del cónclave -que parece ser que, aunque no hubo del Vesubio, sí hubo una tormenta que ensombreció el final de la reunión-, yo le quiero señalar -y lo digo desde una postura clara de oposición al actual Gobierno italiano- que nosotros seguimos diciendo que queremos un acuerdo el 13 de diciembre. Queremos que la Presidencia italiana tenga éxito. Y tengo que reconocer que la Presidencia italiana ha mantenido una postura constructiva que ha ido más allá incluso que la postura de muchos Gobiernos.
Y entrando en concreto en las cuestiones que nos preocupan, quiero llamar la atención al Consejo y a la Presidencia italiana sobre la responsabilidad de esta Conferencia Intergubernamental, que se celebra después de que se hayan abierto las puertas a la democracia en la Unión. Después de abrirlas, se han cerrado. Y ahora no se pueden aceptar chalaneos y mercadeos de última hora que vayan en contra, no solo del Parlamento, sino de la democracia y de la transparencia.
Por lo tanto, nosotros, como Grupo Socialista, pensamos que la cuestión del Consejo legislativo no está liquidada. Por dignidad y para mantener el proceso legislativo ordinario, la Conferencia Intergubernamental debe reconsiderarla.
En cuanto a la composición de la Comisión, quiero señalar que, en principio, la postura mayoritaria en mi Grupo es que tiene que haber una solución flexible. No apoyamos la postura de un Comisario por Estado miembro, pero, en cualquier caso, hay que ser conscientes de que estamos razonando en términos de períodos de transición, cuando lo que hace falta es que la Comisión sea un ejecutivo europeo responsable.
En cuanto a la mayoría cualificada, hemos tomado buena nota de la propuesta de la Presidencia italiana, que se basa en la doble mayoría -lo que dice el artículo primero de la Constitución- de ciudadanos y de Estados. Hay margen para el ajuste. Lo que no hay que hacer es ir más allá, a la triple mayoría, que fue el resultado de la Cumbre de Niza, porque eso sí que verdaderamente no funciona.
En cuanto a la política exterior y de seguridad común, saludamos el avance que se ha producido en términos de cooperación estructurada en defensa y apoyamos a la Presidencia italiana por su propuesta de ampliar la aplicación de la mayoría cualificada.
En el tercer pilar, lamentamos profundamente las propuestas actuales, en particular las relativas a la cooperación judicial, materias penales y civiles y a las funciones de la fiscalía europea. Ahí hay un clarísimo retroceso en relación con el proyecto de Constitución.
Y concluyo, señor Presidente, en relación al ataque en toda regla por parte del Consejo, que no tiene poder para hacerlo. El Ecofin, hay que señalarlo, no tiene legitimación activa de los poderes de esta Cámara. Y yo diría ataque del Consejo y del , por decirlo en italiano, porque por debajo del Consejo está el Coreper, que es el que le prepara los papeles al Consejo, porque los ministros no se saben esta asignatura normalmente.
Quiero señalar que ese tipo de propuestas es absolutamente inaceptable para nosotros, es una línea roja que no se puede franquear. Pero digo más: desde el año 1975 hay un acuerdo equilibrado entre el Parlamento y el Consejo, y nosotros no nos vamos a quejar sólo: si el Consejo desmantela el sistema presupuestario, nosotros también daremos respuesta a ello, y ya veremos quién va más allá. No se trata sólo de quejarnos. Nosotros tenemos poderes y los defenderemos hasta el final.
Watson (ELDR ).
   – Señor Presidente, todos estamos haciendo esfuerzos por acordar un Tratado Constitucional antes de que acabe el año. La ironía de ver a nuestros dirigentes creando nuevas normas para la Unión Europea solo unos días después de haber roto el Pacto de Estabilidad no pasará desapercibida a los ojos de nuestros ciudadanos. Al mismo tiempo, queremos que el Consejo Europeo asuma su responsabilidad y defienda los derechos de los ciudadanos europeos que continúan detenidos en Guantánamo.
En Nápoles, nuestros Ministros de Asuntos Exteriores solo consiguieron acercarse al acuerdo alejándose del texto de la Convención. Mi Grupo lamenta que ahora la marea de la reforma no suba hasta el nivel establecido por la Convención.
La ampliación, por parte de la Convención, del procedimiento de codecisión a las competencias presupuestarias habría hecho a la Unión Europea más responsable y transparente. Ninguna democracia parlamentaria viable puede existir sin el poder monetario. La inflexibilidad de los Ministros de Hacienda sobre esta cuestión es una batalla que enfrenta a la política bruta contra el principio de reforma. Acojo con agrado las observaciones del Presidente de la Comisión. No debemos ceder en este punto.
Asimismo, tenemos que resolver la cuestión de la ponderación de los votos para que la eficacia y responsabilidad prometidas por la Convención no se pierdan completamente.
Para nosotros, lo que realmente ha acabado con el Pacto de Estabilidad es que ciertos países hayan confundido su poder para violar la ley con el derecho de hacerlo. En Guantánamo, los Estados Unidos han sido víctimas de la misma confusión.
América se fundó sobre el principio de que la ley, y no los hombres, gobierna a los libres. Los países tienen fronteras, pero los principios no. No hay una línea trazada en un mapa más allá de la cual dichos valores ya no tengan vigencia. La prisión de Guantánamo desperdicia un valioso legado norteamericano y renuncia a una postura esencial.
Durante dos años, los 660 hombres y niños de Camp Delta no han tenido acceso a los derechos de los prisioneros de guerra o de los criminales civiles. No se les ha acusado de ningún crimen. Los tribunales militares que les juzgarán no les concederán derecho de recurso ni acceso a una defensa efectiva. Dostoyevsky escribió una vez: «Solo podemos conocer la naturaleza de una civilización visitando sus prisiones». De todos los exámenes que se le pueden hacer a una civilización, el más importante es el uso responsable del poder sobre los indefensos. Por desgracia, los estándares de detención y justicia en Guantánamo son atípicos de un país como los Estados Unidos, con una espléndida historia de libertades civiles.
Aunque acojo con satisfacción las noticias de que algunos detenidos serán repatriados en breve, un aplazamiento para unos pocos australianos y europeos hace más palpable la injusticia cometida con los que se quedan. Europa tiene que presionar para que todos los hombres y niños de Guantánamo sean acusados de inmediato, sean juzgados en sus países o se les libere, independientemente de su nacionalidad. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero que esto sea una prioridad en su agenda.
Insto a esta Cámara a pedir al Consejo Europeo una declaración inequívoca de la consternación de Europa, e insto a nuestro Presidente a que transmita este mensaje. Insto a los dirigentes de la Unión Europea a garantizar que los acuerdos bilaterales no silencien a Europa respecto de los importantes principios que están en juego. El Grupo Liberal apoya los llamamientos a que el Parlamento Europeo y el Consejo envíen un al Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto a los detenidos.
Dos de nuestros mayores enemigos en la lucha contra el terror son el miedo que nos hace abaratar nuestras libertades y el poder que nos vuelve cínicos respecto de estas libertades. Si en el Consejo encontramos el deseo de hacer justicia a nuestro enemigo, entonces ya habremos ganado.
Frahm (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, es difícil intervenir después del excelente discurso del Sr. Watson. Estoy plenamente de acuerdo con los comentarios que mi colega diputado ha hecho sobre los presos en la Bahía de Guantánamo, y mi Grupo pedirá también a la Presidencia que adopte una postura firme sobre esta cuestión en la próxima reunión del Consejo.
Quiero pedir asimismo que el Consejo manifieste en la próxima reunión su apoyo a la Iniciativa de Ginebra para la paz en Oriente Próximo, gracias a la cual algunos valerosos palestinos e israelíes han firmado ahora un acuerdo que podría conseguir el acercamiento de las dos partes. Podría ser nuestra esperanza de paz en la región.
Volviendo a la Convención Europea y a la Conferencia Intergubernamental, cuando la Convención decidió redactar un tratado entero, eso es lo que fue: una decisión. En Laeken, por supuesto, se buscaron sobre todo respuestas a varios problemas diferentes y, puesto que la Convención decidió pese a todo redactar un solo tratado unificado, pienso también que ha querido cuestionar en cierta medida el método de trabajo. Posiblemente la Convención haya situado tan alto el listón europeo que haya dejado de tener los pies en la tierra. Ojalá no sea así, pero quiero decir que su resultado –la Constitución Europea– tiene algunos puntos flacos y también algunos puntos fuertes. Ante todo me desconcierta cómo podemos sentarnos en esta Cámara en una asamblea parlamentaria –una asamblea electa– para debatir una Constitución que posiblemente no se someterá a votación, respecto a la cual nuestros ciudadanos no podrán adoptar una posición y con la cual los ciudadanos europeos no tendrán la oportunidad de asentir o disentir.
En algunos Estados miembros se celebrarán referendos, pero la mera idea de introducir algo parecido a una Constitución sin consultar a los ciudadanos se aleja demasiado, en cualquier caso, de mi idea de democracia. Después de todo, la democracia es algo más que solo unas instituciones democráticas, aunque estas formen parte de ella. La democracia es algo más que unas elecciones libres y democráticas entre diferentes candidatos y diferentes partidos, aunque estos formen parte de ella. La democracia exige también la existencia de un diálogo con los ciudadanos en el proceso. Los ciudadanos no deben limitarse a depositar su voto y regresar a sus casas. Tienen que ser consultados en momentos importantes, como es la redacción de una Constitución europea.
Espero que el resultado de la Conferencia Intergubernamental pueda ser aceptado por los ciudadanos a los que se les permita votar sobre ella. Pero esa no será tarea fácil, por ejemplo, en el tema de la política económica. Acabamos de referirnos brevemente a la UEM, una cuestión que también se debatirá posteriormente en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero las políticas en las que se basa dicho pacto se han incorporado, como es lógico, al proyecto de Constitución y, al mismo tiempo, como ya dijimos con ocasión del referendo danés, estamos empezando a comprobar que los países pequeños tienen que cumplir las normas cuando los grandes no lo hacen. Rechazamos esta política y esperamos, por tanto, que en la reunión del Consejo se encuentre una solución al problema, de manera que Alemania pueda resolver sus dificultades económicas y no tengamos que limitarnos a cumplir unos criterios rígidos. 
Cohn-Bendit (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio, la Conferencia Intergubernamental no va bien. El resultado que se espera en Bruselas me parece pésimo. Creo que una de las grandes capacidades de los políticos que quieren decir «sí» es tener el valor, llegado el momento, para decir «no» o negarse a firmar. Creo que la Presidencia, la Comisión y todas las partes implicadas deben tratar de alcanzar un acuerdo en Bruselas. Pero si llegar a un acuerdo en Bruselas significa volver a escuchar la misma charlatanería que en la última noche de Niza, la Conferencia Intergubernamental no puede terminar en Bruselas. ¡Niza no puede repetirse! Habrán oído ustedes «morir por Danzig»; ahora, los polacos nos han traído «morir por Polonia». El Sr. Prodi ha dicho: «Vamos a morir por el presupuesto.» Yo digo: «No quiero morir por Bruselas.» Nadie está obligado a morir, como nadie está obligado a firmar si no le gusta el resultado de la Conferencia Intergubernamental. Así son las cosas.
Sé que los Gobiernos suelen reírse de que este Parlamento no tenga que dar el «sí». Sé que dicen que al final el Parlamento saldrá vencido. De hecho, la mayoría de este Parlamento resultó vencida por una minoría en Niza y dijo «sí» a Niza, pero nosotros ya advertimos que Niza haría imposible la ampliación o haría imposible el funcionamiento de Europa.
Señorías, señor Presidente en ejercicio, díganles ustedes que primero tiene que ratificarse esta Constitución, ya sea por vía parlamentaria o a través de un referendo. Díganles también que la gran mayoría de nosotros, los diputados del Parlamento Europeo, no estamos de acuerdo con lo que ellos han firmado, y que somos capaces de inclinar el resultado del referendo a favor del «no». Que podemos seguir siendo un obstáculo aunque no nos dejen tomar la decisión con ellos. Que si no reciben el apoyo de los más europeos de los europeos, es decir, de este Parlamento, no recibirán el apoyo de los ciudadanos de Europa. Tienen que meterles eso en la cabeza. Por lo tanto, si revisan el proyecto de Constitución propuesto por la Convención, si no quieren seguir hablando sobre el consejo legislativo, si no quieren seguir hablando sobre igualdad institucional en materia del presupuesto y los derechos del Parlamento, si no están dispuestos a introducir la mayoría doble, si quieren poner en duda la definición del contenido de Europa según se define en la primera parte del texto de la Convención, este se encontrará con la oposición de los más europeos de los europeos. 
Por eso les digo que no tienen que firmar necesariamente y que si no se ponen de acuerdo, tienen que seguir hablando. Tienen que hablar con los polacos. Tienen que hablar con los españoles. Tienen que hablar con mi abuela y con mi abuelo y con todos los demás. A mí me parece que firmar antes de hacer eso sería un crimen contra Europa. Esto es lo que les diremos a los ciudadanos, y trataremos de convencer a nuestros Gobiernos de que no firmen en Bruselas si el resultado no es satisfactorio y que dejen que la Presidencia irlandesa o la Presidencia luxemburguesa termine el trabajo. La realidad es que nunca es demasiado tarde para terminar, pero sí demasiado pronto a veces. Eso es lo que me preocupa y por eso les digo que tienen que confiar en Europa y que no pueden sacrificarla firmando algo de lo que se avergonzarán en el futuro, como ya se han avergonzado de Niza. Después de todo, ese fue el motivo para poner en marcha la Convención.
Collins (UEN ).
   – Señor Presidente, creo que es lícito afirmar que la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Nápoles el pasado fin de semana fue muy productiva. Lo digo porque ahora los Gobiernos de la Unión Europea están debatiendo lo que yo describiría como cuestiones fundamentales relativas a aspectos que nos preocupan de las probables disposiciones del nuevo Tratado de la Unión Europea.
Hay que felicitar al Gobierno italiano por acelerar el ritmo de estas negociaciones, y la celebración de esta reciente reunión en Nápoles ha resultado muy oportuna. Los dirigentes de la UE se reunirán la semana que viene, el 12 de diciembre de 2003, para intentar forjar el acuerdo final que regirá el futuro de la Unión Europea. Creo que, a la luz del espíritu de cooperación y determinación que prevalece en este momento, se podrá alcanzar un acuerdo en la próxima reunión de Jefes de Gobierno de la Unión Europea.
Esto no significa que no haya problemas o ámbitos de discrepancia. Siempre he creído que es muy importante que haya igualdad de representación respecto de la composición futura de la Comisión Europea. Asimismo, los Gobiernos de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tienen diferentes preocupaciones. Está claro que la dirección del proceso de toma de decisiones en el seno del Parlamento y del Consejo Europeo estará basada en procedimientos de codecisión y de voto por mayoría.
Creo que los ciudadanos de Europa están exigiendo conocer las responsabilidades exactas de las nuevas carteras políticas que se están creando en el seno de la Unión Europea. Quieren saber cuáles serán las funciones exactas de un probable Ministro de Asuntos Exteriores europeo y de un posible Presidente del Consejo Europeo. Es importante clarificar estas preguntas y no duplicar las funciones. Esto empañaría lo que la Unión Europea debería estar haciendo en este momento.
Además, aún existe preocupación en Europa respecto de algunas preocupaciones nacionales delicadas. Considero que las cuestiones fiscales deberían limitarse a los Gobiernos de los Estados miembros individuales. No creo que la Unión Europea deba tener poderes para aumentar los impuestos mediante un procedimiento de voto por mayoría cualificada.
Asimismo, creo que el procedimiento de voto por mayoría cualificada no debe aplicarse a decisiones relativas al funcionamiento de los sistemas jurídicos en el seno de la Unión Europea. Sería un paso incorrecto a causa de los diferentes sistemas jurídicos que funcionan en Europa.
No me cabe duda de que durante los próximos diez días se intensificará el diálogo entre todas las partes contratantes en un esfuerzo por mediar en un acuerdo para un nuevo Tratado de la Unión Europea. Existe buena voluntad para alcanzar un acuerdo en el próximo Consejo Europeo. Aunque el calendario del Gobierno italiano es sin duda ambicioso, puede alcanzarse en las circunstancias adecuadas. Le deseo mucho éxito. 
Bonde (EDD ).
    Señor Presidente, probablemente esta sea nuestra última reunión antes de la cumbre del 12–13 de diciembre, y quiero manifestar mi rechazo a la Constitución propuesta. 
La Declaración de Laeken estableció la tarea de acercar la UE a sus ciudadanos. Ahora se pretende transferir un gran número de decisiones nuevas de los Parlamentos nacionales a funcionarios que deliberarán a puerta cerrada en Bruselas. Son más las decisiones que se quieren transferir de Parlamentos abiertos a grupos de trabajo semisecretos del Consejo que las decisiones que se quieren hacer transparentes en el Consejo. La apertura general disminuirá. El poder legislativo se está convirtiendo básicamente en un poder ejecutivo. En definitiva, el electorado está viendo menoscabada su influencia. El déficit democrático aumentará, cuando lo que se pretendía era reducirlo. Los federalistas de esta Cámara aplauden con alegría, porque ellos mismos conseguirán más influencia. En el fondo, tendrían que oponerse al hecho de que los Parlamentos nacionales cedan mucho más poder del que está ganando el Parlamento Europeo. El electorado y los representantes electos saldrán perdiendo. Los grupos de presión y los funcionarios verán aumentado su poder legislativo si se aprueba el proyecto actual.
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrá derecho a designar a los que ostentarán el poder en la UE. El Presidente de la UE, el Ministro de Asuntos Exteriores de la UE, el Presidente de la Comisión y su vicepresidente serán todos ellos nombrados por una alianza de 17 de los 25 Jefes de Estado y de Gobierno. Podrá ignorarse el voto y los deseos de ocho países. Probablemente 10 de esos 17 podrán continuar como líderes en sus respectivos países. Los siete que no sigan en el poder cuando regresen a sus países podrán aceptar algún trabajo en Bruselas. Cuando los políticos pierden la confianza de los ciudadanos de su propio país, sus políticas rechazadas pueden mantenerse durante cinco años. El monopolio de la presentación de propuestas legislativas estará en manos de personas que ya no podrán ser elegidas. Los Comisarios no son elegidos y no tienen que rendir cuentas al electorado. La Comisión solo puede disolverse por mayoría de dos tercios, y su disolución crea como mucho una crisis.
El propio Parlamento Europeo está atravesando una crisis, con una participación cada vez menor de votantes y la incapacidad de lograr que los Comisarios cumplan una ley de contabilidad que se aplica a todos los libreros de la UE, por ejemplo. No obstante, existen instrumentos eficaces para luchar contra el fraude, como son la transparencia y la democracia. Dejemos que los Comisarios sean nombrados por los Parlamentos nacionales y tengan que rendir cuentas a estos. De esta forma, ningún Comisario podrá salir del paso diciendo «no soy responsable; no sabía lo que estaba sucediendo.»
Tenemos que construir Europa desde abajo y no desde arriba. 

Pannella (NI ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, voy a leer algunas declaraciones que se hicieron después de Nápoles. El Sr. Fischer dijo: «Me voy de Nápoles más preocupado que cuando llegué.» La Comisaria de Palacio dijo: «Está claro que solo una minoría de países apoyan el proyecto de Giscard d’Estaing.» El Sr. Villepin dijo: «No aceptaré compromisos diluidos.»
El propio Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho que, si pudieran elegir, Austria, Estonia, Dinamarca y, en cierta medida, España, Polonia y el Reino Unido preferirían Niza al nuevo sistema. Sin comentarios. Esa es la situación.
En su excelente intervención, que todos hemos aplaudido con placer, el Sr. Cohn-Bendit ha dicho que no quiere morir por Dinamarca, por Europa, por América ni por ninguna enfermedad. Bravo. Yo tampoco. Pero esta política, señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta ausencia de política por nuestra parte, por su parte, por parte de Europa, está condenando a miles de personas a morir en Oriente Próximo y supone una amenaza para el destino y el futuro de la región.
En mi opinión, y comparto el llamamiento que ha hecho también el anterior presidente, Sr. Cossiga, en esta cuestión –la cuestión de la guerra y la paz– los pacifistas solo podemos pedir que se retiren nuestras tropas. Bravo. Usted no es diferente de las personas que vivieron en 1939.
Ahora es necesario, y esta es nuestra propuesta específica como miembros radicales de la Lista de Bonino, de conformidad con el derecho internacional y las reglas de la guerra, consultar a expertos con carácter urgente. Tenemos que actuar rápidamente para legalizar la situación y, por tanto, la Organización de las Naciones Unidas, Europa, la Liga Árabe y pienso que hasta los Estados Unidos, tienen que exigir un proceso oficial de paz.
El error cometido en Italia por los Aliados, quienes hasta en aquella época eran liberadores, se está repitiendo en Oriente Próximo. El 8 de septiembre de 1943, cuando el ejército italiano se dispersó de la noche a la mañana como el ejército de Sadam Husein, Italia podría haber sido liberada en dos meses. Pero tardaron varios meses. Tardaron seis meses solo en establecer la República de Salò.
No habrá República territorial de Salò, pero estamos siendo claros testigos de la reforma clandestina del ejército iraquí, que además sigue sin recibir paga alguna.
En consecuencia, señor Presidente en ejercicio del Consejo, considero que Italia, y ahora Europa, tienen que tomar la iniciativa de convocar una reunión especial del Consejo para proponer un proceso de paz a la Organización de las Naciones Unidas, a los Estados Unidos y a la comunidad internacional. De acuerdo con las reglas internacionales de la guerra, Sadam Husein tiene que caracterizarse como un combatiente clandestino, de manera que –como ya sucedió con Cassibile en Italia, por ejemplo– puede que en el futuro se negocie no sobre la inmunidad de Sadam Husein, pero sí sobre su exilio y su impunidad. 
Esta es una iniciativa política genuina. Puede reunir a Francia, a Alemania y hasta a los neoconservadores en los Estados Unidos. Italia y Europa se estremecen de nuevo como lo hicieron en el caso de la antigua Yugoslavia. La imagen de Srebrenica simboliza nuestra incapacidad de actuar.
Por eso les pido: vivamos para siempre, como quiere el Sr. Cohn-Bendit. Protejámonos de las enfermedades, pero no sigamos condenando a muerte a poblaciones enteras del mundo en nombre de la libertad y la legalidad.
Méndez de Vigo (PPE-DE ).
    Señor Presidente, este debate está volviéndose muy emocional; mi intervención no va a ir en esa línea.
Creo que la Conferencia Intergubernamental va como era previsible que fuera. A mí no me está sorprendiendo el desarrollo de la misma. Creo que la Presidencia italiana, señor Presidente en ejercicio, está haciendo algunas cosas bien. Creo que hay buenos avances en algunos temas, por ejemplo, en la cláusula social. Eso no conseguimos hacerlo en la Convención. Creo que si ustedes lo ponen sobre la mesa será un buen avance y veremos cuántos Gobiernos socialistas están a favor de ello.
También creo, por ejemplo, que hay otros temas en los cuales ustedes van a llegar a acuerdos que pueden ser razonables, como el tema de la fiscalía europea. Creo que, si ustedes proponen que la fiscalía europea trate de aquellos temas que afectan a los intereses financieros de la Unión, este Parlamento podría aceptarlo a condición de que el fiscal no se creara por unanimidad, sino a través del procedimiento legislativo ordinario. Aquí tiene usted una propuesta de consenso que creo que nos permitiría avanzar.
En cambio, hay alguna otra cuestión en la que no entiendo por qué la Presidencia italiana no ha buscado un compromiso. Por ejemplo, en el tema de la doble mayoría. No entiendo por qué la Presidencia italiana se ha obstinado en no hacer ninguna propuesta distinta del texto de la Convención, cuando en otros temas sí lo ha hecho.
Me parece que el tiempo se nos echa encima. Me parece que queda solamente una reunión ministerial y, luego, el Consejo definitivo, y no sé si en este asunto conseguiremos avanzar hacia un resultado aceptable para todos. Claro que desde un punto de vista político, el momento tampoco es el mejor, pues con la ruptura del pacto de estabilidad da la sensación de que en Europa existen dos varas de medir -me gustaría mucho que le transmitiera eso al Sr. Tremonti-, lo que no contribuye a crear el mejor clima para el consenso.
Ahora bien, a diferencia de lo que aquí se ha dicho -lo que ha dicho algún colega-, sí creo que tenemos que acabar el 13 de diciembre. No creo que por tener más tiempo -por utilizar las palabras de ese colega, que está ausente-, por consultar a la abuela o al abuelo de ese colega logremos un mejor resultado. Creo que eso no es así. Creo que -como decimos en mi país- el pescado está vendido: todos sabemos cuáles son las soluciones que hay sobre la mesa, cuáles son las alternativas posibles y creo que la señal política que tenemos que dar es aprobar la Constitución el 13 de diciembre. esa es la señal política que tenemos que dar. 
Y creo que, además, tenemos que hacerlo porque la ampliación, que es la gran apuesta de Europa y de este Parlamento, tiene que ir acompañada por la refundación política en la Constitución. Se entendería muy mal que la ampliación se llevara a cabo el 1 de mayo y que no tuviéramos Constitución por una razón u otra.
Por tanto, le animo a usted a seguir perseverando en esa línea y pido a los Gobiernos que hagan uso de un patriotismo constitucional europeo, que olviden los intereses nacionales y que piensen que lo que necesitamos en estos momentos es una Constitución que sea una unión de Estados y también de ciudadanos, que nos permita vivir juntos en esa apasionante tarea en los próximos años.
Por tanto, ¡adelante!, señor Presidente en ejercicio del Consejo. Adelante, intentando buscar acuerdos. Adelante, para acabar el 13 de diciembre.
Hänsch (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero agradecer a la Presidencia italiana del Consejo el enorme esfuerzo que ha hecho en las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental para mantenerse lo más fiel posible al texto propuesto por la Convención y también para ofrecer soluciones que van más allá de dicho texto. Pondré dos ejemplos: la referencia explícita a la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer como uno de los valores de la Unión Europea no es un mérito que corresponda a la Convención. El hecho de que ustedes la propusieran y de que se aceptara es un progreso, y eso es algo que tenemos que dejar claro. Su propuesta de que las decisiones en ámbitos específicos de la Política Exterior y de Seguridad Común deban tomarse, sujetas a ciertas condiciones, mediante votación por mayoría cualificada, va más allá de la propuesta de la Convención, y eso es algo que quiero recalcar de forma expresa para dejar claro el papel extraordinariamente positivo que han tenido ustedes.
Pero tengo que decirle al Sr. Brok, aunque ya no esté aquí presente, que lo que ustedes han propuesto con relación al Banco Central Europeo no interfiere con la independencia de este. No va más allá de lo que queremos para otros ámbitos, es decir, que las decisiones sobre cuestiones técnicas específicas puedan tomarse mediante un procedimiento simplificado, lo cual significa que si los Jefes de Gobierno quieren cambiar algo, tendrán que hacerlo por unanimidad. La unanimidad sigue existiendo; lo único que sucede es que, cuando queramos resolver cuestiones técnicas, no tendremos que poner en marcha todo el proceso de revisión de los Tratados y la Constitución. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que a todos nos parece este un punto de bastante importancia, y le pido a la Presidencia del Consejo que tenga también eso en cuenta.
En cuanto a los derechos del Parlamento en materia presupuestaria, tanto en la planificación financiera a medio plazo como en el presupuesto anual, no podemos ni queremos aceptar menos de lo que ya tenemos. Una cosa así no puede ser aceptada por un parlamento democráticamente elegido, y nos resistiremos a ello con todos los medios a nuestra disposición.
Quiero añadir que celebro la postura sin ambigüedades que ha adoptado la Comisión en este punto. Puede que no siempre estemos en el mismo lado, pero, en este caso, señor Presidente de la Comisión, celebramos su apoyo, porque contamos con pocos aliados en esta cuestión. Me alegro de que esté usted entre ellos, como también lo está la Presidencia del Consejo.
Quiero hacer un último comentario. Yo también tengo mis críticas respecto a Nápoles. Al igual que el Sr. Fischer, el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, yo regresé de Nápoles más deprimido de lo que llegué. Lo que me preocupa es que hemos dejado sin resolver muchas cuestiones respecto a las cuales ahora tendrán que decidir los Jefes de Estado y de Gobierno, y que terminaremos repitiendo aquella «noche de Niza» y su compromiso, no solamente respecto al mínimo común denominador, sino con un conjunto de compromisos inconexos y mutuamente contradictorios. El peligro de que se repita lo de Niza en Bruselas el 13 de diciembre se ha hecho mayor desde Nápoles. Mi temor es que terminemos aceptando esta peculiar «cláusula de emplazamiento». Durante más de diez años, desde Maastricht, señor Presidente en ejercicio del Consejo, esa ha sido la respuesta habitual de los Jefes de Estado y de Gobierno. En Maastricht dijimos que necesitábamos la unificación política de Europa. Pero la aplazamos, decidiendo que la dejaríamos para más adelante. Luego tuvimos Amsterdam, y las célebres cuestiones que quedaron pendientes y se aplazaron hasta Niza, donde tampoco pudieron resolverse y se remitieron a la Convención. Ahora la Convención ha presentado una propuesta. Por favor, se lo ruego, señor Presidente en ejercicio, ¡no vuelva a hacer lo mismo! La situación no ha mejorado. Si quedan más cuestiones sin resolver después de las decisiones tomadas el 13 de diciembre, el conjunto de la ciudadanía europea lo tomará como un fracaso de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Señor Presidente en ejercicio, le ruego que evite un fracaso así. A ellos se les juzgará no solo por su capacidad de conseguir resultados, sino también de propagar soluciones, y a usted también.
Duff (ELDR ).
   – Señor Presidente, este viernes 5 de diciembre de 2003, los parlamentarios de la Convención volverán a reunirse para analizar el progreso de la Conferencia Intergubernamental, para hablar con el Sr. Frattini y con el Sr. Giscard d’Estaing y para hacer propuestas conjuntas a la CIG.
La idea principal de nuestras deliberaciones será el apoyo al trabajo de la Presidencia italiana en su defensa del trabajo de la Convención, pero estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Hänsch en que lucharemos contra la noción de cláusulas en elementos clave del paquete La falta de resolución no hará que las decisiones difíciles se resuelvan de forma más fácil: ahora es el momento de actuar con decisión. Tampoco aprobaremos propuestas que exageren el tamaño y distorsionen la forma de la Comisión –o incluso de este Parlamento– para evitar concesiones a la autoestima de los Estados miembros. Tales estratagemas no contribuyen a la eficiencia y eficacia de esas autoridades, e ignorar la voluntad de este Parlamento hipotecaría sin duda las perspectivas de entrada en vigor del nuevo acuerdo. Enfriaría el ambiente político y heriría la legitimidad democrática de la Unión.
Los Presidentes del Consejo y de la Comisión tienen que dejar muy claro que la CIG no puede dar por supuesto nuestro consentimiento.
Korakas (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, por supuesto que los trabajadores, los ciudadanos de nuestros países, no esperan que en la cumbre del Consejo se hable sobre la realidad que ellos experimentan todos los días como consecuencia de la política de los Gobiernos de centro derecha o de centro izquierda de la Unión Europea. Ellos sufren en carne propia el aumento del desempleo, la disminución de los ingresos, la compaña en contra y hasta la supresión de la jornada de ocho horas y sus otros derechos como resultado de la famosa agenda de Lisboa, cuya aplicación será evaluada por el Consejo. Ellos saben que todo esto se está promoviendo en nombre de la competitividad y la productividad, con el único objetivo de aumentar los beneficios que obtienen las grandes empresas en la Unión Europea. Este es también el objetivo más general de la reducción constante de los costes de mano de obra, incluso allí donde tenemos índices de crecimiento más altos, como en Grecia, cuyos trabajadores son los más productivos y los peor pagados de toda la Unión Europea.
Como ocurre con todas las demás cuestiones que se debatirán, sea la Conferencia Intergubernamental, la Constitución europea, que institucionaliza el capitalismo, el aumento de la militarización y la autocracia de la Unión Europea, el reforzamiento de unos mecanismos represivos contrarios a los intereses de los trabajadores, la ampliación –negativa para los ciudadanos– con diez nuevos países o la política en materia de inmigración y asilo, la única finalidad de la cumbre del Consejo es salvaguardar y aumentar los beneficios y el poder de las grandes empresas en la Unión Europea. La continuación de la ocupación del Iraq está teniendo como único resultado un aumento de los beneficios y sigue cobrándose víctimas entre la población iraquí, así como entre los conquistadores y sus aliados como consecuencia de la resistencia justificada de los ciudadanos iraquíes.
Así pues, el Consejo Europeo de Bruselas no solo mantendrá estas orientaciones políticas, sino que además adoptará medidas para reforzarlas y salvaguardarlas legalmente. En mi opinión, la única forma de cambiar esta situación es con la resistencia y el contraataque de los ciudadanos, que por fortuna no paran de aumentar. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para reforzar esta perspectiva. 
Voggenhuber (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero manifestar mi apoyo a la decidida protesta del Sr. Watson contra las graves y constantes violaciones de los derechos humanos en los campos de prisioneros de los Estados Unidos. 
Permítanme ahora hablar sobre la Conferencia Intergubernamental. Me pregunto por qué los Gobiernos convocaron una Convención cuando, incluso sin ella, podrían haber presenciado el sempiterno espectáculo de las naciones luchando por defender sus intereses. Mientras los Gobiernos dan la vuelta al texto propuesto por la Convención, nosotros en esta Cámara hemos vuelto a proponer resoluciones, repitiéndonos a nosotros mismos, protestando contra el eterno inmovilismo, pero todo ha sido en vano, porque no hemos obtenido ninguna respuesta, ni tan siquiera un debate en serio de la cuestión. Ahora procede que nos preguntemos qué debemos hacer. Los Gobiernos creen saber cuál va a ser nuestra respuesta; ya se la dimos después del fracaso parcial de Amsterdam: «Esto es mejor que nada». Luego, después de Niza, cuando el fracaso fue total, nuestra respuesta siguió siendo la misma: «Esto es mejor que nada». Pero ahora he llegado a creer que una mala Constitución no es mejor que nada. Tenemos que dejar claro a los Gobiernos que ellos no son los dueños de los tratados, sino los Parlamentos y los ciudadanos representados por estos, que son los únicos que pueden rechazar esta Constitución.
Se nos dice en un tono muy emotivo que tenemos que salvaguardar la dignidad de todos los Estados miembros. ¿Y qué pasa con la dignidad de Europa? Nadie dice nada sobre ella. No puedo creer que la dignidad de un Estado miembro exija renunciar a los principios de la separación de poderes y la naturaleza pública del proceso legislador, o suprimir el consejo legislativo, la gran idea de la Convención para reforzar la democracia. No puedo creer que la dignidad de un Estado miembro exija que la indudable legitimidad de la mayoría doble tenga que jugarse a la lotería en Niza. No puedo creer que la dignidad de un Estado miembro signifique que el Consejo tenga que aprobar más leyes, o que tengan que lanzarse más ataques contra el parlamentarismo y la naturaleza pública del proceso legislador. La dignidad nacional no tiene nada que ver con eso, ni necesita que se menoscaben los derechos presupuestarios del Parlamento.
En el último debate, así como en los pasillos y entre bastidores, algunas personas se muestran partidarias de llegar a un compromiso. Escuchando al Sr. Méndez de Vigo, nos ha parecido entender que esta Cámara debe renunciar a su lealtad hacia la Convención y optar por el traidor hielo del compromiso. Se nos ofrecen compromisos solo cuando estamos en retirada. Se nos ofrecen negociaciones solo cuando se cuestionan la democracia y los derechos del Parlamento. Nadie parece ofrecerse a negociar nuestras demandas respecto a la Conferencia Intergubernamental. Esta vez, debemos dejar claro que una mala Constitución no es mejor que nada.
Ribeiro e Castro (UEN ).
    Presidentes, Señorías, al igual que el Sr. Cohn-Bendit, yo también opino que no tenemos ninguna prisa, porque la declaración de Niza, con la que se inició todo el proceso, estableció 2004 como fecha para la Conferencia Intergubernamental y yo creo que es mejor tardar algún tiempo en llegar a un acuerdo bueno y duradero que llegar rápidamente a un mal acuerdo. Tengo que reconocer, no obstante, los méritos de la Presidencia italiana y el progreso que parece haberse iniciado en Nápoles. Nápoles representa un paso muy positivo en la evolución de la Conferencia Intergubernamental, por lo cual felicito calurosamente a la Presidencia italiana, y ha generado expectativas positivas en numerosos ámbitos. Sería muy perjudicial defraudar ahora esas expectativas. Se ha progresado asimismo en la consagración de la regla de un Comisario por cada Estado miembro con los mismos y plenos derechos. Celebro que se hayan impuesto límites a los poderes del Presidente del Consejo Europeo, como la creación de un sistema diversificado y versátil para las presidencias rotativas de las distintas formaciones del Consejo, sustituyendo a la innecesaria eliminación del sistema de presidencia rotativa. Celebro también que se hayan rechazado los llamados métodos «simplificados» de revisión de los Tratados, que constituirían un abuso del modelo tradicional del derecho internacional y constitucional.
Pero una vez dicho eso, algunas cuestiones siguen siendo motivo de preocupación y en relación a ellas quiero apelar al sentido común de los dirigentes europeos y a la imaginación de la Presidencia italiana. En primer lugar, tiene qu clarificarse el principio de la primacía del derecho comunitario, sin cuestionar con ello el propio principio de la soberanía nacional. En segundo lugar, tiene que garantizarse la transparencia y apertura de los trabajos legislativos del Consejo, pues lamentablemente parece haberse abandonado la perspectiva de que tengamos un Consejo legislativo. En tercer lugar, tenemos que obrar con mucha cautela e imponer limitaciones a las cláusulas de pasarela. Estas cláusulas no tienen que verse como un medio de restablecer los llamados métodos simplificados –que también son irregulares, en mi opinión– para la revisión de los Tratados. En cuarto lugar, no existe ninguna necesidad de utilizar este vocabulario demasiado «ambicioso», que utiliza «ministro» o la propia palabra «constitución». Tiene también que encontrarse una solución al problema del reconocimiento de las raíces cristianas, de la religión judeocristiana y de otros aspectos de las raíces históricas y espirituales de Europa, además de confirmar la naturaleza secular de las instituciones. Tendríamos que ser muy intolerantes y estar llenos de prejuicios para no aceptar la propuesta de la Presidencia italiana. Quiero decir unas palabras sobre el tema de la votación por mayoría cualificada, que a España y Polonia les parece un obstáculo: nosotros somos partidarios de la paridad (60% más 60%). España tiene que entender que es el mayor de los países de mediano tamaño y no el más pequeño de los países grandes. Europa necesita más países de mediano tamaño, en lugar de países obsesionados con la idea de ser grandes. Eso es de extrema importancia para que pueda existir un interés común europeo. 
Tajani (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, los comentarios que ha hecho el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Antonione, sobre el progreso que se ha hecho en la Conferencia Intergubernamental, nos permiten albergar grandes esperanzas sobre el resultado final del proceso no solo en términos del cumplimiento del calendario, sino sobre todo en términos de su contenido. No se ha producido ninguna concesión respecto al texto adoptado por la Convención, y la decisión de la Presidencia italiana de no aceptar ningún compromiso con el único fin de firmar el Tratado ha merecido la pena. 
Señor Presidente, el Parlamento, que esta semana tiene que instar a los Estados miembros a adoptar un acuerdo que otorgará por fin a Europa su primera carta constitucional, no puede más que compartir la posición adoptada por la Presidencia. El Presidente Cox ha insistido con razón en la necesidad de actuar con eficacia y la debida celeridad. Compartimos plenamente sus comentarios y sus sentimientos, pero no nos identificamos con los comentarios de los pesimistas que quieren tirar la toalla cuando se les presenta cualquier dificultad.
Por tanto, Presidente Antonione, comparto sus comentarios a favor de abandonar los particularismos nacionales. Europa no puede perder esta extraordinaria oportunidad. Estoy convencido de que ningún Estado querrá que le acusen de destruir un sueño. Finalmente, como miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, pido a la Conferencia Intergubernamental una vez más que introduzca en el preámbulo una referencia explícita a las raíces judeocristianas de Europa.
Por último, señor Watson, unas palabras sobre la cuestión de Guantánamo. Usted habla bien el italiano, lo entiende muy bien y espero que también sepa leerlo, porque, según la información aparecida en la prensa italiana, parece ser que, en más de una ocasión, la Presidencia del Consejo ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que respeten los derechos humanos también en Guantánamo. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, los debates sobre política exterior en la Cumbre de Bruselas tendrán lugar en dos contextos, el del debate constitucional y el de los problemas concretos de política exterior. Considerando primero el debate constitucional, quiero corroborar plenamente lo que ha dicho el Presidente Prodi. Tenemos que ser actores en la escena internacional, no simples espectadores. Y como la forma es también importante además del contenido, quiero manifestar mi apoyo al Sr. Antonione, quien ha dicho claramente que se trata y tiene que tratarse de un ministro de Asuntos Exteriores. No estamos hablando aquí de un Alto Representante ni de un embajador, sino de un ministro europeo de Asuntos Exteriores, que no suplantará a los ministros nacionales de Asuntos Exteriores, sino que los complementará y organizará su trabajo con mayor eficacia.
