Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (debate) 
Presidenta
El siguiente punto del orden del día es el informe de la señora Weiler, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (refundición) - C7-0044/2009 -.
Barbara Weiler
Señora Presidenta, señor Presidente en funciones del Consejo, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al equipo de ponentes alternativos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Industria, Investigación y Energía, a mis compañeros y a todos los contribuyeron a este espléndido resultado. Si la constructiva y ecuánime cooperación de la Comisión y la Presidencia belga seguramente no habríamos logrado este resultado.
En mi calidad de ponente estoy muy satisfecha -como pueden imaginarse- con el resultado, en primer lugar porque hemos realizado mejoras significativas a la Directiva anterior, y en segundo lugar, porque hemos introducido nuevas formas para estimular buenas prácticas en materia de pagos. Hemos alcanzado la meta. Bueno, preferiría decir que hemos establecido el rumbo para mejorar la liquidez de las PYME, las pequeñas y medianas empresas, y para obtener inversiones en nuevos productos, nuevos empleos y nuevos procesos.
¿Por qué era necesario mejorar esta Directiva? La legislación adoptada en 2000 no era vinculante ni muy eficiente. En los últimos años, las prácticas de pago se han deteriorado en casi todos los Estados miembros, incluso antes de la crisis financiera y económica. Asimismo, esta reforma era exigida por las pequeñas empresas en el marco de la Small Business Act. Querían que las prácticas de pago en Europa se organizaran de una forma mucho más eficiente.
En cuanto a los resultados, puedo decir, en primer lugar, que hemos abierto nuevos caminos. Contamos con normas estrictas. Las facturas deben pagarse, por principio, en un plazo de 30 días con unas cuantas excepciones que deben estar motivadas. Hemos introducido un tipo de interés de demora más elevado del 8 %. Hemos establecido los costes de cobro a un nivel fijo no burocrático de 40 euros, y hemos hecho que sea más fácil que antes que las pequeñas empresas ejerzan sus derechos.
El segundo aspecto de este nuevo rumbo, sin embargo, son los incentivos positivos y nuevos instrumentos, por ejemplo, la mención de los clientes con buenas prácticas de pago, la facilitación de más información a las pequeñas empresas sobre sus derechos, el pago a plazos y la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Esta legislación forma parte igualmente de la iniciativa "legislar mejor" y se aplicará también a las instituciones de la UE. Nos sentimos especialmente orgullosos de ella, porque -como podrán imaginarse- no despertaba tanto entusiasmo en todos.
Como es lógico se produjeron algunos conflictos y me gustaría mencionar algunos de ellos. En primer lugar y para comenzar, hubo algunas diferencias importantes y opiniones divergentes en el Parlamento. Las cien enmiendas demuestran que primero tuvimos discutir sobre este tema en el Parlamento. La Comisión no siempre se mostró satisfecha con nuestros esfuerzos, como la extensión de la Directiva a las empresas, pero creo que, en general, hemos logrado un buen resultado.
Fue el Consejo el que planteó problemas. Resulta lamentable que el Consejo no siempre alcance su objetivo de ayudar a las pequeñas empresas. Me parece especialmente lamentable en el caso de países relativamente ricos y bien estructurados, como Alemania y Austria.
En relación con las organizaciones profesionales, tan solo puedo decir que adoptaron una actitud constructiva, a pesar de que, como es natural, no siempre pudimos aceptar sus opiniones o coincidir con ellas.
En resumen, los siguientes pasos serán, tras la votación de mañana, esperamos que el Consejo celebre una votación final positiva para que a continuación los Estados miembros puedan transponer esta legislación. No esperamos que la transposición tarde dos años, sino que los Estados miembros comiencen a transponer la Directiva a su ordenamiento nacional desde el mes de enero del año próximo.
Antonio Tajani
Señora Presidenta, creo que con este debate se cierra un importante período de trabajo. La Comisión, el Parlamento y el Consejo han decidido unirse para dar una respuesta concreta a las pequeñas y medianas empresas (PYME) mediante la aplicación de la Small Business Act. Espero que mañana se apruebe la Directiva que permite respirar con alivio a un gran número de PYME de la Unión Europea.
El número de facturas impagadas ha venido aumentando durante demasiado tiempo. El año pasado, el aumento fue del 8 %, y actualmente las deudas incobrables suman un total de 300 millones de euros. Este es un problema que provoca grandes dificultades a las PYME, que a menudo corren peligro de cerrar porque no pueden sobrevivir debido al incumplimiento de compromisos por parte de las grandes empresas y, en particular, de las autoridades públicas. Creo que las instituciones de la Unión están dispuestas a dar una respuesta positiva para la economía de la UE. Una vez entre plenamente en vigor la legislación que estamos a punto de aprobar, volverán a entrar en circulación aproximadamente 180 000 millones de euros, lo que implica un estímulo para el crecimiento y las iniciativas de innovación a favor de las PYME.
Como Sus Señorías saben, el acceso al crédito es clave para el desarrollo y para aumentar la competitividad de nuestras empresas. Por ello considero que la decisión de aprobar esta propuesta de directiva de la Comisión reviste gran importancia para nuestra economía, ya que finalmente da una respuesta a millones de empresas europeas e infunde esperanzas a millones de trabajadores que tienen empleo gracias a que existen estas empresas, las cuales constituyen la columna vertebral de nuestra economía.
Quiero dar las gracias a la Presidencia belga por el importante papel que desempeñó en la mediación, así como a todas las diputadas y diputadas al Parlamento Europeo que han trabajado arduamente en esta fase, empezando por la señora Weiler, el señor Baldassarre y el señor De Angelis, al igual que a todos los ponentes alternativos que hicieron posible encontrar una solución positiva.
Creo que inyectaremos una cantidad considerable de efectivo adicional a las arcas de las empresas como resultado de la armonización de los períodos de pago para los organismos públicos, que tendrán que pagar sus facturas en un plazo de 30 días. Estas normas también darán un fuerte estímulo a aquellas autoridades públicas que retrasan sus pagos para que actualicen igualmente sus métodos de gestión. De hecho, cuando un organismo público adquiere bienes o servicios, ya ha incluido los fondos para ese gasto en su presupuesto. Por consiguiente no deberían tener dificultades para pagar puntualmente a sus acreedores. Cabe subrayar asimismo que si pagan antes de este plazo, las autoridades podrán ahorrarse dinero.
Otro aspecto importante del acuerdo es que las propias empresas tienen que pagar sus facturas en un plazo de 60 días, a menos que las partes acuerden otra cosa en condiciones que no sean injustas para el acreedor.
Como conclusión tengo que señalar que los Estados miembros podrán mantener o adoptar disposiciones más favorables para el acreedor que las contempladas en la Directiva. Por consiguiente, este documento legislativo no impide que los Estados miembros establezcan períodos de pago más breves o sanciones más severas.
Señora Presidenta, Señorías, esta nueva Directiva da testimonio de la determinación de la Unión para dar a las empresas europeas y en especial a las PYME un impulso decisivo para dejar atrás la crisis económica, a la que la Comisión tiene la intención de hacer frente mediante una serie de medidas. Acabamos de presentar una comunicación sobre innovación y la semana próxima presentaremos otra sobre la nueva política industrial, y no es posible poner en práctica la innovación y la política industrial sin acceso al crédito.
