Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Seppänen
Señor Presidente, el acta incluye un claro error en relación con la intervención del Comisario Bangemann. El Sr. Bangemann debía hablar de la posición de la Comisión acerca de dos declaraciones relativas a las relaciones transatlánticas y al sistema ECHELON. El Comisario Bangemann ni habló sobre el sistema ECHELON durante su intervención propiamente dicha, ni mencionó siquiera que tuviera intenciones de hacerlo con posterioridad. Este hecho se puede comprobar por medio de las actas literales de la sesión. En este contexto, cabe señalar que el Sr. Bangemann ha violado el procedimiento parlamentario, ya que no ha hablado del sistema ECHELON, refiriéndose únicamente a la otra declaración de la Comisión. El Comisario Bangemann no ha estado en ningún momento preparado para hablar de ECHELON. No tenía nada que decir al respecto, no sabía nada de este cuestión. Por este motivo, creo que el Parlamento Europeo no debería dar su aprobación a una supuesta declaración por parte del Comisario Bangemann acerca de este asunto. Propongo que se obligue a la Comisión a ofrecer una nueva declaración sobre ECHELON para poder someter debidamente esta cuestión a debate, de modo que también los miembros del Parlamento Europeo puedan intervenir acerca de este asunto. Desearía que se modificara el acta en lo que concierne a esta intervención del Comisario Bangemann, así como que se devolviera este punto a la Comisión para que presente una nueva declaración al respecto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Seppänen, por su intervención. En realidad, no creo que se ha violado nuestro Reglamento, sin embargo, ha habido un problema de comunicación entre nuestros servicios y los de la Comisión, por lo que el debate de ayer por la tarde no se desarrolló según el procedimiento convenido. Desde este punto de vista, es comprensible su decepción y la de las Señorías que asistieron al debate al que usted se ha referido.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, lamento tener que decir que lo que acaba de manifestar el señor Seppänen es cierto: el problema no ha sido el resultado de un malentendido. Se expuso en tres ocasiones la necesidad de celebrar un debate conjunto y luego se decidió dividirlo en dos partes, a pesar de que era evidente para todos que no era adecuado abordarlo en dos partes. Finalmente, a última hora se anunció que se podrían formular preguntas y luego sólo los dos grandes grupos tuvieron la oportunidad de intervenir. Esta no es manera de proceder. Nosotros protestamos decididamente contra el procedimiento que se ha seguido. No es aceptable que este tema se trate tal como lo hizo el señor Bangemann ayer.

El Presidente
Muchas gracias. ¿Hay alguna observación más?
(El Parlamento aprueba el Acta de la sesión anterior)

Modificación del Reglamento financiero
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0308/98) del Sr. Dell'Alba, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento (CE, CECA y Euratom) del Consejo (COM(98)0206 - C4-0290/98-98/0130(CNS)) por el que se modifica el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas.

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, comprendo que el interés que despierta este informe no es de los más vivos, sin embargo, es un acto debido e importante para nuestro Parlamento, así como para la vida de la Unión Europea y la plena integración de los instrumentos de la Unión Económica y Monetaria en las normas de la Unión. El Reglamento financiero forma parte de las disposiciones fundamentales y sirve para regular las relaciones entre las Instituciones y la manera en que éstas, empezando por la Comisión, ejecutan el presupuesto de la Unión Europea. La introducción del euro en el contexto de la Unión Europea motiva y justifica una serie de medidas periódicas que, en esta ocasión, están dirigidas a modificar el Reglamento financiero.
A través del presente informe, nuestro Parlamento expresa su dictamen sobre las modificaciones propuestas por la Comisión que, al fin y al cabo, aprobamos con una serie de enmiendas que trataré de ilustrar brevemente. El ámbito de este informe es limitado, por lo que la Comisión de Presupuestos ha decidido seguir el camino indicado por la Comisión, es decir, limitar las modificaciones específicas del Reglamento financiero a los aspectos más urgentes, o sea, los que nos van a permitir poner en vigor dichas medidas el 1 de enero de 1999 -precisamente para adaptar el Reglamento financiero al euro- y aplazar hasta la próxima e inminente nueva propuesta de modificación las demás enmiendas que incluso podrían ser aceptadas plenamente, pero que, en nombre de la Comisión, he de manifestar que no voy a apoyar, al menos como ponente, por una cuestión de principio. Digo esto también por lo que respecta a las enmiendas presentadas por algunas Señorías que han propuesto ampliar el ámbito de estas modificaciones.
Vamos a ver de qué se trata en detalle. En primer lugar, se trata de la introducción del euro en el Reglamento financiero y de la adaptación de los mecanismos del debe y del haber respecto al presupuesto de la Unión de los Estados que forman parte de la zona euro. En segundo lugar, se trata de adaptar el Reglamento financiero a una disposición muy importante de la Unión Económica y Monetaria: el sistema de multas. Sabemos que los Estados que, de ahora en adelante, no respeten las normas y las reglas de aplicación de la política económica común estarán sujetos al pago de unas multas. A través de las enmiendas del Parlamento, pretendemos consignar dichas multas en el presupuesto, sin perjuicio de transferirlas después conforme al Tratado de Maastricht -a través de una artificio que deroga las disposiciones generales- a los Estados que forman parte de la zona euro. Por último, muchas de estas enmiendas se refieren a las competencias en materia de ejecución de las demás Instituciones. El Tratado de Amsterdam suprime la estructura organizativa común del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social. La enmienda presentada tiene por finalidad adaptar el texto a tal disposición. Entre las Instituciones a las cuales se les reconocen competencias en materia de ejecución -incluidos el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social- pedimos que se incluya también al Defensor del Pueblo. Consideramos que ello es posible y proponemos esta modificación en mi informe.

Sarlis
Señor Presidente, quisiera subrayar que la Comisión de Control Presupuestario ha aprobado por unanimidad las cuatro enmiendas que había presentado el grupo Popular Europeo, que es al que pertenezco, tras la votación del informe del Sr. Dell'Alba en la Comisión de Presupuestos, y de esa forma podrá materializarse la opinión de la Comisión de Control Presupuestario.
Quisiera centrar la atención de la Asamblea y de la Comisión en una enmienda que habíamos presentado relativa a la ampliación de las competencias de la UCLAF para el control de otras instituciones de la Comunidad. Se trata de un anexo al apartado 2 del artículo 22, con el fin de que la UCLAF pueda ejercer una labor de control sobre la ejecución de partes del presupuesto que tengan que ver con otras instituciones y le rogaría que dicha enmienda fuese sometida a votación.
Las restantes tres enmiendas tienen relación con temas de gestión de algunos programas dirigidos a países terceros, y especialmente a los países aspirantes, y que tienen que ver con la posibilidad de autogestión de las partidas comunitarias por parte de los propios programas.
Finalmente, señor Presidente, repito que es importante poder someter a votación esas enmiendas, especialmente la relativa a la ampliación de las competencias de la UCLAF como he referido antes, para que ella pueda efectuar el control de otros órganos institucionales y de otros servicios de la Unión Europea. En este punto rogaría que contásemos con la opinión del señor Comisario, es decir, que nos haga saber si la Comisión va a aceptar esas cuatro enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario.

Rübig
Señor Presidente, Señorías, yo puedo apoyar en lo esencial la propuesta de modificación del Reglamento financiero. La deseada continuación del desarrollo de la integración europea y sus fundamentos jurídicos, el Tratado de Maastricht, la Cumbre de Edimburgo y el Tratado de Amsterdam han introducido enormes modificaciones en el Reglamento financiero original. Con objeto de restituir al texto una mayor coherencia interna, debemos acoger con satisfacción la presente modificación como una primera etapa con vistas a una revisión general.
En primer lugar, yo quisiera aprovechar, sin embargo, la ocasión de la modificación formal que hoy se debate para destacar la importancia de sus contenidos implícitos. La modificación del Reglamento financiero es un aspecto pequeño pero significativo del camino para acceder a la tercera fase de la Unión Monetaria. Por un lado, como ya sabemos por las negociaciones en curso sobre el Presupuesto de la Unión para el año próximo, el euro va a reemplazar dentro de pocas semanas al ecu como unidad monetaria. El presupuesto también tiene que elaborarse teniendo en cuenta este cambio. Por otro lado, al mismo tiempo también es necesario adaptar las normas financieras de la Comunidad al pacto de estabilidad y crecimiento económicos. Éste es la espina dorsal de la moneda común europea. Todos recordamos muy bien los esfuerzos que realizaron los distintos Estados miembros para alcanzar la convergencia económica, que constituye el requisito previo y el fundamento de un euro estable. El pacto de estabilidad y crecimiento deberá garantizar también en el futuro que los Estados participantes no incurran en déficit excesivos. El mecanismo especial de sanciones afecta, por consiguiente, también al presupuesto comunitario, que constituye el instrumento idóneo para su aplicación. Este planteamiento explica la importancia de la adaptación que aspiramos a llevar a cabo.
Nuestro objetivo en este contexto, y también en general, ha de ser preparar todos los procedimientos internos con vistas a la introducción del euro, garantizando a la vez la máxima transparencia.

Colom i Naval
Señor Presidente, ¿qué añadir a las palabras de nuestros ponentes? Poca cosa y, por tanto, espero ser breve. Pero, en primer lugar, quisiera felicitarles y muy especialmente al Sr. Dell'Alba, que ha realizado un excelente trabajo en una materia árida y sin embargo básica. Los trabajos legislativos suelen ser quizás menos divertidos que los informes de propia iniciativa pero tanto o más importantes.
No quisiera polemizar con el Sr. Sarlis, que ha utilizado una parte de su tiempo como ponente para reivindicar para su Grupo político unas enmiendas. Quisiera recordar a la Asamblea que, precisamente, aquella que ha subrayado es una enmienda de transacción entre el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos.
Entrando en materia y aunque, si queda tiempo, mencionaré más tarde otras cuestiones, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quisiera hacer hincapié en dos puntos: actualización del Reglamento y el Defensor del Pueblo.
Como bien ha dicho Gianfranco Dell'Alba, estamos ante una nueva puesta al día del Reglamento financiero de 1977. En él se recogen las novedades del Tratado de la Unión y del Tratado de Amsterdam, o al menos se establecen las previsiones reglamentarias para cuando éste entre en vigor. Nada que objetar, al contrario. Pero es la enésima actualización. Ya nadie sabe si es la séptima, octava, novena. Nadie lo sabe.
Y si bien el nuevo Reglamento financiero resultará formalmente correcto, quizás, lo que realmente se necesita es un nuevo Reglamento financiero, de nueva planta.
La Unión Europea que se prepara para ampliarse al Este es muy distinta de la Comunidad Económica Europea de los años setenta, que es cuando se sentaron las bases de este Reglamento financiero que estamos estudiando. Era una Comunidad que aún no disponía, ni tan siquiera, de un Parlamento Europeo elegido mediante sufragio universal, y que estaba iniciando las negociaciones para la adhesión de los países del Sur, Grecia, España y Portugal. Estamos muy lejos de ese panorama.
Por lo tanto, creo que la Comisión, que nos ha dicho tantas veces que está por la labor de hacer un nuevo reglamento financiero, debería activarlo. Tenemos entendido que hay incluso documentos de trabajo que, por cierto, no nos han enviado pero que algunos hemos obtenido, por supuesto. Pero estos documentos de trabajo deberían llegar al Parlamento y discutirse, establecer un diálogo sobre esta refundición del nuevo Reglamento financiero y tenerlo cuanto antes. Es absolutamente urgente.
El otro gran punto político es la correcta consideración de la figura del Defensor del Pueblo. El Parlamento Europeo podría ciertamente atribuirse su creación, puesto que fue una iniciativa parlamentaria recogida en Maastricht, pero creemos que la entidad político-institucional de la Oficina del Defensor del Pueblo requiere el tratamiento específico que le conceden las enmiendas que presenta el proyecto de resolución. La propia independencia del Defensor exige que no se le incluya dentro del presupuesto del Parlamento Europeo. Si el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social son órganos consultivos del Consejo y figuran en una sección propia ¿cómo el Ombudsman iba a aparecer integrado en la sección presupuestaria del Parlamento? No tiene lógica política. Por lo tanto, defendemos su separación en una sección específica.
Quizás la mitad de las enmiendas del proyecto de resolución se refieren a esta materia. En cuanto a las demás, Señorías, cubren otros aspectos de la actualización en los que estamos totalmente conformes: el euro, las multas del Pacto de estabilidad y crecimiento, los organismos descentralizados, la disolución necesaria, lógica, de la estructura organizativa común de los dos comités -realmente se ha comprobado que el «invento» de Maastricht no era eficiente-. En todo ello estamos de acuerdo y las enmiendas plasman lo que podríamos llamar la doctrina de esta Asamblea en la materia. Por tanto, no voy a insistir en ello. Pero sí decir una vez más que esperamos que muy pronto la Comisión Europea nos presente un Reglamento financiero que ya esté concebido para una Europa que abarque mucho más que sus ámbitos actuales.

Kjer Hansen
También el Grupo Liberal considera importantes las enmiendas propuestas y me gustaría dar las gracias especialmente al Sr. Sarlis del Grupo PPE por haberse encargado de presentar las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario. Ocupada como estoy con el ámbito PHARE, naturalmente me preocupa mucho subrayar las enmiendas presentadas relativas a una descentralización que pueda posibilitar una mejor administración de los fondos PHARE y al mismo tiempo, contribuir a dar un empujón a la labor de promover la ampliación a los países de Europa central y oriental. He de decir que me extraña mucho que la Comisión no haya incluido voluntariamente nada sobre descentralización. Iniciamos este debate el pasado otoño cuando la Comisión manifestó positivamente su deseo e interés en poner en marcha una descentralización. La cuestión figuraba también en las páginas de la Agenda 2000 y, aún así, la Comisión no ha aprovechado esta oportunidad para presentar propuestas concretas en este terreno. Es algo extraño que se diga una cosa y se haga la otra. De ahí que desde el Parlamento debamos ocuparnos de que la Comisión cumpla las promesas hechas y precise sus manifestaciones.
La importancia de la descentralización radica en que en ella puede expresarse una clara voluntad política de promover las oportunidades de los países de Europa central y oriental de ingresar en la UE. Es, como quien dice, una precursora de los Fondos Estructurales y al mismo tiempo una manera de que los nuevos países miembros puedan poner en orden sus estructuras administrativas, adquirir experiencia y estar bien preparados para convertirse en miembros de la Unión Europea. Al mismo tiempo hay también recomendaciones, defendidas por el Tribunal de Cuentas, porque implican modificaciones que pueden hacer que acabemos con algunos de los problemas existentes hoy en día en la administración del programa PHARE.
Me gustaría defender estas enmiendas ante mis colegas y espero un respaldo benévolo. Ayudan a mostrar claramente nuestro deseo de promover la ampliación. Pueden allanar el camino al ingreso y hacer que alcancemos un programa PHARE más efectivo.

Liikanen
Señor Presidente, la Comisión se felicita por el dictamen globalmente favorable que la Comisión de Presupuestos les sugiere aprobar en base a la propuesta de la octava tanda de modificaciones del Reglamento financiero.
Ésta es la última propuesta puntual de modificación antes de la remodelación del Reglamento financiero, una remodelación sobre la que la Comisión presentó, el pasado 22 de julio, un documento de trabajo destinado a abrir una amplia consulta interinstitucional. El Sr. Colom i Naval ha manifestado su deseo de que la Comisión la presente formalmente, con carácter oficial, al Parlamento Europeo. No hay ningún inconveniente y me ocuparé de ello personalmente.
La octava tanda no aspira a modificar el Reglamento financiero en el fondo. Esta propuesta sólo se propone aportar las modificaciones urgentes y limitadas que exigen la introducción del euro y el Pacto de Estabilidad, así como la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, cuyo único efecto sobre el Reglamento financiero, habida cuenta de la supresión del protocolo nº 16 sobre la estructura administrativa común al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, es la introducción de una sección específica para cada uno de estos dos órganos.
La Comisión puede comprometerse a aceptar varias de las enmiendas presentadas por la Comisión de Presupuestos. Se trata de las enmiendas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 19 y 20, encaminadas a introducir en el presupuesto una sección específica para el Defensor del Pueblo Europeo, y la enmienda 22, relativa a una fecha de entrada en vigor diferente para los elementos de la propuesta relativos al euro y al Pacto de Estabilidad, a saber, el 1 de enero de 1999, y para los elementos relativos al Tratado de Amsterdam, después de su ratificación.
No obstante, la Comisión no está en condiciones de aceptar otras enmiendas, cuya aprobación desaconsejo, no sólo por razones técnicas, que detallaré a continuación, sino también por el motivo fundamental de que son enmiendas de fondo que harían imposible el cumplimiento del apretado calendario impuesto por la entrada en vigor del euro el próximo 1 de enero.
Respecto a la enmienda 21, contrariamente a lo que ésta da a entender, los importes de las multas por déficits excesivos, como sucede actualmente con los importes de las multas por violación de los derechos de competencia, no son muy previsibles en el momento de elaborar el presupuesto. No es posible prever en el presupuesto un dispositivo más preciso que el mecanismo de inserción presupuestaria. Respecto a las enmiendas 1, 8, 9, 12, 13 y 15, relativas a las agencias, estas últimas tienen su presupuesto y su Reglamento financiero propios. No deben estar contempladas en el Reglamento financiero, que sólo concierne al presupuesto general, sino más bien en el Reglamento específico aplicable a dichas agencias. En cuanto a las enmiendas 5 y 17 sobre la cooperación interinstitucional, la Comisión considera que dicha cooperación puede regularse, como se viene haciendo actualmente con los concursos generales y las compras, mediante acuerdos administrativos entre las instituciones. Respecto a la enmienda 18 sobre los poderes de investigación de la Comisión, es un asunto que no depende del Reglamento financiero, sino de los acuerdos entre las instituciones. La Comisión, en principio, no se opone a la ampliación de los poderes de la UCLAF, pero dicha ampliación puede hacerse a través de un acuerdo entre las instituciones.
En cuanto a la remodelación del Reglamento financiero, las enmiendas correspondientes podrían, en caso necesario, ser incluidas en su momento. La Sra. Kjer Hansen ha planteado la cuestión de las enmiendas 1, 3 y 4 de la Comisión de Control Presupuestario sobre la gestión descentralizada del programa PHARE. En el transcurso de este mes de septiembre, la Comisión aprobará una propuesta modificada de reglamento sobre la coordinación de la ayuda a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión, que permita la gestión descentralizada de PHARE. Este punto será tratado asimismo cuando se aborde la remodelación del Reglamento financiero.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Proyecto de presupuesto general - Presupuesto 1999
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general - Presupuesto 1999.

Ruttenstorfer
Señor Presidente, Señorías, es un honor para mí informar hoy al Parlamento sobre los resultados de la reunión del Consejo dedicada al proyecto de presupuesto, que se celebró en Bruselas el 17 de julio de 1998. Sin embargo, antes de pasar a exponer el buen resultado de nuestras deliberaciones del pasado 17 de julio, yo quisiera resaltar también la cada vez mejor colaboración entre nuestros órganos, el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Ésta ya fue evidente el año pasado y constato, con gran satisfacción, que también parece mantenerse este año. En las dos reuniones a tres bandas del 31 de marzo y el 23 de junio prevaleció en el fondo, a pesar de algunas diferencias, el espíritu de la mutua comprensión de los puntos de vista, deseos y prioridades de cada parte. Otro tanto puede decirse, sin duda, de las conversaciones mantenidas con motivo de la reunión del Consejo del 17 de junio, en las que ocupó un lugar central el tema de las bases jurídicas. Tendremos ocasión de volver sobre ello en el punto siguiente del orden del día.
Paso a referirme ahora al proyecto de presupuesto para 1999 y, en primer lugar, voy a exponer los principios por los que se ha guiado el Consejo para su elaboración. En relación con los gastos agrarios acordamos examinar en otoño una nota rectificativa, a fin de tomar en consideración las decisiones del Consejo de Ministros de Agricultura de junio de 1998 y la estimación actualizada de las necesidades. Decidimos mantener los compromisos adoptados en Edimburgo en lo que se refiere a las medidas estructurales, o sea, seguir manteniendo su financiación.
En relación con los restantes ámbitos de las políticas comunitarias, establecimos unas prioridades claras en el marco del volumen financiero disponible e incluimos en el proyecto de presupuesto unas dotaciones realistas a la vista de dichas prioridades, que no supondrán, sin embargo, un obstáculo para el desarrollo de las principales políticas comunitarias. Tomamos en consideración los criterios establecidos en el Acuerdo interinstitucional del 29 de octubre de 1993 y también la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 12 de mayo de 1998 relativa a las bases jurídicas existentes. Además, también contemplamos gastos de poca monta y unos márgenes de discrecionalidad significativos dentro del límite máximo de las rúbricas fijado en las Perspectivas Financieras.
En el ámbito de los gastos administrativos, aprobamos un incremento limitado de su montante total, que no excluye de antemano los gastos inevitables. Rechazamos la creación de nuevas plazas, con la sola excepción de los puestos destinados a cubrir las necesidades derivadas de la última ampliación de la Unión o de la promoción en el contexto de la política de planes de carrera. En este sentido, partimos de la idea de que las necesidades funcionales deben cubrirse por regla general mediante una mejora de los conocimientos técnicos, la modernización de las instalaciones y los métodos de trabajo y una reorganización de las plantillas existentes, sin que sea admisible una desviación de este principio, salvo en casos particulares en los que resulte probadamente ineludible.
La aplicación de estos principios autodefinidos a la aprobación de un presupuesto adecuado se tradujo en los siguientes resultados concretos: en lo que se refiere a los gastos agrarios -la rúbrica 1 de las Perspectivas Financieras-, el Consejo mantuvo el montante global previsto por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto. Por lo que respecta a los fondos estructurales, el Consejo mantiene asimismo los montantes previstos por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto, a fin de respetar las decisiones de Edimburgo.
En relación con las políticas internas, el Consejo decidió reducir los créditos para compromisos y también los créditos de pago. En los ámbitos de las políticas externas, el Consejo decidió incrementar los créditos para compromisos y reducir los créditos de pago, con objeto de respetar las decisiones de Cannes.
Por último, en lo que se refiere a los gastos administrativos, el Consejo aceptó un incremento limitado de un 1 % en su montante total. Como ya he señalado, las nuevas tareas derivadas de la transposición del Tratado de Amsterdam, en particular la incorporación de la secretaría del Acuerdo de Schengen y de la Unidad de Planificación y Alerta Estratégica en el marco del Segundo Pilar, obligan a contemplar algunas excepciones a esta norma.
En cuanto a los órganos menores de la Unión, el Consejo ha seguido también en esta ocasión el procedimiento que se estableció el año pasado, con la aprobación de un montante global para los gastos normales de administración.
Las repercusiones de las decisiones del Consejo sobre los recursos previstos en el proyecto de presupuesto se pueden resumir como sigue: los créditos para compromisos se elevan a un total de 96, 5 millardos de euros, lo que representa un incremento de 5, 5 millardos de euros, o sea, de un 6, 05 %, en relación con el Presupuesto de 1998. Los créditos de pago se elevan a un total de 85, 9 millardos de euros, lo que representa un incremento de 2, 3 millardos de euros, o de un 2, 81 %, con respecto al Presupuesto de 1998. El volumen total de los créditos supone, por consiguiente, el 1, 10 % del PNB comunitario.
Restan unos márgenes de 937 millones de euros y 878 millones de euros, respectivamente, con respecto al límite máximo establecido en las Perspectivas Financieras para las rúbricas correspondientes a los ámbitos de las políticas internas y de las políticas externas.
Antes de acabar, yo quisiera manifestar mi agradecimiento a todos los miembros de la delegación del Parlamento Europeo que participaron activamente en nuestras deliberaciones con ocasión de la reunión del Consejo del 17 de julio dedicado a la elaboración del proyecto de presupuesto. Será una satisfacción para mí seguir manteniendo la colaboración con esta Cámara y, en particular, con el presidente de su Comisión de Presupuestos, señor Samland, al igual que con los dos ponentes para el Presupuesto para 1999, la señora Dührkop Dührkop y el señor Viola. Espero que lograremos completar con éxito el procedimiento presupuestario 1999, tal como ya lo consiguieron nuestros dos órganos en relación con el Presupuesto para 1998.
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias.

Liikanen
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto para 1999 se parece mucho al anteproyecto de presupuesto. Una diferencia de sólo 0, 5 % confirma que existe una amplia convergencia de opiniones respecto del presupuesto de la Comunidad para 1999. La Comisión y el Consejo han tenido que conciliar el rigor con las obligaciones de la Unión, en particular respecto de las decisiones de los Consejos Europeos de Edimburgo y Cannes.
Por lo que se refiere al gasto obligatorio, la Comisión presentará una carta rectificativa al final de octubre para tener en cuenta la última información disponible con vistas a la ultimación del presupuesto para 1999. Ésta será la segunda aplicación del procedimiento establecido con éxito en 1997. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido el año pasado, si se confirma la evolución actual de los acontecimientos en algunos mercados, muy bien puede ser que haya necesidades en materia de gasto.
Respecto de las acciones estructurales, en el proyecto de presupuesto se establecen los créditos para pagos en el nivel propuesto por la Comisión, lo que ha de garantizar la financiación correcta de las necesidades para 1999 a la luz de las decisiones de Edimburgo.
La categoría 3, relativa a políticas internas, es la única en la que se han reducido de verdad las propuestas de la Comisión, por debajo incluso del nivel correspondiente a 1998. Es algo que a veces resulta difícil de entender, pues algunas de esas reducciones se refieren a prioridades del Consejo, en particular Leonardo y las pequeñas y medianas empresas. La explicación que se da para dichas reducciones está relacionada con las cantidades de referencia de los reglamentos, pero no es acorde con el espíritu de la declaración común de 1995 considerar dichas cantidades de referencia como si fueran cantidades máximas.
Por último, respecto de las políticas externas, es la primera vez, que yo recuerde, que el proyecto de presupuesto excede al anteproyecto de presupuesto. Resulta lógico en el supuesto de que el fortalecimiento solicitado de PHARE en 1998 no vaya a producirse y el Consejo deba completar la financiación de los programas de cooperación exterior decididos por el Consejo Europeo de Cannes.
Resulta encomiable que el Consejo aporte esa financiación principalmente mediante gasto suplementario y limite, así, las reducciones en otros importantes sectores de la cooperación exterior. Sobre todo, el proyecto de presupuesto de la Comunidad para 1999 es un paso constructivo en el procedimiento presupuestario para 1999. Resulta de buen augurio no sólo para el presupuesto del año próximo, sino también para las decisiones de mayor alcance que pronto se habrán de adoptar en el próximo marco financiero.

Samland
Señor Presidente, Señorías, antes de referirme al proyecto de presupuesto presentado por el Consejo para la primera lectura, yo quisiera señalar que la cooperación entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en el marco de la concertación sobre el tema de las bases jurídicas, que vamos a examinar a continuación, se ha desarrollado de manera ejemplar.
En primer lugar, en los nueve años que llevo realizando esta tarea yo no había participado nunca en una concertación con el Consejo en la que la colaboración con el Parlamento comenzase a las 11.00 horas y acabase a las 19.00 o las 19.30. Luego, a continuación, procedieron a definir el presupuesto bajo su propia responsabilidad. En segundo lugar, es de destacar no sólo la duración de la sesión, sino también el resultado. La Presidencia austriaca también ha contribuido a ello y yo espero que tengan el mismo acierto y el mismo éxito en las posteriores consultas en relación con el presupuesto y también en el contexto de la Agenda 2000.
Después de estos elogios -yo rara vez los hago y, por lo tanto, les invito a disfrutarlos unos instantes más-, ha llegado, no obstante, el momento de las críticas. ¿Qué orientación ofrece este presupuesto? Nosotros señalamos desde el primer momento -como expondrá enseguida la señora Dührkop en su informe- que éste tenía que ser un presupuesto puente entre las actuales perspectivas financieras y las nuevas perspectivas financieras con el horizonte del año 2000, y así lo concebimos nosotros.
Por consiguiente, yo quiero manifestar, en nombre de la Comisión de Presupuestos en general, que haremos todo lo posible para vincular el procedimiento de aprobación del presupuesto para 1999 con las deliberaciones sobre la Agenda 2000 y con los elementos que se reseñan en el informe del señor Colom i Naval cuando define nuestra posición, o sea, los elementos básicos de la flexibilidad. Si hemos de atenernos a un procedimiento presupuestario que responda al principio de la máxima contención de los gastos, o sea, que mantenga aproximadamente también a escala comunitaria el nivel medio de gasto de los Estados miembros, queremos ver progresos en estos ámbitos en el contexto de la Agenda 2000. Sólo lo anuncio ya desde ahora porque esta consideración tendrá consecuencias para el examen del presupuesto en primera y segunda lectura en esta Cámara.
Quisiera hacer algunas observaciones sobre los resultados de las deliberaciones del Consejo. Voy a empezar por el ámbito de la agricultura. Nos ha decepcionado un poco que el Consejo no haya sido capaz de ofrecer ya en la primera lectura una indicación clara en el ámbito de la política agrícola. No obstante confiamos en que todos nos tomaremos en serio el procedimiento ad hoc acordado y que en noviembre podremos alcanzar resultados en el marco de la concertación sobre la base de una nota rectificativa de la Comisión. A nuestro modo de ver, dichos resultados deben concretarse en una contención de los gastos en este sector y en la definición de procedimientos que permitan optimizar la utilización de dichos recursos. Así lo hicimos ya el año pasado con la propuesta relativa a la reserva, que retomaremos este año. Además, también hemos presentado propuestas técnicas en relación con los métodos de trabajo.
Me permito recordar una vez más que en estos momentos tenemos un exceso de 1, 3 millardos de ecus en los gastos agrarios. Si el año pasado no los hubiésemos recortado en un millardo, frente a la encarnizada resistencia de sus quince colegas del Consejo de Ministros de Agricultura, ahora tendríamos un descubierto de 2, 3 millardos de ecus en el sector agrario. Las experiencias de este año y de los quince años anteriores demuestran, por lo tanto, que podemos dar este paso sin que ello ponga en entredicho el cumplimiento de los compromisos legales contraídos en el marco de las directivas o reglamentos relativos al sector agrario.
En segundo lugar, y me dirijo también a la Comisión, he vuelto a tener noticia de que algunos Estados miembros piden que se incrementen las restituciones por las exportaciones de carne de porcino, mantequilla y leche, con objeto de que el mercado ruso, que en estos momentos se está hundiendo para las exportaciones, pueda resultar nuevamente atractivo. No puede ser un objetivo de la política comunitaria aprovechar las oscilaciones monetarias fuera del ámbito de la Comunidad mediante un incremento de las restituciones por las exportaciones. No se deje ablandar, por lo tanto, señor Liikanen, y manténgase firme en su posición, en la de 1998, opóngase a esos seis y mantenga la línea establecida si el objetivo es conseguir también una reducción del gasto en el sector agrario en el Presupuesto para 1999.
Existe una interrelación interna entre las categorías 2, 3 y 4. Ya hemos discutido repetidamente con usted en esta Cámara sobre el aumento en la categoría 2. Éste no responde a una necesidad, sino al hecho de que este es el último año de las actuales Perspectivas Financieras y el 31.12.1999 se modificarán los Fondos estructurales, y todos los recursos no desembolsados deben trasladarse a este último año. Las tasas de incremento son francamente imponentes. Entre un 17 % y un 18 % en el caso de los créditos de compromiso y de alrededor de un 10 % en los créditos de pago. El volumen de dinero que habrá que mover resulta casi inconcebible.
El resultado de este incremento es que, ya que no han tenido el valor de hacer algo al respecto -a pesar de que algunos Estados miembros, como por ejemplo el Gobierno francés, presentaron propuestas en este sentido en el Consejo-, se han visto obligados a recortar en las categorías 3 y 4 lo que han aumentado en la categoría 2. Basta observar que en la categoría 3 se ha reducido el programa Leonardo, por ejemplo, para constatar la flagrante incoherencia con lo que declararon en el propio programa de trabajo, a saber, que se proponen reforzar los programas educativos para favorecer la localización de empresas en Europa. Los 100 millones que han recortado, no los han recortado porque se haya demostrado que son excesivos para dicho programa, pues en tal caso el montante habría resultado ser quizá de 86, 45 millones. No, han recortado 100 millones para que les cuadren los números, para reducir la tasa de incremento de la categoría 3 y compensar así los mayores incrementos en la categoría 2.
El segundo tema es el de la política exterior. La situación en este caso es todavía más grave. Usted no ha conseguido que el Consejo se avenga a aprobar ya en 1998 un presupuesto rectificativo complementario, que incluya una dotación adicional de 150 millones para el programa PHARE. Si somos sinceros, tendremos que reconocer que esos 150 millones no son necesarios en 1998, ni lo serán en 1999, porque de las cifras de ejecución correspondientes al ejercicio de 1998 que presentó la Comisión el 30.6.1998 se desprende que en esa fecha todavía no se habían adjudicado más de un millardo de ecus de los recursos disponibles para el programa PHARE y, lo que es todavía más grave, que más de 2, 5 millardos no están vinculados a un contrato, o sea, no se han plasmado en contratos. Es decir, que tenemos 2, 5 millardos de ecus encima de la mesa, de los cuales un millardo todavía no se han adjudicado y 1, 5 millardos podrían financiar contratos, cuando éstos se establezcan. Y ahora se pretende añadir otros 150 millones a esa suma y recortar a la vez los recursos destinados a las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo.
Esto ya no tiene nada que ver con una política financiera como es debido, sino que en ello interviene la ideología. En Cannes se adoptó una decisión y ahora es preciso llevarla adelante de grado o por fuerza. El Parlamento no adoptó las decisiones de Cannes y, por lo tanto, no aceptaremos la propuesta que se incluye en el proyecto de presupuesto del Consejo, ni tampoco la propuesta de la Comisión para que se aplique un procedimiento retroactivo. Ambas propuestas no son razonables y tenemos que decirles a los países aspirantes a la adhesión a la Comunidad que si unos y otros no somos capaces de adjudicar los recursos en el plazo previsto para ello -y me permito recordarles de nuevo el vencimiento anual de los recursos presupuestarios-, entonces tampoco se podrán utilizar dichos recursos. De este modo sabrán que esta Cámara no contribuirá a que se destinen 100 millones de ecus adicionales a la categoría 4, a expensas de las organizaciones no gubernamentales del mundo entero.
Finalmente queda el tema de la actuación en relación con el ámbito importantísimo de la investigación. Señor Presidente del Consejo, usted sabe que, paralelamente a nuestras negociaciones sobre el presupuesto para 1999, se está debatiendo el tema de la dotación presupuestaria del Quinto programa marco sobre investigación, que es un pilar fundamental de los gastos en la categoría 3 del presupuesto. Usted también sabe que existe una discrepancia entre los 16, 3 millardos de ecus para un período de cinco años que propone el Parlamento y la posición que ha mantenido hasta ahora el Consejo. Alcanzo a escuchar perfectamente la voz de su colega que anuncia que el 29 de septiembre ya habremos alcanzado un compromiso. Yo me alegraría de que así fuese. Desde luego, no dependerá del Parlamento, sino más bien del Consejo, que se consiga un planteamiento que haga posible el compromiso; si se desea llegar a un compromiso, éste no podrá ser de 14 millardos, sino que tendrá que situarse entre los 14 y los 16, 3 millardos. Ustedes saben que se trata de una decisión importante, dado su importante carácter vinculante para el presupuesto para 1999; en efecto, más del 60 % de los recursos de la categoría 3 están destinados a la investigación.
En lo que se refiere al tema de la dotación de recursos para las redes, por ejemplo, una vez que conozcamos cómo queda finalmente el Quinto programa marco sobre investigación y el resultado del compromiso, podremos definir una estructura de gasto equilibrada entre las redes, por un lado, y la investigación, por el otro lado. Por consiguiente, yo sólo puedo expresarle una vez más un ruego, que dirijo también a sus colegas, los Ministros de Finanzas: por favor, movilicen suficiente presión por su parte para que podamos llegar a un acuerdo sobre la dotación de recursos para el Quinto programa marco sobre investigación para los próximos cinco años antes del examen en primera lectura del presupuesto para 1999 o no más tarde de su examen en segunda lectura. En este sentido, sólo me queda expresar mis deseos de que las deliberaciones sobre el presupuesto para 1999 sigan siendo agradables, interesantes y estimulantes.

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, quiero sumarme también a las alabanzas a la Presidencia en ejercicio del Consejo por la colaboración que, hasta ahora, pensamos que ha sido ejemplar. Mi intervención va a ser en realidad breve dado que el presidente de la Comisión de Presupuestos ha hecho una exposición muy amplia de las diferencias que, a pesar de las alabanzas a la Presidencia, pueden todavía constatarse en el procedimiento del proyecto de presupuesto de 1999.
Pero quisiera señalar algunos puntos. Reiterar primeramente, como ya se ha hecho, que el presupuesto 1999 debe constituir un puente, y que ese puente no ha de entenderse simplemente como un asunto de contabilidad, sino como un paso decidido hacia delante, hacia un acuerdo para la Agenda 2000 y las nuevas perspectivas financieras. Creo que como parte de ese puente hemos construido conjuntamente una pieza: el acuerdo al que hemos llegado sobre los fundamentos jurídicos. Pero quiero subrayar que sólo es una pieza y creo que deberíamos felicitarnos por haber solventado un contencioso que ya llevaba muchos años en la cartera.
Durante la conciliación, el Parlamento Europeo tuvo oportunidad de expresar sus prioridades políticas. Voy a referirme aquí, sobre todo, a una categoría. El presidente de la Comisión de Presupuestos ya ha dicho exactamente lo que el Parlamento opina sobre la categoría 1 y la categoría 2. Pensamos que no se ha procedido por parte de la Presidencia a un análisis correcto de los recursos financieros en aras de un sano presupuesto de la Comunidad.
Respecto a la categoría 3, quisiera decir como ponente que el Parlamento no puede estar de acuerdo con su lectura. La categoría 3 es una verdadera «cabeza de turco», por utilizar una expresión popular. En esta categoría, el Consejo ha recortado, para que le cuadre su contabilidad dentro del presupuesto 1999, políticas esenciales para el Parlamento Europeo. Emplazo al Consejo -el Sr. Samland lo ha mencionado también- a reconocer su propia incoherencia. Porque es curioso que sus prioridades, expresadas en Cardiff, coinciden con las prioridades del Parlamento Europeo, pero el mismo Consejo dice en cuanto al programa Leonardo -y cito textualmente en inglés-: while bearing in mind the considerable success achieved by these programmes , recortamos 100 millones.
Otra perla también es que, en el paquete global acordado al principio de este año en cuanto a las políticas de empleo, un acuerdo sobre cuya importancia el propio Consejo hizo hincapié en Luxemburgo en la primera lectura, recorta 14 millones en el apoyo a las PYME, a pesar de tratarse de una prioridad según expresión del propio Consejo.
Otro párrafo del Consejo Europeo de Cardiff, el párrafo 12, dice que vamos a prestar atención especial a los grupos desfavorecidos, a las minorías étnicas, a las personas con discapacidades. Pero al mismo tiempo, el Consejo, y además la Presidencia, que había presentado estas políticas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, eliminan estos programas del presupuesto por falta de fundamento jurídico.
Por último, quisiera decir respecto de la categoría 4 que comparto totalmente el planteamiento del presidente de la Comisión de Presupuestos que, además, el Parlamento ha explicado en sus líneas directrices. No vamos a admitir que el programa PHARE se ejecute a costa de otras obligaciones que tiene la Unión Europea hacia terceros países.
Respecto a la categoría 5, señor Ruttenstorfer, le quiero recordar que, aparte del Quinto programa marco sobre investigación, antes de la primera lectura del Parlamento tenemos otro asunto pendiente de resolver: la cuestión de las pensiones. El trabajador ha cumplido con su parte, ahora el empresario tiene que cumplir con la suya.
Reitero mi disposición, la disposición del Parlamento, a colaborar en el futuro para llevar a buen puerto este presupuesto puente, teniendo presente las prioridades del Parlamento y las suyas en la medida de lo posible.

Viola
Señor Presidente, Señorías, me sumo a lo manifestado por el presidente de nuestra Comisión acerca de la excelente cooperación con el Consejo y la Comisión con ocasión del diálogo tripartito y de la primera lectura del presupuesto para 1999, que este año el Consejo adelantó al 17 de julio con el fin de permitirnos trabajar de forma adecuada a la vista de los compromisos y de las sedes de trabajo que nos imponen los Tratados. En este documento financiero, el importe destinado a los gastos administrativos asciende a 4, 4 millardos de euros, con un margen global de 300 millones de euros respecto al año 1998. Al igual que el año pasado, el Consejo ha considerado oportuno establecer un montante global a tanto alzado, al objeto de asignarlo a las demás Instituciones para los gastos de funcionamiento ordinarios, con un aumento igual al 1 % respecto a 1998, pese a permitir un notable margen de maniobra en casos excepcionales y a menudo justificables. Dicho margen ha sido interpretado por el Consejo de forma bastante amplia para sí mismo, con un incremento del 5, 14 %, mientras que el incremento correspondiente a la Comisión ha sido del 1, 63 % y para el conjunto de las demás Instituciones, incluido el Parlamento, del orden del 1, 52 %. Al respecto, vale la pena subrayar que nuestra Institución fue la única que se mantuvo por debajo del umbral del 1 % de incremento, con un índice igual al 0, 88 %.
En lo que se refiere al cuadro del personal, el Consejo ha autorizado la creación de nuevos puestos de trabajo sólo si están vinculados con la ampliación y la aplicación del Tratado de Amsterdam, mientras que ha rechazado las transformaciones o reasignaciones pedidas por las demás Instituciones. En particular, la primera lectura previó la creación de 109 puestos y sólo 10 transformaciones, la modificación de los organigramas de las Instituciones mediante la transformación de determinados puestos permanentes en temporales y el traspaso a la Comisión de 5 puestos procedentes de otras Instituciones para el servicio destinado al seguro de enfermedad. En realidad, la política en materia de personal aprobada en primera lectura por el Consejo, me deja perplejo por dos razones que voy a apuntar, aunque me guardaré de entrar en el fondo de las decisiones tomadas de forma unilateral por el Consejo.
La primera es que si el Consejo, yo diría incluso muy acertadamente, ha tomado la opción de aumentar su organigrama en 71 nuevos puestos con el fin de hacer frente a la aplicación del Tratado de Amsterdam y a la ampliación, sería oportuno establecer previamente un sistema común al respecto, ya que se trata de un problema común que afecta a muchas otras Instituciones como, por ejemplo, al propio Parlamento, la Comisión y el Comité de las Regiones. La segunda razón es que, francamente, me es difícil comprender por qué, si el Consejo ha considerado oportuno autorizar 71 nuevos puestos para sí ha rechazado, en cambio, las mucho más modestas exigencias de las demás Instituciones como, por ejemplo, el Comité de las Regiones que, precisamente en virtud del Tratado de Amsterdam, ha visto aumentar sus cometidos de forma significativa. Cuando se hace referencia a estos dos Comités -el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social- y a las consecuencias del Tratado de Amsterdam, también se ha de hablar del Protocolo 16, es decir, de la estructura organizativa común que unía a los dos Comités. Estimo que la cooperación interinstitucional y el objetivo de evitar, en lo posible, duplicar los costes -objetivo en el que he hecho hincapié con frecuencia- deben ser los criterios a seguir para hacer frente a todos los capítulos de la división impuesta por Amsterdam, al objeto de no convertir la transición a la plena autonomía de ambos Comités en una causa de disfunción que comprometa la propia cooperación y que incremente en exceso los gastos.
Pasando a los Tribunales, el rebasamiento del índice del 1 % por parte del Tribunal de Justicia es el resultado de la creación de 10 nuevos puestos, mientras que el Consejo no ha acogido la solicitud de financiación presentada por el Tribunal de Cuentas para sus proyectos inmobiliarios, ya que la Comisión ha previsto dicho gastos en las perspectivas financieras. Ahora bien, y a este propósito, el Parlamento deberá expresarse con el fin de marcar el camino a seguir para gestionar de la manera más coherente posible el intento de limitar los gastos presupuestarios correspondientes a los nuevos edificios en Luxemburgo.
Finalmente, en lo que respecta al Parlamento Europeo, el Consejo ha aceptado nuestro estado de previsiones en virtud del acuerdo entre caballeros. Asimismo, con arreglo al mismo criterio, se ha aceptado el estado de previsiones del Defensor del Pueblo, sobre la base de una interpretación amplia del acuerdo que, al fin y al cabo, ha creado una distorsión entre los criterios de análisis del estado de previsiones del Defensor del Pueblo y los criterios aplicables a las demás Instituciones y a los organismos asimilados. Al respecto, deseo reiterar que el Defensor del Pueblo es una institución independiente: nuestro anterior debate sobre las modificaciones del Reglamento financiero lo reconoció de forma inequívoca. Esto significa que ha de figurar en una sección específica del presupuesto, esto significa que rebasa el porcentaje del 20 % de los gastos administrativos que sólo afecta al Parlamento Europeo, esto significa que tiene que tener una doble lectura del presupuesto. Asimismo, la línea seguida por el Consejo tampoco tiene en cuenta lo acordado por este Pleno con relación al aumento del organigrama del Defensor del Pueblo. Para nosotros esta decisión sigue siendo el punto de partida para evaluar si es necesario reconocer un aumento ulterior del número de puestos -siempre en el respeto de los procedimientos adoptados por la autoridad presupuestaria- que, en todo caso, no coincide con el aumento propuesto por el Consejo en la primera lectura.

Ruttenstorfer
Excelentísimo señor Presidente, Señorías, he escuchado con gran atención las opiniones de los oradores que me han precedido y tomo nota de ellas en mi calidad de Presidente del Consejo encargado de elaborar el proyecto de presupuesto. Pueden tener la seguridad de que procuraré comunicar sus propuestas en las siguientes reuniones del Consejo. En particular, he tomado nota de que ustedes coinciden conmigo en la necesidad de esperar a haber recibido la nota rectificativa en el caso de los gastos agrarios. También he tomado nota de que consideran conveniente que se prevea una reserva en el presupuesto agrario para 1999.
Evidentemente, también he tomado nota de sus reticencias en relación con la reducción del programa Leonardo. En este sentido, debo recordar que, con la dotación fijada para 1999, el Consejo agota el presupuesto global previsto para toda la duración del programa. No obstante, reconozco que la reducción es muy grande con respecto al presupuesto del año pasado y que el programa Leonardo ha obtenido muy buenos resultados.
En este contexto, puedo anunciarles que el Consejo está examinando en estos momentos una propuesta de decisión, por la que se establecería una segunda fase del programa Leonardo para el período 2000-2004, con una dotación considerable de fondos. Por lo que respecta al programa PHARE, el Consejo reconoce las dificultades con que ha topado su ejecución y está tan interesado como el Parlamento en conseguir que su gestión sea eficaz. Por consiguiente, el Consejo desearía que se complete pronto la séptima ronda de modificaciones del Reglamento financiero, toda vez que éstas incluyen, en particular, nuevas normas para la aplicación de los créditos de compromiso, es decir, que se fija un plazo para la utilización de dichos recursos. Es de esperar que esto se traduzca en algunas mejoras en el marco del programa PHARE.
También he tomado nota de la importancia que conceden a la solución del tema de los fondos para la investigación. Yo sólo puedo asegurarles que la Presidencia austriaca está haciendo esfuerzos para resolver el tema del Quinto programa marco en un plazo adecuado; adecuado sobre todo para los intereses de la investigación, pero naturalmente también para la elaboración del presupuesto para 1999. Finalmente, he tomado nota de que el Consejo no es el único que desea que se establezca un proyecto de personal, sino que esta es una aspiración general, y procuraré incorporar también estas consideraciones en las próximas deliberaciones del Consejo.
Para acabar, yo quisiera resaltar una vez más la excelente colaboración mantenida con el Parlamento Europeo en el curso del presente procedimiento presupuestario y expresar a la vez mi deseo de que ésta continúe en el futuro.

El Presidente
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo.

Bases jurídicas y ejecución del presupuesto
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0296/98) del Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre a las bases jurídicas y ejecución del presupuesto.

Christodoulou
Señor Presidente, no es la primera vez que la cuestión de las bases jurídicas ocupa al Parlamento y a las instituciones de la Unión Europea en general. Creo recordar que desde 1981 nos encontrábamos en una situación de desacuerdo y ahora, por fin, después de tantos años, hemos llegado a una conclusión por la que merecen felicitaciones aquellos que la han hecho posible.
Recuerdo que mediante nuestra resolución de 12 de diciembre de 1995 habíamos pedido que se encontrase una solución provisional para la cuestión de las bases jurídicas y se acabase con la imagen que daban el Parlamento y el Consejo, y frecuentemente la Comisión, de que nos encontrábamos en una discusión permanente sobre cuestiones que muchas veces resultaban incomprensibles para los ciudadanos europeos que pensaban que debatíamos de forma continua en una situación de enfrentamiento.
Por fortuna, ya se ha zanjado esta cuestión y podemos afirmar que vamos a seguir adelante con un procedimiento muy serio e importante que supone la posibilidad de que la Unión Europea pueda adoptar nuevas acciones que la van a acercar a los pueblos de Europa. No debemos olvidar que los programas ERASMUS, KONVER y el Fondo para la pacificación de Irlanda, habían comenzado dentro de un marco que en este momento estamos intentando regular mediante el procedimiento de las bases jurídicas para las acciones piloto, las acciones preparatorias y otras similares que se adoptan en el marco de la Unión Europea.
No debemos infravalorar la importancia de dichas acciones. Frecuentemente se daba la impresión de que esas acciones, que carecían de base jurídica y que se iniciaban como si fuesen experimentos, tenían un carácter algo exótico, es decir, que tenían un aspecto despilfarrador, que eran innecesarias, etc. Estoy de acuerdo en que algunas de ellas podían entrar en esa categoría, pero, en su mayoría, resultaban esenciales y muy importantes para el fomento de los objetivos de la Unión Europea. Resulta una bendición que ahora nos encontremos en una situación que nos permite institucionalizar el modo de afrontar esta cuestión y llegar a unas conclusiones, métodos y procedimientos que nos liberarán de esa situación de enfrentamiento en la que nos hemos encontrado durante tantos años.
El acuerdo hace depender, en su mayor parte, la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto destinados a cualquier acción comunitaria de la aprobación previa de un acto de base, es decir de una base jurídica, salvo las acciones correspondientes a proyectos piloto, acciones preparatorias, acciones autónomas de la Comisión y créditos destinados al funcionamiento de cada institución en virtud de su autonomía administrativa. Esa posibilidad no es ilimitada. Por descontado que para ser fiable y poder sostenerse y ejecutarse de manera correcta ha de tener limitaciones temporales y cuantitativas. Ello depende en gran medida, estimados colegas, de nuestra posibilidad, es decir, de las posibilidades que tienen las comisiones del Parlamento Europeo de fomentar a través de la Comisión, y seguidamente del Consejo, el establecimiento, lo antes posible, de una base jurídica para programas de ese tipo que permita conseguir dos elementos: primero, la rápida aplicación de programas y acciones que resulten especialmente valiosos y, segundo, liberar de los límites temporales y cuantitativos, a los que estamos sometidos hasta ahora, las partidas destinadas a diversas acciones, acciones piloto, acciones preparatorias, para que puedan incorporarse nuevas acciones de igual índole y esas cantidades no estén de manera permanente constreñidas, como ocurría durante tanto tiempo en el pasado. Este nuevo acuerdo establece también un concepto de responsabilidad absoluta y esto es muy importante para nosotros y debemos responder a ello de la mejor manera posible.
Señor Presidente, quisiera hacer la siguiente observación: lejos de lo que he dicho antes acerca del valor fundamental de todas esas iniciativas emprendidas para alcanzar los objetivos de la Unión Europea y que, repito, se convierten en programas dignos de mención y acercan más a la Unión Europea a sus objetivos reales y al ciudadano europeo. Creo recordar que posiblemente, en el futuro, cuando este acuerdo se haga definitivamente permanente, es decir, cuando la práctica demuestre su necesidad y su correcto funcionamiento - y eso depende de nosotros - entonces, debemos pensar también en su adaptación. O sea, si se demuestra en el futuro que las necesidades son tales que exigen una adaptación de dicho acuerdo, es decir, de las cantidades y de los límites temporales, para que la Unión Europea pueda desarrollar su labor de una forma mejor en aquellos importantes sectores a los que dichas iniciativas se dirigen, estoy seguro que todos, si el sistema funcionase bien, estarían de acuerdo en que procediéramos a tomar las decisiones que harían más eficaces aún dichas acciones.