En segundo lugar, la política exterior es mi principal ocupación y permítanme que les diga que tenemos un problema, y –si puedo comentarlo brevemente con el Sr. Antonione– que el problema es Oriente Próximo. En los días pasados se ha firmado un acuerdo –conocido como el acuerdo de Ginebra– de carácter privado entre dos personas y muchos otros israelíes y palestinos, y el Consejo quiere debatir ya este asunto cuando solo ha transcurrido una semana y media. Nunca antes un acuerdo privado ha ocupado tanto espacio en los medios de comunicación, nunca antes un acuerdo ha hecho albergar tantas esperanzas, y nunca antes un acuerdo ha estado tan perfectamente en consonancia con la política exterior europea, así que espero que el Consejo preste por fin atención a esta iniciativa de Ginebra y manifieste su apoyo a la misma con más contundencia todavía que el Secretario de Estado Colin Powell - ¡a Dios gracias!, porque aunque podría haber sido una iniciativa europea, tiene más valor aún por haberse originado en la propia región, entre hombres y mujeres que saben lo que es el sufrimiento continuado y sin los cuales no sería posible un acuerdo.
Si pretendemos que la campaña decisiva contra el terrorismo se lance desde Europa, tenemos que ser conscientes de que el terrorismo seguirá propagándose –como ha ocurrido en las últimas semanas– mientras no se vislumbre una solución para Oriente Próximo, una solución a la que solo podrá llegarse, admitámoslo, paso a paso. Teniendo esto en mente, lamentamos profundamente los atentados terroristas en Estambul. Al igual que Nueva York, Estambul no es solo una ciudad en la que conviven muchas etnias diferentes, sino un símbolo positivo de cómo estas pueden cooperar entre sí, y el terrorismo milita, por supuesto, contra este tipo de asociaciones y relaciones entre grupos étnicos. Creo también que tenemos que demostrar a Turquía nuestra solidaridad y nuestro apoyo, lo cual no significa que el terrorismo conlleve algún tipo de bonificación. Al igual que la Comisión y el Presidente en ejercicio del Consejo, estoy totalmente a favor de que procedamos de la misma forma que hasta ahora, con unos criterios que sean objetivos y se sometan a escrutinio. No se debe permitir que el terrorismo afecte a la posición de Turquía, ni para bien ni para mal.
Para terminar, quiero decir algo a lo que ya han hecho referencia muchos otros diputados. Rara vez me preocupan los asuntos presupuestarios, pero, sea cual sea nuestra nacionalidad o el grupo social o político al que pertenezcamos, todos los miembros de esta Cámara somos conscientes de la importancia de los derechos de un Parlamento en materia presupuestaria, y solo quiero manifestarle mi apoyo, señor Presidente en ejercicio del Consejo. La posición de esta Cámara está clara. No estamos presentando simplemente una resolución. Podemos preguntarnos, como una vez preguntó Stalin al Vaticano: «¿Dónde están sus ejércitos?», ¿cómo va a aprobarse una Constitución europea por vía de referendos y por los Parlamentos nacionales si se encuentra con la resistencia generalizada de esta Cámara? Esto es lo que les pido que acepten: no más recortes, y en ningún caso de los derechos de esta Cámara, una institución europea democrática y libremente elegida.
Van den Bos (ELDR ).
   – Señor Presidente, Europa sigue valorando más el oportunismo que los acuerdos formales. Aparentemente, los grandes países pueden salir ganando más que los pequeños. El incumplimiento por parte de Francia y Alemania de los criterios del Pacto de Estabilidad ha supuesto un duro golpe para la confianza de los ciudadanos neerlandeses en la Unión Europea. El hombre de la calle se pregunta por qué debe apoyar un nuevo tratado si no se sabe si será respetado. Es importante que no se evite el debate sobre el Pacto de Estabilidad, sobre todo a la vista de los referendos sobre la Constitución.
El referendo será más sobre el contexto que sobre el texto del Tratado. Será una vara para medir la confianza. Nosotros concedemos mucha importancia a las propuestas de la Convención relativas al procedimiento de votación en el Consejo y los plenos derechos del Parlamento en materia presupuestaria. Pero en lo que a nosotros respecta, los Estados miembros pueden mantener sus Comisarios de pleno derecho.
Si se pretende reforzar su legitimidad, tienen que ser elegidos directamente por el Parlamento Europeo, sin ningún nombramiento del Consejo Europeo. Ahora bien, solo cuando en Europa los acuerdos tengan más importancia que el oportunismo político, podrá aumentar la confianza de los ciudadanos. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, quiero abordar una cuestión planteada por el Presidente en ejercicio del Consejo que nadie ha mencionado aún, pero que para más de una persona en esta Cámara es de gran actualidad y trascendencia.
El Presidente en ejercicio del Consejo ha mencionado que se está planteando la pregunta de si el número mínimo de diputados por Estado es demasiado bajo. ¿Es un error mantener una presencia básica relativamente baja en una Unión nueva y en proceso de ampliación? Detengámonos a reflexionar sobre ello.
En la actualidad, con respecto Gran Bretaña –que se compone de tres naciones, Inglaterra, Escocia y Gales–, Gales está representada actualmente en esta Cámara por cinco diputados. Si la nueva Constitución entra en vigor, el número de diputados que representarán a Gales en esta Cámara bajará a cuatro. Malta tendrá cinco. No me opongo en absoluto a que Malta tenga cinco diputados: es bueno que los países pequeños tengan una representación adecuada. Como escocés, ¿cómo podría pensar de otra manera?
Sin embargo, no podemos olvidar que el principio de proporcionalidad degresiva tiene una profunda justificación. La proporcionalidad degresiva dice que cada Estado en la Unión tiene que estar representado en esta Cámara por un número suficiente de diputados que expresen la diversidad política de ese Estado. Por lo tanto, incluso los 400 000 ciudadanos de Malta deberían tener al menos cinco diputados, pero quizá no más. Si insistimos con razón en mantener un tope máximo de representación, el resultado de incrementar aún más el umbral de la proporcionalidad degresiva por encima de cinco será el recorte de la representación de partes significativas de Estados miembros actuales.
En los debates que hemos celebrado sobre las competencias de la Unión, el Sr. Lamassoure ha recordado a la Cámara la importancia de regiones asociadas, países como Flandes, Galicia, Euskadi y, por supuesto, Escocia. Se trata de partes significativas de la Unión. Si recortan su representación, les están negando la proporcionalidad degresiva en la que acertadamente insisten para países como Malta o Chipre. No lo hagan.
No se trata de una banalidad. En la Convención, como diputado representante de Escocia intenté en numerosas ocasiones alertar a los colegas sobre la importancia de frenar ciertos aspectos de la política pesquera común que nos resultan inaceptables. No se me ha hecho caso. El resultado es que me resultará imposible, como firme partidario de la idea de una Constitución Europea, convencer a mis colegas políticos en Escocia de que apoyen la ratificación del texto, porque ahora sé que no se cambiará en ese punto. Se ha ignorado mi llamamiento. Si hubiera representado a una fuerza mayor, quizá se me habría escuchado. ¡Qué pena! No desprecien la proporcionalidad degresiva para los de los Estados de la Unión exigiéndola para los Estados. 
Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, los Conservadores británicos –es decir, los Demócratas Europeos– no apoyamos la idea de que la Constitución europea propuesta y debatida en este momento en la CIG en Roma sea un mero ejercicio de ordenación. Creemos que altera de forma significativa el equilibrio de poder entre los Estados miembros y las instituciones europeas de la Unión Europea.
Creemos que se trata de una etapa más en el establecimiento de un superestado federal con su bandera, su moneda, su ejército y ahora con su Constitución, en lugar de un tratado simplificador basado en una creación supranacional única entre Estados miembros soberanos. Nos preocupa el nuevo papel destacado del Presidente del Consejo y el Ministro de Asuntos Exteriores propuesto y la personalidad jurídica de la UE, que aumentarán la percepción de que la UE es un Estado y que en breve pedirá formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Nos oponemos a las cláusulas «pasarela» que hipotecan nuestros derechos de veto sobre el sistema tributario, la seguridad social y, lo que es peor, sobre la PESC, que incluye la seguridad y la defensa. En teoría, será posible que un nuevo Gobierno británico pierda una votación sobre el despliegue de sus propias tropas ya comprometidas por una administración anterior.
Asimismo, hemos visto concesiones respecto de un cuartel general separado para las operaciones europeas autónomas, que haría el juego a las tendencias aislacionistas norteamericanas, que verían con alegría cómo los europeos van a su aire y mientras cuestionan la necesidad de mantener a los Estados Unidos vinculados a la OTAN, una organización que en mi opinión nos ha hecho un buen servicio durante tanto tiempo.
Nos oponemos a que la Carta de los Derechos Fundamentales –con sus vagos derechos al empleo, la sanidad y la seguridad social– sea jurídicamente vinculante. Constituye una receta para el activismo del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo en su plan por reforzar la economía de mercado social y socavar las reformas económicas thatcherianas de los años ochenta, que convirtieron a mi país en un imán para la inversión extranjera directa.
Por último, estamos firmemente convencidos de que tales cambios constitucionales requieren un debate público en todos los Estados miembros. Con referencia a mi país, insto al Primer Ministro Blair a que permita a los británicos opinar sobre el resultado de la Conferencia Intergubernamental a través de un referendo. 
Titley (PSE ).
   – Señor Presidente, ¿le puedo hacer una invitación especial? Si durante las vacaciones de Navidad se encuentra en la maravillosa ciudad de Bolton, por favor venga conmigo al que suelo frecuentar allí, porque se sorprenderá al descubrir que la mayoría de la gente no habla del voto por mayoría cualificada, de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Conferencia Intergubernamental. Habla de otras cuestiones.
Menciono este punto no para desacreditar las discusiones sobre la Constitución, que son importantes, sino para subrayar que el interminable debate institucional no nos acerca al electorado porque no aborda las cuestiones que los votantes consideran importantes. Desde que fui elegido diputado en 1989 parece que hemos celebrado debates institucionales interminables. Tenemos que detener este debate institucional porque para la legitimidad política de la UE es esencial que alcancemos un acuerdo en esta CIG rápidamente, y lo que es más importante, que alcancemos un acuerdo duradero.
Estoy de acuerdo con el Sr. Hänsch en que no podemos continuar interminablemente con una CIG que aborda los flecos de otra CIG. Cuando alcancemos un acuerdo duradero, podremos comenzar a centrarnos en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de una Europa de 25 Estados miembros. Tenemos que comenzar haciendo progresos prácticos.
No demos por supuesto que la ampliación se producirá sin contratiempos. Tenemos que asegurarnos de que los países candidatos cumplen los requisitos establecidos por la Comisión en su último informe anual. Tenemos que asegurarnos de que la adhesión de estos países al Espacio Económico Europeo –cosa que suele olvidarse– se produzca sin contratiempos, porque hasta el momento no ha sido así. No podemos perder de vista a Rumanía y Bulgaria, o su objetivo de adherirse en el año 2007. Tenemos que continuar nuestro trabajo en Turquía y, como ha dicho el Sr. Swoboda, demostrar una mayor solidaridad con este país, en particular en este momento.
Asimismo, tenemos que examinar otras cuestiones que preocupan a nuestros ciudadanos: más y mejores puestos de trabajo. Tenemos que revitalizar el proceso de Lisboa y garantizar una política social activa que cree empleo. Como demuestra el informe del Sr. Kok, hay demasiadas personas excluidas del mercado laboral, y estamos construyendo un muro entre los que tienen empleo y los que no lo tienen. Tenemos que hacer mucho más a este respecto. En particular, los Estados miembros tienen que dejar de dar largas sobre el asunto. Los Estados miembros están dando largas con respecto a Lisboa y a la orden de detención europea. La delincuencia es importante para nuestros ciudadanos, y necesitamos que más Estados miembros la ratifiquen.
Los Estados miembros son responsables de que el Tribunal de Cuentas Europeo, en sus informes anuales, nos diga que no puede hacer un seguimiento de todas las cuentas a causa de la manera en que los Estados miembros gastan el dinero. Tenemos que exigir mucho más a los Estados miembros.
En materia de política de seguridad, acojo con satisfacción los progresos realizados, pero asegurémonos de que nos centramos en la capacidad y no en las estructuras institucionales, porque solo se nos juzgará por nuestra capacidad.
Si pudiera pedir un regalo de Navidad –puesto que todavía creo en Papá Noel–, quisiera que se llegara a conclusiones en la CIG, que se mantuvieran y que no dejaran flecos. Quisiera que nos centráramos en dar satisfacción a nuestros ciudadanos, porque la Unión Europea será juzgada sobre esta base. 
El Presidente
   . Muchas gracias por su amable invitación, señor Titley. 
Ludford (ELDR ).
   – Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho que la Unión Europea no dejará de acoger a los inmigrantes legales. Esto parece hipócrita, porque el Consejo ha acordado un texto muy restrictivo sobre los derechos de reunión familiar. En efecto, es tan poco generoso que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior aconseja que el Parlamento Europeo intente anular este texto en el Tribunal Europeo sobre la base de un incumplimiento de las disposiciones en materia de derechos familiares de la Convención Europea de Derechos Humanos. Me parece muy bien.
El Consejo no tiene ninguna duda sobre la opinión de esta Cámara respecto del internamiento sin el debido proceso legal de los prisioneros de Guantánamo. Como coponente en este tema, estoy ayudando a elaborar una alegación de este Parlamento al Tribunal Supremo, pero solo el Consejo puede hacer declaraciones en nombre del conjunto de la UE. Ya ha llegado a un acuerdo de cooperación jurídica con los Estados Unidos, de modo que los norteamericanos no pueden discutir el estatuto jurídico del Consejo.
Sería indignante que los Gobiernos –como el británico– que suscriben acuerdos bilaterales frustraran la iniciativa del Consejo. Incluso si rescatamos a los europeos de la Bahía de Guantánamo, tenemos que abogar por los 650 detenidos. Como estamos demostrando con los aranceles del acero, si la UE usa toda su fuerza, los Estados Unidos toman nota. 
Nogueira Román (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, como ciudadano del estado español, quiero decirle a este Parlamento que las opiniones de la mayoría de mis conciudadanos no están representadas en ningún caso por las posiciones que el Primer Ministro español, José María Aznar, está tratando de imponer y que propugnan la introducción del sistema de votación propuesto en Niza, justamente lo contrario del sistema aprobado por la Comisión, que exige una mayoría doble de Estados y de ciudadanos. En su intento de mantener este poder de veto arbitrario, que consiguió con un elevado coste para la representación española en este Parlamento, el Sr. Aznar estará representándose exclusivamente a sí mismo y confirmará que es el dirigente político más poco colaborador e intransigente de Europa. José María Aznar está tratando fraudulentamente de entorpecer el proyecto de Constitución Europea para bloquear el progreso de los Gobiernos nacionalistas de Galicia, el País Vasco y Cataluña en el contexto de un Estado federal, tratando de que en el proyecto se incorporen disposiciones que, de aceptarse, impedirían la futura reunificación de Irlanda, puesto que cambiarían las fronteras del Reino Unido y de Irlanda, e impedirían también la devolución de Gibraltar al Estado español.
Terminaré recordando que ayer quince inmigrantes más perecieron en las costas españolas. Creo que debemos tener en cuenta este hecho y adoptar las medidas políticas que sean necesarias para prevenir que se repita este tipo de episodios. 
Hatzidakis (PPE-DE ).
    Señor Presidente, confío en que el resultado de la Conferencia Intergubernamental no nos satisfaga menos de lo que nos satisfizo el resultado de la Convención. Quiero hacer dos o tres breves comentarios al respecto.
En primer lugar, las disposiciones finales en materia de defensa y política exterior son muy importantes. Celebro el progreso que se ha realizado. Me gustaría que hubiera sido mayor, sobre todo en lo que respecta a la cláusula de asistencia unificada pero, a pesar de todo, es bueno que demostremos que hemos aprendido con la guerra en el Iraq.
En segundo lugar, todos los Estados miembros deben estar representados en la Comisión. En Grecia, sobre todo, daría muy mala impresión que los países más pequeños no estuvieran representados.
En tercer lugar, nosotros pensamos que es mejor no llegar a un acuerdo en diciembre si dicho acuerdo no es satisfactorio.
Dicho lo cual, haré un breve comentario sobre el sector que más me preocupa en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos: el transporte.
Señor Prodi, está pendiente de debate la iniciativa de desarrollo para poner en marcha el programa de redes transeuropeas prioritarias Quick Start. Se tiene la impresión de que el Parlamento está siendo ignorado y de que el Consejo Europeo será el único que tome la decisión, a propuesta de la Comisión. Aparte de ser eso incorrecto, es también contrario al Derecho comunitario y el Parlamento no está dispuesto a aceptarlo. Nosotros somos colegisladores en materia de redes transeuropeas y debemos defender nuestros derechos hasta el final.
Dicho esto, está la cuestión del contenido. Podemos trazar líneas verdes y rojas en el mapa y decir, «¡Hélas aquí, nuevas carreteras y vías férreas!», pero las redes transeuropeas necesitan financiación. De manera que tiene que existir voluntad política por parte de los Estados miembros y de la Comisión Europea, para que, con la participación de los sectores público y privado, podamos proceder lo más deprisa posible en esta dirección. 
Schulz (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, empezaré pidiéndoles que me perdonen por llegar tarde. La vida penaliza a los que llegan demasiado tarde, no como el vicepresidente, el Sr. Dimitrakopoulos, que ha sido indulgente conmigo y me ha dado pese a ello la oportunidad de intervenir, razón por la cual le estoy muy agradecido. En nombre de mi Grupo, y en particular también de los socialdemócratas alemanes, quiero dar las gracias a nuestro propio Gobierno y a la Presidencia italiana del Consejo. Señor Antonione, mi expresión de gratitud a la Presidencia italiana del Consejo posiblemente parezca algo sorprendente, pero es muy sincera, porque tengo la impresión de que la Presidencia italiana del Consejo está haciendo un esfuerzo respetable para defender el resultado de la Convención y mantener bajo control algunos cursos de acción absurdos que están claramente dominando la Conferencia Intergubernamental. Tengo entendido que mi propio Gobierno, el de la República Federal de Alemania, está haciendo en la Conferencia Intergubernamental valerosos intentos de hablar con los Gobiernos de algunos Estados miembros para convencerles de que no tienen por qué aceptar todas las decisiones progresistas que la Convención ha tomado para Europa ni asumirlas como si fueran un compromiso.
Por esto, nosotros, los diputados del Parlamento Europeo, tenemos que estar especialmente agradecidos, porque de lo contrario se habría visto gravemente amenazada la Unión Europea, tanto en su situación actual como futura. Quiero hacer dos comentarios que consideramos de importancia crucial. El primero de ellos tiene que ver con los derechos de esta Cámara en materia presupuestaria. Parece ser que algunos ministros de economía han convencido a sus colegas en el Gobierno –y esperemos que no también a los Jefes de Gobierno– para que limiten la unanimidad en lo que respecta a la Perspectiva Financiera y se pase de la aprobación a la mera consulta, restringiendo con ello un derecho del Parlamento Europeo y menoscabando también el derecho del Parlamento a dar su aprobación final en el procedimiento presupuestario –que en realidad es el derecho más poderoso que posee la Cámara en dicho procedimiento–, al convertirlo en un derecho compartido por el Consejo y el Parlamento. Parece ser que algunos están decididos, como parte del proceso de redacción de la Constitución, a contemplar entre sus aspiraciones este derecho fundamental del Parlamento Europeo. Lo único que puedo decir es que si ustedes quieren dotar a Europa de una Constitución, no pueden atacar en serio de esta forma al derecho a aprobar el presupuesto, que es una prerrogativa del futuro máximo poder legislativo, es decir, el Parlamento Europeo. Así pues, permítanme que les diga que los que pretenden recortar nuestros derechos presupuestarios pretenden también recortar la Constitución en su totalidad, de manera que nosotros en esta Cámara haríamos bien en enviar una señal clara a la Conferencia Intergubernamental en el sentido de que esto es algo que el Parlamento se toma muy en serio.
Ello me lleva a un segundo punto. Nosotros creemos que tenemos que comprometernos en lo que respecta a la distribución de los votos y la composición de la Comisión, y que ambas partes pueden y tienen que vivir con esos compromisos. A mí me parece muy claro que los Estados miembros más pequeños temen quedarse en minoría. Sus temores pueden o no estar justificados; no me corresponde a mí juzgar eso. Sea cual fuere el compromiso que resulte finalmente, esta Cámara no tiene que perder de vista el hecho de que en el próximo Parlamento habrá 732 diputados, y ese es un número muy alto para empezar. Es muy posible que entre 2007 y 2009 el número de diputados en esta Cámara aumente a 800. En el caso de que en el futuro se intente de nuevo aumentar el número de diputados, puedo decir que nosotros no queremos nada parecido al Congreso Popular Chino; queremos un parlamento operativo. En este sentido también, le pido al Consejo, a su Presidencia italiana –que me consta que trata de que prevalezca el sentido común– y a la Conferencia Intergubernamental que encuentren realmente una solución que permita a este Parlamento seguir funcionando. He llegado tarde y he hablado demasiado tiempo, así que gracias por todo, Señor Presidente.
El Presidente
   . Estoy seguro de que todos los diputados estarán contentos de que por fin haya llegado y haya podido hablar. 
Malmström (ELDR ).
    Señor Presidente, la creación de la Convención fue una decisión histórica única basada en la idea de que –a través de un diálogo de amplia base con los ciudadanos– representantes electos, gobiernos e instituciones comunitarias debían preparar a la UE, con un talante abierto y reflexivo, para la ampliación y el futuro. A pesar de los muchos escépticos, la Convención resultó ser todo un éxito. Se presentó una propuesta de Constitución europea que, aunque deficiente en algunos aspectos, es, en términos generales, un compromiso muy bueno. Seguro que Altiero Spinelli habrá sonreído en su tumba cuando se presentó la propuesta en junio de 2003.
Lo que está sucediendo ahora es vergonzoso. Es como si nunca se hubiera celebrado la Convención, y el Consejo hubiera vuelto a la vieja rutina de Niza, con todas las conversaciones y las negociaciones celebrándose a puerta cerrada. ¿Es que nunca aprenderán?
La UE se enfrenta a enormes tareas. Tiene que crecer, reformarse y conseguir una cooperación más profunda. Además, sufre graves problemas de legitimidad. La polémica sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha contribuido poco a mejorar el prestigio de la UE. Los ciudadanos se merecen algo mejor que un compromiso diluido y salpicado de intereses nacionales. Se merecen una UE democrática, dinámica y enérgica. Se merecen que se les tome en serio y se respete el trabajo que han realizado sus representantes en la Convención. Por consiguiente, quiero pedir a la Presidencia italiana que nos les defraude. 

 Señoras y señores de la tribuna, comprendo su entusiasmo, pero los visitantes no participan en la sesión. Por lo tanto, les ruego que guarden silencio. 
Stenzel (PPE-DE ).
   – Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, esta es la última oportunidad que tiene el Parlamento de expresar su opinión en forma de una resolución antes de la Conferencia Intergubernamental sobre un nuevo Tratado constitucional europeo, cuyo trabajo esperamos que termine antes de finales de diciembre. Nadie discute la importancia del proyecto de la Convención como punto de partida, pero tampoco se discute la necesidad de mejorar algunos de sus puntos. Esperamos que todos los políticos quieran terminar el trabajo y alcanzar un compromiso que resulte aceptable para todas las partes, incluido un compromiso sobre la composición de la Comisión, para que cada Estado miembro tenga un Comisario con derecho a voto. La opinión pública de la Unión Europea está en contra de que existan Comisarios con distintos derechos.
Otro aspecto que podemos celebrar es la supervisión de las decisiones del Consejo de la Unión Europea por parte del Tribunal de Justicia Europeo, un hecho que favorecerá el control judicial y la transparencia. También es necesario consolidar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no solo para fortalecerlo y afianzar su contenido, sino también para mejorar su flexibilidad, pues no debe repetirse lo que acaba de suceder en el caso de Alemania y de Francia; no puede permitirse que cundan los malos ejemplos.
En el ámbito de la política de seguridad y de defensa, debe consagrarse el compromiso de asistencia mutua en el sentido del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas como un acto de solidaridad evidente en una Europa común. No se debe sobrevalorar el tema de la ponderación de los votos en el Consejo, puesto que, en definitiva, la práctica política de la Unión Europea suele basarse en un consenso y un compromiso para los cuales no es decisiva la división en «grandes y pequeños». La mayoría doble –15 Estados, un 60% de la población– parece una propuesta razonable y estoy de acuerdo con los diputados que han dicho que los derechos presupuestarios originales del Parlamento son importantes y no se deben recortar. 
Van den Berg (PSE ).
   – Señor Presidente, me preocupan las prácticas impías de nuestros Gobiernos, que después de llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo y con los Parlamentos nacionales –el llamado proyecto de Constitución que obtuvo una valoración positiva–, hacen luego lo que les place, actuando como de costumbre, y repitiendo las mismas prácticas que motivaron el fracaso de Niza.
Los ciudadanos pueden salir muy beneficiados con este proyecto de Constitución. La Constitución nos ofrece más democracia y nos permite alcanzar resultados más concretos en algunos ámbitos importantes para Europa. Las nimiedades que parecen preocupar a todo el mundo no me hacen perder el sueño, ni tampoco a los ciudadanos. Un voto más o menos, un Comisario por cada Estado miembro –o incluso dos en el caso de los países más grandes– o una marioneta colgada del timón de la Unión Europea, no son los temas fundamentales. Estoy de acuerdo con la idea de que cada país tenga su Comisario. Lo importante es que Europa pueda apresar a los delincuentes que hacen caso omiso de sus fronteras nacionales, que hablemos con una sola voz en el ámbito de la política exterior y que haya suficiente empleo de calidad para todos.
Los Jefes de Gobierno deben dejar de quejarse de una vez y aceptar que el resultado de la Convención –con algunas pequeñas modificaciones de orden práctico– es la mejor solución para todos nosotros y para una Europa ampliada y consolidada. No deben pretender que los ciudadanos consideren importantes sus disputas en torno al poder y la población. Eso está bien para los niños que miden sus fuerzas en el patio de recreo, pero no para los ciudadanos. Los ciudadanos quieren resultados y con la nueva Constitución podemos obtenerlos. Más derechos para el Parlamento y mayores poderes de codecisión en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, la agricultura y los presupuestos. Muchos de mis colegas han manifestado ya que si los ministros de economía se salen con la suya, los derechos del Parlamento retrocederán a la situación en que se encontraban antes de 1975. Esto es absolutamente inaceptable. Supondría cruzar un límite que, a nuestro parecer, desde luego no deberíamos rozar siquiera. Eso afectaría a todos los referendos que se celebren en Europa.
Ahora tenemos que actuar con urgencia en nombre de nuestros ciudadanos. Por consiguiente, necesitamos disponer de información con tiempo o, de lo contrario, los ciudadanos no podrán expresar su opinión en los numerosos referendos que se van a celebrar sobre la Constitución. Europa necesita la Constitución porque el 1 de mayo se van a incorporar diez nuevos países y no deben hacerlo sin unas normas claras. Una reunificación histórica de este calado no debe fracasar porque los Jefes de Gobierno estén actuando de un modo totalmente inaceptable, presionando a favor de sus intereses particulares y negándose a aceptar un compromiso maduro.
En resumen, o bien aceptan la presente propuesta en su calidad de Jefes de Gobierno, o bien se oponen a ella. Pero tengan presente que cualquier intento de debilitar la democracia y los derechos del Parlamento se encontrará con la oposición del Parlamento. Los Gobiernos no deben pensar que son los únicos que pueden frustrar el acuerdo. Deben comprender también que no pueden dejar que las cosas lleguen tan lejos. Sería tentar a Dios, tanto si la Constitución incluye una mención a Dios como si no. 
El día de San Nicolás, ya muy próximo, intercambiamos regalos en los Países Bajos. Los Jefes de Gobierno deberían hacer también un esfuerzo este año y regalarnos una Constitución digna de los ciudadanos europeos. 
Cushnahan (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en el período previo a la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores en Nápoles, el pesimismo sobre el resultado era evidente. Por lo tanto, hay que reconocer que la Presidencia italiana ha logrado un progreso significativo en cuestiones muy delicadas.
En particular, acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre cooperación estructurada en materia de defensa y las señales positivas relativas a la creación de un Ministro de Asuntos Exteriores europeo y de un Comisario por Estado miembro con pleno derecho de voto, así como de las competencias presupuestarias del Parlamento.
A pesar de este progreso, todavía queda mucho por hacer. Para influir efectivamente en el acontecer mundial, tenemos que acabar con nuestra parálisis en la toma de decisiones en materia de Política Exterior y de Seguridad Común. Las propuestas de la Presidencia sobre el uso del voto por mayoría cualificada y la propuesta de un Ministro de Asuntos Exteriores europeo suponen un paso en la dirección adecuada. Sin embargo, me gustaría ver progresos en otros ámbitos:
la propuesta de un Presidente del Consejo Europeo a tiempo completo podría socavar tanto el papel del Presidente de la Comisión como el del Ministro de Asuntos Exteriores. Hasta la fecha, la única presidencia permanente era la de la Comisión.
Puesto que el Presidente del Consejo tendrá responsabilidades en el ámbito de la PESC, esto podría entrar en conflicto con el papel del Ministro de Asuntos Exteriores y podría causar confusión respecto de quién es el portavoz de la UE en este ámbito. Sería más lógico calificar este puesto de «» del Consejo Europeo y no de «».
Al felicitar a la Presidencia por los progresos hechos hasta el momento, también quiero hacerle una advertencia. El proyecto de Constitución representa un compromiso fundamental. Por lo tanto, el acuerdo en la Conferencia Intergubernamental no solo incumbe a los Gobiernos de los Estados miembros. Si el resultado de la CIG ha de ser ratificado efectivamente, también tiene que obtener el consentimiento de otras instituciones, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los diputados de los Parlamentos nacionales. Si la Presidencia italiana ignora esta realidad, será a su cuenta y riesgo. 
Corbett (PSE ).
   – Señor Presidente, las discusiones dejan bastante claro que todos queremos acabar en diciembre. El problema es que todos queremos hacer nuestras concesiones en el último minuto, y preferiblemente no hacerlas. Así pues, existe el peligro de que a pesar de una voluntad general de concluir en el Consejo Europeo de diciembre, acabemos, como en Niza, a altas horas de la noche y con acuerdos de último minuto. Corremos peligro de no alcanzar ningún acuerdo.
De momento, los Estados miembros aún están, hasta cierto punto, adoptando poses. Adoptan posiciones rígidas y firmes, a pesar de que saben que tendrán que llegar a un compromiso si quieren tener éxito en diciembre: ahí se halla el mayor peligro de la Conferencia Intergubernamental.
Estoy convencido de que se puede alcanzar un acuerdo razonable y aceptable en la mayoría de puntos, pero hay uno que parece muy difícil: el sistema de votación en el Consejo. La Convención forcejeó con el viejo problema de si queremos igualdad de Estados o igualdad de ciudadanos. Formuló la solución novedosa y equilibrada de la doble mayoría, en que cada Estado cuenta lo mismo con un voto, y con el otro voto los Estados se ponderan según su población: igualdad absoluta de los ciudadanos. ¿Hay algo más justo?
Sin embargo, Polonia, España y algunos otros países insisten en volver a la fórmula opaca de Niza, que no es ni muy justa ni muy lógica. Lo lamento, y espero que cambien de postura. También sé por discusiones –sobre todo con colegas polacos– que el contexto nacional en Polonia es muy difícil y que lamentablemente esto se ha convertido en una , sobre todo para los partidos de la oposición, ya que Polonia tiene un Gobierno en minoría. Pero ¿cómo podemos llegar a un compromiso, encontrar una salida entre dos soluciones radicalmente distintas?
Personalmente, y hablo de memoria, invito a la Presidencia italiana a que examine lo que ocurrió a principios de los años noventa, antes de la ampliación a Suecia, Finlandia y Austria. Entonces hubo una gran disputa en el Consejo sobre la adaptación del sistema de la mayoría cualificada, y después sobre el umbral: ¿qué umbral es necesario para obtener una mayoría cualificada y qué es una minoría de bloqueo? En aquel momento, un Estado –por desgracia el mío, Gran Bretaña– se negó a cambiar el sistema. Quería conservar la misma minoría de bloqueo en una Unión ampliada, lo que habría dificultado aún más la toma de decisiones. Se produjo un bloqueo.
¿Qué ocurrió en su país, señor Presidente? Se alcanzó un compromiso en Ioannina –el llamado «compromiso de Ioannina»– mediante el cual la Unión adoptó el nuevo sistema, pero se aprobó una declaración que decía que en el futuro los Estados que estuviesen en minoría, pero que no hubiesen perdido las votaciones según el viejo sistema podrían, sí lo deseaban, oponerse a la decisión e insistir en la continuación de las discusiones. En la práctica, esta cláusula nunca se utilizó, pero en aquel momento permitió salvar la cara, permitió la transición al nuevo sistema y en este difícil punto de la doble mayoría quizá la única salida sea algo parecido.
Quizá deberíamos adoptar el nuevo sistema, pero con una declaración que permitiera a los Estados –quizá durante un período transitorio– recurrir al viejo sistema si se quedan en minoría. Estoy seguro de que no lo harían con mucha frecuencia, pero les permitiría salvar la cara y conseguir una solución aceptable. 
Jarzembowski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, se dice que la Constitución contribuirá a que la Unión Europea sea más transparente, comprensible y democrática, pero me parece un riesgo que el mismo Consejo que va a adoptar una decisión sobre la Constitución infrinja la legislación vigente y pisotee los derechos del Parlamento cuando tiene que tomar una decisión sobre las redes transeuropeas. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, los Tratados actuales establecen que las decisiones sobre las redes transeuropeas, incluida la lista de prioridades… –¿podría tener el Presidente en ejercicio del Consejo la amabilidad de escucharme y usted, caballero, podría apartarse un poco?– según los Tratados actuales, la revisión de las redes transeuropeas está sujeta a la codecisión del Consejo y del Parlamento y no entra dentro de las competencias de decisión del Consejo Europeo. La tarea del Consejo Europeo es marcar las directrices políticas. Si, a pesar de todo, en el curso de la revisión de las redes transeuropeas, el Consejo Europeo de Bruselas tomara decisiones sobre la lista de prioridades concretas de los proyectos de transporte, con el resultado de que prácticamente todos los fondos disponibles para los próximos años se gastaran, eso supondría una flagrante violación del derecho del Parlamento a participar en condiciones de igualdad con el Consejo en las decisiones relativas a las redes transeuropeas y su revisión. Insto, por lo tanto, a los representantes del Consejo a que procuren que la Cumbre Europea no pisotee los derechos que ya posee el Parlamento actual. También hago extensivo mi llamamiento al Presidente de la Comisión: sería desastroso, señor Presidente de la Comisión, que después de haber hecho una declaración tan clara sobre los derechos democráticos y parlamentarios, se aliase usted tan visiblemente, en el momento del Consejo Europeo, con un Consejo que define los proyectos prioritarios de un modo que en la práctica anula los derechos de codecisión del Parlamento Europeo.
Procuremos que este Consejo Europeo no arrebate al Parlamento los derechos de codecisión sobre las redes transeuropeas que ya posee. Queremos más derechos, queremos una Europa democrática y más transparente. Espero, señor Presidente en ejercicio, que sepa responder a estas aspiraciones. 
Hughes (PSE ).
   – Señor Presidente, apoyo firmemente la resolución conjunta que mi Grupo ha suscrito en relación con la Cumbre y el Foro Social. Lo importante es que de nuevo intenta lograr el equilibrio esencial que se estableció en Lisboa: la panoplia equilibrada que combina políticas económicas, sociales y de empleo en un marco general de desarrollo sostenible. Espero que los Gobiernos no sucumban a la tentación de intentar desviar esta combinación de políticas en la próxima cumbre.
Hay un elemento en la resolución que me preocupa: la segunda parte del apartado 10. Mi Grupo pedirá una votación separada sobre este punto y muchos votarán en contra.
¿A qué se debe esto? ¿Acaso estamos a favor de un reglamento adicional innecesario? No. La primera parte del apartado 10 –que apoyamos– lo deja totalmente claro. Sin embargo, es igualmente cierto que ciertas partes de esta Cámara, y organizaciones empresariales locales fuera de ella, reclaman evaluaciones de impacto empresarial cada vez más estrictas a fin de bloquear el derecho de iniciativa de la Comisión en relación con propuestas muy necesarias. No podemos permitir que esas reclamaciones de evaluaciones de impacto de coste-beneficio se usen con este fin.
En este lado de la Cámara apoyamos la idea de evaluaciones coste-beneficio honestas, que tengan en cuenta todos los costes y beneficios. Por ejemplo, en un debate sobre la revisión de la directiva sobre la jornada laboral la semana pasada en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, los diputados liberales señalaron muy enérgicamente que necesitamos una evaluación completa del impacto empresarial. En respuesta a ello quiero señalar que necesitamos una verdadera evaluación del coste-beneficio que tenga en cuenta todos los costes y beneficios.
Por ejemplo, ¿cuál es el coste de una cultura de una jornada laboral larga en términos de daño a la vida familiar, daño a los niños y disfunción marital? En este tipo de cálculo también hay que tener en cuenta estas cosas. Por lo tanto, instamos urgentemente a presentar revisiones de este tipo.
En relación con el apartado 9 de la resolución, que se refiere a la apertura del mercado en los servicios postales y de pasajeros, es importante que también se aplique una verdadera evaluación del coste-beneficio.
Finalmente, quiero señalar que de hecho los Tratados son muy claros. En el ámbito del empleo y la legislación social, ya existe una exigencia muy clara incorporada en el Tratado: «tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas». La Comisión ya aplica estas pruebas a cualquier parte de la legislación que presenta en el ámbito social y del empleo. Esto es correcto y oportuno. Es bueno que ya ocurra, pero no deberíamos intentar limitarlo para bloquear innecesariamente propuestas sociales y de empleo muy necesarias, que ayudarán a mantener el equilibrio político general establecido en Lisboa.
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, mi intervención en relación con este punto está motivada por hecho de que la experiencia de las últimas semanas en el contexto de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, o sea, del derecho comunitario, ha dejado clara la importancia de que la Conferencia Intergubernamental siga incluyendo la estabilidad de los precios en la lista de objetivos comunitarios en la Constitución europea.
Otro motivo es que la experiencia de los últimos días y las últimas semanas ha demostrado la importancia de que el Protocolo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento figure entre los anexos de la Constitución, como otros protocolos. He solicitado el uso de la palabra también porque pienso que la experiencia de las últimas semanas demuestra de manera clara que el debate sobre la Constitución se ha nacionalizado en parte y que debemos procurar que la nacionalización de un gran proyecto europeo no lo ponga en peligro con la celebración de referendos nacionales. Si es necesario un referéndum, que sea una consulta a los ciudadanos europeos, con un resultado a escala europea y una mayoría doble de votos y de países.
Hemos hablado sobre cómo la Constitución tiene que conseguir una Europa más transparente, más democrática y más cercana a los ciudadanos, pues esa es su finalidad. Por lo tanto, le pido al Presidente del Consejo que vele para la Comisión salga fortalecida, para que se amplíen los derechos de codecisión de esta Cámara, para que el Parlamento conserve su soberanía en materia presupuestaria, y para que no se haga que le convierta en cómplice de la tentativa de los ministros de economía, en su carta al Presidente del Consejo, de obligar a la Comisión y al Parlamento a guardar silencio respecto a sus derechos. Necesitamos una Europa de orientación comunitaria y no intergubernamental. La Constitución es la expresión visible de unas instituciones comunitarias fortalecidas, y yo le pido que se oponga a los intentos de algunos grupos del Consejo para devolver Europa a los Estados nacionales.
De Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, realmente me indigna que en la Conferencia Intergubernamental asistamos a lo que yo llamaría una falta lamentable de liderazgo político –una vuelta al chovinismo nacional– en un momento en que necesitamos una Europa democrática, eficaz y de poderes compartidos. Esto no es lo que conseguiremos en la CIG si las cosas continúan por ese camino.
La Convención, de la que yo era miembro, construyó minuciosamente un anteproyecto para el tipo de Europa que acabo de proponer. Neutralizar ese texto en los ámbitos de la política exterior y de seguridad común, de la cooperación en materia de defensa y política social, eliminar el voto por mayoría cualificada en relación con estos ámbitos y, lo que es peor, arrebatar a este Parlamento sus prerrogativas presupuestarias, sería una derrota. Sería una derrota para el resultado de la CIG, pero también una derrota para Europa. Tal derrota sería una victoria para los euroescépticos. Sería una victoria para el lamentable espectáculo de pintar el demonio en la pared a que constantemente se dedica en esta Cámara el Sr. Bonde, con sus tópicos simplistas y oportunistas.
Hago un llamamiento a la CIG para que escuche a este Parlamento, a la Convención y a los 200 parlamentarios –de todo el espectro político, tanto en el Gobierno como en la oposición en toda Europa– que han producido el documento de la Convención.