Mañana, el Parlamento, con el acuerdo de la Presidencia del Consejo y la Comisión Europea, dará una respuesta concreta a estas expectativas.
Francesco De Angelis
Señora Presidenta, Señorías, quisiera dar las gracias a la señora Weiler por la excelente labor que ha realizado. Con esta normativa, Europa pone fin a un procedimiento que ha puesto de rodillas a un gran número de pequeñas y medianas empresas (PYME). El Parlamento adopta medidas para proteger a las PYME, que son las empresas más vulnerables y las más afectadas por los efectos de la crisis, contra los problemas de liquidez y acceso al crédito. Las prácticas actuales consistentes en retrasar los pagos llevan a muchas pequeñas empresas a la quiebra, lo que tiene efectos adversos en el empleo.
Es por ello que esta normativa es importante, pues establece un período máximo de pago de 60 días, aumenta el tipo de interés de demora al 8 % y prohíbe el uso de condiciones contractuales que sean injustas para el acreedor. En otras palabras, establece períodos definidos, incentivos y, ante todo, no contempla excepciones. Estas medidas están destinadas a proteger a las PYME, a estimular nuestro tejido económico y productivo, y a impulsar el empleo.
Ahora toca a los Estados miembros adoptar rápidamente medidas eficaces para transponer esta Directiva, que confirma que Europa existe, es útil y puede hacerse sentir.
Raffaele Baldassarre
Señora Presidenta, señor Tajani, señora Weiler, Señorías, me alegra mucho y me siento muy orgulloso de haber contribuido a la aprobación de esta Directiva en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es una medida anticíclica muy importante que presta un apoyo muy real a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME) al establecer condiciones de pago definidas y sanciones adecuadas para estimular el pago puntual tanto por parte de las autoridades públicas como de las empresas privadas de la Unión Europea. Si todos los interesados pagaran sus deudas a tiempo, la economía europea recibiría una inyección de liquidez de 300 000 millones de euro.
Nuestro mercado no será común y nuestra competencia no será leal hasta que se establezcan normas uniformes que se apliquen a todos sin excepción. Ese es el motivo subyacente de la nueva Directiva sobre medidas de lucha contra la morosidad, que obliga a las autoridades a ser más eficientes y virtuosas en sus acciones, y ayuda al mercado interior y a la libre competencia a desarrollarse de forma homogénea en beneficio de las PYME.
Esta Cámara ha podido hacer una contribución decisiva a este éxito al haber superado todo tipo de presiones y divisiones por el bien general de la población y del sistema de producción europeo.
Małgorzata Handzlik
Señor Comisario, Señorías, me complace que hoy podamos concluir el debate que hemos venido celebrando en los últimos meses. Todos los que han participado en los trabajos sobre esta Directivas saben que no fue fácil llegar a un acuerdo, si bien todos los partidos eran conscientes de la importancia del problema.
Creo que las medidas que votaremos mañana son una buena noticia para las empresas y, en particular, para las pequeñas y medianas empresas, que podrán cobrar más rápidamente sus facturas. La magnitud del problema de la morosidad no es la misma en todos los Estados miembros. Sin embargo, no debemos olvidar que las empresas operan en un mercado común europeo y a menudo realizan sus actividades en varios Estados miembros. Las empresas deben tener la garantía de que sus facturas se pagarán a tiempo, ya sea en Polonia, España, Francia o Malta.
Hoy, Señorías, un periodista me preguntó si la Directiva será eficaz y cuáles son sus principales instrumentos para cambiar el comportamiento del mercado. Pues bien, en mi opinión, su eficacia se encuentra en el período de pago máximo y no prorrogable de 60 días para las autoridades públicas. Es de suma importancia que las empresas reciban información sobre los principales instrumentos de la Directiva, pues tienen que saber que tienen derecho a recibir una indemnización por los costes de cobro de las cantidades a pagar, que los plazos de pago se han reducido y que las cláusulas contractuales que prohíben los intereses de demora o la indemnización o que contienen plazos de pago más largos son simplemente deshonestas. Solo así las empresas harán uso de las disposiciones de la Directiva y exigirán que se cumplan los plazos de pago y otros derechos que tienen. Los retrasos en el pago deberían ser la excepción y no la regla. En mi opinión, la Directiva constituye un firme mensaje de las instituciones europeas acerca de como deberían ser las cosas. Quiero dar las gracias a todos por su cooperación y atención.
Bernadette Vergnaud
Señora Presidenta, Señorías, antes que nada quisiera felicitar a nuestra ponente, señora Weiler, por su labor y el notable acuerdo alcanzado con el Consejo, ya que la propuesta inicial de la Comisión presentaba algunas deficiencias importantes.
Me gustaría volver a abordar cuatro aspectos importantes que se han logrado en esta Directiva.
En primer lugar, me alegro de que se establezca una garantía de igualdad de trato entre el sector público y el privado. La Comisión preveía sanciones más severas para el sector público, a pesar de que este trabaja por el interés general. Este hecho se debía a la ignorancia de la realidad de la situación de las cuentas públicas de los Estados miembros y podría haber tenido por resultado una desventaja competitiva para las empresas públicas.
Otro paso adelante es la ampliación del plazo de pago de 30 a 60 días para los servicios públicos de salud, que tienen procedimiento presupuestarios complejos que los obligan a adoptar plazos de pago más largos, algo de lo que no se les puede responsabilizar.
En relación con los plazos de pago es indispensable prohibir a las condiciones contractuales desfavorables para los acreedores en los contratos entre empresas, algo que ocurre con frecuencia entre grandes grupos de empresas y pequeñas y medianas empresas.
Por último y en relación primordialmente con las pequeñas y medianas empresas que son víctimas de retrasos en los pagos, la introducción de un tipo de interés de demora del 8 % en caso de morosidad y como indemnización podría alentar a estas empresas a exigir daños y perjuicios. Hasta ahora solían negarse a ello por el riesgo de ponerse en peligro.
Por ello me complace sobremanera poder votar a favor de esta propuesta que, espero, representará un auténtico avance para la viabilidad y la buena salud de las empresas europeas, avance que es necesario no solo para que el mercado interior sea más eficaz, sino también más justo.
Jürgen Creutzmann
Señora Presidenta, señor Comisario Tajani, Señorías, mañana el Parlamento Europeo aprobará una Directiva para luchar contra la morosidad que hará historia. Es la primera Directiva que puede explicarse en tan solo tres frases: en primer lugar, las autoridades deberán, por principio, pagar en el futuro en un plazo de 30 días de no haberse acordado un plazo de pago más breve y si no existen circunstancias especiales que hagan necesario un plazo de pago de más de 60 días. En segundo lugar, al convenir los plazos de pago, las empresas pueden acordar contractualmente plazos de hasta 60 días y los superiores a este período quedan prohibidos, a menos que se acuerden expresamente y no representen una grave desventaja para el acreedor. En tercer lugar, si se superan estos plazos de pago, podrá exigirse el pago de costes de cobro por al menos 40 euros y un interés de al menos un 8 % por encima del tipo base de interés del Banco Central Europeo sin recordatorio previo.
Esta Directiva ayudará a las pequeñas y medianas empresas europeas a mejorar en gran medida su liquidez, que no necesitarán pedir tanto crédito a los bancos. Los deudores con una sólida presencia en el mercado ya no podrán obligar a las pequeñas y medianas empresas a concederles plazos de pago más largo, algo que es positivo. Por otra parte, los Estados miembros no sólo podrán mantener plazos de pago más breves de la forma que acostumbran hasta ahora; suponemos que los mantendrán, porque no puedo imaginarme que esta Directiva dé lugar a un deterioro de las prácticas de pago en los Estados miembros.
