Aprobación del Acta
El Presidente
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Rübig
Señora Presidenta, quiero comunicar que de mi caja para gastos de correo han desaparecido 100 francos. Es la segunda vez. Le ruego que inste al servicio de seguridad de la Asamblea para que impida estos robos, de los que tenemos por término medio de 10 a 15 al mes. Gracias, señora Presidenta.

El Presidente
Como sabe usted, señor Rübig, nos esforzamos por garantizar la mejor seguridad posible en nuestros lugares de trabajo. Vamos a intensificar de nuevo nuestros esfuerzos. Puedo garantizárselo.

Falconer
Señora Presidenta, ayer hice una declaración ante este Parlamento que se hizo constar en el resumen de la sesión. Sin embargo, no se menciona en el Acta, en la que sólo se hace constar que estaba en la sala y que no voté. Lo cierto es que ayer participé en todas las votaciones, y por lo tanto quisiera que se modificara en consecuencia el Acta.

El Presidente
Gracias, señor Falconer. Le prometo que vamos a rectificar este doble error.

Rack
Señora Presidenta, tengo que plantear una pregunta que los de la Mesa quisiéramos se nos contestase lo antes posible. Ha habido y hay un resumen de prensa actual bajo el título «Pleno actual» de esta Asamblea. Se ha recortado radicalmente la edición alemana -en los otros idiomas no lo he comprobado. Por ejemplo, al hablar sobre el informe Spaak, exceptuando al Comisario y a la ponente no se menciona a nadie en absoluto. Quisiera se me explicase si esto se refiere sólo al idioma alemán o si detrás de ello se esconden medidas generales de ahorro: precisamente porque se trata de transmitir a la opinión pública una imagen de nuestro trabajo, creo que tales medidas realmente no se pueden justificar.

El Presidente
Señor Rack, no puedo pensar que se trate de medidas de economía. En todo caso, vamos a verificarlo. Creo que es muy importante que las actas literales sean lo más fieles posible.

Kreissl-Dörfler
Señora Presidenta, quiero adherirme a lo expuesto por el orador anterior sobre esta información en el «Pleno actual» de ayer. Respecto a la crisis financiera en Latinoamérica se menciona sólo al Comisario Bangemann y a nadie más. Si en el futuro esto se va a convertir en una norma, podemos renunciar a este periódico pues ya no tiene ningún sentido. Esto tampoco contribuye a que se escuche la voz de los diputados en la opinión pública.

El Presidente
Totalmente de acuerdo. Le agradezco esas observaciones. Vamos a efectuar una nueva verificación.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, uniéndome a los dos oradores que me han precedido, quisiera señalar que la mitad de los efectivos del Parlamento Europeo no ha sido autorizada a venir a Estrasburgo para este segundo período parcial de sesiones del mes de octubre. Eso significa un ahorro para la administración. Ya que hemos de venir a Estrasburgo, señora Presidenta, hemos de disponer también del personal necesario para hacer nuestro trabajo de forma adecuada.
(El Acta queda aprobada)

Votaciones
Proyectos de enmienda y propuestas de modificación relacionados con los créditos de la Sección III del proyecto de presupuesto general para 1999 relativa a la Comisión y los proyectos de enmienda a las Secciones I, II, IV, V y VI del proyecto de presupuesto general para 1999 relativas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones

Dührkop Dührkop (PSE), ponente . Señora Presidenta, antes de empezar esta importante votación quiero hacer tres comentarios. Primero, el Parlamento vota primero la enmienda 888, sobre la reserva estratégica, cuyos créditos deberán ser eventualmente ajustados al final de la votación. Segundo, en cuatro líneas presupuestarias -las líneas B2-517, B3-4003, B7-6201 y B7-6211- se deben hacer pequeños ajustes en los importes, y les daré los detalles en cuanto lleguemos a la votación de dichas líneas. Tercero, hay dos líneas, la B3-301 y la B3-309, en las que los comentarios tienen que ser más precisos. Y finalmente, se deben hacer algunos ajustes técnicos en los comentarios de las enmiendas a las líneas B3-4304, B7-500, B7-6602.

El Presidente
Muchas gracias, señora, creo que efectivamente, sería preferible que, llegado el momento, diera usted las precisiones necesarias para que los colegas sepan bien sobre qué votan.

Samland
Señora Presidenta, como después en la votación no se va a notar con todo el jaleo, quiero aprovechar el momento de tomar asiento para expresar mi agradecimiento a los servicios de la Asamblea por el trabajo ejemplar que han realizado para que tengamos a tiempo las enmiendas y los documentos en todos los idiomas. Tenemos que decidir sobre más de 1.000 enmiendas y creo que hay que felicitar a los servicios de la Asamblea por haberlo terminado a tiempo.

Proyecto de enmienda núm. 714

Dührkop Dührkop
Señora Presidenta, propongo añadir 400.000 euros en créditos de compromiso, es decir, que se vota un total de 3 millones en créditos de compromiso en esta línea.
Proyecto de enmienda núm. 844

Dührkop Dührkop
Señora Presidenta, quisiera que se haga constar en el comentario una cantidad de 1, 7 millones de euros preasignada a la Federación Internacional de Casas de Europa.
Proyecto de enmienda núm. 738

Dührkop Dührkop
Señora Presidenta, pido que se incluya el siguiente comentario: Este crédito se destina también a la financiación de la campaña sobre la violencia contra las mujeres 1999.
Proyecto enmienda núm. 741

Dührkop Dührkop
Señora Presidenta, pido que se voten 3 millones de euros más en créditos de compromiso, es decir, un total de 5 millones sobre la línea.
Enmienda nº 584

Müller
Señora Presidenta, creo que se trata de un error. Esta es la enmienda originaria de mi grupo político para que se cree una reserva del 30 % y quiero subrayar que no se trata de la condición de establecerla de nuevo sino de las condiciones que teníamos con una reserva del 100 % ya que aún no se ha cumplido la condición de entrega de los documentos a las fiscalías belgas.

Dell'Alba
Señora Presidenta, no he comprendido muy bien la intervención de la Sra. Müller. Si ella desea hacer una enmienda oral en un procedimiento de votación muy largo y complejo, me opondré y creo que otros colegas también se opondrán. Votemos su enmienda tal como está redactada. Es la única forma de proceder en una votación tan compleja.
Por tanto, le pido que someta a votación la enmienda original de la señora Müller tal como está redactada.

El Presidente
Sí, eso es lo que me proponía hacer, señor Dell'Alba. Le agradezco su colaboración.

Maij-Weggen
Señora Presidenta, ¿no deberíamos escuchar la opinión del Presidente de la Comisión de Control Presupuestario? Ésta es, en mi opinión, la que mejor puede indicar cuál es la situación exacta tras la enmienda.

El Presidente
No, señora Maij-Weggen, no siento la necesidad.
Se procede a la votación.
Proyecto de enmienda núm. 808

Dührkop Dührkop
Señora Presidenta, pido que se voten 5 millones de euros más en créditos de compromiso respecto de lo que propone la enmienda de la Comisión de Presupuestos, es decir, un total de 45 millones de euros en créditos de compromiso sobre la línea.
Proyecto de enmienda núm. 810

Dührkop Dührkop
Señora Presidenta, pido que, en esta línea, se voten 16, 5 millones de euros en créditos de compromiso en lugar de lo que propone la enmienda de la Comisión de Presupuestos.

El Presidente
Se procede ahora a la votación de las enmiendas a la sección I.
Señor Martens, tiene usted la palabra.

Martens
Señor Presidente, estimados colegas, conforme al artículo 115, apartado 3, solicito, en nombre de nuestro Grupo, que, en lo relativo a la enmienda 899, se vote primero el quinto párrafo, que establece una conexión con el estatuto de los diputados. Déjenme explicar en dos minutos por qué.
Desde hace veinte años existe un sistema de pago de cantidades globales en concepto de dietas de viaje. Según el informe del Tribunal de Cuentas, este sistema ya no está justificado. No obstante, debemos aspirar a encontrar una solución equitativa, que sólo se puede lograr vinculándola con el estatuto de los diputados. Nuestro Grupo se opone a un sistema complejo y opaco que, como se ha demostrado estos días, resulta extremadamente difícil defender ante la opinión pública.
En segundo lugar, y solicito su atención, nos tememos que la aceptación de un acuerdo transitorio constituya un motivo para que determinados miembros del Consejo no adopten el estatuto.
Ese estatuto debe ser adoptado por unanimidad. El Parlamento debe elaborar una propuesta, la Comisión Europea debe emitir un dictamen y el Consejo debe decidir por unanimidad. Nos tememos que la solución equitativa, que solamente puede ser adoptada con el estatuto de los diputados, no se logre si aceptamos un acuerdo transitorio. Al contrario, debemos formular -y ésta también es una decisión de nuestro Grupo-, una propuesta, basándonos en el informe Rothley, que el Parlamento pueda presentar al Consejo Europeo de Viena del 11 y 12 de diciembre. Estamos, por tanto, de acuerdo en adoptar el informe Rothley como base para un acuerdo interinstitucional. La única garantía que tenemos es que ustedes, estimados colegas, acepten que se vote y apruebe previamente el quinto párrafo. Creo que entonces estaremos en el buen camino para, en primer lugar, no mantener durante más tiempo un sistema indefendible y, en segundo lugar, adoptar el estatuto.
(Aplausos)
Green
Señor Presidente, ayer el Canciller Klima, de Austria, dejó bien sentado en esta sala que si hay una propuesta del Parlamento a tiempo para la Cumbre de Viena en diciembre, él se la presentará a la Cumbre de Viena. Así lo dijo con toda claridad y también lo reiteró oficiosamente, a los dirigentes de grupos, cuando se reunió con los otros el otro día por invitación de usted, señor Presidente. Lo que estamos presenciando aquí es una tentativa de tergiversar la situación y de esconderse detrás de ese enfoque. Mi Grupo está a favor de él.
(Murmullos de disentimiento) He escuchado tranquilamente al Sr. Martens. Esperaré hasta que los cuervos cesen de graznar.
Mi Grupo es partidario de votar. Votaremos sobre una base de votación libre, de forma que cada uno de los diputados de mi Grupo podrá pronunciarse como le parezca acerca de esta cuestión tan importante. Pediremos que la votación tenga lugar según el orden fijado en la lista correspondiente. Todos somos partidarios de que haya un estatuto de los diputados aquí. La única forma de incluir esta cuestión en el orden del día de Amsterdam -cuando se modificó el Tratado- fue a base de cambiar el equilibrio político en el Consejo. Por eso podemos decir que hemos conseguido incluir esta cuestión en el orden del día en Amsterdam y también en el Tratado. Estimamos ahora que tenemos derecho a promover la cuestión del estatuto de los diputados. Así estamos haciendo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. Como saben ustedes, hemos cambiado el calendario a fin de que la cuestión quede incluida en la Cumbre de Viena, pero también estimamos que es importante que formulemos una declaración política acerca de nuestras credenciales y acerca de nuestro deseo de conseguir que, en primer lugar, obremos según lo requiere la Junta de auditores, y, en segundo lugar, tenemos una actitud completamente abierta y transparente a este respecto. Como sabemos que algunos diputados del otro lado de la sala estaban afanándose esta mañana para conseguir votos en favor de una votación secreta sobre esta petición, me parece que esta petición peca por exceso, viniendo como viene del Sr. Martens. Nos gustaría conservar el orden de la votación según figura en el calendario.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, si he comprendido bien, esta solicitud se le ha presentado de conformidad con el artículo 115 relativo al orden de votación de las enmiendas. No veo qué puede motivar una modificación del orden de la votación tal como aparece en la lista de votación.
El problema se planteó ya en la Comisión de Presupuestos. Votamos en un segundo momento el apartado que ahora se solicita que se vote en primer lugar. No hay relación entre la primera votación y la relativa al estatuto de los diputados. Se nos pide que nos pronunciemos en primer lugar sobre un principio, el de cuáles han de ser las modalidades de rembolso de gastos y pago de dietas. El estatuto de los diputados es otra cuestión. Por consiguiente, no hay ninguna razón, ni jurídica, ni política, para solicitar una modificación del orden de la votación.

Cox
Señor Presidente, una cuestión de orden. Quiero dejar bien sentado en nombre del Grupo ELDR que queremos mantener el orden de la votación según está indicado. Dentro de nuestros respectivos Grupos todos sabemos que se trata de una cuestión difícil. Es difícil conseguir un equilibrio, y necesitamos tener respeto mutuo y tolerancia por la posición de los demás. Ahora bien, necesitamos obrar de una forma que cada individuo asuma clara, abierta y transparentemente su responsabilidad ante este Parlamento, que la haga constar por escrito y que la mantenga ante la opinión pública, no porque no respetemos las diferencias de cada individuo, sino porque tenemos que revelar esas diferencias. Tenemos que tener el valor de nuestras convicciones para defender esas diferencias.
La posición de mi Grupo es que aceptamos y promovemos el paralelismo y la fuerte complementariedad entre el Estatuto de los diputados y la reforma de las dietas. Sin embargo, pensando en el conjunto de las cosas, es responsabilidad de este Parlamento determinar la naturaleza de su sistema de dietas, mientras que en lo que se refiere al Estatuto la responsabilidad de conseguir que este Parlamento tome las medidas necesarias ante de la Cumbre de Viena recae en otros. Asumamos nuestras responsabilidades como Parlamento que somos en la esfera en la que tenemos completa autoridad para hacerlo y votemos en el orden indicado.

El Presidente
Yo creo que es innecesario que continuemos con esta discusión porque el párrafo 2º del apartado 3 del artículo 115 del Reglamento dice, señor Martens, que el Presidente tiene que asegurarse de que no hay oposición de, por lo menos, 29 diputados. Y yo le pregunto si mantiene su posición, porque me parece claro que va a haber oposición de al menos 29 diputados, pero no tengo inconveniente en contarlos. Si su Señoría me dice que mantiene su posición, yo pido que se levanten los diputados que se oponen y los contamos en un momento. Dígame, señor Martens, si mantiene su posición.

Martens
Está claro que más de 25 miembros se oponen a la modificación de la votación. Únicamente solicito que, en todo caso, se vote separadamente el quinto párrafo.

El Presidente
Sí, señor Martens. Ese voto por división está pedido en tiempo por los Grupos y así se hará.
Tras las votaciones de los proyectos de enmienda 899 y 537

Pasty
Señor Presidente, Señorías, para evitar un poco la confusión existente, desearía que usted y nosotros extrajésemos las conclusiones de las votaciones que acaban de emitirse. Eso quiere decir - y soy totalmente favorable a esta interpretación - que se aplique la decisión de la Mesa de 19 de octubre, relativa a un régimen transitorio de dietas. Desearía que esto estuviera claro.

El Presidente
Exactamente, señor Pasty. La decisión es que no se añadan comentarios que modifiquen la decisión de la Mesa. Por tanto se mantiene la decisión de la Mesa. El importe ha sido aprobado y se aplicará de acuerdo con la decisión de la Mesa.

Proyecto de enmienda núm. 899

Colom i Naval
Señor Presidente, hemos rechazado unos comentarios a ciertas partidas presupuestarias. Estos mismos comentarios están reproducidos como proyecto de enmienda al texto del proyecto de resolución. ¿Cabe traducir el voto anterior también en el proyecto de resolución?

El Presidente
Naturalmente. La Asamblea ya se ha pronunciado. No se van a votar dos veces los mismos textos porque estén en dos lugares distintos.
Me pide la palabra el ponente, Sr. Viola, para intervenir sobre el bloque 28.

Viola
Señor Presidente, cuando estamos a punto de votar el bloque 28, quiero decir que la enmienda 697 de la Comisión de Presupuestos que se encuentra incluida en este bloque se refiere de forma específica a los créditos del capítulo 21 «Informática y telecomunicaciones». Dicha enmienda desbloqueaba parcialmente los créditos consignados en la reserva. Ahora, gracias a la opinión favorable de la Comisión de Presupuestos, se cumplen las condiciones para desbloquear todos los créditos consignados en la reserva del capítulo 21 «Informática y telecomunicaciones». Asimismo, las enmiendas 900 y 901 al capítulo 37 tienen en cuenta el principio de la especialidad del presupuesto y del nuevo plan contable que fue objeto del acuerdo unánime de los jefes de Grupo. En consecuencia, señor Presidente, solicito que las enmiendas 900 y 901 se incluyan en el bloque 28.

El Presidente
La ponente pide la palabra.

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, antes de proceder a votar la propuesta de resolución, quisiera realizar tres comentarios sobre la votación de la Sección III que acabamos de efectuar.
En primer lugar, quiero repetir lo que comenté antes de la votación y decir que el Parlamento votó en primer lugar la enmienda 888 -la reserva estratégica-, por lo cual los créditos de pago y de compromiso propuestos tendrán que ser ajustados ahora por lo que respecta a los límites de las perspectivas financieras, y dejando márgenes en cada una de las categorías 3, 4 y 5. Los importes que propongo son: en la categoría 3, 400 millones de euros; en la categoría 4, 990 millones de euros; y en la categoría 5, 150 millones de euros.
En segundo lugar quiero dar las gracias, señor Presidente, y mejorando lo presente -como decimos en castellano-, a la Sra. Fontaine por haber conducido y facilitado tan excelentemente esta votación presupuestaria. También quiero dar las gracias a los servicios de esta Asamblea y a los funcionarios de la secretaría de la Comisión de Presupuestos por su excelente trabajo, sin el cual no hubiera sido tan fácil esta votación presupuestaria.
Y también quiero decir al Consejo que creo que hemos votado un presupuesto para los ciudadanos europeos y pedirle, otra vez, que se avenga a la posición del Parlamento.

Samland
Señor Presidente, quiero constatar que al votar sobre el presupuesto hemos aprobado también las enmiendas nº 3307 y 3308, pues es así la estructura de las enmiendas solicitada por todos los grupos políticos. Se trata aquí de una llamada «pipeline» que se ha creado de nuevo entre la línea presupuestaria 3307, política de información, y la 3308. Todos los presidentes de los grupos políticos nos han pedido que incluyamos a posteriori esta enmienda. Lo hemos hecho así coordinándolo entre todos ellos. Sólo quiero constatar que se ha hecho también con la votación que se ha llevado a cabo aquí.
En relación al apartado 21

Dell'Alba
Señor Presidente, en este bloque se encuentra el apartado 21 que está en contradicción con la votación presupuestaria. Deseo, por tanto, pedir a la señora ponente si puede solicitar que se retire, ya que está en contradicción con el voto que acabamos de emitir.

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, por supuesto que es contradictorio con la votación que hemos efectuado; hay que eliminar esta contradicción en el apartado.
En relación al apartado 30

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, el apartado 30 me parece que también es contradictorio con la votación que hemos efectuado antes y, a mi entender, debe excluirse de la resolución.

Samland
Señor Presidente, aquí se trata de los plátanos. Es cierto lo que ha dicho la señora Dührkop de que con la decisión que ha adoptado la Asamblea no se ha cuestionado poner a disposición créditos también del presupuesto para los plátanos. Lo que se refleja en estas formulaciones es que junto a los créditos del presupuesto también se ponen a disposición créditos del FED. Por tanto, este texto que se nos ha presentado no está en contradicción con nuestra decisión en la votación. Les ruego, por ello, que voten a favor.
En relación a la enmienda nº 4

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, no veo que sea contradictoria en absoluto y, por tanto, preferiría que la someta a votación de la Asamblea.
En relación al apartado 39

Viola
Señor Presidente, con referencia al apartado 39 que estamos a punto de votar, desearía que la Comisión facilitara en el informe que va a enviar a la Autoridad presupuestaria la más amplia información sobre la situación de las demás Instituciones en el marco de la cooperación interinstitucional. En pos de la economía del texto, creo que no es necesario mencionar dicho apartado en la resolución sobre las demás Instituciones.

El Presidente
Señora Dührkop, ¿qué posición mantiene usted respecto de la petición del Sr. Viola?

Dührkop Dührkop
Estoy de acuerdo con el Sr. Viola
En relación a la enmienda nº 6

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, a mi entender, esta enmienda es redundante puesto que ya figura en la otra resolución del Sr. Viola, donde se menciona a todas las Instituciones. Por ello quería dejar constancia de mi opinión pero, por supuesto, el resultado lo dejo a la sabiduría de la Asamblea.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Viola
Señor Presidente, como usted acaba de decir, las enmiendas 1, 4 y 5, relacionadas con la votación presupuestaria de hace unos momentos, deben considerarse que decaen, al estar en contradicción con lo que hemos votado. Si usted accede a ello, quisiera proponer al Pleno que aceptara la decisión adoptada por la mesa de la Comisión de Presupuestos, o sea, por todos los coordinadores de los distintos Grupos, una decisión que se refiere precisamente a casos como el presente en que no se ha aprobado ninguna enmienda. Sin embargo, se ha considerado oportuno incorporar a la resolución sobre el presupuesto una enmienda oral que se limita a indicar dos puntos que son dos datos de hecho, sin añadir nada más. Señor Presidente, si usted me lo permite, voy a dar lectura a dicha enmienda oral.
El nuevo texto del apartado 8 es el siguiente: «Recuerda que ha pedido al Consejo que apoye sin reservas el principio de un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, tal como prevé el Tratado de Amsterdam; recuerda su resolución sobre los resultados de la Cumbre de Cardiff de los días 15 y 16 de junio de 1998 y, en particular, su apartado 20».

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, la tesis que mantiene nuestro ponente es indiscutible en lo que respecta a la enmienda 1. Es la de la Comisión de Presupuestos, que recoge íntegramente el texto que acaba de ser rechazado por partes.
Por el contrario, su tesis es más discutible en lo que se refiere a las enmiendas 4 y 5, es decir, la enmienda de nuestro grupo y la del Grupo ELDR. Esas enmiendas contienen disposiciones que no han sido mencionadas en absoluto hace unos momentos. La enmienda 4 encarga a la Mesa una misión que es totalmente diferente de la que figura en la enmienda 1, y la enmienda 5 - pido disculpas por hablar en lugar del Grupo ELDR - prevé nuevas dietas, otras condiciones, por tanto creo que no ha de considerarse que decaen.
Por lo que respecta a la enmienda oral del Sr. Viola, me reservo el derecho de oponerme, cuando llegue el momento.

El Presidente
Evidentemente, esta interpretación es correcta, y los servicios de presidencia lo han comprobado. Las enmiendas 4 y 5 no se ven afectadas por la votación anterior, y las someteré a votación después de resolver la cuestión que plantea la enmienda nº 1. La enmienda nº 1 ha decaído pero ahora se formula una enmienda oral. Pregunto si hay oposición a esta enmienda oral.

Green
Señor Presidente, en vista de que se trata de una cuestión tan difícil y tan delicada, es posible que me tiente la posibilidad de votar a favor. Sin embargo, toda esta cuestión es tan discutible que lo mejor sería que no votásemos sobre nada a este respecto. Si aceptamos que la enmienda 1 de la Comisión de Presupuestos se ha perdido, como así había sucedido, entonces lo único que tenemos que hacer es aceptar la perdida y nada más.

El Presidente
Está claro que más de 12 diputados se oponen a esta enmienda oral, por lo que no puedo someterla a votación.

Cox
Señor Presidente, es evidente, como ha dicho la Sra. Green, que nos hallamos actualmente en una posición en la que hemos establecido los principios derivados de la votación anterior y deberíamos esforzarnos por adaptarnos a esa situación en esta fase. Sabemos en que situación nos hallamos: hemos votado nominalmente sobre los principios básicos de la votación presupuestaria, y sería útil que tratásemos de evitar la repetición de algo que, en sustancia, hemos decidido ya.

El Presidente
Sí, parece claro que hay oposición a esta enmienda oral.
En relación al apartado 31

Viola
Señor Presidente, tras la votación que acabamos de celebrar, creo que, de hecho, esta enmienda al apartado 31 es una enmienda que ya no tiene razón de ser. Por el contrario, estimo que hay que modificar el apartado 31 de mi resolución y, por ende, del texto de la Comisión de Presupuestos, en el sentido de eliminar las palabras «la creación de cuatro puestos permanentes B5 para correctores de pruebas», ya que dicha creación fue rechazada en la anterior votación presupuestaria.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Viola
Señor Presidente, ya que antes me fue imposible, permítame asociarme a las felicitaciones expresadas por la Sra. Dührkop a todo el personal de la Comisión de Presupuestos, cuya ayuda ha sido extremadamente útil e indispensable para mi trabajo.

Voggenhuber
Señor Presidente, sólo quiero indicarle que ya hemos rechazado el contenido de este tercer guión en el marco del presupuesto.

El Presidente
Se trata de dos resoluciones diferentes, aunque quieran decir lo mismo, y tengo que someter las dos a votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Ojala
Señora Presidenta, le rogaría que hiciera saber que en algunas versiones lingüísticas se ha deslizado un error. Así ocurre, por ejemplo, con la versión finesa, en la que se hace referencia a árboles de madera dura y coníferas. Sin embargo, la comisión se ha referido en todo momento sólo a los árboles de hoja caduca, no a las coníferas. Así pues, querría aclarar a todo el mundo que la versión finesa contiene un error.

El Presidente
Tiene razón, señora Ojala. Existe una corrección para las versiones alemana, finlandesa, española, sueca y una segunda corrección para la versión danesa. Todo esto se controlará atentamente.
(El Parlamento adopta la resolución legislativa)

Andrews
Los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo discreparán siempre en cuanto a la mejor manera de utilizar el esto de la Comunidad Europea en cualquier momento dado. Incluso yo quisiera hacer constar en acta de este Parlamento que estimo que en todo momento debería disponerse de suficientes recursos financieros para ayudar a los marginados y a los desfavorecidos de nuestra sociedad. Les doy un ejemplo: el Gobierno irlandés está confeccionando actualmente un Plan de desarrollo nacional que subraya nuestras prioridades de inversión sociales y económicas para el período 2000-2006. Se nos ha dicho que Irlanda ha gastado los fondos estructurales correspondientes al actual marco comunitario de apoyo 1994-1999 muy inteligentemente, con los consiguientes beneficios económicos.
Hay muchas personas en la Unión Europea, especialmente en Alemania y en los Países Bajos, que estiman que Irlanda no debería recibir recursos especiales con cargo al próximo ciclo de fondos estructurales de la UE, para 2000-2006. La persona que inventó la expresión «El tigre céltico» no ha hecho un favor a Irlanda. En la ciudad y el condado de Dublín, que represento como diputado, sigue habiendo todavía 70.000 personas en el registro de la asistencia social. El Gobierno irlandés tiene que incluir propuestas concretas en el Plan de desarrollo nacional que se va a enviar a la Comisión Europea, a fin de luchar contra este problema que está muy concentrado en la ciudad de Dublín y en la región del condado de Dublín.
Una de las prioridades tiene que relacionarse con la necesidad de seguir instituyendo programas de capacitación más innovadores, para que podamos derrotar de una vez para siempre al espectro del desempleo a largo plazo.
A pesar del hecho de que Irlanda, como país, no se calificará como zona del Objetivo 1 para el período de 7 años posterior a 1999, la ciudad de Dublín y su condado siguen mereciendo que se les asignen fondos estructurales de la UE para proyectos determinados. El presupuesto de la UE tiene que reflejar lo que acabo de decir en todo momento. La principal zona prioritaria tiene que consistir en lograr que el fondo social europeo pueda utilizarse para desarrollar medidas encaminadas a luchar contra el desempleo a largo plazo y el desempleo de los jóvenes. Sin embargo, otras esferas que también merecerán la asistencia del Fondo Regional de la UE son las que se relacionan con la necesidad de poner en práctica un sistema de transportes integrado así como la introducción de medidas innovadoras para abordar el problema cada vez más grave con que tropezamos en materia de residuos.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
En la votación del presupuesto hemos tenido como objetivo disminuir el presupuesto total de la UE porque creemos que es demasiado amplio. Entre otros, se trata de sectores tales como los fondos estructurales y la política agrícola. También hemos votado en contra de todas las propuestas sobre dinero para propaganda, como el Programa Prince.
En lo referente a la votación sobre reembolso de costes de viajes de los Diputados al Parlamento Europeo, la mayoría no fue capaz, una vez más, de votar por lo único que es moralmente correcto, es decir, que únicamente se reembolsen los costes reales. Por tanto, puede continuar el sistema que implica que los Diputados puedan quedarse con dinero en sus propios bolsillos, a lo cual nos oponemos muy resueltamente. Debería ser obvio que los Diputados sólo seamos compensados por nuestros verdaderos gastos de viajes. La nueva resolución adoptada por el Parlamento, y que pronto comenzará a regir, significa, a grandes rasgos, una continuación del sistema actual. La mayoría del Parlamento Europeo ha demostrado, una vez más, no ser capaz de enfrentar este importante asunto, lo que quizás dice más acerca de los Diputados que del Parlamento Europeo como institución...
Opinamos que no es provechoso que los Diputados obtengan sueldos comunes y por eso hemos votado en contra de esta propuesta, es decir, el quinto inciso en la propuesta de enmienda 899.
La propuesta de enmienda sobre otorgamiento de dinero para un proyecto destinado a frenar la violencia contra las mujeres es, a nuestro juicio, muy valiosa y por eso hemos votado a favor de ella.

Graenitz
A pesar de que rechazo algunas partidas del presupuesto, en especial la ayuda a la energía nuclear y la investigación de la fusión, las sumas por las festividades del 50 aniversario de la OTAN así como algunas primas agrícolas, he votado a favor del presupuesto pues tienen un mayor peso las medidas razonables que se financian.

Grosch
He votado expresamente a favor del reembolso de los gastos reales de desplazamiento, sin vincular por ello esta decisión al nuevo estatuto de los diputados. Este estatuto es indispensable para una mayor claridad, pero ambos temas no pueden estar vinculados.
Lamento que, por la votación de este Parlamento, una decisión de la Mesa esté a punto de ser aplicada. Es incorrecta al menos por dos razones. En primer lugar, se aplica sólo a partir del 1 de mayo de 1999 (a una semana de la clausura del período de sesiones). En segundo lugar, los diputados que ya tienen las dietas más importantes se ven gratificados con una indemnización suplementaria.

Lindqvist
He votado en contra de la propuesta que implica «más Unión». Algo tiene que fallar en una organización que constantemente tiene que salir al paso con campañas propagandísticas sobre sí misma, por ejemplo sobre el euro, como sustituto del apoyo popular.
He dado mi apoyo a propuestas sobre cambios en la política agrícola y en la de fondos estructurales para disminuir y simplificar las reglas, por ejemplo, mucho de lo contenido en la Agenda 2000.
He votado en contra de las ayudas de la UE a Turquía, porque ese país no ha cumplido con las condiciones exigidas por el Tratado Aduanero con la UE sobre el cese de la guerra, torturas y persecuciones contra los kurdos y consolidación de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión.
He votado a favor de la propuesta que plantea que el reembolso de costes de viajes se haga previa presentación de justificante y que comprenda los costes reales. He votado en contra del estatuto común, common statute , y, en consecuencia, he rechazado la propuesta de sueldos comunes, con bajos impuestos, para los parlamentarios de la UE.

Reding
Las oscuras cuentas, seudocontratos y amigocracia en el campo de la ayuda humanitaria ( "programa ECHO») han provocado justificadamente intranquilidad. Cumpliendo su obligación de control e información, el Parlamento Europeo ha reaccionado inmediatamente congelando en un primer paso al 100 % los créditos de ayuda humanitaria, debido a la insuficiente reacción por parte de la Comisión y de una carencia evidente de información frente a los representantes populares elegidos.
Como consecuencia de esta presión, la Comisión ha cedido y prometido entregar al Parlamento todos los documentos de la Unidad de Coordinación de la lucha antifraude, la UCLAF. Además, la Comisión se ha comprometido a presentar a las autoridades judiciales los documentos relativos a los seudocontratos.
Pero con ello no se solucionan ni mucho menos los problemas. Sería irresponsable dejar de presionar ahora a la Comisión. Por el contrario, hay que utilizar todos los medios parlamentarios disponibles para que exista claridad en este asunto tan vergonzoso.
Por este motivo, apoyo la enmienda nº 584 del Grupo de los Verdes, consistente en colocar en la reserva el 30 % de los créditos TACIS mientras se aclaran las cuestiones aún abiertas (auditoría independiente de ECHO, procedimiento disciplinario, entrega de documentos). Hasta la segunda lectura del Presupuesto (en diciembre de este año) la Comisión tiene que mostrar más transparencia y claridad.
Lamento profundamente que la oposición socialista haya hecho fracasar esta enmienda. Con ello, el Parlamento ha entregado un medio muy eficaz para lograr que se cumplan aquellos requisitos que radican en interés de una política europea limpia y transparente.

Swoboda
Aunque rechazo algunas partidas presupuestarias, en especial las ayudas a la energía nuclear y a la investigación de la fusión, las sumas puestas a disposición para las «festividades de 50 años de OTAN» y algunas primas agrícolas (como por ejemplo, la «prima Herodes»), he votado a favor del presupuesto pues tienen más peso las medidas razonables que se financian con el mismo.

Willockx
1) Ante los turbulentos debates sobre las dietas de viaje, quiero decir lo siguiente: la delegación del PSE sigue estando a favor de una reglamentación en la que únicamente se compensen los gastos efectivamente realizados y probados. Además, nosotros ya hemos introducido semejante reglamentación. Anne van Lancker, Philippe de Coene y yo no aceptamos en la caja más que los gastos realmente efectuados.
2) Es cierto que existen grandes diferencias salariales entre los parlamentarios de los distintos Estados miembros. Por eso, al introducir una dieta real de viajes, puede ser conveniente adoptar una reglamentación transitoria razonable para nuestros colegas de determinados Estados miembros. La reglamentación prevista en la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo es exagerada, fiscal y legislativamente discutible y, por tanto, inaceptable para la delegación del PSE.
3) Paralelamente a la reforma de la dieta de viajes, se necesita un nuevo estatuto para los miembros del Parlamento Europeo. No obstante, para lograr de manera eficaz una solución, no pueden vincularse estos dos asuntos.
Informe Dührkop Dührkop (A4-0360/98)
Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, hemos votado contra los presupuestos y quisiera dar las razones que se suman a las que he mencionado durante el debate.
Sin duda, tres votaciones han recabado nuestra aprobación. La de la enmienda 439: hemos suprimido las cantidades inscritas en reserva en lo que respecta a Turquía; la de la enmienda 866: hemos retomado la financiación en lo que se refiere a la ayuda a los productores de plátanos ACP, lo que está bien. Hemos suprimido las reservas especiales para las políticas exteriores y nos felicitamos por ello.
Por el contrario, dos decisiones nos parecen condenables. En primer lugar, hemos suprimido la reserva que se había previsto para la ayuda humanitaria: la enmienda 784. Y nuestra enmienda nº 1 en la resolución fue rechazada.
Por lo que respecta a la ayuda humanitaria, constato que una vez más el Parlamento Europeo, tras haber mostrado su tenacidad frente al escándalo ECHO, se conforma con explicaciones y una simple carta, cuando no tenemos todavía, señora Presidenta, el informe de la UCLAF que desencadenó todo el asunto.
Finalmente, nuestra enmienda nº 1, sobre el intercambio de información con las comisiones competentes de los parlamentos nacionales, era una recuperación de la versión inicial del informe de la Sra. Dührkop Dührkop. Sólo retomaba lo que ella misma había dicho inicialmente en su informe.
Por tanto, observo que desde todas partes se me habla, se nos habla, de la aproximación con los parlamentos nacionales. Había en este informe una simple disposición que proponía que en el plano presupuestario se asociase a las comisiones competentes de los parlamentos nacionales. En el momento en que el presupuesto plantea cada vez más problemas, en el momento en que se pide cada vez más a los Estados miembros, cuando algunos se plantean volver a solicitar la financiación de algunos gastos por los Estados miembros, ¿cómo se puede admitir que se rechace esta necesaria colaboración con los parlamentos nacionales?
Éstas son las razones suplementarias de nuestra oposición a este informe.