Finalmente, Presidente Prodi, le pido que lea el de hoy, que incluye una entrevista con usted con ocasión de su visita de ayer a Irlanda. El titular dice: «”Los Estados que rechazan el Tratado quizá tengan que abandonar la UE”, dice Prodi.» Es un mensaje espantoso para el pueblo irlandés, que tuvo que votar dos veces sobre el Tratado de Niza. Es irrespetuoso con los derechos de los ciudadanos de Europa y con la dignidad del pueblo europeo. Si no han reproducido correctamente sus palabras, debería usted corregirlo de inmediato. Si las han reproducido correctamente, entonces tiene que dejar claro que se trata de su opinión personal y no de la opinión de la Comisión.
En Irlanda, tales declaraciones simplemente polarizan el debate sobre si defendemos la nación o construimos Europa. Así pues, tiene que corregirlo si es una reproducción incorrecta de su opinión en esa entrevista. 
Antonione,
   – Señor Presidente, Señorías, creo que hemos sobrepasado el tiempo asignado y, por lo tanto, procuraré ser muy breve, con el fin de no restar todavía más tiempo al debate siguiente.
En primer lugar y puesto que el Sr. Watson y otros diputados que querían debatir el tema de Guantánamo están presentes, quiero exponer algunas consideraciones para que las tengan en cuenta.
Por lo que respecta a la Presidencia italiana y, por lo tanto, a la Unión Europea, debo decir que cada vez que hemos tenido la oportunidad, hemos manifestado a las autoridades de los Estados Unidos –en la ocasión más reciente, directamente a Colin Powell durante la reunión celebrada en Bruselas– la preocupación de la Unión Europea y de la opinión pública en general en relación con este asunto, que sin duda nos da que pensar y nos causa inquietud. Debo recordar, además, que en la conferencia de prensa conjunta, algunos periodistas le plantearon también el tema a Colin Powell, quien se comprometió públicamente a dar una respuesta y a examinar la cuestión; esto es, a dar una respuesta a las cuestiones específicas que allí se plantearon. Por lo tanto, tengo que reiterar que se ha prestado atención a este asunto y así se seguirá haciendo sin lugar a dudas en el futuro.
Por otra parte, en lo que respecta al debate relativo a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, aprovecho esta oportunidad, que será la última de dirigirme al Parlamento como representante de la Presidencia de la Unión Europea, para agradecer a la Asamblea y a todos ustedes su contribución a la tarea y a los esfuerzos de la Presidencia italiana, una contribución fundamental que ha contenido, naturalmente, su buena dosis de crítica y numerosas sugerencias, pero reconozco que también muchos comentarios apreciativos, que siempre son motivo de gran satisfacción y contribuyen a aliviar la carga, a veces pesada, del calendario excesivamente lleno con el que tenemos que lidiar a veces. 
Como he dicho, lo hacemos a sabiendas de que el resultado, si es positivo, no lo será solo para la Presidencia italiana sino para todos nosotros, pues el espíritu que nos guía es un fiel reflejo del espíritu europeo. Si fracasamos, será sin duda un fracaso para todos. Pero yo sigo siendo optimista y tengo que decir que, a juzgar por el debate celebrado en Nápoles y el encuentro de hoy, creo que podemos contemplar la perspectiva del 12 y 13 de diciembre con confianza, una confianza basada en los indicios que existen de la posibilidad de encontrar alguna solución positiva.
Me resulta difícil entrar ahora con detalle en los aspectos específicos, pero quiero hacer algunos comentarios generales: en primer lugar, confirmo que vamos a tratar de seguir manteniendo la máxima coherencia posible con el texto de la Convención, que para nosotros constituye el punto de referencia. Como ustedes saben, la Convención contó con participación a todos los niveles: diputados nacionales, diputados europeos, miembros de los Gobiernos, representantes de la sociedad civil. El resultado es, sin lugar a dudas, un documento muy importante que estamos tratando de mejorar pero que, por lo que a nosotros respecta, constituye el punto de referencia para alcanzar el resultado final. No vamos a aceptar compromisos diluidos, ni tiras y aflojas de última hora, como se ha dicho.
Es normal que haya negociaciones. No quiero menospreciarlas, pues los intereses que representa cada país son sin duda respetables e importantes. Aunque las negociaciones sean intensas, creo que el espíritu que nos guía, y que he observado en todas las personas que han participado en los trabajos de la Convención, primero, y en los de la Conferencia Intergubernamental, después, es indicativo de que todos esperamos un resultado importante, un resultado digno. Asimismo, por lo que respecta a las prerrogativas del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en general, puedo confirmarles que la Presidencia italiana las considera fundamentales, más aun cuando se está redactando un Tratado que tendrá validez constitucional, porque si no existe relación alguna con la fuente democrática primaria que está vinculada al Parlamento, seguro que no obtendremos un resultado positivo. 
Quiero agradecerles una vez más su aportación y espero que el Sr. Berlusconi –que junto con el Sr. Fratini informará a esta Cámara de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental una semana después de que haya concluido esta– podrá anunciarles buenas noticias y entonces tendrán la oportunidad de manifestar sus elogios o sus críticas, de manera que todo el mundo pueda celebrar conjuntamente luego, conforme al deseo expresado, un resultado que todos esperamos que sea sumamente positivo. 
Prodi,
   . – Mi agradecimiento a la Presidencia italiana y al Sr. Antonione, quien, a mi parecer, ha expuesto de manera perfectamente ponderada y encomiable los argumentos y las posiciones que tenemos que sostener en la importante reunión de Bruselas. Baste decir que le deseo todo el éxito en la defensa de esos argumentos, a la vez que le invito a que no se olvide de ninguna de las cuestiones que han quedado aparcadas de momento. Me refiero, por ejemplo, al tema del Consejo Legislativo. Es uno de los asuntos que de repente ha desaparecido de la vista a pesar de las energías y reflexiones que se le dedicaron en el marco institucional. El problema está en que cuando se modifica una parte de ese marco, todo el conjunto se ve afectado.
Voy a responder brevemente al Sr. De Rossa. No tengo por costumbre retractarme de mis declaraciones, ya que por lo general suelo meditarlas detenidamente antes de pronunciarlas. Al periodista del , que se entretuvo sacando de contexto las declaraciones en cuestión, le dije que si un país dice «no, no, no, no» –y repetí cuatro veces «no»–, hay que reconocer que no es justo que ese país pueda mantener paralizada a la Unión de manera permanente. Creo que es una posición que todo el mundo comparte. Le dije también que, hoy por hoy, no existen los instrumentos adecuados, pero que el problema no podrá eludirse en el futuro. No tiene sentido que lo ocultemos. Dije que no existen los instrumentos, pero sí el problema. El problema, añadí, todavía no se ha planteado, pero se trata de una cuestión insoslayable.
Creo que es importante que el Presidente de la Comisión plantee estas cuestiones –aunque no sean un problema todavía–, porque constituyen un problema que nos concierne a todos. Es inútil que sigamos rehuyendo los problemas, pues de ese modo jamás lograremos resolverlos.
El Presidente
   .Antes de dar por concluido el debate, he recibido seis propuestas de resolución sobre la preparación del Consejo Europeo y siete propuestas de resolución sobre los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento.
La votación tendrá lugar mañana.
Berthu (NI ),
    – Después de la reunión de la CIG celebrada en Nápoles, ha quedado claro que existe una presión incesante de las instituciones europeas para imponer el proyecto de Constitución de la Convención y, por consiguiente, un poder central y supranacional al frente de la Europa ampliada. A nuestro parecer, la solución acertada sería la contraria: aceptar la idea de una Europa diferenciada, garantizar un mayor respeto de la soberanía nacional y organizar claramente el proceso de geometría variable.
Dicho de otro modo, los países, como España y Polonia, a los que actualmente se acusa de estar frenando, con la defensa de sus intereses nacionales, los progresos de la CIG en relación con la Convención, están en realidad defendiendo el interés general de Europa, que es mantener unas naciones libres y unas democracias nacionales vivas.
En cuanto a los dos principales temas de debate que se volverán a discutir en el próximo Consejo de Bruselas –la composición de la Comisión y la mayoría cualificada en el Consejo–, reiteramos nuestra propuesta, que no ha variado: lo fundamental es reconocer el derecho nacional a la oposición popular, que cada población ha de poder ejercer formalmente contra una decisión europea. Esta innovación, que devolvería el control a las democracias nacionales y contribuiría a compensar el déficit democrático, situaría también en perspectiva todos los debates sobre la Comisión y el Consejo. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . El modo en que se está desarrollando la CIG resulta cada vez más preocupante, ya que evidencia una clara tendencia a mantener algunos aspectos esenciales aprobados por la Convención, pero que nosotros cuestionamos, como la consagración y profundización del modelo económico y social del capitalismo neoliberal, la mayor militarización de la Unión Europea y la consagración institucional de la Unión como un bloque político y militar, así como la promoción del enfoque institucional federalista.
El compromiso sobre la militarización de la Unión Europea alcanzado entre Francia, Alemania y el Reino Unido, bajo los auspicios de los Estados Unidos, en virtud del cual se consolidan sus bases institucionales como un pilar más o menos autónomo de la OTAN, es indicativo de esa tendencia. Aunque subsisten algunas diferencias sobre cuestiones institucionales, se están alcanzando compromisos en torno a la idea de un gabinete, mientras el chantaje en relación con los fondos comunitarios obliga a los países pequeños y medianos a ir aceptando una posición cada vez más sumisa. Con lo cual solo resta la lucha que mantienen España y Polonia, que pretenden tener el mismo peso que los demás «países grandes» en el proceso de decisión.
También se insiste en la «primacía», igualmente inaceptable, de la llamada «Constitución europea» y del Derecho comunitario sobre la legislación y las constituciones de cada país.
Corresponderá a los pueblos y a las fuerzas progresistas de los Estados miembros de la Unión Europea luchar contra este proyecto, concebido para beneficio de los grupos económicos y financieros europeos y de las ambiciones de las elites que están descaradamente a su servicio en cada país. 
El Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Tremonti,
   . – Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por invitarme a debatir con ustedes, en esta sesión, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento económico.
Permítanme que empiece por recapitular los acontecimientos que culminaron con la reunión del Eurogrupo y del Ecofin del 24 y 25 de noviembre.
Durante el primer semestre de 2003, el Consejo presentó, a propuesta de la Comisión, dos recomendaciones relativas al excesivo déficit de Alemania y Francia, el 21 de enero y el 3 de junio, respectivamente, en las que pedía que estos se redujesen por debajo del límite de referencia del 3% antes de que finalizara el año 2004. Conviene recordar que dichas recomendaciones se aprobaron partiendo de la base de que durante el año se registraría un crecimiento económico progresivo, gracias a la desaparición de factores negativos una vez acabada la guerra en el Iraq.
No obstante, en los meses siguientes resultó evidente que la evolución real de la economía europea era distinta y más negativa de lo previsto. El crecimiento económico, casi un punto porcentual más bajo de lo previsto, determinó un aumento de los déficit públicos superior al esperado. Como consecuencia, a Alemania y Francia les va a ser imposible reducir su déficit por debajo del 3% en 2004, como se les había pedido inicialmente.
En el segundo semestre de 2003, entre octubre y noviembre, la Comisión reconoció formal y plenamente esta nueva situación y propuso, en consecuencia, dos nuevas recomendaciones para aplazar hasta 2005 la reducción del déficit por debajo del 3%. En el fondo, es razonable suponer que, si a principios de 2003 se hubiese sabido que la evolución de la economía de la zona euro no sería positiva, en las recomendaciones se habría estipulado de entrada el plazo de 2005 como año durante el cual tendría que volverse a controlar el déficit.
Partiendo de esta base, tanto Alemania como Francia adoptaron medidas para transponer el contenido de las recomendaciones. En Alemania, estas se han incorporado directamente a la ley de presupuestos: para 2004, se ha previsto un ajuste estructural del 0,6% del PIB y para 2005, un ajuste del 0,5%, o sea, un 1,1% del PIB en total, lo cual se aproxima mucho a la petición inicial de la Comisión, sin perjuicio de la reducción por debajo del 3% en 2005. En el caso de Francia, las recomendaciones se incorporaron primero a la ley de presupuestos y posteriormente a través de otras medidas: para 2004, se ha previsto un ajuste del 0,8% del PIB y para 2005, un ajuste del 0,6%, o sea, un 1,4% del PIB en total, lo cual se aproxima mucho a la petición inicial de la Comisión, sin perjuicio de la reducción por debajo del 3% en 2005.
Además, Francia y Alemania se han comprometido a destinar a la reducción del déficit cualquier fruto de un mayor crecimiento, tal como solicitó la Comisión. Por otra parte, hay que tener presente que Francia y Alemania pusieron en marcha en 2003 un intenso programa de reformas del Estado del bienestar, que está teniendo una repercusión positiva y decisiva en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este es un aspecto nada desdeñable relacionado con la economía política en el contexto del debate sobre el Pacto que ha tenido lugar a lo largo de este año.
En esencia, se ha conseguido un amplio consenso –primero en el marco de los trabajos realizados en octubre y noviembre, después en el Eurogrupo y finalmente en el Ecofin– sobre el contenido de las recomendaciones formuladas por la Comisión y los ajustes introducidos por Francia y Alemania. 
Veamos ahora los aspectos relativos al procedimiento. La Comisión propuso las dos recomendaciones de conformidad con el apartado 9 del artículo 104, sobre la base del incumplimiento reiterado de las recomendaciones del Consejo por parte de Alemania y Francia. Estos países aceptaron el contenido de fondo de las recomendaciones, pero solicitaron un procedimiento distinto por razones políticas: que se volviese a formular una segunda serie de recomendaciones de conformidad con el apartado 7 del artículo 104. El Servicio Jurídico del Consejo, al ser consultado sobre el tema, dijo que la Comisión también podía haber tomado –e insisto en la palabra «también»– este segundo camino. La Comisión la descartó y entonces se llegó a un punto muerto, corriéndose el riesgo de que lo más importante, o sea, el fondo del asunto, se perdiese de vista por razones formales. Para salir de ese punto muerto sin agravar la situación, el Eurogrupo llegó a un consenso amplio para incorporar el contenido de las recomendaciones a las conclusiones preliminares. El servicio jurídico del Consejo confirmó también la validez de este procedimiento. Posteriormente, cuando el Ecofin inició sus trabajos, la Comisión manifestó de manera explícita su desacuerdo y solicitó una votación urgente sobre la segunda serie de recomendaciones dirigidas a Alemania y Francia, sin que se obtuviera la mayoría necesaria. Hay que decir que la normativa vigente prevé explícitamente la votación de las recomendaciones de la Comisión en el Consejo Ecofin, siendo, por tanto, la votación perfectamente conforme con tales normas. Cuando las recomendaciones de la Comisión no resultaron aprobadas, el Consejo procedió a votar las conclusiones elaboradas previamente por el Eurogrupo. estas se aprobaron y el debate concluyó con la aprobación por unanimidad de la declaración del Consejo.
El contenido de dicha declaración se puede resumir como sigue: la estabilidad y el crecimiento son los objetivos fundamentales de la política económica europea. El Pacto constituye un instrumento esencial para la aplicación de dicha política. Se ha dicho que el Pacto es «estúpido». Nosotros hemos demostrado, por el contrario, que se puede interpretar con flexibilidad e inteligencia. El Pacto se puede aplicar adaptando la disciplina presupuestaria de un modo aún más racional al carácter positivo o negativo de los ciclos económicos y fomentando reformas estructurales encaminadas a desarrollar el potencial de crecimiento. Desde este punto de vista, la letra y el espíritu del Pacto no están muertos; muy al contrario, hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando en el marco del Pacto y con el apoyo de la Comisión de una manera basada en la cooperación y el consenso.
En conclusión, hasta el momento se ha hablado mucho de procedimiento y poco de economía. Se ha dicho que, en el contexto de la estrategia de crecimiento, es necesario que el Pacto tenga en cuenta los ciclos económicos y las reformas estructurales. Esto es necesario, pero no suficiente. Hace seis meses, al principio de la esta Presidencia semestral, presentamos un Plan de acción para el crecimiento a esta Cámara. El apoyo del Parlamento a dicho Plan fue decisivo y ahora ha llegado el momento de ponerlo en práctica. Seguirán otras nuevas iniciativas a favor del desarrollo. La Comisión, los Gobiernos y los mercados tienen un papel que representar en la estrategia de crecimiento, pero el Parlamento Europeo también debe representar el suyo como fuerza impulsora decisiva. En efecto, la política económica o es política, o no lo es. 

Solbes Mira,
   . Señor Presidente, durante los últimos meses se han producido diversos acontecimientos en relación con la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que nos han llevado a una de crisis institucional importante. Tales acontecimientos son una prueba clara de que necesitamos reforzar la gobernanza económica en la Unión. 
El origen de las dificultades reside en que Alemania y Francia atraviesan serios problemas fiscales, que pueden resumirse de la forma siguiente: sus déficits son excesivos, y ello debido no solo a circunstancias cíclicas; estos elevados déficits pueden tener efectos perversos en el largo plazo porque amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas al provocar un aumento de los niveles de endeudamiento; tienen, además, repercusiones negativas sobre el crecimiento potencial, al afectar a las expectativas de los agentes económicos. 
En ese contexto, y con el fin de que ambos países redujeran sus elevados déficits, y aplicando las reglas previstas en el Tratado, el Consejo envió una primera serie de recomendaciones a Alemania y Francia a principios del año, en las que se les pedía adoptar medidas encaminadas a corregir el déficit excesivo para finales de 2004 a más tardar.
Sin embargo, en el segundo semestre del presente año, se hizo evidente que las medidas adoptadas por ambos países no serían suficientes para corregir el déficit excesivo en el próximo año. En consecuencia, la Comisión aplicó los procedimientos previstos en el Tratado presentando nuevas recomendaciones que incluyen una consideración equilibrada de las circunstancias actuales.
Como saben, una minoría de Estados miembros ha rechazado la aprobación de las propuestas de la Comisión en el Consejo y, dando un paso sin precedentes, ha llegado a un acuerdo por mayoría al margen del Tratado.
Las implicaciones del acuerdo en forma de "conclusiones del Consejo" son de gran alcance, y van mucho más allá de la mera aplicación del Pacto a Francia y Alemania. La Comisión lamenta profundamente que el Consejo no haya seguido ni el espíritu ni la letra del Tratado y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fueron acordados por unanimidad. Creemos que solo un sistema basado en normas puede garantizar el cumplimiento de los compromisos y la igualdad de trato para todos los Estados miembros. 
Debemos ser conscientes de que las decisiones del Consejo van a dificultar una aplicación rigurosa del Tratado. Los procedimientos relativos a otros países se verán afectados. Será muy difícil que el Consejo adopte decisiones formales de conformidad con el procedimiento del déficit excesivo, incluyendo la posibilidad de formular advertencias preventivas. 
Los dictámenes sobre los programas de estabilidad y convergencia podrán verse debilitados si el Consejo no acepta un procedimiento de vigilancia multilateral riguroso. 
En cuanto a los nuevos Estados miembros, la aplicación estricta de los criterios de convergencia podría verse dificultada, dado que a los países participantes en el euro se les permite, sin aplicar los procedimientos del Tratado y el Pacto, mantener déficits superiores al 3% durante varios años consecutivos.
El acuerdo político alcanzado en el Consejo implica la aplicación de acuerdos intergubernamentales para la gestión de nuestra moneda y establece un peligroso precedente para el futuro. El Tribunal de Justicia deberá probablemente clarificar si los Gobiernos tienen la facultad de crear nuevos procedimientos, sustituyendo de facto un marco comunitario existente en el Tratado, para determinados aspectos de las políticas económicas.
Sin embargo, debemos tener presente que la declaración del Consejo al término de la reunión del Consejo Ecofin muestra que los Estados miembros comprenden la necesidad de un compromiso con el crecimiento y la estabilidad, así como la necesidad de aplicar las normas de forma sistemática.
En todo caso, la Comisión seguirá aplicando el Tratado y las disposiciones del Pacto. Ello permitirá tratar a todos los Estados miembros en condiciones de igualdad y garantizará unas finanzas públicas saneadas en la Unión. La Comisión velará por que los procedimientos se apliquen de forma adecuada y no partidista.
Al mismo tiempo, necesitamos reforzar la gobernanza económica en la Unión con el fin de asegurar un correcto funcionamiento de nuestro mercado único con una moneda única.
Creemos que las decisiones tomadas en el Ecofin demuestran que el auténtico problema por resolver es la debilidad del sistema actual de gobernanza económica a nivel europeo. Con el fin de abordar este problema, y tras una serena reflexión, la Comisión preparará una iniciativa relativa a una mejor gobernanza económica en la Unión.
Pero esta reflexión no partirá de cero, sino que seguirá la senda ya emprendida por la Comisión en el pasado. En línea con la Comunicación de Noviembre 2002 sobre el reforzamiento de la coordinación de políticas presupuestarias, parece necesario analizar cómo combinar mejor disciplina y flexibilidad asegurando un mejor cumplimiento de las reglas. Creemos que, entre otras cosas, hay que poner mayor énfasis en la sostenibilidad y en la deuda, permitir diferenciar entre situaciones específicas de los países, y aumentar la simetría a lo largo del ciclo, con especial rigor en los años de bonanza económica.
Asimismo, la Comisión llevará a cabo la supervisión multilateral de manera más eficaz, utilizando todas las posibilidades para hacer públicas sus opiniones sobre las políticas económicas y presupuestarias.
Es necesario encuadrar el debate presupuestario en el marco general del actualmente bajo crecimiento potencial de la economía europea. En este sentido debemos prestar más atención a la calidad de las finanzas públicas sin comprometer la estabilidad ni la sostenibilidad a largo plazo.
Ello implica situar de forma más prominente el debate sobre la política presupuestaria en el contexto de la coordinación de las políticas económicas dando un papel más relevante a las orientaciones de política económica y a su puesta en práctica para asegurar el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y la consecución de los objetivos de Lisboa.
En este proceso, la contribución activa del Parlamento será fundamental. 
Poettering (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Solbes, Señorías, el 25 de noviembre de 2003 no fue un buen día para Europa debido a las decisiones adoptadas por el Consejo Ecofin. No fue un buen día para el Derecho europeo. No fue un buen día para la Unión Monetaria Europea. No fue un buen día para las relaciones entre los países más pequeños y los más grandes, ni tampoco fue un buen día para la futura ampliación. Quienes defendieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la década de los noventa son ahora responsables del daño que se le ha causado ahora, como también lo son quienes han ayudado a causar ese daño.
En nuestro Grupo estamos plenamente convencidos de que no se puede hacer un uso oportunista del Derecho europeo. Mientras existan unos reglamentos europeos, mientras exista un Derecho europeo, habrá que cumplirlos, no tergiversarlo. No creemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento haya muerto; sería un error decir que está muerto, pues así podrían eludir su responsabilidad, ahora y también en el futuro, todos cuantos lo incumplan. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha quedado, no obstante, seriamente tocado. De manera muy general, en política lo que se necesita es confianza; la moneda europea, esta joven moneda europea, necesita una confianza muy particular, y esa confianza ha quedado dañada.
Comisario Solbes, permita que le exprese la gratitud y el aprecio de nuestro Grupo por la lucha que ha librado hasta el final. Puede que no haya conseguido un apoyo mayoritario para sus propósitos, pero estamos convencidos de que tiene razón. A veces, perder puede ser algo honroso, pero usted ha ganado su causa.
También queremos expresar nuestro apoyo al Banco Central Europeo y le deseamos a su Presidente, Sr. Trichet, mucho éxito para que pueda seguir luchando con eficacia a favor de la estabilidad de la moneda europea en el futuro. Acabamos de escuchar, en boca de un ministro de economía en particular, argumentos absurdos para justificar la necesidad actual de este déficit para el crecimiento. Ese argumento es totalmente falso. Las deudas de hoy son los impuestos de mañana. Lo que ahora debemos se lo arrebataremos mañana a la población.
Quienes se endeudan en exceso en el presente actúan exactamente igual que los que expolian nuestro medio ambiente, pues las generaciones más jóvenes de hoy y las generaciones venideras tendrán que pagar un precio por ello. Por eso pedimos sostenibilidad no solo de una política financiera y presupuestaria moderada, sino también en el ámbito de la política medioambiental, porque todo va unido. El endeudamiento produce una subida de los tipos de interés y esta, una mayor inflación. De este modo acabamos quedándonos sin dinero para solicitar créditos de bajo interés que permitan invertir a las grandes empresas y a las pequeñas y, como resultado, no se crean puestos de trabajo por falta de recursos financieros a unos tipos de interés razonables. Al final, acaban siendo las personas de renta baja, lo que se antes se conocía como hombre de la calle, las que tienen que pagar la factura, razón por la cual la política de endeudamiento es, en el fondo, antisocial, porque perjudica más a quienes menos tienen. Esta política perjudica también a las relaciones entre los países de la Unión Europea. Hemos visto como se les exigía a Portugal y a Irlanda que adoptasen medidas de estabilidad, y con toda razón según se pudo constatar. Pero si esos países lo hicieron y otros países lo hacen, mientras que otros piensan que su tamaño les exime de adoptar medidas de este tipo, resulta que los que cumplen los criterios acaban pagando por los que no los cumplen. Por eso se trata de una política equivocada.
Le agradecería que me escuchara; le ruego que me escuche hasta el final. 

 Me gustaría que escuchara mi intervención, o demostrara que entiende mi lengua. 

 Se lo pido muy en serio. Actualmente, en mi país –y ahora no hablo como alemán, aunque procedo del país más grande de la Unión Europea–, muchas personas han dejado de confiar en que el Consejo de Ministros europeo sea capaz de defender la estabilidad de la moneda europea. Queremos que la moneda europea tenga futuro; si acaba fracasando, eso significará el fracaso de todo el proyecto de integración europea.
Visito con mucha frecuencia a los países candidatos y hablo a menudo con nuestros homólogos en sus Parlamentos y Gobiernos. En Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, en Hungría y en Eslovenia –la situación es distinta en Malta y Chipre–, nos preguntan cómo podemos exigirles a ellos, a los centroeuropeos que desean ingresar en la Unión Europea, que sigan una política de moderación presupuestaria y hagan esfuerzos de reforma, cuando algunos países de la Unión Europea están dando tan mal ejemplo. Esto es una mala señal, una señal espantosa, no solo desde el punto de vista de la política económica, sino de manera más general, y mi recomendación es que regresemos todos a la senda de la virtud, pues no es admisible que algunos países grandes hagan cosas que a los más pequeños no se les permiten. Esto tiene que ver también con la psicología europea y con la dignidad de los Estados y, por lo tanto, lo que sucedió el 25 de noviembre no debe repetirse. Espero que sea la vez que nuestro Grupo se vea obligado a criticar con toda franqueza una acción de esta índole.
Barón Crespo (PSE ).
    Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista Europeo quiero expresar nuestra profunda preocupación por la crisis que estamos viviendo en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Señor Ministro, usted que es un jurista de prestigio, tendría que reconocer que no se pueden saltar las normas de esa manera. Cuando se habla de las formas dice que hay que hablar de política; hablemos de política, pero primero, si hay formas, si hay normas, hay que respetarlas, y uno de los más graves conflictos, aquí, en este momento, es que el Ecofin, en su conjunto, no tiene una cultura comunitaria. No la ha tenido al comportarse como lo hizo en la reunión sobre el Pacto de Estabilidad, como tampoco la ha tenido cuando ha planteado enmiendas que rompen el equilibrio de poderes entre el Consejo y el Parlamento, sin estar legitimado para ello. Por lo tanto, creo que lo primero que tendría que hacer el Ecofin es leerse los Tratados y respetarlos.
Hay tres cuestiones fundamentales ahora mismo en juego: la primera es el presente y el futuro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue creado antes de que hubiera unión monetaria. Ahora que tenemos unión monetaria, habría que actualizarlo en función de los nuevos elementos; lo que no puede ser, y ya lo señalamos hace meses, es que en el año 2000 se violara el Pacto y, además, se diera un mal ejemplo. Estamos debatiendo, y esta no es una asamblea de forenses, si ha muerto o no el Pacto de Estabilidad. El problema es a qué país se le va a aplicar el Pacto de Estabilidad ahora mismo. ¿Qué pasa con Portugal? ¿Qué pasa con Irlanda? ¿Es que son de otra condición? Por lo tanto, es muy importante que volvamos a poner en los raíles el Pacto de Estabilidad y que la Comisión pueda hacer propuestas constructivas. El tema no es si ha muerto o si no ha muerto el Pacto, el tema es que no se respeta y que no se aplica, cosa más grave en este momento.
La segunda cuestión -y estoy de acuerdo con el Ministro Tremonti cuando la planteó y el Parlamento le apoyó y hemos conseguido resucitar el plan Delors-, es que la economía europea en este momento no es una locomotora aunque tiene la potencialidad para serlo. Por eso, nosotros apoyamos desde el principio el plan de acción. Ahora bien, con esta situación, desde luego, la locomotora no arranca, y es más, se va generando una desconfianza cada vez mayor. 
Y yo creo que, independientemente de la necesidad de actualización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tenemos que reflexionar sobre algo que ha dicho el Comisario Solbes, que es la Gobernanza económica.
Nosotros no pretendemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento entre en la Constitución, pero sí hay que recordar que en la Convención, en el grupo de trabajo que presidió mi compañero, el Sr. Hänsch, todos los representantes económicos fueron a jugar al cerrojo -en italiano, , por decirlo en términos futbolísticos- y a impedir cualquier avance en la gobernanza económica de la Unión; y eso es muy grave. 
Es muy grave porque ahora mismo no disponemos de instrumentos más importantes. Por hacer una comparación con los Estados Unidos: aquí tenemos un Banco Central que solo se preocupa de la inflación y un Pacto de Estabilidad y de Crecimiento que no se cumple y que no tiene en cuenta ese elemento de Gobernanza económica. El ministro ha hablado de incluir los ciclos económicos; la verdad es que en los Estados Unidos, ante una propuesta del Congreso, la Reserva Federal tiene la obligación de tener en cuenta la inflación, el empleo y la actividad económica. Tenemos que tomar en serio esos elementos, y este es el momento para plantear estas cuestiones. Y es el momento para conseguir que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pueda tener un futuro; por tanto, Presidente, creo que tenemos la responsabilidad de respetar los Tratados y de que el Ecofin lo haga como lo hacemos los demás.
Watson (ELDR ).
   – Señor Presidente, la esquela del Pacto de Estabilidad se escribió antes y se guardó mientras se mantenía con vida al paciente de forma artificial. La semana pasada los Ministros de Hacienda hicieron las exequias de unas normas que habían sido concebidas para garantizar la estabilidad a largo plazo de nuestra moneda y nuestra economía.
Por supuesto, los culpables niegan toda responsabilidad, o exclaman: «el Pacto ha muerto, larga vida al Pacto». Pero lo cierto es que las dos economías líderes de la zona del euro han enviado un mensaje a todos los países pequeños de la zona del euro y a los países candidatos que dice: «haced lo que digamos, no lo que hagamos». Y quiero señalar al Sr. Tremonti que la Presidencia italiana ha incumplido su deber al asociarse a los esfuerzos de los países implicados en el incumplimiento del Pacto, en lugar de garantizar el respeto de las normas.
Pagaremos un precio elevado por la arrogante desconsideración de los Ministros de Hacienda hacia las normas del Pacto de Estabilidad. Pagaremos un precio en términos de pérdida de confianza entre Estados miembros, en términos de pérdida de credibilidad a los ojos de nuestros ciudadanos y, a largo plazo, en términos de tipos de interés más elevados, menor crecimiento e inestabilidad monetaria.
A menos que nuestros dirigentes acuerden un marco de estabilidad fiscal revisado y viable, y lo inscriban en nuestra ley fundamental, solo nos quedará un pacto entre caballeros quebrantado. Los países que dejaron sus monedas sobre la base de que no tendrían que pagar las deudas de sus vecinos tienen derecho a exigir más que esto.
Por esta razón mi Grupo acoge con satisfacción la postura del Comisario Solbes y las intenciones de la Comisión de hacer propuestas para reconstruir las normas. Si eliminan ustedes el Pacto en su forma actual, tienen la responsabilidad de ajustarse a una interpretación acordada de un conjunto de normas para impedir una «barra libre» crediticia.
Los Demócratas Liberales creemos que una economía bien gestionada y una moneda estable requieren que los impuestos y el gasto estén equilibrados en el curso del ciclo económico. El problema no es el límite del déficit del 3%; el problema es el fracaso de los países en consolidar sus presupuestos en términos de crecimiento.
Mi sorpresa al saber que el líder del Grupo Socialista en esta Cámara está de acuerdo con nosotros solo es comparable a mi satisfacción por su conversión. Las normas revisadas deberían utilizar palos y zanahorias para garantizar que aprovechamos los períodos de crecimiento económico para gestionar presupuestos equilibrados o con superávit y reducir la deuda nacional. Los países que aplican una política responsable en períodos de crecimiento se beneficiarían de una mayor flexibilidad en períodos de bajo crecimiento dando rienda suelta a los préstamos.
Estas normas permitirían actuar anticipadamente contra los países que no controlan su déficit en períodos de crecimiento, obligándoles a tomar medidas correctivas. Podría añadirse un nuevo objetivo al equilibrio presupuestario subyacente, y el gasto público en inversión también debería tenerse en cuenta. La Comisión Europea debería tener más autoridad para controlar estas nuevas normas, porque los Gobiernos nacionales han demostrado no ser fiables.
Ha sido una mala semana para el Estado de derecho en la Unión Europea. Mi Grupo espera que en la cumbre de Bruselas nuestros dirigentes reconozcan su responsabilidad de rescatar de las ruinas del Pacto de Estabilidad un poco de credibilidad para la política fiscal europea.
Herzog (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, acogemos con gran satisfacción el debate político que acaba de iniciarse sobre el Pacto de estabilidad. El Sr. Prodi dio el pistoletazo de salida y el Consejo Ecofin lo ha relanzado. La Comisión comete un grave error cuando contrapone el cumplimiento de las normas al criterio político. Las leyes son flexibles cuando la realidad así lo requiere y los políticos tienen entonces el deber de interpretarlas. El Pacto, que la realidad está poniendo a prueba, se firmó en 1997 en un momento en que la Comisión, el Banco Central y muchos estados anunciaban una era de crecimiento sostenible. Después de negar primero que hubiera una recesión, declararon luego que esta sería breve y que la economía se recuperaría deprisa. Quienes se equivocaron tanto no deberían dar lecciones. Actualmente, la mejora de la situación es endeble. No se debe poner en peligro, sobre todo cuando nos enfrentamos al riesgo de la caída del dólar y de graves desequilibrios americanos. Algunos Gobiernos se las dan de virtuosos frente a los grandes países considerados culpables. Pero la actuación de esos críticos parece a menudo oportunista. De hecho, sus tasas de inflación son en muchos casos superiores a la media –lo cual reduce su deuda–, practican el dúmping fiscal para atraer capitales y se olvidan de los Fondos estructurales, cuyos principales beneficiarios son algunos de ellos. Por lo tanto, existen buenas razones para introducir flexibilidad en el Pacto. este no tiene en cuenta el ciclo económico, mantiene las divisiones, intenta imponer penalizaciones sin ofrecer incentivos y es incapaz de dar respuesta al problema persistente del debilísimo potencial de crecimiento de Europa.
Por consiguiente, no sería una exageración si se llegase a representar a la Comisión como guardiana de los procedimientos. Necesitamos un agente político en Bruselas. La política económica europea no existe y queremos crearla. Es urgente hacerlo. El Pacto no está muerto, como lo demuestran los compromisos contraídos por Francia y Alemania para 2005. Pero si el crecimiento económico no se confirma o es débil, resultará sumamente difícil cumplir dichos compromisos. Insisto: la reforma es esencial. Para llevarla a cabo es tan importante el método como el contenido de fondo. Todas las disputas entre instituciones y entre Estados ponen de relieve una flagrante falta de capacidad y legitimidad democráticas. La evaluación mutua de la disciplina y la calidad de las políticas presupuestarias nacionales es, sin duda, necesaria, pero no suficiente, como se ha dicho antes. Se necesita solidaridad y una mayor participación para formular una política económica. En este sentido, creo que el diálogo interactivo entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, así como la consulta de las sociedades civiles, son elementos esenciales.
Por lo que respecta al contenido, necesitamos reglas y actos. No rechazamos el principio de un pacto para establecer unas reglas que intenten combinar la estabilidad y el crecimiento. Pero somos muy exigentes en lo que se refiere a su contenido. Necesitamos unas reglas que promuevan actuaciones oportunas y que mejoren la calidad del gasto y de la recaudación. ¿Cómo podemos pretender que se legitime una disciplina presupuestaria cuando la Unión Europea favorece descaradamente la competitividad fiscal? Francia y Alemania piden con razón la armonización fiscal que otros Estados se niegan a concederles. Estas reglas deben garantizar asimismo la capacidad de financiar proyectos que se consideren de interés general.
Necesitamos también actos. El Pacto no se podrá reformar con éxito si no formulamos, como complemento, una política presupuestaria europea, con un verdadero presupuesto que contribuya a financiar los objetivos de desarrollo sostenible y cohesión acordados en las cumbres de Lisboa y de Gotemburgo. ¿No creen que es injusto impedir por lo menos a los países de la zona euro que cuenten con una capacidad de acción conjunta en materia presupuestaria cuando comparten una política monetaria única, pero en cambio se les prive de una segunda gran palanca de actuación en materia de política económica? Lamentablemente, corremos el riesgo de que la CIG no abra esas puertas y que la reforma del Pacto sea demasiado limitada. Cabe esperar, por lo tanto, que aumenten las tensiones, de las cuales nuestro debate de hoy es solo un preludio.
Lipietz (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Pacto de estabilidad está muerto. Es lamentable que el Consejo Europeo lo haya destruido como consecuencia de las dificultades específicas de dos países grandes, debilitando con ello la credibilidad de las instituciones, que se apoya en un sistema de reglas aceptadas por todos. Ahora bien, por lo que respecta a su forma, este Pacto ha estado siempre sujeto a un acuerdo intergubernamental más que al control de nuestro Parlamento, único representante de la soberanía de los ciudadanos europeos. Lo que ha hecho la «intergubernamentalidad» es arruinarlo, señor Karas.
Los federalistas y los verdes no lamentarán la muerte de este pacto –un pacto que el propio Presidente Prodi calificó ayer de estúpido–, sobre todo teniendo en cuenta que venimos criticando su contenido desde la Cumbre de Amsterdam.
En efecto, fue un pacto estúpido, y por partida doble. En las circunstancias actuales, agrava las recesiones al penalizar a los países que intentan favorecer la demanda real en el mercado interior de la Unión, en particular los países grandes que tienen mayores responsabilidades en este sentido. En su lugar, sería preferible penalizar a los países que incurren en déficit en períodos de crecimiento.
Desde un punto de vista estructural, un verdadero Pacto de estabilidad debería proteger las inversiones futuras y, en particular, las enormes inversiones necesarias para respetar los criterios de Kioto.
Ya no queda tiempo para vacilaciones. Hay que aprobar un nuevo pacto que sea inteligente. Solo un pacto de esas características merecerá incluirse en la tercera parte de la Constitución. En efecto, solo una Constitución inteligente merecerá la aprobación y el respeto de los ciudadanos de Europa. El Pacto tiene que ser contracíclico y, al mismo tiempo, no tiene que poner trabas a los países en dificultades sino, por el contrario, sancionar a los países que abusen de sus facilidades y proteger así las inversiones futuras frente a la coyuntura actual, mediante una suerte de regla de oro climática. 
Bigliardo (UEN ).
    Señor Presidente, Señorías, he escuchado atentamente las intervenciones del Sr. Poettering y el Sr. Barón Crespo, dos diputados a quienes tengo en gran estima, y he observado que a veces debatimos este asunto desde una perspectiva demasiado centrada en nuestros propios países y en nuestros propios partidos políticos. No es una coincidencia que la posición de la Comisión coincida con la del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y de los Demócratas Europeos.
Por el contrario, yo creo que debemos hacer un esfuerzo de imaginación en este tema tan delicado y complejo. 
Europa tiene sus reglas –y el Pacto es una regla– pero de momento ya no necesitamos más reglas. Creo que Europa necesita imaginación, valor y dinamismo, y me parece que estos problemas no se pueden afrontar si no se comprende que en esta Cámara no se debe apoyar a la Presidencia italiana y al Sr. Tremonti por lo que dicen, sino que una presidencia se debe apoyar por lo que hace, por tomar en cuenta los problemas graves que afectan a los países grandes de esta Comunidad.
Además, por tercer año consecutivo nos hemos visto obligados a constatar –soy ponente de las finanzas públicas europeas– un estancamiento de la economía europea. Me parece que de las intervenciones de otros diputados se desprende también que la política europea tiene algunos problemas, algo que ayer comentábamos también con el Comisario Solbes en nuestra comisión. ¿Por qué no hacemos pues un esfuerzo para pasar por fin de la estabilidad al crecimiento? Creo que esto deben hacerlo quienes, en lugar de erigirse en guardianes de las reglas, quieran ser políticos, que es a lo que se refería Platón cuando hablaba del político y de su supremacía. Desde este punto de vista, me parece que estamos haciendo exactamente lo que tiene que hacerse. 
Blokland (EDD ).
   – Señor Presidente, ¿qué sentido tiene concluir un nuevo tratado en Europa si nos negamos a respetar los acuerdos existentes? Y si nos negamos a cumplir el Pacto de estabilidad cuando no nos conviene, ¿por qué no lo reconocemos sin ambages? ¿Por qué no empezamos a trabajar en la consecución de acuerdos que estemos dispuestos a cumplir?