Las empresas que operen dentro de Europa saben que, en el futuro, sus adeudos se liquidarán en un plazo no superior a 60 días. Este es un gran paso adelante y un paso más hacia la realización del mercado interior europeo. Podemos sentirnos muy satisfechos con la aprobación de esta legislación, que ayudará a las pequeñas y medianas empresas y al mercado interior europeo.
Malcolm Harbour
en nombre del Grupo ECR. - Señora Presidenta, en nombre de mi grupo político y del presidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, quiero dar las gracias a la señora Weiler en su calidad de ponente, así como a los numerosos miembros de la comisión parlamentaria presentes hoy aquí, por el gran ejemplo de trabajo en equipo que han dado. En este agradecimiento incluyo tanto al Consejo como a la Comisión.
Actualmente se habla mucho sobre regulación inteligente, pero creo que este es un ejemplo clásico de ella. Para empezar, va al meollo del problema que experimentan muchas pequeñas empresas en una economía en la que encuentran en estos momentos condiciones muy difíciles. Tenemos que insistir en que los Estados miembros transpongan esta propuesta lo antes posible.
En segundo lugar, la Comisión ha analizado correctamente los problemas y éxitos de la Directiva anterior, y quiero destacar aquí que esta fue la primera Directiva en que los coordinadores de la comisión parlamentaria acordaron invitar a la Comisión a presentar una evaluación de impacto completa sobre cualquier propuesta. Hemos recibido una evaluación de impacto muy exhaustiva en la que se identifican claramente los ámbitos que requieren cambios.
Ante todo, la actual insistencia en que las autoridades públicas en particular se ajusten a las normas aplicadas al sector privado y no abusen de su posición en detrimento de los pequeños proveedores y cumplan estas obligaciones, reviste una gran importancia. Se trata de un gran logro y quiero dar las gracias en especial a la Presidencia belga -que veo que está representada aquí en esta ocasión- por haberse resistido a las exigencias de algunos Estados miembros que intentaban desviarse del plazo de 60 días.
Indicamos a la Presidencia belga que no tenía sentido alguno aprobar esta Directiva si permitía que eso sucediera. No tiene sentido dejar fuera a las autoridades públicas.
Creo que este es un buen ejemplo de regulación inteligente, pero permítanme finalizar con dos observaciones finales. En primer lugar, tenemos que velar por que cada uno de los Estados miembros transponga correcta y coherentemente esta Directiva, y en segundo lugar, esta puede dar lugar a un cambio cultural, al señalar que ya no es aceptable que los grandes clientes exploten a las pequeñas empresas mediante el retraso de los pagos. Creo que eso es lo que logrará esta Directiva.
Oreste Rossi
Señora Presidenta, Señorías, antes que nada tengo que dar las gracias al señor Tajani por su declaración, que apoyo sin reservas.
Muy a menudo, las autoridades públicas son malos pagadores y a menudo provocan la quiebra de empresas sanas y causan graves daños a la competitividad de nuestras empresas. Pueden provocar muy graves reacciones en cadena con importantes repercusiones sociales que, a final de cuentas, pueden resultar contraproducentes para la autoridad pública que ha causado estos daños al provocar aumentos de precios, costes y, por ende, gastos.
En vista de todo ello, no resulta sorprendente que las pequeñas empresas se vean orilladas a la quiebra debido a la falta de liquidez, en particular en períodos de crisis y recesión económicas, como los que experimentamos en estos momentos. Por ello se decidió imponer sanciones severas por esta morosidad. Entre los nuevos parámetros que se establecen en el informe aprobado figura el de mantener la libertad contractual en las negociaciones entre empresas privadas, pero imponiendo plazos (30 + 30 días), establecer en treinta días el plazo en el que las autoridades públicas deben pagar a las empresas privadas e introducir una nueva norma para las grandes empresas -como las que operan en el servicio postal y los sectores de la energía y el transporte- que compiten con empresas privadas, a pesar de contar con financiación pública, a fin de equipararlas a las empresas privadas y, por consiguiente, queden sujetas a las normas del mercado privado.
Corresponde ahora a los Estados miembros transponer esta normativa lo antes posible a fin de revitalizar aquellas empresas que todavía se encuentran en dificultades, como han recalcado el Comisario y varios oradores.
Csanád Szegedi
(HU) Señora Presidenta, Señorías, en vista de la cadena de deudas que afectan y sacuden la economía húngara, debemos acoger con gran satisfacción una normativa que refuerza la disciplina de pago y la previsibilidad de los proceso financieros, contribuyendo así a mejorar la situación de los operadores financieros. Por una parte, las enmiendas presentadas dan mayor claridad al propósito original, lo que es una mejora, y por la otra, debilitan, a diferencia de los objetivos originales, las fuerzas de disuasión que preveía la propuesta original, en particular por parte de las autoridades. En particular, la excepción al plazo de 30 días no se permite en el caso de las autoridades públicas. Tenemos que aplicar una normativa de base que permita este plazo. En cuanto a las sanciones, las empresas y las autoridades deben recibir el mismo trato. El objetivo fundamental es la recuperación de la economía y el pronto pago a fin de facilitar la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta no recoge disposiciones a tal fin.
Las grandes empresas multinacionales abusan de su importante cuota de mercado y posición dominante, y obligan a sus socios nacionales a aceptar contratos que establecen plazos de pago de 90 o 120 días, con posibles sanciones teóricas en caso de incumplimiento. Sin embargo, los proveedores vulnerables no se atreven a exigir el pago de las sanciones, incluso cuando tienen la ley de su lado, por miedo a perder pedidos. Para evitarlo deberíamos establecer normas obligatorias en todos los casos, que contemplen el pago de los costes de cobro cuando se retrase el pago e impongan multas incluso al acreedor cuando no exija el pago de estas sanciones. Muchas gracias por su atención.
Andreas Schwab
(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en el Parlamento Europeo es habitual empezar dando las gracias a los ponentes, pero en el caso de esta Directiva, creo que realmente es justo hacerlo. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Comisario Tajani, que, de una manera pocas veces vista, adaptó los trabajos de la Comisión a las solicitudes y justificadas inquietudes del Parlamento con una increíble apertura. Se trata de un nuevo y muy positivo aspecto en la cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. A este respecto no puedo sino refrendar lo que ya se ha dicho, que es una normativa inteligente y que sería positivo seguir por este camino.
Sin embargo, creo que el Parlamento Europeo también podría ayudar a que esta Directiva obtenga en el Consejo el mismo resultado, que muchos oradores ya han calificado de positivo. En la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor seguimos una estrategia común. Colaboramos estrechamente, incluso entre los distintos grupos, y tengo que decir, en mi calidad de representante del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), que no solo quiero manifestar mi agradecimiento, sino también expresar mi respeto a la ponente, señora Weiler, porque -a pesar de que en un principio definió un contenido diferente- representó, en su condición de esta Cámara, la votación, la opinión mayoritaria de la comisión parlamentaria, de una manera muy seria y enfática. Sin ello no habría sido posible tener éxito, a pesar del importante trabajo realizado por los ponentes alternativos.