Flemming
Señora Presidenta, no he votado a favor del capítulo agrícola del presupuesto. No porque no desee un presupuesto agrícola. Incluso considero este presupuesto como muy bueno, exceptuando aquellos fondos que se destinan a apoyar determinadas actividades que no sólo no entiendo yo sino cada vez más ciudadanos de la Unión Europea y que sencillamente no desean. Con el presupuesto de 1999 financiamos a su vez la prima de Herodes y los transportes de animales vivos. Estoy totalmente del lado de los agricultores europeos, quienes ganan su sustento con grandes dificultades al servicio de los ciudadanos de la Unión Europea. No hay que quitar ni un ecu a los agricultores. Busquemos vías y posibilidades para que los agricultores obtengan lo que les pertenece sin financiar la forma cruel de los transportes de animales al Oriente Próximo y la prima de Herodes. Con mi voto he querido que hablen aquellas personas que no tienen voto en esta Asamblea.

Alavanos
La Comisión, su Presidente, el Comisario competente para los asuntos exteriores con Turquía han recibido hoy una fuerte respuesta política por parte del Parlamento Europeo relativa a las subvenciones destinadas a Turquía. Con 365 votos a favor frente a 135 en contra, nuestro Pleno no se limitó simplemente a colocar en el fondo la ayuda financiera para Turquía, sino que también la ha borrado de dicho fondo. Espero que demos la misma respuesta cuando se trate de votar los nuevos reglamentos de la Comisión que, desgraciadamente, constituyen un golpe de estado institucional. Asimismo, espero que, en breve, Turquía cumpla las condiciones democráticas y de respeto al Derecho Internacional formuladas por el Parlamento Europeo con vistas a liberar finalmente dichas subvenciones.

Andersson, Hulthén, Lööw y Sandberg-Fries
Más de la mitad del presupuesto de la Comunidad se destina a ayudas a la agricultura en los Estados miembros. Por eso damos la bienvenida a las enmiendas que han propuesto las autoridades presupuestarias de la UE en lo que respecta a las reducciones en la política agrícola común. Es un paso en la dirección correcta. Ahora deberá ser el Consejo el que resuelva el problema derivado de que las directrices agrícolas hayan llegado a ser un techo para los gastos extraordinarios, que están muy lejos de las necesidades reales. Por el contrario, las directrices deberían ser un medio para limitar el aumento de los gastos agrícolas.
Estamos convencidos de que, si la Unión Europea quiere estar preparada para afrontar los grandes retos del próximo siglo, se necesita una reforma profunda de la política agrícola actual. Esto también es valido si se piensa en la eficiencia y la ampliación de la Unión hacia el Este. En caso contrario, se corre el riesgo de que el sistema de subvenciones se transforme en un problema para los nuevos estados que solicitan su adhesión a la Unión. La UE no sólo tiene que fomentar una agricultura sostenible, dotada de normas medioambientales operativas que hayan sido suficientemente debatidas, sino que también debe tomar en consideración los intereses de los consumidores. En principio, opinamos que es erróneo que la Unión dé ayudas a los cultivos de tabaco.
Creemos que es provechoso que el Parlamento Europeo, a través de sus prioridades presupuestarias, continúe la financiación de medidas destinadas a la creación de empleo dentro de la Unión y que se refuerce la perspectiva ecológica en los programas y proyectos que se realizan con fondos estructurales. También vemos como muy beneficiosa la propuesta de crear una partida presupuestaria especial para el sector del Mar Báltico. Finalmente, vemos con gran inquietud que en algunos casos la Comisión no haya podido administrar los fondos comunitarios de una manera correcta. Es alarmante que la Comisión no haya encontrado un procedimiento para informar al Parlamento Europeo acerca de fraudes y mala administración del dinero de los ciudadanos de la UE en sus propias oficinas.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Opinamos que la resolución del Parlamento Europeo, en muchos aspectos, carece de «garras» frente a los proyectos que se realizan dentro de la Comisión. Creemos que se debió haber dicho algo sobre ECHO y sobre las deficiencias y fracasos de la Comisión en este terreno y que esto, consecuentemente, debería haber tenido consecuencias presupuestarias.
Además, tenemos reparos con respecto a una política de refugiados especial de la UE porque consideramos que ésta no debe entrometerse en esas materias. Debería ser un asunto de los Estados miembros. Con todos los sistemas de control y con las agresiones a la integridad personal existentes, dudamos que la política de refugiados de la UE llegue a funcionar de la manera más provechosa para los refugiados.
Lamentamos profundamente que la propuesta de enmienda 1 no fuese aprobada. Debería ser provechoso para la UE involucrar a los parlamentos de los Estados miembros en el trabajo presupuestario de la Unión. Por el contrario, parece que la mayoría del Parlamento Europeo quiere continuar ocultando el vasto trabajo presupuestario de la UE a los ciudadanos y a las autoridades parlamentarias nacionales.
Finalmente, criticamos el punto relativo a la UEM, punto 3, y los incisos que se refieren a la «maquinaria de propaganda» de la UE (Programa Prince).
Por estos motivos, hemos optado por votar en contra del informe en su totalidad.

Mendes Bota
He votado en contra de la propuesta de resolución (Doc. A4-0360/98) relativa al presupuesto general de la Unión Europea para el año 1999 como forma de protesta por la desconsideración y discriminación de que ha sido objeto el sector del turismo, al ser rechazada la enmienda 75, con lo que se impide incluso la inscripción de una línea presupuestaria de medidas comunitarias a favor del turismo, aun sin importe alguno asignado.
Esta actitud mayoritaria del Parlamento Europeo sigue al rechazo por la Comisión de Presupuestos de un importe de 3, 5 millones de ecus y complementa la propuesta de reestructuración de las comisiones parlamentarias que se está examinando actualmente, en la que se propone pura y simplemente la desaparición del turismo como objeto de actividad de las futuras comisiones parlamentarias con individualidad propia (actualmente existe la Comisión de Transportes y Turismo).
Esa actitud de rechazo, que encuentra eco mayoritario en el Consejo y a la que ahora se suma el propio Parlamento Europeo, es una afrenta para el sector de actividad económica más importante de la Unión Europea, ya sea en el nivel del empleo, de la inversión o del PIB por habitante, pero aquejado de problemas que requieren un planteamiento europeo específico.
El Parlamento Europeo sólo se preocupa de la creación de una línea presupuestaria de Lucha contra el turismo sexual en terceros países (B7-663) y ha dejado el sector del turismo europeo desprovisto de medios y de fundamento jurídico para el lanzamiento de acciones comunitarias a favor del turismo.
Como diputado portugués, de un país en el que el turismo es un sector vital de la economía, y oriundo de una región eminentemente turística como el Algarve, no puedo dejar de expresar mi decepción por esta actitud de las instituciones de la Unión ni de proceder en consecuencia, o sea, votando en contra.

Palm, Theorin y Wibe
Los gastos en el sector agrícola y los fondos estructurales regionales son obligatorios y han sido aprobados por el Consejo de Ministros, aunque el Presidente del Parlamento, al final, firma el presupuesto. Consideramos que hay muchas cosas que pueden ser muy discutidas en materia de gastos de la Unión. Desgraciadamente, no tenemos posibilidades de influir con nuestros votos en aquellos aspectos de la política agrícola y regional en los que no estamos de acuerdo.
Creemos que la política regional debe ser devuelta a los Estados miembros. Asimismo, tan pronto como sea posible, debe ser reformada profundamente la actual política agrícola común, por razones de eficiencia y para facilitar la ampliación de la Unión. Además, las ayudas a los cultivos vitivinícolas y de tabaco deben ser eliminadas inmediatamente.
Además, hay una serie de partidas presupuestarias dudosas, cuyo motivo es fortalecer «la idea Europea». Particularmente nos oponemos a las partidas que otorgan «Ayudas a organizaciones que fomentan el concepto de Europa» y «Ayudas a proyectos organizados por asociaciones y grupos de interés europeo» además de «Preparativos y ayudas para la realización de la Unión Económica y Monetaria». Nos oponemos a esas partidas presupuestarias.
Informe Viola (A4-0361/98)
Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, hemos votado en contra del informe Viola y quisiera insistir en la razón principal de nuestra posición sobre este informe: lo que ha pasado, durante las votaciones, a propósito del pago de los gastos de viaje.
La enmienda 899 de la Comisión de Presupuestos sobre el comentario ha sido rechazada. No tuvo más que 224 votos. La enmienda del Grupo de los Liberales, que se pronunciaba a favor de los gastos reales, obtuvo 214 votos. Nuestra enmienda 4 a la resolución obtuvo 143 votos y la enmienda del Grupo de los Liberales, 188 votos.
Cada año hemos solicitado, con ocasión del debate presupuestario, que el pago de las dietas de viaje corresponda a los gastos realmente expuestos por los diputados. El rechazo de esas enmiendas, como ha pasado hoy, muestra el grado de irresponsabilidad de nuestros colegas. ¿Cómo se puede mantener un sistema que procura un ingreso más o menos importante según la distancia de los diputados con respecto a Estrasburgo o Bruselas, un ingreso que no está previsto por ningún tratado o acto comunitario, un ingreso no sometido a impuestos?
Se nos habla del problema del estatuto de los diputados, de las desigualdades, pero son los Estados los responsables de la situación de sus diputados. A los Estados corresponde decidir si ha de haber o no una diferenciación con respecto a sus diputados nacionales. No corresponde al Parlamento Europeo, cuando nada le invita a ello, prever un sistema de compensación, sistema que, por cierto, incrementa las desigualdades, ya que la compensación es tanto más importante en la medida que uno se aleja geográficamente. Ésta no depende del importe de la dieta parlamentaria en cada país.
Ésta es la razón por la que nos hemos opuesto a este informe. Es falso pretender que la decisión de la Mesa es una buena decisión. La decisión de la Mesa institucionaliza un sistema de pago de gastos ficticios. Nos oponemos y seguiremos oponiéndonos en el futuro.

Lulling
Señora Presidenta, no he votado a favor del informe del Sr. Viola relativo al presupuesto de los gastos del Parlamento Europeo porque la mayoría de los diputados ha votado contra unas enmiendas que prevén el pago de los gastos de viaje efectivos, sobre la base de justificantes. Personalmente, voté a favor de esas enmiendas. El resultado de la votación es que entrará en vigor la decisión de la Mesa del Parlamento de 19 de octubre, tan injusta como hipócrita y que favorecerá aún más a aquellos diputados que cobran ya demasiados gastos de viaje. Con esta decisión, los diputados reciben una dieta de viaje en función de la distancia que es, en el fondo, un salario complementario al que tendrán derecho algunos diputados que ya disfrutan de las dietas parlamentarias más elevadas previstas por su parlamento nacional.
He votado, por tanto, a favor de la enmienda 4 a la propuesta de resolución relativa al presupuesto del Parlamento Europeo, una enmienda cuya aprobación hubiera podido reparar los daños. Esta enmienda tenía como objetivo encargar a la Mesa que rechazara los pagos de gastos de desplazamiento superiores a los gastos realmente realizados. Desafortunadamente, sólo 43 diputados han votado a favor. Los 275 que votaron en contra han desvelado así, afortunadamente, su hipocresía en este tema, que no cesaré de denunciar. Ésta no realza la imagen de este Parlamento y menos aún la de la mayoría de la Mesa que, por su decisión hipócrita y sin transparencia del 19 de octubre, ha puesto en práctica un verdadero autoservicio a costa del dinero del contribuyente.

Andersson, Hulthén, Lööw y Sandberg-Fries
En relación con el presupuesto de este año ha vuelto a aparecer el tema de las compensaciones por viajes de los Diputados al Parlamento Europeo. Las normas actuales de reembolso permiten a los Diputados que viajan por medios baratos quedarse con la diferencia entre los gastos reales y las cantidades fijadas por medio de pautas preestablecidas. Hemos dado nuestro apoyo con anterioridad a propuestas que han estado orientadas a reemplazar el actual sistema de reembolso por otro, en que los pagos representen los costes verdaderos de los viajes y no cantidades fijas calculadas basándose en las distancias. Antes hemos intentado encontrar soluciones reales de carácter general.
Con todo, encontramos que las soluciones actuales no son satisfactorias. El asunto de las compensaciones a los parlamentarios es algo que alude a la confianza y que debe ser resuelto de una vez por todas. Por este motivo hemos decidido, por iniciativa propia, que a partir del próximo año instauraremos un sistema en el que las compensaciones se basen en los costes reales. El dinero que sobre se devolverá al presupuesto comunitario. Este sistema tiene por finalidad disminuir los riesgos de sospechas de que las compensaciones sean usadas para fines diferentes de aquellos para los que han sido establecidas.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Con referencia al discutido tema de las compensaciones por viajes, obviamente hemos votado, igual que antes, a favor de que el reembolso sea únicamente por los costes reales. Todo lo demás es inmoral. La propuesta de enmienda 1 que se eliminó a raíz de la votación anterior -y que a grandes rasgos se basa en las propuestas del Grupo V- habría sido la solución óptima a la que habríamos dado nuestro voto, exceptuando el párrafo sobre el establecimiento de un estatuto común para los Diputados, cosa que no habríamos apoyado.
Votamos a favor de las dos propuestas de enmienda, la 4 y la 5, votadas en el Pleno. No obstante, dudamos de la propuesta 5 sobre la instauración de otras compensaciones por viajes en el propio país. Sin embargo, la habríamos aceptado si hubiésemos sido compensados por los verdaderos costes.
Por tanto, otra vez ha demostrado el Parlamento Europeo su incapacidad para tomar decisiones necesarias. Lo único razonable y moral hubiera sido establecer compensaciones por los costes reales. El resultado es ahora, en cambio, que los Diputados se pueden quedar con dinero de compensaciones por viajes que ellos no han realizado.
Lamentamos profundamente que tampoco fuese aprobada la propuesta de enmienda 3 sobre adecuación medioambiental de la administración de las instituciones de la Unión.
Puesto que los aspectos interesantes de este informe no se han tomado en cuenta, hemos decido votar en contra de él en su totalidad.

Ojala
Voté en el Pleno a favor de los apartados 1, 2, 3 y 4 de la enmienda 899 y de la enmienda 537 con la esperanza de que el Parlamento se mostrara finalmente dispuesto a adoptar una práctica para pagar las indemnizaciones de viajes con arreglo a los gastos reales . Esta práctica respondería a las expectativas y a la noción de justicia de los ciudadanos.
La adopción de la decisión por parte de la Mesa no contribuirá a lograr las mejoras anheladas, sino que, por el contrario, enredará aún más la situación. El Parlamento no parece comprender que este tipo de actuaciones y de soluciones desmorona aún más nuestra credibilidad, circunstancia que lamento profundamente.

Palm, Theorin y Wibe
Desde hace muchos años los Estados miembros de la UE han sido afectados por recortes en el sector social, en asistencia y servicios públicos, como consecuencia del programa de convergencia. Al mismo tiempo, parece que el desempleo de alrededor de 20 millones de personas se ha hecho permanente en los 15 países miembros. Opinamos también que el presupuesto de la UE tiene que ser cuidadosamente evaluado y cuestionado. Hay muchas actividades dentro de la UE que, en relación con las actividades de carácter social que actualmente se están reduciendo en los Estados miembros, son muy superficiales y deberían concluirse si se sometieran a un examen de prioridades. Cuando vemos que actualmente se cierran hospitales para el cuidado de ancianos en Suecia, nos parece lamentable que la UE mantenga instituciones que cuestan muchísimo dinero y cuyos resultados, y también su existencia, pueden ser muy cuestionados.
Constituye una dilapidación de recursos que el Parlamento se desplace entre Bruselas y Estrasburgo. Son enormes costes asociados a nuevas construcciones que se están realizando en ambas ciudades. Es una dilapidación que afecta gravemente la reputación de la Unión ante los ciudadanos.
Los costes por las edificaciones en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo alcanzan la suma total de 149 610 706 ecus. Actualmente tenemos una situación absurda, con grandes e innecesarios costes de locales. Sin embargo, parece que nadie tiene poder para resolver este problema. Otros campos en los que tenemos objeciones respecto al presupuesto del Parlamento Europeo y que queremos cambiar son:
Las compensaciones por viajes para los Diputados al Parlamento Europeo pueden reducirse si se introduce una tarjeta de viaje en lugar de pagar, como se hace hoy, generosas compensaciones de carácter general. Obviamente se tendrán que exigir justificantes.-Si el Fondo de Pensiones de los Parlamentarios Europeos no se financia, por ningún motivo podrá ser subvencionado con recursos de la UE. Los miembros del Fondo de Pensiones no sólo deben recibir beneficios cuando haya buenos resultados sino que también deben asumir su responsabilidad para cubrir eventuales pérdidas. El dinero del presupuesto de la UE que se ha pagado hasta ahora debe ser devuelto.Además, opinamos que deben rechazarse todas las propuestas para dar ayudas a los partidos políticos del ámbito europeo. Tampoco se ve bien, en tiempos de hacer economías, que los políticos otorguen mayores beneficios a sus propias organizaciones. Los partidos tienen que procurar que las actividades entre partidos políticos que tengan lugar en el «ámbito europeo» sean financiadas por sus miembros.
También creemos que es posible cuestionar la existencia del Comité Económico y Social. ¿Realiza este Comité una labor que justifica sus costes?
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno
McKenna
Señora Presidenta, he votado en contra de esta resolución porque sigue un camino completamente erróneo e ignora por completo a los ciudadanos de los Estados miembros y sus derechos, así como los derechos de los parlamentos nacionales, que están mucho más cerca del pueblo que el Parlamento o las instituciones de la Unión Europea. Es importantísimo que los Estados miembros dejen que sus ciudadanos tengan un papel lo más importante posible en materia de adopción de decisiones y que los parlamentos nacionales tengan derecho a someter a escrutinio todas las instituciones de la Unión Europea. En particular, es totalmente inconcebible que el Parlamento no critique -como tan a menudo ha criticadosu papel en relación con la Comisión y que no podamos hacer cesar en sus funciones a uno u otro Comisario más bien que a la Comisión en tanto que órgano colegiado, pues el Parlamento nunca recurrirá a ese poder.
En cuanto al papel de la política exterior de seguridad y común, es evidente que el Parlamento y las instituciones de la Unión Europea están obsesionados con la elaboración de una política de defensa común, aunque nadie haya indicado hasta ahora con claridad contra quién vamos a defendernos. La cuestión redunda fundamentalmente en interés de la militarización de Europa, que a la larga no corresponde a los intereses del pueblo. Tenemos que estudiar la posibilidad de desmilitarizar a Europa y al mundo, en vez de seguir el camino indicado, pero esta resolución no se ocupa para nada del déficit democrático de la Unión Europea e ignora por completo los derechos del hombre de la calle en la Unión.

Berthu
Señor Presidente, en su exposición introductoria al debate sobre el estado de la Unión, ayer por la mañana, el Presidente del Parlamento Europeo, señor Gil Robles, mostraba su preocupación por el inmovilismo total de los trabajos del Consejo relativos a las modalidades de incorporación del acervo de Schengen en el Tratado. Sabemos en efecto que el protocolo que integra Schengen, tal como fue aprobado por el Consejo de Amsterdam, prevé, en su artículo 2, que el Consejo, resolviendo por unanimidad, determinará la base jurídica pertinente para cada una de las disposiciones de Schengen, es decir, que éste los asignará mediante una decisión soberana entre el primer y el tercer pilares.
Este procedimiento es totalmente extraordinario y, a mi juicio, contrario a la constitución francesa, ya que encarga al Consejo de Ministros que determine por sí mismo, sin ratificación parlamentaria ni control de la constitucionalidad, qué aspectos de Schengen podrán ser tratados por mayoría y qué otros seguirán siendo tratados por unanimidad. Ésta es, a nivel francés, una de las muchas razones por las que rechazamos el Tratado de Amsterdam.
Ocurre que el grupo de trabajo del Consejo que reflexiona desde hace un año sobre este reparto aún no ha producido ningún resultado tangible, de forma que si esta situación continuara al día siguiente de la ratificación del Tratado de Amsterdam, todo el acervo de Schengen se atribuiría al tercer pilar, produciendo una confusión jurídica increíble con el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que el Tratado de Amsterdam ha colocado de oficio en el primer pilar.
Se comprende que, en estas condiciones, el Presidente Gil Robles ruegue que el próximo Consejo de Viena dé un nuevo impulso a esos trabajos. Pero, ¿qué puede hacer el Consejo Europeo? En realidad el bloqueo del grupo de trabajo muestra que el Tratado de Amsterdam, tal como se ha firmado, aparece totalmente impracticable en este punto. ¿Cómo han podido los Jefes de Estado y de Gobierno otorgar su firma a esas disposiciones? Será necesario dilucidarlo con posterioridad. Por el momento, realmente sería tranquilizador si Francia no ratificara el Tratado de Amsterdam.

Andersson y Lööf
Si hubiese mayoría para aprobar el texto original:
Queremos señalar que en el punto 3 no interpretamos literalmente la expresión «el llamado justo reflujo». «Justo reflujo» (del francés juste retour ) tendría que traducirse en este contexto como exacto o preciso reflujo .

Barros Moura
Modificado por las elecciones alemanas el marco de la convocatoria, en respuesta a la carta Chirac-Kohl, de esta reunión, ¿qué resultado útil podría tener, además de que Schroeder y los otros 14 se den a conocer unos a otros?
En la propuesta elaborada por la Comisión de Asuntos Institucionales figuran, a pesar de todo, buenas indicaciones -si se tuvieran en cuenta- para que la «Cumbre» llegue a conclusiones que puedan afrontar con un impulso político europeísta los factores de crisis y de retroceso nacionalista que se acumulan y que contribuyen a dificultar aún más un programa político ya de por sí complicado, con la crisis económica internacional, la ampliación al Este, la Agenda 2000 y la financiación futura de la UE.
Lo que, desde mi punto de vista, vuelve interesante esta resolución -que por una vez no trivializa el eterno papel reivindicativo institucional del Parlamento Europeo- es que asocia el futuro político de la UE a cuatro condiciones fundamentales:
El desempeño de un papel político determinante por parte de la UE, que supera con mucho el Mercado Único y la moneda única y va encaminado a su intervención en la política exterior al servicio de los derechos humanos y de la paz, en la reglamentación económica y financiera internacional al servicio del progreso económico y de la justicia social (véase la propuesta presentada por António Guterres en nombre de la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno Iberoamericanos, reunidos en Oporto el pasado fin de semana, para que la Cumbre de la UE de los días 24 y 25 de octubre se ocupe de la crisis financiera internacional) y en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia; -La ampliación basada en la equidad y en el mantenimiento de la cohesión entre antiguos y nuevos Estados miembros; -La subsidiariedad, no como un pretexto para la renacionalización ni tampoco como una espiral de centralización, sino como «un criterio dinámico» para determinar quién -los Estados miembros o la UE- debe ejercer las competencias a fin de garantizar la consecución efectiva de los objetivos del Tratado.-Una reforma institucional que garantice más democracia, transparencia, participación de los ciudadanos y más eficacia, aspectos que esta vez la resolución tiene el acierto de considerar expresamente que no se identifican con esta cuestión de la ponderación de los votos u otras ligadas al estatuto del poder de los grandes Estados miembros.Se trata de una resolución que, con el hincapié que hace en la subsidiariedad, con la defensa que hace de la imprescindible participación de los parlamentos nacionales, con la valorización realista que presenta del papel determinante del Consejo en una Unión de Estados soberanos- demuestra haber superado la teorización federalista vulgar, perfectamente inoperante pero siempre evocadora de fantasmas que sólo aprovechan a los nacionalistas, en pro de un método federal auténtico aplicable a las competencias ya transferidas y asegurando en ese nivel la participación y la democracia, en particular mediante el fortalecimiento del PE y del impulso político de una Comisión efectivamente responsable ante el PE.
Al mismo tiempo, la resolución no omite que los impulsos más que nunca necesarios para el progreso de la unificación europea dependen de la disponibilidad de los medios intelectuales y financieros adecuados para los objetivos de los Tratados, ¡lo que quiere decir que es necesaria la voluntad política de los Gobiernos!
Y -last but not least - la resolución coloca la cohesión económica y social y el modelo social europeo a la par de la democracia, de los derechos humanos y de la economía de mercado como los fundamentos del nuevo pacto constitucional en formación en la UE. Razones de sobra para que votemos a favor de la resolución y enunciemos los ínfimos intereses de los que, substituyendo la política por la contabilidad, defienden a toda costa la teoría anticomunitaria del llamado juste retour .

Delcroix
Cualesquiera que sean las comisiones en las que trabajamos, el futuro de Europa nos concierne a todos en tanto que diputados del Parlamento Europeo. Con prudencia, mientras que la Cumbre europea de Pörtschach es calificada de informal y el Tratado de Amsterdam no ha sido aún ratificado por los Estados miembros, la Comisión de Asuntos Institucionales ha centrado su resolución en los temas anunciados en la Cumbre - la subsidiariedad y la legitimidad democrática de las instituciones - con el fin de hacerse oír por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Quince en un mensaje político claro y recogido.
Este planteamiento pragmático no ha de impedirnos a nosotros, diputados socialistas, que miremos más lejos, al horizonte de una reforma institucional global, y que nos recuerde que las seis próximas presidencias de la Unión estarán en manos de gobiernos en los que los socialistas están en el poder. Por tanto, habremos de plantearnos la pregunta de «qué significan las palabras de nuestra resolución: ir por encima de la conclusión del mercado interior y de la aplicación de la moneda única, hacia una auténtica unión política».
Veinte años de utopía neoliberal nos lo han enseñado con dureza: la globalización financiera y comercial, la desregulación de los flujos financieros y el fanatismo monetario requieren hoy, para hacerles frente, una globalización política. El desarrollo de la Unión Europea constituye por esta razón un progreso esencial para la constitución de una potencia mundial regional. En el momento actual, la economía, la tecnología, el desarrollo de la sociedad de la información evolucionan en un contexto cada vez más internacional. Aquellos que desean reformar la sociedad han de disponer de una estructura política supranacional que compense la pérdida de influencia de los Estados sobre estas evoluciones.
La Unión Europea ha permitido sacar ventaja de la globalización protegiéndonos de sus inconvenientes. Se ha convertido en un bloque económico fuerte que incrementa la eficacia de las empresas. Se ha creado y garantizado un mercado único, con retrasos es cierto, la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. Los obstáculos nacionales a los intercambios son eliminados. En 1999, las monedas nacionales comenzarán a desaparecer en beneficio del euro. La Unión se ha convertido en una de las grandes potencias comerciales del mundo y dispone de numerosos instrumentos que permiten afrontar los desafíos de la economía internacional.
Con el euro, la Unión Europea se convertirá igualmente en una potencia mundial en el plano monetario. Se ha elaborado una política específica para asistir a las regiones con retraso en su desarrollo en Europa. Esta política estructural ha triunfado globalmente. Al mismo tiempo, la Unión Europea protege la paz en Europa. De todas sus realizaciones, ésta sigue siendo la más notable, aunque siga siendo imperfecta. Desde hace medio siglo, los Estados miembros viven en paz. La confrontación ha cedido su lugar a la cooperación.
Sin embargo, la opinión pública se aleja del proyecto europeo a causa del carácter desequilibrado de la integración realizada por el mercado único. Se ha dejado de lado con frecuencia a los europeos, como consumidores, como trabajadores, como desempleados, como ciudadanos. Aunque los tratados hayan asignado a las instituciones europeas una misión clara, ésta no se ha realizado en materia de política social, de empleo, de medio ambiente, de fiscalidad, de seguridad. La política europea en estas materias ha seguido siendo marginal. Ahora bien, existe una necesidad urgente de desarrollar esas políticas. En el ámbito social y fiscal, la realización de la moneda única va a aumentar aún esta necesidad. Hasta que las personas no vean que la Unión Europea resuelve sus dificultades, su confianza en Europa no se restablecerá. La Europa de los ciudadanos no tiene sentido más que si se trata de un proyecto que permita a Europa responder a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.
Raymonde Dury, que me ha precedido en este mandato europeo, tenía la costumbre de decir que si la Unión Europea solicitara - como entidad - su entrada en la Unión, se vería rechazada porque le falta democracia. Nos encontramos ante un caso tipo único en la historia: un conjunto - la Unión Europea - es menos democrática que cada una de sus partes - los Estados miembros. Por ello el objetivo esencial de las reformas institucionales ha de ser el de construir una verdadera democracia y ganar una mayor eficacia. Esta democracia y esta eficacia, Europa no las alcanzará más que a través de un modelo federal.
En este modelo, la Comisión se convertiría en un verdadero gobierno. El Parlamento Europeo se convertiría en una primera cámara que representase a la población. El Consejo se convertiría en una segunda cámara que representara a los Estados miembros y sus entidades. La totalidad de esta estructura reposaría en una verdadera constitución europea. El Tribunal de Justicia se convertiría en un Tribunal Constitucional europeo. La democratización implica que las decisiones europeas se tomen en un marco en el que las garantías esenciales de la democracia sean efectivas: principio de la mayoría, responsabilidad política de las autoridades, control de las instituciones parlamentarias, transparencia de los procedimientos de decisión. El refuerzo del carácter democrático de las instituciones permitiría al mismo tiempo aumentar su eficacia y disminuir el peso de la burocracia.
Esto implica en primer lugar el refuerzo de los controles democráticos en el primer pilar y en segundo lugar una comunitarización de los dos pilares intergubernamentales. Esta comunitarización reforzaría además el papel del Tribunal de Justicia.
La democratización, por tanto, ha de acompañarse de una racionalización basada en cambios esenciales en el seno de las tres grandes instituciones europeas.
El objetivo esencial de la reforma de las políticas europeas es el de ganar en eficacia. La ampliación impone a la Unión Europea un reexamen de la eficacia de sus políticas. En el marco de una Unión Europea de 500 millones de habitantes extendida a la superficie de todo el continente, todas las iniciativas europeas han de ser reexaminadas. La necesidad de eficacia ha de tomarse más en consideración. Éste es el sentido fundamental del principio de subsidiariedad. El papel de la Unión Europea ha de reducirse en algunos casos, y aumentarse en otros. Así, la Unión Europea sigue siendo demasiado débil en su lucha contra las consecuencias negativas, sociales y culturales, de la globalización. Por el contrario, algunas formas de intervención, y a veces algunas competencias, han perdido mucho de su sentido. Incrementan la lentitud burocrática y los gastos presupuestarios para pocos resultados.
Han de revisarse algunas formas de intervención: en la lucha contra la exclusión social; en el ámbito social, el medio ambiente y la fiscalidad; en la política agrícola. El Fondo de Cohesión, en su forma actual, ya no tiene razón de ser; ha de convertirse en un fondo de crecimiento que permita ofrecer a los Estados préstamos que faciliten la política de ajuste presupuestario. Podrán así respetar más fácilmente los criterios de convergencia en caso de crisis financiera.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
La resolución de De Giovanni y de la Comisión de Asuntos Institucionales contiene una serie de puntos para la Cumbre extraordinaria de octubre. La mayoría de esos puntos van demasiado lejos en lo referente a integración y federalismo. El punto 22, por ejemplo, dice que ahora vamos a sentar las bases para una integración de la UEO y la UE lo que, evidentemente, significa una militarización de la UE, cosa que se contrapone a nuestros deseos de tener una Europa pacífica y desmilitarizada.
La resolución alternativa del Grupo I-EDN es mucho mejor, puesto que ella manifiesta la intención de fortalecer la democracia y el principio de subsidiariedad tal como se formuló en la reunión de Cardiff.

Palm, Thorin y Wibe
Toda la resolución da argumentos a favor del crecimiento de un superestado, los «Estados Unidos de Europa». Entre otras cosas, se previene en el punto 10 al Consejo de Europa para que no caiga «en la tentación de usar la subsidiariedad como una excusa para devolver políticas comunitarias al ámbito nacional». En el punto 11 se señala que «el temor al centralismo de la Unión Europea se ha exagerado mucho».
Nuestra posición básica es que la UE tiene que ser una colaboración entre Estados soberanos. Por eso no se puede votar a favor de esta resolución. También es pernicioso que el Parlamento Europea tenga en estatuto propio. Son importantes, desde el punto de vista de los principios, las relaciones entre los Diputados al Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Un estatuto uniforme del Parlamento Europeo fortalecería aún más los afanes federalistas. Además, va a conducir inevitablemente a fuertes aumentos de las dietas para la mayoría de los Diputados del Parlamento Europeo. Esto va a causar mucho malestar entre los ciudadanos que actualmente se encuentran en situaciones muy difíciles.

Spiers
El Partido Laborista del Parlamento Europeo apoya la resolución De Giovanni, pero con reservas dignas de mención.
La reunión especial del Consejo este mes constituye una tentativa bien intencionada de ocuparse de la brecha que parece existir entre las instituciones de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión. Su finalidad consiste en estudiar las formas de volver a conectar a la Unión Europea con sus ciudadanos, abordar las preocupaciones de los pueblos de Europa en vez de seguir ocupándose de la cuestión del marco institucional. Concentrarse en las instituciones de la Unión Europea y proponer una reforma institucional a futuras conferencias intergubernamentales -cuando todos sabemos que las anteriores conferencias intergubernamentales han resultado perjudiciales para la legitimidad de la Unión Europea, pues la han hecho aparecer aún más alejada de las preocupaciones de sus ciudadanos- equivale a dejar pasar la oportunidad que brinda esta reunión especial del Consejo.
Tratando concretamente de la resolución, el EPLP se abstuvo de votar sobre el apartado 5, que pide que los países de la UEM estén representados con una sola voz en los órganos internacionales.
El EPLP votó en contra de la enmienda 40 al cuarto punto del apartado 18, que ampliaba la responsabilidad del Tribunal de Justicia a todas las esferas de competencia de la Unión Europea.
El EPLP votó en contra del segundo inciso del apartado 21, que pide que se aplique la VMC a todos los actos legislativos. Votamos en contra de la enmienda 35 de dicho párrafo, que aplicaría la VMC a todos los nombramientos hechos por el Consejo.
El EPLP apoyó la enmienda 19 del párrafo 22, que pedía que se abordara con mayor eficacia la cuestión de la gestión de crisis y de solución de conflictos, así como una mayor coordinación de las políticas de defensa de los Estados miembros de la UE para conseguir la realización efectiva de las tareas de San Petesburgo.
El EPLP votó en contra del apartado 23, que pedía que la próxima revisión del Tratado se preparase con arreglo a los métodos seguidos por la Comunidad.
Informe Correia (A4-0353/98)
Bébéar
Los últimos datos médicos que ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que los diferentes tipos de cáncer profesionales están en constante desarrollo en la Unión Europea. Ocupan en las estadísticas de mortalidad un lugar nada despreciable.
Ya no se subestiman las consecuencias de algunos factores medioambientales sobre los diferentes tipos de cáncer: lo mismo debe ser para la industria. Cuando se añaden predisposiciones hereditarias a esos contextos desfavorables, sabemos que el cáncer se desarrolla a gran escala.
Como médico, he tenido ocasión de estudiar este problema sanitario. Además del aspecto humano, todo esto conlleva inevitablemente un coste económico y social. Actualmente, es el sector de la madera el que está especialmente en el banquillo de los acusados. Sin embargo, no se trata de imponer medidas demasiado rigurosas e inaplicables en la realidad.
Se ha convertido en algo primordial abordar este problema a través del aspecto económico. Las implicaciones en términos financieros y de empleo afectan a varios cientos de empresas europeas del sector de la madera. Por tanto, es necesario saber actuar de forma que se adopten medidas que preserven vidas humanas pero sin condenar a un sector que emplea una mano de obra numerosa. Si actuamos con precipitación y sin discernimiento, miles de empleos estarían en juego.
Es función del Parlamento Europeo proponer una adaptación progresiva a normas más estrictas de rechazo de los serrines de madera. Es también importante en este ámbito asegurar la armonización de las medidas de precaución para todos los países de la Unión Europea y para todas las empresas cualesquiera que sean sus dimensiones.
Una gran parte de la eficacia de este dispositivo de protección reside en los plazos de transposición y de aplicación en las diferentes legislaciones nacionales. Nuestra propuesta es suficientemente flexible para permitir una adaptación en el tiempo.
He votado a favor del informe Correia.

Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una modificación de la directiva sobre sustancias cancerígenas. La propuesta de la Comisión no es lo suficientemente buena. Sólo propone la ampliación de la directiva para incluir trabajos que supongan la exposición a serrines de roble y haya. Existe suficiente documentación científica para justificar la inclusión de todos los tipos de madera, tanto blandas como duras, dentro de la directiva. En el trabajo práctico de una empresa también es difícil mantener diferentes reglas de seguridad para diferentes tipos de madera. Por ello hemos votado a favor de que todos los tipos de madera, blandas y duras, queden incluidos dentro de la directiva.
La propuesta de la directiva de un valor límite de 5 mg/m3 tampoco es aceptable. El valor límite es inferior en muchos países miembros y la Comisión no ha justificado científicamente por qué ha elegido precisamente 5 mg/m3 . Hemos votado a favor de que el valor límite quede reducido a 1 mg/m3 y de que la Comisión someta la cuestión de los valores límites a evaluación dos años después de la implementación de la directiva.
Informe Paasilinna (A4-0328/98)
Titley
Como consumidor me alegra que las nuevas tecnologías abran nuevas posibilidades como, por ejemplo, la oportunidad de usar Internet para las llamadas telefónicas. Las posibilidades de este tipo de «convergencia» entre diferentes sectores de la industria de las comunicaciones son sumamente interesantes. Quizá esos adelantos tecnológicos ayuden a facilitar el acceso a las personas discapacitadas y otras personas para quienes los sistemas anteriores resultaban difíciles de utilizar.
Puede decirse que casi por definición hemos de adoptar una política moderada para reglamentar los servicios que ofrece Internet, que es independiente de todo control nacional o regional. Sin embargo, el hecho de que nosotros, como legisladores, nos hallemos a menudo en una situación en la que tenemos que confiar en la reglamentación industrial para comprobar si se protegen los intereses de los consumidores, no debe tomarse en el sentido de que sencillamente nos olvidamos de las necesidades de los consumidores.
Podemos y, si es necesario, debemos enfrentarnos con los monopolios que podrían limitar las posibilidades de elección de los clientes. En cuanto al nuevo servicio de comunicaciones, los proveedores deben tener en cuenta que, de la misma manera que la tecnología puede utilizarse para aumentar al máximo los beneficios, a otros expertos, quizá empleados por el sector público, se les podría pedir que elaborasen sistemas encaminados a comprobar la calidad de servicio a los clientes de pago.
Espero que las industrias que participan en los nuevos servicios de comunicaciones ofrezcan a sus clientes un servicio de la máxima calidad y eliminen la necesidad de tener que considerar medidas de las que luego podrían quejarse por estimar que son un exceso de reglamentación burocrática; de lo contrario, deberíamos estar dispuestos a pasar a la acción para cerciorarnos de que todo el mundo se beneficia de las nuevas posibilidades de comunicación.

Wolf
Es sin duda de utilidad para la claridad si, desde mi punto de vista, hago una breve exposición sobre la situación de las enmiendas.
Las enmiendas nº 1 hasta la 15 no son otra cosa que la necesaria corrección de una «fiesta de la matanza» conservadoraliberal, que ha constituido la mayoría del EMAC en el informe Paasilinna. Espero que esto lo corrija la mayoría de izquierdas y ecológica que es posible en esta Asamblea. Las enmiendas nº 18, 19, 20, 21 y 23 del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica están cubiertas ya por el texto del informe o por las mencionadas enmiendas. Por ello, no se puede valorar como expresión de la actitud de la Asamblea respecto a los puntos en cuestión si estas enmiendas se rechazan con gran mayoría. Nosotros, los Verdes, en cualquier caso las rechazamos porque no aprobamos el procedimiento de perfilarse políticamente simplemente de cara a la galería mediante enmiendas presentadas a posteriori y que no aportan nada nuevo. Quizás esto haya ocurrido sólo «sencillamente así», pero entonces también se pueden retirar con la misma sencillez.
Esto no es aplicable a las enmiendas nº 16 y 17, que repiten aspectos acertados de informes anteriores y la nº 22, que es irrefutable objetivamente. Vamos a apoyar estas enmiendas.
Informe Giansily (A4-0341/98)
Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Hoy los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe del Sr. Giansily sobre las reservas de divisas en la tercera fase de la UEM. Sin embargo, esto no significa que hayamos abandonado la reserva danesa sobre la tercera fase de la UEM, que aún perdura, sino que nos interesa lo que sucede en este ámbito, puesto que la tercera fase de la UEM tendrá, con o sin nuestra participación, gran trascendencia para Dinamarca.
La propuesta quiere garantizar especialmente que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) disponga de una considerable reserva de divisas en la fase de transición entre la introducción del euro y su implementación definitiva. Con ello se aseguran los países participantes que sus tipos de cambios se mantengan estables en la fase de transición.

Fourçans
El informe del Sr. Giansily plantea el problema del tratamiento de las reservas en divisas en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. La llegada del euro el 1 de enero de 1999 tendrá como consecuencia que una parte de las reservas actuales de los Bancos Centrales nacionales (BCN) en divisas dejarán de ser reservas de cambio y se transformarán de hecho en activos internos.
Falta sin embargo que los BCN dispongan aún de importantes reservas de cambio, principalmente en dólares y en oro, pero también en posiciones ante el FMI y en DEG. La totalidad de esos fondos está evaluada en 400 millardos de dólares US para toda la zona euro. Sabiendo que los BCN transfieren el equivalente a 50 millardos de euros al BCE, un importe considerable de divisas sigue estando en las cuentas de los BCN.
Hoy, esas reservas pueden utilizarse para efectuar operaciones de estabilización en los mercados de cambios o para cubrir eventuales déficits de la balanza de pagos. Con la moneda única, las intervenciones en las divisas de los países que forman parte de la zona euro ya no existirán. ¿Qué hacer entonces con los excedentes de reservas?
Se puede pensar en primer lugar que este considerable importe contribuirá a reforzar la estabilidad del euro disuadiendo de los posibles ataques especulativos.
En segundo lugar, en una preocupación por la estabilidad del euro, es importante no desprenderse radicalmente de esos excedentes. Una operación así implicaría una fuerte apreciación del euro frente al dólar y perjudicaría a la competitividad de nuestras economías. En la perspectiva del euro como moneda internacional, sería prudente también evitar cualquier perturbación inútil en el mercado de cambios.
Para concluir, volveré sobre un punto que, a mi juicio, no ha sido suficientemente desarrollado por nuestro ponente: los estatutos del SEBC prevén que los BCN sigan teniendo la posibilidad de utilizar sus reservas de cambio, principalmente para cumplir sus obligaciones con respecto a los organismos internacionales. Si esas intervenciones exceden un determinado importe, cada BCN deberá obtener el aval del BCE. Nuestro ponente hubiera debido insistir sin duda en los riesgos de posible deriva de un procedimiento así y sobre la necesidad de un control escrupuloso de esas intervenciones. Aparte de esta observación, el informe del Sr. Giansily es un buen informe y votaré a favor de él.

Palm, Theorin y Wibe
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro en el periodo 1999-2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. Éste es un asunto propio de los Estados miembros que participarán en la zona del euro.
Sin embargo, es interesante comprobar que, sentimentalmente, los estados soberanos acostumbran a considerar a las reservas de oro como la reserva más segura para situaciones de emergencia. Si se coordinan las reservas de oro, se habrá dado un nuevo paso encaminado hacia el debilitamiento de la soberanía de los estados democráticos.

de Rose
En la resolución que nuestro colega Giansily somete a examen, se ha planteado el interrogante sobre las consecuencias que la puesta en circulación del euro el 1 de enero de 1999 tendrá sobre las reservas de divisas actualmente en posesión de los Estados miembros que participan en el euro.
El artículo 30 del protocolo adjunto al Tratado CEE, relativo a los estatutos del Banco Central Europeo, establece que los bancos centrales nacionales, de forma proporcional a su parte en el capital del BCE (función del PIB y de la población en la Comunidad), transferirán al BCE reservas de cambio; y ello por un importe total de más o menos 50 millardos de ecus.
El objetivo declarado del sistema puesto en práctica, de este modo, consiste en intervenir para prevenir perturbaciones por una parte, y por otra para cubrir eventuales déficits exteriores de la balanza de pagos.
Pero, como explica el señor Giansily, la zona económica y monetaria creada por la tercera fase de la UEM debería reducir las necesidades y tener reservas, aunque debemos ser extremadamente prudentes durante el período transitorio con el fin de asegurar una cierta credibilidad al euro en la escena internacional.
Si se toma el ejemplo francés, un cálculo rápido muestra que Francia deberá entregar algo más de 50 millardos de francos al BCE; ahora bien, las reservas oficiales de cambio del Estado francés se elevaban, a finales del mes de febrero de 1998, a 400 millardos de francos (de los cuales 150 millardos representativos de las reservas de oro que contienen las cajas fuertes del Banco de Francia).
Después de la creación del euro, quedarán en propiedad del Estado francés algo menos de 350 millardos de francos de reservas de cambio excedentarios, de los cuales será necesario descontar los activos en ecus (en torno a 67 millardos de francos) y en monedas nacionales (las 11 que constituyen la zona euro), activos que se transformarán en euros.
Sabiendo que esas reservas de cambio no deberían ser utilizables por el BCE para servir al establecimiento del euro, se plantea la cuestión fundamental de la utilización de esas reservas.
Por otro lado, es preciso saber que el nivel de reservas necesarias ha de apreciarse en función de la apertura de una economía al exterior; cuanto mayor es la apertura, más importantes son los riesgos y más elevadas han de ser las reservas. Así, sabiendo que la integración económica europea y la creación del euro reducirán los intercambios extracomunitarios y las operaciones de cambio, una parte, estimada en 80 millardos de ecus, parece superflua.
A la vista de estas cifras, ¿qué constatación se impone?
Resultados concretos para los Estados: una pérdida de reservas, lo que equivale a una pérdida de ingresos, siendo estas reservas generadoras de intereses. Además, no contento con quitar a los Estados los medios financieros que son medios de acción para reducir los déficits presupuestarios, el BCE debería encontrarse a la cabeza de un verdadero «tesoro de guerra», ¿qué piensa hacer?
Por consiguiente, no podemos estar a favor del informe del Sr. Giansily, ya que nos parece que la cuestión esencial de la utilización de estas reservas no se ha mencionado, no más que la de la puesta en relieve de los medios financieros de los que se ha dotado al BCE, esos medios que parecen proporcionales a la pérdida de soberanía monetaria efectiva de los Estados miembros.
Porque, finalmente, está claro que el objetivo de transferencia de medios financieros al todopoderoso BCE no puede disimular la transferencia parcial de soberanía monetaria de los Estados miembros hacia este órgano comunitario desprovisto de cualquier legitimidad democrática.

Wolf
Este debate se debería plantear en dos contextos más amplios:
1.La determinación del futuro papel internacional del nuevo país del euro, sobre todo dentro del sistema financiero mundial; 2.La determinación de una política de créditos europea como parte integrante necesaria de un marco de financiación para inversiones de futuro sostenibles ecológica y socialmente.En ambos aspectos, el ponente actúa de un modo exageradamente cauto. La disponibilidad a medio plazo de créditos bancarios por un importe de 200 mil millones de dólares USA no es moco de pavo.
En nuestras enmiendas hemos intentado abrir un debate estructurado sobre cómo se pueden poner en marcha paso a paso las posibles aportaciones para superar el desempleo en masa, teniendo para ello toda la precaución necesaria y evitando decisiones precipitadas. Pero esto es lo mínimo que los más de 27 millones de desempleados pueden pedir de nosotros y de la Comisión.
Por supuesto, también sería razonable en un bien entendido interés propio de las europeas y europeos que estas reservas se dedicasen en parte a la financiación de un fortalecimiento estructurado y regulado de la arquitectura financiera mundial.
(La sesión, interrumpida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Problemas de actualidad, urgencia y especial importancia: Detención del general Pinochet
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0975/98 de los Sres. Green, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, Puerta, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, Aelvoet, en nombre de Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Lalumière y Escolá Hernando, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la detención del general Pinochet en Londres.-B4-0076/98 de los Sres. Galeote Quecedo, Salafranca Sánchez-Neyra y Palacio Vallelersundi, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la detención del general Pinochet en Londres.
Medina Ortega
Señor Presidente, me corresponde hablar en nombre del Partido de los Socialistas Europeos para defender, sin embargo, una propuesta de resolución presentada conjuntamente por cinco Grupos políticos de este Parlamento, la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, la Alianza Radical Europea, el Grupo Liberal, el Grupo de los Verdes y el propio Grupo Socialista. Yo creo que se trata de una resolución muy ponderada en sus términos en la que, simplemente, nos felicitamos por la detención del general Pinochet en Londres e instamos al Gobierno español a que, una vez que las autoridades judiciales lo soliciten formalmente, acelere el procedimiento de extradición al objeto de garantizar que el general Augusto Pinochet comparezca ante los tribunales españoles. Hay una razón para ello y es que, entre los numerosos asesinatos cometidos durante el régimen de Pinochet -se habla de unas tres mil y pico personas asesinadas durante ese período negro de la historia de ese país encantador que es Chile-, hay varias decenas de españoles. En este momento nos encontramos en un espacio judicial europeo. Las fronteras de la Unión han sido transcendidas porque, tanto en el Tratado de Maastricht de 1992 como en el nuevo Tratado de Amsterdam de 1997, se establecen principios de cooperación judicial y, sobre todo, en el nuevo artículo 31 del Tratado de Amsterdam se establece la cooperación en materia de extradición.
Hablar de cifras, de miles de desaparecidos, es algo que quizás no transmite la verdadera dimensión humana de la tragedia que impuso a Chile la dictadura de Pinochet. Yo me voy a referir a un caso nada más. Voy a referir este caso porque es el de una persona con la que tuve contacto. Se trataba de Carmelo Soria, un funcionario internacional de las Naciones Unidas. Lo conocí personalmente en las Naciones Unidas poco tiempo antes de que fuera a Chile. Iba muy ilusionado, en una época mejor para Chile. Iba a trabajar como funcionario internacional. Y este hombre, que no tenía más delito que ser funcionario de las Naciones Unidas y tener una ideología algo liberal, desapareció, fue torturado, fue maltratado, fue asesinado e incluso destruyeron los restos de su cuerpo para simular un accidente. Ha dejado una familia; era de nacionalidad española; era un hombre protegido internacionalmente como funcionario internacional. Los intentos que se han hecho en este Parlamento para que sean procesados en Chile los autores del crimen no han llevado a ninguna parte, a pesar de ciertas promesas, y ahora tenemos la oportunidad, a través de la colaboración entre las autoridades de los diferentes Estados de la Unión, de hacer comparecer al responsable principal de ese y de otros tres mil y pico asesinatos ante un juez comunitario, ante un juez español.
Yo creo que pedir la comparecencia ante un tribunal español del general Pinochet para que responda de esos crímenes es lo menos que podemos hacer desde este Parlamento.

Galeote Quecedo
Señor Medina, sabe que ningún otro Grupo como el nuestro ha sido más claro en la condena del régimen del dictador Pinochet, pero la propuesta de resolución que presenta el Grupo Socialista lo que hace es instar al Gobierno de España a que tramite una eventual solicitud de extradición y eso es sencillamente innecesario porque el Gobierno de España -usted lo sabe muy bien- ya ha expresado a través de su Presidente su respeto a las decisiones de la justicia, de los tribunales competentes. Llegado el caso, quien ha de conceder la extradición -supongo que no se le escapará a nadie- son las autoridades británicas y, por lo tanto, yo supongo que nadie en esta Asamblea se opondrá a que pidamos también colaboración con la justicia al Gobierno del Reino Unido, como supongo que tampoco nadie se opondrá a que afirmemos y reiteremos el principio de no interferencia en la acción de la justicia, como supongo, igualmente, que nadie tendrá inconveniente en que nosotros reafirmemos nuestro apoyo a las instituciones democráticas chilenas en el proceso de consolidación del Estado de Derecho. Todas estas tomas de decisión y otras contenidas en las enmiendas que presenta mi Grupo, pero particularmente éstas, espero e imagino que concitarán un apoyo mayoritario en este Parlamento. Ahora bien, si, por contra, alguien esconde detrás de esta iniciativa el propósito oculto, inconfesado, de poner en dificultades al Gobierno de España, quiero que sepa que es muy triste, que es también muy revelador y, al mismo tiempo, que es perfectamente inútil.

Goerens
Señor Presidente, contra los cargos imprescriptibles que pesan sobre él, Pinochet, así como sus adeptos, no tiene nada que oponer, como no sea su inmunidad que están juzgando las autoridades británicas, en ese caso, sin valor. Es como si, al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica hubiera nombrado a Léon Degrelle senador vitalicio para sustraerle así a las diligencias judiciales.
Nuestra resolución común solicita a las autoridades británicas una continuación favorable a una posible demanda de extradición del general Pinochet. Esto permitiría que la justicia siguiera su curso y constituiría por otro lado una hermosa victoria de etapa para aquellos que, después del proceso de Nuremberg, el proceso Eichmann, la instauración de tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, sin olvidar el tribunal Penal Internacional, no dejan de luchar contra la impunidad de los responsables de los crímenes contra la humanidad. La detención de Pinochet y las consecuencias judiciales que implica constituyen un test de credibilidad para la aplicación de disposiciones del derecho internacional en la materia. Ésta es la razón por la que mi grupo da su apoyo a la resolución común.

Puerta
Señor Presidente, la detención del general Pinochet en Londres, a instancia de jueces españoles, ha abierto la esperanza de que sus crímenes no queden impunes. Hace 25 años, Pinochet destruyó violentamente el sistema democrático chileno causando la muerte del Presidente Salvador Allende y de miles de ciudadanos chilenos y extranjeros, entre ellos decenas de españoles. De forma premeditada y sistemática se llevó a cabo la represión masiva de la población y de sus líderes intelectuales, políticos y sindicales. Recordamos casos simbólicos: el cantante Víctor Jara, el funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria, el general Carlos Prat, en Argentina, el diplomático Orlando Letelier, en Estados Unidos. Pinochet no tuvo límites en su criminal actuación, no respetó los derechos humanos ni la legalidad democrática ni ningún estatuto de extraterritorialidad.
Hoy, la actuación de los jueces españoles y británicos permite luchar contra esta larga impunidad. Ha sido posible porque, desde hace tiempo, personas y organizaciones no han perdido la esperanza y han trabajado con tenacidad. Asociaciones de derechos humanos, la Fundación Salvador Allende con su presidente Joan Garcés, Izquierda Unida de España están personadas, desde el primer momento, en las querellas sobre la desaparición de ciudadanos españoles en Chile y Argentina. La petición para detener y extraditar a Pinochet se basa en un auto separado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España, a instancias de Izquierda Unida, a partir de los documentos de la llamada operación Cóndor en el Cono Sur de América Latina.
En esta trayectoria y de acuerdo con las sucesivas resoluciones del Parlamento Europeo y con los Tratados de la Unión Europea, tanto el de Maastricht como el actual Tratado de Amsterdam en proceso de ratificación, nuestro Grupo presenta y apoya la resolución común e insta a las autoridades judiciales y a los Gobiernos concernidos a que cumplan con sus obligaciones y a que sea posible un juicio justo al general Pinochet que termine con su arrogante impunidad.
Ojalá que esta ocasión sea el punto de partida para la defensa universal y efectiva de los derechos humanos que ha de encontrar su cauce en el Tribunal Penal Internacional. Ojalá que esta señal ayude al pueblo chileno a culminar su proceso de democratización. Desde el Parlamento Europeo no podemos dejar que, una vez más, se secuestre la esperanza.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, los Verdes saludamos la detención en Londres del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet. Realmente, se puede defender la opinión de que los actos sangrientos de la dictadura de Pinochet se deben considerar como delitos contra la Humanidad y que pueden ser castigados por cualquier tribunal del mundo. Los enfrentamientos que se tienen lugar ahora en Chile muestran también lo grande que aún sigue siendo la influencia de este terrible dictador y de sus cómplices. Como diputados del Parlamento Europeo debemos apoyar a las fuerzas democráticas en Chile para que puedan superar las secuelas de esa dictadura. Es también un importante éxito de los grupos de derechos humanos en Chile. ¿Qué concepto del derecho pueden tener los ciudadanos de Chile y, en especial, los familiares de las víctimas al ver que el ex dictador Pinochet es nombrado senador de por vida y que puede viajar por el mundo mientras que no se puede devolver la vida a sus víctimas? Hay que hacer aún mucho.
Pero esta detención significa también que a nivel mundial muchos de los cómplices y generales que han participado y participan en actos sangrientos y en dictaduras ya no pueden dormir tranquilos, pues pueden ser realmente detenidos. Existe en Roma este Tribunal Penal internacional que sería también una institución decisiva para la persecución de estos hechos delictivos aunque no se produjese la extradición a España y su condena, aunque lo esperamos mucho. También hay que plantear la pregunta de porqué los dictadores tienen que morirse siempre en las camas de sus lujosas villas. Quiero plantear esta pregunta. Otro punto que quizás es muy importante: creo que pude haber una condena y justicia antes de la muerte.

Pradier
Señor Presidente, el caso de Augusto Pinochet es de todo punto ejemplar. Resulta bastante probable que no haya asesinado a nadie con sus propias manos, al menos después de haber tomado el poder. Por el contrario, es totalmente cierto que inspiró, autorizó, alentó y ordenó de forma explícita la tortura y el asesinato de miles de ciudadanos de su país, incluso de países extranjeros, que no tenían la misma visión del mundo.
Un tribunal español, más preocupado por la suerte de sus conciudadanos que muchas instituciones europeas, cursó contra el sospechoso Pinochet una orden de detención internacional, orden tramitada por la Interpol, que no pasa precisamente por ser una organización de amables bromistas.
Los cargos que pesan sobre él no son todos de la misma importancia, en especial el del genocidio podrá probablemente ser cuestionado. A pesar de todos los esfuerzos, Pinochet no llegó a ser un Adolf Hitler. Esta detención, además de que alienta a aquellos que tienen hambre y sed de una justicia serena, es también una interesante advertencia que se hace a aquellos que en nuestro continente han ordenado, apoyado y estimulado otros crímenes contra la humanidad. No será bueno para ellos que asomen la nariz fuera de su país en los años venideros, que se lo digan a sí mismos. La justicia española va a tratar el asunto lo mejor posible, pero es obligado reconocer que el poder judicial y el poder político van a liar lamentablemente el ovillo en torno a este asunto. Nunca pareció tan evidente la necesidad de poner en marcha un tribunal penal internacional permanente que esté protegido contra cualquier presión y que permita en el futuro solucionar lo mejor posible este tipo de situaciones.

Nicholson
Señor Presidente, antes que nada quisiera decir que tengo bastantes reservas acerca del examen de esta cuestión en estos momentos. Se trata de una cuestión judicial y no de una cuestión política. Habría que ocuparse de ella de forma totalmente diferente. Aunque los diputados de este Parlamento brindemos nuestras opiniones esta tarde, no creo que ejerzan ningún efecto en el resultado definitivo. El resultado definitivo es de la incumbencia de las autoridades del Reino Unido que cooperarán con las autoridades españolas, y estoy seguro de que seguirán el procedimiento apropiado.
No ignoramos que la sociedad tiene opiniones muy concretas acerca de Pinochet. Comprendo muy bien los sentimientos de los colegas españoles de este Parlamento. Me hago cargo de su opinión. Como ellos, quisiera hacer constar que muchas de las maldades cometidas en su época merecen castigo. Me hago cargo perfectamente de los sentimientos de las familias de los «desaparecidos». En mi propia circunscripción ha habido familias que durante los 30 últimos años han luchado por conseguir que se les devolviesen los restos de sus familiares para poder enterrarlos. Reitero una vez más que me hago cargo de la situación, pero estimo que sería adecuado que la dejásemos en manos de los Gobiernos de España y del Reino Unido para que se ocupasen de ella de la forma que la ley prescribe. Estoy seguro de que lo harán respetando a fondo la ley.

McNally
Señor Presidente, es muy natural que sostengamos aquí un debate sobre todos estos sucesos; se trata de sucesos sumamente importantes, relativos a una cuestión que ha suscitado la preocupación de este Parlamento durante más de 20 años: la cuestión de los derechos humanos. Los ciudadanos de la UE quedaron muy afectados por lo que sucedió en Chile, como los ciudadanos de casi todos los Estados miembros. Muchos Estados miembros acogieron a refugiados procedentes de Chile. Hay motivos de sobra para que deliberemos aquí sobre esta cuestión.
Esta cuestión se ha desarrollado de forma sencilla y directa: a raíz de una iniciativa de un juez español, el General Pinochet fue detenido en el Reino Unido con un mandato internacional de extradición; no tiene ninguna inmunidad diplomática en ese país; el Gobierno español tiene ahora un plazo de 40 días para actuar. Esto es un caso claro de legítimo proceso legal. El debido proceso legal es a veces un procedimiento más bien alambicado para conseguir que se haga justicia. En el caso presente, la justicia ha sido lenta, pero todo el mundo tiene derecho a un juicio justo.
La Sra. Thatcher, en una desafortunada intervención, se ha esforzado por conseguir que esta cuestión se convierta en algo así como un partido de fútbol político en el Reino Unido. No podemos tolerar que eso suceda. Las autoridades judiciales del Reino Unido y de España tienen que seguir minuciosamente el proceso apropiado. ¿Hubo crímenes? Claro que los hubo, hubo crímenes que sorprendieron y repugnaron a todo el mundo. Hubo casos de tortura, de asesinato, de encarcelamiento, de secuestro, de coacción y de chantaje, en los cuales se han visto envueltas personas de Chile y de nuestros países.
El Parlamento Europeo no es un tribunal. Al final de nuestro debate no habrá un veredicto sobre lo que el General Pinochet ha hecho o ha dejado de hacer. No somos el órgano que ha de someter a juicio a esta persona. Ahora bien, en algún momento alguien tiene que pagar por esos crímenes. Si este proceso -y me alegra decir que se está llevando a cabo con una cooperación entre los Gobiernos español y británico que estoy seguro de que continuará- es un medio para hacer justicia por las personas que murieron y que fueron torturadas y por esas otras personas cuyas vidas han resultado afectadas por lo sucedido, entonces diré que me alegra sobremanera que esté sucediendo lo que sucede. Apoyo sin reservas todos los elementos de la resolución de todos los grupos interesados.

Maij-Weggen
Señor Presidente, la detención de Pinochet en Londres ha suscitado una ola de conmociones y de apoyo en amplias capas de la sociedad europea y de América del Sur. Quien, como yo, ha luchado por la oposición chilena en los años setenta y ochenta y quien, como yo, ha estado muchas veces en Chile para apoyar a nuestros compañeros políticos de la oposición, sabe cuanto ha sufrido este país en estos años y como se ha dividido. Del régimen de Pinochet sólo se puede decir que fue una dictadura militar maligna, que aniquiló la democracia y que apresó, torturó, hizo desaparecer y asesinó a miles de ciudadanos. No hay excusa para ello. Los jueces españoles que quieren hacer justicia ante los abusos cometidos, también contra ciudadanos españoles, merecen nuestro apoyo. Que el primer ministro Aznar haya anunciado que, en caso de que los jueces españoles soliciten la extradición, su reacción será favorable, merece también, por supuesto, apoyo y respeto. En ese contexto, la acción inglesa para detener a Pinochet es positiva. Hay que dejar libre cauce a la justicia como respuesta a las tremendas injusticias perpetradas por Pinochet en su país contra miles de ciudadanos.
Señor Presidente, mucha gente se asombrará ante la actitud del gobierno chileno: parece que protege a Pinochet. Sin embargo, el extraño dilema es que las autoridades chilenas, desgraciadamente, no pueden hacer otra cosa como a causa de su constitución, con la que Pinochet, por así decir, tiene secuestrado al Gobierno. De otra manera, su actitud sería contraria a la constitución. En lo que a esto respecta, está bien que el Reino Unido y España solucionen a Chile el problema de Pinochet. Ha sido la misma coalición de democristianos y socialdemócratas que, en los años noventa, logró la restauración de la democracia en ese país.
Señor Presidente, vamos a respaldar la presente resolución, pero pedimos a nuestros compañeros socialistas que apoyen nuestras enmiendas con el mismo espíritu de colaboración que ha existido siempre en esta cuestión. Éstas no modifican en absoluto el contenido político de la resolución. Solicitan, sobre todo, que se aplique el derecho a fin de que Pinochet pueda ser condenado en lugar de viajar y envejecer sin castigo. En mi opinión, Pinochet debe estar en la cárcel, como, por otra parte, también muchas dictaduras militares violentas de izquierda. Los derechos humanos no son ni de izquierdas ni de derechas, los derechos humanos son universales. Debemos protegerlos siempre y en todas partes.

Vallvé
Señor Presidente, el hecho de que el dictador Pinochet esté detenido y que haya contra él una orden de detención a través de jueces españoles me parece una noticia importante y excelente, porque ya es hora de que un dictador causante de muchos crímenes -en este caso en Chile- no pueda ir impunemente por su país y por el mundo. Y en este sentido, me parece que ha sido muy importante la decisión.
Nuestro Grupo ha apoyado siempre, y seguirá apoyando, la creación de un Tribunal Penal Internacional de crímenes contra la humanidad pero, mientras este tribunal no exista de una forma efectiva, cualquier procedimiento que busque la persecución de los dictadores me parece que, en este sentido, es muy positivo.
Yo, por mi parte, deseo en este debate del Parlamento Europeo apoyar las acciones que se han llevado a cabo e instar a que, de acuerdo con las decisiones judiciales, se cumpla la petición de extradición formulada. Quiero recordar el nombre de Joan Alsina, que era un sacerdote catalán que murió ametrallado en Santiago de Chile bajo la dictadura del general Pinochet, así como el de Joan Olidon, de Valencia, desaparecido en los primeros días de la dictadura de Pinochet. El recuerdo de estos nombres me parece que ha de servirnos a todos para condenar lo que ocurrió en aquellos años en Chile.

Carnero González
Señor Presidente, con la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, ordenada por el juez Baltasar Garzón, se alcanzan dos objetivos perseguidos por la inmensa mayoría de la opinión pública europea: poner a disposición de la justicia a un criminal contra la humanidad y empezar a romper el cristal, hasta ahora blindado, de la impunidad.
Desde el Parlamento Europeo tenemos que apoyar plenamente al juez Garzón en sus actuaciones, demandar la continuación de la cooperación y la justicia del Gobierno del Reino Unido con sus diligencias y, sobre todo, exigir al Presidente del Gobierno español, D. José Mª Aznar, que abandone su actual e inaceptable ambigüedad y se comprometa de forma pública y formal a tramitar de inmediato e incondicionalmente la petición de extradición de Pinochet a Madrid.
Aznar debería indicar a los fiscales Cardenal y Fungairiño, autores de una doctrina exculpatoria de facto del régimen militar chileno, que no insistan en negar la competencia de la justicia española en este caso, y defenderla por su parte políticamente desde el Gobierno.
Y también deberíamos enviar un doble mensaje a Chile: a su Presidente, que no se esfuerce en defender a quien, de haber podido, le hubiera asesinado, como hizo con Salvador Allende; y a su Gobierno y a su pueblo, hay que decirles que el juicio a Pinochet no va a ser, sino al contrario, un obstáculo para una cooperación Unión Europea-Chile cada vez más estrecha.
Ojalá que con lo que está ocurriendo quede al fin claro que, en la defensa de los derechos humanos, no hay ni soberanía nacional ni inmunidad diplomática que valgan.

Kerr
Señor Presidente, empezaré por decir que esta tarde se ha hablado mucho aquí del Estado de derecho. Espero que el General Pinochet, desde el lujo de la clínica londinense en que se halla, esté meditando sobre el hecho de no haber aplicado las reglas del Estado de derecho a los ciudadanos de Chile en 1973, cuando fue instalado en el poder en un golpe de Estado lanzado por la CIA americana con, lamento tener que decirlo, colaboración británica. Quizá deberíamos reflexionar sobre lo que sucedió al Presidente Allende, presidente legalmente elegido de Chile, cuyo palacio presidencial fue atacado y bombardeado por las fuerzas aéreas chilenas. Quizá eso nos daría una perspectiva para juzgar la forma en que Pinochet está siendo tratado en la actualidad. Para los millares de personas detenidas en el estadio de fútbol de Santiago que fueron torturadas, maltratadas y que después desaparecieron, eso es lo que el Estado de derecho significaba bajo el régimen Pinochet, por lo cual me parece que no hay motivos para que le hagamos objeto de nuestra compasión en estos momentos.
La cuestión esencial es: ¿qué hacemos con él ahora? Acabo de hablar con el Sr. Medina que me dice que en España hay una ley según la cual uno no puede ir a la cárcel si tiene más de 80 años de edad. Por eso me preocupa la idea de mandarle a España. Quizá deberíamos esforzarnos por encontrar algunas solución radical más imaginativa. Quizá pudiéramos guardarle aquí en Inglaterra durante cierto tiempo, llevarle todas las semanas a un estadio de fútbol y dejar que se ocupen de él los bien conocidos gamberros de la escena futbolística británica. Quizá de esta manera pudiéramos ayudarle a reflexionar más sobre su vida.
Seamos serios. Hemos de insistir en que se le lleve ante los tribunales en Gran Bretaña o en España, y en que se le imponga la pena que merece. Me preocupa que el Gobierno británico pueda dejarse guiar por los americanos. La CIA, que le instaló en el poder en el decenio de 1970, se preocupa mucho por los suyos y cabe sospechar que los americanos insistan ante el Gobierno británico para que le dejen volver subrepticiamente a Chile al amparo de la noche. Si sucede eso, este Parlamento debería volver a examinar de nuevo lo sucedido. Llevémosle ante la justicia y apliquémosle todo el rigor de la ley.