Ruttenstorfer
Señor Presidente, Señorías, durante muchos años hemos mantenido opiniones divergentes en relación con el tema de las bases jurídicas. Como resultado de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 12 de mayo de este año pasó a ser, sin embargo, apremiante encontrar una solución. Sobre todo cuando la Comisión suspendió la ejecución de un gran número de líneas presupuestarias que carecían de base jurídica. En el curso del diálogo a tres bandas del 23 de junio se concretaron nuevos impulsos encaminados a facilitar una aproximación. Se desarrollaron intensos contactos entre los órganos de la Unión previos a la reunión del Consejo para la elaboración del proyecto de presupuesto, que dedicó la mayor parte de sus deliberaciones a este importante tema.
Todos estos esfuerzos -y no en último término la obstinación de la delegación del Parlamento- desembocaron el 17 de junio en un borrador de acuerdo interinstitucional, que debería firmarse en breve. Este acuerdo, sin plazo señalado, permitirá la utilización de los recursos de las líneas presupuestarias que carecen de base jurídica de manera satisfactoria para los tres órganos implicados. El acuerdo establece el marco para la cooperación leal entre nuestros órganos, que siempre ha recomendado el Tribunal de Justicia Europeo en tales casos y que, a mi parecer, podemos contemplar cada vez más como nuestra práctica habitual.
El 17 de julio, el Consejo también tomó nota de los trabajos realizados por la Comisión como resultado de la sentencia ya citada del Tribunal de Justicia Europeo con objeto de verificar la situación de las líneas presupuestarias ya incluidas en el presupuesto de 1998, pero que carecían ostensiblemente de base jurídica. El Consejo se manifestó asimismo de acuerdo con que la Comisión lleve a cabo, en el marco de las competencias que le otorga el artículo 205 del Tratado, una serie de medidas, entre ellas algunas reconocidamente sensibles desde el punto de vista político, como por ejemplo las destinadas a combatir la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres, las medidas contra los contenidos ilegales y nocivos en Internet, el apoyo a la supervisión de los procesos electorales y también medidas en el ámbito de los derechos humanos y la democracia.
Por lo que respecta a las líneas presupuestarias para las que se ha propuesto una base jurídica pero ésta todavía no se ha adoptado, el Parlamento Europeo y el Consejo se han comprometido a agilizar los procesos de adecuación con objeto de que sea posible decidir pronto la adopción de un acto jurídico que les sirva de base. Yo puedo asegurarles que esta Presidencia ya ha dado los pasos necesarios para completar en breve los procedimientos pendientes con un resultado tan positivo como sea posible.
Por lo que respecta a las líneas presupuestarias para las que no se ha adoptado ni tampoco se ha propuesto siquiera una base jurídica, el Consejo ha tomado nota de la voluntad de la Comisión de cumplir los compromisos anteriores al 10 de junio de 1998 y de examinar las solicitudes que en este momento todavía no han culminado con el establecimiento formal de un contrato, procurando evitar cualquier posible discriminación derivada de los plazos concretos de tramitación de los expedientes.
Este planteamiento debería permitirnos partir de la base de que es preciso garantizar la financiación, puesto que los procedimientos de selección ya se habían cerrado y las ayudas se habían concretado formalmente antes del 10 del junio de 1998.
Finalmente, por lo que respecta a la lucha contra la exclusión social, el Consejo opina que el Tratado de Amsterdam, una vez ratificado, permitirá adoptar las bases jurídicas necesarias.
Yo quiero agradecer al Parlamento y también a la Comisión su colaboración en relación con este tema.
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias.

Wynn
Señor Presidente, en el informe del Sr. Christodoulou -en su exposición de motivos- figura esta afirmación maravillosa: esto «constituye una solución a largo plazo, ya que ninguna de las tres instituciones interesadas lo ha denunciado unilateralmente»... aún. Lo de «aún» lo digo yo, porque el Parlamento aún no ha votado sobre este informe.
Voy a hablar desde dos posiciones en este debate: una -como diputado que ha intervenido en el debate y en las negociacionesy otra -como es mi deber hacerlo- como coordinador del Grupo Socialista.
En un nivel personal, acojo con beneplácito el informe. Creo que es lo mejor que podíamos lograr y una culminación de muchos años de trabajo e intentos por parte del Parlamento de lograr la resolución del problema. Así, pues, en vista de lo que hemos tenido que afrontar en el pasado, me complace extraordinariamente lo que hemos conseguido para el futuro.
También he de decir que, cuando estábamos llegando a esta conclusión el 17 de julio, había cooperación entre nosotros, la Comisión y -me atrevo a decir- la mayoría del Consejo. La Presidencia anterior se había comprometido a resolver este asunto.
Como dijo el Primer Ministro británico desde el lugar en que ahora se encuentra el Presidente en ejercicio, la Presidencia austríaca se ha comprometido con ello, pero he de decir que el mucho tiempo que ha sido necesario, al que se ha referido el presidente, el Sr. Samland, se ha debido a la indecisión por parte al menos de un Estado miembro nórdico. Dicho con total franqueza, ha sido un espectáculo patético en ese diálogo tripartito llegar a una conclusión sobre esta decisión que entrañaba, en realidad, una cantidad pequeña de dinero. Espero no tener que pasar nunca por eso de nuevo, porque fue un desperdicio de tiempo, si no algo más. Ésa es mi opinión personal.
Cuando estábamos llegando a estas conclusiones, las tres instituciones coincidían en que el acuerdo sobre el fundamento jurídico sería excelente para el futuro, pero seguimos teniendo el problema de este año 1998. Por eso, aconsejé cautela al comienzo de mi intervención. El Sr. Samland, el Sr. Colom i Naval, la Sra. Dührkop, el Sr. Tomlinson y yo -los participantes en las negociaciones- debemos convencer a nuestro Grupo esta noche, cuando examinemos esa cuestión, de que ese informe es digno de un voto afirmativo.
Necesitamos alguna aclaración, desde luego, de la Comisión, sobre las líneas que se consideraron problemáticas. Había cuatro sectores. Anoche recibí un gráfico en el que figuran las líneas en las que existían los problemas y es de esperar que la Comisión haya presentado soluciones.
Esta noche lo presentaremos a nuestro Grupo y haremos lo posible para mostrarnos convincentes. Pero necesito la ayuda de la Comisión ahora para aclarar los sectores dudosos que surgirán cuando los diputados lo examinen, en particular sobre la línea B5-321 -acción para los sectores económico y social, como cooperativas, mutuas, etc.-, en la que aún no se ha utilizado una gran proporción de los fondos y no parece haber una forma de utilizarlos.
Sobre las líneas B7-611, 851 y 852, en las que siguen sin utilizarse unos 11, 5 millones de ecus, ¿qué va a pasar con esa cantidad de dinero?
En los sectores en los que tuvimos problemas efectivamente, como, por ejemplo, los del deporte y las lenguas minoritarias, se han utilizado la mayor parte de los fondos. Quedarán cantidades pequeñas y es justo decir que, incluso sin los problemas que hemos tenido, igualmente nos habrían quedado esas pequeñas cantidades de dinero. Así, pues, estoy totalmente dispuesto a defenderlas. Pero hay unas pocas líneas que siguen preocupándonos y quisiera que la Comisión nos ayudara dándonos garantías de que no se dejarán intactas esas líneas, que se utilizarán esos fondos. Espero que con esa información podamos presentarnos ante nuestro Grupo esta noche y votar favorablemente.
Una observación final: tuvimos muchos problemas para preparar este informe y hubo consenso sobre su contenido. Se han presentado algunas enmiendas -tres o cuatro por parte de los Verdes-, que, pese a ser atractivas, no son necesarias. Mi recomendación a nuestro Grupo sería la de que no las apoyemos, sino que nos atengamos al informe sin modificación. No quiero que nadie suponga que no compartimos el contenido de dichas enmiendas de los Verdes, pero, en realidad, queremos que el informe sea conciso.

Tillich
Señor Presidente, yo quisiera expresar la esperanza de que hayamos resuelto definitivamente un problema permanente y que ninguna de las tres instituciones caiga en el hábito de incumplir el acuerdo que ahora hemos alcanzado. Yo creo que el Parlamento ha demostrado en los últimos años una mayor coherencia en relación con la solución del problema de las bases jurídicas en el contexto del Presupuesto, no sólo en la concreción de sus políticas, sino también en lo que respecta a la dotación financiera para dichos objetivos políticos. Por consiguiente, si bien no quiero dejar de felicitar a la Presidencia austriaca del Consejo por la destreza negociadora que demostró el 17 de julio, yo debo decir, sin embargo, que también participé en las deliberaciones, al igual que Terry Wynn, y hubo momentos en los que tuve la impresión que lo que se estaba dirimiendo no era un objetivo político, sino un regateo conservador estrecho de miras por si tenían que ser uno, dos o tres millones o si el plazo debía ser de medio año o de dos años. La situación fue a ratos bastante penosa y era inevitable sacar la impresión de que a algunos al menos no estaban interesados en alcanzar una solución política, sino más bien administrativa, técnica.
Yo más bien pienso que no fue mérito suyo, señor Presidente, sino que el momento sencillamente estaba maduro. El Parlamento incrementó continuamente la presión y al final el Consejo tuvo que transigir y se mostró dispuesto a hacerlo. En cualquier caso, tanto usted como nosotros, en el Parlamento Europeo, podemos estar satisfechos con el resultado. De eso no cabe, desde luego, la menor duda. Las tres partes contamos ahora con unas condiciones claras para el futuro y, como ha señalado el señor Wynn, todavía tenemos que explicárselo a nuestros colegas del Parlamento. Lo cual, sin embargo, no debería resultar demasiado difícil dadas las presentes condiciones.
En mi calidad de ponente para el Presupuesto de 1998, yo considero especialmente importante que la Comisión presentara el 17 de julio, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, una propuesta para dicho Presupuesto con la que podemos trabajar. Desde el Parlamento también manifestamos -y esto también representa un acuerdo significativo en la práctica- nuestra voluntad de acatar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y señalamos que no podemos intensificar la presión política en relación con este tema. No obstante, algunos servicios parecen estar intentando sacar partido de la situación poco clara que existe en estos momentos. Señor Comisario Liikanen, yo quisiera rogarle que aclare una vez más a todos los servicios que, una vez encontrada y acordada la solución, deben proceder a aplicarla también para el ejercicio de 1998. En efecto, es preciso que se transfieran cuanto antes los fondos previstos para 1998, a fin de que las ONG, o sea, las organizaciones afectadas, puedan disponer del dinero prometido.
Yo quisiera felicitar de nuevo muy sinceramente al señor Christodoulou, que es un gato viejo y lleva ya varios años trabajando sobre este tema.
En Alemania decimos que hay personas que se sientan y saben esperar hasta que se resuelvan los problemas. Tenemos al frente del Gobierno a un hombre lo sabe hacer. El señor Christodoulou también ha sabido permanecer sentado y esperar, ¡y ha logrado resolver con éxito este problema!
(Aplausos)
Brinkhorst
Señor Presidente, en cierto modo podríamos decir que esta cuestión representa mucho ruido y pocas nueces. En términos financieros, son 60 millones para proyectos experimentales y 30 millones para acciones preparatorias: menos del 1 %.
Naturalmente, la cuestión política es mucho más importante: es una señal de que la relación entre el Parlamento y el Consejo ha madurado por fin y un reconocimiento de que el Parlamento y la Comisión, como ha dicho acertadamente el Sr. Christodoulou, están presentando iniciativas. Por desgracia -dicho sea con el debido respeto-, el Consejo se ha vuelto un órgano impotente. Si no recibe presiones externas, nada puede hacer. Fue la presión externa -mediante su decisión, señor Presidente, de bloquear varios centenares de líneas presupuestarias- lo que al final hizo tomar conciencia al Consejo de que no podía aplazar más esa cuestión. Esto forma parte del debate presupuestario en general y estamos hablando sólo de unos centenares de millones aquí y allá. Pero el significado político es el de que el Consejo y el Parlamento se están considerando por fin como iguales. Ése es el elemento final de este acuerdo institucional y confirma que tanto el Consejo como la Comisión reconocen que el Parlamento ha adoptado iniciativas útiles que, como ha dicho acertadamente el Sr. Christodoulou, acercarán más a Europa a sus ciudadanos.
He de hacer una pregunta concreta a la Comisión, una pregunta que formulé hace dos meses en el debate en el Pleno. Para que este acuerdo institucional funcione en el futuro, mucho dependerá de la imaginación política de la Comisión. Ahora que estamos cerca de conseguir un resultado, ¿puede confirmar el Comisario que la Comisión intentará siempre en el futuro proponer un fundamento jurídico que sea lo más útil posible para velar por que la codecisión del Parlamento esté garantizada? ¿Puede decir que sólo se utilizará el artículo 235 en casos excepcionales, porque dicho artículo es una negación de la democracia parlamentaria? No puedo creer que la Comisión -y, en particular, este Comisario, que es un gran demócrata de corazón- vuelva a utilizar nunca el artículo 235 para emascular los poderes del Parlamento respecto del Consejo.

Moreau
Señor Presidente, el dogmatismo jurídico del Tribunal de Justicia ha dado lugar al bloqueo, por parte de la Comisión, de cien líneas presupuestarias por un importe superior a los 900 millones de ecus. Como consecuencia de ello, han debido ser interrumpidos numerosos proyectos de asociaciones y ONG en ámbitos tan delicados como la lucha contra la pobreza y la exclusión, la ayuda al desarrollo, la lucha contra el racismo, la democracia, los derechos humanos. La gran movilización de las asociaciones y ONG, de la que nuestro Grupo se ha hecho eco en el seno de nuestra Asamblea, ha contribuido en buena medida al acuerdo interinstitucional del 17 de julio, que regula la cuestión de los fundamentos jurídicos. Me congratulo de dicho acuerdo, tanto más, porque su aplicación es inmediata. Lamento, no obstante, que proyectos en favor de las personas de edad avanzada y acciones contra la pobreza sigan estando bloqueados, y quisiera renovar la solicitud al Consejo, tantas veces manifestada, de que adopte un nuevo programa de lucha contra la pobreza, de común acuerdo con las organizaciones humanitarias.
Mi solicitud ha sido rebatida con el argumento de que, puesto que la lucha contra la pobreza no consigue su erradicación, no es de utilidad prever créditos en este ámbito. Encuentro que es un argumento inaceptable e inadmisible, porque hay numerosas asociaciones que luchan con ahínco contra esta lacra. Pienso que es realmente necesario revisar esta posición y prever un nuevo plan de lucha contra la pobreza.
Para terminar, constataré que la intervención de los ciudadanos en los mecanismos europeos permite eliminar los obstáculos y encontrar soluciones, y quisiera que nuestro Parlamento desempeñe realmente su papel cuando el tema salga del debate de los especialistas, y que se haga eco de la intervención y de las expectativas de los ciudadanos.

Müller
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a las expresiones de agradecimiento. Yo creo que se trata de un buen acuerdo, tanto para el señor Christodoulou y el Parlamento, como también para la Comisión y el Consejo. Sobre todo me satisface que el Parlamento se haya mantenido firme en sus esfuerzos por hacer valer la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Lo cierto es que en algunos momentos fuimos objeto de una fuerte presión de las organizaciones no gubernamentales para que actuásemos como si dicha sentencia no existiese. Yo pienso que las negociaciones con las ONG, o sea, con el mundo exterior en el caso que nos ocupa, con objeto de garantizar el cumplimiento de la sentencia han contribuido mucho a aumentar el sentido de responsabilidad por el uso de nuestros fondos y a la comprensión de que esto requiere unas bases jurídicas. En conjunto, yo considero que todo ello ha sido un éxito.
Sólo cuando se llegue a un acuerdo sobre las bases jurídicas, podrá conocerse su alcance. La necesidad obliga ahora al Parlamento Europeo a crear junto con el Consejo unas bases jurídicas, para bien o para mal -puesto que así lo prevén los Tratados de Maastricht y de Amsterdam- por iniciativa de la Comisión Europea. Por esto, señor Comisario y señor Ponente, yo he intentado destacar en mis enmiendas que la Comisión, en su calidad de iniciadora de los actos jurídicos, adquiere una mayor responsabilidad en virtud del presente acuerdo interinstitucional. Esto nos obliga a proceder en el futuro de manera que se garanticen las máximas oportunidades de codecisión del Consejo y también del Parlamento. Yo espero que en el futuro mantengamos una buena colaboración con la Comisión en este sentido.
Volviendo ahora a la preocupación por el ejercicio de 1998 -que, si bien es cierto que no es objeto del acuerdo alcanzado para el futuro, sin embargo forma parte del compromiso global-, yo recibí antes de las vacaciones de verano, pero sobre todo después, una serie de llamadas motivadas por el hecho de que el dinero no ha llegado a pesar de que ya se han liberado los recursos. Por otra parte, todavía subsisten incertidumbres; por ejemplo, en mi caso, en relación con la línea B3-1000 y el Parlamento de los jóvenes. Yo le estaría muy agradecida, señor Comisario, si hoy pudiera darnos nuevamente garantías de que hará cuanto esté en su poder y nos comunicará exactamente antes de las consultas que van a celebrar nuestros Grupos políticos esta noche, tal como ha pedido Terence Wynn, qué partes del Presupuesto considera usted que no podrán ejecutarse este año, porque sencillamente no es posible a la vista de la sentencia. Yo creo que esta claridad sería necesaria para que podamos votar afirmativamente la declaración.

Ewing
Señor Presidente, como diputada más antigua de este Parlamento, recuerdo una época en que incluso antes de las elecciones directas los Comisarios nos aseguraban -y, por mediación de nosotros, a los ciudadanos de Europaque las instituciones de la Comunidad tenían un rostro humano. Si se bloquean estas líneas presupuestarias, no será así: es así de simple. Piénsese: la Fundación para los Derechos Humanos, cerrada; la financiación para las ONG, los malos tratos a los niños, la supervisión de los procedimientos electorales y la protección de las lenguas minoritarias, asunto que me es caro a mí y a John Hume, que fundó esa línea presupuestaria.
Me siento violenta por pertenecer a un Estado que presentó esto ante el Tribunal y provocó lo que ha sucedido. Me asombra que el Sr. Wynn diga que habla desde dos posiciones. En efecto, eso es lo que ha hecho, porque yo esperaba que un nuevo Gobierno en Gran Bretaña cambiara eso, ¡y no lo ha hecho! Parece ser un gobierno del mismo color en gran medida y que habla desde dos posiciones. Existen más de treinta lenguas minoritarias que son una parte preciosa de nuestro patrimonio común con sus propias literaturas. En Escocia tenemos dos. Bloquearlo no va a dar esta Comunidad un rostro humano.

Pronk
Señor Presidente, siempre me gusta que Terry Wynn hable con dos lenguas, pero aún no es Pentecostés.
Señor Presidente, con motivo de este punto, creo que todavía tenemos algunas dificultades. En primer lugar, en cuanto al asunto de la base jurídica. Estoy de acuerdo con aquéllos que han señalado que, en el fondo, esta cuestión constituye un ataque a la Europa de los ciudadanos. Es imposible explicar a los contribuyentes que se han destinado 150 millones de florines más al programa PHARE, sin que ese dinero pueda ser utilizado, mientras que, al mismo tiempo, se da la lata por un par de millones a causa de un problema de base jurídica. Señor Presidente, pienso, sin embargo, que en este momento debe aceptarse ese acuerdo, aunque tengo grandes dudas sobre si lo podremos aplicar fácilmente, ya que las cantidades que en él figuran son más bajas de lo que este Parlamento considera necesario. Deberemos ver cómo lo solucionamos. Tenemos que adoptar una decisión sobre esta cuestión y no hemos de crear una estructura compleja. Simplemente, debemos repartir con justicia el daño. El problema tal como se presenta es, creo yo, el siguiente. Casualmente, usted es uno de los mejores juristas de este Parlamento, pero el caso es que el Tratado no ha previsto este problema de las bases jurídicas. La base jurídica ha pasado por el Reglamento Financiero y el chantaje del Consejo a este Parlamento. Ése es, en el fondo, el motivo que hay detrás de todo esto. A partir de ahí, los juristas han incordiado y realmente han organizado un formidable batiburrillo. Esto también se había podido solucionar jurídicamente de una forma completamente aceptable. Ahora nos enfrentamos al problema de que debemos elegir una base jurídica aunque, de hecho, solamente el Consejo puede decidirla; cuando nosotros, como Parlamento, contamos con una competencia presupuestaria plena, al menos, en cuanto a los gastos no obligatorios. Ésta es una situación inaceptable, pero debemos vivir con ella con el objeto de lograr algo para la Europa de los ciudadanos. Acepto esto con poco entusiasmo, como diputado y como jurista.

Ojala
Señor Presidente, la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea depende en gran medida de la capacidad de la Unión para responder a los verdaderos problemas cotidianos con que se enfrentan los propios ciudadanos. Desgraciadamente, este grado de confianza no ha sido nunca muy elevado. La sentencia del Tribunal de Justicia de la pasada primavera, y la consiguiente decisión de bloqueo por parte de la Comisión, echaron definitivamente por tierra esta confianza. Al mismo tiempo que el fundamento jurídico permite inyectar decenas de millones de ecus en la campaña a favor de la UEM, se congelan los recursos de las ONG. Los ciudadanos no pueden comprender que el fundamento jurídico haga posible el uso de fondos para este tipo de campañas, y no haga lo propio con el dinero destinado a las ONG, la prevención de la pobreza, las actividades de las organizaciones de descapacitados o, por ejemplo, la promoción del uso de las lenguas minoritarias, que representa una cuestión de extrema importancia.
Creo que es importantísimo lograr un acuerdo entre las instituciones. Espero igualmente que, en esta ocasión, el Consejo escuche más al Parlamento que como lo ha venido haciendo hasta el momento. Lamentablemente, hemos comprobado con frecuencia que el Parlamento llega con mayor facilidad a un consenso con la Comisión que con el Consejo. Esperemos que la presidencia austríaca consiga resolver este difícil problema.

Lenz
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a las felicitaciones al señor Christodoulou por el presente informe, en el que ha abordado una de las cuestiones más difíciles que, a mi parecer, hemos tenido que debatir en mucho tiempo y que resulta muy difícil de explicar al mundo exterior. Esto también ha quedado patente en los debates en comisión. Yo sólo quiero decir unas breves palabras sobre las repercusiones, que el Consejo y la Comisión no deberían pasar por alto y que podrían tener consecuencias para la labor de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre todo en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, pero también en lo que respecta a nuestras relaciones con América Latina y Asia.
Los temas relativos a la democracia y los derechos humanos son de una importancia central, tal como ya se ha señalado, en lo que respecta a la futura política de la Comisión -y me dirijo ahora directamente a ésta-, ya que se trata precisamente de un ámbito en el que la Unión Europea entra en verdad en contacto directo con las personas. Por un lado, contribuye a movilizar en cierto modo, a través de la actividad de las ONG, a ciudadanos de los más diversos sectores en favor de la UE, pero a la vez también, por el otro lado, en favor de las personas necesitadas o -lo que es cuando menos igualmente importante- en favor del fortalecimiento de la conciencia democrática y del Estado de Derecho en el mundo.
Nosotros esperamos que las bases jurídicas se definan con la suficiente claridad para que estos programas también puedan continuar su labor, pero -este es el deseo que yo quiero expresar a la Comisión, señor Comisario- con menos burocracia, con menos costes administrativos asociados a la misma, a veces con mayores conocimiento de los expertos sobre los temas concretos, en algún caso quizá también con menores costes para la UE, en resumen, con mayor transparencia. Nosotros apoyamos que la propuesta de la Comisión de Presupuestos no sea selectiva, pero queremos rogarles que no se olviden de estos problemas.

Ruttenstorfer
Señor Presidente, Señorías, yo me congratulo de que acojan con satisfacción el acuerdo. Sin embargo, quisiera añadir algunas observaciones en relación con algunas de las opiniones que han manifestado. Yo no comparto su opinión de que el Consejo sólo puede adoptar decisiones -y las ha adoptado en este caso, en particular- cuando existe una presión. Yo tengo que rechazar rotundamente esta afirmación y puedo replicar que el Consejo se encontraba en una posición muy favorable después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y que ésta no fue el motivo que lo impulsó a hacer particulares esfuerzos para alcanzar muy rápidamente una solución común, junto con el Parlamento y la Comisión.
Nos movieron más bien otras dos razones. La primera ya la han mencionado muchos de ustedes, a saber, que esta decisión era importante para muchas personas en Europa, ya que estaba en entredicho la ejecución de algunas líneas presupuestarias. Por esto, el Consejo tenía interés en encontrar una solución para esta cuestión. El segundo motivo es que se trataba de un problema pendiente desde hace ya unos quince años entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión y que obstaculizaba la cooperación entre los órganos de la Unión. Yo creo que, por estas razones, ya era hora de que encontrásemos una solución. Por esto estoy muy satisfecho y espero que ésta obtenga su aprobación definitiva.

Liikanen
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo sobre los fundamentos jurídicos que las instituciones alcanzaron el 17 de julio de 1998 es un logro notable y no sólo porque sea el primero desde la Declaración Común de 1982, que resultó inviable. No es porque entrañe grandes sumas de dinero: los diputados que se han referido a ello tienen toda la razón. Las cantidades de que se trata han sido siempre una pequeña proporción del presupuesto de la Comunidad. Es notable porque por una vez se han logrado avances por el campo de minas de las competencias institucionales.
El acuerdo fortalece la confianza interinstitucional al comienzo de las negociaciones para el próximo acuerdo interinstitucional. Debo felicitar también a la Presidencia austríaca por sus intensas gestiones sobre este asunto. Al mismo tiempo, en este marco, resulta digno de gran beneplácito que el Gobierno británico haya decidido retirar todos los casos pendientes ante los tribunales contra la aplicación del presupuesto de la Comunidad.
Los vencedores del acuerdo son no sólo las instituciones, sino, sobre todo, los programas y los centenares de organizaciones interesadas. Ha habido un período particularmente activo de presión no gubernamental en torno a la Comisión y a las instituciones. Ha sido una clara demostración de la importancia de las acciones de que se trata. En el futuro esas organizaciones pueden estar seguras de que, una vez que una cantidad entre en el presupuesto, no se pondrá en tela de juicio la aplicación de la línea presupuestaria.
Hay que reformular algunas de las acciones y no todas podrán continuar permanentemente. En el futuro se adoptarán esas decisiones con arreglo a procedimientos legislativos y presupuestarios claros. Nuestros socios podrán confiar en el resultado.
La Comisión está dispuesta a firmar el acuerdo. La lista de poderes específicos de la Comisión aneja al acuerdo es correcta. Siempre se puede aumentar en futuros anteproyectos de presupuesto. Quiero subrayarlo. La autonomía de la Comisión no resulta afectada por el acuerdo.
Por lo que se refiere al presupuesto para 1999, el anteproyecto de presupuesto es compatible con los límites máximos acordados. Respecto del presupuesto de 1998, las restantes líneas presupuestarias han sido desbloqueadas en las últimas semanas. Hemos dado información a Sus Señorías sobre esas líneas presupuestarias determinadas. Un acuerdo ad hoc del 17 de julio permitió, además, una reapertura inmediata de varias líneas presupuestarias particularmente delicadas: por ejemplo, la lucha contra la violencia que padecen las mujeres y los niños, las acciones contra los contenidos ilegales en Internet y las acciones en pro de los derechos humanos y la democracia.
La conclusión de los procedimientos legislativos para un servicio de jóvenes voluntarios y para las ONG de terceros países ha dejado expedita la vía para la aplicación de esos programas. La adopción de otros fundamentos jurídicos parece inminente.
Respecto de las líneas presupuestarias encaminadas a luchar contra la exclusión social, que constituían el núcleo del conflicto, la Comisión va a abordar esa cuestión en la reunión que celebrará mañana. Decidirá sobre una comunicación que propone la reorientación de las líneas hacia acciones preparatorias para programas basados en el Tratado de Amsterdam. Con esa reorientación, que será decidida -espero- mañana, se podrá reactivarlas inmediatamente.
Evidentemente, siguen existiendo algunos problemas en la transición al nuevo régimen. Algunos son inevitables, pues el fallo del Tribunal impide a la Comisión hacer como si hubiera ocurrido. Pero las gestiones comunes han logrado limitar los problemas al mínimo, a partir del año próximo la ejecución del presupuesto descansará sobre una base más sólida.
Si, después de todo esto, permanece bloqueada o parcialmente bloqueada una acción, la Comisión respetará plenamente las esperanzas legítimas y también protegerá las inversiones existentes. Las indicaciones procedentes de sus servicios son las de que de los 870 millones de ecus originalmente bloqueados por falta de un fundamento jurídico, sólo unos 30 millones de ecus pueden no estar aplicados al final del año por esa razón.
Ahora voy a responder a las preguntas formuladas por el Sr. Wynn y el Sr. Müller sobre la línea B-5321, relativa a la economía social. No hay actualmente un fundamento jurídico, pero ahora estamos considerando la posibilidad de una transferencia de esos fondos a la línea B-5512 (iniciativas en materia de empleo), que posibilita un tipo de acción similar.
Las otras dos preguntas del Sr. Wynn se refieren a las líneas presupuestarias B-7851 y B-7852. No resulta demasiado fácil de entender para alguien que no esté al corriente de la elaboración del presupuesto. En cualquier caso, esas propuestas de fundamentos jurídicos están ante el Consejo y espero que la Presidencia haga un gran esfuerzo para acelerar el procedimiento, en particular para la línea presupuestaria relativa al fomento de la exportación y al Japón, que ha resultado ser muy útil.
En tercer lugar, en respuesta al Sr. Tillich, he de decir que nuestros servicios deben trabajar ahora a partir de las decisiones adoptadas. Quisiera decir a los diputados con los que se han puesto en contacto organizaciones, etc., que, por favor, se pongan en contacto directamente con los servicios pertinentes. Ésa es la forma mejor de garantizar una acción rápida. Ya se ha resuelto el marco básico relativo a la Comisión.
Tengo buenas noticias para la Sra. Ewing en relación con la cuestión de las lenguas minoritarias, por lo que puede expresar palabras afectuosas para con la Comisión. Hoy hemos podido aplicar la línea presupuestaria para las lenguas minoritarias casi totalmente. Sigue en la reserva, gracias al Parlamento Europeo, una suma de 400.000 ecus. Estoy totalmente dispuesto a proponer que la Comisión la transfiera muy pronto y, si la Sra. Ewing puede convencer a sus colegas del Parlamento para que acepten dicha transferencia, dejará de existir ese problema.
Quisiera concluir agradeciendo al ponente, Sr. Christodoulou, al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, y al Presidente en ejercicio, Sr. Ruttenstorfer, las extraordinarias gestiones que han hecho para lograr este acuerdo histórico.

El Presidente
Gracias, señor Comisario. Si he entendido bien, ha acabado por arreglarse.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Emisiones de los vehículos de motor - Calidad de la gasolina y el gasóleo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0314/98 del Sr. Lange sobre el texto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa aI.las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo (C4-0498/98-96/0164(COD)) y aII.las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE en lo que se refiere a los vehículos industriales ligeros (C4-0499/98-96/0164B(COD))Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación
A4-0313/98 de la Sra. Hautala sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de la gasolina y del gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (C4-0500/98-96/0163(COD))Delegación del Parlamento Europeo

Lange
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo creo que el Parlamento Europeo ha tomado el timón de manera resuelta en relación con este tema, ha sorteado escollos y ha seguido un curso orientado hacia una movilidad ambientalmente sostenible. Ahora tenemos un resultado sobre la mesa tras las negociaciones desarrolladas en el Comité de Conciliación, unas negociaciones duras, pero también cordiales. Por esto yo quisiera expresar también mi sincero agradecimientos a todos los que han participado en las mismas por la firmeza, pero también por el enfoque no burocrático con que se ha abordado el tema y se han desarrollado las negociaciones. Más allá de las discrepancias, también ha sido una tarea agradable.
La Comisión también está satisfecha con el resultado. Hasta el momento, la Comisión ha ofrecido al Parlamento la oportunidad de tomar el timón en este asunto. En efecto, de lo contrario podría haber presentado ya de entrada, como es lógico, este bonito resultado.
Efectivamente, hemos enfilado el camino adecuado. Ya hemos dado el primer paso y hemos iniciado la primera etapa en relación con los automóviles de turismo, los vehículos comerciales ligeros y los carburantes. Los siguientes escollos, las siguientes etapas ya están a la vista: reducción de las emisiones de CO2 de los automóviles y luego de los vehículos comerciales pesados, sin olvidar tampoco las motos, con objeto de garantizar una movilidad respetuosa con el medio ambiente. En la práctica, el 80 % de los desplazamientos se realizan en automóvil. Esto puede gustarnos o no, pero ¡es la realidad! Sin duda, son necesarios otros planteamientos a largo plazo, pero también necesitamos soluciones que nos permitan contar con vehículos más limpios en el presente.
Yo creo que el resultado que ha conseguido el Parlamento en las negociaciones constituye un doble éxito: por un lado, en favor de una mejor calidad del aire y en favor del empleo en Europa, pero, por el otro lado, también desde el punto de vista institucional.
Veamos primero los resultados en favor de una mejor calidad del aire: hemos conseguido que se establezcan unas normas obligatorias hasta el año 2000 y el año 2005 para los automóviles y los vehículos utilitarios ligeros, más rigurosas que las que existen en ningún otro lugar del mundo. Además, no sólo hemos conseguido establecer un procedimiento más riguroso para las nuevas matriculaciones, sino también -cosa que yo considero casi más importante- que los automóviles en circulación también emitan menos contaminantes y no sólo en el momento de su matriculación, sino también cuando lleven ya un tiempo en circulación. Con este objeto, se han endurecido los requisitos de durabilidad de los dispositivos de control de las emisiones, que se amplía hasta 80.000 km. y 100.000 km. Éstos serán controlados de manera permanente mediante un sistema de diagnóstico a bordo y los Estados miembros que tengan recelos podrán realizar también una vigilancia y controles sobre el terreno para garantizar la durabilidad.
Todo esto se ha articulado de manera que no constituya un obstáculo para los servicios gratuitos de mantenimiento y reparación y para los clubs del automóvil. Esto permitirá que las pequeñas y medianas empresas participen también en el proceso. Yo creo que, además de los éxitos en materia de contenido, la estabilización de las pequeñas y medianas empresas de este sector constituye igualmente un éxito.
En conjunto, esta legislación tendrá también un efecto colateral sobre el empleo. Estas normas en favor de una mejor calidad del aire también repercutirán directamente, como en ningún otro ámbito, sobre la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector del automóvil. El análisis lo revela muy claramente: hasta un 6 % de las actuaciones recaerán exclusivamente sobre este sector. Éstas pueden suponer la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo en la industria de producción de catalizadores.
Antes he señalado que el éxito es doble. También se trata de un éxito institucional. El Parlamento Europeo ha empuñado con decisión el timón en el ámbito de la política medioambiental, ha agrupado y discutido conjuntamente tres directivas complejas y ha resistido numerosos intentos de influencia de los grupos de presión. Yo puedo decir que ha sabido resistir la prueba de fuerza y no ha dado su brazo a torcer, sino que por el contrario ha introducido mejoras esenciales. Sobre una lista de 22 propuestas, podemos anunciar que el resultado ha sido negativo sólo en tres casos. En todos los demás aspectos, el Parlamento ha conseguido imponer sus puntos de vista en mayor o, a veces, en menor medida, pero aun así en sentido positivo.
El procedimiento ha sido rápido, o sea, que el Parlamento Europeo no sólo ha trabajado con empeño, sino también con celeridad. Yo sólo quisiera recordar que la segunda lectura se realizó el 17 febrero, y el 30 de abril en el caso de los vehículos utilitarios ligeros. Asimismo, en este último caso la segunda lectura se completó en sólo un mes, del 30 de marzo al 30 de abril. Hoy se debate el resultado. El resultado del Comité de Conciliación ya se había completado el 30 de junio. El Parlamento Europeo ha trabajado con celeridad. Quizá esto también pueda servir como un pequeño ejemplo para todas las instituciones europeas.
En conjunto, este resultado constituye un éxito, un éxito en favor de una mejor calidad del aire y un éxito institucional. También es una satisfacción para mí y un motivo de un cierto orgullo que los comentarios de la prensa europea sobre esta legislación hayan sido de un signo algo distinto, en contraste con el que lamentablemente suelen tener en relación con otros contextos europeos y con los titulares negativos que estamos habituados a leer. Un gran diario de la República Federal de Alemania publicó un comentario sobre la presente legislación bajo el título "Buenas noticias de Bruselas». ¡Así es como debe ser!
(Risas y aplausos)

El Presidente
Gracias, señor Lange, por esta buena nueva.

Hautala
Señor Presidente, puedo confirmar todo lo que ya ha señalado el otro ponente, el Sr. Bernd Lange. La conciliación ha sido muy constructiva, y por momentos hemos llegado, incluso, a pasar un buen rato. A mí personalmente, al menos, se me hacía en ocasiones difícil no mostrarme de acuerdo con la otra parte, es decir, con el Consejo. Por todo ello, puedo asegurar que hemos entablado una amplia cooperación, presentando cada una de las partes argumentos en defensa de sus propias propuestas, con lo que el debate ha alcanzado por momentos unas cotas muy elevadas desde un punto de vista intelectual. Deseo verdaderamente expresar mi agradecimiento a todas sus señorías por el espíritu de cooperación tan favorable que ha permitido llevar adelante esta propuesta en el Parlamento.
El punto de partida fue la propuesta lanzada por Comisión hace dos años para establecer en el ámbito de los combustibles unos requisitos de calidad vinculantes únicamente para el año 2000. No cabe lugar a dudas de que el Parlamento, en colaboración con el Consejo, ha mejorado considerablemente las propuestas iniciales de la Comisión. Nosotros queríamos que se fijaran unos requisitos de calidad también de cara al año 2005, para que los consumidores pudieran tener la certeza de que se va a lograr verdaderamente un aire más puro, y para que la industria pudiera tener una cierta seguridad acerca de los aspectos en los que deberá realizar sus inversiones. Finalmente, hemos conseguido sacar adelante esta propuesta.
El Comité de Conciliación ha conseguido introducir la exigencia de que también los requisitos de calidad para el año 2005 sean de carácter vinculante. Consideramos que se trata de un logro muy importante, ya que, en realidad, implica que la industria podrá orientarse a la producción de tecnologías menos contaminantes. Si bien esta circunstancia es especialmente significativa para la industria del automóvil, que necesita combustibles más limpios para hacer frente a los requisitos cada vez más estrictos en materia de gases de escape, no lo es menos para la industria petrolífera. La autoridad legislativa hace saber ahora lo que espera de la industria del petróleo de aquí al año 2005.
Durante este proceso, hemos tenido a veces la sensación de que lo que quería la industria del petróleo era cargar sobre las espaldas del Parlamento toda las responsabilidades derivadas de las dificultades estructurales con que se enfrenta este sector. Sin embargo, hemos conseguido demostrar que, de hecho, ya iba siendo hora de exigir también a la industria del petróleo que realizara inversiones en tecnologías menos contaminantes. Si este sector sufre una excesiva capacidad de producción, no puede echar la culpa, por lo menos de todos sus males, a la existencia de unos requisitos cada vez más estrictos en materia medioambiental.
Con motivo de la conciliación, hemos logrado también modificar los planteamientos de la Comisión en el programa Auto-Oil. En un principio, creíamos que el punto de partida era un análisis de la relación eficacia/coste muy poco ambicioso, pero tanto el Parlamento como distintos agentes sociales lograron introducir otros argumentos económicos en este debate. Hemos señalado que los gastos derivados de las enfermedades que contraen las personas también se deben tener en cuenta a la hora de calcular los costes. Se podría decir que de esta manera hemos ampliado globalmente dicho planteamiento. Creemos que cuando se reanuden en la Comisión los trabajos correspondientes al programa Auto-Oil, su planteamiento será decisivamente distinto al que esta institución mostraba en un principio.
Las repercusiones de esta solución se harán patentes en muy poco tiempo, puesto que ya a partir del año 2000 se introducirán en el mercado combustibles menos contaminantes. Ésta será una señal muy clara para el mercado acerca de las grandes expectativas que crean los productos más respetuosos con el medio ambiente. Durante la conciliación hemos logrado igualmente que la Comisión vea en el futuro con mejores ojos la posible aplicación por parte de los Estados miembros de desgravaciones fiscales para incentivar la adopción de combustibles menos contaminantes. De esta manera, esperamos que sea posible mejorar la calidad del aire apenas haya transcurrido algún tiempo desde la entrada en vigor de esta decisión. Su aplicación afectará naturalmente también a los vehículos más antiguos. Sin lugar a dudas, recomiendo al Parlamento Europeo la aprobación de este paquete de medidas sobre los combustibles.

Bowe
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a los dos ponentes y a otras personas que han participado en la conciliación. Han presentado un informe excelente que tendrá -espero- el apoyo total del Parlamento hoy.
La propuesta contribuirá a que este programa haga de las ciudades europeas lugares mejores para vivir y más saludables para el crecimiento de nuestros hijos y el desarrollo de nuestra vida diaria. Las ciudades -desde Aberdeen hasta Atenas- serán lugares más limpios y saludables para vivir.
Dentro de diez años habrá menos personas -niños y ancianos- que padezcan asma causada por el humo de los coches, si se alcanzan las metas de este programa Auto-Oil.
Al mismo tiempo, se va a hacer una importante contribución a la reducción de los daños causados a las cosechas por la contaminación. Se trata en verdad de un conjunto de propuestas muy útiles para proteger el medio ambiente y la salud pública.
Hemos sido muy ambiciosos desde el comienzo, al querer velar por que las empresas fabriquen coches menos contaminantes, motores más eficientes y obligar a las compañías petroleras a fabricar una gasolina y un diesel menos contaminantes y al mismo tiempo librarnos del combustible con plomo. Esta propuesta presenta muchos efectos benéficos y, aunque se ha expresado preocupación al respecto, el costo no es elevado. Hemos visto diversos estudios. Pero la mejor forma de explicarlo es decir que al conductor medio que conduzca el coche medio en Europa le costará sólo de cinco a ocho ecus más al año obtener los beneficios plenos de este conjunto de propuestas. No cabe duda de que es un precio que, para todos los conductores -y todos somos conductores-, valdrá la pena pagar.
Desde el comienzo mismo, hemos estado decididos a velar por que la carga sea compartida equitativamente entre la industria petrolera y la industria automovilística. A veces ha resultado difícil de determinar, con todos los diferentes grupos de intereses y las informaciones opuestas. Pero ahora estoy convencido de que hemos logrado un equilibrio equitativo. La industria automovilística tendrá que cambiar, tendrá que aportar nuevos modelos más eficientes y menos contaminantes y que quemen menos combustible. Al mismo tiempo, la industria petrolera producirá combustibles menos contaminantes; de hecho, algunas de las empresas están esperando a conocer los plazos. Tengo entendido que algunas de ellas están comercializando ya combustibles menos contaminantes con la especificación que hemos pedido. No cabe duda de que pueden hacerlo.
En los próximos años puede haber una reestructuración de la industria petrolera, pero no será consecuencia del programa Auto-Oil, sino de cambios más generales en la economía europea.
Por último, éste es un ejemplo excelente de cómo, cuando el Consejo, la Comisión y el Parlamento trabajan en cooperación y alcanzan consensos mediante la conciliación, podemos lograr repercusiones legislativas importantes que afecten a la vida de todos los ciudadanos de Europa. Debemos estar orgullosos de haberlo logrado con este conjunto de propuestas. Insto a todos mis colegas a que lo apoyen.

Florenz
Señor Presidente, estimados ponentes, señor Lange, señora Hautala, yo quiero felicitarles muy sinceramente por sus informes. Lo cierto es que no me sorprende en absoluto que un gran número de diputados entonen hoy el himno de la alegría, pero no quisiera sumarme de manera tan incondicional al coro, ya que considero que el procedimiento no abre un rayo de esperanza desde el punto de vista institucional.
El señor David Bowe acaba de lanzar una consigna y esto me obliga a modificar por completo mi intervención. Usted acaba de decir que la industria petrolera ya ha anunciado que hace tiempo que dispone de los carburantes que nosotros exigimos a partir del año 2000 y del 2005. Precisamente de esto se trata. Muchos olvidan siempre, por desgracia, una cosa: que para que las emisiones de un automóvil sean limpias, es preciso que éste utilice un carburante de alto valor cualitativo y justamente esto es lo que no conseguimos en el Comité de Conciliación, ya que éste estaba sometido a la presión de la premura de tiempo. Todo el procedimiento tenía que completarse antes del 28 de junio, en lo cual intervenían consideraciones relacionadas con la Presidencia del Consejo y nosotros deseábamos contribuir, desde luego, a arroparla un poco. Fue una lástima, pues tendríamos que habernos mostrado dispuestos a presentar batalla frente a quienes son competentes en materia de carburantes dentro de la Comisión. También hubiésemos tenido que demostrar a los grupos de presión que lo que ellos consideraban absolutamente imposible entonces -yo ya lo documenté aquí en la primera lectura- es posible. De hecho, así lo reconocieron inmediatamente después de que se cerrasen las deliberaciones del Comité de Conciliación. En este aspecto, todos nos mostramos débiles en nuestra calidad de parlamentarios. Esto no debe volver a repetirse.
La industria petrolera tiene dificultades, pero no a causa de las normas europeas, sino debido a sus problemas estructurales y a muchas otras causas.
Aun así, yo creo que hemos avanzado un paso. En Europa hay 200 millones de vehículos y mi Grupo político está decididamente a favor de la movilidad, al contrario que los colegas de los Verdes. Éstos preferirían suprimir la movilidad. Ésta es un requisito del mercado interior: movilidad de las personas, bienes, mercancías y servicios. Y porque deseamos esta movilidad necesitamos contar con carburantes de alto valor cualitativo, que permitan que los motores y las emisiones sean más limpios.
Ha habido mejoras en algunos aspectos. El sistema de diagnóstico a bordo no se ha traducido, como se temía, en un bloqueo electrónico del capó, que impediría que nuestras empresas de tamaño medio pudiesen realizar reparaciones. Yo me congratulo de que se hayan mejorado los procedimientos de prueba. También me congratulo de que las empresas de tamaño medio tengan acceso a muchos ámbitos. En conjunto, se ha ganado la batalla, pero en el futuro tenemos que mostrarnos todavía más combativos frente a quienes actúan conjuntamente en este consorcio europeo, con objeto de cosechar mayores éxitos en favor de nuestros hijos, que necesitan un medio ambiente saludable.

Eisma
Señor Presidente, también yo quiero empezar felicitando a mis colegas, la Sra. Hautala y el Sr. Lange, por este resultado. Especialmente, hay que agradecerles que hayamos conseguido estos logros en relación con la mejora de la calidad del aire en Europa.
Considero que éste es el éxito más importante del Parlamento Europeo en este ámbito en los últimos cuatro años. Lo que hemos obtenido en estos últimos años no es baladí. Naturalmente, hemos tenido que contraer compromisos, pero éstos han ido más en nuestra dirección que en la de la industria del automóvil y del petróleo. En otras palabras: hemos ganado.
El Sr. Lange ya ha mencionado los resultados obtenidos. No los voy a repetir. Sin embargo, si comparo la posición de la industria del automóvil y, especialmente, la de la industria petrolífera, ante los resultados que el Consejo, la Comisión y el Parlamento conjuntamente han alcanzado, con la posición de hace un año, hay que señalar una gran diferencia. La reivindicación más importante que se nos planteaba hace un año ha desaparecido ahora, cuando nos hemos mantenido firmes a fin de lograr la mejora del aire. Eso se debe especialmente a un Parlamento Europeo unido. Hemos aprobado las enmiendas por una amplia mayoría.
No voy a entrar en los resultados logrados, pero sí quiero mencionar una cosa: creo que lo mejor de todo es que los valores límites, tanto para la composición de combustibles como para las emisiones de los vehículos de motor serán obligatorios a partir del año 2005. Ésos sí que son buenos compromisos.
Por lo tanto, estaremos completamente de acuerdo con el resultado. Termino, señor Presidente, con una única observación: estoy menos satisfecho con la Comisión, pero esta cuestión seguramente será tratada cuando hablemos del acuerdo alcanzado con la industria del automóvil sobre las emisiones de CO2 . Eso también forma parte del programa Auto/Oil, sobre el que como parlamentario, como grupo, estoy menos conforme, pero ya he dicho que sobre esto hablaremos más tarde.
Por último, hago un llamamiento a mis colegas. He comprobado que durante la conciliación, el absentismo de los europarlamentarios fue más bien elevado. Me pareció vergonzoso reunirme con un Consejo formado por quince embajadores, mientras que por parte del Parlamento solamente estaban presentes cuatro, cinco o seis personas. Éste es un llamamiento que tiene una importancia interna para el Parlamento. Si contamos con este poder de decisión, estemos presentes.

Cabrol
Señor Presidente, el dossier Hautala contiene tres directivas relativas a la calidad de los combustibles y la reducción de las emisiones de los vehículos de motor y de los vehículos industriales ligeros. El compromiso propuesto en este texto común es el fruto de un procedimiento de conciliación elaborado tras dos meses de negociación. El acuerdo está basado en los valores fijados por el Consejo para los años 2000 y 2005, pero el Parlamento Europeo ha logrado hacerlos obligatorios para el 2005, en vez de indicativos.
En lo que respecta al informe Hautala, el principal reto ha sido la reducción obligatoria del contenido en azufre. Los valores para el año 2000 del gasóleo y de la gasolina sin plomo se mantienen inalterados con respecto a la posición común del Consejo, aunque incluye una enmienda del Parlamento Europeo encaminada a incrementar el índice máximo de oxígeno de la gasolina sin plomo. Las especificaciones para el año 2005 consideran como obligatorios los valores del Consejo. En el caso del gasóleo, el contenido en azufre se reducirá a 5 ppm, reducción que será obligatoria a partir del 2005. En cuanto a la gasolina sin plomo, el Parlamento Europeo ha aceptado los valores propuestos por el Consejo, pero los convierte en obligatorios.
Asimismo, en el caso de los dos combustibles citados anteriormente, el Consejo ha aceptado el principio propuesto por el Parlamento Europeo de autorizar la introducción anticipada, a partir del año 2000, de la gasolina y el gasóleo, que respondan al menos a las especificaciones que serán obligatorias en el 2005. Además, en una declaración anexa al texto, la Comisión comunica su intención de acelerar los procedimientos encaminados a autorizar los incentivos fiscales para los combustibles limpios. Esta vez, sólo se autorizarán las excepciones sobre el contenido en azufre hasta el 2003, para eximirse de las especificaciones previstas para el año 2000, y hasta el 2007 para eximirse de las especificaciones previstas para el 2005 y, por tanto, en el cumplimiento mínimo de los valores previstos para el año 2000.
Por último, la Comisión ha indicado, asimismo, en una declaración, que tendrá en cuenta la disponibilidad de combustible limpio en cantidad suficiente, antes de conceder las excepciones. El texto conjunto, por consiguiente, puede considerarse aceptable en la medida en que garantiza la existencia de combustible de calidad superior a partir del año 2005, o incluso del año 2000.
Respecto a los informes Lange, el texto afecta a vehículos de motor y a vehículos industriales ligeros. Los valores límite son aquéllos propuestos por el Consejo, obligatorios a partir del 2005. Los instrumentos para controlar los equipos anticontaminación, obligatorios para todos los vehículos diesel y gasolina, estarán disponibles, en caso de avería, en todos los talleres, mientras que la industria automovilística desea reservarlos únicamente a los concesionarios. Lo mismo ocurre con las pruebas de arranque en frío; sabemos que cuando el arranque se hace en frío, la contaminación es mayor. Es conveniente, por tanto, que nos mantengamos especialmente firmes en este punto.
Para terminar, este texto común es aceptable para nuestro Grupo. Además, ha sido ratificado por todos los Estados miembros y por la industria automovilística.

Sainjon
Señor Presidente, naturalmente acojo con satisfacción el texto de compromiso obtenido a raíz de múltiples reuniones de conciliación, y felicito a los dos ponentes por su excelente trabajo. En este delicado dossier, el Parlamento Europeo ha demostrado toda su determinación impulsando lo más lejos posible sus reivindicaciones en materia de medio ambiente, pero sabiendo siempre situarse en el ámbito de lo posible y del realismo.
Las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo y los diferentes agentes que son partes interesadas en este dossier han sido ejemplares. Para mí, que no soy precisamente un diputado novel, han sido un auténtico modo de empleo en lo que respecta al procedimiento de conciliación.
Desearía que las negociaciones que se emprendan ahora en lo relativo al CO2 se desarrollen igual de bien. Propongo, por consiguiente, que nuestra Asamblea respalde plenamente este texto, que constituye en sí mismo un avance considerable. Avance en lo que respecta a la reducción del contenido en azufre de los combustibles, avance en lo que respecta a la prohibición de la gasolina con plomo, avance en lo que respecta a la creación de tecnologías que permitan a los motores funcionar con combustibles con bajo contenido en azufre.
Todo esto cambiará concretamente el día a día de los ciudadanos de la Unión. Ahora queda dar a conocer estas decisiones, que marcan el comienzo de la respuesta a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el gran desafío de finales de este siglo.
Será necesario que en nuestros países y en nuestras circunscripciones acabemos con algunos prejuicios. Me refiero especialmente a la mala imagen que tiene el gasóleo. Aunque dicha imagen estaba justificada ayer, debemos reconocer los enormes avances realizados por los fabricantes de automóviles para aproximarse a las normas europeas. Será necesario que reflexionemos para hacer comprender a los ciudadanos y a los medios de comunicación que, a partir de ahora, el gasóleo limpio será menos contaminante que la gasolina sin plomo, y para ello debemos contar con la ayuda de las compañías petroleras y de los fabricantes de automóviles. Este desafío tecnológico honra a nuestros ingenieros.
Para terminar, señor Presidente, no habremos aportado auténticas soluciones al problema de la contaminación de los automóviles hasta que no abordemos la cuestión de la renovación del parque. Todos sabemos que se trata aquí de un reto importante, ya que el 20 % del parque es responsable de aproximadamente el 80 % de la contaminación causada por los automóviles. Se trata, por consiguiente, de estudiar medidas originales y nuevas, que no se inscriban en la línea de los errores cometidos en Francia. No se trata de condicionar una ayuda a la compra de un nuevo coche, sino al hecho de deshacerse del viejo, todo ello financiado principalmente a nivel europeo. Me refiero, por ejemplo, al programa LIFE. Esta medida dará popularidad a Europa. Naturalmente soy consciente de su coste; pero en lugar de espolvorear ayudas y de dispersar nuestras fuerzas indefinidamente, estoy convencido de que, políticamente, es importante saber dar un golpe de efecto de vez en cuando.