Por último, me gustaría hacer una observación. Hasta ahora hemos mencionado brevemente una cuestión, me refiero a los 40 euros que podrán cobrarse en el futuro como cargo a tanto alzado en caso de retraso en los pagos. Creo que cuando se aplique esta medida en los Estadios miembros, cuando los consumidores la conozcan, tendremos que explicarla muchas veces, porque en el caso de una entrega completamente normal de mercancías, 40 euros constituyen un buen medio de evitar el retraso de estos pagos al que deseamos poner fin en Europa. Creo que la Comisión y los Estados miembros todavía tendrán que ejercer su influencia sobre la opinión pública para que los consumidores comprendan por qué es necesaria esta medida en interés de las pequeñas y medianas empresas de Europa.
Alan Kelly
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario por las excelentes observaciones que acaba de hacer. Esta es una legislación excelente, y en particular me gustaría felicitar a mi compañera, Barbara Weiler, por la manera en que ha manejado este expediente. Se trata de una labor realmente fantástica y un buen ejemplo de la legislación que podemos llevar a buen término. Permitirá que el dinero circule mejor en nuestras economías y, por consiguiente, es positiva para los negocios, las pequeñas empresas y la sociedad en general. Y lo que es más importante nos ayudará en la gran tarea que tenemos ante nosotros en estos momentos, que es la creación de empleo.
Esta Directiva establece principios claros y sólidos para transmitir a los mercados y los Estados miembros que no se tolerará la morosidad, lo que debería generar una mayor liquidez. Las empresas a las que se les paga rápidamente tienen más posibilidades de obtener crédito, de crecer y de generar y crear empleo. Por otra parte, sé por algunos casos judiciales de insolvencia en mi propio país, Irlanda, sobre todo en el sector de la construcción, que gran parte de la morosidad termina convirtiéndose en pagos incobrables que ponen de rodillas a las empresas. Lo he visto en el caso de una empresa muy cercana a mí que tuvo que proceder al despido colectivo.
También soy favorable a la disposición relativa a la mención de los deudores puntuales. Creo que es una buena idea, pues recompensa las buenas prácticas y crea incentivos.
No debemos olvidarnos de los agricultores. Los agricultores se ven muy afectados por el hecho de que los procesadores y supermercados no les pagan. Las multinacionales han salido ganando. Espero que esta normativa les conceda una posición negociadora más fuerte a fin de que también este grupo vulnerable de la cadena alimentaria reciba una mejor protección.
Edvard Kožušník
(CS) Para empezar creo que primero debo dar las gracias a la ponente, señora Weiler, por la buena labor que ha realizado, ya que al principio no fue nada fácil. No obstante, creo que podemos sentirnos satisfechos con el resultado final.
A diferencia de la propuesta original de la Comisión, que me pareció algo alejada de la práctica, esta nueva modificación ha logrado acercarse a la realidad que existe en las relaciones comerciales y contractuales. Asimismo, la propuesta también logra simplificar y clarificar lo que me parece un cambio fundamental para comprender mejor las normas. Si hay algo que merece ser destacado es que, a diferencia de la propuesta original de la Comisión, hemos podido mantener el principio de libertad contractual en las relaciones comerciales y contractuales. Al mismo tiempo, otra buena noticia es que logramos imponer una disposición que establece que las instituciones de la Unión Europea se encuentran en pie de igualdad con las autoridades públicas de los Estados miembros. De este modo, de ahora en adelante, estas instituciones tendrán que pagar a tiempo, lo que agradecerán en particular los beneficiarios de los fondos europeos. También me siento muy satisfecho porque hemos logrado suprimir la ridícula disposición que obligaba a las autoridades públicas morosas a pagar una sanción a tanto alzado del 5 % del total debido, aparte del tipo normal de interés de demora. No tengo que destacar los efectos que esta disposición habría tenido en la difícil situación por la que atraviesan los presupuestos públicos.
Quiero dar las gracias una vez más a la ponente y a las diputadas y diputadas por el gran esfuerzo que han hecho para encontrar una solución consensuada para este informe. Creo que ha sido una energía bien empleada.
Anna Maria Corazza Bildt
Señora Presidenta, me gustaría mucho unirme al coro de agradecimientos y felicitaciones, que en esta ocasión son algo más que una formalidad. Quiero dar las gracias al Comisario Tajani por su dedicación personal, al Consejo por su flexibilidad y, desde luego, a Sus Señorías, por haber llegado a este acuerdo en primera lectura que es tan importante para los que formamos parte del mundo de la empresa. Quiero dar las gracias en particular a mi amiga, Małgorzata Handzlik, del PPE.
Antes de ingresar en esta Cámara fui empresaria y sé perfectamente que la morosidad es un problema grave para las pequeñas empresas. En ocasiones puede llevarlas a la quiebra. En otras puede ser, en el mejor de los casos, motivo de inseguridad y provocar daños a las empresas.
Limitar el plazo de pago de las autoridades de la administración pública a 60 días es, qué duda cabe, un gran logro, ya que estas, como acaba de señalar el Comisario Tajani, tan solo tienen que procesar los pagos, de modo que es cuestión de reducir la burocracia.
Me alegro de que hayamos incluido las operaciones entre empresas, ya que las pequeñas empresas ahora cuentan con un marco legal claro que les permite reclamar el pago a las grandes empresas, algo que en ocasiones no se atrevían a hacer.
Creo que hemos encontrado un buen equilibro entre la libertad de contratación -que tiene una gran importancia- y la concesión a las pequeñas empresas de las herramientas necesarias para evitar ser rehenes de empresas más grandes o de la administración pública. En lugar de dedicar su tiempo a cobrar deudas, ahora pueden destinar sus recursos a ejercer su derecho a recibir el pago, intereses y una indemnización.
Creo que este acuerdo servirá para evitar la morosidad y no tanto para el cobro de los pagos retrasados y, como ha dicho Malcolm Harbour, para crear una cultura de pago a tiempo que permitirá que el mercado interior funcione mejor y beneficiará a todas las partes interesadas.
Hemos demostrado que el Parlamento puede adoptar medidas concretas que realmente pueden marcar la diferencia, crear más puestos de trabajo y ayudar a las PYME. Ahora, lo principal es que el Consejo y los Estados miembros asuman sus responsabilidades y velen por la correcta aplicación de estas normas.
Sylvana Rapti
(EL) Señora Presidenta, doy las gracias a la señora Weiler que, en mi opinión, ha echado una mano a las pequeñas y medianas empresas de toda Europa y, por ende, a la propia Europa. En estos difíciles momentos para la economía de la Unión se hacen esfuerzos muy serios y sostenidos para reforzar a las pequeñas y medianas empresas. Todos sabemos que la morosidad es a menudo el motivo de que estas empresas quiebren y de la pérdida de puestos de trabajo. Hemos logrado concertar, con grandes dificultades y una voluntad incluso mayor de transigir para salvar puestos de trabajo, lo que puede ser un acuerdo severo, pero sin duda necesario y justo.
Estoy seguro de que Sus Señorías comprenderán que yo, que soy griega, tenga un interés incluso mayor por esta cuestión que tanto me preocupa. El hecho de que Grecia haya acordado plazos de pago que podríamos llamar "estrechos" viene a ilustrar que realmente nos hemos comprometido a revertir la situación que existe en mi país. La norma general de 30 días implica, en términos muy sencillos, que tenemos que modificar nuestros procedimientos internos de auditoría administrativa para la aprobación de pagos. La excepción de 60 días, en particular en sectores como el de la salud, nos concede un margen para llevar a cabo procedimientos de pagos en cadena que no siempre resultan fáciles de controlar.