Marinho
Señor Presidente, lo que distingue al Sr. Pinochet y a otros que a lo largo de la Historia fueron también verdugos morales o materiales de millares de seres humanos, es que ese señor, además de los crímenes, organizó minuciosamente el encubrimiento y su propia impunidad constitucional.
Pinochet habría cometido el crimen perfecto, si no hubiera sido por el último desafío que para coronar la perversidad de su recorrido político quiso lanzar a las instituciones jurídicas europeas que velan por la justicia y la persecución de los criminales. Si Pinochet, sólo por ser quien es, fuera también en Europa inmune al juicio y al castigo, perderíamos todos por falta de pudor las razones por las que nos consideramos Estados de derecho y de justicia al menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, justicia que siempre fue para Pinochet como un concepto desconocido, extraño y no identificable.
Por fortuna, la Historia escribe derecho con líneas torcidas, pero no por ello menos justas. Al final de su vida, Pinochet ha tropezado con la justicia, que siempre desconoció, a favor de la fuerza, que siempre practicó. Sea cual fuere el desenlace efectivo de su detención actual en Londres, queda para la Historia al menos la victoria de la memoria contra el olvido, con lo que se compensa así, aunque simbólicamente, si cabe, la razón de los justos y de los inocentes, víctimas de la ignominia ideológica de Pinochet que hace 25 años esperan, señor Presidente, un poco de justicia.

Robles Piquer
Señor Presidente, tuve la honra de conocer personalmente al Presidente constitucional de Chile, D. Salvador Allende, e incluso de participar, modestamente, en unas negociaciones cuya primera fase, por el lado chileno, inició él, al término de las cuales me otorgó una condecoración firmada por él que constituye una honra en mi modesta biografía.
Comprenderá, señor Presidente, la emoción que siempre siento cuando de estos temas se trata y cuando pretendemos, con razón, que se haga justicia sobre la persona que lo derrocó violentamente, lo llevó a la muerte y causó tantos asesinatos.
Ello no impide, sin embargo, que yo tenga otras preocupaciones complementarias: la primera, la de que se recuerde no solamente a las autoridades españolas, sino sobre todo a las autoridades británicas -lo que no consta, por cierto, en el proyecto de resolución que tenemos delante-, que son ellas las que, al final, deberán asumir la responsabilidad si la demanda de extradición llega a sus manos.
La segunda preocupación es la de que seamos capaces de respetar la independencia de la justicia. Es la justicia la que tiene que tomar la decisión pertinente y todos esperamos que esa decisión sea, en efecto, justa. Y tengo que decir, respecto a alguna observación claramente de política interior española que acabo de escuchar, que el Presidente Aznar ha dicho ya, con meridiana claridad, que respetará la decisión de la justicia.
Y la tercera preocupación, señor Presidente -y quizá la más profunda-, es la de que este Parlamento contribuya a -y no sirva en cambio contra- la fortaleza de la transición política en Chile. Quienes hemos vivido, y en alguna ocasión hemos tenido que intervenir en ello, una difícil transición política sabemos bien que cada país tiene sus reglas, sus necesidades y sus problemas. Y que, por ejemplo, contribuir a debilitar desde dentro la difícil operación chilena y la forma de convivencia que ellos han logrado, pagando ciertamente un precio que no hubieran deseado pagar, no es seguramente la mejor manera de ayudar a la democracia chilena.
Pido por eso que tengamos prudencia y serenidad a la hora de aceptar algunas razonables demandas que, en forma de enmiendas, mi Grupo ha presentado.

Bertens
Señor Presidente, cada día nos encontramos con nuevos desafíos, que lógicamente derivan de decisiones previas. Hoy es la detención del general Pinochet, el hombre que en los libros de historia del siglo que viene va a ser símbolo de la represión, las violaciones de los derechos humanos y la dictadura en Latinoamérica. Se merece esta persecución.
Podríamos detenernos ante tiquismiquis jurídicos relativos a las inmunidades, pero no lo vamos a hacer. Por supuesto, hay partes controvertidas ante semejantes avances. Tal vez, muchos juristas escriban su tesis sobre esta cuestión. No obstante, ahora debemos atrevernos a dar un paso adelante.
También tenemos una orden de busca y captura de Karadzic y Mladic. Así mismo, tenemos un Tribunal Internacional de Justicia. Pinochet debe ser perseguido por los crímenes que ha cometido contra la humanidad. Como ya ha dicho la Sra. MaijWeggen, los derechos humanos son universales - también en y para Latinoamérica.
Por tanto, ya se ha dicho, mi Grupo felicita a las autoridades españolas y británicas por haber dado estos valientes pasos. Esperamos que exista una colaboración eficaz, no sólo entre estos dos países, sino también entre los países de la Unión.
El objetivo, aquí, no es influir en el procedimiento judicial. Por encima de todo se encuentra el Estado de Derecho; pero, finalmente, la decisión de extradición es una decisión política del Gobierno británico. Esperamos que este Gobierno tenga coraje y sabiduría. También me alegra la postura de los Ministros de Asuntos Exteriores noruego y canadiense, que he leído en el International Herald Tribune , esperando que tengamos mucho coraje. Puedo decir a la Sra. Maij-Weggen que efectivamente también los liberales apoyarán las enmiendas relativas a esta cuestión.

Sauquillo Pérez del Arco
Señor Presidente, la detención del general Pinochet en Londres tiene, al margen de tecnicismos jurídicos, un significado fundamental para la democracia: el fin de la impunidad para quienes, amparándose en el poder, violen los derechos humanos de las poblaciones sometidas a sus regímenes.
Los principios de soberanía y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados no cubren estos supuestos de crímenes contra la humanidad. De hecho, desde ahora, la humanidad está protegida frente a ejercicios abusivos de la soberanía. Que lo sepan los dictadores, que sepan que estas cosas nunca quedan bien atadas. El espacio judicial europeo, que se inaugura en la práctica con este caso, no podía tener mejor comienzo. La cooperación judicial en la defensa de los valores inherentes a la construcción europea es un adelanto de lo que ocurrirá cuando sea efectivo el Tribunal Penal Internacional y la justicia no dependa de que el dictador de turno viaje a Europa.
Debemos felicitarnos por ello e instar a los Gobiernos a que demuestren su adhesión real, y no sólo nominal, a esos valores cuando llegue el caso, cuando eventualmente y a petición de las instancias judiciales, haya que solicitar la extradición. No nos inmiscuimos con ello -como teme el Grupo Popular- en la acción de la justicia, sino que estamos ejerciendo nuestra función política.
Señor Presidente, este caso nos da la oportunidad de demostrar sin ambigüedades a la población de qué lado estamos unos y otros, del lado de los derechos humanos o del lado de los subterfugios jurídicos en beneficio de quienes violan los derechos humanos. Los socialistas estamos en el lado de la justicia y en este sentido va nuestro voto con la resolución conjunta del Partido Socialista Europeo y otros grupos políticos de esta Asamblea.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, no debe haber asesinatos con impunidad. El general Pinochet es el responsable máximo de un régimen dictatorial causante de miles de asesinados, torturados y desaparecidos. No puede ni debe haber impunidad en casos tan flagrantes de violación de los derechos humanos.
Desgraciadamente, el Derecho internacional ha amparado durante mucho tiempo este tipo de situaciones, pero la colaboración es cada día más estrecha y vamos construyendo un mundo en el que la libertad de movimientos de las personas se acompaña de una mayor colaboración policial y judicial que pueda frenar el delito.
Pinochet es, además, responsable de asesinatos y desapariciones de decenas de ciudadanos comunitarios, mayoritariamente del Estado español. En ese sentido, es loable -y yo desde luego me felicito por ello- la actuación de la justicia española, así como la colaboración eficaz con la justicia británica.
La detención de Augusto Pinochet es una buena noticia, sobre todo para sus víctimas, así como para sus familiares. Espero que la justicia les dé la victoria que la historia, obstaculizada por el crimen, les negó.
Respetaremos la decisión de la justicia, por supuesto, pero, desde el partido al que represento -el Partido Nacionalista Vasco-, nos gustaría que ésta encontrase el camino jurídico adecuado para requerir la extradición del general Pinochet, para que pueda comparecer en las diferentes causas abiertas contra él en el Estado español. Y espero asimismo la máxima colaboración del Gobierno español y del británico si este supuesto de solicitud de extradición por las autoridades judiciales se produce.
El poeta Neruda hubiese podido modificar uno de sus poemas ante esta situación y decir aquello de «puedo escribir los versos más alegres esta noche». Espero que la justicia y la colaboración internacional encuentren razones para que así sea.
Por último, y aun esperando que la solicitud de extradición se produzca, me uno a los que reclaman la necesidad de un Tribunal Penal Internacional con competencia en estas materias, para que dictadores con las manos manchadas de sangre sean detenidos y tengan un juicio justo, ése que nunca tuvieron sus víctimas.

Newens
Señor Presidente, el argumento de los representantes legales del General Pinochet de que su detención en Londres, en espera de una posible extradición a España, es una infracción de algunas sutilezas jurídicas no hubiera servido de gran cosa en 1973, cuando Pinochet estaba en el poder en Chile. La situación del Presidente Allende, jefe de gobierno elegido democráticamente que el General Pinochet tenía la obligación de defender, no impidió que bombardeara el Palacio Presidencial, provocando así la muerte del Presidente. Los derechos de los ciudadanos chilenos, incluidos sus representantes electos, no se respetaron cuando se les amontonó en el estadio deportivo para torturarles y matarles. Más de 2.000 personas desaparecieron y nadie las ha vuelto a ver. Incluso extranjeros, o personas con doble nacionalidad, se vieron privados de sus justos derechos y muchos ciudadanos europeos fueron objetos de malos tratos y algunos de ellos fueron asesinados.
Yo ayudé a organizar la primera manifestación de protesta en Londres contra el golpe de Estado de 1973, y nunca he olvidado ni olvidaré los relatos que algunos de los refugiados que vinieron a Gran Bretaña nos hicieron acongojadamente: relatos de sufrimientos, de pérdidas, de familiares atrozmente asesinados.
Si los derechos humanos tienen alguna importancia, no puede haber impunidad para los que organizan un reinado del terror. Ahora bien, los derechos del propio General Pinochet se respetarán escrupulosamente, no como los derechos de los millares de sus víctimas, cuando se presente a los tribunales aquí en Europa. Apoyo sin reservas lo que se ha hecho.

Spencer
Señor Presidente, yo soy un parlamentario y no un abogado. Quisiera que, por un momento, todos nosotros nos parásemos a pensar qué es lo que queremos conseguir con este debate en el que estamos participando esta tarde.
¿Vamos en busca de la justicia individual, en busca de la venganza colectiva, o queremos encontrar algún sistema para obtener medios de disuasión contra futuros dictadores militares? Me parece que la cuestión política de que estamos tratando esta tarde no es el Estado de derecho, sino la eficacia de las instituciones legales en el plano mundial. ¿Hay una verdadera jurisdicción mundial en materia de derechos humanos? Casi. ¿Disponemos de las instituciones necesarias para poner en práctica esa jurisdicción mundial? Probablemente no, pero si queremos dedicar todas nuestras aspiraciones y todos nuestros deseos a esas instituciones, entonces tenemos que velar por que la justicia mundial tenga los ojos vendados: que la justicia mundial se aplique a todos y a cada uno; que la justicia mundial se pueda poner en práctica; que no mire por debajo de la venda con un solo ojo, tanto si es el derecho como si es el izquierdo. No estoy seguro de que tengamos las instituciones que necesitamos para llevar ante los tribunales a esos dictadores. Tenemos que obrar con sumo cuidado para no destruir la justicia mundial de que disponemos, por la emoción que asignamos a un caso concreto, porque si obramos así en el caso de Pinochet, ¿vamos a detener a Castro la próxima vez que se halle en territorio europeo? ¿Vamos a detener a los dirigente chinos? ¿Vamos a detener a la docena de dictadores africanos en funciones o ya retirados del poder?
Me temo que el Gobierno británico descubra pronto que se ha aventurado en un campo de minas jurídico muy peligroso. Si hubiera tenido la mitad de la malicia que tienen los franceses, no hubiera dejado que Pinochet fuera a Gran Bretaña. Tengo mucha curiosidad por saber de qué forma se va a conducir el Gobierno británico. Espero que se conduzca en consonancia con el Estado de derecho y no en consonancia con el tipo de política mediatizada que el Sr. Mandelson ha estado preconizando este fin de semana. Lo que nos importa no es la reputación de un hombre o de un gobierno, sino nuestras futuras posibilidades de establecer la debida estructura institucional en este planeta.
Para obtener justicia tenemos a los tribunales. Como políticos podemos hacer algo para establecer medios futuros de disuasión, pero la venganza es prerrogativa del Señor.

Pons Grau
Señor Presidente, el Parlamento Europeo es un órgano político. Por eso, la Unión Europea precisa dotarse de una política exterior que esté basada en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. De ahí que el Parlamento haya impulsado la creación de las cláusulas de condicionalidad democrática en todos los tratados firmados por la Unión con terceros países. Por eso, apoyamos la creación del Tribunal Penal Internacional, por eso, todas nuestras resoluciones mantienen la tesis de que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. Acabar con la impunidad en esta materia es la mejor vacuna, el mejor método para evitar futuras tentaciones dictatoriales. Resulta patético que se diga que con acciones como las que hoy emprende el Parlamento Europeo en contra de la impunidad dificultamos el alumbramiento de nuevas democracias, como también es falso que esta resolución sea una injerencia o una presión sobre el aparato judicial de tal o cual país europeo. Es un posicionamiento político que no obliga a ningún otro estamento. Puede que sean otros los que tengan la tentación de presionar a la justicia, bien directamente o a través de reglamentos, excusas e interpretaciones que tratan de esconder lo que no se puede ocultar, un posicionamiento político. ¿Cómo puede todo un presidente europeo pedir que no se politice un hecho que es político en sí? Política es tomar posición, tomar partido, tomar parte, y el Parlamento Europeo toma partido por la razón democrática en contra de oscuras razones de Estado. Porque, señor Presidente, cuando la razón de Estado se opone a la defensa de los derechos humanos, lo que hace es defender a un Estado, pero no al Estado de Derecho. El Parlamento toma partido por los ciudadanos, los que fueron vencidos y humillados, los que siempre tienen que ceder y los que ahora vislumbran, por fin, la justicia -que no la venganza-, los que tampoco ahora, en Chile, pueden expresar abiertamente su alegría por la detención de Pinochet por temor a los intransigentes de siempre. Exigirles ahora que callen es tanto como pedirle a la víctima que no se queje para que sus gritos no molesten los oídos del verdugo.
Apostamos por la paz, que no es otra cosa que poder expresarse en libertad, tranquilidad y sin temor. Somos conscientes de los momentos difíciles que ahora vive Chile, un país frente a su dolorosa realidad sin ficciones ni maquillajes pero que está a punto de acabar con su doloroso secuestro de abrirse a la vida y a la memoria. Sabemos en el Parlamento que muchos nos acusarán de injerencia pero es que, aunque la mayoría de la población estuviera a favor de Pinochet, esta circunstancia no le exime de sus crímenes. Los delitos no se miden por mayorías o minorías. Los muertos tienen nombres, familiares y amigos. Algunos hasta tenían pasaporte diplomático. Son estos familiares y amigos los que tienen que perdonar si perdonar quisieran.
Hoy se materializa un clamor internacional de justicia a través de un auto judicial y de dos bobbies desarmados que hacen guardia ante la puerta del viejo señor de la muerte. Tal vez se estén abriendo las amplias avenidas por donde transiten los hombres y las mujeres libres que recuerden a tantas Amandas, Manuelas, Victor, Marías, Carmelos y Salvador que en el mundo han sido.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, al clausurar este debate y al margen de algunos requerimientos, tan destemplados como carentes de sentido, ¿qué se deduce como hilos conductores de esta resolución? Que la defensa de los derechos humanos, señor Presidente, es la base de nuestro ideario y el fundamento del orden jurídico tanto de la Unión como de los distintos Estados miembros. Que los poderes y la responsabilidad que a esta institución otorga el Tratado de la Unión nos exige hoy rigor. Que, en definitiva, el Parlamento ha de huir de cualquier voluntarismo oportunista que rebaje la fuerza de una manifestación que, al fin y al cabo, compromete a casi 300 millones de ciudadanos europeos.
Por eso, es importante decir -y, en especial, que lo diga alto y claro esta Asamblea- que el Estado de Derecho se cimenta sobre la independencia del poder judicial, y que ese principio, y su corolario de escrupuloso respeto a las resoluciones judiciales, ha de prevalecer sobre cualquier otro interés por muy legítimo que sea. Y esta institución debe reiterar su defensa del principio de justicia universal y su lucha por el Tribunal Penal Internacional, y también debemos reafirmar nuestro apoyo inequívoco a la sociedad y a las autoridades democráticas chilenas en su proceso de consolidación de la democracia. En definitiva, hay que subir el nivel del debate de la lucha de la política politicastra a una manifestación digna de este Parlamento.
Y a este respecto, hemos de insistir en que la tramitación de la extradición recae por igual sobre los Gobiernos español y británico y, por ello, a los dos nos hemos de dirigir. Y si me apuran, más al británico, puesto que cualquiera que conozca los Tratados sabe que, de acuerdo con el Derecho aplicable, en caso de delitos cometidos en un tercer Estado, la competencia extraterritorial que invoca el Estado requirente puede ser políticamente, discrecionalmente casi, impugnada por el Estado requerido. ¿Es ésa la explicación de que el Grupo socialista se niegue en redondo a que la palabra «Gobierno británico» figure en la resolución? Pues, señor Presidente, si eso es el New Labour y la tercera vía, apañados vamos.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, quiero aclarar una cosa de antemano: la Comisión Europea se opone a cualquier forma de gobierno totalitario sea del color político que sea. Mis colegas y yo estamos firmemente convencidos de que una sociedad solamente se puede desarrollar sobre una base democrática.
Es generalmente conocido que bajo los quince años de poder del general Pinochet en Chile, se violaron en parte del modo más brutal los derechos humanos. Por ello, nuestra profunda condolencia va dirigida a todos aquellos que tuvieron que padecer bajo el mismo o incluso murieron y a aquellos que tuvieron que abandonar su patria para escapar a una persecución arbitraria. Según el Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea no posee competencias directas en el campo de la cooperación de justicia en asuntos penales. Las competencias son exclusivamente de los Estados miembros. Es, por ello, asunto de los Estados miembros presentar o elaborar solicitudes de extradición observando las obligaciones derivadas de los tratados de extradición aplicables y las normas de sus ordenamientos jurídicos.
En cualquier caso, se debe observar que entretanto se han aprobado dos acuerdos de extradición pero que por falta de ratificación por parte de los Estados miembros, han quedado hasta ahora en papel mojado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Como saben sus Señorías, el Presidente debe abstenerse de hacer comentarios. Permítanme decir, sin embargo, que el Parlamento ha acertado al incluir este asunto en el orden del día y que hemos empleado muy bien esta hora.
(La sesión, interrumpida a las 15.50 horas, se reanuda a las 16.00 horas)

Cierre definitivo de las centrales nucleares
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0354/98) del Sr. Chichester, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el cierre definitivo de centrales nucleares y otras instalaciones nucleares.

Chichester
Señora Presidenta, la finalidad de este informe es examinar la situación actual de la industria de la energía nuclear por lo que se refiere al cierre definitivo de las centrales, a fin de conseguir un conocimiento más profundo de las estrategias, las técnicas y el costo de esta parte del ciclo nuclear y para formular sugerencias acerca de las medidas que cabe adoptar en el plano europeo.
He tenido oportunidad de visitar seis emplazamientos europeos en los que se están llevando a cabo actividades de cierre definitivo y las correspondientes investigaciones sobre el particular. Antes de enterarme de todos los conocimientos técnicos y la experiencia con que contamos en Europa en esta esfera, yo también compartía algunos de los malentendidos y de las preocupaciones originados por los mitos, una y otra vez repetidos, de que nadie sabe lo que hay que hacer con las centrales nucleares al final de su vida útil y de que nadie sabe cuáles serán los costos involucrados. Lo cierto es que la industria no sólo sabe lo que hay que hacer para desmantelar una central nuclear sino que ya ha desmantelado con éxito y seguridad centrales nucleares y las han convertido en «zonas verdes». La experiencia adquirida en los numerosos proyectos de cierre definitivo ya iniciados nos indica que su costo es conocido y que se puede calcular en aproximadamente un 15 por ciento de los gastos de construcción. He aquí una cifra que dista mucho de lo que la gente cree.
Dicho lo que precede, ¿qué hay que hacer? El informe preconiza la adopción de medidas en una serie de esferas que corresponden al epígrafe general de mentalización pública. La propia industria nuclear tiene que hacer frente a sus responsabilidades, que exigen que sea abierta y proactiva en sus actividades de educación e información. La Comisión tiene que esforzarse más por contribuir a la educación de la opinión pública, para poner los resultados de las investigaciones a disposición de los interesados, y para tranquilizar a la opinión pública de nuestros países.
El informe nos recuerda también en quién recae la responsabilidad del cierre definitivo y de su financiación, y me estoy refiriendo a los operadores de los Estados miembros. A mí me parece que para que haya confianza pública es esencial que el pueblo sepa que existe la necesidad de rendir cuentas y que esa necesidad está sometida a una reglamentación rigurosa por parte de inspectores independientes.
En el informe se insiste mucho en que los requisitos en materia de salud y seguridad sean rigurosísimos. La gente pierde la calma en cuanto se habla de radiación y de radiactividad, y es natural que se impongan requisitos muy rigurosos en materia de medidas de protección. Ahora bien, la verdad es que cuando se ha retirado el combustible de un reactor, puede decirse que se ha retirado la mayor parte de su material radiactivo y que el 90 por ciento de lo que queda de la estructura de la central nuclear no es radiactivo y se puede reciclar con seguridad. Hay un debate en curso acerca de la estrategia que debe seguirse, o sea si hay que obrar en fases a lo largo de un período de tiempo más prolongado para que la actividad residual disminuya y el desmantelamiento sea menos arriesgado o si hay que proceder directamente o sin pérdida de tiempo al cierre definitivo a fin de alcanzar lo antes posible una situación de «zona verde». Hay argumentos en favor de uno y otro de estos enfoques, y sería mejor que nos abstuviéramos de decir que sólo hay una estrategia practicable.
Sea como fuere, los operadores y las autoridades de reglamentación tienen la obligación de verificar si se adoptan las medidas financieras apropiadas para correr con el gasto del cierre definitivo. El informe pide que la Comisión estudie las diversas opciones disponibles para ver cuál es la mejor forma de aplicarlas a los países de la Europa central y oriental, que es donde se concentrará la mayor parte de la ayuda. En ese contexto, no debemos darnos por satisfechos por las aptitudes y los conocimientos técnicos de Europa occidental: siempre se pueden mejorar las técnicas para encontrar formas nuevas, más seguras y más baratas de llevar a cabo la labor de cierre definitivo.
Esta esfera de actividad brinda una excelente oportunidad industrial de empleo para los próximos decenios. Es una oportunidad importantísima para las empresas europeas y para nuestras aptitudes técnicas. Sean cuales fueren nuestras opiniones sobre la energía nuclear, lo cierto es que esta parte del ciclo no se puede abandonar o descuidar. Tenemos la obligación de velar por que cada central nuclear que llegue al final de su vida útil pueda ser objeto de cierre definitivo en condiciones de seguridad y eficacia.
Quisiera que así sucediera para estimular a la gente a que empiece a planificar el futuro y a que construya nuevas centrales nucleares de concepto moderno para los años venideros. La proporción de nuestra electricidad que proviene de la energía nuclear es tan grande que no podemos dar la espalda a esta fuente energética. Si no queremos renunciar a la posibilidad de cumplir los objetivos de Kyoto en materia de emisiones de CO2 , entonces tenemos que seguir generando electricidad nuclear, convencidos de que sabemos de qué forma cerrar definitivamente las centrales nucleares.

McNally
Señora Presidenta, lamento que el Sr. Chichester haya preferido acabar su intervención abogando en favor de la construcción de más centrales nucleares. No es eso lo que se esperaba de su informe, y me temo que haya agotado el tiempo de que disponía para decirnos algo que es poco apropiado.
En el decenio de 1950, en tiempos del Tratado de la Euratom, se sentía un optimismo acerca de la energía nuclear que, francamente, no correspondía a la realidad. Se hablaba de una electricidad «que sería demasiado barata para medirla». Es verdad que había algunas deficiencias en las cuales hubiéramos debido pensar, pero no lo hicimos. En primer lugar, el riesgo relativamente pequeño de que se produjera un accidente gravísimo con enormes repercusiones. En segundo lugar, toda la cuestión de la evacuación de los desechos nucleares. En tercer lugar, las técnicas, el costo y la financiación del cierre definitivo. Si se hubieran sometido a debate todas estas cuestiones, el optimismo hubiera sido mucho menor.
No se puede decir, como parece implicar el Sr. Chichester, que esta cuestión haya quedado completamente resuelta, que todo el mundo sabe exactamente lo que hay que hacer y lo que cuesta. Me gustaría remitirle a la zona próxima al lugar de mi nacimiento, Trawsfynydd en la parte septentrional de Gales. En esa zona no se ha tomado ninguna decisión clara acerca de lo que se debería hacer: el emplazamiento de la central nuclear no ha quedado modificado hasta el punto de que se pueda utilizar para otras finalidades, y tenemos una herencia de desechos nucleares que seguirán en la montaña durante mucho tiempo.
No hace falta decir que soy muy partidaria de la apertura y la transparencia. Los vínculos entre la industria nucleoeléctrica y la industria de las armas nucleares han creado durante muchos años un ambiente de tremendo secreto y la negativa a admitir que algo pudiera funcionar mal en esta esfera. Hay señales de que esta actitud está cambiando, pero el Sr. Chichester tiene razón cuando dice que, a no ser que haya apertura y transparencia, es prácticamente seguro que no habrá ninguna clase de confianza pública. Dicho sea de paso, no es de la incumbencia de la Unión Europea el decir a los Estados miembros si es o no es apropiado que procedan en fecha temprana al cierre definitivo de sus centrales nucleares. El que las centrales nucleares dejen de operar en la fecha prevista o antes es cosa que recae enteramente en el Estado miembro de que se trate. Ese texto no debería figurar en su informe.
En la actualidad sabemos cómo se cortan las piezas de metal y cómo se pueden transportar, pero no tenemos una solución públicamente aceptable de lo que sucede a la parte radiactiva de las centrales nucleares. Aquí en la Unión Europea tropezamos con el problema del cierre definitivo de nuestras instalaciones nucleares en nuestro Centro Común de Investigación. No hemos calculado el costo de ese cierre definitivo en la forma debida y en la actualidad, de forma totalmente irregular, se carga al presupuesto de investigación. El cierre definitivo de una central nuclear no tiene nada que ver con la investigación. El presupuesto de investigación no es el lugar apropiado para cargar los gastos del cierre definitivo de las instalaciones del Centro Común de Investigación.
Algo que me preocupa sobremanera -y ya lo dije durante el debate en la Comisión de Energía, Investigación y Tecnologíaes la utilización en algunas instalaciones nucleares de trabajadores contractuales para ocuparse de los aspectos más peligrosos del cierre definitivo y de las labores en caso de accidente. Eso es lamentable. Si la intención de utilizar a trabajadores contractuales es que la supervisión, que tiene que ser una supervisión a largo plazo, no resulta ya necesaria, entonces es aún más inaceptable. Tampoco me parece que sea apropiado en este informe que hablemos de una prolongación de 50 a 60 años de la vida útil de las centrales nucleares. Es posible que sea eso lo que piensa el Sr. Chichester, pero no hay razón para que exponga esas opiniones en este informe. Sus últimas observaciones, como ya he dicho, tratan de la construcción de más centrales nucleares: eso está completamente fuera de lugar y no tiene nada que ver con el tema acerca del cual se le pidió que informara. Antes de hacer algo parecido tenemos que resolver el primer problema.

Estevan Bolea
Señora Presidenta, yo sí quiero felicitar al Sr. Chichester, por dos razones. En primer lugar, por la iniciativa de este informe -es un informe de iniciativa-, porque me parece extraordinariamente oportuno, y, en segundo lugar, por su gran calidad, y, además, apoyo todo lo que ha dicho al principio y al final y creo que se ha quedado corto. Es una pena que se marche la Sra. McNally, cuyo trabajo admiro profundamente -y su precioso inglés también-, pero no las muchas confusiones que acaba de exponer, que me han impedido entenderla -francamente- porque todo estaba mezclado.
Yo creo que lo importante de todo el trabajo respecto a la clausura y desmantelamiento de centrales se refiere a cerrar el ciclo. Ojalá, señora Presidenta, Señorías, en otras actividades tuviéramos tan claro lo que estamos haciendo como en la energía nuclear. Algunos países que dicen que van a cerrar centrales, pero tengo serias dudas de que lo hagan antes de 30 o 40 años.
Estados Unidos está alargando la vida de sus centrales nucleares hasta 40 y 60 años. También lo hará Europa, también lo va a hacer Japón. ¿Por qué? Pues porque es una energía limpia, es una energía segura, es una energía barata, y eso es lo que necesitamos en un mercado eléctrico liberalizado. Sería muy importante que en toda la generación eléctrica se internalizaran los costes del desmantelamiento de las plantas. Se van a desmantelar las plataformas petrolíferas, por ejemplo, se han aprobado ya algunas actuaciones de las empresas en el Mar del Norte, y hay unas comunicaciones de la Comisión en este sentido. Bueno, pues en el campo nuclear, en los ocho países de la Unión Europea que generan electricidad con centrales nucleares, Señorías, están internalizados todos los costes de la gestión de los residuos y del desmantelamiento de las centrales nucleares y, como ha dicho muy bien el Sr. Chichester, son cifras muy bajas, bastante más de lo que la gente que no estudia estos temas afirma. ¿Por qué puedo decirles que es bajo? Porque España está desmantelando una gran central a causa de su tecnología obsoleta -una tecnología francesa de uranio natural que no ha sido interesante, no porque hubiera problemas nucleares-, y se trata de la central nuclear de Vandellós 1, de 460 Mw. Es una planta importante. Y el coste del desmantelamiento está muy por debajo incluso de ese 15 % que ha mencionado el Sr. Chichester, como está muy por debajo también de los costes -aquí se habla de forma frívola sin conocer el asunto, sin estudiarlo- de gestión de los residuos. Creo que el Sr. Chichester ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho que esta alta tecnología que se va a usar es una nueva oportunidad para nuestras industrias, es un nuevo campo de actividad industrial que todos debemos aprovechar, porque habrá que esperar 40 o 60 años, pero hay centros de investigación y centrales que en algún momento habrá que desmantelar. Felicidades, señor Chichester, y siga usted trabajando con ese rigor.

Lindqvist
Señora Presidenta, la energía nuclear constituye una forma anticuada de energía. El informe de Chichester lo ha demostrado de manera contundente. Por eso fue innecesario empezar a hablar de energía nuclear al mismo tiempo que el informe describe cómo se acelera su desmantelamiento en diferentes sitios.
La energía nuclear está asociada a grandes riesgos, escapes de radioactividad en el momento de obtener el uranio, durante la producción de energía y en el transporte a los lugares de depósito definitivo. Además, hay riesgo de que se diseminen desechos de plutonio de posible uso en la fabricación de armas nucleares. El asunto del depósito definitivo de los desechos atómicos no está resuelto. Por tanto, la energía atómica debe ser eliminada como fuente de energía por los riesgos que implica su producción, transporte, etc. además de que todo el tiempo está produciendo nuevos desechos.
Cada país tiene que decidir por sí mismo acerca del cierre de sus centrales nucleares y del modo cómo hacerlo. También cada país tiene que asumir la responsabilidad y hacerse cargo de sus propios desechos radioactivos. Suecia y otros países que están adelantados en la investigación sobre métodos para el tratamiento de residuos no deben transformarse en un vertedero de las centrales nucleares de toda Europa, sino que, por este motivo, cada estado tiene que decidir acerca de la importación y exportación de residuos. Los residuos atómicos deben ser tratados como residuos atómicos y no como una mercancía cualquiera.
Muchos pasajes del informe son buenos. Estoy de acuerdo con casi todo lo concerniente a investigación, medidas preventivas, protección, transparencia, cercanía a los ciudadanos y exportación de conocimientos sobre desmantelamiento a Europa Central y del Este, lo cual es muy importante.
Cada vez se desmantelan más centrales nucleares. En lo que atañe a Suecia, hemos decidido el cierre de las centrales nucleares. Este año, 1998, se cerrarán dos de un total de doce reactores que tenemos. Por este motivo, en el largo plazo el Tratado de Euratom también tiene que ser rescindido y debe transformarse en un tratado para el desarrollo de fuentes energéticas renovables y ecológicas. En cuanto a las propuestas de enmienda, las apoyo todas, menos la 6 y la 9.

Ainardi
Señora presidenta, en 1997, 128 centrales nucleares estaban en servicio en la Unión Europea y 39 estaban en fase de clausura.
El informe Chichester, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, señala que los esfuerzos realizados en el plano comunitario, principalmente en el ámbito de la investigación sobre la clausura de las centrales, han permitido alcanzar un nivel de capacidad elevado. Pero estos esfuerzos pueden mejorarse aún, como muestra el informe, con el fin de disminuir los riesgos para la salud y favorecer el reciclaje de los materiales desmantelados. El informe señala también, con toda razón, que la parada y la clausura de las instalaciones nucleares por razones políticas, antes del final natural de la duración de la vida, no se justifican en el plano económico.
A mi juicio, en el ámbito actualmente muy controvertido de la energía nuclear, hay que evitar dos escollos: la confianza ciega y el miedo irracional. La energía nuclear, que contribuye hasta un 35 % de media al abastecimiento eléctrico de Europa - más de un 75 % en Francia - es una ventaja que no debe desacreditarse, antes al contrario, ha de valorizarse.
Las restricciones relacionadas con el medio ambiente, principalmente la prioridad que se da a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, dan nuevas oportunidades a la energía nuclear, que es la menos contaminante. Al apoyarse en el desarrollo tecnológico y la competencia europea, han de realizarse esfuerzos suplementarios en los ámbitos del medio ambiente, de la seguridad y de la salud humana. Por otra parte, será necesario asociar cada vez más estrechamente a los trabajadores de las instalaciones nucleares y a las diferentes poblaciones. Son especialmente necesarias inversiones importantes en el plano de la eliminación de residuos radiactivos y de la disminución de sus niveles de radiactividad para permitir su almacenamiento definitivo, sin peligro alguno para las generaciones futuras.
Finalmente, frente a las amenazas que presenta el proceso de liberalización desencadenado en el sector energético con las directivas relativas a la electricidad y al gas, me parece muy importante que los Estados miembros puedan conservar su derecho soberano de optar por la energía que prefieran. Creo que esta decisión ha de ser respetada.