Muchas personas se hacen estas preguntas, por lo menos en mi país. Su confianza ha sufrido un duro golpe. ¿Por qué todos los países son iguales, pero algunos países grandes son más iguales que el resto? Los comentarios demoledores de los medios de comunicación están justificados y son muy elocuentes. Todo esto socava la confianza en la política y nos desprestigia. Señor Tremonti, ¿por qué ha renunciado a su función como presidente independiente en defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como propuso la Comisión? ¿Tiene claro lo que supone la función de presidente?
Algunos puntos del informe del Eurogrupo y la reunión del Consejo Ecofin me recuerdan también esta cuestión. En dicho informe, el Comisario Solbes dice que la Comisión ha remitido a Francia y Alemania recomendaciones con un contenido similar, lo cual significa que ambos países se encuentran en las mismas condiciones. Dice también que hemos alcanzado a tiempo un momento crítico. Unas decisiones erróneas pueden perjudicar seriamente el procedimiento. Las decisiones pueden crear un precedente importante y afectar a los tipos de interés. Esta cuestión está relacionada con la igualdad de trato de los Estados miembros grandes y pequeños. El Comisario Solbes sigue diciendo que si no se respetan las recomendaciones de la Comisión, existe un riesgo considerable de que Francia y Alemania continúen rebasando el límite del 3% incluso en 2005. La Comisión ya se ha mostrado extremadamente flexible. Las recomendaciones que tenemos sobre la mesa en verdad representan las concesiones máximas que estamos dispuestos a hacer. El Comisario Solbes recuerda también que de conformidad con el apartado 7 del artículo 104 del Tratado CE, no es admisible que se vuelva a incurrir en un déficit excesivo, porque en ese caso jamás se impondrían sanciones. Además, el Tratado y el Pacto no establecen distinciones entre los países que cooperan y los que no cooperan. La Comisión, como guardiana de los Tratados, no tiene más alternativa que seguir el camino propuesto ahora. 
Berthu (NI ).
   – Señor Presidente, el Consejo Ecofin del 25 de noviembre no incumplió el Tratado cuando suspendió los procedimientos de sanción contra Francia y Alemania por incurrir en un déficit excesivo. Al contrario, interpretó correctamente el artículo 104, que concede al Consejo un margen de maniobra político durante todo el procedimiento, al otorgarle la posibilidad de decidir si lo lleva adelante o no.
Las disposiciones del Pacto de estabilidad endurecieron dichas normas en 1997 cuando privaron al Consejo de ese margen de maniobra. Pero con ello incumplieron el Tratado. Sería interesante saber qué opinaría el Tribunal de Justicia si examinase este asunto.
Francia, por su parte, infringió su Constitución en 1997 cuando aprobó, a pesar de nuestras advertencias, un Pacto de estabilidad estúpido que ahora se vuelve en su contra y que se ve obligada a incumplir otra vez, creando un conflicto con sus socios.
Es un buen ejemplo de una mala maniobra. Espero que no demos un nuevo traspié con la aprobación del proyecto de Constitución europea, que se inspira exactamente en los mismos principios que el Pacto de estabilidad: centralización y rigidez. 
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quisiera en primer lugar, ya que este Parlamento suele ser tan crítico con la Comisión, felicitarla y felicitar al Comisario responsable de los asuntos económicos y monetarios, Sr. Solbes, por la entereza y por la dignidad con la que han defendido las atribuciones que le asigna el Tratado, precisamente como guardiana de los Tratados.
No quiero culpabilizar a la Presidencia italiana, pero, señor Tremonti, la decisión del Ecofin es una auténtica chapuza. Porque la Unión Europea, señor Presidente, es una comunidad de valores y es una comunidad de derecho, y las normas jurídicas -y las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son normas jurídicas- sólo se conciben por la obligación de cumplirlas, y ese cumplimiento se tiene que predicar por igual a grandes y pequeños.
No se puede construir Europa sobre la ley del más grande. No se puede, señor Presidente, aplicar a rajatabla a Portugal las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y exonerar a otros países más grandes.
Una cosa es aplicar las normas en función de las circunstancias y con flexibilidad, y otra es intentar cambiar las normas cuando el juego ha empezado, cuando el resultado nos es favorable o cuando no nos conviene; y esa actitud, señor Presidente, tendrá consecuencias, porque un mercado que no es capaz de respetar sus propias reglas genera inseguridad, genera desconfianza sobre la credibilidad de la moneda única y, como decía el presidente de nuestro Grupo político, el Sr. Poettering, el déficit de hoy es la deuda de mañana y los impuestos de pasado mañana. Y lo que es peor, esta decisión llega en un momento muy malo, justo en las vísperas de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental que van a alumbrar la Constitución Europea. Yo me pregunto cuál es la autoridad moral de Estados miembros que critican a otros por ejercer sus derechos legítimos en la formación del voto de mayoría cualificada, cuando defienden descaradamente sus intereses nacionales en violación del espíritu y de la letra de los Tratados, como ha reconocido la Comisión? 
Por eso, Sr. Presidente, felicito a la Comisión por la entereza que ha mostrado en la defensa de su papel como guardiana de los Tratados y pregunto si, en ejercicio de su coherencia, piensa la Comisión presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia contra el Consejo de Ministros por violación de los Tratados.
Goebbels (PSE ).
   – Señor Presidente, el hecho de que el Consejo Ecofin no adoptara una decisión sobre el déficit de Alemania y Francia deja un regusto amargo. Nunca es prudente saltarse unas normas que han sido libremente aceptadas. Es vergonzoso que la opinión pública reciba la opinión de que en la Unión hay algunos Estados que son más iguales que otros, de que la República Federal de Alemania y Francia tienen derecho a recibir un trato especial por ser el motor de Europa.
En opinión de los socialistas, la estabilidad es un bien público que es preciso defender. Ahora bien, no puede haber estabilidad sin crecimiento. El Grupo Socialista viene solicitando desde hace años una revisión inteligente del Pacto, que pone todo el acento en la estabilidad y ninguno en el crecimiento. El Pacto es demasiado rígido. Es rehén de unos criterios que, si bien se aceptaron libremente, no tienen en cuenta la realidad de los ciclos económicos. En este aspecto coincido con el Sr. Tremonti.
En primer lugar, adopta el enfoque de «lo mismo vale para todos». Algunos Estados funcionan con una deuda pública del 60% de su producto interior bruto, mientras que otros superan el 100%. El Pacto no tiene en cuenta estas diferencias sustanciales. Además, prevé sanciones que son imposibles de imponer. Exigirle a un Estado que efectúe un depósito o pague multas elevadas cuando está pasando por un momento de recesión económica es como tratar de curar a una persona aquejada de anemia mediante sangrías.
Ante los déficit alemán y francés, la Comisión quiso imponer el cumplimiento de las normas. No podía hacer otra cosa. Pero ahora que se han hecho trizas las normas, la Comisión no puede seguir blandiendo las Tablas de la Ley. Cuando la realidad de un país va por delante de su ordenamiento jurídico, los procedimientos tienen que adaptarse. En cualquier caso, la política económica no puede limitarse al mero cumplimiento de los procedimientos. También en este aspecto coincido con el Sr. Tremonti. Por los mismos motivos, mi Grupo no es partidario de acudir al Tribunal de Justicia europeo. Nos encontramos ante un problema político que requiere una solución política. No necesitamos recurrir a las instancias judiciales.
El Pacto tiene que mejorarse, ya que el precedente político establecido por el Consejo Ecofin ha dejado claramente obsoletas algunas de sus disposiciones fundamentales. Es impensable que si Portugal, Grecia o Luxemburgo incurriesen en un déficit excesivo mañana, la Comisión pudiera proponer medidas que fuesen más lejos que las aceptadas por el Consejo Ecofin en el caso de Alemania y Francia. La regla absoluta de la igualdad de trato entre los Estados miembros simplemente lo prohíbe.
El Presidente Prodi acaba de destacar que tras una crisis grave se precisan soluciones innovadoras. Ruego, por tanto, al Comisario Solbes que, después de haber predicado la virtud, ahora predique la inteligencia. Tras haber defendido gallardamente los principios, solo la Comisión tiene ahora las manos libres para proponer un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sea a la vez riguroso y más flexible. Tiene que ser riguroso a la hora de exigir a los Estados que mantengan un presupuesto equilibrado cuando el crecimiento supere el 3%, por ejemplo. Tiene que ser más riguroso a la hora de exigir a los Estados que reduzcan su deuda cuando el crecimiento supere el 3%. Pero tiene que ser más flexible en los momentos en que la coyuntura no sea tan favorable y permitir, en particular, que los Estados deduzcan el gasto de inversión antes de calcular el déficit presupuestario, conforme a la regla de oro británica. Según la Comisión, un gasto de inversión del 1% genera un crecimiento adicional del 0,6% del PIB. Por ejemplo, los Estados Unidos invierten actualmente un 3% de su PIB, mientras que Europa apenas invierte el 1%.
El crecimiento económico en ambas orillas del Atlántico demuestra el dogmatismo europeo y el pragmatismo americano. No estoy abogando a favor de un déficit al estilo americano…
Huhne (ELDR ).
   – Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones constructivas sobre la forma de salir del embrollo actual. La primera es que tiene que haber un sentido de responsabilidad compartida. Recuerden que el problema tanto para Alemania como para Francia comenzó a causa de la relajación presupuestaria, la reducción de impuestos y el aumento del gasto público entre 1999 y 2002. En ambos países esta relajación presupuestaria ascendió a más del 1,5% del PIB. Si eso no hubiera ocurrido, ambos países estarían hoy dentro del límite del 3%. Sin embargo, ninguna institución, ni la Comisión ni el Banco Central Europeo, ni ningún diputado de esta Cámara advirtió a aquellos Gobiernos en contra de dicha relajación. El sistema ha fracasado y todos tenemos la obligación de restablecerlo.
Esto es importante, porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es un procedimiento judicial, sino un procedimiento político basado en el apoyo de los Ministros de Hacienda a las recomendaciones y, en última instancia, a las sanciones. Los Ministros y la Comisión deben tener una comprensión común de la forma en que tiene que aplicarse el Pacto. Debería existir un código de conducta claro sobre la interpretación del Pacto de forma que en el futuro sea creíble. La disciplina tiene que reforzarse en los períodos de crecimiento y, a corto plazo, tiene que haber un acuerdo sobre el tamaño y la velocidad de los ajustes, necesario para que los países que han incumplido el Pacto recuperen el equilibrio.
El Pacto reconoce que no siempre será posible remediar el déficit excesivo de forma inmediata si se producen circunstancias especiales. Dichas circunstancias especiales deberían definirse ahora para incluir el riesgo de una mayor prolongación de la recesión en Alemania y Francia que, juntos, representan la mitad de la zona del euro. A nadie le interesa prolongar la recesión, ni socavar la credibilidad del Pacto. Hay que respetar la ley. Puede lograrse la cuadratura de este círculo con buena voluntad e imaginación. Instamos a la Comisión y a los Ministros de Hacienda a que lo hagan.
Figueiredo (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, ante todo me congratulo por la celebración del presente debate, que yo solicité en septiembre, antes de la reciente decisión de los ministros de economía de la Unión Europea de no imponer sanciones a Francia y Alemania por el incumplimiento de los criterios del Pacto de estabilidad. Al final, se ha demostrado que teníamos razón al denunciar la irracionalidad de los criterios de convergencia nominal, que han tenido las consecuencias bien conocidas y desastrosas de recesión económica y aumento del desempleo y de los niveles de pobreza que está sufriendo ahora Portugal.
Ya hemos dicho aquí en más de una ocasión que este Pacto de estabilidad no sirve. En el debate de octubre del año pasado, reiteramos nuestro apoyo a las declaraciones del Presidente Romano Prodi y del Comisario Lamy en el sentido de que este Pacto es estúpido, como todas las decisiones rígidas, y un burdo instrumento de gobernanza económica que se debe reemplazar por otro más inteligente, puesto que el criterio del 3% es claramente medieval. Lamentablemente, estos caballeros no fueron coherentes con sus declaraciones y no presentaron una propuesta de revisión del Pacto. Temieron iniciar contra Francia y Alemania el procedimiento de déficit excesivo, como habían hecho antes contra Portugal. Y luego ocurrió lo inevitable: Alemania y Francia no aceptaron la propuesta de la Comisión. Evidentemente, la Comisión ha dicho que seguirá aplicando el Tratado y que se reserva el derecho a examinar las consecuencias de las conclusiones del Consejo y decidir qué medidas puede adoptar. Pero ¿hay alguien que crea que la Comisión va a actuar contra Francia y Alemania sin el consentimiento de los Gobiernos de esos países? No lo hará, como todos sabemos. La pregunta que queda pendiente es: ¿por qué se mantiene un Pacto que no tiene sentido?
Sabemos que el texto aprobado por el Ecofin solo impone las reglas anunciadas previamente por los Gobiernos de Alemania y Francia, con lo cual acepta que estos países han incumplido los criterios de Maastricht por tres años consecutivos. Además, no cabe la menor duda de que, si necesitan más tiempo, podrían prolongar la situación hasta cuatro o cinco años… Ahora ha quedado claro quién controla el Pacto de estabilidad, quién detenta el poder y la fuerza en la Unión Europea incluso antes de que haya entrado en vigor el nuevo Tratado constitucional. Conviene recordar que fue Alemania quien exigió el Pacto de estabilidad, con esos criterios inaceptables de convergencia nominal. Pero como ahora hemos visto, lo hizo para obligar a los demás a cumplirlos. El Comisario Solbes Mira ya puede decir que la decisión del Consejo no respeta las reglas ni el espíritu del Pacto de estabilidad. ¿Va a dimitir después de semejante desautorización? Francia fue, por supuesto, más realista al manifestar que el Consejo tiene otro modo de aplicar el Pacto de estabilidad, justificando con ello su incumplimiento del mismo, además de proponer cambios a través de lo que calificó de «enriquecimiento» del Pacto de estabilidad. Un enfoque que otros han propugnado también aquí. Algunos han afirmado, de hecho, que el Pacto no está muerto, sino meramente congelado hasta que los países ricos y poderosos decidan que pueden descongelarlo porque sus problemas se han resuelto. Sabemos que el Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo apoyó también la aprobación de las propuestas de la Comisión. ¿Va a dimitir también el Consejo de Gobierno por haber permitido que el Consejo lo ignore?
Por nuestra parte, siempre nos hemos opuesto al Pacto de estabilidad y hace tiempo que pedimos su suspensión para revisar los estúpidos criterios de convergencia nominal, que no tienen en cuenta la situación real de cada país ni sus distintos niveles de desarrollo socioeconómico, y que confunden el gasto productivo y el no productivo al calcular el déficit presupuestario. Pero una cosa es segura: ahora ha quedado más patente todavía la hipocresía de las personas –y en Portugal también las hay– que utilizan el argumento del Pacto de estabilidad para justificar unas políticas antisociales.
¡Enterremos este Pacto! ¡Busquemos políticas alternativas que den prioridad al empleo, a los servicios públicos de calidad, al desarrollo sostenible y al bienestar de los ciudadanos! 
Pannella (NI ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Solbes, llegados al punto en que nos encontramos y con solo 114 segundos a mi disposición, sería estúpido y de mal gusto pretender analizar aquí, en este «votódromo», el informe del Sr. Tremonti y todo lo ocurrido. Lo único que podemos decirle, señor Tremonti, es que, en lo que a nosotros respecta, la posición del Parlamento está clara. Los diputados comunistas y los diputados de la izquierda estatalista socialdemócrata le apoyan, le valoran y comparten su modo de pensar, pero tiene usted en contra a los que representan el bastión del Sr. Berlusconi y de sus aliados en Europa: el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y sus satélites.
Por el momento, solo diremos que nos ha dado una lección del espíritu italiano que usted representa. Incumplir las reglas es un arte de la clase gobernante italiana; incumplirlas según la regla de la urgencia. Los pactos se pueden respetar cuando quienes no los respetan pueden decidir que existen causas de fuerza mayor que les eximen de su cumplimiento. Sabemos que es usted también un legendario miembro de esta Cámara, aunque lo fuese en su calidad de periodista. A principios de los años noventa escribió maravillas sobre la condonación de la deuda, sobre el gasto basado en el déficit. A mí, como liberal, no me parecían tan buenas, puesto que introducía consideraciones éticas y decía que la condonación de la deuda y el modo de actuar de las antiguas clases dirigentes no eran demasiado éticos.
Le felicito, pues me parece que ahora representa magistralmente el papel de la antigua clase dirigente con una gran capacidad técnica para decir –con perdón– una sarta de sandeces. 
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el señor Presidente en ejercicio del Consejo ha tenido que presidir en dos ocasiones un Consejo Ecofin, que por dos veces en el espacio de cuatro semanas ha cometido una falta grave contra el proyecto de la Comunidad Europea; la primera vez con su carta al Sr. Berlusconi tras un Consejo Ecofin, en la cual formulaba una andanada de críticas contra las propuestas de la Convención a la Conferencia intergubernamental, y la segunda vez, la semana pasada. Esto no puede quedar sin una réplica. No podemos pasar tranquilamente al siguiente punto del orden del día. Ya se mire desde el punto de vista de la política democrática, de la política económica o de la política monetaria, desde una perspectiva jurídica o desde un ángulo europeo, su manera de proceder en este asunto es perjudicial, inaceptable y condenable.
Hoy, el Comisario Solbes nos dice que el Consejo no se ha mantenido fiel al espíritu del Tratado. El lunes, el Sr. Trichet, Presidente del BCE, comunicó a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que el Banco Central Europeo considera muy importante que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se modifique en ningún caso, pues ha demostrado su eficacia en términos de política económica y monetaria, e instó al Consejo, a la Comisión, al Parlamento y a los Estados miembros a que se tomen en serio sus respectivas responsabilidades. Por mi parte, insto especialmente a Alemania y a Francia a que se abstengan de culpar a la Unión Europea en general y al Pacto de estabilidad, en particular, de sus dificultades internas. La atribución de culpas no es el camino adecuado para contribuir a alcanzar unos objetivos decididos de común acuerdo. La Unión Europea somos todos. Alemania y Francia han traspasado el límite con su interpretación de las normas y han transformado un asunto comunitario en un tema meramente intergubernamental. Han ignorado las reglas por decisión política, pero la Comunidad no es una alternativa a la política. Los ministros de economía han dañado su credibilidad, han minado la confianza y han creado otros problemas. Esto es inaceptable.
Trentin (PSE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el método intergubernamental prevaleció sobre el método comunitario en las deliberaciones del Ecofin cuando se adoptó la decisión meramente contemporizadora de suspender el procedimiento, sin imponer unas condiciones precisas a la prórroga concedida a la República Federal de Alemania y a Francia para conseguir un presupuesto equilibrado. Esto es muy grave.
Se ha establecido un precedente importante, que podría beneficiar en el futuro a otros países y que, como ha dicho el Sr. Prodi, actúa en detrimento de una coordinación eficaz, de una gobernanza de las políticas económicas y sociales basada en objetivos transparentes y vinculantes, no solo en lo que respecta a la estabilidad sino también, sobre todo en este momento, en términos de crecimiento.
Este incidente solo está poniendo de manifiesto, empero, las insuficiencias y contradicciones que aún subsisten en la gestión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mientras el Parlamento Europeo sigue excluido de cualquier procedimiento de codecisión. Este incidente pone de relieve las deficiencias de la propia formulación del Pacto de estabilidad, que es mucho más restrictiva y mecánica que el texto del Tratado, sobre todo por sus problemas de flexibilidad. Lo cual significa que las instituciones de la Unión, empezando por la Comisión, se ven obligadas a adoptar dos enfoques totalmente incompatibles para realizar los dos cometidos que se ha propuesto la Unión en el ámbito de la política económica, social y medioambiental. Me refiero a las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo –esta última sin unos objetivos vinculantes–, y al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Estas graves deficiencias, que también existen en la iniciativa de la Comisión, explican que se haya adoptado un modelo de gestión flexible, pero inadecuado desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin establecer unas condiciones mínimas, pero específicas, que justifiquen el plazo fijado para equilibrar los presupuestos. Me refiero a la estrategia de Lisboa, a los objetivos vinculantes de la estrategia de Lisboa, que tienen que figurar entre las condiciones que se deben cumplir al aplicar el Pacto de estabilidad. 

Gasòliba i Böhm (ELDR ).
    Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, de los diversos aspectos tratados en este debate, desearía comentar los siguientes: primero, indudablemente ha habido una grave crisis en la aplicación de uno de los fundamentos de la unión monetaria y del euro, que afectan negativamente la credibilidad de los mismos.
Segundo: retengo la famosa frase de que la Unión Europea se ha ido construyendo a base de crisis y aprendamos la lección de esta crisis, sobre todo en un aspecto que ya ha mencionado el Comisario Solbes, y que apoyo plenamente, que es en tener una auténtica dirección en la política económica, lo que él ha llamado la gobernanza europea.
Tenemos una situación asimétrica en una política monetaria mucho mejor definida que la económica. Espero que esta crisis sirva para tener esta Gobernanza económica que siempre ha reclamado el Parlamento, y la última vez, si me permiten la inmodestia, en mi Informe sobre el papel internacional del euro.
Markov (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, ya celebramos un debate sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento el 21 de octubre de 2002 en Estrasburgo. Entonces dejé claro que no estamos en contra de limitar el nuevo endeudamiento público de los Estados, siempre que eso vaya acompañado del requisito de generar crecimiento y estimular la demanda. Ahora bien, el crecimiento y un aumento de la demanda no se conseguirán recortando los salarios o alargando la jornada de trabajo, sino aliviando la carga fiscal de los colectivos de renta baja y media, a través de inversiones públicas, inversiones en ampliación de capital de las empresas y aumento del consumo privado.
La decisión de los ministros de economía de la zona euro de suspender el procedimiento de déficit excesivo iniciado contra Alemania y Francia, y de concederles una prórroga hasta 2005 para alcanzar el límite del 3% sobre el nuevo endeudamiento anual, es un compromiso poco meditado, que no modifica la falsa premisa básica de que, en momentos de dificultades económicas, el cumplimiento riguroso del límite del 3% tiene un efecto de expansión y no de recesión. Para reactivar la inversión en todos los ámbitos, cualquier reforma del Pacto de estabilidad debe ir acompañada de más políticas europeas en materia económica, social, laboral, fiscal y medioambiental. Tienen que poderse utilizar créditos para financiar inversiones públicas, aunque eso implique que el déficit supere el límite del 3% durante un tiempo.
Ese sería, a mi parecer, un curso de actuación honesto y adecuado, sin el cual perderemos toda credibilidad y dejaremos que el mismo problema vuelva a plantearse año tras año en un número cada vez mayor de países.
Tal vez ustedes no opinen lo mismo, pero yo creo que deberíamos corregir los errores en vez de tratar de ocultarlos cometiendo otros nuevos. 
Andria (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, señor Comisario Solbes, Señorías, he observado que en algunos casos se han hecho afirmaciones exageradas y se han extraído conclusiones precipitadas con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Mi comentario se refiere también al Sr. Poettering. No creo que el Sr. Tremonti haya invitado a los Estados miembros a aumentar su deuda, sino más bien a prestar más atención al fondo de lo ocurrido, y no tanto a los procedimientos. Tampoco estoy de acuerdo con la intervención del Sr. Watson, cuando ha hablado de un Pacto diluido. La Presidencia italiana lo ha sacado del agua donde se estaba ahogando. Comparto menos aún la opinión de quienes afirman que el Pacto está muerto.
Por el contrario, si nos atenemos a los hechos, tenemos que reconocer que el Pacto está vivo y que la Presidencia italiana ha logrado salvarlo cuando se encontraba en una situación realmente muy difícil. La Presidencia ha conseguido la aprobación por unanimidad, es decir, con el apoyo de incluso los Estados más rigurosos, de unas conclusiones que incluyen compromisos importantes para respetar el Pacto, aumentar la disciplina presupuestaria y poner en marcha reformas estructurales. De esto no se ha hablado en los Estados miembros, ni mucho menos en el Parlamento Europeo.
Por lo que respecta a la recomendación de la Comisión, la cuestión es sencilla: la Comisión presentó unas recomendaciones que, de plena conformidad con el Tratado, se sometieron a votación en el Consejo. este las rechazó, puesto que no obtuvieron la mayoría exigida por el mismo Tratado. ¿Qué tendría que haber hecho la Presidencia italiana? ¿Tomar nota del rechazo de las recomendaciones de la Comisión sin adoptar ninguna otra medida? ¿Dejar libertad de actuación a Francia y Alemania? ¿Invalidar todo el proceso utilizado hasta entonces? Me parece que entonces sí que hubiésemos tenido motivos para hablar de la muerte del Pacto y de una conducta irresponsable por parte del Consejo.
La Presidencia italiana optó, en cambio, por seguir el único camino posible para salvar el Pacto. Ante la imposibilidad de aprobar las recomendaciones de la Comisión, propuso que se aprobaran las Conclusiones –en las que Francia y Alemania se comprometían a actualizar las medidas encaminadas a reducir el déficit– y que se suspendiera temporalmente el procedimiento. 
Randzio-Plath (PSE ).
   – Señora Presidenta, no es el momento de pronunciar elogios, ni de declarar que se ha incumplido la legislación, la legislación europea. Los procedimientos se describen claramente en el Tratado de Maastricht y también en el Pacto de estabilidad. Tanto la Comisión como el Consejo de Ministros tienen cada uno su papel. El hecho de que no tengan que coincidir plenamente en sus valoraciones guarda cierta relación con la forma en que todos insisten en la necesidad de que el Pacto se respete y en la necesidad de reglas, pero sin que esté claro en qué medida puede ser eficaz un pacto de estas características, que solo establece sanciones en previsión de que las cosas vayan mal y no otorga ningún papel a la Comisión cuando las cosas vayan bien. El Pacto resulta deficiente no solo porque la Comisión carezca de atribuciones cuando las cosas vayan bien, sino también porque solo destaca las dificultades a las que se enfrentan los Estados miembros en los momentos de recesión. ¿No son acaso los efectos de un período de tres años de estancamiento, que ha afectado y golpeado a las grandes economías nacionales de Europa en particular, tan perjudiciales como los de una recesión?
En este momento creo también que hay que subrayar que se ha demostrado la eficacia del Pacto, razón por la cual podemos hablar de reformarlo sin escrúpulos. Cualquier reforma debe conducir a que la Comisión suprima sus rígidos procedimientos de ajuste cíclico y permita que sea juzgada utilizando los métodos elegidos por el Fondo Monetario Internacional. Si así lo hiciera, nuestros debates serían posiblemente muy distintos, pues no debemos olvidar que las cifras que discuten el Consejo de Ministros de Economía y la Comisión en los casos de Francia y de Alemania discrepan únicamente en un 0,2%, incluido el coeficiente de error de nuestras estadísticas.
En mi opinión, lo que de verdad se necesita en este momento es un debate a fondo sobre la reforma del Pacto de estabilidad; sobre todo, me parece que tenemos que combinar una definición seria de la estabilidad monetaria y de la solvencia financiera con el crecimiento y la estabilidad social. Ese es otro reto, además de la austeridad, al que debe responder Europa.
Nordmann (ELDR ).
   – Señora Presidenta, el 25 de noviembre se respetaron los procedimientos desde un punto de vista formal, pero todos sabemos perfectamente que el espíritu comunitario se está deteriorando. Algunas demostraciones de fuerza son el reconocimiento de una debilidad y el oxígeno de la confianza escasea en la Unión Europea desde ese día.
No habrá sanciones, pero subsiste la obligación de reducir el déficit. De hecho, una de las conclusiones del Consejo así lo destaca. Por consiguiente, tenemos que salvar lo que todavía queda del Pacto; esto es, su espíritu, el afán de estabilidad y crecimiento, utilizando lo uno para conseguir lo otro.
Lo ocurrido plantea también el tema de la relación francoalemana. No es cuestión de su necesidad para que Europa pueda avanzar, sino de su credibilidad para conseguir que los progresos se acepten. La relación francoalemana es una fuerza motora, pero no debe convertirse en un detonante que haga explotar a Europa.
Sjöstedt (GUE/NGL ).
    Señora Presidenta, la situación de crisis en la que se encuentra el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pone de manifiesto de manera muy clara la inestabilidad de la Unión Monetaria Europea. Podemos ver que, con el modelo actual de Unión Monetaria, una crisis económica se transforma muy rápidamente en una crisis también política. Podemos constatar que, en la práctica, existen reglas muy distintas para los países grandes, como Alemania y Francia, y para los países pequeños, como Portugal e Irlanda. 
La crisis no está motivada únicamente por el incumplimiento de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su origen hay otros problemas mucho más profundos. Los problemas de Alemania y de Francia están relacionados básicamente con un crecimiento escaso y un nivel de empleo excesivamente bajo. El problema reside en que, en la práctica, la Unión Europea y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no tienen nada que ofrecer desde el punto de vista de la promoción del crecimiento y la creación de unos niveles más altos de empleo. Así pues, existe el riesgo de que la crisis se acentúe.
También podemos apreciar claramente que algunos países de la zona euro están obteniendo buenos resultados, seguramente porque aplican políticas distintas. Unos países con tasas de crecimiento y de inflación distintas necesitan unos tipos de interés y de cambio también distintos. No es casualidad que los países de Europa Occidental que no forman parte de la Unión Monetaria estén disfrutando, por término medio, de un desarrollo económico muy superior al de los países de la zona euro. El euro forma parte del problema. Tenemos que reconocer que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya no funciona y que hay que modificarlo. Tiene que permitir una política económica más expansiva en los períodos de recesión, que permita evitar las crisis económicas.
La inmensa mayoría de los suecos votó en contra de la moneda común en un referéndum celebrado en septiembre. La crisis del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una prueba más de lo acertada que fue la decisión de permanecer fuera de la Unión Monetaria Europea. Ahora ha llegado el momento de dar un paso más y, en la Conferencia Intergubernamental actualmente en curso, confirmar el «no» de Suecia con una exención legalmente vinculante tan completa, por lo menos, como la británica. 
Langen (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, creo que si se siguen los debates celebrados en esta Cámara, se ponen de manifiesto las diferencias de opinión muy sustanciales que existen y pocas veces he escuchado un comentario tan absurdo como la declaración que acaba de hacer la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, cuando ha acusado a la Comisión de aplicar procedimientos rígidos como un método de ajuste cíclico. Me ha dejado atónito, señora Randzio-Plath. ¿En qué Europa, en qué zona euro vive usted, para ser capaz de acusar a la Comisión de algo así? Solo nos queda ofrecer todo nuestro apoyo al Comisario Solbes e instarle a que actúe por vía judicial contra los Jefes de Estado y de Gobierno, pues semejante incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede aceptarse sin un protesta.
Cuando se le dice a esta Cámara que la Presidencia italiana del Consejo ha conseguido elaborar unas conclusiones magníficas, yo me pregunto si ese documento vale más que un tratado internacional, como puede ser el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Qué motivo hay para esperar que Alemania y Francia respeten ese documento cuando no han sido capaces de respetar las reglas? El principal diario alemán, , habla de Alemania y Francia como un «dúo infernal» que está cavando la tumba de la Unión Europea en vez de dar ejemplo a los demás Estados miembros de cómo se deben hacer las cosas. El Pacto ya es suficientemente flexible. No dice que tenga que haber un déficit del 3%, sino que utiliza el término «compensación presupuestaria». La diferencia entre el 0 y el 3% permite que los Estados miembros dispongan de una reserva de 250 millardos de euros para hacer frente a las dificultades derivadas del ciclo económico, a la gestión de las crisis internacionales y a los desastres naturales; por lo tanto, el problema en realidad reside en que Alemania y Francia ya no disponían de margen de maniobra cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles. Es decir, señor Comisario, que tiene que preocuparse de introducir reformas, y no solo del crecimiento. Por esto nos oponemos firmemente a que se modifique el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. este se debe respetar y se deben otorgar más poderes a la Comisión en sus negociaciones con el Consejo.
Berès (PSE ).
    Señora Presidenta, me sorprende que en este debate solo se hable del Pacto. El problema no es tanto el Pacto, sino que hemos formado una unión monetaria cuando no existe una unión económica. Algunas personas han calificado el Pacto de estúpido. Aun así, yo opino que la Comisión ha demostrado cierta inteligencia en su capacidad de interpretarlo.
Me sorprende, en cambio, que se hable de someter el asunto al Tribunal de Justicia y que a nadie se le haya ocurrido jamás someter al Tribunal de Justicia otras infracciones del Tratado cometidas de manera continuada por prácticamente todos los miembros de la zona euro, cuando no han considerado su política económica como un asunto de interés común, tal como sugiere el Tratado. Este es el origen del problema. El Pacto de estabilidad solo es la regla que permite contabilizar los puntos al final del proceso. El Pacto de estabilidad no indica en ningún momento cómo se debe jugar a un juego que solo puede jugarse en equipo. Se ha tachado al Pacto de estabilidad de estúpido o rígido. Lo es mucho menos que las devaluaciones competitivas que estuvieron de moda antes de la transición al euro. Ahora bien, el Pacto no es suficiente por sí solo.
Así pues, creo que tenemos que considerar tres aspectos. Desde el punto de vista de las políticas económicas, disponemos del instrumento estratégico necesario para asegurar la recuperación del crecimiento en Europa: la estrategia de Lisboa. No disponemos del instrumento para poner en práctica esa estrategia y no será, desde luego, el Pacto de estabilidad lo que se utilice para ese fin. Eso es lo que tenemos que considerar. Algunas personas han propuesto una estrategia de grandes obras. Pero los ministros de economía y finanzas todavía no se han decidido a financiarla. Todo el mundo habla de coordinación, pero esta solo pasa a un primer plano cuando permite que Francia y Alemania se alíen en contra de la Comisión. No se trata de una coordinación a priori, que es la que permitiría obtener los máximos beneficios de la zona euro.
El segundo aspecto se refiere al diálogo con el Banco Central. Este no para de hablar de reformas estructurales y los Gobiernos no le escuchan. Hay que encontrar otra forma de diálogo con los Gobiernos.
Finalmente, hay que tener en cuenta el trabajo de la Convención para conseguir que progresen los resultados de la CIG y consolidar el poder de la Comisión en lo que se refiere a la consecución de una unión económica. 
Marinos (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, la mayor parte de lo que me proponía decir ya se ha dicho y apoyo la intervención del Sr. Poettering, que lamentablemente ya no se encuentra aquí.
Quiero centrar su atención en lo siguiente: todos, grandes y pequeños, fuertes y débiles, debemos respetar las reglas que hemos aceptado y suscrito libremente, nos gusten o no. Pobres de nosotros si considerásemos que los principios y los reglamentos de la Unión Europea deben aplicarse «a la carta» y si los respetásemos cuando nos fueran favorables, pero los ignorásemos cuando no fueran de nuestro agrado.
El principio más fundamental de la democracia es que todos deben respetar la ley. Si no nos gusta, la cambiamos. Si el Pacto de estabilidad no nos gusta, deroguémoslo o modifiquémoslo. Pero en ningún caso podemos permitir que, considerándose válido, no sea respetado por aquellos a quienes no les gusta, como está ocurriendo ahora. Cuando se descubrió que algunos Estados miembros pequeños de la Unión Europea, como Portugal, habían incumplido las condiciones del Pacto, se les obligó a aplicar duras medidas y recortes presupuestarios para reducir su déficit por debajo del 3% y ninguno de los grandes Estados miembros que ahora incumplen el Pacto pidieron que este no se aplicase. Ahora que el problema ha afectado inesperadamente a su economía, han descubierto que el Pacto es inadecuado o hasta inaceptable. Dos varas de medir.
La reacción de los países pequeños –que están viendo que «unos son más iguales que otros», como dijo Orwell– es, por tanto, razonable. Todo lo cual aumenta su falta de fe en las nuevas disposiciones del proyecto de Constitución, con el posible riesgo de que esta no se ratifique y la Unión Europea alcance un terrible punto muerto. 
Katiforis (PSE ).
   – Señora Presidenta, el Sr. Watson ha hablado de «palos y zanahorias»: había muchos palos y zanahorias en el Pacto de Estabilidad: palos para los trabajadores y zanahorias para los gerentes, palos para los desempleados y zanahorias para los financieros. El Pacto de Estabilidad no solo era socialmente injusto, sino totalmente inviable, y la tragedia de haberlo roto no es que no quisiéramos que se respetara, sino que nunca se estableció. Esta fue la verdadera tragedia. Si nos hubiésemos atenido a los criterios de Maastricht con la misma intransigencia que nos exige el Pacto de Estabilidad con respecto al tres por ciento, ¿existiría hoy el euro? ¿Existiría hoy el euro, señor Comisario? Pido a todos que se pongan la mano en el corazón y respondan a esta pregunta con honestidad, como gente honesta que quiere que se respeten las normas.
El segundo punto es que la Comisión nos dice que continuará aplicando el Pacto. Si vuelve a ocurrir lo mismo, ¿cómo se aplicará el Pacto? Espero que con la misma flexibilidad que con respecto a Francia y Alemania. Sería injusto que se aplicara un rasero diferente a un país pequeño en el futuro.
Asimismo, se ha sugerido que los déficit de hoy son los impuestos de mañana. ¡Qué simpleza! Los déficit de hoy también pueden ser las inversiones de hoy, que generarán ingresos más altos en el día de mañana, de los cuales se podrán pagar fácilmente impuestos más altos. Por lo tanto, sugiero que dejemos de hacer discursos virtuosos y nos inscribamos en un buen curso de macroeconomía básica, porque parece que algunos lo necesitamos; por supuesto, no incluyo al Ministro en este comentario. Parece que conoce bien el tema –o ha aprendido– y se lo agradezco.
La esencia de la cuestión es que hoy necesitamos una política económica expansiva, y no contractiva. Al igual que hay estabilidad inflacionista, también puede haber estabilidad deflacionista. Desde este punto de vista la desaparición del Pacto de Estabilidad es buena para la estabilidad. 
Coelho (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, para empezar, quiero mencionar a Aníbal Cavaco Silva, profesor de economía y ex-Primer Ministro de mi país, bajo cuyo mandato se introdujo el euro en Portugal. Sus palabras pueden ser duras, pero certeras: «el Pacto de estabilidad ha sido una puñalada en la espalda para el eje francoalemán, que ha pasado de ser el impulsor de la Europa comunitaria a convertirse en un factor de inestabilidad. El Pacto de estabilidad está ahora muerto, al menos en lo que respecta a su capacidad de imponer sanciones, y eso indica que la Europa comunitaria ha perdido el rumbo.» No es mi intención contribuir al debate sobre si el Pacto de estabilidad es estúpido o no. Hemos visto cómo, en el espacio de unos pocos días, quienes lo consideraban inteligente decidieron no respetarlo y quienes lo consideraban estúpido protestaron por su incumplimiento. Reconozco que se necesitan otros indicadores y que tal vez sea necesario que los mecanismos aplicables en los períodos de crecimiento sean distintos de los que tengan que aplicarse en los períodos de recesión. En cualquier caso, estoy seguro de una cosa: necesitamos mecanismos que permitan disciplinar las finanzas públicas, en interés del euro y de Europa. Lo que no podemos aceptar es una dualidad de criterios: algunos países están obligados a cumplir, mientras que a otros se les disculpa. Es perjudicial para la unidad de Europa que exista la sensación de que a los países pequeños no se les permite actuar de igual forma que a los grandes. Es inaceptable que quienes han actuado de un modo indebido hagan comentarios despectivos y de mal gusto sobre los que han respetado los compromisos suscritos. Un ejemplo de ello es la actitud deplorable de los ministros de economía francés y alemán con respecto a la valerosa posición del Gobierno portugués en materia presupuestaria. Resulta preocupante que el relajamiento en el cumplimiento de los criterios del Pacto pueda causar una subida de los tipos de interés, como ha reconocido el Sr. Solbes. Es un escenario preocupante para las familias y las empresas que están fuertemente endeudadas.
Señora Presidenta, nuestro objetivo debe ser fortalecer los instrumentos de la integración europea, no debilitarlos, sobre todo en el contexto del debate sobre el nuevo Tratado constitucional y la culminación de la ampliación. 
Radwan (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, en estos momentos estamos dedicando un gran esfuerzo y concediendo una gran importancia al debate de un nuevo Tratado constitucional que nos dotará de un nuevo marco jurídico para el futuro, mientras, al mismo tiempo, los países grandes demuestran su indiferencia frente a la legislación vigente. Permítanme que, en mi calidad de bávaro, establezca un paralelismo. Cuando se celebraron elecciones en Austria y se formó la coalición, acusamos de ilegalidad a este país que siempre ha cumplido la ley e intentamos utilizar todo nuestro poder para imponer nuestro criterio, y ahora está ocurriendo lo mismo. Los países más grandes están demostrando que el Derecho europeo les es indiferente.
No puedo dejar de animar a la Comisión a que examine críticamente lo ocurrido, también desde el punto de vista jurídico, pues el Consejo, además de rechazar la propuesta de la Comisión –cosa que tenía derecho a hacer–, también la ha ignorado y se ha limitado a establecer nuevos parámetros. El Consejo no tiene competencias para ello y, por lo tanto, solo me resta animar a la Comisión.