Deseo que tengamos éxito -y creo que lo tendremos-, porque se lo debemos a los trabajadores y empresarios de Grecia y de Europa. Tenemos que dar a las pequeñas y medianas empresas una oportunidad para trabajar con mayores incentivos y para generar un crecimiento sano.
Janusz Wojciechowski
(PL) El problema del pago puntual en la transacciones comerciales afecta igualmente a los agricultores y proveedores de productos agrícolas. Muy a menudo, el plazo de pago es muy prolongado, lo que constituye una de las razones por las que ha empeorado la situación de numerosos agricultores. Con mucha frecuencia, los agricultores no reciben a tiempo el pago de sus productos.
En el reciente informe Bové, el Parlamento Europeo se declaró a favor de los agricultores y consideró que el plazo máximo para el pago de las transacciones de este tipo no debería ser superior a 30 días. Debemos intentar que este plazo se ponga en práctica en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es necesario proteger a los agricultores contra las prácticas deshonestas de las empresas comerciales y, en particular, de las grandes cadenas de comercio minorista.
Mario Pirillo
(IT) Señora Presidenta, señor Tajani, señora Weiler, la Directiva para luchar contra la morosidad en las transacciones comerciales es un importante y poderoso acto legislativo de esta Cámara, que se ha convertido en la portavoz de las justas demandas de las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas, que sufren por el pago con retraso de sus facturas desde hace años. Se trata de un problema muy grave, que impide el desarrollo de las empresas y, en algunos casos, ha llevado a la quiebra a empresas sanas que ya sufrían la presión de los elevados tipos de interés que cobran los bancos.
Con arreglo al acuerdo alcanzado el 13 de septiembre entre el Parlamento y el Consejo, las empresas ahora pueden contar con plazos definidos para el pago de sus facturas, y estos plazos deben ser cumplidos tanto por las autoridades públicas como por el sector privado. La propuesta de Directiva mejorará sin duda el flujo de caja de las empresas europeas, que de este modo tienen un importante instrumento legal con el que pueden ejercer plena y eficazmente sus derechos. Me gustaría que esta ventaja para las PYME se reflejara en los precios al consumo.
Espero que los Estados miembros sepan responder al firme mensaje que les envía la Unión Europea en estos momentos de recesión económica y aceleren la transposición de esta Directiva europea a su legislación nacional.
Oldřich Vlasák
(CS) Esta propuesta tan necesaria para revisar la Directiva sobre morosidad, que debatimos hoy, es sin lugar a dudas mejor que la propuesta original. Sin embargo, lamento que en el acuerdo final no hayamos podido lograr la igualdad de trato para todas las partes y mantener la igualdad de condiciones para las entidades públicas y las privadas. Si bien los plazos de pago para los contratos de pago deben limitarse, en principio, a 60 días naturales -período que puede extenderse en casos excepcionales-, en el caso de los contratos con autoridades públicas, incluidos los municipios y ciudades, este plazo no debería superar los 30 días. Esto no me parece correcto, porque todos los actores deberían operar en las mismas condiciones.
La justificación según la cual las autoridades públicas tienen una ventaja por poder obtener financiación en condiciones más favorables que las empresas, o que dependen menos del establecimiento de relaciones estables, puede ser válida para las autoridades nacionales o las instituciones europeas, pero no lo es sin duda en el caso de las pequeñas ciudades y municipios rurales, no sólo de la República Checa, sino de toda Europa. La propuesta resultante es, así pues, sumamente discriminatoria para estas pequeñas ciudades.
Lara Comi
(IT) Señora Presidenta, Señorías, personalmente estoy de acuerdo con la necesidad de reforzar la Directiva 2000/35/CE y de definir los instrumentos necesarios para poner fin a la morosidad en las transacciones comerciales o al menos reducirla sustancialmente.
Las consecuencias económicas y políticas de la morosidad en los mercados nacionales y en particular en el mercado europeo resultan evidentes para cualquiera. La recesión económica en curso ha empeorado la situación, ha reducido aún más la competitividad y la rentabilidad y representa una grave amenaza para la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que forman una parte fundamental del mercado europeo, crean riqueza y desempeñan un papel determinante en la creación de empleo.
Esta decisión política de la Comisión Europea es un paso en la dirección correcto, pues es la decisión a la que hacía referencia el señor Monti en su informe, cuando hablaba de la necesidad de intervenir para mejorar el entorno económico de las PYME. En cuanto a si las autoridades públicas pagarán sin retrasos o si el tipo de interés del 8 % servirá como elemento disuasivo, no puedo ocultar que tengo mis dudas al respecto, cuando pienso en algunas regiones de mi propio país y de otros Estados miembros que realmente tiene que debatirse para cumplir las nuevas normas.
Espero que este nuevo planteamiento sea una auténtica oportunidad para cambiar. Ahora lo importante es hacer un seguimiento de la transposición de la Directiva a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales con la intervención de las autoridades regionales y locales a fin de que se lleve a cabo de forma uniforme en todas partes.
Regina Bastos
(PT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero empezar felicitando a la ponente por su labor, así como dar las gracias a todos los que han colaborado con ella en este informe, que ha permitido alcanzar este acuerdo en primera lectura.
Todos los presentes reconocemos que la presente Directiva, que refunde la anterior, la cual tenía más de diez años de antigüedad, pretende poner fin a un problema muy extendido en la Unión Europea: la morosidad. Estos retrasos resultan muy poco razonables en algunos Estados miembros, cuando se trata de la administración pública. Esta práctica tiene efectos sumamente negativos en la vida económica, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para el mercado interior, y no podemos seguir tolerándola, sobre todo en vista de que actualmente experimentamos una grave crisis económica y financiera.
Esta modificación legislativa introduce coherencia y sentido en el plan para revitalizar la economía europea y aplicar la Small Business Act. Esta Directiva aumentará seguramente la liquidez de las empresas. Los acreedores tendrán una herramienta eficaz y eficiente para ejercer sus derechos contra la "mala moral de pago". Con esta Directiva, las prácticas reprensibles de las entidades públicas serán la excepción. Los organismos de la administración pública deberían dar un buen ejemplo y pagar sus facturas de bienes y servicios en el plazo de un mes. Ahora corresponde a las instituciones interesadas, el Consejo y los Estados miembros, velar por que la transposición de esta Directiva se lleve a cabo la antes posible.
Sari Essayah
(FI) Señora Presidenta, señor Comisario, las pequeñas empresas experimentan a menudo dificultades financieras debido a la morosidad, y en la situación económica actual, esta puede significar incluso la quiebra para los proveedores de bienes y servicios, debido a la falta de liquidez.
Ahora hemos llegado a un acuerdo con el Consejo para poner al día la Directiva sobre morosidad, la cual establecerá un plazo general de 30 días para el pago entre empresas y entidades públicas. En mi opinión, sin embargo, también es importante reconocer la libertad general de contratación en las transacciones comerciales entre empresas, y es por ello que considero que es positivo que el plazo de pago para dichas transacciones pueda extenderse a 60 días, si así lo acuerdan ambas partes.