Bloch von Blottnitz
Señora Presidenta, merece observarse y es de saludar que tras decenios de subvenciones sin trabas a la tecnología nuclear, ahora se recapacite sobre qué vamos a hacer al final de su tiempo de servicio. Naturalmente, habría sido mucho mejor que hubiésemos pensado sobre adónde deben ir los residuos que se originan antes de comenzar. Pues en todo el mundo no existe aún ningún depósito seguro para los residuos altamente y medianamente radiactivos. Incluso se está aún discutiendo sobre qué tipo de roca o de contenedor se debe emplear para introducir el material. Si el señor Chichester afirma ahora que algunas centrales nucleares ya se han desmantelado y convertido en verdes prados, simplemente no es cierto. En la UE hemos desmantelado una única central nuclear. Se trata de Niedereichbach, tenía 14 días de funcionamiento y no estaba en absoluto contaminada. Luego se desmanteló Lugmin en Greifswald -no estaba aún conectada a la red y respecto a Reinsberg, que quizás usted haya mirado, se trataba de un reactor de investigación, por lo que no es comparable. Por ello, puedo decirle y afirmar que no sabemos qué tecnologías debemos aplicar ni tenemos un almacén definitivo. Naturalmente, a la inversa, esto significa que antes de que nos pongamos a desmantelar, deberíamos recapacitar sobre adónde llevamos los residuos y como actualmente aún no lo sabemos, debería realizarse un encapsulamiento seguro de las centrales nucleares utilizadas, por supuesto, antes de extraer las barras combustibles, para que acabe por fin este absurdo transporte de un lugar a otro por toda Europa.
Lo que necesitamos además urgentemente es una prohibición de reciclado y de mezcla. No se puede admitir que, por ejemplo, se construyan carreteras con materiales contaminados. ¿A qué peligros exponemos a los trabajadores? Tampoco la industria del acero ni la mecánica y tecnología de precisión deben emplear acero contaminado.
Además, es necesario modificar el reglamento europeo sobre la protección frente a las radiaciones. Con este reglamento se puede avanzar hacia una medición libre. Esto significa además que necesitamos un fondo para desmantelamientos aplicando el principio del causante. No quiero decir que ahora de repente debemos pagarlo nosotros. Unos han tenido durante todos los años unos beneficios enormes a costas de los contribuyentes, pues tenían un monopolio y había que pagar los precios marcados, y con sumas millonarias libres de impuestos han creado unas elevadas reservas. Naturalmente, hay que acabar con esto. Pero necesitamos un fondo de desmantelamiento para la protección frente a las radiaciones. El dinero lo podríamos tomar del presupuesto de la CECA, que expira en el año 2000 y tiene más de 100 millones. Así pues, existen posibilidades. Pero, sobre todo, lo que queda sin responder es que si producimos residuos ¿adónde los llevamos? Responder a esto es su problema. Usted dice siempre que es posible convertirlo todo en verdes prados, que no cuesta ningún dinero, que el reciclado no es ningún problema. Pero la realidad y la verdad son muy diferentes pues, de lo contrario, no tendríamos almacenes intermedios rebosantes ni montañas gigantescas de residuos nucleares en las plantas de reprocesamiento. Creo que debemos enfrentarnos por fin a la realidad antes de seguir produciendo continuamente.

Maes
Señora Presidenta, quien aquí escuche los debates entre partidarios y detractores de la energía nuclear llegará a la conclusión de que no es posible que se pongan de acuerdo. Sin embargo, estamos ante un informe que nos muestra una necesidad comunitaria, a saber, proceder a la clausura en condiciones seguras, puesto que se trata de la salud de la población. Tengo que decirle, señor Chichester, que sus tranquilizadoras declaraciones que aparecen en el informe respecto de Bélgica son algo exageradas porque, en el fondo, el problema de los residuos va pasando de una administración a otra como una patata caliente. Todavía no hay una verdadera solución.
Bajo la influencia de un fuerte grupo de presión nuclear se ha establecido este tipo de instalaciones en todo el mundo, a pesar de que, como la anterior oradora ha expuesto convincentemente, no existe una solución para los residuos de alta radiactividad. No obstante, en los próximos años, deberán cerrarse algunas instalaciones. La Guerra Fría ha terminado, las instalaciones militares ya no son necesarias, si por mi fuera, no lo serían nunca más, y también hay esperanzas de que se pase a otros métodos de producción de electricidad, etcétera. Por último, también la vida útil de las centrales es limitada, aunque naturalmente, en cuanto a la duración, pueden existir discrepancias. No obstante, al final, hay que proceder a la clausura. Desgraciadamente, no existe una normativa general sobre esta cuestión.
El informe señala la posibilidad de una clausura directa, pero también la posibilidad de una clausura en fases con la que, sólo después de 135 años -ninguno lo vamos a ver- el caso podrá estar definitivamente cerrado. En mi opinión, esto es irresponsable.
Se van a invocar, por supuesto, argumentos de carácter financiero. Es verdad que, a pesar de las advertencias, en el fondo, nunca se incluyeron los gastos de la clausura en el precio de las centrales o de la electricidad. Los críticos del desarrollo nuclear siempre han señalado estos riesgos financieros. Sin embargo, la clausura tendrá que llevarse a cabo con muchísimo cuidado y, en este punto, queremos respaldar el informe, aunque debemos decir que cada clausura originará, por supuesto, una montaña de nuevos residuos, incluso de alta radiactividad.
Quiero señalar aquí el riesgo irresponsable que corren las viejas e inútiles instalaciones, además de las que siguen en funcionamiento. El cumplimiento de la normativa internacional y la eliminación a corto o largo plazo se deben poder controlar hasta que el riesgo haya desaparecido totalmente. De la experiencia del III Programa europeo de clausura de instalaciones nucleares, resulta que esto técnicamente es posible en un plazo de quince años desde el cierre. Sigue siendo un asunto caro y hay que conseguir fondos. Por tanto, queremos también señalar la responsabilidad de los órganos internacionales y, por eso, hemos introducido una enmienda para crear un fondo europeo de clausura.
Nuestra conclusión es la siguiente: estamos de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones de la resolución. No obstante, consideramos necesario, señora Presidenta, presentar algunas enmiendas, aunque no todo el Grupo de ARE las apoyará. No obstante, como nacionalistas y regionalistas demócratas queremos subrayar que tenemos en mente un futuro sin instalaciones nucleares y, por tanto, estamos en contra de reciclaje. Después de todo, todavía no se ha encontrado una solución para esos residuos de alta radiactividad.

El Presidente
Señora Maes, lo siento pero tengo que interrumpirla. Se ha excedido en el tiempo ya un minuto y medio.

Pinel
Señora Presidenta, en un debate anterior sobre la energía nuclear, expresaba yo una serie de preocupaciones vinculadas a esta forma de energía. Una de ellas era relativa a lo que yo llamaba entonces el riesgo económico, es decir, en un contexto de crisis, la tentación de impulsar la utilización de las centrales por encima de su duración normal de vida.
Con la lectura del párrafo 14, me doy cuenta de que estoy por debajo de la verdad ya que esta tentación aparece ya, aquí y ahora, en una situación de relativa prosperidad. Hemos de oponernos muy firmemente a esta intención inaceptable. Hace unos años, algunas compañías aéreas negligentes fueron víctimas de una serie negra. Aviones Boeing, claramente anticuados, muy por encima de su umbral de utilización, se estrellaban entonces con dramática regularidad. Si cometiéramos el mismo error con las centrales nucleares, inmediatamente obtendríamos resultados similares. Entonces, por favor, no vayamos por esa vía.
Por otra parte, sería excelente informar mejor a la población y diría incluso formar a la población sobre la actitud a adoptar en caso de alerta. Sería excelente proceder, por ejemplo, a una distribución preventiva de pastillas de yodo para prevenir los riesgos de cáncer de tiroides.
La transparencia de los costes es también un tema fundamental, ya que hasta tanto el coste total de la energía nuclear no sea cifrado con precisión, no se podrá operar una comparación honesta con las demás formas de energía.
Deploro que el considerando M tome partido por, y cito: el desarrollo futuro de la energía nuclear. La enmienda 4 presenta el exceso inverso, mencionando como logro, y cito: el abandono obligatorio de la energía nuclear. Ignoro si se trata de un error de traducción, hubieran podido esperarse por ejemplo, los términos: «abandono deseable», término que yo hubiera aprobado. Si no se trata de un error, desearía que la Sra. Bloch von Blottnitz nos precisara, ¿a qué obligación hace alusión?
Finalmente, la enmienda 7, del mismo autor, es excelente, ya que hemos de oponernos decididamente a la reintroducción de los materiales radiactivos, e incluso de baja radiactividad, en los circuitos comerciales normales. Eso sería iniciar un proceso de diseminación y trivialización de la radiactividad.

Lange
Señora Presidenta, cuando los arqueólogos andan hoy por ahí y encuentran huesos de dinosaurios, se alegran y pueden prepararlos y exponerlos pues no son peligrosos. Creo que hoy día no podemos actuar del mismo modo con los dinosaurios energéticos y decir que no pasa nada. Por el contrario, tenemos que ocuparnos de ellos pues esconden un peligro no sólo para nosotros sino también para las generaciones futuras. A los dinosaurios de hoy hay que darles, pues, un trato muy diferente que a los de antaño.
Felicito al señor Chichester, quien ha adoptado la iniciativa de redactar este informe, si bien sus ideas divergen mucho de las mías. Está claro que existe una necesidad de eliminar por fin estos dinosaurios energéticos de modo que no sean peligrosos para futuras generaciones. Me alegra enormemente de que esta necesidad crezca. En la Unión Europea tenemos unas 130 centrales nucleares y 19 en la República Federal de Alemania. Afortunadamente, el nuevo Gobierno federal ha decidido acabar definitivamente con estos factores de riesgo. Existe una necesidad creciente de técnicas de cierre, de métodos para hacerlo y hasta ahora no hay aún técnicas desarrolladas al respecto.
Por tanto, necesitamos investigación y técnicas de cierre para diversos tipos de centrales nucleares. Las necesitamos realmente. No debemos intentar encontrar algo así como un escondrijo. Señor Chichester, por ello me parece absolutamente erróneo decir que el cierre puede consistir también en prorrogar los plazos restantes de funcionamiento. No, debemos decir consecuentemente que queremos acabar definitivamente con esta tecnología paleontológica.
A ello viene a sumarse que nos debemos poner de acuerdo sobre los costes y mostrar claridad al respecto. Hay ESE, empresas suministradoras de energía, que están ganando dinero en estos trastos desde hace años y decenios. Están obsoletos y las empresas compran con ese dinero telecomunicaciones y otras cosas. Y ahora viene la propuesta del cierre y de que abramos además un fondo de cierre con fondos públicos. ¡No! Esto es inadmisible. La financiación del desmantelamiento de centrales nucleares tienen que soportarla aquellos que han ganado dinero con ellas.
La cuestión más problemática es la de qué pasa con los residuos. No se ha solucionado. El almacenamiento definitivo es la cuestión central de la que tenemos que ocuparnos. No debemos dirigir nuestros esfuerzos al desarrollo de tecnologías de seguridad para que las centrales nucleares sigan funcionando aún dentro de 100 años. No, tenemos que examinar cuál es la técnica más segura para realizar el almacenamiento definitivo. Naturalmente, a ello va unido que no podemos permitirnos desplazar de un lado a otro de Europa, casi como si se tratase de turismo, residuos nucleares y creer que este es un almacenamiento definitivo adelantado. Lo que tenemos que hacer es adoptar medidas concretas para un almacenamiento definitivo seguro. Este es el problema decisivo. Solamente cuando lo hayamos logrado en interés de las generaciones futuras, en interés de nuestros hijos, podremos estar también seguros de que las futuras generaciones podrán practicar la arqueología sin preocupaciones.

Trakatellis
Señora Presidenta, desearía requerir su atención y la de los demás para centrarla en determinados reactores nucleares de diseño soviético superados que siguen funcionando y constituyen en la actualidad una amenaza para los pueblos de Europa.
Por ejemplo, la estación nuclear Kozloduj de Bulgaria constituye una pesadilla permanente para mi país, pero también una amenaza directa para toda Europa porque esconde graves peligros relativos a las condiciones seguras de su funcionamiento. La fábrica comprende 6 reactores de agua a presión de diseño soviético de los que del 1 al 4 del tipo 440 230 son los más anticuados y los más peligrosos. Los otros reactores 5 y 6 del tipo VVR 1320 se consideran menos peligrosos porque los requisitos de seguridad durante su construcción fueron más estrictos. A pesar de ello, incluso en dichos reactores se detectaron problemas y los expertos prevén que incluso después de su mejora para equipararlos a los modelos occidentales su funcionamiento seguro no podrá superar los dos años sin la realización de continuos trabajos de control. Es de señalar que el último accidente en la estación se produjo el pasado mayo y se alcanzó provisionalmente el nivel 2 en la escala de sucesos. Desde 1991 en adelante, la Unión Europea ha concedido más de 50 millones de ECU por parte de PHARE para la mejora de la seguridad nuclear de la estación y más de 70 millones para la adopción de medidas de imperiosa necesidad a corto plazo en el sector energético tradicional.
Por tanto, queda clara la necesidad de una rápida interrupción del funcionamiento de la estación con el desmantelamiento definitivo de los reactores más peligrosos 1 y 4. Con tal finalidad se ha comprometido también el gobierno búlgaro en el acuerdo de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones para la mejora de las unidades 5 y 6. Cualquier petición de prórroga o cambio de dicha marcha constituiría una postura extremadamente peligrosa y, en dicho caso, Bulgaria minaría sus esfuerzos por formar parte de la Unión y conduciría a un empeoramiento espectacular de sus relaciones con la Unión Europea. Eso ya quedó claro en una carta del Presidente Santer dirigida a las autoridades búlgaras.
Sin embargo, la Unión Europea debe ayudar a Bulgaria y asumir un papel activo en la reducción de su dependencia de la energía nuclear. Con tal finalidad, la Comisión, en lugar de permanecer inactiva para seguir la acumulación de las enormes sumas no disponibles del programa PHARE, debe actuar rápidamente para desarrollar la financiación de las acciones apropiadas. También encierran riesgos las instalaciones de extracción y tratamiento de uranio, las instalaciones de producción de combustibles y de tratamiento de combustibles utilizados y de almacenamiento de residuos de Kozloduj. Las capacidades de almacenamiento de los residuos radioactivos ya se han superado, teniendo como resultado el almacenamiento de los mismos en el lugar donde se encuentra la estación Kozloduj.
Asimismo, la contaminación radioactiva interfronteriza del río Nestos es un hecho indudable. La Comisión Europea debe asumir por fin una acción con actuaciones concretas hacia el gobierno búlgaro que tenga como objetivo su colaboración para hacer desaparecer la contaminación radioactiva interfronteriza.
Señora Presidenta, en la actualidad, no hay nada más importante para los ciudadanos europeos que evitar un nuevo Chernobil que puede provocarse de prolongarse el uso de los peligrosos reactores de Kozloduj, así como de otros reactores nucleares de diseño soviético que funcionan hoy en Europa con todas las terribles consecuencias que ya conocemos muy bien. Por consiguiente, debemos actuar muy rápido antes de que sea demasiado tarde. Por tanto, estaría bien que la Comisión nos dijera que es lo que piensa hacer en lo referente a Kozloduj, así como a los otros reactores nucleares de tipo soviético y, en general, a los reactores nucleares cuyo ciclo vital ha finalizado y a causa de los cuales peligran de muerte los pueblos de Europa.

Papayannakis
Señora Presidente, la propuesta que hoy debatimos contiene seguramente propuestas útiles sobre lo que debe ocurrir cuando llega la hora de que una estación nuclear deje de funcionar definitivamente.
Sin embargo, el problema básico que me ocupa es la elección nuclear global para la energía. Los riesgos y su coste real. Sobre dichos interrogantes el informe del Sr. Chichester sólo ayuda indirectamente al planteamiento y a las respuestas. Contiene formulaciones que al menos nos son ajenas, como las formulaciones que quieren que la industria nuclear nos eduque para que aumente nuestra sensibilización. Como, también, cuando se solicita el desmantelamiento de estaciones nucleares que no son seguras. Pero ¿qué seguridad ofrecen las demás?. Y no sólo las de construcción soviética. ¿Qué probabilidad de accidente es «aceptable», con qué «coste» y cuál es la esperanza de restauración, en cuántos cientos o miles de años?. ¿Qué tiene que decirnos al respecto la Comisión?.
Asimismo, creo que debatimos un informe que subestima el coste del desmantelamiento. Tenemos informaciones de Francia y España que elevan el coste a millones de francos y, principalmente, informaciones que afirman que se necesitarán muchos años, hasta diez, para realizar el desmantelamiento, lo que también es un coste que no se tiene en cuenta. Por tanto, queda pendiente la búsqueda de otra estrategia, señora Presidenta, que sustituya todas las estaciones nucleares, que impulse a tiempo otras fuentes de energía para las cuales existe tecnología moderna cuyo desarrollo requiere inversiones. Dichas inversiones serán seguramente mucho más pequeñas de las necesitadas para desarrollar la energía nuclear que, finalmente, se ha demostrado que no es barata. Creo que debemos felicitar a los gobiernos de la Unión, al menos a aquellos que declaran seguir dicha perspectiva, como ha sucedido recientemente en Alemania.

Cushnahan
Señora Presidenta, me satisface este informe de mi colega el Sr. Chichester. El desastre de Chernobil modificó la percepción que el público tenía de la energía nuclear, y muchos de los que viven a la sombra de las centrales nucleares sienten temores acerca de los actuales niveles de seguridad.
Esto es particularmente inquietante para los ciudadanos europeos que comparten una frontera con países de la Europa central y oriental. No sirve para nada que la propia industria actúe de forma casi secreta cuando se plantea un problema. Si nuestras industrias fueran más abiertas y más transparentes, resultarían más tranquilizadoras para los que tiene razones de sobra para estar inquietos.
Esta discusión sobre el desmantelamiento llega en un momento oportuno, y en nuestros debates con los países que desean ingresar en nuestra Unión tendremos que insistir en que cierren las centrales que no sean seguras. Sin embargo, he de indicar que eso se aplica tanto a los Estados miembros de la Unión Europea como a los países que comparten nuestras fronteras. Quisiera reiterar en particular la preocupación de mis compatriotas irlandeses acerca de la planta Sellafield-THORP. Ha habido demasiados incidentes, demasiados sustos y demasiadas coincidencias de problemas de salud a lo largo del litoral oriental irlandés. Con el cambio de gobierno en Alemania, como sabe usted, señora Presidenta, la política nuclear alemana será objeto de una revaluación. Eso podría muy bien significar que cesarán los cargamentos de material para su reelaboración que normalmente iban a Sellafield-THORP, con lo que se pondrá en evidencia la viabilidad económica de esa planta.
Además de las preocupaciones que ya he expresado, me gustaría señalar a la atención de la Comisión el apartado 15 del informe de mi colega, que insta al Consejo y a la Comisión a que estimulen la clausura de las centrales nucleares poco seguras de Europa. A ese respecto quisiera pedir al Comisario que examinara seriamente si la planta Sellafield-THORP corresponde a esa categoría.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones al señor Chichester por su detallado informe. Hago extensivas mis felicitaciones a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía por el trato dado a este informe y sobre todo porque la cooperación con los servicios de la Comisión ha sido muy buena, lo que ha favorecido la comprensión de los problemas actuales en este campo sin duda tan delicado.
La Comisión es consciente de los desafíos a los que se deben someter la industria y la ecología de nuestros países miembros en relación con el cierre de centrales nucleares y otras instalaciones de este tipo. En la Unión Europea se están cerrando actualmente unas 110 instalaciones que emplean la tecnología nuclear, si bien los trabajos preparatorios para estos cierres se encuentran en unas fases muy diferentes. Si se echa un vistazo sobre estas instalaciones en Europa se llega inevitablemente a la conclusión de que en los primeros decenios del próximo siglo se va a llevar a cabo el cierre de un número creciente de instalaciones de todo tipo que emplean la tecnología nuclear. Hasta el año 2020 previsiblemente hay que desmantelar previsiblemente otras 150 instalaciones nucleares. Con la proyectada ampliación de la Unión Europea se van a agudizar aún más los problemas pues habrá que cerrar instalaciones nucleares que no cumplen necesariamente los criterios de seguridad reconocidos generalmente. Según unas primeras apreciaciones de los servicios de la Comisión, en estos países habrá que cerrar unas 50 instalaciones. Sin embargo, el cierre ya no será un asunto al que se puedan aplicar de caso a caso diferentes conceptos. Por el contrario, surgirá un procedimiento de magnitudes industriales en el que participarán decenas de miles de trabajadores europeos y en el que se producirán, en especial, considerables cantidades de materiales débilmente radiactivos.
Ante estas grandes cantidades y en el intento de desarrollar la cooperación entre los Estados miembros así como la armonización dentro de la Unión, la Comisión cree que se deberán establecer algunas directrices generales para el cierre de instalaciones nucleares. Por ello, la Comisión apoya de modo general las opiniones expuestas por el señor Chichester sobre el cierre.
Permítanme, sin embargo, que me refiera de un modo algo más detallado a algunos de los puntos expuestos. En los apartados 3 y 5 se insta a la Comisión para que contribuya a mantener un elevado grado de conocimientos en la Unión Europea y que adopte medidas para la difusión y transferencia de «know-how» en este campo. A este respecto, puedo decirles que la Comisión, en el marco de su actual programa FTE, va a seguir creando y desarrollando bancos de datos para simplificar el intercambio de informaciones sobre tecnologías y costes entre los proyectos de cierre en curso.
En el apartado 6 el ponente subraya lo importante que es una ayuda técnica a largo plazo para los países de la Europa central y oriental. En este contexto, la Comisión financia actualmente toda una serie de estudios que se ocupan de las estrategias y aspectos técnicos del cierre en dichos países y en la CEI y que van a ser de gran ayuda para que los afectados desarrollen sus propias estrategias.
Respecto a los apartados 8 y 11 debo indicar que la Comisión comparte por supuesto la opinión de que hay que informar a la opinión pública. La Comisión va a seguir realizando su aportación al respecto también en el futuro. El cuarto informe de la Comisión sobre la situación actual y las perspectivas en el campo de la eliminación de residuos radiactivos en la Unión Europea debería publicarse antes de finales de año. Señorías, la Comisión comparte su opinión de que la cuestión de la financiación así como las posibilidades de reducción del volumen de residuos y el descenso de los costes de cierre son temas importantes, tal como se dice en el apartado 9. En la elaboración de su comunicado sobre el cierre, la Comisión tendrá en cuenta estos hechos. Sin embargo, en el momento actual la Comisión no está en situación de realizar predicciones sobre la prórroga de la vida de centrales nucleares, a lo que se refiere el apartado 14. En el marco del quinto programa marco de investigación se realizarán estudios sobre este tema. Espero que los resultados ayuden a la Comisión a apreciar correctamente la situación y las perspectivas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

Medio ambiente y producción agrícola - Ayudas a las medidas forestales en agricultura - zonas de montaña
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0345/98 del Sr. Iversen, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(97)0620 - C4-0075/98) sobre la aplicación del Reglamento (CEE) nº 2078/92 sobre métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente y la conservación del espacio rural; -A4-0346/98 del Sr. Otila, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(97)0630 - C4-0076/98) sobre la aplicación del Reglamento (CEE) 2080/92 sobre la introducción de una regulación comunitaria de ayudas para medidas de repoblación forestal en la agricultura; -A4-0368/98 del Sr. Santini, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre nuevas estrategias en las regiones montañosas.
Iversen
Señora Presidenta, creo que hemos alcanzado un buen compromiso sobre este informe. Nuestra tarea en este Parlamento es vigilar si logramos cumplir lo que queremos que suceda en el futuro. Por un lado, debemos hacer un esfuerzo en pro de los programas que promuevan métodos productivos respetuosos con el medio ambiente. Por otro lado, debemos ver si los resultados compensan el dinero empleado. ¿Tenemos los resultados medioambientales apropiados teniendo en cuenta el dinero que empleamos en estos reglamentos? No son cantidades pequeñas las que están en juego. Hay una contribución comunitaria global de 3, 8 millardos de ecus para este programa para el año 1997, a la que hay que añadir las aportaciones de los países miembros, que ascienden a 2, 5 millardos de ecus. Es una cantidad importantísima y estamos obligados a examinar cómo utilizamos estos recursos. ¿Tenemos suficiente medio ambiente por este dinero?
Éste es dinero de los impuestos de los ciudadanos comunitarios y por ello es importante dejar señalado cómo de bien funciona este programa en la práctica. Puede ser motivo de queja que éste no sea un genuino informe de evaluación, sin embargo, ésta tampoco era la intención - así debe constar en defensa de la Comisión. No obstante, puesto que así están las cosas, resulta difícil como ponente extraer algunas conclusiones definitivas sobre los efectos medioambientales de este programa. He oído en la Comisión - con la que he mantenido una excelente colaboración durante la elaboración de este informe, por la que me gustaría darle las gracias - que ésta espera todavía dos de los informes nacionales de evaluación y que tendrá listo un informe conjunto en abril del próximo año. Esto es positivo, sin embargo, habría sido mucho mejor naturalmente si hubiéramos podido elaborar nuestro informe a la luz de una auténtica evaluación por parte de la Comisión.
Resulta especialmente problemático evaluar un programa como éste puesto que carece de auténticos objetivos o criterios de éxito. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr, antes de que pensemos que otra cosa diferente pudiera ser suficientemente buena? Creo que hay que pensar en que una buena evaluación exige criterios explícitos de evaluación y pienso que en el futuro también los objetivos han de hacerse más claros de lo hecho hasta ahora. También quiero decir que el informe de la Comisión recoge una serie de efectos muy, pero que muy positivos en una larga serie de ámbitos. Entre otros, una parte de los campesinos ha sido animada a pasarse a la agricultura ecológica y esto no es algo desdeñable. Sin embargo, las cifras de las que ya disponemos muestran también que el aprovechamiento de los programas ha sido demasiado bajo. Pueden existir varias razones para ello. Los países miembros han informado que, entre otros factores, ésta puede estar motivada por las dificultades iniciales, deficiencias en la información sobre los programas, la falta de cofinanciación nacional, también puede obedecer a que los campesinos no tengan valor para vincularse tanto tiempo como el que es necesario para participar en estos reglamentos y ha habido quejas sobre que las indemnizaciones no cubrían los gastos que suponía la reconversión de la producción.
En mi opinión, la Comisión debe presentar propuestas sobre el modo de hacer más transparente el reglamento para los agricultores en el futuro. En la actualidad existen tres reglamentos distintos de ayuda a métodos productivos respetuosos con el medio ambiente y al campesino puede resultarle difícil considerar cuál de los reglamentos le resulta más rentable en su situación. Por ello me gustaría pedirle a la Comisión que piense también en que la información sobre el reglamento es una condición importantísima a la hora de alcanzar una implementación exitosa en los Estados miembros. Sin embargo, la información no basta necesariamente para que los campesinos que pudieran estar interesados elijan participar. El bajo aprovechamiento de los programas es más acusado - y lo lamento muchísimo - en las zonas que presentan un tipo de agricultura más intensiva. Nos hallamos en la situación de que algo sucede en las zonas donde estas cosas deberían ser puestas en práctica. Vemos que no hay muchas posibilidades de reconvertir las explotaciones agrícolas intensivas en explotaciones agrícolas extensivas. Lo cual me parece una importante carencia de los programas puesto que son estas áreas en las que el efecto medioambiental sería mayor. El problema del reglamento actual es que aparentemente a los campesinos de explotaciones agrícolas intensiva no les compensa hacer uso de estos programas. Y creo que estamos obligados a reflexionar sobre qué criterios de éxitos y qué objetivos son los que perseguimos.
Siendo ahora un poco crítico, diré que gracias a los datos que he obtenido de la Comisión, la cual ha sido muy abierta sobre estas cosas, tengo la sensación de que una serie de las cosas que se han puesto en marcha gracias a estos reglamentos, entre otras, el cuidado de la naturaleza, habrían sido puestas en marcha de todas formas. Esto quiere decir que hay algunos que han recibido dinero por hacer algo que habrían hecho de todas formas. Por ello pienso que existe la obligación - como dije anteriormente - de pensar en criterios de éxito y objetivos. Pienso que también debe haber posibilidad de graduar la ayuda, de modo que haya una mayor relación entre la cuantía de la ayuda económica y los gastos de los campesinos en cuanto a los efectos medioambientales.
Nuestra tarea como Parlamento a este respecto - y con ello acabaré - es, por un lado, velar por el medio ambiente y ver si obtenemos mejoras medioambientales. Yo creo que sí. Por otro lado, también debemos analizar si las mejoras medioambientales obtenidas mantienen una relación razonable con relación a los gastos que nos suponen. Puede ser difícil determinar de modo absolutamente exacto si tal es el caso con estos reglamentos y por ello quiero reiterar que aguardamos a disponer de una auténtica evaluación. Me ha alegrado la colaboración habida y espero también que el señor Comisario Fischler certifique hoy que dará a la Comisión de Agricultura una primera evaluación, antes de que lleguen las navidades a la Unión.

Otila
Señora Presidenta, el Reglamento (CEE) n- 2080/92 del Consejo fue una de las medidas complementarias de la reforma de la Política Agrícola Común de 1992. Su objetivo más importante era fomentar la repoblación forestal como uso alternativo de la tierra agrícola con el fin de reducir los excedentes agrícolas, que, desde el punto de vista político y financiero, estaban perjudicando a la Comunidad. Estaba previsto compensar a los agricultores por las pérdidas que sufrieran a causa de una producción y de unos precios más bajos. A cambio, la Comunidad podría mejorar sus recursos forestales y el equilibrio ecológico, a la vez que lucharía contra el efecto invernadero. Por consiguiente, los dos elementos del régimen eran los siguientes: reducir la producción agrícola, y aumentar y mejorar los bosques. Mediante estas ayudas se contribuye, por una parte, a cubrir los costes de la reforestación y el mantenimiento inicial y, por la otra, a mejorar el estado de los bosques. Para lograr estos objetivos se dispone de una financiación conjunta del 75 % en las zonas del Objetivo 1 y del 50 % en otras zonas.
No obstante, el informe de actividad facilitado al Parlamento por parte de la Comisión no aclara si se han alcanzado los objetivos generales del reglamento. Este informe no recoge ningún dato acerca de la reducción de la producción agrícola o de los ingresos que los agricultores dejaron de percibir a causa de la reforma de 1992, por los que habían sido compensados mediante las ayudas de ámbito forestal. En el informe se afirma que la superficie agrícola útil descendió en tres países entre el 0, 95 % y el 1, 35 %, y que en otros países la disminución fue todavía más marginal.
Al no haberse realizado evaluaciones al respecto, el Parlamento Europeo no puede hacerse una idea clara de la eficacia de unas medidas que han supuesto un gasto para la Comunidad de aproximadamente 800 millones de ecus durante el periodo de 1993-97, y cuyos costes totales, incluidas las contribuciones de los Estados miembros, se elevan a 1 800 millones de ecus. Ha transcurrido aún poco tiempo desde que se estableció este régimen, por lo que comprendo que no haya sido posible llevar a cabo todavía una evaluación de carácter global. Sin embargo, como ponente del informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, exijo que se realice una evaluación adecuada de la aplicación y la eficacia del régimen. Creo que el Tribunal de Cuentas debería facilitar al Parlamento un informe de los costes y los beneficios derivados del Reglamento, con el fin de disponer de una visión de conjunto de la aplicación de este régimen que ha costado a la Unión Europea varios miles de millones de ecus. Además, se deberá llevar a cabo un análisis comparativo de las posibilidades que ofrecen, en particular, el Reglamento (CEE) nº 2078/92 sobre medidas agroambientales y el reglamento relativo a la retirada de tierras agrícolas de la producción. Nuestro colega, el Sr. Iversen, ha elaborado un excelente informe sobre este último reglamento.
Parece que el detalle más notable del régimen sea la desigualdad en la distribución de las ayudas. El Reglamento es obligatorio en todos los Estados miembros, en el marco del principio de subsidiariedad, pero éstos pueden adaptarlo atendiendo a sus propias prioridades. En la práctica, este Reglamento ha sido muy operativo en cuatro Estados miembros, a saber, España, el Reino Unido, Irlanda y Portugal, que han reforestado el 81 % del total de la UE, a saber, alrededor de 500 000 hectáreas. En toda la UE, la superficie de los bosques que ha sido sometida a mejoras ronda en torno a las 185 000 hectáreas, habiéndose construido 7 312 kilómetros de carreteras forestales. Parece que los Estados miembros han adaptado verdaderamente este Reglamento con arreglo a sus propios objetivos en materia de política forestal y medioambiental, sin prestar mayor atención ni al objetivo inicial del Reglamento ni a la política agrícola.
Resulta ya de por sí sorprendente el hecho de que la Comisión se haya mostrado dispuesto a elaborar este informe de actividad, en una fase tan temprana y sin disponer de la información suficiente. La mayor parte de los Estados miembros no aprobó sus regímenes respectivos hasta 1994. Además, al elaborar este informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, me he encontrado con que las cifras que se exponen en el informe de actividad presentan deficiencias e, incluso, llegan a ser erróneas, posiblemente como consecuencia de los retrasos en la aplicación del Reglamento. Este hecho no significa que los costes del régimen fueran más reducidos de lo previsto inicialmente, sino que este régimen no ha funcionado, ni funciona, de manera correcta. Creo que resulta justificado cuestionarse si se deben proseguir las actividades con arreglo al Reglamento como hasta el momento, habida cuenta de que, descontando algunas excepciones, no se han alcanzado los objetivos deseados. Es necesario retomar esta cuestión en los debates sobre las propuestas legislativas de la Agenda 2000.
El Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre política forestal en el mes de enero de 1997. En dicha resolución se señalaba que la política forestal no figura en el Tratado de Roma y que, por lo tanto, tampoco recae dentro del ámbito de competencias de la Comunidad. Desearía aprovechar la exposición de este informe para recordar este importante dato. Creo que la economía forestal debería seguir desarrollándose primordialmente con arreglo a las condiciones del mercado y que no debería beneficiarse de nuevas modalidades de ayudas. En la actualidad se ha entablado un encarnizado debate también acerca de una posible estrategia forestal y, sobre todo, acerca de los distintos sistemas de certificación forestal en el plano de la Unión. En este debate hay que ser muy realistas y tener bien presentes los hechos, en lugar de atender a mecanismos de recaudación de fondos por parte de las organizaciones ecologistas.