Blokland
Señor Presidente, mi sincera felicitación a la Sra. Hautala y al Sr. Lange quienes, como ponentes, junto con el Sr. Kenneth Collins, han logrado un resultado destacado. La contaminación atmosférica es un problema extraordinariamente persistente que debe abordarse de forma integral, sistemática y pluridisciplinar. La salud de las personas, plantas y animales está directamente vinculada a ella. A largo plazo, las amenazas para el entorno vital por la acidificación y el cambio climático son universales. Por ello, la importancia de contar con una legislación sobre combustibles y vehículos de motor más limpios no puede ser infravalorada. El resultado de la negociación, que en este momento se presenta, constituye un éxito trascendental para un Parlamento Europeo unido, que ha establecido con éxito rigurosos valores límite para las emisiones de los vehículos y la calidad de la gasolina y el gasóleo, que se aplicarán a partir del año 2005.
Así mismo, el Consejo y, especialmente, la presidencia británica deben ser felicitados por estos logros. Se ha negociado empleando argumentos y se ha avanzado rápidamente. Lo satisfechos que estamos con este resultado no es sino una parte del problema, es decir, de la contaminación del aire como consecuencia del tráfico y del transporte. El rápido aumento de la movilidad anulará el efecto en poco tiempo. Esto pide una política de movilidad orientada al desarrollo sostenible. Reflexionar más, conjuntamente con las organizaciones medioambientales y de consumidores, sobre una tecnología sostenible que, de forma responsable, satisfaga las necesidades de movilidad constituye un gran reto para las industrias del automóvil y petrolífera. Confío y espero que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento estén preparados para fomentar el debate de esta cuestión y respaldar los estudios financieros necesarios.

Kronberger
Señor Presidente, la introducción de valores límite obligatorios para los carburantes y las emisiones de los vehículos de motor en toda Europa constituye sin duda un paso fundamental para la conservación de la pureza del aire. Los ponentes merecen nuestra congratulación por este resultado y sobre todo por su empecinamiento para conseguirlo.
Evidentemente, nos duele la posibilidad de que se establezcan excepciones. En el futuro habrá que presionar en este aspecto para que dichas excepciones sean lo más limitadas posibles. Todos los diputados de la Asamblea que fueron objeto de la actividad de los grupos de presión durante la preparación de esta directiva saben que dicha cautela es necesaria. También es motivo de satisfacción el acuerdo sobre la aplicación del sistema de diagnóstico a bordo, que representa un compromiso aceptable entre los intereses de los consumidores y la necesidad de sistemas de control. La posibilidad de que los Estados miembros introduzcan individualmente ventajas fiscales para las mejoras anticipadas debería elevarse a la categoría de principio fundamental de la política europea en materia de medio ambiente, hasta que llegue el día en que sea una obviedad que no haga falta negociar en cada caso concreto.

Graenitz
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a las felicitaciones a los ponentes y dar las gracias a cuantos han trabajado en el Comité de Conciliación. Ha sido sin duda un trabajo difícil, que se ha completado rápidamente y con éxito.
Yo desearía incorporar, no obstante, un nuevo aspecto al debate. Yo creo que con el paquete del programa Auto-Oil hemos demostrado por primera vez con toda claridad que la política industrial moderna es en realidad una política medioambiental y que sólo será posible definir una política industrial no únicamente a uno o dos años vista, sino con diez, veinte o cincuenta años de futuro, si se toma en consideración el medio ambiente y la necesidad de conservar las bases naturales de nuestra existencia y de proteger de manera preventiva la salud de las personas.
Yo creo que debemos tomarlo como un ejemplo y examinar la posibilidad de concretar paquetes análogos en otros ámbitos. A mi parecer, la industria química sería un ámbito muy idóneo para empezar a definir una normativa general que permita planificar e impulsar un desarrollo a largo plazo -una vez más no para los próximos años, sino para un plazo de diez, veinte o treinta años-, que permita hacer realidad en último término el principio de la sostenibilidad, que ya hemos invocado tantas veces y hemos enraizado en todos los Tratados.
Se trata precisamente de un paquete que permite equilibrar diversos intereses, que permite reflejar adecuadamente y de manera equilibrada la interacción entre las diferentes industrias que intervienen en la producción e iniciar procesos que, como en el caso del programa Auto-Oil, deben ser desarrollados conjuntamente por la industria del automóvil y la industria de los carburantes. Deberíamos hacer nuestro precisamente este método y aplicarlo en un mayor número de sectores, ya que, a mi parecer, esta es la verdadera política con perspectivas de futuro, a saber, una política industrial que vaya unida a la política medioambiental o, más bien dicho, una política medioambiental que defina el camino que debe seguir la industria.
Como es natural, no quisiera dejar de constatar en este contexto que este paquete ha ampliado una de las cláusulas de excepción concedidas a Austria en las negociaciones, lo cual significa que en Austria tampoco incumpliremos el próximo año la legislación de la Unión, puesto que podremos seguir utilizando carburantes con un contenido más bajo de benzol. Finalmente yo quisiera añadir también que este ha sido un primer paso y que le seguirán, y tendrán que seguirle, otros - también en el ámbito del desarrollo y de la movilidad- en aras del futuro de nuestra industria y sobre todo del futuro de las personas.

Collins, Gerard
Señor Presidente, la Unión Europea y los Estados miembros deben trabajar en todo momento en estrecha cooperación y conexión con las industrias automovilística y petrolera de Europa para velar por la derrota de la contaminación de una vez por todas en el futuro inmediato.
Para lograr los beneficios globales -sociales, humanos y medioambientales- de una atmósfera menos contaminada, las normas estrictas para reducir la contaminación de la atmósfera deben ser imperativas. Resulta más que oportuno y apropiado que se introduzcan cambios de forma estructurada y coherente.
Las industrias automovilística y petrolera de Europa deben poder cumplir objetivos claramente formulados en una nueva legislación para velar por que puedan planificar con confianza la próxima generación de vehículos de motor e invertir en refinerías mejores.
Sobre la reducción de las emisiones de los tubos de escape de los coches de pasajeros, apoyo la propuesta de que a partir del año 2000 se instalen sistemas en los coches nuevos para vigilar la durabilidad del equipo anticontaminación en los vehículos de pasajeros. Los dispositivos anticontaminación deben permanecer en funcionamiento durante al menos 80.000 km o cinco años a partir del año 2000 y durante al menos 100.000 km a partir del 2005. Se deben utilizar los incentivos fiscales para fomentar la introducción temprana de vehículos con equipo avanzado anticontaminación.
También apoyo la directiva propuesta para mejorar la calidad de la gasolina y el diesel en Europa. Mediante esa directiva no se venderá gasolina con plomo en ningún punto de Europa a partir de enero del año 2000, excepto en los casos en que se planteen graves problemas socioeconómicos. Además, la gasolina y el diesel sin plomo que se vendan a partir del 1 de enero del año 2000 tendrán que cumplir también las nuevas especificaciones medioambientales.
A consecuencia de esta nueva directiva, se reducirá tres veces el contenido de azufre de la gasolina en los coches y siete veces el contenido de azufre del diesel en el año 2005.
Quisiera felicitar a la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles por la decisión de aceptar un calendario para reducir las emisiones de CO2 en los coches nuevos en un 25 % en el año 2000. El hecho de que la Comisión no tenga que promulgar una legislación para impulsar estas medidas indica que la forma de avanzar es mediante las consultas entre todas las partes interesadas.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, yo quiero expresar mi extraordinario agradecimiento a los ponentes. Ya había trabajado en algunos informes, pero jamás había tenido ocasión de experimentar una colaboración tan buena, técnicamente fundamentada y con tanto espíritu de camaradería.
Hace más de dos años que se debate sobre la introducción de carburantes más limpios en Europa, desde que la Comisión presentó su propuesta de directiva. El Parlamento Europeo se ha manifestado en dos ocasiones al respecto y ha expresado clara y rotundamente el objetivo que se persigue. Unos carburantes más limpios contribuyen directamente a reducir la contaminación atmosférica. Unos carburantes más limpios permiten utilizar motores con la tecnología más moderna, que también contribuirá a una clara reducción del consumo de combustible.
Recordamos que algunos no estaban demasiado dispuestos a aceptarlo y afirmaron con empecinamiento a lo largo de las negociaciones que las propuestas del Parlamento Europeo no eran aplicables en la práctica y que su coste era excesivo. Hoy escuchamos con satisfacción que algunas compañías petroleras se proponen introducir en el mercado ya a partir del año 2000 nuevos carburantes que cumplen los requisitos que se exigirán como norma a partir del 2005, de conformidad con el resultado de la conciliación. El buen resultado de la conciliación entre el Consejo y el Parlamento parece estar surtiendo efecto incluso antes de su entrada en vigor.
El resultado de la conciliación es bueno. La delegación del Parlamento Europeo ha conseguido, en particular, la aceptación de dos aspectos importantes. Los requisitos acordados para el año 2005 no son sólo valores orientativos, sino obligatorios. Además, será posible introducir requisitos más rigurosos incluso antes de esa fecha y ya existen planes en este sentido, como acabamos de escuchar.
Si bien el hecho de que las Presidencias del Consejo hayan competido entre sí para anunciar el resultado de esta conciliación también merece, desde luego, una valoración positiva, no debe volver a repetirse que nos veamos obligados a trabajar con tanto apremio y a dejar de lado algunas cuestiones sólo para poder ofrecer un resultado. En efecto, un contenido de 30 ppm de lubricantes en el combustible sigue siendo un objetivo que debemos procurar alcanzar, si bien el hecho de que ahora lo hayamos fijado en 10 ppm. sin duda no obstaculizará el desarrollo de tecnologías más modernas. A fin de cuentas, este es el valor máximo y nada impide que se puedan ofrecer carburantes mejores.
La industria automovilística debe abrir ahora el camino hacia la reducción de las emisiones de CO2 en Europa. El Parlamento ya ha acogido con actitud crítica en varias ocasiones el anuncio de que para ello se prevé seguir la vía de los acuerdos voluntarios. No se trata tanto de debatir si los 120g de CO2 /km de la oferta actual son suficientes -yo creo, que es una cifra aceptable-, sino de que todo el procedimiento adolece, a mi parecer, de una cierta falta de transparencia. Debería quedar claro que un acuerdo de esas características ocupará el lugar de un procedimiento legislativo como es debido, o sea, la adopción de una directiva por el procedimiento de codecisión. Yo soy escéptico en cuanto a las posibilidades de éxito de este ensayo a escala europea de los acuerdos voluntarios en relación con la reducción de las emisiones de CO2 . Todas las partes implicadas deberían tener claro lo que está en juego. Esta vía habrá fracasado, a mi parecer, si se hace necesario adoptar medidas fiscales para alcanzar los objetivos acordados.
Si bien ahora contamos con la posibilidad de una cooperación legislativa en el marco de la supervisión, tenemos que dejar claro que los acuerdos voluntarios de este tipo sólo pueden ser la excepción en el ámbito del medio ambiente.

Virgin
Señor Presidente, estamos ahora en la fase final de un asunto que ha tomado mucho tiempo pero que va a tener gran importancia para la salud de las personas y para nuestro medio ambiente. Las nuevas exigencias respecto a las cualidades técnicas de los vehículos y la calidad de los carburantes en el periodo 2000-2005, que ha sido el resultado del tratamiento en el Parlamento de la propuesta Auto/Oil de la Comisión, serán, con toda seguridad, sensatas y ajustadas a la luz del desarrollo futuro. También es importante la facultad de los Estados miembros de usar medios de gestión para acelerar la marcha hacia un medio ambiente mejor.
A los carburantes de alta calidad les sigue automáticamente una disminución de la cantidad de emisiones tóxicas. También hacen posible un desarrollo técnico conducente a la utilización de catalizadores en motores diesel de gran tamaño. Así, las emisiones de nitrógeno pueden disminuir sensiblemente.
Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los ponentes por sus excelentes trabajos. Hautala tal vez ha tenido la misión más difícil. Ella ha demostrado realmente que la colaboración en materia medioambiental en la UE, con interacción entre las instituciones, es fructífera y representa más para los países que lo que ellos podrían conseguir por separado.
A pesar de estos éxitos - o tal vez justamente a causa de ellos - debemos seguir adelante con un automovilismo seguro y que respete el medio ambiente. Estoy convencido de que la polémica acerca de los consumos de combustible de los coches puede desarrollarse de manera más ofensiva. Debería ser posible una disminución de un 25 por ciento para el año 2005. En la perspectiva a largo plazo, seguramente veremos el éxito de los coches eléctricos o de los híbridos, en los que se puede combinar un motor eléctrico con uno de combustión interna. Sin embargo, esto significará nuevos requerimientos para la producción de electricidad, sin emisiones de gases que incrementen el efecto invernadero. La energía hidráulica, la eólica y la nuclear nos dan esa posibilidad.

Bjerregaard
Señor Presidente, dentro de diez años, la contaminación proveniente del parque automovilístico comunitario se habrá visto reducida en total un 70 % con respecto a los valores de 1990. Éste será el resultado cuando se apruebe el paquete del Comité de Conciliación que atañe a automóviles, vehículos ligeros para usos comerciales y combustibles. Es una gran victoria, sobre todo para el medio ambiente y para los ciudadanos europeos. Es un paquete legislativo que mediante una mejora de la calidad del aire en Europa contribuirá decisivamente a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. El paquete es un ejemplo magnífico de cómo la Comunidad puede brindar resultados trascendentales que redunden en beneficio de la población europea. Y como conviene destacar, son resultados que los Estados miembros nunca habrían podido poner en práctica por separado. El paquete es también un ejemplo único de cómo puede lograrse - cuando existe la voluntad - combinar una legislación medioambiental ambiciosa con el mantenimiento al mismo tiempo de la competitividad de la industria europea. El paquete garantizará que la industria podrá defenderse no sólo en el mercado nacional europeo, sino que también podrá equipararse a las mejores del mundo.
Me parece, por tanto, que hoy corresponde felicitar a los negociadores del Parlamento y especialmente a los dos ponentes, el Sr. Lange y la Sra. Hautala, quienes han realizado un trabajo magnífico, sin embargo, también hay motivos para dar las gracias a la Sra. Fontaine y al Sr. Collins por sus esfuerzos durante las negociaciones. Un resultado semejante - como todos saben - sólo ha sido posible gracias al gran esfuerzo, competente y orientado hacia fines específicos, realizado por todas las partes, entre ellas, por supuesto, también el Consejo bajo la Presidencia británica.
El Parlamento ha alcanzado bastantes concesiones importantes del Consejo de Ministros en una serie de importantes campos como la comitología, las normas vinculantes para el año 2005 para los parámetros más importantes, acelerar la introducción de la exigencia sobre sistemas de autoevaluación en vehículos diesel y ligeros para usos comerciales, una introducción pronta y gradual de combustibles respetuosos con el medio ambiente y muchas otras cosas. Además de estas cosas, es un paquete garantizado para el futuro, como muchos han mencionado también durante el debate. Contiene disposiciones que garantizarán que los requisitos de emisión y combustibles más allá del año 2005 sean reexaminados a la luz del desarrollo en las normas para la calidad del aire y las posibilidades tecnológicas que nuevos combustibles y sistemas de locomoción brindarán en el futuro.
He de reconocer que cuando hace dos años presenté el paquete de aceite para automoción en nombre de la Comisión, no hubiera creído que pudiéramos llegar tan lejos en tan poco tiempo y por ello he de dar las gracias al Parlamento. El paquete es por supuesto un compromiso y resulta natural que no todos hayan alcanzado en todos los detalles lo que querían. Partiendo de una valoración de conjunto, no me cabe, sin embargo, ninguna duda de que el paquete contiene avances tan decisivos que no cabe más que aprobarlo. Representa, por tanto, para mí un placer especial recomendar en nombre de la Comisión la aprobación de este ambicioso paquete.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
Interrumpimos la sesión hasta la hora de las votaciones, porque no tendría mucho sentido iniciar el próximo debate e interrumpirlo al cabo de un cuarto de hora.
(La sesión, interrumpida a las 11.40 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

Votaciones
El Presidente
Les recuerdo que la votación sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0278/98) sobre los extractos de café y de achicoria elaborada por el Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Salud Pública y de Protección de los Consumidores, ha sido aplazada al turno de votaciones de mañana miércoles con objeto de permitir que el ponente consiga un acuerdo de compromiso con los grupos políticos.
El informe del Sr. Christodoulou (A4-0296/98) también será sometido a votación mañana, ya que el plazo de presentación de enmiendas venció ayer noche.
Informe (A4-0293/98) del Sr. Monfils, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo bilateral entre la Comunidad y la República de Chipre sobre la participación de la República de Chipre en un programa comunitario en el marco de la política audiovisual común (COM(98)0242 - C4-0428/98-98/0138(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Buffetaut
Las tentativas de legislar sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos no es nada nuevo, puesto que la primera propuesta de legislación comunitaria data de 1993.
Debido a que las tradiciones jurídicas en este ámbito son muy diferentes, e incluso divergentes, ha sido muy difícil alcanzar una posición común con el Consejo. El principal problema concreto ha sido la protección de los dibujos de piezas sueltas que se utilizan en las reparaciones, aspecto que planteó dificultades para varios sectores industriales.
Las cuestiones planteadas eran tan delicadas, que el Consejo finalmente renunció a la armonización de las normativas. No ha faltado quien ha visto en ello la antítesis del mercado único. Personalmente, pienso que es más razonable ver aquí los límites de la armonización. Es imposible uniformar todas las legislaciones de quince naciones con tradiciones jurídicas diferentes, y lo será aún más cuando la Unión Europea se amplíe a los países de Europa del Este que se han liberado del totalitarismo comunista.
Eso no debe asustarnos. La competencia puede soportar las diferencias legislativas y es una quimera pretender una uniformidad total, lo que se asemeja mucho a una fosilización del Derecho. Después de todo, los Estados Unidos tienen muchas legislaciones diferentes entre los Estados y no parece que ello cause especial debilidad económica.
No obstante, el Parlamento deseaba incluir en la directiva una cláusula denominada "cláusula de reparación», que preveía un sistema que mi Grupo y yo personalmente considerábamos complejo y, sobre todo, sumamente difícil de aplicar. Seguimos manteniendo la misma posición y, entonces, consideramos que le Consejo tenía razón al oponerse a esta cláusula. Como no se ha llegado a ningún acuerdo, se ha abierto un procedimiento de conciliación.
A fin de cuentas, no se ha mantenido la cláusula de reparación, lo que nos parece razonable, porque ésta creaba una gran inseguridad jurídica para los diseñadores.
La resolución adoptada ha sido "congelar» la situación jurídica de los Estados miembros, dejándoles la posibilidad de evolucionar hacia un sistema de protección más flexible.
Una vez que se apruebe la directiva, los fabricantes de piezas sueltas y los constructores serán invitados a celebrar un acuerdo voluntario sobre la protección de los dibujos y piezas sueltas, lo que nos parece una vía mucho mejor que la uniformación obligatoria.
En definitiva, no hemos votado a favor de este informe únicamente porque, al estar en contra de la cláusula de reparación, tal y como fue concebida, no nos sentimos decepcionados en absoluto por el resultado del procedimiento de conciliación.
Como quiera que sea, y aunque estoy en desacuerdo con el ponente sobre esta cuestión, quiero rendir homenaje a su trabajo y a la convicción que ha demostrado, a pesar de que no nos ha convencido de la legitimidad de la cláusula de reparación.

Hager
He votado, igual que mis colegas, a favor del informe del Comité de Conciliación sobre el proyecto de directiva relativo a la protección jurídica de los dibujos y modelos. Sin embargo, quisiera aclarar que lamento que la discusión del Parlamento Europeo se haya reducido a los intereses económicos y financieros de la industria de piezas de recambio y haya dejado fuera de consideración algunos problemas jurídicos existentes. Una introducción de la cláusula de reparación, que deseaba el Parlamento, cuyo resultado material celebro en interés de los consumidores, habría arrojado por la borda todos los principios de la protección de la propiedad intelectual. Este compromiso permite esperar también a largo plazo una solución jurídicamente limpia.

Rovsing
Apoyo totalmente una protección efectiva de los diseños en los Estados miembros de la Unión Europea. Es positivo que ahora se haya logrado retirar los obstáculos legales al libre intercambio de modelos. Esta iniciativa es absolutamente necesaria para garantizar el mantenimiento de una libre competencia en el mercado interior. El que, aún así, hayan existido importantes discrepancias sobre la directiva se debe al desacuerdo existente en torno a la posibilidad de protección de los diseños de los repuestos. Yo mismo he apoyado en todo momento el punto de vista de que los fabricantes de repuestos deben tener oportunidad, libremente y sin obstáculos, de producir y emplear gratuitamente y sin demora repuestos no originales. El compromiso, del cual el texto del Comité de Conciliación supone un testimonio, no satisface completamente los puntos de vista antes mencionados, sin embargo, espero que será posible a largo plazo alcanzar normas mejoradas en el campo de los repuestos a fin de incluirlas en la directiva.

Titley
Me siento aliviado de que se haya logrado por fin un acuerdo sobre esta importante legislación entre nuestros negociadores del Parlamento Europeo y de los gobiernos de los Estados miembros.
Naturalmente, la cuestión de la «cláusula de reparación» ha resultado ser el aspecto más espinoso de la nueva directiva sobre los diseños. Me complace que no se vaya a permitir que obstáculo alguno impida la libre circulación de las piezas de recambio para vehículos que en Gran Bretaña muchas empresas de reparación utilizan todos los días. Aunque reconozco que la fórmula «standstill plus» de este acuerdo transaccional significa que otros países podrían atenerse a sus usos establecidos de obligar a los propietarios de vehículos a recurrir al fabricante cuando necesitan piezas de recambio, quisiera recomendar que consideren la posibilidad de abrir el mercado de las piezas de recambio a los talleres y demás.
El usuario en Gran Bretaña se beneficia de la competencia entre fabricantes y empresas de reparación a la hora de comprar piezas de recambio. Creo que todos los conductores europeos deben poder elegir su proveedor de piezas de recambio en pro de la competencia leal.

Ullmann
Desde la perspectiva del Parlamento no puede juzgarse satisfactorio el desarrollo del procedimiento de conciliación, ni tampoco su resultado. El Consejo examinó inicialmente con dilaciones esta importante propuesta legislativa, toda vez que la Presidencia luxemburguesa la traspasó a la Presidencia británica. En el curso de las negociaciones quedó patente que no sería posible alcanzar un acuerdo sobre la controvertida cláusula de reparación.
A la vista de la visible ausencia de una voluntad política de alcanzar una solución conjunta en relación con un tema tan importante para el mercado común, es preciso convenir con el ponente en que la presente propuesta permite ofrecer, por un lado, a todos los sectores afectados un fundamento jurídico común europeo para la protección de los diseños, a la vez que, por otro lado, queda excluida la posibilidad de un deterioro de la situación jurídica de la industria de reparaciones. Mi Grupo político ha votado favorablemente la propuesta de decisión del Comité de Conciliación por estas consideraciones.
Informe Lange
Nicholson
Acojo con beneplácito este informe y convengo con el ponente en que no se puede subestimar la importancia de esta legislación. Las reducciones en las emisiones de los vehículos son una absoluta necesidad y el informe refleja propuestas sensatas que lo lograrán.
Estoy totalmente de acuerdo con la introducción de sistemas de diagnóstico a bordo para todos los vehículos, incluidos los vehículos diesel y los vehículos comerciales ligeros. Ése es exactamente el tipo de medidas preventivas que necesitamos adoptar para reducir al mínimo la contaminación atmosférica. También es razonable introducir progresivamente la aplicación de diagnósticos a bordo.
El ponente ha demostrado la debida consideración para con la preocupación pública al argumentar en pro de vehículos medioambientalmente más inocuos. Si bien debemos abordar el problema de cómo reducir la contaminación de los vehículos que circulan actualmente, la mayoría de nosotros convendría en que la mejor forma de avanzar es el desarrollo de una concepción medioambientalmente inocua de los vehículos. A ese respecto apoyo la propuesta de que se introduzcan incentivos fiscales para la pronta producción de vehículos equipados con avanzados mecanismos anticontaminación.
Informe Hautala
Amadeo
Hoy el Comité de Conciliación presenta un paquete de medidas contra la contaminación que trae aparejada una serie de importantes consecuencias económicas.
Gracias al trabajo de nuestro Pleno, se han aprobado tres textos. De ello se deriva, por lo tanto, una directiva que arranca directamente del programa Auto-oil de hace algún tiempo, una operación que implicó, junto con nuestro Pleno, también a la Comisión y a las industrias del automóvil y petroleras.
Actualmente, el objetivo prioritario es mejorar la calidad del aire que respiramos y ello supone la fijación de una estrategia europea que permita reducir las emisiones de los vehículos a través de la promulgación de una legislación comunitaria que, por fin, sea lo más transparente posible y que permita a la industria, en particular a la del automóvil, planificar las inversiones de su sector para hacer frente a las reconversiones necesarias con vistas a la fabricación de las futuras generaciones de vehículos.
A pesar de que, por una especie de autoprotección, la industria petrolera parece que exagera los costes de las inversiones que considera necesarias para poner a punto la construcción de nuevas refinerías, costes que repercutirán directamente en los conductores, en nuestra opinión, el establecimientos de normas que prevean beneficios fiscales precisamente en favor de los conductores, principales consumidores del sector, permitirá realizar, al fin, las inversiones necesarias.
El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento permitirá mejorar técnicamente la calidad del aire gracias a la prevista obligación de añadir oxígeno al gasóleo, de disminuir el contenido de azufre, benceno y sustancias aromáticas en el carburante normal y de reducir las emisiones de anhídrido carbónico.
Conforme a los preceptos de la directiva, el carburante con plomo dejará de comercializarse después del año 2000, excepto en los casos en que las condiciones climáticas sean favorables a su empleo o cuando ello causare perjuicios económicos más graves.
A partir del mes de enero del 2000, también la gasolina sin plomo y el gasóleo ecológico deberán cumplir requisitos más estrictos. Los términos previstos son bastante comprometidos, sobre todo porque la Comisión, a quien se le deberá presentar la solicitud, será muy parca en autorizar las excepciones que se concederán sólo previa solicitud debidamente motivada y por un plazo muy limitado.

Buffetaut
Las directivas sobre los automóviles y las gasolinas han sido objeto de numerosos debates y han despertado emociones en el mundo de la industria. A pesar de que nadie discute la necesidad de proteger el medio ambiente, debemos admitir que dicha protección tiene un coste que no deberíamos olvidar.
Después de dos lecturas en el Parlamento, la posición común ha sido enviada al Comité de Conciliación. El proyecto que nos ha sido presentado, ha sido aprobado unánimemente por la delegación del Parlamento.
El compromiso alcanzado se sitúa entre la posición del Consejo de Ministros y la del Parlamento Europeo. De este modo se ha evitado una posición ecologista maximalista y, por tanto, poco razonable en el plano económico.
Hay que señalar, no obstante, que las especificaciones elegidas son considerablemente más estrictas que aquéllas elegidas inicialmente por la Comisión Europea. Las normas que había mantenido el Consejo de Ministros, aplicables a partir del 2005, sólo tenían un carácter indicativo, pero ahora serán obligatorias.
Las especificaciones más polémicas han sido aquéllas relativas al azufre y a las sustancias aromáticas. No debemos ocultar el enorme esfuerzo que se exige a las compañías petroleras, así como al sector automovilístico. Ello debe llevar al legislador europeo a garantizar a las empresas la estabilidad de las normas establecidas, y a no lanzarse en una carrera de normas cada vez más estrictas, sobre todo teniendo en cuenta que las innovaciones tecnológicas no facilitan las cosas sin entrañar costes industriales desproporcionados en relación con los beneficios obtenidos para la mejora del medio ambiente.
Mi Grupo ha aprobado, sin demasiado entusiasmo, esta posición común que representa un compromiso aceptable, tanto en lo que respecta a las obligaciones industriales, como a la protección del medio ambiente.

Díez de Rivera Icaza
Como ya manifesté en el debate del Pleno del 17 de febrero de este año, mi postura a favor del informe Hautala, postura tomada prácticamente en solitario dentro del grupo de diputados de mi Estado miembro, hoy reitero de nuevo mi apoyo al acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento en el Comité de Conciliación sobre la calidad de los combustibles a partir del año 2000 y del año 2005, porque, como ya dije en este Hemiciclo y hoy vuelvo a repetir, los combustibles más limpios, o sea, menos contaminantes, son un paso decisivo en la defensa de la salud del ciudadano europeo.
Hoy como ayer, mi voto va en el mismo sentido: primar la salud y la calidad del aire que respiramos y no los intereses privados de algunas petroleras.

Lis Jensen
Elegimos apoyar la posición común, puesto que aumentar la exigencia de reducción de las emisiones de los vehículos conducirá a una disminución de las sustancias contaminantes del aire y con ello redundará en beneficio de la salud de las personas y del medio ambiente. Señalar la necesidad de una estrategia encaminada a reducir las emisiones contaminantes del aire, con la vista especialmente puesta en las áreas urbanas, nos parece que refleja una política medioambiental responsable, porque es especialmente en las áreas urbanizadas en las que estos problemas ambientales se dejan sentir.
De la misma manera pensamos que se trata de un paso en la dirección correcta permitir que en casos específicos cada Estado miembro pueda exigir que la comercialización de combustibles sólo se lleve a cabo si éstos cumplen especificaciones medioambientales más estrictas que las que se establezcan en la directiva. Con ello se respeta el derecho de los Estados miembros a aprobar medidas que vayan más lejos que las aprobadas por la Comunidad. Animar a que cada país miembro emplee de manera más activa incentivos fiscales en forma de impuestos sobre consumos específicos diferenciados, nos parece que encierra, además, perspectivas positivas junto a la posibilidad de una tributación más ajustada de las sustancias especialmente contaminantes para el medio ambiente.
Queremos subrayar, sin embargo, lo problemático de que cada Estado miembro no pueda decidir independientemente de las decisiones del Consejo una diferenciación de los impuestos sobre consumos específicos. La atención a un mejor medio ambiente no debe ser utilizada como excusa para una mayor armonización de los impuestos sobre consumos específicos.

Lindqvist
El informe es muy provechoso por contener normas obligatorias más rigurosas sobre emisiones de gases, en dos etapas, desde el año 2000 hasta el 2005. En los diferentes países se pueden usar incentivos fiscales para estimular la renovación y desguace de vehículos viejos. Se intensifican las exigencias de control de los niveles de emisión de gases.
Mediante las propuestas contenidas en el informe Hautala se mejora la calidad de la gasolina y el gasóleo prohibiéndose la gasolina con plomo desde el 1 de enero del año 2000. Los países miembros pueden introducir normas más estrictas e impuestos puntuales diferenciados.
Todo esto está muy bien. He votado favorablemente este informe. Sin embargo, es necesario que diseñemos una estrategia para eliminar de nuestras carreteras los vehículos propulsados por gasolina y gasóleo. Esos combustibles deben ser reemplazados por otros más ecológicos como etanol y metanol y por coches eléctricos y vehículos híbridos que se puedan propulsar por energía eléctrica, por ejemplo en ciudades y lugares poblados.
Informe González Triviño
Caudron
El informe de nuestro colega Antonio Triviño llega en un momento especialmente doloroso, y no podemos por menos que dar el pésame a las familias que se han visto afectadas por la tragedia de Swissair.
Ante esta dolorosa actualidad, este texto adquiere mayor sentido y debemos tomar conciencia de que los riesgos relativos al transporte aéreo afectan a todas las compañías sin excepción.
Asimismo, aunque el riesgo cero no existe, nuestro único objetivo debe ser aspirar a ese resultado, y me congratulo de las enmiendas que el ponente desea incluir en el texto del Consejo. En este sentido, comparto el afán de transparencia de la Comisión respecto a dejar la elección al usuario con pleno conocimiento de causa. Hay que luchar también contra las desregulaciones y la ley de la selva en materia de tarifas, lo que conduce a una reducción de los umbrales de seguridad.
Por último, quiero recordar una vez más que este medio de transporte es uno de los más seguros, si no el más seguro de todos, y creo que el Parlamento Europeo no debe perder de vista la necesidad de legislar en otros sectores, en particular, el del transporte por carretera, con el fin de reducir considerablemente las hecatombes que presenciamos cada año en nuestra red de carreteras.
Recordemos que en todo el planeta se producen menos de 2.000 muertes por accidentes de aviación y 8.000 en las carreteras francesas.

Mendes Bota
Nadie mejor que los diputados europeos podría apreciar la necesidad de no aceptar compromisos en materia de seguridad en los transportes, en particular en los transportes aéreos. Estamos en el primer puesto de los «frequent flyers» mundiales, viajamos con múltiples compañías, en múltiples países y en múltiples aeropuertos.
La tendencia a la facilidad conduce fatal e inevitablemente a la tragedia. Nuestra vida cotidiana ha pasado a contar con un número impresionante de catástrofes aéreas y de víctimas, lo que es consecuencia no sólo del aumento del tráfico, sino también de la relajación de las normas de seguridad por parte de empresas menos escrupulosas y legislaciones permisivas.
La posición del Consejo, sobre todo en su respuesta a las observaciones de la Comisión y del Parlamento Europeo en primera lectura sobre la propuesta de directiva que instituye una evaluación de los índices de seguridad de las aeronaves de terceros países que surcan el espacio comunitario, es simplemente inaceptable. Ha vaciado completamente de contenido las propuestas más innovadoras y que permiten una eficacia real en el control de dichas aeronaves.
En nombre del miedo a las represalias de terceros países, el Consejo abdica de una intervención a escala comunitaria, del derecho a la información sobre los riesgos que corren los usuarios de los transportes aéreos y del restablecimiento de normas de competencia leal, imponiendo a las aeronaves de terceros países normas de seguridad iguales a las que ya están en vigor para las aeronaves comunitarias.
Al proceder así, el Consejo ha regresado al punto de partida, lo que equivale a decir que todo seguirá igual.
Si, después de la aprobación de las enmiendas propuestas por el ponente, que apoyo en su totalidad, el Consejo persiste en su actitud inmovilista, resultará, en el futuro, moralmente responsable de todos los accidentes que se podrían haber evitado con la aprobación de una directiva que no sitúe la seguridad en el nivel de un simple negocio.

Titley
Tengo mucho gusto en prestar apoyo a las gestiones de nuestros gobiernos nacionales y del autor de este informe para lograr que nuestros cielos sean más seguros para el público viajero, el personal de las líneas aéreas y todos los que vivimos bajo las trayectorias de vuelo de los congestionados aeropuertos de Europa.
Resulta más que razonable pedir que las aeronaves no europeas que utilicen nuestro espacio aéreo cumplan las normas más estrictas de seguridad. Este informe está acertado al pedir inspecciones rápidas de dichas aeronaves en los casos en que preocupe a las autoridades el incumplimiento de las normas internacionales de seguridad.
Sin embargo, igualmente importante es la petición que figura en este informe de que se informe al público sobre las empresas cuyas aeronaves sean obligadas a permanecer en tierra y que se le diga qué medidas correctoras se han adoptado para solucionar los problemas de esas aeronaves.
Tal vez todos los diputados al Parlamento Europeo que hablen sobre este asunto deberían declarar un interés, ya que debemos utilizar los viajes aéreos para desempeñar nuestras funciones parlamentarias en nuestros países y aquí, en Estrasburgo, pero, en realidad, todos nosotros, tanto si viajamos como si no, tenemos un interés vital en la seguridad de las aeronaves que vemos volar por encima de nuestras casas. Sé que los ciudadanos a los que represento de la zona de los alrededores del congestionado aeropuerto de Manchester desearán que se aprueben estas propuestas sobre la seguridad lo antes posible.
(La sesión, interrumpida a las 12.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Cambios climáticos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre su estrategia tras la Conferencia de Kyoto sobre los cambios climáticos.
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. Bjerregaard.

Bjerregaard
Señor Presidente, distinguidos miembros, celebro poder dirigirme hoy a ustedes para hablarles de los cambios climáticos a colación de los preparativos previos a la cumbre de ministros a celebrar en Buenos Aires. Por supuesto que espero que seamos algunos más en este viaje. La Unión Europea demostró tanto en Río como en Kioto que podíamos, ejerciendo el liderazgo, llegar a un acuerdo sobre un problema medioambiental global tan complicado como los cambios climáticos, aunque las posiciones de los actores principales estuvieran enfrentadas desde el comienzo. La Unión Europea puede también mostrar resultados en lo que se refiere a sus compromisos internos. Los últimos datos muestran que la Comunidad está cerca de estabilizar las emisiones de CO2 el año 2000 en los niveles de 1990. Desde Kioto, la UE ha tratado este asunto al más alto nivel político. Hemos mantenido el liderazgo y nos hemos ocupado de asegurar la entrada en vigor del protocolo de Kioto. Permítaseme mencionar meramente cuatro hitos en este camino.
En primer lugar, la UE y sus Estados miembros firmaron el protocolo en abril de este año. Ahora todos los esfuerzos van encaminados a convencer a las otras partes para que también lo firmen. En particular, resulta importantísimo que el gobierno norteamericano y la Federación Rusa muestren la voluntad política de cumplir con sus obligaciones y firmen el protocolo. Esta firma debe producirse, en la medida de lo posible, antes de la cumbre de Buenos Aires. Presionaré a tal efecto cuando dentro de unos días me encuentre tanto con el ministro americano como, es de esperar, con el ministro ruso para celebrar en Tokio una reunión informal de ministros. A este respecto, me alegra el esfuerzo realizado por parte del Parlamento para convencer a los señores miembros del Congreso norteamericano para que ratifiquen el protocolo. Es un punto importante y todos nosotros debemos trabajar a fin de obtener resultados.
En segundo lugar, en la sesión del Consejo de Medio Ambiente de junio logramos llegar a un acuerdo sobre el reparto de las cargas de la media comunitaria dentro de los Estados miembros. Supone también una noticia importante para el mundo circundante. En tercer lugar, en junio dí a conocer una comunicación sobre los cambios climáticos que fija los primeros pasos de una estrategia general del cambio climático para la UE. Y finalmente, en cuarto lugar, celebré ayer una reunión con los diez países solicitantes, en la que precisamente el clima y la cumbre de Buenos Aires fueron uno de los temas principales. Celebro poder comunicar al Parlamento la existencia de un total respaldo a la postura comunitaria y también de la voluntad política de apoyarla. Muchos de los países tratarán igualmente de firmar el protocolo antes de la cumbre de Buenos Aires.
Estas cuatro actuaciones concretas han aumentado por supuesto la credibilidad de la UE y nos permiten mantener nuestro liderazgo. Nuestra intención es lograr poner en práctica los resultados de Kioto y por ello ahora podemos concentrarnos en las cuestiones a las que se deberá hallar soluciones en Buenos Aires. ¿Qué queremos de Buenos Aires? La cumbre, en mi opinión, es sumamente importante para dejar fijado un plan de actuación común que delimite los principios fundamentales para la ejecución del protocolo. La UE debe volver a tomar el timón del barco para garantizar avances esenciales en Buenos Aires, también dentro de algunos de los ámbitos problemáticos. Mi deseo es regresar de Buenos Aires con un amplio y ambicioso plan de actuación y un plazo de tiempo para solucionar los últimos problemas de Kioto.
En un plan de actuación semejante hemos de estar abiertos a las ideas que puedan ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos ambientales en un plazo mayor de tiempo, incluidos los mecanismos de flexibilidad. En este sentido, aparece también un conjunto de principios, incluido en la decisión, especialmente interesante y que merece una mayor atención. Con todo, uno no debe hacerse ilusiones sobre la facilidad de hallar soluciones cuando tiene por un lado al llamado grupo paraguas con los Estados Unidos a la cabeza, exigiendo un uso ilimitado de los mecanismos de flexibilidad, y por otro lado al G77 y China, quienes han votado a favor de un uso más cuidadoso y controlado. No hemos de olvidar tampoco la otra controversia que afecta a las negociaciones, relativa a una participación significativa de los países en vías de desarrollo como condición para la ratificación de los Estados Unidos. Aquí como en Kioto el liderazgo de la UE puede ser el que garantice la obtención de un resultado positivo. En esto estoy de acuerdo con el Parlamento en que ha de utilizarse cualquier oportunidad dada para establecer un diálogo.
Permítaseme, sin embargo, emplear esta ocasión para subrayar que un temprano esfuerzo en el plano nacional continúa siendo uno de los pilares fundamentales del protocolo de Kioto y una de las contribuciones más importantes a la hora de cumplir los compromisos de las partes. Un elemento importante de los esfuerzos nacionales, sobre todo, en la UE, lo constituirán, por tanto, la existencia de medidas comunes y coordinadas. Por esta razón estoy muy contenta de que el Parlamento haga referencia en la decisión a la necesidad de instrumentos económicos y fiscales.
La UE se mantiene en cabeza en varios ámbitos, en lo relativo a impuestos sobre el carbón y la energía, acuerdos ambientales con la industria y promoción de fuentes de energías renovables. En este camino ya hemos hecho avances combatiendo las emisiones y recomendando a otros países que sigan nuestro ejemplo. Mi objetivo es asegurar futuros avances en lo que se refiere a estas cuestiones en Buenos Aires y también a los principios elaborados por nosotros y conseguir que aparezcan reflejados en el plan de actuación que pudiera ser aprobado.
La Comisión ha definido en su comunicación sobre los cambios climáticos una serie de principios clave en cuanto a los mecanismos de flexibilidad. Estoy convencida de que pueden desempeñar un importante papel a la hora de aceptar nuestros compromisos con los menores costes. Me sumo, por tanto, al llamamiento del informe sobre la conveniencia de emplear esta flexibilidad. Con todo, me gustaría subrayar que la flexibilidad que incluye el comercio y otras actividades presupone que los participantes puedan vigilar y controlar sus propias emisiones o empleando una expresión inglesa: No trade without tracking . Es fundamental que en Buenos Aires hagamos avances a la hora de fijar las normas que han de servir para determinar el empleo de los mecanismos de flexibilidad.
Además, permítaseme mencionar que un control riguroso y con ello la posibilidad de imponer multas deben ir unidos a la puesta en marcha del protocolo. Si se abre la mano en lo que se refiere al cumplimiento de las normas del protocolo y de esta forma algunos se aprovechan de los esfuerzos de otros países, nunca podremos combatir los cambios climáticos. De ahí que ruegue encarecidamente a los participantes en la cumbre de Buenos Aires que lleguen a un acuerdo sobre las normas para la puesta en marcha del acuerdo.
Finalmente, estoy firmemente convencida de que son fundamentalmente los países industrializados los que están obligados a presentar propuestas sobre el modo de solucionar el problema climático en la práctica. A pesar de todo, nosotros lo hemos creado. Cuando hayamos elaborado normas claras y asegurado un riguroso cumplimiento de los mecanismos de flexibilidad, será mucho más lógico hablar con los países en vías de desarrollo de sus compromisos. Hasta entonces, hemos de seguir trabajando junto a ellos sobre las cuestiones que más les preocupan, tales como los mecanismos para un desarrollo sostenible y la transferencia de tecnología.
Para hacer un seguimiento de la cumbre de Buenos Aires y teniendo en cuenta las estrategias nacionales aprobadas por los países miembros, la Comisión tiene la intención de presentar una estrategia de ejecución más amplia para los cambios climáticos en la primera mitad del año 1999. Un paso importante hasta entonces será que el Consejo apruebe lo más rápidamente posible las propuestas que ya hay sobre la mesa, por ejemplo, la propuesta de la Comisión sobre impuestos ambientales o las propuestas relativas a una política de transportes más efectiva. Espero también que la cuestión del cambio climático se integre paulatinamente en otras políticas sectoriales, tal y como solicitó el Consejo de Europa en su reunión de Viena.
Señor Presidente, quiero concluir agradeciendo una vez más los constructivos esfuerzos del Parlamento para difundir el conocimiento de la problemática del clima y el apoyo brindado por el Parlamento a la Comisión en cuanto a la puesta en marcha.

Graenitz
Señor Presidente, señora Comisaria, yo agradezco sus declaraciones y, antes de entrar en el debate, desearía recordar los cinco principios en los que se basan las disposiciones reales para la protección del clima que ya se adoptaron en Río. A saber: una responsabilidad común pero diferenciada; la contemplación de las necesidades especiales de los países en desarrollo; el principio de prevención; el principio del desarrollo sostenible; y, además, que las medidas para combatir el cambio climático estén en consonancia con el precepto de la OMC que obliga a evitar discriminaciones injustificadas. Yo quisiera recordar en particular precisamente este último punto, ya que si hablamos de solidaridad y equidad en el marco de este debate, si decimos que es necesario que los países industriales -que a fin de cuentas han sido y siguen siendo los que originan las elevadas emisiones de gases nocivos para el clima- se comprometan más firmemente a reducirlas -y en este sentido yo sólo puedo apoyar sus palabras, señor Comisaria- y que nos adelantamos a sentar un buen ejemplo, como intentamos hacer en la Unión Europea con la creación de la "burbuja», en relación con la cual también asumiremos una responsabilidad común pero diferenciada, entonces es necesario que también se proceda de manera equitativa en las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos al amparo de los mecanismos de flexibilidad.
Tenemos que establecer claramente, tal como ya se estableció en el Protocolo de Kioto, que las medidas que se adopten deben ser de carácter adicional y no excluyentes, y también debería quedar muy claro cómo se podrá verificar este intercambio de emisiones, cómo se podrán medir éstas. Es preciso aplicar los mismos procedimientos de medición en todo el mundo, a fin de evitar que los países en desarrollo sospechen que los países industriales desean evitarse por segunda vez el esfuerzo, en cierto modo a sus expensas.
La transferencia de tecnología es un tema de suma importancia y yo aguardo con gran expectación el plan de acción, ya que pienso que la Unión sólo podrá conservar su liderazgo en relación con este tema si nos adelantamos a adoptar nosotros mismos medidas encaminadas en última instancia no sólo a proteger el clima, sino en realidad también a modernizar nuestra economía.
La voluntad política es posiblemente el elemento más decisivo y yo pienso que, si bien -como declaró hace muchos años la señora Brundtland- los políticos que hoy adoptan las decisiones ya no estarán vivos cuando se experimenten las consecuencias de las mismas, los políticos de hoy estamos obligados a cambiar nuestro proceder, a fin de que el clima no se modifique tanto como es de temer que ocurra si seguimos actuando de la manera acostumbrada.

Pimenta
Señora Comisaria, muchas gracia por su declaración. Ayer el presidente de la British Petroleum, BP, declaró que las compañías petroleras sufrirían si siguieran oponiéndose a la evidencia del cambio climático. Es hora de que Exxon y otras compañías petroleras de la climate coalition adviertan que, si no cambian de actitud, van a tener que afrontar medidas de represalia de los consumidores europeos. Hasta ahora no lo hemos hecho, pero tal vez tengamos que pasar a hacerlo, porque ese grupo de compañías es el mayor obstáculo para la aplicación de las decisiones de Kyoto.
Al ojear ahora el texto de la resolución que el Parlamento va a aprobar, comprobamos que es de naturaleza diferente de las anteriores resoluciones. En este caso se trata de una línea estratégica para Buenos Aires, sobre todo por lo que se refiere al respeto de los mecanismos de flexibilidad, y no sólo a la reafirmación de nuestra posición, que se mantiene totalmente inalterada, sobre el cambio climático.
Nosotros aceptamos la aplicación íntegra de las conclusiones de Kyoto, incluidos los mecanismos de flexibilidad o de emission trading . Ahora bien, dichos mecanismos deben obedecer a algunos principios.
En primer lugar, tienen que ser complementarios y no absolutos, es decir, que no substituyen en modo alguno las medidas internas nacionales de reducción de las emisiones.
En segundo lugar, el objetivo global de todo el esfuerzo de Kyoto y de Buenos Aires consiste en obtener, en determinado plazo, la convergencia progresiva de los derechos de emisión con una base por habitante entre todos los países del mundo. Y está bien que se diga esto, porque los Estados Unidos y Europa tienen una cuota de emisiones por habitante muy superior a la de las emisiones por habitante de gran parte de los países del mundo.
En tercer lugar -y esto es lo importante en Buenos Aires-, es indispensable la aclaración de los mecanismos de emission trading , de joint implementation y de clean development .
¿Qué se puede negociar? No está claro, hoy en día. ¿Quién negocia? ¿Cuál es el valor de la depreciación, de la desvalorización, de cada título emitido a lo largo de los años? ¿Quién controla los derechos de emisión y la forma como las empresas cumplen aquello a lo que se obligan en el mecanismo de trading ? Nada de eso está claro hoy, para mí, y hasta ahora no he visto aún posiciones de la Unión Europea que me aclaren sobre la actitud que se debe adoptar en Buenos Aires. También debe quedar claro que no va a ser posible la utilización del hot air en los mecanismos de emission trading .
Señora Comisaria, estamos con usted, la apoyamos en su lucha por conseguir que, en el nivel del Colegio de Comisarios, se adopte una política contra el cambio climático. Hasta ahora no ha sido así. Las ecotasas están paralizadas en el Consejo, pero la Comisión ya podría haber hecho más. La política de apoyo a las energías renovables y la eficiencia energética sigue consistiendo sólo en declaraciones y comunicaciones, pero aún no se ha transformado en un mecanismo, en una política operacional, de la Unión Europea. Estamos con usted, pero estamos vigilantes, señora Comisaria.

Eisma
Señor Presidente, Kioto también supuso un gran éxito por la firme actuación de la Comisaria Bjerregaard. No obstante, todavía deben decidirse una serie de cuestiones en Buenos Aires. Esos mecanismos flexibles deben detallarse. Se trata de la joint implementation , del clean development mechanism , del emission trading y de todos esos mecanismos flexibles; su correcta configuración empujará a los Estados Unidos a aceptar Kioto y, de hecho, a hacer algo en cuanto a la problemática del CO2 .
Aquí se ha pasado revista a todo tipo de asuntos importantes: los sinks , el trading y el hot air , todo debe solucionarse en Buenos Aires. Pero, sobre todo, estoy completamente de acuerdo con Carlos Pimenta, debe hacerse algo sobre los caps . Debemos procurar que, como consecuencia del comercio de emisiones, no se adopten disposiciones nacionales. Por ello, debe limitarse este comercio. Quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si allí va a manifestar claramente su postura respecto de este asunto.
Por último, observo que el sector del transporte es responsable de casi el 25 % de las emisiones de efecto invernadero y esta cifra sólo aumentará. Así, en el año 2010 alcanzará el 40 %. Cuando ahora veo cómo es el acuerdo voluntario con la industria del automóvil, el resultado me parece insuficiente. Quisiera que la Sra. Comisaria expresara su opinión sobre ese acuerdo alcanzado con la industria del automóvil en relación con el CO2 .
Por último, ruego a la Sra. Comisaria que coseche en Buenos Aires el mismo éxito que en Kioto.

Breyer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas. Señora Comisaria, yo no espero de usted que contribuya a calentar más el aire con sus palabras, sino una explicación. Al igual que algunos otros colegas, yo habría deseado conocer el contenido de las directrices. Ustedes han hablado, por un lado, de "marcar un hito» y de "actuar en casa», mientras por el otro lado resaltaban repetidamente los mecanismos de flexibilidad. ¿Qué alcance tendrán las medidas directas y cuál, los mecanismos de flexibilidad? En Kioto se habló de una proporción del 50 %, a partes iguales. Los Verdes presentamos una enmienda en este sentido, que se someterá a votación el jueves. Yo desearía que me respondiese claramente cuáles son los porcentajes y cuál es su posición en relación con dicha enmienda de los Verdes.
En efecto, yo considero que la propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente es insuficiente. A nuestro parecer, constituye un juramento declarativo, ya que supone plegarse a los intereses de la industria y de Estados Unidos. Se habla efectivamente de un alto grado de flexibilidad pero, sin embargo, estimado colega Pimenta, lamento tener que decir que en la propuesta de resolución ni siquiera se menciona el impuesto energético sobre las emisiones de CO2 . Nosotros propusimos medidas concretas y un modelo de liderazgo. Lamentablemente nuestra propuesta no obtuvo un apoyo mayoritario en la comisión.
En el proyecto de resolución, el punto relativo al intercambio de emisiones parece dictado por Estados Unidos. Se admite el intercambio de emisiones sin limitación alguna. Esto representa un giro total con respecto a la política de protección del clima de esta Cámara. Me parece vergonzoso que se admita el intercambio de emisiones sin limitación alguna, ya que esto equivale a vaciar de contenido el Protocolo de Kioto. Todos sabemos que a los países industriales les resulta más barato hacer acopio de aire recalentado que aplicar en su propio país ni siquiera las medidas más sencillas para promover el ahorro energético. Nosotros nos oponemos a este giro total en la política de protección del clima, pues sabemos que el abandono de una política consecuente en este ámbito con la adopción determinadas medidas, también supondrá la pérdida de nuestro liderazgo en este ámbito. Si no se adoptan medidas de política climática de ámbito nacional y europeo, las emisiones se incrementarán un 8 % como mínimo hasta el año 2010, en vez de reducirlas en un 8 %, como se prometió en Kyoto.
Yo quisiera sumarme a la petición del señor Eisma y rogarle a la señora Comisaria que nos diga algunas palabras sobre el compromiso voluntario de la industria automovilística. Tal como usted lo ha propuesto, éste me parece ridículo. Yo creo que no se puede hablar de éxito cuando se concede a la industria un plazo de 22 años para reducir sólo en un litro el consumo de energía. Yo creo que se trata de un fracaso para la política de protección del clima. ¡Tenemos que empezar por fin a adoptar medidas!