La posibilidad de extender el plazo de pago para las autoridades públicas es más limitada, y la morosidad de la administración pública en particular se ha convertido en un problema enorme en algunos Estados miembros de la UE. En Grecia, por ejemplo, el plazo de pago medio ha llegado hasta 165 días (aunque las cosas comienzan a mejorar, como ha señalado aquí un diputado griego). En España es de 138 días y en Italia de 128.
La morosidad ha hecho que se beneficien las entidades financieras, porque las empresas se ven obligadas a vender sus cuentas por cobrar para acelerar su ciclo de ingresos. Estos servicios financieros cuestan dinero, y habría que señalar que las empresas tienen un derecho fundamental a recibir el dinero que se les debe sin tener que pagar a intermediarios e incurrir en gastos adicionales.
El tipo de interés de demora, es decir, el tipo de referencia más un 8 %, resulta aceptable, pero el cargo mínimo por gastos de cobro de 40 euros podría considerarse excesivo para los pequeños suministros repetitivos, por ejemplo. No debemos olvidar que los cargos de demora tienen que ser razonables, es decir, estar relacionados con los gastos en que haya incurrido el acreedor dentro de lo razonable. A pesar de estas observaciones marginales, la Directiva sobre morosidad será sin duda sumamente beneficiosa, ante todo para las pequeñas y medianas empresas.
Elena Băsescu
(RO) En un entorno económico inestable, la morosidad tiene efectos adversos en las PYME. La mejora del sistema en este aspecto es un objetivo ambicioso, pero también necesario para que se pague a tiempo a trabajadores y proveedores. Las nuevas disposiciones sobre la morosidad en las transacciones comerciales deberían facilitar y acelerar el proceso para que las empresas recuperen el dinero que se les debe. Considero que todas las partes interesadas deberían estar en pie de igualdad y que las normas deben aplicarse a todos.
En los últimos tres años, más de 300 000 PYME han dejado de operar debido a que habían llegado a un impasse financiero. Una de las causas es la morosidad por parte del Estado en el pago de productos y servicios.
Para finalizar, quiero expresar mi apoyo a esta propuesta de Directiva que promueve una mejor supervisión y evaluación del sistema de transacciones comerciales.
Zuzana Roithová
(CS) No tengo duda alguna de que mañana aprobaremos esta Directiva revisada y allanaremos de este modo el camino para una nueva cultura empresarial en la que el pago puntual será una práctica común y la morosidad será objeto de duras sanciones. En particular, las empresas de menor tamaño agradecerán que las autoridades estatales y las instituciones vinculadas con el presupuesto público no les deban dinero durante muchos meses por sus bienes y servicios, y posiblemente paguen en un plazo de 30 días.
Me alegro de que el Consejo haya aceptado el nuevo cargo de 40 euros en concepto de gastos de cobro, y de que apoye un aumento del tipo de interés de demora de un 1 % respecto al tipo vigente. Creo simplemente que dicho cargo no resulta viable para el cobro de cantidades mínimas que se deban a errores y que no tienen efectos visibles sobre la capacidad de pago de las empresas. Afortunadamente, este cargo no se aplica al retraso en los pagos por parte de los consumidores.
Me alegro de que mi comisión parlamentaria y el Consejo hayan acordado que no es posible introducir dos sistemas de penalización, uno para el sector privado y otro para el público, como proponía la Comisión. Yo señalé que resultaba paradójico que, por ejemplo, los hospitales tuvieran que pagar a sus acreedores privados sanciones más elevadas que las que podrían exigir a sus deudores. Con este cambio obtenemos un instrumento de alta calidad, por lo que felicito a la señora Weiler.
Csaba Sándor Tabajdi
(HU) Sus Señorías, acojo con beneplácito el informe de la señora Weiler que pretende eliminar lagunas y establecer una moral comercial equitativa en la Unión Europea, pero no nos hagamos ilusiones. Esta es una medida necesaria pero insuficiente, pues sabemos que las empresas dominantes pueden ejercer presiones. Se trata de una medida muy importante y necesaria, pero no es suficiente. Es muy importante un mayor control, pues como es sabido, las pequeñas empresas, incluidas las del sector agrícola, se encuentran en una situación de desventaja dentro de la cadena alimentaria, como se menciona igualmente en el informe Bové. Están expuestas a la posición dominante de los compradores y grandes cadenas minoristas. El informe de la señora Weiler hace una importante contribución a esta cuestión, pero se requiere un seguimiento y un control más eficientes. Muchas gracias por su atención.
Luís Paulo Alves
(PT) Señora Presidenta, actualmente en muchos Estados miembros existen amplias diferencias en lo que se refiere a los plazos de pago a las empresas, en particular cuando intervienen el Estado, pequeñas y medianas empresas, y grandes empresas. Aquellos que procedemos del mundo empresarial sabemos que en la actual crisis económica y ante las crecientes dificultades de financiación, las empresas tienen cada vez más problemas de liquidez e incluso corren un mayor riesgo de quiebra en muchos Estados miembros.
Parece evidente que la Directiva vigente, que intentaba regular esta cuestión, tuvo efectos limitados, y que la propuesta que analizamos representa un importante paso para que se cumplan los plazos de pago, no solamente en las relaciones entre empresas y organismos públicos, sino también en las relaciones entre empresas, algo que es crucial. Ahora contamos con una legislación que nos ofrece un mayor valor añadido, con un sistema de sanciones por morosidad que representa igualmente una mejora para contrarrestar los abusos que cometen el Estado y las grandes empresas que gozan de una posición dominante.
Jaroslav Paška
(SK) Los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en materia de cobro de deudas presentan grandes variaciones. Por ello las experiencias con el pago puntual de bienes y servicios también varía entre un Estado miembro y otro.
Sin embargo, tenemos algo en común, a saber, la morosidad crea enormes problemas a las pequeñas y medianas empresas. En mi país, existen dos grupos de inversores que muy a menudo no cumplen el plazo para pagar sus facturas. El primer grupo incluye los organismos públicos a diversos niveles, desde las autoridades locales, municipales y regionales hasta el Estado. El segundo grupo son los grandes contratistas extranjeros que a menudo ponen a pequeños subcontratistas en situaciones imposibles, en particular en el sector agrícola y el de la construcción. Normalmente, las pequeñas empresas no disponen de reservas financieras que les permitan pagar a su personal durante varios meses sin recibir el pago por los trabajos realizados. Esperemos, así pues, que la nueva Directa traiga consigo las mejoras previstas y que el impago deliberado se convierta en cosa del pasado en la Unión Europea.
Giovanni Collino
(IT) Señora Presidenta, señor Tajani, Señorías, las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Italia y toda Europa sufren los terribles efectos de la crisis. Son ellas las que más luchan cada vez que tienen que hacer frente a una deuda elevada, porque les resulta más difícil dar garantías. Son las que más liquidez necesitan, porque tienen menos capital para hacer crecer. Son siempre las primeras en verse abrumadas por las dificultades del mercado, ya que no pueden recurrir tanto a la diversificación. Es interés de estas empresas ante todo que mañana votaremos el informe sobre la propuesta de directiva sobre la lucha contra la morosidad.
Las autoridades públicas existen para servir a los ciudadanos y los interese de estos, que en este caso son intereses económicos. Es de acuerdo con estos intereses que deben diseñarse, establecerse y aplicarse procedimientos administrativos que respeten y valoren los esfuerzos de aquellos que son responsables del futuro de todas las familias de los trabajadores empleados en una empresa.