Santini
Señora Presidenta, señor Comisario, antes que nada deseo señalar que este informe de iniciativa sobre una nueva estrategia para las zonas de montaña en Europa viene de lejos y se basa en trabajos anteriores que, evidentemente, exigían una actualización. Y viene de lejos también en lo que a esta legislatura se refiere. Recuerdo que el 27 de enero de 1997 celebramos una audiencia acerca de los problemas de las zonas de montaña y en particular de la agricultura en zonas de montaña en el ámbito de los trabajos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Seguidamente, la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo elaboró un excelente estudio de actualización. Se trata de un documento muy reciente, pues se presentó hace menos de un mes y deseo agradecer la colaboración de cuantos participaron en él. Es el que aquí ven; como pueden comprobar es muy consistente, pues se trata de una puesta al día muy valiosa para todos aquellos que quieren conocer las zonas de montaña europeas no sólo a través de sus manifestaciones agrícolas. Por último, la atención prestada y los estudios que precisamente en estos días están realizando el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones han constituido un apoyo importante.
Es por eso que, como Parlamento Europeo, hemos querido participar en esta serie de análisis y sobre todo de propuestas destinada a poner algo de orden en las intervenciones en favor de las zonas de montaña. Zonas de montaña -y aquí está el origen de una ambigüedad- entendidas como elemento de una cuestión más general que se llama «zonas desfavorecidas o zonas menos favorecidas de la Unión Europea». Volveré a tratar este tema cuando hable brevemente de las enmiendas presentadas.
Este estudio, al igual que esta iniciativa, parte de la base de que las zonas de montaña representan el 30 % del territorio de la Unión y el 20 % de la superficie agrícola útil siendo, por añadidura, extremadamente difícil la vida en buena parte de ellas. Les recordaré sólo algunos de los aspectos que dificultan la vida en dichas zonas: la altitud, la inclinación del terreno que convierten en difícil el uso de maquinaria agrícola, la fragmentación del territorio, la escasa fertilidad del suelo, la despoblación y el envejecimiento de la población estable, la dificultad de los transportes y de las comunicaciones, las distancias de los centros habitados, el riesgo medioambiental continuo y, en consecuencia, la incertidumbre de no saber cuál va a ser el futuro, así como la falta de infraestructuras básicas, carreteras, escuelas y servicios comunes.
Las zonas de montaña desarrollan un papel transversal que no sólo afecta a quienes las habitan: la protección del medio ambiente y el cuidado del territorio, el control hidrológico y geológico, la promoción de las actividades agroturísticas, la racionalización de la utilización general de los recursos, las intervenciones estabilizadoras en defensa de los valles -huelga decir que, con frecuencia, la ciudad se defiende precisamente en la montaña- así como, en su caso, la cooperación transfronteriza y la gestión de las actividades silvícolas y de pastoreo.
Sobre estos supuestos se basan algunas propuestas, por no decir algunas pequeñas reformas que, por lo general, van en dos direcciones que acaparan todo el interés de las Instituciones europeas en su conjunto. La primera de ellas es la salvaguardia de los puestos de trabajo; en consecuencia, tratemos de que no se pierdan los existentes, ya que estamos empeñados en la creación de nuevo empleo. La segunda es la protección del medio ambiente como compromiso transversal de cara a todas las reformas. Para tener éxito, sin embargo, el enfoque debe ser ante todo global, integrado, coherente y no esporádico, sino duradero. Hay que señalar que, según he dicho antes, la Unión Europea se ha dotado de una estrategia para las zonas desfavorecidas que incluye no solo las zonas de montaña, sino también las zonas árticas y las zonas costeras amenazadas por la desertización.
Hay que apuntar que este informe de iniciativa abre el camino a otras dos posibles profundizaciones y confirma que la labor del legislador estriba en trazar un camino desde el cual parten unos senderos que focalizan más a fondo el problema. Las zonas de montaña son un aspecto del problema, las zonas árticas -objeto de un informe de iniciativa que presentará en breve la Sra. Anttila- otro. En el futuro, a lo mejor en la próxima legislatura, alguien se ocupará de las zonas costeras amenazadas por la desertización. Por tanto, no es necesario plantear cada vez el problema en su totalidad, pues sería un paso atrás y una manera de seguir formulando grandes enunciados de principio, grandes propósitos de intervención, sin indicar en concreto y en detalle los instrumentos para entrar en el fondo de la cuestión y emprender acciones concretas.
¿Qué acciones concretas? Voy a citar rápida y solamente algunas de ellas. Ante todo hace falta un enfoque integrado. Es necesario fomentar la permanencia de la población en el territorio a través de la concesión de una compensación no aleatoria sino de carácter fijo por los servicios ecológicos y sociales complementarios de la que debe ser y seguir siendo la actividad preferente y principal, o sea, la agrícola. Es preciso reunir en un único volumen los principales reglamentos que afectan a las zonas de montaña, al objeto de establecer un auténtico «Código de la montaña» de la Unión Europea. Hacen falta seminarios que profundicen las cuestiones, una comunicación de la Comisión al Consejo sobre las zonas de montaña de las Unión Europea, un plan de acción transversal que plasme en términos operativos este nuevo enfoque. Hay que valorizar los proyectos piloto a través de los programas TERRA y LEADER, así como toda una serie de iniciativas ulteriores que podrán ser examinadas en detalle por el señor Comisario Fischler a quien, en mi calidad de ponente, entrego este estudio con el fin de lo tenga en cuenta a la hora de indicar las nuevas orientaciones en materia de desarrollo rural en la Agenda 2000.

Fantuzzi
Señora Presidenta, señor Comisario, nuestro Grupo toma nota con satisfacción de estos dos informes de la Comisión sobre los Reglamentos núms. 2078 y 2080. El Sr. Otila decía que se trata de dos informes elaborados demasiado deprisa. Temo que es precisamente lo contrario y que son unos informes algo tardíos. Los reglamentos relativos a las medidas de acompañamiento de la PAC se remontan al año 1992 y ahora estamos en 1998, después de seis años es la primera vez que llevamos a cabo una evaluación global de estas medidas. Considero que con respecto a estas acciones tan innovadoras que, cuando se presentaron, estaban tan cargadas de significado, es oportuno efectuar un seguimiento más constante teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una materia que, al estar en plena evolución, precisa actualizaciones y revisiones constantes.
Como decía el Sr. Iversen, el problema estriba en que faltan evaluaciones críticas de la eficacia de estas medidas, por este motivo necesitamos colmar este vacío, porque dichas evaluaciones deben ser conocidas. Tenemos que disponer de toda la información necesaria sobre cómo se ha empleado esta ingente cantidad de recursos financieros, pues hemos de empezar a examinar las nuevas propuestas y creo que los que apoyan el ecologismo de la PAC necesitan argumentos y datos muy válidos, ya que muchas personas se oponen a una reforma en sentido medioambiental de las políticas tradicionales de mercado.
Quisiera animar al señor Comisario a seguir adelante sobre la base de estas primeras experiencias. Sabemos que en el nuevo reglamento sobre el desarrollo rural se incluyen las acciones de los Reglamentos núms. 2078 y 2080, sin embargo, tenemos tres dudas. La primera es que la dotación financiera de las nuevas medidas de acompañamiento sigue siendo algo escasa y el Sr. Iversen lo menciona en su informe. Hay realidades en que probablemente tendremos compensaciones demasiado limitadas respecto a las necesidades, motivo por el cual se podría pensar en distintos porcentajes de cofinanciación de estas medidas. La segunda duda estriba en que sobre el Reglamento nº 2080 persiste el malentendido existente entre las acciones en materia estrictamente forestal de la Comunidad -es cierto que no existe una competencia directa a nivel comunitario, sin embargo, en el informe Thomas decimos que se podría introducir toda una serie de medidas a nivel comunitario- y las indemnizaciones de compensación para las producciones no alimentarias como, por ejemplo, la maderera. Creo que esto llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de presentar propuestas en materia de política forestal. La tercera duda es que las nuevas propuestas de la Agenda 2000 prevén una cross-compliance que se deja demasiado a la discrecionalidad de los Estados miembros. Estimo que está bien la subsidiariedad, pero no tan acentuada. Hay que valorizar las experiencias de los Reglamentos núms. 2078 y 2080 salvaguardando las disposiciones comunes dentro de las cuales, luego, es necesario dejar espacio a las iniciativas de los Estados miembros.
En cuanto a las zonas de montaña, deseo congratularme con el Sr. Santini. Considero que su informe establece una panorámica de la montaña que no es sólo la de las postales y que, hoy por hoy, nos hace falta más que nunca.
Se han concretado muchos puntos y tan sólo quiero añadir que éstas no deben ser iniciativas única y exclusivamente comunitarias, por no decir que estoy en duda de si se pide demasiado a nivel comunitario. Han de ser acciones que deben llevarse a cabo de forma coherente por los Estados y las regiones, porque la nueva lógica de la PAC es la de ofrecer a las regiones la posibilidad de elaborar con mayor libertad programas en su territorio teniendo en cuenta todas las zonas que presentan obstáculos físicos y naturales y que, por lo tanto, deben ser ayudadas y consideradas.

Keppelhoff-Wiechert
Señora Presidenta, señor Comisario Fischler, los programas de medio ambiente agrícolas de la Unión Europea han encontrado en los Estados miembros una resonancia muy diferente. Un estudio científico realizado en Alemania sobre la aceptación de estos programas lo muestra muy claramente. En su patria, señor Comisario, se habla de que el 86 % de los agricultores aceptan tales programas. En Alemania nos encontramos en el 30 % y en Francia en el 17 %.
Tres años después de la entrada en vigor de este Reglamento sobre medio ambiente, la Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo un balance sobre la aplicación del Reglamento indicado. El ponente, señor Iversen, al que me refiero fundamentalmente, ha aportado desde mi punto de vista un matiz algo negativo en todo el informe. Llama la atención sobre las insuficiencias de los objetivos -necesitan una definición más estricta y pide también unos datos más claros de las mejoras cuantitativas que los agricultores deben alcanzar en la aplicación del programa. Entre otras cosas, exige que los programas de medio ambiente agrícolas deben orientarse mucho más intensamente a los resultados. Para ello, bajo determinadas circunstancias, son necesarias de nuevo unas ayudas y estímulos superiores en determinados sectores y quizás también algo más de democracia.
Actualmente hay límites superiores para las ayudas cofinanciadas con créditos comunitarios. Pero, posiblemente, será necesario adaptar estos límites superiores ante el trasfondo de las necesidades existentes. Desde mi punto de vista, los países miembros que ya antes de la reforma agraria han desarrollado y aplicado programas propios de medio ambiente en la agricultura, tienen una cierta ventaja experimental. Debido a la diferente aceptación de estos programas en la UE, no se debe dar preferencia a mencionar la parcial falta de disposición de los agricultores para participar en los programas, sino desarrollar y configurar los correspondientes programas en función de la capacidad financiera y las posibilidades organizativas de los Estados miembros.
En mi región, los agricultores ya han pasado por algunas pruebas. Al principio hubo que nadar contra corriente pero creo que hoy se ha tratado ya en su mayor parte esta temática. Se puede registrar el máximo nivel de nueva producción de aguas freáticas bajo las superficies utilizadas agrícolamente. En el mantenimiento de una agricultura extensiva, la producción de agua potable es una prestación esencial a la agricultura junto a la producción de alimentos y al cuidado y mantenimiento de un paisaje de cultivos del que siempre hablamos. Por ello, creo que es razonable que tratemos conjuntamente estos informes sobre las regiones forestales y montañosas también bajo estos aspectos. Por estos importantes motivos, estoy a favor de que la agricultura se mantenga también en las regiones menos favorecidas por la Naturaleza. Para ello son necesarios y están justificados los pagos de transferencia.
Para finalizar, quiero decir que los programas de medio ambiente de la agricultura persiguen entre otras cosas fortalecer económicamente a la agricultura con sus muy variadas funciones también en las regiones periféricas. El Reglamento 2078/92 realiza de este modo una aportación muy importante a la estabilización de las áreas rurales.

Anttila
Señora Presidenta, señor Comisario, desearía felicitar a los ponentes de estos meritorios informes. Los acuerdos relativos a las medidas medioambientales que se recogen en la reforma de la PAC no afectan más que a un 17 % de las explotaciones de la UE. Las ayudas agroambientales están siendo utilizadas únicamente en cinco Estados miembros. Por consiguiente, es necesario incentivar en mayor medida el uso de este régimen, por ejemplo, estableciéndolo como una de las condiciones previas para la obtención de ayudas. Hay que poder recurrir en el futuro a estas ayudas agroambientales para reducir también la producción que resulte gravosa para el medio ambiente. Para los consumidores, la protección ambiental y el desarrollo sostenible se convertirán en elementos cada vez más importantes a la hora de decidirse por uno u otro producto alimenticio. Como ya ha señalado el Sr. Mulder en su informe sobre la política de calidad de los productos alimenticios, los principios prácticos de una producción agrícola favorable en Europa constituyen la base sostenible de los alimentos europeos de alta calidad. El éxito de la Unión Europea en el mercado global de la alimentación dependerá únicamente de la calidad de sus productos.
De acuerdo con lo expuesto en el informe del Sr, Otila, el régimen de ayudas a las medidas forestales no funciona como cabría esperar. Con la adhesión de Finlandia y Suecia, se incorporó a la Unión un cinturón forestal de coníferas en el que la renovación de los bosques y la explotación sostenible han venido constituyendo uno de los pilares de la economía nacional durante décadas. Como ya ha señalado el Sr. Otila, la economía forestal ha de seguir funcionando con arreglo a los principios de la libre competencia. La política comunitaria deberá coordinar las cuestiones que redunden en beneficio y mejoren la explotación y el uso sostenible de los bosques de la Unión. Esta actividad por parte de la UE es necesaria, por ejemplo, para garantizar en las negociaciones que se lleven a cabo en el seno de la OMC el libre acceso de los productos de la industria maderera de la Unión al mercado mundial. La Unión Europea deberá velar igualmente por el establecimiento de criterios relativos a una gestión y a una reforma sostenibles en el ámbito de la silvicultura para los productos de su sector forestal, ya que ésta es la única manera de evitar que las organizaciones ecologistas hagan un uso excesivamente parcial de los sistemas de certificación, lo cual acrecentaría su poder de influencia. Este tipo de sistemas de certificación se está desarrollando continuamente por iniciativa individual de los propios Estados, por lo que se necesita un sistema único, a escala de la UE, para los distintos certificados de los Estados miembros. El Sr. Comisario ha recibido diversas propuestas acerca de esta cuestión, por lo que me gustaría preguntarle cuándo tiene previsto presentar una propuesta a nivel de la UE por lo que respecta a este sistema de certificación global.
El informe del Sr. Santini aborda de manera exhaustiva los distintos problemas que se plantean en las zonas de montaña. Puedo comprobar que las prácticas agrícolas en las zonas de montaña y en las regiones árticas se enfrentan con numerosos problemas comunes. En ambos casos se registra un breve período de crecimiento, las distancias son largas, la densidad de población es baja, las condiciones para la cosecha son difíciles, etcétera. La Unión Europea podrá actuar de un modo sostenible únicamente si respeta la diversidad y presta una mayor atención a las distintas necesidades de las regiones que como lo ha venido haciendo hasta el momento. Creo que estos informes que estamos sometiendo ahora a debate ofrecen una excelente oportunidad para hacer mayor hincapié, precisamente, en las diversas necesidades de las distintas regiones que indudablemente existen en la Unión Europea, como se señala correctamente en este informe sobre las zonas de montaña.

Rosado Fernandes
Señora Presidenta, señor Comisario, me han concedido una montaña de minutos y yo no quiero subir hasta la cima de la montaña, porque no quiero que acaben todos cansados con la subida. Pero voy a hablar sobre los tres informes: Iversen, Otila y Santini.
El informe Iversen revela, naturalmente, un conocimiento profundo, sobre todo de las zonas agrícolas que tienen el lujo de poder hacer agricultura más intensiva. No es como en mi país, o como en Grecia, donde hay ciertas zonas en las que, aunque se quiera hacer agricultura intensiva -a menos que se hagan explotaciones industriales de cerdos-, resulta imposible. Por tanto, hay diferencias medioambientales y de resultados medioambientales enormes entre los diversos países. ¿Cómo se puede evaluar eso? Estudiando, pidiendo a los institutos universitarios y de otra índole que hagan, de hecho, un balance de la situación.
Porque no cabe la menor duda de que hay países que no consiguen combinar su desarrollo con la protección de la naturaleza. Hay otros que, por desarrollarse demasiado, perjudican a la naturaleza. De modo que, ¿quién decide? Y el problema siempre radica en eso. ¿Va a ser el burócrata el que decida sobre mi buena práctica agrícola? Naturalmente, convengo con el Sr. Fantusi cuando dice que hay que establecer reglas generales para toda Europa.
Por lo que se refiere al informe Otila, trata de una medida de acompañamiento extraordinariamente útil. Ahora bien, todos nosotros sabemos que no va a resolver el problema forestal de Europa, pero, al menos en países como el mío, puede retirar de la producción algunas zonas marginales. Pero para eso también es necesario algún estudio: ver cuáles son las variedades que están implantadas en las zonas pobres, ver si, de hecho, tendrán algún valor económico en el futuro y quién debe decidir sobre ellas en conjunción con los propios agricultores que necesitan retirar esas zonas marginales de la producción. ¿Quién decide? Hace falta dinero y una evaluación de lo que se ha hecho en cada uno de los países. Y yo no estoy del todo de acuerdo con que el dinero que se aproveche mal en un país sea retirado para dárselo a otro que lo aproveche mejor. Y voy a decir por qué: porque la Comisión también puede tener una función pedagógica, colaborando con los gobiernos nacionales.
Por lo que se refiere al informe de mi amigo Santini, debo decir que mi amigo Santini es más tirolés que italiano. No cabe duda de que pertenece más a la zona del Jodel del Comisario Fishler que al de la canción italiana propiamente. De forma que prepara un informe para la montaña, no digo del Tirol, sino para la montaña italiana como prolongación del Tirol. Yo conozco la montaña pobre, la montaña seca, la montaña que no tiene nieve, la montaña en la que el agricultor no puede ser profesor de esquí.
Por tanto, sin menoscabo de la amistad que le profeso y del mucho respeto que siento por su trabajo aquí, en este Parlamento, me he permitido proponer que también considere junto a la montaña las zonas áridas y semiáridas. Y he conseguido introducir algunas enmiendas que ha aceptado graciosamente. Es evidente que el Sr. Görlach preparó en la otra legislatura un informe sobre las zonas áridas y semiáridas. Pero considero que deberían ser objeto de más atención, ya que en general la ciencia se ocupa de las zonas ricas, porque le pagan. La ciencia no se ocupa de las zonas pobres, porque no tienen dinero para pagarle. Y en ese sentido pido a la Comisión que se digne interesarse por estudios más idóneos sobre la situación real de Europa. He llegado a la cima de la montaña y ya no quiero subir más. Y regalo un minuto a todos los que no han querido aburrirse con mis palabras.

Querbes
Señora Presidenta, señor Comisario, los tres informes que se nos han presentado me parecen especialmente importantes para nuestra reflexión sobre las políticas de la Unión. Se preguntan sobre políticas agrícolas y forestales que serían más ecológicas y asegurarían la ocupación del espacio, así como el mantenimiento y el desarrollo de las actividades humanas.
Estas cuestiones están en el centro de nuestras sociedades. Han llegado por rechazo de las políticas productivistas que han degradado la calidad de las producciones y del medio ambiente, han provocado la hemorragia del empleo y la desertificación de las zonas frágiles. Se debería hacer todo en favor del éxito de estas políticas alternativas, pero ése no es el balance que establecen nuestros ponentes, a pesar de la insuficiencia de las informaciones que proporciona la Comisión. Constatan que no se han alcanzado los objetivos. El retroceso de la actividad agrícola ha transformado con frecuencia las zonas agrícolas en terrenos baldíos y bosques agrestes, no valorizados y muy sensibles a los incendios, principalmente en la Europa del sur. Las zonas montañosas y difíciles siguen despoblándose. Las zonas de producción intensivas que agreden el medio ambiente no se han visto afectadas por las medidas agroambientales. Este fracaso es la consecuencia de una PAC que somete a las producciones agrícolas y forestales a las reglas de un mercado que aplasta los precios y a los hombres.
Las políticas alternativas existen. El informe Cunha que ha aprobado este Parlamento, al igual que la ley de orientación de la agricultura francesa, nos traen a la mente una reforma de la PAC que dedique las financiaciones públicas al desarrollo de una producción de calidad, que ocupe el espacio, que respete el medio ambiente y desarrolle el empleo. En las zonas de montaña difíciles, los precios y las primas deberían asegurar una renta decente en las pequeñas explotaciones. Por todas partes, debería fijarse un límite a las primas, por explotación, para reducir la carrera por la productividad y financiar contratos de explotación que se fijen objetivos de calidad, de empleo y de medio ambiente.
En el mayor espacio de bosque cultivado de la Unión, el del suroeste de Francia, así como en los bosques mediterráneos, la puesta en práctica de nuevas técnicas de producción de resina de pino podrían repoblar las zonas hoy desertificadas. No son más que tres proyectos concretos en el espíritu de una política que permitiría que los medios financieros comprometidos por la Unión respondieran a las necesidades de nuestra sociedad.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, muchas gracias por los diez minutos. Como tenía uno de los colegas, suman once. Comienzo con los tres míos.
Punto 1: tenemos que aclarar de nuevo los objetivos de estas medidas de acompañamiento, es decir, la 2078 y la 2080. Señor Fischler, en aquella ocasión usted no era aún Comisario y Austria aún no estaba en la UE. El objetivo no era hacer un programa de innovación sino, lo dice el nombre, «medidas de acompañamiento» para una reducción de precios que se había realizado defectuosamente dentro del sistema de intervención y que había desplazado a la marginalidad económica a determinadas regiones que no se incluyen entre las de máximo rendimiento. Se quería aplicar una compensación y la posibilidad de realizar una repoblación forestal con la 2080 allí donde se había retirado algo de la producción. Esta era la finalidad que se escondía tras estas medidas de medio ambiente.
Señor Fischler, que esto se haya convertido en un programa de innovación -y este es el punto 2- no tiene nada que ver con el objetivo sino que ha sido aprovechado así por los afectados. Austria es un buen ejemplo de ello. Han venido más tarde y se han beneficiado inmediatamente de este programa haciendo uso del modo especial de producción que se deduce de estos gravámenes medioambientales, aplicando una calidad especial a los productos en la comercialización. Lo mismo es aplicable a las explotaciones biológicas que se han venido a adherir a este programa y que podían vivir con estos más bien reducidos pagos compensatorios para el medio ambiente, ya que en el mercado podían alcanzar unos precios superiores. Cuando en el informe del señor Iversen se dice que por lo demás las explotaciones y las regiones no han hecho uso de este programa, se debe a que estas medidas y los pagos realizados por ello, no habían compensado en esas regiones el retroceso de los rendimientos. Es decir, se trataba de un programa de acompañamiento. Los afectados han hecho de ello un programa de innovación.
Tercer punto: la cuestión de la financiación. Se trataba de un programa que cae bajo los gastos obligatorios. Hace poco he hablado con el Ministro de Agricultura vasco. Estuvo en Austria y se quedó muy sorprendido de cuánto obtiene Austria de este programa. Le dije que porqué no lo habían hecho ellos en los últimos años. Alegó que era un programa que tenía que ser notificado por la Comisión y tenía que ser pagado pues pertenecía a las medidas obligatorias y provenía de FEOGAGarantía. Se podían haber ampliado estas finanzas y hoy tendríamos un presupuesto mayor y no tendríamos que esforzarnos por esa ampliación.
Ultimo punto: la perspectiva de este programa. Coincido con usted. Este programa tiene que incorporarse al segundo pilar reuniendo en un programa estructural para el desarrollo integrado del área rural lo que se impuso como programa de medio ambiente y se convirtió en un programa de innovación y comercialización con una producción especial. Coincido pues con usted al respecto. Naturalmente, no coincido con usted en que como Comisario cometa el error...
(El Presidente interrumpe al orador)

Barthet-Mayer
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, es necesario resituar el debate en el contexto general de la reforma de la PAC. Los reglamentos existentes sobre las medidas agroambientales y sobre las medidas de repoblación deben ocupar un lugar preponderante. Cuanto más cierto es que esos reglamentos correspondieron en 1992 a esfuerzos reales para integrar mejor unas consideraciones menos productivistas, tanto más inquietante es ver que hoy su balance es mitigado, incluso negativo.
Con Agenda 2000, sería preciso imponer una reforma fundamental para reforzar la seguridad alimentaria, principalmente en el ámbito de las carnes. Con un déficit del 70 % de las proteínas para la alimentación animal, la Unión Europea siempre está a merced de posibles embargos internacionales. Paralelamente, un número creciente de campesinos se comprometen en nuevas producciones de calidad, vinculadas al suelo, más respetuosas con el medio ambiente, que dan prioridad a los mercados regionales, a los territorios, en lugar de volúmenes anónimos a la exportación. Se impone una revisión para que los empleos agrícolas, la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y la protección del entorno rural estén en el centro de la reforma de la PAC.
Ya no podemos conformarnos con medidas de acompañamiento, que con frecuencia no son más que taparrabos de una agricultura orientada al productivismo, a la bajada continua de los precios, a la desregulación y al mercado mundial. La PAC ha de integrar tanto consideraciones económicas y sociales como las vinculadas al medio ambiente y a la ordenación del territorio rural de la Unión.
Sí, señor Iversen, tiene razón al lamentar que la Comisión se haya limitado a establecer un simple balance, sin proceder a una verdadera evaluación. La Comisión no ha querido extraer las conclusiones operativas que se imponen para el futuro. Las medidas agroambientales no deberían reducirse a ingresos adicionales para los agricultores. Hacer que los productores europeos vendan productos por debajo de su coste de producción no es hacer desarrollo duradero.
En lugar de multiplicar las normas vinculantes de ecocondicionalidad para los agricultores, integremos desde el principio en los pliegos de condiciones unas condiciones de pago de las ayudas proporcionales al beneficio sanitario, social y medioambiental que la sociedad obtendría de una nueva agricultura con, por ejemplo, disposiciones especiales para las zonas de montaña como propone el Sr. Santini o también para las zonas desfavorecidas. En cuanto a las explotaciones de tipo industrial, con frecuencia contaminantes, orientémoslas hacia sistemas del tipo de que el que contamina paga, con ecocondicionalidad y límite máximo de ayudas.
La misma lógica, en fin, preocupante, con el fracaso relativo al régimen de ayudas forestales en agricultura. Muy desigualmente aplicado según los países, no ha tenido un efecto real en términos de desarrollo rural, aunque haya cumplido su función de ocupación del suelo y de disminución de las superficies cultivadas. Bastaría con que una simple estrategia forestal europea nos estimulara a producir de forma duradera madera en Europa y a rechazar las importaciones de selvas tropicales o boreales que proceden con frecuencia de desmontes completos.
Por supuesto, hemos de defender un aumento sustancial de los medios financieros, pero se impone una verdadera voluntad política de la Unión Europea para asegurar el éxito y la integración generalizada de estas medidas.

Nicholson
Señora Presidenta, no es fácil promover una agricultura que respete más el medio ambiente. La cosa resulta aún más difícil cuando se tienen en cuenta los márgenes de beneficio. Cuesta más dinero abrir nuevas zonas de producción, porque hay que levantar nuevos edificios. Por eso hemos de obrar con realismo y sensatez para conseguir lo que apetecemos.
También es evidente que si hay una cláusula que se lo permita, muchos gobiernos nacionales no facilitarán la financiación prevista, con el resultado de que la propuesta no se pondrá en práctica. Se trata de un problema verdadero que habrá que corregir cuando nos ocupemos de algún conjunto de medidas de reforma. Me temo que estemos en peligro de crear un escenario muy desigual. Tenemos que esforzarnos por que eso no ocurra en la Unión Europea.
El informe del Sr. Santini -que me satisface- se centra en las zonas montañosas. Eso está muy bien. Eso no plantea para mí ningún problema, pero lo que me sorprende es que esas zonas montañosas sean tan análogas a las zonas menos favorecidas. El Parlamento y sus comisiones parecen estar desarrollando nuevas formas de obtener y prestar apoyo para zonas como las islas, las regiones periféricas y ahora las zonas montañosas, pero corremos el peligro de diseminar tanto nuestros medios que llegaremos a un punto en que lo que cada uno obtenga de nosotros sea insuficiente y no sirva de ayuda. Creo que hay estructuras generales que están en condiciones de ocuparse de esta cuestión. La acción en favor de las regiones periféricas debe ser de base más amplia. El futuro de las zonas menos favorecidas es sumamente sombrío por el momento, y la disminución de los ingresos es grave. Ésa es la cuestión de la que tenemos que ocuparnos, y ésa es la esfera a la que tendremos que dedicar nuestras propuestas en el futuro.

El Presidente
Muchas gracias, interrumpimos ahora el debate conjunto que proseguirá después de las votaciones.

Votaciones
Bertens
Señora Presidenta, tengo el honor de representar como portavoz a los cinco Grupos que han diseñado la resolución que está ante nosotros, es decir, los socialistas, los verdes, GUE, ARE y, por supuesto, los liberales. Quiero comunicarle que estos Grupos sólo están de acuerdo con dos enmiendas presentadas por el PPE, es decir, las enmiendas 5 y 8. La enmienda 8 únicamente con la condición de que este nuevo texto aparezca como segundo párrafo.

Bourlanges
Señora Presidenta, quisiera plantear una cuestión de observancia del reglamento de conformidad con el artículo 102, por cuanto que las enmiendas relativas a esta resolución no están disponibles en francés. Me alegro de poder decirle que votaré con agrado a favor de esta resolución, pero considero que es absolutamente imposible pronunciarse cuando las enmiendas no están disponibles en todas las lenguas. He esperado diez minutos a la distribución. Me han dicho que ya no había más enmiendas en francés, que era imposible encontrarlas, y me han aconsejado esperar. He esperado todo el tiempo necesario y he dejado de hacerlo en el momento de entrar a la sesión. Así pues, no disponemos de enmiendas en una de las lenguas en uso en la Unión Europea.

Posselt
Señor Presidente, junto con el Sr. Dupuis y otros he firmado una serie de enmiendas que exigen medidas contra numerosos dictadores y ex dictadores. No encuentro ninguna de estas enmiendas en nuestros papeles y ahora escucho que la administración lo ha declarado, por así decirlo, como improcedente. Mi pregunta es la siguiente: ¿desde cuándo decide la administración contra qué dictadores y ex dictadores podemos proceder y contra cuáles no?

El Presidente
Señor Posselt, está en un error. La administración no decide si una enmienda procede o no procede sino el Presidente. En este contexto, se trata sólo de la detención del general Pinochet y no de otra cosa. Por ello, todas las enmiendas que se salen de este tema no proceden. Si estoy bien informada, los solicitantes han recibido también una comunicación por escrito al respecto.

Bourlanges
Señora Presidenta, nunca he discutido que existiera una versión francesa de las enmiendas. Simplemente he dicho que esta versión no estaba disponible. Pero gracias a la cortesía de uno de nuestros colegas que se transformó en ujier, después de haber tomado la palabra, acabo de recibir el documento en francés.
Me alegro. Pero, independientemente de todo esto, me pregunto sobre las razones por las que se decide, me pregunto quién es la autoridad que decide que las enmiendas relativas a algunos dictadores son admisibles, mientras que las enmiendas relativas a otros dictadores no lo son.
(Aplausos)
El Presidente
Puede presentar todas las propuestas de resolución que desee, pero en esta ocasión se trata solamente de una persona y no de otra cosa.

Galeote Quecedo
Señora Presidenta, acepto la propuesta del Sr. Bertens pero, llegado el momento de la votación de este texto, quisiera introducir una enmienda oral, que estoy seguro que aceptará el Grupo Socialista y, por consiguiente, le pido que me permita expresarla aquí.
(Antes de la votación de la enmienda 8)

Galeote Quecedo
Señora Presidenta, cuando aquí reafirmamos nuestro compromiso con el principio de la justicia universal y, de acuerdo a ello, instamos a las autoridades competentes a interpretarlo conforme a los fundamentos del Tratado de la Unión Europea, yo quisiera añadir, después de «autoridades competentes», «especialmente las de España y del Reino Unido», que son las involucradas en este asunto.
Yo estoy convencido de que el Grupo Socialista entenderá, porque es de pura lógica, que las autoridades españolas, tanto judiciales como gubernamentales -que tienen la capacidad, en el caso del Gobierno, de trasladar la petición de los jueces- y británicas -que tienen la capacidad de conceder la extradición- son las involucradas en este caso y, por consiguiente, aceptarán esta mención obvia.
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución)

Bloch von Blottnitz
Esto era ahora el considerando G. Hemos pedido que se vote por partes separadas. Quiero preguntar al Sr. Chichester si es posible que aquí se haya traducido algo erróneamente, pues se dice: «Los residuos radiactivos que existen hasta ahora son fundamentalmente residuos médicos». Naturalmente, esto es objetivamente falso al cien por ciento. Si se ha traducido erróneamente, de acuerdo, pero si no es así, tenemos naturalmente que tachar que se trata «fundamentalmente de residuos médicos». Pues no es cierto, esto lo sabe todo el mundo.

Chichester
Señora Presidenta, ésta era una enmienda que fue presentada originalmente por el Grupo de los Verdes en la fase de la comisión parlamentaria, así que no comprendo qué es lo que quieren ahora. Es cierto que todavía no hemos llegado al momento de la votación, pero vamos a votar por separado sobre las tres partes del considerando G, así que ¿por qué no votamos ya, sin pérdida de tiempo?.
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución)

Blokland
Señora Presidenta, estamos contentos con el contenido de la resolución y del informe, en el que el Sr. Chichester hace una descripción y evaluación realistas y objetivas de la problemática. Por tanto, hemos respaldo la resolución.
La clausura de centrales nucleares se convertirá en el futuro en una actividad industrial cada vez más importante. Con razón, en la resolución se hace hincapié en la protección preventiva de la salud pública en todas las actividades relacionadas con la clausura de centrales nucleares.
Importantes diferencias de todo tipo, dentro y fuera de la Unión, hacen inviable una armonización de la clausura. De ahí que la responsabilidad de la clausura recaiga sobre todo en los Estados miembros y en los explotadores de centrales nucleares. Ellos mismos eligen entre una clausura directa y general, y una clausura en fases. Al calcular el precio de coste de la electricidad se tienen, por supuesto, también en cuenta los costes de clausura de la instalación.
El intercambio de conocimientos y experiencias debe desarrollarse más, al igual que las actividades de investigación, educación e información. Al informar claramente al público en general sobre por qué y cómo hay que clausurar una instalación nuclear, éste obtiene una mejor idea de los problemas relativos a la clausura y eliminación de residuos radiactivos. No obstante, hacemos una observación crítica en cuanto al considerando N: que la aceptación social de la clausura y de la eliminación de residuos nucleares sea condición para el futuro desarrollo de la energía nuclear, va demasiado lejos. Por eso hemos votado en contra de ese considerando.