Weber
Señor Presidente, permítaseme recordar que fuimos a Kyoto con la meta de reducir las emisiones contaminantes en un 15 %. Permítaseme recordar también que, según el IPCC, necesitamos una reducción del 60 % de las emisiones en el año 2100. Permítaseme recordar también que todos convinimos en que a largo plazo los derechos de emisiones en todo este planeta se deben determinar con una base por habitante.
Según el apartado 3 del artículo 3, se podrían tener en cuenta las medidas de forestación y reforestación para no reducir nuestra cuota de emisiones. Por otra parte, tenemos el claro mecanismo de desarrollo que permite a los países que no son partes en el Anexo I pasar a serlo y nos permite financiar proyectos encaminados a reducir las emisiones en los países que no son parte en el Anexo I: países en desarrollo, etc.
Existe un gran riesgo: la amenaza para la biodiversidad. Los países industrializados podrían financiar las plantaciones en los países que no son parte en el Anexo I. Ya hemos visto a lo que ha conducido eso en Indonesia.
Quisiera referirme al excelente documento de la Presidencia austríaca relativo a la silvicultura: el documento presentado al órgano subsidiario consultivo científico y técnico. La Presidencia austríaca dice que siempre debemos considerar la cuestión de la biodiversidad. También dice que no se debe tener en cuenta la gestión de los bosques para cumplir los compromisos de conformidad con el apartado 3 del artículo 3. Constituye una garantía de que ningún país podrá seguir convirtiendo los bosques en plantaciones de crecimiento rápido. Debemos atenernos a esa orientación y felicitar a los austríacos por haber hecho esa propuesta.

Gollnisch
Señor Presidente, mis queridos colegas, quince mil científicos norteamericanos han firmado recientemente una petición que desmiente categóricamente la tesis de los medios de comunicación sobre el efecto invernadero.
Basándose en pruebas, afirman que el aumento de gas carbónico durante el siglo XX no ha tenido ningún efecto negativo sobre la meteorología global, el clima ni la temperatura, y que las predicciones catastróficas no se ajustan a la experiencia. En cambio, el crecimiento de las plantas y, por consiguiente, de la producción agrícola, se ha visto claramente acelerado.
No obstante, nadie ha podido escapar hasta ahora de la propaganda mundialista sobre el efecto invernadero. Según la tesis oficial, las emisiones de gas carbónico calientan el planeta. Toda una serie de males se abatirá inexorablemente sobre nosotros, si no cerramos enseguida la caja de Pandora industrial. Los casquetes polares y los glaciares se fundirán, el nivel del mar subirá, las tierras bajas y un gran número de islas quedarán sumergidas, los tornados aumentarán en número y en potencia, las enfermedades tropicales avanzarán hasta nosotros, las lluvias se verán perturbadas, las sequías se multiplicarán y esterilizarán países enteros, etc. etc.
En realidad, señor Presidente, en esta visión catastrófica queda por ver cuáles son los intereses del lobby mundialista que ha creado esta amenaza global. No el efecto invernadero, sino la socialización mundial de la economía, a través de normas ecológicas que se aplicarán a unos países y a otros no. Los países en vías de desarrollo, que pronto emitirán la mitad de los gases de efecto invernadero, han quedado exentos de toda reducción de sus emanaciones, lo que es concebible.
Cabe plantearse seriamente si no se tratará de una amenaza de nuevo cuño. Los científicos norteamericanos se han organizado y han reaccionado, bajo la autoridad de Frederick Seitz, antiguo presidente de la Academia Norteamericana de las Ciencias.

Linkohr
Señor Presidente. Señor Gollnisch, aunque su crítica fuese justificada, el ahorro energético seguiría teniendo sentido. Nos permitiría proteger nuestros recursos y reducir nuestra dependencia de las importaciones. En definitiva, determinar si los climatólogos están en lo cierto o no es un problema científico que no se puede dirimir en un Parlamento. El tema que nos ocupa es sobre todo la prevención. En nuestra calidad de políticos, nos encontramos por primera vez ante una hipótesis que parece muy plausible y frente a la cual tenemos que responder, y si no lo hacemos podemos cometer el error más grave que jamás haya cometido la humanidad. Por esto, yo pienso que es bueno que en Europa exista a pesar de todo un consenso relativo en torno a la necesidad de reducir las emisiones de gases de invernadero.
A continuación, yo quisiera dirigir algunas palabras a la Comisión. Ha hablado usted bien, señora Comisaria. La felicito y también creo que dice la verdad cuando afirma que sus intenciones son serias. Sin embargo, al final lo que contará no serán nuestras palabras, sino los resultados que indiquen los instrumentos de medida. Mediremos si efectivamente hemos emitido menos gases de invernadero o no. Y yo tengo mis dudas al respecto. En efecto, lo que se está llevando a cabo en Europa es una estabilización con algunas incertidumbres, por ejemplo en el sector del transporte: los automóviles son mejores, pero ha aumentado su número y dentro de unos años las emisiones de CO2 procedentes de los mismos seguramente serán mucho más elevadas que ahora, aunque se haya reducido un poco su consumo. En los hogares no ha habido absolutamente ningún cambio. Es cierto que los electrodomésticos han mejorado, pero las casas son de mayor tamaño y también aumenta el número de hogares, porque las familias son más reducidas. Todo esto puede encontrarse escrito. La Comisión misma lo ha investigado y lo ha expuesto. Yo me baso, de hecho, exclusivamente en sus propios datos.
Esto significa que tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora a partir de nuestros documentos. Tenemos que transponerlos en forma de políticas prácticas. Esto nos lleva enseguida al tema, no de las profesiones de fe -en esto estamos de acuerdo-, sino de la financiación. ¿Cómo se debe financiar la tecnología, que a menudo ya existe, para conseguir que ésta se aplique para reducir la emisión de gases de invernadero? El verdadero interrogante que se plantea, al menos según se desprende de mi propia experiencia, es el siguiente: ¿cómo podemos financiar programas a largo y medio plazo? Podemos financiar el túnel bajo el canal de la Mancha con unas condiciones que suponen que quienes aportan los fondos sólo empezarán a percibir sus réditos dentro de muchos años. ¿Por qué no podemos mejorar y financiar por adelantado los edificios que construimos en Europa de manera que nos permitan ahorrar una gran cantidad de energía? ¡Sería un buen negocio! Sin embargo, a pesar de la reducción de los precios de la energía, al parecer no estamos en condiciones de hacerlo.
También hemos hecho a menudo grandes declaraciones en favor de las energías renovables, pero hasta la fecha yo todavía ignoro cómo nos proponemos abordar esta cuestión. Cuentan con mi respaldo para ello, pero cómo se llevará a la práctica con la actual reducción de los precios de la energía y en la ausencia -criticada con razón- de un impuesto sobre la energía. Una reforma fiscal de signo ecológico es una condición sine qua non para un cambio de rumbo en la política energética.
Finalmente, una sugerencia con vistas a la Conferencia de Buenos Aires. En Kioto, la posición común de los delegados americanos se reveló muy ventajosa para ellos. ¿No sería posible que los europeos, tanto los delegados nacionales como los de ámbito europeo, formasen un equipo común junto con la Comisión y actuasen conjuntamente en Buenos Aires? Nuestros puntos de vista son, de hecho, coincidentes en gran parte. Sin embargo, podríamos tener un papel mucho más importante si actuásemos de manera organizada. Es una petición que dirijo al Parlamento, pero también a la Comisión.

Sandbæk
Señor Presidente, si el protocolo de Kioto no es ratificado y no entra en vigor en los próximos años, con toda probabilidad nunca veremos puestos en práctica los objetivos de reducción aprobados. Esto se debe a que en el protocolo aparece incluida una lucha contra el tiempo. Pues cada año que pasa y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, el trabajo necesario aumenta disminuyendo el tiempo disponible para llevarlo a cabo. En los Estados Unidos, por ejemplo, un aplazamiento de tres años en la ratificación implicará que el trabajo de reducción anual casi se vea doblado. De ahí que sea muy preocupante que se diga que la administración Clinton considera postergar la ratificación hasta después de las próximas elecciones presidenciales. Una decisión semejante sólo redundará en beneficio de aquéllos que desean ver zozobrar el protocolo de Kioto. No pasarán muchos años antes de que sea de temer que las propuestas de renegociación de los compromisos ganen adhesiones.
Este Parlamento no sólo debe otorgar su respaldo formal al trabajo climático, sino que debe ayudar también a que los resultados alcanzados se traduzcan en avances en el mundo real. Por ello he presentado una enmienda con el tenor característico del protocolo de Kioto a la propuesta de codecisión y espero que el Parlamento vote a favor de mi enmienda.

Virgin
Señor Presidente, señora Comisaria, la UE tuvo un papel sin duda decisivo en la reunión de Kyoto. Sin esas aportaciones constructivas, quizás la Conferencia habría terminado en un gran fracaso. Ahora se trata de cuidar esta frágil planta en la reunión de Buenos Aires en diciembre.
En la comunicación de la Comisión "Cambios climáticos - una estrategia después de Kyoto» se señalan una serie de medidas que deben tomarse para poder alcanzar la ambiciosa meta de la UE de disminuir los gases de efecto invernadero en un ocho por ciento entre los años 2008 y 2012. Creo que va a ser difícil alcanzar esta meta sin usar medios de gestión tales como impuestos o derechos sobre, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono. Mi país, Suecia, ya tiene derechos de este tipo que son bastante altos. A pesar de esto, dentro del marco de la disminución se nos ha permitido aumentar las emisiones en un cuatro por ciento, lo que demuestra claramente que nuestra decisión de desmantelar dos reactores atómicos produce este efecto muy negativo. Lamento muy profundamente esta decisión.
Deben usarse todas las contribuciones destinadas a alcanzar las metas de Kyoto, pero también hay que tener claras las relaciones entre ellas. Por ejemplo, todas las plantas de energía eólica del mundo producen aproximadamente la misma energía que los reactores que Suecia quiere desmantelar.
También, con justa razón, ponemos exigencias a los consumos de combustibles de los automóviles. No obstante, se debe saber también que si los reactores suprimidos en el sur de Suecia son reemplazados por energía producida por carbón, esas emisiones de dióxido de carbono equivaldrían a las de la mitad del parque automovilístico sueco, además de que la OMS calcula que las emisiones de azufre solamente en Europa causan cerca de diez mil muertes prematuras cada año.
En el último tiempo se ha presentado la idea de enviar los gases de combustión que contienen dióxido de carbono a depósitos subterráneos con capacidad para fijar éste de forma permanente. ¿Piensa la Comisión, ante las negociaciones que se avecinan, estudiar este método y evaluar sus costos?

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quisiera hacer tres observaciones sobre esta cuestión. En primer lugar, es importante subrayar que los Estados miembros tienen la principal responsabilidad en el logro de los objetivos acordados en Kioto. Deben explicar cómo y con qué disposiciones cumplirán esos objetivos. La Unión, por su parte, debe crear un marco adecuado para su ejecución y tiene, sobre todo, una función de coordinación y apoyo.
En segundo lugar, los mecanismos flexibles, entre otros el comercio de los derechos de emisiones, que fueron incluidos en el protocolo por los Estados Unidos, deben considerarse un medio adicional para cumplir las obligaciones a fin de disminuir los gases de efecto invernadero. Éste es, además, uno de los objetivos más importantes de la futura reunión de noviembre en Buenos Aires; especialmente, alcanzar un acuerdo sobre la relación entre las disposiciones que deben adoptar los propios países y el comercio de derechos de emisión, por ejemplo, un reparto de tres cuartos o un cuarto.
Los mecanismos flexibles pueden desempeñar un papel importante en el cumplimiento de las obligaciones, permitiendo proteger la competitividad de la industria europea ante costes más bajos. Desde esta perspectiva, debemos abogar por la utilización con ciertas restricciones de estos mecanismos y, tal como la Comisión propone, mediante un planteamiento por etapas.
En tercer lugar, es necesaria una mejor integración del cambio climático en las políticas sectoriales. La política de prevención del cambio climático exige una nueva definición de toda una serie de acciones políticas comunitarias que tienen que ver con el consumo de energía, incluyendo la fijación de eventuales objetivos sectoriales.
Por último, señora Comisaria, usted ya lo ha mencionado, debemos insistir en que Estados Unidos ratifique cuanto antes el protocolo. Según algunas fuentes, el Congreso americano no quiere ahora ratificar el protocolo por no aceptar que se reduzcan las emisiones de los EE.UU. Debemos insistir en que esto se haga cuanto antes, sin consentir que este protocolo se convierta finalmente en un instrumento que continúe permitiendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Taubira-Delannon
Señor Presidente, señora Comisaria, este debate nos brinda la ocasión de recordar que, a menudo, las cumbres sirven para declarar grandes principios y celebrar grandes acuerdos, pero que lo más arduo del trabajo queda por hacer. A menudo, por otra parte, el escalonamiento del calendario resulta sumamente frustrante. Sabemos que Nueva York 1997 no ha cumplido la promesa de Río 1992, no solamente porque nos encontramos ante voluntades políticas a menudo veleidosas, sino también porque existen dificultades objetivas, especialmente en lo que se refiere a percepciones diferentes, e incluso antagónicas, entre los países pertenecientes al norte industrializado y aquéllos pertenecientes al sur, en vías de industrialización, y también porque dentro de los mismos grandes bloques, pueden existir entre los distintos países diferencias significativas de productividad, o sea, de competitividad.
Estas dificultades alimentan la tendencia al pragmatismo, y si nos paramos a pensar hasta dónde puede llegar el negocio internacional de los permisos de emisiones de CO2 , es justo preguntarse si nos encontramos ante un fracaso de los grandes principios y de las grandes ambiciones, o si, por el contrario, estamos avanzando hacia un progreso en el pragmatismo y la eficacia. Personalmente, no estoy segura de que sea indispensable decidir.
Lo que importa es que el debate avance y se enriquezca. Actualmente sabemos que, desde luego, es necesario estipular normas y niveles, pero con eso no basta. Hay que promulgar también leyes y normativas a escala nacional y velar por su cumplimiento; pero con eso tampoco basta. Hay que promulgarlas a escala de la Unión Europea, velar por su aplicación; y aún nos queda un largo camino que recorrer. Cada vez se hace más necesaria una diplomacia internacional, ofensiva e inventiva, que permita, al mismo tiempo, normalizar e incitar, es decir, que se dote de los medios necesarios para penalizar y motivar.
En realidad, lo que importa es comprender que toda actividad económica repercute sobre el medio ambiente y que cuanto antes incluyamos el medio ambiente en las políticas económicas internacionales, mayores posibilidades tendremos de reducir su coste y de preservar su capacidad de empleo.
En otras palabras, debemos, por una parte, continuar estipulando nuestros grandes principios, porque no tenemos ningún motivo para renunciar a nuestro nivel de exigencia, pero debemos también tomar conciencia de los retos en términos de calidad de vida, plan de vida, alimentos, calidad del agua y del aire; en términos de salud pública, en términos también, simplemente, del bienestar psicológico de vivir en climas de nuevo estabilizados. Debemos asimismo tener en cuenta las obligaciones, sabiendo que los costes de producción pueden contener dumping social, así como dumping medioambiental, pero sobre todo, tener en cuenta la presión que ejerce el consumismo del Norte sobre el nivel del coste de producción. En realidad, valorizar los logros haciendo valer que el medio ambiente puede ser proveedor de nuevas profesiones.
Debemos, por consiguiente, incluirlo como componente orgánico del desarrollo sostenible, es decir, incluirlo en las negociaciones de la OMC.

Kronberger
Señor Presidente, en relación con el tema de las conferencias de Kioto y Buenos Aires, yo quisiera señalar tres aspectos, obviamente sin la pretensión de ser exhaustivo. En lo que se refiere al volumen de reducción ya ha habido retrocesos con respecto a los anteriores objetivos de Toronto, los objetivos de la Alianza en favor del clima, y también con respecto a los objetivos de Río. Por lo tanto, todo se reduce a un consenso mínimo. En segundo lugar, tendríamos que tener claro que emitimos a diario una cantidad de CO2 equivalente a la acumulada con anterioridad a lo largo de 3.000 años. Yo no necesito un millar científicos americanos, ni tampoco ningún experto, para saber que esto no puede ser razonable, que no puede ser bueno. Me basta con el sano juicio humano.
Si así lo reconocemos, entonces también tenemos que reconocer que el "problema invernadero» no es un problema cualquiera, sino posiblemente uno de los mayores problemas con los que se ha enfrentado jamás la humanidad. La política energética tradicional avanza hacia un despeñadero. Yo creo que la mayoría parece haber obtenido su título de capitán a bordo del Titanic. Los icebergs se divisan claramente y todos exclaman: "adelante a plena marcha».
En cuanto al tema de los costes: cuando hablamos de la política energética y de los problemas climáticos, hablamos casi exclusivamente de financiación. Yo les pregunto, Señorías, qué posibilidades puede tener una sociedad que está dispuesta a invertir en todo lo imaginable excepto, al parecer, en sus propias perspectivas de futuro y con ello también en la conservación de su propia especie. Yo creo que debería ser una evidencia ética que la inversión tiene que empezar por nuestra propia casa.

Pollack
Señor Presidente, en la cumbre de Buenos Aires se va a abordar la formulación de normas y la aplicación de lo acordado en Kyoto. El mayor problema político que aún afrontamos es la falta de voluntad política por parte de los Estados Unidos de América, como mayor emisor de gases que provocan el efecto de invernadero, con vistas a la ratificación. Si los Estados Unidos no ratifican, todo se irá al traste.
De modo que una vez más -me parece a mí- recae sobre la Unión Europea la carga de intentar solucionar ese problema político y tomar la iniciativa en las negociaciones. Debemos recordar que ninguno de los mecanismos comunes de aplicación puede empezar a funcionar hasta que la mayoría de las partes hayan ratificado el Protocolo de Kyoto. Todavía quedan muchos detalles por concretar sobre los mecanismos de aplicación conjunta y de desarrollo no contaminante. Tenemos montones de cuestiones por resolver aún: ¿habrá responsabilidad bilateral en la negociación de las emisiones? ¿Cómo funcionará en realidad el mecanismo de transferencia de tecnología no contaminante? ¿Qué precio se pagará al Sur por sus unidades de emisiones? ¿Cómo se medirán los sumideros de carbono? ¿Y cómo podemos evitar que se negocien emisiones en una atmósfera supercalentada? Podríamos seguir enumerando esas cuestiones no resueltas durante media hora.
Existe el temor de que Occidente utilice los permisos negociables de emisiones para eludir las reducciones reales en sus países. Eso no resolverá, sencillamente, el problema de la desestabilización del clima. Si nos limitamos a recorrer el mundo negociando lo que ya tenemos, no llegaremos a nada. Me gustaría preguntar a cualquier habitante de Bangladesh si está interesado en el problema del cambio climático en el preciso momento en que las dos terceras partes de su país están sumergidas bajo el agua.
Es muy importante que, pese al riesgo de aburrir a los negociadores de los EE.UU., pidamos algún tipo de límite cuantitativo máximo sobre la utilización de los mecanismos de flexibilidad para velar por que la mayoría de las reducciones se hagan en el nivel nacional.
La posición actual de los EE.UU. sobre los precios de los permisos negociables de emisiones es demasiado restrictiva y da por descontado que sólo procurarán reducir sus emisiones nacionales en un 3 % de la línea de tendencia. Si es así, hemos de preguntarnos si existe voluntad política de sostener un mercado libre de permisos. La negociación de las emisiones debe basarse en el principio de derechos iguales por habitante; es muy importante tener eso presente cuando acudamos a Kyoto.
Volviendo brevemente a lo que ha dicho Rolf Linkohr, me parece que la Unión Europea no se presenta como un equipo. No me refiero sólo a la disparidad existente entre el Parlamento y la Comisión, lo que hizo que la última vez los diputados al Parlamento Europeo tuvieran la sensación de verse totalmente relegados y al margen. La Comisión tiene también el deber de vincular a los Estados miembros para que hablemos con una voz mucho más coherente.
En conclusión, las negociaciones sobre los permisos de emisiones deben organizarse de modo que alienten a los países en desarrollo, además de a los nuestros, a ir abandonando la utilización de combustibles fósiles. Debemos avanzar con el principio de contracción y convergencia durante un período más largo que el fijado en Kyoto. Es evidente que Buenos Aires no va a ser el fin de esta historia. El cambio climático debe seguir ocupando un puesto destacado en nuestro orden del día de la Unión Europea y debemos volver a abordarlo diariamente, ya que no cabe duda de que con los mecanismos que tenemos aquí, en nuestros países, en este momento no vamos a poder cumplir nuestras propias promesas.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, en Kioto, tras diez largos días de negociaciones, se ratificó un protocolo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que fue firmado por 38 de los 160 países que participaron en la Cumbre mundial. Para casi todos los países se intentan recortar las emisiones en un porcentaje del orden del 20 al 40 % de la evolución tendencial. Teniendo en cuenta las premisas, se trata de un pequeño paso adelante que, aunque modesto, es positivo; se trata de un primer compromiso concreto que tiene trascendentales repercusiones a muchos niveles. Así y todo, para que el acuerdo sea operativo siguen pendientes algunas cuestiones: el cumplimiento de estos objetivos, la definición de permisos de emisiones negociables, la aplicación del acuerdo de participación entre los países industrializados y los países en desarrollo y, por último y no por ser menos importante, como han dicho mis colegas, la ratificación por parte de los países firmantes.
Las causas principales de las emisiones de gases en la atmósfera son muchas y no hay que buscarlas solo en el tráfico de vehículos y las industrias, sino también en las fermentaciones entéricas de los animales, los diferentes sistemas de cultivos agrícolas, el uso de disolventes y la destrucción de los bosques. Según las previsiones, de seguir así, la temperatura media global, así como el nivel del mar del planeta subirán mucho más rápidamente que a lo largo de toda la historia de la civilización. Las zonas que corren más riesgos son las que se encuentran en una posición crítica respecto al nivel del mar; por ejemplo, muchas islas del Pacífico y todos los pequeños Estados insulares del Caribe y de África, como pusimos en evidencia en el informe de base del Grupo de trabajo que presido en la Asamblea Paritaria ACP-Unión Europea, que se reunirá la próxima semana en Bruselas y que cuenta con el gran apoyo de todos los Estados que son especialmente vulnerables y que, en consecuencia, tienen graves dificultades.
Por eso, considero que es importante poner en marcha un serio programa de acción que cuente con la aportación fundamental de los agricultores y de la industria, y estimo que es preciso elaborar un Libro Verde sobre las medidas económicas y fiscales -incluidos los incentivos fiscales- aptas para invertir la tendencia de este cambio climático que ocasiona graves daños en el ecosistema terrestre y acuático, desequilibrios estacionales, erosiones de las costas y, por ende, grandes problemas.

Lange
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en el marco del debate sobre las conferencias de Kioto y de Buenos Aires, es preciso considerar, naturalmente, también qué medidas vamos a adoptar. Las emisiones de CO2 están aumentando de manera desproporcionada en un sector concreto dentro de la Unión Europea y éste es el del transporte. Desde 1990, se ha registrado un incremento del 11 % en este ámbito. En el primer trimestre de 1998, se emitieron en la Unión Europea 179 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera sólo como resultado del transporte, lo cual significa que cada uno de nosotros -sea comisario, diputado, un bebé o un pensionista- consume alrededor de 150 kilos de gasolina cada trimestre. Este es un aspecto en el que tenemos que intervenir, ¡tenemos que hacer algo!
La industria automovilística europea ha suscrito un compromiso voluntario por el que se propone abordar dicho problema. Yo me quedé incluso algo asombrado ante el salto que ha dado dicha industria. En este sentido, mi valoración difiere un poco de la de la colega Breyer. La industria automovilística ofrece una reducción del 25 % en el consumo medio únicamente con la introducción de medidas técnicas. Si a ello le añadimos algunas medidas políticas, ya sea a través de incentivos fiscales o de la identificación de los automóviles, el efecto podría ser aún mayor. Esto parece bastante razonable de entrada. Sin embargo, como ocurre tan a menudo, el problema está en los detalles. El acuerdo y su transposición me plantean algunos interrogantes.
Éste no podrá revisarse hasta el año 2003. Entonces se verificará si dichas medidas técnicas son eficaces. Lamentablemente, no queda claro qué procedimiento se seguirá para ello. El acuerdo señala que los detalles se concretarán mediante un intercambio de cartas entre la industria automovilística y la Comisión. Señora Comisaria, a pesar de toda nuestra confianza en la Comisión, ¡un mero intercambio de cartas en el futuro no nos parece satisfactorio!
En segundo lugar, la industria automovilística parte de algunos supuestos que deben cumplirse, en relación con los carburantes y en otros aspectos. La Comisión dice que dichos supuestos se cumplirán. Pero ¿qué ocurrirá si éstos no se cumplen? ¡Esto no se aclara en absoluto! Es preciso que esto se regule claramente. Tampoco queda claro qué ocurrirá si algunas empresas aisladas o el conjunto de la industria automovilística no cumplen lo estipulado. Esto plantea el tema de las sanciones, o sea, ¿por qué procedimiento se impondrá el cumplimiento a una empresa si sus medidas técnicas resultan insuficientes? Este es un aspecto que tenemos que mejorar y regular.
Finalmente, en tercer lugar, ¿qué ocurrirá con los fabricantes no europeos que también venden sus vehículos aquí? Sin duda estaríamos ante una distorsión de la competencia si los fabricantes alemanes, franceses o italianos reducen el consumo y el resto no lo hacen. Por consiguiente, es preciso incluirlos también en el acuerdo. El Parlamento sólo podrá votarlo afirmativamente una vez que se hayan aclarado estas tres condiciones.

McNally
Señor Presidente, como ya hemos oído, hay muchos participantes en lo que debemos hacer para cumplir con nuestras obligaciones. Estoy completamente convencida de que algunos de dichos participantes creen que no decimos en serio lo que decimos. Así, pues, hemos de decir con toda claridad que, si debe haber cambios en los comportamientos y la tecnología, se tienen que hacer o, si no, habrá sanciones.
Sabemos que al menos una tercera parte de las emisiones se debe al sector del transporte. Convengo con lo que ha dicho mi colega Bernd Lange. No se trata de una simple cuestión relativa a los fabricantes de coches y a la tecnología que emplean; los gobiernos han estado particularmente tímidos a la hora de presentar incentivos, digámoslo así, para que los ciudadanos utilicen otros vehículos distintos de sus coches, por lo que no los están convenciendo para que lo hagan.
Por lo que se refiere a la energía, no hemos visto mejora alguna en el tipo de medidas que se deben adoptar: la utilización racional de la energía, por ejemplo, y la orientación hacia la utilización de fuentes energéticas menos contaminantes.
Me gustaría saber qué ha sido de la concepción subyacente a la planificación racional en la directiva sobre los sectores de distribución del gas y la electricidad. La Comisión declara en su comunicación sobre la eficiencia energética que esa directiva sigue siendo necesaria. Eso demuestra que debe haber coordinación. Incluso en este Parlamento, si somos sinceros, hemos de reconocer que no coordinamos nuestras gestiones: la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la Comisión de Transportes y Turismo no están adoptando una iniciativa normativa cohesionada que nos ayudaría a cumplir con las obligaciones que subscribimos en Kyoto. Si ni siquiera podemos hacerlo en nuestro Parlamento, no deberíamos predicar a los demás.
Quisiera pedir a la Comisaria que procure, en su trabajo como Comisaria principal sobre este asunto, formar un equipo con los Comisarios Papoutsis, Kinnock y Fishler, los más estrechamente relacionados. Pido una acción cohesionada y que se explique con mayor claridad a los ciudadanos cómo se alcanzarán esas metas... aunque sea por el camino difícil. Podríamos seguir el camino fácil. Se nos han criticado algunas partes de nuestra resolución que parecen indicar que propugnamos el camino fácil, en otras palabras, sobornar a otros para que adopten las medidas. Debemos adoptar algunas de ellas nosotros mismos.
No disponemos de mucho tiempo. Este verano hemos visto incidentes climáticos atroces que han costado vidas y han causado devastación en todo el mundo. Existe una vinculación entre esa inestabilidad y nuestra incapacidad para adoptar las medidas necesarias.

Bjerregaard
Señor Presidente, gracias por este debate, que muestra con claridad meridiana la existencia en el Parlamento de un importante compromiso con estos problemas. Voy a hacer algunas observaciones sobre varias de las preguntas más importantes planteadas. En primer lugar, voy a contestar a aquéllos que expresaron - la Sra. Graetniz y otros - su deseo de ver aprobado un plan de actuación, de modo de que fuera posible obtener avances de la cumbre de Buenos Aires. Hacemos lo que podemos en nuestros preparativos, y también comparto absolutamente la opinión de que el resultado debe ser un plan de actuación que trace claramente algunas directrices para los problemas que quedan.
En este contexto, no acabo de comprender los comentarios de la Sra. Pollack sobre los Estados miembros y la Comisión. Una de las razones de que la Unión Europea haya logrado conseguir resultados en Kioto fue en gran medida la existencia de una colaboración muy estrecha entre los Estados miembros y la Comisión. Esta estrecha colaboración se mantiene. En mis comentarios iniciales llamé la atención sobre el hecho de que en la cumbre del mes de junio se lograra obtener un resultado sobre el reparto de las cargas a partir de los nuevos objetivos establecidos en Kioto, tal y como hice referencia en la comunicación presentada por la Comisión y que será tramitada en la sesión del Consejo en octubre. También destaqué el respaldo recibido de los países solicitantes de Europa central y oriental, que considero esencial y que también puede contribuir a darnos la fuerza necesaria en las negociaciones que vamos a entablar, pues comparto la opinión manifestada por muchos de que por supuesto debemos hacer lo que podamos para lograr que los americanos se nos unan. Esto es importante para obtener en principio resultados en este terreno.
Sin embargo, esto no debe implicar que nos desviemos de lo que ha sido un punto importante, y que mencionó también el Sr. Pimenta en su intervención, es decir, que estos mecanismos flexibles son complementarios. Esto aparece subrayado muy claramente en Kioto y ha sido nuestro punto de partida en todo el trabajo preparatorio. Esto quiere decir que también creemos preciso un control. Son necesarias algunas normas sobre cómo llevar a cabo una actuación semejante y fue por ello por lo que utilicé la expresión: No trading without tracking .
Son muchos los que han mencionado que el transporte es uno de los mayores problemas y que a él se debe una parte bastante considerable de las emisiones de CO2 . Creo que el primero en abordar esta cuestión fue el Sr. Eisma, sin embargo, los Sres. Linkohr y Lange y varios más siguieron su ejemplo haciendo varias observaciones en torno al transporte. Ésta fue una de las razones de que presentáramos la comunicación sobre el CO2 y los automóviles, la cual estaba basada en tres acciones. La primera era un intento de alcanzar un acuerdo voluntario con la industria automovilística. Tenemos un acuerdo semejante con la industria automovilística, que implica una reducción del 15 %. No del 35 %, pero aun así es una contribución esencial. Además, la comunicación incluía una propuesta relativa a la necesidad de disponer de un mecanismo de vigilancia, un monitoring mechanism , sobre el que también hemos presentado una propuesta, y de una directiva que exigiera directamente una marca del consumo de combustible en los automóviles. Una directiva semejante ha sido aprobada en la Comisión y pronto se hallará a disposición del Parlamento. Así, compartimos la opinión del Parlamento de que el tráfico es uno de los ámbitos que estamos obligados a tomar muy en serio y en el que hay también mucho que ganar, aunque por supuesto también grandes dificultades.
Varios oradores - especialmente el Sr. Linkohr - abordaron la cuestión de la financiación. También sobre esta cuestión tenemos varias propuestas sobre la mesa. Me gustaría hacer un llamamiento al Parlamento para que nos ayude a obtener algunas decisiones en el Consejo. Todos nosotros conocemos la triste historia del impuesto sobre el CO2 y las numerosas y diferentes propuestas habidas en el camino y he de decir que creo que la Comisión ha mostrado una creatividad considerable en este terreno depositando continuamente nuevas propuestas sobre la mesa. Lo que nos falta son en gran medida decisiones en este campo.
Puedo decirle a la Sra. Kestelijn-Sierens que en lo que concierne a la responsabilidad de los Estados miembros sobre la puesta en marcha de este campo estamos absolutamente de acuerdo. Por las mismas razones, escribí a los Estados miembros a finales de julio solicitando información sobre las medidas que éstos querrían adoptar, pues esto nos resultará útil cuando debamos realizar el seguimiento de nuestra comunicación sobre los cambios climáticos. Dije en mis comentarios iniciales que planeábamos una ampliación adicional a principios de 1999 y con la vista puesta en ésta necesitamos por supuesto conocer qué pasa en los Estados miembros. Comparto la opinión manifestada por la Sra. Taubira-Delannon sobre la necesidad de multas en este terreno.
Por último, quiero decir que también comparto la opinión de la Sra. McNally, es decir, que es necesario involucrar a otros comisarios en las deliberaciones sobre cómo resolver los problemas climáticos. Ésta es una de las razones de que el problema climático forme parte de la estrategia de integración acordada en Cardiff y que ahora prosigue en los preparativos de la cumbre de Viena. Aquí hay que incluir precisamente la participación de los señores Comisarios Kinnock, Papoutsis y Fischler. Puedo decir que la Comisión trabaja a todo ritmo en este campo y creo que mantenemos una colaboración estupenda y todos coincidimos en que la política medioambiental no puede resolver estos problemas sola. Estamos obligados a colaborar con otros comisarios.
Permítaseme concluir diciendo que estoy contenta por el debate celebrado hoy aquí. Creo que no es una tarea fácil la que nos espera. Creo que tratamos de prepararnos de la mejor manera posible y espero que en Buenos Aires podamos mantener el liderazgo que ejercimos en Kioto, también considerando que me resulta difícil ver quién sacaría entonces adelante esta tarea.

Breyer
Señor Presidente, yo he formulado antes una pregunta que considero muy importante. Señora Comisaria, yo creo que no es necesario que nos diga lo que todos ya sabemos. Ya conocemos su declaración. Yo también la he leído, pero en ella no se aclara nada. Mi pregunta -que no he planteado sólo yo, sino también el señor Pimenta, el señor Eisma y otros- era concreta. ¿Qué propondrá usted al Consejo de Ministros de Medio Ambiente? ¿Cómo se plantea en el Consejo de Medio Ambiente el tema de la relación entre los mecanismos flexibles y las medidas de propia iniciativa? Ustedes propusieron en Kioto un reparto a partes iguales entre unos y otras. A mí me interesaría saber si se mantendrá esta relación. ¿Considera usted razonables las enmiendas que apuntan en este sentido? ¿Cuál será la posición del Consejo de Ministros de Medio Ambiente en relación con este tema? ¿Es cierta la información de que doce Ministros de Medio Ambiente ya han modificado su posición y sólo tres continúan apoyando dicha relación? ¡Yo le ruego que responda de manera muy concreta!
La segunda pregunta, planteada por el señor Lange, el señor Eisma y otros, se refería a los acuerdos voluntarios. El etiquetado está muy bien, pero lo que a todos nos preocupa es saber si no sería razonable proponer también normas legislativas que no se limiten a obligar a la industria automovilística a reducir el consumo sólo en un litro en un plazo de 22 años, sino también a demostrar que efectivamente se ha conseguido un resultado al final del período de vigencia de los acuerdos voluntarios. ¡Son preguntas muy concretas y yo le pido una respuesta que en verdad sea también muy concreta!

Bjerregaard
Señor Presidente, ya contesté algunas de las preguntas que volvió a plantear la Sra. Breyer acerca de las propuestas existentes. Sobre los acuerdos voluntarios mencioné específicamente que existía una propuesta sobre un mecanismo de vigilancia en este terreno y mencioné que había conseguido aprobar una directiva en la Comisión que tenía por objeto implantar una marca en los automóviles por medio de la cual los consumidores estuvieran en condiciones de conocer las consecuencias que tendría comprar un coche u otro. Durante los preparativos de tanto la sesión del Consejo como de la reunión de Kioto, hacia donde parto mañana, se mantienen debates en el Consejo de cómo debemos utilizar la expresión supplementary . No cabe ninguna duda de que en la UE mantenemos la opinión de que los mecanismos flexibles no pueden emplearse sin actuar también en casa.
En la actualidad se debate si lo más inteligente será proponer lo que pudiera denominarse un techo cuantitativo o un objetivo cuantitativo o si será más inteligente ir encaminados hacia lo que aparece descrito como un objetivo cualitativo o techo cualitativo, con lo que uno debería concentrarse en mayor medida en fijar límites a la utilización de los mecanismos flexibles. Por supuesto que me propongo participar activamente en las negociaciones que se produzcan, las cuales serán una extensión de las negociaciones que tuvieron lugar en Bonn, donde la Comisión presentó una larga serie de documentos, que precisaban el empleo de los mecanismos flexibles. Luego puede decirse que nuestra línea en este campo es insistir por un lado en tratar sobre todo acerca de lo que puede hacerse internamente y manifestar por otro lado que no tenemos intención de confiar los mecanismos flexibles a los demás países, y que nosotros mismos también queremos embarcarnos en este debate y que también queremos emplearlos.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
He recibido una propuesta de resolución para cerrar el debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0245/98) del Sr. Gahrton, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente [COM(96)0511 - C4-0191/97-96/0304(SYN)].
Tiene la palabra el Sr. Lannoye como ponente suplente.

Lannoye
Señor Presidente, efectivamente, el Sr. Gahrton no puede estar presente, por lo que le sustituiré con mucho gusto, sobre todo porque comparto plenamente su punto de vista sobre el tema, así como el de la Comisión de Medio Ambiente.
Esta propuesta de directiva, comúnmente denominada "evaluación estratégica del impacto ambiental» ha sido acogida favorablemente por nuestra Comisión de Medio Ambiente, en la medida en que responde sencillamente a una necesidad en lo que respecta a la política de medio ambiente de la Unión Europea. Desde 1985 disponemos de una directiva sobre la evaluación de las incidencias de determinados proyectos públicos y privados, directiva que, por otra parte, ha sido modificada recientemente; modificación que deberá transponerse a las legislaciones nacionales antes del mes de marzo del año próximo.
Se trata de una mejora de la situación, en particular, a través de una ampliación importante del Anexo I. Pero no es menos cierto que adolece de una carencia, en la medida en que las evaluaciones de incidencia se limitan al proyecto. En consecuencia, la toma de decisiones, que puede tener una incidencia considerable sobre la naturaleza de los proyectos y que, en principio, debería incluir las obligaciones en materia de medio ambiente, tiene lugar en un momento demasiado tardío del proceso de decisión. Es, por otra parte, lo que dice la Comisión para justificar su propuesta, a saber, que la evaluación del impacto se efectúa en una fase demasiado avanzada del proceso de planificación y de decisión.
El objetivo de la propuesta actual es garantizar la realización de una evaluación de las incidencias ambientales, y que sus resultados sean tenidos en cuenta durante la preparación y la adopción de los planes y programas de ordenación territorial. Supone, por consiguiente, un útil complemento de la legislación actual. ¿Quiere esto decir que consideramos suficiente la propuesta? Ciertamente pensamos -y cuando utilizo el plural, me refiero a la Comisión de Medio Ambiente, al ponente y al ponente suplente, que soy yo- que es un paso en la dirección acertada, pero que es demasiado restrictiva. La Comisión de Medio Ambiente ha aprobado 33 enmiendas, de las que quisiera exponerles las principales orientaciones y que espero sean aceptadas por la Comisión.
En primer lugar, respecto al alcance de la directiva, definido en el artículo 2. La Comisión de Medio Ambiente propone que no se limite a los planes y programas de ordenación territorial, sino que se tomen en consideración los planes y programas que tengan un impacto sobre el medio ambiente terrestre o marino, lo que es un alcance mayor. Además, hemos aprobado asimismo una enmienda bajo la forma de añadido, que propone una lista positiva y no restrictiva de los planes y programas que implican obligatoriamente un estudio estratégico. Creo que la situación ha sido útilmente aclarada.
Por otra parte, creo personalmente que se han aportado precisiones y algunas mejoras. En primer lugar, el objetivo de desarrollo sostenible ha quedado aclarado de forma más explícita; en segundo lugar, se ha aclarado la situación, ya que la evaluación estratégica del impacto ambiental debe realizarse en la fase inicial del proceso de decisión. Especificamos también que la agricultura, la silvicultura y la pesca están incluidas en la directiva. Se detallan las condiciones de acceso y la implicación de los ciudadanos. Las razones que justifiquen una posible ausencia de la evaluación estratégica del impacto ambiental deberán hacerse públicas. Por último, deben analizarse las alternativas, incluida la opción cero. He aquí lo fundamental.
El Pleno ha presentado cuatro enmiendas -no es mucho. Quisiera comentarlas rápidamente. En primer lugar, una enmienda presentada por la Sra. Jackson y el Sr. Florenz, que, en el considerando, propone hacer referencia al apartado 2 del artículo 130, en lugar del apartado 1. Considero que es inaceptable, porque hacer referencia al apartado 2 implica la unanimidad en el Consejo. Por tanto, me pronuncio en contra de esta enmienda. Una segunda enmienda de la Sra. Estevan Bolea tiene ciertamente una justificación de principio. Se trata de prever una limitación en el tiempo para el procedimiento de consulta de los ciudadanos, pero sigo creyendo que el plazo de tres meses es demasiado corto. La propia naturaleza de la propuesta me lleva, pues, a concluir que eso no es aceptable para la Comisión de Medio Ambiente. Es mi opinión personal, porque la Comisión de Medio Ambiente aún no ha tenido ocasión de pronunciarse. En cualquier caso, me opongo a dicha enmienda. Por último, he presentado junto con mi colega Papayannakis, en nombre del grupo de los Verdes, dos enmiendas que creo que son muy razonables, que preconizan que durante la primera revisión de la directiva, se incluyan políticas relacionadas con el medio ambiente en el procedimiento de evaluación de impacto estratégico. Son enmiendas de intención, sin más, pero que, creo, apuntan a una mejora positiva de la directiva.
Muchas gracias, señor Presidente. Doy las gracias a todos los grupos políticos que apoyen este informe, y espero que la Sra. Comisaria contemple las enmiendas con benevolencia.

Blokland
Señor Presidente, la evaluación estratégica del impacto ambiental constituye un instrumento para las administraciones públicas a fin de evaluar si los objetivos políticos, los planes y los programas se adecuan al concepto de desarrollo sostenible. Se trata de un instrumento político administrativo que puede funcionar bien si la administración pública también se convence de su sentido y utilidad. El instrumento no puede, por tanto, concebirse como una latosa formalidad. Contribuye a lograr una buena integración del medio ambiente y de la economía. Así, puede evitarse que, a la postre, se concluya que determinados planes y programas provocan daños medioambientales innecesarios.
Desgraciadamente, existe bastante vacilación ante el amplio alcance de la evaluación estratégica ambiental. Así, la Comisión Europea quiere limitar el ámbito de aplicación de la directiva a determinados planes y programas relativos a la ordenación territorial. Abogo, al igual que el ponente a título principal, por efectuar una evaluación estratégica del impacto ambiental en un estadio anterior y no más tarde, a la hora de considerar las consecuencias territoriales.
Realmente, ¿no debemos, además de someter los planes y programas a una SEA, someter también los objetivos políticos? Algunos responsables políticos de los Estados miembros son extraordinariamente inventivos para eludir los términos plan y programa. Un plan sectorial o un plan estructural, de repente, recibe el nombre de visión sectorial o visión estructural; un programa, súbitamente, se denomina esquema. Naturalmente hay que evitar este tipo de prácticas. Por ello, la Comisión Europea debe estar alerta y no excluir la ampliación en el futuro del ámbito de aplicación de la directiva mediante la incorporación de los objetivos políticos a los planes y programas. Véanse las enmiendas 34 y 35 del Sr. Lannoye.
Es esencial para la SEA que las alternativas sean examinadas, tanto la alternativa que describe cuáles son las consecuencias si no se hace nada, como la alternativa más ecológica. La pieza final de la SEA es el principio de compensación. Deben evitarse, en primer lugar, las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. Donde sea posible, debe lucharse contra estas consecuencias. Como esto también es insuficiente, las restantes consecuencias perjudiciales para el medio ambiente deben compensarse de la forma más completa posible. Con ello, damos un contenido específico al principio de quien contamina paga.
Por último, señor Presidente, espero que el Consejo no deje caer en el olvido el magnifico trabajo realizado por nuestro colega, el Sr. Garthon, por el cual siento mucho respeto.

Estevan Bolea
Señor Presidente, Señorías, hace muchos años que todos los países estamos haciendo estudios de impacto ambiental, incluso antes de que se aprobara la directiva del año 1985. La modificación del año 1997 ha ampliado a otros muchos proyectos la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental.
Pero quizás habría que dar un paso más, evaluando no proyectos, sino planes y programas. Es un tema muy difícil. Yo sé, señora Comisaria, que usted lo tiene muy difícil porque todos los países, sin excepción, se oponen. Y quizás, Señorías, tendríamos que preguntarnos por qué se oponen. Pues se oponen porque temen que el principio de subsidiariedad sea conculcado, que las competencias de los ayuntamientos y de las regiones, de las autonomías, sean asumidas por otras instituciones. Y por las demoras en los procedimientos de consulta. Señor Lannoye, usted sabe perfectamente que en muchísimos países el procedimiento de consulta y de evacuación del informe final para el impacto ambiental -lo que se llama la declaración de impacto ambiental- lleva dos años, 18 meses, 16 meses, 12 meses. Yo me pregunto si se puede tener paralizada una obra, un proyecto o un plan urbanístico, energético, hidráulico, de residuos o de lo que sea, 12 meses, 18 meses, 2 años. Y por eso, entendemos que los países tengan tanto miedo a que se regule cada vez más en el área de medio ambiente.
A mí me parece que un procedimiento de consulta de tres meses es más que suficiente. En cualquier caso, se han aprobado en la Comisión de Medio Ambiente una serie de propuestas de la Comisión de Investigación que yo agradezco profundamente. Una de ellas me parece muy importante. Durante años se ha estado construyendo en zonas cercanas a los ríos, en zonas inundables. Y eso ha producido, señor Presidente, verdaderas catástrofes.
La Comisión de Investigación propone que antes de autorizar unas construcciones en los planes urbanísticos se analice si son zonas inundables, porque evitaríamos muchas muertes, muchos accidentes, muchas pérdidas económicas, pero, sobre todo, pérdidas humanas.
Por otro lado, tampoco hay que tener mucho miedo a que la elaboración de estas declaraciones de impacto ambiental suponga paralizar obras si los trabajos están bien hechos. A mí me parece que este tímido paso que da la Comisión de que los gobiernos -sean nacionales, regionales o municipales- tengan en cuenta las consideraciones ambientales en sus problemas es ya muy importante.
Señora Comisaria, la directiva que nos han presentado es muy ligera. Aún así, usted tiene dificultades con los gobiernos. No vamos a apoyar la mayor parte de las enmiendas del Sr. Gahrton, porque hacen más confusa una directiva ya de por sí confusa. Pero sí creemos que es muy interesante ir adelante. Por ello, nuestra posición será abstenernos.

White
Señor Presidente, el Grupo PSE se opondrá a la enmienda 35, presentada por mis amigos el Sr. Lannoye y el Sr. Papayannakis. Emocionalmente, soy muy partidario de ella, pero en términos reales y tal como yo veo las repercusiones medioambientales, tenemos que adoptar esta posición, porque presenta un panorama demasiado amplio.
Puede que sea útil que explique a quienes han presentado la enmienda nº 35 la razón detallada por la que me plantea problemas. El Sr. Gahrton, en su por lo demás excelente informe, se refiere a la definición de la SEA como la evaluación medioambiental de una acción estratégica: un plan o programa normativo, un proceso formalizado, sistemático y amplio de evaluación de los efectos medioambientales de ese programa normativo o sus opciones substitutivas. Eso lo entiendo. El problema es la cuestión normativa. Siempre he considerado las repercusiones medioambientales como algo que utilizarían como un instrumento preciso mediante el cual quienes deseen apoyar una nueva iniciativa pueden decir que es positiva y quienes deseen oponerse a ella pueden decir que es negativa y recurrir a la evaluación de las repercusiones medioambientales que formaba parte de la investigación de esa propuesta para dilucidarlo. Sabemos, porque lo dice acertadamente el Sr. Gahrton en su exposición de motivos, que las evaluaciones de las repercusiones medioambientales tradicionales orientadas a los proyectos no han dado resultados totalmente satisfactorios. En esa misma exposición de motivos cita las dificultades para evaluar la suma de muchas actividades pequeñas y los efectos indirectos de las repercusiones de las rutas de tráfico en el funcionamiento de los transportes, etc.
De modo que todos reconocemos -desde luego en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y en el Grupo PSE lo reconocemos- que se debe prestar atención a las evaluaciones de las repercusiones medioambientales, como tales. La cuestión es si la propuesta normativa no sería demasiado amplia. Yo sostengo que lo es. El lugar idóneo para el debate normativo no es tanto una investigación en materia de ordenación territorial sobre la construcción de un centro comercial o de un aeropuerto o cualquiera de los demás casos enumerados en el informe sobre las evaluaciones de las repercusiones medioambientales preparado por el Sr. Lannoye. El lugar idóneo para el debate normativo, en mi opinión, es en un foro como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en el Parlamento o en una sala de reunión de la Comisión. Ahí es donde se formulan las políticas sobre la base de que se ha elegido a determinadas personas para que las debatan. Así, pues, lo que, a mi juicio, necesitan, cuando hacen una investigación en materia de ordenación, es recurrir a una evaluación de las repercusiones medioambientales como instrumento de ordenación.
Así, pues, sostengo que se debe rechazar la enmienda nº 35. Debemos examinar las políticas en el foro idóneo.

Jackson
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo es partidario del proceso para la directiva relativa a las evaluaciones de las repercusiones medioambientales, establecido de conformidad con la directiva de 1985.
La directiva que ahora estamos examinando nos plantea problemas. No estoy del todo segura de cuáles han sido las conclusiones del Sr. White. Me imagino, por lo que ha dicho, que los socialistas votarán en contra de esta directiva. Tal vez hayan cambiado de opinión después del debate en comisión.
Pero el punto de partida de la directiva, como figura en la exposición de motivos, es el siguiente: según la Comisión, resulta claro que la evaluación de las repercusiones medioambientales de ciertos proyectos se hace en una fase demasiado avanzada del proceso de desarrollo, planificación y adopción de decisiones. En efecto, el resultado de ello es que no se puede considerar la posible adopción de opciones substitutivas tanto para el proyecto concreto en examen como para su emplazamiento o su ruta. Su conclusión es la de que la presente propuesta va encaminada a abordar esa limitación inherente complementando la directiva de 1985 con esta directiva que exige la evaluación de los planes y programas de ordenación del territorio urbano y rural.
¿Por qué, entonces, ha basado la Comisión esta directiva en un artículo no pertinente del Tratado? De conformidad con el Tratado (apartado 2 del artículo 130 S), pese a lo dispuesto en el apartado 1 (votación por mayoría cualificada), el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará, entre otras cosas, «medidas de ordenación territorial». A eso se debe la enmienda que hemos presentado el Sr. Florenz y yo. Se trata de algo que debe estar sujeto a la regla de la unanimidad.
¿Y qué decir de la subsidiariedad? Estamos muy insatisfechos con esta directiva, porque reconocemos que todos los Estados miembros tienen sus métodos de ordenación territorial. En algunos casos, la consideración de las repercusiones medioambientales es ya muy compleja.
En otras puede no figurar, pero no cabe duda de que la respuesta es la de hacer que la directiva de 1985 sea universalmente aplicable.
El Sr. Gahrton nos lleva demasiado lejos. Dice, entre otras cosas, que la evaluación estratégica de las repercusiones medioambientales debe ser aplicable a los programas de desarrollo agrícola y ganadero. Eso va a ser música celestial para los oídos de muchos agricultores de la Unión Europea.
Consideramos que el texto es confuso y está mal redactado y, en consecuencia, parece como si una directiva de la Unión Europea pudiera de repente aplicarse desde arriba a planes y programas muy menores. El Partido Popular Europeo ha propuesto una enmienda fundamental en virtud de la cual ahora se debe remitir esta cuestión a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
En conclusión, quisiera hacer extensiva mi felicitación al Sr. Gahrton, que está ausente. El Sr. Gahrton es conocido por su oposición a la Unión Europea. Me imagino que ahora estará de vuelta en Suecia recibiendo algún tipo de medalla de algún movimiento europeo por proponer la aceptación de esta directiva tan intervencionista. Tal vez no se atreva a dar la cara aquí, pero no cabe duda de que ha dado la impresión -por mediación del Sr. Lannoye- de que es partidario de una directiva que, en nuestra opinión, contraviene la subsidiariedad y no obtendrá los objetivos a cuya consecución va encaminada.

Dybkjær
Señor Presidente, puedo decir con toda tranquilidad que en general estoy en completo desacuerdo con lo que la Sra. Jackson acaba de decir. Me parece una directiva que va en la dirección correcta y que por lo demás también toca en la dirección correcta el plan general. Personalmente no puedo entender que la Sra. Jackson diga que debemos utilizar el artículo sobre unanimidad cuando se trate de esta directiva. Con relación a esta directiva, ésta trata de cosas que deben realizarse en cada país y no trata de otras cosas que deban realizarse en la Comunidad. Los planes mencionados en el artículo en cuestión pueden ser algo que afecte a la Comunidad de otra manera de la que aquí se trata. Me parece que se trata de un paso positivo. Me parece absolutamente natural que tengamos esta directiva como un seguimiento de la directiva de 1985, la cual presenta claras limitaciones con relación a la vida cotidiana, cuando se trata de la planificación de diferentes instalaciones. Es importante incorporar las consideraciones medioambientales con tiempo y esto de hecho no se produce por el momento.
También creo que las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente son correctas y las apoyo y me parece que las diferentes políticas también deben ser involucradas en las consideraciones, lo que es algo que va más allá de lo que la Comisión dice. Cuando debatimos la política medioambiental, me parece siempre increíble lo poco que pedimos - esto es válido algunas veces para el grupo PPE - de los estudios a realizar cuando están en juego los efectos de los planes sobre el medio ambiente comparado con lo que pedimos cuando están en juego los efectos de los planes sobre la economía. Señor Florenz, no dije que éste siempre sea el caso, sin embargo, en cualquier caso lo es de vez en cuando. En este caso he de decir que estoy en desacuerdo con lo que la Sra. Jackson dijo. Me parece que el nivel de exigencia planteado debería ser igual de estricto tanto en los estudios sobre el efecto en el medio ambiente como cuando se estudian las consecuencias económicas. De hecho se trata de dos caras de la misma moneda si vamos producir un desarrollo sostenible.