La manera de actuar de los países grandes en la Unión Europea tiene, evidentemente, un efecto muy perjudicial en los países candidatos, diez de los cuales, como es sabido, van a introducir el euro, seguidos luego por otros dos, y ya hemos discutido reiteradamente la necesidad de que los criterios se cumplan. ¿A qué argumentos van a recurrir en el futuro la Comisión o el Consejo para decirles a estos países que tienen que cumplir los criterios? Si nosotros no lo hacemos, no podemos esperar que ellos lo hagan.
En realidad, lo único que puedo hacer es ofrecer mi apoyo a la Comisión. esta debe proceder con rigor y coherencia en este caso, y permítanme que haga una advertencia contra la negociación de un nuevo Pacto; considerando la situación actual en Europa, cualquier nuevo Pacto no sería merecedor de tal nombre, sino que acabaría siendo un batiburrillo de ilusiones y aspiraciones de flexibilidad sin ninguna relación con las exigencias económicas. Europa está pagando el precio de que Alemania no haya hecho sus deberes en los últimos años y el objetivo es, a fin de cuentas, que la moneda única europea siga garantizando la estabilidad económica. Muchas gracias. 
Konrad (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, la Unión Europea es una comunidad fundada sobre el derecho; la Unión Europea está basada en la primacía de la ley. El Ministro de Hacienda alemán, actuando en nombre de Alemania, ha pisoteado esta ley uniéndose a Francia y causando un grave daño al Pacto de Estabilidad. De este modo, Alemania no solo ha violado la ley, sino también ha destruido la confianza, no solo en nuestro país, sino también entre sus vecinos en Europa y, sin duda, también en los países que desean adherirse a la Unión Europea.
Las normas pueden cambiar, pero no quebrantándolas. Esto equivaldría a gobernar por la fuerza y no por la ley: es la antítesis de lo que mantiene unida a la UE. Este malévolo espíritu de egoísmo nacional y arbitrariedad franco-alemana perseguirá a Europa todavía durante mucho tiempo. Berlín no se ha atrevido a recortar la cifra de 6 000 millones de euros de un gasto total de un billón de euros. Dicha cifra no es en modo alguno fundamental para la recuperación, y no es que haya señales de que se vaya a producir una. Los cimientos de la UE han sido desnaturalizados y se ha forjado una alianza planeada desde hace tiempo en contra de la Comisión Europea. En esencia, esta es la posición estratégica, la estrategia que subyace a esta medida, el corazón estratégico del eje Berlín-París.
Así pues, ¿quién podrá culpar a los Estados más pequeños y a los euroescépticos de desconfiar aún más? Tampoco nadie volverá a fiarse de la Comisión para que les proteja. El día en que se quebrantó el Pacto de Estabilidad fue un día negro para Europa, y ha provocado una crisis de confianza y una crisis política en el seno de la Unión Europea. 
Tremonti,
     Señora Presidenta, se ha criticado a la Presidencia de no ser neutral. La Presidencia italiana, y cito al Comisario Solbes, ha hecho un gran esfuerzo por encontrar una solución, pero también es cierto que no ha votado a favor de las recomendaciones de la Comisión. El sentido del voto de una persona es una extraña manera de definir la neutralidad.
La posición de la Presidencia ha sido totalmente imparcial. No tiene nada que ganar y creo que este debate debería llevarse a cabo en el plano europeo, sin seguir las convenciones de la política interior. Creo que puedo decir esto como representante de un Gobierno que cree que la Comisión –como guardiana– es importante, pero que considera que el mercado financiero es igual de importante.
Lamento que el presidente del Grupo, el Sr. Poettering, no se encuentre presente en la Cámara. Si no me equivoco, el presidente ha puesto el ejemplo de dos países que han cambiado de posición: Irlanda y Portugal. Lamento que Irlanda y Portugal, junto con Francia y Alemania, así como Bélgica, Grecia y Luxemburgo, hayan votado a favor de las conclusiones de la Comisión.
Si bien hoy no se encuentra presente, creo que hay que hacer una observación sobre la posición en el Eurogrupo y después en Ecofin del Sr. Junker, quien no creo que piense de otra manera que la Unión Europea. El debate sobre países «grandes» y «pequeños» no tiene sentido. Estamos hablando de un proceso político.
Sinceramente, no creo que la Comisión tenga un monopolio político y no creo que las normas se puedan equiparar a las sanciones. Los monopolios no son nada bueno ni para la economía ni desde un punto de vista jurídico. Las normas pueden interpretarse de formas diferentes: el Servicio Jurídico del Consejo las ha interpretado de una manera y el Consejo de otra. Además, las normas prevén una votación.
Pero eso no es todo: las sanciones no son el todo, sino solo una parte, y las normas son algo más que sanciones. En esencia, la decisión del Consejo puede acogerse con satisfacción en cuanto que las medidas recomendadas a Francia y Alemania son sustancialmente las mismas que las propuestas por el Sr. Prodi a la Comisión. La esencia es la misma. La diferencia no radica en el procedimiento: el requisito de cumplir las recomendaciones de la Comisión sigue siendo el mismo, independientemente de si el procedimiento y las sanciones son lo mismo o de si el procedimiento puede interpretarse de modo distinto.
Creo que las sanciones son esenciales, pero son más útiles si no tienen que aplicarse. Las sanciones funcionan bien si no tienen que funcionar. Las sanciones funcionan bien si sirven para lograr ampliación, prevención y ajuste. Así ha sido y esto está totalmente claro. No creo que nuestro objetivo fuera la aplicación de las sanciones; creo que nuestro objetivo era el respeto de las normas, y así ha sido. Creo que no habríamos llegado a aplicar las sanciones, ni siquiera a un país pequeño. Nunca habría votado a favor de sanciones contra un país pequeño que hubiera cumplido las exigencias de la Comisión como dos países grandes. Las sanciones son una parte de las normas; no son todas las normas. La parte principal de las normas es algo diferente, y estipular sanciones es importante. Lo esencial es que las sanciones funcionen mediante la ampliación del proceso. El cumplimiento ha sido total.
He concluido mi intervención diciendo que la sustancia es más importante que la forma, o que ambas son importantes, pero que, hasta la fecha, nos hemos centrado demasiado en un aspecto del procedimiento, como si solo consistiera en sanciones, y esto no es así. Además, no se ha hablado de la sustancia. La sustancia es muy sencilla, y esto ha emergido del debate con fuerza e inteligencia política. Estamos atravesando una etapa difícil en Europa, en la que existe una sorprendente correlación entre el alcance de los problemas y la capacidad de gobernanza. El alcance de los problemas: dos guerras en dos años, el hundimiento del equilibrio geopolítico del mundo, el colapso de los mercados financieros, la competencia no regulada creada por China, los efectos causados –quizás más de lo que se predijo– por la transición en algunos países, las crisis locales y sectoriales.
Todo esto se produce en una situación de capacidad de gobernanza limitada. Los antiguos Estados nacionales ya no disponen de instrumentos de gobernanza nacional y Europa aún no dispone de una gobernanza europea. No disponemos de márgenes amplios para las políticas monetarias, porque no se está cuestionando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No disponemos de márgenes para las políticas de tipos de interés, que se deciden de forma imparcial usando el razonamiento constitucional del Banco Central Europeo. No podemos establecer políticas de tipos de cambio porque estas se deciden en otra parte.
En el año 2000 la economía europea funcionaba bien, los presupuestos estaban en orden, la cotización del euro estaba por debajo de la del dólar. En el año 2003, la economía no está funcionando demasiado bien, los presupuestos no están particularmente en orden y la cotización del euro ha subido respecto del dólar. Creo que a Isaac Newton le costaría entender la relación de causa y efecto entre estos dos fenómenos.
Necesitamos una gobernanza europea. Creo que el Tratado Constitucional proporciona una base para el desarrollo de la gobernanza europea: creo que en el plan de crecimiento –propuesto por la Presidencia, pero que ahora se ha convertido en un plan europeo–, Europa ha encontrado una iniciativa común beneficiosa en forma de política económica común: la primera desde el euro.
En el año 2003, Europa ha iniciado un ciclo muy intenso de reformas estructurales. Un ciclo coordinado por la lógica europea y en un espíritu europeo de reformas estructurales del mercado de trabajo y del Estado del bienestar. Las reformas se han extendido desde Finlandia, los Países Bajos y Alemania hasta Austria, Francia e Italia. Europa se está renovando, invirtiendo en su futuro y cambiando las expectativas de crecimiento a través de un ciclo de medidas estructurales y de reformas estructurales esenciales. Creo que estas son las cosas de las que deberíamos estar hablando. 
Solbes Mira,
   .  Señora Presidenta, quisiera hacer tres comentarios muy rápidos. En primer lugar, un tema de hecho, la Comisión nunca propuso sanciones, la Comisión propuso mayor flexibilidad dando un año adicional para el respeto del 3%.
En segundo lugar, la Comisión seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir con su responsabilidad en el tema de vigilancia presupuestaria. Sabemos que el respeto del pacto en el contexto actual planteará algunos problemas, algunas dificultades, pero vamos a hacerlo garantizando el trato absolutamente igual a todos los Estados miembros.
En tercer lugar -como he señalado en mi intervención inicial-, la Comisión ha emprendido una reflexión serena sobre todos estos hechos, lo que ello significa para la gobernanza económica futura de la Unión, y prepararemos una iniciativa para mejorarla en el marco del actual Tratado.
La Presidenta
   . Gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate queda cerrado.
Maaten (ELDR ),
   . – La reina de los Consejos de Ministros, el Ecofin, se ha caído de su pedestal con un golpe sordo. En el invernadero de Bruselas aún continúa el debate sobre los detalles del Pacto de Estabilidad, mientras los ciudadanos normales, al menos en los Países Bajos, hace mucho tiempo que están debatiendo otras cuestiones. ¿Por qué las normas que acordamos se aplican a unos países y no a otros? ¿Qué ocurrirá con las normas que acordaremos en el nuevo Tratado Constitucional, sobre las que el pueblo neerlandés puede votar en un referéndum? Para ganar credibilidad, este Tratado Constitucional tendrá que contener procedimientos estrictos para que se apliquen las normas monetarias. Estoy a favor de que la Comisión desempeñe un papel mucho más destacado. Los países que incumplen las normas deberían quedar excluidos de la votación que evalúa a otros países que infringen las mismas normas. Los Gobiernos francés y alemán han abierto la caja de Pandora. Tal vez esto sirva a un interés a corto plazo, pero han perdido toda credibilidad como eje de la cooperación europea. Como tal, tienen una gran responsabilidad. 
Sylla (GUE/NGL ).
   – Quiero hablar del Acuerdo de Ginebra y decirles que, al igual que Jimmy Carter y Nelson Mandela, ambos ex presidentes y Premios Nobel de la Paz, el Parlamento Europeo tiene que hacer suya y apoyar la iniciativa lanzada por Yossi Beilin y Yasser Abbed Rabbo, que el lunes 1 de diciembre propusieron en Ginebra un plan de paz entre israelíes y palestinos. Creo que se trata de un acto valeroso y simbólico que subraya y refleja la aspiración de la inmensa mayoría de israelíes y palestinos de vivir en un mundo de paz y solidaridad mutua.
Como ha dicho Kofi Annan, este plan no sustituye a las propuestas de la ONU. Asimismo, no nos corresponde a nosotros comentar exhaustivamente, punto por punto, todas las propuestas. Se ha mantenido el elemento clave, es decir, la creación de un Estado palestino y el rechazo de toda forma de violencia, en especial los atentados suicidas.
Tenemos que apoyar una señal fuerte en un momento en que ciertas personas en ambos lados se oponen con virulencia a este plan de paz. Se les tiene que dar una verdadera lección de paz y obligarles a sobreponerse al odio para poder vivir juntos. Lamento que el Consejo no esté presente. La urgencia es evidente, sobre todo porque la crisis iraquí solo sirve para agrandar el problema.
Creo que ha llegado el momento de ofrecer a toda una generación de palestinos e israelíes un verdadero futuro, y a una generación en todo el mundo la capacidad que tienen los políticos de garantizar que todos puedan vivir juntos. 
Bowe (PSE ).
   – Señora Presidenta, me levanto para pedirle que se una a mí y exprese su preocupación a las autoridades judiciales turcas por los retrasos en los juicios de los implicados en la reyerta ocurrida en Galatasaray, Turquía, con ocasión del partido de fútbol con el Leeds United en abril de 2000. Este terrible acontecimiento provocó el asesinato de mis electores Christopher Loftus y Kevin Speight.
Un ciudadano de Galatasaray, Ali Umit Demir, ha sido condenado por estos asesinatos. Sin embargo, ha recurrido la sentencia original y ahora, junto con otros implicados en la reyerta original, está a la espera de un nuevo juicio. El nuevo juicio preliminar se ha aplazado dos veces, una en julio y de nuevo en septiembre de este año. La tercera fecha de la audiencia es ahora el 11 de diciembre de 2003.
Aunque estoy muy agradecido por el interés, preocupación y asistencia demostrada en esta cuestión por parte del embajador turco en la UE, Sr. Oguz Demiralp, agradecería que el Presidente del Parlamento me apoyara enviando una carta a las autoridades turcas pidiendo que el proceso judicial siga adelante sin más dilación. Estoy seguro de que el Presidente entiende la angustia de las familias de los hombres asesinados, provocada por los trámites interminables del nuevo juicio, y que ha venido a sumarse a su angustia inicial sobre esta cuestión. 
Ribeiro e Castro (UEN ).
   – Señora Presidenta, como sin duda sus Señorías ya saben, a raíz de las diferentes iniciativas presentadas este año en el Parlamento, el 1 de diciembre teníamos que recibir al Sr. Oswaldo Payá, a quien el año pasado otorgamos el premio Sajarov. Por desgracia, las autoridades cubanas no le han permitido venir. Ha enviado un mensaje al Parlamento, y me ha pedido que lo lea. He leído el mensaje íntegramente en la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. No lo voy a repetir aquí; simplemente deseo que la cuestión quede registrada en el pleno. Se trata de un mensaje fuerte y conmovedor en el que explica las dificultades a las que se enfrentan los demócratas en Cuba, y también habla de la determinación en curso del Proyecto Varela (llamo la atención de todas sus Señorías sobre este hecho) y condena el hecho de que se le impidiera venir aquí. Condena la situación en los campos de concentración y la situación de los detenidos, que son precisamente asuntos sobre los que nos gustaría escucharle y poder debatir con él. Asimismo, insta a la Unión Europea a prestar apoyo moral para la cooperación, que ciertamente no le negaremos, y afirma que la Unión Europea tiene que debatir de forma constructiva con toda la sociedad cubana. Por lo tanto, pido al Presidente del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes que vuelvan a considerar este asunto, porque nuestra invitación del 13 de noviembre ha sido frustrada y es muy importante que consigamos la liberación de Oswaldo Payá para que pueda venir a explicarnos lo que está ocurriendo en su país. 
Ludford (ELDR ).
   – Señora Presidenta, quiero plantear el caso de un británico que está en el corredor de la muerte en Ohio, en los Estados Unidos. Kenny Richey fue condenado hace 16 años por provocar un incendio y el asesinar a una niña de dos años que murió en el incendio. Pero puede que las nuevas pruebas médico-forenses presentadas hace seis años establezcan su inocencia. No obstante, sigue en el corredor de la muerte y podrían asignarle una fecha de ejecución en cualquier momento. Esto se debe a que la ley de los Estados Unidos establece que no se pueden aducir nuevas pruebas después de cierta fase del procedimiento.
El fiscal ha dicho: «Aunque estas nuevas pruebas puedan establecer la inocencia del Sr. Richey, la Constitución de Ohio y de los Estados Unidos, no obstante, permite ejecutarlo porque la acusación no sabía que el testimonio científico presentado en el juicio era falso y poco fiable.» Así que saben que la declaración de culpabilidad es insegura, pero aun así podría ser ejecutado. Ese es el motivo de que Amnistía Internacional lo haya considerado uno de los casos más imperiosos de inocencia que jamás hayan visto los defensores de los derechos humanos.
Señora Presidenta, voy a hacer circular una petición por correo electrónico, y le pediría a todos los colegas que la apoyaran, exigiendo que se revise el caso a la luz de las nuevas pruebas o, en última instancia, para pedir clemencia. 
Doyle (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, en virtud de nuestra Constitución el proceso de ratificación irlandés exige un referendo para todas las revisiones del Tratado. Hoy, los titulares, los informes y las editoriales de un diario serio, el, afirman que el Sr. Prodi pensaba que cualquier Estado que votara en contra del tratado constitucional –que se encuentra ahora en la fase final de negociación– debería lógicamente abandonar la UE. Dijo que puede que tengan una segunda oportunidad: puede que no sea la primera vez que hayan votado en contra. Sin embargo, mi opinión en este caso es que lo que podría percibirse como un ultimátum –acepte o abandone la Unión– no es nada útil en la antesala de un proceso de ratificación que ya va a ser bastante difícil, no solo en Irlanda, sino en muchos Estados miembros.
También se dice que el Sr. Prodi ha afirmado que cualquier enmienda futura o revisión del Trabado debería ratificarla el Parlamento o el Gobierno en vez de un referendo popular.
Quiero pedir que se le conceda al Sr. Prodi la oportunidad de venir y explicar con más detalle su opinión sobre estas cuestiones tan delicadas, porque la interferencia o los comentarios insensatos en este momento no serán útiles si queremos que el tratado constitucional actual sea aceptado en los 15 Estados miembros, por no decir en los 25. A veces es mejor callarse que hablar demasiado en estas cuestiones. 
Gargani (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, creo que tengo el deber de hablar de una cuestión referida al dramático acontecimiento jurídico en Italia que afecta al actual senador vitalicio, Giulio Andreotti. Se trata de una figura pública bien conocida en el ámbito europeo, una figura que ocupa un lugar destacado en los asuntos comunitarios.
He esperado el veredicto del Tribunal de Casación antes de hablar del asunto. Con mayor urgencia he esperado las explicaciones dadas hace unos días por el Tribunal de Casación, en las que no solo absolvía al senador Andreotti de un tormento que ha durado años y de unas acusaciones ridículas de homicidio, sino que en las explicaciones que acabo de mencionar criticaba la absurda decisión del Tribunal de Apelación al condenarle: teorías personales que no podían probarse.
Por lo tanto, creo que hay que resaltar el calvario que ha sufrido este hombre, senador vitalicio, una de las figuras públicas que más han contribuido al desarrollo de la democracia en el país y uno de los padres de Europa, y tiene que quedar claro que una parte del sistema judicial italiano, que es claramente ineficaz y subversiva, ha reforzado esta situación que tanto ha preocupado a Italia y a Europa durante 10 años.
Por lo tanto, señora Presidenta, le insto, y estoy seguro de que no estoy interpretando solamente la voluntad del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sino también la opinión de todo el Parlamento Europeo, a que reconozca formalmente la claridad, prudencia y gran honradez democrática que distingue a la valiosa y útil figura europea del Senador Andreotti. 
Doyle (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, como queda tiempo, permítame llamar la atención del Comisario Fischler sobre una cuestión relativa a sus propuestas de desvinculación y a la superficie que tiene que cultivarse una vez desvinculada.
Si los agricultores tienen que cultivar el 100% de la superficie que cultivaron durante los años de referencia 2000 a 2002 con el fin de recibir el pago desvinculado o el pago basado en la superficie, eso presionará mucho sobre el precio de la tierra arrendada –o como decimos en Irlanda–, tanto en Irlanda como en otros países. Me pregunto si el Sr. Fischler puede plantear que los agricultores deban cultivar un 80% o más de su tierra. Si no, pondremos un falso piso debajo de la tierra arrendada y los agricultores en activo no podrán permitírsela. Los agricultores que quieran completar el 100% de su superficie del año base van a tener que tomar esa tierra. A causa de este requisito se introduce una distorsión del mercado, y yo instaría al Sr. Fischler a que hiciera todo lo que pudiera para garantizar que la tierra esté en manos de los mejores agricultores para cultivarla. Ese es uno de los principios de la desvinculación. 
La Presidenta
   . Esta cuestión ya ha sido tratada.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes elaborados en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales:
- A5-0402/2003 del Sr. Van den Berg, sobre la gobernanza europea (COM(2002) 704 - COM(2002) 705 - COM(2002) 713 - C5-0200/2003 - 2003/2085(INI)); y
- A5-0401/2003 del Sr. MacCormick, sobre la Comunicación de la Comisión titulada "Un marco para los contratos y convenios tripartitos entre la Comunidad, los Estados y las autoridades regionales y locales" (COM(2002) 709 - C5-0202/2003 - 2003/2088(INI)).
Van den Berg (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Europa tiene que mejorar en nombre de sus ciudadanos. Esto significa abordar con éxito y de forma más democrática un mayor número de problemas transfronterizos. Tenemos que restablecer el orden en nuestra casa europea, que muchos ciudadanos de toda la UE contemplan con escepticismo.
El año pasado celebramos una Convención que elaboró una Constitución, al menos en forma de proyecto. Esto es muy positivo para los ciudadanos europeos, como hemos mencionado antes.
Sin embargo, existen otras maneras de restablecer el orden en nuestra casa europea. El informe que les presento esta noche en nombre de nuestra comisión también trata de una gobernanza mejor, más democrática y más transparente. Incluso sin adaptar los tratados europeos, podemos aplicar reformas sustanciales. La mejora de la gobernanza europea es uno de los objetivos estratégicos clave de la Comisión Prodi para el período 2000-2004. En 2001 publicamos el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, sobre el cual dimos nuestra opinión en esta Cámara. Dos años más tarde, volvemos a hacer lo mismo, solo que esta vez se trata del progreso de aquel Libro Blanco.
Se han conseguido algunos logros importantes. Por ejemplo, en abril de 2002 la Comisión comenzó a simplificar la legislación, que se redujo a no menos de 35 000 páginas. Se trata de una importante contribución a la simplificación de la gobernanza europea. Además, la Comisión ha publicado planes en el ámbito de la consulta a las autoridades regionales y locales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los expertos. Volveré a tratar estas cuestiones, pero ahora lo que importa es que todos estos planes se apliquen. ¡No meras palabras vacías, sino acción concreta!
La Comisión puede hacer mucho más para acercar Europa al ciudadano de forma activa. En este informe he hecho varias propuestas en este sentido. En mi opinión, la primera y más importante es que todas las propuestas legislativas se sometan al llamado criterio ciudadano. Esto significa que para cada ley que la Comisión proponga, hay que pensar en su impacto social, ecológico y económico en la vida cotidiana de los ciudadanos para los que se establecen estas leyes. Esta es la única manera de garantizar que salimos de nuestra torre de marfil y de que no volvemos a dictar leyes en el vacío o de arriba abajo. Insto a sus Señorías y a la Comisión a que apoyen esta iniciativa.
Paralelamente, quiero subrayar especialmente el hecho de que la Comisión recurre a expertos en una etapa temprana del proceso legislativo. En primer lugar, he de decir que los expertos resultan muy útiles. En segundo lugar, tengo que destacar que existe una gran jungla y una proliferación de grupos de expertos, tanto permanentes como . Hay 850 grupos de expertos y otros 500 subgrupos o más. Nadie, ni siquiera en la Comisión, sabe exactamente quién está implicado en estos grupos. El Parlamento ya ha pedido a la Comisión que publique listas claras que especifiquen qué expertos pueden consultarse y sobre qué temas. De esta forma, el Parlamento y el Consejo, y creo que incluso la Comisión, tendrán una visión clara y exacta de quién examina estas propuestas legislativas y de las opciones políticas fundamentales que se hacen durante el proceso de elaboración de políticas. Cuando estas listas estén disponibles, todos nos beneficiaremos. Insto a la Comisión a que finalmente haga algo respecto de estas listas tras tres años de promesas, porque queremos una democracia parlamentaria y no una democracia de expertos.
Otro punto importante que he mencionado es la Gobernanza Mundial. El multilateralismo y un amplio concepto de la seguridad, que incluye la paz y la seguridad, pero también la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible, siempre han sido el núcleo de la política exterior. Es hora de que la Unión Europea, la mayor superpotencia económica de la ONU, se comprometa a extender sus valores a escala mundial durante la reforma de las instituciones multilaterales. Sin embargo, queremos que la UE hable con una sola voz a este respecto, comenzando, si es posible, con un escaño en el Consejo de Seguridad.
Finalmente, respecto de la consulta a las organizaciones, he subrayado de forma bastante específica la necesidad de que las autoridades locales y regionales se incluyan entre los órganos consultados. «Europa empieza en las regiones». Después de todo, es en las regiones donde hay que aplicar la política y donde se gastan muchos de los fondos europeos. Asimismo, las regiones son lugares con los que los ciudadanos se identifican, a veces incluso más que con sus propias capitales, sin duda cuando las regiones transcienden las fronteras. Por esta razón, es importante que las autoridades regionales tengan su propia voz y que la tengan en el proceso legislativo. La Comisión así lo ha entendido y se muestra dispuesta a hacer algo al respecto. Ahora nos gustaría que esto se tradujera en acción.
A este respecto, el Sr. MacCormick ha elaborado un informe muy importante sobre los contratos y los acuerdos tripartitos. Estos contratos con los Estados miembros y las autoridades regionales pueden resultar un instrumento muy útil, que permita a Europa comenzar a acercar la región y darle forma. Así, la gobernanza europea resulta más eficaz y se acerca al ciudadano. Apoyamos encarecidamente las líneas generales del informe del Sr. MacCormick.
Finalmente, quiero subrayar que es responsabilidad de todas las instituciones alcanzar una gobernanza creíble, transparente y democrática. No es simplemente responsabilidad de la Comisión, sino de todas las instituciones. Por esta razón, en este informe pedimos un acuerdo interinstitucional en el ámbito de la consulta, que sea vinculante para todas las instituciones.
Las reformas contenidas en el Libro Blanco sobre la gobernanza tienen gran importancia para Europa y para sus ciudadanos. Lo que importa ahora es que nos arremanguemos y nos pongamos a trabajar. Les agradezco que haya ampliado un poco mi tiempo de uso de la palabra. 
MacCormick (Verts/ALE ),
   . – Señor Presidente, mi informe trata de la propuesta de contratos y convenios tripartitos entre las autoridades europeas y los Estados miembros, y las autoridades locales y regionales. Cabría pensar que esto es un gran bocado para lo que en el fondo es una idea muy simple.
La cuestión es, como ha señalado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en su opinión sobre este tema, que gran parte de la aplicación de aspectos importantes de la política europea –política medioambiental, política regional y otras políticas, incluida la de transporte– se lleva a cabo en los Estados miembros en un nivel de gobierno inferior al del Gobierno central del Estado. Y en este terreno existe un peligro de comunicación insuficiente entre la Comisión, en el centro, y el gobierno local y regional. Cualquier medida que se pueda tomar para mejorar estas comunicaciones es bienvenida y se fomentará al máximo. La propuesta de la Comisión sobre contratos y convenios tripartitos es una propuesta dedicada precisamente a esa mejora, y por ello mi Grupo la acoge con gran satisfacción. La Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la Comisión de Medio Ambiente también la acogen con satisfacción y quieren que siga adelante.
Uno de los primeros acuerdos piloto en términos de convenio tripartito se llevó a cabo entre ciudades. Se basaba en la idea de una ciudad sostenible, como por ejemplo Birmingham, Estocolmo y otras ciudades de la Unión. Se trataba de imaginar modos de dar sentido a la sostenibilidad. Uno de los datos interesantes que descubrí leyendo un informe sobre aquel proyecto piloto fue que el Ayuntamiento de Birmingham podía escribir al Gobierno central de Londres y estar semanas o meses sin recibir una respuesta. A los Gobiernos centrales de los Estados miembros se les da muy mal mantener un contacto adecuado con las autoridades locales y regiones.
Si queremos progresar en la aplicación de políticas en Europa, es obvio que debemos asegurarnos de que exista una interacción entre el gobierno central, el gobierno local y el gobierno a nivel europeo. Es importante subrayar –y me dirijo en particular a mi amigo y oponente, el Sr. Bradbourn, en este punto– que esta propuesta de contratos y convenios tripartitos no es simplemente una propuesta relativa al gobierno regional –que sé que el Sr. Bradbourn desaprueba–, sino que también es una propuesta que atañe al gobierno local, que creo que él y su partido aprueban firmemente. Tenemos que asegurar que exista una conexión y comunicación real y que la cosa se ponga en marcha.
A veces en esta Cámara utilizamos la palabra «región» en un sentido muy engañoso. Por ejemplo, Escocia, la circunscripción que represento, se denomina región a determinados efectos. Pero la mayoría de los habitantes de Escocia piensan que es una nación dentro de un Estado multinacional. Y la propia Escocia tiene regiones muy variadas. Ayer mismo estuve visitando la Mancomunidad del Sur de Escocia, en la que se discutían algunos de los problemas especiales a los que se enfrenta el sur rural de Escocia, que es muy diferente –desde el punto de vista lingüístico, cultural, social y agrario– del centro de Escocia y de las tierras altas. Me plantearon el problema de la pequeña ciudad o pueblo, el antiguo burgo. Hoy en día es muy difícil sostener las pequeñas ciudades o pueblos. Las grandes ciudades y las regiones tienen una identidad sólida, pero las ciudades pequeñas y los pueblos, en nuestro sistema de gobierno local, la han perdido. Actualmente, la ciudad sostenible se ensaya como proyecto piloto. ¿Y qué pasa con el pueblo sostenible?
Debemos considerar la gobernanza en Europa en muchos niveles: la región, la localidad y las entidades inferiores a la localidad en términos de estructuras gubernamentales existentes. Todas estas cosas son importantes. El informe aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales necesita modificaciones, sin romper el espíritu de lo acordado en esa Comisión y complementando ese espíritu mediante la incorporación de algunos de los puntos acordados por la Comisión de Medio Ambiente, todos los puntos acordados por la Comisión de Asuntos Jurídicos y algunas de las cosas que se derivan de los proyectos piloto en curso.
Recomiendo firmemente a la Cámara el informe en su versión modificada, y espero de todo corazón que salga adelante en la votación de mañana. 
Fischler,
   . – Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción los dos informes de los Sres. Van den Berg y MacCormick. La Comisión agradece el apoyo del Parlamento en sus iniciativas encaminadas a elaborar una legislación mejor, por ejemplo las evaluaciones de impacto, el establecimiento de requisitos mínimos para la consulta de las partes interesadas, el establecimiento de directrices para la convocatoria y consulta de expertos y la simplificación de la legislación comunitaria. La semana que viene la Comisión presentará su informe anual titulado «Legislar mejor 2003», que por primera vez proporcionará una visión general de todo el trabajo que se está llevando a cabo actualmente para mejorar los procesos de elaboración de la normativa y las políticas de la UE. Con la misma intención el Parlamento, el Consejo y la Comisión han concluido recientemente el Acuerdo Interinstitucional 2003 sobre Legislar Mejor. Se trata de un gran avance por el buen camino y garantiza que las competencias de todas las instituciones se respetarán plenamente en nuestro futuro trabajo para alcanzar una legislación mejor.
Sin embargo, hoy quiero centrarme en dos aspectos clave que ha planteado el Sr. Van den Berg, es decir, la consulta de las partes interesadas y el asesoramiento de los expertos. ¿Cuáles son los principios y los criterios mínimos para la consulta de las partes interesadas? Nuestra primera labor es proporcionar un marco coherente y transparente para la consulta de estos grupos. La Comisión comparte plenamente la opinión del Parlamento Europeo de que la consulta no puede sustituir a la democracia parlamentaria, y subraya que el objetivo de disponer de requisitos mínimos para la consulta es dar voz a las partes interesadas, pero no voto. Dicho de otro modo, no se trata de decidir, sino de ser escuchado. Los representantes de los ciudadanos de Europa son quienes deciden. Estas medidas tampoco tendrán un impacto en el papel institucional de los dos órganos consultivos, el CESE y el Comité de las Regiones.
Los principios generales y los requisitos mínimos para la consulta establecidos por la Comisión también podrían servir de base para un acuerdo interinstitucional posterior. Asimismo, la Comisión comparte con el Parlamento la opinión de que el proceso de consulta no puede retrasar el proceso legislativo, y subraya que el período mínimo de ocho semanas para las consultas públicas consigue un buen equilibrio entre la necesidad de una toma de decisiones eficaz y la obtención de la aportación necesaria de agentes externos. Para que el proceso de consulta sea más transparente, la Comisión ha publicado una lista formal y estructurada de órganos consultivos. Esta información puede obtenerse a través de la base de datos de los órganos consultivos.
El establecimiento de directrices para la convocatoria y consulta de expertos es otra medida importante de la Comisión para mejorar la manera en que se preparan las iniciativas. Como hemos subrayado en el Libro Blanco, tenemos que mejorar los niveles de gobernanza europea para la convocatoria y consulta de expertos. Las directrices, que se aplican a cualquier servicio de la Comisión que utilice asesoramiento de expertos, están precisamente encaminadas a garantizar que los criterios estrictos y las prácticas de probada eficacia formen parte integrante de la cultura de trabajo de todos los servicios de la Comisión.
Sin embargo, la preparación minuciosa no es la única manera en que la Comisión tiene que mejorar la calidad de su trabajo; también tiene que hacer que este proceso sea más transparente. Por esta razón, la semana que viene la Comisión aprobará una nueva exposición de motivos para todas sus propuestas, que hará necesario explicar las razones y hechos subyacentes a cada una. Esta decisión también abarca el conocimiento experto y la consulta de las partes interesadas.
Ahora quiero centrarme en el informe del Sr. MacCormick sobre los contratos y los acuerdos tripartitos. El enfoque adoptado en este informe se ajusta a la propuesta de la Comisión y es tan ambicioso como razonable. Es ambicioso porque está encaminado a reforzar el papel de las autoridades locales y regionales y a darles mayor responsabilidad para aplicar la normativa y las medidas comunitarias, cosa que se defiende cada vez más abiertamente. Esto acercará más a las regiones de la Unión entre ellas. La conclusión de los contratos o acuerdos tripartitos puede ser un acontecimiento interesante cuando se apliquen las políticas comunitarias particulares. Sin embargo, al mismo tiempo también es un enfoque razonable, porque no cuestionamos la necesidad de proceder paso a paso. La Comisión tenía la misma idea al aprobar la comunicación sobre los contratos y los acuerdos tripartitos el pasado mes de diciembre, como había prometido hacer en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea. También propusimos un período de prueba en este ámbito. Esta fase ya ha comenzado. En el ámbito de la política medioambiental ya se está trabajando en tres ciudades europeas en una iniciativa para concluir un acuerdo tripartito.
Los acuerdos tripartitos pueden concluirse pronto al amparo de las medidas para aplicar la iniciativa de los Pactos de Sostenibilidad. En el ámbito de la política regional, la Comisión está convencida de que se necesita una mayor descentralización. Los contratos tripartitos entre la Comisión, el Estado miembro y la región quizá puedan formar parte de un nuevo sistema de aplicación de los Fondos Estructurales. Además, esto trasladaría aún más responsabilidades a las regiones y a los implicados en el desarrollo regional.
Sin embargo, tenemos que ser precavidos. En primer lugar, como ha pedido el ponente, tenemos que evaluar la fase piloto y los resultados. En segundo lugar, tenemos que estudiar los obstáculos jurídicos, políticos o institucionales que en algunos casos pueden dificultar el uso de dichos acuerdos. En particular en el ámbito de la política regional, quiero hacer una distinción entre dos fases: la fase en la que se determina la estrategia de desarrollo, en la que es deseable una mayor implicación por parte de las autoridades por debajo del nivel estatal –si es compatible con el sistema constitucional del Estado miembro implicado–, y después la fase de aplicación. Tenemos que estudiar el impacto que estos nuevos contratos pueden tener al aplicar las normas sobre el uso de los recursos presupuestarios y sobre las obligaciones de la Comisión como guardiana de los tratados. Además, tenemos que comprobar hasta qué punto hay riesgo si la Comisión se ve obligada a desempeñar tareas administrativas y de seguimiento adicionales.
Finalmente, quiero asegurar al ponente que, de acuerdo con sus deseos, la Comisión implicará plenamente al Parlamento en la aplicación y evaluación de los acuerdos tripartitos futuros. 
Medina Ortega (PSE ),
   . Señor Presidente, quiero, en primer lugar, agradecer al Sr. van den Berg el magnífico informe que ha presentado y quiero también agradecerle el hecho de que haya cogido las ideas que, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos he formulado en mi informe de opinión, sobre la idea central de que en las sociedades modernas la sociedad civil se expresa a través del voto y a través de los órganos representativos elegidos por los ciudadanos. Esta es la idea central que ha recogido muy bien el ponente en su informe principal.
En segundo lugar, creo que se ha hecho un avance bastante importante en los últimos meses con la firma de un acuerdo interinstitucional, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, sobre la mejora de la reglamentación comunitaria. Creo que es un tema en el que vamos a seguir trabajando, como ha dicho el propio comisario, Sr. Fischler. 
Pero me parece capital señalar que hay una idea equivocada de que la reducción de la legislación comunitaria reduce el total de las normas jurídicas. Nada más equivocado, porque cada vez que adoptamos una norma comunitaria estamos simplificando la legislación al suprimir quince legislaciones nacionales. Y no es que yo sea partidario de adoptar normas comunitarias por gusto, pero, en este momento, nos encontramos con una verdadera selva legislativa. Solo una acción muy positiva por parte de la Unión Europea puede acabar con la selva legislativa nacional que impide el buen funcionamiento de las instituciones europeas y del mercado europeo, el mercado interior, que es uno de nuestros objetivos.
Por tanto, yo no soy de los que piden a la Comisión que legisle menos o que proponga menos legislación. Yo le pediría que legisle más cuando sea necesario, porque si no cumple con su función legislativa seguiremos con esta selva que, además, va a aumentar. Con veinticinco Estados miembros cada norma comunitaria supone una verdadera simplificación legislativa y el camino no consiste en la reducción del acervo comunitario sino en su reforzamiento y en su consolidación.
En todo caso, mis felicitaciones al ponente, Sr. van den Berg. Espero que mañana podamos aprobar este informe sin grandes dificultades.
Bodrato (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, mi intervención trata del informe MacCormick, que aborda el tema de la gobernanza europea y –como el ponente ha dicho acertadamente– de la Europa unida en la diversidad.
La comunicación de la Comisión en la que se basa el debate y a la que el Comisario Fischler se ha referido antes de manera oportuna, propone contratos y acuerdos tripartitos que comprometen a la Comunidad, a los Estados y a las autoridades locales y regionales. Los propone para adaptar las normas comunitarias a situaciones caracterizadas por diversidades medioambientales y demográficas significativas, así como por las diversidades políticas de la Unión, desde la política de transporte hasta las políticas regionales y territoriales. Se trata de una decisión importante, si bien cabe señalar que comenzará una fase experimental en la que tenemos que evaluar para aprender las lecciones necesarias, que en parte serán de procedimiento pero que –como ya se ha dicho– también se referirán a la mejor gestión de las políticas regionales comunitarias. Sabemos que, de cualquier modo, son acuerdos sujetos al requisito de compatibilidad con los Tratados que regulan la vida de la Unión Europea y ajustes que no deben dificultar el funcionamiento del mercado interior.
Básicamente, el principio al que se refiere la Comisión en esta comunicación, correctamente interpretado en el informe MacCormick, es el de la flexibilidad. Este principio comporta el respeto de los diferentes sistemas constitucionales de los Estados de la Unión, pero reconoce que en algunos Estados hay sistemas constitucionales que asignan enormes responsabilidades a las autoridades regionales y locales, que no deben reducirse a pesar de que, en tales casos, la necesidad de una mayor participación democrática no debe causar desequilibrios que vayan en contra de las directrices producidas por la Convención constituyente.
Sin embargo, los contratos tripartitos no pueden apartarse de las disposiciones del derecho secundario aplicable en todo el territorio de la Unión Europea, porque –como he mencionado antes– solo de esta manera seguirán siendo coherentes con las directrices de la Convención constituyente. Tenemos que mejorar la aplicación de la política comunitaria. Además, es importante que los acuerdos y los contratos tripartitos definan objetivos claros basados en la necesidad de considerar debidamente la diversidad en todo el territorio de la Unión Europea, si bien, sobre la base de estas experiencias, será posible volver a estudiar una política para la gestión de las políticas comunitarias que vaya más allá de la cuestión de la diversidad y aborde la cuestión más general de la democracia con mayor profundidad y sin comprometer –y creo que esto hay que subrayarlo– la aplicación uniforme del derecho comunitario en todo el territorio europeo. 
Ortuondo Larrea (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, debatimos el marco regulador de los futuros contratos y convenios tripartitos entre la Comunidad, los Estados y las autoridades regionales y locales.
Quiero resaltar lo necesario de la colaboración entre las administraciones intraestatales, profundizando en la subsidiariedad, para el buen fin y el logro de los objetivos que nos hemos marcado en la mayoría de los programas y proyectos derivados de las políticas europeas de cohesión y medioambientales, así como para asegurar su sostenibilidad.
Y estoy pensando en los fondos y programas IFOP para el sector de la pesca, o en el LEADER + para la agricultura en las zonas objetivo del FEDER o en los proyectos URBAN e Interreg, entre otros, donde tan imprescindible es la participación y responsabilización de las entidades territoriales.
Pero también estoy convencido de que buena parte de los importantes recursos comunitarios que se encuentran presupuestados pero no utilizados -los denominados RAL- se debe a que los Gobiernos autónomos regionales y locales, que son los ejecutores de la mayoría de los proyectos, no han podido participar hasta ahora en una fase temprana, ni en la elaboración de las políticas, ni en la adopción de estrategias, ni en la identificación de obligaciones jurídicas previas al diseño de los respectivos programas europeos. Es hora de rectificar, de bajar del Olimpo y de compartir las decisiones con las demás instituciones más próximas a la realidad de la calle y de los ciudadanos.