Holm
De acuerdo con el título, el informe debería tratar del cierre de las centrales nucleares, pero su contenido constituye casi una defensa de ellas. Opino que esto es inaceptable. Las centrales nucleares no son seguras y por eso deben ser desmanteladas. Por este motivo, el informe debería centrarse más en cómo se va a realizar el cierre y especialmente en la forma técnica de proceder para que el desmantelamiento resulte seguro desde el punto de vista de las radiaciones.
Lamento por eso que la mayoría del Parlamento Europeo no quiera dar su apoyo a las importantes propuestas de enmienda que ha presentado el Grupo V. Muchos Estados miembros han decidido comenzar el cierre de sus centrales nucleares, entre otros Suecia y Alemania, pero nada de esto se dice en el informe. Por este motivo, he votado en contra del informe en su totalidad.

Titley
Represento una circunscripción de una región que durante muchos años ha desempeñado un papel dominante en los usos civiles de la energía nuclear, y me congratulo de que el Sr. Chichester haya tomado la iniciativa de presentar este informe sobre el futuro del cierre definitivo de las centrales nucleares.
La energía nuclear inspira un fuerte apoyo o fuertes críticas. Ante nosotros tenemos quizá una cuestión esencial -cómo retirar las centrales nucleares de forma segura cuando llegan al final de su vida útil- que podría unirnos a todos.
Conozco las aptitudes de los trabajadores de las plantas nucleares, como por ejemplo las numerosas personas del noroeste de Inglaterra que trabajan en este sector y que ayudan al funcionamiento de la economía moderna. Confío en su capacidad para llevar a cabo el cierre definitivo de las centrales antiguas en el futuro, de igual manera que han sabido superar los problemas de la reelaboración del combustible agotado en el pasado.
Hago mío el principio enunciado en este informe de que es mejor que se ocupen de esta labor las autoridades nacionales y los expertos industriales, en vez de la UE.
Sin embargo, el informe también tiene razón cuando pide que, como en la investigación, cuando la UE pueda desempeñar un papel útil en la labor de cierre definitivo, su labor debería incluir, naturalmente, a las numerosas naciones de la Europa central y oriental cuyas centrales nucleares, construidas en tiempo de los comunistas, requieren ayuda para su cierre definitivo en condiciones de seguridad.

El Presidente
Con ello finalizan las votaciones.

Medio ambiente y producción agraria - Ayudas a las medidas forestales en agricultura - Zonas de montaña (continuación)
El Presidente
Proseguimos el debate conjunto interrumpido antes.

Wilson
Señora Presidenta, en el contexto de la agricultura y de las repercusiones medioambientales en otras zonas, diré que todos los argumentos adelantados por el Sr. Santini se aplican también a las regiones menos favorecidas. La despoblación rural es un problema, particularmente en mi país, Gales. Los jóvenes -y los progenitores jóvenes- se van de las zonas rurales a las ciudades y su lugar lo ocupan jubilados u otras personas que utilizan las zonas rurales como dormitorios mientras que su actividad económica se desarrolla en la ciudad. Eso tiene efectos desastrosos. La vitalidad económica de los jóvenes queda reemplazada por la actividad recreativa de los mayores de edad. Las escuelas y las tiendas se cierran y desaparecen las líneas de autobuses.
Tenemos que trazar nuevos métodos para conseguir que los jóvenes permanezcan en las zonas rurales. Tenemos que ofrecer servicios públicos asequibles en todas esas zonas rurales. Una forma de ayudar consiste en encontrar mejores métodos para compensar a los habitantes de las zonas rurales por la prestación de servicios ambientales. El sistema de subvenciones de Hill para compensar por la pérdida de ganado debe utilizarse para indemnizar por deficiencias naturales y no para conseguir objetivos medioambientales. Algunos planes encaminados a estimular una agricultura intensiva, como Tircymen en Gales, deben financiarse mediante otros planes agroambientales distintos.
Hay que respetar también la identidad de las personas que viven en zonas poco pobladas. No hay que pensar en las zonas rurales como parques de recreo para los visitantes procedentes de la ciudad. No hay duda de que queremos obtener los beneficios económicos del turismo, pero también necesitamos inversiones en puestos de trabajo remunerados. Tenemos que tener siempre presente el impacto ambiental del desarrollo, pero también hemos de evaluar el impacto económico de todas nuestras consideraciones ambientales.

Funk
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, cuando hablo sobre este programa lo hago desde la experiencia, pues en mi explotación trabajamos desde 1993 con este programa según 2078. Por ello, las cosas que aquí expongo se deducen de la práctica. Quiero referirme también a algunos aspectos que quizás pudiésemos mejorar.
En mi Estado federado de Baden-Württemberg este programa ha encontrado una elevada aceptación, pero la cofinanciación con participaciones al 50 % es muy alta. El Gobierno de mi Estado federado se queja de esta participación. Afirma también, en lo que coincido con él, que no puede decidir mucho pues paga el 50 % y además tiene que realizar la revisión aunque tuviese un mayor derecho de codecisión. Quiero apoyar también esto. Aquí se puede aplicar también la subsidiariedad. Hasta ahora, las autoridades locales tenían más margen de actuación en la aplicación del programa. Pero la Comisión presenta cada vez más cargas y más burocracia y sobre todo en la nueva práctica de autorización se orienta muy intensamente a la protección de la Naturaleza y no tanto a la explotación de terrenos menos favorecidos.
Señor Comisario, coincidirá conmigo si digo que la Selva Negra y nuestras montañas deberían conservar su característica proporción verde y que no deberían modificarse. Creo que coincidirá también conmigo si digo que una economía extensiva es mucho más barata que una conservación comercial del paisaje. Los agricultores que participan en el programa se deben comprometer por cinco años. Esto proporciona también seguridad de planificación. Pero entre nosotros hay agricultores que tienen muchas tierras arrendadas y que no tienen ninguna influencia sobre la fluctuación de esas tierras arrendadas. Por ello, se debería poder configurar el programa algo mejor sobre una base local.
Los agricultores realizan a la comunidad una serie de aportaciones. Nadie ha hablado aún al respecto. Renuncian al recorte de los tallos y al abonado tardío pues así se protege realmente el paisaje y se cuidan las aguas freáticas. Sobre todo, renuncian a rendimientos máximos y muelen nuestro maíz. Esto cuesta más y renunciamos en contrapartida a la protección de las plantas. Esto lo califico como de agricultura compatible con el medio ambiente sin caer al mismo tiempo en extremos.
Permítanme que me refiera aún a otros cuatro puntos. El Reglamento 2078/92 ha demostrado su eficacia. El margen de actuación regional conducirá probablemente a una elevada aceptación y la utilidad se tiene que poder palpar in situ. Segundo: la práctica restrictiva de autorizaciones aplicada por la Comisión deja algo de lado el importante campo del cuidado y conservación del paisaje de cultivos debido a formas extensivas de explotación de la tierra. Tercero: en algunos campos se deberían aplicar unas disposiciones ejecutivas más flexibles para una mejor adaptación regional. Las medidas medioambientales en la agricultura no deben excluir las normas medioambientales que prescribe la ley. Cuarto: señor Comisario, la determinación estricta de los ingresos de los programas hasta un máximo del 20 %, tal como indica el Reglamento 746/96, reduce la aceptación de algunas medidas. Sería deseable un mayor margen.
Señora Presidenta, muchas gracias por su comprensión al permitirme hablar durante más tiempo, pero sé mucho al respecto y quiero que las personas tomen nota de ello, al menos el Comisario.

Ryynänen
Señora Presidenta, señor Comisario, resulta verdaderamente necesario someter a debate el informe de la Comisión que aborda la reforestación como una medida de utilización alternativa de la tierra agrícola; y este debate deberá tener lugar antes de que se adopte cualquier decisión sobre una gran ampliación de las ayudas forestales en el proyecto de la Agenda 2000, entendida esta ampliación como un componente más del desarrollo del mundo rural.
El Sr. Otila, ponente, tiene toda la razón cuando afirma que la Comisión no aclara si las cuantiosas ayudas han permitido o no alcanzar los objetivos establecidos para reducir la producción agrícola. A fin de cuentas, es preciso averiguar de manera exhaustiva y detallada la relación entre los costes y los beneficios del programa de reforestación, los importes verdaderos de las ayudas, el destino de las mismas y, de modo más amplio, las repercusiones que han tenido en el medio ambiente. Así pues, hay que corregir las deficiencias y los puntos débiles del régimen antes de que se produzca una ampliación de la política de ayudas. Espero verdaderamente que la Comisión ofrezca ahora a las preguntas que se le han formulado una respuesta más clara que la que yo recibí, hace dos semanas, con motivo de una pregunta escrita sobre la evaluación de las ayudas en materia forestal.
En la exposición de motivos de su informe, el ponente hace referencia en repetidas ocasiones a una propuesta de estrategia del Parlamento para el sector forestal. En la propuesta del Parlamento se resalta que la economía forestal ha de seguir funcionando con arreglo a las condiciones que impone la economía de mercado, sin ayudas que distorsionen la competencia y, ante todo, dentro del ámbito de decisión nacional. La función de la Unión Europea en materia de política forestal ha de restringirse a la adopción de medidas en apoyo de una explotación diversificada de los recursos forestales y un aprovechamiento económico conforme con el desarrollo sostenible. Una de estas actividades podría ser, por ejemplo, el apoyo a una certificación europea para el sector forestal que fomente el uso de la madera, como alternativa a un sistema destinado a ocupar una posición de monopolio como es el denominado FSC.

Ephremidis
Señora Presidenta, no existe una política forestal común de la Comunidad, no sólo porque no consta en los Tratados fundacionales ni en las posteriores reformas, sino porque lo ha demostrado la experiencia práctica de treinta años: Siempre viene la Comunidad -sus organismos institucionales- con medidas improvisadas, casuales, a poner parches en los rotos causados. Quiero decir que esta política comunitaria para el bosque y la silvicultura es el instigador, el incendiario de los bosques. Todos los años se destruyen decenas de miles de hectáreas en la extensión de la Unión Europea, especialmente en las regiones del sur y, todavía con mayor densidad y de forma mas devastadora, en Grecia.
El informe Otila, que intenta un acercamiento a dicho asunto, se mueve en el mismo marco, señora Presidenta, y de forma negativa porque afirma: La reforestación es una solución alternativa para la utilización de la tierra agrícola: Es decir, extender la reforestación allí donde se producen cultivos. ¡Eso es hipocresía, señora Presidenta, porque están pendientes las reforestaciones de decenas de miles de hectáreas que no se realizan y queremos reforestar allí donde las tierras están cultivadas!.
Señora Presidente, de no decidirse una política forestal organizada con los correspondientes recursos para las investigaciones, la ciencia y la tecnología para la prevención y la sofocación de incendios, todo lo que debatimos aquí no sirve de nada y se producirán calamidades lamentables, catastróficas, económicas, sociales y ecológicas. Catástrofes que en su evolución podrían llegar a ser una especie de holocausto.

Lindholm
Señora Presidenta, gracias Santini por este excelente informe. Una cuarta parte de la superficie de Europa esta constituida por zonas montañosas. La tierra es pobre, hay pocos habitantes, en Suecia sólo cinco habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata de pequeñas propiedades agrícolas donde se tiene a menudo una combinación de explotación agrícola y forestal, con frecuencia agricultura de dedicación parcial, para poder sobrevivir. Hay una emigración considerable, se quedan los más viejos, los jóvenes se van a causa de las duras condiciones de vida. Además, hay que agregar las dificultades climáticas. El invierno en Escandinavia dura siete meses, cuatro meses está oscuro y el período de vegetación es sólo de 160 días. Pero es un entorno único, con diversidad biológica. La agricultura es allí ecológica, la zona es rica en recursos naturales y culturales y mucho, mucho más.
No obstante, es importante que entendamos que la agricultura en las zonas montañosas no puede competir con la que se realiza en los llanos. Se necesitan medidas especiales y flexibles, además de que se tomen en cuenta las condiciones existentes en las zonas montañosas, que son totalmente diferentes de las existentes en las zonas agrícolas.

Van Dam
Señora Presidenta, señor Comisario, el fomento de métodos de producción agraria no perjudiciales para el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje merece mucha atención. Además, las medidas agroambientales de la Unión pueden desempeñar un papel estimulante. A mediados del año presupuestario 1997, se habían concluido acuerdos con el 17 % de las explotaciones agrícolas de los Estados miembros. Con ello, este reglamento ha llegado a constituir un ámbito importante de la política agrícola europea.
El informe de la Comisión muestra que la regulación se enfrenta con algunas dificultades iniciales. Así, la ejecución ha quedado muy por detrás de los gastos previstos, entre otras cosas, como consecuencia del lento inicio de los programas. Varios Estados miembros todavía no hacen uso, o apenas lo hacen, de la regulación. Esto es, sin lugar a dudas, alarmante y, por tanto, hay que analizar detalladamente los motivos, sobre todo, para determinar si el hecho de que los propios Estados miembros tengan que participar en la financiación ha sido decisivo. Me parece importante saberlo, especialmente de cara al debate relativo a la posibilidad de introducir también la cofinanciación en las ayudas a la renta.
Desgraciadamente, el informe de la Comisión no incluye un análisis de los efectos positivos de las medidas agroambientales en el estado de la naturaleza y el paisaje. El reglamento debe modificarse si, efectivamente, como sospecha el ponente, se subvencionan actividades agrícolas que también se llevarían a cabo sin subvenciones, . Insisto por ello en que la Comisión redacte un detallado informe de evaluación tan pronto como sea posible, en todo caso, antes de las decisiones definitivas sobre el nuevo programa. Las subvenciones agroambientales no pueden degenerar en ayudas a la renta camufladas. En ese contexto, doy mucha importancia a la clarificación de los requisitos que figuran en el reglamento y a una mejor vigilancia sobre el cumplimiento.
Semejante informe sobre los efectos de las medidas agroambientales también es necesario de cara a las próximas negociaciones en la OMC. La Unión debe poder demostrar que las subvenciones producen ventajas para el medio ambiente a fin de que puedan continuar formando parte de la llamada «green box». Por tanto, motivos, todos, para incluir totalmente estas subvenciones para la recuperación de la naturaleza y el paisaje.

Hallam
Señora Presidenta, me parece que es oportuno que tengamos hoy en la galería a un grupo de visitantes del campo escocés, que constituye nuestra principal zona forestal en el Reino Unido.
Quisiera asignar al informe del Sr. Otila un pequeñísimo signo de interrogación, y es que todos damos por sentado siempre que queremos más árboles. Tengo árboles en mi jardín. He plantado árboles en mi jardín y me gusta ver árboles cuando voy por la carretera. La pregunta que quiero hacer es sencillísima: ¿estamos verdaderamente seguros de que vamos a necesitar todos esos árboles para producir madera?
Es absolutamente evidente en mi circunscripción de Shropshire y Herefordshire que, en la actualidad, nuestra industria maderera está sufriendo una enorme presión. En realidad, algunos responsables de las instalaciones de elaboración de la madera dicen que estamos atravesando la peor situación experimentada por la industria maderera en los 45 últimos años. El mercado de la madera británica -y sólo una pequeña parte del mercado británico se surte actualmente con productos de dentro del Reino Unido- se ha contraído en un 25 por ciento. En la Inglaterra meridional ocho madererías han cerrado en los tres últimos meses. Hay una verdadera preocupación por el porvenir de nuestra industria maderera. Al parecer parte del problema es resultado de la desaparición del Telón de Acero. Se dice que la antigua Unión Soviética está vendiendo madera a precios ridículamente bajos, sencillamente para obtener divisas.
Me gustaría decir que sí, que tenemos que plantar más árboles, pero que, por lo menos, hemos de tener alguna idea concreta acerca de si en el futuro habrá un mercado para la madera producida. En algún momento futuro quizá sea necesario imponer una moratoria a los árboles en el marco del sistema que impongamos al mercado, para que la industria maderera no sufra daños. Quizá necesitemos una tasa de importación de los países que no formen parte de la Comunidad Europea para proteger de esa manera nuestro propio mercado.
Me preocupa que, siguiendo como seguimos ese camino, corramos el riesgo de producir demasiado, y me gustaría saber lo que va a decir el Comisario sobre esta cuestión. Es posible que ésta sea la primera vez que alguien toma la palabra para preguntar si realmente deberíamos plantar más árboles. A la luz de las circunstancias actuales, frente a la industria maderera británica y a las industrias madereras de otras partes de la UE, se trata de una pregunta que está justificada.

McCartin
Señora Presidenta, diré que acojo con satisfacción los tres informes y que los respectivos planes son complementarios de los objetivos generales de la política agrícola. El plan medioambiental tiene por finalidad -como estimo que debe ser- proporcionar ingresos suplementarios en regiones en las que los ingresos son tan bajos que la gente se iría en número aún mayor si ese plan no existiera.
Es cierto que tiene utilidad en relación con el turismo, pues ayuda a hacer más atractivo el campo, y por la experiencia que tengo del plan, no hay duda de que está comenzando a surtir efecto. Tuvo un arranque más bien lento, como ha indicado el Sr. Iversen, en todo caso en Irlanda, pero eso se debió a que no tenemos suficiente experiencia o capacitación y necesitamos formar a personas que puedan asesorar a los agricultores. El plan está ya en pleno funcionamiento y comienza a tener notables efectos para el campo. También tiene efectos para el ingreso agrícola. No soy una de esas personas que creen que tenemos que dirigir nuestros recursos hacia la producción de alimentos orgánicos. No me parece que los alimentos orgánicos sean automáticamente más saludables y mejores que los alimentos producidos en situaciones más intensivas. No creo que el medio ambiente general mejore necesariamente si reducimos todo a los niveles orgánicos que teníamos en el pasado. Me acuerdo de los tiempos cuando prácticamente toda la agricultura era orgánica. No eran tiempos agradables: había entonces muchas más personas hambrientas que en la actualidad. Por ejemplo, si labramos una hectárea de tierra para obtener cuatro toneladas de trigo, obraremos de forma más ecológica que si labramos cuatro hectáreas de tierra para obtener cuatro toneladas de trigo. No hay que suponer automáticamente que, como usamos más energía, usamos tractores y hay más erosión en la agricultura intensiva, es menos ecológica. Si extrapolamos el ejemplo de los neerlandeses, nos bastará con una superficie de las dimensiones de Francia, los Países Bajos y Bélgica para alimentar a toda la población de Europa y, por lo tanto, podremos utilizar el resto de Europa para fines ambientales. No quiero decir que debamos hacerlo, sino que no es necesariamente peligroso ni nocivo para el medio ambiente.
En cuanto a la repoblación forestal, algunos de sus aspectos son populares entre los residentes rurales. En Irlanda lamentamos que nuestros bosques desaparecieran hace 200 años, y en la actualidad los agricultores se resisten a la repoblación forestal como si fuera algo nefasto. Sin embargo, el plan forestal que ha introducido la Comisión estimula la silvicultura en el sector agrícola y ha mejorado -y seguirá mejorando- el medio ambiente, además de ayudar a reducir los excesos de producción en todas las partes de la Comunidad.

Virrankoski
Señora Presidenta, se presentan ahora a debate tres informes relacionados con el medio ambiente que componen un conjunto de gran interés. Desearía felicitar a los ponentes por la elaboración de unos informes tan detallados, si bien en esta intervención voy a referirme únicamente al informe del Sr. Otila relativo a los bosques.
El término «bosque» adquiere un distinto significado en las diversas regiones de la Unión Europea. En Finlandia y en Suecia, los bosques constituyen el entorno vital por excelencia. Los sembrados no son más que zonas aisladas entre los bosques. Además, estos bosques albergan un valiosísimo recurso natural renovable. Las tierras que no se siembran se reforestan de nuevo, y lo mismo sucede con las zonas que han sido taladas o calcinadas. En la Europa central, los bosques son principalmente zonas de recreo y parques con un valor humano y paisajístico. En los países mediterráneos, el bosque constituye un factor fundamental para la protección de la naturaleza y del paisaje. Los bosques protegen el suelo de la erosión, contrarrestan la acción de las lluvias y mejoran el clima.
Por estos motivos, la gestión de los bosques es distinta en los diversos países. En esta gestión influyen factores ecológicos, sociales y económicos, por lo que la política forestal también deberá ser distinta en los diversos Estados. Los objetivos fundamentales, las bases y los medios de esta política han de ser distintos. Este hecho explica que no se pueda tampoco armonizar las diversas políticas forestales, sino que cada circunstancia exige una política forestal diferente. Ésta parece ser la razón principal por la que el Tratado de Roma no incluye la política forestal dentro del ámbito de actuación de la UE.
Por todos estos motivos, no puedo mostrarme de acuerdo con el apartado n- 8 del informe del Sr. Otila, en el que se apoyan los esfuerzos para seguir armonizando las políticas forestales nacionales, mientras que, por el contrario, respaldo su propia enmienda n- 3, así como el resto de las enmiendas que ha presentado el ponente. Se debe fomentar el desarrollo común del sector forestal, pero integrar este sector como un componente más de la política comunitaria ocasionaría una burocratización y un desbarajuste en la financiación de dicho sector.

Alavanos
Señora Presidenta, quiero decir que he leído con gran preocupación el informe del Sr. Otila y las observaciones que ha hecho.
Mi primer punto de preocupación es que dicho reglamento parece tener escaso éxito y completamente diferente en función del país y creo que eso es natural desde el punto de vista de que era una medida para reducir la producción agrícola, y el desarrollo de los bosques fue subvencionado como el vehículo para la reducción. Es decir, era el objetivo central para el aumento de los ingresos de algunos agricultores. En este sentido, creo, era limitado en principio en relación con su éxito en lo referente a los bosques y al desarrollo forestal en la Unión Europea.
El segundo elemento que quiero señalar es que es lamentable que la Unión Europea no tenga una política forestal y, desgraciadamente, mientras la Unión Europea no tenga una política forestal habrá países, como Grecia, en donde se quemen sus bosques y en donde tampoco existe una política forestal. Y dijo el anterior compañero que existen desigualdades, situaciones diferentes. Naturalmente, hay situaciones diferentes. Pero la Unión Europea, por ejemplo, tiene una política para las islas. Isla es Gran Bretaña, Irlanda y mi pequeña isla del Egeo. No significa que se adopte la misma política ante todas las islas. Y es una falta importante, especialmente cuando, en este momento, el bosque mediterráneo se destruye y se degrada el medio ambiente de media Europa, con consecuencias, si quieren, a través del turismo, de la cultura, de una Historia que se desarticula en toda Europa.
En este sentido, no puedo estar de acuerdo con el informe Otila y, concretamente con el punto 8 que admite como un hecho dado que no existirá una política forestal dentro de la Unión Europea. y creo que, por el contrario, debemos intentar que el asunto de los bosques entre en los Tratados. Ello no significa, por supuesto, que se apliquen las mismas medidas en Finlandia y en la misma Grecia.

Sonneveld
Señora Presidenta, en mi contribución, haré algunos comentarios sobre las medidas complementarias a favor de la protección del medio ambiente y conservación de la naturaleza. Los Estados miembros utilizan cada vez más este tipo de medidas que aspiran a recompensar a los agricultores que especialmente protegen el medio ambiente y la naturaleza mediante la aplicación de métodos agrícolas extensivos. Los países que más utilizan, por término medio, esta medida son, entre otros, Austria, Finlandia y Suecia. Evidentemente, durante las negociaciones de adhesión, se les ha hecho hincapié sobre esta posibilidad de ayuda.
Para aprovechar esta subvención comunitaria, un requisito importante es que, simultáneamente, debe comprometerse una cantidad considerable de recursos presupuestarios nacionales. Teniendo en cuenta que esa voluntad no es tan amplia en todas partes, la utilización de los medios de que dispone la UE para ello también varía. Se trata, realmente, de un buen ejemplo de responsabilidad política y financiera compartida entre la UE y los Estados miembros respecto de una parte de la política agrícola. Se trata de apoyar a los agricultores que producen ventajas extras en relación con el medio ambiente y la naturaleza. No obstante, eso también forma parte de la política agrícola. Se trata de una aplicación bastante rigurosa de los métodos agrícolas extensivos. Sin embargo, se puede imaginar que con el mantenimiento de esta subvención, que discutimos hoy aquí, esta compartida responsabilidad política y financiera entre la UE y los Estados miembros también se aplicaría a una parte de las compensaciones de ingresos en el marco de las reducciones de los precios de sostenimiento de 1992 y, después, en la Agenda 2000. En ese caso, esas condiciones medioambientales no deberían guardar una relación tan extrema con la agricultura extensiva, sino con todas esas explotaciones agrícolas que minuciosamente se atienen a lo que entre tanto llamamos good agricultural practices . También se podrían añadir criterios sociales. Eso puede deducirse del Reglamento 2078: es mejor crear algo específico en donde aparezcan un sistema de cofinanciación, criterios nacionales de medio ambiente y aspiraciones sociales, que un sistema uniforme de compensaciones de ingresos, solamente concedidas por Bruselas.
Por otra parte, tampoco el Reglamento 2078 parece inspirarse únicamente en criterios relativos al medio ambiente y a la naturaleza, sino también en la necesidad social. Además, semejante planteamiento cualificará automáticamente este tipo de medidas para la llamada green box de la OMC.

Happart
Señor Presidente, señor Comisario, una carencia importante en la política europea es la capacidad para mirar de frente al problema de las ciudadanas y de los ciudadanos que viven en el mundo rural, y las montañas forman parte de él.
Mantener una población de agricultores, entre otros, en zonas difíciles, cuesta muy caro, sin duda. Pero el éxodo de esas ciudadanas y de esos ciudadanos, que abandonan sus regiones pobres para ir a las ciudades y sus extrarradios, donde no encuentran más que algunos empleos, también cuesta muy caro. Cuantos más pobres hay en las ciudades y sus extrarradios, que con frecuencia se les llama barrios de chabolistas, más aumenta la inseguridad, se necesitan más policías o vigilantes, que también cuestan muy caros.
El abandono de la agricultura de montaña ha tenido como efecto también el aumento de los aludes, principalmente en las zonas del norte. Esto provoca dramas humanos: cada año los aludes causan numerosas víctimas. El abandono de los pastos y del mantenimiento del bosque bajo aumenta los riesgos de incendios forestales, incendios que son cada vez más numerosos y producen más daños, principalmente en el sur de Europa. Imaginen todo lo que cuestan.
Será necesario remunerar a los pastores por los servicios realizados al medio ambiente, será necesario pagarles para hacer ahorros importantes. Es preciso también considerar la explotación de las zonas forestales en la perspectiva de la producción de energías alternativas verdes por excelencia. Es preciso investigar para conseguir productos de crecimiento rápido, como el eucalipto, y desarrollar centrales de combustión directa de esos vegetales, o de metanización, metano que podría extraerse para hacer otras centrales térmicas.
Y si, en lugar de hacer ahorros presupuestarios sin perspectiva positiva, la regla fuera organizar, mediante un esfuerzo financiero importante, la integración de las zonas desfavorecidas en el espacio de desarrollo económico, como usted hace tan bien en su país, en Austria, señor Comisario.
Además, ahora, con el importante desarrollo de las técnicas de comunicación y de intercambios, sería posible estimular la creación de empleo de calidad en estas zonas, mediante el teletrabajo, por ejemplo, y por qué no, enviar una parte del personal de las diferentes direcciones generales de la Comisión a esas zonas en dificultad, hacer simple trabajo de oficina.
Señor Comisario, cuento igualmente con usted y con la inteligencia colectiva para lograrlo y permitir así hacer del mundo rural en general, y de las zonas desfavorecidas en particular, del peso muerto que era, un acelerador del desarrollo armonioso de todos nuestros pueblos, por todas partes de Europa.

Cushnahan
Señora Presidenta, quisiera comentar brevemente los informes del Sr. Iversen y del Sr. Otila. Es curioso que, aunque los dos sean partidarios de que desarrollemos actividades agrícolas alternativas, los dos lleguen a la conclusión de que no ha habido evaluación alguna por parte de la Comisión. Es una lástima, porque es difícil promover las medidas propuestas sin antes efectuar algún tipo de evaluación.
Por lo que se refiere a la agricultura respetuosa del medio ambiente, no hay duda de que estoy en favor de ese concepto, pero sospecho que parte del problema estriba en que es muy oneroso llevarlo a cabo. Quizá la Comisión pudiera tener en cuenta los niveles de la ayuda para subvenciones.
En cuanto a la silvicultura, he sido siempre partidario de ella. El motivo de que la apoye es que la he considerado como una oportunidad de suplementar los ingresos de los agricultores, especialmente de los que poseen malas tierras. Ahora bien, uno tiene preguntarse: si ésa era la intención, ¿son ellos los que se beneficiarán? Tengo la impresión de que en muchos de los planes forestales que funcionan en Irlanda la mayor parte de los beneficios van a parar a los especuladores, particularmente a personas de fuera del país. No me parece que nuestra política forestal deba seguir esa orientación, y preferiría mucho más que los ingresos fueran para los propios agricultores.
Tropezamos también con algunas cuestiones graves en materia de planificación porque parte de las actividades de repoblación forestal se hacen sin plan alguno. Quizá se trate de un asunto que nuestras autoridades locales debieran estudiar: si los planes forestales deberían o no deberían requerir su aprobación previa.
Éstos han sido los comentarios que quería hacer acerca de esos dos informes. Insto a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación en esas dos esferas para ver si se puede extraer algo más de ellas como iniciativas en la esfera de la actividad agrícola.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, por motivos de simplicidad me voy a referir consecutivamente a los tres informes, es decir, voy a comenzar con el informe Iversen, en la segunda parte de mi exposición me voy a referir al informe Otila y para finalizar voy a exponer mi opinión sobre el informe Santini.
El informe Iversen muestra por un lado un gran conocimiento de las complejas cuestiones de que se trata. Por otro lado, es un informe muy crítico y la crítica se dirige tanto a las autoridades de los Estados miembros que elaboran y ejecutan los informes como a la Comisión. El tema más importante del informe es la cuestión de la evaluación. Esta es también la mayor preocupación de la Comisión. Pero antes de referirme a esta cuestión, quiero llamar la atención sobre algunos aspectos básicos de la política medioambiental en la agricultura, aspectos que se reconocen y confirman asimismo en el informe Iversen.
Primero: el principio más importante de nuestra política es que debemos pagar también a los agricultores por sus aportaciones al medio ambiente, además no en forma de ayudas a los ingresos sino como pago por el trabajo realizado, como indemnización por unos costes superiores y como compensación por pérdidas de ingresos.
Segundo: gracias a la supervisión del programa, disponemos de pruebas concretas de que en la reducción de excedentes y en la protección de la Naturaleza, se han logrado sin duda éxitos gracias a nuestras medidas medioambientales. Esto se reconoce también en el informe.
Tercero: hay que mejorar aún más la configuración y administración de los programas.
Cuarto: las diversas medidas sobre el desarrollo rural y las medidas de política comercial de la PAC tienen que estar mejor entrelazadas y coordinadas de modo general, tal como hemos previsto también en nuestras propuestas sobre la Agenda 2000.
Quiero añadir algunos puntos a los puntos centrales mencionados en este informe. Quinto: el paisaje de cultivos europeo depende en gran medida de la agricultura y de la silvicultura. Nuevos resultados de investigación confirman que la biodiversidad y los paisajes de cultivos que han acuñado nuestro continente durante siglos solamente se pueden mantener con ayuda de procedimientos agrícolas y forestales adecuados.
Sexto: la actitud de la sociedad europea y también de los agricultores tiene que cambiar; nosotros tenemos que mostrar claramente nuestra posición sobre la mejora de la protección del medio ambiente pues sólo así podremos justificar a largo plazo los correspondientes gastos. Nuestra futura estrategia se basa en principio en dos consideraciones: por un lado, los agricultores tienen que alcanzar un determinado estándar mínimo como condición previa para los pagos compensatorios. En todos los sectores económicos esto es algo evidente y cumple también con lo que la población espera de ello. En mi opinión, este estándar mínimo tiene que ser una buena práctica agrícola. Por otro lado, la sociedad tiene que estar dispuesta a compensar a aquellos agricultores que están dispuestos a ir más allá de ese estándar mínimo y aportar prestaciones adicionales al medio ambiente por las pérdidas de ingresos o las prestaciones adicionales realizadas. En un mundo que se caracteriza cada vez más por la competencia, los agricultores tienen que minimizar obligatoriamente sus costes. Esto puede significar que las prestaciones para la protección del medio ambiente que antes habían sido realizadas en cierto modo gratuitamente por ellos, no sean ya posibles en el futuro. Por ello, necesitamos compensar estas medidas medioambientales de la agricultura. Muchos agricultores están dispuestos a realizar un contrato sobre estas aportaciones de protección del medio ambiente pero sólo si se les paga adecuadamente por ello.
Permítanme que me refiera ahora a la cuestión antes planteada de la evaluación. Saludo el interés del Parlamento en esta cuestión pues nos es de gran ayuda para proporcionar más peso a nuestras posiciones frente a las autoridades nacionales y regionales. La Comisión ha adoptado ya importantes medidas para la evaluación de las medidas medioambientales de la agricultura. Hemos logrado expresamente ante las autoridades nacionales y regionales que se realicen tales evaluaciones. También hemos proporcionado a estas autoridades las correspondientes indicaciones. En el reglamento ejecutivo hemos incluido una norma con la que se determinan las obligaciones de los Estados miembros en lo referente a la evaluación. Además, con fondos de investigación del programa PHARE y con otros estudios, hemos trabajado continuamente en cuestiones de evaluación. Naturalmente, comprendo la posición en parte crítica de las autoridades nacionales y regionales. La mayoría de los programas realizados por ellas se pusieron en marcha en 1995 ó 1996 y lógicamente hace falta un cierto tiempo hasta que se puedan ver de un modo mensurable los resultados. Además, hay que reconocer que la protección del medio ambiente es un asunto complejo y que, por ejemplo, la supervisión de la biodiversidad o la supervisión o registro de la inclusión de nutrientes son también tareas técnicamente difíciles. A pesar de ello, hemos logrado recibir no menos de 158 informes de evaluación de los Estados miembros. 53 de ellos se han terminado este año o se han presentado como borradores. Esperamos por ello toda una serie de informes adicionales para el próximo año.
En lo que se refiere a los resultados de estos informes, puedo entender bien al Parlamento cuando espera con impaciencia los resultados de estas importantes medidas. Hoy puedo decirles que en los próximos días se terminará este informe adicional y que se presentará en el tiempo más breve al presidente de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural y al de la Comisión de Presupuestos.
El señor Funk ha pedido más derecho de participación para los Estados miembros o las administraciones regionales. Señor Funk, tengo que indicarle que la programación es ya de la incumbencia de los Estados miembros o de las regiones. Así pues, la Comisión tiene aquí un derecho de participación pero la programación en si la realizan las regiones. Así es, señor Funk.
Con ello, llego a la segunda parte, al informe Otila. Contiene numerosos puntos relevantes, de los cuales algunos se han reflejado ya en las propuestas de la Comisión para la Agenda 2000.
En su propuesta para un nuevo Reglamento sobre desarrollo rural, la Comisión ha considerado una serie de modificaciones de la regulación de las ayudas que coinciden con algunas conclusiones del informe. En especial, la Comisión propone que en el reglamento actual se suprima la diferenciación existente entre agricultores a tiempo completo y a tiempo parcial, ya que esta diferenciación ha impedido con frecuencia la aplicación con éxito de la regulación.
Además, la Comisión propone que la ejecución de las medidas sea facultativa en los Estados miembros y no obligatoria como ocurre actualmente. No obstante, la Comisión no puede adherirse a todas las conclusiones del informe del Parlamento. Opinamos que en lo tocante a las conclusiones definitivas sobre la aplicación del Reglamento 2080 se debe ser precavido. Tal como hemos expuesto en nuestro informe, la repoblación forestal de superficies agrícolas es un proceso a largo plazo. Es, por ello, demasiado pronto para enjuiciar al cabo de tan pocos años cuáles son los efectos del reglamento o, en especial, hasta qué punto contribuye a una reducción de la producción agrícola y a la mejora de los recursos forestales.
Por lo demás, me permito aprovechar esta ocasión para indicar que las reservas de madera en la Unión Europea no están retrocediendo sino que aumentan de año en año. Por ello, nadie debe tener miedo de un uso excesivo de los recursos forestales. Creemos que las medidas de repoblación forestal de superficies agrícolas van a contribuir a largo plazo a desarrollar la áreas rurales, a impulsar la diversidad de actividades y a desarrollar un concepto dinámico del uso del suelo y de conservación razonable del paisaje. Independientemente de ello, estamos convencidos de que la regulación va a repercutir positivamente sobre el medio ambiente.
La Comisión coincide con el Parlamento en que es necesario realizar una valoración de la ejecución del Reglamento 2080. Me permito asegurarles que haremos todo lo que esté en nuestra mano para ejecutar los correspondientes trabajos y presentar los resultados al Parlamento. Pero para ello, primero necesitamos unos datos fiables y representativos. En lo que se refiere a la estrategia forestal de la Comunidad en su totalidad y, en especial, a la cuestión de si debe haber regulaciones jurídicas comunitarias para la economía forestal, la Comisión adoptará próximamente una resolución sobre tal estrategia forestal que presentará asimismo al Parlamento. No obstante -sin querer adelantarme a la Comisión- puedo decir ahora que personalmente no estoy de acuerdo en que la política forestal se comunitarice.
Voy a referirme ahora a la tercera parte, el informe del Sr. Santini. Creo que el Sr. Santini ha tocado un tema muy importante y quiero felicitarle al igual que a todos los demás ponentes. En la Unión se atacó por primera vez el tema de la agricultura de montaña y de las zonas de montaña hace más de 20 años y ya entonces se creó un marco para regiones menos favorecidas. Dentro de este marco se concedió una especial importancia a las zonas de montaña. Las difíciles condiciones de trabajo de los agricultores en las zonas de montaña justifican que se las tenga especialmente en cuenta en la política agrícola común. Pero tampoco se puede ignorar que hay otras regiones que también tienen que enfrentarse a problemas específicos, como las regiones nórdicas, regiones áridas y otras regiones desfavorecidas. Por ello, al tratar este tema, no debemos cometer el error de contemplar las necesidades y deseos de los agricultores en las zonas de montaña, aislándolo de otras regiones desfavorecidas. Esto se refleja con claridad también en el deseo de algunos diputados de que se amplíe este informe a las zonas áridas y semiáridas o a las árticas. Por otro lado, un modo demasiado individual de contemplar las características especiales de las zonas rurales se opondría a la necesidad de simplificar nuestra política.
Como respuesta al presente informe, permítanme que exponga cómo queremos enfrentarnos en la Agenda 2000 a los problemas de las zonas de montaña y qué soluciones ofrecemos. Queremos introducir más flexibilidad y subsidiariedad en la política de desarrollo rural para que los Estados miembros puedan cumplir mejor sus objetivos de desarrollo de las zonas rurales. Ambos principios abren, en mi opinión, interesantes perspectivas para las zonas de montaña. Mediante la conjunción de los actuales programas y medidas parciales en un único programa, en el futuro va a ser posible establecer prioridades claras para seleccionar, de entre las muchas posibilidades, aquellas que garanticen el mejor desarrollo. De este modo, se pueden lograr efectos sinergéticos y enfrentarse mejor a las necesidades específicas de las zonas de montaña. Mediante la modificación y aumento del pago compensatorio se abrirá además un mayor margen de actuación para compensar las prestaciones específicas de los agricultores que viven en las zonas menos favorecidas. Las zonas de montaña tendrán por ello su sitio seguro también en las nuevas disposiciones sobre el desarrollo rural.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, señor Fischler, no ha dicho usted nada sobre la cuestión de la financiación. Hemos presentado una enmienda que dice que se debe determinar una cofinanciación del 25 % por parte de los Estados miembros y un 75 % por parte de la UE. Tenemos el mismo debate sobre las demás primas, las primas compensatorias, que hasta ahora se han pagado al 100 %. Creo que el enjuiciamiento político de estas medidas sobre las que aquí hablamos depende con frecuencia de este 50 % y deberíamos llegar a una cofinanciación más reducida por parte de los países para que se aprueben los programas.