Papayannakis
Señor Presidente, la evaluación de los impactos medio ambientales producidos en parte por ciertas obras presentaba defectos importantes que creo que el Sr. Gahrton ha señalado muy acertadamente y con cuyas propuestas estamos de acuerdo.
Quisiera añadir, a modo de ejemplo, que en múltiples ocasiones, en Grecia, se hace tal evaluación una vez comenzada la obra y no antes. Otras veces, la llevan a cabo los propios contratistas y, en otras más frecuentes, no se aplica lo previsto en los propios proyectos sobre la reparación de daños al medio ambiente.
En cualquier caso y hasta el momento se ignoran las repercusiones reales que tienen las obras, los grandes conjuntos de obras y las intervenciones que suponen la mayoría de las obras. En ese caso, señor Presidente, se produce un impacto sobre el medio ambiente que se ve multiplicado más allá de las propias repercusiones de cada obra. Esto es lo que nos obliga a establecer otro tipo de acercamiento y en lugar del que hasta ahora se caracterizaba como "ordinario», realizar el que se conoce como "estratégico».
Señor Presidente, permítame poner como ejemplo los Juegos Olímpicos del 2004 que tendrán lugar en Atenas. Dichos Juegos requieren unas instalaciones deportivas independientes y diversas obras en relación con ellas y cada una supone una amenaza independiente para lugares como el humedal de Schiniá, el cinturón verde de Atenas y para muchas costas del Ática, por citar sólo algunos ejemplos. Sin embargo, no se ha realizado una evaluación global de los impactos sobre el medio ambiente ni sobre la ordenación del territorio por parte del nuevo conjunto urbanístico. El resultado es que, tras el primer contacto con la realidad, ya se está hablando del cambio de ubicación de muchas de las instalaciones, de modificaciones y revisiones de un proyecto inicial cuyo coste económico es elevado, mientras, el impacto medio ambiental real sigue siendo una incógnita y la información al público es inexistente. La responsabilidad del gobierno griego y la de la administración local es notable, especialmente la del ayuntamiento de Atenas. Pero, señora Comisaria, hasta ahora tampoco la Comisión ha cumplido su papel de forma satisfactoria. No nos ha dado garantías de que se están cumpliendo realmente las especificaciones comunitarias sobre legislación medio ambiental en relación con las obras de los Juegos Olímpicos.
¿Acaso la Comisión podría realizar, con la nueva directiva, aunque sea de forma retroactiva, una evaluación estratégica del impacto medio ambiental de las obras de la Olimpiada en estos momentos, cuando todavía no han comenzado las obras?

Breyer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la evaluación estratégica de los efectos en el medio ambiente que hoy se debate constituye, a nuestro parecer, un hito en el camino hacia una mayor sostenibilidad. La propuesta de directiva tiene por objeto mejorar la protección del medio ambiente y a la vez también es un instrumento que permitiría tomar en consideración a tiempo y de manera exhaustiva las exigencias medioambientales más allá del plano de los proyectos. Nosotros -y yo discrepo firmemente de la señora Estevan Bolea en este aspecto- consideramos del todo esencial que muchos criterios queden plasmados también aquí. Y uno de éstos es, sin duda, el de la participación de las autoridades competentes en materia de medio ambiente y de la opinión pública afectada. No se pueden hacer públicos unos proyectos, sin incluir la participación de la opinión pública en los mismos. Yo creo, señora Estevan Bolea, que, como española, este debería ser precisamente un hecho bien conocido para usted. En efecto, si en el caso del vertedero de residuos de La Coruña se hubiese escuchado a la opinión pública, a los científicos y a las asociaciones ecologistas preocupados por el tema, se habría podido evitar un desastre.
Yo pienso que es muy lamentable que justamente el Gobierno de la República Federal de Alemania, que por lo demás siempre se presenta como un líder, haya mantenido una actitud tan destructiva a lo largo de este procedimiento, sin presentar ninguna propuesta constructiva y situándose en cierto modo al margen de la cuestión en el ámbito europeo. Otro aspecto muy esencial, que también ha señalado ya el señor Paul Lannoye, es que lamentablemente no hemos podido incluir los ámbitos de actuación en los que se conceden subvenciones, como por ejemplo la agricultura, la minería del carbón y los astilleros, donde desembolsamos fondos públicos sin haber evaluado en absoluto los efectos sobre el medio ambiente de la actividad en cuestión. Nosotros esperamos que la evaluación ambiental estratégica no vaya a parar a la papelera y yo quisiera dirigir de nuevo un llamamiento desde aquí precisamente a los Estados miembros, como la República Federal de Alemania...
(El presidente interrumpe a la oradora)

Kronberger
Señor Presidente, Señorías, la política medioambiental europea tiene dos defectos que la caracterizan. El primero es un exceso de grandes declaraciones teóricas de intenciones, acompañado simultáneamente de una falta de disposiciones de aplicación práctica.
El segundo es que la política medioambiental europea se caracteriza por una prioridad de las actuaciones paliativas frente a la intervención activa para evitar los daños en el medio ambiente. Como es lógico, una política de este tipo por fuerza ha de ir siempre a remolque de los acontecimientos. La política medioambiental sólo podrá tener éxito si supera esta fase. El ponente ha identificado con extraordinario acierto este aspecto y al menos ha mitigado estas carencias estructurales en las enmiendas.
Si se lograse efectivamente la creación de unas estructuras que realicen evaluaciones medioambientales estratégicas previas, se habría conseguido un salto cuántico en toda la política medioambiental.

Florenz
Señor Presidente, Señorías, el debate sobre la evaluación de la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un asombroso autoensalzamiento de esta Cámara. El año pasado aprobamos la evaluación de la sostenibilidad ambiental de las instalaciones industriales y en dicha Directiva definimos un gran número de futuros ámbitos de aplicación. Sin embargo, cuando llegó el momento de definir a escala europea en qué ha de consistir la evaluación de la sostenibilidad ambiental todos escurrimos el bulto. Entonces apelamos a la "subsidiariedad», con el resultado de que ahora nos enfrentamos con problemas enormes, y no sólo en Alemania, pues nosotros estamos aplicando este sistema desde hace ya cinco años, señora Breyer. Lo cual sólo demuestra que ustedes viven al margen del bien y del mal.
Las normas se establecen de manera totalmente diferenciada. En Alemania es preciso someterse a una evaluación y si ésta no se supera, no se consigue la aprobación y el proyecto de construcción no se lleva a cabo. En todos los demás países, se procede con mayor flexibilidad, de manera más o menos adecuada. No es mi intención juzgar este aspecto. Yo sólo quiero decirle que hemos desarrollado un mercado interior y que un objetivo de este mercado es que dentro del mismo rijan normas equiparables. No es preciso que sean idénticas, puesto que también existen diferencias geográficas.
Lo que se propone no es que se suprima la evaluación de la sostenibilidad ambiental. De lo que se trata es de definirla de manera razonable y equiparable, con unas reglas del juego iguales para todos. Esto nos permitirá alcanzar finalmente un acuerdo, que estamos dispuestos a asumir. En muchas, muchísimas intervenciones se ha hecho referencia a este aspecto. Yo creo que la presente directiva se basa en un fundamento jurídico equivocado.
Lo que está en juego no es si el Parlamento puede rechazar o no la propuesta por unanimidad, sino si vamos a ocuparnos o no de la ordenación del territorio. El tema de la sostenibilidad ambiental de los planes de uso del suelo es una cuestión que afecta a la ordenación del territorio. Para ello basta con que nos basemos en los artículos apropiados. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos está mucho mejor preparada para asumir esta tarea y todos tendríamos que tener paciencia y esperar a que la complete.
Yo creo que el informe se basa en el fondo en buenas ideas. Pero no está suficientemente madurado. Ningún Estado miembro apoya en este momento el informe. Helmut Kohl y el Presidente francés tienen razón cuando dicen que la injerencia de la Comisión es excesiva. Los Estados miembros tienen la suficiente prudencia y acierto para realizar estas evaluaciones según sus propios criterios. Tendríamos que volver a considerar el informe en el momento oportuno. A mi parecer, por ahora sería preferible abstenernos. De hecho, incluso deberíamos votar negativamente el informe.

Schleicher
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión por la que se establece un sistema de evaluación de la sostenibilidad ambiental -también para los planes y programas- es una propuesta vertical característica de la "mesa verde» de Bruselas sin tomar en consideración su aplicación práctica en los Estados miembros. El señor Florenz acaba de recordar la suerte que ha corrido la anterior evaluación de la sostenibilidad ambiental en los Estados miembros y la nueva propuesta persigue, además, objetivos mucho más detallados. Plantea muchísimas más dificultades que el sistema que teníamos hasta ahora y la transposición de este último ya fue insuficiente. De nuevo se propone armonizar exclusivamente la regulación del procedimiento, lo cual supone una profunda injerencia en las competencias legislativas y administrativas de los Estados miembros. Además, la Comisión Europea no extrae ningún tipo de conclusiones de los problemas que ya se han planteado en la aplicación del proyecto de evaluación de la sostenibilidad ambiental.
Mi propuesta es la siguiente: antes de seguir adelante con la propuesta, la Comisión Europea debería aplicar a los planes y programas en los ámbitos de su competencia el sistema de evaluación de la sostenibilidad ambiental de conformidad con la presente propuesta de directiva, con objeto de hacer acopio de experiencias sobre la aplicación de este instrumento y de documentar su idoneidad práctica. A mi parecer, el fundamento jurídico no es adecuado. Necesitamos otro fundamento jurídico, dado que, de conformidad con los artículos 3 y 3 A del Tratado CE, la Unión Europea no tiene competencias legislativas en relación con las ordenanzas urbanísticas, los planes de uso del suelo y los planes urbanísticos. Habida cuenta de que la presente propuesta de directiva constituye claramente una regulación en el ámbito de la ordenación del territorio en muchos aspectos, convendría escoger como fundamento de la misma -si se lleva adelante- el apartado 2 del artículo 130 S del Tratado CE.

Bjerregaard
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial al señor ponente, Sr. Per Gahrton, y ahora también al Sr. Lannoye como suplente del ponente, por sus esfuerzos y la concienzuda tramitación que han llevado a cabo de esta propuesta. La evaluación ambiental es un instrumento fundamental en la protección del medio ambiente al integrar de manera temprana en la toma de decisión consideraciones medioambientales. El objetivo de la Comisión en lo que a esta propuesta se refiere es suplir el sistema de evaluación ambiental actualmente en vigor en el nivel de proyecto introduciendo acuerdos en los niveles de programación y planificación de la toma de decisión. Con la propuesta, se introduce en mi opinión un procedimiento mínimo y en realidad bastante sencillo, formado por principios internacionalmente reconocidos de la evaluación ambiental estratégica, SEA (strategic environment assessment). No obstante, del debate celebrado hoy aquí sí que se desprende claramente que realmente existen varias opiniones sobre esta propuesta, como fue también el caso en relación con los preparativos de ésta.
De ahí que se hayan presentado también numerosas enmiendas y la Comisión se alegra de poder aceptar casi la mitad, porque creemos que clarifican o mejoran el tenor de la propuesta, añadiendo también algunas definiciones. Por supuesto que nos alegra poder aceptar las mejoras que hacen más clara la propuesta. Que no podamos aceptar algunas de las enmiendas puede deberse a razones técnicas, sin embargo, también puede ser debido a que en la propuesta hayamos aplicado otro approach . Ahora indicaré qué tipos de enmiendas son las que podemos aceptar y cuáles no podemos aceptar. De las 39 enmiendas, la Comisión puede aceptar 18 ya total, parcialmente o en principio. Las que podemos aceptar totalmente son las enmiendas 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16 y 31. Podemos aceptar la enmienda 25 en principio y podemos aceptar parcialmente las enmiendas 14, 17, 19, 22, 27, 32, 33, 34 y 37. También queda claro que hay bastantes propuestas que no podemos aceptar.
Quizá deba hacer un par de comentarios - varios oradores han mencionado esta cuestión - sobre la enmienda 39, la cual versa sobre la base jurídica de la directiva. Lo que hoy se ha destacado en esta sala es que sería mejor que ésta fuera el apartado 2 del artículo 130 S, que exige unanimidad, antes que el apartado 1 del artículo 130 S, que exige mayoría cualificada. Por supuesto que hemos consultado a los servicios jurídicos de la Comisión antes de elegir nuestra base. El que hayamos elegido el apartado 1 del artículo 130 S es debido a que se trata de procedimientos y a que como objetivo fundamental tiene la protección ambiental. Además, nuestra opinión es que todos los instrumentos comunitarios que afecten a la evaluación ambiental deben tener la misma base jurídica. Puesto que la directiva de EIA, la directiva 97/11/CE sobre proyectos, se basa en el apartado 1 del artículo 130 S, se ha elegido la misma base jurídica para la propuesta actual.
Durante el debate se ha mencionado aquí que los planes y programas de los que hablamos abarcan en realidad una planificación física y el apartado 2 del artículo 130 S trata de: "medidas relativas a una planificación física». De ahí que algunos hayan defendido que ésta debiera ser la base jurídica correcta. Ésta no es nuestra opinión. Consideramos al apartado 2 del artículo 130 S como una excepción a la norma general del apartado 1 del artículo 130 S que debe ser interpretada de manera restrictiva. Según el Tribunal de Justicia, el objetivo primordial de la directiva es el que determina la elección de la base jurídica. Como ya se ha mencionado, el objetivo primordial de la directiva es la protección del medio ambiente. El objeto de la directiva no es intervenir en la planificación física sino proporcionar a las autoridades responsables de la planificación una herramienta que puedan integrar en su proceso de decisión con la vista puesta en mejorarlo, en tanto que será posible señalar, evaluar y tomar en cuenta los efectos ambientales. Quería emplear un poco de tiempo en esta cuestión, pues tengo la impresión de que ha desempeñado un papel bastante importante en el debate de hoy.
Hay otras enmiendas que quiero comentar y son las enmiendas que no podemos aceptar. Se trata de la enmienda 8 y la 17 parcialmente, las cuales proponen una ampliación del campo de aplicación de la directiva. Son las enmiendas que proponen los sectores específicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y las actividades de tiempo libre. Creemos que el primer paso en la implantación de un sistema de evaluación ambiental en el plano de la planificación y programación de la toma de decisión es la planificación paisajista y urbana y los sectores vinculados a éstas. Esto viene motivado por la realización de diversos estudios y la concienzuda labor de clasificación emprendida en los Estados miembros, de las que recibimos la impresión de que lo mejor será integrar primero estos ámbitos. Añadir exclusivamente los sectores agrícola, silvícola, pesquero y de actividades de tiempo libre no puede ser aceptado porque estos estudios han demostrado que, a grandes rasgos, en todos estos sectores no existen planes de utilización del terreno independientes o programas del tipo del que la propuesta debe ocuparse.
Luego ha habido una pequeña discusión - y no voy a profundizar en ella - sobre involucrar o no el plano político. El Sr. White se opuso a la enmienda presentada y la Sra. Jackson también intervino en esta cuestión. Creo que la Sra. Dybkjær manifestó su opinión sobre lo natural de esta participación. Quizá puedo aventurarme lo suficiente como para decir que mi opinión personal - lo cual quizá no sea tan sorprendente - se halla más cerca de la opinión de la Sra. Dybkjær, sin embargo, no aparece recogida en la propuesta en su estado actual.
Luego están algunas enmiendas, en particular las 22 y 25, en las que se propone establecer modos de garantizar la calidad de los datos que se proporcionen en la declaración ambiental. El objeto ha sido evitar retrasos innecesarios en el procedimiento o costes adicionales a causa de una mala calidad o de la falta de datos de la declaración ambiental. Podemos aceptar estas modificaciones bien en principio bien parcialmente. Finalmente aparece la cuestión de las enmiendas 3, 30 y 33, que tratan de un requisito sobre la vigilancia. Aquí hemos observado las decisiones que aparecen en la directiva de EIA y seguido sus directrices.
Para acabar, quiero decir que contemplamos las enmiendas aceptadas como una mejora de la propuesta actual. Creo que podemos esperar que esta directiva aumente la protección tanto de las personas como del medio ambiente y que suponga en realidad también una ayuda para la vida industrial, porque le dará a ésta marcos más consecuentes dentro de los que operar. De ahí que espere por supuesto que el Parlamento quiera aprobar la propuesta y que también quiera ayudarnos a hacer que ésta entre también en el orden del día de una sesión del Consejo.

White
Señor Presidente, estoy seguro de que la Sra. Jackson no tenía intenciones maliciosas -no sería propio de ella-, pero ha dado a entender que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos podría votar en contra en el Pleno, mientras que lo habíamos apoyado en comisión. No es así. Vamos a apoyarlo en el Pleno, con la excepción de la referencia a la cuestión normativa exactamente como hicimos en comisión.

Jackson
Señor Presidente, estoy incluso más confusa, porque, por lo que veo, todo el asunto se refiere a la cuestión normativa. Mi pregunta es para la Sra. Bjerregaard. Ha dicho que, según la Comisión, todos los instrumentos de la Unión Europea que se refieren al medio ambiente deben tener un fundamento jurídico.
¿Convendrá conmigo en que se trata de algo imposible, porque, según lo dispuesto en el Tratado, en los casos en que las medidas se refieren a la ordenación del territorio urbano y rural y la utilización de la tierra, deben estar sujetas a la aprobación por el Consejo de Ministros por unanimidad? ¿Convendrá conmigo, además, en que esta directiva, que es la que estamos debatiendo, dice: «Considerando que los planes y programas que se deben evaluar con arreglo a esta directiva son los que se aprueben como parte del proceso de adopción de decisiones en materia de ordenación del territorio urbano y rural»? ¿No ve una contradicción entre lo que ella dice y lo que dice el Tratado?

Estevan Bolea
Señor Presidente, le agradezco que me dé la palabra por alusiones personales. Quería decirle a la Sra. Breyer que ella lee el discurso que tiene preparado y no escucha. Señora Breyer, yo no he dicho que no hagamos consultas, en España son muy extensas. Lo que he dicho es que debería limitarse el periodo a tres meses; lo que no podemos hacer es estar dos años con consultas. Pero tenga la seguridad de que hacemos esas consultas.

Breyer
Señor Presidente, el señor Florenz me ha dirigido una alusión personal. De no ser porque en este momento no se encuentra aquí, le habría explicado con mucho gusto cómo funciona la evaluación de la sostenibilidad ambiental. Lo cierto es que no se espera a conocer los resultados para decidir a continuación. Todos sabemos cómo deben redactarse las citadas evaluaciones. Su contenido será luego irrelevante. En el fondo se trata de un gran éxito para quienes realizan los estudios. En último término, tal como ya ha señalado Paul Lannoye, no se toma en consideración la variante cero, o sea, que alguna vez nos planteemos qué ocurriría si el proyecto no se llevase a cabo.
También por alusiones, quiero responderle a la señora Estevan Bolea que yo no creo que se pueda completar con seriedad una información pública en tres meses.

El Presidente
Me veo obligado a interrumpirla, Sra. Breyer, pues ahora no vamos a entrar en un nuevo debate. Lo lamento mucho. Voy a preguntar a la señora Comisaria si quiere contestar.

Bjerregaard
Señor Presidente, ha habido varios comentarios que han tratado más sobre el debate como tal. No voy a entrar en ellos. De hecho contesté tanto al Sr. Florenz como a la Sra. Jackson de manera bastante clara en mi primera intervención, en la que subrayé que en nuestra opinión la base jurídica la constituía claramente el apartado 1 del artículo 130 S, que había sido objeto de deliberaciones en los servicios jurídicos de la Comisión, y que la opinión era que se trataba de la base jurídica correcta y que esto también tenía que ver con que el apartado 2 del artículo 130 S constituyera una excepción a la norma general y con que el objeto de la propuesta no fuera intervenir en la planificación física sino proporcionar a las autoridades responsables de la planificación una herramienta que puedan integrar en su proceso de decisión. Con esto pienso haber dejado claro que la base jurídica debe ser el apartado 1 del artículo 130 S.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación queda aplazada hasta que medie un dictamen de la Comisión Jurídica sobre la base jurídica que acaba de ser debatida.

Aeronaves de reacción subsónicas civiles
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0279/98) del Sr. Valverde López, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la matriculación y utilización dentro de la Comunidad de determinados tipos de aeronaves de reacción subsónicas civiles modificadas y con certificado renovado para ajustarse a las normas del Anexo 16 al Convenio sobre aviación civil internacional, Volumen I, Parte II, Capítulo 3, tercera edición (julio de 1993) (COM(98)0098 - C4-0212/98-98/0070(SYN)).

Valverde López
Señor Presidente, en el programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible se reivindica expresamente una mayor reducción de las emisiones sonoras de las aeronaves antes del año 2000. Por lo tanto, esta medida que nos ocupa hoy entra dentro de este objetivo general.
Por otro lado, en el contexto de la reglamentación de las emisiones sonoras de las aeronaves, el Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional es un documento fundamental.
En el Convenio se clasifica el parque de aeronaves en tres categorías o capítulos.
El capítulo primero comprende las aeronaves que en su día se encontraban entre las más ruidosas y que ya no pueden emplearse en la actualidad.
Respecto de las aeronaves del capítulo segundo, la Directiva de 1992 de la Unión Europea, establece que a partir del 1 de abril de 2002 no podrán emplearse en la Unión Europea aeronaves correspondientes a este capítulo. Las aeronaves del capítulo 2, sin embargo, podrán equiparse con los llamados «lotes de insonorización» con objeto de que produzcan menos ruido y puedan incluirse en la categoría 3.
Las aeronaves conformes al capítulo segundo equipadas con estos lotes de insonorización no constituyen todavía un gran problema en la Comunidad Europea. Sin embargo, la situación es muy distinta en los Estados Unidos. En este país, para el año 2000, su número ascenderá a unas 1.500.
La Ley sobre el ruido de 1990 de los Estados Unidos prevé la retirada completa de las grandes aeronaves del capítulo segundo antes del 31 de diciembre de 1999.
Pudiera ser que, a partir de esa fecha, las aeronaves de ese capítulo equipadas con lotes de insonorización se transfieran de los Estados Unidos a registros de matrícula de la Comunidad Europea, lo cual se debería evitar con el presente Reglamento.
El objetivo de este Reglamento es evitar que en el futuro se incremente la contaminación acústica en la Comunidad mediante aeronaves de reacción subsónicas con certificados renovados -como acabo de decir-.
Otro objetivo simultáneo es limitar los daños ambientales originados por las aeronaves en sus emisiones gaseosas. Se han previsto exenciones para el empleo de estas aeronaves en situaciones de emergencia o que tengan como finalidad facilitar la ayuda humanitaria.
En cuanto a las enmiendas, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor presentó 6 enmiendas aprobadas prácticamente por unanimidad y se ha presentado una nueva enmienda a este Pleno. Esta enmienda, tras un estudio profundo y una reflexión también sincera por mi parte, no puedo llegar a aceptarla porque rompería el acuerdo político a que llegamos en la Comisión de Medio Ambiente entre los distintos Grupos y porque, además, no es coherente con las medidas del mercado interior ni con la urgencia que necesita esta medida legislativa.
Por tanto, señor Presidente, yo creo que debemos acoger con satisfacción esta propuesta de la Comisión, que en líneas generales apoyamos, y creemos sinceramente que las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente van en la misma dirección, por lo que tanto la propuesta como las enmiendas tienen todo nuestro apoyo.
Por otra parte, conviene recordar, en todo caso, que en los próximos años será preciso aplicar más medidas destinadas a reducir el ruido en el sector del transporte aéreo, como estaba previsto en el programa comunitario.

Lagendijk
Señor Presidente, me alegra tener la oportunidad de continuar en tan poco tiempo el trabajo de mi antecesora, la Sra. van Dijk, y de poder actuar como ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la propuesta de la Comisión. Así mismo, me satisface poder anunciar que la propuesta de la Comisión, tal como el Sr. Valverde López ha explicado, es decir, la disminución de la contaminación acústica causada por los aviones, ha sido también totalmente suscrita por la Comisión de Transportes y Turismo. Quiero añadir que éste es un paso pequeño que formará parte, espero, de un plan más omnímodo para reducir la contaminación acústica causada por los aviones mediante una prohibición europea.
Quiero hacer otros tres comentarios. El primero es subrayar de nuevo que, a pesar de la buena apariencia de esta propuesta, en la práctica parece que el aumento del tráfico aéreo anula desgraciadamente este tipo de tendencias positivas. En otras palabras, se necesita algo más a largo plazo, también cuando se trata de reducir el tráfico aéreo, para reducir estructuralmente la contaminación acústica de los aviones.
Mi segundo comentario se refiere al carácter urgente del asunto. El Sr. Valverde López ya lo ha subrayado y ello me conduce a señalar de nuevo la importancia de las enmiendas 1 y 2. No una directiva, sino un reglamento y, con el paso del tiempo, normas nuevas más severas cuando se trate de la contaminación acústica de los aviones.
Así mismo, mi tercer comentario, concedemos un gran valor a la enmienda 6 del ponente, es decir, a la incorporación de la prohibición de vuelos nocturnos. De una manera u otra, esto debe recogerse en el informe. Por lo que a nosotros respecta, cuanto antes y de forma imperativa, tal vez para el año 2000, pero sí debe figurar.
Por último, señor Presidente, en mi opinión y en opinión de la comisión, el futuro de la aviación en Europa es uno de los más graves problemas a largo plazo y me satisface que se pueda dar este pequeño paso.

Bowe
Señor Presidente, deseo comenzar acogiendo con beneplácito el informe y, en nombre de los socialistas, puedo asegurar al ponente que vamos a darle nuestro apoyo. Ésta es una cuestión importante. La contaminación acústica es una cuestión cada más delicada y algo de lo que cada vez vamos tomando más conciencia.
La propia Comisión ha preparado un Libro Verde sobre esta cuestión y está pasando a la acción. Esta primera medida es muy digna de beneplácito.
Los aeroplanos que aterrizan y despegan representan una importante fuente de contaminación acústica en los aeropuertos y en sus alrededores, por lo que acogemos con beneplácito las medidas que se van a adoptar internacionalmente para eliminar los ruidos de los aviones más ruidosos. Entretanto, la insonorización a la que se ha referido el ponente, es aceptable, desde luego, pero no queremos que se utilice la insonorización de los aeroplanos más ruidosos como pretexto para no adoptar otras medidas. El ponente tiene razón en insistir en que se impongan otros controles y restricciones a la utilización futura de los aeroplanos insonorizados.
Es necesario que se ejecuten esos planes lo más rápidamente posible. Algunos de nosotros -en particular en esta Asamblea-, que viajamos con frecuencia en aeroplanos, no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros desplazamientos por Europa para muchas de las personas que se encuentran en las trayectorias de vuelo de esas aeronaves, cerca de muchos aeropuertos de toda la Comunidad. Así, pues, damos nuestro apoyo total al ponente y quisiera instar a los diputados a esta Asamblea a que voten también a favor de estas enmiendas.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a nuestro colega, el Sr. Valverde López, su buen informe.
En segundo lugar, quiero felicitar al Sr. Lagendijk por su primer discurso. No ha estado nada mal y confío en que sea un muy buen colaborador. Señor Presidente, la contaminación acústica en las proximidades de los aeropuertos es un asunto extraordinariamente importante, sobre el que existen un sinfín de problemas, especialmente, en un territorio densamente poblado. Para analizar la situación neerlandesa basta con que me refiera a la problemática en torno al main airport , Schiphol, y a la aviación civil más modesta. Con razón, también en el Parlamento Europeo, nuestro cometido es examinar la contaminación acústica y otros tipos de contaminación medioambiental causada por los aviones.
Hay dos estrategias. Una, que los aviones sean silenciosos. Hoy damos un paso en ese sentido. Dos, la limitación del tráfico aéreo, pero también de la zona. Señor Presidente, en los Países Bajos pensamos, a menudo indebidamente, que con la limitación de la zona podemos regular nosotros mismos el medio ambiente y la contaminación acústica producida por los aviones. Nada es menos cierto. Pondré un ejemplo. Yo vivo en Limburgo. Tenemos un aeropuerto en Maastricht y, allí, se ha intentado: primero, sanearlo; segundo, limitar el número de vuelos nocturnos; y tercero, negar el acceso a los aviones ruidosos ¿Qué ha sucedido después? A apenas veinte kilómetros de distancia, en Bierset, e incluso con apoyo financiero de la Unión Europea, se construye un nuevo aeropuerto y en él no existen limitaciones en cuanto a los vuelos nocturnos y pueden también volar los aparatos ruidosos. La población de esa zona sigue enfrentándose al problema ¿Qué se puede hacer? Deben adoptarse soluciones en el ámbito europeo.
Señor Presidente, por ello, celebro esta propuesta de hoy cuyo objetivo es prohibir el acceso de los aviones ruidosos y creo que el endurecimiento de la legislación es un buen paso. Estoy de acuerdo con el ponente en que el hush kitting de los llamados aviones del capítulo 2, que ahora se ha establecido, debe ser tan restringido como sea posible. Por consiguiente, apoyo gustosamente sus enmiendas. Sin embargo, me pregunto qué vamos a hacer cuando aquí, al igual que en los Estados Unidos, pueden registrarse hasta el 1 de abril y, por tanto, explotarse una gran cantidad de aviones. Me pregunto si la solución que el ponente ha propuesto en su enmienda al artículo 6 resuelve suficientemente el problema.
Señor Presidente, para terminar, no apoyaré en ningún caso las enmiendas que debiliten la propuesta del ponente. Creo que debemos intentar con todas nuestras fuerzas lograr una armonización en el mercado europeo para contar con un nivel de protección del medio ambiente tan elevado como sea posible. Es un sin sentido que uno pueda competir con el medio ambiente.

Bjerregaard
Señor Presidente, la Comisión comparte la alegría manifestada por los oradores hoy aquí ante el informe del Sr. Valverde López. Nosotros también estamos contentos de que la presentación del informe haya sido tan rápida pues esto posibilita la aprobación de la propuesta dentro de los plazos establecidos y por ello nos gustaría dar las gracias al Sr. Valverde López y a sus colegas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Al considerar las enmiendas de la comisión, la Comisión considera importante mantener el equilibrio entre las mejoras ambientales deseadas y las cargas económicas que pudieran ser impuestas a ciertos países en vías de desarrollo. También es importante enviar las señales correctas a la OACI, la cual está examinando en la actualidad la posibilidad de introducir requisitos más estrictos en los umbrales de ruido para aeronaves, que serán válidos en todo el mundo. De ahí que me alegre poder decir que la Comisión puede aceptar la enmienda 1 y parcialmente, las enmiendas 2, 3 y 4. No podemos aceptar la enmienda 5, porque el empleo de aeronaves equipadas con dispositivos para amortiguar el ruido fuera del ámbito comunitario queda incluido satisfactoriamente en el apartado 2 del artículo 4. Y tampoco podemos aceptar las enmiendas 6 y 7 porque la introducción de normas armonizadas para la prohibición nocturna de vuelos para ciertos aviones ni está en conformidad con el principio de subsidiariedad ni con los compromisos internacionales de los Estados miembros. Y a esto hay que añadir que los Estados miembros disponen ya de un procedimiento bajo el régimen 2408/92 para la introducción de restricciones en operaciones aéreas con la vista puesta en mejorar los niveles de ruido en las zonas situadas en torno a los aeropuertos.
Queda claro que existe un gran acuerdo en lo relativo a esta propuesta y los esfuerzos del Sr. Valverde López y de sus colegas hacen que este acuerdo pueda convertirse lo más rápidamente posible en una legislación acertada.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Política de residuos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0235/98) del Sr. Campoy Zueco, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las Directivas 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE y 86/278/CEE sobre la política de gestión de residuos (COM(97)0023 - C4-0368/97).

Campoy Zueco
Señor Presidente, el informe que presentamos a la consideración de este Parlamento se enmarca en la política comunitaria de gestión de residuos. La propuesta de la Comisión es el primer intento por su parte de presentar una evaluación de la aplicación por los Estados miembros del marco legislativo sobre la gestión de residuos, que abarca la primera generación de legislación europea en esta materia, es decir, hasta el año 1995.
En virtud de esta normativa, los Estados vienen obligados a presentar informes con regularidad sobre su aplicación. Sorprende que la Comisión haya tardado tanto en el empeño. Hace una evaluación del estado de la cuestión después de 20 años. El panorama que presenta esa evaluación es francamente deplorable por el poco celo demostrado por los Estados miembros en la aplicación de la normativa vigente. Ningún Estado ha traspuesto hasta la fecha el catálogo europeo de residuos.
Existen grandes diferencias en cuanto a interpretación de la normativa, falta de univocidad en conceptos como residuos industriales, residuos peligrosos. Se debería llegar a una terminología unificada. Se constatan graves omisiones, por parte de los Estados, en cuanto a su obligación de informar regularmente a la Comisión. Hay algún caso en que, después de 22 años, todavía no se ha presentado informe alguno.
La aplicación deja mucho que desear, lo que perjudica de forma notable la salud pública, el funcionamiento del mercado interior, el desarrollo sostenible y -lo que es peor- la credibilidad de la Unión, en particular ante los países candidatos.
La Comisión presentó con fecha de diciembre de 1991 una nueva directiva que normaliza y racionaliza los informes, con el fin de facilitar la obligación de los Estados para el periodo 1995-1997. La Comisión presentará resultados a mediados de 1999. A partir de octubre de 1997 ha iniciado -con timidez, es cierto- procedimientos de infracción. Sería necesario que los procedimientos de infracción se incoaran de forma más sistemática. Asimismo, es necesario que se codifique el Derecho comunitario en materia de medio ambiente. La legislación se encuentra muy dispersa; se cuentan hasta 20 actos jurídicos que habría que unificar con el fin de mejorar su coherencia y transparencia.
Se pide al Consejo que en su próxima revisión del Reglamento 1210/90 de la Comunidad Económica Europea haga suyas las enmiendas del Parlamento Europeo, permitiendo a la Agencia de Medio Ambiente informes sobre la aplicación de la legislación en materia de residuos por parte de los Estados miembros e intensifique, asimismo, su colaboración con los parlamentos nacionales.
Doy las gracias a la Sra. Jackson y a los Sres. Bowe y Eisma por aportar acertados puntos de vista que, sin duda, mejoran el informe.
Con respecto a las tres enmiendas presentadas, estoy de acuerdo con la primera del Sr. Eisma al apartado 7 añadiendo un nuevo punto. En cuanto a las enmiendas 2 y 3 de los Sres des Places y Souchet, aun sintiéndolo y agradeciendo su interés, no me es posible asumirlas por considerarlas fuera de lugar en este informe de aspecto más generalista.
Señor Presidente, el tema que nos ocupa es lo suficientemente importante como para requerir una amplia gama de cambios: en primer lugar, la actitud de los Estados miembros y, en términos más generales, cambios desde procesos industriales a hábitos de vida y desde el diseño de productos a nuevas visiones del mundo.
Espero que el informe sea aprobado por este Parlamento y que la Comisión admita las sugerencias.

Bowe
Señor Presidente, acojo con beneplácito este informe que debería haber llegado ante nosotros hace mucho. El Sr. Campoy Zueco le ha dedicado mucho trabajo y ha sido muy sincero, muy equitativo y muy justo. Desde luego, convengo con todo lo que ha dicho hasta ahora.
Sin embargo, debemos seguir subrayando los problemas que plantea el incumplimiento de la legislación relativa a los residuos en la Unión. Existe, desde luego, confusión sobre las definiciones que figuran en las directivas y existe necesidad de aclaración de los textos para hacerlos más coherentes. Igualmente, está claro que los Estados miembros no aplican toda una serie de directivas, ya versen sobre los residuos del petróleo, sobre cieno de alcantarillado o sobre residuos tóxicos y peligrosos. Hay muchos sectores en los que los Estados miembros deben, en realidad, adoptar medidas.
También necesitamos medidas más firmes de la Comisión, que, al fin y al cabo, es la garante del Tratado y protectora de las directivas. Así, pues, acojo con beneplácito los expedientes por infracción incoados a algunos de los Estados miembros que no han aplicado adecuadamente la directiva sobre los residuos del petróleo. Pero se necesitan más medidas y deben ser más sistemáticas y automáticas al cabo de un período de tiempo razonable, no decenios. También hemos de reconocer que a la Agencia de Medio Ambiente, que tiene su sede en Copenhague, le corresponde un papel en la determinación de los problemas y la información a la Comisión para que pueda adoptar medidas rápidas. Pero creo que la responsabilidad principal corresponde a la Comisión.
El proceso de ampliación va a hacernos afrontar toda una serie de problemas nuevos relativos a la aplicación y la imposición del cumplimiento de la legislación. Me parece que debemos convencernos de la necesidad de adoptar medidas firmes a ese respecto. Vamos a tener que llamar la atención a los pecadores que no apliquen la legislación europea y adoptar medidas fiscales contra quienes no apliquen. El Parlamento Europeo está dispuesto a pedir cuentas a otros representantes elegidos - ministros de los Estados miembros- y solicitar su comparecencia aquí para explicar el incumplimiento de la legislación. Estamos dispuestos a adoptar medidas y pedimos a otros que también lo hagan. La Unión Europea debe ser coherente y respetar la legislación que aprobamos en esta Asamblea.

Jackson
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega el Sr. Campoy Zueco por su informe y por el intenso trabajo que le ha dedicado.
Ésta es una historia muy triste y que han subrayado en particular los diputados británicos, y entre ellos los diputados conservadores británicos, durante muchos años.
La aplicación de las directivas que se examinan en el informe del Sr. Zueco por parte de los Estados miembros ha sido pésima y, de hecho, la Comisión, como ella misma puede confirmar, ha encontrado enormes dificultades para obtener siquiera la menor información de algunos Estados miembros.
Resulta más que patente que la legislación medioambiental europea en esta esfera no está funcionando. Estamos empleando palabras que no tienen significado, aprobando directivas que no son observadas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La respuesta tradicional es la de decir que debemos denunciar a los Estados miembros que no aplican la legislación ante el Tribunal Europeo de Justicia. Eso puede no funcionar tampoco. ¿Qué se hace si un país no puede pagar, sencillamente, las sanciones por no haber aplicado la legislación? Ésa es la razón por la que la legislación no está funcionando.

Eisma
Señor Presidente, aunque en el ámbito del medio ambiente se ha logrado mucho en los últimos años, del excelente informe de nuestro colega, el Sr. Campoy Zueco, se deduce, al mismo tiempo, cuán limitada realmente está la política medioambiental europea. Una buena política medioambiental solamente funciona si los Estados miembros están preparados para colaborar al cien por cien. Desgraciadamente, de la comunicación de la Comisión se infiere que la transposición, la utilización y la ejecución de nuestras directivas sobre residuos dejan mucho que desear. Esta escasa dedicación de los Estados miembros no es solamente lamentable sino también preocupante, especialmente en relación con la ampliación.
Confiamos, después de todo, en que los nuevos Estados miembros adopten nuestro acervo. He presentado antes una enmienda que establece que el apoyo financiero a los países candidatos en la gestión de los residuos debe estar vinculado a las actuales exigencias de la Unión Europea. Espero que la Comisaria Bjerregaard acepte la enmienda 1 del Grupo Liberal. No obstante, el principio que establecemos para los países candidatos resulta muy difícil de creer si los actuales quince Estados miembros no son capaces de cumplirlo. Quiero por ello solicitar insistentemente que los Estados miembros acepten su u responsabilidad y espero una vigilancia más estricta por parte de la Comisión.

Fitzsimons
Señor Presidente, apoyo la resolución que tenemos ante nosotros hoy. Pide a la Comisión que facilite al Parlamento Europeo una lista trimestral de casos por los que se haya denunciado a Estados miembros ante el Tribunal de Justicia en la esfera de la gestión de los residuos. Además, expresa la intención, en casos de violación flagrante de la legislación de la Unión Europea relativa a los residuos, de pedir a los ministros competentes de los Estados miembros de que se trate que asistan a una reunión de la comisión del Parlamento Europeo para que expliquen sus políticas.
Desde una perspectiva irlandesa, el futuro de la eliminación de residuos no estriba en la continua búsqueda de más emplazamientos para vertederos de basuras a escala nacional, lo que tiene sin falta el conflictivo efecto de provocar considerables objeciones locales. Las autoridades locales en toda Irlanda siguen dedicadas a la tarea de buscar nuevos emplazamientos para vertederos de basuras con vistas a los programas futuros de eliminación de residuos.
Existe una preocupación pública cada vez mayor sobre las repercusiones medioambientales en general y a largo plazo de los vertederos de basuras. Actualmente Irlanda está experimentando un fuerte crecimiento económico y se deben invertir parte de nuestros recursos en otros planes de gestión de los residuos. La inversión en un medio ambiente menos contaminado en Irlanda justificaría, a medio y largo plazo, el gasto suplementario.
Apoyo encarecidamente la iniciativa adoptada por mi Gobierno, que ha encargado un estudio sobre la posible utilización de nuevas formas substitutivas de producción y eliminación de residuos. La aplicación de la Ley de Gestión de Residuos (1995) es, desde luego, un paso en la dirección correcta. De conformidad con esa legislación, las autoridades locales deben preparar planes de gestión de residuos individual o conjuntamente y se pide también a la Agencia de Protección del Medio Ambiente que prepare un plan nacional de gestión de los residuos peligrosos.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que en 1995 hubo en Irlanda más de 42 millones de toneladas de residuos, confío en que las propuestas innovadoras para abordar la gestión de los residuos en Irlanda reciban una respuesta muy favorable de la Comisión durante la nueva ronda de financiación estructural de la Unión Europea para el período 2000-2006. Felicito al ponente por su excelente informe.

González Álvarez
Señor Presidente, no hay duda ninguna de la oportunidad de esta comunicación de la Comisión, y también del acierto del informe de mi compatriota Campoy Zueco, porque la comunicación se refiere al cumplimiento de la aplicación de cuatro directivas. Podía referirse a muchas más y creo que llegaríamos igualmente a la conclusión de que la mayoría de los Estados incumplen flagrantemente estas y otras directivas.
Hay que saludar, yo creo, el procedimiento de infracción abierto contra 13 Estados miembros por no haber adoptado un plan de gestión de residuos. Creo que es un acierto. Lo que ocurre es que quizás estos procedimientos de infracción habrían de ser más rápidos y automáticos, porque se alargan en el tiempo y eso produce el aumento de los residuos, algo que resulta alarmante sobre todo cuando son peligrosos.
Los datos que dio el Sr. Campoy están muy claros: más de 20 actos jurídicos, a veces intrincados, dificultan que los gobiernos apliquen las directivas de forma más clara, transparente y rápida. Creo que sería muy interesante codificar el Derecho comunitario en materia de gestión de residuos, como propone el ponente, apoyar el trabajo de IMPEL y, desde luego, apoyar con medios suficientes a la Agencia de Medio Ambiente para que pueda hacer un trabajo de seguimiento y control de la aplicación del Derecho comunitario al respecto.
Cuando hablamos aquí de gestión de residuos parece que hablamos de algo inconcreto, etéreo. Pero la Comisaria, Sra. Bjerregaard, conoce muy bien, porque a veces le enviamos información, que el aumento de los residuos supone un desastre para la salud y para el medio ambiente. Residuos que son tóxicos y peligrosos, como los 5 millones de toneladas de fosfoyesos en Huelva, o como lo que pasó en Doñana; o como hemos comprobado esta misma semana en León al visitar escombreras que tienen que ver con la explotación de la pizarra y que amenazan hasta la vida de un pueblo de 700 vecinos. Es decir, la salud y el medio ambiente se ven peligrar por no cumplir el Derecho comunitario.

McKenna
Señor Presidente, como ha señalado el ponente, una de las cosas más evidentes en esta comunicación de la Comisión ha sido la falta de información por parte de los Estados miembros. Sólo se ha recibido información escasa. Está claro que los gobiernos de la UE no están cumpliendo con su obligación de facilitar información a la Comisión.
En casi todos los casos, Irlanda, mi país, ha dejado de presentar los informes sobre la transposición, la aplicación y la ejecución de las directivas de la UE relativo a la gestión de los residuos que debe presentar. Resulta imposible determinar si han cumplido los Estados miembros sus obligaciones con arreglo a la legislación, dado que no han presentado los informes. Esta situación no puede continuar. La Comisión debe adoptar medidas legales inmediatas contra los Estados miembros que no cumplan con sus obligaciones.
La Comisión parece tener una actitud extraordinariamente débil a la hora de imponer el cumplimiento de la legislación sobre la gestión de residuos y, a consecuencia de ello, se permite a los países irresponsables como el mío seguir con planteamientos peligrosos de la gestión de los residuos, al seguir aplicando la opción insostenible de los vertederos. Irlanda tiene una de las tasas más bajas de recuperación de residuos de la UE y una de las tasas más altas de eliminación mediante vertederos.
En Irlanda muchos vertederos están en la periferia de grandes zonas residenciales y, según un estudio reciente, representan una grave amenaza para las mujeres embarazadas. Miles de mujeres que viven cerca de vertederos corren un riesgo mayor de tener hijos con anomalías de nacimiento. Según un estudio publicado recientemente en la revista médica The Lancet , la espina bífida, los soplos cardíacos, las malformaciones de vasos sanguíneos importantes y gran número de otras anomalías son 33 % más probables en los hijos de madres que viven a menos de tres kilómetros de un vertedero. Muchos de ellos contienen substancias químicas muy peligrosas.
El incumplimiento por parte del Gobierno irlandés de la legislación de la UE y el incumplimiento por parte de los Estados miembros de toda la Unión Europea de los reglamentos relativos a la gestión de los residuos es inaceptable. No se debe permitir que sigan sin imponer su cumplimiento y sin aplicarla.
Está claro que el de los residuos es uno de los problemas más evidentes que afronta la UE en el futuro. Ya es hora de que los Estados miembros estén a la altura de su obligación de proteger al público de los vertederos tóxicos y peligrosos y de la eliminación irresponsable de los residuos. Es necesario un inventario de lo que se ha vertido en los basureros de toda la UE. Los ciudadanos tienen derecho a saber y los responsables deben ser sancionados. Se deben imponer sanciones a la industria para velar por que se dejen de producir residuos tóxicos. Debe haber un planteamiento racional del problema de los residuos.

El Presidente
El tiempo escasea, así que ruego que no superemos el tiempo de intervención. En este momento me veo obligado a interrumpir la sesión en beneficio del turno de preguntas. Quedan cuatro oradores. Si toda la asamblea me solicita unánimemente proseguir la sesión, entonces podemos acabar con los oradores y concluir este asunto, así que quizá pueda ser convencido. Espero que sea una mayoría muy grande la que quiera continuar.

Herman
Señor Presidente, si autoriza la prolongación del debate, tenga al menos la bondad de velar por que cada intervención se limite a un minuto aproximadamente.
Los tres últimos oradores han sobrepasado su tiempo de uso de la palabra en 45 segundos. Con un Presidente enérgico, dotado de los poderes necesarios, deberíamos poder cumplir nuestro horario.

El Presidente
Tiene usted toda la razón en lo que dice, señor Herman. He sido demasiado complaciente y es por ello que se ha hecho tarde. Ruego ahora a los últimos oradores que sean muy breves.

Trakatellis
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión es el primer paso para hacerse una idea de la deficiente política de gestión de residuos. Constituye un primer intento de registrar y evaluar la hasta ahora lamentable situación. Es la primera vez que se intenta proyectar la imagen que domina en los Estados miembros en cuanto a la aplicación de la legislación comunitaria. El informe muestra también la aplicación ineficaz de los marcos legislativos y de las normas comunitarias que se elaboran a escala de la Unión Europea. Hay un gran abismo entre lo que votan las instituciones de la Unión y lo que se aplica y está vigente en los Estados miembros.
Es de destacar que ningún Estado miembro ha traspuesto de modo correcto la Directiva 75/442/CEE y que cada uno la aplica de un modo diferente, que ningún Estado miembro haya incorporado el catálogo europeo de residuos de acuerdo a la Directiva 94/4. De una manera se determinan el umbrales de peligrosidad de las sustancias y de otra el umbral permitido de las concentraciones en cada Estado miembro. Además, los procedimientos de control son diferentes. También hay problemas importantes con las directivas relacionadas con aceites minerales y la limpieza de residuos.
Sin embargo, quisiera insistir en el caso de las directivas relativas a residuos sólidos pues es ahí donde nos encontramos con una dramática situación. La Comisión ha intentado corregir a los Estados miembros a través del Tribunal Europeo y de las sanciones que tiene derecho a proponer de acuerdo con el artículo 171. Desgraciadamente, entre los países infractores se encuentra también mi país por asuntos como el del golfo Pagassitikós, la contaminación del lago de Vegoritis, la del río Soulos y el caso de Kouroupitó en Canea.
A pesar de las pomposas declaraciones de los Estados miembros acerca de una Europa próxima a los ciudadanos, son las instituciones de la Unión las que en definitiva intentan proteger sus derechos y se muestran solidarias con sus inquietudes.
Consideramos que la Comisión debe seguir registrando de forma global la situación en todos los ámbitos de la gestión de residuos con el fin de formular una política comunitaria común. Paralelamente, los Estados miembros deberán comprender que la gestión correcta de residuos de cualquier tipo se encuentra en el corazón mismo de los Tratados y de la calidad de vida. También quisiera agradecer al ponente la excelente labor que ha realizado.

Querbes
Señor Presidente, comparto las preocupaciones y las críticas del ponente, Luis Campoy Zueco, respecto a los considerables retrasos en la aplicación de las directivas relativas a los residuos.
Nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible y de la protección del medio ambiente nos obliga a llevar una gestión de residuos muy distinta. Debemos reducir su producción en origen, desarrollar técnicas de valorización y reciclaje, neutralizar los residuos finales. ¿Cómo lograrlo?
Sólo seguiré en parte a nuestro ponente cuando insiste en que se inicien procedimientos de infracción. Debemos, en efecto, hacer una evaluación plena de los obstáculos reales para la aplicación de la legislación relativa a los residuos, no para justificar las actuales carencias, sino para que la legislación sea eficaz y aplicable. Ahora bien, esta legislación tiene implicaciones financieras considerables. Naturalmente, se podría reducir sus costes, y la Comisión debe presentar propuestas en este sentido, especialmente, a través de incentivos fiscales, como propone el ponente para los aceites usados. Pero, en términos generales, ¿no sería conveniente reducir hasta su índice más bajo el IVA sobre el tratamiento de residuos, o bien crear las condiciones necesarias para una revalorización suficiente de los productos reciclados, que deben competir con productos nuevos que, a menudo, son más baratos?
Dicho esto, ante los costes financieros que siguen siendo importantes, ¿cómo pueden movilizarse los recursos necesarios cuando los colectivos públicos están obligados a reducir sus presupuestos, cuando las empresas se enfrentan a competencias de ámbito planetario y cuando la población adolece de un poder adquisitivo insuficiente?
Creo que existe una contradicción entre las políticas monetarias y económicas de la Unión, enmarcadas por obligaciones y criterios estrictos, y las políticas de medio ambiente, en las que, a veces, predominan la no intervención y el laxismo, como demuestra el informe que debatimos.
Creo, para terminar, que para salir de la actual situación es necesario combinar los procedimientos de infracción y medidas financieras que permitan eliminar los obstáculos de fondo y, sobre todo, actuar de una manera más democrática.

Caudron
Señor Presidente, mis queridos colegas, en primer lugar, quisiera unirme a las felicitaciones dirigidas al ponente y manifestar también mi descontento ante el retraso de los Estados en la aplicación de políticas coherentes en materia de gestión de residuos.
Para defender un medio ambiente, a menudo maltratado, para reducir la contaminación del suelo, del aire y del agua, para economizar las materias primas, todo el mundo sabe que es necesario gestionar mejor, o simplemente gestionar, los residuos, limitarlos y reciclarlos.
Ciertamente, de entrada hay gastos complementarios, a veces importantes, porque derrochar y contaminar resulta más barato a corto plazo; pero a medio plazo, una gestión rigurosa y más económica es absolutamente vital, sobre todo para la salud humana. Debemos, por tanto, dar muestras de firmeza ante aquellos, quienesquiera que sean, que no aplican las legislaciones; ciertamente hay que sancionarlos fiscalmente, pero también ayudar a aquellos otros que se esfuerzan al máximo para aplicarlas, en particular, los colectivos locales.
Por último, al igual que otros colegas, observo también que a través de nuestro debate vuelven a plantearse la cuestión y el problema de la aplicación de las decisiones adoptadas. Dedicamos demasiado tiempo a definir normativas y a decidir medidas, especialmente en materia de medio ambiente, pero a continuación nos olvidamos a menudo de ver qué sucede, y cuando lo hacemos, como hoy, el balance es completamente desolador.
En este caso se plantea más que nunca la cuestión de la autoridad política de Europa y de sus instituciones, autoridad que debería verse reforzada.