Bradbourn (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tomo la palabra para responder específica y directamente al informe del Sr. MacCormick sobre los contratos tripartitos. Espero poder responder a una serie de puntos que ha mencionado en sus observaciones iniciales.
A la luz de los hechos actuales en el Reino Unido, este informe se centra en una cuestión muy importante. El Viceprimer Ministro del Reino Unido –un tipo desventurado donde los haya– está intentando colar la gobernanza regional en el ánimo de nuestro electorado. Esta instancia no deseada y totalmente innecesaria de los políticos simboliza el reciente cambio del Reino Unido hacia la regionalización. No me cabe la menor duda de que este cambio está relacionado directamente con el llamamiento del Presidente de la Comisión a favor del desarrollo de una «Europa de las regiones». Este informe y la propuesta subyacente de la Comisión se hacen eco sin duda de este llamamiento. Mediante el establecimiento de contratos directos con las regiones, la Comisión puede suscribir convenios legalmente vinculantes con organismos locales y regionales y otras cuestiones políticas como el medio ambiente.
Si estas propuestas siguen adelante, uno se puede imaginar toda clase de proyectos y políticas que podrían colarse el Reino Unido por la puerta de atrás. Este paso representa sin duda una pendiente resbaladiza hacia un sistema en el que se reducen las prerrogativas de los Gobiernos nacionales y se refuerzan las de las regiones. Me parece que la Comisión está intentando descomponer progresivamente el Reino Unido y el resto de Europa en trozos pequeños, ayudada e incitada, en este caso, por nuestro propio Gobierno.
Los Conservadores británicos nos oponemos a cualquier medida que impulse semejante desarrollo. Sin duda, voy a votar en contra de este informe en el pleno de mañana. Simplemente no podemos aceptar una situación en la que la Comisión nos cuele cualquier cambio de las estructuras de gobierno del Reino Unido. Si aceptamos que la UE puede tratar directamente y de cualquier manera con las regiones, estamos comprometiendo la integridad nacional, y la nación como principal elemento constitutivo de la UE. Este informe representa una interferencia inaceptable en la gobernanza de cada país, y rechazo el enfoque en su totalidad. 
Paasilinna (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, felicito al ponente por su excelente trabajo. Quiero subrayar la importancia de una cultura administrativa cada vez más transparente en la Unión Europea si queremos obtener la aprobación de sus ciudadanos. Como sabemos, la opacidad conduce a la oscuridad total. Es esencial simplificar la legislación. La opinión pública tiene que entender que este conjunto funciona, es absolutamente necesario sustituir los textos jurídicos alucinantes por algo más racional, y yo estoy a favor de ello. Es innecesario regular los detalles, como se ha mencionado aquí. Ese es nuestro mal.
Sin embargo, quiero hacer una enmienda adicional, que ya está contenida en este informe. La Unión apoya el principio de «ventanilla única» en todos los ámbitos: Según esto, los ciudadanos siempre pueden obtener la información y los formularios que necesitan en el mismo lugar. Sin embargo, las diferentes instituciones de la Unión no comparten un sitio web común en el que los ciudadanos puedan seguir el progreso legislativo. Las discusiones del Parlamento, la Comisión y el Consejo sobre las cuestiones jurídicas y otros proyectos tendrían que ser accesibles en una misma página web. Las instituciones necesitan al menos un portal común, como una ventanilla única, en la que figuren todos los vínculos necesarios.
La Comisión y el Parlamento se han vuelto más transparentes, pero el Consejo no. El Consejo tendrá más poder, lo que significa mayor oscuridad. Hay que abordar este problema. 
Fischler,
   . – Señor Presidente, Señorías, seré breve. En primer lugar, quiero darles las gracias por sus constructivas contribuciones a este debate sobre los dos informes. En segundo lugar, quiero tratar algunos puntos que se han planteado. Creo –como ha señalado acertadamente el Sr. Medina Ortega– que la mejor manera en que las iniciativas legislativas europeas se simplificarán es que en el futuro será posible consolidar 25 medidas legales diferentes en una sola. No creo que esto pueda recalcarse suficientemente, en particular porque como sabemos se acusa constantemente a las instituciones de la Unión Europea de crear demasiadas leyes. La realidad es bastante diferente. Probablemente ya saben que estudiamos esta cuestión hace algunos años y resultó que los Estados miembros introducen más elementos legislativos nuevos cada año de los que la Comunidad ha introducido desde su creación. Es una indicación clara de que tienen razón al hacer esta afirmación. Sin embargo, esto no nos exime de nuestra obligación de organizar nuestras leyes europeas adecuadamente: organizar su preparación, pero también la manera en que están estructuradas, de forma que cumplan los niveles adecuados de transparencia y claridad.
Sin embargo, por encima de todo, será importante identificar lo que actualmente denominamos a menudo «valor añadido europeo», porque debería cuestionarse cualquier iniciativa legislativa sin ese valor añadido. Se trata de un aspecto importante, en particular a la luz de la nueva Constitución europea, que afirma concretamente que la legislación debería estar sujeta a esta prueba.
Respecto de los contratos tripartitos, creo firmemente que es razonable concluirlos, y discrepo del Sr. Bradbourn, quien piensa que pisotearían los intereses nacionales. Para empezar, una de las tres partes de estos contratos será el Estado miembro. Sin el acuerdo del Estado miembro, dicho contrato ni siquiera existirá. Por lo tanto, no entiendo en absoluto sus temores. Yo veo esto al revés. Creo que es importante, en particular en el ámbito de la política estructural o en el mío, la política de desarrollo rural, que hagamos un mayor uso del planteamiento ascendente y permitamos que se haga realidad, porque esto hace que las personas sobre el terreno tengan una mejor idea de quién es el responsable de sus problemas. Así es como debería verlo, y por esta razón también hemos tomado la precaución de hacer primero un período de prueba y después una evaluación. Esto es, por así decirlo, la guinda sobre el pastel. Dicho esto, quiero agradecerles su respuesta favorable a estos informes.
El Presidente.
   El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0393/2003) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión relativo a la evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (COM(2003) 154 - 2002/2237(INI))
Bösch (PSE ),
   . – Señor Presidente, permítame comenzar con una breve retrospectiva. Hace casi exactamente cinco años, el dos de diciembre de 1998, esta Cámara celebró un acalorado debate aquí en Bruselas con el ex Presidente de la Comisión, Jacques Santer. En retrospectiva, este debate marcó el principio del fin de la antigua Comisión. Entonces, igual que ahora, la cuestión era combatir el fraude y que la Comisión sacara las conclusiones necesarias de varios casos graves. En aquel momento, el Presidente de la Comisión decidió enfrentarse al Parlamento. En contra de la voluntad expresa de esta Cámara, quería descargar a la Comisión de la mayor parte de la responsabilidad en la lucha contra el fraude y pasarla a una agencia exterior, sobre la base de que era la única manera de garantizar la independencia de las investigaciones. Nos opusimos con firmeza, porque nadie fue capaz de decirnos de dónde iba a obtener esta agencia su autoridad y cómo se iba a asegurar la eficacia de su trabajo.
Esta fantasía de una agencia exterior ha resurgido en los últimos meses en relación con el debate del caso Eurostat, afortunadamente parece que solo en las mentes de un puñado de altos funcionarios de la Comisión. Las señales que hemos recibido del Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, en Estrasburgo en noviembre apuntaban en otra dirección más constructiva. Hoy, cinco meses antes de que los diputados a esta Cámara se despidan unos de otros y comience la campaña electoral, se trata de identificar lo que es factible y abordarlo juntos, de forma que en una cuestión tan decisiva como proteger los intereses financieros de la Unión no nos presentemos ante nuestro electorado con las manos vacías. 
Paso a tratar los distintos puntos. Mi informe deja muy claro que nuestra principal preocupación es que la OLAF está rindiendo por debajo de sus posibilidades, cosa que el caso Eurostat ha sacado a la luz de manera dramática. No es el momento de repartir culpas, pero si señalamos que de los 300 empleados de la OLAF menos de 15 están actualmente trabajando en investigaciones internas en las instituciones, queda claro que algo ha fallado. Si es así, entonces esta oficina es, por decirlo claramente, totalmente innecesaria. Necesitamos un cambio rápido y radical. La OLAF tiene que centrar sus investigaciones en aquellos ámbitos en que los órganos relevantes de los Estados miembros no pueden o no quieren intervenir, es decir, en investigaciones en el seno de las instituciones y sobre el gasto gestionado directamente por la Comisión.
Mi segundo punto es el respeto de los derechos fundamentales de los implicados en las investigaciones. El Reglamento de la OLAF es totalmente claro al respecto. Cito: «estas investigaciones deben efectuarse ... respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en particular, el principio de equidad, el derecho de la persona implicada a manifestarse sobre los hechos que le afectan y el derecho a que solo los elementos con valor probatorio puedan constituir la base de las conclusiones de una investigación.» Los informes y opiniones del Comité de Vigilancia de la OLAF, así como de los informes del Defensor del Pueblo afirman que ahí es donde radica el mayor peligro. A este respecto, los investigadores de la Oficina simplemente pasan por alto el Reglamento. Les recuerdo el ejemplo más reciente: la reprimenda del Defensor del Pueblo la semana pasada a la OLAF respecto de la difamación de un periodista en declaraciones públicas hechas por la Oficina. Si no se respetan las libertades fundamentales de los implicados, al final los resultados de las investigaciones también resultan inútiles y me temo que, debido a ello, la OLAF aún nos tiene reservadas algunas sorpresas desagradables en relación con Eurostat. Hace falta un mecanismo de seguimiento eficaz y, sobre todo, preventivo para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento. Debemos tomar contramedidas en este ámbito mediante la reforma del propio Reglamento. No queremos menoscabar la capacidad de decisión del Director, pero necesitamos un mayor contrapeso.
Este contrapeso es el Comité de Vigilancia de la OLAF, pero con tres condiciones: primera, que la enmienda en cuestión le confiera explícitamente la capacidad de garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los implicados en las investigaciones; segunda, que reciba los recursos adicionales que le permitan desempeñar esta labor, y tercera, que tenga más independencia del Director de la OLAF, no solo incrementando el personal en la secretaría del Comité, sino también eliminándolo del marco organizativo tanto de la OLAF como de la Comisión. Los elementos clave que ahora hay que abordar en la OLAF son la obtención de recursos para las actividades de investigación y el aumento del seguimiento de dichas actividades.
Señorías, creo que hemos hecho un buen trabajo en la comisión. Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades ante nuestro electorado y ante los contribuyentes de la Unión. Ruego a la Cámara que vote a favor de este informe.
Schreyer,
   . – Señor Presidente, Señorías, señor Bösch, como usted ha mencionado, la OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude, se estableció en 1999. Esta oficina se convirtió en el centro de la mayor parte de la labor de la Comisión en la lucha contra el fraude, y la OLAF recibió el mandato y el derecho de llevar a cabo investigaciones en cualquiera de las instituciones europeas por presunto fraude. Se le confiaron amplias responsabilidades y, como demuestra el último informe de actividades de la OLAF, ya ha tenido éxitos claros en muchos ámbitos. OLAF desempeña sus investigaciones administrativas, internas o externas, de forma totalmente independiente, si bien la oficina está integrada en la Comisión.
Este doble estatuto ha planteado tanto problemas como preguntas, como se desprende del informe que hoy estamos debatiendo. El debate de hoy se refiere al informe del Sr. Bösch sobre el llamado informe del artículo 15 de la Comisión. Esto suena muy técnico, pero se trata de un debate extremadamente importante, porque trata del futuro de la OLAF, que, no lo olvidemos, aún es una oficina muy joven.
La Comisión quiere dar las gracias al ponente, el Sr. Bösch, por su gran esfuerzo. La evaluación de las actividades de la OLAF durante los últimos tres años, que constituye el tema del informe, ha quedado eclipsada en gran medida por el asunto Eurostat. Sin embargo, los resultados y los análisis del informe aún son básicamente válidos, incluso si la opinión del ponente, el Sr. Bösch, difiere de la nuestra en muchos aspectos. No obstante, es cierto que el asunto Eurostat ha puesto de manifiesto algunas deficiencias, en particular la cuestión de la comunicación entre la OLAF y la Comisión, y es preciso ajustar el marco jurídico de la OLAF, que se aprobó en un tiempo récord en 1999. Sin embargo, esto no significa –y en esto la Comisión está de acuerdo con el ponente– que tengamos que volver al principio. En este momento, esto no sería conveniente ni realista. De cualquier modo se esperan grandes cambios para la OLAF, a más tardar en cuanto hayamos conseguido establecer una fiscalía financiera europea. La Comisión continúa presionando enérgicamente para que la fiscalía financiera europea se consagre en la nueva Constitución, y después proponemos presentar un Libro Blanco.
Paso a comentar su informe. En el mismo, la Comisión de Control Presupuestario critica varios aspectos del trabajo de la OLAF, en particular sus actividades de investigación y sus prioridades. Si bien entiendo el descontento del ponente, no creo que sea una crítica totalmente justa. OLAF ha dejado atrás un difícil período transitorio. Sería injusto valorar a la OLAF solo bajo el prisma de Eurostat y no incluir otros logros esenciales en la valoración, ya sea en materia de aduanas o de la cooperación con los países en vías de adhesión para combatir el fraude –un ámbito muy importante–, ya sea en el ámbito legislativo.
A pesar de las críticas por parte de la Comisión de Control Presupuestario, no creo que las posiciones del Parlamento y de la Comisión estén de hecho tan alejadas una de otra. Todos queremos una reforma proporcionada de la OLAF que pueda tratarse si es posible en esta sesión parlamentaria. Es un punto de partida para que trabajemos juntos.
El 18 de noviembre, el Presidente Prodi señalaba las características esenciales de las mejoras propuestas en la Comisión de Control Presupuestario y deduzco de su informe, señor Bösch, que usted también comparte su idea central. La Comisión Europea y la Comisión de Control Presupuestario están de acuerdo en que la OLAF tiene que centrarse más en sus actividades básicas. Sin embargo, también quiero desmentir los rumores que se han escuchado tras la intervención del Presidente de la Comisión, es decir, que si un funcionario de la Comisión comete un presunto fraude la Comisión quiere tomar el control de las investigaciones internas. Para que quede claro: eso no es cierto. Tenemos que estudiar la posibilidad de devolver las tareas que no están estrechamente relacionadas con la experiencia específica de la OLAF a las direcciones generales sectoriales. En mi opinión, esto podría aplicarse por ejemplo a la liquidación de cuentas en el ámbito de la política agrícola. Además, los límites entre la OLAF y otras entidades con poderes de investigación, en particular el IDOC, tienen que definirse más claramente. Además, habría que establecer claramente en el Reglamento que el Director de la OLAF decide si se abre o no una investigación, es decir, que se aplica el principio discrecional. Esto también contribuirá a garantizar que la oficina se concentre en sus verdaderas prioridades.
El nivel de información entre la OLAF y las instituciones tiene que mejorar considerablemente. El asunto Eurostat ha puesto de manifiesto las limitaciones actuales de los canales de comunicación. Incluso cuando se están llevando a cabo investigaciones, la Comisión tiene que ser capaz de tomar medidas cautelares para proteger los intereses financieros de la Comunidad, por supuesto que sin poner en peligro las investigaciones de la OLAF. En nuestra opinión, el memorando de acuerdo entre la Comisión y la OLAF constituye un avance importante y oportuno. Sin embargo, en interés de la seguridad y la claridad jurídica, el Reglamento de la OLAF también tendría que clarificarse, y por supuesto discutiremos dónde tienen que introducirse dichas clarificaciones y qué forma deben adoptar.
Un punto importante e indiscutible es el refuerzo de los derechos de defensa de los implicados en las investigaciones. El Manual de la OLAF ya contiene una serie de normas internas detalladas al respecto. Sin embargo, los principios más importantes que subyacen a los derechos de las personas implicadas, como su derecho a examinar los expedientes y a ser escuchadas, deberían constar explícitamente en el propio Reglamento.
En su intervención del 18 de noviembre, el Presidente Prodi habló de potenciar el papel del Comité de Vigilancia o de crear un foro interinstitucional como formas posibles de mejorar la gobernanza de la OLAF. La Comisión aún no ha concluido sus reflexiones al respecto. Sin embargo, puedo decir que, en conjunto, el refuerzo del Comité de Vigilancia, tal como ha propuesto la Comisión de Control Presupuestario, es algo con lo que podemos estar de acuerdo, en particular cuando se trata de examinar reclamaciones. Por supuesto, el propio Comité de Vigilancia ha formulado en su dictamen una propuesta interesante al respecto.
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar la propuesta del ponente de que la secretaría del Comité de Vigilancia pase a formar parte de la secretaría del Parlamento Europeo. La propuesta plantea cuestiones fundamentales de equilibrio interinstitucional, así como cuestiones jurídicas. La cuestión de la ubicación de la secretaría tiene que examinarse cuidadosamente.
La Comisión tampoco puede apoyar las demás propuestas sobre el estatuto presupuestario de la OLAF o sobre el mecanismo de control en el seno de la Comisión, porque cuestionarían aspectos clave de la reforma de nuestra gestión financiera. Asimismo les recuerdo que, tras el intenso trabajo del Parlamento y del Consejo, el nuevo Reglamento Financiero entró en vigor el 1 de enero de este año. Primero tenemos que adquirir experiencia con este nuevo Reglamento. De cualquier modo, es demasiado pronto para hacer cambios significativos.
Ahora se trata de actuar con rapidez –la Comisión está totalmente de acuerdo con ustedes– y de presentar una propuesta legislativa que tenga una posibilidad real de ser abordada en este Parlamento. Por desgracia, no será posible hacerlo antes de finales de año, como la Comisión de Control Presupuestario sugiere en su informe, y les pido su comprensión a la luz de la compleja y delicada naturaleza del tema. Sin embargo, la Comisión confía en que será posible presentar una propuesta legislativa muy rápidamente a principios del año próximo. Hemos de colaborar en este sentido. Tendremos en cuenta su informe y las opiniones del Comité de Vigilancia en nuestro trabajo y nuestros planteamientos. La Comisión está dispuesta a cooperar extensamente con el Parlamento y, en interés de una eficaz prevención del fraude en la Unión Europea, nuestro objetivo primordial conjunto tiene que ser la creación de una base sólida y viable para el futuro trabajo de la OLAF. 
Stauner (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el trabajo sobre el informe Bösch ha quedado obviamente eclipsado por el asunto Eurostat. En sus esfuerzos por arrojar luz sobre el asunto Eurostat –sus cuentas bancarias secretas, su mala gestión y su nepotismo–, la Comisión de Control Presupuestario también ha descubierto deficiencias significativas en el seno de la OLAF. En este caso, el mayor fracaso de la OLAF ha sido trabajar con demasiada lentitud. Así, ha perdido la oportunidad de recuperar una proporción considerable de al menos 8 millones de euros que se han malversado. Sin embargo, creo que el informe refleja adecuadamente las diferentes críticas al trabajo de la OLAF. Hemos de tener clara una cosa, a saber: el verdadero culpable en este dramático caso de fraude no es la OLAF, sino la Comisión. Lo ocultaron y negaron durante tanto tiempo que no les quedó más remedio que continuar haciéndolo. Y los Comisarios responsables, incluido el Presidente de la Comisión, aún se resisten a aceptar la responsabilidad política por esta malversación. Además, la Comisión ha presentado su informe –el informe del artículo 15– con más de un año de retraso. Esto no es muy respetuoso con la legislación, señora Comisaria.
En nuestra opinión, Eurostat ha demostrado sobre todo la necesidad de una oficina antifraude, si no queremos que la tolerancia cero al fraude declarada por Prodi se convierta en tolerancia plena al fraude. Queremos una OLAF independiente y seguimos necesitando un Comité de Vigilancia sólido, formado por expertos externos. Una OLAF independiente todavía es una realidad lejana, porque por desgracia la Comisión consigue ejercer su influencia una y otra vez debido a sus vínculos con la OLAF en términos de organización y personal. El intento de la Comisión de alejar las investigaciones internas de la OLAF, que solo ha salido a la luz recientemente, constituye un perfecto ejemplo.
Señora Comisaria, no era un rumor, como usted ha afirmado; realmente se ha celebrado una reunión. Si sus altos cargos no le han informado, le puedo pasar las actas de dicha reunión. La Comisión tiene una inagotable riqueza de ideas a este respecto, con la cual ahora parece que incluso quiere honrar al Comité de Vigilancia de la OLAF. Hasta ahora solía considerarse una molestia, pero ahora la Comisión afirma que intervendrán representantes de la Comisión, del Parlamento y del Consejo para hacerlo más democrático. Sin embargo, esto solo serviría para socavar aún más la independencia de la OLAF y sin duda no le acompañaremos en este precario camino, señora Comisaria. Asimismo, el trabajo de la OLAF continuará siendo difícil. Somos conscientes de ello. Por esta razón, junto con gestores solventes también necesitamos unas condiciones marco claras. Aún queda mucho camino por recorrer antes de disponer de una fiscalía financiera europea, pero espero que no haya vuelta atrás. No puedo apoyar la mayoría de las enmiendas presentadas por los Liberales y los Verdes, con dos excepciones, pero estamos de acuerdo con la mayoría de las enmiendas del PSE y les pido su apoyo a nuestras diez enmiendas. 
Casaca (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, como nos recuerda el meticuloso y exhaustivo informe del Sr. Bösch, el actual director de la OLAF asumió su cargo hace tres años y medio. Este organismo ha crecido tanto que ahora tiene 364 funcionarios. Por lo tanto, ya ha pasado el momento de las expectativas, de las transiciones y de las adaptaciones. Ha llegado el momento del balance, de la evaluación y de las responsabilidades. La auditoria prevista para la OLAF es esencial, al igual que lo es pasar del actual «Comité de Vigilancia», que simplemente es una figura decorativa, a un organismo de seguimiento, evaluación y toma de decisiones con autoridad definitiva. Nuestra Comisión de Control Presupuestario siempre ha considerado a la OLAF un instrumento de trabajo para una Fiscalía Europea, una institución que es cada vez más necesaria debido al crecimiento y sofisticación de la delincuencia transfronteriza europea. En consecuencia, el resultado de la actual Conferencia Intergubernamental será esencial. Tenemos que preguntarnos si, hasta que la OLAF tenga el estatuto de Fiscalía Europea, tiene sentido continuar invirtiendo en acción policial que esta organización no puede legalmente desempeñar y en su lugar emplear métodos de auditoria que se usan en la lucha contra el crimen financiero y de los que ningún organismo de investigación financiera puede prescindir.
Huelga decir que la falta de comprensión de los conceptos básicos de comunicación e información, así como el desequilibrio entre los intereses en juego han contribuido a la actuación deficiente de la OLAF en el reciente caso Eurostat. También ha contribuido la falta de auditores, cuya capacidad siempre tiene que ser el núcleo del combate contra el fraude o las irregularidades financieras. Es el momento del rigor, la exigencia, el trabajo duro, la profesionalidad, el equilibrio, la razón y el sentido común, y esto es precisamente lo que esperamos que consiga la OLAF. 
Sørensen (ELDR ).
   – Señor Presidente, los acontecimientos recientes, que han puesto en el candelero a la OLAF, han conferido a esta evaluación gran importancia y relevancia. Quiero subrayar que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya una OLAF fuerte e independiente.
Yo también opino que la OLAF tiene que reformarse, que necesita una reforma que tiene que estar centrada en las cuestiones siguientes: la cuestión de la independencia de la OLAF y el hecho de que tiene que priorizar más sus actividades y concentrar sus recursos en su actividad básica, que es aclarar casos que impliquen fraude e irregularidades. Hay que reducir el tiempo que se emplea en estos casos, y hay que mejorar los canales de comunicación entre la Comisión y los Comisarios responsables. En interés de la división de responsabilidades y de la posibilidad de reducir las pérdidas, es esencial que se informe al Director General y al Comisario responsable lo más pronto posible y con todo detalle.
El Sr. Bösch ha hecho un excelente trabajo en esta Cámara en relación con la OLAF durante un largo período de tiempo. Sin embargo, en nuestra opinión, este informe no está a la altura de nuestros objetivos. No creo que corresponda al Parlamento determinar la organización interna y la política de personal de la OLAF. Tampoco creo que sea correcto someter al Comité de Vigilancia de la OLAF al Parlamento Europeo. Tiene que ser totalmente independiente de todas las instituciones. Tampoco creo que sea necesariamente una buena idea dotarnos de un funcionario jurídico especial para los derechos del individuo. El Defensor del Pueblo debería desempeñar y desempeñará las tareas en este ámbito. Finalmente, también creo que es importante que este informe trate de la OLAF. Hay que tratar otras cosas separadamente. Un ejemplo es la propuesta relativa al contable de la Comisión en el considerando 16.
Finalmente, lamento que nuestra comisión no haya tenido la oportunidad de debatir como es debido las amplias enmiendas al texto original de este informe, y quiero instar al Parlamento a que apoye las enmiendas propuestas por el Grupo ELDR, para que nosotros también podamos apoyar o votar a favor del informe final en la votación final. 
Blak (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, quiero elogiar el espléndido informe del Sr. Bösch, que es penetrante y exhaustivo, y quiero decir a la Sra. Schreyer, que es mi Comisaria preferida: debería pedirle a otra persona que escriba sus discursos en lugar de decir las tonterías que hemos escuchado esta noche. Es inadmisible.
Se ha criticado mucho a la OLAF, y con razón, pero la OLAF no puede ser el chivo expiatorio del caso Eurostat, por ejemplo. La Comisión no puede usar a la OLAF como una papelera de todos los casos que no tiene ganas de abordar por sí misma. Incluso si se remite un caso a la OLAF, esto no exime a la Comisión de su obligación de actuar. OLAF tiene que ser totalmente independiente, y tenemos que admitir que estábamos equivocados al establecer a la OLAF como una parte administrativa de la Comisión. La secretaría del Comité de Vigilancia tiene que ser totalmente independiente de la Comisión. El personal que trabaja en la OLAF tiene que ser independiente de todas las instituciones, y es importante que el personal no pueda solicitar después un puesto de trabajo en la Comisión, porque por supuesto hemos visto ejemplos de casos que han quedado aparcados porque las personas tenían que regresar a la Comisión.
Telefoneé a la OLAF sobre Eurostat en la primavera de 2002, después de que Dorte Schmidt-Brown se hubiera puesto en contacto conmigo por primera vez. La OLAF me dijo que no tenía ni el tiempo ni la predisposición ni el personal para estudiar el caso Eurostat. En sus palabras, Dorte Schmidt-Brown era una histérica que debería intentar relajarse un poco. Hasta que el Parlamento no protestó clamorosamente no se aceleraron las investigaciones. Es muy preocupante que la OLAF solo priorice las investigaciones que interesan al Parlamento o a la prensa, y también es muy preocupante que la OLAF no se tome en serio a los denunciantes. Espero que no volvamos a ver un caso de este tipo. Es absolutamente esencial que podamos confiar en la objetividad de la OLAF, y que las personas trabajen con rapidez y eficacia en el futuro, pero también quiero decir que la OLAF no es la herramienta más afilada de la caja. 
Rühle (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, nosotros también queremos dar las gracias al ponente por su exhaustivo trabajo. Por desgracia, en esta ocasión no podemos apoyarle en todos los puntos, y lamentamos que no nos quede tiempo suficiente para discutir las enmiendas individuales antes de votar en comisión. Vemos dos problemas principales en las enmiendas. En primer lugar, estamos a favor de reforzar el Comité de Vigilancia, pero también estamos en contra de ubicarlo en el Parlamento Europeo. Si un Comité de Vigilancia ha de ser verdaderamente independiente en sus evaluaciones, también debería serlo del Parlamento.
En la actualidad podemos percibir otra tendencia en el debate en curso sobre el Comité de Vigilancia. Es muy lamentable que aún no haya una Fiscalía Europea y que probablemente tengamos que esperar algún tiempo para tenerla. Sin embargo, ahora no deberíamos cometer el error de intentar alcanzar una solución transitoria que atribuya esta función al Comité de Vigilancia, porque este no sería un papel adecuado. Lo que necesitamos a largo plazo es un control judicial de la OLAF, pero esto solo puede proporcionarlo la Fiscalía Europea, no un comité sucedáneo.
Tenemos una opinión igualmente crítica de otro problema. El Parlamento está intentando implicarse cada vez más en los asuntos internos de la OLAF, y creemos que no está bien. Creemos que la OLAF tiene que ser –y seguir siendo– verdaderamente independiente, pero esto no significa que su independencia de la Comisión se refuerce necesariamente si esta Cámara se implica en microgestionar a la OLAF al mismo tiempo. En nuestra opinión esto no es justo. La verdadera independencia también significa independencia administrativa.
Por consiguiente, creo que necesitamos reconsiderar a fondo las enmiendas. Espero que podamos alcanzar un compromiso que la mayoría de la comisión pueda apoyar. Sin embargo, también quiero dejar clara una cosa a la Sra. Stauner. No apoyaremos la mayoría de sus enmiendas, porque creemos que no es justo que contengan un voto implícito de desconfianza hacia la OLAF y repartan culpas –también de forma tendenciosa– respecto del papel de la Comisión en el asunto Eurostat. No podemos estar de acuerdo con esto. 
Camre (UEN ).
   – Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al Sr. Bösch por su espléndido y muy exhaustivo informe, cuyas conclusiones apoyamos en general. Por supuesto, podríamos afirmar que dudamos de la conveniencia de que el Parlamento dicte normas tan detalladas para la reforma de la OLAF, pero puesto que la Comisión ha sido incapaz de crear un órgano de observación que funcione, por supuesto el Parlamento tiene que ocuparse de ello. Somos nosotros quienes tenemos que responder ante los ciudadanos en última instancia de la forma en que se gestiona su dinero. En el pasado tuvimos la UCLAF, pero no funcionó perfectamente. Después llegó la OLAF, y ahora nos damos cuenta, por supuesto, de que no ha mejorado las cosas como deseábamos.
Estoy de acuerdo con las críticas que varios de mis colegas han hecho respecto de la causas de la incapacidad de funcionar de la OLAF. A finales de los años setenta corría un chiste en mi país acerca del hecho de que había una oficina central de correos que no funcionaba como es debido. Estábamos discutiendo sobre lo que haríamos si se construía una central nuclear. Había un problema con los residuos, y el chiste decía que la solución era empaquetarlos y enviarlos a la oficina central de correos, donde estarían dando vueltas y más vueltas en un ciclo eterno hasta que la radiación hubiera disminuido. La Comisión ha utilizado a la OLAF de la misma manera. Esto ha durado demasiado tiempo, se ha descuidado demasiado tiempo, y es incomprensible, especialmente en relación con el caso Eurostat, que la dirección de la OLAF haya podido decir a la Comisión de Control Presupuestario que ha ocultado casos a la Comisión para no cargar sobre sus espaldas el desagradable conocimiento de lo ocurrido. Esto da una fuerte impresión de falta de profesionalidad. De hecho, la Comisión podría estar seriamente amenazada, desde luego, por no haber sido informada.
Realmente no creemos que sea muy útil situar a nuevos comités por encima del Comité de Vigilancia, como tampoco tenemos mucha fe en la idea de una Fiscalía Europea. En efecto, es importante llevar a cabo un cambio radical en nuestro enfoque de la economía de la UE en su conjunto. 
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, este debate debería haberse celebrado el año pasado. No podemos culpar al ponente de ello, porque ha preparado un informe sólido en el menor tiempo posible.
Cuando la Comisión tomó posesión de su cargo, volvió a anunciar que se aplicaría plenamente a combatir el fraude y las irregularidades en las instituciones de la UE, y con toda la razón, porque están en juego miles de millones de euros. La Comisión continúa funcionando de manera totalmente insatisfactoria ahora que ha presentado este informe de situación al Parlamento con más de un año de retraso. Las prácticas fraudulentas que rodean el asunto Eurostat han demostrado que la OLAF ya no puede entrar dentro de las competencias, desde un punto de vista administrativo, de la Comisión. La oficina debe tener la mayor independencia posible y ser responsable ante el Parlamento.
Quiero que la Comisaria cumpla la promesa que ha hecho hace un momento de presentar su propuesta al Parlamento en el plazo de dos meses. De lo contrario, su credibilidad realmente quedará en entredicho. 
Theato (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe del Sr. Bösch es crítico pero muy constructivo, y le felicito por su intenso trabajo. Por supuesto, podríamos haber votado sobre sus resultados y su posible aplicación en una fase más temprana si la Comisión hubiera presentado a tiempo su evaluación de los tres años de trabajo de la OLAF como preveía el Reglamento, y no con nueve meses de retraso. Algunas de las irregularidades y de la mala administración podrían haberse abordado de forma más eficaz de lo que ahora es posible, al final de la legislatura parlamentaria y del mandato de la Comisión. Eurostat es un buen ejemplo de ello. 
Conocemos el contexto del establecimiento de la OLAF: todo lo que pudo conseguirse era una estructura provisional, porque en aquella fase no estaba prevista una modificación del Tratado. En consecuencia, la OLAF estaba en una posición paradójica desde su inicio. En su trabajo es independiente –insistimos en ello–, pero está subordinada a la administración de la Comisión en los aspectos organizativos. Sin embargo, por desgracia los retrasos, los procesos engorrosos y la aplicación insuficiente del Reglamento de la OLAF por ambas partes –la Comisión y la OLAF– han caracterizado a esta agencia hasta la fecha. Permítanme mencionar tan solo unos ejemplos: su largo proceso de contratación de personal, sus investigaciones excesivamente largas, su fracaso en informar al Comité de Vigilancia cuando es necesario, y sobre todo la falta de formación y el respeto insuficiente de los derechos de defensa de los individuos investigados. Me tomo particularmente en serio la afirmación clara del Comité de Vigilancia sobre este último aspecto, porque ilustra directamente la necesidad de crear una Fiscalía Europea para proteger los intereses financieros de la Unión. Esta Cámara ha pedido este nombramiento durante mucho tiempo y ahora la Comisión ha unido su voz a este llamamiento en la Convención y en la Conferencia Intergubernamental. Agradezco al Sr. Prodi que haya abordado esta cuestión en su plan de acción. Los derechos fundamentales del individuo solamente pueden garantizarse dentro de un marco judicial basado en el Estado de derecho. Hasta que no se alcance este objetivo, apoyo totalmente el refuerzo del Comité de Vigilancia, tanto respecto de la Secretaría –tenemos que discutir su asignación al presupuesto del Parlamento Europeo– como del nombramiento de personas altamente cualificadas e independientes como miembros del Comité de Vigilancia. En resumen, no necesitamos un nuevo Reglamento, sino una serie de enmiendas, como deja claro el informe. Necesitamos una OLAF fuerte. Pido a la Comisión que se tome nuestras peticiones en serio para que podamos acercarnos a la política de tolerancia cero.
Andria (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Bösch por su informe y expresar mi reconocimiento por la posición firme que ha adoptado hacia los responsables directos y los responsables políticos del fraude que han sido acusados. Una petición a la Comisaria Schreyer: le ruego que no intente restar importancia al caso Eurostat, que continúa siendo uno de los episodios más alarmantes y desagradables a los que nunca ha tenido que enfrentarse el Parlamento Europeo. El enorme daño económico causado no se ha cuantificado y quizá nunca se cuantifique.
Pasemos a hablar del informe. Si se aplicara lo que el Sr. Bösch ha escrito en el informe, entonces viviríamos en Europa en una situación de tranquilidad. Los intereses financieros apenas se protegerían; la legalidad sería el elemento clave en todas las cuestiones europeas. Sin embargo, si los principios establecidos, que están resumidos en el considerando G, que afirma, y cito, que «la Comisión se prescribió una "política de tolerancia cero" en lo que respecta al fraude y las irregularidades», no se ponen en práctica, todo lo que se ha escrito no compensará el inmenso esfuerzo hecho por el ponente y no se alcanzarán objetivos concretos. Ahora, dado lo que ha salido a la luz sobre Eurostat, ¿no hubiera sido más apropiado someter a votación en comisión una enmienda presentada por mí –si bien me complace decir que el Sr. Bösch ha explicado este asunto– que afirma, y cito: «Solo puede condenar todos los casos en que la OLAF ha sido incapaz de concluir sus investigaciones dentro del plazo fijado de nueve meses, en particular el caso Eurostat, que ha estado suspendido durante más de tres años y con respecto al cual una investigación realizada a tiempo podría haber roto la cadena de acontecimientos que ahora han resultado ser todo menos claros y algunos de cuyos elementos están siendo investigados por las autoridades judiciales»? Esta enmienda se someterá a votación, y espero que se apruebe mañana en esta Cámara.
Al mismo tiempo no quiero que se malinterprete lo que he dicho sobre la OLAF, porque no puede ser un chivo expiatorio del fraude cometido por otros. Por esta razón, la OLAF tiene que continuar recibiendo la financiación suficiente para reforzar el personal, en particular los funcionarios de investigación. Estoy totalmente de acuerdo con el ponente en el apartado 1 del artículo 33, en el que exige a la OLAF que informe al Parlamento Europeo en detalle si una investigación dura más de los nueve meses previstos.
Volviendo al caso Eurostat, que molesta e irrita a muchos de nosotros, puedo decir que estoy de acuerdo en que nuestras posiciones tienen que ser prudentes, pero al mismo tiempo no podemos aceptar un acuerdo, que significaría que sería considerado contraproducente poner en peligro a las instituciones europeas en este caso. Tendríamos que estar discutiendo y debatiendo algo diferente: en el asunto Eurostat, ¿se concluyeron los contratos como es debido o salió a la luz el fraude?
Si, como aparece tras la lectura de los informes, se concluyeron muchos contratos sin signatarios legales, si hubo conflictos de intereses que condujeron a ciertos beneficios económicos ilegales, si se perdieron de forma sistemática documentos que deberían haber estado sujetos al control y se publicaron noticias en el exterior con el único propósito de facilitar las negociaciones, si más del 50% de los contratos se concluyeron con una única oferta, entonces es evidente que se ha causado un daño de millones de euros a la Comunidad Europea y este aspecto tiene que prevalecer sobre todo lo demás, incluida la preservación de las instituciones europeas. 
Schreyer,
   .  Señor Presidente, Señorías, con su permiso quiero responder brevemente a una serie de puntos. No cabe duda de que en el asunto Eurostat no solo se ha producido una mala administración en Eurostat, y me abstengo de usar el término «fraude» simplemente porque el asunto aún se está investigando y no quiero que se me acuse de hacer comentarios perjudiciales. También la Comisión ha cometido errores, y la OLAF tendría que haber llevado a cabo las investigaciones con más rapidez. Por esta razón, el Sr. Prodi también ha concebido un plan de acción que, por una parte, contiene medidas exhaustivas respecto de Eurostat y, por otra parte, aborda la cuestión de la comunicación entre los departamentos y los Comisarios, así como las medidas relativas a la OLAF. Permítanme volver a decir a la Sra. Stauner: las medidas relativas a la OLAF no incluyen la transferencia a la Comisión de las investigaciones internas sobre los funcionarios de la Comisión. Por el contrario –y permítanme citar la intervención del Sr. Prodi–, el objetivo es reforzar la independencia operativa de la OLAF reorientando sus actividades. Por lo tanto, quizás se reasignen a los departamentos de la Comisión ciertas tareas horizontales que no están relacionadas con las investigaciones. Creo que saben igual que yo que las responsabilidades centrales de la OLAF –dicho de otro modo, lo que se reforzó y, en parte, lo que se estableció en 1999– son las investigaciones internas, los derechos a llevar a cabo investigaciones internas, y las tareas para hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Bösch en que se tienen que establecer más capacidades en estos ámbitos. Sin embargo, al mismo tiempo es cierto –como ha demostrado el caso Eurostat– que a veces una investigación externa se convierte en una investigación interna porque la investigación externa de repente plantea la siguiente pregunta: ¿por qué se produjeron estos errores en el concurso? ¿Por qué siempre se concluyen aquí estos contratos específicos?
Permítanme reiterar un punto: el proyecto de plan de acción presentado por el Sr. Prodi en la Comisión de Control Presupuestario está muy avanzado y dispondrán del texto para modificar el Reglamento a principios de enero, o en cualquier caso lo más pronto posible en enero. Considero que hay enfoques muy similares en la cuestión de la modificación del Reglamento. La Sra. Theato acaba de mencionarlos de nuevo. Como ha prometido el Presidente de la Comisión, trabajaremos muy estrechamente con la Comisión de Control Presupuestario en estos puntos, incluso antes del proceso de redacción. 