Gracias al Parlamento Europeo, a partir de mañana las PYME estarán mejor protegidas contra las empresas del sector público y privado que hasta ahora recurren con demasiada frecuencia al retraso de sus pagos. En conclusión, señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a la ponente y al Comisario Tajani por su dedicación.
Monika Flašíková Beňová
(SK) Cualquiera que haya trabajado en el mundo de los negocios o participado en actividades comerciales conoce las complicaciones que puede causar alto tan banal como la morosidad.
Me alegro del planteamiento asumido por la ponente y coincido con su evaluación de la propuesta de la Comisión y con sus puntos de vista sobre las enmiendas y adiciones. Por otra parte, podría ser conveniente que se adoptaran otras medidas que ofrezcan un incentivo positivo a quienes participan en relaciones comerciales para que no retrasen los pagos. Por ejemplo, podría apoyarse a los Estados miembros de la Unión Europea para que utilizaran un Código de Pago Puntual o publicar algún tipo de lista de buenos pagadores. Simplemente es necesario considerar no solo las sanciones en caso de morosidad, sino también intentar desarrollar preventivamente una cultura formal de pago puntual.
Peter Jahr
(DE) Señora Presidenta, con la nueva normativa sobre la morosidad en las relaciones comerciales podemos introducir una auténtica mejora para todas las empresas de la Unión Europea. Resulta inaceptable, en particular para las pequeñas empresas, tener que esperar varios meses para recibir el pago de sus facturas. Por ello me siento muy satisfecho de que hoy tengamos la intención de establecer plazos de pago fijos y cargos de cobro tanto para las empresas privadas como para las autoridades públicas. Con esta armonización a escala europea realmente ayudaremos a mejorar las transacciones comerciales en toda Europa, lo que beneficiará especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Ahora debemos ocuparnos de las ovejas negras de la industria. Estas ovejas negras son aquellos que, en el momento de cursar un pedido, saben perfectamente que no lo pagarán.
Antonio Tajani
Señora Presidenta, creo que este debate ha puesto de manifiesto la voluntad del Parlamento -aunque con algunos matices- de apoyar esta nueva Directiva que ofrecerá respuestas concretas a las pequeñas y medianas empresas, y a millones de europeos que esperan recibir la ayuda de las Instituciones de la Unión para conservar su puesto de trabajo.
Puesto que hace muchos años fui diputado al Parlamento Europeo, tengo que decir que me alegro mucho de los enormes esfuerzos realizados por toda la Cámara y en particular por los ponentes, para aprobar rápidamente un acto legislativo tan importante. Quiero dar las gracias a la Presidencia y a todos los que han colaborado a este resultado: al personal de la Comisión, a mi gabinete, al personal de la Presidencia belga y a los asistentes parlamentarios.
Sin embargo, no podemos caer en la complacencia, como ha señalado un orador, sino que debemos asegurarnos de que los Estados miembros transpongan rápidamente estas normas, para lo cual tienen un plazo de 24 meses, aunque esperamos que algunos lo hagan antes. También quiero asegurar a Sus Señorías que la Comisión seguirá muy de cerca la forma en que se transponga y aplique la Directiva, y presentaremos un informe al Parlamento con arreglo al calendario establecido.
Muchas gracias una vez más por su cooperación con la Comisión y por el extraordinario resultado que hemos logrado en tan poco tiempo.
Barbara Weiler
Señora Presidenta, Señorías, cuando hablemos de este tema en nuestras circunscripciones electorales, creo que todos recibiremos un gran apoyo, -algo que no siempre resulta evidente con los expedientes europeos-, porque la cuestión de la morosidad en su conjunto no solo es criticada en nuestros Estados miembros, sino que todos consideran que los pagos deberían hacerse a tiempo, independientemente del partido o del sector económico al que se pertenezca. Así pues, contamos con un amplio consenso. También quiero dar las gracias a los oradores que han manifestado en esta ocasión su acuerdo con el resultado obtenido.
Quisiera mencionar otros tres aspectos. Como ya mencioné al principio del debate, mañana pondremos las cosas en marcha. Sin embargo, tendremos que examinar muy detenidamente si las facilidades que hemos introducido para las microempresas, para las explotaciones agrícolas, por ejemplo, y para las empresas artesanales son realmente suficientes para que estas empresas reciban el dinero que se les debe. Tendremos que examinar muy minuciosamente cómo funcionará la limitación de la libertad de contratación, pues lo que vamos a intentar ahora es algo nuevo en el mercado interior europeo que todos nosotros apoyamos más o menos. Tendremos que examinar si el tipo de interés de demora del 8 % es adecuado, ya que el Parlamento habría preferido un 9 %. Ya veremos cómo funciona, y me gustaría pedir a la Comisión que preste especial atención a fin de velar por que los Estados miembros no diluyan el contenido de la Directiva durante el proceso de transposición.
También veo un claro éxito en el horizonte. He oído que en España se ha promulgado una nueva legislación nacional que sigue nuestros métodos, y sé que otro tanto sucede en otros Estados miembros. En cualquier caso, nuestra comisión parlamentaria seguirá muy de cerca la situación o llevará a cabo una evaluación de impacto con arreglo a una Directiva, de modo que los Estados miembros sepan que, cuando finalice la legislatura, sabremos quien ha transpuesto la mejora de las prácticas de pago como esperábamos y quien no lo ha hecho. Quiero dar las gracias a todos los que contribuyeron a este resultado, incluida la Presidencia belga, que posiblemente no ha recibido el reconocimiento que merece por su contribución. Conocemos la eficiencia y el espíritu constructivo con la que condujo las negociaciones; se trata de un país pequeño, pero yo diría que es un país con métodos muy inteligentes y eficientes para alcanzar resultados en Europa.
Presidenta
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar mañana, 20 de octubre, a las 12.30 horas.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Cristian Silviu Buşoi
por escrito. - (RO) La Directiva para luchar contra la morosidad ofrece un instrumento esencial para establecer una relación adecuada y justa entre las autoridades públicas y las pequeñas y medianas empresas. Una vez que haya entrado en vigor esta Directiva sancionará a las autoridades morosas y ofrecerá a los empresarios una herramienta importante para cobrar lo que se les debe.
Esta legislación era necesaria para equilibrar el mercado y ofrecer al sector privado garantías de que las autoridades son un actor con el mismo poder, al que se le pueden exigir cuentas cuando no cumple las reglas del juego. La Directiva ofrece un plazo razonable de 30 días para realizar los pagos, con excepciones de hasta 60 días en casos especiales, como los hospitales, por no hablar de las indemnizaciones y el interés de demora.
Aunque la versión de la Directiva que fue aprobada es más indulgente con las autoridades morosas que la propuesta inicial de la Comisión, ofrece un apoyo adecuado tanto a las pequeñas y medianas empresas, como a las grandes empresas que tienen dificultades en numerosos Estados miembros de la Unión Europea para cobrar el dinero que se les debe por servicios prestados.
Lamento que se haya suprimido la sanción del 5 %. No obstante, considero que este paso atrás es un medio estratégico para obtener el apoyo del mayor número posible de Estados miembros en los debates del Consejo.