Bjerregaard
Señor Presidente, no voy a prolongar el debate mucho más. Estoy muy contenta con el informe presentado hoy por el Sr. Campoy Zueco. En el debate he visto que existe un acuerdo general en que la puesta en práctica de la legislación no funciona del todo bien y que hay enfados y quejas ante el hecho de que los Estados no puedan o tengan en mayor medida la voluntad política de poner en práctica la legislación. Espero que la decisión, cuya aprobación doy por sentada, contribuirá a estimular el debate y también agradezco los diversos consejos oídos en el debate de hoy. Algunos de ellos, en mi opinión, han ido encaminados a mejorar la situación y me gustaría asegurar al Parlamento que de ninguna manera tenemos la intención de permitir a los países miembros esquivar la puesta en práctica de la legislación que nosotros - así puede decirse - hemos puesto en marcha con muchísimos esfuerzos en la Unión.

El Presidente
Gracias, señora Comisaria. El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0482/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 44 formulada por Charlotte Cederschiöld (H-0763/98):
Asunto: Protección de la seguridad social a residentes en el extranjero
Los tribunales suecos ya han fallado en diversos casos que la legislación sueca en materia de protección social es incompatible con el derecho comunitario, al exigir que una persona resida en Suecia para poder percibir las correspondientes prestaciones. A pesar de estas sentencias, continúan denegándose los beneficios de la protección de la seguridad social a conciudadanos que tienen derecho a estas prestaciones, por haber establecido su residencia en el extranjero.
¿Considera la Comisión esta circunstancia compatible con los principios de la libre circulación de personas? Doy la bienvenida al Sr. Monti y le pido disculpas por haber iniciado el turno de preguntas con 10 minutos de retraso. Le invito que responda a la pregunta formulada por la Sra. Charlotte Cederschiöld.

Monti
La señora Cederschiöld plantea la cuestión de la transposición de la normativa comunitaria en materia de seguridad social en Suecia. El Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo establece normas específicas para armonizar los regímenes de seguridad social de los Estados miembros aplicables a los trabajadores de la Unión Europea y a sus familiares que circulan por la Comunidad. La pregunta sugiere que Suecia no está aplicando correctamente dicho reglamento. Sin embargo, la propia pregunta carece de la información suficiente para que la Comisión pueda esclarecer si no se ha respetado la normativa comunitaria en un caso específico. La Comisión, por lo tanto, invita a su Señoría a que explique más detalladamente el caso a los servicios de mi colega, el Comisario Sr. Flynn, encargado de esta materia, al objeto de que estos puedan estudiar la cuestión a la luz del Derecho comunitario.

Cederschiöld
Gracias por la respuesta Comisario Monti. Se trata de un caso de seguridad social en que una mujer no pudo obtener su subsidio por maternidad puesto que ella trabajaba en Inglaterra. Está bien que la Comisión solicite más detalles sobre este caso, información que yo puedo proporcionar con mucho agrado.
Quisiera establecer un paralelismo con algo de gran actualidad; el Tribunal se remite al Tratado de Roma cuando se trata del derecho a asistencia médica. En mi opinión, la libre circulación de pacientes está muy cerca de la libre circulación de beneficiarios de la seguridad social. Tratándose de pacientes, es un derecho individual, es decir, no debe haber apreciaciones arbitrarias, no se pueden negar las compensaciones e indemnizaciones y no se puede pedir autorización anticipada.
¿Está dispuesta la Comisión a apoyar a los ciudadanos tomando medidas contra los países miembros en los casos en que no se cumpla la libre circulación de pacientes y beneficiarios de la seguridad social?

Monti
También en este caso, ruego a la Sra. Cederschiöld que nos proporcione más datos. Lo único que puedo decir, aunque en líneas generales, es que la Comisión intenta facilitar a los ciudadanos de la Unión Europea el ejercicio de sus derechos, sobre todo a través de una acción de información acerca de la exacta naturaleza de dichos derechos. En este marco, como su Señoría sabe, se sitúa la acción «Ciudadanos de Europa» que la Comisión ha desplegado gracias al decisivo apoyo del Parlamento Europeo. Con respecto al caso específico señalado por su Señoría y que guarda relación con la asistencia sanitaria, le ruego nuevamente que tenga a bien proporcionar a la Comisión más datos, al objeto de que nuestra acción pueda ser más específicamente útil.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Robert Evans (H-0764/98):
Asunto: Derecho al voto para los ciudadanos de la Unión Europea
¿Está la Comisión al corriente de que algunos ciudadanos europeos que viven fuera de su Estado miembro de origen se ven privados del derecho al voto, puesto que no pueden votar en elecciones locales o europeas, como tendrían derecho a hacerlo en su calidad de ciudadanos de la Unión?
El Gobierno belga ha demostrado una vez más que, pese a encontrarse «en el corazón de Europa», es incapaz de conceder a los ciudadanos no belgas plenos derechos de voto, aunque no es el único Estado que actúa de esta manera.
He sido informado de que hay ciudadanos europeos, que trabajan desde hace muchos años en el Consejo de Europa, a los que tanto su país de origen como el Gobierno francés les niegan ahora el derecho a votar debido a su estatus «cuasi diplomático».
¿Qué medidas adopta la Comisión para suprimir estas anomalías en la Unión Europea y garantizar que todos los ciudadanos de la UE puedan votar, al menos en las elecciones locales y europeas? Señor Monti, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Evans.

Monti
Todos los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales, pueden ejercer su derecho de sufragio y son elegibles en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, de conformidad con las disposiciones establecidas por las directivas y transpuestas al Derecho nacional por todos los Estados miembros, excepto uno. Sólo Bélgica no ha aplicado todavía la Directiva 94/80/CE que establece las modalidades del ejercicio del derecho de ser elector y elegible en las elecciones municipales.
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de 9 de julio de 1998, que condena a Bélgica por no haber transpuesto dicha directiva, la Comisión no dejará de instar el procedimiento previsto en el artículo 171 del Tratado de la Unión Europea si, dentro de un plazo razonable, el Estado miembro que ha incumplido las obligaciones que le incumben, no adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
En lo que se refiere a los funcionarios del Consejo de Europa, la Comisión no está al corriente de los hechos apuntados por su Señoría. Por lo que la Comisión sabe, todos los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Francia pueden participar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo si así lo desean, independientemente de su estatus personal. La ley francesa de adaptación a la Directiva 94/80/CE, que establece las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio y de elegibilidad en las elecciones municipales, precisa que los ciudadanos de la Unión Europea se consideran residentes en Francia si tienen fijado allí su domicilio y si su residencia en dicho país es de carácter permanente.

Evans
En esta legislación hay un número de anomalías. El Comisario tiene toda la razón en lo que dice sobre las autoridades belgas. Bélgica parece estar haciendo sus propias excepciones o sus propios reglamentos a este respecto. En ciertas comunas, si el 20 % de los residentes no son belgas, sino europeos de otros países, parece saltarse a la torera la ley y la legislación. Espero encarecidamente que el Comisario haga lo que ha dicho en su respuesta a la pregunta anterior: imponer el disfrute de sus derechos por los ciudadanos de la UE.
Esto plantea una cuestión: si el Comisario viviera en Londres, podría votar en las próximas elecciones europeas. Me parece que los Comisarios que viven en Bruselas no van a poder votar en las elecciones europeas del próximo verano, pese a que trabajan para Europa.
También he de señalar a la atención del Comisario la observación que formulé sobre las personas que trabajan en el Consejo de Europa, que -según tengo entendido- no tienen derecho al voto porque no pagan todos sus impuestos en Francia en virtud de su condición de funcionarios del Consejo de Europa. Me gustaría saber si podría darme más información al respecto.

Monti
Respecto de los funcionarios del Consejo de Europa, lo único que puedo hacer es remitir a mis observaciones iniciales. La ley francesa por la que se transpone la Directiva 94/80, que establece las modalidades para el ejercicio del voto y la presentación como candidato a las elecciones municipales, dispone que los ciudadanos de la Unión que tengan su domicilio real o cuya residencia en ese país sea de carácter permanente son considerados residentes en Francia.
Quisiera añadir unas palabras sobre Bélgica, cuestión planteada por el Sr. Evans en su pregunta complementaria. La Comisión sabe que en los últimos días ha habido ciertos avances a ese respecto en Bélgica. En su primera reunión de septiembre, el Consejo de Ministros belga aprobó un anteproyecto encaminado a modificar la legislación en vigor con vistas a la transposición de la directiva. Ya se ha presentado ese proyecto a la Cámara de Representantes para que lo examine y las comisiones parlamentarias competentes han reanudado sus debates sobre la reforma del artículo 8 de la Constitución, que también es necesaria para ampliar los derechos políticos de los ciudadanos de la UE no nacionales.
Aunque se trata en verdad de asuntos complejos, la Comisión espera que, a partir de la labor que ya está en marcha, se adoptarán las medidas necesarias con suficiente antelación para permitir a los ciudadanos de la Unión votar y presentarse como candidatos en las próximas elecciones municipales de Bélgica, previstas para el año 2000. Los servicios de la Comisión están siguiendo la evolución de la situación con vistas a ello y manteniendo contactos a ese respecto con las autoridades belgas.

El Presidente
Pregunta nº 46 formulada por Willy De Clercq (H-0793/98):
Asunto: Derecho de sufragio en las elecciones europeas que ha de concederse a todos los ciudadanos de la UE de conformidad con el Tratado
En la Resolución final del informe sobre Ciudadanía de la Unión aprobado por el PE durante la sesión de 2 de julio de 1998, se pide «a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias que velen, en particular, por que los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo se concedan sin ninguna diferencia y puedan ser ejercidos por todos los ciudadanos que, de conformidad con el artículo 8 posean, la nacionalidad de un Estado miembro y residan en la Unión Europea». El Gobierno del Reino Unido señala que considera como nacionales a los ciudadanos de los territorios británicos dependientes que obtengan su ciudadanía mediante un vínculo con Gibraltar (DO C 23 de 28.1.83, pág.1). ¿Por qué motivo los habitantes de Gibraltar se ven privados hasta hoy día de participar en las elecciones europeas? ¿Adoptará la Comisión medidas al respecto antes de las elecciones de junio de 1999? Señor Monti, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. De Clercq.

Monti
En espera de la adopción de un procedimiento electoral uniforme, las elecciones al Parlamento Europeo están reguladas por las disposiciones del acto relativo a la elección de los representantes en el Parlamento por sufragio universal directo de 20 de septiembre de 1976, anexo a la decisión del Consejo 76/787/CECA, CE, Euratom, así como por las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y las legislaciones nacionales. Dicho acto incluye un anexo que forma parte integrante del mismo, por el cual el Reino Unido se compromete a aplicar dichas disposiciones tan sólo al Reino Unido. Esto supone en concreto la exclusión de Gibraltar del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo. El anexo mencionado fue refrendado formalmente por los representantes de los Estados miembros y remitido a los Estados miembros para su aprobación y ratificación, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.
El Tratado de la Unión Europea y, en particular, el artículo 8 B, no modifica esta situación jurídica, habida cuenta de que se limita a conceder el derecho de sufragio a los ciudadanos de la Unión Europea que residen en un Estado miembro del que no son nacionales, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. La fijación del ámbito de aplicación contemplada en la Directiva 93/109/CE sobre las modalidades del ejercicio de dicho derecho se enlaza con el acto de 1976, en virtud del cual no se celebran elecciones al Parlamento Europeo en Gibraltar.
Es significativo que el apartado 2 del artículo 8 B, establezca expresamente que los derechos políticos mencionados en el mismo se mantienen sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 138 y en las normas de aplicación pertinentes. Así y todo, el apartado 3 del artículo 138 del Tratado de la Unión Europea dispone que el acto del año 1976 puede ser modificado sólo en virtud de acuerdo unánime del Consejo, previo dictamen conforme del Parlamento, subordinado a su ratificación por los Estados miembros.
Señor De Clercq, como usted sabe, el Tratado exhorta expresamente al Parlamento Europeo a elaborar proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme. A la vista de la actual situación jurídica, la Comisión no puede formular ninguna iniciativa dirigida a conceder a los ciudadanos europeos residentes en Gibraltar el derecho de sufragio, como augura el Sr. De Clercq.

De Clercq
Mi pregunta es muy sencilla. De la respuesta del honorable Comisario deduzco que no está tan satisfecho con la posición adoptada por Gran Bretaña. Aunque hago hincapié en que el Gobierno británico en su momento reconoció por súbditos británicos a los ciudadanos de Gibraltar y como la resolución del Parlamento Europeo señala que todos los ciudadanos de la Unión Europea deben poder participar en las elecciones europeas, me parece que la actitud de este Estado miembro es claramente contraria a esta resolución. Usted afirma que la Comisión no puede adoptar ninguna iniciativa. Estoy de acuerdo, pero quería escuchar su opinión. Mi pregunta es la siguiente: a pesar de que usted no puede adoptar ninguna iniciativa, ¿no puede instar al Gobierno del Estado miembro en cuestión a fin de que todos los ciudadanos se encuentren en una situación comparable dondequiera que estén?

Monti
Señor De Clercq, las últimas palabras de mi breve respuesta pueden efectivamente analizarse en el contexto que usted ha apuntado, ya que he recordado que el Tratado exhorta expresamente al Parlamento Europeo a elaborar proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme. Por eso, la función de estímulo que este Parlamento, y no sólo la Comisión, desarrolla ante los Estados miembros es muy importante también en esta materia. No cabe duda de que si nos preguntamos si existe alguna posibilidad de que los ciudadanos de Gibraltar consigan el derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo, el primer paso obligado sería la modificación de la declaración del Reino Unido, aneja al acto de 1976, así como la modificación de la decisión del Consejo 76/787/CECA, CE, Euratom que precisa el voto unánime del Consejo. A continuación le correspondería al Gobierno británico establecer las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos de Gibraltar y dicha materia queda fuera de la competencia de la Comisión.
Para mayor abundamiento, diré que las elecciones al Parlamento Europeo, además que en Gibraltar, no se celebran en las islas del Canal de la Mancha ni en la isla de Man. El Tratado de la Unión Europea no se aplica a las zonas que están sometidas a la soberanía del Reino Unido en Chipre, respecto a las cuales no se plantea la cuestión de la participación en las elecciones al Parlamento Europeo. En cuanto a Dinamarca, se excluyen de las elecciones la región autónoma de las islas Feroe, a las que no se aplica el Tratado de la Unión Europea, y Groenlandia que ya no forma parte del territorio de la Unión Europea.
Finalmente, para completar el cuadro diré que la Directiva 93/109/CEE del Consejo se aplica a los países y territorios de ultramar de Francia, a Ceuta y Melilla, a Aruba y a las Antillas Holandesas.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 47 decae.
Pregunta nº 48 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0746/98):
Asunto: Ejecución de las políticas euromediterráneas en Argelia
¿Qué perspectivas inmediatas contempla la Comisión en lo que se refiere a programas y proyectos de cooperación con Argelia? ¿Qué resultados puede contabilizar en lo relativo a los últimos tres años? Doy la bienvenida al Sr. Marín y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Izquierdo Rojo.

Marín
Señora Izquierdo Rojo, como usted sabe, la Comisión ha acordado con el Gobierno argelino, al igual que con los demás países socios mediterráneos, una programación plurianual de cooperación financiera bilateral en el cuadro del programa MEDA.
Debido a la difícil situación social -pues el paro, según cifras oficiales, y seguramente en la realidad será más, se sitúa en torno al 30 % de la población activa-, los esfuerzos de esta programación plurianual se han dirigido esencialmente a este problema de apoyo a las políticas que tienen que ver con la reducción del desempleo.
Y lo que pretendemos, a través del programa sobre microempresas, es poder ayudar a crear y a consolidar empleos de duración indeterminada, y utilizar aquellos proyectos que se dirigen a la realización de infraestructuras y obras públicas para desarrollar una red de empleos temporales. Ése es el objetivo.
La Comisión está fomentando también, y apoyando en circunstancias nada fáciles, el desarrollo comunitario a través de las llamadas «iniciativas locales». Ésta es una cuestión donde inciden elementos de seguridad, y por el momento no hemos recibido respuesta del Gobierno argelino, por razones que se pueden fácilmente entender, respecto a la forma de poner en práctica estas iniciativas de desarrollo municipal.
Los restantes elementos del actual programa los constituyen la ayuda al mecanismo de ajuste estructural, a la privatización y a la modernización del sector financiero. Tenemos dificultades para desarrollar estos proyectos por la dificultad de poder contratar a expertos cualificados que estén dispuestos a trasladarse a Argelia, pero, no obstante, por el momento y con la debida protección, hemos conseguido mantener tres equipos de expertos que están preparando los programas de privatización de pequeñas y medianas empresas y la modernización del sector financiero. El objetivo, en negociación, es poder comprometer en estos tres programas en torno a 100 millones de ecus. Esto por lo que se refiere a la realización de la programación plurianual.
En lo que concierne a las negociaciones sobre el acuerdo de asociación, como usted sin duda conoce, el Gobierno argelino tomó la decisión de tomarse un tiempo para analizar la propuesta de la Comisión, fundamentalmente en la parte relativa al período de desarme industrial y, en principio, el Gobierno argelino no nos ha comunicado todavía cuándo desearía reiniciar las negociaciones formales.
A cambio, se nos ha pedido la realización de un conjunto de seminarios de explicación sobre la zona euromediterránea de libre cambio, los problemas que tienen que ver con el establecimiento de un mercado interior euromediterráneo, con sus desarmes industriales, los impactos eventuales en el tejido industrial de Argelia -ya que piensan que ésta es una cuestión muy sensible- y, antes de reanudar las negociaciones, les gustaría tener la mayor información posible de nuestra parte.
Estamos dispuestos, naturalmente, a dar este tipo de información y, cuando el Gobierno argelino nos comunique su deseo de continuar las negociaciones formales, así lo haremos.

Izquierdo Rojo
Muchas gracias, señor vicepresidente Marín, por esta respuesta que satisface mi inquietud ante el momento en que vive Argelia.
No obstante, quisiera preguntarle más específicamente si ya ha sido posible la apertura de la delegación de la Comisión en Argelia. He entendido que hay tres equipos de expertos, pero no sé si ese extremo queda para mí suficientemente claro.
Es cierto que la situación de Argelia exige un proyecto específico para este país en este momento. Yo creo que la Comisión debería tener esta previsión dentro del proceso euromediterráneo: el que pudiéramos poner en marcha en este momento, y mucho más ahora que se han convocado elecciones anticipadas, un programa específico para Argelia con una cierta flexibilidad en la ejecución.
Para terminar, quisiera saber si la Comisión va a apoyar políticas que aseguren garantías democráticas para el próximo proceso electoral, anunciado para febrero por el Presidente Zerual, y de qué forma podremos luchar contra la corrupción y dar posibilidades y opciones de progreso a los jóvenes.

Marín
En lo que concierne a la delegación, el delegado está nombrado, el delegado adjunto también. Se ha identificado un edificio que reúne las garantías de seguridad. Se ha negociado con las autoridades argelinas el sistema de seguridad.
El único problema que tenemos es que hemos rechazado, por razones estrictamente jurídicas, el tipo de contrato que nos ofrecía el propietario. Y ese es el problema que en este momento, en el plano jurídico, estamos intentando resolver.
Pero la parte central de la decisión ha sido ya tomada, y sobre la observación internacional de las elecciones, usted sabe que en las últimas elecciones Argelia no aceptó la participación de la observación electoral europea y ésta se hizo a través de una observación electoral organizada en el marco de Naciones Unidas. Y fue a través de Naciones Unidas como se pudo participar, no como observadores europeos sino como observadores de esta organización internacional.
¿Cuál va a ser la decisión del Gobierno respecto a las próximas elecciones presidenciales? ¿Van o no a aceptar esta observación? Lo desconozco por el momento.
Y en cuanto al programa, lo que le he dicho demuestra ya claramente el esfuerzo de flexibilidad que estamos haciendo, naturalmente dentro de unos límites, porque ya le he dicho que hemos contratado a tres grupos de expertos que están trabajando en situaciones muy complicadas. Porque, esencialmente, para nosotros el problema es, simplemente, como usted sabe muy bien, que no hay personal -desgraciadamente tengo que decirlo- que esté dispuesto a trabajar, sobre todo en algunos programas que comportan riesgos para la seguridad.

El Presidente
Pregunta nº 49 formulada por Maj Theorin (H-0747/98):
Asunto: Birmania
Durante muchos años el pueblo de Birmania ha vivido en condiciones extremadamente difíciles. El régimen militar somete a la población a la violencia y a trabajos forzados y las mujeres son objeto de violaciones sistemáticas. Se maltrata especialmente a la población karen, pero también a otros grupos de población y esta situación se ha mantenido durante años. Desde 1990, el régimen militar SLORC ha explotado brutal y cruelmente al país.
El Parlamento Europeo ha aprobado diversas resoluciones en las que se condenan las violaciones de los derechos humanos y también ha aprobado un informe en el que se recomienda la supresión de los aranceles preferenciales para lo productos industriales y agrícolas procedentes de Birmania. Por desgracia, la situación no parece mejorar para la oposición y el pueblo de Birmania. Por el contrario, se siguen recibiendo noticias sobre nuevos casos de abusos y violaciones de los derechos humanos.
El Tribunal penal internacional permanente, en cuya creación la UE desempeñó un papel activo en Roma, proporciona a la sociedad internacional un nuevo instrumento contra los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión cometidos en conflictos internacionales y en guerras civiles. ¿Se propone la Comisión utilizar este nuevo instrumento para adoptar medidas contra el régimen militar de Birmania? Señor Marín, le propongo que responda usted a la pregunta de la Sra. Maj Theorin.

Marín
Gracias, señora Theorin, por su presencia sistemática en la cuestión relativa a Birmania, porque creo que hay que estar presente políticamente en esta difícil situación por la que atraviesa este país. Las relaciones con Birmania conocieron una situación extraordinariamente difícil en la última reunión que tuvimos con el grupo ASEAN en Manila, en Filipinas. En aquel momento, como usted sabe muy bien, se había producido un incidente grave en lo que concierne a la líder de la oposición Daw Aung San Sun Kyi y ciertas minorías étnicas, y yo fui testigo del diálogo político con el Gobierno birmano y -créanme- la situación no fue nada fácil.
Estamos atentos al desarrollo de la situación y en negociaciones con el grupo ASEAN, al objeto de dejar muy claro y patente el punto de vista de la Comisión Europea en lo que concierne a la situación de Birmania.
Por lo que respecta a la situación que se ha creado posteriormente a la aprobación del Tribunal Penal Internacional, tengo que señalarle que todavía no es posible utilizarlo como instrumento adicional. Sabe que la Comisión estuvo presente en su calidad de observador y apoyamos activamente la posición de la Unión Europea para la creación de este Tribunal. Las cláusulas para su entrada en vigor, como saben, exigen la ratificación de un mínimo de 60 países para que el Tribunal Penal Internacional pueda ser efectivo. Esto todavía no se ha producido.
Por otro lado, el modus operandi que fue definido en la reunión de Roma es que el derecho a remitir asuntos a este tribunal le corresponde a los Estados miembros, al Consejo de Seguridad y a la Fiscalía. Pero el sistema jurisdicional en relación con los Estados no signatarios, como presumiblemente va a ser el caso de Birmania -pues no creo que Birmania firme el protocolo de entrada en vigor del Tribunal Penal Internacional-, normalmente es un mecanismo que, como dice la Convención, deberá ser puesto en marcha por el Consejo de Seguridad.

Theorin
He formulado mi pregunta en relación con la instauración del nuevo tribunal. Evidentemente que quiero, igual que Maij-Weggen, saber qué ha hecho y qué piensa hacer la Comisión. Obviamente que tiene que ser ratificado por algunos países. El asunto es, sin embargo, saber si se piensa usar este nuevo instrumento para iniciar medidas en contra del gobierno militar de Birmania. Sin lugar a dudas esto cabe dentro de las atribuciones del tribunal puesto que los genocidios, los delitos contra la humanidad y los delitos de guerra y agresiones cometidas durante los conflictos internacionales y guerras civiles son de su competencia. Evidentemente que se trata de un nuevo instrumento en nuestras manos.
Creo que es importante que nos encarguemos de que se mantenga con mucha fuerza la presión sobre el gobierno militar de Birmania. También es importante que la Unión Europea utilice sus instrumentos y, consecuentemente, limite las inversiones en Birmania.

Marín
Como ya señalé, para utilizar el Tribunal Penal Internacional es necesario que el protocolo sobre su entrada en vigor sea ratificado por 60 países. Cuando esos 60 países lo ratifiquen se podrá incluir el caso birmano. Pero, como le he dicho en mi respuesta, el derecho de iniciativa para solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional, tal y como dice el protocolo, corresponde solo a los Estados, al Consejo de Seguridad y a la Fiscalía que ha sido parte integrante del protocolo. Como tal, la Comisión Europea no tendrá nunca competencias para iniciar en el Tribunal Penal Internacional ninguna causa. Quienes sí podrán hacerlo -y esa es la cuestión- cuando entre en vigor serán los Estados miembros reunidos en Consejo de ministros. Entonces, esta será una cuestión que nos tendremos que plantear el Parlamento y la Comisión, primero, cuando haya entrado en vigor el protocolo y, segundo, cuando se haya tomado una decisión por los Estados porque -insisto- la Comisión no tiene competencias al respecto.

El Presidente
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 50 decae.
Pregunta nº 51 formulada por Bernd Posselt (H-0772/98):
Asunto: Cristianos en Timor Oriental
¿Qué medidas prevé adoptar la Comisión para apoyar a la oprimida población cristiana de Timor Oriental tras los cambios políticos en Indonesia? Señor Marín, le invito a que responda al Sr. Posselt.

Marín
La Comisión ha expresado con frecuencia su preocupación por la situación del Timor Oriental en las reuniones mantenidas con el Gobierno indonesio y estamos urgiendo a este Gobierno a que llegue a una solución pacífica y duradera para el territorio. Además, en la última reunión en el seno del Grupo ASEAN, se produjeron declaraciones que puedo calificar como novedosas -ya veremos el resultado que dan- por la parte indonesia respecto a una oferta que se hizo al otro país europeo que se siente directamente afectado -Portugal- respecto a una vía que está siendo explorada en este momento en las Naciones Unidas bajo la responsabilidad del Sr. Kofi Annan, el Gobierno portugués y el Gobierno indonesio para alcanzar una decisión que pueda ser aceptada a nivel internacional, aunque teniendo en cuenta naturalmente de una manera clara los intereses de los habitantes de Timor.
Por otro lado, hubo una visita de la troika. Los jefes de misión de la Unión Europea en Yakarta estuvieron visitando el Timor Oriental. Y el Consejo de Ministros de Asuntos Generales, el pasado día 13, adoptó unas conclusiones respecto al futuro del Timor Oriental.
En cuanto a la ayuda, la Comisión Europea, como ustedes saben, está ofreciendo un programa específico para Timor Oriental. En mayo de este año se ha realizado una misión de evaluación y en este momento las organizaciones correspondientes están discutiendo cuál es el mejor método para llevar a cabo este programa específico de ayuda humanitaria, de ayuda alimentaria y de ayuda al desarrollo que se ha presentado por parte de la Comisión al Consejo de Ministros.

Posselt
Señor Comisario, yo sólo quisiera preguntarle en qué consiste exactamente dicho programa de la Unión Europea y hacer hincapié sobre todo en dos puntos. El primero es la propuesta del obispo Belo relativa a una desmilitarización de Timor Oriental, ¿se está debatiendo este punto?
El segundo punto hace referencia a nuestro programa en favor de la democracia. Allí se están constituyendo partidos totalmente nuevos y existe el riesgo de que puedan surgir también tendencias fanáticas. ¿Estamos supervisando realmente también, en el marco de nuestro programa en favor de la democracia, este nuevo espectro político que se está configurando?

Marín
Efectivamente, este es un debate que está abierto. En la reunión de Filipinas, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia de una manera -en mi opinión- sorprendente presentó al Grupo ASEAN una oferta respecto al problema del Timor Oriental. Uno de los elementos que se contenía en esta oferta consistía, precisamente, en retirar la presencia militar indonesia del Timor Oriental y una oferta para negociar un estatuto de autonomía. Esta oferta ha sido objeto de discusiones entre el Secretario General, Sr. Annan, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Sr. Jaime Gama, y el propio ministro de Asuntos Exteriores, Ali Alatas. Fue una reunión que se celebró a finales de agosto, creo recordar, en Nueva York.
Desconozco -no tengo información de ninguna de las dos partes- el tipo de conclusiones que se produjeron en esta reunión. Lo cual, hasta cierto punto es lógico porque imagino que serán negociaciones bilaterales muy delicadas y difíciles. De todas maneras, el hecho de que por primera vez el Gobierno indonesio haya manifestado en público que está dispuesto a proceder a la retirada de la presencia militar y a negociar un estatuto de autonomía, hay que considerarlo como un paso hacia delante en la posible solución del conflicto. Pero la Comisión -yo mismo- no tiene información de estas negociaciones bilaterales.

El Presidente
Pregunta nº 52 formulada por Glenys Kinnock (H-0781/98):
Asunto: Camboya
¿Cuál es, a juicio de la Comisión, la reacción adecuada ante las elecciones que se celebraron en Camboya el 26 de julio pasado? ¿Cuáles son los criterios a los que tendrían que ajustarse las autoridades camboyanas para que pudieran examinarse futuros acuerdos de cooperación? Señor Comisario, le invito a usted a que responda a la pregunta de la Sra. Kinnock.

Marín
En primer lugar, quisiera agradecer a la Sra. Kinnock su trabajo como representante especial de la Unión Europea en las elecciones de Camboya del 26 de julio. Gracias, sobre todo porque yo pude comprobar que fue un trabajo que no fue precisamente fácil y que fue desarrollado -en mi opinión y en la opinión de los observadores internacionales- de una manera eficaz y brillante, porque esto nos permitió asentar la credibilidad de la Unión Europea y su participación en el proceso electoral, a pesar de trabajar en un marco político de desconfianza de los políticos camboyanos, y afirmar la presencia europea en el grupo conjunto de observación electoral.
La valoración efectuada por la Comisión -usted lo sabe- sigue estando en consonancia con la declaración emitida el 27 de julio por el grupo conjunto de observadores internacionales para las elecciones, según la cual se consideró que había sido un proceso libre y justo que permitía reflejar de una manera creíble la voluntad del pueblo camboyano. Pensamos que el proceso global ha sido aceptable, aunque es verdad que -como usted pudo constatar- se produjeron en la campaña electoral algunos problemas que fueron identificados tanto en la votación como en el recuento. Y estos problemas, en principio, están investigados y solucionados.
A mí no me preocupa, señora Kinnock, el problema estrictamente de las elecciones, que creo que se puede defender. Lo que me preocupa, y a usted también -estoy convencido-, es la situación que ha sido creada después de las elecciones cuando se ha producido algo que todo el mundo -usted incluida- estimaba que era el gran riesgo, y es que los perdedores no aceptaran el resultado de las elecciones porque se supone que los ganadores siempre aceptan el resultado de las elecciones porque ellos han ganado. Y, desgraciadamente, esta situación se ha producido y ello está creando una situación difícil que no permite un arbitraje político.
Tengo que darles -aunque a lo mejor usted ya la conoce- la solicitud que nos ha sido enviada por el jefe del grupo de observación para que, si habíamos tomado la decisión de mantener la presencia de la Unión Europea durante un tiempo de modo y manera que se asegurara la presencia internacional, retiremos de Camboya a los representantes de la Unión Europea en el territorio por razones de seguridad y de estabilidad. Vamos a evaluar esta semana si la situación en el terreno efectivamente aconseja que retiremos a nuestros observadores porque las condiciones de seguridad no están reunidas.
En segundo lugar, tengo que decirle que el Presidente del Consejo de Ministros ha confirmado que la Unión Europea está de acuerdo con la decisión tomada por la ASEAN de despachar a Phnom Penh, para entrevistarse con el Rey, al viceministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, que se encuentra en este momento trabajando allá, para ver si es posible la vuelta al país de una mediación internacional con objeto de intentar recuperar la gobernabilidad.
En consecuencia y por resumir: primero, agradecerle su trabajo, que fue excelente y muy difícil. Segundo, las elecciones y el resultado electoral, fuera de las imperfecciones que tienen que ser corregidas, se pueden defender internacionalmente. Tercero, en este momento debemos ver qué hacemos para que se pueda formar rápidamente un gobierno y no volvamos a una situación bien conocida en este país que ya ha sufrido suficientemente porque determinados líderes políticos no son capaces de ponerse de acuerdo nunca.
Y este tema es muy importante porque, señora Kinnock, no debemos olvidar algo fundamental: esta es la segunda vez que la comunidad internacional se ocupa de organizar elecciones libres. Se organizaron unas, dio lugar a un gobierno y a un golpe de Estado. Para corregir esta situación, la comunidad internacional ha vuelto a organizar otras elecciones. El riesgo de Camboya es que la comunidad internacional considere que es un caso perdido y que, como caso perdido, no merezca la pena hacer más esfuerzos. Por eso yo he insistido al Consejo de Ministros que hay que evitar esta situación de fatiga internacional que se produce cuando las cosas no funcionan. Porque Camboya no puede ser considerada un caso perdido. Eso sería terrible. Esta es nuestra opinión.

Kinnock, Glenys
Agradezco al Comisario sus amables palabras y el apoyo personal que me dio para una - como él mismo reconoció- tarea difícil llevada a cabo en Camboya.
Como ha dicho, las protestas continúan y ayer, sin ir más lejos, el príncipe Ranariddh dijo que temía que en breve acabara todo descontrolado. Me preocupa mucho oírle decir a usted que es probable que nuestros observadores se retiren, porque eso sería enviar un mensaje muy grave al pueblo de Camboya, que está pasando claramente por una época muy difícil.
Es probable que se celebre una cumbre entre el Sr. Hun Sen y el Príncipe Ranariddh y Sam Rainsy. Me gustaría saber hasta qué punto cree usted que se trata de una posibilidad real. También me gustaría saber qué probabilidades hay de que los partidarios de la línea dura en el Gobierno pidan una represión severa de la disidencia para acabar con ella de una vez por todas.
En tercer lugar, es interesante que Tailandia participe en los intentos de mediación con vistas a lograr la paz. Quisiera preguntar dónde está la Unión Europea. Ha invertido recursos e intereses en Camboya. ¿Es probable que el Consejo invierta un poco más en este momento en cuanto a presencia en el terreno en Camboya?

Marín
Señora Kinnock, yo he recibido formalmente la petición del jefe de observación para que, debido a las condiciones de seguridad, dé la orden de retirar a los observadores. Por supuesto, previamente, voy a consultar a todos los Estados miembros y esto es algo que queremos hacer el viernes. El viernes por la mañana queremos tomar la decisión final.
En esta situación nos encontramos con algo que ocurre a menudo: se tiene que valorar la seguridad de los observadores, la situación sobre el terreno y el daño político que se puede crear por retirar los observadores. Pero usted, que ha trabajado con ellos, entenderá que yo tampoco les puedo pedir a nuestros observadores que sean héroes. Y si su jefe constata que en cualquier momento puede haber una situación grave para los observadores, es muy difícil pedirle a la gente, sobre todo en las provincias del norte que usted visitó conmigo, que se queden en una zona donde les pueden matar o secuestrar y puede pasar cualquier cosa.
En cualquier caso, he dicho a mis servicios que para el viernes preparen un proyecto de decisión que vamos a someter a los Estados miembros. Y sí le puedo decir que la Unión Europea ha aceptado el leadership de la troika ASEAN para intentar, precisamente, provocar esta reunión de cooperación política entre ellos mismos al objeto de ver si finalmente el Rey toma la iniciativa, porque es la única posibilidad que queda, y se puede encontrar una fórmula. Porque lo que yo temo de verdad es que, después de haber hecho el esfuerzo que ha hecho la Unión Europea en representantes, observadores y trabajo y haber gastado 12 millones de dólares, la situación se vuelva a repetir. Y yo ya he conocido otras situaciones que han acabado en la fatiga, el fatalismo, el «no podemos hacer nada». Y cuando eso ocurre en pueblos como el de Camboya se puede temer lo peor. En consecuencia, el viernes, voy a asumir mi responsabilidad para tomar una decisión en un sentido u otro y vamos a ver si el Consejo de Ministros nos da una solución.

Posselt
Señor Presidente, señor Comisario, los esfuerzos sinceros en favor de la paz han fracasado en Camboya. Mi pregunta es la siguiente: ¿la observación fue efectivamente tan adecuada como se ha afirmado hoy? Según parece, el problema fue que ésta se inició con demasiado retraso y que las condiciones durante el período preelectoral no fueron equitativas, sobre todo en lo que respecta a los medios de comunicación locales y al proceso político anterior a las elecciones.

Marín
Creo que eso se lo podría responder mucho mejor que yo su colega, la Sra. Kinnock. Creo que las circunstancias eran de gran riesgo. Era muy difícil trabajar y el trabajo que se hizo fue -en mi opinión- realmente extraordinario. Evidentemente, hubo defectos en cuanto al acceso a los medios de comunicación y hubo en este contexto de dificultades algunas circunstancias que, analizadas con la visión europea de lo que son unas elecciones en Alemania, en Inglaterra, en España o en Francia, son rechazables. ¿Estos elementos han sido suficientemente intensos como para considerar que las elecciones no se pueden defender? Creo que no.
Dentro de las dificultades, se puede considerar que estas elecciones tuvieron unos resultados razonables. Y lo que está ocurriendo ahora es algo que discutimos muchas veces con la Sra. Kinnock, con los embajadores y con todos los observadores. El problema de estas elecciones no es organizarlas, que es difícil. El problema de estas elecciones es que quien gane sea generoso para encontrar una solución de consenso nacional. Y que el que pierda acepte que ha perdido las elecciones. Y el problema es que quien ha ganado no ha sido generoso para hacer una operación de consenso nacional y los que han perdido dicen, agarrándose a esos argumentos, que las elecciones no son válidas. Es decir, es una situación que, desgraciadamente, repite situaciones anteriores en Camboya.

El Presidente
Señorías, hemos agotado el tiempo asignado al bloque de preguntas correspondientes al Comisario Sr. Marín, al que agradezco su presencia y sus respuestas. Por lo tanto, las preguntas 53 y 54 se contestarán por escrito.

El Presidente
Pregunta nº 55 formulada por Astrid Thors (H-0739/98):
Asunto: Comunicación de la Comisión sobre Información Geográfica paneuropea
Los Ministros de la UE pidieron a la Comisión que investigara el estatus y el papel de la Información geográfica paneuropea (GI) en 1994. La DG XIII de la Comisión inició un amplio proceso de consulta que debía dar lugar a una Comunicación al Consejo y al Parlamento denominada GI 2000: Hacia un Marco de Política Europea para la Información Geográfica.
Primero, la Comisión prometió presentar esta importante comunicación en noviembre de 1996 y a dicha fecha han seguido posteriores promesas en lo que respecta a la fecha de presentación, pero la Comunicación todavía no ha sido presentada hasta hoy.
¿Qué tiene intención de hacer la Comisión para garantizar que la Comunicación se presente lo antes posible? Señor Bangemann, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Thors.

Bangemann
Señor Presidente, la Comisión tiene previsto adoptar dicha Comunicación y remitirla al Consejo, al Parlamento Europeo y también al Comité Económico y Social en otoño de 1998. En los últimos años hemos recibido varias comunicaciones escritas de los Estados miembros en las que manifiestan su apoyo a la citada GI 2000 e instan a la Comisión a adoptar una iniciativa de ámbito europeo. En respuesta a las mismas mantuvimos conversaciones con los actores implicados y finalmente se ha perfilado un consenso con vistas a la adopción de un acto de ámbito europeo. En consecuencia, hemos iniciado la elaboración de las medidas preparatorias y proyectos en el marco del programa INFO 2000.
Hace algunos años ya invitamos a la industria a que se agrupara para constituir una organización central europea. Finalmente así lo ha hecho, pero en el pasado nos encontramos con que, a pesar de la importancia del tema y de nuestros esfuerzos para apoyar este paso a través del programa de investigación, no nos fuese posible despertar el interés suficiente entre la industria europea. Esta situación parece haber cambiado, no obstante, ahora y, por consiguiente, nos proponemos presentar en breve la citada Comunicación.

Thors
Gracias señor Comisario por esta información. Realmente espero que haya sido un error en la traducción cuando se me dijo que la Comisión creyó que la comunicación se presentaría en el otoño. Espero que la Comisión todavía crea que se va a presentar.
Comparto la opinión de la Comisión en cuanto a que éste es un sector importante. Creo que la presentación de esta comunicación sería una continuación lógica del trabajo de estandarización para crear empleo en Europa, algo en lo que usted ha trabajado. Sin embargo, estoy preocupada porque ha pasado tanto tiempo desde los primeros planes de 1994. ¿Necesitamos los planes o podría formarse directamente un high-level workning group para poder seguir adelante en concreto?
¿Hay planes para incluir en el presupuesto de la Comisión las partidas necesarias para alcanzar esta uniformidad que fortalecería la competitividad europea en esta materia? Creo que también el propio trabajo de la Comisión ganaría mucho con la uniformidad.

Bangemann
Vamos a presentar dicha Comunicación, que yo considero necesaria, pues ente todo es preciso establecer cuál es la situación. Evidentemente, no descuidaremos las demás actividades, sino que vamos a continuarlas. Ya he señalado que se han dado una serie de pasos en el marco del programa INFO 2000 para la creación de bancos de datos y registros europeos. Se trata, si ustedes quieren, de las primeras piedras para la creación de una infraestructura para el intercambio de información geográfica. Disponemos de un sitio en la red en el que ya participan más de 300 actores. Hemos presentado repetidamente el proyecto GI 2000 en diversas conferencias: estos programas tendrán continuidad en los nuevos programas para la creación de una sociedad de la información sensible a las necesidades de los usuarios en el contexto del Quinto programa marco sobre investigación. Por lo tanto, hemos iniciado una serie de actividades que, naturalmente, proseguirán. Sin embargo, en último término, todo ello sólo son estímulos y la industria misma debe hacerse cargo de este tema y manifestar un mayor interés del que ha mostrado hasta ahora. Por esto yo pienso que una comunicación de estas características puede cumplir, sin duda, un papel.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 56 decae.
Pregunta nº 57 formulada por Mark Watts (H-0791/98):
Asunto: Frontales de los coches más seguros
¿Cuándo tiene intención la Comisión de presentar la propuesta de directiva por la que se exija que la parte frontal de los coches sea más segura para peatones y ciclistas, propuesta cuya presentación estaba prevista en 1998 según el Segundo Programa de Acción de la Comisión sobre Promoción de la Seguridad Vial? Señor Bangemann, le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Watts.

Bangemann
Señor Presidente, la Comisión ya señaló con mucha antelación, junto con el Parlamento Europeo, la necesidad de adoptar precauciones más adecuadas en relación con los choques frontales, sobre todo de peatones, pero también de otros participantes en la circulación contra un automóvil, y de unas normas técnicas que reduzcan los riesgos que conlleva el choque con la parte frontal de un vehículo en caso de accidente. En 1996 presentamos un primer borrador de directiva a los expertos de los Estados miembros, a la industria, a las asociaciones de consumidores y a los organismos competentes en materia de seguridad viaria, para lo cual nos basamos en las especificaciones de prueba y los requisitos de prestaciones establecidos por el Comité para la mejora de los vehículos europeos (European Enhanced Vehicle Committee).
Las consultas revelaron una gran discrepancia de pareceres entre las partes implicadas. Muchos Estados miembros también opinan que los costes resultan desproporcionados en relación con los beneficios potenciales. Otros consideran que a pesar de todo debería hacerse algo en este sentido. Por consiguiente, encargamos a un experto independiente un examen de la propuesta, sobre todo en lo que se refiere al controvertido tema de la relación costes-beneficios. En cuanto dispongamos de estos resultados -y, por otra parte, también del informe final, que esperamos recibir en diciembre-, los servicios de la Comisión procederán a elaborar el redactado final de la propuesta de directiva, con objeto de que pueda ser debatida en el Consejo y en el Parlamento Europeo a principios del año próximo.

Watts
Gracias, Comisario, por esa respuesta muy completa y útil.
Evidentemente, quisiera instarlo a acelerar esa investigación, pero también señalo a su atención tres estudios independientes ya realizados por los Laboratorios de Investigación del Transporte del Reino Unido, la Agencia Federal de Investigación de la Circulación de Alemania y el Instituto de Investigación sobre la Seguridad en la Carretera de Holanda. Todos ellos concluyen que, si entra en vigor esta nueva directiva encaminada a hacer que los automóviles sean más seguros cuando sufran colisiones con peatones y ciclistas, se podrían salvar hasta 2.000 vidas y se podrían prevenir también 20.000 accidentes con heridos graves.
Creo que existe en realidad la carga de la prueba, que esta medida es necesaria y en todos los meses, semanas y días que la retrasamos hay personas que están resultando innecesariamente heridas en nuestras carreteras.
Espero que el Comisario pueda confirmar que se presentará esta directiva en este Parlamento para que podamos despacharla a principios del próximo año.

Bangemann
Puedo confirmar lo que he dicho respecto de las fechas: vamos a hacer todo lo posible -siempre que dispongamos del estudio en diciembre- para proponer a Sus Señorías a principios del próximo año las necesarias enmiendas a nuestro borrador original. Pero los dos o tres estudios que ha mencionado Su Señoría fueron precisamente la razón por la que hemos pedido al EEVC que los incorpore a sus estudios para que estemos en el nivel de los descubrimientos científicos más recientes. Ésa es la razón por la que queremos esperar hasta diciembre, para que se nos exponga la situación y podamos después actuar en consecuencia.

El Presidente
Pregunta nº 58 formulada por Niall Andrews (H-0830/98):
Asunto: Llamadas telefónicas maliciosas
De conformidad con los datos de que se dispone, las llamadas telefónicas maliciosas están aumentado en Europa. Telecom Eireann tramitó el pasado año unas 30.000 quejas formales de consumidores. En Irlanda este tipo de llamadas se consideran un delito susceptible de ser castigado con multas y/o penas de prisión.
¿Puede indicar la Comisión hasta qué punto se ha considerado este asunto a nivel de la UE y, en su caso, cómo estima la Comisión que puede tratarse este tipo de delito de manera eficaz? Señor Bangemann, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Andrews.

Bangemann
Señor Presidente, disponemos de una base jurídica para impedir, dentro de lo posible, ese tipo de llamadas. Se trata de la Directiva 97/66, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. Dicha directiva prevé que los usuarios que sean importunados por llamadas maliciosas o molestas tienen derecho a solicitar y recibir ayuda de su compañía telefónica para localizar el origen de dichas llamadas.
En la citada Directiva también se insta a los Estados miembros a que prevean vías de recurso judicial y sanciones para los casos en que no se respeten los derechos de los abonados y usuarios de los servicios telefónicos. Por otro lado, en la Directiva sobre el servicio de telefonía vocal recientemente adoptada también solicitamos a los Estados miembros los datos para la introducción de la identificación del número de la línea llamante (calling line identification) , con objeto de que los usuarios puedan comprobar antes de descolgar el teléfono, sobre la base del número indicado, si conocen al interlocutor que realiza la llamada y si desean responder a la misma.
Las experiencias realizadas con este sistema en Estados Unidos demostraron que permitía reducir en un 25 % las llamadas maliciosas o molestas. Evidentemente se podría ir más allá, pues la citada identificación podría permitir que el usuario de un teléfono se niegue por principio a aceptar ninguna llamada de procedencia desconocida. De conformidad con la citada Directiva, si el autor de la llamada suprimiera la presentación de la identificación de la línea que la origina, el interlocutor que la reciba debe tener la posibilidad de rechazarla automáticamente. Es decir, que existe la posibilidad de rechazar automáticamente una llamada entrante -si así se desea- cuando no vaya acompañada de la identificación del número de teléfono desde el cual se realiza. Yo creo que esto puede ofrecer, en principio, una buena protección frente a este tipo de llamadas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Bangemann. El Sr. Andrews me indica que se siente ya informado con la respuesta que usted le ha dado. Con esto cerramos el bloque de preguntas correspondientes al Comisario Sr. Bangemann, le agradecemos su presencia aquí y sus respuestas.

El Presidente
Pregunta nº 59 formulada por Jonas Sjöstedt a quien sustituye el Sr. Bonde (H-0734/98):
Asunto: Adhesión a la UE y UEM
En una entrevista concedida recientemente a los medios de comunicación suecos, el Director del Banco Central sueco, Urban Bäckström, expresó su opinión sobre la eventual incorporación de Suecia a la tercera fase de la UEM. Según Bäckströom, Suecia se verá obligada a elegir entre la plena adhesión a la UEM o el abandono de la UE.
¿Considera la Comisión que este juicio es correcto? ¿Puede la UE excluir a un país que no desee participar en la moneda común? Si Suecia decide seguir al margen de la cooperación de la UE en materia de tipos de cambio, ¿existiría la posibilidad de que a pesar de ello Suecia pudiera participar en la moneda común? Señor de Silguy, le doy la bienvenida y le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Sjöstedt.

de Silguy
Suecia, como cualquier Estado miembro, se ha comprometido a cumplir las condiciones necesarias para su adhesión a la Unión Económica y Monetaria. El Tratado prevé que los Estados miembros que no cumplan las condiciones necesarias para su incorporación a la Unión Económica y Monetaria, en su tercera fase, disfrutarán de una excepción. Ésa es la situación de Suecia. No por ello es menos miembro de la Unión Europea; no existe la menor duda al respecto.
En su informe de convergencia de 25 de marzo de 1998, la Comisión recordaba que, y cito textualmente: "La moneda de Suecia no ha participado nunca en el MC; en los dos últimos años del período de referencia, la corona sueca (SEK) fluctuó con respecto a las monedas que participan en el MC, reflejando, entre otros, la ausencia de un objetivo cambiario», fin de la cita.
Asimismo, la Comisión ha concluido, con razón, que Suecia no cumple los criterios de convergencia previstos en el tercer guión del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado. El Consejo Europeo aprobó esta recomendación de la Comisión el pasado 2 de mayo.
Esta conclusión sigue siendo pertinente, no obstante, la Comisión quiere recordar que las condiciones para acceder a la Unión Económica y Monetaria serán estrictamente las mismas para los países de la segunda fase, que aquéllas impuestas para los países que adoptaron el euro para el 1 de enero de 1999.

Bonde
Me he hecho cargo de la pregunta del Sr. Jonas Sjöstedt, a quien me gustaría desearle un buen resultado en las elecciones suecas junto al resto de los opositores a la unión en Suecia. Quiero preguntar si no es cierto que Suecia puede gozar de la misma posición a pesar de las disposiciones del tratado que obtuvo Alemania de la sentencia de Karlsruhe, en la que Alemania, mediante una decisión de los tiempos de la RFA, consiguió el derecho a determinar ella misma su postura sobre si sumarse a la tercera fase de la unión monetaria o no. Este derecho que existe en Alemania puede quizá también, considerando el principio de igualdad, ser aplicable para Suecia.

de Silguy
No, puntualizo de una manera muy clara que el Tratado es sumamente explícito. En el caso de dos países, a saber, Dinamarca y el Reino Unido, existe la opción de exclusión denominada opting out , es decir, que aunque cumplan los requisitos para entrar en el euro, estos países pueden y deben manifestar si desean participar en la Unión Económica y Monetaria. Respecto al resto de los países de la Unión Europea, los criterios se aplican y se entienden a partir del momento en que se cumplen los requisitos. La participación en la Unión Económica y Monetaria es de derecho y no existe ninguna discriminación entre los Estados miembros. En este sentido, el Tratado es perfectamente claro, y fue aplicado con rigor y unanimidad por todos los Jefes de Estado y de Gobierno, el pasado 2 de mayo.

El Presidente
Pregunta nº 60 formulada por Esko Seppänen (H-0735/98):
Asunto: Coordinación de la política económica de los países de la UE
La política monetaria de los países que participan en la UEM corre a cargo del Banco Central Europeo (BCE), que no tiene ningún control ni responsabilidad política. Tiene el monopolio de la política monetaria. El Consejo, que tiene el monopolio de la coordinación de la política financiera de los países de la UE, defiende una vez más el Pacto de estabilidad aprobado en Dublín y ratificado en Bruselas. Así pues, la política económica de la UE parece quedar al margen del ámbito de competencias de la Comisión. ¿Cuál es el papel de la Comisión en el proceso de toma de decisiones de la política económica de la UE y qué se podría hacer, en su opinión, para corregir el déficit democrático de la política monetaria? Señor Comisario, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Seppänen.

de Silguy
Agradezco al Sr. Seppänen su pregunta, que me permite precisar que, al igual que en el caso de la entrada en el euro, la Comisión ocupa un lugar determinante en el dispositivo de gestión de la Unión Económica y Monetaria. Las responsabilidades particulares de cada institución, al igual que la misión de la Comisión en este ámbito, están definidas en el Tratado.
En primer lugar, la Comisión desempeña un papel importante en la coordinación de las políticas económicas, y seguirá haciéndolo después del próximo 1 de enero. En efecto, la Comisión asume plenamente su capacidad de propuesta en la elaboración de las grandes orientaciones para las políticas económicas de los Estados miembros, y ello de conformidad con el artículo 103 del Tratado. Le recuerdo que dicho documento constituye el instrumento marco de la coordinación de las políticas económicas de la Unión. A continuación, la Comisión garantiza el seguimiento de la vigilancia multilateral, ya se trate de la evolución de la situación presupuestaria o del endeudamiento de los Estados miembros. En este sentido, el procedimiento de los déficits excesivos, previsto en el artículo 104 C del Tratado, no puede ponerse en marcha sin la recomendación específica de la Comisión. Asimismo, le recuerdo que el pacto de estabilidad y crecimiento confirma claramente esta disposición fundamental del Tratado.
Por último, la Comisión tiene capacidad de recomendación en materia de política de tipos de cambio, de conformidad con el artículo 109 del Tratado. Y puedo asegurarle que en todos estos puntos, la Comisión continuará asumiendo plenamente la responsabilidad de su misión como le exige el Tratado. Paralelamente, el Tratado confía la responsabilidad de determinar y conducir la política monetaria al Banco Central Europeo y garantiza su total independencia. Pero, independencia no significa aislamiento. Le recuerdo que para garantizar la perfecta coordinación entre la política económica y la política monetaria, el miembro competente de la Comisión, en este caso, el Comisario responsable de los asuntos económicos y monetarios, puede participar en el Consejo de gobernadores, a pesar de no tener voz y voto. Puedo asegurarle que en lo que a mí respecta, participo en todos los Consejos de gobernadores. Asimismo, el Presidente del Consejo de Ministros de Finanzas, Ecofin, puede también participar, en las mismas condiciones, en el Consejo de gobernadores y, al igual que sucede con la Comisión, en el Consejo General del Banco Central Europeo.
En lo que se trata más específicamente del control democrático de la Unión Económica y Monetaria, que, acertadamente, ha sido debatido en varias ocasiones en este Hemiciclo, la Comisión siempre ha considerado que independencia y diálogo no solamente pueden, sino que deben ir de la mano, y que sólo un diálogo permanente entre las instituciones, en el respeto de sus competencias y de sus misiones, podrá implantar en Europa el desarrollo, la expansión de una amalgama de políticas equilibradas y favorables al crecimiento y el empleo.