Bösch (PSE ),
   . – Señor Presidente, la Comisión quizás debería decidir finalmente si está o no satisfecha con el trabajo de la OLAF. Casi tengo la impresión de que estamos criticando a la OLAF desde el vacío, pero he tenido la sensación de que el Presidente Prodi destrozaba a la OLAF con sus críticas mientras nosotros la defendíamos, porque muchos diputados de esta Cámara, en sus intervenciones en el debate de hoy, han afirmado que Eurostat no es un asunto de la OLAF, sino de la Comisión. La Comisión tiene que adoptar su propia postura identificable en este asunto. De lo contrario, me complace que esté satisfecha con todo lo que guarda relación con la OLAF. Sin embargo, en ese caso no quiero volver a escuchar ningún otro comentario por parte del Presidente de la Comisión respecto de las deficiencias evidentes, en términos de calidad, que han surgido en relación con Eurostat. Esto no significa que no hayamos cambiado nuestra postura, y creo que aún existen toda una serie de malentendidos respecto de la independencia del Comité de Vigilancia. Al igual que el Director General de la OLAF, el Comité de Vigilancia tiene que nombrarse sobre una base interinstitucional; hoy forma parte de la Comisión y –para que no surjan mitos– no está en el vacío. Creemos que tiene que haber una separación, y esto incluye una separación física y financiera. Es inadmisible que el personal del Comité de Vigilancia, que ejerce una función de vigilancia, se halle en última instancia bajo la responsabilidad de un órgano que está sujeto a dicha vigilancia. Hemos adoptado una posición firme al respecto, y espero que esta Cámara la apoye mañana. 
Blak (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el mensaje a la Sra. Schreyer esta noche está muy claro: debería decirle al Sr. Prodi que no necesitamos sus planes de acción. Solo los ha presentado para ganar tiempo, para dar carpetazo a todo el asunto. No podemos tolerarlo. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0407/2003) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a que modifica el Reglamento (CE) n° 2561/2001 por el que se fomenta la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos (COM(2003) 437 - C5-0357/2003 - 2003/0157(CNS)).
Fischler,
   .  Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dándole las gracias, señora Miguélez Ramos, por su excelente informe y por apoyar nuestra propuesta. La Comisión ha propuesto varios cambios del sistema para fomentar la reconversión de los barcos pesqueros y de los pescadores que, hasta 1999, dependían del acuerdo pesquero con Marruecos. Proponemos las enmiendas siguientes: ahora se pagará una indemnización a cada pescador que haya perdido su puesto de trabajo porque el barco en el que trabajaba se ha unido a otra industria pesquera, por ejemplo creando una sociedad mixta. Esto ampliará el grupo de beneficiarios, por lo que también tenemos que ampliar los plazos en un año de forma que todos los nuevos beneficiarios puedan solicitar asistencia y para dar a las autoridades españolas y portuguesas tiempo suficiente para tomar una decisión. 
Acepto las enmiendas 2 y 3. Sin embargo, no puedo aceptar la enmienda presentada por el Sr. Varela Suanzes-Carpegna porque exige una modificación del artículo 12 del Reglamento, que gobierna el apoyo estructural del sector pesquero respecto de las medidas socioeconómicas. No podemos modificar este Reglamento en este momento. 
Miguélez Ramos (PSE ),
    Señor Presidente, el 30 de noviembre de 1999 expiró el Acuerdo de pesca entre la Comunidad y Marruecos, lo que condenó a cuatro mil trescientos pescadores y a cuatrocientos barcos a la paralización. A partir de entonces, entraron en vigor las ayudas a los afectados, al amparo del Reglamento (CE) nº 2792/1999, a cargo del IFOP. Estas ayudas se prolongaron hasta el 31 de diciembre de 2001, pero fue necesario, a continuación, llevar a cabo una política de reconversión de la flota, que en buena parte no pudo ser reubicada en otros caladeros. Aprobamos para ello, y a partir de planes nacionales, una medida, que fue el Reglamento (CE) nº 2561/2001, para la diversificación socioeconómica de estas zonas afectadas por la paralización.
En zonas especialmente afectadas, como el Morrazo, Barbate, Algeciras o Lanzarote, la actividad pesquera se vio drásticamente reducida o simplemente desapareció, lo cual tuvo efectos en muchos otros sectores ligados a esta actividad y al conjunto de la producción local.
Para financiar estas acciones se recurrió, como ustedes saben, al Fondo de Solidaridad, por un total de 197 millones de euros. El Reglamento preveía también medidas derogatorias y excepciones a la normativa que define las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca. Sin embargo, el carácter excepcional de la medida determinó que el Consejo aprobara un período limitado para la misma, que no ha resultado suficiente para que pudieran acogerse muchos de los afectados.
A ello han contribuido también las rigideces que el Reglamento encerraba y que ahora, mediante esta modificación impulsada por el Parlamento Europeo, se van a eliminar. Por eso me alegra tanto que el Sr. Fischler diga que la Comisión aceptará estas modificaciones y las enmiendas que yo propongo en mi informe, porque los dos -el Sr. Fischler y nosotros, el Parlamento Europeo- queremos que los pescadores afectados reciban un trato equitativo, de tal manera que puedan acogerse a las ayudas para su reconversión, independientemente de la suerte corrida por el barco en el que trabajaban, porque la vinculación del pescador a la suerte corrida por el barco ha sido una de las grandes dificultades.
En algunos casos, los barcos pudieron ser reubicados en otros caladeros, pescando menos de lo que pescaban en el caladero marroquí y, por lo tanto, perdiendo rentabilidad. Estos barcos tuvieron que reducir su tripulación. Sin embargo, el Reglamento no cubría a estos pescadores porque ligaba la suerte de la embarcación a la de los pescadores, lo que impedía a estos percibir la prima global para su reconversión.
Por ello, y para que esta norma -tal y como desea la Comisión y tal y como desea el Parlamento Europeo- pueda en la práctica abarcar al mayor número posible de afectados, es necesario eliminar las disposiciones por las que las primas globales individuales solo pueden concederse a un barco o a unos pescadores que faenaban en un barco cuyas actividades pesqueras hayan cesado definitivamente. Y la modificación que ahora debatimos, como ha dicho el Comisario, supone también prolongar doce meses la fecha límite de admisibilidad de los gastos, que ahora será el 31 de diciembre de 2004, y la fecha final para presentar a la Comisión la solicitud de pago del saldo, que pasará a ser el 30 de junio de 2005.
Así nos lo pidieron en la Comisión de Pesca representantes de los afectados por el cierre del caladero, como era la Cooperativa Loitamar, en la península del Morrazo (Galicia), compuesta por casi sesenta trabajadores reconvertidos de Marruecos, pero que no han sido capaces todavía de poner plenamente en marcha su proyecto empresarial. Ahora, con este margen de tiempo mayor que se les concede, sí que lo podrán hacer, y todos los socios de esa cooperativa podrán -tal y como exige el Reglamento- empezar a trabajar para poder percibir esas ayudas individuales.
También nos lo pidió así el Gobierno de Andalucía que, junto a Galicia, Canarias y Algarve, es una de las regiones que ha sufrido más profundamente esta no renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos.
Tengo que decir a sus Señorías que esta modificación, tal y como yo la planteo, no tiene repercusión financiera alguna, sino que los recursos financieros asignados pueden ejecutarse debidamente, cumpliendo así el objetivo pretendido por el legislador cuando aprobó el Reglamento que ahora revisamos.
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero, en primer lugar, felicitar a nuestra ponente, la Sra. Miguélez, por su informe sobre una causa justa -como aquí se ha expresado-, que todos apoyamos, desde hace mucho tiempo, incluido el Gobierno español, como le consta al Comisario.
He querido aprovechar esta modificación al Reglamento de ayudas para la reconversión de la flota que faenaba en Marruecos para señalar que lo que se hizo entonces no debe ser la excepción, sino la regla. Es decir, que cuando haya que reconvertir flotas comunitarias, bien sea por la falta de renovación de los acuerdos internacionales de pesca, bien por la reducción drástica de capturas debido a planes de recuperación -y nuestros compañeros británicos lo saben bien, sobre todos los escoceses en relación con el bacalao-, la Comisión Europea debería prever automáticamente medidas adicionales para compensar a esas flotas y hacer frente a la nueva situación.
No se deben, por tanto, hacer modificaciones parciales del Reglamento general de ayudas estructurales IFOP cada vez que se produce una situación de este tipo, sino que debería existir ya un marco general permanente para hacerlo en cualquier momento en que esto se produzca, bien sea por planes de recuperación de especies en aguas comunitarias o en aguas exteriores si afectan a nuestra flota, a la flota comunitaria. 
Este ha sido el caso reciente de la flota comunitaria de fletán en el caladero NAFO, donde la Comisión propuso un plan de recuperación para el fletán que fue aceptado y que implica pasar de 42 000 toneladas en este año 2003 a 16 000 toneladas en el año 2007, una reducción del 62%. Y como aquí parece que no ha pasado nada, yo lo que digo es que la Comisión tiene que estar obligada a hacer algo para no hipotecar el futuro de esta flota. Y debe actuar en consecuencia adoptando medidas extraordinarias como la reubicación en otros caladeros, la promoción de campañas experimentales y la concesión de otras ayudas socioeconómicas que venimos pidiendo para compensar la situación que se ha creado.
Que se solucionen estos problemas y los que puedan venir en el futuro es lo que pretendemos con esta enmienda que, señor Comisario, no es una enmienda "Varela" sino una enmienda de la Comisión de Pesca. Si mañana nuestro Parlamento la aprobase, le pido a usted, señor Comisario, que la Comisión reflexione al respecto puesto que el sector afectado se lo está pidiendo. Está pidiendo que ustedes hagan algo. El Parlamento Europeo quiere ayudarles y ser aliado de ustedes y del sector y, por lo tanto, hacer que, de esta manera, se pueda apreciar un gesto por parte de la Comisión Europea. 
Esta es mi opinión y espero, señor Fischler, que reflexione usted sobre lo dicho antes de tomar la iniciativa que ha anunciado.
Quiero finalizar -puesto que no tendré tiempo después- felicitando al presidente Stevenson, ponente del informe sobre Mozambique, que se va a ver a continuación, porque es un magnífico informe y merece nuestra aprobación.
Lage (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el fracaso de la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos ha sido un duro golpe para la estrategia externa de la política pesquera y ha tenido consecuencia trágicas para ciertas zonas pesqueras, especialmente Andalucía y, en menor escala, la región del Algarve en Portugal. Hay que decir que la Comisión y el Parlamento han conseguido aprobar un plan de apoyo de las actividades afectadas, aunque con algunas limitaciones que ahora se están corrigiendo.
Por lo tanto, acogemos con satisfacción esta propuesta de la Comisión, que ha surgido gracias a la presión del Parlamento así como de peticiones de los dos países directamente afectados, Portugal y España. Cabe decir que quizás esta propuesta no hubiera sido necesaria si la Comisión hubiera escuchado al Parlamento cuando se debatió el Reglamento 2561/2001. Incluso entonces ya se habían identificado claramente los problemas potenciales derivados de la aplicación de este Reglamento.
Apoyamos el informe Miguélez Ramos, y no podemos más que alabar el trabajo de la ponente y las iniciativas que ha presentado, que sin duda son el origen de las correcciones que se han hecho a la propuesta. Tenemos que garantizar un trato igualitario para todos los pescadores y que el Reglamento abarque al mayor número posible de personas que trabajan en este sector. Por lo tanto, tenemos que eliminar las disposiciones que impiden la ayuda ya prevista dentro de plazos más razonables. Apoyamos las enmiendas de la ponente, que están tan claramente justificadas que no necesitan más comentarios. Es justo que también se conceda compensación económica a los pescadores que están desempleados a causa de otras decisiones y no solo porque sus barcos se han desguazado, incluidos los pescadores que han decidido dedicarse a otros tipos de pesca, por ejemplo, o los que ya han cambiado a otro tipo de pesca. 
Señor Presidente, quiero hacer una última observación respecto de la necesidad futura de proporcionar medidas de emergencia para situaciones de vulnerabilidad cuando los acuerdos con terceros países puedan conducir a situaciones de colapso y perjudicar las actividades pesqueras. Creo que necesitamos una estrategia global para no tener que responder a estas situaciones cuando y a medida que surjan. 
Fischler,
   .  Señor Presidente, Señorías, estoy muy agradecido a todos los que han intervenido en este debate. Estoy totalmente de acuerdo con la ponente en que es positivo e importante llevar a cabo un ajuste en este caso específico de las flotas española y portuguesa en relación con el Acuerdo con Marruecos, o con la expiración del Acuerdo con Marruecos. Sin embargo, aún creo que no deberíamos haber recurrido a ningún tipo de legislación instintiva. A pesar de que comprendo la cuestión planteada por el Sr. Varela Suanzes-Carpegna, creo que es algo que deberíamos estudiar durante la evaluación intermedia de las medidas estructurales. De cualquier modo, está prevista una evaluación intermedia, y creo que será el momento adecuado para debatir todos los elementos y experiencias que hemos acumulado durante la aplicación en la primera mitad del período de aplicación. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0406/2003) del Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo de pesca entre la Comunidad Europea y la República de Mozambique (COM(2003) 419 - C5-0354/2003 - 2003/0154(CNS)).
Fischler,
   .  Señor Presidente, Señorías, puedo continuar donde lo dejé. Estaba hablando del Acuerdo Pesquero y de la renovación del Protocolo del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Mozambique. En primer lugar, quiero dar las gracias al Sr. Stevenson por su informe y también por apoyar la propuesta de la Comisión para concluir este Protocolo. Con ayuda de este Acuerdo, los barcos pesqueros de la Comunidad podrán reanudar sus actividades pesqueras en las aguas de Mozambique. Asimismo, el nuevo Acuerdo amplía los acuerdos sobre la pesca del atún concluidos por la Comunidad en esta región. Además, hemos conseguido establecer un acuerdo de asociación muy innovador, porque Mozambique destinará la cantidad total de compensación económica a subvencionar la vigilancia marítima, la investigación, la formación y otras medidas encaminadas a desarrollar la pesca de Mozambique y a mejorar sus capacidades de gestión pesquera.
Respecto de las otras enmiendas propuestas, permítanme decir que las enmiendas 1 y 2 no nos parecen necesarias, porque ya facilitamos al Parlamento esta información de conformidad con el acuerdo marco vigente entre el Parlamento y la Comisión. La enmienda 3 –realmente es una vieja historia– se refiere a la renovación de un Protocolo. Puesto que se refiere a la renovación del Protocolo, no se necesita un mandato de negociación separado, ya que entra dentro del ámbito de las directrices de negociación existentes. Por esta razón, he de rechazar esta enmienda. 
Stevenson (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, este nuevo acuerdo entre la Comunidad Europea y Mozambique se suscribió el 21 de octubre de 2002. El acuerdo es para tres años, y el protocolo que establece las posibilidades de pesca, la compensación financiera y el anexo técnico forman parte del acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2004. Las pesquerías principales relacionadas con este acuerdo son, por supuesto, la gamba de altura y el atún.
Como sabe el señor Comisario, en el pasado tuvimos considerables controversias en torno a algunos de estos acuerdos internacionales con terceros países. De hecho, el año pasado trabajamos estrechamente con la Comisión para elaborar una plantilla: el acuerdo de Senegal. No me voy a disculpar por pasar de la costa este de África a la costa oeste: el acuerdo de Senegal rompió barreras al introducir nuevos modos pioneros de tratar los acuerdos con terceros países, que hemos seguido utilizando desde entonces.
En el caso de Senegal, insistimos en que el 60% de la compensación financiera debería corresponder a las posibilidades de pesca y el 40% debería corresponder a la conservación y el desarrollo. Insistimos en que la mitad de la tripulación de los buques de la UE debería ser senegalesa, que una cantidad considerable de la captura debería ser procesada en las factorías de transformación de pescado de Senegal y que el seguimiento por SMV se instalara en todos los buques implicados. En todos los aspectos, esto se consideró un buen paquete que tenía en cuenta los valores de desarrollo y conservación, proporcionaba una pesca sostenible, seguía dando empleo a los pescadores de la UE y seguía suministrando pescado de alta calidad a la UE. En la UE solo somos un 60% autosuficientes en productos de pesca; existe una demanda creciente de pescado por parte del consumidor, y las poblaciones de peces están disminuyendo en aguas comunitarias.
Es importante que a través del acuerdo de Senegal y los acuerdos posteriores que hemos alcanzado desde entonces, tratemos de seguir este modelo con el fin de continuar estableciendo acuerdos de pesca sostenibles de este tipo. Si abandonamos estos acuerdos, tendremos la ley de la selva. Se dará una situación en la que países como Senegal, Mauritania, y en este caso, Mozambique, se sentirán libres de celebrar contratos con los coreanos, los japoneses o los rusos, y entonces no habrá ningún elemento de conservación, de desarrollo o de preocupación por los pescadores indígenas o por su bienestar. En estas circunstancias, si actuamos a través de la UE tenemos una mejor oportunidad de realizar un seguimiento del funcionamiento de estos acuerdos.
En el caso del acuerdo de Mozambique, vamos a pedir a la Comisión que informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación y ejecución del acuerdo un año antes de su fin. Si descubrimos que no se han respetado las condiciones, entonces no autorizaremos a la Comisión a celebrar más acuerdos con Mozambique.
En este caso, tenemos un informe sobre la abundancia de gambas de altura y atunes en esta zona. Vamos a conceder posibilidades de pesca a diez buques que pesquen 1 000 toneladas al año de gamba de altura –y 535 toneladas adicionales de capturas accesorias–, 35 atuneros cerqueros congeladores y 14 palangreros de superficie que pesquen 8 000 toneladas de atún. El paquete financiero es de 4 090 000 euros al año. En este caso no se trata de un 60% para las posibilidades de pesca y un 40% para el desarrollo; todo esto se destina a la conservación y al desarrollo: 1 500 000 euros para realizar un seguimiento de las pesquerías marinas, 1 millón de euros para el desarrollo institucional, 1 millón de euros para la investigación, 430 000 para la formación, 100 000 euros para el control de calidad y 60 000 euros para ayudar a Mozambique a participar en reuniones internacionales.
Se trata de un paquete muy bueno y lo recomiendo a la Cámara. Agradezco a la Comisión que lo haya elaborado, ahora estamos trabajando en un nuevo espíritu de asociación en estos acuerdos con terceros países y deberíamos seguir haciéndolo.
Dührkop Dührkop (PSE ),
   . Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Stevenson, por haber incluido las enmiendas de la Comisión de Presupuestos en su informe, y también quisiera que nos felicitáramos todos porque con este Protocolo los buques comunitarios retornan a las aguas de Mozambique, en las que faenaron hasta 1993, año en el que Mozambique denunció el Acuerdo entonces existente.
Aunque el Sr. Stevenson ya ha hecho una breve exposición presupuestaria, querría insistir en que la ficha financiera para la propuesta del Consejo, efectivamente, prevé una compensación para los años 2004, 2005 y 2006 en créditos de compromiso de 12 270 000 euros, que se destinan exclusivamente -tal como han dicho el Comisario Fischler y el ponente Sr. Stevenson- a lo que llamamos las medidas específicas, a lo cual la Comisión de Presupuestos también da la bienvenida. Asimismo, se prevé que puede haber un máximo de 15 870 000 euros, cuando se establezca el presupuesto anual.
Por lo demás, la Comisión de Presupuestos acoge favorablemente este Protocolo con la República de Mozambique, que prevé nuevas oportunidades de pesca para la flota comunitaria en el Océano Índico.
Sin embargo, señor Fischler, la Comisión de Presupuestos lamenta -como tantas veces- que la Comisión esperara hasta finales de julio de 2003 para transmitir su propuesta inicial, pese a que el Protocolo se rubricó en octubre de 2002.
McAvan (PSE ),
   – Señor Presidente, la principal preocupación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación en relación con este acuerdo es asegurar que su efecto esté en consonancia con los objetivos de desarrollo más amplios de la Unión. Estamos muy interesados en asegurar que la política de desarrollo no se convierta en un coto privado de la Comisión, y que sus objetivos se ajusten a todas las políticas de la UE que tengan que ver con el mundo en desarrollo.
¿Qué significa esto en concreto en relación con este acuerdo? Significa que queremos ver beneficios reales para las comunidades locales y garantías de que este acuerdo no tendrá un efecto negativo para las poblaciones locales que dependen de la pesca. Queremos que la Comisión maximice las posibilidades de empleo local derivadas del acuerdo, considerando el acceso de los pescadores al sector de la pesca del atún. Estamos interesados en que las mujeres desempeñen un papel en la comercialización y la transformación de los productos pesqueros.
La gestión de las poblaciones de peces también es importante. Queremos que la Comisión se asegure de que el acuerdo tenga en cuenta la gestión sostenible de los recursos pesqueros, especialmente en relación con los bancos de atún. Debería hacerse hincapié en la producción descentralizada a base de métodos de explotación sostenibles y de bajo coste.
Al igual que el Sr. Stevenson, acogemos con satisfacción las propuestas de la Comisión de asignar la compensación financiera a medidas de promoción del desarrollo institucional, la vigilancia marítima, la investigación, la formación y el control de calidad. Este es un paso en la dirección correcta porque es importante que el dinero también se dedique a fomentar nuestros objetivos de desarrollo.
Por último, estoy de acuerdo con todos los que dicen que es muy importante que el Parlamento sea mantenido al corriente de la aplicación de este acuerdo. Necesitamos evaluaciones frecuentes de lo que pasa sobre el terreno antes de poder acordar una renovación del acuerdo. 
Piscarreta (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para superar el problema de las escasas reservas pesqueras, la Unión Europea ha concluido acuerdos con terceros países, entre otras medidas, con vistas a usar las aguas territoriales de estos países a cambio de una compensación económica. En 2002, la Unión Europea firmó un acuerdo de esta naturaleza con Mozambique, que a muchos les pareció el acuerdo perfecto, porque combinaba la cooperación con el interés mutuo: durante los tres próximos años la flota comunitaria podrá pescar en las aguas territoriales de Mozambique a cambio de una compensación económica de cerca de cuatro millones de euros. Este acuerdo equilibrado es ideal. En primer lugar, porque cubre especies cuyos recursos son abundantes en Mozambique: el camarón y el atún. En segundo lugar, porque está encaminado a desarrollar la pesca local a través de la formación de tripulaciones mozambiqueñas. En tercer lugar, porque la compensación de la Comunidad se ha destinado a objetivos tangibles en el sector pesquero. El cuarto y último punto es que se controlará la aplicación del acuerdo, con especial atención a los aspectos sanitarios de las capturas.
Estoy de acuerdo con el requisito establecido por el Parlamento Europeo, a través de su ponente, el Sr. Stevenson, de recibir un informe anual sobre la aplicación del acuerdo y sobre la aplicación de sus medidas, lo que permitirá a esta institución vigilar estrechamente este acuerdo –de importancia estratégica para la política pesquera común de la Unión Europea– manteniéndose al corriente ante cualquier negociación, cuando llegue el momento de renovar el acuerdo.
Quiero concluir expresando mi plena satisfacción por la firma de este equilibrado acuerdo. Estoy plenamente convencido de que, a diferencia del acuerdo anterior, Mozambique no tendrá motivos para estar insatisfecho con este texto. 
Miguélez Ramos (PSE ).
    Señor Presidente, otra vez yo. Los acuerdos internacionales de pesca con terceros países han constituido siempre uno de los ejes sobre los que se basa la política pesquera comunitaria. La mitad de los productos de la pesca, consumidos en fresco o utilizados para la transformación, provienen de aguas exteriores a la Comunidad sobre las que terceros países ejercen derechos de aprovechamiento exclusivo sobre los recursos.
La Unión Europea, en términos económicos, es un gran mercado de más de 370 millones de habitantes, mercado en expansión y deficitario en productos de la pesca. Esta situación determina la política comercial de la Unión Europea en el ámbito pesquero. El mercado comunitario es, por su volumen, el primer mercado de productos del mar del mundo. 
Por ello, el Grupo Socialista expresa su apoyo a la celebración de este acuerdo entre la Comunidad y Mozambique y felicita al ponente, Sr. Stevenson, que ha hecho un magnífico informe.
Este acuerdo contribuirá a estrechar relaciones en beneficio mutuo con aquella República, no nos cabe ninguna duda. Contribuirá no solo al suministro del mercado comunitario sino que también supondrá -como dijo el Sr. Piscarreta- una ayuda al desarrollo del sector pesquero mozambiqueño, todo ello en un marco de desarrollo sostenible.
Creemos, Señorías, que el estrechamiento de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Mozambique, más que la demagogia, puede ayudar a la subsistencia del pueblo mozambiqueño. Seguramente es una buena política de ayuda al desarrollo que el llamado primer mundo compre a los países en vías de desarrollo sus productos más valorados, ya sean diamantes o gambas, y que el producto de esa venta pueda impulsar sectores estratégicos básicos como la agricultura local.
El Grupo Socialista apoya por tanto las enmiendas del ponente, Sr. Stevenson, y las de la Comisión de Presupuesto. Hacemos nuestros los anhelos de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, lamentando, sin embargo, no poder apoyar sus propuestas, ya que no han sido presentadas en forma de enmiendas al texto legislativo, como procede siempre en estos casos.
El Presidente.
   Señora Miguélez, ha empezado usted su intervención diciendo "otra vez yo". Lo único que indica que usted intervenga más de una vez en una noche es que es usted muy trabajadora. Ya sabe que la Presidencia la escucha siempre con mucho agrado. 
Lage (PSE ).
   Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción la vuelta de los buques pesqueros comunitarios a aguas mozambiqueñas. Como ciudadano portugués, hago esta declaración sin ningún tipo de nostalgia colonial o ansia de retorno a los viejos tiempos, pero creo que el hecho de que los barcos comunitarios vuelvan a aguas mozambiqueñas también es una señal de la madurez democrática alcanzada por Mozambique y de la normalización de las relaciones diplomáticas que se han establecido entre este país y la Unión Europea.
De hecho, como ya se ha dicho, este acuerdo proporciona ventajas mutuas y representa verdaderamente la culminación de un proceso de elaboración de acuerdos de pesca con terceros países en los que la Comisión y el Parlamento llevan trabajando bastante tiempo. Este acuerdo es fruto de las discusiones y de una rica experiencia, que deberían aplicarse en el futuro a casos similares a los de Mozambique. A este respecto, el Presidente de la Comisión lo ha llamado un acuerdo modelo, y yo comparto esa opinión. Esto podría proporcionar un modelo para acuerdos futuros con terceros países, países pobres, subdesarrollados, para los que el tipo de mecanismo y sistema contenidos en este acuerdo suponen la mejor manera de proteger sus intereses, de apoyar su pesca de manera que sea ventajosa en el ámbito ecológico, científico y económico. Por ello, debo felicitar a la Comisión por haber logrado resultados tan positivos en sus relaciones diplomáticas con Mozambique, y al presidente de la Comisión de Pesca por el excelente informe que ha elaborado. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0362/2003) del Sr. Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la aprobación de medidas relativas a la repatriación de restos mortales (2003/2032(INI))
Cashman (PSE ),
   . – Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a los miembros de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores su apoyo unánime a este importante informe.
Por describir el contexto, actualmente no existe ninguna disposición de la UE que regule uniformemente la repatriación de restos mortales de un Estado miembro a otro. En ausencia de tales disposiciones, el transporte transfronterizo de restos mortales se rige por dos instrumentos de derecho internacional, pero sobre todo por el acuerdo de Estrasburgo concluido en 1973. El mundo, los métodos y la tecnología han cambiado mucho desde entonces. También es interesante observar que solo algunos Estados miembros se han adherido a este acuerdo de Estrasburgo, que, en muchos aspectos, es obsoleto.
A causa de los acuerdos mencionados anteriormente, la muerte de un ciudadano comunitario en un Estado miembro distinto de su país de origen ocasiona trámites mucho más complejos, un período de espera mucho más largo antes del entierro o la incineración, y costes más altos que si la muerte hubiera ocurrido en el país de origen de la persona fallecida.
Animamos a la gente a que viva, trabaje y se establezca en otros países distintos de su propio Estado miembro. Actualmente, más de 5 millones de personas residen fuera de su Estado miembro; si añadimos a esto los millones de ciudadanos de la UE que pasan sus vacaciones por toda la Unión Europea cada año, tenemos un número creciente de personas que mueren en el extranjero. Sus parientes se encuentran con una burocracia aplastante que tienen que vadear.
La Comisión ha afirmado recientemente de nuevo que los ciudadanos de la UE deberían poder circular entre Estados miembros en condiciones similares a las que se aplican a los nacionales de un Estado miembro, y las obligaciones administrativas o jurídicas adicionales deberían mantenerse en el mínimo necesario por el hecho de que la persona en cuestión es ciudadano de otro país.
Tal y como están las cosas actualmente, no es ni mucho menos cierto que a un ciudadano comunitario que muere en un Estado miembro distinto del suyo se le trate de la misma manera que a un nacional que muere en su país natal. Muchos diputados al Parlamento Europeo lo han señalado a la Comisión y al Consejo en numerosas ocasiones. Se nos presenta la absurda situación de que se supone que somos una Europa sin fronteras interiores, y en cuanto alguien muere, cuando hay una mayor necesidad de comprensión y solidaridad, levantamos las fronteras simplemente porque hay que transportar el cadáver de un país a otro. Eso significa que se necesita un ataúd de zinc, cuyo coste es enorme.
Una familia de Coventry, en el Reino Unido, tuvo que repatriar a su hijo, que murió trágicamente en la primera noche de vacaciones en España. No recibieron ninguna ayuda. Les impusieron muchísimo papeleo –en un idioma extranjero– que tuvieron que sortear. No se les facilitó ninguna traducción, ninguna ayuda por parte de los servicios consulares y tuvieron que correr con los gastos de más de 3 000 libras esterlinas solo por el ataúd de zinc. Se nos presenta una situación absurda en la que la repatriación de un cadáver de Salzburgo a Freilassing –una distancia de diez kilómetros– requiere un ataúd de zinc, pero el traslado de un cadáver de Ivalo a Helsinki –una distancia de 1.120 kilómetros– no lo requiere.
Está bastante claro que necesitamos un enfoque uniforme de esta situación. Actualmente somos 15 Estados miembros, pronto seremos 25. Estamos animando a la gente a que viva en otros países, a abrazar otras culturas; y cuando mueren, de repente se erige la frontera y la burocracia entra en juego. Es muy simple: en 1973 nos preocupaba el deterioro de los cadáveres durante el tránsito. El embalsamamiento ya es práctica común, la tecnología ha avanzado. Tenemos que decir a la reticente Comisión que esta cuestión no se va a quedar en el tintero. Todos nosotros estamos protegidos, tenemos organizaciones, sindicatos e instituciones que devolverán nuestros cuerpos a donde nuestras familias quieran que estén. Pero imagínense por un momento la difícil tesitura de una madre, Dolores Shambley, enfrentada a la muerte de su hijo, Kris Shambley, de tan solo 20 años en 1998. Dolores Shambley es una mujer con muy poco dinero a la que se ofreció muy poca ayuda.
Este es un derecho fundamental. Si de verdad nos interesa defender los derechos de nuestros ciudadanos, insto a la Comisión a que presente propuestas y acepte el principio de la libre circulación. Creo que el derecho a la libre circulación solo termina cuando el cuerpo está enterrado. Ha habido reticencias por parte de la Comisión a aceptar este informe de propia iniciativa. Sean valientes. Sean osados. Acepten el reto. La buena voluntad está ahí. Ahora quiero iniciativa política.
Bolkestein,
    Señor Presidente, permítame que en primer lugar dé las gracias al Sr. Cashman por su informe detallado y preciso sobre esta cuestión tan delicada e importante. Este informe expresa de forma muy clara los problemas relativos a la repatriación de restos mortales que existen actualmente en la Unión. Sé lo importante que es esta cuestión para muchas de sus Señorías. Muchos diputados a esta Cámara han intervenido personalmente para ayudar a las familias de los votantes que se han encontrado con estas dificultades al intentar repatriar los restos mortales de sus seres queridos. Por ello, aprecio la importancia particular que merece esta cuestión. La Comisión está de acuerdo con el Sr. Cashman en que estos problemas se multiplicarán cuando los ciudadanos de la UE usen cada vez más su derecho a trabajar y residir en otros Estados miembros.
A pesar de que la Comisión reconoce plenamente la importancia de esta cuestión y la necesidad urgente de abordarla, debo admitir que se ha mostrado algo vacilante, como ha señalado claramente el informe, a la hora de definir exactamente lo que hay que hacer al respecto. La Comisión ha señalado, en respuesta a una serie de cuestiones planteadas por diputados al Parlamento, que no cree, en este momento, que sea necesaria una armonización específica. Sin embargo, quiero subrayar hoy que esto no implica que no podamos movernos para resolver estos problemas.
En las próximas semanas, pediré a mis colegas que aprueben una directiva sobre los servicios en el mercado interior, y creo que esa directiva ayudará a resolver una serie de problemas planteados por el informe del Sr. Cashman en la medida en que reflejan restricciones al ejercicio y la prestación de servicios funerarios transfronterizos. En particular, simplificará los procedimientos administrativos y eliminará los requisitos de autorización que no son coherentes con el principio de proporcionalidad. También espero poder tratar el problema concreto relacionado con los ataúdes de zinc en la medida en que un ataúd es, sin duda, un elemento esencial de los servicios funerarios.
Quedarán problemas derivados de los diferentes requisitos nacionales, como los certificados de defunción y las autopsias. En estas cuestiones, la Comisión duda de que sea legalmente posible aplicar el principio de la libre circulación de las personas para oponerse a las restricciones a la transferencia de restos mortales. También cree que la armonización de estas cuestiones sería probablemente rechazada por motivos de subsidiariedad.
Quiero dar de nuevo las gracias al Sr. Cashman por este informe y quisiera asegurar a la Cámara que la Comisión tratará de resolver tantos problemas planteados en él como sea posible, pero no puedo garantizar que resolvamos todos los problemas, dada la situación jurídica incierta en cuanto a la libre circulación de personas. Al resolver las restricciones a la prestación de servicios funerarios, la Comisión hará todo lo que pueda por sensibilizar a los Estados miembros en torno a los importantísimos problemas planteados en este informe con respecto a las diferentes disposiciones en materia de autopsias y certificados de defunción. En particular, indicaremos que la legislación nacional en este ámbito debería respetar los derechos fundamentales, y en particular la dignidad de las personas. 
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, no es fácil intervenir después de la intervención del Sr. Cashman, y mis primeras palabras son de felicitación por haber tenido la idea de lanzar este informe de iniciativa, por la forma en que lo ha redactado y conseguir el apoyo unánime en comisión.
Quiero felicitar también a la Comisión por anunciarnos que va a proponer una Directiva de servicios y simplificar algunos de los trámites necesarios para la libre circulación -en este caso, de los cadáveres-, y esperamos con impaciencia la presentación de esta propuesta por parte de la Comisión.
Creo que este es un asunto de especial importancia. Se dice que las sociedades se miden por el respeto que tienen a sus mayores, y tanto más por el respeto que tienen a sus muertos. Creo que es nuestra obligación avanzar lo más posible en simplificar todo lo que podamos los trámites necesarios -que tanto afectan a las familias- para la circulación dentro de la Unión de los cadáveres cuando la muerte se produce lejos de sus lugares de origen.
Creo, además, que el señor Cashman -y permítanme que haga una pequeña ironía en algo tan grave- está demostrando su alta calidad como político, porque está preocupado por aquellos que nunca más le van a votar.
Yo creo que el hecho de que algunos países de la Unión Europea no hayan firmado, como bien ha dicho el ponente, el Acuerdo de Estrasburgo nos obliga aún más como Unión Europea -ante la inminente entrada de diez nuevos países- a establecer alguna normativa para simplificar al máximo todos los trámites necesarios para la libre circulación de cadáveres dentro de la Unión Europea.
Titford (EDD ).
   – Me ha sorprendido ver este informe y su contenido en el orden del día. En mis 35 años en la profesión funeraria, nunca me he encontrado con problemas por no poder enviar a casa restos mortales o recibirlos. No obstante, lo que sí he experimentado son las condiciones espantosas en las que se han recibido algunos cadáveres por la falta de embalsamamiento o de cuidados en algunos países.
Lamentablemente, este informe no intenta abordar esta grave cuestión, a pesar de que hace una referencia a la misma en la introducción a la exposición de motivos, en la que se deja entrever que este es el problema principal. El ponente me ha informado de que la Comisión no aceptaría enmiendas a esta cuestión esencial, así que las posibilidades de que se introduzcan normas de embalsamamiento son nulas.
No obstante, este informe se adoptará, sin duda, sin que se aborde la verdadera cuestión. Al votar a favor de este informe, sus Señorías deberían ser conscientes de que no harán nada por aliviar el estrés y la emoción sufridas por las desconsoladas familias que con frecuencia son víctimas de las trágicas catástrofes de la repatriación de restos mortales. Lamentablemente, los errores reales de este informe dejan claro que ha sido escrito por un profano sin conocimiento real de los problemas de la repatriación o de la profesión funeraria, y por ello considero que no ha abordado la verdadera cuestión. 
Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Cashman por el informe que ha presentado, que se ganó el apoyo unánime de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Como ha afirmado el Sr. Cashman, y como ha reiterado el Comisario Bolkestein, la lógica fundamental de la libertad de circulación hará de la necesidad de adoptar reglas en estos ámbitos una necesidad cada vez más imperiosa, porque la libre circulación de ciudadanos en territorio comunitario multiplicará el número de casos que vemos hoy en día y que justifican nuestra atención. De hecho, es incomprensible que la muerte de un ciudadano comunitario en un Estado miembro distinto de su país de origen dé lugar a procedimientos mucho más complejos, un período de tiempo más largo antes del entierro o la incineración y costes más elevados. Esto va claramente en contra del enfoque comunitario.
Siendo así, deben adoptarse medidas para simplificar o incluso armonizar el proceso de repatriación de los restos mortales de las personas que han fallecido para alinear este proceso más con el enfoque comunitario, que desde luego no se tiene en cuenta en los acuerdos internacionales que rigen este ámbito. Estos son el acuerdo de Berlín de 1937 y el acuerdo de Estrasburgo de 1973, que debido a su antigüedad no son relevantes respecto a la situación que tenemos en Europa hoy, y por ello se han vuelto bastante obsoletos. Además, estos acuerdos establecían una forma de discriminación indirecta porque se aplican únicamente a «no nacionales», lo cual contraviene el principio fundamental de no discriminación consagrado en el derecho comunitario, violando así reglas esenciales del mismo. Por consiguiente, es tarea de la Comisión, como guardiana de los Tratados, asegurar que estos sean compatibles y adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Por último, conviene señalar que no todos los Estados miembros han ratificado estos acuerdos, que es otro motivo de la disparidad inaceptable de las medidas adoptadas por cada uno de los Estados miembros. 
Banotti (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Cashman. Su informe se basa en una resolución presentada por mí. Continuando con los comentarios del Sr. Titford, hoy he intentado ponerme en contacto con un amigo director de pompas fúnebres para ver si tenía algo que añadir esta noche, pero parece que por casualidad está de vacaciones en alguna parte.
Todos aceptamos que el excelente informe del Sr. Cashman sigue siendo –y lo digo sin ánimo de desacreditarlo– un informe aspiracional. Aspira a mejorar una situación que efectivamente es común. Cada año oigo uno, dos e incluso a veces tres casos en los que algunas personas tienen problemas con la repatriación de restos mortales. Si miramos las fechas de los distintos instrumentos legislativos que el Sr. Cashman ha mencionado en su informe, veremos que todas tienen como mínimo 30 años de antigüedad.
Hace 30 años el mundo era muy diferente. Como ha dicho el Sr. Cashman, ahora mucha gente se está moviendo y pasando las vacaciones en otros Estados miembros. En dos de los casos que he oído recientemente, el fallecido había muerto en lo que se consideraban circunstancias sospechosas. Esta misma mañana he recibido una llamada de la madre de un joven. Lleva 17 meses esperando que repatríen los restos de su hijo, y los tribunales locales han cambiado constantemente de opinión sobre el enjuiciamiento de la persona que se cree que estaba envuelta en la muerte de este joven.
Así que no solo se trata de las cuestiones técnicas relacionadas con la repatriación. Muy a menudo, también surgen retrasos –como menciona el informe– que tienen que ver con las circunstancias de la muerte. Acabo de recibir una copia de una de las preguntas a que se ha referido el Sr. Comisario. Esta fue la respuesta a una pregunta que presenté el 11 de octubre de 2000: «la Comisión, después de consultar ampliamente con todas las partes implicadas, ha concluido que una armonización detallada de las reglas nacionales en este ámbito, por encima de las que ya existen, no es deseable ni necesaria, y no estaría justificada desde el punto de vista de la subsidiariedad o la proporcionalidad». Esa es una respuesta deprimente, señor Comisario, así que sinceramente espero que, en la directiva de prestación de servicios que propone, reconozca que esta es una cuestión importante, sobre todo que en estas situaciones discutimos muchas veces profundas tragedias humanas. 
Cashman (PSE ),
   . – Señor Presidente, creo que debo dejar constancia de una cuestión con respecto a la intervención del Sr. Titford. Quisiera señalarle que el informe trata de la adopción de medidas relativas a la repatriación de restos mortales. Se trata de barreras a la traslado en lugar de las condiciones del cadáver. Quiero que se acepte el principio.
El Sr. Titford podría haberme sugerido enmiendas en cualquier momento. A pesar de las discusiones habidas en Estrasburgo sobre mi informe, no propuso ninguna enmienda posteriormente. Estoy muy triste. Siempre trato honesta y abiertamente con todos mis colegas, pero él me halagó en privado y no actuó públicamente. Tengo que dejar constancia de esto. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0400/2003) de la Sra. Lucas, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la estrategia de la Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima (COM(2002) 595 - C5-0154/2003 - 2003/2064(INI))
Lucas (Verts/ALE ),
   . – Señor Presidente, quiero empezar con palabras de elogio para la Comisión. En la primera lectura sobre los niveles de azufre en los combustibles marítimos, el Parlamento Europeo reclamó unos niveles más estrictos de azufre en los combustibles marítimos, y como primer paso en esta dirección, me complace que la Comisión haya solicitado un estudio –que acaba de presentarse– que investiga las cuestiones específicas implicadas, derivadas de un sobreprecio potencial por el 0,5% de azufre en los combustibles marítimos. Así que me complace ver que la Comisión se tome tan en serio la iniciativa del Parlamento, y esto es un punto muy positivo para empezar.