Fischler
Señora Presidenta, en primer lugar quiero indicar de modo muy general que la política de medio ambiente y las medidas medioambientales en la agricultura no pueden ser solamente un asunto de la Comunidad sino también de los Estados miembros y de las regiones. Al fin y al cabo, nuestros ciudadanos viven en estas regiones.
En lo que a la cofinanciación se refiere, quiero indicar que en las regiones del «objetivo» 1 la Comunidad se hace cargo ya del 75 % de la financiación y en las regiones restantes, del 50 %. Como perseguimos ampliar estas medidas y tengo también la sensación de que es cada vez más aprovechado por los países miembros, hemos previsto que en las propuestas de la Agenda 2000 se integren estas medidas medioambientales en la totalidad del programa de desarrollo rural y que allí las medidas medioambientales mantengan en cualquier caso el 50 % de cofinanciación, pues en otros campos, por ejemplo, para las regiones menos favorecidas o las zonas de montaña en muchos países, la tasa de cofinanciación de la Comunidad es sensiblemente inferior al 50 %. Visto así, en el futuro las medidas medioambientales situadas fuera de las regiones del «objetivo» 1 tienen en cualquier caso una mejor tasa de cofinanciación que otras medidas de desarrollo rural.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

FEOGA - 26º informe financiero
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0298/98) del Sr. Rehder, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, sobre el 26º informe financiero del Fondo Europeo de Orientación y Garantía (FEOGA), departamento de Garantía (ejercicio de 1996) (COM(97)0589 - C4-0112/98) .

Rehder
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, uno se queda algo sorprendido cuando lee la parte algo críptica de este título, pero el informe que se ha presentado es bastante más interesante de lo que permite adivinar este título. Este informe se redactó porque el Parlamento Europeo, en representación de las y los contribuyentes europeos tiene el derecho y la obligación de controlar sin dejar lagunas la gestión presupuestaria de la Unión. En este contexto, es una virtud presupuestaria -masculina y femenina- que se preste atención a un empleo ahorrativo del dinero de los contribuyentes, se determinen los abusos y se sancionen.
Este presupuesto es contemplado en la opinión pública con especial interés pues representa casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea y porque, lamentablemente, en el pasado no siempre se ha respetado suficientemente el principio presupuestario de un empleo económico y regular del dinero procedente de los impuestos. Sabemos que los Tribunales de Cuentas, no sólo el de la Unión Europea sino también de los Estados miembros, aplican siempre un baremo especialmente rígido y que, a pesar de ello, siempre se producen fallos.
Una parte de las críticas y situaciones anómalas se debe sin duda a la impenetrable jungla de solicitudes que hace que algunos solicitantes cometan errores aunque sea involuntariamente. Señor Comisario, si se acometiese una tarea de desmonte en esta selva burocrática, tendría a su lado a todos los protectores del medio ambiente. Entonces podríamos plantar allí plantas que florecen libremente, que se mantienen por su propia naturaleza y que no tienen que estar permanentemente relacionadas con papeleras. Tengan compasión con las personas que no tienen la formación de cumplimentadores de formularios sino que poseen derechos como creadores de riqueza en la agricultura.
Parte esencial en tales situaciones anómalas la tienen también el fraude a las subvenciones y, con frecuencia -esto se olvida a veces en los debates del Parlamento- la deficiente disposición de los Estados miembros a perseguir los fraudes cometidos contra fondos de la UE y, en su caso, a castigarlos con la misma intensidad que las infracciones cometidas contra su propio derecho nacional. Y esto a pesar de que la Unión Europea incluso da dinero a los países miembros para el control de esas acciones. Esta es una situación totalmente insostenible. También es insostenible que con unos instrumentos de control aún insuficientes, tal como ha constatado el Tribunal de Cuentas Europeo, se pida solamente la devolución de una parte mínima de los fondos de ayuda recibidos ilícitamente. Si pasase esto en un Municipio normal, en el presupuesto de una ciudad cabeza de distrito o de una ciudad cualquiera, el alcalde o la administración tendrían que contar con un procedimiento de destitución.
En este contexto, ya por motivos didácticos sería aconsejable prescribir en el futuro una cofinanciación también en el campo de FEOGA. Digo por motivos didácticos, pues de este modo se podría mostrar de manera aún más clara a los Estados miembros que en el fondo es su propio dinero o el dinero de las ciudadanas y ciudadanos, de las y los contribuyentes, el que se administra descuidadamente y -tengo que decirlo con tanta dureza- con frecuencia también con total despreocupación.
También hay que criticar el hecho de que sigan sin emplearse considerables créditos del presupuesto. Si miramos este informe, constatamos que en el período del informe de 1996 esta suma asciende solamente a 1.300 millones de ecus y eso a pesar de la catástrofe de la EEB, que ha requerido para si considerables créditos adicionales; en el año 1995 fueron 3.500 millones de ecus. Esto es para un contribuyente un montón de dinero. Me voy a referir ahora de nuevo a la política forestal. En Alemania la habríamos necesitado más en los últimos ocho años.
Estos cuantiosos excedentes muestran que se ha tenido demasiado en cuenta la necesaria prevención que debe existir en todos los campos políticos. Según la actual situación jurídica -esta es la desventaja de todo este asunto- estos créditos tienen que retornar de nuevo a los Estados miembros. Para algunos de ellos -yo vengo de uno de ellos- el presupuesto agrícola se ha convertido en una especie de hucha que ha creado anualmente la posibilidad de rellenar con estas devoluciones agujeros fiscales originados por culpa propia y ha despertado la sensación de que la política fiscal nacional es en cierto una tabla de salvación.
Pero el presupuesto agrícola no es una hucha sino el medio más importante de mantener el área rural en Europa para sus ciudadanas y ciudadanos. Para ello es necesaria cada peseta pues tenemos que intentar también arreglar los pecados del pasado. Por ello, en el informe he propuesto crear anualmente una reserva de 1.000 millones de ecus del presupuesto agrícola.
En caso de no utilización, esta reserva debería emplearse para mejorar la infraestructura de las áreas rurales en general y sobre todo para la lucha contra el paro que, naturalmente, existe también en esas áreas. El colega Mulder ha recogido la idea y la ha perfeccionado como versado experto que es en temas presupuestarios. Muchas gracias por ello. Colega Mulder, esto muestra que este trabajo conjunto por encima de los límites partidistas es efectivo y nos permite avanzar cuando no tenemos en cuenta tales límites tanto en mente como en el trabajo. En el Parlamento Europeo esto se da con mucha más frecuencia que, por desgracia, en otros Parlamentos.
Me voy a referir ahora a un punto negativo. Algunos miembros de esta Asamblea se han opuesto con todas sus fuerzas pero, gracias a Dios, hasta ahora sin éxito, a que se mencionase públicamente y por su nombre al auténtico cáncer de la política de ayudas en el sector agrario. Se trata del hecho de que hoy el 80 % de las subvenciones agrícolas va a para a solamente un 20 % de los agricultores, además a los más acomodados y no a aquellos que más las necesitan. Esto no tiene ya nada que ver con justicia social. Señor Comisario, le agradezco que con motivo de una pregunta por escrito del año pasado, haya confirmado a un incrédulo Tomás del Grupo político de la CDU, si bien no se llama Tomás, que en el fondo no ha cambiado nada en esta situación intolerable.
Sólo cuando hayamos superado este cáncer, los contribuyentes europeos nos apoyarán en una política nueva y con futuro en el área rural. Es necesario también ante los 200 millones de parados. Necesitamos un sistema de ayudas que termine por fin con la irracionalidad de que un millonario agrícola, al que no envidio los millones pues sé que terminará exactamente igual que yo, que este millonario agrícola perciba subvenciones que no necesita mientras que hay otros en las áreas rurales que las necesitan urgentemente. Pequeños agricultores, por ejemplo, que en el fondo tienen que trabajar según el principio de la autoexplotación.
Necesitamos también un límite superior eficaz de las ayudas que solamente debería ampliarse si aplicamos de nuevo antiguas exigencias de solidaridad, es decir, la exigencia de que todos tienen derecho a un puesto de trabajo digno. Si esto se cumple, podremos seguir pensando al respecto. Necesitamos también una nueva política integrada para las regiones desfavorecidas, sobre lo que hoy también hemos debatido. Señor Comisario, subrayo todo lo que usted y otros colegas han dicho sobre que no podemos comenzar a aplicar particularismos. Aquí hay una zona de montaña, allí una zona marítima, allá una zona pantanosa y acullá una zona lacustre. Todo esto es correcto, pero todas esas regiones tienen un problema común, que no son competitivas y que, a pesar de ello tienen que mantenerse. Prevengo, por ello, frente a seguir manteniendo esta política de clientelismo. Los enfoques que he visto hasta ahora en las ideas de la Comisión son razonables.
Una política integrada en el área rural tiene que ocuparse además de que se creen puestos de trabajo adicionales. No sólo puestos de trabajo próximos a la agricultura sino también de alta tecnología. La alta tecnología no perjudica a las áreas rurales. Por ello, la fábrica de chips en Untermagerbein, que está al lado de mi casa, tienen que ser también algo factible. No tienen que estar siempre en los centros industriales sino también en otros lugares.
Ya hemos hablado suficientemente sobre todos estos principios. En 1996 aprobamos mi informe con gran mayoría y me alegraría si todas y todos los colegas estuviesen dispuestos a votar a favor de estas cuestiones no sólo porque había que finalizar el debate sino que las apliquen concretamente en sus países. Para algunos que han estado aquí sentados sería una buena cosa hacerlo en casa.
La lenta agonía de muchos pueblos, tanto en sus países como en el mío, conduce a la postre a la decadencia del área rural en su totalidad. Este área rural representa el 80 % de nuestra Europa y nuestra Europa sólo tiene un futuro si el área rural también lo tiene. Esto se logrará si acabamos por fin de producir papeles. Si proporcionamos un futuro al área rural, conservaremos Europa.

Iversen
Señora Presidenta, creo que es un informe sugerente y excelente, el que ha realizado el Sr. Rehder sobre el informe financiero del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía agrícola (FEOGA). Siempre es importante - lo hemos discutido hace un rato - garantizar que el dinero de los impuestos de los ciudadanos europeos sea empleado adecuadamente. También me parece importantísimo que seamos nosotros, el Parlamento, los que mantengamos una línea crítica ante lo que vemos. Ésta ha de ser nuestra tarea como representantes elegidos por el pueblo y así queda también reflejado en el informe de Klaus Rehder.
El informe de la Comisión sobre los gastos agrícolas en el año contable 1996 resulta excelente en muchos aspectos. Expone los factores que han influido en los gastos agrícolas del año en cuestión: la ampliación de la Unión a quince países, la implementación de la ayuda bajo la reforma del año 1992 y los gastos unidos a la crisis de la EEB. Además, la Comisión da cuenta también de la implementación de un nuevo factor que me parece importante, es decir, un plan para evitar el fraude en las ayudas a la agricultura. El plan incluye la creación de una base de datos, el registro de las solicitudes de ayuda, el registro de los sistemas de vigilancia, la identificación y un registro más metódico del ganado. ¡Excelente! Por supuesto que hay algunos que se meten en líos, también en mi propio país, como consecuencia de lo que se llama un exceso de burocracia, pero es excelente que dispongamos de cosas como éstas. Cuando damos dinero, debemos asegurarnos que haya un control.
Sin embargo, por otro lado me parece que el informe no adopta una postura adecuada ante el control sobre la utilización de los recursos en los países miembros. El problema de este control es que las diferencias aún son grandes de un país a otro. En otras palabras, no se puede esperar que el trato sea el mismo en los diferentes países de la Unión, aunque haya reglas similares y de hecho éstas se encuentren en vigor. ¡No sirve de nada! Esto no puede ser posible a largo plazo. Nos veremos obligados a mantener un control adecuado sobre la utilización de todos estos recursos. Naturalmente sé bien que la Comisión dirá: ¿Queréis tener más burocracia? ¿Queréis hacerlo todavía más difícil? Aquí por supuesto nos veremos en un pequeño aprieto. Estamos obligados a crear un sistema que también funcione. Por ello resulta fundamental que con la reforma agraria nos encaminemos hacia un sistema más transparente del que tenemos hoy en día.
Quiero decir por último - también fue algo que mencionó Klaus Rehder - que el sesgo social en el reparto de los recursos es absolutamente manifiesto. Es evidente que podemos ver - y el informe no escribe nada sobre ello, pero nosotros lo vemos - que el 80 % de los recursos va a parar al 20 % de los agricultores. ¿A qué se debe? Seguramente hay muchas explicaciones, sin embargo, me parece que la Comisión nos debe una respuesta de lo que ella ve como explicación de este fenómeno.

Redondo Jiménez
Señora Presidenta, señor Comisario, me van a permitir, después de oír la disertación del Sr. Rehder en la presentación de su informe, que vuelva a repetir el título del informe sobre el que estamos hablando. Estamos hablando del 26º Informe financiero sobre el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola en su sección Garantía y en su ejercicio de 1996, que presenta la Comisión en base al artículo 10 del Reglamento 729, y, además, ha cambiado el periodo presupuestario, puesto que ya no se corresponde con el año natural sino, a partir de 1987, de 15 de octubre a 15 de octubre.
Por lo tanto, vamos a referirnos al tema del que estamos hablando. Porque ¿de qué se trata? Se trata, fundamentalmente, de ver si lo que se ha gastado se corresponde con lo que se ha presupuestado y, además, hemos resuelto situaciones imprevistas que se han presentado. Creo que esto, en sus líneas generales y en sus líneas más fundamentales, se ha cumplido. Por lo tanto, comparto lo dicho en la comunicación que presenta la Comisión en cuanto a créditos finales con un total de 40.828 millones de ecus, coincidente con la línea directriz agraria para el año 1996, que es el año del que estamos hablando.
Y en cuanto a los gastos, 39.107.800 millones de ecus repartidos en tres aspectos fundamentales:
Primero: pago íntegro de las ayudas de la PAC.
Segundo: paso de 12 a 15 países.
Tercero: crisis imprevista de la EEB.
Pero, sin embargo, el peso del gasto agrícola en el presupuesto general ha bajado en un 1, 2 %, puesto que ha pasado del 51, 7 % al 50, 5 %.
También comparto el desglose de los gastos según sus características económicas: restituciones, intervención, etc., así como la revisión de los sistemas de control en algunos sectores. Y aquí, al revisar lo que nos envía la Comisión, se descubren pequeñas intimidades. Por ejemplo, yo le preguntaría al Comisario cómo Austria, en sólo tres años, casi alcanza a Alemania en lo que respecta al Reglamento 2078, se acerca peligrosamente a Alemania en las medidas de acompañamiento agroambientales y pasa suficientemente a Francia, así como al resto de los países. Pero bueno, esto es una pequeña anécdota.
Sin embargo, todo esto ya lo ha contado el ponente y muchas más cosas, pero siento no poder compartir con el ponente los apartados 11, 12, 13, 14 y 15 de su informe, que ni yo ni mi Grupo apoyaremos por entender que no guardan relación con el informe del que estamos tratando y que, además, tratan de introducir afirmaciones subjetivas, que no son positivas ni para la Política Agraria Comunitaria ni para nuestros agricultores y ganaderos, y también directrices para la futura PAC, como el tema de la cofinanciación, que no le han sido encomendadas en este informe.
Y me gustaría terminar, señor Comisario, a quien siempre agradezco su presencia en este hemiciclo, puesto que nunca deja de venir y aguantar sesiones largas y tediosas como puede ser la de hoy a la vista de los que aquí estamos siguiéndola, con una frase de la página 43 de su comunicación que dice «la Comunidad constituye un espacio económico unificado para los productos agrícolas».
Señor Comisario, y ahora más que nunca en los momentos que estamos viviendo, debe y deseo que continúe siéndolo.

Mulder
Señora Presidenta, en primer lugar, digamos que creo que es positivo que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se pronuncie, así mismo, sobre el gasto agrícola de 1996; éste es, normalmente, un ámbito de la Comisión de Control Presupuestario. No obstante, pienso que es muy importante que también el propio sector agrícola haga todo lo posible para que se apruebe correctamente el gasto agrícola, ya que creo que, si hablamos de irregularidades y fraude en el sector, no son los agricultores u horticultores los primeros en cometerlo, sino, sobre todo, otros sectores de la agricultura. Si queremos mejorar el sostenimiento de la agricultura en Europa, y eso lo deseamos todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tendremos que velar por que el dinero se gaste correctamente. Pienso que el informe del Sr. Rehder contribuye a ello. El último orador ya ha halagado al Sr. Fischler, que lleva aquí tanto tiempo; voy a añadir otro cumplido. No es demasiado habitual que los reciba en esta sala, pero yo sí que se los dedicaré. Hemos valorado positivamente que la Comisión haya cumplido los criterios de la Comisión de Control Presupuestario relativos a la gestión de 1992, que indirectamente aparecen en el informe de 1996, que se haya contratado a quince nuevos funcionarios para mejorar el control y que, además, en el caso de que los Estados miembros no ejecuten correctamente el gasto agrícola, se imponga una multa adicional del 25 por ciento. Pienso que ésta es una manera de mejorar el control.
En cuanto a otros puntos del informe del Sr. Rehder, estoy de acuerdo con el orador anterior -a pesar de que me dedicaba palabras amables- en que en el informe figuran otras cuestiones que, realmente, no tienen nada que ver con el informe financiero de 1996. En los próximos meses, vamos a estudiar seriamente todos los problemas de la Agenda 2000. En cuanto a si la proporción 80/20 es justa o no, pienso que es inevitable que determinados sectores obtengan siempre más que otros, ya que determinados sectores están vinculados a la tierra. Si queremos conservar el paisaje, éste debe obtener, por definición, más dinero que un invernadero de flores o qué se yo. No se puede decir simplemente: todos los sectores deben obtener un mismo porcentaje del presupuesto agrícola. Tengo objeciones respecto de esa manera de calcular.
Una última observación sobre las medidas complementarias. Acabo de enterarme de que el informe se publicará uno de estos días, quizá la semana que viene. Me parece estupendo. Pienso que uno de los puntos más importantes del futuro debate va a ser cómo vincular medio ambiente y agricultura. Siento curiosidad por saber qué explicación se va a dar sobre el hecho de que sólo cinco de los quince Estados miembros utilizan las medidas complementarias. Austria es un buen ejemplo, pero probablemente eso se debe a que el Comisario está aquí. Pero me gustaría saber por qué determinadas medidas medioambientales tienen éxito en algunos países y en otros, no. Si nos enteráramos de cómo aplicar el secreto de otros, en países en los que no tienen éxito, creo que iríamos por buen camino en lo que al gasto del dinero agrícola se refiere.

Nicholson
Señora Presidenta, no quisiera insistir de nuevo en esta cuestión pero me gustaría seguir el ejemplo del Sr. Mulder y rendir homenaje al Comisario por la paciencia y entereza de que ha dado pruebas al quedarse hasta tan tarde escuchando lo que decíamos de él. Felicito al ponente por haber presentado un informe muy estimulante sobre el FEOGA. El Sr. Rehder pone de relieve muchas cuestiones importantes a las que nos referiremos de buena gana esta tarde.
Una de las cosas que menciona y que llamó inmediatamente mi atención es la complicada vida que llevan actualmente los agricultores como consecuencia del número de formularios que tienen que rellenar. La mayor parte de los agricultores están dispuestos a rellenar tantos formularios como sea necesario para obtener el apoyo o la ayuda que precisan, pero un argumento de peso es que esos formularios podrían ser más fáciles de rellenar. Estoy seguro de que el Comisario sabe que hay formularios que son sumamente complicados y técnicos. Sé que esos formularios ayudan a luchar contra el fraude, pero me parece que debería haber un mayor grado de flexibilidad en el plano local. Recibo regularmente quejas de personas de mi circunscripción que han cometido errores genuinos e inocentes en sus formularios de solicitud o de petición, con el resultado de que se les ha negado una subvención. Entonces se dirigen a mí, que soy su representante en este Parlamento, porque les han dicho que en el plano local no es posible corregir lo que ha sido un error involuntario. Ésta es una esfera que deberíamos examinar para que el sistema resultase más fácil de aplicar para el agricultor.
En la actualidad Irlanda del Norte no recibe ayuda de los fondos estructurales. El programa en cuestión era tan popular que se recibieron demasiadas solicitudes y ya no pudimos aceptar más. Esto indica la importancia de ese apoyo para las comunidades rurales y para los agricultores, especialmente en tiempos como éstos, que son tan difíciles. Tenemos que esforzarnos por ocuparnos de algunas de las cuestiones que el Sr. Rehder y el Sr. Mulder han planteado en relación con el futuro a largo plazo del conjunto de reformas.
El Sr. Mulder planteó una cuestión interesante: por qué algunos gobiernos nacionales tienen más éxito que otros en la introducción de medidas ambientales. La respuesta es que algunos gobiernos sencillamente no quieren introducir esas medidas. No puede ser más sencillo. No están dispuestos a aportar la financiación de equiparación que se requiere para poner en marcha las mencionadas medidas. Ya se ha hablado de esto en el debate anterior, así que tenemos una buena oportunidad para discutir la cuestión y para encontrar la mejor manera de resolverla.

McCartin
Señora Presidenta, quisiera dar gracias al Sr. Rehder por su informe. En él destaca el costo de la política agrícola común. Sí, es aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto comunitario en la actualidad, pero esto se debe más a la cuantía del presupuesto comunitario que a lo que se gasta en la agricultura. Si nos fijamos en las dimensiones de la Unión Europea, en el número de agricultores, en la zona y en los problemas, veremos que estamos gastando el 0, 4 por ciento del PIB en la política agrícola común. Ése es el precio que pagamos por la política consistente en procurar mantener a la población de la Unión Europea en las zonas rurales.
Si esa política no existiera, si la cuestión se resolviera íntegramente en función de las fuerzas del mercado, no hay duda de que la huida del campo hubiera sido mucho más acelerada. Claro está que decepciona observar que no hemos conseguido estabilizar el número de personas que viven en las zonas rurales. Además, hoy estamos gastando aproximadamente la misma cantidad de dinero en la Política Agrícola Común que la que gastábamos hace 15 años, pero el número de agricultores que participan ha quedado reducido a la mitad. Estoy seguro de que dentro de 10 años -es decir, al final del próximo programaen vez de los siete millones de agricultores que tenemos hoy, tendremos probablemente cuatro millones, a pesar de lo cual estaremos gastando más dinero.
Si tenemos en cuenta lo antedicho, así como el hecho de que el 80 por ciento del dinero va a parar al 20 por ciento de los agricultores, entonces no queda más remedio que decir que ha llegado quizá el momento -y no quiero basarme únicamente en términos de producción- de prever una mayor diversidad de planes, pues no cabe duda de que en la actualidad el dinero se podría diseminar mucho más. Muy pocas personas están recibiendo demasiado dinero a medida que toda la industria se reestructura, y algunos productores importantísimos reciben la compensación prevista en la política reorganizada.
Esta cuestión me preocupa bastante. Me gustaría que hubiera una diversidad de políticas que se basen más en programas como el programa Líder, que sé que vamos a conservar y a fortalecer, pero para mantener a la población en el mundo rural necesitamos hacer algo más que relacionar la cuestión única y directamente con el volumen de producción.

Klaß
Señora Presidenta, señor Comisario, soy la última oradora de esta tarde pero quiero utilizar mis dos minutos y agradecerles por estar aún presentes. ¿De qué hablamos esta tarde? Hablamos de las medidas de ayuda y de las medidas compensatorias para nuestra agricultura en Europa. FEOGA-Garantía financia fundamentalmente los gastos relacionados con la política común de mercado y precios agrícolas. Una gran parte está relacionada con intervenciones para regular los mercados agrícolas.
En el presupuesto de 1996, la línea presupuestaria de 1996 ascendió a 40.828 millones de ecus. Esto es un 50, 5 % del presupuesto total de la UE. Se produjo un aumento de los gastos de la línea agraria porque -siguiendo los criterios mencionados- como consecuencia de la reforma de la PAC, en 1996 se emplearon totalmente por primera vez las ayudas introducidas para los Estados miembros y porque la Unión Europea el 1 de enero de 1995 creció de 12 a 15 Estados miembros. Sin embargo, en relación con el presupuesto total, que asimismo ha aumentado, hay que registrar un retroceso de los gastos agrícolas del 1, 2 %. Siempre hay que practicar una política ahorrativa de los fondos públicos y los gastos tienen que estar en relación con las tareas planteadas.
La complicada tarea de arar el campo de la política agrícola común exige también una dotación financiera adecuada y la política agrícola es el sector político que es utilizado más intensamente en la Unión Europea. Junto a las ayudas compensatorias para las explotaciones productoras, se contempla también en las medidas de acompañamiento la responsabilidad por el medio ambiente y por las personas que se ven afectadas por las transformaciones estructurales. Estas medidas son importantes. Señor Comisario, apoyo las propuestas al respecto que ha realizado en la Agenda 2000. Apoyo la exigencia del ponente de más transparencia y sobre todo de simplificación del complicado procedimiento de presentación de solicitudes. Sobre la futura configuración de FEOGA en el marco de la Agenda 2000 podremos discutir sin duda aquí en el Pleno de modo aún muy extenso, por lo que soy de la opinión de que los puntos 11 y 12 no pertenecen a este informe sobre el presupuesto de 1996.

El Presidente
Muchas gracias, señora Klaß, es sorprendente lo que he podido ver hoy aquí como Vicepresidente. Todos los presentes han mostrado esta tarde una consideración tal que apenas se puede superar.
Para finalizar, concedo la palabra al Comisario Fischler.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, no quiero abusar de su paciencia. En primer lugar, quiero expresar mis felicitaciones al Sr. Rehder por el informe así como a la Comisión de Agricultura por el interés que ha mostrado ante este 26º informe financiero del Departamento de Garantía de FEOGA sobre el presupuesto de 1996.
Señor ponente, muchas gracias también por apoyar la reforma de la Política Agraria Común. Sin embargo, creo que en el contexto actual no es necesario que mantengamos aún un debate sobre la Agenda 2000. Vamos a tener muchas ocasiones para hacerlo. Lo mismo es aplicable al informe sobre recursos propios. Pero si se me pregunta porqué en el país que es el que mejor conozco, las medidas medioambientales y las de acompañamiento tienen tal éxito, considero decisivos dos argumentos fundamentales. El primero es que comenzamos una información y discusión a fondo sobre la necesidad de una agricultura multifuncional ya en el año 1987, por lo que quizás hemos desarrollado algunas cosas algo antes de lo que se ha hecho en otros lugares. Por mencionar solamente un pequeño ejemplo: he sido responsable allí durante algunos años del sector agrario. Cuando comencé mi actividad como ministro, en el año 1989 encontré dos millones de chelines austríacos en el presupuesto para cultivos biológicos y cuando abandoné el Ministerio se destinaban a este campo unos 270 millones.
El segundo punto que desempeña un papel al respecto es sencillamente el hecho de que existe un consenso social en el país de que para la conservación del paisaje y el aseguramiento de una agricultura sostenible, hay que tener una responsabilidad nacional. En Austria nunca ha sido un problema poner a disposición los necesarios créditos de cofinanciación para estas medidas.
Respecto al tema en si, quiero limitarme a algunos puntos centrales que están en relación directa con el informe financiero. En primer lugar, la cuestión del volumen de los créditos no empleados. Quiero constatar al respecto que en 1996 ese volumen se ha reducido a la mitad en comparación con el año anterior y que en el año siguiente, en el ejercicio de 1997, los créditos no empleados han seguido reduciéndose hasta aproximadamente 400 millones de ecus. Esto corresponde a los compromisos de pago de la Comunidad de unos dos días en el sector agrícola. En lo referente a las previsiones de los gastos en este sector siempre existirá un cierto margen de oscilación debido a diferentes factores imponderables, pues nadie puede predecir con total seguridad cómo va a ser el tiempo o cuál va a ser el comportamiento de los mercados.
Respecto a la cuestión del control de los gastos, comparto plenamente la opinión del ponente. En lo referente al rechazo de considerables sumas de gastos en el marco del cierre de cuentas reconozco que en parte se debe a unos complicados procedimientos de presentación de solicitudes así como a unos deficientes controles en los Estados miembros. Sin embargo, una gran parte de los rechazos se debe también a que disposiciones ejecutivas de la PAC han sido interpretadas por los Estados miembros de modo diferente a la Comisión. Queremos superar estos problemas, por lo que hemos adoptado también una serie de medidas al respecto. Nos esforzamos por simplificar las disposiciones pertinentes y en hacerlas más claras, para que se puedan evitar al máximo tales interpretaciones dudosas. Esto ocurre por un lado en el marco de la Agenda 2000 y, por otro, sobre todo en el marco del proyecto SEM 2000.
Apoyamos a los Estados miembros en la solución de sus problemas de control financiando las correspondientes medidas en el marco del capítulo presupuestario B1-3600. Además, nos estamos esforzando en el procedimiento de cierre de cuentas y en el futuro vamos a seguir aplicando las correcciones y directrices globales para el cierre de cuentas.
Respecto a la cuestión de los desequilibrios en la ayuda financiera, a lo que se han referido varios oradores, quiero subrayar que en nuestras propuestas de reforma nos hemos ocupado de este problema. No vamos a seguir permitiendo que un pequeño porcentaje de las explotaciones agrícolas perciba la mayor parte de las ayudas. Quiero subrayar que uno de los objetivos de la PAC es lograr unos ingresos proporcionados para los productores. Pero para lograr este objetivo las explotaciones no pueden orientarse exclusivamente a las ayudas. Es necesaria una mayor orientación al mercado, sobre todo para poder aprovechar plenamente las oportunidades de los agricultores con espíritu empresarial y de las explotaciones transformadoras. Para muchos productos, precisamente cuando pienso en el vino, fruta, verduras u otros productos especiales, existe una situación de mercado buena y equilibrada que ofrece a los productores unos ingresos adecuados por la venta de los productos.
Respecto a las cuestiones más de carácter técnico financiero de la línea presupuestaria y las previsiones de gastos, considero que es interesante la propuesta de crear una reserva presupuestaria general para las necesidades de créditos estimadas, si bien en el marco de la directriz. Respecto a la cuestión de la devolución de los créditos no empleados a los Estados miembros se debe tener en cuenta que para el FEOGA, debido a la especial situación de los mercados agrícolas, se trata de estimaciones provisionales de créditos. En este sentido, la regla determinada en los reglamentos para las devoluciones tiene su justificación y sería muy difícil modificar esta regla.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas .
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)