Seppänen
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Comisario por una respuesta teórica, en mi opinión, muy completa. Para retomar la pregunta inicial, me gustaría plantearle un problema de carácter práctico: ¿cómo se fijará en este sistema de toma de decisiones el tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense, y cual será el papel de la Comisión en esta cuestión?

de Silguy
No sé si la Comisión es muy competente en la materia, pero si existe un ámbito en el que ni la Comisión ni el Consejo ni los gobiernos pueden dictar su voluntad o sus deseos, es, sin duda, el de los tipos de cambio, ya que por definición, son los mercados los que constatan el valor relativo de unas monedas en relación con otras. Por consiguiente y en definitiva, no podemos afirmar a priori que el euro será fuerte o débil en relación con el dólar, porque nadie en el mundo puede actualmente garantizar la estabilidad de los tipos de cambio. Son sencillamente los mercados los que deciden una evaluación en vista de una situación económica. ¿Cuál es la política presupuestaria de un país? ¿Cuál es la política monetaria? ¿Cuál es la evolución salarial? Una vez establecidos estos datos, son comparados con los de los demás países, se comparan las monedas y se forma una idea relativa. Así funcionan los mercados.
Para la Comisión, lo importante es hacer todo lo posible para que el euro sea una moneda estable que pueda ser utilizada para la mayor parte de nuestros intercambios comerciales, y que, por tanto, nos proteja de las fluctuaciones de los tipos de cambio y nos haga menos dependientes de la evolución del dólar. Por lo demás, en el marco del artículo 109 del Tratado, la Comisión asumirá todas sus responsabilidades, en particular, en lo que respecta a la definición de las posiciones comunes de Europa y su representación en los escenarios internacionales; de conformidad con el Tratado, presentará las propuestas necesarias para que el Consejo legisle y para que, en las grandes negociaciones internacionales, monetarias o de otro tipo, la Unión Europea esté representada y pueda por lo tanto defender con la eficacia y la representatividad necesarias sus intereses.

El Presidente
Pregunta nº 61 formulada por Paul Rübig (H-0737/98):
Asunto: Fraccionamiento de los billetes en euros
Una vez que se han adoptado con éxito todas las decisiones básicas para la introducción de la moneda común, se trata ahora más que nunca de la aplicación de estas decisiones en la práctica.
La cuestión del fraccionamiento de las monedas en euros se examinó en detalle en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo de noviembre y diciembre. Sin embargo, para muchos usuarios se plantea también la cuestión del valor nominal de los nuevos billetes. Casi la mitad de todos los billetes austriacos que se encuentran en circulación son de 20 y 50 chelines. El billete más pequeño en euros (5 euros) corresponde, por el contrario, a alrededor de 70 chelines. Por otra parte, la inscripción «euro-cent» en las monedas menores puede llevar a confusiones con las monedas en euros.
Si como consecuencia de ello se llegara realmente -como lo temen los expertos- a una multiplicación del volumen de monedas actualmente en circulación, se plantearía la cuestión de saber si no debería reflexionarse sobre la introducción posterior de billetes de 1 ó 2 euros y sobre la manera en la que habría que preparar a los ciudadanos a esta situación. ¿Qué piensa la Comisión sobre estas cuestiones? Señor de Silguy, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig.

de Silguy
He aquí una pregunta muy práctica que concierne directamente a los ciudadanos. En respuesta a la pregunta del Sr. Rübig, quisiera recordar, en primer lugar, que las denominaciones de las monedas y los billetes en euros se fijaron de común acuerdo en 1995 entre el Consejo de Ministros y los bancos centrales. Entonces, es decir, hace ahora tres años, dicho acuerdo tuvo en cuenta la evolución previsible hasta la fecha de la introducción efectiva de las monedas y los signos monetarios. El acuerdo fue avalado oficialmente por el Consejo del Instituto Monetario Europeo y por el Consejo de Ministros, y desde entonces jamás ha sido cuestionado.
En cuanto al fondo de la pregunta, en algunos países existen billetes cuyo valor nominal es netamente inferior a cinco euros. Mientras que en otros países hay monedas en circulación que tienen un valor claramente superior a dos euros. Dicho esto, tras un estudio exhaustivo, la Comisión señala que estas monedas y estos billetes a los que acabo de referirme tienen una circulación relativamente limitada. Los billetes de poco valor no tienen demasiada difusión y las monedas grandes, en general, sólo las aceptan los distribuidores automáticos, y su utilidad se ve claramente disminuida en la práctica.
Por otra parte, se ha decidido que no existan monedas y billetes del mismo valor nominal para no sobrecargar la gestión de la masa fiduciaria. Como ustedes saben, la Comisión no tiene vocación de sustituir al Banco Central Europeo y al Consejo en su apreciación de la situación. No obstante, considera que, en vista de los elementos que acabo de mencionar rápidamente, el acuerdo de 1995 es equilibrado.
Según las primeras estimaciones proporcionadas por los Estados miembros, que les he pedido que sintetizaran para responder a su pregunta, todo indica que no se producirá un incremento del número de monedas en circulación en la zona euro, respecto a la situación actual. Diría incluso que, por el contrario, el avance de los medios de pago alternativos modernos -me refiero, por ejemplo, al monedero electrónico-, especialmente para cantidades pequeñas, debería contribuir a una reducción del número de monedas en circulación en Europa.
De una manera general y para terminar, la formación de los ciudadanos europeos en la utilización de monedas y billetes en euros es competencia de los Estados miembros, aunque la Comisión haya hecho recomendaciones y, con ayuda del Parlamento Europeo, hayamos lanzado campañas de información para sensibilizar a la sociedad. Pero, habida cuenta de la competencia nacional en este ámbito, la Comisión ha preconizado la creación de observatorios locales que permitan responder sobre el terreno a las preocupaciones de los consumidores y seguir la implantación de dichos billetes y monedas durante el período de transición.

Rübig
Señor Presidente, yo estoy dando en estos momentos muchas conferencias sobre el euro y he podido constatar que existe un temor, sobre todo entre las pequeñas empresas, a que se incremente drásticamente el volumen de monedas en circulación. En efecto, no sólo vamos a pasar de seis monedas a ocho, sino que sólo dos países de la Unión Europea cuentan en estos momentos con billetes de un valor nominal superior. Todos los demás países están acostumbrados a operar con billetes y no tienen tantas monedas en circulación. Esto plantea el tema de la conveniencia de contemplar la futura introducción de un billete de un euro, habida cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, también tiene un billete de un dólar, cuya supresión sería inconcebible. Tendríamos que empezar a debatirlo ya.

de Silguy
Quisiera responder con toda franqueza a sus Señorías. Nuestra misión no es ocultar la realidad. Creo que hoy nos encontramos en un proceso en el que se han tomado unas decisiones y en el que debemos poner en marcha un mecanismo tecnológico e industrial considerable. A título de ejemplo, en la Unión Europea deberemos acuñar aproximadamente 75.000 millones de monedas e imprimir unos 10.000 millones de billetes. Eso representa unas 300.000 toneladas de metal. Es una tarea considerable. Ya se han tomado las decisiones y ahora nos encontramos en la fase de realización. Algunos países ya han comenzado a acuñar monedas, y la impresión de billetes debería iniciarse a comienzos del año próximo.
Creo que no es realista ni razonable cuestionar hoy las decisiones tomadas de común acuerdo por los gobiernos hace tres años y que, en el plano técnico, exigen superar un auténtico reto industrial. Es necesario que todas las monedas, ya sean acuñadas en Austria, Francia o Alemania, sean iguales, sean aceptadas en todas partes, sean igual de seguras y sean aceptadas por todas las máquinas automáticas. Es por lo tanto una gran empresa técnica y, actualmente, la prioridad es culminarla y llevarla a buen puerto.
En cambio, su Señoría tiene razón, debemos estar dispuestos a realizar un esfuerzo en lo relativo a facilitar información y explicaciones. Lo que se ha obtenido es un compromiso entre las diferentes posiciones de los Estados miembros. Ahora nos corresponde, en cada uno de los Estados miembros, explicar lo que va a cambiar. Creo que los ciudadanos europeos son lo bastante inteligentes y cultos y están lo bastante desarrollados para comprender y adaptarse. Creo que, efectivamente, para superar las resistencias a las que se ha referido su Señoría y para resolver los problemas reales que ello pueda plantear, se impone realizar un enorme esfuerzo de información. Disponemos de tres años para ello y, en mi opinión, todos estamos implicados.

El Presidente
Pregunta nº 62 formulada por Hans Lindqvist (H-0740/98):
Asunto: UEM - »Un nuevo muro de Berlín»
Se corre el peligro de que la moneda común, el euro, cause numerosos problemas a Europa debido al hecho de que los países no constituyen un ámbito monetario óptimo. La orientación unilateral de la UEM hacia la estabilidad de los precios puede hacer que aumente el desempleo y los desequilibrios regionales en los países de la UEM.
La UEM crea una unión política y económica al mismo tiempo que se cierra la puerta a muchos países candidatos de la Europa Central y Oriental para que en un futuro previsible puedan llegar a ser miembros de la UE/UEM. ¿No constituye esto un riesgo de que el proyecto de la UEM tenga como consecuencia la creación de nuevos muros en Europa? ¿Cuál es la estrategia de la Comisión para evitar una evolución tan desafortunada? Señor Comisario, le invito a usted a que responda al interrogante del Sr. Lindqvist sobre la construcción de muros en Europa.

de Silguy
Debo decir que me ha sorprendido la pregunta. Cuando han transcurrido casi diez años desde la caída del muro de Berlín, encuentro la pregunta del Sr. Lindqvist algo sorprendente. ¿Por qué? En primer lugar, porque el euro ya ha tenido efectos positivos. Los esfuerzos de saneamiento de nuestras economías y de nuestras finanzas que se han emprendido para pasar al euro comienzan a dar sus frutos. Le recuerdo que los déficit públicos han descendido en una media europea del 6, 1 % del PIB en 1993 al 2, 4 % en 1997, y que el crecimiento, que fue negativo en 1993, menos 1 %, se elevó hasta el 2, 6 % el año pasado, y se espera que ascienda hasta el 2, 8 % este año. Asimismo, mejora la situación del empleo. Se espera que de aquí a 1999 se creen dos millones y medio de puestos de trabajo en Europa, y todo ello es el resultado de las políticas económicas que se han seguido.
Otro efecto positivo: el euro, antes incluso de su creación efectiva, su nacimiento real, jurídico, antes incluso de este acontecimiento, desempeña plenamente su papel protector de Europa ante la crisis financiera asiática y rusa. Creo que mañana tendremos ocasión de tratar sobre este punto en el pleno.
Por último, constato que los países de la zona euro son los que mejor se portan actualmente en Europa. La confianza de las empresas y de los consumidores es, en estos momentos, más fuerte en la zona euro que en el resto de Europa y el crecimiento en la zona euro es superior en un 0, 2 %. Así, creo que en lugar de construir un nuevo muro, el euro, por el contrario, va a facilitar la integración de los países candidatos. Todos ellos tienen vocación de participar en el euro, y el Consejo Europeo de Copenhague estableció el principio de la recuperación del acervo comunitario, en concepto de la UEM, por parte de los países candidatos, a pesar de que no participen en el euro desde su integración en la Unión Europea.
Por otra parte, en el momento de su adhesión, los países candidatos entrarán en la fase dos de la UEM, y por consiguiente, al recuperar el acervo comunitario, estos países afiliados tendrán así los medios de alcanzar progresivamente las condiciones necesarias par su participación en el euro. Creo que lejos de edificar un muro, la Unión Económica y Monetaria, por el contrario, participa en este proceso inclusivo y acercamiento de los países y de los pueblos de Europa.

Lindqvist
Muchas gracias Comisario de Silguy por la respuesta a mi pregunta. Estoy de acuerdo en que su formulación era algo provocadora, pero tal vez ése era también el objetivo.
Lo que quiero manifestar con mi pregunta es que quienes estamos a favor de la ampliación de la colaboración europea - parto de la base que el Comisario de Silguy también lo está - vemos que se puede tardar muchísimo tiempo antes de que muchos países de Europa Central y del Este lleguen a ser miembros de una colaboración más amplia, es decir, miembros de la UEM. Por una parte, debido a las altas exigencias impuestas por la UEM a los nuevos países miembros y, por otra, porque sus economías están muy atrasadas después de un largo periodo de comunismo. Por eso existe el riesgo de que tardemos mucho en incorporar a esos países en una colaboración europea ampliada y de que estén fuera de ella durante largo tiempo. Quisiera que viésemos este problema desde la perspectiva de la esperanza de crear una colaboración europea más amplia.

de Silguy
Muy brevemente, porque no quisiera prolongar su sesión, diré que lo que ha formulado el Sr. Lindqvist es más una observación que una pregunta.
Es una manera de ver las cosas, es una manera, quizá, efectivamente, de llamar la atención sobre los riesgos de una situación. Pero es algo así como cualquier medalla que tiene su reverso. Eso no impide que la otra cara incluya un proceso de dinamismo.
El Tratado de Maastricht prevé unos principios de política económica, cuya aplicación ha demostrado ser positiva para la Unión Europea, y creo que los países candidatos de la Unión Europea, en particular, los países de la Europa central y oriental y Malta, a fin de cuentas sacarán ventajas de la aplicación de las recetas que han dado buenos resultados en nuestros países.
Por lo demás, creo que no se deben mezclar los ejercicios: la adhesión a la Unión Europea y el paso al euro. Creo que lo sensato ha sido, precisamente, no exigir a dichos países que cumplan las condiciones para incorporarse al euro en el momento de ingresar en la Unión Europea. La distinción entre ambos ejercicios es un factor de progreso y tendrá un efecto impulsor sobre la prosecución del proceso de construcción europea.

El Presidente
Pregunta nº 63 formulada por Wayne David (H-0757/98):
Asunto: Futuro de la «British Royal Mint» (fábrica de moneda británica)
El Gobierno británico ha anunciado recientemente la introducción de una nueva asociación pública/privada en la «Royal Mint», con sede en Llantrisant, en el sur de Gales. Dada la importancia de la «Royal Mint» para los clientes y posibles clientes de toda la Unión Europea, ¿desearía manifestar la Comisión alguna opinión a este respecto? Señor Comisario, le invito a que entremos en la recta final y que responda usted a la última pregunta. Tiene usted la palabra para tranquilizar al Sr. David sobre el futuro de la fábrica de moneda británica.

de Silguy
No sé si podré disipar los temores del Sr. David. Lo que puedo decir es que su pregunta me lleva a hacer las observaciones siguientes.
En primer lugar, incluso con la introducción del euro, la acuñación y la emisión de las monedas seguirán siendo en buena medida de la incumbencia nacional, es decir, competencia de los Estados. Sólo es competencia comunitaria la definición, y también la modificación, de las características técnicas y la cara europea de las monedas. Ya hemos celebrado un debate sobre estos dos temas, en el que usted presentó una opinión.
Con respecto a la acuñación inicial de las monedas en euros, se decidió mantener el principio actual: cada Estado miembro acuña las monedas que emite, y salvo la decisión soberana de un Estado miembro de la zona euro de confiar la fabricación de las monedas que emita a la Royal Mint , ésta no se verá directamente afectada por la llegada del euro.
Por tanto, la Comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre la posible evolución del estatuto de la Royal Mint , ni de cualquier otro instituto monetario nacional. Cabe observar, no obstante, que aunque la emisión de monedas es una prerrogativa de los poderes públicos, la fabricación es una actividad industrial clásica, al igual que la fabricación de billetes. Ahora bien, en algunos países, dicha fabricación es confiada al sector público, mientras que en otros, es confiada al sector privado; una decisión que corresponde tomar a cada Estado miembro.

David
Yo también tenía bastantes esperanzas de que el Comisario disipara mis temores, pero no ha sido así, la verdad. Existe una preocupación muy real a este respecto, no sólo desde el punto de vista de la economía local en el Gales meridional, sino también -me parece a mí- desde el punto de vista de la Unión Europea en conjunto. En este momento parece ser que cinco de los once Estados miembros que van a formar parte de la primera ola de UEM van a encargar la acuñación de al menos algunas de sus monedas metálicas en Llantrisant, en el Gales meridional. Una de las razones por las que han decidido recurrir al Gales meridional es la seguridad de la producción y el precio muy competitivo que allí se les ofrece. Si hay un cambio de la propiedad, ya sea la privatización o algún tipo de sociedad publica/privada, se planteará -me parece a mí- un interrogante sobre las decisiones relativas a los costos y la seguridad del suministro que ahora existe.
Así, pues, sostengo que no se trata de una simple cuestión interior, sino que tiene también una dimensión europea.

de Silguy
Quizá pueda intentar calmar los temores de su Señoría. Está en lo cierto al afirmar que pueden surgir problemas de comparación de costes entre los diferentes institutos de emisión o entre las diferentes empresas que fabrican las monedas y los billetes.
Dicho esto, la decisión adoptada es que cada Estado miembro fabrique las provisiones de monedas y billetes que necesitará para su territorio. Por ejemplo, si hay, digamos una cifra al azar, tres mil millones de monedas y 200.000 billetes en circulación en un Estado, éste fabricará los tres mil millones de monedas y los 200.000 billetes en euros. Acto seguido, dicho Estado decide soberanamente cómo hay que acuñar dichas monedas e imprimir dichos billetes. Por consiguiente, al menos para el lanzamiento del euro y la fabricación de la primera provisión de monedas y billetes, cada uno es libre de proceder como desee, y es cierto que en el plano estrictamente económico, no se han tenido en cuenta las ventajas comparativas ni la competitividad de unos y otros. Desde un punto de vista estrictamente económico, quizá quepa lamentarlo, pero en el plano político, en la situación actual, creo personalmente que sus temores deberían disiparse.

El Presidente
Muchas gracias, señor de Silguy, por su presencia y por sus respuestas.
Señorías, hemos llegado al final del turno de preguntas con 13 minutos de retraso sobre el horario previsto, lo que nos ha llevado a prolongar el trabajo de nuestros colaboradores y de una forma especial de las cabinas de interpretación. A todos ellos les doy las gracias y les pido disculpas por esta falta de sincronía en nuestro trabajos.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 69 a 107 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.15 h., se reanuda a las 21.00 h.)

Comitología
El Presidente
De conformidad con el orden del día procede a continuación la explicación por parte de la Comisión de sus propuestas relativas a la comitología.

Oreja Aguirre
Si en el sistema comunitario hay un tema que es objeto de controversia y de debate en las relaciones interinstitucionales, sin duda, éste es el de la comitología, aun cuando el sistema ha funcionado bien desde un punto de vista estrictamente técnico.
Los casos de dificultad para adoptar una decisión, y, por consiguiente, de reenvío de la misma al Consejo, han sido poco frecuentes. En el procedimiento de reglamentación, sólo 32 de 3.000 actos a lo largo de los últimos cinco años; y los casos de decisiones finalmente aprobadas por el Consejo y no por la Comisión están claramente por debajo del 0, 5 %.
Al dar estas cifras, no quiero decir que estoy satisfecho con el resultado. No quiero que se deduzca eso, simplemente me limito a constatar unos datos.
Pero hay, sin duda, dos aspectos que no se han tenido siempre suficientemente en cuenta.
Primero, la transparencia. Por razones fundamentalmente de la complejidad del sistema, de las variantes de cada tipo de comité, de la incertidumbre en la determinación del comité que debe aplicarse en los distintos ámbitos, ha habido una falta de transparencia.
Y por otra parte, el control democrático. En particular, el control por este Parlamento de las decisiones adoptadas, problema que ha pasado a ser mucho más grave después del establecimiento del procedimiento de codecisión.
Ahora bien, los posibles fallos del procedimiento -que, evidentemente, los hay- no deben hacernos olvidar la función de la comitología, esencial para el funcionamiento de la Unión.
Se trata de lograr una mejor preparación de las numerosas e importantes decisiones de ejecución encomendadas a la Comisión, mediante la consulta de representantes de las administraciones nacionales.
Históricamente la comitología se concibió para que las decisiones de ejecución adoptadas por la Comisión pudieran integrarse eficazmente en los sistemas nacionales. Al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, la aplicación material de estas decisiones se lleva in fine a cabo sobre el terreno por las administraciones nacionales.
Y este eslabón de colaboración entre administraciones ha adquirido una importancia todavía mayor como consecuencia de las ampliaciones y la atribución de nuevas competencias.
De este modo, las reuniones de los comités se han convertido en foros de intercambio, sin duda de gran utilidad tanto para los servicios de la Comisión como para los de los Estados miembros.
En segundo lugar, de conformidad con el Tratado, el Consejo -y les recuerdo que hasta el año 1993 era prácticamente el único verdadero legislador- delegaba competencias en la Comisión, por lo que debía poder ejercer una actividad de control de la acción de ésta. La única cuestión importante que se planteaba era en qué medida ello cuestionaba el control político ejercido por el Parlamento Europeo, de conformidad con el Tratado.
La primera función de integración en los sistemas nacionales me sigue pareciendo indispensable, pues, en la actualidad, la aceptabilidad de las normas de la Unión exige una transparencia todavía mayor y una consulta mucho más amplia. La Comisión trata de responder a esta necesidad de la mejor manera posible, dentro de los límites del procedimiento que -insistopresenta una gran complejidad.
Por otro lado, el logro de una mayor transparencia ha sido el tema central del intercambio de notas que se ha hecho entre la Comisión y el Parlamento desde el año 1988, así como el modus vivendi de 20 de diciembre del año 1994.
En cuanto a la segunda función, ha variado en parte debido al incremento de las competencias de la Unión y de los poderes del Parlamento Europeo, y, actualmente, junto a la relación con los Estados miembros se plantea el problema crucial del control democrático de las decisiones de ejecución al nivel europeo. Ése es el problema fundamental que se plantea, especialmente en el ámbito de la codecisión porque es evidente que resultaría inadmisible cualquier procedimiento que excluyera dicho control democrático.
Y ése es precisamente uno de los problemas fundamentales que están planteados por este Parlamento.
Les recuerdo también que hoy en día numerosos casos, en los que así lo impone la adaptación a los progresos técnicos y a las rápidas transformaciones de los mercados, la Comisión tiene atribuida la función, en el marco de los procedimientos de comitología, de actualizar o aplicar algunos aspectos importantes de la legislación comunitaria.
Y soy consciente de la perplejidad que a veces suscita en el Parlamento el alcance de tales decisiones, pero considero que esta flexibilidad normativa constituye una baza importante en un mundo que cambia a gran velocidad, gracias a la cual se puede evitar la esclerosis normativa, tan rápida en nuestra época.
Y paso ahora a exponer la propuesta de la Comisión.
De conformidad con las decisiones del Consejo Europeo de Amsterdam y los compromisos adquiridos con el Parlamento Europeo y el Consejo con ocasión de la redacción del modus vivendi, la Comisión acaba de presentar una propuesta de reforma de la decisión del Consejo de 1987.
Hemos tratado de resolver fundamentalmente tres problemas: primero, simplificar el esquema de los procedimientos de comitología reduciéndolos a tres, frente a las cinco variantes actuales; segundo: racionalizar la utilización de los procedimientos mediante la determinación en la decisión sobre comitología de qué tipo de comités se aplica a qué tipo de decisiones; y, por fin, garantizar la información y el control democrático de las decisiones adoptadas teniendo en cuenta las nuevas competencias del Parlamento aunque sin olvidar la distinción entre poder ejecutivo y legislativo.
El primer punto es el de la simplificación. Una simplificación no puede llevarse a cabo sin problemas para la Comisión, que ha aceptado cuestionar unas prácticas a las que estaba muy acostumbrada, pero que han alcanzado tal grado de complejidad y resultan tan difíciles de comprender que es preciso cambiarlas radicalmente.
Se reducen los procedimientos, por tanto, a tres fórmulas principales sin las variantes actuales. Y lo mismo puede decirse del procedimiento de salvaguardia que -como es sabido- es actualmente único.
Quisiera resaltar la profunda reforma a que se somete el procedimiento de reglamentación. Si no se alcanza un acuerdo entre el comité y la Comisión, la medida en cuestión sólo podrá aprobarse por el legislador, es decir, en el ámbito de la codecisión por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Quiero comentar también brevemente el aspecto de la racionalización. La racionalización entendemos que se logra porque se propone por primera vez asociar la selección del procedimiento al tipo de decisiones que debe adoptarse.
El procedimiento del comité de gestión, aunque otorga al comité un importante derecho de inspección, garantiza una decisión rápida para las cuestiones de gestión agrícolas y financieras.
El comité de reglamentación, mucho más estricto para la Comisión, está previsto para las materias de alcance general referidas a aspectos esenciales de una legislación. Y ese es precisamente el caso de las adaptaciones al progreso técnico. Es lógico que el procedimiento sea mucho más estricto para la Comisión y deje al legislador un importante margen de intervención.
Por fin, el comité consultivo se prevé para todas las restantes materias que se consideren no problemáticas por el legislador.
Consideramos que las disposiciones propuestas facilitan una mayor transparencia y confirman y refuerzan la información del Parlamento Europeo, en particular en el ámbito de la codecisión. Y, en ese sentido, me parece que habrá que redefinir cómo transmitir y cómo recibir las informaciones en la materia, muy numerosas y -es cierto que con frecuencia- poco útiles para el Parlamento Europeo.
Y dejo para el final una consideración que considero esencial. La propuesta impone a la Comisión y a las restantes instituciones la adecuación de los procedimientos existentes a los previstos en la nueva decisión a partir de la entrada en vigor de ésta.
Para terminar, señora Presidenta, la pregunta que evidentemente nos hacemos -yo me hago- es ¿cómo queda el papel del Parlamento?, dejando aparte, evidentemente, el papel consultivo que desempeña en la aprobación de la propuesta de decisión.
La Comisión, en su propuesta, ha querido confirmar y reforzar los procedimientos de información previstos en el modus vivendi. La Comisión espera las propuestas del Parlamento para poder llegar a un acuerdo que forme parte de la propia decisión o constituya una parte del acuerdo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo o, en su caso, de un acuerdo entre Parlamento Europeo y Comisión.
El proyecto de declaración que la Comisión ha distribuido, y que reconoce un papel relevante al Parlamento Europeo, intenta lanzar la negociación para llegar a ese acuerdo.
Nos parece evidente que el papel del Parlamento Europeo debe ser más importante en aquellos ámbitos en los que el acto de base se haya adoptado en codecisión. En ninguna fase del procedimiento debe excluirse el control del Parlamento Europeo.
Lo que nos parece evidente es que el Parlamento no debe desempeñar un papel de naturaleza ejecutiva. Y estoy seguro de que no tiene intención de convertirse en una especie de poder de sustitución o de participación en una actividad que, para ser útil y eficaz, debe ser sólo competencia de la Comisión.
A ella le corresponde ejercer su iniciativa y sus responsabilidades mediante la apreciación, caso a caso, de la legitimidad y la oportunidad de adoptar una decisión de ejecución. Y, en función de esos principios, a ella le compete apreciar si, por el contrario, resulta necesario iniciar un nuevo procedimiento legislativo.
En cuanto a las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, puesto que no es previsible un conflicto permanente entre el Parlamento y la Comisión, excepto en el supuesto de una moción de censura, me parece que la discrepancia con las propuestas de la Comisión debe llevarse a cabo únicamente mediante procedimientos estrictos que garanticen la implicación de todo el Parlamento.
A mi juicio, el ideal sería buscar procedimientos cuya finalidad fuera reforzar la relación de confianza entre Parlamento y Comisión en vez de ejercer ese control a veces minucioso y, en último término, burocrático de la acción de la Comisión.
Una práctica de estas características, escrita y pública, sirve a la transparencia, ya que de este modo la opinión pública, o en su caso la opinión especializada, tendrá la posibilidad de hacer oír su punto de vista.
Y termino, señora Presidenta. La Comisión desea que el debate y las negociaciones que se lleven a cabo hasta la aprobación de la nueva decisión sobre comitología, que se propuso en el mes de julio, faciliten, en el contexto de las medidas para aplicar el Tratado de Amsterdam, la consecución de tres fines: intensificar y mejorar las relaciones interinstitucionales; incrementar la transparencia de nuestro sistema de adopción de decisiones ante nuestros ciudadanos y las instituciones nacionales -y la aceptabilidad del mismo por parte de éstos-; y mantener, y adaptar a la situación actual, un sistema de ejecución de normas más democrático y eficaz.
Espero que sus decisiones y sus propuestas, así como las discusiones que tendrán lugar para alcanzar un acuerdo, vayan en esa dirección y pongan término a la dificultad permanente, que hemos tenido hasta ahora, para llegar a una relación bien definida de las instituciones en un ámbito tan complejo como es el de la ejecución de las normas comunitarias.

Aglietta
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me parece que en la introducción hecha por el Comisario Sr. Oreja, existe quizás un exceso de optimismo con respecto a la propuesta presentada por la Comisión. Estimo que también nosotros queremos mejorar el sistema legislativo y el sistema de propuesta ejecutiva; sin embargo, me parece que, aunque se han dado algunos pasos adelante en esta propuesta, se han eludido un tanto las principales preocupaciones y demandas del Parlamento Europeo.
La iniciativa del Parlamento Europeo sobre comitología se debe a los problemas de transparencia y de respeto del procedimiento legislativo que plantea el sistema en vigor, hoy por hoy, totalmente inaceptables con un Tratado de Amsterdam que ha redefinido el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión equiparándolo con el del Consejo. Es evidente, por tanto, que, incluso sin una modificación del artículo 202, antiguo artículo 145, que se refiere a los actos adoptados por el Consejo y no a los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, la comitología es una zona gris que carece prácticamente de reglas. A la hora de establecer nuevas reglas, hay que tener en cuenta la mayor responsabilidad del Parlamento Europeo que, por otra parte, también reconoce el señor Comisario. En particular, pienso que la competencia en materia de atribución de poderes de ejecución a la Comisión y el control de la actividad ejecutiva deben ser compartidos en igual medida por la autoridad legislativa, o sea, por el Parlamento Europeo y el Consejo en el ámbito de la codecisión.
Cuando el señor Comisario dice que todo lo que mejora para el control del Parlamento es la información, creo que quizás limita un tanto la función de control. El Parlamento Europeo ha decidido actuar por etapas, a saber, poniendo en marcha cuanto antes la negociación con el Consejo y con la Comisión sobre la base de la resolución que hoy nos ocupa y -tras la puesta en marcha de la negociación o, mejor aún, concluida ésta lo más rápidamente posible- emitiendo el dictamen definitivo sobre la propuesta de la Comisión.
El éxito de la negociación dependerá también de la voluntad de la Comisión y, ante todo, del Consejo de debatir abiertamente y sin prevenciones las solicitudes del Parlamento, así como de la voluntad del Parlamento de atender las razones de la Comisión y del Consejo. Ahora bien, existen unos principios fundamentales que, a mi modo de ver, no figuran en la propuesta de la Comisión y que la Comisión de Asuntos Institucionales pretende hacer valer en la negociación.
El primer principio es garantizar el pleno respeto del procedimiento legislativo, al objeto de evitar que un acto de naturaleza legislativa se adopte sin seguir el procedimiento de codecisión normal. Esto es algo prioritario para todos aquellos que quieren que el proceso sea transparente y democrático. Desde este punto de vista, la definición de decisión de ejecución que figura en la propuesta de la Comisión suscita preocupación, porque va en contra de la necesidad de una delimitación más precisa de las respectivas funciones: la función ejecutiva, por una parte, y la función legislativa del Consejo y del Parlamento Europeo, por otra. Esto significa que, a diferencia de la Comisión, consideramos que una decisión de ejecución no puede modificar, adaptándolos y actualizándolos, los requisitos esenciales de los actos legislativos de base, incluidos los anexos y, cuando hablamos de «adaptaciones técnicas» sabemos perfectamente que, con frecuencia y empezando por los anexos, se modifican elementos esenciales de la legislación. Creo que, si en el ámbito de la Comisión permanece la confusión que se codifica en la nueva decisión, será inevitable que los actos de base se conviertan en normas cada vez más generales -es un riesgo para todos y no sólo para el Parlamento Europeo- y que los Comités vean reforzado cada vez más su papel en la determinación de los elementos esenciales de la legislación, que es lo que queremos evitar.
Otro principio fundamental para alcanzar un equilibrio justo y democrático entre las distintas Instituciones es que el Parlamento Europeo pueda ejercer un control real de las decisiones de ejecución, es decir, pueda intervenir en un plazo determinado para oponerse, en su caso, a la ilegitimidad o al contenido del procedimiento de adopción de la decisión. Evidentemente, esto quizás implicará que la Comisión tenga que retirar o modificar dicha norma, aunque se podrá debatir la manera más apropiada de control por el Parlamento, sin que ello suponga una ingerencia en la función ejecutiva de la Comisión ni una ralentización del procedimiento ejecutivo en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Somos muy conscientes de que estos dos aspectos son esenciales de cara a la aprobación de la nueva decisión y del procedimiento relativo a las decisiones de ejecución.
Finalmente, en lo que se refiere al principio de control real del Parlamento Europeo, creo que es muy firme y debe seguir siendo muy firme. Confiamos en que la Comisión y el Consejo estén dispuestos al diálogo y que no subestimen el papel y la responsabilidad adquiridos por el Parlamento Europeo que basa su legitimidad en el sufragio directo de los pueblos europeos. Espero que el diálogo resulte positivo y creo que el Parlamento Europeo tiene la firme intención de hacer valer sus razones.

De Giovanni
Señora Presidenta, señor Comisario, creo que es justo reivindicar, sobre todo después de Amsterdam, una igualdad legislativa entre el Consejo y el Parlamento Europeo. A partir de dicha igualdad, hay que definir los elementos de un nuevo equilibrio entre las Instituciones que legislan. Éste es el gran contexto político, histórico y político en el que tenemos que movernos. Debemos evitar ante todo -lo ha dicho muy bien nuestra ponente, Sra. Aglietta- que la comitología se convierta en un obstáculo o en una reducción de la igualdad en el campo legislativo. Éste es el nudo político.
Creo que el Tratado de Amsterdam ha conseguido también algo más que puede facilitar la solución a este problema: ha garantizado, a través de una simplificación del procedimiento, una nueva eficacia atribuyendo una nueva responsabilidad a todas las Instituciones a la hora de legislar. Éste es el marco en que nos movemos. Existe un texto de la Comisión. He de decir que estoy plenamente de acuerdo con el juicio emitido por la señora ponente que está realizando un excelente trabajo en nuestra comisión, sin embargo, quiero subrayar algunos aspectos. Confiamos en que el texto de la Comisión pueda crear una nueva dinámica y hacemos asimismo un llamamiento en este sentido tanto a la Comisión como a la Presidencia austriaca en ejercicio del Consejo, al objeto de llegar cuanto antes a un acuerdo interinstitucional. Quiero recalcar un dato interesante: existen algunas posiciones comunes que someten las modificaciones de ciertos anexos al procedimiento de codecisión en cambio que a la comitología y esto es un hecho que no tiene muchos precedentes. Cuando los comités actúan, es evidente que debemos trabajar por la simplificación -apreciamos algunos aspectos de la simplificación que figuran en el texto de la Comisión- y naturalmente por el control. La simplificación significa transparencia, la comitología es la ciencia de los comités, pero una ciencia de los comités exige, sin duda, unas normas y las normas deben ser transparentes. La palabra comitología, sobre la que se ironiza con frecuencia, no nos debe hacer olvidar que estamos hablando del papel de las Instituciones y de la apertura del proceso legislativo a los ciudadanos. En consecuencia, se trata realmente, también desde dentro, de un problema técnico, de una gran cuestión política que afecta a la ciudadanía porque la relación entre legislación, transparencia y ciudadanía no necesita ser recalcada.

Herman
Señora Presidenta, detrás de los aspectos técnicos se esconde en realidad un problema de poder. Cuando el constituyente -que es como yo llamo a las personas que redactan el Tratado- decidió introducir la codecisión en el Tratado de Maastricht, habrían debido modificar inmediatamente, técnicamente, los artículos 145 y 155. Algo que no se hizo.
El Parlamento no tuvo nada que decir. El asunto fue tratado entre la Comisión y el Consejo. Cuando expresé mi inquietud, me dijeron que era demasiado tarde, que el tema era demasiado técnico y que no era necesario emitir un dictamen al respecto. Acudimos al Tribunal de Justicia y allí ocurrió algo bastante sorprendente. Desdeñando treinta años de tradición, según la cual, el Tribunal de Justicia siempre se propuso interpretar los textos en función de la intención del constituyente o del legislador, por primera vez - no fue realmente la primera vez, pero casi- el Tribunal de Justicia se basó en una interpretación puramente formalista. Es además una de las consecuencias de la ampliación, pero pasaré esto por alto. O sea, que se cometió aquí un grave error, porque en todos lados, en todos los regímenes constitucionales, el que decide la norma, el que hace la ley es también el que determina las condiciones de su ejecución. En este caso no es así. En este caso, el Parlamento y el Consejo hacen la ley, pero el Consejo decide por su cuenta sobre las condiciones de ejecución.
Cuando, con el Tratado de Maastricht, se avanzó en el plano de las intenciones, se hizo creer a todos los ciudadanos que, en lo sucesivo, se otorgarían más poderes al Parlamento Europeo y, por tanto, se le pondría realmente en pie de igualdad con el Consejo. Algo que en absoluto se ajusta a la verdad. No estamos, ni mucho menos, en pie de igualdad con el Consejo, porque en lo que respecta a la ejecución, el Parlamento no interviene, y el Consejo es el único que decide. La Comisión, por su parte, se acomoda perfectamente a esta situación. En todo su texto no hay una sola palabra sobre este asunto, salvo para decir que, puesto que el Consejo no ha deseado modificar el artículo 147, ella se da por satisfecha. O sea, la Comisión acepta esta negación de un derecho que, por otra parte, se proclama por doquier. Nos dicen, ustedes son iguales en principio, pero en realidad, no lo son y no queremos modificar el artículo 147. Éste es el fondo del problema.
¿Por qué protestamos con tanta vehemencia? No es tanto por la cuestión de la igualdad de derechos, pura y llanamente. Si nos contentáramos simplemente con la consulta o incluso con la gestión, tal y como ustedes proponen, no habría ningún problema. Pero ustedes mantienen la reglamentación. Y ¿qué se dice en la reglamentación? Se dice que si las propuestas de la Comisión no se ajustan a la opinión del comité, no pueden ser aceptadas. ¿Quién toma la decisión de no aceptarlas? ¿Qué son? Son funcionarios de las administraciones nacionales, totalmente irresponsables. No deben responder de nada, ni ante sus parlamentos nacionales, ni ante el Parlamento Europeo. De nada. Y ahí radica el horror. Es el motivo de nuestra indignación.
A primera vista, ustedes no han sido sensibles a este argumento y es por lo que nos resulta tan difícil aceptar la situación, aunque, objetivamente, reconocemos que se trata efectivamente de un progreso con respecto a la situación actual. Pero ustedes se han contentado con quedarse en el marco fijado por la decisión del Tribunal de Justicia y la negativa de los negociadores del Tratado de Amsterdam de modificar el artículo 145. Entonces ustedes dijeron: "nos contentaremos con esto». Es cierto que ustedes han hecho lo máximo dentro de dicho marco. Pero lamento que si ustedes esperan con ello poner fin a las dificultades, no será así, porque el Parlamento exigirá, con razón, disponer de la totalidad de los derechos que formalmente le fueron conferidos, pero que, en realidad, le han sido negados.

Spaak
Señora Presidenta, señor Comisario, el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales, muy bien redactado por la Sra. Aglietta, recuerda que el Tratado de Amsterdam, al ampliar el ámbito de la codecisión del Parlamento Europeo y suprimir la tercera lectura, puso de manifiesto, sin ambigüedad posible, la paridad existente entre el Parlamento Europeo y el Consejo en lo que respecta a la aprobación de actos comunitarios.
El Tratado de Amsterdam podría haber llegado hasta el final de su lógica reforzando el control de las normas de ejecución, con el fin de respetar íntegramente el procedimiento legislativo. No lo hizo, y confió a la Comisión la responsabilidad de presentar propuestas en materia de comitología. La Comisión respondió a esta solicitud dentro del plazo -por lo que debemos darle las gracias. Su principal objetivo es realizar un importante esfuerzo de simplificación, un esfuerzo de transparencia, e introducir un sistema más democrático, que otorgue al Parlamento el derecho de inspección sobre el poder de ejecución de los actos aprobados en codecisión.
No obstante, y es lamentable, el mantenimiento de los comités de reglamentación en la propuesta de la Comisión -como acaba de subrayar el Sr. Herman- es más que preocupante, en la medida en que dicho mantenimiento elimina la posibilidad de que el Parlamento Europeo impugne un acto ejecutivo, lo que va en contra del Tratado de Amsterdam, que estipula que el control de la actividad ejecutiva de la Comisión debe ser asumido, a partes iguales, por la autoridad legislativa, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo.
Existe pues el riesgo de vaciar el procedimiento de codecisión, que estaría limitado a actos de contenido muy general, y es perfectamente lógico que el texto de la Comisión de Asuntos Institucionales se fije entre sus prioridades la garantía de que se respeta íntegramente el procedimiento legislativo, con el fin de evitar que un acto de naturaleza legislativa, incluida la actualización de actos aprobados según el procedimiento de codecisión y la modificación de anexos, no pueda adoptarse como medida ejecutiva, y por consiguiente, escape del marco de la codecisión.
Todas las intervenciones, señor Comisario, van en la misma dirección. Usted ha intentado mejorar las cosas y, en cierta medida, lo ha hecho, pero creemos que no ha ido todo lo lejos que nosotros esperábamos que fuera.

Crowley
Señora Presidenta, desearía agradecer al Sr. Comisario y a la ponente su participación en este asunto.
En toda democracia se da el concepto de la separación de poderes con el fin de impedir que una institución pueda ejercer un poder absoluto sobre otra. Existe un sistema de control y de equilibrio. Por consiguiente, el Parlamento se ha mostrado siempre algo temeroso de la ideología de la comitología.
Me ha hecho cierta gracia escuchar durante su intervención inicial la importancia que el señor Comisario otorga al papel del Parlamento cuando afirma que su poder en el ámbito de la codecisión, como colegislador, será respetado y garantizado. Parafraseando un refrán: me conocerás por mis hechos, no por mis palabras. En cierta medida, las acciones de la Comisión no son sinceras.
Mañana se someterá a debate en este Parlamento el informe Miller sobre los impuestos especiales. Habida cuenta de que todo el mundo sabe que el Tratado de Amsterdam va a entrar en vigor, y habida cuenta de que todo el mundo conoce la oposición que existe dentro del Parlamento a determinadas medidas y decisiones que se han adoptado en el ámbito del Consejo, se ha suscitado una polémica en torno a las ventas libres de impuestos y a las leyes que se deberían aplicar en materia de impuestos especiales. ¿Cómo decidió actuar la Comisión cuando surgió este problema? La Comisión decidió remitir esta cuestión al Comité de impuestos especiales, excluyendo de esta manera cualquier participación del Parlamento en el proceso de toma de decisiones.
Por todo ello, tenemos que ser muy cautelosos en este Parlamento ante cualquier gesto reconciliador por parte de la Comisión. Debemos estar seguros en nuestro fuero más interno de que, al ser el único órgano responsable de la Unión Europea que ha sido elegido de manera directa y democrática, debemos alzarnos y luchar por nuestro derecho a ser árbitro y poder decisorio final. Debemos alejarnos de esta idea de los comités de regulación y los comités ejecutivos, que no son más que entes semiautónomos con muchas pretensiones, pero que no han sido elegidos, no son representativos ni asumen responsabilidad alguna. Devolvamos el poder al pueblo, al Parlamento, que es donde debe estar, para censurar comisiones y criticar decisiones. Dennos el poder ahora para modificar y mejorar la legislación.

Saint-Pierre
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar, permítanme felicitar a la Sra. Aglietta por el trabajo que ha realizado sobre un tema de gran complejidad, muy técnico y poco comprensible para los ciudadanos. Pero detrás de esta apariencia técnica, la comitología tiene implicaciones eminentemente políticas.
En el preciso instante en que todos reconocen la necesidad de que exista transparencia en las instituciones europeas, constatamos que el sistema de comitología es todo menos un sistema transparente. El sistema de control que ejerce el Consejo sobre la Comisión en sus funciones ejecutivas es, en efecto, opaco, complejo, y entraña riesgos de parálisis, sobre todo en los comités de reglamentación.
No se trata de que se nos reconozcan poderes idénticos a los que hoy ostenta el Consejo. Se trata de reservarnos el poder de evocación, en el que dos instituciones comparten el poder legislativo.
La hostilidad del Consejo a cualquier revisión de la cuestión llega a ser irritante, pero lo preocupante es que la Comisión, en su propuesta del mes de julio, parece deslizarse hacia posiciones alejadas de la posición del Parlamento Europeo, lo cual es grave. La Comisión prevé el mantenimiento de los comités de reglamentación y no contempla la posibilidad de que el Parlamento impugne un acto legislativo.
Por ello es urgente que iniciemos negociaciones serias de cara a la celebración de un acuerdo interinstitucional en este ámbito, un acuerdo que vaya mucho más allá del actual modus vivendi que, hay que reconocer, deja inalterados todos los procedimientos de comitología.
No puedo terminar sin decir que el dossier de la comitología está estrechamente ligado a una de las grandes cuestiones pendientes de la Unión Europea, la jerarquía de las normas.
Sigo estando convencido de que será muy difícil encontrar soluciones duraderas a este problema ante la ausencia de una clasificación real de los actos jurídicos europeos. Este tema figuraba en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental, pero no se llegó a ningún resultado. Es el objetivo de la enmienda presentada en nombre de mi Grupo. Espero que reciba el apoyo de la Asamblea.

Bonde
Señora Presidenta, el número de comités roza el millar. Conocemos la lista gracias a los datos del presupuesto, sin embargo, no conocemos todos los comités. Mi grupo exige que sea imposible desembolsar ni una corona en concepto de gastos de desplazamiento a los comités que no conozcamos o no podamos conocer. Exhortamos a que todos los fondos para reuniones sean depositados en las reservas del presupuesto, pudiendo ser retirados de allí cuando seamos informados debidamente. Los comités debieran existir para servir a los electores y de ahí la conveniencia de que sus órdenes del día, documentos de trabajo y actas se hallen a disposición de los electores. Si intereses justificados exigen confidencialidad, entonces estos intereses pueden ser mencionados y limitar a continuación el acceso, por ejemplo, al Presidente de la comisión, a los ponentes y a un portavoz por cada grupo. Sin embargo, la norma debe ser que todo documento se encuentre también a disposición de los representantes elegidos por el pueblo cuando el documento salga de la Comisión y me gustaría lograr que el Sr. Oreja confirme también su apoyo a la norma de que cuando un documento haya abandonado la Comisión, se encuentre a disposición de los representantes elegidos por el pueblo en este casa.
Debe haber una norma relativa a la posibilidad de incorporar los asuntos de un comité al orden del día del Consejo de Ministros y a que un comité no podrá impedir la labor legislativa de los representantes elegidos por el pueblo. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de celebrar elecciones y de promulgar nuevas leyes y esto no es posible si se transfiere el poder ya sea a la Comisión ya sea a un comité. En tal caso, sólo la Comisión puede volver a introducir el asunto en el orden del día del Consejo. De ahí que sea fundamental que el Consejo de Ministros y el Parlamento obtengan el derecho general a incorporar siempre que quieran un asunto al orden del día.

Schäfer
Señora Presidenta, estimados colegas, la comitología no es ni una ciencia oculta ni tampoco una nueva religión. En esencia tiene mucho más que ver con la legitimación democrática y con el carácter supranacional de la integración. Quiero dejar esto claro con dos puntualizaciones: en primer lugar el Parlamento Europeo es colegislador y autoridad presupuestaria con igualdad de derechos. En el procedimiento de comitología, que fue diseñado antes del Tratado de Maastricht, los representantes de los Estados miembros se enfrentan en sus comités de expertos con una serie de decisiones que afectan a las competencias legislativas y presupuestarias del Parlamento Europeo. Esto debe ser modificado. Porque en el año 1987 no se ejerció la codecisión y con el Tratado de Amsterdam el procedimiento de codecisión ha sido establecido como regla general. Por ello se prevé en la explicación del protocolo que antes del fin de 1998 el Consejo introduzca una modificación según la cual el Parlamento, de hecho, sólo participe con una toma de posición. Consideramos que esto es insuficiente. Por esta razón queremos entablar negociaciones con el Consejo y presionar para hacer valer nuestra posición. Este también es el objetivo de la resolución que tendrá lugar al final del debate de hoy.
En segundo lugar, el proceso de integración supranacional se encuentra siempre inmerso en la tensión que se produce entre los intereses individuales de los Estados miembros y la percepción supranacional de los intereses comunitarios. Hasta ahora el procedimiento legislativo y presupuestario ha respondido ampliamente a esta relación de tensión. Sin embargo en el plano de las decisiones de ejecución aun no se ha alcanzado ese equilibrio. Desde luego que los intereses de los Estados miembros también merecen ser defendidos en este punto, ya que en la mayoría de los casos la ejecución de los actos comunitarios compete a los Estados. Pero si las decisiones ejecutivas de índole general no representan el plano supranacional se produce una renacionalización por la vía subrepticia. Todo el debate en torno a la subsidiariedad evidencia esta problemática.
Para conjurar este peligro el Parlamento Europeo exige un derecho de control político paralelo al del Consejo de Ministros. Cierto es que la percepción de los intereses comunes en el plano supranacional, señor Comisario, es en primera instancia un asunto que le incumbe a usted, es decir, una competencia de la Comisión. Debido a que los procedimientos del comité de gestión a menudo posibilitan que el Consejo de Ministros se imponga a la posición de la Comisión, la consecución de un contrapeso político en el plano parlamentario adquiere todo su sentido. Es precisamente sobre esta base sobre la que debemos alcanzar un acuerdo interinstitucional.

Lenz
Señora Presidenta, señor Comisario, usted es competente, entre otras cosas, para dar información. Por ello no se sorprenderá cuando digo que a pesar de las esforzadas explicaciones no sólo no he podido encontrar el hilo rojo de Ariadna a través del laberinto de la comitología sino que, en mi opinión, para el ciudadano aquellas no pueden ser percibidas como otra cosa que no sea el abc de la brujería. No puede vislumbrar de qué se trata. Si se habla de cifras, entonces no podemos dejar de decir que la praxis vigente en aquel tiempo de establecer cientos de comités de administración y reglamentación, compuestos por representantes de los Estados miembros y la Comisión, para la ejecución de actos jurídicos ha conducido a una indefendible confusión de las funciones legislativas y ejecutivas, y ha neutralizado de manera más profunda la clásica separación de poderes en el sistema de la UE. No se trata ya de la codecisión, sino que se trata, por ejemplo en el campo de las relaciones exteriores, de programas que también son controlados bajo la égida de estos comités de gestión.
No es nuestra preocupación que el Parlamento se inmiscuya en la esfera ejecutiva, sino que nos inquieta mucho más que el Consejo se inmiscuya por esta vía y de esta forma tan improcedente en la potestad ejecutiva de la Comisión. Creo que en este asunto el Parlamento y la Comisión deberían esforzarse de verdad por establecer una forma de control para la que, a pesar de que ya ha sido reclamada, aun no se han encontrado suficientes elementos.
En los próximos meses, antes de las elecciones europeas, el ciudadano nos va exigir transparencia, claras responsabilidades y democratización. Entonces tenemos que ser nosotros los que estemos ahí, y no tanto sus funcionarios como tampoco los funcionarios del Consejo. Este es el punto donde está clavada la cruz. Por ello estamos muy interesados en que se alcance un acuerdo interinstitucional razonable que incluya todos estos elementos de una manera mucho más evidente. En este sentido apoyamos la linea del informe de la Sra. Aglietta en toda su complejidad.