No obstante, también existe un punto negativo: todavía estamos esperando una posición común sobre esa propuesta. La primera lectura del Parlamento Europeo se realizó en junio de 2003, así que una pregunta preliminar que tengo es: ¿por qué el Consejo no ha avanzado más? ¿Podría aclararnos la Comisión para cuándo podremos esperar esa posición común? Espero que podamos tenerla a principios de 2004 a más tardar.
En cuanto a la estrategia de la Comunidad sobre la contaminación atmosférica procedente de los buques de navegación marítima, como he dicho antes acojo con gran satisfacción la publicación por parte de la Comisión de esta comunicación sobre una estrategia de la Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas.
Tal y como afirma, la Comisión ha establecido una amplia serie de objetivos, acciones y recomendaciones para reducir las emisiones de contaminantes del aire procedentes de los buques de navegación marítima en los próximos diez años con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente y los problemas de salud humana en la UE. Sin embargo, muchas de las propuestas señaladas se quedan cortas y en mi informe intento animar a la Comisión y a los Estados miembros a que vayan un poco más allá de lo que se señala en la comunicación de la Comisión.
La Comisión establece de manera muy útil la magnitud del impacto de las emisiones procedentes de los buques. Es muy importante que reconozcamos que esos impactos no son ni mucho menos insignificantes. En mi exposición de motivos subrayo la gravedad de estos impactos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, las emisiones procedentes de los buques contribuyen a que las cargas críticas de acidez se superen en más de un 50% en la mayor parte de las zonas costeras a lo largo del Canal de la Mancha y el mar del Norte, en el mar Báltico a lo largo de la costa de Polonia y Alemania, y también en grandes zonas del sur de Suecia y Finlandia. Así que los tipos de impacto de los que estamos hablando aquí son, sin duda, muy graves.
En cuanto a las principales emisiones atmosféricas que debería tratar la comunicación de la Comisión, ya menciona el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, las partículas, el dióxido de carbono y el halón: todos ellos están incluidos como es debido. Sin embargo, en mi informe intento añadir dos categorías más de emisiones que debería cubrir la estrategia: los metales pesados y policíclicos aromáticos, que son esencialmente hidrocarburos asociados al cáncer. Me gustaría que la propuesta se ampliara para incluir estos últimos.
La Comisión tiene razón al afirmar que la normativa comunitaria sobre los niveles de emisiones es el mejor modo de reducir las emisiones de los buques en los puertos, en las aguas territoriales y en las zonas económicas exclusivas de la UE. Pero, sin duda, es correcto observar que los instrumentos económicos constituyen uno de los mejores medios de promoción de un buen rendimiento medioambiental siempre que lo que hagan sea proporcionar incentivos para llegar más allá de la normativa y, de hecho, utilizar la mejor tecnología disponible.
Otro aspecto del objetivo de la comunicación es que tiene que propugnar de modo más explícito la reducción de las emisiones por los buques de gases de efecto invernadero en particular, considerando especialmente su impacto en el recalentamiento global. En relación con esto, mi informe también solicita que la Comisión estudie la manera en que las emisiones generadas por el tráfico marítimo internacional podrían incluirse en la Directiva 2001/81/CE sobre topes nacionales de emisión cuando se revise.
Además, mi informe recuerda a la Comisión el Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente, que solicita que la Comisión identifique y lleve a cabo acciones específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo si dichas acciones no son acordadas por parte de la Organización Marítima Internacional en 2003. Puesto que vemos que no se han acordado estas acciones por parte de la OMI, espero sinceramente que la Comisión siga adelante y emprenda dichas acciones sin más dilación.
En cuanto a las emisiones de azufre, cabe mencionar la propuesta de la Comisión sobre la revisión de la Directiva 99/32/CE relativa al contenido de azufre de los combustibles marítimos. La Comisión tan solo proponía reducir las emisiones de azufre procedentes de buques de navegación marítima en zonas marítimas europeas en un 10% con respecto a los niveles de emisión de 2000. Pero a fin de alcanzar los objetivos del Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente, las emisiones tienen que reducirse al menos un 80%. Por tanto, la Comisión tiene que ser mucho más ambiciosa en cuanto a los valores límite que ha propuesto, y las zonas marítimas en que deben regir dichos valores límite. Por lo tanto, mi informe pide a la Comisión que modifique su propuesta de revisión de la Directiva 99/32/CE de acuerdo con la primera lectura del Parlamento Europeo del mes de junio, cuyo objetivo era reducir las emisiones de azufre un 80%.
La Comisión también debería publicar, antes de finales de 2004, propuestas de instrumentos económicos comunitarios destinados a reducir las emisiones atmosféricas de los barcos. Por último, me gustaría que los Estados miembros, la Comisión y los países candidatos ejercieran una presión real sobre los países que todavía no han ratificado el Anexo VI del Acuerdo Marpol. Tan solo cinco Estados miembros lo han hecho hasta ahora, y parece llegado el momento de pedir urgentemente una ratificación más amplia por parte de los países en vías de adhesión. 
Bolkestein,
    Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Lucas, por su minucioso y bien redactado informe sobre la estrategia de la Comisión respecto a las emisiones procedentes de los buques.
La reducción de las emisiones de contaminantes del aire y gases de efecto invernadero procedentes de los buques es una prioridad para la Comisión, puesto que sabemos que si no se toman medidas, en 2020 los buques emitirán en los mares de la Unión Europea más contaminantes del aire que todas las fuentes terrestres juntas. Por tanto, acojo con satisfacción la mayoría de las propuestas del proyecto de resolución del Parlamento y me complace decir que la Comisión ya está trabajando para llevarlas adelante.
Por ejemplo, respecto a los instrumentos basados en el mercado, estamos examinando una serie de posibles opciones. En septiembre de 2003 celebramos un fructífero seminario con las partes interesadas al que se invitó a parlamentarios.
En la cuestión de la consideración de las emisiones procedentes de buques internacionales y los topes nacionales de emisión de la UE, queremos lanzar en breve un estudio para conseguir una mejor perspectiva de la envergadura de las emisiones procedentes de buques en los Estados miembros comparadas con las emisiones de fuentes terrestres. En cuanto al uso de electricidad del litoral y tecnologías de reducción para los contaminantes del aire, tenemos la intención de utilizar el mismo estudio para examinar los costes y los beneficios y presentar ejemplos positivos. Incorporaremos los resultados de este trabajo en el Programa «Aire Limpio para Europa» en 2005 y presentaremos las propuestas adecuadas.
La cuestión del azufre de los buques es, sin duda, objeto de negociaciones para la codecisión sobre la propuesta de la Comisión relativa al azufre de los combustibles marítimos. La propuesta, tal y como está redactada, comportaría una reducción significativa del 40% de las emisiones de dióxido de azufre centrada en el norte de Europa.
El avance del Consejo en relación con la propuesta ha sido más lento de lo que nos habría gustado, pero hemos utilizado el tiempo adicional para investigar los costes y beneficios de los límites de azufre más estrictos que propuso el Parlamento Europeo en junio de 2003. Para responder más concretamente a los puntos planteados por la Sra. Lucas, compartimos su preocupación por el lento avance del Consejo y esperamos que se pueda acordar una posición común bajo la Presidencia irlandesa a principios de 2004.
Hemos visto que el límite del 0,5% de azufre en el combustible propuesto por el Parlamento Europeo daría lugar a un suplemento de precio de unos 70 euros por cada tonelada de combustible. Los beneficios medioambientales y humanos del límite más estricto de azufre todavía pesarían más que los costes, pero los costes totales para el sector naviero se duplicarían hasta sobrepasar los 2 000 millones de euros. Debemos considerar si esto es proporcionado, teniendo en cuenta el compromiso de la Comisión de promover un cambio modal del transporte por carretera al marítimo.
Por último, en respuesta directa a una cuestión planteada por la Sra. Lucas sobre la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, me complace informarle de que la Organización Marítima Internacional va a adoptar una estrategia sobre dicha cuestión esta misma semana. 
Goodwill (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Lucas por su informe y también rendir homenaje a la Sra. Hautala, en cuyo informe original se basa el presente informe y que ahora ha vuelto a la política nacional en Finlandia. El informe subraya una cuestión de la que ni siquiera son conscientes los ciudadanos de la Unión Europea, a pesar de que lo que dice el Comisario es totalmente cierto. Si las tendencias actuales continúan, más de la mitad de la contaminación producida en la UE estará en el mar.
Es cierto que el uso del transporte marítimo y la navegación fluvial es el modo de transportar mercancías que menos daña al medio ambiente, con la posible excepción de una locomotora que use electricidad producida en una central nuclear. Es importante que se desarrolle este tipo de transporte en particular. También es cierto que aliviamos las carreteras. En mi país, la falta de inversión en las carreteras significa que una alternativa podría ser el desarrollo del transporte costero, usando puertos, por ejemplo Scarborough y Whitby en mi región.
No obstante, hay inconvenientes respecto a las mejoras que hemos alcanzado en tierra y en la calidad del combustible. Si llenas el coche con el último gasóleo de 10 partes por millón, el inconveniente es que el azufre, que se ha sacado del gasóleo, se queda en el combustible que va a los buques, y podría ser de 26 000 partes por millón.
El informe Hautala, en primera lectura, solicitaba reducciones hasta un 1,5% en zonas sensibles como el Canal de la Mancha, el Báltico y el mar del Norte. Es muy alentador que las enmiendas que presenté en primera lectura en relación con la tecnología de reducción se aceptaran. Los transbordadores P[amp]O, que operan la ruta Dover-Calais, tienen dos buques idénticos operativos, uno con la tecnología de reducción y otro sin ella. Espero que la Comisión considere los resultados iniciales de estas pruebas para ver si esta tecnología es un modo alternativo más rentable de alcanzar los objetivos que nos proponemos. Espero que la Comisión se tome estas enmiendas más en serio que algunas de las enmiendas a las que el Comisario se ha referido, que solicitan unos niveles todavía más estrictos que podrían no ser rentables.
Hemos de tener en cuenta que si reducimos los niveles de azufre del combustible para los buques, aumentamos las emisiones en la refinería de petróleo en la que se reducen estos niveles de azufre. Es importante que actuemos a nivel internacional, y no de modo unilateral, a través de la Organización Marítima Internacional y el Anexo VI del Marpol. Es especialmente decepcionante que solo cinco Estados miembros hayan ratificado el Anexo VI del Marpol. A menos que haya habido un cambio de situación al que el Comisario pueda referirse, entiendo que el Reino Unido –que siempre critica a otros países que no ratifican acuerdos como el de Kioto– no ha ratificado el Anexo VI del Marpol.
Es sumamente importante, desde el punto de vista de las emisiones, ver dónde ocurren. Las emisiones en medio del océano Atlántico no causan problemas en tierra. Me preocupa que algunas de las propuestas más ambiciosas del informe de la Sra. Lucas, como por ejemplo el recorte del 80%, estén desproporcionadas en cuanto al coste. Pero ahora contamos con un informe razonablemente equilibrado que apoyaremos complacidos en la votación del pleno de mañana. 
Souchet (NI ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, respecto al tema de la Directiva, no se puede negar la necesidad de reducir las emisiones atmosféricas de azufre causadas por el transporte marítimo, que debe esforzarse lo mismo que el transporte terrestre a este respecto. Las zonas graníticas son especialmente vulnerables al fenómeno de la acidificación causada por estas emisiones de azufre y por ello deben recibir un tratamiento prioritario.
Sin embargo, debemos asegurarnos de no penalizar a nuestros propios armadores estableciendo normas que no tengan suficientemente en cuenta la naturaleza internacional del transporte marítimo. En este ámbito, como en muchos otros, la Unión es un mero intermediario. El foro relevante para impulsar los reglamentos es en este caso la OMI.
Por este motivo estamos a favor de las medidas encaminadas a limitar el contenido máximo de azufre de los combustibles marítimos utilizados en el Mar del Norte, el Canal de La Mancha y el Mar Báltico, puesto que se ajustan a los topes establecidos por la Convención Marpol de la OMI. También podría haber ampliaciones en este ámbito si estuvieran definidas dentro del marco OMI.
Sin embargo, no creemos que las propuestas adicionales de la ponente sobre los otros dos aspectos de la Directiva relativa a los niveles aplicables a los buques de pasajeros y a los buques en los puertos sean apropiadas. No incorporan la necesidad de proceder de forma gradual en estos ámbitos con el fin de tener en cuenta los grandes imperativos técnicos impuestos a nuestros armadores por estas nuevas directrices, ni la necesidad de desarrollar estas reducciones de emisiones en el marco de la OMI, que parece estar dispuesta a actuar. Por el contrario, suscitan la discriminación que podría perjudicar los intereses europeos. 
Bolkestein,
    Señor Presidente, como he dicho antes, la Comisión acoge con satisfacción, en términos generales, este informe. Sin embargo, hay dos puntos que la Comisión considera difíciles de aceptar.
En primer lugar, creo que una propuesta que incluya hidrocarbonos poliaromáticos y metales pesados en la estrategia de emisiones procedentes de buques puede ser un poco prematura. El seguimiento de estos contaminantes no es actualmente obligatorio en la Unión Europea y no se han establecido valores límite. Sin embargo, esto se contempla en una nueva propuesta de la Comisión sobre la calidad del aire ambiente.
En segundo lugar, la Comisión está algo decepcionada por la propuesta de que los buques que viajan a regiones insulares remotas deberían estar exentos de los límites de emisiones. En nuestra opinión, el aire limpio es un derecho humano para todos los ciudadanos de la UE, independientemente de dónde vivan. Mis servicios han recibido recientemente una carta de una mujer de Creta que protestaba por el humo negro y sucio que los buques expulsan al interior de su casa en el puerto de Iráklion. El uso de electricidad costera en los puertos, que la Sra. Lucas, la ponente, intenta promover, reduciría drásticamente las emisiones de los contaminantes del aire y el ruido, ofreciendo unas mejoras reales en la calidad de vida de las ciudades portuarias.
Por último, quisiera subrayar que el puntal esencial de la estrategia de la Comisión es colaborar con los Estados miembros para promover soluciones mundiales a través de la Organización Marítima Internacional, la OMI. A este respecto, quisiera acoger con satisfacción y hacerme eco del llamamiento del Parlamento a los Estados miembros de la UE y países en vías de adhesión a que ratifiquen, con carácter urgente, el Anexo VI de la Convención sobre la Contaminación del Aire, Marpol, de la OMI, y que envíen propuestas a la OMI a favor de unas normas mundiales más estrictas.
En conclusión, quisiera decir al Sr. Goodwill que la Comisión tiene mucho interés en su comparación entre los dos transbordadores que viajan entre Calais y Dover. Se trata de un experimento controlado que debería beneficiar a todos nosotros. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación se celebrará mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0410/2003) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido (COM(2003) 397 - C5-0359/2003 - 2003/0169(CNS)).
Bolkestein,
    Señor Presidente, el 23 de julio de 2003 la Comisión presentó su propuesta para simplificar y racionalizar la situación actual en relación con los tipos reducidos del IVA. Esta propuesta, basada en el artículo 93 del Tratado, tiene por objeto armonizar la legislación en la medida en que sea necesario para asegurar el buen funcionamiento del mercado interior. Por lo tanto, la Comisión no podría apoyar modificaciones a esta propuesta que supusieran un paso atrás. Dicho eso, quisiera hacer los siguientes comentarios relativos al informe presentado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
Estoy de acuerdo con la ponente en que no es el momento de realizar cambios drásticos. Por esa razón, la Comisión no ha propuesto ningún cambio con respecto a los tipos o la naturaleza opcional de los tipos reducidos para los Estados miembros. Por otra parte, es necesario racionalizar la situación actual.
El alcance limitado del anexo H, propuesto por la Comisión, tiene por objeto reducir las discrepancias entre los Estados miembros en lugar de aumentarlas, de acuerdo con los objetivos del mercado interior. Las discusiones sumamente difíciles en el Consejo sobre esta cuestión han puesto de manifiesto las posturas radicalmente divergentes sobre la cuestión del IVA y el uso de tipos reducidos. Esto refuerza mi opinión de que la propuesta de la Comisión es equilibrada.
Cualquier enmienda que introduzca nuevos tipos reducidos en sectores en los que en la actualidad se aplica el tipo normal, como para los CD, sería inaceptable, máxime porque la aplicación de tipos reducidos podría crear distorsiones a la competencia. La inclusión del calzado y la ropa infantiles también es inaceptable. Solo tres Estados miembros pueden aplicar tipos cero o superreducidos por derogación temporal. Los demás Estados miembros están obligados a aplicar los tipos normales.
La ponente propone mantener las derogaciones actuales, pero propone elaborar un nuevo anexo a la sexta directiva, que incluiría todos los suministros para los que solo un Estado miembro tiene una derogación específica, permitiendo así a todos los Estados miembros aplicar un tipo reducido a dichos suministros. No estoy convencido de que esta solución sea factible.
Quiero subrayar que la Comisión todavía está a favor de una eliminación progresiva real de estas derogaciones. En términos políticos, siempre se han considerado transitorias y destinadas a desaparecer en un momento dado. Ya en 1967, 1977 y de nuevo en 1992, en el momento de la introducción del mercado interior, el Consejo decidió autorizar a los Estados miembros en cuestión a mantener estas derogaciones. Sin embargo, el Consejo no estableció un plazo límite absoluto. No obstante, esto no significa que puedan permanecer indefinidamente. Por ese motivo sigo estando convencido de que hay que actuar en vista de la próxima ampliación, con el fin de asegurar a todos los Estados miembros, actuales y nuevos, la igualdad de oportunidades y unas condiciones equitativas. Quisiera recordarles en este contexto que se han fijado plazos límite concretos para todas las derogaciones de los países en vías de adhesión. Por último, quisiera volver a los resultados de la última reunión del Ecofin, que invitó a la Comisión a prorrogar el anexo K durante dos años más.
También he recibido una carta de su ponente que insta a la Comisión a que amplíe la vigencia del anexo K al menos seis años, con el fin de tener un período de aplicación total de diez años. Quisiera aprovechar esta oportunidad para explicar por qué estoy convencido de que una prórroga del Anexo K no es una solución realista.
En primer lugar, los informes de los Estados miembros y de la Comisión han demostrado claramente que los tipos reducidos no son una manera rentable de crear empleo. Sin embargo, ya he indicado al Consejo que estaba dispuesto a hacer la vista gorda con aquellos Estados miembros que, después del 1 de enero de 2004, siguieran aplicando los tipos reducidos introducidos en el marco del experimento de los tipos reducidos por servicios intensivos en mano de obra. El motivo era proporcionar al Consejo más tiempo para encontrar una solución basada en la propuesta de la Comisión. Dicha situación solo podía continuar por un corto período de tiempo: por eso hablé de un período de seis meses.
Una prórroga simplemente pospondría, una vez más, la solución de este problema. Además, podría dar lugar a la expectativa de que el experimento devendría permanente. Es más, una simple prórroga excluiría a otros Estados miembros, y en particular a los nuevos Estados miembros, de la posibilidad de introducir tipos reducidos en los sectores implicados y por lo tanto sería una fuente añadida de discriminación.
En ese contexto, quisiera recordar al Parlamento que la Comisión ya ha propuesto la introducción, de una vez por todas, de la vivienda y los servicios de atención doméstica en el anexo H. Eso forma parte del ejercicio de racionalización de la situación actual y tiene en cuenta el hecho de que los tipos reducidos ya se están aplicando en la mayoría de Estados miembros.
Para concluir, por las razones que he señalado, la Comisión sigue convencida de los méritos de su propuesta y quiero invitar a sus Señorías a que reconsideren con sumo cuidado su postura respecto a esta cuestión. 
Randzio-Plath (PSE ),
   . – Señor Presidente, a la vista de los comentarios del señor Comisario, pediría a la Mesa de la Cámara que considere una vez más si podría ser importante permitir que la ponente hable en primer lugar, puesto que formamos parte del proceso legislativo y la Comisión está simplemente realizando una propuesta. Creo que este es un problema fundamental de democracia parlamentaria, y debemos abordarlo.
En cuanto a la cuestión que nos ocupa, quisiera empezar con el último punto. Esta Cámara ha presionado a favor de un tipo reducido de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra. Lamentablemente, esto no se adoptó con carácter obligatorio por parte del Consejo de Finanzas, sino que simplemente se introdujo como una opción, y algunos Estados miembros lo han puesto en práctica. Sin embargo, se ha aplicado de forma muy provisional, por lo que tenemos muy poca experiencia para poder evaluar el impacto de este tipo reducido de IVA sobre el trabajo y la economía sumergida. Esto significa que después de dos años ni siquiera sabíamos si esta disposición se prorrogaría durante un año más, y somos conscientes de que muchas empresas no estaban dispuestas a correr el riesgo y por este motivo no participaron en el experimento.
Así que permítame preguntarle lo siguiente, señor Comisario. Si cogemos una actividad de prestación de servicios sencilla como la peluquería, en la que podemos ver que ha habido un aumento del número de empleados por cuenta propia y ajena –miles en España y cientos en Luxemburgo y Bélgica–, ¿no deberíamos tomarlo como señal de que lo que ha estado ocurriendo es algo que tenemos que evaluar? Además, ¿piensa usted que es correcto que después de tan poco tiempo y sobre la base de análisis tan escuálidos por parte de los Estados miembros, usted concluya que los tipos reducidos de IVA no han tenido un impacto real en el empleo, máxime cuando en algunos sectores las cifras cuentan una historia muy diferente de las de sus informes? Por este motivo le insto a que prorrogue esta disposición –si no por diez años, entonces por seis años, no seis meses–, porque de otra manera no habrá seguridad jurídica para las empresas implicadas y tampoco podremos determinar si ha habido algún cambio de comportamiento por parte de los clientes y de los propios empresarios.
Permítanme referirme ahora al principio fundamental subyacente a su propuesta. Simpatizo mucho con la idea de un enfoque sistemático de los tipos reducidos de IVA, pero debo preguntarle lo siguiente, señor Comisario: la cuestión es introducir un sistema de IVA definitivo, basado en el principio de devengo en el país de origen, para que podamos implantar esto y establecer por fin una claridad genuina y sistemática. Todavía nos queda mucho camino hasta esa meta. En efecto, ni siquiera vemos cómo se va a avanzar en la cuestión del IVA. Por lo tanto, como una de las diputadas al Parlamento Europeo implicadas, la pregunta que tengo es esta, y se la planteo en nombre de mi comisión y también en nombre de este pleno: ¿Necesitamos reglas en sectores en que la competencia no está distorsionada y en que el funcionamiento del mercado interior no está afectado? Ha mencionado usted la ropa y el calzado infantiles, pero usted mismo pretende aplicar el tipo reducido de IVA a los asientos de coche para niños. Ya no entiendo el argumento, señor Comisario. También creo que es muy importante dejar claro que en la Unión Europea debe permitirse promover la cultura utilizando instrumentos y enfoques diferentes. Si algunos Estados miembros deciden seguir la senda del tipo impositivo y otros prefieren las subvenciones directas, debemos decirnos a nosotros mismos que esta Cámara respeta el principio de subsidiariedad, y solo aplica el principio comunitario donde se dan distorsiones reales de la competencia. No veo que en los ámbitos especificados en nuestro informe se impida de algún modo el funcionamiento del mercado interior, y tampoco veo que se invite a los consumidores a cruzar fronteras con el fin de adquirir productos o servicios o distorsionar el mercado. Realmente esto no es así. Por esa razón creo que todavía no estamos en condiciones de aplicar sus ideas. Le pido también que muestre comprensión para con los ciudadanos que quieren tratar el mercado interior como su mercado nacional. Por lo tanto, opino que la legislación fiscal debe tener en cuenta los intereses de los ciudadanos. Creo que nuestro informe ofrece un enfoque prometedor para compromisos que sirven a los intereses de un mercado interior de la UE que funciona bien. 
Lulling (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la Comisión ha adquirido recientemente la mala costumbre de presentarnos propuestas, entre otras cosas, con el pretexto de que desmantelan distorsiones de la competencia en el mercado interior y racionalizan el sistema de IVA. Lamentablemente, en el clima actual estas propuestas son contraproducentes. La propuesta que tenemos antes nosotros es un ejemplo. Nuestra ponente, la Sra. Randzio-Plath, ha hecho gala de moderación y realismo al elaborar su informe, por lo que merece un aplauso. También ha demostrado de nuevo estas cualidades de modo exhaustivo en su discurso.
En general, hemos seguido su línea porque quiere que los Estados miembros puedan mantener sus tipos reducidos de IVA. Esto se aplica especialmente a los tipos reducidos para los servicios de gran intensidad de mano de obra, como los de peluquería y otros, que se introdujeron en 2000. En el clima económico actual, sería un error generar una mayor inflación aumentando de modo sustancial los tipos de IVA. Por ejemplo, en mi país, este aumento conllevaría un salto del tipo de IVA del 6% al 15% por los servicios de gran intensidad de mano de obra enumerados en el anexo K. Esta disposición particular tenía por objeto crear empleo y reducir el trabajo no declarado. Expira a finales de año y no se renueva en la propuesta de la Comisión, porque según el informe de esta, su doble objetivo –que ya he mencionado– no se ha logrado. Sin embargo, nosotros no compartimos esta visión de las cosas ni –como ha explicado la Sra. Randzio-Plath– tampoco lo hacen las otras muchas personas a las que hemos consultado. También es dudoso que un experimento realizado durante tan solo tres años pueda calificarse de fracaso después de tan poco tiempo. Sería prematuro sacar conclusiones en este momento. Lamentablemente, no veo buena voluntad por parte de la Comisión, y nuestra comisión ha incorporado la mayoría de los servicios del anexo K en el anexo H bis ampliado, de manera que los tipos reducidos seguirán aplicándose si el Estado miembro así lo desea. En nombre de mi Grupo, hemos presentado enmiendas que permiten a los Estados miembros continuar el experimento al menos hasta que entre en vigor la nueva directiva. Si estas dos enmiendas son rechazadas, las disposiciones del anexo K –Señor Presidente, todavía me quedan los dos minutos asignados al Sr. Karas, que no está aquí– expirarán a finales de mes. Los Estados miembros tendrían entonces que aumentar los tipos antes de que se les permitiera reducirlos de nuevo en cuestión de meses cuando entre en vigor la nueva directiva y muchos de estos servicios podrán acogerse a los tipos reducidos. La situación se volvería bastante absurda.
La tercera enmienda, que he presentado en nombre de mi Grupo, permitiría a los Estados miembros retener los tipos intermedios del 12% por lo menos durante un período adicional de 15 años, para que el cambio no tuviera que ocurrir de modo brusco de la noche a la mañana, cosa que en mi opinión es razonable. A pesar de lo que el Comisario nos quiere hacer creer, tampoco hay necesidad de seguir su línea en aras de la ampliación. Espero que la Comisión le vea sentido a nuestra razonable propuesta y la apoye, y si no lo hace, confío en que el Consejo de Ministros vote unánimemente a favor.
Van den Burg (PSE ).
   – Señor Presidente, ¿son los impuestos únicamente un medio para generar ingresos para el Tesoro o pueden utilizarse también para otros propósitos de política gubernamental? Esta es, de hecho, la cuestión subyacente en la que yo, junto con otros, y el Comisario Bolkestein diferimos fundamentalmente. Es más, parece que cada vez se queda más solo en su rechazo puritano del uso del instrumento de los tipos reducidos de IVA, que todavía se halla en fase experimental, para promover el empleo. En la época de la cumbre del empleo de otoño de 1997 en Luxemburgo, la idea de los tipos reducidos de IVA se propuso aquí en este Parlamento. Esta idea ya chocó con la resistencia de la Dirección General que se ocupa de los impuestos y de una serie de Estados miembros. A pesar de esto, se decidió realizar, en una serie de sectores de gran intensidad de mano de obra muy selectivos, un experimento que no comportaría ninguna distorsión transfronteriza de la competencia. En estos sectores se permitió a los Estados miembros aplicar los tipos reducidos de IVA. Sin embargo, tenía que seguir siendo un experimento, limitado en el tiempo. No fue posible acordar de antemano unos criterios claros para evaluar los resultados del experimento. Esta evaluación también se realizó demasiado tarde: primero hubo que prorrogar el experimento y la evaluación se dejó a merced de los Estados miembros y se coordinó mal.
En los Países Bajos, el primer informe de evaluación despertó grandes críticas, y una reevaluación realizada a petición del Parlamento dio muchos resultados positivos. No dispongo de tiempo para entrar en detalles, pero creo que está usted familiarizado con estos informes. Sin embargo, he observado que finalmente solo ha adoptado usted el tenor negativo de estas evaluaciones y ha dado por terminado el experimento con lo que no son otra cosa que los prejuicios que le precedieron. Hubo una gran indignación en los Países Bajos por la simple cancelación de un experimento que había demostrado ser efectivo para los peluqueros, zapateros, decoradores y reparadores de bicicletas, y nada menos que en tiempos de recesión. Después de todo, no se necesitan modelos económicos para imaginarse por uno mismo que la reintroducción de los tipos altos costará un número muy alto de puestos de trabajo. Me complace que esta indignación también la comparta ampliamente esta Cámara. Además, aquí se aplica la siguiente lógica: si no hay efectos transfronterizos o que distorsionen la competencia, ¿por qué debería prohibir la UE que los Estados miembros apliquen los tipos de IVA que consideren adecuados? ¿Por qué no permitir a los Gobiernos y Parlamentos calibrar ellos mismos los objetivos para recaudar el máximo de impuestos o promover el empleo y legalizar el pluriempleo? El Consejo de Ministros Ecofin ya ha anunciado de modo claro y unánime su deseo de prorrogar el experimento y de eliminar la inseguridad actual de los implicados. En mi opinión, su respuesta a esta cuestión, ignorando esta petición y prometiendo únicamente tolerar la continuación ilegal del experimento, no muestra mucho respeto por las normas europeas y por el modo en que se aplican en los Estados miembros. «Tolerancia»: sin duda se trata de un chiste por parte de la Comisión, guardiana de los Tratados.
Por ello quisiera instar al Comisario una vez más a que realice una propuesta formal definitiva para prorrogar el experimento, y que lo haga antes de finales de mes, y en definitiva antes del 1 de enero de 2004. Después de todo, está bastante claro que hay un gran apoyo aquí en el Parlamento Europeo para incluir el experimento del anexo K en una incorporación estructural de estos servicios de gran intensidad de mano de obra al anexo H de la Directiva. También está claro que esto no se hará antes del 1 de enero. Cuanto antes esté operativo el instrumento estructural, mejor. Recibirá nuestro apoyo incondicional y mientras este no sea el caso, el experimento debe seguir en vigor sobre una base formal. 
Blokland (EDD ).
   – Señor Presidente, un experimento trienal para la aplicación de tipos reducidos de IVA a servicios de gran intensidad de mano de obra es corto, demasiado corto, en mi opinión, y sin duda demasiado corto si tenemos en cuenta el clima económico que ha tendido más a la baja que al alza en los tres últimos años. Señor Comisario, usted también sabe que en estas circunstancias es difícil dilucidar el efecto a largo plazo del IVA reducido en el empleo.
A esto se añade el hecho de que nos estamos bombardeando mutuamente con varios informes de investigación que formulan conclusiones contradictorias sobre el impacto en el empleo.
En resumen, que ya va siendo hora de que la Comisión acepte el veredicto unánime del Consejo y siga con el experimento.
Señor Bolkestein, sin duda me concederá que en tiempos de estancamiento económico virtual no es acertado aumentar el IVA. 
Berthu (NI ).
   – Señor Presidente, apoyamos firmemente la ampliación a todos los Estados miembros de las derogaciones concedidas a algunos de ellos con respecto a los tipos reducidos de IVA, por ejemplo para los servicios de restaurante.
También estamos a favor de mantener los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, aplicados a título experimental a partir de 1999. En el informe en que se evalúa la experiencia, la Comisión se mostraba escéptica, especialmente respecto a los efectos sobre el empleo. Por último, propone ciertas continuaciones, lo cual es positivo, pero las incluye en un plan más amplio cuyo objetivo es eliminar las derogaciones, lo cual suscita debates absurdos.
Como representantes elegidos, vemos los beneficios de estas reducciones del IVA sobre el terreno. El informe aportado por Francia también hacía hincapié en esto. Por lo tanto, creemos que deben continuar, o al menos, mientras tanto, que el experimento debe continuar varios años a lo largo del camino demostrado por el Consejo Ecofin de 25 de noviembre, por ejemplo, durante seis años, como acaba de proponer nuestra ponente. También nos parece que de acuerdo con el principio de subsidiariedad este tema debería ser, sin discusión, competencia exclusiva de los Estados. Completaré estas observaciones en mi explicación de voto. 
Villiers (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por el trabajo que ha realizado en este informe. Es muy bueno, y como el resto de mi Grupo, mañana lo apoyaré. En particular, quisiera dar las gracias a la Sra. Randzio-Plath por incluir una serie de enmiendas que reflejan las preocupaciones del sector de las asociaciones caritativas de la Unión Europea y también del Reino Unido.
Las asociaciones caritativas se enfrentan a muchas dificultades causadas por el sistema del IVA, y las enmiendas relativas a dichas asociaciones en el informe, que de hecho han sido presentadas por el Grupo del PPE-DE, son esenciales para intentar mitigar esos problemas. Existen otros problemas relativos al IVA irrecuperable, que lamentablemente no podemos resolver con este informe, pero también son muy importantes. Estas cuestiones son importantes para las asociaciones caritativas del Reino Unido, incluidos lugares como Chipping Barnet, en mi circunscripción.
También es vital que el Parlamento apruebe la enmienda para asegurar que los Estados miembros concedan un tipo reducido a las reparaciones de los edificios catalogados. Eso es crucial, especialmente para las iglesias del Reino Unido, muchas de las cuales están catalogadas. En muchos casos, las reparaciones de estas iglesias son increíblemente caras para los feligreses. Estas iglesias no solo tienen un significado religioso: también tienen una función social y cultural dentro de la comunidad. La carga que supone pagar un tipo completo del IVA hace que mantenerlas reparadas resulte mucho más difícil, así que espero sinceramente que el Parlamento y el Consejo apoyen los tipos reducidos de IVA para este tipo de reparaciones de edificios históricos protegidos.
También es vital preservar los tipos cero existentes en los Estados miembros. No hay razón por la que no puedan decidir ellos mismos imponer los tipos cero. Yo defiendo firmemente los tipos cero del Reino Unido, especialmente en relación con la ropa y el calzado infantiles. No veo ninguna razón por la que deban eliminarse. Desempeñan una función social importante, y mis colegas conservadores británicos y yo defendemos firmemente estos tipos cero y seguiremos defendiéndolos. 
Bolkestein,
    Señor Presidente, en primer lugar quisiera hacer un comentario sobre el anexo K, acerca del cual han expresado su opinión una serie de ponentes. Este Consejo había establecido estas reglas, incluidas las de la directiva para la evaluación, sobre el anexo K. El Consejo –y no la Comisión– también estableció que el experimento debería llevarse a cabo durante tres años. De hecho, duró cuatro años, puesto que la Comisión quería más tiempo para analizar los resultados. Quiero subrayar que el Consejo estipuló cuáles deberían ser las reglas.
La Comisión no ha propuesto mantener el anexo K. Y lo hace porque no es efectivo. Los informes que ha recibido la Comisión de la mayoría de Estados miembros –incluidos los Países Bajos y Francia, cuyas opiniones difieren– indican que no existe un efecto positivo visible sobre el empleo. La razón es muy simple: en poquísimos casos la reducción de impuestos llega al consumidor.
De hecho, cito a mi esposa, que dijo que nunca había visto una reducción de los precios de los peluqueros. No sé si la Sra. Lulling está de acuerdo con esto, o si sabe de algún una reducción de los precios de los peluqueros. Mi esposa no lo ha visto, y la razón es que los peluqueros se guardan la reducción de impuestos en el bolsillo y, por tanto, el anexo K es un subsidio a los peluqueros.
No tengo nada en contra de los peluqueros, pero ¿por qué deberíamos subvencionarlos? Esto no tiene un efecto positivo en el empleo, y si se quiere estimular el empleo, es mejor reducir los gastos sociales adicionales del trabajo por la misma cantidad de dinero. Se crea el 52% más de empleo reduciendo los gastos adicionales del trabajo en lugar del IVA.
La Comisión no ve ninguna razón por la que deba realizar una propuesta, y eso es precisamente la razón por la que la unanimidad en el Consejo no funciona. Solo funciona si existe una propuesta, y entonces se anula. En este caso, no habrá propuesta, y por lo tanto, la unanimidad en el Consejo no puede anular lo que no existe. La misma situación se ha dado previamente en el caso de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos. No había propuesta, y por lo tanto, nada que anular.
La Sra. van den Burg ha dicho que no respeto las reglas de la Unión Europea. Quisiera saber qué regla no respeto. Soy escrupuloso en el respeto de todas las reglas de la Unión Europea. Es el Consejo el que estableció todo este experimento por un período de tres años. La Comisión lo hizo de cuatro años. Es el Consejo, y no la Comisión, quien dijo que esto se hacía con el fin de incrementar el empleo. Por tanto, la idea en su conjunto tiene su origen en el Consejo. Es un experimento, y se supone que los experimentos deben interrumpirse si no funcionan. Por eso son experimentos. Por lo tanto, ¿por qué debería la Comisión proponer una prórroga del anexo K si no ha funcionado?
Señora van den Burg, no veo dónde este Comisario no obedece o sigue las reglas.
En la cuestión más amplia de los tipos reducidos, el tipo normal es el comúnmente usado. Ronda en torno al 20% en la mayoría de los países. Ese es el tipo normal. Todas las derogaciones deben interpretarse estrictamente, y por lo que respecta al mercado interior y a las distorsiones de los mercados, deberíamos ser muy estrictos.
La Sra. Randzio-Plath ha mencionado el calzado infantil, que tiene el tipo cero en el Reino Unido e Irlanda. Pero si miran las cifras, está claro que de nuevo no existen beneficios visibles para el consumidor. Las diferencias entre los precios del Reino Unido y los precios del Continente son las mismas, ya se aplique el tipo alto o el tipo reducido. Eso demuestra que es el fabricante o el comerciante a quien se subvenciona, pero sin duda no es el consumidor final.
En cuanto a los CD, por su naturaleza son fácilmente transportables, y por tanto, si los tipos difieren, ha una distorsión inevitable del mercado interior. En este momento, ningún Estado miembro aplica los tipos reducidos a los CD, y por tanto, si lo hiciéramos, sería de nuevo un paso atrás.
Por eso vuelvo al Anexo K. He comunicado al Consejo de Ministros que la Comisión no presentará cargos o iniciará un procedimiento de infracción por incumplimiento en contra de aquellos Estados miembros que sigan aplicando el anexo K como si todavía estuviera en vigor, que no lo estará. Pero reconozco que puede que los Estados miembros necesiten cierto tiempo para organizar sus asuntos, y por eso he dicho que durante los primeros seis meses del año que viene no emprenderé ningún procedimiento de infracción. Pero el anexo K ya no existirá. 
Randzio-Plath (PSE ),
   . – Señor Presidente, el Sr. Comisario no ha dado una explicación suficiente de por qué presenta esta propuesta en este preciso instante. Tampoco ha dado una explicación suficiente de por qué no quiere permitir que este experimento con tipos de IVA reducidos para servicios de gran intensidad de mano de obra continúe, aunque debe darse cuenta de que el análisis de los hechos es equivocado, dado que los informes de los Estados miembros son tan generales que no se resisten el escrutinio científico. La Comisión está obligada a proporcionar al Parlamento una opinión bien fundada, no solo una opinión general con retales de información que simplemente sugieren que no se detecta un impacto tangible en la reducción del trabajo no declarado.
Señor Comisario, existen institutos de investigación económica que pueden realizar este estudio para usted. También existen institutos de ciencias sociales que lo pueden hacer. Este Parlamento –y de hecho, usted mismo– debe tener una base sólida para una decisión, y usted sabe perfectamente que un período de seis meses no es tiempo suficiente para realizar estudios de ningún tipo. Por tanto, le insto a que sitúe este experimento, que nadie se ha tomado en serio, al menos sobre una base seria y deje que funcione durante los próximos seis años. 
Bolkestein,
    Señor Presidente, en respuesta a la última observación de la Sra. Randzio-Plath –que le agradezco– quisiera decir que la base de las decisiones de la Comisión son los informes elaborados por los Estados miembros; estos informes no los redacta la Comisión. Según las reglas establecidas hace cuatro años, confiamos en estos informes. No veo por qué la Sra. Randzio-Plath necesita más pruebas.
Puedo enviarle los informes si quiere, pero en ellos se basan las decisiones de la Comisión. Yo no soy responsable del modo en que los Estados miembros redactan sus informes: eso es asunto suyo. I use them as they come in. La Comisión los ha considerado y ha visto que las pruebas son insuficientes. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