Robert Dušek
El informe sobre las medidas de lucha contra la morosidad pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior y la moral de pago, así como apoyar la capacidad de pago de las pequeñas y medianas empresas. La tendencia actual consiste en pagar las facturas inmediatamente antes de que se venzan o una vez vencidas. Las medidas que recoge la propuesta presentada podrían dar lugar a una nueva cultura empresarial en la que el pago puntual sería la regla y la morosidad se consideraría un abuso inaceptable por parte del cliente y un incumplimiento de contrato. Se podría imponer un recargo del 1 % para rembolsar los gastos de cobro de las deudas atrasadas -a los particulares, las empresas y las autoridades públicas-, mientras que en caso de retraso en alguno de los pagos parciales, el tipo de interés y las sanciones se calcularían exclusivamente sobre el pago en retraso. Se propone un plazo de 30 días como período de pago. Se permiten excepciones únicamente en circunstancias especiales. En este aspecto es necesario definir con claridad lo que constituye una circunstancia especial. La ponente propone establecer un período de 60 días como período máximo de pago para las autoridades públicas, algo que apoyo plenamente. Los intereses de demora deberían ser progresivos a fin de que el deudor tenga un incentivo para pagar la cantidad que debe lo antes posible. El planteamiento legal, incluidas las sanciones debería complementarse, en mi opinión, con la adopción de medidas de las denominadas blandas por parte de los Estados miembros, por ejemplo, la promoción de la factura electrónica, el ajuste de los regímenes de pago por grandes volúmenes de trabajo o servicios, o una publicidad positiva.
Diogo Feio
por escrito. - (PT) La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) lucha para que el Estado se convierta en un ciudadano íntegro cuando se trata de cumplir sus obligaciones. En febrero de este año, el Parlamento aprobó un proyecto de ley de la CDS por el que se establece que el Estado debe comenzar a pagar intereses de demora cuando el retraso en el pago supere los límites establecidos en el contrato o en la ley (30 o 60 días). La CDS también defiende la posibilidad de compensar el pago de las deudas del Estado a las empresas con las deudas de estas a la seguridad social o a las autoridades tributarias durante varios años a fin de facilitar la vida a las empresas que, aparte de no recibir los pagos del Estado, se ven obligadas a pagar sus cotizaciones sociales e impuestos. Por consiguiente, el texto ahora aprobado que establece un período medio de 30 días para que el Estado pague sus deudas a los proveedores se corresponde perfectamente con estos principios. Este plazo puede extenderse a 60 días en casos específicos. Asimismo establece la obligación de pagar intereses de demora. Estas normas son de una justicia absoluta y pueden aliviar la situación de numerosas empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Liem Hoang Ngoc
Quisiera dar las gracias a la señora Weiler por la alta calidad de su informe y por el resultado de las negociaciones con el Consejo, ya que el acuerdo en primera lectura incluye todos los elementos clave que avanzó el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, las cuales fueron aprobadas en la votación de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
Me alegro en particular de que ahora las empresas privadas y las autoridades públicas se encuentren en pie de igualdad. La propuesta de la Comisión contemplaba sanciones mucho más severas para las autoridades públicas, algo que nuestro grupo consideró inaceptable ya que, a diferencia de las empresas privadas, los organismos del sector público no se concentran primordialmente en hacer beneficios, sino en actuar en bien del interés común.
El hecho de que los acreedores tengan derecho a una indemnización por los gastos de cobro representa un auténtico avance, pues hasta ahora muchas empresas, sobre todo PYME, preferían no reclamara intereses de demora a sus deudores por la simple razón de que el coste de los procedimientos correspondientes superaba cualquier beneficio financiero.
Por último, el período máximo de pago de 30 días que establece el texto parece razonable, en vista de que se contempla un margen de flexibilidad, sobre todo para los organismos de sanidad pública, aspecto que nuestro grupo considera de especial importancia.
Sandra Kalniete
En un momento de crisis económica debemos realizar reformas para mejorar las condiciones para las empresas, porque representa nuestra mejor oportunidad para estimular la economía por los medios más directos y, por ende, para crear nuevos puestos de trabajo. La Directivas sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es uno de los mejores ejemplos de su género. La morosidad en la adquisición de bienes y servicios es una práctica evidente en los Estados miembros. Por otra parte, en muchas ocasiones son los organismos públicos, que en teoría no deberían tener problemas para liquidar sus facturas, los que actúan de esta forma. Este es un impedimento importante para las actividades de las empresas y para su desarrollo. Es necesario poner fin a este tipo de prácticas. Los mayores beneficiarios de esta Directiva serán no solo las empresas que operan dentro de las fronteras de un Estado miembro, sino especialmente las pequeñas y medianas empresas, que podrán exportar bienes y servicios a otros Estados miembros sin tener que preocuparse de que el pago tarde varios meses. Por su parte, todos los consumidores europeos se verán beneficiados por el aumento de la competencia y de la oferta que traerán consigo las nuevas normas. La Directiva constituye un importante paso para mejorar la cultura de los pagos en Europa. Con estas decisiones construimos una Europa atractiva para los inversores y para nuestras propias empresas. También es necesario que vayamos más lejos y adoptemos decisiones valientes para estimular el desarrollo.
Pavel Poc
En muchos Estados miembros es habitual que el sector público y las grandes empresas exijan plazos de pago de noventa días y más. De este modo, las pequeñas y medianas empresas son utilizadas como bancos por las corporaciones públicas y las grandes empresas. Las deudas internas de las pequeñas y medianas empresas se acumulan y generan un veneno económico que adopta la forma de facturas con prolongados plazos de pago que resultan difíciles de cobrar. De este modo se refuerza la desigualdad económica y la competencia se reduce de forma significativa. Las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a financiar con créditos los largos plazos de pago, créditos que siempre obtienen en peores condiciones que las que las granes empresas o el sector público reciben de los bancos. Las nuevas condiciones y normas para todas las partes ayudan considerablemente a las pequeñas y medianas empresas a defenderse contra este crédito disfrazado. El tipo de interés de demora propuesto del 8 % es un elemento de disuasión adecuado incluso para las grandes empresas, el plazo de pago fijo de 30 días es equilibrado para proveedor y comprador, y el período de verificación de las entregas de 30 días evita que se abuse del procedimiento de verificación para ampliar el plazo de pago. Ante todo, estas normas europeas evitan que el sector público y las grandes empresas distorsionen la legislación nacional adoptada en los Estados miembros. Doy sinceramente las gracias a la ponente por este informe extremadamente valioso y su excelente resultado.
Debora Serracchiani
Me alegro de esta propuesta de Directiva, que representa un paso decisivo respecto a la Directiva vigente. Una vez transpuesta a nivel nacional, regional y local, mejorará considerablemente los pagos, en particular los de las autoridades públicas, a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que podrán contar con un flujo de caja más seguro.
Como es sabido, en muchos países europeos, cuando las autoridades se encuentran en una situación difícil, generalmente pagan con retraso y muy a menudo hacen que algunas empresas quiebren. Un ejemplo flagrante de ello es Italia, donde a finales de 2009, las autoridades públicas debían a las empresas aproximadamente 60 000 millones de euros, y el plazo de pago medio era de 186 días y podía llegar a 800. Basta con pensar en las cantidades que se debían a los hoteles que alojaron a los sobrevivientes del grave terremoto que asolo la región de los Abruzos en abril de 2009.