Corbett
Señora Presidenta, todos los sistemas legislativos disponen de un procedimiento para conferir poderes de aplicación al Ejecutivo. Esto implica a menudo otorgar al Ejecutivo poderes para promulgar legislación específica de carácter técnico, llegándose en ocasiones más lejos, modificando -con arreglo a estrictas condiciones y dentro de ciertos límites- el texto legislativo fundamental. No es algo inusual. Lo que sí es inusual en el sistema europeo es que la Comisión, al ser nuestro poder ejecutivo, esté obligada a trabajar junto a comités de funcionarios nacionales. Se podría pensar que es algo lógico. Después de todo, corresponde a los Estados miembros aplicar la legislación europea después de su aprobación. Quizás sea una medida sensata hacerles partícipes de la aprobación de medidas de aplicación específicas.
Entonces, ¿por qué presenta el Parlamento objeciones al sistema de la comitología? Existen tres o cuatro razones principales. La primera de ellas es porque estos comités de funcionarios nacionales -y solamente estos comités- tienen derecho a bloquear la aplicación de las medidas por parte de la Comisión, y remitirlas de nuevo al poder legislador, o a una parte de éste. El Parlamento no goza de un derecho equivalente. No tenemos poder para someter a examen al Ejecutivo y tomar medidas al respecto.
En segundo lugar, si alguna cuestión se remite de este modo, se hará únicamente a una de las partes de la autoridad legislativa, el Consejo, en lugar de remitirse a ambas partes, esto es, el Consejo y el Parlamento, tal como debería ser en el sistema equitativo de codecisión con que contamos en la actualidad en la Unión Europea.
En tercer lugar, con tantos comités, órdenes del día y procedimientos que hacen difícil su control, todo el sistema es tan complejo que no es transparente y resulta opaco a la opinión pública. Finalmente, no nos agradan ni el procedimiento n- 3, ni -especialmente- el n- 3b, que puede dar lugar a bloqueos. Todos los procedimientos del n- 3 pueden conducirnos a un sistema prácticamente igual que el procedimiento legislativo. La Comisión presenta una propuesta para cuya aprobación necesita una mayoría cualificada de los representantes nacionales que integren estos comités, apartando completamente al Parlamento de este sistema. Es un modo de excluir al Parlamento de la toma de decisiones, a menudo, de gran importancia. Por este motivo no podemos aceptar dicho sistema.
La propuesta de la Comisión contribuye en cierta medida a rectificar esta situación, si bien no nos satisface en todos y cada uno de estos cuatros puntos. No es una propuesta suficientemente favorable. Ahora vamos a entablar negociaciones interinstitucionales, por lo que la resolución que adoptemos hará las veces de instrucciones para nuestros negociadores. Dejemos que se entere el resto de las instituciones de que el Parlamento actuará con seriedad y mucha firmeza durante estas negociaciones. Ya hemos visto anteriormente cómo han caído procedimientos de codecisión en torno a la cuestión de la comitología y a medidas de ejecución. Éste podría perfectamente ser el caso de nuevo.
Hemos comprobado cómo se han echado a perder horas y horas en comités de conciliación discutiendo sobre este mismo tema, cuando se podría haber establecido mucho antes y más fácilmente una legislación esencial al respecto. Esto volverá a ocurrir una y otra vez hasta que no se llegue a un acuerdo sobre la cuestión. Ello significa que todas las instituciones - Consejo, Comisión y Parlamento- deberán trabajar para alcanzar un compromiso. Pero aprovecharemos esta oportunidad para poner en orden el sistema, de una vez por todas.

Donnelly, Alan
Señora Presidenta, también a mí me gustaría agradecer a la Comisión su declaración y sus sugerencias acerca de este punto. Como ya sabe el Sr. Comisario, el Parlamento Europeo se enfrenta a un incesante ataque. Se nos acusa de introducir numerosos niveles burocráticos y nuevos reglamentos que suponen una carga para los ciudadanos de la Unión Europea.
El hecho es que, como ya sabe el Sr. Comisario, en 1996 operaban en la Unión Europea 330 comités de comitología. Tal como ya han dicho el Sr. Corbett y otros diputados, ninguno de estos comités es debidamente responsable ante las instituciones de la Unión Europea. De hecho, una sola cuestión como los impuestos de aduanas e indirectos es objeto de nada menos que 43 comités de comitología.
Por lo tanto, cuando se celebre a finales de octubre la cumbre especial para examinar cómo será el funcionamiento de la Unión Europea del futuro, lo que deberemos señalar tanto nosotros -en cuanto Parlamento-, como ustedes -en cuanto Comisión- es que, si el Consejo pretende en serio introducir transparencia en el funcionamiento de la Unión Europea, y nosotros librar a los ciudadanos de la Unión de las cargas que suponen la regulación y los trámites burocráticos, tendremos que dejar de ver el papel del Parlamento Europeo de un modo negativo. Consideremos el coste y la magnitud de los comités de comitología que están introduciendo, en una medida cada vez mayor, minuciosos detalles en las normas y los reglamentos.
A menudo hablamos de la capa dorada con que los parlamentos nacionales recubren normas y reglamentos. Deberíamos observar que esta situación se produce también con motivo de las reuniones periódicas entre funcionarios nacionales y supuestos expertos, porque he de decir que en numerosas ocasiones estos expertos representan a grupos de interés ocultos que introducen sus propias normas y reglamentos.
Si perseguimos en serio una Europa para el pueblo, si pretendemos en serio lograr transparencia en nuestros sistemas, se deberán apoyar, naturalmente, sus propuestas. Pero estas propuestas deberán ser únicamente una fase más de una evolución posterior que nos lleve a una transparencia mayor en el proceso legislativo.

Barton
Señora Presidenta, desearía mostrar mi comprensión a la Comisión. Lamento honestamente que se haya visto en la situación de tener que presentar una propuesta acerca de esta cuestión. Con ocasión del modus vivendi, pensábamos de hecho que se había dejado de lado este punto, y, cuando se produjo la siguiente revisión del Tratado, aquellos que verdaderamente deberían cargar con la culpa fracasaron a la hora de presentar una propuesta que zanjara esta cuestión; en su lugar, cuando se llegó al modus vivendi, deberían haber afirmado que éste era el único modo posible -desde un punto de vista técnico- de tender un puente hasta que se pudiera solucionar el asunto.
En la siguiente revisión del Tratado se podría haber resuelto completamente este tema mediante la aceptación por parte del Consejo del principio de que los colegisladores podrían colegislar no solamente en materia de legislación primaria, sino también en otros ámbitos. El informe de nuestra colega ofrece una situación muy negativa sobre este punto, si bien saca el máximo provecho de la misma. Espero que dejemos de echar la culpa a la Comisión y se la echemos a quien de verdad le corresponde. El Consejo no asumió sus responsabilidades con motivo de la última revisión del Tratado, pero deberá hacerlo, bien a través de un acuerdo institucional, bien con ocasión de la próxima revisión del Tratado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Barton.
Les comunico que de conformidad con el artículo 37 párrafo 2 del Reglamento he recibido una enmienda a la resolución.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Supervisión de las empresas de seguros
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Mosiek-Urbahn (A4-0286/98) en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros.

Mosiek-Urbahn
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, hasta el momento el procedimiento legislativo ha mostrado que las pretensiones esenciales de la propuesta de directiva gozan de la aprobación mayoritaria de todos los interesados. En el futuro las autoridades de supervisión de la Unión Europea tienen que poder averiguar de una forma más efectiva cuál es la solvencia de hecho de una compañía aseguradora que forme parte de un grupo asegurador. Se trata de garantizar el nivel más alto de protección posible en favor del usuario, en favor del asegurado. Este debe ser protegido ante una eventual incapacidad de pago de su aseguradora.
Se discute qué precauciones son exigibles y razonables para conseguir este objetivo. La posición común del Consejo y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano del Parlamento Europeo encierra algunas posiciones divergentes en algunos puntos que tienen por objetivo la limitación de la carga financiera hasta un margen razonable.
En detalle: el Parlamento Europeo celebra que el Consejo haya adoptado la mayoría de las modificaciones, cuyo objetivo era clarificar la situación. El Parlamento Europeo celebra expresamente que el Consejo, en su posición común, se haya aproximado al menos a la petición del Parlamento de que todos los elementos de solvencia permisibles para la supervisión individual de empresas aseguradoras también se reconozcan para la supervisión adicional de grupos. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano se ha declarado en desacuerdo con la posición común en cuanto estima que, ahora, en el caso de los holdings de compañías aseguradoras la financiación de los seguros compartidos puede reconocerse también en otros elementos pertinentes aparte de las prescripciones de solvencia previstas para las compañías aseguradoras. En la práctica se trata esencialmente de préstamos subordinados y capital de acciones de disfrute, pero no otros instrumentos financieros como préstamos, empréstitos convertibles y otros recursos foráneos.
Esta limitación de las posibilidades de financiación no parece, en cualquier caso, adecuada para los holdings. Sus accionistas no son compañías de seguros. El grupo al que va dirigida la protección cualificada de esta directiva son los asegurados y no los accionistas, que tampoco están sujetos a ninguna supervisión individual. La enmienda 5 adoptada por la Comisión para Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano tiene como objetivo reducir esta protección sobredimensionada a una medida apropiada.
El punto fundamental de la discusión sigue siendo la extensión del ámbito de aplicación de la supervisión de grupos prevista en directiva. La posición común comprende ahora cualquier participación de una compañía aseguradora en otra compañía aseguradora o de reaseguro mientras que en la primera lectura el Parlamento había previsto la aplicación a partir de un umbral del 20 % o en el caso de una influencia dominante. Esto supone una agravación en comparación con la primera lectura y frente a la propuesta de la Comisión.
Si se aprobase la directiva en su forma actual ejercería unos claros efectos negativos sobre la estructura del capital en Europa y sobre el sector asegurador europeo. Las compañías aseguradoras afectadas deberán adquirir considerables recursos en el mercado de capitales para financiar la acrecentada demanda de recursos propios. El capital propio es caro y las compañías aseguradoras intentarían o serían obligadas a compensar los costes generados bien en la forma de un aumento de las primas bien a través de medidas de racionalización. El aumento de las primas derivaría en una carga para los propios asegurados y las medidas de racionalización harían peligrar puestos de trabajo.
La directiva generaría otros problemas en la adquisición de capital por parte de las compañías aseguradoras pues debido a su forma jurídica tienen cerrado el acceso a los mercados de capitales, por ejemplo las sociedades aseguradoras de seguros mutuos. Estos problemas pueden, con toda seguridad, adquirir una gran relevancia en materia competitiva. Existiría el peligro de que en determinados Estados miembros se privase permanentemente de su base a sectores del seguro con una tradición en su desarrollo.
Un posible compromiso con relación al ámbito de aplicación podría consistir en la diferenciación de los umbrales según el ámbito de regulación. De este modo quedaría perfectamente garantizada la exigencia de la supervisión de la transparencia y el control de las transacciones. Al mismo tiempo se observarían las peticiones del Parlamento contenidas en la primera lectura, que prevén limitar las exigencias adicionales de solvencia, surgidas por la pertenencia a un grupo, a aquellos casos en los que, de hecho, también puedan existir influencias entre empresas que aumenten el riesgo, en concreto en todo caso en el que se ejerza una influencia dominante. Por este motivo fueron presentadas las enmiendas 3 y 4.
En contra de la inclusión de las participaciones minoritarias aparece, sobre todo, que de la pertenencia de estas participaciones minoritarias carentes de una influencia dominante no surge ninguna posibilidad de que se produzcan transacciones intragrupo perjudiciales. No constituyen un supuesto de hecho peligroso. El peligro puede perfectamente surgir si, sobre la base de la regulación existente, la supervisión es realizada de forma insuficiente.
En este contexto procede otra observación: tanto la directiva como la posición común, separándose de las prescripciones europeas sobre solvencia de compañías individuales de seguros, únicamente armonizan los criterios jurídicos de intervención para la supervisión pero no las propias medidas jurídicas de la supervisión, por no mencionar que los diferentes métodos de cálculo aprobados para una situación de solvencia aclarada sólo son declarados equivalentes. Esto puede tener como consecuencia que en la determinación de un déficit, según el cálculo de la situación de solvencia previsto en la directiva, la autoridad supervisora de un Estado miembro exija un mayor capital propio mientras que la autoridad supervisora de otro Estado miembro exija, como mucho, la realización de un informe. Esto conduce obligatoriamente a distorsiones de la competencia que precisamente deberían ser evitados con la directiva.
Finalmente sólo queda poner una objeción a que la competencia para la determinación de la existencia de una influencia dominante deba incumbir a las autoridades competentes.

Oddy
Señora Presidenta, intervengo en nombre del Grupo Socialista.
En primer lugar, querría agradecer a la ponente su ardua labor en esta cuestión. En segundo lugar, desearía hacer constar las disculpas de nuestro ponente alternativo, el Sr. Rothley, quien se ha visto lamentablemente ocupado por otro asunto de importancia. Como en él es habitual, ha desarrollado su trabajo con aplicación y diligencia.
La supervisión de los seguros constituye un asunto de importancia. La solvencia y el carácter sostenible de las empresas de seguros representan una cuestión crucial para la tranquilidad de los consumidores en un gran número de ámbitos.
Mi grupo acoge favorablemente este informe. En el primer proyecto de informe se registraron problemas considerables. Creemos que la posición común representa una notable mejora en relación con la propuesta inicial. A pesar de que mi grupo no se ha mostrado unánime en sus puntos de vista, consideramos que, dada la mejora que se ha registrado en la posición común respecto al proyecto original, se debe aprobar esta posición común sin resistencia en contra. Por todo ello, en opinión de la mayoría del Grupo Socialista, se debe aprobar la posición común sin modificaciones.
Desgraciadamente, no podemos por lo tanto aceptar las enmiendas que se han presentado para la presente lectura. Sin embargo, no dejamos de agradecer a la ponente la ardua labor que ha desempeñado, reconociendo la importancia de este asunto y confiando en que la Comisión agilizará la conclusión satisfactoria de este informe.

Ullmann
Señora Presidenta, la ponente está completamente en lo cierto cuando señala las diferencias entre compañías aseguradoras y bancos o entidades de crédito en relación con los riesgos que deben soportar. Por otro lado, todo el mundo sabe qué es lo que ocurre en los mercados financieros y en este sentido no es necesario argumentar ahora la importancia que tiene una directiva de este tipo y un acuerdo en esta materia, por lo que naturalmente le doy las gracias a la señora Ponente.
Pero quiero dedicar el resto de mi tiempo de intervención a explicar, señora Mosiek-Urban, por qué, lamentablemente, no puedo adherirme a sus enmiendas. Esto tiene una fácil explicación, en concreto mi experiencia desarrollada en la antigua DDR con la mala administración de los holdings. Por ello en esta cuestión estoy a favor de más controles y no de menos. Esta mala administración de los holdings no ha acabado en absoluto y lamentablemente no sólo en la antigua DDR. Esto me lo muestra lo que usted ha escrito en su enmienda 5 y ha vuelto a repetir ahora, que en este punto existe una gran demanda de control.
Por tanto muchas gracias de nuevo por el trabajo desarrollado. Es una pena que no pueda adherirme a sus propuestas y por ello en nombre de mi grupo propongo la misma decisión que nuestra colega la Sra. Oddy.

Buffetaut
Señora Presidenta, señor Comisario, mis queridos colegas, mis profesores de la facultad de Derecho que se nutrían del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, decían que para apreciar un texto, siempre había que determinar primero su finalidad y, a continuación, examinar los medios empleados para alcanzar dicha finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este texto? Proteger mejor a los asegurados y eliminar las distorsiones de competencia. ¿Cuáles son los medios empleados? Prevenir la doble utilización de los fondos propios, someter las operaciones intragrupo importantes a la obligación de declaración a las autoridades de control y, por último, organizar el acceso de las autoridades de control a las informaciones necesarias.
Si consideramos estos objetivos, la posición común, tal y como nos ha sido presentada, me parece satisfactoria. Como ha subrayado la ponente, incluye un buen número de enmiendas del Parlamento y constituye por tanto un texto bastante equilibrado. Éste es el motivo por el que, lamentablemente, señora Mosiek-Urbahn, no podremos votar a favor de sus enmiendas. En particular, la enmienda 4 me parece que reduce excesivamente el campo de control. En cuanto a la enmienda 1, en su espíritu hubiera sido aceptable, porque, efectivamente, cabía pensar que la apreciación de la influencia dominante no debía dejarse en manos de la autoridad competente, sino ser definida de una manera más objetiva. No obstante, en su actual redacción, no creemos posible emitir nuestro voto favorable, porque es demasiado restrictiva, limita el control únicamente a la empresa central.
Para terminar, votaremos a favor de la posición común en su estado actual.

Caudron
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, también yo deseo comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento a nuestra colega, la Sra. Mosiek-Urbahn, por su importante labor.
La ponente ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar un acuerdo amplio y gracias a ello, la posición común del Consejo, aprobada por una amplia mayoría de los Estados -recordemos que fueron 14 de los 15-, incluye en su totalidad o en parte, literalmente o en su espíritu, 18 de las 24 enmiendas aprobadas por nuestro Parlamento en primera lectura. Consideramos por tanto que los Socialistas franceses apoyamos un buen compromiso.
Nuestra ponente nos propone esta noche enmiendas en segunda lectura, y debo decirle que no creo que debamos seguirla en este punto. Si se aprobaran dichas enmiendas, el equilibrio de la posición común se vería seriamente cuestionado, en detrimento de la protección de los asegurados y del sector de las mutualidades de seguros, un sector que para nosotros tiene especial importancia.
Quiero añadir que actualmente, en Francia, los mutualistas están ya traumatizados a causa de un recurso presentado por la Comisión Europea contra Francia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En consecuencia, los Socialistas franceses, al igual que la mayoría del Grupo Socialista, aprobaremos la posición común sin enmiendas. Me han pedido que así lo comunique esta noche.

Monti
Señora Presidenta, como ha recalcado la Sra. Mosiek-Urbahn en su importante informe, la directiva relativa a los grupos de seguros es un elemento muy relevante de cara a la culminación del mercado único de los seguros. Como es sabido, las empresas de seguros deben disponer de una determinada cantidad de recursos propios para garantizar su solvencia: ese margen de solvencia, que es una garantía de seguridad para los titulares de las pólizas. La finalidad de la directiva consiste en impedir que se incumplan dichas obligaciones por los grupos de seguros en el ámbito de los cuales, de lo contrario, sería posible utilizar más de una vez los mismos fondos a los efectos del cálculo de la solvencia.
La posición común del Consejo sobre la directiva confirma los elementos fundamentales de la propuesta de la Comisión y recoge, con o sin modificaciones, 19 de las 24 enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en la primera lectura. Se trata de un texto equilibrado y coherente, que fue aprobado en el seno del Consejo por todos los Estados miembros, excepto uno. Me temo que las eventuales modificaciones a la posición común debilitarían el texto, reducirían notablemente la protección de los consumidores y pondrían en tela de juicio el compromiso alcanzado en el seno del Consejo con respecto a este texto tan complejo. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que el Parlamento acepte la actual redacción de la posición común.
Pasemos ahora a las enmiendas. Qué duda cabe de que todas las enmiendas propuestas, excepto la enmienda 5, persiguen el mismo objetivo, esto es, reducir el ámbito de aplicación de la directiva o convertir su aplicación en más discrecional. La posición común prevé que la directiva se aplique en el caso de posesión de una participación igual a al menos el 20 %. La enmienda 4 limita expresamente el ámbito de aplicación a las empresas matrices y a las empresas filiales (participación de al menos el 50 %), por lo tanto cualquier compañía de seguros que posea una participación del 20 al 50 %, podrá disponer de los fondos propios que precisa y que todos consideran necesarios para toda empresa no perteneciente a un grupo.
Las enmiendas 1 y 2 tienen un efecto similar, ya que convertirían en opcional y en no obligatoria la inclusión por los Estados miembros de las empresas que ejercen de manera efectiva una influencia dominante en otras compañías aseguradoras. El carácter opcional que es aceptable en el contexto de una normativa contable como la 7ª Directiva sobre Derecho de sociedades, resulta inapropiado en una normativa de carácter preventivo como ésta, cuya finalidad consiste en garantizar que se cumplan los requisitos de solvencia a nivel de grupo. Las enmiendas 1 y 2 facilitarían el incumplimiento de la directiva y convertirían su aplicación en más discrecional.
Por último, la enmienda 3 está orientada a convertir la aplicación automática, a partir del umbral del 20 %, en una simple presunción. Las empresas de seguros y las autoridades de supervisión tendrían así la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de la directiva las participaciones superiores al 20 %. En consecuencia, tengo obligación de informar al Parlamento que la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 a 4. Por lo que se refiere a la enmienda 5, la Comisión la considera superflua, ya que el objetivo que persigue ya se alcanza en la posición común. La posición común aclara en los considerandos que toda referencia a las primeras directivas sobre seguros debe entenderse como referencia a la versión modificada de las terceras directivas y a cualesquiera otras directivas posteriores.
En el marco del debate sobre las enmiendas, quizás es fácil olvidar cuáles son las razones por que esta directiva es indispensable y que convierten en inaceptables las propias enmiendas. En resumen, la directiva colma el vacío existente en las normas de supervisión relativas a las empresas de seguros; los grupos bancarios y las empresas de inversión ya están cubiertos por la legislación comunitaria. La directiva protege a los consumidores y aquí, sintiéndolo mucho, discrepo de la Sra. Mosiek-Urbahn porque la directiva no contiene requisitos patrimoniales adicionales. Su fin es eliminar el doble cómputo y, en consecuencia, no supone costes adicionales para los consumidores porque no implica obligaciones patrimoniales adicionales, mientras que reportará ventajas a los consumidores en términos de mayores garantías. La directiva equipara las empresas que forman parte de los grupos de seguros con las compañías de seguros individuales, sin imponer a los grupos cargas adicionales y crea condiciones de igualdad respecto a las mutualidades de seguros que, por definición, no pueden poseer participaciones cruzadas.
Finalmente, un punto al que con frecuencia no se atribuye la importancia que merece: si la directiva fuera adoptada de forma debilitada, los trabajos comunitarios sobre los grupos financieros, en línea con las recomendaciones del joint forum del G-7, se verían gravemente afectados. Como es sabido, el crecimiento a escala internacional de dichos grupos financieros constituye uno de los principales retos al que debemos hacer frente si queremos garantizar la estabilidad financiera en una economía global. Por otra parte, señor Presidente, hoy no he de recordarle la importancia de la estabilidad financiera y de los operadores financieros a la vista de los últimos acontecimientos internacionales. Debilitar el contenido de esta directiva sería, sin duda, una señal equivocada, especialmente en este momento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Islam y la Jornada Europea Averroes
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0167/98) del Sr. Mohamed Ali en nombre de la Comisión de cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación sobre el Islam y la Jornada Europea Averroes.

Mohamed Alí
Señora Presidenta, Señorías, sin lugar a dudas la celebración de la Jornada Europea Averroes es la ocasión apropiada para reflexionar sobre el sentido actual de la vida y obra de este gran filósofo y comentador de Aristóteles.
Decía Averroes que la búsqueda de la Verdad es una obligación en el devenir de todo ser humano. Esto nos parece tanto más necesario cuanto que, en el espíritu de nuestro informe, Averroes es el pretexto y la ocasión de tratar sobre el Islam de hoy y su sitio en Europa; empresa ésta que se torna difícil y complicada, sobre todo porque se suele asimilar -lamentablemente, con demasiada frecuencia- el Islam al islamismo y a su inclinación fundamentalista y violenta.
Y, para explicar dicha asimilación, qué mejor ejemplo que la propia coyuntura política acaparada por la abominable gesta de los talibanes o por las horrendas noticias que nos llegan de una Argelia que se desangra ininterrumpidamente. Actualidad política que, a su vez, eclipsa las otras barbaries que se suceden ahora en Kosovo como ya sucediera anteriormente en Bosnia.
De este modo es como ejercemos la economía de la reflexión, de la búsqueda de la verdad, condicionados en gran medida también por las tensiones permanentes que genera la crisis social que padece Europa, ya sea por el irresoluble drama humano que origina el paro laboral o por la exclusión y la violencia urbanas. De ahí, entre otros motivos, que sea francamente difícil el debate sobre la presencia musulmana en Europa, así como que, de modo expeditivo, se asocie cómodamente Islam con inmigración.
No es el momento ni hay tiempo para comentar los interesantes contenidos y conclusiones del informe elaborado por la Comisión Runnymede, encargado en Gran Bretaña para estudiar el fenómeno de la islamofobia, que origina actitudes que demonizan a los musulmanes, lo que viene a dificultar un análisis sereno y realista. Inclinaciones reflexivas como la de Huntington, obsesionado por tener un contrario a quien combatir a modo de sustitución del ya extinto enemigo comunista, se empeñan en hacernos ver que es inevitable el choque de civilizaciones.
Pero la acertada pretensión de hacer un homenaje a la memoria de Averroes es precisamente para destacar el significado de sus ideales de tolerancia, de progreso y de desarrollo humano. Nos puede servir también para profundizar en la reflexión sobre las causas sociales, políticas y económicas que contribuyen a alimentar la ignorancia, los prejuicios y el oscurantismo, convirtiéndoles en aliados de la exclusión y de la fractura social. Solo la cultura y la educación pueden ayudarnos a ser conscientes de estos riesgos y a tratar de encontrar soluciones.
De vez en cuando encontramos personas de diversos orígenes y culturas cuyo mundo está estructurado de manera diferente al nuestro, con otros valores, con otros signos que les sirven para asomarse y descifrar el mundo que les rodea. Nosotros debemos dar muestras, por una parte, de amplitud de miras y, por otra, de modestia, porque estamos ante personas que, aunque provenientes de otras culturas, forman parte de una cultura distinta que nosotros tendríamos oportunidad de conocer y de apreciar con un mínimo esfuerzo por escuchar y dialogar de modo respetuoso y honesto.
Nadie puede ser ajeno al otro cuando éste aspira al reconocimiento de su dignidad humana porque, como sostiene Javier de Lucas, es preciso relativizar la propia forma de vida para legitimar las exigencias de otras formas de existencia, no proyectar como universal la propia identidad, no marginalizar lo que se desvía de esta última. En definitiva, se trata de procurar un aumento incesante de la tolerancia; de efectuar un razonamiento sincero, riguroso y consecuente, de considerar al Islam como cultura, civilización y religión, no sólo como un elemento más de nuestra sociedad multicultural, sino también como elemento convergente con los valores que dan forma y cuerpo a la Europa democrática y tolerante.
Decía el teólogo suizo Hans Kung que tres son las funciones esenciales que cumple fenomenológicamente toda religión, a saber: conferir sentido, fundamentar normas y formar comunidad. De ahí que este teólogo reivindique para el Islam la posibilidad de incorporarse a la modernidad conservando esa triple funcionalidad en igualdad de condiciones que el cristianismo u otra creencia.
Probablemente no me corresponde a mí confirmar o invalidar la previsión que ya hiciera Malraux cuando sentenció que el próximo siglo sería religioso o no sería. Y tanto más cuanto que, como musulmán, debo recordar que apenas acaba de empezar el siglo XV de la Hégira. Solamente preconizo, y la resolución del informe guarda de ello una lejana huella - obviamente, mayoría obliga-, que las autoridades de nuestros Estados, así como los hombres y mujeres de buena voluntad, sepan bien las consecuencias que se derivan del hecho evidente de que el Islam es la segunda religión en nuestras sociedades.
Si por una parte Chevènement -a quien, dicho sea de paso, deseamos una sincera y rápida recuperación- asevera que el couscous es un plato francés, por otro lado, observamos que en Bruselas los musulmanes, para romper el ayuno en Ramadán, cocinan en ocasiones tomates rellenos de gambas con patatas fritas.
¿Es todo esto un síntoma de desculturación, síntoma de conversión o gestación de nuevas identidades? Indudablemente, desde mi modesto criterio, son vivencias musulmanas inéditas, y los tiempos y circunstancias irán imponiendo otras más. Es más que probable que estemos ante un proyecto de integración que no quiere, lógicamente, descuidar en exceso la propia idiosincrasia.
Por ello, es factible pensar que estamos ante los primeros rasgos de un Islam europeo y quizás no anden mal encaminados algunos expertos, como es el caso de Olivier Carré, cuando dice que podemos afirmar que los musulmanes y no musulmanes de Europa convergen hacia las mismas prácticas.
Por ello, Señorías, desearía que Mohamed, Fátima, o cualquier otro musulmán que nos sirve cada día el café ensimismado en sus trabajos tanto en Bruselas como aquí en Estrasburgo, sean de nuevo para nuestros ojos, para todos nosotros, en Europa, los hombres y mujeres con los que se puede dialogar, el otro al que se respeta y se acepta porque hemos aprendido a conocer al otro frente a nosotros mismos. En definitiva, ver en ellos a nuestros compañeros en lo cotidiano con quienes, enlazados de la mano, podamos encauzar responsablemente el porvenir.
Los musulmanes europeos, o los que vivimos en Europa, estamos empeñados en aportar lo mejor de nosotros mismos a la construcción de esa Europa de la que Jacques Delors decía que todos han de contribuir a proporcionarle un alma. Estoy convencido, señora Presidenta, de que la presencia musulmana en el paisaje de la sociedad europea es un enriquecimiento importante en muchos órdenes, pero sobre todo porque contribuye a la reflexión sobre el lugar que debe ocupar la espiritualidad en las sociedades secularizadas de un mundo cada vez más abocado al consumo más desenfrenado y destructor.
Ya ve, señora Presidenta, sin ánimo de ser pretencioso, que yo también soy portador de un sueño.

Hautala
Señora Presidenta, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Mohamed Alí por un informe tan profundo, cuya exposición de motivos -particularmente- representa una lectura de gran interés. Creo que el Sr. Mohamed Alí debería participar como uno de los ponentes fundamentales en el simposio que tanto él como, probablemente, también el Parlamento desean organizar para conmemorar el Día de Averroes. Sin lugar a dudas, cabe agradecerle que haya elaborado un informe tan poco habitual como es éste.
La Comisión de Derechos de la Mujer se ha pronunciado en torno a esta cuestión, puesto que con frecuencia las mujeres emigrantes son de religión musulmana. Hemos hecho hincapié en que estas mujeres se enfrentan con un número inusual de dificultades para participar de manera estable en la vida de nuestra sociedad. Exhortamos a la Comisión y al Consejo a mejorar las condiciones de las mujeres de fe musulmana.
Es motivo de satisfacción comprobar cómo ha incorporado el ponente las observaciones presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer. En el informe se hace hincapié en que, por ejemplo, se debe prestar atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las relaciones entre la Unión Europea y los Estados musulmanes. En el informe se hace un llamamiento para acabar con la discriminación en contra de las mujeres y se condena el sometimiento del que éstas son víctimas en el seno de la familia, del que es una muestra, por ejemplo, el hecho de que aún se siga llevando a cabo la ablación de sus órganos sexuales a pesar de que esta práctica es ilegal en la mayor parte de los países.

Tongue
Señora Presidenta, también a mi me gustaría agradecer al Sr. Mohamed Alí la labor y la paciencia que ha dedicado a este informe. No hablo solamente en nombre del Grupo Socialista, sino también en el de los numerosos musulmanes a los que represento y que enriquecen mi circunscripción electoral, East London.
Este informe es muy oportuno, habida cuenta de los desafortunados acontecimientos que hacen temer un conflicto aún mayor entre las culturas islámica y occidental. Dada la naturaleza multicultural de nuestras sociedades, debemos perseguir y fomentar la coexistencia pacífica de estas dos culturas.
Esto es lo que podemos aprender del gran filósofo Averroes. En primer lugar, si aún no lo han hecho, les recomendaría que vieran la película "Le destin». Se trata de un brillante recorrido por la vida y la obra de Averroes. Simplemente mostrando esta película en todas las escuelas y comunidades de la Unión, ya se haría mucho por fomentar el entendimiento.
Resulta increíble que tenga que haber llegado al Parlamento Europeo para poder oír por primera vez el nombre de Averroes. Se debería presentar su figura como un modelo para nuestros niños. Fue un filósofo valeroso y radical, con un amplio conocimiento científico, de discurso sincero, argumentos coherentes y promotor de la coexistencia entre las distintas fes religiosas.
No es sorprendente que sufriera persecuciones. Su obra fue a menudo prohibida. Y nada ha cambiado con el paso de los siglos: los libros de Salman Rushdie continúan siendo pasto de las llamas. Hemos de hacer uso del legado de Averroes para fomentar el pluralismo en el pensamiento, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos. Éstos son los pilares fundamentales en los que reposa la democracia.
Deberíamos insistir en que la mejor manera de alcanzar este objetivo pasa por la separación de iglesia y estado, lo cual no se ha conseguido plenamente en todos los Estados miembros de nuestra Unión, el establecimiento de leyes que proscriban la discriminación religiosa -algo que abordaremos en el Reino Unido-, y una censura mínima, haciendo hincapié en todo momento en la libertad de expresión. Me muestro especialmente satisfecho por el apartado n- 10 que aboga por el principio de secularización en el ámbito educativo. No obstante, debemos trabajar para lograr algo más que tolerancia hacia las demás culturas; debemos apreciar y celebrar la diversidad en nuestra propia sociedad. Debemos condenar la violación de los derechos de las mujeres en relación con movimientos islámicos extremistas, y asegurarnos de que las mujeres conocen tanto sus derechos como nuestra política, aquí en Europa. Hemos de facilitar el estudio del árabe como lengua viva y promover el estudio de la cultura, la historia y la política del Islam. El Centro de Estudios Islámicos de Oxford es un buen ejemplo de todo ello.
Solicito a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las recomendaciones y que propongan medidas con arreglo a este informe. Expreso mi agradecimiento, una vez más, al ponente. Esperamos que podamos celebrar muchos años este Día de Averroes.

Monfils
Señora Presidenta, este informe de propia iniciativa, centrado inicialmente en el estudio de los lazos culturales entre el Islam y Europa con motivo del 800 aniversario de la muerte de Averroes, ha encontrado numerosas vicisitudes y ha tenido un parto difícil, casi dos años después de su concepción.
El problema es que, tal y como se presenta hoy, el informe titubea entre varios objetivos. Varios puntos condenan cualquier discriminación -y repite aquí el contenido de resoluciones que el Parlamento Europeo aprueba los jueves de cada mes, relativas al problema de los derechos humanos. Otros pasajes tratan del problema de las religiones, que no es competencia de la Unión Europea. Motivo por el que recientemente fue rechazado el informe de nuestro colega, Sr. Oostlander, que trataba de problemas análogos.
Por otra parte, varias propuestas no respetan el principio de subsidiaridad, en particular, la que subraya la necesidad de permitir a las comunidades islámicas expresarse en condiciones idénticas a las demás confesiones.
Sabemos que estas cuestiones son muy delicadas y que reciben soluciones específicas según los distintos países, sobre todo, en función del nivel de representación de las comunidades islámicas y del lugar que cada Estado asigna a las diversas confesiones, según sus derechos constitucionales.
Por último, el presente informe que, como he dicho, ya no se ajusta a su objetivo original, que era tratar las cuestiones culturales, tampoco aborda los problemas políticos fundamentales, como la integración de los inmigrantes, el derecho de voto, los problemas sociales, la noción de ciudadanía, elementos todos ellos que en los diferentes Estados son objeto de reflexiones exhaustivas.
Europa tiene responsabilidades en la cuenca mediterránea. Debe asumirlas en el respeto del otro, en el respeto del prójimo. Debe asimismo prever medidas adecuadas para la integración de los inmigrantes procedentes de terceros países. Nos parece que el presente informe no establece líneas de acción precisas en lo que respecta a la problemática de la inmigración, y que se contenta con examinar superficialmente varias vías.
Por todos estos motivos de fondo, como de competencia, el grupo ELDR se abstendrá.

Guinebertière
Señora Presidenta, este informe de propia iniciativa se ha visto desviado de sus objetivos culturales, como acaba de decir mi colega, Sr. Monfils.
Preconizar un día europeo dedicado a Averroes lo encontramos perfectamente correcto, pero tratar problemas religiosos no es competencia del Parlamento.
Lamento tanto más tener que decir estas palabras, teniendo en cuenta que la exposición de motivos del ponente contiene un interesante análisis de la influencia que Averroes ha podido tener a través de su obra. Cito "una lección de inteligencia que muestra por dónde surge la intolerancia». Lamentablemente, la lección de inteligencia no ha tardado en convertirse en la lección del Islam, dictándonos así lo que debemos hacer para ser tolerantes.
Personalmente, no tengo la menor intención de condenar el presente informe, sino solamente decir a su autor que, aunque soy una ferviente adepta de la inserción y la integración total de una población numerosa en el seno de la sociedad europea, lamentablemente no tengo ni la intención de promover activamente la creación de una universidad euro-islámica en territorio europeo, favorecer la formación profesional de imams, ni la de llevar a cabo otras muchas acciones apropiadas para los ritos religiosos.
Lamento este giro excesivo que da el presente informe, a pesar de que comparto la idea de que el diálogo intercultural es enriquecedor y debe desarrollarse, y que nosotros debemos ser los agentes para ello.
Por último, a pesar de algunas recomendaciones que comparto, tampoco tengo la impresión de que esta resolución pueda cambiar la suerte de las mujeres, al igual que la aplicación del laicismo en los colegios, a pesar de que apoyo la aspiración.
Creo que nuestro Grupo se abstendrá de votar sobre este texto.

Ullmann
Señora Presidenta, distinguidos colegas, el nombre de Averroes representa la parte del Islam en las tradiciones de la ilustración y la emancipación de Europa. Cuando santo Tomás de Aquino quería citar al que consideraba más importante comentarista de Aristóteles sólo necesitaba dos palabras: comentator dicit . Sus coetáneos sabían que se refería a Averroes. En la escuela aprendí que la cultura europea se fundaba en la Antigüedad, el Cristianismo y en el Germanismo.
El importante informe que se nos presenta y por el que le doy las gracias al ponente viene a recordar que existe una pérdida de memoria y una incompleta concepción de la historia. Considero por ello muy importante - al contrario que la oradora que me ha precedido - que se impulse la idea de una universidad europea-islámica. Desde luego también es un recuerdo de que el programa propuesto solo podrá desplegar todos sus efectos cuando también la posición constitucional del Islam y sus creyentes en la Unión Europea sea desarrollad por encima de una existencia marginal en la dirección de un estatus públicamente reconocido y protegido.

Seillier
Señora Presidenta, el informe, tal y como nos lo ha presentado hoy nuestro colega, Mohamed Ali, es el fruto de numerosos intercambios y debates que han tenido lugar desde la primera presentación que nos hizo del mismo el año pasado.
Se han aportado aclaraciones y precisiones importantes. No obstante, queridos colegas, me siento obligada a decirles -al igual que varios oradores que me han precedido- que subsisten las ambigüedades, en particular, cuando usted habla de democracia. No sospecho en absoluto de sus intenciones de respetar las libertades, tal y como las concebimos en nuestras democracias, pero me siento obligada a hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede el Corán, tal cual -es decir, en el sentido literal, ya que precisamente lo propio del Corán, al cabo de tantos siglos, es no prestarse a la exégesis ni al debate teológico- implicar algo que no sea una teocracia?
Estamos obligados a hacernos esta pregunta fundamental. No sospecho de sus intenciones, pero constato que hay que dar muestra de coherencia. Si la celebración de la memoria de Averroes nos obliga a plantear todas estas preguntas, hagámoslo con toda franqueza. En cuanto a una universidad, preferiría en mucho a la propuesta que usted hace, una universidad europea en la que, al más alto nivel y con toda sinceridad, en la búsqueda de la verdad y en la estima mutua, planteemos los problemas de las relaciones entre la religión y la política, entre la fe y la razón, en el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo, bajo sus diferentes formas.
Como podrá ver, la tarea es inmensa. Rindo homenaje al trabajo que hemos realizado juntos en el seno de esta comisión, pero no puedo asociarme, sin reservas, a las propuestas que usted hace, hasta que no se esclarezcan algunas ambigüedades.

Baldi
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, qué duda cabe de que este informe ha tenido un difícil alumbramiento porque han transcurrido varios meses desde que lo debatimos en la comisión y porque las dificultades han sido innumerables.
Considero que la celebración del 8º centenario de la muerte de Averroes es una ocasión importante para presentar programas culturales de gran calado a fin de fortalecer el diálogo y valorizar el conocimiento de la civilización y de la cultura de la cuenca del Mediterráneo. El conocimiento mutuo de los pueblos es la base de toda convivencia humana y qué mejor conocimiento que el de nuestras literaturas. En Europa se ha traducido mucho del árabe y de las demás lenguas del Islam con resultados, por lo general, excelentes. Es necesario seguir ofreciendo al lector europeo los clásicos árabes e islámicos. De todos modos, hay que tener cuidado con las traducciones. Aquí tengo la traducción al italiano de Averroes -»Concordancia entre ley divina y filosofía»- que puede ser objeto de diferentes interpretaciones, ya que en ella se expresan unas frases que, si se extrapolan, pueden tener otro significado literal.
Desde el punto de vista simbólico, por lo tanto, este homenaje es la ocasión apropiada para poner de relieve, en los coloquios y demás actos, la modernidad del pensamiento de Averroes y el reto que representa la víspera del tercer milenio, la lucha contra la exclusión y la xenofobia que nacen del oscurantismo, de la ignorancia y de los prejuicios, también dentro de nuestra Comunidad que no ceja en reiterar el respeto de la democracia, del pluralismo y de los derechos humanos.
Por eso es necesario reforzar el diálogo con el mundo islámico, o sea, las relaciones con los países euromediterráneos, también a través del programa MEDA, no solo en lo referente a los aspectos socioeconómicos, sino ante todo en lo que atañe a los aspectos culturales y de formación en los que se basa toda civilización y democracia. Únicamente a través del conocimiento de nuestros orígenes, de nuestra historia y de nuestras tradiciones alcanzamos a comprender los valores de paz, solidaridad y tolerancia que constituyen los pilares de la construcción europea. Los derechos fundamentales y la dignidad individual tanto del hombre como de la mujer, en igualdad de condiciones, deben ser respetados y apreciados a través de una comparación serena con el universo islámico, sin ninguna condena y discriminación, en particular con respecto a las mujeres. Por último, estimo que es realmente necesario un diálogo sereno en torno a todo este factor-ámbito, del mismo modo que es preciso que no existan imposiciones, puesto que nuestra cultura, nuestra formación y nuestra experiencia se pueden enriquecer sólo si se logra lo que nosotros consideramos prioritario, lo que nosotros siempre hemos afirmado, es decir, una oportunidad clara y tranquila de información, de diálogo y de encuentro.

Féret
Señora Presidenta, cuarenta años después de la muerte del profeta Mahoma, en el 632, el Islam se lanzó en cinco ocasiones al asalto de Constantinopla, marcando el inicio de una guerra más que milenaria contra Europa, ya que en vísperas del siglo XXI, el conflicto no ha cesado.
Con el pretexto del 800 aniversario de la muerte de Averroes, el filósofo español de la Edad Media que, defendiendo una teoría equivocada, resultó muy controvertido entonces y ahora, nuestro colega Mohamed Ali quisiera inaugurar una era de paz entre el Islam y las naciones europeas. Respeto la religión musulmana, que es asunto de sus fieles. Pero ¿puede hablarse de paz, cuando nuestro distinguido colega invitó a la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo al antiguo director del Centro de Filosofías Árabes de la Universidad Católica de Lovaina que, por aquel entonces, publicó en Beirut un opúsculo en el que aplaudía la masacre de siete monjes cristianos en Tibéhirine?
¿Puede hablarse de paz cuando en 1995 se inauguró en Roma, en el corazón de la ciudad de los papas y los césares, la mayor mezquita de Europa, como para mofarse mejor de nuestro Dios, mientras que sus sacerdotes son salvajemente asesinados al otro lado del Mediterráneo? ¿Puede hablarse de paz cuando la isla de Chipre, tierra de Europa, y Constantinopla, villa imperial de Europa, están aún por liberar?

Oostlander
Señora Presidenta, este informe de nuestro colega Mohamed Ali me recuerda las clases de filosofía más interesantes que pude seguir en la universidad protestante a la que asistí. Clases que indicaban la cantidad de paralelismos que hay entre las teologías y las filosofías europeas y árabes. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible porque ha habido personas como Averroes que han interpretado y explicado a Aristóteles y lo han traducido a Europa, porque a través de ese rodeo es como llegamos a él.
Pienso que es especialmente importante que en un informe como éste también se ofrezca una muestra de respeto por todo lo que el mundo musulmán y el mundo árabe han contribuido a la cultura europea, pero el mundo musulmán en particular. Creo que ese respeto debe darse, porque tanto en la ciencia como en la filosofía, como en la cultura y, naturalmente, de manera más reciente también en la vida social y económica, la contribución de los musulmanes a la sociedad europea es especialmente grande.
Naturalmente, al islam se le ha colgado también el sambenito de todo tipo de defectos basándose en los comportamientos de algunos musulmanes. Eso, desde luego, también vale para las acciones de los cristianos, socialistas y liberales, los cuales tampoco quieren hacerse responsables del cristianismo, el socialismo y el liberalismo. Me parece muy bien que el Sr. Ali tome la iniciativa para defender aquí el asunto.
Hay dos puntos serios en el informe que se encuentran con nuestra oposición, y los dos tienen que ver con la diferencia entre las competencias de la comunidad religiosa y la comunidad estatal. Uno es claro, el párrafo 11 f), allí se trata del centro científico para el estudio del islam. Llevo siendo desde hace años un gran partidario del mismo y, afortunadamente, en los Países Bajos se está creando algo por el estilo en este momento. También encaja de manera excelente dentro de la constitución neerlandesa, porque allí las religiones tienen los mismos derechos. Ésa es una causa muy buena, porque las comunidades musulmanas pueden establecer allí a sus imanes, que social y culturalmente desempeñan un papel en nuestra propia sociedad. Pero nosotros, desde la política, no podemos decir el tipo de teología que se debe impartir allí. El que deba ser moderna, liberal o europea, es algo en lo que podemos confiar, pero no podemos decir nada en absoluto en un documento así. Ésa es una transgresión grave de la separación entre competencias.
El segundo es el párrafo 10, en el que se introduce un elemento contra las personas que tampoco encaja con la situación de los musulmanes en estos días. Incluso el Gobierno neerlandés, en el que no hay democristianos, ha reconocido que, para la emancipación de los musulmanes, la enseñanza en neerlandés, tomando como base el islamismo, es a menudo una fórmula excelente, llegando hasta en la enseñanza media. Con eso está también de acuerdo la universidad que acaba de mencionarse. Me parece de todo punto injusto y va en claro perjuicio de los musulmanes el que se entorpezca su libertad de elección por medio de este informe. No debemos hacerlo y no debemos despertar desconfianzas poniendo reparos en el tipo de pensamiento que se debe concebir en sus instituciones, porque no lo conseguiremos. Por tanto, apelo al Sr. Ali para que procure que desaparezcan estos dos puntos conforme a nuestras propuestas, en caso contrario no podrá obtener nuestro voto. Eso sería muy lamentable.

Antony
Señora Presidenta, mis queridos colegas, me temo que esta noche estamos dejando demasiado malparado a Averroes. Me temo que, en realidad, Averroes está muy lejos de las preocupaciones que parecen animar a los oradores que se han sucedido en el uso de la palabra. La trayectoria de Averroes en el seno del Islam es, cuando menos, misteriosa y, en todo caso, no encaja en la religión ortodoxa del Islam. Averroes es al Islam algo así como lo opuesto de lo que Maimónides es a la religión judía. Por mi parte, quiero decir al Sr. Mohamed Ali que no se preocupe. No me convertiré aquí, mal que les pese, en defensor de la exclusión y la xenofobia, y he estudiado a fondo a Averroes. Pero, sabe el Sr. Mohamed Ali, por ejemplo, que de "De Anima», que es la obra fundamental de Averroes, no tenemos el texto original en árabe, sino una traducción al latín muy mediocre, realizada por Michel Scot en la Corte de Palermo, por encargo de Federico II? Además, gran parte de la obra de Averroes se ha perdido irremediablemente en su texto original griego.
Quisiera decir también que Averroes es el hombre de una época, pero de una época que habría que estudiar no con cortapisas ideológicas, sino con toda la objetividad necesaria. El gran historiador Jean Dumont, director de las ediciones Amiot-Dumont, trató el tema en su magnífico libro L'Église au risque de la histoire y también lo hizo la gran historiadora judía israelí, Bat-YeOr. Es la historia de la colonización de España por el Islam. No es idílica, como quieren hacernos creer los que nos cuentan cuentos de hadas sobre el tema. El estatuto de los judíos así lo demuestra. Es algo irrefutable, al igual que las masacres de cristianos. Fue la historia de una colonización y la Reconquista española fue la historia de una descolonización. ¿Nos opondríamos aquí a las descolonizaciones?
En lo que respecta a las mezquitas, que el Sr. Mohamed Ali lamenta que no se construyan en mayor número en Europa, quisiera preguntarle si le interesaría la reciprocidad. ¿Dónde están las iglesias en Arabia Saudí? ¿Hay 1.500, como mezquitas en Francia? ¿Hay 100, hay 10, hay aunque sólo sea una en Arabia Saudí? El Islam wahabita persigue a los cristianos, no les tolera ningún lugar de culto. ¿Y qué ocurre en Argelia, que ocurre en las tierras de San Agustín? ¿Qué ocurre actualmente con el Cristianismo en el mundo islámico? Es cierto que en el Islam hay hombres de inteligencia que quisieran que se pusiera fin a la ley islámica que, como ha dicho mi excelente colega, Sra. Seillier, representa hoy una teocracia, cuando menos, inadaptada al mundo moderno.
O sea, el pensamiento de Averroes sí, pero en ese caso, Averroes en todos los aspectos. Y si queremos organizar un día dedicado a Averroes en Europa, ¿a que no nos atrevemos a ir a organizarla también en la Universidad Al Azhar de El Cairo? Vayamos a organizar un día de Averroes en Túnez. Vayamos a organizar un día de Averroes en Arabia Saudí. Pues bien, se lo diré: no lo permitirán, porque Averroes es un maldito del Islam, de un Islam que no nos concede, a nosotros cristianos, ninguna libertad en los países en que el Islam está en el poder, salvo cuando se trata de un hombre tan abierto como Sadam Husein, que permite que en Iraq se construyan catedrales que, lamentablemente, son bombardeadas por la aviación de los Estados Unidos.

Oreja Aguirre
Señora Presidenta, Señorías, yo no puedo negarle, señor Mohamed Ali, que he sentido una verdadera emoción al escuchar el nombre de Averroes en este hemiciclo -una personalidad cuya vida y pensamiento aprendimos en la escuela- y quiero felicitarle muy sinceramente por su iniciativa.
Ha tenido usted una feliz iniciativa. Y no voy a entrar aquí en debates sobre temas históricos, pero me atrevería a decir -y no tengo más remedio- que la presencia del Islam en España no fue simplemente una colonización. Fue mucho más. Fue un enriquecimiento mutuo del cual hoy nos beneficiamos, y precisamente un español se siente hoy -me siento yo- sin duda acreedor de lo que significa el Islam, de lo que significa el mundo judío y de lo que significa el mundo cristiano. Yo creo que esas tres culturas se entrecruzan en lo que significa la realidad cultural de cualquier español que se sienta como tal.
Quiero felicitarle por su informe, señor Mohamed Ali. Quiero felicitarle por proponer la celebración de un día europeo dedicado a Averroes que pretende promover no sólo el homenaje a un gran pensador, a un defensor de la tolerancia, del conocimiento y del racionalismo sino también, y entiendo que ese es el sentido de su informe, un diálogo intercultural para impedir la exclusión, para hacer posible que se superen situaciones de intolerancia y de xenofobia. Eso lo he entendido así y es la lectura que he hecho de su informe.
La Comisión es consciente de la contribución de la civilización islámica a la cultura europea así como de los problemas de integración social y cultural de las poblaciones pertenecientes a un Islam europeo que debemos acoger en nuestra sociedad respetando su propia identidad. Y en ese sentido, la Comisión está convencida de la validez e importancia de promover un diálogo libre y abierto dirigido particularmente a las nuevas generaciones.
Yo quiero recordar que ha habido muchas iniciativas que se han llevado a cabo para activar este diálogo: en los programas Euromed se está desarrollando una colaboración entre los programas «Jóvenes por Europa» y los programas mediterráneos; en el campo de la formación profesional está la Fundación de Turín, que prevé ampliar los programas y abrirlos a los países de Europa Central y Oriental; con ocasión de la Conferencia de Estocolmo, que se ha celebrado el pasado mes de abril, se ha llevado a cabo un diálogo sobre las culturas y las civilizaciones en el marco del seguimiento de la Declaración de Barcelona; dentro de unos días -y yo siento mucho no poder asistir-, tendrá lugar una conferencia euromediterránea de los ministros de Cultura y Audiovisual en Rodas, los días 25 y 26 de septiembre; y en relación al sector cultural, la Comisión ha presentado al Parlamento y al Consejo un nuevo programa marco, actualmente en discusión en nuestras instituciones, que subraya, precisamente, la importancia del diálogo intercultural como factor de paz y como un factor de cohesión social.
Quiero decirle que la Comisión constata que tal vez este informe nos llega un poco tarde para permitir la realización antes de final de año de la manifestación que usted propone. Hay que tomar unas medidas determinadas, tanto de organización como de acompañamiento financiero, y no quedan apenas tiempo y recursos disponibles. Pero la Comisión -como ha dicho muy brillantemente la Sra. Baldi- considera que la referencia a la obra y a los valores de los grandes pensadores del Islam, como Averroes, puede constituir una base privilegiada para favorecer el conocimiento mutuo y el espíritu de tolerancia y de comprensión que deben constituir la base de un verdadero diálogo entre civilizaciones tan ricas y variadas como las nuestras. Por eso quiero decirle que lo tendremos en cuenta y que haremos lo posible para que, en un próximo futuro, veamos la manera de rendir un homenaje a la persona y al pensamiento de Averroes y a la actualidad de sus reflexiones.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Oreja.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas.)

